source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Ángel L. Padilla Flores y Juan A. Ceballo Fuentes, acusados y peticionarios.

      Número: CE-90-811

      Resuelto: 16 de enero de 1991

      Fleming Castillo Alfaro, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado de los peticionarios; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Por unos hechos alegadamente ocurridos el 10 de septiembre de 1990, se presentaron sendas denuncias contra Angel L. Padilla Flores y Juan A. Ceballo Fuentes por infracciones al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A sec. 2401, y el Art. 234 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4430, delitos supuestamente cometidos por ambos imputados actuando en concierto y de común acuerdo.

El 19 de septiembre de 1990 uno de los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (en adelante la Sociedad) entre-vistó al peticionario Angel L. Padilla Flores y dicha entidad asumió su representación legal.

La vista preliminar fue señalada para el 2 de octubre de 1990. Ese día se le asignó a la Sociedad la representación del otro peticionario, el coacusado Juan A. Ceballo Fuentes. De la entre-vista de éste surgió la existencia de conflicto de intereses en la representación de ambos peticionarios, por lo que la Sociedad objetó que se le asignara la representación del coacusado Ceballo Fuentes. Solicitó que se le relevara de la misma y que se le permitiera continuar representando al peticionario Padilla Flores, ya que había asumido la representación legal de éste antes de que le fuera asignada la representación del coacusado Ceballo Fuentes.

El tribunal de instancia declaró no ha lugar la solicitud de relevo de representación. En reconsideración, le requirió a la defensa que abundara sobre las razones de su solicitud para determinar si existía el alegado conflicto de intereses. La defensa alegó que de cumplir con dicho requerimiento estaría divulgando de antemano su prueba al Ministerio Fiscal y al juzgador de los hechos, lo que redundaría en una violación del derecho fundamental de los peticionarios a una representación legal adecuada y efectiva. El tribunal mantuvo su resolución original. En conse-cuencia, la defensa no contrainterrogó a los testigos durante la vista preliminar, pues estimó que de haberlo hecho hubiera resultado perjudicial a los intereses de uno de los peticionarios, a la vez que representaba eficazmente al otro. Se determinó la existencia de causa probable contra ambos peticionarios y se fijó el acto de la lectura de la acusación para el 2 de noviembre de 1990. El 23 de octubre de 1990 los peticionarios recurrieron al Tribunal Superior mediante una petición de certiorari, que fue declarada el 24 de octubre de 1990.

Inconforme, la Sociedad recurre ante nos y alega el error siguiente:

ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE RELEVO DE REPRESENTACION, VIOLANDO EL DERECHO CONSTITU-CIONAL DE LOS PETICIONARIOS A UNA ASISTENCIA LEGAL ADECUADA. Petición de certiorari, pág. 3.

El 5 de noviembre de 1990 ordenamos al Hon. Procurador General mostrar causa por la cual no debía revocarse la resolución recurrida y, en consecuencia, relevar a la Sociedad de la repre-sentación del peticionario Juan A. Ceballo Fuentes. En su com-parecencia, el Hon. Procurador General concurre con la posición de la Sociedad a los fines de que ésta sea relevada de la representación legal del recurrente Juan A. Ceballo Fuentes. Así procedemos a decretarlo y a anular la determinación de causa probable tomada en contra de ambos acusados por los delitos mencionados.

r — H h — ]

Es precepto fundamental de nuestro ordenamiento constitucional el derecho de todo acusado a una representación legal adecuada y efectiva en todo proceso criminal. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Esto naturalmente implica una representación legal libre de conflictos e intereses encontrados.

La representación conjunta, por un solo abogado, de dos (2) o más acusados plantea serios problemas en relación con la garantía constitucional de una adecuada representación y, de haber conflicto entre la defensa de uno y otro, se vulnera tal garantía constitucional. Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106, 108-109 (1982).

El requisito de demostración afirmativa de conflicto, y su efecto adverso, no es exigible cuando la defensa levanta la existencia del conflicto y alguno de los acusados objeta la representación conjunta por el mismo abogado antes de la etapa apelativa, esto es, durante el juicio o en las fases anteriores al mismo. Pueblo v. Gordon, supra, pág. 111. Véase, además, Cuyler v. Sullivan, 446 U.S. 335, 348 (1980).

En esos periodos anteriores a la etapa apelativa, basta que, de buena fe y utilizando su buen juicio, el abogado de los coacusados reconozca el conflicto para qúe proceda el relevo de representación. Holloway v. Arkansas, 435 U.S. 475, 485-486 (1978); Cuyler v. Sullivan, supra, pág. 347. Ello es así, pues es dicho abogado quien está en la mejor posición para detectar la existencia del mismo. El exigirle que divulgue en qué consiste tal conflicto implica divulgar su prueba al Ministerio Fiscal y al juzgador de los hechos, socavando así la misma representación legal adecuada que está éticamente llamado a brindar. Burger v. Kemp, 483 U.S. 776 (1987); Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984). Véanse, además: Glasser v. United States, 315 U.S. 60 (1942); Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967). El abogado defensor se colocaría en la situación conflictiva de brindar una representación adecuada y eficaz, a la vez que divulga las confidencias de un cliente que pueden afectar la defensa de otro. Pueblo v. Gordon, supra.

Adicionalmente, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, prohíbe la representación legal cuando existe alguna posibilidad de conflicto de intereses. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984). Por ello, como regla general, la representación conjunta de partes con potencial conflicto de interés es éticamente impermisible. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985). Véase, también, In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486 (1981).

I — H hH I — l

La vista preliminar es un acto propiamente judicial, de contornos definidos dentro del procedimiento criminal. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985); Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975); Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 765, 771 (1974), opinión concurrente del Honorable Juez Asociado Díaz Cruz. El propósito de esta vista es evitar someter al ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores del proceso criminal. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37 (1989); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 663; Pueblo v. Opio Opio, supra, pág. 171; Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974); Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970). El imputado tiene la oportunidad, en esa temprana etapa del proceso criminal, de establecer que la imputación en su contra es injusti-ficada o infundada. Por ello, es imperativo que se le garantice una representación legal adecuada y eficaz.

En el presente caso, la Sociedad solicitó oportunamente el relevo de representación del peticionario Juan A. Ceballo Fuentes por existir conflicto de intereses en la representación conjunta de los peticionarios, lo cual impedía brindarles la adecuada y eficaz representación legal a la que son acreedores constitucionalmente.

Al declararse no ha lugar la solicitud de relevo de represen-tación, la Sociedad se vió en la encrucijada de que si contrainterrogaba a los testigos durante la celebración de la vista preliminar perjudicaría la defensa de uno de los peticionarios, a la vez que representaba eficazmente al otro. Ello privó a ambos imputados de una representación legal eficaz en violación de su derecho constitucional a estar debidamente asistidos de abogado en esta etapa del procedimiento criminal. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965).

No estamos en posición de considerar, pues no se nos ha planteado, la conveniencia de relevar también a la Sociedad de la representación del coacusado Ángel L. Eadilla Flores. Del hecho de que la Sociedad ha solicitado ser relevada de la representación de un coacusado solamente, presumimos que ésta ha determinado, después del correspondiente análisis concienzudo, que no existe conflicto adicional alguno respecto a la defensa del otro acusado. De no haberse hecho la mencionada determinación, a la luz de la expresada preocupación, instruimos a la Sociedad a reexaminar todas las circunstancias presentes en este caso a los fines de determinar si, a pesar de la renuncia que hoy autorizamos, subsiste todavía algún otro conflicto, y en caso afirmativo, a tomar las medidas necesarias para evitar el mismo.

For lo antes expuesto, se expide el auto solicitado que revoca la resolución recurrida y deja sin efecto la determinación de causa probable de 2 de octubre de 1990 contra Juan A. Ceballo Fuentes y Angel L. Padilla Flores por los delitos de infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y al Art. 234 del Código Penal de Puerto Rico. Regla 64(p) de Procedimiento Criminal vigente.( ) Se ordena la celebración de una vista preliminar separada en contra de cada uno de dichos acusados y se releva a la Sociedad para Asistencia Legal de la representación del peticionario Juan A. Ceballo Fuentes. Asi-mismo, se devolverá el caso al Tribunal Superior, Sala de Bayamón, para la tramitación de los procedimientos que sean necesarios a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta opinión. Se dictará la correspondiente sentencia.

      (1) “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      “(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.” 34 L.ER.A. Ap. II, R. 64.


text:
    Asociación de Periodistas, demandante y recurrente, v. Lic. Martín González Vázquez y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-88-435

      Resuelto: 17 de enero de 1991

      Guillermo F Ramos Luiña y Edna Santiago de Hernández, abogados de la recurrente; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, y Sylvia Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I

Los hechos

Durante el transcurso de la celebración de un proceso criminal (Pueblo v. Edwin Rivera Sevilla, Crim. Núm. M-87-1175, 1176 y 1184) el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce, citó a varios periodistas para que comparecieran al mismo en calidad de testigos. Citó, además, a la gerente general del Canal Veinte (20) de Televisión (W.K.P.V) para que entregase una cinta videomag-netofónica en la que, se alegaba, estaban registrados los actos específicos por los cuales se estaba juzgando al acusado en el proceso antes mencionado. La información y la evidencia reque-rida eran relevantes a la defensa del acusado.

Específicamente, el Tribunal de Distrito expidió citaciones para que el periodista Jorge Ariel Torres, el periodista gráfico Eduardo Collazo y la gerente general de W.K.P.V acudieran al tribunal a declarar y a entregar la mencionada cinta video-magnetofónica.

Así las cosas, la demandante recurrente Asociación de Perio-distas de Puerto Rico, Capítulo Miguel Rivera del Área Sur (en lo sucesivo la Asociación), solicitó y obtuvo de la empresa MultiMedia, Inc., propietaria de W.K.P.V la custodia de la cinta videomagnetofónica requerida por el tribunal. La Asociación y el periodista señor Collazo comparecieron ante el Tribunal de Dis-trito y presentaron escritos por medio de los cuales se oponían a las referidas citaciones. Plantearon que el hecho de ser citados para comparecer como testigos menoscababa el derecho a la libertad de prensa consagrado en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, y en el Art. II, See. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.ER.A., Tomo 1. Pendiente el caso, la Asociación y algunos de los miembros que habían sido citados en el mismo presentaron una solicitud de sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce, con el propósito de que fuera ese foro el que dilucidara la controversia constitucional^)

En su solicitud, la Asociación argumentó que debido a la frecuencia con que los periodistas son citados a declarar en procedimientos judiciales sobre hechos presenciados por ellos mientras desempeñan su profesión, instancia debía establecer normas para reglamentar dichas citaciones de modo que éstas fuesen cónsonas con las disposiciones constitucionales de Estados Unidos y Puerto Rico referentes a la libertad de prensa. Poste-riormente, mediante moción, solicitaron del Tribunal Superior que, en auxilio de su jurisdicción, paralizara el procedimiento seguido en el caso de Pueblo v. Edwin Rivera Sevilla, supra, hasta que se resolviera la controversia planteada. Dicho foro acogió la solicitud presentada y dictó orden para paralizar los procedimien-tos en el Tribunal de Distrito.

El codemandado recurrido, Lie. Martín González Vázquez, solicitó reconsideración de la orden. Adujo como fundamento que al ordenarse la paralización del proceso se estaba violando el derecho constitucional de su Chente a tener un juicio rápido. Impugnó, además, las alegaciones de la Asociación referentes al derecho a la libertad de prensa. Instancia reconsideró y dejó sin efecto la orden de paralización.

Reanudado el proceso en el Tribunal de Distrito, se celebró una vista en la que se le ordenó a la Asociación entregar la cinta videomagnetofónica requerida por la defensa. Luego de esto, la Asociación y los periodistas citados, demandantes recurrentes, presentaron en el caso de autos una moción en la que solicitaron de instancia que diseñara lo más pronto posible las normas para reglamentar la citación de periodistas. Fundamentaron esta soli-citud en el hecho de que, luego de presentada la solicitud de sentencia declaratoria, habían sido citados para declarar en por lo menos dos (2) procedimientos criminales más. Los procedimientos eran los seguidos en el caso de Pueblo v. Edwin Rivera Sevilla, supra, y en el de Pueblo v. Isidoro Montes Marrero, Crim. Núm. G-87-339 al 342, G-87-1163 y M-87-273 y 274.

Antes de que el tribunal de instancia dictara la sentencia recurrida en el caso de autos, los procedimientos criminales fueron resueltos.() Los periodistas citados por el tribunal decla-raron en ambos procedimientos, y en el caso de Pueblo v. Edwin Rivera Sevilla, supra, presentaron la cinta videomagnetofónica requerida, la cual fue admitida en evidencia. La representación legal del Canal 20 de televisión ofreció y brindó cooperación al tribunal. Permitió que la cinta fuera observada en sus facilidades.

Esto motivó que el tribunal de instancia, en el caso de autos, dictara sentencia mediante la cual denegó la solicitud de sentencia declaratoria. Adujo como fundamento que ya no existía contro-versia entre las partes, puesto que los procedimientos que dieron origen a la solicitud de sentencia declaratoria habían culminado; el caso se había tornado académico. Señaló, además, que no estaba presente excepción alguna que hiciese posible la consideración de un caso a pesar de su academicidad. En cuanto a la excepción de cuestión recurrente en particular, expresó que ésta “no opera por la mera posibilidad de dicha recurrencia, sino que requiere que a pesar de ello la situación fáctica sea tal que eluda la revisión”. Sentencia, pág. 5. El tribunal de instancia aclaró este dictamen al puntualizar lo siguiente:

Esto significa que debe existir una situación donde haya una expectativa razonable o una probabilidad demostrable de que la misma controversia recurrirá envolviendo a la misma parte promovente y que aun repitiéndose la controversia, ésta nunca subsistirá hasta la etapa de revisión, por la corta duración de los eventos que provocan la controversia. Sentencia, pág. 5.

El tribunal de instancia concluyó que en el caso de autos no ocurre la situación antes descrita “pues los peticionarios pueden mantener viva la controversia dentro de los casos en que sean citados, dando oportunidad al tribunal competente para intervenir y resolver la misma”. Sentencia, pág. 6. Culminó señalando que no era su función emitir una opinión consultiva o crear una regla que no tendría efecto alguno entre las partes.

El día del juicio en el caso de epígrafe, luego de la discusión sobre la doctrina de academicidad y sus consecuencias, pero antes de someter el caso a la consideración del tribunal, los demandan-tes recurrentes solicitaron que se tomara conocimiento judicial del hecho de que, luego de presentada la solicitud de sentencia declaratoria, varios periodistas partes en el caso fueron citados para declarar como testigos en los dos (2) casos criminales antes mencionados. Los demandados recurridos se allanaron a esta solicitud.

A pesar de que el día del juicio el tribunal de instancia tomó conocimiento judicial, según lo solicitado, esto no se hizo constar en la sentencia emitida. Los demandantes recurrentes solicitaron que se incluyeran en la sentencia, como determinación de hecho adicional, las citaciones posteriores a los periodistas. El tribunal de instancia emitió resolución —la cual hizo formar parte de la sentencia— en la que tomó conocimiento judicial de la celebración de los casos de Pueblo v. Rivera Sevilla, supra, y Pueblo v. Isidoro Montes Marrero, supra, así como del resultado de los mismos. No hizo constar explícitamente el hecho específico de la citación de varios periodistas como testigos en tales casos.

De esta sentencia recurrieron ante nos la Asociación y los periodistas demandantes alegando la comisión de dos (2) errores: que erró el tribunal de instancia al no tomar conocimiento judicial de la citación de varios periodistas, demandantes recurrentes, como testigos en dos (2) casos distintos de naturaleza criminal luego de haberse presentado la solicitud de sentencia declarato-ria, y que erró al aplicar el concepto de academicidad y denegar la solicitud presentada.

Decidimos revisar la sentencia dictada por el tribunal de instancia y expedimos el correspondiente mandamiento.

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El conocimiento judicial

Pasemos ahora a considerar el primer error señalado. Las disposiciones aplicables a esta controversia están preceptuadas en las Regla 11(A)(2) y 11(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV: el criterio de la determinación exacta e inmediata, y el conocimiento judicial permisible vis-á-vis el mandatorio. Procedamos a analizar dichas disposiciones.

La Regla 11 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV en términos generales, nos indica cuándo y cómo los tribunales habrán de tomar conocimiento judicial de hechos adjudicativos.() Se ha señalado por algunos tratadistas que los hechos adjudicativos son aquellos “realmente en controversia de acuerdo a las alegaciones de las partes y al derecho sustantivo que gobierna el caso”. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, Cáp. II, pág. 27. En los casos por jurado son los hechos que de ordinario le corresponde dilucidar a ese Cuerpo o Panel. En casos civiles o por tribunal de derecho, se trata de los hechos que conciernen específicamente a las partes involucradas. Chiesa, op. cit.

El inciso (A) de la Regla 11 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, establece los dos (2) criterios bajo los cuales procede tomar conocimiento judicial de hechos adjudicativos. El inciso (A)(1) nos indica el criterio del conocimiento general. Señala que se puede tomar conocimiento judicial de aquellos hechos que sean de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal. El citado inciso (A)(2) de la Regla 11 de Evidencia nos habla del criterio de determinación exacta e inmediata. Se trata de hechos “susceptibles de determinación inmediata y exacta” al recurrirse “a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada”. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 11(A)(2); Chiesa, op. cit.

En cuanto a este criterio, el profesor Chiesa nos señala que:

. . . Aquí los hechos no tienen que ser de conocimiento general; pudiera tratarse de un hecho que casi nadie conoce. Lo esencial es que pueda averiguarse indubitablemente, con prontitud y precisión, acudiendo a fuentes de incuestionable confiabilidad. Tomemos un ejemplo: que “el 1 de agosto de 1967 fue un martes”. Este es un hecho verdadero que no es, en modo alguno, de conocimiento general. Sin embargo, es susceptible de ser comprobado mediante fuentes de indisputable confiabilidad. No se trata de la confiabilidad para un escéptico. Por eso es suficiente que pueda acudirse a un calendario. A ambos criterios es de aplicación el siguiente principio general: el conocimiento personal del juzgador no es suficiente para tomar conocimiento judicial. Chiesa, op. cit., pág. 28.

Por su parte, el citado inciso (B) de la Regla 11 de Evidencia establece una distinción entre el conocimiento judicial permisible y el conocimiento judicial mandatorio. Una vez queda establecida la situación prevista en el inciso (A) de esta regla, el tribunal puede tomar conocimiento judicial del hecho independientemente de que alguna de las partes lo solicite. Este es el llamado “conocimiento judicial permisible”. Por el contrario, si una parte solicita del tribunal que sea éste quien tome conoci-miento judicial del hecho establecido, y lo pone en condiciones de hacerlo, dicho tribunal viene obligado a tomar conocimiento judicial según solicitado. Este es el “conocimiento judicial man-datorio”. Chiesa, op. cit.( )

En cuanto a si procede o no tomar conocimiento judicial de los procesos o casos presentados ante los tribunales de justicia, el tratadista McCormick nos ha dicho lo siguiente:

It would seem obvious that the judge of a court would take notice of all of the records of the institution over which he presides, but the courts have been slow to give the principle of judicial notice its full reach of logic and expediency. It is settled, of course, that the courts, trial and appellate, take notice of their own respective records in the present litigation, both as to matters occurring in the immediate trial, and in previous trials or hearings. The principle seemingly is equally applicable to matters of record in the proceedings in other cases in the same court, and some decisions have recognized this, but many courts still adhere to the needless requirement of formal proof, rather than informal presentation, of recorded proceedings in other suits in the same court. Matters of record in other courts are usually denied notice even though it would appear manifest that these public documents are logically subject to judicial notice as readily verifiable facts. E.W Cleary, McCormick’s Handbook of the Law of Evidence, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1972, págs. 765-766.

Por su parte, Chiesa señala que “[b]ajo la Regla 11(A)(2) es posible tomar conocimiento judicial de los récords o autos de los casos radicados ante los tribunales. Esto quiere decir que puede tomarse conocimiento judicial de los procedimientos habidos en otra causa, incluyendo la sentencia o resolución que dispuso del caso”. Chiesa, op. cit, págs. 34-35.

En síntesis, bajo las disposiciones de la Regla 11(A)(2) de Evidencia, supra, se puede tomar conocimiento judicial de los procedimientos celebrados y de la sentencia o resolución dictada en cualquier causa seguida ante el mismo tribunal que toma conocimiento judicial o en cualquier otro tribunal dentro de la jurisdicción de aquél. Por tratarse de hechos cuya comprobación o determinación puede efectuarse de forma exacta e inmediata (sólo hay que acudir a la secretaría del tribunal en cuestión), es innecesario exigir en estos casos que se presente evidencia formal de los mismos.

Por su parte, y a modo de recapitulación de lo antes indicado a este respecto, la citada Regla 11(B) de Evidencia establece que, una vez se determina afirmativamente que los hechos son de conocimiento general o que pueden comprobarse de forma inmediata o exacta, el tribunal puede tomar conocimiento judicial motu proprio o a solicitud de parte. Si lo hace motu proprio, estamos ante una situación de conocimiento judicial permisible. Si media solicitud de parte y ésta pone al tribunal en posición de tomar conocimiento judicial, el tribunal está en la obligación de así hacerlo. Ante esta situación el conocimiento judicial se hace mandatorio. Regla 11 de Evidencia, 32 L.ER.A. Ap. IV

En el caso de autos, el día en que se celebró el juicio en su fondo los demandantes recurrentes solicitaron del tribunal que se tomara conocimiento judicial del hecho de que varios periodistas codemandantes fueron citados para declarar como testigos en dos casos criminales, y que dichas citaciones fueron hechas después de presentada la solicitud de sentencia declaratoria. La parte demandada no se opuso a que el tribunal tomara conocimiento judicial según solicitado. El día del juicio el tribunal de instancia procedió a tomar conocimiento judicial del hecho de las citaciones. En estas circunstancias era mandatorio que así lo hiciera. Al hacerlo se apegó correctamente a las disposiciones de la Regla 11 de Evidencia, supra.

Sin embargo, el hecho del cual se tomó conocimiento judicial no fue incluido en la sentencia dictada por el tribunal de instancia. Esto provocó que, mediante moción al efecto, los demandantes recurrentes solicitaran que se incluyera como determinación de hecho adicional el hecho de las citaciones cursadas, de lo cual se tomó conocimiento judicial en Sala el día del juicio. El tribunal de instancia reaccionó y emitió una resolución mediante la cual tomó conocimiento judicial de que los casos criminales aludidos fueron celebrados, así como del resultado de los mismos. No hizo mención específica de la existencia de las citaciones a varios de los periodistas demandantes.

En su informe ante nos el Procurador General plantea que no discutirá el primer señalamiento de error de los recurrentes relativo al conocimiento judicial de las citaciones, por entender que se trata de un hecho cierto e incontrovertido. Sin embargo, alegan que a pesar de que el tribunal de instancia no señaló de forma directa que tomó conocimiento judicial de los hechos señalados por los recurrentes, era suficiente con hacer mención de la celebración y resultado de los casos criminales señalados. Fundamentan esta alegación en que, de un examen de las minutas de estos casos, surge claramente que varios periodistas deman-dantes fueron citados a declarar según lo alegado por los recu-rrentes.

Al tomarse conocimiento en términos generales de la celebración de un proceso judicial, puede entenderse que se toma conocimiento judicial de todos los incidentes acaecidos en dicho proceso. Estos, generalmente, están recogidos en los autos mantenidos por el tribunal de instancia. Un examen de los mismos es suficiente para comprobar incidentes específicos como el de las citaciones hechas a varios de los periodistas demandantes recurrentes.

No obstante lo anterior, dada la situación fáctica tan particular de este caso, es necesario reconocer que el hecho del cual se solicitó al tribunal de instancia tomar conocimiento judicial es uno relevante a la controversia sobre la academicidad del caso de autos. El juicio que se efectuó giró en torno a si procedía o no citar a periodistas como testigos en procesos judiciales, no en cuanto a si se celebró o no determinado proceso y el resultado del mismo. Una vez los demandantes recurrentes solicitaron del tribunal de instancia que tomara conocimiento judicial del hecho de las citaciones y pusieron al tribunal en posición de hacerlo() procedía que así se hiciera; sobre todo cuando en el caso de autos la parte demandada recurrida se allanó a la solicitud de los demandantes.

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La academicidad

El concepto “academicidad” ha sido previamente analizado por este Tribunal. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Noriega n Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638 (1991).

En E.L.A v. Aguayo, supra, aclaramos la autoridad de los tribunales para determinar si un caso es o no, entre otras cosas, académico. Señalamos además que “[e]sta autoridad nace del elemental principio de que los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-559. Al considerar el concepto “academicidad” hay que concentrarse en la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente. Este análisis es vital para determinar la existencia de los requisitos constitucionales (“caso o controversia”) o jurisprudenciales de justiciabilidad.() Un caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y presente se pierde. L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 82-83. Nota, The Mootness Doctrine in the Supreme Court, 88 Harv. L. Rev. 373, 376 (1974).

Ahora bien, en la jurisdicción estadounidense, la doctrina de academicidad no tiene raíces estricta o exclusivamente constitu-cionales. Mucho antes de la aprobación de la Constitución norte-americana, la doctrina de la academicidad se había desarrollado como una limitación del common law a la obligación de las cortes de decidir los casos ante su consideración. En este sistema de derecho la academicidad, inicialmente, estuvo dirigida a atender consideraciones de economía judicial. D. Kates y W. Baker, Mootness in Judicial Proceedings: Toward a Coherent Theory, 62 Cal. L. Rev. 1385, 1412 (1974). Esta tendencia preconstitucional prevalece aún hoy día al considerar los tribunales el aspecto de la academicidad, aunque la misma se ha enmarcado dentro del concepto más amplio de la autolimitación judicial:

While the Supreme Court has sometimes stated that mootness is a constitutional limitation, it has at other times been willing to relax the mootness rule so that the requirement will not be so “rigid” as to prevent the review of important constitutional issues. Mootness should therefore properly be regarded as rooted in part in the constitutional limitation of the judicial power to cases and controversies, although its application is rooted as well in a rule of self-restraint which may be relaxed at times by the Court. (Citas omitidas.) 1 Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure Sec. 2.13, págs. 102-103 (1986). Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 122.

Una vez trazado el origen de esta doctrina, procede exami-narla más específicamente teniendo presente los contornos de la controversia planteada ante nos.

Se han elaborado varias definiciones sobre el concepto de academicidad. Algunas de ellas han sido bastante limitadas, ceñidas más bien al significado técnico del término.()

En E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584, acogimos una definición mucho más abarcadora y flexible de este concepto. Allí señalamos:

Una de las definiciones más aceptadas explica que un caso académico (moot) ... es “uno en que se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente

Una vez se determina que un caso es académico los tribunales, por imperativo constitucional (ausencia de “caso o controversia”) o por motivo de autolimitación judicial, deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. Sin embargo, aun ante la presencia de un caso evidentemente académico, las compleji-dades de la doctrina nos llevan a preguntarnos si existe alguna razón que mueva al tribunal a considerar tal caso impregnado de academicidad. Tribe, op. cit, pág. 84.

Así, se han elaborado una serie de excepciones que, de estar presente alguna de ellas, permitirían que se considere un caso académico. En cuanto a éstas, hemos señalado que las mismas

. . . cobran vigencia en aquellos casos en los que aun cuando la decisión del tribunal no afecta a las partes involucradas, presenta una cuestión recurrente o repetitiva del asunto planteado —Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Moore v. Ogilvie, 394 U.S. 814.(1969); So. Pac. Terminal Co. v. Int. Comm. Comm., 219 U.S. 498 (1911)— en aquellos casos en que la propia parte demandante termina volun-tariamente su conducta ñegal —Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra; City of Mesquite v. Aladdin’s Castle, Inc., 455 U.S. 283 (1982)— y en aquellos donde la situación de hechos ha sido cambiada voluntariamente por el demandado, pero que no tiene visos de permanencia, United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629 (1953). De igual manera se plantea una excepción cuando en un caso se ha certificado por el tribunal una clase, de conformidad con la Regla 20 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), y la controversia se torna académica para un miembro de la clase, mas no para el representante de la misma. Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975); Franks v. Bowman Transportation Co., 424 U.S. 747 (1976), y en los casos que aparentan ser académicos pero en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, págs. 122-126; L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988. (Énfasis suplido.) El Vocero v. Junta de Planificación, supra, pág. 124.

En el caso de autos, al denegar la solicitud de sentencia declaratoria, el tribunal de instancia dictaminó que el caso se había convertido en académico al cual no le aplicaba la excepción de “carácter recurrente o repetitivo del asunto planteado”. El tribunal de instancia va más allá y señala, al discutir esta excepción, que la misma

... no opera por la mera posibilidad de dicha recurrencia, sino que requiere que a pesar de ello la situación fáctica sea tal que eluda la revisión .... Esto significa que debe existir una situación donde haya una expectativa razonable o una probabilidad demostrable de que la misma controversia recurrirá envolviendo a la misma parte promovente y que aun repitiéndose la controversia, ésta nunca subsistirá hasta la etapa de revisión, por la corta duración de los eventos que provocan la controversia. (Citas omitidas y énfasis suplido.) Sentencia, pág. 5.

La excepción del carácter recurrente o repetitivo del asunto planteado presenta varios factores que debemos analizar individualmente: (1) la probabilidad de la recurrencia y (2) las partes involucradas en el procedimiento. Ambos factores están estrechamente ligados entre sí.

En cuanto a la probabilidad de la recurrencia, se ha dicho que es el factor primario en el proceso de concluir si una determina-ción afirmativa de academicidad promoverá la finalidad de la economía o autolimitación judicial. Kates y Baker, supra, pág. 1413. En aquellos casos donde exista la probabilidad de que la controversia se repita o recurra, los tribunales deben considerar el asunto planteado a pesar de que el mismo haya advenido académico.

En lo referente a las partes en litigio, en el caso de Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, señalamos que para que aplique la excepción del carácter recurrente no es necesario que al repetirse la controversia ésta afecte a las mismas partes. Al resolver que en dicho caso la controversia no había perdido vigencia, dijimos lo siguiente:

Obsérvese, además, que la controversia es susceptible de surgir nuevamente aunque no sea entre los mismos protagonistas. (En-fasis suplido.() íd., pág. 725.

Existe un criterio adicional cuya presencia es determinante al momento de decidir si existe la excepción a la condición de academicidad que estamos discutiendo. Además del carácter recurrente o repetitivo del asunto planteado, y las partes en litigio, dicho asunto debe ser de una naturaleza tal que evada su adjudicación o revisión. Esto sucede con mayor frecuencia en aquellas controversias que son de por sí de muy corta duración, pero puede haber otras razones además de la brevedad cronológica que ocasionen que una controversia sea capaz de eludir la revisión judicial.

En Estados Unidos, el requisito de que la controversia sea Capaz de evadir la revisión judicial fue establecido desde comien-zos de siglo. So. Pac. Terminal Co. v. Int. Comm. Comm., 219 U.S. 498 (1911).

Por nuestra parte, en el caso Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 726, acogimos lo establecido en la jurisdic-ción norteamericana. En relación con la controversia allí trabada, señalamos que:

Haya concluido o no el caso entre tales partes, es una controver-sia “capaz de repetirse pero sujeta a evadir su adjudicación”. (Énfasis suplido.)

En el caso de autos, una vez resueltos los casos a que fueron citados para comparecer como testigos los periodistas codemandantes, la controversia planteada se convirtió en académica. No obstante lo anterior, existe la probabilidad de que tales periodistas, así como otros, puedan ser citados posteriormente a comparecer como testigos en algún procedimiento judicial.() De hecho, en este caso varios periodistas codemandantes fueron citados a comparecer ante los tribunales como testigos luego de entablarse la presente solicitud de sentencia declaratoria.

De acuerdo con la doctrina antes expuesta, las citaciones posteriores no tienen que ocurrir necesariamente con las mismas partes del presente litigio para que sea de aplicación la excepción al planteamiento de academicidad aquí discutida.

Además, no sólo se cumple con el requisito del carácter recurrente de la controversia de autos sino que, de repetirse, al igual que sucedió en esta ocasión, eludiría la revisión. Esto es así debido a que, de permitirse la dilucidación del planteamiento de constitucionalidad que hacen los periodistas en medio de un proceso criminal, se podría incurrir en una seria dilación de dicho proceso que podría conllevar a la violación del derecho constitucional a juicio rápido garantizado a todo acusado.() Ejemplo de lo anterior es precisamente lo sucedido en el caso de autos. Al solicitarse la sentencia declaratoria por la parte demandante se expidió, a petición de ésta, una orden mediante la cual se paralizaba el proceso criminal. El codemandado, licenciado González Vázquez, solicitó que se dejara sin efecto dicha orden debido a que la misma atentaba contra el derecho constitucional de su chente a que se le celebrara un juicio rápido. Ante este reclamo, el tribunal de instancia dejó sin efecto su orden de paralización.

En Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 727, al enfrentarnos a un asunto similar al de autos, concluimos que:

Este foro puede y debe decidir la cuestión planteada porque aun siendo capaz de repetirse puede evadir revisión por este Tribunal dada la prontitud que venimos inyectándole a los procedimientos civiles y criminales y a las garantías de juicio rápido, entre otras, que existen a favor del acusado.

En el presente caso, al igual que en el caso Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, el vehículo procesal utilizado —la sentencia declaratoria— es el adecuado para resolver la controversia trabada entre las partes. Es permisible el uso de la sentencia declaratoria (Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641 (1980)) como mecanismo de solución a planteamientos constitucionales. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra. La decisión a que se llegue no tendrá el efecto ni podrá considerarse como una opinión consul-tiva. El segundo error señalado fue cometido.

IV

Por todo lo antes expuesto, se dicta sentencia mediante la cuál se revoca la sentencia recurrida dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, el 18 de agosto de 1988 y se ordena la continuación de los procedimientos del presente caso en instan-cia de acuerdo con los pronunciamientos aquí vertidos.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

      (1) En la petición original de sentencia declaratoria se incluyó como demandados a las personas siguientes: Lie. Martín González Vázquez, abogado de la defensa en uno de los casos criminales en que fueron citados los periodistas como testigos; Hon. Fiscal Antonio Ortiz; Hon. Fiscal Julio León; Hon. Fiscal Pedro G. Goyco Amador; Lie. Carlos Colón, abogado de la defensa en otro de los casos criminales; John Doe y Richard Doe. Posteriormente, con permiso del tribunal de instancia, se enmendó la demanda para traer al Estado Libre Asociado como parte en la presente acción.

      (2) En el caso de Pueblo v. Edwin Rivera Sevilla, Crim. Núm. M-87-1175, 1176 y 1184, el tribunal emitió su fallo y encontró al acusado culpable de uno de los delitos que le fueron imputados, absolviéndolo en otros dos (2). En el caso de Pueblo v. Isidoro Montes Marrero, Crim. Núm. G-87-339 al 342, G-87-1163 y M-87-273-274, el acusado hizo alegación de culpabilidad en todas las infracciones que le fueron imputadas.

      (3) Esta regla establece lo siguiente:

        “Regla 11. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

      “(A) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial de hechos que no son razonablemente objeto de controversia por:
      “(1) Ser de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal, o
      “(2) ser susceptibles de determinación inmediata y exacta recurriendo a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.
      “(B) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial, a iniciativa propia y deberán tomar conocimiento judicial a solicitud de parte cuando ésta provea al tribunal con información suficiente para permitirle que tome tal conocimiento.
      “(C) La parte que solicita que se tome conocimiento de un hecho debe notificar la solicitud a la parte adversa para dar oportunidad a ésta de prepararse y enfrentarse a la solicitud, si así lo estimare conveniente. Una parte tiene derecho a ser oída en torno a si procede tomar conocimiento judicial.
      “(D) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la etapa apelativa.
      “(E) En casos criminales por jurado el juez instruirá a los miembros del jurado de que deben aceptar como concluyente cualquier hecho del cual se haya tomado conocimiento judicial.” 32 L.P.R.A. Ap. IV

      (4) Para una discusión y análisis más extenso sobre el alcance de la Regla 11 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, véase E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, Cap. II, págs. 27-37.

      (5) Los demandantes recurrentes proveyeron al Tribunal Superior información concerniente al nombre de las partes y los números asignados a los casos criminales celebrados ante el Tribunal de Distrito, en los que algunos de los periodistas compare-cientes fueron citados como testigos. Véase nota al calce núm. 2.

      (6) La doctrina de academicidad tiene fundamentos constitucionales en la jurisdic-ción federal norteamericana. En dicha jurisdicción, para dar paso a la litigación, se requiere la existencia de un “caso o controversia”. Art. Ill, Sec. 2 de la Constitución de Estados Unidos, L.ER.A., Tomo 1.
      En Puerto Rico, por el contrario, nuestra Constitución no contiene el requisito de “caso o controversia” requerido en la jurisdicción federal. No tenemos esa limitación constitucional. Sin embargo, al resolver el caso de E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958), adoptamos jurisprudencialmente la doctrina de autolimitación judicial existente en la jurisdicción norteamericana.

        Para un análisis más detallado de lo antes señalado, véase R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, Cap. III.

      (7) En el caso Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-725 (1980), se definió el concepto “academicidad” de la manera siguiente:
      “Este concepto recoge la situación en que, aun cumplidos todos los requisitos de justiciabiüidad, los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia, tornan en académica o ficticia su solución.”
      Para otra definición limitada del concepto “academicidad”, véase D. Kates y W Barker, Mootness in Judicial Proceedings: Toward a Coherent Theory, 62 Cal. L. Rev. 1385,1387 (1974); allí se dice lo siguiente:
      “We shall, however, restrict the term to its narrow technical meaning and will describe as moot only those eases in which a justiciable controversy once existing between the parties is no longer at issue due to some change in circumstance after the case arose.”

      (8) Igual proceder se ha adoptado con otras excepciones como lo es el caso del desistimiento voluntario por la parte demandada de su conducta ilegal.
      “Si bien originalmente se requería en este respecto que la controversia fuese capaz de repetirse entre las mismas partes, se ha admitido luego la variante de que la controversia pueda repetirse con otras personas.” Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 728.

      (9) No consideramos aquí, por no ser pertinente, los derechos que puedan cobijar a cualquier testigo ordinario en los procedimientos judiciales, sean éstos de naturaleza civil o criminal. En otras jurisdicciones se han promulgado Cartas de Derecho de los testigos con el fin de brindar a éstos la protección necesaria para que puedan cumplir con su función de informar sobre los eventos por ellos presenciados y que sean pertinentes para la celebración de un proceso judicial. La nuestra no ha sido la excepción. Se ha puesto especial énfasis en el caso de los testigos de actos delictivos. Se pretende brindarles protección de actos de intimidación o amenazas por parte de los acusados u otras personas con interés en el resultado del proceso. Véase Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988 (25 L.P.R.A. sec. 973 et seq.). Además, se intenta estimular su cooperación proveyéndoles honorarios, gastos de dieta y viaje (Reglamento fijando tipos de honorarios, gastos de viaje y dietas para jurados y testigos, 4 L.P.R.A. Ap. X; véase, además, 34 L.P.R.A. sec. 752) así como evitar que sus patronos los dejen cesantes por razón de su comparecencia a los tribunales.
      Fara un estudio más abarcador sobre el establecimiento y protección de los derechos de los testigos, véanse: Victim/Witness Legislation: An Overview, U.S. Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1984; M. Lim, Victims, Witnesses and Courts, National Center for State Courts, 1986; F. Cannavale y F. Falcon, Witness Cooperation, Massachusetts, Lexington Books, 1976.
      Reconocemos, además, la necesidad de considerar y discutir en torno a la creación de unas guías o directrices adecuadas para ser utilizadas en casos de citación de periodistas como testigos en procedimientos judiciales, sean éstos de naturaleza civil o criminal. Sin embargo, no es éste el momento adecuado para acometer dicha tarea.

      (10) Además, la determinación de si la citación de un periodista como testigo a un procedimiento judicial constituye una violación de las disposiciones constitucionales referentes a la libertad de prensa, es en realidad una controversia tangencial o colateral al asunto tratado en el caso a que es citado. Entrar a discutir este asunto equivaldría, en términos generales, a una dilación indebida del proceso principal.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Armando Romero Arroyo, etc., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-87-101

      Resuelto: 24 de enero de 1991

      Víctor A. Vélez Cardona, abogado de los recurrentes; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Anabelle Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José Ai Ortiz Pérez, de Servicios Legales de Puerto Rico, abogado de Blanca I. Rivera Rodríguez, recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso —el cual tiene un trasfondo fáctico un tanto novelesco— plantea fundamentales e importantes interrogantes; en especial, respecto a la responsabilidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los daños y perjuicios sufridos por unos ciudadanos, consecuencia los mismos de alega-dos actos, y omisiones, negligentes en que supuestamente incu-rrieron el Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico y los Fiscales adscritos al referido departamento en el descargo de su función de investigación de posible conducta delictiva en nuestro País.

L-J

La Sra. Blanca Iris Rivera Rodríguez acudió el día 22 de octubre de 1985 a la oficina del Fiscal del Distrito de Utuado en relación con una investigación que había ordenado realizar el Secretario de Justicia de Puerto Rico, Ledo. Héctor Rivera Cruz, referente la misma a una “carta querella” que la señora Rivera Rodríguez le había enviado a dicho funcionario. En dicha carta la referida dama alegaba que el Sr. Armando Romero Arroyo y su esposa Virginia Martínez Deliz le habían “secuestrado”, aproxi-madamente un (1) año antes, un hijo de tierna edad, trasladándose éstos con el niño al estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América.

La señora Rivera Rodríguez fue atendida en la Fiscalía por el Fiscal Francisco Acevedo Padilla, quien procedió a reducir a escrito la versión de la querellante. Conforme surge de la declaración jurada prestada, la señora Rivera Rodríguez, mujer soltera de treinta y siete (37) años de edad y residente del pueblo de Lares, quedó embarazada como consecuencia de unas relacio-nes amorosas que ella sostuviera con un amigo de nombre Bautista Rodríguez Avilés. Siendo soltera y temiendo la reacción negativa de su abuela, familiar con quien residía, la señora Rivera Rodríguez “simuló” su embarazo mediante el uso de determina-dos subterfugios. Luego del alumbramiento, la señora Rivera Rodríguez entregó voluntariamente el recién nacido a su tía Virginia Martínez Deliz y al esposo de ésta, Armando Romero Arroyo. El menor, bajo circunstancias que no surgen con claridad de la declaración jurada de la señora Rivera Rodríguez, fue inscrito en el Registro Demográfico como hijo de Blanca Iris Rivera Rodríguez y Armando Romero Arroyo.

Conforme surge de la referida declaración jurada, luego de varios meses de tener consigo al menor de edad, los esposos Romero Martínez se trasladaron junto a éste al estado de Nueva Jersey alegadamente sin el consentimiento de la querellante Rivera Rodríguez. No surge de la referida declaración jurada la razón, si alguna, para la “tardanza” de aproximadamente un (1) año en que incurrió la señora Rivera Rodríguez en reportar a las autoridades pertinentes el alegado secuestro..

Procede que se señale el hecho de que el Fiscal Acevedo Padilla, en adición, obtuvo una declaración jurada del Sr. Bautista Rodríguez Avilés respecto a estos hechos.C) En la misma, el referido ciudadano admitió las relaciones con la querellante Rivera Rodríguez; admitió la posibilidad de que él fuera el padre de la criatura e informó haber visto al referido menor en la residencia de los esposos Romero Martínez en el estado de Nueva Jersey, en ocasión de él haber estado visitando en dicho estado a otros hijos suyos.

El día 22 de octubre de 1985, en horas de la tarde, el Estado sometió el caso para la determinación de causa probable para arresto ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado, sin que se realizara investigación adicional alguna; esto es, sin que el Fiscal entrevistara ninguna otra personal.() Dicho foro judicial determinó causa probable contra los esposos Romero Martínez por infracción al Art. 160 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4243,() y por infracción al Art. 42 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 1301.()

Encontrándose residiendo los imputados de delito en el estado de Nueva Jersey, éstos fueron arrestados allí por funcionarios de dicho estado conforme requerimiento a esos efectos del Gobierno de Puerto Rico. Los esposos Romero Martínez fueron traídos a Puerto Rico como consecuencia de un procedimiento de extradi-ción que instara en el estado de Nueva Jersey el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, procedimiento en que personalmente intervino el Fiscal Acevedo Padilla de la Fiscalía de Utuado. Toda esta situación fue objeto de una conferencia de prensa por parte del Secretario de Justicia, Ledo. Héctor Rivera Cruz. En la misma —según ello surge de la edición del periódico El Vocero de Puerto Rico correspondiente al día 13 de diciembre de 1985— el mencio-nado Secretario expresó que la investigación que culminó en el arresto y extradición de los esposos Romero Martínez fue expre-samente ordenada por él como consecuencia de una carta que él recibió de la señora Rivera Rodríguez, investigación que se realizó con carácter prioritario ya que el Secretario “interesaba que la querellante estuviera junto a su hijo durante la época navideña”. El matrimonio Romero Martínez, luego de arribar a Puerto Rico bajo custodia policíaca, fue ingresado en prisión al no poder prestar ninguno de ellos la fianza fijádale.

Celebrada la vista preliminar que establece la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el magistrado del Tribunal de Distrito que presidió la misma determinó inexisten- da de causa probable para proceder criminalmente contra los esposos Romero Martínez por los delitos imputados. Inconforme, el Estado acudió “en alzada” ante la Sala de Utuado del Tribunal Superior. Dicho foro ratificó la inexistenda de causa probable para acusar a la Sra. Virginia Martínez. En cuanto al Sr. Armando Romero, aun cuando el referido tribunal determinó inexistencia de causa probable para acusarlo por el delito de secuestro (Art. 160 del Código Penal, supra), determinó causa probable por violación al Art. 42 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, supra. El señor Romero fue posteriormente exonerado de dicho delito luego de la celebración de un juicio plenario.

Con motivo de los hechos antes relatados, el Sr. Armando Romero Arroyo y su esposa Virginia Martínez Deliz radicaron ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado, una demanda civil sobre “arresto ilegal y daños y perjuicios” contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Secretario de Justicia de Puerto Rico y la Sra. Blanca I. Rivera. Resulta pertinente enfatizar el hecho de que en el párrafo núm. 2 de la referida demanda se alega que:

2. ... la información que le dio doña Blanca I. Rivera al Sr. Secretario de Justicia de Puerto Rico era totalmente falsa y el Departamento de Justida debió haberla corroborado para evitar, como no se evitó, que se arrestaran injustamente a los demandan-tes. (Énfasis suplido.) Apéndice: Exhibit VII, pág. 7.

El codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico prontamente radicó una moción de desestimación. En la misma alegó, en síntesis, que procedía la desestimación de la acción radicada por razón de: (1) prescripción de la acción; (2) la inmunidad del Estado por falta de negligencia, y (3) la falta de notificación al Secretario de Justicia, según lo dispone el Art. 2A de la Ley de Pleitos, 32 L.P.R.A. sec. 3077a.

El tribunal de instancia, mediante sentencia parcial a esos efectos, desestimó la acción radicada en cuanto al codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ordenando “la continua-ción del litigio en relación a las demás partes del caso”. Apéndice, Exhibit IX, pág. 19. Dicho foro, no obstante rechazar las conten-ciones del codemandado Estado Libre Asociado respecto a la alegada prescripción de la acción y a la inmunidad del Estado por falta de negligencia,() entendió que ante el incumplimiento de la parte demandante con el requisito de notificación exigido por el antes citado Art. 2A de la Ley de Pleitos efectivamente procedía la desestimación del pleito en cuanto al E.L.A.

Inconforme, la parte demandante acudió en revisión ante este Tribunal. En el recurso que a esos efectos radicara le imputó al tribunal de instancia haber errado

... al resolver que en este caso la notificación al Secretario de Justicia no se hizo dentro de los 90 días desde que el demandante tuvo conocimiento del daño que reclama y que el hecho de que el Estado fuese el promotor de tal acción no lo releva o exime de tal requisito. (Énfasis suplido.) Solicitud de revisión, pág. 4.

Expedimos el auto de revisión radicado. Estando en condicio-nes de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

H-i t — i

En el presente caso, la parte demandante no realizo la notificación que exige el citado Art. 2A de la Ley de Pleitos. De hecho, la primera notificación que tuvo el Estado sobre dicho pleito lo fue la demanda que se radicara. Aduce la parte deman-dante que, dados los hechos particulares del caso y el propósito específico que tuvo el legislador al aprobar dicha disposición de ley, debemos “eximirla” del cumplimiento del referido requisito de notificación.

El citado Art. 2A de la Ley de Pleitos establece que:

Sec. 3077a. — Notificaciones
(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
(c) La referida notificación escrita se presentará al Secre-tario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del tér-mino prescrito, no quedará sujeto a la limitación anterior-mente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida noti-ficación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligado a notificar la reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que tuvo conoci-miento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor, o la persona sujeta a tutela, haga la referida notificación, dentro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad o custodia, o tutela, no lo hiciere.
(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no será aplicable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de seguro.
(f) Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por el inciso (2) de la see. 5298 del Título 31. (Énfasis suplido.)

El propósito, o intención, del legislador al aprobar el transcrito precepto legal resulta ser obvio. Como expresáramos en Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978), el mismo “tiene el propósito de poner sobre aviso al Gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra de modo que pueda activar sus recursos de investigación prontamente, antes que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden a la preparación de una adecuada defensa contra la reclamación o una transacción adecuada de la misma, cuando proceda”. (Énfasis suplido.) Dicha interpretación judicial no es una caprichosa y carente de base. La misma está fundada en el historial legislativo del precepto legal ante nuestra consideración:

El propósito de la medida es el de fijar un término durante el cual deberán notificarse las reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños a la persona o la propiedad causados por culpa o negligencia del Estado, siguiendo el principio de la previa notificación ya establecido en cuanto a acciones de igual naturaleza contra los municipios en virtud del Artículo 96 de la Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, que establece un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico.
El término para radicar acciones de este tipo es de un año a partir de la fecha en que ha ocurrido el alegado daño. En muchos casos y por diversas razones, las acciones se radican cuando ya está para finalizar el término y ocurre que el Estado, por el tiempo transcu-rrido desde que ocurrieron los alegados daños, se encuentra con problemas de falta de información o información deficiente en cuanto a los hechos y a[u]n con la circunstancia de la reorganiza-ción de una agencia o dependencia como resultado de lo cuál se han extraviado los récords que hacen referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las alegaciones correspondientes y establecer las defensas en estos casos. (Enfasis suplido.) 20 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara) T. 2, págs. 845-846 (1966).

Debido precisamente a ello es que nos hemos negado en el pasado a sostener la aplicación indiscriminada del requisito de la notificación. A esos efectos, en Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359-360 (1977), resolvimos que

[njuestra jurisprudencia ha sido constante en sostener que la notificación previa al Estado en reclamaciones por daños y perjui-cios originados en negligencia exigida por [la] Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. sec. 3077a), si bien es requisito de cumplimiento estricto, no alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional. . . . Esta calificación libera al tribunal de un auto-matismo dictado por el calendario y salva su fundamental facultad para conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten las circunstancias. También hace de dicho requisito uno renunciadle por el Estado en los casos que considere apropiados y con la flexibilidad y opción que toda parte demandada tiene para suscita^ o renunciar una defensa .... (Énfasis suplido.)

En Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811 (1983), nos enfrentamos a una situación en que el Estado alegaba no haber sido notificado, conforme exige el citado Art. 2A, por un demandante que reclamaba daños y perjuicios, por “mala práctica de la medicina”, sufridos mientras estuvo recluido en una institución hospitalaria del Estado. En el referido caso de Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., supra, pág. 815, al nuevamente evitar caer en la aplicación automática de un requisito que resulta ser innecesario en ciertas y determinadas situaciones de hechos, concluimos:

... en casos como en el presente —donde él riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay constan- cia efectiva de la identidad de los testigos y donde el Estado, por tanto, puede fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la demanda que se radique— no es de aplicación inexorable la citada Sec. 3077a por cuanto el objetivo que se persigue mediante la aplicación de la referida disposición legal no tiene razón de ser. (Enfasis suplido.)

Igual conclusión y solución se impone en el presente caso; en éste aun con mayor razón. La demanda de daños y perjuicios radicada en el caso que ocupa nuestra atención versa sobre una situación de hechos que sucede precisamente como consecuencia de una actuación del funcionario de gobierno a quien, conforme dispone el citado Art. 2A, se supone los demandantes tenían que notificar, esto es, al Secretario de Justicia de Puerto Rico. De hecho, quien mejor y más completo conocimiento tiene de. lo sucedido lo es el propio codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de su Departamento de Justicia. Si hay algún caso “apropiado” en que —acorde expresáramos en Loperena Irizarry v. E.L.A., supra, y conforme el principio de “buena fe” que debe permear la litigación en nuestra jurisdic-ción— el Estado debió de haber renunciado al planteamiento de esta “defensa” lo es el presente caso.

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El Procurador General, en el alegato que radicara en el presente caso en representación del Estado Libre Asociado, insiste en que, independientemente del punto de la falta de notificación, “lo cierto es que la demanda instada en el caso de autos no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Alegato del Procurador General, pág. 7. En apoyo de esa posición, el Procurador General llama nuestra atención hacia lo dispuesto por el Art. 6(d) de la Ley de Pleitos, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3081(d), la cual establece, en lo pertinente, que nada de lo dispuesto en dicha ley

. . . autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado:
(d) constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona, encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, calumnia.... (Enfasis suplido.)

Al respecto, el Procurador General elabora dos (2) argumen-tos. Sostiene que bajo las disposiciones del antes transcrito Art. 6(d) no existe causa de acción/en daños y perjuicios contra el Estado por motivo de/tín “arresto ilegal” llevado a cabo por un agente o funcionario del Gobierno. En la alternativa señala que en el presente caso, inclusive, no se puede sostener que el arresto de los demandantes fue “ilegal” por razón de que el mismo fue llevado a cabo en cumplimiento de “una orden de arresto, válidamente expedida” por tribunal competente. Alegato del Procurador General, pág. 8. Por último, señala el Procurador General que a su juicio “el Estado Libre Asociado ha actuado, en todo momento, en cumplimiento de su deber legal, emplea[n]do la diligencia de un buen padre de familia durante el proceso de investigación y radicación de cargos penales contra los aquí recurrentes”. íd., pág. 9.

De entrada, debe quedar meridianamente claro que no esta-mos pasando juicio en estos momentos sobre si la actuación del Secretario de Justicia, del Fiscal Acevedo Padilla y demás funcio-narios del Departamento de Justicia de Puerto Rico que intervi-nieron en la investigación de la querella presentada por la señora Rivera Rodríguez, fue o no, en palabras del Procurador General, “una diligente y la de un buen padre de familia” o, por el contrario, una permeada de negligencia. Ello es una determinación que un tribunal de justicia únicamente puede realizar luego de la celebración de un juicio plenario.

En este momento, y al igual que el tribunal de instancia, estamos ante una moción de desestimación radicada por una parte demandada. Ello nos obliga, conforme norma jurisprudencial al efecto, a dar por ciertas y buenas todas la alegaciones de la demanda presentada (Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 369 (1985); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983)) y a considerar, de la manera más favorable a la parte demandante, las alegaciones contenidas en dicha demanda. Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 D.P.R. 227, 231 (1982).

En segundo lugar, ya en cuanto al argumento del Procurador General a los efectos de que la parte demandante carece de causa de acción en virtud de lo dispuesto por el citado Art. 6(d) de la Ley de Pleitos procede que se enfatice que dicho argumento es totalmente carente de méritos; de hecho, sorprende que el mencionado funcionario insista en el mismo. En Alberto Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 815-816 (1964), expresamos:

En el caso de Meléndez v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (Pérez Pimentel) (1960) cita precisa a las págs. 827-829 con relación al inciso (d) de la See. 6 de la Ley Núm. 104, supra, se estableció una bien meditada norma de interpretación de dichas excepciones: “A nuestro juicio no fue la intención de la Legislatura, al aprobar el indicado inciso (d) mantener la inmunidad del Estado contra reclamaciones de los daños ocasionados por los actos descuidados y negligentes de sus funcionarios, agentes o empleados. M[á]s bien lo que quiso hacer fue conservar la inmunidad del Estado contra litigios originados por aquellos actos torticeros cometidos deliberada o intencionalmente por sus funcionarios, agentes o empleados”.
Es, casualmente, en el descubrimiento de esta intencionalidad, esta conducta subrepticia, so color de autoridad, en que debe inspirarse el refinamiento judicial. Véase además, Miguel v. Hernaiz Targa & Co., 51 D.P.R. 585 (Travieso) (1937) cita precisa a la pág. 592, cuya decisión concede una causa de acción a toda persona sujeta a un arresto o registro ilegal. No creemos que en el estado actual de nuestra Ley y nuestra jurisprudencia se pueda hacer una válida distinción entre la responsabilidad de una persona particular y el Estado cuando se trata de un daño causado por negligencia: Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (Dávila) (1963) cita precisa a la pág. 208.

En cuanto al segundo argumento del Estado, esto es, que el arresto efectuado no puede ser considerado como ilegal por haber sido ordenado el mismo por tribunal competente, procede que se destaque el hecho de que —conforme surge del párrafo núm. 2 de la demanda radicada, al cual hiciéramos referencia en la relación de hechos— la parte demandante no reclama los daños y perjui-cios sufridos por ellos como consecuencia del arresto, legal o ilegal, que se llevara a cabo. La posición de la parte demandante, conforme surge del mencionado párrafo 2 de la demanda, es a los efectos de que la conducta o actuación deficiente y negligente de los funcionarios del Departamento de Justicia —consistente en no corroborar la versión brindada por la señora Rivera Rodríguez y/o al no investigar adecuada y responsablemente la querella— causó que ellos fueran acusados, arrestados, encarcelados y extraditados por unos delitos que ellos no habían cometido. En otras palabras, no se cuestiona como tal el arresto debido a que el arresto efectuado no es la “causa u origen” de los daños reclama-dos. El arresto y la encarcelación sufrida forman parte de los daños que se reclaman.

Esta posición que sostiene la parte demandante —la cual, repetimos, le imputa responsabilidad al Estado por la conducta álegadamente negligente en el desempeño de sus deberes oficiales de parte del Secretario y fiscales del Departamento de Justicia— nos obliga a discutir si a estos funcionarios le cobija un manto de inmunidad mientras actúan en el desempeño oficial de su cargo. En la alternativa de que contestemos dicha interrogante en la afirmativa, debemos contestar si, ello no obstante, el Estado responde por dicha actuación negligente.

IV

Al igual que en relación a tantas otras normas o doctrinas jurídicas, la consideración y adopción del principio de inmunidad de los representantes del Ministerio Público plantea una problemática de balance apropiado de intereses sociales adversos. En general, véase Civil Actions Against State Government, its Divisions, Agencies and Officers, Colorado, Shepard’s/McGraw-Hill, 1982, Sec. 6.25-6.36; Davis, Administrative Law Treatise Sec. 27.18-27.22 (3era ed. 1984); W.P. Keeton, Prosser and Keeton on Torts, 5ta ed., Minnesota, West Publishing Co., 1984, Sec. 132, págs. 1057-1069; Inmunity of Prosecuting Attorney from Action for False Arrest or Imprisonment, 79 A.L.R. 3rd 882. En esencia, se trata de lograr un balance entre el derecho a ser compensado que tiene el ciudadano que resulta perjudicado por la actuación culposa o negligente de otra persona y el interés social, más amplio, de permitir que los representantes del Ministerio Público actúen sin miedo y de forma vigorosa en la investigación, instrucción y procesamiento de causas criminales.

En el derecho común las consideraciones subyacentes en relación con el principio de inmunidad judicial son a su vez la base sobre la cual descansa este tipo de inmunidad. Se teme que al exponer al Ministerio Público a demandas civiles, constantes e infundadas, se desvíe la atención y energía de los fiscales de sus responsabilidades de investigación y enjuiciamiento. Se entiende que la “independencia y ferocidad” con que la ciudadanía espera se ejerzan estas funciones se verían afectadas. Imbler v. Pachtman, 424 U.S. 409, 422-423 (1976); véanse, además: Pearson v. Reed, 44 P.2d 592, 597 (1935); Yaselli v. Goff, 12 F.2d 396, 404-406 (1926). En Imbler v. Pachtman, supra,() el Tribunal Supremo federal determinó que al amparo de la See. 1983 de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. sec. 1983, un fiscal posee la misma inmunidad absoluta contra reclamaciones civiles que la reconocida tradicionalmente en el derecho común. El Tribunal expresó que bajo la norma de inmunidad absoluta se le puede denegar un remedio civil en daños a todo aquel acusado que genuinamente ha sido privado de su libertad, como consecuencia de las actuaciones maliciosas y deshonestas de un fiscal. Imbler v. Pachtman, supra, pág. 427.

En Puerto Rico no existe legislación específica que reglamente el concepto de inmunidad especial del Ministerio Público. Tampoco ha habido jurisprudencia al respecto. Nos corresponde hoy determinar su existencia y aclarar su aplica-ción, contornos y alcance.

Desde el punto de vista doctrinal, la inmunidad especial de los fiscales se deriva y está íntimamente relacionada con la inmunidad judicial, es decir, a la inmunidad que cobija las actuaciones de los jueces. De ahí que en el derecho común y en el foro federal se califique como una manifestación o forma de “inmunidad cuasijudicial”. Imbler v. Pachtman, supra, pág. 420. Véanse, además: Tyler v. Witkowski, 511 F.2d 449, 450 (1975); Kostal v. Stoner, 292 F.2d 492, 493, cert. denegado, 369 U.S. 868 (1962); Hampton v. City of Chicago, Cook County, Illinois, 484 F.2d 602, cert. denegado, 415 U.S. 917 (1974); Turpen v. Booth, 56 Cal. 65, 69 (1880); Watts v. Gerking, 228 P. 135, 138 (1924); Civil Actions Against State Government, its Divisions, Agencies and Officers, supra., Sec. 6.26; Davis, supra, Sec. 27.19. Como señaláramos anteriormente, las consideraciones que dan margen al establecimiento de la doctrina de inmunidad de un fiscal son idénticas a las que justifican la inmunidad judicial. Coincidimos plenamente. En consecuencia, resulta ser de particular importancia el análisis y los señalamientos que expusiéramos en Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 D.P.R. 550 (1981), al incorporar a nuestro ordenamiento la doctrina de inmunidad judicial condicionada.

Feliciano Rosado v. Matos, Jr., supra, no sólo traza histórica-mente la naturaleza y el entronque civilista de la norma de responsabilidad judicial vigente en Puerto Rico sino que nos obliga a enmarcar nuestro análisis, inicialmente, dentro de la norma general de daños del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Feliciano Rosado v. Matos, Jr., supra, págs. 559-565. A tales efectos, allí expresamos que la “[a]usencia de regulación específica sólo tiene el efecto de remitir toda controversia sobre responsabilidad judicial a la norma general de daños contenida en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141”. íd., pág. 565. En consecuencia, de acuerdo con este caso “[n]o existe impedi-mento alguno para que este Tribunal reconozca y configure jurisprudencialmente una norma adecuada de responsabilidad para este supuesto” (id.); o sea, para la posible responsabilidad civil del Ministerio Fiscal.

La actuación del Ministerio Público que con más frecuencia puede ocasionar la radicación de acciones civiles por daños es la de iniciar y defender “con pasión” el interés del Pueblo en un proceso penal. Imbler v. Pachtman, supra, pág. 421. Desproveer a los fiscales de una barrera efectiva contra tales reclamaciones podría tener consecuencias funestas para nuestro sistema de justicia criminal. Para el Fiscal cada causa en que él participe como tal podría constituir fuente de responsabilidad civil. Sin duda, esa inaceptable situación provocaría la radicación de numerosas acciones en su contra, pues es habitual que los imputados y acusados de delitos enfilen hacia el Fiscal su resentimiento por haber sido procesados. La aprehensión e inquietud constante, en que vivirían y trabajarían estos funcionarios, privaría a la sociedad de la política de imparcialidad e independencia que debe caracterizar las actuaciones del Ministerio Público. Sabido es que un fiscal constantemente se ve obligado a tomar decisiones bajo serias limitaciones de tiempo e información, ello debido a la fuerte carga de trabajo que tiene.() Véase Imbler v. Pachtman, supra.

Resolvemos, en consecuencia, que consideraciones de. política pública hacen necesario que los representantes del Ministerio Fiscal gocen de la misma inmunidad condicionada que le concedimos a los miembros de la Judicatura mediante la decisión que emitiéramos en Feliciano Rosado v. Matos, Jr., supra.() Resolvemos, en adición, que igual protección debe cobijar al Secretario de Justicia en todas las actuaciones en que, lejos de ejecutar una acción puramente administrativa propia del cargo que ocupa, éste interviene y se desempeña como cualquier otro fiscal en la investigación, radicación y procesamiento de causas criminales. No puede perderse de vista que, usualmente, “la comparecencia y representación del Estado recae sobre el Secre-tario de Justicia. Este directamente, o a través de sus fiscales, tiene la misión y representación del Estado en todos los casos criminales”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 584 (1985). Véanse: Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380, 385 (1986); 3 L.P.R.A. sec. 72.()

Ello no obstante —al igual que resolvimos en Feliciano Rosado v. Matos, Jr., supra, respecto a los miembros de la Judicatura— “en aras de proteger el interés social en un adecuado funcionamiento de los tribunales”, no es necesario ampliar el ámbito de la inmunidad del Ministerio Fúblico para incluir las actuaciones dolosas, fraudulentas, maliciosas o delictivas en que puedan incurrir los fiscales, y el Secretario de Justicia, en la radicación y procesamiento de causas criminales. En el amplio ámbito del Art. 1802 del Código Civil, supra, pueden concillarse los intereses sociales en conflicto: el interés de compensar aquel ciudadano que genuinamente ha sufrido un daño y el interés de permitirle al Ministerio Fúblico vindicar enérgicamente los agravios que padece la sociedad sin refrendar actuaciones corruptas. For ende, no adoptamos la norma de inmunidad absoluta del ministerio público predicada por el derecho común y adoptada en el foro federal. Bajo nuestro ordenamiento jurídico a nadie se le permite abusar de un derecho o actuar contrario a la ley. Los fiscales y el Secretario de Justicia no son la excepción. Feliciano Rosado v. Matos, Jr., supra, pág. 566; Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979).

Aclarado este punto, resta considerar si aun ante el manto de inmunidad que cobija las actuaciones del Secretario de Justicia y de los fiscales, el Estado responde por la alegada negligencia de éstos. De entrada, sólo parece existir una traba para hallar responsable al Estado en este tipo de situación: la relación existente entre la inmunidad condicionada del Ministerio Público y la doctrina de inmunidad del Estado prevaleciente en Puerto Rico. Véase Civil Actions Against State Government, its Divisions, Agencies and Officers, op. cit, See. 6.3, pág. 231. En específico, debemos examinar los efectos, si alguno, de esta relación a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, Ley de Pleitos, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq., mediante la cual el Estado consintió a ser demandado en daños por las actuaciones culposas o negligentes de sus empleados en el descargo de sus funciones.

La inmunidad de un funcionario público contra la responsabilidad civil que pueda generar su conducta en el desempeño de sus deberes oficiales es una inmunidad separada y distinta a la inmunidad del Estado. Smith v. Cooper, 475 P.2d 79 (1970); Donahue v. Bowers, 526 P.2d 616 (1974); Lister v. Bd. of Regents of Uni. Wisc. System, 240 N.W.2d 610 (1976); Yotvat v. Roth, 290 N.W.2d 524 (1980). Al amparo de la doctrina de inmunidad del soberano, el Estado no puede ser demandado en sus propios tribunales, ni en otros, sin su consentimiento o permiso. Tradicionalmente la jurisprudencia de todos los países con sistemas de derecho desarrollados ha catalogado la inmunidad del Estado contra demandas como un principio jurídico establecido. Actualmente, no obstante, la doctrina sufre de una gran erosión.() Las razones sobre las que descansa la inmunidad del soberano han sido objeto de mucho debate. Varían desde el axioma monárquico de The King can do no wrong, hasta la justificación económica de proteger los recursos monetarios del Estado. De todas formas, lo importante es reconocer que la inmunidad del soberano tan sólo protege al Estado como cuerpo político, esto es, protege al Gobierno mismo de responsabilidad.

De otro lado, la inmunidad de los funcionarios públicos, y en este caso la inmunidad condicionada de los fiscales y del Secretario de Justicia, no se deriva de la mencionada inmunidad del soberano. Por el contrario, como vimos, se funda en consideraciones de política pública. Lister v. Bd. of Regents of Univ. Wisc. System, supra. En ese sentido, la inmunidad de los funcionarios públicos opera como una limitación sustantiva de la responsabilidad personal por daños en que puedan incurrir dichos funcionarios en el descargo de sus deberes y responsabilidades oficiales. Civil Actions Against State Government, its Divisions, Agencies and Officers, op. cit., Sec. 6.3, pág. 231.

En resumen, la inmunidad de un funcionario público no es una extensión ni tampoco es parte de la inmunidad del Estado. Mientras que la doctrina de inmunidad del Estado opera como una limitación de responsabilidad civil respecto a la entidad gubernamental como cuerpo político, las normas de inmunidad condicionada de los funcionarios públicos operan como una limitación de la responsabilidad civil personal de dichos funcionarios. Por ello, la concesión de inmunidad personal a un funcionario público no tiene efecto alguno sobre la renuncia del Estado a su inmunidad contra demandas por los daños que ocasionen los actos culposos o negligentes de sus empleados. Dicho concepto no es nuevo. A igual conclusión llegamos en Vázquez Negrón v. E.L.A., 113 D.P.R. 148 (1982), al interpretar el efecto del Art. 41.050 de la Ley de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria, 26 L.P.R.A. see. 4105,() sobre el esquema de responsabilidad del Estado y del empleado público, estatuido en la citada Ley de Pleitos.

A tales efectos, señalamos en Vázquez Negrón v. E.L.A., supra, pág. 151, que el Art. 41.050 de la Ley sobre Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria, supra, “reconoce inmunidad plena e incondicional a los profesionales en el cuidado de la salud, que, al ocasionar un daño por su culpa o negligencia, se hallaren en el curso de su empleo con el Estado”. Sin embargo, advertimos que si bien “[e]sta disposición especial alteró significativamente el esquema de responsabilidad del Estado y el empleado público, estatuido en la Ley de Pleitos contra el Estado”, id., pág. 150, ciertamente, su único efecto fue que “[e]n estas circunstancias el Gobierno ha asumido toda la responsabilidad que generen los actos culposos o negligentes de estos empleados, librándolos de este modo de todas las vicisitudes que supone una reclamación civil por daños en su contra y ha dispuesto como remedio exclusivo del perjudicado la acción en daños contra el Estado”. íd., pág. 151.

Y es que siendo dos tipos distintos y separados de inmunidad, la concesión de inmunidad a un funcionario del Estado por consideraciones de política pública, sólo tiene el efecto de eximir de responsabilidad civil a dicho funcionario en su carácter individual; dejando intacta la responsabilidad y la renuncia del Estado a su inmunidad contra “acciones por daños y perjuicios a la persona . . . causados por [la] acción u omisión de cualquiera de sus] funcionario[s], agente[s] o empleado[s] o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”. Art. 2(a) de la Ley de Pleitos, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3077(a). En otras palabras, en estos casos queda como remedio exclusivo del perjudicado la acción en daños contra el Estado.

La posición que hoy asumimos resulta acorde con el cambio introducido por la misma Ley de Pleitos en el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142, ordenando que la obligación de reparar el daño causado por acción u omisión, mediando culpa o negligencia, es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se deba responder, y estableciendo en adición, que “[e]l Estado es responsable en este concepto en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular”. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 817 (1964); Valentín v. Jaime, 86 D.P.R. 774, 775 (1962).

y

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado, devolviéndose el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

      (1) Dicha declaración jurada, según surge de la misma, fue autorizada el día 18 de octubre de 1985; esto es, cuatro (4) días antes de que prestara la suya la señora Rivera Rodríguez.

        (2) De la declaración jurada de la querellante Rivera Rodríguez surge que la misma fue prestada a las 11:25 am. del día 22 de octubre de 1985. El caso fue “sometido” ante la consideración de un magistrado para la determinación de causa probable para arresto ese mismo día 22 de octubre de 1985 a las 2:00 p.m.

      (3) Establece el Art. 160 del vigente Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4243, que:
      “Toda persona que maliciosa, violenta o fraudulentamente sustrajere a un niño menor de doce años con el propósito de retener y ocultarlo de sus padres, tutor u otra persona legalmente encargada de dicho menor, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticuatro (2h) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cuarenta (40) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un máximo de dieciséis (16) años.” (Enfasis suplido.)

      (4) Conforme la denuncia radicada, se le imputó a los esposos Romero Martínez haber suministrado —de manera ilegal, voluntaria y criminalmente— “información falsa para conseguir una inscripción fraudulenta en o para hacer aparecer en dicha inscripción hechos falsos a sabiendas de la falsedad de lo allí informado”, lo cual constituye una infracción al citado Art. 42 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 1301.

      (5) En cuanto a la alegación del Estado Libre Asociado de que la acción radicada estaba prescrita, el tribunal de instancia resolvió —citando a Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984)— que la causa de acción de los demandantes no estaba prescrita por cuanto a la fecha de la radicación de la demanda no había transcurrido el período de un año que establece el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5298, desde que los demandantes “conocieron” el daño; esto es, desde el día en que fueron arrestados en Nueva Jersey.
      Rechazó, por otro lado, la alegación de que el Estado gozaba de inmunidad en el presente caso —fundada la misma en las disposiciones del Art. 6(d) de la Ley Núm. 104 de 1955 (32 L.P.R.A. sec. 3081(d))— aduciendo que ello debía ser resuelto, conforme jurisprudencia de este Tribunal, en un juicio plenario. A esos efectos citó las decisiones emitidas en Alberto Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964), y en Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979).

      (6) Imbler fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte por una corte estatal. Posteriormente la sentencia fue reducida a cadena perpetua. Luego de cumplir nueve años en prisión fue excarcelado debido a “la utilización culposa de testimonio falso”. Imbler demandó entonces por daños al fiscal a cargo del proceso, Pachtman, alegando que el testimonio falso con el que se obtuvo su convicción fue presentado “inteneionalmente y en otras ocasiones como resultado de la negligencia de Pachtman”.

      (7) Un vistazo al Informe Anual del Tribunal General de Justicia correspondiente al año 1986-1987, refleja que del año 1982 al 1987 se presentaron en promedio 25,379 casos criminales anualmente en las distintas Salas del Tribunal Superior y 41,338 ante las Salas del Tribunal de Distrito.

      (8) La inmunidad que hoy concedemos a los representantes del Ministerio Público no se extiende a actuaciones impropias, inmorales o corruptas y cualquier otra conducta expresamente prohibida por el Art. 5 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. sec. 93a), la cual constituye causa para la suspensión o destitución de los fiscales.

      (9) El Art. 64 del Código Político, 3 L.P.R.A. sec. 72, lee en parte:

        “El Secretario de Justicia representará al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bien personalmente, o por medio de sus auxiliares o cualquiera de los Fiscales, en todas las demandas y procesos civiles o criminales, en que fuere parte; y cuando fuere requerido por el Gobenador o por cualquier Jefe de Departamento podrá representar también, ante cualquier Tribunal, a cualquier funcionario, empleado o agente del Gobierno Estadual que demandare o fuere demandado en su capacidad oficial; Disponiéndose, sin embargo, que los procesos criminales, excepto como queda establecido en la see. 82 de este título, serán promovidos por él Fiscal correspondiente, sin especial autorización del Secretario de Justicia; pero en todos estos casos el Secretario de Justicia podrá intervenir en interés del público. ” (Enfasis suplido.)

      (10) Para un análisis histórico de esta doctrina y de su estado actual, tanto en el Derecho Civil como en el Derecho Anglosajón, véase la opinión disidente en parte y concurrente en parte del Juez Rigau en Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179, 183 (1979).

      (11) En Vázquez Negrón v. E.L.A, 113 D.P.R. 148 (1982), se trataba del Art. 41.080, equivalente anterior del Art. 41.050 de la hoy vigente Ley sobre Responsabilidad Frofesional Médico-Hospitalaria, el cual en su parte pertinente reza:
      “Ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (malpractice) que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de servicios de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalida-des y municipios.” 26 L.P.R.A. see. 4150.