author: Juez Asociado Señor Co-rrada Del Río.

text:
    Norma Negrón Santos, demandante y peticionaria, v. Junta de Planificación y Gabriel Miranda, Concesionario, demandados y recurridos.

      Número: CE-94-251

      Resuelto: 13 de octubre de 1995

      Enrique Dávila Torres, abogado de la parte peticionaria; Wanda Ortiz Rivera, abogada de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Comparece ante nos la Sra. Norma Negrón Santos me-diante una petición de certiorari para solicitamos que re-voquemos la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 9 de marzo de 1994. Mediante dicha sentencia, el foro a quo confirmó una determinación de la Junta de Planificación que autorizaba una solicitud de en-mienda al mapa de zonificación de Corozal. La peticionaria impugna dicha autorización en conformidad con lo dis-puesto en Luán Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533 (1990), para la revisión judicial de actuaciones cuasi legislativas. Revocamos la sentencia recurrida y, en conse-cuencia, la autorización de cambio de zonificación impug-nada, toda vez que de un estudio minucioso de los autos del caso se desprende que la actuación de la Junta de Planifi-cación constituyó un claro abuso de discreción. Los hechos del caso están detallados a continuación.

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El 13 de mayo de 1992, el Sr. Gabriel Miranda Ocasio presentó ante la Junta de Planificación (en adelante la Junta) una petición de enmienda al mapa de zonificación de Corozal. En ésta, solicitó la rezonificación de dos (2) solares de su propiedad de un distrito residencial general (R-3) a un distrito comercial central (C-3).() Los usos de éstos, al momento de la solicitud presentada, eran la venta de piezas de vehículos de motor, un salón de belleza, una heladería, una residencia y un taller de mecánica. () Los usos propuestos fueron los mismos.

En dicha ocasión, varios de los vecinos, entre ellos la Sra. Norma Negrón Santos —parte aquí peticionaria— se opusieron al cambio solicitado. Alegaron que el sector era residencial y que carecía de estacionamientos. La Junta llevó a cabo la vista pública correspondiente, y el 30 de diciembre de 1992 denegó la rezonificación solicitada. A pe-sar de ello, la Junta consignó en su comunicación que de surgir cambios sustanciales en las condiciones del solar o del sector, o de existir algún planteamiento adicional a los ya considerados, se podría considerar de nuevo el caso si se sometía una nueva petición al respecto. Indicó, además, que la nueva petición debía de justificarse en términos de los cambios habidos.

Así las cosas, el 9 de julio de 1993 el señor Miranda Ocasio presentó de nuevo una petición ante la Junta para solicitar el mismo cambio de zonificación. () La Junta pro-cedió a celebrar una nueva vista pública y los vecinos, in-cluyendo a la señora Negrón, se opusieron de nuevo al cambio solicitado. Sustentaron su oposición en que no ha-bían ocurrido los requeridos cambios sustanciales en las condiciones de los solares. En adición, se reiteraron en que los locales carecían de estacionamientos, lo cual, a su en-tender, violaba el Plan de Usos de Terrenos vigente para el Municipio de Corozal.

Según se desprende del informe realizado por la Junta, la técnica que estudió la petición que nos ocupa informó que el estudio de campo no había podido ser realizado de-bido a las inclemencias del tiempo. No empece, el 18 de noviembre de 1993 la Junta autorizó la solicitud presen-tada y rezonificó el distrito residencial R-3 a un distrito comercial C-l. No conforme con dicha determinación, la opositora Norma Negrón acudió mediante solicitud de re-visión al Tribunal Superior, Sala de San Juan.() El 9 de marzo de 1994, dicho foro emitió una sentencia que decla-raba no ha lugar el recurso presentado.()

Inconforme con el dictamen del tribunal de instancia, acude ante nos la opositora mediante una petición de certiorari. Solicita la revocación de la sentencia recurrida y señala la comisión de los errores siguientes:

PRIMERO: Actuó ilegalmente la Junta de Planificación cuando autorizó un cambio de zonificación en violación al Plan de Usos de Terrenos vigente para el Municipio de Corozal y en violación al Plano de Inscripción Final para el desarrollo residencial co-nocido como Urbanización María del Carmen.
SEGUNDO: Erró en derecho la Junta de Planificación al apro-bar rezonificación comercial de tres (3) solares sin la existencia de cambios sustanciales en el sector. Petición de certiorari, pág. 6.

Luego de evaluar el recurso presentado y sus correspon-dientes documentos anejos, concedimos un término a los recurridos para que mostrasen causa por la cual no debía-mos expedir el auto solicitado y revocar la autorización de cambio de zonificación impugnada. Habiendo comparecido ambas partes, y estando en posición de resolver el recurso presentado, procedemos a hacerlo así.

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Atenderemos ambos señalamientos de error en conjunto por encontrarse íntimamente relacionados. El plantea-miento medular formulado por la aquí peticionaria es a los efectos de que la enmienda al mapa de zonificación fue autorizada por la Junta de manera arbitraria y caprichosa. Luego de estudiar y analizar los planteamientos esgrimi-dos por las partes que han comparecido, coincidimos con las alegaciones esbozadas por la peticionaria. Veamos.

La Junta es un organismo creado por ley para guiar el desarrollo integral de Puerto Rico y llevar a cabo la impor-tante labor de planificar, zonificar y establecer el uso de las distintas áreas del país. 23 L.P.R.A. sec. 62c. A esos efectos la Junta fue facultada, no sólo para preparar y adoptar los mapas de zonificación de la isla, sino también para consi-derar y atender las solicitudes de enmiendas a éstos. 23 L.P.R.A. see. 62 j(5); Sec. 4.04 del Reglamento de Zonifica-ción de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4), Junta de Planificación, 16 de septiembre de 1992 (en ade-lante Reglamento de Planificación).

Esta autoridad, que ostenta la Junta para zonificar y rezonificar, forma parte del poder de reglamentación que le fuera delegado por la Legislatura, lo cual convierte tales funciones en actos de naturaleza cuasi legislativa. Así lo establece el Art. 32 de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. sec. 63d, y así tam-bién lo indicamos en Luán Investment Corp. v. Román, supra, págs. 545-547, al expresar lo siguiente:

El procedimiento para la adopción o enmienda a un mapa de zonificación es de naturaleza cuasi legislativa y no cuasi adju-dicativa, pues contrario a la última, no adjudica una controver-sia sino que establece una reglamentación.
Los mapas de zonificación y sus enmiendas representan la forma visual y práctica de instrumentar los reglamentos de zo-nificación y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas no son actos de naturaleza adjudicativa, dirigidos a resolver una con-troversia en particular entre una o más personas, sino que son actos producto de los instrumentos con los cuales el Estado ha provisto a la Junta para reglamentar el uso de la tierra en Puerto Rico, de manera que se logre un desarrollo integral y balanceado de nuestra sociedad. (Enfasis suplido.)

Tal poder de reglamentación le fue otorgado a la Junta con normas amplias y generales, que le permiten ejercer un amplio margen de discreción en la consecución de su política pública sobre zonificación. () De esta manera, cada vez que alguna persona, funcionario u organismo solicite un cambio de zonificación, y cumpla con los requisitos de ley, quedará a discreción de la Junta el conceder o denegar el cambio solicitado. Luán Investment Corp. v. Román, supra; Pérez v. Pagán, 79 D.P.R. 195 (1956). Sin embargo, ello no significa que tal discreción sea absoluta o ilimitada, ni que el ejercicio de tal poder escape totalmente a la revisión judicial.

El Art. 32 de la Ley Orgánica de la Junta de Planifica-ción de Puerto Rico, supra, dispone la revisión judicial para este tipo de actuaciones cuasi legislativas que lleva a cabo la Junta. A esos efectos, dispone expresamente que la adopción de los mapas de zonificación, así como las en-miendas a éstos, serán “finales” y que el foro judicial sólo podrá revisar si la Junta ha cumplido con el procedimiento dispuesto por ley.

Al amparo de dicha disposición, hemos resuelto que en el ámbito de la reglamentación sobre zonificación y rezoni-ficación, la función revisora de los tribunales ha de ir diri-gida a determinar si la Junta en algún momento del pro-ceso se extralimitó en sus poderes. Como medida fiscalizadora, hemos sostenido que los tribunales deberán evaluar: (1) si la actuación administrativa está autorizada por ley; (2) si se delegó el poder de reglamentación; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los poderes de-legados; (4) si al aprobarse la reglamentación se cumplió con las normas procesales, y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. Luán Investment Corp. v. Román, supra. Véanse, además: Aulet v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 1 (1991); M. & B. S., Inc. v. Depto. de Agricul-tura, 118 D.P.R. 319 (1987). De esta forma el Poder Judicial conserva la facultad de corregir cualquier abuso de discreción por parte de la Junta.

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Tomando en consideración las normas de derecho antes expuestas, pasemos a analizar los hechos del caso de epígrafe.

De éstos se desprende que la primera petición de rezo-nificación, presentada por el señor Miranda, fue denegada por la Junta luego de considerar y analizar todos los aspec-tos relacionados al caso. Sin embargo, diez (10) meses des-pués, la Junta autorizó el cambio referido ante una nueva petición al respecto.

Por su parte, la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonifica-ción, supra, pág. 47, dispone, en lo pertinente, que “[c]uando se tratare de una solicitud de enmienda a una pertenencia para la cual la Junta había denegado anterior-mente una solicitud similar, será necesario que el peticio-nario demuestre por escrito que ha habido cambios sustan-ciales en las condiciones del área o sector donde radica la petición de cambio, en comparación a las existentes cuando se tomó dicho acuerdo, que amerite que la Junta considere nuevamente la solicitud”. (Énfasis suplido.) Así también lo expresó la Junta en la comunicación que emitiera para de-negar la primera solicitud de rezonificación presentada. Ello, al advertir que podría considerarse el caso de nuevo si éste se justificaba en términos de los cambios habidos en el sector.

No obstante, de la segunda solicitud de rezonificación no surge que se hubiesen alegado, justificado o mucho menos demostrado unos cambios sustanciales en las condiciones del área que se desea rezonificar. Examinamos minuciosa-mente los autos ante nos y nada hemos encontrado que meridianamente revele, o al menos sugiera, la ocurrencia de algún cambio que ameritase la autorización de una re-zonificación que había sido denegada diez (10) meses antes. Más aún, la técnica de la Junta que estudió el caso no pudo aludir a la existencia de cambios en el área, ya que, como indicáramos antes, el estudio de campo no fue realizado debido a las inclemencias del tiempo. En vista de ello, no entendemos en qué tipo de cambios sustanciales se pudo haber fundamentado la Junta para entrar a conside-rar y posteriormente a conceder la rezonificación impugnada.

De otra parte, el Plan de Usos de Terrenos vigente para el Municipio de Corozal, y adoptado por la propia Junta, dispone que ésta podrá considerar cambios graduales en los usos de los terrenos del Municipio de Corozal a tono con los méritos de cada petición de rezonificación presentada. Ello al evaluar, entre otras cosas, si dichos cambios serían para beneficio de la comunidad, si los solares que se desean rezonificar cuentan con espacios de estacionamiento, si los nuevos usos son compatibles con los usos en las propieda-des colindantes y si los cambios propuestos no crean condi-ciones adversas en el vecindario.()

Sin embargo, es de notar que nada hay en los autos ante nos que demuestre que los parámetros de dicho Plan de Usos de Terrenos hubiesen sido tomados en consideración por la Junta al momento de conceder el cambio impugnado. De la faz del expediente surge que los solares en cuestión no contaban con espacios para estacionamiento, lo cual po-dría ocasionar un conflicto vehicular en el sector residencial. () Problema que, sin, duda ya es de suficiente magnitud en nuestra isla.

En adición, según surge del Plano de Inscripción ane-jado al expediente, los solares referidos forman parte de un desarrollo residencial que ya cuenta con un área de 1585.03m reservada exclusivamente para facilidades comerciales. Incluso las propiedades colindantes son de clasificación residencial y no comercial. En vista de todo ello, estimamos que del expediente no surgen circunstan-cias indicativas de que el cambio de zonificación propuesto pudiera redundar en beneficio a la comunidad.

No nos persuade el argumento formulado por la Junta respecto a que los Planes de Usos de Terrenos sólo pueden servir como una mera guía al momento de determinar si se concede o no una rezonificación. Nótese que el Art. 14 de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. sec. 62m, dispone que los Planes de Usos de Terrenos adoptados por la Junta “serán la base para la preparación y revisión de los mapas de zonificación”. Así también dispone que todo proyecto u obra que vaya a ser realizada por cualquier persona o entidad deberá estar de acuerdo con las recomendaciones de dichos planes. Incluso, el Plan de Usos de Corozal dispone que los mapas de zoni-ficación constituirán el instrumento operacional que, “en-marcado siempre dentro del Plan de Usos de Terrenos”, será revisado periódicamente para que sirva de guía al de-sarrollo del municipio.

En síntesis, y a la luz de todo cuanto antecede, conclui-mos que ni del expediente ni de los documentos que obran en éste surgen circunstancias capaces de justificar o avalar el cambio de zonificación concedido por la Junta. Tampoco existe un estudio de campo realizado por la Junta que pu-diera controvertir las alegaciones esbozadas por los vecinos opositores. Por lo tanto, ello nos obliga a resolver que la actuación de la Junta en la situación que nos ocupa fue arbitraria y caprichosa, y constituyó un abuso de discre-ción en el descargo de sus deberes.

A tenor con todo lo expresado, se expide el auto solici-tado y, en consecuencia, se revoca la autorización de cambio de zonificación concedida por la Junta en este caso.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río disintió con una opinión escrita. Los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Co-rrada Del Río.

La sentencia dictada por la mayoría no está justificada al tomar en consideración los hechos de este caso y el de-recho aplicable. La sentencia recurrida debe ser confirmada.

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Se trata de una petición de enmienda al mapa de zoni-ficación de Corozal presentada ante la Junta de Planifica-ción (en adelante la Junta) por el Sr. Gabriel Miranda Ocasio. Interesaba la rezonificación de dos (2) solares de su propiedad localizados en la Calle 5, Núms. F-12 y F-13 de la Urbanización María del Carmen, de dicho municipio, de residencial general (R-3) a comercial central (C-3).

Cuando se presentó la petición de rezonificación, el 13 de mayo de 1992, los solares se usaban para la venta de piezas de vehículos de motor, un salón de belleza, una he-ladería, una residencia y un taller de mecánica, y los usos propuestos en la petición eran esos mismos.

La parte aquí peticionaria, la Sra. Norma Negrón Santos y algunos vecinos, se opusieron a la petición. Otros ve-cinos la favorecieron. La aquí peticionaria alegó que el sector era residencial y carecía de estacionamientos.

La Junta, luego de celebrada una vista pública, denegó la rezonificación el 30 de diciembre de 1992. Hizo constar, sin embargo, que de surgir cambios sustanciales en las condiciones de los solares o del sector, o de existir algún planteamiento adicional a los que ya habían sido conside-rados, se podría considerar de nuevo el caso si se sometía una nueva petición.

El 9 de julio de 1993 el señor Miranda Ocasio presentó una nueva petición ante la Junta para solicitar el cambio en la rezonificación anterior y añadir el solar F-ll a la petición.

La Junta celebró una nueva vista pública el 22 de sep-tiembre de 1993. Varios vecinos, incluyendo a la aquí peti-cionaria, se opusieron.

Del expediente administrativo de la nueva petición() surgen cuarenta y nueve (49) firmas con nombres y direc-ciones de los vecinos, dentro de una extensión de sesenta (60) metros cuadrados de la residencia del señor Miranda Ocasio, que endosaron el cambió de zonificación. Surge también de dicho expediente que la rezonificación solici-tada fue endosada por él Alcalde del Municipio de Corozal, Hon. Carlos Serra Vélez, por la Hon. Lysette Díaz Torres, Representante a la Cámara por el Distrito 28, y por el Cen-tro Unido de Detallistas.

La Junta autorizó la solicitud de rezonificación el 18 de noviembre de 1993.

La señora Negrón Santos, aquí peticionaria, acudió en revisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro dictó una sentencia el 9 de marzo de 1994 que declaró no ha lugar el recurso. Por lo cual acude ante nos la peticionaria, señora Negrón Santos, mediante una petición de certiorari, para que revisemos dichas actuaciones.()

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Es un principio jurisprudencial trillado que las conclu-siones e interpretaciones de los organismos especializados merecen gran consideración y respeto, y su revisión se li-mita a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegal-mente, o en forma tan irrazonable que su actuación cons-tituye un abuso de discreción. Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).

Se presume la validez y corrección de la determinación de la Junta como organismo especializado, y a quien pre-tenda impugnarla le corresponde el peso de la prueba. A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 880 (1974); M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183, 188 (1984); Srio. D.A.C.O. v. J. Condominos C. Martí, 121 D.P.R. 807, 819-820 (1988); De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 D.P.R. 407, 417-418 (1989); Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan, 123 D.P.R. 496, 510-511 (1989).

En el caso Luán Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533 (1990), señalamos que, en lo que concierne al ejercicio del poder de la Junta para la reglamentación sobre la zo-nificación, la norma aplicable para intervenir con la actua-ción de la Junta es si ésta es arbitraria o caprichosa. En Luán Investment Corp. v. Román, supra, pág. 545, expre-samos:

El procedimiento para la adopción o enmienda a un mapa de zonificación es uno de naturaleza cuasi legislativa y no cuasi adjudicativa, pues contrario a la última, no adjudica una con-troversia sino que establece una reglamentación. Cabe recordar que en dicho procedimiento la Junta actúa en el ejercicio de un poder legislativo delegado. (Enfasis suplido y en el original.)

A la luz de los principios enunciados, entendemos que del expediente administrativo no hay fundamento sufi-ciente para concluir, como concluye la mayoría, que la ac-tuación de la Junta fue arbitraria y caprichosa. Veamos.

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De entrada debemos señalar que el Plano de Inscripción Final de la Urbanización María del Carmen, que establece el uso residencial para los solares Núms. F-ll, F-12 y F-13, no puede coartar el derecho de la Junta a rezonificar terre-nos, aparte de que según dicho plano la zona donde se ubi-can los solares en cuestión se define como Uso Urbano por Consulta (U.U.C.), lo que infiere que se permiten otros usos.()

Igualmente, en la página veintinueve (29) del Plan de Usos de Terrenos de Corozal se señala que las áreas iden-tificadas como de usos urbanos por consulta (U.U.C.) pue-den ser dedicadas para usos variados que se permiten de acuerdo con los méritos de los proyectos y a la compatibi-lidad de éstos con los usos existentes en las áreas próximas.

Los Planos de Usos de Terrenos sólo sirven de guía para la revisión y armonización de los Mapas de Zonificación con los usos recomendados en el Plan de Usos Propuestos. Los Mapas de Zonificación son los instrumentos que verda-deramente reflejan los cambios operacionales y dinámicos que se operan. Así lo aceptan las partes en este recurso.()

El Plan de Usos de Terrenos del Municipio de Corozal, aprobado el 27 de enero de 1983 (en adelante Plan de Usos de Terrenos), dispone en específico que éste “servir[á] de guía para la revisión y armonización de los Mapas de Zo-nificación con los usos recomendados en el Plan de Usos Propuestos”.()

El Plan de Usos de Terrenos dispone, además, que “[a] fin de que los Planes de Usos de Terrenos sean suficiente-mente flexibles y dinámicos para que respondan a la pro-pia dinámica de desarrollo del municipio de Corozal se po-drán considerar cambios graduales en los usos de terrenos”.()

El referido plan establece que los cambios serán para beneficio general de la comunidad y a tono con los méritos de cada petición de rezonificación en armonía con cinco (5) criterios, a saber: (1) cuando los cambios sigan o guíen el crecimiento y desarrollo ordenado del núcleo; (2) cuando los nuevos usos sean compatibles con los existentes en el área, en especial con los usos existentes en las propiedades colindantes; (3) cuando no incremente significativamente los problemas al tránsito vehicular y peatonal o constituya barreras físicas a los impedidos; (4) cuando no creen pro-blemas sociales o efectos detrimentales al ambiente de las áreas inmediatas o próximas, y (6) cuando puedan cumplir con los requisitos sobre espacios de estacionamientos se-gún las disposiciones del Reglamento de Zonificación.()

El Plan de Usos de Terrenos autoriza en específico que dentro de los límites del núcleo de expansión urbana —como en el caso de autos— se permitan los cambios de zonificación de Distrito R-3 a C-l.()

La peticionaria no aportó ante la Junta evidencia para probar que la concesión de la rezonificación no cumplía con los seis (6) criterios antes señalados.

Como señala la recurrida, en el caso que nos ocupa, el cambio de zonificación es compatible con los usos existen-tes en el área, y el negocio que es objeto de la solicitud está ubicado frente a un centro comercial que consta de catorce (14) locales comerciales; en la periferia del centro comer-cial operan negocios que ofrecen servicios comunitarios ;() cuarenta y nueve (49) vecinos dentro del radio de los se-senta (60) metros cuadrados de la residencia del señor Miranda Ocasio endosaron el cambio;() el Alcalde de Corozal endosó la rezonificaciónj) Además, la Representante a la Cámara por el Distrito 28 endosó la propuesta al indicar que en el solar de marras hay una estructura comercial que ha estado operando por alrededor de quince (15) años; que al lado sur del local está operando un centro comercial desde hace cinco (5) años; en el área oeste opera una fá-brica de refrigeradores, y que estos locales no están a más de setenta y cinco (75) metros del negocio perteneciente al señor Miranda. ()

Esta evidencia es más que suficiente para rebatir la con-clusión de la mayoría de que la acción de la Junta fue ar-bitraria e irrazonable.

La mayoría cita la Sec. 4.06 del Reglamento de Zonifi-cación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4), Junta de Planificación, 16 de septiembre de 1992, pág. 47, la cual dispone, en lo pertinente, que “[c]uando se tra-tare de una solicitud de enmienda a una pertenencia para la cual la Junta había denegado anteriormente una solici-tud similar, será necesario que el peticionario demuestre por escrito que ha habido cambios sustanciales en las con-diciones del área o sector donde radica la petición de cam-bio, en comparación a las existentes cuando se tomó dicho acuerdo, que amerite que la Junta considere nuevamente la solicitud”.

Esta es una exigencia que se aplica al solicitante. No podemos interpretar que dicho reglamento le impida a la Junta proceder a la rezonificación si entiende que la evi-dencia ante sí lo amerita, como lo hizo en el caso de autos, a la luz de sus facultades de enmendar los mapas de zonificación.

A esos efectos, la Sec. 4.04 del Reglamento de Zonifica-ción de Puerto Rico, supra, pág. 45, dispone en específico:

... La Junta de Planificación preparará y adoptará los mapas de zonificación por iniciativa propia. También podrá considerar cambios a la zonificación de determinado sector o solar por pe-tición de alguna persona, funcionario u organismo.

Es evidente el poder de la Junta de preparar y adoptar los mapas de zonificación por iniciativa propia, y este poder incluye enmendar dichos mapas tanto por iniciativa propia como a petición de alguna persona, funcionario u organismo.

Por consiguiente, la Junta podía reexaminar su propia determinación anterior y conceder, a la luz de la evidencia ante su consideración, la rezonificación solicitada. Su ac-tuación no fue arbitraria y caprichosa, y no debemos inter-venir en un caso como éste, en el cual se ejerce una facul-tad cuasi legislativa, con la determinación de la Junta. Disentimos.

      (1) Dichos solares están localizados en la Calle 5, Núm. F-12 y F-13 de la Urb. María del Carmen en Corozal.

      (2) El 28 de mayo de 1993, el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dictó senten-cia en el Caso civil Núm. 93-0102, que estaban ordenó la demolición de ciertas estructuras construidas en los solares F-12 y F-13 y que dedicadas al uso comercial sin permiso previo autorizado por la Administración de Reglamentos y Permisos.

      (3) En esta nueva petición se añadió el solar F-ll.

      (4) Los recurridos alegaron que el foro a quo carecía de jurisdicción para evaluar el recurso de revisión presentado, ya que a su entender no se había cumplido con el requisito jurisdiccional de notificar a todas las partes que endosaron la rezonificación solicitada. Dicho señalamiento carece de méritos, ya que estas personas no fueron "parte” en el procedimiento administrativo. Ninguna de las personas endosantes reclamaron derecho o remedio alguno; tampoco fueron designados como parte en el procedimiento llevado a cabo. Véase la Sec. 1.3 de la Ley de Procedimiento Adminis-trativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2102.
      Por otro lado, el Art. 32 de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 24 de junio de 1995, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 63(d), expresamente dispone que una determinación de la Junta de Planificación (en adelante Junta) para enmendar un mapa de zonificación podrá impugnarse me-diante la presentación de un recurso de revisión ante el Tribunal Superior dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha cuando se publique la enmienda al mapa de zonificación. De los autos del caso ante nos no surge la fecha cuando se publicó la enmienda al mapa de zonificación; no obstante, el recurso de revisión fue presentado ante el Tribunal Superior a los seis (6) días de haberse comunicado la determinación de la Junta. En vista de ello, el Tribunal Superior tenía jurisdicción para evaluar el recurso de revisión presentado.

      (5) Solicitada oportunamente la reconsideración de dicha sentencia, el foro a quo la declaró “no ha lugar”.

      (6) Véase López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958).

      (7) El Plan de Usos de Terrenos del Municipio de Corozal fue adoptado por la Junta de Planificación el 27 de enero de 1983 y aprobado por el Gobernador de Puerto Rico el 19 de mayo de 1987. (Resolución P.U.T. C-40.)

      (8) Adviértase que según se desprende del informe preparado por el técnico que estudió la primera solicitud de rezonificación, el estacionamiento existente en los referidos solares era “en la calle”. Del informe preparado en la evaluación de la segunda solicitud no se desprende que ello hubiese cambiado; ni tan siquiera se hizo referencia a si éstos existían o no.
      Advertimos, además, que el Reglamento de Zonificación dispone que tanto en los distintos clasificados como comercial-liviano (C-L) como en los distintos clasifica-dos comercial-local (C-l) se proveerán áreas de estacionamiento. Secs. 21.12 y 20.14 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4), Junta de Planificación, 16 de septiembre de 1992.

      (2) La peticionaria señala los errores siguientes:
      “PRIMERO: Actuó ilegalmente la Junta de Planificación cuando autorizó un cambio de zonificación en violación al Plan de Usos de Terrenos vigente para el Municipio- de Corozal y en violación al Plano de Inscripción Final para el desarrollo residencial conocido como Urbanización María del Carmen.
      “SEGUNDO: Erró en derecho la Junta de Planificación al aprobar rezonificación comercial de tres (3) solares sin la existencia de cambios sustanciales en el sector.” Petición de certiorari, pág. 6.

      (1) Petición Núm. 93-40-0515-JPZ; Apéndice 7, pág. 94.

      (3) Apéndice 5, Exhibit 5, pág. 63.

      (4) Ver Petición de certiorari, pág. 9, y Escrito en oposición a petición de certio-rari, pág. 2.

      (5) Apéndice 5, pág. 59.

      (6) íd.

      (7) íd.

      (8) íd., pág. 60.

      (9) Apéndice 6, pág. 75.

      (10) Apéndice 5, pág. 55.

      (11) Apéndice 4, pág. 39.

      (12) Apéndice 4, pág. 41.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Alberto Rivera Segarra y Compañía de Fianzas de Puerto Rico, demandado y peticionaria la última.

      Número: CE-94-9

      Resuelto: 19 de octubre de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Héctor Clemente Delgado, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Luis Bestard, abogado de lá parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La Compañía de Fianzas de Puerto Rico solicita que re-visemos la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, que declaró sin lugar la moción presentada por dicha compañía para que se dejara sin efecto una sentencia que ordenó la confiscación de una fianza expedida por ésta. Alega la peticionaria que encon-tró al acusado y lo puso a disposición del tribunal de ins-tancia dentro del término reglamentario de cuarenta (40) días de haberse notificado la sentencia de confiscación, por lo que, según la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, se debió dejar sin efecto dicha sentencia. Revocamos.

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De la resolución del tribunal de instancia se desprende que el 18 de noviembre de 1992 se determinó causa para arresto contra Alberto Rivera Segarra por los delitos de daño agravado, 33 L.P.R.A. see. 4286, y comercio ilegal de vehículos y piezas, Art. 15 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.RR.A. see. 3214). La Compañía de Fianzas de Puerto Rico (en adelante la fiadora) prestó una fianza por la cantidad de doce mil dólares ($12,000) para garantizar la comparecencia del imputado a todos los procedimientos ante el foro de instancia.

Rivera Segarra fue citado para el acto de vista preliminar. Llegada la fecha citada, éste no compareció. Como su incomparecencia no estuvo justificada, se deter-minó causa probable para acusar por los delitos imputados. Posteriormente, Rivera Segarra tampoco com-pareció al acto de lectura de acusación. En consecuencia, el tribunal citó a la fiadora a una vista para que mostrara causa por la cual no debería confiscarse la fianza.

La fiadora compareció ante el tribunal e informó que había hecho gestiones para localizar a Rivera Segarra, pero, que habían sido infructuosas. Solicitó cuarenta (40) días adicionales para localizarlo antes de que se confiscara la fianza. El Tribunal Superior le concedió para ello treinta (30) días. Transcurrido dicho término, compareció la fia-dora y le informó al foro de instancia que Rivera Segarra había abandonado la jurisdicción.

El tribunál dictó sentencia sumaria. Ordenó la confisca-ción de la fianza y le impuso una nueva de cincuenta mil dólares ($50,000) a Rivera Segarra. Además, ordenó el ar-chivo del caso hasta que Rivera Segarra fuese arrestado. La sentencia de confiscación le fue notificada a la fiadora el 21 de abril de 1993.

Posteriormente, el 21 de mayo de 1993, la fiadora pre-sentó una moción en el tribunal a quo, en la cual informó que, de acuerdo con la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, supra, había cumplido con su obligación contractual de encontrar al acusado, quien se encontraba bajo la cus-todia de la Administración de Corrección por delitos come-tidos con posterioridad a la fianza. Al haber localizado al acusado y diligenciado las órdenes de arresto en la prisión para que éste pudiese comparecer al tribunal dentro del término de cuarenta (40) días desde la notificación de la sentencia de confiscación, solicitó que se cancelaran las fianzas y se dejara sin efecto la sentencia de confiscación.

Así las cosas, el 7 de junio de 1993 el acusado compare-ció ante el tribunal de instancia. Luego se presentó al acto de lectura de acusación y, posteriormente, al juicio. En él, hizo alegación de culpabilidad tanto por los delitos por los cuales había sido fiado por la fiadora como por los que fue arrestado mientras se hallaba prófugo de la justicia.

Luego de varios trámites procesales, el tribunal de ins-tancia declaró sin lugar la solicitud de la fiadora de que dejase sin efecto la sentencia de confiscación. Fundamentó su decisión en que el acusado “[n]o fue ingresado a la ins-titución penal por gestiones de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico, sino por las gestiones de la Policía de Puerto Rico”. Apéndice I, pág. 6. Como resultado, la fiadora com-parece ante nos mediante un recurso de certiorari. Alega que el foro de instancia erró al declarar sin lugar la moción para dejar sin efecto la sentencia de confiscación de fianza, “por razón de que el acusado fue encontrado, estaba arres-tado, las fianzas canceladas y el mismo puesto a disposi-ción del tribunal ... dentro del término de cuarenta (40) días de haberse notificado la sentencia de confiscación”. Pe-tición de certiorari, pág. 3. Oportunamente expedimos el recurso. Examinados los alegatos sometidos por las partes, estamos en posición de resolver. Veamos.

La Regla 218 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece, en lo pertinente a la controversia que nos ocupa, que toda persona arrestada por cualquier delito tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza hasta tanto sea convicta.

Por otro lado, la Regla 219 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, expone que el propósito de la fianza prestada en cualquier momento antes de la convicción es garantizar la comparecencia del acusado ante el tribunal durante el proceso judicial llevado en su contra. Esta fianza garantiza la sumisión del acusado a todas las órde-nes, las citaciones y los procedimientos ante el tribunal. Incluye el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la comparecencia del acusado a la vista prelimi-nar en los casos apropiados.

Como señalamos en Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468, 480 (1991):

El contrato de fianza ... es un acuerdo entre el fiador y el Estado mediante el cual el primero se compromete a garantizar la presencia del imputado de delito ante el tribunal que celebra el proceso en su contra. De no cumplir con su compromiso, el fiador viene obligado a pagar al Estado la cantidad consignada como fianza. Este contrato es formalizado a tenor con las dis-posiciones de las reglas de Procedimiento Criminal referentes a la fianza.

Por su parte, la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, supra, regula el procedimiento de confiscación de la fianza cuando el acusado ha incumplido con las condiciones de ésta. La mencionada regla dispone, en lo pertinente, que si el acusado deja de cumplir cualquiera de las condiciones de la fianza, el tribunal ordenará a los fiadores que muestren causa por la cual no deba confiscarse ésta. Si los fiadores explican satisfactoriamente el incumplimiento en que se funda la orden, el tribunal podrá dejarla sin efecto bajo las condiciones que estime justas.

A continuación, la referida regla señala que de no mediar una explicación satisfactoria para el incumplimiento, el tribunal procederá a dictar una sentencia sumaria contra los fiadores y confiscará el importe de la fianza. Esta sentencia no será firme y ejecutoria hasta cuarenta (40) días después de haberse notificado. Si dentro de ese período de cuarenta (40) días los fiadores llevan al acusado ante la presencia del tribunal, éste la dejará sin efecto.

Finalmente, la regla mencionada establece que el tribunal tendrá discreción para dejar sin efecto la senten-cia de confiscación, en cualquier momento antes de la eje-cución de la sentencia, siempre que medien dos (2) circuns-tancias: en primer lugar, que los fiadores hayan “producido” al acusado ante el tribunal y, en segundo lugar, que el tribunal constate, a su satisfacción, el hecho anterior.

La solicitud para que se deje sin efecto la sentencia de confiscación se hará mediante una moción, la cual se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de haber transcurrido seis (6) meses del registro de la sentencia u orden. La presentación de esta moción en ninguna forma afectará la finalidad de una sentencia ni suspenderá sus efectos.

Por otro lado, la Regla 225 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece cómo se llevará a cabo la entrega del acusado al tribunal:

Con el objeto de llevar a cabo la entrega del acusado, los fiadores podrán en cualquier momento antes de haber sido fi-nalmente exonerados, y en cualquier lugar dentro del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, arrestarlo ellos mis-mos, o facultar para ello, por medio de una autorización escrita al dorso de la copia certificada de la fianza, a cualquier persona que tenga la edad y discreción suficientes.

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La controversia ante nos se reduce a determinar si la fiadora cumplió con su deber de “llevar al acusado a pre-sencia del tribunal” dentro del término de cuarenta (40) días, según lo dispone la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, supra. En consecuencia, debemos determinar si procede dejar sin efecto la sentencia del foro de instancia que ordenó la confiscación de la fianza.

La fiadora acepta que la confiscación inicial de la fianza, que llevó a cabo el tribunal de instancia, fue correcta en derecho. Sin embargo, sostiene que el tribunal erró al no dejar sin efecto la sentencia de confiscación, cuando ésta se encargó de localizar al acusado y “llevarlo a presencia” del tribunal dentro de los cuarenta (40) días a partir de la notificación de la sentencia, según lo dispone la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, supra, antes de que ésta se convirtiera en firme y ejecutoria. La fiadora tiene razón. Veamos.

Luego de que el tribunal a quo determinó causa probable para arresto contra Rivera Segarra por los delitos de daño agravado y comercio ilegal de vehículos y piezas, la fiadora prestó la fianza por la cantidad de doce mil dólares ($12,000) para garantizar la comparecencia del acusado a todos los procedimientos ante el tribunal. El acusado in-cumplió y, luego de varios trámites procesales, el foro de instancia dictó la sentencia sumaria. Ordenó la confisca-ción de la fianza prestada por la fiadora, según lo dispone la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, supra, y noti-ficó esta sentencia a la fiadora el 21 de abril de 1993.

Ahora bien, la controversia ante nos surge a partir del 21 de mayo de 1993, cuando la fiadora presentó una mo-ción ante el tribunal para informar que el acusado se en-contraba ingresado en la Institución Regional Metropoli-tana de Bayamón por delitos que no estaban relacionados con el caso de autos. En dicha moción incluyó la certifica-ción de ingreso del acusado en la institución penal referida.

Aunque el tribunal de instancia reconoció que la razón por la cual el acusado se encontraba encarcelado no tenía relación alguna con el caso en cuestión, confirmó la senten-cia de confiscación de la fianza. Fundamentó su decisión en que el acusado no se encontraba encarcelado por las accio-nes de la fiadora, sino por las gestiones de la Policía de Puerto Rico.

La fiadora, en su comparecencia ante nos, refuta este fundamento de instancia y argumenta que:

La condición que tiene que cumplir la fiadora para ajustarse a la disposición de la Regla 227 en la etapa posterior a la con-fiscación de fianza es la de localizar al acusado, dondequiera que éste se encuentre, y llevarlo ante el tribunal por los medios legales disponibles. Alegato de la peticionaria, pág. 11.

Además, la fiadora alegó que el hecho de que localice al acusado ingresado en una institución penal por delitos que nada tienen que ver con los delitos por los cuales ésta lo fió y el que el encarcelamiento no responda a las acciones de la fiadora, no pueden ser impedimentos para que ésta lleve a cabo su búsqueda y realice las gestiones necesarias para llevar al fiado como fugitivo ante la presencia del tribunal.

La fiadora argumenta que, antes de que se le notificara la sentencia de confiscación el 21 de abril de 1993, ya el acusado estaba encarcelado por otros delitos y estaba “bajo la custodia del Estado desde el 13 de abril, y el tribunal de instancia no conocía de este hecho”. Petición de certiorari, pág. 9. No fue hasta que la fiadora se lo informó, mediante la referida Moción de 21 de mayo de 1993, que el tribunal de instancia tuvo conocimiento del paradero del acusado. Ya para el 14 de mayo de 1993, la fiadora había diligen-ciado las órdenes de arresto de acuerdo con las copias cer-tificadas de las fianzas, en la cárcel donde se encontraba el acusado, para garantizar su presencia ante el foro de ins-tancia y así poder continuar ventilando los procedimientos en su contra.

En el caso de autos, al localizar al acusado en la insti-tución penal de Bayamón, la fiadora diligenció las órdenes de arresto que surgían de las copias certificadas de las fianzas presentadas e informó al tribunal la gestión reali-zada dentro de los cuarenta (40) días posteriores a la noti-ficación de la sentencia de confiscación de la fianza, según lo establece la citada Regla 227(a). De esta forma, el super-intendente de la institución penal quedó facultado para lle-var al acusado a comparecer ante el tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos en su contra.

Resolvemos que cuando el acusado se encuentre encar-celado por otros delitos, las gestiones de informar al tribunal su paradero y de diligenciar la orden de arresto en la institución penal, dentro de los cuarenta (40) días posterio-res a la notificación de la sentencia de confiscación de la fianza, tienen el efecto de “llevar al acusado a presencia del tribunal” para propósitos de la Regla 227 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Concluir que la referida regla sólo permite relevar al fiador del pago de la fianza me-diante el arresto del acusado y su entrega física al tribunal por el propio fiador, no promovería que éste informe al tribunal del paradero del acusado en un caso como el de ma-rras, en que no le era posible obtener su custodia física. Interpretamos de manera amplia la frase “llevar al acu-sado a presencia del tribunal” contenida en la Regla 227 de Procedimiento Criminal, suprá, con el propósito de promo-ver que los fiadores realicen, directa o indirectamente, las gestiones necesarias para asegurar la comparecencia del acusado al juicio.

Al amparo de la interpretación anterior concluimos que, en el caso de autos, la fiadora logró interrumpir el término para que la sentencia confiscatoria se convirtiera en firme y ejecutoria. El Tribunal Superior pudo reactivar el caso contra el acusado por las diligencias de la fiadora, ya que, antes de éstas, el tribunal no tenía conocimiento del para-dero del acusado. Fue precisamente por la gestión de la fiadora que el acusado compareció ante el tribunal a quo el 7 de junio de 1993. Luego, el 17 de agosto de 1993, el acu-sado hizo una alegación de culpabilidad tanto por los deli-tos por los cuales fue fiado en el caso de epígrafe, como por los delitos por los que fue encarcelado posteriormente.

Entendemos que, dentro de las circunstancias particu-lares del caso de autos, la fiadora cumplió con su deber de localizar al acusado y “llevarlo a presencia del tribunal”. Enfatizamos que, como el acusado ya se encontraba encar-celado, “llevarlo a presencia del tribunal” implicaba dili-genciar las órdenes de arresto en la cárcel donde estaba recluido e informárselo al tribunal de instancia dentro del término de cuarenta (40) días que dispone la referida Re-gla 227(a), como lo hizo la fiadora. De esta forma, la fiadora facultó al superintendente de la institución penal para lle-var al acusado ante el tribunal de instancia para la conti-nuación de los procedimientos en su contra.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sen-tencia de confiscación recurrida.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

En el caso de autos, la mayoría del Tribunal resuelve que, en un proceso penal, cuando un foro de instancia con-fisca correctamente una fianza por no haber comparecido un acusado fugitivo a tres citaciones judiciales distintas, la compañía fiadora, que había incumplido con su deber, tiene derecho a que se deje sin efecto la confiscación de la fianza. Ello, si dentro del período de gracia de cuarenta (40) días que concede la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, después de la referida confiscación, la com-pañía fiadora le informa al tribunal de instancia que el acusado en cuestión está encarcelado en Puerto Rico por la comisión de otros delitos y está, por ello, a disposición del tribunal.

Disiento de este dictamen por entender que éste no sólo es contrario a lo que disponen las normas aplicables sino, además, porque es incompatible con la mejor administra-ción de la justicia penal, sobre todo en nuestro país que está tan atribulado por la incesante incidencia del crimen. Veamos.

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En lo pertinente, la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, supra, dispone lo siguiente:

... Si el acusado dejare de cumplir cualquiera de las condicio-nes de la fianza, el tribunal al que correspondiere conocer del delito ordenará a los fiadores ... que muestren causa por la cual no deba confiscarse la fianza. ...
De no mediar explicación satisfactoria para tal incumpli-miento, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria contra los fiadores ... confiscando el importe de la fianza ... pero la misma no será firme y ejecutoria hasta cuarenta (40) días des-pués de haberse notificado. Si dentro de ese período los fiadores llevaren al acusado a presencia del tribunal, éste dejará sin efecto dicha sentencia. (Enfasis suplido.)

Como puede observarse, la regla transcrita regula la si-tuación de un acusado que, en violación de las condiciones de su libertad bajo fianza, no ha comparecido ante el tribunal de instancia cuando ello le fue requerido. En tal situa-ción, si la incomparecencia no está justificada, como no lo está cuando el acusado ilícitamente ha abandonado la ju-risdicción —como sucedió en el caso ante nos— procede la confiscación de la fianza. Ello es así, porque el fiador ha incumplido con su deber de asegurar la presencia del acu-sado en el proceso judicial. No obstante, se le' concede un período de gracia a los fiadores para que ellos mismos en-cuentren y detengan al acusado fugitivo, lo traigan a la jurisdicción de Puerto Rico y lo entreguen al tribunal que ha requerido su presencia. En la referida situación, si los fiadores, por sus propios esfuerzos, al fin cumplen con su deber, encuentran y detienen al acusado, y lo traen ante el tribunal dentro del período de gracia, procede entonces de-jar sin efecto la confiscación de la fianza. Tal es el signifi-cado propio de la regla en cuestión, que la mayoría ahora disloca al interpretarla, por puro fíat, de modo acomodati-cio a la compañía de fianza.

Todo el entramado normativo de la institución de la fianza penal gira precisamente en torno al deber fundamental del fiador de entregar al acusado al tribunal por su propia cuenta, cuando éste requiera su presencia. En efecto, cuando un acusado queda libre bajo fianza, la cus-todia del acusado pasa a manos del fiador. Conforme a principios bien arraigados, relativos a la institución de la fianza penal, la responsabilidad del fiador no se limita a la mera prestación de la fianza. Como jurídicamente la custo-dia del acusado queda en sus manos, la responsabilidad del fiador incluye también la obligación de tomar una parte activa en el proceso penal, para estar al tanto del paradero del acusado y asegurar su presencia cuando se le requiera comparecer ante los tribunales. Tal responsabilidad presu-pone un alto grado de diligencia por parte del fiador, no sólo para evitar que el acusado abandone la jurisdicción, sino también para localizarlo y ponerlo bajo su custodia, por su propia cuenta, si el acusado llega a fugarse. Taylor v. Taintor, 83 U.S. 366 (1872); American Bankers Ins. Co. v. U.S., 596 A.2d 598 (1991); U.S. v. Castaldo, 667 F.2d 20 (9no Cir. 1981); United States v. Mizani, 605 F.2d 739 (4to Cir. 1979); U.S. v. Lacey, 778 F Supp. 1137 (D. Kan. 1991); United States v. Payne, 272 F Supp. 939 (D. Conn. 1967); State v. Stotts, 642 P.2d 618 (Okl. 1981); Bowling v. State, 316 S.W.2d 343 (1958); State v. Douglas, 112 S.E. 584 (1922); State v. Merrihew, 47 Iowa 112 (1877); Cain et al. v. The State, 55 Ala. 170 (1876).

Estas normas elementales sobre la fianza penal han sido adoptadas y confirmadas reiteradamente en nuestra jurisdicción. Así pues, en Pueblo V. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265 (1979), señalamos que la obligación del fiador de custodiar al acusado expira cuando el fiador mismo lo entrega a la autoridad competente. Nos referimos allí a la norma prevaleciente en California, de donde provienen principalmente nuestras disposiciones sobre la fianza penal. Conforme a ella, la fianza se extingue al entregarse al acusado para su ingreso a prisión. En Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468 (1991), indicamos de nuevo que el fiador tiene la responsabilidad de mantener la custodia del acusado y de asegurarse de que éste comparecerá ante el tribunal que celebra el proceso en su contra.

Esta configuración esencial de la institución de la fianza penal se refleja con cabalidad en nuestras Reglas de Pro-cedimiento Criminal. Así pues, la propia Regla 227 en cuestión dispone que el tribunal, a su discreción, podrá de-jar sin efecto la sentencia de confiscación antes de su eje-cución, siempre que ‘los fiadores hayan producido al acu-sado ante el tribunal”. (Énfasis suplido.) Igualmente, la Regla 224 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que, con el fin de ser exonerado de su responsabi-lidad, el fiador podrá “entregar al acusado ...al funcionario bajo cuya custodia estaba al prestar fianza” (énfasis supli-do); y la Regla 225 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que “[c]on el objeto de llevar a cabo la entrega del acusado, los fiadores podrán ... arrestarlo ellos mismos o facultar para ello”. (Énfasis suplido.) Vistas con-textualmente, pues, nuestras reglas, igual que nuestra ju-risprudencia y que las normas clásicas sobre la fianza penal, presuponen claramente una responsabilidad por parte del fiador mucho más amplia que la ahora dictaminada por la mayoría para casos como el de autos.

No obstante el claro sentido del ordenamiento jurídico sobre el particular, la mayoría, por puro fíat, resuelve que si el acusado fugitivo es arrestado posteriormente por otro delito y se encuentra encarcelado por ello, el mandato de la Regla 227(a), supra —de dejar sin efecto la confiscación de la fianza si los fiadores traen al acusado ante el tribunal durante el período de gracia— significa que debe dejarse sin efecto dicha confiscación por la mera notificación al tribunal por parte del fiador incumplidor de que el acusado incompareciente está bajo la custodia del Estado y a dispo-sición del foro a quo. Tal “interpretación” es un acto pa-tente de legislación judicial, que rebasa la autoridad de este Tribunal y que contraviene los más arraigados princi-pios relativos a la fianza penal. Ningún análisis cabal del transfondo normativo de la fianza, ni de nuestra jurispru-dencia sobre el particular, o del sentido propio del texto e historial de nuestras reglas sobre la fianza, permiten infe-rir que el legislador quiso exonerar al fiador de su respon-sabilidad cuando el acusado fugitivo es luego arrestado y encarcelado por el propio Estado por haber cometido otro delito. Tal resultado es una pura invención de la mayoría. Va a contrapelo del claro sentido del entramado normativo de la fianza penal.

La mayoría llega al resultado aludido sin ofrecer expli-cación jurídica alguna para ello. No se cita una sola fuente de derecho ni se ofrece siquiera una razón jurídica que jus-tifique tal resultado.

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La conclusión formulada antes, de que no procede que se exonere a la compañía fiadora de pagar la fianza en casos como el de autos, surge también de un examen del propósito que se persigue con la disposición de la Regla 227(a), supra, que permite dejar sin efecto la confiscación de la fianza, si los fiadores traen al acusado ante el tribunal en algún momento dentro del período de cuarenta (40) días siguientes a la notificación de la sentencia de confiscación. Nótese que dicha disposición, que crea un pe-ríodo de gracia en cuanto a los efectos de la sentencia de confiscación, no es una norma común. Lo común, lo que ocurre de ordinario, es que una sentencia surta efectos de inmediato. Véanse: Regla 175 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En el caso de la sentencia de confiscación de fianza, sin embargo, se posponen los efectos de dicha sentencia para darle a los fiadores una oportunidad adicio- nal para cumplir con su responsabilidad. Véanse los co-mentarios a la Sec. 208.35 del Código Penal Modelo de American Law Institute de 1958. El período de gracia de cuarenta (40) días es un incentivo que el Estado le da a los fiadores para que ellos, por su propia cuenta, puedan loca-lizar, detener y entregar a las autoridades a un acusado que no comparezca y que haya violado las condiciones de su fianza. Así lo han reconocido expresamente los tribuna-les de California, de donde procede la disposición en cuestión. People v. Hadley, 64 Cal. Rptr. 777 (1967); People v. Rolley, supra; People v. Wilcox, 344 P.2d 847 (Cal. 1959). Todo ello supone, necesariamente, que los fiadores aprove-charon el período de gracia para buscar ellos mismos al acusado desaparecido. Se les exonera del pago de la fianza si son ellos quienes encuentran y entregan al acusado. En fin, se trata de un mecanismo para auxiliar a la adminis-tración de la justicia criminal. No tiene el propósito de en-riquecer a los fiadores por la labor que realizó el propio Estado al arrestar al acusado fugitivo por la comisión de otro delito.

Una vez se confisca la fianza por la incomparecencia del acusado, muchas jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico, le conceden otra oportunidad más al fiador para que cumpla con su obligación contractual, dándole un período de gracia para localizar al acusado desaparecido y entregarlo al tribunal. Si el fiador no actúa con diligencia durante este período para lograr la custodia del acusado por su propia cuenta, está obligado finalmente a pagar la fianza. People v. United Bonding Insurance Co., 77 Cal. Rptr. 310 (1969); People v. Jaramillo, 428 P.2d 67 (Co. 1967); State v. Arrington, 131 S.E.2d 382 (1963).

En vista de lo anterior, sería contrario al claro propósito de la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal, supra, exo-nerar del pago de la fianza a una compañía fiadora que no hizo todo lo que estaba a su alcance, no sólo para evitar la fuga del acusado, sino además para localizarlo y custo-diario por su propia cuenta durante el período de gracia posterior a la confiscación de la fianza.

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Contrario a lo que sucede en Puerto Rico, en California se dispone por estatuto que los fiadores en casos penales quedan exonerados de pagar la fianza, si están impedidos de entregar físicamente al acusado porque dicho acusado estaba detenido por autoridades civiles o militares. See. 1305 del Código Penal de California (51 Cal. Code sec. 1305). Allá en California la norma aludida no procede del puro fíat judicial, sino que ha sido dispuesta por la expresa voluntad legislativa y está sujeta a esenciales condiciones de diligencia de parte del fiador. Ello da lugar a un es-quema normativo muy distinto de lo resuelto en este caso por la mayoría.

La expresa disposición estatutaria de California, que no existe en Puerto Rico, aplica sólo en casos en que los fiado-res mismos han localizado al acusado fugitivo y obtenido su custodia física por su cuenta, pero se han visto impedi-dos de entregarlo finalmente al tribunal debido a su posterior arresto por el Estado. Esta situación es muy diferente a la que tenemos ante nos en este caso. Como bien ha se-ñalado el máximo foro apelativo de California, la disposi-ción aludida que exonera a los fiadores

... seems designed to avoid penalizing the bail who has in fact procured a defaulting defendant’s arrest, but who is prevented from effecting his immediate return because the arresting authorities detain the defendant beyond the 90-day period. People v. Rolley, 35 Cal. Rptr. 803, 804 (1963).

En el caso ante nos, la compañía de fianza no sólo no cumplió con su deber de asegurar la comparecencia del acusado ante el tribunal cuando se le requirió varias veces, sino que, además, no fue la que procuró finalmente el arresto o la custodia del acusado fugitivo. Por lo tanto, no tenía derecho a que se le exonerara del pago de la fianza, aun en el supuesto de que fuese legítimo adoptar judicial-mente en Puerto Rico la norma sobre el particular que se ha legislado en California.

IV

La norma que se ha establecido en California, de exone-rar a los fiadores del pago de la fianza cuando han procu-rado con diligencia la custodia de un acusado fugitivo que habían fiado pero que no pudieron entregar al tribunal por-que otras autoridades lo habían detenido, no es la única que se ha adoptado en Estados Unidos para atender situa-ciones como las que encaramos en este caso. En algunas jurisdicciones estatales de Estados Unidos, los fiadores no son exonerados de ningún modo de su responsabilidad, y están obligados a pagar la fianza si el acusado fugitivo es arrestado por el Estado posteriormente por otro delito. Ex parte A-1 Bonding Co. of Montgomery, Inc., 420 So. 2d 781 (1982); People v. Brown, 408 N.Y.S.2d 927 (1978); State v. Nelson, 436 P.2d 792 (Utah 1968); People v. MC Cracken, 161 N.W.2d 758 (1968); State v. Superior Court, 407 P.2d 943 (Ariz. 1965); State v. Mitchell, 212 A.2d 873 (1965); State v. Pelley, 24 S.E.2d 635 (1943); Mix v. The People, 26 Ill. 32 (1861).

En otras jurisdicciones estatales, y principalmente en la jurisdicción federal, la norma que prevalece es que si el fiador localiza al acusado fugitivo y lo entrega al tribunal, puede exonerársele del pago de la fianza; pero si quien lo localiza y arresta es una autoridad gubernamental, enton-ces se toma en consideración el costo en que incurrió el Gobierno en lograr la custodia del acusado fugitivo y se deduce del monto de la fianza que ha de acreditársele al fiador, si la fuga del acusado no fue imputable al fiador. El fiador, en otras palabras, responde al menos por los costos incurridos por el Estado para realizar lo que le competía hacer al fiador. United States v. Abernathy, 757 F.2d 1012 (9no Cir. 1985); Accredited Sur. & Cas. Co. v. United States, 723 F.2d 368 (4to Cir. 1983); Jeffers v. United States, 588 F.2d 425 (4to Cir. 1978); United States v. Casanova, 472 F.2d 1223 (9no Cir. 1973); State v. Midland Insurance Company, 494 P.2d 1228 (Kan. 1972); United States v. Nash, 429 F.2d 533 (8vo. Cir. 1970); Sifuentes-Romero v. United States, 374 F.2d 620 (5to Cir. 1967); United States v. Bradley, 43 F.R.D. 278 (1967); Franco v. United States, 342 F.2d 918 (D.C. Cir. 1965); United States v. Kelley, 38 F.R.D. 320 (1965); Larson v. United States, 296 F.2d 167 (8vo Cir. 1961).

Existen, pues, importantes alternativas a la norma que la mayoría adopta en este caso. En Puerto Rico es conocido que desde hace tiempo existe un marcado descontento con la inefectividad de las compañías de fianza.() Estas se de-dican a un negocio lucrativo, sin incurrir en grandes ries-gos o gastos sustanciales. Su función de hacer viable el derecho constitucional que tienen los imputados, de quedar libres mientras se les juzga, se realiza principalmente res-pecto de aquellos que tengan medios para pagar o satisfa-cer lo que exigen dichas compañías antes de prestar la fianza requerida. Las personas sin recursos generalmente no se benefician de sus servicios. Más aún, han existido problemas significativos respecto del cobro de las fianzas confiscadas y algunos también respecto de la incompare-cencia a los procesos penales de acusados que están en libertad bajo fianza. El referido descontento con las compa-ñías de fianzas es, sin dudas, una de la razones por las cuales, recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995 (4 L.P.R.A. see. 1301 et seq.), mediante la cual se crea la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Dicha legislación tiene como propósi-tos expresos: (1) asegurar la presencia del acusado en las diversas etapas del juicio y (2) propiciar la eliminación de los efectos de la desigualdad económica en la obtención de la libertad provisional. Refleja con claridad la necesidad de superar las limitaciones que ocasionan las prácticas exis-tentes en relación con la fianza.

A la luz de lo anterior, tiene poco sentido jurídico una norma como la que adopta la mayoría en este caso, cuyo único resultado claro es beneficiar aún más a las referidas compañías en su lucrativo negocio. Más sentido tiene lo resuelto por el foro de instancia, ya que al menos crea un incentivo para que los fiadores intenten cumplir con dili-gencia la responsabilidad que les compete. Desde el punto de vista del logro de la más efectiva administración de la justicia penal, la norma que establece la mayoría en este caso es la menos adecuada de todas las alternativas que se conocen. No conduce a que los fiadores se esfuercen en evi-tar que los acusados se fuguen mientras estén libres bajo fianza, o a que colaboren en su captura, una vez hayan abandonado ilegalmente la jurisdicción. Dados los graves problemas que afligen a nuestra comunidad en lo que se refiere a la lucha contra el crimen, dicha norma no se ajusta a nuestras realidades ni a las necesidades sociales prevalecientes, como se esperaría de un dictamen de este Tribunal.

Por todo lo anterior, disiento.

      (1) Véase Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial sobre la Fianza, Conferencia Judicial de Puerto Rico, noviembre de 1979.


text:
    Gerardo Pino Sánchez y otra, demandantes y peticionarios, v. David Dávila Recio y otros, demandados y recurridos.

      Número: CC-95-83

      Resuelto: 20 de octubre de 1995

      Paulita C. Maldonado Nicolau, abogada de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de certiorari presentada en este caso, no ha lugar.

La nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.) creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones y consolidó en un solo tribunal de instancia las secciones del Tribunal Superior y Tribunal de Distrito.

Este ordenamiento exige mayor rigurosidad en la prác-tica apelativa ante este Tribunal en lo referente a la doc-trina vigente sobre frivolidad y temeridad, y la consabida imposición de sanciones u honorarios de abogados.

Apercibimos a los abogados de que, en el futuro, los re-cursos frívolos estarán expuestos a tales sanciones.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
    Ángel L. Rodríguez Vázquez, demandante y recurrido, v. Rubén Rodríguez González, demandado y peticionario.

      Número: CC-95-90

      Resuelto: 20 de octubre de 1995

      Robert Rivera Irizarry, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de certiorari presentada en este caso, no ha lugar por falta de jurisdicción.

La nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.) creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones y consolidó en un solo tribunal de instancia las secciones del Tribunal Superior y Tribunal de Distrito.

Este ordenamiento exige mayor rigurosidad en la prác-tica apelativa ante este Tribunal en lo referente a la doc-trina vigente sobre frivolidad y temeridad, y la consabida imposición de sanciones u honorarios de abogados.

Apercibimos a los abogados de que, en el futuro, los re-cursos frívolos estarán expuestos a tales sanciones.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial.

      Número: EC-95-8

      Resuelto: 20 de octubre de 1995
   RESOLUCIÓN

Correspondiendo al deseo expresado por el Hon. William Philippi Ramírez de renunciar —por razones de salud— a la posición de Presidente del Comité de Reglas para Asuntos de Menores de la Conferencia Judicial, el Tribunal acepta la referida renuncia no sin antes expresar su reconocimiento al Hon. William Philippi Ramírez por su labor como Presidente de dicho Comité, y le agradece su aportación desinteresada al mejoramiento de la profesión y de la administración de la justicia en Puerto Rico.

Se designa al Hon. José Aponte Pérez, Presidente de dicho Comité.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General