author: PER curiam:

text:
    Rafael Mejías Román, lesionado, Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Fondo del Seguro del Estado, asegurador.

      Número: O-80-150

      Resuelto: 30 de octubre de 1981

      Yolanda Morales, Antonio Acevedo Torres y Jorge Márquez Gómez, abogados del recurrente; Carlos Juan Cintrón, abo-gado del recurrido.
   PER curiam:

El caso de autos nos conduce a revisar la adjudicación que hizo la Comisión Industrial de Puerto Rico sobre un conflicto de prueba pericial en torno a la relación que guarda cierto desbalance emocional que aqueja al obrero lesionado Rafael Mejías Román con varios accidentes sufridos en su trabajo. Resolvemos que la Comisión cometió error en su proceder y que, por tanto, procede revocar su resolución. Veamos.

1. Los hechos

El obrero Rafael Mejías Román es persona de escasa preparación académica que sólo alcanza el cuarto grado de escuela elemental. Trabajó durante su vida como obrero no diestro y luego como albañil. Ha sufrido en su trabajo pequeños accidentes lesionándose su espalda. Padece de osteoartritis de la columna vertebral con espolones y padece, además, de una neurosis depresiva severa, pro-blema que le produce insomnio y miedo. En el caso de autos la controversia pericial se predica precisamente sobre si esta condición emocional guarda relación con los pequeños accidentes mencionados. La Comisión Industrial concluyó que sí.

2. El conflicto entre los peritos

El Dr. Guillermo J. Hoyos, siquiatra asesor de la Comisión Industrial, examinó al obrero Mejías Román, y luego de evaluarlo concluyó que la condición de inestabi-lidad emocional que le aqueja está relacionada con su tra-bajo por agravación. Según lo resume la Comisión Industrial su razonamiento fue el siguiente:

Si se tiene en cuenta que éste es un obrero no diestro que más bien ha dependido de su cuerpo, de su fortaleza física, para trabajar, que sufre una lesión al mismo, se puede entender el desarrollo de una condición nerviosa, toda vez que siente no poder producir como antes ... Es probable que con el accidente hayan [sic] agravado la condición de la espalda y ésto, [sic\ a su vez, lo haya incapacitado para tra-bajar y el hecho de no poder trabajar y los problemas que esto puede traer en el hogar, agraven su condición emo-cional. (Énfasis nuestro.)

El testimonio pericial del doctor Granada sostuvo que la artritis es una enfermedad involucional, por lo que, a su juicio, “este paciente está involucionado, está deprimido, efectivamente tiene una depresión a nivel neurótico que está relacionada más con su involución que con el acci-dente” que había sufrido. A juicio del doctor Granada el lesionado “es un terreno abonado para proyectar él, a cualquier cosa exterior, la incapacidad por la cual está pasando gradual y sucesivamente”. Relató este médico que “[e]s muy difícil reconocer que se está involucionando a este extremo y entonces es más fácil para la persona acha-carlo a la enfermedad y proyectarlo”. Para el doctor Granada este caso “es más proyección del paciente hacia el exterior que al revés. O sea, si no hubiese habido este accidente del trabajo este lesionado estaría involucionado y entraría en una depresión también. ... no tiene práctica-mente ninguna importancia el que el lesionado esté invo-lucionando y haya sufrido ese accidente. Es un terreno abonado él para proyectar hacia el exterior su patología emocional y achacársela él a todo lo de afuera, que es un mecanismo de defensa elemental y como todo mecanismo de defensa es inconsciente y está a nivel del yo, para defender al yo de la angustia”.

3. Circunstancias que reflejan el error de la Comisión Industrial

Ante esta disparidad que reflejó la prueba pericial, la Comisión, como hemos dicho, resolvió en favor del obrero lesionado.

Hemos analizado detenidamente el expediente y nota-mos que en ambos testimonios médicos se perciben detalles que menoscaban su valor probatorio.

El testimonio del doctor Granada adolece de una gran dificultad consistente en que dicho galeno nunca examinó al obrero lesionado y emite su opinión sólo a base de lo declarado por éste en la vista pública y del estudio de los informes médicos anteriores. Su testimonio, además, es muy confuso. En buena parte de la teoría que expuso en la vista sostiene que la causa eficiente del padecimiento emo-cional del lesionado obedece a su condición involucional, pero luego sostiene que “no tiene prácticamente ninguna importancia el que el lesionado esté involucionando y haya sufrido ese accidente”. Por otra parte, en cuanto a su teoría referente al “terreno abonado” que representaba el obrero, conviene resaltar que para que nazca el derecho a la protección de ley basta que un accidente haya sido la causa que exteriorice una condición patológica y que las predisposiciones del obrero lesionado para manifestar dicha enfermedad no derrotan su derecho a compensación. Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488 (1965).

Ante tal endeblez del testimonio médico ofrecido por la Administradora del Fondo del Seguro del Estado, proce-dería confirmar la determinación de la Comisión Industrial de no ser porque obra en autos prueba convincente que derrota la teoría médica del siquiatra de la Comisión. Recordemos que éste, Dr. Guillermo Hoyos, declaró a los efectos de que “[e]s probable que con el accidente hayan [sic\ agravado la condición de la espalda y ésto, [sic] a su vez, lo haya incapacitado para trabajar y el hecho de no poder trabajar y los problemas que esto puede traer en el hogar, agraven su condición emocional”. (Énfasis nuestro.) Nótese que en la concatenación de circunstancias que establece el doctor Hoyos para ligar la condición neurótica del lesionado con el accidente del trabajo es un elemento indispensable “el hecho de no poder trabajar”, y la exis-tencia de ese hecho quedó concluyentemente rebatida por la prueba. A esos efectos obra en autos copia de un informe en que el lesionado reclama protección del Fondo del Seguro del Estado por un accidente que sufrió el 20 de octubre de 1977 en el cual, mientras trabajaba en el empañetado de cierto edificio, sufrió una lesión en la nuca. Ante tal circunstancia procede revocar las determi-naciones de la Comisión Industrial, no sin antes recalcar una vez más, con renovado énfasis, que “[e]s función inelu-dible tanto de los abogados del Fondo del Seguro del Estado como de los Comisionados de la Comisión Industrial exigir que la prueba médica desfilada en la vista celebrada al efecto se aparte lo más posible de la especu-lación y la conjetura. . .”. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 715 (1975). Véase Morell v. F.S.E., 110 D.P.R. 709 (1981).

       Involución, describe el Diccionario de la Lengua Española en la página 758 de su edición de 1970, es “fase regresiva de un proceso biológico, o modifi-cación retrógrada de un órgano”.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Gloria Iris Acevedo Hernández y Otros, demandantes y recurridos, v. Manuel Viñas Sorbá y Jorge López Ramírez, demandados y recurrentes; Romex Construction, Díaz Fortuño & Pierluisi, Inc., Asociación de Maestros de Puerto Rico y Pedro A. Miranda, h/n/c Pedro A. Miranda & Associates, terceros demandados recurridos.

      Número: R-80-126

      Resuelto: 30 de octubre de 1981

      Angel L. Calero, abogado de la recurrente; José M. Cabrera Deetjen, abogado de la recurrida Asociación de Maestros de Puerto Rico; Luis A. Lugo y Angel Luis Mayol Arizmendi, abogados de los recurridos (demandantes); Rodolfo F. Aponte, abogado del amicus curiae Asociación de Contratistas Gene-rales de América, Capítulo de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Los demandados recurrentes ("el contratista”) constru-yeron ciento cincuenta unidades de vivienda bajo contrato con la Asociación de Maestros (“la Asociación” o “la dueña vendedora”). Los planos y especificaciones fueron suplidos por la firma Pedro A. Miranda & Associates (“el arqui-tecto”), la cual fue contratada separadamente por la Aso-ciación. El arquitecto tuvo a su cargo también la inspec-ción de las obras.

La Asociación vendió las casas a los demandantes (“los dueños compradores”). Las casas sufrieron pronto, antes de expirar dos años de su venta, serias grietas y filtraciones. Los dueños compradores demandaron al contratista. El contratista interpuso demanda contra tercero contra el arquitecto, la Asociación y varios subcontratistas. El tribunal designó un perito para examinar la condición de las casas. Tras el juicio correspondiente, el tribunal condenó al contratista a satisfacer a los dueños compradores la suma total de $42,500.56, más intereses y $1,000 en con-cepto de honorarios de abogado. El tribunal ordenó a su vez que los subcontratistas resarcieran al contratista las referidas sumas. El tribunal declaró sin lugar la demanda contra la Asociación y tampoco le impuso responsabilidad al arquitecto.

Únicamente el contratista ha incoado recurso de revi-sión. Su posición es que la responsabilidad de los defectos recae en la Asociación y el arquitecto. Debemos en conse-cuencia determinar si la dueña vendedora responde en esta situación como promotora, mandante del arquitecto o en otra capacidad; si el arquitecto es también o solamente responsable; y, de existir tal responsabilidad, cuál es su naturaleza y para con quién. No se ha impugnado la procedencia de la acción decenal en este pleito ni la co-rrección de la sentencia contra los subcontratistas.

1. La Asociación de Maestros y la figura del promotor

En Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 D.P.R. 655 (1981), mencionamos la nueva figura del promotor como legitimado pasivo en las acciones basadas en la responsabi-lidad decenal, pero por incumplirse allí el requisito de asumir el supuesto promotor la iniciativa de llevar a cabo la totalidad del proyecto no tuvimos ocasión de expresar-nos en mayor detalle sobre el tema. En el caso de autos, la Asociación tomó indudablemente la iniciativa de realizar el proyecto, contrató al arquitecto, contrató al contratista y vendió las casas. ¿Es esto suficiente en este caso particular, para convertir a la dueña vendedora en una promo-tora? La contestación es que no.

La posible responsabilidad decenal del promotor ha sido reconocida en España, Francia y otros países. S. de 3 de octubre de 1979 (Esp.); Civ. 13 nov. 1967, D. 1968. 257 (Fr.). Cabanillas Sánchez ha intentado recoger en unas notas recientes los requisitos que deben satisfacerse para incluir la promoción inmobiliaria en la responsabilidad decenal. Cabanillas Sánchez, “Ejecución Defectuosa de la Obra Inmobiliaria — Responsabilidad del Promotor . . .”, 33 Anuario de Derecho Civ. 194 (1980). Cabanillas Sánchez considera que son tres los rasgos distintivos del promotor: Io) El promotor es un profesional de la construcción; 2o) el promotor concibe y organiza la construcción de la obra, esto es, usualmente determina lo que desea hacer, adquiere el terreno, contrata los profesionales que han de encar-garse del diseño y ejecución de la obra, se ocupa de las gestiones para financiar la obra y desempeña otras funcio-nes administrativas; y 3o) el promotor organiza la cons-trucción para que otros la adquieran, arrienden o gocen de otro derecho real sobre la misma. Cabanillas Sánchez, op. cit., págs. 218-219. R. Saint-Alary propone una definición parecida. R. Saint-Alary, Droit de la Construction, Presses Universitaires de France, Paris, 1977, pág. 303.

No se nos ha demostrado que la Asociación de Maestros es un profesional de la construcción. Por este requisito no ha de entenderse que el promotor tenga que ser un contratista, pero sí que se dedique usualmente al negocio de urbanizar o hacer construir para otros, generalmente en plan de actividad comercial. La Asociación es una entidad sin fines de lucro. No surge de autos indicación alguna de que su propósito sea otro que intentar satisfacer primordialmente las necesidades de sus socios, sin intención de convertirse en un profesional de la construcción. No puede imponerse responsabilidad a la Asociación en calidad de promotor.

2. Otras posibles bases de responsabilidad de la Asociación

La Asociación tampoco responde como contratista. No construyó ni asumió responsabilidad contractual por la construcción. Tan solo escogió al contratista, que en este caso no es un alter ego de la Asociación. La Asociación sí responde como vendedora de las casas, pero el plazo para el saneamiento de vicios ocultos está prescrito en tal caso. Tampoco' hay base en el récord, y de haberla habido estaría prescrita, para imputarle responsabilidad delictual a la dueña vendedora. Tampoco se ha alegado en este caso la intromisión culposa del dueño en el diseño o construcción de la obra. Encyclopédie Dalloz, “Contrat d’Enterprise”, suplemento de 1981, pars. 313 y ss.; G. Liet-Veaux, Le Droit de la Construction, 5ta ed., París, Ed. Celse, 1978, págs. 354-355.

3. La relación entre la dueña vendedora y el arquitecto

El contratista alega que la dueña vendedora le responde por las supuestas faltas del arquitecto. No tiene razón. El contrato que vincula al arquitecto con el propie-tario es el de obra, no el de mandato. El arquitecto no es el mandatario del dueño; el dueño no es garante para con el contratista de la excelencia profesional que el arquitecto despliegue en el desempeño de sus obligaciones. El dueño no responde al contratista de la falta del arquitecto. Mazeaud y Mazeaud, Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 6ta ed. (por A. Tune), París, Ed. Monthchrestien, 1970, T. II, págs. 73-77.

El tribunal de instancia no cometió error, en conse-cuencia, al desestimar la demanda de tercero contra la Asociación.

4. La relación entre el contratista y el arquitecto

El récord de este caso revela que se cometieron errores de diseño por el arquitecto. No puede precisarse en qué medida los vicios de construcción pueden atribuirse a tales errores. También se desconoce el punto en que el contra-tista pudo descubrir estos errores. Esto exige que discu-tamos la relación entre arquitecto y contratista en tal género de situación y la naturaleza de su responsabilidad frente al dueño y sus causahabientes. Véase el Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124.

En el régimen de la responsabilidad decenal existe una presunción rebatible de culpa por parte de todo interventor en el diseño y construcción de la obra. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., T. II, pág. 117 y ss. Cuando tanto el contratista como el arquitecto han contribuido al vicio decenal, cuando las causas del vicio se entremezclan hasta formar un todo indivisible, cada profesional es responsable por el todo; el contratista y el arquitecto son responsables in solidum. La diferenciación entre las causas no debe pesar sobre el perjudicado. La carga de la prueba corresponde a los presuntos deudores. De existir alguna indicación de posible concausalidad y consiguiente impedimento o inconveniencia en la asignación de las cul-pas debe asegurarse al dueño y sus causahabientes la repa-ración íntegra del daño a través de la responsabilidad in solidum, con debida oportunidad al contratista y al arqui-tecto para que disputen entre sí la porción de los daños que les corresponde asumir. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., T. II, pág. 119 y ss.; J. Cadarso Palau, La Responsabi-lidad Decenal de Arquitectos y Constructores, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, págs. 293-314. Si las faltas del arqui-tecto pueden determinarse por un contratista avisado, su deber es informar al dueño y no construir. Su deber es no proceder con la obra y solicitar luego que el arquitecto contribuya a los daños. De no ser tal el caso, el contratista tiene derecho a repetir contra el arquitecto. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., T. II, pág. 73.

El tribunal de instancia erró al no determinar el grado, si alguno, al que el arquitecto le responde al contratista en este caso. El contratista no tiene causa de acción contra el dueño, pero puede tenerla contra el arquitecto, a quien se incluyó en la demanda contra tercero.

Se confirmará la sentencia dictada, excepto que se devolverá el caso a instancia para la determinación de la responsabilidad del arquitecto para con el contratista.

El Juez Asociado Señor Negrón García no interviene.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés de la menor N. I. R. M.

      Número: O-81-142

      Resuelto: 30 de octubre de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Marta Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; René Santiago Vega, de la División Legal de la Oficina de Administración de los Tribunales, abogado del recurrido Julio Viera Morales, J.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Tras vista ante el Tribunal Superior, Asuntos de Menores, ante querella por indisciplina, la sala determinó que la menor N.I.R.M. no es responsable de sus actuacio-nes por padecer de sus facultades mentales y ordenó su ingreso, no sin antes expresar sus reservas, al Hogar de Niñas de Trujillo Alto, la cual es una de las instituciones públicas que supervisa el Secretario de Servicios Sociales. El tribunal expresó su preocupación por la carencia de instituciones adecuadas para los casos de menores con problemas de salud mental, e indicó que adoptaba el caso como uno de prueba.

El señor Procurador General plantea ante este foro que el tribunal de instancia solo estaba facultado en este caso para entregar la custodia de la niña al Secretario de Ser-vicios Sociales para su ingreso en una institución ade-cuada. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la resolución recurrida.

El Art. 2 de la Ley de Menores, Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955 (34 L.P.R.A. see. 2002) según enmendado, dispone, en parte:

Se confiere autoridad al Tribunal . . . para entender en los asuntos relacionados:
2. Con la custodia de cualquier niño.
3. Con una solicitud para ingresar a un niño en una insti-tución adecuada para su tratamiento....

El Art. 10 de la Ley, 34 L.P.R.A. see. 2010, provee a su vez:

Si el juez determina que la situación o conducta del niño lo coloca bajo las disposiciones de la see. 2002 de esta ley podrá dictar una orden:
4. Colocando al niño bajo la custodia del Secretario de Salud [léase ahora el Secretario de Servicios Sociales, 3 L.P.R.A. sec. 211d(a)] para el tratamiento de niños; o para que lo encomiende a un hogar de crianza; o para que dis-ponga la forma que ha de tomar dicho tratamiento, sin necesidad de recluir al menor; Disponiéndose, que el Secre-tario de Salud no podrá dar por terminado el período de custodia, ni podrá sacar al menor de la jurisdicción del tribunal sin la previa autorización expresa de este último; o
5. Colocando al niño bajo la custodia de una organización o institución privada adecuada.

El Art. 8 de la Ley, 34 L.P.R.A. see. 2008, expresa, por último:

Con arreglo a las órdenes del juez, el Departamento de Salud proveerá los centros de custodia y otros servicios para cualquier niño cubierto por las disposiciones de las sees. 2001 a 2015 de este título en armonía con las posibilidades existentes.

La parte recurrida estima que el Art. 8, así como las porciones citadas del Art. 2, facultan al juez a ordenar directamente el ingreso de un menor a una institución pública. El Procurador General apoya su contención en contrario en las disposiciones del Art. 10.

Una lectura de los artículos citados refleja que el tribunal tiene facultad para entender en asuntos referentes a la custodia de un menor y con la solicitud para ingresarle en una institución adecuada para su tratamiento. (Art. 2, apartados (2) y (3).) En cuanto a solicitudes de ingreso de menores a instituciones adecuadas, la ley no especifica bajo qué situaciones puede el tribunal intervenir al respecto. En el Informe de la Comisión de Menores y Relaciones de Familia sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico el 19 de mayo de 1976 se dijo sobre este tema lo siguiente:

Aparentemente, por no ser clara la Ley en cuanto a cuándo deba utilizarse esa facultad del Tribunal, en la rea-lidad lo que se hace es radicar querellas por motivo de “incorregibilidad” cuando se interesa solicitar el ingreso de un menor a una institución. No obstante, puede muy bien darse el caso en que no se trate de menores con problemas de conducta, sino con problemas físicos, mentales u [sic] emocionales, que ameriten un tratamiento especial que no necesariamente tiene que ser su institucionalización. Pág. 95.

Se trata, pues, en cuanto al apartado (3) del Art. 2, de una disposición cuyo alcance no está claro y la cual no fue invocada por el tribunal en su resolución.

El Art. 10 expresa las alternativas que tiene el juez, si determina que la situación o conducta lo coloca bajo las disposiciones del Art. 2. Entre las situaciones o conductas contempladas en dicho artículo está la indisciplina, procedimiento de que trata el presente caso. Las alternativas consisten en síntesis en las siguientes:

(1) Disponer que el menor sea sometido a exámenes para fines de diagnóstico;

(2) Desestimar la solicitud de ingreso en una institución;

(3) Colocar al menor en libertad a prueba;

(4) Colocar al menor bajo la custodia del Secretario de Servicios Sociales;

(5) Colocar al menor bajo la custodia de una organi-zación o institución privada adecuada.

El problema, más superficial que sustantivo, surge cuando el tribunal selecciona la cuarta alternativa, citada antes in toto, del Art. 10 y coloca al niño bajo la custodia del Secretario de Servicios Sociales para que éste lo ingrese en una institución adecuada. En tal caso, según el texto de la legislación, es el Secretario quien debe desig-nar originalmente la institución, y no el juez directamente. Este aspecto fue objeto de consideración en el reciente Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Séptima Con-ferencia Judicial, octubre de 1980. En dicho informe, al recomendarse la ampliación de la discreción del juzgador en la fase dispositiva para que el tribunal a su discreción y en los casos apropiados determine el tipo de institución en que deberá ser ingresado el menor, se indica lo siguiente:

En el presente la medida de custodia es impuesta por el tribunal y corresponde al Departamento de Servicios So-ciales decidir a qué institución será conducido el menor y dicho Departamento, de ser necesario, establece la coordi-nación de servicios con otras agencias. El Comité es de opinión que en los casos que el tribunal lo estime apropiado, debe tener discreción para recomendar como parte de la medida dispositiva el tipo de institución a que debe ser refe-rido el menor. Pág. 190.

Lo anterior no significa que la selección de la cuarta alternativa que le ofrece el Art. 10 priva al magistrado de toda ingerencia ulterior en asuntos relativos a la custodia del menor. El juez entrega al menor inicialmente al Secretario de Servicios Sociales, pero es para que lo ingrese, según expone el inciso (4) de dicho artículo, en una institución adecuada. Nada hay que impida al juez señalar las condiciones que estime apropiadas para que sean tomadas en cuenta por el Secretario de Servicios Sociales en cuanto al menor que le entrega su custodia. Su condición mental es ciertamente un aspecto importante que puede el juez señalar en su resolución para que sea tomado en cuenta en la determinación de la institución por el Secretario de Servicios Sociales. Además, el juez no se despoja —no puede despojarse— de su deber de continuar ejerciendo, si la situación lo exige más tarde, las funciones inherentes a su condición de parens patriae. En la Expo-sición de Motivos de la Ley de Menores, Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, se señala como uno de los propósitos de la misma, el establecimiento de “un mecanismo legal que habilite a la autoridad judicial para ejercer con relación a los niños abandonados y a los niños desajustados y con relación a sus padres o a las personas encargadas de su cuidado y mantenimiento, aquellas funciones inherentes a su condición de ‘parens patriae’. . . ”. En el ejercicio de esa condición, el tribunal puede requerir informes periódi-cos que le permitan revisar el caso. A tal efecto, el Art. 13 de la referida ley, 34 L.P.R.A. see. 2013, dispone que “Cualquier orden o resolución relacionada con un niño podrá ser modificada por el juez en cualquier momento....” y el Art. 12 (34 L.P.R.A. see. 2012) impone al Secretario de Servicios Sociales el deber de remitir al juez los informes periódicos que el juez solicite sobre la condición y progreso físico, emocional y moral del menor.

Tampoco puede olvidarse, dado el papel del juez como guardián de la Constitución, que la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado provee que “Será política del Estado Libre Asociado . . . reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. El aspecto rehabilitativo de nuestra Ley de Menores es claro tanto en su propósito, como en su contenido.

Al actuar sobre la base del cuarto apartado del Art. 10, el juez deberá en consecuencia entregar la custodia del menor al Secretario de Servicios Sociales, mas, en descargo de la responsabilidad que en última instancia le impone la Ley, el juez podrá requerir del Secretario la sumisión de informes y recomendaciones periódicos que le permitan al magistrado evaluar de tiempo en tiempo la medida impuesta, señalar vistas sobre el progreso y ajustes del menor y disponer, cuando lo estime necesario para cumplir su encomienda estatutaria, el cambio a otra institución o la imposición de otra medida.

Por las razones expresadas, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso a instancia para procedi-mientos consistentes con esta opinión.

      La Regla 9.4 de las Reglas de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I, dispone sobre este asunto en los siguientes términos: “El juez podrá ordenar que el menor quede bajo la custodia del Secretario de Salud para que éste lo ingrese en una institución u hogar de crianza adecuados. Si el juez considerase que el menor debe ingresar inmediatamente en una institución privada adecuada, podrá en-viarlo directamente a la que corresponda, disponiéndolo así en la resolución.”

      “(b) Que se estime indisciplinado, cuyos padres, encargados o maestros no puedan controlarlos y constituyan una amenaza para su bienestar o el de la comunidad; siempre y cuando el Secretario de Servicios Sociales certifique que el niño le ha sido referido y, luego de prestarle servicios en la comunidad, su conducta aún se estima indisciplinada.”

      La literatura sobre la condición de las instituciones para jóvenes delin-cuentes en Puerto Rico es sumamente amplia. Consúltese: el Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Séptima Conferencia Judicial, 1980, pág. 206 y ss.; Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico por la Comisión de Menores y Relaciones de Familia, 1976, pág. 278 y ss.; Estudio del Sistema de Justicia Juvenil, Technical Services of Puerto Rico, Inc., vol. III, 1977; Estudio de las instituciones para el tratamiento y rehabilitación de menores que dirige el Departamento de Servicios Sociales, Estudios Sociales y de Salud, Inc., 1976. Para una bibliografía más completa, véase la incluida en el informe primeramente citado.

       Sobre el problema del derecho a tratamiento, así como sobre el poder de supervisión de los tribunales de las instituciones para jóvenes delincuentes, véase: Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Séptima Conferencia Judicial, 1980, pág. 43 y ss.; R. Heugle, Jr., The Right to Treatment for Juvenile Offenders, 26 Loyola L. Rev. 360 (1980); S. M. Davis, Rights of Juveniles, New York, C. Boardman Co., 1980, sec. 6.7, pág. 6-20 y ss.; Note, Do Juvenile Courts Have a Duty to Supervise Child Care Agencies and Juvenile Detention Facilities?, 17 Howard L.J. 443 (1972); A. Volenik, Right To Treatment: Case Developments in Juvenile Law, 3 Justice System J. 292 (1978); W. Kluwin y J. Walkowski, Constitutional Right to Treatment for Juveniles Adjudicated to be Delinquent, 12 Am. Crim. L. Rev. 209 (1974); D. Skemp, Establishment of a Constitutional Right to Treatment for Delinquent Children, 26 Baylor L. Rev. 366 (1974); D. Renn, The Right to Treatment and the Juvenile, 19 Crime & Delinquency 477 (1973); Note, Judicial Recognition and Implementation of a Right to Treatment for Institutionalized Juveniles, 49 Notre Dame L. 1051 (1974).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Henry Ríos Nogueras, acusado y recurrido.

      Número: O-81-310

      Resuelto: 30 de octubre de 1981

      Héctor Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Pro-curador General Auxiliar, abogados del peticionario; Carmen Ana Rodríguez Maldonado, Mario A. Rodríguez y Rafael Santiago Becerra, de la Sociedad para Asistencia Legal, abo-gados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En el curso de la investigación de la muerte violenta de Miguel A. Fernández Hardouín, ocurrida el 22 julio, 1978 el testigo Francisco Lassen Sánchez prestó declaración ante el fiscal Sr. Wilfredo Rodríguez Figueroa en la que en síntesis expuso bajo juramento: Que mientras tomaba un refresco en el negocio del Greco frente al caserío donde vivía, vio allí al recurrido Henry y a uno conocido por “Papo”, cuando se acercó uno del mismo residencial cono-cido como “El Esgollao” e increpó a Papo y a Henry dicién-doles: “Bueno, qué pasa con ustedes, van a estar toda la noche para hacer una tontería como esa, o es que con ustedes ya no se puede contar para nada.” Que Henry (el recurrido) le contestó “que estaba bien, que se iban ahora”. Regresó el testigo a su apartamento pero salió otra vez a comprar un sandwich y un refresco en “Cecilia’s” para su esposa, y estando allí vio llegar en dos ocasiones a Papo y Henry (el recurrido) en una guagua blanca; que el testigo se juntó con ellos cuando éstos se dirigieron al aparta-mento de Henry en el mismo residencial para “curarse” y allí le aguantó la goma a Henry (Ríos Nogueras) y le preguntó para dónde iban a lo que (el recurrido) contestó “que iban por ahí a arreglar un asunto que tenían, o sea, un negocio”; que el testigo se ofreció a acompañarlos y se montó en la parte de atrás de la guagua separada del frente por una tela metálica, Papo tomó el guía y Henry se sentó a su lado; vio un bulto en el asiento delantero, cubierto por dos patas de pantalón; que la guagua tomó una ruta errática hasta que en determinado momento el testigo se percató de que perseguían un automóvil, y cuando llegaron a un final de calle en el área de Urb. El Remanso “Henry le dijo a Papo que se parara, y ahí mien-tras le decía párate, párate, estaba sacando un rifle que tenía en el bulto que yo vi, y ahí se viró en dirección hacia afuera y puso el rifle en la ventana de la guagua y ahí mismo comenzó a disparar. . . . Inmediatamente después de los disparos, Henry le dijo a Papo, embolia, embolia y ahí arrancaron la guagua. Cuando Papo arrancó la gua-gua, pues ahí yo veo que Henry se bajó y recogió los cas-quillos y los tiró hacia afuera de la guagua. De ahí cogi-mos una ruta y salimos frente a los almacenes Sears de Cupey”. Que el ataque a tiros tuvo lugar a las 10:00 de la noche; que en ese momento nadie se bajó de la guagua y que Henry disparó desde su asiento en el vehículo muchas veces; “[s]e volvió loco disparando”. Que al regreso el tes-tigo preguntó “qué pasó, que por qué ellos estaban dispa-rando [y] Henry me contestó que me olvidara de eso, que ellos sabían lo que ellos estaban haciendo”.

Con este testimonio de Lassen Sánchez en juicio, el conductor de la guagua conocido por Papo y cuyo nombre es Alfonso Luis Otero Alejandro fue convicto de asesinato en primer grado e infracción de los Arts. 5 y 8A, Ley de Armas, sentencia que este Tribunal confirmó per curiam el 20 junio, 1980. Pueblo v. Otero Alejandro, 110 D.P.R. 34 (1980). Antes del juicio el testigo Lassen había declarado en iguales términos en la vista preliminar del caso contra Otero Alejandro, alias Papo, y en ambas ocasiones fue con-trainterrogado por la defensa de éste. También fue con-trainterrogado en la vista preliminar de este caso, llevado separadamente, por la defensa de Henry Ríos Nogueras imputado autor directo del crimen y aquí recurrido. Al llamarse para juicio el caso contra este segundo acusado, el ministerio público anunció que no podría presentar su testigo esencial Lassen Sánchez pues lo habían asesinado el día antes en la Cárcel Regional de Bayamón, donde se le había recluido en sumaria por cargos de tentativa de apropiación ilegal agravada y desacato al tribunal. Solicitó el Pueblo de Puerto Rico que en sustitución de dicho tes-timonio directo, no disponible por la más radical causa de imposibilidad de comparecer, que es la muerte, se admita como prueba de referencia el relato de ese testimonio según vertido en la vista preliminar, por el Fiscal Sr. Wilfredo Rodríguez Figueroa, desde un principio a cargo de la investigación de este caso y quien había oído la invariable declaración del testigo occiso en no menos de cuatro ocasio-nes: en la temprana etapa de investigación en que tomó declaración jurada al testigo en Fiscalía; en la vista pre-liminar de la acusación contra Otero Alejandro alias Papo; en el juicio seguido a éste; y en la vista preliminar de la acusación contra el imputado de disparar Ríos Nogueras, aquí recurrido, en cuyas tres últimas instancias también presenció y escuchó dicho fiscal el contrainterrogatorio de los abogados defensores de uno y otro acusado. Ofreció también el ministerio público la transcripción del testimo-nio de Lassen en el juicio de Otero Alejandro. Para resolver sobre admisibilidad de este testimonio de refe-rencia, en el Tribunal Superior hubo vista que tomó los días 31 octubre, y 3, 5 y 6 noviembre, 1980. En la vista el Fiscal Rodríguez Figueroa reprodujo en sus propias palabras la declaración de Lassen Sánchez en la vista pre-liminar contra el actual acusado Henry Ríos Nogueras, tanto en el directo como en el contrainterrogatorio a que se había sometido al testigo Lassen. El fiscal no tomó notas del examen directo que él mismo condujo y al repro-ducir dicha parte del testimonio dependió de su recuerdo; para relatar lo declarado por Lassen en el contrainterro-gatorio, el fiscal utilizó las notas que había tomado mien-tras la defensa repreguntaba. El Pueblo introdujo en evi-dencia esas notas, la transcripción del testimonio de Lassen Sánchez en el juicio contra Otero Alejandro y la declaración jurada que dicho testigo prestó ante el fiscal Rodríguez Figueroa al inicio de la investigación el 24 julio, 1978.

En 9 febrero, 1981 la sala de instancia dictó resolución en la que niega admisión en el juicio del testimonio de Lassen Sánchez en vista preliminar, según reproducido por el fiscal. Calificó el testimonio del fiscal como falto de confiabilidad porque “lo que se intenta presentar como lo manifestado por el testigo en la vista preliminar son unas notas incompletas y el recuerdo más o menos impreciso del fiscal”. (Resolución pág. 21.) Concluye que sólo sería admisible un récord taquigráfico o grabado de la vista preliminar, que no lo hay. Asimismo excluyó como inad-misible en el juicio, la transcripción del testimonio de Lassen Sánchez en el caso del acusado ya convicto Otero Alejandro, por no haber sido el recurrido Ríos Nogueras parte en aquel juicio, y por tanto no haber tenido oportu-nidad de contrainterrogar, a pesar de que la defensa de Otero contrainterrogó “con un interés y motivo similar” al de Ríos, y ambos respondían a idéntica acusación por asesinato.

Al recurrir El Pueblo en certiorari, el 4 junio, 1981 dictamos la siguiente resolución:

Se paralizan los procedimientos en instancia por el tiempo que tome la decisión de este recurso.
El acusado recurrido tendrá de término hasta el 26 junio, 1981 para mostrar causa por la que no deba anularse la resolución de 9 febrero, 1981 de la Sala de San Juan, que denegó la admisión en evidencia del testimonio de Francisco Lassen Sánchez, principal testigo de cargo fallecido, por voz del fiscal Sr. Wilfredo Rodríguez Figueroa.

El escrito contestación de la Sociedad para Asistencia Legal, que lleva la representación del acusado reitera los razonamientos del juez de instancia, mas extiende la razón de inadmisibilidad con argumento de que la vista preli-minar y el juicio tienen distinto propósito; que el con-trainterrogatorio en una y otra etapa no es igual pues hay una diferencia en interés o motivo entre la vista y el juicio.

Hemos examinado la transcripción de la declaración del Fiscal Rodríguez Figueroa, compresiva del testimonio en vista preliminar del testigo fallecido Lassen Sánchez, y la encontramos coincidente, más allá de sus elementos esenciales o substanciales con la extensa declaración ju-rada prestada por el testigo Lassen en fiscalía sobre los hechos del día de autos, 22 julio, 1978, y que hemos esbo-zado al principio de esta opinión. Al referirse al contrain-terrogatorio, el fiscal declara que Lassen Sánchez ratificó los conocidos hechos esenciales del caso. El fiscal presentó nueve carillas de nota por él tomadas de las contestaciones del testigo Lassen en repregunta (T.E., págs. 52 a 63) que ponen de manifiesto lo minucioso del examen a que la defensa sometió a Lassen.

En cuanto concierne a este caso, ordena la Regla 64 de Evidencia:

(B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia:
(1) Testimonio anterior: Un testimonio dado como tes-tigo en otra vista o una deposición tomada conforme a dere-cho del mismo u otro procedimiento, si es ofrecido contra una persona que en la ocasión en que se hizo la declaración ofreció la misma para su beneficio o tuvo la oportunidad de contrainterrogar al declarante con un interés y motivo similar al que tiene en la vista.

Esta regla, en sí una excepción a la prueba de referencia, responde al propósito general de propiciar el acceso de la verdad a las salas de justicia, quitando obstáculos procesales que en ocasiones crecen como barreras de inmunidad y derrotan el juicio justo. Ese fin aflora en la Regla 2 de Evidencia que ordena: “Las disposiciones de estas reglas se interpretarán flexiblemente y de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica a cual-quier problema evidenciario. El fin último de estas reglas es el descubrimiento de la verdad en todos los procedi-mientos judiciales”; y en la aseveración de este Tribunal: “En todo proceso adjudicativo, sea de naturaleza judicial, administrativa o de cualquier índole, debe prevalecer el propósito de hallar la verdad y hacer justicia a las partes. Las reglas procesales y en particular las de evidencia, per-siguen viabilizar ese propósito; no obstaculizarlo.” J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879 (1981).

No sólo consideraciones de política pública, sino nece-sidad de abrir cauce a una justicia práctica, han impuesto el reconocimiento de excepciones y con ello la extensión de confiabilidad a la declaración en peligro de muerte (Regla 64(B)(2) de Evidencia); y declaraciones de co-conspira-dores (Pueblo v. Lebrón López, 96 D.P.R. 274, 282-288 (1968); El Pueblo v. Díaz et al., 22 D.P.R. 191, 205 y ss. (1915)), en las que el objetivo central de hacer justicia, canalizado por la vía práctica, prescinde, aun de toda semblanza de derecho de confrontación.

La excepción que hace admisible el testimonio anterior no llega tan lejos en el desplazamiento de aquel fundamental derecho porque encarna en su naturaleza la realidad de que la persona contra quien se produce “ofreció la misma para su beneficio o tuvo la oportunidad de contrain-terrogar al declarante con un interés y motivo similar al que tiene en la vista”. Regla 64(B)(1) ante.

La vista en que se rindió el testimonio original puede ser la vista preliminar ordenada por la Regla 23 de Procedimiento Criminal, siempre que satisfaga los requisitos cumplidos en este caso: 1) que la vista tenga carácter judicial, de modo que sus procedimientos puedan relatarse o citarse como lo actuado ante un tribunal; 2) que el tes-tigo haya estado bajo juramento; 3) que el acusado tuviera asistencia de abogado; y 4) que haya tenido oportunidad de contrainterrogar. Cf. California v. Green, 399 U.S. 149 (1970).

Es por demás estricta la norma de admisibilidad bajo la cual la sala de instancia evaluó el testimonio del Fiscal Rodríguez Figueroa. Cuando el método usado por razón de necesidad para introducir en el juicio el testimonio anterior vertido en la vista preliminar es el de reproducción oral, la declaración de un testigo presente que lo escuchó, es suficiente si de modo substancial reproduce los hechos esenciales en la declaración del testigo ausente del juicio. Las autoridades aprueban este método:

El testimonio anterior puede probarse por lo menos de cuatro modos diferentes: (1) por la declaración de un obser-vador presente en la anterior vista, quien deberá dejar al Tribunal satisfecho de que puede recordar el sentido o subs-tancia de lo que dijo el testigo, aún cuando no pueda recor-dar las palabras exactas; (2) por la declaración de un obser-vador directo que ha refrescado su memoria con un memo-rando como las notas de un taquígrafo, o la transcripción; (3) el récord taquigráfico oficial que tenga condición de récord público, o las notas de un observador del juicio si llena requisitos de memoria preservada en forma escrita. Estos métodos alternos de prueba están disponibles, pues lo que se intenta probar es el testimonio anterior y no la trans-cripción oficial, y por tanto no se aplica la regla de mejor evidencia. Weinstein’s Evidence, United States Rules, 1979 págs. 805-56 a 804-57 en comentario de la Regla 804(b)(1) que corresponde a la nuestra Regla 64(B)(1).

El testigo Fiscal Rodríguez Figueroa por cuya voz se ofrece llevar al jurado el testimonio altamente incrimina-torio de Lassen Sánchez, no es mero observador directo o de primera mano. La confiabilidad de su declaración está ampliamente avalada por su estrecho contacto con dicho testimonio desde que Lassen declaró ante él en Fis-calía; cuyo recuerdo ha estado preservado y reiterada-mente renovado por la intervención de dicho fiscal en dos vistas preliminares (la de Otero Alejandro y la del ape-lado); así como en el juicio del primero en que obtuvo la convicción, en todas cuyas instancias condujo el interroga-torio de Lassen. Esa familiaridad con el testimonio de Lassen le han permitido al testigo Rodríguez Figueroa reproducirlo con notable integridad, en su esencia y subs-tancia y tanto la parte de examen directo como la de repregunta, conclusión a que llegamos luego de examinar la transcripción de la declaración de dicho fiscal en la vista sobre admisibilidad. (T.E., págs. 42 a 136.)

Considerando admisible como evidencia en el juicio la tantas veces referida declaración, es innecesario resolver sobre la admisibilidad de la transcripción de lo declarado por Lassen Sánchez en el juicio de Otero Alejandro, en cuya ocasión fue también contrainterrogado por la defensa, con un interés o motivo similar al del apelado; y si la objeción de que el derecho de confrontación en estas cir-cunstancias ha de ejercitarse por el propio acusado, cede a la realidad de que en todo caso habrá más confrontación que en las declaraciones en peligro de muerte y las de co-conspiradores las cuales se admiten sin contrainterrogato-rio ni confrontación alguna.

Finalmente, el testimonio y prueba de referencia que se admitirá en el juicio del recurrido está sujeto a impugnación de la credibilidad del declarante bajo las especiales disposiciones de la Regla 67 de Evidencia. Tal recurso, frente a los elementos de confiabilidad en la reproducción del testimonio anterior que hemos escrutado, ofrece al juzgador de hechos una base satisfactoria para evaluar su veracidad.

Se expedirá el auto, se anulará la resolución recurrida y se remitirá el caso a instancia para continuación de procedimientos compatibles.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       Luego de hechas las advertencias Miranda, toda vez que se le tenía como co-autor del crimen. El testigo alcanzó instrucción de cuarto año de escuela superior.

       Inyección de droga.

       El legajo contiene una transcripción de la vista, de 149 páginas.

      El primer reparo del juez es que el fiscal declarante “es incapaz de recordar si al testigo se le hicieron preguntas sobre la importancia de la obli-gación de decir la verdad”. (Resolución pág. 23.) Surge del récord que el testigo, con escolaridad de cuarto año de escuela superior, declaró bajo juramento.

       Regla 64(B)(1) de Evidencia.

      La declaración del moribundo reclama viejas credenciales constitucio-nales. Mattox v. United States, 156 U.S. 237, 243; 39 L.Ed. 409 (1895); Kirby v. United States, 174 U.S. 47, 61; 43 L.Ed. 890 (1899); Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 407; 13 L.Ed.2d 923 (1965).

       Igual criterio sustentan Louisell and Mueller, Federal Evidence, 1980, Vol. 4, See. 487, págs. 1079-1080; McCormick, Law of Evidence, 2da ed. (1972), Sec. 260, págs. 624-625; Jones, Evidence, 6ta ed., (1972), Vol. 2, Sec. 9:29, pág. 245; Underhill’s Criminal Evidence, 5ta ed., Vol. 2, Sec. 426, pág. 1089.

      Como no es de esperarse que en todos los casos de muerte o ausencia de juicio de un testigo esencial, pueda sustituirlo otro con las cualificaciones e indi-cios de confiabilidad del citado fiscal, debe hacerse un esfuerzo por dotar las vistas preliminares de medios que faciliten la transcripción oficial (récord) de sus procedimientos, al menos donde alguna de las partes depende de un testigo esen-cial. Como alternativa, puede la parte tomar su propia grabación o récord que le sirva para refrescar memoria al observador que más tarde relataría el testimo-nio anterior.

       La admisión descansa en la no disponibilidad del testigo y la oportunidad de contrainterrogar.
      Toda vez que el testimonio previo se dijo bajo juramento y con oportunidad de contrainterrogar, la única ausente de las condiciones ideales para prestación de testimonio es la presencia del declarante y opositor (evidencia de comporta-miento), elemento que falta en todas las excepciones de prueba de referencia, inferiores a éste en que aun el examen directo y redirecto por la parte que lo ofrece puede tomarse como equivalente al contrainterrogatorio de un testigo de la parte contraria. Falknor, Former Testimony and the Uniform Rules: A Comment, 38 NYU L. Rev. 561, n. 1; McCormick, op. cit., Sec. 231, pág. 483; 5 Wig-more, Evidence § 1389, pág. 120.
      La admisibilidad no está limitada a testimonio previo en juicio anterior en el mismo caso, requiriendo solamente substancial identidad de cuestiones como medio de asegurar que la anterior confrontación con el testigo sería equivalente a la actual si hubiera la misma oportunidad. Tampoco está la admisibilidad atada a mutualidad entre partes si la falta de identidad entre ellas no afecta el motivo para contrainterrogar y desarrollar el testimonio. En reiterado símil con la declaración del moribundo, admisible no obstante omitir por completo el derecho de confrontación, el Prof. Falknor reconoce igual admisibilidad al tes-timonio anterior aun cuando la confrontación e interrogatorio no se produjera por el propio acusado, sino por otro en similar situación. Falknor, op. cit., n. 1. Anotaciones del Comité Asesor del Tribunal Supremo de los E.E.U.U. sobre Reglas de Evidencia, 20 U.S. Supreme Court Digest, L.Ed., pág. 516 y ss.
      McCormick expone igual criterio:
      El requisito [de oportunidad para contrainterrogar] debe reformularse no como uno mecánico de identidad o aun de identidad substancial de cuestiones, sino como requisito de que las cuestiones en el primer procedimiento, y en conse-cuencia el propósito para el cual se ofreció entonces dicho testimonio, necesaria-mente fue tal que el opositor actual (u otra persona con similar interés) tuvo motivo apropiado para comprobar en contrainterrogatorio la credibilidad del testimonio que ahora se ofrece. Op. cit., § 257, págs. 621-622.
      Los comentarios a la Regla 64 (Evidencia) del Secretariado de la Conferen-cia Judicial siguen la misma interpretación liberal al expresar:
      La única razón para no admitir el testimonio anterior sería el hacer compa-recer al declarante a ofrecer su testimonio en el caso presente; pero el declarante no está disponible como testigo. Así, pues, el testimonio anterior puede ser rela-tivo a un procedimiento en que ni las partes ni el asunto son los mismos del caso posterior en que se ofrece en evidencia dicho testimonio. Como se trata de “tes-timonio” anterior, éste tiene las garantías mínimas de un testimonio en corte o por medio de deposición hecha bajo juramento y con sujeción a contrainte-rrogatorio.
      El legítimo propósito de la nueva Regla 64 de Evidencia de impedir un fra-caso de la justicia debe implementarse a plenitud, ya despejado el cauce que sin vulnerar el debido proceso, rechace la impunidad otorgada por el azar o la arbitrariedad.
      No hay necesidad de llegar a tales extremos, pues el caso de autos es el típico de Regla 64(B)(1): el declarante no está disponible como testigo y su tes-timonio se ofrece contra un acusado que tuvo la oportunidad de contrainterrogar a aquél: “con un interés y motivo similar al que tiene en la vista.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Ana Elisa Negrón Marrero, Etc., demandantes y recurridos, v. C.I.T. Financial Services Corp., demandada y peticionaria.

      Número: O-81-344

      Resuelto: 30 de octubre de 1981

      Federico Calaf Legrand, de Reichard & Colberg, abogado de la peticionaria; Enrique Reyes Coreano, abogado de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo dispone en su Art. 20 (11 L.P.R.A. sec. 21) que el dere-cho en ella establecido para obtener compensación será el único remedio en contra del patrono que asegure a sus empleados. Se plantea en el presente recurso si bajo dicha disposición está protegido un patrono contra una acción por muerte de un empleado suyo ocurrida en relación con su trabajo, si dicho empleado, al ser contratado, estaba declarado total y permanentemente incapacitado y había recibido la correspondiente compensación con motivo de un accidente del trabajo anterior, sin que exista relación entre dicho accidente y el que le ocasiona la muerte ni con la condición que motivó su incapacidad. Resolvemos en la afirmativa. La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es un estatuto remedial de alcances limitados y no puede interpretarse para prohibir o restringir la actividad laboral.

Los hechos pertinentes a la cuestión planteada son los siguientes: Para el año 1966 el Sr. Perciliano Emmanuelli Arroyo sufrió un accidente del trabajo mientras se desem-peñaba como miembro de la Policía de Puerto Rico. Como resultado, fue declarado total y permanentemente incapa-citado a los fines de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo. Quedó retirado de la Policía y recibió del Fondo del Seguro del Estado la cantidad de $18,900, cantidad a que tenía derecho por su incapacidad, al optar por recibir dicha suma global en vez de aceptar una pen-sión a base de pagos parciales regulares.

Posteriormente, en el 1976, el señor Emmanuelli Arroyo comenzó a trabajar para la C.I.T. Financial Services Corp., aquí peticionaria, en calidad de cobrador de cuentas. El 22 de septiembre de 1977, mientras estaba en funciones de su empleo, fue muerto a balazos. Para esa fecha C.I.T. había pagado al Fondo del Seguro del Estado las corres-pondientes primas sobre el seguro de sus empleados, entre los cuales se incluía al señor Emmanuelli Arroyo.

En septiembre de 1978 la viuda y seis hijos menores de edad del señor Emmanuelli Arroyo instaron demanda por daños y perjuicios contra C.I.T. Financial Services Corp. El 13 de julio de 1978 el Fondo del Seguro del Estado había emitido decisión en que declaró que, habiéndose de-clarado al empleado Emmanuelli total y permanentemente incapacitado con motivo del accidente del año 1966, y habiéndose pagado en su totalidad la compensación a que tenía derecho, estaba “fuera del mercado laboral” al ocu-rrir el incidente en que se produjo su muerte en 1977, y por tanto sus beneficiarios no tenían derecho a compensa-ción.

La C.I.T. solicitó la desestimación de la demanda a base de la disposición que excluye de responsabilidad al patrono asegurado, antes citada y transcrita en el escolio 1 de esta opinión. El tribunal de instancia aplazó su decisión para cuando se resolviera por la Comisión Industrial el recurso de apelación que la viuda e hijos habían inter-puesto contra la decisión del Fondo. El 25 de noviembre de 1980 la Comisión Industrial emitió resolución en que confirmó lo decidido por el Fondo. No se instó recurso alguno contra dicha resolución. El 5 de mayo de 1981 emitió resolución el Tribunal Superior en que denegó la solicitud de desestimación y señaló el caso para vista. No conforme, C.I.T. nos solicitó auto de certiorari para revisar dicha resolución. El 15 de julio requerimos a los deman-dantes recurridos mostraran causa por la cual no debía-mos expedir el auto, revocar la resolución recurrida y ordenar la desestimación de la demanda. Su comparecen-cia no nos persuade para que variemos el criterio intimado.

Precisa para determinar si el patrono en este caso está protegido por la cláusula sobre exclusividad de remedio, resolver si bajo las circunstancias aquí presentes sería compensable la muerte del empleado. Si bien la decisión del Fondo que denegó el derecho a compensación es final y firme por no haberse recurrido contra la reso-lución confirmatoria de la Comisión, el patrono y aquí peticionario no fue parte en ese proceso administrativo. La decisión del Fondo es cosa juzgada entre el Fondo y los beneficiarios del empleado, aquí recurridos. Pero esa decisión administrativa no puede ser obstáculo para que en el ámbito judicial se determine su corrección a los fines de la cláusula de exclusividad invocada por la peticiona-ria. No habiendo sido parte, no es cosa juzgada en cuanto a ella. No hay “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”, requisitos que deben concurrir para que aplique la presunción de cosa juzgada. (Énfasis nuestro.) Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343; A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-733 (1978); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 535 (1975); Rodríguez v. Sucn. Pirazzi, 89 D.P.R. 506, 519 (1963), y casos allí citados.

Es de notarse, además, que el patrono aquí peticionario no podría ser parte en el recurso ante la Comisión Industrial. Dijimos en Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 881, 882 (1975): “El Art. 10 [de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo], 11 L.P.R.A. sec. 11, enumera en forma taxativa quiénes tienen capacidad jurídica para recurrir ante la Comisión Industrial cuando no estuvieren conformes con los pronunciamientos del Fondo. Podrán apelar: el obrero o empleado, sus bene-ficiarios y en los casos de patronos no asegurados, tanto éste como el obrero.” No está en discusión que C.I.T. Financial Services Corp. era un patrono asegurado en el momento de causarse la muerte a su empleado señor Emmanuelli. Había pagado las primas correspondientes al Fondo e incluido al señor Emmanuelli en la nómina de sus empleados cubiertos bajo el seguro del Estado.

Finalmente, para disponer de esta cuestión preliminar, vale decir que no estamos obligados, al resolver el presente caso, por una decisión errónea del Fondo y de la Comisión. Como hemos señalado, dicha decisión no puede afectar a la peticionaria.

Pasemos a la cuestión medular ante nos; es decir, a la consideración de si era compensable la muerte del señor Emmanuelli no obstante haber sido declarado total y per-manentemente incapacitado con motivo de un accidente anterior, compensación que ha había recibido en su tota-lidad. Si lo era, como así lo entendemos, está protegida la peticionaria por la mencionada cláusula, pues bajo tales circunstancias su inmunidad contra responsabilidad en daños es absoluta. Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170, 181 (1966); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574 (1964).

No se trata aquí del caso de un empleado que muere como consecuencia de un accidente ya compensado o en proceso de ser compensado. Véase Bruno Colón v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 785 (1980). Se trata de dos acci-dentes distintos sin que hubiera relación alguna entre ellos.

Tampoco estamos ante un caso de agravación o aumento de una incapacidad preexistente, a que se refiere en uno de sus apartados el Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Dicha disposición se refiere, por sus propios términos, a (1) la agravación de una incapa-cidad preexistente a causa de un segundo accidente y, (2) al procedimiento para liquidar la compensación que corres-ponda a un obrero que fallezca por una causa indepen-diente de aquella por la cual estuviere recibiendo compen-sación o estuviere pendiente de reconocérsele el derecho a compensación por una incapacidad total permanente. El presente caso no cae bajo ninguna de esas alternativas. Aquí no se agravó una incapacidad preexistente. Tampoco se trata de liquidar la compensación que estuviere reci-biendo o que estuviere por recibir el empleado por un accidente compensable en el momento en que le sobre-venga la muerte. El señor Emmanuelli ya había recibido la compensación a que tenía derecho por motivo de su incapacidad total permanente y no había nada que li-quidar.

La cuestión planteada es novel en esta jurisdicción. La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no contiene disposición alguna que expresamente la resuelva. Nuestra jurisprudencia tampoco ha tenido ocasión de abordarla. Al decidirla deberemos interpretar la citada ley teniendo en cuenta su carácter remedial y la pauta de liberalidad en su interpretación que en el estatuto se consigna.

Dicha ley no contiene prohibición alguna para el empleo de una persona que haya sido declarada incapacitada total y permanentemente bajo sus términos. La citada pauta liberal de hermenéutica impide que por interpretación concluyamos que existe tal prohibición. De hecho, solamente en casos extremos —quizás aquellos en que la persona esté demente o impedida física y mentalmente de tal manera que no haga sino vegetar— puede concebirse una total incapacidad para desempeñarse en algún empleo lucrativo. La ley define la “incapacidad total” en el inciso 4 de su Art. 2 (11 L.P.R.A. sec. 3(4)) de la siguiente manera:

Se considerará incapacidad total la pérdida total y per-manente de la visión industrial de ambos ojos, la pérdida de ambos pies por el tobillo o más arriba, la pérdida de ambas manos por la muñeca o más arriba; la pérdida de una mano y un pie, perturbaciones mentales totales que sean incurables, y las lesiones que tengan por consecuencia la incapa-cidad total y permanente del obrero o empleado para hacer toda clase de trabajo u ocupaciones remunerativas.

Como puede verse, la “incapacidad total” definida por este artículo no es sinónima de incapacidad absoluta. Una persona que pierda la visión de ambos ojos puede emplearse lucrativamente en una profesión u ocupación que no requiera necesariamente el uso de la vista. Una persona privada de ambos pies no está impedida de usar sus manos y ser recepcionista de oficina, taquígrafa, mecanógrafa, profesora, contable, abogada, médico, etc. Sería interminable la lista de oficios y profesiones que pueden ejercer personas con condiciones incapacitantes como las recogidas en la referida definición y adjetivadas como totales. Prohibir a esas personas que se desempeñen en algún empleo remunerado no incompatible con su con-dición y excluirlos de la fuerza laboral sería injusto y opresivo y equivaldría a convertirles en parias señaladas con el estigma de inaceptables para el trabajo. Sería con-denarlas a la pobreza, si se considera lo exiguo de las compensaciones que dicha ley autoriza para las llamadas incapacidades totales permanentes. Ello chocaría con el precepto constitucional que reconoce “el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renún-ciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable”, etc. Art. II, Sec. 16 de la Cons-titución del Estado Libre Asociado. Posiblemente chocaría con otras disposiciones de la Carta de Derechos.

El hecho de que en una ocasión se determinase que con motivo de un accidente del trabajo un obrero quedó total y permanentemente incapacitado y recibiera la compensación a que la ley le da derecho no debe operar para desalentar o impedir que un patrono le dé empleo en una función que pueda realizar no obstante sus limitaciones físicas o mentales. Si ese patrono paga las correspondientes primas al Fondo del Seguro del Estado no sería justo que el Fondo negara compensación por una nueva incapacidad o por la muerte del obrero causádale por un segundo acci-dente del trabajo. La compensación que una vez se pagó no puede impedir otra compensación. Es como si se tratara de un obrero distinto.

El propio Art. 3, ya citado, al referirse a incapacidades preexistentes, da la tónica para permitir la compensación por el segundo accidente, bajo las condiciones aquí consi-deradas, en el siguientes Disponiéndose:

Disponiéndose, que en todos aquellos casos en que un obrero sufra la agravación o aumento de una incapacidad preexistente y dicha agravación o aumento resultare en la pérdida total y permanente del miembro u órgano afectado o resultare en la pérdida total y permanente de las funcio-nes fisiológicas generales, el obrero será compensado por la incapacidad total sin tomar en consideración la incapacidad preexistente aun cuando haya cobrado compensación por ésta; y Disponiéndose, además, que el coste adicional que resultare de la aplicación de la presente disposición se pagará con cargo al Fondo de Reserva para Catástrofes y no se tomará en consideración para los fines del Plan de Clasi-ficaciones Basado en la Experiencia (Merit Rating System) que más adelante se provee. (Énfasis nuestro.)

Bajo circunstancias como las presentes en este caso se ha resuelto en otras jurisdicciones como aquí lo hacemos. Véanse Gurule v. Albuquerque Bernalillo Co. Economic Op. B., 500 P.2d 1319 (1972); Hebert v. Ford Motor Co., 281 N.W. 374 (1938). Los tratadistas sobre el derecho de compensa-ciones a obreros se pronuncian en igual sentido. Blair, Guide to Workmen’s Compensation, sec. 11:14, pág. 11-43, dice:

Cuando un empleado que previamente había sido decla-rado incapacitado totalmente, debido a causas del trabajo o de otro tipo, de algún modo se las arregla para trabajar a pesar de dicha condición, no se le podrá negar la compen-sación por una incapacidad mayor o adicional, si ésta es producto de un accidente posterior, aduciéndose simple-mente que ya había sido declarado totalmente incapacitado.

El tratadista Larson, 2 Workmen’s Compensation Law, sec. 59.42(e), señala:

Sec. 59.42(e) Total permanente seguida por total permanente
Finalmente, bajo el mismo tipo de estatuto [que cubre la incapacidad] total permanente, puede haber incluso una compensación total permanente seguida por otra total per-manente, como en Mitchell v. Travelers Insurance Company, un caso del estado de Luisiana. Allí el reclamante sufrió una lesión de disco herniado en 1956 y su reclamación de inca-pacidad total y permanente se arregló mediante acuerdo. En 1959 se lesionó la espalda nuevamente y le concedieron los beneficios de incapacidad total permanente una vez más. El tribunal sostuvo que podía decirse que el segundo accidente había empeorado una condición latente preexis-tente, puesto que el reclamante no presentaba síntoma alguno de lesiones en la espalda inmediatamente antes de la segunda lesión.

Como bien aclara Larson, supra, sec. 59.43, cuando la ley establece un máximo de compensación a recibirse, se debe interpretar su aplicación de la siguiente manera:

Lo que significa es que si el máximo [de compensación] va a surtir algún efecto, debe entenderse que establece un límite para la compensación que se puede conceder como resultado de daño específico a un miembro particular que se evidencia en un momento dado. Como ya dijimos, después que el tiempo, la recuperación y el adiestramiento hayan hecho su trabajo, un miembro lesionado es susceptible otra vez de sufrir una lesión por la cual podría concederse la compensación máxima.

Sin embargo, notamos que en estos casos de incapaci-dades sucesivas los tribunales han sido muy cuidadosos al examinar los accidentes ocurridos pues debe evitarse el pago de una doble compensación. Por ello, si ya se ha reconocido y compensado por una incapacidad total per-manente por cierto tipo de trabajo, no se otorgará compen-sación adicional por un accidente sufrido en ese tipo de trabajo, si el daño sufrido es consecuencia del primer accidente por el cual ya fue compensado el obrero.

En resumen, adoptamos los siguientes criterios reconocidos en las jurisdicciones estatales para determinar compensabilidad bajo la Ley de Compensaciones a Obreros en casos como el que aquí nos ocupa, en que una persona está empleada no obstante haberse determinado la existencia de una previa incapacidad total permanente, y como consecuencia de un nuevo accidente del trabajo sufre otra incapacidad: primero, la segunda incapacidad debe ser el resultado de otro accidente, no del anterior; segundo, la segunda incapacidad no debe guardar relación con la primera; y, tercero, el empleado no tiene que estar total y permanentemente incapacitado para realizar el tipo de trabajo en que se desempeña cuando sobreviene la segunda incapacidad. Véanse Montagnino v. Allstate Insurance Company, 336 So.2d 235 (1976); Gauthier v. Employers National Insurance Co., La. App., 316 So.2d 769 (1st Cir. 1975); Scott v. Hartford Accident & Indemnity Company, La. App., 302 So.2d 641 (3rd Cir. 1974); Church v. Tilton, La. App., 269 So.2d 319 (2nd Cir. 1972); Whatley v. Lummus Company, La. App., 243 So.2d 922 (3rd Cir. 1970); Tate v. Lumbermen’s Mutual Casualty Co., 172 So.2d 87 (4th Cir. 1965); Castee v. Great American Indemnity Company, 81 So.2d 101 (2nd Cir. 1955).

En el caso de autos, la muerte del obrero fue ocasio-nada en un segundo accidente no relacionado con el primer accidente ni con la condición que determinó su inca-pacidad. En el año 1966 fue declarado incapacitado total y permanentemente cuando se desempeñaba como policía. El “accidente de trabajo” en que se le causó la muerte es descrito por los recurridos de la siguiente manera: el obrero “se encontraba en gestiones oficiales de su empleo con la co-demandada, y luego de realizar varios cobros, entró en el negocio del Sr. José Berrios, en el Sector Hoya Fría del Barrio Maná de Corozal, para obtener información sobre la dirección de un cliente de los co-demandados. A minutos de estar allí se dirigió hacia él, con un revólver en la mano el Sr. Andelino Fontánez, disparando sobre el empleado de la co-demandada..

El empleo del señor Emmanuelli como cobrador de cuentas de la peticionaria, diez años después del primer accidente, y el “accidente” en que se le produjo la muerte, ninguna relación guardan con un empleo anterior ni con su incapacidad. Tampoco es cobrar cuentas el mismo tipo de trabajo que tipifica el trabajo de un policía. En cuanto a la tercera limitación, dice Schneider, 11 Workmen’s Compensation Law, sec. 2304, págs. 372, 376:

Se ha señalado que un empleado diestro puede ser decla-rado incapacitado total y permanentemente y luego conse-guir empleo como obrero no diestro y, como resultado de una segunda lesión, incapacitarse permanente y totalmente como no diestro y, por tanto, tener derecho a una segunda declaración de incapacidad total y permanente, pero no puede declarásele incapacitado dos veces si el trabajo que realiza es del mismo tipo.

El hecho de que en este caso se estén solicitando bene-ficios por muerte en vez de otra declaración de incapa-cidad total permanente no hace inaplicable a los hechos de este caso los razonamientos elaborados bajo dicha doctrina, pues lo esencial es reconocer que si existe un segundo accidente el mismo es compensable conforme a los crite-rios impuestos, no empece el hecho de que se haya otor-gado una incapacidad total permanente anteriormente.

En los Estados Unidos, en aquellos estados donde el patrono estaría expuesto a un pago o riesgo adicional al emplear a un incapacitado, se han desarrollado second injury funds para proteger al patrono. Existen razones poderosas de interés público que justifican la protección del patrono cuando éste emplee, con conocimiento, a una persona incapacitada. Explica Schneider, 12 Workmen’s Compensation Law, sec. 2544, pág. 334:

El propósito general de todos estos fondos para segundas lesiones es, según declarara un tribunal de California, “. . . promover el empleo de los trabajadores impedidos, facili-tando así su rehabilitación, manteniendo su moral alta, y evitando que se conviertan en cargas para el estado debido a que las compensaciones que normalmente se conceden son insuficientes.” Esto se logra relevando al patrono de cual-quier responsabilidad más allá de la debida a un empleado lesionado que no está físicamente impedido.

En nuestra jurisdicción no existen los llamados second injury funds, pero nuestro estatuto sobre compensaciones a obreros ofrece la necesaria protección al patrono mediante la citada cláusula de su Art. 20 sobre exclusividad de remedio.

El citado artículo fue enmendado en 1968 (Ley Núm. 103 de 21 de junio de ese año) para añadirle la frase que aparece en itálicas en su transcripción, como sigue:

Artículo 20.—
Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con la presente ley, el derecho aquí establecido para obtener compensación será el único remedio en contra del patrono, aun en aquellos casos en que se haya otorgado el máximo de las compensaciones o beneficios de acuerdo con la misma; pero en el caso de accidentes, enfermedades o muerte de los obreros o empleados no sujetos a compen-sación de acuerdo con esta ley, la responsabilidad del patrono es y continuará siendo la misma que si no existiere la presente ley. (Énfasis nuestro.)

La frase adicionada por la enmienda es aquí inaplica-ble pues, como hemos señalado, aquí hubo dos accidentes del trabajo separados e independientes uno del otro tanto en sus causas como en sus efectos. El primero, ocurrido en 1966, ocasionó una incapacidad total que fue compensada. El segundo, ocurrido en 1976, ocasionó la muerte del obrero y la compensación que correspondería a sus benefi-ciarios no ha sido pagada. Mencionamos la enmienda, sin embargo, porque constituye una reafirmación legislativa de la pauta de liberalidad en la interpretación de la Ley de Compensaciones a Obreros.

Por las razones expresadas, constituyendo el incidente que motivó la muerte del señor Emmanuelli un accidente del trabajo compensable por el Fondo del Seguro del Estado, y siendo C.I.T. Financial Services Corp. un patrono asegurado, está protegido por la cláusula de exclusividad de remedio y su moción de desestimación debió prosperar. En consecuencia, se expedirá el auto de certiorari solicitado y se dictará sentencia que revoque la resolución recurrida y decrete la desestimación de la demanda instada contra la peticionaria.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resul-tado sin opinión.

      Sec. 21. Exclusividad del remedio provisto.

      Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con el pre-sente Capítulo, el derecho aquí establecido para obtener compensación será el único remedio en contra del patrono, aun en aquellos casos en que se haya otor-gado el máximo de las compensaciones o beneficios de acuerdo con el mismo; pero en el caso de accidentes, enfermedades o muerte de los obreros o empleados no sujetos a compensación de acuerdo con este Capítulo, la responsabilidad del patrono es y continuará siendo la misma que si no existiere el presente Capítulo.”

      Cabe señalar que en el ámbito administrativo se reconoce una gran flexi-bilidad en la aplicación de la doctrina de cosa juzgada de manera que pueda hacerse cumplida justicia, sobre todo si se trata de estatutos remediales y de interpretación liberal como lo es la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Cf. Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717 (1961).

       Por ser extenso, y en aras de brevedad, no lo reproducimos. Refiérase el lector a 11 L.P.R.A. see. 3, inciso 4, bajo el título “Incapacidades preexistentes”.

      Por si hubiese dudas en cuanto al alcance del segundo supuesto —liquidación de la compensación recibiéndose o por recibirse— véase el informe sometido a la Cámara de Representantes por su Comisión de Hacienda, de 15 de mayo de 1968, cuando se consideraba el P. del S. 693, que se convirtió en la Ley Núm. 103 de 21 de junio de 1968, en virtud de la cual se enmendó el citado Art. 3 en los términos indicados, es decir, para disponer la manera de liquidar lo no cobrado por el obrero fallecido. Dijo dicha Comisión:
      “En cuanto a los trabajadores que mueran por causas ajenas a las lesiones por las cuales se le hubiere otorgado, o estuviere por otorgársele, una incapa-cidad total permanente al momento de su muerte, la enmienda establecería la forma de pago y la fórmula para computar la suma a pagarse. En caso que el lesionado fallecido hubiere optado por hacer una inversión, el remanente de su compensación se hará efectivo a los beneficiarios en pagos mensuales de $125. Se toma esa cuantía en consideración a otra enmienda que se está proponiendo a este mismo Artículo y que elevaría el pago mensual máximo permitido a $125. En caso de subsistir otros beneficiarios además de la viuda, hijos o concubina, la enmienda provee que la distribución de la compensación se hará con sujeción a lo dispuesto en el inciso 5(3) del Artículo 3.
      “En el caso en que el lesionado no hubiere optado por una inversión, la com-pensación total a pagarse a los beneficiarios se computará multiplicando 540 semanas por su compensación semanal equivalente al 66-2/3% del salario semanal que el lesionado hubiera de percibir el día de su accidente. En ningún caso se computarán semanas a más de $45 ni menos de $10 y en ningún caso la compensación total excederá la suma de $18,900. Por esta enmienda se establece una fórmula para establecer la cuantía máxima a pagar en otras disposiciones de la ley.”

      Dice en su Art. 2 (11 L.P.R.A. see. 2) en su segundo párrafo:
      “Este Capítulo por ser de carácter remedial se interpretará liberalmente, y cualquier duda razonable que en su aplicación surgiere en cuanto a la existencia de relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero o empleado y la lesión, incapacidad o muerte, o el carácter ocupacional de una enfermedad, deberá resolverse a favor del obrero o empleado, o sus beneficiarios.”

       Dicha ley dispone para dichas incapacidades totales permanentes pensión vitalicia por una suma igual al 66 2/3% del jornal que percibía el día del acci-dente, pero no más de $125 mensuales, o a opción del beneficiario, una suma global equivalente a 66 2/3% ó $125, lo que fuere mayor, multiplicado por un máximo de 540 semanas, pero sin que dicha suma global exceda de $18,900. Art. 3, inciso 4 (11 L.P.R.A. sec. 3(4)), primer párrafo.


author: PER CURIAM: Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz.

text:
      In re Lic. Hugo Rubén Félix, querellado.

      Número: O-80-529

      Resuelto: 2 de noviembre de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, como querellantes; Enrique González, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

Damián Olmo Bigio contrató los servicios del Lie. Hugo Rubén Félix para que lo representara en una acción civil sobre división de comunidad en la cual posteriormente se dictó sentencia disponiéndose, entre otras cosas, que Olmo Bigio pagara cierta suma de dinero. A tales efectos, el 21 de noviembre de 1978 le entregó al querellado, Lie. Hugo Rubén Félix, cheque certificado de $3,820 expedido a la orden de Juan Olmo Bigio para que lo depositara en el tribunal y cumplir, según su creencia, con la sentencia.

Así las cosas, al cabo de un año el Lie. Rubén Félix volvió a solicitarle a Damián Olmo Bigio dinero justifi-cando su petición con que la satisfacción de la referida sentencia requería una cantidad mayor. Ante tal infor-mación Damián se dirigió al Banco que expidió el cheque original. Allí le entregaron copia advirtiendo que aparecía endosado y cambiado por Damián Olmo Bigio. Subsiguien-temente se dirigió al Lie. Félix, le informó sobre el particular y éste aceptó que lo había cambiado sin su permiso y que lo había usado para su propio beneficio, por lo cual le daría un pagaré que respondiera por la suma indicada. Ese pagaré de fecha 12 de junio de 1979, lo preparó y entregó el querellado Rubén Félix a su cliente Damián Olmo Bigio. El día 18 de octubre de 1979 éste compareció a querellarse ante el Procurador General por razón de que el pagaré no había sido satisfecho en su totalidad a pesar de haber vencido el 8 de agosto de 1979. En septiembre de 1979 el querellado Hugo Rubén Félix sólo le había devuelto la suma que se había apropiado, pero sin los inte-reses pactados y adeudados.

Oportunamente el Procurador General presentó que-rella disciplinaria contra el abogado Hugo Rubén Félix. Designamos como Comisionado Especial al ex Juez Superior Hon. Ramón Pérez de Jesús para que lo ventilara. La prueba fue estipulada y el abogado admitió todo el cargo.

Es de rigor anotar que la admisión por el querellado Hugo Rubén Félix del cargo imputádole es una circuns-tancia que ante la gravedad ética de su conducta no puede servir de eximente. Ya en In re Félix, 104 D.P.R. 379, 380 (1975), —ante el cargo de haber faltado a la Ley Notarial al autenticar en un documento la firma de una persona para él desconocida que no lo suscribió en su presencia— adoptó igual postura y recibió una sanción disciplinaria mínima al afirmarnos . . su adhesión a las normas co-rrectas durante los subsiguientes años de ejercicio”. Veamos.

En el caso de autos el querellado engañó a su cliente e incurrió en los siguientes actos antiéticos: (1) solicitó y obtuvo el dinero bajo la falsa representación de que serían destinados a satisfacer la sentencia; (2) sin autorización ni conocimiento del cliente falsificó la firma; (3) cambió el cheque indebidamente en el banco; (4) se apropió de su importe y lo usó para fines personales; (5) con igual propó-sito al cabo de un año exige más dinero del cliente; (6) no honró el pagaré fechado 12 de junio de 1979 —vencido el 8 de agosto de 1979— hasta después que el cliente se queja el 18 de octubre ante el Procurador General, quien el 24 de ese mes le notifica la misma.

La excusa para tan flagrante violación ética consistió en que “[p]ara fines de 1977 y principios de 1978 el quere-llado estuvo enfermo y su trabajo e ingresos se redujeron sustancialmente. Para esa época, tenía una hija estudiando medicina en la Universidad del Este ,de la República Dominicana y, para fines de 1978, ella tenía que pagar alrededor de $4,000.00 de matrícula para poder continuar sus estudios”. Si bien el querellado entiende que al apro-piarse de los fondos lo hizo para una causa meritoria, ello no es óbice para que no sea considerada su acción como una apropiación ilegal, por lo que no puede ser factor eximente para evitar la suspensión del ejercicio de la abogacía.

Agrava más aún la conducta del querellado el que cerca de un año después de perpetrado el primer engaño y falsa representación intenta obtener indebidamente más dinero de su cliente, y así se lo solicita, bajo el espurio pre-texto de que la sentencia no había sido satisfecha en su totalidad. Adviértase que en ese momento ya no existía tal ahogo económico.

En la dimensión de la deontología profesional, la con-fianza entre abogado y cliente, en particular, el escrupu-loso manejo de fondos, constituye elemento inseparable que se proyecta no sólo dentro del foro togado puertorriqueño, sino en el respeto y estima ante la imagen pública. In re Báez Torres, 108 D.P.R. 358 (1979). Como se dijo en In re Vázquez Báez, 110 D.P.R. 628 (1981):

En un procedimiento de desaforo la remisión de la culpa no surte efecto de inmersión en el río sagrado que lava el pecado porque el perdón es signo de nobleza en quien lo otorga, mas no necesariamente de enmienda en quien lo recibe. Sin embargo, podrá tomarse como atenuante en el grado de severidad con que esta sociedad, y la profesión jurí-dica en particular, deben ser desagraviadas. En el caso de este abogado, el perdón no alcanza a subsanar el dañoso efecto acumulativo de la serie de actos que informan su com-portamiento. (Énfasis nuestro.)

Así ocurre en el caso que nos ocupa. Condonar la con-ducta del abogado bajo la tesis de que su cliente le man-tiene confianza es simplemente renunciar y entregar la jurisdicción disciplinaria de este foro a criterios indivi-duales, sabios o no, sacrificando intereses públicos de alta calidad. En consecuencia se dictará sentencia decretando su separación indefinida del ejercicio de la abogacía y el notariado. Si en el futuro el querellado estimare que ha reformado su conducta de tal forma que lo haga acreedor a ser admitido nuevamente al ejercicio de la profesión, podrá solicitar la consideración de su readmisión al ejercicio de su profesión. In re Báez Torres, supra.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión con-currente y disidente en parte. El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

—0—

Opinion concurrente y disidente en parte del

Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz.

El querellado Hugo Rubén Félix, abogado del deman-dado Damián Olmo en pleito sobre división de comunidad, solicitó y obtuvo de su cliente la suma de $3,820 bajo representación de que se destinaban a satisfacer la senten-cia. El cliente le entregó cheque certificado a la orden del demandante y el abogado, sin autorización ni conocimiento de una u otra parte endosó el cheque firmando el nombre del demandante Juan Olmo y convirtió su importe para su personal uso. Cerca de un año después, solicitó más dinero de su cliente con el pretexto de que la sentencia no había sido satisfecha en su totalidad, y es entonces que el cliente va al banco que expidió el cheque y se enteró del falso endoso y desviación de los fondos. Confrontado el abogado con la revelación de su operación bancaria, dejó a su cliente satisfecho con un pagaré por la misma cantidad de $3,820 para el 8 de agosto de 1979, con interés al 10% anual. En septiembre de ese año el querellado pagó el principal del pagaré, sin intereses y la deficiencia en esa partida accesoria desencadenó este proceso al presentarse el cliente en octubre de 1979 con su queja a la oficina del Procurador General.

Estos hechos fueron objeto del cargo único en la que-rella ventilada ante el Comisionado especial Sr. Ramón Pérez de Jesús, cargo que fue admitido en su totalidad por el abogado, con la explicación, que mereció crédito al juzgador de hechos, (Conclusión Núm. 8 del Informe) de que a fines de 1977 y principios de 1978 estuvo enfermo, su labor profesional y sus ingresos decayeron sustancial-mente, infortunio que coincidió con la necesidad de pagar $4,000 de derechos de matrícula de una hija estudiante de medicina; que para este solo fin utilizó el dinero de su cliente. Justificó la restitución, sin intereses, con la infor-mación de que no había un contrato de servicios profe-sionales, que el pleito de división de comunidad no había terminado y continuaba representando a su cliente el demandado Damián Olmo en éste, y en otros asuntos por lo que saldaría los intereses con labor profesional. El cliente acompañó al querellado a la vista y estuvo presente durante su testimonio, aunque ninguna de las partes lo llamó como su testigo.

La querella se funda en el Canon 23 de Ética en su de-claración de que la naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente las exige fundadas en la honradez absoluta; y que debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a posesión del abogado, sin confundirlos o mezclarlos con sus bienes propios; y en el Canon 18 que impone al abogado la obligación ética de diligencia y saber en la defensa de los intereses de su cliente, debiendo actuar “en aquella forma que la pro-fesión jurídica en general estima adecuada y responsable”.

La reacción del querellado en todas las etapas de este procedimiento ha sido de candor y honesta admisión de los hechos. No intentó tender cortinas de humo, sino que confesó la flaqueza de su integridad ante la perentoria necesidad económica de su hija. Coincidimos con el criterio del señor Comisionado que la explicación del querellado podría atenuar mas no excusar de un todo su conducta. Mas no podemos colocarnos en plano de absoluta abstrac-ción y olvidarnos que el fracaso y la adversidad agobian al hombre que los resiste con la relativa fortaleza de sus principios. Los hechos no nos convencen de que el quere-llado se haya deteriorado en su fibra moral al punto de que deba sufrir una sanción extrema. Todavía mantiene la confianza de su cliente.

No ha habido, por tanto, extinción de la relación de abogado y cliente; por el contrario el continuado nexo profesional es evidencia de convalidación o ratificación de las actuaciones del abogado que usó propiedad de su cliente para atender obligaciones personales perentorias. Recuérdese que el cliente lleva su queja al Procurador General como simple recurso para cobrar los intereses del pagaré. Una vez asegurado el pago de dichos intereses continúa una relación normal con su abogado a quien sigue confiando su representación en éste y otros asuntos. Si la imputación de conducta no tolerada equivalente a apropiación ilegal fuera sincera, lo primero que hubiese resultado vulnerado y escindido radicalmente sería el vínculo contractual de esencial contenido de confianza que define la relación de abogado y cliente. Con su continuada retención del querellado como su abogado, con su presen-cia junto a éste durante toda la audiencia ante el Comisio-nado especial, el cliente que no lo ha despedido sino con-firmado su fe en él, personifica la más patente impugnación del dictamen de mayoría que separa al abogado de la pro-fesión indefinidamente. El desenlace inexplicable es que el Tribunal, que no puede estar al tanto de las especiales relaciones y acuerdos que rigen los negocios entre estas dos personas, pasa por alto una ratificación por conducta explícita, y condena al abogado al ostracismo del término indefinido. Considero que la mayoría evade los hechos del caso al perseguir abstracciones y rígidas clasificaciones de faltas éticas, en un campo donde los elementos subjetivos de la relación abogado-cliente son determinantes.

El Canon 23 de Ética Profesional infringido por el querellado ordena: “La naturaleza fiduciaria de las relacio-nes entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.”

Del texto citado surge la relevancia de entender las relaciones fiduciarias entre abogado y cliente en este caso, definidas principalmente por la ratificación por el cliente de la conducta del abogado al punto de retenerlo y conser-varlo como su representante legal. Aceptamos que esa convalidación y preservación de confianza no alcanza el punto de exoneración frente a la exigencia de honradez absoluta, mas insistimos en que disminuye la falta del abogado y en consecuencia excluye la sanción extrema dic-tada por la mayoría. En nuestro orden social, si el quere-llado fuera un simple apoderado la extralimitación hubiese sido totalmente borrada por la ratificación del mandante. La regulación ética de la conducta profesional que tras-ciende en su severidad la contratación privada y que no queda satisfecha con la reconciliación de las partes, debe, sin embargo, atemperarse en sus efectos, y especialmente, en la sanción disciplinaria, a las circunstancias eximentes que afloran en la relación particular entre abogado y cliente. Fue la conveniencia privada de una parte en cobrar un balance de intereses lo que engendró este caso de ética. “Existe la posibilidad de que se subvierta el propósito de los Cánones cuando se esgrimen por partes en contienda como armas procesales.”

En la evaluación ética la severidad de la sanción disci-plinaria no debe exceder la gravedad esencialmente cir-cunstancial de la falta. En nuestra profesión la separación por tiempo indefinido es la pena capital reservada para casos prima facie irredimibles. Rehusó sacrificar seres humanos en altar de abstracciones.

Limitaría la sanción de la conducta profesional del querellado a un año de suspensión en el ejercicio de la abogacía.

       Ante el Comisionado el Procurador desistió de otro cargo.

       A la fecha de la audiencia ante el Comisionado, estaba todavía por deter-minar el valor de la tierra en contienda y con ello el importe líquido de lo que debía pagarse el demandante en satisfacción de sentencia.

       Preámbulo del proyecto final de Cánones Uniformes de Conducta Profe-sional sometido el 30 mayo, 1981 por la Comisión especial de la Asociación Americana de Abogados.


author: PER CURIAM:

text:
    Rafael Lugo Rodríguez et al., demandante y recurrido, v. Municipio de Bayamón, y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: O-81-294

      Resuelto: 3 de noviembre de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del peticiona-rio; Gilberto Vega Couso, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

En acción civil de daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, el Secretario de Justicia fue emplazado cuando faltaban dos semanas para cumplirse dos años de la expedición del emplazamiento, cuya diligencia tiene señalado un término de seis meses en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. El Estado solicitó sentencia parcial desestimatoria de la demanda por no haber mediado justa causa o negligencia excusable “en base a la cual apelar a la discreción del Honorable Juzgador para atemperar la severidad de la Regla”. El tribunal, que previamente había dictado sen-tencia sua sponte el 12 noviembre, 1980 en la que tuvo a la parte demandante por desistida con perjuicio según ordena la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, reconsiderada a solicitud de los demandantes, denegó la moción del E.L.A. Recurrió el Procurador General en certiorari y en 11 junio, 1981 expedimos orden a los demandantes-recurridos para mostrar causa por la que no deba tenérseles por desistidos en su acción contra el Estado.

El escrito contestación de los recurridos no satisfizo nuestro requerimiento. Ninguna razón atendible han po-dido aducir para justificar la excesiva demora en emplazar al E.L.A., como tampoco surge justa causa de la resolución del juez de instancia concediendo la última prórroga de 45 días para diligenciar el emplazamiento que sólo dice: “Se deja sin efecto la sentencia [de desistimiento compulsorio] y se concede término improrrogable de 45 días para em-plazar. Expídase los emplazamientos.”

En Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721 (1981), resolvimos que el juez tiene discreción bajo la Regla 68.2 de Procedimiento Civil para prorrogar el término de diligencia del emplazamiento, aun después de vencidos los plazos que a tales fines señala la Regla 4.3(b). Mas dejamos claro que la discreción no se ejercita en el vacío, ni tampoco de modo arbitrario; debe siempre haber razón bien fundada que mueva la consciencia judicial hacia el remedio que pide el promovente. Es éste quien viene obligado a justificar con referencia a hechos y circunstancias la razón o motivo para haber dejado transcu-rrir los términos de Regla 4.3. La Regla 68.2 es explícita en su exigencia de esa base de razón sobre la que pueda descansar la discreción del juez al disponer que “. . . el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción ... a virtud de moción pre-sentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a ne-gligencia excusable . . .”. (Énfasis nuestro.) A los fines de que este Tribunal pueda cumplir su función revisora cuando se recurre contra una decisión en este incidente procesal, la moción del promovente deberá exponer de modo afirmativo y con especificación la razón determi-nante de justa causa para ampliar el término ya vencido sobre la cual pueda operar la discreción judicial, razón que necesariamente debe estar vinculada al valor de justi-cia que impregna la reclamación del promovente.

Resulta de transparente insuficiencia la moción de los recurridos, sin más afirmación de causa para justificar la prórroga que una expresión de que “la parte demandante tiene sumo interés en continuar con los procedimientos ...”.

El examen de las constancias en el expediente ha demostrado que si bien pudo haber una causa subyacente e inarticulada para la tardanza en emplazar a una parte traída al pleito después de radicada la demanda original, ninguna justa causa hubo para demorar por casi dos años el emplazamiento del Estado.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expedirá el auto, la resolución recurrida será anulada y se tendrá a los demandantes-recurridos por desistidos con perjuicio en su acción contra el Estado.

      En la demanda se alega que el 11 febrero, 1978 el automóvil que conducía el recurrido Rafael Lugo Rodríguez cayó en un hoyo en el centro de la carretera Núm. 167, área de Urb. Rexville, Bayamón, resultando el actor y sus acom-pañantes con heridas (sin mayor especificación) y contusiones en distintas partes del cuerpo.