author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Víctor L. Pagán Rivera, etc., demandantes y recurrentes, v. Municipio de Vega Alta, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-84-519

      Resuelto: 20 de noviembre de 1990

      Sigfredo A. Irizarry Semidei y José E. Sánchez Soliván, abogados de los recurrentes; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Raúl Barrera Morales y Américo Serva, Procuradores Generales Inte-rinos, Miguel A. Santana Bagur y Vanessa Ramírez, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

El recurso de epígrafe tiene su origen en una acción de daños y perjuicios por alegada impericia médica en el tratamiento médico que se le administrara al niño José Pagán Class durante los días 7 y 8 de julio de 1976 mientras estuvo recluido en el Centro de Salud de Vega Alta. La Sra. Iris D. Class, madre del niño Pagán, con motivo de una fiebre alta que aquejaba a éste lo llevó al referido Centro de Salud alrededor de la 1:00 P.M. del día 7 de julio de 1976. A eso de las 3:00 p.m. de ese día el niño fue examinado por el Dr. Ramón Urbáez, haciendo el mismo la siguiente anotación en el récord médico:

Al examen oído normal, ligero enrojecimiento de garganta. A la auscultación pulmones algunos estertores roncos en ambos campos pulmonares. Se ordena tratamiento de emergencia y se observará. Apéndice 41: Progress Notes.

Ante dicho cuadro, el doctor Urbáez prescribió el siguiente tratamiento médico: (a) dieta líquida; (b) baños PRNA (según sea necesario); (c) supositorios de aspirina 60mg, vía rectal cada cuatro (4) horas según sea necesario; (d) albatemp líquido (tempra), una cucharadita cada seis (6) horas, y (e) chequear temperatura constantemente.

Con posterioridad al comienzo del referido tratamiento mé-dico, el doctor Urbáez a eso de las 4:30 P.M. del día 7 de julio de 1976 anotó en el récord del menor que la temperatura comenzó a bajar y ordenó que se continuara con el tratamiento prescrito y la observación, señalando además una recomendación al médico de guardia a los efectos de “ordenar referir en caso necesario”. E.N.P, págs. 18 y 19. En el transcurso de la noche del referido día 7 de julio de 1976, hasta la mañana del día 8 de julio de 1976, hubo varias anotaciones en el récord médico del menor. Así, a las 8:00 p.m. del día 7, la enfermera de turno anotó la temperatura del niño en 38°C, señalando que a esa hora el niño estaba “tranquilo y tomando bien los medicamentos”. En la mañana del día 8 de julio de 1976, a eso de las 8:30 A.M., el niño fue evaluado por el médico de turno; éste indicó que el niño “pasó la noche relativamente tranquilo con temperatura intermitente”. íd. En esa mañana, adicionalmente hay una anotación de la enfermera de turno en donde se indicó que la temperatura del niño era de 39.5°C, siendo tratado el mismo con baños de alcohol, recibiendo sus medicamen-tos por la vía oral. A las 2:30 P.M. del día 8 de julio de 1976 se registra otra evaluación del niño por el médico de turno en el Centro de Salud. Como resultado de la misma se anota “paciente tranquilo, temperatura bajó a 38.2°C”. íd., pág. 18. El niño también fue evaluado a las 4:30 p.m. del día 8 de julio de 1976. En relación con dicha evaluación, el récord médico refleja que la temperatura del niño permaneció en 38.2°C, anotando el médico “continuar tratamiento, avisar médicos de guardia, evaluar y referir en caso necesario”. Hay una anotación posterior de la enfermera de turno en la cual se indica que la madre del niño informa “que el niño tiene dificultad de respirar y luce intranqui-lo”. En dicho momento, la temperatura rectal del niño era de 40°C, procediendo a examinarlo el doctor Vergés, quien al obser-var una crisis respiratoria en el menor lo refirió al Servicio de Pediatría del Centro Médico de San Juan. En el correspondiente “referido”, el galeno indicó que el niño, de un (1) año de edad, estuvo hospitalizado, tiene fiebre de 40°C, presentó convulsiones, taquicardia, estertores, no mejorando con el tratamiento, seña-lando como diagnóstico tentativo “Bronquitis Aguda”. El niño José Pagán llegó en ambulancia al Centro Médico de San Juan aproximadamente a eso de las 8:00 p.m. del día 8 de julio de 1976. El día 9 de julio de 1976, a las 5:00 de la tarde, el niño falleció mientras estaba hospitalizado en el Centro Médico de San Juan.

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El día 2 de mayo de 1977, la parte demandante presento demanda de daños y perjuicios ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, en la que alegó, en síntesis y en lo pertinente, que los demandados incurrieron en conducta negli-gente (mala práctica de la medicina) al no haber referido al niño para que fuera atendido en algún otro hospital luego de haber sido examinado en el Centro de Salud de Vega Alta. También alegaron que el niño, al momento en que fue examinado en el referido Centro de Salud, padecía de pulmonía severa por lo que era necesario que se le tomara una radiografía de pecho, que se le administrara suero y que se colocara al menor en una tienda de oxígeno. Por último, alegaron que la causa del fallecimiento del niño el día 9 de julio de 1976 se debió a que no se le administraron los servicios médicos necesarios durante el transcurso de tiempo en que el niño estuvo hospitalizado en el Centro de Salud de Vega Alta.

La parte demandada negó la negligencia imputádale, soste-niendo que mientras el niño estuvo en el Centro de Salud de Vega Alta recibió un tratamiento adecuado, correspondiente el mismo al cuadro clínico observado en el menor. El tribunal de instancia, luego de celebrada la correspondiente vista evidenciaría, me-diante sentencia emitida el día 10 de octubre de 1984 desestimó la demanda incoada por los aquí recurrentes. Dicho foro, en síntesis y en lo pertinente y basándose en la prueba ofrecida, concluyó como cuestión de derecho que “el tratamiento ofrecídole al niño José Pagán en el Centro de Salud de Vega Alta fue del nivel o calidad que llena las exigencias generalmente reconocidas por la profesión médica”. Apéndice, pág. 36.()

De dicha sentencia, acudió ante este Tribunal la parte deman-dante, vía recurso de revisión. En su recurso señala los siguientes planteamientos de error:

1. Si ante observaciones que indican una gran probabilidad de la existencia de pulmonía doble en un niño de un año de edad y ante la ausencia de facilidades para el diagnóstico y tratamiento adecuado de esa condición en su dispensario, el médico que examina al niño viene obligado a referirlo a alguna institución de salud donde existan tales facilidades.
2. Si ante la totalidad de la prueba desfilada en este caso y ante las numerosas y serias inconsistencias en las teorías, contenciones y prueba de la parte demandada, actuó correctamente el Honorable Tribunal de [I]nstancia al concluir que la presunción sobre trata-miento médico adecuado no fue controvertida y al adoptar verbatim las más recientes teorías, contenciones y argumentos de dicha parte, desechando todas las contenciones y prueba de la parte demandante, inclusive las declaraciones de los padres de la victima, quienes fueron las únicas personas que, de entre los testigos presenciales, se presentaron durante el juicio.
3. Si actuó o no erróneamente el Honorable Tribunal de Instancia al no concluir que ni el personal médico ni el personal paramédico del Centro de Salud de Vega Alta incurrieron en negligencia en relación con la atención y tratamiento provistos allí al niño José Pagán Class durante los días 7 y 8 de julio de 1976.
4. Si cometió o no error el Honorable Tribunal de Instancia al concluir que independientemente de las actuaciones y omisiones del personal médico y paramédico del Centro de Salud de Vega Alta en relación con el niño José Pagán Class, éste habría de fallecer inevitablemente en 9 de julio de 1976. Solicitud de revisión, págs. 11-12.

Expedimos el auto solicitado; posteriormente ordenamos que se preparara una exposición narrativa de la prueba. Habiendo comparecido ambas partes y estando en posición de decidir, procedemos a así hacerlo.

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En Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 D.P.R. 295, 297-298 (1988), expresamos:

Las acciones por alegada impericia médica constituyen o repre-sentan un reto especial para los jueces. Dichos casos siempre versan sobre la ocurrencia de un daño; uno que, por lo general, resulta impresionante y doloroso. No obstante el natural sentimiento de compasión que todo ser humano experimenta al enfrentarse al daño y sufrimiento de otro ser humano, los jueces tenemos que mantener siempre presente que el mero hecho de que haya ocurrido un daño no significa que el médico es civilmente responsable por el mismo. En otras palabras, no podemos darnos el lujo de que nuestros sentimientos dominen nuestro discernimiento. De así permitirlo, estaríamos incumpliendo con nuestra función como jueces.

Manteniendo presente lo antes expuesto, pasamos a examinar la controversia planteada en el caso de epígrafe. Como es sabido, en Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973), originalmente establecimos la norma a ser utilizada en nuestra jurisdicción para determinar la responsabilidad de los médicos en casos de alegada mala práctica profesional. La referida norma le impone a éstos la obligación de ofrecer a sus pacientes aquella atención médica que a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza, satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la propia profesión médica. Pérez Torres v. Bladuell Ramos, ante; Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987), y Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983), entre otros.

No obstante, al médico se le reconoce una amplia discreción en el cuidado de un paciente. En ese sentido, hemos dicho que un médico no “incurre en responsabilidad si el tratamiento que le brinda a su paciente, aun cuando erróneo, está enmarcado en los linderos de lo razonable y es aceptado por amplios sectores de la profesión médica; constituyendo defensa válida para el médico demandado la existencia de divergencia de criterios entre las autoridades médicas sobre si el tratamiento o procedimiento en particular era correcto bajo las circunstancias del caso”. Pérez Torres v. Bladuell Ramos, ante, págs. 303-304, citando con aprobación a Lozada v. E.L.A., 116 D.P.R. 202, 217 (1985), entre otros.

For otro lado, la parte demandante viene en la obligación de probar mediante preponderancia de prueba que el tratamiento ofrecido por el demandado fue el factor que con mayor probabi-lidad ocasionó el daño sufrido por el paciente. Rodríguez Crespo v. Hernández, ante; Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 744 (1983); Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521 (1980). Ello es así, toda vez que en estos casos existe una presunción de que el médico le brindó un tratamiento adecuado a su paciente, lo que le impone al demandante la obligación de rebatir dicha presunción a través de la presentación de prueba suficiente en contrario. Rodríguez Crespo v. Hernández, ante. En otras palabras, la parte demandante tiene que probar que el tratamiento suministrado por el demandado no fue el adecuado. Véase Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789, 792 (1979).

Asimismo, hemos señalado que para que se establezca prima facie un caso de daños y perjuicios por alegada mala práctica en la medicina es necesario que el demandante presente prueba satisfactoria sobre: (1) las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o a los especialistas, y (2) la relación causal entre la actuación u omisión'del facultativo y la lesión sufrida por el paciente. Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380 (1988). Es conveniente recordar que al momento de ejercer nuestra función revisora, en casos como el de epígrafe, nuestra decisión puede fundarse en aquella prueba pericial y documental que haya sido presentada ante el foro de instancia. Ríos Ruiz v. Mark, ante, págs. 821-822. En relación con lo antes expresado, resulta procedente enfatizar que en aquellos casos en que prevalezca un conflicto en relación con la prueba pericial desfilada, hemos establecido que este Tribunal, al igual que el foro de instancia, podrá optar por aquella posición que le “merezca más crédito”. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, ante; Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970), y Pereira v. E.L.A., 91 D.P.R. 750 (1965).

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Al aplicar la normativa jurisprudencial antes expuesta a los hechos del pleito de epígrafe debemos determinar si, a la luz del cuadro clínico que presentaba el menor fallecido al llegar al Centro de Salud de Vega Alta, constituyó o no negligencia el tratamiento médico que se le brindó en dicho Centro. Concluimos, al igual que el foro de instancia, que el mismo fue uno adecuado y razonable de acuerdo con las prácticas generalmente reconocidas por la profesión médica. Veamos.

En el tribunal de instancia, la parte demandante recurrente, a través de su único perito médico Dr. Leonardo Collazo López () trató de establecer, por un lado, que los médicos que inicialmente atendieron al niño Pagán no llegaron a un diagnóstico luego de que se examinara al menor por primera vez, y, de otra parte, que el tratamiento que se le administró no fue uno adecuado. Señaló el referido galeno que un niño, en circunstancias similares a las del menor Pagán, necesita un tratamiento más “agresivo en antibióticos”, esto debido a la infección que padecía el mismo. Sostuvo, además, el doctor Collazo López que el antibiótico “Erytrocyn”, que le fue administrado al niño, debe ser utilizado en “condiciones leves y no en infecciones serias como la pulmonía bilateral”. E.N.P, pág. 9. El referido galeno también opinó que, debido a la inexistencia de facilidades para realizar radiografías y para efectuar análisis, el niño debió haber sido referido a un hospital que las tuviese tan pronto como el niño llegó al Centro de Salud de Vega Alta.

El doctor Collazo López, luego de examinar el Certificado de Defunción y el Protocolo de Autopsia, llegó a la conclusión de que el menor murió debido a un problema cardio-pulmonar como consecuencia de una pulmonía. En torno al hallazgo de “polio bulbar”, reflejado a través de un examen de algunas muestras del tejido cerebral del niño Pagán, el doctor Collazo López señaló que ya que la pulmonía es una de las complicaciones del polio, entiende que si se hubiera tratado adecuadamente la misma, el niño hubiese tenido más de 50% de probabilidades de sobrevivir a la misma. Finalmente,, opinó que a tono con las circunstancias presentes en el caso del niño Pagán, entiende que éste no tenía polio e insistió en que el niño murió de pulmonía y no de polio. ()

La prueba presentada por la parte demandada recurrida consistió, principalmente, de los testimonios prestados por el Dr. Raúl López Correa () y las patólogos forenses Dra. Yocasta Brugal y Dra. Rosa Fiol Rodríguez.

En cuanto a las circunstancias que precedieron a la muerte del niño Pagán, el doctor López Correa testificó en síntesis que:

. . . [E]l niño Pagán fue debidamente atendido en el Centro de Salud de Vega Alta ante el cuadro clínico observado en ese momento. Que el niño no murió de pulmonía conforme a los hallazgos de autopsia practicada. Que el niño falleció como conse-cuencia de una enfermedad viral de cordón espinal del tallo cerebral y cerebelo, compatible con poliomielitis bulbar. Que dicho virus atacó el sistema nervioso central ocasionando un edema pulmonar súbita, que no era previsible ni sospechable, que fue lo que produjo su muerte en tan poco tiempo sin que los médicos del Centro de Salud de Vega Alta pudiesen sospechar o anticipar que se trataba de un caso compatible con la poliomielitis bulbar. No previsto inclusive por los médicos del Hospital Universitario del Niño, cuya atención médica conforme a los propios demandantes, también fue una adecuada y de excelencia. (Enfasis suplido.) E.N.E, pág. 17.

Testificó, adicionalmente, el doctor López Correa que, antes de que el niño tuviera un deterioro físico marcado y que se ordenara su traslado al Centro Médico, la condición del mismo no sugería que la enfermedad fuese de gravedad. Ante dicho cuadro clínico declaró que, aun cuando en el expediente médico no consta que se hiciera diagnóstico como tal, los hallazgos de enrojeci-miento de la garganta y estertores a la auscultación pulmonar sugerían una infección respiratoria, por lo que el tratamiento brindado fue uno adecuado.

En relación con el tratamiento brindado, en específico en cuanto al antibiótico ordenado y suministrado al menor —eritromicina— por los facultativos médicos adscritos al Centro de Salud de Vega Alta, testificó el perito López Correa que el mismo “es una droga efectiva contra ... los patógenos que podrían causar una neumonía no-viral en un niño de esta edad”. E.N.P., pág. 20. Declaró el doctor López Correa que su posición respecto a ello es sostenida por reconocidas autoridades en el campo de las enfermedades infecciosas en niños. A esos efectos, citó el referido galeno un artículo publicado en el Journal of Pediatrics, suscrito el mismo por los doctores Eichenwald y MacCroken, en el mes de septiembre de 1978 —dos (2) años después de ocurrido el deceso del niño Pagán— en donde se señala que la eritromicina es un antibiótico excelente para la terapia de infecciones bacteriales respiratorias comunes, siendo el mismo el menos tóxico de los antibióticos. En cuanto a este punto, por último, señaló el doctor López Correa que una reconocida autoridad en la materia, el doctor Edwing L. Kending —quien es profesor de pediatría del Virginia Medical College— en su obra de texto Disorders of the Respiratory Tract in Children, Philadelphia, Ed. Jaunders, 1977, endosa plenamente la eritromicina en el tratamiento de infecciones pulmonares causa-das por pneumococos o estreptococos.

Declaró, por último, el doctor López Correa que es de la opinión que la atención médica brindada al niño Pagán en el Centro de Salud de Vega Alta satisfacía las exigencias general-mente reconocidas por la profesión médica en el año de 1976 debido a que, conforme la sintomatología que presentaba el paciente no se podía razonablemente predecir cuán severa sería la neumonía que sufría el niño, no siendo un requisito obligatorio la toma de placas.

Como expresáramos anteriormente, la parte demandada adicionalmente presentó, como prueba pericial, a las patólogas forenses doctoras Rosa Fiol Rodríguez y Yocasta Brugal. Con-forme “resumiera” el tribunal de instancia el testimonio prestado por ambas peritos, () la Dra. Rosa Fiol sostuvo la teoría “de que el niño José Pagán murió a causa de una poliomelitis bulbar de carácter fulminante y severa. Recalcó . . . que independiente-mente del tratamiento que se le hubiera dado al menor en el Centro de Salud de Vega Alta y en el Centro Médico [éste] hubiera fallecido de todas maneras por dicha causa. Señaló la testigo que no se sospechó inicialmente que el menor padeciera de polio bulbar y que el tratamiento se circunscribió a la condición pulmonar y a la sospecha de meningitis, pero se sostuvo firme-mente en que la causa de la muerte fue el polio bulbar y que aun cuando el virus no hubiera atacado el bulbo el menor hubiera desarrollado una condición cuadriplégica”. Resolución y Orden, pág. 2.

Por su parte la doctora Brugal, conforme el “resumen” que hiciera el tribunal de instancia, declaró que “se certificó inicial-mente que la causa de la muerte había sido bronconeumonía y que más tarde se diagnosticó que la causa fue el polio bulbar. Sostuvo que la práctica es emitir un diagnóstico provisional sobre la muerte y luego definitivamente confirmar o emitir el diagnóstico que correspondía].... Su testimonio fue compatible con lo dicho por la Dra. Fiol en el sentido que tan pronto vio las laminillas se convenció de que la causa de la muerte del menor fue polio bulbar”. Resolución y Orden, pág. 3.

IV

Luego de un análisis sereno e imparcial de la prueba presen-tada a nivel de instancia, en especial de la prueba pericial, somos del criterio que resulta inescapable y mandatoria la conclusión de que la parte demandante no cumplió con su obligación de rebatir la presunción de que el paciente en controversia recibió un tratamiento adecuado por parte de los médicos y demás emplea-dos del Centro de Salud de Vega Alta. Rodríguez Crespo v. Hernández, ante; Rosado Rosado v. E.L.A., ante. Esto es, la parte demandante no logró establecer que la atención médica que se le brindara al niño Pagán en el referido centro de salud fuera contraria a las exigencias generalmente reconocidas por la profe-sión médica.

Aparte del hecho de que la prueba pericial presentada por la parte demandada nos parece ser mucho más robusta, creíble y convincente que la presentada por la parte demandante, somos del criterio que lo más que le podríamos atribuir a los facultativos médicos que atendieron al niño Pagán en el Centro de Salud de Vega Alta sería haber incurrido en un “honesto e informado error de juicio”. Pérez Torres v. Bladuell Ramos, ante. A base de la prueba presentada, ciertamente no podemos imputarle a dichos galenos la negligencia en el tratamiento médico del menor que conlleva la imposición de responsabilidad civil.

Por los fundamentos antes expresados, se dicta sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el tribunal de instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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La muerte prematura de José Pagán Class —infante de apenas un (1) año de edad— aparte del impacto emocional y las angustias que causó a sus progenitores Víctor L. Pagán Rosa e Iris D. Class, hubiese pasado desapercibida si no es por razón de este drama judicial. “[A]l levantarse el telón —más que normas jurídicas frías— aparece la dolorosa realidad de aquello que todo el mundo sabe, pero que intenta ignorar: las diferencias entre la medicina pública para los pobres y la privada.” Martínez Cruz v. E.L.A., 126 D.P.R. 170 (1990), voto disidente.

Se impone una breve reflexión. Muchas de las facilidades de salud que existen en algunos “dispensarios o centros locales municipales” —como en el de autos, Vega Alta— son sumamente limitadas. Por ende, este disenso parte de la premisa de que, más allá del mundo utópico e ideal jurídico, la realidad es que no podemos exigirles a esos dispensarios o centros locales servicios de salud de excelencia irrestrictos. Sin laboratorios, facilidades y equipos para tomar radiografías, con poco personal médico y paramédico, y escasez de medicinas, simplemente ello no es posible. Ante esta realidad, el “deber jurídico” tiene que ser que los médicos y el personal auxiliar brinden a los pacientes, en casos simples, una adecuada primera ayuda y, simultáneamente, una orientación oportuna a éste y a sus familiares en cuanto a la prognosis inicial y proyecciones posteriores. A contrario sensu, frente a casos complejos, graves o marginales, aumenta y se configura un “deber jurídico mayor” que exige de los médicos y personal ejercer todo el cuidado posible para detectar las condi-ciones que requieran tratamiento en otras facilidades. Los casos dudosos han de ser inmediatamente referidos, pues una tardanza irrazonable puede representar el menoscabo sustancial en la salud del paciente o su eventual fallecimiento.

Evidentemente, el tiempo que transcurre desde que un pa-ciente solicita ayuda hasta que se emite y ejecuta la decisión de referirlo a un especialista o a un hospital mejor equipado es esencial; puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. A fin de cuentas, este “deber jurídico mayor” implica el recono-cimiento de que un segmento de nuestra población carece de los recursos y conocimientos para acudir directamente a un médico especialista o a un hospital privado.

En última instancia, muchos enfermos dependerán del buen juicio y del quantum de diligencia que puedan desplegar los médicos de estos centros de salud locales. En este sentido, en materia de impericia médica (malpractice), el concepto de referimientos cobra un significado singular y justifica la norma de exigir un alto grado de cuidado al personal médico y auxiliar de estos centros de salud. Con esta realidad en mente, expongamos los hechos.

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La prueba revela que para el 6 de julio de 1976, el infante José no presentaba síntomas de tener problemas de salud. Ingería bien sus alimentos. No obstante, durante la mañana del otro día —7 de julio— su madre Iris se percató de que estaba enfermo: tenía fiebre alta y se mostraba menos activo que de costumbre. Por esta razón, a la 1:00 P.M. lo llevó al Centro de Salud de Vega Alta. Allí fue informada de que esperara por el médico de turno, Dr. Ramón Urbáez, que a la sazón almorzaba. Después de este galeno atender a otro niño, finalmente a las 3:00 P.M. procedió a examinarlo. Como resultado anotó en el récord:

Al examen oído normal, ligero enrojecimiento de garganta. A la auscultación pulmones algunos estertores roncos en ambos campos pulmonares. Se ordena tratamiento de emergencia y se observará. (Énfasis suplido.) Apéndice 41: Progress Notes.

El doctor Urbáez prescribió dieta líquida, baños de alcohol, supositorios de aspirina, Albatemp (tempra) líquido, Eritrocin en suspensión, 200 mg., 1 cucharadita cada 6 horas. Además, ordenó “chequear temperatura constante”. No hizo anotación alguna en torno al posible diagnóstico. Ello de inmediato creó un vacío. Caben dos (2) alternativas. Nos inclinamos a inferir que sospechó pulmonía al ordenar tratamiento de emergencia. Sin embargo, observamos que el tratamiento ordenado era el recomendable en casos de faringitis leve y para reducir la fiebre. Ciertamente no era apropiado para atender y combatir una pulmonía, condición que requería un tratamiento agresivo, con fuertes dosis de penicilina intramuscular.

Iniciado el tratamiento, a las 4:30 P.M., dicho galeno anotó que había comenzado a bajar la temperatura. Indicó que se continuara el tratamiento y la observación. Recomendó referir al médico de guardia “en caso necesario”.

Esa tarde y noche, José permaneció en una cama del centro, principalmente bajo la vigilancia de su madre, quien se mantuvo a su lado todo el tiempo. El récord de las enfermeras revela que a pesar de las aspirinas y los baños de alcohol la fiebre, aunque intermitente —máximo 39.5 grados y mínima 38°C— nunca desapareció.

Ningún otro facultativo volvió a examinarlo hasta que el doctor Urbáez lo vio la mañana siguiente, a las 8:30 A.M. Según su madre, durante la noche el niño no pudo ingerir alimento. En lugar de la dieta líquida ordenada, el personal del Centro de Salud le suplió alimentos sólidos —papas y pollo— los cuales rechazó. No se le dio a tomar agua, jugo u otro líquido. Tampoco se le administró suero. No durmió nada. Esa mañana tenía tempera-tura de 39.5°C, tratada con baños de alcohol.

Después, a las 2:30 P.M., el médico lo evaluó. Anotó “paciente tranquilo” con temperatura de 38.2°C. Lo vio nuevamente a las 4:30 p.m. y mostraba la misma temperatura. Su nota es muy orientadora: “continuar tratamiento, avisar médicos de guardia, evaluar y referir en caso necesario.” (Enfasis suplido.) E.N.P., pág. 18.

Subsiguientemente, su madre lo observó intranquilo, con dificultad para respirar e informó a la enfermera. Ésta confirmó que tenía 40°C de temperatura y advirtió al médico de turno, doctor Vergés. Éste lo auscultó y lo refirió entonces a Pediatría del Centro Médico, Río Piedras, indicando la fiebre que tenía, que “presentó convulsiones, taquicardia, estertores y que no ha me-jorado con el tratamiento”. E.N.E, pág. 19. Diagnosticó tentativamente “Bronquitis Aguda”.

Fue trasladado en ambulancia con sus padres. Durante el trayecto no recibió oxígeno, suero ni ninguna atención del personal médico o paramédico.

Por vía de paréntesis, debemos enfatizar que mientras José estuvo en el Centro de Salud de Vega Alta no se le administró suero o alimentación. Por no existir facilidades, no se le hicieron análisis de sangre u otros exámenes de laboratorio. Tampoco se le tomaron radiografías. No se le hizo el más rudimentario examen neurológico, esto es, comprobar manualmente si existía rigidez en la nuca.

Al arribar al Hospital Universitario, se iniciaron agresiva-mente una serie de pruebas, análisis, radiografías y exámenes. Se le inyectaron tres (3) clases de antibióticos. Por su condición de deshidratación (moderada-severa) se le administraron sueros. Se le suplió oxígeno y oportunamente se le colocó en un “pulmón artificial”. Este tratamiento de excelencia en el Hospital Univer-sitario fue infructuoso. El niño murió a las 5:00 P.M. del 9 de julio de 1976.

En el primer certificado de autopsia, la patóloga Yocasta Brugal certificó como causa de la muerte: “Bronchopneumonia, Sepsis.” Notificados el Estado y Municipio de que se entablaría una reclamación, después de presentada la demanda y luego de transcurridos dos (2) años del fallecimiento, se expidió el 6 de julio de 1978 un nuevo certificado de defunción que enmendaba el anterior. En éste se le atribuyó la muerte a “Bronchopneumonia, Sepsis, debido a Polio Bulbad’. (Énfasis suplido.) Cabe destacar que la frase “Folio Bulbar” aparece insertada a manuscrito; el resto está en maquinilla.

Ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, sus padres Fagán-Class demandaron al Estado y al Municipio de Vega Alta. Trabada la contienda, oportunamente dicho foro (Hon. José F. Rodríguez Rivera, Juez) descartó negligencia. Se fundamentó en el último certificado, la declaración de la patóloga forense Dra. Rosa E. Fiol Rodríguez, un estudio del tejido cerebral del cadáver y el testimonio del perito Dr. Raúl López Correa. Concluyó que la muerte de José se debió a una poliomelitis y que era inexorable.

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Erró. Una aclaración inicial. Nos preocupa seriamente que este Foro apelativo siga adjudicando casos de esta naturaleza sobre la base de la premisa de que existe una “presunción” de que un médico ejerce un grado razonable de cuidado en el tratamiento de sus pacientes. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789 (1979). Al hacerlo, continúa arrastrando un grave error evidenciario que acarrea repetidas injusticias. No existe tal presunción. La norma jurídica correcta ha sido malinterpretada. De la obligación que tiene todo reclamante de probar su caso mediante “preponderan-cia de prueba” —Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521-522 (1980); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 744 (1983)— incluso activando la doctrina de res ipsa loquitur, se ha arribado a semejante presunción mediante un salto cuya lógica no alcanzamos a entender.

Ahora bien, la insistencia mayoritaria en seguir resolviendo fundamentado en esa cuestionable presunción no altera la conclu-sión de que, en el caso de autos, el análisis integral de la prueba demuestra que el personal médico y paramédico del Centro de Salud de Vega Alta incurrió en negligencia en varios extremos. Ante el cuadro clínico inicial que presentaba este infante (pulmo-nía bilateral severa), era menester una mejor atención y un tratamiento más agresivo de antibióticos. Si a ello unimos la ausencia de facilidades para realizar radiografías y otros análisis, no cabe otra conclusión que la de sostener que los médicos que lo atendieron incurrieron en una tardanza irrazonable en referirlo al Centro Médico.

Estos simples hechos configuran negligencia médica crasa. No estamos ante un error de juicio médico honesto e informado que exime de responsabilidad. Tampoco ante un diagnóstico o trata-miento sobre un cuadro en que las autoridades médicas están en desacuerdo en cuanto a cuál es el diagnóstico o tratamiento más adecuado o cuándo el médico ha seguido una práctica aceptada por la profesión médica. Nos explicamos.

Primero, no comprendemos cómo el doctor Urbáez no sospe-chó pulmonía, puesto que los estertores roncos en ambos campos pulmonares del infante José así lo sugerían. Si efectivamente no lo sospechó, habría que imponerle responsabilidad, pues no estamos ante un “error de juicio fundado”, sino ante negligencia crasa. Por el contrario, si lo sospechó —aun cuando no lo indicó en el récord— debió referir al niño inmediatamente a un hospital donde pudiera verificarse ese diagnóstico mediante pruebas de labora-torio y radiografías de pecho. Bajo cualesquiera hipótesis fue negligente.

Segundo, el antibiótico eritromicina, en la dosis recetada y por la vía oral, si bien podía ser efectivo contra una faringitis leve, no lo era contra una pulmonía. Esta última condición justificaba aplicar antibiótico en dosis “masivas” y mediante inyecciones.

Tercero, conjuntamente con ese tratamiento agresivo de antibióticos, se imponía trasladarlo a un hospital donde pudieran atenderlo adecuadamente y que, adicionalmente, le suministraran sueros y, de ser necesario, oxígeno. Hemos visto que estas facilidades no existían en el Centro de Salud de Vega Alta.

Cuarto, José había sido vacunado contra la polio. Para el día 6 de julio de 1976 no se notaba enfermo. El cuadro clínico que presentaba no era típico de polio y ninguna otra persona en el área se le había diagnosticado polio.

Quinto, aun asumiendo que desarrolló polio, la prueba refleja que la mayor parte de los casos se salvan. En poliomelitis bulbar, el promedio de supervivencia es de un mínimo de cincuenta por ciento (50%). La diferencia entre sobrevivir y morir estriba en la forma en que se atienden las complicaciones incidentales al polio, entre ellas la pulmonía. Muchas veces lo fatal no es el polio, sino esas complicaciones secundarias no tratadas adecuadamente.

Mientras más rápido se apliquen esos tratamientos, mayores son las probabilidades de salvarse. En el caso de autos, no hay duda de que lo que le causó la muerte al niño fue la pulmonía, según confirmado en la autopsia. Las treinta (30) horas durante las cuales el niño no recibió tratamiento adecuado en Vega Alta redujeron sustancialmente sus probabilidades de sobrevivir.

Sexto, la condición de deshidratación por falta de líquidos (sueros) le afectó considerablemente. Por todos es conocido que la deshidratación es particularmente peligrosa en niños de corta edad.

Y séptimo, el tratamiento y atención que se le dispensó en el Hospital Universitario fueron adecuados. Lógicamente, mientras más rápido los hubiese recibido, mayores hubiesen sido sus probabilidades de sobrevivir.

La sentencia del tribunal de instancia y de este Foro descan-san en la tesis de que el polio causó la muerte. Esa condición no fue debidamente probada. La doctora Fiol Rodríguez aceptó que no pudo identificar el virus del polio en las laminillas de tejido. E.N.E, pág. 8. La doctora Brugal atestó que no podía decir que el virus era polio. Fue enfática en que el niño tenía pulmonía bilateral. “Cuando los ruidos a la auscultación hacen sospechar pulmonía, tomar radiografías. Era mandatorio”. E.N.P., pág. 28. Y, finalmente, el doctor López Correa aclaró que “los hallazgos del

protocolo de autopsia no son suficientes para decir que el niño fue atacado por el virus que produce el polio bulbar porque no se identificó el virus". E.N.E, pág. 24.

A la luz de lo expuesto, no podemos sostener que el doctor Urbáez hizo “un esfuerzo honesto y concienzudo para enterarse de los síntomas del menor”. Todos los indicadores señalaban poderosamente hacia una pulmonía. Si como afirma la mayoría del Tribunal —descansando en el testimonio del doctor López Co-rrea— la condición del niño “no sugería que la enfermedad fuese de gravedad” (opinión mayoritaria, pág. 544), ¿por qué entonces el doctor Urbáez ordenó tratamiento de emergencia,?

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Recapitulando. Se probó negligencia al: (a) omitir todo diag-nóstico tentativo o final con relación a la condición del niño; (b) ante síntomas altamente sugestivos de una pulmonía, no se procuró inmediatamente tratamiento para ello; (c) no se llevaron a cabo ni gestionaron en algún laboratorio u hospital cercano las pruebas mínimas necesarias para diagnosticar y atender tal condición o diferenciarla en cuanto a otras enfermedades; (d) no se le brindó al niño el cuidado, la atención, la alimentación y la hidratación necesarias; (e) se le trasladó al Centro Médico sin ninguna clase de supervisión paramédica, y (f) se esperó irrazonablemente a que el niño comenzara a convulsar para referirlo tardíamente a dicho Centro Médico.

Corresponde a los tribunales, a través de la aplicación co-rrecta de la normativa jurídica y en virtud de una estimativa psicojudicial pragmática resolver justicieramente controversias de este género. La manida frase “error de juicio honesto e infundado” no tiene cabida en este caso. Revocaríamos.

      (1) Véase Sentencia emitida en el caso de epígrafe, de 10 de octubre de 1984, por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón (Hon. José F. Rodríguez Rivera, Juez).

      (2) El doctor Collazo López, estudió medicina en la Universidad de Puerto Rico y tiene una especialidad en cirugía. Además, su testimonio descansó en una revisión de los récord médicos del menor y del informe de autopsia.

      (3) Véase E.N.P., págs. 8-15.

      (4) El Dr. Raúl López Correa obtuvo especialidad en pediatría en el 1968; es Catedrático Asociado en la Escuela de Medicina y trabaja en el Hospital Universitario del Niño como pediatra. Pertenece a la Academia de Pediatría Americana, no ha servido como perito antes, ni participó en el tratamiento médico ofrecido al niño Pagán.

      (5) Según surge de una “Resolución y Orden” emitida con fecha 23 de agosto de 1985 por el Hon. Juez José F. Rodríguez Rivera —emitida con motivo de la aprobación de la exposición narrativa de la prueba— las partes no pudieron ponerse de acuerdo respecto al testimonio de las doctoras Fiol y Brugal. El referido magistrado procedió entonces a “resumir”, en dicha Resolución y Orden, el testimonio prestado por las mencionadas patólogas forenses. Procede que se enfatice el hecho de que la autopsia del niño Pagán la efectuó la doctora Brugal bajo la supervisión de la doctora Fiol.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Alejandro Lacroix Correa, demandado y peticionario.

      Número: CE-90-462

      Resuelto: 20 de noviembre de 1990

      Miguel A. Cabrera, abogado del peticionario; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procu-radora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

En relación con unos hechos alegadamente acaecidos el 15 de noviembre de 1989, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, unos pliegos acusatorios contra el aquí peticionario Alejandro Lacroix Correa en los que se le imputó a éste haber infringido el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. see. 632, y el Art. 260 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4521.() Al ser llamado los casos para juicio, el peticionario Lacroix Correa hizo alegación de culpabilidad —producto de una alegación preacordada a la cual brindó su anuencia la perjudi-cada en el caso— por los delitos de alteración a la paz y agresión en su modalidad menos grave. El tribunal de instancia, contando con el beneficio de un informe de la oficina de oficiales probatorios, sentenció al peticionario Lacroix Correa a sufrir una pena de seis (6) meses de cárcel en cada uno de los delitos antes mencionados y cumplir ambas penas en forma consecutiva. Dicho foro negó los beneficios de una sentencia suspendida.

Inconforme, el peticionario Lacroix Correa acudió vía certiorari ante este Tribunal.() Mediante Resolución de 25 de junio de 1990, le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari solicitado y dictar sentencia modificatoria de la emitida por el tribunal de instancia “a los efectos de conceder al Peticionario los beneficios de una sentencia suspendida”.() Resolución de 25 de junio de 1990. El Procurador General de Puerto Rico compareció a esos efectos mediante escrito de 16 de julio de 1990. Una Sala Especial de este Tribunal —compuesta por el Juez Presidente Señor Pons Núñez, el Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón— mediante resolución mayoritaria de 20 de julio de 1990, y luego de tener el beneficio de examinar el informe rendido por la oficina de oficiales probatorios, le fijó al peticionario dentro del recurso de certiorari presentado una fianza de $1,000 para que éste pudiera permanecer en libertad hasta tanto el Tribunal resolviera el planteamiento central de si el foro de instancia incurrió o no en abuso de discreción al negarle los beneficios de una sentencia suspendida. () Además, se le impuso al peticionario, como condiciones especiales para que pudiera permanecer en libertad bajo dicha fianza, que se debía someter a una “evaluación sobre alcoholismo” y abstenerse “de cualquier contacto o relación de clase alguna con la Sra. Lizette Male[ú]n Valencia”. Resolución de 20 de julio de 1990, págs. 1-2.

Al estar en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo.

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En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, en Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211-217 (1990), expresamos:

En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración, hemos resuelto que la decisión o determinación de conceder o no los beneficios de una sentencia suspendida a un convicto de delito que prima facie cualifica para recibir dichos beneficios descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); que a dicha determinación le cobija la presunción de ser una justa y correcta, Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971); que el informe que rinde al tribunal el oficial probatorio, y su recomendación sobre la concesión o no de una sentencia suspendida al convicto, no obliga al juez sentenciador, Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); que aun cuando la carencia de antecedentes penales es una circunstancia favorable para el con-victo que aspira a recibir los beneficios de una sentencia suspendida, dicha circunstancia, por sí sola, no es suficiente para recibir dichos beneficios, Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597 (1954), y que, en casos de alegaciones de culpabilidad, no hay nada que impida que el juez de instancia examine el expediente fiscal con el propósito de conocer los hechos que dieron lugar a la radicación de los cargos criminales y así poder estar en mejor posición de ejercer esa discreción, Pueblo v. Feliciano, 67 D.P.R. 247 (1947).
Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el mencionado concepto “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho . . (Énfasis suplido.) Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción .judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Como expresáramos en Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200, “[discreción es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera . . .”. (Énfasis en el original.)

En lo que respecta al caso ante nuestra consideración, surge del informe que en el presente caso rindiera la oficina de oficiales probatorios que el peticionario Lacroix Correa no tiene récord de antecedentes penales, que posee un bachillerato en contabilidad, que tiene un historial de hombre trabajador (actualmente desem-peñándose como representante de ventas de una compañía de alquiler de autos, donde devenga un salario mensual de $1,580), y que es padre de dos (2) niños adolescentes de un matrimonio anterior, quienes dependen de él para su sustento. Conforme surge de dicho informe, entiende el oficial probatorio que rindió el mismo que el peticionario “observa una conducta social adecuada a excepción de alguna visión desvirtuada de la figura femenina como consecuencia de sus experiencias maritales pasadas. Eso lo incita a ser agresivo con las mujeres al entrar en contacto con el. licor”. (Énfasis suplido.) Informe pre-sentencia, pág. 6.

A base de lo anteriormente expresado, somos del criterio que el peticionario Lacroix Correa es una persona que cualifica para recibir los beneficios de una sentencia suspendida al amparo de las disposiciones del Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 84 L.P.R.A. see. 1027. Debe, sin embargo, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y someterse a cualquier tratamiento que le sea recomendado respecto a su problema con el alcohol.() Naturalmente deberá, mientras disfruta de la libertad a prueba que hoy le concedemos, igualmente abstenerse de cualquier contacto con la perjudicada Maleún Valencia.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto de “certiorari” presentado y se dicta sentencia modificatoria —a los extremos antes indicados— de la emitida por el tribunal de instancia, por lo que se devuelve el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Por entender que los actos cometidos por el recurrente justifican su reclusión, disiento de la sentencia emitida por este Tribunal que le concede los beneficios de una sentencia suspen-dida.

rH

El peticionario Alejandro Lacroix Correa convivió consensualmente durante un (1) año con la víctima Lizette Maleún Valencia. La relación terminó el 15 de septiembre de 1988 porque él agredía y le profería improperios a la víctima cada vez que se embriagaba, haciendo imposible la convivencia.

Dos (2) meses más tarde, mientras Lizette esperaba el cambio de luz en una intersección, el peticionario la volvió a agredir física y verbalmente. En esa ocasión, él introdujo la mano derecha por la ventana del vehículo donde viajaba ésta, le dio un puño debajo del pómulo derecho y le dijo que era una “puta, sucia y cabrona”. Inmediatamente después invitó a un vecino que la acompañaba en el carro, el Sr. Luis Maldonado Bonilla, a pelear. Como ella estaba herida, Maldonado Bonilla tomó el volante y se dirigieron al Cuartel de Carolina Norte donde informaron lo acontecido. De allí, se dirigieron al Hato Rey Community Hospital para atender la herida de la víctima. Le cogieron nueve puntos de sutura en la cara y, para evitar una infección, le recetaron antibióticos. Por la naturaleza de la herida, le dieron una cita para el día siguiente.

Posteriormente se presentaron cargos contra Alejandro Lacroix por alteración a la paz y por violación al Art. 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.ER.A. see. 632.

Después de los trámites iniciales, se produjo un acuerdo con el fiscal, y con la anuencia de la perjudicada se redujeron los cargos a agresión agravada en su modalidad menos grave y alteración a la paz. El agresor hizo alegación de culpabilidad por los delitos imputados y el tribunal lo declaró culpable. La defensa solicitó como pena el pago de una multa y el fiscal no lo objetó. Posteriormente, el acusado fue referido a la oficina de oficiales sociopenales para que se determinara si cualificaba para los beneficios de una sentencia suspendida.

En el acto de pronunciamiento de sentencia el tribunal impuso una pena de seis (6) meses de prisión por cada delito a cumplirse consecutivamente. El agresor solicitó reconsideración de la sen-tencia, pero ésta fue declarada sin lugar. Acudió ante nos me-diante certiorari alegando, fundamentalmente, que se violó el acuerdo que se dio tras la alegación de culpabilidad y que se le debió conceder los beneficios de la sentencia suspendida.

Por entender que el Tribunal Superior actuó correctamente al imponer una pena de reclusión, estimamos que debe confirmarse el dictamen. Estamos ante unos hechos que denotan un alto grado de violencia y el foro de instancia no abusó de su discreción al denegar el beneficio de una sentencia suspendida. Lo contrario reflejaría una desidia e insensibilidad palmaria ante el gran problema de la violencia contra la mujer que prevalece en nuestra sociedad.

HH

La Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.ER.A. sees. 1026-1029, establece los requisitos que debe reunir un convicto para acogerse a los beneficios de una sentencia suspendida.

En lo pertinente, requiere:

(1) Que dicha persona, con anterioridad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dictada, no hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en prisión por delito grave alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada; y a la cual no se hubieren suspendido los efectos de una sentencia anterior por delito grave:
(2) que las circunstancias en que se cometió el delito no eviden-cien que existe en el autor del mismo un problema de conducta o de carácter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiera la reclusión de dicha persona en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico;
(3) que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corrección después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antece-dentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección adecuada a la comunidad. El tribunal sentenciador podrá, a su discreción, además de poner a prueba a la persona sentenciada, imponer una multa cuya cuantía quedará a discreción del tribunal, disponiéndose, además, que la persona puesta a prueba podrá ser requerida para que, mientras estuviere en libertad a prueba, resarza a la parte perjudicada de los daños que le hubiere ocasionado o para que asuma la obligación de corregir el mal causado por su acto delictivo. Disponiéndose, además, que una vez puesta a prueba, la persona quedará bajo la custodia legal del tribunal hasta la expiración del período fijado en su sentencia. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. see. 1027.

Sin ulterior fundamento que no sea el mero hecho de que Lacroix Correa no tenía antecedentes penales previos y que era un hombre trabajador con hijos, este Tribunal revoca al foro de instancia y concluye que el agresor cumple con los requisitos enumerados en el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. sec. 1027.

Si bien es cierto que el peticionario agresor cumple con el primer requisito, hemos señalado que la circunstancia de no tener antecedentes penales por sí sola no es suficiente para que un convicto obtenga libertad a prueba. Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597, 601 (1954). Así lo reconoce la sentencia al citar a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990).

Sin embargo, al revocar el dictamen recurrido, la opinión mayoritaria no toma en consideración el segundo criterio de la ley. De los autos claramente se desprende que existe en el agresor un serio problema de violencia contra la mujer que requiere para su corrección algo más que una sentencia suspendida en unión a un programa de alcoholismo. Su historial también revela que había sido denunciado previamente por agresiones contra otras mujeres con quienes había convivido.

Si consideramos las circunstancias en las que ocurrió la agresión en este caso y los antecedentes del agresor, procede la confirmación de la decisión del Tribunal Superior porque el delito cometido refleja que existe en el peticionario un serio problema de conducta y que para la debida protección de la comunidad se requiere su reclusión.

Al evaluar los méritos de este caso no debemos pasar por alto que “[l]a violencia es uno de los problemas sociales más serios y alarmantes a que nos enfrentamos hoy en día. Farticularmente la violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones y el abuso de menores, lo que ha ido en aumento en los últimos tiempos”. (Escolio omitido.) Pueblo v. Esmurria Rosario, 117 D.P.R. 884, 890 (1986), voto particular de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Un estudio psicográfico realizado sobre la mujer puertorri-queña revela que el problema que la mayoría de las encuestadas identifica como más severo es la violencia conyugal. Un 58% de las mujeres así lo manifestó. McCann-Erickson, Una Mujer, Mil Caras, Estudio psicográfico de la mujer puertorriqueña, 1990, pág. 22.

Al tomar en consideración los niveles a los que han llegado las estadísticas sobre la violencia doméstica, este porcentaje no nos deben sorprender. Según se desprende de los informes de la Policía de Puerto Rico de noviembre de 1989 a mayo de 1990, se han informado 7,806 incidentes de violencia doméstica. Y. Zayas, La Ley Núm. 54 y la protección de la familia puertorriqueña, Ponencia al Sexto Congreso Internacional sobre Derecho de Familia, 18 de octubre de 1990. Además, de los informes de la Comisión para los Asuntos de la Mujer se desprende que el año pasado 83.88% de los casos de violencia contra la mujer ocurrieron a manos de sus esposos o compañeros.

Este Tribunal no debe asumir una actitud pasiva ante tan grave situación. Tampoco debemos ignorar que muchas mujeres víctimas del maltrato y de la violencia consideran que el proceso judicial no atiende adecuadamente sus necesidades.

En la presencia de una orientación masculina en todo el sistema legal[,] permeado éste por las mismas condiciones y prejuicios que rodean este problema, concurrimos con Ford (1983) cuando éste afirma que nuestras instituciones jurídicas son al presente instru-mentos ineficaces en su intervención en las situaciones de violen-cia contra las mujeres en la vida conyugal. No le ofrecen, por tanto, alternativas o remedios a las mujeres victimizadas por esta forma de violencia. Silva Bonilla, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Amor no me quieras tanto {El marco social de la violencia contra las mujeres en la vida conyugal), Estudio realizado para el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, pág. 38.

Señala, además, que “la poca probabilidad de castigo de ese comportamiento es un factor más en la larga lista de condiciones que inhiben a las mujeres de buscar remedio legal y social a esta forma de ataque a su persona”. (Enfasis suplido.) Silva Bonilla, op. cit., pág. 34.

La situación no es menos grave en Estados Unidos:

By some estimates, almost half of all marriages are marked by battering episodes and many more women are battered by their boyfriends, fiances or lovers. Yet battering per se occupies very little of the legal landscape, at least as measured by law review pages and published opinions. “Law” seems to come in only at the extremes, as, for instance, when long-term victims of battering escape through the unusual route of killing their tormenters. C.A., Littleton, Women’s Experience and the Problem of Transition: Perspectives on Male Battering of Women, 1989 U. Chi. Legal F. 27-28 (1989).

Conscientes de este grave problema social, nos corresponde el deber ineludible de asegurar que las instituciones judiciales sean instrumentos rápidos y efectivos para vindicar los derechos de las víctimas del maltrato y no un obstáculo adicional que impida que las mujeres recurran al sistema de justicia criminal.

Por otro lado, el dictamen emitido por este Tribunal condi-ciona la sentencia suspendida a que el peticionario asista a un programa de alcoholismo. Entendemos que en el caso de autos no hay prueba de que el problema de violencia del agresor se resolverá remitiéndolo a este programa. Además, aun concedién-dole al agresor que tiene un problema de alcoholismo, del expediente no se desprende que estuviera ebrio la mañana en que ocurrieron los hechos. El remitir al peticionario a un programa de alcoholismo no resolvemos su problema. No se puede hacer caso omiso al hecho de que en ocasiones la violencia es un problema separado e independiente del abuso del alcohol.

Aunque los hombres intentan excusar su comportamiento alu-diendo ocasionalmente a los “celos” o a la “bebida” (González y Díaz) en realidad cualquier aspecto puede ser ofrecido en el orden de la percepción subjetiva de los hombres como “razón para su atropello contra las mujeres”. Así, una comida fría, o “muy” caliente, o no preparada a tiempo; o la ausencia temporera de las mujeres del hogar cuando [é]stos llegan al mismo; el que ellas utilicen ropa que a ellos no les agrada; o escuchar a los niños pequeños llorando . . .; cualquier leve episodio doméstico puede ser elevado, en la concien-cia de los agresores, a la categoría de agente provocador de su ira y de su violencia. Silva Bonilla, op. cit., pág. 25.

Tampoco encontramos fundamento en el informe sociopenal para que el peticionario quede libre. De dicho informe se des-prende que el convicto aceptó la comisión del delito y lo justificó alegando que los hechos fueron provocados por la perjudicada. También se refleja que en ningún momento mostró arrepenti-miento por' la comisión de sus actos. En el informe se indica, paradójicamente, que éste “observa una conducta social adecuada a excepción de alguna visión desvirtuada de la figura femenina como consecuencia de sus experiencias maritales pasadas”. In-forme pre-sentencia, pág. 6. Es evidente que, además de la pena de reclusión, la conducta exhibida por el peticionario requiere que se le someta, adicionalmente, a terapia sicológica o siquiátrica para atender las causas de su problema mental y de su agresivi-dad contra las mujeres. De lo contrario, sugerir otra solución causaría no sólo que el peticionario no cumpliera con su respon-sabilidad social por su conducta delictiva, sino que tampoco se rehabilitará y, desafortunadamente, seguirá siendo un peligro para las mujeres con quien se relacione en el futuro.

Dejar libre al agresor sin más sanción que una sentencia suspendida pone en peligro la integridad corporal y quizás hasta la vida de no solamente la víctima, sino también la de cualquier mujer con quien se relacione en el futuro.

En estas circunstancias, la decisión de este Tribunal no responde adecuadamente a los problemas de violencia contra la mujer que afectan a la sociedad puertorriqueña. Aunque en nuestro sistema de justicia criminal el objetivo fundamental es la rehabilitación, esto no significa que al ejercer nuestra discreción en casos de sentencias suspendidas debamos ignorar la seriedad de este tipo de crimen y el peligro para la comunidad de estos agresores. “Restarles importancia limitaría la efectividad de la intervención judicial en este tipo de casos y agravaría un ya ingente problema social” (Pueblo v. Esmurria Rosario, supra, pág. 894) y podría comunicar la impresión de que este Tribunal comparte la actitud de algunos sectores gubernamentales de subestimar la importancia del problema de la violencia contra la mujer. Como nuestra conciencia nos impide avalar esta conducta antisocial tan nociva, disentimos.

Por las razones expuestas anteriormente, confirmaríamos la decisión del foro de instancia que deniega los beneficios de una sentencia suspendida e impone una pena de un (1) año de reclusión.

      (1) En las acusaciones que se presentaron, se le imputó al peticionario Lacroix Correa haberle propinado un puño y proferir palabras obcenas a la Sra. Lizette Malcún Valencia, persona con la cual el peticionario había vivido consensualmente en el pasado, al encontrarse con ésta en compañía de otro hombre.

      (2) En el recurso que se presentara, se le imputó al foro de instancia la supuesta comisión de cinco (5) errores, a saber:

        “(a) Erró el Honorable Tribunal de instancia al imponer el máximo de pena que legalmente es capaz sin tener base fáctica para apoyar tal determinación.
      “(6) Erró el Honorable Tribunal de instancia al imponer las penas consecutivas y negar los beneficios de una sentencia suspendida.
      “(c) Erró el Honorable Tribunal al no darle el grado de deferencia que merece una recomendación sobre pena a imponerse cuando se hace una alegación pre-acordada y más aún cuando el Informe Pre-Sentencia carece de un hecho o evento extraordinario que justifique los agravantes.

        “(d) Erró el Honorable Tribunal de instancia al imponerle de manera caprichosa la sentencia recurrida.
      “(e) Erró el Honorable Tribunal de instancia al imponer las penas de forma consecutivas —a solicitud del Honorable Fiscal— en violación del acuerdo de alegación pre-acordada de imponer la multa como pena.” Petición de certiorari, pág. 5.

      (3) En esa ocasión, el Juez Presidente Señor Pons Núñez hizo constar que le “fqaria fianza en apelación al Peticionario bajo la condición de que éste permanezca alejado de la perjudicada en el caso mientras se dilucida el recurso”. Resolución de 25 de junio de 1990.

      (4) La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Mzo constar que denegaría la concesión de la fianza.

      (5) Mediante Moción de 22 de agosto de 1990, la representación legal del peticionario informó que éste ya se había sometido a la evaluación que ordenáramos mediante nuestra Resolución de 20 de julio de 1990 y que estaba recibiendo tratamiento sobre “el manejo del uso del alcohol” por parte de la Administración de Corrección.


text:
    Carmen Méndez Corrada y otro, Demandantes y recurrentes, v. Ladi’s Place y la Corporación Insular de Seguros, demandados y recurridos; Ladi’s Place y la Corporación Insular de Seguros, terceros demandantes y recurridos, v. Newport Seafood, Inc., tercera demandada.

      Número: RE-90-541

      Resuelto: 26 de noviembre de 1990

      Enrique J. Mendoza Méndez, abogado de los recurrentes; la parte recurrida no compareció.
   RESOLUCIÓN

A la anterior solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto concurrente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Voto concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García.

“[L]a realidad científica, al igual que los factores sociales contemporáneos que circundan la vida del derecho... no pueden ser descartados por los tribunales en abono de un estado negatorio de la realidad de las cosas . . . .” Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376, 378 (1982).

Por tal fundamento, coincidimos con la negativa de este Foro a expedir e intervenir con la elaborada sentencia del Tribunal Superior, Sala de Guayama (Hon. Héctor Brull Cestero, Juez), que declaró sin lugar una demanda de daños por el envenena-miento con un pescado tóxico de “ciguatera”. Expongamos lo que incontrovertidamente demostró la prueba.

I

Primero, se estableció que la intoxicación por ciguatera es un problema mundial grave, en particular en zonas tropicales. Su envenenamiento se distingue de aquel causado por bacterias, las cuales surgen por el consumo de pescado dañado por prácticas inadecuadas de manejo y procesamiento. Las investigaciones científicas indican que la ciguatera es causada por unos pequeños organismos (dinoflagelados) —mayormente en regiones tropica-les— que “son consumidos por peces pequeños y la toxina es acumulada, a través de la cadena alimenticia, hasta llegar a los peces de mayor tamaño que son consumidos por los humanos”.() Anejo 6, pág. 16.

Segundo, la toxina no se destruye por métodos convencionales de cocina, a saber: freír, hornear, hervir, etc. Tampoco puede ser eliminada por los métodos convencionales de manejo y procesa-miento del pescado tales como secar, salar, ahumar o congelar.

Tercero, la toxina no es detectable por el olor o apariencia del pez. Al presente no hay un método adecuado para descubrirla. Sólo ha podido aislarse por métodos químicos complejos. “[E]I origen e identidad de la o las toxinas envueltas, los organismos que la generan y transmiten así como los factores ecológicos responsables de su causa, no son completamente conocidos o entendidos.” Anejo 6, pág. 17.

Cuarto, existen más de cuatrocientas (400) especies de peces susceptibles a esta clase de envenenamiento. Los brotes de envenenamiento son esporádicos e impredecibles en época y distribución geográfica. “No todos los peces de la misma especie que se capturan en el mismo sitio al mismo tiempo son tóxicos. El pez en sí no es afectado por la toxina.” Anejo 6, pág. 17.

Quinto, el tratamiento médico es sintomático. No hay un antídoto conocido.

Sexto, no existe método disponible para detectar un pez ciguatóxico al ser capturado, como tampoco antes ni después de ser distribuido en el comercio. Se descubre con el consumo humano.

Estas realidades apoyan una sola conclusión: no hay forma de prevenir el daño que puede sufrir un consumidor.

“Conscientes del potencial peligro que representa par el consumidor la ingestión de varias especies de pescado, el Depar-tamento de Recursos Naturales, al amparo de la Ley Núm. 82 del 7 de julio de 1979, [12 L.P.R.A. sec. 1351 et seq.,] publicó unos cartelones, para se exhibidos en los restaurantes, donde advierte al público del potencial peligro. El Restaurante demandado exhibía uno de éstos. ... El pescado conocido como ‘mero’, que es el que se sirve en ruedas en el restaurante demandado y el cual causó el envenenamiento, no está entre las especies prohibidas por el Departamento de Recursos Naturales.” Anejo 6, pág. 19.

f — i HH

La doctrina de responsabilidad absoluta por productos ali-menticios expuesta en Castro v. Payco, Inc., 75 D.P.R. 6 (1953), y en Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969), no gobierna la situación de autos. Esa responsabilidad persigue proteger al consumidor contra el descuido del manufacturero.

La intoxicación por ciguatera no es el resultado de un proceso de fabricación o manufactura. Tampoco es el producto de ingre-dientes o técnica de cocina. Es causada por una o varias toxinas acumuladas en el músculo del pescado. Al decir del ilustrado foro de instancia, la “mano y la voluntad del hombre no intervienen en forma alguna en este proceso natural”. Anejo 6, pág. 22.

En resumen, estamos ante un evento fortuito que no genera responsabilidad. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982). La única forma de prevenir el daño es la abstención total.

      (1) Esta y las otras citas corresponden a las determinaciones fácticas del tribunal de instancia. Sentencia de 30 de julio de 1990.


author: per curiam:

text:
      In re Efraín De Jesús Rodríguez.

      Número: 6835

      Resuelto: 4 de diciembre de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Efraín De Jesús Rodríguez, pro se.

   per curiam:

El Director de la Oficina de Inspección de Notarías notificó en varias ocasiones al Ledo. Efraín De Jesús Rodríguez su omisión de presentar índices notariales durante el mes de noviembre de 1988 y desde enero de 1989 hasta la fecha en que se le cursaron dichas notificaciones.

El 28 de diciembre de 1989 le concedimos al notario un término de veinte (20) días para que compareciera ante este Tribunal y mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado como notario por no haber presentado los índices notariales durante el mes de noviembre de 1988 y desde enero de 1989 hasta dicha fecha, y por no haber contestado en forma alguna a los requerimientos del Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Dicha resolución le fue notificada personalmente al notario De Jesús Rodríguez.

Dicho abogado ignoró nuestro requerimiento y, mediante resolución dictada el 21 de marzo de 1990, lo suspendimos provisionalmente del ejercicio del notariado apercibiéndole que de no dar cumplimiento a nuestro dictamen atendiendo los requeri-mientos que se le habían hecho se tomarían medidas disciplinarias adicionales en su carácter de notario y de abogado. En dicha resolución también se ordenó al Alguacil General de este Tribunal que se incautara de la obra notarial y al Director de la Oficina de Inspección de Notarías que nos informara sobre el cumplimiento dado por el notario con lo aquí dispuesto.

El 1ro de junio de 1990 compareció ante nos el Director de la Oficina de Inspección de Notarías informándonos que el licenciado De Jesús Rodríguez presentó los índices notariales que debía hasta diciembre de 1989 sin dar explicación alguna, pero que no había presentado los índices correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1990.

Una vez incautada la obra notarial del licenciado De Jesús Rodríguez, ésta fue objeto de un informe por parte del Inspector de Protocolos de Ponce. El resultado de esta inspección le fue notificado al notario el 14 de mayo de 1990 por la Oficina de Inspección de Notarías, remitiéndose copia de dicho informe para que se enterara de las correcciones que debía efectuar y dándole un plazo de quince (15) días para que efectuara las mismas. Las deficiencias señaladas no fueron subsanadas.

En vista de que ni las deficiencias notariales encontradas en los Protocolos ni su incumplimiento con la obligación de presentar índices desde enero hasta abril de 1990 estaban comprendidas en la Resolución de 28 de diciembre de 1989, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos solicitó que concediéramos al notario tiempo adicional para someter los índices que faltaban de 1990 y corregir las demás deficiencias.

Mediante resolución emitida el 15 de junio de 1990, le conce-dimos al notario un plazo final de veinte (20) días para corregir las deficiencias encontradas en su obra notarial, para presentar los índices que comprenden desde enero hasta abril de 1990 y para mostrar causa por la cual no debía suspendérsele indefinidamente del notariado.

Mediante Moción Informativa de 1ro de julio de 1990, pág. 1, compareció por primera vez ante este Tribunal el notario diciendo:

. . . [E]n rigor, no tengo ninguna justificación que excuse mi falta de responsabilidad como notario, pero, a partir de la explicación que a continuación someto, suplico humildemente una oportunidad y el perdón de su Señoría.

En síntesis, éste enumera una serie de circunstancias que no le permitieron cumplir con sus obligaciones de notario. Así, señala entre otros la pérdida de su empleo como consecuencia del cambio de gobierno; el hecho de que su esposa no trabajaba y que tardó tres (3) meses en conseguir empleo y tres (3) meses más en cobrar; la casi expulsión de su tres (3) hijas del colegio por no poder pagar el mismo, y finalmente, la presentación de una solicitud de quiebra personal ante el tribunal federal. Al final de su escrito solicita que se le tomen estas razones como atenuantes a su fallo.

En consideración a ese planteamiento, mediante Resolución de 10 de agosto de 1990 le concedimos al notario un término final de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la resolución para corregir las deficiencias encontradas en su obra notarial, así como para presentar los índices que comprenden desde enero hasta abril de 1990.

El 9 de octubre de 1990 compareció el Director de la Oficina de Inspección de Notarías informándonos que el notario todavia.no había corregido las deficiencias que se le ordenó subsanar me-diante nuestra Resolución de 10 de agosto de 1990.

Las circunstancias señaladas por el licenciado De Jesús Rodríguez no lo eximen de acción disciplinaria. Además de incumplir con sus obligaciones como notario, no aprovechó las oportunidades que se le brindaron para subsanar sus faltas. Esta conducta reiterada de incumplimiento con nuestras órdenes y de no corregir las deficiencias viola el deber impuesto por el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. X, de dar estricto cumplimiento a las órdenes y resoluciones de este tribunal, y amerita una acción disciplinaria. In re Freyre González, 126 D.P.R. 884 (1990); In re Hoffman Muriño, 125 D.P.R. 553 (1990); In re Rosa Batista, 122 D.P.R. 485 (1988); In re Ayala Hernández, 121 D.P.R. 758 (1988).

Vistas las deficiencias en que reiteradamente incurrió el licenciado De Jesús Rodríguez en el ejercicio de su función notarial y su conducta consistente de reiterada desobediencia a los requerimientos de este Tribunal, se dispone su suspensión de la práctica de la abogacía hasta tanto este Tribunal disponga de manera distinta.


text:
      In re Nicolás Nogueras Cartagena.

      Número: 1882

      Resuelto: 6 de diciembre de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, y Edgardo Ortiz Bauzá, Director de la Oficina de Inspección de Notarías Interino, querellantes; Nicolás Nogueras Cartagena, pro se.

   r — i

per curiam:

El 24 de marzo de 1990, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos informó que el notario Nicolás Nogueras, Hijo no rendía sus índices desde julio de 1989. El 8 de junio le concedimos término para que cumpliera con los requerimientos del licenciado Martínez Suris. Simultáneamente debía comparecer ante nos a explicar por qué no debería ser desaforado.

En su escrito, el notario Nogueras, Hijo sólo nos expone que dio instrucciones a su secretaria para que cumpliera estrictamente con el envío de tales índices; que la omisión se debió a un error secretarial, y que no se causó perjuicio alguno a terceros.

HH 1 — i

Reiteramos que la práctica de la notaría es una gestión intransferible. “[N]os sorprende que a pesar de nuestros múltiples pronunciamientos sobre la obligación de los notarios de rendir los índices notariales todavía persista esta actitud de dejadez y negligencia por parte de algunos letrados con un requisito relativamente sencillo que no requiere conocimientos especializados o la preparación de un escrito complejo. Aunque su rigurosa observancia exige una organización administrativa mínima en cada oficina de abogados, esta ‘obligación . . . forma parte integral e importante del esquema legislativo conducente a rodear el acto de fe pública con la más completa garantía de veracidad’ —In re Rigau, Jr., 118 D.P.R. 89, 92 (1986)— y de confiabilidad. In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988); In re Bonilla Martínez, 120 D.P.R. 682 (1988).” In re Meléndez Mulero, 124 D.P.R. 815, 817-818 (1989).

Las razones expuestas por el notario Nogueras, Hijo son insuficientes. Erocede, pues, que se le suspenda por un (1) año del ejercicio de la notaría. El Alguacil del Tribunal se incautará inmediatamente de su obra notarial para el trámite de rigor correspondiente al Director de la Oficina de Inspección de Nota-rías.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Fresidente Señor Eons Núnez se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Luis E. Vargas Soto, querellado.

      Número: MC-89-75

      Resuelto: 6 de diciembre de 1990

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y José Roberto Vega Díaz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Porfirio

      Reyes Álvarez, de Reyes & Reyes, y Antonio José Amadeo Murga, abogados del querellado.
   I

PER CURIAM:

El trasfondo fáctico y procesal que inicia el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria original en torno a la con-ducta profesional del Ledo. Luis E. Vargas Soto se remite al 14 de diciembre de 1988. En esa fecha, el policía Jesús M. González presentó unas denuncias de alteración a la paz y amenaza contra la Sra. Leila Vega González. Tras varias suspensiones, el 20 de abril de 1989 los casos se ventilaron en el Tribunal de Distrito, Sala de Toa Alta (Hon. Carlos Rodríguez García, Juez). Allí la acusada Vega González, representada por Vargas Soto, hizo alegación de no culpabilidad. A solicitud del Ministerio Fiscal se archivó la denuncia de amenaza y se presentó una enmienda a la de alteración a la paz. Desfilada la prueba, se le encontró culpable e impuso una multa de cuatrocientos (400) dólares más las costas.

Subsiguientemente, el 20 de abril de 1989 el licenciado Vargas Soto presentó un escrito de apelación. El 22 de abril ratificó esa apelación y solicitó la transcripción de los procedimientos. Pidió, además, treinta (30) días para preparar las incidencias del juicio. Con vista a estos documentos, el 27 de abril el Juez Rodríguez García ordenó que el expediente fuera remitido al Tribunal Superior al consignar su criterio de que “el recurso de apelación no cumpl[ía] con la Regla 4 de Procedimientos Apelativos”. Apéndice, Exhibit I, pág. 23.

Ante ese dictamen, el 9 de mayo el licenciado Vargas Soto pidió al Tribunal Superior que devolviera el expediente al Tribunal de Distrito para que se completara el trámite apelativo conforme la Regla 216 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El 31 de mayo, el Tribunal Superior (Hon. Hiram Torres Rigual, Juez) dictó sentencia y declaró sin lugar la apelación al concluir que, efectivamente, no cumplía con las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. III-A.

En su dictamen desestimatorio el Hon. Juez Torres Rigual consignó:

De la lectura del Escrito de Apelación y de la Moción radicada posteriormente concluirnos que el apelante no cumplió en lo más mínimo con las Reglas antes citadas. [Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, Núm. 5(b), 6(b) y 8(b), 4 L.P.R.A., Ap. III.] El abogado de la apelante ha utilizado un formato pre-impreso, incompleto, sin señalamiento de error al-guno, llenado a manuscrito, lo cual entendemos que es una falta de respeto a la dignidad del Tribunal y una ausencia total de la formalidad que debe seguirse en los procedimientos judiciales. (Énfasis suplido.) Apéndice, Exhibit I, pág. 33.

Así las cosas, el 25 de julio el licenciado Vargas Soto pidió al Tribunal de Distrito que se completaran los procedimientos de la Regla 216 de Procedimiento Criminal, supra. Adujo que a esos fines el expediente había sido devuelto del Tribunal Superior. Expuso, además, que la acusada había sido citada para el pago de multa e inquirió la razón. Expuso que el caso se encontraba en la fase preparativa de la apelación.

El 1ro de agosto el caso fue llamado para el pago de sentencia. El licenciado Vargas Soto solicitó y obtuvo del Tribunal de Distrito término para recurrir al Tribunal Supremo de la determinación del Tribunal Superior. Sin embargo, en una vista señalada para el 5 de septiembre de 1989 optó por presentar una moción de Coram Nobis, suscrita el 31 de agosto de 1989, en que pedía un nuevo juicio. En lo pertinente indicó:

3. Que recientemente el abogado suscribiente tuvo una conversa-ción con el Honorable Presby Santiago de Sabana Grande, Teléfono 721-6045 y 873-3740 y éste posee información de tal naturaleza que evidencian [sic] la inocencia de la imputada y el Honorable Tribunal lo puede corroborar llamando a dichos teléfonos o celebrando una vista donde comparezca el legislador antes mencio-nado a testificar sobre todo lo que sabe de la imputada que evidencia su inocencia.
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, se solicita muy respetuosamente del Honorable Tribunal, declare con lugar lo solicitado y conceda un nuevo juicio o señale una vista para que comparezca el Honorable Legislador Presby Santiago a testificar en relación a lo planteado o el Honorable Juez “Motus proprio” llame a los teléfonos 721-6045 [ó] 873-3740 y corrobore lo planteado; con cualquier otro pronunciamiento que proceda en Derecho. (Énfasis suplido.) Apéndice, Exhibit I, pág. 45.

El 1ro de noviembre de 1989, el licenciado Vargas Soto suscribió un escrito en el cual retiraba y pedía el desglose de esa moción y además solicitaba la reconsideración de la sentencia. El Juez Rodríguez García autorizó el desglose, denegó la reconsideración y dispuso nuevamente la citación de la acusada Vega González para pago de multa.

El 10 de noviembre de 1989 radicó una segunda moción de reconsideración. Alegó que el Juez Rodríguez García, luego de escuchar los argumentos en apoyo a su moción de reconsideración y conocer los argumentos consignados en su moción de Corara Nobis, unido al argumento fundado en los sufrimientos experi-mentados por la acusada, había acordado con él que retirara la moción de Corara Nobis, y expusiera por escrito los fundamentos que había esbozado verbalmente ante lo cual, en reconsideración, absolvería “libremente a la imputada doña Leila Vega González”. Apéndice, Exhibit I, pág. 53.

Ante esta moción, el 6 de diciembre el Juez Rodríguez García emitió una resolución y orden. Hizo constar que le había comuni-cado al abogado Vargas Soto que su solicitud de que raotu proprio llamara al Representante Presby Santiago era improcedente y “se sentía presionado y ofendido” (Apéndice, Exhibit I, pág. 57) por esa solicitud y la imputación de haberse colusionado para absolver a la acusada. Añadió que nunca había “hecho acuerdo, conversación o entendido con el propósito o intención de desviar la justicia, absolviendo a quien [él] encontró, más allá de duda razonable, como convicta de alterar la paz”. Id. Finalmente, dicho magistrado repudió “vigorosamente la acusación hecha por el Ledo. Vargas Soto a la reputación, y buen nombre de este Juez y la Judicatura”. (Énfasis en el original.) íd. Por entender que la conducta del licenciado Vargas Soto era contraria al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, elevó una queja ante nos.

El 16 de diciembre de 1989 el licenciado Vargas Soto objetó esa resolución. Reiteró que el juez había acordado reconsiderar y absolver a la acusada una vez él presentase por escrito sus argumentos orales. Reconoció la facultad de los jueces de variar sus criterios, pero expuso que no entendía la razón para el Juez Rodríguez García haber incluido el comentario del Juez Torres Rigual. Admitió que acogió el dictamen del Juez Torres Rigual como una lección y se deshizo de todas las formas preimpresas de apelación. Negó, además, que el Juez Rodríguez García le indicara que se sentía presionado y ofendido, y que por ello se inhibiría. Rechazó que se hubiese hablado de política o fuera su intención inyectarla en el caso. Señala que retiró la moción de Coram Nobis y presentó la reconsideración por instrucciones del propio Juez Rodríguez García. Finalmente, indicó que nunca había tenido la intención de ofenderlo.

El Juez Rodríguez García estimó académica esa última mo-ción. Ordenó la celebración de una vista para satisfacer la multa.

II

A la luz de un informe del Procurador General, el abogado Vargas Soto nos expone que sus actuaciones

... no reflejan, ni mala fe, ni desprecio por la autoridad de los Tribunales, ni actuaciones en beneficio propio, ni perjuicio a persona alguna, ni acto que implique deshonestidad en el ejercicio de su profesión. En resumen, ha sido un incidente que ha tomado un giro sumamente desagradable para el querellado.
El querellado como un abogado de pueblo, ha luchado por desempeñarse en el ejercicio de su profesión, representando a personas de escasos recursos económicos en el Pueblo de Cataño. La situación en que se encuentra el querellado ante este Honorable Tribunal, ha sido por defender y tratar de proteger un cliente, al que le pareció que una sanción penal le destruiría su moral y autoestima. Esa identificación con el cliente en unos momentos que ocurren muy a menudo donde por defender los intereses de nuestros represen-tados, inconscientemente trascendemos la fina línea entre lo permi-tido en defensa de nuestros clientes y el respeto que debemos a la institución del juez en el ejercicio de su función. Contestación del querellado al Informe del Procurador General, págs. 1-2.

Indica que sintió una “gran desilución y frustración cuando el Honorable Carlos Rodríguez García se negó posteriormente a reconsiderar. La solución que había optado la imputada, esto es, de vender su propiedad con sacrificio económico a cambio de no estar sujeta a una mácula en su récord penal y el haberlo llevado a cabo, sin que se relevara de la sanción penal, le pareció al querellado una injusticia que le llevó a hacer manifestaciones que sin quererlo provocaron indignación al Honorable Juez”. Contes-tación del querellado al Informe del Procurador General, págs. 2-3.

En cuanto a su falta de diligencia en el trámite a la apelación, acepta que omitió especificar los señalamientos de errores, pero que “radicó numerosos escritos que dem[o]stra[ron] su interés en perfeccionar la apelación incluyendo varias mociones de reconsideración”. Por último nos dice que en su moción ante el Juez Rodríguez García “no existe nada que pueda interpretarse como que el querellado presionara dicho magistrado, la sola mención ... del Honorable Presby Santiago no constituye pre-sión indebida y sí una persona más que podría aportar evidencia en el caso sobre la imputada Leída Vega González”. Contestación del querellado al Informe del Procurador General, págs. 3-4.

I — I I — i I — i

No podemos coincidir con la posición del licenciado Vargas Soto. Su conducta trascendió lo permisible. Constituye una clara violación al Código de Ética Profesional. Contrario al mandato del Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.ER.A. Ap. IX, no fue diligente al tramitar la apelación de la señora Vega González. Véase In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989).

Sin embargo, esa infracción no compara con la gravedad de haber aludido en su escrito de Coram Nobis al representante Santiago, a los efectos de que dicho legislador tenía evidencia de la inocencia de la acusada y haberle propuesto al juez que lo citara a una vista o que llamara motu proprio por teléfono al legislador para corroborar esa información. Ese comportamiento constituyó una falta de respeto al Tribunal. Canon 9, supra.()

Réstanos determinar la sanción. No es la primera vez que la conducta del abogado Vargas Soto ocupa nuestra atención. El 14 de mayo de 1976, por no seguir fielmente el trámite requerido por ley para la venta de bienes de menores, fue amonestado y apercibido. Caso Núm. Mc-76-9. Posteriormente, en 1979 y mediante opinión per curiam, fue censurado y conminado “a medir sus futuros pasos, y a mejorarse con el estudio y la deliberación que le permitan ejercer la profesión con la respon-sabilidad ética y pública que nuestra sociedad exige de sus abogados . . . ” In re Vargas Soto, 108 D.P.R. 490, 495 (1979).

Este historial nos obliga a adoptar una postura más fuerte. En consecuencia, se le suspende del ejercicio de la abogacía por el término de tres (S) meses.

Se dictará la correspondiente sentencia.

      (1) Este canon dispone:

        “Canon 9. Conducta del abogado ante los tribunales

        “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los Tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.” (Énfasis suplido.)