text:
    Luis E. García Curbelo, etc., demandantes y recurridos, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales, demandada y tercera demandante, y Life and Casualty Insurance Company of Tennessee y otros, terceras demandadas y recurrentes.

      Número: RE-85-394

      Resuelto: 24 de enero de 1991

      José R. González Irizarry y Ramón Coto Ojeda, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogados de la American Defender Life Insurance Co., recurrente; Samuel E. Polanco, abogado de los recurridos; Madelaine Riefkohl-Gorbea, de Fiddler, González & Rodríguez, abogada de Life and Casualty Insurance Company of Tennessee, tercera demandada.
   La Juez Asociada Señora Naveira De Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 2 de octubre de 1969, en horas laborables, la codemandante recurrida Lourdes I. Rodríguez de García sufrió una caída mientras se desempeñaba como secretaria de la Autoridad de las Fuentes Fluviales, hoy Autoridad de Energía Eléctrica (en ade-lante la Autoridad). Al momento del accidente la codemandante se encontraba en avanzado estado de embarazo.

A consecuencia de dicha caída, la señora Rodríguez de García quedó incapacitada y no pudo reintegrarse a sus labores en la Autoridad. A pesar de ello, continuó percibiendo salarios de su patrono hasta la fecha de su jubilación, 25 de agosto de 1972.

El Fondo del Seguro del Estado (en adelante F.S.E.) certificó una incapacidad del 25% de las funciones fisiológicas generales de la codemandante recurrida al darla de alta en noviembre de 1971. De otra parte, la agencia federal de Seguro Social, en carta de 12 de enero de 1972, la autorizó a recibir los beneficios por incapa-cidad a partir de mayo de 1970. En dicha carta, la agencia hizo constar que la señora Rodríguez de García se encontraba total-mente incapacitada para toda clase de trabajo desde la fecha en que sufrió el accidente, 2 de octubre de 1969.

Con anterioridad a estas actuaciones del F.S.E. y de la agencia federal, el 21 de octubre de 1969 la codemandante recurrida, con el fin de comprar una vivienda familiar, inició los trámites pertinentes para la obtención de un préstamo hipotecario a través del programa de préstamos del Sistema de Retiro de los Emplea-dos de la Autoridad. Dicho préstamo le fue concedido.

El 13 de marzo de 1970 se otorgó la escritura de “Segregación, Liberación y Compraventa”, mediante la cual la codemandante recurrida y su esposo adquirieron una vivienda familiar. En igual fecha, se otorgó la escritura de “Pagaré Hipotecario” en evidencia del préstamo y quedó así constituida una primera hipoteca a favor de la Autoridad.

En la segunda escritura, la Autoridad requirió a la señora Rodríguez de García acogerse a un seguro grupal de vida e incapacidad a ser determinado por el acreedor hipotecario, quien habría de gestionar las pólizas y pagar las primas a nombre de la codemandante recurrida. Ésta, a su vez, consintió a que la Autoridad le descontara de su salario determinadas cantidades por concepto del pago de las primas de dicho seguro.

A partir de abril de 1970, la Autoridad comenzó a descontar de los sueldos de la codemandante recurrida determinadas cantida-des mensuales para el pago de las primas de una póliza de seguro grupal de vida e incapacidad que había expedido la aseguradora Life and Casualty Insurance Company of Tennessee (en adelante Life) desde el 1ro de agosto de 1965. La cubierta máxima que estaba en vigor a la fecha de la transacción hipotecaria era de veinte mil dólares ($20,000). Además, se le requirió un seguro expedido por la compañía John Hancock Insurance Co., con una cubierta máxima de diez mil dólares ($10,000).

La póliza expedida por Life se canceló en diciembre de 1971 y la Autoridad gestionó una nueva póliza con otra aseguradora, la American Defender Life Insurance Company (en adelante American).

El 1ro de enero de 1972 entró en vigor la Póliza Grupal Núm. 1-203, denominada Mortgage Policy, expedida por American a favor del Sistema de Retiro para asegurar los créditos hipoteca-rios de la Autoridad contra los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente de los deudores hipotecarios del Sistema de Retiro. Esta póliza estaba en vigor al momento en que advino efectiva la declaración de incapacidad total y permanente de la codemandante recurrida, 25 de agosto de 1972, fecha en que la Autoridad jubiló a la señora Rodríguez de Gareía.()

Luego de declarada su incapacidad total y permanente por el médico de su patrono, la codemandante recurrida reclamó de la Autoridad los beneficios de la póliza de seguro grupal de vida e incapacidad. El Sistema de Retiro reclamó a nombre de la codemandante recurrida dichos beneficios a las aseguradoras American y Life en cartas de 11 y de 27 de diciembre de 1972, respectivamente.

La aseguradora Life negó cubierta por haberse cancelado la póliza, a petición de la Autoridad, en diciembre de 1971. La aseguradora American negó la cubierta, fundándose en una cláusula de condición preexistente, la cual se hizo formar parte de la Póliza Grupal Núm. 1-203, según la aseguradora, en virtud de una enmienda nunc pro tunc a dicha póliza.

Ante esta situación, la Autoridad reclamó directamente a la codemandante recurrida el pago de las mensualidades del balance del préstamo hipotecario. Por su parte, la señora Rodríguez de García y su esposo Luis E. García Curbelo instaron demanda contra la Autoridad el 10 de marzo de 1975.

La Autoridad contestó la demanda, negando que hubiese cobrado a la codemandante recurrida prima alguna por concepto de seguro de incapacidad después de haberla incapacitado y negó, a la vez, la existencia de seguro alguno por incapacidad.() Levantó como defensa que la señora Rodríguez de García estaba incapacitada y había sido declarada como tal por el Seguro Social federal con anterioridad a la fecha en que obtuvo el préstamo hipotecario. Alegó, además, que la codemandante recurrida ocultó ese hecho al momento de gestionar el préstamo, lo que trajo como resultado que las compañías aseguradoras denegaran la cubierta por incapacidad. La Autoridad instó demanda de terceros contra las aseguradoras American y Life.

La demanda fue enmendada en dos ocasiones y, en la segunda demanda enmendada, la codemandante recurrida incorporó una causa de acción contra cada una de las aseguradoras con el objeto de que éstas le respondieran directamente a los codemandantes. La Autoridad instó entonces demanda contra copartes.

American levantó una nueva defensa en la contestación a la segunda demanda enmendada. Alegó que la señora Rodríguez de García fue declarada total y permanentemente incapacitada por razón del accidente que sufrió en el trabajo mientras no estaba asegurada bajo la Póliza Grupal Núm. 1-203. Tampoco existía esta póliza al momento en que la señora Rodríguez de García se convirtió en deudora del Sistema de Retiro.

Por su parte, los codemandantes recurridos alegaron que la American estaba impedida de negar cubierta a la reclamación de la póliza que no fuere la cláusula de condición preexistente, toda vez que una aseguradora que ha negado cubierta a una reclama-ción alegando un fundamento particular, renuncia a su derecho de alegar subsiguientemente cualesquiera otros fundamentos distin-tos al original, los cuales pudo haber alegado desde un principio.()

El Tribunal Superior dictó sentencia sumaria a favor de la codemandante recurrida y condenó a American al pago de los gastos, costas y honorarios de abogados por temeridad. Deter-minó que los beneficios por incapacidad total y permanente que concede la Sec. 16 de la póliza expedida por American, advienen exigibles y han de ser concedidos a la codemandante recurrida independientemente de la fecha en que ésta sufrió el accidente y comenzó su padecimiento. Adujo que la razón fundamental para ello es que la See. 8 de la Póliza Grupal Núm. I-203 contiene una cláusula de incontestabilidad. Razonó el tribunal que dicha cláu-sula impedía a la aseguradora, a partir del 2 de enero de 1973, cuestionar la asegurabilidad de la codemandante recurrida a la fecha en que la póliza entró en vigor.

Continuó arguyendo el Tribunal Superior que la cláusula de condición preexistente no formaba aún-parte de la póliza y no podía tener efecto retroactivo alguno con relación a un miembro del sistema asegurado bajo la póliza cuya jubilación por incapaci-dad se produjere, como en este caso, antes de concluirse entre las partes la negociación con relación a dicha cláusula.

En cuanto a la aseguradora Life, se declaró sin lugar la demanda y la demanda de coparte instada por la Autoridad. También se desestimó la solicitud de sentencia sumaria de American.

La aseguradora American instó ante nos un recurso de revisión. Alegó la comisión del error siguiente:

A) La Póliza 1-203 emitida por la American Defender Life Insurance Company no cubre la reclamación de los recurridos, ya que la misma no cubre incapacidades que se originan en accidentes ocurridos previo a la fecha que entró en vigor la susodicha Póliza.() Solicitud de revisión, pág. 7.

Le ordenamos a la parte demandante recurrida que mostrara causa por la cual no procedía revocar la sentencia recurrida. Ésta ha comparecido. Procedemos a resolver sin ulteriores procedi-mientos.

HH M

El Art. 14.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.ER.A. see. 1405, exige de toda aseguradora que expide una póliza de seguro colectivo de vida que incluya en la misma una disposición que se conoce como cláusula de incontestabilidad. Dicha cláusula debe estipular que “la validez de la póliza no será impugnada, excepto por falta de pago de las primas, una vez que dicha póliza haya estado en vigor por 2 años a partir de la fecha de emisión . . . ”. 26 L.P.R.A. sec. 1405(1).

Tal requerimiento se estableció con el firme propósito de “suprimir todas las aseveraciones y condiciones que puedan derrotar el derecho del asegurado una vez transcurrido el término estipulado”. Sucn. Roche v. Banco de la Vivienda, 103 D.P.R. 656, 660 (1975).

La intención del legislador al imponer una cláusula de incontestabilidad fue impedir que “el asegurador entretenga al asegurado, por inacción, con una seguridad ilusoria durante el tiempo en que mejor pueden depurarse y comprobarse los hechos, sólo para litigarlos tardíamente, muchas veces después de muerto el asegurado”. Sucn. Roche v. Banco de la Vivienda, supra, pág. 660.

No obstante, el Art. 14.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 1403, permite a las aseguradoras incluir disposiciones que en opinión del Comisionado de Seguros sean más favorables a las personas aseguradas.

En el caso de autos, la American se niega a pagar a la codemandante recurrida los beneficios a los que tiene derecho por concepto de una póliza grupal de vida e incapacidad, expedida por ésta para asegurar los créditos hipotecarios del Sistema de Retiro de la Autoridad. Fundó su negativa en la parte sobre cubierta de seguro, Sec. 16 de la Póliza Grupal Núm. I-203, que lee como sigue:

TOTAL AND PERMANENT DISABILITY BENEFIT. - Upon receipt by the Company, while this policy is in force, of due notice and proof, both in writing, that any Debtor, while insured hereunder and prior to his 75th birthday, shall have become totally and permanently disabled solely by reason of (a) bodily injury resulting from an accident occurring while such Debtor is insured under this Policy. . . the Company shall pay the Creditor the amount of (1) all installments on the Debtor’s insured indebtedness to the Creditor which have become due since the commencement of such disability and are then unpaid, and (2) each installment of said indebtedness as it becomes due thereafter during the continuance of such disability. Apéndice a Solicitud de revisión, pág. 7.

Dicha póliza también contiene una cláusula de incontestabilidad, en la See. 8, que dispone:

INCONTESTABILITY. - This Policy, as herein defined, and the application of the Creditor, a copy of which is attached hereto, constitute the entire contract between the parties, and except for non-payment of premiums, shall be incontestable after one year from its date of issue.
All statements made by the Creditor shall, in the absence of fraud, be deemed to be representations and not warranties and no statement shall avoid any payment under this Policy or be used in defense of a claim hereunder unless it is contained in the application for this Policy. Apéndice a Solicitud de revisión, pág. 6.

De acuerdo con su interpretación, como la See. 16 de la Póliza Grupal Núm. I-203 no contenía específicamente una cláusula de incontestabilidad, había que concluir que el asegurador excluyó dichos beneficios de los efectos de la incontestabilidad.

Tal alegación es contraria a derecho, y a esos efectos nos hemos expresado: “La incontestabilidad es condición impuesta por la Ley al negocio de seguros, contra la cual no prevalecerán la ignorancia de hechos de fácil descubrimiento, ni la delegación por la aseguradora de aquellas funciones de otorgamiento y administración de la póliza que puedan sacar a la luz en el término legal, la falsedad o engaño que den lugar a la impugnación del seguro.” Sucn. Roche v. Banco de la Vivienda, supra.

Además, dijimos en Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, 110 D.P.R. 1, 5 (1980), que “los beneficios de incapacidad están sujetos a incontestabilidad . . . ”.

La Póliza Grupal Núm. 1-203, objeto de esta controversia, en su See. 8 contenía una cláusula de incontestabilidad, la cual fijaba un período de tiempo más favorable al asegurado y al tenedor de la póliza. Pues, en lugar del período máximo de dos (2) años que fija el Art. 14.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, la aseguradora estableció como período máximo un (1) año a partir de la fecha de emisión de la póliza, por lo que dicha sección era de aplicación a toda la póliza en general y, por ende, a la Sec. 16, ya que así lo establece el Código de Seguros de Puerto Rico.

La póliza expedida por la aseguradora American entró en vigor el 1ro de enero de 1972. Al aplicar la See. 8 de dicha póliza, la misma se tornó incontestable a partir de 2 de enero de 1973. Una vez resuelto que la Póliza Grupal Núm. 1-203 contenía una cláusula de incontestabilidad, pasemos a discutir si la misma impedía que la aseguradora levantara la defensa de ausencia de cubierta por ser tardía.

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¿Le impide una cláusula de incontestabilidad a uña aseguradora probar que la pérdida reclamada no está cubierta bajo los términos de la póliza? La contestación es negativa. En 18 Couch on Insurance 2d (Rev. ed.) Sec. 72:61, pág. 329 (1983), se dice que:

The incontestable clause does not bar the insurer from showing that the condition or disability is not covered by the policy because it originated or had its inception prior to the attachment of the risk.

En el caso Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, supra, a su vez, sostuvimos que si la defensa levantada frente a una cláusula de incontestabilidad fuese de cubierta, “no quedaría vedada. Estaríamos ante la situación de un riesgo contra el cual el asegurado nunca estuvo protegido, pues la cláusula de incontestabilidad no puede tener el efecto de ampliar la cubierta”.

Cabe señalar también que no puede crearse una póliza de seguro al amparo de la doctrina de impedimento colateral. Así se afirma en 16B Appleman, Insurance Law and Practice Sec. 9090 (1981):

Insurance contracts cannot be created by estoppel. That doctrine cannot be invoked by an insured to create a primary liability of the insurer for which all elements of a binding contract are necessary. ... It has been repeatedly held that the doctrines of. waiver and estoppel cannot be used to extend the coverage of an insurance policy or create a primary liability, but may only affect rights reserved therein. . . . [U]nder no conditions can the coverage or restrictions on coverage be extended by waiver or estoppel. . . . While a forfeiture of benefits contracted for in an insurance policy may be waived, the doctrine of waiver or estoppel cannot create a liability for benefits not contracted for. Nor may a contract, under the guise of waiver, be reformed to create a liability for a condition specifically excluded by the specific terms of the policy . . . .() (Enfasis suplido y escolios omitidos.)

La Sec. 16 de la Póliza Grupal Núm. 1-203 trata verdadera-mente de una limitación de riesgo y no de una condición o garantía de buena salud. Dicha sección dispone, en lo pertinente, que el asegurado tiene que cumplir con la condición sobre cubierta siguiente:

. . . become totally and permanently disabled solely by reason of (a) bodily injury resulting from an accident occurring while such Debtor is insured under this policy. . . . (Enfasis suplido.) Apéndice a Solicitud de revisión, pág. 7.

La palabra “riesgo” se define como “posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a efectuar la prestación normalmente indemnización, que le corresponde . . .”. Véase J. Cástelo Matrán, Diccionario MAPFRE de Seguros, Madrid, Ed. Mapfre, 1988, pág. 244.

Si analizamos en conjunto la definición antes citada y la See. 16 de la póliza, no hay duda alguna de que American expresamente declinó asegurar y excluyó de su cubierta bajo la Póliza Grupal Núm. 1-203 incapacidades totales y permanentes por razón de daño físico que resultaren de accidentes ocurridos antes de la fecha de efectividad de la póliza.

El Diccionario MAPFRE de Seguros, op. cit., pág. 112, define “exclusión de riesgo” como la “decisión, que generalmente corresponde a la entidad aseguradora, en virtud de la cual no quedan incluidas [sic] en las garantías de la póliza determinados riesgos o, quedando incluidos [sic] éstos, las garantías del contrato no surtirán efecto cuando concurran respecto a ellos determinadas circunstancias o condiciones preestablecidas”.

Al dejar American fuera de la cubierta de la póliza todo accidente ocurrido antes de la vigencia de la misma, no puede exigírsele responsabilidad por un riesgo que no asumió cubrir. Recordemos que este Tribunal ha sostenido que un accidente acaecido antes del período de cubierta de la póliza no está cubierto. Véase Saavedra v. Joyerías Gordons, Inc., 120 D.P.R. 358 (1988), revocado en parte por Albany Ins. Co. v. Cía Des. Comercial P.R., 125 D.P.R. 421 (1990).()

IV

La Fóliza Grupal Núm. 1-203 constituye el contrato acordado entre la aseguradora y el Sistema de Retiro. Dicho contrato de seguro es la ley entre las partes. Arts. 1044 y 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2994 y 3375. Si sus términos, condiciones y exclusiones son claros, específicos y no dan margen a ambigüedades o diferentes interpretaciones, así deben aplicarse.() Este Tribunal ha resuelto reiteradamente la obligatoriedad de las cláusulas del contrato de seguro en ausencia de ambigüedad en la interpretación de las mismas. Al respecto, en Casanova v. P.R. Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 696-697 (1978), indicamos lo siguiente:

Aunque el contrato de seguro es un típico contrato de adhesión que debe interpretarse liberalmente a favor del asegurado ... no se trata aquí de una cláusula obscura o ambigua. La adhesión no implica una declaración de nulidad del contrato. . . . La cláusula 11 en virtud de la cual actuó la recurrente es clara y por tanto obligatoria para el asegurado. (Citas omitidas.)

For otra parte, American pudo muy bien haber cubierto los accidentes acaecidos con anterioridad a la emisión de la póliza, si así lo hubieran acordado las partes y especificado en el contrato. Sin embargo, American quiso excluir de la cubierta dichos acci-dentes al indicar que estarían cubiertos sólo aquellos que ocurrie-ron durante la vigencia de la póliza. Sobre este particular nos ilustra nuevamente el tratadista Couch al señalar que:

Although insurance policies ordinarily are prospective in operation only, they may be made retroactive as to the time of attachment so as to provide for indemnity for a loss which occurred prior to the date of the policies, for there is no principle of law which denies to parties the right to assume obligations antedating the date of the contract if the parties, for a valuable consideration, so elect, provided, of course, there is no fraud, concealment, or material misrepresentation() (Escolios omitidos.) 9 Couch on Insurance 2d Sec. 89:87, págs. 571-573 (1985).

La póliza expedida por American en su Sec. 16 establecía el riesgo cubierto por la misma: incapacidad por razón de daño físico como resultado de un accidente que ocurriera mientras el deudor estuviese asegurado bajo la póliza. Las partes no acorda-ron asegurar los accidentes ocurridos antes de la emisión de la póliza. Por lo que, en el caso de autos, al incapacitarse la codemandante recurrida como resultado de un accidente que ocurrió con anterioridad a la emisión de la póliza, dicho accidente es un riesgo no cubierto por la póliza de seguros de American.

Resolvemos que la cláusula de incontestabilidad no puede tener el efecto de ampliar la cubierta. La defensa de ausencia de cubierta no fue renunciada y la aseguradora no estaba impedida de levantarla debido a la cláusula de incontestabilidad.

V

Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia en la que se expide el auto solicitado, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimien-tos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) American Defender Life Insurance Company (en adelante American) expidió otra póliza grupal denominada Núm. 1-204, para garantizar los préstamos personales.

      (2) En la contestación al interrogatorio que le sometió la parte demandante, la Autoridad de las Fuentes Fluviales, hoy Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante Autoridad) declaró que había hecho tales descuentos.

      (3) American, en su escrito de oposición a la moción de sentencia sumaria que presentó la codemandante, por primera vez desde que se inició el litigio, alegó que nunca negó cubierta bajo la Póliza Grupal Núm. 1-203, pues jamás se le había sometido reclamación alguna al amparo de esta póliza.
      Expresó que le había sido sometida otra reclamación al amparo de otra póliza por ella expedida y denominada Póliza Grupal Núm. 1-204, y que la carta de 13 de febrero de 1973, mediante la cual American notificó a la Autoridad que denegaba cubierta a la reclamación de la codemandante recurrida, “lamentablemente por error tipográfico”, hizo referencia a la Póliza Grupal Núm. 1-203 cuando en realidad se trataba de una reclamación bajo la Póliza Grupal Núm. I-204.

      (4) Por el resultado a que llegamos en este caso, no es necesario discutir los otros dos errores planteados:
      “B) Existe controversia genuina sobre hechos materiales que hace improcedente el que se dicte sentencia sumaria en contra de la American Defender Life Insurance Company.
      “C) No procede la imposición de honorarios de abogados en contra de American Defender Life Insurance Company.” Solicitud de revisión, pág. 7.

      (5) Véanse: Brown v. First Ins. Co. of Hawaii, 424 F.2d 680 (1970); Farber v. Great American Ins. Co., 406 F.2d 1228 (7mo Cir. 1969); Simmons v. Continental Cas. Co., 410 F.2d 881 (8vo Cir. 1968); Texas Farmers Ins. Co. v. McGuire, Tex., 744 S.W.2d 601 (1988); ABCD...Vision v. Fireman’s Fund Ins., 744 P.2d 998 (1987).

      (6) Este caso resolvió que en una póliza comprehensive que cubre daños causados por un siniestro {occurrence), el momento decisivo para considerar si existe o no cubierta es la fecha en que ocurre el daño y no cuando se cometió el acto negligente que lo provoca.

      (7) Véase el Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471:
      “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.”

      (8) Véanse: Travelers Ins. Co. v. Summers, 696 F.2d 1311 (limo Cir. 1983); St. Michaels Orthodox Catholic Church v. Preferred Risk Mut. Ins. Co., 496, N.E.2d 1176, (1986); Krause v. Washington Nat. Ins. Co., 468 P.2d 613 (1970); Georgia Casualty & Surety Co. v. Almon, 176 S.E.2d 205 (1970).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Fernando Ruiz Bosch, acusado y apelante.

      Número: CR-86-97

      Resuelto: 25 de enero de 1991

      Joaquín Monserrate Matienzo, Abelardo Ruiz-Suria, Fernando Ruiz-Suria y Arturo J. García Solá, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, e Irma Alicia Rodríguez Aviles, Fiscal Auxiliar Superior, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El día 30 de marzo de 1982, agentes de la Policía de Puerto Rico ocuparon, en jurisdicción del pueblo de Moca, setecientas ochenta y siete (787) libras de la sustancia controlada conocida como marihuana. En relación con ello, el Estado radicó acusacio-nes contra varias personas —entre ellas, el aquí apelante Fernando Ruiz Bosch— por infracción al Art. 401(a)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico,() 24 L.P.R.A. sec. 2401(a)(1).

Convicto que fuera, en proceso celebrado por tribunal de derecho, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Fernando Ruiz Bosch apeló ante este Tribunal de la sentencia de doce (12) años de presidio que le fuera impuesta. En el recurso de apelación que radicara ante este Tribunal el día 12 de diciembre de 1986 le imputó al foro de instancia la supuesta comisión de seis (6) errores, a saber:

A. No se probó posesión de la marihuana por parte del apelante.
B. Un análisis de toda la prueba demuestra que no se probaron más allá de una duda razonable todos los elementos del delito por el cual se condenó al apelante.
C. El arresto del apelante fue ilegal y por ende era inadmisible la evidencia obtenida como frutos del mismo.
D. No se cumplió con los mandatos del caso Miranda vs. Arizona, 384 U.S. 436; 16 L.Ed.2d 694 (1966), antes de interrogar al apelante y éste hacer ciertas alegadas admisiones incriminatorias conllevando que las mismas sean inadmisibles en evidencia.
E. No se estableció en forma razonable la cadena de custodia de los forros y de los pedales del avión que permitiera la introducción de prueba pericial basada en un examen de los mismos.
F. Aún si se sostuviera la convicción, la pena impuesta debe modificarse ya que:
a. [S]e impuso una pena equivocada[.]
b. se incurrió en abuso de discreción al rechazar los atenuan-tes.
c. La pena impuesta constituye un castigo cruel, exagerado e injustificado. Alegato del acusado-apelante, pág. 5.

Los referidos señalamientos de error hacen necesaria una exposición detallada de la prueba que desfiló ante el tribunal de instancia, según ésta surge de la transcripción que ordenáramos, a petición del apelante, mediante Resolución de fecha 30 de diciembre de 1986.

H — H

Con motivo de una confidencia anónima que se recibiera por la Policía de Puerto Rico —a los efectos de que los días martes o jueves un avión dejaba caer en horas de la noche, en el Barrio Palma de Aguadilla, “paquetes” conteniendo sustancias controla-das, los cuales eran recogidos por personas que esperaban en el sitio en vehículos de motor— el agente Corpus Hernández, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico, se dirigió a dicho lugar el día 30 de marzo de 1982. Como a eso de las 9:30 P.M. el agente Hernández escuchó —por radioteléfono— que se requería la presencia de un “agente de drogas” en el Barrio Aceituna de Moca en relación con un vehículo de motor chocado que contenía drogas en su interior.

Al llegar al sitio, el agente Hernández pudo observar que se trataba de un vehículo Chevrolet Montecarlo, color marrón, en el interior del cual había un sinnúmero de paquetes plásticos conteniendo gran cantidad de marihuana. Dicho vehículo había impactado por la parte trasera un vehículo de motor perteneciente al Sr. Tomás Pagán Marrero, huyendo del lugar el conductor del Chevrolet Montecarlo. Encontrándose en dicho lugar, el agente Hernández fue informado que en el mismo Barrio Aceituna de Moca, sector conocido como “Pista de los Labadí”, había “aterri-zado” algún tiempo antes una avioneta, en el interior de la cual igualmente se había encontrado marihuana. ()

Al personarse en la “Pista de los Labadí”, Hernández efecti-vamente pudo comprobar que en el interior de la avioneta —con el número de identificación N309MJ— había dos (2) paquetes, similares a los encontrados en el vehículo Chevrolet Montecarlo, que contenían marihuana. La avioneta en cuestión estaba “metida en el cañaveral”. El agente Hernández, en unión a otro compa-ñero, se internó en dicho cañaveral en búsqueda de los ocupantes de la avioneta, atravesando el mismo. Ello tuvo la consecuencia de que tanto sus zapatos, como sus pantalones, se “llenaran de fango y cadillos”.

Habiendo atravesado el cañaveral, al llegar a la Carretera Núm. 2, el agente Hernández se topó con una patrulla de la División de Tránsito de la Policía de Puerto Rico, la cual era conducida por el policía Ángel Acevedo. El agente Hernández inquirió de éste sobre la posible presencia en el sector de personas “extrañas” al mismo. El policía Acevedo le indicó que efectiva-mente había observado, cerca de allí, a dos (2) individuos que no eran de la demarcación. Los tres (3) agentes del orden público se dirigieron al lugar donde los dos (2) sujetos habían sido observa-dos por el policía Acevedo, localizando a los mismos. Estos resultaron ser el aquí apelante Ruiz Bosch y un individuo de nombre José L. Rosario Ayala, quienes se encontraban conver-sando el uno con el otro.

El agente Hernández pudo observar que, al igual que él, ambos sujetos tenían los zapatos y pantalones “llenos de fango y cadillos”. Luego de indentificarse, y de inquirir sobre los nombres de los dos (2) individuos, Hernández le preguntó “de dónde eran”. Al éstos contestar que de Mayagüez, les hizo varias preguntas sobre lugares conocidos de dicha ciudad y respecto al nombre del alcalde de la misma. Dichas preguntas no fueron contestadas correctamente por los dos (2) sujetos. Por último, Hernández les preguntó sobre qué “hacían ellos por allí”. Éstos contestaron que se encontraban “bebiendo”, dato que Hernández inmediatamente puso en duda en vista de que los individuos no “olían” a licor ni parecían estar embriagados.

El agente Hernández entendió que, a la luz de las circunstan-cias antes señaladas, él podía arrestar a los dos (2) individuos en controversia por infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.ER.A. see. 2101 et seq. Así procedió a hacerlo, a eso de las 12:30 a.m. del día 31 de marzo de 1982. Luego de hacerle las “advertencias de ley” correspondientes procedió, en “protección” de su persona, a registrar a éstos y sus pertenencias. En una “cartera de mano” perteneciente a Rosario Ayala, el agente Hernández ocupó la licencia del vehículo de motor corres-pondiente al antes mencionado Chevrolet Montecarlo y las llaves del mismo, según pudo comprobar más tarde. Con posterioridad a que Ruiz Bosch y Rosario Ayala fueran llevados a la División de Drogas de la Policía en Aguadilla, este último fue identificado por el Sr. Tomás Pagán Marrero como el conductor del Chevrolet Montecarlo que se había dado a la fuga luego de impactar su vehículo de motor en el Barrio Aceituna de Moca, cerca de la “Pista de los Labadí”.

Varias horas más tarde, estando todavía bajo custodia poli-cíaca, el apelante Ruiz Bosch supuestamánte le admitió al Fiscal del Distrito de Aguadilla —luego de que éste alegadamente le hiciera las “advertencias de ley”— que él era el piloto del avión accidentado en el Barrio Aceituna de Moca. Procede que se señale, en adición, que los agentes del orden público tomaron muestras del fango incrustado en los zapatos del apelante Ruiz Bosch. Un examen del mismo demostró que éste podría proceder del área en que “aterrizó” el avión en controversia. En adición, un examen del fango adherido a la suela de los zapatos del apelante Fernando Ruiz Bosch reveló unas “esferas” también presentes en los forros de los pedales correspondientes al asiento del piloto del avión accidentado.

Tenemos, por último, que según una certificación de la Agen-cia Federal de Aviación en la noche del 30 de marzo de 1982, al comunicarse como a eso de las 9:51 P.M. el mencionado avión con el Centro de Control del área de Puerto Rico, el piloto de dicho avión reportó su nombre como “F. Ruiz”.

H-i h-i

Dados los señalamientos de error del apelante Ruiz Bosch, y con el objetivo de una mejor comprensión de la decisión que en el presente caso emitimos, consideramos conveniente “dividir” en tres (3) etapas o categorías la prueba que durante el proceso celebrado presentara el Ministerio Público.

La primera de ellas consiste de la evidencia específicamente en poder, o del conocimiento, del agente Corpus Hernández antes de proceder éste al arresto del apelante Ruiz Bosch y del coacusado Rosario Ayala. La prueba con que contaba el agente Hernández en ese momento es sumamente importante por cuanto de la determinación que se haga sobre la suficiencia en derecho de dicha prueba para llevar a cabo el arresto efectuado depende no sólo la validez del mismo sino que de la referida determinación depende de manera principal, y más importante aún, la admisibilidad de parte de la evidencia que como resultado del arresto efectuado obtuvo el Estado. Ambas situaciones son objeto del tercer señalamiento de error por parte del apelante.

Como es sabido, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, autoriza, en su inciso (c), a un funcionario del orden público a efectuar un arresto sin la orden judicial corres-pondiente “[cjuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad”. (Énfasis suplido.)

Este Tribunal ha resuelto que la frase “motivos fundados” es sinónima de la de “causa probable” que contiene el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977). No debe perderse de vista que la “causa probable” se determina a base de criterios de probabilidad y razonabilidad, y que es doctrina firmemente establecida en nuestra jurisdicción que esa determinación tiene que basarse en hechos y no en meras sospechas. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980). Reiteradamente hemos resuelto que un agente del orden público tiene “motivos fundados” para arrestar a un ciudadano al entrar en posesión de aquella información o conocimiento que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que la persona a ser arrestada ha cometido un delito público, razón por la cual se hace necesaria la evaluación de las circunstancias específicas de cada caso en particular. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326 (1980); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75 (1969); Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965).

¿Tenía el agente Corpus Hernández “motivos fundados”para arrestar en la noche del 30 al 31 de marzo de 1982 al aquí apelante Ruiz Bosch y al coacusado Rosario Ayala? La contes-tación a la referida interrogante nos obliga, conforme la doctrina antes expuesta, a examinar las circunstancias específicas de la situación ante muestra consideración con el propósito de deter-minar si una persona ordinaria y prudente, conforme criterios de probabilidad y razonabilidad, hubiera actuado al igual que lo hizo el referido agente del orden público.

La prueba desfilada demostró que, con anterioridad al mo-mento en que el agente Hernández efectuó el arresto, éste contaba con una confidencia anónima a los efectos de que en dicho sector un avión regularmente dejaba caer paquetes conteniendo sustancias controladas, las cuales eran recogidas por unas perso-nas en vehículos de motor. En específico, dicho funcionario pudo observar esa noche en el Barrio Aceituna de Moca un vehículo de motor con un gran cargamento de marihuana, el conductor del cual, según le fuera informado, se internó en un cañaveral que colindaba con la “Pista de los Labadí” luego de verse envuelto en un accidente de automóviles. Pudo comprobar, en adición, que el referido cargamento de marihuana procedía de una avioneta que se había accidentado, algún tiempo antes de la ocurrencia del antes mencionado accidente de automóviles, al aterrizar en la referida “Pista de los Labadí”, la cual avioneta se encontraba “internada” en el cañaveral. Realiza, entonces, el agente Hernández gestiones tendentes a localizar las personas relacio-nadas con el referido incidente, gestiones que causan que sus zapatos y ropas se “llenen de fango y cadillos”, consecuencia directa de haberse él internado en el cañaveral en busca de dichas personas. Dicho agente del orden público localiza, cerca del sector donde se encuentra el avión y el automóvil con la marihuana, a dos (2) personas que no sólo no son residentes de dicho vecindario rural sino que resultan ser desconocidos para los agentes del orden público que trabajan regularmente en el mismo. El agente Hernández, inmediatamente que se acerca a dichos sujetos, observa que los zapatos y pantalones de los mismos se encuentran en las mismas condiciones que los de él, esto es, “llenos de fango y cadillos”, tal como si éstos hubieran estado internados en el cañaveral cercano al sector donde estaban el avión y el automóvil.

En el ejercicio razonable del derecho, y la obligación, que tiene todo agente del orden público en nuestra jurisdicción de investigar toda querella sobre posible actividad delictiva, Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985), el agente Hernández les hizo una serie de preguntas a dichos individuos. Al inquirir sobre el lugar de donde provenían, éstos no pudieron contestar satisfactoriamente preguntas que se le hicieran a esos efectos, las contestaciones a las cuales resultaban de fácil y obligatorio conocimiento para personas residentes de la ciudad de la cual ellos originalmente alegaron provenir. Tenemos, finalmente en cuanto a este punto en particular, que la afirmación de dichos sujetos a los efectos de que se encontraban en dicho lugar “bebiendo” era una que resultaba palpablemente falsa a la mera observación.

No tenemos duda alguna en nuestra mente de que la prueba antes reseñada constituye los “motivos fundados” que requiere la citada Regla 11(c) de Procedimiento Criminal, ante, para que un funcionario del orden público pueda proceder al arresto de un ciudadano en Puerto Rico. En otras palabras, somos del criterio que cualquier persona “ordinaria y prudente”, ejerciendo “crite-rios de probabilidad y razonabilidad”, y a base de los hechos antes mencionados, hubiera llegado a la conclusión de que estos dos (2) individuos en un momento determinado habían tenido, bajo su posesión y control, el cargamento de marihuana que había sido ocupado por la Policía, lo cual como es de todos conocido consti-tuye un delito grave en nuestra jurisdicción.

No invalida de manera alguna la conclusión a la que llegamos el hecho de que dichos “motivos fundados” no fueran consecuencia de la observación, por parte del funcionario del orden público concernido, de unos hechos que ocurren coetánea o simultáneamente ante dicho funcionario. En otras palabras, somos del criterio que nada impide que la determinación que sobre “motivos fundados” requiere el inciso (c) de la citada Regla 11 de Procedimiento Criminal, ante —para que un funcionario pueda realizar un arresto sin orden judicial— sea el resultado de la “suma acumulativa” de unos hechos que, aun cuando no ocurren simultáneamente, se desarrollan o fluyen en rápida sucesión dentro de un término de tiempo relativamente corto; en el presente caso, en un período aproximado de tres (3) horas. Resolvemos que, bajo las circunstancias específicas del caso ante nuestra consideración, el agente Hernández no venía en la obligación de acudir ante un magistrado en busca de una orden judicial para efectuar el arresto del apelante Ruiz Bosch y el coacusado Rosario Ayala en la noche del 30 de marzo de 1982.

f — I HH HH

Habiendo determinado que el arresto del apelante Ruiz Bosch y del coacusado Rosario Ayala efectuado por el agente Hernández fue uno legal, se simplifica un tanto la interrogante de si la prueba obtenida por el Estado como consecuencia del mismo es admisible en evidencia. Como se desprende de la relación que de los hechos hiciéramos, dicha “segunda categoría” de prueba consistió en: (1) la licencia y las llaves del vehículo Chevrolet Montecarlo, ocupa-dos en una “cartera de mano” perteneciente al coacusado Rosario Ayala; (2) la identificación que de Rosario Ayala hiciera, en las oficinas de la División de Drogas, el testigo Tomás Pagán Marrero; (3) los resultados de los análisis que llevara a cabo el Estado en relación a los zapatos, y el fango incrustado en los mismos, del apelante Ruiz Bosch, y (4) la alegada “admisión” que Fernando Ruiz Bosch le hizo al Fiscal del Distrito de Aguadilla, luego de que éste supuestamente le hiciera las “advertencias de ley”, a los efectos de que él había sido el piloto del avión accidentado.

En cuanto a la evidencia enumerada bajo los acápites primero y segundo, dados los planteamientos de las partes, no hay mucho que expresar. En cuanto a esta evidencia —consistente en la licencia y llaves del Chevrolet Montecarlo ocupadas en la persona del coacusado Rosario Ayala y la identificación que de éste se hiciera, como conductor del referido vehículo, en la División de Drogas de la Policía— la representación legal del apelante Ruiz Bosch se ha limitado, tanto durante el proceso celebrado a nivel de instancia como ante este Tribunal, a argumentar que dicha prueba no era admisible únicamente por razón de que fue el producto de un arresto ilegal; posición que hemos rechazado por ser ésta incorrecta en derecho.()

Igual situación ocurre en cuanto a la evidencia consistente en el resultado de los análisis realizados en los zapatos, y el fango incrustado en éstos, del apelante Ruiz Bosch. La principal argumentación respecto a los mismos, por parte de la defensa, ha sido que dichos resultados no eran admisibles en evidencia por razón de la alegada ilegalidad del arresto efectuado. Dichos resultados, no hay duda, fueron correctamente admitidos en evidencia por el foro de instancia no sólo por razón de que el agente del orden público tenía motivos fundados para arrestar al apelante, sino que por razón de que la actuación a esos efectos por parte del Estado resulta ser una permisible en derecho. Véanse: Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986); Cupp v. Murphy, 412 U.S. 291 (1973); Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966); United States v. Weir, 657 F.2d 1005 (1981); Com. v. Gliniewicz, 500 N.E.2d 1324 (Mass. 1986). El argumento esgrimido por el apelante a los efectos de que “[n]o se estableció la cadena de custodia de los forros y de los pedales del avión que permitiera la introducción de prueba pericial basada en un examen de los mismos”, Alegato del acusado-apelante, pág. 5, contenido en su quinto señalamiento de error, argumento mediante el cual intenta atacar “colateralmente” la admisión en evidencia del resultado del análisis comparativo llevado a cabo entre el fango incrustado en las suelas de sus zapatos y los pedales correspondientes al asiento del piloto del avión accidentado, es uno inmeritorio a la luz de lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986). En relación con dichos objetos, los cuales poseen unas características sumamente distintivas que los hacen fácilmente identificares, ciertamente no era imprescindible que el Estado estableciera una rigurosa cadena de custodia.

En relación con el punto referente a la admisibilidad de la alegada “admisión” que le hiciera el apelante —estando bajo custodia policíaca— al Fiscal del Distrito de Aguadilla a los efectos de que él era el piloto del avión accidentado, argumenta la representación legal del apelante, en el alegato que radicara, que cometió error, el foro de instancia al admitir la misma por razón de que “no se especificaron ni describieron en forma alguna ‘las advertencias’ que le hizo el Fiscal Román, según declarado por el testigo de cargo, el Fiscal Auxiliar Francisco Acevedo Padilla” (énfasis suplido); esto es, que el tribunal de instancia admitió la misma meramente a base de una afirmación, de tipo genérico, del Fiscal Acevedo Padilla a los efectos que el Fiscal Román le había hecho las “advertencias de ley” al apelante Ruiz Bosch.

En Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551, 561-562 (1989), expresamos, en lo pertinente, que:

No debe haber la menor duda de que el derecho que tiene todo ciudadano que habita en nuestro país, ante una imputación de delito por parte del Estado a permanecer callado, a no incriminarse y que su silencio no pueda ser tomado en su contra —garantizado el mismo por el Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1— es uno de los derechos más trascendentales y fundamentales del derecho penal y procedimiento criminal que se practica en una democracia como la nuestra. Debido a ello es que las manifestacio-nes inculpatorias que realiza un sospechoso, sobre el cual se ha centralizado una investigación criminal o un imputado de delito, únicamente son admisibles en evidencia cuando el Estado demues-tra que dichas manifestaciones fueron precedidas por una renun-cia voluntaria, consciente, e inteligente del derecho contra la autoincriminación. Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 444, 475 (1966); Moran v. Burbine, 475 U.S. 412, 421 (1986).
Una renuncia del mencionado derecho es “voluntaria” cuando la misma es realizada sin que haya mediado intimidación, coacción o violencia por parte de los funcionarios del Estado en el procedi-miento que culmina en la toma de la confesión. Colorado v. Connelly, 479 U.S. 157 (1986).
Por otro lado, y en palabras del Tribunal Supremo federal, una renuncia de esta naturaleza puede ser considerada como una “consciente e inteligentemente” realizada cuando el sospechoso o imputado de delito es informado, en forma apropiada, del privile-gio constitucional contra la autoincriminación; incluyendo la adver-tencia crucial de que cualquier manifestación que haga al respecto podrá ser usada en su contra en un proceso criminal. Colorado v. Spring, 107 S. Ct. 851 (1987).
Un anáfisis de nuestra jurisprudencia revela que hemos exigido —para que una renuncia al derecho constitucional contra la autoincriminación se considere como una realizada en forma “cons-ciente e inteligente”— que el Estado le informe, de manera eficaz,() al sospechoso o imputado de delito las siguientes advertencias: que tiene el derecho a permanecer callado; que cualquier manifestación que haga podrá ser utilizada como evidencia en su contra; que tiene el derecho a consultar con un abogado de su selección antes de decidir si declara o no y contar con la asistencia de éste durante el interrogatorio, y que de no tener dinero para pagar un abogado, el Estado viene en la obligación de proveérselo. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); Pueblo v. De Jesús Cabrera, 94 D.P.R. 450 (1967); Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980); Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 D.P.R. 92 (1982); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986).
A los fines de determinar si esa renuncia ál derecho contra la autoincriminación es o no una válida en derecho, los tribunales deben examinar la “totalidad de las circunstancias” que rodearon la confesión obtenida por los funcionarios del Estado.

Realmente no podemos concebir de qué otra forma —que no sea exigiendo que el Ministerio Fiscal desfile prueba detallada sobre las advertencias específicas que se le hicieron al sospechoso y sobre las condiciones imperantes en el momento en que éste hizo la admisión o confesión— puede un tribunal de justicia determinar, a base del criterio de la “totalidad de las circunstancias”, si la renuncia a ese derecho fundamental contra la autoincriminación fue una hecha en forma “voluntaria, consciente e inteligente”. Así específicamente lo resolvimos en Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988). Expresamos, claramente, en esa ocasión que en esta clase de situaciones le corresponde al Estado “el peso de la prueba de demostrar que se hicieron las advertencias legales y que el acusado renunció a sus derechos [a no incriminarse] de forma voluntaria mediante un abandono intencional e inteligente” del mencionado derecho contra la autoincriminación. (Énfasis suplido.) íd., pág. 802.

No debe haber duda, en consecuencia, que antes de que el Ministerio Fiscal presente prueba sobre la admisión, o confesión, extrajudicial realizada por un imputado de delito, éste viene en la obligación de desfilar prueba detallada y específica sobre los aspectos a los que hemos hecho referencia anteriormente. Dicha obligación, por razones obvias, la tiene el Estado tanto en casos que se celebren por tribunal de derecho como en casos en que el juzgador de los hechos sea el Jurado. No hay razón legal válida alguna para establecer una distinción, en cuanto a este punto, entre un juicio por jurado y uno por tribunal de derecho. El derecho a ser protegido es el mismo en ambas situaciones. ()

Ello no obstante, debemos resolver —a la luz de los hechos específicos y particulares acontecidos a nivel de instancia— si efectivamente cometió error dicho foro, que amerite nuestra intervención, al admitir prueba sobre la alegada admisión sin que el Ministerio Público antes presentara prueba sobre las adverten-cias específicas que supuestamente le hiciera el Fiscal Román al apelante.

La correcta solución de dicha interrogante hace necesario que acudamos a lo que aconteció a nivel de instancia, según ello surge de la transcripción de los procedimientos que ordenáramos. El testimonio a través del cual el Ministerio Público introdujo en evidencia la admisión en controversia lo fue el prestado por el Fiscal Auxiliar Francisco Acevedo Padilla. Un examen de dicho testimonio demuestra que dicho funcionario declaró, en lo pertinente, lo siguiente:

TESTIGO:
R O sea, yo me acuerdo del 31 de marzo. El 31 de marzo, en la mañana, yo recibí una llamada del Fiscal Román para que tan pronto llegara a Aguadilla, eh, me personara a un lugar de, donde habían ocurrido unos hechos en una avioneta que habían ocupado marihuana.
P Eh, esa avioneta, ¿sabe usted, más o menos, en qu[é] lugar se encontraba, si en algún lugar?
R En la finca Labadí.
P ¿Y usted? Sabe usted, más o menos, ¿cómo era el lugar donde aterrizó esa avioneta, si de alguna forma?
R Sí, era una pista, una pista privada, de hecho, posteriormente yo entrevisté al señor Labadí, que era el dueño de esa finca.
FISCAL VAZQUEZ:
P . . . esa avioneta, en ese lugar, ¿qué ocurrió posteriormente, si algo ocurrió?
R Bien, eh, luego de que el Fiscal Román entrevistara allí a un agente de aduana, nos fuimos con el Fiscal Román hacia el Cuartel de Droga de Aguadilla. El Fiscal Román, el Fiscal Bernardo Muñiz y yo. Cuando yo llegué al Cuartel de, al Cuartel de Aguadilla, a la División de Droga de Aguadilla, observé cuando habían, observé cuatro personas que estaban ■ en asientos separados dentro del cuartelillo. La forma en que estaban vestidos, etc., entre las personas que estaban allí, observé al señor aquí presente en el día de hoy.
P Si, no, decía usted que vestía, ¿cómo?
R Sí, si mi memoria no me es infiel, tenía una camisa azul clara y unos mahones. Se ve en los mahones que están, que están como enfangados y que tenía como. . .
P Se está señalando la parte inferior del pantalón, cuando dice enfangado.
HON. JUEZ:
Sí.
LCDO. MONSERRATE:
Sí.
R La parte inferior del pantalón.
HON. JUEZ:
La parte inferior del pantalón.
TESTIGO:
R Esa yerba que se le pega a los pantalones, también observé que tenía eso. No s[ó]lo él, los cuatro tenían.
HON. JUEZ:
En ambas patas del pantalón.
TESTIGO:
R En ambas, sí.
FISCAL VAZQUEZ:
P ¿Y qué pasó allí, si algo pasó, cuando usted vio estas personas allí en el cuartel?
TESTIGO:
R El Fiscal Román, eh, como estaban . . . ,no se hablaban entre ellos mismos, un silencio total. El Fiscal Román llamó en primera instancia al señor Ruiz Bosch y lo llevaron a un cuarto que era de la oficina del Sargento Castro. Allí estaba el Fiscal Bernardo Muñiz, Corpus Hernández, el Fiscal Román y yo.
R El Fiscal Román, el Fiscal Bernardo Muñiz, el Agente Corpus Hernández, el Teniente Vargas, (Q.ED.) y entonces, entró el señor Ruiz Bosch.
P Bien, ¿y que sucedió allí, si algo sucedió?
R Bien. El Fiscal Román entrevista a este señor, le hace las advertencias y empiezan a hablar en términos de ..., el Fiscal Román es piloto, eh. . .le pregunta su nombre, eh, le pregunta, si él era él piloto, él le dice que sí, que era el piloto, luego de eso .. .
FISCAL VAZQUEZ:
P Y cuando usted dice: ‘Le pregunta que si él era el piloto’, si él era el piloto, ¿de qué?
R Del avión, del avión, de un avión que se había caído en la, en la finca Labadí.
P En la finca Labadí. ¿Y sabe usted cuando se, se cayó ese avión en la finca Labadí?
LCDO. MONSERRATE:
No, objeción. No hay base, ninguna, para que él pueda esa. . .
FISCAL VAZQUEZ:
P Bien. Eh, cuando dice usted que el, el compañero, eh, [é]l pregunta sobre, eh, ¿qué admisión, si alguna, es la que le hace esta persona, si .. .
LCDO. MONSERRATE:
Objeción, altamente subjetiva [sic].
FISCAL VAZQUEZ:
¿Qué, qué contesta, si algo, . . .
HON. JUEZ:
Un momentito, un momentito, s[í] compañero, está siendo sujestivo [sic].
FISCAL VAZQUEZ:
Si, no, no, VH., la hemos fra . . .,1a vamos a frasear, la vamos a frasear.
HON. JUEZ:
Sí, vamos a pedirle que la frasee en otra forma, que está siendo sujestivo [sic].
FISCAL VAZQUEZ:
P La vamos a frasear, tiene razón, VH. Eh, testigo, a las preguntas, eh, que le hace el compañero, eh, Luis A. Román, ¿qué contestación, si alguna, es la que le brinda, eh, la persona que está allí presente con ustedes ?
R El Fiscal Román le pregunta, si él era el piloto del avión que se había caído en la finca Labadí. El le contesta que sí, que había tenido problema, inclusive, que había tenido problema con la gasolina, entonces, el Fiscal Román, se vuelve a preguntarle, de. . . gasolina porqué, si usted acaba de pasar por Borinquen, entonces, él se calla y no dice nada más, en eso intervengo yo, el Fiscal Román me dice: ‘sigue entrevistán-dolo tú’. Le vuelvo hacer las advertencias de derecho, inclusive, cuando le estaba hablando, eh, del derecho a asistencia de abogado, él me dice: ‘no, mi papá es abogado no se preocupe’.
P ¿Qué qui[é¡n“!
R Me dijo a mí, que el papá era abogado. Le pregunto yo a él, mire nosotros estamos haciendo una investigación sobre, sobre una avioneta que se cayó, la cuál usted acaba de decir que es el piloto. Sobre esa avioneta nosotros le tenemos que decir a usted que hemos ocupado una marihuana y dentro del avión que usted dice que es el piloto, se ocupó residuos de marihuana. Nosotros queremos que usted nos diga y coopere con nosotros en cuanto a esta investigación. El dice, mire, lo único que yo, lo único que yo voy a decir es, que yo era el piloto, yo no conozco las personas que están ahí y no voy a decir nada más.
P Eso sería todo, V.H., con relación al testigo. (Enfasis suplido.) T.E., págs. 14-22.

De una simple lectura de lo antes reseñado surge, en primer lugar, que es enteramente correcta la aseveración de la defensa a los efectos de que durante el proceso que se celebrara a nivel de instancia se permitió que el Ministerio Público introdujera en evidencia prueba sobre la admisión extrajudicial alegadamente hecha por el apelante sin que el Fiscal antes hubiera demostrado, mediante prueba detallada y específica a esos efectos, las circuns-tancias en las cuales se produjo la admisión en controversia y cuales habían sido las advertencias de ley que le habían sido transmitidas al apelante con el propósito de demostrar que la renuncia de éste a no incriminarse fue una efectuada en forma voluntaria, consciente e inteligente. No hay duda alguna, en consecuencia, que el tribunal de instancia erró al así permitirlo. Pueblo v. Pellot Pérez, ante.

Por otro lado, igualmente surge de lo antes transcrito que dicha errónea actuación judicial con toda probabilidad se debió a que la representación legal del apelante a nivel de instancia no objetó en forma alguna el proceder del Ministerio Fiscal. Dicha situación trae a nuestra atención las disposiciones de las Reglas 4 y 6 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. La primera de ellas dispone que:

No se dejará sin efecto una determinación de admisión de evidencia ni se revocará sentencia o decisión alguna por motivo de admisión errónea de evidencia a menos que:
(1) La evidencia fue erróneamente admitida a pesar de la oportuna y correcta objeción de la parte perjudicada por la admisión, y
(2) el tribunal que considera él efecto de la admisión errónea entiende que ésta fue factor decisivo q sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita. (Enfasis suplido.)

El propósito u objetivo, que persigue la transcrita Regla 4 de Evidencia, al exigir la “oportuna y correcta objeción” de la evidencia por la parte perjudicada por la introducción de la misma, no sólo resulta ser obvio sino que altamente beneficioso a una eficiente y sana administración de la justicia. Dicho requisito, naturalmente, ayuda a evitar que los tribunales de instancia incurran innecesariamente en errores relativos a la admisión de evidencia al contar éstos, a tiempo, con una correcta exposición del derecho aplicable conforme el mejor criterio y conocimiento de los abogados de las partes. Ello tiene el efecto no sólo de promover la celebración de procesos justos y la emisión de sentencias correctas en derecho sino que impide el mal gasto de tiempo y recursos económicos al ayudar a reducir a un mínimo la posibilidad de que las sentencias dictadas sean anuladas en revisión por los tribunales apelativos, lo cual tiene la consecuencia indeseable de tener que ordenarse la celebración de un nuevo proceso. Demostrado por la parte afectada, por la errónea admi-sión de evidencia a nivel de instancia, que efectivamente interpuso “oportuna y correcta objeción” a la misma, tendrá entonces el tribunal apelativo el deber de determinar si la admisión errónea de dicha evidencia “fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita”. () 32 L.P.R.A. Ap. IV

En el presente caso no se cumple con el primero de los dos (2) requisitos que establece la transcrita Regla 4 de Evidencia para que se pueda dejar sin efecto, o revocar, una sentencia por razón de la errónea admisión de evidencia. Como quedara plenamente demostrado, la defensa en este caso no interpuso “oportuna y correcta objeción”, id., a la evidencia sobre la admisión. Dicha situación hace inaplicable la citada Regla 4 a los hechos de este caso.

Ello no dispone, sin embargo, de la situación planteada. Debemos, obligatoriamente, considerar las disposiciones de la Regla 6 de Evidencia, ante, la cual establece, en lo pertinente, que nada de lo dispuesto en la antes transcrita Regla 4 “impedirá que un tribunal apelativo considere errores crasos y perjudiciales de admisión ... de evidencia, a pesar de no haber mediado opor-tuna objeción, cuando el no corregir dichos errores resulte en un fracaso de la justicia”. (Énfasis suplido.)

El criterio (test) que establece la antes transcrita Regla 6 de Evidencia, aplicable a situaciones en que la evidencia erróneamente admitida no fue oportuna y correctamente objetada, les uno diferente a, y más riguroso que, el establecido por la Reqla j que hace que la probabilidad de que se anule la sentencia emitida sea menor que cuando se trate de la situación en que dicha evidencia fue oportuna y correctamente objetada? Somos de la opinión que la contestación a dicha interrogante tiene que ser en la afirmativa.

No puede perderse de vista que la omisión en que incurre un abogado al no objetar una prueba que era inadmisible en eviden-cia puede ser el producto de variadas y diversas razones. Ello, entre otras, puede ser consecuencia de una estrategia forense legítima () como también puede ser el resultado de una táctica forense “ilegitima”.() Dicha omisión, por otro lado, puede adicionalmente deberse tanto al desconocimiento del derecho aplicable por el abogado de la parte como también es factible que ello sea el resultado de un informado error de juicio.

Es por ello que el legislador seguramente entendió que el tribunal apelativo —al enfrentarse al incumplimiento del abo-gado de una parte de su deber de exponer, oportuna y correcta-mente, su visión del derecho respecto a la admisión en evidencia de determinada prueba; ante la incapacidad del tribunal para determinar con certeza la razón o fundamento de la referida omisión; y ante las normas jurisprudenciales imperantes en nuestra jurisdicción a los efectos de que las partes en un proceso responden por la actuación de sus abogados y de que las objecio-nes que no se realizan a tiempo se entienden renunciadas— debe de estar facultado para aplicar a esta clase de situación un criterio (“test”) mucho más estricto que el prescrito en la Regla U de Evidencia, ante. El resultado de ese proceso de razonamiento legislativo lo es la vigente Regla 6 de Evidencia, ante.

Aclarado ese extremo, procede que frontalmente nos enfren-temos, y resolvamos, la interrogante de si el error cometido por el foro de instancia en el presente caso al admitir en evidencia la alegada admisión del apelante es tan “craso y perjudicial” que causa que se incurra, de no revocarse la sentencia apelada, en un “fracaso de la justicia”. ¿En qué situaciones debe ser aplicado este criterio? ¿En qué se diferencia el mismo del criterio de “factor decisivo o sustancial” contenido en la antes citada Regla 4 de Evidencia? ¿Qué significa el término, o qué debe entenderse por “fracaso de la justicia”?

Somos los primeros en admitir que intentar “definir” términos y palabras con connotaciones legales y tratar de delimitar las situaciones en las cuales determinado “criterio” (test) es o no aplicable no sólo es una tarea compleja y difícil sino que peligrosa. Debe mantenerse presente que al definir se corre el riesgo de, inadvertida y erróneamente, incluir o excluir situaciones. La tarea se complica aún más por razón de que, en relación con la aplicación específica de la citada Regla 6 de Evidencia, nuestra jurisprudencia no resulta de mucha ayuda. Unicamente hemos podido localizar una sola decisión en que específicamente aplica-mos la Regla 6 de Evidencia, ante, a los hechos de un caso —Pueblo v. Carrión Rivera, 111 D.P.R. 825, 829 (1981)— la cual, desafortunadamente no resulta ser muy ilustrativa sobre el tema que atendemos en el día de hoy.() La jurisprudencia anterior a la vigencia de las Reglas de Evidencia de 1979 principalmente se circunscribió a la interpretación de las disposiciones de la see. 1171 de 34 de L.P.R.A. —todavía hoy vigente— y del “criterio” (test) de “error fundamental” contenido en la misma.() La jurisprudencia interpretativa de dicha disposición de ley, desafor-tunadamente, tampoco resulta ser de mucha ayuda en vista de las obvias diferencias existentes entre la terminología de dicha disposición legal y las de las Reglas 4 y 6 de Evidencia, ante, y, en adición, en vista de una ausencia de “uniformidad interpretativa” por parte de este Tribunal respecto a la materia en eonsidera-ción.() Ello no obstante, acometemos dicha encomienda.

De entrada, debemos expresar que parece inescapable la conclusión de que la prueba admitida erróneamente en el presente caso —consistente de la alegada admisión del apelante— cualifica como una “perjudicial” por lo que el error cometido prima facie cumple con el primero de los requisitos establecidos en la citada Regla 6 de Evidencia; esto es, de manera preliminar, estamos ante un error que puede ser considerado como uno “craso y perjudicial”.() Establecida la existencia prima facie del error “craso y perjudicial”, ¿resulta el mismo tan “craso y 'perjudicial” que procede la anulación de la sentencia apelada en el presente caso con el objetivo de evitar “un fracaso de la justicia”? En la correcta solución de dicha interrogante resulta de cardinal importancia, repetimos, mantener bien presente el hecho de que por disposición legislativa a esos efectos las Reglas 4 y 6 de Evidencia, ante, no sólo regulan situaciones diferentes sino que establecen criterios (“tests”) distintos para lidiar con dichas situaciones.

Bajo las disposiciones de la Regla 4 de Evidencia, ante, el tribunal apelativo debe determinar si la evidencia en controversia, la cual fue erróneamente admitida sobre la oportuna y correcta objeción de la parte perjudicada por la misma, fue o no un factor decisivo o sustancial en el resultado del caso; esto es, si dicha evidencia pudo haber tenido una influencia, notable y determinante, en el veredicto, fallo o sentencia que emitiera el juzgador de los hechos en el caso ante su consideración, fuera éste civil o criminal. A esos efectos, y en relación con procesos de índole penal, el tribunal apelativo deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: si el proceso fue celebrado ante Jurado o por tribunal de derecho; si el resto de la prueba presentada por el Estado fue una de carácter circunstancial o, por el contrario, la misma consistió de evidencia directa; si el error cometido fue uno “ordinario” o, por el contrario, uno de los catalogados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como “constitucional”. Véase esc. 5 de esta opinión.

Al amparo de las disposiciones de la Regla 6 —ante el incumplimiento de la parte con su deber de objetar oportuna y correctamente la evidencia erróneamente admitida, e independientemente de la “influencia” que sobre el proceso decisorio pudiera haber tenido dicha evidencia— la encomienda que nos atañe lo es la de decidir si ese resultado puede subsistir, no obstante el error “craso y perjudicial” cometido a nivel de instancia, por razón de que dicho resultado no ofende ni atenta contra los postulados y principios básicos de un sistema de justicia digno de una sociedad democrática como la nuestra. En otras palabras, la función que debemos llevar a cabo se limita a determinar si —independientemente de la existencia del error “craso y perjudicial” y la influencia que el mismo pudo tener sobre el juzgador de los hechos— el resultado del caso y la totalidad de las circunstancias en que se dio el mismo resultan ser compatibles con el ideal básico de justicia imperante en nuestra jurisdicción; esto es, la consecución de un “resultado” (sentencia) correcto en derecho luego de la celebración de un proceso justo e imparcial en que se observaron, cuando menos, las garantías mínimas del debido procedimiento de ley.

Esa precisamente es la conclusión a la que hemos llegado luego de leer, y analizar, cuidadosamente la transcripción de los procedimientos acaecidos a nivel de instancia en el presente caso, transcripción que consta de cuatrocientas treinta (430) páginas. Esto es, estamos convencidos “más allá de duda razonable”, Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967), de que la sentencia apelada debe sostenerse por razón de que —no obstante haber incurrido en error el tribunal de instancia al admitir en evidencia la alegada admisión que éste hiciera ante los funcionarios del Estado— dicha sentencia, a la luz de la totalidad de los procedi-mientos acaecidos a nivel de instancia, es una correcta en derecho, la cual fue emitida en un proceso justo e imparcial, en el cual se le garantizaron al apelante las exigencias de un debido procedimiento de ley. Dicha sentencia, en resumen, no es ajena a, ni “estremece”, nuestro sentido básico de justicia, Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140, 143 (1978), como tampoco trasciende la situación del caso particular ante nuestra consideración.

IV

La restante evidencia presentada por el Estado, la cual constituye la “tercera categoría de evidencia” en que dividimos ésta para efectos de análisis y una mejor comprensión de la misma, consistió de la certificación expedida por la Administración de Aviación Federal a los efectos de que, conforme demostraban sus récord, en la noche del 30 de marzo de 1982 el piloto del avión accidentado lo era una persona que responde al nombre de “F. Ruiz”. Dicha prueba constituye la “pieza que termina o completa el rompecabezas”. No hay duda que, con excepción de la admisión que hiciera el apelante Fernando Ruiz Bosch, la prueba que presentara el Ministerio Fiscal en el presente caso es una de carácter circunstancial. Sabido es, sin embargo, que conforme establece el inciso (H) de la Regla 10 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV “[cjualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial”; que el elemento de “concierto y común acuerdo o designio común”, como cualquier otro hecho en contro-versia, puede ser establecido mediante prueba indirecta o circuns-tancial, Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977); () y que la evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 145 (1985).

Realmente resulta difícil imaginar prueba circunstancial más contundente y convincente que la presentada por el Estado durante el proceso que se celebrara en el presente caso. No tenemos duda alguna que conforme se fue desarrollando la misma a nivel de instancia, ante los ojos del juzgador —un experimen-tado magistrado— se fue creando, pieza a pieza, un “mosaico perfecto”. La prueba presentada demuestra, fuera de toda duda razonable y posible, la culpabilidad del apelante Ruiz Bosch por el delito imputado de infracción al Art. 401(a)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 34 L.ER.A. see. 2401(a)(1); esto es, “posesión con intención de distribuir” setecien-tas ochenta y siete (787) libras de la sustancia controlada conocida como marihuana, actuando en concierto y de común acuerdo con otras personas.

V

Habiendo determinado que no se cometieron los primeros cinco señalamientos de error, sólo nos resta por considerar el relativo a la pena de doce (12) años que le fuera impuesta al apelante. Sostiene éste, en síntesis, que erró el tribunal sentenciador al imponer dicha pena porque: la misma es una “equivocada”; no se tomó en cuenta en la imposición de la misma los “atenuantes” presentes en el caso, y dicha pena constituye “un castigo cruel, exagerado e injustificado”. Dicho señalamiento de error es uno totalmente frívolo e inmeritorio. El apelante Ruiz Bosch fue declarado culpable y convicto de una infracción al Art. 401(a)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, ante; esto es, “posesión con intención de distribuir” la sustancia controlada conocida como marihuana. La pena de doce (12) años de prisión está comprendida dentro de los parámetros de la pena que en relación con el mencionado delito prescribe la referida Ley de Sustancias Controladas. Dicha pena, en consecuencia no es una “equivocada”. Dados los hechos particulares del caso, somos del criterio que dicha pena no puede, ni debe, ser considerada como un “castigo cruel e inusitado” y una en relación con la cual el tribunal de instancia debió haber considerado la posibilidad de “atenuantes”. De todas formas, reiteradamente hemos resuelto que la imposición de la pena es una que está supeditada a la sana discreción del tribunal sentenciador, actuación con la cual inter-vendremos únicamente cuando se nos demuestre que dicho foro ha incurrido en un claro abuso de discreción. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985). Este ciertamente no es el caso para así hacerlo.

Por los fundamentos antes mencionados, se dictará sentencia confirmatoria de la emitida por el tribunal de instancia en el presente caso.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibieron.

      (1) Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada.

        (2) La primera persona en llegar al lugar, luego de que la avioneta “aterrizara”, fue un agente de la Policía —el testigo de cargo Nelson Pérez Hernández— que vive cerca de la “Pista de los Labadí” y que escuchó el ruido que hizo el avión al accidentarse.

      Cuando el agente Pérez Hernández llegó a dicho lugar no había persona alguna en el mismo. Pérez Hernández sí pudo observar, cerca de la avioneta, huellas de zapatos y de las ruedas de un vehículo de motor.

      (3) No consideramos ni resolvemos —por razón de no haber sido objeto de planteamiento por ninguna de las partes— el punto de si el apelante Ruiz Bosch tenía capacidad legal (standing) para solicitar la supresión de la evidencia admitida relacionada con el coacusado Rosario Ayala. A esos efectos, véase sentencia y opiniones concurrentes emitidas en Pueblo v. Rovira Ramos, 116 D.P.R. 945, 946, 955 (1986).

      (6) Los funcionarios del Estado no cumplen con su obligación de infórmale al sospechoso o acusado de su derecho contra la autoincriminación en una “forma eficaz”, haciendo dichas advertencias en forma mecánica con el único propósito de cumplir con el requisito de las advertencias. Pueblo ex rel. 112 D.P.R. 250, 252 (1982); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965). (Enfasis suplido y en el original.)

      (4) Debe mantenerse presente, naturalmente, en relación con esta situación, las disposiones de la Regla 9 de Evidencia, incisos (C), (D) y (E), 32 L.P.R.A. Ap. IV la cual, en lo pertinente, dispone:

        “Regla 9. Determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia

      “(C) En casos ventilados ante jurado, toda la evidencia relativa a la admisibilidad de una confesión del acusado será escuchada y evaluada por el juez en ausencia del jurado. Si el juez determina que la confesión es admisible, el acusado podrá presentar al jurado, y el ministerio público refutar evidencia pertinente relativa al peso o credibilidad de la confesión y a las circunstancias bajo las cuales la confesión fue obtenida. Otras determi-naciones preliminares a la admisibilidad de evidencia también podrán ser consideradas en ausencia del jurado cuando los intereses de la justicia así lo determinen o cuando el acusado es un testigo que así lo solicite.
      “(D) El acusado que testifica en torno a una cuestión preliminar a la admisibilidad de evidencia, no queda por ello sujeto a contrainterrogatorio en cuanto a otros asuntos del caso.
      “(E) Esta regla no limita el derecho de las partes a introducir evidencia ante el jurado que sea pertinente al valor probatorio o la credibilidad de la evidencia admitida luego de la correspondiente determinación preliminar por el juez.” (Enfasis suplido.)

      (5) Somos del criterio que el término clave en el inciso (2) de la transcrita Regla 4 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. Ig lo es la palabra “factor”. ¿Qué significa el que una evidencia erróneamente admitida haya sido factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita? A nuestro juicio la contestación es sorprendentemente sencilla. Entendemos que definitivamente no nos podemos limitar meramente a cuestionarnos si existe otra prueba que a juicio del tribunal apelativo demuestra la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable. El criterio que debe utilizarse —independientemente de la existencia de esa otra prueba— en casos “ordinarios” de errores en la admisión de evidencia es si de no haberse admitido erróneamente la prueba en controversia “proba-blemente el resultado hubiera sido distinto”. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981). Esto es, si la evidencia erróneamente admitida puede haber tenido una influencia notable, determinante, y hasta desmedida, en la mente del juzgador de los hechos en relación con el veredicto, fallo o sentencia que el mismo emitiera en el caso, sea este civil o criminal. Véase Kotteakos v. United States, 328 U.S. 750 (1946).
      El caso específico ante nuestra consideración envuelve uno de los errores que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos clasifica como “error constitucional”. Véase Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967). Como es sabido, en dicho caso el Supremo federal resolvió que cuando se trata de un “error constitucional”, para que el mismo pueda ser considerado como uno “no perjudicial” por el tribunal apelativo, dicho foro tiene que estar convencido de ello “más allá de duda razonable”. En Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988), caso en que la defensa había objetado oportunamente la prueba erróneamente admitida, resolvimos que el Estado —que resultaba ser el “beneficiario” del “error constitucional” cometido— venía en la obligación de probar más allá de duda razonable que el error no tuvo ese efecto.

      (6) En muchas ocasiones el abogado no objeta la prueba inadmisible que presenta la otra parte por razón de que ello le permite —o le “abre las puertas” a— la presentación de evidencia favorable a la causa que representa, evidencia que de otra forma no podría presentar. En otras instancias, el abogado no objeta el testimonio inadmisible sobre un hecho en particular con el propósito de poder “impugnar” a dicho testigo; ello con la “esperanza” de que el juzgador de los hechos descarte la totalidad del testimonio a base de la “teoría” de que “el que miente en lo poco, miente en lo mucho”.

      (7) En ocasiones, los abogados de las partes incurren —por omisión o acción— en la reprochable práctica de inducir a error a los tribunales de instancia respecto a la admisibilidad o no de una evidencia en particular con el propósito precisamente de “crear un récord de errores” que le permita lograr un nuevo juicio en la alternativa de que el resultado final del caso no le sea favorable.

      (8) En el citado caso de Pueblo v. Carrión Rivera, 111 D.P.R. 825, 829 (1981), calificamos como un error “craso y perjudicial”, la “corrección” del cual era necesario para evitar un “fracaso de la justicia”, que el tribunal de instancia le hubiera permitido al Fiscal, sin objeción de la defensa, haber traído prueba sobre convicciones anteriores previas del allí imputado de delito en el contrainterrogatorio de un testigo que la defensa presentara y que había declarado en el directo exclusivamente sobre los “hechos” sucedidos. Resolvió el Tribunal, mediante opinión mayoritaria, que al amparo de la Regla 6 de Evidencia, 82 L.ER.A. Ap. Ig tenía facultad para así resolver ya que no puede haber fracaso más grande de la justicia [cuando], . . se conden[a] a una persona por hechos distintos de aquellos por los que se le está juzgando”.

      (9) “Sec. 1171. Errores que no afectan derechos o que no fueron excepcionados; errores fundamentales

      “Siempre que resultare de los autos en alguna causa criminal apelada al Tribunal Supremo, que cualquier requisito legal haya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la sentencia, a menos que el error que de los autos resultare tendiere a perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores ñmdamentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.” 34 L.P.R.A. sec. 1171.

      (10) Por otro lado, el Prof. Ernesto L. Chiesa ha sido el único comentarista puertorriqueño que se ha expresado sobre el tema. Véase E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, págs. 4-10. En dichos comentarios, sin embargo, no se establece distinción alguna entre los diferentes “criterios” (tests) contenidos en las antes mencionadas Reglas 4 y 6 de Evidencia.

      (11) En el presente caso, el Ministerio Público venía, antes de presentar prueba sobre la admisión, en la obligación de demostrar que se habían cumplido con todos y cada uno de los requisitos que exige la jurisprudencia aplicable a esta clase de situaciones. Al así no descargar su obligación a esos efectos, podemos “presumir” que no hubo renuncia válida por parte del apelante de su derecho constitucional contra la autoincriminación. Véanse, a esos efectos: North Carolina v. Butler, 441 U.S. 369, 373 (1979); Taque v. Louisiana, 444 U.S. 469 (1980). El error que comete un tribunal en un proceso criminal al admitir evidencia obtenida en violación del derecho constitucional fundamental contra la autoincriminación ciertamente cualifica como uno “craso y perjudicial”.

      (12) “Se entiende por evidencia indirecta o circunstancial aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual —en unión a otros hechos ya establecidos— puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.” (Énfasis suplido.) Regla 10(H) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV


author: per curiam:

text:
      In re Luis F. Castro Jiménez.

      Número: 6813

      Resuelto: 28 de enero de 1991

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Luis F. Castro Jiménez, no compareció.
   per curiam:

En relación con el abogado-notario Luis E Castro Jiménez, el 5 de octubre de 1990 emitimos una resolución, la cual, en lo pertinente, lee:

El 13 de julio de 1990, el abogado notario Luis E Castro Jiménez en cumplimiento de nuestra resolución de mayo 18 de 1990, presentó una moción en la cuál informó que había “remitido a la Oficina de Indices Notariales todos y cada uno de los informes mensuales que faltaban.”
El 31 de agosto a los fines de evaluar dicha moción, ordenamos al Director de Inspección de Notarías que se expresase sobre la misma. El 12 de septiembre el Director nos informó que: “aún no se [habían] recibido los índices de diciembre de 1988, ni de marzo, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 1989 y tampoco el de enero a julio de 1990.”
Se le ordena al abogado notario Castro Jiménez, que dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta resolución, remita sus índices notariales atrasados y muestre causa por la cual no deba ser disciplinado por no haber cumplido con su deber notarial y por haber suministrado a este Tribunal información que no era cierta. (Énfasis suplido.)

No habiendo recibido comunicación alguna del referido abo-gado, el pasado 7 de diciembre de 1990, emitimos la siguiente resolución:

El Tribunal le concede un término final improrrogable de diez (10) días al abogado Luis F. Castro Jiménez para cumplir con nuestra Resolución de fecha 5 de octubre de 1990 so pena de sanciones disciplinarias como notario y como abogado. (Énfasis suplido.)

Al día de hoy, el abogado Castro Jiménez no ha radicado ante este Tribunal contestación alguna. Son varias las ocasiones en que hemos manifestado que independientemente de los méritos que puedan tener las quejas que se radican contra los abogados, éstos tienen el deber y la obligación de responder prontamente a los requerimientos de este Tribunal respecto a los mismos y que la falta de atención a estos requerimientos puede tener la consecuencia de una suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la profesión de abogado. A esos efectos, véanse: In re Freyre González, 126 D.P.R. 884 (1990); In re Torres Villanueva, 126 D.P.R. 538 (1990).

La inexplicada falta de atención del abogado Castro Jiménez a las antes mencionadas resoluciones amerita que decretemos la suspensión indefinida de éste de la profesión de abogado hasta que éste cumpla con las mismas y hasta que otra cosa disponga el Tribunal. En vista de ello, se ordena al Alguacil General de este Tribunal para que proceda, de inmediato, a incautarse de la obra notarial del abogado mencionado, debiendo hacer entrega de la misma al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación e informe correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.