author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Enrique Casiano Vélez, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor De Jesús Toro, acusado y apelante.

      Números: M-76-28, M-76-30

      Resueltos: 13 de agosto de 1976

      Héctor Lugo Bougal, abogado de los apelantes en los casos M-76-28 y M-76-30; los abogados de El Pueblo no compare-cieron.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos procesales que motivan el incidente ante nos son sencillos: El apelante José E. Casiano Vélez interpuso apelación contra la sentencia condenatoria el 20 de mayo de 1974 habiéndose ordenado la transcripción de evidencia el 15 de octubre de dicho año. El apelante Héctor De Jesús radicó su apelación el 13 de mayo de 1975 y ese mismo día la sala sentenciadora dispuso se preparara la transcripción de la evi-dencia.

En vista de que habían transcurrido aproximadamente pe-ríodos de dos y un año, respectivamente, sin que se hubiesen preparado ni elevado las transcripciones, emitimos el 13 de abril de 1976 una Resolución disponiendo:

“1. Se concede al apelante un plazo de 60 días, contados desde la notificación de la presente, para que prepare una exposi-ción narrativa de aquella parte de la prueba que todavía no hu-biese sido transcrita, en la forma que dispone la Regla 15(d) de nuestro Reglamento.

2. Una vez aprobada la transcripción de evidencia ya termi-nada, y la exposición narrativa de la prueba que ahora ordena-mos, el apelante someterá original y tres copias de cada una a la Secretaría del Tribunal de Instancia, de forma que ambas puedan ser elevadas a este Tribunal, junto con el expediente original, a tono con las disposiciones de la Regla 35(d) de nuestro Reglamento.”

A una moción del apelante Casiano Vélez del 20 de mayo de 1976 proveimos:

“Vista la moción presentada por el apelante el 28 de abril último, cumpla el apelante nuestra resolución de 13 de abril de 1976 preparando la exposición narrativa de la prueba con los medios a su disposición inclusive las notas del Juez Felipe Ortiz Ortiz quien presidió el juicio. No ha lugar a la alternativa de transcripción de evidencia propuesta por el acusado en su re-ferida moción.”

Mediante mociones adicionales los apelantes reiteran la solicitud de transcripción de la prueba oral y objetan nues-tras resoluciones aduciendo en síntesis los siguientes funda-mentos : Que a la fecha que se celebró la vista del caso existía legislación concediendo al acusado el derecho de apelación ante este Tribunal . . fundando su razonamiento jurídico sobre la base de una transcripción fiel y exacta de la evidencia que desfiló en el proceso criminal”, por lo que resultaban inconsti-tucionales nuestras órdenes al menoscabar “... indirectamente un derecho sustantivo del acusado, ya adquirido . . . .” en vir-tud de lo dispuesto en la See. 6, Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; que la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha esta-blecido que es inconstitucional denegar una transcripción de evidencia en una apelación ordinaria de un caso criminal; y que debido al tiempo transcurrido, falta de memoria y al haber descansado en un derecho adquirido a la fecha de la ventilación del proceso “.. . no le es posible preparar con fidelidad y exac-titud la Exposición Narrativa . ...” de lo acaecido en la vista del caso en su fondo.

I

La naturaleza de los planteamientos exige que apuntemos brevemente las premisas básicas sobre las cuales descansa el derecho de apelación en casos criminales en nuestra jurisdic-ción y cómo este derecho afecta la transcripción de la prueba oral.

En Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974), por voz del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué señalamos:

“La apelación en el Derecho penal puertorriqueño no es auto-mática como lo es, por ejemplo, en el estado de California en casos en que se impone la pena capital. Véase Chessman v. Teets, 354 U.S. 156 (1957). Nuestro Derecho procesal es rogado. Se presume que los tribunales actúan con corrección. Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Pueblo v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607, 628 (1966); Escalera v. Armenteros, 74 D.P.R. 11 (1952). Compete al apelante la obligación de demostrar lo contrario. El recurso de apelación no es una expedi-ción de pesca en el mar de la transcripción de las pruebas. Las pruebas se transcriben para demostrar que se han cometido de-terminados errores y no para ser examinadas por el abogado del apelante con miras a determinar si hay en ellas base para sos-tener el recurso de apelación. Se apela cuando se tiene la con-vicción de que se han cometido errores que ameritan la revoca-ción. No se apela por apelar.” (Énfasis suplido.)

Adicionalmente, debemos destacar: (1) el principio pre-valeciente desde inicios de siglo de que simples errores, que no afectan los derechos sustanciales de un acusado, no con-llevan la revocación de la sentencia, Pueblo v. San Miguel, 5 D.P.R. 177 (1904); Pueblo v. Bird, 5 D.P.R. 189 (1904); Pueblo v. Rivera, 9 D.P.R. 505 (1905); (34 L.P.R.A. sec. 1171); (2) la vigencia de la norma, como razón para desesti-mar una apelación, de que “. . . el recurso es frívolo” (Regla 212(d) de Procedimiento Criminal en vigor desde el 30 de julio de 1963); (3) y la reiteración de la regla de que ordina-riamente no intervendremos con la apreciación de la prueba y credibilidad estimada por el jurado o por el Tribunal de Derecho.

A la luz del marco doctrinario expuesto, examinemos los méritos de los planteamientos. La Regla 199 de las de Proce-dimiento Criminal reza:

“Salvo lo que más adelante se dispone, las apelaciones se ventilarán con vista de los documentos originales que obren en autos j de la transcripción de la prueba oral, los que constitui-rán el expediente en apelación.” (Énfasis suplido.)

Las Reglas 200 y siguientes regulan el trámite de designa-ción de la prueba oral total y parcial, y la 208, que fija un método sustituto a la transcripción de las notas taquigráficas en el perfeccionamiento de una apelación, dispone:

“En caso de que no se hubieren tomado notas taquigráficas de la prueba o de los procedimientos durante una vista o juicio, o que por cualquier razón dichas notas no pudieren transcribirse, el apelante podrá preparar una exposición de la prueba o una relación de los procedimientos, usando para ello los mejores medios disponibles, incluyendo su recuerdo, para ser usada en lugar de una transcripción taquigráfica. Esta exposición o rela-ción se notificará al fiscal, quien deberá presentar sus objeciones o proponer enmiendas, dentro de los diez días de notificado. In-mediatamente después, dicha exposición o relación con las ob-jeciones o enmiendas propuestas, se someterá al Tribunal Superior para su resolución y aprobación, y el secretario de dicho tribunal las incluirá, así resueltas y aprobadas, en el expediente de apelación.” (Énfasis suplido.)

En Pueblo v. Prieto Maysonet, supra, al interpretar la citada regla dijimos:

“La Regla 208 tiene como antecedente inmediato el Art. 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal aprobado el primero de marzo de 1902, 34 L.P.R.A. see. 1081, derogado por la Regla 254 de Procedimiento Criminal, hoy redesignada como Regla 255 por la Ley Núm. 199 de 23 de julio de 1974. Dicho Art. 356 re-quería que para perfeccionar su apelación el apelante preparara y sometiera para aprobación del juez sentenciador, dentro de los diez días siguientes al archivo de la sentencia, un pliego de ex-cepciones y exposición del caso. Como alternativa permitía al apelante solicitar una transcripción de las declaraciones ofre-cidas y tomadas, de las pruebas practicadas, y de las resoluciones, actos y manifestaciones del tribunal y de las objeciones del fiscal y del abogado y cuestiones con ellas relacionadas. En la prác-tica se invirtió el procedimiento y se generalizó el uso del método alterno, es decir, la transcripción. La Regla 208 parte de ese supuesto y recurre al método de exposición de la prueba o rela-ción de los procedimientos como sustituto del método de trans-cripción de las pruebas.
Es inescapable la conclusión de que bajo el Código de En-juiciamiento Criminal no era, ni bajo las Reglas de Procedi-miento Criminal es, imprescindible, para el perfeccionamiento de la apelación, transcribir las pruebas.” (Énfasis suplido.)

La interpretación armoniosa y racional de las reglas citadas nos lleva a concluir que no es correcta la proposición de que nuestro ordenamiento jurídico reconoce, como derecho absoluto la obtención de las notas taquigráficas y de que ello pueda caracterizarse como un derecho sustantivo. Desde el año 1963, hasta el presente, la consecución de tales notas, no sólo está condicionado al cumplimiento estricto por la parte concernida de los trámites de rigor establecidos en las reglas, sino también implícitamente en que tales notas sean susceptibles de ser preparadas y producidas con razonable prontitud.

Estamos comprometidos a inyectarle rapidez a los proce-dimientos judiciales en primera instancia y a darle máxima vigencia al concepto constitucional de “juicio rápido”. En la medida en que podamos extender su espíritu a la etapa apela-tiva, para beneficio de los convictos apelantes y de la socie-dad, lo haremos. Así lo anticipamos en Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369 (1974), en el cual, en vista de la extraor-dinaria tardanza de ocho (8) años transcurrida en perfec-donarse el recurso por razones del trámite de la transcripción, indicamos:

“El caso ilustra en este respecto la necesidad de acelerar nota-blemente los procedimientos para impedir demoras que afectan los derechos del acusado y perjudican la administración de la justicia y su buen nombre. La ventilación en grado apelativo de los asuntos criminales debe sujetarse a las normas de premura requeridas en buena civilización por toda cuestión que envuelva la libertad de un ser humano.”

Mediante Resolución del 14 de agosto de 1974 adoptamos una enmienda al efecto a la Regla 10(f) de nuestro anterior Reglamento disponiendo:

“(f) En caso de que el taquígrafo que hubiere tomado las notas del juicio falleciere, se incapacitase o se ausentare, hechos éstos que deben probarse a satisfacción de este Tribunal, y no fuere posible radicar la transcripción de la evidencia, o en casos en que este Tribunal, con miras a acelerar los 'procedimientos o servir de otro modo los fines de la justicia, así lo ordenara, el apelante o el recurrente en apelación, dentro de un término ra-zonable que a esos efectos le conceda el tribunal de instancia, o este Tribunal en los casos que así lo hubiere ordenado, prepa-rará una exposición en forma narrativa de la evidencia que se hubiere presentado y pliego de excepciones o de la prueba o relación de los procedimientos que disponen la Regla 54.11 (a) de Procedimiento Civil y la Regla 208 de Procedimiento Criminal que deberá ser aprobado y certificado por el juez que conoció y resolvió el asunto.” (Lo subrayado constituye la enmienda adi-cionada.)

En 10 de diciembre de 1974, fecha en que certificamos Pueblo v. Prieto Maysonet, supra, emitimos también la opinión Per Curiam en el caso de Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974) y expresamos lo siguiente:

“Un solo error apunta el apelante: no haber renunciado ex-presa e inteligentemente al derecho a ser juzgado por jurado.
Para sostener este apuntamiento, el apelante acompaña el récord taquigráfico completo de todas las incidencias del juicio (252 páginas a maquinilla) cuando el incidente a que se contrae su recurso se transcribe en sólo tres páginas. No cumple con su deber un abogado que hace transcribir todas las notas taquigrá-ficas de un juicio, ocasionando gastos a su cliente y que además le toma el tiempo al taquígrafo que puede dedicarlo a otras trans-cripciones, causando dilación en la tramitación de otros recur-sos, cuando sólo necesita la transcripción de un incidente especí-fico; especialmente cuando es el mismo abogado el que repre-sentó al apelante en el tribunal de instancia.”

Y recientemente, en la opinión del caso de Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976), expusimos:

“No podemos pasar por alto que el apelante obtuvo innecesa-riamente toda la transcripción de la prueba a pesar de que afir-mativamente expresa en su alegato que los errores señalados no tienen relación alguna con la prueba. Ello ha causado la demora indebida del trámite de apelación. La transcripción inútil de prueba ejemplificada por este caso, es la mayor causa de conges-tión y demora en el perfeccionamiento del proceso apelativo. Véase Rodríguez v. Commonwealth Insurance Co., 104 D.P.R. 879 (1976).
La actuación del abogado del apelante al recargar indebida-mente el trámite judicial con una transcripción total de la prueba que era evidentemente fútil revela una actitud desconsiderada hacia los procedimientos judiciales que merece nuestra más enér-gica reprobación.”

La justificación de la promulgación de la Regla 10(f) antes transcrita, reafirmada en la Regla 15(d) del Regla-mento vigente, se basa no sólo en la interpretación de las Reglas de Procedimiento Criminal, sino en los innumerables fallos judiciales de este Tribunal y los libros de Registro de Causas Criminales de su Secretaría, que testimonian elocuen-temente la tardanza tradicional e irrazonable habida en adju-dicar las apelaciones criminales radicadas, debido esencial-mente a la demora en el perfeccionamiento de los recursos por razón de la lentitud en la preparación de las transcripciones.

Por vía ilustrativa, tomamos conocimiento judicial del contenido exacto de nuestros Registros de Causas Criminales desde el 1ro. de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1975. A tal efecto, acopiamos la información relacionada con la fecha en qne se dictó cada sentencia en el Tribunal Superior, la hemos confrontado con la fecha en que finalmente se ele-varon los autos y la transcripción, y tabulado científica-mente la data estadística pertinente.

El cuadro estadístico que unimos corrobora ampliamente el fenómeno de morosidad que ha aquejado el trámite sobre transcripción de evidencia. Se desprende que de un total de 593 apelaciones criminales, durante el período de cinco (5) años, solamente en 97 casos (16.4%) las transcripciones de evidencia estuvieron listas en el término razonable menor de seis meses; en los restantes 496 casos (83.6%) el término os-ciló entre 6 meses y 4 años, de los cuales más de la mitad, 327 casos (55%), tomaron entre uno (1) y cuatro (4) años.

Entre la combinación de factores múltiples que han inter-venido y propiciado esta situación, cabe mencionar la costum-bre de presentar solicitudes automáticas de toda la transcrip-ción en la mayoría de casos apelados; la dilación en la con-signación de honorarios del taquígrafo cuando éstos proceden; el aumento vertiginoso de radicaciones de causas criminales y civiles en los tribunales de instancia, cuya ventilación exige la constante presencia de los taquígrafos en las salas y les reduce el tiempo disponible para transcribir notas; y la escasez de estos funcionarios. No obstante las medidas adoptadas en-caminadas a solucionar el problema, tales como la eliminación del requisito de transcribir todo caso ex parte y el dotar varias salas con máquinas modernas para perpetuar y repro-ducir la prueba oral, nos enfrentamos al volumen de asuntos judiciales en continuo ascenso, lo que unido a las limitaciones presupuestarias de la rama judicial, han impedido superar esta falla clásica en nuestro sistema de administrar justicia.

Ello nos movió a hacer la siguiente advertencia en Pueblo v. Rolón Marxuach, 104 D.P.R. 690 (1976), en el que se ob-tuvo automáticamente la transcripción de toda la prueba oral para luego argumentarse un planteamiento de derecho:

“El costo social de esta apelación ha sido desproporcionado en horas de servicio público destinadas a la sórdida labor de trans-cribir 471 páginas de récord inútil enajenando al taquígrafo de otras funciones de provecho y urgencia para la administración de justicia, y en tiempo adicional de funcionarios en los trámites hasta la decisión final. La defensa de acusados debe integrarse sin privilegios a los procesos vitales de la sociedad democrática, sin sacrificarla con recursos estériles. El derroche de tiempo útil en la provisión -de justicia justificó plenamente la Regla 15 de nuestro Reglamento y fortalece la corriente reformista que ya apunta hacia una ulterior modificación del proceso apelativo que sujetaría la aceptación del recurso a discreción del tribunal de última instancia, método seguido en el procedimiento civil. Las apelaciones frívolas se encargarán de precipitar la poda de hoja-rasca exhuberante que entorpece el curso procesal. Cf. Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 D.P.R. 96 (1975).”

El mecanismo intermedio que sirve el propósito de cum-plir con nuestra misión constitucional de adjudicar con razo-nable rapidez los casos criminales que se apelan — sin menos-cabar los derechos sustantivos de las partes y sin que se haga necesario el abrir a discusión en nuestro sistema de adminis-trar justicia la deseabilidad o no de convertir el derecho abso-luto de apelación en uno de carácter discrecional — radica en que ejercitemos nuestra facultad supervisora regulando la concesión indiscriminada de las transcripciones de prueba oral limitándolas a aquellos casos en que verdaderamente se justi-fique ,su procedencia. La adopción de la “regla de necesidad”, a través de la Regla 15 (d) de nuestro Reglamento, a los fines de una apelación criminal, sigue una regla promulgada desde el 14 de agosto de 1974, reconocida implícitamente en las Reglas de Procedimiento Criminal, y en perfecta congruencia con la norma de hermenéutica en el sentido de que las mism'as se . . interpretarán de modo que aseguren la tramitación justa de todo procedimiento y eviten dilaciones y gastos in-justificados.”

II

En torno al argumento de inconstitucionalidad en orden a decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los apelantes descansan en el caso de United States v. MacCollom, del 10 de junio de 1976, 44 L.W. 4811, el cual por sus hechos no es aquí aplicable ni sostiene tal posición. Dicho caso versa sobre el derecho de un convicto indigente a obtener una trans-cripción en un trámite colateral atacando una sentencia con-denatoria, y no resuelve que el derecho a la transcripción de evidencia es absoluto cuando se trata de una apelación directa de la convicción.

La interpretación de las Reglas de Procedimiento Criminal y de nuestro Reglamento en lo concerniente a las trans-cripciones no establece diferencia alguna en cuanto a apelan-tes insolventes y los solventes que sean capaces de irrogar los honorarios que correspondan. Su concesión se determina atendiendo el criterio de necesidad, independientemente de la condición económica del interesado, en unión al factor tiempo que tomará su preparación.

Contrario a la conclusión de los apelantes respecto al alcance del caso de United States v. MacCollom, supra, la doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce que una apelación criminal no implica de jure la obtención de la transcripción de evidencia. En tal sentido son orientadoras las expresiones vertidas en Mayer v. City of Chicago, 404 U.S. 189 (1971), que a continuación reproducimos:

“Una [transcripción] ‘íntegrá de los autos’ no se transforma automáticamente en una transcripción total palabra por palabra. En el caso de Griffin dijimos que ‘hay otros medios’ que un Estado puede proveer [que no sea el de las transcripciones ta-quigráficas para] proporcionar a los acusados indigentes una revisión en apelación lo suficientemente adecuada y efectiva. 351 U.S. a la página 20. En Draper v. Washington, supra, considera-mos este asunto más detalladamente en las páginas 495-496 donde dijimos: ‘Se permiten los métodos alternos para narrar los procedimientos de un juicio siempre que éstos sometan ante el tribunal de apelaciones un informe equivalente de los hechos que surgieron en el juicio y que dan lugar a los argumentos del ape-lante. Una declaración de los hechos con la que ambas partes estén de acuerdo, una relación completa, basada tal vez, en las minutas del juez sentenciador tomadas durante el juicio, o, en las notas aún no transcritas del taquígrafo de récord, o un es-crito de excepciones, constituyen sustitutos adecuados, tan bue-nos como una transcripción. Además, hay casos en que alguna porción o tal vez toda la transcripción taquigráfica no es perti-nente para la consideración de la apelación, y en tales circunstan-cias un Estado no vendrá obligado a gastar sus fondos inútil-mente. Si, por ejemplo, los hechos impugnados, se refieren sólo a la validez del estatuto o a la suficiencia de la acusación sobre la cual se basó el fallo condenatorio, la transcripción es improce-dente y no es necesario proporcionarla. Si el señalamiento de errores se refiere solamente a las decisiones basadas en la eviden-cia o a la suficiencia de la misma, la transcripción que se provea, puede muy bien circunscribirse a las partes relativas a dichas cuestiones. Aun cuando una cuestión de este tipo esté envuelta, no obstante, no es indispensable el proporcionar los autos de procedimientos relativos a una alegada falta de prueba sobre un punto que, como cuestión de ley, es irrelevante a los elementos del delito por el cual el acusado ha sido hallado culpable. El hecho de que en los ejemplos que hemos considerado, un apelante con recursos decida gastar su dinero para incluir innecesaria-mente en su expediente toda la transcripción, no quiere decir que el Estado deba usar sus fondos para proveer algo que no es necesario para revisión en apelación.’ ” (Énfasis suplido.) Págs. 194-195.

Y abundantes en pragmatismo judicial son las manifesta-ciones del Juez Presidente Señor Burger:

“Concurro con la opinión de la mayoría pero añado estas observaciones, principalmente, con el propósito de recalcar que en la mayoría de los casos se pueden encontrar otras alternativas para la transcripción completa, palabra por palabra, de un juicio. Las referencias a lo dicho en Draper v. Washington, 372 U.S. 487 (1968), enfatizan uno de los deberes de los abogados como funcionarios de la corte que debe ser el tratar de obtener solamente lo que sea necesario para sus casos. En la mayoría de los casos, contrario a éste, los hechos esenciales no están en controversia en apelación, o de haber una controversia, ésta gira sobre ciertos aspectos limitados del caso. Basta con examinar los alegatos de las apelaciones para darnos cuenta que la controver-sia sobre los hechos en la etapa de apelación, es generalmente reducida.
Todo tribunal activo está plagado de solicitudes de transcrip-ciones libre de derechos en casos criminales. Mi propia experien-cia a través de los años, ha demostrado que los abogados contra-tados por personas privadas son, generalmente, más parcos en sus requerimientos ya que el cliente es quien tiene que pagar los gastos incurridos en el proceso. Desafortunadamente, una de las consecuencias producidas por el ‘Criminal Justice Act’ y sus con-trapartes estatales fue que cuando el pueblo es quien paga las costas, los abogados son algunas veces más desmedidos en sus demandas, o doblegan su juicio profesional a los deseos del cliente. Aquí está envuelto algo más que la cuestión de las costas. Una sociedad opulenta no debe ser mezquina cuando de la justi-cia se trate, ya que el sistema no persigue la economía como obje-tivo; el verdadero vicio consiste en la subsiguiente demora en lograr las transcripciones y consecuentemente en la determina-ción de la apelación. Cuando un apelante se excede en sus de-mandas con el propósito de dilatar la decisión final de la apela-ción, por estar, por ejemplo, en libertad hasta que se vea la apelación, el abogado que coopera con esa actitud está incurrien-do en conducta anti-ética.
Estoy muy de acuerdo con el Sr. Juez Brennan en cuanto a que se deben proveer ‘los autos completos y al pie de la letra siempre que sea necesario ....’, pero los jueces y los abogados están en la obligación de evitar todo abuso que tienda a dilatar el proceso.” Págs. 199-201.

Compartimos esta línea de pensamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nuestro sistema de justicia que sirve a una sociedad hoy integrada por más de tres millones de personas, está llamado a evolucionar dentro del concepto del debido proceso de ley, renovándose en continua adap-tación a las nuevas exigencias de la realidad social, superiores en su urgencia a la particular preferencia de alguno que otro acusado respecto a la forma de ejercitar su reconocido derecho de apelación. El requisito de que el apelante justifique la nece-sidad de la transcripción de la prueba oral es prevención razo-nable contra el abuso de ese derecho en el pasado, convertido en pretexto para demorar la decisión final del caso. El sistema de justicia criminal debe rodearse de los necesarios mecanis-mos para preservar su vitalidad y eficacia al servicio del bien común.

III

Finalmente, no nos persuade en esta etapa de los proce-dimientos el argumento de los apelantes en el sentido de que debido al tiempo transcurrido, falta de memoria y el descan-sar en un derecho adquirido, les resulta imposible preparar con fidelidad y exactitud la Exposición Narrativa de la Prueba requerida.

Debemos presumir que los apelantes y su abogado al mo-mento de radicar sus respectivas apelaciones, tenían el con-vencimiento pleno de que en los tribunales de primera instan-cia se cometieron determinados errores sustanciales y de im-pacto que ameritan la revocación o modificación de sus con-vicciones. El proceso mental que ello genera no opera en el vacío sino con referencia a un marco particular de hechos, circunstancias y procedimientos acaecidos, que ordinaria-mente dejan en los participantes una marcada huella difícil de borrar. Se impone una deliberación ulterior al respecto y que los apelantes y su abogado realicen las diligencias de rigor conducentes a la preparación de la Exposición Narrativa, entre las cuales están el examinar las notas propias del abogado, consultar las del fiscal y las del magistrado que intervino y la lectura por el taquígrafo de las mismas.

En. consideración a lo expuesto, resolvemos que la obtención de una transcripción de la evidencia oral en apelaciones criminales, no es un derecho absoluto ni sustantivo y que las reglas y trámites adoptados en nuestro anterior Reglamento y el vigente son válidas por no contravenir la See. 6 del Art. V de la Constitución. Se dictará Sentencia declarando sin lugar las mociones sobre transcripción total de evidencia, viniendo obligados los apelantes — bajo apercibimiento de desestimación por abandono y frivolidad — a cumplir con nuestras Resoluciones fechadas 13 de abril y 20 de mayo de 1976.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

       Hemos optado por consolidar el presente dictamen por plantear el incidente procesal cuestiones comunes y estar ambos apelantes represen-tados por el mismo abogado.

      La Sec. 5 de la Ley del 10 marzo de 1904 (32 L.P.R.A. sec. 1489) quedó afectada por las Reglas de Procedimiento Criminal antes referidas, y no constituye fuente estatutaria para sostener la existencia de un derecho irrestricto a una transcripción de evidencia.

      Por ser abundante, optamos por unir a los originales de ambos casos, el desglose detallado de toda esta información, anexando únicamente a la presente opinión el cuadro estadístico correspondiente a los cinco (5) años examinados.

       Véanse Pueblo v. Vega Cruz, 105 D.P.R. 1 (1976); Díaz v. Gaud, 104 D.P.R. 602 (1976).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Rigau.

license: Public Domain

text:
    Juan M. García Passalacqua, recurrente, v. Tribunal Electoral, recurrido.

      Número: O-76-302

      Resuelto: 13 de agosto de 1976

      Juan M. García Passalacqua, por derecho propio; Eugenio S. Belaval, Procurador Electoral, y Héctor Ricardo Ramos Díaz, Procurador Electoral Alterno, abogados del Partido Nuevo Progresista; Héctor Luis Acevedo, Procurador Electoral, abo-gado del Partido Popular Democrático; Felipe Girino Colón y Reinaldo Pérez Ramírez, Procuradores Electorales, abogados del Partido Socialista Puertorriqueño; Ramírez & Rivera, abogados del Tribunal Electoral.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Ante el postulado constitucional de que el sistema político puertorriqueño está organizado sobre una base plenamente democrática, y la íntima relación que el mismo tiene con la certeza y estabilidad del proceso electoral, acordamos expedir y disponer en sus méritos el presente recurso de revisión.

Aduciendo ser inconstitucionales, el recurrente Juan M. García Passalacqua impugna las reglas 3.1.1 y 5.2.2(d) promulgadas por el Tribunal Electoral para regir en los pró-ximos comicios la elección de los candidatos por acumulación. En síntesis estas reglas autorizan a los partidos políticos a nominar hasta once (11) candidatos a tales cargos; permite a los partidos determinar el precinto en que figurará en primer lugar en la papeleta electoral determinado candidato; y establece que el voto íntegro por un partido político se adju-dicará a favor del candidato que aparezca en primer término.

Apoya el recurrente sus planteamientos argumentando que la Convención Constituyente rechazó expresamente la práctica de que los partidos políticos limitasen el número de candida-tos a nominarse a los cargos por acumulación; que el Código Electoral vigente derogó la sección de la antigua ley que per-mitía a los partidos determinar en qué precintos figuraría cada uno, sustituyéndola por el Art. 1-003, incisos 27 y 28 (16 L.P.R.A. see. 2003 (27) y (28)); y que tales reglas violan los derechos constitucionales de libre expresión y asociación, la igual protección de las leyes y el precepto de que el voto sea igual, directo y secreto. Por último señala, como objeción principal, que ello constituye una redistribución extraoficial ilegal que contraviene las disposiciones de la See. 4 del Art. Ill de la Constitución que fija la labor de revisar los distritos en la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos-.

El Tribunal Electoral, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista radicaron sus respectivos ale-gatos dentro del término concedido exponiendo diversos argu-mentos en contra de tales planteamientos. El Partido Socia-lista Puertorriqueño no presentó el suyo, solicitando la cele-bración de una vista oral, la cual denegamos el 4 de agosto en consideración a que nuestra Resolución del 13 de julio de 1976 — notificada el día 14 a su Procurador Electoral — aperci-bía a todas las partes, que una vez transcurrido el término para comparecer, el caso quedaría sometido para decisión en los méritos.

I

En su perspectiva histórico-jurídica, la concepción del cargo y la elección de legisladores por acumulación en Puerto Rico es una combinación del método de representación pro-porcional y territorial, que se remonta a la Carta Orgánica del 1917, la cual en' sus Arts. 26 y 27 respectivamente dispo-nía la elección — en adición a los miembros fijos correspond dientes a los distritos senatoriales y representativos — de cinco senadores y cuatro representantes por acumulación. La pieza legislativa aprobada entonces para regular el trámite rela-cionado con el proceso electoral fue la Ley Núm. 79 de 25 de junio de 1919 — denominada Ley Electoral y de Inscripciones —la que en su See. 43 ordenaba la impresión separada de dos clases de papeletas: una nombrada “papeleta general” a usarse para todo cargo electivo, con excepción de los candi-datos por acumulación los que se consignaban y votaban en una “papeleta especial”. La ley nada mencionaba sobre la in-tervención de los partidos políticos respecto al orden de im-presión en que figurarían dichos candidatos en la papeleta.

Mediante la Ley Núm. 84 de 8 de mayo de 1936, esta sec-ción fue enmendada eliminándose las dos papeletas y prove-yéndose una sola denominada “papeleta electoral”, la cual con-tendría “. . . todos los candidatos de elección en cada mu-nicipio y precinto de la Isla.” En lo relativo a los candidatos por acumulación se aclaró que “. . . el Superintendente General de Elecciones ordenará la impresión de los nombres de Senadores y Representantes por acumulación en el mismo orden en que le fueren certificados para cada municipio o pre-cinto por el organismo director central del partido con derecho a proponer dichos candidatos”; y, además, se adicionó la See. 37a contentiva del siguiente lenguaje : “Los partidos políticos al expedir las certificaciones relacionadas con los candidatos para senadores y representantes por acumulación, lo harán por precintos electorales y será deber del Superintendente General de Elecciones ordenar la impresión de los nombres de dichos candidatos en la papeleta electoral por el orden en que le fueron certificados al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico por los organismos directivos centrales de los partidos princi-pales o partidos por petición.”

El método de seleccionar candidatos por acumulación y los textos de ley transcritos, permanecieron inalterados antes, durante y después de la aprobación de la Constitución hasta la vigencia del Código Electoral (Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974; 16 L.P.R.A. sec. 2001 etseq.).

El legajo de la Convención Constituyente demuestra que la organización, composición y procedimiento del cuerpo legis-lativo y la selección de sus miembros fue objeto de amplio estudio y deliberación. Para sostener que el sistema de elección de los candidatos por acumulación fue repudiado por dicho foro, el recurrente descansa en las recomendaciones con-tenidas en el informe preparado por la Escuela de Administrá-ción Publica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.P.R. que forma parte de la compilación publicada bajo el nombre de La Nueva Constitución de Puerto Rico, y en el resultado de votación de una enmienda propuesta a la Asamblea Cons-tituyente por el delegado Sr. José Rosario Gelpí.

El informe de la Escuela de Administración Pública seña-laba:

“La elección de representantes y senadores por acumulación asegura una mayor proporcionalidad en la representación. En la actualidad, y según las disposiciones de la Ley Orgánica, nueve de los cincuenta y ocho miembros de la legislatura bicameral se eligen sobre la base de que cada elector puede votar por uno solo de los candidatos que los respectivos partidos pro-ponen a toda la isla, sin limitaciones referentes a los distritos. Debería aumentarse el número de legisladores a elegir de esta manera. Y así se ofrecerían a las minorías mejores oportuni-dades para elegir un porcentaje de representantes en armonía con los votos que cada una consiga. Esta reforma también haría posible la elección de más hombres con respaldo general, que no dependan tanto de las organizaciones locales de los partidos.
Convendría considerar, sin embargo, el establecimiento de un sistema más puro de representación proporcional para la referida clase de delegados. El que ahora existe obliga a los partidos a dividir la isla, extraoficialmente en distritos presen-tando en cada sector los candidatos correspondientes, de modo que se distribuya por igual el total de votos y no quede ninguno de esos candidatos sin elegir por un mero error de cálculo. Es realmente una mezcla del sistema proporcional con el territorial, que hasta cierto grado obliga a los candidatos a contar con res-paldo de carácter regional y que se presta a injusticias por mo-tivos de matemática electoral. Mejor sería el voto por listas, legalmente establecido, para tal clase de legisladores. Según éste, cada partido podría postular en orden de preferencia sus candi-datos, y los electores votarían por partidos, eligiendo cada uno de ellos un número de candidatos de la lista respectiva correspon-diente a su porcentaje de votos.” Op. cit., págs. 264-265. (Én-fasis suplido.)

En resumen, a la Asamblea Constituyente se le hicieron las siguientes observaciones y señalamientos: necesidad de corregir la situación electoral de los partidos de minoría, garantizando su presencia en la Legislatura; aumento en el número de escaños legislativos por acumulación como método de asegurar mayor proporcionalidad; reconocimiento y crítica del sistema prevaleciente de elección de tales cargos mediante el cual los partidos políticos dividían la isla, extraoficialmente, en varios distritos electorales; y sustitución del sistema para que la elección de los mismos fuera a través de listas.

Dichas recomendaciones sólo se adoptaron parcialmente, ya que la composición y organización actual del Poder Legis-lativo quedó establecida siguiéndose sustancialmente la pro-posición sustituía formulada por la Comisión concernida, que leía así:

“Sección 1. El Senado se compondrá de veintisiete senadores y la Cámara de Representantes de cincuenta y un representantes, [excepto cuando dicha composición resultare aumentada en al-guna de las cámaras a virtud de lo que se dispone en la sección 4.]
Sección 2. Para los fines de la elección de la Asamblea Legis-lativa, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales cada uno de los cuales elegirá dos senadores, y en cuarenta distri-tos representativos, cada uno de los cuales elegirá un represen-tante, estando compuesto cada distrito senatorial de cinco distri-tos representativos.
Se elegirán además once senadores por acumulación y once representantes por acumulación, y resultarán electos los candi-datos que reciban el mayor número de votos para tales cargos. Cada elector no podrá votar por más de un candidato para sena-dor por acumulación ni por más de un candidato para represen-tante por acumulación.” 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, pág. 1274.

En virtud de esta disposición, en unión a la See. 7, se au-mentaron los miembros regulares en ambos cuerpos y los cargos a candidatos por acumulación y, como excepción a la composición numérica básica, se vislumbró y autorizó la re-presentación de partidos de la minoría.

No hay constancia de repudio alguno de parte de la Con-vención Constituyente al sistema de designación y selección por los partidos políticos de los candidatos por acumulación. La contención del recurrente al efecto es errónea. El dele-gado señor Gelpí infructuosamente intentó eliminar los cargos de senadores y representantes por acumulación, expresando como fundamento que la papeleta electoral sería demasiado “grande”, proponiendo un sistema, a su juicio, menos com-plicado que el entonces bajo discusión y finalmente aprobado. Su enmienda proponía dividir la isla en ocho distritos electo-rales, fijaba el Senado en veinticuatro (24) miembros y la Cámara en cincuenta y seis (56) y proveía que cada partido político — aun cuando podía nominar tres (3) candidatos al Senado y siete (7) a la Cámara por cada distrito — no podría elegir más de dos (2) senadores ni cinco (5) representantes, independientemente del número de votos que hubiese obtenido, ante lo cual se proclamarían electos los tres (3) candidatos al Senado y los siete (7) representantes de los otros partidos políticos que hubiesen obtenido mayor número de votos en el distrito electoral correspondiente. 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, págs. 1279-1280; 1286-1288.

A tono con la composición descrita es que dicho delegado propuso el texto en que el recurrente apoya su planteamiento, a saber: “Cada partido u organismo político que hubiera nomL nado candidatos para senadores o representantes o para ambos cargos determinará el orden en que desee figuren sus respectivos candidatos en la papeleta oficial de votación, bien por distritos electorales o por municipios.” Dicha en-mienda fue derrotada por la Asamblea al igual que el resto de la propuesta.

De lo expuesto, resalta a la vista que la enmienda no se refería ni podía aplicarse a los candidatos a legisladores por acumulación. Formaba parte integrante de una propuesta total que precisamente, entre sus objetivos, eliminaba la exis-tencia de tales cargos. Es erróneo por lo tanto atribuir a este incidente un repudio al método prevaleciente durante la época en que se discutió y aprobó la Constitución.

Contrario a la posición del recurrente, dicho debate y el subsiguiente, nos lleva a concluir que los redactores de nuestra Constitución no se manifestaron en contra de eliminar los cargos por acumulación y de sustituir el sistema de selección en vigor, del cual estaban conscientes:

“Sr. Gelpí: . . . [C]ada partido [se] autoriza a presentar once nombres para representantes y once candidatos para sena-dores. Ahora, que cada partido después escoja cualquier número menor de candidatos, es una cosa completamente distinta. Pero la ley es la ley. Y las votaciones se hacían anteriormente — y fue a propuesta mía, yo fui quien redacté ese proyecto de ley de que los candidatos at large se colocaran por los municipios en el orden que quisiera cada uno de los partidos políticos y que el elector que no sabe leer ni escribir y vota debajo de la insignia, está votando el primer candidato que figura allí en el municipio en que está votando. Esa enmienda la hice yo a la ley electoral. Por eso es que conozco mejor que muchos ese procedimiento.
Sr. Rivera Reyes: Señor Presidente: para una pregunta al compañero. Me gustaría que el compañero me dijera dónde dice aquí en este proyecto sustituto que cada partido va a seleccionar once candidatos por acumulación para representantes y once para senadores.
Sr. Gelpí: Dice: ‘Se elegirán además once senadores por acumulación y once representantes por acumulación’.
Sr. Rivera Reyes: . . . Ahora lo que me gustaría saber es que esa afirmación que ha hecho el compañero, me la aclare: De que cada partido va a llevar once candidatos por acumulación para representantes y senadores.
Sr. Gelpí: Pero la ley lo dice, y lo dice la propia constitución ésta que se está redactando a menos que el señor Presidente de la Comisión diga que es falso lo que yo estoy diciendo, a ver si es verdad que cada partido tiene derecho o no tiene derecho a presentar once candidatos por acumulación para representantes y once candidatos para el Senado.
Sr. Rivera Reyes: Tener derecho, ¿quiere decir, que de acuerdo con el compañero, que tiene derecho, es lo que dice aquí en la página dos, línea dos, la oración que sigue ahí?
Sr. Gelpí: Sí, señor, y saldrán electos todos los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. Entonces hay once. No es uno.
Sr. Rivera Reyes: Once por todos los partidos. ¡Ah! Once por todos los partidos.
Sr. Gelpí: Claro que sí, cada partido tiene derecho a elegir once. A nomina,r once candidatos, sí, seño?’. La palab?'a que he usado debe ser ‘nominar’ candidatos.” Op. cit., pág. 1289. (Én-fasis suplido.)

En resumen, son inescapables las siguientes conclusiones: la Asamblea Constituyente no se pronunció en contra de la práctica impugnada por el recurrente; no siguió todas las recomendaciones del informe de la Escuela de Administración Pública; no varió la forma conocida de seleccionar los candidatos por acumulación con la intervención de los partidos políticos; y se aumentó los cargos por acumulación a once (11) en cada cuerpo. En consecuencia resolvemos, que el derecho constitucional de los partidos políticos a nominar once (11) candidatos por acumulación no es equivalente ni se traduce en una obligación electoral de postular tal número. Esta conclusión es la única que está en consonancia con uno de los objetivos básicos que animó a la Convención Constituyente, a saber, que los partidos minoritarios tuvieran la oportunidad de estar representados en la Asamblea Legislativa. El nominar un partido mayoritario un número menor de once (11) candidatos a los cargos legislativos por acumulación, tiene el efecto inmediato de que los candidatos por acumulación de los otros partidos puedan ocupar los restantes cargos en orden a los votos obtenidos.

II

Teniendo en mente la trayectoria histórica-constitucional, analicemos el argumento en el sentido de que las reglas adop-tadas por el Tribunal Electoral son ilegales por haber el Código Electoral derogado los preceptos de la ley anterior que permitían . . a los partidos determinar en qué precinto correría cada uno de ellos y adoptó, en sustitución, el Artículo 1-003, items 27 y 28 del Código Electoral. 16 L.P.R.A. sec. 2003(27) y (28).”

La Asamblea Legislativa, en virtud de la cláusula deroga-toria general consignada en el Art. 10-016 del Código, abolió las disposiciones de la antigua ley electoral, y por ende desa-parecieron las secciones relativas al método de los partidos nominar y figurar el orden de los candidatos por acumulación. De igual modo, y como efecto de dicha cláusula sui generis, se derogó la See. 63 que contenía varias disposiciones de impor-tancia relacionadas con la forma y manera de un elector votar papeleta mixta.

Es regla elemental que cuando una ley es derogada deja de existir. No hay en los debates legislativos que precedieron a la adopción del Código, indicio alguno de rechazo expreso a las normas mencionadas. Ello implica que desde la vigencia del Código hasta la promulgación de las reglas que nos ocupan existió un vacío estatutario y reglamentario respecto a la intervención de los partidos políticos en cuanto al orden de impresión en que figurarían los candidatos por acumulación y en torno a las maneras adicionales de un elector votar, y no un repudio. Esta circunstancia es significativa en la determinación de si el Tribunal Electoral tenía autoridad para adoptarlas. La formulación de una respuesta racional y lógica exige que examinemos la facultad general y específica de dicho organismo.

El Art. 2-007 (L) (16 L.P.R.A. sec. 2027) le confiere un amplio poder de aprobar “todas aquellas reglas y reglamentos que resultaren necesarios para el descargo de sus responsabilidades y para cubrir todo aquello que no estuviere expresamente-dispuesto [. . . en el] Código, . . . que fuere congruente con los propósitos del mismo.” In fine, también fija como norma rectora de interpretación, que los . . casos no previstos en la ley o en los reglamentos, ... [se resuelvan] . . . conforme a equidad tomando en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho y los usos y costumbres generales establecidos” (Énfasis suplido.)

La redacción clara y sencilla de este precepto, tanto en su sentido litera] como espiritual, no crea duda sobre su alcance. La autoridad conferida al Tribunal Electoral es abarcadora, sujeta solamente a que en las reglas que adopte concurran los siguientes factores: a) sean necesarias; b) no conflijan con disposición expresa estatutaria; c) intenten cubrir lagunas o áreas que no estén taxativamente comprendidas en la ley; y d) que la reglamentación se base en el concepto de equidad, aplicado conforme los principios básicos del derecho, usos y costumbres establecidas.

Sin ceñirnos estrictamente al orden expuesto, confronte-mos los factores enunciados con la situación que se nos plantea.

El Código Electoral, en sus Arts. 7-008 y 7-062 (16 L.P.R.A. sees. 2338 y 2392), mantiene un lenguaje similar al de la anterior ley en lo concerniente a la existencia de una sola papeleta electoral y la manera básica de un elector votar. No obstante, consigna preceptos que confieren la aprobación del diseño y contenido de dicha papeleta al Tribunal recurrido, autorizándole además a aprobar, igualmente por reglamento, cualquier otro método de votar. Ello contrasta notablemente con la omisión de mencionar detalles relacionados con la im-presión de la papeleta y con las formas en que un elector debe indicar en dicha papeleta los candidatos de su elección, y las maneras alternas de emitir un voto por papeleta mixta conforme lo disponía la anterior ley (16 L.P.R.A. secs. 143 y 220).

Se deduce pues un patrón legislativo, al cual no podemos atribuirle característica de accidentalidad; presenta más bien rasgos indicativos de un diseño jurídico preconcebido de dele-gar al Tribunal Electoral la redacción de innumerables reglas, minuciosos trámites y detalles que por su naturaleza son sus-ceptibles de ser dinámicamente adoptados e implementados por el organismo administrativo primario encargado de poner en vigor la Ley.

Los restantes factores están presentes. No albergamos dudas de que las reglas impugnadas por el recurrente no sólo son esenciales y vitales en la consecución de los objetivos electorales, tanto constitucionales como estatutarios, sino que están a tono con los axiomas básicos que nutren el concepto de equidad, en particular con los usos y costumbres establecidos que por décadas han regido con efectividad anteriores elecciones.

Las definiciones del Código de lo que constituye una pape-leta íntegra y una mixta, y la expresión de que ambas excep-túan los candidatos por acumulación no militan en contra de la anterior conclusión. Al definir la papeleta íntegra como “aquella en que se vota por la candidatura completa de un solo partido político, excepto los candidatos por acumulación”, el legislador está reconociendo simplemente que la adjudica-ción de un voto así emitido, cubre todos los candidatos pro-puestos por el partido concernido, con exclusión de los candi-datos por acumulación, en vista de que, por ministerio de ley, todos estos últimos figuran en la única papeleta electoral dis-ponible. La excepción responde a dos intereses cognoeibles legítimos: primeramente, el preservar al máximo el derecho y la libre voluntad de un elector de poder seleccionar un candi-dato por acumulación irrespectivamente del orden en que éstos figuren en la columna de su partido; y segundo, en pro-teger tal voto contra la confusión y nulidad que conllevaría el definirse que un voto íntegro representa “. . . la candidatura completa de un solo partido . . . .” incluyendo los candidatos por acumulación, ya que se perpetuaría el absurdo de viciar a priori tal voluntad por constituir un voto nulo emitido para más de un candidato para el mismo cargo en contravención a lo dispuesto en la See. 3, Art. Ill de la Constitución. La definí-ción de papeleta mixta como “aquella en que se vota marcando la papeleta individualmente y para cargo electivo, en cualquier combinación de candidatos pertenecientes a distintos partidos políticos o independientes, o escribiendo el nombre de su candi-dato por no encontrarse encasillado en la papeleta, excepto los candidatos por acumulación”, parte de igual supuesto. Estas definiciones en nada confligen con la reglamentación aprobada por el Tribunal recurrido, la cual satisface plenamente los requisitos necesarios según previamente esbozados.

HH HH HH

Como fundamentos adicionales en apoyo de su alegación de inconstitucionalidad, e] recurrente expone:

“La democracia puertorriqueña ha ido madurando progresiva-mente a través de los años. El voto independiente ha crecido geométricamente en años recientes, como sigue: 1960 — 0.38%; 1964 — 1.26%; 1968 — 4.72%; 1972 — 8.4%. Una encuesta este año lo coloca en un 14.4%. El Nuevo Día, 13 de septiembre de 1975, pág. 5.
La democracia en sí, y la norteamericana en particular, pro-gresa hacia la protección de los candidatos y electores indepen-dientes, liberando a los pueblos de la limitante influencia y control de los partidos políticos. El voto por candidaturas es una versión del derecho de la libre expresión. Insistir en permitir que los partidos determinen el orden en que aparecen sus candidatos por acumulación en cada precinto electoral sería limitar el dere-cho a la libre, expresión del elector en Puerto Rico.
El voto por candidaturas es, además, una versión del derecho de asociación. Cf. Kusper v. Pontikes, 38 L.Ed.2d 260 (1973). Permitir la nociva práctica señalada constituiría una violación de ese derecho.
El, permitir que los partidos determinen el orden en que aparecen sus candidatos por acumulación en cada precinto electoral viola la igual protección de las leyes, pues hace que el voto de un elector independiente tenga menos peso, y sea menos efec-tivo, que el de aquél que vota una sola cruz por un partido en ese precinto.
Finalmente, dicha práctica viola el derecho constitucional al voto igual, directo y secreto. Williams v. Rhodes, supra. En este caso, el voto ‘directo’ del elector se diluye, ya que no es él quien escoge realmente su candidato por acumulación sino el partido, al colocarlo en primer lugar en la papeleta que se usa en su pre-cinto. El voto del elector, en este caso, no ‘sirvió su propósito’. Cf. Fortson v. Morris, 385 U.S. 231 (1966), pág. 250 (Fortas, disidente). Kirby, ‘The Right to Vote’, en The Rights of Americans, Vintage Books, N.Y., 1972.”

Los preceptos constitucionales referentes al derecho de libre expresión, de sufragio universal, igual, directo y secreto, y el de la igual protección de las leyes, no se infringen con la reglamentación impugnada.

Primeramente, la regla que faculta a los partidos políticos determinar el orden en que figuren los candidatos por acumu-lación y la que dispone que ante un voto por papeleta integra se adjudique un voto al primero de tales candidatos, se pro-mulgó con otras reglas que facultan a los electores el apar-tarse de dicho orden y votar por otro candidato al cargo, no solo de su propio partido, sino de cualesquiera otros, o por un candidato independiente.

Segundo, sin menoscabar el valor que representa en una sociedad dinámica democrática el voto independiente, no po-demos atribuirle estado de inconsciencia al elector que vota papeleta íntegra y adjudica en consecuencia su voto al pri-mero de los candidatos por acumulación de su partido. La preferencia hacia el voto íntegro se puede deber a diversas razones: habrá electores cuyo deseo es endosar plenamente y sin cualificaeión alguna los candidatos de su partido adoptando —sin que ello signifique una restricción al ejercicio de su libre albedrío — las decisiones de los organismos directivos de los partidos políticos por estimar que tal endoso tendrá, en los resultados finales, mayor efectividad frente a los de la oposi-ción, y otros que considerarán ese método una decisión infor-mada para asegurar la elección de aquellos candidatos que han de sostener el programa de gobierno que respaldan.

En tercer lugar, si concebimos el voto independiente como aquel que un elector emite fuera de la línea partidista, la existencia de las reglas que nos ocupan en nada afecta que continúe o no in crescendo el voto independiente. Sabido es que todos los candidatos de un partido político, incluyendo los de acumulación, figuran en la papeleta electoral en una misma columna vertical. El elector que va a votar actúa en virtud de una idea preconcebida antes de entrar en la caseta electoral o por decisión tomada en el momento. Bajo ambos supuestos, si su voluntad es votar por un candidato independiente, para hacerla valer, necesariamente tendrá que descartar los candi-datos de su partido, independientemente del orden en que apa-rezcan. Para dicho elector, ni los nombres de los candidatos nominados ni el orden en que el partido político dispuso, será criterio determinante ni relevante; no está obligado a actuar en determinada forma ni se le resta voluntariedad a su deci-sión.

Las múltiples opciones que a un elector brinda la regla-mentación aprobada, derrota la contención de que se limitan los derechos de libre expresión y asociación. Tampoco es correcto asumir que se infringe la igual protección de las leyes: el valor de un voto independiente y el de uno íntegro es el mismo ya que su efectividad e impacto no dependerá de la forma en que se ejercita, sino del número total que resul-ten una vez computados.

No se vulnera la disposición constitucional sobre voto igual, directo y secreto. La igualdad del voto es incuestionable y la secretividad no se pone en duda. El requisito de que el voto sea directo no significa, como sugiere implícitamente el argumento del recurrente, que para que un voto sea “directo” el elector tiene que hacer constar en cada uno de los candidatos por él seleccionados una marca separada e individual. La expresión constitucional de voto directo refleja el método de elección popular, mediante el cual intervienen todos los electores cualificados, contrapuesto con el método de votación indirecta a través de delegados. Su alcance fue explicado así por la Convención Constituyente:

“La elección de todo funcionario de elección popular será por voto directo. La Comisión señala que el plan, el sistema de elección de segundo grado, es decir, mediante votación indirecta, no es completamente democrático, pues el pueblo está en verdad delegando en otras personas un privilegio que le es inherente, el privilegio de que cada ciudadano por su propia responsabili-dad, ejerciendo su propio criterio, exprese en los comicios a qué persona desea para determinado cargo.” Op. cit., págs. 2620-2621.

IV

Resta examinar la objeción principal que se formula consistente en que el sistema aprobado para la elección de candidatos por acumulación representa una redistribución extraoficial en contravención a la Constitución de nuestro país y a la de los Estados Unidos de América. La síntesis del argumento queda expuesta por el recurrente del siguiente modo.:

“Al permitir que los partidos determinen en cuáles y en cuántos precintos electorales ha de figurar primero en la lista uno de sus candidatos por acumulación y al permitir que un voto íntegro cuente a favor del primero en la lista, este Honorable Tribunal estaría permitiendo que de facto, el partido en cuestión redistribuya los distritos de elección en detrimento de los votantes. Esto es aún más grave cuando la intención expresa de la Asamblea Constituyente fue que el precinto electoral de los candidatos por acumulación fuese la isla completa, como demos-tramos anteriormente.”

Al inicio de esta opinión indicamos que tradicional y cons-titucionalmente la elección de legisladores por acumulación fue concebida, como una combinación del método de repre-sentación proporcional y territorial, y enfatizamos que la Asamblea Constituyente estaba consciente del sistema que pre-valecía para elegirlos, en que intervenían los partidos políti-cos, sin que tal sistema fuera repudiado. También hemos ana-lizado y esbozado las razones para concluir que el método utilizado no infringe las cláusulas de nuestra Ley Fundamental relativas a varios derechos básicos contenidos en su Carta de Derechos. Ello bastaría para disponer de este plantea-miento ; no obstante, consideramos de rigor aclarar varios ex-tremos.

El mandato sobre redistribución de distritos electorales como medio para dar efectividad a la igualdad del derecho al voto de cada ciudadano, quedó plasmado en la See. 4 del Art. Ill de nuestra Constitución una década antes de que el Tribunal Supremo Federal decidiera someter al escrutinio judicial los planes de redistribución de distritos electorales en virtud del caso normativo de Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962). Dicho pronunciamiento inició lo que los estudiosos han caracterizado como la “revolución redistributiva” (reap-portiomnent revolution). En esencia, la referida doctrina pro-pugna el principio de que el voto de una persona tenga idén-tico valor al de otra, y por ende los distritos electorales deben estar integrados en términos de población sustancialmente iguales.

A tal efecto, nuestra Constitución provee la creación de-cenal de una Junta, compuesta por el Juez Presidente de este Tribunal y dos miembros adicionales nombrados por el Primer Ejecutivo con el consejo y consentimiento del Senado, con la encomienda de examinar los distritos electorales senatoriales y representativos y fijarles los nuevos límites geográficos que sean necesarios para lograr la mayor igualdad poblacional posible, tomando como base el censo federal y las guías de contigüidad, compactibilidad y medios de comunicación.

Las funciones de la Junta Constitucional versan sobre la división territorial de la isla en sus ocho (8) distritos sena-toriales y cuarenta (40) representativos. Su ámbito se cir-cunscribe a la revisión de los distritos electorales fijos de los cuales se eligen los candidatos que componen regularmente ambos cuerpos legislativos; no considera, por no ser necesa-rio, las normas referentes a los candidatos por acumulación cuya elección abarca y se decide contándose los votos de todos los electores de Puerto Rico. Una vez establecida por la Junta Constitucional la división electoral correspondiente, los partidos políticos y el ordenamiento electoral vienen obligados a seguirla en lo concerniente a la elección de los candidatos de distritos regulares para el Senado y la Cámara.

La regla adoptada por el Tribunal Electoral que autoriza a los partidos políticos a determinar el precinto electoral y orden de sus respectivos candidatos por acumulación en con-junción con la que adjudica el voto íntegro al primero de ellos, no anula ni contradice las funciones de la Junta Constitu-cional. Las normas que se originan de las reglas adoptadas por el Tribunal Electoral y las de la Junta Constitucional, se desarrollan en dos esferas de acción distintas y no son incompatibles entre sí. El ámbito de las primeras cubre la elección de candidatos por acumulación y el de la Junta Constitucional la de los candidatos de los distritos regulares. Sea mediante papeleta íntegra o papeleta mixta, el alcance de un voto no dependerá del orden de la papeleta, sino de la decisión final del elector para lo cual se establecen válidas alternativas: en lo que atañe a los senadores y representantes fijos de distrito, su valor es ad judicable únicamente a tales fines; en lo con-cerniente a los candidatos por acumulación el voto trasciende los límites del distrito electoral en cuestión y es computado to-mando en cuenta los demás emitidos a través de todo el país.

Finalmente, es importante destacar que el sistema puer-torriqueño de elegir candidatos por acumulación no tiene pre-cedente en la jurisdicción norteamericana. Los casos y autoridades citados por el recurrente se desarrollan con un trasfondo de hechos distintos y por ende no son aplicables en nuestro medio ambiente jurídico. Nuestra Constitución re-conoce la existencia de los partidos políticos como grupos de opinión con derecho a proponer candidatos de su predilección, corolarios del derecho al sufragio y consustancial con la exis-tencia misma de nuestra democracia política. Dávila v. Secretario de Estado, 83 D.P.R. 186 (1960). El que la ley autorice a los partidos políticos — en atención a sus cálculos pre-electo-rales, estrategia y otras razones — designar los precintos en que les resulta más conveniente ubicar en primer orden deter-minado candidato por acumulación, no disminuye ni diluye el voto de los electores, y como hemos visto, tampoco afecta per se la elección de candidatos independientes.

La Convención Constituyente con gran precisión expuso el objetivo principal justificativo del método:

“La mayor eficacia del proceso democrático hace aconsejable que todos los sectores geográficos del país estén representados en su cuerpo legislativo. Este principio no es incompatible con la conveniencia de que los partidos políticos puedan llevar a las cámaras sus líderes más destacados y los principales intérpretes de sus programas. Ambas cosas se logran manteniendo la or-ganización de distritos senatoriales y representativos y eligiendo un número alto de senadores y representantes por acumulación.” 4 Diario de la Convención Constituyente, pág. 2591. (Énfasis suplido.)

En consideración a lo expuesto, en atención a la deferen-cia que nos merecen los pronunciamientos de la Asamblea Constituyente respecto a la elección de los candidatos por acu-mulación con la participación activa de los partidos políticos, y el interés legítimo y predominante que ello representa en nuestro sistema democrático de gobierno — sin infringir dispo-sición constitucional alguna — resolvemos que las reglas apro-badas por el Tribunal Electoral el 17 de junio de 1976 son válidas y constitucionales.

Se dictará Sentencia al efecto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rigau radicará un voto concurrente.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 1976

Escribo estas líneas porque entiendo que es útil que se dis-cutan y que, si posible, se aclaren algunos planteamientos que se hacen en este caso.

Es útil hacerlo, creo, para propiciar un mejor entendi-miento de los problemas que el caso toca, tales como ¿para qué se celebran elecciones?, ¿cómo pueden los electores hacer efectiva su voluntad de endosar un programa político y de elegir un grupo de dirigentes para que fórmen gobierno? y otros que mencionaré.

Comencemos por aclarar lo del voto “independiente.” Todo voto en Puerto Rico es independiente. Aquí el voto es libre y secreto. Cada elector entra solo a una caseta individual de vo-tación con una papeleta impresa y un lápiz. Vota secretamente y nadie, salvo él, sabe a ciencia cierta cómo votó. Difícilmente hay un acto más secreto que pueda llevar á cabo un elector en Puerto Rico.

Para ser justos, y para que se entienda lo que sigue, es conveniente aclarar que el demandante utiliza el término “voto independiente” al referirse al voto que en toda elección emite una minoría de electores, que es un voto fuera de partido, un voto personal, individualista.

El demandante afirma que la democracia puertorriqueña ha madurado a través de los años y argumenta que esa madu-rez la demuestra el uso del voto fuera de partido. La realidad! es que la madurez de un electorado se demuestra cuando sabe elegir para su país entre un derrotero político y otro, cuando sabe elegir y reelegir a los gobiernos que le sirven bien y cuando sabe remover del poder a los gobiernos que le sirven mal. No es necesariamente correcta la ecuación que postula que a mayor número de votos fuera de partido mayor es la madurez de un electorado. En alguna circunstancia especialí-sima es posible que eso sea cierto pero en la generalidad de las veces el voto fuera de partido representa un mal síntoma en el cuerpo político de un país. Esto requiere explicación y paso a hacerlo. Ahora entramos en el meollo de la cuestión.

Es fácil comprender que la democracia contemporánea no puede operar en forma directa, votando en asamblea cada uno de nosotros sobre cada medida legislativa y sobre cada acción administrativa en particular. Así podía hacerse en las pe-queñas comunidades de la Grecia clásica y en el antiguo town meeting de Nueva Inglaterra. Eso ya no es posible en las ciu-dades y en los estados modernos debido a su gran extensión, a su gran población y al número y enorme complejidad de sus problemas. Por eso la democracia moderna tiene que ser representativa.

El mero tamaño de las democracias modernas ha dictado que éstas sean representativas y que sean los partidos políti-cos los vehículos de la voluntad electoral y por ende de la democracia misma. En la campaña preeleccionaria dos o más grupos de hombres ofrecen al país un programa político y ad-ministrativo. En torno de ellos existe ya, o se organiza si no existe, un partido político. Los partidos adoptan los progra-mas que sus líderes han ideado. Esto tiene que ser así nece-sariamente pues cientos de miles de electores, en el caso de Puerto Rico, no pueden reunirse en asamblea para discutir y redactar un programa político. Esto generalmente se hace en el seno de un comité o de una asamblea que puede consistir de media docena o de un centenar de hombres. Claro, hay mane-ras de obtener los puntos de vista del electorado sobre proble-mas específicos y eso a veces se lleva a cabo. Pero fundamen-talmente la función de los líderes es educar y dirigir y no meramente seguir los pasos de la muchedumbre.

El partido que vence en la elección llega al poder con un programa y un mandato electoral. El sistema es racional y, aunque con desigual eficacia, funciona.

Por el contrario, el voto fuera de partido no puede ofrecer al país un programa de gobierno porque sencillamente no lo tiene. El voto fuera de partido es con frecuencia un voto vale-tudinario. Es una manera de protestar pero no de organizar gobiernos. Debilita los partidos políticos ya que contribuye a enconar los conflictos internos, a perpetuar las disensiones de opinión y a dividir los partidos en facciones. Menoscaba el proceso democrático en general y en particular obstaculiza la función democrática de elegir y formar gobiernos.

A propósito de lo anterior, el Profesor Binkley ha escrito que el mayor tributo que puede hacerse a la moralidad polí-tica de los americanos de 1787 es reconocerle que a pesar de la amarga contienda que tuvo lugar sobre la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, dicha contienda no dejó grupos irreconciliables. El Profesor y luego Presidente Woodrow Wilson también comentó sobre el particular.

La experiencia ha demostrado que la proliferación de fac-ciones y de partidos, al fragmentar en exceso la opinión pú-blica, tiene un efecto desastroso sobre el sistema democrá-tico. Lo confunde, lo paraliza y finalmente lo desprestigia. Cuando se cae en tal situación los beneficiarios de la misma históricamente han sido los enemigos del propio sistema demo-crático. Se recordará que las carreras de Hitler y Mussolini debieron mucho a eso. En Francia, debido a la proliferación de partidos políticos, en un período de 67 años (1873-1940) hubo 99 gobiernos, con un promedio de vida de aproximada-mente 8 meses cada uno. Cincuenta de esos gobiernos duraron solamente 6 meses o menos.

Esa inestabilidad política fue una de las causas princi-pales, sino la mayor, de la debilidad y del desastre de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, obsérvese la fortaleza y la estabilidad de la democracia política en Ingla-terra y en los Estados Unidos, en donde los partidos políticos nacionales son pocos — generalmente dos y a veces tres — y de larga vida. Los dos partidos políticos nacionales de Esta-dos Unidos, el Demócrata y el Republicano, han sobrevivido más de treinta elecciones presidenciales.

La representación política, organizada a través de los par-tidos, es uno de los aspectos fundamentales del gobierno mo-derno y del sistema democrático en particular. Ya antes seña-lamos cómo las condiciones físicas de tamaño y de población, y la complejidad de los problemas públicos actuales ha hecho ne-cesario acudir al sistema representativo. Un clásico en la ma-teria expresa que “la democracia moderna es inconcebible salvo en términos de partidos políticos.” Uno de los más serios estudiosos de los procesos políticos contemporáneos con-sidera “indispensable” el rol de los partidos políticos en la democracia moderna. Otro autor escribe “El gobierno re-presentativo es gobierno por partidos.” Puede decirse que si el Ejecutivo es la cabeza y el Legislativo el corazón, el partido político es la sangre que los une, los comunica y les da vida. Sin un partido político fuerte y disciplinado la labor del Ejecutivo y del Legislativo se hace muy difícil y con frecuen-cia imposible o estéril. La soberanía popular la tiene el elec-torado, la hace efectiva a través de los partidos políticos, éstos al llegar al poder forman gobierno. El gobierno siempre re-cordará que la voluntad del pueblo es la fuente del poder público y que de allí emana su poder. La elección lo que ha hecho es legitimar el ejercicio de ese poder. Puede verse por qué se considera fundamental la función de los partidos polí-ticos en el sistema democrático moderno.

Lo anterior no quiere decir, desde luego, que el interés del partido es lo principal y que todo otro interés debe supeditarse a aquél. Todo político y todo gobernante serio sabe que lo principal es el interés general del país, el bien común. Todos los demás intereses tienen una posición inferior al bien común. Lo que lo anterior reconoce es la realidad histórica y práctica de que una democracia saludable funciona a través de los partidos políticos y no a través de votos fuera de par-tido, sin programa, sin líderes y sin rumbo. No solo es esto una realidad histórica sino que es una cuestión fundamental pues el asunto va al corazón de la responsabilidad política, de la sustancia moral de todo gobierno. A un partido político que ha sido elevado al poder el electorado le puede pedir cuentas al fin de su mandato y reelegirlo o no; no así a un conglomerado de votos, fuera de partido, motivados cada uno por diferentes y personales razones.

Además la función del líder o de los líderes en cada par-tido es prácticamente indispensable. Alguien tiene que preocu-parse a tarea completa por los problemas públicos, alguien tiene que estudiarlos, pensar sobre ellos y proponer remedios y soluciones. Formular esas propuestas, hacerlas llegar a la conciencia de la ciudadanía y convencer a los electores de sus bondades, es primordialmente la función del líder polí-tico. Si logra hacer eso entonces el cuerpo electoral le con-ferirá la autoridad legítima que necesita para realizar su programa de gobierno,.

Un número crecido de votos fuera de partido puede crear un cuerpo electoral amorfo, una masa sin cabeza. Lo que a toda masa le sobra son hombres-masa; lo que toda masa nece-sita son líderes que la eduquen y le señalen las posibles y las deseables direcciones de marcha. Como señala Ortega en uno de los libros más penetrantes del siglo 20, la masa no actúa por sí misma; necesita referir su vida a la instancia superior constituida por sus hopibres excelentes. Valga aclarar que Ortega al así expresarse no hacía distingos entre clases so-ciales, sino entre clases de hombres.

Se hace mucho énfasis en la Petición en que el voto fuera de partido y el voto por candidaturas constituye el derecho a la libre expresión. No hay duda de que eso constituye parte de la expresión del elector, como lo constituye cualquier cosa que haga, sea ésta legal o ilegal, prudente o imprudente, de buen o de mal gusto. Pero la realidad es que el derecho a la libre expresión está garantizado en Puerto Rico por la See. 4 del Art. II de nuestra Constitución y por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

El proceso electoral de Puerto Rico está organizado por nuestras leyes, en particular por el Código Electoral, Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974, 16 L.P.R.A. see. 2001 y ss., y tiene su base en las disposiciones de nuestra Constitución sobre la materia.

Son relevantes a esos efectos las siguientes disposiciones constitucionales: el Preámbulo, en el cual se expresa que nos organizamos políticamente sobre una base plenamente demo-crática y que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder político; la Sec. 1 del Art. I de la Constitución, en donde se expresa que el poder político del Estado emana del pueblo y que se ejercerá con arreglo a su voluntad; la See. 2 del Art. II en la cual se prescribe que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal; el Art. Ill donde se dispone sobre la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa; el Art. IV donde se dispone sobre la elección del Gobernador; la See. 4 del Art. VI donde se dispone sobre la celebración de elecciones generales cada cuatro años; el Art. VIII que trata de los distritos senatoriales y representativos y la See. 6 del Art. IX que trata de los partidos políticos.

De manera que no es necesario recurrir a las disposiciones electorales de nuestra Constitución y de nuestras leyes para invocar o defender el derecho a la libre expresión pues dicho derecho está, como señalamos, expresamente garantizado por el Art. II de nuestra Constitución y por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las disposiciones electorales, tanto de nuestra Constitución como de nuestras leyes, organizan nuestro sistema electoral. En otras palabras, los pueblos no incurren en el enorme gasto y en el trauma co-lectivo de celebrar elecciones para meramente garantizar la libre expresión; las elecciones se celebran para elegir gobier-nos. El derecho a la libre expresión, esencialísimo como es, está garantizado por las otras dos disposiciones constituciona-les antes mencionadas.

Desde luego, debe existir el derecho del elector de votar fuera de partido o de votar por candidaturas si así lo desea. Pero ese derecho, cuyo ejercicio constituye una anomalía en el proceso electoral y que con frecuencia representa un sín-toma de mala salud en el cuerpo político, debe reconocerse como lo que es, pero creemos que no debe elevarse a categoría de virtud política.

      A un recurso anterior promovido por el mismo peticionario (Juan M. García Passalacqua v. Tribunal Electoral, O-76-11), en el cual se plan-teaban cuestiones idénticas con relación al Reglamento de Primarias, nos negamos a expedir el auto mediante Resolución de fecha 29 de enero de 1976.

       Disponen:
      “R. 3.1.1 — Certificación Especial del Partido Político con relación a sus Candidatos a Senadores y Representantes por Acumulación.—
      “Al entregar el juramento de los candidatos a representantes y sena-dores por acumulación del partido, según dispone el Artículo 7-002 del Código, el Presidente y el Secretario deberán certificar la lista de candidatos del Partido a esos cargos en determinado orden para cada precinto. Será deber del Tribunal Electoral ordenar la impresión de los nombres de dichos candidatos en la papeleta electoral de cada precinto, siguiendo estricta-mente el orden en que le fueron certificados al Tribunal por cada partido.
      “R. 5.2.2. — Manera de Votar.—
      “a .......
      “b .......
      “c .......
      “d. Manera de Votar Legisladores por Acumulación: El elector podrá votar a favor del candidato para Senador o Representante por acumula-ción que prefiera de las siguientes maneras: 1) votando la candidatura ín-tegra del partido, en cuyo caso se entenderá que su intención fue votar por el nombre del candidato que para dichos cargos figure en primer término en el orden impreso de la papeleta electoral; (2) podrá también demostrar su intención de votar por otro candidato que no sea el que figure en primer término en el orden impreso dé la papeleta cuando además de marcar la papeleta electoral a favor de la insignia de un partido en particular, hace además alguna cruz o señal al lado del nombre o insignia de un candidato por acumulación, en cuyo caso, esta señal se entenderá como que el candi-dato así marcado, fue la intención del elector votarlo.”

       véase: Informe Complementa/rio de la Comisión de la Rama Legis-lativa, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 2590 (Ed. Equity, 1961).

       El Art. 6 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 6) define las dos formas de derogarse una ley: empresa o tácitamente.

      Estas son:
      “a. Voto íntegro a favor de un partido: Si desea votar la candidatura íntegra a favor de un sólo partido, el elector deberá hacer una cruz o línea de cualquier dimensión y forma arriba o abajo de la insignia del partido, o en cualquier espacio en la columna correspondiente a dicho partido ex-cepto entre los espacios que están a la derecha o a la izquierda de los nombres de los candidatos. Votando de este modo, se contará el voto para todos los candidatos cuyos nombres aparezcan en la columna de dicho partido.
      “b. Voto por candidaturas: Si el elector desea votar por candidatos, y no por la candidatura íntegra de un partido político, el elector marcará una cruz o línea en el espacio existente a la derecha o a la izquierda de la columna de cada partido. Votando de ese modo se contará el voto solamente para cada uno de los candidatos en cuyo espacio aparezca la marea. Esta papeleta será considerada como mixta a los efectos del escrutinio.
      “c. También el elector podrá votar de la siguiente manera: Marcando una cruz o línea de cualquier dimensión o forma arriba o abajo de la insignia en la columna de determinado partido político, y marcando indi-vidualmente además, una cruz o línea en el espacio a la derecha o izquierda del nombre de uno o más de los candidatos de los demás partidos políticos para cualquiera de los cargos a votarse. En tal caso se entenderá que el elector votó por los candidatos así individualmente marcados, y por los candidatos para los restantes cargos que aparezcan en la columna del partido en la cual hizo una cruz o línea. Esta papeleta será considerada como mixta a los efectos del escrutinio.”

      Las cifras citadas por el recurrente indicativas del aumento cons-tante del voto independiente, corrobora este razonamiento, ya que como hemos visto, durante los períodos eleccionarios a que se refieren tales cifras estuvieron vigentes disposiciones de ley sustancialmente análogas a las reglas que nos ocupan.

      Bajo el mandato constitucional, la primera revisión y división fue adoptada el 23 de abril de 1964 y la segunda el 3 de abril de 1972,

       Un reconocido jurista en el campo de la redistribución electoral, conocedor de nuestro sistema electoral, Robert B. McKay, ex-decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, se expresó sobre el particular del siguiente modo:
      “El método de elegir los Senadores y Representantes por acumulación a la Legislatura de Puerto Rico aparentemente no tiene equivalente en los Estados Unidos continentales y por lo tanto precedente directo. No obstante, por analogía y lógica los procedimientos aparentemente son defendibles y constitucionalmente válidos. El único problema surge del hecho de que no existe requisito de residencia para ningún candidato a Senador o Repre-sentante por acumulación. Por lo tanto, es posible teóricamente que todos los candidatos por acumulación provengan de un solo distrito electoral. No obstante lo desafortunado (e improbable) de ello, la práctica no parece ser inválida. No existe requisito constitucional federal de que un candi-dato para un puesto electivo viva dentro del distrito específico que busca representar, y menos aún el requisito de que los candidatos por acumulación sean de algún modo elegidos sobre una base geográfica. Cf. Whitcomb v. Chavis, 402 U.S. (1971); Dusch v. Davis, 387 U.S. 112 (1967).” (Énfasis suplido.) Publicación del Legajo de la Determinación Final de la Segunda Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos, págs. 78-79. Traducción nuestra.

       En P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976), enfatiza-mos la amplia facultad constitucional de la Asamblea Legislativa en asun-tos de materia electoral según quedó configurada en la See. 4 del Art. VI de la Constitución.

       Binkley, American Political Parties, 2da. ed. (1945), pág. 61.

       Wilson, Congressional Government (1885), pág. 2.

       Finer, The Theory and Practice of Modern Government, ed. revi-sada (1960), pág. 627.

       Schattschneider, Party Government (1942), pág. 1.

       Friedrich, Constitutional Government and Democracy, 4ta. ed. (1968), pág. 430.

      e) Finer, obra citada, pág. 237.

       Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas, 5ta. ed. (1935), pág. 185 y ss.


author: per curiam :

text:
    Harry Albright, Miguel Martorell, Tristani Investment, Inc. y Carrero & Sons Investment, Inc., demandantes y recurridos, v. Daniel I. Dávila y First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, demandados y peticionaria la segunda.

      Número: O-75-466

      Resuelto: 27 de agosto de 1976

      Ramírez, Segal & Látimer, abogados de la peticionaria; Celestino Morales, Jr., abogado de los recurridos.
   per curiam :

Los demandantes alegan haber prestado cier-tas sumas de dinero a los demandados Daniel I. Dávila y First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico. Esta última niega haber tomado suma alguna a préstamo de los demandantes, y acepta la alegación de los demandantes en el sentido de que el codemandado Dávila “expidió unos paga-rés suscritos por éste personalmente para indicar su buena fe y su garantía personal de las cantidades adelantadas por los demandantes.”

En torno a dichas alegaciones la codemandada peticionaria First Federal Savings and Loan Association cursó una moción bajo la Regla 81.1 de las de Procedimiento Civil dirigida a los demandantes solicitando se le permitiere “ver e inspec-cionar y/o fotocopiar si fuere necesario las planillas de con-tribución sobre ingresos de todos los demandantes en este caso correspondientes a los años 1969 y 1970.”

El tribunal de instancia denegó la petición de la codeman-dada peticionaria por el fundamento de que la información solicitada era de carácter privilegiado. La codemandada pe-ticionaria sostiene que las planillas de contribución sobre in-gresos no gozan de un privilegio que impida el descubrimiento de prueba cuando el contenido de las planillas es material y pertinente a la contienda entre las partes. Acude pues ante nos solicitando se revoque la resolución del tribunal recu-rrido y en su consecuencia que se permita el examen de las planillas rendidas por los demandantes.

Concedimos a los recurridos un término para mostrar causa “por la cual no deba dejarse sin efecto la orden dictada por el tribunal de instancia en 10 de septiembre de 1975 y en su lugar dictar otra ordenando a los recurridos a producir una certificación del Secretario de Hacienda acreditativa de los intereses recibidos por los recurridos de Daniel Dávila y First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico durante los años en controversia conforme lo demuestren las planillas de contribución sobre ingresos rendidas por los re-curridos.”

La Regla 31.1, supra, provee que una parte podrá solicir tar del tribunal, sujeto a lo dispuesto en la Regla 27.2, una orden dirigida a cualquier parte para que “.. . produzca y permita inspeccionar, copiar o fotografiar ... determinados documentos, papeles, libros, cuentas, cartas, fotografías, obje-tos o cosas tangibles, de naturaleza no privilegiada, que cons-tituyan o contengan evidencia relacionada con cualquiera de las materias que estén dentro del alcance del examen permi-tido por la Regla 23.2 y que estuvieren en o bajo su posesión, custodia o dominio ...

El derecho a examen que concede la Regla 31.1, supra, se refiere a documentos de naturaleza no privilegiada, y está limitado además a lo preceptuado en las Reglas 23.2 y 27.2 de las de Procedimiento Civil. La Regla 23.2 limita el alcance a cualquier asunto no privilegiado que fuere pertinente a la cuestión envuelta en el pleito pendiente y agrega que no cons-tituirá fundamento de objeción el que la prueba sea inadmi-sible en el juicio siempre que haya una probabilidad razonable de que la prueba interesada producirá el descubrimiento de evidencia admisible. La Regla 27.2 por otro lado da discre-ción al tribunal para ordenar por causa justificada que cier-tas materias no sean objeto de investigación o que el alcance del examen se limite a ciertas materias.

Los demandantes sostienen que las planillas de contribu-ciones que pretende examinar la codemandada peticionaria constituyen materia privilegiada y por tanto que están fuera del alcance del examen.

Dado el resultado a que llegaremos, el que no requiere que se muestren las planillas de los demandantes a la recu-rrente, no es necesario resolver ahora si las planillas de con-tribución sobre ingresos constituyen materia privilegiada dentro de los hechos de este caso. Entendemos que es material y pertinente a las alegaciones de la codemandada el determi-nar si los demandantes identificaron en sus planillas el in-greso por concepto de los intereses sobre el préstamo objeto del litigio como proveniente de la institución codemandada o del codemandado Dávila. Tal identificación de la fuente de los ingresos por intereses sería relevante para la resolución de la controversia. Tales consideraciones nos mueven a limi-tar el alcance del examen, conforme lo provee la Regla 27.2 de las de Procedimiento Civil, a la cuestión relativa a la procedencia de los intereses, sin que sea necesario examinar la totalidad de la planilla.

Se expide el auto solicitado, se revoca la orden dictada por la Sala de San Juan del Tribunal Superior de 10 de septiem-bre de 1975 en el caso civil 71-5377, y se ordena a los recu-rridos a que produzcan y entreguen a la peticionaria First Federal Savings and Loan Association, en él término de quince (15) dias a partir de esta fecha, una certificación del Secretario de Hacienda acreditativa de los intereses recibidos por los recurridos de parte de Daniel Dávila y de First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico durante los años contributivos 1969 y 1970 conforme lo demuestren las planillas de contribución sobre ingresos rendidlas por los re-curridas Harry Albright, Miguel Martorell, Tristani Investment, Inc. y Carrero & Sons Investment, Inc.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       32 L.P.R.A. Ap. II, R. 31.1.

      32 L.P.R.A. Ap. II, R. 27.2.


author: PER CURIAM:

text:
    Héctor L. Schmidt, hoy Federico Hernández Denton, en su carácter de Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, en representación y a beneficio de Rafael Díaz Romero, demandante y recurrente, v. Marcelino Mercury, Inc., y Ford Motor Company Caribbean, Inc., demandados y recurridos.

      Número: R-76-168

      Resuelto: 31 de agosto de 1976

      Mario Batiz Santos, Reinaldo Rodríguez Pagan, Wilfredo López Irizarry, Migdalia Fratichelli Torres, Samuel Mártir Santiago, Yusif Maguz Blanco y Julio López Keelan, abogados del Departamento de Asuntos del Consumidor; Meléndez &

      Suárez, abogados de Marcelino Mercury, Inc.; Hartzell, Ydrack, Mellado, Santiago, Pérez & Novas, abogados de Ford Motor Company Caribbean, Inc.
   PER CURIAM:

En mayo de 1971, el señor Díaz Romero le compró a Marcelino Mercury, Inc., distribuidor de Ford Motor Company Caribbean, Ine., un vehículo nuevo por el precio de $10,300, del cual entregó $3,000 en efectivo y se le tomó a cuenta un automóvil usado por la suma de $3,200. El balance se pagaría a plazos.

A las tres semanas de la adquisición del vehículo, éste comenzó a oxidarse en diferentes partes. El comprador soli-citó inmediatamente de Marcelino Mercury la solución del problema, desconocido para él al momento de la compra, pero no se atendió su reclamo. Acudió entonces en varias ocasiones, pues la condición del auto se agravaba, a Ford Motor Company Caribbean, Inc., donde tampoco recibió ayuda. Más de un año después de la fecha de la compra, un ingeniero de Ford Motor Company recomendó que se sustituyesen las puertas traseras del carro por otras nuevas; que se reparase la oxida-ción en la parte baja de la puerta izquierda delantera; que se intentase detener la oxidación en el interior de las ventanas traseras y se pintase un guardalodo; y que se eliminase la oxidación del piso del baúl y también se le pintase. Marcelino Mercury ofreció entonces reparar el vehículo sin costo al com-prador, pero éste, tras intentar infructuosamente obtener que se le entregase un coche nuevo, instó demanda para que se declarase resuelto el contrato descrito de venta.

El tribunal de instancia concluyó que los hechos del caso “revelan claramente la existencia de vicios ocultos en el ve-hículo comprado por el demandante” y que el demandante “optó por la rescisión del contrato celebrado, con abono de los gastos pagados”, pero que su conducta “envolvió un rechazo injustificado de lo que tenía derecho — la reparación propuesta a su vehículo.” El tribunal se negó en consecuencia a permi-tir la rescisión, mas declaró con lugar la demanda en senten-cia de 6 de abril de 1976 y condenó a Marcelino Mercury y a Ford Motor Company a pagar solidariamente al demandante la suma de $1,500 y las costas.

Instado el correspondiente recurso de revisión ante este foro por el demandante, dictamos orden de mostrar causa por la cual no deba declararse resuelto el contrato y ordenarse el reembolso de los gastos incurridos.

Los Arts. 1373 a 1375 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3841-3843, disponen:

“Art. 1373. El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen im-propia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.
Art. 1374. El vendedor responde al comprador del sanea-miento por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase.
Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo con-trario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido.
Art. 1375. En los casos de las dos secciones anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.
Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cósa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.”

Se advertirá que el paso inicial para precisar la aplicación de las dos acciones edilicias que aquí nos ocupan consiste en determinar lo que constituye un vicio o defecto oculto. Pueden existir defectos que no den margen a la acción redhibitoria o a la de qucmti minoris, aunque bajo las debidas cir-cunstancias sí a otras. Para que surja la obligación de sanea-miento por defectos ocultos el vicio tiene que ser de tal orden que, de haberlo conocido el comprador, o no habría comprado la cosa o habría pagado por ella un precio inferior. Scaevola, Código Civil, tomo XXIII, vol. 2, 1970, pág. 188. Según señala Manresa, Comentarios al Código Civil, tomo X, vol. 1, 6a ed. rev., 1969, pág. 336:

“El vicio redhibitorio ha de constituir, como las mismas pala-bras empleadas por el Código lo están indicando, un defecto, una imperfección de la cosa, y un defecto de tal naturaleza, que en-trañe cierta importancia, pues una imperfección cualquiera, un defecto de poca monta, carece de entidad para dar lugar a la redhibición.”

En otros términos, no son vicios redhibitorios o cuantiminosos aquellos defectos que no exceden de la medida de las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un producto determinado. No es imprescindible, sin embargo, como apunta el profesor Guaroa Velázquez, que el defecto concernido imposibilite el uso de la cosa; basta con que merme notablemente su valor. Velázquez, Responsabilidad por los Defectos de Edificaciones, 20 Rev. Jur. U.P.R. 13 (1950). A tal efecto véanse: la Sentencia de 25 de enero de 1924 (Esp.) (soldadura indebida del cigüeñal de un automóvil que no convertía en inservible el vehículo); Berrios v. Courtesy Motors of P.R., Inc., 91 D.P.R. 441 (1964) (defecto en la transmisión de un automóvil); Millón v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494 (1961) (fractura en la caja de bolas, el radia-dor y la tapa del- bloque); y, caso debatible, Fuentes v. Hull Dobbs Co., 88 D.P.R. 562 (1963) (neumáticos defectuosos). En todos estos casos se permitió la acción redhibitoria.

Se acepta generalmente por la doctrina que la apreciación de la importancia del defecto a los fines de resolver la aplicación de los artículos citados del Código Civil es esencialmente una cuestión de hecho. Scaevola, supra, 190. No debe intervenirse en tal sentido con la discreción del juzgador, ex-cepto en ausencia de prueba adecuada o comisión de error manifiesto en su apreciación.

En la situación presente el tribunal de instancia concluyó, como hemos visto, que los defectos que acusó el automóvil poco después de comprado constituían vicios ocultos. Esta determi-nación no es irrazonable a la luz de la prueba. Un automóvil nuevo puede ser objeto de pequeñas oxidaciones aisladas que no alcancen la categoría de vicio oculto, aunque en cambio den base para requerir su reparación gratuita. Las oxida-ciones que sufrió el vehículo del comprador en este caso, no obstante, fueron tan súbitas, numerosas y extensas que es propio suponer que eran el producto de un grave defecto y que hicieron mella de importancia en el valor del automóvil.

A pesar de que se determinó la existencia de un vicio oculto ignorado por las partes, el tribunal de instancia se negó a permitir la acción redhibitoria, admitiendo en vez la estimatoria. Ello constituyó error. Si surge la obligación de saneamiento por defectos ocultos bajo los Arts. 1373 y 1374 del Código Civil, el comprador es quien tiene la facultad absoluta de optar entre solicitar la resolución del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o requerir la rebaja proporcional del precio. Scaevola, supra, 205.

Se expedirá el auto y se modificará la sentencia dictada a los fines de declarar resuelto el contrato y ordenarles a los recurridos a pagarle solidariamente al recurrente las sumas abonadas por él, montantes a $6,200, más los gastos pagados por él a los recurridos por concepto de mensualidades vencidas, registro, seguro y financiamiento, más intereses al tipo legal sobre dichas sumas, más las costas. El recurrente deberá en-tregarle el vehículo a la parte recurrida. Así modificada se confirmará la sentencia.