author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía. Juez Asociado Señor Rebo-llo López,

text:
    Guayama Health Management, Inc. y/u Hospital de Área de Guayama, demandante y recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: CE-85-812

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Manuel Rivera Méndez, de Rivera Tulla & Ferrer, abogado del recurrente; Leticia Rodríguez, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Recurre ante nos Guayama Health Management, Inc. (en adelante Guayama Health) para cuestionar la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (en ade-lante Junta) y su determinación de que la empresa recu-rrente incurrió en prácticas ilícitas al intervenir indebida-mente con el derecho de los empleados a organizarse. Por entender que no tenemos la prueba necesaria para decidir correctamente el conflicto jurisdiccional ante nos, devol-vemos el asunto a la Junta para que oportunamente resuelva el planteamiento de campo ocupado según toda la prueba pertinente y al amparo de los criterios esbozados por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (en adelante Junta Nacional) en los casos de patronos con vínculos gubernamen-tales. National Transportation Service, Inc., 240 N.L.R.B. 565 (1979).

Al enterarse que desde el 1ro de octubre de 1982 Gua-yama Health administraría las facilidades del Hospital de Area de Guayama, en virtud de un contrato otorgado con el Departamento de Salud de Puerto Rico, la Unión que repre-sentaba a los empleados del hospital comenzó un proceso de recolección de firmas para certificarse como representante de la Unidad. El enfermero Pablo Bermúdez fue uno de los “delegados” de la organización durante el proceso. El 15 de febrero de 1983 fue despedido supuestamente debido a los pobres resultados obtenidos en las evaluaciones efectuadas desde octubre. Tres (3) días después, Bermúdez presentó ante la Junta un cargo de práctica ilícita de trabajo contra la corporación. Alegó que la razón de su despido se debió a sus actividades gremiales como recolector de firmas para orga-nizar una unión.

La Oficial Examinadora nombrada por la Junta emitió un informe el 16 de septiembre de 1985, en el cual recomendaba que se ordenara la reinstalación de Bermúdez y se prohi-biera a la corporación intervenir con las actividades gre-miales de sus empleados. El 27 de noviembre de 1985 la Junta emitió una decisión y orden en la que adoptaba el in-forme de la Oficial Examinadora. Es de esta decisión que la corporación recurre ante nos.

HH

Al resolver la controversia pendiente partimos de la premisa de que nos encontramos ante un problema complejo, cuyos contornos son difíciles de definir. En el campo laboral, la doctrina de campo ocupado es un área, por definición, susceptible de propiciar conflictos de jurisdicción entre las esferas federales y las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase D. Fernández y C. Romany, Derecho Laboral: Casos y Materiales, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1987, T. 1, págs. 134-326. En lo posible nos debe animar el deseo de evitar estos conflictos “ahí donde las circunstancias demuestran que no es necesario que ocurra tal choque si se aplica un buen discernimiento”. P.R. Telephone. Co. v. J.R.T., 92 D.P.R. 257, 270 (1965).

La jurisdicción de los foros concernidos está definida por los estatutos federales y los puertorriqueños, y no debemos remitir una controversia al foro federal si podemos cumplir con nuestra función judicial responsablemente. La determinación inicial de cuál foro tiene jurisdicción sobre una petición de certificación o una querella sometida por una de las partes es una cuestión de derecho que requiere una investigación cuidadosa de los hechos de cada caso. La experiencia, tanto aquí como en Estados Unidos, confirma que “la naturaleza del derecho reclamado y el contexto histórico de cada controversia son cruciales para determinar cuándo un estado puede actuar legítimamente, ya sea legislativa, judicial o administrativamente, con respecto a determinada ma-teria de relaciones laborales”. (Traducción nuestra.) Employment Coordinator Sec. LR 12,261.1, págs. 102, 261.

Con el propósito de asegurar la uniformidad en la reglamentación de materias obrero-patronales, la Ley Federal de Relaciones del Trabajo (en adelante Ley Federal), 29 U.S.C. see. 141 et seq., otorga jurisdicción exclusiva a la Junta Nacional en asuntos de prácticas ilícitas y representación. Pradco Caribe, Inc. v. Tapia, 116 D.P.R. 121, 125-126 (1985); San Diego Unions v. Garmon, 359 U.S. 236 (1959). Sin embargo, la aplicación de la ley y, por ende, el ejercicio de esta jurisdicción están limitados por disposiciones estatutarias y administrativas. La Junta Nacional tan sólo ejercerá su jurisdicción sobre aquellas empresas que afectan el comercio interestatal y cumplen con los criterios estatutarios que limitan el alcance de la Ley Federal. Véanse: 29 U.S.C. sec. 152; 29 U.S.C. sec. 164; Fernández y Romany, op. cit, págs. 55-56. Por ejemplo, la See. 2(2) de la Ley Federal ex-presamente excluye de la jurisdicción de la Junta Nacional a cualquier subdivisión política del Gobierno. 29 U.S.C. sec. 152(2). Además, la Sec. 14(c) de la Ley Federal faculta a la Junta Nacional a publicar directrices jurisdiccionales y a declinar ejercer su jurisdicción cuando a base de éstas entiende que el efecto de la empresa sobre el comercio interestatal no es suficientemente sustancial. 29 U.S.C. sec. 164(c). Véase Fernández y Romany, op. cit., pág. 56.

Como la Ley Federal excluye de su aplicación a las entidades gubernamentales, la Junta Nacional no tiene jurisdicción sobre sus asuntos laborales. Por ello, cuando se trata de una entidad privada que mantiene lazos con el Go-bierno, la Junta Nacional ha desarrollado algunos criterios para decidir si la vinculación es tan estrecha que la priva de jurisdicción. Desde la decisión de National Transportation Service, Inc., supra, la Junta Nacional ha utilizado el criterio general de “control sobre las condiciones de trabajo” para determinar si una entidad que mantiene lazos con el Go-bierno puede considerarse “patrono” para efectos de la ley. De acuerdo con este criterio lo importante no es la relación que existe entre la entidad y el Gobierno, o la naturaleza de la empresa, sino el grado de control que mantiene la entidad sobre las condiciones de trabajo y otras materias laborales. La empresa debe poder negociar con los representantes de sus obreros independientemente de la influencia del Go-bierno.

Al aplicar estos criterios, la Junta ha considerado, entre otras circunstancias: (1) la forma en que se incorpora la entidad; (2) la composición de su Junta de Directores; (3) los propósitos expresos de la entidad al incorporarse; (4) su estructura decisional y la influencia del Gobierno sobre el reclutamiento y retención de sus directores y funcionarios; (5) el origen y la naturaleza de sus fondos; (6) la forma de pago a los obreros; (7) el sistema de cobro por los servicios prestados; (8) la relación entre la entidad y los empleados del Gobierno; (9) los propósitos del Gobierno al contratar con la entidad; (10) el control de la entidad sobre las facilidades que opera, y (11) el grado de independencia de la entidad en cuanto a la toma de decisiones sobre contratación de personal y expansión de servicios.

En fin, la determinación de si una entidad es un agente de gobierno e ipso jure excluida del alcance de la Junta Nacional depende de un estudio exhaustivo de los ingredientes que caracterizan cada caso. Véanse, por ejemplo: Youth Guidance Center, 263 N.L.R.B. Núm. 146, 111 L.R.R.M. 1242 (1982); New York Institute for the Education of the Blind, 254 N.L.R.B. Núm. 85, 106 L.R.R.M. 1113 (1981); Herbert Lipton Community Mental Health Center, 258 N.L.R.B. Núm. 5, 108 L.R.R.M. 1081 (1981).

Si la empresa no está sujeta a la Ley Federal, la Junta puede asumir jurisdicción al amparo de su propio estatuto. Junta Rel. del Trabajo v. I.L.A., 73 D.P.R. 616 (1952); Asoc. Empl. Bayamón Transit v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 292 (1949). Por lo tanto, antes de decidir si la Junta tiene jurisdicción sobre un asunto, es menester examinar las disposiciones estatutarias que limitan el ejercicio de su autoridad. Fernández y Romany, op. cit., pág. 57.

r — I I — i 1 — 1

Ante nos Guayama Health sostiene que la decisión de la Junta debe ser revocada por carecer ésta de jurisdicción. Ar-gumenta que ese foro administrativo no puede asumir juris-dicción sin que medie una renuncia expresa de jurisdicción de la Junta Nacional. Por lo tanto, el problema que se nos presenta es determinar si un tribunal o una agencia estatal puede asumir jurisdicción para resolver si una entidad es un “patrono”, según la definición de la Ley Federal, en ausencia de una decisión inicial de la Junta Nacional.

Anteriormente hemos afirmado la facultad de este Tribunal y de la Junta para resolver controversias sobre la jurisdicción local, a la luz de las guías jurisdiccionales adoptadas por la Junta Nacional, sin que se requiera una decisión anterior por ésta última. Véase J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844, 857 esc. 14 (1964). Además, en el caso de autos no nos encontramos ante una situación en que la Junta Nacional no se haya expresado en el pasado. Ante una situación de hechos similar a la presente, en una petición de certificación de los empleados del Hospital de Área de Yauco, el Director Regional de la Junta determinó que la empresa que operaba la institución bajo contrato con el Departamento de Salud era un agente del Gobierno excluida de su jurisdicción por mandato de ley. Específicamente, y al amparo de los cri-terios de National Transportation Service, Inc., supra, exa-minó el grado de control gerencial y fiscal ejercido por el Departamento de Salud sobre la empresa y la naturaleza de sus operaciones. Asociación de Servicios Médicos Hospita-larios de Yauco, Inc. and Unidad Laboral de Enfermeros y Enfermeras Profesionales de Puerto Rico, Caso Núm. 24-RC-6594 de 24 de abril de 1981. Anejo 1, págs. 1-2.

En su extensa y bien fundamentada decisión, el Director Regional concluyó que la Asociación de Servicios Médicos Hospitalarios de Yauco no era un patrono de acuerdo con la Ley Federal según cuatro (4) factores principales: (1) el hospital ofrecía servicios a pacientes indigentes de acuerdo con las normas de elegibilidad y calidad establecidas por el Go-bierno; (2) estaba subsidiado con fondos públicos; (3) estaba sujeto a control operacional y presupuestario por parte del Gobierno, y (4) estaba sujeto, igualmente, a control gerencial por el Departamento de Salud. ()

De estas conclusiones se desprende que la determinación estuvo fundamentada en una extensa prueba documental so-bre el control real y efectivo ejercido por el Departamento de Salud sobre la gerencia de la empresa. En el caso de autos, cualquier conclusión sobre el grado de independencia gerencial dependerá de unas determinaciones particulares sobre estos extremos.

Un examen de la decisión de la Junta Nacional en el caso de Yauco y de otras análogas, en las cuales la Junta Nacional ha aplicado los criterios rectores de National Transportation Service, Inc., supra, revela que hay suficientes antece-dentes judiciales y administrativos para que la Junta resuelva inicialmente el planteamiento jurisdiccional sin ne-cesidad de que medie previamente una renuncia expresa de la Junta Nacional.

Sin embargo, de los autos no surge que la Junta permi-tiera a las partes aportar prueba sobre el grado de control ejercido por el Departamento de Salud sobre la empresa que administraba el hospital. La Junta limitó su análisis del plan-teamiento jurisdiccional a unas breves referencias al caso anterior de J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984). El asunto requiere una mayor consideración por el foro administrativo y una investigación más cuidadosa del grado de control efectivamente ejercido por el Departa-mento de Salud sobre el hospital.

En estas circunstancias, procede que revoquemos la deci-sión de la Junta y devolvamos el caso para que nuevamente examine el planteamiento jurisdiccional. Su próxima inter-vención no debe limitarse a un análisis comparativo de los contratos suscritos por Guayama Health y el de la Asocia-ción de Servicios Médicos Hospitalarios de Yauco. La contro-versia requiere un estudio a fondo tanto del contrato entre ellos como de la relación que realmente se ha desarrollado entre las partes.

Aunque el contrato entre Guayama Health y el Departa-mento de Salud no es idéntico al de la Asociación de Servi-cios Médicos Hospitalarios de Yauco, ambos son muy pareci-dos en cuanto al grado de control gerencial que retiene el Departamento de Salud sobre la empresa.

Por ejemplo, el Departamento de Salud conserva control sobre la preparación y aprobación del presupuesto de la em-presa. La fuente principal de fondos de la empresa es el De-partamento de Salud y parte de su personal continúa adscrito a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud (A.F.A.S.S.). Los fondos así asignados son depositados en un banco designado por el Departamento de Salud y es a éste a quien se le acreditan los intereses devengados en la cuenta. La corporación debe someter un informe trimestral de todas sus operaciones para la aprobación del departa-mento. Éste audita las operaciones fiscales de la corporación y es el que tiene el poder decisivo sobre el sistema de conta-bilidad de la empresa. Por último, todo el sistema de personal, incluyendo las clasificaciones y las escalas salariales, tiene que ser previamente aprobado por el Departamento de Salud.

No obstante este análisis preliminar, el récord no permite concluir si Guayama Health es un “patrono” o una entidad pública de acuerdo con la ley. Corresponde que devolvamos este caso a la Junta para que las partes aporten prueba so-bre todos estos extremos, de modo que ese foro administra- tivo resuelva si tiene jurisdicción sobre esta controversia al amparo de los criterios esbozados por la Junta Nacional.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebo-llo López disiente con opinión escrita, a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía.

I

Coincidimos con el Tribunal en que se debe devolver a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (en adelante Junta) el caso para que dicho organismo lo evalúe nueva-mente a la luz de nuestra decisión en J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984). Al acoger ese curso de acción mayoritario, creemos menester exponer brevemente la norma jurisdiccional de dicha Junta en casos de práctica ilícita de trabajo que bordean la jurisdicción de la Junta Na-cional de Relaciones del Trabajo (en adelante Junta Nacio-nal).

Ciertamente la Ley Federal de Relaciones del Trabajo (en adelante Ley Federal), 29 ILS.C. see. 141 et seq., confiere jurisdicción exclusiva a esa Junta Nacional sobre cuestiones de representación, 29 U.S.C. sec. 159(c), y sobre prácticas ilícitas de trabajo, 29 U.S.C. see. 160. A esos efectos, el Tribunal Supremo federal ha resuelto que cuando la práctica ilícita está estatuida en la Ley Federal, o cuando una activi-dad está protegida por dicha ley, la jurisdicción para cono-cerlas le compete exclusivamente a ella de acuerdo con la doctrina de campo ocupado. San Diego Unions v. Garmon, 359 U.S. 236 (1959).

También dicho Foro ha decidido que el Congreso, al in-vestir a la Junta Nacional con jurisdicción única sobre asuntos laborales que afecten el comercio interestatal, ha desplazado completamente el poder de los estados para li-diar con aquellos asuntos en los cuales la Junta Nacional ha declinado u obviamente declinará ejercer su jurisdicción, esto es, no ha cedido su jurisdicción conforme a la Sec. 10(a) de la Ley Federal, 29 U.S.C. sec. 160(a). Según ese esquema, una junta local de un estado no tiene ningún poder para con-siderar dichos asuntos aun cuando la Junta Nacional se haya negado a considerarlos. Véanse: Guss v. Utah Labor Board, 353 U.S. 1 (1957); Meat Cutters v. Fairlawn Meats, 353 U.S. 20 (1957); San Diego Unions v. Garmon, supra.

Con posterioridad a estos casos, el Congreso enmendó la Sec. 14 de la Ley Federal, 29 U.S.C. sec. 164, para añadir el inciso (c) que autoriza a la Junta Nacional a declinar jurisdic-ción mediante reglamentación publicada o mediante nor-mas establecidas en decisiones (rules of decisions) sobre cualquier disputa laboral que involucre cualquier tipo o cate-goría de patronos donde, a juicio de la Junta Nacional, el efecto de dicha disputa laboral en el comercio no es suficien-temente sustancial para garantizar el ejercicio de su juris-dicción. 29 U.S.C. sec. 164(c). Esta Sec. 14 de la Ley Federal, supra, expresamente permite a los estados (incluso Puerto Rico) asumir jurisdicción en dichos casos.

Nuestra decisión en J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., supra, no puede interpretarse como que en cualquier caso que la Junta Nacional decida no intervenir en la disputa laboral, la junta local tiene libertad para hacerlo. Allí, nues-tros pronunciamientos estuvieron apuntalados en que ese caso no versaba sobre una situación en donde la Junta Nacio-nal hubiera declinado ejercer su jurisdicción, sino en que dicha Junta Nacional concluyó que la Asociación de Servicios Médicos Hospitalarios de Yauco era un agente del Gobierno. Como sabemos, la See. 2(2) de la Ley Federal, 29 U.S.C. see. 152(2), excluye expresamente de la jurisdicción de la Junta Nacional a las entidades públicas o sus dependencias. A con-secuencia de ese mandato ipso jure es que evaluamos dicho caso según la ley local. A tal efecto dijimos:

Por otro lado, el hecho de que el director regional para la región 24 de la Junta Federal de Relaciones del Trabajo haya concluido que bajo la Ley Federal de Relaciones del Trabajo es un agente del Gobierno —lo cual excluye su jurisdicción— no nos obliga a interpretar de igual forma el contenido de nuestras disposiciones legales y negarle validez y eficacia a nuestra Constitución. (Escolio omitido y énfasis suplido.) J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., supra, pág. 367.

Desde esa perspectiva es cuestionable que la Junta y los tribunales tengan jurisdicción en aquellos casos donde ar-güiblemente se presenten asuntos sujetos a las Sees. 7 u 8 de la Ley Federal, 29 U.S.C. sees. 157 ó 158, si la Junta Nacio-nal decide declinar jurisdicción. Máxime cuando la norma claramente establecida por el Tribunal Supremo federal no lo permite, a menos que la cesión de jurisdicción se haga según la Sec. 10(a) de la Ley Federal, supra, o se decline la jurisdicción en los casos autorizados por la Sec. 14(c)(1), (29 U.S.C. sec. 164(c)(1)), en la misma ley. Esta doctrina de San Diego Unions v. Garmon, supra, fue ratificada por este Tribunal tan recientemente como en Pradco Caribe, Inc. v. Tapia, 116 D.P.R. 121 (1985).

II

Aclarado este vital extremo, el récord no permite con-cluir si el Guayama Health es o no un patrono o una entidad pública. La comparación entre los hechos de este caso y J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., supra, es tenue. Debe depurarse ante la Junta las diferencias entre la relación de la Guayama Health con el Departamento de Salud para preci-sar si debemos apartarnos de J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., supra.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

Disentimos. Somos del criterio que, dados los hechos par-ticulares del presente caso, no le corresponde a este Tribunal ni a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (Junta) pasar juicio sobre qué esfera, la federal o la local, es la que tiene jurisdicción para entender en el presente caso; ello, conforme la jurisprudencia aplicable del Tribunal Supremo de E.U., le corresponde hacerlo, en primera instancia, a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (Junta Nacio-nal).

Entendemos que el erróneo curso de acción tomado por una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso —al devolver el mismo a la junta local con el propósito de que ésta “reevalúe” el aspecto jurisdiccional— desafortu-nadamente es el producto de sentimientos de índole “nacio-nalista”, los cuales les impiden aceptar la realidad jurídica dentro de la cual se desenvuelve nuestro Puerto Rico bajo su vigente sistema de gobierno y sus relaciones actuales con el Gobierno de Estados Unidos.

I — I

Mediante decisión de fecha 27 de noviembre de 1985, la Junta le ordenó a la aquí recurrente Guayama Health Management, Inc., en síntesis, cesar y desistir, intentar interve-nir, restringir y ejercer coacción con sus empleados en el ejercicio de sus derechos a organizarse para negociar colec-tivamente; cesar y desistir de desalentar la matrícula de la Unión Laboral de Enfermeras y Enfermeros Profesionales de Puerto Rico mediante discriminación en el empleo por pertenecer a dicha organización obrera; reinstalar al Sr. Pablo Bermúdez García en su antigua posición en el Hospital de Área de Guayama, y fijar copia de un aviso en los tablones de edictos del referido hospital a los efectos antes mencio-nados por un período de treinta (30) días.

Inconforme, la recurrente acudió ante este Tribunal imputándole a la Junta la comisión de dos (2) errores, a saber:

Erró la Honorable Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, al asumir jurisdicción en el presente caso sin mediar renuncia expresa de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo en virtud de lo dispuesto en 29 USCSec. 16j(c)(l) V (c)(2).
Erró la Honorable Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico al determinar que el despido del querellado, Pablo Bermúdez Garda, se debió a un discrimen en la tenencia de empleo de éste por parte de la corporación recurrente y no a la pobre labor rendida en sus funciones, como Enfermero Profesional durante el período probatorio. Solicitud de Revi-sión, pág. 4.

1 — I 1 — I

La mencionada decisión y orden de la Junta tiene como trasfondo un proceso de recolección de firmas —con el pro-pósito de radicar ante la Junta una petición de elecciones y certificación— iniciado por la unión que representaba a los empleados del Hospital de Área de' Guayama bajo la admi-nistración del Departamento de Salud de Puerto Rico, al en-terarse la organización obrera que la institución médica pasaría a ser administrada por la corporación recurrente en virtud de un contrato a esos efectos que otorgaron con el referido Departamento de Salud.

El empleado Pablo Bermúdez García participó en dicho proceso de recolección de firmas, siendo el “delegado” del piso de medicina del referido hospital. El señor Bermúdez fue despedido de su empleo por alegadamente no ser su tra-bajo satisfactorio. Dicho despido se llevó a cabo, incluso, con posterioridad a un periodo probatorio de tres (3) meses que la propia corporación recurrente había establecido al ha-cerse cargo de la administración del hospital. El señor. Ber-mudez radicó, a través de la Unión, un cargo de práctica ilícita de trabajo basado en el Art. 8(l)(a) y (c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. see. 69(l)(a) y (c). ■

La oficial examinadora de la Junta concluyó que el des-pido del señor Bermúdez se debió a sus actividades gre-miales y que al así actuar la corporación recurrente incurrió en prácticas ilícitas de trabajo en violación al Art. 8(l)(a) y (c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, ante; determinación que, como hemos visto, adoptó la Junta, emi-tiendo la decisión y orden que ante nos cuestiona la recu-rrente.

Plantea la corporación recurrente la falta de jurisdicción de la Junta en virtud de la doctrina de “campo ocupado”. Específicamente que, encontrándose la corporación recu-rrente dentro del marco jurisdiccional establecido por la Junta Nacional para los hospitales, por afectar sus opera-ciones el comercio interestatal, dicha Junta Nacional está in-vestida de poder exclusivo cuando se trata de prácticas ilícitas de trabajo y, por lo tanto, la asunción de jurisdicción por parte de la Junta en el presente caso es improcedente en derecho. Cita en apoyo de su contención la Cláusula de Comercio, Art. I, Sec. 8, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1; la Cláusula de Supremacía, Cl. 2, Art. VI, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1, y la Sec. 14(c)(1) y (c)(2) de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo (Ley Federal), 29 U.S.C. sec. 164(c)(1) y (c)(2). Se señala, en adición, que la corporación recurrente cumple con el standard jurisdiccional establecido por la Junta Nacional para asumir jurisdicción sobre hospitales privados, o sea, ingresos brutos anuales por la cantidad de $250,000. Medical Center Hospital, 168 N.L.R.B. Núm. 52 (1967), C.C.H. N.L.R.B. Pár. 21,915; East Oakland Commu nity Health Alliance, Inc., 218 N.L.R.B. Núm. 198 (1975), C.C.H. N.L.R.B. Pár. 15,981.

La recurrida Junta, por su parte —en apoyo de su posi-ción de que actuó con jurisdicción en el presente caso— des-cansa en la decisión que emitiéramos en J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360 (1984). En dicho caso resolvimos —luego que la Junta Nacional rehusara asumir jurisdicción por entender que dicha Asociación era un agente del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico— que una corporación que operaba un hospital público, igualmente por contrato con el Departamento de Salud de Puerto Rico, era un “patrono” a la luz de las disposiciones pertinentes de nuestra Ley de Relaciones del Trabajo, te-niendo derecho sus empleados a organizarse, a negociar co-lectivamente y demás actividades concertadas, y, en su consecuencia, teniendo jurisdicción la Junta para intervenir ante un reclamo de la unión sobre comisión de práctica ilícita por parte de la Corporación en controversia.

Mediante resolución a esos efectos, le concedimos tér-mino a las partes para que nos ilustraran sobre aspectos del caso que resultaban de singular importancia para la correcta solución del mismo. Ambas partes han comparecido. El Tribunal en el día de hoy resuelve devolver el caso a la Junta para que ésta “reevalúe” su posición a la luz de unas con-fusas y contradictorias directrices contenidas en la opinión mayoritaria. Dicha acción, a nuestro juicio, es completa-mente errónea.

H-1 I — I I — I

La See. 2(2) de la Ley Federal() excluye de la jurisdic-ción de la Junta Nacional a los “patronos” o entidades pú-blicas. Cuando éstos contratan con corporaciones o entida-des privadas el ofrecimiento y suministro de servicios guber-namentales, surge la interrogante de si esa entidad o corpo-ración privada igualmente está exenta de la jurisdicción de la Junta Nacional. Ello crea tensión, por cuanto causa contro-versia entre el derecho de los empleados de la industria a ejercer todos los derechos que precisamente le concede la Ley de Relaciones del Trabajo y la política pública de que los servicios básicos gubernamentales no se vean afectados por huelgas, etc. El problema se complica por cuanto en relación a situaciones como las que plantea el presente caso la Junta Nacional se ha negado a utilizar el “procedimiento consul-tivo” que por reglamento a esos efectos estableciera, () me-diante el cual la referida Junta Nacional, ante solicitud de parte, “contesta” la consulta sobre si ha de ejercer o no juris-dicción en un caso en particular. Véanse: In re Puerto Rico Telephone Company, 267 N.L.R.B. Núm. 8 (1983); International Union of Operating Engineers, Local Sk, AFL-CIO and Minnesota Employees of City and County Agencies (MECCA) and Douglas County Hospital, 266 N.L.R.B. Núm. 53 (1983).

Para lidiar con esta situación en los méritos, la Junta Na-cional ha establecido, a través de los años, varios criterios (tests). El criterio vigente fue formulado por dicha Junta Na-cional en el caso de National Transportation Service, Inc., 240 N.L.R.B. 565 (1979). El mismo se compone de dos (2) partes o pasos. En primer lugar, la Junta Nacional deter-mina si la entidad cualifica bajo la definición de patrono que contiene la antes citada See. 2(2) de la Ley.() Contestada dicha interrogante en la afirmativa, la Junta Nacional pasa a determinar, como segundo paso, si dicho patrono tiene sufi-ciente control sobre las condiciones de empleo de sus em-pleados como para poder negociar con una organización obrera que los represente. ()

La determinación de la Junta Nacional asumiendo o no jurisdicción en esta clase de situaciones resulta importante y crítica. En caso afirmativo, como es sabido, el patrono queda sujeto a las disposiciones del National Labor Relations Act y sus empleados adquieren todos los derechos garantizados por dicha ley. En adición tenemos que todas las leyes esta-tales no armonizables o inconsistentes con dicha ley quedan desplazadas, Plankinton Packing Co. v. Wisconsin Employment Relations Board, 338 U.S. 953 (1950).

> I — i

En J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., ante, se trataba de una corporación —la Asociación de Servicios Médicos Hospitalarios de Yauco, Inc.— que, al igual que la corpora-ción aquí concernida, pactó mediante contrato a esos efectos con el Departamento de Salud la operación y administración de una institución hospitalaria perteneciente al Gobierno de Puerto Rico, el Hospital de Área de Yauco. En ocasión de una petición de representación radicada ante la Junta Nacional por la Unidad Laboral de Enfermeras y Enfermeros Profe-sionales de Puerto Rico, en relación con los enfermeros gra-duados empleados por la Asociación, la Junta Nacional desestimó la mencionada petición al concluir que bajo la Ley Federal dicha entidad Corporativa (la Asociación) no caía dentro de la definición de “patrono” y sí se consideraba un “agente del Gobierno”, lo cual excluía su jurisdicción.

El punto (issue) clave a determinarse, esto es, si la refe-rida entidad corporativa se consideraba o no una “subdivi-sión política” del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue determinado por la Junta Nacional al amparo del criterio (test) establecido por la propia junta en el citado caso de National Transportation Service, Inc., ante.

Al así hacerlo, la Junta Nacional tomó en consideración cada uno de los términos y condiciones establecidos en el contrato pactado entre la referida Asociación y el Departa-mento de Salud, señalando, al declinar jurisdicción, como factores decisivos: que la operación por la Asociación de la facilidad envuelta se limitaba esencialmente a proveer servi-cios médico-hospitalarios especializados a pacientes indi-gentes residentes en el área de Yauco, bajo el sistema de salud pública del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; que la Asociación era principalmente subsi-diada por fondos públicos; que la misma estaba sujeta a un estrecho control operacional y presupuestario por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; que el Estado ejercía un control significativo sobre los gastos de la Asociación de-bido a la radicación por adelantado de presupuestos del año fiscal requerido por aquél, y que le eran aplicables procedi-mientos de auditoría estatales.

Habiendo rehusado asumir jurisdicción la Junta Nacional en el referido caso por la razón antes expresada, quedó expe-dito el camino para que la agencia local asumiera posterior-mente jurisdicción en el mismo ante el reclamo de la organización obrera, con el resultado antes expuesto. J.R. T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., ante.

V

Como hemos visto, la Junta Nacional basó su determina-ción a los efectos de que la Asociación de Servicios Médicos Hospitalarios de Yauco, Inc. era un “agente o subsidiaria” del Gobierno de Puerto Rico —la cual, a su vez, la llevó a declinar jurisdicción en el caso— en las particulares cláu-sulas y condiciones del contrato que dicha Asociación. cele-brara con el Departamento de Salud de Puerto Rico.

En vista de ello, estimamos que lo procedente es que se examinen y se comparen las cláusulas y condiciones del con-trato otorgado por la recurrente Guayama Health Management, Inc., con el referido Departamento de Salud con el propósito de determinar si las mismas son básica y sustan-cialmente iguales a las del contrato en el caso de la Asocia-ción o si, por el contrario, existen diferencias entre dichos contratos que justifiquen la posición de la corporación recu-rrente a los efectos de que ésta es “argüiblemente” un pa-trono y no una subdivisión política del Gobierno, lo que a su vez pudiera llevar a la Junta Nacional a una decisión contra-ria. Ello resulta necesario ya que, de ser dichas cláusulas y condiciones sustancialmente iguales, se podría razonable-mente inferir que la Junta Nacional hubiera seguido el mismo curso de acción que en el citado caso de J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., ante; esto es, que hubiera decli-nado igualmente su jurisdicción en el presente caso. Ello es así por cuanto se presume que los organismos cuasi judi-ciales —como lo es la Junta Nacional— son consistentes en sus pronunciamientos, adhiriéndose a los precedentes por ellos establecidos. Véanse: International Union (UAW) v. N.L.B.B., 459 F.2d 1329 (D.C. Cir. 1972); Telecommunications Research & Action Ctr. v. F.C.C., 801 F.2d 501 (D.C. Cir. 1986). De ser dichas cláusulas y condiciones sustancial-mente distintas no se podría hacer dicha inferencia, en cuyo caso la decisión, en primera instancia, sobre si la Junta Na-cional asumiría o no jurisdicción en el caso le corresponde hacerlo, naturalmente, a dicha Junta Nacional.

Examinemos, pues, las cláusulas de los dos (2) contratos en controversia:

1) La Asociación de Servicios Médico[s] Hospitalarios de Yauco, Inc. (en adelante “la Asociación”) contrató como una corporación sin fines pecuniarios con el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico y su Departamento de Salud.
La aquí recurrente, Guayama Health Management, Inc. (en adelante “Guayama Health”), contrató como corporación con fines pecuniarios con el Departamento de Salud para llevar a cabo la administración y operación del Hospital de [Á]rea de Guayama.
2) “La Asociación” acepta la operación y administración del Hospital de [Á]rea de Yauco dentro del concepto de las normas y reglamentaciones que ha emitido el Secretario de Salud.
La “Guayama Health” acepta la operación y administración del Hospital de [Á]rea de Guayama de acuerdo al contrato y a los procedimientos que la corporación prepare y someta al De-partamento para su aprobación. Esto conlleva la preparación de procedimientos para el manejo de personal, sistema de records médicos, dietas, servicios de enfermería, manteni-miento, limpieza, “staffing patterns”, admisiones, servicios clínicos, contabilidad, presupuesto, facturación y cobro y otros sistemas financieros y cualquier otro relacionado con las operaciones del Hospital, cuyos sistemas establecidos por la corporación pasarían a ser propiedad del Departamento al fi-nalizar el contrato, hecho significativo de que los anteriores procedimientos no se emitieran de forma igual a los existentes en el Departamento de Salud.
3) “La Asociación” se obligó a proveer servicios médico-hospitalarios y ambulatorios a nivel secundario a la población médico-indigente del [Á]rea de Yauco, o a pacientes que pu-diesen pagar privadamente mediante seguros tales servicios, todo ello bajo la condición de que existiesen facilidades y re-cursos disponibles para que no se menoscabare el servicio a pacientes médico-indigentes que son la responsabilidad pri-maria del Departamento.
La “Guayama Health” prestaría dichos servicios médicos a pacientes médico-indigentes, parcialmente indigentes y/o pri-vados que pudiesen pagar en igualdad de condiciones y to-mando como consideración única para la prestación de dichos servicios solamente la condición de salud del paciente, por lo que el criterio primario regente era la condición de salud del paciente y no la indigencia.
4) Aunque “la Asociación” podía cobrar directamente a los pacientes solventes por servicios de hospitalización, dicha cantidad así cobrada se depositaba en la misma cuenta donde se mantenían los fondos operacionales que el Departamento de Salud le asignaba a la Asociación.
La “Guayama Health” puede cobrar directamente a dichos pacientes solventes sin otro requisito que llevar un registro apropiado para la contabilización de esos ingresos.
5) Como compensación por los servicios médicos que pres-taba a pacientes médico-indigentes, “La Asociación” recibía unas cantidades sujetas a unas fórmulas determinadas en fun-ción de los salarios anuales pagados a los médicos de cabecera de los distintos departamentos.
A la “Guayama Health” se le paga una cantidad de $458,333.33 mensuales por todos los servicios que se ofrecen a dichos pacientes médicos-indigentes, independientemente de consideraciones salariales o fórmulas variables.
6) Los empleados de “la Asociación” no podían participar de los ingresos que generase la operación del Hospital de Yauco.
Los empleados del Hospital de Guayama tienen la oportuni-dad de participar de los ingresos que generase la “Guayama Health” mediante un plan de incentivos al efecto.
7) A “la Asociación” se le exigía mantener un grupo admi-nistrativo y paramédico para la operación y administración de las facilidades del Hospital de [Á]rea de Yauco que fueran compatibles con las normas del Departamento de Salud.
La “Guayama Health” podía nombrar o contratar el personal médico y paramédico que fuera necesario para llevar a cabo las funciones del Hospital de [Á]rea de Guayama sin res-tricción alguna. Todos los empleados lo serán de la Corpora-ción, excepto los empleados de carrera de las AFASS que continúen prestando sus servicios como tales en el Hospital, los cuales se regirán por el Reglamento de AFASS, pero serán supervisados por la gerencia de la Corporación. Esta gestión de contratación conllevaba la facultad y responsabilidad de entrenar, ascender y destituir cuando fuere necesario a dichos empleados, así como también establecer escalas de salarios, reglamentos de personal y beneficios marginales dentro de los límites presupuestarios.
8) A “la Asociación” se le exigía implantar y mantener sis-temas de información administrativa y financiera que fueran compatibles con los sistemas del Departamento.
La “Guayama Health” prepararía sus propios procedi-mientos para el manejo y administración del Hospital de [Á]rea de Guayama, incluyendo la capacidad de establecer un procedimiento para el referido de pacientes (en conjunción con el Departamento), la preparación de normas de admisión al Hospital y todas las anteriormente mencionadas en el apar-tado 2, ante.
9) A “la Asociación” se le exigía que el equipo que instalara de forma permanente en la estructura del Hospital pasaría a ser propiedad del Estado por constituir ésta una mejora per-manente.
La “Guayama Health” tenía el derecho de que dicho equipo fuese adquirido por el Departamento de Salud por el valor del mismo en los libros al finalizar el contrato. Tenía además la potestad de adquirir equipo fijo sin el visto bueno del Departa-mento de Salud.
10) En el contrato suscrito con “la Asociación”, el Departa-mento de Salud tenía la potestad de declarar vencido el mismo o suspender su vigencia temporeramente a su entera volun-tad.
El contrato suscrito con la “Guayama Health” podía ser ter-minado por cualquiera de las partes efectivo al final de cada año fiscal mediante notificación por escrito de la parte que deseare dar por terminado el mismo a la otra parte con por lo menos seis meses de antelación. Además, la Guayama Health” también retenía el derecho a poder enmendar en cualquier momento (de mutuo acuerdo) el contrato, cuyas con-diciones económicas podían ser negociadas entre las partes con sesenta días de antelación al finalizar cada año fiscal. (Én-fasis suplido.)

I — I >

Una somera lectura de lo antes expuesto es más que sufi-ciente para poder uno percatarse de que la situación de he-chos que plantea el presente caso no es una similar a la del caso J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., ante. Examinado el mismo a la luz del criterio (test) establecido por la Junta Nacional en el mencionado caso de National Transportation Service, Inc., ante, somos de la opinión que la Corporación recurrente, cuando menos prima facie, cualifica bajo la defi-nición de “patrono” de la See. 2(2) de la Ley Federal, ante, y que la misma aparentemente posee suficiente control sobre las condiciones de empleo de sus empleados como para poder negociar con una organización obrera.

Aquí —en primer lugar y en relación con el primer paso del criterio (test) establecido en el caso de National Transportation Service, Inc., ante— no se trata de una entidad creada por el Estado de manera que constituya un departa-mento o rama administrativa del Gobierno. Es una corpora-ción con capacidad y existencia propia como toda corpora-ción creada con arreglo a las disposiciones de la Ley General de Corporaciones, con todas las facultades que ésta les ga-rantiza. Tampoco es administrada por individuos que le son responsables a oficiales públicos o al electorado, ya que, no obstante existir una Junta Consultiva de la Comunidad nom-brada por el Secretario de Salud, la cual se encarga de eva-luar la labor realizada por la Corporación, los negocios de la Corporación recurrente son dirigidos por sus accionistas, quienes ejercen las funciones de Junta de Directores, la cual a su vez delega sus poderes en un Director Ejecutivo contra-tado por la Corporación misma. No se desprende que este último esté sujeto ni a nombramiento, ni a remoción por el Secretario de Salud ni por oficial público alguno. Véase N.L.R.B. v. The Natural Gas Utility District, 402 U.S. 600 (1971).

Por otro lado —y en relación con el segundo paso de dicho criterio (test)— la Corporación recurrente posee o retiene la facultad y responsabilidad de entrenar, ascender y destituir cuando fuere necesario al personal médico y paramédico que nombre o contrate, así como también establecer escalas de salarios, reglamentos de personal y beneficios marginales dentro de los límites presupuestarios. Esto a nuestro juicio, constituye prima facie “suficiente control sobre las condi-ciones de empleo de sus empleados como para poder nego-ciar con una organización obrera que los represente”.

En resumen, tenemos que las diferencias obviamente existentes entre ambos contratos podrían, en nuestra opi-nión, haber causado que la Junta Nacional —contrario al caso de la Asociación de Servicios Médicos Hospitalarios de Yauco, Inc.— hubiera asumido jurisdicción en el asunto ya que, como hemos visto, la recurrente Guayama Health Management, Inc. ha ofrecido evidencia suficiente para sostener que la misma “argüiblemente” es un patrono bajo la Ley Federal y no una subdivisión política del Gobierno. San Diego Unions v. Garmon, 359 U.S. 236 (1959). Dicha situación, a nuestro juicio, es suficiente para que este Tribunal, y la Junta de Relaciones local, se abstengan de asumir jurisdic-ción en el asunto. En otras palabras, esa es una decisión que le corresponde hacer, en primera instancia, a la Junta Na-cional; ciertamente la misma no es de la competencia ni de la Junta ni de este Tribunal. Véanse: International Longshoremen’s Assoc. v. Davis, 474 U.S. 380 (1986); Pantoja v. Esco Corp., 100 D.P.R. 51, 53 (1971). Devolver el caso a la junta local para que ésta “decida” si es ella, en lugar de la Junta Nacional, la que tiene jurisdicción en este caso es un acto que no sólo es erróneo, sino que es uno completamente fútil pues el organismo local no es el que tiene la facultad para decidir ese aspecto en primera instancia; correspon-diéndole el mismo, repetimos, a la Junta Nacional.

VII

Por las razones antes expresadas, expediríamos el auto de revisión solicitado y dictaríamos sentencia revocatoria de la resolución y orden emitida en el presente caso por la Junta de fecha 27 de noviembre de 1985!

      (1) En su decisión, el Director Regional de la Junta de Relaciones del Tra-bajo de Puerto Rico señaló:
      “Al determinar si una entidad es una subdivisión política dentro de la Sec-ción 2(2) de la Ley, la Junta ha establecido que determinará si el patrono cumple con la definición de ‘patrono’ en la Sección 2(2) de la ley y, si así fuera, determi-nará si el Patrono tiene suficiente control sobre las condiciones de trabajo de sus empleados, que le permita negociar con una organización laboral que los repre-sente. National Transportation Service, Inc., 240 NLRB 565 (1979). Y, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Supremo, la Junta considerará si dicha entidad es una de dos cosas: ‘(1) creada por el [E]stado, para constituir un depar-tamento o una rama administrativa del [GJobierno, o (2) ‘administrada por indivi-duos que son responsables a oficiales públicos o al electorado general...’ NLRB v. The Natural Gas Utility District at Hawkins County, Tennessee, 402 U.S. 600 (1971). En el récord está claro que en este caso el manejo por el Patrono de la instalación pública se limita principalmente a proveer servicios médicos especia-lizados y servicios de hospital a pacientes indigentes que residen en la ‘zona de Yauco’, sujeto al sistema de servicios de salud pública del gobierno local; el Pa-trono trabaja con fondos públicos; y está sujeto al control minucioso de sus opera-ciones y presupuesto de parte del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Más aún, como ‘el Estado, a fin de cuentas ejerce un control significativo sobre ... los gastos [del Patrono] por razón de requerírsele que someta presu-puestos con antelación al año fiscal y estar sujeto a los procedimientos de audito-ría,’ determinó que el Patrono en este caso es un agente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, por lo tanto, desestimaré la petición. The New York Institute for the Education of the Blind, 254 NLRB Núm. 85. En vista de lo cual, encuentro que es innecesario determinar las cuestiones levantadas sobre la uni-dad en este caso.” (Traducción nuestra.) Anejo 1, pág. 2.

      (1) Al así resolver, expresamos que el hecho de que la agencia federal hubiera resuelto que la corporación en controversia era un “agente del Gobierno de Puerto Rico” —y por tanto no cualificaba como “patrono” al amparo de las dispo-siciones de la ley federal— “no nos obliga a interpretar de igual forma el conte-nido de nuestras disposiciones legales y negarle validez y eficacia a nuestra Constitución”. J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360, 367 (1984).

      (2) 29 U.S.C. see. 152(2):
      “The term ‘employer’ includes any person acting as an agent of an employer, directly or indirectly, but shall not include the United States or any wholly owned Government corporation, or any Federal Reserve Bank, or any State or political subdivision thereof, or any person subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C. sec. 151 et seq.], as amended from the time to time, or any labor organization (other than when acting as an employer), or anyone acting in the capacity of officer or agent of such labor organization.” (Énfasis suplido.)

      (3) Véanse: Secs. 102.98 y 102.99 de las Reglas y Reglamentos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, Serie 8, según enmendado.

      (4) Analizado ello desde otra perspectiva, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tendrá que determinar si el patrono como tal no es una subdivisión política del Gobierno o una corporación completamente controlada por el Go-bierno, etc.

      (5) Dicho criterio (test) en las propias palabras de la Junta Nacional, “it would determine whether the employer itself meets the definition of ‘employer’ in Section 2(2) of the Act and, if so, determine whether the employer has sufficient control over the employment conditions of its employees to enable it to bargain with a labor organization as their representative”. (Énfasis suplido.) Anejo 1, pág. 2.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Medina & Medina, demandante, v. Country Pride Foods, Ltd., demandada.

      Número: CE-87-447

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Luis E. Dubón, Jr., de Dubón & Dubón, abogado del demandante; Mario Arroyo Dávila y Salvador Antonetti, de Fiddler, Gon-zález & Rodríguez, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito (Corte de Apelaciones) nos ha sometido una cuestión de gran interés relacionada con la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 278 et seq., o Ley sobre Contratos de Distribución. Por mos-trarse el presente caso particularmente favorable para abor-dar la cuestión certificada, pasamos a exponer los hechos que la delimitan.

h-i

El demandante Medina & Medina (Medina) es una socie-dad mercantil colectiva organizada bajo las leyes de Puerto Rico en 1969, que distribuye productos de carne y aves. El demandado Country Pride Foods, Ltd. (Country Pride) vende productos avícolas como corporación organizada bajo las leyes del Reino Unido, con oficinas en Arkansas. En 1977, Country Pride nombró a Medina como agente y distribuidor exclusivo de todos sus productos en Puerto Rico. El contrato no especificaba el término de duración. Los precios de los productos se fijaban periódicamente por mutuo acuerdo y fluctuaban según los cambios registrados en el mercado de Georgia, una guía reconocida en la industria.

Según las determinaciones de hecho de la Corte de Dis-trito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en marzo de 1978, Country Pride exigió precios más altos por sus productos. En mayo de 1978, Medina aceptó un aumento en los precios. Un mes después, Country Pride pidió un au-mento adicional. En octubre, mientras se negociaba este au-mento, Country Pride propuso un cambio en la rígida estructura de fijación de precios a una de mercado libre. En noviembre, Country Pride cambió su propuesta original a una fórmula de precios más altos que los existentes, a co-menzar el 1ro de diciembre por un período de prueba de 90 días. Medina rechazó esta fórmula y contrapuso una con pre-cios más bajos. Country Pride accedió a utilizar la fórmula de Medina por un período de 90 días, pero todas las entregas serían “C.I.F. San Juan” (cost, insurance and freight), con pago mediante “letra a la vista contra conocimiento de em-barque”. Medina informó que la condición de pago mediante letra a la vista era inaceptable.

El 27 de noviembre, Country Pride expuso nuevamente su posición: (a) los precios de Medina y las condiciones de pago de Country Pride o (b) una fórmula de precios abierta. Medina volvió a rechazar los términos de pago y alegó que había tenido problemas de escasez y excesos en los embar-ques, y que había recibido embarques con productos expi-rados. Medina contrapuso una letra a la vista pagadera 15 días después de recibir el producto. Las negociaciones conti-nuaron, pero para el 30 de noviembre era evidente que se había llegado a un tranque. El 4 de diciembre Country Pride notificó a Medina que había enviado un embarque de pro-ductos que debía pagarse mediante letra a la vista contra conocimiento de embarque. Posteriormente, Medina hizo otra propuesta en torno a los términos de pago, a saber, el pago 7 días después de recibir el producto. Country Pride rechazó esta propuesta y reiteró su posición: “1) nuestro pre-cio, sus términos de crédito, 2) su precio y nuestros términos de crédito.” (Traducción nuestra.) Apelación del Primer Cir-cuito, 1ro de julio de 1987, pág. 4.

Al no poder llegar a un acuerdo, el 7 de diciembre Country Pride anunció que se retiraba del mercado puerto-rriqueño, lo cual fue aceptado por Medina. Country Pride exigió el pago por el último embarque, pero Medina expresó que dicho pago se haría según los términos prevalecientes antes de noviembre. Country Pride exigió una transferencia de fondos contra la factura comercial a ser enviada por télex. Medina contestó que el título sobre los productos enviados pasó, a la entrega, al porteador en el puerto de embarque y que Country Pride no tenía derecho a condicionar la entrega al pago de la mercancía. Country Pride rechazó la reclama-ción de Medina el 12 de diciembre y también le notificó que el contrato de distribución había terminado.

Posteriormente, Medina instó demanda bajo la Ley sobre Contratos de Distribución de Puerto Rico en la Corte de Dis-trito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la que reclamó que Country Pride había dado por terminado unilateralmente su acuerdo de distribución sin justa causa. La demandada presentó moción de sentencia sumaria donde aduce, inter alia, que la Ley Núm. 75, supra, no debe inter-pretarse de modo que el principal tenga que pagar una cuan-tiosa compensación en daños cuando decide retirarse total-mente del mercado puertorriqueño, sin aprovecharse de la clientela desarrollada por el distribuidor. La Corte de Dis-trito, al adoptar una interpretación literal del término de justa causa, denegó la moción de sentencia sumaria. Después de celebrado el juicio, dicho foro declaró con lugar la de-manda. Country Pride apeló y, oportunamente, la Corte de Apelaciones nos certificó la siguiente interrogante a tenor con la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y la Regla 27 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A; Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982):

“Donde hay un contrato de plazo indefinido, con precios y términos de crédito que se han dejado abiertos a negociación, y las partes negocian de buena fe pero no pueden llegar a un acuerdo respecto al precio y crédito[,] ¿[p]roh[í]be la Ley 75 que el principal unilateralmente y totalmente se retire del mercado, cuando ese principal no hace intento alguno de apro-piarse de la plusvalía o la clientela establecida?’ (Traducción nuestra[.])” Alegato de la parte demandada, pág. 1.

Luego de los trámites de rigor, el 3 de septiembre de 1987 quedó sometido el caso.

II

Estamos ante una materia de interpretación del Derecho puertorriqueño que puede determinar o definir el resultado del caso y la Corte de Apelaciones nos ha preparado una ex-celente relación de todos los hechos relevantes, según adju-dicados y depurados por el foro federal de origen.

En Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, págs. 784-785, expusimos en sus aspectos esenciales las raíces históricas y reglamentarias que informan el procedimiento de certificación interjurisdiccional en Puerto Rico. Reconocimos que “[l]a certificación es el medio más directo, rápido y económico para que la Corte federal obtenga una interpretación autorizada sobre el derecho estatal”. Hoy reafirmamos estas expresiones.

El procedimiento provisto por la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 27 de nuestro Reglamento, supra, ha dado lugar a una útil colaboración entre las dos jurisdicciones. Varios son los factores que han precipitado estos desarrollos. Por un lado, son producto de cambios en los propios enfoques adjudicativos de este Tribunal Supremo. Hemos venido a reconocer la primacía de las normas de derecho civil en la resolución de controversias de derecho privado. No siempre fue así. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979). Como resultado, los foros federales —particularmente los foros apelativos— se han mostrado más sensibles, respetuosos y prudentes en la interpretación y adjudicación del Derecho puertorriqueño. Véanse: S. Breyer, The Relationship between the Federal Courts and the Puerto Rico Legal System, LIII Rev. Jur. U.P.R. 307 (1984); Reyes-Cardona v. J.C. Penney Co., Inc., 694 F.2d 894, 896-897 (1er Cir. 1982); M. Arroyo-Dávila, Federal Court Certification Revisited, 45 Rev. C. Abo. P.R. 58 (1984).

La certificación constituye un valioso instrumento para que el foro federal nos pregunte directamente nuestra interpretación del Derecho puertorriqueño cuando aquí no existan precedentes claros que dispongan de la controversia pendiente en esa jurisdicción. Conscientes ambos foros de las peculiaridades históricas y jurídicas que nos distinguen, así como de los lazos que también en lo histórico y jurídico nos unen, este procedimiento se ofrece, especialmente en nuestro caso, como un mecanismo adecuado para aliviar y reducir las tensiones que surgen entre los tribunales fede-rales y los puertorriqueños. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, pág. 785; Lehman Brothers v. Schein, 416 U.S. 386, 391 (1974); Nota, Interjurisdictional Certification: Beyond Abstention Toward Cooperative Judicial Federation, 111 U. Pa. L. Rev. 344 (1963).

Aclarado el marco adjudicativo, oportunamente respon-demos a la interrogante certificada.

III

En el pasado, ante distintas controversias sobre la Ley Núm. 75, supra, hemos examinado extensamente los antece-dentes de su formación y precisado los fines que determina-ron su nacimiento en nuestro Derecho. Casi invariablemente hemos hecho referencia al siguiente pasaje de su exposición de motivos:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede perma-necer indiferente al creciente número de casos en que em-presas domésticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios, o agentes, tan pronto como éstos han creado un mercado favorable y sin te-ner en cuenta sus intereses legítimos.
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que la ra-zonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico es vital a la economía general del país, al interés público y al bienestar general, y en el ejercicio del poder policial, con-sidera necesario reglamentar, en lo pertinente, el campo de dichas relaciones, para evitar los abusos que ciertas prácticas ocasionan. 18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), Parte III, pág. 1531 (1964).

También hemos citado de los informes legislativos que precedieron a su aprobación:

Recientemente se ha recrudecido el problema creado en el sistema de distribución en Puerto Rico por la acción intem-pestiva de empresas manufactureras domésticas y del exterior que, sin causa justificada, dan por terminadas sus relaciones con sus distribuidores y agentes en Puerto Rico, tan pronto como éstos han creado un mercado favorable para sus productos, frustrando las legítimas expectativas e intere-ses de los que tan eficientemente han cumplido con sus res-ponsabilidades.
Las disposiciones tradicionales que regulan los contratos entre particulares han demostrado no ser eficaces para prote-ger los legítimos derechos del distribuidor o agente, por lo que se hace necesario legislar para reglamentar esta relación y garantizar que los manufactureros actúen de buena fe, equi-tativamente, de manera no arbitraria, y preservar al distribui-dor o agente los derechos y las expectativas justificadas inherentes a la relación. Además, esto tendrá la consecuencia de dar estabilidad a las relaciones de distribución.
Esta es la grave situación que se intenta remediar con la aprobación de este proyecto. . . . Diario de Sesiones, supra.

Véanse: Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., 122 D.P.R. 117 (1988); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983).

A la luz de estos propósitos, consistentemente hemos resuelto que “[l]a Ley Núm. 75 representa incuestionablemente una fuerte política pública encaminada a nivelar las condiciones de contratación de dos grupos económicamente dispares en su fuerza”. Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 184, 189 (1975). A fin de lograr una razonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico, renglón importante de nuestra economía insular, pretendió el legislador nivelar en lo posible el poder de negociación entre el fabricante y el distribuidor. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 85; San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211, 216 (1978). Véase, también, G.B. Serota, Constitutional Obstacles to State “Good Cause” Restrictions on Franchise Terminations, 74 Colum. L. Rev. 1487 (1974).

En su estructura básica, la Ley Núm. 75, supra, está considerada como “prototipo” entre aquellas que en las últimas décadas han reglamentado en el mundo entero las relaciones entre manufactureros y distribuidores. Véase A.M. Saltoun y B.C. Spudis, International Distribution and Sales Agency Agreements: Practical Guidelines for U.S. Exporters, 38 Bus. Law. 883, 885 (1983)() La actividad previsora del legislador, sin embargo, nunca es absoluta. Como bien se ha señalado, “a poco que se dieron los primeros pasos para poner en vigor la Ley 75 mediante recursos judiciales, se observó que la misma adolecía de ciertas deficiencias que tendrían que ser corregidas...”. Estudio sobre la Ley 75 de 21 de junio de 1961 que reglamenta los contratos de distribución, San Juan, Cámara de Comercio de Puerto Rico, 1976, pág. 14. Sobre la marcha, la Legislatura tuvo que enmendar la Ley Núm. 75, supra, para atemperarla a las realidades y necesidades de este régimen especial de comercialización, y así superar ciertos inconvenientes que presentaba su texto original. íd. De igual forma, ante el silencio del legislador en otros aspectos sensitivos del es-quema, en ocasiones este Tribunal ha tenido que impartir contenido al estatuto.

Así, por ejemplo, en J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, 108 D.P.R. 134 (1978), interpretamos que la Ley Núm. 75, supra, no requiere exclusividad en la distribución de un producto o prestación de un servicio, por lo que dicha ley no impide cambios de intermediarios. También en San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra, decidimos que la Ley Núm. 75, supra, no aplicaba a todo agente. En Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, resolvimos que la fórmula de daños del estatuto no es mecánica, y recientemente, en Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., 122 D.P.R. 55 (1988), adjudicamos que las lagunas de la Ley Núm. 75, supra, sobre la interrupción del término prescriptivo debían ser subsanadas por el Código de Comercio y no por el Código Civil.

La presente controversia suscita la interrogante siguiente: ¿fue la intención del legislador que la Ley Núm. 75, supra, aplicara al tipo de situación en la que el principal de buena fe decide retirarse totalmente del mercado puertorriqueño? En la alternativa, ¿constituye “justa causa”, para la terminación de la relación el retiro del mercado de buena fe?

En principio, la Ley Núm. 75, supra, no provee este aspecto de la relación entre el principal y el distribuidor.() P. Salamone, Puerto Rico’s Distributor’s Law: Law 75: A Primer, 18 Rev. Jur. U.I.A. 67, 70 esc. 10 (1983). La definición de justa causa del estatuto se refiere sólo a los actos que son imputables al distribuidor.() Las vicisitudes y circunstancias del principal no juegan ningún papel en la ruptura de la relación contractual. Salvo raras excepciones, idéntica situación impera en el resto de las jurisdicciones es-tatales.()

Esta orientación legislativa recientemente ha sido objeto de crítica y discusión. A. Hurwitz, Franchise Market Withdrawal: “Good Cause” for Termination?, 7 Franchise L.J. 3 (Fall 1987). También, ha provocado reacciones jurispruden-ciales destinadas a evitar, mediante un replanteamiento judicial del propio concepto de justa causa, las dificultades que enfrentarían estos estatutos si fueran interpretados de forma que los principales estuviesen condenados a vivir en interminable simbiosis con la empresa distribuidora bajo todo género de circunstancias. Véanse: Remus v. Amoco Oil Co., 794 F.2d 1238 (7mo Cir. 1986); Lee Beverage Co. v. I.S.C. Wines of California, 623 F. Supp. 867 (Wis. 1985); St. Joseph Equipment v. Massey-Ferguson, Inc., 546 F. Supp. 1245 (Wis. 1982); Designs in Medicine, Inc. v. Xomed, Inc., 522 F. Supp. 1054 (Wis. 1981); Consumer Oil Corp. of Trenton, N.J. v. Phillips Petro. Co., 488 F.2d 816 (3er Cir. 1973). Cf. Kealey Pharmacy & Home Care Serv. v. Walgreen Co., 539 F. Supp. 1357 (Wis. 1982).

Un examen de los principios que informan la figura contractual aquí presente nos permite, también en el caso de la Ley Núm. 75, supra, pautar fórmulas armónicas que salven cualquier defecto constitucional del estatuto.

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El contrato de distribución es un contrato típico de los que la doctrina llama- “de duración” o “de tracto sucesivo”. En gran medida, está inspirado en el principio de la confianza. Cuando un principal o concedente concluye este tipo de contrato, lo hace previendo las cualidades profesionales y económicas del concesionario, sus conocimientos del mercado, su capacidad comercial y su crédito. Se trata de un pacto intuitu personae. Véanse, también: J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, supra; J. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Rev. Der. Mercantil, 1963, T. III, Vol. 1, pág. 536; J.R. Cano Rico, Manual Práctico de Contratación Mercantil, Madrid, Ed. Tecnos, 1985, Vol. 1, pág. 376.

Principal y distribuidor se hallan en relación de colaboración en la distribución y venta de un producto. No están vinculados por ningún pacto ni relación de dependencia que subordine una empresa a la otra. E.A. Braun, Policy Issues of Franchising, 14 Sw. U.L. Rev. 156, 221 (1984). Cada empresario explota su propia empresa en su nombre, asume sus propios riesgos y busca su propio lucro. Véanse, también: T. Puente Muñoz, El contrato de concesión mercantil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, pág. 25; R. Uría, Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, pág. 543.

Aún más, desde el punto de vista económico, las empresas concedentes y concesionaria están ligadas por el éxito o fracaso de la comercialización del producto. La doctrina ha señalado con acierto que la relación de distribución se asemeja a la relación de sociedad; “asociación para vender”. Puente Muñoz, op. cit., pág. 40. Ésta no se agota con una única compraventa, sino que a lo largo de la misma se concluirán tantos contratos de compraventa como sean necesarios para satisfacer las necesidades de reventa del distribuidor o concesionairo.

Para el principal, la relación de distribución no es sino un medio de planificación de la venta de sus mercancías. En algunos casos, se compromete a no vender productos semejantes a los que son objeto de la concesión a ningún otro revendedor en la zona de la exclusiva de venta. La nota que define al distribuidor es, por otra parte, la de ser “un empresario mercantil independiente que ha establecido una relación de continuidad y duración, fija o indeterminada, con otro empresario principal para la distribución de un producto o servicio. Esta relación se caracteriza por la cooperación, la estabilidad y la confianza mutua que genera”. (Escolio omitido.) Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, pág. 134. En este sentido, asume un riesgo comercial superior al que resulta de la simple cláusula de comisión.

A tenor con estos principios básicos, ya reconocidos por nuestra jurisprudencia, es fácil advertir cómo en los contratos de distribución, que normalmente son de duración muy larga, se hace absolutamente necesario que tanto principal como distribuidor puedan variar y negociar de buena fe los precios y términos de crédito para la venta de los pro-ductos objeto de la concesión. Así ocurrió en el presente caso. Es ante la falta de entendimiento en las negociaciones que Country Pride decide retirarse del mercado puertorri-queño. Como bien expresa la Corte de Apelaciones, planté-ase entonces si un principal en esta situación estaría forzado por la Ley Núm. 75, supra, a escoger entre una de estas dos (2) alternativas: (a) tener que aceptar, sin opción, los precios y términos de crédito que le imponga su distribuidor o (ó) dar por terminado el acuerdo o contrato y sufrir de todos modos las consecuencias de tener que pagar una cuantiosa compensación.

Como antes expresáramos, la Ley Núm. 75, supra, fue diseñada para darle al distribuidor los mecanismos necesarios de suerte que, al discutir con el manufacturero un cambio en la distribución, tuviese poder de regateo. Surge, además, el propósito específico del legislador de brindar un remedio cuando el principal elimina al distribuidor sin justa causa y establece en Puerto Rico facilidades para la distribución directa de mercancías o la prestación de servicios que previamente habían estado a cargo del distribuidor, aprovechándose de este modo del mercado (clientela) desarrollada por el primero. San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra, págs. 215-216.

Nos merecen mucho respeto las declaraciones del legislador sobre los males sociales que quiso remediar. Es por ello que un examen a fondo de la Ley Núm. 75, supra, historial, fuentes y razones de originación nos lleva a concluir que no fue la intención legislativa convertir los contratos de distribución en relaciones interminables. En primer término, porque dicha opción legislativa tropieza con serias objeciones constitucionales. En segundo lugar, porque, como antes expresáramos, principal y distribuidor no tienen intereses contrapuestos. Tampoco están vinculados por ningún pacto ni relación de dependencia que subordine una empresa a la otra. No es posible interpretar el estatuto de forma que el distribuidor pueda dirigir —al imponer sus condiciones— la política de venta del principal o viceversa, con la correspondiente pérdida de la autonomía económica y jurídica de ambos. Tal interpretación sería contraria al or-den público en la medida que implicaría una limitación irra-zonable a la libre determinación del hombre.

Ahora bien, razones de equidad exigen que el retiro venga condicionado para evitar la arbitrariedad de aquel que lo ejercita. La doctrina científica está conteste en que “[é]n cualquier caso se exige que la denuncia del contrato se haga de buena fe,( ) en tiempo oportuno, con un plazo de preaviso de acuerdo con la naturaleza de la concesión y las características de la empresa concesionaria”. (Énfasis suplido.) Puente Muñoz, op. cit., pág. 173.

En cuanto al plazo de preaviso, prevéase que permita al concesionario “informarse con tiempo suficiente de las intenciones del concedente para operar un cambio de relaciones mercantiles. ..”. Puente Muñoz, op. cit., pág. 175 esc. 159. Se trata, en definitiva, de que el distribuidor pueda paliar los efectos de la ruptura a tiempo y preparar su futuro como empresario. Cuando el retiro del mercado responda a una diferencia entre las partes sobre algún elemento esencial del contrato, la razonabilidad del plazo dependerá, entre otras circunstancias, del tiempo e intensidad con que las partes hayan venido negociando los términos en conflicto.

Los criterios seguidos por la jurisprudencia europea para determinar el plazo del preaviso son de ayuda. Dicho plazo deberá estar en función de la integración más o menos estrecha entre las empresas concedentes y concesionarias. Mientras menos líneas represente un distribuidor, mayor será su dependencia en cada línea que trabaja. Si el concesionario creó su empresa únicamente para vender las mercancías objeto de la concesión que se retira, la ruptura del contrato puede significar la desaparición de su actividad mercantil. A contrario sensu, la terminación de un contrato que tan sólo representa una pequeña fracción del negocio del distribuidor no le producirá graves desbalances en sus operaciones. () Por otro lado, se debe tener en cuenta la antigüedad de los lazos que rompe el distribuidor, las condiciones del mercado correspondiente al sector comercial en particular y las relaciones con otros proveedores y con la clientela ligada al producto que se retira. En resumen, opina la doctrina que el concedente debe observar un plazo de preaviso que un empresario, quien actúa de forma diligente y de buena fe, hubiera previsto. Puente Muñoz, op. cit, pág. 174.

A la luz de lo expuesto, contestamos la interrogante certificada en los términos siguientes: la Ley Núm. 75, supra, no prohíbe que el principal se retire totalmente del mercado de Puerto Rico cuando ese principal no ha hecho intento de apropiarse de la plusvalía o de la clientela establecida, fruto de la actividad del distribuidor, y dicho abandono —que constituye justa causa para dar por terminada la relación— se debe a que las partes han negociado de buena fe, pero no han podido llegar a un acuerdo en cuanto al precio, crédito o algún otro elemento esencial del contrato de distribución. En todo caso, dicho retiro deberá venir precedido por un plazo de preaviso que dependerá de la naturaleza de la concesión, de las características de la empresa distribuidora y de la na-turaleza de los tratos que anteceden a la ruptura del con-trato.

Se dictará la sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Ortiz contestaría la interrogante certificada en la negativa, por ser de opinión que la Ley Núm. 75, supra, no cubre la situación en que el principal unilateral y totalmente se retira del mercado cuando ese principal no hace intento alguno de apropiarse de la plusvalía o de la clientela establecida. Del texto y del historial legisla-tivo de la Ley Núm. 75, supra, surge diáfanamente que la misma entra en juego cuando el principal da por terminado el contrato para hacer un cambio de distribución, ya sea para vender directamente o a través de agentes comisionistas, o de uno o más nuevos distribuidores. No puede ser su propó-sito el regir y limitar la decisión comercial de retirarse por completo del mercado puertorriqueño. En estos casos no hay razón de pedir ni remedio alguno al amparo de la Ley Núm. 75, supra, y por lo tanto, es innecesario e irrelevante discutir y considerar si hubo o no justa causa para la terminación del contrato. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. Los Jueces Asociados Señor Rebollo López y Señora Na-veira de Rodón no intervinieron.

      (1) Véanse, también: C.J. Farnki, The Defense of Terminated Dealer Litigation: A Survey of Legal and Strategic Considerations, 46 (Núm. 4) Ohio St. L.J. 925 (1985); J.S. Finkelstein, Legislative and Judicial Regulation of Exclusive Distribution Agreements in France, 15 Int’l Law. 539 (1981); S. Antonetti, Puerto Rico’s Dealer’s Act Fourteen Years Later, 83 Com. L.J. 453 (1978); Meyer, Terminating Sales Arrangements in West Germany, 7 Tex. Int’l L.J. 233 (1972); T.W. Simons, Termination of Sales Agents and Distributors in Belgium, 17 Int’l Law. 752 (1983); R.B. Cartwright, The New Saudi Commercial Agencies Regulation, 16 Int’l Law. 443 (1982).

      (2) En Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 86 (1983), la recurrente Brown Boveri planteó la invalidez constitucional de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 278 et seq., por ésta no admitir otros motivos para la terminación del contrato como: “a) la buena fe del principal, b) su derecho a establecer su propio sistema de distribución, e) hacer ajustes al sistema de distribución que de buena fe considere necesarios para in-crementar su mercado, y d) su decisión de retirarse, por completo del territorio donde ha operado." (Énfasis suplido.) No obstante, este Foro no pudo entrar a considerar tal planteamiento, pues la apelante Brown Boveri no alegó ninguno de esos motivos para la terminación del contrato, por lo que no tenía capacidad jurí-dica para cuestionar la validez constitucional del estatuto.

      (3) El Art. 2 de la Ley Núm. 75, supra, dispone:
      “No empece la existencia en un contrato de distribución de una cláusula reservándole[s] a las partes el derecho unilateral a poner fin a la relación exis-tente, ningún principal o concedente podrá dar por terminada dicha relación, o directa o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la relación esta-blecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa.” 10 L.P.R.A. sec. 278a.
      El Art. 1(d) de la Ley Núm. 75, supra, define, por otra parte, el término “justa causa” de la forma siguiente:
      “(d) Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de distribución, por parte del distribuidor, o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribución de la mercancía o servicios.” 10 L.P.R.A. sec. 278(d).

      (4) Sin embargo, véase en California el Cal. Franchise Relations Act, Cal. Bus. & Prof. Code sec. 20025, donde se provee como razón para la no renovación del contrato de concesión mercantil el retiro del concedente de la zona geográfica objeto de la concesión. Véase, también, bajo el Petroleum Marketing Practices Act, 15 U.S.C.A. sec. 2804 (West Supp. 1979), idéntica razón para la terminación de la franquicia.

      (5) Cuando el principal o concedente se vale de subterfugios o el fraude para enviar o permitir que se envíe por canales indirectos a Puerto Rico su mercancía, o utiliza el mecanismo del retiro de la zona geográfica como pretexto para circun-valar la acción remedial del estatuto, circunstancias que no están presentes en este caso, la doctrina reconoce a favor del distribuidor un derecho a indemniza-ción bajo diferentes supuestos que no es necesario ahora abordar.

      (6) Es el distribuidor el que conoce el mercado correspondiente a su sector y está en contacto con los minoristas y con los consumidores; en otras palabras: tiene la clientela. Nada impide que el concesionario pueda ofrecer sus servicios y su conocimiento del mercado a un nuevo concedente cuando termina su relación actual.