author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Miguel Santiago Meléndez y Otros, demandantes y apelantes, v. Juan Gaspar Rodríguez, Alguacil, Tribunal Superior de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Número: O-73-393
    Resuelto: 11 de marzo de 1974

      Santos P. Amadeo, José Enrique Amadeo, Manuel Z. González Hernández, abogados de los apelantes; Myriam Naveira de Podón, Procuradora General, Peter Ortiz y Adolfo J. Vilá, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se acusó a Miguel Santiago Meléndez, el aquí peticionario, y a otros de actos cometidos, entre septiembre de 1971 y marzo de 1973, en violación del Art. 62 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 161. Dicho artículo prohíbe, entre otras cosas, que dos o más personas conspiren para cometer algún acto perjudicial a la moral pública, a la seguridad pública, o encaminado a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes.

Un Juez de Distrito, luego de examinar varios testigos, encontró causa probable. Ejerciendo la facultad que le con-fieren las Reglas 6.1 y 7 de Procedimiento Criminal el juez no puso bajo fianza al peticionario sino que lo dejó libre bajo su propia responsabilidad.

En esas circunstancias el peticionario solicitó en el Tribunal Superior de Puerto Rico la expedición de un auto de hábeas corpus “para determinar si los peticionarios deben ser sometidos a juicio de acuerdo con el procedimiento criminal vigente en Puerto Rico.” El Tribunal, luego de oírlos, de-negó la expedición del auto de hábeas corpus. De esa determi-nación apeló ante nosotros Santiago Meléndez.

Este caso plantea la cuestión de si en las circunstancias antes dichas procede la expedición del auto de hábeas corpus. Debemos recordar, pues, cuál es el propósito de dicho recurso. Como se sabe, su propósito es proveer un medio sumario por el cual la autoridad judicial pueda determinar si es legal o ilegal la encarcelación o privación de la libertad de una persona. Dispone la ley que “Cualquiera persona que sea encarcelada o ilegalmente privada de su libertad, puede solicitar un auto de hábeas corpus a fin de que se investigue la causa de dicha privación.” Art. 469 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1741.

Bien sabemos que por interpretación judicial el auto de hábeas corpus ha sido expandido considerablemente para hacer posible la realización de su propósito, esto es, que nadie permanezca encarcelado o sufra limitaciones reales a su liber-tad, si no hay razón legal para ello. Pero, si el Derecho ha de ser una disciplina racional, como creemos que debe serlo, toda expansión tiene su límite. De lo contrario, se desvirtuaría la propia institución jurídica que se quiere mejorar ampliándola.

El auto de hábeas corpus, como cualquier otro recurso judicial, no debe utilizarse para llevar a cabo ejercicios académicos. Para eso existen — y lo decimos con todo respeto profesional — las revistas jurídicas, las revistas de ciencia o filosofía política y las revistas de ciencias sociales. De sobra tenemos los tribunales hoy día casos reales que resolver para que nos demos el lujo de ponernos a resolver cuestiones que no tienen un fin práctico. Como dijimos en Díaz v. Campos, 81 D.P.R. 1009 (1960), a la pág. 1020, “el hábeas corpus existe para investigar la validez de la detención y no la validez de la libertad.” No procede para lograr determinaciones judiciales que no han de afectar la detención o custodia del peticionario. Méndez v. Delgado, 83 D.P.R. 184, 186 (1961).

El peticionario da énfasis a tres casos en apoyo de su posición. Por ser las circunstancias de dichos casos distintas a las del caso de autos los mismos no son aplicables. Los dis-cutiremos brevemente. El primero es el de Jones v. Cunningham, 371 U.S. 236 (1963). En este caso el peticionario estaba bajo palabra y bajo la “custodia y control” de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Entre otras limitaciones a su libertad, se le impuso la de tener que solicitar y obtener permiso para salir del pueblo, para cambiar su residencia y para poseer u operar un vehículo de motor. Además tenía que someter un informe mensual. Debía también permitir que un investigador visitase su hogar y su lugar de trabajo y debía obedecer sus instrucciones. Claramente en este caso la libertad del peticio-nario estaba limitada en forma importante y la procedencia del hábeas corpus parece ser racional y razonable.

El segundo caso de los antes mencionados es Carafas v. Lavallee, 391 U.S. 234 (1968). En este caso el convicto cum-plió su sentencia mientras litigaba. El Estado sostuvo que por lo tanto el caso era académico, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz del Juez Portas, concluyó que no lo era porque existía una convicción de delito público y eso de por sí acarreaba consecuencias perjudiciales. En el caso de autos el peticionario no ha sido convicto del delito del cual se le acusa.

El tercer caso de los antes mencionados es el de Hensley v. Municipal Court, 411 U.S. 345 (1973). En dicho caso el Tribunal se propuso determinar si una persona en libertad bajo su propia responsabilidad estaba “en custodia” dentro del significado de la ley federal de hábeas corpus, 28 U.S.C. sec. 2241 y ss. En esta jurisdicción no hemos resuelto, ni tenemos que resolverlo ahora, si vamos a adoptar las decisiones de los casos federales que surjan bajo el estatuto federal ya que el lenguaje de dicho estatuto es distinto al del nuestro, Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 183, 185 (1969), pero, de todas maneras, las circunstancias del caso de Hensley son distintas a las del caso de autos. En Hensley el peticionario había agotado los recursos de la jurisdicción estatal antes de solicitar el hábeas corpus bajo el estatuto federal. Además, en dicho caso el peticionario ya estaba convicto y gozaba de libertad solamente debido a una orden de suspensión de la ejecución de la sentencia y si al expirar dicha orden no se le renovaba sería encarcelado. Puede verse que dicho caso también es sustancialmente distinto al de autos.

Tal vez consciente la mayoría del Tribunal, en dicho caso de Hensley, de lo controvertible de su posición, expresó en los párrafos finales de su opinión lo siguiente:

“Finalmente, enfatizamos que nuestra decisión no abre las puertas de los tribunales de distrito [federales] a todas las per-sonas que hayan sido puestas en libertad bajo fianza o bajo su propia responsabilidad. Lo que nos concierne en este caso es el de un peticionario que ha sido convicto en un tribunal estatal y quien aparentemente agotó todos los remedios disponibles en la jurisdicción estatal. Cuando un peticionario que está en esas condiciones pretende obtener el remedio de hábeas corpus en una corte federal tiene que confrontarse con la doctrina del ago-tamiento de los remedios disponibles en la jurisdicción estatal.”

En cuanto al argumento del peticionario en el caso de autos de que la Sec. 48 de la Ley de Relaciones Federales nos impone unas limitaciones, la realidad es que por el contrario lo que hace es concedernos unas facultades. En lo pertinente, dicha sección dispone lo siguiente:

“El Tribunal Supremo y las Cortes de Distrito de Puerto Rico y los respectivos Jueces de los mismos podrán conceder autos de hábeas corpus en todos los casos en que dichos autos puedan concederse por los Jueces de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, y las Cortes de Distrito podrán conceder autos de mandamus en todos los casos oportunos.”

Como podrá verse, la disposición antes copiada no es ni siquiera mandatoria; es facultativa, expresa que los mencio-nados tribunales “podrán” conceder autos de hábeas corpus en los casos en que dichos autos pueden concederse por los tribunales de distrito federales.

No estando el peticionario en el caso de autos sometido a limitaciones reales y onerosas a su libertad, no creemos que procede la expedición del auto de hábeas corpus ni bajo la forma en que lo hemos aplicado en esta jurisdicción ni aun bajo la forma expandida tipificada por los casos de Cunningham,, Carafas y Hensley, supra.

En adición a lo anterior, el recurrente tiene a su disposi-ción la Regla 64 (p) y (m) de Procedimiento Criminal, cuya Regla provee un remedio convencional y eficaz para plantear su alegación de prescripción y para cuestionar la determina-ción de causa probable. El propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Hensley antes citado, se expresa, a la pág. 351, como sigue:

“Por ser el hábeas corpus un remedio extraordinario cuya función está en gran medida excluida de las reglas tradicionales de finalidad y federalismo, su uso se ha limitado a casos de especial urgencia, dejando disponibles para ser ejercitados los remedios convencionales para los casos en que la restricción de libertad no es grave ni inmediata.”

Se confirmará la sentencia apelada.

El Señor Juez Presidente no intervino.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín e Irizarry Yunqué concurren en el resultado por entender que en vista de que el peticionario tiene a su disposición el procedimiento establecido en la Regla 64 (m) y (p) de las de Procedimiento Criminal de 1963 no es necesario resolver en este momento si una persona en libertad bajo su propia custodia tiene derecho a un hábeas corpus.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Figueroa Torres, acusado y apelante.
    Número: CR-73-16
    Resuelto: 12 de marzo de 1974

      Nora L. Rodríguez, abogada del acusado; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado de asesinato en segundo grado y de violación al Art. 4 de la Ley de Armas (33 L.P.R.A. sec. 633 y 25 L.P.R.A. sec 414), y hallado culpable por tribunal de derecho de homicidio voluntario (33 L.P.R.A. sec. 635) y del otro delito imputado, y fue sentenciado a cumplir de 4 a 7 años de presidio por el uno y seis meses de cárcel por el otro en forma concurrente.

Como único error plantea en apelación que “la manera en que se llevó a efecto la identificación del acusado en este caso es poco confiable y violenta el debido proceso de ley.”

Los hechos pertinentes a la cuestión suscitada por este recurso son los siguientes: A las nueve de la noche del 4 de julio de 1970, el Parque Muñoz Rivera de San Juan fue esce-nario de unas peleas callejeras, como resultado de rencillas entre “pandillas” de jóvenes. Como a eso de las once a once y media de la noche, los encuentros de violencia culminaron en la muerte de un joven de veinte (20) años de edad de nom-bre Roberto Robles Betancourt. El acto criminal que produjo dicha muerte ocurrió cuando Roberto, la víctima, se disponía a pelear con otro joven conocido como “Potoco”. Mientras Potoco se despojaba de su camisa para enfrentarse a Roberto, el apelante “se metió y le dio un puño” a Roberto, cayendo éste al piso. (T.E. Parte I, págs. 18-19). Salió entonces un tal Andrés en defensa de Roberto y pidió que no golpearan a éste; por lo que el apelante contestó “tirándole” un “puyazo” a Andrés, sin lograr herirlo (T.E. págs. 55 y 61), y, al perca-tarse de que Roberto, la víctima, estaba levantándose, arre-metió contra él, infiriéndole una herida de puñal que poco des-pués le causó la muerte. El apelante abandonó corriendo el lugar de los hechos. Los hechos relatados ocurren cerca del edificio del Museo en el Parque Muñoz Rivera, ante la concu-rrencia de 20 a 25 personas aglomeradas en el lugar.

El juicio contra el apelante se celebró el 19 de enero de 1971. El testigo Pedro Martínez Rodríguez, quien tenía 14 años de edad a la fecha del juicio, identificó en corte al ape-lante como el matador del joven Roberto Robles. Admitió que no había visto al apelante antes de la fecha de los hechos delictivos, ni siquiera durante las horas de la noche que pre-cedieron al instante de la agresión (T.E. Parte I, págs. 20 (sic 21), 31-82); que estaba oscuro pero que había alguna luz que provenía de unas bombillas de las “que ponen en las Fiestas Patronales” situadas como a 100 pies del lugar de los hechos (T.E. Parte I, págs. 16-18); que vio al apelante venir de frente (T.E. Parte I, pág. 28), estando el testigo como a tres pies de distancia de la víctima y del homicida (T.E. Parte I, pág. 50); que pudo observar al apelante por espacio de tres a cinco minutos (T.E. Parte I, págs. 24 y 53), aunque a preguntas de la defensa declaró que lo vio por unos “cuantos segundos” (T.E. Parte I, págs. 28 y 61); que esa misma noche y poco tiempo después de los hechos, tuvo la oportunidad de volver a ver al apelante con “dos tipos más”, logrando obser-varlo y reconocerlo con “el rabo del ojo” a una distancia apro-ximada de cuatro pies, mientras el apelante le pasaba por el lado y “por detrás”, habiendo transcurrido en su observación unos dos minutos (T.E. Parte I, págs. 22-23, 48 y 58). Al otro día de los hechos el testigo recibió la visita de un detective de la Policía. El testigo no le hizo descripción física alguna del apelante al detective investigador. Luego fue trasladado a la División dé Detectives donde le mostraron varios retratos —diez o doce — reconociendo al apelante en uno de los retratos (T.E. Parte I, pág. 25). Declaró que el día de los hechos el apelante tenía un “poquito de bigote”, un peinado estilo African look, “pero no grande”, “una cosa poca” sobre el que tenía una boina blanca con muñequitos dibujados, y tenía “una chivita rala pequeña”. En el retrato que el testigo identi-ficó el apelante estaba recortado y afeitado, y se veía algo más joven que en el día de juicio (T.E. Parte I, págs. 32-33). El testigo admitió que la noche de los hechos y como consecuencia de ellos estaba en estado nervioso. (T.E. Parte I, pág. 60.)

La única identificación que el testigo hizo del apelante antes del juicio fue mediante el examen de fotografías en la División de Detectives. Luego en Fiscalía lo llevaron para que viera un tal Fred encontrando que no se parecía “al tipo que lo mató”. (T.E. Parte, I, pág. 33.)

La defensa presentó como único testigo a Juan Fernández Cruz, conocido por “Potoco”, quien corroboró el testimonio del testigo Pedro Martínez en cuanto a la forma en que ocurrie-ron los hechos, y declaró no haber visto allí a dicho testigo de cargo (T.E. Parte I, págs. 81-83), declarando además que no le fue posible reconocer al agresor en el momento de ocurrir los hechos. Añadió que no notó el acto del apuñalamiento, pues le pareció que el agresor había tirado un golpe. (T.E. Parte I, págs. 81 y 84.)

El quehacer judicial ha establecido que el procedimiento de identificación pre-juicio mediante fotografías ha de ser respetado y sostenido a menos que se trate de una situación tan impermisiblemente sugestiva que dé lugar a una irreparable identificación errónea. Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968). Véase Pueblo v. Ruiz Ramos, 99 D.P.R. 812 (1971). Si de la totalidad de la circunstancias que rodearon tal identificación previa al juicio surge que se cumplió con el principio expresado, la tarea judicial validará la misma. Véase Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436, 442-443 (1972). En el caso de autos, el testigo observó al agresor de su amigo, “frente a frente”, en el momento de presenciar los hechos delictivos, a tres pies de distancia. Al poco rato en la misma noche, volvió a ver al apelante cerca del lugar de los hechos. Al siguiente día, cuando presumiblemente tenía aún fresca en su mente la imagen del agresor, identificó la fotografía del apelante entre diez o doce que le mostraron en la División de Detectives de la Policía; en una ocasión hizo una identificación negativa de una persona que le presenta-ron. Aproximadamente seis meses después de los hechos, el día del juicio, identificó al apelante como el autor de los hechos.

Nada surge de la transcripción de los testimonios prestados ni de los planteamientos de la representación legal del apelante que revele o insinúe sugestividad en la identificación que hiciera el testigo mediante las fotografías. En ausencia de prueba que demuestre o permita razonablemente inferir una persuasión irresistible o circunstancias tales que conduzcan a la conclusión forzosa de una identificación equivocada, este Tribunal carece de justificación para declarar que la identificación previa al juicio mediante fotografías vulneró el debido proceso de ley.

Aunque en la fotografía señalada por el testigo como la del apelante éste aparecía rasurado y “recortado”, a diferencia de la fecha de los hechos cuando tenía un poquito de bigote, barba rala y un peinado estilo “afro”, tal discrepancia no impide ni afecta la admisibilidad de la indentificación personal en el juicio, sino que constituye un factor a considerarse por el juzgador de los hechos al estimar el valor probatorio del testimonio del testigo. Así también, las circunstancias presentes en este caso, tales como la nerviosidad y excitación del testigo de cargo, la escasa luz y el tiempo limitado durante el cual el testigo pudo observar al apelante durante y después de perpetrarse los hechos sin duda alguna pueden afectar la credibilidad del testimonio del testigo pero no nece-sariamente la admisibilidad de su declaración.

No nos impresiona la aparente contradicción del testigo Martínez con respecto al tiempo durante el cual observó al atacante en el instante de la agresión (unas veces atestó haberlo observado por tres o cinco minutos y en otras ocasio-nes declaró que fue durante unos segundos), pues es de conocimiento general la inexacta noción que del tiempo y del espacio generalmente poseen los testigos de poca instruc-ción. Navarro v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, 53 D.P.R. 726, 731 (1938).

La identificación del apelante en el caso ante nos no presenta una identificación tan viciada que como cuestión de derecho haga constitucionalmente inadmisible la misma sino más bien presenta una cuestión de la credibilidad que ésta merecía al juzgador. Cf. Foster v. California, 394 U.S. 440, 443 (1969). Siendo ello así, resolvemos que la identificación del apelante mediante fotografías, en la forma en que fue efectuada, fue suficientemente confiable para sostener la convicción del acusado, adjudicando así vigencia efectiva al respeto y deferencia que este Tribunal confiere a las determinaciones de hechos y a la apreciación justiciera de la prueba que forjan los tribunales sentenciadores. Son estos tribunales los que ven y oyen los testigos, privilegio indiscutible que los tribunales apelativos reconocen cuando la revisión se refiere y limita a la apreciación de la prueba y a la confiabilidad de los testigos. En ausencia de parcialidad, prejuicio o error claro y manifiesto, este Tribunal respetará la apreciación de la prueba que hizo el tribunal de instancia.

Se confirmarán los sentencias apeladas.

       En el curso del contrainterrogatorio, el testigo Pedro Martínez afirmó que tenía amistad con la víctima, iban al cine y a la playa juntos y se “paseban juntos” (T.E. págs. 34-35).

       El testigo Pedro Martínez parece estar en este grupo, por ser una persona de escaso vocabulario, a quien se le hace difícil precisar espacio, tiempo y distancia, y quien tenía pobres calificaciones académicas. Además, el joven Martínez contaba 14 años de edad a la fecha del juicio y solo había alcanzado el séptimo grado de escuela elemental, habiendo fracasado en un año académico. (T.E. págs. 44-46.)


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús M. Rosario Cintrón, acusado y apelante.
    Número: CR-73-5
    Resuelto: 13 de marzo de 1974

      R. N. Ponce de Sánchez Rivoleda, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Marta E. Haidar de Martí, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público imputó al apelante, conjuntamente con otra persona, tres cargos consistentes en la posesión, ocultación y transportación, y traspaso de la droga narcótica conocida como heroína, por hechos ocurridos el 3 de mayo de 1971, bajo la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico de 1959 (en adelante denominada Ley de 1959), Ley Núm. 48 de 18 de junio de 1959 (24 L.P.R.A. sec. 973, 974z(2)). Ventilado el caso en sus méritos, luego de estar ya en vigor las disposiciones invocadas de la nueva Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (en adelante denominada Ley de 1971), 24 L.P.R.A. sec. 2404, el jurado trajo un veredicto de culpabilidad en 23 de diciembre de 1971 en cada una de las tres infracciones imputadas. Fue sentenciado a cumplir con-currentemente de 5 a 8 años de presidio con trabajos forzados en cada caso según las penalidades que dispone la Ley de 1959. El apelante no estuvo conforme y presentó recurso de apelación ante nos.

Como primer error plantea el apelante que la prueba de cargo fue insuficiente para derrotar la presunción de inocen-cia y probar la culpabilidad más allá de duda razonable.

No tiene razón el apelante. Hemos examinados cuidadosa-mente la transcripción de las incidencias del juicio y estamos convencidos de que la prueba del Pueblo fue suficiente para persuadir al jurado de la certeza de la acusación.

Como bien señala la representación legal del acusado apelante, la prueba en el caso presenta las versiones conflictivas sobre los hechos ofrecidas por el agente encubierto y por el acusado. La controversia fue dilucidada por el jurado en contra del apelante. Es sabido que los juzgadores de hechos merecen respecto y confiabilidad en la solución justiciera de los conflictos en la evidencia y, por ende, en la apreciación imparcial de la prueba. Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973); Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183, 203 (1964). Tratándose de una cuestión de credibilidad, no estamos justificados en alterar la determinación de los que vieron y oyeron a los testigos. Pueblo v. Rodríguez González, 101 D.P.R. 1 (1973).

Como segundo error apunta el apelante que estando pen-diente la tramitación del caso a la fecha de vigencia de la Ley de 1971 correspondía aplicarle las penalidades menos severas de uno (1) a cinco (5) años que se fijan en el Art. 404 (a) de la Ley de 1971 por disponerlo así el Art. 602(a) que reza como sigue:

“(a) Las acusaciones pendientes por cualquier violación a las leyes o partes de leyes derogadas por este Capítulo, que ocurra con anterioridad a la fecha de vigencia del mismo se seguirá tramitando bajo la ley vigente al momento de haberse cometido la susodicha violación. Si la violación por la cual se ha acusado es similar a las que se incluyen en este Capítulo, se aplicarán las penalidades dispuestas por este Capítulo, si éstas son menores que las penalidades bajo la legislación anterior.” (Énfasis suplido.) Art. 602(a), 24 L.P.R.A. sec. 2602 (a).

La acusación en el caso de autos estaba pendiente a la fecha en que entró en vigor el citado artículo 602(a), ya que ni siquiera se había celebrado el juicio a dicha fecha.

Debemos pues determinar si los delitos por los cuales se procesó al apelante son similares a los especificados en la Ley de 1971 a los fines de decidir si le son de aplicación las penali-dades más favorables que ésta provee.

La Ley de 1959 prohibía, en lo que es aquí pertinente, (1) la posesión; (2) la transferencia o recibo, o sea la venta, y (3) la introducción, la ocultación y la transportación de la droga narcótica conocida como heroína. La citada disposi-ción provee tres distintos delitos de suerte que la comisión de cualquiera de ellos conlleva la imposición de una o más de las penalidades prescritas en la ley. Pueblo v. Martínez Ríos, 89 D.P.R. 362 (1963). Así, una sola venta puede comprender más de un delito en casos en que la prueba de la posesión de la droga es distinta de las prueba de la venta. Id. Dicha ley prohibía la mera posesión o tenencia. Véase Pueblo v. Pellot Pérez, 92 D.P.R. 812, 815 (1965).

Examinemos primeramente el delito de posesión, bajo la nueva ley el cual tiene dos modalidades, a saber: (1) la mera posesión que contempla la See. 2404 y (2) la posesión con intención de distribuir, dispensar, transportar u ocultar cubierta por la sección 2401. Es cierto que las penalidades aplicables a la mera posesión son menos fuertes bajo la nueva ley? Y de haber sido el delito de posesión cometido por el apelante similar al de la ley anterior se hubiera beneficiado de ello. Pero habiendo sido el apelante convicto de traspaso (equivalente al delito de distribución de la nueva ley) es indudable que la posesión tuvo como propósito la distribución de la sustancia controlada que envuelve un castigo mayor bajo la nueva ley. La posesión así intencionada constituye una violación de la Sec. 2401(a) (1) que conlleva una pena de 10 a 30 años de prisión y multa no mayor de $25,000.

La Ley de 1959 no distinguía entre la transportación u ocultación realizada por un traficante o fabricante y aquella de un mero poseedor. Por ello, tanto el mero poseedor como el fabricante eran susceptibles de ser acusados además por transportar u ocultar drogas narcóticas. La nueva ley esta-blece el delito de transportar y ocultar como delito sepa-rado en la Sec. 2401 con referencia al traficante o fabricante de sustancias controladas como una gestión incidental a su ilegal comercio o actividad. Pero, al referirse al simple posee-dor en la Sec. 2404 comprende e incluye en su sanción penal la transportación u ocultación, aun cuando no la defina ni casti-gue como delito separado, de suerte que al declarar “ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente, posea alguna sustancia controlada” (24 L.P.R.A. sec. 2404(a)), también castiga la posesión en movimiento de aquel que oculta y transporta sobre su persona de un sitio a otro la sustancia controlada.

Conforme surge del examen que hemos realizado de la transcripción de evidencia del proceso ventilado ante el tribunal de instancia y en vista de que el veredicto condenatorio contra el apelante incluye la comisión del delito de venta, así como los delitos de posesión de transportación y ocultación, relacionados con el delito de la venta, concluimos que los castigos que aparejan los delitos similares bajo la nueva Ley de Sustancias Controladas son más rigurosos que los que imponía la anterior Ley de Narcóticos de 1959. Es por ello que el apelante no puede invocar la reducción de las sentencias impuéstales bajo la anterior ley.

Se confirmarán las sentencias dictadas él 17 de enero de 1972.

       La citada Sec. 2404 provee en casos de posesión de alguna sustancia controlada la pena mínima de un (1) año y máxima de cinco (5) años de prisión y una multa opcional que no excederá de $5,000. La misma entró en vigor el 23 de junio de 1971.

      (2) Hemos extendido el concepto de “acusaciones pendientes” a cual-quier caso que estuviere siendo tramitado a la fecha de vigencia de las disposiciones invocadas, o sea, al 23 de junio de 1971, aun en los casos en que ya hubiese recaído convicción del acusado a dicha fecha pero que la misma no fuere final y firme, bien por no haber transcurrido el término apelativo o por estar pendiente ante nos en grado de apelación. Véase: Padilla Figueroa v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 933 (1974); Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859 (1974).

       “974z . . . Queda absolutamente prohibida la tenencia, posesión, traspaso, uso, aplicación, prescripción, manufactura, preparación o cual-quier transferencia o recibo, así como la introducción, la ocultación y la transportación en Puerto Rico de:
      (2) La droga narcótica conocida como heroína, así como cualquier preparación o producto elaborado de la misma sin importar su forma y naturaleza que contenga cualquier cantidad de esta droga”. 24 L.P.R.A. sec. 974z.

       A1 aprobarse la Ley de Sustancias Controladas en 23 de junio de 1971 se dispuso que la posesión a que se refería la Sec. 2404 habría de ser para consumo propio. Luego en 31 de mayo de 1972 se enmendó a los fines de eliminar la limitación de consumo propio, a fin de que la penalidad y beneficio de dicho artículo se extendiera a la mera posesión. Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1972, Sec. 1. También se enmendó la Disposición Transi-toria de la ley a los fines de que tal beneficio se extendiera a las acusaciones radicadas al amparo de legislación anterior. Id. Sec. 3.

       La Sec. 2401 dispone en lo pertinente:
      “. . .(a) . . . será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente:
      (1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte o posea con la intención de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada;....”

       El proyecto originalmente presentado de la Ley de Sustancias Controladas no incluía el delito de “transportar y ocultar”. Véase Informe Comisiones Salud y Bienestar y de lo Judicial de la Cáma/ra de Represen-tantes, 17 de mayo de 1971, 3ra. Ses. Ord., 6ta. Asamblea Legislativa, pág. 8. El historial legislativo no da luz alguna sobre dicho delito. Emerge en forma de una sugestión del Departamento de Justicia en la vista cele-brada ante las Comisiones de lo Judicial y de Salud y Bienestar de la Cámara de Representantes, Audiencia Pública celebrada el 6 de mayo de 1971 sobre el P. de la C. 1323, pág. 33, solicitando que se insertara la frase “transporte u oculte” después de la palabra “dispense” en el Art. 401(a) (1), cuya sugestión fue adoptada por la Cámara de Representantes al aprobar el proyecto P. de la C. 1323, originador de la Ley de Sustancias Controladas. Véase Actas de la Cámara, 1971, pág. 848, a la pág. 850.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Juan A. Quevedo Segarra, peticionario y recurrido, v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, demandada y recurrente; Junta de Planificación de Puerto Rico, interventora y recurrente.
    Número: O-72-157
    Resuelto: 15 de marzo de 1974

      Waldo Santiago Irizarry, abogado de la demandada-recurrente; Santos P. Amadeo, abogado del peticionario-recurrido; Marcos A. Rodríguez Estrada, Rafael Vega Figueroa y Gregui J. Mercado Escobar, abogados de la interventora Junta de Planificación de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Se plantea en este caso una controversia de carácter juris-diccional entre la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones y la Junta de Planificación con respecto a cual de los dos organismos compete entender en primera instancia en las solicitudes para la concesión de variaciones o la autori-zación de excepciones. La Junta de Planificación reclama para sí esta facultad asumiendo la posición contraria la Junta de Apelaciones.

El conflicto jurisdiccional surgió con motivo de haber aprobado la Junta de Planificación la ubicación y construcción de una estación de gasolina en un distrito industrial I-í propuesta por el señor Juan A. Quevedo Segarra. El proyecto había sido denegado en dos ocasiones anteriores, confirmando la Junta de Apelaciones ambas denegatorias. En reconsidera-ción solicitada por Quevedo, la Junta de Planificación aprobó finalmente el proyecto. Apelaron los opositores y la Junta de Apelaciones revocó la aprobación por el fundamento de que la Junta de Planificación no tenía facultad para reconsiderar una resolución denegatoria que tenía el carácter de final y firme. El tribunal de instancia revocó, a su vez, a la Junta de Apelaciones y ordenó que se devolvieran los autos a dicho organismo.

La Junta de Apelaciones interpretó que el propósito de la devolución de los autos fue el de que se celebrara una vista. Solicitó reconsideración al tribunal de instancia y, por pri-mera vez, planteó el conflicto jurisdiccional aduciendo que no procedía la vista ante ella por no habérsele presentado una solicitud directa, ni que tampoco procedía la celebración de una vista ante la Junta de Planificación por no tener ésta facultad estatutaria para entender en solicitudes relacionadas con estaciones de gasolina.

El tribunal de instancia denegó de plano la reconsidera-ción solicitada sin entrar en el conflicto jurisdiccional. Se paralizó el trámite del caso en la Junta de Apelaciones al negarse ésta a celebrar la vista y disponer sobre los méritos de la revisión instada ante ella por los opositores del proyecto. En un esfuerzo por acelerar el trámite, Quevedo solicitó al tribunal de instancia que ordenara a dicho organismo el tras-lado de los autos a la Junta de Planificación, cuyo foro le había sido favorable. La Junta de Apelaciones volvió a levan-tar el conflicto jurisdiccional arguyendo que en ella residía la facultad para entender en solicitudes relacionadas con la ubi-cación y construcción de estaciones de gasolina por ser el uso en cuestión uno permitido en los distritos comerciales e indus-triales a manera de excepción, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Zonificación.

En esta ocasión el tribunal de instancia resolvió el con-flicto jurisdiccional concluyendo que la facultad de la Junta de Apelaciones era una de revisión, por lo que dicho organismo no tenía jurisdicción en primera instancia para entender en la solicitud de Quevedo. No obstante, devolvió los autos a la Junta de Planificación, en vez de devolverlos a la Junta de Apelaciones para que ésta considerara los méritos de la revi-sión solicitada por los opositores al proyecto, ya que su reso-lución revocando la aprobación del mismo no fue en los méri-tos, sino por el fundamento de que la Junta de Planificación no tenía facultad para reconsiderar una resolución que era final y firme. La devolución de los autos a la Junta de Planifi-cación no fue consistente, pues, con la propia decisión del tribunal.

La contención de la recurrente es al efecto de que las dis-posiciones del Reglamento de Zonificación vigente, Arts. 53.01 — 54.05, 23 R.&R.P.R. secs. 9 — 1101 a 9 — 1115, confirién-dole jurisdicción en primera instancia a la Junta de Planifica-ción en los casos de variaciones y excepciones nó son válidas por estar en conflicto con la Ley Núm. 95 de 30 de junio de 1959. Arguye que esta ley, al crear la nueva Junta de Apela-ciones, le confirió las mismas facultades que tenía la Junta originalmente creada por la Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942; y, que de acuerdo con López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958), la mencionada Ley Núm. 213 concedió directamente a la Junta de Apelaciones el poder de otorgar variaciones y excepciones.

No es correcto. El estudio que hemos hecho de la cuestión demuestra que nunca se ha conferido directamente a la Junta de Apelaciones jurisdicción en primera instancia para otorgar variaciones y excepciones. Pero, más aún, la naturaleza y alcance de estos conceptos dentro del régimen establecido por la Ley de Planificación y el Reglamento de Zonificaeión para controlar y dirigir el desarrollo urbano en forma integral con un mínimo de fricción y de conflicto, demuestran que propiamente corresponde a la Junta de Planificación entender en primera instancia en la concesión de variaciones y excepciones.

Veamos la función que desempeñan estos conceptos y la importancia que tienen para una administración eficaz de las normas de zonificaeión.

En López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646-654, (1958), definimos el término “variación” como el permiso para dedicar la propiedad a un uso prohibido por las restricciones impuestas en una zona o distrito, y, las excepciones, como la autorización para usar la propiedad en cierto modo que de antemano el propio Reglamento de Zonificaeión admite y tolera, siempre que se cumpla con ciertas condiciones.

Los reglamentos de zonificaeión son de carácter general y no es posible que prevean los casos especiales de perjuicios. Generalmente, el Reglamento de Zonificaeión establece dife-rentes distritos de uso aplicando a cada uno de ellos diferentes restricciones con respecto a la densidad poblaeional, área de ocupación, alturas de edificios, patios delanteros y laterales, entre otras restricciones. La experiencia demuestra que la aplicación del Reglamento de Zonificación a casos concretos requiere muchas veces ajustes y modificaciones para evitar injusticias. Hay solares de forma irregular o topografía desi-gual que impide cumplir con las restricciones impuestas en el distrito en que ubica, o que una parte cae en un distrito y el resto del solar en otro. La aplicación rigurosa a estos casos especiales puede resultar onerosa causando perjuicios al dueño de dicho solar sin que, por otro lado, haya beneficio alguno para la comunidad.

La variación tiene el propósito de atenuar en estos casos el rigor del Reglamento, permitiendo el uso prohibido cuando se demuestra que debido a las circunstancias especiales la aplicación de las restricciones puede resultar irrazonable y ocasionar perjuicios al dueño.

El Reglamento de Zonificación establece los criterios para la concesión de variaciones, requiriendo para ello: 1) que la aplicación literal del Reglamento resulte en una restricción irrazonable del disfrute de una pertenencia, 2) que se demuestre que la concesión aliviará un perjuicio claramente demostrable, 3) que la concesión ha de redundar en los mejores intereses de la comunidad. Art. 53.07, 23 R.&R.P.R. sec. 9-1101.

La concesión de excepciones, por otro lado, es un medio para controlar ciertos usos que no son frecuentes pero que pueden tener un efecto adverso en el vecindario, tales como cementerios, aeropuertos, hospitales, funerarias, desarrollos turísticos y, como en el caso de autos, estaciones de gasolina. Se conceden únicamente en los casos expresamente autorizados por el Reglamento y siempre sujeto a las condiciones en él prescritas.

Los factores de circunstancias especiales y perjuicios, esenciales para la concesión de variaciones, no son aplicables a las excepciones, pues lo importante en la concesión de éstas es restringir y controlar ciertos usos que pueden resultar adversos al carácter del vecindario, aunque no necesariamente incompatibles. Reps, John W.: Discretionary Powers of the Board of Zoning Appeals, 20 Law & Contemp. Prob. 280, 289. Por eso, tiene primacía en la concesión el interés público y el interés,, del vecindario en particular sobre el" interés del dueño del terreno. Yokley: 2 Zoning Law & Practice 128 (3rd. Ed.).

Las excepciones están previstas en el Reglamento de Zonificación, el cual autoriza usos específicos y prescribe los siguientes criterios :* 1) que se consideren los fines y propósitos generales del Reglamento de Zonificación, 2) que se proteja la salud, la seguridad y el bienestar de los ocupantes de la propiedad a ocuparse o de las propiedades limítrofes, 3) que no se menoscabe el suministro de luz y aire a la propiedad a usarse o a las vecinas, 4) ó se aumente el peligro de fuego, 5) ó se ocasiones reducción o perjuicios a los valores de las propiedades establecidas en las áreas vecinas. Sec. 54.03, 23 R.&R. P.R. sec. 9-1113. Estos criterios son similares a los apuntados en López v. Junta Planificación, supra, a la pág. 663.

El Reglamento de Zonificación requiere para los proyectos de estaciones de gasolina, como en el caso de autos, un estudio de viabilidad que tome en consideración: 1) los incrementos en densidad poblacional y en el tránsito vehicular en el sector en que se proyecta ubicar la estación, 2) valor de los terrenos, 3) el impacto que puede tener sobre otras estaciones de gasolina existentes' o previamente autorizadas. Sec. 27.15 según enmendada el 21 de abril de 1971.

Como puede verse, las variaciones y excepciones cumplen la importante función de brindar la flexibilidad necesaria en la aplicación del Reglamento de Zonificación para preservar su utilidad como instrumento de ajuste de los intereses en conflicto entre el dueño del terreno de usarlo en la forma que él considere más conveniente y el interés del público en controlar el uso de la tierra y promover un desarrollo urbáno integral, racional y ordenado. Son ellas una parte indispensable en el proceso integral de controlar los usos de la tierra en beneficio del bienestar general.

En la concesión de variaciones y excepciones entran en juego factores técnicos y complejos, cuya evaluación requiere estudios y conocimientos especializados. Como bien se señala en el alegato de la recurrida, la Junta de Planificación cuenta con el personal profesional y los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo esta evaluación. Es de notar la tajante diferencia en los recursos presupuestarios y de personal entre ambos organismos. La Junta de Planificación cuenta con un presupuesto conjunto de $11,605,075, mientras que el presu-puesto de la Junta de Apelaciones asciende a $267,353. Pre-supuesto 1973, págs. 210 y 184. La Junta de Planificación cuenta con más de 150 ingenieros, 57 técnicos de planificación, 6 planificadores regionales, 16 planificadores de renovación urbana, 9 especialistas de planificación, 3 agrimensores y un agrónomo.

El personal técnico de la Junta de Apelaciones se limita a tres ingenieros y un agrimensor. Relación de Puestos Regu-lares, Presupuesto de 1973, pág. 165.

Por otro lado, la Junta de Planificación lleva a cabo estu-dios sobre el crecimiento poblacional y urbano, y de otra índole, a fin de reglamentar el uso de terrenos y promover un desarrollo urbano ordenado. Presupuesto, 1973, pág. 210. En virtud de los recursos a su disposición y de los estudios que lleva a cabo, la Junta de Planificación ti'ene una perspectiva integral y abarcadora de la problemática urbana que le per-mite entender con mayor efectividad en casos de variaciones y excepciones en primera instancia.

Es significativo el hecho de que la Junta de Planificación viene desempeñando esta función desde el 1951 hasta que se suscitó el presente caso. La propia Junta de Apelaciones así lo reconoció en su Informe Anual correspondiente al año 1972, en el cual expresó:

“La situación, hasta que fue emitida esta decisión [refirién-dose a su propia decisión en el caso de José Firpi y otros v. Junta de Planificación, Núm. 71-026ac] en el mes de junio de 1971, era de que los casos de excepciones se ventilaran ante la Junta de Planificación, y era en el nivel apelativo que intervendríamos si se acudía ante nosotros.”

Como se sabe, la interpretación administrativa de un estatuto por aquellos organismos encargados de ponerlos en vigor y velar porque sus fines se cumplan nos merece un gran peso. Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966).

En adición a todo lo dicho, el texto usado por el propio legislador en las leyes pertinentes y el historial legislativo de dichas leyes fortalecen la interpretación de que corresponde a la Junta de Planificación la facultad de conceder varia-ciones y excepciones en primera instancia. Veamos.

La Ley Núm. 213 del 1942, 23 L.P.R.A. secs. 1-59, creó el primer organismo de revisión administrativa con el nombre de Junta de Apelaciones de Planificación, Urbanización y Zonificación, estableciendo un procedimiento de revisión muy similar al de la presente Junta de Apelaciones sobre Construcción y Lotifícaciones.

Al amparo de esta ley la Junta de Planificación adoptó en el 1946 el Reglamento de Zonificación Núm. 4, Boletín. Administrativo Núm. 986, Secretaría Ejecutiva. Dicho Reglamento autorizó a la Junta de Apelaciones a conceder directa-mente variaciones fijando los criterios que limitaban el ejer-cicio de discreción. La Junta de Planificación no intervenía, entonces, en la concesión de variaciones. El Reglamento, sin embargo, le reservó la .facultad de entender en primera ins-tancia en los casos de excepciones, salvo en algunos casos espe-cíficos ~eñ~queTambién delegó a la Junta de Apelaciones la facultad de entender en primera instancia. Para'esa época el Negociado de Permisos estaba adscrito al entonces Departa-mento del Interior, y, al igual que hoy, las funciones del Oficial de Permisos eran de carácter ministerial. López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646.

En un esfuerzo por integrar y simplificar este sistema administrativo se aprobó en el 1950 el Plan de Reorganización Núm. 11, mediante el cual se trasladó el Negociado de Permi-sos a la Junta de Planificación y se abolió la Junta de Apela-ciones transfiriéndose también sus funciones a la Junta de Planificación. Plan de Reorganización Núm. 11, 23 L.P.R.A. sec. 1 (nota). De manera, que a partir de 1950 y hasta que se creó de nuevo en el 1959 la actual Junta de Apelaciones, la función revisora la desempeñaba la propia Junta de Plani-ficación. Estas alteraciones en los mecanismos internos de revisión no afectaron en forma alguna el recurso judicial para revisar las determinaciones de la Junta de Planificación ante el Tribunal Superior. 23 L.P.R.A. sec. 28(a).

En el 1959 se enmendó la Ley Núm. 213 de 1942, supra, para crear de nuevo la Junta de Apelaciones. Ley Núm. 95 de 30 de junio de 1959, 23 L.P.R.A. sec. 28. Posteriormente se adoptó un nuevo Reglamento de Zonificaeión en el cual se reservó a la Junta de Planificación la facultad de entender en primera instancia, no sólo en los casos de excepciones, como era en la etapa de 1942 al 1950 cuando existía la anterior Junta de Apelaciones, sino también en los casos especiales de variaciones. Véase Tópico 16, Arts. 53.01 a 54.05, R.&R.P.R. supra. Son éstas las disposiciones que la recurrente considera inválidas por, alegadamente, estar en conflicto con la men-cionada Ley Núm. 95. Cita en su apoyo a López v. Junta Planificación, supra. Como veremos más adelante no tiene razón.

La Ley Núm. 95 fijó el ámbito jurisdiccional de esta nueva Junta en términos similares a los utilizados por la Ley Núm. 213 de 1942, a saber:

“(a) Cualquier parte directamente interesada en la expedi-ción o denegación de un permiso de construcción, sanitario o de uso de terrenos o edificios, o afectada por las actuaciones o resoluciones de la Junta de Planificación de Puerto Rico sobre casos o planos de lotificaeión simple, podrá presentar en la Junta de Apelaciones copias certificadas de cualesquiera deci-siones o actuaciones del Oficial de Permisos, o de cualquier acuerdo o resolución de la Junta de Planificación de Puerto Rico en la expedición o denegación de un permiso de construcción, sanitario o de uso de terrenos o edificios y sobre casos o planos de lotificaciones simples dentro de treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la decisión, resolución o actuación, para ser revisada por la Junta de Apela-ciones. La Junta de Apelaciones celebrará una vista, con notifi-cación a las partes interesadas, y deberá dictar su resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha vista. La Junta de Apelaciones podrá decretar cualquier orden, requerimiento, resolución o determinación que a' su juicio deba dictarse (1) por motivo de perjuicios ocasionados por circunstancias especia-les, (2) por denegaciones viciosas para emitir los permisos nece-sarios, ó (3) por cualesquiera otras razones autorizadas en los reglamentos de la Junta de Planificación de Puerto Rico adopta-dos a virtud de las secs. 1 a 30 y 81 a 86 de este título; y a tal fin, la Junta tendrá los mismos poderes del funcionario u orgaA mismo de cuya sentencia se apela.” 23 L.P.R.A. sec. 28 (Énfasis suplido.)

Nótese que en términos claros y precisos dicho artículo define la función de la Junta como una de revisión. El proce-dimiento se inicia con una denegación o expedición de un permiso por el Oficial de Permisos o una actuación o resolu-ción de la Junta de Planificación, debiendo presentarse copias certificadas de las mismas ante la Junta de Apelaciones para ser revisadas. Supone, pues, que haya habido una determi-nación en primera instancia, bien sea ante la Junta de Plani-ficación o ante el Oficial de Permisos. Dicho artículo confiere a la Junta de Apelaciones los mismos poderes del funcionario u organismo de “cuya sentencia se apela.”

Nada hay en el texto del Art. 26, ni siquiera por inferencia, que permita a la Junta de Apelaciones ejercer jurisdicción original. Pero si alguna duda hubiere, un breve examen del historial legislativo la disiparía ya que éste ratifica la intención del legislador de conferir a la Junta de Apelaciones una función exclusivamente revisora.

Así el informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara sobre la Ley Núm. 95 del 30 de junio de 1959 que enmendó el Art. 26 para crear la Junta de Apelaciones puntualizó esta función revisora:

“El Sustitutivo al P. de la C. 582 tiene el propósito de en-mendar las leyes que rigen el funcionamiento de la Junta de Planificación de Puerto Rico a los fines de crear una Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones para revisar (1) las actuaciones del Oficial de Permisos, en lo concerniente a la expedición o denegación de permisos de construcción, sanita-rios o de uso de terrenos y edificios; y (2) las actuaciones y resoluciones de la Junta de Planificación, en los casos de lotifica-ciones simples.
Actualmente es la propia Junta de Planificación la que revisa las actuaciones y decisiones del Oficial de Permisos, cuya oficina es una dependencia de dicha Junta de Planificación. La Junta de Planificación, además, actualmente revisa sus propias decisio-nes y actuaciones en los casos de denegaciones o desaprobaciones de propuestas lotificaciones. Vuestra Comisión entiende que no es buen principio de administración pública que un organismo esté autorizado a revisar sus propias actuaciones o las actuacio-nes de uno de sus organismos dependientes. Creemos que es mucho más conveniente y saludable que sea un organismo inde-pendiente el que revise en apelación las decisiones y actuaciones del Oficial de Permisos, y de la Junta de Planificación en los casos dé lotificaciones simples. Se logra así una revisión entera-mente imparcial y" se consigue, además, aligerar las labores de la Junta de Planificación, la cual actualmente se halla sobrecar-gada de trabajo como resultado, de las múltiples cuestiones en que por ley viene;' obligada a intervenir.” Diario de Sesiones, Vol. 12, Tomo 8 pag. 1677 (1959). (Énfasis suplido.)

En igual sentido se pronuncia el informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara sobre el P. de la C. 582, Diario de Sesiones, Vol. 12, Tomo 3, pág. 1677 (1959).

En adición, la propia Ley Núm. 95 de 1959, que creó la Junta de Apelaciones, enmendó el Art. 11 de la Ley del Nego-ciado de Permisos, Ley Núm. 429 de 1946, recalcando, una vez más, la función revisora de la Junta al disponer expresa-mente que:

“Las decisiones y actuaciones del Oficial de Permisos y las actuaciones, decisiones y resoluciones de la Junta de Planifica-ción de Puerto Rico relacionados con casos o planos de lotificación simple serán revisados en apelación por la Junta de Apelaciones.” 28 L.P.R.A. sec. 41. (Énfasis suplido.)

El caso de López v. Junta Planificación, tantas veces citado por la recurrente, no es de aplicación. El punto en-vuelto en el mismo era si correspondía a la Junta de Planifi-cación entender en primera instancia en los casos de excep-ciones o era necesario acudir primero al Oficial de Permisos. Se resolvió correctamente que siendo las funciones del Oficial de Permisos puramente ministeriales su única función era denegar el permiso por no estar de acuerdo con el Reglamento, correspondiendo a la Junta de Planificación variar las disposi-dones del Reglamento en los casos especiales. Por otro lado, debe recordarse que López v. Junta Planificación se refiere a la situación legal que prevalecía después que se abolió la Junta de Apelaciones en el 1950. Independientemente de su inaplicabilidad a los hechos de este caso su fundamento racio-nal es aún válido para sostener la posición contraria a la de la recurrente. Esto es, que la Junta de Planificación es un organismo de facultades discrecionales a diferencia del Oficial de Permisos y que, por lo tanto, hay que acudir a ella en pri-mera instancia para obtener variaciones en la aplicación del Reglamento de Zonificación.

Se dictará sentencia confirmando la sentencia recurrida y se devuelven los autos a la Junta de Apelaciones para que considere los méritos de la revisión de la resolución de la Junta de Planificación aprobando él proyecto de estación de gasolina en este caso.

Los Jueces Asociados Señores Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué, no intervienen.

       E1 Art. 26 de la citada Ley Núm. 213 leía como sigue:
      “Cualquier parte interesada en la expedición o denegación de un permiso de construcción, sanitario o de uso de terrenos o edificios, podrá presentar copias certificadas de cualquiera de dichas decisiones o actua-ciones del funcionario expedidor de los permisos, dentro del término de quince (15) días después de hecha de la notificación para una vista pública y para la apelación y revisión de dicha decisión o actuación por la Junta de Apelaciones de Planificación, Urbanización y Zonificación cuya resolución se dictará dentro de las tres (3) semanas siguientes. La Junta de Apelaciones de Planificación, Urbanización y Zonificación, en la vista de apelaciones que se celebren de acuerdo con este artículo, podrá decretar cualquier orden, requerimiento, resolución o determinación que a su juicio deba dictarse por motivo de perjuicios ocasionados por circunstan-cias especiales, por denegaciones viciosas para emitir los permisos necesa-rios, o por cualesquiera otras razones autorizadas por reglamentaciones de la Junta según se provee en esta Ley, y a tal fin, la Junta tendrá los mismos poderes del funcionario de cuya sentencia se apela.” Leyes de Puerto Rico see. 26, pág. 1133 (1942).

       Véase Art. 9 y 10 del Reglamento de Zonificaeión Núm. 4 del 1946 (Revisado).

       E1 texto pertinente de la Ley Núm. 218 aparece en el escolio 1, supra.


author: el Juez Asociado Señor Dávila El Juez Presidente, Señor Trías Monge, Juez Asociado Señor Díaz Cruz. Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué, Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Humberto Pagán Hernández, peticionario y apelante, v. Tomás Morales Bentegeat, Alcaide de la Cárcel la Princesa, demandado y apelado.
    Número: O-71-223
    Resuelto: 21 de marzo de 1974
    Compuesto el Tribunal a esta fecha por ocho Jueces, el Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión para revocar con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Cadilla Ginorio. El Juez Asociado Señor Martín se reservó el derecho de emitir un voto separado.

      Roberto José Maldonado, Julio Eduardo Torres, Manuel E. Moraza Choisne, Noel Colón Martínez, Gilberto Concepción Suárez, Graciany Miranda Marchand, abogados del ape-
      lante;

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Berra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.

      Número: O-71-223
    Resuelto: 31 de mayo de 1974

      Graciany Miranda Marehand, Manuel E. Moraza Choisne y Julio Eduardo Torres, abogados del apelante; Américo Serra y Peter Ortiz, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del apelado.

       Los cuatro últimos abogados del apelante radicaron el 8 de febrero de 1974 una moción de renuncia de representación profesional, no habiendo provisto nada el Tribunal al 21 de marzo de 1974.

   Opinión Emitida por

el Juez Asociado Señor Dávila

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Cadilla Ginorio.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 1974

Antes de entrar a considerar los méritos del presente recurso de hábeas corpus es pertinente consignar que el peti-cionario abandonó la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico estando pendiente de perfeccionarse el recurso de apela-ción que había interpuesto contra la negativa del Tribunal Superior, Sala de San Juan a expedir el auto. Esta actuación suya relevaba al tribunal de resolver el recurso mientras estuviera ausente de esta jurisdicción. Cf. Molinario v. New Jersey, 396 U.S. 365 (1970).

Previo a considerar si la prueba presentada por el Estado para establecer la legalidad de la detención de Humberto Pagán es prima facie suficiente, es necesario determinar si la misma es admisible en evidencia. La prueba presentada sobre la identificación del peticionario no es confiable. La identificación de un acusado, si no es confiable, no es admisible en evidencia, cuestión a ser determinada por el tribunal como cuestión de derecho ya que envuelve una violación al debido procedimiento de ley. Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969); United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967); Gilbert v. California, 388 U.S. 263, 272-273 (1967); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967); Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968); Foster v. California, 394 U.S. 440 (1969); Nota, “Pretrial Identification Procedure”, 55 Minn. L. Rev. 779 (1971); Sobel, Eyewitness Identification, Sec. 9 pág. 19 (1972). En Foster v. California, supra, se expuso que “es la enseñanza de Wade, Gilbert y Stovall, que en algunos casos el procedimiento de identificación por testigos oculares puede ser tan defectuoso que hace la identificación constitucionalmente inadmisible como cuestión de derecho.. . .” (Escolio 2.)

La identificación en corte durante el juicio no puede tener el efecto de curar el vicio de la identificación llevada a cabo en la etapa investigativa. Pueblo v. Gómez Incera, supra, a la pág. 253, et seq., expresa: “La identificación en el juicio esta-ría maculada por los vicios de que adoleció la llevada a cabo en la etapa investigativa. Ver People v. Caruso, supra; IV Wigmore, On Evidence, Sec. 1130 (ed. 1940). Los testigos ya habían determinado que el acusado era el responsable. La identificación durante el juicio resulta una mera formalidad. Como se expresó en el artículo escrito por Williams and Hammelmann, supra, y que citamos de Wade a la pág. 229: ‘La experiencia ha demostrado que una vez un testigo señala al acusado en la confrontación, no es de esperarse que se retracte más tarde, de tal manera que en la práctica la contro-versia de la identificación puede (en la ausencia de otra evi-dencia relevante) para todos los propósitos prácticos ser determinada en ese momento, antes del juicio. . . .’ ” En Pueblo v. Ruiz Ramos, 99 D.P.R. 812 (1971), reiteramos este criterio al expresar que “la identificación del acusado durante el juicio por el testigo de cargo es la menos confiable y más sugestiva de todas las identificaciones, especialmente en un caso como el de autos en que esa identificación está precedida por identificaciones extra judiciales, también manchadas de sugestividad y de poca o ninguna confiabilidad.”

No puede haber un juicio justo e imparcial si no se garan-tiza debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la comisión de un crimen. Los mayores extravíos en la administración de la justicia lo ocasionan los errores en la identificación de los acusados. E. M. Borchard, en su estudio “Convicting the Innocent”, publicado en 1932, recopila 65 casos en que se condenó a personas inocentes en las cortes de los Estados Unidos e Inglaterra. Veintinueve de estas convic-ciones erróneas se basaron en un error en la identificación del acusado. Cf. Williams & Hammelmann, Identification Parades — I, 1963, Crim. L. Rev. 479.

La forma más confiable para el reconocimiento de una persona es poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de circunstancias exteriores semejantes. United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967); Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968).

En ciertas ocasiones se puede dispensar de este requisito, como cuando la identificación se realiza poco tiempo después de occurrido el acto delictivo, pues se reconoce que todavía está fresca en la memoria la imagen de la persona. Pero a pesar de que reconoce esta excepción, el hoy Juez Presidente de los Estados Unidos, cuando servía en la Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia expresó en Bates v. United States, 405 F.2d 1104 (D.C. Cir. 1968): “Trabajo policial prudente requiere la limitación de estas identificacio-nes en el lugar de los hechos a situaciones en que hay que resolver prontamente posibles dudas sobre la identificación; en ausencia de dicha necesidad, la rueda de confrontación convencional es el procedimiento apropiado.”

También se reconoce como excepción la identificación por fotografías, pero se apunta que resulta un reconocimiento más confiable, si luego de haber llevado a cabo la identificación por fotografías, se muestra al sospechoso en una rueda, Simmons v. United States, supra, escolio 6. Ver además, Nota, Photographic Identification; The Hidden Persuader, 56 Iowa L. Rev. 408 (1970).

En Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972), sancionamos en esta jurisdicción la identificación por fotogra-fías. Expresamos que “el reconocimiento del acusado a los dos o tres días después de la comisión del delito de entre varias fotografías presentadas a la perjudicada, unida a la identi-ficación que ésta hizo del acusado entre varios detenidos en el cuartel cuando aún no se había radicado acusación contra el acusado, da tal certeza a la identificación que excluye cual-quier posibilidad de que el procedimiento utilizado esté viciado en forma alguna que pueda constituir una violación del debido procedimiento de ley.” Ver además Pueblo v. Figueroa Torres, 102 D.P.R. 76 (1974).

Expuestos los principios legales, toca ahora determinar si la identificación llevada a cabo en el presente caso cumple con las normas antes expuestas o si por el contrario es tan poco confiable que constituye una violación del debido procedi-miento de ley, y por lo tanto inadmisible en evidencia.

Con motivo de una violenta protesta estudiantil en el recinto de la Universidad de Puerto Rico, se solicitó interven-ción de la policía estatal. Acudieron a la llamada 42 agentes de la unidad de reserva especializada — fuerza de choque— bajo el mando del Comandante Mercado. Al llegar encontra-ron una muchedumbre de personas amotinadas atacando el edificio donde estaba ubicado el R.O.T.C. y por los alrededores del edificio conocido como Centro Universitario.

Al terminar los sucesos, seis policías resultaron heridos de bala. El Comandante Mercado fue muerto de un balazo. El segundo en comando, Teniente Atilano, identificó a Humberto Pagán como la persona responsable de haber disparado el arma homicida. Declaró que estando a una distancia apro-ximada de cincuenta pasos del monumento a Miguel de Una-muno, un sargento le informó que estaban disparando y lo habían alcanzado en el tobillo. En ese mismo instante se percata de que Mercado, a diez pasos de él, y a cuarenta del monumento, se está tambaleando. Instintivamente mira hacia el monumento y observa a una persona disparando en direc-ción hacia Mercado. Al describir a dicha persona se limita a expresar que era “un individuo de unos cinco pies y nueve pulgadas más o menos, blanco él, de patillas.” Declara asi-mismo que en ese momento escuchó varias detonaciones, pro-venientes “de los árboles así del frente y al mismo tiempo del monumento.” Utiliza la palabra “balacera” para describir la situación que presenció. El testigo comenzó a acercarse al monumento pero la persona que había visto disparando retro-cedió y se mezcló en la multitud. Sólo lo pudo observar ese instante a una distancia de treinta y cinco pasos (70) pies. Bajo estas circunstancias, observando a 75 pies del monu-mento, en momentos de tensión, nerviosismo y honda preocu-pación se hace difícil si no imposible, reconocer a una persona y surgen serias dudas sobre la confiabilidad de la identifica-ción. Y ya hemos visto que al describirlo da muy pocos deta-lles. No hay otra evidencia que sitúe al peticionario en los alrededores del sitio donde ocurrieron los hechos.

Vale aquí recordar lo expuesto por un Juez de la Corte Suprema de Nueva York, Sobel, Criminal Identification, 38 Brooklyn L. Rev. 261 (1971): “Muchos jueces han concluido que lo más que casi todos los testigos oculares pueden retener en su memoria es el recuerdo de los evidentes dos ojos, una nariz y una boca. Siempre es motivo de preocupación el hecho de que la culpabilidad o inocencia gire exclusivamente alrede-dor de un testimonio de identificación sin que exista evidencia adicional para relacionar al acusado con el crimen.” Y lo expresado por Jerome & Barbara Frank en su obra Not Guilty (1957) a la pág. 61 “No hace mucho un experimen-tado abogado escribió: ‘Un análisis del testimonio de 20,000 personas a quienes se les pidió que describieran las caracterís-ticas físicas del hombre a quien ellos vieron cometer un cri-men, reveló que, en general, ellos sobreestimaron la estatura por 5 pulgadas, la edad por 8 años y en un 82% de los casos se equivocaron en el color del pelo5. De manera que en cientos de casos testigos honestos, completamente seguros de sí mis-mos, han identificado erróneamente a una persona, pero afor-tunadamente para la mayor parte de los acusados, cada uno de ellos pudo ofrecer evidencia irrefutable de que él estaba en otro lugar al momento de cometerse el crimen.55

A los dos días el testigo identificó al peticionario en el cuartel de la policía al mostrársele por dos agentes del C.I.C. varias fotos de personas fichadas junto a la del peticionario. El Estado debió haberlas presentado para demostrar que el reconocimiento se había efectuado correctamente.

Conforme a lo expuesto, es inescapable la conclusión que de acuerdo a los principios legales aplicables, la identificación del peticionario no es suficientemente confiable y no cumple con los requisitos del debido proceso de ley. Lo procedente hubiera sido luego de arrestado presentarle al peticionario junto a otras personas con circunstancias exteriores seme-jantes. Era la única manera de darle visos de confiabilidad a la identificación. Reiteradamente hemos expresado que debe ser práctica generalizada el utilizar este procedimiento para el reconocimiento de los sospechosos de haber cometido un acto delictivo. Pueblo v. Tanco, 101 D.P.R. 75 (1973); Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972). Este procedimiento estuvo vigente en Puerto Rico en el pasado siglo. Ver Gómez Incera, pág. 255. Importa apuntar que como parte de la Reforma Judicial auspiciada por las Ramas Legis-lativa, Ejecutiva y Judicial del Gobierno de Puerto Rico, el Gobernador ha recomendado la aprobación de un Proyecto de Ley — P. del S. 746 — mediante el cual se establece el procedi-miento para la identificación de sospechosos. Este proyecto sigue las normas sugeridas en Gómez lucera con más requisi-tos y detalles.

Es interesante apuntar que el protocolo de la autopsia del Comandante Mercado, admitido en evidencia por el juez de instancia, revela lo siguiente: “. . . la herida de bala ya men-cionada en el examen externo, con orificio de entrada en la axilia izquierda revela una trayectoria seguida por el proyec-til dentro de este segmento corporal dirigida de izquierda a derecha, de detrás hacia adelante y ligeramente de arriba hacia abajo. Siguiendo esta dirección el proyectil sucesiva-mente perforó la piel, los tejidos celulares subcutáneos y planos musculares de la región, el borde superior de la 6ta. costilla izquierda y espacio intercostal inmediato superior poco más o menos a nivel de la línea axilar anterior a través de las cuales penetra en la cavidad pleural izquierda. Ya den-tro del tórax sucesivamente perforó el lóbulo superior del pulmón izquierdo, el pericardio en su lado lateral izquierdo; el corazón con entrada a nivel del ventrículo y salida en el ventrículo derecho; el pericardio de nuevo, el borde medias-tinal del lóbulo inferior del pulmón derecho y la 5ta. costilla derecha para finalmente alojarse el proyectil en las insercio-nes inferiores del músculo pectoral mayor derecho. A este nivel se recobra un proyectil 0.45 blindado, que presenta la porción superior mucho más estrecha que la mitad inferior.”

Los resultados de la autopsia indican una trayectoria de la bala de arriba hacia abajo, mientras que de acuerdo al testi-monio del Teniente Atilano, la bala homicida fue disparada por una pistola calibre 45 desde el monumento por una persona que estaba localizada más o menos al mismo nivel que el Comandante y agachado.

Por todo lo antes expuesto soy de opinión que debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra expidiendo el auto solicitado.

EN RECONSIDERACIÓN

El Juez Presidente, Señor Trías Monge,

emitió la opinión del Tribunal.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1974

Debe expedirse el auto de hábeas corpus solicitado y revo-carse la Sentencia de este Tribunal de fecha 21 de marzo de 1974. Los hechos se exponen en la Opinión emitida el 21 de marzo de 1974 por el Juez Asociado, Hon. Carlos V. Dávila.

Diversas razones de ley dictan esta conclusión. En primer término, el procedimiento utilizado para identificar al peticionario estuvo claramente viciado de nulidad. La identificación por fotografías bajo circunstancias que no induzcan a la sugestión o que no permitan o exijan la utilización de otros métodos de identificación más confiables es permisible. Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968); Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972). De ser posible recurrir a modos más conducentes a una determinación menos incierta de la identidad del infractor, sin embargo, éstos deben emplearse. Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969); Photographic Identification: The Hidden Persuader, 56 Iowa L. Rev. 408 (1970); Recent Development-Identifications: Unnecessary Suggestiveness May not Violate Due Process, 73 Colum. L. Rev. 1168, 1179-1180 (1973). La identification por rueda de detenidos, por ejemplo, bajo garantías adecuadas, en un método más aceptable. United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967); Gilbert v. California, 388 U.S. 268 (1967); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967). De lo anterior pueden deducirse dos principios generales. El pri-mero es que la validez de una identificación, no obstante el procedimiento empleado, debe precisarse a la luz de las cir-cunstancias particulares de cada caso. Simmons, supra, a la pág. 383; Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 (1972). El segundo es que, dada la escasa confiabilidad de por sí de la identificación por fotografías, puede dependerse exclusivamente de tal pro-cedimiento tan solo en situaciones donde sea imperioso su uso. Nota, Pretrial Photographic Identification — a “Critical” Stage of Criminal Proceedings?, 21 Syracuse L. Rev. 1235, 1241 (1970).

En el Informe de 15 de diciembre de 1973 sometido por la Comisión para el Estudio de la Policía al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico se reconoce la necesi-dad de reglamentar los procedimientos de identificación ante-riores al juicio (págs. 142 y ss.) y que solo por circunstancias extraordinarias y fuera del control de la Policía podrá aban-donarse el procedimiento de rueda de detenidos, (pág. 146.) Con relación a la utilización de fotografías como procedi-miento de identificación se expresa que deberá utilizarse úni-camente en las siguientes circunstancias, entre otras:

1. “Cuando por razones fuera del control de la Policía no fuese posible o necesario realizar una rueda de detenidos.
2. Cuando no exista sospechoso del acto delictivo.” (Pág. 158.)

Las disposiciones citadas forman parte del P. del S. 746, radicado el 19 de marzo de 1974.

Los hechos del presente caso demuestran con toda claridad las deficiencias en el proceso de identificación empleado. A los dos o tres días de los lamentables sucesos de violencia ocurridos en terrenos del Recinto de Río Piedras de la Universidad el 11 de marzo de 1971, en que perdió la vida el Comandante de la Policía Juan B. Mercado, se le mostraron al único testigo entre veinte y veinticinco fotografías, una de las cuales identificó como la correspondiente al peticionario y alegado cansante de la referida muerte, Humberto Pagán Hernández. No obra en autos, sin embargo, indicación alguna representativa de impedimento para la identificación por rueda de detenidos y ante tales circunstancias era inadmisible, bajo los principios señalados, la prueba de identificación realizada. Mas en el curso de la vista el pasado 20 de mayo de la moción de reconsideración surgió un dato adicional que refuerza la conclusión que precede. En la referida vista, el Ministerio Público admitió para el récord un vital dato, que consta de los procedimientos de extradición canadienses pero que no era utilizable antes por este Tribunal al resolver el caso en marzo pasado por no haber sido hasta ahora parte formal de los autos. El dato es que antes de escogerse las foto-grafías para mostrárselas al testigo la Policía había recibido una confidencia al efecto de que el peticionario era alegada-mente el culpable. Existía, por lo tanto, un sospechoso. En tales circunstancias, se violó la cláusula sobre el debido proceso de ley de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7 al no someterse a la persona de quien se sospechaba al sistema de identificación por rueda de detenidos. El error no puede corre-girse en este tipo de situación mediante la formación ahora de tal rueda. Rouse, A. M., Are We in Focus on Photo Identification?, 7 Univ. J. S. Francisco L. Rev. 419, 422 (1973).

En segundo lugar, cometió error el tribunal de instancia al denegar la solicitud de la defensa de que se mostrasen las fotos alegadamente examinadas por el testigo y que sirvieron de base para la identificación del peticionario. La identificación, con anterioridad o posterioridad a la acusación, es ciertamente una de las etapas más críticas en todo proceso criminal. Pretrial Photographic Identification — a “Critical” Stage of Criminal Proceedings?, supra, a la pág. 1242. Dada la naturaleza de la identificación por fotografías, tan inherentemente susceptible a la comisión de errores, es indispensable que se le permita a la defensa colocarse en posición de examinar la legitimidad de la identificación por tal método a la primera ocasión oportuna. El simple inicio de procedimien-tos criminales contra un ciudadano es usualmente motivo de zozobra. La espera antes del juicio, no importa el resultado, es de hecho parte del castigo, razón por la cual existe el derecho constitucional de todo acusado a un juicio rápido. Requerir que la validez de una identificación por fotografías no pueda ventilarse hasta el momento del juicio equivale, en términos humanos, a la imposición de una pena antes de cono-cerse la identidad del penado y, en términos jurídicos, a la severa e ilegal restricción del auto de hábeas corpus.

En tercer término, por las razones expresadas en la referida opinión del Juez Asociado Señor Dávila, independientemente de los errores hasta aquí señalados, la prueba presentada por el Estado para justificar la detención de Humberto Pagán no es suficiente en derecho.

Debemos examinar, por último, la contención del Estado de que Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968), sos-tiene la validez de la identificación. Diferimos.

Aparte de que este Tribunal al interpretar las disposiciones correspondientes de la Constitución del Estado Libre Asociado puede establecer criterios más exigentes que los establecidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo cierto es que Simmons presenta una situación de hechos completamente diferente a la que consideramos en este caso. Las fotos en Simmons se mostraron separadamente a cinco empleados, quienes habían tenido tiempo más amplio que en el actual litigio para observar al presunto infractor. En días subsiguientes les volvieron a mostrar distintas fotos y en todo momento identificaron al acusado. Es de advertir también que había otra evidencia que conectaba a Simmons con los hechos investigados. En el caso presente no se dieron las circunstancias especiales que se dieron en Simmons donde, según se recordará, el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos recalca que cada caso en este campo debe resolverse de acuerdo con sus particulares hechos. 390 U.S. 377, 384.

Debe, por lo tanto, revocarse la Sentencia de este Tribunal de fecha 21 de marzo de 1974 y dictarse otra expidiendo el auto solicitado.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué concurren con el resultado en votos separados. El Juez Asociado Señor Martín devolvería el caso al tribunal de instancia para la celebración de una vista para los propósitos que se consignan en su opinión disidente. El Juez Asociado Señor Marco A. Rigau, no intervino.

Voto particular del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1974

Concurro en el resultado de la opinión de mayoría. Consi-dero, no obstante, que su valor de precedente debe limitarse a su justa perspectiva.

En ausencia de error flagrante este Tribunal no debe inter-venir con la decisión del Tribunal Superior en hábeas corpus, o en cualquier otro recurso cuestionando la suficiencia y con-fiabilidad de la prueba para determinación de causa probable. El principio, aun en la alternativa de una determinación adversa al acusado, no tiene otra consecuencia que remitir la cuestión factual al juicio pleno por juez o por jurado que es el foro por excelencia para depurar los hechos y hacer justicia.

Ante la realidad de que la evaluación de prueba para decidir si hay o no suficiente identificación del acusado que amerite someterlo a juicio es, en casos intermedios, función de extenuante facultad estimativa; que no hay, ni pueden haber, criterios tangibles sobre el grado de prueba que justi-fique la liberación por hábeas corpus o bajo la Regla de Pro-cedimiento Criminal 64 (p) y qué otro grado requiere que la justicia se haga en juicio público por tribunal de derecho o con la intervención del pueblo mismo en la integración del jurado, considero que este Tribunal debe expresarse al efecto de que el gran recurso no habrá de abolir el juicio en todo caso de identificación cuestionada por insuficiencia o falta de confia-bilidad de la prueba en que descansa.

Sin embargo, en el presente caso el voto concurrente del Juez Presidente destaca una confidencia que al inducir con perniciosa sugestividad la identificación del acusado la hizo inadmisible. Esta circunstancia no alcanzó relieve en la prueba ante el tribunal a quo donde el énfasis recayó sobre cuestiones de hechos propias para ser resueltas en el juicio. Habiendo salido a la luz el intolerable acto de identificación inducida por confidente que se mantiene en la sombra uno mi voto en favor del hábeas corpus en este caso específico.

Voto particular del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué,

concurriendo con el resultado.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1974

Cuando en marzo de este año se circuló por el hermano Juez Señor Dávila su ponencia proponiendo la revocación de la sentencia apelada y la expedición del auto solicitado expresé que concurría con el resultado por motivos no consignados en dicha ponencia. Al tomarse el voto de los jueces y quedar el Tribunal igualmente dividido, quedaba automáticamente con-firmada la sentencia apelada, y no me pareció necesario hacer constar mi posición.

Opinaba entonces, y sustento ahora el mismo criterio, que la prueba que tuvo ante sí el tribunal a quo es insuficiente en Derecho para sostener una determinación de causa probable. Ese criterio se reforzó aun más luego de escuchar los informes orales en la vista celebrada el día 20 de los corrientes en ocasión de entender este Tribunal en la solicitud de reconside-ración presentada por el apelante.

Independientemente de lo poco confiable del procedimiento de identificación mediante fotografías que fuera expuesto en el testimonio del señor Atilano, ampliamente discutido en la opinión del Juez Señor Dávila, no creo que ese testimonio, única prueba presentada por el Estado en la vista del hábeas corpus, aun si admisible, sea suficiente para permitir que el apelante sea sometido a juicio.

La determinación de causa probable no debe concretarse a la investigación de si hay prueba para sostener todos los elementos esenciales del delito imputado. El juez no debe dejar de ser juzgador de hechos en ningún momento. Si bien en esa etapa no se va a celebrar juicio al acusado y por tanto no se exige que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razona-ble, el juzgador debe convencerse de que la prueba con que cuenta el ministerio público, además de cubrir todos los extre-,mos de la acusación, es creíble y puede pasar el tamiz de un juicio justo e imparcial.

Durante la vista del hábeas corpus, se investigaba la legalidad de la detención de Humberto Pagán. El efecto tam-bién tenía que ser la investigación de las probabilidades de que Humberto Pagán hubiera cometido los hechos que el Teniente Atilano, y nadie más que él, le imputaba. El juez no podía estar ajeno al clima de histeria que se produjo como consecuencia de los lamentables sucesos sangrientos que habían ocurrido en la Universidad. En ocasiones como esas es precisamente que se pone a prueba el sentido de ponderación y de obligada serenidad que deben prevalecer para que haya objetividad en la búsqueda incisiva de la verdad.

El apelante tenía derecho a investigar en el hábeas corpus todos los pormenores en las incidencias que condujeron a su identificación como el alegado asesino del Comandante Mercado. A mi juicio ese derecho se le negó cuando se sostuvo la objeción del fiscal a presentar las fotografías que supuesta-mente sirvieron de base a la identificación. No había razón legal alguna para ello, y así quedó confirmado por el propio ministerio público cuando aceptó durante la vista oral ante este Tribunal, que las fotografías se presentaron en la vista sobre extradición ante el tribunal de Canadá; Ante la incon-sistencia del ministerio público en asunto tan importante, la duda ha de existir siempre sobre si realmente hubo tales fotografías en el procedimiento de identificación y, de haber-las habido, si las que vio Atilano fueron las mismas que se presentaron en Canadá.

La versión dada por el testigo Atilano, tomada a la luz del certificado sobre la autopsia, se hace aún más dudosa. Según reveló la autopsia, la bala homicida siguió una trayec-toria diagonal descendente a través del pecho de la víctima. Atilano señaló que vio al apelante disparando desde el monu-mento a Unamuno, más o menos al mismo nivel en que se en-contraba el Comandante Mercado. También dijo que otras personas disparaban desde los árboles, en lo que describió como una “balacera.” En ausencia de alegación alguna de que los que disparaban actuaban al así hacerlo en concierto y de común acuerdo, no podría, a mi juicio, inculparse específica-mente a la persona que estaba tras el monumento, quien-quiera que fuese, del delito de asesinato.

En resumen, la prueba que presentó el fiscal en la vista del hábeas corpus no puede sostener una determinación de causa probable válida en Derecho. Por eso concurrí desde un principio y concurro en que debe revocarse la sentencia del tribunal a quo.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio concurren en el resultado.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1974

Disiento de la opinión del Tribunal. No acierto a compren-der cómo puede considerarse viciada la identificación que del peticionario hizo el Teniente Atilano mediante las “veinte o veinticinco” fotografías que le fueron mostradas a menos que del testimonio de las personas que le mostraron las fotografías y de la prueba de las fotografías mostrádales surja que el proceso de identificación fuera altamente sugestivo o de poca o ninguna confiabilidad.

El peticionario tenía el derecho de interrogar a los agentes del C.I.C. que participaron en la mostración de fotografías al Teniente Atilano, así como a examinar las fotografías que le fueron mostradas y a interrogarlos con respecto a la proce-dencia de las mismas, la forma en que fueron seleccionadas y sobre cualquier confidencia que hubiere recibido con respecto a la identidad del sospechoso. Para una determinación de causa probable válida es indispensable una identificación pre-juicio justa y confiable. No debe pues privarse al peticio-nario de demostrar que tal identificación constituye una viola-ción del debido procedimiento de ley. Véase Hoyos v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 633, 642-645 (1957). La negativa del juez de instancia a conceder lo solicitado por el peticionario constituyó error. Es por ello que devolvería el caso al tribunal de instancia para que se cite a los agentes del C.I.C. concer-nidos y se ordene traigan consigo todas las fotografías que fueron examinadas por el Teniente Atilano, para darle opor-tunidad al peticionario a interrogar sobre todo lo concerniente al proceso de identificación. El tribunal de instancia podría entonces estar en condiciones de hacer las determinaciones procedentes.

       En Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil 102 D.P.R. 71 (1974), resolvimos que el procedimiento para atacar la validez de una determinación de causa probable es mediante moción de desestimación bajA la Regla 64 (p). En vista de que en este recurso ya se presentó la prueba, a nada conduciría desestimar el mismo para que se radicara moción de desestimación congestionando aún más el calendario del Tribunal Superior.