text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria v. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, demandada.

      Número: JR-92-169

      Resuelto: 1ro de abril de 1993

      Leticia Rodríguez García, abogada de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico; Francisco Gómez Maldonado, abogado de la Autoridad de Energía Eléctrica.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos toca resolver si después de aprobada la Ley Núm. 92 de 5 de diciembre de 1991, que enmendó varias disposiciones de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 1 y ss.,() aún procede, a tenor con lo dispuesto en el Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 70(2)(c), “entablar acción legal adecuada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se ponga en vigor [un] laudo de arbitraje”. (Enfasis suplido.)

Con el propósito de poner en vigor un laudo de arbitraje, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (Junta) presentó ante este Tribunal una petición al amparo de la facultad que concede el citado Art. 9(2)(a) de la Ley de Re-laciones del Trabajo de Puerto Rico.() Concedimos un tér-mino a-la parte recurrida para comparecer. Ésta ha com-parecido, y estando en posición de decidir, así procedemos a hacerlo sin ulteriores procedimientos.

HH

Procedimiento para poner en vigor un laudo de arbitraje al amparo del Art. 9(2)(c) de la Ley de la Junta de Relaciones del Trabajo

El Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra, dispone:

(c) A los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emitidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una organización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una organización obrera y un patrono. Después de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el procedi-miento de arbitraje, podrá dar su consejo o podrá, si fuere re-querida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción legal adecuada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje.

Con relación a los laudos de arbitraje, la parte a favor de la cual se dicta tiene la opción de recurrir directa-mente al Tribunal Superior para solicitar se ponga en vigor, o puede solicitar de la Junta su ayuda para ponerlo en vigor. Al amparo del Art. 9(2)(c), supra, la función de la Junta es la de proveer a la parte beneficiada por un laudo de arbitraje un servicio, o sea que ésta funge como abogado o representante de la parte victoriosa. Los laudos de arbi-traje, en sí, no constituyen adjudicaciones de la Junta. No son dictámenes, órdenes o resoluciones de controversias obrero-patronales adjudicadas por vía del procedimiento cuasijudicial de la Junta.() El laudo de arbitraje proviene de un procedimiento externo a la Junta.

En J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76, 80-81 (1978), expresamos que “[e]l remedio concedido por el Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (29 L.P.R.A. Sec. 70(2)(c)) para acudir con el laudo de arbitraje a la Junta de Relaciones del Trabajo en busca de ayuda para ponerlo en vigor, es de naturaleza procesal o adjudicativa y se asemeja en su propósito al trámite para ejecución de sentencia”. El procedimiento establecido por el citado Art. 9(2)(c) es discrecional. Por lo tanto, luego que una parte presenta ante el Secretario de la Junta una declaración jurada solicitando se ponga en vigor un laudo de arbitraje, la Junta inicia una investigación encaminada a determinar la validez del laudo.() Si concluye que el laudo tiene algún defecto, le requiere al peticionario que retire la solicitud. Si éste se niega, la Junta desiste de continuar con el procedimiento. Lo mismo ocurre si la Junta se percata de que tratar de poner en vigor el laudo no contribuye a la política pública o que el laudo ya ha sido acatado.

Ahora bien, aun cuando la Junta determina que debe gestionar el poner en vigor el laudo, ésta debe agotar todos los medios a su alcance para lograr su cumplimiento antés de recurrir al Tribunal. En Junta de Relaciones del Trabajo v. Eastern Sugar, 69 D.P.R. 818, 821 (1949), expresamos que aunque el Art. 9(2)(c), supra, no exige “que la Junta requiera expresamente al patrono para que éste dé cumplimiento a un laudo arbitral antes de que pueda acudir [al Tribunal], la mejor práctica en casos de laudos de arbitraje debe siempre ser que la Junta requiera a la parte obligada a cumplirlo que así lo haga, y que acuda ante este Tribunal tan sólo cuando hubiere una negativa a cumplir con el laudo”. (Énfasis suplido.)

Como se podrá observar, aunque con relación al Art. 9(2)(c), supra, la Junta no adjudica derechos de las partes propiamente, sino que asiste a la parte victoriosa fun-giendo como su abogado o representante legal, no es menos cierto que para cumplir con este deber discrecional de ayu-dar a que se pongan en vigor laudos de arbitraje, la Junta pasa juicio sobre la petición y determina si ejercerá o no su discreción en favor del peticionario. La petición de que se ponga en vigor el laudo presentado por la Junta ante el Tribunal representa el resultado de un dictamen favorable al peticionario. Cabe señalar, además, que antes de acceder a ordenar que se ponga en vigor un laudo de arbitraje, el Tribunal siempre le solicita a la parte obligada que compa-rezca y muestre causa por la cual no deba ponerse en vigor. Es luego de este trámite procesal que el Tribunal pasa jui-cio sobre la validez del laudo y decide si accede a lo solici-tado y pone en vigor el laudo. Este procedimiento no repre-senta otra cosa que una evaluación de la determinación previamente hecha por la Junta sobre la validez del laudo, una decisión de que el laudo de arbitraje debe ejercitarse. Mediante este procedimiento, vía una petición de que se ponga en vigor un laudo de arbitraje, se está realmente revisando una providencia dictada por la Junta con rela-ción a la validez del laudo y la solicitud de la parte victoriosa.

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Revisión judicial de los asuntos provenientes de las agen-cias administrativas a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 92 de 5 de diciembre de 1988

En 1991, mediante la Ley Núm. 92, supra, se enmendó la Sec. 7(a). y (b) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con relación a la competen-cia del Tribunal Supremo, para que dispusiera de la forma siguiente :()

(a) El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, pueden conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley. Además, revisará, según más adelante se indica, sentencias y resoluciones del Tribunal de Primera Instancia y casos pendientes' en apelación o revisión ante el Tribunal Superior; y revisará, de acuerdo con los térmi-nos y condiciones establecidos por ley, las decisiones de los re-gistradores de la propiedad. Los procedimientos establecidos en las leyes sobre elecciones e inscripciones subsistirán de acuerdo con las leyes vigentes.
(b) Salvo lo dispuesto en el inciso (a) de esta Sección, las de-cisiones, resoluciones y providencias dictadas por organismos y funcionarios administrativos y por subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado deberán ser revisadas por el Tribunal Superior con competencia de acuerdo con los términos y condi-ciones establecidas por ley y por las reglas promulgadas por el Tribunal Supremo. Las decisiones de la Comisión para Ventilar Querellas Municipales serán revisadas de acuerdo a lo dis-puesto en la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991. (Énfasis suplido.) 1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 848, 851.

La Sec. 13(a)(1) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a su vez, se enmendó para disponer lo siguiente:

El Tribunal Superior conocerá de los siguientes asuntos:
(a) En lo civil:
(1) De toda apelación y recurso de revisión contra decisio-nes, órdenes y resoluciones de agencias administrativas, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por ley, ex-cepción hecha de aquéllos de los cuales pueda conocer el Tribunal Supremo. Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 852.

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 92, supra, 1991 Leyes de Puerto Rico 848, 849, se expresa como una de las razones o motivos para las enmiendas a la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el lograr “una completa uniformidad del procedi-miento para la revisión judicial de las decisiones adminis-trativas Continúa exponiéndose que a estos efectos fue que dicha ley transfirió “al Tribunal Superior la competen-cia para revisar aquellas decisiones administrativas que todavía se revisa[ban] directamente ante el Tribunal Supremo, con la excepción de las decisiones de los Registra-dores íd. Otra de las razones para las enmiendas a la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue el “[lograr] una distribución más equitativa de la carga judicial” para así lograr mayor rapidez y evitar así la congestión de los casos sin resolverse. Id.

Para poder determinar, en este caso, cuál es el tribunal con competencia para entender en una solicitud de la Junta de poner en vigor un laudo de arbitraje, es necesario que interpretemos y armonicemos las disposiciones de la Ley Núm. 92, supra, que enmendó la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra. Al interpretar estas leyes debemos velar por que prevalezca el propósito legislativo. Nuestra función primordial es buscar y poner en vigor la intención legislativa, ajustando nuestra interpretación al fundamento esencial de la ley y de la política pública que la inspira. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985). En buena hermenéutica jurídica, disposiciones de distintas leyes que tengan que ver con la misma materia o que se complementen “deben ser interpretadas las unas a las otras, para cuando lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro”. Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589, 596 (1989). Véase, además, el Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18. Las leyes las debemos interpretar y aplicar sin desvin-cularlas del problema cuya solución persiguen, como “parte de un todo coherente y armonioso — el ordenamiento jurídico”. G. García Valdecasas, Parte general del derecho civil español, Madrid, Ed. Civitas, 1983, pág. 111. Véase Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733, 738 (1989).

Tomando en consideración los principios de hermenéu-tica jurídica antes expuestos y las normas de derecho pre-viamente reseñadas, pasemos a interpretar, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 92, supra, y el Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra, cuál es el tribunal con competencia para entender en una solicitud de la Junta de poner en vigor un laudo de arbitraje.

Con anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 92, supra, las disposiciones de la Ley de la Judicatura del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, complementadas por las de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, establecían un esquema procesal mediante el cual el Tribunal Supremo revisaba directamente todas las decisiones y resoluciones de la Junta. En armonía con este propósito, el Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra, expresamente disponía que sería también el Tribunal Supremo el tribunal con competencia para, me-diante solicitud de la Junta, poner en vigor un laudo de arbitraje.

En 1991, la Ley Núm. 92, supra, cambió este esquema. Surge con meridiana claridad que la Legislatura, al en-mendar la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Sec. 7(a) y (b), supra, sobre la compe-tencia del Tribunal Supremo, y la Sec. 13(a)(1), supra, so-bre la competencia del Tribunal Superior, transfirió a este último la competencia para la revisión judicial de todo asunto dimanante de la Junta. Tanto es esto así, que se dispuso que salvo las excepciones expresamente especifica-das en el inciso (a) de la See. 7, supra, el Tribunal Superior sería el tribunal con competencia para revisar no sólo las decisiones y resoluciones dictadas por los organismos o fun-cionarios administrativos, sino también todas las providen-cias emitidas por éstos. Esta abarcadora fraseología indis-cutiblemente refleja la intención legislativa de transferir a la competencia del Tribunal Superior toda la competencia que con anterioridad tenía el Tribunal Supremo sobre las agencias administrativas no específicamente excluidas en la reforma judicial. Resolvemos, pues, que el tribunal con competencia sobre una solicitud de la Junta para poner en vigor un laudo de arbitraje al momento de presentarse la solicitud ante este Tribunal el 27 de marzo de 1992 era el Tribunal Superior.

IV

Revisión judicial de los asuntos provenientes de las agen-cias administrativas a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992

Ahora bien, esto no resuelve el problema en este caso, ya que mediante la Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992 se enmendó nuevamente la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creándose un Tribunal de Apelaciones y reestructurando la competencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior.

En cuanto a la competencia del Tribunal Supremo, la Ley Núm. 21, supra, dispone en cuanto a la Sec. 7(a) y (b) lo siguiente:

El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cual-quiera de sus jueces pueden conocer los siguientes asuntos:
(a) En primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley;
(b) en apelación de toda sentencia final de cualquier tribunal inferior que plantee o resuelva una cuestión constitucional sus-tancial o que incluya la determinación de inconstitucionalidad de una ley, resolución conjunta, regla o reglamento de una agencia o instrumentalidad pública, u ordenanza municipal al amparo de la Constitución de los Estados Unidos o de Puerto Rico. Si el Tribunal Supremo determinare que el caso o senten-cia no plantea una cuestión constitucional sustancial, remitirá el caso al tribunal apelado para su tramitación por la vía ordinaria. 1992 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 130, 131-132.

Con relación a la competencia del Tribunal de Apelacio-nes y en cuanto a la Sec. 14(b), (c), (d) y (h), se dispuso:

(b) revisará, mediante auto de revisión, las decisiones de los siguientes organismos administrativos: Junta Azucarera, Junta de Salario Mínimo, Junta de Relaciones del Trabajo y Comisión Industrial ante la Sección Norte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada;
(c) revisará, mediante auto de certiorari a ser expedido dis-crecionalmente, las sentencias que dicte el Tribunal Superior en apelaciones procedentes del Tribunal de Distrito o del Tribunal Municipal, y las dictadas en pleitos para apelar o revisar las decisiones, órdenes o resoluciones de organismos adminis-trativos;
(d) revisará, mediante certiorari a ser expedido discrecional-mente, las resoluciones u órdenes interlocutorias del Tribunal Superior;
(h) aquellos que le sean referidos por el Tribunal Supremo. (Énfasis suplido.) 1992 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 130, 135-136.

En cuanto al Tribunal Superior, la Ley Núm. 21, supra, enmendó la Sec. 13(a) para que estableciera:

El Tribunal Superior conocerá en los siguientes asuntos:
(a) En lo civil:
(1) Ante la Sala de San Júan, exclusivamente todo recurso de revisión contra decisiones, órdenes y resoluciones de agen-cias administrativas, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, excepción hecha de aquéllos de los cuales pueda conocer el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones. 1992 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 130, 135.

El claro propósito de esta ley fue crear un Tribunal de Apelaciones. Al crearlo fue preciso, para lograr un todo ar-monioso, reorganizar la competencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior. Ni el historial legis-lativo ni las enmiendas incorporadas por la Ley Núm. 21, supra, reflejan que fuera la intención del legislador otor-garle al Tribunal Supremo competencia, nuevamente, so-bre las solicitudes de la Junta para que se pusieran en vigor laudos de arbitraje, dejando al Tribunal de Apelacio-nes la revisión de los demás asuntos dimanantes de la Junta. La competencia sobre asuntos provenientes de las agencias administrativas se distribuyó entre la Sala de San Juan del Tribunal Superior y la Sección Norte del Tribunal de Apelaciones. Surge con meridiana claridad que el esquema de la Ley Núm. 21, supra, es que el Tribunal Supremo sólo revise los asuntos provenientes de las agencias administrativas de forma discrecional y luego que el Tribunal de Apelaciones haya pasado juicio sobre éstos, ya fuere mediante revisión directa de la agencia (Sec. 14(b), 4 L.P.R.A. sec. 37(b)), o mediante el auto discrecional de cer-tiorari de las sentencias o resoluciones provenientes del Tribunal Superior (Sec. 14(c), 4 L.P.R.A. sec. 37(c)).

Con relación a las leyes que regulan la jurisdicción y los procedimientos, reiteradamente hemos resuelto que “los estatutos que regulan la jurisdicción y el procedimiento, son de interés público, y empiezan á regir retroactivamente, ó más bien, que no son consideradas como retroactivas en tal sentido, que caigan bajo las restricciones [del Art. 3 del Código Civil]”.() American Railroad Co. of P.R. v. Hernández, 8 D.P.R. 516, 520 (1905). Véanse: Texas Co. v. Sancho Bonet, Tes., 52 D.P.R. 658, 666-667 (1938); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e intepretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 63.

También hemos resuelto que aunque en una ley no se haya dispuesto expresamente su efecto retroactivo, procede su aplicación retroactiva cuando dicha interpretación resulta la más razonable de acuerdo con el propósito legislativo. Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973).

Nos nos cabe la menor duda que la intención del legis-lador al crear el Tribunal de Apelaciones y concederle com-petencia sobre las decisiones de la Junta de Relaciones del. Trabajo fue que éste entendiese en la revisión de todos los asuntos que provinieran de la Junta que hasta ese mo-mento eran revisados por el Tribunal Superior, incluyendo, claro está, las solicitudes al amparo del Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, supra, para poner en vigor los laudos de arbitraje.

Tomando en consideración todas las normas de herme-néutica jurídica antes expuestas, resolvemos que en el caso de autos el foro con competencia para entender en la soli-citud de la Junta de que al amparo de las disposiciones del Art. 9(2)(c) se ponga en vigor un laudo de arbitraje, es el Tribunal de Apelaciones, Sección Norte.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia remi-tiendo al Tribunal de Apelaciones la solicitud de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico al amparo del Art. 9(2)(c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

      (1) La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue en-mendada nuevamente mediante la Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992.

      (2) Los hechos que dieron lugar a la petición de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (Junta) para que pongamos en vigor el laudo de arbitraje comenzaron en 1990. Para esa época, la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) trató de implantar un nuevo sistema computadorizado de lectura de contadores que miden el consumo de energía eléctrica de los abonados. El cambio propuesto trajo fricción entre la A.E.E. y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (U.T.I.E.R.). Como consecuencia de esto, la U.T.I.E.R. comenzó una serie de acciones concertadas destinadas a objetar el uso del equipo para la lectura electrónica y presionar a la A.E.E. para que desistiese de su uso. Para esa época, el empleado Agustín de Jesús Montero era miembro y líder de la U.T.I.E.R. Como parte De las actividades gremiales, éste se dirigió al personal de oficina de la A.E.E. para tratar de convencerlos de que abandonaran sus puestos de trabajo y se unieran al paro decretado por la U.T.I.E.R.
      El señor De Jesús Montero se acercó además a otra serie de empleados para tratar de convencerlos también de que respaldaran el movimiento sindical. En una ocasión increpó repetidamente en voz alta, desde su automóvil, a tres (3) empleados de la A.E.E. que estaban tomando el entrenamiento del equipo objetado. Les mani-festó que con sus actuaciones le estarían privando a él y a otros compañeros de sus empleos. También trató de convencer a una dueña de casa que era visitada por los empleados que recibían entrenamiento para que no dejara que le leyeran el contador. Los empleados que estaban recibiendo entrenamiento expresaron que se sintieron amedrentados y preocupados en cuanto a su seguridad personal.
      Por estas actuaciones, la A.E.E. suspendió sumariamente de empleo y sueldo al señor De Jesús Montero.
      La A.E.E. y la U.T.LE.R. sometieron a arbitraje la procedencia de la suspensión sumaria previa a la ventilación en su fondo de los méritos de los cargos presentados. En este proceso no era procedente que el Oficial Examinador pasara juicio sobre las alegaciones de la U.T.LE.R. ni sobre la conducta de la A.E.E. en formulación de cargo; sólo le correspondía resolver lo relacionado con la suspensión sumaria del señor De Jesús Montero.
      Luego de desfilada la prueba sobre la suspensión sumaria, el Oficial Examina-dor consideró que no existía razón fundada para tal actuación y emitió una Resolu-ción Parcial a esos efectos. La A.E.E. acogió la decisión, reinstaló al señor De Jesús Montero y le “pagó parte de los salarios dejados de percibir por el empleado, o sea, del 10 de agosto de 1990 al 27 de abril de 1991. Esta dejó de pagar el periodo entre el 25 de junio de 1990 al 9 de agosto de 1990”.

      (3) Cabe señalar que en la Sec. 1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. secs. 2102(a)(7) y 2102(b), (f) y (g), se excluye de la definición de “agencia” al Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. En dicha sección, además, se define “adjudicación” como todo “pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte”. Id. De otra parte, “orden o resolución” se definen como “cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o que imponga penalidades o sanciones administra-tivas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador”. Id. De acuerdo con dicha ley, una “orden o resolución parcial”, a su vez, es “la acción agencial que adju-dique algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la misma”. Id.

      (4) El Art. V del Reglamento Núm. 2 de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, San Juan, Departamento de Hacienda, Servicio de Compra y Suminis-tro-División de Imprenta, 1957, pág. 34, dispone lo siguiente:

        “Cualquier persona, empleado, patrono u organización obrera que solicite el consejo, y la ayuda de la Junta como se dispone en el Artículo 9(2)(c) de la Ley, deberá radicar una solicitud ante el Secretario de la Junta, jurada ante un Notario Público o cualquier otra persona autorizada por ley o por la Junta para tomar jura-mentos, conteniendo lo siguiente:
      “(a) El nombre y la dirección postal del árbitro o árbitros y la fecha en que se emitió el laudo;
      “(b) Una declaración de los esfuerzos realizados por el solicitante para con-seguir el cumplimiento del laudo de arbitraje, y
      “(c) Solicitud específica a la Junta, bien para que le aconseje o para que la Junta haga cumplir el laudo de arbitraje, o ambas cosas.
      “Una solicitud para consejo y ayuda de la Junta de acuerdo con el Artículo 9(2)(c) podrá ser retirada por la persona, empleado, patrono u organización obrera, que la radique, sólo con el permiso de la Junta.”

      (5) En 1988 se aprobó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de sistematizar y crear un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá observar al formular reglas y reglamentos que definan los derechos y deberes legales de una clase particular de personas. Esta ley también contiene un cuerpo de normas que gobiernan las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir una orden o resolución que define los derechos y deberes legales de personas específicas. La See. 4.1 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 2171, establece, con relación a la revisión judicial, que las disposiciones del Subcapítulo IV serán aplicables sólo a “aquellas órdenes, reso-Iliciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos que deban ser revisadas por el Tribunal Superior de Puerto Rico”.
      Al aprobarse la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico disponía, en su See. 7, Ley Núm. 11 de 24 de junio de 1952 (4 L.P.R.A. see. 35), que el Tribunal Supremo tenia competencia para revisar las decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo, por lo que era a éste al que correspondía poner en vigor los laudos de arbitraje.

      (6) El Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3, dispone:
      “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.
      “En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Ana Hilda Reyes Martínez, demandante y peticionaria, v. Oriental Federal Savings Bank y Miguez A. Pérez Berríos, demandados y recurridos.

      Número: CE-88-468

      Resuelto: 7 de abril de 1993

      Félix A. Ramos Cabán, abogado de la peticionaria; Faustino Aponte Parés, abogado de Oriental Federal Savings Bank, recurrido; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Sylvia Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abo-gados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en compa-recencia especial para defender la constitucionalidad de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

¿Es constitucional el requisito de fianza de no residentes de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III? ¿Es susceptible de convalidarse nunc pro tune un trá-mite judicial incompleto para adquirir jurisdicción me-diante un emplazamiento mediante edictos?

Expongamos el trasfondo procesal y fáctico que origina estas interrogantes.

HH

El 20 de marzo de 1985 Oriental Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico (en adelante Oriental) pre-sentó en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, una de-manda para ejecutar una hipoteca contra Ana H. Reyes Martínez y su ex esposo Miguel A. Pérez Berrios (CS-85-361).

Oriental emplazó a Pérez Berrios. Ejecutó las diligen-cias pertinentes dirigidas a emplazar personalmente a Reyes Martínez, las cuales resultaron infructuosas, pues ella estaba en Estados Unidos. El 30 de julio de 1985 Oriental presentó una moción para emplazarla vía edictos y acom-pañó un diligenciamiento negativo del alguacil Angel Luis Martínez sobre Ana Hilda Pérez Reyes, en el cual expone, únicamente, que acudió “personalmente a la residencia de la Sra. Ana Hilda Pérez Reyes, localizada en Carretera #352, Km. 2, Hm. 9, Bo. Río Cañas Abajo, Buzón #233 H de Mayag[ü]ez. Luego de personarme al sector de ocho a diez ocasiones y preguntar en el área, me informaron que esta persona no residía en la misma, por lo tanto se devuelve negativo”. Apéndice IV, pág. 1.

El 2 de agosto el tribunal autorizó el edicto. Ninguno de los demandados compareció. El 1ro de octubre el tribunal declaró con lugar la demanda. Después de varios trámites, el 10 de enero de 1986 se ejecutó la sentencia con la venta en subasta pública y adjudicación de la finca hipotecada a Oriental. El 29 de diciembre Oriental la vendió a Myriam Soto Berberena.

El 27 de octubre de 1987 Reyes Martínez demandó a Oriental en el mismo foro (CS-87-1466). Alegó la nulidad de esos procedimientos, reclamó la reivindicación de su propiedad y el resarcimiento de los daños. Se fundamentó en que nunca se adquirió jurisdicción sobre su persona de-bido a ciertos vicios en el emplazamiento. El 28 de diciem-bre Oriental sometió su escrito en oposición conjuntamente con varios documentos y declaraciones juradas expositivas de los trámites efectuados para emplazar a Reyes Martínez.() Mediante resolución nunc pro tune de 10 de febrero de 1988 —casi dos (2) años después de haberse eje-cutado la sentencia en el Caso Núm. CS-85-361— se en-mendaron los autos. El tribunal resolvió que así se cumplió sustancialmente con las Reglas de Procedimiento Civil. Con vista a esa resolución, el 15 de abril denegó una soli-citud de sentencia sumaria promovida por Reyes Martínez en la cual pedía la anulación del caso por falta de jurisdicción. Dictaminó, de ese modo, que el emplaza-miento había sido “convalidado” en derecho.

Coetáneamente, al amparo de la Regla 69.5 de Procedi-miento Civil, supra, a solicitud de Oriental le exigió a Reyes Martínez una fianza de no residente de diez mil dólares ($10,000). Oportunamente, el tribunal decretó la paraliza-ción de los procedimientos hasta tanto la prestara. Sin éxito, ella pidió el relevo de la fianza por razón de pobreza y, además, impugnó la constitucionalidad de la Regla 69.5, supra. Adujo discriminación, violación a la igual protección de las leyes y privación de su propiedad sin el debido proceso.() Acordamos revisar.

H-l h-1

En lógica adjudicativa, atendemos primeramente el planteamiento en torno a la constitucionalidad() de la fianza de no residente.() En síntesis, la peticionaria Reyes Martínez cuestiona su validez a base de que establece una clasificación impermisiblemente discriminatoria en favor de las personas residentes en Puerto Rico, que no tienen que prestar una fianza para litigar en nuestros tribunales. En la alternativa, argumenta su inaplicabilidad a una persona indigente no residente, incapaz de sufragar los costos directos e indirectos que conlleva.

El propósito de la Regla 69.5, supra, es garantizar las costas, gastos y honorarios de abogado en pleitos donde el reclamante es una persona natural no residente o una corporación extranjera. De otra forma, podría ser en ex-tremo difícil recobrar dichas partidas más allá de nuestra jurisdicción territorial. Pereira v. Reyes de Sims, 126 D.P.R. 220 (1990). Así mismo, la regla intenta desalentar los litigios frívolos e inmeritorios. Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142 (1980). No es necesario abundar más. Detectamos unos intereses legítimos del Estado al establecer la clasificación entre litigantes residentes y no residentes. De su faz la clasificación no es arbitraria ni discriminatoria; ciertamente guarda una relación racional con los propósitos legítimos antes aludidos.

Aclarado este extremo, notamos que el ataque constitucional sobre su aplicación a litigantes indigentes tampoco viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley ni la prohibición contra el discrimen por condición social. Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. A esos efectos, en Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983), resolvimos que un litigante indigente que vive fuera del país “está exento de prestar fianza de extranjero, claro está, siempre que demuestre que su razón de pedir puede tener méritos”. Molina v. C.R.U.V., supra, pág. 298. Dicho de otro modo, al tocar las puertas de nuestros tribunales los litigantes indigentes no vienen obligados a prestar este tipo de fianza.

De la resolución del ilustrado tribunal de instancia de 18 de agosto de 1988 no surge expresamente alguna deter-minación en cuanto a la condición de indigencia de Reyes Martínez; la misma refleja que Oriental presentó evidencia para probar lo contrario.

Por otro lado, la cuantía fijada de diez mil dólares ($10,000) es alta. Es un hecho no contradicho que ella perdió su propiedad por falta de pago. Nuestra casuística reconoce que para una persona ser acreedora a los beneficios de indigencia, su condición no tiene que rayar en el ex-tremo de absoluta pobreza. Cf. Bucaré Management v. Arriaga García, 125 D.P.R. 153 (1990). Basta demostrar la imposibilidad real de no poder sufragar los costos que acarrea una fianza, que de ordinario conlleva la prestación de una garantía colateral. Aquilatadas las circunstancias de autos, concluimos que, por este fundamento, erró el foro de instancia al no eximirla.

HH

Réstanos examinar la interrogante en . torno al planteamiento de nulidad del emplazamiento. La tarea conlleva recordar que el concepto de jurisdicción in personam está inextricablemente atado al debido proceso de ley. Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346, 352 (1975); A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 310, 316 (1970); Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 673 (1948). A fin de cuentas, se trata de un importante mecanismo procesal que hace viable la consecución o privación de derechos sustantivos. Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). Como expusimos en Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 753-754 (1983), “[e]l propósito de las reglas que regulan el emplazamiento por edicto es brindar al de-mandado una óptima garantía de su derecho a ser oído. Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963). La citación o em-plazamiento es el paso inaugural del debido proceso de ley que permite el ejercicio de jurisdicción por el tribunal para adjudicar derechos del demandado. Su adulteración es fla-grante violación del trato justo”. (Enfasis suplido.)

Estos pronunciamientos recogieron la doctrina judicial previamente reiterada en Claudio v. Casillas Mojica, 100 D.P.R. 761, 772 (1972) —al citar a. Franco v. Corte, 71 D.P.R. 686 (1950)— a los efectos de que “[l]a expedición de un emplazamiento, y su diligenciamiento conjuntamente a la demanda, así como el cumplimiento con los requisitos exigidos para que se autorice el emplazamiento por edictos, son trámites necesarios para que un tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona del demandado cuando se trata de traerlo a la jurisdicción del tribunal por las causas que la ley establece para ello”. (Enfasis suplido.)

Estamos ante un principio de talante universal, válido tanto aquí —Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 99-100 (1986)— como en Estados Unidos.() 2 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1061 (1987); Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306 (1950).

La Regia 4.5 (32 L.P.R.A. Ap. III) gobierna el emplaza-miento mediante edicto. En lo pertinente, expone:

Cuando la persona a ser emplazada estuviere fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico no pudiere ser localizada des-pués de realizadas las diligencias pertinentes, o se ocultare para no ser emplazada, o si fuere una corporación extranjera sin agente residente, y así se comprobare a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada, con expresión de dichas di ligencias, y apareciere también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un dili-genciamiento negativo como condición para dictar la orden dis-poniendo que el emplazamiento se haga por edicto. (Énfasis suplido.)

Este texto es claro: para que un tribunal dicte válidamente una orden que permita un emplazamiento mediante edicto, tiene que haberse intentado efectuar previamente un emplazamiento personal, y después haberse sometido —y lógicamente tener el juez ante sí— una declaración jurada con la expresión de las diligencias ya efectuadas.

La Regla 4.8 (32 L.RR.A. Ap. III)() visualiza que el diligenciamiento es hecho por un alguacil; “su prueba consistirá en una certificación al efecto”. Además, también dispone que “[l]a omisión de presentar prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su validez”, íd. De igual modo, la Regla 4.9 (32 L.P.R.A. Ap. III)() per-mite que

en cualquier momento, a su discreción y en los términos que crea justos, el tribunal autorice una enmienda del em-plazamiento o la constancia de sus diligenciamientos, ello sujeto a que no se perjudiquen “sustancialmente los dere-chos esenciales de la parte contra quien se expidió el emplazamiento”. 32 L.P.R.A. Ap. III. Aunque somos cons-cientes de que ambas reglas dan la impresión de que todo acto, en un emplazamiento mediante edictos, puede ser mecánicamente enmendado sin mayores consecuencias de los derechos involucrados, ¿qué mayor perjuicio puede ha-ber que omitir ese paso inaugural, crucial e indispensable? Ni el más laxo, amplio y generoso enfoque judicial permi-ten esa interpretación. Veamos.

En primer lugar, “[l]as disposiciones estatutarias para adquirir jurisdicción sobre la persona de un demandado por medio de la publicación de edictos en sustitución de notificación personal deben observarse estrictamente”. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 44. Véanse: Matos v. Agraít, Juez, 59 D.P.R. 291, 295 (1941); Beltrán v. E.L.A., 102 D.P.R. 173, 175 (1974); Rodríguez v. Nasrallah, supra; Banco Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721 (1981); Planas v. Chambers, 59 D.P.R. 494 (1941); Rivera v. Rivera, 31 D.P.R. 449 (1923); Quintana et al. v. Aponte, Juez, y Centeno, 26 D.P.R. 196 (1918); Delgado v. El Registrador de Humacao, 25 D.P.R. 486 (1917). Igual enfoque prevalece en las jurisdicciones estatales y en la federal. Johnson v. Carlson, 574 F. Supp. 827 (D. Tex. 1983); Lisowski v. Schaack, 71 F.R.D. 570 (1976); Thompson v. Kerr, 555 F. Supp. 1090 (D. Ohio 1982). En Rosa v. Cantrell, 508 F. Supp. 330, 332 (D. Wyo. 1981), se resume así la cuestión:

Cada paso de la Regla 4 [de Procedimiento Civil de Wyoming] es jurisdiccional. Una falla en cualquier parte de la regla im-pide que esta Corte asuma jurisdicción sobre el demandado. Véase Emery v. Emery, 404 P.2d 745 (Wyo. 1965). (Traducción nuestra.)

Segundo, antes de que se autorice la publicación del edicto, la Regla 4.5, supra, requiere que el juez compruebe a su “satisfacción” las diligencias efectuadas para lograr el emplazamiento personal de quien en esa etapa ulterior desea emplazar mediante edicto. Esa comprobación se realiza mediante la presentación de una “declaración jurada o certificación del alguacil”, suficiente en derecho. Pagán v. Rivera Burgos, supra, pág. 755. Significa que la declaración jurada o la certificación del alguacil debe contener hechos específicos que demuestren las diligencias efectuadas, no meras conclusiones o generalidades. Como esa declaración jurada o certificación es parte integral del procedimiento para emplazar vía edictos, un tribunal no adquiere jurisdicción si la que se presenta es insuficiente para inspirar el “convencimiento” judicial necesario. Mundo v. Fúster, supra, pág. 340; McCormick v. McCormick, 61 D.P.R. 841 (1943); Matos v. Agraít, Juez, supra; Danis v. Corte Municipal, 57 D.P.R. 830 (1940); Goldsmith v. Villari, 27 D.P.R. 794 (1919); Senior Loíza Corp. v. Vento Development Corp., 760 F.2d 20 (1er Cir. 1985); Hospital Mtg. Group, Inc. v. Parque Ind. Río Canas, 653 F.2d 54 (1er Cir. 1981).

Tercero, es un imperativo lógico concluir que sin una declaración jurada o una certificación “suficiente” no puede darse el convencimiento ni la comprobación judicial reque-rida por la Regla 4.5, supra. En el caso de autos, el discer-nimiento judicial se produjo con un documento insuficiente. Esta situación inexorablemente incide de manera fatal so-bre la jurisdicción, a pesar de que haya mediado errónea-mente la autorización para emplazar mediante edicto. Cerdá v. Ossorio, 65 D.P.R. 336, 340 (1945); Martínez v. Sánchez, 33 D.P.R. 839 (1924). Por su naturaleza, reitera-mos una vez más el cumplimiento estricto de este requisito. O’Sheaf v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 257 (1928).

Y cuarto, como omisión, la insuficiencia no puede sal-varse presentando la declaración jurada requerida con pos-terioridad al emplazamiento realizado.

El lenguaje de la Regla 4.8, supra, a los efectos de que la omisión de presentar prueba del diligenciamiento no afecta su validez, tiene por objeto impedir que la parte demandada —ya emplazada— ataque la validez del emplazamiento por el simple tecnicismo de que la persona quien lo emplazó no hizo constar tal hecho. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 44. Véase, además, Maldonado v. Colón, 68 D.P.R. 340, 341-342 (1948). No tiene otro significado. Evidentemente, las enmiendas permitidas por la Regla 4.9, supra, son aquellas dirigidas a subsanar meros errores técnicos. Colón Gandía v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 225, 231-232 (1966). Sería absurdo interpretar que la omisión en presentar la declaración jurada o su suficiencia previa para nutrir el discernimiento y la conciencia judicial, pueda a posteriori ser suplida o enmendada;() se trata de un vicio grave y fatal.

IV

Esta normativa derrota la contención de Oriental. El incumplimiento jurisdiccional no era “convalidable”. Aun-que, ciertamente, algunas omisiones procesales en los em-plazamientos son subsanables y enmendables, aquí la au-sencia de la declaración jurada no lo permite. Rodríguez v. Nasrallah, supra; Negrón v. Depto. Servicios Sociales, 105 D.P.R. 873, 876 (1977). No estamos ante un vicio mera-mente de carácter formal o de naturaleza técnica, susceptible de ser superado a través de enmiendas oportunas.

La omisión de presentar una declaración jurada o una certificación del alguacil suficiente, que por su contenido intrínseco, debe convencer y llevar al ánimo del juez la necesidad de emplazar mediante edictos —precisamente en la etapa crucial decisoria en que se opta por denegar o autorizar la continuación de los procedimientos vía edicto— no es un vicio de mero formalismo o técnico. Va a la médula de las garantías constitucionales del debido proceso de ley. Su omisión privó al tribunal de jurisdicción y no podía ser subsanado por enmienda posterior. Era indispensable que el magistrado los tuviera ante sí para que, tras una cuidadosa evaluación de los criterios pertinentes, adviniera al conocimiento y convencimiento requerido por la Regla 4.5, supra. Sin ellos fue nula cualquier orden posterior de emplazamiento mediante edicto dependiente de ese procedimiento viciado. A fin de cuentas, ello incidió en la validez misma del emplazamiento, no en la constancia alguna del diligenciamiento de un emplazamiento personal previo.

En resumen, resolvemos que la declaración jurada o la certificación del alguacil son parte integral de la génesis del emplazamiento mediante edicto. En el caso de autos, su insuficiencia original privó al tribunal de instancia de ju-risdicción in personam sobre la peticionaria Reyes Martínez. La jurisdicción no es algo que pueda adquirirse a posteriori, a través de enmiendas. La falta de jurisdicción in personam es un impedimento infranqueable que veda todo trámite judicial y macula de nulidad el ya efectuado. Fueron nulos e inexistentes los efectuados contra la peti-cionaria Reyes Martínez. Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704, 709 (1963).

Se dictará la correspondiente sentencia revocatoria.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Fuster Berlingeri concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Declaración jurada del emplazador Wigberto Ortiz; declaración jurada del emplazador Antonio Santiago; declaración jurada del alguacil Angel Luis Martínez; diligenciamiento negativo enmendado del alguacil Ángel Luis Martínez, y declara-ción juráda, fechada 13 de agosto de 1985, de la Sra. Virginia Shatara, Gerente de Sección de Edictos de El Vocero de Puerto Rico.

        Además, sometió el sobre original, fechado 20 de agosto de 1985, enviado por correo certificado con acuse de recibo a la Sra. Ana Hilda Reyes Martínez a su última dirección conocida y que fuera devuelto. Dicho sobre contenía copia de la demanda y del edicto de emplazamiento, y el sobre original dirigido el 12 de diciembre de 1985 a Ana Hilda Reyes Martínez, copia del edicto de subasta, el cual fue devuelto por haberse mudado y no haber dejado dirección.

      (2) Alegó no haber asistido a presentar prueba de su condición económica debido a que para la vista de relevo de fianza e inconstitucionalidad, su incapacidad econó-mica precisamente le impidió trasladarse a Puerto Rico.

      (3) Bajo la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, compareció el Procurador General para defenderla.

      (4) La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, dispone:
      “Cuando el demandante residiere fuera de Puerto Rico o fuere una corporación extranjera, se le requerirá para que preste fianza para garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados en que pudiere ser condenado. Todo procedimiento en él pleito se suspenderá hasta que preste la fianza, que no será menor de mil (1,000) dólares. El tribunal podrá ordenar que se preste fianza adicional si se demostrare que la fianza original no es garantía suficiente, y se suspenderán los procedimientos en el pleito hasta que se hubiere prestado dicha fianza adicional.
      “Transcurridos noventa (90) días desde la notificación de la orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la fianza adicional sin que la misma se hubiere prestado, el tribunal ordenará la desestimación del pleito.”

      (5) El método utilizado para emplazar debe ser aquel con la mayor probabilidad razonable de notificar al demandado para que se pueda defender. Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991).
      Un ejemplo gráfico de esto lo encontramos en el tratamiento especial del caso Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963), en diferentes procedimientos donde se re-quiere emplazamientos. R.F. Morales Cabranes, La ejecución de hipoteca en Puerto Rico, 43 Rev. C. Abo. P.R. 205, 211 (1982).

      (6) Expone:
      “La persona que diligencie el emplazamiento presentará en el tribunal la cons-tancia de haberlo hecho, dentro del plazo concedido a la persona emplazada para comparecer. Si el diligenciamiento hubiere sido hecho por un alguacil, su prueba consistirá en una certificación al efecto; y si por una persona particular, ésta consis-tirá en su declaración jurada. En caso de que la notificación del emplazamiento se haga por edictos, se probará su publicación mediante la declaración jurada del ad-ministrador o agente autorizado del periódico, acompañada de un ejemplar del edicto publicado, y de una declaración jurada acreditativa de haberse depositado en el correo copia del emplazamiento y de la demanda. En los casos de emplazamiento comprendidos en las Reglas 4.5 y 4.7 se presentará además el acuse de recibo del demandado. La omisión de presentar prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su validez. La admisión o renuncia bajo juramento por el demandado o su comparecencia hará innecesaria tal prueba.” (Énfasis suplido.) 32 L.RR.A. Ap. III, R. 4.8.

      (7) Lee:
      “En cualquier momento a su discreción y en los términos que crea justos, el tribunal puede permitir que se enmiende cualquier emplazamiento o la constancia de su diligenciamiento, a menos que se demuestre claramente que de así hacerlo se perjudicarían sustancialmente los derechos esenciales de la parte contra quien se expidió el emplazamiento.” 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 4.9.

      (8) Por su origen, existe un evidente paralelismo entre nuestras reglas y las federales. La Regla 4(h) federal, 28 U.S.C., lee:
      “Enmienda. En cualquier momento la corte a su discreción y en términos que estimare justos, podrá permitir que se enmiende cualquier emplazamiento o la cons-tancia de su diligenciamiento, a menos que claramente surgiere que pudieran resul-tar perjuicios importantes para los derechos sustanciales de la parte contra quien se expidió el emplazamiento.” Práctica Forense Federal: Reglas Federales, New Hampshire, Equity Pub. Co., 1987, pág. 18.
      A su amparo, la jurisprudencia sólo permite aquellas enmiendas que subsanen meras formalidades y no defectos “sustanciales” que tornan inválido el emplazamiento. W. Webster Barron, Federal Practice and Procedure with Forms, St. Paul, Rules Edition Civil and Criminal, West Pub. Co., 1960, Sec. 186, págs. 748-749. Sobre estos defectos técnicos, véanse: Cambridge Mut. Fire Ins. Co. v. City of Claxton, Ga., 720 F.2d 1230 (11mo Cir. 1983), y 2 Moore’s Federal Practice Sec. 4.44, pág. 4-416 (1986).


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Ramonita Nieves Massa, peticionaria y recurrente.

      Número: CE-90-921

      Resuelto: 7 de abril de 1993

      Rubén Mojica Rivera e Ivette Aponte Nogueras, abogados de la peticionaria; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, y Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

H-i

El 10 de diciembre de 1986, Ramonita Nieves Massa fue acusada de infringir el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401, (CR-G87-1347), a saber, distribuir 1.0060 gramos de cocaína. El 7 de abril de 1988, como parte de un preacuerdo con el Ministerio Fiscal, alegó culpabilidad por posesión. Art. 404 (24 L.P.R.A. sec. 2404). El 27 de mayo, el tribunal — al amparo del Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controla-das de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b)— le concedió una probatoria condicional por dos (2) años.

Vigente dicho término, el 26 de julio de 1989 se presentó una denuncia en su contra —y en contra de dos (2) perso-nas más— por alegadamente poseer cocaína con la inten-ción de distribuirla. Ello surgió de una confidencia. El agente José Flores Villalongo, de la División de Drogas de Carolina la investigó, obtuvo una orden y allanó la residen-cia de Nieves Massa. Le ocuparon seis mil seiscientos vein-tiocho dólares con treinta y cinco centavos ($6,628.35) en efectivo y 215.40 gramos de cocaína.

El 11 de octubre de 1989 el Ministerio Público solicitó la revocación de la probatoria, aduciendo la comisión de ese nuevo delito. Mientras estaba pendiente la vista prelimi-nar, en varias ocasiones se pospuso la vista de revocación a solicitud de la peticionaria. Finalmente, el 29 de mayo de 1990, el Hon. Carlos Colón Santini determinó que no exis-tía causa para acusar debido a unos defectos en la orden de allanamiento. El Ministerio Fiscal no solicitó una vista preliminar en alzada.

Acaecieron otras suspensiones sobre la vista de revocación. Después se celebró la vista sumaria inicial, en la cual el tribunal (Hon. Pierre E. Vivoni, Juez) determinó que habían causa probable para estimar que se había vio-lado las condiciones 5, 6, 7 y 11 de la Resolución de 27 de mayo de 1988. A petición de la defensa, señaló la vista final para el 20 de abril de 1990. Nuevamente, la defensa pidió su suspensión y manifestó que renunciaba a cualquier tér-mino que le pudiera favorecer a su representada. Posterior-mente se produjeron otras suspensiones.

En el ínterin, el 29 de junio de 1990 el oficial probatorio compareció al tribunal y solicitó el archivo, basado en que el Informe de Violación de Condiciones de la Probatoria había obedecido a la nueva denuncia por infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, la cual —según expuesto— no había prosperado en la vista preliminar. Señaló, además, que el 27 de mayo de 1990 había expirado el período de supervisión.

No obstante, el 18 de julio el Ministerio Público pidió que se extendiera el período probatorio. El tribunal fijó para el 10 de agosto la vista que a tales efectos la ley provee. Art. 404(b), supra. En esta fecha, la defensa solicitó la suspensión fundamentada en que Nieves Massa no ha-bía sido citada personalmente. El tribunal accedió, pero resolvió que mantenía jurisdicción para dictar sentencia o extender el período de supervisión. Señaló la vista final de revocación para el 2 de noviembre.

El día 2 la defensa pidió el archivo argumentando que se había cumplido con el período probatorio y no había me-diado causa en la vista preliminar por el nuevo delito. Ante este reclamo, el técnico sociopenal —y después el Fiscal-informaron al tribunal que poseían información confiden-cial de que Nieves Massa estaba en el trasiego de drogas. La defensa pidió posponer el caso, pues desconocía esos extremos. Se señaló para el 9 de noviembre.

Sin embargo, el 5 de noviembre de 1990 la defensa soli-citó la suspensión basada en unos compromisos previos y por necesitar “un tiempo razonable para poder preparar-nos para dicha vista por lo que, solicitamos se suspenda para el 16 de noviembre de 1990”. Escrito para mostrar causa, Exhibit 8. Llamado el caso para el 9 de ese mes sin su comparecencia ni la de su abogado, el Ministerio Público incluyó el nombre de tres (3) testigos más y solicitó que se le notificara al abogado por la vía telefónica. El tribunal así lo ordenó y, además, dispuso la notificación de copia de la minuta.

Finalmente, durante los días 16 de noviembre y 7 de diciembre de 1990 se celebró la vista final de revocación. Testificó Domingo Reyes, Técnico de Servicios Sociopenales. En resumen, atestó que presentó su Informe de Querella por el otro caso de sustancias controladas —co-misión de nuevo delito— que no prosperó en vista preliminar. Solicitó el archivo de la sentencia suspendida por entender que ésta se había cumplido. Atestó, además, que a Nieves Massa la relacionaban en la comunidad con el trasiego de drogas. Realizó dos (2) visitas a la comunidad el 20 de agosto y el 10 de octubre de 1990. Le informaron que continuaba en ese tipo de actividad criminosa. Fue infor-mado que Nieves Massa había salido a comprar un apar-tamento en Estados Unidos, aun cuando ella ni su esposo trabajaban.

En la segunda visita, las personas entrevistadas le in-formaron que tenía un carro nuevo; que no trabajaba; que fue a Estados Unidos a comprar una casa; que estaba en el trasiego de drogas; que ella mantenía el punto de drogas en el barrio, y que a su casa llegaban personas ajenas a la comunidad. En ambas ocasiones hubo personas que se abs-tuvieron de opinar. Atestó que de la investigación confirmó que tenía el carro nuevo y que no trabajaba; que había salido de Puerto Rico a Estados Unidos sin permiso del tribunal y sin que el oficial probatorio tuviera conocimiento de antemano; esto último lo admitió la probando.

Continuó declarando que con ella también residían Héctor Sánchez Nieves, recluido en la cárcel por sustancias controladas, Inoris Sánchez Nieves e Iris Nieves Massa, acusadas por sustancias controladas.

Desde que conoce y supervisa a Nieves Massa, ella ha tenido la misma casa, pero cuando comenzó a cumplir la probatoria la casa carecía de la segunda planta. La cons-truyó mientras estaba en probatoria y desempleada. Las personas que entrevistó eran confiables. El esposo de Nieves Massa trabajaba en “chiripas” en una guaguita ha-ciendo mudanzas. A preguntas de la defensa dijo que la probando nunca le manifestó que el auto nuevo lo había comprado su hermano ni que él le hubiese suplido el dinero.

El Ministerio Fiscal presentó, y se admitieron en evi-dencia, cuatro (4) fotografías de la casa y, además, prueba documental a los efectos de que ella fue quien compró el automóvil nuevo —Cavalier 1989, tablilla AUF 143— y que pagó en efectivo catorce mil ciento sesenta y tres dóla-res ($14,163).

El otro testigo fue José D. Flores Villalongo. Atestó so-bre las observaciones directas que hizo y que dieron base a la orden de allanamiento. Era policía con cuatro (4) años de experiencia y había participado en aproximadamente cin-cuenta (50) allanamientos.

El 19 de julio de 1989, luego de estar en el punto de vigilancia, observó a una persona —a quien había visto el día anterior— al otro lado de la calle. Vio llegar un Toyota que se estacionó en la calle frente a esa persona. Hablaron y ambos caminaron hacia la residencia de Nieves Massa. Ella estaba en la planta baja. Luego de conversar, ella su-bió a la segunda planta, bajó y le entregó al individuo del automóvil una bolsa plástica transparente que contenía polvo blanco de supuesta cocaína. El individuo del Toyota extrajo un objeto plateado del automóvil, pesó la bolsa plástica y del bolsillo de su pantalón extrajo dinero y lo entregó a Nieves Massa.

Continuó atestando que apreció en onza y media la can-tidad de polvo blanco en la bolsa plástica; que el polvo lle-gaba hasta la mitad de dicha bolsa, y que tendría un valor de dos mil dólares ($2,000) a dos mil quinientos dólares ($2,500). Luego se retiró, solicitó y obtuvo la orden de allanamiento.

En la declaración jurada para la orden de allanamiento describió a Nieves Massa de tez blanca y que medía 5'7". No albergaba dudas de que fue la persona que vio y realizó la transacción de drogas. Con esta prueba, el tribunal re-vocó la probatoria y la sentenció a dos (2) años de presidio.

A solicitud de Nieves Massa, acordamos revisar me-diante orden para mostrar causa.

h-H ( — I

La peticionaria Nieves Massa realmente no impugna la suficiencia de la prueba. La esencia de su planteamiento es que en el trámite de revocación de la probatoria se incu-rrieron en unas alegadas violaciones en la notificación. No tiene razón.

Primero, los autos originales revelan que indubitada-mente, en tiempo, fue debidamente citada y recibió una notificación adecuada según las normas establecidas en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985). Compareció a todos los señalamientos, excepto el 10 de agosto de 1990, en que estuvo representada por su abo-gado, Ledo. Rubén Mojica Rivera. El tribunal ejerció su jurisdicción correctamente. Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586 (1991).

Segundo, no podemos confundirnos. Los antecedentes expuestos revelan dos (2) procesos separados e indepen-dientes: vista preliminar y revocación de probatoria. La prueba no desfilada por el Ministerio Fiscal durante la vista preliminar celebrada el 29 de mayo de 1990 no dis-puso ni adjudicó definitivamente el valor que los testigos pudieran generar en la vista final de revocación. Cf. Pueblo v. Texidor Seda, 128 D.P.R. 578 (1991). Repetimos: senci-llamente estamos frente a procesos y casos distintos, no susceptibles de ser adjudicados como uno solo.

Y tercero, la presunción de testimonio adverso —aquel anunciado y no presentado— es inaplicable a las vistas preliminares. En esas vistas, el Ministerio Fiscal no viene obligado a presentar toda su prueba. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 668 (1985).

Se expide el auto y se confirma la revocación y sentencia dictadas.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Disiento de la sentencia del Tribunal que confirma la revocación de la probatoria y de la sentencia que le impuso a la peticionaria dos (2) años de presidio. A la peticionaria no se le notificó adecuadamente por escrito la alegada con-ducta violatoria de las condiciones de la probatoria, ha-biendo ya cumplido el término de ésta, y no se produjo el quantum de prueba necesario para ordenar su revocación. Veamos los hechos.

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En diciembre de 1986 Ramonita Nieves Massa (la peti-cionaria) fue acusada de distribuir cocaína. Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401. El 7 de abril de 1988 hizo alegación de culpabi-lidad por posesión de dicha sustancia controlada. Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404.

El 27 de mayo de 1988 el foro de instancia dictó una resolución al amparo del Art. 404(b) de la Ley de Sustan-cias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b), concediéndole una probatoria por el término de dos (2) años sujeto a cumplir con once (11) condiciones.

El 26 de julio de 1989 se presentó una denuncia contra la peticionaria, su madre y su hijo, imputándoles poseer, en común acuerdo, la sustancia controlada conocida como cocaína con intención de distribuirla. Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra.

A raíz de estos hechos y de la denuncia, , el 3 de octubre de 1989 el Ministerio Público solicitó la revocación de la probatoria concedida a la peticionaria. Específicamente el Estado le imputó, como única violación a las condiciones, el haber cometido "un nuevo delito de Sustancias Contro-ladas, el cu[a]l está señalado para Vista Preliminar para el día 24 de octubre de 1989”. Petición de recurso extraordi-nario certiorari (hábeas corpus), Exhibit III. El 17 de octu-bre de 1989 la peticionaria se opuso a dicha solicitud de revocación y alegó que no existía relación alguna entre las sustancias controladas obtenidas en el allanamiento de su residencia y su persona.

El 26 de enero de 1990, estando pendiente la celebración de la vista preliminar del delito imputado, se celebró la vista sumaria inicial de revocación. En ésta el foro de ins-tancia determinó causa probable para celebrar la vista final de revocación.

La vista final fue señalada para el 20 de abril de 1990. En dicho señalamiento el tribunal de instancia hizo cons-tar que para el mes de junio de 1990 la probando habría cumplido la probatoria. La vista fue reseñalada para el 23 de abril de 1990. El abogado de la probando notificó a dicho foro que la vista preliminar sobre el delito imputado sería celebrada el 29 de mayo de 1990.

El 23 de abril de 1990 el foro de instancia determinó que "en vista de que la acusada está a punto de cumplir el período establecido mediante la resolución del 27 de mayo de 1988 y que la conducta mencionada como motivo para la revocación está pendiente de vista preliminar, no se revo-cará la probatoria en este momento”. Petición de recurso extraordinario certiorari (hábeas corpus), Exhibit IX.

El 29 de mayo de 1990 se celebró la vista preliminar del nuevo delito. Allí se determinó no causa probable para acu-sar a la peticionaria y se ordenó su exoneración de los cargos. Esa determinación advino final y firme.( )

Ya para el 29 de mayo de 1990 había expirado el período de supervisión al que el foro de instancia había sometido a la peticionaria. Así las cosas, el oficial probatorio de la pe-ticionaria, Sr. Domingo Reyes Martínez, presentó a la con-sideración del foro de instancia un informe solicitando el archivo del caso en el que se había impuesto la probatoria. Allí el oficial probatorio indicó que: “Doña Ramonita cum-plió responsablemente con las citas a oficina [sic]. Su acti-tud hacia el proceso de supervisión ha sido positiva.” (En-fasis suplido.) Petición de recurso extraordinario certiorari (hábeas corpus), Exhibit XII.

Además, señaló que su informe de violación a las condi-ciones obedeció a la presentación de la denuncia por infrac-ción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico que no pasó el cedazo de la vista preliminar.

Dicho informe refleja, además, que la probando había cumplido con la condición de someterse a tratamiento en el Departamento de Servicios contra la Adicción (D.S.C.A.).

No empece' que en dicho informe se solicitaba el sobre-seimiento de los cargos y la exoneración de la probando, el 13 de julio de 1990, habiendo cumplido ya la peticionaria la probatoria, el Ministerio Público solicitó la extensión del período probatorio de la peticionaria por un término de cinco (5) años. Adujo como razón para ello que la determi-nación de no causa en la vista preliminar se debió a “defec-tos en la Orden de Allanamiento” y que en dicho allana-miento se había ocupado “gran cantidad de drogas y dinero procedente de la residencia” de la peticionaria. Petición de recurso extraordinario certiorari (hábeas corpus), Exhibit XIII.

El foro de instancia señaló una vista sobre la extensión de período probatorio para el 10 de agosto de 1990. La pe-ticionaria no fue citada personalmente para dicha vista. El alguacil señaló que había dejado la citación en el buzón de la residencia de la peticionaria. El abogado de la peticiona-ria solicitó la suspensión de la vista por entender que la probando no había sido citada debidamente. El foro de ins-tancia concedió la suspensión solicitada, pero declaró con lugar la moción, extendiendo el período probatorio. A tenor con este dictamen, señaló el 2 de noviembre como fecha para celebrar la vista final de revocación.

El 2 de noviembre de 1990 la peticionaria solicitó el ar-chivo de la causa y alegó que había cumplido con el término impuesto en la probatoria y había sido exonerada de los cargos imputados en la vista preliminar del nuevo delito. El técnico sociopenal, Sr. Domingo Reyes, testificó que ha-bía recibido información confidencial que vinculaba a la peticionaria con el trasiego de drogas. Ante esta nueva im-putación la defensa solicitó la posposición del caso, pues desconocía esos hechos. Entonces, el Ministerio Público no-tificó en sala su intención de imputar un fundamento adi-cional para la solicitud de revocación: que la convicta es-taba ligada al trasiego de drogas. El abogado de defensa expresó al tribunal de instancia que entendía que se le tenía que notificar formalmente de esta nueva imputación.

El foro de instancia suspendió la vista para el 9 de no-viembre de 1990. El 5 de noviembre la defensa solicitó un tiempo razonable para prepararse. El foro de instancia ce-lebró la vista el 9 de noviembre de 1990. Sólo compareció el Ministerio Público anunciando la inclusión de tres (3) tes-tigos, a saber, los tres (3) testigos que fueron anunciados contra la peticionária en el caso por el nuevo delito que dio base a la solicitud de revocación de la probatoria. Ese nuevo delito no prosperó en vista preliminar.

La inclusión de estos testigos, así como copia de la mi-nuta de 9 de noviembre de 1990, le fue notificada a la peticionaria.

La vista final de revocación se celebró los días 16 de noviembre y 7 de diciembre de 1990. Durante ésta testificó el técnico sociopenal, señor Reyes, y el agente encubierto José D. Flores Villalongo.

Oída la prueba, el foro de instancia revocó la probatoria y procedió a dictar sentencia que le impuso a la peticiona-ria dos (2) años de presidio.

Inconforme, la peticionaria acudió ante nos en petición de hábeas corpus. Consideramos esa petición como de certiorari. En auxilio de nuestra jurisdicción y hasta tanto no dispusiéramos otra cosa, fijamos una ñanza en apela-ción para que la peticionaria recuperase su libertad.

El Procurador General compareció.

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En Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 724-725 (1985), señalamos que “no puede privarse a una persona de su libertad absoluta o limitada sin cumplirse con los requisitos mínimos del debido proceso de ley que corresponden a este momento”. Allí establecimos los requi-sitos procesales mínimos que, como cuestión del debido proceso de ley, se le tienen que garantizar a un probando antes de revocarle el beneficio de una sentencia suspendida.

En específico, y en lo aquí pertinente, señalamos que en la vista final se le debe garantizar al menos “(a) una noti-ficación escrita de las alegadas violaciones a la probatoria; (b) un examen de la prueba en su contra”. (Énfasis suplido.) Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 726.

En cuanto a la notificación escrita de las alegadas vio-laciones señalamos que debía ser previa a la celebración de la vista y con suficiente antelación como para prepararse adecuadamente para su defensa. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, págs. 728-729.

En el casó de autos nunca se le notificó por escrito a la peticionaria de las alegadas violaciones a la probatoria que el Ministerio Público pretendía sustentar en la vista final de revocación. Excepto cuando se le notificó por escrito la alegada comisión de un nuevo delito de sustancias contro-ladas, la ambivalencia del Ministerio Público y del oficial sociopenal en precisar la conducta específica violatoria de las condiciones que se le pretendía imputar a la peticiona-ria, hacen parecer este caso una expedición de pesca de fundamentos para lograr la revocación de la probatoria que a ésta se le había concedido. No logramos comprender dicha conducta oficial.

En primer lugar, le imputan la comisión de un nuevo delito. Cuando ese caso no prospero en vista preliminar se le imputó haber incurrido en conducta antisocial al ha-berse ocupado gran cantidad de dinero y drogas en su re-sidencia y su vinculación con el trasiego de drogas. En la vista de revocación final el oficial sociopenal testificó sobre la alegada reputación de la peticionaria —de traficante de drogas— en su comunidad; del auto nuevo que desde 1988 había comparado con dinero en efectivo; la construcción de una segunda planta a su casa durante la probatoria; su salida de la jurisdicción sin autorización del tribunal, y el alegado historial delictivo de la familia cercana de la peticionaria. Declaró, además, el agente encubierto que alegadamente observó la transacción de drogas que dio base a que un juez expidiera una orden de registro y alla-namiento contra la casa de la peticionaria y la subsi-guíente denuncia por alegada distribución de drogas en concierto y común acuerdo con su madre y su hijo.

Definitivamente, aquí, no se le notificó a la peticionaria adecuada, concisa y claramente —por escrito— la alegada conducta violatoria de las condiciones de la probatoria. No bastaba con imputarle que había incurrido en conducta antisocial.( )

Pero además, en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, señalamos que corresponde al Ministerio Público el peso de probar, por preponderancia de la prueba, que el probando ha incumplido con las condiciones impuestas. En dicha en-comienda puede descansar en evidencia que ordinaria-mente no sería admisible en el pleito criminal ordinario. Pero debe existir base suficiente en la prueba para apoyar la determinación que revoca la probatoria y priva al pro-bando del preciado interés libertario que, aunque limitado, le asiste.

Examinada la prueba de autos, concluimos que ésta no establece, por preponderancia de evidencia, las violaciones imputadas. En primer lugar, nos llama sobremanera la atención el hecho de que en este caso el oficial sociopenal había, motu proprio, solicitado el archivo y la exoneración de la peticionaria al momento de cumplirse el término de la probatoria. Allí expresó que la peticionaria había cum-plido responsablemente con las citas y que su actitud ante el proceso de supervisión había sido positiva. No es hasta que el Ministerio Público solicita la extensión del período probatorio que el oficial probatorio realiza la investigación en la comunidad de la peticionaria y trae al tribunal nue-vos hallazgos. Resulta más sorprendente que este oficial socio-penal no haya informado anteriormente al tribunal de instancia que la peticionaria salió de la jurisdicción sin autorización del tribunal, a pesar de que ella misma se lo informó. Tampoco trajo al tribunal la alegada información que vinculaba a la peticionaria con el trasiego de drogas mientras cumplía la probatoria.

Tan es así que la información sobre el auto y su adqui-sición la obtiene y trae a la atención del tribunal luego de que en una de sus visitas en agosto y octubre de 1990 (ha-biendo expirado ya el período de supervisión al que fue sometida la peticionaria) viera allí el carro e hiciera una investigación. Pero de tal investigación surge que ese auto fue adquirido a finales de 1988.

Finalmente, el Ministerio Público trae a declarar al agente que alegadamente vio la transacción de drogas que dio base al registro y allanamiento de la casa de la peticio-naria y la posterior denuncia en contra de ésta. Esa denun-cia fue desestimada al no encontrarse causa probable para acusar en la vista preliminar. Pero ese testigo no declaró en dicha vista preliminar. El Ministerio Público no ha expli-cado la razón para ello ni por qué no se le debe aplicar la presunción dispuesta en la Regla 16(5) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, en el sentido de que toda evidencia volun-tariamente suprimida le resultaría adversa si se ofrece.

Por otro lado, consideramos que si con dicha evidencia no se pudo probar, mediante una scintilla de prueba, que probablemente se cometió el delito imputado en aquella denuncia ni que la peticionaria probablemente lo cometió (cf. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37 (1989)), mucho menos podrá, por sí sola, establecer las alegadas violacio-nes a la probatoria por preponderancia de la prueba.

En vista de que la peticionaria ya había cumplido el término de la probatoria impuesta sin que se le haya noti-ficado adecuadamente ninguna conducta constitutiva de violaciones a las condiciones de dicha probatoria, y de que la prueba en ese sentido no nos convence de que cumpla con el “quantum” de prueba requerido para ordenar la revoca-ción de la probatoria así concedida, dictaríamos sentencia para ordenar el archivo y sobreseimiento del caso G-87-1347 y la exoneración de la peticionaria de dicho cargo.

Por todo lo anterior, disiento.

      (1) El Ministerio Público no acudió en vista preliminar en alzada ni presentó nuevas denuncias por los hechos que dieron base a la denuncia y registro y allana-miento de la residencia de la peticionaria.

      (2) Confróntese con Pueblo v. Moreu Merced, 130 D.P.R. 702 (1992).