author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Preciosas Vistas del Lago, Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Sección III de Bayamón, recurrido.

      Número: O-80-602

      Resuelto: 31 de marzo de 1981

      Ramos & Latoni, abogados del recurrente; Rafael Menéndez Caballero y Maretsa Rodríguez Pórtela, abogados de la inter-ventora, Administración de Reglamentos y Permisos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La planificación científica de los desarrollos urbanos en Puerto Rico, un país con escasa tierra y una gran densidad po-blacional, requiere un control preciso a cuyos fines se han hecho pronunciamientos de política pública, se ha legislado y se han adoptado disposiciones regulatorias. La política pú-blica en materia de planificación está hoy expresada en el Art. 4 de la nueva Ley creadora de la Junta de Planificación que es la Núm. 75 aprobada el 24 junio, 1975 (23 L.P.R.A. sec. 62c) como propósito general de “guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado, econó-mico, el cual, de acuerdo con las actuales y futuras necesi-dades sociales y los recursos humanos, ambientales, físicos y económicos, hubiere de fomentar en la mejor forma la salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la de-fensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de los actuales y futuros habitantes, y aquella eficiencia, economía y bienestar social en el proceso de desarrollo, en la distribución de población, en el uso de las tierras y otros re-cursos naturales, y en las mejoras públicas que tiendan a crear condiciones favorables para que la sociedad pueda desarrollarse integralmente”.

En su Art. 3 (k), 23 L.P.R.A. sec. 62b (k), la citada Ley define “lotificación” así:

(k) “Lotificación” — es la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes, para la venta, traspaso, cesión, arrendamiento, donación, usufructo, uso, censo, fideicomiso, división de herencia o comunidad, o para cualquier otra transacción; la constitución de una comunidad de bienes sobre un solar, predio o parcela de terreno, donde se le asignen lotes específicos a los comuneros; así como para la construcción de uno o más edificios; e incluye también urbanización, como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto Rico, y, además, una mera segregación.

La misma definición de' “lotificación” se repite ad pedem litterae en el Art. 3(h) de la Ley Orgánica de la Administra-ción de Reglamentos y Permisos que es la Núm. 76 de 24 junio, 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71b (h)).

Mediante escritura pública Núm. 18 otorgada en Baya-món el 12 marzo, 1980 ante el notario Sr. Demetrio Luis La-toni, la corporación Preciosas Vistas del Lago, Inc. (Preciosas Vistas) vendió por partes iguales para cada comprador, a Eduvigis Rivera Camacho, soltero; Elíseo Rivera Camacho, casado con María A. Santiago Cotto; y Ángel Caballero Gon-zález, casado con Natividad Rivera Camacho, un condominio pro indiviso equivalente a 1.7864 cuerda en finca de 27.9657 cuerdas de la que la corporación vendedora dice ser dueña “de la totalidad y/o parte sustancial” en el barrio “Ortiz” del término municipal de Toa Alta, por precio de $18,000 del que confiesa recibidos $5,000 quedando el balance $13,000 aplazado para pagarse en cinco años devengando intereses al 9% anual, obligación evidenciada por pagaré para el 12 marzo, 1985 que los compradores garantizan con hipoteca constituida en el propio instrumento público de compraventa con cláusula de aceleración autorizando la ejecución por de-fecto de pago de dos semestres de intereses y en otras cinco instancias. En lo que concierne a este recurso que plantea la evasión por la corporación vendedora de las disposiciones de Ley y de reglamento que regulan las segregaciones y lotifi-caciones de terrenos en Puerto Rico, la referida escritura Núm. 18 dispone:

(CLÁUSULAS Y CONDICIONES)
Sexta: Los comparecientes manifiestan que en el día de hoy han suscrito un convenio privado proveyendo el uso por los com-parecientes de los bienes que hoy poseen en forma pro-indivisa. LOS COMPRADORES por la presente consienten a que la parte vendedora pueda vender a terceras personas otras participacio-nes indivisas en el inmueble principal. La parte compradora igualmente consiente a que conjuntamente con sus actuales y futuros condueños solicitará de la Junta de Planificación de Puerto Rico un permiso de lotificación para la división de la comunidad de bienes en la forma indicada en el Anexo “A” que aparece unido al convenio a que se hace referencia en este pá-rrafo, el cual queda por referencia incorporado a esta escritura. -CONDICION RESTRICTIVA DE USO-
TERCERO: Con el propósito de asegurar el carácter agrí-cola y/o residencial de la parcela de terreno objeto de la presente compraventa, acuerdan las partes lo siguiente:
a) La parcela de terreno objeto de la presente compraventa se podrá usar única y exclusivamente para fines agrícolas y/o residenciales.
b) Sin que ello se entienda como una limitación de los usos agrícolas y/o residenciales prohibidos, queda expresamente prohi-bido el uso de dicha parcela de terreno para cementerios, insti-tuciones para dementes, hoteles y moteles.
c) Queda expresamente prohibido el uso de dicha parcela de terreno para clubes u organizaciones similares que tengan un fin comercial y queda por tanto, prohibida la construcción de cual-quier edificio o estructura en ellos cuyo fin sea dedicarlo a tales propósitos.

Presentada la escritura, el Registrador de la Propiedad denegó su inscripción en la siguiente nota fundamentada:

La finca que se describe en el documento está inscrita a favor de Preciosas Vistas del Lago, Inc., y de otros condómines quienes no comparecieron al otorgamiento de la compraventa e hipoteca aquí constituida violándose la Ley y el Reglamento de la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos y las disposiciones aplica-bles, de la Ley Hipotecaria en sus Artículos [57 y 68]. (Ley 198 del 8 de agosto de 1979.)

Admitimos la intervención de la Administración de Regla-mentos y Permisos (ARPE) que la fundamentó aduciendo la existencia de una práctica lesiva a la política pública de planificación que evade la regulación de las lotificaciones pre-sentándolas como ventas de participaciones indivisas en fincas encaminadas a su desarrollo urbano. En su alegato la agencia interventora trae a nuestra atención en forma documentada que, simultáneamente con la escritura pública de compra-venta e hipoteca de condominio pro indiviso, se otorga entre la corporación urbanizadora y sus compradores de tierra un convenio privado en que se lleva a efecto una división en solares que se adjudican con cabida y linderos específicos a los compradores y se procede a la construcción de casas; que a la edificación siguen trámites de legalización a poste-riori confrontando a ARPE con el hecho consumado de fami-lias con dinero invertido y ocupando viviendas en núcleos ur-baños sin las facilidades mínimas necesarias y muchas veces en detrimento de terrenos con una superior utilidad y destino agrícola.

En lo referente a la calificación por el Registrador de los documentos presentados para inscripción, la Ley Hipotecaria de 1893 con austera sobriedad ordenaba en su Art. 18 (30 L.P.R.A. see. 43) :

Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la lega-lidad de las escrituras en cuya virtud se solicita la inscripción y la capacidad de los otorgantes, por lo que resulte de las mismas escrituras.

Bajo dicho precepto este Tribunal ha delimitado en múltiples decisiones el ámbito de esta función calificadora que es el medio o instrumento para hacer efectivo el principio de legalidad. Así tiene declarado que el Registrador no puede aplicar las presunciones de Ley de Evidencia ni tomar conocimiento judicial (Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, 509 (1943)); ni muchos menos descansar en suposiciones o interpretaciones (Banco de Ponce v. Registrador, 72 D.P.R. 128 (1951)).

La penetración de la facultad calificadora viene siendo objeto de examen desde hace años por los comentaristas del Derecho inmobiliario, contestes todos en que el Regis-trador no es un amable portero sin otra misión que franquear la puerta del Registro al contrato correctamente vestido de documento público. Partiendo de la aclaración de que el Regis-trador no es un juez, pues indiscutiblemente es un órgano de la Administración del Estado; y que no hay nada en el proce-dimiento de inscripción y, por tanto, en la calificación regis-tral, que se asemeje a la jurisdicción contenciosa, y mucho que se parece a la jurisdicción voluntaria, cita Roca Sastre a Jerónimo González como sosteniendo que “la jurisdicción volun-taria implica una cooperación de los órganos oficiales para fijar auténticamente un derecho subjetivo de carácter privado, mira a las futuras relaciones jurídicas, tiende a establecer situacio-nes claras y busca en un procedimiento solemne, y no en la discu-sión con un contradictor particular, la energía con que impon-drá sus declaraciones erga omnes”. Roca Sastre, Derecho Hipo-tecario, 6ta ed., Ed. Bosch, 1968, T. II, pág. 245. Coincide Roca, reiterando, sin embargo, que la calificación registral no tiene “por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso o contravertido entre partes contendientes, sino simple-mente publicar, mediante su inscripción, un derecho real o situación jurídica inmobiliaria”; y que en síntesis el fin de la calificación “se reduce a determinar si un título es o no ins-cribible, y nada más”.

El Art. 64 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2267) fortalece y expande, aunque sin desnaturalizarla, la facultad calificadora del Registrador identificándola con dichos criterios de jurisdicción voluntaria, cuando instruye:

Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad la lega-lidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas extrínse-cas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documen-tos. Los Registradores fundamentarán su calificación de los actos y contratos a registrarse en los documentos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes.
En cualquier caso el Registrador podrá requerir se produzcan los documentos complementarios necesarios para una adecuada calificación, bien sean éstos notariales, judiciales o administra-tivos.

El documento de compraventa de condominios presentado para inscripción y las constancias obrantes en el Registro con substancial claridad revelan el propósito de ganar acceso al Registro con una lotificación ilegal que no ha sido sometida previamente a la consideración de ARPE como exige el Art. 22 de su Ley Orgánica —Núm. 76 de 24 junio, 1975— 23 L.P.R.A. sec. 71u. Del propio título resulta que vendedora y compradores han suscrito un convenio privado acordando el uso a que se destinan las partes pro indivisas que no es otro que la lotificación y edificación pues hay presentada otra escritura Núm. 46 de 5 septiembre, 1978 ante el notario Sr. Osvaldo Berrios Colón sobre constitución de servidumbre aérea en la que se relata que la corporación recurrente “se propone urbanizar” una finca rústica de 144.1004 cuerdas en los barrios Pifias y Ortiz del municipio de Toa Alta, limitada, como el predio objeto de este recurso, por tierras de Juan Chinea y la carretera estatal; y que dicha urbanizadora cons-tituye servidumbre sobre la finca ya dividida en solares para el paso, operación y mantenimiento de líneas del sistema eléc-trico de la Autoridad de las Fuentes Fluviales y para que ésta instale y conserve alambres para suplir energía eléctrica a las edificaciones “sobre cualesquiera de los solares que in-tegran la lotificación” acordándose que la Autoridad permi-tirá el uso de las fajas en servidumbre a las corporaciones de servicios públicos como teléfono, comunicaciones, acueduc-tos y análogas. Resultando de estos documentos que el predio vendido por la recurrente a unos compradores en comunidad tiene el destino inminente de división en lotes específicos para la construcción de uno o más edificios, la escritura cuya ins-cripción se pretende es ficción o subterfugio para ganar la protección registral del crédito hipotecario de la vendedora re-currente, a cambio del título oscuro que entrega a sus compra-dores. “La facultad de calificación del Registrador debe usarse dentro de su ámbito funcional, para negar legitima-ción registral a actos y contratos artificiosos y para promover la fidelidad óptima en los libros del Registro que acerque su realidad a la externa. ... La calificación se extiende a toda clase de documentos pertinentes para apreciar la procedencia del asiento, en una conjunción de todos los elementos del título presentado y contenido del Registro.” Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 141 (1976).

El título presentado por la recurrente no es inscribible porque contraviene las leyes de planificación del país (Art. 68(5) de la Ley Hipotecaria), y carece de eficacia por incorporar un contrato de lotificación que no ha sido sometido a ARPE, 23 L.P.R.A. sec. 71u.

Para sacar a la luz la simulación que frustra lo ordenado por Ley, el Registrador debe nutrir la calificación con el re-curso a la producción de documentos complementarios pro-visto en el párrafo final del Art. 64 de la Ley Hipotecaria.

Con estos antecedentes y fundamentos la denegatoria del Registrador es por la presente, confirmada.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

      La finca está inscrita a favor de la vendedora Preciosas Vistas y otros copropietarios titulares en comunidad.

      Uno de los anexos a su alegato es un convenio típico promovido por la recurrente Preciosas Vistas que transcribimos:
      “-CONVENIO--r- COMPARECEN--COMO PRIMERA PARTE: PRECIOSAS VISTAS DEL LAGO, Inc. corporación doméstica con oficina principal en esta ciudad de Bayamón, Puerto Rico, aquí representada por su Tesorero Federico Viejo Simon-pietri quien es mayor de edad, casado, propietario y vecino de Bayamón, Puerto Rico.
      -COMO SEGUNDA PARTE: DON RAFAEL GARCIA Y DOÑA DONATILA SIERRA, quienes son mayores de edad, casados entre sí, propietarios y vecinos de Bayamón, Puerto Rico.

        - EXPONEN - -PRIMERO: Que por escritura número 29 otorgada el día 12 de abril de 1977 ante el Notario Público don Demetrio Luis Latoni los com-parecientes de la segunda PARTE adquieren por compra de la Primera Parte una participación indivisa equivalente a 1.0248 cuerdas en un in-mueble que se describe detalladamente en dicha escritura.----Como consecuencia de lo anterior, los comparecientes son ahora con-dómines del referido inmueble en la proporción que a cada uno pertenece y en forma pro-indivisa.--SEGUNDO: Los comparecientes declaran y hacen constar que les interesa la posesión, uso y disfrute de una determinada porción de la par-cela principal descrita en el referida escritura, y en consideración a ese deseo expreso, los comparecientes acceden a delimitar para su uso la porción a éstos les interesa poseer y disfrutar.-- --— — — -• TERCERO: De acuerdo con la expresada voluntad de los compa-recientes y conforme con la realidad física de la parcela principal antes mencionada, ahora las partes declaran y convienen que los comparecientes poseerán, usarán y disfrutarán exclusivamente las siguientes porciones de terreno que forman parte de la parcela principal a que se hace referencia anteriormente ■ — ■ • — ■ —- •— -- — ■ —--— - -(a) los comparecientes de la Primera Parte (o sus causahabientes) tendrán la posesión, uso y disfrute de las porciones de terreno marcadas en el plano que como Anexo ‘A’ se une a este documento haciéndolo formar parte del mismo.-- — ■ — — (b) Los comparecientes de la Segunda Parte tendrán la posesión, uso y disfrute de la porción de terreno marcada como Sección 2-C en el referido plano Anexo ‘A’.-- — • —--—■ ■— - -CUARTO: Los comparecientes y sus sucesores en derecho tendrán derecho a poseer, usar y disfrutar individualmente de la porción de terreno antes descrita y que se le ha permitido usar exclusivamente, a título de condueño de la finca principal, con los derechos y obligaciones que dispone el Código Civil de Puerto Rico. —-- -QUINTO: Es condición ‘sine qua non’ para este Convenio la obli-gación de los comparecientes poseer, usar y disfrutar solamente la porción de terreno cuyo uso se le ha asignado según este Convenio y el Anexo ‘A’, independientemente de que dicha porción forme parte de la parcela principal. -- — --- -- — — — SEXTO: A los fines de este Convenio, se entenderá entre las partes, sus sucesores en título o causahabientes que los derechos de posesión, uso y disfrute de cada parte aquí compareciente, se limitarán a sus respec-tivas porciones descritas en el Anexo ‘A’ según indicado en este Convenio, y no tendrán posesión, uso y disfrute sobre cualquier otra porción de la parcela principal o cualquier parte o porción de dicha parcela.--SEPTIMO: Cada compareciente podrá vender, ceder, arrendar, hipotecar o de cualquier modo lícito disponer de la porción indivisa que de la finca principal le pertenece y podrá inscribir su participación indivisa en el Registro de la Propiedad correspondiente.--OCTAVO: No obstante lo anteriormente expuesto, los compare-cientes no podrán vender, ceder, arrendar, hipotecar o de cualquier modo disponer de la porción indivisa que les pertenece sin que su comprador, cesionario, arrendatario o acreedor conozca los términos y condiciones.--NOVENO: Los comparecientes conocen y aceptan que este Con-venio no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad, toda vez que no media el correspondiente permiso de la Junta de Planificación de Puerto Rico para efectuar la segregación de las porciones descritas en el Anexo ‘A’.--DECIMO: La Primera Parte podrá libremente vender o enajenar cualquiera o todas las porciones o participaciones que le corresponden según este Contrato en la forma aquí convenida, para lo cual la Segunda Parte ahora presta su consentimiento.----UNDECIMO: Los comparecientes por la presente consienten entre sí a que cada condómine aquí compareciente y sus sucesores en dere-cho puedan edificar una casa residencial dentro de cada porción o porciones que se le ha asignado a cada parte, para su uso exclusivo según este Con-trato y según aparecen dichas porciones delimitadas en el Anexo ‘A’. Cada condómine aquí compareciente queda obligado a otorgar cualquier docu-mento público que en cualquier momento fuere necesario otorgar para que cualquier condómine, si así lo deseare, pueda inscribir en el Registro de la Propiedad la edificación a que se refiere este párrafo. Igualmente cada condómine podrá en su día solicitar permiso de la Junta de Planificación para segregar su porción o participación.--DUODECIMO: Entiende el comprador, compareciente de la Segunda Parte que será de su entera cuenta y cargo el proveer las facilidades de energía eléctrica y agua potable para su uso en la porción de terreno que se le ha asignado ya que no existen tales facilidades. -Y PARA QUE ASI CONSTE, los comparecientes suscriben este Con-trato hoy día 12 de abril de 1977.
      PRECIOSAS VISTAS DEL LAGO, INC (Fdo.) Rafael García

      Por (Fdo.) Federico Viejo Simonpietri. (Fdo.) Donatila Sierra

      Affidavit Núm. 6619
      -Suscrito ante mí por Federico Viejo Simonpietri en su carácter de Tesorero de Preciosas Vistas del Lago, Inc.-— y por Don Rafael García y Doña Donatila Sierra quienes son de las cir-cunstancias personales antes expresadas y a quienes doy fe de conocer personalmente en esta ciudad de Bayamón, Puerto Rico, fechaut supra.
      (Fdo.)-
      Notario Público.”

      Decidimos: “El Registrador, al calificar un documento, no resuelve cuestiones de hecho ni aprecia evidencia. Su misión consiste en examinar los documentos auténticos que se le presentan, ya como principal, ya como com-plementarios, para con lo que de ellos resulte y de los datos o antecedentes que arrojen los asientos del Registro relacionados con el título presentado, determinar si puede legalmente practicarse la inscripción o anotación que se solicita.”
      Y citando de Morell & Terry añadimos que la calificación ha de ha-cerse por lo que resulte de los documentos presentados, “ ‘. . . no bastando, por tanto, ni aun la certeza en el Registrador, por circunstancias y aún por justificantes extraños al título, de que no son verdaderos los hechos que se alegan. Para el Registrador no hay más verdad que la que contiene el Registro y lo que contienen los títulos que debe inscribir. (Resolución de 28 de Marzo de 1904.) Aun en el caso de que se haya cometido un delito, si no resulta así del documento, no puede negarse a inscribir sin perjuicio de tomar las medidas que su celo y experiencia le sugieran para evitar las consecuencias de la inscripción. (Resoluciones de 19 de diciembre de 1879 y 21 de octubre de 1893.)’ 2 Legislación Hip., 251.”

       Énfasis de Roca Sastre, op. cit., T. 2, pág. 249.

      E1 Registrador recurrido debió exigir dicho convenio a la recu-rrente como documento complementario a los ñnes de calificación. (Art. 64, Ley Hipotecaria, supra.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Javier González Colón, Edwin González Colón, Alberto González Colón, Ramón González Malavé y William González Colón, acusados y apelantes.

      Número: CR-79-33

      Resuelto: 3 de abril de 1981

      José A. de la Texera y Julio Eduardo Torres, abogados de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La omisión de dar instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario, solicitadas oportunamente por la defensa, constituye en este caso un error tan perjudicial que viola la garantía fundamental de un juicio justo y que, en consecuencia, obliga a la revocación de las sentencias dictadas contra los apelantes por el delito de asesinato en primer grado y a la celebración de un nuevo juicio.

Nuestro ordenamiento tiene como principio rector que las instrucciones al jurado deben cubrir, si la prueba lo justifica, no sólo los elementos de delitos inferiores al delito imputado o comprendido dentro de éste, sino también los elementos esenciales de las defensas levantadas por el acusado, así como los puntos de derecho que bajo cualquier teoría razonable pueden estar presentes en las deliberaciones, aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968); Pueblo v. Bur-gos, 76 D.P.R. 199 (1954); Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394 (1953); Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913 (1953); Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557 (1950). Ello es así porque corresponde al jurado y no al tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del caso, según aquél aquilate la prueba y determine los hechos. La norma a este respecto fue claramente expuesta en Pueblo v. Galarza, supra;

“No es necesario que la prueba de homicidio resulte incontro-vertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya algún indicio de prueba a ese efecto, el jurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a demostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio voluntario, es al jurado que incumbe determinar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demuestra que el delito cometido fué homicidio voluntario y no asesinato.
Para la corte la prueba puede tender a demostrar de manera abrumadora que se trata en verdad de un asesinato, y no de un homicidio o de un acto de defensa propia. Empero, mientras haya alguna prueba pertinente a la cuestión de homicidio, la credibili-dad y peso de la misma es cuestión a ser determinada por el jurado, y no una de derecho a ser resuelta por el tribunal.” Pueblo v. Galarza, a las págs. 561-562.

En el caso de autos, la prueba presentada por los apelan-tes, independientemente de su credibilidad, consistencia o de-bilidad, permitía al jurado, de darle este crédito, inferir los elementos de la súbita pendencia o de arrebato de cólera que justificaban la instrucción denegada por el delito de homicidio voluntario. Surge del testimonio del apelante Edwin González Colón que él se encontraba la noche de los hechos en el negocio de Agustín Rivera Martínez, cuando llegó al lugar un tal “Ci-clón”, quien le debía $10.00 a su hermano Javier. Edwin le exigió el pago de lo adeudado, surgiendo entonces una discu-sión entre ambos. Agustín intervino inmediatamente echán-doles fuera del negocio y propinándole dos bofetadas a Edwin. En esos momentos llegaba Javier al lugar. Viendo que agre-dían a Edwin, se sumó de inmediato a la lucha. Isidoro, mo-lesto porque le estaban “dañando el negocio” a su hermano Agustín, intervino entonces, asiendo fuertemente a Javier y lo invitó a pelear en un lugar cercano fuera del local. Acep-tado el reto, partieron Javier y Edwin en el automóvil de aquél, e Isidoro y Norberto en el de este último.

Llegados al paraje escogido, iniciaron la lucha Javier e Isidoro, uniéndose a éste, muy pronto, Norberto. Cuando Edwin se aprestaba a intervenir en ayuda de su hermano, arri-baron al lugar varias personas en otro automóvil e hicieron un disparo. Edwin corrió entonces en busca de su hermano Alberto, a quien despertó diciéndole que mataban a Javier. Alberto le pidió a su mujer que buscara a William, hermano de Edwin, Javier y Alberto, y al padre de éstos, quienes vi-vían cerca, y, armándose de una escopeta, se dirigió con Edwin al lugar de los hechos. Al ver que cuatro o cinco per-sonas agredían a Javier, hizo varios disparos con la escopeta.

La prueba de cargo confirma que, en efecto, los incidentes que culminaron en la muerte de Isidoro Rivera se iniciaron con la pelea en el negocio de Agustín, hermano del interfecto. Más aún, aunque el propio Ministerio Público se opuso a la solicitud de instrucciones por homicidio voluntario, admitió en su argumentación, sin embargo, que esta prueba contenía residuos de súbita pendencia: “. . . lo único que se ha intro-ducido aquí con el propósito que fuere, fue una posible pelea o súbita pendencia que a través de un testimonio de uno de los acusados que en dos o tres minutos ahí habló de una pelea. La totalidad de ... la casi totalidad 99.99% de la prueba des-filada ha sido de homicidio, perdón, de asesinato en primer grado y no de homicidio”. E.N.P., pág. 60.

Los apelantes tenían, pues, derecho a que el jurado considerara su teoría de defensa y aquilatara la prueba que ellos habían presentado. El tribunal de instancia les privó de ese derecho al denegar las instrucciones de homicidio voluntario, vulnerando así la garantía fundamental de un juicio justo.

En vista de la conclusión a que hemos llegado de ordenar la celebración de un nuevo juicio, consideramos conveniente discutir otros señalamientos de error, cuya dilucidación puede contribuir a acelerar los procedimientos.

Comentarios al silencio del acusado

Los apelantes se quejan de que el tribunal de instancia permitió al Ministerio Público comentar el silencio de los acu-sados.

Se recordará que la versión de la prueba de los apelantes, según el testimonio de Edwin que ya conocemos, fue al efecto de que se vieron obligados a repeler una agresión contra ellos y a actuar en defensa propia como consecuencia de la cual se causó la muerte de Isidoro. A pesar de haber sido víctima de una agresión en la que se hicieron varios disparos, Edwin no acudió a la Policía a informar esos hechos para que investi-garan el incidente. El fiscal, en su informe al jurado, trajo a colación esta conducta de los apelantes y en forma retórica se preguntó: “¿y los acusados le dijeron algo de eso que dijeron aquí a la Policía o se quedaron callados?” E.N., pág. 58. Más adelante, luego de que el tribunal declarara sin lugar la objeción de la defensa a dicho comentario, volvió el fiscal a repetir el argumento: “Me pregunto nuevamente. Ustedes lo oyeron. Una breve historia ahí . . . ¿hubo una querella? ¿Existe una querella en la Policía de que el muerto y el otro le dieron una pela? ¿Si hubo un tiroteo? ¿Por qué se quedaron callados? Pregúntenselo ustedes.” Id., pág. 59.

La contención de los apelantes es que estas manifestaciones del Ministerio Público constituyen un comentario al silencio de los acusados, vedado taxativamente por la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Generalmente esta disposición se aplica cuando el acusado no se sienta a declarar, Pueblo v. Álvarez Trinidad, 85 D.P.R. 593 (1962), aunque también hemos extendido su aplicación a los casos en que el acusado se sienta a declarar, retrotrayendo sus efectos a la etapa de la investigación policíaca y de la vista preliminar. Pueblo v. Esquilín París, 98 D.P.R 505 (1970). El acusado tiene, pues, pleno derecho de permanecer callado, no sólo en el juicio, sino también cuando la etapa de la investigación del delito se posa sobre él como un sospechoso, y el ejercicio de ese derecho no puede utilizarse en su contra, ni como una admisión de culpabilidad ni para im-pugnar su credibilidad. Id. Los comentarios del fiscal en el caso de autos se refieren, sin embargo, a una etapa anterior a la investigación policíaca, cuando aún los apelantes no se consideraban sospechosos de delito, y, por lo tanto, fuera del ámbito de la prohibición constitucional.

Los argumentos del fiscal iban propiamente dirigidos a de-mostrar la falta de credibilidad de la prueba presentada por los apelantes, trayendo a la consideración del jurado una in-ferencia lógica que se derivaba de la conducta de ellos inme-diatamente después de los hechos. Si en efecto los apelantes fueron víctimas de una agresión y hubo un tiroteo en que perdió la vida un ser humano, ¿no era lógico y razonable que los apelantes dieran parte a la Policía de lo ocurrido en vez de irse cada uno para su casa? Conforme surge de la prueba, el tiroteo ocurrió cerca de las dos de la mañana y no es hasta la seis de la mañana que la Policía llega a la casa del apelante Ramón González Malavé a efectuar el arresto. Pasaron cua-tro horas sin que los apelantes hicieran gestión alguna para informar lo ocurrido a las autoridades.

El propósito de los informes finales del Ministerio Fiscal y la defensa al jurado es precisamente comentar la prueba presentada por las partes con las diferencias, deducciones y conclusiones que se derivan de ella, aun cuando los argumentos sean improbables, ilógicos, erróneos o absurdos. Pueblo v. Fournier, 80 D.P.R. 390, 407 (1958). El único requisito a este respecto es que el comentario tenga base en la prueba y, como hemos visto, los comentarios del fiscal en el caso de autos tenían amplio apoyo en la prueba desfilada.

Debemos advertir, sin embargo, que siendo el derecho del acusado de no incriminarse de tan fundamental importancia en nuestro ordenamiento, el Ministerio Público debe ejercer sumo cuidado al vertir sus comentarios sobre la conducta del acusado por no haber éste limitado sus defensas o dado su versión de los hechos sino hasta el momento del juicio.

Admisión en evidencia de fotografías

Otro motivo de error aducido por los apelantes es que el tribunal de instancia admitió erróneamente en evidencia foto-grafías cuyo único propósito, a juicio de ellos, era impresionar adversamente al jurado sin que las mismas tuvieran fines probatorios que las hicieran admisibles.

Como se sabe, el principio general es que las fotografías son admisibles en evidencia para demostrar el sitio donde se encontró el cadáver, eTnúmero de heridas y gravedad de las mismas, para corroborar el testimonio de un testigo y para cualquier otro propósito legítimo de la acusación. Pueblo v. Rodríguez Colón, 95 D.P.R. 614 (1967); Pueblo v. Torres, 75 D.P.R. 231 (1953); Pueblo v. Zayas Ortiz, 65 D.P.R. 538 (1946). Las fotografías deben ser excluidas, sin embargo, cuando se hayan ofrecido con el propósito primordial de crear pasión y prejuicio en el ánimo del jurado. Pueblo v. Fournier, supra, pág. 416.

En el caso de autos, las fotografías fueron presentadas para el legítimo propósito de corroborar el testimonio del pa-tólogo forense en cuanto a las heridas que presentaba el cadá-ver y la forma en que éste había sido encontrado, por lo que las mismas eran admisibles como prueba. Notamos, además, en la exposición narrativa que a este respecto el tribunal de ins-tancia impartió las instrucciones que aparecen a la página 41 del Libro de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico. Estas instrucciones advirtieron espe-tíficamente al jurado del propósito legítimo de las fotografías admitidas en evidencia y les apercibió que no se dejaran im-presionar indebidamente por las mismas. El efecto perju-dicial de las fotografías, si alguno, quedó debidamente neu-tralizado con las instrucciones.

Otros señalamientos

Los apelantes señalan varias actuaciones del tribunal de instancia relacionadas principalmente con la impugnación del testigo Norberto Rivera que maculan el derecho de ellos a un juicio justo e imparcial. El tribunal denegó la admisión en evidencia de la grabación del testimonio de Norberto en la vista preliminar, cuyo ofrecimiento tenía el propósito de de-mostrar que éste incurrió en serias inconsistencias en su de-claración en el juicio. Dicho testigo intentó dar una explica-ción sobre estas inconsistencias y contradicciones que impen-sadamente el tribunal calificó de “fabulosa” y de “satisfac-toria”, invadiendo así la función adjudicativa del jurado.

La función de aquilatar y dirimir los conflictos en la prueba corresponde al jurado, y el juez debe abstenerse de expresar criterio alguno sobre la credibilidad de los testigos, pues tal actuación constituye una intervención impermisible en el ámbito de la función adjudicativa de los hechos.

No tiene importancia el que el tribunal no impartiera instrucción sobre la exclusión del perito químico José H. Santiago, quien declaró al efecto de que él había hecho la prueba de parafina y ésta había dado un resultado positivo. Dicho testimonio fue eliminado a solicitud de los apelantes, porque el fiscal no probó que las muestras para el examen de labora-torio habían sido tomadas por el perito.

Los apelantes no han demostrado el perjuicio que la omisión de instrucciones pudiere haberles ocasionado. Más aún, no aparece de la exposición narrativa que ellos solicitaran instrucciones al respecto, a pesar de la oportunidad que le ofreció el tribunal de instancia. (E.N., pág. 61.)

Se dictará sentencia que revoque las condenas por el delito de asesinato en primer grado y se devolverá el caso para la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión con-currente y disidente en parte a la cual se unió el Juez Aso-ciado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Iri-zarry Yunqué emitió voto concurrente al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

—O—

Opinión concurrente y disidente en parte del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1981

Isidoro Rivera Ortiz fue privado de su vida por acción violenta en la temprana madrugada del 10 de abril de 1978. La causa de su muerte fue un disparo de escopeta que des-garró su vena carótida y yugular. El cadáver tendido en el centro de la carretera en las cercanías de Aibonito, presen-taba también tres heridas de bala en el centro de la espalda sin orificio de salida y una concentración de .08 de alcohol por peso en la sangre. Por su muerte, y sobre el exclusivo testimonio de Norberto Rivera Martínez fueron acusados en cargos de asesinato en primer grado e infracción de los Arts. 4, 6, 8 y 8A de la Ley de Armas, Ramón González Malavé y sus hijos Javier, Edwin, Alberto y William González Colón. En el juicio, seguido ante jurado en los casos de asesinato y Arts. 8 y 8A Ley de Armas, la prueba del Estado y la defensa sostuvo teorías irreconciliables; la del Pueblo no produjo móvil alguno y situó a los acusados esperando en emboscada a su víctima, atrayéndolos a él y a su acompañante Norberto Rivera, con su automóvil detenido en carretera abierta y el motor con la tapa del bonete levantada, como en solicitud de ayuda; y que cuando se acerca la víctima a ayudarles, Javier González le hizo varios disparos de revólver de frente a Isi-doro, casi a quema ropa, y mientras éste caía al suelo de espaldas, Alberto González lo remató con tiro de escopeta en la cara; y que después salieron de la oscuridad blandiendo machetes, los restantes miembros de la familia acusada.

La defensa descansó en el testimonio del co-acusado Edwin González quien declaró que en el negocio de terraza de Agus-tín Rivera se formó una discusión de tonos violentos como a la 1:00 A.M. de esa noche entre el testigo y un tal “Ciclón”; que el dueño del negocio le dio dos bofetadas a Edwin y los echó fuera; que intervino Isidoro (el occiso) cogió a Javier por la camisa y le dijo: “so mamao aquí no vamos'a pelear más nada, no vengan a dañarle el negocio a mi hermano. Vámonos allá más arriba del puente a pelear.” (E.N.P., pág. 35.) Y salieron desafiados en un carro los acusados Javier y Edwin, y en otro Norberto (testigo) e Isidoro; que al llegar arribita del puente los cuatro se enfrascaron en una pelea a puño cuando se presentó un tercer automóvil con cuatro o cinco individuos, uno de los cuales dijo: “todavía estos mari-cones quieren pelear” e hicieron un disparo; y entonces el testigo fue en busca de su hermano co-acusado Alberto a quien despertó diciéndole que mataban a Javier; que Alberto mandó a su mujer a avisar al padre de los González, se armó de una escopeta y salió hacia el puente donde al llegar vio a su her-mano Javier recibiendo castigo en desventaja e hizo varios disparos con la escopeta. El jurado trajo veredictos de asesi-nato en primer grado contra los hermanos Javier, Edwin y Alberto González Colón, y de culpabilidad por infracción de los Arts. 8 y 8A contra Javier y Alberto por lo que fueron sentenciados a cadena perpetua. La juez encontró a todos los acusados culpables de infracciones de Ley de Armas {misdemeanor) en que asumió jurisdicción como tribunal de derecho.

En su alegato los apelantes señalan los siguientes errores del Tribunal Superior: (1) tolerancia de comentarios insis-tentes del fiscal sobre el silencio de los acusados; (2) dene-gación de instrucciones de homicidio; (3) insuficiencia de la prueba que no excluyó la duda razonable; (4) admisión de fotografías sin más propósito que fomentar aversión y pre-juicio en el jurado; y (5) violación del derecho de los acu-sados a un juicio justo e imparcial. Consideramos que la sala de instancia incidió en los extremos puntualizados por los señalamientos 2 y 5 formulados así:

Segundo Error. — Cometió error el tribunal a quo al denegar la solicitud de la defensa para que se dieran instrucciones de homicidio.
Quinto Error. — Las actuaciones del tribunal de instancia vio-laron el derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial.

Introducida por la defensa prueba de que Alberto, lla-mado en su casa para que protegiera a su hermano Javier a quien varias personas agredían, al llegar al sitio efectiva-mente encontró a su hermano sucumbiendo en una pelea desi-gual, no puede descartarse el arrebato de cólera como impulso determinante de su acción disparando la escopeta, por lo que debió darse una instrucción de homicidio. Omitida esa ins-trucción no tuvo el jurado más alternativa en su veredicto que culpabilidad en asesinato o absolución con la consecuencia de que una trifulca de cantina (no el asalto y asesinato brutal de estos días) resulta en cadena perpetua tanto para el que disparó la escopeta como para su hermano Edwin que no par-ticipó en el acto homicida. Los hechos relatados sitúan el acto criminal dentro de la clásica tipificación del homicidio: matar en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera. Art. 85, Código Penal, 38 L.P.R.A. see. 4004.

La súbita pendencia o arrebato de cólera que atenúa la responsabilidad penal del que mata a otro exige la existencia de un motivo legítimo y poderoso originado de acto cometido por el ofendido que al afectar al agente activo del delito sea suficiente para producir en su ánimo un estado de anormali-dad rápido, momentáneo y pasajero; una ofuscación rápida y momentánea que afectando el estado normal de la inteli-gencia precipite al ofensor a obrar antes que la reflexión se imponga; un estímulo dimanante de hechos injustos que excite por modo violento el espíritu y ofusque la serenidad de la razón, que constituyan motivos realmente fundados, o sea los que a la mayoría de los hombres podrían arrebatar u ob-cecar. M. Rodríguez Navarro, Doctrina Penal del Tribunal Supremo, T. 1, pág. 938 y ss. Ver al padre, o hermano herido explica la reacción inmediata del agresor contra el que creía lo había sido de su padre, surgida en su ánimo con súbita viveza e intensidad bastante para perturbar momentánea-mente su inteligencia y sobreexcitar su voluntad. (S. 4-3-1954, XXI Rep. Jurisp. Aranzadi 331, No. 521.) La creencia de que reñía la víctima con el hermano del agresor no constituye la realidad de una agresión que requiriese la defensa del pa-riente; pero sí es base de esta atenuante de arrebato u obce-cación característica del homicidio, y no la agresión ilegítima, requisito de legítima defensa. Rodríguez Navarro, op. cit, pág. 950. Es motivo poderoso y grave para apreciar el súbito arrebato la idea del peligro que corre el cuñado, en la desven-tajosa posición en que se hallaba luchando con otro y debajo de él, y el natural deseo de librarle. Ibid., pág. 973.

El propio fiscal, combatiendo la inclusión de homicidio entre posibles veredictos, reconoció en la prueba un germen de pendencia o arrebato al decir: “. . . lo único que se ha introducido aquí con el propósito que fuere, fue una posible pelea o súbita pendencia fue a través de un testimonio de uno de los acusados que en dos o tres minutos ahí habló de una pelea. La totalidad de ... la casi totalidad 99.99% de la prueba desfilada ha sido de homicidio, perdón, de asesinato en primer grado y no de homicidio”. (E.N.P., pág. 60.)

La prueba demuestra que no es tan endeble el elemento de arrebato y que excede por mucho el décimo del uno por ciento que concedió el Ministerio Público. Sólo hay que recordar que la pelea en la terraza no fue invento del testigo acusado. La confirma Agustín Rivera Hernández, hermano del interfecto Isidoro Rivera, dueño del negocio al describir el incidente entre Edwin y “Ciclón” y al declarar que lanzó de su negocio a los desordenados y le dio una bofetada a Edwin porque éste le dijo “cabrón”. (E.N.P., pág. 9.)

Nuestra jurisprudencia es constante y categórica en cuanto a la necesidad de una instrucción de homicidio porque “[a]un cuando esa evidencia sea escasa o débil, la misma debe apreciarse por el jurado y no por la corte”. Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394, 398 (1953); y no obstante la prueba demuestre de manera abrumadora que se había cometido un asesinato más bien que un homicidio. Adoptamos la norma de Stevenson v. United States, 162 U.S. 313, 314 (1896), que la enunció así:

No es necesario que la prueba de homicidio resulte incontro-vertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya algún in-dicio de prueba a ese efecto, el jurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a demostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio voluntario, es al jurado que incumbe determinar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demuestra que el delito cometido fué homicidio voluntario y no asesinato.
Para la corte la prueba puede tender a demostrar de manera abrumadora que se trata en verdad de un asesinato, y no de un homicidio o de un acto de defensa propia. Empero, mientras haya alguna prueba pertinente a la cuestión de homicidio, la credibili-dad y peso de la misma es cuestión a ser determinada por el jurado, y no una de derecho a ser resuelta por el tribunal. Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557, 561-2 (1950).

Finalmente, dijimos en Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 229 (1968), citando con aprobación de Pueblo v. Burgos, 76 D.P.R. 199, 202 (1954), que “[ajunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad, el acusado tiene derecho a que su teoría sea presentada al jurado me-diante instrucciones apropiadas”.

El debido proceso quedó fatalmente vulnerado por una serie de incidentes en que la juez bien directa o indirecta-mente resolvió conflictos en la prueba que competía resolver al jurado.

La defensa impugnó la credibilidad del testigo presencial de cargo Norberto Rivera quien en la declaración jurada al fiscal investigador dijo que ya caído Isidoro, el co-acusado Alberto González, escopeta en mano apuntándole, le dijo: “esto no es contigo, échate a un lado, los estábamos espe-rando”. El punto es vital porque la prueba de defensa tendió a establecer que Alberto fue llamado en su casa por su her-mano Edwin para que ayudara a Javier. El testigo impug-nado declaró en la vista preliminar, según aparece en la grabación oficial, que fue Javier el de la expresión “los está-bamos esperando”, después que disparó el revólver; que nadie más habló. (E.N.P., págs. 44-49.) Luego en el juicio cambia por segunda vez de versión y le dice al jurado que Alberto, el de la escopeta, fue quien habló para decir “los estábamos esperando”. (E.N.P., pág. 19.) Explica el testigo que se había confundido en la vista preliminar, a pesar de que se le dio a leer su primera declaración al fiscal y de que la taquígrafa de fiscalía leyó sus notas originales de lo declarado por este testigo, quien entonces no tuvo más explicación que imputar error a fiscalía. Ocurre lo siguiente ante el jurado:

Juez: Qué más quiere la defensa?
Ledo. Torres: Impugnar al testigo Su Señoría y podemos de-cir lo que ocurrió ... al Tribunal.
Juez: Ya él ha admitido haber hecho la manifestación y dado una explicación fabulosa. (E.lsf.P., pág. 20.) (Énfasis nuestro.)

Luego, mientras declara llamado por la defensa el Juez de Distrito, Sr. Campoamor Redin, quien presidió la vista pre-liminar, interrogado sobre cuál de los acusados señaló el testigo del Pueblo como diciendo en los instantes del crimen “los estábamos esperando” si Javier, o si Alberto a quien le atribuyó la frase en su declaración jurada, surge este inci-dente :

Defensa: Le pregunto Hon. Juez, si el incidente que se sus-cita y que intervino doña Margarita Rodríguez, Taquígrafa de Fis-calía, es que en la vista preliminar el testigo Norberto Rivera dijo que quien había hecho las manifestaciones de que “los está-bamos esperando” había sido el acusado Javier González y no el acusado Alberto González como él había dicho en su declaración jurada.
Testigo: Bien, en cuanto a ese punto es cierto lo que dice el compañero. No podría aseverar que fueron los nombres que me dice el compañero porque no los recuerdo, pero sí que se suscitó un incidente de esa naturaleza.
Defensa: Usted podría decirle a las damas y caballeros del jurado no recordando usted los nombres que el incidente susci-tado fue uno en que el testigo decía que uno de los acusados había hecho unas manifestaciones y en su declaración que quien las había hecho era otro de los acusados.
Juez: No conteste testigo. Ya el propio testigo Norberto Rivera contestó eso y dio una explicación satisfactoria. La defensa indica que pretende cuestionar esa explicación y no se le permite. (E.N.P., pág. 57.) (Énfasis nuestro.)

Igual efecto disolvente de la credibilidad de la defensa y revelación por la magistrado al jurado de su opinión sobre la falta de veracidad en su prueba se deriva del interrogato-rio por la juez del testigo co-acusado Edwin González, luego que el fiscal renunció a contrainterrogarlo. El testigo de de-fensa ha declarado ante el jurado que además de Isidoro (occiso) y Norberto había otra gente que completaban 4 ó 5 encima de Javier pegándole y el récord recoge el siguiente interrogatorio:

Juez: Y cuando usted llega acá con Alberto además de Isidoro y Norberto ¿había otra gente más?
Testigo: Había otra gente más.
Juez: Usted conoce a esa gente?
Testigo: No, los otros no puedo decir quiénes eran.
Juez: ¿No son de su barrio?
Testigo: No . . .
Juez: ¿Cuánto tiempo hace que usted vive en este barrio?
Testigo: Toda mi vida.
Juez: Toda su vida ¿Y usted no sabe si los otros que estaban encima de Javier eran del barrio ?
Juez: Y habían cinco encima de Javier.
Testigo: Habían como 4 ó 5.
Juez: Dígame ¿Ya Javier lo llevaron al Hospital por alguna herida?
Testigo: No, señor.
Juez: Por ninguna ¿Por algún rasguño?
Testigo: Estaba todo agolpiado, todo machucao, pero no se llevó al Hospital.
Juez: No lo llevaron al Hospital. Muchas gracias.
(E.N.P., págs. 37-38.) (Énfasis nuestro.)

La credibilidad del testigo Norberto Rivera está también cuestionada en otros aspectos de su testimonio, como su insis-tencia en que el apelante Javier le disparó a Isidoro frente a frente y que éste cayó de espaldas (E.N.P., pág. 18), mien-tras el protocolo de autopsia describe esas heridas de bala en la espalda, sin orificio de salida (E.N.P., pág. 4). Corres-pondía al jurado evaluar su testimonio integralmente sin la prestigiosa influencia de criterio revelado por el juez de derecho.

La intervención del magistrado en el interrogatorio del acusado debe limitarse a esclarecer su testimonio, sin llegar al extremo de desacreditar su teoría de defensa y a sembrar dudas sobre la verosimilitud de su versión de los hechos. Cuando esto ocurre la actuación del juez constituye error per-judicial revocable, aun cuando no hubiese sido oportuna-mente objetada. Pueblo v. Nieves Alvelo, 89 D.P.R. 47, 49 (1963). El juez debe mantenerse dentro de normas de sobrie-dad y equilibrio que le impiden sustituir, en vez de comple-mentar, la labor del fiscal o del defensor. Pueblo v. Pabón, 102 D.P.R. 436, 440 (1974).

Al juez resolver y decir que el principal testigo de cargo había dado una explicación “fabulosa” a las discrepancias entre su declaración en la vista preliminar y en el juicio está resolviendo el conflicto de credibilidad y trasmitiéndole al jurado su criterio respecto al fundamental extremo. Fue el juez y no el jurado quien dirimió el conflicto. Cf. Pueblo v. Sáenz Forteza, 100 D.P.R. 956 (1972); Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39, 50 (1961); El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441, 452 (1911); El Pueblo v. Villegas et al., 6 D.P.R. 223 (1904).

Bajo cualquier sistema de juicio por jurado la influencia sobre éste del juez que preside es necesaria y propiamente de gran peso y la intimación de su criterio se toma con deferen-cia y puede resultar decisiva. Hicks v. United States, 150 U.S. 442, 452 (1893); Starr v. United States, 153 U.S. 614 (1894). El criterio subjetivo del juez en la valoración y ad-judicación de credibilidad de la prueba presentada está fuera de lugar en sus instrucciones al jurado. United States v. United States Gypsum Co., 438 U.S. 422, 460 (1978).

La juez, inadvertidamente, pero de modo eficaz, dejó pleno conocimiento en el jurado de su criterio de negación de toda credibilidad a la prueba de defensa.

La Constitución no hay que tomarla como muro que es necesario escalar antes de que pueda imponerse la sanción penal al ofensor del orden en el régimen de derecho. Los de-rechos del acusado en el juicio criminal son parte de una Cons-titución dinámica que pertenece a la generación del presente, por lo que esos derechos fundamentales operan y se implemen-tan dentro de la circunstancia vital contemporánea, con un sentido de afinidad e integración a esa realidad. Es dentro de ese cauce interpretativo que le corresponde al tribunal de apelación determinar cuándo un juicio ha sido matizado por error que en grado e intensidad alcance el efecto de error per-judicial, irreconciliable con el debido proceso, y que imponga la revocación del veredicto o fallo. En ocasiones se incurre en error aislado cuya carga de erosión de las garantías constitu-cionales o estatutarias no produce necesariamente el colapso del trato justo y de acuerdo a la ley que es signo del juicio criminal. Mas la reiteración de ese tipo de error tiene el efecto acumulativo de enervar el amplio espectro de legalidad, el nervio central de debido proceso sobre el cual descansan la sentencia y la facultad moral y ética para quitar la libertad a un ciudadano. Por el efecto acumulativo de la reiteración, aun de errores disímiles, el error aislado no-perjudicial ad-quiere proporción y relieve de error que transgrede las garan-tías básicas y requiere la anulación del juicio.

A ese desenlace conducen las incidencias de este proceso en que la involuntaria revelación por la juez al jurado, en un conjunto de incidentes, de su criterio de credibilidad respecto a los testigos de cargo y de defensa, efectivamente redujo a inoperante la función del jurado a quien se le ofreció ya re-suelta y adjudicada por la magistrado, la credibilidad de los dos únicos testigos producidos uno por el Estado y otro por la defensa, como presentes en el momento del crimen, instru-mentos de evidencia directa.

El juez que preside un juicio criminal por jurado tiene la suprema encomienda de evitar que el culpable escape al cas-tigo o que el inocente lo sufra. Mas esa determinación de encauzar el proceso hacia un veredicto justo está moderada por el mandato constitucional de que sea el jurado, y no el juez, quien adjudique la credibilidad de los testigos y resuelva los conflictos en la prueba, libre de influencias o presiones. La gran deferencia que el jurado tiene para la sabiduría, el sentido de justicia y la competencia profesional del juez, lo inclinará a seguir el criterio del magistrado en la evaluación de la prueba si ese criterio llega a su conocimiento en térmi-nos definidos. En tal caso el acusado no habrá sido juzgado por sus pares, como fue su elección, y se habrá anulado el derecho a juicio por jurado por vía que no por ser indirecta sea menos efectiva en el resultado final.

Sin quererlo la ilustrada juez de instancia, en un proceso intelectual que se rebelaba contra ciertos aspectos que con-sideró de artificio en la evidencia, fue un poco más allá del punto inasible a que podía llegar sin desplazar con su propio criterio el criterio de las doce personas que juzgaban los he-chos. La objetividad del juicio se alimenta de un cuidadoso celo por las proporciones de decisión dentro de las exigencias del debido proceso de ley. En la conducción del juicio podrá el juez moverse con libertad y sentido de proporción en el campo de gravedad cuyo núcleo es el debido proceso, sin romper la atadura gravitatoria.

Deberían revocarse las sentencias de asesinato y Arts. 8 y 8A, Ley de Armas, esta última con pena de 10 a 25 años, 25 L.P.R.A. sec. 418a, y ordenarse un nuevo juicio para Javier, Edwin y Alberto González. Las dictadas en cargos ventilados por tribunal de derecho serían confirmadas.

—0—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1981

Estoy de acuerdo con el resultado a que se llega en la opinión del Tribunal, pero no puedo suscribir los comentarios que se hacen sobre el silencio del acusado.

Considero que estos comentarios son innecesarios en vista de que se están revocando las convicciones y se ordena cele-brar nuevo juicio. Considero, además, que por vía de dictum se está reconociendo una excepción a la prohibición constitu-cional sobre comentar el silencio del acusado y se está haciendo una inferencia de culpabilidad a base de ese silencio, que es más grave aún. Veamos.

La prohibición contenida en la Carta de Derechos de la Constitución, Art. II, Sec. 11 (tercer inciso), es terminante y no está sujeta a condiciones. Dice:

Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testi-monio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra. (Énfasis suplido.)

La opinión de este Tribunal tiene el alcance de enmendar por adición dicha disposición constitucional, pues establece como excepción que podría comentarse el silencio del acusado si éste se produce en “una etapa anterior a la investigación policíaca”. Así se desprende del siguiente comentario, pág. 819, en la opinión: “Los comentarios del fiscal en el caso de autos se refieren, sin embargo, a una etapa anterior a la investigación policíaca, cuando aún los apelantes no se con-sideraban sospechosos de delito, y, por lo tanto, fuera del ám-bito de la prohibición constitucional.”

En cuanto a la inferencia de culpabilidad a base del silen-cio del acusado, queda plasmada en las siguientes expresiones, que aparecen en la misma página:

Los argumentos del fiscal iban propiamente dirigidos a de-mostrar la falta de credibilidad de la prueba presentada por los apelantes, trayendo a la consideración del jurado una inferencia lógica que se derivaba de la conducta de ellos inmediatamente después de los hechos. Si en efecto los a/pelantes fueron víctimas de una agresión y hubo un tiroteo en que perdió la vida un ser humano, ¿no era lógico y razonable que los apelantes dieran parte a la Policía de lo ocurrido en vez de irse cada uno para su casa? Conforme surge de la prueba, el tiroteo ocurrió cerca de las dos de la mañana y no es hasta las seis de la mañana que la Policía llega a la casa del apelante Ramón González Malavé a efectuar el arresto. Pasaron cuatro horas sin que los apelantes hicieran gestión alguna para informar lo ocurrido a las autoridades. (Én-fasis suplido.)

En Pueblo v. Alvarez Trinidad, 85 D.P.R. 593, 598 (1962), dijo este Tribunal:

Hay que suponer que cuando nuestra Convención Constitu-yente se reúne, tiene conocimiento tanto de nuestras anteriores disposiciones constitucionales y estatutarias del 1917 y del 1902 como de nuestras decisiones del 1937 y 1949, en cuyas últimas se adoptó la regla pragmática de inmediata recriminación e ins-trucción especial. El énfasis que contiene el inciso II del Art. II de nuestra Constitución, en el sentido, que “el silencio del acu-sado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra” parece resumir la moderna tendencia de evitar todo riesgo inquisitorial en nuestro proceso de investigación criminal, y toda admisión por Silencio.

Es de notarse que las manifestaciones del fiscal a que aquí aludimos, hechas en su informe al jurado, son, además, in-justas si han de tomarse para impugnar la credibilidad del coacusado Edwin González Colón, único que declaró en el juicio. He leído la detallada exposición narrativa y no aparece que se sentara base alguna para dicho argumento. De hecho, el fiscal le hizo muy pocas preguntas al testigo al contrainte-rrogarle, y en ninguna de ellas le inquirió por qué no fue a la Policía a relatar los hechos. Si este testigo no tuvo la opor-tunidad de dar explicación alguna sobre su silencio, mucho menos la tuvieron los otros acusados, quienes no ocuparon la silla testifical. ¿Estaba autorizado el jurado para inferir su culpabilidad porque guardaron silencio? Esa es la implicación que a mi juicio se deriva de los comentarios que en la opinión se hacen. Me parecen improcedentes, contrarios al fundamental principio constitucional aludido, y no puedo suscribirlo.

       La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado dispone:
      “Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.”

      La instrucción impartida al efecto por el tribunal de instancia es la siguiente:
      “La[s] [ropa] [y fotografías] de la víctima se admití [eron] única-mente con el propósito de ilustrar a los Señores del Jurado sobre el carác-ter y naturaleza de las heridas, móviles del delito, manera y medio en que se ocasionó [la muerte] [las heridas] o para demostrar la proximidad del acusado a la víctima al ocurrir [la muerte] [las heridas].

        “Con respecto a esta evidencia se les instruye que ustedes no deben dejarse impresionar indebidamente por la misma y que deberán conside-rarla en relación con el testimonio del testigo-y que corresponde única y exclusivamente a ustedes darle a dicha prueba la credibilidad o el valor probatorio que merezca.”

       Las Reglas de Evidencia de 1979 en nada alteran nuestra conclu-sión. Véanse las nuevas Reglas 80, 18 y 19 (32 L.P.R.A. Ap. IV, Rs. 80, 18 y 19). Bajo estas nuevas reglas las fotografías son admisibles cuando han sido debidamente identificadas o autenticadas y de conformidad con los criterios de pertinencia establecidos en la Regla 19. Es decir, pueden ser excluidas cuando el tribunal determine que su valor probatorio es de poca significación en relación con cualquiera de los siguientes factores: a) Peli-gro de causar perjuicio indebido; b) probabilidad de confusión; c) desorien-tación del jurado; d) dilación de los procedimientos; y e) innecesaria pre-sentación de prueba acumulativa.


author: Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ángel Calderón Orta, acusado y apelante.

      Número: CR-79-25

      Resuelto: 3 de abril de 1981

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado y Ángel De Jesús Sepúlveda, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernard de González, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   Opinión emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1981

El apelante fue convicto por dos casos de asesinato en primer grado, dos infracciones del Art. 8 y dos del Art. 6 de la Ley de Armas. En apelación apunta que su identificación como autor de los delitos que se le imputaran fue poco con-fiable.

La única prueba que vincula al apelante con la comisión de los delitos es el testimonio de Myrna Luz Fermaint Torres. Fue la única persona, entre varias que presenciaron los he-chos, que lo identifica como el autor.

Myrna Luz declaró que trabajaba en el Bar y Restaurante El Escorial en la calle Arzuaga de Río Piedras. Se desempe-ñaba como mesera, aunque en ocasiones trabajaba atendiendo la barra tras el mostrador. Para la fecha de los hechos, hacía como dos meses que trabajaba en el lugar. En esa ocasión atendía la barra. En el lugar había aproximadamente diez personas, inclusive los empleados. Entre las personas allí pre-sentes estaban Darío Rosario y Manuel Enrique Almonte Abreu, conocido por Nan. A las 11:20 de la noche irrum-pieron en el local dos individuos. Uno (la testigo se refiere a él como “el de más alante”) se adentró por entre las mesas, dio una vuelta y sacó una pistola. Ordenaron que todos se tiraran al piso. Se llevaron dinero. Dos personas resultaron muertas: Darío Rosario y Nan Almonte.

Los asaltantes huyeron. De inmediato comenzó la inves-tigación. La policía interrogó a los testigos, tomó fotografías y ocupó una gorra amarilla en la escena.

Sobre la identidad de los asaltantes, Myrna Luz declaró lo siguiente:

Hon. Juez:
P — Quién tenía gorra amarilla.
R — El acusado aquí presente.
Hon. Fiscal:
P — Recuerda quién fue el primer agente que fue a investigar el caso con usted?
R — No recuerdo.
P — Recuerda si usted le dio alguna descripción de la persona que usted podía identificar?
R — En este momento no recuerdo.
P — Le mencionó algo sobre la gorra amarilla?
R — No me acuerdo.
Hon. Juez:
P — Dónde se encontraba la gorra?
R — Tirada en el piso a la entrada de la puerta.
P — La puerta principal por donde se entra?
R — Sí, señor.
Hon. Fiscal:
P — O sea, la gorra la encontró usted ?
R — Sí, estaba allí tirada.

En el contrainterrogatorio surgió también que en la de-claración jurada que Myrna Luz prestó ante el fiscal investiga-dor, ella no hizo descripción alguna de los asaltantes; ni si-quiera declaró que alguno de ellos tuviera gorra puesta.

Hon. Juez:

P — Le pregunto si en la declaración jurada que prestó al Fiscal, esa que tiene en las manos, identificación 2 de la defensa, si ahí hace mención, referencia, que a la persona que usted estuvo observando como cinco a seis minutos que ha dicho aquí que es el acusado, tenía una gorra puesta?

R — Aquí no aparece.

Lcdo. Sepúlveda:

P — No aparece entonces. Ahora, le describió al Fiscal la persona que usted vio ?
R — Sí, señor.
P — Tendría la bondad de decir cómo describió esa persona en la declaración jurada?
R — Aquí?
P — Sí?
R — Aquí no . . .
Hon. Juez:
P — Hay descripción de esa persona ?
R — No hay.
Lcdo. Sepúlveda:
P — Vuelvo y le pregunto, a la policía, usted la describió?
R — No.
P — No le dió descripción ninguna?
R — No.

En cuanto al tiempo de observación, Myrna Luz declaró lo siguiente:

Lcdo. Sepúlveda:

P — Mire a ver si usted puede decirnos a base de tiempo ahora, desde que ellos entran que usted los ve, que entran esas dos per-sonas hasta que alguien grita, “tírense al piso,” que tiempo pasa?
R — No puedo calcular la hora.
P — Pero sí fue rápido, cosa de minutos, segundos ?
R — No me acuerdo.
P — No puede calcular el tiempo?
R — No.
P — Pero puede calcular que estuvo de cinco a seis minutos viéndolos?
R — Sí, señor.

Un experimento llevado a cabo para comprobar la capaci-dad de la testigo para calcular el tiempo transcurrido, demos-tró que el tiempo que ella estimó como seis minutos fue crono-metrado por el propio tribunal de instancia solamente como tres, o sea, la mitad de lo que ella estimaba.

La testigo se ubica a sí misma en la barra; unas veces detrás de una columna y otras al lado. Declaró que estuvo mirando al de la gorra a una distancia de ocho pies.

Sobre la iluminación del lugar, Myrna Luz declaró que:

R — Lo que da claridad en el negocio es largo. Es estilo como las de aquí, pero largas.
Hon. Juez:
P — Son fluorescentes, como un tubo ?
R — Sí señor.
Lcdo. Sepúlveda:
P — Cuántas de esas hay?
R — No me acuerdo.
P — Habrá más de una?
R — Sí, tiene que haber más de una.
P — De esas sí se acuerda, pero no recuerda si hay luces rojas ?
R — No.

Al concluir el incidente todos se levantaron. Myrna Luz afirma que todos los clientes salieron corriendo hacia afuera, incluso los dos asaltantes. A éstos los vio de espaldas.

En este testimonio fue que el jurado apoyó su veredicto de culpabilidad en los casos de asesinato y Ley de Armas.

La prueba de defensa consistió en el testimonio del agente investigador Luis F. Padilla y en los de tres testigos oculares.

Luis F. Padilla, el agente, declaró a los efectos de sus gestiones investigativas. Interrogó a cinco o seis testigos, pero sólo Myrna Luz había visto el incidente en forma tal que podía identificar a alguien. En varias ocasiones le llevó gru-pos de fotografías, pero Myrna Luz no pudo identificar a nadie.

Posteriormente la Policía recibió una llamada anónima que involucraba a un individuo conocido por El Manchao con el asalto y asesinatos en El Escorial. Como consecuencia de dicha confidencia, Padilla gestionó y obtuvo una fotografía del apelante, que fue la que Myrna Luz señaló como la foto-grafía del de la gorra. El agente Padilla no vio el lugar de los hechos por dentro.

Los demás testigos de descargo, todos testigos presenciales de los hechos, declararon más o menos en los siguientes tér-minos, según se resume en el alegato del Procurador General.

María Olmo Hernández declaró que trabajaba en el Bar Restaurant El Escorial para la fecha de los hechos. Que el día 27 de julio de 1978 entraron dos personas, uno era de color oscuro y el otro, claro. Que éstos dijeron “esto es un asalto” en forma bien rápida. Uno entró, el otro se quedó en la puerta. Señaló que no pudo identificar a nadie, a pesar de que le mostraron fotografías, e indicó que todo pasó rápido y estaba oscuro.

Declaró que uno de los asaltantes tenía una gorra “como de playa”, demostrándole al jurado la forma en que la llevaba puesta. Indicó que el otro tenía melena, tenía un gorro, pero no pudo decir cómo lo tenía. Declaró que había más o menos trece personas en el negocio, inclusive los empleados que eran cuatro. Que había una mesa con cuatro personas, y dos em-pleados al lado de una nevera. A preguntas del fiscal, indicó que desde la silla de los testigos hasta donde se encontraba el jurado, donde se paró el fiscal, se podía ver claramente.

José Moya Hernández indicó que conoce el negocio El Escorial, ya que había estado anteriormente en él. Que la noche de los hechos se encontraba dentro del negocio jugando en una máquina de pinball junto a otras dos personas. Que entraron dos personas y una dijo: “Tírense al piso, esto es un asalto”. Que se tiró al piso y, luego, oyó disparos. Que no pudo reconocer a nadie. Describió la luz del lugar como turbia. Indicó no sabe qué tipo de lámparas hay allí. Señaló que ayudó a socorrer a los heridos. Que no le vio la cara a ninguno de los que llegaron al negocio, ya que no pudo verlos. No pudo determinar de dónde surgieron los disparos. Indicó que fue entrevistado por la Policía, pero no fue llevado al Cuartel. Señaló que todo ocurrió en forma rápida.

Indicó que al ocurrir el suceso, él estaba jugando en una máquina que queda en el centro más o menos, entrando al negocio, a una distancia de quince a dieciséis pies de la puerta de entrada, a mano derecha. Señaló que había alrededor de diez a doce personas en el negocio y que él estaba como a die-ciséis pies de distancia de la barra. A preguntas del fiscal, declaró que el lugar no estaba claro ni oscuro, en general “medio turbio”. Que el incidente fue rápido, y que a los tres o cuatro minutos de las dos personas entrar, sonaron unos tiros. “Una vez oímos los tiros surgió una gritería.” Cuando se incorporó, ya todo había pasado. Indicó que llegó ese día al negocio como a las nueve y treinta de la noche y se limitó a estar en el área de la máquina de juegos. Que había estado una sola vez en el negocio y que no sabe de dónde salieron los disparos. A preguntas del Honorable Juez, contestó que la luz iluminaba todo el salón, que estaba como a media luz y señaló: “Nunca los vi, pues yo estaba de espaldas cuando entraron los que fuesen, no miré para atrás. Yo me tiré al piso enseguida. Cuando me levanté ya se habían ido”.

Bienvenido Ríos Ocasio, conocido por El Indio, declaró que la noche de los hechos, como a las once y treinta de la noche se encontraba en El Escorial, conversando con otras personas. Que sintió un “revolú” y oyó cuando alguien gritó: “Todo el mundo al suelo”. Que entonces él se metió en la cocina.

Por otro lado, señaló que acostumbraba ir al negocio y había estado allí como quince veces, por lo que conocía bien el negocio por dentro. Indicó que la iluminación en el sitio consistía de dos lámparas, una roja y otra amarilla, que cuel-gan, despegadas del techo, sobre el mostrador de la barra. Que éstas no alumbran mucho, pero que el sitio no era del todo oscuro. Que la lámpara amarilla estaba a la izquierda y la roja a la derecha. Que no hay lámparas fluorescentes en el salón. Que al sonar los disparos ya se encontraba en el piso de la cocina, que todo ocurrió rápido, “En un abrir y cerrar de ojos”. Que ayudó a cargar a las víctimas y fue al hospital con una de ellas. Que no le vio el rostro a ninguna de las dos personas que entraron al lugar. Indicó que desde la barra a la puerta es difícil, aunque no imposible, verle la cara a al-guien que está en la puerta del negocio.

A preguntas del fiscal, indicó que el sitio no estaba alum-brado, pero tampoco estaba oscuro. Que las lámparas en el negocio tienden a caer hacia abajo desde el techo y quedan despegadas “bastante alto” de la barra. Que no estaba seguro, en sí, de la posición de las lámparas.

Señaló que escuchó el tiroteo como a los tres minutos de entrar las dos personas. Que él se fue hacia la cocina y se tiró al piso. Que luego de esto, una muchacha que estaba allí le pidió auxilio y él ayudó a llevar a los heridos al hospital. Que de allí fue al cuartel donde le preguntaron sobre lo su-cedido esa noche. A preguntas del fiscal, manifestó que, aun-que era difícil, se podía ver lo suficiente como para distinguir a una persona.

El último testigo lo fue el agente del Negociado de Inves-tigación Criminal, Julio Santos. No fue testigo ocular. Éste indicó que llegó al sitio de los hechos a las doce y treinta de la madrugada del día 28 de julio de 1978. Identificó varias fotografías del lugar, a requerimiento de la defensa. Señaló que entrevistó varios testigos y los llevó al Cuartel General, pero se fue debido a que tenía que continuar con la investiga-ción.

Terminada la presentación de la prueba, y luego de ren-dirse los respectivos informes y darse las correspondientes instrucciones, el jurado se retiró a deliberar, regresando luego a preguntar a través de su presidente cómo se hizo la identi-ficación del apelante. El juez de instancia procedió a hacer un recuento de lo que sucedió en el caso, manifestando: “Sobre de dónde salió el retrato con que identificaron al imputado, sobre eso los dejo a ustedes que hagan la inferencia que uste-des crean pertinente”.

Luego del incidente, el jurado se retiró a deliberar nueva-mente.

Hace algunos años, establecimos la norma de que la iden-tificación del acusado es una fase esencial del debido procedi-miento de ley. En Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 252 (1969), dijimos: “No puede haber un juicio justo e imparcial si no se garantiza debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la comisión de un crimen. Los mayo-res extravíos en la administración de la justicia lo ocasionan los errores en la identificación de los acusados. Se apunta que en un estudio de sesenta y seis casos resueltos, en veintinueve de ellos se identificó erróneamente al acusado. Ver Borchard, Convicting the Innocent (Garden City, 1932); Williams & Hammelmann, Identification Parades-I, 1963, Crim. L. Rev. 479”.

Lo que expresamos entonces tiene hoy igual o mayor perti-nencia. Así lo entendió la Asamblea Legislativa al adicionar la Regla 252 a las de Procedimiento Criminal. Si bien es cierto que normalmente es preferible que se identifique al presunto responsable del hecho delictivo mediante el procedimiento san-cionado en Gómez Inbera, y hecho ley mediante la aprobación de la regla antes mencionada, pueden mediar situaciones como apuntamos en el propio caso de Gómez Incera, en que la identificación puede resultar confiable sin que se utilice la rueda de confrontación. Esto es en armonía con el criterio central de que hay que analizar cada caso con atención a la totalidad de las circunstancias.

Recientemente, en Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978), el Tribunal acogió los criterios de Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 (1972), y Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977), para analizar la suficiencia y confiabilidad de la iden-tificación de un sospechoso en esos casos. Los criterios inclu-yen la oportunidad que tuvo el testigo de observar al criminal al momento de los hechos, el grado de atención prestada por el testigo, la fidelidad de la descripción del criminal dada pre-viamente por el testigo, el grado de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y el tiempo transcurrido entre los hechos y la confrontación. Ninguno de estos criterios por sí solo es determinante. Su utilidad es manifiesta únicamente cuando se analizan en conjunto.

1. Oportunidad de observar

El asalto ocurrió casi a medianoche, en una barra al cos-tado de la Calle Arzuaga de Río Piedras. Los asaltantes no habían estado en el lugar bebiendo ni comiendo, sino que irrumpieron de improviso. Mataron y se fueron. No eran co-nocidos de la testigo.

Aunque no usaba disfraz que ocultara su rostro, el indi-viduo a quien la testigo señala como el apelante, usaba una gorra de pescador, de esas que tapan las orejas y el pelo dejando al descubierto sólo el rostro bajo la visera.

Los testigos oculares coinciden en que la luz era turbia, pues provenía de bombillas de colores, no claras. La única persona de las presentes que desmiente el hecho es Myrna Luz, quien alegó que el sitio estaba bastante claro, pues estaba iluminado con lámparas fluorescentes. Lo curioso de este testi-monio es que Myrna Luz alegó no recordar si en el sitio había bombillas de colores, a pesar de que, para el día de los hechos, hacía dos meses que trabajaba allí. En este punto tan crucial, su testimonio fue selectivamente amnésico.

Es en estas condiciones que Myrna Luz alega que pudo observar al de la gorra como a ocho pies de distancia. Como se ve, su observación no es cara a cara. Más aún, de la propia evidencia surge la duda en cuanto al lugar exacto en que ésta se hallaba respecto a una columna, pues su propio testimonio la ubica unas veces detrás y otras veces al lado de la columna.

En cuanto al tiempo de duración de su observación, tam-bién la prueba revela serias dudas. A pesar de su insistente reclamo de que su observación fue de cinco o seis minutos, el experimento efectuado en corte abierta revela su deficiencia en calcular adecuadamente el tiempo. De allí que lo calcula-do en seis minutos, fue cronometrado en tres por el tribunal. Los demás testigos coinciden en que todo pasó rápido, “en un abrir y cerrar de ojos”. “Un abrir y cerrar de ojos” no es sufi-ciente tiempo de observación para identificar positivamente a nadie.

Todas estas circunstancias son distintas a las de Peterson Pietersz, pues allí el asalto ocurrió a las cinco de la tarde, en pleno día, en buenas condiciones de visibilidad y sin pieza alguna que ocultara siquiera parcialmente el rostro o la ca-beza de los asaltantes. Los testigos de identificación pudieron observar por largo rato (media hora) a los delincuentes, les sirvieron comida en el lugar y uno de los testigos tuvo de frente a Peterson Pietersz. Fueron circunstancias de inme-diatez física con amplia oportunidad de ver y observar.

2. Grado de atención

Myrna Luz se quedó “paralizada”. Tanto así, que cuando uno de los asaltantes ordena a todo el mundo lanzarse al suelo, ella permanece de pie y es incapaz de seguir tan sencilla ins-trucción. Es por el “empujón” que le da uno de los testigos, que Myrna Luz viene a parar finalmente al piso. Este estado aní-mico debe asociarse con el terror que súbitamente invade a una persona en inminente peligro de grave daño físico o de muerte. Lo que la testigo describe como quedarse “paralizada” implica una desconexión con el mundo exterior, a tal punto que es incapaz de responder a estímulos exteriores. Cierta-mente en este estado no puede observar y retener sus obser-vaciones para luego comunicarlas.

Nótese que ella no pudo siquiera describir la vestimenta de los malhechores, excepto por la gorra amarilla que, como veremos, fue la pieza que la Policía ocupó a posteriori en el piso del lugar de los hechos. Más aún, la testigo ni siquiera se fijó en el otro individuo, en ‘‘el de alante”, que fue el que se paseó por dentro del local a la vista de todos.

3. Fidelidad de la descripción

El problema con este criterio es que no se satisfizo. La testigo no suministró descripción alguna al policía que inves-tigó los hechos ni al fiscal que tomó su declaración jurada, a pesar de que, cuando se le pregunta sobre la ropa que vestía la persona que se quedó atrás, manifiesta que no recuerda “porque yo lo más que miré fue la cara”, pero no consignó en la declaración jurada descripción alguna. Confrontada con ese hecho durante el juicio, Myrna Luz pretendió en un mo-mento dado explicar esas y otras omisiones a base de que ella lo declaró, pero no lo copiaron. El argumento es insostenible. Ese es el tipo de dato que un fiscal jamás omite cuando se está investigando un doble asesinato cometido por descono-cidos. La única explicación racional y lógica es que Myrna Luz nunca estuvo en condiciones de hacer una identificación confiable.

Lo que Myrna Luz declaró con ahínco es que el individuo que se quedó parado en la puerta, el “de atrás”, llevaba puesta una gorra amarilla. Curiosamente este hecho coincide con el hallazgo de una gorra como la descrita, dentro del local, en el suelo, junto a la puerta.

La mejor evidencia que puede aportar un testigo para demostrar que su identificación del acusado fue producto de su propia observación y no de distorsiones mentales en un momento de tensión o angustia ni de la sugestividad del pro-cedimiento de identificación, es la descripción que pueda hacer del criminal inmediatamente después de acaecidos los hechos o dentro de un período posterior razonable.

Distinto sucedió en Peterson Pietersz, donde los testigos no solamente describieron prontamente el aspecto físico y la voz de los asaltantes, sino que también ofrecieron detalles que permitieron la preparación de bocetos al F.B.I.

4. Nivel de certeza

El testimonio de Myrna Luz no fue convincente. Si bien es cierto que le presentaron varias rondas de fotografías en las cuales no identificó a nadie, no es menos cierto que su identificación se produce luego de que la Policía ha recibido una confidencia sobre quién es el culpable, y lo retrata.

Las fotografías que le presentan a Myrna Luz no son de personas de características físicas similares. No se levantó acta alguna como manda la ley. Más aún, se utilizó el proce-dimiento de identificación por fotografías cuando ya había un sospechoso y sin que demostrara una necesidad imperiosa de omitir en primera instancia la rueda de confrontación. Al igual que en Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974), este caso demandaba la celebración de una rueda de confrontación. Regla 252.2 de Procedimiento Criminal. Dis-tinto hubiera sido si, como en Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972), la identificación por fotografías se hu-biera hecho a los dos o tres días de haber sucedido los hechos y en circunstancias que demostraran plenamente la confia-bilidad de la identificación.

5. Tiempo entre el crimen y la confrontación

El asalto ocurrió el día 27 de julio. La testigo narra que cuando hizo la identificación por fotografías ya “Estábamos en el mes de septiembre”, o sea, dos meses después.

Una identificación hecha por fotografías dos meses des-pués, cuando el tiempo de observación fue a lo sumo de tres minutos, en un ambiente inadecuadamente iluminado, la tes-tigo en estado de “paralización”, mientras el asaltante usaba una gorra de pescador que incluso le cubría las orejas y el pelo, y en ausencia total de siquiera una descripción general del asaltante a raíz de los acontecimientos, no puede servir de base a varias convicciones por delito, sin que ello viole el debido procedimiento de ley.

El hecho más elocuente de la dudosa confiabilidad de la identificación hecha por la única testigo de cargo lo revela la minuta del 9 de marzo de 1979, día de las deliberaciones del jurado:

Los Jurados regresan a Sala a las 4:00 P.M., informando el Presidente del Jurado que no han podido llegar a veredicto, ya que hay conflicto de la manera que se identificó al acusado y el Tribunal les pregunta si necesitan alguna instrucción especial o se les lea algún testimonio y procede a hacer un resumen de la prueba presentada, retirándose éstos nuevamente al Salón de Deliberaciones a las 4:50 P.M. para continuar deliberando.

Lo que la minuta refiere como “conflicto de la manera [en] que se identificó al acusado” no es otra cosa que duda mani-fiesta en cuanto a su identificación.

Cierto es que hemos dicho que corresponde al jurado ad-judicar la determinación en cuanto a si la identificación es o no confiable. Sin embargo, hemos dicho también que la sufi-ciencia de la prueba es una cuestión estrictamente de derecho que este Tribunal puede y debe resolver. En Foster v. California, 394 U.S. 440 (1969), el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó que en algunos casos el procedimiento de iden-tificación por testigos oculares puede ser tan defectuoso que hace la identificación constitucionalmente inadmisible como cuestión de derecho. Véase Pagán Hernández v. Alcaide, supra, pág. 104. El de autos es uno de esos casos.

Estamos conscientes del problema enorme que la crimina-lidad representa para la sociedad moderna, pero ello no debe ser motivo para que se socaven los derechos fundamentales que se le han reconocido a todo ciudadano, pues, en aras de resolver el problema de la criminalidad, podríamos desarro-llar un estado policíaco. La Policía, en su válido empeño por resolver el problema que nos agobia, podría intentar pasar por alto las normas procesales que garantiza la Constitución. Precisamente el rol de los tribunales consiste en preservar un adecuado balance, garantizándole al Estado los medios de perseguir el crimen y preservándole a la ciudadanía su liber-tad y su tranquilidad.

Las convicciones no pueden prevalecer. Procede revocar-las.

—O—

Opinión emitida por el

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1981

El apelante fue convicto en cargos de asesinato en primer grado e infracciones de la Ley de Armas como partícipe en un asalto al restaurant El Escorial, en la Calle Arzuaga de Río Piedras, en el curso del cual dieron muerte a dos clientes sen-tados a la mesa. Se propone la revocación de las sentencias por falta de confiabiiidad en la identificación en un ejercicio que equivale a imponer la particular apreciación de la evi-dencia oral por este Tribunal, descartando la del jurado que vio y oyó declarar los testigos, y a tal fin entresacando o selec-cionando de la exposición narrativa de la prueba elementos o particulares favorables al apelante que ningún crédito mere-cieron al juzgador de hechos, o que descartó en el proceso de estimación integral que naturalmente precede a la adjudi-cación de credibilidad.

El veredicto descansa en suficiente identificación del acu-sado en fotografías, confirmada en rueda de detenidos (lineup) en la que el apelante tuvo asistencia y representa-ción de abogado (E.N.P., pág. 6). En nada pudo refutar esa prueba el testimonio del testigo presentado por la defensa quien declaró que oyó tiros y gritos, y que, citamos: “Nunca los vi, pues yo estaba de espaldas cuando entraron los que fue-sen, no miré para atrás. Yo me tiré al piso enseguida. Cuando me levanté ya se habían ido”.

Después de Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978), y Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977), es nos-tálgica la insistencia en regresar a la era de tecnicismos, máxime si ha habido una aceptable identificación por foto-grafías y línea de confrontación. No hay que exigir tanto que una sencilla mesera de restaurant, que a riesgo de su tran-quilidad y de su vida sirve a la justicia y a su conciencia como en pocos casos de asesinato y robo hoy en día, señalando al homicida primero en la fotografía, y luego en el Tribunal. Su declaración mereció crédito al jurado y contiene los ele-mentos de confiabilidad que señalamos en Peterson, supra, a saber:

1. Oportunidad de observación.

Myrna Luz Fermaint, única testigo de identificación, tra-bajaba la noche de autos atendiendo la barra del restaurant El Escorial. Vio al apelante de frente entrar y sacar una pistola; tenía el rostro descubierto y ella “le miró la cara”. El tiempo de observación fue comprobado mediante experi-mento en el tribunal como 3 minutos (duración de un round de boxeo); el testigo de defensa José Moya dijo que a los 3 ó 4 minutos de entrar los asaltantes oyó los tiros y gritería; otro testigo de defensa, Bienvenido Ríos declaró que escuchó el tiroteo a los tres minutos de entrar dichos individuos.

El restaurante tenía suficiente alumbrado, según los pro-pios testigos de defensa antes mencionados: Moya declaró a preguntas del juez que la luz iluminaba todo el salón; Ríos coincidió diciendo que no es imposible para quien está en la barra verle la cara a alguien que está en la puerta del nego-cio; que se podía ver lo suficiente para distinguir a una persona. Y María Olmo, otra empleada del Escorial, llamada por la defensa declaró que a la distancia comprendida desde la silla de los testigos a donde se situó el fiscal junto al jurado se podía ver claramente.

Notamos que el criterio en contrario resume estas decla-raciones en forma argumentativa prefiriendo puntos aislados que convendrían al acusado pero que evidentemente no mere-cieron credibilidad al jurado. No es misión de este Tribunal llegar a conclusiones distintas a las que sustentan el veredicto de culpabilidad con particulares de prueba tan explícita apor-tada por el propio apelante.

2. Grado de atención de la testigo.

Atención era precisamente el trabajo de la mesera Myrna L. Fermaint. Para que estuviera atenta le pagaba su patrono. El despacho en la barra exige vigilancia. Le miró y le vio bien la cara al apelante captando su fisonomía, aun cuando se asustara. (¿Podrán ser testigos creíbles únicamente los que no se asusten con dos asesinatos cometidos en su presencia? El jurado contestó la pregunta con su veredicto.) Que su con-centración en los rasgos del acusado fue buena quedó demos-trado en la investigación, pues confrontada con numerosas fotos y fichas de la Policía en ninguna de las cuales aparecía el apelante, así lo manifestó; identificándolo sin vacilación como el hombre con gorra de pescador cuando finalmente se le exhibió el retrato de éste.

3. Fidelidad en la descripción.

La otra opinión capitaliza otra vez en forma selectiva la falta de recuerdo en la testigo Myrna de algunos detalles, como el de ropa que vestían los asaltantes. Si la testigo dice que concentró en la cara del intruso, (porque ¿qué otra cosa le va a mirar a quien entra anunciando un asalto y sacando una pistola?) la exigencia de que recordara su vestimenta va más a]lá no digo de la capacidad intelectual de la canti-nera; sino de los simples reflejos que activa el instinto de con-servación. Si el apelante hubiera sido cojo, probablemente ella hubiese dicho que tampoco se había fijado en su defecto. El requisito de fidelidad en la descripción se cumplió con la hon-rada (y valiente) identificación de aquel rostro en la foto-grafía. Que su identificación del apelante se manifestara mejor por su percepción visual de la foto, es explicable porque no todo el mundo tiene la capacidad verbal para describir una mirada, un semblante o el conjunto de rasgos que le imparte una particular identidad facial a una persona. De hecho es más confiable la identificación por la imagen que se repite en la fotografía, que la vinculada al relato que se hace a los in-vestigadores. Precisamente sobre ese principio es que descansa la utilidad de la rueda de detenidos.

4. Nivel de certeza.

Este criterio fue revalidado en la declaración de Myrna según los apuntamientos que anteceden. Insistimos en que debe añadirse como factor de certeza y seguridad en su decla-ración el hecho de que representa la vindicación de la justicia y la lealtad a una conciencia tan intensa en su llamado que la hace olvidarse del peligro de represalia contra su persona, elemento éste de temor que derrota la investigación criminal en nuestro medio y que tiene todo el sistema al borde del des-crédito.

5. Tiempo transcurrido entre crimen y confrontación.

No parece que llegue a los dos meses si el asalto se pro-dujo el 27 julio y la identificación por fotografías tuvo lugar en septiembre. Cinco o seis semanas no borran el conjunto general de rasgos y gesto de una cara vista de frente, con suficiente claridad en las circunstancias traumáticas de este caso. El modo en que la impresión fuerte tiende a esculpir su recuerdo en la memoria humana perdura mucho más allá de estas semanas transcurridas.

Sorprende la opinión en contrario al impugnar el veredicto porque el jurado solicitara instrucciones adicionales sobre la declaración de la testigo. Y más todavía clasificando la iden-tificación como “constitucionalmente inadmisible” donde como aquí ha habido identificación por fotografía, confirmada en rueda de detenidos en la cual el acusado estuvo representado por abogado. Ya está resuelto:

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en lo que ya constituye doctrina firme asentada en reiterados pronuncia-mientos de su jurisprudencia, ha descartado la sugestión o in-sinuación como elemento que por sí solo ofende el debido proceso de ley y obliga a la exclusión de prueba de identificación. Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968); Foster v. California, 394 U.S. 440 (1969); Coleman v. Alabama, 399 U.S. 1 (1970). La norma vigente hace depender la confiabilidad de la identifica-ción de la “totalidad de las circunstancias”, aun cuando el pro-cedimiento de confrontación haya sido sugestivo. Se señalan como factores principales que deben guiar la posibilidad de un error de identificación la oportunidad que tuvo el testigo de ob-servar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado de atención del testigo, la corrección de la descripción previa del criminal por el testigo, el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Neil v. Biggers, 409 U.S. 188, 199 (1972). La admisión de testimonio relativo a un procedimiento sugestivo e innecesario de identificación, no viola el debido pro-ceso siempre y cuando la identificación tenga suficientes elemen-tos de confiabilidad. Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977), supra. La decisión en Moore v. Illinois, 434 U.S. 220 (1977) ex-cluye la prueba de identificación porque se obtuvo ya iniciado el proceso criminal adversativo, sin que el acusado estuviera asis-tido de abogado, situación que no confrontamos en el presente caso. Pueblo v. Peterson Pietersz, supra, pág. 183.

En la amplia y abarcadora estimación de credibilidad, no podía haber otro veredicto que el de culpabilidad para un hombre cuya única defensa en un doble asesinato fue si había más o menos lámparas en el local y que la testigo se “para-lizó” al verlo. La prueba del acusado no negó la acusación de asesinato. Es vana pretensión hallar falta en el veredicto del jurado, si a tal grado fue deficiente la base de defensa del acusado. En el lenguaje de Brathwaite las vacilaciones de la opinión opuesta se rechazan, al sentenciar:

De todos modos no podemos decir que bajo todas las circuns-tancias de este caso exista “una substancial probabilidad de error irreparable en la identificación”. [Simmons v. United States, 390 U.S. a la pág. 384, 19 L.Ed.2d 1247.] Hasta ese punto, tal evi-dencia debe ser considerada por el jurado. Nos satisface poder depender del buen sentido y juicio de los jurados americanos, toda vez que prueba con algún elemento indigno de confianza es grano de todos los días para el molino del jurado. Los jurados no son tan susceptibles que no puedan evaluar inteligentemente el peso de un testimonio de identificación que tiene algún aspecto cuestionable. Pueblo v. Peterson Pietersz, supra, pág. 184.

Ésa es también la posición de este Tribunal hace siete años, adoptada con la convicción jurídica y moral que impulsó la reconsideración en Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10, 21-22 (1974) al expresar:

El juez de instancia concluyó que en la suma de circuns-tancias de este caso es confiable y digna de crédito la identifi-cación del acusado, por lo que resultaba de todo punto innece-sario recurrir a la rueda de detenidos. Su apreciación sostenida por la prueba ha de ser estimada por este Tribunal. La identifi-cación de criminales no está exenta de la sabia norma que detiene y restrinje la intervención de los tribunales de apelación frente a la mejor posición del juez de instancia para adjudicar credibili-dad debiendo suplantar sus determinaciones únicamente cuando no estén sostenidas por la prueba. En la aplicación de ese princi-pio no se puede depender de matices, tonalidades y esmeros y sí de la realidad esencial, del signo conocible que en el proceso racional conduce al juez de instancia a la determinación que satisface su conciencia de juzgador de otro hombre.

Por resultar la identificación enteramente confiable en la estimación integral de todos sus elementos y porque la prueba del acusado no negó las graves acusaciones, el veredicto del jurado debe ser sostenido y las sentencias confirmadas.

       Anteriormente, la testigo había declarado lo siguiente: “Lcdo. Sepúlveda:

        P — i Cómo eran las características físicas de él ?
      R — Tenía bigote, tenía una barba recién crecida.
      P — Continúe.
      R — Era trigueño.
      P — ¿ Qué más ?
      R — Y delgado.
      P — ¿ Y estatura más o menos ?
      R — Era bajito, bajo.
      P — ¿ Y eso lo describió a la policía ?
      R — Sí, señor.
      P — ¿ Cuándo lo describió a la policía, en qué momento ?
      R — No me acuerdo.”
      Nótese, sin embargo, que de estas afirmaciones es que se retracta.
      En cuanto a la descripción que aquí hace, baste decir que se trata de una descripción con el acusado presente en el tribunal, luego de haber visto una fotografía suya y de haberlo observado en una rueda de confrontación. La identificación en el juicio, por sí sola, no satisface el debido procedi-miento de ley, cuando, como en este caso, la identificación extrajudicial no ha sido confiable.

      E1 Exhibit 3 de la defensa, el cual obra en autos, consiste de una fotografía tomada por la Policía en el lugar de los hechos a raíz de los acontecimientos. La fotografía presenta una vista del lugar de la barra, una columna al frente, y, al fondo, parcialmente oculta, una lámpara re-donda y oscura que cuelga del techo, casi sobre el mostrador.

       Recordamos que en Manson v. Brathwaite, el Estado contaba con un agente como su único testigo quien identificó al acusado a través de una sola fotografía tomada de los archivos de la Policía y no hubo línea de sos-pechosos. La identificación fue sostenida como confiable.