author: El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez,

text:
    Dexter v. Soto Nussa, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de. Certiorari.

      No. 38.
    Resuelto en diciembre 20, 1907.
    Administración Judicial de los Bienes de un Finado — Quiénes Pueden Solicitarlo. — La administración judicial de los bienes de un finado debe regularse por el capítulo 5 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales y sólo puede solicitarse por el albacea testamentario del mismo, .y en caso de que no lo hubiere nombrado,, ó á falta de testamento con validez legal, por el cónyuge del finado, ó cualquier heredero forzoso, ó persona que se presente como heredero testamentario ó legatario ó cualquier acreedor con título escrito no asegurado.
    Id. — Las disposiciones del artículo 25 de dicha Ley de Procedimientos Legales Especiales, á los efectos de determinar quiénes tienen personalidad para solicitar la administración judicial, deben considerarse en relación con las del artículo siguiente de la misma Ley.
    Id.' — Bienes de Ausentes. — Para que pueda decretarse la administración judicial de los bienes de un ausente, es necesario presentar una solicitud jurada con expresión de las circunstancias necesarias, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley dé Procedimientos Legales Especiales, debiendo el promovente justificar su personalidad para solicitar tal administración, con arreglo al artículo 93 del Código Civil.
    Id. — Bienes de Finados sin Parientes Conocidos.' — La administración de los bienes de una persona que muera en Puerto Rico sin dejar parientes conocidos, ó estando éstos ausentes, debe regularse por el Capítulo IV de la referida Ley de Procedimientos Especiales, siendo á la corte de distrito correspondiente á la que compete apreciar los casos en que sea procedente aplicar las disposi-ciones de dicho capítulo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Hord.

   El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Don Francis H. Dexter vino á esta Corte Suprema en solicitud de auto de certiorari contra el juez de-la Corte de Distrito de Mayagüez Don Isidoro Soto Nussa, para revisar los procedimientos seguidos por dicha corte sobre adminis-tración judicial de bienes allí radicados, pertenecientes á Don Joaquín Sánchez de Larragoiti, ciudadano de los Estados Unidos, fallecido en París el día 23 de julio del corriente año.

Expedido en dos del corriente diciembre el auto solicitado, el mencionado juez ha elevado originales á esta Corte Su-prema, los procedimientos á que dicho auto se refiere.

De esos procedimientos resulta que en 23 de noviembre anterior, Don Francis H. Déxter solicitó de la corte de Maya-güez el nombramiento de un administrador judicial de los bienes que en aquel término municipal de Mayagüez había dejado Don Joaquín Sánchez de Larragoiti, ciudadano de los Estados Unidos de América y residente en París, Francia, y pidió que el nombramiento se hiciera á su favor, alegando, al efecto, que el referido Señor había fallecido en París el 23 de julio del corriente año, y que los bienes inmuebles dejados en Puerto Eico consistían tínicamente en el edificio y mate-riales que componen la Central azucarera denominada "Alta-gracia,” junto con un predio de terreno de veinte y dos cuer-das, bienes radicados en la municipalidad de Mayagüez.

La corte de Mayagüez, por resolución del mismo día 23 de noviembre, rehusó hacer el nombramiento de administra-dor solicitado, por entender que el peticionario carece de per-sonalidad legal para interesar tal administración, con arreglo al artículo 23 de la ley sobre procedimientos legales especiales, aprobada en marzo 9 de 1905, y al título 6°., capítulo único de. la propia ley, en relación con el Código Civil.

Encontramos la anterior resolución ajustada á la ley de procedimientos legales especiales, pues, según el artículo. 23 de dicha Ley invocado por el juez, la administración judicial de los bienes de un finado sólo puede solicitarse por el al-bacea testamentario del mismo, y en caso de que no lo 'hu-biere nombrado, ó á falta de testamento con validez legal, por el cónyuge de la persona finada ó cualquier heredero forzoso ó persona que se presente como heredero testamentario ó lega-tario ó cualquier acreedor con título escrito no asegurado. El peticionario Don Francis Ií. Dexter no reúne ninguno de los caracteres expresados, ni tampoco solicita la administración judicial á nombre de persona que los reúna.

El artículo 25 de la Ley citada, que el peticionario ha in-vocado ante esta corte para impugnar la resolución de la corte de Mayagüez, tampoco le favorece, pues, no puede reconocér-sele personalidad para los efectos de dicho artículo, si éste se considera como debe considerarse, no aisladamente, sino en relación con el artículo siguiente.

En el presente caso se trata de la administración de los bienes de un finado, y, por tanto, debe regularse por las dis-posiciones del capítulo 5o. de la ley de procedimientos legales especiales; pero si Don Francis H. Dexter quisiera amparar su derecho con el título 6o. de la propia ley, que trata de la ad-ministración de bienes de ausentes, tampoco podría prosperar su pretensión, con arreglo al capítulo único de dicho título, en relación con los artículos 93 al 103 del Código Civil; pues ni ha presentado solicitud jurada con expresión de las circuns-tancias necesarias, ni por derecho propio es parte legítima para iniciar el expediente, según exige el artículo 93, ya ci-tado, del Código Civil.

En principio parécenos que cuando muere una persona con bienes en Puerto Rico y sus.bienes están abandonados por falta de parientes conocidos ó por estar éstos ausentes, esos bienes no puedan quedar abandonados, sino que la Corte de Distrito correspondiente, debe proceder á su seguridad, nom-brando además un administrador de los mismos, según el ca-pítulo 4o. de la ley referente á procedimientos legales espe-ciales ; pero nó á esta Corte .Suprema, sino á la de Mayagüez,. corresponde apreciar si ha llegado el caso de dar aplicación á aquel principio.

No debemos omitir que en el récord original de los pro-cedimientos seguidos ante la Corte de Mayagüez figura un escrito de Don Francis íl. Dexter sin fecba y con diligencia de juramento, también sin fecha y sin firma alguna, en cuyo es-crito solicitó el mismo Dexter se le nombrara administrador auxiliar con facultad plena para proteger los intereses de la Sucesión de Don Joaquín Sánchez de Larragoiti en esta Isla, como pudiera hacerse por un administrador domiciliar si el mencionado Joaquín Sánchez de Larragoiti hubiese muerto en Puerto Rico; pero como la corte de Mayagüez no dictó resolu-ción alguna á dicho escrito, ni Dexter reprodujo su contenido ni la solicitud del mismo en el otro escrito que motivó la reso-lución que ha dado lugar á la demanda de auto de certiorari debemos prescindir de dicha petición de nombramiento de ad-ministrador auxiliar, como Dexter prescindió de ella al so-licitar el nombramiento de administrador judicial en su se-gundo escrito de referencia, con tanto mayor motivo cuanto que el mismo Dexter nos dice en su demanda de auto de cer, tiorari que presentó su segunda solicitud con objeto de ajus-tarse á la opinión del juez, quien le manifestó que la primera solicitud no era suficiente ó apropiada ó de acuerdo con las leyes vigentes en Puerto Rico y debía presentar otra, de acuerdo con la ley de procedimientos legales especiales.

- Si Don Francis H. Dexter creyó que la primera solicitud era suficiente y ajustada á Ley, no debió presentar la segunda, y en su lugar debió pedir que el juez resolviera aquélla. No habiéndolo hecho así, aceptó las consecuencias de la segunda solicitud, y esa es, por tanto, la que nosotros hemos examinado en relación con la orden que sobre ella dictó la corte de Maya-güez.

Por las razones expuestas, procede se anule el auto de certiorari expedido por el juez de la Corte de Mayagüez en 2 de los corrientes, devolviéndole, en su consecuencia, los proce-dimientos originales qne ha elevado á esta Corte Suprema en cumplimiento de dicho auto á los fines procedentes.

Casado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones y Aso-ciados, Figueras, MacLeary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Rodríguez v. Fernández Hermanos.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 169.
    Resuelto en diciembre 20, 1907.
    Pruebas — Testigos—Niños Menores de Catorce Años. — Las disposiciones del artículo 1214 del Código Civil, al afecto de que los niños menores de catorce años son inhábiles para ser testigos, han sido derogadas por el artículo 39 de la Ley de. Evidencia, que establece la regla vigente con respecto al particular.
    Id. — tTestimonio de Referencia. — La declaración ó admisión hecha por el agente ó sirviente de una parte, á terceras personas, en relación con el negocio que le estuviera encomendado, no puede considerarse testimonio de referencia, pues en tales condiciones hay que estimar que tal agente ó sirviente actuaba' en representación de su principal.
    Apelación — Exposición del Oaso. — La exposición á que se refiere el artículo 255 del Código de Enjuiciamiento Civil es evidentemente una exposición del caso, y no una exposición de hechos.

    Id.' — Pliego de Excepciones — Exposición de Hechos. — En la preparación de un pliego de excepciones, exposición del caso ó exposición de hechos, los abogados deben tener presente las diferencias que existen entre unos y otros documentos á fin de que las observen y usen los términos propios de cada uno.
    Daños v Perjuicios por Negligencia — Negligencia Como Causa Inmediata del Accidente. — Demostrando la prueba practicada en este caso que la negligen-cia del demandado fue la causa inmediata del accidente, y siendo la prueba suficiente para justificar la sentencia de la corte inferior condenando al de-' mandado al pago de los daños y perjuicios causados al demandante, procede su confirmación.
    Id. — -Negligencia Contribuyente. — No puede imputarse negligencia contribuyente á la madre del menor en este caso, por haberle permitido marchar solo á la calle á cumplimentar una diligencia que aquélla le encomendara, pues tratán-dose de un menor de once años, su edad era suficiente para que la madre estuviera justificada al permitirle salir solo á desempeñar su cometido.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Latorre.

    Abogado del apelado: Sr. Boerman.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una demanda entablada por Dámaso Rodrí-guez, contra Fernández Hermanos, .en reclamación de daños y perjuicios sufridos á consecuencia de lesiones personales re-cibidas por dicho demandante en una mano, que le fue destro-zada en 15 de mayo de 1906, en el engranaje de un torno usado en la maquinaria perteneciente á la panadería que los deman-dados poseen en Yauco. El demandante' pretende que dichas heridas le fueron ocasionadas por negligencia de uno de los empleados de los demandados, y, por tanto, por negligencia de los demandados mismos.

En la defensa se ha alegado que no hubo negligencia por parte de los demandados ni de sus empleados; sino que hubo negligencia contributiva por parte del demandante y de las personas encargadas de su custodia, siendo dicho demandante un menor de once años de edad.

El día 12 de abril de 1907, se dictó por el Tribunal de Dis-trito de Ponce, sentencia á favor del demandante, por la suma de 500 (quinientos) dollars. Contra esa sentencia, se inter-puso por los demandados recurso de apelación, en 22 de abril del mismo año. También el demandante interpuso recurso de apelación en 2 de mayo del citado año.

Del informe oral pronunciado por el abogado del deman-dante, ante el Tribunal Supremo, aparece que' este último está dispuesto á conformarse con la sentencia tal como fué dic-tada por el tribunal inferior; y tenemos que considerar sola-mente el recurso de apelación interpuesto por los demandados.

Antes de discutir el caso, con arreglo á los méritos del mismo, conviene aclarar un error en que han incurrido los abogados de los apelantes, citando el artículo 1214 del Código Civil, en el sentido de c¡ue los menores, que tengan menos de catorce años de edad, no pueden ser admitidos como testigos en nna cansa civil. Esta Ley lia sido derogada por la Ley de Evidencia, qne en su artículo 39 consigna la regla como sigue:

“No podrán ser testigos las siguientes personas:
“1. Las que no estuvieren en su juicio cabal al presentarse á • examen;
“2. Los niños menores de diez años que parecieren incapaces de recibir impresiones exactas de los hechos, respecto de los cuales fueren examinados, ni relatarlos con exactitud.’’

Ley de Evidencia, artículo 39, página 15, Estatutos de 1905.

De las alegaciones hechas por ambas partes en este pleito, aparece que el demandante tenía once años, y que, por con-siguiente, tenía edad suficiente para declarar en su propia de-fensa, como lo hizo en el presente caso.

Se ha planteado, por el apelado, una cuestión preliminar, que él pretende debe ser motivo para que se desestime la ape-lación. Dicha cuestión se refiere al pliego de excepciones y á la exposición del caso, y está concebida en los siguientes tér-minos :

“Los demandados no presentaron, dentro de los diez días que ñja la ley, el pliego de excepciones ú objeciones; pero solicitaron y les fué concedida por la corte una prórroga para presentar dicho pliego de excepciones, y, dentro de la prórroga que les fué concedida, los de-mandados en vez de presentar el referido pliego de excepciones en la forma que preceptúa el artículo 214 del Código de Enjuiciamiento Civil, lo que presentaron (llamémosla exposición del caso), fué una relación de las declaraciones prestadas por los testigos, sin precisar los particulares en qúe se funda la alegación de la insuficiencia de las pruebas. ’ ’

El abogado del apelado procede en su argumento, diciendo que, puesto que los apelantes solicitaron una prórroga para presentar su pliego de excepciones, cuya prórroga fué renovada en dos ó tres ocasiones subsiguientes, no podían presentar después una exposición de hechos, Ó una exposición del caso; y no tenían derecho para hacer eso, por varias ra-zones, siendo la primera, porque una exposición del caso sólo es admisible para una moción de nuevo juicio, y en este caso, la parte contraria no ha solicitado nuevo juicio (Artículo 223 del Código de Enjuiciamiento' Civil); la segunda, porque, una exposición del caso debió ser presentada en término de diez días desde la notificación (Artículo 223, p. 3, Código de En-juiciamiento Civil); y la tercera, porque la prórroga no le fue concedida para una exposición del caso, sino para un pliego de excepciones; y dicho abogado alega, además, que en el Artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Civil, 'cuyo artículo explica en qué consiste el legajo de la sentencia, no se hace mención de una exposición del caso.

De esto surge la cuestión de la diferencia entre los tres documentos; examinemos, pues, la diferencia entre (Io.) un pliego de excepciones, (2o.) una exposición de hechos, y (3o.) una exposición del caso.

Bouvier define un pliego de excepciones como sigue:

“Pliego de Excepciones. — Una relación escrita de objeciones contra la decisión de un tribunal con respecto á una cuestión de derecho, cuyo escrito ha sido formulado por una de las partes del pleito, y certificado en debida forma por el juez ó la corte que haya dictado la resolución. El objeto de un pliego de excepciones es hacer constar la decisión contra la cual se han hecho objeciones, para el conocimiento del tribunal que conozca de la causa en la apelación interpuesta con motivo de los errores en que haya incurrido el tribunal sentenciador.
“Casos en que debe presentarse un Pliego de Excepciones. Siem-pre que en los juicios celebrados en causas civiles, el letrado contra quien se dicte alguna resolución, suponga que el tribunal al dictar dicha resolución, se haya equivocado respectó de la ley, puede dicho letrado presentar excepciones contra tal resolución, y exigir al juez, de autorizar el pliego que contenga dichas excepciones. * * * El pliego de excepciones puede presentarse contra la resolución, ó falta de la debida resolución del tribunal sentenciador, en cualquier procedimiento durante el curso del juicio, desde su principio hasta su conclusión; y con tal que haya sido presentado en debida forma, pue-de ser considerado por el Tribunal, en un recurso de apelación inter-puesto por quebrantamiento de forma, ó infracción de ley.
“En la Corte de Circuito de Apelación, las excepciones tomadas .contra resoluciones dictadas por la corte, en un juicio, no serán consi-deradas, á menos que dichas excepciones sean' presentadas en el acto del juicio, consignadas en un pliego de excepciones, y presentadas al juez durante el mismo término de sesiones, ó dentro de un término que haya sido fijado por una regla establecida por la corte, durante el res-pectivo término de sesiones, ó por una regla fija de dicho tribunal, ó por 'este último, con el consentimiento de las partes; y excepto en cir-cunstancias extraordinarias, dichas excepciones deben ser admitidas, y presentadas al secretario de la corte, durante el mismo término de sesiones. ’ ’
“Efecto del Pliego de Excepciones. — El pliego de excepciones, después de sellado, es para las partes una prueba concluyente en cuanto á los hechos consignados en el mismo.
‘ ‘ Si las resoluciones del juez, y los motivos en que se funden las ob-jeciones hechas contra las mismas, constan en los autos, el derecho de la parte tomando la excepción, está completamente amparado, sin nece-sidad de formular pliego alguno (40 La. Ann., 809). Si el juez ha certificado y mandado á archivar los autos que contengan las pruebas, las excepciones y las instrucciones dadas al jurado, no está obligado á firmar un segundo pliego de excepciones ú otro pliego de excepciones por separado, para la parte tomando la excepción; 161 Pa. 320. Cuan-do el error aparezca claramente de los autos, no es necesario señalarlo mediante una relación detallada (bills of particulars)j 141 U. S., 616.”' .

Diccionario Legal de Bouvier, páginas 236-237.

El lexicógrafo legal arriba mencionado, no define los tér-minos “exposición de hechos” y “exposición del caso.” -En “Black’s Law Dictionary” (Diccionario de' Leyes, de Black) hay la siguiente definición de la palabra “exposición.”

“Exposición.”. — En un sentido general, “exposición” sig-nifica una alegación; una declaración de hechos positivos. Este término ha llegado á utilizarse para designar uña varie-dad de narraciones ó relaciones formales de hechos, cuyas re-laciones las prescribe la ley én varias jurisdicciones, como ia base de procedimientos judiciales ú oficiales.”

Black’s Law Dictionary, página 1120.

Esto incluye probablemente tanto las exposiciones de he-chos como las exposiciones del caso, y en el artículo 225, del Código de Enjuiciamento Civil, se dispone qne el pliego de excepciones ó la exposición, según el caso, que se hubieran utilizado en la vista, constituirán una parte de los autos para la apelación de la resolución, concediendo ó denegando un nuevo juicio. Esto, evidentemente, se refiere á la exposi-ción del caso, que también se menciona en el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Civil. Nada más se ha encontrado en mlestra ley concerniente á estos documentos. Es probable que en el tribunal inferior, ni el juez sentenciador, ni el abo-gado del apelante, habían hecho distinción alguna entre un “pliego de excepciones” y una “exposición del caso,” y que estas palabras fueron tratadas como términos sinónimos en la solicitud pidiendo la prórroga, y en la resolución concediendo la misma. Por esta razón, haremos caso omiso de la indica-ción hecha por el abogado del apelado, y procederemos á la consideración de los méritos del caso. Sin embargo, será con-veniente, de paso, llamar la atención sobre las diferencias que existen entre “pliego de excepciones,” “exposiciones de he-chos” y “exposiciones del caso,” en la esperanza de que los tribunales sentenciadores y los miembros del foro, tengan presentes dichas diferencias, y hagan uso de los términos que sean correctos, al preparar los autos.

La primera cuestión que debe discutirse al tratar de los méritos del caso, es si los autos demuestran ó nó, que los de^ mandados éran culpables de una negligencia tal que las le-siones, en el presente caso, fueron causadas como consecuen-cia de la misma; es decir: ¿ era la negligencia de los deman-dados ó de sus empleados, la causa directa de las lesiones sufridas por el demandante? De las pruebas, aparece que el demandante, Dámaso Rodríguez, un niño de once años de edad, iba, ó fue mandado á la panadería de los demandados, para llevar un recado, lo-que era propio para un muchacho de su edad, y con motivo de cuyo recado tenía que ver á su hermano Leoncio Rodríguez, que estaba trabajando en el tablero de la panadería. Según la declaración del mismo de-mandante, éste, al salir, fué llamado por José Ayalá, que es-taba encargado del torno; suplicándole ú ordenándole el Ayala que le ayudase á limpiar diclio torno, y que le diera á la manigueta por la que se hace girar á este último; y que, en eso, vino unv muchacho de la calle, y que, juntamente con él, le dió á la manigueta; y que al querer el demandante sujetar el torno, metió la mano, y se la cojió el engranaje, destrozán-dosela. No aparece de los autos si todo esto ocurrió ó nó en la presencia de Ayala, que era un empleado de los demanda-dos, y parece haber tenido á su cargo este ramo del negocio. También se ha declarado por Canuta Rodríguez, madre del demandante, y por un sirviente del bufete de los abogados de dicho demandante, que el citado Ayala confesó en su presen-cia, que él había ordenado al muchacho, que es el demandante en el presente caso, .que diera á la manigueta, como se ha dicho anteriormente. Estas últimas declaraciones han sido impugnadas por los apelantes como declaraciones ó testimonio de referencia. Estas declaraciones no pueden considerarse propiamente como testimonio de referencia, porque tienen el carácter de una confesión hecha por un empleado de los ape-lantes, quien en este caso, puesto que representaba á dichos apelantes, y hacía las declaraciones con respecto á su negocio, puede considerarse como procediendo á nombre de ellos.

Por lo qué aparece de los autos, la negligencia de los de-mandados ha sido suficientemente probada. Á lo menos hay pruebas suficientes para justificar la sentencia del tribunal, y para impedir que la revoquemos nosotros por ese motivo.

La segunda objeción hecha por los apelantes, es que el deniandante y las personas que le tenían bajo su custodia, eran culpables de negligencia contributiva en permitirle que fuera á la panadería y se ocupase en manipular la maquina-ria. Por lo que concierne á su hermano, no aparece que éste tenía autoridad alguna sobre el demandante; y en ningún' caso podía su negligencia ser imputada al niño lesionado. En cuanto á la existencia de negligencia por parte de la madre, por haber mandado al niño á la panadería, no creemos tam-poco que ni la ley ni los hechos justifiquen semejante conclu-sión. Hay casos en que niños de siete años ó de menos edad, lian sido heridos accidentalmente, y se les ña imputado negli-gencia contributiva por parte de sus padres. Pero este niño tenía once años de edad, y tenía, por supuesto, edad suficiente para ser enviado con un recado, como lo era aquél que llevaba; y no se puede considerar á su madre como negligente, por ha-berlo enviado.

Tampoco hay nada en los autos'que indique qué el’niño mismo era culpable de negligencia contributiva alguna; y, por consiguiente, no pueden los apelantes valerse de esta alega-ción para conseguir la revocación de la sentencia.

Por consiguiente, tomando en consideración todo el asunto, todas las disposiciones legales y los hechos del caso, según se han presentado en los autos y en los informes orales pro-nunciados ante este tribunal, por los abogados de las partes, debemos llegar á la conclusión de que la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito, era correcta; y que la ley y los he-chos están á favor del demandante; y que la sentencia dic-tada por el tribunal inferior, en 12 de mayo de 1906, debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y Wolf.


text:
    Viñas v. Aldrey, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 36.
    Resuelto en diciembre 20, 1907.
    Apelación — Casos Procedentes de la Corte Municipal — Desestimación.—La resolución de la corte de distrito desestimando la apelación interpuesta eontra sentencia de la córte municipal por no haberse presentado la transcripción de autos en aquella corte, dentro de los diez días siguientes al pronunciamiento1 de la sentencia apelada, debe quedar subsistente, por los fundamentos con-signados en la opinión del caso de López Zarate v. Villavaso, 12 Decisiones dei Puerto Eieo, 53.

      Id. — Moción Interesando se Deje sin Efecto una Orden de Desestimación.— Una moción interesando se deje sin efecto la desestimación de una apelación decretada por la Corte de Distrito, depende de la facultad discrecional de dicha Corte y á no ser que se demuestre que esta hubiera' abusado de sus atribuciones en este respecto, la resolución recaída á tal moción debe dejarse subsistente.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Texidor.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La petición de certiorari fué presentada én esta corte el día 19 de noviembre de 1907. Fué óoncedido el auto en 29 del mismo mes, señalándose día para la vista, la que se cele-bró el día 4 de' diciembre. Entre los documentos elevados á este tribunal por el Juez de la corte de distrito, no figuran los originales presentados en la corte municipal, ni son necesa-rios para los'fines.de este caso.

La acción de la corte de distrito de que se queja consiste en haber desestimado el recurso de apelación interpuesto ante la corte de distrito contra la resolución de la corte municipal, y fe. negativa del juez de reconsiderar su resolución, y anular la orden desestimando la apelación.

Aparece que la sentencia fué dictada por la corte municipal el día 24 de agosto del corriente año. Se interpuso recurso de apelación contra la misma para ante la Corte de Distrito de San Juan en 3 del siguiente mes’ de, septiembre. Se presentó una moción en la. corte de distrito en 15 de octubre píóximo pasado, solicitando que se desestimara la apelación, y ésta fué desestimada el día primero de noviembre siguiente. La razón alegada por el juez de la corte de distrito por haber desestimado el recurso de apelación es que no se había reci-bido la copia del récord dentro de los diez días después de dictada la sentencia de la corte municipal. Dicho juez, en su dictamen escrito, hace referencia á la resolución de este Tribunal en el caso del José Lopes Zárate v. William Villavaso, dictada el día 13 de febrero de 1907. Los casos son com-pletamente parecidos y, de acuerdo con la resolución de esta corte en el referido caso, la acción del juez de la corte de distrito en el caso de autos fué justificada. No es necesario reiterar las razones, expresadas por este tribunal al dictar su resolución en el caso de López y. Villavaso, ni tampoco la discusión del derecho aplicable á tales casos' becba en dicbo dictamen. Basta decir qué ese dictamen tiene nuestra aprobación.

La única cuestión que queda, pues, para resolver en este caso, es la negativa de la corte de anular la resolución por la que desestimó la apelación; cuya resolución fué dictada •en primero de noviembre último pasado. Las razones ex-puestas como fundamento de la moción solicitando se anulara dicha resolución, cuya moción se llama erróneamente moción para que se reconsidere una resolución, son: primera, apa-rece de la misma moción que solicitó se desestimara la apela-ción que el apelado fué notificado, y que en el mismo día el abogado del apelante entregó al secretario de la corte municipal su escrito de apelación; segunda, que después entregó al secretario las costas pertenecientes á la corte de distrito, pero que el oficial encargado de registrar las acciones no las había recibido porque no habían sido remitidas; tercera, que la demora por parte de la corte municipal en elevar el récord, fué motivada por un error sufrido por dicho oficial, que en vez de aplicar el dinero entregádole á este asunto, lo aplicó á otra apelación; cuarta, que dicho recurso se encuentra ins-crito en los libros de la corte de distrito, donde aparece que ha sido depositada la cantidad necesaria para las costas, y re-mitida por el secretario de la corte municipal, que demuestra que las ha recibido.

La moción solicitando que se anulara la orden que deses-tima la apelación, fué dirigida á la discreción del juez de la corte de distrito, y á menos que encontremos que ha abusado de dicha discreción, su orden desestimando la moción debe prevalecer. Pero, al examinar los autos, vemos que estaba obligado á desestimar el recurso, de acuerdo con la resolución dictada en el caso de López v. Villavaso, anteriormente ci-tado, y que no "incurrió en error al dictar la orden desesti-mando el recurso. La moción solicitando que se anulara la resolución-y restablecer el recurso de apelación fué apoyada meramente por la declaración jurada de uno de los abogados que la firmó. Pudiera haberse presentado también la decla-ración jurada del secretario de la corte municipal, en apoyo de la moción, si era bien fundada. La propia moción es muy limitada y las alegaciones de la misma no son satisfactorias. No expresa la cantidad depositada para costas en la corte municipal, ni la fecha en que se verificó, ni la causa del error que se alega haber cometido el secretario, ni el título del caso ó recurso á que fué erróneamente aplicado, ni ninguna de las circunstancias que acompañaban á la operación.

Es difícil comprender cómo hubiera podido el juez de la corte de distrito conceder esta moción, ó dar otro paso alguno más que en el acto desestimar la moción.

No existiendo error alguno en la orden dictada por la corte de distrito, el auto de certiorari será anulado con. las costas al peticionario', dejando en vigor la resolución apelada, y en libertad la corte de distrito para que proceda en este caso los mismo que si no se hubiera dictado el auto.

Casado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Asocia-dos, Hernández y Figueras.

Juez'disidente: Sr. Wolf.

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

Las razones que tengo para disentir en este caso son, en sustancia, las mismas que las expresadas en el caso de José López Zarate v. William Villavaso, á la cual ha hecho refe-rencia la opinión de la mayoría.

A mi juicio es una injusticia que el apelante tenga que perjudicarse por haber dejado, el secretario de la corte-muni-cipal de enviar el récord. Creo que incumbe al apelado si el secretario de la corte municipal dejó de cumplir con su obli-gación tomar algunas medidas tendentes á hacer que se remitieran los documentos de la apelación de la corte municipal á la corte de distrito.


author: El Juez. Asociado Se. Wole,

text:
    González v. Lecaroz et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 197.
    Resuelto en diciembre 21, 1907.
    Apelación — Decisión no Justificada por la Prueba. — La cuestión de si la decisión está ó no justificada por la prueba, no podrá considerarse en la apelación si ésta no se hubiera interpuesto dentro de los quince días siguientes al pronunciamiento de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Large.

    Abogado del apelado: Sr. Franco Soto.

   El Juez. Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción reivindicatoría entablada con el fin de que se declarasen nulas y sin efecto ciertas inscripciones en el registro de la propiedad. Había una demanda y una contra-demanda en el caso, y la corte inferior sostuvo la de-manda y desestimó la contra-demanda.

De los autos aparece que en el presente caso existen cues-tiones respecto á la identidad de bienes, y cuestiones referen-tes á documentos inscritos en el registro de la propiedad, y la destrucción y reedificación de una casa. Para resolver es-tas y otras cuestiones, sometida á la corte inferior, sería pre-ciso considerar la prueba. La sentencia de la corte inferior fue dictada el 31 de julio de 1907, é inscrita el Io. de agosto de 19Q7. Se interpuso el recurso de apelación el 30 de agosto del mismo año. Los abogados de las partes no informaron oralmente en este tribunal, sino sometieron el caso mediante alegatos por escrito. Los apelados alegan que este tribunal no puede considerar la prueba, puesto que se interpuso el re-curso más de quince días después de dictada la sentencia, y los abogados citan el caso de Valentín Román v. American-Railroad Co. of Porto Rico. Con posterioridad á la resolu-ción de dicho caso, esta corte ha vuelto á interpretar la ley en el mismo sentido, en el caso de Sucesores de Olivas & Ca. v. J. Matienzo & Co.; (véase también el caso de Maisonave v. Maisonave.)

Por estas razones, esta corte no puede examinar la prueba presentada en el presente caso. La sentencia parece haber sido dictada en debida forma, y no existe nada en las alega-ciones que se hace motivo de objeción por los apelantes.

Además, aparece suficientemente de las alegaciones que el demandante tenía derecho á que se dictara sentencia á su favor,, puesto que había presentado un expediente posesorio en' el registro de la propiedad, y los demandados no podían va-lerse con éxito de su reclamación contra la parte que había vendido la propiedad al demandante y de su inscripción á nombre de dicha parte vendedora, en virtud de un título anti-guo. Así es que parece que el presente caso se halla com-prendido dentro de las disposiciones del artículo lr¡ de la Ley .Hipotecaria, y, según las alegaciones, parece que el deman-dante tiene derecho al auxilio que trata de conseguir.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández, Pigueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. Figuebas,

text:
    Agosto v. Woods, Administrador Judicial del Abintestato de Elisa Kortright.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 189.
    Resuelto en diciembre 21, 1907.
    Alegaciones — Demanda t Contestación — Cuestión en Controversia. — El debate en todo litigio queda .planteado por medio de la demanda y la contesta-ción, y á esas alegaciones hay que remitirse para determinar la cuestión-en controversia, sin que sea lícito á las partes variar luego los términos de la cuestión que hubieren planteado por virtud de las alegaciones.
    Id. — Excepción Previa — Contratos—-Arrendamiento ' de Servicios. — En una demanda por reclamación de servicios el demandante debe expresar el precio cierto y convenido por los servicios que prestara, ó que tal precio es eonoeide por la costumbre y'uso frecuente del lugar, pues de lo contrario la demanda carecerá de los hechos necesarios para constituir una causa de acción.
    Id. — Mandato.—El mandato, á falta de pacto en contrario, se supone gratuito, y para que la ley presuma la obligación de pagar los servicios prestados por un mandatario, y pueda en este concepto prosperar una demanda en que no se alegue la existencia de precio cierto y convenido, es necesario expresar en dicha demanda que el mandatario tenía por ocupación el desempeño de aquella clase de servicios que prestara, pues de lo contrario tampoco con-tendrá la demanda los hechos suficientes para constituir causa de acción.
    Id. — Obligaciones—Contrato de Servicios sin Arrendamiento. — El Libro IV del Código Civil regula todo lo referente á obligaciones y contratos y no se pueden busear fuera de él denominaciones caprichosas para calificar hechos que, atendida la forma de su desenvolvimiento, estén perfectamente compren-didos dentro de alguna de las obligaciones y contratos por dicho Libro regula-dos, y sostener así la existencia de una acción que de otro modo carecía de los necesarios elementos para hacerla eficaz.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Mott.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Figuebas,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte del Distrito Judicial de San Juan se pre-sentó la demanda enmendada, que dice así:

‘ ‘ Comparece el demandante por conducto de su abogado y expone:
(1). Que es mayor de edad, como también lo es el demandado, y ambos vecinos de San Juan.
“(2). Que el demandado es el administrador judicial de los bie-nes del abintestato de la señorita Elisa Kortright, la cual falleció en esta ciudad de San Juan el día 20 de julio de 1906.
“(3). Que con anterioridad al fallecimiento de la señorita Kort-right el demandante le rindió innumerables servicios, como agente judicial en muchos y cuantiosos pleitos que seguía la dicha señorita Kortright, bajo la dirección del letrado señor Dexter, y cuyos servi-cios los prestó (á indicaciones constantes de la señorita Kortright y su abogado).
“ (4). Que dichos servicios son los siguientes que copiamos á conti-nuación, á más de otros que á diario le prestaba el demandante, y los cuales no se especifican por ser imposibles su enumeración.
“ (a). Por seis viajes á Arecibo en distintas ocasiones para buscar y sacar copias simples y certificadas de documentos viejos en la oficina del archivo general del notario Don Juan Zacarías Rodríguez, á cargo entonces del Licenciado Suliveres, así como también en el registro de la propiedad de dicha villa; estando en cada viaje 4 días en dicha población dedicado exclusivamente á ese trabajo á $50 uno, $300.
‘! Por tres días que estuve en Manatí, en una notaría, á ese mismo efecto, $30.
“Por estar por espacio de 7 meses buscando en los archivos de la corte de distrito pleitos viejos sostenidos por el padre de la Srta. Kort-right, los cuales pasan de 50, y sacar de ellos copias simples y certi-ficadas, $270.
“ (5) Que por el montante de seis cientos dollars á que equitativa-mente asciende la' remuneración por los servicios ya mencionados en el párrafo anterior, el demandante, en mayo 21 de 1906, pasó recibo á la Srta. Kortright, obteniendo antes la aprobación del Licdo. Dexter, y el cual recibo, con la nota del Sr. Dexter, lee así:

He recibido de Miss Elisa Kortright la cantidad de seiscientos dollars, en conceptos de honorarios y como remuneración á los servicios rendídoles como agente en todos los pleitos ya vistos y otros por verse, bajo la dirección del letrado Mr. Prank H. Dexter, así como también por busca de documentos viejos en Arecibo y San Juan por otros diversos conceptos. — San Juan, mayo 21 de 1906.— (Firmado) Adrián Agosto. — Son $600. •

“Miss Kortright: I approve this account and think you ought to pay Agosto literally as he has worked faithfully for you. (Firmado) F. H. Dexter.
“(6). Que dicho recibo así endosado por el consejero de la Srta. Kortright fué presentado por el demandante á la referida Srta., la cual estuvo conforme eon la cantidad expresada en la dicha cuenta, se-gún manifestación que hizo, tanto al demandante como al Sr. Dexter, la Srta. Kortright, no habiéndole solventado oportunamente, porque esperando ella salir para dar las órdenes para el pago, se agravó más en la enfermedad que padecía, acaeciendo su muerte algún tiempo des-pués.
“ (7). Que necesitando el demandante el dinero para las atenciones de su vida, y habiéndose pasado ya tanto tiempo sin que le sea posible, de otra manera, hacer efectiva su cuenta.
“Á la corte suplica, se sirva declarar con lugar esta demanda, or-denando al demandado á que pague al demandante de los bienes del abintestato, del cual es administrador, la cantidad de seiscientos dollars como remuneración por los servicios prestados, más los intereses legales y las costas de este pleito. Entre líneas: “el dinero valen.” San Juan, Puerto Rico, marzo 6 de 1907. — (Firmado) Cay. Goll y Cu-chí, abogado del demandante. — Adrián Agosto Abadía, debidamen-te juramentado expone: Que ha leído la precedente demanda, que to-dos los hechos que en ella se mencionan son ciertos por constarle de su propio conocimiento.— (Firmado) Adrián Agosto, Principal.
“Suscrita y jurada ante mí hoy seis de marzo de 1907.— (Firmado) L. Abella Blanco, Notario Público. ’ ’

El demandado D. Eduardo Woods, por medio de su abo-gado D. Herminio Díaz Navarro, opuso á esa demanda la excepción previa de no exponerse en ella hechos bastantes para constituir una causa de acción, pues no se deduce de la misma que haya existido un pacto ó un convenio, hecho en debida forma entre la difunta Srta. Kortright y el deman-dante Sr. Agostó para la remuneración de las servicios que como agente judicial'afirma que prestó á la demandada.

No consta la resolución* que se dictó sobré esa excepción previa, pero consta después la contestación á la demanda, y por esto debemos presumir que la excepción se desestimó.

En la contestación jurada, no se admite ninguna de las afirmaciones hechas por el demandante, se alega que no apa-rece tampoco de la demanda hechos que expliquen como esta-bleciéndose la primitiva demanda á nombre de Marcela Aba-día, á quien se endosó el recibo de Agosto expresivo de la deuda de la Srta. Kortright, venga ahora como demandante Agosto sin qne se le haya reendosado el expresado recibo, y se alega, además, qne la demandada nnnca necesitó los ser-vicios á qne el demandante se refiere, ni ellos tuvieron finali-dad ni importancia, y pide qne la demanda se declare sin lugar con las costas al demandante.

Celebrado el juicio y practicadas las pruebas, el juez de la corte de distrito, después de referir los hechos esenciales de la demanda, afirma en 31 de mayo de 1907 que no contiene una causa de acción, puesto que no se alega la existencia de un contrato por determinado salario, ni tampoco un precio es-pecificado y cierto, como es indispensable en los contratos por arrendamiento de servicios, cobrándose por el contrario un precio equitativo, ó sea razonable y no convenido expresa-mente. Por tales razones, declara que el demandante no tiene derecho á recobrar nada de la parte demandada por razón ele los servicios que reclama en su demanda con las costas; y sé ordena que el secretario anote un fallo de conformidad con la decisión.

La sentencia se dictó en dicho' día 31 de mayo de 1907, re-gistrándose al siguiente día Io. de junio.

En catorce del propio mes se interpuso recurso de apela-ción para ante esta Corte Suprema.

Tenemos á la vista el récord y en él consta una exposición del caso, debidamente aprobada por el juez sentenciador. El apelante y demandante, por medio de su abogado, sostiene en su alegato presentado ante esta corte, que habiéndose cele--brado el juicio en su totalidad, bajo la base de que la demanda era para recobrar el valor de servicios, este tribunal debe pasar por alto cualquier irregularidad en el escrito de de-manda y adoptar el mismo punto de vista del asunto que adoptaron todas las partes en la corte de distrito.

El error de esta corte, dice el apelante, consiste en haber ignorado que además del contrato de arrendamiento de servi-cios, existen también los “contratos de servicios sin arrenda-miento. ” -

Bajo estos esenciales argumentos es que gira el alegato de la parte apelante.

Este tribunal no puqde prescindir de las irregularidades de la demanda, cuando realmente, como en este caso, no son irregiilaridades, gjj^ omisiones importantes, cual es la de no expresar los lieclios que determinen la causa de acción que se ejercita. El debate queda planteado en todo, litigio por medio de la demanda y de la contestación, y no es lícito variar luego los términos de la cuestión esencial controvertida.

Y esto que es atinente en términos generales, menos puede hacerse en el presente caso, en el que el demandado contestó la demanda y entró al juicio bajo una protesta, que no otra cosa significa la excepción previa alegada de que se ha hecho mé-rito y que fue seguramente desestimada.

Las obligaciones, según el artículo 1056 del Código Civil Revisado, nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos ó en que intervenga cualquier género de culpa ó negligencia.

En el caso concreto que examinamos, las obligaciones que se suponen contraídas sólo pueden nacer de un contrato ó de un cuasi contrato.

Cuando en la demanda se dice que Agosto “rindió á la Srta. Kortright innumerables servicios como agente judicial, ’ ’ claramente se da á entender que se trata de un contrato de arrendamiento de servicios y, en tal caso, no se expresa el precio cierto y convenido, porque esos servicios se prestaron, sino que, por el contrario, se reclama, según se dice, una re-muneración razonable ó equitativa. La ley, en este caso, exige que el precio sea especificado y convenido. (Artículo 1447 del Código Civil Revisado.) Falta, pues, la causa de acción que se alegó como excepción y se tuvo en cuenta para dictar la sen-tencia recurrida.

¿Pero es que los hechos de la demanda son bastantes para constituir la causa de acción del contrato denominado man-dato? En manera alguna, porque el mandato, á falta de pacto en contrario, se supone gratuito, y para que la demanda en tal supuesto prospere, era necesario que en ella se hubiera alegado que el mandatario, ó sea Agosto, tenía por ocupación el desempeño de servicios cómo agente judicial, en cuyo caso la ley presume la obligación de retribuirlo. (Artículo 1613 del Código Civil Eevisado.) No bay tampoco bajo este punto de vista becbos en la demanda que determinen una causa de acción.

¿ Puede decirse que se trata aquí del cuasi contrato denomi-nado “gestión de negocios ajenos?” En manera alguna. Na-da en la demanda revela que Agosto se encargase voluntaria-mente de la agencia ó administración de los negocios de la Srta. Kortrigbt.

La demanda desenvuelve sin género alguno de duda ele-mentos de un contrato de arrendamiento de servicios y ese y no otro fue el propósito de Agosto al deducir su acción ante la corte de distrito.

Pero esa demanda, tal como se ba presentado, no expresa becbos que determinen una causa de acción.

No se diga que aquí no se trata de un contrato de arrenda-miento de servicios sino de “un contrato de servicios sin arrendamiento” para deducir de aquí la perfección de la de-manda.

El libro 4o. del Código Civil Eevisado regula todo lo refe-. rente á obligaciones y contratos y no se pueden buscar fuera de él denominaciones capricbosas.,

En la apelación de Dionisio García v. Baltasar Cañada, fallado por este tribunal en 6 de diciembre de 1906, con la opinión del Juez Sr. Wolf, se trataba de un caso, sino igual bastante semejante al presente.

Allí se expuso la doctrina consignada en la sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de octubre de 1899, al in-terpretar el artículo 1544 del Código Civil anterior, que es igual al 1447 del Eevisado.

Tenemos que concluir como entonces que sin que exista un precio cierto pactado ó no se alegue que el precio de los servi-eios es conocido por la costumbre y nso frecuente en el lngar en que tales servicios se prestaron, la demanda es insuficiente.

En mérito de las razones expuestas, la sentencia recurrrida debe confirmarse con las costas del recurso á cargo del ape-lante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Presidente Se. Quiñones,

text:
    Bolívar et al. v. El Registrador de la Propiedad.
    Reoueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 17.
    Resuelto en diciembre 21, 1907.
    Mandato — MandatariOí—Autorizado un mandatario para vender los bienes in-muebles de su poderdante, con los pactos y condiciones que estime oportunos, sin que se haga distinción entre los bienes que posea ó pueda adquirir en lo sucesivo, mientras ese poder no le sea revocado, tiene facultades para vender los bienes adquiridos posteriormente por su mandante.
    Inscripción — Facultades del Registrador — Cancelación.-—Hecha una inscrip-ción en el registro de la propiedad, el registrador carece de facultades para anularla sin el concurso y conformidad de los interesados, por ser facultad privativa de los tribunales de justicia.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Juan de. Gúzman Benitez.

   El Juez Presidente Se. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recursó gubernativo, interpuesto por el abogado Don Juan de G-uzmán Benitez á nombre de Don Pedro Bolívar y Alvarez, como apoderado general de Don Gorgonio de los mismos apellidos y de Don Joaquín Ramos y Perro, contra nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Caguas á inscribir una escritura de venta de una finca rústica.

Resultando: Que por escritura pública.otorgada en la villa de Bilbao, ante el notario Don Francisco de Santiago y Marín, en 6 de febrero de 1901, Doña Angela Daubón, mayor de edad, casada y vecina de Munguía, confirió poder á su esposo Don G-orgonio de Bolívar y Alvarez, para que con relación á los bienes acciones y derechos que en esta Isla de Puerto Rico la correspondían, pudiera administrarlos, regirlos y gober-narlos, á cuyo efecto pudiera darlos en arrendamiento, ven-derlos é hipotecarlos por el precio, tiempo y condiciones que tuviera por conveniente establecer, cuyo poder lo sustituyó el Don Gorgonio á favor de su hermano Don Pedro de Bolívar y Alvarez0 en unión del que le confiriera personalmente, por es-critura otorgada en esta ciudad de San Juan, el 15 de noviem-bre de 1904, ante el abogado y Notario Don Herminio Díaz Navarro, confiriéndole entre otras facultades la de adminis-trar todos los bienes pertenecientes al otorgante como dueño, usufructuario, ó en cualquier otro concepto, y para comprar, vender y permutar inmuebles, con los pactos y condiciones que estimara oportunos.

Resultando: Que. posteriormente, ó sea por escritura de 8 de julio de 1907, ante el abogado y Notario Don Salvador Suau y Carbonell, Don Pedro de Bolívar y Alvarez, como apo-derado general dé los esposos Don Gorgonio de Bolívar y Doña Angela Daubón, vendió á Don Joaquín Ramos y Ferro, un predio rústico de la propiedad de su poderdante Don Gor-gonio de Bolívar, de 196 cuerdas de extensión superficial, radi-cado en el barrio del “Hato,” del término municipal de Hato Grande ó San Lorenzo, en precio y cantidad de 5,000 dollars, que e'l'comprador entregó en el acto del otorgamiento de la escritura, y que por otra posterior otorgada en esta ciudad en 24 del mismo mes de julio, ante el abogado y Notario Don Juan de Guzman Benitez, el Don Joaquín Bamos y Ferro hi-potecó dicha finca rústica á favor del Banco Territorial y Agrí-cola de Puerto Rico, por la suma de 3,000 dollars, que le había facilitado en calidad de préstamo, dejando, en depósito en poder del Banco Territorial la misma suma de 3,000 pesos hasta obtener la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad.

Resultando: Que presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Caguas para la inscripción de la hipoteca» en unión de la escritura anterior de compra-venta, por la que el Don Joaquín Ramos y Ferro adquirió de Don Pedro de Bolívar y Alvarez, como apoderado de su hermano Don Gor-gonio y de la esposa de éste, Doña Angela Daubón, la finca rústica de referencia, las inscribió el registrador sin ningún inconveniente el 30 de agosto último, pero acto seguido, en el mismo día 30 de agosto, dejó sin efecto dichos asientos por vía de rectificación, denegando entonces la inscripción de am-bas escrituras por los motivos que expresan las notas puestas al pie de las mismas y que, copiadas á la letra, dicen así:

La de la escritura de compra-venta.

“No admitida la inscripción del precedente título porque Don Gorgonio Bolívar y Alvarez adquirió la finca que se enagena en 18 de diciembre de 1906 y la escritura de poder que ostenta Don Pedro Bo-lívar y Alvarez como mandatario del referido Don Gorgonio Bo-lívar y su esposa doña Angela Daubón, de fecba 15 de noviembre de 1904, le da capacidad para vender los bienes que dichos poderdantes poseían en el momento de otorgar el expresado mandato, y de ningu-na manera puede entenderse que le autorizase para vender bienes ad-quiridos después de la repetida fecha del poder, como sabiamente in-terpretó en otro caso análogo, la dirección de los Registros de la Propie-dad de Madrid por resolución de 8 de junio de 1885; y se ha extendido ,1a- anotación preventiva correspondiente por el término legal al folio 171 vuelto del Tomo 15 de Hato-Grande, finca 606, triplicado, anota-ción letra Y. — Caguas, 30 de agosto de 1907.”

Y la de la escritura de hipotecá.

“No admitida la inscripción del precedente documento por estar inscrita la finca hipotecada á nombre dé Don Gorgonio Bolívar y Alvarez, persona distinta del deudor, y se ha extendido la anotación pre-ventiva correspondiente por el término legal al folio 206 vuelto del tomo 15°. de Hato-Grande, finca 606 cuadruplicado, anotación letra J.- — Caguas, agosto 30 de 1907.”

Resultando: Que contra estas notas lia interpuesto en tiempo el abogado Don Juan de Guzmán Benitez, á nombre de Don Pedro Bolívar y Alvarez, como apoderado de su her-mano.Don Gorgonio de los mismos apellidos y el Don Joaquín Ramos Ferro, el presente recurso gubernativo, para que se revoquen dichas notas, y se ordene al registrador la inscrip-ción de ambas escrituras, sin nuevos gastos, y se le condene á pagar á los recurrentes la suma de 50 dollars, como gastos de franqueo y costas eventuales del presente recurso.

Considerando: Que autorizado como está Don Pedro Bolí-var por el poder que le confiriera su hermano Don Gorgonio, por sí y como apoderado de su esposa Doña Angela Daubón, con amplias facultades para vender y enagenar todos sus bienes sin distinción entre los que les correspondieran de presente y los que pudieran adquirir en lo sucesivo, es evi-dente que mientras dicho poder no le sea suspenso ni revo-cado, está autorizado el apoderado para ejercer cuantas fa-cultades le había conferido el poderdante en el insinuado poder, entre ellos, para vender la finca rústica de que se trata, por lo que no es exacto que dicha venta adolezca del vicio de nulidad que, según la nota del registrador, impide su inscrip-ción en el registro de la propiedad.

Considerando: Que inscritas como estaban ambas escri-turas en el registro, careeía el Registrador de la Propiedad de Caguas de facultades para anular dichas inscripciones, sin el concurso y conformidad de los interesados, por ser dicha fa-cultad de la competencia exclusiva de los tribunales de justicia.

Considerando: Que debiendo verificarse hoy la ejecución de las hipotecas por la vía de apremio del Código de Enjuicia-miento Civil,- ó sea sin sujeción á tipo, con arreglo á la ley de 10 de marzo de 1905, carece ya de objeto la prescripción del artículo 127 de la Ley Hipotecaria de fijar en las escrituras de hipoteca el valor de los-bienes hipotecados que había de ser-vir de tipo en la -subasta, por lo que tampoco adolece de ese de-fecto subsanable la escritura hipotecaria de' que se trata.

Se revocan las notas puestas por el Registrador ele la Pro-piedad de Caguas denegatorias de la inscripción de las escri-turas que motivan el presente recurso gubernativo, y se de-clara que dichas escrituras son inscribibles y debe el registra-dor inscribirlas, á su costa, en la forma que corresponda con-arreglo á derecho. Y con devolución de los documentos pre-sentados, remítase al Registrador de la Propiedad de Caguas copia certificada de la presente resolución para su conoci-miento y demás efectos legales procedentes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Higueras, Mac-Leary y Wolf.


text:
    Méndez v. Soto Nussa, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 35.
    Resuelto en diciembre 21, 1907.
    Alegaciones — Pruebas—Documentos Acompañados á la Demanda — Negación General.' — La autenticidad y otorgamiento de ■ un documento acompañado á la demanda, ó copiado literalmente en la misma, habrán de considerarse ad-mitidos, si en la contestación no se niega específicamente y bajo juramento, dicha autenticidad y otorgamiento; una negación general, aunque esté jurada, no es suficiente para exigir al demandante la prueba de este extremo en el acto del juicio, aunque la demanda no esté jurada.
    Certiorari- — Caso en que Procede — Recurso Ordinario.- — El recurso de certiorari es procedente en aquellos casos en que, habiendo un recurso ordinario, sea ' inadecuado para reparar el perjuicio causado, y en que la negativa de aquel recurso pueda envolver un fracaso de los fines de la justicia. Su expedición en todo caso no es una cuestión de derecho, sino de discreción de la corte á que se haga la solicitud.
    Id.- — Admisión ó Denegación de Pruebas. — El recurso de certiorari no es proce-dente para revisar resoluciones sobre admisión ó denegación de prúebás.
    Id. — Jurisdicción.—Guando no haya un recurso claro, rápido y eficaz, el certiorari es adecuado en los casos en que la corte se haya extralimitado en su jurisdic-ción al dictar la sentencia ó deeisión impugnada; y es asimismo procedente para evitar un evidente fracaso de la justicia por razones de errores en el pro-cedimiento.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. José Ramón Freyre.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Hernández Mena entabló demanda ante la corte municipal de Mayagüez contra Leandro Méndez, fundándola en dos pagarés por noventa dollars cada uno, los que copiaba literalmente en su escrito de demanda, junto con los endosos 'hechos al dorso de los mismos, por cuyos endosos, dichos pa-garés, que eran pagaderos á José Méndez,o fueron transferidos al demandante Agustín Hernández Mena. La demanda está fechada en diez y siete de mayo de 1907.

El demandado Leandro Méndez contestó la demanda en once de junio del mismo año, negando todos los hechos ex-puestos en la misma, y alegando como nuevos hechos que la propiedad de los pagarés reclamados por el demandante per-tenecía única y exclusivamente á la sociedad Hernández y Ca., y ofreció probar ese extremo en su oportunidad. Esta contes-tación estaba jurada, pero no lo estaba la demanda.

Habiéndose dictado sentencia en contra del demandado, se interpuso apelación para ante la Corte de Distrito de Maya-g’üez, presidida por el Hon. Isidoro Soto Nussa. En 19 de julio, la corte de distrito dictó sentencia, á favor del deman-dante Hernández y contra el demandado Méndez, condenán-dole al pago de ciento ochenta dollars intereses y costas. Contra esta sentencia no podía interponerse apelación.para ante el Tribunal Supremo, toda vez que la cuantía discutida era menor de' trescientos dollars, y en su virtud, el demandado Leandro Méndez, no estando satisfecho con la sentencia dic-tada en. contra de él, presentó á este tribunal una petición de certiorari, el día doce de noviembre de 1907. Esta solici-tud ó petición fué tomada en consideración el día trece del mismo mes, y se expidió el mandamiento, señalándose el día 21 para la vista del caso, en cuyo día tuvo ésta lugar.

El promovente expone como fundamentos de su solicitud de certiorari, los siguientes:

“En el acto del juicio, al presentar la parte demandante los dos. pagarés, objeto de la acción, el demandado se opuso á la admisión de esa prueba, alegando que el demandante tenía que probar la autentici-dad y otorgamiento de los documentos que se presentaban por parte del demandante, como prueba,' antes que ellos pudieran ser admitidos como, testimonio, alegando que el demandado Rabia negado la autenticidad y otorgamiento de los documentos presentados, en su contestación' de fecRa 11 de junio de 1907, é invocando en apoyo de su pretensión, el precepto legal del artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil. Además de Raberse negado todos los RecRos de la demanda, y Raberse RecRo esta negación bajo juramento al contestar la demanda, en el acto del juicio reiteramos nuestra oposición á que se admitieran aque-llos documentos como prueba, en tanto no se justificara la autenticidad y otorgamiento de ellos.
“La corte admitió los pagarés, y el demandado suplicó que se con-signara su excepción; alegando la corte que el motivo que tenía para admitir los pagarés era, que, si bien era cierto que el demandado Ra-bia negado en su contestación las alegaciones de la parte demandante,, tal negación no se Rabia RecRo de un modo específico.
‘ ‘ Con fecRa 19 de octubre próximo pasado, se dictó sentencia á favor del demandante, á pesar de no haberse justificado, en el acto del juicio, la autencidad y otorgamiento de los pagarés, condenándose al demandado á pagar la suma de ciento ochenta dollars, con los intereses, legales desde la interposición de la demanda y las costas. ’ ’

Antes de entrar en la disensión del caso, debemos decir que la Corte de Distrito de Mayagüez admitió debidamente los. pagarés objeto de la demanda. El demandado Leandro Mén-dez no interpreta correctamente el efecto de su alegación. Una negación general, aunque sea jurada, no exige que se pruebe el otorgamiento de un pagaré, en los casos en que las. mismas palabras de éste aparecen copiadas en la demanda,, pues para que el demandante esté en el deber de probar el otorgamiento de documentos de esa naturaleza, es necesario negar específicamente él otorgamiento de los mismos. En •ninguna parte aparece que el demandado haya hecho tal nega-ción bajo juramento. Eli jura simplemente la negación general que liizo á la demanda. El caso de autos ha de regirse por el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil. Ese artículo dice así:

1 ‘ Cuando se entable una acción fundada en un documento, y la de-manda contenga copia del mismo, ó ésta vaya unida á ella, la autentici-dad y otorgamiento en forma de dicho documento se considerarán ad-mitidas, á menos que se jure la contestación negando dicha autentici-dad.” •

Esta negación debe ser específica y no dejar que se de-duzca de los términos de una negación general.

Este artículo de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil es copia del artículo 447 del Código de Enjuiciamiento Civil de California; y aunque la misma cuestión aquí debatida no aparece haber surgido alguna vez en aquel estado, hay varias decisiones al efecto de que la omisión de jurar una contesta-ción negando el otorgamiento de un pagaré, copiado literal-mente en la demanda, equivale á una admisión virtual de su debido otorgamiento.

Corcoran v. Doll, 32 Cal., 88.

Bennett v. Stearns, 33 Cal., 473 y 474.

County Bank v. Greemberg, 127 Cal., 29.

El artículo de nuestro 'Código de Enjuiciamiento Civil á que hemos hecho referencia es también idéntico al artículo 3220 del Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho; no se ha encontrado decisión alguna de este Estado que sea aplicable al caso, pero en dicho Estado se han anotado las decisiones de California que hacen referencia á este punto. La misma doc-trina ha sido establecida en el Estado de Dakota del Sur. ('Wyckojf- v. Johnson, 2 S. Dak., 91.)

Pero ¿procederá el recurso de certiorari en un caso como el de autos? Creemos que nó, en vista del alcance ó extensión que en general tienen las autoridades que hemos examinado.

Los principios generales de derecho que regulan los recur-sos de certiorari lian sido materia de mucha discusión judicial y las varias opiniones emitidas no están en completa harmo-nía. Frecuentemente se ha sostenido que el auto de certiorari no procede en los casos en que la ley concede apelación ó re-curso por causa de error (writ 'of error) (Arpin Ex parte, 2 Dec. P. B., 360, y otros casos resueltos por este tribunal). Y ésta puede ser considerada como la regla general, sujeta, sin embargo, á tantas excepciones que no puede merecer la consi-deración de ser rigurosamente exacta y universal. Es doc-trina bien establecida que el recurso de certiorari procede en los casos en^ que los recursos ordinarios de apelación ó por causa de error sean inadecuados como remedio ó recurso, ya por lo que respecta á la rapidez, ó ya por lo que se refiera á la eficacia del mismo, de tal modo que pueda dar por resultado un completo ó parcial fracaso de la justicia. (Harris on Cer-tiorari, sec. 54.) Tales recursos están especialmente sujetos á ser inadecuados ó tardíos cuando el mal realizado ó que amenaza realizarse se refiera á un exceso ó falta de jurisdic-ción. (Becursos extraordinarios, por 'Spelling, sec. 1918 y 1963.) En verdad, muchas autoridades llegan al extremo de sostener que cuando otros recursos son inadecuados y lleven consigo el peligro de que los fines de la justicia puedan fra-casar, puede entonces recurrirse al certiorari, no siendo nece-sario para ello que falten tales recursos. (Hamilton v. Guinotte, 50 L. R. A., 794, y los casos que se citan en esa opinión .así como la amplia nota que se encuentra en las pp. 787 á 801.) Toda vez que es conveniente tener alguna regla fija que go-bierne los casos de certiorari, creemos que no podemos hacer nada mejor que adoptar ésta, en la forma en que ha sido enun-ciada por el Tribunal Supremo de Missouri, en la autorizada opinión del Juez Sr. Sherwood, emitida en junio de 1900, y á la que hemos hecho referencia.

Pero á la vez que adoptamos una regla general, no debemos perder de vista el principio, también muy bien establecido, de que el certiorari no es un recurso de derecho, sino que puede siempre concederse ó denegarse á discreción del tribunal que reciba la solicitud.

Pero opinamos además, como bemos expresado anterior-mente, que el recurso de certiorari no procede en casos como el presente. Jamás se pretendió que sus efectos alcanzaran la admisión ó exclusión de pruebas. Finalmente él auto de certiorari será siempre concedido, y la sentencia de la corte inferior será revisada, en los casos en que hubiere excedido su jurisdicción, al dictar su sentencia ó decisión, y cuando no baya otro remedio adecuado, rápido y eficaz ó para evitar que la justicia sea notoriamente frustrada, por motivos de errores de procedimiento.

Tucker v. San Francisco, 120 Cal., 512.

Fout v. Mason, 47 Cal, 7.

Bennett v. Wallace, 43 Cal., 25.

Miliken v. Huber, 21 Cal., 166.

Puede hacerse referencia también á las siguientes deci-siones de nuestro propio tribunal, en las que los principios que regulan la procedencia del recurso de certiorari han sido más ó menos discutidos, á saber:

Battistini v. Corte de Distrito, 2 Dec. de P. R., 310.

Ex Parte Arpin; 2 Dec. de P. R., 360.

Delgado v. Cabassa, 2 Dec. de P. R., 463.

Mercado v. Corte de Distrito, 2 Dec. de P. R., 543.

Ex Parte Boselló, 2 Dec. de P. R., 622.

Giménez v. Corte de Distrito, 2 Dec. de P. R., 635.

Arribas v. Mirandes y otros, 2 Dec. de P. R., 686.

Mesa v. Corte Municipal San Juan, No. 4, en. 25, 1906.

Barreras y otros v. Quiñones, No. 12, feb. 17, 1906.

Bonnet v. Foote, No. 18, oct. 8, 1907.

Suau v. Soto Nussa, No. 32, oct. 22, 1907.

Forteza v. Marshal de la Corte Municipal, No. 22, dbre. 7, 1906.

Subirana v. Padilla, No. 20, feb. 15, 1907.

Silcesión Díaz v. Del Toro, No. 17, feb. 21, 1907.

Lippit v. Aldrey, No. 24, marzo 13, 1907.

Porto Rico L. T. Co. V. Aldrey, No. 34, 20 nov., 1907.

El récord de este caso no muestra que el solicitante de este auto "baya negado alguna vez especialmente y bajo juramento, ó de otro modo, el otorgamiento de los pagarés .objeto de la demanda ó su responsabilidad al pago de los mismos, ó pro-bado que ba sufrido alguna injusticia, por virtud de la sen-tencia dictada contra él.

Siendo esta nuestra opinión con respecto, al caso, el auto de certiorari expedido anteriormente debe ser anulado, con las costas al solicitante, y dictarse en este caso, la correspon-diente sentencia en ese sentido.

Casado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Pigueras y Wolf.


author: El Juez PresideNte Sr. QuiñoNes,

text:
    Cobb v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 19.
    Resuelto en diciembre 21, 1907.
    Derecho de Retracto — Su Duración. — Reservado á favor del vendedor, en una escritura de compra-venta otorgada antes de empezar á regir el Código Civil español, el derecho de retracto para que pudiera ejercitarlo en cualquier tiempo, el término para el ejercicio de ese derecho ha de entenderse 'reducido á diez años, á tenor de lo preceptuado en el artículo 1508 de dicho Código, en relación con la disposición transitoria cuarta del mismo Código.
    Id. — Caducidad del Derecho — Nota de Consumación de la Venta. — En armonía con la doctrina á que se refiere el párrafo precedente, .transcurridos diez años desde la vigencia del Código Civil, ha de entenderse caducado el derecho de retracto establecido con anterioridad á su promulgación, en caso de que dentro de ese término no se hubiera ejercitado, y pr'oeede que el Registrador, á peti-ción del interesado, ponga la nota marginal de consumación de la venta, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Hipotecaria.

      Id. — El ejercicio (le la facultad del registrador, al poner la nota de consumación en este caso, no envuelve la anulación de una inscripción constante en el Registro, sino la declaración de la caducidad de un derecho por falta de su ejercicio, para lo eual está el Registrador capacitado, con arreglo al artículo 82 de la Ley Hipotecaria, pues el derecho inscrito ha de estimarse extinguido en ' este caso por disposición del artículo 1508 del Código Civil.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Díaz Navarro.

   El Juez PresideNte Sr. QuiñoNes,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado D. Herminio Díaz Navarro contra negativa del Regis-trador de la Propiedad de Caguas á poner una nota de cadu-cidad de un pacto de retro.

Resultando: Que por escritura pública otorgada en el barrio de Gurabo abajo, jurisdicción de Juncos, ante el Notario Don José Celestino Schroder, en 22 de mayo de 1874, Da. Francisca López vendió á Don Jaime Sala, como socio agrí-cola de “Sala, Dávila y Ca.,” dos fincas'rústicas de su propie-dad, constantes la una de 40 cuerdas de extensión superficial, radicada en el barrio de Hato-Nuevo, del término municipal de Gurabo, y la otra de 13 y media cuerdas, radicada en el barrio de “Los Lirios,” del término municipal de Juncos, en precio y cantidad de 3,406 pesos 98 centavos de la moneda corriente en la fecha de la escritura, por igual suma que era en deber á la sociedad compradora “Sala, Dávila y Ca.,” por saldo de cuentas, con la condición de que habrían de serles restituidas las mencionadas 53 y media cuerdas de terreno vendidas, en cualquier época en que pudiera la otorgante Da. Francisca López devolver á sus compradores íntegra-mente los 3,406 pesos 98 centavos que habían satisfecho como valor en cuenta; cuya escritura obra inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas, al folio 5o. de Gurabo, finca No. 259, inscripción Ia., según lo acredita la certificación puesta al dorso de dicha escritura por el mismo registrador de la pro-piedad de aquel partido.

Resultando: Que posteriormente, ó sea en 6 de julio de 1907, el abogado D. Herminio Díaz Navarro’, á nombre de Mr. J. B. Cobb, como condueño que dice ser de la finca de 40 cuer-das á que se refiere la escritura de que se ha.becbo mérito en el resultando anterior, ‘ por haberla adquirido por compra, según escritura otorgada á su favor en 28 de julio de 1906, inscrita también en el mismo registro de la propiedad, pre-sentó escrito al Registrador de la Propiedad de Caguas en solicitud de que, habiendo transcurrido los 10 años que fijaba el artículo 1508 del antiguo Código Civil, como máximun del término de duración del retracto convencional, en el caso de haberse fijado plazo por las partes, y que no habiendo hecho uso de ese derecho la vendedora Dá. Francisca López ni nin-guno de sus sucesores, se pusiera la nota marginal correspon-diente de haber caducado el derecho de retraer y de quedar consumada la venta en favor del solicitante, lo que denegó el registrador por los fundamentos que expresa la nota que puso á continuación de dicho escrito y que, copiada literalmente, dice así:

“No admitida la nota de consumación de la venta de cuarenta cuer-das de terreno comprendida en el anterior documento, que se solicita por Don Herminio Díaz como abogado de Mr. J. B. Cobb, en escrito acompañado, y extendida nota preventiva por término de ciento veinte días al folio 132 del tomo 5o. de Gurabo, finca 259, al margen de la inscripción primera, por los motivos siguientes'que constituyen un defecto insubsanable: porque la venta que hizo Doña Francisca López .á favor de la sociedad Sala, Dávila y Ca., por haber sido otorgada en 22 de mayo de 1874 con pacto de retroventa indefinido, es lícito, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 3 de diciembre de 1864, en la que se estableció la doctrina de que en el pacto de retroventa, co-mo en todos los contratos, era lícito á los contratantes poner las con-diciones posibles y honestas que creyeran oportunas, y entre ellas la de establecer el término que les conviniere, cuyo término, la ley 42, título 5°., partida 5a., dejaba á la libre voluntad de los mismos con-tratantes; y aunque una sentencia del Tribunal Supremo de España posterior á dicho contrato, de fecha 12 de’ mayo de 1875, advirtió so-lemnemente que los pactos perpetuos de retroventa eran siempre nu-los, y artículo 1508 del Código Civil Español, después, con una claridad insuperable estableció acerca del retracto convencional el plazo legal de cuatro años para recuperar la cosa vendida á falta de pacto expreso, y en caso de estipulación, declaró que el aludido plazo no podía exceder de diez años; es el caso, que lo mismo para considerar el pacto de retro, objeto del citado documento opuesto á las leyes que regulan la prescripción, como para declarar la nulidad del mismo plazo en lo que exceda de los diez años; es ésta una facultad que única y exclusivamente corresponde á los Tribunales de Justicia, según resolu-ción del Centro Directivo de 20 de febrero jde 1875; puesto que cual-quiera que sea la opinión del Registrador sobre los efectos de esa condi-ción resolutoria, debe reputarse válida y subsistente para su inscrip-ción en el Registro, mientras no se decida judicialmente acerca de su nulidad, sin que ésta pueda obtenerse gubernativamente, porque si bien los Registradores tienen facultades para calificar la nulidad ó validez de los actos ó contratos sujetos á registros, y por consiguiente, las con-diciones puestas en los mismos que produzcan su nulidad, no así de aquellas condiciones que, como las de que se trata, no vician ni anulan en sí el contrato que se inscribió. Además, las obligaciones ó las condi-ciones una vez inscritas en el Registro, aunque sean nulas, quedan bajo el'amparo de los Tribunales, sin que puedan anularlas ni modificarlas los Registradores de la Propiedad. En cuanto á las resoluciones que se citan en el escrito que se acompaña, de 18 de mayo de 1865, y la Real Orden de 27 de septiembre de 1867, no son aplicables porque se refieren sólo al caso en que expresamente se estipule un plazo de retro y éste baya transcurrido. — Caguas, octubre 17, 1907.”

Resultando: Que contra esta nota ha interpuesto en tiempo el abogado D. Herminio Díaz Navarro, á nombre de Mr. J. B. Cobb, el presente recurso gubernativo para que se revoque y se ordene al Registrador de la Propiedad de Caguas extienda la oportuna nota marginal de haber quedado consumada la venta de la estancia de referencia á favor del recurrente Mr. J. B. Cobb.

Considerando: Que, con arreglo al artículo 16 de la Ley Hipotecaria de esta Isla, el cumplimiento ó incumplimiento de las condiciones suspensivas y el no cumplimiento de las reso-lutorias, ó rescisorias de los actos ó contratos inscritos, se hará constar en el registro por medio de una nota marginal.

Considerando: Que si bien por la escritura de 22 de mayo de 1874, entre Da. Francisca López y D. Jaime Salas como socio de Salas, Dávila y Ca., de que se ha hecho mérito en el primer resultando, se estipuló que en cualquier tiempo en que la vendedora restituyera á los compradores los 3,406 pesos 98 centavos que había recibido de éstos por las 53 y media cuerdas de terreno que les había vendido, habrían de serles éstas restituidas por los dichos compradores, el término den-tro del cual podía Da. Francisca López, ó cualquiera de sus sucesores, ejercitar su derecho para retraer las fincas ven-didas, debe entenderse que quedó reducido á diez años, á tenor de lo establecido por el artículo 1508 del Código Civil de España, hecho extensivo á esta Isla por Real Decreto de 31 de julio de 1889, según el cual, el derecho de retracto conven-cional durará, á falta de plazo expreso, cuatro años, contados desde la fecha del contrato; y- que en caso de estipulación, el plazo no podrá exceder de diez años, en relación con la dispo-sición transitoria 4a. del mismo Código, preceptiva de que “las' acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código, subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose en cuanto á 'su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, á lo dispuesto en este Código.”

Considerando: Por tanto, que habiendo transcurrido mucho más de 10 años desde el 1°. de enero de 1890, en que comenzó á regir el Código Civil en esta isla, sin que ni por Da. Francisca López ni por ninguno de sus sucesores, se haya ejerci-tado el derecho de retraer la finca de que se trata, debe enten-derse caducado dicho derecho, y proceder el registrador, á solicitud del actual dueño de la finca, según el registro, á poner la nota marginal de consumación de la venta, á tenor de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Hipotecaria y demás disposiciones concordantes del Reglamento de la misma.

Considerando: Por tanto, que en el presente caso no se trata de anular una inscripción constante en el registro de la propiedad, sino de declarar la caducidad de nn derecho ins-crito en el registro, por no haberlo ejercitado las partes inte-resádas dentro del término señalado por la ley para su dura-ción, y para cuyo efecto, el registrador de' la propiedad tiene perfecta competencia, con arreglo al artículo 82 de la Ley Hipotecaria, según el cual pueden los registradores cancelar cualquiera inscripción ó anotación preventiva hechas por escri-tura pública, sin necesidad de que lo ordene ningún tribunal, ni de la conformidad de las partes interesadas, entre otros casos, “cuando quede extinguido el derecho inscrito por decla-ración de la ley,” como sucede en el presente caso, en el que por declaración del artículo 1508” del Código Civil antiguo, el término para la retroventa, no podía exceder de 10 años, cuando las partes habían estipulado un plazo par'a su dura-ción.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se revoca la nota denegatoria del Registrador de la Pro-piedad de Caguas, y se declara que procede extender la nota marginal solicitada por el recurrente Mr. J. B. Cobb, sobre-consumación de la venta de la finca rústica de que se trata en el presente recurso; y devuélvanse los documentos presenta-dos al citado registrador de la propiedad con copia certificada de la presente resolución, para que proceda á su cumplimiento en la forma que corresponda, con arreglo á derecho.

I

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado SR. Hernández,

text:
    Esterás v. Ríos et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 157.
    Resuelto en diciembre 23, 1907.
    Apelación — Decisión Contraria 1 las Pruebas. — Una excepción contra la de-cisión, fundada en que está en desacuerdo con la prueba, no puede con-siderarse en la apelación contra la sentencia, si el recursó no se hubiera interpuesto dentro de los quince días después de dietada dicha sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado SR. Hernández,

emitió la opinion del tribunal.

Con fecha 18 de enero de 1906, José Y. Esteras produjo demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Hnmacao, contra Josefa Eíos Colón, su esposo Joaquín Eo-dríguez Serra, Emilio Fernández Morales y su esposa María Pérez Eíos, en cuya demanda hizo los siguientes pedimentos.

Io. Que se declara nula la escritura de dación en pago, otorgada en 2 de noviembre de 1898 por el demandante á favor de Emilio Fernández Morales, como apoderado de Josefa Eíos Colón, ante el Notario de Caguas, Lorenzo A. Jiménez Grarcía.

2o. Que se declare asimismo nula la escritura de retracto otorgada dos días después,- ó sea en 4 de noviembre de 1898, por Emilio Fernández Morales, como apoderado de Josefa Eíos Colón á favor del demandante ante el mismo Notario Lorenzo A. Jiménez Grarcía.

3o. Que igualmente se declare nulo el contrato privado de arrendamiento celebrado en Caguas con fecha 7 de noviembre de 1898, entre Emilio Fernández, como apoderado de Josefa Eíos Colón y Joaquín Eodríguez, por una parte, y José Y. Esterás, por otra.

4o. Que, por consecuencia de las nulidades de las expresa-das escrituras, se declaren nulas también las inscripciones que de las' mismas se hicieron en el Registro de la Propiedad de Caguas.

5o. Que, en mérito de la procedencia de las anteriores peti-ciones, sea restituido el demandante en la posesión de la finca dada en pago á Emilio Fernández Morales, como apoderado de Josefa Ríos Colón, por la escritura de 2 de noviembre de 1898, abanándosele por los demandados todos los frutos pro-ducidos y debidos producir, estimados en cuatro mil dollars, y los daños y perjuicios, que se aprecian en otros cuatro mil dollars, de cuyas cantidades han de.contarse dos mil pesos provinciales, valor de la hipoteca constituida por Esterás á favor de Josefa Ríos, con sus intereses hasta el día de la devolución de la finca dada á la Ríos en pago de dicha hipo-teca.

Los hechos fundamentales de la demanda son los siguien-tes :

Io. Que, por escritura pública otorgada en veinte y uno de julio de mil ochocientos noventa y seis, ante el notario de Caguas, Francisco Jiménez Prieto, José T. Esterás para garantir un- préstamo de dos mil pesos provinciales, consti-tuyó hipoteca á favor de Josefa Ríos Colón sobre una finca de su propiedad, compuesta de 94 cuerdas, ó sean 38 hectá-reas y 25 áreas, radicada en el barrio de Cañabón, de la juris-dicción de Caguas, colindante al norte, con el camino de Aguas Buenas y la sucesión de E. Jiménez; por el sur, con Manuel A. G-arcía y la sucesión de José Fernández; por el este, con la misma sucesión Jiménez y Carmen Argueso; y por el oeste, con la sucesión de Manuel Jiménez Córdova y el camino que conduce al barrio de Cañaboncito, habiéndose dado á dicha finca para los efectos de la hipoteca, el valor de dos mil qui-nientos pesos provinciales, y estableciéndose el uno por ciento mensual como tipo de interés de la deuda que había de vencer en veinte y uno de julio de 1898.

2o. Que no 'habiendo sido posible á Esterás satisfacer á su vencimiento, la deuda contraída, después de iniciado proce-dimiento ejecutivo para el cobro de la misma, convino con Emilio Fernández, como apoderado de Josefa Eíos Colón, en que ésta le concediera una prórroga para el pago del crédito, cuya prórroga se verificó cediendo Esterás á Josefa Eíos, en pago de su crédito, la finca hipotecada, reservando á Esterás el derecho de retracto, mediante el pago de la suma fijada en la hipoteca, con sus intereses, y simulando un contrato de arrendamiento por cantidad precisamente igual á la de los in-tereses de la hipoteca, mediante cuyo contrato quedaba Este-rás poseyendo, como arrendatario, la finca que había dado en pago, á cuyos fines se otorgaron una escritura de dación en pago, con fecha 2 de noviembre de 1898; otra de reserva de derecho de retracto, á favor de Esterás, sobre la misma finca dada en pago, con fecha 4 del mismo noviembre, cuyo retracto había de tener lugar mediante la entrega de los mil pesos pro-vinciales de la hipoteca y sus intereses, siendo su duración hasta el treinta y’uno de enero de mil novecientos, y 'por último, un contrato privado • de - arrendamiento de la misma finca por Esterás, á vencer en igual fecha de treinta y uno de enero de mil novecientos, y por precio de • cantidad igual al importe de los intereses de la deuda.

3o. Que vencido el término del derecho de retracto sin que Esterás hubiera pagado la suma convenida, le fué negada la espera que solicitó, dándose por convalidada la escritura de dación en pago, y tres meses después, fué desahuciado de la finca por falta de pago de los arrendamientos estipulados.

4o. Que los contratos maliciosos de que se deja hecho mé-rito, contrarios á la moral y fundados por parte de Esterás en el temor de perder sus bienes y en promesas insidiosas y sugestivas por parte de los demandados, fueron consignados en irnos documentos impropiamente llamados escrituras pú-blicas, porque la persona que los autorizó con su firma y ante quien fueron otorgados es Lorenzo A. Jiménez García, quien carecía ele las condiciones legales para ejercer las funciones notariales.

5o. Que aunque á la finca descrita se le asignó un valor de dos mil quinientos pesos provinciales, en la escritura hipote-caria de veinte y uno de julio de 1896, posteriormente llegó á adquirir en poder de Esterás un valor de seis mil dollars, que era el que tenía cuando se la apropiaron los demandados, y en la fecha de la demanda había alcanzado un valor de nueve á diez mil dollars.

6o. Que la cantidad que ha dejado de percibir Esterás en concepto de utilidades, descontando los intereses del crédito de Josefa Eíos y el pago de las contribuciones 'correspon-dientes á la finca desde la fecha en que se la apropiaron los demandados, ó sea, desde octubre de 1900 hasta el día de la demanda, se calcula por el demandante en cuatro mil dollars y en igual cantidad los daños y perjuicios.

Los demandados Emilio Fernández y María Pérez, al con-testar la demanda, negaron todos y cada uno de los hechos de aquélla, y como defensa alegaron, que entre, las mismas partes y por igual causa de acción sobre nulidad de los mismos con-tratos y en reivindicación de la misma finca, se siguió un pleito ante la Corte de Distrito de Humacao, en el que recayó sentencia con fecha veinte y uno de febrero de mil novecientos dos, desestimando la .demanda de Esterás, cuya sentencia tiene carácter de firme, por haber, desestimado este Tribunal Supremo el recurso de casación ó apelación contra ella inter-puesto por Esterás. • •

En el escrito de exposición del caso se afirma haberse to-mado anotación de la rebeldía de los otros demandados Josefa Eíos Colón y su esposo José Eodríguez Serra, no obstante lo cual, figura en el legajo de la sentencia una copia de diligencia de anotación de rebeldía, expresiva de que en 24 de agosto de 1906; el secretario de la corte,_ Enrique Eincón, en cumpli-miento de una orden de la misma, obrante en el libro de minu-tas, procedió, de acuerdo con la ley á anotar la rebeldía de' Emilio Fernández Morales y sn esposa María Pérez Ríos-. Parece qne debió sufrirse en ello nna equivocación de nombres.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia, qne textual-mente, dice así:

“Sentencia. — El día 28 de marzo de 1907, se llamó este pleito, compareciendo el demandante en propia persona y por los abogados Manuel F. Rossy y Sandalio Torres Monge, y los demandados por el abogado Manuel Toro, en cuyo día la corte oyó los escritos de las par-tes, la prueba documental y testifical suministrada y los informes de los abogados, reservándose su resolución.
“Hoy, 9 de abril de 1907, la-corte resuelve ser de opinión que la ley y los beebos están á favor de los demandados, y por tanto, ordena que el demandante no obtenga nada de los demandados y que éstos vayan libres de toda reclamación respecto de esta demanda, con las costas de este pleito tasadas en # * á cargo del demandante, y que se libre eje-cución contra sus bienes para satisfacer esta sentencia.
“Dado bajo mi firma en Humacao á 9 de abril de 1907. — Charles E. Foote, Juez: — Attest, Enrique Rincón, Secretary. — Registrada hoy 9 de abril de 1907.”

Con fecba treinta del mismo mes, presentó escrito la repre-sentación del demandante, apelando de la anterior sentencia para ante esta Corte Suprema, 'recurso que boy pende de deci-sión después de vistas y oídas las alegaciones escritas y orales de la parte apelante, pues los apelados no ban comparecido ante este tribunal.

La representación de José Y. Esterás, por escrito y oral-mente, presenta ante esta Corte Suprema dos cuestiones á resolver: Ia. Nulidad de las escrituras de dos y cuátro de noviembre de 1898, por haberse otorgado ante Lorenzo A. Jiménez García que, según se alega, no era legalmente notario público de Caguas, pues su nombramiento había sido hecho por el jefe del destacamento militar americano allí residente, el cual no tenía funciones civiles que le hubiera encomendado el Comandante General del Departamento de Puerto Rico, sin que tampoco el Jiménez hubiera cumplido con los preceptos legales de haber presentado su título á la Junta del Colegio de Notarios de Puerto Rico pa,ra que se le diera posesión y haber registrado ante el Presidente del Tribunal Supremo su firma, signo y rúbrica; 2a. Improcedencia de la excepción res judi-cata que alegaron los demandados Emilio Fernández y María Pérez, por no concurrir en el presente pleito y en el anterior, á que se refieren aquéllos, la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

Ha prescindido el apelante ante este corte de las alega-ciones dé nulidad relativas á los contratos consignados en las escrituras de 2 y 4 de noviembre de 1898, y limita sus alega-ciones á las dos cuestiones anteriormente indicadas, para cuyo examen ha presentado la correspondiente exposición de hechos, aprobada por la corte inferior, y ha hecho ante este Corte Suprema un ligero resumen de las pruebas practicadas en el. juicio atinentes á dichas dos cuestiones.

Entendemos que la materia sometida á judicial debate en el presente recurso envuelve cuestiones de hecho, pues no estando conformes las partes, atendidas sus alegaciones, en los hechos que determinan las causas de acción y excepción, se hace ante todo necesario definir y fijar los hechos para venir luego á la aplicación del derecho.

Bourvier en su diccionario entiende por cuestión un punto en el cual las partes no están de acuerdo y se somete á la deci-sión de un juez ó de un Jurado, y añade el mismo autor que cuando la duda ó diferencia consiste en determinar qué ley es la aplicable en determinado estado de cosas, se dice que la cuestión es legal, y cuando la duda ó diferencia surge al deter-minar la verdad ó falsedad de los hechos, ésta es una cuestión de hecho.

. Para decidir las cuestiones legales que nos han sido pre-puestas tenemos que conocer los hechos que las originan, y esos hechos están á favor de los demandados, según ha decla-rado la corte inferior en su sentencia de 9 de abril último. Podría revisarse tal declaración en relación con la prueba practicada en el juicio para venir á determinar si está ó nó en desacuerdo con ella; pero no podemos hacer la revisión indi-cada, por más que se nos haya presentado á ese fin una exposi-ción del caso ó relación de hechos, pues si bien la sentencia definitiva apeladá debe reputarse en todos los extremes que comprende, excepcionada por ministerio de la ley, con arreglo el artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil, por más que las excepciones no se incluyan en pliego de excepciones, bas-tando que resulten de los autos y legajos del pleito, entende-mos^ de conformidad con el artículo 295 del Código citado, que una excepción contra la sentencia, fundada en que está en desacuerdo con la prueba, no puede revisarse, por virtud de apelación contra la sentencia, á menos que se interponga el recurso dentro de los quince días después de dictada dicha sen-tencia, requisito que no se ha llenado en el presente caso, en que la sentencia fue dictada y registrada en nueve de abril del corriente año y apelada en treinta del mismo mes.

La doctrina expuesta está conforme con la letra del artí-culo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y con las deci-siones de esta corte en los casos de Rafael Valentín Román. The American Railroad Co. of Porto Rico, Sucesión de Andrés Natalio Maisonave v. Julián Maisonave y Nicolás Pérez y Sucesión de Olivas y Ca. v. J. Matienzo y Ca. fallados, respectivamente en 29 de enero de 1906, y 5 y 12 de diciembre de 1907.

Estando los hechos á favor de los demandados, según ha decidido la corte inferior, decisión indiscutible ante nos en grado de apelación por no haber sido apelada la sentencia en tiempo legal, al efecto de revisar las pruebas, tenemos que llegar á la conclusión de que, según esos hechos, Don Lorenzo A. Jiménez García tenía capacidad legal para ejercer fun-ciones notariales, ó de que, en caso de no tenerla, los elementos, aportados al juicio determinaban la procedencia de la excep-ción de cosa juzgada.

Por las razones expuestas, procede la confirmación de la sentencia apelada, con las costas dél recurso también á cargo del demandante y apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras y Wolf.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Javierre et al. v. Guánica Céntrale.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 159.
    Resuelto en diciembre 23, 1907.
    Apelación — Sentencia Contraria A la Prueba — Término para Apelar.— Cuando la apelación contra una sentencia se funda en que ésta es contraria á la prueba, y las cuestiones envueltas son de hecho, el recurso está incluido en el párrafo Io. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y no apareciendo error, alguno en el legajo de la sentencia, debe confirmarse la sentencia apelada, si la apelación no se ha interpuesto dentro de los quince días después de dictada la .sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante. 'Sr. Días Navarro,

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Mayagüez se presentó demanda para recobrar la posesión de un camino que el demandado había mandado cerrar. El demandante alegó que había sido perturbado en la posesión de un derecho real. De un examen de los autos se verá que el demandante no ha establecido su apelación por errores en las alegaciones, sino porque se opone á la sentencia dictada por la corte inferior, fundándose en que la corte no resolvió en debida forma las cuestiones de hecho que se presentaron en el juicio. El demandado afirma que el derecho reclamado es una servidumbre adquirida por prescrip-ción y alega el demandante que solamente existe un derecho de posesión. Parece deducirse de las alegaciones que lo que se trataba de recuperar es una servidumbre discontinua no aparente.

De todos modos, las cuestiones envueltas son de hecho y la apelación está incluida en el párrafo primero de la sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que prescribe que una excepción á la decisión, fundada en que la misma no está sos-tenida por la prueba, no puede ser revisada por medio de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, á menos que se interponga la apelación dentro de los quince días des-pués de dictada la sentencia. En el presente caso, se dictó la sentencia en 29 de.abril de 1907, habiéndose interpuesto la apelación en 29 de mayo del mismo año, y como no aparece error alguno en el legajo de la sentencia, debe confirmarse la sentencia, de acuerdo con otras resoluciones de este tribunal, .del presente término, y especialmente las dictadas en los casos de Sucesores de Olivas y Ca. v. J. Matienzo y Ca., y Maisonave v. Maisonave.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.