author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Héctor Ramírez Lebrón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de Caguas, recurrido.

      Números: RG-88-668
    RG-88-669

      Resueltos: 30 de junio de 1992

      Luis Rodríguez Bigas, abogado del recurrente; el Registrador de la Propiedad, recurrido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de dos (2) recursos gubernativos en los cuales se plantea la misma cuestión de derecho, razón por la que consolidamos los mismos. Pasamos, en primer término, a exponer los hechos particulares y específicos de cada recurso.

En el primer recurso, el RG-88-668, el 15 de junio de 1988 se presentó para inscripción en el Registro de la Pro-piedad, Sección Segunda de Caguas, la Escritura Núm. 88 de Segregación, Liberación y Compraventa, otorgada ante el Notario Luis Rodríguez Bigas el 29 de abril de 1988. Comparecieron, como vendedora, Pronos UAN Corp. y, como comprador, el recurrente Héctor Ramírez Lebrón. El Registrador denegó la inscripción ya que la escritura alegadamente adolecía de la siguiente falta:

No se cumple con el Artículo 17 de la Ley Notarial vigente. Obs[é]rvese no se indica claramente la forma en que el notario identificó a los comparecientes ni los medios supletorios utili-zados para identificarlos. Apéndice 2, pág. 3.

La recurrente sometió escrito de recalificación. El Regis-trador ratificó su denegatoria original. Inconforme con esa determinación del Registrador, el recurrente Ramírez Le-brón instó recurso gubernativo ante este Tribunal en revi-sión de la mencionada determinación.

En el segundo recurso, el RG-88-669, el 15 de junio de 1988 se presentó para inscripción en el Registro de la Pro-piedad, Sección Segunda de Caguas, la Escritura Núm. 89 de Primera Hipoteca otorgada ante el notario Luis Rodrí-guez Bigas el 29 de abril de 1988. Comparecieron en la misma, como deudor hipotecario, el recurrente Héctor Ra-mírez Lebrón y, como acreedor hipotecario, First Service Corporation. El Registrador se negó a inscribir la escritura de hipoteca ya que alegadamente adolecía de las siguientes faltas:

No se cumple con el Artículo 17 de la Ley Notarial vigente. Obsérvese no se relacionan en el documento los medios suple-torios utilizados por el Notario para identificar los deudores hipotecarios.
En [la] escritura se expresa texto literal del pagaré ... sin embargo, al final del pagaré —falta copiar la diligencia de la legalización de las firmas de los deudores hipotecarios por el notario. No se cumple con el Artículo 57 de la Ley Notarial vigente.

El recurrente sometió escrito de recalificación. El Regis-trador reiteró la determinación originalmente emitida. No conforme con esa denegatoria final del Registrador, el re-currente Ramírez Lebrón acudió ante este Tribunal me-diante el recurso gubernativo correspondiente.

Los dos (2) recursos gubernativos que hoy resolvemos plantean la misma controversia de derecho, a saber: ¿cum-plió el Notario autorizante con las formalidades extrínse-cas de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 etseq.), en específico, con las disposiciones pertinentes a la identidad de los otorgan-tes, o, como también se le llama, la fe del conocimiento? Estando en condiciones de resolver los recursos, procede-mos a así hacerlo.

De entrada, repasamos y reiteramos unos principios y doctrinas jurídicas que debemos mantener presentes al resolver la controversia que plantean los recursos ante nues-tra consideración.

Nos señala Giménez Arnau que “[e]l notario es un profesional del derecho que ejerce una función pública para robustecer, con una presunción de verdad, los actos en que interviene, para colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios jurídicos privados (Enfasis suprimido.) E. Giménez-Arnau, Introducción al Derecho Notarial, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1944, pág. 44. Por tal razón, la autenticidad y validez del instrumento público es el resultado neto del notario acatar fiel e integralmente los requisitos de la ley notarial Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 834 (1979). Al actuar como tal, el notario ejerce una “previa calificación” y debe esforzarse por alcanzar la mayor claridad y certeza en los documentos presentados ante el Registrador. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 139 (1976).

En nuestro ordenamiento jurídico, pública es la fuente primaria que nutre el principio de legalidad que gobierna nuestro sistema inmobiliario registral. Ahí donde termina la función notarial de otorgar la correspondiente escritura pública, comienza la función calificadora del Registrador. La calificación registral es la “facultad por ex-celencia del Registrador que al ejercitarla realiza el propósito” de que al Registro solamente tienen acceso los títulos que sean “válidos y perfectos”. Preciosas V. Del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802 (1981); Cabrer v. Registrador, 113 D.P.R. 424 (1982); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs. 117 D.P.R. 110 (1986).

Por consiguiente, le corresponde al Registrador calificar o reexaminar, el contenido de la escritura pública y cerciorarse de la validez del documento. Roca Sastre nos señala que “[n]o tiene la calificación registral por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso o controvertido entre partes contendientes, sino simple-mente publicar mediante su inscripción, un derecho real o situación jurídica inmobiliaria” y que “en síntesis ... él fin de la calificación registral se reduce a determinar si un título es o no inscribible, y nada más”. R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1979, T. II, pág. 265.

El Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2267, dispone en lo pertinente que:

Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la lega-lidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas extrínse-cas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgan-tes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos....

Añaden los Art. 76.1 y 55.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2003-76.1 y 2003-55.1, edi-ción especial, que:

76.1
El Registrador considerará, conforme a lo prescrito en el Ar-tículo 64 de la Ley ... como faltas de legalidad de los documen-tos cuya registration se solicite, todas las que afecten, tanto a las formas de los documentos como a la eficacia de las obliga-ciones o derechos contenidos en los mismos, siempre que resul-ten del texto de dichos documentos o puedan conocerse por la simple inspección de ellos.
55.1
Los instrumentos notariales que se presenten para registro no adolecerán de ninguna de las faltas que según la legislación notarial vigente los hagan nulos o anulables.

De las disposiciones anteriormente citadas surge con claridad que dentro de la función calificadora del Registrador está la de examinar las formas extrínsecas de los documentos notariales presentados para su inscripción. A esos efectos, le corresponde al Registrador determinar si el documento presentado cumple con las formalidades que exige nuestra Ley Notarial, como por ejemplo: la capacidad de los otorgantes, la identidad de los otorgantes o fe del conocimiento, rúbrica, firma, y otros.

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Resulta conveniente señalar que la nueva Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75, ante, la cual derogó la Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 recogió, en varias de sus disposiciones, muchas de las expresiones o normas de nuestra jurisprudencia notarial. A esos efectos, nos señala el profesor Pedro Malavet Vega que:

... esta nueva legislación no implica en forma alguna una sacudida general de la práctica notarial. Las modificaciones contenidas en la ley son, en su mayoría, aspectos ya tratados y resueltos por la jurisprudencia reciente de nuestro Tribunal Supremo. Esto es normal, a nuestro juicio. Las formalidades y solemnidades del Instrumento Público no cambian vertiginosa-mente, es de lo poco que se mantiene razonablemente inmune al shock del futuro. El notariado sigue siendo faena de tiempo y paciencia. (Énfasis suprimido.) P. Malavet Vega, Compendio de Derecho Notarial Puertorriqueño, Ponce, 1987, pág. 10.

¿Cuál es el alcance y significado del requisito de la fe del conocimiento de los otorgantes exigida por nuestra Ley Notarial?

Examinamos, aun cuando al amparo de la derogada Ley Notarial, el trasfondo jurisprudencial de este tan impor-tante requisito.

En In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386, 394—395 (1977), expresamos que:

La transformación de nuestra economía, el incremento pobla-cional concentrado en grandes ciudades sin duda hacen más laboriosa para el notario la identificación de otorgantes, pero no justifican degradar le fe pública y el valor de legitimación que tan pesadamente descansan en esa dación de fe de conoci-miento de las personas y de haberse el notario asegurado de su identidad. Temprano en el Derecho notarial afloró el mandato “e debe ser muy acucioso el Escribano de trabajarse de conocer los ornes a quien faze las cartas, quién son y de qué lugar, de manera que non pueda ser fecho ningún engaño”. (Ley 68, tí-tulo 18, Partida 3a.) La garantía que para el tráfico jurídico y legitimación de actos representa el citado requisito del Art. 16 de la Ley bien vale que el notario sea acucioso y esforzado en revelar la identidad de quienes ante él contratan o actúan.

Más adelante, en Sucn. Santos v. Registrador, ante, pág. 837, expresamos que:

[e]l mecanismo para lograr correspondencia real y legítima en-tre persona y firma, es exigiendo la ley la comparecencia y co-nocimiento por el notario. En otras palabras, la fe del conoci-miento persigue evitar la suplantación de las partes en el otorgamiento. (Enfasis suplido.)

Así también, en In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 454-455 (1982), esbozamos en forma abarcadora la importancia de la fe del conocimiento que da el Notario. Allí expresamos que:

Es casi unánime la posición que adjudica a la fe del conoci-miento una importancia suprema e imperiosa en la gestión notarial. Giménez Arnau considera que el fundamento racional de la identificación del requirente estriba en “la finalidad del instrumento público y en su eficacia. Todo el contenido de la escritura, si no se acredita la identidad del compareciente puede resultar estéril, porque sus efectos deberían quedar su-bordinados a la prueba de que las personas designadas en la comparecencia eran efectivamente las que habían de concurrir al otorgamiento”. E. Giménez Arnau, Instituciones de Derecho Notarial, Madrid, Ed. Reus, 1954, T. II, pág. 42. José M. Sana-huja y Soler en su Tratado de Derecho Notarial (Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. I, pág. 457) estima que “en principio es necesa-rio que el notario garantice la identidad de las personas que intervienen en un negocio jurídico, porque la ilación entre unas situaciones y otras exige, para dar certidumbre a las relaciones jurídicas, que se fundamente bajo la fe notarial el punto de unión o de conexión, que es precisamente la persona que osten-tando un derecho lo transmite a favor de otra”. En igual sen-tido, consúltese Pedro Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, Sec. 15, pág. 121. M. Fernández Casado, en su Tratado de Notaría (Madrid, 1895, T. I, pág. 463) describe elocuentemente que la fe de conoci-miento “es la rueda catalina de la autenticidad; sin él nunca podría alejarse el temor de una suposición ó usurpación del estado civil. De poco serviría que el Notario recogiera cuidado-samente las manifestaciones de los concurrentes á su estudio y las revistiera de todas las solemnidades del instrumento pú-blico, si no constara que la persona que establecía la relación jurídica era la misma á quien verdaderamente corresponden el nombre y apellidos con que se presenta á contratar”.

Finalmente, hoy reiteramos lo expresado por Ló-pez Garzón a los efectos de que lo importante de la fe del conocimiento es “asegurar que el compareciente es quien dice ser”. (Enfasis suprimido.) J. López Garzón, Titularidad y Fe de Conocimiento, 7 Rev. Der. Notarial 259, 270 (1955).

Estos principios, tan fundamentales, sobre la “fe del co-nocimiento” se mantienen vigentes en la nueva Ley Notarial de Puerto Rico. Esta, en su Art. 15 (4 L.P.R.A. see. 2033), dispone:

La escritura pública, en adición al negocio jurídico que mo-tiva su otorgamiento y sus antecedentes y a los hechos presen-ciados y consignados por el notario en la parte expositiva y dispositiva contendrá lo siguiente:
(e) La fe expresa del notario de su conocimiento personal de los otorgantes o, en su defecto, de haberse asegurado de su identi-dad por los medios establecidos por este Capítulo, de que a su juicio éstos tienen la capacidad legal necesaria para otorgar el acto o contrato de que se trata y de haberles leído a ellos y a los testigos, en su caso, la escritura o de haber permitido que la leyesen a su elección antes de firmarla, o de la renuncia al derecho que tienen de así hacerlo. (Enfasis suplido.)

De lo anteriormente expuesto surge con claridad que tanto la derogada Ley Notarial de Puerto Rico, como la actual, consideran como un asunto medular la compare-cencia personal y el conocimiento de los firmantes. In re Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448 (1990).

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En los dos (2) recursos ante nuestra consideración el Registrador alegó, como primer fundamento para su dene-gatoria, que el notario autorizante no identificó debida-mente a los otorgantes en las correspondientes escrituras, según lo prescrito por el Art. 17 de la vigente Ley Notarial de Puerto Rico, ya que no expresó en la escritura el método supletorio que utilizó para identificarlos. Señaló, además, que en caso de identificarlos mediante documento, el nota-rio tenía el deber de consignar una relación y descripción de cada uno de los documentos de identidad. En lo perti-nente transcribimos la dación de fe de cada escritura:

[Escritura Núm. 88 de Segregación, Liberación y Compraventa.]
... DOY FE del conocimiento personal de los comparecientes, o de haberme asegurado de la identidad de éstos por los medios establecidos por la Ley Notarial.... Caso Núm. RG-88-668, Apéndice 4, pág. 6.
[Escritura Núm. 89 de Primera Hipoteca.]
... Yo, el Notario, CERTIFICO que conozco al acreedor hipote-cario y que me he asegurado de la identidad de los Deudores Hipotecarios por los medios establecidos por la Ley Notarial.... Caso Núm. RG-88-669, Apéndice 4, pág. 31.

Por su parte, alega el recurrente que el Art. 17 de la vigente Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see, 2035, no le exige al notario el deber de expresar en el documento el método supletorio utilizado para identificar a los otorgantes. Sostiene el recurrente que, conforme al Art. 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico, ante, basta que el nota-rio exprese en el documento la “fe de conocer personal-mente a los otorgantes o de haberse asegurado de la iden-tidad de los otorgantes”. El citado Art. 17 de la Ley Notarial Puerto Rico, reza:

Serán medios supletorios de identificación, en defecto del co-nocimiento personal del notario:
(a) La afirmación de una persona que conozca al otorgante y sea conocida por el notario, siendo aquélla responsable de la identificación y el notario de la identidad del testigo.
(b) La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de esta última dé fe de conocimiento el notario.
(c) La identificación por documento de identidad con retrato y firma, expedido por las autoridades públicas competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estado Unidos, o de uno de los Estados de la Unión, cuyo objeto sea identificar a las personas o por pasaporte debidamente expedido por autori-dad extranjera.
Los testigos de conocimiento serán responsables de la identi-ficación de los otorgantes; igualmente lo será el otorgante que testifique sobre la identidad de otros otorgantes no conocidos por el notario y el notario lo será del conocimiento de tales testigos.

Este Tribunal, al interpretar las disposiciones de un estatuto, tiene el deber de hacer cumplir el principio cardinal de hermenéutica, al efecto de descubrir y hacer cumplir la verdadera intención legislativa. Rivera Maldonado v. Autoridad Sobre Hogares, 82 D.P.R. 453, 456 (1963); Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988). Dicha ley o estatuto debe ser interpretado “tomando en consideración los fines que persigue y en forma tal que la interpretación se ajuste al ‘fundamento racional o fin esencial de la ley’ y a la política pública que la inspira”. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 DPR 772, 785 (1968); A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820 (1986).

De las disposiciones de los citados Art. 15 y 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, podemos colegir varios principios. Resulta claro que el notario, en la escritura pública, tiene el deber primordial de dar fe del conocimiento personal de los comparecientes. El “conocimiento directo y personal del notario es el medio por excelencia” para identificar a los otorgantes. In re Olmo Olmo, ante, pág. 463. Dicho conocimiento personal no tiene que ser uno previo a la fecha del otorgamiento de la escritura pública. In re Cando Sifre, ante.

Ahora bien, careciendo el notario de la facultad de conocer a los otorgantes, el mismo Art. 15, ante, de manera supletoria, señala que “o, en su defecto, de haberse asegurado de su identidad por los medios establecidos por este Capítulo En otras palabras, si el notario no conoce personalmente a los otorgantes, entonces, y no antes, es que se activa el mandato estatutario al efecto de recurrir a los medios supletorios de identificación. Esto surge con claridad del lenguaje utilizado por el legislador al usar la frase “o en defecto de”.

En la Escritura Núm. 88, el notario transcribió literal-mente la parte del Art. 15(e), que se refiere a la “fe del conocimiento”. En la Escritura Núm. 89, el notario da fe de conocer personalmente al acreedor hipotecario. En cuanto a esa parte, el notario cumplió cabalmente con las exigen-cias requeridas por la Ley Notarial, ya que afirma conocer personalmente a dicho otorgante. Sin embargo, luego ex-presa que “me he asegurado de la identidad de los deudo-res hipotecarios por los medios establecidos” en la Ley. Como ya hemos mencionado, si el notario no conoce a algu-nos de los otorgantes, entonces debe recurrir a los métodos supletorios de identificación del Art. 17, ante. La polémica a resolver, repetimos, se circunscribe a determinar, si bajo los antes citados Arts. 15(e) y 17,, tenía el notario aquí en controversia el deber de expresar en la escritura qué mé-todo supletorio utilizó, o sea, indicar si fue el inciso (a), (b) ó (c) del citado Art. 17, o, bastaba que el notario expresara, como lo hizo, que se aseguró de la identidad de los otorgantes.

Aun cuando es correcto que el Art. 17, ante, no requiere que el notario consigne, en forma expresa, en la escritura el método supletorio utilizado, somos del criterio que una lectura integral y armoniosa de ambos artículos, revela que efectivamente debe requerirse que si en la otor-gación de una escritura el notario utiliza los medios suple-torios de identidad, éstos deben surgir con claridad de dicho instrumento público. Esto es, no basta con que el notario exprese en dicha escritura, en forma general, que se aseguró de la identidad conforme a la Ley, sino que debe de consignar cuál de los incisos del citado Art. 17 utilizó.

Teniendo el notario el deber de ser “acucioso y esforzado en revelar la identidad de quienes ante él contra-tan o actúan”, In re Cando Sifre, ante, pág. 395, somos del criterio que resulta complementario a dicho deber que el notario, de no conocer a alguno de los otorgantes, haga constar en la escritura que otorga el método supletorio específico de identidad que utilizó para cerciorarse, en forma “acuciosa y esforzada”, de la misma. Véanse: Reglas 30 y 31 del Proyecto de Reglamento Notarial de Puerto Rico de junio de 1992.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, resolve-mos que actuó correctamente el Registrador al denegar la inscripción de las Escrituras Núms. 88 y 89 debido a que no se cumplió con los requisitos formales de la Ley Notarial de Puerto Rico. Procede, en consecuencia, la confirmación de las notas denegatorias. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Ledo Ovidio Quesada Santiago.

       La Exposición de Motivos de la vigente Ley Notarial de Puerto Rico expresa:
      “La vigente Ley Notarial ... tiene como fundamento la institución notarial que existe en los países de tradición latina.
      “La distinción del notario de tipo latino a la de otro tipo de notario es importante por la función que ha ejercido y que ejerce aquél en la sociedad. En el notario puertorriqueño se funden dos facetas esenciales en la administración de la justicia, tanto en su función como profesional o técnico conocedor del De-recho como en su carácter de funcionario público. Ante su fe notarial se crean los derechos que emanan del tráfico jurídico de los bienes inmuebles.
      “En esa función el notario puertorriqueño no es abogado de ninguno de los otorgantes, no representa a cliente alguno, representa a la fé pública, repre-senta la ley para todas las partes. La cualidad medular que lo distingue del abogado es su imparcialidad, y en tal condición debe actuar en un plano superior al de las partes.
      “Es de vital importancia, pues, la elevación del nivel de capacitación jurí-dica del notario y su dignificación por la importante función social que despliega en interés de la comunidad puertorriqueña, en esa doble función de profesional del Derecho como asesor y consejero legal, árbitro de la ley, así como en la de instrumentador de los documentos que conllevan los actos y negocios jurídicos a los cuales les da seguridad y certeza con su pericia profesional y bajo el manto de la fe pública de la cual es depositario.” Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, Leyes de Puerto Rico, págs. 262-263.

       El Art. 16 de la derogada Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. ant. see. 1016, disponía en lo pertinente:
      “Los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conocimiento por el dicho de testigos.... En tales casos graves y extraordinarios en que a un notario le sea imposible dar fe del cono-cimiento de los otorgantes, ni puedan estos presentar un testigo o testigos de cono-cimiento, lo expresará así, designando los documentos que le presentaren como prueba de nombre, estado y vecindad, y refiriendo además el motivo del caso grave y extraordinario.”

       En In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 394 (1977), a esos efectos expresamos: “La Ley no exige el conocimiento ‘personal’ de otorgantes por el notario en el concepto de una relación previa a su llegada a la notaría. Basta el conocimiento que el notario deriva de su observación de los otorgantes identificándose mutuamente en las etapas preliminares del acto jurídico notarial, toda vez que, con rarísimas excepciones en que dos partes se ponen de acuerdo para defraudar, los otorgantes tienen tanto interés como el notario en la trasmisión de un título válido, y debe suponerse que en los contratos bilaterales el que contrata con una persona obligándose a su favor y estipulando derechos, le conoce perfectamente. El notario no está restringido en sus medios para identificar otorgantes al uso de testigos de identificación. Su profesión de abogado le provee variados recursos para asegurarse de tal identidad.”

       Nos parece conveniente señalar el “funcionamiento" de ios mecanismos de identificación del Art. 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2035. En primer lugar, reiteramos que se recurre a los medios supletorios “en defecto del co-nocimiento personal del notario" del otorgante u otorgantes. El inciso (a) de dicho artículo trata del método supletorio mediante el uso de un testigo de conocimiento. Este tiene que ser conocido por el notario y a su vez por el otorgante. Si el notario utiliza este método, debe expresar en la escritura quién es el testigo de conocimiento y además consignar que dicho testigo conoce al notario y al otorgante desconocido por el notario. De esta manera se cumple con el requisito de identificación.
      El inciso (b) de la vigente Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2035 (b), contiene un nuevo método de identificación que permite a uno o más de los otorgan-tes que sean conocidos por el notario, identificar al otro otorgante que no es conocido por el notario. Mediante este método, el notario expresará en la escritura que conoce al otorgante y éste a su vez que conoce al otro otorgante. Así, pues, se establece la cadena de identificar adecuadamente al otorgante no conocido por el notario.
      Finalmente, el inciso (c) de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2035 (c), recoge nuestras expresiones en el caso de In re Olmo Olmo, ante, en cuanto se refiere a los documentos de identidad. Bajo este inciso (c), somos del criterio que el notario tiene el deber de denominar, reseñar o indicar el documento de identidad con retrato y firma que utilizó para identificar al otorgante.

       El resultado a que llegamos, hace innecesario que consideremos la corrección del segundo fundamento aducido por el Registrador en apoyo de su denegatoria res-pecto a la escritura pública número 89, posición que resulta cuestionable.
      En el mismo arguye el Registrador recurrido, en síntesis, que como el pagaré fue suscrito y reconocido mediante affidávit, el notario otorgante incumplió con lo dispuesto por el Art. 57 de la vigente Ley Notarial de Puerto Rico, por cuanto, al transcribir literalmente dicho pagaré en la escritura, dejó en blanco la parte de la legitimación de las firmas en el mismo.
      La actuación del notario en ese respecto —aun cuando denota un defecto de forma o falta reglamentaria, que debería de corregir el notario— no es suficiente para impedir la inscripción de la escritura en el Registro por razón de que la escri-tura otorgada cumple con los requisitos que exige el Art. 196 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2615; esto es, del transcrito pagaré surgen todos los datos que requiere el citado Art. 196.


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text:
    Jorge E. Giménez Álvarez, demandante y recurrido, v. Dr Miguel A. Silén Maldonado et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-87-163

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Danilo M. Eboli, de Goldman, Antonetti, Ferraiouli & Axtma-yer, y Rafael Rodríguez, abogados del recurrente; Juan T Peñagarícano, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso se nos solicita que revisemos una sentencia parcial que desestimó una reconvención en la cual se reclamaban daños alegadamente causados por ale-gaciones difamatorias, falsas y libelosas en la demanda, hechas de forma negligente.

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Los hechos

El demandante recurrido, Jorge E. Giménez Álvarez, presentó una demanda jurada solicitando se declarasen nulos e inexistentes por simulación y fraude ciertos nego-cios jurídicos efectuados mediante escrituras públicas au-torizadas por el codemandado-recurrente, Ledo. Baldomero Roig Vélez. En su contestación a la demanda, el recu-rrente presentó reconvención alegando que al imputarle un delito penable en el otorgamiento de las escrituras men-cionadas en la demanda se le han ocasionado daños, ya que estas alegaciones son difamatorias, falsas, libelosas y he-chas negligentemente. Estimó los daños causados a su re-putación al haber sido “perjudicado en su profesión la cual ha venido practicando por cerca de cincuenta años” en un millón de dólares ($1,000,000).

Luego de una serie de trámites procesales, la parte de-mandante solicitó la desestimación de la reconvención. Alegó que en esta jurisdicción el presentar una demanda no constituye fuente de responsabilidad. Al acoger la soli-citud de desestimación, el foro de instancia expresó que “[s]i los demandantes han actuado de mala fe y temeraria-mente al presentar esta demanda el remedio que tienen a su favor los demandados es la concesión en su día de hono-rarios de abogados. Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160, 165 (1961)”.

Inconforme, el codemandado licenciado Roig Vélez pre-sentó escrito de revisión alegando, en síntesis, que el tribunal de instancia erró al desestimar la reconvención por confundir la acción del recurrente como una de persecución maliciosa y/o abuso del derecho.

HH HH

Las acciones por persecución maliciosa y uso indebido o injustificado de los procedimientos legales

En numerosas ocasiones hemos reiterado la doctrina de que en nuestra jurisdicción no existe per se la acción civil de daños y perjuicios como consecuencia de un pleito civil. Commonwealth Loan Corp. v. García, 96 D.P.R. 773 (1968); Berríos v. International Gen. Electric, 88 D.P.R. 109 (1963); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961); Suárez v. Suárez, 47 D.P.R. 97 (1934); López de Tord & Zayas v. Molina, 38 D.P.R. 823 (1928). Sin embargo, a manera de excepción, hemos reconocido la procedencia de una acción de daños y perjuicios por persecución maliciosa cuando los hechos del caso revelan circunstancias extremas en que se acosa al demandante con pleitos injustificados e instituidos maliciosamente. Para que pueda instituirse con éxito un pleito de esta naturaleza deben concurrir los siguientes requisitos:

(1) que una acción civil fué iniciada, o un proceso criminal ins-tituido, por el demandado o a instancia de éste; (2) que la ac-ción, o la causa, terminó de modo favorable para el deman-dante; (3) que fué seguida maliciosamente y sin que existiera causa probable, y (4) que el demandante sufrió daños y perjui-cios como consecuencia de ello. Fonseca v. Oyola, 77 D.P.R. 525, 528 (1954).

En Pereira v. Hernández, supra, págs. 164-165, ex-presamos que “[e]n términos generales, el Derecho Puerto-rriqueño no reconoce la existencia de la acción civil de da-ños y perjuicios como consecuencia de un pleito civil. [En ausencia de disposición expresa concediendo una causa de acción, la] sanción judicial por el uso indebido de los pro-cedimientos legales se traduce en la condena en costas y honorarios de abogado ¡y cuando proceda, intereses legales por temeridad] dentro del mismo pleito”. (Enfasis suplido y escolios omitidos.)

En el caso de autos no existen circunstancias que nos muevan a apartarnos de la regla general esbozada en el caso López de Tord Zayas v. Molina, supra, sobre la no procedencia de la acción civil. De no resultar victoriosa la parte demandante, si el Tribunal en su discreción determina que ésta procedió con temeridad, procede la imposición de honorarios de abogado. Cabe señalar, sin embargo, que en el caso de autos el foro de instancia desestimó la demanda en su totalidad por haber demostrado la parte demandante un marcado desinterés en el caso, y no hizo determinación específica de temeridad ni impuso el pago de honorarios de abogado. Ninguno de los demandados, incluyendo el recurrente, los solicitó o recurrió oportunamente para revisar esta sentencia.

Pasemos a analizar si procedería la reconvención funda-mentada en una causa de acción por libelo.

HH hH h — í

Causa de acción por libelo

La protección contra expresiones difamatorias o libelo-sas surge de varias fuentes: primeramente el Art. II, Sec. 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1; en segundo lugar la Ley de Libelo y Calumnia, Ley de 19 de febrero de 1902 (32 L.P.R.A. see. 3141 et seq.), la cual establece una acción civil por daños y perjuicios oca-sionados por libelo y calumnia. Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867 (1992); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975). Esta ley “sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con esa Constitución”. Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 690 (1984), y casos allí citados. Por último, surge al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Véanse, además: González Martínez v. López, 118 D.P.R. 190 (1987); Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257 (1984); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977); Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963).

La litigación en casos de difamación ilustra el conflicto de dos (2) valores de alto interés público: la libertad de expresión y el derecho de intimidad en el contexto de proteger a la persona contra ataques infundados a su honra y reputación. Tal conflicto ha resultado en la exigencia, como imperativo constitucional, de cierto grado de prueba en casos en que es necesario proteger en mayor grado la libertad de expresión. Clavell v. El Vocero de P.R., supra; Art. II, Secs. 4 y 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., supra.

El resultado práctico de estas exigencias constitucionales ha sido establecer un tipo de privilegio limitado a favor de quien hace la expresión. Algunos tribunales han reconocido también otros tipos de privilegios o inmunidades para lograr que se protejan y adelanten otros intereses sociales e individuales de mayor importancia que el posible daño a la reputación de una persona. Dependiendo de la importancia del interés que se quiera promover, la inmunidad reconocida ha sido en algunas ocasiones limitada y en otras absoluta. W.P. Keeton, Prosser and Keeton on Torts, 5ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, págs. 815-816. Una de las situaciones en las que general-mente se reconoce inmunidad es durante los procedimien-tos judiciales. La inmunidad no se limita a las expresiones que pueda efectuar un juez, sino que incluye las expresio-nes de los testigos y de los abogados. Debido al interés público en la administración de la justicia y en permitir un amplio y libre acceso a los tribunales, la inmunidad se ex-tiende también a lo expresado con relación a la controver-sia, ya sea a través de las alegaciones, en declaraciones juradas o en corte abierta. íd., págs. 816-817 y casos allí citados.

En Estados Unidos varias jurisdicciones han adoptado la norma de inmunidad que impera en Inglaterra, mediante la cual se considera que toda manifestación contenida en las alegaciones de una demanda debe estar totalmente protegida, independientemente de su relación con la controversia del pleito. Otros estados han optado por una norma menos amplia, mediante la cual se concede un privilegio absoluto sólo cuando la manifestación aseverada en las alegaciones tiene algún tipo de relevancia o relación con el asunto en controversia. Esta regla ha sido modificada en algunas jurisdicciones para requerir, además, que la aseveración haya estado fundamentada en causa probable y no haya sido maliciosa. Anotación, Relevancy of Matter Contained in Pleading as Affecting Privilege within Law of Libel, 38 A.L.R.3d 272, 277-279 (1971).

En Puerto Rico, la Sec. 4 de la Ley de Libelo y Calumnia, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3144, reconoce un tipo de privilegio similar. La misma establece que “[ri\o se tendrá por maliciosa, ni como tal se considerará la publicación que se hace en un procedimiento legislativo, judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por la ley”. (Enfasis suplido.) Dentro de dicho contexto debe considerarse que la demanda es una “publicación que se hace en un procedimiento ... judicial” (íd.) y que cualquier manifestación allí aseverada estaría impedida de considerarse como mali-ciosa para propósitos de una acción de libelo si ésta tiene algún tipo de relación con el asunto en controversia.

Así, pues, en Díaz v. P. R. Ry., Lt. & P. Co., 63 D.P.R. 808, 811 (1944), expresamos que “[u]na comunicación privilegiada es aquella que, a no ser por la ocasión o las circunstancias, sería difamatoria y sujeta a reclamación”. Ya desde 1928 habíamos determinado que una petición hecha a un tribunal, al ser una comunicación privilegiada, no puede ser considerada como libelo. López de Tord & Zayas v. Molina, supra, pág. 838. Cf. Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991).

IV

Remedios procesales —Reglas 9, 10.6, 44.1 (d) y 44.3 (b) de Procedimiento Civil— Canon 17 de Etica Profesional

Sin embargo, el hecho de que no proceda la reclamación de daños no significa que la persona contra quien se hagan expresiones libelosas o difamatorias en una alegación está indefensa. La Regla 10.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que el tribunal, motu proprio o a petición de parte, puede ordenar que se elimine de una alegación cualquier materia difamatoria. De otra parte, la Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “[l]a firma de un abogado equivale a certificar el haber leído el escrito; que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundado; y que no ha sido interpuesto para causar demora u opresión. Si un escrito [fuere interpuesto] con el propósito de frustrar ... esta regla, podrá ser eliminado como simulado y falso, y el pleito podrá continuar como si no se hubiere notificado tal escrito. La violación voluntaria de esta regla por parte de un abogado dará lugar a la imposición de sanciones en su contra. Igual acción se tomará si se introducen materias difamatorias ...”. (Enfasis suplido.) Como podrá observarse, tanto la Regla 9, supra, como la citada 10.6 proveen para la eliminación de materia difamatoria o libe-losa de una alegación.

Al amparo de Reglas 44.1 (d) y 44.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, queda facultado para imponer honorarios de abogado e intereses por temeridad a favor de la parte victoriosa en toda acción en que la otra parte haya actuado con temeridad.

Cabe señalar, además, que todo abogado que firme una alegación libelosa o difamatoria podría, además de lo dispuesto en la Regla 9 de Procedimiento Civil, supra, es-tar sujeto a medidas disciplinarias. Canon 17 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

V

Conclusión

En el caso de autos, las expresiones alegadamente difa-matorias fueron hechas en las alegaciones de la demanda jurada por el demandante, que además estaba firmada por su abogado. Las alegaciones en cuestión estaban directa-mente relacionadas con la controversia central del pleito. Bajo las circunstancias específicas de este caso, las expre-siones son privilegiadas y no pueden servir de base para una reclamación en daños por alegadamente constituir aseveraciones “difamatorias, falsas, libelosas y hechas negligentemente”.

El codemandado-recurrente pudo haber solicitado, en su momento, al tribunal de instancia, que se eliminaran de las alegaciones aquellas que consideraba difamatorias y se impusieran sanciones, al amparo de las Reglas 9 y 10.6 de Procedimiento Civil, supra. Además, finalizado el pleito, pudo haber solicitado que se determinara que hubo teme-ridad y se impusieran honorarios de abogado. Optó por no utilizar los remedios que ofrece nuestro ordenamiento procesal.

Por todas las razones esbozadas anteriormente, se dic-tará sentencia confirmando la emitida por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, mediante la cual se desestimó la reconvención.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

       En la demanda figuran además como demandados el Dr. Miguel A. Silén Maldonado, Nilda Berrios de Silén, la sociedad de gananciales compuesta por ambos, Luis Domínguez Guerrero, Olga Berrios de Domínguez y la sociedad de bienes ga-nanciales compuesta por ambos.

       Cabe señalar que los codemandados Dr. Miguel A. Silén Maldonado, Nilda Berrios de Silén y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos también reconvinieron alegando entre otras cosas que la demanda fue presentada “de mala fe y constituye un abuso intencional del proceso y de los procedimientos”. El tribunal de instancia también desestimó esta reconvención. Estos codemandados no recurrieron de esta sentencia parcial.

       Reglas 44.1 (a), (d) y 44.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Sentencia de 15 de octubre de 1991 notificada el 1ro de noviembre.

       El Canon 17 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone: Litigios injustificados

        “Todo abogado debe negarse a representar a un cliente en un caso civil cuando estuviere convencido de que se pretende por medio del pleito molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño. Su comparecencia ante un tribunal debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial. La firma de un abogado en una alegación en un caso equivale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada.
      “Un abogado deberá solicitar permiso del tribunal para renunciar la represen-tación profesional de su cliente en un caso en litigio cuando se convenza durante el curso del pleito que el mismo es injustificado y que se pretende por medio del proceso molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole victima de opresión o daño.” (Énfasis suplido.)

       En aquellos casos de cobro de dinero o daños y perjuicios en que el tribunal dicte sentencia ordenando el pago de dinero, la persona también podrá solicitar in-tereses por temeridad. Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Govén D. Martínez Surís, peticionario, v. Wendell William Colón Muñoz, recurrido.

      Número: CE-90-137

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, peticionario; Pedro Ortiz Álvarez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

La controversia en este recurso se limita a determinar si los notarios, al computar los derechos de arancel que se deben adherir y cancelar mediante sellos de rentas inter-nas en las escrituras de constitución de hipoteca, tienen que sumar al principal del crédito hipotecario los créditos adicionales garantizados por tal hipoteca (que se computan a base de dicho principal) para otros adelantos que el acreedor hipotecario pueda hacer al deudor y que no están expresamente exentos por la Sec. 9 de la Ley de Arancel Notarial, 4 L.P.R.A. see. 858.

El peticionario Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (Director), sostiene que los créditos adicionales que no están expresamente exentos deben sumarse a los fines de computar los dere-chos arancelarios que se pagan en sellos de rentas internas y que han de cancelarse en las escrituras matrices y en las copias certificadas de éstas. El notario recurrido sostiene que tal cuantía se determina sólo a base de la cuantía del crédito hipotecario (principal de la hipoteca).

La sentencia del foro sentenciador acogió la tesis del notario y dictó sentencia de conformidad. Nosotros revocamos.

HH

No existe controversia esencial en cuanto a los hechos que originan este recurso.

A partir de 28 de diciembre de 1987 el Inspector de Pro-tocolos para el área sur de la isla, Ledo. Jorge L. Yordán, examinó la obra notarial del notario recurrido para el pe-ríodo comprendido entre 1981 y 1986. Dicha inspección culminó el 14 de octubre de 1988. Como resultado de esa inspección, el Inspector Yordán detectó un sinnúmero de deficiencias en la obra notarial del notario recurrido entre las que se destacó el no haber adherido sellos de rentas internas en cuatro mil doscientas veintiocho (4,228) escri-turas con un valor monetario ascendente a cincuenta mil veinticuatro dólares ($50,024).

En cuanto a la cancelación de sellos de rentas internas en las escrituras de hipoteca surgió una divergencia de cri-terio entre el Inspector Yordán y el notario recurrido sobre si debía o no sumarse al monto del crédito hipotecario (principal de la hipoteca) lo correspondiente a créditos adi-cionales del acreedor.

El Inspector Yordán notificó el informe de las deficien-cias encontradas al notario recurrido y al Director, aquí peticionario.

Debido a las serias deficiencias encontradas por el Inspector Yordán en la obra notarial del recurrido, el peticio-nario acudió ante este Foro solicitando nuestra interven-ción inmediata.

Con vista a esta exposición de hechos y el conocimiento obvio del notario Colón de esta situación, coincidimos con el Director, licenciado Martínez Suris, en que estábamos ante una situación alarmante que, en protección de los in-tereses públicos y privados implicados, ameritaba nuestra más pronta intervención y corrección disciplinaria. El tiempo transcurrido —seis (6) años— su efecto acumula-tivo y la pasividad del notario Colón Muñoz en cumplir su deber ministerial, así lo reclamaban. La magnitud de las deficiencias a nivel económico rebasaba incluso el máximo actual de quince mil dólares ($15,000) que la nueva Ley Notarial de Puerto Rico exige como fianza garantizadora para responder por el incumplimiento de la ley y los daños que esta práctica pudiera generar.

Ante estas circunstancias, el 26 de enero de 1989, orde-namos de inmediato la suspensión provisional del notario Colón Muñoz del ejercicio de la notaría e instruimos al Al-guacil de este Tribunal a que se incautara de su obra notarial para el examen posterior por el Director.

Simultáneamente, le concedimos al notario Colón Mu-ñoz un término de veinte (20) días para que compareciera por escrito a mostrar causa por la cual no debía ser sus-pendido definitivamente de la notaría y separado del ejer-cicio de la profesión legal. Véase In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121 (1992).

Luego de que el Alguacil de este Foro se incautara de la obra notarial del recurrido y la colocara bajo la custodia del peticionario para que éste la reinspeccionara, compareció ante nos el recurrido solicitando que dejáramos sin efecto su suspensión provisional del ejercicio del notariado. Así lo dispusimos mediante Resolución de 31 de enero de 1989. Además, ordenamos al peticionario que reexaminara la obra notarial del recurrido hasta 1987, inclusive.

El 15 de febrero de 1989, el peticionario rindió su in-forme de la reinspección de la obra notarial del recurrido. Luego de que el notario recurrido nos lo soli-citara, el 11 de mayo de 1989 ordenamos al peticionario someter a la consideración del Tribunal Superior, Sala de Ponce, la divergencia de criterio en cuanto a la cancelación de sellos de rentas internas. A tenor con nuestro mandato, el peticionario instó el correspondiente Informe sobre Divergencia de Criterio ante el foro de instancia competente para dilucidar tal divergencia.

Para exponer en términos prácticos la divergencia, el Director sometió a la consideración del Tribunal Superior, Sala de Ponce, dos (2) escrituras de hipoteca autorizadas por el notario Colón Muñoz como ejemplo representativo de la controversia. Como exhibit A presentó la Escritura Núm. 122 sobre primera hipoteca otorgada el 18 de marzo de 1985. En ésta se constituyó hipoteca para garantizar la cantidad principal de cincuenta y un mil seiscientos cin-cuenta dólares ($51,650). Además de ese principal, se ga-rantiza la cantidad de cinco mil ciento sesenta y cinco dó-lares ($5,165) para intereses, además de los garantizados por ley, igual cantidad para garantizar y /o cubrir costas, gastos y honorarios de abogado en caso de ejecución o re-clamación judicial y, por último, igual cantidad ($5,165) para otros adelantos que puedan hacerse dentro de dicha hipoteca, además de las cantidades que indica el pagaré.

Conforme el criterio del Director peticionario, la canti-dad para otros adelantos ($5,165) debe sumarse al principal de la hipoteca al determinarse la cuantía base para el cómputo de sellos de rentas internas que corresponde can-celar en el original y las copias certificadas de dicha escri-tura de acuerdo con el arancel notarial. La operación ma-temática para obtener la cuantía base de la Escritura Núm. 122 sería:

$51,650.00 de principal

+ 5,165.00 para otros adelantos

$56,815.00 total

El arancel notarial vigente al otorgarse dicha escritura disponía (y aún dispone) que por los primeros mil dólares ($1,000) o fracción se pagan dos dólares ($2) en sellos y por los cincuenta y seis mil dólares ($56,000) restantes se paga un dólar ($1) por cada mil dólares ($1,000). En total debía adherirse y cancelarse en la Escritura Matriz Núm. 122 la cantidad de cincuenta y ocho dólares ($58) en sellos de ren-tas internas. En dicha escritura aparecen cancelados sellos por un total de cincuenta y tres dólares ($53). Ello, según el peticionario, representa una deficiencia en sellos de ren-tas internas de cinco dólares ($5).

Como exhibit B, el Director presentó al foro de instancia la Escritura Núm. 944, sobre primera hipoteca, autorizada por el notario Colón Muñoz el 12 de noviembre de 1987. En ésta se constituyó hipoteca por la cantidad principal de ciento treinta mil dólares ($130,000). Pero, nos expone el Director:

En ésta, además del principal se garantiza como modalidad distinta una suma equivalente al 10% de la cuantía original del principal del pagaré para cubrir costas, gastos y honorarios de abogados. También se garantiza una suma equivalente al 10% de la cuantía original del principal del pagaré para cubrir cual-quier otro anticipo que pueda hacerse bajo la hipoteca y una cantidad equivalente al 10% de la cuantía original del principal del pagaré para cubrir intereses en adición a los garantizados por ley.
En este caso como en la hipoteca Núm. 122 del 1985, está exento el crédito de 10% para cubrir costas, gastos y honorarios de abogados y los intereses. Pero como he expresado anterior-mente, el 10% de la cuantía original del principal que se garan-tiza para cubrir cualquier otro anticipo que pueda hacerse no está exento del pago de derechos y también debe añadirse al principal al determinar la cuantía. Así las cosas, tenemos $130,000 como principal de la hipoteca y $13,000 para otros adelantos para una suma total de $143,000. Según lo deter-mina el arancel notarial aplicable, se pagarán $2.00 por los primeros $1,000 o fracción y $1.00 por cada $1,000 adicionales por los restantes $142.00 para un total de $144.00 que debieron cancelarse en la escritura matriz de este documento. Se encuen-tran adheridos y cancelados sellos por un total de $131.00, exis-tiendo por lo tanto una deficiencia de $13.00. (Enfasis suplido.)

El foro de instancia recibió prueba documental y es-critos argumentativos de cada parte. Además, celebró una vista donde escuchó prueba testifical.

En apoyo de su posición, el peticionario sometió en evi-dencia, y el foro de instancia admitió, dos (2) sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que resuelven la divergencia de criterio a su favor.

El recurrido planteó varias defensas, entre las cuales figuraron el alegado uso y costumbre de la práctica notarial del área sur de no incluir los créditos adicionales en el cómputo de los sellos y la anuencia a tal práctica por an-teriores inspectores de protocolos. Sostuvo, además, que su interpretación particular de las disposiciones legales en controversia era razonable y válida.

El 22 de enero de 1990 el foro de instancia dictó senten-cia a favor del recurrido. Resolvió que el propósito legisla-tivo de la See. 9 de la Ley de Arancel Notarial, supra, era gravar tan sólo la cuantía del negocio de hipoteca y no las sumas accesorias (como los créditos adicionales garantiza-dos por la hipoteca) que suelen acompañarlo. Por lo tanto, resolvió que no procedía sumar al principal de la hipoteca esos créditos a los fines del cómputo de los sellos.

De ese dictamen acudió el peticionario ante nos.

Por la importancia de la cuestión implicada, expedimos el auto. Véase Regla 19a(6) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Las partes han comparecido. Resolvemos.

Aquí no está en controversia la obligación del notario de cerciorarse de que en las escrituras matrices y las copias certificadas estén adheridos y cancelados los sellos de rentas internas dispuestos en ley. 4 L.P.R.A. see. 851 et seq. Tampoco se cuestiona la facultad del Inspector de Pro-tocolos para fiscalizar esa responsabilidad del notario.

Sabido es que la Ley Notarial de Puerto Rico dis-pone que el Inspector de Protocolos deberá informar al Director si en la matriz de los instrumentos protocolizados aparecen adheridas y canceladas las estampillas de rentas internas computadas de acuerdo con el arancel notarial. Esto necesariamente implica que el Inspector ha de verificar que los derechos cancelados en sellos de rentas internas sean los que corresponden devengar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para resolver la controversia en este caso no es propio acudir al uso y costumbre, pues la materia está regulada expresamente por la ley. Art. 5 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5. Cf. Coll v. Picó, 82 D.P.R. 27, 36 (1960); Reyes v. Torres, 65 D.P.R. 821, 825 (1946). De hecho, cuando el legislador ha querido dar fuerza de ley al uso y costumbre lo ha indicado de manera clara tipificándolo. Ese no es el caso ante nos. Cf. Arts. 414, 506, 1385, 1445(2), 1464 y 1468 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 1525, 1737, 3853, 4052(2), 4071 y 4084 respectivamente; Art. 2 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1002.

Por otro lado, el hecho de que ciertos Inspectores de Protocolos hayan tolerado la alegada práctica de los notarios de computar la cuantía en sellos aquí en controversia, sólo a base del principal de la hipoteca, no crea derechos a favor de los notarios o de las partes. Un error administrativo no crea derechos ni impide su corrección. Una parte no puede pretender ampararse en una actuación administra-tiva incorrecta o ilegal. Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355-356 (1978).

Aclarados esos extremos, veamos la interpretación de la ley hecha por las partes.

IV

De todos es conocido que generalmente la hipoteca no sólo garantiza el principal del préstamo o crédito concedido por el acreedor hipotecario al deudor sino que también garantiza otros créditos accesorios. Estos créditos adicionales incluyen:

1) Intereses legales, 31 L.P.R.A. sec. 4591, et seq., o moratorios, 31 L.P.R.A. sec. 3025.
2) costas, gastos y honorarios de abogado para el caso en que el-acreedor tenga que recurrir a la ejecución de la hipoteca o a la reclamación judicial de lo adeudado. Regla 44 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.
3) otros adelantos para cubrir el pago de contribuciones, segu-ros de la propiedad y otros gastos concebibles en este tipo de transacción. Esta suma usualmente se fija a base del diez por ciento (10%) de la cantidad principal adeudada. Cf. 30 L.P.R.A. sec. 2706(III)(d).

Por disposición expresa de la See. 9 de la Ley Núm. 101, supra, los conceptos en los párrafos 1 y 2 antes mencionados, a saber, las cantidades estipuladas por las partes en el contrato de hipoteca en concepto de intereses (legales o moratorios), y las costas, gastos y honorarios de abogado están exentos en el cómputo de la cuantía base para el pago de sellos de rentas internas.

Sin embargo, el crédito adicional en concepto de otros adelantos que pueden hacerse dentro del contrato de hipor teca no está taxativamente exento de dicho cómputo.

El recurrido concede que el legislador no incluyó taxati-vamente ese crédito adicional entre las exenciones al pago de derechos. Sin embargo, sostiene que tal “omisión” de incluir estas sumas dentro de las exenciones de la Ley de Arancel Notarial no refleja que la intención legislativa fuera excluirlas y que no impide que, judicialmente, poda-mos armonizar la ley notarial con las leyes in pari materia (especialmente con la ley hipotecaria) para lograr la uni-formidad tributaria deseada en el cobro de derechos que persigue todo sistema de imposición contributiva. El nota-rio aduce que no cobró a los otorgantes suma alguna para cancelar sellos por este concepto ya que ese era el uso y costumbre de la notaría en el sector financiero y es afín con el cobro de derechos para la inscripción en el Registro de la Propiedad. De hecho, el recurrente sostuvo que la omisión de cancelar sellos en concepto del crédito adicional en las escrituras originales y las copias certificadas presentadas al Registro de la Propiedad no produjo inconveniente al-guno, al punto de que tales títulos fueron inscritos sin pro-blema alguno.

El peticionario, por su lado, sostiene que dichas canti-dades para adelantos deben sumarse al principal de la hi-poteca a fin de determinar la cuantía base para el cómputo de sellos de rentas internas que corresponde cancelar con-forme al arancel notarial fijado en la See. 2 de la Ley Núm. 101, supra, 4 L.P.R.A. sec. 851. La posición del peticionario se fundamenta en dos (2) postulados básicos. En primer lugar, sostiene que, siendo el pago de derechos (sellos) un tributo al Estado, la exención de su pago debe interpre-tarse restrictivamente en contra de quien sostiene la exención. Cf. Rodríguez Fernández v. Srio. de Hacienda 83 D.P.R. 643 (1961). En segundo lugar, plantea que la ley es clara al no disponer una exención expresa al pago de dere-chos con relación a los créditos adicionales por adelantos. Según éste, ambos postulados impiden que el foro judicial entre a revisar la intención legislativa de la Ley Núm. 101, supra, so pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14. Tiene razón.

V

Un examen cuidadoso de la trayectoria legislativa de la Ley Núm. 101,'supra, sobre el arancel notarial, refleja que ninguna de las leyes anteriores eximía del pago de derechos cantidad alguna relacionada con adelantos o créditos adicionales concedidos por el acreedor al deudor en la constitución de hipotecas.

Actualmente disponen, en lo aquí pertinente, las See. 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la Ley Núm. 101, supra, 4 L.P.R.A. sees. 851, 852, 853, 854, 855, 857 y 858, respectivamente.

See. 851. Cobro de derechos para instrumentos públicos; sellos de rentas internas —Denominaciones
En cada documento e instrumento original, autorizado por notario público, que haya de ser protocolizado, y sus copias, se fijarán y cancelarán sellos de rentas internas de los siguientes valores o denominaciones:
(a) Cuando dicho documento sea por una cuantía que no ex-ceda de doscientos cincuenta dólares ($250), cincuenta centavos (50(C) por el original y veinte centavos (20<c) por cada copia.
(b) Cuando la cuantía exceda de doscientos cincuenta dólares ($250) y no pase de quinientos dólares ($500), un dólar ($1) por el original y cincuenta centavos (50<t) por cada copia.
(c) Cuando la cuantía exceda de quinientos dólares ($500) y no pase de mil dólares ($1,000), dos ($2) dólares por el original y un dólar ($1) por cada copia.
(d) Cuando la cuantía exceda de mil dólares ($1,000) y no pase de cinco mil dólares ($5,000), dos dólares ($2) por los pri-meros mil dólares ($1,000) y cincuenta centavos (50<c) adiciona-les por cada mil dólares ($1,000) o fracción de mil dólares por el original; y un dólar ($1) por los primeros mil dólares y veinte centavos (20$) adicionales por cada mil dólares o fracción de mil dólares por cada copia.
(e) Cuando la cuantía exceda de cinco mil dólares ($5,000), dos dólares ($2) por los primeros mil dólares ($1,000) y un dólar ($1) adicional por cada mil dólares ($1,000) o fracción de mil dólares por el original; y un dólar ($1) por los primeros mil dólares ($1,000) y cincuenta centavos (50$) adicionales por cada mil dólares o ($1,000) fracción de mil (1,000) dólares por cada copia.
Sec. 852. — Documentos sin cuantía fija; reconocimiento de hijos naturales
Los poderes, actas y demás documentos de cualquier clase he-chos ante notario público, en que no se fija cuantía, pagarán por su original un (1) dólar cada uno y por cada copia cincuenta (50) centavos cada uno; Disponiéndose, que las escrituras cuyo único objeto sea el reconocimiento de hijos naturales no deven-garán derecho alguno por su original ni por sus copias.
See. 853 —Permutas; compraventa con hipoteca
En los documentos de permuta, la propiedad de mayor valor entre las permutadas servirá de base para la determinación de la cuantía del documento; y cuando se trate de contratos de compraventa con hipoteca sobre el precio aplazado los derechos se determinarán a base del montante de la venta sin incluir el montante de la hipoteca que garantiza la parte del precio aplazado.
See 854. — Contratos de refacción agrícola
Las disposiciones de las sees. 851 a 858 de este título no serán aplicables al duplicado de la copia de los contratos de refacción agrícola y de molienda de cañas que sean presentados al registro y que han de ser archivados para formar el legajo que dispone la see. 170 del Título 5.
See. 855. — Exenciones adicionales
Tampoco serán aplicables las disposiciones de las sees. 851 a 858 de este título a pólizas de seguros; conocimientos de embar-que y de transportación terrestre y otros documentos similares relativos a la transportación de carta (exceptuando contratos de transportación); fianzas judiciales; cartas de pago y recibos de cantidades no consignadas en documentos públicos, siempre que la cuantía sea menor de $500; facturas comerciales; tickets o boletos de pasaje; pagarés; giros; cheques; letras de cambio y otros documentos negociables, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, ni a contratos de refacción agrícola en que el préstamo no exceda de dos mil quinientos dólares ($2,500), en los cuales sea una parte o intervenga directa o indirectamente cualquier corporación, asociación, o agencia creada en virtud de leyes del Congreso de los Estados Unidos de América, o asociaciones cooperativas para fines no pecunia-rios organizadas de acuerdo con las leyes de Puerto Rico para dar facilidades de crédito a los agricultores. Tampoco serán aplicables las disposiciones de dichas secciones a las escrituras de constitución, modificación y cancelación de hipotecas en ga-rantía de préstamos concedidos por los sistemas de retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de las Fuentes Fluviales, la Asociación de Maestros, o cualquier sistema de retiro establecido por cual-quier agencia, instrumentalidad, autoridad o corporación pú-blica del Estado Libre Asociado. Disponiéndose además, que tampoco serán aplicables las disposiciones de dichas secciones, a las escrituras donde el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, según el mismo ha sido creado y es operado bajo la escritura número 5 del 23 de enero de 1970, ante el Notario Luis F. Sánchez Vilella, adquiera, traspase, grave o enajene bienes que se relacionen con los fines para los cuales dicho Fi-deicomiso fue creado y organizado.
See. 858. — Intereses, costas y honorarios de abogado, excluidos al computar cuantía
Al computar la cuantía de los documentos a que se refieren las sees. 851 a 858 de este título, no se incluirán los créditos adicionales por intereses, intereses moratorios, ni los de costas y honorarios de abogado que se garanticen en el contrato. (Én-fasis suplido.)

De la lectura de dichas disposiciones surge con meridiana claridad que actualmente la Ley Núm. 101, supra, según enmendada, tampoco establece una exención a favor de los créditos adicionales aquí en controversia. Más aún, cuando el legislador ha querido eximir determinado negocio o cuantía del pago de sellos de rentas internas lo ha hecho taxativamente mediante enmienda a la Ley Núm. 101, supra. Así, por ejemplo, en 1960 se añadieron, como exención adicional, las hipotecas en garantía de préstamos concedidos por los diversos sistemas de retiro de empleados públicos, Ley Núm. 3 de mayo 24 de 1960 (4 L.P.R.A. sec. 855); y en 1976 se añadió la exención en los negocios jurídicos relacionados con bienes del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, Ley Núm. 122 de 2 de junio de 1976 (4 L.P.R.A. see. 855).

Ya desde su aprobación estaban exentos los documentos especificados en las Sees. 3, 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 101, supra (antes de las enmiendas mencionadas).

También se disponía taxativamente para la exclusión de la cuantía de los documentos —a que se refiere la Ley Núm. 101, supra, 4 L.P.R.A. sec. 851— de los créditos adi-cionales por intereses legales, intereses moratorios, costas y honorarios de abogado garantizados en el contrato. 4 L.P.R.A. see. 858.

No hemos encontrado disposición legal que prohíba que se garanticen esos créditos en el contrato de hipoteca, siempre que se cumpla con el principio hipotecario de es-pecificidad del crédito. Cf. 30 L.P.R.A. sec. 2706111(d) y Art. 147.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2003-147.1, edición especial (principio de especialidad).

Dentro del ámbito impositivo es norma trillada que las exenciones tributarias han de tenerse como “gracias” legislativas y que “[sjiendo las exenciones contributivas derogaciones del poder del soberano, no deben extenderse más allá de los términos expresos y exactos del estatuto que las otorga y toda duda debe resolverse en contra de la existencia de la exención”. Texas Co. (P.R.) Inc. v. Trib. de Contribuciones, 82 D.P.R. 134, 160-161 (1961). Véanse, además: Gotay Lanuza v. Srio. de Hacienda, 122 D.P.R. 850 (1988); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692 (1988); Municipio de Carolina v. Caribair, 101 D.P.R. 943 (1974); Central Igualdad, Inc. v. Srio. Hacienda, 83 D.P.R. 45, 50 (1961); Descartes, Tes. v. Tribl. Contribuciones y Ortiz, 73 D.P.R. 491, 497 (1952); Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254, 262 (1975). De ahí que resulte cónsono interpretar las leyes tributarias conforme a su letra, esto es, sin menospreciarla en pos de alcanzar su propósito o espíritu. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, supra; Sucn. Del Coro Lugo v. Srio. de Hacienda, 130 D.P.R. 1 (1992); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988). Precisamente, los esquemas tributarios se caracterizan por el apego a la letra de la ley.

Aunque no se conceptualiza como tal, la posición del peticionario se fundamenta en la norma Expressio unius est exclusio alterius, según la cual la mención espe-cífica de una cosa implica la exclusión de otras cosas de igual naturaleza. De acuerdo con el peticionario, la men-ción específica de las exenciones en la See. 9 de la Ley Núm. 101, supra, implica la exclusión de otras exenciones de igual naturaleza.

Este Foro ha reconocido esta norma en el pasado dentro de la situación de cobro de derechos. Véase Salgado v. Comisión Hípica Insular, 49 D.P.R. 464, 466-467 (1936). Allí resolvimos que cuando la ley expresa los casos en que se autoriza cobrar ciertos derechos a la Comisión Hípica existe un fuerte indicio de que la intención legislativa fue la de no incluir otros casos distintos a los expresados en el estatuto. Sobre esta regla de hermeneútica legal señala-mos:

No puede negarse, sin embargo, que cuando en una ley se con-ceden específicamente ciertas facultades y no se mencionan otras de la misma categoría, existe un fuerte indicio de la intención legislativa en el sentido de no incluir nada más que lo expresado. Para llegar a una conclusión contraria es necesario que la misma ley demuestre que la intención del legislador no fué limitar las facultades concedidas a las estrictamente enumeradas. (Enfasis suplido.) Salgado v. Comisión Hípica Insular, supra, págs. 466-467. Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 346.

Un cuidadoso análisis de las disposiciones en controversia nos mueve a aplicar esta regla de hermeneútica y resolver que aquellos créditos adicionales y accesorios garantizados por la hipoteca, que no sean los taxativamente dispuestos en la See. 9 de la Ley Núm. 101, supra, 4 L.P.R.A. see. 858, no están exentos del pago de derechos en sellos de rentas internas a favor del Estado.

A falta de exención expresa, no puede acudirse a la in-terpretación extensiva de las exenciones para eximir esos créditos del pago de derechos.

Corresponde al legislador eximir, si así lo entiende apro-piado, esos créditos adicionales por adelantos garantizados por la hipoteca del pago de derechos arancelarios dispues-tos en la Ley Núm. 101, supra. En ausencia de tal exención expresa, corresponde a este Tribunal interpretar la Ley Núm. 101, supra, en el sentido de que tales créditos adicio-nales por adelantos tienen que adicionarse al principal del crédito en el cómputo de la cuantía base para el pago de tales derechos.

Por ello, tampoco podemos recurrir a la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 en busca de una solución a la controversia aquí planteada. Los términos claros de las exenciones dispuestas en la Ley Núm. 101, supra, nos lo impiden. El hecho de que la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 fije el pago de derechos a base de la cantidad principal, 30 L.P.R.A. see. Y¡Qlh{Octava), no impide que la base para el cómputo de arancel notarial sea distinto aun tratándose de operaciones tan próximas. No es nuestra función judicial pasar juicio sobre la sabiduría de tal disparidad en los cómputos de sellos o sobre la ausencia de uniformidad en el cobro de tributos. Tal resultado cae dentro del ámbito de discreción legislativa en el válido ejercicio de su poder tributario.

Tampoco cabe acudir al cómputo de la fijación de los honorarios del notario para solucionar esta controversia. El foro de instancia sostuvo que en vista de la práctica de los notarios de cobrar sus honorarios sobre la base del principal del negocio involucrado debe entenderse que los créditos accesorios están exentos del pago de derecho. Aparte de que los honorarios del notario se computan, de acuerdo con el Art. 77 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2131, a base del valor de los objetos o de la cantidad de valor determinable, debemos tener presente que una y otra disposición buscan fines distintos. La alegada analogía resulta forzada.

Lo aquí resuelto confirma el estado de derecho vigente, al cual la gran mayoría de los notarios han dado cumplimiento. Ese estado de derecho fue confirmado por dos (2) sentencias, del Tribunal Superior, una de 1973 y otra de 1981. Además, la Oficina del Director de Inspección de Notarías siempre ha interpretado la ley conforme a lo resuelto en dichas dos (2) sentencias y a lo aquí dispuesto.

Por ello nuestro dictamen aplica al notario recurrido, quien deberá adherir y cancelar los sellos correspondientes a su obra notarial conforme a lo aquí dispuesto y a todos aquellos notarios cuyos protocolos estén pendientes de aprobación por el peticionario al momento en que emitimos este dictamen.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García se inhibió.

       Dispone dicha sección 9: “[a]l computar la cuantía de los documentos a que se refieren las sees. 851 a 858 de este título, no se incluirán los créditos adicionales por intereses, intereses moratorios, ni los de costas y honorarios de abogado que se ga-ranticen en el contrato.” 4 L.P.R.A. see. 858.

       La obra notarial del licenciado Colón Muñoz para ese período comprende noventa (90) tomos que contienen cinco mil ciento ochenta y tres (5, 183) instrumen-tos públicos en los cuales el notario canceló aproximadamente medio millón de dóla-res ($500,000) en sellos de rentas internas.

       Según dicho informe, la cantidad en sellos en la controversia donde existe divergencia de criterios asciende a veintisiete mil cuatrocientos dos dólares con ochenta y tres centavos ($27, 402.83).

       En su Contestación al Informe del Inspector sometido a este Tribunal el notario Colón Muñoz acompañó varias certificaciones (y una declaración jurada) de varios notarios (Ledo. Alfredo J. Mora, Leda. Olga Soler Bonnin, Ledo. Raúl Matos y Ledo. Antonio Zapater Cajigas) en las que éstos consignan que la práctica notarial en el área de Ponce —por años avalada por los Inspectores de Protocolos— era computar y cancelar los sellos de rentas internas tomando como base sólo el principal de la hipoteca. Acompañó además dos (2) declaraciones juradas de dos (2) ejecutivos de instituciones hipotecarias de Ponce, en las que afirman que los créditos adicionales no se toman en consideración en el cómputo de sellos de rentas internas.

       En los casos David Pastor v. Carlos Carrera Benitez, Civil Núm. 72-7991-I, y Ledo. Govén D. Martínez Suris v. Robert E. Schneider, Jr., Civil Núm. 78-7947 (903).

       El peticionario sometió el recurso a base de su petición de certiorari. Así lo concedimos.

       Queda fuera de controversia la constitución de hipoteca para garantizar el precio aplazado de compraventa, regulado por la See. 4 de la Ley Núm. 101 (4 L.P.R.A. sec. 853).

       La sección 851 fue enmendada en 1982 para establecer el texto actual. Ley Núm. 5 de 12 de agosto de 1982 (4 L.P.R.A. sec. 851).