author: Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Tomás Rivera Santiago, acusado y peticionario.

      Número: CE-89-789

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Ángel Luis Montañez Morales, abogado del peticionario; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

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El acusado peticionario Tomás Rivera Santiago estuvo involucrado en un accidente automovilístico que ocurrió el 20 de mayo de 1989. Mientras conducía por la Carretera Núm. 1, en dirección de Caguas a Río Piedras, impactó el automóvil manejado por el Sr. Fidel H. Cortés Carbucia. El señor Cortés sufrió lesiones pero los daños a la propiedad no fueron estimados. Dicho accidente fue investigado por el policía Víctor Cruz Rivera, quien presentó denuncia contra el acusado una vez transcurridos ciento tres (103) días después de ocurrido el accidente. En dicha denuncia se le imputó al acusado peticionario la violación a la See. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.ER.A. see. 871. Coincidentemente con la presentación de la denuncia, se efectuó la vista de determinación de causa probable para arrestar. En dicha vista el abogado del peticionario alegó que la denuncia fue presentada una vez transcurrido el término provisto por la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Planteó, además, la inexistencia de justa causa por parte del Estado para justificar la violación de dicho término. Instancia (Tribunal de Distrito) concluyó que efectivamente el Estado presentó la denuncia tardíamente, por lo que procedió a desesti-mar la misma.

Posteriormente, el Estado acudió ante el Tribunal Superior y solicitó que se celebrase otra vista de determinación de causa probable para arrestar. La defensa se opuso a la celebración de la misma. Alegó que el Ministerio Público estaba impedido de iniciar otro proceso por el mismo delito, al ser éste un delito menos grave que fue desestimado debido al incumplimiento de los términos de juicio rápido. Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Pueblo se opuso a esta moción y expresó que hubo justa causa para que la vista no se celebrara dentro de los términos dispuestos por la citada Regla 64(n)(2) de Procedimiento Crimi-nal.()

Luego de denegar la moción presentada por la defensa, el Tribunal Superior juramentó la prueba y determinó la existencia de causa probable para arresto por el delito imputado. No conforme con esta determinación, el acusado presentó ante nos el recurso de certiorari que nos ocupa y alegó que instancia cometió error de derecho al determinar causa probable por un delito menos grave cuando éste fue previamente desestimado por los fundamentos de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra.

Le ordenamos al Procurador General mostrar causa por la cual no debemos proceder a revocar la resolución recurrida. El Procurador ha comparecido y procedemos a resolver sin ulterio-res procedimientos.

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En nuestra jurisdicción, todo acusado tiene derecho a la celebración de un juicio rápido. Véanse: Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.ER.A., Tomo 1; Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra. Como parte del derecho a juicio rápido, se ha reconocido el derecho de todo imputado a que la denuncia o acusación en su contra se presente sin dilaciones innecesarias. Nuestro ordenamiento procesal ha dispuesto que una denuncia o acusación debe ser desestimada si la misma no se presenta dentro de los sesenta (60) días tras haber ocurrido el arresto o citación del imputado. Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra. Sólo podrá obviarse el cumplimiento de este término si existe justa causa para exceder el mismo o si el acusado solicita o accede a que éste se extienda. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975).

Una vez el acusado entiende que se le ha violado su derecho a juicio rápido, puede presentar una moción de desestimación. Si estamos ante una situación de presentación tardía, la moción para desestimar (Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra) debe presentarse al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar Regla 63 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.)

Por su parte, la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, dispone que cuando se trate de un delito menos grave, contrario a si es un delito grave, la desestimación de acuerdo con las disposiciones de la Regla 64(n) de dicho cuerpo de reglas, 34 L.P.R.A. Ap. II, será con perjuicio. Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710 (1977).

La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley de Vehículos y Tránsito), 9 L.RR.A. see. 301 et seq., provee para que en caso de violaciones a algunas disposiciones de la misma se utilice el sistema de denuncia y citación simultáneas que la propia ley autoriza. 9 L.PR.A. sees. 1491-1497.

Las disposiciones sobre juicio rápido antes discutidas son aplicables a los casos en que se ha violado alguna disposición de la Ley de Vehículos y Tránsito a causa de la cual se expide una denuncia-citación. Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945 (1960). Esto es así ya que, desde el momento en que el agente de la Policía expide y entrega la denuncia-citación, el imputado de la violación a la ley está sujeto a responder. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 455 (1959); Pueblo v. Carmen Centrale, Inc., 46 D.P.R. 494 (1934).

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Al acusado peticionario Tomás Rivera Santiago se le imputo haber violado la Sec. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra. Estos hechos alegadamente ocurrieron el 20 de mayo de 1989, pero la denuncia por dicha violación no fue presentada sino hasta el 31 de agosto de 1989. Al examinar los autos y el expediente no encontramos que en este caso el policía investiga-dor, Víctor Cruz Rivera, haya expedido una denuncia-citación al momento de ocurrir el accidente. Más aún, el propio acusado señala que el policía Cruz Rivera lo citó para la vista de determinación de causa probable luego de haber transcurrido ciento tres (103) días desde que investigó el accidente.

Esta situación nos lleva a concluir que el policía Cruz Rivera no expidió la denuncia-citación contra el acusado peticionario el día en que acaecieron los hechos que motivaron la posterior denuncia en su contra. Al así hacerlo, actuó correctamente y de acuerdo con las disposiciones de la propia Ley de Vehículos y Tránsito. Esta establece que cuando se cause o se contribuya a causar un accidente en el que alguna persona muera o sufra lesión, o se causen daños a la propiedad por una cuantía aparente en exceso de cincuenta dólares ($50), no será de aplicación el sistema de denuncia-citación. 9 L.P.R.A. sec. 1496. En el caso de autos, el término de sesenta (60) días establecido por la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, no comenzó a correr a partir de la fecha en que se cometió el delito imputado. Erró el Tribunal de Distrito al desestimar la denuncia presentada contra el peticionario. Estamos ante la imputación de un delito menos grave y, debido a que el acusado no fue arrestado ni citado con arreglo a las disposiciones de ley antes discutidas, el Estado contaba con el período de un (1) año para presentar una denuncia ordinaria contra él. Art. 78(b) del Código Penal de 1974 (33 L.PR.A. sec. 3412(b)). La denuncia fue presentada dentro del término establecido; no se violó el derecho del acusado a tener un juicio rápido.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de “certiorari” solicitado y se confirma la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, emitida el 27 de octubre de 1989.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió voto particular y de conformidad.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

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Voto particular y de conformidad emitido por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

El caso de autos nos plantea la interrogante de si tiene derecho el Ministerio Público a presentar, por segunda ocasión, una denuncia por un delito menos grave cuando una denuncia previa por los mismos hechos había sido desestimada por un magistrado al amparo de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. También requiere que discutamos la aplicación de las Reglas 64(n)(2) y 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.PR.A. Ap. II, en un caso en que están involucradas las disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley de Vehículos y Transito), Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.PR.A. see. 301 el sea.

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Los hechos

Mediante una denuncia formulada por el policía Víctor Cruz Rivera, se le imputó al acusado peticionario, Tomás Rivera Santiago, que para el 20 de mayo de 1989, mientras discurría por la carretera Núm. 1 en dirección de Caguas a Río Piedras y al llegar a la intersección con la carretera que va hacia la Estación Experimental de la Universidad de Puerto Rico, impactó el vehículo conducido por el Sr. Fidel H. Cortés Carbucia. Se alegó que en dicho accidente resultaron lesionados el señor Cortés Carbucia y el Sr. Fidel Cortés Trinidad. Este accidente lo investigó el policía Víctor Cruz Rivera adscrito a la División de Tránsito de San Juan. Los daños ocasionados a la propiedad no fueron estimados.

El 31 de agosto de 1989, ciento tres (103) días después de ocurrido el accidente, el policía Cruz Rivera presentó una denun-cia contra el acusado Rivera Santiago en la cual le imputó haber violado la See. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.ER.A. see. 871,() un delito menos grave.

El mismo 31 de agosto se celebró la vista de determinación de causa probable para arrestar ante un magistrado del Tribunal de Distrito. En ella el abogado del peticionario preguntó a los perjudicados si éstos estuvieron, antes de ese día, recluidos en algún hospital o impedidos de acudir al tribunal, a lo que ellos contestaron negativamente. Además, el policía Cruz Rivera de-claró que no presentó la denuncia antes debido a que tenía mucho trabajo y unos hijos enfermos. Así las cosas, la defensa planteó que había transcurrido el término provisto por la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra,( ) para la presentación de la denuncia y que las razones aducidas por el policía Cruz Rivera no constituían la justa causa que exige la Regla 64(n) de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para justificar la demora. Alegó, también, que el acusado siempre estuvo disponible para acudir al tribunal. El Tribunal de Distrito acogió estos plantea-mientos y procedió a desestimar la denuncia.

El 2 de octubre de 1989 el Ministerio Público acudió en alzada ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para solicitar la celebración de una nueva vista de determinación de causa probable para el arresto. La vista se señaló para el 16 de octubre de 1989. A dicha vista no compareció ni el acusado peticionario ni el policía denunciante, por lo que el Ministerio Público pidió el reseñalamiento de la misma solicitando, a su vez, que se citara a los ausentes antes mencionados. La vista fue reseñalada para el 20 de octubre de 1989. A esta vista compareció el acusado, pero no así el policía. El tribunal ordenó el arresto del policía y señaló la vista para el 27 de octubre de 1989. También ordenó a la defensa presentar una moción dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas en la que expresara las razones por las cuales no procedía celebrar una nueva vista de determinación de causa probable para arresto.

El 23 de octubre de 1989 la defensa presentó su moción al amparo de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra.() El Ministerio Público contestó y alegó la existencia de justa causa para que la vista no se celebrara dentro del término establecido por la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra. La justa causa, según el Ministerio Fiscal, radicaba en el alegado exceso de trabajo del policía y en la enfermedad de los hijos de éste.() Alegó, además, que el Tribunal de Distrito erró al equiparar “la citación expedida por el policía investigador a la citación expedida por un Tribunal luego de la determinación de causa para el arresto”. (Enfasis suplido.()

El 27 de octubre de 1989 el tribunal denegó la moción de la defensa. Luego procedió a juramentar la prueba y a hacer una determinación afirmativa de -causa probable para arrestar por infracción a la Sec. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra.( )

Inconforme con esta determinación, el 28 de noviembre de 1989 el acusado acudió ante nos mediante petición de certiorari. Planteó la comisión de un sólo error:

El Honorable Tribunal Superior, Sala de San Juan, cometió error de derecho al determinar causa en una acción por delito menos grave habiendo sido desestimado previamente por la Regla 64(N)(2) [sic] de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico.

Así las cosas, ordenamos al Procurador General mostrar causa por la cual no debíamos revocar la resolución recurrida. El Procurador General ha comparecido. Estamos en posición de resolver y así procedemos a hacerlo sin ulteriores procedimientos.

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Derecho ajuicio rápido — Las Reglas 6U(n)(2) y 67 de Procedi-miento Criminal — La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico

El derecho de todo acusado a un juicio rápido está dispuesto en la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, L.ER.A., Tomo 1. Este derecho cobija tanto a los acusados como al Pueblo, en el sentido de que si bien los acusados tienen el derecho constitucio-nal a ser juzgados con celeridad, también la sociedad exige que aquellos a quienes se les acusa de violentar sus leyes sean juzgados con prontitud. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986); Pueblo v. Monge Sánchez, 122 D.P.R. 590 (1988).

Al igual que otras garantías constitucionales, el derecho a juicio rápido puede ser renunciado afirmativamente por el propio acusado. Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796 (1973). Esta renuncia no implica que el Estado pueda esperar un período de tiempo irrazonablemente largo para volver a juzgarlo. Pueblo v. Carrión Roque, 99 D.P.R. 362 (1970). For otro lado, la renuncia de un acusado a un juicio rápido no tiene que, necesa-riamente, tener las salvaguardas exigidas para otras garantías constitucionales. Esto es así porque “no siempre un acusado interesa un juicio rápido” e inclusive, en ocasiones, la inobservan-cia de dicha garantía puede beneficiar al acusado. Véase Pueblo v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 732, 733 (1975), y casos allí citados.

Ahora bien, la renuncia al derecho a juicio rápido debe ser expresa, voluntaria y con pleno conocimiento de causa. Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114 (1987); Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989). A estos efectos se han esbozado cuatro (4) criterios que deben examinarse en conjunto y con otras circunstancias pertinentes para evaluar las reclamaciones de violaciones al derecho a juicio rápido: (1) la duración de la tardanza; (2) las razones para la dilación; (3) si el acusado invocó oportunamente el derecho a juicio rápido, y (4) el perjuicio resultante de la tardanza. Se ha resuelto que ninguno de estos factores será determinante y todos están sujetos a un balance. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.

A pesar de que este derecho constitucional puede ser aplicado ex proprio vigore (Pueblo v. Opio Opio, supra), en Fuerto Rico el mismo está también dispuesto en nuestras Reglas de Frocedi-miento Criminal. La Regla 64(n)(2) del citado cuerpo de reglas, supra, dispone en lo pertinente que el no presentar acusación o denuncia contra un acusado dentro del término de sesenta (60) días, contados a partir del momento de su arresto o citación, es suficiente fundamento para dar paso a la desestimación de la denuncia o a la acusación. Sin embargo, no procederá la desesti-mación cuando exista justa causa para exceder el término indi-cado o cuando la demora sea solicitada o consentida por el acusado. El Pueblo v. Nigaglioni, 28 D.P.R. 232 (1920); Pueblo v. Berrios, 39 D.P.R. 334 (1929); De Gracia v. Corte, 52 D.P.R. 607 (1938); Pueblo v. Rexach, 62 D.P.R. 22 (1943); García v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27 (1975); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975); Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974). Un individuo que ha sido arrestado o citado no sólo tiene derecho a que se le someta a juicio rápidamente, sino también a que la acusación o denuncia en su contra se presente dentro de un término razonable. El caso de autos toca precisamente el aspecto de la radicación tardía de la denuncia.

La citada Regla 63 de Frocedimiento Criminal, a su vez, señala que la moción para desestimar bajo la Regla 64(n)(2) del mismo cuerpo de reglas, supra, debe ser presentada al hacerse alegación de no culpabilidad o antes de alegar. Dispone, además, que por causa justificada el tribunal puede permitir que la moción se presente dentro de los veinte (20) días posteriores al acto de lectura de acusación en los casos en que ésta proceda. Cf. Pueblo v. Garrick, 105 D.P.R. 178 (1976). En el caso de autos la moción fue presentada dentro del período prescrito por la citada Regla 64(n)(2).

La desestimación bajo la Regla 64(n)(2) de Frocedimiento Criminal, supra, hay que analizarla conjuntamente con las dispo-siciones de la mencionada Regla 67 que establece que, tratándose de un delito menos grave, la desestimación bajo la Regla 64(n) de Frocedimiento Criminal, supra, será con perjuicio. No así cuando se trata de un delito grave. Pueblo v. García, 71 D.P.R. 227 (1950); Pueblo v. Maldonado, 77 D.P.R. 638 (1954); Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710 (1977); D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 3ra ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 103.

Rasemos ahora a examinar la aplicación de estas reglas a una situación que surge de una violación a las disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito.

En Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945, 952-953 (1960), nos enfrentamos a una situación similar a la aquí plan-teada. Allí interpretamos y aplicamos el derogado Art. 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, equivalente a la Regla 64(n)(2) de Frocedimiento Criminal, supra, y al sistema de denuncia y citación simultáneas autorizado por la Ley Núm. 93 de 29 de junio de 1954, según enmendada, 9 L.P.R.A. secs. 1491-1497, sistema que fue trasladado sin alteraciones sustanciales a la actual Ley de Vehículos y Tránsito.() En relación con la denuncia-citación, expresamos que:

Más bien se condicionó por ley el arresto o detención, —cuyo sabido propósito es hacer comparecer al infractor al trámite judicial y que cumpla la sentencia que se le dicte o en su lugar hacer que preste fianza para garantizar dicha comparecencia,— al hecho de que la persona denunciada entregue al agente la licencia de conductor (en cuyo caso la Ley dice “no se le arrestará”) como medio de asegurar su comparecencia, haciendo la retención de la licencia las veces de una fianza. . . .
. . . [L]a Ley 93 no permite la celebración de un juicio en los méritos a base del boleto (“ticket”). De no comparecer el infractor a alegar, o de hacer alegación de inocencia si compareciere, el estatuto dispone que se ordenará la radicación de denuncia en forma ordinaria. De ello se desprende que la preparación de la “denuncia-citación” en la escena de los hechos notificada al infractor, y su radicación en corte dentro de un breve plazo son pasos que la Ley 93 intercaló en el procedimiento con el único fin de que automáticamente se pueda recibir sin más reparos una alegación de culpabilidad si el infractor desea hacerla y se dicte sentencia, disponiéndose así en forma rápida de un considerable número de casos de tránsito. Llegado el día fijado para comparecer si el infractor no lo hace o si alega ser inocente, la función de la “denuncia-citación” termina y el caso sigue su trámite ordinario excepto que por la infracción misma el acusado no tiene que prestar fianza mientras su licencia le quede retenida en el tribunal. (Enfasis en el original.) Martínez v. Tribunal Superior, supra, págs. 952-955.

En cuanto a cuándo comienza a contarse el mencionado período de sesenta (60) días dentro de los cuales debe presentarse la denuncia o acusación, señalamos que “el punto de partida para computar los sesenta días tiene que ser el acto de un tercero, anterior a la presentación de la acusación, conocido por la persona afectada y que tenga el efecto legal de obligar a esa persona a responder por la comisión de un delito público”. Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 459. Apliquemos las normas de derecho antes reseñadas a los hechos específicos de este caso.

En el caso de autos se alegó que el 20 de mayo de 1989 el acusado peticionario Rivera Santiago violó la Sec. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra. La denuncia en su contra se presentó el 31 de agosto del mismo año. Sólo se requiere de una simple operación matemática para determinar que en este caso la denuncia se presentó una vez transcurrido, por mucho, el término de sesenta (60) días posteriores a la ocurrencia de la infracción de la ley.

En su contestación a la moción presentada por el acusado, el Ministerio Público alegó que “[e]n este caso el Tribunal errónea-mente equiparó la citación expedida por el policía investigador a la citación expedida por un Tribunal luego de la determinación de causa para el arresto”. (Enfasis suplido.) Apéndice 4, pág. 6. De otra parte, en la petición de certiorari ante nos el acusado, al hacer su exposición de los hechos ocurridos, alegó que el policía Cruz Rivera “investigó el accidente y luego de haber transcurrido el término de IOS días citó al recurrente [sic] para la vista de determinación de causa”. (Enfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 3. Con su petición el acusado no incluyó copia de la supuesta denuncia-citación. Hemos examinado los autos origi-nales y éstos tampoco contienen una copia de la denuncia-citación. Esto nos lleva a concluir que en el presente caso nunca se expidió una denuncia-citación al momento en que acaecieron los hechos que dieron lugar a la acusación. ()

Esta conclusión es cónsona con las disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito que, en su Sec. 9-106 (9 L.P.R.A. sec. 1496),() establece que el sistema de denuncia-citación no será aplicable, entre otros, a aquellos casos en que se cause o se contribuya a causar un accidente que resulte en la lesión o muerte de una persona o en daños a la propiedad ajena cuya cuantía aparente sea mayor de cincuenta (50) dólares. Las alegaciones en el caso de autos reflejan que los perjudicados, señores Cortés Carbucia y Cortés Trinidad, sufrieron lesiones corporales, aunque no se indica la magnitud de las mismas. De otra parte, se expresa que el vehículo de los perjudicados fue impactado por la parte lateral derecha. Los daños ocasionados al vehículo no se estimaron.()

El acusado-peticionario alega que procedía el archivo de la denuncia al amparo de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, puesto que ésta fue presentada pasados los sesenta (60) días desde que él estuvo sujeto a responder. El término “sujeto a responder” no significa necesariamente un arresto. Cuando una persona natural o jurídica está obligada a contestar una acusación o denuncia, o podría ser convicta, esa persona está sujeta a responder. Pueblo v. Carmen Centrale, Inc., 46 D.P.R. 494 (1934). Ahora bien, el término de sesenta (60) días para juicio rápido no comienza a correr, sin más, desde el momento en que la persona comete el delito o un agente del orden público observa la realización del acto delictivo por el cual se le acusa. Es necesario que además haya una actuación del agente del orden público o tercero que tenga el efecto legal de obligar a esa persona a responder por la comisión del acto delictivo y que la persona afectada tenga conocimiento de la actuación del tercero o agente oficial. En otras palabras, tiene que haberse puesto en movi-miento, de alguna manera, el mecanismo procesal que podría culminar en una convicción. Pueblo v. Tribunal Superior, supra, págs. 459 y 466-467.

En el caso de autos no surge, ni de los documentos presenta-dos por el peticionario ni de los que obran en los autos originales, prueba de que el agente del orden público hubiese emitido una denuncia-citación. Siendo esto así, el término para computar los sesenta (60) días para juicio rápido no comenzó a correr desde la comisión del acto delictivo.

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Procedencia de la presentación de una denuncia para una nueva determinación de causa en un delito menos grave cuando la misma fue previamente desestimada bajo la regla 6j(n)(2) de Procedimiento Criminal

Cuando se trata de un delito menos grave, una vez desesti-mada una denuncia al amparo de las disposiciones de la citada Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, la Regla 67 del mismo cuerpo de reglas, supra, impide que se inicie otro proceso por el mismo delito. Pueblo v. García, supra; Pueblo v. Maldonado, supra. Esta disposición es de carácter mandatorio y la desestima-ción se entenderá hecha con perjuicio. Esto es así cuando la desestimación bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, ha sido hecha conforme a derecho. Ahora bien, ¿qué sucede si la desestimación adolece de los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento? Este asunto no ha sido abordado directa-mente por este Foro.()

Nuestras Reglas 64(n) y 67 de Procedimiento Criminal, supra, tienen su origen en las Sees. 1382 y 1387 del Código Penal de California, respectivamente()

Allí, al discutir una desestimación al amparo de la See. 1387 (equivalente a nuestra Regla 67, supra) en relación con la See. 1385 del mismo cuerpo legal, los tribunales han resuelto que el Ministerio Público puede solicitar la revisión de una resolución que, por cualquier causa, declare con lugar una moción de desestimación cuando el acusado no ha sido expuesto al proceso penal, o sea, puesto en riesgo de ser convicto y castigado.() De otra parte, un acusado queda expuesto al riesgo de ser convicto y castigado una vez el juicio ha comenzado. “En los casos por jurado, el juicio comienza al tomársele el juramento definitivo para oficiar en la causa; en casos por tribunal de derecho, al tomársele el juramento al primer testigo.” Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 113. En el caso de autos el acusado peticionario fue acusado de un delito menos grave y el proceso en su contra apenas está en la etapa preliminar de determinación de causa probable.

Cabe señalar, además, que en un caso algo parecido al de autos en lo procesal, expresamos que “[un] fallo absolutorio predicado exclusivamente en la errónea decisión de la cuestión de derecho, no impide su revisión por certiorari y la devolución a instancia para continuación del juicio”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626, 629-630 (1976). Resolvemos, pues, que de igual forma que puede revisarse un fallo absolutorio si éste se funda en la decisión incorrecta de un punto de derecho, puede también revisarse una determinación afirmativa de desestimación bajo la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, en un caso de delito menos grave, cuando ésta esté fundada en un error de derecho. En tal situación el Estado tiene disponible el recurso de certiorari, pues se trata de una cuestión de derecho revisable ante el foro apelativo. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

En el caso de autos, la determinación del Tribunal de Distrito fue contraria a derecho, pues no se violaron los términos de la citada Regla 64(n)(2). Las disposiciones de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, son, por lo tanto, inaplicables. De acuerdo con los hechos reseñados y con las disposiciones de ley discutidas, el Ministerio Público, por tratarse de un delito menos grave y por no haberse efectuado un arresto o su equivalente mediante la denuncia-citación, tenía el término de un (1) año para presentar la denuncia ordinaria contra el acusado peticionario. Art. 78(b) del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3412(b)).

Por todo lo antes expuesto, suscribo este voto particular y de conformidad con la sentencia emitida por este Tribunal.

      (1) La alegada justa causa consistía en que el policía denunciante tenía mucho trabajo, sumado a que los hijos de éste se enfermaron. Demás está señalar que ésto no constituye la justa causa requerida por nuestro ordenamiento procesal criminal y por la jurisprudencia.

      (1) La Sec. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 871, establece lo siguiente:
      “See. 371. Imprudencia o negligencia temeraria

      “(a) Toda persona que condujere un vehículo con voluntario o malicioso desprecio por la seguridad de personas o propiedades será culpable de conducir temerariamente e incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere se le castigará con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o cárcel por un término no menor de un mes ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal.
      “(b) En caso de una segunda convicción bajo las disposiciones de esta sección, el Secretario revocará a la persona así convicta toda licencia que posea autorizándole a conducir vehículos de motor por un término de tres (3) meses y por cada convicción subsiguiente la revocación será por un término de seis (6) meses.”

      (2) La Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone:

        “Regla 64. FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN PARA DESESTIMAR

      “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      “(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
      “(2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta (60) días de su arresto o citación o dentro de los treinta (30) días si se tratare de un caso en que un magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a).”

      (3) La Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.ER.A. Ap. II, dice como sigue:

        “Regla 67. ORDEN DESESTIMANDO EL PROCESO; CUANDO IMPIDE UNO NUEVO

      “Una resolución declarando con lugar una moción para desestimar no será impedi-mento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito a menos que el defecto u objeción fuere insubsanable, o a menos que tratándose de un delito menos grave (•misdemeanor) dicha moción fuere declarada con lugar por alguno de los fundamentos relacionados en la Regla 64(n).”

      (4) Debido al resultado a que llegamos en este caso, no es necesario entrar a discutir si esto constituye o no justa causa para que no se celebrara la vista. Sin embargo, debe tenerse presente lo ya resuelto en el caso Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 435-437 (1986).

      (5) Apéndice 4, pág. 2.

      (6) Minuta de la vista celebrada el 27 de octubre de 1989 en el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

      (7) En lo referente al sistema de denuncia-citación simultáneas, en Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945, 950-951 (1960), expresamos:
      “Por el referido estatuto la Asamblea Legislativa estableció y autorizó la denuncia y citación simultáneas (“ticket system”) para infracciones sobre tránsito excepto aquellas infracciones expresamente excluidas. Dispuso . . . que los formularios para las denuncias contendrán los espacios en blanco y materia impresa requerida para que las marcas que haga o blancos que llene el policía denunciante produzcan los elementos necesarios constitutivos del delito que se imputa. Al intervenir en la infracción, el policía firmará la de-nuncia que deberá contener la citación del acusado para comparecer ante el tribunal en una fecha determinada no anterior a cinco ni posterior a 15 días contados desde la fecha de la denuncia; le entregará una copia a la persona denunciada, jurará el original ante el fun-cionario competente y lo radicará en la sala correspondiente en el Tribunal de Distrito. . . .
      “. . . [A]l momento de intervenir el oficial de orden público requerirá del infractor la entrega de su licencia para conducir vehículos de motor en Puerto Rico. ‘Si el infractor entregare su licencia no se le arrestará’, y el oficial retendrá dicha licencia y le entregará en su lugar un recibo adecuado que operará como la licencia hasta la fecha señalada para la comparecencia ante el tribunal. La licencia será entregada al Secretario de la Sala correspondiente del Tribunal de Distrito al momento de radicarse la denuncia. En el curso del procedimiento el tribunal puede prorrogar el término durante el cual el recibo sirve los propósitos de la licencia, no más allá de la fecha de la expiración de ésta. Una vez ‘resuelto’ el caso por el Tribunal de Distrito ‘o en cualquier momento antes si él acusado presta fianza provisional a satisfacción del tribunal’, la licencia le será devuelta a menos que medie alguna de las causas para la suspensión o cancelación de la misma o que ésta haya expirado. Toda licencia retenida por un oficial o por el tribunal se entenderá suspendida si el concesionario de la misma condujere un vehículo de motor provisto solamente del recibo después de haber expirado la vigencia de éste.” (Enfasis en el original.)

      (8) Esta conclusión no impide el que al devolverse el caso a instancia, previa corrección y complementación de los autos originales, el acusado, de poder probar que efectivamente el policía Cruz Rivera le emitió al momento del accidente una denuncia-citación, levante oportunamente de nuevo el planteamiento de juicio rápido. Vizcarra Castellón v. El Pueblo, 92 D.P.R. 156, 159-160 (1965).

      (9) La Sec. 9-106 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 1496, dispone lo siguiente:

        “Sec. U.96. Excepciones

      “El sistema de denuncia y citación simultáneas aquí establecido no será aplicable a la persona que conduzca un vehículo de motor en los siguientes casos:
      “(1) Sin estar autorizado para ello o que no pudiere mostrar su licencia.
      “(2) Bajo la influencia de bebidas embriagantes, narcóticos, drogas, estimulantes, deprimentes o sustancias similares.
      “(3) Cuando causare o contribuyere a causar un accidente que resultare en la lesión o muerte de una persona o en daño a propiedad ajena en una cuantía aparente mayor de cincuenta (50) dólares, incluyendo el accidente causado al cometer una infracción admi-nistrativa, convertida en delito menos grave de acuerdo a la see. 1872 de este título.
      “(4) Abandonare el sitio de un accidente sin haber cumplido con lo dispuesto en la see. 781 de este título.
      “(5) Violaciones que bajo los términos de este Capítulo sean consideradas faltas administrativas de tránsito. Disponiéndose que el sistema de denuncia y citación simultá-neas podrá utilizarse cuando una falta administrativa se convirtiere en delito menos grave según la see. 1871 de este título en accidentes en que sólo se hubiesen causado daños a una propiedad ajena en cuantía aparente menor de cincuenta (50) dólares.”

      (10) En su comparecencia, el Procurador General expone que su oficina presume “que los daños fueron mayores de cincuenta dólares ($60)”. Ciertamente esta “presunción” no es admisible en derecho. La cuantía de los daños causados a la propiedad del perjudicado es un elemento a ser probado en su día de acuerdo con lo preceptuado en las Reglas de Evidencia.

      (11) En el ámbito federal, a pesar de que existe una disposición similar a nuestras Reglas 64(n)(2) y 67 de Procedimiento Criminal, supra, la desestimación con perjuicio queda en todos los casos a la discreción del tribunal. 18 U.S.C. sec. 3162(a)(1).

      (12) Dichas secciones establecen lo siguiente:

        “See. 1382 — Failure to file information or bring case to trial within time limit; dismissal

      “The court, unless good cause to the contrary is shown, must order the action to be dismissed in the following cases:
      “1. When a person has been held to answer for a public offense and an information is not filed against him within 15 days thereafter.
      “2. When a defendant is not brought to trial in a superior court within 60 days after the finding of the indictment or filing of the information or, in case the cause is to be tried again following a mistrial, an order granting a new trial from which an appeal is not taken, or an appeal from the superior court, within 60 days after such mistrial has been declared, after entry of the order granting the new trial, or after the filing of the remittitur in the trial court[;] except that an action shall not be dismissed under this subdivision if it is set for trial on a date beyond the 60 day period at the request of the defendant or with his consent, express or implied, or because of his neglect or failure to appear and if the defendant is brought to trial on the date so set for trial or within 10 days thereafter.

        “3. Regardless of when the complaint is filed, when a defendant in a misdemeanor case in an inferior court is not brought to trial within 30 days after he is arraigned if he is in custody at the time of arraignment, or in all other eases, within 45 days after his arraignment, or in case the cause is to be tried again following a mistrial, an order granting a new trial from which an appeal is not taken, or an appeal from the inferior court, within 30 days after such mistrial has been declared, after entry of the order granting the new trial, or after the remittitur is filed in the trial court or, if the new trial is to be held in the superior court, within 30 days after the judgment on appeal becomes final; except that an action shall not be dismissed under this subdivision (1) if it is set for trial on a date beyond the prescribed period at the request of the defendant or with his consent, express or implied, and the defendant is brought to trial on the date so set for trial or within 10 days thereafter or (2) if it is not tried on the date set for trial because of the defendant’s neglect or failure to appeal-, in which case he shall be deemed to have been arraigned within the meaning of this subdivision on the date of his subsequent arraignment on a bench warrant or his submission to the court.
      “If the defendant is not represented by counsel, he shall not be deemed under this section to have consented to the date for his trial unless the court has explained to him his rights under this section and the effect of his consent.”

        “Sec. 1387 — Dismissal as bar in misdemeanor cases, but not in felony cases

      “An order for the dismissal of the action, as provided in this chapter, is a bar to any other prosecution for the same offense if it is a misdemeanor, but not if it is a felony.” West’s Ann. Cal. Penal Code Secs. 1382 y 1387.

      (13) “A dismissal for any cause by a municipal court, including a dismissal in reliance upon Penal Code [Sec. 1385] is appealable by the People so long as the defendant has not been placed in jeopardy.” People v. Winters, 342 P.2d 538 (1959). Véanse, además: People v. Municipal Court, San Diego Judicial District, 92 Cal. Rptr. 248 (1971); People v. Stephen, 227 Cal. Rptr. 380 esc. 1 (1986).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    Víctor Pérez Acevedo, recurrente y peticionario, v. Superintendente de la Policía, recurrido.

      Número: CE-90-87

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Neftalí Fuster González, abogado del peticionario; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Carlos Lugo Fiol, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido.
   SENTENCIA

Vistas las comparecencias de las partes, y'mediante orden para mostrar causa, se expide el auto de certiorari, se dicta sentencia revocatoria y se instruye al Tribunal Superior, Sala de San Juan, que proceda a asumir jurisdicción y dictamine en sus méritos la revisión interpuesta.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secre-tario General Interino. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente, a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Alonso Alonso. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Presidente Señor Pons Núñez. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurre con el resultado sin opinión escrita.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Alonso Alonso.

) — I

El 26 de junio de 1989 la Comisión de Investigación, Proce-samiento y Apelación (Comisión) emitió una resolución mediante la cual aumentó a cinco (5) meses la sanción de treinta (30) días de suspensión de empleo y sueldo que el Superintendente de la Policía le había impuesto previamente al policía Víctor Pérez Acevedo. En su dictamen la Comisión consignó que antes de una revisión judicial era menester —con carácter jurisdiccional— la presentación de una reconsideración ante ella en el término de treinta (30) días. Advirtió que si la consideraba, el término para dicha revisión quedaba interrumpido, no así si la rechazaba de plano.

A tenor con esos señalamientos —que respondían a las disposiciones originales de la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, denominada Ley de Procedimiento Adminis-trativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2165 — Pérez Acevedo presentó el 13 de julio una moción de reconsideración.() La Comisión la declaró sin lugar el 1ro de agosto (copia de su notificación fue archivada en autos el 8 de agosto).

Inconforme, Pérez Acevedo presentó recurso de revisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 14 de agosto de 1989. El 20 de diciembre el ilustrado foro de instancia (Hon. Angel G. Hermida, Juez) lo desestimó por falta de jurisdicción. Reprodu-cimos in toto su dictamen:

Vista la solicitud de revisión y su apéndice, se desestima el recurso de revisión presentado, por falta de jurisdicción. Cuando la CIPA notificó al ahora recurrente su decisión de 26 de junio de 1989, le advirtió que tenía un plazo de 30 días para presentar una moción de reconsideración, y le advirtió además que si la moción de reconsideración fuese rechazada de plano se entendería que el término de 30 días para acudir en revisión al Tribunal Superior no quedaba interrumpido. Dicha advertencia fue conforme a la legis-lación vigente en dicho momento, Ley de Procedimiento Adminis-trativo Uniforme. La moción de reconsideración fue presentada el 13 de julio, a tiempo, y fue denegada de plano por la CIPA el 1ro. de agosto de 1989. Por lo tanto, el plazo para la revisión judicial nunca se interrumpió y el mismo venció 30 días después del 26 de junio, o sea el miércoles 26 de julio 1989. El recurso de revisión no fue presentado a este Tribunal hasta el 14 de agosto, 19 días después de haber vencido el plazo jurisdiccional correspondiente. Apéndice I, pág. 2.

Contra dicha sentencia acudió ante nos Pérez Acevedo. En síntesis alega que su recurso de revisión fue presentado ante el Tribunal Superior dentro del término dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2101 y ss. En apoyo de su posición aduce que la See. 4.2 de dicha ley, 3 L.ER.A. see. 2172, dispone que una vez agotados los remedios administrativos, la parte afectada podrá presentar la solicitud de revisión en el término de treinta (30) días contados a partir del archivo en autos de la copia de la resolución u orden final de la agencia. Argumenta que aquí, la resolución que puso punto final a los trámites administrativos fue la de 1ro de agosto cuando se declaró sin lugar su reconsideración. En consecuencia sostiene que el término de treinta (30) días debe contarse a partir de esa notificación. En la alternativa —bajo el supuesto de que fuese correcta la interpretación del foro de instancia— nos señala que existe un conflicto insalvable entre las Secs. 3.15 y 4.2 de esta ley, 3 L.ER.A. sees. 2165 y 2172, respectivamente. A esos efectos, argumenta que la primera (Sec. 3.15) establece que la reconsideración es requisito jurisdiccional para solicitar la revi-sión judicial. Sin embargo, también dispone que la misma debe presentarse dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación y, una vez presentada, el foro administrativo tendrá treinta (30) días para considerarla. Si no actúa en ese término, se entenderá rechazada de plano, ante lo cual se estimará que no se interrumpió el término —de treinta (30) días— para la revisión judicial. Nos dice que bajo ese esquema legal fue que presentó su reconsideración dentro de los treinta (30) días —el 13 de julio, que vencía el 26 de julio— por lo que, tomando en cuenta que dicho trámite era de carácter jurisdiccional, tenía que esperar a que la Comisión se pronunciara sobre la misma o que transcurriera dicho término para que se estimara rechazada de plano. Como resultado, se confrontó con un dilema: de un lado los treinta (30) días vencían el 12 de agosto, y de otro lado, en ese momento ya había expirado el término para presentar la revisión, la cual vencía el 26 de julio.

Ante los textos contradictorios de estas dos (2) secciones, nos invita a que pronunciemos ineficaz la Sec. 3.15, supra, que regula lo referente a la reconsideración. Se apoya en la norma de hermenéutica que consigna que ante disposiciones antagónicas debe descartarse la que se aparta de los principios generales.

H-¡ f — i

Es significativo que la controversia planteada por Perez Acevedo ya había sido vislumbrada por el ilustre juez de instancia, Hon. Ángel Hermida, en su artículo titulado La Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme de 1988, y las Reglas para la Revisión Judicial de 1989: algunos aspectos de especial interés para los jueces, V (Núm. 2) Forum 16,20 (1989), en el cual señaló:

Como se puede ver, el plazo estatutario para la revisión judicial, a ser contado desde la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia, es de sólo 30 días. Como se podrá notar al comparar dicho plazo con los dispues-tos para la moción de reconsideración a la agencia, la suma del plazo dispuesto para presentar la moción de reconsideración en sí (30 días) más el plazo para la agencia decidir si acoge o no la reconsideración (30 días) arroja un total de 60 días. Si la agencia no actúa en forma alguna durante el plazo de 30 días que tiene disponible, quedando así implícitamente denegada de plano la moción de reconsideración, el plazo para la revisión judicial no se interrumpe. Y al ello ocurrir resulta que al expirar dicho plazo, y estar maduro el caso para solicitar la revisión judicial, el plazo para la revisión en sí (que es de sólo 30 días) habrá expirado desde antes. A[u]n cuando la agencia no se tome los 30 días completos, sino que deniegue expresamente y de plano la moción de reconsideración en un plazo menor, y aun cuando el litigante tampoco se tome los 30 días completos para presentar su moción de reconsideración, sino que la presente en un plazo más corto, basta que la suma de estos dos plazos exceda de 30 días para que el plazo para la revisión judicial haya vencido efectivamente antes de que el caso esté maduro para la revisión judicial. (Énfasis suplido.)

La Asamblea Legislativa se percató del mismo problema. Para remediarlo enmendó, mediante la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989, la citada Sec. 3.15 para que leyese del modo siguiente:

See. 2165 — Reconsideración

La parte adversamente afectada por una resolución, u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción cuya resolución deberá ser emitida y archi-vada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción. Si la agencia dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los noventa (90) días de haber sido radicada una moción acogida para resolución, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que el tribunal, por justa causa, autorice a la agencia una prórroga para resolver, por un tiempo razonable.

La moción de reconsideración será jurisdiccional para poder solici-tar la revisión judicial. (Énfasis suplido.) 3 L.ER.A. see. 2165.

Ciertamente, esta enmienda resolvió el conflicto entre el texto original de las citadas Secs. 3.15 y 4.2. Según la misma, una vez presentada la moción de reconsideración en el nuevo plazo de veinte (20) días, el término para solicitar la revisión judicial queda interrumpido. Comienza a correr otra vez cuando se notifica una denegatoria a la moción o cuando transcurren quince (15) días computados desde su presentación sin que la agencia la haya considerado o cuando notifique la resolución que la resuelve.

Con esta enmienda, el legislador aclaró la confusión creada por la contradicción operacional entre las dos (2) secciones antes citadas. De ese modo salvaguardó el derecho de una parte afectada adversamente por la decisión de una agencia adminis-trativa a acudir ante el foro judicial.

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Ante este breve historial, no podemos ignorar la disyuntiva procesal con la que se confrontó el peticionario Pérez Acevedo en el ejercicio de sus derechos. Nuestra jurisprudencia es lo suficien-temente fértil como para atender justamente el conflicto estatutario que existía antes de la enmienda de 5 de agosto de 1989. Es aplicable al caso de autos la regla de interpretación expuesta en Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563, 571 (1982), a los efectos de que “[cjonfrontamos un caso de concurrencia de normas de antinomia o contradicción irreductible, en que el intérprete ha de tener por no escrita e ineficaz, entre las disposiciones antagónicas, aquella que representa una desvia-ción de los principios generales”. (Enfasis suplido y escolios omitidos.)

Concluimos que las disposiciones de la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, antes de ser enmendadas, constituían una evidente desviación del principio general que siempre ha permeado nuestro ordenamiento admi-nistrativo. Se ha reconocido que el derecho a la revisión judicial de las decisiones de las agencias es parte del acceso constitucional a los tribunales, incluso aun en situaciones en que las leyes guar-daban silencio al respecto. López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 8 (1957); Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377, 381-382 (1952).

Si tomamos como punto de partida la fecha en que se archivó la notificación de la resolución que declaró no ha lugar la reconsideración —8 de agosto de 1989— forzoso es concluir que el recurso de revisión del 14 de agosto de 1989 fue presentado dentro del término de treinta (30) días provisto por la ley.()

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Pons Núñez.

Disentimos por entender que en conformidad con el estado de derecho vigente al momento de suscitarse la controversia en el tribunal de instancia, éste carecía de jurisdicción para considerar el recurso de revisión presentado por el peticionario. Del estudio de los hechos procesales ocurridos en este pleito, confirmaríamos la resolución del ilustrado foro de instancia.

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El 26 de junio de 1989 la Comisión de Investigación, Proce-samiento y Apelación (en adelante C.I.PA.) dictó la resolución que origina la controversia procesal ante nos. Ese mismo día se notificó la resolución al peticionario Víctor Pérez Acevedo.

El 13 de julio de 1989 el recurrente solicitó reconsideración a la C.I.PA. La misma fue denegada de plano el 1ro de agosto de 1989. El 14 de agosto de 1989 el peticionario recurrió al foro judicial para cuestionar la resolución emitida por la C.I.PA. El 20 de diciembre de 1989 el Tribunal Superior desestimó la solicitud del recurrente por el fundamento de que había sido radicada con posterioridad al término de treinta (30) días establecido en la See. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2172), y que por lo tanto carecía de jurisdicción para acogerla. Inconforme con este dictamen, el peticionario acude a este Tribunal mediante el recurso de certiorari y señala que cuando él recurrió al Tribunal Superior existía un conflicto entre las Secs. 3.15 y 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.ER.A. sees. 2165 y 2172, respectivamente.

La Sec. 3.15 del estatuto, supra, reglamenta las solicitudes de reconsideración que pueden ser presentadas luego de la resolu-ción final de la agencia y textualmente dispone quer.()

See. 2165 — Reconsideración

La parte adversamente afectada por una resolución, u orden parcial o final podrá, dentro del término de treinta (30) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los treinta (30) días de haberse presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la rechazare de plano, el término para solicitar revisión se considerará como que nunca fue interrum-pido. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción. Si la agencia dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los treinta (30) días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.
La moción de reconsideración será jurisdiccional para poder solicitar la revisión judicial. (Énfasis suplido.) 3 L.ER.A. see. 2165.

Por otro lado, la See. 4.2 de la Ley Núm. 170, supra, establece los términos bajo los cuales se puede solicitar revisión judicial ante el Tribunal Superior de las decisiones de la agencia. Dicha sección dispone como sigue:

See. 2172. Revisión — Términos para radicar

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal Superior con competencia dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia. La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo. 3 L.P.R.A. sec. 2172.

En conformidad con este estatuto, la reconsideración es un requisito jurisdiccional para poder instar recurso de revisión ante el Tribunal Superior. El estatuto también dispone que si la agencia administrativa rechaza de plano la reconsideración, no se consi-derará interrumpido el término para la revisión judicial, el cual será de treinta (30) días contados desde la notificación de la resolución.

Ese término de treinta (SO) días para la revisión judicial en el caso de autos vencía el 26 de julio de 1989. Por disposición de ley, ambos términos, tanto el de reconsideración como el de revisión judicial, comenzaban a correr desde el mismo punto de partida: la notificación de la resolución de la agencia. Según redactado el estatuto, existía la dificultad de que si la reconsideración se rechazaba de plano, o la agencia no la consideraba, no se interrumpía el plazo para instar la revisión judicial. Esta difícil situación suponía que el peticionario no podía descansar en la resolución sobre la reconsideración para presentar el recurso de revisión judicial. Por tal razón, el peticionario venía obligado a presentar el recurso de revisión judicial en tiempo, sin esperar la determinación de la agencia sobre la reconsideración. () Así lo hizo constar la agencia administrativa en el caso de autos.

No podemos refrendar la posición del peticionario, acogida por el Tribunal, de que a partir de la resolución que decretó un no ha lugar a la reconsideración es que empiezan a correr los términos para la revisión judicial. Tenemos varias razones para así creerlo. Primero, el contenido de la Sec. 3.15, supra, clara-mente dispone que si se rechaza de plano la reconsideración “el término para solicitar revisión se considerará como que nunca fue interrumpido”. Segundo, el peticionario fue advertido por la agencia administrativa sobre las consecuencias jurisdiccionales de su denegación de plano de la reconsideración. Tercero, el peticio-nario tampoco impugnó a tiempo la validez de la Sec. 3.15, supra, y el foro de instancia no tenía jurisdicción para considerar su planteamiento. Cuarto, el término jurisdiccional para solicitar revisión expiró el 26 de julio de 1989. No es hasta el 14 de agosto de 1989, es decir, cuarenta y nueve (49) días después de la notificación de la resolución de la agencia, que el peticionario acudió al tribunal a quo. Para esa fecha el tribunal no tenía jurisdicción para considerar su impugnación y, por ende, este Tribunal tampoco podía acoger su petición.

Ante esas consideraciones y en estricta adjudicación del derecho procesal aplicable a esta controversia, concluimos que actuó correctamente el foro de instancia al declararse sin juris-dicción para considerar el recurso presentado por el peticionario. Aunque compartimos la preocupación sobre los problemas crea-dos por el conflicto entre estas secciones, el Tribunal Superior no tenía jurisdicción para considerar el recurso. En esas circunstan-cias, y al amparo de nuestro ordenamiento constitucional, corres-pondía a la Asamblea Legislativa promulgar las enmiendas co-rrespondientes para eliminar el nudo gordiano creado por la legislación. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea Legis-lativa en agosto de 1989. Por tales razones, disiento de la opinión mayoritaria.

      (1) El término de treinta (30) días para presentarla vencía el 26 de julio de 1989.

      (2) Aparte de lo eiqmesto, notamos que al momento en que se resolvió dicha reconsideración y se presentó el recurso de revisión, había entrado en vigor la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989 (3 L.P.R.A. sec. 2165), enmendatoria de la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley enmendatoria, en su Art. 10 dispuso que la misma comenzaba a regir inmediatamente después de su aprobación.
      Tratándose de una norma de carácter procesal, la misma tiene efecto retroactivo, por lo que aplicaba tanto a las acciones pendientes al momento de su vigencia como a las incoadas con posterioridad a la vigencia de la misma. Véase Ortiz v. Fernós López, 104 D.P.R. 851, 852 (1976).

      (1) Las citas se refieren al texto de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2165) como leía antes de las enmiendas aprobadas por la Legislatura en la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989 (3 L.P.R.A. secs. 2105(c) — (e), 2128(a), 2133, 2135(a), 2136, 2165, 2169, 2172 y 2177).

      (2) Tal y como señala la opinión mayoritaria, el legislador se percató de la difícil situación de la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2165, al aprobar la Ley Núm. 43, supra, que enmienda los términos ambiguos de ésta. Véase Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el B de la C. 232.


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Juan E. Pérez Reilly y otros, demandantes y recurridos, v. Club Deportivo de Ponce Inc. y Wendell W. Colón, demandados y peticionarios.

      Número: CE-90-233

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Pedro- Ortiz Álvarez, abogado de los peticionarios; Julio Eduardo Torres, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

El 1ro de febrero de 1990 el Sr. Juan E. Pérez Reilly, su esposa la Sra. Awilda I. Torres, la sociedad de gananciales compuesta por ambos y Southern Concession Management, Inc., presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, demanda para solicitar orden de entredicho provisional e injunction preliminar y perma-nente y daños contra el Club Deportivo de Ponce, Inc. y su presidente el Ledo. Wendell W Colón. Solicitaron específicamente que se le ordenara a los demandados que se abstuvieran de: (a) impedir la entrada de la parte demandante y sus empleados a las facilidades del codemandado Club Deportivo de Ponce para operar la concesión para el expendio de comidas, bebidas, refrigerios, golosinas y artículos similares; (b) interferir o en cualquier forma impedir a la parte demandante la ordenada operación de tal concesión, y (c) violar el derecho de exclusividad que se ha concedido a la parte demandante para el expendio de bebidas, comidas, refrigerios, golosinas y artículos similares en las facilidades de la parte demandada. Solicitud de certiorari, Anejo IM pág. 21. Reclamaron además cien mil dólares ($100,000) en daños.

Junto con la demanda, los demandantes presentaron una moción en la cual solicitaron al tribunal que asumiera competencia sobre el caso. En la misma reconocieron que la Sala del Tribunal Superior con competencia, a tenor con la Regla 3 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, era la de Ponce. Argüyeron, sin embargo, que al amparo de lo dispuesto en la Regla 3.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y lo resuelto en Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, 125 D.P.R. 106 (1990), procedía que por vía de excepción asumiese competencia sobre el caso. Adujeron como las circunstancias que avalan la excepción las siguientes:

a) Uno de los demandados, el Lie. Wendell W Colón, es presi-dente de la Delegación de Abogados de Ponce.
b) El Honorable Gustavo Rodríguez, Juez del Tribunal Superior de Ponce es miembro del co-demandado Club Deportivo de Ponce. Su esposa fue dueña de la concesión que motiva la demanda en el presente caso. Este Honorable Juez es testigo potencial en el caso de autos.
c) El Honorable Pedro G. Goyco es testigo potencial en el presente caso. Preside el Comité de Cantina, etc., del demandado Club Deportivo de Ponce, del que es miembro. Ha sido por muchos años Fiscal de Distrito de Ponce, Presidente de la Delegación de Abogados y distinguido miembro de ese foro.
d) La Honorable Leyda González Degró, junto a su esposo, son miembros del demandado Club Deportivo de Ponce. Esta Honorable Juez es la Administradora de la Región de Ponce.
e) Otros jueces, fiscales y distinguidos abogados de la Región de Ponce son miembros del demandado Club Deportivo de Ponce. Solicitud de certiorari, Anejo V, pág. 21.

El 6 de marzo de 1990 el tribunal emitió resolución mediante la cual asumió competencia y expresó lo siguiente:

Del examen de los hechos y del Derecho aplicable resolvemos que el presente caso no debe litigarse en la Sala de Ponce. No sólo es probable que el Magistrado que presida esta vista venga obligado a pasar juicio sobre la credibilidad de un compañero juez que labora día a día con él, sino que también, por las circunstancias peculiares de la parte demandada y otros testigos potenciales conviene a la mejor imagen de la justicia que el caso no se ventile en dicho foro. Solicitud de certiorari, Anejo I, pág. 3.

No conforme con esta decisión, la parte demandada recurrió ante nosotros mediante recurso de certiorari para plantear dos (2) errores:

A. ¿Pueden variarse las normas usuales de competencia a base de una extrapolación de la doctrina del caso Sucn. Ortiz [Ortiz] v. Campoamor [Redín], más allá de los limitados contornos fácticos que la justifican?
B. ¿Debe aclararse lo resuelto en Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor [Redín], para impedir que un demandante escoja el foro que ventilaría su caso en un contexto apropiado para alterar las normas de competencia? Solicitud de certiorari, pág. 5.

El 29 de marzo de 1990, en auxilio de nuestra jurisdicción, paralizamos la vista de injunction preliminar que había sido señalada. Además, ordenamos a la parte demandante mostrar causa por la cual no se debía revocar la resolución del Tribunal Superior, Sala de Aibonito, de 6 de marzo de 1990 y proceder a trasladar el caso a la Sala de Ponce.

La parte demandante recurrida ha comparecido y, por estar en posición de decidir, así procedemos a hacerlo según lo intimado.

Mediante el Art. V, Sec. 2 de nuestra Constitución, L.ER.A., Tomo 1, se creó un sistema judicial unificado y se facultó a la Asamblea Legislativa, “en cuanto no resulte incompatible con [la] Constitución”, a determinar la competencia y organización de los tribunales. Las reglas de competencia establecen la ordenada tramitación de los asuntos judiciales dentro de este sistema unificado. Regla 3 de Procedimiento Civil, supra; Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. secs. 61 y 62). Por su naturaleza, estas reglas pueden obviarse mediante el acuerdo de las partes y la anuencia del juez. Regla 3.1 de Procedimiento Civil, supra. Cualquier determinación adversa sobre competencia puede ser revisada “únicamente dentro del propio caso y no colateralmente en acción distinta”. Seijo v. Mueblerías Mendoza, 106 D.P.R. 491, 494 (1977).

Recientemente, en Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, tuvimos la oportunidad de interpretar la Regla 3.5(b) de Frocedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que crea una excepción a las normas ordinarias de competencia, permitiendo el traslado de un caso “[cjuando la conveniencia de los testigos o los fines de la justicia así lo requieran”. En ese caso aplicamos la regla a una situación en que la acción se presentó en una sala sin competencia y ésta decidió, a manera de excepción y en cumplimiento de los postulados esbozados en dicha regla, reclamar competencia sobre la controversia.

La norma que establece la Regla 3.5(b) de Procedimiento Civil, supra, y que interpretamos en Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, es de carácter excepcional y sola-mente ha de aplicarse cuando las circunstancias lo hagan imperativo por asi requerirlo los fines de la justicia . En dicho caso se trataba de una demanda en la Sala de Aibonito del Tribunal Superior contra uno de los dos (2) Jueces Superiores regulares que allí laboran. Indiscutiblemente el caso no sólo colocaba “en una angustiosa situación a dos compañeros jueces, [sino que también podía] poner en entredicho y causar un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción”. Siten. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, pág. 108.

Hemos analizado las razones expuestas por el tribunal para asumir competencia en el caso de autos y discrepamos de su conclusión de que éstas configuran una situación de una natura-leza tal que amerita el desvío de las normas de competencia establecidas y justifica la aplicación de la excepción prevista por la citada Regla 3.5.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de “certiorari” solicitado, se dicta sentencia mediante la cual se revoca la resolución del Tribunal Superior, Sala de Aibonito, de 6 de marzo de 1990, se ordena el traslado del caso al Tribunal Superior, Sala de Ponce, y se devuelve el mismo para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

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La fe de la ciudadanía en el sistema de justicia que impera en su país resulta ser imprescindible para el bienestar general del mismo. Esa fe se preserva únicamente en la medida en que los ciudadanos confíen en la integridad, honestidad e imparcialidad de quienes tienen la noble encomienda de impartir justicia. Cuando un pueblo pierde la fe en la calidad de la justicia que se dispensa en su jurisdicción, se corre el inmenso riesgo de que sus ciudadanos tomen la justicia en sus propias manos. La lamentable consecuencia de ello lo es la anarquía.

La imparcialidad y objetividad con que actúen, en los casos ante su consideración, los funcionarios públicos encargados de la delicada función de impartir justicia son ingredientes indispensables de esa fe; características que no solamente tienen que ser reales sino aparentes. Parafraseando la histórica y célebre frase de César:() no basta con que el juez sea imparcial y objetivo; es preciso que lo parezca.

Esa “norma de apariencia de parcialidad” está plasmada en los Cánones XI y XII(g) de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, al establecer, el primero de éstos, que el “[j]uez no solamente ha de ser imparcial, sino que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de que es susceptible de actuar a base de influencias . . .”, y el segundo de ellos al decretar que el juez “no debe entender en procedimiento judicial alguno en que la ley le prohíba actuar,” y por “cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia”. (Énfasis suplido.)

A esos efectos hemos indicado que para que proceda la inhibición de un juez “no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o parcialidad de hecho; basta con la apariencia de parcialidad o prejuicio. . .”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Martés Olán, 103 D.P.R. 351, 355 (1975). Es debido a ello que el “buen juez . . . evita toda conducta que mine la confianza pública en la neutralidad del Poder Judicial”. (Énfasis suplido.) P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 311 (1980).

Lo anteriormente expuesto fue la “razón de decidir” en Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, 125 D.P.R. 106 (1990). En dicho caso resolvimos que, por excepción, el mismo no debía ser ventilado en la Sala del Tribunal Superior con competencia para ello por razón de que una de las partes en el caso lo era un miembro de la Judicatura que desempeñaba sus deberes en dicha Sala. Al así resolver, expresamos entonces:

Dilucidar el caso en la referida Sala implica que un compañero juez de éste, el cual comparte día a día y hombro con hombro en la Sala de Aibonito la gran responsabilidad de impartir justicia, tendrá la difícil encomienda de pasar juicio sobre la credibilidad de un compañero de labores. Ello, en adición a situar en una angustiosa situación a dos compañeros jueces, puede poner en entredicho y causar un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción. . . .
Los tribunales de justicia tenemos el deber de velar por que la “balanza” en que se pesan los derechos de todos nuestros conciu-dadanos esté siempre libre de sospechas, aun cuando las mismas sean infundadas. (Enfasis suplido.) Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, págs. 108-109.

En el caso hoy ante nuestra consideración, aun cuando el miembro de la Judicatura —Hon. Gustavo Rodríguez— no es parte en el mismo, dicho magistrado es testigo en el caso. Ello, naturalmente, significa que el juez que presida los procedimientos en el caso de autos igualmente tendrá que pasar juicio sobre la credibilidad que pueda merecer el testimonio que preste en el mismo el Juez Rodríguez.

Independientemente de la capacidad del magistrado del Dis-trito Judicial de Ponce, ante quien se ventilen los procedimientos, para poder sustraerse del hecho de que ese testigo es un compañero juez con quien labora día a día y de su capacidad para poder ser completamente neutral en el caso, () no hay duda que la parte contraria siempre tendrá la interrogante sobre cuán obje-tiva e imparcial ha sido la actuación de dicho magistrado. Real-mente no existe razón legal válida alguna para que se ponga en entredicho no sólo la reputación de ese magistrado sino que, en adición, la buena imagen de la justicia en nuestra jurisdicción.

La situación se resolvería simplemente estableciendo una norma clara a los efectos de que los casos en que un juez sea parte, o, aun cuando no lo sea, donde el juez es testigo, no deben ser dilucidados en el distrito judicial en el que ese juez ejerce su ministerio.

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Lo verdaderamente lamentable de toda esta situación lo es el hecho de que la misma nunca debió ocurrir. Ello por razón de que el Hon. Juez Gustavo Rodríguez no debería estar desempeñán-dose como tal en el Distrito Judicial de Ponce.

Conforme establecen las disposiciones de la See. 8 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.PR.A., Tomo 1, y de la See. 3 de la Ley de la Judicatura, 4 L.PR.A. see. 301, el poder y la facultad de asignar los jueces de instancia a las distintas regiones o distritos judiciales recae en la sana discreción del Juez Presidente de este Tribunal, responsa-bilidad en que le asiste el Director Administrativo de los Tribu-nales. Esa discreción, naturalmente, debe ser ejercitada en forma juiciosa por los referidos funcionarios.

Conforme los principios expuestos en la Parte I de la presente ponencia, relativos los mismos a la norma sobre “apariencia de parcialidad”, ¿resulta aconsejable y conveniente a una sana administración de la justicia que el Juez Rodríguez ejerza como tal en el Distrito Judicial de Ponce? Contestamos en la negativa.

El Juez Rodríguez es un ciudadano que nació y “se crió” en Ponce. En adición a ello, tenemos que el referido magistrado, antes de ser designado como tal, practicó su profesión de abogado en la mencionada ciudad por más de veinticinco (25) años. Somos del criterio que lo normal y aconsejable es que los jueces, de ordinario, no desempeñen su cargo en jurisdicciones donde tienen tales ataduras. De así suceder, dichos magistrados necesaria-mente vendrán en contacto —a diario— con situaciones, personas e instituciones con las cuales dichos magistrados han tenido estrecha relación en el pasado. Ello no le hace ningún bien ni a los jueces ni a nuestro sistema de justicia. Siempre estará en duda la calidad de la justicia que dichos magistrados dispensen.()

¿Como es posible que este Tribunal pueda exigirle a los jueces de instancia que le den estricto cumplimiento a los antes citados Cánones XI y XII de Etica Judicial cuando los funcionarios a cargo de su asignación los sitúan en jurisdicciones en que por necesidad entran en conflicto con las disposiciones de dichos cánones? Los funcionarios concernidos deben tomar las medidas necesarias para evitar que esta práctica administrativa, salvo en situaciones extraordinarias, cese de inmediato. Si así lo hacen, le harían un gran servicio a la justicia de nuestro País.

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En resumen, somos del criterio que el Tribunal, mediante la sentencia mayoritaria que emite en el día de hoy en el presente caso, innecesariamente pone en entredicho la calidad de la justicia que se dispensa en nuestra jurisdicción al resolver que procede que el mismo se dilucide en la Sala de Ponce del Tribunal Superior de Puerto Rico.

      (1) “La mujer del César no basta que sea casta sino que es preciso que lo parezca.” Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, T. XII, pág. 1449.

      (2) A nuestra manera de ver las cosas, no se requiere que una persona posea mucha agilidad mental para que pueda percatarse de lo difícil que resulta para un juez decretar que un compañero juez “no dice la verdad”. La situación, naturalmente, se complica y se hace sumamente más difícil cuando el “Juez-testigo” es uno con quien se comparte día a día en el mismo distrito judicial.

      (s) Se podría argumentar, naturalmente, que el juez siempre puede inhibirse en las situaciones antes mencionadas. Ello, sin embargo, no constituye solución alguna para el problema planteado por cuanto las situaciones en que éste tendría que así hacerlo serían numerosas. Dicha situación no sólo desembocaría en una carga indebida de trabajo para los demás jueces sino que constituiría una alteración (disruption) de los procedimientos judiciales en dicho distrito.