author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    César Torres Torres y Otros, peticionarios, v. Comisión Especial para Investigar la Corrupción en el Gobierno de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: JO-84-12

      Resuelto: 2 de agosto de 1984

      Antonio Córdova González, abogado de los peticionarios; Amari Arabía Rojas, de Ramírez & Ramírez, abogada de la deman-dada.
    Sala integrada por su Presidente, el Juez Asociado Señor Torres Rigual y los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Rebollo López.
   RESOLUCIÓN

Atendida la petición de epígrafe, el Tribunal ha recla-mado y examinado los autos originales. De éstos se des-prende que los planteamientos hechos ante nos no han sido llevados a la consideración del tribunal de instancia, no ha lugar a lo solicitado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario Interino. El Juez Asociado Señor Rebollo López expendiría el auto inhibitorio preliminar solicitado por los fundamentos que constan en el voto disidente de esta misma fecha.

(Fdo.) Heriberto Pérez

Secretario Interino

—O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Expediría y concedería, cuando menos, el auto inhibito-rio preliminar solicitado por los peticionarios por cuanto: siendo inconstitucional () el artículo de ley de nuestro Código Político bajo el cual la Asamblea Legislativa de Puerto Rico concede inmunidad contra procesamiento criminal a las personas que, no empece haber reclamado el pri-vilegio constitucional contra la autoincriminación, se ven obligados a así declarar ante dicha Asamblea Legislativa o sus diferentes comisiones, y, existiendo evidencia prima facie de que el Negociado Federal de Investigaciones (F.B.I.) está actualmente investigando el asunto en relación con el cual han sido citados los peticionarios para declarar, () existe incuestionablemente la probabilidad de que mediante la orden de comparecencia emitida por el tribunal de instancia se esté anulando un “derecho legal” de fundamental importancia de los aquí peticionarios.

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Los hechos

Mediante la Resolución Núm. 647 de fecha 22 de febrero de 1983 la Cámara de Representantes de Puerto Rico creó una Comisión Especial para Investigar la Corrupción en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En vir-tud de dicha Resolución, la Cámara ha estado investigando el Municipio de Juncos. El presidente de la referida comisión especial, Hon. Severo E. Colberg Ramírez, citó a los aquí peticionarios para que comparecieran a declarar ante la misma. No habiendo comparecido los peticionarios en los días señalados para ello, la mencionada comisión especial autorizó a su presidente para que, al amparo de la See. 154a del Título 2 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, requiriera del Tribunal Superior de Puerto Rico la expe-dición de las correspondientes citaciones ordenando a los peticionarios a comparecer y declarar ante la citada comisión.

El Hon. Severo E. Colberg Ramírez radicó la petición a esos efectos ante el tribunal de instancia el 30 de julio de 1984. Ese mismo día el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, expidió, ex parte, una orden de citación dirigida a los aquí peticionarios mediante la cual les ordenó, so pena de desacato civil, “para que comparezcan ante la Comisión Especial. . . , el día 7 de agosto de 1984, a las 10:30 A.M., y allí declaren todo lo que sepan sobre cualquier asunto relacionado con la investigación que lleva a cabo dicha Comisión al amparo de la Resolución Núm. 647 ...”. (Énfasis suplido.)

Los peticionarios, con fecha de 31 de julio de 1984, com-parecieron ante este Tribunal mediante el recurso de auto inhibitorio. En adición a las alegaciones correspondientes relativas a jurisdicción, alegan los peticionarios, en síntesis, que ellos están en disposición de comparecer ante la comisión especial, pero que no declararán ante la misma “alegando su derecho constitucional de no autoincrimi-narse”; que “están siendo investigados por el Buró de Investigaciones Federales”; () y que la “inmunidad legislati-va, conforme 2 L.P.R.A. See. 155, no protege adecuadamente a los demandantes [los peticionarios] contra el peligro de autoincrimina[ción]”. La recurrida Comisión Especial de la Cámara de Representantes ha comparecido solicitando la desestimación del recurso radicado, por razón de que en relación con algunos de los peticionarios el recurso es acadé-mico por el fundamento de que a la Cámara de Represen-tantes ya no le interesa interrogarlos. En relación con los restantes peticionarios, se alega que el planteamiento sobre autoincriminación se está haciendo prematuramente.

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La %nconstitucionalidad del Art. 35 del Código Político de Puerto Rico, 2 L.P.R.A. see. 155

El citado Art. 35 del Código Político establece que:

See. 155. Autoincriminación; inmunidad contra procesamiento
Ninguna persona examinada bajo juramento ante cual-quiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, o comisión de la misma, podrá negarse a declarar sobre cualquier hecho, o a presentar cualquier documento, acerca de los cuales fuere examinado fundado en que su declaración o la presentación de tal documento tendería a deshonrarle o infamarle, o le expon-dría a ser procesado criminalmente; pero ninguna manifes-tación hecha o documento presentado por dicho testigo consti-tuirá prueba en su contra en ningún proceso criminal, que se le formare. Disponiéndose, sin embargo, que ningún testigo examinado en la forma indicada quedará exento de ser encau-sado por perjurio si se funda el proceso en cualquiera manifes-tación falsa que hubiere hecho en dicho examen. (Énfasis suplido.) —Código Político, 1902, Art. 35.

Una simple lectura de dicho estatuto es suficiente para llegar a la conclusión de que el mismo, ante el reclamo por parte de un testigo del privilegio constitucional contra la autoincriminación, sólo cobija bajo el manto de la inmu-nidad que concede aquellas manifestaciones hechas o docu-mentos presentados por dicho testigo al momento de prestar su declaración. Dicho de otra forma, si dicho testigo con pos-terioridad a su comparecencia es sometido a proceso criminal, el Estado únicamente está impedido de utilizar como prueba en su contra aquellas pruebas que éste aportara en su comparecencia. En otras palabras, el estatuto en contro-versia sólo concede lo que se conoce como “inmunidad de uso”.

La inmunidad o protección que concede dicho artículo de ley, sin embargo, no es extensiva a evidencia que pueda ser obtenida por las autoridades como “fruto o derivado” de las pruebas que el testigo se vea obligado a aportar durante su comparecencia; las autoridades no estarían impedidas de presentar en contra del testigo evidencia que obtuvieran usando como “pista” o base la prueba que éste aportara. En otras palabras, el Art. 35 del Código Político de Puerto Rico no concede lo que se denomina como “inmunidad de uso derivativo”.

Así lo concluye el Profesor Ernesto L. Chiesa en su obra Práctica Procesal Puertorriqueña, Yol. I, Análisis Editorial, págs. 114-115. () Añade dicho autor que, precisamente debido a ello, la “medida nos luce inconstitucional por no brindar la inmunidad de uso-derivativo”. Chiesa, op. cit., pág. 119. Este último señalamiento es uno obligatorio en vista de las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Counselman v. Hitchcock, 142 U.S. 547 (1892); Murphy v. Waterfront Comm’n., 378 U.S. 52 (1964); Albertson v. SACB, 382 U.S. 70 (1965); y Kastigar v. United States, 406 U.S. 441 (1972).

Un análisis objetivo de las referidas decisiones nos per-mite llegar, en lo 'pertinente, a las siguientes conclusiones:

A. Un estatuto, como el Art. 35 del Código Político de Puerto Rico, que sólo concede “inmunidad de uso” es incons-titucional por ser incompleto e incompatible con el privilegio constitucional contra la autoincriminación, garantizado tanto por la Constitución federal como por la nuestra;

B. Como corolario de lo anteriormente expresado, ningún testigo —que reclame el privilegio constitucional contra la autoincriminación y que pueda ser posteriormente encau-sado criminalmente— puede ser obligado a declarar bajo un estatuto que sólo conceda “inmunidad de uso”;

C. Si el estatuto, por el contrario, no sólo concede “inmu-nidad de uso” sino que también “inmunidad de uso deriva-tivo”, nada de lo que el testigo dijo y aportó puede utilizarse en su contra, como tampoco se puede utilizar evidencia obtenida como “fruto” de la misma en un proceso criminal contra el testigo, ni en la esfera local ni en la federal;

D. Ahora bien, aun bajo la anterior situación, si las auto-ridades pueden demostrar —para lo cual tienen el peso de la prueba— que la evidencia con que cuentan fue obtenida legí-tima e independientemente de la evidencia aportada por el testigo o como fruto de la misma, dicha evidencia sería admisible en un proceso criminal.

En conclusión, concediendo el Art. 35 del Código Político de Puerto Rico, 2 L.P.R.A. see. 155, únicamente “inmunidad de uso”, dicho artículo de ley resulta ser inconstitucional a la luz de la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Adicionalmente tenemos que, existiendo la posibilidad de que los peticionarios sean encausados criminalmente en la esfera federal, dichos peti-cionarios, una vez reclamado su derecho contra la autoin-criminación, no pueden ser obligados a declarar ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico ni ninguna de sus comisiones. Una orden obligándolos a así hacerlo estaría anulando un “derecho legal” de fundamental importancia de los peticionarios.

H-H HH í — I

Procedencia del auto inhibitorio en el presente caso

Dispone el Art. 664 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3461, que:

Auto inhibitorio es un auto expedido por un Tribunal Superior dirigido al juez y a la parte de un pleito entablado en un tribunal inferior, en el que se les ordena la paralización de todo procedimiento del mismo significándoles que la causa original o algún incidente surgido en dicho pleito no es de su competencia sino de la de otro tribunal; o cuando al ejercer funciones de su competencia el tribunal inferior anulare un derecho legal, o para impedir que un juez conceda una nueva vista, una vez vencido el término señalado para la celebración del juicio. (Énfasis suplido.)

Como podemos notar, procede la expedición de un auto inhibitorio en cualesquiera de tres (3) circunstancias. Se puede caracterizar el auto inhibitorio como un recurso auxi-liar a un pleito principal con el propósito de impedir que un tribunal inferior o una parte realice determinada actuación dentro del ámbito que el estatuto menciona. Véase D. Toledo Álamo, Autos Inhibitorios en Puerto Rico, 15 Rev. Jur. U.P.R. 245, 247 (1946). “El auto inhibitorio como se concibe en nuestro Código es de naturaleza estrictamente judicial. Procede solamente por un tribunal superior contra un juez y la parte de un pleito entablado en un tribunal inferior.” Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641, 646 (1980).

Comparte con los otros recursos extraordinarios su natu-raleza privilegiada y sólo procede su expedición cuando no existe un procedimiento legal ordinario que sea rápido, ade-cuado y eficaz. Charana v. Pueblo, ante. Goza el recurso de unas características en común con el injunction, 32 L.P.R.A. sec. 3521. Ambos recursos se expiden ante alegaciones de daños inminentes. El auto inhibitorio, de hecho, funciona como un injunction en contra del tribunal inferior. F. G. Ferris, The Law of Extraordinary Legal Remedies, Minnesota, Thomas Law Book Co., 1926, Sec. 311, pág. 419.

Si bien es cierto que, como cuestión de mera cortesía judicial, de ordinario se le exige al peticionario de un auto inhibitorio que le ofrezca la oportunidad al juez de instancia para que corrija las actuaciones impugnadas, ello no es necesario cuando la actuación objetada es una ex parte y/o en casos en que la dilación resultante sería altamente perjudi-cial a los intereses del peticionario, siendo discrecional la expedición del auto. National City Bank v. Arjona, Juez, 49 D.P.R. 355, 366 y 367 (1936).

En el presente caso los peticionarios solicitan la expe-dición del auto contra el tribunal de instancia bajo la segunda de las tres alternativas enumeradas en el citado Art. 664, o sea, “cuando al ejercer funciones de su competen-cia el tribunal inferior anulare un derecho legal”. Se requiere que dicho derecho legal sea de “verdadera impor-tancia y su anulación manifiesta”. Fortuna Estates v. Texidor, Juez de Dist., 26 D.P.R. 266, 269 (1918).

En el presente caso la orden objetada fue expedida ex parte el 30 de julio 1984. Mediante la misma se le ordena a los peticionarios a comparecer y declarar ante la Comisión Especial de la Cámara de Representantes el 7 de agosto de 1984. Existe la posibilidad de que las autoridades federales en Puerto Rico radiquen acusaciones criminales contra los peticionarios o.- algunos de ellos. La dilación en expedir el auto solicitado puede resultar altamente perjudicial a los peticionarios. El estatuto bajo el cual se le concede inmu-nidad a los testigos que declaran ante la Asamblea Legislati-va es inconstitucional, según hemos visto. No tenemos duda en nuestra mente de que la orden emitida por el tribunal inferior puede anular un derecho legal de verdadera impor-tancia y que su anulación es manifiesta.

Por las razones expresadas, expediría el auto inhibitorio preliminar solicitado.

      (1) Conforme norma jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, según veremos más adelante.

      (2) Existiendo la posibilidad, en su consecuencia, de que se radiquen acusa-ciones criminales contra los peticionarios en la Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

      (3) Acompañan, como anejo a su petición, copia de una carta —junto a la certifi-cación expedida por el Secretario de la Comisión Especial de la Cámara, Ledo. Severo Colberg Toro, acreditativa de que es copia fiel y exacta del original que obra en poder de la Comisión— suscrita por el Inspector Regional General para Investigación del U.S. Department of Housing and Urban Development donde se informa, en síntesis, al presidente de la Comisión Especial, Hon. Severo E. Colberg Ramírez, que la oficina de San Juan del F.B.I. está realizando una investigación relacionada con el asunto para el cual fueron citados los peticionarios a declarar.

      (4) Como dato adicional, debemos señalar que el Senado de Puerto Rico en sus Resoluciones Núm. 716 y 717 de 22 septiembre de 1983, entre otras, ha reconocido que el citado Art. 35 del Código Político de Puerto Rico sólo concede la llamada “inmunidad de uso”. Respecto a la facultad de los tribunales para tomar conoci-miento judicial de una resolución oficial emitida por alguna de las Cámaras Legis-lativas de Puerto Rico, véase Guadalupe v. Bravo, Alcaide Cárcel, 71 D.P.R. 975, 980 (1950).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Mario García Granado, Ramón Luis Rivera, Alicia Vega Alameda, Jules Gordián y Olga Echevarría, demandantes y recurridos, v. José Luciano Hernández, demandado y peticionario.

      Número: R-84-346

      Resuelto: 4 de septiembre de 1984

      Héctor Lugo Bougal, abogado del recurrente; Israel Rivera Espada, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En marzo de 1980, José Luciano Hernández fue encon-trado culpable y sentenciado a satisfacer una multa por infringir el Art. 8.021(f) de la entonces Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3371, por repartir propaganda en un colegio de inscripción. El fallo no fue alterado en los trámites apelati-vos. Oportunamente satisfizo la multa que le fue impuesta.

Transcurrieron los años. Luciano Hernández optó por postularse nuevamente como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista (P.N.P.), por el Precinto 56 del Distrito Núm. 24 de Ponce, para estas elecciones. Varias personas, entre ellas el candidato derro-tado en las primarias celebradas, Mario García Granado, impugnaron infructuosamente la candidatura de Luciano Hernández ante dicha colectividad. Presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce, una acción para descali-ficar su candidatura, 16 L.P.R.A. see. 3157. Recibida la prue-ba, dicho foro lo descalificó. A solicitud de Luciano Hernán-dez revisamos y disponemos del recurso con la prontitud y urgencia que amerita.

I — I

En esencia, alega que incidió el tribunal de instancia al no resolver sus planteamientos constitucionales. Aduce que aplicar los Arts. 4.007 —Trámite de impugnación de candi-datura — , 4.017 —facultad de los tribunales de descalificar— y 8.020 de la Ley Electoral a su caso resulta inconstitucional. Argumenta una violación al principio fundamental de la igual protección de las leyes, pues irrazonablemente dis-tingue entre convictos por delitos electorales y el resto de los convictos al descalificar solamente a los primeros como can-didatos. Finalmente sostiene que ello coarta su derecho fundamental “a elegir y ser elegido” y que la interpretación brindada por el Tribunal Superior le priva permanente-mente de ser candidato a puesto electivo, pues ello constituye un castigo cruel e inusitado.

► — ( h — 1

Tiene razón y procede revocar la sentencia.

El Art. 8.020 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3370, reza:

Todo candidato que fuere convicto por la Comisión de algún delito electoral en adición a las penalidades dispuestas en este Subtítulo, estará sujeto a cualquier acción de descalificación como candidato por el Tribunal Superior, según se dispone en este Subtítulo.

Por su parte, el Art. 4.017 (16 L.P.R.A. see. 3167) auto-riza al Tribunal Superior a descalificar a cualquier candi-dato si no ha cumplido con los requisitos de ley, de la Consti-tución o si hubiere violado cualesquiera de las disposiciones de la Ley Electoral. Y el Art. 4.007 (16 L.P.R.A. see. 3157) prescribe el procedimiento a seguir.

En las circunstancias de autos, resolvemos que la vio-lación por Luciano Hernández a la Ley Electoral en el cua-trienio anterior al correspondiente a la última elección no es fundamento suficiente para descalificarle como candidato en ésta.

Primeramente, hemos de aclarar que no es ajena al espíritu y propósito legislativo la supuesta clasificación. En el contexto de la ley concluimos que existe un nexo racional con el objetivo de disuadir a los candidatos de violar sus disposiciones. 36 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado) Núm. 14 (1982). No es absoluto ni existe el alegado derecho fundamental a ser candidato a un puesto electivo.

El verdadero problema constitucional surge con la falta de términos de vigencia en los Arts. 8.020 y 4.017. Una interpretación literal y restrictiva conllevaría que una persona convicta por delito electoral pueda ser descalificada por este solo fundamento en cualquier proceso electoral posterior como candidata a puesto electivo. Otra interpretación —a tono con el espíritu de los tiempos y las limitaciones de nuestra Constitución— restringiría esos artículos a la convicción por delitos electorales dentro de dicho cuatrienio eleccionario. Nos inclinamos por este último enfoque. El fundamento de descalificación representaba un castigo adicional al impuesto en el proceso penal. A base de su naturaleza punitiva, hemos de optar por la interpretación restrictiva como la más razonable. La vaguedad en el castigo a imponerse debe interpretarse a favor del acusado. Rechazamos la tesis de castigo perpetuo que encontró eco ante la ilustrada sala sentenciadora. Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 517 (1972). De este modo evitamos toda incursión en la dimen-sión de la Constitución y un choque que conduzca a un decreto de inconstitucionalidad.

Aparte de lo expuesto, y aun desde el punto de vista más favorable a la parte recurrida, existe otro fundamento para revocar. Después de impugnar infructuosamente ante su colectividad la candidatura del señor Luciano Hernández, la parte recurrida se cruzó de brazos. Se celebraron las prima-rias. Triunfó Luciano Hernández. Fue entonces que la parte perdidosa acudió al tribunal. Por razón de incuria debió tam-bién denegarse su acción.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


text:
    Partido de Renovación Puertorriqueña, peticionario y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. César R. Vázquez Díaz, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y Carmen Ana Culpeper, Secretaria de Hacienda, demandados, y recurrente la segunda.

      Números: R-84-341, R-84-345

      Resueltos: 17 de septiembre de 1984

      Manuel D. Herrero, de Herrero, Castro & Porrata Doria, abogado del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La igualdad es ingrediente medular del ideal de justicia que constantemente late en la Constitución. Por su natura-leza dinámica es susceptible de manifestarse en diversas dimensiones.

Este recurso permite su examen con referencia al re-clamo () del Partido de Renovación Puertorriqueña (P.R.P.) a designar sus representantes en las Juntas de Inscripción Permanentes de las Comisiones Locales de Elecciones con los mismos derechos y prerrogativas de los correspondientes a los partidos principales.

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, en elaborada opinión resolvió que dicho partido era acreedor a esa repre-sentación al detectar una infracción fundamental al princi-pio de la igual protección de las leyes plasmado en la Sec. 1 del Art. II de la Constitución del E.L.A. Basó su dictamen en un cuidadoso análisis del historial previo y diseño legislativo de la actual Ley Electoral (Núm. 3 de 10 de enero de 1983) y la trayectoria de nuestra doctrina jurisprudencial. Procede confirmar.

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A modo de inventario, es menester una exposición preli-minar de varios hechos y premisas pertinentes en materia electoral reconocidas expresamente en el dictamen de la ilustrada sala sentenciadora.

Primero. La nueva Ley Electoral es producto del con-senso de una comisión especial integrada por un presidente y un representante de los tres partidos políticos inscritos al 2 de julio de 1981. Introdujo cambios sustanciales, “particu-larmente, en la estructura administrativa del sistema electoral”. Sentencia, pág. 3.

Segundo. La Asamblea Legislativa “confirió a los parti-dos políticos la dirección del proceso electoral con partici-pación en las estructuras principales, intermedias y locales. Dicha ley adoptó un sistema de participación, balance y fis-calización por los partidos políticos”. Sentencia, pág. 3.

Tercero. Como regla general, la ley confiere iguales dere-chos y prerrogativas a los partidos políticos principales y a los de petición en cuanto a la representación en la Comisión Estatal de Elecciones, en las Comisiones Locales de Elec-ciones permanentes, en las Juntas de Unidad Electoral y en las de colegio.

Cuarto. El P.R.P. no tiene representación en las Juntas de Inscripción Permanentes, “que hoy por hoy es el orga-nismo que sirve de base a todo el sistema. Es a este nivel donde por primera vez el ciudadano acude a reclamar sus derechos electorales y donde se inicia el proceso electoral. Al descentralizarse el sistema, éstos organismos han cobrado una importancia vital y para comprobar esto no hay nada más que visitar los locales donde ubican dichas Juntas. Aquí es donde se genera el trabajo con el cual luego van a inter-venir los diferentes organismos del sistema electoral. Estas Juntas bregan con el proceso continuo de inscripción, trans-ferencia y reubicación de electores, con el proceso continuo de fotografía y entrega de éstas, asignación de electores a su unidad electoral, preparación de informes requeridos, recu-sación de electores, etc.”. Sentencia, págs. 10-11.

M ! — I

La tesis principal de los recurrentes es que las funciones de las Juntas de Inscripción Permanentes, según previa-mente descritas, son simplemente trámites de tipo mecánico. Argumentan que tales labores no revisten de una importan-cia capaz de generar una adjudicación predicada en el prin-cipio constitucional de la igual protección. El argumento no nos persuade. Aparte de ser incorrecto es potencialmente peligroso como método de adjudicación electoral.

Si bien las funciones de estas juntas constituyen en gran medida trámites de índole burocráticos, ciertamente su importancia no puede subestimarse. No todo se reduce a un automatismo o meras rutinas. La eficaz realización de sus labores requiere un grado razonable deliberativo y decisorio por parte de sus funcionarios.

Por ende, es cuestionable afirmar que tales juntas no intervienen en una etapa crítica. Por el contrario, “el plan legislativo que implementa el derecho constitucional al sufragio se sirve del sistema de inscripción de electores con la participación de los partidos políticos”. P. S. P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 441 (1980). La inscripción de un ciudadano como elector es el paso básico que le valida y cualifica para ejercitar el voto. Una vez completada surge una presunción de capacidad electoral.

A poco profundicemos, hemos de percibir que en su diná-mica operacional, parte sustancial de toda la Ley Electoral —por la naturaleza inherente del proceso reglado— corres-ponde a un mandato legislativo plasmado estatutariamente mediante una exposición detallada de trámites y eventos de carácter mecánico. Esa minuciosidad de pasos a observarse, procesos a seguirse, términos a cumplirse, documentos y demás requisitos, son típicos de toda reglamentación legal en materia electoral. Por ello no puede minimizarse su importancia y evaluación jurídica. Si como alegan los recu-rrentes se trata de trámites mecánicos inconsecuentes, ¿por qué razón entonces la Asamblea Legislativa concedió un representante a cada partido político principal? Al así hacerlo, ¿existe justificación válida para excluir a los parti-dos por petición? Exploremos estas interrogantes.

M t — I

El Art. VI, Sec. 4 de nuestra Constitución preceptúa que “[s]e dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de la inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas”.

En virtud de ese lenguaje, la Asamblea Legislativa posee una amplia potestad para determinar y reglar todo lo con-cerniente al proceso electoral, inclusive los partidos políticos y candidaturas. Sin embargo, no es carta blanca ni “abso-luta”. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 256 (1980). La reglamentación se rige por el axioma de igualdad inmerso en la Constitución.

El principio de igualdad electoral es continuo. Su génesis la encontramos en la See. 6 del Art. IX —Disposiciones Transitorias— de la Constitución. Reza:

Los partidos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconozca la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos mínimos exigidos para la inscripción de nuevos partidos [políticos] por la ley vigente al comenzar a regir esta Constitución. La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la Constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación de la misma. (Énfasis suplido.)

Al interpretarla percibimos que su espíritu trasciende su carácter temporal para dar cabida permanente al postulado rector que impregna la Carta de Derechos de la Constitución de que en una sociedad democrática todos los electores y partidos políticos “gozarán de iguales derechos”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2627 (1952).

Hoy en día no se discute cómo las Secs. 1 y 2 de la Carta de Derechos le imponen a la Asamblea Legislativa unas limitaciones al ejercicio de su amplia facultad para reglamentar la formación de los partidos políticos. Durante el cuatrienio en que aprueba la pieza legislativa no puede poner en vigor cambios que aumenten los requisitos de inscripción. Cualesquiera de tales modificaciones sólo pueden tener vigencia pasadas las elecciones generales ulteriores.

El principio igualitario expuesto intenta disuadir que en determinada época un partido, que controla mayoritaria-mente los poderes ejecutivo o legislativo, o lo comparta con otro —mediante anuencia o consenso— limite el nacimiento de otros partidos. También pretende evitar que se agrave la situación de los partidos de oposición existentes, o introduzca cambios de cualesquiera forma en las leyes y reglas que rigen la contienda, electoral en beneficio y ventaja de deter-minado partido, en perjuicio de aquellos existentes o por inscribirse.

Como principio general aquella legislación que tienda a hacer onerosa y afectar negativa y sustancialmente las potencialidades de los partidos contrarios minoritarios o los partidos nuevos, o a crear situaciones de inferioridad, puede ser susceptible de impugnación constitucional.

La justificación de este enfoque es evidente. En nuestra democracia los partidos políticos son indispensables para su funcionamiento. Están investidos de poderes cuasi gubernamentales. Constituyen el vehículo de expresión colectiva ciudadana para canalizar pacíficamente las distintas tendencias políticas e intereses de los varios sectores de opinión del país. Como tales, formulan programas de administración y promueven candidatos a puestos políticos. El subsidio a través del fondo electoral para financiar sus actividades es un ejemplo vivo de esa característica pública. Véase P. S. P. v. E. L. A., 107 D.P.R. 590, 610 (1978).

La realización de esas funciones cuasi gubernamentales y la asignación de fondos públicos justifican la igualdad en el tratamiento de la Ley Electoral.

Las estructuras administrativas creadas mediante la Ley Electoral deben responder a esa igualdad. La representación a todo nivel es esencial para un control y fiscalización recíprocos en apoyo de una garantía de la pureza electoral. P. S. P. v. Com. Estatal de Elecciones, supra. Si la representación no es total, es sostenible la conclusión de la ilustrada sala sentenciadora de que “la dirección del proceso electoral la llevan a cabo sólo los partidos políticos principales en contravención con la filosofía y letra de la Ley”. Sentencia, pág. 20.

La clasificación entre partidos principales y por petición resulta, en el contexto de los hechos de este caso, irrazonable e injustificada.

En su apoyo, sólo se nos ha señalado lo expresado en el caso de Martínez v. Junta Insular de Elecciones, 43 D.P.R. 413, 417 (1932), en el sentido de que un partido político por petición no tenía derecho a tener un representante ante la entonces Junta Insular de Elecciones, en igualdad con los demás partidos principales, pues la propia Ley Electoral que existía (Núm. 3 de 6 de julio de 1932) no lo reconocía. Como justificación se adujo que dicho partido no había demostrado su fuerza electoral. Se recomendó un observa-dor.

Ese estado del derecho permaneció así hasta que por primera vez, la Ley Núm. 411 de 23 de abril de 1946 con-cedió esa representación también a los partidos por petición. Ese era el marco jurídico en materia electoral que tuvo ante sí la Convención Constituyente. Aprobada la Constitución, subsistió tal enfoque por más de tres décadas. A tal efecto encontramos lenguaje en la legislación electoral subsiguiente —en cuanto a los organismos locales encargados de dirigir y supervisar las inscripciones— que otorgaba plena igualdad representativa a todos los partidos políticos. A manera de ejemplo, bajo el Código Electoral, Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974, las denominadas Juntas Locales se compo-nían de “un representante y un sustituto por cada uno de los partidos políticos con derecho a ello . . .”. Art. 5-002. De igual modo la Ley Electoral Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 integraba las Juntas de Colegio con representantes y sustitutos de los partidos políticos. No se establecían dife-rencias entre los partidos principales y por petición. La dis-tinción que nos ocupa resurge en la actual legislación que habla sólo de “un representante de cada uno de los partidos políticos principales”. 16 L.P.R.A. sec. 3024a.

El argumento de los recurrentes es improcedente por varias razones. Primero, cuando hace medio siglo se resolvió el caso Martínez v. Junta Insular de Elecciones, supra, no estaba vigente la actual Constitución. Tampoco había evolucionado con la intensidad jurídica valorativa del presente, el principio igualitario electoral de representación para partidos principales y por petición que nació en el 1946 y permaneció hasta el 1983. En P. S. P. v. Com. Estatal de Elecciones, supra, pág. 410, citando a Martínez, supra, ampliamos su horizonte al expresar “que la presencia con voz y voto de un representante de cada partido político, es 'una cuestión de juego limpio o como una garantía adicional de una elección honrada e imparcial’. . . No podemos dar marcha atrás a ese adelanto cristalizado en nuestra juris-prudencia. Los partidos políticos son movimientos que aglu-tinan intereses ciudadanos. El respaldo necesario para inscribir y conferir franquicia oficial a un partido por petición, de por sí es suficiente para que surta efecto plena-rio esa condición. Negar ab initio esa igualdad es rehusar reconocer esa realidad.

La desigualdad bajo la ley se manifiesta más nítidamente en el aspecto económico. La plena representación de que gozan los partidos políticos principales conlleva que a sus funcionarios el Estado les pague. La negativa a reconocer los del P.R.P. implica que dicha colectividad tiene que descan-sar en electores voluntarios para descargar sus funciones o absorber sus gastos, recargando así su presupuesto opera-cional. Estos gastos son diarios, pues distinto al enfoque de pasadas leyes electorales que autorizaban sólo inscripciones una o dos veces al año, las juntas en cuestión son perma-nentes. El impacto fiscal ha recaído sobre los electores del P.R.P., a distinción de los demás partidos que han sufragado el mismo mediante aportación gubernamental.

Nuevamente estamos ante un esquema legislativo en que se favorece a unos partidos políticos. Se concede a éstos fon-dos públicos adicionales. Se amplían indirecta y ventajosa-mente de ese modo los dineros disponibles ya previstos y autorizados bajo el Pondo Electoral. Art. 3.023 y 3.026 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sees. 3116 y 3118. ¿Por qué este tratamiento diferente y perjudicial? ¿Qué razón de peso sos-tiene la clasificación? ¿Será una fidelidad ciega y a des-tiempo al caso de Martínez v. Junta Insular de Elecciones, supra?

Lo expuesto nos convence que el impacto fiscal de una decisión favorable al P.R.P. no es argumento válido que derrote su derecho. Todo lo contrario. Mientras mayor sea, pone de relieve la injusticia y desigualdad de la ley. Demuestra cómo los partidos políticos principales se han beneficiado económicamente al ser sus representantes remunerados con fondos públicos. Contra la observancia de los preceptos constitucionales no pueden oponerse escollos salvables de tipo económico o burocrático. Es menester mover los resortes de la maquinaria electoral en la consecución de tal fin. P.S.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 230 (1975).

Recapitulando, existe un trato discriminatorio e injustificado contra el P.R.P. en las Juntas de Inscripción Permanentes. Los dos aspectos son claves: desigualdad para realizar una fiscalización recíproca en los procesos inscripcionarios y desigualdad en el tratamiento económico. La clasificación fundada en partidos principales y por petición es insostenible bajo cualesquiera análisis jurídicos. Afecta indebidamente a electores de esa colectividad. Correctamente el tribunal de instancia resolvió que “[u]na vez reconocida y conferida la franquicia electoral a un partido no puede sostenerse válidamente un trato desigual en materia de representación en los diferentes organismos que crea la Ley Electoral ni en materia de ayuda económica gubernamental. Desde esta perspectiva el Artículo 1.024 es discriminatorio por privar a la parte demandante de igual representación en las Juntas de Inscripción Permanente e infringir la cláusula de la igual protección de las leyes”. Sentencia, pág. 24. La exclusión no puede prevalecer.

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Cuando un estatuto resulta defectuoso por exclusión existen dos vías remediales: declarar su nulidad y negar sus beneficios a toda la clase beneficiada legislativamente, o extenderlos para incluir a los perjudicados con la exclusión.

En Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618-619 (1981) nos pronunciamos del siguiente modo:

En materia de hermenéutica constitucional y ante estatutos que adolecen de inconstitucionalidad por sub-inclusión, se reco-noce la facultad de los tribunales de extender los beneficios estatutarios a aquellos grupos o clases excluidos. ... La regla es consustancial con el principio de que el Poder Judicial —en abono de una deferencia hacia el Poder Legislativo— debe esforzarse por lograr interpretaciones congruentes y compatibles con el mantenimiento de la constitucionalidad de una ley. En su operación, a diferencia de éste, sin embargo, el impe-dimento constitucional podrá ser salvado, no mediante la interpretación del texto que por sus claros términos no es susceptible de serlo de otra manera, sino por la extensión de los beneficios a la clase excluida. El propósito legislativo, que quedaría frustrado con la anulación del estatuto, queda así en vigor y se supera el discrimen. (Escolios omitidos.)

Ese remedio se impone en el caso de autos. Negar a los partidos principales la representación actual trastocaría sustancialmente la implementación eficiente de la Ley Electoral. Rechazamos ese camino. Para superar el desbalance optamos por reconocer el derecho del Partido de Renovación Puertorriqueña a nombrar sus representantes en las Juntas de Inscripción Permanentes, con plenos derechos y prerrogativas, inclusive la económica, igual que aquellos que ostentan los representantes de los partidos políticos principales.

Debe confirmarse.

      (1) El peticionario recurrido P.R.P. dio por sometidos los recursos el pasado 30 de agosto de 1984. Por su parte, al día de hoy los demandados recurrentes no han presentado el suyo. Reglamentariamente sus alegatos vencerían el 30 de septiem-bre.
      Debido a la urgencia del asunto, bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento hemos prescindido de los términos regulares y acordado esta decisión con el benefi-cio y evaluación de los planteamientos de sus escritos originales en apoyo de su expedición.


text:
    Damián Marrero y Otros, demandantes y recurridos, v. Municipio de Morovis y Hon. Ángel Rosario, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-84-363

      Resuelto: 17 de septiembre de 1984

      Luis Muñoz Rivera, abogado de la parte recurrente; Raúl Barrera Morales, Procurador General Interino, abogado del interventor Estado Libre Asociado de Puerto Rico; José Javier Colón Moura, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Se impone sin reservas un decreto de inconstituciona-lidad del Art. 3.011 de la Ley Electoral que autoriza el uso irrestricto para fines político-partidistas de los automóviles de gobierno. Únicamente así, cumplimos con la encomienda de “pasar juicio sobre la legalidad, a distinción de la sabi-duría” del desembolso de unos fondos públicos. P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 599 (1978).

I

El Alcalde de Morovis, Angel Rosario, colocó en el auto-móvil propiedad del Estado, oficialmente asignádole, tres insignias políticas correspondientes al Partido Popular Democrático (P.P.D.). Varios ciudadanos y la Unión de Desempleados de Morovis, Inc., solicitaron en su contra un injunction al amparo de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. see. 3524. En síntesis alegaron que dicha actuación era inconstitucional por constituir un uso ilegal e impermisible de fondos públicos que permitía “dise-minar un determinado mensaje ideológico con el que el ciu-dadano no necesariamente tiene que coincidir”. Ap., pág. 14. En su apoyo invocaron el Art. VI, Sec. 9 de la Consti-tución, () su jurisprudencia interpretativa y varios regla-mentos sobre control de gastos. Finalmente adujeron que “de generalizarse el uso de propiedad pública para fines de proselitismo político partidista se le haría un grave daño a la calidad de servicio público por virtud de que se agravaría aún más el clima de excesiva politización dentro de las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Ap., pág. 13.

El Tribunal Superior, Sala de Arecibo, declaró con lugar la acción al concluir que dicha actuación era contraria a la disposición constitucional antes aludida.

No conforme, a solicitud del Alcalde Rosario acordamos revisar. () Debido al alto interés público y urgencia del asunto, resolvemos bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento. A poco reflexionemos, notamos que la controversia plantea un conflicto entre la aludida disposición constitucional que prohíbe el uso de fondos públicos para fines privados y aquella parte del Art. 3.011 de la Ley Electoral, () 16 L.P.R.A. sec. 3108c, que autoriza al Gobernador, los legisla-dores, jefes de agencias y alcaldes a usar los vehículos de motor asignádoles para hacer campaña política.

II

La confirmación de la sentencia procede con un decreto expreso de inconstitucionalidad del texto del Art. 3.011 antes aludido.

En P.S.P. v. E.L.A., supra, nos pronunciamos in extenso sobre el historial de la disposición limitativa al uso de fondos públicos y la responsabilidad última del Poder Judicial de activamente evaluar la juridicidad de una asignación de fondos públicos. Bajo esa encomienda, la ilustrada sala sen-tenciadora determinó “que el colocar insignias político par-tidistas en el auto del Municipio de epígrafe es una práctica nociva al interés público. Ello así por cuanto es negativo al mejor desenvolvimiento de un sano proceso político demo-crático el que determinado partido político utilice fondos y/o recursos públicos para sus particulares fines privados. En la medida en que los fondos públicos se utilicen para propaganda político partidista se está afectando detrimentalmente el derecho de los demás electores. En todo caso la finalidad pública envuelta en este caso y que este Tribunal debe pro-teger y fortalecer coincide con el interés de los demandantes. Ésta es que todos los ciudadanos en Puerto Rico sientan la seguridad de que sus funcionarios públicos, irrespectiv[a-mente] de sus preferencias políticas particulares, le sirvan a la ciudadanía en general y no a determinado grupo de elec-tores en particular”. Sentencia, pág. 4.

Consideramos correcto ese razonamiento. Sin embargo, existe otro fundamento de mayor peso que sostiene la juridi-cidad del decreto y amplía sus contornos. Nos explicamos.

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Al presente, en materia electoral no se cuestiona seria-mente el postulado de igualdad inmerso en nuestra Consti-tución. Históricamente ese ideal ha cobrado vida en el esque-ma integral financiero trazado por la Asamblea Legislativa para lograr paridad económica entre los partidos políticos y los candidatos. Este plan fue originalmente descrito en la Asamblea Constituyente por el delegado señor Padrón Rivera. Abogó por el día en que “si queremos unas elecciones fundamentalmente democráticas — tenemos que llegar a la conclusión de que los partidos políticos deben ponerse en un mismo nivel de potencialidad económica para que los candi-datos tengan la misma oportunidad de llegar al poder.... Y el Estado debe tener la obligación de poner en las mismas condiciones económicas a todos los candidatos para que el proceso electoral entrañe puramente, el principio demo-crático”. (Énfasis suplido.) 2 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente 1401 (1952). Aunque esa aspiración no alcanzó linaje constitucional, posteriormente, en virtud de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957 —hoy derogada— tuvo alumbramiento estatutario. A tono con esa visión y hasta el presente, todas las leyes electorales han reconocido a los par-tidos el derecho a participar en un Fondo Electoral. La actual provee a cada uno, en años no eleccionarios, la can-tidad máxima de $200,000 y en año de elecciones, $400,000. El uso autorizado de esos dineros es abarcador. Incluye “gas-tos de viaje” para beneficio de los candidatos nominados y todo gasto administrativo “de campaña y propaganda polí-tica” razonablemente concebible y necesario. Arts. 3.023 y 3.026 (16 L.P.R.A. sees. 3116 y 3118).

En P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 750-751 (1976) analizamos las premisas legislativas que inspiraron la génesis del Fondo Electoral. Allí apreciamos cómo “provee a todos los partidos políticos principales y por petición, irres-pectivamente de las prédicas e ideologías promulgadas, una capacidad económica inicial e igualitaria para la divul-gación de ideas y mensajes en nuestro país”. Dicha decisión reconoció además los siguientes principios pertinentes: (1) “[njuestro sistema de gobierno democrático se nutre del proceso político para elegir aquellos que representan al pueblo, reconociendo el derecho de los ciudadanos a organi-zarse en grupos de opinión con carácter de partidos políticos y proponer candidatos de su predilección”; (2) “[ajnte los ade-lantos técnicos de comunicación rápida, directa y masiva, el libre intercambio y la fluidez de ideas y la discusión en torno a los asuntos públicos y las cualificaciones de los candidatos, dependen en gran medida de la capacidad económica de éstos y los partidos políticos”; (3) “[e]l mensaje personal de antaño en las lides electorales puertorriqueñas es hoy la excepción, descansándose cada vez más en los medios electrónicos de difusión moderna. Ante este fenómeno, y el costo que ello exige, las contribuciones del ciudadano a sus respectivos partidos políticos son vitales para el desenvolvimiento y desarrollo del proceso democrático”; (4) “[a]un cuando no existe una correlación entre los resultados electorales y la capacidad económica de un partido político o candidato —ya que en adición entran en juego un sinnúmero de factores tales como naturaleza de las controversias, organización, liderazgo, destreza, prestigio, control y extensión de infor-mación y publicidad— las contribuciones económicas y por ende, la solvencia de los partidos políticos afectan positiva o negativamente y en gran medida los factores mencionados y por ende el desenlace final”; y (5) “[ejstimamos que en el con-texto constitucional expuesto, son cognocibles, como objeti-vos legítimos consustanciales al proceso democrático, medi-das razonables tendentes a disminuir las diferencias econó-micas y ventajas entre los partidos y candidatos por razón de desigualdades en riqueza, a la par que evitar contribuciones cuantiosas e irrestrictas que pudieran comprometer el curso ulterior del gobierno en orden a influencias indebidas o favoritismos por razón de tales aportaciones”.

Los principios expuestos gobiernan la solución de autos. La disposición de ley que autoriza el uso de vehículos oficiales a ciertos funcionarios para campaña partidista, crea una clasificación legislativa que favorece únicamente a los funcionarios incumbentes. Toca íntimamente el ámbito político operacional y afecta los derechos de todos los electores y candidatos, sean o no miembros del partido que los eligió.

¿Cómo justificar ese desembolso frente a candidatos no incumbentes? Advertimos que mediante el uso partidista ilimitado de tales vehículos se logra directamente una ven-taja económica. De hecho, cuando aritméticamente se proyecta esa utilización en toda la extensión territorial del país, vías estatales y municipales por los alcaldes y legisla-dores incumbentes, todos los indicadores son que el desem-bolso de fondos públicos es sustancial. Como cuestión de rea-lidad es innegable que representa un subsidio adicional para “gastos de viaje”, ya previstos y autorizados bajo el Fondo Electoral. Ese beneficio aumenta. Después de todo, para el Gobierno un galón de gasolina está exento del pago de arbi-trios. No así para otros aspirantes.

En este contexto, no existe vínculo racional justificativo de trato desigual para distinguir entre incumbentes y aspirantes. Todos ellos tienen la misma necesidad de viajar y proveerse transportación para comunicar sus ideas, plata-formas, programas y alternativas políticas a todos los elec-tores del país. ¿Es que quienes no detentan el poder público no incurren en estos gastos? No es posible sostener tal propo-sición. Por supuesto, lo que aquí decidimos no se extiende al uso de esta propiedad, dictado por razones de seguridad.

La alegada dificultad de separar a veces el uso legítimo de un viaje puramente oficial —o aquel de carácter personal según autorizado por la reglamentación vigente— entremez-clado con uno de campaña partidista, o su uso incidental, no es argumento para convalidar en campaña el uso irrestricto de tales vehículos. Es inquietante la autorización legislativa implícita en el precepto de ley de que los “jefes de agencias” puedan utilizar estos vehículos para gestiones políticas. Aun considerada su asignación como parte integrante y legítima de la remuneración que perciben, en este aspecto la clasifi-cación se torna insostenible.

El concepto de igualdad económica conlleva que se aplique con todo rigor la noción de equivalencia artimética. De prevalecer el Art. 3.011 estaríamos perpetuando una disimilitud monetaria que derrotaría el propósito constitucional. Concederíamos precisamente unos subsidios gubernamentales superiores y cuantiosos a unos candidatos, dando ventaja sobre otros. Esa disparidad económica y trato desigual es constitucionalmente impermisible. Véase P.S.P. v. Srio. de Hacienda, 110 D.P.R. 313 (1980). De no eliminarla crearíamos un círculo vicioso difícil de superar.

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Resta considerar el remedio judicial. El impacto sustancial que implicaría proveer un automóvil, suministrar gasolina y mantenimiento a todos los candidatos a alcalde, y a los puestos legislativos de los distintos partidos políticos —y lo oneroso e injustificado que resultaría para el erario — • nos impide extender ese beneficio estatutario bajo la técnica adjudicativa expuesta en Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618 (1981) y seguida en P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631 (1984). La única opción es decretar su inconstitu-cionalidad.

Se dictará sentencia confirmatoria.

      (1) Reza:
      “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.”

      (2) En cumplimiento de la Regla 21.3 de Procedimiento Civil, por estar envuelta la constitucionalidad de una ley, se ordenó notificar dicha impugnación al Secretario de Justicia para que éste compareciera. Así lo hizo, el pasado viernes día 14, por conducto del Procurador General. En esa misma ocasión presentaron sus alegatos los demandantes recurridos. Esta decisión se produce hoy —fecha hábil más próxima— luego del estudio de rigor y deliberación plenaria de todos los escri-tos.

      (3) “Se prohíbe el uso de cualquier vehículo de motor, nave o aeronave, bien mueble o inmueble propiedad del Estado Libre Asociado o sus municipios, a los fines de hacer campaña política a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Lo anterior no aplicará a los vehículos de motor asignados al Goberna-dor, a los legisladores, jefes de agencias y alcaldes por razón de sus funciones, pero en ningún caso se usará más de un vehículo oficial por cada cargo para estos fines.” (Énfasis suplido.) 16 L.P.R.A. sec. 8108c.


author: PER CURIAM:

text:
    Hon. José J. Dapena Thompson, Alcalde de Ponce et al., demandantes, v. Hon. Severo Colberg Ramírez, Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico et al., demandados.

      Número: O-84-670

      Resuelto: 8 de octubre de 1984

      Antonio Córdova González, abogado de los demandantes; Marcos A. Ramírez, abogado de los demandados.
   PER CURIAM:

El Sr. José Dapena Thompson, Alcalde de Ponce, acudió el 13 de septiembre de 1984 a la Corte de Dis-trito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el propósito básico de impedir al señor Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a la Comisión Especial encargada de investigar los negocios de Shearson-American Express Co. con dicho municipio, que lo citaran, so pena de desacato, a declarar y a producir documentos relativos a las operaciones administrativas y transacciones financieras, ordenanzas municipales, autorizaciones de em-préstito por el señor Gobernador de Puerto Rico, y demás extremos. Tal citación le había sido notificada al señor Da-pena Thompson el 13 de agosto de 1984. La corte federal —Hon. Héctor M. Lafitte— con reservas, asumió jurisdic-ción preliminar y emitió una orden temporera al efecto de prohibir al señor Presidente de la Cámara y a los miembros de la Comisión Especial de Investigaciones que pusieran en vigor las citaciones en cuestión. Simultáneamente, sua sponte, la corte federal nos certificó la cuestión de si el señor Presidente de la Cámara tiene facultad para extender, hasta el final del término de la actual Asamblea Legislativa, el plazo para que rinda un informe la referida comisión.

Según expresamos en Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 788 (1982), siguiendo la norma recomendada en la Ley Uniforme de Certificación de Cuestiones de Derecho Sec. 1, 12 U.L.A. 52 (1975):

La facultad de este Tribunal para conocer de asuntos que le son certificados por la Corte federal es de carácter discre-cional y no mandatorio.

La procedencia de la certificación presenta una cuestión de derecho puramente estatal. Nota, Civil Procedure — Scope of Certification in Diversity Jurisdiction, 29 Rutgers L. Rev. 1155, 1160-1161 (1976); White v. Edgar, 320 A.2d 668, 676-677 (Me. 1974). Entre los factores que se consideran por los tribunales para ejercer su discreción en estos casos se cuen-tan los siguientes: 1) el hecho de que la cuestión certificada se plantee dentro de una acción federal sustancial, con pro-babilidad suficiente de éxito de que se le reconozca final-mente como tal; 2) la novedad de la cuestión y la ausencia de una contestación razonablemente clara; y 3) la seguridad de que la aceptación de la certificación no resulte inadvertida-mente en tardanza de tal género que afecte indebidamente los intereses públicos y privados envueltos.

Este Tribunal estima que el litigio que provoca la certificación no cumple con los requisitos del primer factor. La cuestión planteada, según expuesta en la orden de certificación, envuelve en esencia el significado del Art. Ill, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cuanto declara que la Asamblea Legislativa “será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato . . . La interpretación de esta disposición de la Constitución le corresponde naturalmente, con carácter exclusivo, al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En lo tocante al segundo factor, la cuestión certificada no es novel. La naturaleza de la respuesta es razonablemente clara. En Hernández Agosto v. Ortiz Montes, 115 D.P.R. 564 (1984), resolvimos que, dado el carácter continuo de la Asamblea Legislativa, las comisiones legislativas pueden continuar ejerciendo sus funciones después de la fecha en que finaliza la sesión ordinaria. En ese caso el Senado había prorrogado el término de las comisiones para rendir su informe. En el caso de autos, el demandante argumenta que el Presidente de la Cámara no posee a solas tal facultad. El argumento pierde de vista los términos claros de la Regla III, inciso 11 del Reglamento de la Cámara, que provee:

. . . cuando la Cámara no estuviere reunida, el Presidente podrá encomendar a cualquier comisión permanente o especial, el estudio de cualquier asunto que él considere de natu-raleza urgente o de interés público.

De esta disposición reglamentaria, junto a nuestra opinión en Hernández Agosto v. Ortiz Montes, supra, se desprende sin dificultad la respuesta a la cuestión certificada. () En situaciones como la de autos, las autoridades están contestes en que no debe acudirse a la certificación si la contestación a una pregunta es razonablemente clara. 17 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure Sec. 4248 (1978); State of Fla. ex rel. Shevin v. Exxon Corp., 526 F.2d 266, 275-276 (5th Cir. 1976), cert. denegado, 429 U.S. 829 (1976); Tarr v. Manchester Ins. Corp., 544 F.2d 14, 15 (1rst Cir. 1976); Thiry v. Atlantic Monthly Company, 445 P.2d 1012, 1013 (Wash. 1968).

Finalmente, en lo que toca al tercer factor, la aceptación de esta certificación dilataría innecesariamente los proce-dimientos. Cf. State of Fla. ex rel. Shevin v. Exxon Corp., supra, págs. 275-276. Para otros asuntos relacionados, véase: Nota, The Uniform Certification of Questions of Law Act, 55 Iowa L. Rev. 465, 473 (1969).

Por las razones expuestas, este Tribunal se abstendrá de aceptar la certificación remitida por la honorable Corte de Distrito die Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

      (1) La Regla XIII, inciso 8 del Reglamento vigente de la Cámara —regulatoria del trámite para la concesión de prórrogas— no milita contra la aplicación de la transcrita Regla III, inciso 11. La lectura integral de ambas, a la luz de Hernández Agosto v. Ortiz Montes, 115 D.P.R. 564 (1984), obliga a concluir que la primera sólo opera cuando la Cámara está en sesión. Durante el receso se activa la facultad de prorrogar, como parte del poder conferido al Presidente en la Regla III, inciso 11, a fin de viabilizar el carácter continuo constitucional del cuerpo.


text:
    The Powerlite of Puerto Rico y Julio Gagot Mangual, demandantes y recurridos, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda De Puerto Rico, demandada y Recurrente.

      Número: R-84-268

      Resuelto: 9 de octubre de 1984

      Mariano Ramírez Benet, abogado de la recurrente; Vicente Sana-bria Acevedo, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

El 9 de abril de 1979 la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV) contrató los servi-cios de The Powerlite Company, Inc. (Powerlite o la Contra-tista), para llevar a cabo obras de tendido de cable eléctrico, aéreo y subterráneo, en una zona de Salinas. La CRUV suplió los planos y especificaciones del proyecto, el cual debía finalizarse el 14 de octubre de 1979. •

La Contratista movió su equipo, valorado entonces en $34,000, al lugar del proyecto. Para el 20 de abril la Contra-tista comenzó a tener problemas con la instalación de los postes. Para el 24 de mayo le comunicó este dato a la CRUV, así como el hecho de que el terreno cedía ante el paso de su equipo. La Contratista se limitó a solicitar prórroga para terminar el trabajo. Para fines de año y comienzo de 1980, Powerlite solicitó nuevas extensiones al contrato por la ines-tabilidad del terreno. Se le concedió hasta febrero de 1980. Otro atraso considerable se produjo cuando la Contratista fue a comprar para esa época el tipo de cable requerido. El cable no se hallaba en el mercado.

El 25 de agosto de 1980 la CRUV le señaló a la Contra-tista que hacía más de seis meses que ésta no trabajaba en la obra. Tras varios incidentes, que incluyeron gestiones de Powerlite con el Servicio de Rentas Internas, que le había trabado un embargo, acercamientos financieros al Banco Popular y contactos con Electrim Corporation para la obten-ción del cable, la Contratista continuó con el proyecto. En enero de 1981 la Autoridad de Energía Eléctrica desaprobó la obra. La Contratista pidió que se le permitiese ajustar el proyecto a los requerimientos de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual entrañaba cambios de consideración. La CRUV se negó. Señaló que la fecha de terminación enmen-dada había vencido el 14 de febrero de 1980 y que la obra no había sido entregada hasta el 15 de noviembre de 1980. La Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que desmantelar las instalaciones efectuadas por Powerlite, la Contratista, y reconstruir el proyecto. Powerlite no realizó más opera-ciones en este u otro proyecto y su presidente, el ingeniero Gagot Mangual, abandonó la isla y obtuvo empleo con una agencia federal en California. La Contratista no mudó su equipo, éste se deterioró y tuvo que venderse por una pequeña suma.

Poco tiempo después, Powerlite y el ingeniero Gagot demandaron a la CRUV por daños. Celebrada la vista, el Tribunal Superior falló a favor de los demandantes y ordenó el pago por la CRUV de las partidas siguientes: 1) $24,000 por la pérdida del equipo de la Contratista; 2) $6,617.60 por los intereses acumulados sobre un préstamo de la Contra-tista con el Banco Popular, más los que se acumulasen hasta satisfacer la sentencia; 3) los intereses acumulados y por acumular sobre la suma de $12,536.75 adeudada a Electrim Corporation por la Contratista; 4) $40,000 por los daños y perjuicios ocasionados por los actos alegadamente negli-gentes de la CRUV; y 5) la devolución del retenido de $13,453.85, más los intereses legales sobre tal cantidad a partir del 15 de noviembre de 1981, más las costas. La CRUV recurrió a este foro.

Antes que nada debe señalarse que este pleito no trata de fijar la responsabilidad del dueño-arquitecto, de un lado, y del contratista, del otro, frente a tercero. Tampoco se trata de precisar la responsabilidad inter se de estos actores cuando se le haya causado daño a un tercero. El litigio versa exclusivamente sobre la responsabilidad cuasidelictual entre sí del dueño-arquitecto y el contratista. () Aunque no nos enfrentamos en consecuencia a una acción decenal, aspectos de las normas sentadas en ese campo son de valor para ana-lizar los conceptos de la culpa y la causalidad en este género de controversias. La tarea central a realizar en este caso es describir la responsabilidad del arquitecto por planos defec-tuosos o vicios del suelo y los deberes del contratista cuando ello ocurra. El Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124, dispone, en parte:

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años ...; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.

Lo que quiere decir este artículo básicamente es que el arquitecto responde frente a tercero por ruina debida a vicios del suelo o de la dirección. () El artículo no es invoca-ble por todo contratista en toda circunstancia para librarse de culpa frente al dueño y aun al propio arquitecto.

En Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50-51 (1962), expresamos con aprobación:

Se ha sostenido además que no releva de responsabilidad al arquitecto, o al contratista, en su caso, el que se establezca que se le llamó la atención al dueño de los vicios de la propuesta construcción. Es obligación del contratista en ese caso no proceder a construir la obra. La razón para que esto sea así es que se considera de enorme interés público la seguridad de lo que se edifica.... [C]omo el ingeniero contratista es un técnico conocedor de su arte, la ley le impone la obligación de rehusar construir, si la obra propuesta no reúne las condiciones de seguridad que la profesión, las leyes y los reglamentos re-quieren. (Cita y escolio omitidos.)

Véase González v. Agostini, 79 D.P.R. 510, 517 (1956).

La regla puertorriqueña sobre este particular refleja la tradición civilista. Además de las autoridades citadas en Géigel y González, supra, véanse: J. Herrera Catena, Respon-sabilidades en la Construcción, Granada, Gráficas del Sur, 1977, T. 1, Vol. 2, págs. 206-207, 265; J. Cadarso Palau, La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, págs. 265-266, 285-286; H. y L. Mazeaud, J. Mazeaud, Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 6ta ed., París, Eds. Montchrestien, 1970, T. II, págs. 73-74; G. Liet-Veaux, Le Droit de la Construction, 7ma ed., París, Ed. Celse, 1982, pág. 279.

En el caso de autos el contratista tenía la capacidad de percatarse y se percató, desde el propio comienzo, de los vicios del suelo. Debió negarse a realizar el proyecto. Power-lite no puede escudarse en que le avisó al dueño, quien suplió los planos, de las dificultades que estaba enfrentando. Powerlite solicitó varias extensiones y continuó la obra con el resultado previsible: la obra no cumplió con los reglamentos aplicables y tuvo que reconstruirse. No existe base en derecho para reembolsar a la Contratista por el deterioro de su equipo, que ella no se ocupó en trasladar, ni por los intereses de préstamos en que incurrió o el dinero retenido (la Contratista no entregó la obra a tiempo e incumplió el contrato); ni tampoco puede reclamar gastos por su propia tardanza en ordenar el cable a tiempo. En lo que respecta a los daños de $40,000 concedidos, la mayor parte de éstos, si no la totalidad, son producto de la propia acción de la Contratista al resolver continuar la obra. La acción de la Contratista, excepto en un extremo, no puede prosperar respecto a partida alguna de las concedidas por faltar los elementos de culpa y causalidad. El único extremo que puede considerarse es el daño causado por suplir planos deficientes. Tal daño estaría limitado al perjuicio sufrido al trasladar el equipo y efectuar otros preparativos y transacciones antes de percatarse Powerlite de la condición del suelo. Aunque tales daños no deben exceder, a lo sumo, de $20,000, el 50% de lo concedido, el tribunal de instancia deberá fijar la cuantía correspondiente dentro de ese límite a la luz de la prueba que se presente.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos compatibles con esta opinión.

      (1) El aspecto de la responsabilidad ex contractu de las partes no se discute aquí, ya que la acción se instó sobre bases estrictamente delictuales.

      (2)No estamos discutiendo, por no estar la cuestión envuelta en este caso, la forma y el grado a que responde cuando el contratista contribuye a la ruina.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Héctor Rafael Orozco Rivera, acusado y recurrido.

      Número: O-84-201

      Resuelto: 15 de octubre de 1984

      Doris Zoé Pons Pagán, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; Raúl Aponte Sánchez, abogado del recurrido; David Novoa López y Julián O. McConnie, Jr., abogados de la Junta de Libertad Bajo Palabra.
   per curiam:

El Art. 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 1503a) disponía en parte:

En los casos en que el grado de rehabilitación de un confi-nado o liberado lo justifique, la Junta podrá solicitar del tribunal sentenciador que reduzca los términos, mínimos' o máxi-mos, de la sentencia, así como dar por terminada la misma. Para ello, deberá tomar en cuenta, entre otros factores, el resultado de la evaluación que, a tales efectos, realice la Administración de Corrección.

La Ley Núm. 104 de 4 de junio de 1980, en su intento de atemperar las disposiciones que rigen la Junta de Libertad Bajo Palabra al nuevo sistema de sentencia determinada, eliminó el párrafo citado.

La controversia que plantea este caso es si la Junta de Libertad Bajo Palabra conserva jurisdicción para solicitar, y el tribunal sentenciador para conceder, la reducción de una sentencia que haya sido dictada por hechos cometidos antes de haberse enmendado el Art. 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974.

Los hechos que motivaron este recurso son los siguientes. El 20 de septiembre de 1978 el tribunal de instancia dictó sentencia contra Héctor R. Orozco Rivera por el delito de asesinato en segundo grado. La pena impuesta fue de 12 a 30 años de presidio.

En 1983 el confinado presentó una solicitud de reducción de sentencia ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Para poder evaluar tal solicitud la Junta requirió la preparación de varios informes y evaluaciones del confinado y celebró una vista. Debido a que los informes y evaluaciones fueron favorables y denotaban la rehabilitación del señor Orozco Rivera, la Junta solicitó al tribunal de instancia la reducción de la sentencia.

Tras la celebración de una vista, el tribunal modificó la sentencia y fijó el mínimo en 10 años. Inconforme con tal resolución el Procurador General acudió en alzada ante este foro, mediante una petición de certiorari, donde impugnaba la jurisdicción del tribunal de instancia para reducir la sen-tencia. Expedimos el auto.

El Ministerio Fiscal alega que la Ley Núm. 104 de 4 de junio de 1980, al eliminar el párrafo relativo a la facultad de la Junta para solicitar la reducción de una sentencia, dejó a la Junta sin jurisdicción alguna al respecto. No le asiste la razón.

La Sec. 3 de la Ley Núm. 104 dispone que ésta comenzará a regir al entrar en vigor la ley que establece el sistema de sentencia determinada. El citado párrafo que fue eliminado por la Ley Núm. 104 se refiere a la reducción de una sentencia indeterminada ya que dispone que “la Junta podrá solicitar del tribunal sentenciador que reduzca los términos, mínimos o máximos, de la sentencia”. Al aprobarse la Ley de Sentencia Determinada tal disposición carecía de sentido para las sentencias fijas, de ahí su eliminación. Sin embargo, ello no significa que la Junta carezca de jurisdicción para solicitar la reducción de una sentencia que haya sido dictada bajo la ley anterior.

La exposición de motivos de la Ley Núm. 104 es comple-tamente clara al respecto:

En Puerto Rico se ha procedido a reformar lo relativo al proceso de sentencias mediante la adopción de un nuevo sis-tema que postula la determinación de la pena. Es necesario, por tanto, enmendar la ley orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra a los efectos de establecer que dicho organismo retendrá su jurisdicción en relación a los casos de convictos que hubiesen cometido los hechos delictivos cuando imperaba aún la Ley de Sentencia Indeterminada....

En conclusión, la Junta de Libertad Bajo Palabra conserva jurisdicción para solicitar, y el tribunal sentenciador para conceder, la reducción de una sentencia que, como en este caso, haya sido dictada por hechos delictivos cuando imperaba la Ley de Sentencia Indeterminada.

Por las consideraciones expuestas, se confirmará la reso-lución recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    David Rivera Otero y Otros, demandantes y recurridos, v. Casco Sales Company, Inc., José A. Santiago López, José A. Rivera, demandados y peticionarios; Borinquen Swimming Pools, Inc., tercera demandada.

      Números: O-84-303, O-84-308

      Resueltos: 17 de octubre de 1984

      Charles de Mier LeBlanc, de Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez, abogados de los peticionarios; Jaime Luciano Jimé-nez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

En González v. Seatrain Lines of P.R., 106 D.P.R. 494 (1977), resolvimos que un vehículo de arrastre, por no tener fuerza propulsora propia, no es un vehículo de motor; pero una vez es enganchado a un camión remolcador, ambos —el arrastre y el remolcador— constituyen una sola unidad móvil y deben ser considerados como un vehículo de motor a los fines de la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 1751. Esta norma no está limitada a los arrastres diseñados para llevar carga. Aplica por igual a todo vehículo rodante que no tenga fuerza motriz propia cuando es ayuntado a un vehículo de motor para ser despla-zado de un lugar a otro.

HH

El 28 de febrero de 1980 ocurrió un accidente en que varios automóviles que estaban estacionados fueron chocados por un compresor de aire que se desprendió de su enganche con un vehículo marca Ford que lo remolcaba. El compresor pertenecía a Casco Sales Co., Inc. que lo había cedido en arrendamiento a Borinquen Swimming Pools, Inc. El ve-hículo remolcador pertenecía a José A. Rivera, presidente de la arrendataria y era conducido por un empleado de ésta.

El 3 de marzo de 1981 los dueños de los automóviles cho-cados instaron demanda ante el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, contra Casco Sales Co., Inc., José A. Rivera, y el conductor del vehículo remolcador, en reclamación de resarcimiento por los daños ocasionados a sus respectivos automóviles. Casco Sales contestó la demanda y negó respon-sabilidad. Presentó demanda de coparte contra Rivera y demanda de tercero contra Borinquen Swimming Pools. Rivera, por su parte, negó responsabilidad y opuso la defensa afirmativa de prescripción. Borinquen Swimming Pools compareció a su vez, negó responsabilidad y planteó también la defensa de prescripción. La acción contra el conductor del vehículo remolcador fue desistida por insuficien-cia de emplazamiento. ,

Se estipuló en conferencia con antelación al juicio que la prescripción fue oportunamente interrumpida en cuanto a Casco Sales en virtud de reclamación extrajudicial. Fue el pleito a juicio, luego de lo cual el tribunal de distrito dictó sentencia en que declaró sin lugar la demanda y por ende desestimó la demanda de tercero. Concluyó que al ocurrir el accidente el vehículo Ford era conducido a exceso de velo-cidad y ello ocasionó que el compresor se desprendiera al saltar sobre un lomo que había en la carretera. Declaró prescrita la acción en cuanto a Rivera, concluyó que no hubo prueba de desperfecto en el enganche del compresor y se negó a aplicar la doctrina de res ipsa loquitur que fuera invocada por los demandantes.

Los demandantes apelaron al Tribunal Superior. Éste revocó amparándose en lo resuelto en González v. Seatrain Lines of P.R., supra. Los demandados, Rivera, Casco Sales y la tercera demandada Borinquen Swimming Pools, han recurrido mediante peticiones de certiorari. Consolidamos sus recursos y, para examinar si la doctrina de González v. Seatrain Lines of P.R., supra, es aplicable a hechos como los aquí presentes, requerimos que los demandantes recurridos mostraran causa por la cual no debamos expedir y revisar la sentencia recurrida. Éstos han comparecido.

W batJ

Dos cuestiones plantean las partes peticionarias: (a) si puede considerarse que el compresor de aire, al ser ayuntado al vehículo Ford, vino a constituir con éste una sola unidad, es decir, un vehículo de motor, a los fines de la responsabi-lidad de sus respectivos dueños por los daños causados; y (b) si la causa de acción de los demandantes estaba prescrita en cuanto al codemandado Rivera y en cuanto a la tercera demandada Borinquen Swimming Pools.

-A—

Bajo la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 1751, “[e]l dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho vehículo, intervi-niendo culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea operado o esté bajo el control físico y real de cualquier persona que, con el fin principal de operarlo, o de hacer o per-mitir que el mismo sea operado por tercera persona, obtenga su posesión mediante la autorización expresa o tácita del dueño”.

En González v. Seatrain Lines of P.R., supra, consideramos el caso específico de dos vehículos —un vehículo de arrastre y un camión remolcador— ambos diseñados para complementarse entre sí, al unirse, para facilitar el transporte de carga. El arrastre, como tal, no es un vehículo de motor porque carece de fuerza motriz propia. Su propósito de transportar carga de un sitio a otro se logra al ser unido al camión que suple la fuerza motriz. Ambos son equipados por sus fabricantes con mecanismos de enganche que les son particulares para permitir su acoplamiento.

Resolvimos que una vez se acoplan uno al otro, el camión y el arrastre constituyen “una sola unidad móvil que debe ser considerada un vehículo de motor a los fines de la citada Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito”. González v. Seatrain Lines of P.R., supra, pág. 496-497. Aparte del diseño y naturaleza de cada uno, como determinantes de que al unirse constituyen un solo vehículo de motor, señalamos el propósito legislativo al aprobarse la citada Sec. 13-101 de que, siendo un vehículo de motor “un instrumento altamente peligroso”, “[la] seguridad de los ciudadanos tanto en cuanto a su persona como en cuanto a sus propiedades, requiere que el Estado tome toda clase de medidas no sólo para reducir las causas de accidentes de vehículos de motor, cuya inci-dencia es alarmante, sino también proveer el derecho a la adecuada compensación a aquellos que sean víctimas de estos accidentes”. 13 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1312. (1960).

El compresor de aire a que se refiere el caso ante nos no fue diseñado para transportar carga. Pero es un equipo pesado, con dos ruedas con sus llantas de goma y una extensión metálica que termina en una argolla para ser asida a un remolque. () Si bien cumple su propósito de manera estacionaria, fue diseñado para ser desplazado de un sitio a otro no como carga y sí como un vehículo acoplado a un remolque.

Los autos ante nos no revelan qué tipo de vehículo era el Ford que arrastraba al compresor en el momento del acci-dente. No parece que fuera un vehículo específicamente diseñado como remolcador. Pero es un hecho innegable que se utilizó para proveer al compresor sobre ruedas la fuerza motriz necesaria para transportarlo de un lugar a otro.

La razón principal de nuestro razonamiento en González v. Seatrain Lines of P.R., supra, —protección de la segu-ridad pública— se frustraría si hiciéramos distinción entre la naturaleza y diseño de los vehículos que acoplados entre sí a diario circulan por nuestras vías públicas.

Señalamos en González v. Seatrain Lines of P.R., supra, pág. 501, citando a Cordero Santiago v. Lizardi Caballero, 89 D.P.R. 150, 158 (1963), que la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito “se adoptó para dar mayor garantía a las personas que son víctimas de accidentes en nuestras vías públicas de que los daños que sufran les sean reparados”. Y citando de McGee Quiñones v. Palmer, 91 D.P.R. 464, 470 (1964), expresamos el propósito legislativo de “trasladar la carga de los daños a aquella parte que está en mejor posición para soportarla”.

No podemos ignorar que si peligrosas son las unidades móviles compuestas por los vehículos de arrastre y los camiones remolcadores, no menos peligrosas resultan cuando uno solo de los vehículos o ninguno está diseñado para des-plazarse ayuntado a otro. Es de esperarse que haya más seguridad en mecanismos de enganche de vehículos diseña-dos para acoplarse unos a otros que en aquellos que se aco-plan por conveniencias ocasionales. En conclusión y por las razones expresadas, si a un vehículo de motor se unen otras unidades para ser propulsadas y desplazarse juntas por nuestras vías públicas, el conjunto constituye un solo ve-hículo de motor y el dueño de cada unidad es solidariamente responsable con los demás bajo aplicación de la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito.

—B—

El planteamiento sobre prescripción queda resuelto con lo expresado sobre la solidaridad en la responsabilidad de los dueños de las unidades que constituían el vehículo de motor causante del accidente. La interrupción extrajudicial de la prescripción en cuanto a Casco Sales Co., Inc. perjudica por igual al codemandado Rivera y a la tercera demandada Borinquen Swimming Pools, Inc. en virtud del Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5304. Véase García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951).

HH HH HH

Por los razonamientos aquí consignados, se expedirá el auto de certiorari solicitado y se dictará sentencia que con-firme en todas sus partes la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, objeto de este caso.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

      (1) Así puede verse en las fotografías unidas a los autos originales.


text:
    Xerox Corporation, demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y peticionario.

      Número: O-84-337

      Resuelto: 18 de octubre de 1984

      Carmen A. Bravo, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; Roberto Montalvo Carbia, de Goldman & Antonetti, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

) — (

El Departamento de Hacienda tasó bienes muebles que la recurrida Xerox Corporation tiene para la venta y alquiler en diversos municipios. Sobre la base de esa tasación le notificó una contribución de $919,300.17 para el año fiscal 1981-82. Las notificaciones se realizaron conforme el Art. 307 del Código Político, según enmendado, 13 L.P.R.A. see. 458. () Inconforme, Xerox decidió impugnar-las. A tal efecto estimó que sólo procedía una contribución ascendente a $206,155.51. Dentro del término de 30 días de la notificación pagó $185,539.96, cuantía que representaba la contribución estimada luego de deducido un 10%, bajo el criterio de haberlas satisfecho dentro de los primeros treinta (30) días. En igual término formuló demanda para impug-nar la tasación.

Hacienda solicitó la desestimación. Adujo que dicha acción estaba predicada en el Art. 2(A)(3)(a) de la Ley Núm. 235 del 10 de mayo de 1949 (13 L.P.R.A. sec. 282(A)(3)(a)), () el cual no autoriza descuento alguno a la contribución con la que está conforme. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, se negó a desestimar, por aceptar los siguientes plantea-mientos de Xerox: (1) que la acción no se instó bajo el Art. 2(A)(3)(a) de la Ley Núm. 235, sino el Art. 3 de la Ley Núm. 328 del 13 de mayo de 1949 (13 L.P.R.A. see. 286), que no exige previa consignación para litigar una contribución impugnada; y (2) si se arguyera que fue bajo el Art. 2(A)(3)(a), procedía el descuento del 10% por autorizarlo la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1959, según enmendada, 13 L.P.R.A. sec. 476b(a).()

r-H l-H

Bajo el diseño legislativo prevaleciente, para un contribuyente poder instar acción a tono con el Art. 2(A)(3)(a) debe cumplir con dos requisitos jurisdiccionales: presentar la demanda ante el Tribunal Superior correspondiente previo el pago de la contribución que estimare procedente, y ello dentro de treinta (30) días. Conforme este trámite no puede acogerse a los descuentos conferidos por la Ley Núm. 80. Esa rebaja sólo está disponible si el contribuyente, aun cuando va a litigar el tributo, lo paga en su totalidad. Así lo intimamos, aunque bajo controversia distinta, en Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 367 (1983), en que resolvimos que no procedía el descuento por pronto pago para la porción de la contribución litigada y finalmente determinada. Estos descuentos tienen el propósito dual de premiar al contribuyente que prontamente salda la tota-lidad de la contribución y además fomenta la pronta recau-dación fiscal.

La posición de Xerox entremezcla ventajosamente dos mecanismos independientes. Acceder sería reconocer la concesión de dos gracias simultáneas, litigar con sólo pagar la contribución que está conforme, a la par que acogerse a un descuento sin satisfacer la totalidad. La consecuencia tributaria sería negativa. No cumple los fines legislativos. Inclusive, se presta para que se utilice la porción correspondiente al descuento para sufragar litigios que en ocasiones pueden ser frívolos. Resolvemos que el contribuyente que desee litigar no puede acogerse al descuento por pronto pago. Tiene que satisfacer la totalidad de la contribución dentro del plazo exigido. De finalmente prevalecer su impugnación, el remedio sería otorgado en la propia sentencia, al ordenar el foro adjudicativo el reintegro. De este modo si triunfa en su reclamo jurídico se beneficia del descuento y recibe el reintegro más los intereses a que sea acreedor. Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, supra.

HH HH h — I

Aclarado este extremo, evaluemos si Xerox tiene razón en su alegación sobre el trámite seguido. La acción bajo el Art. 2(A)(3)(a) de la Ley Núm. 235 está reservada para las eventualidades en que Hacienda notifica la contribución en la forma provista por el Art. 309 del Código Político, 13 L.P.R.A. see. 459. () Hacienda admite que aquí la notifi-cación se hizo en la forma prescrita por el Art. 307 del Código Político, 13 L.P.R.A. see. 458. () Esta última guarda silencio en cuanto al procedimiento a seguir en este tipo de notificación. Ello no significa que exista un vacío estatuta-rio. Nos explicamos.

Observamos que los medios de notificación del Art. 309 del Código Político, 13 L.P.R.A. see. 459, se utilizan cuando ocurre un cambio en la tasación vigente de la propiedad o se tasa propiedad que no ha sido tasada anteriormente, o se altera la planilla de tasación presentada por algún contri-buyente, o cuando el contribuyente haya solicitado la revalo-ración de la propiedad. Ahora bien, la tasación de un año anterior puede servir de base para tasar e imponer la con-tribución en un año subsiguiente si el contribuyente no soli-cita la revaloración de su propiedad o si el Secretario de Hacienda motu proprio no procede a tasar o valorar de nuevo los bienes. Art. 295 del Código Político, 13 L.P.R.A. sec. 447. Aplica a inmuebles como muebles. En tal situación la notifi-cación de la tasación y de la contribución impuesta se hace a través de los avisos fijados y publicados, a tenor con el Art. 307 del Código Político, 13 L.P.R.A. sec. 458; García Com[m]ercial v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 765, 769 (1958).

El legislador omitió una referencia expresa al Art. 307 del Código Político en el Art. 2(A)(3)(a) de la Ley Núm. 235, por ser innecesaria. La lectura integral de sus Arts. 1 y 2(A) refleja un enfoque global y unitario respecto a los procedimientos judiciales. La Ley Núm. 235 del 10 de mayo de 1949 (13 L.P.R.A. secs. 281-285) unificó todos los distintos procedimientos de revisión con relación a toda clase de con-tribuciones. Ríos v. Tribl. Contribuciones y Descartes, Int., 72 D.P.R. 124 (1951). En consecuencia, tanto en notificaciones bajo el Art. 307 al igual que el Art. 309 del Código Político, todo contribuyente que desee litigar una determinación con-tributiva del Departamento de Hacienda tiene que cumplir con los requisitos dispuestos en la ley.

Xerox indebidamente descontó un 10% de la contribución con la que estaba conforme. De ordinario ello constituiría un defecto jurisdiccional que conlleva la desestimación de la demanda. Sin embargo, tomamos conocimiento judicial de casos análogos pendientes, en que a diversos contribuyentes se les ha aplicado el trámite expuesto. Hasta el día de hoy, la pauta jurídica no había sido debidamente aclarada. En estas circunstancias procede que atemperemos el rigor de esta decisión concediéndole un término perentorio de diez (10) días para que Xerox consigne el diez por ciento (10%) retenido bajo pena de desestimación. Así podrá dilucidar en sus méritos la procedencia de la impugnación. Este término aprovechará para cualquier otro litigante en casos análogos con igual planteamiento.

Conforme lo expuesto, se dictará sentencia bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

      (1) Hecho admitido por Hacienda en contestación a un interrogatorio cursado por Xerox.

      (2) Reza:
      “(3) Contribución sobre la Propiedad

      “(a) De la imposición de la contribución, notificada en la forma provista en la see. 459 de este título, pagando la parte de la contribución con la cual estu-viere conforme el contribuyente y radicando su demanda en el Tribunal Superior en la forma dispuesta por las sees. 286 a 289 de este título (1) dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación personal provista por la see. 459 de este título, ó (2) dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la imposición de la contribución, si la notificación fuere hecha por correo certificado de acuerdo con dicha see. 459 de este título; Disponiéndose, que tanto el término de treinta (30) días para recurrir ante el Tribunal Superior como el pago dentro de dicho término de la parte de la contri-bución con la cual estuviere conforme el contribuyente, se considerarán de carácter .jurisdiccional.”

      (3) Dispone en lo pertinente:
      “(a) Se concederán los siguientes descuentos sobre el importe de la contribución sobre la propiedad mueble, si el pago se efectuare en la forma y dentro del plazo correspondiente:
      (1) Diez (10) por ciento del monto de cada semestre, si el pago de ambos semestres se efectuase conjuntamente y dentro de treinta (SO) días a partir de la fecha en que los recibos estuvieren en poder del colector y así se anunciare.” (Énfasis suplido.)

      (4) Lee:
      “Cuando se hiciere algún cambio en la tasación vigente de la propiedad de cualquier contribuyente, o se tasare la propiedad de un contribuyente que no hubiere sido anteriormente tasada, o se hiciere alguna alteración en la planilla de tasación presentada por algún contribuyente, o cuando el contribuyente hubiere solicitado la revaloración de su propiedad, el Secretario de Hacienda o el colector de rentas internas a quien corresponda, notificará a dicho contribuyente de la valo-ración y de la contribución impuesta, con entrega de una copia de la misma al contribuyente, o a cualquier miembro mayor de edad de su familia o empleado suyo que sea mayor de edad, o a la persona que estuviere encargada de dicha propiedad, o remitiendo la notificación por correo, dirigida al contribuyente a la estación de correos del municipio de su residencia, y si ésta le fuera desconocida, a la estación de correos del municipio donde radique la propiedad en aquellos casos en que haya sido imposible la notificación personal; y el contribuyente vendrá obligado a pagar la contribución en la forma y dentro del término dispuesto en la see. 476 de este título. En los casos a que se refiere esta sección el contribuyente podrá, no obstante, apelar de la contribución así impuéstale y notificádale, para ante el Tribunal Superior en la forma, dentro del término y previo el cumplimiento de los requisitos provistos por ley.
      “Si la decisión del Tribunal Superior, o, en apelación, la de la Corte Suprema fuera adversa al contribuyente, dicha decisión dispondrá que la contribución impugnada o la parte de ella que estimare dicho Tribunal o Corte como correcta-mente impuesta, sea pagada con los intereses correspondientes desde la fecha en que hubiere vencido el término concedido por ley para el pago de la contribución sin intereses.
      “Si, en grado de apelación de una decisión adversa al contribuyente, la decisión de la Corte Suprema fuera favorable a éste, y el contribuyente hubiere pagado la contribución impugnada con posterioridad al fallo del Tribunal Superior, dicha decisión dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente la contribución o la parte de ella que estimare dicha Corte fue cobrada ilegalmente o en exceso, con sus inte-reses sobre dicha suma al tipo de seis (6) por ciento anual, computados desde la fecha del pago de la contribución impugnada.”

      (5) Rezaba:
      “A medida que la tasación o revisión de tasación de propiedad, según se dis-pone en ésta, vaya haciéndose, o con aquellos intervalos de tiempo que pueda seña-lar el Secretario de Hacienda, cada tasador remitirá prontamente las planillas terminadas al Secretario de Hacienda, quien hará que éstas sean examinadas y ordenadas, e impondrá la contribución correspondiente, de acuerdo con ellas. Una vez impuesta la contribución y dentro de los primeros diez (10) días después de haber recibido para su cobro los recibos correspondientes, cada colector deberá fijar en la colecturía, en la casa municipal, en los edificios dentro del municipio ocupados por los Tribunales Superior y de Distrito y por lo menos en una de las escuelas de cada barrio rural, en sitio que sea fácilmente accesible al público, un aviso indicando [sic\ la fecha desde la cual los tales recibos se encuentran al cobro en la colecturía correspondiente. Será deber del Secretario de Hacienda dentro del término de diez (10) días siguientes a la fecha en que remita a los distintos colec-tores los recibos correspondientes, dar aviso de ello al público por lo menos en un periódico diario de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Disponiéndose, que el Secretario de Hacienda podrá, a [su] discreción, utilizar medios adicionales de dar este aviso al público. No será necesaria ninguna otra notificación o aviso de la imposición de la contribución y, a los efectos del pago de la misma, según se dispone en la see. 476 de este título la fijación y publicación de los avisos dispuestos en la presente, en la forma aquí provista, constituirán respecto de cada contribuyente, plena notificación de la imposición de la contribución; Dispo-niéndose, que cuando en el curso del ejercicio económico se expidan, en casos aisla-dos, recibos nuevos, adicionales o sustitutos, que por cualquier causa no pudieron expedirse al comienzo del ejercicio económico, fuera de los especificados en la see. 459 de este título, no será necesaria la fijación y publicación de estos avisos, debiendo en estos casos el colector de rentas internas notificar al contribuyente por escrito dentro de los cinco (5) días de tener el recibo en su poder, remitiendo la notificación por correo, dirigida al contribuyente, a la estación de correos del muni-cipio de su residencia y si ésta fuera desconocida, a la estación de correos del muni-cipio en que radique la propiedad. En estos casos será notificación suficiente de la imposición de la contribución la remisión de la notificación por correo, y el certifi-cado del colector de haber depositado la notificación en la oficina de correos bajo sobre sellado y debidamente franqueado será prueba concluyente de la notifi-cación.”