author: per curiam :

text:
    Celso González y su esposa, Carmen L. Hernández, demandantes y recurridos, v. San Just Corporation, demandada y recurrente.

      Número: R-71-177

      Resuelto: 5 de febrero de 1973

      Fiddler, González & Rodriguez y Federico Tilén, abogados de la recurrente; Tomás Sandoval Cruz y Víctor Alberty Ruiz, abogados de los recurridos.
   per curiam :

Los esposos Celso González y • Carmen L. Hernández radicaron acción de daños y perjuicios contra San Just Corporation y “Gasner & Levine”, alegando que la firma Gasner •& Levine había construido y San Just les había vendido una casa para su vivienda, cuya casa adolecía de vicios de construcción y que los demandados se habían negado a corregir los defectos a pesar de los repetidos requerimientos de los de-mandantes. También alegaron éstos que habían sufrido angus-tias mentales debido a los referidos vicios de construcción.

Después de declararse sin lugar una moción de desestima-ción, se celebró juicio y el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, declaró sin lugar la demanda contra Gasner & Levine por no haberse demostrado la existencia de tal entidad y con lugar la demanda contra Sán Just Corporation por considerar que ésta constituía una misma entidad con la Prime Construction Corporation, corporación ésta que según la prueba desfilada fue la constructora de la casa en cuestión. En su quinta con-clusión de hecho, el Tribunal recurrido señala que:

“5. Alian Gasner y Stanley Levine tienen negocio en Puerto Rico. Son, junto con Herman [sic] Nelson, los incorporadores y accionistas mayoritarios de la San Just Corporation y de la Prime Construction Corp. la cual construyó la casa en cuestión [cita]. Levine es Vice Presidente y Secretario de la San Just Corp. y Gasner su presidente. . . .” (Énfasis en el original.)
En sus conclusiones de derecho, el tribunal inferior expresa que éste ¡es el “caso clásico” en que no debe respetarse la ficción corporativa y que el hacerlo conllevaría la desestima-ción de la demanda contra el vendedor, por hallarse prescrita, y no así la demanda contra el constructor. Se citan los casos referentes a la doctrina de “descorrer el velo corporativo”.

Recurre la San Just Corporation de dicha sentencia ante este Tribunal. Señala ocho errores, de los cuales el quinto y el octavo se refieren a la conclusión del tribunal recurrido de que la demandada San Just Corporation y la Prime Construction Corporation tienen tal identidad de intereses que debe hacerse caso omiso de la distinción corporativa y responsabili-zar a la vendedora en base a la responsabilidad legal de la constructora.

Visto el récord y la transcripción de evidencia, consideramos que no se demostró debidamente la confusión entre las dos corporaciones ni que el reconocer la diferencia entre ambas resulte en sancionar la evasión de obligaciones, el fraude, la injusticia o la derrota de la política pública. Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442 (1968); Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240 (1968); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967); San Miguel Fertil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 D.P.R. 424 (1967); Licorería Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 270 (1967); Quiñones Rosa v. Fajardo Development Co., 90 D.P.R. 684 (1964); South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88 D.P.R. 43 (1963); J. E. Candal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508 (1962); Sucn. Pérez v. Gual, 76 D.P.R. 959 (1954); Cruz v. Ramírez, 75 D.P.R. 947 (1954).

En primer lugar, los demandantes no alegaron la supuesta confusión entre las dos corporaciones en su demanda ni aparece que hicieran gestión alguna para averiguar quién fue el constructor de su vivienda ni para incluirlo como deman-dado, aún después de ser notificados por la demandada de que no existía en Puerto Rico la empresa Gasner & Levine. De hecho, la cuestión de la confusión entre las dos corporaciones surgió de parte del juez de instancia (T.E. págs. 47-50).

En segundo lugar, los demandantes en su turno de desfilar prueba no presentaron ninguna tendiente a demostrar la identidad entre la San Just Corp. y la Prime Construction Corp. Cuando la demandada presentó como testigo al Sr. Alian Gasner, el abogado de las demandantes en el contrainterroga-torio comenzó a preguntarle a dicho testigo ciertos detalles con el aparente propósito de establecer la confusión entre las dos corporaciones. En eso fue interrumpido por el juez, el cual procedió a hacer preguntas más directas sobre el particular. Veamos esta parte de la transcripción (págs. 118-119) :

“Lie. Sandoval:
P. ¿ Tienen Levine y usted algunas oficinas abiertas en Puerto Rico?
R. Sí, señor.
P. ¿ A nombre de una corporación? ¿Qué nombre?
R. Saint [sic] Just'Corporation es una de ellas.
P. ¿Dígame alguna otra más que tenga incorporada?
R. Carolina Alta.
P. ¿ Alguna otra más ?
R. Prime Construction la compone Mr. Gasner y Mr. Levine. Nosotros somos accionistas y hay otros accionistas.
P. ¿Quiero que me diga si los incorporadores de Prime Construction son o no los mismos de Saint [sic] Just Corp. y Carolina Alta Corporation? ¿Como cuestión de hecho quién son los promoters de esa corporación?

Hon. Juez:

Si él los conoce.
R. Mr. Levine y yo estamos entre ellos.

Lie. Sandoval:

P. ¿Y la Prime Corporation fue la que hizo estas construc-ciones incluyendo la de los demandantes ?
R. Sí.

Hon. Juez:

Perdone el compañero, a lo mejor le economizamos tiempo. ¿Los accionistas mayoritarios de Prime y Saint Just, cuáles son?
R. Allan H. Gasner, Stanley Levine, German [sic] Nelson.”

Lo transcrito constituye toda la evidencia que desfiló en cuanto a la confusión entre las dos corporaciones. No se investigó más en detalle la estructura corporativa para determinar cuál era la proporción exacta de acciones poseídas por los Sres. Gasner y Levine y por los demás accionistas (Licorería Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra; cf. J. E. Candal & C. v. Rivera, supra), ni para determinar si una de las corporaciones era subsidiaria de la otra (Pereira v. I.B.E.C., supra; South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, supra), ni si la mayoría de los directores y oficiales eran los mismos (Licorería Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra; South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, supra), ni si existían nexos familiares entre los accionistas (J. E. Caudal & Co. v. Rivera, supra; cf. Licorería Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra), ni si las operaciones entre ambas corporaciones eran exclusivas e integradas (Licorería Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra; South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, supra), ni cualquiera otra “prueba fuerte y robusta que justificaría rasgar el velo corporativo”, San Miguel Fertil. Corp. v. P.R. Drydock, supra, a la pág. 430. Erró el tribunal recurrido al considerar la prueba suficiente para rasgar el velo corporativo. •

En consecuencia, se revocará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, y se dictará otra desestimando la demanda.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    José M. Figueroa Díaz e Ismael Figueroa Díaz, demandantes y recurrentes, v. Antonio Escobales, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-72-125

      Resuelto: 5 de febrero de 1973

      Antonio V. Santiago, abogado de los recurrentes; los recurridos no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

La parte recurrente presentó demanda contra “Antonio Escóbales por sí y en representación de su hijo menor Adal-berto Escóbales Ruiz.” Ambos demandados fueron debida-mente emplazados. Las alegaciones de la demanda aducen causa de acción contra el “co-demandado Adalberto Escóbales Ruiz” pero no contra' su padre, Antonio Escóbales. Se alega que la negligencia del “codemandado Adalberto Escóbales Ruiz” fue la causa de un accidente automovilístico. La parte demandada contestó la demanda aduciendo entre otras cosas la defensa de que la demanda no impone causa de acción contra “los demandados” que justifique la concesión de un remedio. El tribunal, en vista de dicha defensa se expresó en los siguientes términos:

“Leída la demanda no hay un solo sitio en el cuerpo de la misma donde se mencione a Antonio Escóbales; por <lo que, se declara con lugar la moción de desestimación en cuanto al co-demandado Antonio Escóbales y se le concede a la parte deman-dante un término de 20 días para enmendar la demanda, si es que procede en derecho.”

Entonces la parte recurrente presentó demanda enmen-dada contra “Antonio Escóbales y su hijo menor de edad Adalberto Escóbales Ruiz, bajo su patria potestad.” En las alegaciones se reprodujo la negligencia de Adalberto Escóbales y en cuanto a Antonio Escóbales se alegó que él es dueño del vehículo conducido por Adalberto Escóbales; que éste lo con-dujo con su consentimiento expreso; y que el susodicho Antonio Escóbales es padre, con patria potestad, de Adalberto Escó-bales.

La parte recurrida radicó moción de desestimación en cuanto a Antonio Escóbales aduciendo que la acción en cuanto a él estaba prescrita porque fue en la demanda enmendada cuando por primera vez se le imputó responsabilidad a él y había transcurrido en exceso de un año desde que ocurrió el accidente hasta la presentación de dicha demanda enmendada. Luego de varios incidentes procesales los recurrentes unieron al expediente copia de un documento presentado en el Departa-mento de Obras Públicas mediante el cual Antonio Escóbales se hacía responsable de los daños que Adalberto Escóbales causara en la operación de vehículos de motor hasta que éste cumpliera 18 años de edad. Se aduce que Adalberto Escóbales tenía 17 años de edad a la fecha del accidente. Véase la See. 3-103 de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 141 de 20 julio 1960 (9 L.P.R.A. see. 653 in fine) y Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 D.P.R. 709 (1965).

El tribunal de instancia declaró con lugar la moción de desestimación en cuanto a Antonio Escóbales, apoyándose en el caso Bithorn v. Santana, 68 D.P.R. 300 (1948). Expresó que aunque en la demanda original aparecía Antonio Escó-bales en el epígrafe como demandado, “en ninguno de los párrafos de la demanda siquiera se nombra a Antonio Escó-bales, y mucho menos su relación con Adalberto Escóbales Ruiz”; que Antonio Escóbales fue “traído al pleito por pri-mera vez” mediante la demanda enmendada; y que al así traerse como parte demandada, la acción en cuanto a él estaba prescrita.

El caso Bithorn en que se apoyó el tribunal de instancia resuelve que “a los fines de la prescripción, la fecha en que se demande a un demandado se establece inexorablemente por la fecha en que se le incluye por primera vez como demandado” y, como consecuencia, si una demanda se enmienda para incluir por primera vez a un demandado, dicha enmienda no se retrotrae a la fecha de la demanda original. El caso Bithorn ha sido reiterado en otros casos. Márquez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 559, 561 (1962); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472, 476 (1967).

Sin embargo, el tribunal de instancia cometió error al aplicar dicha doctrina a los hechos del presente caso al resolver equivocadamente que Antonio Escóbales fue incluido como demandado por primera vez mediante la demanda enmendada y no mediante la demanda original. Según antes indicamos, Antonio Escóbales aparece en el epígrafe de la demanda original como parte demandada y fue debidamente emplazado como tal. El nombre de Antonio Escóbales no tenía que aparecer en las alegaciones de la demanda pues la Regla 8.1 de Procedimiento Civil dispone en lo pertinente que:

“En la demanda, el título del pleito incluirá los nombres de todas las partes; pero en las demás alegaciones será suficiente exponer el nombre del primer litigante de cada parte con una referencia demostrativa de la existencia de otras partes.”

Una lectura de las alegaciones de la demanda original en el presente caso demuestra que'" en las mismas se hace referen-cia al “co-demandado” y a “los demandados,” lo que indica la existencia de más de un demandado, cumpliéndose así con lo dispuesto en la citada Regla 8.1. Sin embargo, como indicamos al principio, de dichas alegaciones no surge causa de acción alguna contra Antonio Escóbales, es decir, no surge de qué hechos o bajo qué derecho se le imputa responsabilidad. Pero esta cuestión fue subsanada mediante la demanda enmen-dada. Y a esta situación es de cabal aplicación lo dispuesto en la Regla 13.3 de Procedimiento Civil que dispone como sigue:

“Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la alega-ción enmendada surgiere de la conducta, transacción o evento expuesto en la alegación original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original.”

La reclamación en la demanda enmendada contra Antonio Escóbales surge del envento del accidente expuesto en la demanda original y, por consiguiente, dicha reclamación debe retrotraerse a la fecha de la demanda original. Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346, 349-350 (1946); Roses v. Julia, 67 D.P.R. 518, 521-525 (1947); Noble v. Rodríguez, 69 P.R.R. 482, 492-493 (1949); Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862, 867-868 (1962); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472, , 479 (1967). Véase además, Figueroa v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 122 (1963). La excepción a la citada Regla 13.3 establecida en el caso Bithorn surge sólo cuando se trae por primera vez al pleito a un demandado después de vencido el término prescriptivo.

En vista de lo anterior, se dictará sentencia revocando la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en este caso en i abril 1972 y devolviendo el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos consistentes con lo aquí resuelto.


text:
    Ismael Torres et al., demandantes y recurrentes, v. Wenceslao Rodríguez h/n/c Funeraria San Jorge, demandado y recurrido.
    Número: R-72-291
    Resuelto: 6 de febrero de 1973

      Nachman, Feldstein, Gelpí & Antonetti, abogados de los recu-rrentes ; Gustavo L. Marrero Ledesma, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En su esencia, este caso trata de uno de los valores más preciados de la vida civilizada: la vivienda, que sin ser fastuosa, sea tranquila, serena y agradable; el hogar en el cual el ser humano busca tranquilidad espiritual y física luego de un día gastado en la lucha económica de la sociedad industrial contemporánea.

En su ámbito más reducido técnico legal, en este recurso se plantea si la presentación de una acción judicial por un organismo público — en este caso, la Junta de Planificación— detiene o derrota la acción que ha ejercido, o ejerza, un ciuda-dano particular en defensa de sus intereses legítimos. Contes-tamos dicho interrogante en la negativa y a continuación nos explicamos.

Sobre los hechos no hay controversia. Fueron estipulados por las partes e incluidos en su opinión por el tribunal de instancia. El demandado arrendó en calidad de inquilino una residencia sita en la Urbanización Villa Arrieta de Bayamón. Dicha propiedad está clasificada como “residenciar’ por la Junta de Planificación. Con el propósito de operar allí un negocio de funeraria, el demandado comenzó a hacer una serie de alteraciones a la vivienda que alquiló.

Los demandantes, unas 26 personas, son vecinos de la referida urbanización y propietarios de viviendas allí ubi-cadas. Al fracasar sus gestiones con el demandado para que desistiese de establecer y operar allí una funeraria, los demandantes incoaron una solicitud de injunction en la cual alegan lo antes dicho y además, que la operación en ese lugar residencial de un negocio de funeraria menoscabaría los fines residenciales de la urbanización; aumentaría allí el tránsito de vehículos; crearía problemas de estacionamiento; y menos-cabaría el valor de las propiedades allí situadas. Solicitaron que el tribunal, luego de oídas las partes, ordenase al deman-dado a desistir de su propósito de operar allí dicho negocio.

Un día antes de presentar los aquí demandantes su acción, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico representado por el Presidente de la Junta de Planificación presentó una solicitud de injunction contra el inquilino aquí demandado y la propie-taria arrendadora, en la cuál alegó que los demandados, sin tener permiso de construcción y en violación de las leyes de Puerto Rico llevaron a cabo unas alteraciones en la propiedad objeto de este pleito, para dedicar la misma a uso comercial. Solicitó del tribunal que ordenase a los demandados a demoler por su cuenta las construcciones clandestinas allí hechas y a abstenerse de operar un negocio de funeraria en dicha propie-dad o a dedicarla a cualquier otro uso no autorizado por la Junta de Planificación.

El tribunal de instancia entendió que por haberse presen-tado el recurso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no procedía el recurso de los demandantes y lo desestimó. Cita en su apoyo los casos de Cía. Popular de Transporte v. Suárez, 52 D.P.R. 250 (1937) y Central Cambalache, Inc. v. Cordero, 61 D.P.R. 8 (1942) para sostener que no procede un injunction cuando existe otro remedio adecuado, rápido y eficaz en ley. Es cierto que ésa es la norma general, pero el tribunal de instancia erró al aplicar nuestra jurisprudencia y al no aplicar el estatuto pertinente.

En el propio caso citado por el tribunal de instancia de Cía. Popular de Transporte v. Suárez, supra, resolvimos, ante hechos parecidos- a los del caso de autos, que el injunction procedía. Allí los demandantes operaban unas líneas de auto-buses e instaron un recurso de injunction para que los demandados cesaran de transportar pasajeros en determinada ruta por un precio más bajo que el fijado por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico. A pesar de que la Comisión tenía facultad para investigar querellas de esa naturaleza y para recurrir a los tribunales a través del Departamento de Justicia para hacer cumplir sus órdenes y a pesar de que los demandados argumentaron que los demandantes debían actuar vía ese procedimiento oficial y no mediante la presen-tación particular de una acción, resolvimos que aunque la Comisión podía actuar por medio del Departamento de Jus-ticia “ello no quiere decir que no pueda una parte perjudicada en propios casos reclamar su derecho por sí misma.” Cita precisa a la pág. 255.

Abundando sobre la decisión del caso de Cía. Popular de Transporte v. Suárez, supra, en Fleming v. Comisión de Servicio Público, 57 D.P.R. 1, 5 (1940), dijimos:

“Esta .corte resolvió que la de distrito había actuado con jurisdicción porque el remedio que los demandantes apelados tenían al amparo de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, no era exclusivo del que podían ejercitar mediante injunction ante los tribunales de justicia. Como dice en su opinión la corte de distrito en el caso de autos: ‘. . . se reconoce un derecho de acción doble: el de la parte perjudicada directamente y el de la Comisión por conducto del Procurador General’.”

El otro caso citado por el tribunal de instancia, Central Cambalache, Inc. v. Cordero, supra, no es aplicable por ser allí la situación muy distinta. En dicho caso la promovente pretendió conseguir, recurriendo a la jurisdicción original de este Tribunal, un injunction contra el Administrador del Fondo del Seguró del Estado y la Comisión Industrial orde-nándoles que se abstuvieran de considerarla como patrono no asegurado. Allí, como aquí, expedimos una orden para mostrar causa. Acertadamente el Administrador del Fondo planteó que aquél no era un caso apropiado para invocar nuestra jurisdicción original. Resolvimos que el procedimiento de revisión establecido por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo era el procedimiento adecuado a seguir.

Al disponer sobre acciones sobre bienes inmuebles el articulado vigente del Código de Enjuiciamiento Civil, en su Art. 277 (32 L.P.R.A. sec. 2761) dispone, en lo pertinente, que todo lo que interrumpa el libre uso de la propiedad de los bienes constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción, continúa disponiendo el citado artículo, podrá ser promovida por cualquier persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resultase menos-cabado por dicha perturbación. La sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como decretar el resarcimiento de los perjuicios.

El citado Código, paralelamente con el derecho de acción que mediante su Art. 277 concede a cualquier persona perju-dicada en sus bienes inmuebles o en su bienestar personal, al disponer sobre el injunction en general, dispone en su Art. 686 (32 L.P.R.A. see. 3532) que podrá concederse un injunction a petición del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para prohibir y suprimir un perjuicio común. Puede verse que por nuestro Código de Enjuiciamiento Civil del año 1933 ya se reconocían expresamente dos acciones disponibles para pro-teger la propiedad y el bienestar personal. El Art. 277 antes citado, como vimos, concede el derecho de acción a cualquier persona cuyos bienes o bienestar personal fuesen perjudicados por una perturbación no autorizada por ley. El Art. 686 auto-riza al Estado a solicitar un injunction para prohibir y supri/ mir un perjuicio común. El derecho concedido por el Art. 686 no lo puede ejercer una persona particular — como puede hacerlo bajo el Art. 277 — pero el Estado puede ser el promo-vente cuando el perjuicio es común. Por lo que se verá más adelante, no tenemos que resolver si el perjuicio en el caso de autos es común, aunque creemos que un perjuicio que menos-caba la propiedad y el bienestar personal de un número apre-ciable de residentes de una urbanización con toda probabilidad sería considerado como un perjuicio común.

En Figueroa Velazquez v. A.A.A., 99 D.P.R. 105 (1970), confirmamos en parte una sentencia de injunction. Allí, debido a la situación de hechos particulares del caso, resolvimos que la sentencia fue muy drástica al ordenar la remoción de una bomba de alcantarillado y la limitamos a ordenar a la deman-dada que realizase las obras necesarias para eliminar la per-turbación ocasionada por los malos olores.

En Fuentes v. Gulf Petroleum, 91 D.P.R. 559 (1964), confirmamos una sentencia de injunction en una acción basada en el citado Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil ordenando que se cesase de derramar aguas nocivas en predios vecinos. En Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 D.P.R. 488 (1964), se ejerció una acción al amparo del Art. 277 antes citado, y allí ordenamos la elevación de una chime-nea de una fábrica a una altura que evitase la circulación de sustancias nocivas por la residencia de los demandantes y concedimos daños.

En Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955), confirma-mos una sentencia de injunction basada también en actos del demandado que menoscababan el libre y cómodo goce de la vida y la propiedad de la demandante.

Aparte de que a base del Art. 277 del Código de Enjuicia-miento Civil (32 L.P.R.A. see. 2761) y de la jurisprudencia aplicable el injunction procedía, también procede a base de la Ley de Planificación y Presupuesto, Ley Núm. 213 de 12 mayo 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1 y ss. Dicha ley, igual que el Código de Enjuiciamiento Civil, también autoriza las acciones separadas y no exclusivas del Estado y de las personas particulares cuando se violan determinadas secciones de la ley o cuando se violan los reglamentos promul-gados al amparo de la misma. El Art. 24 de dicha ley, 23 L.P.R.A. see. 24, dispone en lo pertinente que el Secretario de Justicia a nombre del. Estado o de cualquier propietario u ocupante de una propiedad vecina que resultase perjudicado por violaciones a la ley antes mencionada, podrá entablar recurso de interdicto, mandamus o cualquier otra acción adecuada, para impedir, prohibir o remover cualquier edificio o uso hechos o mantenidos en violación de determinados artí-culos de la ley o de sus reglamentos.

La Ley que situó el Negociado de Permisos en la Junta de Planificación, Ley Núm. 78 de 22 de junio de 1954 (23 L.P.R.A. see. 35) autoriza a la Junta de Planificación para que a través del Departamento de Justicia entable los recursos adecuados para impedir, prohibir o remover cualquier edificio construido o utilizado en violación de la Ley de Planificación y sus reglamentos.

La Ley de Planificación, en su Art. 12 (23 L.P.R.A. see. 42) luego de disponer que el Secretario de Justicia a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de cualquier pro-pietario u ocupante de una propiedad vecina que resultase perjudicado por cualquier violación a la ley, “además de los otros remedios provistos por ley,” podrá entablar recurso de interdicto, mandamus o cualquier otra acción adecuada para prohibir o remover cualquier edificio o uso hechos o manteni-dos en violación de la ley y sus reglamentos. Y a renglón seguido ese artículo añade lo siguiente:

“Entendiéndose, que estas disposiciones no privan a cualquier persona o ciudadano de incoar el procedimiento adecuado en ley para evitar infracciones a las sees. 24, 27, 28, y 31 a 42 de este título y todos los reglamentos relacionados con la misma y para evitar cualquier estorbo adyacente o en la vecindad de la propiedad o vivienda de las personas o ciudadanos afectados.”

Como puede verse, la citada disposición confiere expresamente a los ciudadanos particulares — independientemente de la acción que pueda promover o no el Estado — a solicitar y obtener, si la situación lo justifica, una sentencia de injunction.

Si el injunction procede para impedir violaciones a restric-ciones privadas sobre la propiedad — Cruz v. Ortiz, 74 D.P.R. 321, 330 (1953); Santaella v. Purón, 60 D.P.R. 552 (1942); Macatee v. Biascochea, 37 D.P.R. 1 (1927); Lawton v. Rodríguez Rivera, 35 D.P.R. 487 (1926); Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409 (1913) ¿cómo no ha de proceder para impedir violaciones a restricciones de zonificación y planificación, las cuales son de orden público? Como dijimos en Cruz v. Ortiz, supra, a la pág. 330, “en el caso de autos los derechos del demandante han sido creados por ley y las violaciones de esos derechos pueden ser prohibidas mediante injunction.”

No puede oponerse al derecho de los demandantes a solicitar un injunction para defender sus intereses legítimos, el derecho que la ley independientemente le confiere al Estado y a la Junta de Planificación de iniciar una acción similar. Esas acciones que la ley confiere a los organismos públicos no son el “remedio adecuado, rápido y eficaz” que podría derrotar el derecho a recurrir a la demanda de injunction. No lo son porque si bien es cierto que en determinados momentos o épocas los funcionarios y empleados ■ públicos pueden ser dedicados, diligentes y laboriosos es concebible que en otros momentos o épocas sean todo lo contrario. Ni la ley positiva lo exige, ni lo exigen el derecho y la justicia que las personas particulares tengan que cruzarse de brazos indefinidamente mientras son lesionadas en sus intereses y en su bienestar, por el hecho de que el Estado o uno de sus organismos tenga en ley un derecho de promover una acción, cuya acción, por innumerables razones los funcionarios públicos decidan no ejercer.

Procede el injunction en el caso de autos tanto bajo el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2761, como por constituir la operación de una funeraria en aquel lugar una violación a la Ley de Planificación y Presupuesto de Puerto Rico. El injunction, dice la ley, procede cuando el peticionario “tiene el dergeho al remedio solicitado.” Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3523. Aquí el remedio está expresamente autorizado por la Ley de Planificación y Presupuesto, 23 L.P.R.A. see. 42.

Los tribunales debemos facilitar en todo lo posible, dentro de ley, el que tanto el Estado como las personas particulares puedan hacer efectivas las disposiciones civilizadoras de urbanismos. Cf. Cervecería Corona v. Secretario de Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969). En Oregon City v. Hartke, 400 P.2d 255 (1965), el tribunal, dando muestras de una exquisita sensibilidad para con los problemas del urbanismo y de la vida del ser humano en sociedad, dijo:

“Hay un creciente reconocimiento judicial del poder público para imponer restricciones de zonifieación que sólo pueden justi-ficarse en la conveniencia de evitar alrededores discordantes o antiestéticos. Esta actitud es un reflejo del refinamiento de nuestros gustos y de una creciente apreciación de los valores culturales en una sociedad en proceso de maduración. Este cambio puede también atribuirse a la expansión judicial del poder de policía para incluir dentro del concepto de “bienestar general” el enriquecimiento de la vida cultural de los ciudadanos. ... La idea de que el bienestar general incluye valores estéticos fue reconocida en Berman v. Parker, 348 U.S. 26 (1954) en donde se dijo que el concepto de bienestar general es amplio e inclusivo [citas omitidas]. Dicho concepto incluye valores espirituales así como físicos, estéticos y económicos.” 400 P.2d 261.

Mediante una adecuada y firme política pública legisla-tiva, administrativa y judicial podríamos evitar que a la realidad urbana puertorriqueña le sea aplicable la adolorida y elocuente expresión que a continuación copiamos de Le Corbusier (1887-1965), eminente arquitecto y urbanista de este siglo:

“En todas estas ciudades se molesta al hombre. Cuanto le rodea le ahoga y le aplasta. No se ha salvaguardado ni cons-truido nada de lo necesario para su salud física y moral. En las grandes ciudades reina una crisis de humanidad, que repercute en toda la extensión de los territorios. La ciudad ya no responde a su función, que consiste en dar albergue a los hombres, y en albergarles bien.

El predominio de la iniciativa privada, inspirada por. el interés personal y el hambre de la ganancia, se halla en la base de este lamentable estado de cosas. Hasta el momento no ha intervenido autoridad alguna consciente de la naturaleza y de la importancia del movimiento del maquinismo, para evitar unos estragos de los que no es posible hacer efectivamente responsable a nadie. Las actividades quedaron, durante cien años, abando-nadas al azar. La construcción de viviendas o de fábricas, la ordenación de las rutas terrestres; fluviales o marítimas y de los ferrocarriles, todo se ha multiplicado en medio de un apresura-miento y de una violencia individual que excluían todo plan preconcebido y toda meditación previa. Hoy, el mal ya está hecho. Las ciudades son inhumanas, y de la ferocidad de unos cuantos intereses privados ha nacido la desdicha de innumerables personas.

El sentimiento de la responsabilidad administrativa y el de la solidaridad social sufren diariamente una derrota a manos de la fuerza viva e incesantemente renovada del interés privado. Estas diversas fuentes de energía se hallan en perpetua contra-dicción, y cuando una de ellas ataca, la otra se defiende. En esta lucha, desgraciadamente desigual, lo corriente es que triunfe el interés privado, que garantiza el éxito de los más fuertes en detrimento de los débiles. Pero del mismo exceso del mal surge a veces el bien, y el inmenso desorden material y moral de la ciudad moderna acaso tenga como consecuencia la de hacer surgir por fin el estatuto de la ciudad, el cual, apoyado en una fuerte responsabilidad administrativa, instaurará las reglas indispensables para la protección de la salud y de la dignidad humanas.”

En vista de lo anterior debe expedirse el recurso, revo-carse la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en este caso en 18 de septiembre de 1972 y dictarse otra declarando con lugar la solicitud de injunction de los demandantes y prohibiéndole al demandado operar en forma alguna, directa o indirectamente, un negocio de funeraria, o de cualquier otra naturaleza, en la vivienda objeto de este litigio.

       Para una discusión sobre servidumbres legales establecidas para utilidad pública, servidumbres legales establecidas en interés de los particu-lares y restricciones privadas, véase Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112 (1964). Para facultades legislativas y administrativas para la eliminación sumaria de rótulos y anuncios ilegales, véase Cervecería Corona v. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969).

      (2) Se refiere el autor a 33 ciudades de las mayores del mundo estu-diadas por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en su Asamblea de Atenas de 1933.

       Le Corbusier, Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), traducción española, Ediciones Ariel, Barcelona (1971), págs. 114-116. En general, sobre estos problemas véanse Rigotti, Urbanismo, traducción española, Editorial Labor (1960); Chapin, Urban Land Use Planning, 2da. ed. (1965); Gottmann, Megalopolis (1961); Willhelm, Urban Zoning and Land Use Theory (1962); Perloff, Planning and the Urban Community
        (1961); Rathkopf, The Law of Zoning and Planning, 2da ed. (1949); Simposio titulado “Urban Problems and Prospects” que contiene 15 artí-culos, en 30 Law & Contemp. Prob. 1 (1965).


author: Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Star Expansion Industries Corporation, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Francisco Espinosa, Juez, demandado; George H. McMurray y Factory Representative Corp. y Materials & Supply Corp., Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventores.

      Número: O-72-94
    Resuelto: 6 de febrero de 1973

      Goldman, Antonetti, Subirá & Barreto y Jorge L. Martínez, abogados de la peticionaria; Tilley, Esteves & Ríos, abogados de los interventores y Wallace González Oliver, Secretario de Justicia, Gilberto Gierbolini, Procurador General y Secretario Auxiliar, a cargo de asuntos monopolísticos, Luis A. Michelly y Ralph T. Skelly González, Subdirector y Fiscal Especial de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, respectivamente.
   Voto disidente del

Juez Asociado Señor Ramírez Bages

San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 1973

Disiento porque la prueba aducida en la vista celebrada sobre la solicitud de injunction preliminar al amparo de lo dispuesto en el Art. 3-A de la .Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, enmendada por la Ley Núm. 17 de 24 de mayo de 1971, (10 L.P.R.A. sec. 278b-l), sostiene las conclusiones de hecho del tribunal de instancia en su Resolución y Orden de 27 de enero de 1972, enmendada por la resolución de 25 de febrero de 1972. Creo, por el contrario, que sólo se podría sostener la improcedencia del remedio provisional de injunction en asegu-ramiento de sentencia en caso de que el tribunal concluyera que esa disposición de la Ley Núm. 75 es inconstitucional o que dicha Ley Núm. 75 es de por sí inconstitucional o que su aplicación a un contrato celebrado con anterioridad a la fecha de la vigencia de esa ley es inconstitucional no obstante que la terminación del mismo sin la justa causa definida en dicha ley tiene lugar con posterioridad a la vigencia de la referida ley. De ahí que la impugnación de la recurrente de la referida Resolución y Orden se base fundamentalmente en la aplica-ción retroactiva de la Ley Núm. 75.

No se adujo prueba por la recurrente en la referida vista. La que presentaron los interventores fue al efecto de que Factory Representative Corporation (en lo sucesivo designada como Factory), recibía mercancía de la recurrente a consigna-ción de acuerdo con un contrato de distribución celebrado por las partes nueve años antes, cobraba su comisión por adelan-tado y que los pagos por la mercancía vendida se hacían dentro de plazos que variaban de 90 a 150 días.

És de notar que cuando se radicó la primera demanda de cobro de unos $61,425.04 en mayo de 1971, se embargó toda la mercancía en el almacén de Factory el valor de parte de la cual fue sustituido por una fianza de $189,000.00. Se em-bargaron, además, fondos de Factory depositados en una cuenta bancaria. Paralizado el negocio de Factory en esta forma, la recurrente fue enmendando su demanda de tiempo en tiempo para adicionarle cantidades adicionales hasta un total de $212,340.88.

Poco después del embargo de mayo de 1971, la recurrente remitió una circular en que anunciaba la apertura de su ofi-cina de ventas en Puerto Rico la que comenzó a funcionar a fines de julio de 1971 a cargo de un anterior ejecutivo de Factory. En la contestación de la recurrente a la reconvención de la recurrida, aquélla aceptó que el contrato de distribución había sido terminado.

No se adujo prueba de que antes de radicar la primera demanda de cobro de dinero, la recurrente gestionase el cobro de cuentas pendientes que la recurrida le adeudase, considera-ción que es corriente y usual entre comerciantes de tantos años de relaciones exitosas durante los cuales los interventores aumentaron las ventas de los productos de la recurrente de unos $20,000 a unos $200,000 al año. De haber sido el único propósito de la recurrente el cobrar unas cuentas atrasadas montantes a unos $61,000, y no el de terminar el contrato y montar su propia oficina de ventas, la recurrente hubiese tratado la cuestión por la vía de la negociación y de darse cuenta que su mercancía estaba aún en el almacén de Factory sin vender, posiblemente hubiese extendido el término para venderla y hasta hubiese ofrecido medios para facilitar su disposición en el mercado.

En vista de lo expuesto, no creemos que el tribunal de instancia incidió al decretar el injunction preliminar en este caso. Tomando en consideración los intereses de todas las partes envueltas, resulta evidente que la recurrente tiene poco que perder al verse obligada a continuar haciendo nego-cios con la recurrida mientras se dilucidan todas las cuestiones envueltas en este litigio. Por el contrario, la paralización com-pleta y absoluta de los negocios de la recurrida, como conse-cuencia de los embargos de todos sus haberes, la colocan en un estado de indefensión tal que cualquier remedio que en última instancia pudiere obtener podría resultarle inefectivo a los efectos de permitirle continuar sus negocios como hasta la fecha de los referidos embargos. Es precisamente para casos como éste que, en apoyo de la política pública enunciada a través de la Ley Núm. 75 antes citada, la Asamblea Legisla-tiva tuvo a bien adicionar la Sección 3-A de dicha ley prove-yendo un remedio provisional interdictal.

Creo que, a los efectos de resolver la cuestión planteada, el tribunal debe pasar juicio sobre la constitucionalidad de la Ley Núm. 75 en su aplicación a las circunstancias de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Security Insurance Company, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, Hon. Carlos Bonaparte Torrent y Hon. Erick E. Kolthoff, Jueces, demandados; Manhattan Dairy, Inc., interventora.

      Número: O-71-236

      Resuelto: 8 de febrero de 1973

      Polo, Rivera Mercado & Lasa, abogados de la peticionaria; ' Héctor Lugo Bougal, Delia Lugo Bougal y Delia María Auffant, abogados de 'la interventora.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del tribunal.

El día 11 de mayo de 1967 ocurrió en una carretera del Municipio de Ponce un choque entre una guagua de pasajeros propiedad de la Oneida Star Bus Line y un vehículo de distri-bución de leche perteneciente a la Manhattan Dairy Inc. Resultaron lesionados en dicho suceso el conductor y varios pasajeros de la guagua de la Oneida y el conductor de ve-hículo de la Manhattan Dairy y el hermano de éste, que lo acompañaba en ese momento. También resultaron abollados, ambos vehículos y destruidas muchas botellas de leche en el vehículo de la Manhattan Dairy.

Tanto la Oneida como la Manhattan Dairy tenían en vigor a la fecha del accidente sendas pólizas de seguro de responsabilidad pública cubriendo el riesgo de accidentes como éste. La Oneida tenía un póliza con la Insurance Company of North America con cubierta máxima de $5,000 por lesiones a una persona, $10,000 por accidente y $5,000 por daños a la propiedad ajena; la póliza de la Manhattan Dairy era con la peticionaria Security Insurance Co. con cubierta máxima de $100,000 por persona, $300,000 por accidente y $10,000 por daños a la propiedad.

Con motivo del accidente se radicaron en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, cinco demandas reclamando daños. Tres demandas envolvían los pasajeros de la Oneida. En estos tres casos la acción fue dirigida contra los dueños de los dos vehículos envueltos y sus respectivas aseguradoras.

Un caso envolvía la acción del conductor Ángel Cruz Padua de la Oneida por lesiones sufridas. La demanda en este caso iba dirigida contra la Manhattan y su compañía aseguradora.

Por último, el otro caso envolvía la reclamación de Manhattan por daños a su propiedad; la del conductor de Manhattan, Miguel A. Ortiz, por lesiones sufridas; y la de su hermano, Teófilo Ortiz, quien lo acompañaba, también por lesiones sufridas. Esta acción fue dirigida únicamente contra la Oneida Star Bus Line y su aseguradora Insurance Co. of North America.

En los tres casos de los pasajeros de la Oneida, la Oneida Star Bus Line y su aseguradora radicaron demanda contra coparte contra la Manhattan Dairy, reclamando todo o parte de lo que pudiesen deberle dichos demandantes contra coparte a los damnificados en el accidente. Otro tanto hicieron la Manhattan Dairy y su aseguradora, reclamándole en demanda contra coparte a la Oneida Star Bus Line toda o parte de la suma a que viniesen obligadas las demandantes contra coparte a satisfacer a los demandantes, alegando que el accidente se debió a la negligencia exclusiva o conjunta del conductor de la Oneida.

Los cinco casos fueron consolidados “para fines de juicio.” En 24 de abril de 1970 el tribunal, luego de un juicio, dictó una Opinión y Sentencia fijando, entre otras determinaciones, la cuantía de daños sufridos por los pasajeros de la Oneida.

Notificada que fue la sentencia, la Security Insurance Co., aquí peticionaria, presentó una “Moción Aclaratoria” en la cual le informaba al tribunal, con copia a todas las partes, que la Security había estipulado, con los pasajeros de la guagua de la Oneida que la habían demandado, la cuantía de los daños sufridos por dichos pasajeros y sus familiares codemandantes en la suma total de $18,500.00. Como consecuencia de ello, la Security accedía a que el tribunal dictase sentencia con res-pecto a dichas partes distribuida dicha suma en la forma convenida que indicó. También aclaraba la Security en dicha moción que el pleito de la Security contra la Oneida y la Insurance Company of North America continuaba, para de-terminar la responsabilidad respectiva de los codemandados. La moción decía además lo siguiente:

“A la luz de la susodicha estipulación, Security Insurance Company viene obligada a satisfacer la suma de $18,500.00 según fuera estipulado, y participar proporcionalmente y a prorrata en el límite de la póliza de da Insurance Company of North America, con los otros demandantes beneficiados por la sentencia y con derechos adquiridos sobre dicha póliza.”

Al poco tiempo la peticionaria radicó en el tribunal senten-ciador un “Escrito de Consignación”, haciendo referencia a la estipulación ya mencionada y acompañando un cheque por $18,500 a nombre del Secretario del Tribunal y a la disposi-ción de los demandantes que habían intervenido en la estipu-lación.

Con posterioridad a la consignación, el Tribunal a quo dictó una “Opinión y Sentencia Enmendada”, en la que con-cluye que el accidente se debió a la negligencia concurrente de ambos conductores, en proporción de 75% por parte del conductor de la Oneida y 25 % por parte del conductor de la Manhattan Dairy. En la parte dispositiva, el tribunal hace una lista de los damnificados-demandantes — entre los cuales enu-mera a la Manhattan Dairy, el conductor de la Manhattan, el hermano de dicho conductor y el conductor de la Oneida — y la cuantía de los daños sufridos por cada uno, según la prueba, declarando con lugar las demandas y haciendo solidariamente responsables frente a dichos demandantes a Efigenio Román (propietario de la Oneida), Oneida Star Bus Line, Insurance Company of North America, Manhattan Dairy, Inc. y Security Insurance Co. También se declaró sin lugar la demanda contra coparte de la Oneida contra la Manhattan Dairy. Nada se dijo o dispuso con relación a la demanda contra coparte de la Manhattan Dairy y la Security Insurance Co. contra la Oneida y la aseguradora de ésta.

Pocos días después de notificada la Sentencia Enmendada, la Insurance Company of North America, aseguradora de la Oneida, consignó en el tribunal $10,000, que constituye el límite máximo de su responsabilidad por él accidente por con-cepto de daños personales y, luego, la suma adjudicada a favor de la Manhattan por daños a la propiedad y honorarios de abogado. Días más tarde la Security Insurance Co. radicó una “Moción de Retiro” en la que pedía que le pagasen, de los fondos consignados por la otra aseguradora, la cantidad que le correspondía al dividir los $10,000 en partes proporcionales a sus créditos entre la Security, Miguel A. Ortiz (conductor de la Manhattan) y Teófilo Ortiz (hermano del conductor).

De acuerdo con sus cómputos, la Security reclamaba en ese concepto $6,230 de los fondos consignados. Los abogados de los hermanos Ortiz (que eran los mismos abogados de la Manhattan Dairy) se opusieron a la moción de retiro, invocando aquella parte de la sentencia que responsabilizaba a la Security frente a ellos. El tribunal dictó resolución denegando la moción de retiro y ordenando a la Security a pagar la cantidad que por sentencia le adeuda a la Manhattan Dairy y a los her-manos Ortiz “dentro de un término de diez (10) días”. Radicó entonces la Security una moción de reconsideración que fue denegada después de haber nosotros expedido el auto de cer-tiorari.

En el recurso la Security alega error en la sentencia y en la resolución del tribunal inferior consistentes en habérsele responsabilizado frente a la Manhattan Dairy (su propia asegurada) y a los hermanos Ortiz (uno de los cuales, el conductor, era también su asegurado), a pesar de que nunca fue demandada ni hecha reclamación alguna en el pleito por parte de éstos; y en habérsele negado participación en los fondos consignados por la Insurance Co. of North America a pesar de su derecho a contribución contra ésta.

El primer error levantado por la Security no podía ser más obvio, puesto que los interventores (Manhattan y los hermanos Ortiz) no radicaron demanda ni otro tipo de reclamación, durante el pleito, contra la peticionaria. Los interven-tores reconocen ante nos que en este particular la sentencia estuvo equivocada. El tribunal recurrido, a pesar de que, según sus propias palabras, consolidó los casos sólo “para fines de juicio”, se confundió al momento de dictar sentencia y dividió a todas las partes de los cinco distintos pleitos en dos bandos: los damnificados en el accidente y los responsables por dichos daños, sin advertir que no todos los responsables lo eran frente a todos los damnificados.

De hecho, la sentencia enmendada adolece de otros errores similares al que nos ocupa. Por ejemplo, la sentencia respon-sabiliza: (a) a la Manhattan Dairy, frente a sí misma y (b) a la Oneida y su aseguradora, frente al conductor Ángel Cruz Padua, que no había hecho y probablemente no tenía reclama-ción alguna contra dichas partes. Estos errores se refieren a la sentencia y habremos de subsanarlos al disponer finalmente del recurso ante nos. Las siguientes controversias giran en torno a la resolución posterior que deniega la moción de retiro de la peticionaria.

I

¿Tiene derecho la peticionaria a exigir que la Insurance Co. of North America contribuya proporcionalmente en lo pagado por la peticionaria a los pasajeros damnificados de la Oneida?

En Puerto Rico existe el llamado derecho a “contribución” entre los que por su negligencia concurrente fueron cocausantes de un daño. García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951); Serralta v. Martínez Rivera, 97 D.P.R. 466, 470 (1969); Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 405 (1969); Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714, 717 (1965); Marcano Torres v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 654, 659 (1965); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 581 (1964); véase Díaz Bonilla v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 49 (1969). Al llegar a esta conclusión en el caso de García v. Gobierno de la Capital, supra, descansamos en el Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3109, el cual permite que el deudor solidario que pagó más de lo que correspondía pueda reclamar las porciones correspondientes a los demás codeudores solidarios. Esta es la acción que llaman los tra-tadistas españoles “nivelación”, “derecho de regreso” y otros nombres similares.

El derecho a contribución o nivelación surge en- el momento en que se hace el pago por uno de los codeudores en una proporción mayor a la que le correspondía frente a los demás codeudores. Esto se desprende del propio Art. 1098 y del caso de García v. Gobierno de la Capital, supra; véase también Prosser, Law of Torts, ed. 1971, pág. 309. Claro está, eso no impide que se entable una reclamación contingente por parte de un codeudor que sea demandado por el acreedor, para hacer valer su derecho a contribución en caso de que se le condene a pagar la deuda completa al acreedor. García v. Gobierno de la Capital, supra, págs. 147-148.

De acuerdo con las determinaciones de hecho del juez a quo, -el accidente que ocasionó los daños que se reclaman fue ocasionado por la negligencia concurrente de los conductores de ambos vehículos. En virtud de ello, la peticionaria Security Insurance Co. resultaba ser una de varios codeudores soli-darios frente a los pasajeros de la guagua de la Oneida y los familiares de éstos que obtuvieron sentencia a su favor. No así frente a la Manhattan Dairy y los hermanos Ortiz, puesto que éstos, como hemos visto, no demandaron a la Security y es, por tanto, errónea aquella parte de la sentencia enmendada que establece ese vínculo obligatorio.

La peticionaria pagó a los pasajeros de la guagua de la Oneida y los familiares de éstos que obtuvieron sentencia a su favor la totalidad de los daños a que tenían derecho esas partes, ya por estipulación o por sentencia (pues ambas coinci-dieron en la cuantía de daños).

Como había otros deudores solidarios, al hacer el pago la peticionaria se hizo acreedora a contribución por parte de éstos.

Señala Prosser, obra citada, a la pág. 308, que hay aceptación general de la doctrina, la que aquí adoptamos, de que, si existe el derecho a contribución entre los cocausantes de un daño, ese derecho procede a favor de un asegurador por responsabilidad pública que ha pagado la totalidad de los daños sufridos por el demandante. Hawkeye Security Ins. Co. v. Ford Motor Co., 174 N.W.2d 672 (Iowa, 1970); Hudgins v. Jones, 138 S.E.2d 16 (Va. 1964); National Farmers Union Property and Cas Co. v. Fisher, 284 F.2d 421 (8th Cir. 1960); Hawkeye Security Ins. Co. v. Lowe Const. Co., 99 N.W.2d 421 (Iowa 1959); M.F.A. Mutual Ins. Co. v. Mullin, 156 F.Supp. 445 (W.D. Ark. 1957); Underwriters at Lloyds of Minneapolis v. Smith, 208 N.W. 13 (Minn. 1926). Este derecho de la aseguradora de un cocausante del daño puede hacerlo valer contra la aseguradora de otro cocausante del daño. Carolina Casualty Ins. Co. v. Oregon Auto Ins. Co., 408 P.2d 198 (Ore. 1965); Bielski v. Schulze, 114 N.W.2d 105 (Wis. 1962); Hobbs v. Buckeye Union Casualty Co., 212 F.Supp. 349, 351 (W.D. Va. 1962); State v. McMilian, 349 S.W.2d 453 (Mo. 1961); American Employer’s Ins. Co. v. Maryland Casualty Co., 219 F.2d 335 (4th Cir. 1954); State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Continental Cas. Co., 59 N.W.2d 425 (Wis. 1953); De Brue v. Frank, 251 N.W. 494 (Wis. 1933).

Claro está, la peticionaria también podría, aunque no se plantea aquí, pedir contribución del conductor de la guagua de la Oneida y de la misma Oneida. No podría pedir contribución de su asegurada, la Manhattan' Dairy, ni del conductor de ésta, por la naturaleza del contrato de seguro y las cláusulas que normalmente contiene, pero tampoco se plantea esto en esta ocasión.

II

Determinado ya que la peticionaria tiene y ejercitó el derecho a pedir contribución de parte de la otra aseguradora, se plantea la cuestión dé si existe alguna preferencia entre el derecho de la peticionaria y los de los demás acreedores por sentencia en cuanto a los fondos consignados por la Insurance Co. of North America. Los acreedores son los hermanos Ortiz con un crédito de $2,250 a favor de Miguel A. Ortiz, el conductor de la Manhattan, y de $9,000 a favor de su hermano Teófilo Ortiz Cruz. La Manhattan, como hemos visto, ya cobró su crédito por daños a su vehículo, etc., de la otra compañía aseguradora y, por tanto, no reclama interés alguno sobre los diez mil dólares consignados.

Esta controversia no ha sido planteada en forma clara por las partes. El esfuerzo de las partes se ha limitado a exponer los hechos y a pedir remedios de acuerdo con sus respectivos intereses, sin referencia alguna a normas de ley, jurispru-dencia o autoridades, lo que ha hecho más ardua la labor de búsqueda del Tribunal.

Los interventores insisten que su crédito fue reconocido por sentencia y no así el de la peticionaria, lo que, como veremos, es crucial para la prioridad de sus créditos.

Se trata de un conflicto entre distintos acreedores de un deudor común, interesando aquéllos satisfacer su crédito de ciertos fondos del deudor que son insuficientes para satisfacerlos a ambos, debido al límite de la póliza.

El derecho aplicable a este tipo de conflicto entre acreedores se encuentra en los Capítulos II y III del Título XVII del Libro Cuarto del Código Civil, referentes a clasificación y prelación de créditos. Dichos capítulos detallan una serie de casos específicos en que el legislador consideró justo o conveniente que ciertos acreedores cobrasen antes que otros, dependiendo del origen del crédito. La regla general en este asunto la encontramos en el Art. 1825, 31 L.P.R.A. see. 5195:

“Créditos que no gozan de preferencia
“No gozarán de preferencia los créditos de cualquiera otra clase, o por cualquier otro título, no comprendidos en las secciones anteriores.”

Cuando concurren al cobro varios acreedores de un deudor común, es regla general que todos cobrarán en igualdad de condiciones, a prorrata según la cuantía de sus respectivos créditos. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, ed. 1951, tomo XII, págs. 762-763. Scaevola, Código Civil, ed. 1961, tomo XXXI, págs. 681-682. Sólo se saldrán de esa regla los créditos a los cuales el Código les reconoce preferencia o prelación.

Una de las disposiciones contenidas en estos capítulos (Art. 1824, 31 L.P.R.A. 5194) dice lo siguiente:

“Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia:
“4. Los créditos que sin privilegio especial consten: (a) En escritura pública

(b) Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio.

“Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias.” No parece haber ninguna otra disposición de la que surja preferencia a favor de ninguna de las partes.

La citada disposición favorece la posición de los interventores. Tienen ellos una sentencia a su favor. La peticionaria reclamó su derecho a contribución dentro del mismo pleito en que se estableció su responsabilidad. Pero el juez a quo no emitió una decisión sobre ello. La peticionaria sostiene que el tribunal sentenciador cometió un error de forma al no decidir la mencionada demanda contra coparte junto con las demás reclamaciones en el caso. Si no se considera que la omisión del juez a quo constituyó un error de forma, el articulado sobre prelación de créditos en el Código Civil favorecería a los interventores a costa de la peticionaria. Pero si la omisión del juez a quo fue un error, de forma las consecuencias serían favorables a la peticionaria, ya que tanto bajo la jurisprudencia de Puerto Rico como bajo la doctrina americana el error de forma es subsanable mediante una enmienda nunc pro tune dándosele efecto retroactivo a la enmienda con fecha de la sentencia o resolución original. Shaw v. Rodríguez, 24 D.P.R. 871 (1917); Martínez v. Delgado, 18 D.P.R. 382 (1911); cf. Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 723, nota al calce núm. 4 (1961); Banco Popular v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 242, 246 (1961); Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, ed. 1969, pág. 276; 21 C.J.S. 422 et seq.; 46 Am.Jur.2d 432 et seq. Este efecto retroactivo de la corrección colocaría a la peticionaria en igualdad de orden para cobrar con los interventores de los diez mil dólares consignados.

III

¿Constituye un error de forma la omisión del juez recu-rrido en no haber emitido una decisión sobre la demanda contra coparte de la peticionaria?

Las conclusiones de hecho y de derecho de la sala sentenciadora bastan para reconocer el derecho de contribución reclamado por la peticionaria en caso de que ésta pagase a los pasajeros de la guagua de la Oneida la totalidad de los daños, como en efecto lo hizo. Fue erróneo, por tanto, el que el trimunal no emitiera una decisión que se imponía sobre esta controversia puesto que le fue planteada debidamente y el Art. 7 del Código Civil impone a los jueces el deber de decidir todos los casos que se le plantean.

En Puerto Rico hemos actuado con liberalidad en la aplicación de la doctrina en torno a la subsanación o corrección de errores incurridos por inadvertencia u omisión. La fuente básica para la aplicación de esta doctrina es actualmente la Regla 49.1 de las de Procedimiento Civil. Dice así:

“Errores de forma
“Los errores de forma en las sentencias, órdenes, u otras partes del expediente y los que aparezcan en las mismas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordenare. Durante la trami-tación de una apelación, podrán corregirse dichos errores antes de elevar el expediente al tribunal de apelación, y posteriormente, sólo podrán corregirse con el permiso del tribunal de apelación.”

Independientemente de esa fuente, en varias ocasiones hemos hecho reconocimiento de la facultad inherente que tienen los tribunales de corregir los errores de forma que aparezcan de sus récords. Sucn. Rosario v. Suen. Cortijo, 83 D.P.R. 678 (1961); González v. Santini & Co., 26 D.P.R. 553 (1918). Véase Cappali, “Rule 49 Relief: The Last Refuge of Sinner and Saint”, 40 Rev. Juf. U.P.R., 145, 156 (1971). Este poder se ha usado para corregir errores del secretario del tribunal al anotar la sentencia. Pueblo v. Miranda, 56 D.P.R. 601 (1940). También la hemos usado para añadirle a una sentencia remedios adicionales que se deriven del remedio concedido originalmente. Por ejemplo, añadir la concesión de intereses cuando la sentencia original condenaba al pago de una cantidad principal. Concepción v. Latoni, 63 D.P.R. 693 (1944), revocado por otros motivos en Zequeira v. C.R.U.V., 95 D.P.R. 738, 744 (1968) ; Shaw v. Rodríguez, supra. Al reconocimiento del derecho de propiedad se le ha adicionado nunc pro tune la condena de entregar los frutos, Martínez v. Delgado, supra, y el decreto de un auto posesorio, Cintrón v. A. Hartman & Co., 43 D.P.R. 179 (1932). A la desestimación de una tercería se le ha añadido posteriormente la condena a pagar lo percibido por el tercerista en la venta de ciertos bienes tomados en posesión por éste durante el procedimiento, González v. Santini & Co., supra. Para dar una descripción completa en la sen-tencia de la propiedad disputada, Cintrón v. A. Hartman & Co., supra; para conceder costas en la sentencia cuando éstas se reconocen en la opinión, Lawton v. Rodríguez, 41 D.P.R. 447 (1930); para eliminar de la sentencia a un codemandado que no fue emplazado, Bennett v. Boschetti, 31 D.P.R. 855 (1923); para dejar sin efecto el archivo erróneo de un caso bajo la Regla 11 de Administración del Tribunal de Primera Instancia, Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, supra. En Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972), consideramos que era un error de forma, corre-gible bajo la Regla 49.1, la omisión de conceder intereses desde la interposición de la demanda cuando de la sentencia surgía, implícitamente, la temeridad de la parte perdidosa, toda vez que fue condenada a pagar honorarios de abogado. Allí sostuvimos que la cuestión envuelta no es una de derecho sustantivo, sino que era una mera omisión o inadvertencia de las cubiertas por la Regla 49.1.

“No se cometió el error. Dispone la Regla 49.1 de las de Procedimiento Civil que los errores que aparezcan en las senten-cias ‘por inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte.’ (Énfasis nuestro.)

La situación del caso presente es distinta a la del caso Banco Popular v. Tribunal Superior, supra. Allí se dijo que la Regla 60 de las del año 1943, equivalente a la actual Regla 49.1, no era de aplicación a dicho caso pues el error corregido no era un mero error clerical o una inadvertencia u omisión del Juez, sino que lo que estaba ante él era un problema de derecho que envolvía la •interpretación de varios incisos del artículo 8 de la Ley de Alquileres Razonables.”

El profesor Capalli, en su artículo citado antes, señala que, en términos generales, si el derecho a cierto remedio está claramente sostenido por el récord, la omisión en concederlo es subsanable, por ser error de forma, mediante enmienda nunc pro tune añadiéndolo.

Para nosotros resulta obvio, según surge de las conclusiones de hecho y de derecho, el derecho de contribución de la peti-eionaria, invocado en su demanda contra' coparte. Fue una inadvertencia o error de forma del tribunal a quo no incluirlo en la parte dispositiva de la sentencia. De la faz de dichas conclusiones surge el derecho incuestionable de la peticionaria a que se le reconozca y añada en la sentencia mediante en-mienda nunc pro tune.

IY

¿En qué proporción se fijará la contribución a que tiene derecho la peticionaria? Básicamente se trata de si la porción de la deuda que en última instancia han de soportar los responsables del daño ha de ser a partes iguales o si ha de ser proporcional a la negligencia en que incurrieron los conduc-tores causantes del daño.

En este caso hubo una determinación de hecho del juez de instancia de que el accidente se debió a la negligencia con-currente de los dos conductores, aportada en un 75% por el conductor de la guagua de la Oneida y 25 % por el conductor de la Manhattan Dairy. ¿Deberá distribuirse la responsabili-dad basándose en esas proporciones o se hará a partes iguales entre los dos cocausantes (y en última instancia por sus aseguradoras, hasta el límite de las respectivas pólizas) ?

Sobre este particular señala Prosser que la mayoría de las jurisdicciones que reconocen el derecho a contribución entre los cocausantes de un daño siguen la norma de que “en la igualdad está la equidad” {equality is equity); es decir, lo justo es repartir el efecto oneroso por partes iguales entre los cocausantes, sin tomar en cuenta gradaciones de negligencia entre ellos. Pero hay también algunas jurisdicciones que por ley o por jurisprudencia han establecido la norma de que se distribuirá el efecto oneroso entre los cocausantes en propor-ción a sus respectivas negligencias. Prosser, obra citada, pág. 310.

Apoyando la doctrina de las “cuotas iguales” tenemos, entre otros, los siguientes casos; Early Settlers, Ins. Co. v. Schweid, 221 A.2d 920 (D.C. Court of Appeals, 1966); Warner v. Capital Transit Co., 162 F.Supp. 253 (USDC for D.C. 1958); Russell v. United States, 113 F.Supp. 353 (USDC for M.D. Penna. 1953); Consolidated Coach Corp. v. Burge, 54 S.W.2d 16 (Ky. 1932).

En cambio, la doctrina de “cuotas proporcionales a la negli-gencia” ha sido utilizada en Peiffer v. Allstate Ins. Co., 187 N.W.2d 182 (Wis. 1971); Packard v. Whitten, 274 A.2d 169 (Me. 1971); Gomes v. Bradhurst, 394 F.2d 465 (3rd Cir. 1968, aplicando derecho de Islas Vírgenes); Cattaro v. Northwest Airlines, Inc., 236 F.Supp. 889 (E.D. Va. 1964) ; Pierringer v. Hoger, 124 N.W.2d 106 (Wis. 1963); Longberg v. H. L. Green Co., 114 N.W.2d 435 (Wis. 1962); Bielski v. Schulze, supra; Mitchell v. Branch, 363 P.2d 969 (Hawaii 1961); Schultz v. Young, 169 S.W.2d 648 (Ark. 1943).

En España, no parecen haberse elaborado en detalle las normas relativas a la responsabilidad de los cocausantes de un daño. No obstante, parece haber quedado establecido que en el caso de cocausantes de un daño que sea además una falta penal, los cocausantes responderán solidariamente al perjudi-cado y el tribunal fijará la proporción por la que cada cocau-sante responderá frente a los demás. Al efecto citan algunos comentaristas al Art. 106 del Código penal español; Santos Briz, Derecho de Daños, ed. 1963, pág. 291; Reyes Monterreal, Acción y Responsabilidad Civil Derivadas de Delitos y Faltas, ed. 1958, pág. 65. Hay sentencias que apoyan esta conclusión; 24 de abril de 1958; 3 de febrero de 1958. Véase Rodríguez Navarro, Doctrina Penal del Tribunal Supremo, ed. 1959, tomo I, págs. 1972-1977.

En la relación interna entre cocausantes de un daño, al fijar la proporción que en contribución o repetición tiene un cocausante contra el otro, nos parece más justa y razonable la norma que establece que el efecto oneroso entre los cocausantes debe distribuirse en proporción a sus respectivas negligencias. Como se señala en la opinión en Bielski v. Schulze, supra, a la pág. 109, en la que se estableció dicha doctrina en el Estado de Wisconsin (donde existe el derecho a contribución y, además, la norma de negligencia comparada), el repartir la carga económica del daño entre los cocausantes según sus distintos grados de negligencia sería una aplicación concreta, un refinamiento que se acercaría más a la equidad absoluta.

“Si la doctrina lo que persigue es la equidad, no hay razón lógica o de justicia natural por la cual la distribución de respon-sabilidad común entre los cocausantes del daño no deba corres-ponder con los porcentajes de negligencia causal que concurrieron para ocasionar .el daño. Esto es. meramente un refinamiento del principio de equidad. Es difícil justificar dentro del sentido de justicia de un lego o de la justicia natural, por qué un cocausante que resulta ser 5% negligente deba recobrar sólo el 50% de la suma que él pagó al demandante del cocausante que incurrió en un 95% de negligencia, y a la inversa, ,por qué un demandado que es 5% negligente se le requiera que pague el 50% de la pérdida por vía. de reembolso al cocausante que fue 95% negli-gente.”

En conclusión resolvemos lo siguiente:

(a) La sentencia es errónea en cuanto condena a la Security Insurance Co. a pagar a la Manhattan Dairy y a Miguel y Teófilo Ortiz los daños sufridos por éstos. Esto lo admiten estas últimas partes, que intervinieron en este recurso, y resulta así porque la Security no fue demandada por los interventores.

(b) La Security Insurance Co. tiene derecho a exigir contri-bución por parte de la Insurance Co., of North America, puesto que la Security reclamó dicho derecho y pagó a los acreedores comunes de ambas la totalidad de la obligación,' lo que hace a la Security acreedora a la contribución o repetición.

(c) El derecho a contribución que tiene la Security Insurance Co. es proporcional a la negligencia en que incurrió el conductor de la guagua de pasajeros imputable a la Oneida Bus Line y a su aseguradora Insurance Company of North America, es decir, un 75% de los $18,500 que pagó a los acreedores comunes de ambas. Su crédito asciende, pues, a la suma de $13,875.00.

(d) La peticionaria Security Insurance Co. tiene derecho a concurrir con los hermanos Ortiz en el cobro de su crédito en igualdad de condiciones, a prorrata, según la cuantía de los respectivos créditos de aquéllos, contra los fondos montantes a $10,000 consignados por la Insurance Company of North America.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

       Puig; Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, tomo I, vol. 2 (ed. 1959), pág. 199.

       Puig Brutau, obra citada, pág. 198 (citando a Pérez y Alquer); Hernández Gil, “La solidaridad en las obligaciones”, 30 Revista de D. P. 397 (1946).

       Si se suman las cantidades adjudicadas por la Sentencia Enmen-dada a los pasajeros de la guagua de la Oneida y sus familiares ( págs. 16-17 de la Sentencia Enmendada), vemos que arrojan el mismo total que la estipulación hecha entre la peticionaria y esas personas (pág. 1 de la Moción Aclaratoria).

       En Herederos de Garriga v. O’Meara & Cía., 28 D.P.R. 357, 360 (1920), se resolvió que estas disposiciones, aunque fueron diseñadas princi-palmente para usarse en procedimientos de quiebra de los que fueron dejados sin vigencia por la Ley de Quiebras federal, son aplicables en pleitos como, éste, “en que, sin tratarse de una quiebra, surge un conflicto entre ciudadanos con respecto a su mejor derecho a hacer efectivo sus créditos en determinados bienes de un deudor común.” Citado favorablemente en P.R. Bedding Mfg. Corp. v. Herger, 91 D.P.R. 519 (1964); A. Méndez & Hno. v. Chavier, 39 D.P.R. 731 (1929); Trueba v. Zalduondo, 34 D.P.R. 743 (1925) ; Hernández v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 679 (1925).

       Dice el primer párrafo de dicho artículo:
      “El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsa-bilidad.”

       Aunque el caso citado es de naturaleza criminal, el principio es el mismo pues los errores se cometen no importa la naturaleza del caso y, en unos y otros, la facultad inherente de los tribunales para corregirlos sigue siendo la misma. En el procedimiento criminal, véase la Regla 185(b) la que equivale a la Regla 49.1 en el procedimiento civil.

       De las conclusiones del tribunal pertinentes a esta cuestión, copia-mos las siguientes:
      Conclusión de Hecho Núm. 17:
      “17. La negligencia del conductor Ángel Cruz Padua consistió en irrumpir en la Avenida By-Pass, sin ceder el paso a la guagua de la Manhattan Dairy, Inc., a quien vio-aproximarse a gran velocidad, cruzando en forma diagonal en dirección contraria al tránsito, con el objeto de ganar acceso a la otra vía. La negligencia del conductor Ángel Cruz Padua es imputable a su patrono Epifanio Román y a la aseguradora Insurance Company of North America.”
      Conclusiones de Derecho Núms. 8 y 15:
      “8. Este Tribunal concluye, como cuestión de derecho, que el conductor de la Oneida Star Bus Line, Ángel Cruz Padua, incurrió en negligencia, falta de cuidado y circunspección al conducir su vehículo en contra del tránsito, conducta que fue la causa principal del accidente descrito y los daños provenientes del mismo, siendo tal conducta imputable a su patrono Epifanio Román y a la codemandada Insurance Company of North America, quienes vienen obligados a responder solidariamente por los daños sufridos por los demandantes.”
      “15. A tenor con la ley y las reglas jurisprudenciales antes citadas, este Tribunal concluye como cuestión de derecho que la negligencia en este caso fue aportada en un 75% por el conductor Ángel Cruz Padua, de la Oneida Star Bus Line, Inc. y en un 25% por el conductor de la Manhattan Dairy, Inc. Miguel Ángel Ortiz.”

       “En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta los tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.”

       Merece dejar claro que no estamos considerando, por no estar planteada en este, caso, si bajo la norma de negligencia comparada que prevalece en nuestra jurisdicción, la responsabilidad de un cocausante del daño frente a una víctima inocente, debe continuar siendo solidaria con los otros cocausantes, cuando los grados de negligencia fijados a éstos no son iguales. Serralta v. Martinez Rivera, 97 D.P.R. 466, 471 (1969). y casos allí citados.