author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Moisés Ortiz Tirado y Otros, acusados y recurridos.

      Número: O-85-202

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Américo Serra, Procurador General Interino y Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Enrique Rivera Mendoza de la Sociedad para Asis-tencia Legal, abogado del recurrido Moisés Ortiz Tirado.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia que debemos resolver es si un fiscal tiene derecho absoluto durante un juicio a estar acompañado en la sala de un agente del orden público o agente investigador que luego será presentado como testigo de cargo en el mismo juicio. Resolvemos que no. La decisión de si el agente puede permanecer o no en sala acompañando al fiscal debe corresponder a la sana discreción del juez, quien deberá tomar en consideración todas las circunstancias atinentes.

HH

Los aquí recurridos, quienes son ex funcionarios de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV), fueron denunciados por múltiples cargos de apropiación ilegal agravada y preparación y falsificación de documentos. Arts. 166 y 241 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4272 y 4437. En la vista preliminar el fiscal inició la presentación de la prueba con la testigo Carmen G. Collazo Pérez, empleada de la oficina de Auditoría de la CRUV. Habiéndose iniciado dicho testimonio, la Defensa solicitó que se excluyera de la sala a los Agentes Investigadores Enrique Pérez Ginorio y Julio Vargas Aponte, ambos del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia (NIE), quienes se encontraban en la sala ordenando la prueba documental que habría de utili-zarse. Fundamentó su solicitud en que dichos agentes eran testigos del Pueblo () y que por ello su presencia en la sala constituía una violación al debido proceso de ley y otros dere-chos constitucionales de los acusados, y que nuestra Regla 43 de Evidencia era clara en el sentido de no permitir la presen-cia de testigos en sala mientras no estuvieran declarando. El fiscal se opuso a esta petición y alegó que la presencia de éstos en sala era necesaria para hacer posible y facilitar la presenta-ción de la prueba.

E1 Tribunal de Distrito invocó la Regla 43(E) de Evi-dencia para excluir de sala a los agentes y así “salvaguardar los derechos del acusado a una vista preliminar privada y pos-teriormente un juicio justo”. A solicitud del fiscal y con la anuencia de los abogados de la defensa el tribunal paralizó la vista mientras el Ministerio Fiscal recurría en certiorari al Tribunal Superior. Éste luego de evaluar los escritos de las partes resolvió que “aunque la mejor práctica sea permitir la presencia del Agente Investigador asesorando al fiscal en la vista de un caso criminal cuando sea un caso complejo o en-vuelva asuntos especializados o técnicos, el Juez de Instancia no abusó de su discreción al excluir el agente investigador en este caso”. Declaró sin lugar el recurso.

El Estado recurrió ante nos y decidimos revisar el dicta-men del Tribunal Superior mediante el trámite de mostrar causa.

HH H-i

Examinemos brevemente la Regla de Evidencia 43(E) nuestra y la 615 federal, que la primera tuvo por modelo. Dice la federal:

Rule 615. Exclusion of Witnesses.
At the request of a party the court shall order witnesses excluded so that they cannot hear the testimony of other witnesses, and it may make the order of its own motion. This rule does not authorize exclusion of (1) a party who is a natural person, or (2) an officer or employee of a party which is not a natural person designated as its representative by its attorney, or (3) a person whose presence is shown by a party to be essential to the presentation of his cause.
La Regia 48(E) nuestra dispone:
(E) A requerimiento de parte o de su propia iniciativa, el juez podrá excluir de la sala en que se celebra el juicio o vista a cualquier testigo que en ese momento no estuviere declarando, a fin de evitar que el testigo escuche el testimo-nio de los demás; sin embargo, ninguna parte podrá ser así excluida si se trata de una persona natural o un oficial o em-pleado de una parte que no sea persona natural y que repre-senta a ésta en el caso.

De inmediato saltan a la vista dos diferencias fundamentales. La primera la hallamos al comparar la parte inicial de ambas reglas. La federal no concede discreción alguna al juez para negarse a permitir que un testigo permanezca en sala si una de las partes en el juicio le pide que lo excluya. Su lenguaje es tajante: “At the request of a party the court shall order witnesses excluded so that they cannot hear the testimony of other witnesses. . . (Énfasis suplido.) Nuestra Regla 43(E) está concebida en un lenguaje permisivo: “A requerimiento de parte ... el juez podrá excluir de la sala . . . a cualquier testigo que en ese momento no estuviere declarando . . . .” (Énfasis suplido.) En otras palabras, nuestra regla da discreción al juez para permitir o no que un testigo que declarará en un caso permanezca en sala mientras otros testigos declaran.

La segunda diferencia, muy importante, la hallamos en la segunda parte de ambas reglas. La federal prohíbe la exclusión de sala (1) de una persona que es parte en el juicio; (2) de una persona que representa a una persona jurídica que es parte en el juicio, y (3) de una persona cuya presencia es esencial para la presentación del caso de una parte y ésta así lo demuestra. Nuestra Regla 43(E) omitió la número 3 de las condiciones enumeradas. Y precisamente, esa era la situación de los agentes que el fiscal quería que permanecieran en sala durante el incidente a que se refiere el caso que nos ocupa. Así se recoge el incidente en la resolución del Tribunal de Distrito : “La posición del Fiscal descansa fundamentalmente en el hecho de que la presencia de éstos en sala sea necesaria para hacer posible y facilitar la presentación de la prueba, ya que no serían utilizados como testigos de cargo en el proceso, además de que ellos como agentes investigadores del caso estarían en posición de asesorar en cuanto a la documentación en su poder...

La posición del fiscal encuentra apoyo principalmente en el historial de la regla federal. Notes of Committee on the Judiciary, Senate Report No. 93-1277 y Notes of Advisory Committee on Proposed Rules, en Fed. Rules Evid. Rule 615, 28 U.S.C.A. (Historical Note), y en las observaciones del tra-tadista J. B. Weinstein, 3 Weinstein’s Evidence Sec. 615 (1985). La conclusión invocada es que el Estado es una persona jurídica y que como parte en un juicio tiene derecho a estar representado por una persona designada por su abogado. Se hace extensiva esta interpretación a los casos criminales y se razona, citando de E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puerto-rriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., Inc., 1985, Evidencia-Vol. 1, Cap. VI, pág. 178, y United States v. Infanzón, 235 F.2d 318 (1956), que “[d]e la misma manera que el acusado está siempre presente para consultar a, o ser consultado por, su abogado, el ministerio público podría necesitar la presencia del agente o representante del Pueblo”.

No cuestionamos que esa sea la interpretación en el ámbito federal. Sin embargo, no nos obliga. Como ya hemos señalado, la Regla 43(E) nuestra se aparta de la 615 federal en dos aspectos fundamentales, a saber, da discreción al juez para excluir de sala a un testigo, aun si hubiere objeción, mientras la federal le quita esa discreción, y no acogió la disposición de la regla federal que no autoriza la exclusión de sala cuando se demuestra que la persona es esencial para que la parte pueda presentar su caso. En este segundo supuesto también se limita la discreción del juez en la regla federal. Puede colegirse, en conclusión, que el toque importante de nuestra Regla 43(E) no es quitar sino dar discreción al juez para autorizar o negar la presencia de un testigo en sala.

Tradieionalmente se ha permitido en esta jurisdicción que un litigante esté presente durante las etapas del juicio y que si es persona jurídica, esté representada por un agente o em-pleado suyo. Eso ha sido así en lo civil, pero no lo ha sido en lo penal, salvo cuando la persona jurídica es la imputada de delito.

El argumento de que el Estado debe tener igual trato que el acusado, en cuanto a que éste tiene derecho a estar presente, pasa por alto dos fundamentos importantes. En primer lugar, el Estado, como ente jurídico, nunca está huérfano de representación en un caso penal. La tiene en los fiscales, que son los representantes del Ministerio Público. En segundo lugar, y más importante aún, el derecho del acusado a estar presente en el juicio es parte consubstancial de su derecho constitucional a un juicio público en que pueda carearse personalmente con los testigos de cargo. Es parte esencial del debido procedimiento de ley. Véanse Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880, 883 (1977); Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34 (1969); Pueblo v. Cruzado, 74 D.P.R. 934 (1953); Pueblo v. Ortiz, 57 D.P.R. 469 (1940); El Pueblo v. Reyes, 10 D.P.R. 253 (1906). Véase, además, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 138 de 23 de julio de 1974, enmendatoria de la Regla 243 de Procedimiento Criminal, que regula lo concerniente a la presencia del acusado durante el juicio y su renuncia de ese derecho.

Para concluir, no estamos obligados, en el caso de la Regla 43(E), por las interpretaciones que en el ámbito federal se han dado a la Regla 615. Aparte de que no adoptamos la Regla 615, sino que la modificamos, es principio reconocido en la misma esfera federal que en virtud de la aprobación de la Ley Núm. 600 del 81er Congreso, la interpretación y aplicación del debido proceso bajo la Constitución del Estado Libre Asociado es prerrogativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Figueroa Ruiz v. Delgado, 359 F.2d 718 (1966).

Cabe señalar, por último, que la norma que aquí establecemos no prohíbe que durante un juicio penal el fiscal se haga acompañar de aquel agente investigador que a su juicio pueda ayudarle a mejor presentar el caso del Pueblo. Lo que resolvemos es que no se trata de un derecho absoluto, sobre todo si el agente ha de ser utilizado como testigo. Ante esta situación, la decisión de si el agente puede permanecer o no en sala debe corresponder a la sana discreción del tribunal, tomando en consideración todas las circunstancias atinentes.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente a la cual se unió el Juez Asociado Señor Ortiz. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió un voto particular.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

Este recurso ilustra una vez más, cómo por vía de inter-pretación judicial algunas reglas evidenciarías son fórmulas simplemente esotéricas o abstractas. El resultado es un des-balance que “resulta tan ilógico como la conducta de aquellos médicos a que se refiere Ossorio, que seguían hablando y rece-tando en latín cuando ya nadie entendía este idioma”. F. Soto Nieto, citado en Pueblo v. Martínez Martí, 115 D.P.R. 832, 845 (1984). La decisión de hoy remite el remedio a la con-sideración de la Asamblea Legislativa como única alternativa.

> — i

Varios ex funcionarios de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV) fueron denunciados por múlti-ples cargos de apropiación ilegal agravada, preparación y fal-sificación de documentos. Arts. 166 y 241 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4272 y 4437. En la vista preliminar el fiscal Julio Soto inició la presentación de la prueba con la testigo Carmen G. Collazo Pérez, de la Oficina de Auditoría de la CRUV. Lo asistían los agentes investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, Enrique Pérez Ginorio y Julio Vargas Aponte, quienes colocaban en orden la prueba documental. El agente Vargas había sido anunciado en las denuncias como testigo de cargo.

En esta etapa se suscitó el siguiente incidente que recoge fielmente la Resolución del Tribunal de Distrito. La defensa so-licitó que ambos agentes fueran excluidos de la sala “por razón de haber sido éstos anunciados previamente como testigos del pueblo y de [sie] que su presencia en sala podría perjudicar los derechos de los acusados a un juicio justo. El día 19 de septiembre de 1984 continuó la vista y se argumentó por am-bas partes la solicitud de la defensa de excluir de sala a dichos testigos. La posición del Fiscal descansa fundamentalmente en el hecho de que la presencia de éstos en sala es necesaria para hacer posible y facilitar la presentación de la prueba, ya que no serían utilizados como testigos de cargo en el proceso, además de que ellos como agentes investigadores del caso es-tarían en posición de asesorar en cuanto a la documentación en su poder. ... La defensa, por acuerdo de todos los aboga-dos, se opuso a lo solicitado por el Fiscal, argumentando que ello constituiría una violación al debido proceso de ley y otros derechos constitucionales de los acusados y que nuestra Regla 43 de Evidencia era clara en el sentido de no permitir la pre-sencia de testigos en sala mientras no estuviera [n] decla-rando. Se señaló además, que la defensa estaba considerando la posibilidad de utilizarlos como sus testigos”.

Finalmente, dicho foro invocó la Regla 43(E) de Eviden-cia para excluir de sala a los agentes en aras de “salvaguar-dar los derechos del acusado a una vista preliminar privada y posteriormente a un juicio justo”.

Ello motivó la suspensión, pues al fiscal le era muy difícil presentar la prueba documental sin la colaboración de dichos investigadores. Al otro día, el tribunal nuevamente se negó a permitir su intervención. Paralizó la vista mientras el Minis-terio Fiscal recurría en certiorari al Tribunal Superior. Tras evaluar los escritos de las partes, este último foro resolvió “que aunque la mejor práctica sea permitir la presencia del Agente Investigador asesorando al fiscal en la vista de un caso criminal, cuando sea un caso complejo o envuelva asuntos es-pecializados o técnicos, el Juez de Instancia no abusó de su discreción al excluir el agente en este caso”. Declaró sin lugar el recurso.

Inconforme, a solicitud del Estado y mediante el trámite de mostrar causa, evaluamos la juridicidad de ambos dictá-menes.

HH

La exclusión de sala de testigos durante un juicio es sabia práctica consagrada en nuestras Reglas de Evidencia. Armo-niza con un sistema de litigación adversativo y la búsqueda de la verdad. Representa un instrumento más para propiciar y rodear de garantías circunstanciales de veracidad el proceso de dirimir la credibilidad de testimonios y adjudicar contro-versias. Tiene dos propósitos importantes. Primero, evita que un testigo, consciente o inconscientemente, varíe su testimo-nio para que coincida con el de otros. Esa conducta responde a diversas actitudes del ser humano. Muchos amoldan sus re-latos y opiniones de modo que sean consistentes con las de otros. En algunos el recuerdo es influenciado por lo que escu-chan. El comportamiento es bidireccional; cuando los testigos simpatizan con partes antagónicas, el efecto producido puede ser contrario. Los testigos exageran sus conflictos, inconsis-tencias y divergencias. Segundo, la experiencia acumulada por siglos refleja que separar a los testigos es una regla auxi-liadora del juez y las partes en detectar cualquier error esen-cial o falsedad en sus relatos. ()

En su evolución histórica, la práctica de excluir o secues-trar testigos vino a ser recogida en el argot forense como “poner los testigos bajo las reglas del tribunal”. La termino-logía parece haberse iniciado en los estados del sur de Estados Unidos. El vocablo “reglas”-es el residuo del término usado en antaño en Inglaterra como sinónimo de “órdenes”. 6 Wig-more, Evidence Sec. 1837 (Chadbourn rev. 1976). Con el tiempo se extendió hacia otras latitudes. ()

El principio de exclusión de testigos es conocido desde hace tiempo en nuestro ordenamiento procesal. Al presente varios preceptos lo regulan. Así, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, en su inciso (e), permite que el tribunal ordene discre-cionalmente “que se realice el descubrimiento en presencia de aquellas personas autorizadas para ello por el tribunal”. Con mayor especificidad, la Regla 43(E) de Evidencia expone las guías para la exclusión de testigos durante el juicio:

(E) A requerimiento de parte o de su propia iniciativa, el juez podrá excluir de la sala en que se celebra el juicio o vista a cualquier testigo que en ese momento no estuviere declarando, a fin de evitar que el testigo escuche el testimo-nio de los demás; sin embargo, ninguna parte podrá ser así excluida si se trata de una persona natural o un oficial o em-pleado de una parte que no sea persona natural y que repre-senta a ésta en el caso.

Su lectura y origen sirven para detectar las dimensiones procesales y el verdadero espíritu que la anima. Veamos. Con dos modificaciones importantes, nuestra regla es sustancial-mente una traducción de la Regla 615 de las de Evidencia federal. Ésta dispone:

Rule 615. Exclusion of Witnesses.
At the request of a party the court shall order witnesses excluded so that they cannot hear the testimony of other witnesses, and it may make the order of its own motion. This rule does not authorize exclusion of (1) a party who is a natural person, or (2) an officer or employee of a party which is not a natural person designated as its representative by its attorney, or (3) a person whose presence is shown by a party to be essential to the presentation of his cause.

En estricta hermenéutica jurídica apreciamos que la Regla 43(E) confiere discreción al tribunal para excluir o no de sala a los testigos. De ahí el lenguaje que reconoce expre-samente el ejercicio de esa facultad sua sponte, o a requeri-miento de parte. En cambio, la regla federal descarta el ele-mento de discreción e impone la exclusión mandatoriamente cuando la parte lo solicita.

El carácter discrecional () de la exclusión de testigos no es de reciente cuño. E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puerto-rriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., Inc., 1985, Evidencia— Vol. I, Cap. VI, págs. 153, 178. La Ley de Evidencia de 1906, derogada por las reglas vigentes, así lo reconocía. ()

Ahora bien, este ámbito discrecional no es ilimitado. Tanto nuestra Regla 43(E) () como la 615 federal, por ex-cepción disponen que ciertos testigos no pueden ser excluidos. En esta categoría se encuentra toda persona natural que es parte en el caso, o aquel oficial o empleado que represente a una parte que no es persona natural. La regla federal adi-cionalmente exceptúa toda persona cuya presencia en sala sea esencial para la presentación de la causa. Al adoptarse nues-tra regla se prescindió de este último lenguaje.

En conclusión, durante un juicio el tribunal puede excluir de sala a algunos testigos en el caso. Puede también negarse a excluirlos, según lo aconseje el ejercicio de su sana e infor-mada discreción. Sin embargo, cuando se trate de una parte o de un representante de una parte que no es persona natural, el tribunal carece de discreción para excluirlos; simple y lla-namente, no puede hacerlo.

HH l

La conclusión expuesta es la clave y punto de partida para resolver el status del agente investigador en nuestra jurisdic-ción. Forzosamente tenemos que considerar sus antecedentes federales.

Al aprobar la Regla 615 federal, el Congreso hizo clara su intención de que se considerara como representante del Gobierno al agente investigador o policía que auxilia al fiscal en sala y que a la vez sirve como testigo de cargo. Una vez así designado, no puede ser excluido, pues le cobija el inciso (2) de la regla. Véanse Notes of Committee on the Judiciary, Senate Report No. 93-1277, y Notes of Advisory Committee on Proposed Rules, en Fed. Rules Evid. Rule 615, 28 U.S.C.A. (Historical Note).

Esa visión ha tenido eco en distintos foros federales y es-tatales. Se reconoce que el agente investigador principal que representa al Gobierno y testifica en el juicio no puede ser ex-cluido. Le ampara el derecho a estar presente en sala. El tribunal no tiene discreción para excluirlo. United States v. Brown, 699 F.2d 585, 594 (1983); United States v. Butera, 677 F.2d 1376, 1381 (1982), cert. denegado 459 U.S. 1108 (1983); United States v. Perry, 643 F.2d 38, 53 (1981), cert. denegado sub. nom. Dewees v. United States, 454 U.S. 835 (1981); United States v. Cueto, 611 F.2d 1056, 1061 (1980); United States v. Williams, 604 F.2d 1102, 1115 (1979); United States v. Nix, 601 F.2d 214, 215 (1979), cert. denegado 444 U.S. 937 (1979); United States v. Holmes, 594 F.2d 1167, 1172-1173 (1979), cert. denegado 444 U.S. 873 (1979); United States v. Bobo, 586 F.2d 355, 366 (1978), cert. denegado sub. nom. Rowan v. United States, 440 U.S. 976 (1979), reconsideración denegada 441 U.S. 957 (1979); In re United States, 584 F.2d 666, 667 (1978); United States v. Mendoza, 574 F.2d 1373, 1382 n. 8 (1978), cert. denegado 439 U.S. 988 (1978); United States v. Boyer, 574 F.2d 950, 955 (1978), cert. denegado 439 U.S. 967 (1978); United States v. Auten, 570 F.2d 1284, 1285 (1978), cert. denegado 439 U.S. 899 (1978); People v. Cheeks, 682 P.2d 484, 485-486 (Colo. 1984); State v. Chavez, 676 P.2d 257, 259 (N.M.App. 1983).

Por el contrario, con reglas similares a la 43 (E) nuestra, se ha sostenido que el magistrado conserva discreción para ex-cluir de sala al agente investigador principal que servirá como testigo. United States v. Parodi, 703 F.2d 768, 773-774 (1983); United States v. Jones, 687 F.2d 1265, 1268 (1982); United States v. Alvarado, 647 F.2d 537, 540 (1981); United States v. Shearer, 606 F.2d 819, 821 (1979); United States v. Woody, 588 F.2d 1212, 1213 (1978), cert. denegado 440 U.S. 928 (1979); United States v. Thor, 512 F.2d 811, 813 (1975), cert. denegado 423 U.S. 1014 (1975); United States ex rel. Jacques v. Hilton, 423 F. Supp. 895 (1976); Dunn v. State, 653 P.2d 1071, 1986-1087 (Alaska App. 1982); Gustafson v. State, 590 S.W.2d 853, 857 (1979).

Igual orientación se siguió en California hasta el año 1965. Véanse People v. Chapman, 209 P.2d 121 (1949), y People v. Duckett, 26 Cal. Reptr. 926 (1963). Este último caso fue resuelto bajo las sees. 867 y 868 del Código Penal de California, que si bien permitían al agente investigador principal testigo del Pueblo permanecer en sala, conferían al juez discreción para excluirlo. Esa autoridad desapareció en 1965 cuando se aprobó la see. 777 del Código de Evidencia de California que reza:

Exclusion of witness, (a) Subject to subdivisions (b) and (c), the court may exclude from the courtroom any witness not at the time under examination so that such witness cannot hear the testimony of other witness.
(b) A party to the action cannot be excluded under this section.
(c) If a person other than a natural person is a party to the action, an officer or employee designated by its attorney is entitled to be present.

Esta sección precisamente sirvió de modelo e inspiración para la regla federal actual y la nuestra, equivalentes. Como puede apreciarse, la misma mantiene la discreción del juez para excluir testigos de sala, excepto cuando éste es un repre-sentante de una persona jurídica. En esa circunstancia, éste tiene derecho (is entitled) a estar presente. Es bajo esa dispo-sición específica, concordante con nuestra regla, que procede la solución justiciera del caso. ()

La línea de pensamiento que sigue la mayoría rechaza la tesis de que el agente investigador principal que funge como testigo tenga derecho a permanecer en sala. Acepta que puede estarlo si el juez lo permite. La cuestión ha sido objeto de am-plio debate. Nuestra conclusión es que tal enfoque aborda someramente el tema y contradice el texto claro de la regla evidenciaria. No nos persuade esa interpretación restrictiva. E.g., People v. Cheeks, supra, pág. 486 n. 4. Nos inclinamos a favorecer la interpretación de los tribunales y tratadistas en el sentido de que la regla no autoriza al juez a remover de sala al agente investigador principal y testigo. Esta interpre-tación es cónsona con el texto y espíritu de la regla. 3 Weins-tein’s Evidence Sec. 615[02], págs. 615-8 y 615-9 (1985).()

Su razón de ser es evidente. La regla inequívocamente equipara al Ministerio Fiscal con el abogado defensor. Repre-senta un balance lógico y racional. Con leves variantes, existe una equivalencia funcional entre un agente investigador y un oficial representante de una persona jurídica. De la misma forma que el abogado defensor tiene al acusado presente para consultarle, el fiscal tiene a su disposición al investigador principal del caso. Un comentario en una obra jurídica con-temporánea compendia adecuadamente la problemática y dinámica conceptual subyacente de este enfoque:

Si se trata de una persona jurídica o abstracta, la parte debe tener derecho a algún tipo de representación —aparte de su abogado— para que esté presente. La importancia de esto se nota más cuando el gobierno es la parte. El abogado del go-bierno necesita del asesoramiento del agente o representante del gobierno que ha bregado con el caso. Se ha reconocido que un policía puede estar presente en sala si ha estado a cargo de la investigación del caso, a pesar de que será tes-tigo del Pueblo. United States v. Infanzón, 235 F.2d 318 (1956). De la misma manera que el acusado está siempre presente para consultar a, o ser consultado por, su abogado, el ministerio público podría necesitar la presencia del agen-te o representante del Pueblo. Chiesa, op. cit., pág. 178.

La regla cobija al agente investigador principal, es decir, aquel que realmente tomó parte activa y destacada en la in-vestigación del caso. ¿Puede seriamente negarse la realidad de que el agente principal que investigó conoce, en sus aspec-tos esenciales, las versiones de los testigos del caso? Sostene-mos que no. Lo lógico es presumir que tiene conocimiento general e información concreta de esas declaraciones. Ello es parte del descargo de sus funciones. H. Gross, Criminal Investigation, 5ta ed., Toronto, Carswell Co. L.T.D., 1962, págs. 27-28 y ss. Resultaría extraño e insólito que un agente inves-tigador estuviera ignorante del contenido esencial de esa prueba. Esta realidad minimiza en cierto modo el riesgo in-herente que representa su presencia en sala, a la par que abona a la justificación de la excepción. Es él quien por tal razón se encuentra en una posición privilegiada de ayudar al fiscal durante el juicio. Corresponderá al Ministerio Fiscal, en ocasión de anunciarse la exclusión de sala de los testigos, in-vocar ese derecho e informar al juez su intención de que el agente investigador principal permanezca en el recinto judicial. Ello significará que el fiscal, desde ese momento, está designándolo como representante del Pueblo en el proceso.-Véase United States v. Cueto, supra, pág. 1061.

No se nos escapan los pronunciamientos esbozados en la opinión mayoritaria que, por vía de dictum, aparenta sugerir que la presencia del agente investigador en sala vulnera los derechos de juicio justo y de careo, y por ende el debido pro-ceso de ley. El análisis es errado. Primero: “Todo texto debe interpretarse a la luz de las realidades específicas de la socie-dad en que opera.” Pueblo v. Batista Montañez, 113 D.P.R. 307, 313 (1982). Esta sabia norma de hermenéutica rechaza toda interpretación abstracta y que se da en el vacío. No de-bemos especular innecesariamente sobre las garantías consti-tucionales en causas penales. Hace tiempo superamos el dogma rígido e infundado de que la sociedad no tiene derechos en el procedimiento criminal. “No son sólo los derechos del acusado los que se ventilan: son los derechos de la sociedad entera. . . . [E]s el deber de la corte velar porque el combate judicial se entable, conduzca y decida en lo posible sin presión, sin ventajas, sin desigualdades, con absoluta justicia para ambas partes.” Pueblo v. Arrocho, 33 D.P.R. 657, 672-673 (1924).

Segundo, el enfoque constitucional adolece de una seria falla. ¿Cómo sugerir que la presencia del agente investigador en sala es inconstitucional cuando la regla mandatoria así lo dispone, mas no cuando el juez discreeionalmente lo permite? ¿Acaso no está presente en sala el agente en ambas situa-ciones?

El marco conceptual decisorio que verdaderamente pro-yecta en lo jurídico y moral el caso ante nos es el reclamo del Ministerio Fiscal a su derecho a tramitar su acción tan dili-gente y eficazmente como la defensa. Distinto a la mayoría, nuestra posición no concede ventajas. Tampoco recortan de-rechos al imputado. Subsisten todos, inclusive los de confron-tar los testigos de cargo y a tener un juicio justo. Simple-mente reconoce que el Pueblo es acreedor a que su represen-tante legal esté auxiliado durante el proceso, por el agente más capacitado y familiarizado con la investigación tal y como lo está el abogado del acusado. ¿Cómo negar esa equivalencia procesal? ¿Puede válidamente sostenerse que esa igualdad de condiciones viola el debido proceso de ley? No. “Los intereses de la justicia no son, exclusivamente, los del Pueblo, o los del acusado: son los de la sociedad toda interesada en que lo justo triunfe sobre lo injusto.” Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 D.P.R. 34, 35 (1984), citando a Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16, 18 (1929).

> I — i

Establecido el derecho del Ministerio Fiscal a estar asis-tido por el agente investigador, encontramos que no existe unanimidad entre los foros federales apelativos acerca de cuántos agentes investigadores están cobijados por la excep-ción. En United States v. Causey, 609 F.2d 777, 778 (1980), originalmente el 5to Circuito intimó que la regla se refiere so-lamente a un agente, pero no decidió la cuestión. Sin embargo, al año siguiente, en United States v. Alvarado, supra, pág. 540, resolvió que la excepción de la regla puede amparar a dos agentes. Más recientemente, el 4to Circuito hizo aplicable la excepción al agente investigador principal. United States v. Parodi, supra, pág. 773. No hubo pronunciamiento sobre si cubría a más de uno. ()

Uno de los argumentos más sólidos de que la regla cubre a más de un agente investigador principal lo ofrece el Juez Presidente Weinstein:

Given the liberality of joinder rules, it may be impossible to find one person within the structure of a large entity who has all the information needed to assist the attorney, and the court should allow some flexibility in designation consistent with the objectives of the rule. Unnecessary exclusions of one of a number of representatives may slow down the trial by requiring continuances so an attorney can consult with persons outside the courtroom. There must be wide discretion in the trial judge to allow multiple representatives. Weinstein, op. cit., pág. 615-9.

En principio coincidimos con esta línea de pensamiento. No debemos circunscribir la norma, a priori, a un solo agente. Sin embargo, en los términos en que está redactada nuestra Regla 43(E) no podemos detectar que la presencia de más de un agente investigador en sala sea un derecho que le asiste, como parte, al Estado. Como excepción al principio general de exclusión de testigos, la regla reconoce a uno solo. En con-secuencia, la determinación de permitir un agente investiga-dor adicional durante el proceso es una que debe descansar en el sano ejercicio de la discreción judicial en atención a las peculiaridades y complejidades del caso y sólo debe admitirse ante reclamos justificados y condiciones procesales apre-miantes.

En el ámbito de los derechos del acusado, cualquier posible impacto negativo de la presencia de uno o dos agentes en sala puede ser subsanado. Los tribunales están facultados a adop-tar las medidas necesarias para evitar que éstos acomoden su testimonio al de otros testigos y abusen así del derecho que la regla les confiere. El juez, por ejemplo, puede instruir al ju-rado, en aquellos casos en que este cuerpo juzgador haya sido constituido, que considere al evaluar la credibilidad del tes-tigo-agente que éste ha oído el testimonio de todos los demás testigos.

También está disponible la alternativa seguida por algu-nos tribunales de condicionar la aplicación de la excepción a que el agente investigador sea el primero en testificar. E.g., In re United States, supra, pág. 667; United States v. Frazier, 417 F.2d 1138, 1139 (1969), cert. denegado 397 U.S. 1013 (1970), reconsideración denegada 398 U.S. 945 (1970). Aun así, otros tribunales y jueces han criticado ese enfoque. E.g., United States v. Parodi, supra, pág. 774; In re United States, supra, págs. 667-668 (opinión concurrente y disidente del Juez Fay).

Nuevamente el Juez Presidente Weinstein nos ilustra sobre la deseabilidad de adoptar medidas para salvaguardar la integridad y pureza del proceso:

There has been some disagreement about the interrelationship of Rules 611 [en Puerto Rico, la Regia 43(C) de las de Evidencia] and 615. In In re United States all members of the panel concurred in finding error by the trial judge in excluding an agent who had been designated as the government’s representative. According to the majority, the trial court, although it could not exclude, would have had the power pursuant to Rule 611 to order the agent to testify at an early stage of the trial, though the judges conceded that the agent could not have been barred from giving subsequent, additional or rebuttal testimony. The concurring judge argued that nothing in Rule 611 allows the absolute right accorded by Rule 615 to be compromised by requiring a designated representative to testify at a given time. The concurring opinion clearly seems wrong: it would make as much sense to find that Rule 615 lifts the Rule 611 prohibition of leading questions on direct examination.
In most instances, the court will not interfere with the parties’ choice of the order in which evidence will be introduced. ... If the defendant wished the representative to tesr tify “early on in the government’s case, he ha[s] the responsibility of bringing that wish to the attention of the trial court.” The trial judge may induce a party to keep a prospective witness-representative out of the courtroom before he testifies or to call him earlier by indicating that it will remind that jury that it can consider the fact that the witness has heard what others said in assessing his credibility. (Escolios omitidos.) Weinstein, op. ait., págs. 615-9 y 615-10.

En esa misión “[e]l juez que preside un juicio o vista tendrá control y amplia discreción sobre el modo en que la evidencia es presentada y los testigos son interrogados con miras a que la evidencia sea presentada en la forma más efec-tiva posible para el esclarecimiento de la verdad, velando por la mayor rapidez de los procedimientos y evitando dilaciones innecesarias”. Regla 43(C), supra.

V

La exposición doctrinaria en cuanto a la exclusión de sala durante el juicio de los agentes investigadores principales designados representantes del Estado, en sana y lógica ad-ministración de justicia se extiende a la etapa de la vista pre-liminar. Tal extensión no desnaturaliza ni es incompatible con los propósitos limitados que persigue la vista prelimi-nar. () De igual modo, una vez concretada la equivalencia conceptual entre los imputados y sus abogados, vis-a-vis, los agentes investigadores principales que asisten al fiscal, el balance procesal resultante no vulnera el carácter privado de la vista preliminar. Regla 23(C) de Procedimiento Criminal.

En el caso de autos, el pedido del Fiscal Soto de que los agentes Pérez Ginorio y Vargas Aponte no fueran excluidos, constituyó suficiente designación como representantes del Es-tado. Erró el foro de instancia al excluirlos, pues al menos debió permitir la presencia de uno de ellos en tal capacidad.

Por los fundamentos expuestos, debió revocarse la resolu-ción recurrida.

—O—

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

He expresado mi conformidad con la opinión del Tribunal por coincidir en la interpretación que se le ha dado a la Regla 43(E) de Evidencia. No obstante, entiendo necesario efec-tuar unos pronunciamientos adicionales.

El principio y la práctica de excluir o secuestrar a testigos de la sala durante un juicio es un instrumento importante para garantizar un juicio justo en un sistema adversativo. Constituye un mecanismo preventivo para evitar que un tes-tigo escuche el testimonio de los demás y ajuste el suyo para que sea consistente. Evita que un testigo esté presente du-rante el juicio y prepare mejor su testimonio después de co-nocer la estrategia de la otra parte, sus debilidades y fortale-zas. 6 Wigmore, Evidence Sec. 1838, págs. 461-466 (1976).

Nuestras Reglas de Evidencia incorporan este valioso ins-trumento preventivo en el inciso (E) de la Regla 43. Esta dis-posición otorga discreción al juez para excluir de la sala a cualquier testigo que no estuviere declarando con el propósito de evitar que escuche los otros testimonios:

A requerimiento de parte o de su propia iniciativa, el juez podrá excluir de la sala en que se celebra el juicio o vista a cualquier testigo que en ese momento no estuviere decla-rando, a fin de evitar que el testigo escuche el testimonio de los demás; sin embargo, ninguna parte podrá ser así exclui-da si se trata de una persona natural o un oficial o empleado de una parte que no sea persona natural y que representa a ésta en el caso.

Como parte de la anterior facultad discrecional del juez, se puede ordenar la exclusión de cualquier testigo, inclusive el agente investigador, con la excepción que contempla la pro-pia regla.

Del historial legislativo de la Regla 43(E) no surge que existiese intención alguna a los efectos de que el agente in-vestigador, como representante designado del Estado, siempre sería excusado de la exclusión de sala. Antes de entrar en vigor las Reglas de Evidencia de 1979, el Código de Enjuicia-miento Civil otorgaba amplia discreción al juez para deter-minar si se excluía de la sala al agente investigador que iba a testificar, () 32 L.P.R.A. anterior see. 2142.

En Pueblo v. Gerardino, 37 D.P.R. 185, 194 (1927), ex-presamos que “ [e] staba en la discreción de la corte acceder de conformidad a la moción del fiscal” de que un testigo per-maneciera en sala a su lado para ilustrarlo durante el juicio y que declarara posteriormente:

Una corte al excluir testigos tiene discreción especialmente para que la orden se refiera a uno o más testigos, o para ne-garse a hacerlo así. Por ejemplo, la corte puede hacer excep-ción de cualquier persona que pueda ayudar al fiscal en la dirección de la prueba. La corte también puede excluir al alguacil del condado o a un jefe de policía cuando éstos son testigos. Ibíd., pág. 195.

No surge que al momento de adoptarse las Reglas en el año 1979 existiese preocupación o problema alguno con tal normativa de manera que se justificase que la misma fuese variada. Tampoco se nos ha demostrado ni alegado que hasta el día de hoy, el Ministerio Fiscal esté confrontando serios problemas para lograr que se exceptúe el agente investigador de la exclusión de sala cuando tenga necesidad de ello y así lo solicite al tribunal. La Regla 43(E) no pretendió considerar al agente investigador como “un oficial o empleado de una parte que no sea persona natural y que representa a ésta en el caso” con derecho a no ser excluido de sala.

Sólo en aquellos casos en que el fiscal convenza al tribunal, se debe permitir la presencia del agente investigador en sala. Para ello, el fiscal deberá demostrar que su presencia en sala es necesaria, y de permitirse la misma, el tribunal deberá tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos del acusado de cualquier lesión. Salvo demostración de un claro abuso de discreción, el dictamen del tribunal que deniega la solicitud del Ministerio Fiscal no debe ser revocado.

Si el Estado interesa la presencia de más de un agente investigador también debe convencer al tribunal que en el ám-bito de su discreción lo permita. Ésta debe ser la excepción y no la norma. Solamente en casos muy complejos y bajo cir-cunstancias excepcionales se debe permitir la presencia de más de un agente investigador. El tribunal de instancia debe ejercer su discreción con sumo cuidado después de una au-diencia especial para examinar las justificaciones del Minis-terio Público. La presencia de más de un agente puede pro-yectar en el juzgador una idea equivocada sobre la naturaleza y la complejidad del delito o la peligrosidad del acusado.

Finalmente, en aquellos casos en que el tribunal permita la presencia de uno o más agentes investigadores, se deben tomar las siguientes medidas adicionales para garantizar un juicio justo y reducir el impacto negativo del número de agentes:

a. Siempre que el agente investig-ador vaya a permanecer en sala, deberá ser el primero en declarar, a menos que el fiscal demuestre que de así hacerse se vería afectada se-riamente la continuidad y coherencia del caso del Pueblo. United States v. Frazier, 417 F.2d 1138 (1969) ; United States v. Escobedo, 430 F.2d 603 (1970) ; In re United States, 584 F.2d 666 (1978).
b. Cuando se dictaminare, según los criterios antes expues-tos, que el agente investigador no debe ser el primero en declarar, antes de éste comenzar a testificar, el tribunal instruirá al jurado a los efectos de que el testigo ha escu-chado previamente toda la prueba mientras se encon-traba presente en sala. Tal instrucción ha de repetírsele al jurado al momento de irse a deliberar.
c. Cuando sean más de uno los agentes investigadores prin-cipales, los cuales hayan tenido igual participación en el caso y que se encuentren en igualdad de condiciones, la designación de la representación del Estado ha de recaer sobre el agente, si alguno, que no vaya a testificar.
d. Salvo en circunstancias extremas, un agente encubierto no habrá de ser permitido en sala durante el juicio. En tales casos, será su supervisor el llamado a permanecer en sala para asistir al fiscal.

Las anteriores recomendaciones no constituyen una lista exhaustiva de medidas protectoras a tomarse. Los tribunales, en el ejercicio de su sana discreción, deberán tomar cuales-quiera otras medidas que consideren necesarias para salva-guardar los derechos de los acusados.

Finalmente, la Regla 43(E) dispone que el “oficial o em-pleado” de la parte que no sea persona natural debe represen-tar a ésta en el caso. Contrario a la Regla 615 federal y a la 777 de California que requieren que el representante de la parte que no sea persona natural sea designado como su representante por el abogado, en Puerto Rico la Regla 43(E) no preceptuó quién hará la designación. Entiendo que debe ser el Ministerio Público que desde el comienzo del juicio haga la designación del agente investigador a cargo del caso.

      (1) Surge de los documentos que obran en autos que sólo el agente Vargas había sido anunciado en las denuncias como testigo de cargo.

      (1)La Biblia nos describe cómo Daniel demostró la inocencia de Susana al separar a sus acusadores y exigirles que éstos describieran en qué lugar había ocurrido el supuesto adulterio que le imputaban. Daniel 13:36-64, Sagrada Biblia, 2da ed., Barcelona, Ed. Herder, 1964, págs. 1987-1988.

      (2)En aquella época el procedimiento inglés contemplaba la exclusión de testigos aun desde antes que se estableciera el juicio por jurado. Se le atribuye un origen germánico. 6 Wigmore, Evidence Sec. 1837 (Chadbourn rev. 1976). El derecho hindú de Birmania la contemplaba. íd., pág. 455 n. 2. Su observación perduró y con el tiempo tuvo acogida casi universal. Sir Walter Raleigh la invocó en su juicio en 1603. íd., pág. 456 n. 5. Las provin-cias canadienses, Irlanda del Norte y Filipinas adoptaron leyes incorporándola. Alta. R. Ct. 247 (1973) (Alberta); Man. Q.B.R. 218 (1939) (Manitoba); Ont. R. Ct. 253 (1969) (Ontario); Sask. Rev. R. Ct. 282 (1942) (Saskatchewan) ; Stat. 1935, c. 13, Summary Jurisdiction sec. 45 (Irlanda del Norte); Phil. R. Ct. 119 sec. 14 (1964) (Filipinas).
      En España, el Art. 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hizo mandatoria la exclusión de sala de los testigos. Reza así:
      “Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con otra persona.”

      (3)E1 comentario a la Regla 43 de las de Evidencia, preparado por el Secretariado de la Conferencia Judicial, hace claro que la diferencia entre la regla federal y la puertorriqueña se debe precisamente al propósito de mantener en esta jurisdicción el carácter discrecional —y no mandatorio— de la exclusión de sala de los testigos en un proceso judicial.

        (4)“Exclusión de testigos de la sala del tribunal:

      “Si lo deseare alguna de las partes, el juez podrá excluir del tribunal cualquier testigo de la parte contraria que en aquel momento no estuviera sufriendo examen, a fin de que no escuche el testimonio de otros testigos; pero una de las partes en la acción o procedimiento no podrá ser excluida de este modo; y si una corporación fuere parte tendrá derecho a la presen-cia de uno de sus oficiales, que designará el abogado de la misma.” Código Enj. Civil, 1933, Art. 512 (32 L.P.R.A. anterior see. 2142).

      (5)La Regla 43(E) de las de Evidencia de Puerto Rico coincide en gran medida con las equivalentes adoptadas en Alaska, Delaware, Iowa, Michigan, Maine, Minnesota, Oregon y Washington. Alaska Rules of Evidence, Rule 615 (1979); Del. Uniform Rules of Evidence, Rule 615 (1980); Iowa Rules of Evidence, Rule 615 (1983); Mich. Rules of Evidence, Rule 615 (1978); Me. Rev. Stat. Ann. Maine Rules of Evidence, Rule 615 (Supp. 1978); Minn. Stat. Ann. Evidence Rule, Rule 615 (1979); Ore. Evid. Code, Rule 615 (1981); Wash. Rules of Evidence, Rule 615 (1979). En estos esta-dos se le ha dado al juez la facultad discrecional de excluir de sala a los testigos, aun en aquellos casos en que las partes lo soliciten.
      Otros dieciséis (16) estados han seguido la regla federal que hace man-datoria la exclusión de los testigos, a solicitud de parte, a saber: Arizona, Arkansas, Colorado, Hawaii, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Méjico, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming. Ariz. Rev. Stat. Ann., Rules of Evidence, Rule 615 (1977); Ark. Stat Ann. sec. 28-1001 Uniform, Rules of Evidence, Rule 615 (Noncum. Supp. 1976); Colo. Rules of Evidence, Rule 615 (1980); Hawaii Rules of Evidence, Rule 615 (1980); Mont. Rev. Codes Ann. sec. 98-3002 Rules of Evidence, Rule 615 (1977) ; Neb. Rev. Stat. sec. 27-615 (Cum. Supp. 1978); Nev. Rev. Stat. Tit. 4, sec. 50.155 (1977); N.M. Stat. Ann. Rules of Evidence, Rule 615 (1978); N.D. Rules of Evidence, Rule 615 (1977); Ohio Rules of Evidence, Rule 615 (1980); Okla. Stat. Ann., Tit. 12, sec. 2615 (West 1978); Tex. Rules of Evidence, Rule 615 (1983); Utah Rulos of Evidence, Rule 615 (1983); Vt. Rules of Evidence, Rule 615 (1983); Wis. Stat. Ann. sec. 906-15 (West Cum. Supp. 1979); Wyo. Rules of Evidence, Rule 615 (1978). Además, las Reglas Uniformes de Evidencia y las Reglas Mili-tares de Evidencia son idénticas a la regla federal. Uniform Rules of Evidence, Rule 615 (1974); Exec. Order No. 12198, 45 Fed. Reg. 16932, Rule 615 (1980).

      (6)En cuanto a California respecta, bajo la norma vigente, nuestra in-vestigación no revela jurisprudencia que aborde directamente el punto que tenemos ante nuestra consideración. Solamente hemos hallado un caso, de carácter civil, que curiosamente coincide con nuestra posición y niega auto-ridad al magistrado para excluir de sala al agente investigador represen-tante del Estado. People ex rel. Curtis v. Peters, 192 Cal. Rptr. 70, 73 (App. 1983). En buena metodología adjudicativa, resulta irrelevante cualquier dis-cusión de la doctrina californiana máxime cuando ésta se fundamenta en una norma ya abandonada por la ley del estado.

      (7)La interpretación acertada de la Regla 615 federal hecha por el Juez Presidente Weinstein en su libro destruye la interpretación que del borrador de la regla hiciera un estudiante de Derecho en Comentario, Witnesses Under Article VI of the Proposed Federal Rules of Evidence, 15 Wayne L. Rev. 1236-1249 (1969). Éste colocó bajo el inciso (3) de la regla federal la excepción de ser excluido de sala que tiene el agente inves-tigador principal que sirve como testigo en el juicio. En ese sentido, decidir si la presencia del agente es esencial para la presentación del caso del Mi-nisterio Público es asunto sujeto a la discreción del juez que preside el pro-ceso. Sin embargo, entiende Weinstein, y así se reconoce unánimemente, que la excepción que cobija al agente investigador es la contenida en el inciso (2) de la regla federal, y no la dispuesta en el inciso (3). Como puede no-tarse, nuestra Regla 43(E) no incluye el inciso (3) de su contraparte federal.
      La razón por la que el agente investigador está cobijado bajo el inciso (2) de la regla, y no bajo el inciso (3) es una muy lógica y razonada que fue contemplada por el Comité de lo Jurídico del Senado:
      “The investigative agent’s presence may be extremely important to government counsel, especially when the case is complex or involves some specialized subject matter. The agent, too, having lived with the case for a long time, may be able to assist in meeting trial surprises where the best-prepared counsel would otherwise have difficulty. Yet, it would not seem the Government could often meet the burden under rule 615 of showing that the agent’s presence is essential. Furthermore, it could be dangerous to use the agent as a witness as early in the case as possible, so that he might then help counsel as a nonwitness, since the agent’s testimony could be needed in rebuttal. Using another, nonwitness agent from the same investigative agency would not generally meet government counsel’s needs.
      “This problem is solved if it is clear that investigative agents are within the group specified under the second exception made in the rule, for ‘an officer or employee of a party which is not a natural person designated as its representative by its attorney’. It is our understanding that this was the intention of the House committee. It is certainly this committee’s construction of the rule.” Notes of Committee on the Judiciary, Senate Report No. 93-1277, Fed. Rules Evid. Rule 615, 28 U.S.C.A. (Historical Note).
      Al no estar contemplados estos casos por el inciso (3) de la regla federal, no les es de aplicación la norma de exclusión de testigos que no son representantes de una parte que no es persona natural. En esos casos se requiere que el que solicite que no se excluya de sala al testigo, demuestre que su presencia es esencial. Government of Virgin Islands v. Edinborough, 625 F.2d 472, 474-476 (1980).

      (8) En casos civiles en que la excepción de la regla se extiende al repre-sentante de la corporación, se ha dicho expresamente que sólo uno puede beneficiarse. Oliver B. Cannon and Son v. Fidelity and Cas. Co., 519 F. Supp. 668, 679 (1981). El tribunal, empero, se basó en el caso de United States v. Causey, 609 F.2d 777 (1980), sin tomar en cuenta lo dicho poste-riormente en el caso de United States v. Alvarado, 647 F.2d 537 (1981).

      (9)A1 igual que en Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334, 336 (1980), no es menester resolver la estricta aplicabilidad de las Reglas de Evidencia a la vista preliminar. Sabios principios de abstención en la adju-dicación judicial justifican no entrar en ello. Véase Municipio v. Ríos, 61 D.P.R. 102, 114 (1942). Meramente resolvemos, parafraseando a Pueblo v. Esteves, supra, que no tendría sentido que los representantes del Estado, una de las partes principales en el procedimiento, pudieran permanecer en sala durante todo el juicio en su fondo, y no en una vista anterior en la que se determinará expresamente si hay causa probable que justifique celebrar ese juicio.

      (1) El mismo disponía que:
      “Si lo deseare alguna de las partes, el juez podrá excluir del tribunal cualquier testigo de la parte contraria que en aquel momento no estuviera sufriendo examen, a fin de que no escuche el testimonio de otros testigos; pero una de las partes en la acción o procedimiento no podrá ser excluida de este modo; y si una corporación fuere parte tendrá derecho a la presen-cia de uno de sus oficiales, que designará el abogado de la misma.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
      In re Lic. Alfredo Cardona Álvarez

      Número: MC-85-47

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, Eliadís Orsini Zayas y Rosa Negrón de Quiñones, Procuradoras Generales Auxi-liares, abogadas de El Pueblo; Alfredo Cardona Álvarez, pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El marco conceptual en que se centra la solución de este asunto deontológico queda plasmado en el siguiente postulado:

La moderación del lenguaje es, como hemos dicho, uno de los primeros deberes del abogado patrocinante; nunca puede olvidar que ha sido interpuesto entre los litigantes y la jus-ticia, para substituir a los impulsos del interés personal y al lenguaje de las pasiones, la calma de la razón y el lenguaje de la verdad; debe, por consiguiente, evitar todo lo que tenga un carácter de violencia. El abogado debe evitar, en todos los casos, la inconveniencia y la grosería de los términos, el empleo de imputaciones y de hechos extraños o inútiles al asunto y, sobre todo, las alegaciones contrarias a la verdad o desprovistas de una razonable presunción de exactitud.
Pero, el defensor de un derecho injustamente negado, ¿Ha de buscar tranquilamente en el fondo de su pena, o de sus palabras, la más azucarada miel para refutar ataques injustos o ilegales? No.
El magistrado no es un santo frente a fanáticos. Como en-carnación de la justicia, el magistrado es impersonal, es un servidor de la ley, servidor de la humanidad jurídicamente organizada; no es un rival del abogado.
Pero la misión social del abogado no es inferior, no' es su-balterna; él no deja de ser lo que siempre fue; un servidor del derecho, de la libertad y de la personalidad humana, co-laborador en los juicios, órgano de funciones sociales indispensables.
Siendo así, como evidentemente es, la magistratura tiene derecho indiscutible al respeto de parte de todos, inclusive de los abogados, como éstos tienen derecho al respeto de todos, inclusive de los magistrados.
El litigante puede fustigar los errores de los jueces, con mayor energía si los considera maliciosos, pero sin expresio-nes ofensivas. A. E. Parry, Ética de la Abogacía, Buenos Aires, Ed. Jurídica Argentina, 1940, Vol. I, págs. 137-138.

I

Para comprender fielmente la génesis procesal, su tras-fondo fáctico y las cuestiones planteadas en este asunto, a continuación transcribimos ad verbatim el Informe del Pro-curador General:

El 30 de mayo de 1985 este Honorable Tribunal emitió resolución ordenándonos rendir un Informe en torno a la comparecencia Especial de 15 de mayo del mismo año, que ante este ilustre foro hizo el Hon. Juez Benito Díaz Lau-reano. En dicho escrito se relatan varios incidentes judicia-les en los cuales ha participado el Lie. Cardona Alvarez, todos los cuales reflejan una aparente costumbre del abo-gado querellado reñida con los cánones de ética, al utilizar en sus escritos o en sus planteamientos ante el Tribunal len-guaje impropio u ofensivo a la dignidad y respeto de los tribunales.
En síntesis informó el Hon. Juez Díaz Laureano que el día 10 de mayo de 1985 llegó a su conocimiento copia de la Moción de Reconsideración radicada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por el Ledo. Alfredo Cardona Alvarez, abogado de los demandantes recurrentes en el caso de Mi guel A. Correa, etc., demandantes-recurrentes v. Municipio de Lajas, demandado-recurrido, Certiorari Núm. 0-85-205.
Dicha copia fue radica ante este Tribunal acompañada de una Moción Informativa suscrita por el Ledo. Carlos J. Cor-dova Vélez, abogado de la parte demandada recurrida. En el inciso 2 (b) de la Moción de Reconsideración radicada por el Ledo. Cardona Alvarez se expresa lo siguiente:
“porque se hace necesaria la intervención de este Hon. Tribunal en protección de la pureza del procedimiento y para tranquilidad de espíritud (SIC) del suscribiente al enterarnos que la Sentencia fue preparada por el Lie. Carlos Ortiz Alvarez, oficial jurídico del Hon. Juez Díaz Lau-reano, y a su vez hermano (SIC) del Lie. Pedro Ortiz Alvarez, abogado del recurrido. La justicia no sólo debe ser-lo, sino que también debe aparentarlo. Es muy difícil que la parte demandnate (SIC) recurrente pueda aepetar (SIC) que en su caso prevaleció la justicia y el derecho y que no intervinieron otras consideraciones al dictarse la sentencia.”
Por entender que las manifestaciones hechas por el Ledo. Cardona Alvarez son ofensivas a la dignidad de este Tribunal y que requerían una aclaración por parte del magis-trado, éste procedió a aclarar lo siguiente y citamos ad-verbatim:
“La función del Oficial Jurídico en nuestros Tribunales es una de vital importancia. Sin embargo, la existencia de Oficiales Jurídicos no sustituye el criterio de los Jueces que utilizan sus servicios. Esta es una función indelega-ble.
En este caso en particular al serle referido para su es-tudio al Ledo. Carlos Ortiz Alvarez Oficial Jurídico de este Tribunal, éste nos llamó la atención de que su herma-no el Licenciado Pedro Ortiz Alvarez había participado en etapas anteriores en el caso y que prefería no interve-nir en el mismo. El juez suscribiente a pesar de conocer la integridad profesional del Ledo. Carlos Ortiz Alvarez y de entender que se trataba de un planteamiento de derecho, prefirió relevarlo de la responsabilidad del estudio sobre las cuestiones de derecho en este caso y procedí a reali-zarla yo mismo.
Las alegaciones del Ledo. Cardona Alvarez atentan contra la dignidad de este Tribunal al hacerle imputaciones de prejuicio y parcialidad sin tener fundamento alguno.”
Añadió el magistrado que esta conducta del Ledo. Car-dona Alvarez es una reiterada. Que éste acostumbra hacer imputaciones de prejuicio y parcialidad a los Jueces cada vez que carece de fundamentos en derecho para sostener sus ale-gaciones. A estos efectos trajo a colación otros dos casos en que se repite el mismo tipo de conducta.
En el caso de Pueblo v. Ramón Cuevas Ramírez, M85-75, el Ledo. Cardona Alvarez hizo imputaciones de prejuicio y parcialidad contra el Hon. Juez Carlos Rodríguez Muñiz quien actuando como Juez de Distrito Designado, resolvió en contra de sus pretenciones. Al levantar estas alegaciones en su Escrito de Apelación y no aportar prueba para sos-tenerlas el Juez Díaz Laureano dictó una Sentencia en la que se le llamó la atención a esos efectos.
Anteriormente, en el caso Sociedad de Gananciales compuesta por Alfonso Cardona y Luz M. Rivera v. Aida 1. Rivera, CS83-1176, también en Apelación ante este Juez, el Ledo. Cardona Alvarez hizo una serie de imputaciones al Honorable Federico Toro Goyco. En aquella ocasión y sin prueba para sostener sus alegaciones señaló lo siguiente:
“Que el Tribunal actuó con prejuicio y parcialidad al cambiar su actitud y dictar una sentencia que no repre-senta el balance más racional justiciero y jurídico de la prueba presentada, situación que atribuye el suscribiente (Ledo. Cardona Alvarez) a que se negó a hacer una de-claración jurada a favor del Ex-Juez Toro Goyco, cuando era investigado por la Administración de Tribunales.”
En sentencia dictada por el Juez Benito Díaz Laureano se le llamó la atención al Ledo. Cardona Alvarez a los efectos de que sus imputaciones carecían de base para sostenerlas y que eran frívolas. Se le impuso una sanción de Quinientos. Dólares.
Véase documentos en bloque, Exhibits I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
Examinada la prueba documental ante nuestra considera-ción, todo parece indicar que el Lie. Alfredo Cardona Alvarez violó el Canon 9 de los de Etica Profesional. In Re Andréu Ribas, 1959, 81 DPR 90. Parafraseando en lo aplicable a Pueblo v. Estrada Calderón, 1967, 95 DPR 724 señalamos:
“Incumple un abogado su deber profesional para con el Tribunal Supremo (y añadimos para con cualquier tribunal) cuando no discute ni sustancia sus alegaciones.” Véase además In Re Pagán Hernández, 1977, 105 DPR 796.

► — I

Las conclusiones de este Informe fueron notificadas al li-cenciado Cardona Álvarez. Le concedimos término para que compareciera a mostrar causa por la cual no debería ser dis-ciplinado por violación al Canon 9 de Ética Profesional. ()

En su comparecencia, el licenciado Cardona Álvarez dis-crepa de la conclusión del Procurador General respecto a que en los trámites procesales de los tres casos aludidos por el Juez Superior, Honorable Díaz Laureano, no discutió ni sos-tuvo sus alegaciones sobre prejuicio, pasión y parcialidad. Ante nos, para justificar su estilo forense, explica su com-portamiento en los siguientes términos:

En el empeño de llevar a cabo una gestión profesional de la más alta calidad y devota lealtad hacia el cliente es posible que nos extralimitemos o en nuestro reclamo demos a enten-der que hay ofensa o que no tenemos confianza en el sistema judicial. Siempre hemos tenido o tenemos esa confianza. La ocurrencia de un hecho aislado en una abundante practica durante catorce años no nos puede poner en el camino equi-vocado.
Finalmente señala:
No ha sido nunca nuestra intención de ofrecer o lesionar la buena imagen de nuestros Tribunales. Y si así fuere o se interpretare, estamos dispuestos a pedir que se nos excuse. Es posible que en la defensa del más débil en algún momen-to hallamos ido más allá de lo que el deber nos exige. En nuestra práctica general la clientela que atendemos en su gran mayoría son de clase baja o media baja y nunca nos hemos negado a prestar nuestros servicios sin importarnos si vamos a cobrar o no, llegando al extremo de pagar multas de clientes que no pueden pagarla para evitar que por su pobreza sean encarcelados y todas las demás consecuencias familiares. No decimos esto para buscar reconocimiento ni compensación sino para señalar aquí que no se trata del abo-gado que está continuamente buscando rencores y proble-mas, el que desafía los Jueces, o el que no le importa en lo absoluto el buen nombre de la profesión y la justicia no se trata del abogado socialmente desprestigiado, sino que por el contrario que se trata del que lucha, del que defiende la ley, el orden, la moral y el que protege su título por venir de una familia humilde y honrada y sacrificada.
Cuando actuamos en representación de un cliente solicita-mos que se resuelva en su favor. En esta comparecencia no solicitamos nada a nuestro favor sino que lo sometemos a vuestro beneficio y sana discreción en su loable cumplimien-to del deber ministerial. (Énfasis suplido.)

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Ameritan seria reflexión los señalamientos del querellado Cardona Álvarez. Su postura encuentra apoyo en la realidad de que el ejercicio de la abogacía es una tarea difícil y com-pleja. Por ello, se ha dicho que “la forma y el contenido de una ley o de una sentencia, el consejo que proporcione un abo-gado y la obediencia espontánea o no a una norma, dependen en cada momento no sólo de la definición operacional y la con-ducencia de dicha norma, sino también de un abanico de acti-tudes y comportamientos de muy compleja naturaleza”. L. Muñoz-Sabaté, R. Bayés y F. Munné, Introducción a la Psico-logía Jurídica, México, Ed. Trillas, 1980, pág. 29. Nuestra profesión exige de sus miembros múltiples funciones y a menudo, el desempeño de papeles diversos y conflictivos. Al-gunos, a veces de su faz, y otros en apariencia —aunque no lo sean— pueden estar en contradicción con los principios deon-tológicos que inspiran el Código de Ética Profesional.

Reconocemos esta fluida realidad. Al decir de Couture, “la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia”. Véase A. R. Sivori, Papel del abogado en la sociedad actual, XV Rev. C. Abo. La Plata 19-29 (1974). Ante esa situación, la clave para enjuiciar justamente esa conducta es examinar y balancear apropiadamente los valores en juego. Veamos.

Hoy en día no se cuestiona que el respeto y exaltación del foro judicial han de tener en el abogado su mejor ex-ponente. In re Martínez, Jr., 108 D.P.R. 158, 163-164 (1978). Éste no debe convertirse en un simple observador aislado de la psicogénesis y dinámica decisoria. En muchos extremos, el abogado será protagonista y coadyuvante del drama judicial. Su persona es una extensión básica de los tribunales. In re Carreras Rovira, 115 D.P.R. 778 (1984); Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 830 (1962).

Como tal, debe tener un claro concepto de la misión fundamental pública que ejerce. En la escala de valores profesionales ha de colocar a ésta por encima de cualesquiera personalismos. Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 124, 153 (1959); R. H. Viñas, Ética y derecho de la abogacía y procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1972, págs. 225-227. El ejercicio de su profesión, inextricablemente, es consustancial a la función de impartir justicia, que por imperativo presupone la existencia de una comunidad civilizada y democrática, cimentada en el imperio de la ley. In re Padilla, 87 D.P.R. 236, 261 (1963). Así, la búsqueda de la verdad, en su justo cauce, no es incompatible con el respeto y consideración hacia los tribunales. El abogado nunca debe olvidar que es un funcionario que tiene la obligación de mantener y promover inmaculada la imagen de la justicia. Coll Moya v. Alcaide, Cárcel Municipal, 89 D.P.R. 225, 238 (1963).

Sin embargo, el respeto hacia los tribunales, y su exaltación como uno de los postulados deontológicos más hermosos, no implica el establecimiento de una censura previa. Tampoco el que no reconozcamos la más amplia y dilatada libertad de defensa al abogado en el ejercicio de su profesión.

Incuestionablemente, la crítica judicial sana y oportuna es un instrumento necesario y efectivo para mantener a los jueces alertas y atentos al estricto cumplimiento de sus funciones. Tal crítica es un interés legítimo constitucional que debemos proteger. Es un vehículo apropiado para producir cambios favorables en el sistema de administración de justicia. Nuestro deber es escuchar esa crítica sin infundada sensiblería. ()

Escuchar, escuchar con advertencia, un poco de humildad y un mucho de cortesía, las opiniones ajenas, aceptando sin demora ni regateo todo lo que tengan de fundadas y de esti-mables. Fuera todo ribete de soberbia intelectual capaz de impermeabilizar al Magistrado frente a ajenos veredictos, encerrándole en la concha de un exclusivismo razonante con desmedido culto al propio parecer. El que fue Subsecretario del Ministerio de Justicia, señor López Martínez, pronunció en su toma de posesión estas bellas y certeras palabras: “No escuchar es taparse los ojos y exponerse a ser dirigidos por teóricas y vanas ilusiones. No escuchar puede ser una forma de apego desordenado a los propios pareceres. Escuchar es ser atento, enterarse de lo que nos dicen y hacer un esfuerzo leal para comprender. Escuchar es incómodo porque somete a crítica nuestros planes, nos hace ver que nuestros proyec-tos, que nos parecían muy buenos, tienen puntos flacos o por lo menos discutibles, y nos impone el arduo trabajo de ar-monizar o de elegir . . . ; pero es imprescindible; sin escu-char no se debe gobernar ni el pequeño y entrañable mundo de nuestros hogares.” F. Soto Nieto, Compromiso de Justi-cia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 50.

Sin embargo, nuestra concepción panorámica del libre fluir de ideas, inclusive las críticas, en lo que concierne a la práctica de la abogacía no significa que las mismas puedan traspasar los límites de la honradez, civilidad y corrección. “Debemos comprender que dentro de la variedad de interpretaciones que es posible formular a una norma jurídica, las diferencias entre el pensamiento del Juez y el del abogado litigante, no facultan para denostar al primero.” E. L. Guerrero, Algunas consideraciones de ética profesional para los abogados, México, Ed. Porrúa, 1982, pág. 27. Nada más destructivo del justo balance de la conciencia judicial, que la crítica injustificada y viciosa. Ello deteriora y obstaculiza el libre curso de una administración recta e imparcial de la justicia. In re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90, 120 (1959). “Todas las personas involucradas en el proceso judicial —jueces, litigantes, testigos y oficiales del tribunal— tienen un deber de cortesía con los demás participantes. La necesidad de que haya civilidad en el marco inherentemente contencioso del proceso adversativo, sugiere que los miembros de la clase togada hagan sus críticas al sistema en un tono profesional y cortés.” (Traducción nuestra.) In re Snyder, 86 L.Ed.2d 504, 514, 53 U.S.L.W. 4833, 4837 (1985).

Así, cuando un abogado entiende que el comportamiento judicial de alguna manera afecta los derechos de su representado, debe solicitar del foro correspondiente el remedio apropiado. Posteriormente, de ser necesario, puede llevarlo a récord para la acción correctiva procedente por un tribunal de superior jerarquía. Pueblo v. Susoni, supra, pág. 154.

Para evaluar la legitimidad de la conducta oral o escrita del abogado, y balancear los intereses éticos y de libertad forense expuestos, hemos establecido varios criterios, a saber: (a) si aunque equivocado, creía en la validez de las imputaciones al juez; (b) si aunque los hechos no eran ciertos, tenía motivos fundados o causa probable para creer en su veracidad, y (c) si la imputación no fue hecha maliciosamente con el propósito deliberado de denigrar al tribunal. Véanse In re Martínez, Jr., supra; In re Torres, 81 D.P.R. 928 (1960); In re Andréu Ribas, supra, e In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945).

Con arreglo a esta visión doctrinaria, hemos impuesto sanciones disciplinarias a un abogado, por hacer imputaciones orales o escritas, sobre la comisión de hechos inmorales o ilegales —que no están respaldadas por evidencia competente— tendente a degradar la dignidad, honorabilidad e integridad de los tribunales y de sus funcionarios o que puedan debilitar la confianza pública en los mismos. In re Andréu Ribas, supra, pág. 119. Asimismo por la presentación de mociones y escritos en los que se formulan acusaciones a los magistrados, sin fundamentos, mediante el uso de lenguaje impropio y ofensivo, lo cual constituye conducta lesiva a la dignidad del tribunal. In re Padilla, supra, pág. 261.

El abogado no tiene licencia absoluta en el uso del lenguaje () para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces. En este sentido, el constantemente recurrir al apuntamiento de que el tribunal actuó “con prejuicio, pasión y parcialidad”, sin sustanciarlo o sin motivos fundados para así creerlo, es un comportamiento censurable que hemos de rechazar. () Tal conducta y estilo forense rebasan el ámbito de lo legítimo. Deben desalentarse.

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Bajo este prisma, hemos de evaluar la conducta del quere-llado Cardona Álvarez.

En primer término, como a todo abogado, le reconocemos perfecto derecho a defender una causa vehemente y enérgicamente. Inclusive, tiene la obligación de protestar y señalar situaciones procesales que puedan macular el proceso.

Ciertamente, Cardona Álvarez ante este foro imputó a los tribunales recurridos haber actuado con pasión, prejuicio o parcialidad en los tres recursos. Un examen de los autos rela-tivos al incidente en el caso Correa v. Municipio de Lajas, Cert. Núm. O-85-205, nos convence de que existió una preocu-pación legítima sobre la intervención o grado de participación del Oficial Jurídico del Juez Honorable Díaz Laureano. Esa inquietud y duda quedó aclarada por el propio magistrado. De la misma resultó errónea la apreciación en cuanto a la in-tervención activa y directa de un Oficial Jurídico hermano de quien había sido abogado de una de las partes. Antes de levan-tarlo, por vía de reconsideración en este foro apelativo, Car-dona Álvarez debió primeramente haberlo planteado a dicho juez para que éste esclareciera sus dudas. Sin embargo, el récord y su comparecencia tienden a reflejar ausencia de ma-licia o propósito de lesionar la imagen del tribunal.

Respecto a las otras dos causas —Pueblo v. Ramón Cuevas Ramírez, (O-85-370) y Soc. Gananciales Cardona-Rivera v. Rivera, (O-84-608)— los autos demuestran que los señala-mientos sobre prejuicio, pasión y parcialidad no fueron debi-damente acreditados. Es cuestionable que existiera causa probable para sostenerlos. A pesar de ello, para propósitos de la severidad de la sanción, le damos el beneficio de la duda en cuanto a que “aunque equivocado, creía de buena fe en la vali-dez de su queja”. Cordero v. Rivera, 74 D.P.R. 586, 609 (1953).

Hasta que se promovió este asunto, el querellado Cardona Álvarez no había sido objeto de trámite disciplinario previo. En estas circunstancias, vista su comparecencia y al conside-rar que fue sancionado económicamente en uno de los casos por él fundamento de que él señalamiento era frívolo, en jus-ticia, circunscribimos nuestra sanción a una amonestación que debe ser ejemplarizante a toda la clase togada del país.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) Reza:
      “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieran tales ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.
      “El deber de respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa.”

      (2)En un caso de desacato criminal, el Tribunal Supremo federal se-ñaló: “Los tribunales de instancia . . . deben estar en guardia contra con-fundir ofensas a sus sensibilidades con la obstrucción a la administración de la justicia.” (Traducción nuestra.) Brown v. United States, 356 U.S. 148, 153 (1958).

      (3)El “[a]bogado debe respeto y consideración al magistrado, y éste debe exigir ese respeto, si no a título personal, sí como representante de la justicia. La majestad de la justicia no admite ofensa, por leve que sea. Así, pues, cuando se habla de respeto al magistrado, no se quiere dar una regla escolar de buena educación o urbanidad, sino significar una obligación, que por lo demás es recíproca, de respeto a la justicia y de respeto a la defensa. El abogado puede no expresar estimación al magistrado, pero está obligado a respetarlo.” (Énfasis suplido.) R. Bielsa, La Abogacía, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1960, pág. 240.

      (4) Cobran vigencia hoy nuestros pronunciamientos en Cordero v. Rivera, 74 D.P.R. 586, 609 (1953) :
      “Equivocarse en la apreciación de la prueba, al igual que equivocarse en la aplicación de la ley, es un error en el cual podemos incurrir todos los que llevamos sobre nuestros hombros la difícil tarea de impartir justicia. Y un abogado tiene perfecto derecho a plantearlo en apelación, a nombre de su cliente, si considera que aquél es manifiesto. Con ello cumple a cabalidad su gestión profesional.
      “Actuar ‘con mente prevenida y con pasión y prejuicio’ al llevar a cabo su función judicial, no sería un mero error del juzgador; sería el incumpli-miento esciente del deber de honradez de conciencia, que hace del Juez un símbolo y del Tribunal un templo en los conglomerados civilizados. Por el sitio que ocupan en la sociedad y por su condición de funcionarios de los tribunales, los abogados deben ser cautelosos al hacer a un Juez imputaciones de tal magnitud y alcance, y ello solamente si están convencidos, en lo más profundo de sus conciencias —a la vez no prevenidas— de la certeza de sus afirmaciones, y entonces para exigir la verdadera responsabilidad que tan grave desviación del deber conlleva.” (Énfasis suplido.) Pág. 609.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Luis Alberto Valencia, Nelly Riollano Rodríguez, peticionario el primero, Ex parte.

      Número: CE-85-702

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Luz De Borinquen Dávila, de Dávila & Pagán, abogada del peti-cionario; José A. Torres Zayas, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Aun cuando los hechos que dan lugar al presente recurso de certiorari son relativamente sencillos, los mismos son representativos de una de las áreas del derecho más proble-máticas en la administración de la justicia en Puerto Rico por razón del gran número de asuntos que genera ante los tribunales: los procedimientos post divorcio relativos a las pensiones alimenticias para los hijos menores de edad procrea-dos durante el matrimonio. Véase Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985).

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El vínculo matrimonial que unía a las partes fue disuelto mediante sentencia de fecha 6 de abril de 1984 dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, en un procedimiento de divorcio por consentimiento mutuo. En la misma, dicho foro le impartió su aprobación a la estipulación de las partes referente a la pensión alimenticia que para sus hijos menores de edad vendría obligado a satisfacer el aquí recurrente: la suma de $363 quincenales desde el 1ro de marzo de 1984 y la cantidad de $425 quincenales a partir del 1ro de marzo de 1985. () El recurrente, habiendo cumplido hasta el mes de julio de 1984, sufre una serie de reveses —consisten-tes los mismos en la “pérdida” de su trabajo y el haber estado hospitalizado por un gran período de tiempo ()— que le difi-cultaron cumplir con los compromisos que contrajera con sus hijos y el tribunal.

Habiendo realizado el recurrente con motivo de lo anterior-mente expresado pagos esporádicos y parciales de la pensión alimenticia impuéstale por el tribunal, la aquí recurrida ra-dica el 14 de marzo de 1985 una moción de desacato alegando que el recurrente le adeudaba, por concepto de las pensiones alimenticias no satisfechas, la suma de $6,555.60. Luego de ser citado para la celebración de la correspondiente vista, el recurrente radica una moción solicitando rebaja de la pen-sión alimenticia que le fuera impuesta en vista de su precaria situación económica y estado de salud; adicionalmente radicó una “moción para que se haga ajuste a deuda”, en la cual soli-citó se le eximiera del pago de la pensión durante el tiempo que estuvo hospitalizado y en recuperación.

En relación a dichas solicitudes de rebaja y ajuste de pen-sión alimenticia, el foro de instancia emitió una orden que, literalmente transcrita, lee de la siguiente forma: “Una vez ponga al día su pensión veremos la rebaja de pensión.” Soli-citada la reconsideración, el tribunal de instancia ratificó la misma. Inconforme, ha acudido el recurrente ante este Tribunal mediante el correspondiente recurso de certiorari impu-tándole al referido foro, en síntesis, haber errado al negarse a considerar la solicitud de rebaja hasta que se “ponga al día” y al negarse a concederle “un crédito” por el tiempo en que estuvo hospitalizado e incapacitado para generar ingresos. Le concedimos término a la parte recurrida para expresarse res-pecto al recurso radicado; ha comparecido. Resolvemos.

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No hay duda que resulta incomprensible, y hasta repugnante, la actitud de regateo que respecto al pago de las pensiones alimenticias de sus hijos asumen muchos padres. Es por eso que allí donde se demuestre que la falta de pago de las referidas pensiones es producto del capricho y la arbitrariedad, los tribunales deben ser fuertes y rigurosos en lograr que dichos padres cumplan con su deber. Debe mantenerse presente que, al igual que en cualquier otro caso, una determinación de hecho a esos efectos realizada por un tribunal de instancia en esta clase de casos no será alterada en apelación a menos que se nos demuestre que la misma es claramente errónea o producto de pasión, prejuicio o parcialidad. Véanse Moran Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155 (1977); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970).

El hecho de que la experiencia nos demuestra que en la mayoría de los casos las negativas de pagar estas pensiones desafortunadamente son hijas de la arbitrariedad, no puede llevar a los tribunales al establecimiento de reglas inflexibles y férreas a ser aplicadas en todos los casos por igual. El automatismo y absolutismo no tienen cabida en los procedimientos judiciales de nuestro ordenamiento jurídico. El propósito primordial que anima todos los esfuerzos de los funcionarios envueltos en esta delicada misión —la de hacer justicia— así no lo permite.

A nuestro juicio nada impide que, como regla general, los tribunales de instancia entiendan en una moción de rebaja de pensión alimenticia, aun cuando el peticionario en ese momento no esté al día en el pago de las mismas. Son dos cuestiones completamente separadas y distintas. Por un lado, y respecto a la suma de dinero no pagada, en ausencia de una explicación satisfactoria respecto a la causa para el incumplimiento, los tribunales de instancia podrán hacer uso de todo su poder coercitivo con el fin de lograr que los hijos reciban la pensión alimenticia en controversia que en determinado momento ese tribunal en particular entendió procedente; curso de acción con el cual, repetimos, no intervendremos a menos que se nos demuestre que es resultado del abuso de discreción, Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187 (1965); Vivas et al. v. Hernaiz, Targa & Co. et al., 24 D.P.R. 836 (1917).

Por otro lado, no vemos razón legal alguna para que el tribunal —independientemente de su determinación respecto a las pensiones atrasadas— no entre a resolver si, a la luz de la “nueva prueba” que respecto a dicho asunto le presente un peticionario, debe o no reducir la pensión hasta ese momento vigente. De nada sirve que se siga acumulado mes tras mes una pensión alimenticia por una suma determinada que en realidad un peticionario, debido a cambios en sus circunstan-cias personales y de trabajo, no puede seguir satisfaciendo. Una negativa de esta naturaleza irremediablemente llevará al tribunal a una situación insoluble; y ese nunca puede ser el propósito o fin que un tribunal de justicia debe perseguir. Procede en su consecuencia la revocación en cuanto a este as-pecto, de la orden emitida por el foro de instancia.

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El peticionario, mediante la mocion que radicara para que se haga ajuste a deuda”, solicitó adicionalmente del tribunal de instancia que le concediera un “crédito” por el pe-ríodo de tiempo —anterior a la fecha en que radicó la solici-tud de rebaja de pensión— en que él no generó ingresos por razón de estar hospitalizado y en período de recuperación. Ello nos plantea la problemática sobre la facultad o no de los tribunales para intervenir con carácter retroactivo con las pensiones alimenticias “ya devengadas”.

Una vertiente del tema —la fecha de efectividad de un dictamen judicial decretando la procedencia de una rebaja en la pensión alimenticia hasta ese momento vigente— ha sido objeto de atención por este Tribunal en varias ocasiones en el pasado. Véanse Valdés v. Hastrup, 64 D.P.R. 595 (1945); García v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 517 (1949); Fernández v. Davison, 80 D.P.R. 253 (1958); López Gómez v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 866 (1975); Rodríguez Rodríguez v. Vázquez Flores, 113 D.P.R. 377 (1982). Una lectura integral y armonizante de la citada jurisprudencia nos per-mite concluir que la norma vigente en nuestra jurisdicción respecto al punto específico antes mencionado es a los efectos de que, como regla general, la fecha de efectividad de la rebaja decretada deberá ser precisamente la del día en que se emite el dictamen autorizando la misma; pero que debido a que la habilidad o inhabilidad de un demandado para pasar una pensión alimenticia es una cuestión puramente de hecho, los tribunales de instancia tienen la autoridad y la discreción para disponer que la mencionada rebaja sea retroactiva a la fecha en que formalmente se solicitó la misma si la prueba lo justifica; y que de ordinario no intervendremos con la discreción del juzgador en esta clase de situaciones. Ratificamos la misma.

Es de notar, sin embargo, que en ninguno de los casos antes citados estaba envuelto el planteamiento presente en el caso que nos ocupa: el reajuste de la suma de dinero adeudada por concepto de pensiones devengadas con anterioridad a la fecha de la radicación de la solicitud de rebaja. Los comen-taristas están divididos al respecto. Beltrán de Heredia ex-presamente contempla la posibilidad de que la variación obre retroactivamente desde el momento en que se produce de hecho la disminución de capital del alimentante. Véase M. Albala-dejo, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. Ill, Vol. II, pág. 45. Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida recomiendan la retroactividad de la reducción cuando la misma tiene como base la reducción de las necesidades del alimentista. Véase J. L. Lacruz Berdejo y F. A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, pág. 232. Borrell y Soler, por otro lado, es categórico en cuanto a la no retroactividad de las variaciones. Véase A. M. Borrell y Soler, Derecho Civil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. IV, pág. 143. Su posición encuentra apoyo en la Sentencia del 14 de abril de 1913 del Tribunal Supremo de España.

Aun cuando es correcto que no existe disposición estatu-taria alguna que impida el que así se establezca!), poderosas razones de índole práctica y de política pública militan en contra de que se permita lo pretendido por el aquí recurrente. En primer lugar, la “exigencia” de que un alimentante que haya sufrido cambios que afectan su capacidad para proveer los alimentos que le han sido requeridos comparezca de inme-diato ante el tribunal para así informarlo es una que, de ordi-nario, no es ni onerosa ni gravosa. Véase López Gómez v. Tribunal Superior, ante, pág. 868.

En segundo lugar, no podemos sustraernos de la realidad de que la experiencia demuestra que los alimentantes que así no actúan no pueden en la inmensa mayoría de los casos adu-cir razones válidas que justifiquen el no haberlo informado a tiempo al tribunal. Tampoco podemos sustraernos del hecho de que las necesidades de los menores, por lo general, aumen-tan con el pasar del tiempo; definitivamente las mismas no se reducen. Una madre que está envuelta en la difícil y solitaria labor de criar unos hijos necesita saber con certeza con qué dinero puede contar de semana en semana y de mes a mes para el sustento de sus hijos. Intervenir “a posteriori” con pensiones alimenticias ya “devengadas” con que esa madre contaba para poder cumplir con los compromisos contraídos —en relación con los cuales ni tan siquiera ha tenido el “aviso” de una solicitud de rebaja— causaría una desastrosa e inacep-table inestabilidad en esos hogares que no debe ser permitida. Somos del criterio, en resumen, que autorizar que se realice lo que pretende el aquí peticionario causaría un caos en las salas de relaciones de familia del tribunal de primera instan-cia —por cuanto tendría el efecto de fomentar aún más los atrasos en el pago de las pensiones alimenticias— que no jus-tifica permitirlo.

Resolvemos, en su consecuencia, que los tribunales de instancia deben de abstenerse de intervenir con el monto de las pensiones alimenticias devengadas con anterioridad a la fecha de radicación de las solicitudes de rebaja de pensión alimenticia, () excepto en aquellas situaciones extraordinarias en que el alimentista pueda demostrar —en adición a la procedencia de la rebaja propiamente— que por razón de una enfermedad o accidente de índole incapacitante estuvo real-mente imposibilitado de radicar a tiempo la moción de rebaja correspondiente. ()

Acorde con lo arriba expuesto, procede devolver la cues-tión a la consideración del tribunal de instancia para que éste, de entender procedente una rebaja de pensión, determine cuál debe ser la fecha de efectividad de la misma. Por las razones expresadas, se expide el auto y se dictará sentencia modificatoria de la orden de fecha 16 de septiembre de 1985 emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, Se devuelve el caso a dicho foro para la continua-ción de procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Pons no intervino.

      (1)Además de las cantidades antes mencionadas, el recurrente venía obligado a mantener un plan médico para los hijos, a pagar las matrículas escolares de los mismos, y, adicionalmente, un seguro de vida.

      (2)E1 recurrente, alegadamente debido a un incidente ocurrido en el trabajo en que estuvo envuelta su ex esposa, se vio obligado a renunciar del mismo. En adición, se alega que en el término de un año fue sometido a cuatro (4) intervenciones quirúrgicas que lo mantuvieron sin poder traba-jar por un considerable período de tiempo.

      (3)La ausencia de estatuto que regule específicamente la fecha de efec-tividad de la rebaja de pensión que concede un tribunal fue reconocida ex-presamente en Fernández v. Davison, 80 D.P.E. 253 (1958) y Rodríguez Rodriguez v. Vázquez Flores, 113 D.P.R. 377 (1982), antes citados.

      (4)Los foros de instancia deben establecer la práctica de informarle a los alimentantes —al imponer la pensión alimenticia— sobre la obligación de informar de inmediato al tribunal de cualquier cambio en las circunstan-cias que afecten su capacidad para cumplir con la obligación impuesta.

      (5) Situaciones que, demuestra la experiencia, por su carácter excep-cional constituyen una exigua minoría. Advertimos que una determinación a estos efectos igualmente es una “puramente de hecho”, Fernández v. Davison, ante, pág. 258, sujeta la misma a la sana discreción del tribunal de ins-tancia. Rodríguez Rodríguez v. Vázquez Flores, ante.