author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Carmen B. Medina Santiago et al., demandantes y recurridos, v. Dr. Alvan Vélez et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-86-557

      Resuelto: 26 de enero de 1988

      Edna Abruña Rodríguez, abogada de los recurrentes; Diego E. Mejias Montalvo, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Mediante este recurso examinamos la sentencia que de-claró con lugar una demanda contra un dentista por su negli-gencia en la aplicación de correas para inmovilizar y tratar a una niña ciega y con severa retardación mental. Revocamos al Tribunal Superior. La prueba no apoya la conclusión de que la actuación del dentista fue negligente.

I

Carmen Medina Santiago y Rosendo Aponte Santiago, por . sí y en representación de sus hijos, presentaron de-manda contra los Dres. Yilda M. Rivera, Luis Marini y Alvan Vélez por impericia médica causante, alegadamente, de los daños que sufriera su hija Carmen Milagros Aponte Medina de trece (13) años. Alegaron en la demanda que la niña fue referida a los dentistas por el Dr. Joseph Raub del Hospital de Niños y Adultos Lisiados para un tratamiento especial de profilaxis o limpieza, odontología restaurativa y extrac-ciones. La niña tenía un historial médico de severa retarda-ción mental y no veía debido a un glaucoma congénito. El referimiento indicaba que la niña era muy difícil de tratar 0management problem), y se sugería que fuera intervenida bajo los efectos de anestesia general.

Los padres afirmaron que el doctor Vélez le hizo la lim-pieza de los dientes sin aplicarle anestesia general y que se le fracturó el brazo derecho cuando utilizó correas especiales para inmovilizarla y vencer su resistencia al tratamiento dental, amén de proteger al dentista de cualquier agresión física. A su vez, reclamaron daños por sufrimientos y angus-tias mentales por la cantidad de $350,000.

El tribunal de instancia concluyó que “la falta de aneste-sia general en este caso, tomando en cuenta los hechos y cir-cunstancias particulares del mismo y de la prueba presen-tada en su apoyo, no re[ú]ne o no satisface todos los requi-sitos de la teoría del riesgo o responsabilidad absoluta. . . . Tampoco quedó demostrado a nuestro entender que la aplicación de anestesia general fuera el uso y costumbre en el procedimiento o tratamiento a que fue sometida la me-nor”. Apéndice, pág. 17.

No obstante, el tribunal concluyó que en vista del padeci-miento de los huesos de la niña, y la decisión de no utilizar anestesia general, “este tipo de paciente demandaba el uso del camisón” en vez de correas como método de controlar los movimientos de Carmen Milagros. Finalmente determinó que ésta fue la causa de la fractura del brazo derecho y de-claró que hubo negligencia en el manejo de la paciente. Pro-cedió a fijar una indemnización correspondiente a ella y a sus padres por la suma de $17,500 más las costas y $3,000 en honorarios de abogados.

Ante nos acude el doctor Vélez y alega que la determina-ción de responsabilidad no está apoyada por la prueba ver-tida en el juicio. Cuestiona también la decisión del tribunal a quo de que la limpieza general de los dientes de la menor incapacitada requería una anestesia general o el uso de una camisa de fuerza para controlar sus movimientos.

El recurso nos permite examinar la aplicación del derecho de daños a un área muy especializada y fronteriza de la odontología: el tratamiento de niños con incapacidad mental. Al pautar el derecho estamos conscientes de que nuestra sociedad ha dado pasos impresionantes para incorporar a la comunidad a niños con impedimentos y para utilizar las téc-nicas más avanzadas en el tratamiento de sus enfermedades. Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987). Pero al considerar las circunstancias específicas de este caso también recono-cemos “que la mano que cura no alcanza el grado de agravio social de la mano que hiere”. Opinión disidente del Juez Asociado Díaz Cruz en Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375, 381 (1978).

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En Puerto Rico las normas mínimas de cuidado, de conocimiento y de destrezas requeridas a los dentistas son las mismas que el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, le impone a la profesión médica. Guzmán v. Silén, 86 D.P.R. 532 (1962); Rodríguez Retamar v. Maldonado, 100 D.P.R. 662 (1972). Por lo tanto, en vista de las normas pautadas en Oliveros v.Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973), la atención requerida a los dentistas es aquella que, a la luz de los modernos medios de comunicación y conforme con los conocimientos de la ciencia, satisface las exigencias que la profesión ha establecido para el tratamiento de enfermedades iguales o parecidas. Véase Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987). En el caso de un especialista se espera que tenga los conocimientos profesionales, así como las destrezas y competencias de los médicos o dentistas con la misma especialidad. Véanse, en general: 3 Shepard’s Causes of Action, pág. 547 et seq. (1984); 3 Speiser-Krause-Gans, The American Law of Torts Sec. 15:50, pág. 542 et seq. (1986). Consúltense con fines comparativos: Morrison v. Acton, 198 P.2d 590 (1948); Willson v. Kornegay, 132 S.E.2d 791 (1963); Simpson v. Davis, 549 P.2d 950 (1976); Donathan v. McConnell, 193 P.2d 819 (1948); Watkins v. Parpala, 469 P.2d 974 (1970). También se exige del especialista que al atender al paciente aplique sus conocimientos y destrezas con el grado de cuidado que se espera ejerza un profesional con su misma preparación. Véanse, en general: Nota, Liability of Dentist to Patient, 83 A.L.R.2d 7; Nota, Standard of Care Owed to Patient by Medical Specialist as Determined by Local, “Like Community, ” State, National, or Other Standards, 18 A.L.R.4th 603.

Para establecer prima facie un caso de daños y perjuicios por negligencia de un médico o un dentista, el demandante tiene: (1) que presentar prueba sobre las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o a los especialistas; (2) que demostrar que el demandado incumplió con estas normas en el tratamiento del paciente, y (3) que esto fue la causa de la lesión sufrida por el paciente. Rodríguez Retamar y. Maldonado, supra; Lazar v. Federal Ins. Co., 380 So. 2d 719 (1980); Fitzgerald v. Manning, 679 F.2d 341 (1982); Luna v. Nering, 426 F.2d 95 (1970); Pisel v. Stamford Hospital, 430 A.2d 1 (1980); Morrison v. MacNamara, 407 A.2d 555 (1979); Wiley v. Karam, 421 So. 2d 294 (1982); Dunham v. Eider, 306 A.2d 568 (1973); Wallace v. Garden City Osteopathic Hospital, 314 N.W.2d 557 (1982).

Como en todo caso de impericia médica, se presume que el dentista ejercitó un cuidado razonable en el desempeño de sus funciones. Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819, 838 (1952); Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315, 328 (1963). La ocurrencia del accidente por sí solo no constituye la prueba necesaria para la negligencia. Como un médico o un dentista no puede garantizar un resultado favorable en toda intervención, el fracaso del tratamiento prescrito o en el diagnóstico no constituye por sí una actuación negligente.

Corresponde al demandante establecer mediante prueba pericial —salvo que la falta de cuidado sea tan evidente como para inferir negligencia, Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 D.P.R. 223, 225 (1982)— cuáles son los requisitos de cuidado y conocimiento científico requeridos por la profesión en el tratamiento de determinado tipo de pacientes. La prueba debe demostrar cuáles son las exigencias de toda la profesión a la luz de los conocimientos científicos disponibles mediante los medios de comunicación y programas de educación continuada utilizados por los dentistas. Véanse, en general: 3 Speiser-Krause-Gans, The American Law of Torts, op. cit, Sec. 15:50, pág. 542; 3 Shepard’s Causes of Action, op. cit, Sec. 31, pág. 599; R.M. Gerughty y A.P. Wilkinson, Negligence in Everyday Dentistry, 17 (Núm. 6) Trial 27, 28 (junio 1981); Medical Malpractice— The Necessity of Expert Testimony and The Use of a General Physician as an Expert Witness in a Malpractice Action Against a Specialist, 10 Ohio N.U.L. Rev. 37 (1983); Willard v. Hagemeister, 175 Cal. Rptr. 365, 369 (1981).

A la luz de este trasfondo doctrinal analizaremos la con-troversia ante nuestra consideración.

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Primeramente, debemos determinar si los demandantes pusieron al tribunal en condiciones de precisar cuáles son las normas mínimas aplicables en el. tratamiento de niños con severa retardación mental, para entonces evaluar el trata-miento ofrecido por los demandados. Un examen cuidadoso de los autos originales así como una lectura de toda la trans-cripción de la evidencia y la prueba documental sometida, revela que los demandantes no aportaron la evidencia nece-saria para probar que los dentistas actuaron negligente-mente. Del testimonio pericial y la prueba documental que obra en autos se desprende que el doctor Vélez utilizó uno de los métodos aceptados para controlar a los niños con severa retardación mental y que presentan problemas de manejo en el tratamiento.

Por la parte demandante testificaron los padres, la her-mana de la menor y el Dr. Juan José Félix, cirujano ortopé-dico. También se sometió una deposición que se le tomó al doctor Raub, quien refirió a la menor a los dentistas. Sin embargo, los demandantes no presentaron prueba pericial ni documental para acreditar las exigencias modernas de la odontología en el tratamiento de niños con retardación mental. Tampoco presentaron prueba sobre los diversos métodos utilizados por los dentistas para controlar niños problemá-ticos o agresivos. Véase, por ejemplo, T. Bowers, Behavior Management and Liability of Dentists: Children and the Hand-Over-Mouth Exercise, 89 Dick. L. Rev. 381 (1985).

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De la transcripción de la prueba y los autos surge que la menor era paciente del Hospital de Niños y Adultos Lisiados y compareció a esa institución para procurar atención mé-dica y odontológica. El Dr. Joseph Raub, dentista pediátrico, la atendió en la institución, pero por la condición de la niña la refirió a los doctores Rivera, Marini y Vélez en sus oficinas particulares.

Aunque el doctor Raub no testificó, la parte demandante presentó la transcripción de su deposición. Esta prueba, sin embargo, fue de escaso valor probatorio, pues el doctor Raub no recordó los detalles de su referimiento a los den-tistas. Tampoco tenía información que ayudara al tribunal a determinar las normas mínimas observadas por los odontó-logos al atender a niños con impedimentos. La prueba docu-mental revela que en el referido se informó que la niña tenía una retardación mental y glaucoma congénito. Aunque él acompañó copia de la última evaluación hecha en el Hospital de Niños y Adultos Lisiados, no advirtió expresamente en el referido que la niña padecía de “osteogénesis imperfecta”, condición de fragilidad en los huesos.

En la primera visita a las oficinas de los dentistas, la me-nor fue atendida por la Dra. Yilda Rivera, quien la examinó y le dio cita para hacerle una limpieza general y extraerle unas muelas. En la segunda ocasión la atendió el doctor Vélez. El dentista controló los movimientos de la menor sujetándola a la silla dental con unas correas dispuestas alrededor de las manos, las piernas y el cuerpo. Con anestesia local procedió a sacarle las muelas. Concluida esta intervención, separó fe-cha para la limpieza general.

En esa tercera ocasión con la ayuda de la madre y una ayudante del doctor, y luego de inmovilizarla con las correas, se le hizo la limpieza general de la dentadura. La señora Medina Santiago testificó que al concluir la limpieza ella levantó a la niña y la puso en la silla de ruedas. La llevó al automóvil donde la esperaba su esposo y regresó a la oficina de los den-tistas para separar otra cita de seguimiento.

Aunque en ese momento no le indicó al doctor Vélez que su hija tuviese una lesión, la madre de la menor testificó que al colocar a la niña en el automóvil notó que tenía el codo hinchado. Entonces, la llevó a tomarse unas radiografías del brazo. Aunque las placas se le extraviaron, la señora Medina admitió que el radiólogo no encontró lesión en el brazo. Sin embargo, al otro día se repitieron las radiografías y se halló una fractura en el brazo derecho de la niña que requirió la intervención de un cirujano ortopeda, el Dr. Juan José Félix.

Por su parte, el doctor Félix testificó que la niña sufrió una “fractura desplazada de la unión del tercio medio con el tercio superior del húmero derecho”, causada por una pre-sión excesiva sobre esa extremidad. Sin embargo, como no estaba familiarizado con el tratamiento dental de niños con retardación mental, no explicó si había relación entre la frac-tura de la menor y las correas utilizadas para controlarla.

B

Frente a esta prueba tan escasa y poco ilustrativa de los requisitos profesionales para el cuidado de estos niños pro-blemáticos, la parte demandada ofreció el testimonio de va-rios peritos, aportó amplia literatura médica sobre odonto-logía pediátrica y presentó una interesante película sobre las técnicas disponibles para el manejo de niños con impedi-mentos.

Por los dentistas testificó el Dr. Alvan Vélez, profesor de odontopediatría en la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Debido a su extenso entrenamiento y práctica con niños con retarda-ción mental, el doctor Vélez fue contratado por el Hospital de Niños y Adultos Lisiados para atender a niño" impedidos.

El doctor Vélez describió que conforme a la mejor prác-tica de la odontopediatría la menor fue evaluada tanto por él como por la doctora Rivera para determinar si procedía la hospitalización y aplicación de anestesia. Citando del tratado médico del profesor Finn titulado Clinical Pedodontics, Philadelphia, W.B. Sanders Co., 1973, el doctor Vélez explicó los criterios aceptables para la determinación del uso de anestesia general al tratar a un paciente con impedimentos:

“La Anestesia General puede ser usada en el manejo de niños impedidos cuando: (1) el impedimento físico mental es sufi-ciente que [sic] no nos va a dejar si el paciente no coopera; [(2)] [injtentos se han hecho para hacer el trabajo dental, pero satisfactoriamente no se puede seguir por su problema sicológico o su problema de comportamiento; [(3)] pacientes con problemas congénitos del corazón que son cianóticos o que están sintomáticos, la ansiedad que le produce y le puede cau-sar más daño; [(4)] pacientes que necesitan anestesia, pero que la infección que tienen no se de ... [sic] no se puede usar anestesia regional; [(5)] pacientes que tienen un impedimento moderado y necesita[n] trabajo dental extensivo y que va a ser muy dificultoso llevarl[o] a cabo en visitas en la oficina.”
P. Específicamente hablando sobre este caso, ¿la paciente reunía alguno de esos requisitos que requerían anestesia general en esos supuestos que explica . . . ?
R. El paciente aquí, pues, no es un “mild” no es un caso moderado de impedimento, es un caso severo con múltiples impedimentos. O sea, yo creo que una de mis decisiones por la cual yo usé mi criterio de no llevarla a sala de operaciones. T.E., Núm. 2, págs. 141-142.

Para ilustrar las técnicas de manejo de niños impedidos se exhibió la película Techniques for Managing the Handicapped Child in the Dental Office producida por el Departa-mento de Odontopediatría del Colegio de Dentistas de la Universidad de Tennessee. La película ilustra los diferentes mecanismos utilizados por los dentistas para controlar a pa-cientes con retardación mental. Entre éstos se destaca el uso de correas alrededor de las manos, el pecho y las piernas. Según la narración de la película, el método utilizado depen-derá de la preferencia personal del dentista y del tipo de retardación:

Estos aparatos para limitar el movimiento vienen para utili-zarse alrededor de los brazos, del estómago, del pecho, las rodillas y los tobillos de los pacientes. Tienen la ventaja de que, de ser necesario, pueden soltarse rápidamente para libe-rar al paciente. Aunque existen varios tipos de aparatos bas-tante efectivos para limitar el movimiento, los cuales se pueden adquirir comercialmente, algunos dentistas prefieren usar aparatos fabricados por ellos mismos los cuales se ajus-tan a sus necesidades. ... La preferencia personal y el éxito obtenido por cada individuo con uno de estos aparatos en particular es lo que determina cuál va a utilizarse y de qué ma-nera. El método mediante el cual se amarra el aparato que limita el movimiento a la muñeca del paciente y luego al brazo de la silla es particularmente efectivo cuando se utiliza con-juntamente con otros de estos aparatos colocados alrededor de la cintura y de las piernas del paciente.
... El movimiento de la cabeza se puede controlar eficaz-mente sujetando ésta firmemente entre el brazo del operador y su cuerpo y se le puede abrir la boca al paciente con los dedos de la mano izquierda. Debemos hacer hincapié en el he-cho de que en todos los casos en que se limiten los movi-mientos de un paciente cualquier tipo de presión que se aplique sobre éste nunca debe ser suficiente como para cau-sarle daño. Solamente se le aplicará presión al paciente en aquellos casos en que sea necesario para darle al operador la oportunidad de trabajar sin tener que sujetar físicamente al paciente.

La película sometida en evidencia ilustra dramáticamente las dificultades a que se enfrenta un dentista especializado en un área en las fronteras de su profesión: el tratamiento de niños con impedimentos. Éstos requieren un grado de sensibilidad, paciencia, conocimiento y peritaje que pocas otras especialidades exigen. Reconocemos, además, la importante contribución social de estos profesionales en la aplicación de las técnicas odontológicas modernas a este sector anteriormente marginado. Aunque no estamos ajenos al dolor que sufren los padres y los niños con impedimentos cuando ocurre un daño, nuestra función exige una adjudicación justa e imparcial. Al cumplir con esta tarea indelegable “tenemos que mantener siempre presente que el mero hecho de que haya ocurrido un daño no significa que el médico es civilmente responsable por el mismo”. Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 D.P.R. 295, 298 (1988).

El doctor Vélez describió detalladamente cómo utilizó co-rreas de quince pulgadas de largo y cuatro de ancho. Explicó que utilizó el mismo sistema de correas las dos veces que atendió a la niña, aplicándolas alrededor de los brazos, mu-ñecas y las piernas, y que la mamá de la menor le aguantó la cabeza. Informó que en ambas ocasiones la niña lloró y movió la cabeza. En la tercera visita hizo la limpieza “por cua-drante” con descansos periódicos.

Por los demandados también testificó el Dr. Jorge Fer-nández Pabón, odontólogo con una subespecialidad en niños. Explicó que debido a los altos riesgos de una anestesia general, ésta no es recomendable en el tratamiento dental de niños, especialmente en la profilaxis o limpieza oral.

Finalmente, testificó el Dr. Guillermo Jordán, cirujano ortopeda, quien describió detalladamente los riesgos de so-meter a un paciente con osteogénesis imperfecta a anestesia general:

R. Sí. Hay una serie de razones por las cuales estos pa-cientes mientras sea posible no deben, bajo ninguna circuns-tancia, llevarse a Sala de Operaciones. Primero, como dije anteriormente, la fragilidad de los huesos, no se limit[a] sola-mente a los huesos de las extremidades, sino también ahí está inclu[i]do la mandíbula, está inclu[i]do las vértebras cervi-cales y cualquier otro hueso del cuerpo, y siempre se va a dar una anestesia a un paciente de estos para poder introducir el tubo endotraqueal. Para darle anestesia a estos pacientes hay que manipularle el cuello hiperextenderlo para linear la trá-quea con el tubo que uno va a introducir. Y este es un movi-miento que hay que hacerlo con sumo cuidado porque puede fracturar, tanto mandíbula como vértebras cervicales. Y una fractura de vértebras cervicales en un niño de estos, pues, es una condición de mucho cuidado y puede ocasionarle la muerte. T.E., Núm. 3, pág. 53.

Ante este dramático relato de los riesgos de la aplicación de anestesia general en un procedimiento rutinario de lim-pieza, y examinada la totalidad de los testimonios y la prueba documental, procede la revocación de la sentencia del tribunal de instancia. Cualquier otra conclusión es contraria al derecho vigente. Los demandantes recurridos no demostra-ron que el doctor Vélez incumpliera con las normas acep-tadas para el tratamiento de este género de pacientes. Se expide el auto y se revoca la sentencia del tribunal de ins-tancia.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opi-nión escrita a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

“El sentido común ha de servirnos de antídoto contra el falso sentido jurídico, y, generalmente, de guía segura para distinguir entre el verdadero y el falso sentido jurídico. Cuando un resultado es rotundamente contrario al sentido común, ha de obedecer a un error jurídico; debe, por tanto, ser corregido. No se trata de poner el sentido vulgar sobre el sentido jurídico, sino de contrastar lo que parezca fruto del sentido jurídico con lo que, por sentido común, es realidad evidente. J. Vallet de Goytisolo, La Misión del Notario, 16 Rev. Der. Not. 393, 409 (1957).

Con esta perspectiva en mente, disentimos de la opinión del Tribunal que exime de responsabilidad al Dr. Alvan Yélez Colón. Expongamos los hechos según depurados por el filtro judicial del foro de instancia.

Carmen Milagros Aponte Medina es una niña incapaci-tada desde su nacimiento. Padece parálisis cerebral-hipotó-nica, glaucoma congénito con ceguera, retardación mental severa y osteogénesis imperfecta. Era paciente del Hospital de Niños y Adultos Lisiados. Durante varios años recibió tratamiento médico, incluso odontológico, en esa institución. Entre los dentistas que la atendieron estaba el pedodoncista Dr. Joseph R. Raub Hernández. El 16 de octubre de 1980, éste la refirió para evaluación y tratamiento consistente en profilaxis, rehabilitación oral restaurativa y extracciones, a las oficinas de los Dres. Alvan Vélez Colón, Luis A. Marini Mier y Yilda M. Rivera Nazario, especialistas en pedodoncia. Estos galenos tenían un contrato con el Departamento de Salud en virtud del cual atendían niños incapacitados refe-ridos por el Departamento.

En su comunicación, el doctor Raub Hernández enfatizó que Carmen Milagros presentaba un problema de manejo (management problem) y recomendó —al igual que en otros casos— que su evaluación y tratamiento fuera en Sala de Operaciones bajo anestesia general, para lo cual existían fondos federales. Acompañó copia de la última evaluación re-alizada en el Hospital de Distrito Universitario —de 9 de octubre de 1980— en que se indicaba el padecimiento de “os-teogénesis imperfecta”. T.E., Vol. III, págs. 8-9. Según su deposición, el doctor Raub Hernández refirió a Carmen Milagros por considerarlo un caso difícil que podía ser mejor atendido bajo anestesia general. El doctor Vélez Colón y sus asociados eran los únicos que así lo hacían en la sala de ope-raciones de un hospital. Claro está, la determinación final de si ella podía ser admitida en sala bajo anestesia general co-rrespondía al anestesiólogo, previa evaluación propia del his-torial médico y físico de la paciente. El doctor Raub Hernán-dez categóricamente afirmó que, en la alternativa, y más allá del “problema de manejo” de Carmen Milagros, hubiese tra-tado de hacer la limpieza bajo anestesia local. Dep., pág. 42.

Así referida, Carmen Milagros fue atendida en tres oca-siones. En la primera, el 24 de octubre de 1980, fue evaluada por la doctora Rivera Nazario. Con el beneficio del récord médico, un examen y rayos X, recomendó tres extracciones, restauraciones y limpieza dental.

El 30 de octubre fue la segunda visita. La atendió el doctor Vélez Colón. Éste descartó la anestesia general. La inmo-vilizó mediante su sistema, consistente de unas abrazaderas puestas alrededor de la muñeca, el antebrazo y un poco más abajo de la rodilla. La madre de la menor, Sra. Carmen Medina Santiago, le aguantaba la cabeza por razón de los movi-mientos laterales incontrolables debido a la parálisis cerebral. El doctor Vélez Colón le aplicó un spray y después le puso la inyección de anestesia local. Realizó así tres (3) ex-tracciones de unos dientes irreparables. Durante el corto proceso Carmen Milagros estuvo un poco inquieta y lloró.

El 6 de noviembre de 1980 fue la tercera visita. El doctor Vélez Colón volvió a atenderla. Debido a que tenía mucha materia de cálculo y la boca estaba muy sucia, estimó perti-nente hacerle una profilaxis bucal y limpieza “supra gingi-val” —más arriba de las encías— antes de proceder a hacer ningún otro tipo de restauración. Según el propio doctor Vé-lez Colón, el mismo sarro podía “esconder debajo alguna ca-rie que no se ve. Ella tenía tanto que había que limpiar que a[u]n siendo uso y costumbre de la oficina de dar la limpieza como último, debido a su condición oral decidió darle la lim-pieza en ese momento para ver que bajo ese sarro no hubiera alguna otra carie debajo”.

Para este tratamiento utilizó el mismo sistema de correas abrazaderas en la muñeca, el brazo y las piernas. La paciente fue asistida por personal de la oficina y la madre, señora Medina Santiago, quien le sostenía la cabeza. La limpieza la rea-lizó con una máquina de ultrasonido (Cavitrón) que utiliza mucha agua y acelera el tiempo que toma el procedimiento. Una asistente sostenía el abridor de boca y succionaba el agua. El procedimiento duró alrededor de media hora. Du-rante el mismo, la niña estaba en la silla dental en posición acostada. Lloraba y movía mucho la cabeza. El doctor Vélez Colón, a intervalos, la dejaba descansar y volvía a limpiar un cuadrante. Repitió esta operación hasta completar los cuatro (4) cuadrantes.

El testimonio, por voz de su madre, la señora Medina Santiago, describe cómo el doctor Vélez Colón trabajaba por el lado derecho de la nena. Estaba parado, no sentado. La silla dental en forma de camilla estaba bajita. La niña se mo-vía mucho. T.E., Vol. I, págs. 66-67. Expone así cómo, a su juicio, ocurrió la fractura: “Con las dos manos porque la nena siempre se movía y ahí fue cuando él la cogió por aquí, la apretó así, fue que la echó bien para atrás así, ahí fue que él le fracturó el bracito a la nena.” T.E., Vol. I, pág. 68. De modo más amplio, escuchemos su testimonio original:

La tercera. Pues, la tercera vez él acostó la nena, la aguantó, me dijo que se le aguantara por la cabecita, así, y una señora que estaba, que él me pre ... yo ... el ... no era la enfermera, yo no la conocía, tenía que ser secretaria y empezó la nena a llorar. Entonces, yo le dije que la dejaran porque la nena estaba llorando mucho y que la nena le pusieran aneste-sia porque él dijo, según el referido, había que ponerle aneste-sia. Y él me dijo que no, que no era necesario la anestesia. Pero la nena siguió llorando y llorando mucho y él a la fuerza le hizo el tratamiento, la apretó muy duro por aquí a la nena. Y yo la tenía aguantadita por la cabeza, la otra señora la tenía aguantada por los pies, además, le tenían una correa en el medio, en la cintura, pero toda la fuerza la estaba haciendo él, el Dr. Alvan Vélez.
P. El Dr. Alvan Vélez. ¿Qué pasó, si pasó algo, cuando la niña comenzó a quejarse, dona Carmen?
R. Yo le dije al doctor que la dejara. Yo le dije: “Doctor, déjela, déjela, porque la nena está llorando mucho. Está llo-rando mucho y está sufriendo sola. Está sufriendo mucho, dé-jela, no me le haga más nada que yo no la quiero ver sufriendo así.” Pero él siguió y dijo: “No, porque había que terminarle el trabajo.” Y yo le dije: “No, no démela, démela.” Y ya a lo úl-timo, pues, después que le hizo todo el trabajo, pues, me dijo: “Ya se la puede llevar.” Cuando yo la cogí, que la pasé de la camilla a su silloncito de ruedas, la nena siguió llorando mu-cho y llorando mucho. Pero cuando yo la saqué afuera el papá me dijo, de la nena, que andaba también, [sic] me dijo: “La nena sigue y está llorando mucho.” Y yo le dije: “Llévatela.” Entonces, cuando nos fuimos a montar en el carro el papá, yo le vi el codito hinchado de la nena, y él dijo: “La nena tiene el codito hinchado, a lo mejor le han fracturado ese bracito.” Y yo le dije: “No, no puede ser.” Pero que yo le dije que sí, “la nena la apretaron mucho” Entonces, cuando yo le dije: “No.” El me dijo: “Vamos a virar.” Y yo le dije: “No, porque ellos son especialistas de la boca, no son pediatras ni médicos genera-listas, yo la llevo donde el Dr. Ramírez.” La llevé donde el Dr. Ramírez, como es un segundo piso no podíamos subir la esca-lera. Yo le conté al... subí arriba yo, le conté al doctor, me dio un referido para que le sacara una placa. (Énfasis suplido.) T.E., Vol. I, págs. 13-14.

El referido del doctor Ramírez fue al Dr. Pedro Félix Reyes, cirujano ortopeda. Éste atendió a Carmen Milagros al día siguiente, 7 de noviembre. Encontró una fractura “des-plazada de la unión del tercio medio con el tercio superior del húmero derecho”. T.E., Vol. II, pág. 8. En la misma, el músculo deltoides se retrotrajo con violencia, susceptible de posiblemente ser producida por el tipo de restricción que se le impuso a la niña en la silla dental y a la violencia con que se movió si no estaba sedada. T.E., Vol. II, págs. 10-11. Tam-bién atestó que era posible —según la cantidad de presión— que pudiera haberse producido al estar la niña amarrada, el dentista levantar su rodilla y colocarla encima de ese hueso y reclinarla hacia atrás para mantenerla quieta. Se basó en que “aquí hubo, aquí esta fractura, esta fractura es una frac-tura en la cual el músculo deltoides se retrajo con violen-cia. . . . En la posición inferior estaba quieto. El músculo deltoides se llevó al fragmento superior”. (Énfasis suplido.) T.E., Vol. II, pág. 15.

En virtud de ésta y la restante prueba, el ilustrado foro de instancia encontró probada relación causal entre el trata-miento y la fractura, y que el doctor Vélez Colón incurrió en responsabilidad al aplicar y usar con la menor Carmen Milagros un método de inmovilización inadecuado e inseguro.

II

Revisamos esta sentencia a solicitud del doctor Vélez Co-lón. Un examen de la prueba documental y testifical nos mueve a resolver que sus señalamientos no tienen méritos. Aduce que el foro de instancia determinó erróneamente que el tratamiento tenía que hacerse bajo uso de anestesia general. La hipótesis es equivocada. Dicho tribunal descartó su uso por no habérsele demostrado que esa fuera la práctica aceptada, en particular si se toma en cuenta que la prueba reveló que por la condición de “osteogénesis” era contraindi-cado la anestesia general. Conllevaba unos altos riesgos de causar fracturas. T.E., Vol. III, págs. 10-12.

Aclarado este extremo, notamos que el dictamen de res-ponsabilidad está predicado en la existencia, más allá de un simple error honesto de juicio médico, como pretende ver la opinión de este Tribunal. Está apuntalado en que el doctor Vélez Colón optó por utilizar su técnica de las correas, cono-ciendo o debiendo conocer (debió prever) que por la natura-leza del tratamiento, los movimientos y la condición de osteo-génesis de Carmen Milagros, la forma de su intervención y la fuerza generada podían causarle la fractura del brazo. Si bien al “médico se le reconoce amplia discreción profesional en su trabajo; no es responsable de mala práctica cuando se enfrenta a una situación en la cual cabe duda educada y razo-nable sobre cuál debe ser el curso a seguir” (Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 228 (1973)), “[n]o puede considerarse razonable un tratamiento que somete a un paciente a riesgos innecesarios y previsibles, cuando se cuenta con medios al-ternos para evitarlos o disminuirlos”. (Énfasis en el original.) Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 740-741 (1983). Véase Vda. de López v. E.L.A., 104 D.P.R. 178 (1975).

La prueba estableció que para las autoridades médicas existen varios mecanismos de control para el ejercicio de la discreción profesional en orden a las circunstancias particu-lares de cada paciente. Bajo estas opciones, aunque limi-tadas, la obligación del médico es seleccionar la más adecua-da para realizar el tratamiento y evitar causar daño innece-sario.

En el caso de autos —debido al conocimiento de la condi-ción de osteogénesis— todos los peritos coincidieron en que el uso de la anestesia general estaba contraindicado y pre-sentaba riesgos mayores. Ante esta duda, el doctor Vélez Co-lón usó sabiamente su discreción profesional. Sin embargo, incurrió en responsabilidad al descartar el uso de anestesia local o regional y los otros métodos de sujeción que reducían las posibilidades de una fractura. Después de todo, era evi-dente que estaba ante una paciente que, debido a su com-pleja condición de parálisis cerebral hipotónica, retarda-ción mental, glaucoma congénito y ceguera, osteogénesis imperfecta y comportamiento problemático (management problem), ameritaba apartarse de la rutina.

Contrario a su proceder, el examen de la película ofrecida en evidencia como parte del peritaje ilustra varias alterna-tivas más seguras de restricción para el tratamiento dental en casos difíciles de niños impedidos (sábana inmovilizadora y banda frontal). C. Poland III y W. Bailey Davis, en el capí-tulo referente a Los Problemas Dentales del Niño Incapaci- tado nos remiten a la técnica de la sábana.descrita por Mink y Hughes, desarrollada durante la década de 1960 como muy efectiva. Además, mencionan el uso de la envoltura pediá-trica (pedi-wrap), que se usa rutinariamente en las salas de recuperación de los hospitales en niños que despiertan de anestesia general. R. McDonald y D. Avery, Dentistry for the Child and Adolescent, St. Louis, C.V. Mosby Co., 1978, págs. 493-494. Véanse, además, Palmi Moller, Treatment of the Handicapped Child, en Finn, Clinical Pedodontics, Philadelphia, W.B. Sanders Co., 1973, págs. 562-589; E.M. Wilkins, Clinical Practice of the Dental Hygienist, Philadelphia, Lea & Febiga, 1971, págs. 391-419.

Aun así, el Dr. Alvan Vélez en todo momento se empeñó en no usar anestesia local; atestiguaba que las limpiezas se efectúan sin anestesia cuando son simples y corrientes. ¿Puede sostenerse esta afirmación en este caso cuando él mismo adelantó el momento para la labor de la profilaxis de-bido al mucho cálculo que tenía la niña? Preguntado por qué no usó anestesia local, atestó estar convencido de que ella corría riesgo de sufrir una fractura. T.E., Vol. III, pág. 14. La posición es insostenible. Contrasta notablemente con su uso, una semana antes, en ocasión de haberle extraído tres dientes primarios. ¿Por qué, entonces, no le aplicó la aneste-sia tópica para aminorar la reacción al dolor o posible sensa-ción de ahogo o incomodidad adicional a la normal de Carmen Milagros? Ciertamente no había contraindicación alguna para la anestesia local. Con ese paleativo razonable-mente habría obtenido los mismos resultados positivos ante-riores y logrado controlarla adecuadamente. Ese deber de previsión peculiar, propio de especialista, fue omitido. Era anticipable la combinación resultante del dolor de la labor de limpieza, la restricción de correas unido a las reacciones, la resistencia y los movimientos involuntarios constantes indu-cidos por la parálisis cerebral. Ante la ceguera de Carmen Milagros, terror debió causarle el constante ruido ensorde-cedor y el chorro de mucha agua provenientes de la opera-ción de la máquina de Cavitrón.

Sobre el uso de anestesia local, en una condición de boca “muy sucia, mucho sarro”, el Dr. Jorge J. Fernández Pabón, perito del doctor Vélez Colón, aclaró al juez:

R. Podría usarse. Inclusive, podría utilizarse para un pro-cedimiento en donde se envuelven las encías un tipo de aneste-sia local, dependiendo de cuál sea la naturaleza ... la magnitud del problema.
P. Al decir usted “la magnitud del problema”, sería cuestión de que el médico, el dentista al apreciar pudiera considerar de que una parte pueda ser más sensible que otra.
R. Correcto. O sea, en una profilaxis puede fluctuar desde el equivalente a cepillarse los dientes hasta el equivalente de remover el depósito calcáreo en las estructuras subingivales de los dientes. O sea, en las raíces, donde ya está subingival donde al intervenir clínicamente, pues, es prácticamente inevitable lastimar la encía y puede resultar, inclusive, la pro-pia estructura calcificada del diente, la raíz, como todos sabemos, puede resultar sumamente sensitiva. Y en ese caso, y esto principalmente en adultos, naturalmente, muy poco co-mún en niños porque no se da con frecuencia esa magnitud del problema en niños, pero sí en adultos es muy, muy ... no quisiera decir frecuente, pero sí se puede encontrar con rela-tiva frecuencia el caso en que sea necesario o sea conveniente o deseable porque la anestesia en ese caso es estrictamente con propósitos de evitar incomodidad al paciente. (Énfasis suplido.) T.E., Vol. III, págs. 85-86.

La condición de la niña, su constante movilidad y débil constitución ósea requerían el mayor grado de cuidado y cir-cunspección en el tratamiento. La opinión del Tribunal pro-yecta la impresión —como premisa inarticulada— de que era inevitable la fractura. También, inintencionalmente, da la sensación de que la ingente labor médica que realizan el doctor Vélez Colón y sus colegas con niños incapacitados debe ser protegida a ultranza con una norma judicial laxa. Discre-pamos. Se trata de especialistas particularmente entrenados para casos difíciles. El de Carmen Milagros, como caso único y peculiar, imponía al doctor Vélez Colón el deber de agotar los mecanismos preventivos a su disposición para reducir esa probabilidad resultante de su conocida condición de los huesos. Como especialista estaba llamado a combinar toda su experiencia y técnica en protección de su frágil estructura ósea. Estaba consciente del problema. Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983). Aun así, optó por sólo usar las correas de cintura y piernas, sin la sábana inmovili-zadora y la banda frontal. Más aún, descartó injustificada-mente la anestesia local.

Su negligencia la resumió así el foro de instancia:

No podemos olvidar el hecho que la menor padece de osteo-génesis imperfecta. Esta enfermedad se caracteriza por una fragilidad extrema de los huesos. De hecho la madre testificó sobre fracturas ocurridas anteriormente y la hermana tam-bién declaró que en ocasiones anteriores la niña había tenido fractura y había estado enyesada. Esta enfermedad, conocida por el dentista, es una condición para él esmerarse en el tra-tamiento a realizarse en evitación de las fracturas que po-drían ocurrir fácilmente en ese tipo de pacientes.
... En el caso que nos ocupa, [“como marco de referencia sobre los métodos disponibles”] hay un hecho que si por un lado ayuda por el otro crea ansiedad. Ese hecho es que la me-nor es ciega de nacimiento. Ese hecho hace que la niña no se impresione adversamente al mirar los equipos en el despacho del dentista. Al contrario, al ser ciega, pero no sorda, es indu-dable que durante el proceso de limpieza le provocara gran ansiedad y se aumentara su natural intranquilidad. El que más y el que menos le han hecho una limpieza en los dientes e indudablemente causa gran impresión no sólo los diferentes cepillos y pinzas que siente uno en las encías sino también el zumbido de la alta velocidad que generan estos instrumentos.
Tenemos que considerar que una persona sometida a cual-quier tipo de sujeción a la que se sometiera a la menor podría resultar en una fractura ya que se desarrolla una oposición que normalmente ejerce toda persona que en una forma u otra queda atado. La niña fue atada a la silla del dentista, tanto por brazos como por rodillas. Además de esa sujeción una persona le sujetaba los pies para evitar que se levantara. La madre sujetaba la cabeza. Este tipo de paciente demandaba uso del camisón que, entre muchos métodos, se observaron en la pelí-cula “Dental Treatment For The Handicapped”. La fragili-dad de los huesos de la niña, al ser ciega, el no haberse usado anestesia local o regional surge con meridiana claridad el caso de una niña inquieta (“Management Problem”) que al verse obligada a permanecer quieta por un tiempo más ex-tenso que lo usual, se desesperó y empezó a moverse para liberarse de la situación que ya no le era aceptable. (Énfasis suplido.) Sentencia de 16 de mayo de 1985, págs. 18-20.

El deber de previsión “no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad del paciente sino a aquel que es probable que suceda y que llevaría a una persona prudente a anticiparlo. En suma, la mítica pero indispensable figura del ‘hombre prudente y ra-zonable’ define la norma de conducta, y el [médico] será res-ponsable si ocurre un daño que en las particulares circuns-tancias del caso pudo razonablemente haberse previsto y evitado”. (Énfasis suplido y escolios omitidos.) Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960); Salvá Matos v. A. Díaz Const. Corp., 95 D.P.R. 902 (1968).

Ante el cuadro fáctico expuesto, creído por el tribunal de instancia, ¿puede seriamente sostenerse que “la prueba no apoya la conclusión” de negligencia? La sentencia debió con-firmarse. La misma mantenía “el fino balance que debe guiar la aplicación del estándar de prueba en la relación causal: ni excesiva rigidez que impida probar una reclamación válida por la imprudencia profesional del médico ni la laxitud que abre las puertas a la especulación y la conjetura”. López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197, 223 (1978). Roto ha quedado ese balance. Hoy, en el caso de autos, hemos cón-vertido la norma de la mítica del médico prudente y razona-ble en una mística de médicos. Ese curso decisorio es peli-groso. Debemos ser cuidadosos. Después de todo, el “ ‘sen-tido de justicia, o sea, el sentido jurídico, es siempre el que pone los límites: es preciso guardarse de aquellas consecuen-cias, que, aun deducidas en buena lógica, aparezcan como repugnantes a la justicia,”’. (Énfasis suplido.) Biondo Biondi, citado por J. Vallet de Goytisolo, La Misión del Notario, XVI Rev. Der. Not. 410 (1957).

       “La práctica de la medicina requiere, en el diagnóstico y en el trata-miento, que el facultativo llegue a juicios y tome decisiones. Hay en ese proceso un inevitable elemento subjetivo. También, la relación de médico y paciente es, o deber ser, única para ambos. Un médico tiene más de un paciente; posiblemente atiende en un mismo día a más de un paciente que sufren una misma enfermedad, pero la relación con cada uno es única porque trata con seres humanos y no con máquinas. La constitución física de cada ser humano es distinta, como lo es su sicología y su idiosincracia.” Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 227 (1973).

        Techniques for Managing the Handicapped Child in the Dental Office, Produced for the University of Tennessee College of Dentistry, Department of Pedodontics — James P. McKnight, D.D.S., Chairman.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    María Pacheco Rodríguez, apelante, v. José A. Vargas, Alcaide Cárcel de Mujeres de Vega Alta, apelado.

      Número: CE-86-808

      Resuelto: 8 de febrero de 1988

      Harry N. Padilla Martínez, abogado de la apelante; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

La Sra. María Pacheco Rodríguez recurre ante este foro para cuestionar la decisión del Tribunal Superior que declaró sin lugar una petición de hábeas corpus. El recurso nos per-mite resolver si puede ser convicta una persona por el delito de encubrimiento al ocultar a un menor responsable de in-fracción penal. Confirmamos el dictamen del Tribunal Superior.

r — I

El 19 de noviembre de 1986, el policía Alberto Rodríguez Álvarez denunció a la apelante María Pacheco Rodríguez por el delito de encubrimiento. Le imputó haber ocultado a un menor de edad para eludir la acción de la justicia cuando conocía que éste había cometido “delitos graves de asesi-nato, robo y otros”. Alegato de la peticionaria, pág. 2. Un juez municipal examinó el testimonio de los policías Luis Ra-mírez Torres y Alberto Rodríguez Álvarez, y determinó causa probable para arrestar a la peticionaria. Le impuso una fianza de $25,000. La compareciente no pudo satisfacerla y fue ingresada en la Cárcel de Mujeres de Vega Alta.

No conforme con la determinación, presentó en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, una petición de hábeas corpus en la que alegó que la denuncia que se había presen-tado en su contra no imputaba delito. Argumentaba que el encubrimiento requiere la comisión de un delito previo. Ra-zonó que, dado que a ella se le imputaba ocultar a un menor, no podía ser denunciada de encubrimiento, porque por dispo-sición de ley los menores no cometen delitos, sino faltas.

Luego de celebrar la vista correspondiente, el Tribunal Superior declaró sin lugar la petición. Concluyó que la inten-ción legislativa del Art. 236 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4432, era castigar y hacer punible que una persona encu-bra a otra por la comisión de actos delictivos, sin importar la edad del ofensor.

Inconforme con esta determinación, la peticionaria recu-rre ante este Tribunal. Alega que erró el tribunal de instan-cia al resolver que una persona puede ser acusada por el delito de encubrimiento en las circunstancias descritas y, por lo tanto, al no remitir el caso al Tribunal Municipal para la revisión de la fianza.

HH HH

Al interpretar las palabras del Código Penal y resolver la controversia ante este Foro reiteramos como principio cardinal de hermenéutica que al lenguaje de una ley debe dársele la interpretación que valida el propósito que tuvo el legislador al aprobarla. Rivera Maldonado v. Autoridad so-bre Hogares, 87 D.P.R. 453, 456 (1963). Por esto, al cumplir con nuestra función los jueces no podemos considerar las leyes aisladamente, como pronunciamientos de principios en abstracto o como medidas formuladas para satisfacer los problemas efímeros del momento. Tenemos el deber de ha-cer que el derecho sirva propósitos útiles y evitar una inter-pretación tan literal que lleve a resultados absurdos. Passaacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618, 632 (1985); Ortiz Morales v. A.C.A.A., 116 D.P.R. 387, 391 (1985); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

En buena metodología adjudicativa se debe analizar la ley “tomando en consideración los fines que persigue y en forma tal que se ajuste a su fin esencial y a la política pública que la inspira.... En el proceso de encontrar el significado de la ley, el intérprete no puede actuar en desconocimiento de la consecuencia que conlleva la interpretación y debe darle aquélla que logre los propósitos del legislador”. (Citas omitidas.) E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Ed. J.T.S., 1987, pág. 269.

En materia de derecho penal, la claridad y precisión de un estatuto es condición de su validez. Además, conforme con el principio de legalidad, los estatutos penales deben interpretarse restrictivamente. Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031. Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256 (1983); Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312 (1982).

Sin embargo, ya hemos reconocido igualmente que la norma de que los estatutos penales deben ser interpretados estrictamente “no exige que a las palabras de un estatuto deba dárseles su significado más limitado o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención del legislador”. Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 44 (1950); Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

Los estatutos penales deben interpretarse a la luz de la realidad social de donde surgen y operan. Nuestro deber es interpretar las leyes en el contorno de una situación social y económica actual para resolver controversias humanas de profundas implicaciones personales para los afectados y para la comunidad en general. Pueblo ex reí. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497, 502 (1983); Pueblo v. Batista Montanez, 113 D.P.R. 307, 313 (1982); Badillo González v. F.S.E., 112 D.P.R. 665, 668 (1983); Cirino v. A.F.F., 91 D.P.R. 608, 616 (1964). Nunca debemos olvidar que “el sentido de hoy no es siempre el sentido de mañana”. B.J. Cardozo, La naturaleza de la función judicial, Buenos Aires, Ed. Arayú, 1955, pág. 64. La interpretación judicial tiene por su naturaleza una evolución natural para las distintas épocas. Cardozo, op. cit, págs. 62-65.

Como señala Jiménez de Asúa: “El juez no puede ser ajeno a las transformaciones sociales, científicas y jurídicas. La ley vive y se desarrolla en ambientes que cambian y evolucionan, y si no queremos estarla reformando de un modo frecuente, preciso es que la adapte[mos], como su propia voluntad permite, a las nuevas necesidades de la época.” L. Jiménez de Asúa, La ley y el delito, 5ta ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1967, pág. 119. Así resolvimos en Pueblo v. Batista Montanez, supra, pág. 313, al decir: “Todo texto debe interpretarse a la luz de las realidades especificas de la sociedad en que opera.”

Aclarados estos principios, procede la resolución de la controversia de este caso.

I — I I — I

Debemos analizar si el Art. 236 del Código Penal, supra, aplica cuando el autor de la infracción principal es un menor a quien se le busca por cometer una violación penal clasifi-cada como “falta” por la Ley de Menores. El análisis de este asunto requiere que estudiemos la definición de “delito” en el Código Penal y su alcance en la Ley de Menores.

Nuestro Código Penal define delito como “un acto cometido u omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena, aparejando, al ser probado, alguna pena o medida de seguridad”. Art. 9 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3041. El concepto tiene dos elementos básicos: una conducta y una sanción. ¿Puede concluirse que el concepto de falta reúne estos elementos y por ello está incluido en la definición de delito del Código Penal?

Hemos reiterado repetidas veces la necesidad de mantener una separación entre los procedimientos de menores y los relativos a adultos. Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 124 (1980); R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974). Sin embargo, en los primeros, como rama jurídica afín con el derecho penal, las faltas sí participan de los elementos de conducta y sanción a que hemos hecho referencia.

Tanto la vieja ley de menores como la nueva ley reglamentan los procedimientos en casos en que los menores incurren en conducta constitutiva de delito según definida por las leyes penales. En Pueblo ex rel. L.V.C., supra, pág. 122, señalamos que las disposiciones penales son aplicables a los procedimientos de menores “para tipificar ciertos casos de conducta antisocial que, si un adulto incurre en ella, sería constitutiva de delito”. Es la combinación de esta conducta que la ley considera delito y la edad del ofen-sor lo que crea el concepto de “delincuencia juvenil”. A. San-filippo, Apuntes críticos sobre la propuesta ley de menores ante la séptima Conferencia Judicial, 50 Rev. Jur. U.P.R. 87, 91 (1981).

Las reglas de procedimiento para menores bajo la vieja ley definían falta como “la imputación que se haga en una querella a un menor por la infracción o tentativa de infracción de cualquier ley estatal. . .”. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. I, R. 1(g). Es evidente que esta disposición incluye las violaciones a las leyes penales. Actualmente, la nueva ley define falta como “infracción o tentativa de infracción por un menor de las leyes penales” y se clasifican de acuerdo con su equivalente en los delitos tipificados por el Código Penal. Art. 3(i) de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (1986 Leyes de Puerto Rico 288).

Aunque tanto la viej a como la nueva ley de menores señalan que sus procedimientos no son de naturaleza criminal, vemos que lo que se trata de reglamentar es en realidad conducta delictiva que de ser cometida por un adulto se consideraría un delito. “Se trata de un procedimiento especial donde los delitos se denominan faltas, el juicio se denomina vista adjudicativa y la sentencia medida dispositiva.” D. Nevares-Muñiz, Derecho de Menores, Hato Rey, Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 1987, pág. 11.

Es mediante la imposición de estas “medidas dispositivas” que las faltas cumplen con el segundo elemento del concepto de delito: las “sanciones que se imponen al me-nor por haber violado la ley penal”. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 89. Pueden incluir desde una orientación hasta custodia bajo un oficial probatorio y reclusión en una institución. Además, como reconocimos en R.A.M. v. Tribunal Superior, supra, pág. 273, “[e]l menor está sujeto, al igual que el adulto, al estigma resultante de una determinación de que ha violado un estatuto criminal y asimismo está expuesto a la posibilidad de reclusión en una institución disciplinaria, que envuelve necesariamente la privación de su libertad”. (Esco-lio omitido.)

I — H <

El Art. 236 del Código Penal, supra, tipifica el delito de encubrimiento como delito contra la función judicial. Aplica a “[t]oda persona que con conocimiento de la ejecución de un delito ocultare al responsable del mismo o procurare la desaparición, alteración u ocultación de prueba para eludir la acción de la justicia . . .”.

Como vemos, el encubrimiento es un delito contra la administración de la justicia. Su objetivo es obstaculizar la persecución del presunto sujeto activo del delito y la comprobación del hecho sancionable. J. Miró Cardona, Borrador y notas explicativas al proyecto del Código Penal, San Juan, Oficina de Justicia Criminal, 1972, T. 2, pág. 371; E. Gavier, El presupuesto fundamental del delito de encubrimiento, 3 Rev. Der. Penal 333, 337 (1947).

El objeto de la sanción es el peligro creado a la sociedad por el comportamiento de una persona que está dispuesta a ayudar a otro a eludir la acción de la justicia. Model Penal Code Sec. 242.2 (Proposed Official Draft 1962) y Tentative Draft no. 8, 1958, Comentarios, págs. 129-130. Por ello, la responsabilidad penal por los actos del encubridor no depende de la clasificación legal del ofensor principal. Model Penal Code, supra. El encubridor puede estar dispuesto a encubrir los actos de otros sin saber realmente cuáles serían las consecuencias legales de esos actos. Lo que se busca evi-tar y castigar es el hecho de que el encubridor manifieste su deseo de actuar contra la función judicial mediante el encu-brimiento del responsable de una violación penal o la desapa-rición o alteración de la prueba. Model Penal Code, supra, pág. 226; E. Cuello Calón, Derecho Penal, 18va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1981, Vol. 2, pág. 681.

Está generalmente aceptado por los comentaristas y la jurisprudencia que la inimputabilidad del autor principal no elimina la responsabilidad del encubridor. Ernesto Gavier ha señalado que “[n]o interesa, a este respecto, que el hecho en definitiva no resulta ilícito por mediar una causa de justificación, o que no sea punible en concreto por concurrir un motivo cualquiera de exclusión de la pena”. Gavier, op. cit., pág. 336. Lo importante es que haya ocurrido “un hecho que reúna exteriormente los caracteres de un delito”. íd., pág. 339. Con eso se cumple el requisito de ley. El hecho de que el autor principal sea inimputable no elimina el delito de encubrimiento; no es ese el sentido que se le ha querido atribuir. íd., pág. 338. Véanse, además, C. Fontán Balestra, Tratado de derecho penal, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, T. VII, pág. 450; A. Quintana Ripollés, Curso de derecho penal, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, T. 1, pág. 254.

En algunas jurisdicciones donde el proceso de menores es separado e independiente del proceso penal, y donde no se considera que los menores cometen delitos, se ha resuelto que sí es delito el cometido por un adulto que encubre a un menor. Por ejemplo, en Shockley v. State, 724 P.2d 256, 258 (1986), se determinó que “el hecho de que núes-tro código juvenil clasifique a determinado principal como un delincuente y no como un criminal no permite que el encubri-dor pueda evadir la ilegalidad de su propio acto”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Similarmente, en State v. Truesdell, 620 P.2d 427, 429 (1980), se determinó que, dado el hecho de que el delito de encubrimiento es separado e in-dependiente del delito encubierto, “el hecho de que el principal, el niño Truesdell, no fue acusado de agresión no tiene relación con que la señora Truesdell haya cometido el delito de encubrimiento. El hecho de que el principal sea un menor se refiere a su status legal, y no afecta la realidad de los actos cometidos. Por ello, es inmaterial para determinar la culpa-bilidad o inocencia del acusado del encubrimiento”. (Traduc-ción nuestra.)

Finalmente, en Shortridge v. Municipal Court, 198 Cal. Reptr. 749, 754 (1984), se señaló que “la inmunidad que tiene un menor de ser acusado y convicto de un delito grave no se extiende a un adulto que lo esconde o ayuda luego del delito”. (Traducción nuestra.) No importa que los procedimientos de menores no se consideren procesos penales. Por lo tanto, se concluyó que el hecho de que el autor principal no puede ser enjuiciado criminalmente no proteje al acusado de encu-brirlo.

En conclusión, el delito de encubrimiento busca evitar que las personas ayuden a otras a evadir la justicia. Busca castigar a quienes tratan de entorpecer la acción investigativa de la justicia sobre actos que aparecen “con las formas exteriores de un delito”. Gavier, op. cit., pág. 338. Miró Cardona, op. cit., pág. 369.

No se cumpliría el propósito del estatuto si no se considerara la acción como antijurídica cuando el hecho previo lo comete un inimputable por su condición de menor. Puede ser que el encubridor no conozca la edad del actor principal y aun así tenga la intención específica de cometer el delito de encubrimiento. La responsabilidad penal, en casos como el presente, no puede depender del conocimiento que el acusado tenga de la edad o de la responsabilidad del actor principal.

y

Después de examinar el trasfondo doctrinal, encon-tramos que en este caso se le imputa a la señora Pacheco haber ocultado a un menor a quien se le buscaba por la comi-sión de varias faltas, incluso asesinato, robo y otras viola-ciones penales. Alegadamente, al ocultar al menor la señora Pacheco impidió que los agentes del Estado pudieran locali-zarlo para encauzar el proceso penal contra él.

En vista de que la responsabilidad penal de la acusada no depende del autor del delito encubierto y que surge directa-mente de su conducta en violación al Art. 236 del Código Penal, supra, procede la confirmación de la sentencia del tribunal de instancia. En estas circunstancias es innecesario discutir su segundo señalamiento de error.

Se confirmará la determinación del tribunal de instan-cia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Nuestro Código Penal le dedica dos artículos al delito de encubrimiento. Bn el Art. 36 (33 L.P.R.A. see. 3173) señala a quiénes se consideran encubridores, y en el Art. 236 (33 L.P.R.A. see. 4432) señala la pena aplicable al delito. El Art. 36 establece: “Se consideran encubridores los que para eludir la acción de la justicia con conocimiento de la comisión de un delito, sin haber tenido participa-ción en el mismo como autores, ocultaren al responsable del delito o procuraren la desaparición, alteración u ocultación de evidencia.” Art. 36 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3173.

       El 9 de julio de 1986 se aprobó una nueva ley de menores —Ley Núm. 88 (34 L.P.R.A. see. 2201 y ss.)— para sustituir la Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955 que regía hasta ese momento.


author: Juez Presidente Señor Pons Núñez

text:
    Hon. David Noriega Rodríguez, demandante y apelado, v. Hon. Rafael Hernández Colón y Otros, demandados y apelantes; Graciany Miranda Marchand, demandante y apelado, v. Carlos López Feliciano y Otros, demandados y apelados.

      Número: CE-87-665

      Resuelto: 10 de febrero de 1988
   Decisión del

Juez Presidente Señor Pons Núñez

referente a Mo-ción sobre Recusación del Juez Presidente.

Mediante opinión Per Curiam de 12 de enero de 1988, en la cual este Juez no intervino, el Tribunal nos ha referido para decidir sobre una moción en la que se solicita nuestra inhibición en el caso de epígrafe.

Es de rigor señalar nuestra conformidad con la opinión del tribunal mediante la cual se decide que corresponde al Juez aludido de este Tribunal resolver una solicitud de su inhibición. Ello constituye al día de hoy doctrina final y firme sobre la cuestión. La norma adoptada es sabia y cónsona con la teoría que informa la creación de este Tribunal y la res-ponsabilidad que la Constitución le impone, tanto a la insti-tución como a los jueces que la componen.

A tenor con la opinión aludida procedemos a exponer nuestra decisión.

HH

Ante este Tribunal se presentó un escrito de apelación el 18 de octubre de 1987 para revisar la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en los casos CS PE 87-939, Hon. David Noriega Rodríguez v. Hon. Rafael Her-nández Colón et al., y CS PE 87-981, Graciany Miranda Marchand v. Carlos J. López Feliciano et al.

El Tribunal, con la participación de todos sus jueces, emi-tió resolución el 5 de noviembre de 1987 dando curso a la apelación.

El 13 de noviembre de 1987 el demandante y apelado, Representante a la Cámara Hon. David Noriega Rodríguez, presentó una moción titulada Moción sobre Recusación del Juez Presidente, Honorable Víctor M. Pons Núñez (en ade-lante Moción sobre recusación). En la moción en cuestión indica que este Juez ocupó el cargo de Secretario de Estado de Puerto Rico durante 1973 y 1974 bajo la primera adminis-tración de gobierno del demandado y apelante, Hon. Rafael Hernández Colón. Además, se alega que “existe una alta pro-babilidad o al menos se crea una apariencia razonable de que quienes ostentaron el cargo público de Secretario de Estado, incluyendo al Hon. Víctor M. Pons Núñez, tenían o debieron tener conocimiento de los hechos pertinentes a este caso y de los diversos puntos de vista en cuanto a sus méritos tales como: las posibles decisiones e investigaciones dirigidas a corregir o subsanar la referida práctica ilegal y la formula-ción de una política pública en torno a ella”. Moción sobre recusación, pág. 4. Fundamenta esta aseveración en la dispo-sición constitucional referente a que el Secretario de Estado es el sucesor legal del Gobernador en caso de “muerte, re-nuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta” (Art. IV Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 354) y en que el Secretario de Estado ocupa interinamente el cargo de Gobernador cuando éste esté “temporalmente impedido de ejercer sus funciones . . .”. Art. IV Sec. 8, Const. E.L.A., supra. Final-mente señala que el Hon. Rafael Hernández Colón ha decla-rado públicamente que “como Secretario de Justicia y du-rante sus distintas incumbencias como Primer Ejecutivo tuvo [él] conocimiento de la práctica ilegal” que resulta ser la base de la acción instada. Moción sobre recusación, op. cit. Como señala la opinión de este Tribunal, “[la] moción de inhi-bición no expresa hecho específico alguno sobre la probabili-dad o apariencia alegada ni se acompañan documentos a esos efectos”. Tampoco especificó si la práctica a que se refiere la acción tuvo lugar durante 1973 y 1974.

El otro demandante y apelado en el caso, Ledo. Graciany Miranda Marchand, mediante moción indicó que “no se une ni apoya la moción de inhibición aludida, pues no tiene cono-cimiento de hecho alguno que justifique la solicitud de inhibición . . .”.

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El planteamiento de inhibición se hizo ante este Tribunal el 13 de noviembre de 1987. Ya desde el 10 de agosto de 1987 la parte demandada y apelante le había informado al tribunal de instancia y al promovente, en moción de reconsideración, que estaba “totalmente de acuerdo” con la declaración conte-nida en la sentencia del tribunal de instancia, de 31 de julio de 1987, a los efectos de que:

... la práctica de levantar expedientes, carpetas, listas, fi-cheros, etc., de personas, agrupaciones y organizaciones única y exclusivamente por motivo de las creencias políticas e ideo-lógicas de éstos sin que se tenga evidencia real que vincule a esas personas con la comisión o intento de comisión de delito, es ilegal e inconstitucional por infringir los derechos de liber-tad de palabra, de asociación y de privacidad y por constituir ello una afrenta a la dignidad del ser humano. Apéndice 5, págs. 98-99.

También en esa moción, de 10 de agosto de 1987, la parte demandada y apelante manifestó estar “totalmente de acuer-do" con el injunction permanente dictado por el tribunal de instancia, en virtud de dicha sentencia, “para que cesen y descontin[ú]en la práctica descrita en el párrafo anterior . Esa posición fue reiterada el 13 de octubre de 1987 por la parte demandada y apelante cuando al escolio 5, pág. 3, de su Escrito de Apelación o Petición de Revisión, notificado al aquí promovente, indica que no está solicitando la revisión de la declaración de inconstitucionalidad antes transcrita ni del injunction permanente.

Lo anterior refleja que la práctica aludida, de la cual el promovente Noriega Rodríguez señala probable conoci-miento de nuestra parte, o apariencia de ello y sobre la que descansa la solicitud de recusación, no está planteada ni en controversia ante este Tribunal, puesto que ha sido final-mente adjudicada en el tribunal de instancia y así lo ha acep-tado la parte demandada y apelante. La apelación versa sobre otras controversias.

Aun cuando lo precedente dispone de la moción enten-demos pertinente exponer la historia.

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Hace más de catorce años ocupé el cargo de Secretario de Estado de Puerto Rico durante los primeros dos años (1973 y 1974) de la primera incumbencia del Hon. Rafael Hernández Colón como Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Durante esos dos años, en diversas ocasiones y cortos períodos de tiempo, fungí interinamente de Goberna-dor por razón de viajes del incumbente que lo llevaron a au-sentarse temporalmente del país. Para el período que ejercí el cargo, el asunto a que se refiere este caso no era de la competencia del Secretario de Estado. No tengo recuerdo alguno de que el mismo fuere traído a mi atención ni como Secretario de Estado ni como Gobernador Interino. Nunca he desempeñado posición alguna en el Departamento de Jus-ticia ni en los cuerpos de seguridad del país. El conocimiento que tengo de este asunto se limita, como el de cualquier otro juez, a la información publicada y comunicada al país y a la que surge de las constancias de los autos del caso. El conoci-miento que pueda haber indicado tener el Hon. Rafael Her-nández Colón sobre este asunto como Secretario de Justicia y como Gobernador ciertamente no lo tenía ni lo tiene este Juez. Tampoco he ocupado posición alguna en la Rama Eje-cutiva durante la segunda incumbencia del Gobernador, Hon. Rafael Hernandez Colón.

Ante lo anterior y confrontado el cuerpo doctrinal ati-nente a las causas de inhibición, no encontramos en este caso causa para inhibición. Estoy en total libertad, ánimo y dispo-sición de juzgar los asuntos planteados con imparcialidad, ecuanimidad y objetividad.

Ahora bien, como hemos indicado, la práctica que pudiera haber existido hace catorce años, cuya inconstitucionalidad ahora determinó el tribunal a quo, y de la cual se alega pro-babilidad o apariencia razonable de conocimiento o partici-pación por parte de este Juez, no está ante la consideración de este Tribunal. Apariencia no es sinónimo de espejismo.

Alegar apariencia razonable de parcialidad en las cir-cunstancias antes indicadas es a mi juicio un atropello a la lógica. Es un razonamiento falaz cuya conclusión no se de-riva lógicamente de las premisas. Tal falacia es de la misma naturaleza de la que sirvió de base a la práctica atacada por el promovente y la cual fue adjudicada inconstitucional. Se trata de lo que en lógica se denomina “falsa causa”. Esto es, a cosas que van unidas se les adscribe relación causal por el mero hecho de que van acompañadas una de la otra.. Es este tipo de razonamiento el que en muchas ocasiones constituye fuente de supersticiones populares. “[S]e comete esta falacia cuando se confunde la concomitancia o la sucesión con la re-lación de causalidad: cum hoc, ergo propter hoc, o bien, post hoc, ergo propter hoc, o incluso la concomitancia y la identi-dad: cum hoc, ergo ipsum hoc.” J.M. Lázaro, El Pensar Ló- gico, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1969, pág. 258. Nos dice Lázaro que “[l]a acusación de culpabilidad por asociación es también ejemplo de esta falacia”. íd.

La insustancialidad del planteamiento hace innecesario mayor análisis. Al no plantearse en la Moción sobre recusa-ción causa alguna de inhibición, denegamos la misma.

Publíquese.


author: (Fdo.) Bruno Cortés Trigo Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Rosa Esther Fernández Sánchez, demandante y recurrente, v. Francisco Fernández Rodríguez y Otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-87-595

      Resuelto: 11 de febrero de 1988

      Flor Casiano Báez, abogado de la demandante recurrente; César Hernández Colón, abogado de los demandados recurridos.
   SENTENCIA

Revisamos, mediante el trámite de mostración de causa, una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, mediante la cual desestimó la demanda radicada por la demandante recurrente como “sanción” por el incumplimiento con varias órdenes emitidas por dicho foro por la representación legal de dicha demandante recurrente.

El codemandado recurrido Francisco Fernández Rodrí-guez ha comparecido en cumplimiento de la referida orden de mostrar causa. Su comparecencia —aun cuando demos-trativa del incumplimiento por parte del abogado de la de-mandante recurrente, con varias órdenes emitidas por el tribunal de instancia relativas a la notificación de peritos mé-dicos y al examen médico del mencionado codemandado re-currido— no nos persuade de que debamos variar nuestro criterio, intimado en la orden de mostrar causa, a los efectos de que procede la expedición del auto de revisión solicitado y el que dictemos una sentencia reinstalando la causa de ac-ción de la demandante recurrente.

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La odisea legal de la demandante recurrente Rosa Esther Fernández Sánchez comenzó en el mes de febrero de 1982. Ante la negativa de su padre a reconocerla, se vio obli-gada a radicar ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, la correspondiente demanda de filiación. Decla-rada sin lugar la misma por dicho foro, mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 1983, la señora Fernández Sánchez acudió en revisión ante este Tribunal. Actuando al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, emi-timos sentencia revocatoria el día 31 de mayo de 1983, devol-viendo el caso al tribunal de instancia para que “a la mayor brevedad posible el tribunal sentenciador ordene y tome las medidas necesarias para que se hagan las pruebas científicas adecuadas y hoy accesibles que permitan hacer una más jui-ciosa determinación sobre si la demandante es o no hija del demandado”. (Énfasis suplido.)

Pendiente de resolución final ante el tribunal de instancia el caso de filiación, la demandante recurrente Fernández Sánchez radicó ante dicho foro una moción, al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en soli-citud de una orden mediante la cual se prohibiera que el de-mandado y su administrador enajenaran los bienes del pri-mero. Se alegó en la misma que el demandado recurrido Fernández Rodríguez estaba incapacitado mentalmente y que su administrador estaba dilapidando sus bienes. Decla-rada la misma sin lugar por el tribunal de instancia y ha-biendo acudido la demandante recurrente mediante certio-rari ante este Tribunal, con fecha de 30 de abril de 1984 dic-tamos sentencia revocatoria devolviendo el caso a instancia “para que dicte el remedio solicitado sujeto a las condiciones que crea necesarias, conforme las circunstancias del caso para proteger los intereses de las partes”.

Así las cosas, y aún pendiente de resolución final el caso de filiación, la demandante recurrente, dentro de dicho pleito, solicitó se le nombrara tutora de su padre. El tribunal de instancia se negó a ello, resolviendo que era materia de un pleito independiente. Nos negamos a expedir el auto de cer-tiorari radicado por la demandante recurrente mediante re-solución de fecha 3 de julio de 1985.

Habiendo finalmente recaído sentencia en el caso de filia-ción favorable a la demandante recurrente Fernández Sán-chez, ésta radicó en el año de 1985 ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, una acción civil sobre “Admi-nistración Inapropiada, Incapacidad para Administrar Bienes y Nombramiento de Tutor” contra su padre, y otros codemandados, alegando que el primero estaba incapacitado mentalmente, que los otros codemandados le estaban dilapi-dando sus bienes, y solicitando que, como única hija del mismo, se le nombrara tutora de éste. Radicada moción de sentencia sumaria por el demandado recurrido —basada la misma en dos declaraciones juradas de dos peritos psiquia-tras— y refutada la misma por la demandante recurrente a base de un récord médico demostrativo de que el padre de la demandante recurrente había estado hospitalizado por razón de una severa depresión mental y un intento de suicidio, el tribunal de instancia declaró la misma sin lugar por existir controversia de hechos sobre la capacidad mental del refe-rido codemandado recurrido.

Celebrada la conferencia con antelación al juicio y es-tando ya señalada la vista en su fondo del caso, la deman-dante recurrente radicó moción —“al amparo de lo resuelto en Silva Oliveras v. Duran Rodríguez, 87 J.T.S. 74”— en solicitud de nombramiento de un defensor judicial para su padre. Denegada dicha moción por el foro de instancia, acu-dió la demandante recurrente en revisión ante este Tribunal mediante certiorari a esos efectos.

Estando pendiente de resolución dicho recurso de certio-rari, el día señalado para la vista en su fondo del caso la parte demandante recurrente solicitó la suspensión de la misma por razón de estar pendiente el mencionado recurso de certiorari y no estar preparada para el juicio. El deman-dado recurrido se opuso a dichas pretensiones. El tribunal de instancia luego de hacer un recuento de varios incumpli-mientos con distintas órdenes del tribunal por parte del abo-gado de la demandante recurrente —referentes mayor-mente a la notificación de testigos peritos a ser utilizados por dicha parte en la vista en su fondo del caso— procedió a de-sestimar la demanda radicada como sanción por razón de dichos incumplimientos.

Nadie cuestiona el poder de un tribunal para desestimar, como sanción, la causa de acción de un reclamante ante el reiterado incumplimiento por parte de éste con las órdenes y directrices del tribunal. Tampoco puede cuestionarse, sin embargo, el hecho de que dicho poder debe ser ejercitado en una forma sumamente juiciosa, esto es, únicamente en casos extremos. Ello es así por cuanto la desestimación de una causa de acción priva a un ciudadano de la función judicial de adjudicación la cual forma parte de nuestra estructura cons-titucional; al privarlo de su “día en corte”, se le niega la opor-tunidad de hacer valer en los méritos la legitimidad de su derecho a reclamar justicia para él y los suyos. Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823 (1962).

En armonía con lo antes expuesto, hemos expresado que la eliminación, como sanción, de las alegaciones de una parte “solamente debe hacerse en casos tan extremos que no haya duda de la irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se toman las medidas drásticas”, Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974), y que la de-sestimación de un pleito “debe prevalecer únicamente en casos extremos al quedar expuesto el desinterés y abandono total de la parte de su caso”. (Énfasis suplido.) Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307 (1976).

Debido a ello es que en Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982) resolvimos que:

Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de sanciones, éste debe, en primer término, imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la imposición de la severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones, tan s[ó]lo después que la parte haya sido de-bidamente informada y/o apercibida de la situación y de las consecuencias que puede tener el que la misma no sea corre-gida. La experiencia señala que en la gran mayoría de los casos que presentan esta clase de dificultades —el presente caso es un ejemplo de ello— las partes no están enteradas de la actuación negligente de sus abogados y, al advenir en cono-cimiento de ello, la situación es corregida de inmediato. Una parte que haya sido informada y apercibida de esta clase de situación y no tome acción correctiva, nunca se podrá quere-llar, ante ningún foro, de que se le despojó injustificadamente de su causa de acción y/o defensas. (Énfasis suplido y esco-lio omitido.)

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Concedemos que un examen del expediente demuestra que la representación legal de la demandante recurrente in-cumplió con varias órdenes emitidas por el tribunal de ins-tancia, referentes las mismas a notificación de testigos peri-tos por dicha parte y al examen médico del codemandado recurrido Fernández Rodríguez; así como también causó la suspensión, por su incomparecencia a la conferencia prelimi-nar entre abogados, de la conferencia con antelación al jui-cio.

Si bien ello es cierto, no creemos que persona alguna pueda alegar que ello constituye motivo suficiente, a la luz de nuestra jurisprudencia, para desestimar la causa de acción de la demandante recurrente. En primer lugar, no surge que la parte demandante recurrente fuera apercibida por el tribunal de instancia respecto al incumplimiento de su abogado. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, ante; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). En segundo lugar, no creemos que se pueda sostener que la demandante recu-rrente ha incurrido en la conducta requerida por nuestra ju-risprudencia para la imposición de la extrema sanción de la desestimación, esto es, que haya sido irresponsable y haya demostrado un total desinterés y abandono de su caso. Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., ante; Arce v. Club Gallístico de San Juan, ante. Si algo demuestra el récord, es lo contrario.

En resumen, la sentencia recurrida no puede prevalecer. La misma priva de su “día en corte” a una parte humilde y débil que, en defensa legítima de sus derechos, lleva años litigando contra una parte poderosa e influyente. Somos del criterio, en adición, que dados los hechos particulares del presente caso —en que se alega que la demandante recu-rrente es indigente— se sirven mejor los intereses de la jus-ticia si se provee para que el examen psiquiátrico del code-mandado recurrido Francisco Fernández Rodríguez, el cual resulta necesario realizar en vista de las alegaciones del caso, sea realizado por un panel de psiquiatras a ser nom-brado por el tribunal de instancia, los honorarios del cual serán, de momento, de cargo del referido codemandado reeu-rrido.

No podemos, por último, pasar por alto la conducta ob-servada por la representación legal de la demandante recu-rrente en el presente caso. Esta ha sido causa de dilaciones innecesarias en el caso de epígrafe. Su conducta no sólo atenta contra la dignidad del tribunal, sino que afecta y per-judica los intereses que se supone él defienda: los de su pro-, pia representada. Entendemos procedente imponerle a éste una sanción de $150.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de la dictada en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, reinstalándose la causa de acción radicada por la deman-dante recurrente. Se instruye al tribunal de instancia para que a la mayor brevedad posible proceda a designar un panel de peritos psiquiatras para que examine al codemandado Francisco Fernández Rodríguez, con cargo al caudal de dicho codemandado recurrido. Se le impone al Ledo. Flor Casiano Báez una sanción económica de $150, la cual deberá satisfa-cer y consignar en el término de quince (15) días en la Secre-taría del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, mediante cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, contado dicho término a partir de la fecha de la remisión del mandato.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente y disidente. El Juez Asociado Se-ñor Ortiz disiente sin opinión escrita.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“Derecho es lo derecho, lo recto, lo acorde con la justicia. Por eso ha de empapar de ésta todas sus soluciones.” J.B. Vallet De Goytisolo, Estudios sobre Fuentes del Derecho y Método Jurídico, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, pág. 55.

Por tal razón, hemos de temer y rechazar toda actuación o interpretación judicial, “al margen de aquella realidad viva a la que deb[e]... aplicarse. Las leyes no están hechas para ser confrontadas con legajos y pliegos de recursos y alega-ciones, sino para plantearlas y aplicarlas a la vida real donde deben llenar un determinado fin”. Vallet De Goytisolo, op. cit., pág. 740.

La sentencia de este Foro que expide y deja sin efecto la desestimación decretada —a título de sanción— por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, honra esa visión y libera a la demandante recurrente Rosa E. Fernández Sánchez de una tenaza injusta, que abruptamente puso fin a su legítimo in-tento de hacer valer en vida la realidad del decreto judicial filiatorio —que frente a toda clase de obstáculos forenses, con sesenta (60) años de atrasos— obtuvo contra su progenitor Francisco Fernández Rodríguez como consecuencia de una sentencia que emitiéramos el 81 de mayo de 1983 para que mediante pruebas científicas de sangre se descorriera el misterio filial (R-83-158). Haber mantenido esa desestima-ción hubiese constituido un pronunciamiento negatorio de su condición de única hija.

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Expongamos sucintamente el trasfondo procesal de este sensible drama humano. El 14 de agosto de 1985 la Sra. Rosa Esther Fernández Sánchez, hija única de Fernández Rodrí-guez, presentó acción civil en su contra por alegada incapaci-dad para administrar bienes. En síntesis, sostuvo que su padre, que tiene 87 años de edad, ha estado recibiendo trata-miento físico y emocional, condición de la que se ha valido cierta persona para realizar unos pagos de arrendamiento y así despojarlo paulatinamente de sus bienes en detrimento del potencial de derechos hereditarios de Rosa Esther. Soli-citó que se anularan varias transacciones comerciales efec-tuadas por él. Pidió un decreto por incapacidad y la nulidad de toda transacción indebida y, además, que se le designara su tutora. Fernández Rodríguez solicitó la desestimación de la demanda, lo que movió a Rosa Esther a enmendarla. Como reacción, Fernández Rodríguez solicitó a su favor sentencia sumaria fundado en un certificado de examen de los psiquia-tras José R. Fumero-Vidal y Domingo Cordero, expositivo de que “conoce el valor de su caudal y goza de capacidad para administrarlo [y t]iene capacidad mental para asesorar a sus abogados”. Apéndice VI, pág. 1. Oportunamente el tribunal dictaminó que existía controversia sobre la capacidad de Fernández Rodríguez y declaró sin lugar esa solicitud. Se fundamentó en “un expediente médico psiquiátrico del Sr. Fernández [del cual] surge que el paciente Francisco Fer-nández trató de suicidarse produciéndose heridas en ambos brazos y el cuello, por lo cual tuvo que ser recluido de emer-gencia en el Hospital de Distrito de Ponce. El diagnóstico de los médicos de este Hospital y del Hospital de Damas de Ponce, al que con posterioridad fue transferido el Sr. Fernán-dez es a los efectos de que el paciente sufría de depresión mental y ‘shock’ severo ya que había atentado anteriormente contra su vida”. Apéndice VI, pág. 38.

Subsiguientemente acaecieron otros incidentes que cul-minaron en que el tribunal negara una solicitud de Rosa Esther como administradora judicial interina a tono con lo resuelto en Silva Oliveras v. Duran Rodríguez, 119 D.P.R. 254 (1987).

Durante el trámite, se suscitó una controversia en torno a quién debería pagar la evaluación siquiátrica a la que había que someter a Fernández Rodríguez. Rosa Esther, por su limitada condición económica, pidió al tribunal que ordenara a su padre cubrir esos gastos. El foro de instancia se negó y, entonces, ella acudió y tocó a las puertas de este Tribunal para solicitar ese remedio. Pendiente ese recurso ante nos, se señaló una vista plenaria en instancia. Allí ella suplicó la suspensión de los procedimientos en consideración a que te-nía aquí sometido su recurso. Fernández Rodríguez se opuso. Adujo que la petición de certiorari no incluía una mo-ción que solicitara la paralización de los procedimientos en instancia. El tribunal de instancia se negó a posponer el caso bajo el fundamento de que habían transcurrido dos (2) años desde el inicio del pleito sin que se hubiese evaluado al de-mandado recurrido Fernández Rodríguez. Como consecuen-cia, en vista de que Rosa Esther no estaba preparada para ventilar el caso en su fondo, desestimó.

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En el recurso de revision que nos ocupa se queja de que esa desestimación constituyó, en las circunstancias particu-lares de su caso, una sanción muy drástica. Tiene razón. Ne-garnos a intervenir era apartarnos de la doctrina que perse-veradamente proclama que los casos deben dilucidarse en sus méritos y, por ende, que la desestimación es una sanción muy severa que debe ser precedida de otras menos onerosas tendentes a mantener el delicado balance de justicia rápida y económica. Srio. del Trabajo v. Mayagüez O.M. Club, 105 D.P.R. 279, 283 (1976); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307-308 (1976); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982).

De nada valdría el decreto filiatorio nuestro y su genuina gestión posterior de velar por los intereses de su padre y, como corolario, de los suyos. Afortunadamente, el principio constitucional que proclama la igualdad y repudia el discri-men por nacimiento, ha prevalecido. Despojada por su padre de esa condición durante toda una vida —a la ausencia del cariño y todos beneficios y dispensa que, espiritual y mate-rialmente, de ordinario acompaña una amorosa, verdadera y normal relación paterno-filial— hemos desechado eregir unos obstáculos forenses y con ello agravado su situación de desposeída. No podemos sustituir la devaluación de una con-ciencia paterna y suplir ese amor, que “es por esencia libre [y n]o coacciona y no puede tampoco ser objeto de coacción; no ordena y no puede ser cumplido por medio de un mandato”. L. Legaz y Lacambra, El Derecho y El Amor, Barcelona, Ed. Bosch, 1976, pág. 105. Pero sí podemos, por el derecho natural fundado en el vínculo de sangre —si no como reme-dio redentor justiciero, a título de todos los alimentos que durante seis (6) décadas le negó— obligar a su progenitor Fernández Sánchez a sufragar todos los gastos necesarios de la gestión judicial lícita de su preterida hija. Después de todo, la “vida se da sin contar para nada con el ser que ha de vivir. El que proviene de una unión ilegítima nace tan limpio de culpa por su parte como el que procede de una unión legí-tima. Sin embargo, se encuentra abandonado desde su naci-miento, no tiene familia, no siente, a veces, ni el cariño de sus padres .... ¿Debe la ley dejar a ese hijo en el desamparo, castigando en él las faltas ajenas? La conciencia responde que no, y estima justo que esos hijos gocen, en principio, de los mismos derechos que los hijos legítimos, y ya que la ley no puede concederles cuantos lazos de afección y cuantos privilegios les arrebataron sus padres al darles la vida, debe, al menos, reconocerles un derecho sobre los bienes de esos padres, lo mismo durante la vida de éstos que después de su muerte”. (Énfasis suplido.) J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 8va ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. II, págs. 6-7. Y como nos recuerda el mismo autor —citando a Laurent— el “que da la vida a un hijo, ¿no tiene hacia él deberes que cumplir? Nadie se atreverá a negarlo. Pues bien: lo que es un deber para el padre, es un derecho para el hijo.... A él le basta no reconocer a sus hijos, con lo cual se castiga a los inocentes, mientras que los verdaderos culpables gozan tranquilamente de su fortuna y ni siquiera sufren alteración alguna en su consideración personal. He aquí la verdadera inmoralidad que es necesario combatir”. Manresa, op. cit., pág. 7.

■ En virtud de lo expuesto, concurrimos con la sentencia que hoy deja sin efecto la desestimación decretada. Sin embargo, disentimos de la imposición de sanciones al abogado Flor Casiano Báez. Los autos reflejan que sus incumpli-mientos fueron precisamente en cuanto a la notificación de los testigos peritos que, según hemos señalado, a su vez se debió a las limitaciones económicas de su representada Rosa Esther. El nexo pecuniario-forense es directo y evidente; la sanción improcedente.

Como única heredera, y con cargo al caudal de su padre Fernández Rodríguez, ordenaríamos al foro de instancia para que designara dos (2) peritos judiciales psiquiatras que —luego de los exámenes de rigor— rindieran un informe sobre la cuestión central de la capacidad de éste para admi-nistrar sus bienes y persona. Una vez satisfecho este trámite y con audiencia a las partes, el tribunal resolvería sus re-clamos en los méritos. También, bajo este marco conceptual decisorio, su padre debería sufragar todos los gastos ne-cesarios del proceso.

       Norma que fue reiterada por este Tribunal en Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986).

       De resultar victorioso el mencionado codemandado recurrido, dichos ho-norarios podrían ser recobrados como parte de las “costas” del pleito.