author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Ellis J. González Muñiz y Félix González Muñiz, Ex parte, demandantes y peticionario el último.

      Número: CE-89-703

      Resuelto: 21 de junio de 1991

      Iván Díaz de Aldrey, abogado del peticionario; Charles A. Cuprill ■ Hernández, abogado de Ellis J. González Muñiz; José A. Morales, abogado de Filihñda González Muñiz; Baldramina González Muñiz y Solamina González Muñiz, pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Doña Aurelia Muñiz de González murió el 3 de marzo de 1984. Tres (3) meses después, el 4 de julio de 1984, falleció quien en vida fuera su esposo, Don Félix González Pérez. Ambos habían otor-gado idénticos testamentos abiertos el 1ro de noviembre de 1977. Nombraron albacea a uno de sus hijos, Ellis J. González Muñiz, y le dispensaron de prestar fianza.

En sus inicios, Ellis J. desempeñó su cargo asesorado por un contable. En esa etapa se pagaron $546,349.85 en concepto de contribución del caudal relicto de doña Aurelia, a base de una herencia valorada en $4,158,867.18. El Departamento de Hacienda expidió el relevo correspondiente.

Veinticinco (25) días después se produjo la tasación y el relevo de exactamente los mismos bienes con relación al caudal relicto de don Félix. Se pagaron sólo $167,205.99.

En el Tribunal Superior, Sala de Ponce, ambas testamentarías fueron consolidadas y se autorizó al albacea Ellis J. a rendir conjuntamente las cuentas trimestrales de cada albaceazgo. De una de estas, la correspondiente al trimestre de 1ro de diciembre de 1984 a 28 de febrero de 1985, surgió que se expidieron veintiún (21) cheques pagaderos al portador {cash) por concepto de “adelantos a herederos” y una transacción bancaria de veinte mil dólares ($20,000), para un total de $256,199.06. Inconforme, su hermano Félix González Muñiz, como coheredero, impugnó esos desembolsos. Negó que hubiera recibido anticipo alguno de su herencia y expuso, además, que desconocía si los otros hermanos herederos lo habían recibido.

El 13 de mayo de 1986 el Departamento de Hacienda notificó una deficiencia de $437,868.47 correspondiente a la contribución sobre el caudal relicto de don Félix.

Así las cosas, mediante escrito presentado en corte abierta el 5 de agosto de 1986, Félix solicitó la destitución de Ellis J. como albacea y el nombramiento de un administrador judicial. El tribunal concedió cinco (5) días para que los demás herederos se manifestaran. El 11 de agosto de 1986 Ellis J., sin dar explica-ción, renunció.

Ante este cuadro, el tribunal nombró administrador judicial al Contador Público Autorizado (C.EA.) Erasmo Rivera Lebrón. Tras la oposición de varios herederos, se dejó sin efecto dicho nombramiento y se designó al C.EA. Luis Antonio Feliciano, quien también se desempeñaría como contador-partidor.

Para cubrir la deficiencia notificada y beneficiarse de la amnistía contributiva —Ley Núm. 6 de 9 de octubre de 1987— el nuevo administrador recomendó que se endeudara la sucesión, pues la venta de ciertos inmuebles no era factible antes de la fecha límite en que vencía la amnistía.

Félix se opuso. Alegó que la deficiencia en cuestión era responsabilidad del ex albacea Ellis J. y requirió del tribunal que le exigieran la restitución inmediata de los fondos de la sucesión antes aludidos. Ellis J. repuso sólo cien mil dólares ($100,000). Manifestó que no estaba en condiciones de devolver más. En la vista oral celebrada ante este Foro el 5 de noviembre de 1990, su representación legal admitió que utilizó el dinero para uso personal. ()

Oportunamente, el foro de instancia (Hon. Delia Lugo Bougal, Juez) dictaminó que el ex albacea Ellis J. había sustraído $256,199.06 del caudal y que debía devolver el balance adeudado, con intereses al tipo legal, dentro del término de treinta (30) días. También ordenó la tasación de todas las propiedades de la sucesión y el pago de cuarenta mil dólares ($40,000) alegadamente adeudados a la heredera Filihilda González. Les pidió a las partes que se expresaran sobre la aplicabilidad del Art. 822 del Código Civñ, 31 L.P.R.A. see. 2519, () a la renuncia de Ellis J.

Tanto Félix como su hermano Ellis J. solicitaron la reconsideración. Félix pidió que se ampliara la tasación de las propiedades para incluir las fincas, rústicas y urbanas, donadas por sus padres a algunos de sus hijos. Fundamentó la necesidad de colacionar todos los bienes donados. Las partes también se manifestaron sobre la aplicabilidad del Art. 822 del Código Civil, supra, a la renuncia de Ellis J.

Con vista a estos escritos, el tribunal revocó la orden para la devolución inmediata del balance adeudado por Ellis J. y resolvió que dicha suma de dinero se ajustara en la adjudicación de los bienes. Denegó la solicitud de tasación de los bienes donados y se reiteró en que se pagaran cuarenta mil dólares ($40,000) a Filihilda González por razón de una promesa de donación de los causantes. Finalmente, se negó a aplicar las disposiciones del citado Art. 822 del Código Civil a la renuncia de Ellis J.

A solicitud de Félix, revisamos.

i — I I — I

La solución del recurso requiere un breve examen de la institución del albaceazgo. Como veremos, sus perfiles y el alcance de la teoría general de las obligaciones demarcan su responsabi-lidad.

Curiosamente el Código Civil no define al “albacea”. Sin embargo, la doctrina está conteste en que es la persona designada por el causante para ejecutar su última voluntad. M. Albaladejo, El albaceazgo en el derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, pág. 20. Comenta dicho autor que “[e]sa misión que se encarga al albacea. . . demuestra que se basa en la confianza que en el que la recibe tiene el causante, que, en efecto, suele designar albaceas a parientes o amigos especialmente fieles . . .”. (Enfasis suplido.) íd., pág. 24. Así, en palabras de Puig Ferriol, “el fundamento del albaceazgo está en la fiducia”. (Énfasis suplido.) El Albaceazgo, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, pág. 40.

En cuanto a sus facultades, el Código Civil intima que serán las expresamente conferidas por el testador, siempre que no sean contrarias a las leyes. Art. 823 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2520. Para los casos en que el testador no disponga facultades especiales, enumera las conferidas por ley. Art. 824 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2521. De particular importancia resulta la autorización al albacea, con la intervención de los herederos, a tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes. Y por precauciones necesarias se visualizan las “medidas provisionales para evitar la pérdida o deterioro de aquellos, sin que, en absoluto, quede facultado para posesionarse de los mismos ni para administrarlos, salvo en cuanto las precauciones de que se trate impliquen o consistan precisamente en la tenencia o administración en cuestión”. (Énfasis suplido.) Albaladejo, op. cit., pág. 264. Véase J.L. Lacruz Berdejo, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1971, Vol. I, pág. 772. Una cosa sí es clara: posesionarse o utilizar los bienes del caudal, sin la autorización del tutelar, es una extralimitación en el ejercicio de su función, incompatible con la naturaleza fiduciaria del albaceazgo.

Una vez aceptado el cargo, el albacea se obliga a desempeñarlo fielmente. Art. 821 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2518. Esto, unido a la exigencia de capacidad para obligarse, fortalece la teoría de que el albacea contrae una obligación de hacer. Art. 815 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2512; Albaladejo, op. cit, pág. 397. Su desempeño requiere la diligencia de un buen padre de familia. Art. 1057 del Código Civil, 3 L.P.R.A. see. 3021; J.J. Gómez Ysabel, Problemas fundamentales del ejercicio del albaceazgo, Madrid, Ed. Reus, 1963, pág. 48.

El Código Civil no señala taxativamente la responsabilidad de los albaceas. Este vacío ha sido la génesis de un debate doctrinario entre muchos tratadistas que intentan ubicar el albaceazgo dentro de otras figuras definidas, tales como el mandato, la representación y la administración. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común yforal, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1944, T. IV pág. 610; E Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1910, T. VI, Vol. 2, pág. 1380 y ss.; C. De Diego, Instituciones de Derecho Civil Español, Madrid, Artes Gráficas Julio San Martín, 1959, T. III, pág. 257 y ss.; M. Royo Martínez, Derecho Sucesorio Mortis Causa, Sevilla, Ed. Edelce, 1951, pág. 315; E Bonet Ramón, Jurisprudencia del Tribunal Supremo: comentario a sentencia Núm. S09 de 5 julio de 1917, 31 Rev. Der. Friv. 868, 887 (1947); C. Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Talleres Tipográficos Cuesta, 1939, T. Y, pág. 350 y ss. Fara otros la tarea es inútil, pues el albaceazgo tiene sus propios perfiles y autonomía. J. Fuig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. Y, Vol. 1, pág. 432, citando a Albaladejo, op. cit, pág. 34, y a Puig Ferriol, op. cit, pág. 42. Se admite, no obstante, que la responsabilidad dimanante se configura a base de la medida clásica de “buen padre de familia”, lo cual nos permite auscultar con mayor detalle las formas variadas por las que se le puede exigir responsabilidad. A tal efecto, el profesor González Tejera nos señala:

El albacea responde por abandono de sus deberes, desidia, mala administración, apropiación indebida de los bienes del caudal, dolo, malicia, gastos innecesarios o injustificados, litigios temerarios, negligencia, mala administración, demora injustificada en la entrega de los bienes, etc. (Énfasis suplido.) E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ramallo Bros. Printing, 1983, Vol. 2, pág. 502.

Una vez determinada su responsabilidad, el albacea viene obligado a responder como cualquier deudor. Sus actuaciones generan una obligación de indemnizar a los herederos y demás causahabientes por todos los perjuicios causados. Obligación que, por no estar sometida a condición ni plazo, por mandato expreso del Código Civil es “exigible desde luego”. (Énfasis suplido.) Art. 1066 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3041. Y, tratándose de una obligación pura, una vez el acreedor solicita la prestación, el deudor viene obligado al cumplimiento específico e inmediato sin que la forma del cumplimiento quede a su voluntad exclusiva.

¡-H

Según antes transcrito, el Art. 822 del Código Civil dispone que el albacea que renuncia a su cargo sin justa causa pierde, con excepción de su derecho a la legítima, lo que le hubiera dejado el testador, incluso salarios, legados o herencia. González Tejera, op. cit., pág. 506. Esta disposición se inspira en la idea de que tal actuación “ofende en cierto modo la memoria del testador, que en él confiaba ... ya que rehúye la obligación de cumplir la parte gravosa, o sea el albaceazgo, la ley presume que tampoco acepta la parte beneficiosa, lo dejado por el testador”. J.M. Manresa, Coméntanos al Código Civil Español, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. II, pág. 663. Es un “castigo al antilegal proceder del nombrado albacea”. Q.M. Scaevola, Código Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1945, T. XV pág. 541.

El peso de la prueba para demostrar la existencia de justa causa recae sobre el albacea. Aunque el Código Civil no regula la forma de la renuncia, señala que se hará por “causa justa al prudente arbitrio del Tribunal Superior”. Art. 821 del Código Civil, supra. Basta con que el albacea alegue justa causa sin necesidad de especificar el motivo. Ahora bien, una vez se cuestiona la existencia de causa justificada, el albacea viene obligado a probar el hecho en que se funda su renuncia. E. Casasus, La Renuncia al Albaceazgo, Año XVI (Núm. 67) Rev. Der. Not. 31 (1970).

La determinación de justa causa corresponde al Tribunal Superior. La encomienda no es sencilla, pues el Código Civil deja de tipificar las causales que eximen al albacea de cumplir sus obligaciones sin consecuencia ulterior. Estamos en una zona dinámica en que el marco decisorio que ha de nutrir el discernimiento judicial es tan amplio como el entorno social vivo que la produce. D. José Antonio Doral, en ocasión de comentar la amplitud del concepto “justa causa” nos dice:

. . . [L]a tipicidad de la causa no significa legalismo, sino protección de intereses que varían según criterios de equidad y de justicia, que son también sustancialmente variables. De aquí que el entronque de la voluntad con el Derecho no sea algo meramente estructural, sino ante todo expresión tangible de la dinámica social. Es así como la tipicidad de la causa es a la vez tipicidad social.
La justa causa aplicada a la relación negocial, al desenvolvi-miento de las relaciones jurídicas, permite la flexibilidad y la acomodación de los tipos a la vida, al tráfico jurídico, a la realidad cambiante. (Enfasis suplido.) B. Pellisé Prats, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Ed. Francisco Seix, 1971, T. XIV pág. 631.

Es obvio, pues, que el contenido del concepto “justa causa” se da en función de las obligaciones del albacea y su interacción con los intereses sociales protegidos por dicha institución jurídica. La existencia y determinación de justa causa para renunciar debe hacerse considerando la presencia de buena fe, las obligaciones del albacea, el testamento, el caudal y, claro está, los derechos de los herederos.

Bajo este prisma, sin ser exhaustivos, reconocemos como causas justificadas para renunciar al albaceazgo la imposibilidad de seguir desempeñando el cargo sin grave detrimento del albacea o detrimento de los herederos legatarios, y las dificultades en su gestión. Véase Albaladejo, op. cit., pág. 549 y ss. Ahora bien, la existencia de cualquier causal está subordinada a la ausencia de culpa o negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al albaceazgo.

En este caso no hubo alegación de justa causa por parte de Ellis J. De ordinario ello hubiese sido suficiente. Sin embargo, es ante la solicitud de Félix para que se aplique la sanción dispuesta en el Art. 822 del Código Civil, supra, que por primera vez se cuestiona la existencia de causa justificada. Ante esta situación el tribunal debió ordenar una vista para determinar si las moti-vaciones de Ellis constituían justa causa que le eximiera de la penalidad esbozada en el citado Art. 822. Procede decretar ese trámite.

IV

El foro primario se negó a ordenar la tasación de las propie-dades donadas a los herederos. Se fundó en que tal operación dilataría la partición y conllevaría gastos considerables.

Un análisis de la figura de la colación nos obliga tomar un curso decisorio distinto. El fundamento utilizado por el tribunal de instancia, aunque pragmático en términos de economía judicial, no supera la justicia lógica que inspira la colación.

“. . . [L]a colación consiste en la adición contable a la herencia del importe de las donaciones que en vida otorgó el causante a los herederos que son legitimarios. . . .” Puig Brutau, op. cit., 1964, T. V, Vol. 3, pág. 643. Se funda en una presunción de trato igual a los legitimarios, que considera lo entregado en vida por el donante a sus herederos forzosos sólo como un anticipo de la participación en la herencia. González Tejera, op. cit., pág. 380. Dicha presunción únicamente se destruye por la intención mani-fiesta en sentido contrario conocida como dispensa de colación. Art. 990 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 2842.

Comenta otra vez el profesor González Tejera que, aunque el Código Civil no regula la forma y el momento de realizar la dispensa de colación, la doctrina acepta que la misma se puede hacer en el mismo acto de donación o posteriormente. González Tejera, op. cit, pág. 401. Otros comentaristas concurren sobre la revocabilidad de la dispensa de colación. Manresa, op. cit, 6ta ed., 1943, Vol. VII, pág. 561; J. De Los Mozos, La Colación, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1965, pág. 273.

En el drama ante nos, en sus respectivos testamentos los causantes don Félix y doña Aurelia revocaron expresamente las dispensas de colación contenidas en las escrituras de donación números once (11), trece (13) y veinticinco (25), otorgadas ante el notario Waldemar Del Valle López durante 1977. Es imperativa, pues, la colación de los bienes donados.

V

En vida, don Félix y doña Aurelia llevaban un sistema de libros de contabilidad para las operaciones de sus negocios en los que también registraban las cuentas corrientes abiertas por sus hijos. Éstos, para enero de 1984, adeudaban más de cuarenta mil dólares ($40,000). Sin embargo, Filihñda González no tenía cuenta corriente.

Antes de sus muertes, ambos progenitores condonaron a cada uno de sus hijos la cantidad de cuarenta mil dólares ($40,000). Lo hicieron mediante una operación de contabilidad en la que abo-naron dicha cantidad a las cuentas. Como Filihilda no tenía deuda, ellos, con ánimo de tratarla igual, le acreditaron a su favor en los libros la suma de cuarenta mil dólares ($40,000). Lamentable-mente fallecieron antes de entregarle esa suma. Por esa razón Filihilda requirió del albacea el cumplimiento y pago de la alegada donación. Tras varias gestiones infructuosas, lo solicitó del tribunal. Con la oposición de Félix, el tribunal así lo ordenó. Incidió.

El Código Civil define la “donación” como un acto de liberalidad mediante el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. Art. 558 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 1981. Se trata de un modo especial de trasladar y adquirir la propiedad y el dominio de bienes muebles e inmuebles. Lage v. Central Fed. Savings, 108 D.ER. 72 (1978). Sólo se perfecciona a través de tres (3) actos: oferta del donante, aceptación del donatario y la notificación de esa aceptación al donante. Guzmán v. Guzmán, 78 D.P.R. 673 (1955).

La donación de bienes muebles podrá hacerse verbalmente o por escrito. En caso de que se haga verbalmente, se exige la entrega simultánea de la cosa donada. Art. 574 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2009. Si no hay esa simultaneidad, la donación no surtirá efecto a menos que la oferta y aceptación consten por escrito. Dávila v. Agrait, 116 D.P.R. 549, 566 (1985). La donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario. Art. 565 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1988. Nos ilustra Fuig Brutau:

. . . En la donación promisoria es un buen criterio de política jurídica, no sólo imponer siempre la forma escrita, sino considerar que el donante no queda obligado hasta que haya llegado a su conocimiento la aceptación del donatario. (Énfasis suplido.) Puig Brutau, op. cit., 1982, T. II, Vol. 2, pág. 92.

El razonamiento del ilustrado tribunal de instancia es contra-rio a esta normativa. Aun si consideramos la entrada de cuarenta mil dólares ($40,000) en los libros a favor de Filihilda como una oferta, no se perfeccionó la donación. No hay prueba que fuera aceptada, según requiere el Art. 574 del Código Civil, supra. Tampoco se evidenció el conocimiento de la aceptación por parte de los donantes.

For los fundamentos expuestos, se dictará sentencia revocatoria. Continuarán en instancia los trámites ulteriores compatibles con lo resuelto.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) “HON. JUEZ REBOLLO:
      “Pero, admisión de parte es relevo de prueba. El admitió la substracción de los $256,000.00 y pico de dólares. “LIO. CUPRILL HERNANDEZ:
      “El admitió la utilización de los $256,000.00.
      “HON. JUEZ REBOLLO:
      “Para asuntos no de la sucesión.
      “LIO. CUPRILL HERNANDEZ:
      “Eso no surge del récord del caso, Su Señoría.
      “HON. JUEZ REBOLLO:
      “¿Y qué admitió él entonces, en la opinión de usted?

        “LIC. CUPRILL HERNANDEZ:

        “Haber utilizado $256,000.00.

      “HON. JUEZ REBOLLO:
      “¿Para uso personal?
      “LIC. CUPRILL HERNANDEZ:

        “Se puede inferir que para uso personal.” (Énfasis suplido.) T.E. Vista Oral ante el Tribunal Supremo, pág. 22.

      (2) Dispone:
      “El albacea que no acepte el cargo o lo renuncie sin justa causa, perderá lo^que le hubiese dejado el testador, salvo siempre el derecho que tuviere a la legítima.” (Énfasis suplido.) 31 L.ER.A. see. 2519.


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Carlos E. Texidor Seda, acusado y peticionario.

      Número: CE-90-803

      Resuelto: 21 de junio de 1991

      Anthony Keller Charneco, abogado del peticionario; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procura-dora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

Ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, el Ministerio Público acusó a Carlos E. Texidor Seda de infringir el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.PR.A. see. 2401, () por hechos ocurridos el 21 de abrñ de 1989. Conforme a un preacuerdo con el Ministerio Público, Texidor Seda renunció al Jurado e hizo alegación de culpabilidad por una infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.PR.A. see. 2404.

El tribunal nunca, dictó sentencia. A tenor con las disposicio-nes del Art. 404(b)(1) de la citada ley,() oportunamente emitió una resolución en la que lo sometió al régimen de libertad a prueba. Bajo la misma, Texidor Seda tendría que someterse a tratamiento en el Hogar Crea por espacio de tres (3) años. Fosteriormente, el 10 de mayo de 1990, el tribunal redujo dicho término a dos (2) años.

El 20 de junio de 1990 Texidor Seda abandonó el tratamiento en el Hogar Crea. El Ministerio Fiscal solicitó la revocación de la libertad a prueba. Celebrada la vista final de revocación, la defensa se allanó y el tribunal de instancia (Hon. Carlos Alvarado Arroyo, Juez) revocó el beneficio de libertad a prueba, lo declaró culpable y convicto por infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Fuerto Rico, supra, y lo sentenció a tres (3) años de reclusión.

Ante nos, Texidor Seda se queja de que se le aumentara la pena al revocarle su libertad a prueba. Mediante orden de mostrar causa, revisamos.

1 — 1 H-I

La Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 (34 L.P.R.A. see. 1026 y ss.), conocida como Ley de Sentencia Suspendida, es el estatuto general que provee el mecanismo alterno para que un convicto cumpla su sentencia fuera de prisión. Su concesión es un privilegio y no un derecho. Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972). Su propósito es rehabilitador, centralizado en la aptitud del individuo de convertirse en un miembro útil de la sociedad. Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983).

Recientemente, en Pueblo v. Vega Vélez, 125 D.P.R. 188, 195 (1990), señalamos:

La idea básica tras el mecanismo de la sentencia suspendida es sumamente sencilla: lograr que un convicto de delito viva una vida productiva en la sociedad, alejado del trasiego delictivo, bajo un sistema de supervisión. La sentencia suspendida es una alternativa beneficiosa en casos apropiados, tanto para el convicto como para la sociedad. La concesión de una sentencia suspendida a un convicto de delito “evita los efectos negativos en el individuo que la reclusión tan frecuentemente produce, minimiza el impacto de la reclusión sobre los dependientes y familiares del convicto, preserva la libertad del delincuente sin sacrificar el interés social en la preven-ción y corrección del crimen, y promueve afirmativamente la rehabilitación del delincuente al permitirle mantener contactos sociales normales pero condicionados en la comunidad . .

Por tal razón, la ley confiere al tribunal la facultad discrecional para “suspender los efectos de la sentencia que se hubiera dictado... y ordenará que la persona sentenciada quede en libertad a prueba . . .”. (Enfasis suplido.) 34 L.ER.A. see. 1027. Esta discreción está limitada a que el delito no sea uno de los expresamente excluidos () y que concurran una serie de requisitos. ()

En el ejercicio de su discernimiento, el tribunal está facultado para imponer aquellas condiciones que considere adecuadas —34 L.ER.A. sec. 1027a— incluso el cumplir inicialmente una fracción de la sentencia en reclusión. Pueblo n Vega Vélez, supra. Si el probando incumple alguna de las condiciones o el tribunal en-tiende que su libertad a prueba es incompatible con la debida seguridad de la comunidad o con el propósito rehabilitador del delincuente, puede “revocar dicha libertad y ordenar la reclusión de la persona por el período de tiempo completo señalado en la sentencia cuya ejecución suspendió . . .”. (Énfasis suplido.) 34 L.RR.A. see. 1029.

r — i HH 1 — H

En 1986, guiados por nuestros señalamientos en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985), la Asamblea Legislativa enmendó el Art. 4 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. see. 1029, a los fines de establecer el procedimiento a seguirse en la revocación de sentencias suspendidas.

Además de esa nueva normativa procesal, es menester tener en cuenta la existencia de otras disposiciones que regulan la concesión del privilegio de libertad a prueba, a saber, la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra.

La Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, constituye el procedimiento especial de desvío para la concesión de libertad a prueba destinada a la rehabilitación y el tratamiento de adictos. Aunque el imputado haga una alegación de culpabilidad, el tribunal no se pronuncia al respecto. El efecto de este trámite es suspender todo procedimiento y someter a la persona a un período de libertad a prueba durante el cual deberá cumplir con aquellos términos y condiciones requeridos por el tribunal.

En caso de que el probando incumpla, “el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en las sees. 1026 [a 1029 del título 34]”. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 247.1.

Por su parte, el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Pico, supra, provee otro mecanismo de concesión de libertad a prueba. Ahora bien, sus beneficios están limitados a personas culpables de infringir el inciso (a) de dicho artículo y que no hayan sido convictas anteriormente por delitos relacionados con sustancias controladas.

Bajo este articulado, el tribunal puede, luego de la celebración del juicio o de una alegación de culpabilidad, suspender también todo procedimiento y someter a la persona a libertad a prueba con las condiciones y términos que estime adecuados. Al igual que el mecanismo de la citada Regla 24-7.1 de Procedimiento Criminal, el tribunal no hace pronunciamiento de culpabilidad. El artículo en cuestión dispone expresamente que, en caso de incumplimiento con alguna de las condiciones, el tribunal revocará el beneficio de libertad a prueba y procederá a dictar sentencia.

Como vemos, los mecanismos de la referida Regla 247.1 y del Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, son análogos al de la Ley Núm. 259, supra. Sin embargo, distan de ser idénticos. Las diferencias resultan cruciales para la fiel solución de esta controversia. Veamos.

Bajo el estatuto general —Ley Núm. 259, supra— el tribunal dicta sentencia y permite que el convicto la cumpla sin estar recluido. El término de la probatoria es igual al de la sentencia dictada. Si infringé alguna de las condiciones, el tribunal podrá suspender la libertad a prueba y recluirlo por el término impuesto en la sentencia. ()

Distinto a la citada Ley Núm. 259, bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, no hay pronunciamiento de culpabilidad. En vez de dictar sentencia, el tribunal señala un término durante el cual la persona se someterá a tratamiento. Si incumple, se revoca la libertad a prueba y entonces se dicta la sentencia.

<1

Al aplicar esta normativa al caso de autos, concluimos que el ilustrado foro sentenciador no erró.

Es obvio que Texidor Seda no cumplió con las condiciones impuestas originalmente por el tribunal. Adviértase, además, que la oportunidad que se le concedió fue al amparo del Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, ante lo cual el tribunal estaba autorizado para dictar sentencia luego de haber revocado el término probatorio e imponer aquella pena que entendiera procedente en derecho a la luz de las circunstancias específicas del caso.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

      (1) Dispone, en lo pertinente:
      “(a) Excepto en la forma autorizada en este Capítulo, será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente:
      “(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte, o posea con la intención de fabricar-, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada;
      “(2) produzca, distribuya o dispense, transporte u oculte o posea con la intención de distribuir o dispensar, trasportar u ocultar una sustancia falsificada.”

      (2) Dispone:
      “(b)(1) Si cualquier persona que no haya sido previamente convicta de violar el inciso (a) de esta sección, o de cualquier otra disposición de este Capítulo, o de cualquier ley de los Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, marihuana, o sustancias estimu-lantes o deprimentes, es hallada culpable de violar el inciso (a) de esta sección, bien sea después de la celebración del juicio o de hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal podrá, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad y con el consentimiento de tal persona, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
      “El consentimiento de la persona incluirá la aceptación de que, de ser acusado de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable la vista sumaria inicial que disponen las sees. 1026 a 1029 del Título 34. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba.
      “En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en las sees. 1026 a 1029 del Título 34.
      “Si durante el período de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista, podrá exonerar la persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo este inciso se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, pero se conservará el récord del caso en el tribunal, con carácter confidencial, no accesible al público y separado de otros récords [sic], a los fines exclusivos de ser utilizado por los tribunales al determinar si en procesos subsiguientes la persona cualifica bajo este inciso.
      “La exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las descualificaeiones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, incluyendo las penas prescritas bajo este Capítulo por conviccio-nes subsiguientes y la persona así exonerada tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva cualesquiera récords [sic] de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico, tomadas en relación con la violación de esta sección. La exoneración y sobreseimiento de que trata esta sección podrá concederse en solamente una ocasión a cualquier persona.” 24 L.PR.A. sec. 2404(b)(1).

      (3) “. . . [A]sesinato, robo, incesto, extorsión, violación, crimen contra natura, actos lascivos o impúdicos cuando la víctima fuere menor de 14 años, secuestro, escalamiento, incendio malicioso, sabotaje de servicios públicos esenciales, infracción a las sees. 415 y 416 del Título 25 en su modalidad de delito grave, 418 y 420 del propio título, o cualquier violación a las sees. 561 et seq. del Título 25, que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por las referidas sees. 561 et seq. . . .”. 34 L.P.R.A. see. 1027.

      (4) Dispone:
      “(1) que dicha persona, con anterioridad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dictada, no hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en prisión por delito grave alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada, y a la cual no se hubiere suspendido los efectos de una sentencia anterior por delito grave;
      “(2) que las circunstancias en que se cometió el delito no evidencien que existe en el autor del mismo un problema de conducta o de carácter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiera la reclusión de dicha persona en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico;
      “(3) que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corrección después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección adecuada a la comunidad.” 34 L.ER.A. see. 1027.

      (5) Sólo se le descontará el tiempo que haya sido privada de su libertad cualquier persona en cumplimiento de la sentencia. 34 L.BR.A. see. 1039.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Mary Pacheco Torres, demandada y recurrida.

      Número: CE-89-522

      Resuelto: 25 de junio de 1991

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado y Enrique Rivera Mendoza, abo-gados de la recurrida; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud del Procurador General de Puerto Rico, revisamos el dictamen del Tribunal Superior, Sala de Ponce (Hon. Julio Alvarado Ginorio, Juez), que resolvió que carecía de jurisdicción para entender en el trámite de revocación de probatoria contra Mary Pacheco Torres.

Dicho foro decidió que:

En el presente caso las violaciones a las condiciones impuestas ocurrieron dentro del período probatorio. También la expedición de la orden de citación se llevó a efecto dentro del período probatorio. No obstante la citación fue preparada y expedida veintid[ó]s días después de haber expirado él término del período probatorio. Resolvemos que tal dilación violó el debido procedi-miento de ley al cual tiene derecho la probando, por lo cual este Tribunal perdió jurisdicción en el caso por haberse^ cumplido el período probatorio. Anexo X, pág. 20.

I

Expongamos sucintamente el trasfondo procesal, táctico y de cronología que origina ese dictamen. Pacheco Torres fue acusada de infringir el Art. 272 del Código Penal, 33 L.PR.A. see. 4592, esto es, posesión y traspaso de documentos falsificados. Sin embargo, hizo alegación de culpabilidad por apropiación ilegal simple. Art. 165 del Código Penal, 33 L.PR.A. see. 4271. El 24 de mayo de 1988 fue sentenciada a una pena de seis (6) meses de reclusión, a cumplirse bajo el régimen de sentencia suspendida, con sujeción a once (11) condiciones.

El 6 de octubre de 1988 la oficial soeiopenal Silvia Martínez Santiago notificó al Fiscal de Distrito que la convicta había violado varias de las condiciones. El 19 de octubre, en conformidad con la Ley Núm. 31 de 29 de mayo de 1986 (34 L.PR.A. sec. 1027a), el Ministerio Público solicitó del tribunal una determinación de causa probable fundada en la creencia de que la probando había violado las condiciones de la probatoria, y que se comenzara el trámite de revocación final. El 18 de noviembre el tribunal señaló la vista inicial para el 21 de diciembre. Ordenó que se le notificara a ella, a su abogado (Ledo. Benjamín Pagán), al Fiscal y a la oficial probatorio. La citación de Pacheco Torres fue expedida el 15 de diciembre de 1988.

El 21 de diciembre comparecieron el Ministerio Fiscal, la convicta y su abogado. Se celebró la vista inicial. A base de la prueba, el tribunal concluyó que existía causa probable para creer que ella había violada cinco (5) de las once (11) condiciones impuestas. Fijó la vista final para el 13 de enero de 1989. En esa fecha, la convicta Pacheco Torres invocó la falta de jurisdicción del tribunal para entender en el asunto. Adujo que el término de la sentencia había sido cumplido. El tribunal, según indicamos, acogió el planteamiento.

I — I b-i

Ese dictamen es contrario a los principios vigentes que rigen la materia y altera el balance de intereses inmersos en toda normativa. Nos explicamos.

La Ley de Sentencia Suspendida, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.ER.A. sees. 1026-1029, creó un mecanismo alterno para permitirle a un convicto cumplir su sentencia sin tener que ser recluido en prisión. El propósito rehabilitador de esta legislación —Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 D.P.R. 820 (1989)— no es incompatible con la seguridad de la comunidad. El tribunal sentenciador puede revocar la sentencia suspendida o probatoria y ordenar el encarcelamiento. Se trata de una facultad fundada en que el Estado es fiduciario de unos intereses públicos que superan a los del convicto. Ahora bien, esa determinación está sujeta al cumplimiento de unas gestiones mínimas bajo la sombrilla constitucional del debido proceso de ley. Como resultado de Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985), la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 31, supra. De su lectura surge que implícitamente subsiste el enfoque de que la “libertad conferida a un convicto mediante el beneficio de sentencia suspendida no goza de la magnitud ni grado de la que disfruta un ciudadano común. No son equivalentes. La razón es sencilla: ‘Mientras una persona goza de libertad a prueba, su disfrute de la vida, su libre albedrío, está restringido, limitado, al cumplimiento de las condiciones fijadas al concedérsele esa gracia. No puede decirse que es un hombre enteramente libre’”. (Enfasis en el original.) Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, págs. 723-724.

1 — I f — < ) — I

En el caso de autos, lo primero que notamos es que la convicta Pacheco Torres en ningún momento fue arrestada o privada de su libertad durante el trámite de revocación. Segundo, indiscutible-mente las alegadas violaciones que originaron ese trámite ocu-rneron durante la probatoria. El Ministerio Fiscal solicitó su revocación dentro del término de la sentencia. Únicamente la orden judicial de citación y su diligenciamiento acaecieron des-pués de expirado dicho término, en un plazo mínimo.

Aparte de lo expuesto, conforme Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, págs. 728-729, la vista final de revocación se efectuó dentro del término de treinta (30) días a partir de la celebración de la vista inicial.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió voto particular y de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Andréu García. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Por entender que el tribunal de instancia carecía de jurisdic-ción para revocar la sentencia en probatoria, disentimos. Al momento de iniciarse el procedimiento de revocación de probato-ria, con la expedición de la citación para la vista inicial, la sentencia impuesta había sido cumplida. Como el cumplimiento de la sentencia extingue la pena —Art. 81 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.PR.A. see. 3431— el tribunal perdió la jurisdicción que poseía sobre el probando. Por lo tanto, actuó correctamente al declararse sin jurisdicción y desestimar la moción de revocación de probatoria.

( — H

La Srta. Mary Pacheco Torres fue acusada por infracción al Art. 272 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.PR.A. see. 4592, por posesión y traspaso de documentos falsificados, y por usar y circular como verdadero un cheque de seguro social por la cantidad de ciento treinta y ocho dólares ($138), a sabiendas de que tenía un endoso falso.

El 2k de mayo de 1988 el tribunal de instancia dictó sentencia que declaró culpable de apropiación ñegal simple a la señorita Pacheco y la condenó a sufrir seis (6) meses de reclusión. A tenor con la Ley de Sentencia Suspendida, se ordenó la suspensión de su sentencia y quedó la señorita Pacheco bajo la custodia legal del tribunal hasta que expirara su sentencia el 28 de noviembre de 1988. Además, se le impusieron once (11) condiciones y una condición especial que debería cumplir durante esos seis (6) meses.

El 19 de octubre de 1988 el Ministerio Fiscal presentó en el Tribunal de Primera Instancia una moción mediante la cual se solicitó que se determinara causa probable para creer que la señorita Pacheco había violado tres (3) de las condiciones de la sentencia en probatoria y se diera inicio al trámite de revocación de la misma. () Mediante Orden de 18 de noviembre de 1988, el tribunal señaló la vista de la moción de revocación para el 21 de diciembre de 1988. Sin embargo, no fue sino hasta el 15 de diciembre de 1988 que se expidió la citación, fecha para la cual ya había transcurrido el período probatorio.

El 21 de diciembre de 1988, tras escuchar la prueba, el tribunal de instancia determinó causa probable inicial para la revocación de la probatoria y señaló la vista final para el 13 de enero de 1989. Tras una moción de desestimación presentada por la defensa, el tribunal de instancia emitió una resolución con fecha de 9 de mayo de 1989 que declaró sin lugar la solicitud de revocación de probatoria. Concluyó que al haberse expedido y preparado la citación veintidós (22) días después de haber expi-rado el período probatorio, el tribunal había perdido jurisdicción sobre el caso. Finalmente, el 5 de junio de 1989 el Ministerio Fiscal solicitó sin éxito la reconsideración de la resolución.

De la resolución que deniega la revocación de la probatoria, acude ante nos el Pueblo de Puerto Rico representado por el Procurador General. Arguye que incidió el tribunal de instancia.

El presente recurso nos hubiese permitido determinar si, después de que transcurre el período probatorio, un tribunal tiene jurisdicción para revocar una sentencia suspendida por una violación a las condiciones impuestas por dicho foro.

I — i

Con motivo de nuestra decisión en el caso Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985), la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 31 de 29 de mayo de 1986 (34 L.P.R.A. sec. 1027a) y creó así un esquema procesal para las revocaciones de sentencias suspendidas. El propósito fundamental de esta ley fue armonizar el interés del Estado en la seguridad de la comunidad con el derecho al debido proceso de ley del cual gozan aún las personas que tienen la libertad limitada por el mecanismo de sentencia suspendida. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 31, supra.

A pesar de que la libertad de la que goza un convicto que cumple una sentencia suspendida no es equivalente a la de un ciudadano común, “no puede negarse que estamos ante un valor fundamental acreedor de protección tanto por nuestra Constitu-ción como por la de Estados Unidos”. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 724 y casos allí citados. Debe recordarse que, a pesar de que la revocación de una probatoria o sentencia suspen-dida no es una etapa del procesamiento criminal, en efecto resulta en la pérdida de la libertad de una persona. Por lo tanto, no puede privársele de esta libertad limitada sin cumplirse con un mí-nimo debido proceso de ley. ()

Una vez el tribunal de instancia fija la duración del período probatorio, éste podrá revocar la sentencia en probatoria “en cualquier momento en que a su juicio la libertad a prueba de una persona fuere incompatible con la debida seguridad de la comu-nidad o con el propósito de rehabilitación del delincuente. . 34 L.ER.A. see. 1029. Al igual que al conceder los beneficios de una sentencia suspendida, el tribunal podrá ordenar la revocación utilizando su sana discreción. Sin embargo, la ley requiere, en síntesis y como corolario del debido proceso de ley, que se cumpla con los requisitos siguientes: ()

1. Que el Ministerio Fiscal solicite la revocación ante un magistrado para que éste proceda a celebrar una vista inicial ex parte de determinación de causa probable para creer que el probando ha violado las condiciones de la probatoria.

2. Que el magistrado decida si va a ordenar el arresto del convicto o si es suficiente con una citación para vista sumaria inicial.

3. Si decide citarlo, esta orden debe incluir una relación de los procedimientos y dar concisa y clara notificación de las alegadas violaciones a las condiciones de la probatoria.

4. Se celebrará una vista sumaria inicial de carácter informal para determinar si procede la revocación provisional y el encar-celamiento hasta que se celebre la vista final. El probando puede estar asistido de abogado y tiene la oportunidad de ser oído, presentar prueba a su favor y confrontar al oficial sociopenal u otro promovente de la acción y a los testigos adversos.

5. Se celebrará una vista final dentro de los treinta (30) días siguientes a la vista inicial. Sólo por justa causa o por acuerdo de las partes y con la anuencia del juez podrá esta vista celebrarse fuera del término señalado.

Para esta vista el probando también tiene derecho a ser notificado, por escrito y con antelación suficiente, de las alegadas violaciones a la probatoria para que pueda prepararse de forma adecuada y estar asistido de abogado. También tiene derecho a confrontar a los testigos en su contra y a presentar prueba a su favor. Además, el peso de la prueba corresponde al Ministerio Fiscal, quien deberá probar su caso por preponderancia de la evidencia.

Finalmente, el juez formulará su decisión por escrito, la cual reflejará las determinaciones de hecho básicas, la prueba en que se fundó y las razones que justifican la revocación. La misma será notificada tanto al probando como al Ministerio Fiscal.

1 — I 1 — 1

A pesar de que nuestra ley contiene todo un esquema procesal para la revocación de las sentencias suspendidas, ésta no dispone si el procedimiento de revocación tiene que llevarse a cabo en su totalidad antes de que transcurra el período probatorio, si basta con que se inicie dentro del período o si el tribunal tiene potestad para iniciar el procedimiento luego de extinguida la sentencia suspendida. Tampoco contiene disposición alguna respecto a cuándo se entiende iniciado el proceso de revocación.

Nuestra ley confiere autoridad a los tribunales para revocar una sentencia suspendida “en cualquier momento en que a su juicio la libertad aprueba de una persona fuere incompatible con la debida seguridad de la comunidad o con el propósito de rehabilitación del delincuente . . .”. (Énfasis suplido.) 34 L.ER.A. see. 1029.

Sin embargo, no debe entenderse que este articulado faculta a los tribunales para revocar probatorias aun después de que el probando se encuentra disfrutando de su derecho constitucional a la libertad tras haber cumplido la pena que le fuera impuesta.

Del estatuto surge con meridiana claridad que tanto la Administración de Corrección como el tribunal que impuso la sentencia están autorizados a ejercer su poder de supervisión sobre el probando sólo durante el período de probatoria. El Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que “[d)urante el período de libertad a prueba la Administración de Corrección ejercerá el grado de supervisión que estime necesario para lograr la rehabilitación de la persona y proteger a la comunidad”. (Énfasis suplido.) 34 L.ER.A. see. 1028. Por su parte, la See. 2 de la Ley Núm. 19 de 12 de marzo de 1914 (34 L.ER.A. see. 1031), establece que “\d]urante el término de cualquier sentencia que haya sido suspendida, el acusado quedará sujeto a la autoridad del tribunal en que se impuso la sentencia, y el juez de dicho tribunal tendrá facultades para prescribir las condiciones para la suspensión de la sentencia, y, cuando esté convencido de la mala conducta del acusado, ordenar su arresto por el tiempo que falta para terminar su sentencia”.

Finalmente, la ley dispone que “la duración del período de libertad a prueba. . .será igual a la duración del período fijado en la sentencia”. 34 L.ER.A. see. 1028. Esto implica que una vez expirado el período probatorio se entenderá cumplida la sentencia y, por lo tanto, extinguida la pena.( ) De esta manera, el propio estatuto limita el poder del Estado sobre un convicto al período comprendido en la sentencia que le haya sido impuesta.

Queda claro, pues, que el estatuto no faculta a los tribunales de instancia a ejercer su autoridad sobre los probandos fuera del término de la sentencia. De ordinario, éstos no pueden, por no tener autoridad legal para ello, extender el período durante el cual los probandos están sujetos a su jurisdicción. For lo tanto, el 'procedimiento de revocación no puede iniciarse una vez el tribunal se ha desprendido de su jurisdicción sobre el probando, es decir, una vez transcurre el período probatorio.

Sin embargo, si durante el transcurso del período probatorio se inicia el procedimiento de revocación, el tribunal conserva su jurisdicción sobre el probando y puede revocar la probatoria aunque la decisión recaiga luego de cumplida la sentencia.

Así ha sido resuelto en la mayoría de las jurisdicciones norteamericanas. Cohen y Gobert, The Law of Probation and Parole, Colorado Springs, Shepard’s/McGraw-Hill, 1983, Sec. 11.01, pág. 528. Véanse, a modo ilustrativo: United States v. Bartholdi, 453 F.2d 1225 (9no Cir. 1972); United States v. Bazzano, 712 F.2d 826, 829 y 834-835 (3er Cir. 1983), cert. denegado, 456 U.S. 1078 (1984); United States v. Williams, 787 F.2d 1182, 1184 n. 4 (7mo Cir. 1986); State v. Ladehoff, 425 N.W.2d 352, 354 (Neb. 1988); People v. Gore, 774 P.2d 877 (Colo. 1989); State v. Broussard, 408 So. 2d 909 (La. 1982); State v. Weysham, 410 So. 2d 1104 (La. 1982). No obstante, en algunas jurisdicciones se requiere que se inicie y se concluya el procedimiento de revocación antes de que transcurra la sentencia suspendida. Véase M. Carrillo, La revocación de probatoria cuando ha expirado el término de la sentencia, 1 Forum 32 (1990); Cohen y Gobert, op. cit., págs. 528-529. Aunque entendemos que no es necesario que la orden de revocación sea emitida antes de cumplida la sentencia, se requiere que el Estado sea diligente en la tramitación del procedimiento.

El objetivo que se persigue con esta normativa es evitar que un probando que ha violado las condiciones de la sentencia suspendida en los días cercanos a la expiración de la misma recupere su libertad incondicional a pesar de haberse expedido la notificación del procedimiento en su contra. Sin embargo, ésta le impone al Estado el deber de ser diligente no solamente en la supervisión del probando, sino también en la presentación de cualquier querella que pueda conllevar la revocación de la proba-toria. Véase Carrillo, supra, pág. 33. De esta forma, se logra un balance entre el derecho constitucional a un debido proceso de ley en el procedimiento de revocación de probatoria frente al interés del Estado en la rehabilitación del probando y la protección de la comunidad.()

Nuestra ley sobre sentencias suspendidas dispone que el Ministerio Fiscal hará una solicitud sobre revocación ante un magistrado del tribunal de primera instancia. A raíz de esta solicitud se celebrará una vista ex parte de determinación de causa probable para creer que el probando la violado las condi-ciones de la probatoria. Una vez el tribunal recibe la petición del Ministerio Fiscal, procederá a expedir el mandamiento de arresto o la citación del probando para la vista inicial. Si se ordena el arresto, en circunstancias normales, se celebrará la vista inicial dentro de las setenta y dos (72) horas desde su arresto.

Para cumplir con los requisitos del debido proceso de ley, tanto la orden de arresto como la citación deben incluir una relación de los procedimientos y una concisa y clara notificación de las violaciones imputadas. Este requisito de adecuada notificación es indispensable para que el probando pueda prepararse adecuada-mente y estar representado de abogado. Hasta ese momento el procedimiento es ex parte y el probando no ha recibido ninguna notificación oficial de las violaciones que se le imputan y, de ordinario, no tiene conocimiento de la acción que el Ministerio Fiscal pretende iniciar en su contra. No es hasta que el tribunal celebra la vista ex parte y notifica al probando mediante citación u orden de arresto que se inicia el procedimiento de revocación de probatoria. Véanse, a modo ilustrativo: Carroll v. Cochran, 140 So. 2d 300 (Fla. 1962); Hopson v. State, 839 So. 2d 1152 (Fia. 1976); State v. Hunter, 391 So. 2d 844 (La. 1980); Sherman v. Warden, Nevada State Prison, 581 P.2d 1278 (Nev. 1978); State v. Gibson, 384 A.2d 178 (N.J. 1978).

Por último, además de que se expida la citación al probando dentro del período de su sentencia suspendida, el debido proceso de ley requiere que dicha notificación sea diligenciada dentro de un período razonable. Una tardanza irrazonable en el diligenciamiento podría causar un incumplimiento con el debido proceso de ley. Véanse, a modo de ejemplos; United States v. Gernie, 228 F. Supp. 329, 332-339 (S.D. N.Y. 1964); Simon v. Moseley, 452 F.2d 306, 309 (l0mo Cir. 1971).

> H-I

En el caso de autos, la Srta. Mary Pacheco Torres fue sentenciada el 24 de mayo de 1988 a una pena de seis (6) meses a ser cumplidos mediante el mecanismo de sentencia suspendida. Dicha sentencia expiraba el 23 de noviembre de 1988. El 19 de octubre de 1988 el Ministerio Fiscal presentó solicitud para que se celebrara la vista ex parte de determinación de causa probable.

Casi un (1) mes más tarde, el 18 de noviembre de 1988, el tribunal de instancia señaló la vista sumaria inicial de revocación para el 21 de diciembre de 1988. Sin embargo, no se ordenó su arresto y no fue hasta el 15 de diciembre de 1988 que se expidió la citación. Ya para esta fecha había transcurrido el período probatorio, la señorita Pacheco había cumplido su sentencia y la pena se había extinguido. En ausencia de prueba de que ella se había evadido de la supervisión, y por lo tanto no había podido ser localizada, procedía que el tribunal se declarara sin jurisdicción para revocar la probatoria.

Como no fue notificada formalmente de las alegadas violacio-nes a la probatoria antes de la expiración de la misma, el proceso de revocación no fue iniciado a tiempo. Por ende, bajo nuestro actual ordenamiento, una vez extinguida la pena sin haberse comenzado el proceso de revocación, el tribunal perdió jurisdic-ción sobre la Srta. Mary Pacheco Torres. En estas circunstancias, ella tenía derecho a recuperar su plena libertad. “Bajo esta norma al estado se le ha impuesto el deber de ser diligente en el inicio del procedimiento. Los oficiales probatorios no sólo deben actuar con razonable prontitud una vez conocen los hechos que dan base a una revocación, sino que también deben estar atentos a posibles violaciones a la probatoria.” Carrillo, supra, pág. 33.

Sin embargo, la opinión de este Tribunal revoca al foro de instancia bajo la premisa de que la solicitud ex parte del Minis-terio Fiscal interrumpe el término de la sentencia suspendida y extiende indefinidamente la jurisdicción del tribunal después de transcurrido el período probatorio. La decisión asume que si el probando viola las condiciones de la sentencia suspendida antes de que transcurra el período probatorio, el tribunal conserva juris-dicción para iniciar el procedimiento de revocación después de extinguida la pena. Según esta teoría se elimina de facto el concepto de un término definido para cumplir la sentencia y el probando está sujeto a que le revoquen una probatoria que ya cumplió y lo encarcelen después de estar disfrutando de su libertad plena.

La norma adoptada hoy por el Tribunal también evade la formulación de unos criterios claros sobre el tiempo que debe transcurrir entre la expedición y el diligenciamiento de la citación. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que la demora sea irrazo-nable? ¿Significa esto que pueden pasar seis (6) meses entre la expedición y el diligenciamiento de la citación? ¿Un (1) año?

Por otro lado, y considerando que hasta que se expide y diligencia la citación no hay una notificación adecuada al probando de que el Ministerio Fiscal inició los trámites para revocar la probatoria, la decisión del Tribunal en efecto convalida un proce-dimiento que es contrario al debido proceso de ley e incompatible con los derechos reconocidos en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, y el ordenamiento procesal establecido estatutariamente. Nuestro ordenamiento constitucional parte de la premisa de que uno de los requisitos mínimos del debido proceso es una notifica-ción adecuada, y en el caso del probando hemos afirmado que tiene derecho a conocer las alegadas violaciones a las condiciones de la probatoria antes de que se le puedan revocar los beneficios de la sentencia suspendida. íd., pág. 725. Si transcurre el término de la probatoria sin que haya sido notificado de que debe responder por alegadas violaciones a las condiciones de la senten-cia suspendida, el probando de jure está libre y no puede ser despojado de su libertad.

Hoy, este Tribunal modifica nuestro derecho constitucional y nuestra trayectoria jurisprudencial en este campo y, sin formular criterio alguno sobre el término durante el cual se extiende la jurisdicción del Tribunal, acoge la posición del Procurador General y revoca el dictamen recurrido. No podemos suscribir este nuevo curso decisorio. Por eso disentimos.

Voto particular y de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Alonso Alonso, al cual se une el Juez Asociado Señor Andréu García.

Un convicto al que se le ha concedido el beneficio de una sentencia suspendida queda bajo la jurisdicción del tribunal que emitió tal sentencia mientras aquél cumpla las condiciones fijadas por éste durante el término dispuesto en la sentencia. 34 L.PR.A. see. 1031. El momento en que se le notifica la citación al probando para que comparezca al proceso de revocación de la probatoria resulta pertinente e importante sólo para determinar la razonabilidad de cualquier demora de parte del Estado para iniciar el proceso una vez conoce de las alegadas violaciones, vis-a-vis el término establecido para iniciar el mismo. Martinez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985). Pero la jurisdicción del tribunal para iniciar el proceso de revocación, aquí solicitado por el Ministerio Público dentro del término de la sentencia suspendida, se la concede el hecho de que las alegadas violaciones a las condiciones ocurren dentro de tal término.

La libertad a prueba, regulada en la Ley Núm. 259 de 3 abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1026-1029, repre-senta un derecho limitado concedido por el Estado a la persona convicta de delito con el propósito de lograr su rehabilitación. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 723; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990); Pueblo v. Vega Vélez, 125 D.P.R. 188 (1990). Este método científico para la imposición de la pena trata de lograr la prevención del crimen a través del tratamiento individualizado, y no punitivo, del delincuente al reconocer que todo ser humano tiene el potencial de rehabilitarse y modificar su conducta si se le brinda la oportunidad y el tratamiento adecuado a sus necesidades particulares. Véanse: Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Pueblo v. Vega Vélez, supra; B. Rodríguez Ramos, Leyes proveyendo para el establecimiento de la sentencia probatoria, 16 Rev. Jur. U.RR. 98 (1946).

Ahora bien, tal fin rehabilitador se logra a través de la imposición de unas condiciones y términos que, a su vez, propendan a la finalidad adicional que establece el estatuto: la protección de la comunidad. 34 L.ER.A. see. 1028.

El tribunal sentenciador pierde jurisdicción sólo cuando el probando cumple con los términos y las condiciones impuestas y transcurre el período de la sentencia en suspenso. Cuando concurren ambos eventos no se justifica la restricción limitada a la libertad que para el probando representa la probatoria supervi-sada. Cumplidos ambos eventos, se entienden cumplidos los objetivos de la ley. Sin embargo, no basta con que solamente transcurra el término de la probatoria para que el tribunal sentenciador pierda automáticamente su jurisdicción sobre el probando.

Frueba de lo antes dicho es que bajo el esquema de la Ley Núm. 259, supra, debe mantenerse constantemente informado al tribunal sentenciador sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones del probando, y dicho foro puede ordenar que se inicie el proceso de revocación tan pronto se le informe y demuestre que el probando ha incumplido con algunas de las condiciones. El sistema de tribunales es quien administra el programa de sentencias suspendidas. Es en dicho foro donde reside, por así decirlo, la custodia legal del probando. S. Rubin, The Law of Criminal Correction, 2da ed., Minnesota, West Fublishing Co., 1973, See. 5, pág. 186 y Sec. 16, pág. 296. Tan continua es la autoridad del tribunal sentenciador que el juez que preside la vista preliminar de revocación de probatoria es, por imperativo de ley, el mismo juez que sentenció al probando. 34 L.ER.A. see. 1031.

Resulta impertinente, para propósitos jurisdiccionales, el mo-mento en que se notifica la citación para la vista inicial de revocación de probatoria al probando. Claro está, con el fin de preservar la información reciente y cualquier evidencia testifical o documental disponible sobre las alegadas violaciones a la libertad a prueba, el debido proceso de ley exige que el Estado sea diligente y que en un término razonable tramite afirmativamente la notificación al probando de la celebración de la vista para determinar si existe causa probable para creer que éste ha violado las condiciones de la probatoria. Con ello se evita poner al probando en un estado de indefensión. Cf. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 728. La demora, si alguna, en realizar tal notificación debe ser evaluada a la luz de las circunstancias para determinar si existió o no justa causa para la misma. La demora injustificada podría dar base a la invalidación del proceso, pero no bajo el fundamento de falta de jurisdicción del foro sentenciador sobre el probando, sino bajo la rúbrica de la violación al debido proceso de ley. Son dos (2) situaciones distintas.

Este no es el caso ante nos. Aquí la orden judicial de citación y su diligenciamiento fueron realizados por el Estado dentro de un término razonable desde que se tuvo conocimiento de las viola-ciones a la probatoria —2 meses— y, más aún, desde que expiró el término de la misma, 21 días.

Por ello, y por los fundamentos expuestos en la opinión del Tribunal, considero que debe revocarse la resolución dictada por el foro de instancia en este caso.

      (1) Las condiciones alegadamente violadas fueron las siguientes:
      “Usted no encubrirá sus actividades, ni ocultándolas al Oficial Probatorio ni mintiendo acerca de las mismas, ni entorpeciendo cualquier investigación que el Supervisor de la División de Servicios Sociales o el Oficial Probatorio tuvieran a bien hacer acerca de ello.” Anejo II, pág. 3.
      “Usted permanecerá constantemente y sin interrupción dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal Superior, Sala de Ponce, siempre que tenga necesidad de trasladarse fuera de este limite, solicitará el permiso para ello del Oficial Probatorio.” Id.
      “Usted se abstendrá de usar drogas narcóticas u otros estupefacientes salvo por prescripción médica.” Id., pág. 4.

      (2) “En general, [el debido proceso de ley] se trata de que el Estado aplique las normas penales a los individuos con rigurosa justicia y precisión, de manera que se minimicen los riesgos de penalizar a un inocente, se proteja a las personas del poder abusivo del Estado y se genere una atmósfera de justicia imparcial.” D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 3ra ed., Hato Rey, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 210.

      (3) El 8 de diciembre de 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 29 (34 L.P.R.A. sec. 1027a) para enmendar el procedimiento de revocación de probatoria a los efectos de proveer “un término expedito para que el tribunal celebre la vista para evaluar' si existe causa para creer que el probando ha violado las condiciones de la probatoria”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 29 de 8 de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, pág. 1514. Así, la ley dispone que la vista inicial ex parte se celebrará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud del Ministerio Fiscal y que la vista Anal debe celebrarse dentro de los quince (15) días siguientes a la vista sumaria inicial. Vemos, pues, que la tendencia es hacia el aceleramiento del proceso completo de revocación de probatoria.

      (4) El Art. 81 del Código Penal de Puerto Rico dispone los modos en que se extinguen las penas, entre estos, el “[(Cumplimiento de la sentencia impuesta”. 33 L.ER.A. see. 3431.

      (5) El hecho de que no se inicie contra un probando el procedimiento de revocación de sentencia suspendida antes de expirado el período probatorio no significa que saldrá impune. Si las violaciones a las condiciones de la probatoria constituyen delito, el Ministerio Fiscal, si así lo entiende procedente, puede presentar las acusaciones que correspondan.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Miguel A. Rosa Atiles, acusado y peticionario.

      Número: CE-90-722

      Resuelto: 25 de junio de 1991

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“Uno de los ingredientes en que de ordinario se asienta toda la norma jurídica es el de las probabilidades. Y en materia de hermenéutica, la regla de que el sentido común está inmerso en toda interpretación. Presumiblemente todo acusado en libertad controla sus movimientos fuera de los tribunales. Como tal, puede adoptar el curso de acción que estime más conveniente a su defensa. Lógicamente ello no es licencia para tomar ventajas, violar y obstaculizar impunemente la eficaz administración de la justicia e ignorar y desatenderse el tribunal que va a juzgarle. Lo contrario es un contrasentido que derrotaría los mejores fines de la justicia y proyectaría una imagen de incertidumbre e impotencia. El debido proceso de ley no se apuntala en dejar al capricho de los acusados cuándo se ventilarán los casos.” Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515, 531-532 (1987).

H-t

El 3 de abril de 1987 el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Daniel López Pritchard, Juez), sentenció a Miguel A. Rosa Atiles a cumplir dos (2) años de presidio por una infracción al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.RR.A. sec. 2404(a), concurrente con un (1) año por violación al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.PR.A. see. 416. La sentencia fue suspendida sujeto a varias condiciones. Fue debida-mente advertido de que su incumplimiento podía conllevar la revocación de ese privilegio.

El 13 de octubre de 1988 el Ministerio Público solicitó una determinación inicial de causa probable y que oportunamente se revocara la probatoria fundado en que Rosa Atiles había cometido los delitos de posesión de marihuana, de cocaína y de un arma de fuego, por lo cual fue arrestado el 21 de julio de 1988.

Conforme el procedimiento establecido, el 18 de octubre el tribunal (Hon. Elpidio Batista, Juez) señaló la vista inicial para el 11 de noviembre. Esta vista fue suspendida para el 16 de noviembre, fecha en que su abogado Carlos Gallisá solicitó se paralizaran los trámites hasta que se dilucidaran las vistas preliminares relacionadas con las acusaciones por cuyos hechos se le quería revocar la probatoria.

Así entrelazados, en varias ocasiones —12 de diciembre de 1988; 18 de enero de 1989; 10 de marzo, 1ro de mayo y 25 de agosto de 1989— se intentó celebrar la vista, pero a solicitud de Rosa Atñes (excepto la última), no es hasta el 25 de agosto de 1989 en que finalmente se determina causa probable para revocar la probatoria y se señala la vista final para el 27 de septiembre de 1989. Rosa Atiles objetó esa determinación. Por primera vez alegó que el tribunal carecía de jurisdicción para actuar sobre el asunto ya que la sentencia había quedado extinguida desde el 24 de marzo de 1989. Se estipuló que él fue encontrado culpable el 25 de agosto de 1989 y el 11 de octubre se dictó sentencia, mediante la cual se le condenaba a cumplir otros dos (2) años de presidio.

Finalmente, después de otras suspensiones adicionales, el tribunal a quo determinó que cuando el fundamento para revocar una sentencia suspendida es la comisión de otro delito, es requisito indispensable la convicción por el nuevo delito para revocar la probatoria. Razonó que el fallo correspondiente de culpabilidad deberá rendirse durante el término de la sentencia, a menos que exista una renuncia expresa o implícita del probando a su derecho de revocación de probatoria. Dicho foro resolvió que, como no había mediado una renuncia por Rosa Atiles, carecía de competencia y jurisdicción para pasar juicio sobre la solicitud de revocación de probatoria a partir de la fecha del cumplimiento de la sentencia original.

A solicitud del Ministerio Público y mediante trámite de mostrar causa, revisamos.

HH hH

Procede revocar. Recientemente, en Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586 (1991) —el Juez Asociado Señor Alonso Alonso circuló un voto particular y de conformidad, al cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García; el Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión disidente— decidimos que los tribunales retienen jurisdicción y tienen facultad para revocar una sentencia siempre y cuando el incumplimiento haya ocurrido dentro del término de la sentencia y los procedimientos iniciales para la revocación hayan sido comenzados diligentemente por el Ministerio Fiscal.

Tal es la situación en el presente caso. Si bien la alegación de culpabilidad por los nuevos casos se hizo en agosto de 1989 —cinco (5) meses después de haber transcurrido el término cronológico de la sentencia suspendida— los trámites de la revocación y la vista inicial comenzaron mucho antes. La tardanza se debió a los pedidos del propio acusado, Rosa Atiles. No puede reclamar con éxito carencia de jurisdicción.

Se expedirá el auto y se revocará la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan. Se devolverá el caso para los trámites compatibles.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Conforme a los criterios esbozados en nuestra opinión disi-dente en Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.ER. 586, 590 (1991), concurrimos en que en el caso de autos el tribunal de instancia retuvo jurisdicción sobre el probando y podía ordenar la revoca-ción de la sentencia suspendida, aun luego de expirado el término de la misma. Cuando el motivo para revocar una sentencia suspendida es el incumplimiento de la condición obligatoria de “no incurrir en conducta delictiva” a tenor con la Sec. 1 de la Ley Núm. 31 de 29 de mayo de 1986 (34 L.ER.A. sec. 1027a), y el probando es acusado por dicha conducta, no es necesario que recaiga una convicción por delito antes de expirado el período probatorio si se inició el procedimiento de revocación de probato-ria durante la vigencia de la sentencia suspendida mediante el arresto o la expedición de la citación para la vista inicial.

En el caso de autos Miguel A. Rosa Atiles fue sentenciado el 3 de abril de 1987 a cumplir dos (2) años de presidio por infracción al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.RR.A. sec. 2404(a), y un (1) año por violación al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.RR.A. see. 416. Estas penas se cumplirían concurrentemente bajo el régimen de sentencias suspendidas y se le acreditarían nueve (9) días de prisión preven-tiva, por lo que su sentencia expiraba el 21p de marzo de 1989. Entre las nueve (9) condiciones generales y las dos (2) condiciones especiales, se le advirtió que “[cjualquier violación a las leyes vigentes en Puerto Rico [podría] conllevar la revocación de [la probatoria] y deber[ía entonces] cumplir la sentencia impuesta de acuerdo con la ley”. Apéndice, Anexo 1, pág. 1A. Esta condición se impone a tenor con el Art. 2A de la Ley de Sentencia Suspendida, supra, que dispone que como parte de las condiciones el tribunal hará constar el compromiso del probando “de no incurrir en conducta delictiva. . . mientras esté disfrutando de los beneficios [de la Ley de Sentencia Suspendida]”. 34 L.P.R.A. sec. 1027a.

El 21 de julio de 1988, aún bajo probatoria, Rosa Atiles fue detenido y denunciado por infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico y a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. El 22 de julio se determinó causa probable para el arresto, pero se le dejó libre bajo fianza. Por estos hechos, el 22 de agosto se le remitió al Fiscal de Distrito un informe de querella mediante el cual se le indicaba que el probando había violado la condición de no incurrir en conducta delictiva. Conforme a la querella, el Ministerio Fiscal presentó una moción para solicitar la revocación de la sentencia suspendida el 13 de octubre. El 18 de octubre el tribunal señaló la vista inicial de causa probable para revocar la probatoria para el 11 de noviembre. La citación fue expedida el 21+ de octubre y diligenciada el 27 de ese mes, aún vigente el período probatorio.

Tras la citación a las partes, la vista se reseñaló para el 14 de noviembre y luego para el 16. Ese día la defensa solicitó la suspensión hasta esperar el resultado de la vista preliminar señalada para ese mismo día en el caso que motivó la solicitud de revocación. El tribunal dispuso que el probando compareciera primero a la vista preliminar y señaló la vista inicial de revocación de probatoria para el 12 de diciembre de ese mismo año. Ese día el tribunal llamó nuevamente a las partes para la vista inicial de revocación y para juicio por el caso que motivara la moción de revocación. Obviamente, ya se había determinado causa probable en la vista preliminar que motivó la suspensión anterior. Sin embargo, la defensa solicitó otra suspensión porque, alegadamente, se decidió consolidar la vista inicial de revocación con el juicio del caso de sustancias controladas en otra sala. Se hizo nuevo señalamiento para el 18 de enero de 1989. Ese día la defensa vuelve a pedir la suspensión para esperar el resultado de una vista de supresión de evidencia en el caso que motivó la solicitud de revocación de probatoria. El tribunal accedió y lo reseñaló para el 10 de marzo de 1989. Las partes fueron notifica-das en corte.

Posteriormente, se hizo un nuevo señalamiento para el 1ro de mayo. Ese día el fiscal expresó que la vista podía celebrarse en ese momento porque era la vista inicial. Sin embargo, por no encon-trarse presente la juez que tenía asignado el caso, se pospuso para el 2 de agosto y luego para el 25. Tras nueve (9) señalamientos, finalmente se celebró la vista inicial el 25 de agosto de 1989, ya expirado el período probatorio. Allí la defensa planteó que no procedía revocarse la sentencia suspendida pues ésta había expirado y no podía existir procedimiento que interrumpiera eso. El Ministerio Fiscal hizo constar que se inició el proceso de revocación dentro del término de la sentencia y que las múltiples suspensiones fueron a solicitud de la defensa. Así, el tribunal de instancia declaró sin lugar el planteamiento de la defensa y determinó causa inicial para revocar la probatoria en cuanto al delito de sustancias controladas. El tribunal determinó “no causa” en cuanto a la revocación de probatoria por el delito de la Ley de Armas de Puerto Rico, pues el procedimiento de revocación se inició luego de cumplida la sentencia suspendida de un (1) año por ese delito.

La vista final fue señalada para el 27 de septiembre de 1989 pero ésta se pospuso, según la minuta de ese día, “por no haberse aún dictado sentencia en el caso que se alega sirve de base para la revocación de probatoria”. Apéndice, Anexo 11, pág. 15. Final-mente, el 30 de octubre se celebró la vista final y las partes estipularon que el probando ya había sido convicto por los nuevos delitos cometidos dentro del período de probatoria. Allí la defensa planteó nuevamente que el período de la sentencia no era susceptible de ser interrumpido. Tras concederle término a las partes, el tribunal emitió una resolución para denegar la moción de falta de jurisdicción de la defensa.

Tras una oportuna reconsideración y otros incidentes proce-sales, el tribunal de instancia acogió la moción de la defensa y desestimó la solicitud de revocación de probatoria por no tener jurisdicción. Concluyó que cuando el motivo de la solicitud de revocación de probatoria es haber incurrido en una nueva con-ducta delictiva, tiene que recaer una convicción por esos hechos antes de la expiración del período probatorio a menos que el probando renuncie a ello. De esta resolución acude ante nos El Fueblo de Fuerto Rico, representado por el Frocurador General, y plantea entre otras cosas que dicha determinación es contraria al ordenamiento y “trastoca y altera el balance de intereses entre el convicto en probatoria y el Estado y contraviene el propósito de la Ley de Sentencias Suspendidas”. Petición de certiorari, pág. 7.

Este caso nos hubiera permitido interpretar el Art. 2A de la Ley de Sentencia Suspendida, supra, y resolver si para revocar una probatoria por “incurrir en conducta delictiva” o “cualquier violación a las leyes vigentes” es necesario que recaiga una convicción por esos hechos antes de expirado el período probato-rio.

) — I

Conforme se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 31 de 29 de mayo de 1986, la Ley de Sentencia Suspendida, 1986 tuvo como propósito armonizar el interés del Estado en la seguridad de la comunidad con el debido proceso de ley al cual también tienen derecho las personas que se encuentran convictas pero cumpliendo su sentencia suspendida.

Como la libertad en que se encuentran los convictos sujetos a esta ley no es una libertad plena, el tribunal les puede imponer ciertas condiciones para que puedan disfrutar de los beneficios de la sentencia suspendida. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.ER. 614, 618 (1985). “. . .[S]ujeto a las condiciones que imponga el tribunal y a su custodia legal hasta la expiración del período fijado en su sentencia”, el probando podrá extinguir su condena fuera del penal. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 721-722 (1987). Véase Maldonado Elias v. González Rivera, 118 D.P.R. 260 (1987), voto particular emitido por el Juez Asociado Señor Hernández Denton. Sin embargo, si incumple con dichas condiciones, el Ministerio Fiscal puede presentar al tribunal, si lo entiende procedente, una solicitud para que se inicie el procedí-, miento de revocación de la probatoria conforme lo dispone la ley. 34 L.P.R.A. see. 1029.

Entre las condiciones que imponga el tribunal deben incluirse obligatoriamente las que dispone el Art. 2A de la Ley de Sentencia Suspendida:

El tribunal sentenciador, en todo caso en que ordene que la persona sentenciada quede en libertad a prueba, impondrá y hará constar por escrito, como parte de las condiciones de la libertad a prueba, el compromiso del probando de no incurrir en conducta delictiva y de no asociarse con personas reconocidas por su participación en actividades ilegales mientras esté disfrutando de los beneficios que le conceden las sees. 1026 a 1029 de este título.
Como condición a la libertad a prueba, la persona sentenciada consentirá a someterse a un programa regular para la detección de presencia de sustancias controladas mediante pruebas confiables que permita su orientación, tratamiento y rehabilitación.
Además, el probando, como condición a su libertad a prueba, consentirá a que, de ser acusado de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable la vista sumaria inicial que dispone la see. 1029 de este título. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de la libertad a prueba. (Enfasis suplido.) 84 L.ER.A. sec. 1027a.

Este artículo obliga al probando a no incurrir en conducta delictiva, a no asociarse con personas conocidas por sus activida-des ilegales y a someterse a pruebas de detección de drogas so pena de que se le revoquen los beneficios de la sentencia suspendida. () También se le impone como condición que con-sienta a que se le celebre la vista sumaria inicial de revocación de probatoria junto con la vista de determinación de causa probable para el arresto por el nuevo delito grave imputado. Esa determi-nación de causa probable es prueba suficiente para revocar provisionalmente la sentencia suspendida.

Por otro lado, la ley dispone que el tribunal podrá “en cualquier momento en que a su juicio la libertad a prueba de una persona fuere incompatible con la debida seguridad de la comu-nidad o con el propósito de rehabilitación del delincuente, revocar dicha libertad y ordenar la reclusión de la persona por el período de tiempo completo señalado en la sentencia cuya ejecución suspendió . . .”. 34 L.ER.A. see. 1029.

Queda claro, pues, que existe una causal de revocación de probatoria general y sumamente abarcadora: la incompatibilidad de la libertad del delincuente con su rehabilitación o con la seguridad de la comunidad. La otra causal, también abarcadora pero limitada a determinados actos o conducta, es la comisión de actos delictivos. Finalmente, la ley provee una causal específica por no querer someterse a las pruebas o al tratamiento. Otras causales específicas son las violaciones a las condiciones particu-lares que se le hayan impuesto al probando en su sentencia.

Respecto a la causal de incurrir en conducta delictiva, debe hacerse clara la distinción entre dos (2) de los eventos que pueden dar lugar a la revocación de una sentencia suspendida: la comisión de actos criminales y la convicción por esos actos. Cuando el estatuto le impone al probando como condición para mantener su “libertad” que no incurra en conducta delictiva, lo que impone es una prohibición abarcadora. Esta cubre el concepto amplio de conducta delictiva y también sus posibles consecuencias, como lo sería la acusación y posterior convicción. Es decir, lo que busca el estatuto no es tan sólo exigirle al probando que no sea convicto por nuevos delitos, sino evitar que incurra en actos o conducta delictiva mientras se encuentra disfrutando de su libertad limi-tada. Esta disposición va encaminada a hacer cumplir el propósito dual del estatuto: la rehabilitación del convicto y la protección de la sociedad. ()

A tenor con estos propósitos, resultaría demasiado oneroso imponerle al Estado y a la comunidad el requisito de obtener una convicción para poder revocar una probatoria por haberse incu-rrido en conducta delictiva.

Como bien expresan Cohen y Gobert en su tratado de sentencias suspendidas y libertad bajo palabra:

. . . [M]any statutes and typical probation and parole orders prohibit violations of certain laws. Accordingly, most courts have held that a criminal conviction is not necessary before the condition is violated. Indeed, an offender can have probation or parole revoked for criminal activity without ever being convicted or even tried for that activity other than in revocation proceedings. However, the violation itself must be proven at the revocation hearing. Proof of an arrest or the filing of charges alone is insufficient. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Cohen & Gobert, The Law of Probation and Parole, Colorado Springs, Shepard’s/McGraw-Hill, 1983, Sec. 6.01, pág. 222.

De igual forma, al analizar el alcance del Art. 2A, supra, la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes entendió que no es necesario para la revocación preliminar o permanente de la sentencia suspendida que recaiga una convic-ción por un nuevo delito ni antes ni después de expirada la probatoria. De hecho, expresó su conformidad en que tan siquiera es necesario que se presente acusación por la nueva conducta delictiva para que ésta constituya causa de revocación. La Comi-sión expresó:

Por otro lado, se ha sostenido, en la jurisdicción federal, que conducta no constitutiva de delito puede dar base a la revocación de la probatoria, que la comisión de un delito es prueba suficiente para sostener la violación de la probatoria, que imputado un delito, no tiene que resultar culpable el probando para que se le revoque la probatoria, bastando que viole las condiciones impuestas a ésta. Además, que procede la revocación de la sentencia suspendida a[u\n habiéndose solicitado el archivo de los cargos por insuficien-cia de prueba. (Énfasis suplido.) Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes sobre el P de la C. 701 de abril de 1986, pág. 5.

Varias jurisdicciones de Estados Unidos han entendido tam-bién que la convicción no es requisito previo para la revocación de una sentencia suspendida cuando el juez sentenciador está satis-fecho de que se incurrió en la conducta delictiva. Véanse: U.S. v. Czajak, 909 F.2d 20, 22 (1er Cir. 1990); United States v. Markovich, 348 F.2d 238, 240 (2do Cir. 1965); Riggs v. United States, 14 F.2d 5, 10 (4to Cir. 1926), cert. denegado, 273 U.S. 719 (1926); Amaya v. Beto, 424 F.2d 363, 364 (5to Cir. 1970); United States v. Ambrose, 483 F.2d 742, 753-754 (6to Cir. 1973); Kirsch v. United States, 173 F.2d 652, 654 (8vo Cir. 1949); United States v. Carrión, 457 F.2d 808, 809 (9no Cir. 1972).

De hecho, nuestro ordenamiento permite la revocación provisional de la sentencia suspendida una vez se determina causa probable para el arresto o citación del probando por haber cometido un nuevo delito grave. 34 L.P.R.A. secs. 1027a y 1029(2). No obstante, debe quedar claro que en Puerto Rico, al igual que en algunas jurisdicciones norteamericanas, la determinación final de revocación de probatoria está regida por el criterio de prepon-derancia de la prueba. 34 L.P.R.A. sec. 1029(3)(b). Este grado de prueba es menor que el requisito indispensable en todo juicio criminal de que la comisión de un delito debe ser probada “más allá de duda razonable”. ()

Es consistente, pues, con este menor quantum de prueba que no haga falta una convicción para que un tribunal de instancia pueda revocar una sentencia suspendida.

Revocation, however, does not always require a new conviction. It can be based in new criminal acts, which may or may not engender a new criminal conviction. All that is needed is sufficient proof of the illegal acts to satisfy the burden of proof used by the jurisdiction in revocation proceedings. Thus, in some jurisdictions a probationer or parolee’s new criminal behavior can justify a revocation if the decisionmaker is satisfied by a preponderance of the evidence that the illegal acts took place. (Citas omitidas.) Cohen y Gobert, op. cit., pág. 500.

La razón de ser para no exigir que recaiga una convicción como requisito previo a la revocación de probatoria por incurrir en conducta delictiva es que, una vez queda demostrado por prepon-derancia de la prueba que el convicto incurrió en dicha conducta y, por ende, que la probatoria fracasó como medio de rehabilita-ción, el Estado tiene un interés apremiante en retirar de la comunidad al ya convicto sin la carga de tener que iniciar y finalizar con éxito un largo y costoso proceso criminal adversati-vo. ()

Por otro lado, cuando recae una convicción por un nuevo delito antes de la vista final de revocación de probatoria basta con que se presente prueba suficiente de la existencia de la misma para que el tribunal pueda, en el ejercicio de su discreción, revocar la sentencia suspendida. La convicción, que fue probada más alia de duda razonable, es prueba suficiente de que se violó una condición de la probatoria. Véase Cohen y Gobert, op. cit., págs. 499-500. A pesar de que, de ordinario, se permitirá al probando explicar la convicción, en un esfuerzo para mitigar su efecto en el procedi-miento de revocación no podrá relitigar las controversias que se resolvieran en su contra en el procedimiento criminal. Cohen y Gobert, op. cit., págs. 510-514; Morrisey v. Brewer, 408 U.S. 471, 490 (1972).

W-f H-i h-1

Según expresamos en nuestra opinión disidente en Pueblo v. Pacheco Torres, supra, el procedimiento de revocación de proba-toria debe iniciarse dentro del período probatorio para que el tribunal mantenga jurisdicción sobre el probando y pueda revocar la sentencia suspendida aun luego de expirado el período de la misma. Con el propósito de garantizar un mínimo del debido proceso de ley al cual tienen derecho las personas que se encuentran en libertad condicionada, expresamos que es necesa-rio que su diligenciamiento se realice dentro de un período razonable.

No basta, pues, con que el Ministerio Fiscal haga su solicitud ex parte de revocación de probatoria, sino que es necesario que el probando sea notificado de que el Estado se propone iniciar la revocación y que se le detallen concisa y claramente las violacio-nes imputadas y, en caso de orden de arresto, la fianza impuesta, si alguna. Véase 34 L.ER.A. see. 1029.

En aras de acelerar el procedimiento de revocación de proba-toria, la ley dispone que se “[e]elebrará una vista sumaria inicial . . . junto con la vista de determinación de causa probable del delito imputado de tal suerte que no se obstaculice la pronta y justa determinación de la misma”. 34 L.P.R.A. see. 1029(2). A esto consiente el probando como condición de su sentencia suspendida. 34 L.P.R.A. sec. 1027a.

También la ley permite al tribunal que consolide ambas vistas “si la vista inicial se suspendiera a petición o por causas atribuibles al probando, a solicitud de su abogado, o cuando el Ministerio Fiscal no solicite o no logre obtener el arresto y encarcelación del probando”. 34 L.ER.A. sec. 1029(3)(c). De esta forma se utilizan más eficientemente los recursos de tiempo y de dinero y se alivia el congestionado calendario de los tribunales. La tendencia es acelerar todo el procedimiento de revocación de probatoria. ()

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En el caso de autos, Miguel A. Rosa Atñes fue detenido y denunciado —dentro del período de probatoria— por cometer otros delitos. A pesar de que se determinó causa probable para su arresto, dicha vista no fue celebrada conjuntamente con la vista inicial de revocación de sentencia suspendida conforme dispone la ley. 34 L.ER.A. see. 1029(2). Sin embargo, el Ministerio Fiscal solicitó más tarde la revocación de la sentencia suspendida porque el probando había incurrido en conducta delictiva. La citación para la vista sumaria inicial fue expedida y diligenciada dentro del período probatorio. De este modo se dio inicio al procedi-miento de revocación de probatoria; el tribunal preservó su jurisdicción sobre el probando y se cumplió con el debido proceso de ley, pudiendo recaer la determinación provisional o final de revocación de probatoria aun después de expirado el término de la misma.

A pesar de que la vista inicial fue suspendida en múltiples ocasiones a solicitud del probando o de su abogado, el tribunal no consolidó la vista inicial con la final conforme le autoriza la ley. 34 L.ER.A. sec. 1029(3)(c). Todas estas dilaciones causaron que el procedimiento de revocación de probatoria se extendiera por más de un año.

Además, aunque había causa suficiente para ello, no le fue revocada provisionalmente su sentencia suspendida tras la deter-minación de causa probable para el arresto ni tras la determina-ción de causa probable para la acusación en la vista preliminar. Por el contrario, el tribunal fue excesivamente generoso al conceder suspensión tras suspensión a petición del probando, con el objetivo de que finalizara el procedimiento criminal que se estaba llevando contra el probando por la comisión de los delitos que motivaron la solicitud de revocación de probatoria. Tal dilación no era necesaria. El procedimiento de revocación de probatoria es independiente del proceso criminal que se pueda estar llevando a cabo contra un probando por otros delitos. Como uno no depende del otro, ambos se pueden celebrar paralela-mente, o uno antes que otro, dependiendo las circunstancias particulares de cada caso.

En el caso de autos se pretendía revocar la sentencia suspen-dida porque el probando incurrió en conducta delictiva durante el período probatorio. Como expusimos anteriormente, no es nece-sario esperar que recaiga una convicción para que proceda la revocación. Basta con que en la vista de revocación final se demuestre por preponderancia de la prueba que el probando cometió los actos delictivos. Por lo tanto, no es correcta la apreciación del tribunal de instancia de que es necesario esperar por una convicción.

Sin embargo, en el caso de autos el procedimiento criminal contra el probando en efecto culminó en la convicción del mismo por los nuevos delitos. Como el procedimiento de revocación fue iniciado dentro del período probatorio, el hecho de que la vista inicial y la vista final se celebraran una vez expirado el período probatorio no tuvo el efecto de despojar de jurisdicción al tribunal. Además, la gran mayoría de las dilaciones en el procedimiento se debieron a peticiones del probando. De esta forma renunció a cualquier planteamiento de incumplimiento con el debido proceso de ley, si alguno, que pudiera haber hecho.

En vista de todo lo antes expresado y de que la convicción es prueba suficiente de que el probando incurrió en una violación a las condiciones de su sentencia suspendida, revocaríamos la determinación del foro de instancia y decretaríamos la revocación de la sentencia suspendida.

      (1) También se dispone expresamente en 34 L.P.R.A. seo. 1028, como causal de revocación de la sentencia suspendida, la negativa del probando a “someterse al programa de pruebas o al tratamiento de rehabilitación que diseñe la Administración de Correc-ción . . .

      (2) Este propósito queda evidenciado en el Art. 3 de la Ley de Sentencia Suspendida, que dispone:
      “. . . Durante el período de libertad a prueba la Administración de Corrección ejercerá el grado de supervisión que estime necesario para lograr la rehabilitación de la persona y proteger a la comunidad. Toda persona puesta a prueba será sometida a un régimen disciplinario de vida y a un plan de tratamiento cuya duración y condiciones quedarán a discreción de la Administración de Corrección, según el problema específico de conducta que plantee la persona puesta a prueba.” 34 L.ER.A. see. 1028.

      (3) En la esfera federal, el requisito es menos riguroso que el de “preponderancia de la prueba”. Allí basta con estar “razonablemente satisfecho” de que ha ocurrido una violación a la sentencia suspendida. Véase, a modo de ejemplo, United States v. Smith, 571 F.2d 370, 372 (7mo Cir. 1978).

      (4) Distinto es el caso de la Ley Núm. 19 de 12 de marzo de 1914, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1030 y 1031. Esta disposición permite imponer sentencias suspendidas en casos menos graves a menores de dieciséis (16) años o mayores de sesenta (60) que no hubieren sido convictos previamente de ningún delito. A tenor con esta ley, la convicción por un nuevo delito de la persona cuya sentencia se suspendió bajo las disposiciones de dicha ley acarrea la nulidad de la sentencia suspendida y el probando debe cumplir la parte de la sentencia que no haya cumplido. Por no ser de aplicación al caso de autos no entramos a discutir el alcance de este estatuto.

      (5) Véase la Ley Núm. 29 de 8 de diciembre de 1990, que provee “un término expedito para que el tribunal celebre la vista para evaluar si existe causa para creer que el probando ha violado las condiciones de la probatoria”. 1990 Leyes de Puerto Rico 647-648.