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author: per curiam:

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text:
    En el asunto del Cumplimiento de Requisitos de Admisión al Ejercicio Notarial.
    Número:-

      Resuelto: 3 de diciembre de 1980
   per curiam:

Se nos plantea la admisión al ejercicio notarial de un abogado que es ciego.

Según la Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 —denomi-nada Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 1001 et seq.— la función medular del notario es “dar fe y autenticidad, conforme a las leyes, a los contratos y demás actos extrajudiciales que ante su presencia se realicen”. (Énfasis nuestro.) En el ámbito operacional, ello es el resultado neto del notario, viendo y oyendo —visu et audit— acata fiel e integralmente los re-quisitos de la ley notarial referentes a comparecencias, expo-sición, estipulaciones, otorgamientos y autorización:

Ante este autor, [el notario], auténticamente establecido por el documento mismo, tiene lugar el “hecho que motiva su otor-gamiento”, al que se reconducen, en unidad de acto, una serie de hechos (presencias, lugar, capacidad natural, libertad física, ac-tos de exhibición, de ofrecimiento y entrega, declaraciones en su realidad táctica, lectura, firmas, etcétera) que, percibidos direc-tamente por el Notario, quedan también cubiertos por la fe pública. Rodríguez Adrados, Formación del Instrumento Público, Rev. Der. Not., T. 97-98, pág. 259 (1977).

Por razón de las características, elementos y naturaleza dei poder autenticador, la función y labor del notario ha de ser personal y ante su presencia. No es delegable ni transfe-rible a ninguna otra persona.

En virtud de lo expuesto, no se autorizará solicitud al-guna sobre admisión al ejercicio de la notaría, que no cumpla con el requisito apuntado.


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Excelsior Construction, Inc. y Constructora Mero, Inc., demandantes y recurrentes, v. Costa Este Development Corporation y Caguas Federal Savings and Loan Association, demandadas, y recurrida la última.

      Número: R-80-473

      Resuelto: 9 de diciembre de 1980

      A. J. Amadeo Murga, abogado de los recurrentes; José Guevara Fuentes y Rafael Rodríguez Erna, abogados de la recurrida.
   SENTENCIA

Habiendo comparecido la parte demandada mediante es-crito de oposición y estando el Tribunal en condiciones de resolver sin más trámite, así lo hacemos en virtud de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Caguas Federal Savings and Loan Association financió un proyecto de urbanización de Costa Este Corp. Costa Este con-trató a Excelsior Construction, Inc., para que realizara los trabajos de estructuras de hormigón y la labor de albañilería. Excelsior, a su vez, subcontrató dichas labores a Constructora Mero, Inc.

Los pagos del trabajo realizado por Excelsior los desem-bolsaba Caguas Federal directamente al contratista después que un inspector aprobado por la compañía financiadora cer-tificaba los trabajos. Mientras se realizaba el desarrollo del proyecto, los pagos a Excelsior se retrasaron en la cantidad de $84,312.36 y como consecuencia de dicho retraso, se para-lizó todo trabajo. Por dicha razón, el 31 de diciembre de 1976 se celebró una reunión entre representantes de Excelsior, Costa Este y Caguas Federal. Mediante acuerdo por escrito, firmado por todos los comparecientes, al que se hace referen-cia como carta-convenio, Caguas Federal:

(1) pagó $12,984.20 como abono a la deuda, reduciéndola a $71,328.16;
(2) acordó pagar la cantidad de $34,510 al llevarse a cabo la venta de 66 unidades de la urbanización;
(3) reconoció que existían fondos suficientes para los trabajos de albañilería pendientes de certificar; y
(4) consintió a que cedieran a Excelsior la cantidad de $36,818.16 que estaban en manos de Caguas Federal y que Caguas Federal retenía como parte del acuerdo de financia-miento existente entre ella y Costa Este.

Es importante notar que en dicho acuerdo de cesión no se condicionó el pago del retenido a contingencia contractual alguna existente entre Caguas Federal y Costa Este ni se hizo referencia a limitación alguna al pago. Por el contrario, el acuerdo le imponía el deber a Caguas Federal de hacer el pago directamente a Excelsior.

Al final de dicho escrito, el representante de Caguas Federal firmó haciendo constar que, “De acuerdo a lo solicitado por Excelsior Construction, Inc. y aceptado por Costa Este Dev., nos damos por notificados, y estamos conformes para hacer cumplir lo establecido en esta carta-convenio”. (Énfasis nuestro.)

Habiéndose acordado lo anterior, Excelsior y Mero reanu-daron sus labores en el proyecto. Sin embargo, poco después Caguas Federal dejó de pagar las certificaciones. Adujo que se habían agotado los fondos bajo el contrato de financia-miento existente entre Costa Este y Caguas Federal. Ante el incumplimiento de Caguas, quien había asegurado la disponi-bilidad de fondos, Excelsior dejó de trabajar en el proyecto, habiéndose incrementado la cantidad adeudada a ella a $75,715.73.

El proyecto estuvo detenido por 15 meses y Caguas Federal ejecutó una hipoteca que tenía sobre el mismo, convirtién-dose en dueña. Durante ese período, el retenido cedido a Excelsior fue utilizado por Caguas Federal para pagarle a guar-dias de seguridad empleados en el proyecto abandonado, y pagarle $1,000 mensuales como sueldo al presidente de Costa Este.

El 6 de marzo de 1979, Excelsior y Constructora Mero demandaron a Costa Este y a Caguas Federal en cobro de dinero y daños. Dicha demanda fue desestimada por el tribunal recurrido.

Recurren los demandantes y alegan que incidió el tribunal de instancia al no reconocer que el retenido cedido a Excelsior con el consentimiento de Caguas Federal no se podía uti-lizar para otros fines que el pago de su acreencia y que Ca-guas Federal estaba impedida de negar el pago por trabajo realizado en el proyecto, cuando ella reconoció y manifestó tener fondos suficientes para el pago de certificaciones pen-dientes. Estamos de acuerdo en que incidió el tribunal a quo.

El contrato celebrado entre Caguas Federal, Excelsior, Inc. y Costa Este el 31 de diciembre de 1976, tuvo el efecto de variar los términos del contrato de financiamiento en cuanto al uso que se le iba a dar al retenido y sobrantes en manos de Caguas Federal. Mediante dicho contrato, Caguas Federal, poseedora de la garantía que representaba el retenido, consin-tió que se destinara su importe al pago de la acreencia de Excelsior por trabajo hecho en el proyecto. Desde ese mo-mento, el retenido dejó de ser una garantía para la termina-ción del proyecto y se designó para el pago de lo debido a Excelsior, como condición para que Excelsior continuara traba-jando en el proyecto, Por dicha razón, al incumplir Costa Este, el retenido no se podía utilizar para el pago de guar-dianes y el sueldo de su presidente. El propio Vice-Presidente de Caguas Federal, Sr. Víctor Kareh Gitane, admitió en su deposición que $10,000 pagados a Excelsior como parte del acuerdo logrado el 31 de diciembre de 1976 provenía del retenido. Demuestra este acto la intención de Caguas Federal de no sujetar el pago del retenido a la contingencia de que se finalizara la obra.

Por otra parte, Caguas Federal causó la paralización del proyecto al rehusar pagar las certificaciones por la razón de que se habían agotado los fondos bajo el contrato de financia-miento. Sin embargo, ella había representado a los deman-dantes en su acuerdo de 31 de diciembre de 1976 que existían fondos suficientes para pagar las certificaciones pendientes. Caguas Federal indujo a los demandantes a continuar reali-zando labores en el proyecto y posteriormente incumplió con el acuerdo logrado entre todas las partes. Si era verdad que las cantidades del préstamo se habían agotado o estaban por agotarse, no se explica que indujera a la parte demandante a creer lo contrario. Es de aplicación la doctrina esbozada en el caso de Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871 (1976), que impide a Caguas Federal ir en contra de sus propios actos.

Se expide el auto, se revoca la sentencia recurrida y en su lugar se declara con lugar la demanda y se condena a Ca-guas Federal a pagar a los recurrentes la cantidad de $75,715.73 más las costas.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en voto separado al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Negrón García se in-hibieron. El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

—O—

Secretario

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 1980

Contrario a lo resuelto por este Tribunal en El Toro Electric Corp. v. Zayas, 106 D.P.R. 98 (1977), la sentencia le im-pone responsabilidad al banco acreedor y financiador del pro-yecto por obras y servicios que a la constructora dueña del mismo suplió un contratista. Se llega a esta conclusión bajo la premisa de que una llamada carta-convenio de 31 diciembre, 1976 entre la dueña y deudora hipotecaria Costa Este Development Corp., y su contratista de hormigón y albañilería Excelsior Construction, Inc., sobre cesión por aquélla a ésta de sobrantes y retenidos en el contrato de financiamiento de Costa Este con Caguas Federal Savings & Loan Ass’n y que ésta suscribió dándose por notificada y dispuesta a hacer cumplir la cesión, constituye una modificación del contrato de financiamiento entre Caguas Federal y Costa Este Development Corporation, y una garantía del Banco al contratista del valor de sus obras y servicios, mediante representación incondicional como en Int General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871 (1976).

Sobre este aspecto crítico de la relación contractual entre las partes en litigio, el juez sentenciador en determinaciones de hecho derivadas de evidencia oral cuya estimación no se impugna por las recurrentes, y bien fundadas en los con-tratos escritos admitidos en evidencia, concluyó lo siguiente:

7. “Caguas Federal” no fue parte ni intervino en forma al-guna en ninguno de los contratos entre “Costa Este”, “Excelsior” y “Mero”, [subcontratista] mencionadas anteriormente.
8. Comenzadas las obras de construcción por “Costa Este”, “Excelsior” y “Mero”, posteriormente se paralizaron.
9. La paralización de las obras fue con motivo de que “Costa Este” adeudaba a “Excelsior” al momento de la paralización las sumas de $49,649.91 del contrato de hormigón y $21,678.25 por concepto del contrato de albañilería por lo que los antes dichos subcontratistas no continuaron trabajando en el proyecto.
10. Paralizadas las obras de construcción del proyecto por algún tiempo, el día 31 de diciembre de 1976 “Costa Este” y “Excelsior” prepararon y firmaron un documento en el cual “Costa Este” reconoce adeudar a “Excelsior” las cantidades de dinero mencionadas en el párrafo 9no. de estas determinaciones. (Exhibit 7 parte demandante.)
11. En dicho documento de fecha 31 de diciembre de 1976 acordó “Costa Este” ceder a favor de “Excelsior” el retenido de 10% en poder de “Caguas Federal” así como los sobrantes de dinero de “Costa Este”, en pago a “Excelsior” de la deuda antes mencionada.
12. El retenido en poder de “Caguas Federal” perteneciente a “Costa Este” era el que “Caguas Federal” realizaba de acuerdo al contrato de financiamiento antes mencionado.
13. El convenio de financiamiento entre “Caguas Federal” y “Costa Este” disponía que el retenido del 10% no era líquido ni exigible hasta tanto “Costa Este” obtuviere los permisos de uso de las viviendas construidas.
14. “Caguas Federal” firmó el documento de fecha 31 de diciembre de 1976 dándose por notificado y para hacer cumplir lo dispuesto en cuanto a la cesión a “Excelsior” del sobrante y el retenido y a entregar a “Excelsior” aquello que resultara líquido y exigible una vez se finalizaran las obras de construcción, se obtuvieran los permisos de uso y se firmen las escrituras de venta de las propiedades.
15. Firmado el convenio de fecha 31 de diciembre de 1976 “Excelsior” acordó continuar la labor de construcción y así lo hizo.
16. Al reanudarse la construcción en el proyecto “Caguas Federal” continuó realizando el desembolso del producto del financiamiento concedido a “Costa Este” según el convenio de financiamiento entre “Costa Este” y “Caguas Federal” de fecha 23 de diciembre de 1972 con la diferencia que “Caguas Federal”, de los sobrantes, si alguno, de cada certificación sometida por “Costa Este” la utilizaba para abonar o amortiguar la deuda de “Costa Este” con “Excelsior” según lo pactado en el docu-mento de fecha 31 de diciembre de 1976 entre “Costa Este” y “Excelsior”. (Exhibits 8, 9, 10 y 11 parte demandante.)
17. Las obras de construcción en el proyecto se paralizaron en una segunda ocasión por diferencias que surgen entre “Excelsior” y “Costa Este” quedando el proyecto paralizado y desierto.
18. Abandonado y desierto el proyecto, “Costa Este” solicita del “Caguas Federal”, mediante certificaciones sometidas, desem-bolsos parciales del retenido en poder del “Caguas Federal” para el pago de las nóminas de los guardias de seguridad del proyecto para mantener el mismo vigilado y así evitar que ocurrieren actos vandálicos en perjuicio del proyecto. (Exhibits 12, 13 y 14 parte demandante.)
19. “Caguas Federal” pagó las certificaciones de nóminas de los guardias de seguridad del proyecto sometidos por “Costa Este”.
20. “Costa Este” incumplió los términos y condiciones del contrato de financiamiento con “Caguas Federal” de fecha 23 de septiembre de 1972 por lo que “Caguas Federal” procedió a ejecutar dicho proyecto mediante el correspondiente proceso de Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria en el caso Civil número CS-78-2280 Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, adjudicándose dicho proyecto en Venta Judicial según la escritura número 1000 de fecha 21 de diciembre de 1978 ante el notario Rafael Rodríguez Erna. (Exhibit I parte demandada.)
21. “Caguas Federal” no es responsable por las sumas adeu-dadas por “Costa Este” a “Excelsior” ya que al incumplir “Costa Este” con el contrato de financiamiento con “Caguas Federal” y no producir los permisos de usos ni firmarse las escrituras de venta de las propiedades, el retenido de “Costa Este” en poder de “Caguas Federal” si alguno, no se convirtió en líquido ni exigible siendo éste utilizado para el pago de los guardias de seguridad en protección del proyecto hasta que el “Caguas Federal” ejecutó el mismo.
22. Antes de la ejecución del proyecto por “Caguas Federal” y estando el mismo aún en poder de “Costa Este” se firmaron dos cierres de las viviendas construidas procediendo “Caguas Federal” a expedir cheque a favor de “Costa Este” y “Excelsior” según lo pactado en el convenio de 31 de diciembre de 1976 y “Excelsior” se negó a aceptar el mismo.

Que esta cesión por Costa Este a la recurrente Excelsior, aprobada por Caguas Federal se hizo cuando no se conocía el monto de sobrantes y retenido en poder del Banco, toda vez que la liquidación y determinación de los mismos necesaria-mente había de esperar a la terminación de la obra, resulta evidente del texto de la llamada carta-convenio de 31 diciem-bre, 1976 sometida por Excelsior y en la que a modo de coope-ración para solucionar el problema económico de Costa Este, propone y acuerda que su acreencia de $71,328.16 se pague con $12,984.20 que dice ya recibidos, y “recibir al momento del cierre y firma de las escrituras de cada caso (venta de las 66 unidades), la proporción que resulta de lo adeudado por concepto de retenidos en nuestro contrato de hormigones como sigue:

$ 34,510.00 = $580.00 al cierre del primer caso
66 unidades = $522.00 al cierre de cada uno de 65 casos restantes”. (Én-fasis nuestro.)

Se repite la condición suspensiva predicada en la venta de casas (cierre) en el párrafo 6 de la misma carta cesión así:

Que de acuerdo con este convenio, estimamos que los trabajos que nos restan por ejecutar en el Proyecto COSTA ESTE, podrá terminarse en un tiempo aproximado de 45 días laborables y que estamos en disposición de llevar a cabo esos trabajos en coordi-nación con su oficina del Proyecto, o sea, ejecutando en orden preferente, lo que Uds. estimen más necesario a los efectos de acelerar la entrega y venta de las casas. (Énfasis nuestro.)

Responde toda esta supeditación voluntaria de pagos por Excelsior a la entrega de unidades aptas con permiso de uso al Art. 10(B) (6) del contrato de financiamiento entre Caguas Federal y Costa Este:

B. No permanent loan shall be made to buyers unless:

6. The construction has been completed in substantial conformity with the plans and specifications submitted and final approval of all pertinent government agencies has been obtained as evidenced by the use permit. (Énfasis nuestro.)

La evidencia oral que mereció crédito al tribunal y cuya apreciación no se cuestiona, se ciñe a la realidad contractual que hemos descrito. No aparece en parte alguna de la prueba hecha en sala de justicia que hubiese una variación de con-trato (o novación como antes se dijo), ni mucho menos liqui-dación de haberes retenidos antes de entregarse las casas con permiso de uso. La diáfana expresión de la voluntad de las partes no deja lugar para adjudicar sus derechos por implica-ciones y silogismos. En este caso huelga la interpretación. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3471; Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 425 (1962); National City Bank v. Llonín, 41 D.P.R. 163 (1930).

La sentencia recurrida simplemente reconoce y da eficacia a lo pactado, por lo que debe ser confirmada.

       No es de aplicación lo dispuesto en el caso de R. Román & Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 D.P.R. 26 (1979), pues dicha decisión tiene que ver con la acción directa bajo el Art. 1489 del Código Civil, controversia que no está planteada en este recurso.

       La demanda es por $75,715.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    Lilli Díaz de Diana et al., demandantes y recurridos, v. A. J. A. S. Insurance Company et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-79-467

      Resuelto: 11 de diciembre de 1980

      Agrait & Oliveras, abogados de la peticionaria; Pedro M. Ortiz Ubiñas, Manuel De Jesús Mangual, José A. Lugo Irizarry, Héctor García Fernández y Paul Ramos Morales, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Expedimos auto de certiorari para revisar resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que desestimó la defensa de prescripción opuesta por la parte demandada, aquí peticionaria, en relación con una demanda por daños y perjuicios causados al chocar un automóvil de Avis Rent A Car of Puerto Rico, Inc., con un automóvil conducido por la codemandante recurrida Lilli Díaz de Diana. Concluyó dicho tribunal que una carta enviada a la parte demandada interrumpió la prescripción, no empece la alegación y prueba de los demandados de que dicha carta no fue recibida. Se plantea, pues, si una reclamación extrajudicial hecha por medio de una carta interrumpe la prescripción de una acción, no em-pece que se destruya la presunción de que la carta llegó a su destino. Resolvemos en la negativa. Resolvemos, además, que bajo los hechos aquí presentes, tampoco hubo por parte de los demandados acto alguno implicativo de reconocimiento de deuda interruptivo de la prescripción.

hH

El accidente mencionado ocurrió el 2 de noviembre de 1972. Por alegados daños sufridos, la señora Díaz de Diana, su esposo, la sociedad legal de gananciales por ellos consti-tuida, y dos hijos del matrimonio, menores de edad, instaron demanda el 4 de noviembre de 1976 contra Avis y su com-pañía aseguradora. En el párrafo cuarto de la demanda ale-garon :

4. Que extrajudicialmente se ha venido bregando [sic] con este caso a través de comunicaciones escritas, 20 de febrero de 1973, 8 de febrero de 1974, 24 de julio de 1973 [sic], 15 de abril de 1974, noviembre de 1975 y 16 de marzo de 1976 sin haber podido llegar a una transacción.

En su contestación, los demandados admitieron la ocu-rrencia del accidente; negaron responsabilidad, o, en la alter-nativa, que la señora Díaz de Diana contribuyó con su negli-gencia a la ocurrencia del accidente; negaron los daños y, aunque admitieron que los demandantes les cursaron las car-tas alegadas en el transcrito párrafo cuatro, opusieron la de-fensa afirmativa de prescripción de la acción, en cuanto a los cónyuges y la sociedad de gananciales demandantes.

Se celebró una vista para considerar la defensa especial de prescripción, en que las partes ofrecieron prueba testifical y documental. Quedó establecido que hubo correspondencia entre las partes con miras a un posible acuerdo transaccional. La controversia se centró en el período de diez y nueve meses comprendido entre el 15 de abril de 1974 y el 17 de noviembre de 1975 en que, según los demandados, estuvo interrumpida toda correspondencia entre las partes. Los demandantes ale-gan, por su parte, que el período prescriptivo fue interrum-pido con el envío de una carta por correo ordinario a los de-mandados el 12 de marzo de 1975, en la que reiteraban su reclamación. Los demandados niegan haber recibido dicha carta. El tribunal de instancia concluyó como cuestión de hecho que dicha carta fue enviada. No hizo determinación alguna sobre si fue recibida, y resolvió que el envío de la carta interrumpió la prescripción. No podemos estar de acuerdo. La prueba del envío crea a lo sumo la presunción controvertible de que fue recibida. Como veremos, aquí la pre-sunción fue rebatida y no puede prevalecer.

II

De conformidad con el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

Uno de los efectos de la interrupción de la prescripción es que el plazo prescriptivo debe comenzar a contarse de nuevo por entero. Díez Picazo, La prescripción en el Código civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 138; Scaevola, Código civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. II, pág. 991; D. Espín, Manual de Derecho civil español, 5ta ed., Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1975, Vol. I, pág. 470 ab initio; Vázquez Bote, Derecho civil de Puerto Rico, San Juan, Ed. PAS, Ediciones Jurídicas, 1972, T. I, Vol. 2, pág. 538; G. Velázquez, Las obligaciones según el Derecho puertorriqueño, San Juan, Ed. Equity, 1964, sec. 472, pág. 253. Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 661 (1966).

La carta que los demandantes cursaron a los demandados el 15 de abril de 1974, que éstos admiten haber recibido, cons-tituyó una reiteración extrajudicial de la reclamación de los demandantes. A partir de esa fecha comenzó a correr un nuevo plazo prescriptivo de un año, que es el prescrito para la acción por daños causados por culpa o negligencia. Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298. Los demandados nada respondieron a este requerimiento. De resolverse que la alegada carta del 12 de marzo de 1975 constituía otro requeri-miento extrajudicial a los demandados, se habría interrum-pido el nuevo plazo que surgía con motivo de la carta del 15 de abril de 1974. De no resolverse así, la última carta de los demandantes, del 17 de noviembre de 1975, nada interrumpía, pues ya la acción estaba prescrita, y procedería desestimar las causas de acción de los cónyuges y la sociedad de ganan-ciales demandantes,, al ser así solicitado por los demandados.

La alegada carta del 12 de marzo de 1975, si es que fue remitida, no debe tener por ese solo hecho el efecto de interrumpir la prescripción, si la prueba demuestra que como cuestión de hecho no fue recibida. Este punto no ha sido resuelto antes por este Tribunal. Tampoco hemos hallado pronunciamiento alguno específico sobre el particular, de parte del Tribunal Supremo de España. La doctrina española, aunque ha sido poco expresiva sobre el problema, parece inclinarse hacia la solución que aquí exponemos.

Señala Castán, Derecho civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1971, T. I, Vol. II, pág. 848, que la reclamación extrajudicial del acreedor, “muy expuest[a] a inseguridades y dificultades de prueba, no está reconocid[a] por la generalidad de los Códigos extranjeros”. Scaevola, op. cih, supra, pág. 968, subraya la necesidad de que la reclamación extrajudicial sea probada para que surta efecto, y señala que aun probándola, no siempre la interrupción se produce. Albaladejo, Derecho civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. I, Vol. 2, pág. 473, se pronuncia en términos restrictivos sobre el alcance de la reclamación extrajudicial y pone énfasis en que sea eso, una reclamación, y no un mero recordatorio. En este marco, es Diez Picazo quien con preci-sión enfoca la cuestión aquí planteada. Luego de aclarar que el acto de interrupción de la prescripción extintiva mediante “reclamación extrajudicial del acreedor” no está limitado a los derechos de crédito y que aplica a todos los derechos pres-criptibles, expresa en su citada obra, pág. 130:

Esto sentado, debemos preguntarnos en qué consiste este acto de reclamación extrajudicial. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Nuestro Código civil no ha dado a la palabra “reclamación” nin-gún significado preciso, ni técnico. Pero ello no nos exime de tratar de encontrarlo. Reclamación vale, en principio, tanto como 'exigencia o intimación. Es decir: se trata de un acto por el cual el titular de un derecho subjetivo o de una facultad se dirige al sujeto pasivo de dicho derecho o de dicha facultad requiriéndole para que adopte el comportamiento debido. La reclamación es pues una pretensión en sentido técnico.

De aquí, Diez Picazo deduce la siguiente importante conse-cuencia, así denominada por él, que ahora adoptamos:

2o. La reclamación o pretensión es un acto de declaración de voluntad de naturaleza recepticia. Debe ser dirigido al sujeto pasivo del derecho y debe ser recibido -por éste. De aquí que no pueda reconocerse eficacia interruptiva a los actos de afirmación de un derecho que no sean dirigidos al obligado o sujeto pasivo de la acción, sino a terceros, a personas distintas, a la generali-dad.
Otro problema distinto consiste en determinar si es preciso que la reclamación llegue a ser efectivamente conocida por su destinatario o si basta que le sea dirigida y que el reclamante haya adoptado todas las medidas necesarias según una diligencia media a fin de que el conocimiento de la reclamación se produ-jera. Basta, a nuestro entender, esta última solución. Es, p. ej., suficiente demostrar que un requerimiento ha llegado al domicilio del requerido y ha sido entregado a las personas que con él con-viven (familiares, criados, etc.). (Énfasisnuestro.)

La razón de que el requerimiento se efectúe en condiciones óptimas que propicien su llegada a conocimiento del deudor nos parece obvia. Por una parte, si se prueba el recibo del requerimiento, se le da certeza al hecho de que se hizo tal requerimiento y al efecto interruptivo de la prescripción, hecho que corresponde probar satisfactoriamente al acreedor. Señalamos en Feliciano v. A.A.A., supra, en la pág. 660, que “el fundamento reconocido de la interrupción es la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. (Énfasis nuestro.) Por otra parte, no puede ser efectivo un requerimiento del cual el requerido no tiene conocimiento.

En el citado caso de Feliciano, supra, resolvimos que la mera presentación de una demanda dentro del período de pres-cripción extintiva de la acción interrumpe dicho período, aunque el demandado no sea emplazado dentro del mismo. Es menester aclarar que en dicho caso se trataba de la interrup-ción “judicial” de la prescripción “por su ejercicio ante los tribunales”, que dice el Art. 1873 antes transcrito. La acción judicial se ejercita cuando se insta la demanda. Distinto es el caso de la interrupción extrajudicial, en que no se ejercita acción alguna, requiriéndose que haya una reclamación al deudor. La reclamación no es efectiva si se hace en el vacío. Hay que hacerla al deudor. Es entonces cuando queda inte-rrumpida extrajudicialmente la prescripción.

La parte demandante, para probar que la carta del 12 de marzo de 1975 fue recibida por los demandados, descansó en la presunción establecida por el Art. 102 de la entonces vi-gente Ley de Evidencia, Art. 464 del Código de Enjuicia-miento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1887, en su inciso 24, que establece, entre las presunciones disputables o controvertibles, la siguiente: “24. Que una carta dirigida y cursada por co-rreo debidamente, fue recibida en su oportunidad”. Su problema es que dicha presunción fue rebatida satisfactoria-mente por la parte demandada, aparte de que, como veremos, el hecho básico de la presunción, es decir, si la carta en cues-tión fue enviada por los demandantes, es dubitable y suma-mente frágil.

Los demandados presentaron prueba testifical que negó el recibo por ellos de la carta. Y presentaron, y el tribunal de instancia admitió, veintidós piezas de prueba documental que constituyen prácticamente todo su expediente sobre sus co-municaciones con los demandantes y los informes, numerados correlativamente del primero al decimotercero, en que la ofi-cina de ajuste de seguros a que se dirigía la parte demandante informaba a Avis sobre el progreso y particulares en el desa-rrollo del caso. Son de especial interés los informes once, doce y trece. El número once, Exhibit 11-j, de 5 de diciembre de 1974, expresa:

Reference is made to yours of 11/12/1974 and ours dated 11/20/1974. Concerning the statute of limitations, the same was interrupted via claimant’s attorney’s letter received by this office. Last communication received from claimant’s attorney was dated 4/15/1974. The statute will begin to run after that date, 4/15/1974 if it is not interrupted by the claimant’s attorney.

El número doce, Exhibit 11-k, fechado a 1 de mayo de 1975, dice:

Since mine of 12/15/1974 neither claimant nor her attorney have written or called.
As I see it statute ran on April 15, 1974 [sic] based on attorney’s last letter. Attorney should have filed suit before that date, and if I do not hear from him within the next 60 days, I will proceed to close my file.

Y el último exhibit, una carta de 16 de junio de 1975, (Exhibit 114), expresa:

Since ours of 5/1/1975 there has been no agitation on this case. I am closing my file at this time.

El tribunal de instancia determinó que la carta de 12 de marzo de 1975 fue enviada, pero no hizo determinación al-guna en el sentido de que hubiese sido recibida. Estamos en condiciones de hacer nuestra propia determinación sobre ello, por ser dicha prueba de naturaleza documental, lo que nos coloca en situación igual a la del tribunal de instancia. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975); Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 261-262 (1975); Miranda v. Editorial El Imparcial, Inc., 99 D.P.R. 601, 618 (1971); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546, 550 (1967); Ramos Buist v. Sucn. Lloréns Torres, 92 D.P.R. 451, 465 (1965); Central Igualdad, Inc. v. Srio. Hacienda, 83 D.P.R. 45, 52 (1961).

La prueba de la propia parte demandante recurrida crea dudas sobre si la carta de 12 de marzo de 1975 fue enviada. La falta de certeza del envío no nos permite concluir que fuera recibida por el destinatario. Nuestra sospecha queda confirmada por la última carta de los demandantes, de 16 de marzo de 1976, en la que se hace una relación de todas las cartas enviadas por éstos a la demandada, y se omite toda mención a la carta crítica de 12 de marzo de 1975. Allí se dice: “Con fecha de 8 de abril, 17 de mayo de 1974, noviem-bre de 1975 y el 2 de marzo de 1976, escribimos en relación al caso de epígrafe”. Aún más, en el párrafo cuarto de la de-manda, antes transcrito, alegaron los demandantes que cur-saron a los demandados comunicaciones el 20 de febrero y 24 de julio de 1973, el 8 de febrero y 15 de abril de 1974, en noviembre de 1975 y el 16 de marzo de 1976. Es significativo que al hacer esa relación de cartas enviadas no se mencione la cuestionada carta del 12 de marzo de 1975 que es la que pudo haber interrumpido el período prescriptivo que comenzó el 15 de abril de 1974.

Es curioso, y a la vez significativo, que al plantear la demandada la defensa de prescripción por primera vez, en-tonces los demandantes traen a colación su alegada carta de 12 de marzo de 1975, la que no había sido hasta entonces men-cionada, y producen una copia a carbón de la misma. En el evento de que esa carta se hubiere remitido, faltando un mes para que transcurriera el plazo prescriptivo, es inexplicable que el abogado, consciente de su propósito de interrumpir dicho plazo, no hiciera mención de ella en su misiva. Para suplir su falta debió el abogado asegurarse de su recibo por los de-mandados y de contar con algún medio de prueba para esta-blecer ese hecho cuando fuere menester.

III

Aunque no fue planteado ante el tribunal de instancia, ni se ha planteado ante nos, parece oportuno considerar si en este caso se interrumpió la prescripción mediante “cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, que es el tercer supuesto de interrupción de la prescripción de que habla el Art. 1873 del Código Civil, ya citado. No debe confundirse este medio de interrupción —el reconocimiento de la deuda— con el segundo medio, es decir, la reclamación extrajudicial. Son distintos, aunque ambos pueden coincidir en determinado caso. Así, puede haber una reclamación extrajudicial al deudor, y éste reconocer la deuda al serle hecha la reclamación. No puede concederse, sin embargo, como acto de reconocimiento de deuda las conversaciones y gestiones que sobre una posible transacción lleven a efecto las partes.

La regla sobre el alcance de conversaciones y ofertas de transacción fue expuesta desde principios de este siglo en Colomé v. Guánica Céntrale, 16 D.P.R. 466, 469 (1910), y recogida en Pérez v. Guánica Céntrale, 17 D.P.R. 963, 969 (1911), en el siguiente lenguaje: “. . . [El] hecho de que un litigante haga ofertas de transacción o de arreglo antes del pleito o durante su tramitación, nunca puede estimarse por sí solo como un reconocimiento de su responsabilidad, y a lo sumo lo que significa es que desea evitar el pleito o su conti-nuación, por lo que tal clase de prueba nunca debe ser permi-tida por los tribunales”. Esta doctrina ha sido reiterada uni-formemente. Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474, 485 (1975); Pueblo v. Ruiz, 83 D.P.R. 349, 354 (1961); Rodríguez v. Great Ame. Indemnity Co., 63 D.P.R. 605, 610 (1944); Pueblo v. Central Cambalache, 59 D.P.R. 60, 74 (1941); y Díaz v. Arroyo, 50 D.P.R. 319, 321-324 (1936). Dijimos en Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 354:

El verdadero fundamento que justifica la exclusión de evi-dencia sobre transacción de reclamaciones es que ordinariamente no constituyen una aceptación de que tal reclamación es legítima, sino la creencia de que la continuación del pleito o proceso causa molestias y trastornos que es preferible evitar. Según indica Wigmore, “la oferta meramente implica un deseo de lograr sosiego {peace), y no constituye una aceptación de que se ha incurrido en falta”. Wigmore, On Evidence, 3a. ed. see. 1061, pág. 28. Es por eso que el Estado, en su deseo de fomentar la paz entre los ciudadanos, alienta las transacciones. Hemos resuelto en repetidas ocasiones que prueba sobre negociaciones y ofertas de transacción no es admisible en pleitos civiles. (Citas omiti-das.)

La norma fue finalmente recogida en la Núm. 22(b) de las Reglas de Evidencia adoptadas en 1979. Dice:

(B) Transacciones. Evidencia de que una persona ha pro-visto, ofrecido o prometido proveer, o de que una persona ha aceptado u ofrecido o prometido aceptar, dinero o cualquier otra cosa para transar una reclamación no es admisible para probar responsabilidad ni para probar que la reclamación o parte de ésta no es válida. Tampoco es admisible evidencia de conducta o manifestaciones hechas en el curso de la negociación de la tran-sacción. Esta regla no impide que ese tipo de evidencia sea admi-sible cuando se ofrece para otros propósitos.

Por otra parte, no podemos aceptar que memorandos o correspondencia interna entre un ajustador de seguros y la compañía aseguradora a la que representa, o entre éstos y el asegurado, con respecto a un determinado accidente y su evaluación, constituya reconocimiento de deuda a los fines del Art. 1873 del Código Civil. Cierto que dicho artículo se-refiere a “cualquier acto de reconocimiento de la deuda”, pero esa frase no tiene tal alcance.

“El acto de reconocimiento de la deuda, que interrumpe la prescripción de acciones, debe hacerse al acreedor.” J. Santa-maría, Comentarios al Código civil, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1958, Vol. II, pág. 1028. Opera “siempre que se pondere en orden a su carácter inequívoco, claro e in-tegrante de la expresa conformidad del que lo hace con la vi-gencia de la deuda que tiene contraída. Nunca deduciéndolo de actos o conductas de los que sólo indirectamente y de forma dudosa pudiera desprenderse aquella conformidad con la absoluta eficacia del derecho contrario”. Scaevola, op. cit., T. XXXII, Vol. 2, pág. 978. Señala además Scaevola, más adelante en la misma página 978, que “el reconocimiento ha de ser espontáneo o directamente verificado por el deudor de un modo inicial y con [la] específica intención de reconocer la pervivencia de un derecho contrario...”.

Diez Picazo, op. cit, pág. 135, dice:

Configurado así el reconocimiento, se comprende enseguida, que sólo podrán ser esgrimidos, como actos de reconocimiento, por el dueño la declaración o la conducta dirigidas a él o aquéllas, que, sin estarlo de modo directo, sea razonable pensar que llegarán a él y le -infundirán esa confianza que se trata de proteger.

En línea con estos principios fue que concluimos en Vda. de Carlo v. Toro, 99 D.P.R. 200, 210-214 (1970), que hubo reconocimientos de una deuda que interrumpieron la pres-cripción de la acción del acreedor para su cobro. Mediante la acción allí ejercitada, se trataba de ejecutar un crédito hipo-tecario vencido hacía más de veinte años. Concluimos que el período prescriptivo fue interrumpido por el deudor, cuando otorgó escritura en que vendió la finca hipotecada e hizo cons-tar expresa y afirmativamente la subsistencia de la deuda, que también expresamente reconoció el comprador al retener el balance adeudado para pagarlo al acreedor, reconocimiento que repitió en escritura pública posterior el comprador al constituir una “segunda hipoteca” sobre la propiedad, reser-vando el carácter de crédito preferente al garantizado por la primera. Aparte de la formalidad que hay en toda escritura pública, ésta habría de surtir y surtió efectos regístrales, al inscribirse en el Registro de la Propiedad antes del venci-miento del período prescriptivo. La publicidad que da el Re-gistro era aviso suficiente del reconocimiento.

En el pleito que ahora nos ocupa, no hubo tal cosa como un reconocimiento de deuda. Hubo conversaciones transaccio-nales que se mantuvieron interrumpidas diez y nueve meses, período que excede el plazo prescriptivo de un año para el ejercicio de la acción por daños y perjuicios, que es la aquí ejercitada. Y hubo informes periódicos de un ajustador de seguros a la asegurada, en que se mantenía a ésta al tanto de la investigación y del progreso de las conversaciones de tran-sacción. En ningún momento se hizo a los demandantes o a su abogado admisión alguna equivalente a un reconocimiento de responsabilidad.

Es de rigor señalar que considerar estos trámites como un reconocimiento de deuda, daría al traste con el propósito tantas veces enunciado de fomentar las transacciones para preservar la paz y evitar multiplicidad de pleitos.

Por las precedentes consideraciones, se dictará sentencia que revoque la aquí recurrida y en su lugar ordene la desesti-mación de la demanda, por prescripción de las causas de ac-ción, en cuanto concierne a los cónyuges demandantes y ala sociedad legal de gananciales por ellos constituida.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió con opinión.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 1980

Lamento tener que disentir. Los hechos, en breve, son los siguientes. Avis Rent a Car of P.R., Inc., arrendó un auto-móvil a Wilhelm Schaaf, quien, mientras lo conducía, chocó por la parte trasera otro vehículo que conducía la deman-dante Lilli Díaz de Diana. El impacto le causó lesiones a ella y daños a su carro. El accidente ocurrió el 2 de noviembre de 1972. La fecha es tan lejana porque, como se verá, las comu-nicaciones entre la compañía aseguradora y la demandante fueron muchas y, mientras tanto, el tiempo transcurría. Si-tuación bastante común en casos de esta naturaleza.

Se celebró vista en el tribunal de instancia para deter-minar si la acción estaba prescrita o no. Dicho tribunal re-solvió en la negativa. Creo que resolvió bien.

En su Resolución el tribunal de instancia, tribunal que tuvo ante sí la prueba y a quien correspondía hacer las con-clusiones sobre la misma, se expresó como sigue:

La demanda en el caso fue radicado [sic] en noviembre de-1976, respecto a hechos que se iniciaron en 2 de noviembre de 1972. De la prueba que hay en autos se desprende, fuera de controversia, que la parte actora realizó las siguientes gestiones extrajudiciales frente a la parte demandada en reclamación del derecho que se invoca en la demanda, en las siguientes fechas: 20 de febrero de 1973, 24 de julio de 1973, 8 de febrero de 1974, 15 de abril de 1974, 17 de noviembre de 1975, 2 de marzo de 1976 y 16 de marzo de 1976. En controversia est[á] una alegada reclamación por carta realizada por el abogado de la parte de-mandante con fecha de 12 de marzo de 1975. Si resultare que la referida reclamación de 12 de marzo de 1975 no se realizó, no habría duda de que la acción quedó prescrita allá para el día 16 de abril de 1975.
En 11 de mayo de 1979 se celebró una vista para la discusión de la cuestión en controversia y para el ofrecimiento por las partes de su respectiva prueba en apoyo de sus alegaciones, com-pareciendo a la misma el Ledo. Pedro M. Ortiz Ubiñas, en repre-sentación de la parte demandante y el Ledo. Oronte Oliveras Sifre en representación de la parte demandada.
En la referida vista, la parte demandante, mediante el testi-monio de su abogado, Ledo. Manuel de Jesús Mangual, y el ofrecimiento de copia de una alegada carta de fecha 12 de marzo de 1975, alegadamente cursada por dicho letrado a la parte demandada, basó su contención respecto a la interrupción del término prescriptivo. La parte demandada, mediante el testi-monio del señor Néstor Yiulfu, Supervisor de la co-demandada Anthony Lebrón Adjusting Service Insurance Company, negó que tal comunicación hubiera sido recibida por dicha parte.
El Tribunal, considerada con detenimiento la prueba de cada parte respecto a la cuestión en controversia, así como con vista a las múltiples gestiones realizadas por la parte demandante con anterioridad y con posterioridad a la fecha crítica en discusión, ha quedado convencido en el sentido de que efectivamente la reclamación contenida en la citada carta de 12 de marzo de 1975 fue cursada a la parte demandada y que el término prescriptivo quedó interrumpido, por lo cual declara sin lugar la cuestión formulada por la parte demandada.

Como vemos, el tribunal en su Resolución hace mención de que tuvo ante sí, entre otra evidencia, a dos testigos, el Ledo. Manuel de Jesús Mangual, el que alegadamente cursó la carta del 12 de marzo de 1975 y el Sr. Néstor Yiulfu, Supervisor de la codemandada Anthony Lebrón Adjusting Service Insurance Company quien negó que tal comunicación hubiera sido recibida por dicha parte.

En Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 946-947 (1975), se dijo:

Es innecesario que hagamos aquí una relación de los numero-sos casos en que hemos resuelto que, salvo en circunstancias ex-traordinarias, no alteraremos las conclusiones que sobre los hechos hiciera el tribunal sentenciador. Lo hemos hecho cuando el error en la apreciación de la prueba es manifiesto, o cuando hay base en los autos para concluir que el tribunal actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826 (1972); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546 (1967); Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961); Morales v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 123, 130 (1961). Ninguna de dichas excepciones es aquí aplicable.
“La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, interro-gado y mirado.” Así se expresa el eminente procesalista Car-nelutti en su obra Rivista di Diritto processuale civile, año 1929. Don Alfonso de Paula Pérez, La prueba de testigos en el proceso civil español [Madrid, Ed. Reus, 1968, pág. 199], añade: “[y] es que no sólo habla la voz viva. También hablan las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el temblor o consisten-cia de la voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas circunstancias que deben acompañar el conjunto de una declaración testifical. Y, sin embargo, todos estos elementos se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que han de valerle incluso más que el texto de la declaración misma para el juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar: le faltará el instrumento más útil para la investigación de la verdad: la observación.”

No debemos pasar por alto que un abogado, por ser abo-gado, no tiene que merecerle a un tribunal más crédito que el que pueda merecerle cualquier ciudadano. Ortiz v. Cruz Pabón, supra. Pero en este caso el tribunal de instancia dio más credibilidad al Ledo. Manuel de Jesús Mangual que al Sr. Néstor Yiulfu y, no existiendo error manifiesto en la apre-ciación ni habiendo base para concluir que el tribunal actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, entiendo que no debemos alterar sus conclusiones.

Se argumenta en la opinión mayoritaria que es dudoso que la carta del 12 de marzo de 1975 fuese enviada en vista de que la misma no se mencionó en la demanda. Si compara-mos las seis fechas de las cartas mencionadas en el inciso 4 de la demanda con las cuatro que se mencionan en la carta enviada por los demandantes el 16 de marzo de 1976 y con las siete fechas que determinó el tribunal de instancia, observamos que sólo una fecha de las mencionadas en la carta del 16 de marzo de 1976 coincide con las fechas alegadas en la demanda y con las que encuentra el tribunal de instancia que no había disputa, la de noviembre de 1975. Luego de exami-nar esta disparidad en la mención de fechas por parte del demandante, podemos decir que la misma se debe a la propia culpa de la compañía aseguradora que ha tardado aproxima-damente ocho años para resolver la presente reclamación, obligando a los demandantes a recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

Otro aspecto que menciona la opinión mayoritaria es que “[l]a alegada carta del 12 de marzo de 1975, si es que fue remitida, no debe tener por ese solo hecho [de la remisión] el efecto de interrumpir la prescripción . . y añade: “[e]ste punto no ha sido resuelto antes por este Tribunal”. No veo cómo el resolver este problema nos pueda traer alguna difi-cultad en Puerto Rico; los tribunales no podemos exigirle a los individuos que luego de depositar una carta en una ofi-cina de correos, lugar cuya encomienda principal es mane-jar la correspondencia postal, estén éstos obligados a super-visar el curso tomado por dicha carta. En Puerto Rico se presume que los deberes de un cargo, como el de funcionario del correo, han sido cumplidos con regularidad, Art. 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, inciso 15 (32 L.P.R.A. see. 1887), Ley de Evidencia y que la ley ha sido acatada por dicho funcionario. Art. 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, inciso 32 (32 L.P.R.A. see. 1887), supra.

No podemos pretender que toda persona que tenga una reclamación contra una compañía de seguros efectúe sus re-querimientos por medio y en condiciones óptimas, como si es-tuviera preparando un expediente para un caso en los tribu-nales. La persona que tiene una reclamación de este tipo y está en la mejor disposición de transigir la misma no actúa de esa forma y sí pensando en la buena fe de las partes. De-bemos tener presente que una cosa es buscar de buena fe una transacción con el asegurador y esperar tres, cuatro o hasta más años para resolver el asunto, y otra cosa es remitir co-municaciones con acuse de recibo, para prepararse para un pleito. Lo que hace la opinión mayoritaria es obligar a los reclamantes a comunicarse con su compañía de seguros y, a la misma vez, prepararse para un pleito en los tribunales, a final de cuentas. Como muy acertadamente nos señala la opinión mayoritaria, lo que significan los efectos de transac-ción es que se desea evitar el pleito o su continuación y no promoverlo.

La parte demandante, para probar que su acción no es-taba prescrita, se ampara en que la carta del 12 de marzo fue enviada y que según el estado de derecho para la fecha del pleito e igualmente en el presente, se presume que una carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad.

Este inciso 24 del Art. 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1887, tiene su origen en el inciso 24 del Art. 1963 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, el cual fue derogado en California por Stats. 1965, c. 299, p. 1363, sec. 110, efectivo al 17 de septiembre de 1965. En Tremayne v. American SMW Corp., 271 P.2d 229 (1954), 125 C.A.2d 852 (1954), se planteó una situación similar a la aquí presente. Se discutía si se había cancelado una póliza de seguros o no; la compañía de seguros alegaba que ella había cancelado la póliza y que le había notificado al asegu-rado por medio del correo. El asegurado planteaba que él en ningún momento había recibido dicha comunicación. El tribunal de instancia, luego de oír la declaración de un testigo de cada parte, resolvió que la póliza no se había cancelado. El demandado recurrió y el Tribunal en revisión resolvió que la presunción de que una carta dirigida y cursada por correo debidamente fue recibida en su oportunidad no es una pre-sunción concluyente y puede ser rebatida con evidencia satis-factoria en contrario, pero es una cuestión de hecho para ser resuelta por el tribunal, tomando en consideración la eviden-cia presentada para tal fin. Finalmente, el Tribunal con-cluyó que la evidencia de cómo se recibió la correspondencia por el demandante había rebatido dicha presunción y procedió a confirmar la determinación del juez de instancia.

En el caso de autos, el tribunal de instancia consideró que la prueba presentada por la compañía de seguros fue insufi-ciente, por tanto la presunción no quedó rebatida y continuó con toda su fuerza y vigor. Para llegar a esta determinación, el tribunal tuvo ante sí la declaración de los testigos de ambas partes y la copia a carbón de la carta del 12 de marzo de 1975.

En las determinaciones de hecho que hizo el tribunal de instancia, que copiamos al comienzo de esta opinión, se dice: “El Tribunal ... ha quedado convencido en el sentido de que efectivamente la reclamación contenida en la citada carta de 12 de marzo de 1975 fue cursada a la parte demandada y que el término prescriptivo quedó interrumpiólo . . .”. (Énfasis suplido.) Con esta determinación de hecho, la opinión mayori-taria señala que el tribunal de instancia no hizo determina-ción alguna en el sentido de que la referida carta hubiese sido recibida. Entiendo que cuando el tribunal de instancia habla de que “el término prescriptivo, quedó interrumpido” hizo la determinación de que la carta fue recibida, por ser lo razona-ble, luego que la parte demandada no pudo rebatir la presun-ción de la Ley de Evidencia. Habiendo hecho el tribunal de instancia dicha determinación, no corresponde a este Tribunal pasar juicio sobre la misma, pasando sobre lo señalado en Ortiz v. Cruz Pabón, supra, puesto que no está involucrada tan solo evidencia documental, como dice la opinión mayori-taria, sino también evidencia testifical.

Finalmente, queremos señalar que concedemos que hubo oportunidad para fabricar prueba, pero esto no es motivo para que resolvamos contrario a derecho.

Por los motivos antes expuestos, yo confirmaría la senten-cia recurrida.

       La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España ha insistido en que, siendo una excepción a la extinción por prescripción, toda causa interrup-tiva debe interpretarse restrictivamente. Véanse las Sentencias de 31 de diciembre de 1917, 19 de noviembre de 1941, 24 de abril de 1952, 8 de noviembre de 1958, 11 de febrero de 1966, 3 de mayo y 10 de octubre de 1972; y el artículo por Albaladejo, Comentario al Artículo 1.973 del Código Civil, Revista de Derecho Privado, págs. 987, 988 (1977).

       Esta presunción fue incorporada a las Reglas de Evidencia vigentes desde el 1 de octubre de 1979. Véase la Regla 16, inciso 24.

       20 de febrero de 1973; 24 de julio de 1973; 8 de febrero de 1974; 15 de abril de 1974; noviembre de 1975 y 16 de marzo de 1976.

      8 de abril, 17 mayo de 1974; noviembre de 1975 y 2 de marzo de 1976.

      20 de febrero de 1973; 24 de julio de 1973; 8 de febrero de 1974; 15 de abril de 1974; 17 de noviembre de 1975; 2 de marzo de 1976 y 16 de marzo de 1976.

      Art. 102 de la entonces vigente Ley de Evidencia, Art. 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1887 (24).

       Véanse, además, Despiáu v. Pérez, 76 D.P.R. 123 (1954); Kansas Milling Co. v. Royal Bank of Canada, 52 D.P.R. 101 (1937); Department of Social Welfare v. Gandy, 132 P.2d 241 (1942); Grade v. Mariposa County, 132 Cal. 75, 76 (1901), 64 P. 117 (1901); Frieden v. Cluett, Peabody & Co., 142 Va. 738 (1925), 128 S.E. 61, 64 (1925); McFerren v. Goldsmith-Stern Co., 137 Md. 573 (1921), 113 A. 107, 109 (1921), 18 A.L.R. 1125.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Housing Investment Corporation, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Primera, recurrido.

      Número: O-80-124

      Resuelto: 22 de diciembre de 1980

      William J. Riefhkol, abogado de la recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación recurrente inició procedimiento de ejecu-ción por la vía ordinaria de hipoteca garantizando un principal de $29,650 distribuido en plazos mensuales de $228.01 por término de treinta años a expirar el 1ro junio, 2005, por haber los deudores Nelson Del Valle y Myriam Matías González dejado de pagar los plazos vencidos desde el 1ro agosto, 1977. A la fecha de radicación de la demanda en 16 enero, 1978 el inmueble gravado por dicho crédito, compuesto de solar de 177.84 m/c y casa vivienda de concreto en la urbanización “El Cortijo”, Barrio Minillas, Bayamón, constaba inscrito a nombre de dichos demandados Del Valle-Matías. La acree-dora demandante prosiguió la acción civil hasta obtener sen-tencia el 24 noviembre, 1978 que ordenó la venta del inmueble en pública subasta para satisfacer la deuda. El 3 enero, 1979 la demandante presentó al Registrador recurrido una copia certificada de la demanda y un escrito solicitando anotación de aviso de cuestión litigiosa pendiente a tenor del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933. Para esa fecha la acreedora demandante se había enterado por el Registro de que la propiedad en trámite de ejecución había sido comprada por Héctor L. Ortiz Otero y esposa Delia Nieves Ponce el 17 febrero, 1977 e inscrito su título en el Registro el 12 abril, 1978, por precio de $31,444.97 de los cuales retuvieron los compradores $29,444.97 para pagar la hipoteca de refe-rencia. Conocido el cambio de titular la demandante les noti-ficó por correo certificado a la dirección de la casa hipotecada copias de la sentencia y del edicto de subasta a celebrarse el 30 octubre, 1979, en cuyo texto también citó a dichos nuevos adquirentes. En la subasta la demandante Housing Investment Corp. obtuvo la buena pro y el mismo día el Alguacil de la Sala de Bayamón otorgó venta judicial a su favor, formali-zada en la escritura Núm. 110 de 30 octubre, 1979, ante el notario Lie. William J. Riefkohl; y luego por escritura de cesión Núm. 116 otorgada en San Juan el 5 diciembre, 1979 ante el mismo notario, dicha corporación adjudicataria trans-firió el dominio del inmueble al Secretario de Vivienda y Desa-rrollo Urbano de los Estados Unidos en cumplimiento de un seguro de hipoteca bajo el National Housing Act. Estos docu-mentos, así como un mandamiento del Tribunal Superior para cancelación de gravamen posterior fueron presentados al Registro donde su calificación se halla detenida por dispo-sición del Registrador al denegar la anotación de aviso de demanda en nota de 21 febrero, 1980 “por observarse que la finca consta inscrita a favor de Héctor L. Ortiz Otero y su esposa Delia Nieves Ponce, personas distintas a los deman-dados, tomándose en su lugar anotación preventiva por el tér-mino legal de 120 días a favor de la parte demandante . . .”. La acreedora ejecutante instó recurso gubernativo.

r — J

La posición del Registrador es que los nuevos adquirentes del inmueble hipotecado no son compradores -pendente lite por-que su título se remonta al 17 febrero, 1977, anterior a la radicación de la demanda el 16 enero, 1978 por lo que no es de aplicación el Art. 71 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 120, en su prevención de que “[s]i los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventivamente, a tenor de la sec. 91 de este título, números 2.° y 3.°, fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudicación o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos”; que no habiéndose in-cluido a los nuevos titulares esposos Ortiz Otero-Nieves Ponce como demandados en la acción civil, el obstáculo de registro por interrupción del tracto sucesivo ordenado en el Art. 20 de la Ley, 30 L.P.R.A. see. 45, impide la anotación de la de-manda. Tal criterio choca con el principio de que en la ejecu-ción del crédito el acreedor viene obligado por las constancias del Registro, sin que se le imponga la obligación de investigar e identificar, para incluirlos en su demanda, posibles ad-quirentes ocultos del bien hipotecado. Muy fácil sería frus-trar la realización del crédito y con ello disolver la garantía máxima que representa la hipoteca si durante el trámite de ejecución hubiese de mantener el acreedor una operación continua de descubrimiento de traspasos furtivos extrarregistrales del inmueble ejecutado. Los derechos del adquirente pendente lite, y más aún su propia condición como tal, a los efectos del citado Art. 71 de la Ley, nacen con la presentación de su título en el Registro o la notificación del traspaso al acreedor, inde-pendientemente de la fecha de la operación extrarregistral. La integridad y seguridad de la garantía hipotecaria no serán afectadas por un adquirente como el del caso de autos, que habiendo comprado el 17 febrero, 1977 demoró la inscripción de su título hasta abril de 1978.

Más que la cuestión formal o externa de alegada contra-vención del Art. 20, la denegatoria del Registrador cues-tiona la legalidad de los procedimientos seguidos en la ejecu-ción de la hipoteca y hasta qué punto la no inclusión de los nuevos adquirentes como partes en la acción civil afecta el debido proceso de que es también guardador el Registrador de la Propiedad. A dicha cuestión fundamental nos dirigimos porque habiendo terminado la realización del crédito y hallán-dose presentados la escritura de venta judicial, la de cesión al Secretario federal de la Vivienda y mandamiento para cance-lación de un gravamen posterior, la anotación de aviso de demanda bajo el Art. 91 de Enjuiciamiento Civil ha perdido todo valor de elemento decisional.

La demandante al iniciar la acción civil en ejecución de hipoteca con la presentación de la demanda el 16 enero, 1978 designó demandados en la misma a Nelson Del Valle y Myriam Matías que en esa fecha aparecían en el Registro como dueños del inmueble gravado. A solicitud del abogado de la acreedora, el Registrador expidió certificación dos meses después, el 14 de marzo, 1978, en la que consta que no ha habido cambio en la titularidad registral, por lo que prosigue su acción según instada. A pesar de que los compradores Ortiz Otero y esposa no son en un sentido literal adquirentes pendente lite porque compraron el 17 febrero, 1977, casi un año antes de radicarse la demanda, su título fue inscrito el 12 abril, 1978, tres meses después de comenzado el pleito. Sin embargo, la condición o falta de ella de comprador pendente lite es irrelevante a la decisión de este caso porque aparece ampliamente cumplido el propósito de la Ley: brindar a los titulares posteriores razonable oportunidad de intervenir en la subasta y satisfacer antes del remate el importe del crédito con intereses y costas. Retirement System v. Registrador, 104 D.P.R. 791, 795 (1976). La notificación de la sentencia y edicto de subasta cumplió a cabalidad el propósito de proteger el derecho de unos nuevos adquirentes que desde la escritura de compra de 17 febrero, 1977 se habían reservado la mayor parte del precio acordado con su vendedora Myriam Matías González para enjugar el crédito hipotecario que expresamente asumieron y que dejaron de pagar desde la mensualidad vencida el 1ro agosto, 1977. Un comprador de propiedad gravada con hipoteca que no está en vía de ejecución no puede reclamar más protección de sus intereses que la acordada por el Art. 71 al comprador pendente lite, por el simple recurso de posponer a su conveniencia la presentá-ción de su título en el Registro, de tal modo ocultando del acreedor ejecutante que ha habido un cambio de titular. El acreedor hipotecario ejecutante puede y debe depender del estado que refleja el Registro de la Propiedad e incoar su demanda contra el que allí aparece como titular poseedor del inmueble gravado al comienzo de la acción ejecutoria. Ini-ciado el pleito, él no viene obligado a hacer inspecciones perió-dicas del Registro para eliminar o adicionar nuevas partes a su demanda según pueda resultar del ejercicio de la facul-tad dispositiva por su deudor. En reconocimiento a este prin-cipio de legalidad, que ampara el interés del nuevo adquirente, sin derrotar el derecho del acreedor, la Ley Hipotecaria de 1979, al igual que la anterior, no exige más del acreedor que lo actuado en este caso por la recurrente Housing Investment Corporation: los nuevos Arts. 125 (30 L.P.R.A. see. 2414) y 149 (30 L.P.R.A. see. 2473), que sustituyen el Art. 71 actual, establecen la subrogación del subadquirente en el lugar y grado del deudor quien para hacer valer su derecho podrá tomar la iniciativa (Art. 125); o si hubiere inscrito o ano-tado con posterioridad a la hipoteca y con anterioridad a la anotación de la demanda podrá descansar en la obligación del ejecutante de citarlo para la subasta (Art. 149); en todo caso sin paralizar el curso del procedimiento (Art. 175 del Reglamento).

En Sanquírico v. Registrador, 44 D.P.R. 326, 328 (1932), un caso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en que el tercer poseedor inscribió su título antes de iniciarse el pleito, resolvió este Tribunal que tanto en el ejecutivo su-mario como en la demanda civil ordinaria “la acción debe seguirse contra la persona que sea dueña de la finca según el registro al tiempo de comenzarse el procedimiento por dis-ponerlo así taxativamente el Art. 129 de la Ley Hipotecaria [30 L.P.R.A. see. 225] ...”. El comprador de una finca afecta a hipoteca debidamente registrada es un subrogado del deu-dor trasmitente, la continuación de su personalidad, cono-cedor de y obligado por los términos y condiciones que apare-cen del Registro, e informado de la cercana ejecución por los edictos de subasta. No es, por tanto, un tercero a quien en todo caso haya que emplazar y vencer en juicio, sino el “subro-gado en lugar del causante” con quien, sin paralizar el curso del expediente, se entenderán las diligencias ulteriores. Arts. 129 de la Ley y 175 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sees. 225 y 1096; Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, 275 y ss. (1929). La notificación a los adquirentes de la finca gravada, cumplida en este caso mediante correo certificado y publicación de edictos de subasta satisface el principio de tracto sucesivo del Art. 20 de la Ley.

II

Como se ha relatado, el Registrador rehusó calificar la escritura de venta judicial a favor de la acreedora Housing Investment Corp., la cesión por ésta al Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, y un manda-miento sobre cancelación de gravamen posterior, dando como razón para no calificar que debía esperar a que se subsanara el defecto de Art. 20 en la solicitud de aviso de demanda bajo el antiguo Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. Entre la presentación de dicho aviso en el Registro el 3 enero, 1979 y la denegación de su anotación por el Registrador el 21 febrero, 1980 transcurrió más de un año dentro del cual se completó la realización del crédito hipotecario y se adjudicó el inmueble a la recurrente, por lo que dicho aviso de de-manda, con naturaleza esencial de medida cautelar accesoria para notificar el inicio de la acción judicial, perdió toda utili-dad, suplantada por la notificación por correo certificado y convocación en los edictos de subasta de las partes con interés en la ejecución de la hipoteca. Y como si no bastara esta re-ducción a functus officio del aviso de demanda, está presen-tado en el Registro, como complementario, un mandamiento judicial para cancelación del referido aviso.

Erró el Sr. Registrador al darle valor de elemento integral de tracto sucesivo a una instancia accesoria y caduca y al negarse a calificar los títulos de ejecución, venta judicial y cesión. El recurso gubernativo procede contra la negativa del Registrador a calificar documentos presentados al Registro, como lo demuestra la inclusión de dicho recurso en el Art. 18 de la Ley, 30 L.P.R.A. see. 43, como remedio exclusivo contra la suspensión o denegación de inscripción, luego de destacar la obligación de los registradores de calificar “bajo su res-ponsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas”.

En Jiménez v. Registrador, 62 D.P.R. 547, 548 (1943), se sostiene que procede el recurso gubernativo cuando el Registrador deja de calificar. Así ha de ser, porque negarse a calificar es la más radical y absoluta forma de denegar o suspender la inscripción y expresa infracción del mandato formulado en el citado Art. 18. El propio artículo veda la vía judicial, negando a los jueces y tribunales poder para obligar en otra forma a los registradores a que inscriban o anoten los títulos presentados. La negativa del Registrador a calificar es materia típica de la jurisdicción gubernativa, porque esa negativa, bien o mal fundada, en efecto cierra el Registro a la parte interesada en la inscripción, el mismo desenlace de la denegatoria y la suspensión. Consistentes con dicho principio resolvimos en Rivera v. Registrador, 74 D.P.R. 127, 132 (1952), que una nota del Registrador que aunque así no lo exprese, como cuestión de hecho deniegue la inscripción solicitada, está sujeta a ser revisada gubernativamente. Autoridad de Tierras v. Registrador, 65 D.P.R. 513 (1945). La negativa del Registrador a practicar operación alguna en el Registro, equivale prácticamente a la denegación de la inscripción, contra la que procede el recurso gubernativo. Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 71 D.P.R. 847, 850 (1950); cf. Castro Lund v. Registrador, 102 D.P.R. 295, 305 (1974).

La amplitud del recurso gubernativo está ordenada en el Art. 112 del Reglamento, 30 L.P.R.A. see. 992, como que pro-cederá en todos los casos en que el Registrador suspenda o deniegue la inscripción o anotación, cualquiera que sea la causa. A igual efecto, véanse Arts. 76 y 78 de la nueva Ley.

La jurisdicción gubernativa de este Tribunal, a falta de una Dirección General de Registros con esa facultad, es de amplia competencia para una vez el recurso esté propiamente ante nuestra consideración, conocer de y resolver de un todo el conflicto registral, ilustrando tanto al recurrente como al Registrador sobre cuál sea el curso registral correcto de los documentos pendientes de inscripción. Con ese método preceptivo aligeramos la solución total de la discrepancia, le impartimos eficacia a nuestra intervención; y nada malo hay en que evitemos una segunda o tercera confrontación entre parte y Registrador. Si desacreditada está la decisión fragmentaria en revisión, no se justifica incorporarla a la jurisdicción gubernativa de ámbito preceptivo irrestricto.

Este Tribunal ha orientado su doctrina hacia el uso más efectivo de su jurisdicción gubernativa, quitándole trabas que en el pasado inmovilizaban todo nuestro sistema procesal. Así, hemos sostenido que no obstante lo ordenado en 30 L.P.R.A. see. 1771 al efecto de que no es en su alegato, sino en la nota al pie del documento que deberá el Registrador exponer los motivos legales de su denegatoria o suspensión, el Tribunal considerará en todos sus aspectos las cuestiones planteadas, si existen circunstancias especiales que lo ameri-tan. Valentín v. Registrador, 61 D.P.R. 218, 220 (1942); Grillo v. Registrador, 62 D.P.R. 679, 684 (1943), y casos allí citados. Se ajusta esta norma a la diferencia esencial entre nuestras decisiones gubernativas y nuestra jurispruden-cia. • • En múltiples ocasiones, a pesar de que la exis-tend a de defectos reconocidos por las partes, o fijados por el mismo Centro Directivo, podría excusar la resolución de otros puntos cuestionables, puestos de relieve en la calificación re-currida, la indicada Dirección continúa su examen, no como si se tratara de conclusiones académicas, sino para sentar los jalones de la futura titulación.” Jerónimo González y Martínez, Estudios de Derecho Hipotecario y Derecho Civil, ed. 1948, T. 1, pág. 219.

Al abogar por el desarrollo de la utilidad práctica y justa del Derecho de cosas, recomienda Jerónimo González: “... El Derecho Científico debe quebrantar, en primer término, las barreras levantadas por la ignorancia hipotecaria, presentar el sistema como mantenido por las columnas de la justicia y de la utilidad, y llevar al fondo de la conciencia popular la idea de que sus principios y deducciones atienden a la triple finalidad de asegurar la propiedad y los derechos reales, publi-car los gravámenes que ligan a las fincas y movilizar el valor del suelo.” Estudios, op. cit., pág. 220.

La indebida restricción de la jurisdicción gubernativa de este Tribunal, además de recortar su utilidad, va contra la naturaleza jurídica de este tipo de recurso, y contra la norma general de usar la competencia de los organismos de decisión para resolver, y no para posponer decisiones.

Nuestra jurisdicción gubernativa se activa por recurso contra denegatoria o suspensión de la inscripción, y aunque no había que decirlo, por obvio, contra la negativa del Regis-trador a calificar, y así lo tiene declarado este Tribunal en Jiménez v. Registrador, supra. El recurso gubernativo es una simple incidencia de la calificación y tiene el carácter propio de los actos de jurisdicción voluntaria. No hay que confundir su esencial naturaleza con la acción judicial contenciosa ni la alzada administrativa.

Dicha jurisdicción y competencia tiene la extensión que en el Derecho inmobiliario español se confiere a la Diree-ción General de los Registros y del Notariado. Una vez la cuestión registral llega a este Tribunal por el cauce señalado en 30 L.P.R.A. secs. 1771-72, el Tribunal tiene amplia facul-tad para pasar y decidir sobre cualquier área relativa a la calificación de los documentos afectados; y no debe rehuir su acción supervisora del Registro de la Propiedad reservando su criterio de calificación, especialmente en aspectos que tras-cienden la particular operación de registro objeto del recurso, y en los que nuestra preceptiva sentará pauta a seguir en todas las secciones del Registro y del notariado en general. Recuérdese que actuamos en un campo de jurisdicción volun-taria, análogo al de la Dirección General que no tenemos en Puerto Rico; y que la naturaleza jurídica del recurso guber-nativo participa de la misma naturaleza de la calificación, tiene el carácter propio de los actos de jurisdicción y es simple proyección o incidencia de la facultad calificadora. Roca Sas-tre, Derecho Hipotecario, T. II, pág. 293 y ss.

En Resolución de 22 junio, 1922 la Dirección General, sintiéndose limitada por el entonces vigente Art. 124 del Reglamento español, entendió que no mediando la calificación no cabe el recurso, pero a renglón seguido rechaza esa posi-ción y declara el documento inscribible, invocando “la solida-ridad con que todos los organismos del Estado deben concu-rrir al mejor servicio público” y que la Dirección debe contri-buir “a que los asientos en los libros se acomoden a las normas generales y particulares exigidas por la Ley y el Reglamento”. En Puerto Rico no hay obstáculo a tan bien fundada con-clusión porque nuestra Ley no tiene el equivalente del anti-guo Art. 124 citado, y por el contrario, el Art. 112 del vigente Reglamento, 30 L.P.R.A. see. 992, dice que procederá el re-curso en todos los casos en que el Registrador suspenda o deniegue “cualquiera que sea la causa”. De modo que hace 58 años la jurisprudencia hipotecaria de España descartó la ob-jeción declinatoria de jurisdicción, aun cuando para ello hubo de superar un obstáculo del reglamento que en nuestra Ley no existe.

La jurisdicción voluntaria se ejerce libre de trabas y contrapesos que en la civil contenciosa sirven el propósito de proteger a partes adversativas. Su flexibilidad aprovecha al recurso gubernativo librándolo de la rigidez que derrota su utilidad y merma su eficacia de vehículo ilustrativo y de dirección del Registro de la Propiedad. La doctrina científica hipotecaria no necesitó de la corriente contemporánea que im-pulsa la solución justa, rápida y económica, para en este caso usar la jurisdicción y competencia para resolver, en vez de posponer.

La jurisdicción voluntaria en que cobra eficacia el recurso gubernativo es por tanto, una de índole lectiva dirigida a beneficiar la operación práctica del Registro de la Propiedad con la interpretación que este Tribunal haga de las cuestiones que directa o indirectamente suscita el recurso. No quiere esto decir que en todo recurso el Tribunal examinará áreas que rebasan los fundamentos de suspensión de la inscripción según consignados en la nota del Registrador, pero sí que penetrará al campo de calificación, más allá del cubierto por la nota denegatoria, cuando a su juicio así lo requiera la solución justa, rápida y económica del problema registral en toda la dimensión que alcanzan los principios de derecho hipotecario aplicables. Así lo tiene declarado este Tribunal en Grillo v. Registrador, supra, cuando dijimos que “circunstancias especiales” requieren la consideración del caso en “todos sus aspectos”. .

HH HH HH

Sin embargo, no hay que llegar al límite de nuestra juris-dicción gubernativa para resolver este recurso. Habiendo re-suelto que la tardía inscripción de su título por el segundo adquirente no plantea obstáculo de registro para la anotación de demanda bajo el Art. 91 del anterior Código de Enjuicia-miento Civil, que es el punto suscitado en la nota del Regis-trador, y apareciendo, además, que fue esa la razón por la cual el Registrador pospuso la calificación de los documentos de adjudicación y trasmisión del inmueble ejecutado, sólo resta ordenar al Registrador que proceda a calificar dichos documentos detenidos.

Se revocará la nota del Registrador en cuanto detiene la calificación de la escritura de venta judicial, la de cesión al Secretario federal de la Vivienda y los demás presentados por la recurrente, cuyos documentos deberá calificar el Registra-dor desde luego y de modo consistente con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió opinión disi-dente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Martín y Negrón García.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Torres Rigual

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Martín y Ne-grón García.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 1980

Disiento respetuosamente de la opinión del Tribunal, por-que creo que actuó correctamente el Registrador recurrido al denegar la anotación de lis pendens solicitada por el recu-rrente. Su nota denegatoria, por tanto, debe ser confirmada. Siendo esa la única nota extendida por el Registrador, el Tribunal no tiene jurisdicción para considerar la procedencia de la inscripción de los títulos posteriormente presentados y que aún no han sido calificados.

El principio de tracto sucesivo estatuido en el Art. 20 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 45, es fundamental para la efectividad de los demás principios regístrales, especial-mente los de la fe pública y legitimación, y no debe ser sacri-ficado en aras de la economía procesal. El tracto es de estricto cumplimiento no sólo cuando se trata de actos de transmisión y gravamen otorgados voluntariamente, sino de igual forma respecto de los de carácter forzoso derivados de los procedimientos judiciales o administrativos de apremio o ejecución. Vázquez Bote, Elementos de Derecho Hipotecario Puertorriqueño, París-Londres-Caracas, Ed. Lex, 1973, pág. 288; Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, Vol. II, pág. 340. Por consiguiente, para la anotación de un aviso de pleito pendiente, es necesario que al momento de ser solicitada la nota aparezcan los bienes inscri-tos a nombre de la persona contra quien la pretensión judicial va dirigida. Así lo ha resuelto este Tribunal hace más de medio siglo en Boerman v. El Registrador de San Juan, 31 D.P.R. 732 (1923), y en el mismo sentido se pronuncia la doctrina, tanto nuestra como extranjera. Véanse: Toledo Álamo, De la previa inscripción, 5 Rev. Jur. U.P.R. 429, 442 (1936); Mo-rell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1928, T. 3, pág. 80 y ss.; Roca Sastre, op. cih, T. II, pág. 341; T. IV-1°, pág. 55.

La instancia en que se solicita la anotación de pleito pen-diente en el caso de autos fue presentada al Registro cuando la finca constaba inscrita a nombre de personas que no eran parte en la acción de la cual se quería dar aviso. El hecho de que los titulares regístrales hubiesen inscrito su dominio en fecha posterior a la del inicio del pleito que pretendía ano-tarse resulta totalmente impertinente. El principio de tracto sucesivo tiene carácter formal, por lo que la calificación, a tales efectos, solo atiende al momento en que se ha de verificar la operación registral. Roca Sastre, op. cit., Vol. II, pág. 332 y ss. Siendo ello así, el Art. 20 de la Ley Hipotecaria clara-mente impedía la anotación solicitada. La nota denegatoria del Registrador estuvo plenamente justificada y, por tanto, debe ser confirmada.

No obstante, el Tribunal no solo hace caso omiso al prin-cipio de tracto sucesivo, sino que, apartándose de firmes y re-conocidos principios regístrales, legitima lo que para todo fin práctico equivale a una calificación preliminar de los títulos posteriormente presentados. En cuanto a éstos, el Registrador se limitó a informar a la recurrente, mediante carta dirigida a su abogado, que dichos documentos estaban “pendientes de ser calificados por razón de que el documento que le da tracto al mismo [sic] ... ha sido denegado en el día de hoy y hasta tanto se resuelva el defecto del que adolece dicho documento no podrán despacharse los antes mencionados”.

Como se sabe, desde principios de siglo ha sido doctrina de este Tribunal, que, no siendo posible la calificación de un documento por nosotros en primera instancia, Bartolomei contra El Registrador de la Propiedad, 2 D.P.R. 589, 591 (1902), no constituye actuación revisable mediante recurso gubernativo la devolución de un documento, sin haberse prac-ticado su calificación ni operación registral alguna, puesto que sin esa calificación, sencillamente no hay base para la resolu-ción del recurso. González v. El Registrador, 19 D.P.R. 1067 (1913). En el caso de autos, el Registrador no ha devuelto los documentos exponiendo mediante nota las razones para la devolución y tampoco ha practicado operación alguna en el Registro, limitándose meramente a expresar por carta al re-currente su intención de posponer la calificación de dichos documentos. No es posible equiparar esta carta informal con la nota fundada y completa que exige la ley que se extienda al pie del documento presentado. Sec. Ira, Ley de Recursos Gubernativos, 30 L.P.R.A. see. 1771; Morales Morales v. Registrador, 89 D.P.R. 811, 813 (1964); Monserrate v. Registrador de Guayama, 31 D.P.R. 640, 641 (1923); Merly Et Al. v. El Registrador, 22 D.P.R. 417, 425 (1915).

Tampoco procede sostenerse que en un recurso propia-mente interpuesto, como el de autos, sea lícito revisar, en adi-ción a la nota recurrida, una mera carta que, además, se re-fiere a documentos distintos a aquel cuya debida calificación y denegación por el Registrador —la instancia en que se solicita la anotación de lis pendens— sirvió de base al recurso. Por consiguiente, creo que no está propiamente planteada ante el Tribunal la cuestión relativa a la posible falta de tracto sucesivo de los documentos posteriormente presentados. Co-mete error el Tribunal, por tanto, al entrar a considerar dicha cuestión.

Ante la posición adoptada hoy por el Tribunal, de asumir jurisdicción para revocar una simple comunicación del Regis-trador, que no constituye una operación registral, me veo obli-gado a señalar la naturaleza especial del recurso gubernativo que se rige por los requisitos formales y técnicos del Derecho hipotecario y que no permite al Tribunal valorar la justicia del caso, como es propio hacerlo en los recursos de revisión y de apelación. Véase opinión disidente del Juez Martín a la que uní mi voto en Junta de Retiro para Maestros v. Regis-trador, 109 D.P.R. 569 (1980). De primera intención puede causar extrañeza el que demos preferencia en estos recursos administrativos al rigor de la norma antes que a la justicia sustancial, ya que, de ordinario, la función revisora se funda en el más alto fin de hacer justicia. Pero tal impresión se des-vanece cuando tenemos presente que ésta es un área del dere-cho en que el objetivo no es hacer justicia, sino velar por el estricto cumplimiento de una ley rigurosamente técnica. Te-nemos la responsabilidad de descargar esta función escrupu-losamente, con fidelidad al mandato legislativo de preservar la claridad y certeza del Derecho hipotecario, supuestos esen-ciales para la garantía del. tráfico registral. La decisión del Tribunal en el día de hoy falla penosamente en el cumpli-miento de este importante deber.

Por las razones anteriormente expuestas, confirmaría la nota denegatoria aquí recurrida, sin expresión alguna en cuanto a si procede o no la toma de razón de los documentos posteriormente presentados y pendientes de calificación.

       Transcurren 14 meses entre la fecha de compra y su inscripción. Todavía para el 14 marzo, 1978 el Registrador expidió certificación solici-tada por la demandante-recurrente haciendo constar que la propiedad es-taba inscrita a favor de Nelson Del Valle Sánchez y Myriam Matías Gon-zález. La demanda se había radicado el 16 enero, 1978.

      Se halla pendiente también un mandamiento para cancelación de la anotación de aviso de demanda.

       Art. 71.
      “Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajena-dos o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.
      “Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventivamente, a tenor de la sec. 91 de este título, números 2.° y 3.°, fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudicación o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos.
      “Dicha notificación deberá practicarse a instancia del actor, dictada que sea la sentencia firme de adjudicación o antes de verificarse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los artículos 260 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas.
      “Hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, podrá el notificado librar los bienes de que se trate, pagando la cantidad consignada en la anotación para principal y costas, sin que se entienda obligado a satisfacer por este último concepto mayor suma que la consignada en la anotación. Si no lo hiciere en el término de diez días, se procederá a cancelar en el registro la inscripción de su dominio, así como cualquiera otra que se hubiera extendido después de la anotación, a cuyo efecto, y a instancia del rematante o del adjudicatario, se despachará el oportuno mandamiento al registrador de la propiedad.
      “Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere relativa a finca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de demanda anotada preventivamente, con arreglo al número l.° de la sec. 91 de este título, será título hábil para que en su virtud se cancele aquella inscripción, un testimonio de la sentencia firme favorable al dominio del demandante.
      “Las sentencias ejecutorias en que se imponga la pena de interdicción, o se declare la incapacidad para administrar de una persona, o se modifique su aptitud civil en cuanto a la libre disposición de sus bienes, serán docu-mentos bastantes para cancelar las inscripciones de enajenaciones otorgadas durante la tramitación del juicio por el declarado incapaz, siempre que la demanda origen de la providencia hubiere sido anotada preventivamente en virtud de lo que ordena la sec. 91 de este título en su número 5.°.”

        “Inscripción previa del derecho de aquel que transfiera o grave el dominio; expropiación

      “Para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.
      “Los registradores denegarán la inscripción de dichos títulos mientras no se cumpla este requisito, siendo responsables directamente de los per-juicios que causen a un tercero por la infracción de este precepto.”

      15) Ramos v. Ríos, 78 D.P.R. 619, 624 (1965).

      Los esposos Héctor L. Ortiz Otero y Delia Nieves Ponce compraron el bien hipotecado a Myriam Matías González por escritura Núm. 17 otor-gada en San Juan el 17 febrero, 1977 ante el notario Lie. Adolfo García Rodríguez que no fue presentada al Registro hasta el 6 abril, 1978 e inscrita el 12 abril, 1978.

      En Ferrer v. Registrador, 44 D.P.R. 277, 280 (1982), un caso de ejecutivo sumarísimo, dispensamos la notificación del requerimiento de pago a un acreedor posterior, considerando bastante una notificación de los procedimientos “por lo que pueda interesarle para la protección de sus derechos”.

      Art. 129 Ley — Finca en manos de un tercer poseedor.

      “Si antes de que el acreedor haga efectivo su derecho sobre la finca hipotecada pasare ésta a manos de un tercer poseedor, se entenderán directamente con éste todas las diligencias prevenidas en la sección anterior, como subrogado en la personalidad del deudor.”
      Art. 175 Reglamento — Suspensión de los procedimientos.

      “Si durante la sustanciación del expediente pasare la finca o alguna de las fincas hipotecadas a manos de otro poseedor, éste, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos de la escribanía, y el juez acordará, sin paralizar el curso del expediente, en-tendiéndose con él las diligencias ulteriores, como subrogado en el lugar del causante.”

      Dice la nota del Registrador:
      “Denegada la anotación de demanda solicitada por observarse que la finca consta inscrita a favor de Héctor L. Ortiz Otero y su esposa Delia Nieves Ponce, personas distintas a los demandados, tomándose en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor de la parte demandante. Al margen de la inscripción] 4ta. folio 103 v[uel]to tomo 861 de Bayamón, finca #38,594. Bayamón a 21 de febrero de 1980.”

      Este deber del Registrador de calificar bajo su responsabilidad “la legalidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento” queda reiterado en el equivalente Art. 64 de la Ley Hipotecaria de 1979. (Bastardillas nuestras.) 30 L.P.R.A. see. 2267.

      ". . . La naturaleza del procedimiento de calificación registral de los documentos que pretenden su inscripción debe catalogarse en la órbita de los actos de jurisdicción voluntaria, y la Dirección, que, como simple órgano de alzada, interviene en esta calificación, desenvuelve una actividad de análoga naturaleza. No invade el campo de los Tribunales, ni sienta doc-trina legal que pueda servir de base a la casación, sino que resuelve, como órgano administrativo de jurisdicción voluntaria, un problema de derecho, de juego constitutivo y trascendencia erga omnes, limitada al solo efecto de inscribir, denegar o suspender el asiento solicitado.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., T. II, pág. 306.

       E1 Art. 78 de nuestra Ley Hipotecaria de 1979 propicia la flexi-bilidad y mayor ámbito del recurso al ordenar:

        “Confirmación o revocación por el Tribunal Supremo

      “El Tribunal Supremo resolverá lo que estime ajustado a derecho y, en su consecuencia, decidirá si confirma o revoca la calificación del Regis-trador.
      “El Tribunal Supremo podrá solicitar del Registrador concernido que le remita una certificación de cualesquiera asientos y documentos rela-cionados con el asunto y que obren en el Registro.” 30 L.P.R.A. see. 2281.

      E1 Art. 20 dispone en lo pertinente:
      “Para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.
      “Los registradores denegarán la inscripción de dichos títulos mientras no se cumpla este requisito, siendo responsables directamente de los per-juicios que causen a un tercero por la infracción de este precepto . . . .”
      La cita, por supuesto, es a la anterior Ley Hipotecaria, vigente al momento de suscitarse la controversia de autos. En el transcurso de la opinión, al igual que aquí, hacemos exclusiva referencia a las disposiciones estatutarias anteriormente en vigor.

      La carta del Registrador lee en su totalidad como sigue:
      “Estimado compañero:
      “Le notifico que los documentos presentados a los asientos 76 del diario 596 que lo es la escritura #110 del 30 de octubre de 1979 ante William J. Riefkhol; al asiento 334 del diario 597 la escritura de cesión #116 del 5 de diciembre de 1979, ante el mismo notario y al asiento 556 del diario 597 Mandamiento de fecha 19 de diciembre de 1979 expedido en el Tribunal Superior de P.R., Sala de Bayamón, caso civil #78-113 sobre cancelación de gravámenes posteriores, están pendientes de ser calificados por razón de que el documento que le da tracto al mismo, presentado al asiento 294 del diario 578, ha sido denegado en el día de hoy y hasta tanto se resuelva el defecto del que adolece dicho documento no podrán despacharse los antes mencionados.”

      Dispone dicha sección lo siguiente:
      “Cuando el registrador deniegue o suspenda alguna inscripción, ano-tación o cancelación, expondrá al pie del documento, clara y concisamente, los motivos legales de su negativa y de ella notificará al interesado, quien firmará la notificación.” (Énfasis suplido.)


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José M. Betancourt Asencio, acusado y apelante.

      Número: CR-79-96

      Resuelto: 23 de diciembre de 1980

      Gustavo L. Marrero Irizarry y Gustavo L. Marrero Ledesma, abogados del apelante; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Un jurado declaró culpable al apelante por la comisión del delito de asesinato en segundo grado y de tres cargos por el delito de tentativa de asesinato. El tribunal de instancia le condenó a cumplir una pena de 10 a 13 años de presidio en el caso de asesinato y de 3 a 7 años en los de tentativa; todas a cumplirse concurrentemente. No conforme el apelante, inter-puso apelación impugnando los veredictos condenatorios, por-que, a su juicio, son contrarios a derecho y a la prueba, y porque la conducta del Ministerio Público en el proceso per-judicó sustancialmente sus derechos.

Estamos de acuerdo con el apelante en que no procedía la acusación y condena en tres cargos de tentativa de asesinato por el solo acto punible de disparar su revólver contra un grupo de personas. Únicamente procedía que se le procesara por un solo cargo de tentativa de asesinato. Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966). El Procurador General, en su informe, se allana al planteamiento del apelante a este res-pecto. Procede, por lo tanto, revocar la sentencia en dos car-gos de tentativa de asesinato.

La prueba de cargo revela que la noche de los hechos se celebraba una fiesta familiar en la casa del apelante. Varios niños, entre ellos el hijo del apelante, salieron a caminar por la finca, pero algunos de ellos se cansaron y decidieron regre-sar. Por el camino se encontraron al apelante, quien preguntó por el resto del grupo. Le informaron que habían seguido ca-minando por la finca y subieron todos al vehículo que condu-cía el apelante para ir en la búsqueda de aquéllos. Ya en la finca, se dividieron en dos grupos para iniciar la búsqueda en la obscuridad de la noche. Oyeron de pronto el ruido de un automóvil que venía hacia una pendiente de la finca. El ape-lante corrió hacia su vehículo, sacó un revólver y se dirigió en dirección al automóvil, dio un alto y al no detener la marcha le disparó un primer tiro que hirió de muerte a uno de sus ocupantes. El vehículo retrocedió y el apelante volvió a disparar cinco tiros más.

Tanto en su alegato como en su competente exposición oral, el abogado del apelante sostuvo que no se había probado la intención específica de matar, ya que el hecho de apuntar y disparar un revólver no implicaba necesariamente una in-tención específica de matar o de causar daño. Su plantea-miento se confronta fatalmente con lo dispuesto en el Art. 15 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3062, que define la inten-cionalidad del delito así:

(a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o
(b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión.

Y también por lo resuelto en Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545 (1980), y una larga cadena de casos.

El acto del apelante, al apuntar y disparar al automóvil en la obscuridad de la noche, sin que mediara provocación alguna o justa causa y excusa para ello, constituye, sin duda, un acto intencional suficiente para sostener la convicción por los delitos de asesinato en segundo grado y de tentativa de asesinato.

Hemos examinado la exposición narrativa de la prueba para considerar el señalamiento del apelante relacionado con dos expresiones del Ministerio Público que, a su juicio, acusan conducta impropia. Notamos que en ambas ocasiones el juez que presidió el proceso declaró con lugar las objeciones de la Defensa al respecto. Pero independientemente de ello, se trata de expresiones aisladas que no maculan el proceso ni privaron al apelante de un juicio justo e imparcial.

Se confirma la sentencia dictada en el caso de asesinato en segundo grado y se revoca la sentencia en dos cargos de tentativa de asesinato.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Rigau emitió voto particular.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

—O—

Secretario

Voto Particular del Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1980

Estoy conforme con la confirmación de la Sentencia en el caso de asesinato en segundo grado, pero no con la revoca-ción de la Sentencia en dos cargos de tentativa de asesinato.

Según los hechos: “El apelante corrió hacia su vehículo, sacó un revólver y se dirigió en dirección al automóvil, dio un alto y al no detener la marcha le disparó un primer tiro que hirió de muerte a uno de sus ocupantes. El vehículo re-trocedió y el apelante volvió a disparar cinco tiros más.”

Entiendo que no se trata de un solo acto punible, sino de varios. El primer acto punible consiste en el primer disparo el cual le ocasionó la muerte a una persona. Luego de que el vehículo retrocedió, el apelante volvió a disparar. Disparó cinco tiros más. Entiendo que esta segunda acción por lo menos constituye otro acto punible.