source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Wilfredo Ortiz Alvarado, peticionario y recurrente.

      Números: CE-93-355 CE-93-358

      Resueltos: 1ro de febrero de 1994

      Modesto López Malavé, abogado del peticionario; Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, y Aida Ileana Oquendo ■ Graulau, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Los acusados Luis A. Maldonado Torres y Wilfredo Ortiz Alvarado presentaron unas peticiones de certiorari en las que solicitan que revisemos la corrección de una resolución y orden dictada por el Tribunal Superior, Sala de Gua-yama, el 25 de junio de 1993, mediante la cual el tribunal denegó una moción de supresión de evidencia. El 15 de octubre de 1993, a los fines de evaluar la petición de cer-tiorari en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo Ortiz Alvarado, CE-93-358, ordenamos al Procurador General que sometiera su réplica al recurso. El 18 de octubre de 1993 el Procurador General compareció, y el 19 de octubre de 1993 emitimos una Resolución mediante la cual conso-lidamos el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo Ortiz Alvarado, CE-93-355, con el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Luis A. Maldonado Torres, CE-93-355, y concedimos a las partes un término simultáneo para presentar sus escri-tos mediante los cuales ampliaran sus planteamientos si así lo estimaban pertinente. En auxilio de nuestra jurisdic-ción, paralizamos los procedimientos en instancia.

Las partes han comparecido y, estando en posición de resolver, así procedemos a hacerlo sin ulteriores procedimientos.

I — I

De la declaración jurada suscrita por el agente del Ne-gociado de Investigaciones Especiales, Maximino Rivera Laporte, surge la forma en que ocurrió el incidente que motivó la moción de supresión de evidencia. Éste declaró que llevaba a cabo una investigación oficial y confidencial relacionada con el trasiego de drogas y armas de fuego en Ponce. El martes 23 de febrero de 1993 recibió una lla-mada telefónica de un informante que, aunque no se iden-tificó, había venido ofreciendo información por teléfono a dicho Negociado. Esta información había sido corroborada y había dado margen a la presentación de cargos contra varios individuos. El informante le indicó “que unos indi-viduos iban a salir desde un residendial en Ponce, con ar-mas de fuego y dinero para hacer una compra de drogas, en el área de Caguas”. Exhibit 11, pág. 12. Expresó que viaja-rían en una pick-up Mazda, color vino, con tablilla Núm. 467948, y en un vehículo Ford Tempo negro, con tablilla Núm. BHC-746. Como consecuencia de esta información, se estableció una vigilancia, se localizaron los vehículos en el residencial y se les dio seguimiento. Estos se dirigieron hacia la autopista Las Américas, desviándose luego por la salida del pueblo de Coamo. Subsiguientemente, los agen-tes los perdieron de vista por alrededor de veinte (20) mi-nutos y los volvieron a localizar cuando tomaron nueva-mente la autopista en dirección a Salinas. Salieron de dicho pueblo y tomaron la antigua carretera Núm. 1 hasta un sector de parcelas cerca del Albergue Olímpico. El agente y otra unidad se quedaron en la carretera Núm. 1. Luego, los dos (2) vehículos volvieron a salir a la carretera Núm. 1 y tomaron la autopista, saliéndose en el pueblo de Cayey. Allí entraron a una urbanización que queda cerca de la carretera Núm. 14, después de la cual tomaron un camino sin asfaltar donde se observaba, en la entrada, un rótulo que leía Polígono. En la urbanización, el agente se mantuvo dentro de la unidad esperando que salieran. El Polígono estaba cerrado. Como á los veinte (20) minutos, el agente observó que los individuos salieron, dirigiéndose hacia el pueblo de Coamo por la carretera Núm. 14, vía Aibonito, donde los perdieron de vista.

El 25 de febrero de 1993, el agente Rivera Laporte reci-bió otra llamada del informante. Esta vez indicó que los mismos individuos iban a utilizar una guagua Cherokee, color azul claro, con tablilla Núm. AVD-911, para dirigirse a Cayey, donde probarían unas armas de fuego. Una vez más procedieron a establecer una vigilancia en el residen-cial en Ponce. El agente observó cuando el vehículo des-crito por el informante fue abordado por una persona. De allí lo siguieron hasta el pueblo de Coamo, donde se perdió de vista. Dieron por finalizada la vigilancia.

El 3 de marzo de 1993 el informante llamó nuevamente. Esta vez les dijo que las mismas personas iban a dirigirse a un lugar en Caguas para comprar cocaína y que, de re-greso, entrarían a Cayey para probar las armas de fuego. Utilizarían la guagua Cherokee color azul claro, tablilla Núm. AVD-911. También informó que llevarían armas de fuego y bastante dinero en efectivo. Conforme hicieron en las ocasiones anteriores, establecieron vigilanciá en el re-sidencial público. A eso de las 2:00 p.m., vieron la guagua Cherokee en la cual iba la misma persona que habían visto los días 23 y 25 de febrero de 1993. Este era una persona blanca con barba. En la calle Wilson, cerca del residencial, dos (2) individuos abordaron la guagua Cherokee; un joven que parecía ser menor de edad, trigueño y que vestía pan-talón corto negro y sweater verde, y otro individuo delgado de pelo claro, con pantalla, y vestido con pantalón depor-tivo color lila, sudadera negra y muchas prendas. La gua-gua Cherokee salió en dirección a la autopista Las Americas y se desvió hacia Coamo, donde entró al pueblo y continuó por la carretera vieja hacia Salinas. Luego entró por unas parcelas que salen por la parte trasera del Alber-gue Olímpico y la autopista, por donde entraron en direc-ción hacia Cayey. Una vez pasaron el peaje de la autopista, el agente Rivera Laporte impartió instrucciones de inter-venir de acuerdo con un plan preacordado. Los bajó de la guagua Cherokee, les informó que era la policía y que, de acuerdo con la información confidencial, ellos transporta-ban y vendían armas de fuego, drogas y dinero. Debido a que la información recibida indicaba que llevaban armas de fuego y dinero debajo del asiento trasero del vehículo, inmediatamente buscó allí. Encontró en ese lugar tres (3) pistolas, dos (2) de ellas cargadas y una (1) con la serie mutilada, y dinero por la suma de veinte mil diecinueve dólares ($20,019). Puso a los individuos, que resultaron ser los dos (2) acusados peticionarios y un menor, bajo arresto y les hizo las advertencias de ley. El vehículo lo retuvo para fines de confiscación.

Los hechos presentados nos confrontan, una vez más, con la necesidad de determinar la legalidad de un arresto y registro sin orden judicial practicados por agentes del or-den público, fundamentados parcialmente en confidencias recibidas por un agente.

I — I 1 — 1

En Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 354 (1977), expresamos “que una confidencia es suficiente para validar la existencia de causa probable si se establece la concurrenciá de una o más de las siguientes circunstan-cias: 1) que el confidente previamente ha suministrado in-formación correcta; 2) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; 3) que la confiden-cia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes; y 4) que la corro-boración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse”. Recientemente, en Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992), al examinar una situación similar, en la que las declaraciones juradas que dieron apoyo a la expedición de órdenes de arresto y alla-namiento estuvieron fundamentadas parcialmente en con-fidencias hechas a agentes, tuvimos la oportunidad de aclarar el ámbito de los criterios establecidos en Pueblo v. Díaz Díaz, supra. Allí expresamos “que aunque en nues-tras decisiones hemos dicho que basta uno solo de los re-quisitos señalados en Pueblo v. Díaz Díaz, supra, para que la información provista por un confidente anónimo sirva parcialmente de base para determinar válidamente la exis-tencia de causa probable, lo cierto es que, al aplicar la norma, siempre hemos exigido que la confidencia haya sido corroborada por el agente, ya sea mediante observación personal o por información de otras fuentes”. (Enfasis en el original.) Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, supra, págs. 982-983. Reiteramos, además, que en este tipo de caso uti-lizaríamos esta norma según la hemos interpretado en con-formidad con los criterios de la totalidad de las circunstan-cias esbozados en Illinois v. Gates, 462 U.S. 213 (1983).

Con respecto a la corroboración en sí, destacamos que ésta “no debe limitarse a ver si la conducta observada es inocente o incriminatoria, sino a evaluar el grado de sospecha que conllevan todos los actos de la persona. ... La investigación policial no tiene que generar por sí misma evidencia suficiente para establecer causa probable. Es su-ficiente que indique la presencia de alguna actividad sospe-chosa del carácter sugerido en la confidencia que unido a ella y a otras alegaciones en la declaración jurada pueda razonablemente constituir causa probable.” (Enfasis suplido.) Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, supra, págs. 985-986.

Debe tenerse presente que la causa probable o el motivo fundado se determina a base de los criterios de probabilidad y razonabilidad. Meras sospechas no bastan; pero tampoco es necesario que el juez quede convencido, fuera de duda razonable, que se está violando la ley ni que se establezca que la ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida. Lo importante es si el agente que efectúa el arresto y allanamiento sin orden judicial tiene, al momento de hacerlo, base razonable o motivos fundados para creer que se estaba violando o se iba a violar la ley; esto es, si se desprende, de la totalidad de las circunstancias, que una persona prudente y razonable creería que se ha cometido o se va a cometer la ofensa objeto de las confidencias. Véanse: Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470 (1992); Pueblo v. Marrero Rey, 109 D.P.R. 739 (1980); Pueblo v. Lastra Sáez, 93 D.P.R. 876 (1967); Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

Analicemos los hechos en el caso de autos a la luz de las normas de derecho anteriormente expuestas.

I — I HH I — I

En el presente caso no existe la menor duda, ni se cues-tiona, que el agente del Negociado de Investigaciones Es-peciales, Rivera Laporte, recibió tres (3) confidencias tele-fónicas de un informante que, aunque no identificado, había provisto información a la policía anteriormente que había dado margen a la presentación de cargos contra otros individuos. Tampoco se pone en duda que el agente Rivera Laporte cumplió con su obligación de investigar la información sobre posibles actividades delictivas recibidas mediante las confidencias. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985).

Nos resta, pues, estimar si la evidencia considerada en su totalidad proveía un fundamento sustancial para la de-terminación de la existencia de causa probable o motivo fundado necesario para validar un arresto y allanamiento sin orden judicial. Es decir, hay que evaluar de la totalidad de los hechos en este caso, si el grado de sospecha que éstos levantan es tal, que una persona prudente y razonable hu-biese podido determinar que se había cometido o se iba a cometer el acto delictivo objeto de las confidencias.

En la primera confidencia, el 23 de febrero de 1993, se informó que unos individuos iban a salir de un residencial en Ponce, con armas y dinero para comprar drogas en el área de Caguas. Se identificó los vehículos en que viajarían. No se identificaron o describieron a los individuos. Con relación a esta confidencia, la vigilancia policiaca sólo corroboró que, efectivamente, unas personas salieron en esos vehículos, pasaron por el pueblo de Cayey, tomaron un camino sin asfaltar donde había un letrero que leía “Polígono” y que a los veinte (20) minutos se dirigieron al pueblo de Coamo vía Aibonito, donde se perdieron de vista. Ninguna de estas actividades reveló “alguna activi-dad sospechosa del carácter sugerido en la confidencia ...”. Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, supra, pág. 986.

Dos (2). días más tarde, se recibió la segunda confiden-cia, mediante la cual se le informó al agente que los mis-mos individuos irían a Caguas a probar unas armas de fuego. Nuevamente, sólo describieron el vehículo que sería utilizado. No identificaron ni describieron a los individuos. La vigilancia sólo logró corroborar la confidencia en cuanto a que una persona, efectivamente, abordó y salió del vehí-culo en cuestión.

La tercera y última confidencia ocurrió seis (6) días des-pués, el 3 de marzo de 1993. En esta ocasión, el informante indicó que las mismas personas, las cuales tampoco iden-tificó ni describió, irían a Caguas a comprar cocaína y que, de regreso, entrarían a Cayey a probar las armas de fuego. Indicó que llevarían armas de fuego y bastante dinero. Describió el vehículo a ser utilizado. La vigilancia sólo lo-gró corroborar que una de las personas que estuvo pre-sente en las dos (2) ocasiones anteriores, el 23 y 25 de febrero, guiaba el vehículo identificado en la confidencia. A los peticionarios se les detuvo en el peaje en Cayey. Se registró el vehículo y se encontraron tres (3) pistolas y dinero debajo del asiento trasero, donde había indicado el informante.

Como podrá observarse, surge con meridiana claridad que la investigación policial no reflejó actividad sospechosa alguna del carácter sugerido en la confidencia referente al trasiego de drogas y armas de fuego. El que una misma persona, en tres (3) ocasiones distintas, aborde o guíe unos vehículos previamente identificados por un confidente no constituye, sin más, una actividad sospechosa del carácter sugerido por la confidencia. Tampoco lo sería si a esto se le uniese el hecho de que en una ocasión, mientras los vigila-ban, uno de los acusados fue en el vehículo hasta el Polí-gono en Cayey, que resultó estar cerrado. Tampoco valida un registro y arresto el hecho de que efectivamente se haya encontrado el material delictivo que indicó el informante. Es la conducta previa al registro la que debemos evaluar para determinar si efectivamente había causa probable o motivo fundado para llevarlo a cabo.

Al tomar en consideración la totalidad de las circuns-tancias, o sea, el hecho de que el informante había ofrecido información confiable previamente; la corroboración sobre la utilización de los vehículos descritos en la confidencia; el que uno de los peticionarios estuvo presente en las tres (3) ocasiones, y el que en la primera ocasión pasaran por el Polígono de Cayey, estimamos que no levanta un grado de sospecha suficiente para que una persona prudente y razo-nable crea que los acusados estaban portando drogas y ar-mas de fuego para la venta.

En todos los casos donde hemos determinado, al amparo de los criterios establecidos en Pueblo v. Díaz Díaz, supra, que una confidencia ha sido suficiente para sostener la va-lidez del arresto y allanamiento, los hechos reflejan que ha habido una corroboración de alguna actividad sospechosa del carácter sugerido en la confidencia. Veamos.

En Pueblo v. Díaz Díaz, supra, la vigilancia logró corro-borar que los acusados fueron vistos frente al Banco, en el vehículo identificado en la confidencia, sin sombrero, boina y gafas, y que luego, cuando estaban siguiendo al mensa-jero, los tenían puestos; que se adelantaron al vehículo del mensajero que tenía la nómina, pararon bruscamente en el centro de la carretera en un puente y salieron del vehículo. La confidencia era sobre el robo dé una nómina al mensa-jero del Banco.

En Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra, se recibieron varias confidencias relacionadas con el trasiego de drogas en una residencia. La vigilancia corroboró una conducta alta-mente sospechosa, tanto de parte de personas en la resi-dencia, como de personas que llegaban en vehículos a ella.

En los tres (3) casos consolidados en Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, supra, las confidencias versaban sobre el juego ilegal conocido popularmente como “bolita” y sobre la venta de drogas. En todos se corroboró ampliamente las actividades sospechosas relacionadas con la conducta delic-tiva objeto de las confidencias.

Por todo lo antes expuesto, determinamos que procedía la supresión de la evidencia. Por consiguiente, se dictará sentencia revocando la resolución del foro de instancia, de- negando la moción de supresión de evidencia y, de confor-midad con esa sentencia, se concederá la moción de supre-sión de evidencia solicitada por los acusados peticionarios.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió me-diante una opinión escrita.

- O -

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

La opinión del tribunal descarta injustificadamente va-rios presupuestos en que se apuntala el juzgar. Primero, como Jueces insertos en la sociedad, debemos reconocer la realidad y dinámica criminosa que genera el triste y escla-vizante, pero lucrativo, tráfico ilegal de sustancias contro-ladas (drogas). Segundo, hoy “arropa a nuestra isla el fe-nómeno explosivo de una dinámica criminosa que ha convertido el automóvil hurtado o robado en el instru-mento codiciado y favorito de la delincuencia, por la movi-lidad, facilidad y rapidez en que puede desplazarse y huir por las modernas vías urbanas”. (Enfasis suplido y escolios omitidos.) Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 D.P.R. 181, 221-222 (1993), opinión disidente. Tercero, “ ‘[e]s de conocimiento común que el vehículo ilegalmente apropiado es utilizado por los delincuentes para llevar a cabo fechorías tales como robos, asaltos, escalamientos y asesinatos como un medio para impedir su identificación por la policía.’ Exposición de Motivos de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, Leyes de Puerto Rico, pág. 655. Diversos estudios tienden a confirmar la interacción sustancial que existe entre el incremento de esos delitos y el consumo y tráfico del alcohol, sustancias controladas o estupefacientes”. (Énfasis suprimido.) Id., pág. 223. Cuarto, “el concepto de motivos fundados —como sinónimo de causa probable, Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 353 (1977)— no es un férreo producto de un examen o experi-mentó a posteriori en el laboratorio aséptico judicial. Tam-poco corresponde al mundo de lo académico. No es teórico ni abstracto, sino esencialmente pragmático. Lo que se le exige al policía son motivos fundados, a saber, razones su-ficientes o eficaces. Ello excluye certeza matemática y me-nos evidencia de culpabilidad”. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 490 (1988). Quinto, “el adjetivo razonable viene del latín ‘rationabilis’ que significa ‘arreglado, justo, conforme a razón; 2. ant. racional’. Diccionario de la Len-gua Española, op. cit., T. II, pág. 1147. Como tal, es obrar con discernimiento. Versa sobre realidades eminentemente pragmáticas, de carácter relativo y flexible. No es estático. En diferentes épocas y momentos conlleva variados signi-ficados y grados. Se puede dar sobre situaciones inespera-das, más o menos imperiosas y urgentes, en que la libertad y curso de acción para actuar de diversos modos se reduce notablemente. Lo razonable descansa en lo moderado, en la cautela, prudencia, en la acción u omisión. Por ende, la variabilidad en el comportamiento del ser humano involu-crado en todo acto criminoso y los distintos trasfondos del acto (sitio, hora, personas, edades y naturaleza y gravedad), son factores pertinentes para evaluar la razonabilidad de un registro y allanamiento hecho sin orden judicial”. Pueblo v. Malavé González, supra, pág. 491. Sexto, hemos de evaluar la conducta de la Policía a base de la información y experiencia que posean. Es absurdo pretender que los agentes del orden público actúen con miopía ocular o inte-lectual, ingenuamente o sin imaginación. Séptimo, la fun-ción de dirimir los hechos corresponde a los jueces de ins-tancia; salvo circunstancias de error manifiesto o arbitrariedad, no debemos intervenir. Y octavo, evitemos eregir barreras procesales innecesarias que tiendan a de-morar más la pronta solución de los casos criminales.

I

De ordinario, cuando la evidencia es obtenida sin una orden judicial previa y está enjuego la credibilidad, el juez debe celebrar una vista evidenciaría; el registro se presume ilegal y corresponde al Ministerio Fiscal probar su validez. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986).

Esa no es la situación de autos. La Moción sobre Supre-sión de los peticionarios Wilfredo Ortiz Alvarado y Luis A. Maldonado Torres fue fundamentada exclusivamente en una argumentación escrita del testimonio del agente Maxi-mino Rivera Laporte presentado en la vista preliminar. En esa moción Ortiz Alvarado no solicitó vista evidenciaría alguna. Ello explica por qué el Tribunal Superior, Sala de Guayama (Hon. Ramón Orta Berrios, Juez), no la señaló ni celebró. El ilustrádo tribunal, luego de analizar los argu-mentos y escuchar la grabación de la vista preliminar, en cuanto al coacusado Maldonado Torres, la denegó. ¿Cómo puede revocar la mayoría del Tribunal, sin escucharla tam-bién?

Independientemente de esta grave anomalía adjudica-tiva, aun circunscribiendo nuestra revisión apelativa a las declaraciones juradas y argumentos de los peticionarios Ortiz Alvarado y Maldonado Torres, resulta claro que la intervención policial fue legal y válida. Nos explicamos.

I — i

En la vista preliminar el agente Rivera Laporte atestó que el 23 de febrero de 1993 recibió una llamada en su teléfono celular de una persona que rehusó identificarse, informándole que unas personas saldrían del Residencial Ponce de León de Ponce, con dinero y armas para realizar un negocio de drogas en Caguas. Le describió los vehículos en que viajarían como una guagua Pick Up marca Mazda, color vino, tablilla 467948 y un auto Ford, modelo “Tempo”, color negro, tablilla BHC-746.

Oportunamente, Rivera Laporte divisó esos vehículos en dicho residencial y, en unión a otros agentes, los siguió por la autopista Las Américas hasta la salida hacia el mu-nicipio de Coamo. Allí los perdieron de vista por unos veinte (20) minutos y los localizaron otra vez cuando toma-ban la autopista en dirección a Salinas. Los vehículos se desviaron hacia unas parcelas cercanas al Albergue Olím-pico y luego retornaron a la autopista hasta llegar a Cayey. Los siguieron por un camino sin asfaltar donde había un letrero que leía “Polígono”. Veinte (20) minutos más tarde salieron, y se dirigieron nuevamente hacia Coamo. El Polí-gono estaba cerrado ese día, y no pudieron verlos utili-zando las armas para poder arrestarlos. Se dirigieron en-tonces a Coamo por la Carretera Núm. 14 y, a la altura del pueblo de Aibonito, los perdieron de vista.

Dos (2) días después, el 25 de febrero, Rivera Laporte volvió a recibir otra llamada de la misma persona comuni-cándole que las mismas personas irían esta vez a Cayey a probar unas armas en una guagua Cherokee, color azul claro, tablilla AVD-911. Se dirigió al Residencial Ponce de León, localizó el vehículo y lo siguió por la autopista Las Américas hasta la salida de Salinas, donde lo perdió de vista.

Varios días después, 3 de marzo, recibió una tercera lla-mada del informante anónimo quien le indicó que las per-sonas buscarían a alguien en Ponce, irían a Caguas a com-prar un kilo de cocaína y, de regreso, entrarían a Cayey a probar unas armas. Le indicó, además, que saldrían des-pués del mediodía en la guagua Cherokee azul clara y lle-varían armas de fuego y “bastante” dinero en el asiento trasero. Nuevamente, Rivera Laporte fue al residencial Ponce de León donde prestó vigilancia desde la 1:30 p.m. Aproximadamente a las 2:00 p.m., vio la guagua Cherokee y reconoció a su conductor como una de las personas obser-vadas en las dos (2) vigilancias anteriores. Notó también cerca, en la Calle Wilson, un grupo de jóvenes reunidos y dos (2) que abordaron el vehículo. Uno era menor de edad.

Rivera Laporte había coordinado un plan de acción para intervenir con los individuos, en unión a otros agentes, una vez concluyera su vigilancia. Se comunicó por radioteléfono que lo harían en el peaje de Juana Díaz, lugar que ofrecía suficiente protección para la Policía. Allí, no pudieron de-tener la Cherokee, pues prosiguieron la marcha desvián-dose hacia Coamo y siguieron por la carretera vieja hacia Salinas, donde entraron a las parcelas próximas al Alber-gue Olímpico.

Rivera Laporte se comunicó entonces con los agentes de la Patrulla de Autopistas para que los detuvieran en el “peaje de 65 centavos” e intervinieran con el vehículo. Lo hicieron. Cuando Rivera Laporte llegó a la estación de peaje, puso a los sospechosos bajo arresto, les informó so-bre la confidencia recibida y procedió a registrar el vehículo. Encontró debajo del asiento trasero las armas y el dinero informados en la confidencia.

1 — 1 HH I — 1

Es obvio que los agentes intervinieron a raíz de la infor-mación ofrecida por un confidente. Nuestra jurisprudencia ha validado este tipo de actuación si (1) el confidente pre-viamente ha suministrado información correcta; (2) la con-fidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; (3) ha sido corroborada por observaciones del agente o por información proveniente de otras fuentes, y (4) la corroboración se relaciona con actos delictivos come-tidos o en proceso de cometerse. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470 (1992); Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992); Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

La información que el confidente ofreció en tres (3) oca-siones distintas condujo a la Policía con exactitud hacia los sospechosos, quienes pudieron ser identificados fácilmente por los agentes. En la tercera ocasión, al intervenirlos en-contraron armas de fuego y dinero en el sitio exacto .donde el informante les había indicado. Dicho informante era co-nocido de la Policía, pues les había suplido información con anterioridad; su información siempre fue corroborada.

Ante estas circunstancias procesales y tácticas, la cele-bración de una vista para verificar la razonabilidad del re-gistro era innecesaria. En recta lógica adjudicativa, no hu-biese variado la conclusión de que los agentes actuaron con suficientes motivos fundados.

Ante esta realidad, es increíble la conclusión mayorita-ria de que “la investigación policial no reflejó actividad sos-pechosa alguna del carácter sugerido en la confidencia re-ferente al trasiego de drogas y armas de fuego”. Opinión mayoritaria, pág. 49.

El error de la mayoría estriba en analizar separada-mente las actividades observadas y corroboradas por la Policía. Aunque predican “la totalidad de las circunstan-cias”, aplican un enfoque fraccionado, de compartimientos. Como resultado, toda la experiencia e información confia-ble que fue acumulando el agente Rivera Laporte para con-figurar los motivos fundados, se esfumó. Tal parece que la mayoría pierde de vista que las confidencias eran sobre el trasiego de drogas y armas de fuego. ¿Cómo ignorar la ruta e ida hacia el Polígono de Cayey? ¿Cómo descartar la úl-tima confidencia que los puso en dirección hacia Caguas, lugar predestinado para comprar cocaína?

Decisiones como la presente explican por qué la Policía no puede prevenir el crimen y está perdiendo la batalla.

       En dicha Resolución y Orden el tribunal señaló lo siguiente:
      “Vistos los argumentos vertidos por escrito tanto de los acusados como del Mi-nisterio Público y escuchada la grabación de la Vista Preliminar del presente caso se declara No Ha Lugar la solicitud de Supresión de Evidencia radicada el 26 de mayo de 1993.”

       El Juez Asociado Señor Negrón García disintió, haciendo constar lo si-guiente:
      “ ‘Reconocemos, que de ordinario, en los casos en que la evidencia es obtenida sin previa orden judicial, el juez debe celebrar una vista evidenciaría, pues dicho registro se presume ilegal y es al ministerio fiscal que le toca aprobar su validez. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986).
      “ ‘Sin embargo, se desprende del expediente de autos, que la Moción sobre Su-presión, primero, fue basada en un análisis del testimonio del agente Maximino Rivera Laporte en la vista preliminar; segundo, en la referida moción no se solicitó vista evidenciaría alguna; y tercero, el juez la denegó luego de analizar los argumen-tos y escuchar la grabación de la vista preliminar.
      “ ‘Al respecto, surge que los agentes intervinieron con el acusado peticionario —y otros— a raíz de la información ofrecida por un confidente. La jurisprudencia ha validado este tipo de actuación si: 1) el confidente previamente ha suministrado información correcta; 2) la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; 3) ha sido corroborada por observaciones del agente, o por informa-ción proveniente de otras fuentes; y 4) la corroboración se relaciona con actos delic-tivos cometidos o en proceso de cometerse. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).
      “ ‘Aquí, la información que el confidente ofreció condujo a la policía con exacti-tud hacia los sospechosos, quienes pudieron ser identificados fácilmente por los agentes. Al intervenir encontraron armas de fuego y dinero en el sitio donde el in-formante había indicado. Dicho informante era conocido de la policía, quien les había suplido información con anterioridad. En resumen, la información del confidente fue corroborada.

      “ ‘En estas peculiares circunstancias, la celebración de una vista para verificar la razonabilidad del registro no hubiese variado la conclusión de que los agentes actuaron con suficientes motivos fundados.’ ” Resdución de 15 de octubre de 1993, págs. 1-2.


text:
    Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., demandante y recurrente, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrido.

      Número: RE-86-155

      Resuelto: 1ro de febrero de 1993

      Antonio Rosselló Rentas, de Rúa & Mercado, abogado de la parte demandante y recurrente; Rafael Ortiz Carrión, Pro-curador General, Lorenzo Vilanova Alfonso, Procurador General Auxiliar, abogados de la parte demandada y recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hechos

La Corporación Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. (en adelante Iberia) es una empresa nacional española pro-piedad del Instituto Nacional de Industria, que a su vez es un Organismo Autónomo de la Administración del Estado español dependiente del Ministerio de Industria. La parti-cipación del Instituto Nacional de Industria en el capital social de Iberia es de un 97%.

Iberia se dedica a la transportación de carga y de pasa-jeros mediante pago. Tiene tres (3) oficinas en Puerto Rico para la venta y el despacho de boletos aéreos. El Departa-mento de Hacienda, por conducto del Secretario de Hacienda, conforme el antiguo Art. 290 del Código Político de 1902 de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. see. 443, impuso el pago de contribuciones a la propiedad mueble de Iberia en las referidas oficinas para los años 1976-1977, 1977-1978 y 1978-1979. Como consecuencia de dicha imposición con-tributiva, Iberia pagó dos mil novecientos noventa y un dólares con cinco centavos ($2,991.05) para el año fiscal 1976-1977, dos mil setecientos ochenta y nueve dólares con cinco centavos ($2,789.05) para el año fiscal 1977-1978 y dos mil doscientos noventa dólares con sesenta y tres centavos ($2,290.63) para el año fiscal 1978-1979. Iberia solicitó el reintegro de lo pagado en el foro administrativo, alegando que el Departamento de Hacienda carecía de fa-cultad en ley para imponer contribuciones sobre la propie-dad mueble en cuestión.' Planteó que el Acuerdo sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de España de 20 de febrero de 1973 (en adelante el Acuerdo), 24 U.S.T. 2103, efectivo el 3 de agosto de 1973, eximía a Iberia del pago de toda contribución. El Departamento de Hacienda rechazó los argumentos presentados por Iberia.

Subsiguientemente, Iberia presentó la demanda objeto de este caso, el 28 de julio de 1981, reclamando el reintegro de las sumas de dinero antes detalladas. Alegó que la Ley Pública Núm. 600 de 3 de julio de 1950, Cap. 446, 64 Stat. 931, que proveía para la Organización de un Gobierno Constitucional por el Pueblo de Puerto Rico, no le permitía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico imponerle el pago de contribuciones por ser una corporación propiedad de un Estado soberano extranjero, España. También planteó que el Acuerdo impedía la imposición de contribuciones sobre los bienes muebles que ésta poseía en sus oficinas radica-das en la Isla. Finalmente, alegó que de estar la imposición contributiva en cuestión autorizada por ley, la misma sería inconstitucional por violar la prerrogativa del Congreso de Estados Unidos para efectuar tratados y reglamentar el comercio con Naciones extranjeras.

El tribunal de instancia desestimó la demanda, conclu-yendo que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a partir de la Constitución de 1952, tiene el poder inherente para imponer contribuciones sobre la propiedad de una corpora-ción foránea en la que un Estado soberano extranjero tiene una participación mayoritaria. Además, basándose primor-dialmente en el caso United States v. Pink, 315 U.S. 203 (1942), concluyó que era necesario interpretar restrictiva-mente el Acuerdo entre España y Estados Unidos, ya que éste ponía en riesgo la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado. A esos efectos, interpretó que dicho Acuerdo so-lamente prohibía las contribuciones federales.

Inconforme, Iberia presentó un recurso de revisión donde planteó la comisión de los siguientes errores:

A. Primer Señalamiento de Error
Es nuestra contención que el Tribunal de Instancia cometió error de derecho en su Sentencia de 27 de febrero de 1986 cuando concluye que aún cuando el Acuerdo Sobre Transportéis] Aéreos suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América el 20 de febrero de 1973, 24 U.S.T. 2103[,] ... el cual obliga al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, el mismo tiene que interpretarse restric-tivamente ya que el Acuerdo puede afectar la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
B. Segundo Señalamiento de Error
Es nuestra contención que el Tribunal de Instancia cometió error de derecho en su Sentencia de 27 de febrero de 1986 al determinar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede imponer [c]ontribuciones sobre propiedad mueble de una enti-dad corporativa que es propiedad del Gobierno de España en contravención con las prerrogativas inherentes al Gobierno de los Estados Unidos de América en cuanto a reglamentación co-mercial con naciones extranjeras.

Habiendo examinado detenidamente los alegatos some-tidos por las partes y los autos originales, procedemos a resolver.

Conforme a lo resuelto por el tribunal de instancia, es-tamos de acuerdo con que el Estado Libre Asociado tiene poder inherente para imponer el tipo de contribución en controversia. La recurrente no cuestiona esta determinación. Por lo tanto, en la presente opinión nos li-mitamos a examinar, a la luz del Acuerdo internacional en controversia y de la legislación congresional referente al transporte aéreo internacional, si la imposición contribu-tiva llevada a cabo es válida.

Las partes están contestes en que el Acuerdo aplica a Puerto Rico, pero no están conformes sobre la base legal que justifica dicha aplicación. Por un lado, el recurrido sostiene que el Federal Aviation Act de 1958 incluye a Puerto Rico como parte del territorio al cual se extiende dicha ley. 49 U.S.C. see. 1301(31). Por otro lado, la recu-rrente alega, y el tribunal a quo está de acuerdo, que si un tratado internacional no excluye expresamente a la Isla, le es aplicable. Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329, 332 (1982). Cabe señalar que el acuerdo internacional en cues-tión incluye expresamente a Puerto Rico dentro de las ru-tas aéreas acordadas. 24 U.S.T. 2102 y 2133-2134. Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. 1, pág. 361. Dadas estas circunstancias, es innecesario decidir cuáles fundamentos determinan su aplicación a la Isla.

El primer error planteado presenta una controversia en torno a la interpretación que debe darse al Art. 8 del Acuerdo en cuestión. Veamos las reglas de hermenéutica que la jurisprudencia ha esbozado a estos efectos.

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Reglas de Hermenéutica

Al enfrentarnos anteriormente a una controversia relativa a la interpretación de un tratado internacional sobre materia contributiva, adoptamos las reglas de hermenéutica o de interpretación de tratados y demás acuerdos internacionales seguidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Véase Greig v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 345, 351-354 (1962).

Un tribunal puede examinar un tratado o acuerdo internacional en cuanto se relacione al caso específico ante sí. La Rama Judicial debe interpretar los acuerdos internacionales como se interpreta un contrato privado. Sullivan v. Kidd, 254 U.S. 433, 439 (1921); Rocca v. Thompson, 223 U.S. 317, 331-332 (1912). A estos efectos, el tribunal debe mirar, en primer lugar, el texto y el con-texto del acuerdo. Eastern Airlines, Inc. v. Floyd, 499 U.S. 530 (1991); Choctaw Nation v. U.S., 318 U.S. 423, 431-432 (1943); Rainbow Nav., Inc. v. Department of Navy, 911 F.2d 797, 801 (D.C. Cir. 1990); C.N. Shawcross y Beaumont, Air Law, 4ta ed., Londres, Ed. Butterworth, 1993, Vol. I, pár. 1-33, págs. 1-29. El significado claro y obvio del lenguaje de un tratado o acuerdó internacional controlará y tendrá preeminencia en relación con la interpretación que se le dé al documento, a menos que esto produzca un resultado que sea incompatible con la intención y expectativa de las partes. Rainbow Nav., Inc. v. Department of Navy, supra, pág. 801, citando a Sumitono Shoji America, Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176, 180 (1982), y a Máximov v. United States, 373 U.S. 49 (1963). Especialmente cuando el texto es difícil o ambiguo, debe considerarse la intención de las partes contratantes, el propósito a lograrse y las negocia-ciones que culminaron en el mismo. Eastern Airlines, Inc. v. Floyd, supra; Máximov v. United States, supra, pág. 54; Factor v. Laubenheimer, 290 U.S. 276 (1933); Choctaw Nation v. U.S., supra, págs. 882-883. Si es posible se debe dar un significado razonable a todo el contenido del documento. Sullivan v. Kidd, supra; Geofroy v. Riggs, 133 U.S. 258, 270 (1890).

En Puerto Rico priva la norma de la interpretación liberal de los tratados y demás acuerdos internacionales.

... [Éjstos deben interpretarse liberalmente, de manera que se cumplan sus propósitos y se le dé efectividad a sus disposiciones. A esos fines deben evitarse las interpretaciones restrictivas y técnicas. ... “[CJuando las disposiciones de un tra-tado son susceptibles de dos interpretaciones razonables, una que restringe los derechos que pueden invocarse bajo el mismo, y otra que los amplía, debe preferirse la interpretación más liberal.” Greig v. Srio de Hacienda, supra, pág. 351, citando a Factor v. Laubenheimer, supra, pág. 293.

Igualmente, hemos adoptado la regla de reciprocidad y buena fe al interpretar este tipo de acuerdo internacional. A esos efectos, hemos expresado “que las consideraciones de buena fe que deben gobernar las relaciones internacionales requieren que las obligaciones de los Estados se interpreten liberalmente de manera que se realice la intención de las partes y se logre la igualdad y la reciprocidad entre ellas”. (Citas omitidas.) Greig v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 351. Más específicamente aun en cuanto al tema que nos concierne, hemos dicho que los acuerdos internacionales deben interpretarse para lograr la reciprocidad y la igualdad contributiva entre sus ciudadanos. Id., pág. 352. Sin embargo, en aras de llevar a cabo una interpretación liberal, un tribunal no debe expandir el lenguage claro de un tratado o acuerdo internacional. Choctaw Nation v. U.S., supra, págs. 882-883; Máximov v. United States, supra, págs. 188-189. Finalmente, se debe evitar toda interpretación que conlleve la nulidad de un tratado o acuerdo internacional. “La interpretación ;.. que haría un tratado nulo e ineficiente no es admisible ... tiene que interpretarse de manera que tenga su efecto y no resulte en vano e ineficaz.” (Traducción nuestra.) Geofroy v. Riggs, supra, págs. 270-271.

HH I — I HH

Interpretación del acuerdo

Con estas reglas de hermenéutica en mente, pasemos a interpretar el Acuerdo en cuestión. El Acuerdo suscrito en-tre España y Estados Unidos regula el servicio aéreo y ru-tas aéreas entre ambos países. Entre los ángulos regula-dos, se encuentran la concesión y revocación de permisos operativos, la aplicación de la reglamentación relativa a la salida y entrada de aeronaves, el establecimiento de tari-fas y la venta de transporte aéreo. La sección objeto de la presente controversia lee de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8
A. Sobre la base de reciprocidad, cada Parte Contratante exonerará, en la máxima medida posible que sus leyes naciona-les lo permitan, a la empresa aérea o [e]mpresas aéreas desig-nadas de la otra Parte Contratante de las restricciones de im-portación, impuestos de aduanas, impuestos de consumos, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacio-nales y tasas por concepto de combustible, lubricantes, materia-les técnicos fungibles, piezas de repuesto inclusive, motores, equipo corriente, equipo terrestre, provisiones y otros artículos que hayan de usarse sólo en relación con la operación o servi-cios de mantenimiento y suministro de las aeronaves de las [ejmpresas aéreas de la otra Parte Contratante dedicadas al servicio aéreo internacional. Las exoneraciones estipuladas conforme a este apartado se aplicarán a los artículos:
(1) Introducidos en el territorio de una Parte Contratante por o a nombre de una de las empresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante;
(2) Retenidos a bordo de una aeronave de la empresa aérea designada de una Parte Contratante al llegar al territorio de lá otra Parte Contratante o al salir del mismo; o
(3) Embarcados a bordo de una aeronave de la empresa aérea designada de una Parte Contratante en el territorio de la otra y para ser usados en el servicio aéreo internacional; aunque estos artículos sean o no usados o consumidos totalmente dentro del territorio de la Parte Contratante que otorgue la exoneración.
B. Las exoneraciones previstas en este Artículo también se concederán en los casos en que la empresa aérea o empresas aéreas designadas de una Parte Contratante hayan concertado acuerdos con otra u otras empresas aéreas para prestar o trans-ferir en el territorio de la otra Parte Contratante los artículos especificados en el Apartado A, siempre que dicha o dichas em-presas aéreas gocen igualmente de tales exoneraciones conce-didas por la otra Parte Contratante. (Enfasis suplido.) Art. 8 del Acuerdo, 24 U.S.T. 2124-2125.

El tribunal de instancia interpretó que el citado artí-culo, específicamente el término “nacional” que aparece en el primer párrafo, solamente eximía del pago de imposicio-nes contributivas federales, y no las impuestas por “esta-dos, territorios, posesiones, colonias o cualquier otra sub-división política del Estado”.

El tribunal a quo basó esta interpretación principal-mente en las expresiones contenidas en United States v. Pink, 315 U.S. 203, 230 (1942), referentes a que un tratado debe interpretarse cuidadosamente para no limitar la au-toridad estatal a menos que dicha interpretación sea nece-saria para llevar a cabo la política pública nacional. Ade-más, el tribunal concluyó que de no dársele una interpretación restrictiva, el Acuerdo confligiría con una sección del Federal Aviation Act, 49 U.S.C. sec. 1513(b), que le concedió permiso a Puerto Rico para imponer contri-buciones sobre la propiedad de aerolíneas internacionales.

La recurrente, Iberia, alega: (1) que dicha interpreta-ción va contra el propósito del Acuerdo; (2) que sería un acto fútil exonerarse mutuamente de las contribuciones fe-derales solamente, y (3) que la interpretación restrictiva utilizada por el tribunal únicamente aplica cuando un acuerdo interfiere con materias puramente locales.

Entendemos que la actuación del Estado Libre Asociado al imponer contribuciones sobre los bienes muebles de Iberia no conflige con el Acuerdo en cuestión. Coincidimos con la conclusión del tribunal de instancia, aunque por otros fundamentos.

El texto del Art. 8(A) del Acuerdo, supra, es claro. Las exenciones provistas no incluyen ni el tipo de contribución impuesta en este caso (i.e., contribución sobre propiedad mueble) ni el tipo de artículos sobre el que se impuso (i.e.-, bienes muebles localizados en oficinas de venta de boletos, incluyendo equipo, muebles, enseres, mejoras y efectivo).

El Art. 8(A), supra, provee específicamente para la exen-ción de “restricciones de importación, impuestos de adua-nas, impuestos de consumos, derechos de inspección”. El tipo de contribución sobre propiedad mueble impuesta en el presente caso obviamente no fue incluida entre las par-tidas específicas del articulado. Por otro lado, se podría ar-gumentar que la contribución en controversia está incluida dentro de la frase general “y otros impuestos o gravámenes nacionales y tasas”. íd. De terminar ahí la frase, no hay duda que incluiría las contribuciones sobre la propiedad en general. Solamente faltaría definir el término “nacionales” para decidir si la exención es a nivel federal, estatal o ambos. Sin embargo, esta frase está necesariamente cuali-ficada y limitada por las palabras que le siguen: “por con-cepto de combustible, lubricantes, materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto inclusive, motores, equipo corriente, equipo terrestre, provisiones y otros artículos que hayan de usarse sólo en relación con la operación o servicios de mantenimiento y suministro de las aeronaves”. íd. De entenderse que la contribución sobre la propiedad está incluida en la frase “y otros impuestos o gravámenes nacionales y tasas” (íd.), lo estaría solamente con relación a los mencionados artículos. No se necesita argumentar extensamente para concluir que el tipo de equipo que se encuentra en una oficina para la venta y despacho de boletos no es del tipo contemplado en este articulado.

El único artículo enumerado en el Art. 8(A) del Acuerdo, supra, que posiblemente podría incluir el tipo de propiedad afectada en este caso es “equipo corriente” (regular equipment en la versión en inglés). En “equipo corriente” se po-dría entender comprendido el equipo corriente de oficina afectado en este caso. Sin embargo, debido al contexto en que se menciona “equipo corriente” en el citado Art. 8 es muy dudoso que este término incluya el equipo de oficina. Los demás términos que rodean el uso de esta frase indi-can que se refiere al equipo relacionado a la operación, mantenimiento y suministro de aeronaves, tales como los “combustibles, lubricantes, materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto inclusive motores ... equipo terrestre, provisiones”. íd.

Debido a la interpretación textual y contextual que antecede, no es necesario definir el término “nacional”, utilizado en el Art. 8 del Acuerdo, supra, para resolver el presente caso. Sea a nivel federal, estatal o ambos inclusive, el tipo de contribución y el tipo de propiedad en controversia en este caso no están cobijados por las exenciones contenidas en el Acuerdo.

La presente interpretación no es restrictiva, sino que surge del claro texto y contexto del documento en cuestión. Las reglas de hermenéutica guían a considerar en primera instancia el texto y contexto de un acuerdo. La recurrente, a base de la norma general de interpretación liberal de los acuerdos y tratados internacionales, no puede pretender que inventemos palabras donde no las hay. Contrario a la posición de Iberia, la intención de las partes no fue el eximirse mutuamente de todos los impuestos y gravámenes. Si tal hubiera sido su intención, ¿por qué no lo expresaron? ¿Por qué procedieron a especificar el tipo de exención contributiva y el tipo de artículo exento en vez de incluir una exención general y total? Además, el Art. 7 del Acuerdo permite a las partes expresamente “imponer o permitir que se impongan tarifas justas y razonables por el uso de aeropuertos públicos y de las instalaciones y servi-cios de ayuda a la navegación”. 24 U.S.T. 2123. El texto claro del Acuerdo demuestra que la intención de las partes no fue el eximir de las contribuciones, fueran federales o estatales, el tipo de propiedad mueble afectada en este caso. No podemos inventar y editar el texto del articulado cuando éste es claro.

IV

Política federal con relación a la imposición contributiva estatal sobre el comercio aéreo internacional

Como segundo error, Iberia alega que la actuación del Estado al imponer contribuciones sobre su propiedad mueble viola la Cláusula de Comercio internacional. El Art. I, Sec. 8, Cl. 1, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 173, en parte dispone que “[e]l Congreso tendrá facultad ... [p]ara reglamentar el comercio con naciones extranjeras”. Aunque este poder recae, en primera instancia, sobre el Congreso, no es exclusivo y puede ser delegado. 1 Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure Sec. 6.8 (1992). La mejor prueba de que este poder no es exclusivo surge del análisis desarrollado jurisprudencialmente para determinar la validez de las contribuciones estatales sobre el comercio internacional. Específicamente, Iberia argumenta que la contribución estatal impuesta en este caso no cumple con los seis (6) requisitos exigidos a tenor con dicho análisis, a saber: (1) que exista un nexo sustancial entre la actividad sujeta a la contribu-ción y el Estado que impone la misma; (2) que la contribu-ción esté distribuida o proporcionada equitativamente; (3) que la contribución en cuestión no discrimine contra el co-mercio interestatal; (4) que la contribución esté relacio-nada apropiadamente con los servicios provistos por el Es-tado; (5) que no exista el riesgo de imposiciones contributivas múltiples a nivel internacional, y (6) que la contribución no impida que el Gobierno federal se exprese con “una voz” al regular las relaciones comerciales con Na-ciones extranjeras. Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, 477 U.S. 1 (1986); Japan Line, Ltd. v. County of Los Angeles, 441 U.S. 434 (1979).

Sin embargo, el análisis señalado por la recurrente es inaplicable al presente caso. El referido análisis solamente aplica cuando el Congreso no ha actuado afirmativamente, cuando ha quedado silente en determinada área, activándose así lo que tradicionalmente se llama “Cláusula de Comercio durmiente”. Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 10. En el presente caso, sin embargo, el Congreso ha permitido afirmativámente la imposición de contribuciones estatales sobre la propiedad de aerolíneas internacionales (como Iberia) mediante el Airport Development Acceleration Act de 1973, según enmendado en 1982 (49 U.S.C. sec. 1513), cuyo texto pertinente dispone:

Prohibición; exención
(a) Ningún estado (o subdivisión política de- dicho estado, in-cluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Islas Vírge-nes ...) impondrá o recaudará una contribución, tarifa, “head charge”, u otra carga, directa o indirectamente, sobre las per-sonas que viajan en el comercio aéreo o sobre el transporte de personas que viajan en el comercio aéreo o sobre la venta de la transportación aérea o sobre los ingresos brutos devengados.
Contribuciones y gravámenes estatales permisibles
(b) Nada en esta sección prohibirá a un estado ... incluyendo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ... imponer o recaudar contribuciones que no estén enumeradas en la subsección (a) de esta sección incluyendo contribuciones sobre la propiedad, con-tribuciones sobre ingresos, contribuciones de franquicia, y con-tribuciones sobre la venta o uso de bienes o servicios .... (Tra-ducción nuestra y énfasis suplido.)

Para comprender cabalmente el significado de la sección citada, es necesario un poco de historia. En 1970, el Gobierno federal, mediante legislación, se comprometió a asistir a los Gobiernos estatales para lograr el mejoramiento del sistema de transportación aérea. A esos efectos, se aprobó el Airport Travel Airway Development Act de 1970, Pub.L. No. 91-258, 84 Stat. 219. El Congreso procedió a establecer el Airport and Airway Trust Fund con el propósito de canalizar recursos federales hacia proyectos estatales de expansión y mejoramiento de aeropuertos. Originalmente, este fondo recibía sus ingresos de varias contribuciones federales sobre la aviación como, por ejemplo, sobre la venta de boletos, pasajeros y carga. Como consecuencia de la creación de este fondo federal y del riesgo de imposición contributiva múltiple, surgió una gran incertidumbre con relación a la autoridad estatal para imponer contribuciones. Véase Aloha Airlines, Inc. v. Director of Taxation, 464 U.S. 7, 8-9 (1983).

En 1972 (un año antes de suscribirse el Acuerdo en cuestión) por razón de las expresiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Airport Authority v. Delta Airlines, 405 U.S. 707 (1972), el Congreso celebró unas vistas con relación al tema en cuestión. En este proceso legislativo, el Congreso concluyó que el aumento en la im-posición de contribuciones locales interfería con el trans-porte aéreo, presentando un riesgo de imposición de contri-buciones múltiples. Aloha Airlines, Inc. v. Director of Taxation, supra, pág. 13. Las vistas celebradas culminaron en la inclusión de la see. 1513 al Airport Development Acceleration Act de 1973.

Al interpretar la relación entre los incisos (a) y (b) de la Sec. 1513, en Aloha Airlines, Inc. v. Director of Taxation, supra, se dijo que no se veía ninguna paradoja entre las secs. 1513(a) y 1513(b). La sec. 1513(a) prohíbe (preempts) un número limitado de contribuciones y cargas estatales, incluyendo las contribuciones de ingreso bruto (gross receipts taxes), sobre la venta de transportación aérea o el transporte de personas viajando en el comercio aéreo. De otra parte, la sec. 1513(b) clarifica la visión del Congreso de la contribución que los estados todavía pueden imponer sobre las aerolíneas y porteadores aéreos, o sea, “otras con-tribuciones que no estén enumeradas en la subsección a”, tales como contribuciones sobre la propiedad. Aloha Airlines, Inc. v. Director of Taxation, supra, pág. 12.

El texto inicialmente propuesto de la sec. 1513 prohibía totalmente cualquier imposición contributiva estatal sobre la transportación aérea, fuera esta imposición directa o indirecta. Los estados levantaron fuertes críticas contra esta prohibición, ya que impedía a los estados sufragar los gastos de mantenimiento de sus aeropuertos. En res-puesta, miembros del Congreso aseguraron que se clarifi-caría la intención del proyecto de ley a esos efectos. Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 15, citando las vistas sobre S. 2398, 92d Cong., 2d Ses., págs. 101, 138, 151 y 157.

El presente texto de la see. 1513 es el producto final tras la deliberación congresional sobre cuál debería ser el rol estatal en la imposición contributiva sobre el comercio aéreo. Como surge del claro texto de dicha sección, los es-tados aún pueden imponer contribuciones sobre la propiedad.

El tipo de imposiciones contributivas que el Congreso decidió permitirle a los estados en el área de la transpor-tación y comercio aéreo se extiende al área internacional. La definición estatutaria de “comercio aéreo” según el Federal Aviation Act de 1958, incluye “el comercio aéreo in-terestatal, de ultramar o internacional”. (Traducción nuestra.) 49 U.S.C. see. 1301(4). Similarmente, la defini-ción de “transportación aérea” incluye “la transportación aérea interestatal, de ultramar o internacional”. (Traduc-ción nuestra.) 49 U.S.C. see. 1301(10). Además, el propio texto de la ley en cuestión y su historial legislativo de-muestran que el Congreso tuvo la intención y era cons-ciente de que la ley cubriría el comercio aéreo internacional. El Departamento de Estado y el Consejo Le-gislativo del Senado le advirtieron al Congreso que el tér-mino “comercio aéreo”, según utilizado a través del pro-yecto de ley, incluía el comercio internacional y de ultramar. Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 15. Además, el Congreso expresamente consideró el efecto que tendrían los head taxes internacionales. Id.

En este sentido, estamos de acuerdo con la opinión concurrente del Juez Burger en Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, donde expuso que un análisis del texto del Airport Development Acceleration Act de 1973, del Federal Aviation Act y de sus historiales legislativos, es suficiente para concluir que el Congreso, en el área del comercio aéreo internacional, ha autorizado expresamente a los estados la imposición de las contribuciones incluidas en la sec. 1513(b) de dicho estatuto, incluyendo las contri-buciones sobre la propiedad.

En el citado caso, la opinión mayoritaria, sin embargo, cuestionó si el Congreso, al aprobar la sec. 1513(b) en cues-tión, consideró el tráfico aéreo internacional. A esos efectos, la opinión mayoritaria expresó que “es de seguro posible, que el Congreso nunca consideró si los estados podrían im-poner contribuciones de venta sobre los porteadores ex-tranjeros, en lugar de sobre los domésticos”. (Traducción nuestra.) Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 9. En vez de limitar su análisis a los estatutos federales aplicables, la mayoría procedió a dilucidar si las actuaciones del Congreso, a nivel internacional, autoriza-ban la imposición contributiva estatal en controversia. A esos efectos, el Tribunal consideró: (1) el Chicago Convention on International Civil Aviation, que es la génesis del tipo de acuerdo bilateral sobre transporte aéreo en cues-tión; (2) una resolución de la Organización sobre la Avia-ción Civil Internacional (International Civil Aviation Organization), y (3) numerosos acuerdos bilaterales suscritos entre Estados Unidos y Naciones extranjeras referentes a la aviación internacional. El Tribunal concluyó que lo más que estos documentos internacionales demostraban era la existencia de una meta internacional de eliminar todos los impedimentos al tráfico aéreo internacional, pero que en realidad, “la ley vigente al presente acepta la imposición contributiva sobre la venta de gasolina por las subdivisio-nes políticas de los países”. (Traducción nuestra.) Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 11.

La aplicación del análisis de fuentes internacionales utilizado por la posición mayoritaria en Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, nos lleva a concluir que el Congreso de Estados Unidos ha autorizado el tipo de con-tribución impuesta en el presente caso.

La génesis del Acuerdo ejecutivo en controversia fue el convenio multilateral titulado Chicago Convention on International Civil Aviation, suscrito el 7 de diciembre de 1944, T.I.A.S. 159 (61 Stat. 1180), sobre un “convenio multilateral”.

El propósito tras este convenio multilateral es el si-guiente:

Considerando que el desarrollo mutuo de la aviación civil in-ternacionál puede ayudar grandemente a crear y preservar la amistad y entendimiento entre las naciones; pero que su abuso puede ser un riesgo a la seguridad general; y;
Considerando que es deseable evitar la fricción y promover la cooperación entre las naciones y las personas sobre la cual de-pende la paz mundial;
Por consiguiente, los gobiernos suscribientes han acordado ciertos principios y medidas para que la aviación civil interna-cional se desarrolle de manera segura y ordenada y para que los servicios de transporte civil internacional se establezcan so-bre una base de igualdad de oportunidades y se operen sana-mente y económicamente .... (Traducción nuestra.) 3 Bevarís Treaties and other Agreements of the United States of America 1776-1949 944 (1969).

Entre las áreas reglamentadas por este convenio multilateral se encuentra el vuelo sobre el territorio de otra Na-ción, nacionalidad de las aeronaves, accidentes, condicio-nes de las aeronaves y la creación de la Organización sobre la Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization, en adelante I.C.A.O.). Mediante este convenio multilateral, los países signatarios se com-prometieron a adoptar medidas para facilitar y expeditar la navegación aérea internacional.

Por otro lado, el Art. 24(a) del convenio multilateral es-tablece que la “gasolina, aceites lubricantes, piezas de re-puesto, equipo regular y tiendas a bordo de una aeronave (iaircraft stores) de un Estado contratante, al llegar al te-rritorio de otro Estado contratante y ser retenido a bordo, al partir de dicho territorio será exento de impuestos de aduana, tarifas de inspección o cargas y tarifas nacionales o locales similares”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Bevarís, supra, pág. 950. Por otro lado, el Art. 15 del citado convenio dispone que “ninguna tarifa, derechos, u otras cargas se impondrán por cualquier Estado contratante con relación solamente al derecho a transitar sobre, entrar a, o salir de su territorio sobre la aeronave de un Estado con-tratante o a las personas o propiedad ahí contenidas”. (Tra-ducción nuestra.) Id., pág. 948.

Ni del prólogo ni del texto del convenio multilateral suscrito en Chicago surge una obligación de las Naciones suscribientes a eximir de la imposición contributiva estatal sobre la propiedad mueble. El único artículo que hace referencia a una exención estatal, el Art. 24(a), lo hace en torno a partidas que no están relacionadas al tipo de contribución envuelta en este caso. La contribución sobre la propiedad en controversia no cualifica como una carga o tarifa nacional o local similar a los impuestos de aduana o tarifas de inspección mencionadas en dicho artículo. Aunque se entendiera que la contribución sobre la propiedad mueble está incluida en dicho articulado, según su propio texto, se limitaría dicha exención a los bienes retenidos a bordo de la aeronave.

Por otro lado, la prohibición de imponer contribuciones sobre la propiedad, estatuida en la Sec. 15, se limita a la contribución impuesta por el mero derecho a transitar, en-trar o salir del terreno de determinada Nación. Iberia no ha alegado, ni los hechos lo demuestran, que la contribu-ción en controversia se base sobre este concepto.

Ahora pasemos a considerar el rol que ha desempeñado el I.C.A.O. sobre la imposición y exención de contribuciones sobre el tráfico aéreo internacional. El I.C.A.O. fue creado mediante la convención multilateral de Chicago en 1944. El I.C.A.O. fue establecido como un brazo de las Naciones Unidas para supervisar y regular el desarrollo de la aviación internacional. Su jurisdicción incluye el fomentar el crecimiento seguro y ordenado de la aviación civil internacional y la “responsabilidad de promover el desarrollo, diseño y operación de aeronaves, aeropuertos y facilidades de navegación apropiadas”. (Traducción nuestra.) P.S. Dempsey, Law & Foreign Policy In International Aviation, Nueva York, Ed. Transnational Pub., 1987, pág. 273. Aunque tradicionalmente el I.C.A.O. se limitó a las materias técnicas de navegación, al surgir la tendencia de desregular la aviación civil internacional, la cual fue iniciada por Estados Unidos, se adentró en la reglamentación de los aspectos económicos. íd., pág. 276. Así, en 1966 el I.C.A.O. aprobó tres (3) resoluciones y una recomendación en las que instaba a los Gobiernos de las Naciones suscribientes de la convención de Chicago a eximirse recíprocamente de ciertas contribuciones sobre la propiedad e ingreso. íd., págs. 272 y 291.

Sin embargo, las resoluciones aprobadas tampoco se re-fieren a la imposición contributiva sobre la propiedad mue-ble en controversia. Una (1) de las resoluciones trata sobre la exención contributiva de la gasolina y aceites lubrican-tes que se encuentran a bordo de una aeronave, y de los materiales técnicos fungibles (i.e., fluidos hidráulicos, de enfriamiento, etc.). Otra de las resoluciones urge a la exen-ción de la contribución sobre el ingreso obtenido y sobre las aeronaves operadas en el transporte aéreo internacional. La última de las resoluciones emitidas por el I.C.A.O. con relación a este tema versa sobre la eliminación de las con-tribuciones de venta o uso, inclusive sobre la ganancia bruta de los operadores de aeronaves y sobre los pasajeros. Esta última resolución incluye, además, las imposiciones contributivas sobre los boletos, hojas de ruta (air cargo way bill) y sobre la embarcación y desembarcación. Id., págs. 291-292.

A lo sumo, estas resoluciones evidencian la existencia de una meta internacional de lograr la mayor exención contributiva posible en el ámbito del tráfico aéreo. Sin embargo, no podemos decir que estas resoluciones incluyen el tipo de imposición contributiva sobre la propiedad mueble de una aerolínea internacional localizada en sus oficinas de venta. Además, aunque existiera una resolución emitida por el I.C.A.O. que expresamente prohibiera el tipo de contribución en controversia, esta resolución no representa una política pública de Estados Unidos, sino de una entidad internacional a la que Estados Unidos pertenece. Así lo explicó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra:

Mientras la resolución [del I.C.A.O.] innegablemente endosa un esquema internacional mediante el cual [la contribución es-tatal en controversia estaría exenta]... la Resolución es formal-mente y meramente el resultado de una organización interna-cional de la cual los Estados Unidos es miembro; no ha sido específicamente endosada, suscrita, acordada, aprobada, o emi-tida ni por la rama ejecutiva ni por la rama legislativa del Go-bierno Federal. (Traducción nuestra.) Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 11.

Finalmente, ninguno de los acuerdos ejecutivos bilate-rales entre Estados Unidos y otras Naciones prohíbe taxa-tivamente la imposición de contribuciones estatales sobre la propiedad. De hecho, un gran número de acuerdos eje-cutivos contienen exenciones a nivel nacional solamente, como es el caso del Acuerdo entre Estados Unidos y España. Muchos acuerdos bilaterales contienen práctica-mente el mismo lenguaje del Art. 8 del Acuerdo en cuestión, supra, a saber:

Sobre la base de reciprocidad, cada Parte Contratante exone-rará, en la máxima medida posible que sus leyes nacionales le permitan ... de las restricciones de importación, impuestos de aduanas, impuestos de consumo, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales y tasas por concepto de combustible, lubricantes ....

Similarmente, el Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Costa Rica de 20 de octubre de 1983, Art. 9(1), T.I.A.S. 10894, se refiere a las cargas impuestas por las “autorida-des nacionales”. Otros acuerdos se refieren a las “contribu-ciones federales” y a “los impuestos o gravámenes naciona-les de la parte contratante”. Véase, respectivamente, el Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Brasil de 23 de junio de 1982, Art. 9, T.I.A.S. 10896, y el Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Ecuador de 8 de enero 1947, Art. 3(b), T.I.A.S. 1606.

Es importante notar que todos los acuerdos menciona-dos anteriormente, además de omitir mención alguna a las contribuciones impuestas por las subdivisiones políticas de las partes contratantes, omiten referencia alguna a las contribuciones sobre la propiedad. Además, al igual que el Acuerdo en cuestión, cualquier frase general contenida en dichos acuerdos, típicamente fraseada como “u otras con-tribuciones o gravámenes nacionales”, no se puede inter-pretar como que corresponde al tipo de contribución sobre la propiedad mueble afectada en este caso. Todos estos tra-tados se refieren al combustible, aceites, lubricantes, ma-teriales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo co-rriente o terrestre y provisiones para uso o servicio de la aeronave, que se retengan a bordo, o que se pongan a bordo de la aeronave.

Es interesante notar que algunos de los acuerdos bila-terales suscritos en años más recientes expresamente se dirigen a las contribuciones impuestas por subdivisiones políticas tales como los estados, las provincias, etc. Sin embargo, todos estos acuerdos utilizan el lenguaje típico de una cláusula de mejor esfuerzo (best efforts). A esos efectos, típicamente disponen que las partes contratantes “utiliza-rán sus mejores esfuerzos para asegurar a las líneas aé-reas designadas por la otra Parte, sobre la base de recipro-cidad, una exención de contribuciones, impuestos, gravámenes y tarifas impuestas por autoridades estatales, regionales y locales ...”.

Los acuerdos que específicamente se refieren a una exención estatal, limitan dicha exención a determinados artículos. Así, los acuerdos con Barbados y El Salvador, de lenguaje prácticamente idéntico, limitan dicha exención a “su equipo regular, equipo terrestre, combustible, lubrican-tes, suministros técnicos fungibles, repuestos, incluyendo motores, suministros para las aeronaves (incluyendo pero no limitándose a renglones tales como comida, bebidas y licor, tabaco, y otros product[o]s destinados a la venta a los pasajeros o al uso de los pasajeros, en cantidades limita-das, durante el vuelo), y otros rubros que se utilizarán úni-camente en conexión con la operación o el servicio de aero-naves ... o utilizados exclusivamente con relación a dichas operaciones de explotación o servicio”. Véanse: Art. 9(1), 34 U.S.T. 2335; Art. 9(5), 34 U.S.T. 2337; Art. 9(1), 34 U.S.T. 447; Art. 9(5), 34 U.S.T. 448. Por otro lado, el acuerdo de 1979 con Jamaica limita las exenciones estatales a los mis-mos rubros estatuidos en el Art. 8(a) del Acuerdo en cues-tión, supra. Véanse: Art. 10(6), 31 U.S.T. 325; Art. 8(a), 20 U.S.T. 2966.

En resumidas cuentas, niguno de los acuerdos mencio-nados prohíbe el tipo de contribución estatal envuelta en el presente caso. Como hemos visto, las exenciones estatales provistas son inaplicables al caso de autos.

De las actuaciones del Gobierno de Estados Unidos a nivel internacional no se puede colegir que el Congreso haya tenido la intención de prohibir el tipo de actuación estatal en controversia. Al contrario, los actos del Congreso demuestran que éste permite la imposición contributiva estatal en cuestión. Igualmente, el esquema legislativo federal, según esbozado en el Airport Development Acceleration Act de 1973 y él Federal Aviation Act de 1958, demues-tran que el Congreso autorizó a los estados a imponer contribuciones sobre la propiedad de las aerolíneas inter-nacionales como Iberia. Ante este panorama, contrario a la posición de Iberia, la actuación del Estado Libre Asociado no violenta el esquema federal delineado para lidear con la imposición contributiva estatal sobre el comercio aéreo internacional.

V

Conclusión

Por todos los fundamentos que anteceden, se dictará sentencia confirmando la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 27 de febrero de 1986.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Fuster Berlingeri concurrieron sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton no intervino.

       El citado artículo fue derogado por la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, siendo sustituido por disposiciones similares. Véase 21 L.P.R.A. see. 5001 y ss. Sin embargo, este cambio en nada afecta la controversia planteada que gira sobre la responsabilidad contributiva de la recurrente durante el periodo 1976-1979 bajo la anterior ley.

       La propiedad afectada incluyó el equipo, los muebles, los enseres, las mejoras y el efectivo en dichas oficinas.

       Dicho acuerdo fue enmendado mediante Protocolo suscrito el 21 de mayo de 1989. Las enmiendas efectuadas se limitaron a añadir un artículo sobre la seguridad en la aviación.

       Debido a la interpretación textual que hacemos del Acuerdo en la parte III de esta opinión, la cual nos lleva a concluir que las exenciones fiscales ahí contenidas no aplican al caso de autos, y debido a que dicha interpretación no interfiere de manera alguna con el Federal Aviation Act, 49 U.S.C. sec. 1513(b) (véase la parte IV de esta opinión), la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado queda intacta en el presente caso. No es necesario, pues, pronunciarnos sobre la situación en que la autonomía fiscal del Estado, reconocida en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964), pueda verse afectada por una interpretación de un acuerdo o tratado inter-nacional, sea esta interpretación de tipo liberal o restrictivo.

       Mediante el Federal Aviation Act, el Congreso de Estados Unidos reglamentó muchos aspectos de la aviación civil, en parte mediante la creación de la Junta de Aeronáutica Civil y la Administración de la Aviación Federal, y además autorizó a la Rama Ejecutiva a suscribir el tipo de acuerdo ejecutivo en controversia en este caso. Véase 49 U.S.C. sees. 1462 y 1502.

       En cuanto a esta norma general, véanse, además: Nielsen v. Johnson, 279 U.S. 47, 51-52 (1929); Jordan v. Tashiro, 278 U.S. 123, 127 (1928); Asakura v. Seattle, 265 U.S. 332, 342 (1924), citados en Greig v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 345, 351 (1962); United States v. Pink, 315 U.S. 203, 225 (1942).

       El citado pasaje leería, conforme la interpretación del ilustrado tribunal de instancia, de la siguiente manera:
      “Sobre la base de reciprocidad, cada Parte Contratante exonerará, en la máxima medida posible que sus leyes federales lo permitan, a la [ejmpresa aérea o [e]mpresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante de las restricciones de importación, impuestos de aduanas, impuestos de consumo, derechos de inspección y otros im-puestos o gravámenes federales y tasas (Énfasis suplido.)

       La fraseología utilizada en la versión en inglés abona la misma conclusión: “and other national duties and charges on fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular equipment, ground equipment, stores, and other items intended for use solely in connection with the operation or servicing of aircraft....” Art. 8 del Acuerdo, 24 U.S.T. 2107. Tanto el texto en inglés como en español, pueden considerarse igualmente auténticos. Art. 16 (24 U.S.T. 2131).

       Sin embargo, es necesario notar que la interpretación del tribunal de instan-cia, según la cual “nacional” equivale a “federal”, atenta contra la buena fe y recipro-cidad que guía la interpretación de los tratados y acuerdos ejecutivos. Véase Greig v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 351. Esto, porque tanto a la fecha en que se suscribió el Acuerdo como cuando se efectuaron dos de las tres imposiciones contributivas en el presente caso, específicamente para los años 1976-1977 y 1977-1978, el Gobierno de España no contaba con una estructura federalista. No fue sino hasta el 29 de diciembre de 1978 cuando se hizo efectiva la presente Constitución española, que erigió un sistema federalista de Gobierno en España. Véase Modern Legal Systems Cyclopedia, Nueva York, Ed. Law Publisher, 1989, Vol. 4, Parte 1, Secs. 1.6(A), 1.6(D), 1.1(E)(5), págs. 4.160.16, 4.160.17 y 4.160.11.

       En Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, 477 U.S. 1 (1986), se sos-tuvo la imposición contributiva del estado de Florida sobre la venta de gasolina utilizada en la aviación internacional a base de las actuaciones del Gobierno de Estados Unidos a nivel internacional. En Japan Line, Ltd. v. County of Los Angeles, 441 U.S. 434 (1979), se declaró inconstitucional una ley de California que imponía contribuciones sobre la propiedad a unas compañías japonesas dedicadas al trans-porte de carga en el comercio marítimo internacional por incumplir con el quinto requisito mencionado.

       Dado que el análisis señalado no aplica al presente caso, es innecesario pronunciarnos sobre la aplicabilidad de la Cláusula de Comercio al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 431 (1964); Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 367, 370 (1983); South P.R. Sugar Corp. v. Com. Servicio Público, 93 D.P.R. 12, 15 (1966); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Mayagüez, 126 D.P.R. 653 (1990).

        Japan Line, Ltd. v. County of Los Angeles, supra, contrario a la posición de Iberia, no aplica al presente caso en cuanto a su conclusión, ya que trata del trans-porte marítimo internacional y no aéreo, y porque se resolvió bajo la Cláusula de Comercio durmiente internacional.

       AI momento de imponerse las contribuciones en controversia, aún no se habían efectuado las enmiendas de 1982. El texto relevante de los incisos (a) y (b) quedó prácticamente inalterado.

       En este caso se reconoció la autoridad estatal para imponer contribuciones al amparo de la Cláusula de Comercio y de la ley federal en general.

       Se celebraron unas vistas con relación al S. 2398 ante el Subcomité de Aviación del Comité de Comercio del Senado, 92d Cong., 2d Ses. 129-198 (1972); Vistas sobre H.R. 2337 ante el Subcomité de Transportación y Aeronáutica del Co-mité de Comercio Interestatal e Internacional de la Cámara de Representantes, 92d Cong., 2d Ses. (1972).

       En Aloha Airlines, Inc. v. Director of Taxation, 464 U.S. 707 (1972), se decidió que una contribución impuesta por el estado de Hawaii sobre el ingreso anual bruto de las aerolíneas que operaban dentro del estado estaba prohibida por el len-guaje expreso de 49 U.S.C. sec. 1513(a). La contribución en cuestión no se pudo salvaguardar a base del argumento de haber sido creada “al estilo” de una contribu-ción sobre la propiedad, que sí es permitida bajo 49 U.S.C. sec. 1513(b).

       En Wardair Canada v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 15, el Tribunal citó las vistas sobre proyecto S. 2398 ante el Subcomité de Aviación del Comité de Comercio del Senado, 92d Cong., 2d Ses., pág. 136 (1972); vistas sobre H.R. 2337, ante Subcomité de Transportación y Aeronáutica, 92d Cong., 2d Ses., págs. 35-37 (1972).

       El Acuerdo en cuestión, entre Estados Unidos y España, expresa en su preámbulo que “El Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de España ... siendo parte del Convenio sobre Aviación Civil Internacional ... han acordado lo siguiente”. 24 U.S.T. 2120.

       Acuerdo de Servicios de Transporte entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Jamaica de 2 de octubre de 1969, Art. 8(a) (20 U.S.T. 2962, 2966) (len-guaje idéntico); Acuerdo de Servicio Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Canadá de 8 de mayo de 1974, Art. 12(1) (25 U.S.T. 794) (lenguaje idéntico); Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos de 15 de agosto de 1960, Art. 7 (12 U.S.T. 61, 65) (provee para exenciones de “impuestos de aduana, derechos de inspección, y otros impuestos o gravámenes nacionales”); Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República de Colombia de 24 de octubre de 1956, Art. 7 (14 U.S.T. 429, 432) (provee para exenciones de “derechos de aduana, tarifas de inspección y de cualquier gravamen o impuesto nacional”).

       Véanse: Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Barbados de 8 de abril de 1982, Art. 9(5), T.I.A.S. 10370 (84-1041 J.S. App. 110); Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Costa Rica de 20 de octubre de 1983, Art. 9(5) (84-922 J.S. App. 88a); Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de El Salvador de 2 de abril de 1982, Art. 9(5), T.I.A.S. 10488 (84-1041 J.S. App. 115); Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Jamaica de 4 de abril de 1979, Art. 10(6), T.I.A.S. 9613 (84-1041 J.S. App. 104).


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    José Velázquez Velázquez y otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-92-534

      Resuelto: 1ro de febrero de 1994

      Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Sylvia Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Justo Torres Cintrón, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Como resultado de la tragedia ocurrida en Mameyes, y como parte de los trabajos de estabilización de los terrenos, el Estado Libre Asociado (en adelante E.L.A.) eliminó una estructura perteneciente a los demandantes. Éstos acudie-ron al tribunal para solicitar una indemnización por los daños y perjuicios alegadamente causados. La demanda contra la compañía que realizó el trabajo de estabilización de los terrenos fue desestimada, pero al E.L.A. se le ordenó pagar la suma de doce mil dólares ($12,000).

Resolvemos que la acción del caso de epígrafe es de ex-propiación a la inversa por constituir una incautación de la propiedad y cuyo término prescriptivo es de un (1) año. La acción contra el E.L.A. estaba prescrita. Por ello, revoca-mos el dictamen del tribunal de instancia.

I-H

El 7 de octubre de 1985 ocurrió el deslizamiento de tie-rra en el área conocida como Mameyes, en Ponce, Puerto Rico. En esa fecha, el Sr. José Velázquez Velázquez residía allí con la Sra. Yolanda Irizarry. Como resultado de la tra-gedia de Mameyes, gran parte del vecindario quedó destruido. La estructura de dos (2) pisos donde residía el señor Velázquez quedó parcialmente afectada por encon-trarse en la periferia del área del derrumbe. Surge de la sentencia que ésta quedó “prácticamente en el aire soste-nida por un talud”. Solicitud de revisión, pág. 3.

Por cuestiones de seguridad, era necesaria la remoción de escombros y la eliminación de estructuras en la perife-ria del área del derrumbe. El 7 de abril de 1986 la Guardia Nacional de Puerto Rico y Carro Construction, Corp. sus-cribieron un contrato con el propósito de realizar los traba-jos de estabilización de los terrenos.

Al señor Velázquez se le concedió un tiempo para que sacara el mobiliario de su casa. Éste vendió gran parte y el remanente lo movió con unas amistades.

En junio de 1986, cuando Carro Construction, Corp. co-menzó sus labores en el área de Mameyes, ya no había ningún mobiliario en la propiedad del señor Velázquez. Para octubre de 1986 se habían completado las labores.

El 7 de noviembre de 1990 el señor Velázquez presentó la demanda de epígrafe contra el E.L.A. y Carro Construction, Corp., entre otros. En ésta reclamó al Estado una justa compensación o indemnización por el valor de la vi-vienda que fue demolida. Le reclamó a la constructora los daños y perjuicios sufridos por la demolición.

Tras el cumplimiento de varios trámites de rigor, el Tribunal Superior, Sala de Ponce, dictó una sentencia me-diante la cual desestimó la demanda contra Carro Construction, Corp. por entender que la reclamación estaba prescrita. En cuanto al E.L.A., la demanda fue declarada con lugar y se le ordenó pagar a los demandantes la suma de doce mil dólares ($12,000) equivalentes al valor de la estructura demolida. Como cuestión de derecho, concluyó el foro de instancia que la acción presentada contra el E.L.A. no estaba prescrita, debido a que ésta era una ac-ción personal de expropiación a la inversa, a la cual le apli-caba el término prescriptivo de quince (15) años.

Inconforme, acude en revisión el E.L.A. y señala, en apoyo a su solicitud, los siguientes errores:

[... D]eterminar que la causa de acción para pedir la justa com-pensación es una acción de expropiación a la inversa que prescribe a los quince (15) años.
[... R]esolver que la causa de acción instada en el presente caso por los demandantes-recurridos contra el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico no está prescrita. Solicitud de revisión, pág. 7.

El 18 de diciembre de 1992, mediante una resolución, expedimos el recurso. Ambas partes han comparecido, por lo que procedemos a resolver.

1 — 1 1 — H

Constituye una doctrina reiterada en nuestra ju-risdicción que la Asamblea Legislativa pueda establecer li-mitaciones al derecho de propiedad en beneficio del bienes-tar general. Ello es así porque el disfrute de la propiedad privada, aunque de carácter fundamental, no es un dere-cho absoluto. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966), entre otros. El Estado también tiene el poder de incautarse de una propiedad privada siempre que sea para un fin público y pague una compensación justa. Art. II, Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 536 (1967), según citados en Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993).

La obligación del Estado de pagar una justa compensación puede manifestarse de tres (3) formas: (1) mediante el ejercicio directo del poder de dominio eminente, instando un “recurso de expropiación”; (2) por medio de su reglamentación, y (3) cuando ocurre una incautación de hecho al afectar sustancialmente el uso de la propiedad físicamente. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra; Sucn. García v. Aut. de Carreteras, 114 D.P.R. 676 (1983); Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978).

Precisamente para los casos excepcionales de ocupación física, incautación de un derecho real o restricciones a la propiedad por vía de reglamentación sin haberse presentado una acción de expropiación, se ha instituido la acción de expropiación a la inversa. En E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., 103 D.P.R. 377, 383 (1975), explicamos que se denomina inversa “porque se insta por el dueño de la propiedad contra el Estado, para obtener la compensación a que tiene derecho pero los tribunales generalmente le aplican las mismas normas y principios que rigen la ac-ción de expropiación iniciada por el Estado”. Véase, tam-bién, Olivero v. Autoridad de Carreteras, supra, pág. 307.

En el citado caso Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, resolvimos que el término prescriptivo de una acción en daños y perjuicios contra el Estado —por alegadas restricciones a la propiedad por el efecto de unas clasificaciones de zonificación adoptadas mediante reglamentación— es de un (1) año. Éste comenzaría su decurso desde que se libera la propiedad de las restricciones legislativas. Al así resolver, consideramos los principios relativos a la institución de la prescripción extintiva.

Sobre el término prescriptivo de un (1) año del Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, explicamos que éste responde a “ ‘la inexistencia de una relación jurídica previa entre demandante y demandado que hace aconsejable que éste no deba esperar mucho para conocer la actitud que el perjudicado ha de adoptar’ ”. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, págs. 951-952, citando a L. Diez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 239. A su vez, como fundamentos adicionales para aplicar a la acción de expropiación a la inversa por reglamentación el término prescriptivo de un (1) año, en Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, señalamos lo siguiente:

1. La génesis constitucional de la acción requiere una mayor diligencia.

2. El deseo de que el término para reclamar cualquier violación al derecho de propiedad como imperativo de la estabilidad en la planificación y el mejor uso de nuestras limitadas tierras sea relativamente corto.

3. La contribución de un término corto a la mitigación de la pérdida y a la limitación de la responsabilidad econó-mica del Estado.

4. El término corto facilita la conservación de la prueba en su mejor estado y libre de los embates del trans-curso del tiempo.

r-H I — I

En el caso de autos surge con claridad de las alegaciones de la demanda que la acción instada por los demandantes recurridos contra el E.L.A. es realmente una acción de ex-propiación a la inversa, donde se solicita una compensa-ción por la incautación de la propiedad. No está en contro-versia que la actuación del Estado constituyó una incautación física de la propiedad en cuestión. Como parte del plan de estabilización de terrenos y control de drenaje en el sector Mameyes de Ponce, el Estado destruyó la propiedad de los demandantes.

La acción instada por los demandantes del caso de autos es una acción de expropiación a la inversa en su modalidad de incautación física de la propiedad. Ésta es una acción de naturaleza compensatoria o indemnizadora, y constituye una variante de la acción instada en el caso Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, donde la fuente de la recla-mación era la restricción reglamentaria. Por los mismos fundamentos utilizados en Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, según los señalamos antes, resolvemos que a la acción de expropiación forzosa a la inversa instada por razón de una incautación física, le aplica el término pres-criptivo de un (1) año del Art. 1868 del Código Civil, supra.

Surge de la sentencia recurrida que en octubre de 1986 se había completado la demolición de todas las estructuras y el recogido de los escombros en el área de Mameyes y su periferia. La demanda fue presentada el 25 de octubre de 1990, luego de haber transcurrido el término prescriptivo de un (1) año para ejercitar la acción. Por ello, erró el tribunal de instancia al aplicar el término prescriptivo de quince (15) años y al no desestimar la acción.

En atención a lo antes señalado, se dictará sentencia revocando la emitida por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, ordenando la desestimación de la demanda instada por la parte recurrida por estar prescrita la causa de acción.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con una opinión escrita.

- O -

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Distinto a la mayoría del Tribunal, la cual decreta que la acción radicada por los aquí demandantes recurridos contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está pres-crita por razón de que a dicha acción le es aplicable el término de un (1) año que establece el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298, somos del criterio que el tér-mino aplicable a la referida acción lo es el de quince (15) años que establece el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294, para las acciones personales que no tienen seña-lado término específico de prescripción. Veamos por qué.

La Mayoría incurre en el antes mencionado error debido a que aplica, a los hechos específicos y especiales del pre-sente caso, la decisión que emitiera este Tribunal en Cule- bra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); decisión que obviamente no es aplicable al caso de autos.

En Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., ante, se trataba de una acción en que se reclamaban los daños y perjuicios sufridos por el dueño de una propiedad, alegadamente sufridos los mismos como consecuencia de la acción del Es-tado de congelar temporeramente la propiedad y prohibir todo uso productivo de la misma. Tratándose de una recla-mación de daños, resolvimos que le era aplicable el tér-mino prescriptivo de un (1) año que establece el citado Art. 1868 del Código Civil, supra. Nada más lógico y correcto.

En el presente caso, esa no es la situación. No se trata de una acción en reclamación de los daños y perjuicios su-fridos debido a la acción del Estado de congelar tempore-ramente una propiedad. Tampoco se trata, propiamente, de una acción ordinaria de “expropiación a la inversa”; esto es, aquella acción que presenta el dueño de una propiedad existente con el propósito de que el tribunal obligue al Es-tado a expropiar formalmente la misma, acción que éste puede derrotar demostrando que no ha habido la alegada incautación.

En el presente caso, realmente se trata de una acción en cobro de dinero', esto es, en cobro del justo valor de una propiedad que fue “incautada de manera permanente” por el Estado como consecuencia de la decisión de éste de, por razones de seguridad pública, proceder a su remoción o destrucción.

La decisión y acción del Estado de demoler la vivienda de los aquí demandantes recurridos ciertamente no consti-tuye una acción culposa ni negligente de parte de éste que produce un daño compensable bajo las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. No es correcta, en consecuencia, la aplicación que, por analogía, hace la Mayoría a los hechos del presente caso del término prescriptivo de un (1) año que establece el citado Art. 1868 del Código Civil para las acciones de daños y perjuicios.

Se trata, repetimos, de una acción sui géneris de cobro de dinero y/o del justo valor de una propiedad que fue des-truida y/o incautada por el Estado en el ejercicio del poder inherente que tiene de velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en general. Ante estos hechos específicos y particulares, la obligación del Estado de compensar a los dueños de la propiedad en el presente caso surge directa-mente de las disposiciones de la See. 9 del Art. II de nues-tra Constitución, L.P.R.A., Tomo l.

No estableciendo nuestro ordenamiento jurídico un tér-mino específico de prescripción para la acción en cobro de la “justa compensación” que ordena la Constitución en ca-sos de incautación permanente de propiedad por parte del Estado, corresponde aplicar el término de quince (15) años que dispone el citado Art. 1864 del Código Civil para las acciones personales que no tienen señalado un término especial de prescripción.

La errónea opinión mayoritaria emitida, en adición, desemboca en la comisión de una grave injusticia contra un ciudadano humilde que no sólo perdió su hogar sino que, a base de la decisión mayoritaria, se ve impedido de cobrar el valor de ésta.

Determinaríamos, en consecuencia, que la acción que los demandantes recurridos radicaron contra el Estado no está prescrita.

       Conforme indicamos en Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 954 (1991): “[n]o puede discutirse con seriedad la deseabilidad de que aquellas situa-ciones que ofenden los postulados básicos constitucionales que regulan la relación entre el Estado y sus ciudadanos deben ser corregidos de inmediato.”

       El Estado Libre Asociado alegó haber demolido la propiedad por razones de seguridad y el riesgo que ésta representaba. Entendemos, por el resultado al cual llegamos, que se hace innecesario dilucidar si estamos ante una actuación guberna-mental bajo su poder de razón de Estado en protección de la salud y seguridad de la comunidad en general. Este planteamiento precisamente constituye uno (1) de los que se dilucidarían en una acción de expropiación a la inversa.

       A igual conclusión llegó el tribunal de instancia conforme surge de la Reso-lución de 19 de octubre de 1992, a pesar de que aplicó el término prescriptivo de quince (15) años.

       91 J.T.S. 18.

       A saber, “pérdida del valor del uso de la propiedad ...; reducción en el valor de las acciones de las corporaciones [dueñas de la propiedad]; gastos de inversiones adicionales requeridas debido a la congelación decretada ...; y gastos y honorarios de abogado”. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 949 (1991).

       Resolvimos, en adición, que dicho término de un (1) año comenzaría a con-tarse desde el momento en que el Estado libera la propiedad y/o, como máximo, desde que comienza el octavo (8vo) año de haber estado congelada la propiedad.

       Situación a la que tampoco entendemos aplicable el término prescriptivo de un (1) año que establece el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298.

       La See. 9 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 296, dispone:
      “No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley.”


author: per curiam:

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. Carlos Pérez Padilla, querellado.

      Número: AB-92-90

      Resuelto: 4 de febrero de 1994

      Mady Pacheco García de la Noceda, abogada del querellante.
   per curiam:

El querellado Carlos Pérez Padilla no ha sa-tisfecho el pago de la cuota de colegiación al Colegio de Abogados de Puerto Rico correspondiente a los años 1988 y 1989, a pesar del requerimiento contenido en nuestras Re-soluciones de 31 de marzo y de 6 de agosto de 1993. Dicha omisión constituye un incumplimiento con la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., y con la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. secs. 733 y 771 et seq.). Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 682 F. Supp. 674 (D.P.R. 1988), confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, 917 F.2d 620 (1er Cir. 1990).

Tomando en consideración su renuencia injustificada a satisfacer el pago de tales cuotas de colegiación —In re Duprey Maese, 120 D.P.R. 565 (1988); In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494, 495-496 (1987); Colegio de Abogados v. Schneider, supra; In re Vega Gonzalez, 116 D.P.R. 379, 381 (1985)— y su indiferencia en responder a las órdenes de este Tribunal, lo cual de por sí conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas —In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1991)— se decreta la sus-pensión indefinida del abogado Carlos Pérez Padilla del ejercicio de la abogacía en esta jurisdicción.

Por haber cesado dicho abogado del ejercicio del nota-riado hace más de diez (10) años, debido a lo cual entregó entonces su obra notarial al Archivero Notarial del Distrito de San Juan, nada se dispone a este respecto.

Se dictará sentencia de conformidad.