author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton.

text:
    Librotex, Inc., y Librería y Editorial Lea, Inc., demandantes y peticionarios, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-94-395

      Resuelto: 14 de julio de 1995

      Rafael A. Vilá Carrión, abogado de los peticionarios; Luis Be-rrios Amadeo, de Cando, Nadal, Rivera & Díaz, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

¿Es válido el embargo de fondos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para satisfacer una sentencia final y firme en su contra? ¿Existe algún remedio alterno?

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En 1992 las compañías Librotex, Inc. (en adelante Li-brotex) y la Librería y Editorial Lea, Inc. (en adelante Lea, Inc.) obtuvieron una sentencia contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante Autoridad) por $2,407,232. Final y firme el dictamen, en ejecución, solici-taron el embargo “de cuentas bancarias, y/o efectivo o fon-dos en poder de terceros y/o efectivo localizado en las ofici-nas y/o sucursales de la [Autoridad]”. Apéndice II, pág. 1. Dictada la correspondiente orden por el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Carmen Celinda Ríos, Juez), Li-brotex y Lea, Inc. comenzaron a ejecutarla en el Citibank, N.A., sobre $435,354.91. Con urgencia, la Autoridad com-pareció ante el tribunal e impugnó su validez. Adujo que eran bienes públicos pertenecientes a una entidad guber-namental, revestidos de un interés público de tal magnitud que impedía que fuesen embargados, aun en la ejecución de sentencia.

Como consecuencia, el referido foro de instancia dejó sin efecto la orden. Subsiguientemente, previa vista en recon-sideración, mantuvo su dictamen. Resolvió que en las cir-cunstancias de este caso era “inescapable la conclusión de que el embargo en cuestión afecta[ba] fondos públicos des-tinados a fines esenciales”. Apéndice IV, pág. 6. Es decir, creaba “una consecuencia de no menor envergadura, [puesto que interfería] con las funciones de la Autoridad”. íd.

No conforme, a solicitud de Librotex y Lea, Inc., revisamos.

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En esencia, los peticionarios sostienen que el tribunal de instancia incidió al dejar sin efecto el embargo.

Aducen que al crearse la corporación pública deman-dada, la Asamblea Legislativa le confirió autonomía fiscal y operacional respecto con el Gobierno Central que le con-cedía, en consecuencia, una forma corporativa y poderes suficientes para operar como un negocio privado. Argu-mentan que la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico le reconoció, primero, la facultad de demandar y ser demandada, con la intención clara de la legislatura de que estuviese sujeta a procedimientos judiciales como cualquier empresa privada y, segundo, que así creada —en cuanto a dicha corporación— el Estado renunció a la inmu-nidad soberana y, por consiguiente, a la protección que dis-fruta contra los embargos. Invocan a F.H.A. v. Burr, 309 U.S. 242 (1940), seguido en Mackey v. Lanier Collection Agency & Serv., 486 U.S. 825, 834 esc. 9 (1988), y en Primate Protection League v. Tulane Ed. Fund, 500 U.S. 72 (1991), y aplicado originalmente por este Foro en Arraiza v. Reyes; León, Interventor, 70 D.P.R. 614, 615 (1949).

A su amparo, argumentan que la Autoridad —como cuerpo corporativo autónomo con una estructura análoga a la de una corporación privada— está sujeta incondicional- mente a los procedimientos judiciales de embargo. No tiene razón.

Ciertamente, la Ley Núm. 40 de 1ro de mayo de 1945, según enmendada, 22 L.P.R.A. see. 141 et seq., concedió a la Autoridad, en lo pertinente, la facultad para “demandar y ser demandada como tal corporación, excepto que no podrá ser demandada por daños y perjuicios causados por la impureza, irregularidad o insuficiencia real o alegada del agua servida por ella y excepto que no se permitirá la venta judicial de propiedades de la Autoridad”. (Énfasis suplido.) 22 L.P.R.A. sec. 144(c).

No obstante, aunque es una realidad que las corporaciones públicas —como la Autoridad— operan de forma autónoma, “éstas no pierden su cualidad de instrumentalidad gubernamental, creada para responder a propósitos de utilidad pública”. (Énfasis suplido.) Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, 126 D.P.R. 478, 491 (1990). En ese sentido, la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico dispone que “[e]l ejercicio por la Autoridad de los poderes conferidos por las secciones 141 a 161 de este título se estimará y juzgará como una función gubernamental esencial”. (Énfasis suplido.) 22 L.P.R.A. see. 142. Más aún, “los fondos con que opera la entidad se consideran como públicos, independientemente de que éstos no pa-sen a formar parte del presupuesto del Estado”. Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, supra, pág. 493. Compárese, Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982).

A tono con ese diseño, hemos resuelto que la Legislatura ha otorgado poderes operacionales suficientes a la Autoridad como para considerarla “tan sujeta a procedimientos judiciales como en circunstancias análogas lo estaría cualquier empresa privada, siempre que no interfiera con la ejecución de sus funciones ejecutivas”. (Énfasis suplido.) Arraiza v. Reyes; León, Interventor, supra, pág. 618.

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En este caso, los peticionarios, como acreedores de la Autoridad, alegan que el embargo hasta la cantidad de $2,514,650.80 no desviaría fondos públicos hacia fines aje-nos a las responsabilidades que tiene la Autoridad, puesto que se le estaría obligando a cumplir con una responsabi-lidad que contrajo ex delicto. No podemos avalar dicho enfoque.

Tomamos conocimiento judicial de la grave crisis financiera por la cual atraviesa la Autoridad debido al cúmulo de múltiples factores; entre ellos, la sequía que desde hace un (1) año, casi de forma ininterrumpida, ha aquejado al país. Autorizar el embargo interrumpiría el ya afectado servicio vital que dicha entidad de utilidad pública presta al pueblo de Puerto Rico. La suma que ha de ser embargada es considerablemente alta. Si bien reconocemos que los peticionarios son acreedores por sentencia de la Autoridad, las consecuencias extraordinarias que el embargo tendría sobre dicha entidad requieren que reconozcamos esta protección. No incidió, pues, el tribunal de origen al dejar sin efecto el embargo.

Ahora bien, lo expuesto no significa que las peticiona-rias carezcan de remedio alguno y estén ad perpétuam a la merced y exclusiva voluntad de la Autoridad. Una cosa es el embargo de sus fondos operacionales, con el consabido trastoque inmediato que representa, y otra que, como re-medio compatible alterno de carácter equitativo, simultá-neamente ordenemos al Director Ejecutivo, a la Junta de Gobierno de la Autoridad y a los demás funcionarios con-cernidos a que en el próximo presupuesto funcional de la Autoridad se incluya una partida para satisfacer la totali-dad de la sentencia que nos ocupa, más los intereses de-vengados hasta el momento cuando se realice su pago. En-tendemos que este remedio haría justicia cumplida a los peticionarios, a la vez que mantendría a la Autoridad libre de gravosas y monumentales cargas inmediatas que po-drían desestabilizar su importante gestión pública, princi-palmente hoy que vivimos un momento de crisis en la su-ficiencia de los abastos de agua. “Las aportaciones de la labor judicial al conglomerado social se reconocen fácil-mente en tiempos de crisis y cambio social en los que, al cuestionarse la vigencia de ciertas normas generales, se impone una mayor dosis de creatividad y remodelación de la materia jurídica.” A. Díaz Suárez, Los jueces ante la crisis de la justicia, 523 Rev. Gen. Der. 1669, 1673 (1988).

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente y disidente.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor

Rebollo López, a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Aun cuando concurrimos con el resultado a que se llega en la opinión mayoritaria emitida —ello debido a los he-chos particulares, y específicos, del mismo— no podemos avalar la norma general, extremadamente amplia, que es-tablece el Tribunal en el día de hoy, a los efectos de que no procede, en ningún caso, el embargo judicial de los fondos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en ade-lante A.A.A.) por parte de un acreedor por sentencia de la misma; norma general que afecta, y es extensiva, no sólo a todos los acreedores por sentencia de la A.A.A., sino que a todos los acreedores por sentencia de las restantes corpora-ciones públicas que operan en nuestro País, no importa la cuantía de los créditos judiciales de los referidos acreedores.

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Expedimos el correspondiente recurso de certiorari para revisar una resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante la cual dicho foro judicial no le permitió a las demandantes peticionarias, Librotex, Inc. y Librería y Editorial Lea, Inc., embargar —en ejecución de una sentencia final y firme que dichos demandantes habían obtenido contra la A. A. A. por la suma de $2,407,232— unos fondos de la A.A.A., depositados los mismos en el Banco Citibank, N.A.

En el recurso de certiorari que radicaron dichas deman-dantes peticionarias ante este Tribunal, le imputaron al foro de instancia haber errado al:

...DECLARAR ILEGAL EL EMBARGO DE FONDOS PRO-PIEDAD DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCAN-TARILLADOS POR EL MERO HECHO DE CONSIDERARSE ÉSTOS COMO FONDOS PÚBLICOS, IGNORANDO LA IN-TENCIÓN LEGISLATIVA AL CREARSE DICHA AGENCIA, DE QUE ÉSTA ESTUVIESE SUJETA A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DEL MISMO MODO QUE LO ESTÁ UNA COR-PORACIÓN PRIVADA, Y; AL CONCLUIR QUE DICHO EMBARGO INTERFERÍA INDEBIDAMENTE CON EL DESEM-PEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE ESA AGENCIA. Petición de certiorari, pág. 7.

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La “doctrina de la inmunidad del soberano’, principio firmemente establecido en el derecho angloamericano, pos-tula que el Estado no responde por los daños ocasionados por sus oficiales, agentes o empleados en el desempeño de sus funciones. La misma, de ordinario, impide que se inste un procedimiento judicial contra el Estado a menos que éste, mediante legislación al efecto, haya consentido a ello.

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmen-dada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.PR.A. see. 3077 et seq., autorizó la presentación de demandas contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a: (1) acciones por daños y per-juicios, a la persona o a la propiedad, causadas por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo, interviniendo culpa o negligencia; (2) acciones para reivin-dicar propiedad mueble e inmueble, o derechos sobre las mismas, con o sin resarcimiento de perjuicios por los daños causados en dicha propiedad, o por sus rentas y utilidades y para deslindes de fincas rústicas, y (3) acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda de setenta y cinco mil (75,000) dólares de principal, y que se funden en la Cons-titución o en cualquier ley de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún departamento o división del Estado o en algún contrato expreso o tácito con el Estado.

En el caso de las acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, causados por acciones u omisio-nes interviniendo culpa o negligencia, la referida Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado establece unos límites a la responsabilidad pecuniaria del Estado. En primer lugar, limita a la cantidad de setenta y cinco mil dólares ($75,000) la responsabilidad del Estado cuando se trata de un solo reclamante con una sola causa de acción, y en segundo lugar, en casos que se causen daños a más de una persona, o hubiese más de una causa de acción, im-pone un límite de ciento cincuenta mil dólares ($150,000). Estos límites responden al impacto económico que en el fisco tienen las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Coito, ante. Es de notar que en Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Coito, ante, resolvimos que la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, en tanto y en cuanto impone unos límites a la responsabilidad económica del Estado, no adolece de vicio constitucional alguno; esto es, sostuvimos la constitu-cionalidad de los referidos límites.

De conformidad con el Art. 7 de la referida ley, 32 L.RR.A. see. 3082, el Estado satisfacerá prontamente cual-quier fallo en su contra hasta los límites antes señalados de setenta y cinco mil dólares ($75,000) y ciento cincuenta mil dólares ($150,000). Si se tratase del pago de una suma de dinero, y no fuese posible hacerlo por no existir fondos a tal fin en el presupuesto corriente, se hará la correspon-diente asignación de fondos para su pago en la parte del presupuesto general de gastos del año siguiente del depar-tamento o agencia correspondiente.

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Las corporaciones públicas, por su parte, han recibido un trato distinto al que tradicionalmente han recibido los distintos departamentos ejecutivos del Estado, en lo que respecta tanto a su organización como a su responsabilidad civil por los daños y perjuicios que causan sus agentes, ofi-ciales u empleados en el descargo de sus funciones oficiales. En ese sentido, el Art. 4 de la citada Ley Núm. 104 esta-blece que sus disposiciones serán aplicables únicamente a aquellas corporaciones públicas independientes cuya facul-tad para demandar y ser demandados no esté prevista o contemplada por otras leyes. 32 L.P.R.A. see. 3079.

Como es sabido, las corporaciones públicas “se crearon con diversos propósitos, entre otros, para reducir los cos-tos, mejorar los servicios ofrecidos por el Estado y proveer la infraestructura necesaria para el crecimiento industrial”. McCrillis v. Aut. Navieras de P. R., 123 D.P.R. 113, 127 (1989). Estas surgieron como respuesta al deseo de agilizar y promover la efectividad en la obra pública ante la complejidad de funciones que confrontaron los go-biernos á partir de la Primera Guerra Mundial. Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, 126 D.P.R. 478 (1990); Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982).

Aun cuando reconocemos que puede existir una gran variedad de corporaciones públicas, las mismas tienen, como regla general, personalidad jurídica distinta y sepa-rada del Estado Libre Asociado y han sido dotadas de fa-cultades y poderes que le confieren cierta flexibilidad e in-dependencia del Gobierno central. Ahora bien, hay que mantener presente que las corporaciones públicas no pier-den su cualidad de instrumentalidad gubernamental, creada para responder a propósitos de utilidad pública, a pesar de la autonomía e independencia que las caracteriza. Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, ante. En con-secuencia, los fondos con que operan estas entidades cor-porativas se siguen considerando como públicos, indepen-dientemente de que éstos no pasen a formar parte del presupuesto general del Estado. íd.

En Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, ante, págs. 490-493, expresamos, en lo pertinente, lo siguiente:

Conforme a su configuración funcional, a las corporaciones públicas se les define como “una institución que ofrece un ser-vicio económico o social en nombre del gobierno, pero como una entidad jurídica independiente; conduce sus operaciones con gran autonomía, aun cuando es responsable ante el público, a través del gobierno y del parlamento, y sujet[a] a alguna direc-triz de parte del gobierno; equipada, por otro lado, con sus pro-pios fondos independientes y separados, y con los atributos ju-rídicos y comerciales de una empresa comercial. Estos atributos colocarían a la corporación pública en algún lugar intermedio entre una autoridad pública pura y una compañía comercial de derecho privado”. (Traducción nuestra.) W. Friedman, The Public Corporation, A Comparative Symposium, Canada, Car-swell Co., 1954, pág. 541.
Las corporaciones públicas reciben mediante su estatuto ha-bilitador cierto grado de independencia económica en cuanto a su presupuesto operacional. Se persigue por ese medio que, aparte de las asignaciones presupuestarias que puedan recibir del Estado, éstas procuren en todo o en parte generar su propio capital, ya sea mediante la emisión de obligaciones, préstamos o por medio de los ingresos que reciban de los bienes y servicios que ofrezcan. Hay que aclarar, sin embargo, que esta autono-mía financiera recibe mayor o menor fiscalización por parte del Estado, conforme el enfoque o política pública que a tales fines adopte el país bajo el cual opera la corporación pública.
En Puerto Rico, el control gubernamental sobre las corpora-ciones públicas se plasma mediante las propias leyes habilita-doras de la corporación pública de que se trate y leyes que directamente inciden sobre ésta.
El Estado escoge la figura de la corporación pública como herramienta para implantar una política pública en particular cuando determina que por ese medio es el que con más alta probabilidad de eficiencia puede llevar a cabo un programa o servicio. Cabe señalar que gran parte de éstos están clasifica-dos como servicios esenciales. Quiere esto decir que aunque las corporaciones públicas se erigen sobre ciertas bases de autono-mía operacional, no por ello dejan de estar investidas de un alto interés gubernamental en que su funcionamiento sea de la ca-lidad y eficiencia más alta posible y, por ende, que su funciona-miento esté protegido de toda interferencia innecesaria. (Esco-lios omitidos.)

No toda agencia o instrumentalidad del Gobierno, natu-ralmente, es una corporación pública que funciona como empresa o negocio privado. Para determinar qué consti-tuye una “instrumentalidad del gobierno”, que funciona como negocio privado, hemos enumerado jurisprudencial-mente una serie de factores que, entre otros, deben ser exa-minados al hacer dicha determinación, a saber: si los em-pleados de la agencia concernida están cubiertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; si los servicios pres-tados por la agencia, por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; si la empresa está capacitada para funcionar como empresa o negocio privado; si la agencia de hecho funciona como una empresa o negocio privado; el grado de autonomía fiscal de que dis-frute la agencia; el grado de autonomía administrativa de que goce; si se cobra o no un precio o tarifas por el servicio rendido; si los poderes y facultades concedidos en la ley orgánica de la agencia la asemejan fundamentalmente a una empresa privada; y si la agencia tiene o no la capaci-dad para dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o ac-tividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario. Véase J.R.T. v. Junta de Retiro para Maestros, 127 D.P.R. 621 (1990).

En adición, puede considerarse la estructura en sí de la entidad; la facultad de la agencia para demandar y ser demandada ilimitadamente; el poder de obtener fondos propios en el mercado general de valores a base de su si-tuación fiscal y sin empeñar el crédito del Estado Libre Asociado; la facultad de adquirir y administrar propieda-des sin la intervención del Estado; la capacidad para con-certar acuerdos o contratos, y la capacidad para aceptar donaciones. Véanse: Pagán et al. v. E.L.A. et al., 131 D.P.R. 795 (1992); J.R.T. v. Junta de Retiro para Maestros, ante; Morales González v. J.R.T., 121 D.P.R. 249 (1988); A.A.A. v. Unión de Empleados AAA, 105 D.P.R. 437 (1976); Canchani v. C.R.U.V., 105 D.P.R. 352 (1976).

Como norma general, y como consecuencia lógica de su personalidad jurídica distinta y separada del Estado, las corporaciones públicas han sido dotadas de la facultad para demandar y ser demandadas, en asuntos relaciona-dos a su función pública, sujeto a las limitaciones impues-tas en su ley habilitadora. Tal facultad las excluye, de or-dinario, del ámbito de aplicación de la Ley Núm. 104, ante, sobre reclamaciones y demandas contra el Estado. Por lo tanto, salvo disposición en contrario, no existen límites a su responsabilidad económica relacionada con actuaciones torticeras de sus funcionarios, agentes o empleados en el desempeño de su cargo o empleo.

Sabido es que las “entidades gubernamentales” están exentas de los procedimientos de embargo. Ello es así por razón de que, como cuestión de política pública, “las activi-dades gubernamentales no deben estar sujetas a las incon-veniencias de estos procedimientos que interfieren con el descargo de funciones públicas en detrimento del bien común”. Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 179, 181 (1970).

Ello no obstante, en lo que respecta a las corporaciones públicas y conforme a las limitaciones existentes en sus respectivas leyes habilitadoras, éstas, por su naturaleza, pueden ser objeto de procedimientos de embargo respecto a sus fondos y propiedades, cuando la legislatura le ha otor-gado suficientes poderes operacionales como para conside-rarlas tan sujetas a “procedimientos judiciales como en cir-cunstancias análogas lo estaría cualquier empresa privada, siempre que tal procedimiento no interfiera con la ejecución de sus funciones ejecutivas”. Arraiza v. Reyes; León, Interventor, 70 D.P.R. 614, 618 (1949).

IV

En el caso particular de la A.A.A., ésta fue creada como una corporación pública e instrumentalidad gubernamen-tal autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el ejercicio de los poderes que le fueron concedidos por su ley habilitadora se estima como una función gubernamen-tal esencial. 22 L.P.R.A. see. 142.

Según señalamos en A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., ante, págs. 456-457:

La Autoridad “es un cuerpo corporativo ... una corporación pú-blica e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado ....” 22 L.P.R.A. see. 142. Posee una estructura análoga a la de una corporación privada, con su Junta de Go-bierno y su personal ejecutivo responsable a la Junta. 22 L.P.R.A. see. 143. Goza de sucesión perpetua. Puede demandar y ser demandada, aunque con ciertas restricciones, pero no tan amplias como las que protegen al Estado. Puede contratar li-bremente; adquirir y disponer de bienes raíces; “tener completo dominio de sus propiedades y actividades”; “tomar dinero a préstamo y emitir bonos de renta para cualesquiera de sus fines corporativos....” Los bonos y otra evidencia de deuda que emite la Autoridad no empeñan el crédito o el poder de imponer tributos del Estado Libre Asociado. 22 L.P.R.A. see. 144. La Auto-ridad cobra por los servicios que rinde y, como se trata de bonos de renta, debe cobrar sustancialmente lo que éstos valen para permitir, como en el caso de un financiamiento privado análogo, la amortización adecuada de la deuda. 22 L.P.R.A. secs. 144(i) y 152. La Autoridad puede incuestionablemente dedicarse a acti-vidades que tengan por objeto “un beneficio pecuniario”, dentro del significado de esta frase según nuestra decisión en Junta Reí. Trabajo v. Junta del Muelle, supra. La Autoridad de Acue-ductos y Alcantarillados está indudablemente capacitada como una empresa o negocio privado y de hecho funciona como tal. (Enfasis suplido.)

Es de notar que, entre las facultades y poderes que le fueron conferidas a la A.A.A., se encuentra la de tener su-cesión perpetua como corporación y la de demandar y ser demandada como tal corporación. 22 L.RR.A. secs. 144(a) y 144(c). Ello no obstante, la Legislatura limitó la responsa-bilidad de la referida corporación pública al disponer que la misma no podrá ser demandada por daños y perjuicios causados por la impureza, irregularidad o insuficiencia real o alegada del agua servida por ella. 22 L.RR.A. 144(c).

En lo pertinente, resulta procedente enfatizar que en la ley habilitadora de la A. A. A. se dispuso que no se permitirá la venta judicial de las “propiedades” de la misma. íd. Este hecho, sin embargo, no significa que los fondos de la A.A.A., sean operacionales o no, también quedan exceptua-dos del procedimiento de embargo y de ejecución de sentencia. Así concluirlo significaría, a nuestra manera de ver las cosas, concederle, por fíat judicial, una inmunidad a la A.A.A. que el legislador definitivamente nunca ha contemplado.

En conclusión, la A.A.A. como corporación pública autó-noma, cuya estructura corporativa le confiere los poderes y facultades necesarios para operar como una empresa o ne-gocio privado, está sujeta, como norma general, a los pro-cedimientos de embargo en ejecución de sentencia; ello, con las limitaciones antes señaladas dispuestas en su ley habilitadora. Como cuestión de hecho, así- lo hemos resuelto. En Arraiza v. Reyes; León, Interventor, ante, pág. 618, en atención a los poderes y facultades concedidas a la A.A.A., señalamos que la legislatura claramente expresó su intención de que aquella “estuviera tan sujeta a proce-dimientos judiciales como en circunstancias análogas lo es-taría cualquier empresa privada, siempre que no se inter-fiera con la ejecución de sus funciones ejecutivas”.

V

Somos del criterio que, dados los hechos específicos y particulares del caso ante nuestra consideración, resulta evidente que permitir el embargo de fondos de la A. A. A. en ejecución de una sentencia por una suma de dinero tan extraordinariamente alta precisamente tendrá el efecto de interferir “con la ejecución de sus funciones ejecutivas”; lo cual tendrá la consecuencia nefasta de afectar y perjudicar seriamente a toda la ciudadanía puertorriqueña.

Ahora bien, el hecho de que ello así sea en el presente caso, no debe servir de base para que el Tribunal, sin más, establezca una norma general, extremadamente amplia, la cual implica que todo acreedor por sentencia de la A.A.A., no importa cuán pequeño sea su crédito judicial, tenga que esperar a que la A.A.A. incluya, “en el próximo presu-puesto funcional”, una partida para satisfacer dicho cré-dito judicial. Ello no sólo es innecesario sino que total-mente ilógico y absurdo. La A.A.A, no importa la crisis fiscal que hoy atraviesa, ciertamente puede deber pagar cantidades no sustanciales a sus acreedores por sentencia.

De manera, pues, que somos del criterio que resulta su-mamente lógico y de sentido común que, en relación con esta clase de situaciones, se establezca por este Tribunal una norma a los efectos de que los tribunales de instancia, al enfrentarse a la solicitud de embargo en ejecución de sentencia, deberán resolver —caso a caso— si la referida solicitud interfiere, o no, de manera irrazonable con la eje-cución de las funciones ejecutivas de la A.A.A.; depen-diendo de cuál sea la determinación, naturalmente, se con-cederá o denegará la solicitud de embargo en ejecución de sentencia. Dicha norma, igualmente, deberá ser aplicada en casos en que esté envuelta cualquier otra corporación pública similar a la A.A.A., cuya ley habilitadora así lo permita.

En resumen, y en atención a todo lo antes expuesto, somos del criterio que, en lugar de establecer la norma innecesariamente amplia que establece la mayoría en el día de hoy, resultaría más lógico y de sentido común que se adoptara como metodología adjudicativa, en casos de esta naturaleza y en relación con las corporaciones públicas existentes en nuestro País, el procedimiento de análisis “caso a caso”, para lo cual se podría tomar en consideración factores tales como: la cuantía envuelta, la condición fiscal al momento del embargo solicitado de la corporación pú-blica de que se trate, así como también las consecuencias extraordinarias que el embargo de los fondos pueda ocasio-nar y si el mismo interfiere irrazonablemente con la ejecu-ción de las funciones ejecutivas de la corporación pública concernida.

Esta norma —distinta a la formulada hoy por el Tribunal— es una que establece un “balance de intereses” entre aquellos del ciudadano común y corriente que obtiene una sentencia contra la A.A.A. y los intereses de esta corpora-ción pública y, naturalmente, los de la ciudadanía en general.

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton.

A solicitud de Librotex, Inc. y la Librería y Editorial Lea, Inc. revisamos la resolución emitida por el ilustrado Tribunal Superior, que dejó sin efecto una orden de embargo de bienes contra la Autoridad de Acueductos y Alcan-tarillados (en adelante la Autoridad), por entender que el embargo en cuestión interfería con las funciones de dicha corporación pública.

Concurrimos con la opinión mayoritaria y la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Rebollo López en cuanto determinan que la Autoridad está sujeta a los pro-cedimientos judiciales de embargo y siempre que esto no interfiera con la ejecución de sus funciones. Sin embargo, por entender que ante el foro de instancia no se presentó evidencia específica a los efectos de que el embargo solici-tado, o parte de él, interferiría con las funciones ejecutivas de la Autoridad y que el caso se debiera devolver al tribunal a quo para que reciba y dirima la prueba que se re-quiere para hacer esta determinación, disentimos.

I

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil dispone que “en todo pleito antes o después de sentencia, por moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia”. 32 L.P.R.A. Ap. III. Como una de dichas medi-das provisionales, esta regla permite que se decrete el embargo de bienes y el embargo de fondos en posesión de un tercero. Éste se podrá otorgar sin la prestación de fianza cuando “se gestionare el remedio después de la sentencia”. Regla 56.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

La cuantía de dicho embargo deberá estar limitada a la cuantía reclamada en la demanda o a la cuantía dictada mediante sentencia. Es decir, se permite tan sólo el embargo de aquellos bienes del deudor que sean suficientes para responder por el monto total de la sentencia o por el monto total reclamado. Carlo v. Corte, 58 D.P.R. 889, 894-895 (1941).

Sin embargo, cuando se trate de un corporación pública, hemos determinado que los tribunales de instancia están limitados, al otorgar un embargo, por el efecto negativo que pudiese tener el embargo solicitado sobre la capacidad de la corporación pública de llevar a cabo sus funciones ejecutivas. A esos efectos, en Arraiza v. Reyes; León, Inter-ventor, 70 D.P.R. 614, 618 (1949), determinamos específi-camente que la Autoridad está “tan sujeta a procedimien-tos judiciales como en circunstancias análogas lo estaría cualquier empresa privada, siempre que no se interfiera con la ejecución de sus funciones ejecutivas”. Esta norma aplica a todas las corporaciones públicas en nuestra juris-dicción y debe aplicarse tomando en cuenta las limitacio-nes que pueda imponer el estatuto habilitador de la corpo-ración pública pertinente. Véase, por ejemplo, 22 L.P.R.A. sec. 144(c), la cual dispone que no se podrá demandar a la Autoridad por los daños causados por irregularidades en el agua que sirve.

La norma antes enunciada se justifica por la naturaleza de las corporaciones públicas y de los servicios que éstas ofrecen a la ciudadanía. A pesar de que éstas no son enti-dades gubernamentales exentas de los procedimientos de embargo—Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 179 (1970)— las corporaciones públicas responden a propó-sitos de utilidad pública y los fondos con los cuales operan son fondos públicos. Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, 126 D.P.R. 478 (1990). En consecuencia, un embargo decretado contra estas corporaciones no debe intervenir con el descargo de sus funciones, en detrimento del bienes-tar de toda la ciudadanía.

A la luz de dicha doctrina, una vez trabado el embargo por el acreedor, le corresponde demostrar a la corporación pública, por preponderancia de la prueba, que de permi-tirse la ejecución del embargo solicitado se interferiría con su capacidad para llevar a cabo sus funciones ejecutivas.

La función del Tribunal Superior —en esta controversia tan compleja— es determinar cuál es la cuantía máxima por la cual se puede permitir el embargo, sin que éste sea detrimental a la capacidad de dicha instrumentalidad de cumplir con sus funciones ejecutivas.

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Al aplicar las normas anteriores al caso ante nos, enten-demos que la Autoridad no presentó evidencia ante el Tribunal Superior que demuestre que, si se otorga el embargo concedido, éste interferiría con la capacidad de la Autori-dad para llevar a cabo sus funciones ejecutivas. Lo único que surge del expediente es simplemente una serie de ale-gaciones de la Autoridad con respecto a que, de otorgarse el embargo solicitado, no podría pagar su nómina ni cumplir compromisos previos con sus bonistas. Además, para sus-tentar su alegación, la Autoridad descansó en la Orden Ejecutiva del Gobernador Pedro Rosselló de 13 de septiem-bre de 1993, en la cual declara un estado de emergencia en la Autoridad y ordena a su director a llevar a cabo las ges-tiones necesarias para finalizar éste.

Contrario a lo expresado en la opinión mayoritaria, este dato no nos parece evidente. Tampoco nos parece prueba suficiente a esos efectos el hecho de que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló, declarara mediante Orden Ejecutiva un estado de emer-gencia en la Autoridad. El hecho de que una entidad se encuentre en medio de una crisis económica no necesaria-mente quiere decir que el desembolso de una cantidad es-pecífica de dinero le impida cumplir con sus funciones ejecutivas. Dicha determinación depende de los bienes que han de ser embargados, de la utilización que la corporación pública esté brindando o piense brindar a éstos y de la cuantía del embargo solicitado.

La doctrina aplicable a estos casos permite a los tribu-nales de instancia determinar, luego de que se le presente prueba al respecto, si el embargo solicitado interferiría con la capacidad de la corporación pública para llevar a cabo sus funciones ejecutivas. Más aún, dicho foro tiene discre-ción para decretar el embargo por una suma inferior a la solicitada, si es que dicho embargo por la cuantía total so-licitada interfiere con las funciones ejecutivas de dicha en-tidad, y para disponer cualquier otra providencia que en equidad permita al acreedor asegurar el restante de la cuantía reclamada o hacer efectivo el restante de su sentencia.

Sin el beneficio de la presentación de evidencia con res-pecto a la interferencia del embargo con las funciones eje-cutivas de la Autoridad, no podemos coincidir con las opi-niones emitidas en este caso, en cuanto intentan salvaguardar los derechos de Librotex, Inc., al obligar a los directores de la Autoridad a incluir una partida en el próximo presupuesto anual de dicha entidad para satisfa-cer la totalidad de la sentencia dictada en este caso.

El efecto de tal curso decisorio es que Librotex, Inc. ten-drá que esperar hasta que se determine el próximo presu-puesto de la Autoridad para lograr que se haga efectiva su sentencia. No sólo eso sino que, además, la Autoridad es-tará obligada a pagar cerca de ciento sesenta mil dólares ($160,000) adicionales por concepto de intereses legales, en detrimento de la crítica situación económica de dicha entidad.

Entendemos que es importante que se devuelva el caso al ilustrado Tribunal Superior para que, con el beneficio de las normas que hoy hemos adoptado, tenga la oportunidad de recibir la prueba correspondiente y determinar si la Au-toridad está en posición de satisfacer parte de la sentencia, sin que ello perjudique su capacidad para realizar sus fun-ciones ejecutivas o si, por el contrario, realmente cualquier desembolso interferiría con dicha funciones.

Por los fundamentos expuestos, revocaría la resolución del Tribunal Superior que dejó sin efecto la orden de embargo emitida en contra de la Autoridad y devolvería el caso para que dicho foro celebre una vista evidenciaría para determinar si en realidad el embargo solicitado o parte de éste interferiría con la capacidad de la Autoridad de realizar sus funciones ejecutivas.

       La referida doctrina fue extendida a nuestro ordenamiento por fíat judicial. Véase Porto Rico v. Rosaly, 227 U.S. 270 (1913). Para una exposición más detallada sobre el trasfondo histórico y el desarrollo de dicha doctrina en Puerto Rico, véase Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993).

       Ya en 1916, mediante la aprobación de la Ley Núm. 76 de 13 de abril, 32 L.P.R.A. sec. 3061 n., el Estado había prestado su consentimiento para que se le demandara en acciones por daños y perjuicios basados en contratos y en acciones de reivindicación de bienes muebles o inmuebles o derechos sobre los mismos. La men-cionada Ley Núm. 76 no permitía que se demandara al Estado por daños y perjuicios extracontractuales.

       Distinto, a las corporaciones públicas, como regla general, un departamento ejecutivo no tiene personalidad jurídica separada y distinta del E.L.A. Pagán et al. v. E.L.A. et al., 131 D.P.R. 795 (1992); Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74 (1987).

       En la referida decisión extendimos la protección contra el uso del mecanismo procesal de embargo a los sueldos devengados por los empleados de las corporaciones públicas al considerar que el uso del mencionado mecanismo tendría un efecto detrimental y nocivo para las corporaciones públicas y causaría una interferencia injus-tificada e indebida en la ejecución de las tareas de la agencia y un desvío impermi-sible de fondos públicos.

       Denegado el embargo en ejecución de sentencia, el foro de instancia deberá proceder a ordenarle a la A.A.A. que incluya dicha suma de dinero en el próximo presupuesto de la referida agencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    Raquel Álvarez Figueredo, demandante y recurrida, v. Sebastián González Lamela, demandante y recurrente.

      Número: RE-90-293

      Resuelto: 14 de julio de 1995

      Roberto Santana Aparicio, de Del Toro & Santana, abogado del recurrente; Luis H. Sánchez Caso, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud del recurrente, Sebastián González Lamela, reconsideramos la opinión y sentencia emitida en el caso de autos. Luego de evaluar la cuestión planteada a la luz de la ley y jurisprudencia aplicables, consideramos pru-dente variar la norma general impuesta en el caso de epígrafe.

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El 28 de octubre de 1993 emitimos opinión y sentencia —Álvarez Figueredo v. González Lamela, 134 D.P.R. 374 (1993)— en el caso de autos en la cual determinamos que una edificación sobreelevada en un condominio no puede tener carácter privativo, aun cuando ésta se haya desti-nado a dicho uso por consentimiento unánime de los titu-lares del condominio. Basamos nuestra determinación en que, a tenor con la Ley de la Propiedad Horizontal vigente, 31 L.P.R.A. see. 1291 et seq., el vuelo es un elemento común general no susceptible de apropiación particular. En conse-cuencia, confirmamos la sentencia sumaria parcial dictada por el foro inferior que determinó que las construcciones que había llevado a cabo González Lamela en la azotea del Condominio McLeary eran ilegales y le prohibió llevar a cabo construcciones adicionales en ésta.

Posteriormente, González Lamela presentó una moción de reconsideración en la cual solicitó que dictamináramos, entre otras cosas, “que le corresponde válidamente al Con-sejo de Titulares decidir sobre el derecho de sobreelevación y sobre la validez de las construcciones realizadas en el Condominio en el ejercicio de ese derecho”. Moción de re-consideración, pág. 11. Basó su posición, primordialmente, en la diferencia que existe a su juicio entre “una reserva previa de sobreelevar y la autorización para sobreelevar, otorgada por el Consejo de Titulares con posterioridad a la constitución del régimen y a la venta de los apartamentos”. (Enfasis suprimido.) Id., pág. 5.

El 3 de diciembre de 1993 emitimos una resolución en la cual otorgamos un término a la parte recurrida para que se expresara sobre la moción de reconsideración presentada por González Lamela. Ésta ha comparecido, y estando en posición de resolver, así lo hacemos sin ulterior trámite.

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La controversia que nos ocupa surge de la interacción entre el concepto del “vuelo” y el derecho de sobreelevación. Por lo tanto, debemos examinar cómo hemos tratado estos conceptos en el pasado. Veamos.

A. Como indicamos en nuestra opinión original, el vuelo ha sido definido como “la parte ideal del edificio susceptible de ser construida, no un elemento material tangible, sino el espacio aéreo en la parte superior de la cubierta o techo en el que puede ser elevada la edificación”. Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 585 (1973).

A partir de 1976, éste es un elemento común general del inmueble por disposición de ley. Art. 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 129li. En consecuencia, el vuelo no puede ser objeto de división por parte de la comunidad y cualquier pacto contrario es nulo. 31 L.P.R.A. sec. 1291k.

íntimamente relacionado al concepto del vuelo se encuentra el derecho de sobreelevación, el cual ha sido definido como el “derecho de utilizar el vuelo para elevar la edificación”. Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861, 869 (1980). Con relación a éste, el Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal dispone que se requerirá el consentimiento unánime de los condominos para “hacer nuevos pisos”. 31 L.P.R.A. see. 129 lp.

En Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, se planteó si el propietario de un edificio podía reservar el derecho de sobreelevación para uno de los apartamentos al someter el edificio al régimen de propiedad horizontal. Señalamos entonces, a tenor con la ley, que el vuelo es un elemento común general necesario y añadimos que dicha conclusión no está reñida con el Art. 18 de la propia ley, supra, pues “[a]l impedir el Art. 11 que se haga reserva del vuelo en peijuicio de su carácter comunal, no impide que la comu-nidad lo aproveche mediante el ejercicio de su derecho de sobreelevación en virtud del Art. 18. Ambas disposiciones, lejos de contradecirse, se complementan”. Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, pág. 869.

Establecimos, además, que el derecho a sobreelevar también está reservado a los condominos y que sólo pueden disponer de éste por acuerdo unánime conforme con el Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra. Señalamos lo absurdo que sería interpretar que el vuelo es un ele-mento común fuera del alcance de una reserva de derecho y que, por el contrario, pueda reservarse el derecho a so-breelevar a un apartamento en particular. Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, pág. 869.

Posteriormente, en Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, 122 D.P.R. 46 (1988), nos enfrentamos a otra situa-ción en la cual el desarrollador constituyó en la escritura matriz del condominio una reserva de derecho sobre su te-cho equivalente a una reserva del derecho a sobreelevar el condominio. Para sostener la validez de dicha reserva, el recurrente Vadiz Colón adujo que el Art. 18 de la citada ley permitía que, mediante el consentimiento unánime de los titulares del condominio, un particular utilizara el vuelo para beneficio particular. Ante dicho reclamo señalamos que

...el lenguaje del Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra, no puede tener el efecto de permitir lo que la ley prohíbe en su Art. 11, supra. Esto es, no puede uno de los titulares del condominio, mediante el consentimiento unánime de los demás titulares, construir una estructura cerrada sobre un elemento común general, convirtiéndolo en un elemento privativo, en clara violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Horizontal y a nuestra jurisprudencia, que prohíben que ciertos elementos comunes generales, como lo son el techo y el vuelo de un edificio, se conviertan en elementos comunes limitados o en elementos privativos.
Se ha reconocido que mediante el consentimiento unánime de los titulares se pueda disponer del derecho de utilizar el vuelo para elevar la edificación. No obstante, dicha elevación ha de ser para beneficio de toda la comunidad, ya que el ser el vuelo un elemento común general y el derecho a sobreelevación un derecho comunal reservado a la comunidad de condominos, la utilización de los mismos no puede tener el efecto de variar su naturaleza común, ya que todo pacto contrario a su naturaleza común será nulo. (Escolios omitidos.) Soc. de Gananciales Man-zanares v. Suárez, supra, págs. 53-54.

Dicha determinación estuvo basada en la premisa de que al sobreelevar un condominio se invade su vuelo. Olvidamos en aquella ocasión que dicho concepto no constituye un elemento tangible del inmueble, sino “el espacio aéreo en la parte superior de la cubierta o techo en el que puede ser elevada la edificación”. Consejo de Titulares v. Vargas, supra, pág. 585. “Como tal, (el vuelo) es inacabable o, por lo menos y en lo que respecta a su extensión vertical, es ilimitado.” M.J. Godreau, El Condominio, San Juan, Ed. Dictum, 1992, pág. 94.

En consonancia con dicha concepción del vuelo, resulta forzoso concluir que al sobreelevar un condominio no se invade su vuelo. Aunque se ejercite un derecho de naturaleza comunal, el de sobreelevación, no se varía la naturaleza de elemento común del vuelo. Tampoco se convierte el techo del condominio en un elemento privativo.

Una vez construida la nueva edificación, su techo se convierte en el techo del condominio y, como tal, es un ele-mento común general. 31 L.P.R.A. sec. 1291L Igual ocurre con el vuelo del edificio, el cual comenzará a partir de la azotea de la nueva edificación y, por ser inacabable o ilimi-tado, no se habrá visto disminuido por la edificación sobre-elevada; es decir, dicha sobreelevación no varía la natura-leza del vuelo.

Tal interpretación es cónsona con el Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra, que permite que, previo al consentimiento de todos los titulares, se construyan nue-vos pisos y no impone restricción alguna que implique que dicha nueva edificación tenga que dedicarse al uso común de los titulares. Así lo habíamos determinado ya en Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, cuando dispusimos que los Arts. 11 y 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra, lejos de contradecirse se complementan.

En suma, todo Consejo de Titulares tiene la facultad de sobreelevar el condominio cuyo destino dirige y dedicar la edificación así construida para beneficio particular, siempre que previamente se obtenga el consentimiento unánime de todos los titulares del inmueble, 31 L.P.R.A. see. 129 lp, y consiga los permisos correspondientes de la Administración de Reglamentos y Permisos así como cualquier otra autorización requerida por ley.

B. La norma que hoy imponemos le hace honor al postulado de interpretación legislativa que exige que los estatutos se interpreten tomando en consideración los fines que persigan y la política pública que los inspire. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).

En Puerto Rico existe una clara política pública en favor de la utilización de edificios multipisos sometidos al Régimen de la Propiedad Horizontal como unidades de vivienda. Soto Vázquez v. Vázquez Torres, 138 D.P.R. 282 (1995). En la consecución de dicha política pública, hemos establecido que la interpretación de la Ley de la Propiedad Horizontal debe ser “constructiva e imaginativa”. Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 87 D.P.R. 775, 781 (1963). Inclusive, dicha interpretación debe ajustarse a la esencia de la horizontalidad: la coexistencia de diversos pisos de dominio exclusivo con el condominio forzoso e inescapable de elementos comunes. Consejo Tit. Cond. McKinley Court v. Rullán, 126 D.P.R. 387 (1990).

La norma que impusimos en Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, supra, no respondió a las necesidades del régimen. La prohibición de reservar el derecho de sobreelevación a favor de un particular no tiene otro propósito que proteger a los titulares de los desmanes negociadores del desarrollador o del titular inicial único del condominio. Fue en esas circunstancias que sostuvimos su validez tanto en Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, como en Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, supra. Nunca se concibió como ion límite a los derechos dominica-les del Consejo de Titulares, una vez vendidos todos los apartamentos del condominio sometido al régimen de pro-piedad horizontal.

Aunque ciertamente el derecho propietario de los titulares sobre sus apartamentos particulares no cuenta con la misma extensión que el dominio concebido por nues-tro Código Civil en otros contextos (Soto Vázquez v. Vázquez Torres, supra), el Consejo de Titulares, como orga-nismo supremo del régimen con personalidad jurídica (Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225-223 (1978)), tiene un dominio pleno sobre todas las áreas comu-nes del condominio. Cónsono con nuestra trayectoria de facultar al Consejo de Titulares con amplios poderes en el ejercicio de sus prerrogativas, tal dominio tiene que incluir forzosamente la facultad de sobreelevar el condominio para dedicarlo a beneficio particular, siempre que no se disminuyan los derechos de los titulares sobre los elemen-tos comunes que conforman el inmueble. Godreau, op. cit., págs. 93-94.

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En vista de que, contrario a nuestra determinación ini-cial, existe una posibilidad de iure de que se hayan conva-lidado, mediante el consentimiento unánime de los titula-res, los cambios realizados por González Lamela al edificio, entendemos procedente devolver el caso al tribunal de ins-tancia para que se determine si se aprobaron por unanimi-dad las construcciones efectuadas por los titulares hasta ese momento.

Tal proceder responde a que, a pesar de que a la reunión de 6 de agosto de 1987 del Consejo de Titulares del Condo-minio McLeary no asistió la totalidad de los titulares —véase el texto pertinente de la Minuta de dicha reunión, Alegato de la parte recurrida, pág. 4— existe una contro-versia sobre el posible cumplimiento de la Junta de Direc-tores con las disposiciones del Art. 38-C de la Ley de la Propiedad Horizontal sobre el voto unánime de los condominos. 31 L.P.R.A. sec. 1293b-3.

Por los fundamentos que anteceden, procede que recon-sideremos nuestra decisión anterior y revoquemos la sen-tencia sumaria parcial recurrida. Además, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para que determine si los cambios hechos por González La-mela estuvieron avalados unánimemente por los titulares del condominio.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López “disiente por entender que no procede la reconsideración de la Opinión originalmente emitida por el Juez Asociado Señor Negrón García”.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

(En reconsideración)

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En su estructura interna la opinión mayoritaria ignora el trasfondo procesal y los verdaderos hechos; se apuntala en unas premisas erróneas.

Primero, contrario a como sostiene el recurrente Sebas-tián González Lamela, cuando compró su Penthouse 2 no adquirió derecho de sobreelevación alguno. Por lo tanto, no podía romper el techo estructural ni penetrar desde el interior de su apartamento hacia la azotea para edificar so-bre ésta una estructura de concreto y madera. Su escritura de adquisición sólo dispuso que la azotea "sería un ele-mento privado” de su penthouse. Como dijimos en la opi-nión original, conforme con Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 586 (1973), “el derecho de sobreelevación ‘por traer consigo la introducción al edificio de nuevos ele-mentos arquitectónicos, económicos y estéticos, y por afec-tar fundamentalmente el régimen de copropiedad, no puede nacer de inferencias o especulaciones. Su concesión debe ser clara y explícita’. ... Distinto a su contención, no se le concedió el derecho de sobreelevación para invadir el vuelo del edificio. La escritura matriz es sumamente parca. Se limitó a concederle el uso de la azotea; ello no es sufi-ciente para inferir el derecho de sobreelevación”. (Enfasis suplido y en el original.) Álvarez Figueredo v. González Lamela, 134 D.P.R. 374, 379-380 (1993).

Nótese que, en el caso de autos, la escritura matriz úni-camente dispuso que la azotea sería un elemento privado de su penthouse. Aparte de las razones expuestas en Consejo de Titulares v. Vargas, supra, es justo consignar que, de ninguna forma, nuestro ordenamiento jurídico permite conceder el derecho de sobreelevación a una persona que tiene a su favor exclusiva e individualmente el uso de la azotea. Esto es distinto a cuando a un titular, por unanimi-dad de los condominos y con previa determinación de be-neficio para toda la comunidad, se le concede el uso del vuelo, esto es, el derecho de sobreelevación.

Al distinguir entre el concepto “techo” y el concepto “azotea”, dijimos en Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, 122 D.P.R. 46, 53 (1988):

La interacción y equivalencia funcional de ambos conceptos las sintetiza Borja Martínez, a la pág. 171 de su obra “La Propie-dad de Pisos o Departamentos en el Derecho Mexicano” al decir que techo es “la parte inferior y superior de un edificio que lo cubre y cierra; y azotea es la cubierta llana de un edificio dis-puesta para poder andar por ella de donde se deduce según su configuración física un techo puede o no ser al mismo tiempo azotea”. [Citando a Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 583 (1973).]
En este caso, el área individualizada fue la parte superior del edificio comercial, área no dispuesta para andar sobre ella y hacia la cual no existía acceso alguno a través de los aparta-mentos residenciales. Dicha área era un techo no susceptible de utilizarse como azotea.
El techo, a diferencia de la azotea, constituye un elemento común general no susceptible de apropiación particular. A tenor con el Art. 13 de la ley, 31 L.P.R.A. sec. 1291k, el techo, como todo elemento común, ha de permanecer en indivisión forzosa, siendo todo pacto en contrario nulo. El aquí recurrente no podía erigir la estructura aquí en controversia, ya que el área que ocupa dicha estructura, o sea, el techo y el vuelo del edificio comercial, son elementos comunes generales necesarios cuya naturaleza no puede ser variada por ley. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225 (1978). (Escolio omitido.)

Tan claro es el propósito de no conceder derecho de so-breelevación, como derivado de la adjudicación a un particular del derecho de uso exclusivo de la azotea, que en De La Cruz v. Toro Sintes, 112 D.RR. 650, 658 (1982), expre-samos:

El derecho de uso exclusivo de la azotea, que por estipulación en contrario de su condición de elemento común, se concede a un determinado apartamento —un penthouse en este caso— no implica conceder al titular de dicho apartamento un derecho absoluto e irrestricto en perjuicio del bienestar y la seguridad de todos los condominos. Impedir el acceso a la azotea a discre-ción del titular de dicho apartamento es contrario a la seguri-dad de los ocupantes del condominio en caso de un incendio, y el llamado derecho exclusivo de uso tiene que ceder en este caso al interés general de los condominos y a la seguridad de todos. Igual solución se impone respecto a cualquier obstrucción a los medios o vías de acceso como son los pasillos, las escaleras y los ascensores.

Por lo tanto, resulta meridianamente claro que cuando se trate de una azotea no puede haber obstrucciones de dicho elemento, mucho menos la construcción de una edificación. Esta sólo puede hacerse como parte del derecho de utilizar el vuelo que nace del techo. Unicamente cuando el techo no sea susceptible de utilizarse como azotea —por no estar dispuesto para andar sobre él y por no viabilizar accesos a través de los apartamentos residenciales— es que puede concederse a un titular el derecho de sobreele-vación, si ha mediado unanimidad de los cotitulares y una determinación de beneficio para la comunidad.

Segundo, independientemente de si nuestro estado de derecho permite reconocer el derecho de sobreelevación a quien haya recibido el derecho de uso de la azotea, la prueba incontrovertida revela que en la reunión de 6 de agosto de 1987 no hubo un consentimiento unánime de los titulares del condominio que alegadamente ratificara la edificación de González Lamela sobre la azotea y los cam-bios de fachada. La minuta acredita que el quorum sólo fue de 74.6530%.

La Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 1291 et seq., exige el voto unánime de todos los titulares; no basta “unanimidad de los presentes”. Para cumplir con este requisito de unanimidad es menester gestionar el voto de todos los dueños de unidades, aun cuando no hayan comparecido a la reunión donde se haya adoptado el refe-rido acuerdo. El Art. 38-C(b) de dicha ley, según enmen-dado, establece que:

Cuando todos los titulares presentes en una reunión convo-cada para tomar un acuerdo que requiera unanimidad, adopta-sen dicho acuerdo, aquellos que, debidamente citados no hubie-ren asistido serán notificados de modo fehaciente y detallado del aeuerdo adoptado, y, si en un plazo de treinta (30) días a contar de dicha notificación no manifestaren en la misma forma su discrepancia quedarán vinculados por el acuerdo que no será ejecutable hasta que transcurra tal plazo, salvo que antes ma-nifestaren su conformidad. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 1293b-3(b).

Distinto a la conclusión mayoritaria, los autos eviden-cian que no se siguió el proceso estatuido para obtener el voto del 25.347% de los titulares que no asistieron a la re-unión de 6 de agosto de 1987. Desconocemos las razones para que hoy la mayoría haya creado una controversia fic-ticia donde no la hay.

Tercero, decimos ficticia, pues durante la reunión alu-dida de 6 de agosto de 1987 —donde supuestamente se adoptó el “unánime” referido acuerdo— renunció como pre-sidenta de la Junta la demandante Álvarez Figueredo, y el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante DACO), por resolución final y firme decretó que la elección que allí hubo de la nueva Junta de Residentes fue nula. ¿Cómo entonces puede la mayoría estimar unánime un acuerdo que precisamente motivó esa renuncia y, además, una querella en DACO escasamente veintiún (21) días des-pués?

Y cuarto, una lectura de la transcripción de la vista evi-denciaría de la querella promovida en DACO por la propia señora Alvarez Figueredo revela diáfanamente que no hubo la unanimidad pretendida. Allí, tres (3) meses después de la susodicha reunión, bajo juramento González Lamela ad-mitió la ilegalidad de su edificación sobre la azotea y aceptó que no había conseguido unanimidad.

LCDO. SÁNCHEZ CASO:
Y usted vela por su seguridad por razón de que en esa azotea usted tiene una edificación que no vino originalmente en ese condominio, es correcto señor...
SR. GONZÁLEZ:
Sí señor.
R Y usted acaba de declararle a la Examinadora que la construyó hace 11 años fue que le dijo.
R. Sí señor.
R Hace 11 años. Usted sabe si la Ley de Propiedad Horizontal establece algo sobre los cambios de fachada, estructuras adi-cionales, cómo se debe... usted tiene conocimiento de eso o no lo sabe?
R. Algo.
P. Sabía que la ley dispone que tiene que ser por unanimi-dad los cambios de fachada y adiciones a la estructura de ese condominio, sabe eso?
R. Entiendo que sí.
P. Y usted consiguió la unanimidad de todos los miembros titulares de ese condominio para edificar esa azotea, ese se-gundo piso que usted hizo en la azotea?
R. No señor.
P. O sea, que entonces usted acepta que eso es ilegal, no?
R. Yo entiendo...
R No niega la unanimidad y construyó... para ese tipo...
R. Entiendo que en este momento se suscita por primera vez ante una oficina la ilegalidad.
P. No, no, yo no le estoy preguntando si se suscita o no ante una oficina, le estoy preguntando si usted sabe, como acaba de declarar, que la ley dispone que es por unanimidad cuando se hacen adiciones o cambios de fachada, yo le pregunto si enton-ces eso que usted dice que acaba de declarar que dice que no consiguió, unanimidad de nadie, es ilegal lo que tiene usted allí. Usted acepta eso.
R. Está bien.
P. Lo acepta. ¿Es así o no es así?
R. Si usted me lo dice.
P. No, no, yo le pregunto a usted, cont[é]steme usted señor González.
R. Si usted lo dice, licenciado.
P. No, yo le pregunto y usted me contesta.
R. Pues yo le contesto que como usted me lo dice yo se lo acepto.
P. No, pero es que yo no estoy pidiendo lo que yo diga, señor González. Yo quiero que usted me conteste bajo juramento a esta distinguida Examinadora si eso es así, porque usted es el que está declarando, no soy yo.
R. Yo le acepto, sí señor. (Enfasis suplido.) T.E., págs. 46-47, Vista Administrativa de 12 de noviembre de 1987 en DACO.

Ante esta prueba incontrovertible y contundente, ¿cómo puede la mayoría insistir todavía en que existe controver-sia sobre el pretendido voto unánime?

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Aclarado el trasfondo procesal, fáctico y doctrinario, ad-vertimos que los pronunciamientos mayoritarios de hoy in-fligen una ruda estocada a la sana normativa de Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, supra.

Se trasluce que la médula de la decisión, ahora en re-consideración, es que nuestra jurisprudencia ha confun-dido los conceptos de “vuelo” y “sobreelevación”, y no hemos adjudicado con píopiedad los derechos que tienen los titu-lares sobre ambos. Nada más lejos de la verdad.

Nuestra doctrina ha diferenciado con claridad ambos conceptos y ha definido los derechos de los titulares a dis-poner del “vuelo” y la “sobreelevación”. De entrada es me-nester reiterar que, si bien el vuelo y el derecho de “sobre-elevación” son distintos, están íntimamente ligados; es imposible conceptualizar uno sin el otro. En Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861, 869 (1980), exploramos la interrelación entre los Arts. 11 y 18 de la Ley de la Pro-piedad Horizontal, 31 L.P.R.A. secs. 1291i y 1291p, y de-mostramos así sus disposiciones armoniosas:

Al impedir el Art. 11 que se haga reserva del vuelo en perjui-cio de su carácter comunal, no impide que la comunidad lo aproveche mediante el ejercicio de su derecho de sobreelevación en virtud del Art. 18. Ambas disposiciones, lejos de contrade-cirse, se complementan.
El vuelo y derecho de sobreelevación no son una y la misma cosa. El vuelo es un elemento del edificio, como lo son las esca-leras, los vestíbulos, las paredes, las azoteas, las áreas de esta-cionamiento de vehículos, etc. Estos elementos son propiedad comunal; algunos susceptibles de reserva o disposición para uso particular, otros no. El vuelo está entre estos últimos por dis-posición del Art. 11(a). El derecho de sobreelevación es, como dijimos en Consejo de Titulares v. Vargas, [101 D.P.R. 579 (1973)], en la pág. 585, el derecho de utilizar el vuelo para ele-var la edificación. Y ese derecho también lo reserva nuestra Ley de Propiedad Horizontal a los condómines, como un derecho comunal, del cual pueden ellos disponer solamente por acuerdo unánime conforme al Art. 18. No podría concebirse el derecho de sobreelevación separado del derecho al vuelo. Sería absurdo in-terpretar que el derecho al vuelo es elemento común, no susceptible de reserva a favor de determinado apartamiento, y que por el contrario pueda disponerse en el título constitutivo que el de-recho de sobreelevación sí puede reservarse a favor de un apar-tamiento en particular.

Nótese que aunque reconocimos que el vuelo y la sobre-elevación no son equivalentes, tienen que entenderse de forma conjunta y que respondan a iguales principios de política pública encarnados en la ley. Fuimos claros enton-ces en que aunque el Art. 18 disponga un consentimiento unánime para levantar pisos (sobreelevar), ello no podía implicar que se adjudicara a un particular si ese era el criterio unánime, pues no se podía atentar contra el carác-ter comunal de dicho derecho, cónsono con el del vuelo.

Aún cuando propone una tesis diferente —acogida hoy por el Tribunal— en su obra El Condominio, San Juan, Ed. Dictum, 1992, pág. 92, expresó así el Prof. Michel J. Go-dreau el alcance de ese dictamen:

Si bien se reconoce la facultad de disponer de este derecho de sobreelevación, ello no faculta a los condominos, ni siquiera vía el consentimiento unánime, a destinar este tipo de elemento común a un particular o aun grupo de condominos.

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La opinión mayoritaria hace una apología del derecho de los titulares a utilizar el vuelo para elevar una edifica-ción, siempre que preceda un acuerdo unánime. Estamos de acuerdo; la ley y nuestra jurisprudencia son claros al respecto. Lo que no podemos convenir es reconocer un dere-cho irrestricto de los titulares a sobreelevar una edificación. Discrepamos de la posición de que al ejercer el derecho que confiere el Art. 18, la única limitación es la unanimidad. A tenor con esa visión, mediante un consentimiento unánime se podría permitir a un particular que construya sobre el techo para su beneficio privado.

Esa interpretación pierde de perspectiva el análisis integral que hiciéramos en Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, supra, págs. 53-54:

Por último, el lenguaje del Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra, no puede tener el efecto de permitir lo que la ley prohíbe en su Art. 11, supra. Esto es, no puede uno de los titulares del condominio, mediante el consentimiento unánime de los demás titulares, construir una estructura cerrada sobre un elemento común general, convirtiéndolo en un elemento pri-vativo, en clara violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Horizontal y a nuestra jurisprudencia, que prohíben que ciertos elementos comunes generales, como lo son el techo y el vuelo de un edificio, se conviertan en elementos comunes limi-tados o en elementos privativos.
Se ha reconocido que mediante el consentimiento unánime de los titulares se pueda disponer del derecho de utilizar el vuelo para elevar la edificación. No obstante dicha elevación ha de ser para beneficio de toda la comunidad, ya que al ser el vuelo un elemento común general y el derecho a sobreelevación un dere-cho comunal reservado a la comunidad de condominos, la uti-lización de los mismos no puede tener el efecto de variar su naturaleza común, ya que todo pacto contrario a su naturaleza común será nulo. (Enfasis suplido.) Costa Linda, Inc. v. Regis-trador, supra.

Reiteramos la sabiduría y juridicidad del criterio expre-sado en Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, pág. 869, a los efectos de que es completamente ilógico y absurdo sos-tener que puede utilizarse el derecho a la sobreelevación para beneficio de un individuo, por acuerdo unánime de los titulares, y a su vez decidir que el vuelo es un elemento común general, no susceptible de la apropiación individual.

La posibilidad visualizada en la ley, de que puedan cons-truirse nuevas plantas, no puede estimarse para beneficio exclusivo de un solo condomino. Esa sería la única inter-pretación que no choca contra el espíritu y los propósitos de la ley. Al interpretarla hemos reconocido el carácter común del derecho a la sobreelevación y, en virtud de ello, sólo hemos permitido que se le confiera a un particular siem-pre que la obra se destine al uso común de los titulares.

Lamentamos sobremanera presenciar el destrozo inmi-sericorde de unas decisiones bien delineadas de este Tribunal que tenían como faro la lógica y defensa de los princi-pios de política pública inmersos en la Ley de la Propiedad Horizontal. El cuidadoso perfil de esta norma, que alcanzó su cénit en Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, supra, ha quedado destruido de un plumazo.

¿Cómo comprar la teoría de que al sobreelevar un con-dominio no se invade su vuelo? Si el vuelo es apenas el espacio aéreo sobre el techo, y el derecho de sobreelevación es la potestad de utilizar el vuelo para elevar la edificación; es éste el que da sentido práctico a aquél.

No es convincente, pues, la tesis mayoritaria de que no se ve menoscabado o invadido el vuelo de un edificio de ninguna forma. Destaca que el vuelo es inacabable e ilimi-tado, por lo que siempre existirá sobre el techo de la nueva edificación. Precisamente por eso es que puede convertirse en letra muerta la prohibición respecto al vuelo. Bajo esa teoría, siempre podría concederse el derecho de sobreeleva-ción a un individuo, para beneficio propio, y siempre que-daría incólume el “inacabable” vuelo.

IV

Recapitulando, en lo procesal reiteramos del todo impro-cedente el dictamen mayoritario que devuelve el caso al foro de instancia. Hasta la saciedad hemos demostrado que no hubo el alegado voto unánime de los titulares del condo-minio convalidando los cambios ilegales efectuados al edi-ficio por González Lamela.

En lo sustantivo, conforme nuestra doctrina y Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, supra, dicho curso de acción judicial es inconsecuente. Independientemente de que no hubo tal unanimidad, es un hecho no contradicho que la edificación construida no era para el beneficio de la comunidad de titulares, sino para el de un solo titular.

Debimos denegar la reconsideración.

         Este artículo estatuye el procedimiento a seguir para obtener el voto de todos los titulares que no asistieron personalmente a la reunión pertinente. Este dispone que se notificará de la decisión tomada al condomino y provee un término de treinta (30) días para que éste se oponga. Transcurrido éste sin oposición del condomino, se entenderá que está conforme con la decisión tomada.

         Es precisamente del techo, no de la azotea, que nace el vuelo. Expresamos en Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861, 870 (1980):

        “Diríase que el vuelo es una proyección vertical de la superficie, que comienza desde el techo del edificio. Es un elemento ideal, intangible, pero tan importante como cualquier otro y más importante que muchos.” (Énfasis suplido.)

       Aquí se trataba de una demanda de injunction contra Emilio Ortiz Alfonso, titular de un penthouse a quien se le confirió el uso exclusivo de la azotea, para obligarlo a eliminar un portón y una puerta de madera instalados entre el pasillo en donde se ubicaba el apartamento y la azotea.
      Se demandó, además, a James A. Toro Sintes para compelerlo a remover un portón que instaló en el piso en donde radicaba su apartamento, el cual impedía el acceso a las escaleras del condominio.

       La lógica de esta concepción se hace más patente a la luz de nuestros pro-nunciamientos en Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, pág. 870, cuando dijimos:
      “Hacer reserva del derecho de sobreelevación a favor de un apartamento es tanto como reservarle a éste un ‘solar’ sobre el techo para edificar.”


text:
      In re Aprobación y Vigencia Reglamento Notarial de Puerto Rico.

      Número: -

      Resuelto: 14 de julio de 1995
   RESOLUCIÓN

El Art. 61 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 et seq.), otorga a este Tribunal la facultad de aprobar reglamentación para hacer viable la ejecución de la referida ley y complementar sus disposiciones, así como para regular la admisión al No-tariado y el ejercicio del mismo.

Al amparo de este estatuto, el Tribunal ha evaluado las recomendaciones recibidas en la Conferencia Judicial de 1991 y en el Informe de la Comisión sobre Reglamentación del Ejercicio y Admisión al Notariado, así como en la juris-prudencia más reciente. Como resultado de ese proceso, por la presente se aprueba este reglamento, con las reglas que regirán la admisión y el ejercicio del notariado.

Regístrese y publíquese.

Lo pronunció y manda el Tribunal por unanimidad y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Se-ñor Rebollo López no intervino en la consideración de la Regla 5 y la Regla 80(P). Con respecto a la Regla 5, todos los Jueces reiteran los criterios expuestos en In re Colón Ramery, 138 D.RR. 793 (1995).

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re William Knight Bustamante.

      Numero: AB-94-127

      Resuelto: 26 de julio de 1995

      Raquel Irlanda, Juez Administradora del Tribunal de Dis-trito; William Knight Bustamante, pro se.

   per curiam:

Con motivo de haber asumido la representa-ción legal de un cliente en una causa criminal ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (Hon. Ygrí Rivera de Martínez, Juez Superior), el abogado William Knight Bustamante incurrió en conducta que obhgó a dicha magistrado a encontrarlo incurso en desacato, siendo sentenciado dicho abogado a sufrir una pena de catorce (14) días de cárcel, sentencia que cumplió.

El día en que fue así sentenciado, y según ello surge de la minuta que recoge los procedimientos acaecidos ante el referido foro de instancia, el abogado Knight Bustamante aseveró y/o admitió que “tenía problemas de adicción a dro-gas”, solicitando éste del foro de instancia que “se le brinde tratamiento” para dicha condición.

Ello motivó que el foro de instancia le ordenara “a la Administración de Corrección que traslad[ara] inmediata-mente al imputado William Knight a la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción para que el mismo [fuera] ingresado al Programa de Detoxification con carác-ter de urgencia e interno”. La Juez Rivera de Martínez nos notificó e informó de esta situación.

Así las cosas, la Hon. Raquel Irlanda, Juez Administra-dora del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de San Juan, nos informó —mediante carta dirigida al Secretario General del Tribunal de fecha 2 de noviembre de 1994— que en ocasión de presidir la “sala de vistas preliminares” de la referida Sala de San Juan tuvo la triste experiencia de poder notar que el abogado William Knight Busta-mante, al comparecer ante ella en representación de un imputado de delito, se “tambaleaba” y no podía “articular sus pensamientos”; conducta que, entre otras cosas, le hizo pensar que el referido abogado “se encontraba bajo los efec-tos de sustancias narcóticas”.

En vista a lo anterior, mediante Resolución de fecha 2 de diciembre de 1994, le concedimos término al licenciado Knight Bustamante para que expresara lo que a bien tu-viese sobre el contenido de ambas comunicaciones. A pesar del tiempo transcurrido, y no obstante habérsele concedido dos (2) prórrogas para ello, el licenciado Knight Busta-mante no ha comparecido ante este Tribunal en cumpli-miento de nuestra Resolución del 2 de diciembre de 1994.

La situación ante nuestra consideración es, cuando me-nos, altamente preocupante y delicada. Por un lado, este abogado ha incurrido en conducta ante los tribunales de instancia —por lo menos, en dos (2) ocasiones distintas— que prima facie tiende a demostrar que no está en condi-ciones o capacitado, en estos momentos, para practicar la profesión de abogado en nuestra jurisdicción.

Por otro lado, el licenciado Knight Bustamante ha in-cumplido crasamente, y sin excusa alguna, con la resolu-ción que emitiéramos el 2 de diciembre de 1994, la cual tenía el propósito no sólo de ayudar a esclarecer la antes descrita situación sino de ayudarlo a él como persona y profesional.

Hemos expresado en numerosas ocasiones que seremos sumamente estrictos en situaciones en que los abogados no contesten nuestras órdenes a pesar de haber sido emplazados para ello. In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

A esos efectos, hemos expresado que:

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presen-tada en su contra que está siendo investigada. In re Colón Torres, supra, págs. 493-494. Citado también por In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992), y por In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992).

El licenciado Knight Bustamante ha demostrado una intolerable obstinación en no cumplir las órdenes de este Tribunal, por lo que es claro que rio tiene interés alguno en continuar ejerciendo la abogacía en nuestro país.

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Lie. William Knight Bustamante hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosa-mente con nuestras órdenes y el Tribunal disponga lo que proceda en derecho en vista de su situación particular. Ha-biendo sido este abogado suspendido del ejercicio de la no-taría desde el 11 de mayo de 1990, no hay necesidad al-guna de ordenar la incautación de sus protocolos.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Presidente Señor Andréu García y los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton no intervinieron.


text:
      In re Nelson Borges Borges.

      Número: 9349

      Resuelto: 26 de julio de 1995

      Nydia Martínez De Lajara, Directora Interina de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Mediante Comunicación de 11 de mayo de 1995 la Leda. Nydia Martínez de Lajara, Directora Inte-rina de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informó que el abogado y notario Nelson Borges Borges incumplió con el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2023, al dejar de remitir los índices notariales corres-pondientes a los meses de julio a diciembre de 1994 y de enero a abril de 1995. Asimismo, nos informó que el refe-rido notario no contestó varios requerimientos de la Ofi-cina de Inspección de Notarías en los que se le instó a corregir las deficiencias aludidas y a presentar una moción explicativa señalando las razones para tal incumplimiento.

Vista la aludida comunicación de la Directora Interina, el 2 de junio de 1995 emitimos una resolución mediante la cual le concedimos un término de veinte (20) días al Ledo. Nelson Borges Borges para atender los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y, simultáneamente, mostrar causa por la cual no debíamos ejercer nuestra ju-risdicción disciplinaria y ordenar su suspensión temporera del ejercicio de la notaría. Le apercibimos, además, que el dejar de cumplir con nuestra resolución conllevaría su sus-pensión automática de la abogacía.

No empece, según surje de la Comunicación de 6 de julio de 1995 que nos envió la Directora Interina de la Oficina de Inspección de Notarías, el Ledo. Nelson Borges Borges no ha cumplido con nuestra Resolución de 2 de junio de 1995.

Reiteradamente hemos resuelto que el hacer caso omiso de las resoluciones de este Tribunal trae consigo sanciones disciplinarias severas. Col. Abogados P.R. v. Diversé, Colón, Rivera, 136 D.P.R. 425 (1994); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991). Por esta razón, y en vista del incumplimiento del Ledo. Nelson Borges Borges con las órdenes de este Tribunal, procede que decretemos su suspensión indefinida del ejercicio de la abo-gacía, tal y como le habíamos apercibido.

Se ordena al Alguacil General del Tribunal que proceda a la incautación de la obra notarial del Ledo. Nelson Borges Borges.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García y los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton no intervinieron.