author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Se-ñor Hernández Denton. Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

text:
    Asociación de Residentes Parque Montebello, demandante y peticionaria, v. Montebello Development Corporation, y la Administración de Reglamentos y Permisos, demandadas y recurridas.

      Número: CE-93-731

      Resuelto: 2 de mayo de 1995

      Roberto Vélez Colón, abogado de las peticionarias; José Raúl Ibarra Morales, abogado de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso está atado “al tema de las zonas verdes y espacios libres en las ciudades. Al aprobarse los planes de urbanismo, al ciudadano se le promete una serie de medi-das en esta materia; y luego la realidad le demuestra que los espacios verdes de parques y jardines proyectados no se construyen o se reducen notablemente, que los volúmenes de edificación se aumentan, que los espacios libres de la ciudad se reducen en definitiva”. R. Gómez-Ferrer Morant, Las zonas verdes y espacios libres como problema jurídico, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, pág. 1.

Este pasaje, escrito en el entorno de la Península Ibé-rica, cobra más relieve en nuestra limitada geografía insular. Existe un apetito voraz de explotar y agotar las reservas de áreas verdes en las zonas urbanas. El impacto detrimental entre sus residentes y los sistemas ecológicos requiere constantemente armonizar y balancear los intere-ses de desarrolladores —urbanizadores— y aquellos resi-dentes interesados en preservar, en su mayor integridad posible, esas áreas verdes. Los mediadores del balance son la Junta de Planificación y la Administración de Regla-mentos y Permisos (en adelante A.R.Pe.) quienes primera-mente tienen a su cargo decisiones de esta índole. El pro-ceso decisorio presupone que hayan salvaguardado los derechos constitucionales, estatutarios y reglamentarios de los afectados.

El progreso, la planificación y la necesidad de desarro-llar áreas urbanas no es carta blanca para violar derechos previamente adquiridos por ciudadanos que, aun sin con-tar con la técnica y afluencia económica de las corporacio-nes constructoras, poseen un legítimo interés en mantener incólumes áreas verdes de recreación y disfrute comunitario.

Con vista a este brevísimo marco conceptual, examina-mos si el conocimiento constructivo de una resolución de A.R.Pe. es suficiente punto de partida para anular trámi-tes subsiguientes de naturaleza jurisdiccional. Examina-mos, también, si A.R.Pe. puede variar ex parte los derechos adquiridos de los propietarios residentes de una urbaniza-ción, al aprobar un desarrollo alterno que cambia el uso y reduce sustancialmente las áreas verdes y de recreación para el uso común, integradas al desarrollo original y mo-mento en que compraron sus residencias.

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El 24 de marzo de 1987 A.R.Pe. autorizó un plano de desarrollo preliminar para el proyecto de urbanización re-sidencial Parque de Montebello ubicado en la Carr. Estatal Núm. 876, Barrio Las Cuevas en Trujillo Alto (Caso Núm. 86-19-A-787-CPD). El 5 de mayo de 1989 su Director Regional de San Juan aprobó el permiso de urbanización para los planos de construcción en ciento cinco (105) solares re-sidenciales, certificado por Montebello Development Corporation, a través del Ing. Eduardo Colón Arizmendi, a tenor con el Reglamento de Planificación Núm. 12, Junta de Planificación de Puerto Rico, 31 de julio de 1974. Posterior-mente, el 5 de julio de 1990, autorizó la construcción de once (11) unidades en hileras en los lotes uno (1) al once (11).

Terminado el proyecto principal (Montebello) nueva-mente por conducto del ingeniero Colón Arizmendi sometió en A.R.Pe. —vía comunicaciones de 18 de febrero y 18 de agosto de 1992— un plano de desarrollo preliminar alterno. Éste rediseñó el proyecto para la construcción de once (11) unidades de vivienda adicionales de las cuales seis (6) serían construidas en hileras en un predio reser-vado como remanente de dos mil setecientos sesenta (2,760) metros cuadrados; tres (3) unidades en parte del sector oeste del predio originalmente destinado para facili-dades vecinales; una (1) tipo casa-patio en el lote número F-ll de la urbanización; y otra unidad unifamiliar al norte del lote número A-21. Como resultado de este rediseño, la cabida para las facilidades vecinales de uso común se re-dujo sustancialmente de diez mil setecientos diecinueve punto treinta y cinco (10,719.35) a seis mil ochocientos veintitrés punto noventa y cuatro (6,823.94) metros cuadrados.

El 27 de octubre A.R.Pe. aprobó el desarrollo preliminar alterno (Caso Núm. 86-19-A-787-CPD) y autorizó la prepa-ración y certificación de las enmiendas a los planos de construcción para las obras de urbanización, sujeto a cier-tas condiciones. Consignó que “cualquier parte adversa-mente afectada por esta decisión podrá presentar una mo-ción de reconsideración ante la Secretaría de esta Administración de Reglamentos y Permisos, dentro del tér-mino de veinte (20) días naturales desde la fecha de ar-chivo en autos de la notificación de esta resolución, certifi-cando haberle notificado con copia de la misma a todas las partes interesadas”. Exhibit I, pág. 5. Además, expuso que de rechazarse de plano la reconsideración, la parte tendría derecho a solicitar revisión judicial ante el Tribunal Superior. Es importante destacar que para esta fecha ya residían más de cien (100) familias en la urbanización.

El 4 de diciembre la Asociación de Residentes de Parque Montebello solicitó intervención en A.R.Pe. alegando que sus intereses no estaban debidamente representados; que el trámite podía afectar adversamente a los residentes; que las enmiendas a los planos de construcción disponían y dis-tribuían propiedad sobre la cual tenían un interés propie-tario, y que la Resolución de 27 de octubre no le fue notificada. Adujo que negarle intervenir le impediría en su día ir al Tribunal Superior en revisión; en la alternativa pidió reconsideración de dicha resolución.

Ante estas mociones, el 16 de diciembre A.R.Pe. dejó en suspenso el plano de desarrollo preliminar alterno y la re-solución aludida hasta que se discutieran en una vista ad-ministrativa que señaló para el 19 de febrero de 1993. Lle-gada esa fecha, Montebello solicitó suspensión. Alegó que A.R.Pe. carecía de jurisdicción, pues la moción de reconsi-deración fue presentada a los treinta y ocho (38) días de notificarse la resolución, transcurrido el término de veinte (20) días dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., y en el Reglamento de Procedi-miento Adjudicativo de A.R.Pe. Con la objeción de la Aso-ciación de Residentes, A.R.Pe. suspendió hasta el 5 de marzo.

Posteriormente, las partes presentaron memorandos de derecho en apoyo de sus respectivas contenciones. La Aso-ciación de Residentes argumentó que el término de veinte (20) días para la reconsideración cubría sólo a toda “parte” adversamente afectada por la resolución y no le aplicaba pues no había sido “parte” ni formalmente notificada de esa resolución. También señaló que las determinaciones de A.R.Pe. no fueron producto de vistas adjudicativas admi-nistrativas sino de reuniones informales ex parte, entre A.R.Pe., el Ingeniero de Montebello y otras agencias que aparecen como partes interesadas. Finalmente, adujo que dicha resolución adjudicaba “derechos que no ponían fin a cualquier controversia total, y el alcance de la misma solo era aplicable a las partes que participaron del proceso”.

En contra, Montebello expuso que, aunque la Asociación de Residentes no había sido formalmente notificada, poseía conocimiento del nuevo proyecto y de la susodicha resolución. Se fundamentó en una Carta de 11 de noviem-bre de 1992 que cursó el Presidente de la Asociación, Sr. Víctor Cepeda, a su homólogo de Montebello, Sr. Luis Cela. Previa recomendación de su Oficial Examinador, el 26 de agosto de 1993 A.R.Pe. dictaminó que carecía de ju-risdicción declaró sin lugar la moción de la Asociación y ordenó la continuación de los procedimientos sin su participación.

Aunque A.R.Pe. no hizo determinación respecto a si la resolución se había notificado formalmente a la Asociación de Residentes, concluyó que ésta tuvo conocimiento especí-fico de ella. Lo infirió de la carta del señor Cepeda, invi-tando al señor Cela a una asamblea extraordinaria de re-sidentes donde se discutiría “la construcción de las viviendas”. De este modo, A.R.Pe. entendió que la notifica-ción formal no era necesaria pues la Asociación de Residen-tes conoció la resolución con tiempo suficiente para solici-tar reconsideración.

No conforme, el 24 de septiembre de 1993 la Asociación de Residentes acudió en revisión al Tribunal Superior, Sala de Carolina. El 25 de octubre de 1993 dicho foro (Hon. Ma-galie Hosta Modestti, Juez), mediante sentencia, acogió esos fundamentos y confirmó. Expedimos el certiorari

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Procede revocar. La Ley Núm. 170, supra, aplica a todos los procedimientos administrativos conducidos ante todas las agencias que no están expresamente exceptuados por el mismo”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2103. Véase Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849 (1992). Como tal, A.R.Pe. está incluida. 3 L.P.R.A. see. 2102(a).

A tono con ese mandato legal, en mayo de 1989 entró en vigor el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de A.R.Pe., extensivo “a todos los procedimientos adjudicativos conducidos ante la Administración relacionados con: (1) — Solicitudes de permisos para la construcción, reconstrucción, alteración, ampliación, traslado, demolición y uso de edificios o estructuras; o para el uso y desarrollo de terrenos; o para la instalación de rótulos o anuncios”. (Enfasis suplido.) Sec. 1.04 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos Núm. 3915, Administración de Reglamentos y Permisos, 21 de abril de 1989, pág. 1-1. Dispuso, además, que “[Z]a parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de treinta (30) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración (Énfa-sis suplido.) Sec. 21.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, supra, pág. 5-2. “Parte” es “[t]odo propo-nente, interventor o aquella persona a quien se dirija espe-cíficamente la acción de la Administración”. See. 2.01(12) del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, supra, págs. 1-5-1-6. Bajo la Ley Núm. 170, supra, “ ‘Parte’ signi-fica toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija específicamente la acción de una agencia o que sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o par-ticipar en la misma, o que haya radicado una petición para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea desig-nada como parte en dicho procedimiento”. 3 L.P.R.A. see. 21020).

Naturalmente, la intervención es el mecanismo procesal para que una persona, que no fue parte original en un procedimiento, pueda defenderse de la determinación administrativa. Mediante éste “cualquier persona que tenga un interés legítimo en este procedimiento adjudicativo podrá someter una petición por escrito debidamente fundamentada para que se le permita participar”. See. 4.01. del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, supra, pág. 2-2.

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El trasfondo procesal fáctico revela que la Asociación de Residentes solicitó reconsiderar a los treinta y ocho (38) días de haberse archivado la notificación de la resolución de A.R.Pe. Si bien el término para reconsiderar es jurisdic-cional, no podemos olvidar que aplica sólo a quienes son formalmente “partes”. Y hemos visto que la Asociación de Residentes no lo era, conforme la definición del propio Re-glamento de A.R.Pe. Ello explica por qué dicho organismo gubernamental no le notificó formal ni oficialmente.

Aclarado este extremo, resolvemos que no bastaba una supuesta “notificación constructiva” para que comenzara a transcurrir el referido término jurisdiccional. Más allá de la especulación, que a guisa de “inferencia” hizo A.R.Pe., nada hay en los autos que revele meridianamente claro que, como cuestión de hecho, la Asociación de Residentes fue notificada.

El debido proceso de ley requiere, como regla general, la notificación o citación real y efectiva, ajustada a los preceptos estatutarios aplicables. Como método alterno, la notificación constructiva, incluso por inferencias, es de excepción; se justifica en circunstancias peculiares ausentes en este caso. No podemos permitir que un eslabón de tanta envergadura en el debido proceso de ley tome o adopte una configuración laxa basada en una mera conclusión especulativa de que se tenía conocimiento de la decisión administrativa. Hay una gran diferencia entre saber que se planifica efectuar unas construcciones adicionales y el conocimiento real de los términos exactos de una resolución emitida por A.R.Pe., que por imperativo ha de contener unos apercibimientos sobre los trámites y términos ulteriores jurisdiccionales. Menos extenderse por conjetura que ese conocimiento lo tuviesen los miembros de dicha Asociación de Residentes u otros residentes de la referida urbanización.

La cuestión es crucial. Estos residentes tienen un inte-rés legítimo en el remanente de los terrenos y una expec-tativa seria sobre el uso y destino de las facilidades veci-nales originales. Como tales, no podían ser ignorados. Como adquirentes y residentes en la urbanización, indirec-tamente sufragaron esos terrenos.

No nos convence el argumento de Montebello de que el cambio propuesto es de “poco impacto y trascendencia den-tro de uno previamente aprobado por la ARPE [y] podrá apreciarse lo innecesario de la participación de parte alguna. En modo alguno el desarrollo propuesto alteraría el concepto aprobado ni causaría impacto adverso alguno, ya que lo que se proponen son unidades de vivienda man-teniendo el mismo carácter, densidad y comportamiento”. (Enfasis suplido.) Réplica a Petición de certiorari, pág. 5. Distinto a ese prisma, por la reducción significativa de las facilidades vecinales y el uso destinado a esos terrenos, estamos ante un cambio de gran impacto y trascendencia para los residentes. Como personas más cercanas, directa-mente afectadas, tenían derecho a ser oídos; a la postre, a ellos le corresponde velar y defender su inmediato habitat.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia revocatoria. Se ordenará a A.R.Pe. que permita la interven-ción de la Asociación de Residentes y, previa vista eviden-ciaría, adjudique en reconsideración sus reclamos.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente y disidente.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Hernández Denton.

Coincidimos con la opinión del Tribunal en que erró el Tribunal Superior al aplicarle a la Asociación de Residen-tes de Parque Montebello (en adelante Asociación) el tér-mino jurisdiccional que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que una parte presente una moción de reconsideración. Como la Asociación nunca fue parte original en el procedimiento seguido por la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante A.R.Pe.) para eva-luar el proyecto de desarrollo alterno sometido por Monte-bello Development Corporation (en adelante la Urbaniza-dora), el término jurisdiccional de la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2165, no le era aplicable.

La decisión que hoy emitimos reafirma y fortalece los derechos que tienen los residentes de las urbanizaciones a que se les notifique adecuadamente sobre la presentación ante A.R.Pe. de cualquier proyecto que reduzca o afecte adversamente el área reservada originalmente para facili-dades vecinales.

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La Ley Núm. 25 de 8 de junio de 1962 (23 L.P.R.A. see. 30b) autoriza a A.R.Pe. a requerir ciertas facilidades veci-nales mínimas en los desarrollos de urbanizaciones o edi-ficios multipisos. Esta dispone, en lo pertinente, lo si-guiente:

Por la presente se autoriza a la Administración de Reglamen-tos y Permisos, a requerir, previo a la aprobación de urbaniza-ciones y edificios multipisos, las siguientes facilidades vecina-les: la construcción de facilidades educativas, culturales, recreativas, comerciales, y cualesquiera otras facilidades que propendan al desarrollo físico, social, moral, religioso y cultural de la comunidad. No se aprobará ningún desarrollo de urbani-zación, incluyendo edificios multipisos en el que no se cumpla con el Reglamento de Facilidades Vecinales .... 23 L.P.R.A. see. 30b.

Debido a que estas restricciones aumentan el costo de la construcción, de ordinario los urbanizadores aumentan proporcionalmente los precios de las unidades y, como co-rrectamente afirma la opinión del Tribunal, los comprado-res indirectamente sufragan esas facilidades. Cuando al-guien adquiere una residencia en una nueva urbanización, toma en consideración las facilidades vecinales incluidas, particularmente las áreas verdes y las recreativas. Por eso ellos tienen, como expresa la mayoría, “una expectativa so-bre el uso y destino” de éstas que no puede ser ignorada por A.R.Pe. ni por el urbanizador al momento de considerar hacer modificaciones al proyecto original que afecten ad-versamente las áreas vecinales.

Como resultado de esta legislación, los residentes de esas urbanizaciones han adquirido además un interés legí-timo, tanto sobre los terrenos reservados para dichas faci-lidades, como sobre las estructuras que se construyen en dichos terrenos. Debido a que tienen este interés legítimo sobre las áreas comunes vecinales cuyo uso es restringido por A.R.Pe. al originalmente aprobar el proyecto de urba-nización, la urbanizadora tiene el deber de notificarles a los residentes la presentación ante A.R.Pe. de cualquier plan de desarrollo alterno que se considere para esas áreas. Ello garantiza que los residentes sean adecuada-mente notificados de cualquier plan que afecte el uso y el destino de las facilidades vecinales.

De solicitarlo los residentes, AR.Pe. debe celebrar una vista pública en la que se les garantice a todos ellos una oportunidad de conocer los planes alternos y de compare-cer a expresar su posición. Una vez informados por la ur-banizadora de la acción propuesta, los residentes entonces se convierten en una “parte” en el procedimiento adminis-trativo y tienen derecho a ser notificados por la agencia de la decisión que ésta tome, conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si no son notificados ade-cuadamente de la acción propuesta es injusto aplicarles los términos jurisdiccionales que establece la Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, pues ello tendría el efecto de privar-les de su oportunidad de ser oídos tanto en el procedimiento administrativo como en el judicial.

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En el caso de autos la Urbanizadora sometió ante A.R.Pe. un plano de desarrollo preliminar alterno que re-diseñaba el proyecto en cuestión para la construcción de once (11) unidades de vivienda adicionales. Este cambio iba a reducir sustancialmente el área actualmente reser-vada para las facilidades vecinales de diez mil setecientos diecinueve punto treinta y cinco (10,719.35) metros cua-drados a seis mil ochocientos veintitrés punto noventa y cuatro (6,823.94) metros cuadrados.

Como los residentes de esa urbanización tenían una ex-pectativa razonable sobre el uso que se le daría al área reservada para facilidades vecinales, y este interés podría ser afectado por el plan alterno, ellos tenían derecho a ser notificados del plan sometido a A.R.Pe. Al solicitar la apro-bación del plano preliminar alterno, la Urbanizadora tenía la obligación de informarle a A.R.Pe. quiénes eran las par-tes afectadas por el proyecto y de notificarle a cada una de ellas sobre el plano. Sin embargo, las más de cien (100) familias residentes en la urbanización en cuestión no fue-ron adecuadamente notificadas de la presentación ante AR.Pe. del proyecto para reducir el área restringida. Como no fueron notificados de dicha solicitud, ellos no tuvieron una oportunidad de intervenir en una etapa significativa del procedimiento administrativo. Tampoco fueron notifi-cados formalmente de la decisión de la agencia en la cual se aprobaba el proyecto.

No podemos tolerar el tecnicismo utilizado tanto por A.R.Pe. como por el Tribunal Superior, de aplicarle a la Asociación el mencionado término jurisdiccional de veinte (20) días que impone la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las partes para pedir reconsideración de una resolución administrativa. Si la Asociación nunca fue notificada de la resolución en cuestión es injusto exigirle que cumpla con el referido término jurisdiccional.

En resumen, la Asociación es una parte interesada y como tal el Tribunal Superior tenía que permitirle interve-nir en el proceso administrativo llevado ante A.R.Pe. por la urbanizadora. Por ende, procede la revocación del dicta-men recurrido y la devolución del caso a la agencia para que celebre una vista pública en la cual los residentes pue-dan exponer sus posiciones y reclamar sus derechos sobre el destino del área reservada para las facilidades vecinales de su urbanización.

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

No obstante concurrir con el resultado a que se llega en la Opinión y Sentencia que el Tribunal emite en el día de hoy en el presente caso, nos preocupa sobremanera la misma. Somos del criterio que la Opinión mayoritaria emi-tida es un vivo ejemplo de una práctica en que el Tribunal no debe nunca incurrir, esto es, el de prejuzgar una contro-versia que no está ante nuestra consideración, de paso in-tentando ejercer influencia sobre los tribunales inferiores que van a pasar juicio, en primer término, sobre la misma.

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No hay duda de que el término de treinta (30) días —es-tablecido el mismo por el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos promulgado por la Administración de Regla-mentos y Permisos (en adelante A.R.Pe.) al amparo de las disposiciones de su ley habilitadora y de la Ley de Proce-dimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico— dentro del cual la parte adversa-mente afectada por una decisión de A.R.Pe. tiene que radicar una moción de reconsideración es uno de carácter jurisdiccional. Igualmente resulta incuestionable que la Asociación de Residentes de Parque Montebello radicó, fuera de dicho término jurisdiccional, su moción de inter-vención y/o de reconsideración.

Como surge de la Opinión mayoritaria, AR.Pe. denegó la referida moción de intervención y/o reconsideración por el fundamento específico de que la Asociación tuvo la opor-tunidad de comparecer ante ellos antes de que transcurrie-ran los mencionados treinta (30) días. Dicha determinación administrativa está basada exclusivamente en los térmi-nos de una carta firmada por el presidente de dicha Aso-ciación; carta dirigida al presidente de la Corporación dueña del proyecto en cuestión.

De una lectura de dicha carta surge claramente que la Asociación citó a, y celebró, una reunión extraordinaria —en "... relación a la construcción de las viviendas que [la dueña del proyecto] piensan realizar próximamente en la urbanización” {Exhibit 9)— mucho antes de que el referido término jurisdiccional de treinta (30) días expirara y con anterioridad al día en que, finalmente, la Asociación radicó ante A.R.Pe. su escrito de intervención y/o reconsideración.

Ahora bien, de dicha carta no surge con claridad el he-cho de que la referida Asociación realmente tuviera cono-cimiento del procedimiento administrativo que se estaba llevando ante A.R.Pe., como tampoco del hecho de que A.R.Pe. hubiera emitido una resolución en el mismo. Es por ello que concurrimos con la Mayoría en el resultado a que ésta llega en el caso. Esto es, que teniendo la Asocia-ción un genuino interés en el asunto y pudiendo dicho in-terés ser afectado adversamente por la decisión adminis-trativa que, al respecto, tomara A.R.Pe., resulta procedente —por imperativo del debido proceso de ley— darle el derecho a la Asociación a intervenir y ser oída, previa notificación al efecto, en dicho procedimiento en de-fensa de sus intereses.

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Como hemos visto, la controversia ante nos se limita a lo arriba expuesto. El Tribunal, sin embargo, va mucho más lejos. Mediante el lenguaje utilizado en la Opinión y Sentencia emitida, este Foro “resuelve”, por adelantado, la controversia principal entre las partes, esto es, de si pro-cede, o no, otorgársele permiso a la compañía dueña del proyecto para construir casas adicionales en terrenos des-tinados originalmente a “áreas verdes” en la urbanización en controversia; controversia que todavía no está ante la consideración de este Tribunal.

Realmente no hay que ser muy perspicaz para poder percatarse uno de la postura desde ahora asumida por el Tribunal, favorecedora la misma de la posición sostenida por la Asociación a los efectos de que no se deben utilizar las áreas verdes existentes para la construcción de casas adicionales en la referida urbanización. Basta con leer fra-ses de la Opinión mayoritaria, pág. 414, tales como que “[e]xiste un apetito voraz de explotar y agotar las reservas de áreas verdes en las zonas urbanas” y a los efectos de que el “progreso, la planificación y la necesidad de desarrollar áreas urbanas no es carta blanca para violar derechos pre-viamente adquiridos por ciudadanos que, aun sin contar con la técnica y afluencia económica de las corporaciones constructoras, poseen un legítimo interés en mantener in-cólumes áreas verdes de recreación y disfrute comunitario”. Id.

Expresa el refrán popular que “al buen entendedor, con pocas palabras basta”. Por medio de éstas, y otras, expre-siones el Tribunal envía un claro mensaje, o pretende in-fluenciar, a los jueces de los tribunales inferiores que ten-drán que decidir a quién le asiste la razón. Ello es una práctica, repetimos, en que este Tribunal nunca debe incurrir. Cabe preguntarse: ¿qué diferencia existe entre esta práctica y la emisión de una opinión consultiva?

       Celebradas el 24 de marzo de 1987, el 5 de mayo de 1989, febrero y julio de 1992.

       La carta expone lo siguiente:
      “Asociación de Residentes Parque Montebello
      “Post Office Service RR-2 Box 47
      “San Juan, Puerto Rico 00928

        “11 de noviembre de 1992
      “Sr. Luis Cela, Presidente Parque Montebello Development, Inc.
      “Calle Paraná 1660 Urb. El Cerezal Río Piedras, Puerto Rico 00926
      “Estimado señor Cela:
      “En los pasados días te comuniqué la necesidad que tenemos de instalar los servicios de energía eléctrica y de agua en la caseta de seguridad y así poder hacer todos los proyectos programados para mejorar la seguridad de los residentes en la urbanización. Estamos recibiendo muchas quejas y presiones de los residentes en cuanto a este problema, a la limpieza de los solares vac[í]os de tu propiedad y por la remoción de los vagones.
      “Nos urge que nos entregues a la brevedad las certificaciones eléctricas y de plomería, nos limpies los solares y nos remueva[s] los vagones. Solicitamos tu coope-ración en este respecto, ya que queremos tener limpia y arreglada nuestra urbani-zación para el período navideño que se avecina.
      “Quiero aprovechar además, para informarte que en la pasada reunión de la Junta de Directores, se acordó convocar a los residentes para una Asamblea Extraor-dinaria el día 24 de noviembre a las 7:30PM en las facilidades recreativas con rela-ción a la construcción de las viviendas que ustedes piensan realizar próximamente en la urbanización. Queremos invitarte a esta Asamblea para que compartas las inquie-tudes de los residentes y nos orientes sobre este proyecto.
      “Esperando respuesta y acción inmediata a lo aquí solicitado, quedo
      “Cordialmente,
      “(Fdo.)
      “Víctor Cepeda
      “Presidente
      [Escrito a mano] “PD: Podemos hacer la limpieza de los solares y conseguir las certificaciones, si hay un compromiso de ustedes en reembolsarnos los gastos incurridos. (Fdo.iniciales)” (Énfasis suplido.) Exhibit EX.

       Resolvió que la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2165) era determinante en cuanto disponía que el término de veinte (20) días era jurisdiccional e improrrogable.

       En su recurso, la Asociación hace los señalamientos siguientes:

        “A. ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE INSTANCIA, AL APLICAR A LOS RECU-RRENTES EL TÉRMINO DE 20 D[Í]AS QUE ESTABLECE LASECCI[Ó]N 3.15 DE LA LEY NÚMERO 170 DEL 12 DE AGOSTO DE 1988 (LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME) 3 LPRA2165.
      “B. ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE INSTANCIA, AL APLICAR LO RESUELTO EN GARCÍA V ADMINISTRADOR DE DERECHO AL TRABAJO, 108 DPR 53, AL CASO ANTE NOS, Y CONCLUIR QUE LOS RECURRENTES TUVIERON CONO-CIMIENTO SUFICIENTE PARA EJERCERLO OPORTUNAMENTE, DENTRO DEL T[É]RMINO QUE ESTABLECE LA LEY.” Petición de certiorari, pág. 4.

       Los criterios para conceder una intervención son:
      “(1) — Que el interés del peticionario pueda ser afectado adversamente por el procedimiento adjudicativo.
      “(2) — Que no existan otros medios en derecho para que el peticionario pueda proteger adecuadamente su interés.
      “(3) — Que la participación del peticionario pueda ayudar razonablemente a pre-parar un expediente más completo del procedimiento.
      “(4) — Que el peticionario represente o sea portavoz de otros grupos o entidades de la comunidad.
      “(5) — Que el peticionario pueda aportar información, pericia, conocimientos es-pecializados o asesoramiento técnico que no estaría disponible de otro modo en el procedimiento.
      “(6) — Que el interés del peticionario ya esté representado adecuadamente por las partes en el procedimiento.
      “(7) — Que la participación del peticionario pueda extender o dilatar excesiva-mente el procedimiento.” Sec. 4.02 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos Núm. 3915, Administración de Reglamentos y Permisos, 21 de abril de 1989, pág. 2-3.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Rafael Rivera Rosa, querellado.

      Número: AB-94-69

      Resuelto: 5 de mayo de 1995

      David Efrón, querellante, pro se; Rafael Rivera Rosa, quere-llado, pro se.

   per curiam:

En relación con una querella, debidamente juramentada, que radicara el Ledo. David Efrón, mediante Resolución de fecha 12 de diciembre de 1994, este Tribunal le concedió, en lo pertinente, el término de quince (15) días al Ledo. Rafael Rivera Rosa para presentar, a su requeri-miento, “la prueba necesaria tanto testifical como docu-mental para acreditar” sus alegaciones respecto a la refe-rida querella.

El abogado Rivera Rosa no compareció ante este Tribunal en el término que le fuera concedido. En vista de ello, mediante Resolución de fecha 31 de marzo de 1995, expre-samos y decretamos que:

El Ledo. Rafael Rivera Rosa tendrá el término improrrogable de diez (10) días para cumplir —so pena de la imposición de sanciones disciplinarias— con nuestra Resolución de fecha 12 de diciembre de 1994.
La presente Resolución deberá ser notificada personalmente por el Alguacil General de este Tribunal. (Enfasis suplido.)

Dicha Resolución le fue notificada personalmente al mencionado abogado el día 6 de abril de 1995. Así las co-sas, el abogado Rivera Rosa compareció ante este Tribunal —mediante escrito radicado el 18 de abril de 1995— en solicitud de un término adicional de diez (10) días para cumplir con la Resolución del 12 de diciembre de 1994. Ala fecha de la presente Opinión Per Curiam, esto es, hoy día 5 de mayo de 1995, el abogado Rivera Rosa no ha cumplido con la referida Resolución.

I

Hemos expresado en numerosas ocasiones que seremos sumamente estrictos en situaciones en que los abogados no contesten nuestra órdenes a pesar de haber sido emplazados para ello. In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

A esos efectos, hemos expresado que:

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con la que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. To-dos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja pre-sentada en su contra que está siendo investigada. In re Colón Torres, supra, págs. 493-494. Citado también por In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992), y por In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992).

El licenciado Rivera Rosa ha demostrado una intolerable obstinación en no cumplir las órdenes de este Tribunal, por lo que es claro que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la abogacía en nuestro País.

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. Rafael Rivera Rosa, hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y el Tribunal disponga lo que proceda en derecho. El Alguacil General de este Tribunal deberá in-cautarse de la obra notarial del abogado suspendido, de-biendo entregar la misma al Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Se dictará la sentencia correspondiente.


author: La Juez Asociada Señoea Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Municipio de Ponce, demandante y recurrido, v. Hon. Pedro Rosselló González y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-96-936

      Resuelto: 5 de mayo de 1995

      Alberto Rodríguez Ramos, de Martínez, Odell & Calabria, y Alberto Aresti Franceschini, abogados de los peticionarios; Alberto Ornar Jiménez Santiago, de Bauzá & Dávila, abo-gado del recurrido.
   La Juez Asociada Señoea Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776 (1994), mediante Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presi-dente Señor Andréu García confirmamos, luego de modifi-carlo “para eliminar la disposición que decreta la transfe-rencia de personal”, el injunction preliminar de 25 de febrero de 1994 dictado por el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Ponce, en el caso Municipio de Ponce v. Hon. Pedro Roselló González et al., Civil Núm. JAC 93-0233. El injunction preliminar requirió al Estado “dar fiel cumplimiento a los términos de los cinco (5) convenios suscritos entre las partes y en su consecuencia transferir inmediatamente los fondos ... conforme a los mismos du-rante la pendencia de este litigio y hasta su resolución final”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 4.

Así las cosas, el 29 de noviembre de 1994 el Municipio de Ponce presentó moción para que se señalara vista de desacato y para que se ordenara la consignación de los fondos. A esta moción los demandados se opusieron. Luego de celebrar vista, el foro de instancia dictó una resolución y orden el 22 de diciembre de 1994. En la misma expresó que, en Cámara, el Juez se reunió con los abogados de las partes e hicieron un análisis del asunto en controversia. Continuó diciendo “que excepto en cuanto al Departamento de la Vivienda todos los demás convenios con las restantes Agencias contenían cantidades específicas; [y que en cuanto] al Departamento de la Vivienda se sometió por una funcionaría de dicho Departamento una relación conte-niendo el saldo libre disponible al 31 de noviembre de 1994”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 001. Luego de estas observaciones decretó que las siguientes cantidades fuesen consignadas en el tribunal bajo aperci-bimiento de desacato.

Junta de Planificación
enero 1993-junio 1993 $31,500.00
julio 1993-junio 1994 54,000.00
julio 1994r-junio 1995 54,000.00
Administración de Reglamentos y Permisos
enero 1993-junio 1993 78,500.00
julio 1993-junio 1994 215,988.00
julio 1994-junio 1995 215,988.00
Junta de Calidad Ambiental
enero 1993-junio 1993 31,500.00
julio 1993-junio 1994 54,000.00
julio 1994-junio 1995 54,000.00
Departamento de Transportación y Obras Publicas
enero 1993-junio 1993 152,100.00
julio 1993-junio 1994 288,925.00
julio 1994-junio 1995 288,925.00
Departamento de Recursos Naturales
enero 1993-junio 1993 41,015.53
julio 1993-junio 1994 70,312.00
julio 1994-junio 1995 70,312.00
Departamento de la Vivienda
Saldo libre disponible al $4,120,694.68
31 de noviembre 1994
(Énfasis en el original.) íd., pág. 002.

El 29 de diciembre de 1994 la parte demandada pre-sentó ante esta Curia una petición de certiorari para revi-sar la Orden de 22 de diciembre de 1994. Alegaron la co-misión de dos (2) errores:

A. Erró el Tribunal de Instancia al ordenar a los jefes de las agencias concernidas y al Secretario de Hacienda a consignar la suma agregada de $5,821,760.21 so pena de desacato y bajo apercibimiento de arresto. Aún bajo el supuesto de que los con-venios sean válidos, lo que se niega, procedería única y exclu-sivamente una orden de consignación de fondos ascendentes a $2,190,208.78.
B. Erró el Tribunal de instancia al ordenar la consignación sin conceder a los Demandados-Peticionarios una vista evidencia-ría con notificación previa adecuada para presentar prueba en apoyo de sus contenciones. La actuación del Tribunal de resolver a base de una conferencia informal en cámara constituyó un abuso de su discreción, el cual se tradujo en una violación al debido proceso de ley de los Demandados-Peticionarios. Peti-ción de certiorari, págs. 5 y 12.

La petición de certiorari la acompañaron con una mo-ción en auxilio de jurisdicción en la cual argüyeron, en sín-tesis, que la cantidad a ser consignada debió ascender a $2,190,208.78 y no a $5,821,760.21, según había dispuesto el foro de instancia. En Resolución de 30 de diciembre de 1994, pág. 1, dispusimos lo siguiente:

... 1) se acepta que la parte demandada peticionaria consigne, bajo protesta, la suma de $2,190,208.78 en la Secretaría del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce; 2) se le concede a la parte demandante-recurrida, Municipio de Ponce, el término de diez (10) días para que muestre causa por la cual este Tribunal no deba expedir el recurso radicado y dictar Sen-tencia revocatoria de la orden recurrida, devolviendo el caso a dicho foro para que éste celebre una vista evidenciaría en la cual deberá dilucidar, a base de la prueba que presenten las partes, la suma alegadamente adeudada por el Estado; y 3) en auxilio de nuestra jurisdicción, se ordena la paralización de los proce-dimientos a nivel de instancia hasta que otra cosa disponga este Tribunal. (Énfasis en el original.)

Ese mismo día la parte demandada presentó una mo-ción en el foro de instancia consignando bajo protesta la suma de $2,190,108 .78.

No hay controversia en cuanto a la consignación bajo protesta de los $2,190,208.78. En nuestra resolución orde-nando al Municipio de Ponce mostrar causa por la cual no deberíamos revocar la Resolución y Orden de 22 de diciem-bre de 1994 aceptamos que se consignasen esos fondos en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. En cuanto al remanente, estamos de acuerdo con los demandados-peticionarios en que hay una controversia en cuanto a la suma que realmente podría adeudar el Estado y debió celebrarse vista evidenciaría para dilucidarla.

Mediante nuestra Opinión de 29 de agosto de 1994, en cuanto a los fondos adeudados por el Estado al Municipio de Ponce, confirmamos el injuction preliminar dictado por el foro de instancia el 23 de febrero de 1994 que ordenaba transferir inmediatamente los fondos adeudados por el Es-tado a base de los convenios. Es, ante el incumplimiento del Estado con esta orden, que el Municipio de Ponce soli-cita vista de desacato y consignación de los fondos. Luego de la vista, el tribunal ordena la consignación. El Estado opta por consignar bajo protesta la cantidad que no estaba en controversia. Surge con meridiana claridad que la con-signación solicitada por el Municipio de Ponce constituyó el mecanismo utilizado por éste para lograr el cumplimiento del injunction preliminar dictado en instancia y confir-mado en nuestra Opinión de 29 de agosto. En el injunction preliminar se ordenó la transferencia de los fondos adeu-dados por el Estado en virtud de los cinco (5) convenios suscritos entre el Estado y el mencionado Municipio. Nada debe impedir que el Municipio de Ponce retire los fondos consignados y que de esta forma se le dé cumplimiento al injunction preliminar.

Ahora bien, quisiéramos dejar claramente establecido que el hecho de que se haya dictado un injunction prelimi-nar ordenando la transferencia de los fondos en modo al-guno adjudica ni prejuzga la controversia, ni siquiera una parte de ella. El injunction preliminar es una medida provisional que puede estar en vigor hasta la resolución final del pleito, o puede eliminarse o variarse en cualquier mo-mento en que el tribunal lo ordene, por estimarlo necesa-rio, antes de que finalice el caso. El propósito de este reme-dio provisional es principalmente mantener el statu quo hasta que se resuelva el caso. En Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, luego de analizar los cinco (5) criterios esbo-zados en nuestra jurisprudencia para la concesión del injunction preliminary confirmamos, luego de modificarlo, el injunction preliminar —dictado en instancia— que or-denó la transferencia de los fondos. El hecho de que poste-riormente se ordenara la consignación y que ésta se hiciera bajo protesta no tiene el efecto de revocar o modificar el injunction preliminar que confirmamos. Tampoco le impide al Estado plantear todas las defensas aducidas en instan-cia, incluyendo la de nulidad de los convenios. En conclu-sión, este Tribunal ya pasó juicio sobre la validez del injuc tion preliminar. El tribunal de instancia resolverá la controversia independientemente de la medida provisional de injunction preliminar previamente emitida. No está ante nuestra consideración la reconsideración a nuestra opinión sobre la validez del injunction preliminar. La con-troversia en el caso de autos se limita a cuestionar si el foro de instancia utilizó el procedimiento adecuado para deter-minar la cantidad adeudada que debía ser transferida al Municipio de Ponce.

Estamos de acuerdo con los peticionarios en que debió celebrarse vista evidenciaria sobre la cantidad en controversia. Sin embargo, esto no impide que, a la luz del estado procesal del caso y en cumplimiento con lo dispuesto en nuestra Opinión de 29 de agosto de 1994, el Municipio de Ponce pueda retirar la totalidad de los fondos consigna-dos y que, en aras de la economía procesal, así lo autorice-mos al resolver este recurso. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de “certio-rari” solicitado y se dictará sentencia revocando la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, de 22 de diciembre de 1992 y devolviendo el caso al foro de instancia para que éste celebre una vista evidenciaria en la cual deberá dilucidar a base de la prueba que presenten las partes, la suma adeudada por el Estado. En cumplimiento de nuestra Opinión de 29 de agosto de 1994 y a tenor con lo dispuesto en la Regla 1 de Procedimiento Civil, el Municipio de Ponce podrá retirar la totalidad de los fondos consignados por la parte demandada.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López disintieron con opinión escrita. El Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri no intervino.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

H — 1

Discrepamos nuevamente. La opinión de hoy es deri-vado indefectible de la inconclusa Opinión mayoritaria de 29 de agosto de 1994.

Decimos inconclusa, pues pospuso la controversia me-dular al no decidir si los cinco (5) convenios suscritos por el entonces Gobernador, Hon. Rafael Hernández Colón, con el Alcalde de Ponce, Hon. Rafael Cordero Santiago, los días 25 y 30 de noviembre y 31 de diciembre de 1992 (próximo a expirar su mandato de ese cuatrienio), eran radicalmente nulos. Aún así, este Foro ordenó al Gobierno Central la transferencia de cuantiosas sumas de fondos públicos al Municipio de Ponce.

Allí, al examinar la cuestión en sus méritos, demostra-mos la nulidad de los convenios en cuestión y, por ende, la improcedencia del injunction preliminar y de esas transfe-rencias de fondos. Por su pertinencia, procede revisitemos sucintamente los fundamentos.

Primero, los convenios fueron suscritos durante un pe-ríodo en que, tanto la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.), como la Ley de Municipios Au-tónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4001 et seq.), imponían una veda electoral absoluta. Dijimos:

En el fondo estamos ante una vulneración de norma legisla-tiva de sana moralidad y administración pública que intenta evitar que aquellos funcionarios en el umbral de su gestión gu-bernamental puedan extender, ejercer y perpetuar su poder e influencia más allá del cuatrienio en el cual les correspondía servir. (Enfasis suprimido.) Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 797 (1994).

Y segundo, dichos convenios contenían —contrario a la ley (particularmente la de Municipios Autónomos del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991) y el orden público— una ventajosa cláusula de resolución unilateral que sólo beneficiaba al Municipio de Ponce.

Se dio la situación y anomalía —todavía continúa— que una criatura jurídica del Estado quedó investida de mayo-res poderes y prerrogativas que el ente que le insufló vida.

Este Tribunal confirió indebidamente al Municipio de Ponce el beneficio de dicha cláusula, aun cuando la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 no les concede esa prerrogativa de resolución unilateral; hizo caso omiso de que, en cuanto al Estado, “[n]uestra jurisprudencia estima que dicha cláu-sula está ‘presente’, esto es, escrita e inserta en todos los convenios”. (Enfasis suprimido.) Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 800.

HH HH

La orden judicial de entregar los fondos —de facto e iure— derrota la posibilidad del Gobierno Central de dar por finalizados unos convenios ilegales y contrarios al or-den público. Devolver este accidentado caso al tribunal de instancia para una vista evidenciaría y determinación de cuánto el Estado “adeuda” al Municipio de Ponce es un paso procesal adicional que realmente torna en académica la posibilidad del Estado prevalecer.

En aras de evitar ese innecesario peregrinaje judicial e injusticia, debió la mayoría hacer lo que desde el principio procedía: declarar la nulidad absoluta de estos convenios.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Las decisiones erróneas que emite este Tribunal no sólo confunden a la clase togada en general sino que, como el boomerang, regresan a este Foro, causándole a éste y a las partes innecesarios sinsabores y dolores de cabeza. Esta clase de situaciones se complica cuando el Tribunal no sólo resuelve erróneamente la controversia ante su considera-ción sino que, al hacerlo, utiliza innecesariamente el meca-nismo decisorio de la “Opinión”; mecanismo que única-mente debe de utilizar el Tribunal para resolver controversias importantes de derecho y para, de paso, es-tablecer normas que rijan los destinos de nuestro ordenamiento.

La decisión mayoritaria emitida en el día de hoy es un vivo ejemplo de lo anteriormente señalado. En el presente caso el Tribunal utiliza, innecesariamente y por segunda ocasión, el mecanismo decisorio de la “Opinión” para resolver una controversia, de índole interlocutoria, de sencilla adjudicación: si el tribunal de instancia erró o no al orde-narle al Gobierno de Puerto Rico que le pagase, por ade-lantado, una cuantiosa suma de dinero al Municipio de Ponce —en un pleito en que, precisamente, el Gobierno cuestiona la validez de los contratos otorgados entre dicho Municipio y la anterior administración de gobierno, bajo los cuales contratos reclama el Municipio— sin que dicho foro haya pasado juicio sobre la validez o nulidad de dichos contratos.

Lo realmente lamentable, sin embargo, no es que se uti-lice ese mecanismo decisorio en una situación en que no se establece norma alguna de derecho. Lo verdaderamente trágico lo es el hecho de que, en ambas ocasiones, la Mayo-ría se equivoca al resolver la controversia ante su consideración.

I El pleito que sirve de base al recurso hoy ante nuestra consideración se refiere a una demanda que radicara el Municipio de Ponce ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, contra el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló González, y seis (6) de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. En el mismo, el referido Munici-pio reclama, de manera principal y en síntesis, el “cumpli-miento específico” de cinco (5) convenios que otorgara la antigua administración de gobierno, dirigida por el Ledo. Rafael Hernández Colón, con el referido Municipio de Ponce; convenios otorgados al amparo de las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico de 1991, mediante los cuales el Go-bierno y las agencias concernidas se comprometieron a transferir fondos y personal al referido Municipio. El Es-tado, en su contestación a la acción radicada por el Muni-cipio de Ponce, levantó, como defensa principal, la nulidad de los referidos convenios; quedando así trabada la contro-versia entre las partes.

El 25 de febrero de 1994, el foro de instancia emitió, a solicitud del demandante Municipio de Ponce, una orden mediante la cual le ordenó al Estado “a dar fiel cumpli-miento a los términos de los Cinco (5) convenios suscritos entre las partes y en su consecuencia transferir inmediata-mente los fondos y el personal establecido conforme a los mismos durante la pendencia de este litigio y hasta su re-solución final”. (Énfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 094.

Dicha asombrosa y, a nuestro entender, errónea orden fue emitida por el foro de instancia al amparo de las dispo-siciones de las Reglas 55, 56 y 57 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), en un pleito en que la parte demandada Estado Libre Asociado de Puerto Rico precisa-mente está cuestionando la validez de los cinco (5) conve- nios otorgados por la antigua administración del Gobierno con el Municipio de Ponce. Esto es, al tribunal de instancia, no obstante estar en controversia la validez de los conve-nios, ordenar el “cumplimiento específico” de los mismos, resolvió —para todos los efectos prácticos— que dichos con-venios eran válidos; ello en un procedimiento interlocutorio en solicitud de “remedios provisionales”.

Inconforme, naturalmente, el Estado acudió ante este Tribunal —vía certiorari— en revisión de tan errada actuación. Este Tribunal, mediante Opinión y Sentencia de 29 de agosto de 1994, confirmó en parte, y revocó en parte, la orden recurrida. Resolvió, en síntesis, una mayoría de los integrantes del Tribunal que procedía la transferencia de fondos pero no la transferencia de personal.

En otras palabras, la Mayoría cometió el mismo error que el foro de instancia; ésto es, ordenó la transferencia de fondos sin que se hubiera pasado, o emitido, juicio sobre la validez o nulidad de los convenios en controversia. En esa ocasión, disentimos mediante la emisión de una “expre-sión” a esos efectos.

Devuelto el caso al foro de instancia, el Municipio de Ponce radicó una solicitud de “desacato” contra el Estado, predicada la misma en que éste no había transferido los fondos. Ajuicio del Municipio, el Estado venía obligado a así hacerlo en virtud tanto de la orden del foro de instan-cia, de fecha 25 de febrero de 1994, como de la Opinión y Sentencia de este Tribunal, de fecha 29 de agosto de 1994.

El tribunal de instancia señaló una vista para la “discu-sión” de la referida moción de desacato. En dicho día, y sin celebrar vista evidenciaría alguna, dicho foro determinó que el Estado venía en la obligación inmediata de transfe-rirle al Municipio de Ponce la suma de $5,821,760.21. In-conforme, naturalmente, el Estado nuevamente recurrió ante este Tribunal —vía certiorari— en revisión de dicha actuación judicial.

En el recurso que a esos efectos radicara el Estado plan-teó que aun cuando se asumiera, a los fines de la argumen-tación, la validez de los convenios —lo cual negaba— la suma de dinero que venía en la “obligación de transferir”, conforme la Opinión y Sentencia de este Tribunal, sería la de $2,190,208.78 y no la de $5,821,760.21; ello por razón de que este Tribunal, en la referida Opinión y Sentencia, ha-bía determinado que no procedía la transferencia de empleados. Adujo el Estado, en adición, que en relación con la transferencia de fondos, el foro de instancia había errado al no recibir prueba con el propósito de determinar la suma exacta de dinero que se “adeudaba” por ese concepto.

Mediante Resolución, de fecha 30 de diciembre de 1994, pág. 1, este Tribunal proveyó de la manera siguiente:

... 1) ... que la parte demandada peticionaria consigne, bajo protesta, la suma de $2,190,208.78 en la Secretaría del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce', 2) [concederle] a la parte demandante-recurrida, Municipio de Ponce, el término de diez (10) días para que muestre causa por la cual este Tribunal no deba expedir el recurso radicado y dictar Sentencia revoca-toria de la orden recurrida, devolviendo el caso a dicho foro para que éste celebre una vista evidenciaría en la cual deberá dilucidar, a base de la prueba que presenten las partes, la suma alegadamente adeudada por el Estado; y 3) en auxilio de nues-tra jurisdicción, [ordenar] la paralización de los procedimientos a nivel de instancia hasta que otra cosa disponga este Tribunal. (Enfasis suplido y en el original.)

El Municipio de Ponce compareció en cumplimiento de la referida Resolución. Estando pendiente de resolución fi~ nal el recurso radicado por el Estado, el Municipio radicó una “moción en auxilio de jurisdicción”. En la misma soli-citó de este Tribunal que “permita que el Municipio retire de inmediato los fondos consignados por la parte deman-dada en el Tribunal de instancia. De igual forma, la parte demandante solicita de este Honorable Tribunal que or-dene que la parte demandada consigne, para ser retirados por el Municipio, los fondos restantes dispuestos en la re-solución y . orden del Tribunal de instancia”. Moción en auxilio de jurisdicción, pág. 2.

rH HH

Como surge de la anterior relación de los procedimien-tos, el Municipio de Ponce alega tener derecho a los cuan-tiosos fondos en controversia en virtud de los términos de los contratos que otorgara con la administración de go-bierno del licenciado Hernández Colón mientras que el Es-tado sostiene no tener obligación alguna de desembolsar dichos fondos por razón de que dichos convenios son total-mente nulos.

En consecuencia, la controversia que, en primer tér-mino, viene en la obligación de resolver el foro judicial lo es si dichos contratos son válidos o no. Dependiendo de cual sea la decisión al respecto, se procederá a determinar el derecho del Municipio de Ponce a recibir dichos fondos. No hay duda de que si los contratos son válidos, el Municipio tendrá pleno derecho a los mismos. Ahora bien, la determi-nación judicial de nulidad de los contratos puede desembo-car en una de dos (2) alternativas. Puede ser que el Muni-cipio de Ponce, aún siendo nulos los contratos, tenga derecho a dichos fondos; ello por razón de que prestó los servicios requeridos bajo los mencionados contratos y que procede la entrega de los mismos bajo la doctrina de enri-quecimiento injusto. Podría ser, por otro lado, que lo pro-cedente en derecho sea denegarle los fondos. Así lo hemos resuelto, en casos en que personas o corporaciones le han prestado servicios, o suministros, a un municipio, sin la celebración de la correspondiente subasta. Véase Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994). En fin, no está claró el derecho del Municipio de Ponce a recibir dichos fondos.

¿Por qué, entonces, ordenar la entrega de fondos en es-tos momentos sin que se haya pasado juicio sobre la vali-dez, o nulidad, de dichos contratos y sin que se haya deci-dido el derecho, o no, del Municipio a dichos fondos? ¿Nó sería más correcto, y procedente en derecho, ordenarle al foro de instancia que resuelva, en primer término, esa con-troversia principal? ¿No trata dicha controversia sobre una estricta cuestión de derecho, para la cual se supone que el foro judicial esté plenamente capacitado para resolverla? ¿Por qué la prisa? ¿Hay algún interés particular, no jurí-dico, en así hacerlo?

J — I

Las interrogantes arriba expuestas cobran, aún, mayor relevancia e importancia cuando consideramos el hecho de que la expedición por el foro de instancia, y la confirmación por este Tribunal, del injuction preliminar es, a todas lu-ces, una actuación errónea.

Un injunction preliminar es aquel que se emite antes del juicio en su fondo con el propósito de mantener el status quo hasta la resolución final del pleito en sus méritos. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, San Juan, Facul-tad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1989.

La decisión de un tribunal de conceder, o no, un injunction preliminar depende de los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que pueden ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el injunction; (2) su irre-parabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la pro-babilidad de que la causa se tome académica de no conce-derse el injunction; y, sobre todo, (5) el posible impacto so-bre el interés público del remedio que se solicita. Véanse: Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896, 902 (1989); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975).

Si bien es cierto que en nuestra jurisdicción prevalece, en materia de contratos, el principio de la libertad de con-tratación entre las partes contratantes, éstas al establecer los pactos, cláusulas y condiciones no pueden actuar con-trario a la ley, la moral y el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372. En adición, debe man-tenerse bien presente que aquellos actos que sean ejecuta-dos contrario a lo dispuesto en la ley son nulos. Art. 4 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4.

Los convenios en controversia en el caso de autos son de su faz nulos ya que los mismos contravienen la See. 4.7 de la ley, la moral y el orden público. En primer lugar, la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1337), y el Art. 12.014 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 4564, prohíben expresamente que se efectúen traslados de personal y, por ende, la transferencia de los fondos para pagar sus nóminas, durante los períodos pre y post electorales, específicamente “dos meses antes y dos meses después de la celebración de las elecciones generales en Puerto Rico”; prohibición que se extiende hasta el segundo lunes del mes de enero siguiente a la fecha de dichas elecciones en los casos de los municipios.

Los convenios en el caso de autos fueron suscritos por el entonces Gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, el Alcalde de Ponce, Rafael Cordero Santiago, y va-rios funcionarios gubernamentales los días 25 y 30 de no-viembre y 31 de diciembre de 1992, esto es, dentro del pe-ríodo expresamente prohibido por los estatutos anteriormente señalados, sin que estuviera presente nin-guna necesidad urgente del servicio que justificara tal ac-ción según contemplado en las leyes de referencia.

Estos convenios se realizaron contrario a lo dispuesto en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, cuyo propósito es proteger al empleado contra el sistema de patronazgo y despojo político (Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 109 D.P.R. 229 (1979)) y, por lo tanto, la nulidad es la consecuencia jurídica de los mismos. En adición, la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 expresamente establece, como pe-nalidad, que los nombramientos que no cumplan con las disposiciones del Art. 12.014 antes señalado se considera-rán nulos.

Por otro lado, los referidos convenios atentan contra el orden público por violentar el conjunto de valores eminen-tes que guían la existencia y el bienestar de nuestra socie-dad, Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149 (1976), ya que los mismos colocan al Municipio de Ponce en una ventajosa posición frente al Gobierno Central, en un momento donde se aproximaba un inminente cambio de administración a nivel estatal.

En consecuencia, el Municipio de Ponce no tiene dere-cho a recibir los fondos acordados bajo dichos convenios, ni aun bajo el supuesto que pudiera haber un enriqueci-miento injusto a costa del referido Municipio. Ello es así ya que, como en el pasado hemos señalado, la doctrina de en-riquecimiento injusto “no se aplicará cuando resulte con-trario a una clara política pública, plasmada en un esta-tuto o en la Constitución”. (Énfasis en el original suprimido.) Hatton v. Mun. de Ponce, ante, pág. 1010. Véase Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987). Como señaláramos en Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983), no debe invo-carse el enriquecimiento injusto “cuando su efecto es vul-nerar un principio importante de orden público encarnado en la Constitución o las leyes del país”.

En el caso de autos, el Municipio de Ponce y el Estado, al otorgar los convemos, violentaron de forma abierta los principios de sana administración pública plasmados en nuestras leyes.

Atendido todo lo anteriormente expuesto, y en vista del hecho de que la posibilidad de que la parte demandante recurrida prevalezca en juicio plenario es una altamente especulativa y cuestionable, cabe preguntarse, nuevamente, ¿por qué ordenar, en esta etapa de los procedimientos que se le entreguen al Municipio de Ponce los fondos en contro-versia? ¿No sería más lógico, juicioso y correcto esperar a resolver la controversia principal del caso, esto es, la vali-dez o nulidad de los convenios en controversia?

       El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión disidente y el Juez Asociado Señor Rebollo López hizo constar que disentía “ ‘por entender que, en esta etapa de los procedimientos, resulta improcedente en derecho ordenarle a la parte demandada que le satisfaga al Municipio de Ponce demandante las sumas de dinero por éste reclamadas en la demanda; sobre todo, cuando se considera que tanto el foro de instancia como este Tribunal estiman que la defensa levantada por la parte de-mandada, sobre nulidad de los contratos otorgados por las partes, es una que debe ser dilucidada en un juicio plenario. La acción hoy tomada por una mayoría de los integrantes del Tribunal' es totalmente contraria a la normativa pertinente vigente en nuestra jurisdicción y la misma verdaderamente resulta ser inexplicable desde un punto de vista jurídico’ ”. (Enfasis suprimido.) Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 792-793 (1994).

        A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903 (1975); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975).

       “El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió “por entender que, en esta etapa de los procedimientos, resulta improcedente en derecho ordenarle a la parte demandada que le satisfaga al Municipio ... demandante, las sumas de dinero por éste reclamadas en la demanda; sobre todo, cuando se considera que tanto el foro de instancia como este Tribunal estiman que la defensa levantada por la parte deman-dada, sobre nulidad de los contratos otorgados por las partes, es una que debe ser dilucidada en un juicio plenario. La acción hoy tomada por una mayoría de los inte-grantes del Tribunal es totalmente contraria a la normativa pertinente vigente en nuestra jurisdicción y la misma verdaderamente resulta ser inexplicable desde un punto de vista jurídico.” (Énfasis suprimido.) Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 792-793 (1994).
      El Juez Asociado señor Negrón García igualmente disintió de la Opinión mayo-ritaria emitida.

       La Opinión emitida por el Tribunal produce la errónea impresión de que el Estado no tuvo objeción a consignar y/o a que el Municipio de Ponce reciba en esta etapa de los procedimientos la suma de $2,190,208.78. Nada más lejos de la realidad y la verdad.

      La posición del Estado siempre ha sido clara a los efectos de que entiende que, debido al hecho de que los contratos son nulos, no tiene obligación legal de pagarle suma de dinero alguna al Municipio de Ponce. La consignación que hiciera el Estado ante el foro de instancia, de la suma de $2,190,208.78, fue hecha, en primer lugar, “bajo protesta” y, en segundo lugar, en cumplimiento de —y avalada por— nuestra Resolución de fecha 30 de diciembre de 1994. Nunca, repetimos, el Estado ha acep-tado que tiene el deber legal de pagar dicha suma de dinero.

        Status Quo — “La última condición pacífica y natural que precedió al inicio de un pleito.” I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da ed. rev., New Hampshire, Ed. Equity, 1985, pág. 434.