text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Wilson Acevedo Colón, acusado y apelante.

      Número: CR-74-50

      Resuelto: 7 de marzo de 1975

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del ape-lante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General y Ruth Tentori, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Una joven regresaba de Manatí a su casa en la Urbanización Vista Mar, vía Dorado y Levittown. Al llegar a Dorado, su vehículo sufrió un desperfecto y tuvo que dete-nerse. Dos jóvenes que viajaban en otro vehículo se acercaron y le ofrecieron ayuda. Llevaron el vehículo de la joven a una estación de servicio cercana. Allí lo arreglaron pero le infor-maron que el vehículo tenía los frenos defectuosos. Uno de los jóvenes, el aquí apelante, se ofreció a acompañarla condu-ciéndole el automóvil. Ella aceptó. El otro joven los seguiría. La joven declaró que durante el trayecto hasta casi llegar a la Urbanización Vista Mar, su acompañante se portó como un caballero, pero que cerca de la Urbanización Vista Mar dirigió el automóvil en dirección a la Base Muñiz en Isla Verde. De-claró la joven que ella le llamó a atención al efecto de que había tomado una ruta equivocada. No obstante, el apelante viró y se internó en un solar vacío donde estacionó el vehículo. El amigo que los había seguido desde Dorado aparcó a la orilla de la carretera. Relata la joven que el apelante le pidió un beso, que ella protestó pero que la besó a la fuerza, luego le subió el sweater para acariciarle los senos, que forcejearon y le dio unas bofetadas, que ella se dio en la cabeza al chocar con la puerta del vehículo y que finalmente la poseyó.

Por estipulación se admitió en evidencia un certificado del médico que examinó a la joven. En dicho documento se ex-presa :

“Certifico que he practicado un examen vaginal a la paciente Milagros Aviles Díaz y presenta himen lacerado con introito vaginal edematoso, eritematoso y sangrante. Estos son signos definitivos de Desfloración reciente, en cuyo acto pudo intervenir la violencia. Presenta además diversos equimosis, erosiones y hematomas en diversas partes del cuerpo compatibles con traumas producidos por dedos y manos abiertas o cerradas, racien-temente. (Pudo ocurrir anoche 1-7-73.)”

La versión del apelante concuerda con los hechos antes relatados, excepto en aquella parte en que la joven manifiesta que las relaciones íntimas fueron en contra de su voluntad. Mientras la joven afirma que la poseyó a la fuerza, el apelante declara que hubo una entrega voluntaria.

Consumado el acto, cerca de las diez de la noche, el ape-lante hizo funcionar el vehículo y lo sacó a la carretera. Le preguntó a la joven si la podía ver otra vez y ésta contestó que estaba bien pero que le diera el número de su teléfono o una dirección donde pudiera localizarlo. El apelante le dio un número de teléfono y la dirección de una tía y se bajó del vehículo. En ese momento se acercó el amigo en el otro ve-hículo. La joven se dirigió a su casa a donde llegó poco después de las diez. No le informó nada de lo sucedido a su madre, por ser ésta una persona muy nerviosa, a pesar de que ésta le preguntó qué le pasaba, ya que la veía llorando. Sólo le in-formó que su carro había sufrido una avería. En ese momento llega una hermana casada y le cuenta todo lo ocurrido. Su hermana le dijo que fuera a dar cuenta a la policía, que ella esperaría a su padre para contarle lo sucedido y que entonces iría al cuartel. La perjudicada fue al cuartel y con la informa-ción que le suministró a la policía localizaron y arrestaron al apelante.

Cuatro errores apunta el acusado. Ninguno tiene mérito.

I. Apunta que su renuncia a que el juicio se celebrara ante jurado es nula e ineficaz.

El acusado estuvo representado en el tribunal de instancia por los mismos abogados que lo representaron ante este Tribunal.

Veamos cómo ocurrió la renuncia y qué le informó el juez al acusado. Surge de la transcripción de evidencia que el juez expresó:

“Los compañeros habían informado que estaban preparados con una salvedad que hizo el compañero para producir un testigo que no había comparecido en el día de hoy y habían comunicado el compañero, ambos compañeros, que el caso sería por Tribunal de derecho y les pregunto que si lies explicaron todo lo relativo la derecho a juicio por Jurado.
Lie. Amadeo, Hijo:
Así es, Vuestro Honor.
Hon. Juez:
Usted es Wilson Acevedo Colón?
E — Sí, señor.
P — Usted es el acusado en este caso?
E — Sí, señor.
P — A usted se le imputa un delito de Violación y ese es un delito grave y usted tiene un derecho constitucional y estatutario a que caso se ventile por Jurado. Sin embargo, ya usted oyó a sus abogados que informaron al Tribunal que usted quiere renun-ciar a ese derecho que usted tiene a juicio por Jurado y que es su deseo de que su caso se ventile por Tribunal de derecho, o sea, que sea el Juez el que lo juzgue como juez de los hechos y no el Jurado. Así es?
R — Sí, señor.
P — A usted nadie lo ha coaccionado ni lo ha amenazado ni lo ha intimidado ni lo ha obligado ni le han prometido nada para que renuncie a ese derecho a juicio por Jurado?
R — No, señor.
P — Usted está consciente de lo que está haciendo?
R — Sí, señor.
P — Usted consultó con sus abogados sobre su deseo de renun-ciar a su derecho a juicio por Jurado?
R — Sí, señor.
P — Y ellos le explicaron las consecuencias y las implicaciones y lo que significa esa renuncia a ese derecho constitucional al juicio por Jurado?
R — Sí, señor.
P — Y le explicaron la diferencia entre un juicio por Jurado y un juicio por Tribunal de derecho ?
R — Sí, señor.
P — Y usted entendió todo lo que ellos le dijeron?
R — Sí, señor.
P — O sea, que usted no tiene ninguna duda, sabe lo que es un juicio por Jurado y un juicio por Tribunal de derecho; sabe la diferencia entre uno y otro y sabe las consecuencias y lo que significa esa renuncia a juicio por Jurado?
R — Sí, señor.
P — No tiene ninguna duda?
R — No, señor.
P — Qué edad usted tiene?
R — Veintitrés años.
P — Y hasta qué grado estuvo en la escuela ?
R — Cuarto año y sigo estudiando.
P — Qué está estudiando?
R — Gerencia.
P — En la Universidad de Puerto Rico ?
R — No, en la Vocacional Miguel Such.”

Vemos pues, que el apelante es graduado de cuarto año de escuela superior, sigue estudios de gerencia en la Escuela Miguel Such y que tuvo el asesoramiento, antes de tomar la decisión de renunciar al juicio por jurado, del Lie. Santos P. Amadeo, quien posiblemente es el abogado que en mayor nú-mero de ocasiones ha planteado esta cuestión ante este Tribunal, para lo cual necesariamente dicho letrado tiene que haber hecho un estudio exhaustivo del asunto. El juez se cercioró de que la renuncia era libre y voluntaria y expresamente le preguntó al apelante si sus abogados le habían explicado la diferencia entre un juicio por jurado y un juicio por tribunal de derecho y las consecuencias de la renuncia, y el acusado contesta “Sí, señor.” Su representación legal no hizo constar que eso no era cierto sino por el contrario admitió a preguntas del juez de instancia que había explicado al apelante todo lo relativo al derecho a juicio por jurado. Ciertamente no consti-tuye una buena y recta conducta profesional el que un abogado no plantee la falta de voluntariedad de la renuncia al jurado al tribunal de instancia, y aún más, informar al tribunal que el apelante ha sido instruido sobre ello, para luego apuntarlo como error ante el tribunal apelativo. Ver Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974).

El interrogatorio transcrito precedentemente revela que el acusado fue informado por el juez que presidió el juicio de su derecho a que su caso se viera ante jurado y que se cum-plió con lo exigido por la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal.

II. Como prueba de corroboración el Estado presentó a la hermana de la joven perjudicada. El apelante sostiene que constituyó error la admisión de su declaración, ya que la joven después del acto vio primero al compañero del acusado y luego habló con su madre y nada les comunicó. Para disponer de este apuntamiento, procede reexaminar lo ocurrido. Cerca de las' diez de la noche, el acusado termina el acto. Salen a la carretera y la joven observa al amigo del acusado que está en el otro vehículo. Aparte de que no es razonable esperar que ella le hiciera manifestación alguna a esta persona, lo cierto es que ella no tuvo la oportunidad de hablar con él, pues éste estaba en el otro vehículo. Recuérdese que la joven llegó a su casa a las diez de la noche y no le hizo manifestación alguna a su madre debido a que ésta es muy nerviosa, pero su hermana llegó a los cinco minutos e inmediatamente le relató lo ocurrido. Es obvio que la declaración de la hermana es admisible, porque habiendo transcurrido tan poco tiempo, apenas quince minutos desde que se separó del apelante, no tenía tiempo para fabricar una historia y por el contrario el relató que le hizo tenía la garantía de una manifestación espontánea.

III. Pretende el apelante que revoquemos la convicción por no haber el juez dictado una resolución con conclusiones de hecho y de derecho que justificaran la actuación del tribunal. Sostiene que “dicha actuación del juez sentenciador está en conflicto con la Cláusula del Debido Proceso de Ley y de la Igual Protección de las leyes de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ya que en procesos civiles donde no hay jurado, el juez sentenciador está en la obliga-ción de dictar una resolución con conclusiones de hecho y de derecho.”

Apunta la representación legal del apelante que desde 1966 la Regla 23(c) de las de Procedimiento Criminal en la jurisdicción federal imponen al juez sentenciador en un caso criminal visto sin jurado, la obligación de formular conclu-siones de hecho y de derecho. No es correcta tal afirmación. La Regla 23(c) de las de Procedimiento Criminal desde su aprobación, el 21 de marzo de 1946, requería que en casos criminales vistos sin jurado, el juez formulara determinaciones de hecho. Nunca ha exigido que se formulen conclusiones de derecho. La enmienda del año 1966 lo único que hizo fue adicionarle la segunda oración a la 23 (c), según queda citada al escolio 2.

El propósito de hacer conclusiones de hecho en los casos criminales que se ventilan sin jurado es para facilitar el proceso apelativo. United States v. Critchlow, 459 F.2d 793 (10th Cir. 1972). No hay envuelto derecho constitucional alguno. En las jurisdicciones donde el procedimiento no lo exige, el juez no está en la obligación de hacer las determinaciones de hecho. People v. Golston, 375 P.2d 51 (Calif. 1962), cert. den. 372 U.S. 955 (1963).

IV. Por último, el apelante sostiene que la sentencia es nula porque no se probó más allá de duda razonable la comi-sión del delito que se le imputó. La relación de los hechos que antes hicimos dispone del apuntamiento. La prueba creída por el Juez contiene todos los elementos del delito imputado.

Se confirmará la sentencia apelada.

      Dispone así dicha Regla:
      “Las cuestiones de hecho en casos de delito grave (felony) y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave (misdemeanor), siempre que originalmente se presentare la acusación en el Tribunal Superior y fueren también de la jurisdicción del Tribunal de Distrito, habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa y personalmente el derecho a juicio por jurado. El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la lectura de la acusa’ ción.”

       Dispone así:
      “(c) Juicio Sin Jurado. En un caso ventilado sin jurado el tribunal dictará su fallo y hará, en adición, a solicitud del acusado determinaciones de hechos específicas. Si se radica una opinión o memorando de decisión, será suficiente si las determinaciones de hecho aparecen ahí incluidas.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Fresh-O-Baking Co., Inc., etc., demandante y recurrente, v. Molinos de Puerto Rico, Inc. y Dafco Credit Bureau, Inc., demandados y recurridos.

      Número: R-71-131

      Resuelto: 7 de marzo de 1975

      José M. Saliceti y Hernán W. Colberg, abogados del recurrente; Trías & Francis y Juan F. Doval, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Expedimos auto de revisión a solicitud de los demandantes corporación Fresh-O-Baking Co., Inc. y Ruy F. Delgado para examinar la sentencia que declaró sin lugar la reclamación en daños y perjuicios interpuesta contra Molinos de Puerto Rico y Dafco Credit Bureau por motivo de un embargo ilegal.

Resulta necesario una síntesis cronológica de los trámites y hechos relacionados con esta reclamación según el dictamen del tribunal sentenciador, confirmado y ampliado por nuestro examen de los autos originales y las transcripciones de evi-dencia.

El viernes 7 de mayo de 1965 la recurrida Molinos de Puerto Rico, Inc., en lo sucesivo denominada Molinos, a través de la agencia de cobro Dafco Credit Bureau presentó en el Tribunal Superior, Sala de Caguas, bajo el número 65-2044 una demanda en cobro de dinero contra “Francisco M. Mattei Baerga h/n/c Fresh-O-Baking”. La entidad corpora-tiva Fresh-O-Baking Co., Inc., de la cual el Sr. Mattei era su accionista principal y administrador, se dedicaba al negocio de panadería y repostería en un local de su propiedad ubicado en el pueblo de Adjuntas que no cumplía con las normas regla-mentarias sobre condiciones sanitarias aprobadas por el Departamento de Salud y cuyo estado físico era deplorable; situación que existía desde el mes de febrero de 1964 y conti-nuó posteriormente según las visitas de los inspectores corres-pondientes hasta el embargo y clausura. En estructura aparte el recurrente Ruy F. Delgado tenía guardado, bajo depósito gratuito con el señor Mattei, cierto equipo de laboratorio y notas de estudios por él realizados y también tenía equipo de su propiedad que se utilizaba en la panadería.

Concurrente con la radicación de la demanda, previa pres-tación de fianza, Molinos obtuvo una orden de embargo pre-ventivo que diligenció sobre diversos bienes consistentes de $49.45 en efectivo, una guagua Y.W., año 1960, maquinaria usada en la elaboración de pan y equipo de oficina. El algua-cil, por instrucciones expresas del depositario de la deman-dante, señor Fernando García de la Noceda, procedió a clau-surar el negocio instalando candados nuevos cuyas llaves con-servó. Como consecuencia del embargo, las labores que allí se efectuaban fueron interrumpidas, y todos los productos e in-gredientes perecederos para la confección de pan quedaron dentro del local. El señor Mattei Baerga no se encontraba en dicho momento ni se personó al lugar no obstante habérsele cursado notificación del embargo por conducto de uno de sus empleados y encontratarse a una distancia cercana. El local anexo, con entrada independiente en que el recurrente Delgado tenía sus bienes no fue objeto del embargo.

Así las cosas, el demandado Mattei en unión a su abogado compareció el lunes 10 de mayo a las oficinas del alguacil del tribunal donde fue emplazado y notificado oficialmente de tales gestiones. Con fecha 14 de mayo de 1965 el caso fue trasladado y radicado con el número 65-2476 en el Tribunal Superior, Sala de Ponce. Mattei contestó la demanda formu-lando una reconvención en daños y perjuicios por la suma de $1,500.00 basada en que la deuda no era personal sino corpo-rativa y de que le habían sido ilegalmente embargados varios bienes de su propiedad personal. De este modo quedó trabada la contienda en dicho caso. Mediante orden del tribunal sobre entrega de libros de contabilidad para usarse en otro proceso, en 18 de mayo de 1966 el señor Mattei, su abogado y un algua-cil se personaron al local y notaron que había sido objeto de vandalismo por terceras personas, hecho que le fue notificado al recurrente Delgado.

Por inactividad de las partes, se dictó sentencia de archivo bajo la Regla 11 de las de Administración el 23 de diciembre de 1966, la cual oportunamente se convirtió en final y firme.

El 5 de mayo de 1966, Fresh-O-Baking Co. radicó bajo el número 66-1402 una demanda de daños y perjuicios contra Molinos, Dafco y el depositario Fernando García de la Noceda, fundada en embargo ilegal y clausura indebida del negocio, reclamando más de $65,000.00 por diversos conceptos. La misma fue desestimada sin perjuicio mediante sentencia de 26 de junio de 1967 por el fundamento de ser prematura al no haberse resuelto todavía el pleito original que motivó el embargo. Al igual que el otro caso, este dictamen se convirtió en final y firme.

En 13 de octubre de 1967 se radicó la acción de daños y perjuicios que nos ocupa ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce, subsiguientemente trasladada y ventilada en la Sala de Caguas.

En ningún momento se instó por las partes recurrentes recurso independiente de tercería o solicitaron reducción, levantamiento de embargo u otra medida siendo únicas las diligencias judiciales previamente mencionadas.

Contra la sentencia desestimatoria del tribunal de instan-cia — basada en la aplicación de las defensas de cosa juzgada y prescripción, ausencia de nexo causal y la doctrina del deber de minimizar daños — los recurrentes apuntan y discuten siete (7) errores que pasaremos a analizar, separando en nuestra exposición los méritos de las dos causas de acción.

I

Reclamación de Fresh-O-Baking Co., Inc.

Concluimos que incurrió en error el tribunal a quo al aplicar la doctrina de cosa juzgada y la defensa de prescrip-ción a dicha entidad.

El trasfondo de hechos expuestos demuestra que en el caso primitivo número 65-2044 en cobro de dinero, Mattei formuló una reconvención en daños y perjuicios contra la allí promovente Molinos en su capacidad individual no corporativa, por alegadamente haberse embargado propiedad de su pertenencia. En consecuencia, no podía dársele efectividad a la defensa de cosa juzgada en orden a la sentencia en dicho caso por estar ausente el requisito de identidad de parte. Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950-951 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 872, 382 (1967); Sucn. Zagas Berrios v. Berrios, 90 D.P.R. 551, 564 (1964); Rodriguez v. Sucn. Pirazzi, 89 D.P.R. 506, 519 (1963). Tampoco procedía tal defensa por razón de la sentencia de desestimación dictada en el caso número 66-1402 en que la recurrente demandó a Molinos, pues la misma fue dictada sin 'perjuicio, excluyendo tal disposición judicial, por naturaleza su aplicabilidad. Además, operaba comó impedimento el fundamento de dicha sentencia basada en que la causa de acción por embargo era prematura por no haber finalizado el pleito primitivo. Fels v. Biascoechea, 77 D.P.R. 681, 685 (1954).

Respecto a la defensa de prescripción, la sala sentencia-dora se expresó del modo siguiente:

“Fuera de la ¡pérdida alegada por el no uso de la maquinaria a las actividades a que se dedicaba, cuya pérdida se ha determi-nado, no es recobrable por la razón indicada; solo hay la pérdida por concepto del deterioro de la harina el aceite y la manteca cuyo valor determinó el Tribunal en $300. Empero, por razón de la prescripción, Art. 1869 del Código Civil, tal reclamación no puede prosperar. Esta causa de acción no es propiamente una por embargo ilegal. La pérdida de harina, manteca y aceite se debió a que la demandada no tomó las medidas necesarias para evitar su pérdida o deterioro. Nace de la ausencia de diligencia en el cumplimiento de un deber legal que tenía para con la dueña de dichos bienes perecederos. Es por ello que es una acción que nace al no actuar el embargante como debió y por ende, nació al reali-zarse el acto de cerrarse el local y cae bajo los artículos 1802 y siguientes. Por ello, está prescrita bajo el artículo 1869 del Código Civil, la acción para reclamar esta partida.”

Bajo la tesis correcta de que la acción referente a la par-tida de alimentos perecederos nació al momento de efectuarse el embargo, 7 de mayo de 1965, parecería estar prescrita la misma, ya que al radicarse el caso que nos ocupa el 13 de octubre de 1967 habían transcurrido más de dos años. Ello estaría en consonancia con nuestra doctrina jurisprudencial que caracteriza la causa de acción para recobrar daños y per-juicios por embargo ilegal como una de naturaleza ex delicto cuyo entronque es el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. See. 5141); Berrios v. International Gen. Electric, 88 D.P.R. 109,117 (1963); Méndez v. E. Solé&Co., 62 D.P.R. 835, 839 (1944); R. Muñiz de León & Co. v. Melón Hnos. & Cía., 56 D.P.R. 330, 333 (1940); y que prescribe al año. De la Mattav. Carreras, 92 D.P.R. 85, 97 (1965).

Sin embargo, ni las partes ni el tribunal recurrido se percataron que la demanda de daños y perjuicios presen-tada por la entidad recurrente el 5 de marzo de 1966 en el caso 66-1402 interrumpió el término de prescripción extintivo de un año; circunstancia que prevaleció hasta el 26 de junio de 1967, fecha en que se dictó la sentencia desestimatoria sin perjuicio. De esa forma, el período prescriptivo quedó suspen-dido durante todo el tiempo que dicha acción estuvo sujeta a una adjudicación judicial, no militando en contra el que la acción fuera desestimada. Mientras estuvo pendiente mantuvo vivo y latente el derecho de dicha parte interrumpiendo efectivamente el término prescriptivo. Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 590-591 (1972); Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 659-661 (1966). Consecuencia lógica, la acción ante nos radicada en primera instancia el 13 de octubre de 1967 fue oportunamente presentada siendo compensable la partida de $300.00 correspondiente a la pérdida de productos perecederos reconocida en la sentencia.

Los demás errores señalados en cuanto a la entidad recu-rrente se contraen al haber el tribunal sentenciador denegado compensación por beneficios dejados de obtener con motivo del cierre del establecimiento y por la desaparición de maquinaria y la negativa además de ordenar la devolución de ciertos bienes embargados que fueron entregados al depositario judicial.

El análisis de la prueba desfilada y el derecho aplicable impiden que reconozcamos compensación, en las circunstancias del caso, por beneficios y ganancias dejadas de percibir. La ilicitud del negocio de la recurrente operando el mismo en condiciones antihigiénicas constituye jurídicamente un obstáculo infranqueable para ello. No es sólido su argumento de que la clausura prematura del negocio por el embargo, le impidió posteriormente el efectuar reparaciones para superar las deficiencias higiénicas. El récord revela que el cierre y la paralización del establecimiento era un hecho indefectible que el embargo meramente anticipó por varios días. Las violado-nes a la reglamentación de salud pública eran cualitativa y cuantitativamente de tal naturaleza que solamente reparacio-nes mayores e inversiones sustanciales económicas podían haberlo evitado. Nos preguntamos: ¿Si durante los meses ante-riores no se adoptaron medidas correctivas de tales deficien-cias, cómo puede sostenerse que las mismas se iban a realizar de no haber mediado el embargo? ¿Si la corporación no había pagado a Molinos la deuda válida pre-existente, ni posterior-mente levantó el embargo por alegadamente carecer de recur-sos económicos, cómo puede argumentar que el cierre judicial impidió tales reparaciones? La conclusión lógica que eviden-cian los autos a estas interrogantes, es que la corporación nada hizo con motivo del embargo, pues el desenlace inevitable era la paralización y clausura del negocio por razones de salud pública, optando más bien por especular en daños y perjuicios con motivo del error procesal cometido por Molinos.

Respecto a los errores relacionados con la pérdida, desa-parición y deterioro del equipo embargado que quedó bajo la custodia del depositario judicial, estimamos que los mismos fueron cometidos y que con sujeción a las normas jurídicas más adelante expuestas, procede se otorgue compensación a la recurrente. Analicemos los fundamentos en apoyo de esta con-clusión.

La prueba refleja que únicamente la suma de $49.45 bajo custodia del alguacil fue devuelta a la recurrente, quedando los restantes bienes y objetos embargados bajo el cuidado del depositario judicial seleccionado por Molinos, quien optó por cerrar físicamente el negocio dejando en su interior los bienes corporativos que subsiguientemente, con el transcurso del tiempo fueron objeto de actos vandálicos y experimentaron deterioro. Sobre el estado, condición y valor de los mismos, en ausencia de determinación del tribunal a quo, y sin que ello implique variación en la norma de abstención judicial como tribunal apelativo, la prueba testifical y documental nos permite precisar un valor aproximado total de $10,575.00 al momento de efectuarse el embargo.

No obstante, la interacción y aplicabilidad de varias nor-mas jurídicas más adelante expuestas, si bien no derrotan totalmente la causa de acción de la recurrente, no nos permite reconocer la suma antes consignada en toda su extensión. Pre-ciso es apuntar tales normas para fines no sólo del caso de autos, sino ilustrativos en una sociedad como la nuestra en que el derecho vigente reconoce el mecanismo de embargo pre-ventivo para asegurar la efectividad de una sentencia futura.

El embargo de bienes es una medida realista y necesaria consagrada procesalmente en nuestra Regla 56 de Procedimiento Civil encaminada a preservar la capacidad económica de un deudor y, en consecuencia permitir a un acreedor en última instancia vindicar su derecho. Esta regla provee un balance delicado e impone sobre los tribunales el deber de velar sobre la razonabilidad del remedio sobre todas las partes y representa . . la garantía máxima de corrección y resguardo de los derechos del deudor. . . .” Domínguez Tálavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974). Tal protección, en casos de reclamaciones no evidenciadas por documentos públicos o privados debidamente autenticados o por sentencia judicial, exige la prestación de una fianza para garantizar posibles daños y perjuicios. Reconoce al deudor el derecho a disolver el embargo y retener los bienes mediante prestación de fianza. Si bien la realización y consumación del embargo está bajo la tutela de los tribunales representado por el alguacil, la descripción y señalamiento de bienes, y de ordinario la custodia, recae sobre la parte promovente y el depositario judicial designado por el tribunal a solicitud de ésta última. Carlo v. Corte, 58 D.P.R. 889, 895 (1941); Clausells v. Salas, 50 D.P.R. 553 (1936); Dávila v. Rosa, 61 D.P.R. 608 (1943); Cooperativa Central v. Flores, 68 D.P.R. 726 (1948). El depositario judicial tiene bajo su responsabilidad la custodia de los bienes embargados, viniendo obligado a cumplir respecto de ellos, todas las obligaciones de un buen padre de familia conforme el Art. 1688 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4714). Ello implica que el depositario y el acreedor de mediar pérdida, deterioro indebido, o de no prevalecer este último en su reclamación, responden de los daños y perjuicios que ocurran en tal gestión.

Usualmente el alguacil y el depositario designado están llamados a realizar el embargo con sujeción a los bienes mencionados en el señalamiento y orden, careciendo ambos de facultad para tomarse la iniciativa de ordenar el cierre de un local. Sólo una orden expresa del tribunal o aquella implícita que reconocemos emana cuando los bienes en cuestión están adheridos al mismo y cuya remoción razonablemente causaría deterioro y daños, o implica el que se tenga que incurrir en gastos sustanciales desproporcionados a la reclamación, cons-tituyen las excepciones a tal regla, pues la eficacia de la provi-dencia judicial requiere la clausura del local para evitar que el demandado tenga acceso y posesión de los bienes objeto del embargo, haciendo fútil e inoperante el embargo: Carlo v. Corte, supra, págs. 896-897.

En el caso que nos ocupa, resulta evidente que la clausura del local fue una gestión válida y necesaria para darle virtua-lidad a la orden del tribunal pues la mayoría de los bienes y equipo señalados estaban adheridos (T.E. pág. 101) y todo indica que el tamaño y peso de los mismos no aconsejaban su remoción.

La fluidez situacional que el diligenciamiento de un embargo conlleva y la dificultad de precisar en el momento los valores exactos de los bienes especificados es razón de que exista la norma de derecho general de que un embargo no se convierte en ilegal por ser excesivo. Ramery Vélez v. Banco Popular, 90 D.P.R. 274, 280 (1964); Carlo v. Corte, supra, pág. 897. De ello ocurrir, el remedio es uno sencillo y de fácil acceso: solicitud de reducción del embargo trabado.

De relevancia a la controversia jurídica que plantea el recurso, es la doctrina de mitigación de daños. Postula el deber que tiene una persona que sufre perjuicios de adoptar aquellas medidas razonables pertinentes y a su alcance tendentes a reducir el monto de los mismos — Cía. Fomento Industrial v. León, 99 D.P.R. 633, 647 (1971); Stella v. Municipio, 76 D.P.R. 783, 796 (1954); Palmer v. Barreras, 73 D.P.R. 278, 286 (1952); Ortiz v. McCormick Steamship Co., 57 D.P.R. 560, 566 (1940); y López v. American Railroad Co. of P.R., 50 D.P.R. 1, 30 (1936). La misma es aplicable a las acciones por embargo ilegal, Nolla v. Joa Co. of Florida, 102 D.P.R. 428 (1974), alcanzando aquellas acciones incoadas por personas jurídicas. Empero, su vigencia no puede derrotar totalmente la causa de acción de la recurrente como concluyó el tribunal de instancia. En esencia y por propia definición su aplicabilidad presupone la existencia y realidad de un daño, pues de lo contrario nada habría que mitigar. Al igual que en otras normas del derecho, su virtualidad y extensión hay que evaluarla a la luz de las circunstancias particulares de cada caso, no existiendo fórmula mágica ni matemática que per-mita aplicarla con facilidad.

En el recurso ante nos, las circunstancias señalan que la corporación recurrente no gestionó remedio alguno una vez trabado el embargo y clausurado el negocio con el objeto de mitigar los daños que el transcurso del tiempo razonable-mente causaba sobre los bienes de su propiedad. Adoptó una posición de pasividad y de abandono total no obstante conocer su administrador y accionista principal señor Mattei tal situa-ción, por lo que nos inclinamos a creer que su actuación estuvo basada en la creencia errónea de que Molinos respondería por daños por embargo ilegal ad infinitum. Ello denota un apetito voraz especulativo hacia la obtención de compensación, corro-borado por la radicación de la acción en daños y perjuicios sin siquiera haber previamente, o en dicho caso, solicitado el levan-tamiento del embargo mediante moción al efecto o en la acción independiente de tercería. No es hasta transcurridos catorce (14) meses de dictada la sentencia de archivo en el pleito de cobro de dinero original que solicita tal remedio. Entendemos que parte de los daños que hemos reconocido en nuestro análi-sis fueron el producto de la falta de diligencia de Fresh-O-Baking Co., Inc. y no del embargo y clausura en sí.

Ahora bien, tampoco la recurrida Molinos actuó diligente-mente para aminorar los daños, por lo cual concluimos que debe compensar a la recurrente en mitad de los daños real-mente probados, a saber $5,437.50.

II

Reclamación del Sr. Ruy F. Delgado

El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda presentada por el Sr. Delgado por el fundamento de estar prescrita. La misma fue interpuesta el 13 de octubre de 1967 y hemos visto que el embargo había sido diligenciado el 5 de mayo de 1965. Los autos y la prueba desfilada claramente evidencian que el recurrente Delgado tuvo conocimiento del mismo a fines del año 1965 (T.E. pág 6 de 2 de septiembre de 1970.)

No habiendo sido parte original en la acción judicial de cobro de dinero, sino un tercero, no tenía que esperar a las resultancias de dicho pleito para ejercitar sus derechos. Venía obligado a hacerlos valer dentro del año de haber advenido en conocimiento de la acción, ya que ésta era independiente y separada.

Bajo el argumento deducido de que su causa de acción por pérdida de equipo y material de estudios, a los fines del tér-mino prescriptivo, tuvo su génesis al tener conocimiento de tal hecho, también se extinguió su reclamación pues para el 18 de mayo de 1966 el depositario gratuito de tales bienes señor Mattei conocía la situación y es razonable inferir que se lo comunicó. Resulta ilógico, por no decir ingenuo, sostener que una persona que reside en San Juan y visita su hogar maternal en el pueblo de Adjuntas mensualmente (T.E. pág. 62), que está contiguo al de la estructura de la panadería, desco-nociera la acción de los vándalos acaecida en o antes de la fecha indicada. Además, dicha parte no mitigó los posibles daños a su propiedad, aun cuando tenía acceso a donde estaba almacenada la maquinaria la cual no había sido cerrada por el alguacil (T.E. págs. 50-51, 59). El error apuntado no fue cometido.

Se dictará Sentencia declarando con lugar la demanda en daños y perjuicios y condenando a las demandadas Molinos de Puerto Rico, Inc. y Dafco Credit Bureau, Inc., a satisfacer a Fresh-O-Baking Co., Inc. la suma de $5,4-37.50, las costas del proceso y $500.00 en honorarios de abogado; y confirmando al Tribunal Superior, Sala de Caguas en cuanto a la reclama-ción de Ruy F. Delgado.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.

      La suma reclamada era de $3,475.00 por mercancía comprada y no pagada y $1,200.00 en concepto de costas, y honorarios de abogado. No existe controversia de que la corporación Fresh-O-Baking Co., Inc., adeu-daba en aquel momento lo reclamado. (T.E. pág. 71 de fecha 27 de mayo de 1970.)

      A1 18 de marzo de 1965, cincuenta (50) días antes del embargo, se habían consignado como violaciones al Reglamento de Salud Número 73 (24 R.&R.P.R. see. 850-1 et seq.) las siguientes:

        Edificio: No está a prueba de ratas; los pisos y paredes interiores no son de material impermeable; no hay facilidad de desagüe y carece de luz reglamentaria.

        Local para el Despacho de Pan: No está a prueba de moscas o saban-dijas; los pisos, paredes y cielo raso no se conservan limpios; las mesas carecen de superficie forrada de material absorbente.

        Local de Elaboración de Harina: No está a prueba de moscas; los pisos, paredes, cielo raso, maquinaria, utensilios y equipo no se conservan limpios.

        Almacén: No está a prueba de moscas, cucarachas y otras sabandijas; y la harina y demás ingredientes no se almacenan en plataformas o borri-quetes.

        Servicio Sanitario: La puerta conecta directa al local de la panadería; no está a prueba de moscas, ratas y otras sabandijas; no hay lavabo, papel toalla ni jabón.

        Local para Aseo de Empleados: No está dotado de ducha y no se mantiene limpio ni en buen estado de conservación.

        Lavado y Esterilización de Equipo: Los paños no se conservan limpios ni en buen estado de uso.

        Casos Misceláneos: La leña no se mantiene en borriquetes y ordenada; los alrededores no se conservan limpios y las aguas están dispersadas; las basuras no se despositan en zafacones con tapas de buen ajuste; las venta-nas y puertas tienen tablas apolilladas; el edificio está falto de pintura en su interior y exterior; hay cachibaches y otros equipos ajenos a la elabora-ción del producto; no hay ventilación natural; todos los empleados carecen de certificados de buena salud, no usan ropa limpia ni adecuada ni observan buenos hábitos de aseo e higiene.

      Las únicas otras incidencias que revelan los autos originales del referido caso son una resolución de 27 de febrero de 1968 ordenándose al depositario de los bienes entregar los artículos embargados al demandado Sr. Mattei, y una orden de remisión de tales autos al Tribunal Superior, Sala de Caguas en 21 de noviembre de 1968, a los fines de presentarse como evidencia en el caso que nos ocupa.

      En Roña Electric Co. v. Garriga, 99 D.P.R. 942, 949 (1971), señalamos el carácter rápido y sencillo del procedimiento de tercería cuyo fin es determinar . . si los bienes muebles que se han embargado como de determinada persona le pertenecen a otra que los reclama como suyos.”

       Si bien la regla general exige que se alegue y demuestre que los bienes fueron realmente embargados y que la acción que motivó tal medida finalizó a favor del demandado original, hemos reconocido excepciones en casos cuyas circunstancias son verdaderamente extraordinarias. Frigorífico M. H. Ortiz v. Quiles, 101 D.P.R. 676; Alum Torres v. Campos del Toro, 89 D.P.R. 305 (1963).

      Del estudio de las transcripciones correspondientes y las fotografías admitidas, hemos concluido la valoración estimada previa la depreciación que consideramos razonable, la cual se desglosa del siguiente modo:

        Valoración Judicial al momento de embargó Descripción Año y Costo Depreciación

      $ 1,000.00 Guagua VW 1960 — $3,000.00 $2,000.00
      $ 25.00 Máquina sumar Comptograph 1962 — $ 100.00 $ 75.00
      $ 2,000.00 c/u Dos Hornos “C” Doble 1959 — $5,000.00 c/u $3,000.00 c/u
      $ 400.00 Máquina removedora 1953 — $2,000.00 $1,600.00
      $ 300.00 Torno 1953 — $2,300.00 $2,000.00
      $ 1,200.00 Pesadora 1953 — $3,000.00 $1,800.00
      $ 1,000.00 Boleadora 1953 — $3,000.00 $2,000.00
      $ 1,800.00 Moleadora 1953 — $3,800.00 $2,000.00
      $ 250.00 c/u Dos rebanadoras 1953 — $ 500.00 c/u $ 250.00 c/u
      $ 100.00 Compresor 1953 — $ 300.00 $ 200.00
      $ 250.00 Botelleros 1953 — $ 500.00 $ 250.00
      $10,575.00
      No hay prueba para evaluar una maquinilla usada Underwood (T.E. pág. 48); una caja fuerte antigua (T.E. pág. 46) ni el equipo misceláneo. En ausencia de prueba precisa hemos tomado el año 1953 como fecha de adquisición de tales objetos.
      Resulta improcedente adjudicarle a la entidad recurrente compensación por una máquina de sumar Odhner, una maquinilla Torpedo y escritorio y silla por pertenecer los mismos al Sr. Mattei. (T.E. págs. 92-93.) Igual-mente en cuanto a unos archivos de metal por ser éstos propiedad del Sr. Ruy Delgado. (T.E. pág. 48.)

       Producto de la suma de las partidas $10,575.00 y $300.00 dividida en igual proporción.


author: per curiam: Juez Asociado, Señor Negrón García

text:
      In re: Roberto José Maldonado Rivera, querellado.

      Número: O-74-74

      Resuelto: 11 de marzo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Magda E. Haidar de Martí y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Roberto José Maldonado Rivera, por derecho propio; Alvaro R. Calderón, Jr., Julio Torres y Manuel Moraza Choisne, abogados del que-rellado.
   per curiam:

El querellado Roberto José Maldonado Rivera — abogado y notario desde el mes de junio de 1967— fue suspendido permanentemente del ejercicio de la notaría por este Tribunal el 4 de mayo de 1973 por no haber rendido los correspondientes índices notariales desde el 15 de noviem-bre de 1971 hasta la fecha de su separación. Conjuntamente con dicho dictamen dispusimos que el alguacil se incautara de sus protocolos y del registro de declaraciones juradas con el fin de que fueran entregados al Director de Inspección de Notarías para ser examinados. Sólo pudo diligenciarse la entrega del libro de declaraciones debido a que los protocolos estaban sin encuadernar y estaban extraviadas cinco (5) escrituras otorgadas el año 1969. ■

En vista del incumplimiento por el querellado de nuestra Besolución concediéndole treinta (30) días para que corrigiera y encuadernara su protocolo notarial y radicara los índices notariales correspondientes, el 14 de enero de 1974 dispusimos se radicara querella de desaforo.

En la vista el querellado admitió los hechos en que se funda la querella, desistió de sus defensas afirmativas y planteó a través de sus abogados lo siguiente: “1) la alega-ción en todos los cargos de que la conducta del querellado fue ilegal, inmoral e impropia es una conclusión de derecho por lo que no se acepta; 2) las faltas que motivan los cargos han sido corregidas; 3) que lo que está envuelto en este caso y se le imputa al querellado, son actuaciones relacionadas exclusiva-mente con su función como notario, sin tocar para nada su rol como abogado, por todo lo cual el querellado ya ha sido castigado al ser separado por este Honorable Tribunal del ejercicio de la notaría.’ Presentó prueba demostrativa de que en el ejercicio de su profesión, se ha dedicado a representar con diligencia, habilidad y honestidad a personas de escasos recur-sos económicos en causas criminales y de violación de derechos civiles, sin cobrar honorarios.

En su escrito ante nos, el querellado reconoce que las faltas notariales cometidas fueron serias argumentando: que por ello ya fue penalizado al ser suspendido del notariado; que las fallas fueron corregidas; y que no hay evidencia de deshones-tidad y depravación moral.

La naturaleza y fe pública que implica el ejercicio de la notaría, es el fundamento para reiterar nuestro enfoque juris-prudencial de que ciertas irregularidades en su desempeño puede ser causa de desaforo de la profesión de abogado. In re Dávila Román, 101 D.P.R. 936 (1974); In re Pinero, 77 D.P.R. 630 (1954); In re Ramos, 77 D.P.R. 107 (1954); In re Ardín, 75 D.P.R. 496 (1953); In re Arroyo Rivera, 63 D.P.R. 796 (1944). Están tan vinculados los principios nor-mativos éticos de ambas gestiones, que la base académica y moral del notariado descansa sobre la admisión al ejercicio de la abogacía. Ello exige del abogado notario la observancia cabal, fiel y diligente de las normas éticas, jurídicas y regla-mentarias que cubren cada una de tales esferas.

Rechazamos el criterio propuesto por el querellado al admi-tir los cargos, al efecto de que originándose éstos en mala práctica de la notaría ya ha sufrido suficiente sanción con la separación del notariado. La integridad ética del abogado no puede sufrir fragmentación en los distintos campos de activi-dad. Quien es negligente e irresponsable en parte de su que-hacer profesional no puede aspirar a elogios en la otra parte que todavía no parece afectada por la conducta reprochable. Cuando por el mismo profesional se ejercen funciones de abo-gado y notario, ¿qué garantía tiene la sociedad de que la ausencia de principios en una de ellas no ha de contaminar la otra, si ambas está dirigidas por los conceptos y normas o falta de ellas, de la misma persona? La irresponsabilidad de-mostrada por el querellado en su práctica notarial, de persis-tir, lo descualifica para el ejercicio de la abogacía, y sólo la esperanza de que pueda con esta grave advertencia rectificar conceptos y continuar su aportación social en la práctica de la abogacía, en la que ha demostrado loable vocación de servicio a causas y personas menos favorecidas nos induce a detener-nos en el umbral mismo del desaforo.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con la Opinión del Tribunal en voto separado, con el cual concurren los Jueces Asociados Señores Martín y Díaz Cruz.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado, Señor Negrón García

con la cual concurren los Jueces Asociados, Señores Mar-tín y Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 1975

Los hechos que motivan la censura verbal por el Tribunal al letrado Roberto José Maldonado Rivera como remedio co-rrectivo, tienen su génesis en haber éste incurrido en lo si-guiente:

1 — Dejó de radicar los índices notariales correspondientes al período entre 15 de noviembre de 1971 y 2 de febrero de 1973, y no cumplió con las órdenes reiteradas expedidas por el Juez Administrador del Tribunal Superior, Sala de San Juan;
2 — Desobedeció e hizo caso omiso a tres Resoluciones de este Tribunal de fechas 2 de febrero, 4 de mayo y 2 de noviem-bre de 1973;
3 — No adhirió ni canceló los correspondientes sellos de rentas internas y del Colegio de Abogados en cinco (5) escri-turas otorgadas durante el año 1969;
4 — No incluyó en sus índices del año 1969 la información correspondiente al otorgamiento de tres (3) escrituras;
(5) No incluyó en su protocolo la correspondiente nota de apertura y nota de cierre;
6 — Autorizó una escritura sin el sello notarial; otra sin su firma, rúbrica y sello notarial y sin la firma del comprador; y otra escritura sin su firma, sello notarial y rúbrica;
7 — No firmó la nota de saca en el uso de dos (2) escritu-ras;
8 — Dejó espacios en blanco en una escritura;
9 — No mantuvo ni conservó íntegros sus protocolos ni en-cuadernó debidamente el protocolo del año 1969.

Considero de mayor gravedad el no haber acatado el que-rellado las órdenes judiciales del Tribunal Superior, Sala de San Juan y las tres Resoluciones de este Tribunal, siendo sig-nificativo que únicamente actuó cuando fue apercibido de la querella de desaforo.

No son separables a mi juicio, las normas de respeto a que son acreedores los tribunales de justicia en nuestro país por razón de que el origen de las órdenes dictadas sean con respecto a la ley notarial o a un incidente en una causa judicial. En esencia el principio rector que debe prevalecer es el acatamiento de los dictámenes judiciales por la ciudadanía y especialmente por los miembros de la clase togada quienes tienen el privilegio de defender, con su ejemplo, el ministerio de la ley.

Irrespectivamente del impacto que una censura verbal pueda tener sobre determinado abogado, este Tribunal debe definir de manera clara y precisa su postura futura respecto a las medidas correctivas a que están sujetos los miembros de la profesión de abogado por incumplimiento de órdenes judicia-les, siendo ello imprescindible para el descargo del mandato constitucional de preservar un sistema de justicia eficiente y de respeto. Se pierde el propósito normativo, nervio de nues-tras decisiones sobre conducta profesional, si la declaración ética se da en el vacío, prescindiendo de una clara y precisa relación de las actuaciones censuradas. Nuestra sociedad con-temporánea exige la más alta disciplina profesional por parte de los abogados y ello hace ineludible que reformulemos nues-tro enfoque y exijamos de éstos la responsabilidad real que conlleva el principio que encarna la expresión de honrar la toga.

Debido a la existencia de las circunstancias atenuantes aducidas por el querellado y a la ausencia de falta que impli-que depravación, colusión, fraude o engaño, concurro en el resultado, haciendo reserva sobre el valor de precedente que para casos ulteriores le atribuyo a la sanción o amonestación verbal del Tribunal, que en el caso de autos, se detiene en el umbral del desaforo.


author: per curiam: Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Dingui Ayala, acusado y apelante.

      Número: CR-74-82

      Resuelto: 11 de marzo de 1975

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del ape-lante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   per curiam:

I. Trasciende los límites de lo que es propio el planteamiento en uno y otro recurso por el abogado del apelante suscitando la cuestión de que los veredictos por mayoría sancionados por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son nulos e inefi-caces a pesar de haberse resuelto reiteradamente por este Tribunal que los mismos son válidos. Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974) y casos allí citados.

II. Plantea la representación legal del apelante la peregrina teoría de que instruir al jurado al efecto de que éste “no tiene derecho a prescindir de la evidencia admitida por la Corte, ni tampoco a desechar arbitrariamente la declaración de un testigo. Y está en el deber de considerar cuidadosamente toda la evidencia presentada en el caso” “. . . constituye una intervención con el funcionamiento del jurado quien no está obligado a resolver el caso de acuerdo con la prueba que ha desfilado ante ellos.” Y no para aquí sino que además sostiene que “es necesario que el Tribunal instruya al jurado que éste tiene poder para absolver al acusado a pesar de que el mismo sea culpable de acuerdo con la prueba.”

En Pueblo v. Báez Cintrón, antes citado, expresamos:

. . Las instrucciones tienen como propósito ilustrar y fami-liarizar al jurado con las normas básicas de derecho que habrán de guiarlo en su función deliberativa. Autorizar a un jurado a incurrir en flagrante menosprecio de la prueba y de las instruc-
ciones equivale a convertir el estrado en púlpito de anarquía. [Citas.] ”

III. El juez en el presente caso trasmitió las instrucciones sobre duda razonable generalmente aceptadas, pero el apelante sostiene que están incompletas ya “que no basta una instrucción general a ese efecto. La Corte tiene que instruir al jurado que éste debe encontrar culpable al acusado más allá de duda razonable en cada uno de los elementos del delito, o sea en este caso, los elementos del delito de Asesinato en Primer Grado. .. Cita como autoridad In Be Winship, 397 U.S. 358 (1970). En el caso de Winship ni se planteó ni se resolvió la cuestión invocada por el acusado. Winship lo único que resuelve es que para encontrar incurso en una falta a un menor debe establecerse su responsabilidad más allá de duda razonable.

IV. El planteamiento de que el veredicto rendido en el presente caso es nulo porque “las instrucciones que el Tribunal sentenciador dio al Jurado no han sido aprobadas por la Legislatura de Puerto Rico”, es tan frívolo como todo lo anteriormente discutido. Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974).

V. Por último sostiene el apelante que la prueba presentada no estableció la comisión del delito imputado más allá de duda razonable. La prueba de cargo clara y convincente establece la culpabilidad del acusado del delito de asesinato en primer grado.

Un niño llama a su padre porque otro niño lo ha agredido. El padre que vive en un caserío público en Gurabo acude donde su hijo. Cuando estaba hablando con el niño que inter-vino con el suyo el acusado (padre del otro niño) le ataca.por la espalda tirándolo al suelo donde le cortó la vida mediante numerosas heridas inciso-punzantes y penetrantes. La decla-ración del acusado, única prueba presentada por la defensa, tiende a corroborar la de cargo.

Una vez más repetimos lo consignado en Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974) y Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974), que el recurso de apelación solo debe interponerse “cuando se tiene la convicción de que se han cometido errores que ameritan la revocación. No se apela por apelar.” La frivolidad del presente recurso es tan palmaria que haberlo interpuesto trasciende los límites de lo que es propio en relación con el asesoramiento que un abogado está en la obligación de brindarle a su cliente. Es deber de todo abogado informarle a su cliente las probabilidades de éxito que tiene la interposición de un recurso de apelación. Todas las cuestiones de derecho planteadas en el presente caso son extremadamente frívolas y carecen de fundamento legal. En cuanto a la suficiencia de la prueba, difícilmente existe un caso más claro y completo de asesinato en primer grado. La interposición de esta clase de recurso no tiene otro efecto que el de congestionar el calendario de este Tribunal y ocasionarle gastos innecesarios a un apelante, no obstante ser claro que su recurso no ha de prevalecer.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió opinión separada con la que concurren los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín, Irizarry Yunqué y Negrón García.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Torres Rigual

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín, Irizarry Yunqué y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 1975

Aunque estoy plenamente de acuerdo con todo lo expresado en la opinión del Tribunal, creo conveniente 'hacer unas expre-siones adicionales con respecto al segundo error.

Ciertamente la tesis del apelante de que el jurado no está obligado a resolver de acuerdo con la prueba y que puede absolver a pesar de que se haya demostrado la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, corroe en su íntima esen-cia la institución del jurado y desnaturaliza su función de aquilatar la prueba y de adjudicar las cuestiones de hecho. Es esta una función que debe desempeñarse razonadamente y no en forma arbitraria para que sea digna y respetable. Como juez supremo de los hechos, el jurado no debe dejar in-tervenir en su ánimo prejuicios, sentimientos de simpatía, presiones o influencias ajenas a la prueba desfilada. Esta juiciosa norma de administración de justicia toma forma en el precepto estatuido en el Art. 524 del Código de Enjuicia-miento Civil, el cual dispone que “el efecto de la evidencia no es arbitrario, sino, que se ejercerá con discreción jurídica y sujeción a las reglas de evidencia.” 32 L.P.R.A. see. 1679.

Es cierto que el jurado puede rendir un veredicto absolu-torio contrario a la prueba desfilada, sin que tenga que justi-ficar su arbitrariedad. Sabemos que tal veredicto, aunque reprochable, no está sujeto a revisión. En ese sentido la facul-tad del jurado adjudicar los hechos resulta ser omnímoda. Pero los jueces de instancia no deben, como pretende el ape-lante en este caso, alentar este tipo de anarquía entronizando en el veredicto del jurado el capricho y la arbitrariedad. Por el contrario, la misión de ellos es estimular y promover en sus instrucciones al jurado el desempeño responsable de la función de adjudicar los hechos y de aplicar la ley según lo exponga el juez en sus instrucciones. Véase el Art. 137 de las Reglas de Procedimiento Criminal y Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974).

Es por estas razones que concurro plenamente con la opinión per curiam emitida por el Tribunal en el día de hoy en este caso.

       Así lo consignó el Tribunal:
      “. . . This case presents the single, narrow question whether proof beyond, a reasonable doubt is among the ‘essentials of due process and fair treatment’ required during the adjudicatory stage when a juvenile is charged with an act which would constitute a crime if committed by an adult.”
      “. . . Este caso presenta la única y limitada controversia de si prueba más allá de toda duda razonable se encuentra entre ‘los elementos del debido proceso de ley y justo trato’ requeridos durante la etapa adjudicativa cuando a un menor se le imputa un acto que constituiría un delito si fuese cometido por un adulto.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Miguel D. Lausell Marxuach, demandante y recurrente, v. Priscila Díaz de Yáñez, demandada y recurrida.

      Número: R-74-54

      Resuelto: 11 de marzo de 1975

      Luis A. Archilla Laugier, abogado del recurrente; Hartzell, Ydraeh, Mellado, Santiago, Pérez & Novas, abogados de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante recurrente, abogado, contrajo matrimonio con la demandada recurrida el 5 de junio de 1965. Procrearon dos hijas. Para 1971 surgió un pleito de divorcio entre las partes. En dicho caso se sometió una extensa estipulación, sus-crita por las partes y sus abogados respectivos, en que se reconocía que determinada residencia pertenecía a la sociedad de gananciales; se acordaba que su administración recayese en la recurrida; que los alquileres se dividirían por mitad; y que el efectuarse la liquidación final de la sociedad de gananciales le correspondería a cada parte su cincuenta por ciento de la vivienda. El propio día en que se radicó la estipulación ante el Tribunal Superior, el 25 de agosto de 1971, se vio el caso; se declaró con lugar la demanda de la recurrida por la causal de trato cruel; se le fijó una pensión alimenticia de seiscientos cincuenta dólares mensuales; se aprobó la estipulación sobre la división de gananciales y se ordenó su liquidación. No se recurrió de esta sentencia.

Aproximadamente cinco meses más tarde, el 19 de enero de 1972, en un incidente de rebaja de pensión alimenticia pro-movido por el recurrente, éste ratificó que la casa de referen-cia pertenecía a la sociedad de gananciales. La pensión se rebajó a trescientos dólares mensuales.

Casi cuatro meses después, en mayo de 1972, el recurrente instó una acción de sentencia declaratoria en la que atacó la estipulación radicada en el litigio anterior y solicitó que se declarase bien privativo de él la residencia que en ella se menciona. Fundamentó su petición el recurrido en que “la referida estipulación fué [sic] el producto de un período de crisis emocional por el cual atravesaba el demandante y hecha con el propósito de acelerar la tramitación de su divorcio.” A moción de la recurrida, quien invocó las doctrinas de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia, el tribunal de instancia desestimó la demanda. Es de este fallo que se recu-rre ante nos.

No tiene razón el recurrente. Existe base para argumen-tar aquí la procedencia de la excepción de cosa juzgada, mas aun de no poder invocarse ésta, la pretensión del recurrente se ■enfrenta a obstáculos insalvables.

La doctrina de cosa juzgada, res judicata -pro veritate habetur, es de antigua estirpe romana: De León y Olarieta, Observaciones filosófico-jurídicas acerca de la autoridad de cosa juzgada, 44 Rev. Gen. de Leg. y Juris. 5, 15-22 (1874). Es parte de nuestro Derecho Civil y es innecesario, excepto para fines comparativos, acudir a otras fuentes para su análisis. El Art. 1204 de nuestro Código, 31 L.P.R.A. see. 3343, exige para su aplicación “que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.”

Los dos últimos requisitos se dan claramente. Respecto a la cosa y a la causa, conviene reiterar los principios rectores.

La cosa responde básicamente al objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción. Se ha expresado que un criterio certero para determinar la identidad del objeto es el siguiente: si un juez está expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente, hay identidad de objeto y cosa juzgada. Jiménez Asenjo, E., Sobre el Alcance Real de la Cosa Juzgada, 184 Rev. Gen. de Leg. y Juris. 63, 73 nota 1 (1948). La particularidad del actual litigio radica tan solo en que la adjudicación cubre dos cosas: el decreto de divorcio en sí y la declaración, como base para la futura divi-sión de la sociedad de gananciales, de que la vivienda en disputa pertenece a dicha sociedad. El hecho de que en la se-gunda acción no se impugne el divorcio no evita la excepción de cosa juzgada respecto al intento de anular la determinación referente a la propiedad de la vivienda. Ha afirmado Manresa que “La resolución recaída sobre una totalidad de cosas, en-vuelve generalmente la de las distintas partes. . . .” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, to1. VIH, vol 2 o, 6a ed. 1967, pág. 297. Según surge de la confesión del propio recu-rrente en su acción de sentencia declaratoria, además, cuando explica con perturbadora llaneza que firmó la estipulación “con el propósito de acelerar la tramitación de su divorcio”, las dos cosas adjudicadas están entrelazadas en tal forma que en realidad vienen a constituir, dentro de las circunstancias presentes, un solo objeto.

En lo que toca a la causa, el término significa “el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las partes.” Manresa, op. cit, 301. No existe diversidad de causas en el caso ante nos. No hay verdadera distinción de pedimentos entre la segunda y la primera causa, excepto en lo referente a su número. Es como si un recurrente no solicitase que se destruyese la totalidad del edificio representado por una primera adjudicación y se limitase modestamente a pedir que se demuelan tan solo los cimientos o parte significativa de ellos.

Como hemos consignado anteriormente, la regla de cosa juzgada esta “rodeada de interés público, y se dirige a conservar la paz privada, Cintrón v. Yabucoa Sugar Co., 54 D.P.R. 518 (1939), a evitar que se eternicen las controversias judiciales y se funda en la conveniencia de dar la debida dig-nidad a las actuaciones de los tribunales. . . . [L]a defensa de res judicata puede invocarse aunque los fundamentos de la sentencia sean erróneos, siempre que se hubiera dictado con jurisdicción y en ausencia de fraude.” Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816, 832-834 (1961).

En Pérez v. Bauza, 83 D.P.R. 220, 226 (1961) y en otros casos hemos advertido que si la aplicación rigurosa de la doctrina de cosa juzgada “derrotaría en la práctica un derecho permeado en alguna forma del interés público, los tribunales se inclinan hacia la solución que garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a un principio de conveniencia y orden procesal. . . .” No se trata aquí sin embargo, de una situación comparable a la que motivó la regla de Pérez. Por lo contrario, la extensión de Pérez a circunstancias como las que enmarcan la actual contienda sería profundamente lesiva a los intereses de la buena administración de la justicia, restándole finalidad a las sentencias en los casos de divorcio en que se sienten las bases para la división o se divida, parcial o total-mente, la sociedad de gananciales.

El hecho, por último, de que la cuestión en controversia fue objeto de estipulación y no de litigio contencioso como tal no ayuda al recurrente. Hemos resuelto repetidas veces que la doctrina de cosa juzgada se aplica indistintamente en ambas situaciones. Ex parte Morales, 17 D.P.R. 1043 (1911); Cintrón v. Corte Municipal, 67 D.P.R. 793, 797-798 (1947).

Aun asumiendo que no fuese aplicable la excepción de la cosa juzgada en este caso, otras doctrinas militan contra la posición del recurrente. En primer término está la antigua doctrina civilista de los actos propios. Aguilar y García, A.: Los Actos Propios en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, 1 Rev. de Derecho Privado 18 (1913). La doctrina se resume en la frase “Nadie puede ir contra sus propios actos” y tiene obvias tangencias con la teoría anglosajona del “estoppel”, aunque existen diferencias en su desarrollo y contenido. La doctrina de los actos propios ha sido reconocida hace años por nuestra jurisprudencia. Méndez v. Administración de Puerto Rico, 6 D.P.R. 179 (1904); Enmanuel v. El Pueblo, 7 D.P.R. 221 (1904); Dávila v. Sotomayor, 36 D.P.R. 780, 784 (1927). Para jurisprudencia española reciente sobre la doctrina véase: S. de 3 de abril de 1973 (Aranzadi Núm. 3795) y S. de 5 de julio de 1973 (Aranzadi Núm. 2947). No habiendo demos-trado la inexistencia de causa, la mediación de fraude o dolo o razón de orden público alguna para impugnar lo hecho, el recurrente está impedido de volver sobre sus propios actos, hubiese o no mediado una sentencia sobre el mismo asunto en otro pleito.

Valga apuntar sobre este tema que el Art. 101, ordinales segundo y tercero, de nuestra Ley de Evidencia, Ley de 9 de marzo de 1905, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 1886(2) y (3), provee base independiente para la doctrina de actos propios y para la utilización del “estoppel” directo. En Rabell v. Rodríguez, 24 D.P.R. 561 (1916), se equiparan de hecho ambas doctrinas, aunque lo que ha venido sucediendo desde hace años es la extensión a diversos países y al propio derecho internacional de los principios esenciales que informan el “estoppel” inglés, como sucedió aquí al aprobarse la Ley de Evidencia. MacGibbon, Estoppel in International Law, 7 Int’l & Comp. L.Q. 468 (1958). En la propia España, algunos co-mentaristas aluden ya a la debida aplicación de la teoría en el derecho patrio en determinadas situaciones. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, to. 1, vol. 2,1959, págs. 86-87; ibid., to. 2, vol. 2, págs. 648-649.

Es innecesario, no obstante, en vista de las conclusiones anteriores, pronunciarnos sobre la aplicabilidad o no en este caso de la teoría del impedimento directo (estoppel) o sobre la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Véanse: Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 978-980 (1952); Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631 (1954).

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Marco A. Rigau y Carlos V. Dávila no participaron. El Juez Asociado Señor Angel M. Martín concurre en el resultado sin opinión.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Commonwealth Insurance Company, demandante y recurrente, v. Salvador Casellas, etc., et al., demandados y recurridos.

      Número: R-74-346

      Resuelto: 11 de marzo de 1975

      Rieckehoff, Calderón, Rosa Silva & Vargas, abogados de la re-currente; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, aboga-dos del Secretario de Hacienda.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Departamento de Hacienda celebró subastas públicas para la contratación de las fianzas globales de los gobiernos municipales de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado. Se adjudicaron a Tidewater International Underwriters, Inc., en representación de Lloyd’s of London, el postor más bajo.

La demandante recurrente concurrió también a las subas-tas. No fue la segunda licitadora más baja, pero alega que las mismas carecen de validez. Interpuso al efecto una acción de mandamus e injunction para la anulación de las subastas y para impedirle al Secretario de Hacienda que le permita a Lloyd’s u otras compañías en situación análoga licitar en el futuro. Se denegó la petición por el Tribunal Superior y se nos solicita por el presente recurso la revisión de este fallo.

El argumento de la recurrente es que Lloyd’s es tan solo un asegurador autorizado a suscribir líneas excedentes de acuerdo con el Art. 10.070 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1007, por lo que el Estado no tiene facultad para inten-tar obtener primas más bajas que las establecidas normal-mente. La posición del Estado es que la parte recurrente carece de capacidad para demandar y que, de todos modos, el Art. pertinente es el 12.020(3), 26 L.P.R.A. see. 1202(3).

Respecto al primer planteamiento estimamos que la recurrente está facultada para entablar el presente pleito. Si se considera el mismo, para fines de mayor claridad del análisis, como una petición de sentencia declaratoria, la recurrente es ciertamente, dentro de los términos de la See. 2 de la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias, 32 L.P.R.A. see. 2992, una persona afectada, como compareciente a subastas de este tipo y entidad interesada en futuras licitaciones, por el significado que se le imparta a las disposiciones citadas de la Ley de Seguros. Véanse: Association of Data Processing Serv. Organizations v. Gamp, 397 U.S. 150 (1970); Davis, The Liberalized Law of Standing, 37 U. Chi. L. Rev. 450 (1970); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974). Tiene derecho la recurrente a que se dirima la controversia existente entre ella y el Secretario de Hacienda.

En lo que concierne a la segunda cuestión, tanto el histo-rial legislativo como la interpretación contemporánea del estatuto, entre otros factores, arrojan luz sobre la relación entre el Art. 12.020 y el 10.070. En su informe de 5 de marzo de 1957 sobre el anteproyecto que luego se convertiría en ley, expresaron las Comisiones de lo Jurídico y de Hacienda de la Cámara de Representantes lo siguente:

“En el proyecto que recomendamos hay disposiciones que permiten seguros en compañías que no están autorizadas para operar en Puerto Rico. Esta facilidad se ofrece para amparar casos excepcionales, cuando no se puede obtener cubierta en. compañías autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico o el obte-nerlo resultaría, por lo alto de la prima, prohibitivo para el ase-gurado. . . .” (Bastardillas nuestras.) 9 Diario de Sesiones, tomo 2, 1957, pág. 562.

Véanse también los informes y manifestaciones en 9 Diario de Sesiones, tomo 3, 1957, pág. 1426 y 9 Diario de Sesiones, tomo 4, 1957, pág. 1714.

Ingrediente importante en la interpretación de estatutos es el clima socioeconómico que impulsa su adopción. A tal efecto es significativo que la práctica de eximir a ciertas agencias al menos de la prohibición de intentar obtener primas más bajas, fuese de aseguradores autorizados o de aseguradores no autorizados del tipo Lloyd’s, era conocida en Puerto Rico con anterioridad a la aprobación del actual Código de Seguros. Véase, por ejemplo, el Art. 10 de la Ley Núm. 278 de 5 de abril de 1946. La razón de hecho para aprobar un nuevo Código de Seguros en 1957 parte precisamente de la convicción de que la antigua ley, Ley Núm. 66 de 16 de julio de 1921, según enmendada, era inadecuada a las necesidades de la época. 9 Diario de Sesiones, tomo 2, 1957, pág. 561.

Tampoco se desconoce en Estados Unidos la práctica de eximir al estado o a las pólizas obtenidas vía subasta de los requisitos que impone un artículo como el 10.070 nuestro. 11 Ky. Rev. Stat., 1972, sec. 304.3-260 (5).

La interpretación contemporánea de nuestro Código de Seguros revela, además, que prácticamente a raíz de su aprobación se entendió que los seguros de gobierno pueden contratarse sin sujeción a las normas expuestas en el Art. 10. 070. Véase la opinión del Secretario de Justicia al Secretario de Hacienda de 4 de septiembre de 1959, XXX Opiniones del Secretario de Justicia, Núm. 1959-34, donde se discute el problema exacto que aquí se plantea. La interpretación contemporánea de una ley es, por supuesto, factor relevante en su interpretación. Bernier, R. Elfren, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 1963, pág. 223 y ss.; 2A Sutherland Statutory Construction, 4th ed., 1973, pág. 238 y ss.; 1 Davis, Administrative Law Treatise 324 y ss.

Debemos advertir también que el Art. 10.070 fue enmendado por la Ley Núm. 7 de 30 de agosto de 1961, con pleno conocimiento de la práctica administrativa existente, y que la Asamblea Legislativa no alteró la interpretación consignada en la citada opinión del Secretario de Justicia. Este hecho refuerza considerablemente la interpretación de la intención legislativa consagrada en la práctica existente. Sutherland, op. cit, 256 y ss; Snyder v. Harris, 394 U.S. 332 (1969).

Razones de orden público favorecen la larga tradición existente en la interpretación de las disposiciones envueltas, lo cual es otro elemento de peso en la determinación de la intención legislativa. Coll v. Picó, 82 D.P.R. 27, 37 (1960). Nuestro Código autoriza expresamente al Secretario de Hacienda a establecer las condiciones que mejor garanticen el interés público. Puede protegerse el interés general de modo adecuado al mismo tiempo que se autoriza reducir el costo al erario público de los seguros que necesita. En ausencia de una ex-presión legislativa específica de que el Estado Libre Asociado no debe gozar de esta valiosa flexibilidad no vemos motivo para alterar la práctica administrativa al respecto.

Resolvemos por tanto que el Art. 10.070 del Código de Seguros no limita la facultad del Secretario de Hacienda para intentar obtener primas más bajas de aseguradores de líneas excedentes para cubrir los riesgos del Estado Libre Asociado, sus municipios, autoridades, corporaciones y otras entidades y dependencias públicas bajo el Art. 12.020(3).

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado, Señor Angel M. Martín, disiente con opinión.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 1975

Disiento. El Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 101 et seq., no concede facultad al Secretario de Hacienda para la contratación de los seguros del Estado Libre Asociado con aseguradores no autorizados, bien fuere mediante el procedimiento de subasta o sin ella, excepto en los casos que cumplan con los requisitos del Art. 10.070 del referido Código. 26 ¡L.P.R.A. see. 1007.

El Art. 10.070 específicamente provee las condiciones que deben regir para obtener seguros de aseguradores no auto-rizados, cuyos seguros se designan como “seguros de líneas excedentes”. Tal disposición es aplicable tanto al público en general como al Estado Libre Asociado. Las dos prohibiciones que son pertinentes a esta opinión son: (1) que el seguro no se procure o requiera con el fin de obtener ventajas, bien en cuanto al tipo de primas, o en cuanto a los términos del contrato de seguro, y (2) que el seguro no pueda obtenerse de aseguradores autorizados, o ha sido obtenido hasta el má-ximo que dichos aseguradores están dispuestos a asegurar. La referida disposición legal no exime de su observancia al Secre-tario de Hacienda al contratar los seguros del Estado Libre Asociado. Por otro lado prohíbe específicamente que se recurra al asegurador no autorizado para conseguir ventajas en cuanto a las primas o a los términos del contrato. En el caso de autos la única justificación que parece haber utilizado el Se-cretario de Hacienda fue la de que el asegurador no autorizado a quien se le adjudicó la subasta resultó ser el postor más bajo, lo que precisamente prohíbe el citado Art. 10.070.

La disposición que regula los seguros del Estado Libre Asociado y la función del Secretario de Hacienda respecto a la contratación de los mismos es el Art. 12.020 del Código. 29 L.P.R.A. see. 1202. Esta provee que el Comisionado de Se-guros dictará reglas y reglamentos para establecer las condi-ciones que mejor protejan al interés público y que garanticen asimismo un trato justo y razonable al asegurador; y especial-mente dispone que por medio de las mismas el Comisionado podrá autorizar, cuando lo crea necesario o conveniente, que se coticen primas diferentes a las que aparecen fijadas en el Manual de Tarifas.

A tenor con la mencionada disposición el Comisionado de Seguros solamente reglamentó los contratos de seguros del Es-tado con el fin de que no se les aplicaran los tipos vigentes inscritos ante el Comisionado, permitiendo así a los asegura-dores o sus agentes generales cotizar aquellos tipos que sean los más justos y equitativos tomando en consideración la cuan-tía del riesgo y los costos razonables de administración y producción, teniendo en cuenta que no habrá intermediarios en la colocación de estos seguros. 26 R.&R.P.R. sees. 204-1501 a 1503. Dicho reglamento no contiene ningún otro criterio re-ferente a la protección del interés público y al trato justo y razonable al asegurador.

Un examen de los Arts. 10.070 y 12.020 del Código y de las disposiciones del reglamento del Comisionado de Seguros revela su propósito de facultar al Secretario de Hacienda a negociar los seguros del Estado, mediante subasta o sin ella, sin que estuviere obligado por los tipos de primas fijadas en el Manual de Tarifas, esto es, sin restricción de negociar a base de primas más altas o más bajas, pero dentro de las limitaciones del Art. 10.070. Es dentro de la limitada discreción que le confiere el Art. 12.020 que el Secreta-rio puede determinar si el método de.subasta es el más apro-piado para la mejor protección del interés público y si puede negociar a base de primas diferentes a las que aparecen en el Manual de Tarifas. No tiene facultad otra alguna. Si el legislador hubiere deseado eximirlo de los requisitos del Art. 10.070 muy fácil hubiera sido expresarlo en la ley.

Es meridianamente claro que la intención del legislador fue la de que los riesgos de seguros fueran cubiertos por ase-guradores autorizados y que solamente por vía de excepción, o sea, en las circunstancias enumeradas en el Art. 10.070, podría contratarse con aseguradores no autorizados. Por ello se designaron como “seguros de líneas excedentes”. Es evi-dente del texto del Art. 10.070 que solamente en aquellos casos en que el seguro no 'pudiere obtenerse de aseguradores autorizados, en su totalidad o en parte, es que se permite obtener dichos seguros como “líneas excedentes”. Aunque el término “seguros de líneas excedentes” no está propiamente de-finido en la ley puede decirse que en el contexto en que se utiliza en el Art. 10.070 se refiere exclusivamente a aquellos seguros que no puedan ser obtenidos en todo o en parte de aseguradores autorizados. El Secretario de Hacienda no ha demostrado que el seguro no puede obtenerse de aseguradores autorizados, o que dichos aseguradores ya ofrecieron el máximo de cubierta disponible, ni que el seguro no se está procurando con el fin de obtener ventajas, bien en cuanto al tipo de pri-mas, o en cuanto a los términos del contrato. Es cuando esas condiciones están presentes que el Secretario de Hacienda pue-de negociar con subasta o sin ella y por primas diferentes a las fijadas en el Manual de Tarifas.

Estamos conscientes de que la obtención de primas más bajas podrían justificar una autorización legislativa para la colocación de los seguros del Estado con aseguradores no auto-rizados pero no podemos ignorar las consideraciones de polí-tica pública que tuvo en cuenta el legislador para limitar la negociación, tanto del Estado como del público en general, con aseguradores no autorizados y exigir expresamente que salvo cuando concurren los requisitos impuestos por el Art. 10.070, los seguros deben colocarse con aseguradores autori-zados.

En vista de lo expuesto devolvería el caso al tribunal de instancia para que éste hiciere las determinaciones proce-dentes en cuanto al cumplimiento por el Secretario de Hacienda con los requisitos del Art. 10.070 del Código de Seguros a los fines de determinar la validez de la adjudicación efec-tuada en las subastas impugnadas.

      El Art. 10.070 provee: “Cualquier parte o la totalidad de una cu-bierta de seguro que no pueda obtenerse de aseguradores autorizados, cu-bierta que en adelante se designará en este título como ‘seguros de líneas excedentes’, podrá obtenerse de aseguradores no autorizados, siempre que:
      (1) El seguro no pueda obtenerse de aseguradores autorizados, o ha sido obtenido hasta el máximo que dichos aseguradores están dispuestos a asegurar;y
      (2) Dicho seguro se obtenga mediante un corredor autorizado de seguros de líneas excedentes, en adelante llamado en este capítulo ‘corredor’, y
      (3) El seguro con un asegurador no autorizado no se procure o requiera con el fin de obtener ventajas, bien en cuanto al tipo de primas, o en cuanto a los términos del contrato de seguro; y
      (4) El seguro se obtenga de aseguradores no autorizados elegibles con arreglo a la sec. 1007a de este título.”

      El Art. 12.020(3) dispone en parte: “(3) Seguros que cubran los riesgos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, enti-dades, corporaciones, autoridades y municipios. Con relación a estos seguros el Comisionado dictará reglas y reglamentos para establecer las condiciones que mejor protejan el interés público y que garanticen asimismo un trato justo y razonable al asegurador. Por medio de estas reglas y reglamentos el Comisionado podrá autorizar, cuando lo crea necesario o conveniente, que se coticen primas diferentes a las que aparecen fijadas en el Manual de Tarifas.”

      E1 lenguaje actual del Art. 12.020 deriva del Informe de Conferen-cia de 31 de mayo de 1957, 9 Diario de Sesiones, tomo 5, 1957, pág. 2183, pero el anteproyecto original contenía ya las disposiciones centrales de dicho artículo. 8 Diario de Sesiones, tomo 2,1956, pág. 715.

       Para los requisitos para autorización para contratar seguros en Puerto Rico, véase 26 L.P.R.A. see. 304.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fernando García Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-72-9

      Resuelto: 14 de marzo de 1975

      Miguel A. Román, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Augusto A. Cirino, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El día 3 de febrero de 1970 se encomendó a un policía el diligenciamiento de una citación judicial dirigida al apelante Fernando García Rivera, médico cirujano de pro-fesión, para que éste compareciera como testigo en un juicio criminal a celebrarse el 12 de febrero de ese mismo año. El policía se personó en el Hospital de Veteranos, institución donde trabajaba el apelante, y dejó copia de la citación en la “Secretaría” del referido hospital con el Sr. Monserrate, tal como se acostumbraba notificar las citaciones dirigidas a mé-dicos que allí trabajaban. Llegado el día del juicio, para el cual fue “citado” el apelante como testigo, y no habiendo compare-cido éste, el juez de instancia ordenó al alguacil que citara al apelante para que compareciera. El alguacil comunicó al ape-lante por teléfono la orden de citación del juez de instancia pero no tuvo éxito en su gestión ya que, según declarara el alguacil, el apelante le manifestó que “no tenía que ir . . . porque no había sido citado, y en segundo lugar, tenía que operar”, comunicándole además que “yo no voy al tribunal, no voy porque usted me cite, si quieren, que vengan a buscarme arrestado.” Al venir al conocimiento del juez de instancia la negativa del apelante a comparecer, expidió en corte abierta una orden de arresto contra el apelante.

Así las cosas el alguacil se personó en el Hospital de Veteranos acompañado de un policía, a cumplimentar la orden de arresto dirigida al apelante, y lograron notificarle per-sonalmente de la misma requiriéndole a su vez su comparecen-cia al Tribunal Superior.

En ese momento comenzó la angustiosa odisea de cuatro horas de duración del alguacil y del policía que lo acompañaba en sus intentos de lograr que el apelante los acompañara al tribunal en cumplimiento de la citación y orden de arresto notificádale. El apelante les dijo que tenían que esperar bastante aduciendo que debía efectuar una operación en esos momentos. Mientras el alguacil llamaba al juez para informar-le sobre la demora, el apelante se desapareció. El alguacil esperó en el hospital por espacio de aproximadamente una hora y al ver que el apelante no llegaba se dirigió junto al poli-cía a la sala de operaciones del hospital, a donde no les fue permitido entrar a pesar de sus requerimientos. El Dr. Héctor Nadal salió de la sala de operaciones y les informó que el apelante no estaba allí pero que trataría de localizarlo. Se dirigieron entonces al Director Médico del hospital, doctor José Ferraiouli, y le explicaron la situación. El doctor Ferraiouli llamó a la sala de operaciones donde fue informado que el apelante no se encontraba allí ni tenía operación al-guna pendiente.

El alguacil bajó entonces al salón de espera {lobby) del hospital con el fin de estar pendiente de la salida del apelante. Después de un largo rato, se comunicó con el Jefe de Seguridad del hospital, a quien le explicó la encomienda que tenía. Este puso a la disposición del alguacil varios de sus subalternos y “bloqueó” “todas las salidas” del hospital. El alguacil declaró que se registraron todas los pisos del hospital, “sin resultado alguno”. En la cafetería del hospital se encontraron con un tal Sr. Isern, quien resultó estar buscando también al apelante por haberse ausentado del “ser-vicio ... sin permiso del hospital”. Procedió entonces el alguacil a averiguar a través del “agente” de seguridad del hospital cuál era el automóvil del apelante, apostándose al lado de dicho vehículo con el fin de arrestarlo tan pronto apareciere. Al poco rato llegó el apelante en un automóvil marca “Chevelle” color verde, e intentó estacionarlo frente al hospital. El alguacil corrió detrás del carro, pero el apelante dio un viraje, por lo que el alguacil sugirió al “agente de seguridad” del hospital que se colocara “en el medio de la calle”. El agente pidió al apelante que se detuviera pero éste “le tiró el carro encima”, logrando el agente evadir el golpe.

El Dr. Ferraiouli, Director Médico, declaró que el ape-lante pudo haber sido relevado de su trabajo para comparecer al tribunal, que las citaciones de corte para los médicos son generalmente entregadas en la oficina, que cuando el alguacil del tribunal le informó sobre la orden que tenía en su poder para el apelante trató de conseguirlo pero fue informado que se buscó por el hospital y no se encontró.

En vista de lo acontecido, el alguacil regresó al tribunal a informar al juez lo sucedido. Aprovechó para llamar al Cúartel de la Policía de Puerto Nuevo y al jefe de seguridad del hospital para que estuvieran pendientes cerca del automó-vil del apelante. Pero cerca de las cinco de la tarde, el apelante compareció al tribunal de instancia y declaró en la vista del caso para el cual había sido citado como testigo. No tenemos ante nos las incidencias surgidas ante el tribunal con motivo de su tardía llegada al juicio.

En vista de los hechos expuestos precedentemente el tribunal de instancia correctamente concluyó que el médico ape-lante fue debidamente citado para comparecer como testigo en el juicio criminal aludido e hizo caso omiso de la citación. El requerimiento telefónico del alguacil y luego la notificación personal que éste le entregó en el hospital, ambas en el mismo día del juicio, constituyeron una notificación real y efectiva de que el tribunal requería su presencia como testigo. La conducta demostrada por el médico apelante al evadir al al-guacil durante el curso de varias horas sin haber mediado una justificación para ello nos hace dudar de la contención del apelante en el sentido de que nunca fue notificado con copia de la citación original que fuera entregada en la “Secretaría” del hospital, siguiendo la costumbre sancionada por el uso y admitida por el propio Director Médico de la institución. Tal forma de notificación no es distinta a la notificación por correo que autoriza la Regla 236 de Procedimiento Criminal. Lo esencial es que se compruebe que el citado ha quedado en-terado. No tenemos duda de que así fue.

Es bien conocida la facultad inherente de los tribunales de justicia, aparte de la autorización estatutaria, para castigar por desacato por la desobediencia a una orden de un tribunal. Pueblo v. Cuevas Velázquez, 103 D.P.R. 290 (1975); Pueblo v. Concepción Fonseca, 101 D.P.R. 357 (1973); Pueblo v. Pérez Díaz, 99 D.P.R. 788 (1971); De Torres v. Corte, 58 D.P.R. 515 (1941); Bigio v. Corte, 46 D.P.R. 448, 455 (1934). 33 L.P.R.A. see. 517. Sin embargo, no toda desobediencia a una orden del tribunal constituye desacato criminal si en la desobediencia falta el elemento de la intención. Pueblo y. Concepción Fonseca, supra.

El ilustrado juez de instancia, consciente de la función delicada de los médicos, hizo unas acertadas manifestaciones en torno a ello al sentenciar por desacato al apelante. Este fue informado que los tribunales tienen una deferencia especial hacia los médicos por lo que no les requieren su presen-cia hasta llegado el momento en que deben declarar como testi-gos, evitándole así la interrupción de los servicios valiosos que éstos prestan a la comunidad y especialmente en casos par-ticulares en que la vida de un ser humano depende de su pre-sencia en un momento dado. Nos consta que ésa es la práctica usual ante los tribunales del país. Sin embargo, estimó que en este caso el apelante obstaculizó obstinada y desafiante-mente al tribunal.

El caso ante nos es un vivo ejemplo de intención de desobedecer una orden de un tribunal. No es necesario abundar más sobre la deliberada evasión del apelante para frustar el cumplimiento del mandamiento expedido por el juez de instancia. Su conducta demostró un menosprecio voluntario de la autoridad que un tribunal ejerció rectamente. No es posible permitir que la actuación de un ciudadano, en este caso un doctor en medicina, en forma contumaz y en actitud de desafío indebido a la autoridad de un tribunal, interrumpa, impida y obstruya el debido curso de la justicia. El respeto a las cortes a quienes se les ha encomendado la administración de las leyes, que son esenciales para el buen orden de la sociedad, es tan necesario como el respeto a las propias leyes.

Por los fundamentos expuestos se confirmará la sentencia apelada.


author: per curiam ;

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Adviento Candelaria, acusado y apelante.

      Número: CR-74-76

      Resuelto: 14 de marzo de 1975

      Santos P. Amadeo, Baltazar Quiñones Elias y César Vélez Gon-zález, abogados del apelante; Myriam Naveira de Podón, Pro-curadora General, y Josefa Román García, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   per curiam ;

El apelante, operador de un taller de mecá-nica que él llama junker dedicado a la compra de carros usados que reparaba y vendía restaurados, fue convicto por tribunal de derecho en dos casos por infracción del Art. 438 del anterior Código Penal consistentes en recibir varias herramientas de mecánica hurtadas a Herminio Amador y un motor de bote hurtado a Osvaldo Martínez. La Sala de Are-cibo lo sentenció a penas concurrentes de dos meses de cárcel en el delito menos grave y de uno a tres años de presidio en el mayor, cuyas sentencias suspendió, dejando al acusado bajo un régimen de libertad a prueba.

En su recurso señala como errores:

(1) la invalidez de su renuncia del derecho a juicio por jurado; y (2) insuficiencia de la prueba.

(1) Al iniciarse el juicio en el que representaron al acusado los mismos abogados que traen el recurso de ape-lación, uno de ellos trasmitió al tribunal la renuncia al derecho a juicio por jurado en incidente que ocupa las páginas dos a la cuatro de la transcripción de la evidencia, así:

“Lie. Quiñones Elías:
En este caso, después de conferenciar con el acusado y de explicarle la diferencia que hay entre ver un caso por Jurado o verlo por Tribunal de Derecho, nos ha manifestado su intención de renunciar al jurado voluntariamente, sin que haya mediado coacción o amenaza de clase alguna y desea que su caso se vea por Tribunal de Derecho.
Hon. Juez:
Señor Candelaria, usted está conforme, según ha dicho el Lie. Baltazar Quiñones Elías, quien es uno de sus abogados, que sea yo quien lo juzgue en este caso ?
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez:
Usted renuncia al jurado?
E Sí, señor.
P Usted ha hablado con sus abogados ?
R Sí, señor.
P Luego ha tomado esa decisión ?
R Sí, señor.
P Usted conoce la diferencia entre ser juzgado por jurado y ser juzgado por Tribunal de Derecho ?
R Sí, señor.
P Los abogados se lo explicaron ?
R Tengo entendimiento sobre eso.
P Ellos se lo explicaron ?
R Sí, señor.
P Usted entendió esa explicación ?
R Si, señor.”

Es en cierto sentido admirable el entusiasmo con que los abogados que asistieron al acusado en su renuncia al jurado comparecen ahora a cuestionar la validez de su propia actuación profesional pues era de su responsabilidad la inte-ligente percepción por su cliente del derecho que renunciaba.

Nos limitaremos por ahora a resolver que es enteramente válida y suficiente en derecho la renuncia al jurado, ajustada a la R.P.C. Ill y a la consistente jurisprudencia de este Tribunal que en Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973) dijo:

“Para juzgar correctamente el grado de inteligencia y es-pontaneidad en la renuncia por el acusado de su derecho consti-tucional a juicio por jurado no hay mejor criterio que la ex-presión de su abogado en corte abierta junto a su defendido, al efecto de que ha consultado y ponderado con su cliente en línea con los mejores intereses de la defensa, la alternativa de ir a juicio por jurado o por tribunal de derecho. No puede haber una comunicación y explicación más asequible para el acusado que la trasmitida por su abogado con antelación al juicio, libre del formulismo, la tensión y la rigidez del acto solemne de re-nuncia escenificado en el tribunal. Insistimos en que los tribu-nales antes de aceptar una renuncia al juicio por jurado, en estricta observancia de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, se' cercioren de que el acusado está actuando libre, espontánea e inteligentemente, como salvaguarda adicional de ese preciado derecho, aun cuando no como sustituto del deber del abogado de informar o instruir a su cliente llegando a él por sobre sus limi-taciones intelectivas, con un mensaje claro y comprensible de la trascendencia de esa renuncia.”

(2) Inmerso en igual frivolidad resulta el señalamiento que impugna la suficiencia de la prueba. El juez de instancia creyó la prueba de cargo y no consideramos que las contradicciones sobre aspectos secundarios de la imputación delictiva justificaran otro resultado, como tampoco fue cómplice que requiriera corroboración el testigo Luis Reyes, ya que no estaba sujeto a proceso por infringir el citado Art. 438 del Código Penal.

Se dictará sentencia confirmando las sentencias dictadas el SI de enero de 1969, por el Tribunal Superior, Sala de Are-cibo.

       Art. 438 C.P. — 33 L.P.R.A. see. 1693.
      “Toda persona que por lucrarse, o para impedir que el dueño vuelva a poseerla, comprare o recibiera alguna cosa mueble, sabiendo que fue hurtada, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años, cuando el valor de la cosa fuere cincuenta (50) dólares o más; . . . .”