author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Héctor M. Lugo Montalvo, etc., et al., demandantes y recurrentes, v. Jacinto González Mañón et al., demandados y recurridos.

      Número: R-75-59

      Resuelto: 10 de noviembre de 1975

      Michel Rachid Piñeiro, José R. Fournier, E. Fournier de Rivera y José R. Fournier Torres, abogados de los recurrentes; Enrique González, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una acción de daños contra el Dr. Jacinto Gon-zález Mañón personalmente y contra la sociedad de ganancia-les que tiene constituida con su esposa, Paquita Carrillo de González, por alegados daños causados por el Dr. González Mañón mientras éste ejercía su profesión de médico en su consultorio. Básicamente se trata de un caso de alegada mala práctica o impericia profesional (malpractice).

A solicitud de dicha sociedad de gananciales, mediante sentencia parcial, la ilustrada Sala sentenciadora desestimó la demanda en cuanto a la sociedad de gananciales y la dejó subsistente en cuanto al codemandado Dr. González. Se basó para ello el tribunal de instancia en el Art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3663, el cual lee como sigue:

“El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de ganan-ciales.

Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.

Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se le impongan, podrá repetirse contra los ganan-ciales después de cubiertas las atenciones que enumera la see. 3661 [Art. 1308, C.C.], si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de liquidarse la so-ciedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresa-dos.”

El primer párrafo del citado artículo no está aquí envuel-to. Es el segundo el vital para el presente recurso y cuya interpretación debemos hacer. Hay que precisar qué son “multas” y, especialmente en este caso, qué son “condenas pecuniarias.”

No parece haber discrepancia en la jurisprudencia y entre los tratadistas en que “multas” se refiere a penalidades económicas impuestas por la comisión de delitos públicos. Esto es, que son penalidades por crímenes. Tampoco hay discrepancia en que dichas multas son de carácter personal y debe pagarlas el cónyuge convicto y multado y no la sociedad de gananciales. Aunque precisa hacer la salvedad que otro tratamiento podría darse si el marido y la mujer actuasen de común acuerdo en la perpetración de un crimen — tráfico ilegal de drogas, contrabando, asesinato, etc.

Así, por ejemplo, en Rivera v. Casiano, 68 D.P.R. 190 (1948), uno de los señalamientos de error fue al efecto de que el tribunal de instancia erró al declarar con lugar la demanda en daños contra el marido y también contra la sociedad de gananciales. Resolvimos que no tenía mérito el planteamiento porque la prueba demostró que el marido “instigó, aconsejó y se puso de acuerdo con su esposa” para llevar a cabo los hechos que motivaron la demanda.

Pero es en relación con el concepto de “multas y condenas” en donde no hay unanimidad de criterio entre los autores y en el cual la interpretación del concepto va mano a mano con la situación fáctica a la cual se vaya a aplicar. Puede decirse que probablemente excepto Manresa, los tratadistas afinan su tratamiento de la cuestión hasta un grado en que sus conclu-siones son compatibles con una solución justa.

En su breve comentario sobre el particular, Manresa, obra citada, pág. 766 in fine, se limita a seguir la escueta letra del artículo y expresa que “Cuando se trata de tales condenas y multas, la ley no puede presumir que ha nacido la obligación en interés de la comunidad.” Las innumerables si-tuaciones de la vida no pueden todas encerrarse en tan dog-mática fórmula. Ya vimos como en el caso de multas penales la situación no siempre es necesariamente así. Tampoco lo es en el caso de las condenas por responsabilidad civil, y así lo reconoce la mayoría de los autores.

Como señala Castán, “El intérprete debe estudiar la ley sin desligarla de su origen, ya que ha de conocer cuál es la voluntad del legislador, qué motivos la determinaron, qué circunstancias la exigieron; pero tampoco aislándola de la realidad en el momento de su aplicación, pues sólo así podrá adaptarla a las circunstancias sociales.”

El mismo autor expresa que es de tener en cuenta que el legislador estatuye para el porvenir pero no puede suponerse que sea voluntad del legislador dictar fórmulas cerradas que inmovilicen el Derecho y le priven de elasticidad.

El Código Civil, aunque su reexamen es ya harto necesa-rio, es una de nuestras piezas legislativas más terminadas y uno de los elementos más preciados de nuestro acervo cultural. Para conservarlo tenemos que interpretarlo con imagina-ción y en forma creadora. Es obvio que el medio social en que vivimos y en el cual opera el Código Civil es muy diferente a aquella sociedad agrícola del ochocientos que produjo dicho Código. Sin embargo, el Código está escrito en lenguaje sen-cillo y abarcador que permite, dentro de sus márgenes el desa-rrollo de la jurisprudencia que lo revitaliza y le asegura su permanencia. Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, 132 (1964) in fine.

Puig Brutau, obra citada, pág. 712, luego de expresar que las multas y condenas pecuniarias incluyen los casos de res-ponsabilidad por culpa extracontractual, cita con aprobación a Lacruz en el sentido de que si la mujer ha compartido la culpa del marido, podrá irse contra los gananciales directa-mente, sin previa excusión en los privativos del marido.

Lacruz y Sancho Rebullida, obra citada, pág. 209, se manifiestan en contra de una interpretación restrictiva del artículo (1410 español, 1310 puertorriqueño) sin razonar suficientemente su solución, lo que a juicio de dichos autores, y nuestro, presenta notables inconvenientes. Dichos autores son del criterio de que las condenas pecuniarias incluyen las responsabilidades procedentes de culpa extracontractual y añaden, a la pág. 210 ab initio:

“Sin embargo, cuando la culpa en que haya incurrido el ma-rido en la gestión de intereses comunes resulte en algún modo compartida por la mujer, no se verificará la computación orde-nada por el art. 1410, y será admisible la ejecución 'dirigida directamente contra los bienes gananciales, sin hacer excusión en los del marido y sin que nada pueda reclamar la esposa.”

Añaden los citados autores, por vía de ejemplo, escolio 4 de la pág. 210, que en casos de sanciones impuestas por in-fracción de las leyes sobre abastecimientos, al ser dichas infracciones consecuencia de una gestión, ilícita pero habitual, del negocio que alimenta la masa de gananciales y de cuyas ganancias se aprovecha toda la familia (que, por lo demás, no puede desconocer del todo la forma de desarrollarse las actividades mercantiles del jefe), deben pesar sus conse-cuencias económicas sobre todo el patrimonio familiar. Con-sideran esos autores que en casos así sería injusto que sopor-tase tales consecuencias económicas únicamente el marido, quien corrió el riesgo en beneficio del consorcio.

Cossio, luego de repetir el concepto clásico de que las mul-tas y condenas pecuniarias representan algo personal del cónyuge que con su falta o delito da lugar a ellas, expresa, obra citada, pág. 100 in fine:

“Nos parece claro que cuando se trata de condenas produci-das en procedimientos civiles, no puede, en principio, admitirse se encuentren comprendidas en el precepto que examinamos. Uni-camente cabría pensar en tal posibilidad, en dos diferentes su-puestos: el de condena en costas, como sanción de la temeridad (no en el de que éstas sean preceptivamente impuestas por la ley) y el de responsabilidades civiles derivadas de delito o falta pero que hayan sido exigidas por vía civil. Ciertamente que la S. de 4 'de octubre de 1910 antes citada, nos dice que el pago de las costas procesales es carga de la sociedad legal, consecuencia de la obligación de prestar ‘litis expensas,’ pero esto nada tiene que ver con la condena en costas que constituye una sanción del dolo procesal, y una auténtica penalidad civil para la parte con-denada a su pago.”

Parece claro, pues, que la doctrina entiende, creemos que con razón, que cuando la multa o condena es motivada por la comisión de un delito, como regla general — pues hay excepciones, como vimos — la responsabilidad es personal del cónyuge que lo cometió; pero en casos de responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad será personal o de la sociedad de gananciales según los hechos que la produjeron. Generalmente se reconoce que si la acción o gestión del marido aprovecha económicamente la masa ganancial, la responsabilidad también será de cargo de dichos bienes. Como expresa Scaevola, “quién está a las ganancias, debe estar a las pérdidas,” precepto que considera que desde muy antiguo rige en materia de sociedad. Obra citada, pág. 477.

Nuestra jurisprudencia sobre el particular no es incompatible con lo antes expuesto. En Rivera v. Casiano, supra, ambos cónyuges participaron en los hechos torticeros y se sentenció civilmente al marido y a la sociedad de gananciales.

En Rivera v. De Martínez, 70 D.P.R. 482 (1949) se tra-taba de una acción de daños basada en calumnia y arresto ilegal. La doméstica demandó a la ama de la casa porque ésta la acusó de hurtar un reloj. En el pleito civil venció la de-mandante. Se levantó como error que no se demandó al marido de la demandada. Se resolvió que no se cometió el error porque el pleito envolvía solamente la responsabilidad individual de la esposa y podía ser demandada en su propio nombre. Se confirmó la sentencia en daños.

En Lugo Guzmán v. Santiago Albino, 87 D.P.R. 623 (1963), la situación se presentó muy clara. No se demandó a la sociedad de gananciales sino al marido y a la mujer indivi-dualmente. La demanda en daños se basó en que la mujer codemandada privó de la vida al causante de los demandan-tes. A la fecha en que se inició la acción los codemandados se habían divorciado. Se revocó la sentencia en daños en cuanto al codemandado.

En el caso de autos se trata de un cónyuge cuya profesión es la medicina. Mientras esté casado todo lo que gane en el ejercicio de su profesión va al haber de la sociedad de gananciales. En el curso de su práctica profesional puede incurrir en responsabilidad civil por mala práctica. ¿Debe responder él solo, con sus bienes privativos, o debe tener el concurso de la sociedad de gananciales para la cual trabaja? Entendemos que este caso cae dentro de los criterios antes expresados en el sentido de que su gestión económica profesional beneficia a la masa ganancial y ésta debe también responder a la hora del débito.

Se revocará la sentencia parcial recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimien-tos.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       Nuestro Art. 1310 es igual al 1410 español. Tiene antecedentes en el Fuero Real (1254) Libro III, Tit. XX, Ley 14; en la Ley 207 del Estilo; y en las Leyes de Toro (1505), Leyes 77 y 78. Las Leyes del Estilo (estilo en ese contexto quiere decir observancia) eran en gran parte deci-siones del tribunal de la Corte que formaron jurisprudencia para la inter-pretación del Fuero Real. Minguijón, Historia del Derecho Español, 4ta. ed. rev. (1953) pág. 92. Para los textos de dichos antecedentes puede verse Fortuny, Régimen de Bienes en el Matrimonio (1962) pág. 325.

      Reyes Monterreal, El Régimen Legal de Gananciales (1962), pág. 247; Cossio, La Sociedad de Gananciales (1963), Tomo 50, Vol. I, pág. 96 y ss. del Tratado Práctico y Crítico de Derecho Civil del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos; Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, Dere-cho de Familia (1966), págs. 209-210; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil (1967), Tomo 4, Vol. 1, pág. 712; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo IX, 6ta. ed. rev. (1969), pág. 766; Scaevola, Código Civil, Tomo XXII, 2da ed. (1967), pág. 546; Fortuny, Régimen de Bienes en el Matrimonio (1962), págs. 327-328; Borrel, Derecho Civil Español (1954), Tomo IV, pág. 443.

         Teoría de la Aplicación e Investigación del Derecho (1947), pág. 229.

       Castán, obra citada, pág. 232.

       No estamos prejuzgando en absoluto los méritos del caso. Decimos “puede” en forma hipotética y solamente a los fines de plantear el problema jurídico que discutimos.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Lic. Hugo Rubén Félix.

      Número: 2775

      Resuelto: 10 de noviembre de 1975

      Hugo Rubén Félix, pro se, y A. J. Amadeo Murga, abogado del notario.
   RESOLUCIÓN

En el curso de su testimonio en un juicio civil el abogado Hugo Rubén Félix reveló no conocer la persona ni estar pre-sente cuando ésta suscribió una declaración jurada que dicho notario autenticó para su cliente Caguas Expressway Motors. El Director de Inspección de Notarías trajo el asunto a nues-tra consideración, y el 5 de septiembre pasado requerimos del notario que mostrara causa por la que no deba ser disci-plinado. En su comparecencia incorpora una admisión sin re-serva de su falta cometida hace cinco años, informa haberse desligado del cliente que originó la irregularidad en su prác-tica notarial y afirma su adhesión a las normas correctas durante los subsiguientes años de ejercicio.

Considerado su historial y las circunstancias que rodean el caso, se suspende al abogado Hugo Rubén Félix sólo de la práctica del Notariado por término de seis meses contados a partir de la notificación de esta Resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario


author: PER curiam:

text:
    Catalán González y Co., Inc., demandante y apelada, v. Justino García Martínez y Otros, demandados y apelantes.

      Número: O-75-48

      Resuelto: 11 de noviembre de 1975

      José B. Díaz Asencio y Felipe Cirino Colón, abogados de los ape-lantes ; Eduardo E. Ortiz, abogado de la apelada.
   PER curiam:

Se trata en este caso de la invasión ilegal por parte de los demandados de un predio de terreno perte-neciente a la demandante apelada. La vista del caso en sus méritos se celebró en 9 de enero de 1973.

El predio de terreno objeto de este litigio es el remanente de una finca con cabida de once cuerdas radicada en el Barrio Cañaboncito de Caguas. Esta finca fue adquirida por la parte demandante, Catalán González & Compañía, Inc., según lo evidencia la Escritura de Compraventa Núm. 75 del 28 de julio de 1956 otorgada ante el Notario Benjamín Rodríguez Ramón.

La antes mencionada finca fue objeto de tres expropiacio-nes forzosas entre los años 1956 a 1971, a saber: (a) en el año 1962 se expropiaron 4.2342 cuerdas para el Departa-mento de Obras Públicas; (b) en el año 1964 se expropiaron 894.06 metros cuadrados para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y (c) en el año 1971 se expropiaron 2.6208 cuerdas para el Departamento de Obras Públicas.

La cabida actual de dicha finca es de 3.73 cuerdas dividida en las siguientes dos parcelas. La parcela “A” comprende 2.96 cuerdas y la parcela “B” 0.77 cuerdas.

La mencionada propiedad ha garantizado en el pasado obligaciones de la demandante y sirve en la actualidad de garantía de su crédito mercantil mediante gravámenes hipo-tecarios.

Como resultado de conversaciones con- el Gobierno Municipal de Caguas la demandante ha permitido temporeramente a dicho Gobierno Municipal utilizar gratuitamente una parte de la parcela “A” con fines de recreo público. En 27 de mayo de 1970 la demandante autorizó por escrito al Secretario de Obras Públicas a entrar, mediante sus empleados y máquinas, a las parcelas “A” y “B”, con- motivo de obras de canalización de la quebrada Los Muertos.

Para noviembre de 1972 las personas naturales deman-dadas invadieron y ocuparon sin derecho ni autorización al-guna los terrenos de la parcela “A” y comenzaron a erigir en ellas varias edificaciones de distinta naturaleza con el propó-sito de vivirlas. Previa la prestación de una fianza por $15,000 la demandante obtuvo en 6 de diciembre de 1972 una orden de entredicho provisional contra los demandados. Por estipulación de las partes se extendió dicha orden hasta la celebración del caso en sus méritos.

Visto el mismo, el tribunal dictó orden de injunction permanente ordenando a los demandados que se abstuviesen, bajo apercibimiento de desacato, de penetrar en y ocupar dicha parcela propiedad de la demandante, de edificar allí y de en forma alguna interferir con la posesión libre y pacífica de dicho inmueble por sus dueños.

En apelación los demandados plantean ante nos tres cues-tiones. (1) Que se privó a los demandados Ana Sosa Flores y Bernardo Ayala del debido proceso de ley al dictarse senten-cia en su contra porque el tribunal carecía de jurisdicción sobre ellos. (2) Que erró el tribunal de instancia al dictar sentencia a favor de la demandante en ausencia de evidencia sobre la posesión material del inmueble por la demandante dentro del año precedente a la presentación de la demanda. (3) Que se privó a los demandados de su derecho al disfrute de su propiedad, a la protección contra ataques a su vida privada y a la protección de sus casas y efectos contra allana-mientos irrazonables.

Dichos planteamientos son frívolos, pues las partes estipu-laron que se dictara sentencia a favor de la demandante, que la sentencia cubriese a todos los demandados que habían inva-dido el terreno en cuestión, con la condición de que una vez dictada la sentencia, el caso se remitiese a las agencias correspondientes del Gobierno para que éstas tomasen las medidas pertinentes. Así lo aceptaron las partes y también el tribunal.

La condición antes aludida se refiere al contenido de la Ley Núm. 1 del 19 de junio de 1971, mediante la cual se enmendó el Art. 635 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2836. A tenor con dicha ley, cuando se trate del desahucio de personas que estén ocupando ilegalmente terre-nos ajenos, el término para el lanzamiento será de 40 días y en aquellos casos en que el tribunal determine que las condi-ciones del demandado lo ameriten, notificará con copia de la sentencia, luego de que ésta sea firme, al Director Ejecutivo de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda o al Director de la Administración de Programas Sociales, según proceda. El mencionado término de 40 días empezará a con-tarse a partir de la fecha de dicha notificación. La ley dispone que dichas agencias, una vez notificadas, “tomarán las medi-das que estimen pertinentes.”

Para abundar, precisamos lo siguiente. Por la parte de-mandante declararon Fernando Moreno Salas y Juan A. Cin-tron. Moreno Salas declaró que trabaja con la demandante y que es Tesorero de dicha firma. Se le preguntó si sabía si aquella poseía algún inmueble en Caguas, a lo cual contestó que sí y produjo una Certificación expedida el 30 de noviem-bre de 1972 por el Registrador de la Propiedad en ese sentido. A esto, el abogado de los demandados expresamente manifestó “No hay objeción.” Declaró el testigo que la demandante adquirió esa propiedad en el año 1956, que la misma se utiliza como garantía en las operaciones mercantiles de la deman-dante y entró en otros detalles que no es menester relacionar.

El testigo Juan A. Cintrón declaró que es Agrimensor, que conoce la propiedad de la demandante, que en el año 1968 hizo la mensura de dicha propiedad, que en el mismo día en que declaraba había pasado por la misma y que había visto las construcciones de madera que allí habían levantado y pre-sentó un plano. Al concluir su declaración el abogado de los demandados expresó que no tenía objeción a la presentación del plano y que no haría preguntas.

Luego hubo un diálogo entre el Juez y el abogado sobre el papel que le correspondía hacer a la Corporación de Renova-ción Urbana y Vivienda en el caso.

El tribunal expresó que no cuestionaba nada de lo que correspondiese hacer a las agencias del Gobierno bajo la ley, que la ley autoriza la intervención de la Corporación de Reno-vación Urbana y Vivienda después de sentencia, que la fun-ción de dicha agencia es la de investigar para determinar la condición económica de las personas demandadas y para hacer el realojo que correspondiese. Al expresar el Magistrado, “Vamos a oír a la parte demandada.”, el abogado defensor expresó su deseo de un receso para tratar en cámara ciertos aspectos del caso o que se estipulase en corte abierta sobre el mismo.

Continuó el diálogo y finalmente el juez expresó “El Tribunal invita a las partes al diálogo. Si son todos, todos. [Los demandados.] Si hay que sacar alguno; o si las partes quieren los mando a todos para el ‘field/ para la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, para que haga el ‘scanning’ y determine cuáles casos son meritorios, pero que sea vinal [síc] [obviamente quiere decir final] para las partes.”

A dichas expresiones del juez el abogado de los demanda-dos contestó:

“A esos efectos es que va la estipulación, a los efectos que no vayamos a pasar caso por caso y estemos todo el día: ¿ dónde vive su familia? Que entonces hagamos la estipulación, que Su señoría refiera los casos a la CRUV. Desde ahora, que sea la CRUV quien haga el proceso.”

Continuó el diálogo entre los abogados y el juez y se de-cretó un receso. Al ordenar el juez la continuación de los pro-cedimientos tuvo lugar el siguiente diálogo:

“Lcdo. Ortiz [Abogado de la demandante]: Vuestro Honor, las partes hemos conversado sobre el caso y estamos dispuestos a someter el caso por la prueba que se ha presentado, en la estipula-ción, y que si Vuestro Honor luego de examinar la prueba dic-taminara que se procede a dictar Sentencia a favor de la parte demandante, que en ese caso envíe a la CRUV Resolución sobre los procedimientos.
Hon. Juez: La otra parte....
Lcdo. Cirino [Abogado de los demandados]: Nosotros había-mos considerado la presentación de prueba a ciertos fines especí-ficos, pero en vista de la situación entendemos que no es necesario y queremos hacer la proposición al Tribunal que remita el caso una vez dictada la Sentencia a la Agencia correspondiente; y que el Tribunal, al hacer la determinación de hechos, tome en con-sideración todos y cada una de la prueba desfilada [sic] en el caso y todos y cada uno de los planteamientos que se han hecho.”

Luego de este intercambio, el Juez declaró con lugar la demanda y suspendió todo lanzamiento mientras se hacía la investigación por el Departamento de la Vivienda para que se procediese al realojo de aquellos demandados meritorios. Luego de esta expresión del juez, lo único que levantó el abogado de los demandados fue que se oponía a la presenta-ción en evidencia de unas fotografías y el tribunal determinó que se admitían. Se dio por terminada la vista del caso.

Conviene además aclarar que en casos como el presente, de invasiones ilegales, a sabiendas, de inmuebles ajenos, dicha invasión no crea derecho de privacidad alguna a favor de los invasores ni protege su posesión ilegal. Eesulta ridículo que personas que invaden ilegalmente y sin derecho alguno inmuebles ajenos planteen como error, como se ha hecho en este caso, que se les privó del disfrute “de su propiedad” y de la “protección de sus casas y efectos contra allanamientos irrazonables.” Un caso que establece normas vigorosas y claras sobre el particular es el de Amézquita v. Rafael Hernández Colón y otros, resuelto por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Primer Circuito, en 20 de junio de 1975, 518 F.2d 8.

Allí se trataba de lo siguiente. Unos invasores ocuparon terrenos de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. Se les solicitó que desalojasen la propiedad y al negarse a ello la policía y la Autoridad de Tierras limpiaron el lugar con la ayuda de dos palas mecánicas, destruyendo en el proceso algunas estructuras que se habían levantado allí ilegalmente. En aquel caso también se planteó que se habían invadido los hogares de los invasores sin orden judicial y que habían sido objeto de allanamientos ilegales. Una Corte de Distrito federal les falló a favor, 378 F.Supp. 737 (1974), pero la Corte del Primer Circuito revocó dicha decisión y declaró que los invasores no tenían ninguna clase de derecho {no colorable claim to occupy the land). También declaró que su alegación sobre invasión de privacidad era ridicula. Declaró el tribunal que se trataba de un pleito de clases; que se había nombrado a dos de los demandados y que los abogados habían asumido la representación de todos los afectados. Declaró el tribunal que para determinar lo que era el hogar o casa de una persona, a estos efectos, no podía hacerse haciendo caso omiso de la manera en que fue adquirida. Añadió que mediante un fait accompli de esa naturaleza no se establecía ningún dere-cho de privacidad del hogar.

No habiéndose cometido los errores señalados, se confir-mará la sentencia recurrida.

       El Código Penal de 1974 castiga con pena de reclusión por un término máximo de 6 meses, o multa máxima de $500 o ambas penas, a discreción del Tribunal, a toda persona que invadiere ilegalmente terrenos o propiedades ajenas. Art. 177 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4283..


author: PER curiam :

text:
    Benedicto Jiménez González, demandante y recurrido, v. Caparra Motors Corporation, demandada y recurrida; General Motors Overseas Distributors Corporation, tercera demandada y recurrente.

      Número: R-74-176

      Resuelto: 12 de noviembre de 1975

      Agrait, Otero & Oliveras, abogados de la tercera demandada y recurrente; José E. Bengoa Toro, abogado de Caparra Motors Corporation; B. & S. Quiñones Elias, abogados del deman-dante y recurrido.
   PER curiam :

El demandante compró a la Caparra Motors (Caparra) un automóvil nuevo, marca Buick, modelo Skylark de 1971. El vehículo había sido adquirido por la vende-dora de la General Motors Distributors Corp., una subsidiaria de la fabricante, General Motors Corporation (General Motors). Poco después de la compra, el auto empezó a eviden-ciar algunos desperfectos: no frenaba adecuadamente, tiraba hacia el lado izquierdo y desgastaba anormalmente la banda de frenos y el tambor de la goma delantera izquierda.

En tres ocasiones, durante los meses de octubre y diciem-bre de 1971 y febrero de 1972, el demandante llevó el auto a los dos talleres de reparaciones de la Caparra Motors en Mayagüez. El efecto de las reparaciones que se le hacían duraba de 10 a 15 días, al cabo de los cuales el auto volvía a manifestar los mismos defectos. Fue reparado también en el taller de la Caparra Motors en San Juan. Allí le cambiaron las bandas de frenos, los chupones y los muelles de los frenos. El vehículo operó normalmente por unos días y luego se volvió a dañar. Durante los meses de febrero y julio de 1972, y visto que el defecto en los frenos persistía, el demandante llevó el auto alrededor de seis veces a otros dos lugares de repara-ción: al Garage Nelson Ponce en Adjuntas y a un mecánico en Isabela. Le cambiaron las piezas defectuosas al vehículo, pero al poco tiempo éste volvió a dañarse.

Debido a que el auto seguía con los desperfectos, el com-prador instó demanda contra Caparra solicitando la resolución del contrato y daños y perjuicios. La vendedora presentó demanda de tercero contra General Motors aduciendo que el vehículo tenía vicios ocultos, los cuales la obligaban a in-demnizar a Caparra, “por cualquier cantidad de dinero que la Caparra Motors fuese condenada a pagar al demandante, así como por cualquier pérdida que sufra la vendedora por los hechos alegados en la demanda.” La General Motors contestó y reconvino.

El 3 de mayo de 1973, el Tribunal Superior, Sala de Maya-güez, Vera Mercado J., declaró con lugar la demanda contra Caparra y decretó la resolución del contrato de compraventa. Condenó a la General Motors y a Caparra a pagar solidaria-mente al demandante la suma de $5,995.77, intereses legales desde la fecha de compra hasta la fecha de pago, costas y hono-rarios de abogado. Declaró con lugar la demanda contra ter-cero y sin lugar la reconvención.

La General Motors acudió ante nos. Acordamos revisar la sentencia dictada en este caso “a los únicos fines de revisar los efectos de la sentencia en cuanto a la demanda contra ter-cero y la reconvención de la tercera demandada contra la ter-cera demandante.” En otras palabras, dejamos subsistente aquella parte de la sentencia que responsabilizó solidaria-mente a Caparra y a General Motors y limitamos la revisión a considerar la responsabilidad que tenían entre sí Caparra y General Motors.

A tenor con la garantía que le fue expedida al demandan-te, al comprar el vehículo, la General Motors repararía o a su opción sustituiría cualquier parte defectuosa del auto, con excepción de las llantas, las cuales serían separadamente ga-rantizadas por el fabricante de éstas. Las reparaciones hechas bajo esta garantía serían realizadas por cualquier distribuidor o dealer de la Buick dentro de un término razo-nable después de la entrega del auto. La General Motors le reembolsaría a su distribuidora cualquier reparación o sus-titución de piezas que ésta hiciese bajo los términos de la garantía.

El contrato celebrado éntre Caparra y General Motors disponía que en caso de que Caparra no pudiese resolver al-guna queja con prontitud, notificaría prontamente y en detalle a la Foreign Distributors Division, una división de General Motors. Textualmente establece dicha cláusula:

“12. Quejas de los dueños

El distribuidor recibirá, investigará y manejará todas las quejas recibidas de dueños de vehículos de motor con miras a asegurar y mantener el buen nombre del Distribuidor, la Foreign Distributor Division y Motor Vehicles hacia el público. Todas las quejas recibidas por el Distribuidor, que éste no pueda corregir con presteza serán notificadas con prontitud y en detalle a la F.D.D.” (Énfasis suplido.)

La Caparra no notificó a la General Motors sobre el des-perfecto del auto del demandante ni solicitó aprobación o ayuda técnica para efectuar reparación alguna en el auto del demandante. La primera y única notificación de la distribui-dora a la manufacturera referente a este vehículo lo fue la demanda de tercero.

El tribunal de instancia determinó que la cláusula del contrato que requería a la Caparra notificar al fabricante no es de aplicación a los hechos de este caso porque si bien es verdad que los tres talleres a donde se llevó el vehículo a reparar pertenecían a la Caparra, el personal de mecánica de estos talleres era distinto y, además, el vehículo se repa-raba y funcionaba por diez o quince días después de la repa-ración.

El hecho de que el personal de los tres talleres operados por Caparra fuera distinto no excusa de cumplir con los tér-minos del contrato firmado entre las partes. Ciertamente la obligación de notificar no era del personal de mecánica sino de la distribuidora y el personal sería distinto pero la organización a quien servía era Caparra, agente distribuidor de General Motors. Tampoco es razón válida para eximir de cumplir con los términos de lo convenido el hecho de que cada vez que el vehículo era reparado funcionaba bien por 10 ó 15 días. Ese mismo hecho era más bien razón para hacer la noti-ficación al fabricante pues era una demostración de que no podían corregir permanentemente el desperfecto que tenía el vehículo.

No habiendo Caparra cumplido con el contrato notificán-dole prontamente a la General Motors los desperfectos del vehículo vendido al demandante, procede condenar a Caparra Motors a pagarle a General Motors lo que esta última pague al demandante.

      “Buick (Buick Motor Division, General Motors Corporation) garantiza al dueño de cada automóvil Buick de pasajeros modelo 1971, que por un período de 12 meses o 12,000 millas, cualquiera que ocurra primero, reparará, o a su opción sustituirá cualquier pieza defectuosa o que tenga algún desperfecto — excepto las llantas que se garantizan separadamente por el fabricante de éstas.
      “El período de 12 meses/12,000 millas comenzará en la fecha en que el auto sea entregado al primer comprador al detal o si el auto es puesto en exhibición o usado como un auto de la compañía, antes de la venta al detal, el período comenzará en la fecha en que el automóvil sea primera-mente puesto en ese servicio.
      “Esta garantía cubre solo desperfectos resultantes de defectos en materiales o mano de obra.”

      “1. Las reparaciones incluidas bajo esta garantía serán realizadas por cualquier distribuidor Buick autorizado dentro de un período de tiempo razonable siguiente a la entrega del auto en el lugar de negocio del distri-buidor.”

       “Buick remunerará al distribuidor autorizado de Buick por la reparación o sustitución de piezas, hecha bajo garantía, de cualquier parte del auto encontrada defectuosa, o que sea la causa de su mal fun-cionamiento.”
      Además en el contrato entre distribuidora y fabricante también se establece:
      “Piezas: Si la pieza o piezas sustituidas son encontradas defectuosas por la Foreign Distributors Division, F.D.D. reembolsará al distribuidor o acreditará a la cuenta de éste una suma en dinero equivalente al costo de-la pieza en ese momento, al distribuidor de tales piezas.
      “Mano de Obra: Foreign Distributor Division pagará o le dará un crédito al Distribuidor, en base a un Sistema de Retribución Uniforme (Flat Rate System) de porciones de tiempo recomendado y suplido por F.D.D., con las retribuciones de mano de obra acordadas con la F.D.D.”

      En las determinaciones de hecho números 19 y 20 el Tribunal expresó:
      “19. En conformidad con la práctica seguida entre las partes Caparra Motors no solicitó asistencia técnica de la General Motors Overseas en cuanto a los problemas del vehículo del demandante. Aunque el demandante llevó el vehículo en 4 ocasiones a los talleres de la demandada, lo llevó a 3 talleres distintos que tienen diferente personal. Ninguno de los talleres de la Caparra Motors bregó con el vehículo en más de 2 ocasiones. Por esa razón no tenemos ante nosotros la situación en que se lleva el vehículo a un taller de la Caparra Motors Corporation en 7 u 8 ocasiones con el mismo problema.
      “20. Cada vez que el demandante llevaba el vehículo a los talleres de Caparra Motors se le reparaba y se le entregaba, funcionando normal-mente el vehículo por un término de 10 a 15 días después de la reparación. En vista de esos hechos tampoco se trataba de la situación que un vehículo estuviera en el taller de Caparra Motors sin que ésta pudiera repararlo.”


author: per curiam:

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Sociedad Civil Agrícola e Industrial Sucesión J. Serrallés y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-72-76

      Resuelto: 12 de noviembre de 1975

      Orlando J. Antonsanti, abogado de los demandados-recurrentes Sociedad Civil Agrícola e Industrial Sucesión J. Serrallés y otros; Gilberto Gierbolini y Miriam Naveira de Bodón, Pro-curadores Generales, J. F. Rodriguez Rivera, y Peter Ortiz, Procuradores Generales Interinos, Magda E. Haidar, Pro-curadora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   per curiam:

El recurso que aquí consideramos ataca la valoración dada por el Tribunal Superior, Sala de Expro-piaciones, a 82.21 cuerdas, de un total de 158.3973 cuerdas en la vecindad del Aeropuerto Mercedita, en Ponce, expro-piadas por el Estado para fines de ampliar las facilidades de dicho aeropuerto. El 17 de octubre de 1968 el Estado consignó $856,889.00 como justa compensación de las 158.3973 cuerdas expropiadas. La Sala recurrida determinó en su sentencia que la justa compensación debe ser $1,232,963.65, y ordenó al Estado consignar una suma adicional a la originalmente con-signada de $371,896.65 más intereses al 6% anual sobre esta cantidad contados desde el 17 de octubre de 1968.

Al hacer la determinación sobre la compensación que el Estado debe pagar, el tribunal de instancia concluyó que de las 158.3973 cuerdas expropiadas, 76.1873 cuerdas debían pagarse a $12,000 cada una, y las restantes 82.21 a $3,000. Se basó en que el mejor uso para las 76.1873 cuerdas es uno industrial, mientras que el mejor uso de las restantes 82.21 cuerdas es agrícola, incrementado por su potencial para cons-truir facilidades de ayuda a la navegación aérea.

La recurrente no cuestiona y acepta el valor dado a las 76.1873 cuerdas. Su recurso pretende que revisemos el valor que como justa compensación concedió la Sala sentenciadora a las 82.21 cuerdas. Sus argumentos pueden resumirse así: que el tribunal no podía fraccionar la finca expropiada para fines de su valoración, y que al hacerlo se apartó de lo esti-pulado en un contrato de arrendamiento otorgado en 1954 en-tre la Autoridad de Transporte de Puerto Rico y la recurrente, que debe considerarse como la “ley del caso”; que el tribunal aplicó incorrectamente los reglamentos de la Agencia Federal de Aviación y determinó que localmente pueden aprobarse re-glamentos sobre navegación aérea que conflijan con los fede-rales; que el tribunal erró al resolver que la recurrente estaba impedida, por la doctrina de cosa juzgada, de reclamar en este pleito de expropiación, iniciado en 1968, lo que no reclamó en otro pleito, también sobre expropiación, iniciado en 1963; que erró el tribunal al resolver que el Aeropuerto Mercedita fue tácitamente zonificado en 1954; y que la sen-tencia no tiene apoyo en la prueba.

Las cuestiones planteadas tienen su entronque en un contrato de arrendamiento celebrado en 1954 entre la Autori-dad de Transporte de Puerto Rico, antecesora de la Autoridad de los Puertos, y la Sociedad Civil Agrícola e Industrial Suce-sión J. Serrallés, aquí recurrente. Para aquella fecha la recurrente operaba una pista de aterrizaje o aeropuerto pri-vado en terrenos de su propiedad en las inmediaciones de la Central Mercedita en Ponce. En virtud del referido contrato de arrendamiento el aeropuerto pasó a la jurisdicción de la Autoridad de Transporte. En su cláusula cuarta el contrato disponía:

“En el evento de que la Arrendataria o el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico requiera la expropiación de terrenos adicio-nales adyacentes para fines de aeropuerto, la Arrendataria o el Estado Libre, deberá, como parte de dicha expropiación, expro-piar los terrenos arrendados. En la expropiación de los terrenos arrendados, la valoración no incluirá cualquier valor adicional que las mejoras o edificios construidos por la Arrendataria pu-dieran haberle dado a dicho predio, pero el hecho del anterior uso y valor de dicho predio como aeropuerto privado, así como el mejor uso a que dichos terrenos pudieran dedicarse, excepto como un aeropuerto comercial, será considerado como un factor en su valoración.

Cualquier terreno adicional que pudiera ser requerido por la Arrendataria o por el Estado Libre, si fuese expropiado por procedimientos de dominio eminente o de otro modo, se com-pensarán a su valor entonces a menos que se llegue a un acuerdo entre las partes respecto a dicho valor en dicho entonces.”

En el 1963 el Estado expropió 27.807 cuerdas a la recu-rrente, que incluían el predio que ocupaba el aeropuerto Merce-dita y tres predios adyacentes, que fueron usados para ampliar la pista existente y mejorar otras facilidades del aeropuerto. La compensación que finalmente se concedió en este primer pleito se fijó conforme a una estipulación de las partes. Al aprobarla, expresó el tribunal:

“El Tribunal, luego de apreciar en conjunto el enorme cúmulo de prueba presentada por ambas partes, le imparte su aprobación a la transacción concertada, teniendo principalmente en con-sideración, entre otros muchos factores, que la propiedad debió haber sido tasada como una unidad global, como finalmente se concluyó en las conversaciones habidas en Corte, y que se debió haber seguido el acuerdo convenido entre las partes al perfec-cionarse el contrato de arrendamiento, que obra en autos, en relación con el mejor uso a considerarse al efectuarse la evalua-ción de la propiedad arrendada o de cualquiera otra que se ad-quiriera por medio del recurso de Expropiación Forzosa. El método que finalmente se ha usado para lograr esta transacción y el que este Tribunal aprueba es el método correcto, ya que lo indicado en el contrato en cuanto a este extremo constituye la ley del caso, que debió haberse seguido desde el principio.”

Es en orden a esas expresiones que alega ahora la re-currente que erró el tribunal en el caso que motiva el presente recurso, al señalar que el tribunal no podía frac-cionar la finca expropiada al valorarla, ni prescindir de la cláusula del -contrato de arrendamiento en cuanto imponía fijar la compensación conforme al mejor uso a que los terrenos puedan dedicarse.

No creemos que la frase “que la propiedad debió haber sido tasada como una unidad global” expresada en la sentencia del caso del 1963 tenga el alcance de impedir que en el caso de 1968 se hicieran valoraciones distintas por predios, basados en su cercanía al aeropuerto y el mejor uso a que puedan destinarse. Ese fue precisamente el criterio que las partes contratantes señalaron en la cláusula cuarta del con-trato, antes transcrita. Es de notarse que ese mejor uso, si ha de seguirse el criterio esbozado en el contrato, no podía tomar en consideración el uso de los terrenos “como un aeropuerto comercial.” Así reza la cláusula cuarta.

Cuando, como en el presente caso, se trata de un predio de más de 150 cuerdas, unas más distantes que otras de la zona restringida del aeropuerto, y fácilmente separables en sectores conforme al mejor uso a que cada sector pueda ser dedicado, se justifica y es conveniente el método de valoración a base de sectores o porciones. Este método fue aceptado como bueno en Pueblo v. Sucesión Quiñones, 71 D.P.R. 261, 265 (1950), y no vemos razón para rechazarlo. Nichols, On Eminent Domain, vol. 4, sec. 12-314, se expresa sobre el particular:

“Cuando los distintos segmentos de una parcela son suscep-tibles de valoración a base de su mejor uso, constituye un error atribuirle una unidad de valor global o promedio a la parcela completa.” (Traducción nuestra.)

Véanse además, Frontier Town Properties, Inc. v. State, 296 N.Y.S.2d 90 (1968); Fonda, J. & G. R. Co. v. State, 287 N.Y.S.2d 134, (1968); Evans v. State, 285 N.Y.S.2d 626 (1967).

El contrato de arrendamiento en que tanto énfasis pone la recurrente, de ser obligatorio para fines de la expropiación que aquí nos ocupa, no impide el uso del método de fraccionamiento del predio para fines de su valoración. Las limitaciones al poder del Estado en materia de expropiación de propiedad privada para uso público no se presumen. El poder de ex-propiación forzosa es inherente al poder soberano del Estado y como tal es inalienable y no puede ser negociado. Nichols, On Eminent Domain, vol. 1, see. 1-13 (4); sec. 1.141 Sup. 1973, Jahr, Eminent Domain, págs. 3-4. La única limitación del Estado es pagar “una justa compensación” y actuar “de acuerdo con la forma provista por ley.” Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 9.

Es inevitable que el terreno que está más inmediato a la pista de aterrizaje, particularmente en sus prolongaciones para el aterrizaje y despegue de aviones, está mucho más limitado que los más alejados. En los primeros la construcción de edificaciones es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad de la navegación aérea. En los laterales las construcciones tienen por necesidad que obedecer a limitaciones de altura, también en obediencia a la seguridad. Esas consideraciones, lejos de ser arbitrarias, son razonables al determinarse el mejor uso a que los terrenos pueden dedicarse. El tribunal recurrido, en el ejercicio de su sana discreción, consideró que las 76.1873 cuerdas, que quedan más distantes de las zonas restringidas, tienen un potencial industrial, como mejor uso, y los valoró a $12,000 la cuerda. Las 82.21 cuerdas, cercanas a la pista, están tan limitadas por su proximidad a ella, que su mejor uso no puede ser otro que el agrícola, incrementado por su potencial para construir facilidades de ayuda a la navegación aérea, y determinó su valor a $3,000 la cuerda. Esas determinaciones, por tratarse de un tribunal especializado, merecen particular deferencia, sobre todo en un caso como el presente, de prueba abundante, y en que la sentencia del tribunal refleja en sus 47 páginas una cuidadosa y ponderada consideración de todos los factores envueltos.

Los planteamientos relativos a la aplicación de los reglamentos federales, a la doctrina de cosa juzgada, y a la •alegada zonificación tácita del Aeropuerto Mercedita son frívolos. Contrario a lo que apunta la parte recurrente, el tribunal a quo no concluyó que en Puerto Rico se pueden aprobar reglamentos que estén en conflicto con los federales. El tribunal se limitó a explicar la relación entre las dife-rentes disposiciones reglamentarias. El hecho de que las reglamentaciones federales establezcan limitaciones de altura no excluye el poder de la Junta de Planificación de conceder o denegar permisos de construcción en zonas de aeropuerto. Y el hecho de que no se hiciera una zonificación expresa del aeropuerto Mercedita no impide que se reconozcan restriccio-nes en bien de la seguridad pública.

El tribunal recurrido concluyó que la reclamación por daños por segregación hecha por la recurrente constituye cosa juzgada en el pleito del 1963. Tiene razón. En aquel pleito, entre las mismas partes, y originado en el mismo asunto que el del 1968, la demandada aquí recurrente no reclamó tales daños. Una sentencia final y firme, como la del caso del 1963, constituye cosa juzgada no solamente en relación con las cuestiones planteadas, sino también en relación con las que se pudieron plantear. Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372 (1967); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 (1962).

El último planteamiento — que la sentencia no tiene apoyo en la prueba — no es discutido específicamente por la recurrente. Una lectura de las determinaciones que sobre los hechos hizo el tribunal de instancia, que entra en numero-sos detalles sobre las pruebas, demuestra su cuidadosa evalua-ción de la misma.

Se confirmará la sentencia del tribunal a quo.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió y el Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

       El recurso ante nos se originó como una apelación. Una de nuestras Salas de Despacho lo consideró como una solicitud de revisión y lo denegó. La parte recurrente solicitó reconsideración y, pendiente su consideración, la recurrente nos informó sobre “graves errores descubiertos después de sentencia,” e invocó la Regla 49.2 de Procedimiento Civil para que se dejara sin efecto. Informados que el tribunal de instancia se negó a dejar sin efecto o modificar su sentencia bajo dicha Regla, decidimos reconsiderar y expedimos el auto.

      Este resultado toma en consideración $4,177 que se pagaron por el hangar, que se descontaron a la recurrente por pertenecer a la Sucesión Valdivieso, demandada en el mismo pleito de expropiación.

       Dicho contrato fue presentado como prueba por la recurrente en la vista celebrada por el tribunal recurrido al considerar la moción bajo la Regla 49.2, a que nos referimos en el escolio 1.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    The Royal Bank of Canada, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Octava, recurrido.

      Número: O-74-405

      Resuelto: 14 de noviembre de 1975

      Brown, Newsom & Córdova y Jorge Souss Villalobos, abogados de la recurrente; la Eegistradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En 1973 doña Ana Amelia Pasarell, mayor de edad, viuda, secretaria ejecutiva y residente en San Juan adquirió una propiedad mediante la correspondiente escritura pública de compraventa. Su título fue inscrito en el Registro de la Propiedad con anotación de defecto subsanable por no constar en la escritura el estado civil de la compradora con anteriori-dad al otorgamiento cuando hizo entrega del precio al vende-dor. Bacó v. Registrador, 63 D.P.R. 697 (1944).

Sin que se hubiese subsanado el mencionado defecto, la Sra. Pasarell otorgó escritura constituyendo hipoteca volun-taria sobre la referida propiedad en garantía de un pagaré al portador. El Registrador de la Propiedad denegó la inscrip-ción de dicha hipoteca bajo la nota siguiente:

“Denegada la inscripción . . . por observarse que la finca consta inscrita a favor de Ana Amelia Pasarell, con el defecto subsanable de no haberse expresado su estado civil al efectuar el pago del precio de venta y cuyo defecto no ha sido subsanado aún, tomándose por tal razón anotación preventiva por 120 días . . ..”

El tenedor del pagaré hipotecario, aquí recurrente, alega que tal denegatoria es errónea en derecho, ya que la anotación de defecto subsanable no impide la inscripción. La cuestión puede reducirse a determinar si dicha falta subsanable, que claramente vincula la capacidad de la compradora para otor-gar la hipoteca denegada, es suficiente obstáculo de registro para sostener la actuación del Registrador.

La falta de aseveración del estado civil de la viuda com-pradora al momento de hacer el pago al vendedor, priva al Registrador de un dato esencial de la inscripción como lo es la naturaleza ganancial o privativa del inmueble adquirido. Exige el Art. 9 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 34) que toda inscripción expresará la naturaleza, extensión, con-diciones y cargas del derecho que se inscriba, e iguales datos del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción (incisos 2 y 3); y la naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha (inciso 4).

De todas las circunstancias de los asientos de inscripción unas son esenciales, de manera que su omisión o expresión inexacta sustancial, puede provocar la nulidad de la inscripción. Cuando se omiten las circunstancias de validez comprendidas en los incisos 2, 3 y 4 del citado Art. 9, la inscripción es nula. Piñero v. Registrador, 75 D.P.R. 455 (1953).

Es cuestionable la calificación que de “subsanable” dio el Registrador al defecto apuntado. Las faltas subsanables, como las insubsanables, lo mismo pueden surgir de la forma que del contenido del título. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, pág. 284 y ss. Ed. Sexta; Art. 65, Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 114). “La edad y el estado civil son datos indispensables para calificar la capacidad de los otorgantes, por lo que deben hacerse constar en los títulos así, para apreciar si una persona puede gravar o trasmitir, caso de ser menor de edad o viudo.” Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Tomo II, pág. 151, Ed. 1927. Faltando en la escritura de compraventa una clara adveración del estado civil de la compradora al efectuar el pago, el asiento registral carece de certeza de cuál fuera el verdadero titular del inmueble comprado y debió denegarse la primera inscripción.

Los principios de legalidad, publicidad y especialidad, soportes del Registro, exigen un claro aviso y advertencia a tercero que surja de la simple lectura del asiento o anota-ción practicada en los libros. Quedaría gravemente vulnerado el régimen si se impusiera al interesado la obligación de poner en tela de juicio la calificación de “subsanable” puesta por el Registrador e iniciar su propia pesquisa de la que podría re-sultar que la falta es “insubsanable” y la inscripción nula. A tal conclusión desnaturalizante de nuestro sistema registra! se llega en Caballero v. Registrador, 42 D.P.R. 635, 638 (1931), en dictum del Juez Wolf. De reiterar ahora este criterio equivaldría a negar la protección de tercero, nervio central de nuestro derecho inmobiliario, y dejar a éste que se proteja a sí mismo con pesquisas y averiguaciones.

“El principio de legalidad es el que impone que los títulos que pretendan su inscripción en el Registro de la Propiedad, sean sometidos a un previo examen, verificación o califica-ción, a fin de que en los libros hipotecarios solamente tengan acceso los títulos válidos y perfectos.

“En un sistema en que los asientos regístrales se presu-men o reputan exactos o concordantes con la realidad jurídica, es lógica la existencia de un previo trámite depurador de la titulación presentada a registro. De lo contrario, como dice Jerónimo González, los asientos sólo servirían para enga-ñar al público, favorecer el tráfico ilícito y provocar nuevos conflictos. Según la exposición de motivos de la ley de 1861, el Registro debe contener las obligaciones que produzcan de-rechos reales cuyos títulos tengan valor jurídico, no aquéllos a que las leyes niegan fuerza coactiva.

“Si en un buen sistema de Registro la nulidad de un título inscrito es inoperante en cuanto pueda perjudicar a un ter-cero adquirente de buena fe, es evidente la necesidad de evitar, en cuanto sea posible, que los títulos nulos puedan llegar a ser inscritos. No ocurre así en los sistemas de trans-cripción, en los cuales en ningún caso la registración de un título nulo puede impedir que su nulidad afecte a tercero, pues el Registro se desentiende de los vicios del documento registrado, y éste vale por lo que valiere. Por tal motivo en estos sistemas el Registrador está reducido al papel de un simple autómata o mero archivero.” Roca Sastre, Tomo II, pág. 239, Edición Sexta. (Énfasis del autor.)

Como ha dicho Roca “un buen sistema de Registro” no abre sus libros para títulos imperfectos. El principio, hon-rado en la Ley Hipotecaria Española, vino a menos en Puerto Rico en el texto del vigente Art. 65 (30 L.P.R.A. see. 114) que ordena: “Los registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación o cancelación de ningún título. En la inscripción harán constar los defectos que con-tenga el título y en cualquier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsana-ción por medio de nota marginal.” En acertada crítica a esta modificación introducida en Puerto Rico, el comentarista Morell resume: “Ahora bien, si se nos pregunta si esa solu-ción [que atribuye distintas consecuencias a las faltas] será o no más conveniente para el crédito territorial, diremos que no creemos que le favorezca, porque al fin viene a ser secuela o consecuencia de un sistema por nosotros combatido. Cree-mos que la inscripción debe ser la que represente el naci-miento ante todos y para todos del derecho real, y que el Registro sólo debe admitir y dar vida a derechos perfectos. Cuanto más inatacable resulte el derecho inscrito, mayor será su firmeza, mayores sus ventajas, y más seguridad debe prestar al crédito territorial.” Morell y Terry, op. cit., Tomo III, pág. 310, Segunda Ed. (1928). Hasta que por legislación se restituya la deseable norma de dar acceso al Registro úni-camente a títulos impecables, suspendiendo la inscripción de aquellos que adolecieren de defecto subsanable (Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975) nada impide calificar como insubsanables las faltas que afecten la validez del título a tal extremo sustancial que exija denegar la inscripción preservando el principio de legalidad y la pro-tección debida a tercero. Nuestro Derecho por ser puertorri-queño no ha de encerrarse en márgenes ribereñas rechazando el fecundo aliento de la universalidad.

El defecto insubsanable erróneamente calificado como falta menor, dio acceso al Registro a una inscripción trunca y engañosa que no permite al tercero informarse de si la viuda era única dueña del inmueble o si su dominio estaba compartido con los herederos del esposo. En este último caso la inscripción nula elevaba al plano de legitimación registral un contrato que afectaba sus bienes y al que ellos no habían consentido.

Es correcta y debe ser mantenida la regla enunciada en P.R. Finance Corp. v. Registrador, 96 D.P.R. 150, 153 (1968), que copiamos:

“Si bien es cierto que de acuerdo con las disposiciones del Art. 65 antes transcrito, un defecto subsanable no impide ins-cripciones posteriores, cuando se trata de un defecto sobre la capacidad de los contratantes la cuestión es distinta. Como ex-presamos en Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 62 D.P.R. 753 (1944): ‘La falta de acreditar la capacidad es de las que los tratadistas de Derecho Hipotecario sostienen que pueden ser subsanables o insubsanables, según los casos. Si por el título presentado o por las constancias del Registro, el Registrador tiene motivo racional para creer que la capacidad existe y que es posible acreditarla, en ese caso el no hacerlo se calificará de defecto subsanable. Por el contrario, si el Registrador no tiene motivo racional para esa creencia, el no acreditar la capacidad se calificará de defecto insubsanable y procederá denegar la ins-cripción.’ No habiéndose subsanado el defecto, el Registrador estuvo correcto en no inscribir, ya que no había constancia de que la otorgante no fuera casada al momento de hacer el pago inicial. Y si lo era estaría gravando un inmueble sin que compa-recieran los herederos del esposo fenecido. Rivera v. El Registrador de la Propiedad, 17 D.P.R. 323 (1911); Nido & Cía., S. en C. v. Registrador, 74 D.P.R. 789, 802 (1953). Parafraseando lo que expresamos en Rivera: si en el presente caso la compare-ciente tiene realmente capacidad para otorgar la escritura de hipoteca, será bien fácil demostrarlo. Y una vez destruido el obstáculo legal que existe la inscripción se verificará sin dificul-tad alguna.”

Si por las razones dichas carece de validez la primera inscripción relativa a la compraventa, no puede erigirse sobre ésta un segundo nivel de nulidad dándole entrada al Registro a la hipoteca constituida por la compradora.

La nota denegatoria será confirmada.

       Art. 9, Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 34)
      “Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circuns-tancias siguientes:
      “1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, y su medida superficial con arreglo a la usada en el país, y su equivalencia en el sistema métrico decimal, nombre y número, si constaren del título.
      “2. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se inscríba y su valor, si constase del título.
      “3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción.
      “4. La naturaleza del título que deba inscribirse, y su fecha.
      “5. El nombre y apellido de la persona, si fuese determinada, y no siéndolo, el nombre de la Corporación o el colectivo de los interesados a cuyo favor se hace la inscripción.
      “6. El nombre y apellido de la persona, o el nombre de la Corporación o persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse.
      “7. El nombre y residencia del Tribunal, Notario o funcionario que autorice el título que se haya de inscribir.
      “8. La fecha de la presentación del título en el Registro, con expresión de la hora.
      “9. La conformidad de la inscripción con la copia del título de donde se hubiera tomado; y si fuere éste de los que deben conservarse en el oficio del Registro, indicación del legajo en que se encuentre.
      “10. La fecha de la inscripción y firma entera del Registrador.” Art. 21 (30 L.P.R.A. see. 46)
      “Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse, expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgan-tes, a las fincas y a los derechos inscritos.”

        Art. 30 (30 L.P.R.A. see. 55)
      “Las inscripciones de los títulos expresados en las sees. 2 y 5 de este título serán nulas cuando carezcan de las circunstancias comprendidas en los números l.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, y 8.° de la see. 34 de este título y en el número l.° de la see. 38 de este título.”
      Art. 32 (30 L.P.R.A. see. 57)
      “Se entenderá que carece la inscripción de alguna de las circunstan-cias comprendidas en los números y secciones citados en la see. 55 de este título, no solamente cuando se omita hacer mención en ella de todos los requisitos expresados en cada uno de las mismas secciones o números, sino también cuando se expresen con tal inexactitud, que pueda ser por ello el tercero inducido a error sobre el objeto de la circunstancia misma, y per-judicado además en su consecuencia.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado, Señor Martín.

text:
    Anselmo Martínez Reyes, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Vicente López Pérez, Juez, demandado.

      Número: O-72-79

      Resuelto: 20 de noviembre de 1975

      Cándida R. Urrutia de Basora, abogada del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario hizo alegación de culpabilidad en dos cargos de posesión, transportación y ocultación de la droga heroína y solicitó el beneficio de la libertad a prueba que provee el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas. Su petición fue denegada por haber sido anteriormente convicto bajo la antigua ley de drogas. Recurre sobre la premisa esencial de que la convicción bajo la ley anterior no lo descualifica para recibir los beneficios de la nueva Ley.

El Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas que es la Núm. 4 aprobada el 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. sec. 2404(b)) dispone:

“(b) (1) Si cualquier persona, que no haya sido .previamente convicta de violar el inciso (a) de esta sección, o de cualquier otra disposición de este Capítulo, o de cualquier ley de los Esta-dos Unidos, relacionada con drogas narcóticas, marihuana, o sustancias estimulantes o deprimentes, es hallada culpable de violar el inciso (a) de esta sección, bien sean [sic] después de la celebración del juicio, o de hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal podrá, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad, y con el consentimiento de tal persona, suspender todo procedi-miento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por el término que estime a bien prescribir, el cual no excederá de cinco años.”

La transcrita es una disposición de naturaleza remedial con un propósito esencialmente rehabilitador. Reconoce la realidad científica de que el adicto no se cura con reclusión en presidio sino con tratamiento.

Se desvía del propósito legislativo la interpretación que a este Art. 404 (b) le da la sala de instancia incorporándole restricciones agravantes tomadas de los Arts. 401, 402 y 403 (24 L.P.R.A. sees. 2401, 2402 y 2403), resultando que el concepto “convicciones previas” usado por el legislador en estos últimos artículos que sancionan al reincidente incorregible en las prácticas de fabricación y distribución de drogas, tiene la misma connotación que el concepto “que no haya sido previamente convicta” de dicho Art. 404(b). No estamos de acuerdo. Los artículos que sancionan la reincidencia en los delitos graves de fabricación, distribución y venta con altas penas de reclusión tienen el propósito de aislar y separar de la sociedad a individuos peligrosos militantes en el tráfico de drogas. El Art. 404 por otro lado tiende a reglamentar la conducta de adictos susceptibles de ser rehabilitados fuera de la cárcel. A éstos sólo se les condiciona su libertad; a aquéllos se les suprime la suya. No creemos que un estatuto de libertad a prueba y de rehabilitación pueda sujetarse a las mismas normas de interpretación de un estatuto para reprimir el delito grave subsiguiente. El juez sentenciador sigue el des-cartado método analítico, repudiado por este Tribunal al expresar: “Nada induce más a error en la interpretación de las leyes que tratar de aplicarlas como si de fórmulas mate-máticas se tratase. El derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas. Es una ciencia social y por consiguiente al interpretar preceptos legales es preciso determinar previa-mente cuál fue el propósito perseguido por el legislador al aprobar la ley en cuestión.” Méndez & Cía. v. Corte (De Jesús, J.) 57 D.P.R. 845, 848 (1941). “Descartar las impli-caciones naturales de un estatuto y aprisionar nuestra lec-tura de él en la concha de las meras palabras es cometer el pecado cardinal en la interpretación estatutaria: ciega litera-lidad.” Frankfurter, J., en Pope v. Atlantic Coast Line Rr. Co., 345 U.S. 379, 392.

Si el propósito del legislador al aprobar la Ley de Sustancias Controladas de 23 de junio de 1971 fue inaugurar un nuevo método de abordar el problema de la simple adicción, sustituyendo el presidio por la libertad a prueba, ¿cómo desvirtuar esa intención declarada separando los adictos en dos grupos; excluyendo de sus beneficios a convictos bajo una legislación anterior cuya filosofía y aproche al problema de la adicción era radicalmente distinta al de la nueva ley? No concebimos una proposición más eficaz para frustrar la intención legislativa. Las excepciones a la filosofía general de una ley deben ser interpretadas estrictamente; esto es, deben serlo de manera que no destruyan los remedios que se intentó proveer en el estatuto. Spokane & I.E.R. Co. v. United States, 241 U.S. 344. El curso correcto es adoptar aquel significado de las palabras que mejor armoniza con el contexto, y que propicia con la mayor plenitud la política y objetivos de la Legislatura. No se viola la regla de construcción estricta dándole al len-guaje del estatuto su significado pleno, la más amplia de dos acepciones, como prefiriendo la noción o sentido popular al angosto tecnicismo. United States v. Hartwell, 6 Wall 385; 18 L.Ed. 830. La ambigüedad respecto al ámbito de los esta-tutos penales debe resolverse en íavor de la lenidad; toda duda dimanante de ambigüedad debe resolverse en favor del acu-sado. Rewis v. United States, 401 U.S. 808; 28 L.Ed.2d 493; United States v. Bass, 404 U.S. 336; 30 L.Ed.2d 488. Las leyes remediales deben interpretarse con liberalidad y ampli-tud para lograr sus propósitos. Peyton v. Rowe, 391 U.S. 54, 65 (1968); 20 L.Ed.2d 426.

La adicción es un hábito que aflige con igual martirio tanto a los infortunados que fueron acusados y convictos bajo la anterior Ley de Narcóticos, como a los que evadieron la vigilancia policiaca o el proceso judicial resultando absuel-tos. Conduce por tanto al absurdo tratar un adicto que tiene un rótulo de convicción en forma distinta a otro que ha esca-pado al carimbo, brindando tratamiento y libertad a unos y el presidio a otros.

A la luz de estos principios la exclusión de los beneficios de la libertad a prueba bajo el Art. 404(b) citado, está limitada a aquellos convictos que lo fueren por infringir la nueva legislación local o continental; y dicha exclusión opera en forma prospectiva, y no retroactiva. Queda a salvo, naturalmente, la discreción judicial para otorgar o no el privilegio de una suspensión de sentencia según los méritos de cada caso. El expediente volverá a instancia que decidirá si extiende al apelante la libertad a prueba.

Revocada.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en opinión sepa-rada.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado, Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 1975

El fiscal radicó acusación contra el aquí peticionario Anselmo Martínez Reyes imputándole dos cargos de posesión, transportación y ocultación de la droga narcótica conocida como heroína. Llamado el caso para vista el peticionario hizo alegación de culpabilidad en ambos cargos y solicitó que se le permitiera acogerse a los beneficios de libertad a prueba que provee el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b). A tales efectos el peticionario pre-sentó prueba consistente en su propio testimonio con el propó-sito de demostrar su condición de adicto. El tribunal accedió a la solicitud de libertad a prueba del peticionario y en su consecuencia, sin dictar sentencia, en 24 de noviembre de 1971 lo sometió a libertad a prueba bajo los términos y condi-ciones que impuso en su resolución al efecto. Entre dichas condiciones se le impuso que ingresara en la institución para adictos a drogas que designare el Oficial Probatorio y que permaneciera en la misma por el término de dos años. El Oficial Probatorio le asignó al programa de los Hogares CREA. La resolución del tribunal de instancia le prohibía ausentarse de su jurisdicción territorial sin el permiso del Oficial Probatorio, ni ausentarse del Estado Libre Asociado sin el permiso del tribunal. Le imponía, además, otras limita-ciones usuales de movimiento y acción. El tribunal ordenó ade-más al Oficial Probatorio que rindiera un informe sobre el historial del acusado en o antes del día 24 de diciembre de 1971. Rendido el informe del Oficial Probatorio, y celebrada la vista para la discusión del mismo, el fiscal ofreció por pri-mera vez en evidencia una copia certificada de una sentencia previa dictada contra el peticionario por tres infracciones a la anterior Ley de Drogas. Discutido por ambas partes el informe del Oficial Probatorio el tribunal, teniendo en cuenta las condenas previas, dejó sin efecto su resolución de libertad a prueba y procedió a dictar sentencia condenando al peticio-nario a cumplir una pena de 1 a 3 años en cada cargo para cumplirse ambas concurrentemente. De la determinación del tribunal de instancia acude ante nos el peticionario por vía de certiorari.

Al expedirse el auto en el presente caso y mientras se resolvía en sus méritos el mismo expedimos, a solicitud del peticionario, una orden provisional autorizando su traslado a los Hogares CREA para que el peticionario continuara su proceso de rehabilitación bajo los términos de la resolución original del tribunal de instancia.

En el recurso ante nos el peticionario señala que el tribunal sentenciador erró al concluir que estaba impedido de con-cederle los beneficios sobre libertad a prueba que dispone el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas debido a la previa convicción del peticionario bajo la anterior Ley de Drogas. Arguye que por el contrario, el juez de instancia estaba facultado para concederle la libertad a prueba bajo las disposiciones del Art. 404 (b) que se transcribe más adelante, por haber tenido lugar la previa convicción bajo la anterior Ley de Drogas. Alega además éste que conforme al mencio-nado Art. 404 un acusado que no ha sido convicto bajo la actual Ley de Sustancias Controladas o bajo cualquier ley de los Estados Unidos relacionada con drogas narcóticas con pos-terioridad a la aprobación de la Ley de Sustancias Controla-das, es elegible a la libertad a prueba que autoriza el Art. 404(b) aun cuando hubiese sido convicto bajo alguna ley anterior relacionada con narcóticos.

El referido Art. 404 dispone en lo pertinente lo siguiente:

“(a) Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de conformi-dad con la receta u orden de un profesional actuando dentro del marco de su práctica profesional, o excepto como se autorice en este Capítulo.
“Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con la pena mínima de 1 año y máxima de 5 años de prisión y además podrá ser multada en una cantidad que no excederá de $5,000. Si la persona comete tal delito después de una o más convicciones previas, que sean fir-mes, bajo este inciso, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sentenciada a la pena mínima de 2 años y máxima de 10 años de prisión y además podrá ser multada en una cantidad que no excederá de $10,000.
“(b) (1) Si cualquier persona, que no haya sido previamente convicta de violar el inciso (a) de esta sección, o de cualquier otra disposición de este Capítulo, o de cualquier ley de los Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, marihuana, o sustancias estimulantes o deprimentes, es hallada culpable de violar el inciso (a) de esta sección, bien sean [sic] después de la celebración del juicio, o de hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal podrá, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad, y con el consentimiento de tal persona, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por el término que estime a bien prescribir, el cual no excederá de cinco años.

La posición del peticionario descansa esencialmente sobre dos argumentos. El primero: que uno de los propósitos funda-mentales de la nueva legislación de sustancias controladas, tanto en su ámbito federal como estatal, es la rehabilitación del adicto. El segundo : que al aprobar la nueva Ley de Sus-tancias Controladas el legislador quiso romper con toda legis-lación anterior sobre drogas. En ese sentido dice que el legis-lador adoptó la máxima de “borrón y cuenta nueva”.

La filosofía y el propósito rehabilitador que encarna la nueva legislación sobre sustancias controladas, tanto a nivel local como a nivel federal y estatal, no puede ser cuestionado. Ello surge claramente del historial legislativo de la ley federal de sustancias controladas, Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970, 21 U.S.C.A. sec. 801 et seq., así como del de nuestra ley. Véanse, U.S. Code Cong. & Ad. News, 91st Congress, Second Session, 1970 — Controlled Substance Act, Legislative History, págs. 4566, 4567, 4568, 4575; Comisión de Salud y Bienestar y de lo Judicial de la Cámara de Representantes de P.R., Informe a la Cámara de Represen-tantes en torno al P. de la C. 1328, 17 de mayo de 1971, pág. 18 et seq.; Comisión de Salud y Bienestar y de lo Judicial del Senado de P.R., Informe al Senado en torno al P. de la C. 1323, 7 de junio de 1971, pág. 14 et seq.; Alfonso de Cumpiano, Una Nueva Ley de Drogas: La Ley de Sustancias Controla-das, 32 Rev. C. Abo. P.R. 511 (1971). A nivel estatal véanse: Handbook of the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 1970, Uniform Controlled Substance Act, pág. 223 et seq.; The Uniform Alabama Controlled Substances Act: An appraisal, 24 Ala. L. Rev. 491 (1972); The Uniform Controlled Substances Act of 1971: An Adequate Answer to Mississippi’s Drug Abuse Problem?, XLIII Miss. L.J. 482 (1972).

A tono con tal espíritu rehabilitador, el Art. 404(b) de nuestra Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404 (b), así como el que anima a la ley federal, 21 U.S.C.A. see. 844, provee la posibilidad de concederle libertad a prueba a aquellas personas que no hayan sido previamente convictas por posesión de una sustancia controlada bajo el Art. 404(a) o bajo cualquier ley de los Estados Unidos (que incluye al Estado Libre Asociado) relacionada con drogas narcóticas, ■marihuana, o sustancias deprimentes o estimulantes.

Debemos resolver si la referencia a “convicciones previas” contenida en el Art. 404 (b) de la Ley de Sustancias Controla-das como factor excluyente de la concesión de libertad a prueba, puede interpretarse con absoluta independencia de la misma frase insertada por el legislador en los Arts. 401, 402, 403, (24 L.P.R.A. sees. 2401, 2402 y 2403) de la misma ley en relación con la pena a imponerse a reincidentes por otros delitos que dicha ley trata con mayor rigor que a aquellos que son meros poseedores de alguna sustancia contro-lada. En dichos otros artículos se imponen penalidades mucho más rigurosas al violador de las mismas si la violación se comete después de una o más convicciones previas bajo dichos artículos o bajo cualquier ley de los Estados Unidos (inclu-yendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico) relacionadas con drogas narcóticas, marihuana, sustancias deprimentes o estimulantes.

Pasemos a analizar el trato especial que ofrece la Ley de Sustancias Controladas al poseedor a diferencia del trato más riguroso que recibía éste de la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico. 24 L.P.R.A. sees. 951 et seq.

Originalmente la Ley de Sustancias Controladas estatuyó el delito de posesión para consumo propio, que luego susti-tuyó por el delito de posesión, por lo que quedó eliminada la modalidad de consumo propio. Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1972, sec. 1, 24 L.P.R.A. sec. 2404(a). Aunque no existe ■historial legislativo que justifique el cambio es lógico inferir que la razón fundamental obedeció a la dificultad de determi-nar en la mayor parte de los casos el consumo propio como finalidad. La nueva ley, según quedó modificada, ofrece la oportunidad de que el juez de instancia suspenda el procedi-miento criminal y someta al acusado a libertad a prueba, aun después de celebrado el juicio. Transcurrido el período de libertad a prueba sin que hubiere habido violación de ninguna de sus condiciones podrá el juez exonerar al acusado y sobre-seer el caso, sec. 2404 (b) (1), por lo que el período de libertad a prueba no se consideraría como una convicción, de suerte que en caso de una convicción subsiguiente no le podrían apli-car las penas más altas prescritas a reincidentes. Id. Por ello la exoneración y sobreseimiento no puede concederse en más de una ocasión. Id. En adición a los beneficios ya señalados, la nueva ley dispone penas más benignas que la ley anterior a los poseedores reincidentes.

El legislador quiso que el poseedor que hubiese delinquido bajo la ley anterior, pero cuya acusación estuviese aún pen-diente de trámite bajo la nueva ley, debía recibir los beneficios de ésta. Animado por ese deseo dispuso originalmente, al apro-barse la Ley de Sustancias Controladas, que las acusaciones pendientes por cualquier violación a las leyes o partes de leyes que ésta derogaba seguirían tramitándose bajo la ley que regía al momento de haberse cometido la violación. Expresó además que si la violación por la cual se había acusado era similar a las que se incluían en la nueva ley, se aplicarían las penalidades de ésta, de ser menores que las penalidades bajo la legislación anterior. 24 L.P.R.A. see. 2602.

Al enmendarse la Ley de Sustancias Controladas por la Ley Núm. 64, supra, se incluyó una disposición transitoria que extendió los beneficios del Art. 404(b) (24 L.P.R.A. see. 2404 (b)), que se mencionan precedentemente, a toda persona que a partir de la fecha de vigencia de dicho artículo, fuere convicta de ilegalmente poseer cualquier sustancia con-trolada, aun cuando la acusación hubiere sido radicada al amparo de legislación anterior.

Por otro lado, sin embargo, estimó que la posesión con intención de distribuir, dispensar, transportar y ocultar cu-bierta por el Art. 401, así como los delitos castigables bajo los Arts. 402 y 403 constituyen gestiones relacionadas con la actividad o comercio ilegal del traficante y por ende impuso penas más rigurosas por su violación. Impuso a su vez penas mayores a los reincidentes. Es evidente la intención que persi-guen dichos tres artículos de castigar severamente a sus viola-dores; por su propia naturaleza van contra el espíritu de reha-bilitación expresado en el Art. 404 y en las disposiciones tran-sitorias de la Ley Núm. 64.

Es interesante notar cómo el estado de New Jersey tomó las precauciones para que las disposiciones relativas a convic-ciones previas quedaran debidamente claras. Allí el legislador, consciente de la controversia que podría surgir al adoptar la Ley Federal de Sustancias Controladas, incorporó la posición del aquí peticionario en su Ley de Sustancias Controladas, 24 N.J.S.A. sec. 21-1 et seg. La sección de dicha ley que corres-ponde a nuestro Art. 404(b), provee que el tribunal podrá en los casos de posesión, sin dictar sentencia, someter al acu-sado a tratamiento supervisado siempre que éste anterior-mente no haya sido convicto “bajo las disposiciones de esta ley o con posterioridad a la fecha de vigencia de esta ley” bajo cualquier ley de los Estados Unidos relacionada con narcóti-cos. 24 N.J.S.A. sec. 21-27. Podrá observarse que la legisla-tura de New Jersey añadió a su disposición legal correspon-diente la frase “bajo las disposiciones de esta ley o con poste-rioridad a la fecha de vigencia de esta ley” que es esencial-mente la frase que se nos pide añadamos por vía de interpre-tación a nuestro Art. 404 (b).

Por otro lado, el estado de Massachusetts quiso que no hubiera duda alguna que las “convicciones previas” incluían aquellas que surgían de leyes anteriores, al disponer taxativa-mente en su Ley de Sustancias Controladas, 94 C. Massachusetts General Laws Annotated, sec. 1 et seq., que en los casos de posesión el acusado podrá ser sometido a libertad a prueba si no ha sido previamente convicto por violación a la nueva Ley de Sustancias Controladas o por violación a otra ley anterior relacionada con drogas narcóticas o por delito grave bajo las leyes de cualquier estado o de los Estados Unidos relacio-nada con narcóticos.

Aunque nuestra Asamblea Legislativa no dispuso expresa-mente si las “convicciones previas” a que alude el Art. 404 (b) de la Ley de Sustancias Controladas se refiere a violaciones a leyes de Estados Unidos relacionadas con narcóticos que estuvieren vigentes con anterioridad o con posterioridad a la nuestra, es mi opinión que debe prevalecer la voluntad de proveer al poseedor la oportunidad de rehabilitarse que ha quedado plasmada en el espíritu de nuestra ley. Difícil es llegar a otra conclusión que no sea que el legislador quiso extender los beneficios del Art. 404(b) a los que resultaren convictos a partir de la vigencia de la nueva ley aun cuando la acusación hubiese sido radicada bajo la legislación anterior. Esto es, si se trata de un mero poseedor, deberán aplicarse los beneficios de la nueva Ley de Sustancias Controladas tanto a la primera violación que ocurra bajo dicha Ley, o a una primera convicción a partir de la vigencia de la misma aunque la violación hubiese ocurrido bajo la anterior ley o bajo cual-quier ley anterior de los Estados Unidos.

Por las razones expresadas estoy conforme con que se revoque la sentencia que condenó al peticionario a cumplir una pena de 1 a 3 años en cada cargo que habría de cumplirse concurrentemente, y se reinstale la resolución del tribunal de instancia de 24 de noviembre de 1971 ordenando la parali-zación de los procedimientos con el consentimiento del acusado y sometiéndole a libertad a prueba por el término de dos años bajo ios términos y condiciones que impuso el tribunal recu-rrido. Considerando que este Tribunal dictó una Orden Provisional en 19 de abril de 1972 ordenando al custodio del peti-cionario Anselmo Martínez Reyes para que lo trasladara al Hogar de Rehabilitación CREA para continuar su proceso de rehabilitación bajo los términos de la resolución original del tribunal de instancia, y habida cuenta de que en 3 de diciem-bre de 1973, habiéndose cumplido entonces el término de dos años de libertad a prueba, fijamos una fianza para que el peticionario pudiera permanecer en libertad provisional, orde-naría al tribunal recurrido que se cerciore si el peticionario cumplió debidamente con las condiciones de la libertad a prueba, y previa celebración de vista, considerar si debe exo-nerar al peticionario y sobreseer el caso en su contra.

      Los propósitos del Art. 404(b) se enfilan hacia el futuro y dejan atrás el pasado según se refleja en la disposición transitoria del Art. 608 de la citada Ley de Sustancias Controladas, que citamos:
      “Las disposiciones del inciso (b) del Artículo 404 de esta ley [see. 2404(b) de este título] y las penalidades prescritas en el inciso (a) de dicho Artículo 404, serán aplicables y beneficiarán a toda persona que, a partir de la fecha de vigencia de dicho artículo sea convicta de ilegalmente poseer cualquier sustancia controlada para consumo propio, aun cuando la acusa-ción, en su caso, hubiere sido radicada al amparo de legislación anterior.”

      (UEl término Estados Unidos según se define en nuestra Ley de Sus-tancias Controladas incluye los estados de la Unión Norteamericana, sus territorios, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase, 24 L.P.R.A. see. 2102(27).

       Prohíbe la fabricación, distribución, dispensación, transportación u ocultación, o posesión con la intención de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar; producción, distribución o dispensación, transporta-ción u ocultación o posesión con la intención de distribuir o dispensar,' transportar u ocultar una sustancia controlada.

       Prohíbe la distribución o dispensación, y la fabricación de una sus-tancia controlada en violación a la ley.

       Prohíbe ciertos actos realizados por personas registradas por el Secretario de Salud para fabricar, distribuir o dispensar sustancias con-troladas.

      A esos efectos el Informe a la Cámara de Representantes en torno al P. de la C. 1323,17 de mayo de 1971, dice:
      “A tono con el concepto prevaleciente de que el drogadicto es un en-fermo, la medida provee para la exoneración condicional por el primer delito de posesión de una sustancia controlada para consumo propio, bajo deter-minadas circunstancias.”


text:
    María Mercedes Maldonado, demandante y recurrida, v. Interamerican University, demandada y tercera demandante y recurrente; Oksio Realty, Inc., tercera demandada y recurrente.

      Números: R-73-130
    R-73-131

      Resueltos: 25 de noviembre de 1975

      Seguróla & Montalvo, abogados de la recurrida; José A. Rivera Mercado y Harold D. Vicente, abogados de Interamerican University; Vicente Santori Coll, abogado de Oksio Realty, Inc.
   per curiam:

El 19 de febrero de 1971 una joven de 26 años de edad, estudiante de la Universidad Interamericana en su recinto de Hato Rey, sufrió una caída mientras bajaba unas escaleras del edificio en que tomaba clases. Como conse-cuencia sufrió daños en su columna vertebral que le han ocasionado una incapacidad equivalente al 25% de sus funcio-nes fisiológicas generales. Tuvo que ser sometida a prolonga-dos tratamientos por ortopedas, fisiatras, neurólogos, y final-mente por un siquiatra. Demandó a la Universidad Interame-ricana y a Oksio Realty, Inc., dueña y arrendadora del edi-ficio, en reclamación de indemnización por los daños sufridos. Por sentencia dictada el 13 de marzo de 1973 el tribunal a quo declaró con lugar la demanda y condenó a ambas demandadas a pagarle $25,000 por daños físicos y morales, $1,000 por gastos médicos incurridos, y $2,000 para honorarios de abo-gado. La sentencia declaró también con lugar demandas de coparte presentadas por cada demandada contra la otra. De tal suerte, la sentencia obliga a ambas demandadas solida-riamente frente a la demandante, y a cada una respecto de la otra por la mitad de la suma total a pagarse. Ambas demanda-das han recurrido en revisión ante nos. Hemos consolidado sus recursos y en esa forma dispondremos de ellos.

Como es usual en estos casos, las recurrentes atacan la determinación del tribunal recurrido que les declara incursas en responsabilidad, e impugnan la cuantía. El segundo apuntamiento es insostenible. Una persona joven, estudiante universitaria, que a su temprana edad de 26 años quedó limitada en una cuarta parte de sus funciones y potencial físico no está exageradamente compensada cuando sus daños se estiman en $25,000. Las recurrentes nos invitan a examinar nuestras decisiones en otros casos para fines de comparación de daños y cuantías sostenidas o concedidas. Las razones que expusimos en Meléndez v. Metro Taxicabs, 68 D.P.R. 766, 770-771 (1948) son igualmente válidas hoy para rechazar tal invitación. La cuantía por concepto de daños depende en cada caso de sus particulares hechos y circunstancias, aparte del factor de discreción judicial del tribunal sentenciador, mere-cedor siempre de nuestra deferencia.

Examinemos el aspecto de responsabilidad. Se predicó aquí en la negligencia de las demandadas, consistente en la condición resbaladiza de la escalera, agravada el día del accidente por la humedad que produjo la lluvia que penetró por una ventana defectuosa, y por el inadecuado alumbrado del área. Estas determinaciones tienen apoyo en la prueba desfilada, contrario a lo ocurrido en Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971), caso que con gran empeño enfatizan las recurrentes.

Tanto la empresa dueña y arrendadora del edificio, como la arrendataria pudieron prever que las escaleras serían usa-das a diario por cientos de estudiantes a quienes tenían la obligación de proveer condiciones adecuadas para su seguri-dad. Es de conocimiento general, además, que los estudiantes, personas en su mayoría jóvenes, no suben y bajan escaleras con la parsimonia de personas mayores, y que es corriente que en ocasiones avancen con rapidez debido a cambios de clases y de salones y a su prisa por evitar llegar tarde. Mantener un piso resbaladizo por estar “completamente pulido,” como declaró la demandante que estaba, en adición a la humedad— circunstancia esta última ausente en Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967)—en adición a las otras circunstancias — ventana rota que permitió que entrara el agua de lluvia y alumbrado insuficiente — constituyen negli-gencia que en este caso fue causa del accidente. Cf. Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76, 80 (1962). La medida correctiva de fijar a los escalones franjas de material antiresbalante, to-mada luego del accidente, no nos parece que constituyera una medida ni difícil ni excesivamente costosa.

Empero, no estamos conformes en que la negligencia de las demandadas, o de una de ellas, fuera la única causa del accidente. Señalamos en Malavé, supra, pág. 63, que cuando se trata de caídas en escaleras actuamos con particular minuciosidad en el descargue de nuestra misión revisora. Y citamos a Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887, 900 (1961), donde dijimos:

“La existencia de una escalera por donde una persona ha de transitar es aparente y obvia y también es de esperarse que las personas ejerzan prudencia y cuidado al subir o bajar escaleras.”

Aquí la escalera tenía pasamanos a ambos lados. La demandante declaró que al bajar, ella iba agarrada del pasamanos del lado derecho, y con su mano izquierda sostenía sus libros. Si así lo hacía, no parece lógico que al resbalar no pudiera detener su caída, como ella lo declaró, y que sufriera una caída tan aparatosa como la que ella describió, en que resbaló al bajar del segundo escalón y siguió rodando escaleras abajo hasta caer en el último, en un tramo de diez u once escalones, según se aprecia en las fotografías que obran en autos. La circunstancia de que el alumbrado fuese insuficiente era motivo adicional para que la demandante fuera más prudente aún al descender por las escaleras. Obviamente no lo fue, y su negligencia contribuyó al accidente tanto como la negligente condición de la escalera.

Réstanos pasar sobre el aspecto de si ambas o sólo una de las recurrentes debe responder. Una y la otra se achacan la responsabilidad a base de las cláusulas del contrato de arren-damiento. Hemos examinado el contrato y no es un modelo de claridad. Mientras por la cláusula novena la arrendadora se comprometió “a proveer servicio de limpieza de entradas, escaleras, patios interiores . . .”, por la decimonovena la arrendataria se obligó a mantener “las premisas [síc] objeto de este contrato limpias, cuidadas y en forma apropiada.. ..” y a llevar a cabo “todas las reparaciones dentro de las premisas [síc] arrendadas que sean motivadas por la negli-gencia y abuso de esta y en adición, proveerá el manteni-miento normal y reparaciones menores que sean necesarias para su uso y disfrute.” Por otra parte, leemos en la cláusula décimotercera:

“La ‘Arrendadora’ se compromete a llevar a cabo toda clase de reparaciones que sean necesarias, tales como servicio sani-tario obstruido, arreglo de ventanas y puertas y la sustitución de éstas cuando no sean susceptibles de reparación. Debe inter-pretarse esta cláusula en el sentido de que la ‘Arrendadora’ ven-drá obligada a reparar o sustituir aquello que se gaste o se rompa u obstruya por el uso normal, mas, sin embargo, cualquier repa-ración que sea necesaria por el abuso de la propiedad por parte de la ‘Arrendataria’ y/o sus clientes, será por cuenta y cargo de dicha ‘Arrendataria’.” (Énfasis nuestro.)

No hubo prueba sobre cómo se rompió la ventana. La con-tención de la arrendadora de que fue rota por estudiantes es una mera conjetura. En ausencia de prueba sobre quien redactó el contrato no se puede aplicar ninguna regla de hermenéutica sobre a qué parte deben favorecer las cláusulas oscuras.

Bajo el Art. 1444 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4051, el arrendador está obligado a hacer, en la cosa objeto del contrato, durante el arrendamiento, “todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada.” En ausencia de pacto en contrario, la arrendadora estaba obligada por esta disposición. Las cláusulas del contrato, por ser conflictivas y oscuras, no pueden interpretarse para hacer inaplicable esta disposición supletoria de voluntad que establece el Código.

No puede tampoco la arrendadora librarse de responsabilidad porque la arrendataria no la notificara del estado de la ventana y condiciones del piso y de las escaleras. Tales con-diciones eran conocidas de la arrendadora, cuyos empleados diariamente efectuaban labores de limpieza en el edificio arrendado. Aunque la propiedad estaba bajo el control de la arrendataria, el conocimiento por la arrendadora del estado peligroso de las escaleras las hace a ambas igualmente respon-sables ante la demandante. Véase Ramos v. E.L.A., 91 D.P.R. 471, 474-477 (1964).

Se modificará la sentencia del tribunal recurrido para re-ducir en un cincuenta por ciento la indemnización concedida a la demandante-recurrida y para eliminar la concesión de honorarios de abogado.

      En este caso se responsabilizó a la demandada porque el piso, al bajar de una escalera, era sumamente liso y resbaloso. Se sostuvo que ello lo hacía peligroso y constituía un riesgo indebido, independientemente de que estuviera o no mojado.


author: per curiam :

text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Pedro Padín Santiago, demandado y recurrido.

      Número: R-74-57

      Resuelto: 28 de noviembre de 1975

      José Alberty Orona y Eileen Meléndez O’Neill, abogados de la re-currente; Dario Padín Mimoso, abogado del recurrido.
   per curiam :

En este caso expedimos una orden para mos-trar causa por la cual la sentencia recurrida no debía ser revocada. El demandado recurrido sometió el caso mediante su memorando en oposición a la expedición del recurso.

Los hechos pueden resumirse como sigue. El demandado era jefe de croupiers en el Hotel Americana, en Isla Verde. A la fecha de los hechos vivía en la Urbanización Martorell, en Dorado, Puerto Rico, pero surge del récord que posterior-mente se mudó para un condominio en Isla Verde.

El demandado penetró en unos terrenos de la Auto-ridad de Tierras, ubicados en la playa, al lado de la Carretera Núm. 165 que conduce de Cataño a Dorado, en la costa norte de Puerto Rico y sin permiso alguno comenzó a construir allí una casa de playa o de recreo.

Al enterarse de la referida construcción clandestina, el testigo Ramón Torres Hernández, Ingeniero Agrónomo que trabajaba en el Departamento de Bienes Raíces de la Autori-dad, fue al lugar de la construcción y le informó al demandado que dicho terreno pertenecía a la Autoridad de Tierras y le instó a suspender la construcción y a abandonar el lugar, a lo cual no se avino el demandado. Posteriormente, en el juicio, el demandado admitió que los terrenos pertenecen a la Auto-ridad de Tierras. El testigo Torres Hernández describió como sigue, en el juicio, la estructura que allí vio:

“Observé que habían construido una estructura con toda la parte de afuera, la parte externa construida con pedazos de cartón viejos y madera usada, y por la parte de adentro la esta-ban forrando con paneles tratados.”

Habiendo fracasado las tentativas de la Autoridad de Tie-rras para que el demandado abandonase su propiedad, la Auto-ridad instó acción de desahucio en precario. La ilustrada Sala sentenciadora declaró con lugar una solicitud de desesti-mación del demandado y desestimó la demanda basándose en que habiendo el demandado construido allí una estructura no procedía el desahucio en precario.

La recurrente señala dos errores, uno de los cuales es en el sentido de que erró el tribunal al desestimar la demanda por entender que la acción procedente era la de accesión y no la de desahucio en precario. Somos de opinión que se cometió dicho segundo error y nos explicamos a continuación.

A riesgo de repetir, consideramos conveniente precisar lo siguiente. El demandado construyó a sabiendas en terreno ajeno y sin permiso alguno; mientras construía la Autoridad de Tierras por voz del ingeniero y testigo Torres Hernández así se lo reiteró; el que edifica de mala fe en terreno ajeno pierde lo edificado sin derecho a indemnización. Art. 298 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1165.

La prueba desfilada, según consta claramente de la trans-cripción de evidencia, demuestra que el demandado es un pre-carista y procedía el desahucio.

Además, de haber ocurrido que se trataba de una acción iniciada con nombre o alegaciones incorrectas lo que correspondía era dar una oportunidad al demandante para enmendar las alegaciones y fallar de acuerdo con la prueba. Regla 13 de Procedimiento Civil. Eso sería lo procedente en armonía con los principios de economía procesal y también con los de justicia sustantiva. Las Reglas de Procedimiento se interpretarán de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo el proceso. Regla 1 de Procedimiento Civil. Las sentencias concederán el remedio a que tenga derecho la parte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones. Regla 44.3 de Procedimiento Civil. Cualquier defecto en la denominación del pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba. Regla 70 de Procedimiento Civil. Véase además, Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972); Cruz v. Director de la Lotería, 94 D.P.R. 260, 264 (1967); Sucn. Marrero v. Santiago, 74 D.P.R. 816, 824 (1953); Rivera v. Benítez Rector, 73 D.P.R. 377 (1952); Mena v. Llerandi, 70 D.P.R. 176 (1949); Núñez v. Benítez Rector, 65 D.P.R. 864 (1946).

Sobre la falta de derecho del que invade terrenos ajenos y construye allí de mala fe, véanse Catalán González & Cía. Inc. v. García, 104 D.P.R. 380 (1975) y Amézquita v. Hernández Colón, 518 F.2d 8 (1975).

En vista de lo anterior, se expedirá el auto, se revocará la sentencia recurrida y se declarará con lugar la demanda en este caso. Se devolverá el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.