text:
    Sonia Ortiz Ortiz, apelante y recurrida, v. Departamento de Hacienda, apelado y peticionario.

      Número: O-84-761

      Resuelto: 23 de diciembre de 1987

      José Ramón Pérez Hernández, abogado del peticionario; Elsie Díaz Ortega, abogada de la apelada (O.C.A.P.); Carmen J. Díaz Padró, abogada de la apelante recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El 18 de agosto de 1980 la Lie. Sonia Ortiz Ortiz fue re-clutada por el Departamento de Hacienda (en adelante Hacienda) como Subdirectora de la Oficina de Asuntos Legales de Hacienda, puesto clasificado como Abogado V. Al ser re-clutada ocupaba el puesto de Asesor Legal III en el Departa-mento de Servicios Sociales y devengaba un sueldo de mil ochocientos cincuenta dólares ($1,850) mensuales. El sueldo básico para el puesto de Abogado V al momento del recluta-miento era de mil cuatrocientos ochenta dólares ($1,480) mensuales. Para poder reclutarla Hacienda solicitó a la Ofi-cina Central de Administración de Personal (en adelante O.C.A.P.) un diferencial, en sueldo de cuatrocientos dólares ($400) mensuales, al amparo de la autoridad concedida por el Art. 7(1) de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, Ley de Retribución Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 760f(l). En la solici-tud se indicó que las cualificaciones especiales que se reque-rían para ocupar dicho puesto, especialmente en el área de supervisión, hacían sumamente difícil el reclutamiento. Tam-bién se señaló que la licenciada Ortiz Ortiz poseía “todos los requisitos necesarios y condiciones deseables para el puesto”

El 4 de septiembre O.C.A.P. aprobó el diferencial solici-tado. En la notificación especificó que la autorización se daba a base de la “[dificultad extraordinaria en el reclutamiento” e hizo constar lo siguiente:

Este empleado podrá disfrutar de este diferencial mientras prevalezcan las condiciones que dieron base a esta autoriza-ción. Una vez desaparezcan las mismas, su sueldo se ajustará conforme a la reglamentación en vigor que le aplique. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 3.

Luego de varios traslados el 20 de agosto de 1982 Hacienda notificó a la licenciada Ortiz Ortiz que efectivo el 1ro de septiembre de 1982 dejaría de disfrutar el diferencial en sueldo de cuatrocientos dólares ($400) mensuales. Adujo como fundamento que habían dejado de existir las condi-ciones que dieron base a la concesión del diferencial. De esta decisión la recurrida solicitó reconsideración y le fue dene-gada. El 13 de octubre de 1983 apeló ante J.A.S.A.P.

El 2 de mayo de 1984 J.A.S.A.P. emitió una resolución en la cual determinó “que cuando se recluta a un empleado y se le otorga un diferencial en sueldo y ... el mismo [es] apro-bado por la O.C.A.P., el empleado así beneficiado adquiere un derecho propietario sobre dicho diferencial y del mismo no puede ser privado por razones ajenas al principio de mé-rito”; que para poder privar a la licenciada Ortiz Ortiz del diferencial la agencia apelada tenía que “probar que ya no [eran] necesarios los conocimientos y habilidades especiales que dieron [base a su] concesión”, y que “las constantes reu-bicaciones de que [fue] objeto . . ., son demostrativas que, por razones ajenas al sistema de mérito, se le privó del dife-rencial”. Apéndice, pág. 19. J.A.S.A.P. revocó la decisión de Hacienda, ordenó el pago retroactivo del diferencial en sueldo dejado de percibir y que se le asignasen a la recurrida “deberes y obligaciones acordes con las especificaciones de clase correspondientes a un Abogado V”. Apéndice, pág. 19. De esta resolución Hacienda solicitó revisión ante el Tribunal Superior. El 14 de septiembre de 1984 el tribunal dictó sentencia denegatoria de la expedición del auto y dejó en vigor la orden de J.A.S.A.P.

No conforme Hacienda presentó una petición de certio-rari ante este Tribunal. Planteó la comisión de cuatro errores que van dirigidos a cuestionar la determinación del tribunal de instancia y de J.A.S.A.P. de que se continúe pa-gando el diferencial en sueldo, cuando ya no existe la razón por la cual éste se autorizó: dificultad extraordinaria en el re-clutamiento. Decidimos revisar y expedimos el auto.

La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.) reafirmó el principio de mérito como norma rectora en la administración de personal y su extensión a todos los sectores del servicio público. Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40, 48 (1980). Esta ley “persigue alcanzar como meta los más altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servicio público”. Entre sus objetivos está el “[ljograr que la administración pública se rija por criterios de la mayor uniformidad, equidad, y justicia”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1312(1). En 1979 fue enmendada con el propósito de corregir “fallas y omisiones” para poder “poner en práctica su contenido y alcanzar la uniformidad de su aplicación”, al mismo tiempo que se incorporaron “nuevos conceptos y corrientes innovadoras en la administración de personal”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 17 de julio de 1979, Leyes de Puerto Rico de 1979, págs. 947, 948. Reconociendo que el área de la retribución del empleado público es una de las más importantes “para lograr un sistema de administración de personal moderno y balanceado y para facilitar la aplicación del principio de mérito”, en el 1979 también se aprobó la Ley de Retribu-ción Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979 (3 L.P.R.A. see. 760 et seq.). 1979 Leyes de Puerto Rico 224, 225. Su propósito es, en consonancia con el principio consti-tucional de igual paga por igual trabajo, establecer “un sis-tema de retribución que propicie la uniformidad, la equidad y la justicia en la fijación de los sueldos a todos los empleados del servicio público ... [al mismo tiempo que se crean] meca-nismos que propendan y faciliten el reclutamiento y reten-ción de personal mediante la concesión de incentivos adicionales”. (Énfasis suplido.) Exposición de Motivos, Ley de Retribución Uniforme, supra, pág. 226.

Compatible con estos principios, la Ley de Retribución Uniforme preceptúa como norma general que el empleado público, al ser nombrado, recibirá como sueldo el tipo mínimo de la correspondiente escala. Sin embargo, a manera de excepción y para atender ciertas circunstancias y necesidades específicas del servicio público, O.C.A.P. tiene facultad para autorizar diferenciales en sueldo. Estos diferenciales los puede conceder cuando la agencia solicitante prueba que son necesarios debido a “la ubicación geográfica del puesto, las condiciones extraordinarias de trabajo, los conocimientos especiales requeridos, o las dificultades extraordinarias en el reclutamiento y/o retención de personal para determinados puestos”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1354(5)(a) y 3 L.P.R.A. sec. 760f(l). La propia ley establece la naturaleza excepcional y carácter temporero del diferencial. Dispone que este constituirá una compensación especial, adicional y separada del sueldo regular y se eliminará cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su concesión.

Siendo el principio de mérito eje central y principio cardinal de la política pública relacionada con el servicio público, toda concesión o eliminación de diferenciales en sueldo tiene que hacerse de forma tal que no contravenga este principio. Con estas normas generales en mente pasemos ahora a considerar los hechos específicos de este caso.

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En el caso de autos a la recurrida se le otorgó un diferen-cial en sueldo debido a la dificultad extraordinaria para el reclutamiento que existía al momento en que fue reclutada y nombrada en Hacienda. Ella aceptó el puesto consciente de que dicho diferencial era de naturaleza temporera y que se-ría eliminado cuando las circunstancias que justificaron su concesión, la dificultad extraordinaria para el reclutamiento, desaparecieran. Aunque la recurrida no tenía un derecho propietario sobre dicho diferencial, sí tenía derecho a que su eliminación se rigiera por los principios de mérito y me-diante la aplicación de criterios de equidad y justicia.

Luego de una serie de traslados, que J.A.S.A.P. clasificó como contrarios al principio de mérito, a la recurrida se le notificó que dejaría de disfrutar el diferencial en sueldo debido a que había desaparecido el fundamento para su concesión. O.C.A.P. adujo como prueba de esto el que el Registro para la Clase de Abogado V se encontraba “abarro-tado” de candidatos que estaban disponibles para ocupar el puesto de la apelante. No surge del expediente que Hacienda hubiese efectuado un estudio para determinar si los candi-datos que aparecían en el Registro para la Clase de Abogado V reunían las cualificaciones especiales que señalaron en la solicitud de diferencial que presentaron en relación con la recurrida. Tampoco surge que O.C.A.P. hubiese auscultado el efecto, si alguno, que los traslados que J.A.S.A.P. encontró contrarios al sistema de mérito, tuvieron sobre la determina-ción de Hacienda, de solicitar la eliminación del diferencial. Tanto el principio de mérito, como los criterios de equidad y justicia que permean y rigen la administración pública, re-quieren que toda determinación de que procede la elimina-ción de un diferencial en sueldo se haga a base de un estudio que efectivamente demuestre que las circunstancias que ameritaron su concesión han desaparecido. En los casos apropiados, también se deben ponderar los efectos negativos que sobre estas circunstancias puedan haber tenido actua-ciones contrarias al sistema de mérito de la agencia que soli-citó la eliminación. Permitir que actuaciones contrarias al sistema de mérito propicien las condiciones para que se eli-minen las circunstancias que dieron base a la concesión de un diferencial en sueldo, con el efecto negativo y adverso que esto representa para el empleado público y el potencial de abuso que entraña, es contrario a los propósitos tanto de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico como de la Ley de Retribución Uniforme. Tolerar tal situación desa-lentaría no sólo el reclutamiento, sino también la retención de los empleados públicos, socavando la meta que se persi-gue de alcanzar los más altos niveles de excelencia, eficacia y productividad en el servicio público.

Debido a que'en este caso no se ha tenido el beneficio de un estudio de Hacienda que demuestre que al solicitar la eli-minación del diferencial en sueldo no existía dificultad extra-ordinaria para el reclutamiento, y que tampoco se tuvo la oportunidad de ponderar cómo afectan los traslados “ajenos al principio de mérito” esta determinación, devolvemos el caso a J.A.S.A.P. para que se reciba esta prueba y haga las determinaciones que en derecho procedan.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia en la que se revoca la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de lk de septiembre de 198b y se devuelve el caso a J.A.S.A.P. para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

       Del informe del oficial examinador de 27 de febrero de 1984, adoptado por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (en adelante J.A.S.A.P.) surge que la única manera de lograr reclutar, a la licenciada Ortiz Ortiz era equiparándole el sueldo con el que devengaba al momento del reclu-tamiento.

       El 8 de octubre de 1981, a raíz de una reorganización de la Oficina de Asuntos Legales la licenciada Ortiz Ortiz fue trasladada a la División de Opinio-nes y Contratos en la cual tenía como jefe a uno de los abogados de menos anti-güedad en Hacienda. El 3 de mayo de 1982 se le asignó por treinta (30) días a la Corporación para la Administración de la Sindicatura del Banco Obrero. Esta designación, sin embargo, se prolongó hasta el 9 de septiembre de 1983, fecha en que se le trasladó a la Administración de la Lotería de Puerto Rico. La licenciada Ortiz Ortiz no cuestionó estos traslados.

       J.A.S.A.P. adoptó el informe del oficial examinador de 27 de febrero de 1984, que modificaba algunas de las recomendaciones.

       El tribunal de instancia determinó que aunque no necesariamente estaba de acuerdo con la expresión de J.A.S.A.P. de que la recurrida “adquirió un ‘dere-cho propietario’ sobre el diferencial de sueldo, entend[ía] que no se justificafba su] intervención”. Apéndice, pág. 53.
      De esta sentencia Hacienda solicitó reconsideración, la cual fue denegada.

       Art. 7 de la Ley de Retribución Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 760f(l).

       El Art. 11(13) de la Ley de Retribución Uniforme, 3 L.P.R.A. see. 760j(13), define “diferencial” así:
      “Diferencial — Significará la compensación especial que se podrá conceder cuando la ubicación geográfica del puesto, las condiciones especiales del trabajo, los conocimientos especiales requeridos o las dificultades extraordinarias en el reclutamiento y/o retención de personal para ciertos puestos lo justifiquen. Será un diferencial también la compensación adicional que se conceda a un empleado mientras desempeña un puesto interinamente.”

       La concesión de sueldos diferenciales, así como la eliminación de los mismos se hará siguiendo las normas del reglamento adoptado a los fines de ins-trumentar las disposiciones de la Ley de Retribución Uniforme. Sin embargo, cabe señalar qüe aún no se ha aprobado un reglamento que disponga las normas específicas a aplicarse en relación con la concesión y eliminación de diferenciales en sueldo.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Consejo de Educación Superior et al., demandantes y recurridos, v. Universidad Interamericana de Puerto Rico et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-86-248

      Resuelto: 23 de diciembre de 1987

      William Estrella, abogado de los recurrentes; Donato Rivera De Jesús y Luis Roberto Pinero, abogados de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El Consejo de Educación Superior (C.E.S. o Consejo) presentó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una peti-ción de injunction al amparo de la Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976 (18 L.P.R.A. secs. 2101-2109), para que se le prohibiera a la Universidad Interamericana de Puerto Rico (U.I.A.) poner en vigor el Programa de Maestría en Ciencias en Tecnología Médica (Maestría en Tecnología Médica) en el Recinto de San Germán. El foro de instancia emitió el injunction solicitado. Oportunamente la U.I.A. compareció ante nos mediante recurso de revisión. Acordamos revisar.

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Hechos

La U.I.A. sometió al C.E.S. una solicitud de enmienda a su licencia de autorización para que se incluyera en la misma un nuevo programa de Maestría en Tecnología Mé-dica en el Recinto de San Germán. El Consejo procedió a constituir la Junta Consultiva (Junta) que se encargaría de evaluar el nuevo programa. Esta Junta visitó la U.I.A., en-trevistó personal de la institución, estudió la documentación correspondiente y preparó su informe de hallazgos. La U.I.A., a su vez, sometió a la Junta un informe de reacción al informe antes indicado. Luego del estudio correspondiente, la Junta emitió su informe final en el cual detalló las conclu-siones finales y recomendaciones al Consejo. Una vez reci-bido el informe y las recomendaciones del Comité de Licen-cia y Acreditación, el Consejo en pleno denegó la solicitud de enmienda a la licencia. Tras ser notificada de esta decisión la U.I.A. solicitó vista administrativa. En esta vista le indicó al Consejo que se diera por notificado del programa, permitiera su comienzo e hiciese la evaluación dentro de los dos (2) años de su inicio. El Consejo denegó esta solicitud y reiteró su decisión original. El Consejo también denegó una solicitud de reconsideración planteada por la U.I.A. De la decisión en que el C.E.S. se negó a autorizar el programa, la U.I.A. no recurrió en revisión judicial al Tribunal Superior.

Así las cosas, la U.I.A. presentó una “Moción Informa-tiva, Aclaratoria y Solicitud de Reconsideración de Evalua-ción” en la cual solicitó que se le tuviera por desistida de su solicitud de autorización o enmienda de licencia e informó que procedería a comenzar el referido programa indepen-dientemente de las denegaciones previas. El C.E.S. en reu-nión extraordinaria decidió denegar la solicitud de desis-timiento y le advirtió a la U.I.A. que debía abstenerse de comenzar o continuar ofreciendo el programa indicado, aper-cibiéndole que instaría la acción judicial correspondiente. La U.I.A. comenzó el Programa de Maestría en Tecnología Mé-dica el 10 de marzo de 1986.

El 17 de marzo de 1986 el C.E.S. presentó la petición de injunction ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Los demandados presentaron una contestación a la demanda y moción de desestimación en la que argumentaron que, a tenor con la Ley Núm. 31 de 1976, supra, el Reglamento sobre Acreditación de Instituciones Privadas de Educación Superior en Puerto Rico de 15 de septiembre de 1967 (Regla-mento sobre Acreditación de 1967) y el Reglamento para la Otorgación de Licencia a Instituciones Privadas de Educa-ción Postsecundaria de 9 de junio de 1977 (Reglamento sobre Licencias de 1977), la evaluación de un nuevo programa de estudio por el C.E.S. no tiene que hacerse antes de comenzar el programa. Puede hacerse mientras el mismo está en mar-cha. Adujeron, además, como defensa afirmativa entre otras, que el Art. 8 de la Ley Núm. 31 de 1976 no concede autori-dad al C.E.S. para solicitar del tribunal un interdicto contra una institución que posee una licencia de acreditación, por el hecho de que esté ofreciendo un nuevo programa sin que el mismo haya sido previamente evaluado y autorizado por el C.E.S. De acuerdo con los demandados, el Art. 8, supra, se refiere exclusivamente a instituciones que operen sin licencia y la U.I.A. posee una licencia de acreditación.

Tras los trámites procesales de rigor y la celebración de una vista, el tribunal de instancia declaró con lugar la de-manda del C.E.S. y le ordenó a la U.I.A. que cesara y desis-tiera, so pena de desacato civil, de ofrecer y operar el Programa de Maestría en Tecnología Médica, hasta que ob-tuviera la autorización correspondiente del Consejo.

En la sentencia, el tribunal de instancia determinó que como cuestión de hecho, en el pasado el C.E.S. ha permitido que se implanten nuevos programas en la U.I.A. y en otras instituciones privadas de educación postsecundaria sin la evaluación previa, y en algunos casos los nuevos pro-gramas han continuado sin evaluación posterior. De igual forma, en el pasado la U.I.A., en ocasiones, ha solicitado la evaluación previa del C.E.S. antes de comenzar nuevos pro-gramas. Concluyó como cuestión de derecho que como por ley las universidades privadas tienen que ser evaluadas para obtener la concesión de una licencia, igual requisito aplica para comenzar un nuevo programa o curso académico. Ex-presó que un resultado contrario frustraría “[e]l interés del Estado en la aprobación de la Ley 31 [de 1976, el cual] fue establecer una forma de supervisión de estas instituciones para provecho [tanto] de su matrícula como de la ciudadanía en general [y que e]ste interés nace del poder inherente del Estado para regular la calidad de la educación”. Apéndice, pág. 93. No señaló, sin embargo, algún artículo en particular de los reglamentos aplicables o de la Ley Núm. 31 de 1976 que dispusiera expresamente el requisito de evaluación pre-via para comenzar nuevos cursos o programas en institu-ciones privadas que poseyeran licencia de acreditación. Tampoco determinó si el Programa de Maestría en Tecnolo-gía Médica de la U.I.A. constituía una nueva unidad acadé-mica o un cambio sustancial en los objetivos, campo de acción o control de la U.I.A. Art. 5(a), (b) y (c) del Reglamento so-bre Licencias de 1977.

De esa sentencia recurre la U.I.A. y señala la comisión de ocho (8) errores, los cuales básicamente tienen que ver con la interpretación que el tribunal de instancia hizo de la Ley Núm. 31 de 1976, del Reglamento sobre Licencias de 1977 y del Reglamento sobre Acreditación de 1967, y con el plantea-miento de censura previa.

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Introducción

Este caso nos permite considerar si, bajo el esquema de licencia obligatoria creado por la Ley Núm. 31 de 1976, el C.E.S. tiene que inexorablemente requerir evaluación y au-torización previa para que una institución educativa privada al nivel postsecundario que ha sido ya acreditada pueda ini-ciar un nuevo programa o curso.

Antes de comenzar nuestro análisis de la cuestión plante-ada es menester que hagamos algunas observaciones sobre el papel significativo que han desempeñado y desempeñan las universidades privadas en la educación de nuestro país. En la actualidad, en Puerto Rico, 158,620 estudiantes asisten a instituciones educativas de nivel postsecundario. De este total las universidades privadas educan 98,696, el 62.2%.

El establecimiento de las universidades privadas ha per-mitido que la educación —uno de los pilares formativos del ser humano, e ingrediente esencialísimo en nuestro sistema socioeconómico cultural— alcance y nutra a un gran número de estudiantes que de otra forma quedarían desprovistos de ésta. Constituyen, pues, las universidades privadas nuevos y ricos caminos, avenidas y recursos a la disposición de seres humanos ávidos de recibir enseñanza, entrenamiento y for-mación en diversas disciplinas, oficios, habilidades y des-trezas, con el propósito primordial de lograr un decente sustento y alcanzar altos niveles de superación personal, profesional y colectiva que redundarán, bien encauzados, en un saludable y duradero bienestar social.

Las universidades privadas son, en nuestro sistema, un alivio necesario para la universidad pública, que no puede en muchas ocasiones, por diversas causas y circunstancias, abrir sus puertas a personas interesadas en obtener o prose-guir su formación educativa. Además, y aun de mayor rele-vancia e importancia, éstas constituyen nuevos foros para la libre discusión e intercambio de ideas, actividades y con-ducta innovadora, en muchas ocasiones, distintas a las de la universidad pública, con sabias aportaciones a nuestra socie-dad. El contraste e intercambio de ideas y conceptos genera saludables debates que son la savia y esencia misma de toda sociedad democrática.

No se limita, pues, la educación a unos meros formalis-mos ni a vistosos ropajes desprovistos de profundidad y sabi-duría interior, ni tampoco a unos débiles y a veces perezosos intentos de transmitir unos conocimientos con visos de au-tenticidad y certeza. Es mucho más que eso. Va dirigida y es parte consubstancial con la dignidad humana. Por ello está revestida de un enorme y transcendental interés público. De ahí que todo el proceso de evaluación del sistema educativo, en todas o algunas de sus fases, aunque necesario, es impres-cindible hacerlo cuidadosamente, teniendo presente que hay que hacer un balance entre la necesidad de asegurarse que la institución está equipada y puede llevar a cabo su cometido educativo y el deber de fomentar foros para la creación de nuevas ideas, conceptos y tendencias. La implantación de la ley debe resguardar este delicado equilibrio, conservando en las universidades privadas un ambiente de libertad y abs-tracción sustancial.

En Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 159-162 (1982), expresamos el gran respeto y deferencia que se han ganado las instituciones universita-rias debido a la importancia social de sus ejecutorias. Allí dijimos:

Nuestro derecho histórico es testigo ñel del gran reconoci-miento social de que han disfrutado las instituciones universi-tarias, así como sus profesores y estudiantes: “Et otrosí decimos que los cibdadanos de aquel logar do fuere fecho el estudio deben mucho honrar et guardar los maestros, et los escolares et todas sus cosas. . Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Ed. Atlas, 1972, T. II. Partida Segunda, Título XXXI, Ley II. Nuestro aprecio jurídico por la universidad y sus valores de libertad y estudio es, pues, muy antiguo y se remonta a tiempos anteriores a la concepción del derecho constitucional moderno.
En la América de nuestro tiempo esa tarea destacada que desempeña la universidad como centro de investigación, de estudio y de crítica social no ha perdido trascendencia.
La universidad latinoamericana se ha visto comprometida desde sus comienzos con la reforma social. La universidad lu-chó por su autonomía, la que se cristalizó con la Revolución universitaria de Córdoba en 1918. Desde que comenzó la re-forma se proclamó el debér universitario de asumir el liderato en la sociedad y de servir a sus necesidades, definiéndose así la ubicación en las tareas universitarias del estudio de lo polí-tico-social al margen de las preferencias del Estado. Así pues, en Latinoamérica la autonomía universitaria se concibe como el santuario donde conseguir una relativa libertad en el examen de las ideas. R. Mac-Lean y Esteríos, La crisis universitaria en hispanoamérica, Instituto de Investiga-ciones Sociales, Universidad Nacional, México, 1956.
En este sentido, el definitivo reconocimiento que las liber-tades civiles reciben en todo el ordenamiento nacional de so-ciedades como la nuestra, no puede ser razón hábil para me-noscabar las garantías de libertad de expresión y asociación que desde tiempos pretéritos gozan los estudiantes y profe-sores universitarios. Precisamente, para que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acu-ciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pa-sado no muy remoto. Se trata, como advertimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, [109 D.P.R. 251 (1979)], de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia. (Escolio omitido y énfasis suplido.) Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, págs. 160-161.

Lo antes expuesto en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, tiene renovada vigencia en la pre-sente controversia. Para que las universidades, bien sean las privadas o la del Estado, cumplan su función social de ser foro de “discusión enérgica de las ideas” mediante la investi-gación, el estudio y la crítica social, debemos velar por que se les asegure “una relativa libertad en el examen de las ideas”, íd., pág. 161. En este caso la institución, como foro y taller de la comunidad universitaria que conforma, merece el mis-mo respeto y deferencia que le hemos reconocido a los profe-sores y estudiantes. Partiendo de estos postulados de-bemos evaluar la controversia ante nos.

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Desarrollo del sistema obligatorio de licencia para institu-ciones privadas de educación postsecundaria

El requisito de ley de que todas las instituciones privadas de educación postsecundaria tengan licencias de autorización y las posteriores de renovación (acreditación) es un elemento nuevo introducido a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Núm. 31 de 1976. Anterior a esta ley, las instituciones educativas privadas podían ofrecer sus servicios de educación superior postsecundaria sin el requisito de licencia de autorización o de algún tipo de acreditación por parte del Estado. La Ley Núm. 88 de 25 de abril de 1949 le confirió al Consejo Superior de Enseñanza, organismo predecesor del C.E.S., la facultad de evaluar a los “colegio[s] o instituci[ones] . . . que interesare[n] obtener reconocimiento acreditativo . . .”. (Énfasis suplido.) See. 3 de la Ley Núm. 88 (1949 Leyes de Puerto Rico 223, 225). Las instituciones privadas de educación al nivel postsecundario por conveniencia o por el prestigio que esta acreditación conllevaba, seguían este procedimiento acreditativo. El sistema de entonces era, pues, de sometimiento y evaluación voluntaria.

A la Ley Núm. 88 de 1949 siguió la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 que introdujo el sistema de gobierno que rige actualmente para la Universidad de Puerto Rico, creó el C.E.S. y continuó el esquema de acreditación voluntaria. Art. 3, incisos (g)(1), (2) y (3). A base de la facultad confe-rida por esta ley, el 15 de septiembre de 1967, se aprobó el Reglamento sobre Acreditación de 1967.

Bajo ese esquema de acreditación voluntaria se desarrollaron un “gran número de instituciones [privadas de educación postsecundaria]... a l[a]s cuales no les [aplicaban las disposiciones de la Ley Núm. 1 de 1966] ya sea porque no solicita[ron] la acreditación de sus programas o porque habiéndola solicitado no cualifica[ban] para dicha acreditación por no cumplir con los requisitos establecidos. No obstante, [estas instituciones] contin[uaron] operando sin ninguna supervisión de parte del estado”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 31 de 1976, 4ta Sesión Ordinaria, 7ma Asamblea Legislativa, 1976 Leyes de Puerto Rico 83. La Ley Núm. 31 de 1976 le confirió al C.E.S. la “facultad exclusiva para extender licencias de autorización para el establecimiento de instituciones educativas privadas al nivel... post secundario [o de educación superior,] ... ya sean [éstas] de carácter académico, . . . [profesional o] técnico . . . dentro de los límites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 18 L.P.R.A. see. 2101. Por primera vez en una ley sobre esta materia se dispuso que “[n]inguna persona natural o jurídica operar[ía] en Puerto Rico una institución educativa ... de nivel post secundario o universitario ... si no estuviera autorizada mediante licencias a tal efecto, expedidas por el ... [C.E.S.]”. Art. 1 de la Ley Núm. 31 de 1976 (18 L.P.R.A. see. 2101). Dicha ley disminuyó el término por el cual se con-cedían licencias de acreditación, de diez (10) años a cuatro (4), al cabo de los cuales se renovarían por otro término igual, y dispuso que “[tjoda renovación de licencia otorgada ... por ... el [C.E.S.], se harpía] de acuerdo a las normas de acreditación de instituciones y programas vigentes al mo-mento en que se concede la licencia; de tal manera que la licencia de autorización equivaldrá a una licencia provisional y una licencia de renovación equivaldrá a una acreditación bajo las leyes vigentes y aplicables”. 18 L.P.R.A. see. 2101.

También estableció expresamente que no se estaban derogando “las disposiciones de la Ley núm. 2 del 22 de agosto de 1958, según enmendada, ni la Ley núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada” —(escolios omitidos) Art. 10 de la Ley Núm. 31 de 1976, supra, pág. 87— quedando así en vigor el Reglamento sobre Acreditación de 1967 aprobado al amparo de la Ley Núm. 1 de 1966 (18 L.P.R.A. sec. 601 et seq.).

Del historial legislativo de la Ley Núm. 31 de 1976, surge con evidente claridad que la preocupación primordial de los legisladores la constituía el efecto que estaba teniendo sobre los estudiantes, la ciudadanía y la educación del pueblo en general, la comercialización de la educación que se percibía con el desarrollo de un gran número de instituciones educativas privadas al nivel postsecundario no acreditadas. Algunas de estas instituciones estaban operando sin contar con los requisitos mínimos para llevar a cabo su cometido educativo. En relación con las instituciones privadas al nivel postsecundario que se habían acogido al sistema de licencia y acreditación voluntaria, la preocupación más bien giró en torno a que éstas no quedaran adversamente afectadas con la nueva legislación. No existía insatisfacción con la forma y manera en que estaba operando el sistema de acreditación voluntaria.

La Ley Núm. 31 de 1976, recogiendo todas estas inquietudes, estableció un sistema obligatorio de licencia para instituciones educativas privadas al nivel postsecundario, otorgándole al C.E.S. la autoridad para conceder, renovar, denegar, suspender o cancelar estas licencias. Para llevar a cabo esta encomienda lo dotó con facultad para adoptar las normas y los requisitos que estas instituciones deberían cumplir. Entre éstos se incluirían los “requisitos mínimos de planta física, de preparación académica del personal directivo y docente, de servicios bibliotecarios y de laboratorios relacionados, currículo y de capacidad de sostenimiento económico que garantice la continuidad de la enseñanza, la protección de la salud, seguridad de los estudiantes y el cumplimiento de los compromisos hechos por la institución”. Art. 3 de la Ley Núm. 31 de 1976 (18 L.P.R.A. see. 2103).

Para conjurar la preocupación de que la Ley Núm. 31 de 1976 fuese a afectar adversamente a las instituciones de edu-cación privada al nivel postsecundario que estaban operando debidamente acreditadas bajo el sistema de acreditación vo-luntaria, el Art. 12 dispuso, como medida de transición, que a estas instituciones “se les otorgará la licencia automá-ticamente, quedando sujetas a las disposiciones de esta ley, en lo concerniente a renovación y cancelación de licencia”.

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Interrelation entre la Ley Núm. 31 de 1976, el reglamento sobre licencia y el reglamento sobre acreditación

Con este trasfondo pasemos ahora a analizar la aplicación de estas leyes y reglamentos al caso de autos.

El C.E.S. arguye que, como la acreditación se da a una institución en función principalmente a los programas aca-démicos y grados ofrecidos, el ofrecimiento de un nuevo pro-grama da lugar a una nueva evaluación para acreditación, con la subsiguiente enmienda a la licencia, y que dentro del sistema de licencia obligatoria establecido por la Ley Núm. 31 de 1976 esta evaluación tiene que realizarse antes de co-menzar el nuevo programa. Continúa arguyendo que, por lo tanto, el Art. 21, Cap. II del Reglamento sobre Acreditación de 1967, aprobado al amparo de la Ley Núm. 1 de 1966, supra, no puede subsistir por ser inconsistente con el sistema de licencia obligatoria creado por la Ley Núm. 31 de 1976, en tanto y en cuanto permite que se inicie un nuevo programa en una institución ya acreditada sin la previa evaluación y autorización del C.E.S. Aplicando entonces el Art. 5 del Re-glamento sobre Licencias de 1977 concluye que cuando se van a iniciar programas nuevos en instituciones que ya po-seen licencia de acreditación es requisito indispensable la evaluación y autorización previa por el C.E.S. y enmienda a la licencia correspondiente de acreditación. Para apuntalar su interpretación indica que la práctica administrativa ha sido ésta.

La Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 1966, supra, y la Ley Núm. 31 de 1976, aunque otorgan amplios poderes al C.E.S., no establecen específicamente el procedimiento a seguir cuando una institución educativa privada al nivel postsecundario que posee licencia de autorización y licencia de renovación (acreditación) desea comenzar nuevos cursos o programas académicos. La Asamblea Legislativa delegó en el C.E.S. para que éste estableciera mediante reglamento, de forma consistente con las leyes citadas, los requisitos que se deberían cumplir como condición para otorgar las antes mencionadas licencias. Por lo tanto, es a los reglamentos sobre licencias y acreditación donde debemos acudir en busca de una solución a la presente controversia.

Respecto a la práctica administrativa a que alude el C.E.S. en su alegato, basta con señalar que el tribunal de instancia determinó que tanto el C.E.S. como las institu-ciones educativas privadas al nivel postsecundario, incluso la recurrente U.I.A., habían sido inconsistentes en su forma de interpretar y aplicar estas disposiciones. Los documentos sometidos en este caso y en otros que han sido traídos a nuestra atención avalan esta determinación.

El Reglamento sobre Licencias de 1977 regula dos tipos de licencias: la de autorización y la de renovación (acredita-ción) La primera, es un requisito indispensable para co-menzar a operar una institución educativa privada al nivel postsecundario. Antes de otorgar esta licencia, el C.E.S. eva-lúa la filosofía educativa y los propósitos de la institución. Además, pasa juicio sobre su administración y gobierno, fi-nanzas, programas de estudio, personal docente, facilidades físicas y bibliotecas, sistema de admisiones, servicios a estu-diantes y normas de responsabilidad pública adoptadas por la institución. La segunda de estas licencias, la de renovación (acreditación), se otorga cada cuatro (4) años para que pueda continuar operando la institución. En esta etapa la evalua-ción va dirigida a constatar “que las proyecciones hacia el logro de sus propósitos se han realizado o se están realizando de acuerdo a lo planificado”. Art. 1(b), Cap. 1^ Reglamento sobre Licencias de 1977.

El Reglamento sobre Licencias de 1977 requiere que se siga el procedimiento para enmendar la licencia de autoriza-ción o de renovación (acreditación) sólo bajo dos circunstan-cias: cuando se intenta operar una nueva unidad académica y cuando se quiera realizar un cambio de nombre a la institu-ción. Art. 5(c) y (d), Cap. IV. La primera de estas dos situa-ciones requiere una evaluación previa del C.E.S.

Por otro lado, el mismo artículo, en sus Secs. 5(a) y 5(e), establece dos ocasiones en las que se requiere notificación al C.E.S.: cuando se planee hacer cambios sustanciales que al-teren significativamente los objetivos, campo de acción o control de la institución y cuando se realice un cambio en la composición o funciones asignadas ala junta de directores de la institución. De otra parte, la Sec. 5(f) dispone, que la falta de notificación de cualesquiera de los cambios sustan-ciales previamente mencionados “será causa suficiente para cancelar la licencia de la institución”. Como podrá obser-varse el reglamento establece específicamente la notificación previa al C.E.S. de cambios sustanciales, mas nada provee sobre la evaluación previa de los cambios así notificados.

Es claro que en el caso de autos la U.I.A. no pretende hacer un cambio de nombre a su institución, lo cual requeri-ría una enmienda a su licencia, ni realizar un cambio en la composición o funciones asignadas a la junta de directores de la institución. Lo que está planteado es si el nuevo programa de Maestría en Tecnología Médica es una nueva unidad aca-démica para propósitos del Art. 5(c), Cap. IV del Regla-mento sobre Licencias de 1977, para lo cual se requeriría evaluación previa del C.E.S., o si por el contrario, dicho pro-grama constituye un cambio sustancial que altera significati-vamente los objetivos, el campo de acción o control de la institución, lo que sólo requeriría notificación al C.E.S., Art. 5(a), Cap. IV de dicho reglamento.

Ahora bien, tanto la Ley Núm. 31 de 1976 como el Regla-mento sobre Licencias de 1977 se refieren a las normas de acreditación, entiéndase el Reglamento sobre Acreditación de 1967, para el procedimiento de renovación de licencia. Por reglamentar asuntos germanos, estos reglamentos deben in-terpretarse de forma armoniosa siguiendo el principio de hermenéutica que dicta el Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18. Véanse: Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669, 677 n. 10 (1987); Álvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236, 238 (1974); United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 195 (1963); R.E. Bernier, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Ed. Cultural, 1963, Cap. XII, pág. 147.

Pasemos ahora a analizar las disposiciones regla-mentarias pertinentes. El C.E.S. alega que el Art. 21, Cap. II del Reglamento sobre Acreditación de 1967 es incompatible con el sistema de licencia obligatoria. No le asiste la ra-zón. La Ley Núm. 31 de 1976 fue aprobada con proyección hacia el futuro ante un mundo cambiante, dinámico, de conti-nuos desarrollos técnicos y científicos, y de un constante cre-cimiento poblacional para regir en un área de sumo interés público. La intención legislativa no pudo ser otra que la de dotar al C.E.S. con el mayor grado de flexibilidad para que pudiese llevar a cabo la ingente y delicada función de acredi-tar instituciones educativas privadas al nivel postsecundario, al mismo tiempo que asegura que su intervención no soca-vará el fomento de nuevos e independientes foros para la libre discusión de ideas e implantación de conceptos innova-dores. La ley autoriza al C.E.S. a establecer las normas y requisitos que deberán estas instituciones privadas cum-plir. Este mandato es amplio, abarcador y flexible. La ley no lo limita en cuanto al momento, forma y manera en que se debe ejercer la función evaluativa. Consistente con este esquema, tampoco establece un listado exhaustivo de los requisitos que las instituciones deben cumplir para obtener y mantener la acreditación. El permitir que una institución educativa privada al nivel postsecundario que ha sido previa-mente acreditada, comience un nuevo programa sin la eva-luación y autorización previa del C.E.S. no es incompatible con el sistema de licencia obligatoria establecido por la Ley Núm. 31 de 1976.

El Reglamento sobre Acreditación de 1967 expresa clara-mente que una institución previamente acreditada, como es el caso de la U.I.A., puede iniciar sin evaluación previa la revisión, modificación y ampliación normal de los programas previamente acreditados. Art. 5a(l) del Cap. II. El Art. 21 del mismo capítulo dispone el procedimiento a seguir en los casos de ampliaciones de programas subsiguientes a la acre-ditación:

Cualquier ampliación subsiguiente a la acreditación que conlleve la creación de nuevos programas de estudios, o el otorgamiento de grados académicos o diplomas adicionales a los ya autorizados en colegios o instituciones acreditadas bajo este Reglamento, estará sujeto a una nueva evaluación res-pecto de los cursos o grados adicionales. En caso de evalua-ción favorable, se harán las enmiendas pertinentes al certi-ficado de reconocimiento. Esta nueva evaluación deberá solici-tarse, en lo posible, dentro de los dos (2) años subsiguientes a la creación del nuevo programa.

De lo anterior se puede colegir que estos programas nuevos pueden ser evaluados luego de iniciados. Bajo estas circunstancias, la institución, como requisito previo a iniciar un nuevo programa, tiene el deber de notificar al C.E.S. su intención de comenzarlo. El C.E.S., a su vez, tiene facultad para evaluar el programa así iniciado cuando lo estime perti-nente después de comenzado el mismo, o puede esperar y llevar a cabo la evaluación al momento en que esté realizando la evaluación general para la renovación de la licencia de acreditación.

El C.E.S. tiene suficientes mecanismos a su alcance para permitir la iniciación de nuevos programas o cursos sin eva-luación previa, y aun poder realizar efectivamente la labor de supervisión que la Asamblea Legislativa le delegó cuando aprobó la Ley Núm. 31, de 1976. Sin pretender ser exhaus-tivos, veamos algunos de ellos. Utilizando el requisito de re-novación de licencias que la ley acortó de diez (10) a cuatro (4) años, durante estas evaluaciones generales que se requie-ren para la reacreditación, el C.E.S. puede tomar en conside-ración la experiencia de la institución en relación con su ofrecimiento de nuevos programas y su patrón de conducta en esta área. Véanse el Art. 22, Cap. II del Reglamento sobre Acreditación de 1967, y el Art. 1 del Cap. IV del Regla-mento sobre Licencias de 1977. El C.E.S. también posee fa-cultad para “disponer . . . para la revisión con mayor regularidad, así como informes de progreso sobre nuevos programas u otros aspectos”. (Énfasis suplido.) Art. 22 del Cap. II del Reglamento sobre Acreditación de 1967. De esta forma se garantiza la libertad de iniciativa de nuevos cursos y programas, sin que sufra menoscabo la función de supervisión del C.E.S. sobre las instituciones educativas pri-vadas al nivel postsecundario, se salvaguarda el que estas instituciones tengan ciertas condiciones de calidad, estabili-dad y seguridad mínimas en el ofrecimiento de nuevos pro-gramas, al mismo tiempo que se posibilita y fomenta la actividad innovadora y creadora tan necesaria para el exa-men de ideas dentro del ambiente académico.

V

Procedimientos seguidos ante el C.E.S.

En el caso de autos, y a tenor con el análisis que hemos hecho de las disposiciones de ley aplicables, sólo se requeri-ría una evaluación y autorización previa del C.E.S. si se de-termina que estamos ante la iniciación de una nueva unidad académica. Art. 5(c), Cap. IV del Reglamento sobre Licen-cias de 1977. Para el comienzo de un curso o programa basta-ría la notificación de esta intención. No obstante, la U.I.A. optó por solicitar del C.E.S. la evaluación previa de su nuevo programa de Maestría en Tecnología Médica para el Recinto de Mayagüez y el C.E.S. acordó llevar a cabo dicha evalua-ción. Nada en la ley ni en los reglamentos prohíbe tal peti-ción, y el C.E.S. posee amplia facultad y autoridad para acceder a la misma. Sometida a este proceso de evaluación, la U.I.A. presentó su moción de desestimación cuando ya se había completado el mismo y recaído decisión final contraria a sus intereses, incluso se había resuelto una moción de re-consideración en su contra. El proceso administrativo ante el C.E.S. había avanzado al “punto donde la equidad y la con-ciencia requieren que se considere que [la U.I.A.] ha hecho una elección final... [y que] ha renunciado su derecho al otro remedio”. Gandía v. Stubbe, 34 D.P.R. 858, 867 (1926); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 850 (1978).

No podemos permitir el que una parte que voluntariamente elige y se somete a un proceso administrativo, pueda hacer caso omiso a los resultados desfavorables de su gestión desistiendo de su solicitud una vez se le notifica una decisión adversa. Ante esta circunstancia el único remedio de revisión judicial disponible para que la U.I.A. revisara la decisión del C.E.S. sobre el nuevo programa de Maestría en Tecnología Médica era el establecido en el Art. 5 de la Ley Núm. 31 de 1976. La U.I.A. optó por no utilizarlo. La deci-sión del C.E.S. advino a ser final y firme. La U.I.A. no podía continuar ofreciendo el programa que había sido eva-luado negativamente por el C.E.S. Procedía el injunction solicitado al amparo del Art. 5 de la Ley Núm. 31 de 1976, supra.

Por todo lo antes expresado, se dictará sentencia confir-matoria de la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió. El Juez Aso-ciado Señor Alonso Alonso no intervino.

       El tribunal de instancia permitió la intervención de la Asociación de Cole-gios y Universidades Privadas de Puerto Rico, Inc., como amicus curiae. Dicho amicus curiae participó plenamente en los procedimientos en instancia y ante este Tribunal.

       El 29 de mayo de 1986 en auxilio de nuestra jurisdicción paralizamos la ejecución del injunction.

       Debe entenderse que la enmienda que solicitó la Universidad Interameri-cana de Puerto Rico (U.I.A.) fue a su licencia de renovación (acreditación). Esta es la licencia que le otorga el Consejo de Educación Superior (C.E.S.) cada cuatro (4)años para que pueda continuar operando la institución.
      La U.I.A., por estar acreditada al aprobarse la Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976 (18 L.P.R.A. see. 2101 et seq.), obtuvo “automáticamente una Licencia de Autorización, cuya renovación estafba] sujeta a las normas de acreditación apro-badas por el Consejo con arreglo a las disposiciones de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, en su Artículo 3, Inciso G”. Art. 9, Cap. Ig Reglamento para la Otorgación de Licencia a Instituciones Privadas de Educación Postsecundaria de 9 de junio de 1977. Art. 12 de la Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976.

       La Junta Consultiva se crea por mandato de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada por el Art. 3(g)(3) de la Ley Núm. 27 de 11 de 1978 (18 L.P.R.A. sec. 602(g)(3)). Esta Junta la integran el Secretario de Instrucción Pública o su representante y educadores seleccionados de entre los miembros de instituciones privadas de educación uni-versitaria existentes en Puerto Rico debidamente acreditadas y de la Universi-dad de Puerto Rico. El Consejo al determinar la composición de la Junta toma en consideración la naturaleza y complejidad de la institución a ser acreditada. Se excluye de la Junta a los miembros que correspondan a la institución sujeta a evaluación. Reglamento sobre Acreditación de Instituciones Privadas de Educa-ción Superior en Puerto Rico de 15 de septiembre de 1967, Cap. II, Arts. 4 al 6.
      Luego del trámite de evaluación de la Junta, el Consejo obtuvo el asesora-miento del Dr. A.A. Cintrón Rivera, perito en la materia bajo estudio. El doctor Cintrón estudió los informes de la Junta y su recomendación al Consejo también fue desfavorable a la aprobación del programa.

       Art. 5 de la Ley Núm. 31 de 1976 (18 L.P.R.A. see. 2105).

       En la actualidad se sigue ofreciendo este programa. Del expediente surge que la U.I.A. informó a todos los estudiantes matriculados en el nuevo programa de Maestría de Ciencias en Tecnología Médica, que el C.E.S. les había notificado que no podían iniciar dicho programa. Les indicó que en su opinión el C.E.S. estaba equivocado y por eso iban a continuar ofreciéndolo, pero que “[s]i se susci-tara una acción legal de parte del [C.E.S.] contra [la U.I.A.] que impidiese [su continuación], la [U.I.A. les] reembolsaría] la cantidad total pagada por concepto de matrícula”. Apéndice, pág. 21. También informó que podían retirarse del pro-grama si lo deseaban. Memorando de 27 de febrero de 1986 del Presidente Inte-rino de la U.I.A., Dr. José Lema Moyá, a todos los Estudiantes Matriculados en el Programa de Maestría en Ciencias en Tecnología Médica.

       Demandaron a la U.I.A. y a sus entonces Presidente y Presidente Inte-rino, Dr. Ramón A. Cruz y Dr. José Lema Moyá, respectivamente.

       Art. 8, Ley Núm. 31 de 1976 (18 L.P.R.A. see. 2108), en su parte perti-nente lee:
      “. . . En caso de que una institución educativa de las enumeradas en este Capítulo persista en operar sin licencia después de advertida sobre el particular por ... el [C.E.S.]... [éste podrá] acudir al Tribunal Superior de Puerto Rico y obtener una orden de interdicto contra dicha institución, la que quedará sujeta a todas las consecuencias legales dispuestas por ley.”

       Tomamos conocimiento judicial de Fundación Educativa Ana G. Méndez v. Universidad de Puerto Rico, R-85-157. En este recurso la Fundación Educa-tiva Ana G. Méndez presentó una petición de sentencia declaratoria en la cual cuestionaba —a base de los mismos planteamientos de este caso— la actuación del C.E.S. de requerirle a las instituciones que componen la Fundación someterle a aquél los nuevos programas para evaluación previa. Distinto al caso de autos, la Fundación comenzó sus programas sin someterse a evaluación previa y el Con-sejo no trató de impedirlo judicialmente. A pedidos del C.E.S. desestimamos el recurso debido a que el mismo se había tornado académico. El C.E.S. renovó la licencia de la Fundación mediante el trámite ordinario de reacreditación. En ese procedimiento de reacreditación se evaluaron los nuevos cursos o programas que habían comenzado sin evaluación previa del C.E.S.

       La U.I.A. alega que ella como institución es poseedora del derecho de li-bertad académica como una de las garantías de su libertad de expresión. Argu-menta que el requisito de evaluación de los cursos antes de ponerlos en vigor constituye una censura previa. Véanse: Cuesnongle v. Ramos, 713 F.2d 881, 884 (1er Cir. 1983); Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589, 603 (1967); Keefe v. Geanakos, 418 F.2d 359 (1er Cir. 1969). También véase Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503, 506 (1969). Similar planteamiento hace el amicus cu

        riae la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico, Inc. Debido al resultado a que llegamos no tenemos que entrar a discutir esta contro-versia.
      Para una discusión sobre la libertad de enseñanza en Francia, Alemania, España e Italia, véase A. Embid Irujo, Las Libertades en la Enseñanza, Madrid, Ed. Tecnos, 1983.

       Estadísticas recopiladas por la Oficina de Estadísticas del C.E.S. para el Primer Semestre 1986-1987.
      En relación con estas estadísticas debemos señalar que las mismas no inclu-yen institutos que están bajo la autoridad del Departamento de Instrucción Pú-blica. El total de estudiantes en instituciones públicas al nivel postsecundario es de 59,924, lo que representa un 37.8% del total. En estas estadísticas se incluyen la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música, los Institutos Tecnoló-gicos del Departamento de Instrucción, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y el Colegio Técnico del Municipio de San Juan.

        Cf. Cuesnongle v. Ramos, supra, pág. 884. “These decisions establish a zone of First Amendment protection for the educational process itself, which, in proper circumstances, must include not only students and teachers, but their host institutions as well.” (Énfasis suplido.)

       18 L.P.R.A. sec. 602(g)(1), (2) y (3):
      “(g) Acreditación de la educación superior privada.—
      “(1) El Consejo de Educación Superior adoptará y promulgará normas para la acreditación de la educación superior privada en Puerto Rico, previa au-diencia a las instituciones interesadas.
      “(2) El Consejo acreditará las instituciones privadas de educación superior en Puerto Rico con el beneficio de la recomendación de una Junta Consul-tiva de Acreditación de la Educación Superior Privada, según más adelante se provee, cuando se hayan cumplido las reglas para la acreditación promulgadas por el Consejo.
      “(3) Para entender en cada solicitud de acreditación el Consejo desig-nará especialmente una Junta Consultiva de Acreditación de la Educación Superior Privada, que estará compuesta por el Secretario de Instrucción Pública o su representante y educadores seleccionados de entre los miembros de instituciones privadas de educación universitaria existentes en Puerto Rico debidamente acre-ditadas y de la Universidad de Puerto Rico. Disponiéndose, que la composición de la Junta será determinada por el Consejo tomando en consideración la naturaleza y complejidad de la institución a ser acreditada.”

       Informe Conjunto de las Comisiones de Instrucción y de Hacienda del Senado de 23 de mayo de 1975 relacionado con el P. de la C. 865, que luego se convirtió en la Ley Núm. 31 de 1976. Discusión en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado Sustitutivo al P. de la C. 865 obte-nida del alegato del amicus curiae Asociación de Colegios y Universidades de Puerto Rico, Inc., págs. 12-16, ya que no se encuentra impresa en el Diario de Sesiones correspondiente. El amicus curiae obtuvo la información de la trans-cripción hecha hasta el presente. Véase escolio a la pág. 12 de su alegato.
      Con respecto a estas preocupaciones, véase también la Exposición de Mo-tivos de la Ley Núm. 31 de 1976, Leyes de Puerto Rico, pág. 83.

       Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 88.

       El Art. 10 aclara que “[fias disposiciones de esta ley no derogan las dis-posiciones de... la Ley núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, [la cual continuará] en toda su vigencia”. Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 87.
      Mediante el Art. 9 se instruye al C.E.S. a “promulgar reglas y reglamentos no incompatibles con esta ley”. 18 L.P.R.A. see. 2109.

       Véase esc. Núm. 9.

       En el Art. 1 del Cap. IV de este reglamento se describen las dos licencias de la forma siguiente:
      “a. Licencia de Autorización — El Consejo concederá esta licencia por cua-tro (4) años si la institución cumple con las normas y requisitos mínimos pres-critos en el Capítulo V de este Reglamento. En esta etapa la institución debe tener establecidos unos propósitos y un plan de acción hacia el logro de los mismos.
      “b. Licencia de Renovación — El Consejo concederá esta licencia por cua-tro (4) años luego que la institución haya sido acreditada, o su acreditación revali-dada, con arreglo a las normas de acreditación que haya aprobado este organismo por disposición de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, en su Artículo 3, Inciso G. En esta etapa la institución debe demostrar que las proyecciones hacia el logro de sus propósitos se han realizado o se están realizando de acuerdo a lo planifi-cado.”
      Al otorgarse una licencia el C.E.S. debe especificar las unidades académicas que la institución evaluada puede operar, Art. 5(b) del Cap. Ig tales como: re-cintos, colegios regionales, escuelas profesionales y escuelas de estudios gradua-dos. Art. 5(c) del Cap. IV del mismo reglamento.

       En relación con este asunto la propia Sec. 5(e) dispone que “[l]a informa-ción recibida será la base que usará el Consejo para ver que se cumpla con las disposiciones del Artículo 6 de la [Ley Núm. 31 de 1976]”.

       Art. 10 de la Ley Núm. 31 de 1976, Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 87, y Art. 1(b), Cap. IV del Reglamento sobre Licencias de 1977.

       El Art. 18 del Código Civil dispone:
      “Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro.” 31 L.P.R.A. sec. 18.

       Véase, también, XLIX Opiniones del Secretario de Justicia 25 (1978).

       Arts. 2 y 9 de la Ley Núm. 31 de 1976 (18 L.P.R.A. secs. 2102 y 2109).

       En relación con la delegación de poderes a agencias administrativas, re-cientemente en M.&B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987), dijimos:
      “Por la complejidad del mandato otorgado a estas agencias administrativas ha sido necesario que la Rama Legislativa les delegue poderes con normas am-plias y generales permitiéndoles una gran discreción en el desarrollo y ejecución de la política pública.”

      4) Como excepción a esto el Art. 1 de la Ley Núm. 31 de 1976 (18 L.P.R.A. see. 2101) limita específicamente la duración de la licencia disponiendo que ésta será por cuatro (4) años.

       Estos nuevos programas, sin embargo, no pueden constituir una “nueva unidad académica” según se utiliza ese concepto en el Art. 5(c) del Cap. IV del Reglamento sobre Licencias de 1977; esto requeriría evaluación y autorización previa.

       El C.E.S. también tiene facultad para requerirle a las instituciones pri-vadas acreditadas que planeen iniciar nuevos cursos que les informen a los estu-diantes, e incluyan en los anuncios sobre los mismos, información relacionada con el hecho de que estos programas están sujetos a evaluación y que aún no han sido acreditados.

       De estimarlo pertinente, el C.E.S. tiene amplia facultad para actualizar sus reglamentos, definir sus contornos y revisar los procedimientos de licencia y acreditación.

       Según las Disposiciones Generales del Cap. III (Normas de Acredita-ción) del Reglamento sobre Acreditación de 1967, el “propósito básico” de la eva-luación conducente a la acreditación “es el de apuntar hacia rasgos esenciales de responsabilidad y de solvencia orgánica y programática que deben caracterizar el funcionamiento de centros dedicados a la docencia superior. No se trata de ela-borar fórmulas para alcanzar excelencia ni de exigir uniformidad estructural que excluya variantes y diversidades normales y deseables en un mundo educativo en proceso frecuente de readaptación y de cambio. Se trata más bien de señalar factores que tienden a constituir un denominador común en el esfuerzo por cum-plir obligaciones adscritas a las tareas de la educación e investigación universita-ria y colegial.
      “Estas mismas normas generales complementadas por las normas corres-pondientes a programas específicos se aplicarán al evaluar los programas de estu-dios conducentes a determinados títulos, grados, diplomas y certificados cuando se trata de acreditar éstos.”

       18 L.P.R.A. see. 2105. En relación con la revisión judicial de decisiones administrativas, véase B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1984, Cap. 8, Sec. 8.3.

      Por no estar ante nosotros la corrección de la evaluación hecha por el C.E.S. sobre el Programa de Maestría en Tecnología Médica de la U.I.A. no pa-samos juicio sobre la misma.

       Nada de lo expresado en esta opinión impide que el C.E.S., dentro de las facultades que le han sido delegadas, utilizando su experiencia y conocimientos en materia de educación al nivel postsecundario, entienda nuevamente en este asunto y tome las providencias y medidas que estime necesarias y pertinentes, a la luz de los hechos que se le presenten, para llevar a cabo los objetivos de la Ley Núm. 31 de 1976.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Francisco Morales Díaz, acusado y apelante.

      Número: CR-87-41

      Resuelto: 24 de diciembre de 1987

      Ismael Colón Birriel, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General y Josefa A. Román García, Procura-dora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“No hay hecho jurídico que rebase en importancia al de la muerte. La muerte, el más conmovedor fenómeno vitae ho-minis, remece con violencia atronadora hasta el último in-ciso del ordenamiento legal, produciendo una verdadera conmoción en el mundo jurídico.” R. Ato del Avellanal, Pro-yecciones jurídicas de la muerte en diversas ramas del de-recho, 9 Rev. C. Abo. La Plata 87, 89 (1967). Esta realidad es la clave para la disposición final de la presente apelación.

I-H

En el Tribunal Superior, Sala de Humacao, Francisco Morales Díaz fue acusado de infringir los Arts. 7 y 32(b) de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. secs. 417 y 442(b), y el Art. 94 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4031, sobre agresión simple. Un jurado rindió veredicto de culpabilidad. Fue sentenciado a cumplir seis (6) meses de reclusión en los primeros cargos y a satisfacer una multa de $500 por el delito de agresión simple.

No conforme, el 24 de abril de 1987, Morales Díaz apeló. A partir de ese momento, su abogado comenzó los trámites tendentes a perfeccionar el recurso. Oportunamente preparó y obtuvo la certificación de la Exposición Narrativa de la Prueba.

El 3 de noviembre fuimos informados de que Morales Díaz había muerto como consecuencia de un accidente auto-movilístico acaecido el 29 de octubre. Sin embargo, su aboga-do nos pidió prórroga para consultar a los familiares en torno al curso de acción ulterior de la apelación. El 13 de noviembre, éste nos sometió un alegato en apoyo de la revo-cación de las sentencias. Por su parte, el Procurador General nos pide que desestimemos la apelación por académica.

No es menester examinar los méritos de los errores señalados. Con la muerte de Morales Díaz debe ponerse de inmediato punto final al proceso y ordenar retroactivamente el sobreseimiento de las acusaciones. Después de todo, “la defunción borra del mapa jurídico a un ser que es objeto de derechos y obligaciones modi pleni . . .”. Ato del Avellanal, op. cit. Este resultado se impone por imperativo de los Arts. 77 y 81 del Código Penal preceptivos de que la muerte del imputado o penado extingue la acción penal y las penas —33 L.P.R.A. secs. 3411 y 3431— y la interacción de principios constitucionales cardinales.

Se ha dicho que la extinción de la causa o del castigo penal es consecuencia de “lógica y fácil percepción”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de P.R., Comentado y Revisado, San Juan, Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 131. Sin embargo, “[e]ste principio, hoy por todos reconocido, no siempre fue observado, y en el mismo derecho romano, pero sobre todo en el derecho de la Edad Media y a[u]n en épocas poste-riores, se encuentran frecuentes casos de penas impuestas a los cadáveres. Actualmente nadie duda que la muerte del de-lincuente no sólo extingue la acción penal sino también la pena de carácter personal a[u]n cuando haya recaído senten-cia firme.” E. Cuello Calón, Derecho Penal, Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. I, Vol. 2, págs. 741-742; J. Luzón Cuesta, Compendio de Derecho Penal, 2da ed. rev., Madrid, Dykin-son, 1987, págs. 293-294.

La glosa científica clasifica la causa de extinción por muerte como de naturaleza física atribuible al carácter inhe-rentemente personal del evento. A. Quintano Ripollés, Curso de Derecho Penal, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1966, pág. 585. Se funda, además, en el “principio de individualización de la pena, ésta queda limitada al autor del delito”. M. Osso-rio y Florit, Código Penal de la República Argentina: co-mentarios, jurisprudencia, doctrina, legislación comple-mentaria, 3ra ed., Buenos Aires, Ed. Universidad, 1982, pág. 81.

Algunos autores discuten el ámbito de aplicación de estos principios y distinguen las distintas etapas del proceso. A. Arroyo de las Heras, Manual de Derecho Penal: El Delito, Madrid, Ed. Aranzadi, 1985, págs. 312-313. Aunque recono-cemos que en estricta técnica, procesalmente cabría el esta-blecimiento de ciertas dicotomías, si hemos de ser consis-tentes con la presunción de inocencia y el derecho de apela-ción —consagrados en nuestro patrimonio constitucional y ordenamiento procesal vigentes— tenemos que descartar tales distinciones y aplicarles los efectos extintivos en cual-quier momento de la muerte.

Igual criterio prevalece en la jurisdicción federal. El fallecimiento del imputado o convicto anula no sólo el trámite apelativo, sino que pone fin a todos los procedimientos relativos a la acusación desde su origen. Durham v. United States, 401 U.S. 481, 483 (1971); United States v. Bechtel, 547 F.2d 1379 (9no Cir. 1977). Nota, Criminal Appeals Abated, 80 A.L.R. Fed. 446.

Según este enfoque la apelación se desestima con el mandato de que el tribunal de instancia anule y archive la acusación. Esta anulación impide al Estado recobrar cualesquiera costas impuestas al acusado. El razonamiento en que se apuntala esta norma fue concebido inicialmente en United States v. Daniels, 47 U.S. (6 How) 11, 13 (1848). Allí filosóficamente se expuso “que todo acto íntimo o daño criminal, público, es sepultado con el ofensor”. (Traducción nuestra.) Este pensamiento en su contenido moral, místico y jurídico concuerda con lo citado en Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 82 (1982), a saber, que “[la] justicia ... es el único amigo que acompaña al hombre después de la muerte; todo lo demás perece con el cuerpo”.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que ordena el sobreseimiento de las acusaciones y sentencias objeto de esta apelación.

       Suspendidos ambos cargos bajo la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1027.

       Citado por A.V. Fernández, Función Creadora del Juez, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1970, pág. 9.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

text:
    Adeli Ortiz Ortiz, demandante, v. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cristóbal Rodríguez Hidalgo, demandada y recurrida.

      Números: RE-87-251
    CE-87-276

      Resueltos: 28 de diciembre de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Lorenzo Vilanova Alfonso, Procurador General Auxiliar, abogados del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico, recurrente; Efraín Espada Reyes, abogado de la peticionaria; Luis Miranda Correa, abo-gado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos en estos recursos consolidados, que el Inspector de Cooperativas de Puerto Rico no tiene jurisdicción, bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, según enmendada, 5 L.P.R.A. secs. 899-900, para intervenir y dilucidar una reclamación instada por el administrador de una cooperativa de ahorro y crédito contra la Junta de Directores que lo cesanteó de su cargo. Al así resolver cumplimos con nuestra obligación fundamental de imprimirle efectividad a la manifiesta intención legislativa y, a su vez, propiciar el interés público en casos como el presente. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986).

Adeli Ortiz Ortiz trabajó, durante 10 años, como Admi-nistrador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristóbal Rodríguez Hidalgo (Cooperativa). La Junta de Directores de la Cooperativa acordó declarar vacante la plaza de Adminis-trador a partir del 28 de junio de 1986. Por no estar conforme el señor Ortiz Ortiz presentó demanda contra la Coopera-tiva, su Junta de Directores, su Comité de Supervisión, su sucesora y el Inspector de Cooperativas de Puerto Rico. Se alegó que la llamada destitución se hizo sin previa formula-ción de cargos, en contravención a la Sec. 9 del Art. VIII del Reglamento de la Cooperativa; que las disposiciones del Re-glamento son nulas por confligir con las disposiciones del Có-digo Civil sobre los derechos contractuales, y que su desti-tución es parte de una campaña difamatoria por motiva-ciones políticas. El demandante solicitó los remedios si-guientes:

POR TODO LO CUAL, con todo respeto se-solicita del Honorable Tribunal que declare CON LUGAR la presente de-manda y en su consecuencia declare ilegal y por tanto nulo el despido del demandante por la parte demandada, ordene a la parte demandada reinstalar en su puesto de Administrador al demandante, con todos los derechos' y prerrogativas inhe-rentes a dicho cargo, condene a la parte demandada al pago de todos los salarios dejados de percibir por el demandante hasta que se le reinstale en su puesto; al pago de $500,000.00 por los daños y perjuicios ocasionados a la reputación, buen nombre, prestigio profesional, a la salud, física y emocional y la pér-dida de oportunidad de un empleo de similar categoría y paga al que fue despedido, más la suma de $50,000.00 por concepto de Honorarios de Abogado y con cualquier otro pronuncia-miento procedente en derecho y dicte sentencia declaratoria declarando nulo e ilegal el despido del demandante. Demanda de 16 de junio de 1986, pág. 14.

Los demandados, con excepción del Inspector de Coope-rativas, presentaron una moción de desestimación por razón de que la jurisdicción para entender en asuntos de cooperati-vismo reside en primera instancia en la Oficina del Inspector de Cooperativas, cuya decisión es revisable por la Junta de Apelaciones establecida por la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A. see. 900. Según la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, los co-demandados sostuvieron que el tribunal carecía de jurisdic-ción para entender en el pleito y, en la alternativa, que el caso debía transferirse a la Oficina del Inspector de Coope-rativas para que allí se resuelvan las cuestiones planteadas en la demanda que fueran de su incumbencia.

Por su parte el Inspector de Cooperativas también pidió la desestimación de la acción. En primer término, el Inspector sostuvo que no surgen alegaciones contra él y que sola-mente fue traído al pleito para defender la legalidad del Reglamento. El Inspector argüyó que su oficina tiene juris-dicción primaria para emitir juicio sobre la validez de la dis-posición reglamentaria. En cuanto a la reclamación como tal sostuvo que él no tenía jurisdicción sobre ella por tratarse de una de naturaleza obrero-patronal, que cae bajo el ámbito de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Alegó que en los únicos casos en que el Inspector tiene jurisdicción para intervenir es en un despido de miembros del Comité de Supervisión y de la Junta de Directores de las cooperativas. Art. 13-A y 14 de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A. secs. 893a y 894.

El Tribunal Superior, Sala de Aibonito, acogió el plantea-miento de los demandados privados, desestimó la demanda y ordenó el traslado del caso a la Oficina del Inspector de Coo-perativas. El demandante acudió a este Tribunal mediante recurso de certiorari. El Procurador General instó, en re-presentación del Inspector de Cooperativas, una petición de revisión. Consolidamos los recursos y revisamos mediante orden para mostrar causa. Estamos en posición de resolver.

1-H

Para resolver esta controversia es menester considerar, en primer término, cuáles son los poderes, atribuciones y fa-cultades del Inspector de Cooperativas. La Ley Núm. 19 de 22 de abril de 1980 (5 L.P.R.A. sec. 899-900a) nos brinda una guía adecuada para ello. En su Exposición de Motivos se se-ñala que:

La Oficina del Inspector de Cooperativas tiene la obligación legal de supervisar y fiscalizar las operaciones de todas las cooperativas organizadas en Puerto Rico. ínsito a las fun-ciones de fiscalización se encuentra la obligación de atender querellas. Para poder desempeñar eficazmente sus funciones es indispensable que esté provista de facultades y poderes co-ercitivos. Esta ley establece con claridad esos poderes que son imperativos para fiscalizar el cumplimiento de las leyes coope-rativas. La presente ley establece un procedimiento para ven-tilar y adjudicar las querellas presentadas por los socios o personas afectadas por actuaciones de las cooperativas. Esta medida tiene por objeto garantizar a las cooperativas, a los socios y a las personas afectadas la debida atención a sus pro-blemas, y deja claramente establecida una facultad que por años ha estado ejerciendo la Oficina del Inspector de Coopera-tivas.
Como parte de esa protección a los derechos de los socios de cooperativas y de otras personas afectadas se extiende a éstos el derecho a recurrir ante la Junta de Apelaciones. Este re-curso facilita y acelera el logro de una solución por un orga-nismo especializado con personal profesional y técnico alta-mente competente.
Por último, 'establece el procedimiento a seguirse en la revi-sión judicial de las decisiones de la Junta de Apelaciones. 1980 Leyes de Puerto Rico 55-56.

Entre los poderes que tiene dicha oficina están los si-guientes:

(6) Atender, investigar y resolver querellas presentadas por las cooperativas, socios cooperativistas o de cualquier persona afectada por una actuación de cooperativa.
(8) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos dé las secs. 881 a 909 de este título y hacer que se cumplan las reglas, regla-mentos, órdenes, resoluciones y determinación de la agencia.
(10) Imponer multas tanto a la cooperativa como a sus fun-cionarios en su carácter personal, por cualquier violación a las secs. 881 a 909 de este título, excepto las secs. 896 y 903, cuya infracción se castigará de acuerdo con lo dispuesto en dichas secciones, a los reglamentos, órdenes o resoluciones de esta agencia. El Inspector tendrá facultad para imponer multas hasta un máximo de dos mil (2,000) dólares.
(11) El Inspector, o el funcionario que éste designe, tendrá facultad para emitir las siguientes sanciones y órdenes:
(a) Previa notificación y vista, imponer multas adminis-trativas por violaciones a las sees. 881 a 909 de este título o las reglas, reglamentos, órdenes o resoluciones aprobados o dictados por la Oficina a tenor con las sees. 881 a 909 de este título.
(b) Previa notificación y vista podrá emitir órdenes para cesar y desistir, y prescribir los términos, condiciones co-rrectivas que por la evidencia a su disposición, y a tenor con el derecho aplicable, se determine. Podrá emitir dicha or-den, con carácter provisional, si a criterio del Inspector se cause o se pueda causar un grave daño inmediato obviando el requisito de celebrar vista. Dentro de los diez días poste-riores a la emisión de dicha orden provisional, el Inspector deberá celebrar una vista administrativa en la que resol-verá, si dicha orden provisional se hace permanente o se revoca. Las órdenes emitidas bajo este inciso serán notifi-cadas a las personas afectadas por correo certificado.
(c) El Inspector podrá recurrir al Tribunal Superior de Puerto Rico, en solicitud que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida, o cualquier orden correctiva.
(13) Realizar todos aquellos actos necesarios y conve-nientes para el logro más eficaz de los propósitos de las sees. 881 a 909 de este título.
(14) El Inspector tendrá todos los otros deberes, derechos, facultades y obligaciones que se le imponen o confieren en otras de las secciones 881 a 909 de este título u otras leyes sobre cooperativas. 5 L.P.R.A. see. 899.

El Art. 19A de la Ley General de Sociedades Coopera-tivas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A. see. 900, crea una Junta de Apelaciones para entender en las apelaciones de las deci-siones del Inspector. La decisión de la Junta de Apelaciones puede ser revisada por el Tribunal Superior. Art. 19B, 5 L.P.R.A. sec. 900a.

Por otro lado, los Arts. 13 y 14 establecen el procedi-miento para el nombramiento y destitución de los directores y funcionarios de las cooperativas, y el Art. 14 dispone que un administrador o empleado no puede ser director al mismo tiempo. 5 L.P.R.A. sees. 893-894.

Una lectura integral del Art. 19 y el resto de la ley revela que el Inspector de Cooperativas puede, según los poderes generales que le confiere el Art. 19, atender quejas y revisar las decisiones sobre la destitución, separación o cesantía de un funcionario, sea éste director o miembro del comité de supervisión. Ello es debido a que la relación entre éstos y las cooperativas están específicamente regidas por la ley, especialmente por los Arts. 13 y 14, ante, pero no le concede el poder de intervenir en la relación privada entre la cooperativa, sus funcionarios y los administradores o empleados, ya que esta relación obrero-patronal no está regida por la ley ni siquiera en forma general. Así parece aceptarlo el tribunal de instancia al fundar su decisión en que el Inspector de Cooperativas debe entender en toda la controversia por razón de que en la demanda se alega que el despido o cesantía se hizo en contravención alas disposiciones del Reglamento de la Cooperativa demandada. Al así resolver incidió.

i — I I — H

Este es un caso que de primera impresión plantea la rela-ción entre las doctrinas de jurisdicción primaria, el agota-miento de remedios administrativos, y las funciones y facul-tades de la Oficina del Inspector de Cooperativas. Nuestras decisiones sobre controversias entre empleados o socios de las cooperativas no han tenido que expresarse al respecto. Veamos algunos ejemplos. Rivera v. Coop. de Ganaderos de Vieques, 110 D.P.R. 621 (1981), versaba sobre los derechos de los empleados según el convenio colectivo que regía la re-lación obrero-patronal. Resolvimos que los obreros tenían que someter sus reclamaciones para el pago de horas extras al procedimiento de arbitraje.

En Coop. de Viviendas v. Rodríguez, 108 D.P.R. 632 (1979), interpretamos los incisos (C) y (D) del Art. 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A. sec. 890(C) y (D), que regulan el procedimiento para la separación de socios de cooperativas. Resolvimos que cuando la causa de la separación es que el socio ha actuado contra los intereses de la sociedad, el socio podrá apelar den-tro de 10 días, ante la próxima asamblea de socios y que, en el caso de cooperativas de viviendas, si la causa es la mora en el pago de sus obligaciones, debe acudir directamente al Tribunal Superior. Nada dijimos, por no estar planteado, sobre la función, si alguna, del Inspector de Cooperativas en estos casos.

Nótese que la Ley Núm. 39 de 24 de mayo de 1983, Leyes de Puerto Rico, pág. 68, alteró dicho procedimiento. En los casos de cooperativas de viviendas el socio separado siempre debe acudir directamente al Tribunal Superior. En ningún caso puede acogerse al procedimiento administrativo en la Oficina del Inspector de Cooperativas.

El caso que más se asemeja al presente es el de Chaves v. Coop. de Crédito de Isabela, 103 D.P.R. 892 (1975). Allí al igual que aquí, la Junta de Directores de la Cooperativa deci-dió prescindir de los servicios de la Administradora. Ella de-mandó a la Cooperativa porque alegaba que, aunque no se dispuso en el contrato escrito, se pactó un término de dos años de duración. Reclamó una suma por el tiempo que le faltaba para completar los dos años y otra por concepto de vacaciones acumuladas. El Tribunal Superior declaró con lu-gar la demanda. Revocamos, excepto en cuanto a la obliga-ción de la demandada de pagar las vacaciones acumuladas, por no haberse probado que el contrato era por dos años. Para ello utilizamos la regla de evidencia extrínseca (parole evidence rule), 32 L.P.R.A. Ap. iy R. 69(A). Dicho caso se tramitó como una demanda ordinaria sobre cumplimiento de contrato sin plantearse la facultad del Inspector de Coopera-tivas para intervenir en la controversia. En este caso nos toca resolver directamente este planteamiento.

La jurisdicción primaria ocurre tan sólo cuando existe jurisdicción concurrente entre el procedimiento administrativo y el sistema judicial, y se aplica específicamente cuando la situación presenta cuestiones de derecho que requieren el ejercicio de la discreción y del conocimiento especializado de la agencia administrativa. First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980). Véanse, además, otras situaciones en las que se ha interpretado la doctrina: García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763 (1983); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978); Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 562 (1977).

Lo determinante en este caso es si la Asamblea Legislativa dispuso expresamente que la Oficina del Inspector de Cooperativas fuera el foro llamado a intervenir. First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, ante, pág. 439. Como apuntamos en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, ante, pág. 725, cuando surge claramente que no hay jurisdicción, ningún be-neficio se obtiene al obligar al litigante a mantenerse en la agencia.

En el caso ante nos la reclamación no cae bajo las facultades del Inspector. Es una reclamación estrictamente privada para cuya solución la agencia no tiene ningún conocimiento especializado. Por el contrario, son los tribunales los llamados a dirimir la controversia. Están involucrados los derechos contractuales y estatutarios que cobijan al demandante si la prueba así lo demuestra. El tribunal tiene que decidir, entre otras cosas, si ésta es una acción por despido injustificado, si proceden daños independientes o adicionales por las alegadas actuaciones difamatorias y discriminatorias, y si las disposiciones del Reglamento confligen con los derechos contractuales regidos por el Código Civil. Al tribunal le corresponde, en primer lugar, resolver el caso. El mero hecho de la impugnación del Reglamento de la Cooperativa no amerita que se remita a la agencia administrativa la totalidad de la controversia.

Además, este es el caso típico en que estamos ante el reclamo de un remedio que la agencia no puede conceder. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, ante, pág. 728. La Oficina del Inspector de Cooperativas no es, para este tipo de casos, un organismo cuasi judicial. La Oficina del Inspector no está diseñada para evaluar daños en una controversia privada.

Por otro lado, el hecho de preterir el cauce administrativo no afecta, en forma alguna, el interés público protegido por la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 19, ante. No es este el caso en que el Inspector tenga interés legítimo de fiscalizar y velar por que los funcionarios de las cooperativas sean personas honestas, idóneas y totalmente dedicadas a fomentar el movimiento cooperativo.

Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí ex-puesto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió voto particular.

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

Estoy de acuerdo con la opinión del Tribunal de que pro-cede la revocación del dictamen del Tribunal Superior que ordena el traslado del caso a la Oficina del Inspector de Coo-perativas para que resuelva la controversia planteada.

Un análisis de la Ley General de Cooperativas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A. see. 881 et seq., y la comparecencia del Inspector de Cooperativas demuestran que el ámbito de su in-tervención se ha limitado a cuestiones relacionadas con las funciones de las cooperativas, los deberes y los derechos de sus socios y las operaciones financieras de esas entidades. De su marco operacional se desprende que “[b]ajo ningún concepto puede entenderse que fue la intención del legisla-dor incluir dentro del ámbito fiscalizador del Inspector de Cooperativas controversias laborales entre los cuerpos directivos de las sociedades cooperativas y sus empleados”. Petición de Revisión, pág. 7.

Una evaluación de la Ley General de Cooperativas de Puerto Rico y su historial legislativo corroboran esta inter-pretación del Procurador General. Su función básica es de fiscalizador de las cooperativas. Por lo tanto, incidió el Tribunal Superior al ordenar el traslado de esta reclamación por despido ilegal al foro administrativo. Contrario a la conclu-sión del tribunal a quo, el Inspector de Cooperativas no tiene jurisdicción primaria exclusiva para adjudicar esta contro-versia laboral entre el ex Administrador de una cooperativa y su Junta de Directores.

Sin embargo, aun desde la óptica de la doctrina de verda-dera jurisdicción primaria —First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983), y Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 401-402 (1980)— la controversia de este caso no presenta cuestiones de hechos que requieran el ejercicio de discreción ni peritaje administrativo. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964). Todo lo contrario. La controversia es de daños y perjuicios, fun-dada en la violación de un reglamento de una entidad coope-rativa. El asunto es particularmente apropiado para el foro judicial, que tiene los poderes y los instrumentos para conce-der el remedio solicitado.

En las circunstancias específicas de este caso cualquier otra solución constituiría una dicotomía artificial del proceso, totalmente contraria a los principios fundamentales de flexi-bilidad y eficiencia que caracterizan el derecho administra-tivo. Véase B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed. Boston, Little, Brown & Co., 1984, Sec. 8.27, págs. 494-495. Así evitamos que por fiat judicial se le ordene a una agencia que adjudique una controversia laboral que no está prepa-rada para resolver.

Finalmente, tampoco es aplicable a la situación de autos la doctrina de agotamiento de remedios administrativos que se utiliza para determinar cuándo los tribunales revisan una decisión sobre una controversia previamente sometida a la agencia. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982). En Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, 106 D.P.R. 72 (1977), extendimos su alcance a las controversias sobre cancelación de privilegios médicos en un hospital pri-vado que tenía un reglamento con un procedimiento interno para cuestionar la decisión de la facultad médica. Sin embargo, en este caso no es necesario considerar la aplicación de esta doctrina de autolimitación judicial, porque el ex Ad-ministrador fue despedido por la Junta de Directores y no había un remedio administrativo disponible para cuestionar la decisión.

       Los directores y miembros del Comité de Supervisión fueron deman-dados como miembros de dichos cuerpos y en su carácter personal.

       Por tratarse de una sentencia final el recurso apropiado es el de revisión.

       En términos generales allí señalamos que:
      “El cooperativismo está inspirado en los más bellos principios de conviven-cia humana. Leemos en la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A., anotación a la See. 881, frases como las siguientes: ‘Hay la necesidad de forjar en las masas de nuestro pueblo un gran sentido de solidaridad humana y de unión en el esfuerzo común ... crear un nuevo concepto de la vida en la reorganización social y económica que dé un valor más alto a la civilización y que realice las aspiraciones más puras de una verdadera democracia cristiana ... desarrollar ... un verdadero sentido de responsabilidad . . . cultivar , . . [las] facultades creadoras de [nuestro pueblo] . . . combatir el llamado individualismo y la honda división social existente entre los distintos grupos económicos de nuestro pueblo.’ La filosofía cooperativista requiere de cada socio, particularmente si se trata de una cooperativa de viviendas, un espí-ritu de tolerancia, de respeto, y de consideración a los demás socios. Exige cada uno, en fin, hacer de su quehacer, respecto a los demás, una diaria vivencia en el cristiano mandamiento del amor. Cuando la conducta de un socio es de tal natura-leza que vulnera y hace peligrar la consecución de esos nobles principios, la ac-tuación de la Junta de Directores no debe hacerse esperar, aun si fuese la primera ofensa del infractor.” Coop. de Viviendas v. Rodríguez. 108 D.P.R. 632, 641 (1979).

       Resuelto antes de las enmiendas fundamentales de la Ley Núm. 19 de 22 de abril de 1980. Es en dicha ley que se le otorga expresamente al Inspector la facultad de atender, investigar y resolver querellas; Art. 19(6) (5 L.P.R.A. see. 899(6)).

       En Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 401-402 (1980), expu-simos la teoría aplicable:
      “La base teórica de lo que antecede es de interés. Esta debe exponerse bre-vemente para definir los límites de esta decisión. No estamos en verdad ante un caso de jurisdicción primaria exclusiva, sino de lo que se conoce como verdadera jurisdicción primaria o, para precisar mejor su significado, la doctrina de la prela-ción entre tribunales con jurisdicción concurrente. Véase: Botein, Primary jurisdiction: the Need for Better Court/Agency Interaction, 29 Rutgers L. Rev. 867 (1976). En cuanto a la incertidumbre que tradicionalmente ha asediado este campo en Estados Unidos, véase: Jaffe, Primary Jurisdiction, 77 Harv. L. Rev. 1037, 1038-41 (1964). La verdadera jurisdicción concurrente entre el proceso ad-ministrativo y el sistema judicial.
      “En este último género de litigios el problema consiste en resolver cuál foro es el más apropiado para proceder primero. A distinción de los pleitos de jurisdic-ción primaria exclusiva, en que se priva a los tribunales de todo poder sobre el caso, la verdadera jurisdicción primaria únicamente suspende o dilata la inter-vención judicial. Se han aducido diversas razones para justificar la deferencia a la agencia administrativa en casos de jurisdicción concurrente: la destreza o pericia de la agencia, la prontitud usual del proceso de decisión, el uso de técnicas de adjudicación más flexibles y muchas otras. Botein, supra, 878 y ss. No es aconse-jable establecer normas uniformes, aplicables a todas las agencias y a todos sus casos. Cada situación exige conjugar estos factores y considerar las circunstan-cias que apuntan o no a la conveniencia de permitir que la controversia se dilucide inicialmente en el foro administrativo. Es lo que hemos intentado hacer en este caso.”

       El propio Inspector de Cooperativas alega que no tiene poder o facultad para intervenir.