author: Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Torres Rigual.

text:
    Producciones Tommy Muñiz, Inc., demandante y recurrente, v. Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN), demandado y recurrido; El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor y recurrido.

      Número: R-79-169

      Resuelto: 21 de mayo de 1979

      Rubén T. Nigaglioni, abogado de la recurrente; Wilfredo A. Géi-gel, abogado del recurrido.
   RESOLUCION

A la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por Producciones Tommy Muñiz, Inc., no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el- Juez Asociado Señor Rigau disienten. El Juez Asociado Señor Rigau emitió opi-nión disidente a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió voto particular. El Juez Asociado Señor Negrón García no inter-vino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

-O-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau

a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1979

I

Por siglos la sociedad puertorriqueña ha vivido bajo el imperio de la ley; ha vivido bajo el derecho civil, bajo cuya aegis se ha desarrollado la civilización de tres cuartas partes del mundo civilizado, desde las Doce Tablas (Siglo 5 A.C.) hasta nuestros días.

En la vida y desarrollo de esa civilización y de ese derecho dos elementos han sido de cardinal importancia en su función de base o soporte de toda la subsiguiente superestructura jurídica y moral de los mismos.

Uno de esos elementos cardinales es el de la buena fe, principio que no sólo es uno de los factores integrantes del derecho de obligaciones, sino de todo el orden jurídico, y el otro elemento está contenido en el binomio que preconiza que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio y que los contratantes son libres de establecer los pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Esa libertad de actuar y contratar, dentro de la ley, y esa confianza en que el prójimo actúa y contrata de buena fe son indispensables para la sociedad ordenada, pací-fica y civilizada. Esas premisas de la vida civilizada las llamó Pound “the jural postulates of civilization.”

Cuando esa armonía moral y jurídica se quiebra corres-ponde al ordenamiento jurídico, a través de sus instituciones apropiadas, tomar las acciones remediales y correctivas nece-sarias. Si las instituciones llamadas a esa tarea abdican o rehuyen su función y su deber, se cae en la incertidumbre y en la anarquía jurídica y se invitan males peores. Según la eterna vigilancia es el precio de la libertad, la eterna disposi-ción a sostener el Derecho y la Justicia constituye el precio de la paz social. El caso de autos es un ejemplo de esto último.

La demandante, Producciones Tommy Muñiz, Inc., es una corporación puertorriqueña organizada bajo las leyes de este país. Se dedica al negocio de producir espectáculos de radio y televisión.

El demandado, el Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN), es una corporación sin fines lucra-tivos también organizada bajo las leyes de Puerto Rico. Su objetivo inmediato es organizar, promover y transmitir lo concerniente a la celebración de los VIII Juegos Panameri-canos.

COPAN está compuesto de 23 miembros. Cinco son miem-bros del Comité Olímpico de Puerto Rico, 13 son funcionarios públicos y los restantes 5 miembros son ciudadanos particula-res. COPAN tiene un Comité Ejecutivo. El Sr. Arturo Carrion es el Presidente tanto de COPAN como del Comité Eje-cutivo de COPAN.

COPAN tiene a su cargo el organizar, promover y dirigir los Juegos Panamericanos que están programados para cele-brarse en San Juan de Puerto Rico del 1 al 15 de julio de 1979. A tales fines COPAN decidió vender los derechos para la transmisión por radio y televisión en Puerto Rico de los eventos y ceremonias de dichos Juegos Panamericanos. COPAN preparó la licitación y abrió el asunto a subasta. Se invitaron a varias firmas a participar en la misma y concu-rrieron la Puerto Rico Broadcasting, Inc. (WAPA-TV), la San Juan Pro Arts y Producciones Tommy Muñiz, Inc.

A tenor con las determinaciones de hecho de la ilustrada Sala sentenciadora el señor Muñiz, Presidente de Produccio-nes Tommy Muñiz, Inc., envió al Sr. Arturo Carrión, Presi-dente de COPAN, el 3 de enero de 1979, la siguiente comuni-cación :

“Sirva la presente para ofrecer a nombre de Producciones Tommy Muñiz, Inc. y/o sus cesionarios la suma de doscientos mil dólares ($200,000) por los derechos exclusivos de radio y televisión para Puerto Rico para la transmisión de los Juegos Panamericanos que han de celebrarse en Puerto Rico durante el mes de julio de 1979.
Esta propuesta incluye la instalación por parte nuestra de un centro de televisión que estará dispuesto y será adecuado para negociar su uso con otros mercados.”

Ese mismo mes, el 16 de enero de 1979, la Junta de Subas-tas le comunicó al señor Muñiz lo siguiente:

“Nos place informarles que el Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos y su Junta de Subastas adjudicó a esa empresa la buena pro de la Subasta Núm. COPAN 79-01, Derechos de Televisión.
En breve se le someterán, para su firma, los documentos es-critos ratificando los acuerdos entre ustedes y COPAN-79.”

En esa misma fecha la Junta de Subastas de COPAN no-tificó a los otros dos licitadores, la Puerto Rico Broadcasting, Inc. (WAPA-TV) y San Juan Pro Arts lo siguiente:

“A nombre del Comité Organizador de los VIII Juegos Pana-mericanos y de su Junta de Subastas, deseo informarles que la Subasta Núm. COPAN 79-01, Derechos de Televisión, le fue otorgada a la Firma Tommy Muñiz Productions, Inc.
Deseamos expresarle nuestra más profunda satisfacción y agradecimiento por su interés y participación en la referida subasta.”

Al ser citado Muñiz para la firma del contrato éste se per-cató, expresan las citadas determinaciones de hecho del tribunal de instancia, “de que el contrato contenía cláusulas que resultaban sumamente onerosas para Producciones Tommy Muñiz, Inc.” y se reunieron para discutirlas los señores Muñiz y Arturo Carrión con sus respectivos asesores técnicos— Sres. Joe Díaz y Maurice Louvet — y sus asesores legales— Ledos. Rubén Nigaglioni y Jaime Otero. Añaden dichas de-terminaciones de hecho que “El Sr. Maurice Louvet [asesor técnico de COPAN] estuvo de acuerdo con que el contrato que se le sometió al señor Muñiz incluía cláusulas sumamente onerosas.”

Surgió de la prueba que Muñiz había entendido que el establecimiento del centro de televisión tendría como función la transmisión local de los Juegos, mientras que Carrión en-tendía que su función incluiría tanto la transmisión local como la internacional. La transmisión a los Estados Unidos estaba excluida tanto de la local como de la internacional por-que COPAN había vendido los derechos para la transmisión en ese país por $350,000.

Sobre el asunto del establecimiento del centro de televisión para la transmisión internacional de los Juegos las partes acordaron la creación de una empresa común.

Encontró también probado el tribunal de instancia que en la reunión del 24 de enero de 1979 el Presidente de CO-PAN, refiriéndose al borrador de contrato expresó lo si-guiente :

. . El Comité Ejecutivo encontró este proyecto apropiado y solamente quedó pendiente la versión final que va a ser muy parecida a la versión actual.”

En una reunión celebrada el 8 de febrero de 1979 Muñiz y Carrión acordaron que la empresa común para la transmi-sión internacional de los Juegos no se llevaría a cabo. COPAN exigió y Producciones Muñiz aceptó pagar una suma adicional de $25,000 a COPAN. Fue en esa reunión en la cual Carrión le manifestó a Muñiz “que tenía un contrato y siguiera ade-lante.”

El 27 de febrero de 1979 el Hon. Luis Ayala del Valle le cursó una comunicación a Carrión manifestando su interés por la transmisión local de los Juegos. En contestación a esa comunicación Carrión se expresó como sigue:

“. . . Por tal motivo pedimos propuestas a productores y canales de televisión, recibiendo finalmente tres, de las cuales escogimos la de Tommy Muñiz Productions, Inc. Esta es superior tanto en el aspecto económico como en el horario y número de deportes a transmitirse. Por poseer un canal de televisión Tommy Muñiz Productions dispone del tiempo que las otras estaciones tienen ya comprometido comercialmente. Esto le per-mitirá más horas de transmisión cosa que conviene al deporte puertorriqueño. Desde el 5 de enero hemos negociado las con-diciones y cláusulas del proyecto del contrato que se preparó al efecto.”

Continuaban las reuniones y el Presidente de COPAN no firmaba el contrato. Pasaba el tiempo, acortándose así peli-grosamente el plazo de que disponía Muñiz, concesionario de la subasta, para planificar y ejecutar los innumerables actos, contratos, compra y alquiler de equipo, contratación de técni-cos, mejoramiento de la señal, etc., todo ello a realizarse antes de julio de 1979, cuando se celebrarían los Juegos. Muñiz obtuvo una fianza de $200,000 para garantizar a COPAN el pago de los derechos para la transmisión por radio y televi-sión en Puerto Rico de los Juegos.

A tenor con las citadas determinaciones de hecho, el 4 de marzo de 1979 Carrión le comunicó a Muñiz que “por ins-trucciones del Gobernador de Puerto Rico el contrato entre COPAN y Producciones Tommy Muñiz, Inc. no se firmaría.” Añade el tribunal de instancia: “este Tribunal le da entero crédito al testimonio del señor Muñiz.” A los 10 días, el 14 de marzo la Dra. Elsie Calero de Martínez, Administradora General del Servicio de Radio y Televisión del Departamento de Instrucción Pública, sometió al Secretario de Instrucción un plan para la transmisión de los Juegos por las estaciones del Gobierno.

En 20 de marzo el Comité Ejecutivo de COPAN aprobó una moción autorizando a Carrión a comenzar negociaciones formales con el Departamento de Instrucción Pública sobre la transmisión de los Juegos y suspendiendo las negociaciones con la firma Producciones Tommy Muñiz, Ine. Añade la Sala sentenciadora lo siguiente:

“Es menester señalar que el Vice-presidente de COPAN, Sr. Carlos Garret, llevó redactado un borrador que contenía básicamente la moción que posteriormente se aprobó.”

Continúa expresando el tribunal de instancia en sus de-terminaciones de hecho lo siguiente:

“Horas antes de que el Secretario del Comité Ejecutivo cer-tificara la resolución adoptada por el Comité, el Honorable Go-bernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, celebró una conferencia de prensa entre 12:00 y 1:00 de la tarde del 21 de marzo donde informó que los Octavos Juegos Panamericanos se transmitirían por las emisoras del pueblo de Puerto Rico.”

También concluyó el tribunal de instancia:

“A partir del 16 de enero de 1979 el Sr. Tommy Muñiz rea-lizó innumerables gestiones encaminadas a la preparación de la transmisión de los Juegos: sostuvo conversaciones con técnicos en el área de la producción y transmisión televisada y radial, realizó viajes, consultó con abogados, y conversó con firmas que se dedican a la venta y alquiler del equipo necesario para realizar este tipo de transmisión.
Resulta claro para este Tribunal que el señor Muñiz dedicó mucho tiempo y esfuerzo en las gestiones necesarias para lograr una buena producción y transmisión de los Juegos Panameri-canos.”

Concluyó también el tribunal de instancia que con ante-rioridad a los hechos relatados la Dra. Calero de Martínez le había indicado a Carrión su deseo de que los Juegos Pana-mericanos se transmitiesen por las emisoras del Gobierno de Puerto Rico y que Carrión le había contestado que no se podía hacer esa concesión a las estaciones del pueblo de Puerto Rico porque COPAN necesitaba recaudar fondos. Es clara la im-plicación de que COPAN siempre tuvo en mente vender esos derechos por dinero y no cederlos a las estaciones del Go-bierno.

El demandado y el interventor presentaron prueba ten-dente a demostrar que los Canales 6 y 3 eran superiores al que opera la firma de Muñiz, a lo cual el tribunal de instancia contestó que era irrazonable pretender que fuese el tribunal el que hiciese la determinación técnica de qué canal estaba mejor preparado para hacer esas transmisiones, cuando esa determinación correspondía hacerla a COPAN quien tenía el deber y la función de organizar, dirigir y proveer para la transmisión de los Juegos. Esa, la fase técnica, era una de las condiciones que formaban parte del cuadro de valores al mo-mento de concederse la subasta, subasta que COPAN concedió a la firma de Muñiz.

Al así hacerlo, como hemos señalado antes, el Presidente de COPAN había expresado que escogieron la propuesta de Muñiz por ser la superior no sólo en el aspecto económico, sino en el horario, en el número de deportes a transmitirse, por poseer un canal de televisión propio, por disponer de más horas de transmisión, etc. Como se sabe, al otorgarse una su-basta no solamente se considera el factor económico sino todos esos otros factores concomitantes, de calidad del producto o del servicio, de seguridad, de confiabilidad, etc. que ofrecen los licitadores, son factores que se toman en cuenta.

Añadió el tribunal de instancia que COPAN “nunca ha realizado estudio alguno del alcance de la transmisión de cual-quiera de los canales de televisión de Puerto Rico.”

Señala el tribunal de instancia que Carrión, con el cono-cimiento y anuencia del Comité Ejecutivo y del Comité Or-ganizador, estuvo negociando con Muñiz hasta el 14 de marzo de 1979, cuando le notificó que no podía formalizarse el con-trato sin aducir razones válidas para ello. Más adelante a la página 22 de su Opinión y Sentencia la Sala sentenciadora se expresa como sigue:

“La parte demandada sostiene que no se celebró una subasta. Nos sorprende la posición acomodaticia del presidente de COPAN. Para unos propósitos reconoce que se celebró una su-basta y para otros lo niega. El 24 de enero de 1979 ante el Co-mité Organizador reconoció la celebración y adjudicación de la subasta.
Ante este Tribunal pretende negar la celebración y adjudi-cación de la subasta aduciendo además que aunque tenía la facul-tad para seleccionar el productor que realizaría la transmisión local de los Juegos decidió referir el asunto a la Junta de Subas-tas para ‘evitar la crítica que pudiera recaer sobre su persona’ si él realizaba la selección.
No podemos reconocer la validez de la posición del señor Ca-rrión al aceptar la celebración de la subasta para aquellos fines que son de su conveniencia y negarla para aquello que le per-judica a COPAN.”

Añade el tribunal que el Comité Organizador, con la pre-sencia de sus 23 miembros, aceptó el informe de su Presidente en donde se expresaba lo siguiente:

Se han recibido unas propuestas, después de un sinnúmero de reuniones. La Junta de Subastas le otorgó la subasta al mejor postor que fue la firma de Tommy Muñiz Productions, Inc. Esta firma ofrece producir la señal de televisión localmente, que es de un costo bastante alto y además ofrece la cantidad de $200,000 en efectivo. Parte del Centro de Televisión nos permite a noso-tros, con una aportación de COPAN, vender esa señal para otros países. El Comité Ejecutivo encontró este proyecto apropiado y solamente quedó pendiente la versión final que va a ser muy parecida a la versión actual.”

Expresa el tribunal:

“Entendemos que el Sr. Tommy Muñiz fue sorprendido en su buena fe y que las actuaciones de la parte demandada y su Co-mité Ejecutivo han sido arbitrarias y caprichosas. Nos preocupa que ante este Tribunal haya comparecido COPAN a tratar de demostrar que el Canal 7 no puede ofrecer una buena transmi-sión de los Juegos Panamericanos, mientras que los Canales 6 y 3 sí pueden ofrecerla.
Ante esas circunstancias cabe preguntarnos: ¿Por qué el Comité Ejecutivo esperó hasta el 20 de marzo de 1979 para con-siderar que la transmisión se hiciese por las emisoras del Pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué esperó para tomar tal determinación luego de que su presidente, Arturo Carrión, con su consenti-miento y anuencia, estuviera negociando con el Sr. Tommy Mu-ñiz durante varios meses?”

Concluye el tribunal expresando que:

“De un análisis de la prueba desfilada surge que COPAN al suspender las negociaciones no actuó de buena fe por lo que debe responder por los daños y gastos ocasionados a la parte deman-dante.”

HH

A pesar de lo anterior, la Sala sentenciadora concluyo que no se había celebrado un contrato entre COPAN y Produc-ciones Tommy Muñiz, Inc., pero que debido a la conducta engañosa y de mala fe de COPAN, Producciones Tommy Muñiz, Inc., tenía derecho a ser compensada por los daños sufridos y por los gastos ocasionados.

Entendió la Sala sentenciadora que porque hubo negocia-ciones posteriores a la adjudicación de la subasta sobre una serie de detalles, no existía contrato a la fecha en que el Presidente de COPAN le informó a Muñiz que no firmaría.

En su solicitud de revisión la recurrente Producciones Tommy Muñiz, Inc., plantea dos señalamientos de error, los cuales pueden resumirse en uno. Señala que erró el tribunal de instancia al concluir que no existía un contrato entre la demandante y COPAN.

El error se cometió. Como se sabe, para que exista con-trato deben concurrir los siguientes tres requisitos: El con-sentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil. Una vez que concurran las condiciones esenciales para su validez, los contratos son obligatorios para las partes, Art. 1230 Código Civil, y, desde luego, la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, Art. 1208 Código Civil. El consen-timiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Art. 1214 Código Civil.

En el caso de autos no hay duda de que concurrieron los tres requisitos esenciales para la formación del contrato. Se realizó el consentimiento cuando, luego de expedir la licita-ción, COPAN aceptó la propuesta de la demandante recu-rrente. En ese momento ocurrió el concurso de la oferta y la aceptación que requiere el Art. 1214 del Código Civil antes citado. Abundando en la realización de dicho consentimiento y haciéndolo más formal, COPAN notificó por escrito a la recurrente que le había adjudicado la subasta y también notificó ese hecho por escrito a los otros dos licitadores a quienes no se les adjudicó la subasta.

Los otros dos requisitos de objeto cierto, materia del con-trato y causa de la obligación, también estaban presentes. Se trataba de la transmisión de los Juegos y del precio que la recurrente ofreció por dichos derechos y que la demandada aceptó.

Expresa lo siguiente Don José Puig Brutau en Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. I, 2da. ed. (1978), pág. 184:

“Un caso claro de invitación a formular ofertas aparece en la contratación por pública subasta. El contrato se forma por su-basta, dice Diez-Picazo, ‘cuando, por voluntad de uno de los con-tratantes, se establece que el contrato quedará celebrado y per-feccionado con el mejor postor y en las condiciones resultantes de la mejor postura ofrecida en una licitación practicada en todos los interesados en contratar...
Puesto que mediante la subasta se celebra un contrato, hay que preguntar si la oferta es el anuncio de subasta o lo es la lici-tación o postura de los que pretenden la adquisición. Pero, en realidad, dice el autor citado, el mecanismo de la subasta consti-tuye un medio autónomo de contratación que se desenvuelve con el anuncio de subasta, la licitación o manifestación de las pos-turas y el remate o adjudicación. El anuncio no es una mera in-vitación para que los interesados formulen ofertas. El anuncio no sólo provoca la subasta, sino que además establece las reglas que vinculan al anunciante. Contiene, además, el proyecto de con-trato, en el que solo faltan las circunstancias que ha de propor-cionar la subasta. Los licitadores o postores emiten una declara-ción de voluntad contractual al participar en la subasta y al hacer las diferentes posturas. El contrato queda perfeccionado al hacerse la mejor postura o al hacerse la proposición más venta-josa. El remate o adjudicación confirma o ratifica la celebración y perfección del contrato. Pero en las subastas voluntarias, el anunciante puede reservarse expresamente el derecho de aprobar el remate ... y en este caso la aprobación deja perfeccionado el contrato.” (Bastardillas nuestras.)

Así lo aceptó este Tribunal cuando en Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 299 (1973), expresamos:

“Generalmente la adjudicación de. la buena pro a un licitador por la Junta de Subastas ata al Municipio en una relación contractual con el adjudicatario que no puede ser resuelta unilateral o arbitrariamente.”

El hecho de que luego de otorgada la subasta COPAN tra-tase de hacerle modificaciones al contrato no anula ni des-truye el contrato ya celebrado y que le obligaba. Si se trataba de detalles que era necesario precisar, la culpa de que no estu-viesen en el contrato fue de COPAN pues fue ella quien pre-paró la oferta de subasta. No puede imputarle al licitador de-fectos en el pliego de subasta que él no redactó. Y si se tra-taba de hacerle enmiendas al contrato que COPAN estimaba necesarias o convenientes, era lícito que las partes conver-saran y negociaran sobre esos particulares.

Después de todo, como se sabe, las enmiendas a un con-trato celebrado no pueden hacerse unilateralmente, sino por acuerdo de las partes contratantes. Esas conversaciones y negociaciones no destruyeron en absoluto el vínculo contractual que mediante el otorgamiento de la subasta ya ataba a la concurrente y a la demandada.

Realmente, como lo encontró probado la Sala sentencia-dora, lo que los hechos rezuman es que desde algún momento COPAN comenzó a tratar este asunto con mala fe, dándole largas al mismo, colocándose así fuera de los supuestos y de los preceptos de la ley y dentro del terreno de la culpa y de la responsabilidad. En cuanto a ese extremo el tribunal senten-ciador vio claro. Donde erró fue en entender que no había habido contrato. Como hemos expresado estamos convencidos de que hubo contrato y de que COPAN lo violó.

Tardíamente y con escaso valor persuasivo COPAN y el Departamento de Instrucción tratan de enarbolar la bandera del interés público. Parecen olvidar que, como señala Boden-heimer, el interés público para ser genuino requiere un alto contenido de honradez y de juego limpio.

Como señala el distinguido jurista español Don Antonio Hernández Gil en el derecho de obligaciones las normas mora-les dominan, siendo preciso que las partes las respeten. La obligación civil no es una mera relación entre dos patrimo-nios sino que descansa en un deber moral y es preciso que la regla jurídica organice técnicamente su cumplimiento.

Como dijo el Ex-Juez Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Earl Warren “In civilized life, law floats in a sea of ethics. ... Where there is no ethical commitment to observe the law, the judicial and police systems are really helpless, and law often ceases to operate at all.”

Por todo lo anterior, yo declararía con lugar la demanda y mediante la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal orde-naría el cumplimiento específico del contrato, según lo solici-tan los demandantes en su Moción de 15 de mayo de 1979 y el pago por la parte demandada a la demandante de los daños ocasionádoles.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 1979

He votado en contra de la moción de auxilio de jurisdic-ción presentada por la recurrente Producciones Tommy Mu-ñiz, Inc., porque su petición a este Tribunal en el recurso de revisión no es para obtener el cumplimiento específico del con-trato para la trasmisión de los Juegos Panamericanos sino para el resarcimiento de daños. A esos efectos claramente ex-presó en su solicitud que su derecho a trasmitir las ceremo-nias y eventos de los Juegos Panamericanos se había tornado “ . . casi en ilusorio, posiblemente académico y ciertamente en imposible como originalmente se concibió, . . . por las actuaciones culposas y de mala fe cometidas por la recurrida COPAN. Más específicamente, en la Súplica de su recurso se limitó a solicitar que se decretara la existencia de su derecho a obtener un resarcimiento en daños.

Habiendo este Tribunal expedido el auto solicitado por Producciones Tommy Muñiz, Inc. para determinar el derecho al resarcimiento de daños por incumplimiento de contrato re-sulta insólito e inoportuno cualquier expresión sobre los méri-tos de esta cuestión en estos momentos.

       Pound, III Jurisprudence 8, 10 (1959).

      Lo de fines no lucrativos es relativo. De las determinaciones de hecho de la ilustrada Sala sentenciadora surge lo siguiente. Mucho antes de iniciarse este caso, en el año 1977, una funcionaría del Departamento de Instrucción sugirió al Sr. Arturo Carrión, Presidente de COPAN, que cediese los derechos de transmisión de los VIII Juegos Panamericanos a las estaciones del Gobierno, a lo cual no accedió Carrión explicando que COPAN necesitaba recaudar fondos y que por ello no podía hacer esa concesión. Estaba implícita en la contestación de Carrión que COPAN se proponía vender por dinero los mencionados derechos. COPAN vendió los derechos para la transmisión de los Juegos a los Estados Unidos por la suma de $350,000. COPAN adjudicó la subasta a la firma de Producciones Tommy Muñiz, Inc., por $200,000 y más tarde le exigió $25,000 adicionales a lo cual tuvo que consentir dicha firma.

      En ese caso de Cancel se llegó a otra conclusión debido a una situa-ción especial de sus hechos. Condición esencial de la subasta era la presta-ción de una fianza por parte del licitador y el Tribunal encontró que dicha fianza fue puesta en cuarentena y desnaturalizada, dejando sin protección alguna al Municipio. Luego, allí no se cumplió ese requisito del contrato de subasta. En el caso de autos se cumplió. COPAN exigió y el recurrente prestó una fianza de $200,000.

        Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law, Harvard University Press (1962) pág. 815 in fine.

        Metodología del Derecho, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid (1945), pág. 81.

       Simon, In His Own Image (1978), pág. 73.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    Sucn. Ronald K. Evans, etc., demandantes y recurridos, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-77-220

      Resuelto: 22 de mayo de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados del recu-rrente; John F. Malley y Ramón Moran Loubriel, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El causante de los demandantes recurridos, Ronald K. Evans, falleció en el estado de Michigan, su domicilio, el 12 de junio de 1964. En su testamento designó herederos a su viuda Gladys M. Evans y a sus nietos Mary Ellen Douglas y Morgan Drexel Douglas III, todos ellos domiciliados en Michigan. Formaba parte de los bienes hereditarios del cau-sante su participación como socio comanditario en el capital social de la sociedad en comandita organizada en el estado de Michigan bajo la razón social “El Conquistador Hotel Association, Ltd.” (en adelante “la Sociedad”), cuya participa-ción fue valorada por el Secretario de Hacienda en $272,000.00. El propósito de dicha sociedad es el de dedicarse al negocio hotelero en Puerto Rico.

El certificado de constitución de la sociedad en comandita se otorgó en Michigan bajo la ley aplicable — M.C.L.A. sees. 449.201 a 449.231 — que es una adaptación de la Ley Uni-forme de Sociedades en Comandita (“Uniform Limited Partnership Act”). La Sociedad no tiene características de una entidad corporativa. Sin embargo, el socio comanditario tiene generalmente inmunidad respecto a las deudas de la sociedad. Los socios organizadores son el causante Evans, como socio gestor y comanditario, John E. Malley, como socio gestor, y Richard V. Light, como socio comanditario. Luego fue en-mendado para incluir otros socios comanditarios. La sociedad pasó a ser dueña de todas las acciones emitidas y en circula-ción de “El Conquistador Hotel Corporation” y de “Trade Winds Development, Inc.” — corporaciones organizadas bajo las leyes de Puerto Rico y cuyo presidente era el aquí cau-sante.

La Sociedad tenía su oficina principal en Lansing, Michigan, y su sitio principal de negocios en Fajardo, Puerto Rico. No tenía oficinas ni hacía negocios en otras jurisdicciones, ni derivaba ingresos de otras fuentes que no fuesen sus activi-dades en el negocio hotelero puertorriqueño. Todos sus socios, con excepción de Malley, pero incluyendo al causante, eran residentes de Michigan. Las reuniones de los socios se cele-braban en ese Estado y allí se tomaban las decisiones sobre la operación de los negocios.

La Sociedad, en cumplimiento de un plan de reorganiza-ción, que comprendía la total liquidación de las dos corpora-ciones mencionadas y la redención de todas sus acciones, ad-quirió los bienes inmuebles de las dos corporaciones puerto-rriqueñas mencionadas precedentemente y asumió la obliga-ción de satisfacer las cargas y gravámenes sobre los inmue-bles adquiridos, y simultáneamente adquirió todos los bienes muebles y asumió todas las obligaciones corporativas. Los bienes adquiridos por la Sociedad de dichas dos corporaciones consistían de unas fincas sitas en la municipalidad de Fajardo con sus respectivas edificaciones, así como las cuentas ban-carias, cuentas por cobrar y otros activos misceláneos.

Si bien el causante de los demandantes recurridos era a la vez socio gestor y socio comanditario, su participación en los bienes y en las ganancias de la Sociedad, conforme lo dis-pone el contrato social, habría de limitarse a la participación a que tuviera derecho como socio comanditario.

El Secretario de Hacienda, determinó que tanto los paga-rés como la participación del causante en la sociedad coman-ditaria eran tributables bajo la Ley de Contribuciones sobre Herencias y Donaciones — Ley Núm. 303 de 12 de abril de 1946, según enmendada, 13 L.P.R.A. see. 881 et seq., en ade-lante, “Ley de Herencias de 1946”, y cursó a los demandantes una notificación final y requerimiento de pago por concepto de contribución sobre herencias por la suma de $119,248.58. Los demandantes recurridos impugnaron ante el Tribunal Superior la determinación del Secretario por el fundamento de que la participación del causante en la Sociedad limitada consti-tuye un bien mueble sujeto a las leyes del domicilio del cau-sante, y que habiéndose realizado la transferencia de dicha participación a los herederos en el estado de Michigan, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico carece de poder para imponer contribución de herencia sobre dicha participación. La valoración de dichos bienes no fue objetada.

El tribunal de instancia resolvió por sentencia sumaria que la transferencia por herencia de la participación del cau-sante en una sociedad en comandita organizada bajo las leyes del Estado de Michigan, a sus herederos también residentes del mencionado Estado, no es evento tributable en Puerto Rico bajo la Ley Núm. 303 de 1946, por constituir dicha par-ticipación un bien mueble cuya transferencia por herencia se rige por la ley de Michigan. El Secretario de Hacienda re-curre ante nos de esa determinación. Accedimos a revisar el único error señalado.

Nadie se permitiría cuestionar hoy día que el acrecimiento, graciosa y lucrativamente del patrimonio y la riqueza de la persona mediante el recibo de una herencia, constituye un hecho social y económico sobre el cual el Estado puede ejercer su abarcador poder tributario. Véase Maristany v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 291, 302 (1967). Sin embargo, cuando un Estado carece de jurisdicción o poder para tributar, el ejercicio de dicho poder resulta en una actuación confiscatoria y por ende contraria al debido procedimiento de ley. Miller Bros. Co. v. Maryland, 347 U.S. 340, 342 (1953). A tenor con ese principio ha sostenido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que la imposición de un tributo, sin que medie jurisdicción sobre la propiedad o sobre la persona, constituye un acto ultra vires del poder público que no debe sostenerse. St. Louis v. Ferry Co., 11 Wall. 423, 430 (1871), New York, L.E. & W.R. Co. v. Pennsylvania, 153 U.S. 628, 646 (1894). Así, reconocimos en Maristany v. Srio. de Hacienda, supra, que la validez de toda medida impositiva, de-penderá, a tenor con las limitaciones constitucionales apli-cables, de que medie algún vínculo racional entre el Estado que tributa y el sujeto u objeto del tributo.

Empezaremos por decir que nuestro Código Civil preceptúa que los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario y los inmuebles a las leyes del país en que están sitos. Art. 10, Código Civil, ed. 1930, 31 L.P.R.A. sec. 10. Por otro lado, es norma cardinal en interpretación de estatutos que en controversias fiscales debe acudirse en primer término a las leyes y los principios fundamentales que rigen la materia. Serrallés Galiano v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 11 (1961). A su vez, las deficiencias de éstas se suplirán por las disposiciones del Código Civil. Art. 12, Código Civil, ed. 1930, 31 L.P.R.A. sec. 12.

El objeto del tributo en el caso de autos surge de nuestra anterior Ley de Herencias de 1946 por haber ocu-rrido la muerte del causante con anterioridad al 1ro. de enero de 1969, fecha en que entró en vigor nuestra actual Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones. Ley Núm. 167 de 30 de junio de 1968, 13 L.P.R.A. sec. 5001 et seq. El suceso tributable bajo la Ley de Herencias de 1946 incluía “toda transferencia que se haga por herencia, por tes-tamento o abintestato”, esto es, la contribución se puede im-poner sobre la transferencia en sí o transmisión de los bienes del causante, y no necesariamente sobre los bienes que com-ponen propiamente el caudal hereditario. 13 L.P.R.A. sec. 881 (a). Freeman v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 307, 310-312 (1961). Y, en cuanto a éstos, al definir la ley los términos “bienes” o “propiedad” incluye cualquier forma de participa-ción en bienes muebles o inmuebles, “así como el usufructo, la nuda propiedad o cualesquiera clase de derechos y acciones.” 13 L.P.R.A. sec. 882. De suerte que toda transferencia por herencia de bienes o propiedad, así como de cualquier parti-cipación o derecho en ellos es tributable. Por ello dijimos en Sucn. Mercado Parra v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 710, 714 (1965), que se incluyen en la palabra “bienes” no sólo los objetos materiales que una persona posea, sino, también, un hecho al cual se pueda tener derecho o una acción que pueda hacerse valer.

Nuestra tarea en este caso se reduce pues a precisar si para los fines de tributar la transferencia o transmisión de los bienes o cualquier participación o derecho en ellos, existe ese imprescindible vínculo racional, que exigimos en Maristany, entre el causante, sus herederos, la participación social heredada y el suceso hereditario mismo, de una parte, y el Estado Libre Asociado de la otra. Debe aclararse, sin embargo, que a los fines de la aplicación de la Ley de Herencias de 1946, ésta no distingue entre residentes y no residentes. Al respecto hemos resuelto que la residencia o no residencia en Puerto Rico de los herederos no juega papel en cuanto a la imposición de la contribución de herencia. Sucn. S. Shefftz v. Srio. de Hacienda, 93 D.P.R. 888, 896 (1967).

Al rechazar los demandantes el poder o jurisdicción del Estado para imponer la contribución que se les ha impuesto sobre su participación o derecho en el capital social de la So-ciedad del Estado de Michigan, apoyan su contención sustan-cialmente en Rhode Island Trust Co. v. Doughton, 270 U.S. 69 (1926), en el que descansó también el tribunal de instancia para darles la razón en el presente caso. En Rhode Island se resolvió que era inválida una contribución sobre herencia im-puesta sobre la transferencia mortis causa de ciertas acciones corporativas de un no residente, cuando el único fundamento para dicha imposición descansa en que la corporación hace negocios y tiene dos terceras partes de sus propiedades en el Estado tributante. Según se indica, ese caso se resolvió en 1926. Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal con posterioridad a la decisión de Rhode Island, a la luz de las circunstancias factuales y jurídicas que concurren en el caso de autos, nos hace creer que lo resuelto en aquel caso no es doctrina rectora en éste.

La cuestión sobre si los bienes relictos pueden ser tribu-tables en una o más jurisdicciones estatales, concretamente en relación con intangibles, ha sido motivo de consideración a través del tiempo por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por haber variado la posición de dicho tribunal una y otra vez al respecto, examinemos las varias etapas habidas. En la primera etapa figuran como típicas las decisiones de Blackstone v. Miller, 188 U.S. 189 (1903), Wheeler v. Sohmer, 233 U.S. 434 (1914) y Bullen v. Wisconsin, 240 U.S. 625 (1916), en las que se reconoció que el estado del domi-cilio del propietario podía tributar todos los intangibles comprendidos en el caudal hereditario, sin que existiere objeción constitucional a que otros estados que demostraran relación significativa con la propiedad transferida, promovieran tam-bién sus intereses fiscales. La segunda fase está represen-tada por una serie corta de decisiones en la que se destacan Farmers Loan & Trust Co. v. Minnesota, 280 U.S. 204 (1930) y First National Bank v. Maine, 284 U.S. 312 (1932). En ambos casos el Tribunal revocó las decisiones que forman su primera etapa, basándose en limitaciones constitu-cionales que hubo de entender surgían de la Decimocuarta Enmienda, y estableció una regla de inmunidad que evitaba la tributación múltiple de intangibles. El caso de Rhode Island Trust Co. v. Doughton, 270 U.S. 69 (1926), que invocan los demandantes a su favor, y en el que se apoyó el tribunal de instancia para resolver contra el Secretario de Hacienda, y que habremos de comentar más adelante, aparece en el umbral de este segundo estadio que poco habría de durar. La tercera etapa comprende varias decisiones poste-riores, entre las que se encuentran Curry v. McCanless, 307 U.S. 357 (1939), en las que el Tribunal Supremo federal abandonó las limitaciones jurisdiccionales sobre tributación de intangibles que había establecido al revocar expresamente a First National Bank v. Maine, supra. State Tax Commission of Utah v. Aldrich, 316 U.S. 174 (1942). Ver P. A. Freund, et als., Constitutional Law, Fourth Ed., Boston, 1977, pág. 563.

Es después de esta tercera etapa que se adopta en Puerto Rico la Ley de Herencias de 1946. El estado de la jurisprudencia en torno al problema constitucional aquí suscitado, esto es, la posición adoptada por el Tribunal Supremo federal en la última línea de casos citados, demuestra que no se reconocía entonces ninguna regla constitucional de inmunidad respecto a la tributación de intangibles por más de una jurisdicción. Esa interpretación no ha variado hasta el presente. En el caso de certificados de acciones, la jurisdicción contributiva no está restringida al estado del domicilio de su dueño. A la luz del caso de Aldrich, supra, el Estado donde el certificado de acción esté sito, así como el Estado o Estados de incorporación y cualquier otro Estado que haya extendido beneficios o protección a dichas acciones o que pueda demostrar el hecho práctico de su poder o soberanía en relación con aquéllas, puede de igual modo hacer constitucionalmente su exacción. Ver A. S. Guterman, Revitalization of Multiple State Death Taxation, 42 Colum. L. Rev. 1249, 1273-1277 (1942).

El esencial efecto jurídico que tuvo el caso de Rhode Island, fue negar que el hecho de que una corporación llevara a cabo negocios en determinado estado y que más de la mitad de sus propiedades radicaran allí sirviera de fundamento o vínculo suficiente para que ese Estado impusiera tributo so-bre el traspaso mortis causa de sus acciones. Con posteriori-dad a Rhode Island, sin embargo, el Tribunal reconoció que el estado donde la corporación tuviera su lugar de negocios, tiene capacidad para imponer tributo sobre la propiedad de sus acciones. Wheeling Steel Corp. v. Fox, 298 U.S. 193 (1936); First Bank Stock Corp. v. Minnesota, 301 U.S. 234 (1936). Para armonizar estas posiciones algunos autores dis-tinguieron los casos a base de la débil sutileza de que en estos últimos se trataba de un tributo sobre la propiedad mientras que Rhode Island de una contribución sobre traspaso por herencia. Comment, Commercial Domicile and Multi-State Property Taxation of Intangibles, 16 Tex. L. Rev. 277, 234 (1938). Posteriormente, sin embargo, a la luz de los casos de Curry v. McCanless, supra, y su secuela, la distinción fue descartada. R. L. Howard, State Jurisdiction to Tax Intangibles: A Twelve Year Cycle, 8 Mo. L. Rev. 155, 162 (1943).

La doctrina de Curry y Aldrich expandió, pues, decisivamente el restrictivo criterio expuesto en Rhode Island que en materia de acciones limitaba las posibilidades de tributación exclusivamente al estado del domicilio de su titular y al estado de incorporación de la misma. Bajo la última postura del Tribunal Supremo federal cualquier otro estado que ofrezca protección o beneficio razonable en relación al intangible heredado, puede también ejercer su actividad fiscal con respecto a aquél. Es por ello que los autores sostienen que la solución de la controversia que se suscitó en Rhode Island debe ser hoy distinta. Entienden éstos que no existe base para sostener que el estado donde se llevan a cabo sustanciales negocios corporativos no tiene vínculo suficiente que le conceda jurisdicción para ejercer la gestión fiscal. D. W. Morton y H. A. Colton, Limitations on State Jurisdiction to Levy Death Taxes, 5 Miami L.Q. 449, 461 (1951) ; How Far Will Multi-State Death Taxation Go? 1 Vand. L. Rev. 93, 107 (1947); Withdrawal of Due Process Limitations on State Tax Jurisdiction, 50 Yale L.J. 900, 906 (1941).

Ha quedado demostrado que los socios de la Sociedad “El Conquistador Hotel Association, Ltd.” han disfrutado de las oportunidades y las ventajas que ofrece nuestra jurisdicción, a través de las leyes locales que le han proporcionado beneficios y protección al capital del causante que representa la participación social heredada. Freeman v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 307, 314 (1961); Schuylkill Trust Co. v. Penna., 302 U.S. 506, 516 (1938); Tappan v. Merchants National Bank, 19 Wall. 490, 503-504 (1873). Advertimos, en consecuencia, un estrecho e importante vínculo entre Puerto Rico y la participación de los demandantes en “El Conquistador Hotel Association, Ltd.”, que le confiere jurisdicción al Estado para ejercer su gestión fiscal.

Es indudable que el efectivo desempeño de las gestiones comerciales en Puerto Rico depende, tanto para sociedades do-mésticas como para sociedades extranjeras, de la protección que consagra el palio de nuestra legislación que atenúa sig-nificativamente el hito diferenciador que distingue a las unas de las otras. Ver A. S. Guterman, Revitalization of Multiple State Death Taxation, 42 Colum. L. Rev. 1249, 1274-1275 (1942).

Conviene, antes de concluir, recalcar cuanto dijimos en Piacentini v. Buscaglia, en reconsideración, 59 D.P.R. 767, 784-785 (1942), a los efectos de que las “. . . inversiones de dinero hechas en Puerto Rico . . . gozan de la protección de nuestro gobierno y de nuestras leyes. Y parece justo que al ser trasmitidas por herencia contribuyan en la misma medida que lo hacen las inversiones de los residentes en el país al sostenimiento de los gastos de nuestro gobierno.”

Por todo lo expuesto anteriormente se dictará sentencia dejando sin efecto la sentencia sumaria dictada el 13 de mayo de 1977 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que dis-puso que carecía de poder el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer tributo a la participación heredada por los demandantes en la Sociedad en comandita “El Conquistador Hotel Association, Ltd.”, y devolviendo el caso para que se determine la cuantía de la contribución sobre herencia a ser pagada por los demandantes.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila no inter-vinieron.

       También fueron incluidos en el caudal unos pagarés emitidos por la Sociedad a favor del causante localizados físicamente en Michigan, que evidenciaban deudas originadas en préstamos en efectivo que el causante hizo a la Sociedad para enjugar ciertas pérdidas sufridas por la Sociedad en la operación del Hotel El Conquistador en Puerto Rico, cuyos pagarés estaban aún impagados a la fecha de la muerte del causante. Dichos pagarés no son objeto de este recurso por haber determinado el tribunal de instancia que su traspaso por herencia no era evento tributable en esta jurisdicción. El Secretario de Hacienda no solicitó revisión de esa determinación. Ver, sin embargo, J. R. Hellerstein, State and Local Taxation, New York, 1952, págs. 491-492.

       La Ley de Michigan permite tal interés dual. M.C.L.A. see.. 449.212.

      La actual Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos contiene disposiciones expresas sobre lo que constituye el caudal relicto de un no residente. 13 L.P.R.A. secs. 5101-5109. Véase H. A. Segall, R. B. Kelley, y H. S. McConnell, Estate Planning Comes to Puerto Rico, 55 A.B.A.J. 464, 469 (1969).

       Expresó el Tribunal Supremo en Blackstone v. Miller, supra, págs. 204-205:
      “Indudablemente el poder de dos Estados para imponer contribuciones ofrece alguna dificultad cuando se basa en principios diferentes y más o menos inconsistentes. Además, es de lamentar que un mismo Estado esté por un lado imponiendo contribuciones conforme a la realidad de su poder, y por otro lado, y simultáneamente, conforme a la ficción legal de que, en sucesiones por causa de muerte, mobilia sequuntur personam y domicilio, gobiernan el todo. Pero estas inconsistencias no infringen derecho constitucional alguno. Coe v. Errol, 116 U.S. 517, 524; Knowlton v. Moore, 178 U.S. 41.”

       En Farmers Loan & Trust Co. v. Minnesota, supra, págs. 209, 212 se dice:

        “Blackstone v. Miller ya no puede considerarse como una exposición correcta del derecho vigente; y para evitar malentendidos, queda definitiva-mente revocado.
      “Hemos determinado que, en general, los intangibles pueden ser propia-mente tributados en el domicilio de su dueño, y no encontramos razón sufi-ciente para decir que éstos no tienen derecho a gozar de inmunidad con-tributiva en más de un lugar, de manera similar a la provista para los tangibles.”

      Por voz del Juez Douglas se expresó el tribunal con el siguiente lenguaje tomado de Wisconsin v. J. C. Penney Co., 311 U.S. 435, 444 (1940):

        “Un estado está en libertad de realizar su propia política fiscal, libre de impedimentos constitucionales, si mediante la operación práctica im-positiva ha ejercido su poder en relación a las oportunidades que ha conce-dido, la protección que ha sufragado, y los beneficios que ha concedido por razón de ser una sociedad ordenada y civilizada.”
      Y concluyó diciendo:
      “Por las razones expuestas, entendemos que First National Bank v. Maine no debe sobrevivir.”

      En la opinión de Rhode Island se expresó el tribunal con las siguientes palabras:
      “En cuestiones de cosas incorporales, tales como derechos, acciones, y bonos, sitas en el mismo lugar del dueño, una contribución sobre trans-misión de bienes puede naturalmente ser impuesta por el estado en que dicho dueño reside. Está bien establecido también que el Estado en el que está organizada una corporación puede proveer, al crear dicha corporación, para la imposición de contribuciones en ese Estado sobre todas sus acciones, ya sean éstas propiedad de residentes o de no residentes.” Pág. 81.

       Aun en sus hechos el caso de Rhode Island se distingue del de autos. La cuestión que presentaba ese caso era si el Estado de Carolina del Norte podía válidamente imponer un impuesto de transferencia o de herencia sobre unos certificados de acciones poseídos por un no residente en una corporación organizada bajo las leyes de Nueva Jersey. La corporación estaba admitida y hacía negocios en Carolina del Norte. Ese Estado impuso una contribución sobre el derecho de transmisión de las referidas acciones, no sobre las acciones en sí, equivalente a % del valor en el mercado de las acciones. El Tribunal determinó como cuestión de derecho que el Estado carecía de poder para tasar la transferencia de la propiedad de un no residente a menos que tuviera jurisdicción sobre la propiedad en sí en que se basara el derecho de transferencia. El Tribunal aceptó, sin embargo, que reconocía el poder del Estado de residencia del recipiente de la transfe-rencia para imponer la contribución. También reconoció el poder del Esta-do en que estaba organizada la corporación, aunque los recipientes fueran no residentes. El fundamento utilizado por el Tribunal fue que el accionista no era dueño de las propiedades que radican en el Estado de Carolina del Norte sino que las mismas pertenecen a la corporación, y consiguiente-mente que la jurisdicción para fines contributivos no puede ejercerse sobre la localización de una parte de la propiedad en dicho Estado; a menos que el Estado no hubiera impuesto estatutariamente una condición por virtud de la cual el accionista en esas circunstancias se sometía a la jurisdicción contributiva del Estado por el mero hecho de que la corporación hacía negocios en el Estado.
      Aunque el Tribunal Supremo no expresó criterios prácticos que militan contra la imposición de contribuciones de herencia por los distintos estados sobre la proporción de los negocios que llevan a cabo en sus fronteras las distintas corporaciones no domésticas, compartimos la preocupación de autores como Abraham S. Guterman en su ensayo que hemos citado, al visualizar la situación difícil que podría surgir con respecto a la situación señalada si varios estados fueran a imponer un tributo basado en la proporción en que una corporación hace negocios en cada estado o en la proporción del valor de las propiedades que en cada uno radican.
      El caso ante nos no presenta, sin embargo, la dificultad del de Rhode Island. Ya señalamos que la Sociedad “El Conquistador Hotel Association, Ltd.” fue organizada con el propósito de llevar a cabo negocios en Puerto Rico; su único lugar de negocios se encontraba en Fajardo, Puerto Rico; no derivaba ingresos de otras fuentes que no fuesen sus actividades en Puerto Rico y todos sus activos, aquí estaban sitos.

       En Freeman, supra, al adoptar la doctrina de Curry v. McCanless, dijimos que “la transferencia de acciones ocurrida en este caso es tributable por representar capital invertido en Puerto Rico.”

       Véanse el Art. 15 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1036 y Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 D.P.R. 374, 379 (1961).


author: Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Trinidad Pizarro Benítez, Presidente de la Asamblea Municipal de Vieques et al., demandantes y peticionarios, v. Radamés Tirado Guevara, Alcalde de Vieques, demandado y recurrido.

      Número: O-79-22

      Resuelto: 22 de mayo de 1979

      Guillermo Mojica Maldonado y Héctor Luis Acevedo, abogados de los recurrentes; Luz C. Cruz Vázquez, abogada del recurrido.
   SENTENCIA

Conforme surge del expediente de este caso se trata del incumplimiento por el Alcalde de una ordenanza municipal aprobada por la Asamblea Municipal de dicho municipio por sobre el veto del Alcalde, por virtud de cuya ordenanza se estableció como lugar oficial de reuniones de la Asamblea el mismo local del municipio que tradicionalmente se utilizaba para ello. El Alcalde, por su parte, alega que ha provisto un lugar adecuado para las reuniones de la Asamblea distinto al designado por ésta con el fin de garantizar la seguridad de la propiedad pública de la Casa Alcaldía.

Los miembros de la Asamblea recurrieron al Tribunal Superior, Sala de Humacao, mediante recurso de mandamus en el que solicitan se obligue al Alcalde a cumplir con la orde-nanza en cuestión. El tribunal de instancia declaró el recurso sin lugar, sin celebración de vista, dictaminando que no pro-cede la expedición del auto de mandamus por exisitir un re-medio adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, cual es el procedimiento que establece la Ley Municipal, Art. 107, según enmendado, 21 L.P.R.A. see. 1741, por lo cual los de-mandantes debían someter su caso ante la Comisión para Ven-tilar Querellas Municipales.

Concedimos al Alcalde un término para que mostrara causa por la que no debíamos revocar la orden recurrida. Éste no ha comparecido.

La disposición que sirve de fundamento al tribunal sen-tenciador para desestimar la acción no es de aplicación a los hechos de este caso. Dispone que “ [c] uando en algún muni-cipio exista un estado de fricción entre la Asamblea Municipal y el Alcalde, a extremo tal que el crédito municipal o los asuntos públicos municipales sufran graves demoras o per-juicios, o corran el riesgo de sufrirlos, el Alcalde o la Asam-blea deberán rendir un informe sobre tal circunstancia al Gobernador, quien deberá ordenar a todos los jefes de de-partamentos que inmediatamente pongan a disposición de la Comisión para Ventilar Querellas Municipales toda la docu-mentación e información que tengan relativa a los asuntos públicos de dicho municipio. Inmediatamente que reciba el informe antes referido el Gobernador dará traslado del mismo a la referida Comisión.” Art. 107, según enmendado, 21 L.P.R.A. see. 1741.

Es claro que este procedimiento se aplica cuando existe entre el cuerpo legislativo municipal y el ejecutivo discrepan-cias profundas que entorpezcan e impidan el funcionamiento normal de los asuntos municipales. Esta no es la situación en el presente caso. Lo que ha ocurrido es que el Alcalde no per-mite que la Asamblea se reúna en el salón donde habitualmente lo ha hecho, y que, como hemos señalado, ha sido designado para tal fin por ordenanza cuya validez no se impugna. Ni el crédito municipal ni los asuntos públicos municipales están amenazados.

Procede por tanto revocar la sentencia recurrida y de-volver el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica el Señor Secretario.

El Juez Asociado Señor Rigau disiente con opi-nión, a la cual se une el Juez Asociado Señor Díaz Cruz. El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau

a la cual se une el Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 1979

A pesar del relativamente pequeño escenario físico en que se desenvuelve este caso, el mismo plantea un problema fundamental de nuestro sistema de gobierno democrático, repre-sentativo y constitucional.

Surge de los autos que por motivo de una controversia política, el Alcalde de Vieques desalojó de su habitual salón de reunión en la Casa Alcaldía a la Asamblea Municipal de dicho municipio. La Asamblea, órgano legislativo del munici-pio, para hacer valer sus derechos de reunión, aprobó, por sobre el veto del Alcalde y con el voto de más de dos terceras partes del total de sus miembros, la Ordenanza Núm. 8 de 4 de abril de 1978, mediante la cual designó formalmente el salón de reuniones que venía utilizando la Asamblea como su Salón de Sesiones oficial. A pesar de lo anterior, el Alcalde se ha negado a permitir que la Asamblea utilice dicho salón para sus reuniones.

El Presidente de la Asamblea Municipal y los demás miembros de dicha Asamblea presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, una petición de mandamus ex-poniendo los hechos y solicitando del tribunal que ordenase al Alcalde demandado a cumplir o a dejar que se cumpla con la referida Ordenanza Municipal Núm. 8 de 4 de abril de 1978.

En 19 de diciembre de 1978 la ilustrada sala sentencia-dora declaró no haber lugar al recurso. Entendió que los demandantes debieron utilizar el procedimiento comprendido en el Art. 107 de la Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, 21 L.P.R.A. see. 1741. Dicho artículo, según en-mendado, dispone que cuando en algún municipio exista un estado de fricción entre la Asamblea Municipal y el Alcalde, el Alcalde o la asamblea rendirá un informe al Gobernador, quien ordenará a los jefes de departamentos que pongan a disposición de la Comisión para Ventilar Querellas Munici-pales la documentación que tengan relativa a los asuntos pú-blicos de dicho municipio.

Sigue disponiendo dicho artículo que practicada la inves-tigación y celebrada una vista, la mencionada Comisión emi-tirá su fallo y podrá declarar vacante el cargo de Alcalde o los cargos de asambleístas que estime pertinente, etc. La resolu-ción que dicte la Comisión será revisable ante el Tribunal Supremo del país.

Obviamente dicho procedimiento — complicado, lento y po-lítico — fue diseñado para otras clases de “fricciones” y no para un caso como el de autos, en que se da no unas meras fricciones o discrepancias de criterios sino en el que ocurre la ingerencia física y jurídica del ejecutivo municipal con la rama legislativa del municipio, creándose así un serio pro-blema constitucional. No se trata de destituir al Alcalde ni a ningún asambleísta, ni de sustituirlos mediante su nombra-miento por un funcionario ejecutivo. Se trata de lo siguiente.

La Constitución de Puerto Rico provee para un Gobierno de forma republicana, compuesto por tres Poderes, a saber, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Art. I, Sec. 2, Constitución de Puerto Rico.

Dichos poderes son jurídica y formalmente independientes entre sí y forman el sistema de pesos y contrapesos que tiene por objeto proteger la libertad de los ciudadanos y hacer difícil el establecimiento de un gobierno autocrático uniper-sonal. En cuanto a estos principios básicos del sistema demo-crático constitucional nuestra Constitución se nutre, en gran medida, del derecho histórico sobre estas materias e incluye lo mejor del pensamiento y de la tradición constitucional occidental. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 291 (1971). Como se dijo en Monaco v. Mississippi, 292 U.S. 313, 323 (1934) : “La doctrina de la separación de poderes es fundamental para nuestro sistema. . . . Sus postulados limitan y controlan.”

También se ha dicho sobre el particular que la separación de poderes no es meramente un asunto de conveniencia o de mero mecanismo, sino que su propósito es básico y vital: prohibir o evitar que todos los poderes del gobierno sean aca-parados por unas mismas manos. O’Donoghue v. United States, 289 U.S. 516 (1933). Véase The Federalist, Núm. 9 (Hamilton); Núm. 47 (Madison); Núms. 66, 71 y 78 (Hamilton).

Nuestros gobiernos municipales, con sus ejecutivos y sus órganos legislativos separados e independientes constituyen, en parte, microcosmos del gran diseño establecido en la Cons-titución. La Ley Municipal dispone en su Art. 7, 21 L.P.R.A. see. 1107, que los municipios tendrán “plenas facultades legis-lativas” en todo asunto que fuere de naturaleza municipal. Y en su Art. 9, 21 L.P.R.A. see. 1151, expresa que: “Las facul-tades legislativas que por este Subtítulo se conceden a cada uno de los municipios de Puerto Rico, serán ejercitadas por el organismo de gobierno que se denominará oficialmente ‘asamblea municipal’.”

La Ley contiene una serie de ejemplos de facultades que la misma confiere a las asambleas municipales, pero no es necesario relacionarlas aquí. Baste con señalar que su ámbito incluye todo lo que es propiamente de materia legislativa. Como un sine qua non de las necesidades y facultades de un organismo plural legislativo es reunirse para deliberar y para tomar decisiones, surge de manera necesaria e inescapable que dicho organismo tiene la elemental facultad de decidir dónde y cúando se va a reunir. De lo contrario sus otras fa-cultades quedarían anuladas. La intervención de un funciona-rio ejecutivo en las legítimas funciones legislativas de la Asamblea Municipal y la obstrucción o tentativa de obstruc-ción de sus funciones plantea de inmediato un problema y un conflicto de tangencias constitucionales que va más allá de la mera fricción que contempla el citado Art. 107 y justifica la utilización del recurso de mandamus y el ejercicio de nues-tra jurisdicción en el asunto. Lo mismo podría decirse si cual-quiera de los otros poderes interfiriesen impropiamente con cualquiera de los otros dos. Ante una situación como la del caso de autos este Tribunal puede y debe ejercer su función señera de señalar la pauta constitucional correcta.

Robledo, Alcalde v. C.V.Q.M., 95 D.P.R. 1 (1967), es distinguible del caso de autos. Allí se inició un procedimiento bajo el Art. 37 de la Ley Municipal de 1960 para destituir al alcalde por alegada conducta inmoral. El Tribunal se dividió. La mayoría sostuvo que no se trataba de conducta inmoral sino que “probablemente” lo que existía era “un estado de fricción entre el alcalde y algunos de los miembros de la asam-blea municipal.” Añadió la mayoría en su opinión, que “ [s] ólo resolvemos que la conducta, que se estimó probada no consti-tuye como cuestión de derecho la ‘conducta inmoral o actua-ciones ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos, en el desempeño de sus funciones’ que como causa de destitución estatuyó el legislador.” Se ordenó el archivo del cargo impu-tado al alcalde. La disidencia (Jueces Santana Becerra y Hernández Matos) opinó que se justificaba la destitución del alcalde por conducta inmoral, bajo el citado Art. 37.

En el caso de autos no se plantea una cuestión de con-ducta inmoral, en el sentido usual de la palabra, sino que, como hemos señalado, la situación comprende un conflicto jurídico y constitucional que hay que resolver en ese plano.

Yo revocaría la orden recurrida, expidiría el auto y dic-taría un interdicto prohibiéndole al demandado intervenir con u obstaculizar las reuniones de la Asamblea Municipal de Yieques, bajo apercibimiento de desacato. Regla 70 de las de Procedimiento Civil.

       Ordenanza Municipal Núm. 8, Serie 1977-78.

      La Ley Municipal dispone que las reuniones de la Asamblea serán públicas y se celebrarán en la Casa Alcaldía. Art. 14, según enmendado, 21 L.P.R.A. sec. 1156.

       Aunque el tribunal de instancia refirió a los demandantes a la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, el procedimiento de ley exige que la Asamblea rinda un informe sobre el conflicto habido al Gober-nador, quien es el funcionario que habrá de dar traslado del asunto a la mencionada Comisión. Adviértase que en In re Ramírez v. Gobernador, 44 D.P.R. 329, 331 (1932), requerimos un acuerdo oficial de la Asamblea para iniciar el procedimiento administrativo entonces vigente sobre conflictos entre el Alcalde y la Asamblea Municipal.

      Esto no es de extrañar. Con frecuencia casos que prima facie parecen de modesto impacto llevan dentro de sí planteamientos y consecuen-cias de importancia. Por ejemplo, y salvando las distancias, un mero nombramiento de un Juez de Paz que no se entregó al interesado, produjo una opinión que es generalmente considerada como la opinión más importante del derecho constitucional estadounidense: Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803).

       Véase la Introducción del Profesor Edward S. Corwin a la Constitution of the United States of America, Revised and Annotated (1972), a la pág. XXII; del mismo autor, The Higher Law Background of American

        Constitutional Law, Cornell Paperbacks, (1965); Pound, The Development of Constitutional Guarantees of Liberty (1957); McIlwain, Constitutionalism, Ancient and Modem, (1940); Sabine, A History of Political Theory, (1945) y Antieau, Modern Constitutional Law, (1969) Tomo 2, pág. 200 y ss.

      E1 Art. 29 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1171, extiende a la Asamblea Municipal las limitaciones impuestas por la Constitución y la Ley de Relaciones Federales a la Asamblea Legislativa.