author: PER CURIAM:

text:
    Asociación de Dueños de Casas Veraniegas de la Parguera, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Telesforo Rosa Resto, Juez, demandado; Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, interventora.

      Número: O-72-75

      Resuelto: 15 de mayo de 1973

      Carlos E. Colón, Charles R. Cuprill y Alberto Colón Bermúdez, abogados de los peticionarios; Gilberto Gierbolini, Procura-dor General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de la interventora.
   PER CURIAM:

Con fecha 24 de noviembre de 1969 la Comi-sión de Servicio Público de Puerto Rico emitió órdenes dirigidas a los dueños y poseedores de casetas, casas-botes y otros tipos .de estructuras localizadas en el área de “La Par-guera” en la municipalidad de Lajas, comprendida entre Punta Jorobado y Punta Pitahaya en la referida municipali-dad. Las órdenes le concedían a los dueños de las estructuras un término de sesenta días para removerlas y, de no ser removidas, se les habría de citar a audiencia pública en determinada- fecha y lugar, para mostrar causas por- las cuales no procedía dictar una orden de cese y desistimiento que ordenase la demolición de las estructuras existentes.

Los cargos formulados contra los querellados son básica-mente tres, que pueden resumirse así: (1) la clandestinidad de las construcciones de las estructuras; (2) la ilegalidad, basada en que las estructuras están enclavadas en su totali-dad o en parte en aguas navegables y territoriales de Puerto Rico y los Estados Unidos, y sus dueños se encuentran des-provistos del debido endoso y permiso de la Comisión de Ser-vicio Público y del Secretario del Ejército de los Estados Unidos, respectivamente; (3) la contaminación del ambiente ocasionada por el uso de dichas estructuras.

Señalada la audiencia correspondiente, comparecieron por escrito los querellados, unos 117 dueños de estructuras, for-mularon una contestación conjunta y solicitaron la consolida-ción de las querellas para todos los fines. La Comisión proveyó de conformidad. Pero una petición para que las vistas tuvie-sen lugar ante la Comisión “en pleno”, y no ante examina-dores o empleados, fue denegada por la Comisión.

Las audiencias fueron celebradas los días 16 y 17 de marzo y 13 de abril de 1970 en las oficinas de la Comisión en Maya-güez, presididas éstas por el Asesor Jurídico de la Comisión de Servicio Público y un Examinador Especial. En 13 de noviembre de 1970 la Comisión emitió una resolución, luego de formular determinaciones de hecho y de derecho y hacer constar que había “.. . examinado y ponderado detenidamente todo el récord de estos procedimientos. . . .”, ordenando a los querellados remover las estructuras dentro de un plazo de 60 días y, de no hacerlo, el gobierno, a través del Departamento de Obras Públicas o de cualquier otra de sus agencias o instrumentalidades procedería a hacerlo con cargo a los quere-llados.

Los querellados recurrieron al Tribunal Superior en soli-citud de revisión, alegando como fundamentos, entre otros, la falta de jurisdicción de la Comisión para intervenir con las propiedades de los recurrentes; que las casas veraniegas de los recurrentes no están construidas sobre aguas navegables de los Estados Unidos, ni obstruyen la libre navegación; porque las residencias veraniegas de los recurrentes no contaminan las aguas, de la Bahía Fosforescente de la Parguera; porque no existe ley alguna estatal o federal que obligue a los recu-rrentes a solicitar permiso del Secretario del Ejército de los Estados Unidos para llevar a cabo la construcción de sus casas; porque las conclusiones de la Comisión no están soste-nidas por prueba sustancial y son contrarias a la prueba ofrecida; porque la orden recurrida es confiscatoria y priva a los recurrentes de sus propiedades sin el debido proceso de ley y sin justa compensación; porque dicha orden es una opresiva e injusta, pues afecta los derechos de un conglo-merado de personas que al construir lo hicieron alentados por el Estado y a la ciencia y paciencia de éste, cobrándoles con-tribuciones sobre sus edificaciones, brindándoles permisos de uso para suplirse de agua y energía eléctrica y cobrándoles sumas de dinero por los árboles de mangles que cortaron para construir, por lo que los recurrentes no son usurpadores de terrenos del Estado y, por el contrario, son edificadores de buena fe de acuerdo a las disposiciones del Art. 300 del Código Civil.

Luego de expedido el auto de revisión, los recurrentes solicitaron del tribunal a quo que declarase nula e ineficaz en derecho la Resolución y Orden de la Comisión de Servicio Público. A continuación copiamos el texto, en lo aquí perti-nente, de dicha solicitud: (Folio 99)

“2. Que de acuerdo a los propios términos de la resolución las vistas públicas que tuvieron efecto en Mayagüez, Puerto Rico, los días 16 y 17 de marzo de 1970 fueron presididas por los Asesores Jurídicos de la Comisión Srs. Sigfredo Irizarry el día 16 de marzo de 1970 y por José Anglada Segarra el día 17 de marzo de 1970; que en dichas vistas se ofrecieron abundantes pruebas testificales y periciales mediante testigos bajo jura-mento; que en dichas vistas ninguno de los Hons. Comisionados de Servicio Público estuvieron presentes y por lo tanto no vieron, oyeron y captaron las declaraciones de los testigos.

3. Que de récord se desprende que las notas taquigráficas de la evidencia testificial que desfiló en dichas vistas no fueron transcritas y se desprende además que no se rindió informe por escrito y conclusiones de hechos por los Srs. Examinadores que presidieron dichas vistas que pudieran haber adoptado como suyas los Hons. Comisionados.

4. Que en las circunstancias antes apuntadas surge palpable-mente que la Resolución y Orden dictada en este caso como cuestión de realidad fue así dictada por la Hon. Comisión sin haber tenido realmente ante sí pruebas que justifiquen sus con-clusiones de hechos; tampoco elementos suficientes para dirimir conflictos evidenciarios en las pruebas ya que no vieron ni oyeron declarar a los testigos ni tienen o tuvieron conocimiento alguno personal de las pruebas allí ofrecidas.”

En otras palabras, los recurrentes alegaron en esa oca-sión, y sostienen aquí, que la Comisión de Servicio Público no cumplió con los requisitos mínimos del debido proceso de ley en la etapa adjudicativa, pues ninguno de los comisionados que participaron en la decisión comparecieron a las vistas públi-cas, no vieron ni oyeron declarar a los testigos y peritos de una y otra parte; la prueba oral no fue transcrita, ni aparece informe alguno escrito de los examinadores que presidieron las vistas consignando sus propias recomendaciones. sobre la prueba oral que pudieran haber sido adoptadas por la Comi-sión.

El juez a quo sostuvo que la Resolución de la Comisión era “prima facie” válida, en base a la presunción de regulari-dad, no rebatida por los recurrentes, que disfrutan sus actua-ciones; lo sencillo de los hechos en controversia; la numerosa prueba documental que tuvo ante sí sobre la cual la Comisión estuvo en condiciones de basar sus determinaciones indepen-dientemente de la prueba oral practicada.

Acordamos revisar. El expediente administrativo que tenemos ante nos revela que el procedimiento iniciado por la Comisión de Servicio Público persigue el propósito de remover un número mayor de 100 estructuras en el área de la Par-guera alegadamente construidas ilegal y clandestinamente en la zona de aguas navegables bajo la jurisdicción del Secretario del Ejército de los Estados Unidos y de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, con arreglo a ciertas dispo-siciones de leyes federales y locales, y que constituyen una fuente de contaminación en el área, llegando a afectar las Bahías Fosforescentes del lugar.

El medio utilizado — órdenes para mostrar causa dirigidas contra los dueños o poseedores de las estrúeturas — por la Comisión, aunque sumario y drástico, ofreció a los querellados las garantías básicas del debido proceso de ley — notificación de la querella y el derecho a defenderse en audiencia pública. Los recurrentes admiten que estos requisitos mínimos fueron cumplidos sustancialmente por la Comisión en esta etapa. Como hemos visto la irregularidad que señalan la ubican los recurrentes en la etapa adjudicativa.

La audiencia era más que una mera formalidad en el trámite administrativo. La audiencia era un requisito básico que la Comisión tenía que cumplir. Los querellados habían puesto en controversia el derecho alegado de la Comisión a demoler un gran número de casas y otras estructuras con un valor calculado en casi un millón trescientos mil dólares, cuyas casas fluctuaban entre 53 y 4 años de construidas, pagan al erario público — 108 de ellas — contribuciones sobre la propiedad y tienen servicio de energía eléctrica (104) y acueducto (99).

Del propio récord administrativo surge que las audiencias públicas celebradas en Mayagüez durante varios días fueron presididas por un asesor legal de la Comisión y un examina-dor. Durante las mismas se recibió, según se expresa en la resolución, abundante prueba testifical y documental sobre la navegabilidad de las aguas en que ubican las estructuras y sobre la contaminación en el sector de la Parguera y hasta Bahía Fosforescente o Luminiscente. Ninguno de los miem-bros de la Comisión asistió a las vistas. No existe una trans-cripción de los testimonios que fueron recibidos durante los tres días de audiencias. Tampoco aparece informe escrito alguno de los examinadores en torno a la prueba oral practi-cada y propuestas recomendaciones á la Comisión, ni en qué forma vino en conocimiento de los comisionados los testimo-nios vertidos por los testigos.

La presunción de regularidad de los procedimientos no puede apoyarse en meras expresiones en el acuerdo de demolición adoptado, al efecto de que sus miembros habían “examinado” y “ponderado detenidamente todo el récord de estos procedimientos”, ya que en cuanto a la prueba oral recibida es evidente que no lo fue.

No estamos sosteniendo que el Debido Procedimiento exija que en estos casos el funcionario que oiga la prueba tiene que ser el mismo que lo decida. Véanse Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452 (1943); Atiles v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 62 (1944). Entre los poderes de delegación que tiene, la Comisión de Servicio Público puede asignar o referir cualquier asunto a uno o más comisionados, o a uno o más empleados o examinadores con autoridad de recibir evidencia, reglamentar el curso de la audiencia y recomendar decisiones. Art. 7, Ley Núm. 109 del 28 de junio de 1962, 27 L.P.R.A. see. 1054. No vemos nada malo que un examinador oiga, reciba la prueba y formule sus recomendaciones al organismo administrativo. Pero lo que sí es necesario es que se honre el principio de que todos aquellos que participen en la decisión conozcan la evidencia; de lo contrario, la justicia se estaría haciendo por delegación y no por aquellos llamados o designados por ley para hacerla. El cumplimiento de esta norma básica debe surgir afirmativamente del récord administrativo. Como expresamos en Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, supra, pág. 481, “. . . las juntas o tribunales administrativos no sólo deben hacer justicia si que actuar de tal forma que el interesado pueda darse cuenta de que la justicia se ha hecho. A lograr ese fin tanto contribuye el pro-cedimiento seguido como el resultado de la decisión misma.” No basta que se trate de llenar la forma con meras expre-siones de que se ha “examinado” y “ponderado detenida-mente” todo el récord; es indispensable que aparezca que se ha cumplido con la sustancia.

En el presente no existe una transcripción de lo que ocurrió durante los tres días de audiencias. El récord no incluye informe o recomendación alguna de los examinadores ni en qué forma los Comisionados se familiarizaron con la evidencia oral recibida durante esos tres días. Esto, más que una irregularidad, constituye un defecto fatal en el procedimiento adjudicativo.

Por lo expuesto, se anulará la resolución dictada por el Tribunal Superior objeto de este recurso y la Resolución y Acuerdo de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico mediante la cual se ordena la remoción de las estructuras de los peticionarios; y se devolverán los autos a dicha Comisión a fin de que sus miembros, una vez preparada, lean la trans-cripción de los testimonios orales recibidos, debiendo además concederse una nueva oportunidad a las partes para que presenten informes escritos u orales para ser oídos o leídos por la Comisión en pleno, efectuado lo cual procederá ésta a adoptar él acuerdo que correspondía.

El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Casimiro Colón Tapia, acusado y apelante.

      Número: CR-72-34

      Resuelto: 17 de mayo de 1973

      Víctor Jiménez Balado, abogado del apelante; Gilberto Gierbo- ■ lini, Procurador General, y Roberto Armstrong, Jr., Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

El apelante fue juzgado y convicto por tribunal de derecho por el delito de abuso de confianza. Luego de considerar el informe del oficial probatorio fue sentenciado a cumplir de 1 a 3 años, dejándosele en libertad a prueba.

La prueba de cargo demostró que el apelante, quien se dedica al negocio de la construcción, celebró un contrato escrito con Amada Colón, esposa de Juan ^Rodríguez Carta-gena, para reconstruir una casa de éstos en la zona rural de Aguirre. De acuerdo con los términos del aludido contrato el apelante se obligaba a realizar la obra incluyendo los materia-les y la mano de obra por el precio alzado de $3,500.00. El pago de la suma -acordada habría de hacerse de acuerdo con el progreso de la obra sin especificarse en el contrato fórmula alguna que especificara las distintas etapas de la construc-ción. El apelante comenzó el trabajo y recibía pagos a medida que se hacía la obra. El dinero que se iba adelantando, se anotaba en una libreta que consta en evidencia.

Antes del pago objeto del delito imputádole al apelante se habían efectuado tres pagos según surge de la libreta de recibos. El primero, por la suma de $130.00, por concepto de “adelanto de su obra”. El segundo, por la. suma de $864.00, comprende unos renglones específicos tales como el seguro de obreros, truck, varilla, Luis (presumiblemente el albañil) y $660.00 que no están identificados por lo que se presume un adelanto. El tercero, por la suma de $541.00 tampoco identi-fica su uso. Y, el cuarto, por la suma de $723.50, que es el que da motivo a' la acusación contra el apelante expresa que se recibió “como adelanto de su obra en el Bo. Coquí”.

Rodríguez Cartagena declaró que el apelante le pidió dicha suma que comprende el cuarto pago para comprar un inodoro y unas puertas y ventanas y para pagar al electri-cista. T.E. págs. 14 a 18. Hay confusión en su testimonio sobre si dicha suma incluía la nómina semanal. T.E. pág. 15. El perjudicado dijo que al transcurrir unos días luego del pago sin que el apelante regresara al trabajo hizo las ges-tiones para conseguirlo localizándolo en otra construcción que el apelante realizaba. Declaró que el apelante le mani-festó : “Bueno yo dispuse de los chavos y los gasté, méteme a la cárcel si quieres porque yo no tengo chavos.” El perjudi-cado tuvo entonces que continuar la obra con la cooperación del albañil que trabajaba con el apelante en la obra.

El apelante por su parte declaró que no pudo continuar la obra por haberse quedado sin transportación, al verse pre-cisado a entregar la pick-up que utilizaba, la cual no había podido pagar; y que alrededor de tres días después regresó a la obra, pero ya el perjudicado se había hecho cargo de la construcción y había radicado la acusación en su contra. De-claró que no se apropió de los alegados fondos, sipo que utilizó $400.00 para el pago de los obreros allí mismo y que el resto lo retuvo el perjudicado para el pago de unas facturas de materiales que había comprado. Dijo además que dicho dinero constituía un adelanto proporcional de acuerdo con el estado de construcción en que se encontraba la obra. T.E. págs. 32 a 33.

En su primer señalamiento de error apunta el apelante que “erró el tribunal al estimar que la prueba ofrecida era suficiente para establecer el delito de abuso de confianza tomando en consideración un caso resuelto en California para determinar su fallo y no un incumplimiento de contrato.”

El delito de abuso de confianza está definido en los Arts. 445 al 455 de nuestro Código Penal (33 L.P.R.A. sees. 1721-1731). Hemos sostenido que para que se entienda perpetrado dicho delito es necesario comprobar la existencia de los tres elementos esenciales del mismo: (1) una propiedad determinada; (2) que exista una relación fiduciaria entre el acusado y otra persona o entidad; y (3) la conversión o apropiación fraudulenta de bienes ajenos para uso propio del acusado. Pueblo v. Rivera Guzmán, 98 D.P.R. 679 (1970); Pueblo v. Bonilla Lugo, 91 D.P.R. 449 (1964); Pueblo v. Calderón, 18 D.P.R. 584 (1912). Véase además,. Wharton Criminal Law and Procedure, vol. 2, sees. 513-543.

No tenemos duda de que no han sido probados todos los elementos del delito de abuso de confianza antes mencionados. Surge de la prueba presentada que el dinero supuestamente apropiado fue entregado al apelante por razón y en consideración al contrato de construcción que éste mantenía con el dueño de la propiedad. Véanse, Pueblo v. Flores, 48 D.P.R. 589 (1935); People v. Holder, 53 Cal. App. 45, 199 P. 832 (1921). El. contrato no especifica fórmula de pago alguna para los desembolsos que habría de efectuar el dueño de la obra. El único criterio de pago que se utiliza en el con-trato está contenido en la frase “de acuerdo con el progreso de la obra.” Es conveniente señalar que la prueba presentada en cuanto al valor de la obra realizada hasta el momento de pago es vaga e imprecisa. No puede determinarse pues si el valor de lo construido responde a los varios anticipos que recibió el apelante. El apelante parece haber recibido dicho dinero bajo los términos del referido contrato y de acuerdo con el aparente progreso de la obra, por lo que en ausencia de prueba en contrario debemos presumir que el dinero recibido en tales condiciones no .constituye una apropiación fraudu-lenta de bienes ajenos para uso propio del apelante. Véanse People v. Petrin, 265 P.2d 149 (1954); People v. Holder, supra; People v. Goodrich, 138 Cal. 472, 71 P. 509. La actuación del contratista apelante en las circunstancias a que se contraen los hechos del presente caso no constituye un delito punible dentro de la definición general del Art. 445 de nuestro Código Penal (33 L.P.R.A. see. 1721) que dispone: “Constituye abuso de confianza la fraudulenta sustracción o malversación de bienes, por una persona a quien habían sido confiados.” 33 L.P.R.A. see. 1721. Existe duda razonable a favor del apelante.

Tampoco constituye delito la actuación del apelante dentro de las situaciones particulares cubiertas por los Arts. 446 al 451 del Código Penal. El texto de dichas disposiciones que más podría acercarse a la situación del caso de autos es el del 448 que reza como sigue:

“Todo depositario, banquero, comerciante, corredor, apode-rado, agente, síndico, albacea, administrador, cobrador, o persona encargada de caudales para el uso de otra persona, que fraudulentamente los distrajere o empleare para fines ajenos al debido y legítimo cumplimiento de su encargo, o los ocultare con la fraudulenta intención de destinarlos a tales fines, será culpable de abuso de confianza.” 33 L.P.R.A. see. 1724.

El citado Art. 448 corresponde al texto del Art. 506 del Código Penal de California según su redacción en 1902. Con posterioridad a 1902 el Art. 506 del Código Penal de California fue enmendado en 1907 y 1919 para específicamente incluir al contratista que se apropia del dinero recibido para una construcción. Al citado articulo.de California se le aña-dieron las siguientes disposiciones que traducimos al español: . y- cualquier contratista que se apropie de dinero pagá-dole para cualquier uso o propósito, que no. sea aquel para el cual fuere recibido, es culpable de abuso de confianza, y el pago de obreros y proveedores de materiales por trabajo realizado o material suplido en la ejecución de un contrato se considerará por la presente que constituye el uso y propósito al cual habría de aplicarse el precio de dicho contrato, o de cualquier parte del mismo, al que debe aplicarse lo recibido por el contratista.”

Aún más, con posterioridad a dichas enmiendas la legisla-tura de California ha vuelto a enmendar, en 1965, el Código Penal de dicho estado creando el Art; 484b que castiga a cual-quier persona que recibe dinero, para labor y materiales y no usa dicho dinero para ese propósito ya sea por no completar la obr-a o por no pagar materiales o labor, apropiándoselos para si. Fue bajo dicha disposición legal que se resolvió en California el ya citado caso d&.People v. Howard. Véase escolio 1, supra. Mientras tanto nuestro Art. 448 ha permanecido intacto desde 1902, por lo que los casos de People v. Howard, supra; People v. Parker, 44 Cal. Reptr. 909, 235 Cal. App.2d 100 (1965); People v. Clemons, 136 Cal. App.2d 529, 228 P.2d 1021 (1955), además de ser distinguibles en sus hechos al presente caso, no son persuasivos debido a que fueron resueltos con posterioridad a las mencionadas enmiendas. El caso de autos es muy similar al de People v. Holder, supra, excepto que ese caso plantea cuestiones constitucionales que no están planteadas en el caso ante nos.

Debemos concluir por lo tanto que tanto en nuestra jurisdicción en la actualidad, como lo era en California antes de la enmienda de 1907, según se dijo en People v. Holder, supra, la actuación del contratista apelante al apropiarse del dinero adquirido mediante un contrato de construcción en las circunstancias limitadas a que se contraen los hechos del caso de autos, no constituye un delito- punible bajo el Art. 448 de nuestro Código Penal (33 L.P.R.A. see. 1724).

Por las razones expuestas la sentencia apelada será revocada.

       El apelante asume que el juez de instancia se refería al caso de People v. Howard, 75 Cal. Reptr. 761 (1969). Ello no es posible puesto que dicho caso fue resuelto con posterioridad a que se resolviese el presente caso por el Tribunal Superior.


author: PER CURIAM;

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gerardo Adorno Quiñones, acusado y apelante.

      Número: CR-73-28

      Resuelto: 17 de mayo de 1973

      B. N. Ponce de Sánchez Revoleda, abogada del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Cándita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de; El Pueblo.
   PER CURIAM;

Del juicio seguido al apelante por el delito de escalamiento en primer grado resultó que doña María Asunción Lozano de 57 años de edad y ciega, con limitada percepción de contraste entre luz y tinieblas, vivía sola sepa-rada de su marido en su casa del Barrio Almirante Norte de Vega Baja, donde subsistía gracias a los alimentos y auxilios que humanitariamente le proveía su vecina y comadre doña Josefina Meléndez. Temprano en la noche del 16 de octubre de 1965, al despedirse su vecina, doña María Asunción cerró' su casa. Al percibir la oscuridad encendió una lámpara. Sintió pasos de una bestia que amarraban y los de un hombre; luego ruidos de aldaba de la cocina como tratando de abrir y los de una persona que entró y apagó la lámpara la cual ella encen-dió otra vez, repitiéndose la acción de apagarse y vuelta a encender la lámpara, cuando recibió un golpe en la cabeza y acto seguido un hombre sin decir palabra la arrinconó contra un seto y la violó. Era un hombre de manos pequeñas; no era su esposo Carlos. AI marcharse el asaltante se acostó doña María Asunción adolorida y sangrando en una hamaquita. Al rato se presentó- el mismo individuo esta vez con un machete con el cual la hincó, la tiró sobre la cama y la violó por segunda vez. Supo que su agresor era el acusado porque al éste hablarle conoció su voz como la de uno que oía hablar con frecuencia pues trabajaba cerca de la casa de la agra-viada y por allí amarraba su caballo y escampaba la lluvia, y oía a los demás llamarle Gerardo. El testimonio de la ofendida fue corroborado por el de su vecina doña Josefina a quien relató los hechos tan pronto ésta fue a visitarla; y un médico que examinó a la perjudicada describió la herida de la cabeza y la condición traumática en sus muslos y vagina, que atri-buyó a contacto sexual con varón. Para corroborar la identificación del acusado el Estado presentó como testigo al Alguacil de la Sala quien relató ante el jurado cómo ese mismo día en privado, y a instancias del fiscal la agraviada había identificado por su voz y por las manos pequeñas al apelante, quien se hallaba entre otras personas a todas las cuales hizo el fiscal preguntas de modo que al contestarlas pudieran apreciarse los respectivos timbres de voz. En dicha prueba o experimento el acusado estuvo acompañado de su abogado.

El acusado no presentó prueba de clase alguna y el jurado trajo un veredicto de culpabilidad. Desestimada una moción de nuevo juicio el apelante fue sentenciado a la pena de 10 a 15 años de presidio.

Señala cómo errores en este recurso [1] que se vulneraron el debido proceso de ley y su derecho a un juicio justo al admitirse el testimonio del Alguacil en que relata el experi-mento de comparación de voces; [2] que dicho testimonio es prueba de referencia y constituyó elemento de sorpresa.

[1 y 2] Los únicos dos errores señalados atacan la introducción de- prueba sobre el referido experimento de com-paración de voces en el curso del cual una vez más la ofendida identificó al atacante por su voz y sus manos. No hubo error. No se obtuvo del apelante declaración u otra forma de eviden-cia testimonial proscrita por el privilegio contra la auto-incriminación. La voz, como el cuerpo de una persona, son características físicas de identificación excluidas del precepto constitucional que prohíbe la autoincriminación.' “Las carac-terísticas físicas de la voz de una persona, su tono y estilo, aun cuando no el contenido de una conversación específica, están constantemente expuestas al público. Al igual que sus rasgos faciales o su letra, su voz se manifiesta reiteradamente para que otros la oigan. Nadie puede razonablemente esperar que otros no conozcan el' sonido de su voz, como tampoco po-dría esperar que su rostro sea un misterio para el mundo.” United States v. Dionisio, 410 U.S. 1 (1973) (22 de enero de 1973 — 35 L.Ed2d 67). Y en Puerto Rico siguiendo a Wig-mbre se ha dicho: “El privilegio protege al individuo de hacer revelaciones que se pretenda arrancarle como testigo en un proceso legal en su contra ... El límite del privilegio es claro . . . una inspección de las características físicas por el Tribunal o por los testigos no puede constituir una' violación del privilegio, porque no exige nada del acusado como testigo, esto es, con la responsabilidad de su testimonio ... lo que se obtiene del acusado por medio de ese acto no es una declara-ción acerca de su cuerpo sino su cuerpo en sí.” Pueblo v. Aspurúa, 61 D.P.R. 252, 255-56 (1943).'

Se ha aceptado generalmente que el privilegio contra. autoincriminación no protege contra la compulsión de someterse a toma de huellas digitales,.fotografías o medidas; escribir o hablar a los fines de ser identificado; presentarse al tribunal, ponerse de pie, adoptar determinada posición, andar o hacer un- gesto particular. Lo que el privilegio sí excluye son las comunicaciones o testimonio del individuo, no la evidencia real o física derivada de la persona- del sospechoso o acusado. Holt v. United States, 218 U.S. 245; Schmerber v. California, 384 U.S. 757. Cuando en línea de identificación (line-wp) se obligó al acusado de robar en un banco a repetir las palabras que alegadamente había pronunciado el ladrón, no se consideró infringido el precepto relativo a autoincriminación pues según criterio del Supremo Federal “se exigió del acusado que usara su voz como característica física de su identidad, no para declararse culpable.” United States v. Wade, 388 U.S. 218.

El testimonio del Alguacil no constituyó. prueba de referencia, sino evidencia directa del experimento por él presenciado, y por tanto admisible. Art. 38 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R¡A. see. 1732.

Adicionalmente, la perjudicada -en su testimonio oral en el - juicio ya había identificado a su atacante por la voz, y la declaración del Alguacil era admisible para corroborar esa identificación; No se presentó como un sustituto en ausencia de identificación original, sino como evidencia de corrobora-ción de la ya realizada por la ofendida. El apelante estuvo debidamente asistido’ de abogado durante -el experimento de comparación de voces y se sometió voluntariamente al mismo, pues no hubo necesidad de orden del tribunal al efecto. Estas circunstancias distinguen el presente caso del de Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397; 398, 402 (1968), donde la muestra de caligrafía se tomó en la etapa crítica de investiga-ción, sin asistencia de abogado ni advertencia alguna, con la grave consecuencia de ser la así extraída elemento probatorio esencial en aquel caso de falsificación.

Por los fundamentos expresados, se confirmará la senten-cia apelada.

       Con igual razonamiento se ha admitido la muestra de voz por no vulnerar la Enmienda IV de la Constitución de lós Estados Unidos que proclamada inviolabilidad de la persona contra registros y arrestos irrazona-bles considerados intrusión en su vida privada. United States v. Dionisio, supra.


author: per curiam:

text:
    Ramón del Moral Lugo, demandante y recurrido, v. Abraham Álvarez, demandado y recurrente.

      Número: O-73-21

      Resuelto: 21 de mayo de 1973

      J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Lady Alfonso de Cumpiano, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos del recurrente; Faustino R. Aponte, abogado del recurrido.
   per curiam:

En un recurso de apelación procedente del Tribunal de Distrito, Sala de Humacao, la parte apelada (de-mandante en el pleito original) radicó moción solicitando la desestimación del recurso basada en la radicación tardía del escrito de apelación. El Tribunal Superior, Sala de Humacao, en 22 de noviembre de 1972, notificó a las partes copia de una resolución, mediante la cual se le fijaba un término de diez días a la parte apelante para comparecer a mostrar causas por las cuales no debía desestimarse la apelación.

El apelante, representado por los abogados de la División de Litigios Generales del Departamento de Justicia, se opuso a la desestimación, alegando que el término de treinta días para la radicación del escrito de apelación fue interrumpido mediante la oportuna presentación de una moción en la que solicitó del tribunal apelado que formulara Determinaciones de Hecho Adicionales, solicitud ésta que fue denegada por dicho tribunal el 18 de octubre de 1971, mediante resolución que fue notificada a las partes el 23 de noviembre siguiente; y que, habiendo sido radicado el escrito de apelación el 30 de noviembre de 1971, la apelación fue entablada en tiempo.

En 27 de noviembre de 1972, el demandante-apelado adujo, como fundamento adicional de desestimación, la falta de radicación del alegato del apelante dentro del término reglamentario.

El alegato del apelante está fechado 28 de noviembre de 1972, en San Juan. De los autos originales aparece que fue recibido en la Secretaría del Tribunal Superior de Humacao tres días después, el 30 de noviembre, conjuntamente con una moción del apelante solicitando de dicha sala permitiera la radicación del alegato.

El 14 de diciembre de 1972, el Tribunal Superior dictó sentencia desestimando la apelación. Su texto, en lo perti-nente, lee así:

“Considerados los escritos radicados por las partes, el Tribunal concluye que la apelación se interpuso tardíamente y que sobre lo tardío tampoco se perfeccionó mediante la radicación oportuna del alegato.”

Acordamos revisar. Del texto antes ■ transcrito resulta evidente que el juez a quo basó su sentencia en la radicación •tardía de la apelación y que no consideró, posiblemente por entender que carecía de jurisdicción para ello, los méritos.de la moción del apelante solicitando se permitiera la radicación de su alegato en apelación.

La sentencia objeto del recurso de apelación fue dictada el 6 de octubre de 1971. ■ En esa misma fecha fue archivada en los autos copia .de1 la,notificación a las partes. Dentro del término de diez días que fija la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, el apelante radicó moción solicitando determinaciones de hecho adicionales. Esta moción fue dene-gada por el Tribunal de Distrito, notificándose a las partes el 23 de noviembre de 1971. No fue hasta esta última fecha que comenzó a correr un nuevo término de treinta días para apelar conforme lo dispuesto en la Regla 53.1 (d). Presen-tado, como fue, el escrito de apelación, siete días después — el 30 de noviembre de 1971 — el Tribunal Superior erró ai . con-cluir que la apelación se interpuso tardíamente.

Se alude que la apelación . . tampoco se perfeccionó mediante la radicación oportuna del alégato.” El término para la radicación de alegatos — en apelaciones procedentes del Tribunal de Distrito — ?se rige por lo dispuesto en la Regla 7 de las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior. Esta regla fija un término de quince (15) días para ello contados a partir de la notificación a las partes . . de la radicación de los autos en apelación, o dentro de la prórroga que se concediere con tal fin ...La referida regla, en su parte pertinente, lee así:

“Dentro de los quince (15) días de notificadas las partes de la radicación de los autos en apelación, o dentro de la prórroga que se concediere con tal fin, el abogado del apelante presentará al Tribunal Superior su alegato que contendrá una relación fiel y concisa de los hechos del caso, así como un señalamiento de los errores que a su juicio cometió el Tribunal de Distrito. Cada error se señalará y discutirá separadamente. Si el apelante no radicare su alegato dentro del término fijado o dentro de la prórroga concedídale, el tribunal motu proprio o a petición de la parte apelada desestimará el recurso.”

La comunicación cursada a- las partes por el secretario, informando haberse radicado el expediente del caso (dice “en grado de traslado”) en el Tribunal Superior, está fechada 3 de noviembre de 1972. El abogado del peticionario afirma que esta comunicación fue puesta en el correo en Humacao el 9 de noviembre, afirmación que puede comprobarse con vista del sobré con matasellos que acompaña. Arguye que, si se toma como punto de partida la fecha de la notificación — 9 de no-viembre — y se añade el plazo de tres días adicionales dis-puesto en la Regla 68.4 de Procedimiento Civil, el término para presentar su alegato expiraba el 27 de noviembre de 1972.

Resolvemos que el punto de partida que fija la Regla 7 de las Reglas que gobiernan las apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior para la presentación del alegato del apelante es la notificación a las partes de la radicación de los autos en apelación. Apareciendo que la notificación de este hecho al apelante fue cursada por correo el 9 de noviembre, al apelante le beneficia el plazo de tres días adicionales que dispone la Regla 68.4 así:

“Siempre que una parte tenga derecho a realizar, o se le requiera para que realice algún acto dentro de determinado plazo después de habérsele notificado un aviso u otro escrito, y el aviso o escrito le sea notificado por correo, se añadirán 3 días al período prescrito.”

El alegato, fechado 28 de noviembre, fue recibido en secre-taría dos días después. Vino acompañado de una moción donde expresaba que la notificación de que se había elevado el expediente tenía fecha de 3 de noviembre, pero no fue puesta en el correo hasta el 9 de noviembre, “llegando a nuestras Oficinas el día 14 del mismo mes, habiendo transcu-rrido 11 días de los 15 que conceden las Reglas para radicar el alegato en estos casos”; y que, debido al gran número de casos y de asuntos que tenía a su cargo, le fue imposible contar con el. tiempo necesario para radicar oportunamente su alegato. Finalmente se suplicaba que, no habiendo transcu-rrido una demora o dilación excesiva, en el ejercicio de la sana discreción, se le permitiera radicar el alegato.

De los términos de la sentencia desestimando la apelación no aparece que la moción del apelante invocando la discreción del tribunal autorizando la radicación del alegato —con sólo tres días de dilación — fuese considerada por el juez a quo. Los hechos expuestos en la moción reclamaban el ejercicio de la discreción del tribunal previa consideración de si los fines de la justicia quedarían beneficiados viéndose la ape-lación en sus méritos a pesar de la dilación habida en la radicación del alegato.

A la luz de las circunstancias concurrentes, y no habién-dose causado perjuicio alguno a la parte apelada, aquí inter-ventora, por la dilación de tres días del apelante en presentar su alegato, consideramos que lo más justo es que se resuelva, como resolvemos, revocar la sentencia que desestimó la apela-ción y, en su virtud, se devolverá el caso al tribunal a quo con instrucciones de que admita el alegato del apelante y se conti-núe el trámite apelativo en dicha sala.

       “El transcurso del término para apelar o para solicitar el recurso de revisión se interrumpirá por la oportuna presentación de una moción formulada de acuerdo con cualquiera de las reglas que a continuación se enumeran, y el referido término comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en autos copia de la notificación de cualquiera de las siguientes órdenes en relación con dichas mociones: (1) declarando con lugar o dene-gando una moción bajo la Regla 43.2 para enmendar o hacer determina-ciones adicionales de hechos, fuere o no necesaria una modificación de la sentencia si se declarare con lugar la moción; . . . .”


author: PER curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Agustín Mangual Hernández, Juez, demandado; José Bermúdez Medina, interventor.

      Número: O-70-139

      Resuelto: 22 de mayo de 1973

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Enrique Miranda Merced y Gregorio Lima Quiñones, abogados del interventor.
   PER curiam :

Contra el interventor José Bermudez Medina se formuló acusación por el delito de falsificación definido en el Art. 413 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1641, porque alegadamente circuló y trató de pasar como genuina y verda-dera una licencia de chófer a sabiendas que la misma era falsa e imitada.

Iniciado el proceso, el Pueblo presentó su prueba con-sistente, según aparece de la minuta, de la licencia de chófer y de los testimonios del Policía Ramón González y de los testi-gos Héctor L. Vázquez e Isaías Morales Matos. La defensa practicó su prueba con el testimonio del propio acusado. En-tonces el tribunal, ante un planteamiento de derecho de la defensa, resolvió que el delito que se le imputa al acusado en este caso no está incluido en la definición del delito de falsifi-cación contenida en el Art. 413 del Código Penal, paralizó el proceso y- le ofreció al fiscal la-oportunidad de recurrir ante . nos para revisar la resolución. Concluyó el tribunal:

“Por lo tanto, el Tribunal concluye que el delito que se le imputa al acusado en este caso dé falsificación, de falsificar una licencia de conducir automóviles no está incluido en el Art. 413 del Código Penal y no es una patente de privilegio.”

A petición del Procurador General acordamos revisar. De inmediato debe señalarse que fue un lapsus del juez a quo expresar que el delito que se-le imputa al acusado es'el “. . . de falsificar una licencia de conducir automóviles.” Al acu-sado no se le imputó eso, sino haber circulado y tratado de pasar como genuina y verdadera una licencia de chófer, etc., falsificada ... a sabiendas que la misma era falsa e imitada, con la intención de perjudicar y defraudar al erario público. Consideramos, por tanto, que lo que quiso decir y resolvió el juez fue que los hechos imputados — circular y tratar de'pasar' como genuina y verdadera una licencia de chófer, a sabiendas, etc. — no constituye delito bajo el Art. 413 del Código Penal.

Hecha la aclaración, nos tóca resolver si es o no correcta la decisión del juez. El Art. 413 del Código Penal dispone en lo pertinente:

“Será culpable de falsificación toda persona que, con inten-ción de defraudar a otra, falsamente hiciere, alterare, falsificare, o imitare cualquier título, patente de privilegio, escritura, con-trato de arrendamiento, instrumento, obligación escrita ... o que imitare o falsificare el sello o letra de otra persona, o circu-lare, publicare, pasare o tratare de pasar, como genuina y verda-dera, cualquiera de las cosas arriba especificadas como falsas, alteradas, falsificadas o imitadas, tal como antes se determinan y describen, sabiendo que las mismas son falsas, alteradas, falsi- ficadas o imitadas, con intención de perjudicar, causar daño o defraudar a alguna persona; . . . .” (Énfasis suplido.)

Estamos frente a un estatuto penal. Por disposición del Art. 3 del Código Penal y una larga tradición jurisprudencial, se sostiene la norma de hermenéutica según la cual cualquier duda que surja debe resolverse a favor del acusado y de su inmunidad, pero nunca para alcanzar situaciones que no aparecen claramente contempladas por la ley. Mari Bras. v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972).

La norma de interpretación restrictiva no quiere decir, ni puede justificar, por supuesto, que deba dársele la interpretación más ceñida posible a los estatutos penales desatendiendo la intención y objeto que de la faz del estatuto aparezca haber tenido el legislador, y la pauta señalada en el Art. 3 que preceptúa lo siguiente:

“Todas las disposiciones y artículos de este Código deberán interpretarse según el recto sentido de sus términos, a fin de que llene su objeto y facilite la administración de justicia.”

Como se puede ver, el Art. 413, tal como leía para la fecha de los hechos, declara delitó con relación a ciertos escritos y documentos allí enumerados; (1) su alteración, falsificación e imitación; y (2) la circulación o traspaso de tales escritos o documentos.

La “licencia” no se encuentra entre los documentos específicamente enumerados en el artículo. Sólo mediante una interpretación liberal del vocablo “instrumento”, que es uno de los especificados, podría sostenerse que comprende el término “licencia”; pero, a poco que se examine la cuestión, tal inter-pretación es inaceptable.

Como es sabido, el Art. 413 del Código Penal procede del Art. 470 del Código Penal de California. En Pueblo v. Ortiz Castro, 90 D.P.R. 593 (1964), un caso que envolvía la validez de una acusación por el supuesto delito de falsificación de una lista de premios de la lotería, concluimos que el tér-mino “instrumento” incluido en la enumeración de documen-tos del Art. 413 es una traducción del término indenture, que es el que prevalece, usado en el Art. 470 del Código Penal de California; cuyo término significa una escritura en la que dos o más personas se conceden derechos mutuamente o se obligan recíprocamente o convienen ambas cosas, y en su sentido más amplio implica una transacción (conveyance). Sostuvimos en ese caso, al revocar una sentencia condena-toria, que una lista de la lotería no es un indenture.

Es claro, pues, que dicho término no abarca una licencia. En California, de donde procede nuestro Art. 413, el Art. 470 fue expresamente enmendado en 1971 para incluir en el delito de falsificación la falsificación de licencias de conducir y tarjetas de identificación otorgadas por agencias gubernamentales y la posesión y exhibición de dichas licencias de conducir o tarjetas de identificación alteradas, duplicadas o falsificadas. West’s Ann. Penal Code, sec. 470(a), (b).

En Puerto Rico ocurrió lo mismo. Mediante la Ley Núm. 29, de 20 de mayo de 1970, 33 L.P.R.A. see. 1641 (Suplemento Acumulativo), el Art. 413 fue enmendado para incluir las tarjetas de crédito y hace sólo unos días — en 8, de mayo de 1973 — se aprobó la Ley Núm. 18, pág. 55, con vigen-cia inmediata, para adicionar el Art. 413(A) del Código Penal, que lee como sigue:

“Artículo 413(A). — Cualquier persona que con la intención de defraudar a otra o al estado, falsamente, hiciere, alterare, falsificare o imitare cualquier licencia, certificado, diploma, récord u otro documento de naturaleza análoga que tuviere que ser expedido por un funcionario, agencia, dependencia o instru-mentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o por cualquier institución privada autorizada para expedirlo, o que con la intención de defraudar a otra persona o al estado pose-yere, circulare, publicare, pasare o tratare de pasar como genuino y verdadero cualquier licencia, certificado, diploma, récord o cualquier documento de naturaleza análoga que tuviere que ser expedido por un funcionario, agencia, dependencia o instrumentalidad del Estado Libre. Asociado de Puerto Rico, o por cualquier institución privada autorizada para expedirlo, a sabiendas de que el mismo es falso, alterado, falsificado o imitado, incurrirá en el delito de falsificación y será castigado con la pena fijada para el delitó de falsificación prescrito en el Artículo 421 del Código Penal de Puerto Rico.”

Considerando esta actuación clara y expresa de nuestra Asamblea Legislativa, tenemos que concluir que la falsificación y la circulación o traspaso como genuina y verdadera de una licencia para conducir vehículos de motor que ahora constituye delito de falsificación, no lo era para la fecha en que alegadamente se cometieron los hechos en este caso.

En su virtud, se anulará el auto expedido y se confirmará la resolución del tribunal de instancia.

       El texto de la acusación lee así: “. . . el referido acusado . . . ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, circuló y trató de pasar como genuina y verdadera una licencia de chófer, que es una patente de privilegio otorgada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, falsi-ficada, conteniendo la impresión del sello imitado del Negociado de Vehículos de Motor del Departamento de Obras Públicas y la firma imitada del Director de dicho Negociado, a sabiendas que la .misma era falsa e imitada, con la intención de perjudicar y defraudar al erario público.”

       Mediante resolución del 13 de diciembre de 1972, se proveyó “como se pide” a la moción del Procurador General sometiendo el recurso y prescindiendo de la transcripción de evidencia.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Carlos Augusto Plard Fagundo, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. José A. Andréu García, Juez, demandado.

      Número: O-71-252

      Resuelto: 23 de mayo de 1973

      Enrique González, abogado del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Cándita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Dispone la Sec. 11 de la Carta de Derechos de la Consti-tución de Puerto Rico que “ [n] adié será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el 'mismo delito.” Fundándose en esta disposición constitucional, la representación legal del peticionario solicitó del tribunal recurrido que desestimara las tres acusaciones que contra él pendían ante ese tribunal. Fue negada esta solicitud en virtud de lo establecido por la Regla 144(c) de las de Procedimiento Criminal de 1963 Accedi-mos a revisar.

En Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244-247 (1970), reafirmamos la transcendencia de la garantía constitucional enmarcada en la Sec. 11 de nuestra Carta de Derechos. En Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148-151 (1966), con-signamos: “El hecho de que al disolver un jurado antes del veredicto — sin que sea a petición o con la aquiescencia del acusado — , el Tribunal actúe bajo los supuestos del apartado (d) ... de la Regla 144, no establece per se la validez de un segundo proceso por el mismo delito. El fundamento de lo dicho es que existe la garantía de orden constitucional, que protege al acusado no contra ser castigado dos veces sino contra ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito, [citas.]" Y a continuación expresamos:

“Por lo tanto, la cuestión ante nos debe afrontarse no sólo a la luz de la autoridad permisible de la Regla 144 sino satisfa-ciendo además aquellas normas constitucionales que rigen la materia y que también harían permisible o no un segundo pro-ceso sin que se violara la garantía. Puede decirse en síntesis de esas normas, que cuando ocurran circunstancias en que los fines de una justicia sustancial no puedan lograrse y exista una mani-fiesta necesidad de así hacerlo, de modo que no se derroten los mejores fines de la justicia, un juicio puede descontinuarse y disolverse el jurado sin el consentimiento del acusado o aun ante su objeción, sin que por ese solo hecho un segundo enjuicia-miento por el mismo delito quede al margen de la garantía constitucional. Es norma complementaria de lo anterior que la descontinuación de un juicio en esas circunstancias debe ser pro-ducto de una sana y juiciosa discreción; la facultad debe ejerci-tarse con la mayor cautela, por consideraciones obvias de peso, y ante una necesidad manifiesta de así hacerlo. United States v. Tateo, 377 U.S. 463; Gori v. United States, 367 U.S. 364, 367; Wade v. Hunter, 336 U.S. 684; United States v. Pérez, 9 Wheat. 579.”

Así vemos que la garantía constitucional que enmarca la Sec. 11 de nuestra Carta de Derechos no lleva consigo, como parte integrante de la misma, la fórmula de absolución cada vez que un proceso no puede culminar en veredicto. Una regla en ese sentido crearía un obstáculo posiblemente insuperable en la administración de la justicia, que no guarda proporción con el tipo de prácticas opresivas que trata de salvaguardar.

La base doctrinal de lo expuesto la encontramos en una .serie de dictámenes de la Corte Suprema de los Estados Unidos comenzando con el caso de United States v. Pérez, 9 Wheat. 579 (1824). En Pérez, el Tribunal por voz del Juez Story resolvió que cuando un jurado no puede ponerse de acuerdo para rendir un veredicto, el acusado puede ser procesado nuevamente. Pero advirtió al así resolver que este poder sólo debe usarse “con la mayor cautela, por considera-ciones obvias de peso, y ante una necesidad manifiesta de así hacerlo.”

La razón para permitir que un acusado pueda ser some-tido a juicio en más de una ocasión cuando el jurado no puede ponerse de acuerdo tiene su fundamento en el interés que tiene el Estado en que todo proceso criminal termine en un fallo justo que vindique tanto los derechos del ciudadano como los de la sociedad. Ver Ríos Mora v. Tribunal Superior, 95 D.P.K. 117 (1967). No siempre es posible, dado lo complicado que resulta un proceso criminal, que todo juicio termine en un veredicto. Circunstancias ajenas al proceso mismo pueden intervenir para impedirlo. Resultaría injusto que no pudiera procesarse de nuevo al acusado.

En United States v. Jorn, 400 U.S. 470, 479 (1970), la opinión de una mayoría de los jueces expresó a este efecto:

“Pero es también cierto, que un proceso criminal, aun en circunstancias ideales, es un asunto muy complicado para mane-jar. Los procedimientos dependen, en primera instancia, de las más elementales consideraciones, por ejemplo, la salud de los varios testigos, de las partes, de los abogados, de los miembros del jurado, etc., todos los que deberán estar listos para compare-cer al tribunal en el momento señalado. Y cuando uno añade los problemas de señalamientos debidos al exceso de casos, y la exigencia de la Sexta Enmienda de que el único juicio al que la disposición sobre doble exposición restringe al Gobierno se conduzca rápidamente, se hace a todas luces aparente que una regla mecánica que prohíba un segundo juicio cuando las cir-cunstancias obligan a la disolución del jurado sin el consenti-miento del acusado, sería un precio muy alto a pagar por la garantía adicional de seguridad y libertad personal del acosa-miento por parte del gobierno que dicha regla mecánica provee-ría.”

Ahora bien, al aplicar esta interpretación, que en sí cons-tituye una modificación de la disposición constitucional que aquí consideramos, tiene por necesidad que establecerse un balance adecuado entredós derechos del acusado y los de la sociedad. El interés en velar porque el criminal no quede libre de castigo, fundamental como lo es, no es uno sin limitaciones. El Estado no puede tener el poder absoluto de encausar inde-finidamente a una persona hasta conseguir una convicción. No es justo ni razonable tener a una persona sujeta a un proceso que siempre tendría pendiente no importa las veces que fuera sometido a juicio. Precisamente la disposición cons-titucional tiene el propósito de evitar que el ciudadano sea sometido indefinidamente y mediante una serie de procesos al hostigamiento, la angustia, el sufrimiento y los perjuicios económicos que todo proceso criminal conlleva. El caso de Pérez y los que le han seguido no pueden ser autoridad para sostener que el Estado puede abusar el poder que esas opiniones le reconoce. Ver Brock v. North Carolina, 344 U.S. 424 (1953). Como se dijo en Green v. United States, 355 U.S. 184, 187 (1957) :

“La idea fundamental, una que está profundamente arraigada por lo menos dentro del sistema Anglo-Americano de jurispru-dencia, es que no se le debe permitir al Estado, con todos sus recursos y poderes, intentar repetidas veces de condenar a un individuo por un delito, exponiéndolo así a una situación emba-razosa, a gastos y a una prueba rigurosa, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y aumentando la posibilidad de que pueda ser declarado culpable a pesar de ser inocente."

Con esto presente pasemos a considerar los hechos del presente caso.

Contra el peticionario se radicaron acusaciones el 3 de enero de 1969 por hechos alegadamente ocurridos el 4 de noviembre de 1968. El 18 de noviembre de 1969 se celebró el primer juicio. Se extendió por nueve días. En este primer proceso sólo declararon los testigos de cargo. La defensa se limitó a presentar evidencia documental. El jurado se retiró a deliberar a las 10:15 A.M. A la 1:30 P.M. salieron a almor-zar regresando a la sala de deliberaciones a las 2:30 de la tarde. A las 3:25 informaron al juez que no habían podido llegar a un acuerdo. El juez procedió a inquirir de cada uno de los jurados si había posibilidad de llegar a un acuerdo. Al recibir respuesta en la negativa disolvió el jurado.

El segundo juicio se celebró el 12 de mayo de 1970. Duró ocho días. En esta ocasión el fiscal no presentó varios de los testigos que había utilizado en el primer proceso. La defensa presentó el testimonio de tres de los testigos renunciados por el fiscal. Luego de impartidas las instrucciones, el jurado se retira a deliberar a las 10:45 A.M. Dos horas después las partes estipulan llamar al jurado para saber si deseaban al-morzar antes de continuar las deliberaciones. El jurado se retiró a almorzar y a las 2:35 informaron que no habían podido llegar a un veredicto. El juez lo exhortó a que conti-nuaran pero a las 4:15 informaron que era imposible ponerse de acuerdo. Se disolvió el jurado.

Se señaló nuevamente el caso para el 14 de octubre de 1971. Fue en esa fecha que el juez que presidía el tribunal de instancia se negó a archivar las acusaciones.

Debe notarse que en el primer proceso sólo desfiló la prueba testifical del Estado, limitándose la defensa a presentar evidencia documental. En el segundo proceso, el Estado renuncia varios testigos y la defensa utiliza tres de ellos. A pesar de que en ambos procesos las deliberaciones no se extendieron por largo tiempo, cuatro horas diez minutos en el primer juicio, poco más de cuatro horas en el segundo, el juez, luego de preguntarle a los jurados, quedó convencido que era imposible que llegaran a un veredicto no obstante el hecho de que sólo era necesario el consenso de nueve jurados. Estas circunstancias demuestran que la divergencia de criterios entre los jurados era profunda y que no es razonable esperar que de celebrarse un tercer juicio se pueda llegar a un veredicto. Si es ésta la situación, el resultado sería que el Estado continuaría celebrándole juicios al peticionario con las molestias y contratiempos que ello conlleva, estando pre-sente el riesgo de que nos habla el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Green, de que en alguna ocasión un jurado pueda rendir un veredicto condenatorio sin que la prueba razonablemente lo justifique. Es deber de los tribu-nales proteger al acusado contra esta eventualidad.

Desde que el Supremo Federal en el caso de Pérez, hace ya casi 150 años, resolvió que la cláusula de doble exposición no es un impedimento para otro proceso, cuando en el pri-mero el jurado no se ha puesto de acuerdo, no ha tenido la ocasión de dictaminar otra vez sobre esta cuestión. No obstante, se denota una tendencia en recientes decisiones de aplicar más estrictamente la garantía constitucional. Nota, Double Jeopardy — New Approach to the “Manifest Necessity Rule”, 8 Wake F. L. Rev. 453 (1972). Ver además: Stream, Double Jeopardy Clause of the Fifth Amendment, A Case for Acquittal by Hung Jury, N.Y.L.J., Sept. 30, Oct. 1-2 (1970), donde se ataca la doctrina sentada en Pérez y se propugna la tesis de que la disolución de un jurado por no poderse poner de acuerdo impide la celebración de un segundo juicio. Se ha apuntado que los recientes dictámenes validando los vere-dictos por mayoría en los casos de Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 356 (1972) y Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404 (1972), hacen necesario un reexamen del caso de Pérez. Brown, Refining the Double Jeopardy Clause, 19 U.C.L.A. L. Rev. 804 (1972).

Algunas cortes federales inferiores han emitido dictá-menes en los que se estudia elaboradamente la cuestión que estamos considerando pero al resolver los casos los han limi-tado a sus propios hechos. En United States v. Castellanos, 349 F.Supp. 720 (D.C.E.D.N.Y. 1972), se determinó que no procedía un tercer juicio luego que en los dos primeros no hubo veredicto; y en Preston v. Blackledge, 332 F.Supp. 681 (D.C.E.D.N.C. 1971), se llegó al mismo resultado al no per-mitir la celebración de un quinto juicio. En contra de lo antes expuesto véanse los casos de United States v. Persico, 425 F.2d 1375 (1970); People v. Baker, 335 N.Y.S.2d 487 (1972) y State of New York v. Baker, 354 F.Supp. 162 (D.C.S.D.N.Y. 1973).

Aceptado que la disolución de un jurado por no poderse poner de acuerdo, no impide la celebración de otro juicio, y aceptado también que no puede tenerse a una persona indefinidamente bajo el peso y el agobio de una acusación criminal, nos enfrentamos al problema de determinar el número de veces a que puede ser sometido a juicio un acusado. Al considerar la cuestión debemos tener presente que la norma aceptada generalmente al efecto de que es válido un segundo juicio se aparta del claro entredicho constitucional — nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito — y que sólo es sostenible como una necesidad, que recordando las palabras del Juez Story en el caso de Pérez, debe ejercitarse con la mayor cautela, por consideraciones obvias de peso y ante una necesidad manifiesta de así hacerlo.

Nos parece que teniendo en cuenta tanto el interés del Estado como el del acusado, lo justo y razonable es que sólo puede celebrarse un segundo juicio cuando el jurado no puede ponerse de acuerdo en el primero. Especialmente en nuestra jurisdicción, donde sólo se requiere la concurrencia de nueve jurados. Establecer cualquier otra norma en cuanto a las veces que puede ser sometido a juicio una persona, resultaría a todas luces arbitrario. Estaría sujeta a la particular predilección de aquellos que tuvieran la facultad de adjudicar en determinado momento. No existe razón válida, que no sea una mera preferencia personal sin base ni fundamento, para sostener que se pueden celebrar tres, cuatro o cinco juicios adicionales. En vista de lo resuelto en Pérez, ciertamente un segundo juicio es razonable para que el Estado tenga la oportunidad de que el caso sea considerado por otro jurado. Más de dos violenta la garantía constitucional. En el caso de Castellanos, antes citado, se expresó la corte en los siguientes, términos:

“A primera vista podría parecer ilógico el concluir que si la cláusula Constitucional no prohíbe un nuevo juicio después de un desacuerdo, sí prohíbe otro nuevo juicio después de dos desa-cuerdos. Lógicamente, podría argumentarse, que si un juicio que termina con un desacuerdo no significa una ‘doble exposición’ que impide un nuevo juicio, entonces ningún número de desa-cuerdos pueden tener ese efecto. Pero el permitir un segundo juicio después que el jurado se ha disuelto una vez, por no haberse puesto de acuerdo es en sí la resolución de un viejo desacuerdo, como señalara el tribunal en United States v. Pérez, y resulta ser un compromiso un tanto incómodo para con la letra de la Constitución. Claramente, dos desacuerdos, simplemente, no son un desacuerdo. La posibilidad de un nuevo juicio después de la disolución' del jurado por no llegar a un acuerdo sirve para desalentar el que se ejerza demasiada presión sobre los jurados para que se pongan de acuerdo, y reduce el riesgo de que un veredicto no sea una decisión genuina del jurado alcanzada libremente. Ese propósito justo, sin embargo, se agota cuando un segundo juicio substancialmente sobre la misma evidencia resulta en un segundo desacuerdo. Un tercer juicio se convierte en un juicio por atrición.”

En Inglaterra, al igual que en los Estados Unidos, puedé encausarse nuevamente cuando el jurado que entendió en el proceso no puede ponerse de acuerdo para rendir un vere-dicto, pero es norma aceptada que si en la segunda ocasión no se pone de acuerdo el jurado, en el tercer juicio la Corona no presenta prueba y el juez instruye al jurado para que rinda un veredicto de “no culpable”. Devlin, Criminal Courts and Procedure (Butterworth & Co., London 1960), pág. 131; Archbold, Pleading, Evidence & Practice in Criminal Cases, 35 ed. (1962) Sect. 590, pág. 213.

En vista de lo anterior, se revocará la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan — Andréu, J. — y se de-cretará el archivo de las acusaciones.

Los Jueces Asociados Señores Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué, aunque no intervinieron en la decisión del presente caso por no haber participado en la vista celebrada, están de acuerdo con la norma establecida en la anterior opinión.

       Dispone así dicha Regla:
      “El tribunal podrá ordenar la disolución del jurado antes del veredicto en los siguientes casos:
      (a) . . . . . . , .
      (b) . • . . . .
      (c) Si .la deliberación se prolongare por un lapso de tiempo que el tribunal estimare suficiente para concluir de una manera clara y evidente no haber posibilidad de que el jurado pudiera llegar a un acuerdo.
      (d) .
      (e) . . . •
      En todos los casos en que el jurado fuere ■ disuelto, según lo provisto en esta regla, la causa podrá ser .juzgada nuevamente.”

       En los casos de Dreyer v. Illinois, 187 U.S. 71 (1902) y Keerl v. Montana, 213 U.S. 135 (1909), por tratarse de casos estatales se enfocó la cuestión a base de la' cláusula del debido procedimiento de ley de la Enmienda XIV y se limitó a citar el caso de Pérez a los efectos de que ya estaba resuelta, sin consideración ulterior del asunto.

       Es interesante apuntar como un dato histórico que la Corte Suprema del Estado de Carolina del Norte a fines del Siglo XVIII resolvió que cuando, un jurado no rendía veredicto en un caso que conllevaba la pena capital, no podía procesarse de nuevo al acusado. Ver State v. Garriguez, 2 N.C. 241 (1795).


text:
      In re: Julio César González Román.

      Número: O-72-315

      Resuelto: 24 de mayo de 1973

      J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José Ángel Cangiano y Julio Irving Rodríguez, abogados del querellado.
   per curiam :

El Hon. Procurador General de Puerto Rico formuló querella contra el querellado consistente de los siguientes cargos:

“1. — El 24 de marzo de 1969 el querellado observó una con-ducta ilegal y .contraria a los cánones de ética profesional cuando en funciones investigativas como fiscal entró en la residencia de Francisca Burgos Aviles, mujer casada, en Coamo, Puerto Rico, y allí, mediante engaño y so pretexto de que realizaba actos religiosos llevó a dicha mujer a un cuarto de su residencia donde en forma maliciosa e inmoral y contrario a su ministerio le hizo quitar las ropas y quedarse en ropas menores pasando entonces sus manos sobre el cuerpo y partes pudentes lsic\ de dicha Francisca Burgos Aviles.
“2. El 24 de marzo de 1969 el querellante [sic] observó una conducta ilegal y contraria a los cánones de ética profesional cuando actuaba en funciones investigativas como Fiscal y entró a la residencia de Aida Iris Zayas, menor de edad, en Coamo, Puerto Rico, y allí, mediante engaño y so pretexto de actos reli-giosos llevó a dicha menor a un cuarto de su residencia donde en forma maliciosa e inmoral y contrario a su ministerio le hizo quitar las ropas y quedarse en ropas menores pasando entonces sus manos sobre el cuerpo y partes pudentes [sic] de dicha Aida Iris Zayas.”

El querellado en su contestación admitió el párrafo pri-mero de la querella negando totalmente las aseveraciones con-tenidas en los cargos primero y segundo de la querella y exponiendo que dichos cargos “forman parte de una conducta reiterada, tanto de la Sra. Francisca Burgos Aviles como de la joven Aida Iris Zayas para desprestigiar y falsamente acusar no solamente al querellado, sino también a competentes y probos funcionarios judiciales quienes se han visto así mismo afectados por acusaciones viciosas como las que se plantean en este caso, . . . .” Negó también el querellado la aseveración tercera sosteniendo en su lugar que “el querellado durante toda su vida profesional ha cumplido totalmente con los cánones de ética profesional que rigen la conducta de los abogados en Puerto Rico y que su vida y su dedicación al servicio público no se ajustan bajo ninguna circunstancia a lo maliciosa y viciosamente alegado por la señora Francisca Burgos Avilés y su hij a Aida Iris Zayas.”

El querellado no compareció personalmente a la vista cele-brada por el Comisionado Especial. Su abogado no ofreció prueba alguna ni participó en el proceso del desfile de la prueba ni contrainterrogó a ninguno de los testigos a pesar de habérsele ofrecido la oportunidad para ello o para que hiciera constar sus objeciones a la ofrecida por el Procurador General.

El Comisionado Especial formuló las siguientes conclu-siones de hecho:

“1. El querellado Julio César González Román es abogado autorizado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el 5 de marzo de 1963 en que fue admitido al ejercicio de esa profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 24 de marzo de 1969 ejercía el cargo de Fiscal del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
2. Como parte de una investigación de naturaleza criminal solicitada por los esposos José Ismael y Francisca Burgos Avilés al querellado Julio César González Román le fue encomendada, en su capacidad de Fiscal del Departamento de Justicia, la realiza-ción de esa investigación, que envolvía unos hechos relacionados con el hijo del Sr. Zayas Torres procreado en un matrimonio anterior. Con motivo de esa encomienda acudió el querellado a la residencia de los esposos Zayas-Burgos del 51 de la Calle Baldorioty de Coamo, Puerto Rico, a eso de las 11:00 de la mañana del 24 de marzo de 1969. Estaban presentes en esa residencia dichos esposos, que reflejan tener poco más de 50 años de edad cada uno en la actualidad, así' como Aida Iris, José Orlando y Violi, hijos de ambos, de 19, 15 y 14 años de edad respectivamente, entonces.
Apenas iniciada la conversación relativa a la investigación a realizar el querellado, trajo éste a colación el tema del ‘Espiri-tismo’, expresando a los esposos indicados y su hija Aida Iris que estaban ellos ‘muy envueltos en el Espiritismo y el tenía que hacer algo’; ante los intentos de los esposos Zayas-Burgos de evadir la conversación iniciada y entrar a pasar a los hechos relacionados con la investigación solicitada, insistió el querellado que se abstuvieran de explicarle al respecto ya que tenían ‘mucha causa espiritual’; que estaban ‘muy envueltos’ y tenían que ‘prepararse primero’. A instancia del querellado se obtuvo me-diante compra de un estabecimiento cercano, denominado común-mente ‘botánica’, dos botellas de ‘Agua Florida’ y un libro sobre la doctrina del ‘Espiritismo’. Escribió el querellado sobre la etiqueta de una de las botellas ‘Panchi’ expresando que estaba destinada a la Sra. Francisca Burgos y sobre la otra ‘nenas’, haciendo análoga expresión en referencia a las hijas de ese matrimonio. Acto seguido pidió una copa en la que echó líquido de una de las botellas y simulaba, mirándola fijamente, una' meditación de tipo ‘religioso’ a la vez que abría el libro indicado.
José Orlando, que había traído las botellas y el libro indicado se retiró del lugar así como Yioli, no sin antes el querellado ponerle sobre la frente de ésta un poco de agua florida.
Mientras todo esto ocurría el Sr. Zayas Torres insistía en que se trajera a colación la investigación solicitada que condujo al Fiscal a esa residencia. El querellado hacía caso omiso, en cambio y continuaba sus comentarios de que estaban ‘muy en-vueltos’ y era necesario ‘despojarles’. En este momento ya la Sra. Burgos y Aida Iris se encontraban claramente sugestiona-das por el efecto influyente en ellas por el pretexto del quere-llado. Como era la hora del mediodía, el Sr. Zayas Torres, a instancia del querellado, se retiró a almorzar hacia la parte de atrás de la casa. Hizo esto el querellado a la vez que insistía en que era preciso que realizara un ‘despojo de espíritu’ de esas personas. Acto seguido condujo a la Sra. Burgos y a su hija a una de las habitaciones de la casa diciéndoles: ‘a ustedes .hay que despojarlas alante’. Cerró completamente la habitación y requirió que ambas permanecieran dentro de la misma en ropas menores o preferiblemente desnudas totalmente. La Sra. Burgos y su hija, cautivadas ya por la ardideza y simulación del que-rellado de que efectuaría seguidamente un acto propio de aquélla enseñanza, accedieron. La madre permaneció en ropas menores y una batita sobre su cuerpo; la hija con el pecho desnudo ante la persistencia de aquél. El querellado, ya desenmascarado por sí, acostó la madre sobre la cama y con fines de claro aprovecha-miento sensual y demostrando un apetito carnal desmedido, comenzó a pasarle las manos por sus senos al mismo tiempo que le derramaba ‘agua florida’; con igual sentido le sobó sus muslos y metió las manos entre éstos; sobó sus caderas; introdujo sus manos dentro de sus ‘panties’ con manifiesto propósito de tocar sus partes pudentes, [sic] a lo que ella se resistió ‘trincándose’. Mientras todo esto ocurría, ella se mantenía completamente tem-blorosa, inmóvil, asustada, indefensa y sin posibilidad física de expresar palabra alguna. Estaba como muda y era para ella como una ‘pesadilla’, declaró.
Aida Iris se encontraba en igual estado y durante todo ese tiempo se mantuvo observando lo que ocurría dentro de la habi-tación sin poder expresar palabra. Al concluir con su madre, el querellado le requirió a Aida Iris que se quitara toda la ropa. Le dijo: ‘Ven tu que tienes muchas más causa y tienes que ser despojada.’ Ella resistió a quitarse la ropa completamente pero el querellado se lo requirió declarándole ‘tienes que quitarte la ropa o si no te la quita el espíritu.’ Su madre que permanecía aún inmóvil y atemorizada, intentó pronunciar alguna palabra para evitar que su hija se desprendiese de sus ropas lo que no pudo lograr completamente, alcanzando a hacer únicamente un gesto para evitar que ella prosiguiera desvistiéndose. Tuvo éxito par-cial, a pesar de los insistentes requerimientos del querellado, logrando evitar que, a excepción de su pecho que quedó descu-bierto, se desprendiera del resto de sus prendas. Al igual que a su señora madre, el querellado le ordenó que se acostara y ya en la cama comenzó a pasarle sus manos por sus partes íntimas como lo hizo con aquella con un claro' intento de despertar las pasiones o deseos sexuales bajo el pretexto que efectuaba un acto de la doctrina Espiritista, el que más aún simuló mediante murmullos o hablando a barbotones mientras se deleitaba car-nalmente contra el pudor de esas personas. Esto era observado por su madre que como ella se encontraba aún bajo un completo estado de inmovilidad física y emocional.
3. Hecho esto el querellado exigió de ambas que no relataran lo ocurrido a su esposo y padre, lo que en adición impidió que hicieran mientras permaneció en esa residencia. Realmente no pudieron ellas hacerlo sino hasta momentos después dq haber abandonado la residencia el querellado. Relataron al Sr. Zayas Torres lo acontecido esa misma tarde quien consternado dio de inmediato parte a la Fiscalía de Ponce donde acudieron a prestar las declaraciones juradas correspondientes sobre esos hechos.”

Notificamos al querellado las anteriores conclusiones y le concedimos un término de 10 días para presentar sus obje-ciones. Dicho término ha transcurrido sin que el querellado haya comparecido en forma alguna.

Hemos examinado el récord del caso y estamos conven-cidos que las conclusiones del Comisionado Especial están ampliamente justificadas por la prueba.

En virtud de lo anterior se suspende el querellado del ejercicio de la profesión de abogado y se ordena que su nombre sea eliminado de los registros de abogado.

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, no intervino.