author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Lisa Pagán Caraballo et al., demandantes, v. Roberto Silva Delgado, Dr. Héctor Ortiz Pérez et al., demandados y recurrentes; Corp. Insular de Seguros, Inc., tercera demandada y recurrida.

      Número: R-84-482

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Carlos N. Souffront, Héctor Santiago Rivera y Sandra Santiago Rivera, abogados del recurrente Héctor E. Ortiz Pérez; José A. González Villamil, abogado de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente caso nos permite examinar el alcance del de-ber de otorgar representación legal que tiene una compañía de seguros para con su asegurado.

I

Los hechos que sirvieron de fundamento a la reclamación del derecho a representación legal por parte del recurrente son los siguientes. Lisa Pagán Caraballo y sus padres, Eduardo Pagán Ventura y Luz H. Caraballo,() instaron de-manda en daños y perjuicios contra el Dr. Héctor Ortiz Pérez y otros. En la primera causa de acción, en lo pertinente, ale-garon que Lisa fue llevada al consultorio del doctor Ortiz Pérez por la codemandada Jenny Rivera, quien “la ‘acon-sejó’, para que mintiera y dijera tener 18 años de edad [y estar] casada. . .”. Apéndice 1, pág. 2. También expresaron que Lisa “fue inducida, obligada [y] forzada a someterse al aborto por [los codemandados] Jenny Rivera y Antonio Silva Delgado”. íd. En la segunda causa de acción alegaron que el doctor Ortiz Pérez actuó ilegal y criminalmente al practi-carie un aborto a Lisa, una menor de catorce (14) años, sin su consentimiento ni el de sus padres. Reclamaron $250,000 por los sufrimientos, angustias mentales y daños físicos cau-sados por las actuaciones del codemandado doctor Ortiz Pé-rez.

El doctor Ortiz Pérez solicitó de la Corporación Insular de Seguros, Inc. (en adelante Insular), que asumiera su representación legal a tenor con el contrato de seguro suscrito entre ambos. Ésta le negó representación legal bajo el fundamento de que los hechos alegados en la demanda no estaban cubiertos por la póliza, ya que no se reclamaron daños por impericia médica, sino por la comisión del delito de aborto. Era su contención que, a tenor con los términos de la póliza de seguro y el inciso (1) del Art. 11.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 1102(1),() no procedía brindarle cubierta o representación legal. No entrevistó al doctor Ortiz Pérez ni investigó los hechos. En vista de lo anterior, el doctor Ortiz Pérez contrató abogados particulares y contestó la demanda. Incluyó con la contestación una demanda de tercero contra Insular por incumplimiento de contrato.

Cerca de dos (2) años más tarde la demandante enmendó la demanda para alegar específicamente que el aborto se practicó negligentemente por el médico codemandado. A raíz de esta enmienda, la compañía aseguradora informó al doctor Ortiz Pérez que asumiría su representación legal y proce-dió a contestar la demanda enmendada adoptando las contes-taciones que el doctor Ortiz Pérez había hecho a la misma. Posteriormente, la parte demandante presentó una moción de desistimiento con perjuicio. El doctor Ortiz Pérez accedió al desistimiento. La acción contra la aseguradora por 'los gastos de abogado incurridos para defenderse continuó. Luego de celebrada vista en su fondo, el tribunal de instancia dictó sentencia en la cual determinó que la aseguradora no venía obligada a darle representación legal al codemandado doctor Ortiz Pérez. Se fundó en que en la demanda original se alegó que éste causó daños como consecuencia de haber cometido un aborto criminal e ilegal, y la póliza sólo cubría reclamaciones por responsabilidad profesional. Desestimó la demanda e impuso el pago de $500 en honorarios de abogado.

Es de esta sentencia que recurre el codemandado doctor Ortiz Pérez alegando la comisión de tres (3) errores que van dirigidos a cuestionar la determinación de que la asegura-dora no tenía que asumir su representación desde la presen-tación de la demanda original y que no procedía imponerle los honorarios. Expedimos el auto y procedemos a resolver. ()

1-H

La clausula pertinente de la póliza de seguro lee como sigue:

The Company will pay on behalf of the insured with respect only to his professional liability involving his practice within the Commonwealth of Puerto Rico, all sums which the insured shall be legally obligated to pay as damages because of: injury arising out of the rendering of or failure to render, during the policy period, professional services in the practice of the profession described in the declarations by any person for whose acts or omissions the partnership insured is legally responsible, and the Company shall have the right and duty to defend any suit against the insured seeking such damages, even if any of the allegations of the suit are groundless, false or fraudulent.... (Énfasis suplido.) Alegato de la recurrida, pág. 5.

El derecho que tiene un asegurado de recibir representación legal de su compañía aseguradora es contractual que surge de la póliza. El propósito de la póliza es brindarle protección al asegurado, por lo tanto el deber de defender a un asegurado de pleitos en su contra es parte esencial de la cubierta que se contrata con una compañía aseguradora. Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963); 7C Appleman, Insurance Law and Practice (Berdal ed.) See. 4684.01 (1979); International Paper Co. v. Continental Casualty Co., 320 N.E.2d 618 (1974).

En relación con la interpretación de contratos de seguro hemos resuelto que éstos “deben ser generalmente entendidos en su más corriente y usual significado, sin atender demasiado al rigor gramatical, sino al uso general y popular de las voces. El asegurado que adquiere una póliza tiene derecho a confiar en la cubierta que se le ofrece leyendo sus cláusulas a la luz del sentido popular de sus palabras”. Morales Garay v. Roldan Coss, 110 D.P.R. 701, 706 (1981). Además, las cláusulas de exclusión no son favore-cidas; han de interpretarse restrictivamente y de forma tal que se realice el propósito de la póliza de proveer protección al asegurado. Cualquier ambigüedad se resolverá a favor del asegurado. The London Assurance v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 305 (1967); Barreras v. Santana, supra; 14 Couch on Insurance 2d (Rev ed.) Sec. 51:49 (1982); Appleman, supra, Sec. 4683.

Ahora bien, en cuanto a la obligación de un asegurador de brindar cubierta y de asumir la representación legal del asegurado hemos resuelto que si éste incumple procede la imposición al primero de las costas del litigio y de los honorarios. Sin embargo, la concesión del remedio depende de la existencia del deber de asumir representación legal en favor de un. asegurado y el incumplimiento del contrato resultante de la violación de ese deber. Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632 (1986); Vega v. Pepsi-Cola Bot. Co., 118 D.P.R. 661 (1987); Couch, supra, Sec. 51:54, pág. 509; Appleman, supra, Sec. 4691, pág. 238.

El deber de defender al asegurado de aquellas acciones que caigan bajo la cubierta de la póliza debe medirse, en primera instancia, por las alegaciones de la demanda presentada en el caso en específico. El tribunal debe examinar la totalidad de las alegaciones hechas por el demandante y, a base de una interpretación conjunta de las mismas, determinar si existe la posibilidad de que la persona asegurada esté protegida por la póliza expedida a su favor. Fernández v. Royal Indemnity Co., 87 D.P.R. 859 (1963); Morales Garay v. Roldán Coss, supra; Vega v. Pepsi-Cola Bot. Co., supra; Appleman, supra; Couch, supra; U.S. Fidelity and Guaranty Co. v. Louis A. Roser Co. Ins., 585 F.2d 932 (1978); Travelers Indem. Co. v. Obenshain, 245 S.E.2d 247 (1978); Truckinski v. Cashman, 257 N.W.2d 286 (1977). Al hacer esta determinación debe tenerse presente que el deber de defender es de carácter más amplio que el deber de indemni-zar; el primero existe independientemente del resultado del pleito y de la adjudicación de responsabilidad que finalmente haga el tribunal. Appleman, supra, Sec. 4683.01; Couch, supra, Sec. 51:42; Comentario, The Insurer’s Duty to Defend under a Liability Insurance Policy, 114 U. Pa. L. Rev. 734 (1966).

Si la demanda contiene alegaciones que están cubiertas por la póliza, así como otras que no lo están o podrían no estarlo, la compañía de seguros tiene el deber de asumir la defensa del asegurado aun sobre aquellas reclamaciones que no estén cubiertas por la póliza. El hecho de que la demanda contenga alegaciones ambiguas o incompatibles no releva a la compañía de su deber de defender, ya que “[e]l deber de los aseguradores de defender contra una reclamación que cae bajo la cubierta de la póliza no cesa por el hecho de que las alegaciones del demandante no sean perfectas[. E]sto es, la obligación del asegurador no consiste en simplemente defender en aquellos casos en que se hagan declaraciones perfectas, cubre también aquellos casos en que se pueda razonablemente inferir de las alegaciones la responsabilidad del asegurado y ni la ambigüedad, inconsistencia o duplicidad en la demanda o declaración de los demandantes puede justificar el que el asegurador no cumpla con su obligación de defender”. (Traducción nuestra.) Couch, supra, Sec. 51:49, págs. 489-492. Cualquier duda sobre si existe el deber de defender tiene que resolverse a favor del asegurado. Barreras v. Santana, supra; The London Assurance v. Tribunal Superior, supra; Couch, supra; Appleman, supra, Sec. 4683; Ladner &. Co., Inc. v. Southern Guaranty Ins., 347 So. 2d 100 (1977).

En el caso de autos, al tomar en consideración todas las alegaciones de la demanda original e interpretar la póliza de seguro liberalmente a favor del asegurado, concluimos que la reclamación allí esbozada estaba cubierta por la póliza. Aun-que la parte demandante alegó que el codemandado doctor Ortiz Pérez había realizado un aborto criminal, también ex-presó que la codemandante Lisa había mentido sobre su edad y estado civil, y que fue inducida o forzada a someterse al aborto por otros codemandados. Ciertamente, en lo que respecta a las alegaciones que pretenden imputarle respon-sabilidad al codemandado doctor Ortiz Pérez, éstas son am-biguas y distan mucho de ser perfectas; sin embargo, de ellas se puede razonablemente inferir que al doctor Ortiz Pérez se le imputa responsabilidad en relación con su práctica profe-sional y que el daño reclamado surge del servicio profesional rendido. Esta reclamación está cubierta por la póliza.

Cabe señalar también que, en relación con la defensa es-tablecida en el Art. 11.020(1) del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, ésta no puede esgrimirse, pues de acuerdo con los hechos alegados en la demanda el daño recla-mado no sobrevino como consecuencia penal de un delito y el codemandado no intentó delito alguno contra la codeman-dada Lisa. Morales Garay v. Roldán Coss, supra, pág. 709.

Por todo lo anteriormente expuesto, resolvemos que Insular incumplió con su obligación de representar al recu-rrente doctor Ortiz Pérez. Insular tiene que reembolsarle las sumas pagadas por él en concepto de honorarios de abogado para defenderse del pleito en cuestión más las costas del litigio. Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., supra; Vega v. Pepsi-Cola Bot. Co., supra.

Se dictará sentencia que revoque la aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opi-nión escrita, a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Ortiz.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo Ló-pez y Ortiz.

No podemos rubricar la opinión del Tribunal. Bajo un en-foque liberal, y apreciadas de la manera más dilatada posi-ble, las alegaciones en la demanda original contra el Dr. Héctor Ortiz Pérez no configuraron un reclamo por impericia o negligencia médica, sino sólo la realización de un aborto criminal e ilegal. Sobre este extremo no hay ambigüedad ni inconsistencias.

Frente a esta realidad, no debemos imponer responsabili-dad a la Corporación Insular de Seguros, Inc. por los gastos en honorarios incurridos por el doctor Ortiz Pérez antes de ser enmendada la demanda. La póliza por impericia médica no cubría ese riesgo. No podía hacerlo por contravenir el Art. 11.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 1102, que “prohíbe el seguro ‘contra las conse-cuencias penales de un delito’”. Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701, 709 (1981).

Tampoco puede sostener dicha responsabilidad bajo la tesis de que la aseguradora debió investigar. Su deber se evalúa de la faz de las alegaciones de la demanda. Cuando de las mismas surge únicamente un acto intencional delictivo, la aseguradora no viene obligada a investigar la veracidad o falsedad de las mismas. 7C Appleman, Insurance Law & Practice (Berdal ed.) Sec. 4683, pág. 51 (1979). Tampoco a proveer ni costear representación legal.

      (1) La demanda fue presentada por los padres de ésta por sí y en representa-ción de su hija menor de edad y de la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos.

      (2) Este artículo, en su parte pertinente, dispone:
      “See. 1102. Objetos asegurables

      “Sujeto a las disposiciones de este título, un contrato de seguro podrá ha-cerse con respecto a cualquier objeto y los riesgos en el mismo expresados, en cuanto a los cuales existe posibilidad de damnificación e interés asegurable, ex-cepto que:
      “(1) No se asegurará a ninguna persona contra las consecuencias penales de un delito; pero esta disposición no se entenderá como que prohíbe hacer contratos proveyendo para fianzas y gastos de defensa por delitos resultantes de accidentes de tránsito por tierra, mar o aire.” 26 L.P.R.A. see. 1102.

      (3) La recurrida plantea que, a tenor con lo dispuesto en las Reglas 53.1 y 67.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la Regla 17(h) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, carecemos de jurisdicción. Se funda-menta su alegación en que la recurrente no cumplió con el requisito de notificarle a todas las partes en el pleito la solicitud de revisión dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior. Sólo notificó a la recurrida Corporación Insular de Se-guros, Ine. No le asiste la razón.
      Los demandantes desistieron con perjuicio de la demanda original. Sólo que-daba en el pleito una reclamación, la contenida en la demanda contra tercero; un demandante, el Dr. Héctor Ortiz Pérez, y un demandado, Insular. La parte recu-rrente notificó correctamente.


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license: Public Domain

text:
    Roberco, Inc. y Roberto Colón, demandantes y recurrentes, v. Oxford Industries, Inc., demandado y recurrido.

      Número: RE-85-300

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Nelson Biaggi García y María Soledad Piñeiro Soler, de Ramí-rez, Látimer & Biaggi, abogados de los recurrentes; Jorge Ca-lero Blanco, de Ledesma, Palón & Miranda, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

Se plantea ante nos la interrogante de lo que es un “dis-tribuidor” para propósitos de la Ley sobre Contratos de Dis-tribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 278 et seq.

b — 4

Hechos

El Sr. Roberto Colón presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una demanda al amparo de la Ley Núm. 75, supra, contra Oxford Industries, Inc. (en adelante Oxford). Alegó que tenía un contrato con la demandada para la distribución y representación de los productos que éste ven-día en Puerto Rico y que la parte demandada lo dio por ter-minado, sin justa causa, causándole daños.()

La demandada presentó una moción de sentencia suma-ria en la que alegó que no existía controversia de hechos y que, como cuestión de derecho, el demandante no era un “distribuidor” protegido por la Ley Núm. 75, supra.() La parte demandante se opuso.() Luego de celebrar vista, el tribunal, fundándose en una deposición del Sr. Roberto Co-lón, formuló las determinaciones de hecho siguientes:

1. No hay contrato escrito alguno suscrito por las partes. Sin embargo, se ha establecido que el demandante se encar-gaba de la venta en Puerto Rico de una línea de camisas para hombres y niños conocida como “Lightning Bolt”, cuya licen-cia tenía la parte demandada.
2. La demandante conseguía las órdenes en Puerto Rico y se las enviaba a la demandada a los Estados Unidos a base de una comisión.
3. La demandante no compraba los productos de la deman-dada para luego revenderlos a sus clientes, por lo tanto no mantenía un inventario en Puerto Rico ni almacenaba aquí los productos.
4. La demandante no tenía discreción en cuanto a la conce-sión de crédito a sus clientes, ya que dicha decisión era to-mada, sin su intervención, por la demandada.
5. Tampoco era una responsabilidad de la demandante el cobrar los productos que vendía, ya que los clientes pagaban directamente a la demandada en los Estados Unidos. Sólo en circunstancias especiales era que la demandante recibía pagos de algunos de los clientes.
6. Las comisiones recibidas por la demandante eran exclu-sivamente a base de las ventas, sin importar que las órdenes fueran o no cobradas posteriormente.
7. Tampoco la demandante se responsabilizaba por la en-trega de la mercancía, ya que de eso se encargaba Oxford directamente.
8. La demandante no tenía responsabilidad alguna por las posibles devoluciones de mercancía, las cuales también eran responsabilidad exclusiva de la demandada.
9. La demandante nunca hizo uso del plan de publicidad co-operativa que tenía la demandada y su inversión en publicidad para los productos “Lightning Bolt” fue mínima, limitándose a algunos anuncios aparecidos en revistas preparadas para “trade shows” y similares. Los pocos anuncios publicados eran realmente para beneficio de Roberco, Inc., ya que el nombre “Lightning Bolt” aparecía junto al de los otros pro-ductos que también distribuía la demandante.
10. La demandada dio por terminada la relación entre las partes durante el período de tiempo comprendido entre los meses de marzo a mayo de 1982. Sentencia, págs. 2-3.

El tribunal concluyó, como cuestión de derecho, que el demandante no era un “distribuidor” según lo define la Ley Núm. 75, supra, en su Art. 1 (10 L.P.R.A. see. 278). Deter-minó que más bien era un representante de ventas a comi-sión sin que hubiese asumido las obligaciones que distinguen a un “distribuidor”, según ese término se define en la Ley Núm. 75, supra, y la jurisprudencia interpretativa de la misma, tanto estatal como federal. Procedió, entonces, a de-clarar con lugar la moción de sentencia sumaria de la deman-dada y desestimar la demanda. No conforme, la parte de-mandante acudió ante nos en revisión; expedimos el auto y, al haber comparecido las partes, procedemos a resolver.

II

El distribuidor bajo la Ley Núm. 75 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

La Ley Núm. 75, supra, fue creada con el propósito de evitar los perjuicios surgidos como consecuencia de la práctica seguida por algunos fabricantes de eliminar arbitrariamente a los distribuidores locales tan pronto éstos creaban en Puerto Rico un mercado favorable para los productos y servicios del primero. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973); San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211 (1978). A esos efectos, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75, supra, expresa que:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede perma-necer indiferente al creciente número de casos en que em-presas domésticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios, o agentes, tan pronto como éstos han creado un mercado favorable y sin te-ner en cuenta sus intereses legítimos.
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que la ra-zonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico es vital a la economía general del país, al interés público y al bienestar general, y en el ejercicio del poder policial, con-sidera necesario reglamentar, en lo pertinente, el campo de dichas relaciones, para evitar los abusos que ciertas prácticas ocasionan. 1964 Leyes de Puerto Rico 243-244.

A los mismos efectos se sometió un informe de la Comi-sión de Industria y Comercio que recomienda aprobar la me-dida como medio de atacar el problema de la terminación, sin justa causa, de un contrato de distribución en perjuicio del distribuidor local que “ha creado un mercado favorable para sus productos ... [y] eficientemente han cumplido con sus responsabilidades”. 18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, Parte III, pág. 1531 (1964).

El elemento central de la Ley Núm. 75, supra, es el dis-tribuidor y el contrato de distribución. El Art. 1 (10 L.P.R.A. sec. 278(a) y (b)) define “distribuidor” y “contrato de distri-bución” de la manera siguiente:

(a) Distribuidor: persona realmente interesada en un con-trato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representa-ción de determinada mercancía o servicio.
(b) Contrato de distribución: relación establecida entre un distribuidor y un principal o concedente, mediante la cual, e irrespectivamente de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicha relación, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribución de una mercan-cía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mercado de Puerto Rico.

Bajo el esquema de la Ley Núm. 75, supra, solamente se regula la terminación de los contratos de distribución y las consecuencias que ello acarrea; nada más dice sobre la formación y características de éstos. A. Estrella, El contrato de agencia o representación comercial: naturaleza de la relación — la terminación del contrato, 31 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 241 (1970). La Ley Núm. 75, supra, define el concepto “distribuidor” de forma amplia y poco precisa, lo que ha obligado a los tribunales a “delimitar su contenido a la luz de los fines que persigue el estatuto”. San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra, pág. 215; J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, 108 D.P.R. 134 (1978); P. Salamone, Puerto Rico’s Distributor’s Law: Law 75: A Primer, 18 (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.A. 75 (1983).

Al analizar los contratos de distribución y de agencia, los comentaristas y tratadistas han encontrado que estas figuras tienen en común ciertas características: ambas son contratos entre empresarios mercantiles independientes, de continuidad o duración fija o indeterminada. Mediante los mismos se impone al distribuidor o agente obligaciones de amplia y extensa actividad de promoción y venta. J. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Revista de Derecho Mercantil, 1963, T. Ill, Vol. 1, págs. 536-542; R. Uría, Derecho Mercantil, 11ma ed., Madrid, Ed. Aguirre, 1976, págs. 543-544. La gestión principal de éstos es crear un mercado favorable y conquistar clientela para un producto o servicio. Entre otras, la publicidad, la coordinación y desarrollo del mercado, las entregas de mercancías, los co-bros, el mantenimiento de inventario y “principalmente la promoción y conclusión de contratos de ventas” son, en términos generales, algunas de las obligaciones que pueden es-tar presentes entre las gestiones que realiza un distribuidor. San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra, pág. 215; Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, op. cit.; Estrella, op. cit. Son precisamente el tiempo, el dinero, las energías y las facilidades que ha invertido el “distribuidor” los fundamentos para la indemnización que al amparo del estatuto se concede cuando el principal da por terminado el contrato sin justa causa, causándole con ello daños al “distribuidor”. San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra.

La relación del “distribuidor” con el suplidor “se caracteriza por su continuidad, estabilidad, confianza mutua, coordinación entre ambas partes en calidad de empresarios independientes, sin subordinación jerárquica” y, usualmente, acarrea una inversión de parte del distribuidor. J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, supra, pág. 142.

Desde que la Ley Núm. 75, supra, fue aprobada y puesta en vigor, sólo en tres (3) ocasiones hemos tenido oportunidad de estudiar algunos aspectos de la figura del “distribuidor”. En J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, supra, resolvimos que la exclusividad en la distribución de un producto o prestación de un servicio no era un requisito indispensable para cualificar como un “distribuidor” bajo la Ley Núm. 75, supra. Tampoco lo era el que la referida actividad cubriera todo el territorio de Puerto Rico. También dijimos que “[e]n la transferencia de un producto del fabricante al consumidor generalmente intervienen en sus distintos niveles varios intermediarios que forman la cadena de distribución. Estos intermediarios pueden clasificarse en distintas formas, comerciantes mayoristas, agentes distribuidores, detallistas, concesionarios por franquicias, representantes de fábrica, etc. El proceso de distribución los incluye a todos, tanto al primer intermediario que es el distribuidor general como al último que transfiere el producto al consumidor, el detallista. La cadena de distribución puede también estar dividida en zonas o regiones y en cada uno de sus niveles puede estar integrada por uno o más intermediarios”. J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, supra, pág. 139.

En San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra, expresamos que por ser esquemática la definición de “distribuidor” y de “contrato de distribución” contenida en la Ley Núm. 75, supra, era “necesario delimitar su contenido a la luz de los fines que persigue el estatuto”. íd., pág. 215. Sobre la figura del “distribuidor”, específicamente indicamos que “[l]a publicidad, la coordinación del mercado, las en-tregas de mercancía, los cobros, el mantenimiento de inven-tario y principalmente la promoción y conclusión de con-tratos de ventas son en términos generales obligaciones del distribuidor”. íd. En Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797 (1982), extendimos la protección de la Ley Núm. 75, supra, a los agentes de seguros. Afirmamos que “los distribuidores protegidos por la Ley Núm. 75 no sólo son los que distribuyen mercancías, sino también los que prestan un servicio al principal.... [Por lo tanto] la actividad mercantil del agente de seguros, en tanto en cuanto pro-mueve y concluye contratos de seguro, constituye la presta-ción de un servicio mediante concesión o franquicia en el mercado de Puerto Rico bajo la Ley [sobre] Contratos de Distribución, supra”. íd., págs. 802-803.

hH h — i

El distribuidor bajo la Ley Núm. 75 y la jurisprudencia de los tribunales federales

Las cortes federales han tenido una mayor oportunidad de considerar casos al amparo de la Ley Núm. 75, supra.( ) En Cruz Ramos v. Brother Intern. Corp., 445 F. Supp. 983 (D. Puerto Rico 1978),() los hechos eran muy similares al caso de autos. El demandante simplemente recibía una comi-sión por las ventas que realizaba. No llevaba inventario ni tenía empleados o facilidades de almacén. Tampoco tomaba decisiones en cuanto a la concesión de crédito, no entregaba la mercancía vendida ni hacía la promoción. Ante este cuadro de hechos, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió que no estaba real y efectivamente a cargo de la distribución del producto del demandado y que, por lo tanto, no cualificaba como “distribuidor” para los fines de la protección que ofrece la Ley Núm. 75, supra.( )

En Mario R. Franceschini, Inc. v. Riley Co., 591 F. Supp. 414 (D. Puerto Rico 1984), también se trataba de he-chos muy similares. Allí el demandante sólo gestionaba ór-denes de compra que luego enviaba al demandado. Había creado un pequeño mercado para el producto del demandado en Puerto Rico. Sin embargo, no tenía autoridad para fijar los precios, extender o denegar crédito a los clientes; tam-poco podía determinar los términos de los contratos ni se encargaba de concluir los mismos. A la luz de estos hechos, el tribunal concluyó que la controversia giraba alrededor de la determinación de si la creación de un mercado, aunque pe-queño, sin que estuvieran presentes otros elementos relacio-nados con la figura de un “distribuidor”, era suficiente para concederle al demandante el status de “distribuidor” al am-paro de la Ley Núm. 75, supra. Resolvió que, para poder cualificar como “distribuidor” bajo esta ley, era necesario que estuviera presente una serie de factores y que “lo impor-tante era determinar si todas las actividades que se realizan, ya fueren almacenaje, entrega o promoción, suman al desa-rrollo de un mercado a través de promoción y cierre de con-tratos de venta”. (Traducción nuestra.) Mario R. Franceschini, Inc. v. Riley Co., supra, pág. 418. Consideró que nin-guno de los factores era determinante por sí solo, sino que se debía ponderar si la existencia de todos o alguno de ellos resultaba en la creación de un mercado, principalmente a través de la promoción y conclusión de contratos de ventas. Tomando en consideración lo anterior y las decisiones de este Tribunal, expresó:

Thus the soundest approach in examining these terms is to abide as closely as possible to the formula provided by the Supreme Court of Puerto Rico, any analysis of the actual contents of a given commercial relationship must take the basic elements of this formula into account. In the present case, plaintiff has not disputed its lack of authority to approve or reject the orders it dispatched to defendant. It has not controverted the proposed facts that its word was not binding on defendant, that it did not buy any of the equipment sold and that it did not have a say in fixing terms of sales, eventual billing and accounting. It assumed neither the risks nor the responsibilities that go with an Act 75 dealership. It has been shown that plaintiff was a mere forwarder of orders who did not have the authority to close or conclude the sales contracts it promoted. In sum, plaintiff was not a dealer within the definition of the Act and the case law construing it. Mario R. Franceschini, Inc. v. Riley Co., supra, pág. 420.

Posteriormente, en la jurisdicción federal se han resuelto los casos de Sudouest Import Sales Corp. v. Union Carbide Corp., 732 F.2d 14 (1er Cir. 1984); González v. Brown Group, Inc., 628 F. Supp. 436 (D. Puerto Rico 1985), y EBI, Inc. v. Gator Industries, Inc., 807 F.2d 1 (1er Cir. 1986), todos con hechos similares. En todos se ha resuelto que, para propósitos de la Ley Núm. 75, supra, una persona que no asuma responsabilidades al gestionar las ventas y no invierta en promoción o inventario no está real y efectivamente a cargo de la distribución del producto en Puerto Rico y, por lo tanto, no cualifica como “distribuidor”. En todo caso, se le podrá considerar como un representante de ventas a comisión, pero no un “distribuidor”.

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Los auxiliares o intermediarios del comercio

En Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., 122 D.P.R. 55 (1988), también resuelto hoy, expresamos que la materia regulada por la Ley Núm. 75, supra, es de naturaleza mercantil, y que para suplir las lagunas de dicha ley acudiríamos en primer término al Código de Comercio.

En el derecho mercantil existe una figura que es esencial para el desarrollo del tráfico comercial y, por ende, para el comerciante; ésta es la del auxiliar del comerciante. Esta figura se ha definido como que comprende a “[t]oda persona que, en virtud de un contrato, queda obligada a realizar una prestación o periódicas prestaciones en favor de un comerciante, viene por este hecho a auxiliarle en su comercio .... Pero estas personas no se proponen exclusivamente ser auxiliares de un comerciante; antes bien, son ellas por sí comerciantes substantivos, cuyo género de comercio no se opone, sino que se coordina o subordina, al de otros comerciantes. Más que auxiliares del comerciante son auxiliares del comercio”. J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, Ed. Aguirre, 1976, T. I, pág. 658. Son colaboradores autónomos del empresario mercantil que no están integrados a su establecimiento, pero le auxilian a cambio de una remuneración convenida. Se puede decir que los auxiliares del comercio son empresarios cuya actividad consiste en prestar servicios retribuidos a otros empresarios. Uría, op. cit., pág. 45.

Entre los auxiliares o intermediarios del comercio se encuentran los viajantes. Éstos auxilian al empresario de forma estable y continuada, y su actividad comercial se desplega fuera del establecimiento del empresario. La labor de éstos consiste en “ensanchar constantemente el círculo de operaciones de la empresa, conservando, renovando y aumentando en lo posible la clientela”. (Énfasis suplido.) Uría, op. cit, pág. 52. Garrigues nos describe este interme-diario o auxiliar del comercio de la manera siguiente:

Dentro de los apoderados singulares podemos agrupar a los viajantes. El viajante puede ser: agente independiente, que presta sus servicios a diversos comerciantes mediante remu-neración fija; viajante comisionista, que percibe una comisión sobre importe de las ventas que realice, y viajante depen-diente, miembro del personal del comerciante. Este es el que ahora nos interesa. Viajante es toda persona auxiliar que opera fuera del establecimiento del negocio. Su misión con-siste en ampliar el círculo de venta del principal, bien sea den-tro de la misma población (viajante en plaza), bien sea en distintas poblaciones. El viajante extiende la clientela del co-merciante, dando a conocer al público distante del estableci-miento las mercancías (mediante muestras generalmente) o los servicios que en él se obtienen. De la habilidad y compe-tencia del viajante depende muchas veces la prosperidad del negocio. Es cargo de confianza, dado que el viajante no actúa bajo la inmediata vigilancia del principal. Las facultades del viajante se gradúan diversamente en la práctica: unas veces su poder se extiende a la conclusión del contrato de venta (con autorización o no para percibir el precio); otras veces sólo está autorizado para transmitir ofertas de contrato al principal; otras, finalmente, puede pactar, pero subordi-nando el contrato a la aprobación del principal. Todas estas hipótesis entran en los supuestos del artículo 292, ya que al viajante se le encomienda o alguna gestión (recoger ofertas de contrato: pedidos) o la representación del comerciante en un ramo determinado de contratos. (Énfasis suplido.) Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, op. cit., págs. 673-674.

El viajante es la figura de la cual surge otro auxiliar o intermediario del comercio: el agente. Por eso se ha dicho que “los agentes dedicados a la venta de mercancías tienen su antecedente inmediato en la figura del viajante dependiente de su principal”. (Escolio omitido.) Estrella, op. cit., págs. 242-243. En ocasiones se hace difícil diferenciar entre el viajante independiente y el agente, puesto que ambos tienen la misma condición de trabajadores frente al empresario. A ambos se les exige y en ambos tienen que con-currir dos (2) condiciones, a saber: que para el perfecciona-miento de las operaciones llevadas a cabo tengan la apro-bación del empresario y que no queden personalmente obli-gados a responder del buen fin de la operación que lleven a cabo. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, op. cit. Tam-bién ambos gozan de autonomía para el desempeño de su función mediadora. “Principal y distribuidor se hallan en re-lación de colaboración en la distribución y venta de un pro-ducto. No están vinculados por ningún pacto ni relación de dependencia que subordine una empresa a la otra.” Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 D.P.R. 172, 187 (1988), también resuelto hoy.

Bajo el esquema de la Ley Núm. 75, supra, el viajante propiamente no goza de la protección de la ley. Éste es un “trabajador” del empresario individual que no lleva a cabo una cantidad sustancial de las gestiones que realiza el “distribuidor” ni incurre en los gastos e inversiones que normalmente acarrea la distribución de un producto o servicio. No es un “distribuidor”, aunque en ciertas ocasiones, por razón de las actividades que realiza, podría parecerlo.

En Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., supra, págs. 59-60, al referirnos al contrato de distribución de la Ley Núm. 75, supra, citando a Latour Brotons, dijimos que “[e]l contrato de distribución es ‘una modalidad contractual nueva, atípica .... [S]e trata de un contrato de naturaleza mercantil, rigiéndose, por consiguiente, por las normas [del] Código [de Comercio], por los usos de comercio observados generalmente en cada plaza —muy importante a los efectos que ahora interesan, por ser contrato gestado en la práctica comercial— y, finalmente, por las reglas del Derecho común’”.

La cadena de distribución, desde el fabricante hasta que el producto llega a manos del consumidor, puede estar integrada por un sinnúmero de auxiliares o intermediarios del comercio. Resulta obvio que no todos cualifican para la protección que brinda la Ley Núm. 75, supra. Para que se considere al auxiliar o intermediario del comercio como “distribuidor” no basta un mero contacto con el producto en el camino de éste pasar del fabricante o suplidor al consumidor; hace falta algo más.

Un “distribuidor” es un empresario mercantil independiente/) que ha establecido una relación de continuidad y duración, fija o indeterminada, con otro empresario principal para la distribución de un producto o servicio. Esta relación se caracteriza por la cooperación, la estabilidad y la confianza mutua que genera. Su finalidad es la creación, el desarrollo y la coordinación del mercado, y la obtención de nueva clientela. Para determinar si se está ante la figura de un “distribuidor” deben tomarse en consideración varios factores, entre ellos: si el “distribuidor” realiza una activa promoción y/o conclusión de contratos; si adquiere inventario; si ejerce control sobre los precios; si tiene discreción en cuanto a pactar los términos de las ventas; si tiene responsabilidad por la entrega y cobro de la mercancía, y autoridad para con-ceder crédito; si lleva a cabo gestiones, independientes o con-juntas, de publicidad; si ha asumido el riesgo y responsabilidad en la gestión que realiza; si compra el producto, y si tiene facilidades físicas y ofrece servicios relacionados con el producto a sus clientes. A éstos pueden añadírsele otros sin que se entienda ni pretenda hacer un listado exhaustivo.

Ningún criterio es determinante por sí solo y ninguno tiene mayor peso o importancia que otro. Se deben examinar y ponderar la conjunción de factores existentes en cada caso para a su luz resolver si estamos ante la figura del “distribui-dor” protegido por la Ley Núm. 75, supra. Tomando en con-sideración los hechos específicos del caso de autos, anali-cemos esta cuestión.

Y

Conclusión

En el caso de autos, el demandante señor Colón no man-tenía inventario ni facilidades de almacén, no compraba el producto ni tenía la responsabilidad de cobrar y entregar la mercancía, no realizaba gestiones de publicidad significa-tivas, no tenía control de los precios ni discreción para pactar los términos de las ventas y conceder crédito, no asumía el riesgo o responsabilidad por la venta y tampoco concluía los contratos de venta. El señor Colón sólo se ocupaba, a base de una comisión, de gestionar algunas órdenes de compra; ese era básicamente el principio y fin de su contacto con los clientes y con el demandado. Éste nunca asumió las respon-sabilidades y los riesgos relacionados con la figura de un “distribuidor”. Bajo estas circunstancias no podemos consi-derar que real y efectivamente tenía a su cargo “la distribu-ción ... o representación de determinada mercancía o servicio” en Puerto Rico. 10 L.P.R.A. sec. 278(a). El señor Colón no era un “distribuidor” según la Ley Núm. 75, supra.

La intención de la Ley de Contratos de Distribución fue proveer una compensación, por la terminación arbitraria sin justa causa de un contrato de distribución, para aquellos comerciantes que real y efectivamente tuvieran a su cargo la distribución y representación de un producto en la isla, salvaguardando, sin embargo, la flexibilidad necesaria para que la empresa mercantil suplidora pudiera organizar y reorganizar su sistema de distribución de forma eficiente y económica. Nuestro sistema de libre competencia así lo exige.() Resulta obvio, pues, que no se intentó abarcar a todos los intermediarios o auxiliares del comercio.

En el caso de autos, la relación establecida entre el demandante y demandado fue de vendedor a comisión y/o la de un viajante comisionista independiente que auxilia a un empresario principal en el desarrollo de su actividad comercial, sin obligarse ni responsabilizarse personalmente; no la de “representante o distribuidor” protegido por la Ley Núm. 75, supra.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que confírme la del tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Posteriormente, enmendó la demanda para alegar que la distribución de los productos de la demandada la hacía a través de una corporación llamada Ro-bereo, Inc.

      (2) Con la moción de sentencia sumaria acompañó una deposición del deman-dante Roberto Colón.

      (3) La parte demandante objetó el uso de la deposición por alegadamente no habérsele brindado oportunidad de objetar a las preguntas y a las contestaciones. En la toma de deposición se pactó que no se entenderían renunciadas las obje-ciones a las preguntas por el hecho de que no se levantaran en el momento. Sin embargo, en la moción en oposición a la sentencia sumaria la parte demandante no levantó objeciones a las preguntas de la deposición. El tribunal de instancia declaró sin lugar la objeción al uso de la deposición como fundamento para la moción de sentencia sumaria.

      (4) Esto se debe, probablemente, a que en los pleitos bajo la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 278 et seg., casi siempre está presente la diversidad de ciudadanía como fundamento jurisdiccional para que el tribunal federal pueda considerar el caso.

      (5) Este caso fue resuelto antes que San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211 (1978), y que J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, 108 D.P.R. 134 (1978), pero la decisión de éstos no contradice lo allí resuelto.

      (6) “Even under an extremely liberal interpretation of the Dealer’s Act, we cannot say that the activities and acts of authority of the Plaintiff were those of a distributor. Considering the facts in the manner most favorable to Plaintiff, it can only be concluded that he was not ‘actually and effectively’ in charge of the distribution of Defendant’s products in the market of Puerto Rico. Plaintiff had no obligation to purchase inventories; he had no warehouse facilities, he employed no salesmen nor had any of the inherent responsibilities of a distributor.” (Esco-lio omitido.) Cruz Ramos v. Brother. Intern. Corp., 445 F. Supp. 983, 984 (D. Puerto Rico 1978).

      (7) Luego de considerar factores tales como el grado de control, las oportuni-dades de pérdidas, la permanencia de la relación, las destrezas requeridas en el servicio prestado, el sitio donde éste se presta, la inversión requerida y si se obtenía plusvalía o no en relación con vendedores a comisión hemos resuelto que, a los fines de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 702(k)(5)(A), (B) y (C), el servicio prestado constituía un empleo. Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 105 D.P.R. 803 (1977); Tastee Freez v. Negdo. Seg. Empleo, 108 D.P.R. 495 (1979); Tastee Freez v. Negdo. Seg. Empleo, 111 D.P.R. 809 (1981).

      (8) Es interesante observar qne nuestra legislación protectora del sistema de libre competencia, la Ley Antimonopolística, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 257 et seq.), fue aprobada sólo un día después de la Ley Núm. 75, supra, el 25 de junio de 1964.


text:
    Ricardo Núñez González, etc., demandantes y recurrentes, v. Antonio Jiménez Miranda, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-86-651

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      José S. Brenes-La Roche, abogado de los recurrentes; Amando Arias Guardiola, de Arias Cestero & Arias Guardiola, abo-gado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El 22 de abril de 1986, Ricardo Núñez González, Brenda Abreo y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una demanda en la que reclamaron daños y perjuicios() En el epígrafe hicieron constar como demandados a Antonio Jimé-nez Miranda, Ana María Fernández Valdés, la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos, John Doe y Richard Roe, compañías aseguradoras así denominadas por desconocerse su verdadero nombre, y la Asociación de Condominos Con-dominio Richard Roe, así denominada por desconocerse su verdadero nombre. Alegaron que el codemandado Jiménez Miranda de forma negligente hirió “de bala en la parte frontal izquierda de la cabeza” al codemandante Ricardo Núñez González() y, como consecuencia de este acto negligente, los demandantes sufrieron los daños reclamados.

En relación con los demandados de nombres descono-cidos, en el párrafo cuarto de la primera causa de acción ale-garon lo siguiente:

CUARTO: Que la negligencia imputada al co-demandado ANTONIO JIMENEZ MIRANDA le es igualmente imputada por virtud de ley a los co-demandados SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES, ANA MARIA FERNANDEZ VALDES y la ASOCIACION DE CONDOMINES del edificio de condominios donde reside el co-demandado ANTONIO JIMENEZ MIRANDA aquí denominada como RICHARD ROE, así como a los co-demandados JOHN, JOE y RICHARD DOE compañías aseguradoras así denominadas por des-conocerse su verdadero nombre, quienes a la fecha de los hechos que motivaron la demanda tenían expedida pólizas de seguros a favor de la ASOCIACION co-demandada así como a favor del co-demandado ANTONIO JIMENEZ MIRANDA, y en protección del condominio propiedad de éste último, para responder por daños como los que aquí se alegan. Exhibit E, pág. 6.

El 30 de junio de 1986, luego de ser emplazados, los code-mandados Jiménez Miranda, Fernández Valdés y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos contestaron la de-manda. Iniciado el descubrimiento de prueba, la parte de-mandante envió dos pliegos de interrogatorio a estos deman-dados. Así las cosas, el 6 de noviembre de 1986 el tribunal dictó sentencia parcial en la que daba por desistida la acción contra los demandados de nombres desconocidos, John Doe y Richard Roe, compañías aseguradoras, y la Asociación de Condominos, Condominio Richard Roe, y ordenó el archivo con perjuicio por haber transcurrido el período de seis (6) meses que dispone la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sin que los hubiesen emplazado. Esta sen-tencia parcial se notificó el 10 de noviembre de 1986.() La parte demandante oportunamente solicitó reconsideración. En esta moción informó al tribunal que no habían podido emplazar a las compañías aseguradoras, porque los deman-dados aún no habían contestado los interrogatorios para in-formar los nombres y direcciones de las mismas. El tribunal denegó de plano la reconsideración.

Inconformes, el 29 de diciembre de 1986 los demandantes presentaron recurso de revisión. Alegaron, en síntesis, que el tribunal de instancia no ejerció adecuadamente su discre-ción al rehusar reconsiderar su decisión de dar por desistida la acción contra las compañías aseguradoras de nombres desconocidos. Adujeron que medió justa causa o negligencia excusable para no haber emplazado dentro del término de seis (6) meses que establece la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Decidimos revisar y expedimos el recurso. La parte demandante presentó alegato; el demandado sometió el recurso sin alegato.

Jurisdicción de este Tribunal

El recurso se presentó pasados los treinta (30) días del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Al ser rechazada de plano la moción de reconsideración, ésta no interrumpió el término para presentar el recurso de revisión. Pérez Rodríguez v. P.R. Park. Systems, Inc., 119 D.P.R. 634 (1987); Rodríguez Rivera v. Autoridad Carreteras, 110 D.P.R. 184, 187 (1980); Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979); De León Velázquez v. Frito Lay’s, Inc., 107 D.P.R. 46 (1978). Sin embargo, debido a que la sentencia parcial que estamos revisando aún no es final, no carecemos de jurisdicción. El tribunal de instancia no determinó específicamente en la sentencia que no existía razón para posponer el dictar la sentencia parcial. Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297 (1987).

El recurso apropiado para revisar una sentencia que aun no es final es el auto de certiorari. Este recurso no tiene término. Sec. 14(b) y (f) de la Ley de la Judicatura del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 37(b) y (f); Reglas 17 y 21 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A; Dumont v. Inmobiliaria Estado Inc., 113 D.P.R. 406, 416 (1982); A.R. Calderón y D. Rivé, Manual de Procedimientos Apelativos, Santurce, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1987, Caps. Ill y IV. Por lo tanto, considerado el recurso presentado como certiorari, lo expedimos. U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R. 512, 513 (1974).

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Demandados designados con nombres ficticios

Las disposiciones que permiten entablar una acción contra demandados desconocidos constituyen excepciones a la regla general que requiere que la persona contra quien se dirige una reclamación sea designada en la demanda por su nombre correcto y que se le notifique personalmente. Así se le garantiza el derecho a ser oído que exige el debido proceso de ley. Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986); Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 D.P.R. 58 (1983); Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963).

Estas excepciones surgieron con la necesidad de balancear el interés legítimo de los estados de que ciertas decisiones relacionadas con propiedades localizadas dentro de su territorio pudieran surtir efecto erga omnes, evitando así reclamaciones futuras frente al derecho al debido proceso de ley de las personas cuyos intereses propietarios pudiesen' quedar afectados. Además, vinieron a suplir la necesidad de atemperar los efectos de los términos prescriptivos cuando, a pesar de la diligencia del reclamante y del hecho que éste conocía la identidad del deudor, no había podido obtener el nombre correcto para entablar en tiempo la demanda en su contra. Nota, Designation of Defendants by Fictitious Names — Use of John Doe Complaints, 46 Iowa L. Rev. 773 (1961); Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306 (1950); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959 (1952).

En Puerto Rico las Reglas 4.6 y 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, son las que tratan con el problema de los demandados desconocidos o de nombres desconocidos:

Jp.6. Emplazamiento a demandados desconocidos
Cuando se trate de demandados desconocidos su emplaza-miento se hará por edictos de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.5, dándose cumplimiento sustancial a dichas dispo-siciones en todo lo posible.
15.b. Demandado de nombre desconocido
Cuando un demandante ignore el verdadero nombre de un de-mandado, deberá hacer constar este hecho en la demanda, ex-poniendo la reclamación específica que alega tener contra dicho demandado. En tal caso, el demandante podrá designar a dicho demandado en cualquier alegación o procedimiento con un nombre ficticio y al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda prontitud la enmienda correspondiente en la alegación o procedimiento.

Las acciones in rem o quasi in rem pueden ir dirigidas contra la propiedad en sí o contra personas designadas por sus nombres correctos o con nombres ficticios, cuando se desconoce sus nombres verdaderos o si existen o no. Este tipo de acción va encaminada a evitar futuras reclamaciones relacionadas con la propiedad. Nota, supra; Mullane v. Central Hanover Tr. Co., supra. El método que se utilice para notificar a estos demandados desconocidos tiene que ser aquel que razonablemente se pueda esperar que bajo todas las circunstancias les advierta de la acción que está pen-diente y brinde la oportunidad, si así lo desean, de compare-cer y presentar sus objeciones. Rodríguez v. Nasrallah, supra. Ahora bien, en acciones in personam, aquellas dirigidas contra la persona, sólo se permite demandar designando a la persona con un nombre ficticio cuando se conozca la identi-dad, pero no el nombre correcto. Sin embargo, para que la decisión del tribunal surta efecto contra la persona así desig-nada, ésta tiene que ser traída al pleito con su nombre co-rrecto luego de que se le notifique con tiempo suficiente para que pueda defenderse de la reclamación.

La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, permite el emplazamiento de todo tipo de demandado desconocido. De otra parte, la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra, sobre la capacidad de comparecer como demandado sólo se refiere a demandados de nombres desconocidos y exige que “al descubr[ir] el verdadero nombre, [el demandante haga], con toda prontitud la enmienda correspondiente en la alegación”. Esta regla proviene de la See. 474 del Código de Procedimiento Civil de 1872 de California. Se incorporó originalmente a nuestro ordenamiento procesal a través del Art. 141 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472 (1967), tuvimos la oportunidad de analizar una situación similar a la de autos.() Se trataba de una demanda de daños y perjuicios presentada contra el Municipio de Ponce y su compañía aseguradora. A esta última se le designó en la demanda con un nombre ficticio por desconocerse su verdadero nombre. Allí, al igual que en el caso ante nuestra consideración, este hecho se alegó específicamente en la demanda. Posteriormente, y ya transcurrido el término prescriptivo, se enmendó la demanda para incluir a la compañía asegura-dora por su nombre correcto. Al contestar, la compañía ase-guradora levantó la defensa de prescripción. Citando, con aprobación, lo resuelto por los tribunales de California, ex-presamos:

En California, cuyo Art. 474 del Código de Procedimiento Civil corresponde al 141 nuestro, se ha resuelto consistente-mente que cuando en la demanda se intenta alegar una causa de acción contra el demandado a quien se designa con un nom-bre ficticio y su verdadero nombre se descubre posterior-mente, haciéndose la correspondiente sustitución mediante enmienda, se le considera como una parte en el pleito desde la interposición de la demanda original, y es ésa la fecha a consi-derar para determinar cualquier planteamiento sobre pres-cripción extintiva. Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, supra, pág. 478.

Bajo las circunstancias específicas del caso de autos, por tratarse de una acción in personam, es necesario que para que se pueda responsabilizar a las compañías aseguradoras designadas con nombres ficticios, se les incluya en la demanda con su nombre correcto y se les notifique ésta, de ser posible personalmente, con tiempo suficiente para que puedan comparecer y defenderse. La enmienda que se haga se retrotraerá a la fecha de la presentación de la demanda original. Si se determina que la demanda original se presentó a tiempo, la acción no estará prescrita. Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

H-i f — I

La Regla 4..3(b) de Procedimiento Civil y el demandado con nombre ficticio

En relación con la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, como regla general, en casos de demandados desconocidos o demandados con nombres desconocidos éstos deberán ser emplazados mediante edictos dentro del plazo de seis (6) meses allí establecido. Reglas 4.6 y 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En el caso de acciones in personam, donde se hayan incluido demandados con nom-bres desconocidos, es menester, además, enmendar la de-manda para incluirlos con sus verdaderos nombres y notificarles de la misma con tiempo suficiente para que pue-dan comparecer y defenderse. Regla 67 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En este tipo de acción, primero, los demandantes pueden optar por utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener los nombres verdaderos y las direcciones de los demandados designados con nombres ficticios y luego proceder a enmendar la demanda y emplazarlos personalmente. Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra. Si se decide por este curso procesal hay que ser conscientes que si no se logra completar el proceso dentro del término de seis (6) meses que dispone la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, se tiene que solicitar prórroga que exponga las razones justificativas del incumplimiento. Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. De otra parte, si no solicitan la prórroga correspondiente y el tribunal da por desistida la acción y ordena su archivo con perjuicio, se puede solicitar reconsideración, Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, o relevo de sentencia, Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que exponga allí las razones que justifican la tardanza. El tribunal tiene discreción para dejar sin efecto la sentencia y extender el término para emplazar. Banco Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721 (1981); Lugo v. Municipio de Bagamán, 111 D.P.R. 679 (1981); Ortalazav. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985); Pietri González v. Tribunal Superior, 117 D.P.R. 638 (1986).

A la luz de los principios procésales antes ex-puestos, analicemos las actuaciones del tribunal de instancia al aplicar las Reglas 4.6, 4.3(b), 16.4, 68.2 y 47 de Procedi-miento Civil, supra. Comenzaremos por reiterar que “[a]l interpretar las Reglas de Procedimiento Civil hay que tener presente, como principio rector, que éstas no tienen vida pro-pia, sólo existen para viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las partes”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986). Los peticionarios en el caso de autos hicieron constar tanto en el epígrafe de la demanda como en las alegaciones dentro del cuerpo de la misma que por desconocer el nombre verdadero de las compañías ase-guradoras las estaban designando con nombres ficticios. También hicieron alegaciones específicas en relación con la responsabilidad que le imputaban a estas aseguradoras. Además, utilizaron con diligencia los mecanismos de descu-brimiento de prueba para tratar de obtener los nombres co-rrectos y las direcciones de las compañías aseguradoras que habían designado con nombres ficticios. Si no tuvieron éxito en lograr la información dentro del plazo de seis (6) meses que concede la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, fue precisamente debido a la conducta de los demandados. Éstos, al solicitar varias prórrogas para contestar los inte-rrogatorios impidieron que la información llegase a tiempo a manos de los demandantes.

Ahora bien, al dictar la sentencia parcial el tribunal no era consciente de las gestiones que estaban llevando a cabo los demandantes para obtener la información que les permi-tiría cumplir con las Reglas 15.4 y 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra. A tenor con lo dispuesto en la Regla 67.4 de Procedimiento Civil, supra, ni los interrogatorios ni las con-testaciones a los mismos se presentan en el tribunal. Sin embargo, una vez advino en conocimiento de estos hechos a través de la moción de reconsideración presentada por los demandantes, debió, en el ejercicio de su discreción, reconsi-derar su decisión de dar por desistidas con perjuicio las re-clamaciones contra las compañías aseguradoras y conceder a los demandantes un término razonable, después de obtenida la información necesaria de parte de los demandados, para enmendar la demanda y emplazar a las aseguradoras por sus verdaderos nombres.

Por todo lo anteriormente expuesto, se dictará sentencia que revoque la sentencia parcial dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 6 de noviembre de 1986 y se devolverá el caso al tribunal de origen para que continúen los procedimientos compatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López no intervinieron.

      (1) También comparecieron como demandantes Amelia González, Juan Nú-ñez Santiago y Juan Núñez González, padres y hermano, respectivamente, del codemandante Ricardo González Núñez.

      (2) De acuerdo con lo alegado, al recibir la herida de bala Ricardo Núñez González se encontraba en la acera frente al condominio donde vive el codeman-dado Jiménez Miranda. Este último al “descubrir que su apartamento fue esca-lado salió apresuradamente al balcón del mismo, y desde el segundo piso negligentemente abrió fuego hiriendo” a Núñez González. Exhibit E, pág. 6.

      (3) Esta sentencia fue dictada y notificada dos (2) veces, una el 6 y el 10 de noviembre de 1986, sin utilizar el formato del tribunal, y otra el 12 y el 14 de noviembre de 1986, utilizando el formato.

      (4) En este caso aplicamos la Regla 15.5 de Procedimiento Civil de 1958, predecesora de la actual Regla 15.4 (32 L.P.R.A. Ap. III).