author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, demandante y recurrida, v. Enrique Bird Piñero, demandado y recurrente.

      Número: R-83-119

      Resuelto: 30 de mayo de 1984

      Demetrio Fernández, abogado de la parte recurrente; Héctor Urgell Cuebas, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El recurrente, Sr. Enrique Bird Piñero se desempeñó como catedrático auxiliar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico durante el período comprendido entre el 23 de octubre de 1973 y el 30 de junio de 1974. Para el 23 de octubre de 1973, fecha que coincidió con el inicio de un paro huelgario de los empleados unionados de la A.C.A.A., estaba vacante el cargo de Director del Departamento Legal de la mencionada agencia. El entonces director de la A.C.A.A. contrató los servicios del señor Bird para que ocupara la vacante interinamente hasta el 31 de diciembre de 1973, conviniéndose que éste trabajaría 7)4 horas diarias, 37% horas a la semana (a razón de cinco días semanales) por un sueldo de $1,500 por mes.

Finalizado dicho período se convino continuar los servi-cios del señor Bird hasta el 30 de junio de 1974 a base de las mismas condiciones. El señor Bird prestó sus servicios profesionales a la A.C.A.A. durante ambos períodos a satis-facción de dicha agencia recibió por ello la paga conve-nida. Al mismo tiempo continuó desempeñando su cátedra en la universidad.

Transcurridos tres años, la A.C.A.A. instó demanda judicial contra el señor Bird en que le reclamó el pago de $11,535. No especificó en su escueta demanda la razón de dicha reclamación, limitándose a que se reclamaba “por concepto de recobro”. Al cabo de seis años recayó sentencia que declaró con lugar la demanda y que es objeto del recurso que aquí nos ocupa. El trámite seguido por la demandante recurrida fue deficiente y laxo. () Lo detallamos al margen. Por dos ocasiones se dictó sentencia desestimatoria de la demanda por falta de trámite por parte de la demandante recurrida durante más de seis meses. Se ignoraron repeti-damente órdenes y señalamientos que hacía el tribunal. La misma desidia se manifiesto en el recurso ante nos. ()

Si bien el recurrente no ha hecho un planteamiento frontal y directo sobre este aspecto, no ha dejado de traerlo a nuestra atención. Tras hacer referencia al “trámite azaroso” del caso, señala que es “una persona jubilada tras 30 años de servicio público honroso” y que el cobro que se le hizo luego de transcurrir tres años, y que se haría efectivo mediante la sentencia dictada casi diez años después, le llevaría a la ruina económica.

Podríamos, en atención a estos señalamientos, revocar la sentencia recurrida. Véase Dávila v. Valdejully, 84 D.P.R. 101, 103-104 (1961), donde reconocimos la “enorme fuerza persuasiva para guiar a todo tribunal a impartir justicia” que hay en el siguiente pronunciamiento de la Ley de 12 de marzo de 1903 (4 L.P.R.A. see. 36), respecto a la función de este Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante un tribunal de apelación y no un tribunal de casación. En sus deliberaciones y fallos en todos los asuntos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho Tribunal no se li-mitará solamente a infracciones de ley o quebrantamientos de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los li-tigantes, o según se hiciera constar en sus exposiciones y excepciones sino que con el más alto fin de justicia, el Tribunal puede también entender en todos los hechos y tramita-ciones en la causa tal como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.

No tenemos, sin embargo, que recurrir a la drástica medida invocada en el citado caso de Dávila v. Valdejully. Un análisis de las cuestiones aquí planteadas nos convencen de que la sentencia recurrida no debe prevalecer.

Se amparó la demandante y se basó la sentencia recu-rrida en la siguiente disposición del Código Político:

Ningún funcionario o empleado que esté regularmente empleado en el servicio del Gobierno Estatal, o de cualquier municipio u organismo que dependa del Gobierno, cuyo sala-rio, haber o estipendio sea fijado de acuerdo con la ley, recibirá paga adicional, o compensación extraordinaria de ninguna especie, del Gobierno Estatal, o de cualquier munici-pio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las funciones ordina-rias de dicho funcionario o empleado, a menos que la referida paga adicional o compensación extraordinaria esté expresa-mente autorizada por la ley, y conste expresamente en la co-rrespondiente asignación que ésta se destina a dicha paga adi-cional o compensación extraordinaria; ... 3 L.P.R.A. see. 551.

Es un hecho no controvertido que el recurrente des-empeñó el trabajo para el que le contrató la A.C.A.A. y que al mismo tiempo atendía su cátedra y funciones a ella inhe-rentes en la universidad. No hay controversia tampoco en cuanto a que rindió sus labores satisfactoriamente en ambas posiciones y se le pagó, sin reservas de clase alguna, por el trabajo realizado para ambos organismos. El recurrente señaló ante el Tribunal a quo, y ha reiterado ante nos, que sus horarios de trabajo no confligían, pues dictaba su cátedra en la sección nocturna de los cursos de Derecho y supervisaba una sección de clínica de Asistencia Legal que reunía los sábados por la mañana. Esto tampoco ha sido con-trovertido.

El Art. 2 de la Ley Núm. 100 de 27 de junio de 1956 (18 L.P.R.A. see. 679), dispone:

Se autoriza a los departamentos, subdivisiones, agencias, juntas, comisiones, instrumentalidades o corporaciones públi-cas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a contratar o a utilizar los servicios de cualquier persona que ocupe cualquier puesto en la Universidad de Puerto Rico, o en las dependen-cias de ésta, y pagarle la debida compensación por los servi-cios adicionales que preste a dicho organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fuera de sus horas regulares de servicio en la Universidad y previo el consentimiento escrito del Rector de la Universidad, sin sujeción a lo dis-puesto por la see. 551 del Título 3.

Concluyó el tribunal de instancia que no medió dicho consentimiento para el período trabajado por el recurrente para la A.C.A.A. entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre de 1973 y que, para el segundo período —3 de enero a 30 de junio de 1974— medió tal consentimiento pero limitado a doce horas semanales y una compensación total de $1,500 por todo el período. Esta conclusión está basada en la estipu-lación de las partes. Pero hay un evidente conflicto en cuanto a la interpretación de dicho estatuto. El demandado recu-rrente ha señalado repetidamente que competía al Director de la A.C.A.A. gestionar y obtener dicho consentimiento. De hecho, señala que estaba bajo la impresión de que el permiso había sido gestionado por la A.C.A.A. y concedido por el Rector. La demandante recurrente no contradice dicho argumento, limitándose a repetir que no hubo el conseti-miento requerido.

La mencionada Ley Núm. 100 no dispone a quién corres-ponde gestionar el consentimiento del Rector. Nos parece que cuando se trata de disponer de fondos públicos, la obli-gación de ver de que no se dispensen en contra de la ley no puede dejarse al arbitrio del empleado. Es responsabilidad indelegable de la agencia contratante. Se trata, claramente, de un error de derecho. En tal caso no procede la devolución de lo indebidamente pagado. Sucn. Choisne v. Municipio, 100 D.P.R. 501, 503-504 (1972); Pueblo v. Acevedo, 65 D.P.R. 473, 479 (1945); Quiñones v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 447 (1942); Silva v. Sucn. Caratini, 51 D.P.R. 778 (1937).

La Constitución del Estado Libre Asociado consagra “el derecho de todo trabajador ... a recibir igual paga por igual trabajo”. Carta de Derechos, Art. II, Sec. 16. El demandado recurrente realizó el trabajo que se le encomendó. Exigirle la devolución de lo que se le pagó por su trabajo requiere una demostración más fuerte de la alegada ilegalidad del pago que la demostrada por la demandante recurrida.

Por lo expuesto, se revoca la sentencia recurrida y se desestima la demanda, con imposición de costas a la parte demandante.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Rebollo López participó por Regla de Necesidad. Concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente. El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

La sentencia de este Tribunal constituye una interpre-tación errónea de las leyes aplicables que relaja indebida-mente los requisitos necesarios para validar la doble pres-tación de servicios por funcionarios y empleados guber-namentales. A la par, compromete peligrosamente el uso de fondos públicos.

La sentencia está esencialmente basada en dos premisas. En el hecho de que el recurrente Enrique Bird Piñero —abogado y a la sazón catedrático auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico— fuera de horas laborables prestó servicios profesionales en calidad de Director del Departamento Legal de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.), entre el 23 de octubre y 31 de diciembre de 1973. Y segundo, en la conclusión de que una dispensa o permiso del Rector de dicha universidad autorizándolo, que no medió, correspondía obtenerlo a la A.C.A.A., como agencia contratante. En vir-tud de esas premisas se deduce que se trata “claramente de un error de derecho” y que no procede “la devolución de lo indebidamente pagado”.

I

Las disposiciones que gobiernan la solución del caso son el Art. 177 del Código Político y el Art. 2 de la Ley Núm. 100 de 27 de junio de 1956.

El Art. 177 reza:

Ningún funcionario o empleado que esté regularmente empleado en el servicio del Gobierno Estatal, o de cualquier municipio u organismo que dependa del Gobierno, cuyo sala-rio, haber o estipendio sea fijado de acuerdo con la ley, recibirá paga adicional, o compensación extraordinaria de ninguna especie, del Gobierno Estatal, o de cualquier munici-pio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las funciones ordina-rias de dicho funcionario o empleado, a menos que la referida paga adicional o compensación extraordinaria esté expresa-mente autorizada por la ley, y conste expresamente en la co-rrespondiente asignación que ésta se destina a dicha paga adi-cional o compensación extraordinaria; . . . (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. see. 551.

Su lectura pone de manifiesto el principio general que lo inspira: la consecución de una sana política de adminis-tración pública que prohíbe toda paga adicional o compen-sación extraordinaria a funcionario o empleado regular gubernamental, a menos que ello “esté expresa/mente autori-zad[o] por ley”. No basta que el servicio sea prestado, como tampoco que haya sido “en adición a las funciones ordina-rias”. El interdicto legal, como norma general, va dirigido al funcionario o empleado. Lógicamente es éste quien viene obligado a demostrar que está autorizado por ley.

Bajo esta óptica resulta menester leer e interpretar el alcance del Art. 2 de la Ley Núm. 100. Dispone:

Se autoriza a los departamentos, subdivisiones, agencias, juntas, comisiones, instrumentalidades o corporaciones públi-cas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a contratar o a utilizar los servicios de cualquier persona que ocupe cualquier puesto en la Universidad de Puerto Rico, o en las dependen-cias de ésta, y pagarle la debida compensación por los servi-cios adicionales que preste a dicho organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, jotera de sus horas regulares de servicio en la Universidad y previo el consentimiento escrito del Rector de la Universidad, sin sujeción a lo dispuesto por la see. 551 del Título 3. (Énfasis nuestro.) 18 L.P.R.A. see. 679.

De fácil captación resulta que este artículo constituye una excepción al principio mayor y general consagrado en el Art. 177 del Código Político, según antes transcrito, al prohi-bir la paga adicional o compensación extraordinaria salvo autorización legal. Para que pueda invocarse con éxito, se exige concurran dos requisitos: (1) que el servicio se preste “fuera de sus horas regulares” y (2) que medie consenti-miento “previo y escrito” del Rector de la Universidad. En buena metodología hermenéutica, el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas por ser una exclusión a la prohi-bición, requiere su estricta observancia.

II

En el caso de autos se prescindió de la autorización pre-via y escrita. Ello indiscutiblemente no sólo infringe la letra de la ley, sino la intención legislativa. La Ley Núm. 100 tuvo el propósito de “establecer una política uniforme en relación con la contratación de personal durante su tiempo libre, por otras agencias del Estado”. 8 Diario de Sesiones 878 (1956). Aplicar la ley allí donde no se cumplió, vulnera esa política legislativa de igualdad pública en lo normativo y en lo jurí-dico.

I-H I — I

El trasfondo fáctico no configura un error de derecho a base de que la dispensa corresponde obtenerla a la agencia concernida.

Nótese que se trata de un trámite que no se siguió. Si algo aflora realmente es un error u omisión de hecho: no haber obtenido el permiso previo y escrito del rector.

Hemos visto cómo la prohibición del Art. 177 del Código Político que intenta atemperar el Art. 100 va dirigida al funcionario. A éste corresponde gestionar la dispensa. Ahora bien, arguyendo que el texto legal no estuviera lo suficien-temente claro sobre quién recae esa obligación, aun bajo el enfoque más liberal posible, lo menos que puede admitirse es que el interés y la obligación tutelados en el estatuto recaen sobre ambos: el funcionario y la agencia. Lo contrario repre-sentaría formularnos las siguientes interrogantes: ¿Por qué imponer exclusivamente ese deber y responsabilidad, con carácter de absoluto, al Estado? ¿Significa ello que todo acto oficial, inclusive un contrato ilegal, compromete indefecti-blemente los fondos públicos?

<1

Finalmente, sin ninguna elaboración se alude a la Sec. 16 del Art. II de la Constitución en lo referente al derecho de todo trabajador a recibir igual paga por igual trabajo. Se consigna que el recurrente Bird Piñero realizó el trabajo y que “exigirle la devolución de lo que se le pagó por su tra-bajo requiere una demostración más fuerte de la alegada ilegalidad del pago ...”.

Tenemos reservas sobre la fuerza persuasiva del argu-mento. Primeramente, es menester despejar toda duda. El derecho constitucional de igual paga por igual tarea nada tiene que ver con la controversia planteada. Segundo, no se debate que prestó sus servicios, sino la legalidad de los pagos por la inobservancia sustancial del precepto legal aplicable.

La decisión de hoy es paradógica en varios extremos. Se asienta sobre un “error de derecho” que realmente es de hecho (omisión de un trámite de autorización). Como defensa se esgrime ese error “de derecho” para anular “la devolución de lo indebidamente pagado”, lo cual presupone que en su origen la A.C.A.A. no venía obligada a remunerar al recu-rrente Bird Pifiero. Y todo, por quien irónicamente fue el Director del Departamento Legal de la A.C.A.A.

Deferencialmente discrepamos de esa interpretación irreal. “Interpretar es inter pretare, que deriva de interpret, vale decir mediador, corredor, intermediario. El intérprete es un intermediario entre el texto y la realidad; y la inter-pretación es extraer el sentido, desentrañar el contenido, que el texto tiene con relación a la realidad.” E. J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma, 1978, Vol. III, pág. 55. Debió confirmarse el dictamen del Tribunal Superior que declara con lugar la demanda de la A.C.A.A.

      (1)La demanda se presentó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, pero en su encabezamiento aparece radicada ante el Tribunal de Distrito, Sala de Río Pie-dras. Así consta además en la copia que se sirvió al demandado al ser emplazado, lo que explica que su contestación y una moción en solicitud de especificaciones, noti-ficadas a la demandante, le fueran devueltas por la secretaria del Tribunal de Dis-trito en Río Piedras por no aparecer allí dicho caso. La demandante nada hizo con respecto a la moción del demandado y, transcurridos más de seis meses sin que se hiciera trámite alguno ante el Tribunal Superior, éste dictó sentencia el 23 de enero de 1978, desestimándola, en virtud de la Regla Núm. 11 de las Reglas de Adminis-tración. El demandado se enteró de que el caso estaba radicado en el Tribunal Superior al ser notificado .con copia de moción presentada por la demandante para que se dejara sin efecto la sentencia. Erróneamente informó la demandante que el caso “fue radicado por error” en la Sala de Río Piedras e hizo alusión a su traslado al Superior en San Juan, cosa que nunca ocurrió, conforme hemos señalado. El Tribunal Superior dejó sin efecto su sentencia y reinstaló el pleito, por resolución de 15 de febrero de 1978.
      No hubo más trámite significativo durante un año. El 28 de febrero de 1979 el tribunal ordenó a los abogados de las partes reunirse de conformidad con la Regla Núm. 37, —Reglas de Procedimiento Civil— y señaló el 14 de mayo de 1979 para conferencia con antelación al juicio. Las partes no comparecieron y el 21 de mayo de 1979 se dictó sentencia que por segunda vez desestimó la demanda. Ésta se reinstaló por resolución de 8 de junio de 1977, a moción de la demandante, señalándose el caso “para vista en su fondo” para el 29 de agosto siguiente. Ésta no se celebró y el 23 de enero de 1980 el tribunal concedió treinta días a las partes para someter estipulación de hechos y memorandos.
      Transcurrieron más de seis meses y nada se hizo. El demandado solicitó deses-timación de la demanda a tenor de lo dispuesto en la antes citada Regla 11. El tribunal señaló el 22 de agosto de 1980 para discusión de esta solicitud. Las partes no comparecieron. Se trasladó dicho señalamiento para el 10 de octubre de 1980. Las partes tampoco comparecieron. Se hizo un nuevo señalamiento para el 7 de noviembre de 1980 y se concedió 30 días para presentar estipulación de hechos. No se cumplió con ello y el 26 de enero de 1981 el tribunal, motu proprio, concedió veinte días adicionales para ello. No fue hasta el 16 de septiembre de 1981 —ocho meses después— que se presentó la estipulación, y en marzo y abril de 1982 pre-sentaron las partes sus respectivos memorandos. La sentencia recayó finalmente el 8 de febrero de 1983.
      No hay justificación para la dilación de seis años en disponer de un caso sen-cillo como éste, ni para una actitud tan permisiva para con las partes, como ha ocurrido en éste caso, particularmente para con la parte demandante recurrida.

      (2)E1 recurrente presentó su alegato ante nos el 13 de septiembre de 1983. Vencido el término para replicar, la demandante recurrida no lo hizo. El 2 de noviembre le concedimos diez días para mostrar causa por la cual no debíamos tener por sometido el recurso. No lo hizo hasta el 21 de noviembre.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Agustín R. Hernández Enríquez, querellado.

      Número: O-82-134

      Resuelto: 1 de junio de 1984

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Lourdes del C. Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ángel De Jesús Matos, abogado del querellado.
   per curiam:

El Procurador General formuló querella contra el Juez de Distrito Sr. Agustín R. Hernández Enrí-quez. Los cargos pueden resumirse así:

Cargo 1. Que entre el 17 y el 21 de marzo de 1981 hizo uso de sus funciones y autoridad judicial para presionar al Sr. Jaime Rojas Puccini a pagarle $140 por daños ocasiona-dos a un automóvil propiedad del querellado no obstante que el señor Rojas Puccini negaba ser el causante de dichos daños.

Cargo 2. Que el 6 de mayo de 1981, en funciones de juez, impuso al Sr. Héctor Maldonado, como castigo por romper un boleto de tránsito y arrojarlo a la vía pública, recoger basura en la avenida Ponce de León én Santurce exhibiendo sobre su persona un rótulo que decía “Estoy recogiendo los papeles que tiré a la calle”. El mismo cargo imputa que el querellado impuso igual castigo, el 21 de mayo de 1981, al Sr. José R. López Ávila por haber incurrido en conducta similar, cuyos castigos tuvieron un efecto humillante para dichos señores.

Cargo 3. Que intervino y tomó disposiciones reñidas con las normas administrativas del Tribunal de Distrito, Sala de Carolina, en relación con denuncias presentadas contra tres personas, demostrando un interés personal e inclinación para que dichos casos tuvieran un determinado y particular resultado.

Notificados los cargos al querellado y controvertidos por éste en su contestación, designamos un Comisionado Especial para recibir las pruebas de las partes. El Comisionado celebró audiencias en que recibió abundante prueba testifical y documental y finalmente rindió su informe, en que formuló las siguientes determinaciones de hecho con res-pecto a los tres cargos imputados:

A. DETERMINACION DE HECHO EN TORNO AL CARGO NUMERO UNO:
1. El día 17 de mayo de 1981 a eso de las 10:30 de la noche, el querellado, Sr. Agustín Hernández Enríquez, juez de dis-trito, visitó el Hipopótamo, un establecimiento comercial cer-cano al Centro Judicial de San Juan, en donde estaba, a la sazón, asignado a la Unidad de Investigaciones de dicho cen-tro.
2. Al acudir a ese local comercial, estacionó su vehículo, un Volkswagen, modelo reciente, en lugar próximo en la Avenida Muñoz Rivera, donde ubicaba el establecimiento en cuestión, bloqueando una de las entradas al edificio contiguo, pertene-ciente al ciudadano Jaime Rojas Puccini y ubicado en el Núm. 878 de esa avenida.
3. Dicho ciudadano, Jaime Rojas Puccini, se personó al establecimiento mencionado y le pidió al querellado que moviera su vehículo porque estaba obstaculizando una de las entradas a su edificio residencial.
4. El querellado no accedió a mover su vehículo, lamentán-dose de que no fuera posible tomarse en paz una taza de café y le indicó que llamara a la Policía, si quería. Sin embargo, unos quince minutos más tarde se retiró del lugar en su vehículo mencionado.
5. El ciudadano mencionado,. Jaime Rojas Puccini, se retiró a su dormitorio en el mencionado edificio, pero a eso de la 1:30 a 2:00 de la madrugada sintió que tocaron el timbre de su residencia, escuchó pasos aproximándose a la puerta de entrada de su vivienda y vió a cuatro policías y un civil cerca de esa entrada, “allá abajo”. La persona vestida de civil le comunicó que “el juez lo quiere ver” y “que no sabía para qué el juez lo quería” y que “se tiene que venir con nosotros”. Pidió tiempo para prepararse y llamar a su abogado y se lo conce-dieron. Los hizo esperar bastante y cuando estuvo listo no le permitieron usar su propio vehículo; fue obligado así a acom-pañar este séquito en el carro oficial de patrulla policiaca en que se habían transportado hasta allí estos agentes.
6. La persona vestida de civil que le anunció en dicho lugar, a dicha hora el 18 de mayo de 1981 al ciudadano Jaime Rojas Puccini, que el juez lo quería ver y que tenía que acompañar-los en el auto de patrulla, fue el alguacil auxiliar, Carlos Las-tra quien estaba en servicio en la referida Sal[a] de Investiga-ciones y quien actuó obedeciendo instrucciones específicas del querellado. Esta misión se llevó a cabo sin mediar orden alguna, escrita, de citación o de arresto, y fue auxiliado el referido alguacil por varios policías, no identificados indivi-dualmente por la prueba.
7. Una vez llegó este séquito con el ciudadano Jaime Rojas Puccini al Centro Judicial de San Juan, éste fue conducido al “parking”, le mostraron el vehículo Volkswagen del Juez Agustín Hernández, que el referido ciudadano reconoció haber sido el mismo vehículo que esa noche había sido estacio-nado frente a su edificio bajo las circunstancias expresadas. Al mismo tiempo que le imputaron haber producido una larga raya en la pintura lateral del auto, la cual algunos testigos han atestiguado que corría a todo lo largo del vehículo en uno de sus costados y que mostraba señales de haber sido producida por objeto duro y, recientemente, ya que habían partículas de pintura fresca en ella.
8. Cuando subieron nuevamente a la Sala de Investiga-ciones, allí se topó con el Juez Agustín Hernández a quien poco antes se lo había identificado el Lie. Adalberto Torres Dosal, conocido suyo, con quien se encontró en el lugar. El Juez le imputó que le había “guayado” su carro con un[a] cuchilla.
9. Recabó la ayuda del mencionado Lie.. Adalberto Torres Dosal. Este abogado habló con el Juez, escuchó la querella que él tenía contra este ciudadano, y fue a inspeccionar el vehículo rayado en el “parking”. Más tarde el Juez “bajó del estrado” y se dirigió a Rojas Puccini indagando si le iba a pagar los daños, que si no se vería obligado a someter el caso ante otro juez. El ciudadano insistió en que “el no había sido” pero que “el prefería pagar los daños”. El Juez encargó entonces a ese abogado de preparar el documento donde se obligaba, Rojas Puccini, a pagar los daños. Ese abogado preparó el documento fechado el 18 de mayo de 1981, que figura como Exhibit 5 del Procurador General, en donde Jaime Rojas Puccini “se com-promete”, a “pagar los daños ocasionados al automóvil Volkswagen 1980, 86U188, propiedad del Sr. Agustín Hernández el 17 de mayo de 1981, frente a mi casa, rayazo lado derecho de alante hacia atrás”. Figuran allí como testigos, Carlos Lastra, Alguacil Aux. II, Placa 451 y Adalberto Torres Dosal.
10. Una vez preparado el documento, Rojas Puccini no procedió a firmarlo en seguida, vaciló un tiempo, pero final-mente puso su firma en el documento expresando que iba a firmar porque si no lo hacía “me va a costar lo mismo”.
11. Luego de la firma del documento Rojas Puccini, divulgó sus teléfonos para que lo llamaran tan pronto se supiera a cuanto ascendían los daños que se había obligado a pagar, y se le permitió retirarse.
12. Para el día 21 de mayo de 1981 por la mañana, el Sr. Rojas Puccini recibió instrucciones directamente del Alguacil Carlos Lastra para comparecer a la Sala de Investigaciones durante la noche de ese día, a las ocho y treinta, para someter el caso. Fue informado además de que el estimado de los daños que se había comprometido a pagar ascendía a $140.00, la cual no había satisfecho.
13. El Sr. Jaime Rojas. Puccini fue nuevamente la noche del 21 de mayo de 1981 a las ocho y media a la Sala de Investiga-ciones en donde estaban en funciones el juez querellado, el Alguacil Carlos Lastra y la Hon. Juez Municipal Silvia Ricard. Esta vez el Sr. Rojas Puccini estuvo allí asistido del Lie. Federico Albándoz.
14. Se encontraba también esa noche en dicha Sala de Investigaciones, el Policía, Ernesto Torres Pérez, Placa #9590. El Juez Agustín Hernández Enríquez, solicitó y obtuvo la cooperación de este agente del orden público quien, a base de la información que le suministró el propio juez, preparó, juró y radicó denuncia “por daños” contra Jaime Rojas Puccini, imputándole haber rayado el vehículo Volkswagen del quere-llado el 17 de mayo de 1981 en la “Avenida Muñoz Rivera frente al #878”. Señaló como testigos de los hechos en esa denuncia al Sr. Agustín Hernández y al alguacil Carlos Las-tra, quien en la vista ante este Comisionado, testificó que sólo podía declarar en cuanto a que observó un rayazo de hechura reciente mostrado por el juez al testigo en inspección del auto en el “parking” del Centro Judicial de San Juan, la noche del 17 de mayo de 1981. (Véase Exhibit 6 del Procurador General.)
15. El Lie. Federico Albándoz, asistiendo profesionalmente al ciudadano Rojas Puccini ese día 21 de mayo de 1981 en la Sala de Investigaciones en cuestión, hizo un acercamiento en la oficina de los alguaciles al Juez Agustín Hernández Enríquez, con respecto a la imputación a que se enfrentaba su cliente. El juez estuvo dispuesto a retirar su querella si se le pagaban los daños y si Rojas Puccini retiraba una querella que contra él había radicado ante la Administración de Tribunales.
16. El Lie. Federico Albándoz recomendó a su cliente que aceptara pagar dichos daños y se librara de tener que some-terse a un proceso judicial. El Sr. Rojas, sin embargo, no obstante lo acontecido el día 18 de mayo anterior cuando firmó un documento aceptando pagar dichos daños (Exhibit 5 del Procurador General), se resistía a aceptar tal arreglo pro-puesto, aduciendo persistentemente que no había producido el “rayazo” que se le imputaba.
17. Ante esta situación, el Juez Hernández Enríquez, el Alguacil Carlos Lastra, el Lie. Federico Albándoz y el Sr. Rojas Puccini acudieron donde la Hon. Juez Silvia Ricard, de turno, a someter el caso. No hubo ante dicha Juez proceso investigativo alguno. El Juez Hernández habló con ella, quería someterle el caso para determinación de causa probable. La Juez, en forma categórica, no accedió, señalando como razones para su determinación, que “conocía los hechos”, que no podía ser imparcial, que el perjudicado era amigo personal y compañero de trabajo. La Hon. Juez Gloria M. Lagrossi Brenes a quien ella sustituía esa noche en la susodicha Sala de Investigaciones, le había advertido que tratarían de someterle una querella en donde el perjudicado era el Juez Hernández Enríquez y le aconsejó que no interviniera, que la pasara para otro día o para el Centro Judicial de Carolina.
18. No obstante las reiteradas peticiones del Lie. Albándoz para que interviniera en la determinación de causa probable la Juez Ricard se mantuvo firmemente en su decisión de inhibirse o abstenerse de entrar en la vista de la querella y se llevaron las formas para trasladar el caso a otro juez. El Juez Hernández Enríquez le pidió a ella que le citara el caso para el otro día, y después le hizo la misma petición al alguacil.
19. Ante las recomendaciones insistentes de su abogado, el Sr. Rojas Puccini, después de dos negativas decidió hacer un cheque por la suma de $140.00 para indemnizar al Juez Hernán-dez Enríquez por el susodicho daño a su vehículo. El cheque en cuestión es el Exhibit 7 del Procurador General (Cheque #429, fechado el 20 de mayo de 1981, girado por $140.00 por Jaime Rojas Puccini, Ave. Muñoz Rivera 878 Hyde Park, Río Piedras, Puerto Rico contra el Banco de San Juan, Río Pie-dras, Puerto Rico, a la orden de Hon. Agustín Hernández, con sello indicativo de que fue pagado por dicho banco en mayo 28 de 1981). El Sr. Rojas Puccini escribió en el dorso del cheque antes de entregarlo, la siguiente nota: “Hago este cheque por la siguiente razón, no he cometido los daños pero para evitar problemas de tribunal lo pago.” Y firma la nota, Jaime Rojas. Este cheque fue entregado a la Juez Ricard quien lo pasó al Juez Hernández Enríquez. Entonces el Sr. Rojas pidió que se le devolviera el documento que había firmado el 18 de mayo de 1981 aceptando pagar los daños en cuestión. El Juez Her-nández Enríquez entregó el documento a la Juez Ricard para que se lo entregara a éste, Sr. Rojas, una vez hubiera cum-plido con la promesa de retirar la querella que contra él había radicado en la Administración de Tribunales. Esta condición o promesa de retirar tal querella no fue ejecutada o cumplida jamás por Rojas Puccini.
20. En la denuncia por el delito de daños, que suscribió el Policía Ernesto Torres, Placa 9560, contra Jaime Rojas Puccini, en el Apartado 2, sobre Determinación del Magistrado, figura marcado el encasillado, “No hubo causa probable”. Y figura anotado en manuscrito con la firma de Silvia Ricard lo siguiente: “La parte imputada determinó pagar los daños. Pagó la cantidad de $140.00, fecha 5/21/81.”
21. El querellado, Juez Agustín Hernández Enríquez, en comunicación del 4 de septiembre de 1981 dirigida al Sr. Federico Díaz Ortiz, Asesor Legal de la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de Tribunales (Exhibit 1 del querellado y 31 del Procurador General), contestando carta del Sr. Díaz Ortiz fechada el 29 de junio de 1981, con respecto a querella del “señor Rojas” se querelló de la Juez Silvia Ricard aduciendo que violó los cánones de ética judicial por lo expresado en declaración del Sr. Rojas. No está en evidencia declaración jurada alguna del Sr. Rojas. El prestó testimonio en el caso, sin embargo, y expresó que la Juez Silvia Ricard le manifestó cuando trataba de someter su caso ante conside-ración, “no se preocupe que hay un Dios”. La Juez Ricard negó haber hecho tal manifestación. Concluimos por deducción que esta es la expresión a que se refirió el querellado. En esa comunicación (Exhibit 31 del Procurador General), el quere-llado manifestó “solicito se haga una investigación de la Juez Silvia Ricard” en cuanto a estos hechos y otras ocasiones en donde ella intervino en décisiones de este Ju[e]z cuando actuaba en la Sala de Investigaciones, Sala de San Juan”. Más tarde se le pidió al querellado que sustanciara con particu-lares esta querella contra la Juez Ricard a lo que jamás respondió. (Exhibit 33 del Procurador General.)
B. DETERMINACION DE HECHO CON RESPECTO AL CARGO DOS:
1. El 8 de mayo de 1981 el Policía Edgar Muriel Castro denunció a Héctor Maldonado Polanco por haber estacionado un vehículo en la vía pública, en violación de la ley. Cuando le entregó el boleto que constituía la denuncia, Maldonado Polanco rompió el boleto en pedazos y los lanzó a la calle. En-tonces el policía lo arrestó y lo llevó a la Sala de Investiga-ciones del Centro Judicial de San Juan, ante el Juez Agustín Hernández. El arrestado aceptó haber incurrido en los hechos ya especificados. El Juez le indicó entonces que escogiera entre una multa o acceder a “recoger basura”. Al decidirse por lo segundo, ordenó que se le pusiese un rótulo fijado al torso mientras estuviese “limpiando la calle” de basura en la vía pública por espacio de dos horas, el día siguiente.
2. Ese día 8 de mayo de 1981 en el Caso del Pueblo de Puerto Rico vs. Héctor Maldonado Polanco, Criminal Núm. INT 81-686 de la Sala de Investigaciones de San Juan, por una alegada violación de la Sec. 5-1117, de la Ley Núm. 141 del 20 de julio de 1960, según enmendada, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, el juez de distrito Agustín Hernán-dez dictó sentencia (Exhibit 9 del Procurador General) contra el acusado. En dicha sentencia se hizo constar que el acusado hizo alegación de culpabilidad, sin estar asistido de abogado alguno y que fue condenado a la pena de “2 horas de trabajo limpiando la calle”.
3. Surge del Exhibit 10 de Procurador General que el perió-dico El Vocero en su edición del jueves 14 de mayo de 1981 publicó dos fotografías de este ciudadano, indicándose que estaba recogiendo los papeles regados en la Calle del Sector de la Parada 23, cumpliendo una orden del Juez Agustín Hernán-dez, impuesta como castigo por haber lanzado a la calle los pedazos del boleto entregado a él por un agente. En una de estas fotografías tomada de frente al referido ciudadano apa-rece, ceñido a su torso, un letrero en letras de gran tamaño con la siguiente expresión: “Estoy Recogiendo Papeles que Tiré en la Calle”. Concluimos que este reportaje gráfico y escrito refleja correctamente la forma y manera en que se cumplió la sentencia dictada y la publicidad que se le dió al asunto.
4. En comunicación (Exhibit 12 del querellado) fechada el 21 de septiembre de 1981 y dirigida al Sr. Federico Díaz Ortiz, Asesor Legal, Oficina de Asuntos Legales, Adminis-tración de Tribunales, el Juez Agustín R. Hernández, el que-rellado, expresó lo siguiente: “En relación a la querella pre-sentada por el Sr. Héctor Radamés Maldonado Polanco, la cual recibí copia en el día de hoy, el único comentario que tengo es que este señor se equivocó en la alternativa que se le dió, la cual fue de recoger la basura y se le quitaría una denuncia por violación a la Ley. La manifestación que él hace de que la alternativa era de enviarlo siete (7) días a la cárcel Regional de Bayamón, no es cierta.” ()
5. El día 21 de mayo de 1981 el Policía Joaquín Hernández, Placa #10447, adscrito al cuartel de Barrio Obrero en San-turce, arrestó y denunció al ciudadano José R. López Avila imputándole haber lanzado en pedazos a la vía de rodaje de la Ave. Borinquen, Esq. Morell Campos en Barrio Obrero, en Santurce, un boleto de falta administrativa.
6. Fue llevado este ciudadano para determinación de causa probable ante la presencia del Juez Agustín Hernández Enríquez, el querellado, de la Sala de Investigaciones del Cen-tro Judicial de San Juan, ante quien hizo alegación de culpable. Entonces este juez le preguntó qué prefería “recoger ba-sura o ir a la cárcel”. Al decidirse por lo primero, le ordenó preparar un letrero grande con la inscripción: “Estoy Reco-giendo Basura Que Tiré a la Calle” y presentarse al otro día donde los policías testigos de cargo lo llevarían a ejecutar tal castigo en la zona de Hato Rey.
7. Ese mismo día regresó el ciudadano José R. López por la tarde a la Sala de Investigaciones del mencionado Centro, “a buscar orientación”. Lo pasaron a la Sala de la Hon. Juez Gloria Lagrossi, quien le informó que no lo podía ayudar porque no tenía la denuncia pero lo instruyó para que volviera al día siguiente. Deducimos que en este momento esta Hon. Juez Gloria Lagrossi hizo la orden, sin fecha, en manuscrito, que figura como Exhibit 10 del querellado y que transcrita lite-ralmente dice así:
ORDEN
Se cita al Hon. Juez Agustín R. Hernández y al Sr. José R. López Avila, para las 2:00 de la tarde, antes de que se ejecute la sentencia dictada en este caso según alega el Sr. José R. López Avila.
(fdo. Gloria Lagrossi Brenes)
Pol 7-1044 Tnte. Manuel Llanos
que el Juez se quedó con el expediente.
8. El día siguiente, 22 de mayo de 1981, por la mañana, José R. López volvió al Centro Judicial de San Juan. No pudo entrevistarse con la Juez Lagrossi pero consiguió cita con el Hon. Juez Rurico Rivera Rivera, a quien le expresó su pro-blema, consistente en el castigo que debía cumplir. Después de haberse comunicado con el Juez Rivera Rivera, al poco rato, le avisaron que se presentara a la sala del Hon. Juez Agustín Hernández Enríquez. Cuando se presentó ante el querellado, éste le expresó: “Caramba, yo no esperaba encontrarlo en esta forma, sí, ya sé que usted estuvo asesorándose.” El juez procedió a dictar o suscribir Orden de Arresto (Exhibit 14 del Procurador General) en donde se fijó fianza de “$1,000.00 ó $100.00 en efectivo”, que el acusado prestó ($100. — en efectivo) (Exhibit 15 del Procurador General). Se le notificó Citación (en forma impresa) allí, entonces, fijando fecha del juicio de su caso para el 10 de junio de 1981 a las 8:30 A.M. (Exhibit 13 del Procurador General).
9. El 25 de mayo de 1981 este acusado, José R. López, volvió a visitar la mencionada Sala de Investigaciones a ver si se veía su caso y porque quería declararse culpable y desprenderse de la nerviosidad que lo embargaba. La alegación de culpabi-lidad la hizo ese día ante la Hon. Juez Silvia Ricard, quien la aceptó luego de hechas las advertencias legales y lo sentenció a pagar multa de $15.00 más las costas ($1.50), (Exhibit 11 del Procurador General).
C. DETERMINACION DE HECHO RESPECTO AL CARGO NUMERO TRES:
1. El día 10 de agosto de 1981 el Sr. Agustín R. Hernández' Enríquez, actuando a la sazón como juez asignado tempore-ramente (asignación por el término comprendido entre el 3 al 19 de agosto de 1981 —Exhibit I del querellado) en la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, determinó causa probable en el caso criminal 81-1287 del Pueblo vs. Esther Figueroa, figurando como perjudicadas Sonia y Carmen Betancourt, acusadas por el mismo delito cometido contra dicha Esther Figueroa en otros casos criminales 81-1285 y 81-1287 de esa sala, y dictó, sin consulta previa con el Juez Administrador, Hon. Rafael Orraca, orden de arresto contra la acusada, con $3,000 de fianza o $300 en efectivo, para ser diligenciada por la Policía de Puerto Rico (Exhibit 19 del Pro-curador General). Esta orden de arresto contiene la siguiente nota: Favor No Rebajar Fianza A Menos Que Sea Juez Superior — Si se arresta, cítese para el día 14 de agosto de 1981, a las 8:30 A.M., Sala 3. Esta orden de arresto, no obstante estar dirigida a la Policía, fue diligenciada por el Alguacil Auxiliar II, José Morales. Las acusaciones fueron por una violación del Artículo 260 del Código Penal (alteración de la paz) y señaló, dicho juez, el juicio del caso para el próximo 14 de agosto de 1981, a las 8:30 A.M. en la Sala III, a su cargo, en dicho Tribunal (dentro del término de su asignación a ese Tribunal) (Ver Exhibits 18, 20 y 23 del Procurador General).
2. Ese día estaba en funciones en dicha Sala como Juez Instructor a cargo de la Sala de Investigaciones el Hon. José L. Hidalgo. Los funcionarios de este Tribunal, en ocasiones en que el Juez Instructor no estaba momentáneamente disponible referían casos pendientes de determinación de causa probable a otros jueces del Tribunal, por lo general, mediante consulta con el Juez Administrador. En esta ocasión no surge que se hiciera esa consulta; tampoco surgen más particulares de cómo vino este caso a la atención del Juez Agustín Hernández.
3. En la misma fecha, 10 de agosto de 1981, otro juez de ese Tribunal determinó causa probale en los dichos casos crimi-nales 81-1785 y 81-1786, Pueblo vs. Sonia y Carmen Betan-court (Exhibit 16 del Procurador General), por la misma vio-lación que se imputó a la acusada, Esther Figueroa en el caso 81-1287, figurando ahora como perjudicada (Exhibit 16 del Procurador General). Este otro juez () señaló el juicio de ese caso para el 3 de septiembre de 1981, en la Sala III de ese Tribunal (Exhibit 19 del Procurador General).
4. El mismo día 10 de agosto de 1981, el Sr. Agustín Hernán-dez, actuando como juez del referido Tribunal cambió el seña-lamiento previo de ese otro juez en los referidos casos contra Sonia y Carmen Betancourt, de la fecha 3 de septiembre de 1981, para el 14 de agosto de 1981, en la Sala III. Este lo efectuó sin consulta con el Juez Administrador (Exhibits 17, 21, 22 del Procurador General).
5. El día 14 de agosto de 1981 el Juez Administrador de la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito, Hon. Rafael Orraca, se percató de que el Juez de la Sala III, el querellado, habría de intervenir en un caso del que ya tenía conocimiento previo por haber sido el juez instructor en el mismo, cuatro días-antes. Se entrevistó con dicho Juez y le señaló que no debía intervenir por la circunstancia mencionada y porque tenía mente prevenida. Además, le indicó que el señalamiento para juicio cuatro días más tarde violaba la norma de que el juicio aconteciera después de un período de 20 días para dar opor-tunidad a una debida preparación. El Sr. Agustín Hernández le comunicó que iba a ver los casos y que haría un informe a Administración de Tribunales a lo que, respondió el Juez Administrador, que él también lo haría; y le ordenó no inter-venir en los casos. El Juez Administrador también dió instrucciones al Alguacil Luis Antonio Luciano que se notifi-cara a las partes que estaba suspendida la vista porque habían muchos casos. ()
6. No obstante lo sucedido, los casos ya relacionados (se trataba de una denuncia y una contradenuncia) fueron llama-dos para juicio el día 14 de agosto de 1981 en la Sala III del referido Tribunal, presidida por el querellado, quien mani-festó inmediatamente que “él no intervendría en el Caso Criminal 81-1287 del Pueblo vs. Esther Figueroa, porque éste es un caso en que yo mismo fui el que vi la causa probable”, y dispuso “yo no puedo ver este caso, hay que trasladarlo a otro sitio”. También consignó para “récord” “porque a mí se me ha pedido de que yo no vea este caso en el día de hoy precisa-mente como a mí, yo soy Juez [sic] de esta sala y creo que este caso es de interés público”. Entonces leyó parte del contenido del Exhibit 26 del Procurador General (Circular de la Oficina de Administración de los Tribunales, Año Fiscal 1981-82 sobre Normas y Procedimientos para la Solicitud y Concesión de Relevo de Jueces). (Este documento se refiere al análisis de casos civiles que llevan más de un año de haber sido someti-dos, a los fines de decidir sobre el relevo de un juez de sala para resolver tales casos sometidos.) Se desprende que este documento fue citado para fundamentar la decisión de este Juez de proseguir con la vista de los casos ante él, al conside-rarlos de “interés público”, ya que estos casos, según su crite-rio, habían recibido publicidad en los periódicos y eran de “impacto público” donde existía una expectativa de la comu-nidad de que fueran resueltos prontamente por afectar dere-chos, “más allá de las partes en controversia”. Añadió en esa ocasión el querellado, en corte abierta: “A mí se me ha pedido que suspenda este caso. Y voluntariamente no lo quiero suspender y por eso es que vamos a récord, porque yo voy a informar eso al Tribunal Supremo y voy a informarlo a la Administración de Tribunales. ¿Por qué si este es un caso de estos que ellos mismos explican aquí y que uno lo que está tratando precisamente es de que se arreglen las cosas, por qué entonces se me pide y se me ordena eso, de que transfiera este caso para esta vista. Por eso es que yo voy a recesar los diez (10) minutos y voy a dejar que los abogados hablen conmigo y hablen con quien tengan que hablar. Todavía no he resuelto si voy a ver el caso o no.” (Exhibit 25 del Procurador General —Transcripción de los incidentes en la referida Sala III el día 14 de agosto de 1981). Debe señalarse que la representación legal de la acusada, Esther Figueroa, Lie. Santiago Guzmán Esquilín, tratándose, según los abogados de las partes, de un derecho renunciable, el relacionado con la intervención del juez que ha determinado causa probable antes, no sólo no tuvo objeción a que el Juez Agustín Hernández interviniera en el caso aunque hubiera sido el juez instructor en el mismo, sino que insistió fuertemente en que se decidiera a intervenir en éste (Exhibit 25 del Procurador General — Página 7, líneas 19, 20, 21, 22, 23).
7. Después de una conferencia entre las partes con los abo-gados y el Hon. Angel Del Valle, () representante del Ministe-rio Público, regresaron a sala para hacer conjuntamente, expresiones decididas y categóricas en favor del archivo (“en bien de la justicia”) de los casos, bajo las disposiciones de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, (porque “estas dos denuncias o pliegos acusatorios surgen de la misma transac-ción o evento” y porque habían llegado a la conclusión “lle-gando al fondo de este mismo problema que no hay tal pro-blema, que aquí lo que ha habido es una mala interpretación en un roce liviano de los que una convivencia normal a veces produce y hemos llegado más lejos a concluir que aquí no ha pasado nada”. (Exhibit 25 del Procurador General —Página 10.) Además se suplicó al Tribunal que “en ejercicio de una sana discreción se archivaran estos casos donde por la razón última de aquí realmente nada que valga la pena sustanciar en un Tribunal [sic] de justicia . . .”. El representante del Mi-nisterio Público se dirigió al magistrado expresando que se había entrevistado personalmente con las personas acusadas y que habían promovido las denuncias y contradenuncias y que éstas indicaban que “aparentemente hubo un mal entendido”, que no tenían interés en que se prosiguiera con los casos, que pedían “que se resolviera todo sin ninguna consecuencia fu-tura”. Al final de estas expresiones, el Hon. Fiscal manifestó no tener ningún reparo para que estos casos se archivaran “por el bien de la justicia, bajo la Regla 247(b)”.
8. El juez Agustín Hernández entonces determinó el archivo y sobreseimiento de los referidos casos criminales, por la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, según solicitado por las partes (Exhibit 25 del Procurador General —Transcrip-ción Página 14; Exhibits 16 y 18 del Procurador General).

Hemos examinado la voluminosa transcripción de los tes-timonios orales producidos ante el Comisionado, así como los numerosos documentos presentados y concluimos que las determinaciones de hecho que hemos transcrito se ajustan a dicha prueba. No obstante, para una más justa apreciación de los hechos, cabe hacer algunos señalamientos adicionales que tomamos de las determinaciones finales del Comisio-nado () y de la transcripción de la prueba oral.

Vamos a referirnos, en primer lugar, al primer cargo. La prueba del querellado no controvierte las bien fundadas determinaciones del Comisionado Especial. Aparte de ofre-cer abundantes testimonios sobre la buena reputación del querellado, de lo que nos ocuparemos más adelante, su prue-ba pertinente a los hechos de este cargo en particular fue dirigida a demostrar que el señor Rojas Puccini no es persona ajena a los procedimientos judiciales, que en ocasiones se ha tomado la justicia por sus propias manos, y que en una ocasión trató de engañar al tribunal en el curso de una investigación al tratar de ocultar su identidad al juez inves-tigador. ()

El propósito de esta prueba parece ser demostrar que hubo destemplanza en la actitud de este señor cuando con-minó al querellado a mover su automóvil del lugar en que estaba aparcado, y que efectivamente fue este señor el que causó el rayazo al vehículo. Esta prueba puede explicar la conducta del querellado pero no la justifica.

Conocemos la fragilidad de la condición humana, pro-pensa a hallar cauce para la ira en el lenguaje altisonante o soez o en la acción directa y dañosa. Quizás así reaccionó el señor Rojas Puccini ante la desatención del querellado a su reclamo de que moviera su automóvil y el querellado a su vez no supo apartarse de su condición de juez ante lo que consideró un daño intencional a su propiedad por parte del señor Rojas Puccini.

La fragilidad humana no puede justificar que un juez entremezcle sus problemas e intereses personales con sus funciones judiciales y que aproveche la autoridad y las prerrogativas de su cargo para sacar ventajas en una controversia en que es parte interesada. Y eso fue lo que hizo el querellado señor Hernández Enríquez. Para ello se sirvió de un alguacil adscrito a su sala de investigaciones, no separó las funciones de su cargo del problema personal en que era parte, y utilizó o pretendió utilizar su posición de juez para presionar, obtener y cobrar una indemnización que siempre protestó el señor Rojas Puccini. Tal conducta está proscrita por los Cánones I, XII, XXI, XXIII y XXIY(g) de Ética Judicial y exige nuestra más enérgica repulsa y debe merecer una adecuada sanción disciplinaria.

Los hechos probados en relación con el segundo cargo revelan que el querellado se excedió al imponer a los señores imputados penalidades que no cuadran con nuestro sistema de impartir justicia.

El trabajo como sanción disciplinaria está aceptado expresamente en nuestro Código Penal, pero bajo condiciones que son de estricto cumplimiento. Entre éstas, el trabajo ha de ser en sustitución de una multa, “a solicitud del multado, después de dictada sentencia imponiendo el pago de multa”. () La alternativa que el querellado, ofreció a los imputados, sin ellos solicitarlo, de aceptar recoger basura o pagar una multa no impuesta o ir a la cárcel no está aceptada por nuestro ordenamiento penal. No tenía facultad el querellado para así hacerlo.

La sanción impuesta fue aún más lejos. Requerir de los imputados que mientras recogían basura en la vía pública, bajo supervisión de un policía, lucieran sobre su persona “un letrero en letras de gran tamaño”, como lo describe el Comisionado, con la expresión “Estoy Recogiendo Papeles que Tiré en la Calle”, sometía a los imputados a la mofa, el escarnio y la humillación. Esto podría estar en conflicto con la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusitados () y vulnera el principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano. () La picota pública hace tiempo que fue erradicada como castigo y es extraña a nuestra civilización.

En cuanto al tercer cargo, la prueba demostró un particular interés del querellado en intervenir en el caso de las tres señoras que se hallaban involucradas en un conflicto personal entre sí. Ese interés inusitado quedó demostrado por su insistencia en señalar el juicio de las tres imputadas en un plazo de cuatro días, para el 14 de agosto, restándole a él hasta el 19 de ese mes para cesar en su asignación a la Sala de Carolina, e insistir además, por sobre la advertencia del juez administrador de dicha sala, en intervenir en el juicio no obstante haber determinado causa probable contra una de las imputadas. La conducta y expresiones del querellado demuestran además su menosprecio por las reglas administrativas de la sala en que actuaba, aparte de constituir motivo de fricción con otros compañeros jueces.

Él querellado enfatiza que logró con ello el propósito de establecer la armonía entre las imputadas. Ese es un propó-sito legítimo, pero su logro no debe realizarse a expensas de la imagen de imparcialidad y objetividad que un juez debe aparentar siempre. Tampoco era necesario violentar la dis-ciplina administrativa de la sala en que actuaba. Estas actuaciones del querellado violaron los Cánones I, Y, XI y XII de Ética Judicial.

Las actuaciones del querellado, en cuanto se refiere al cargo segundo y en parte al cargo tercero pueden catalogarse de actuaciones judiciales revisables en el curso ordinario de los procedimientos. La imposición de una pena desproporcionada a los hechos delictuosos o reñida con la ley o la Constitución no necesariamente constituye conducta antiética. Tampoco lo constituye, necesariamente, la intervención del juez en un juicio contra una persona si dicho juez hubiese determinado causa probable contra dicha persona. Esto es también revisable mediante procedimientos al alcance de las partes. Lo reprobable desde el punto de vista de la ética judicial lo constituye, en este caso, el indebido uso del querellado de sus prerrogativas de juez para tomar ven-taja en su controversia con el señor Rojas Puccini, objeto del primer cargo; y en cuanto al tercer cargo, su falta de objeti-vidad, dando la apariencia de favorecer a alguna de las partes, en el caso de las imputadas de alterar la paz; y su falta de disciplina en relación con las normas administrati-vas del Tribunal de Distrito, Sala de Carolina.

Estas faltas, particularmente en lo relacionado con el primer cargo, son de naturaleza grave. Revelan una des-templanza en el carácter del querellado impermisible en quien descarga la delicada función de impartir justicia.

El querellado produjo ante el Comisionado Especial numerosos testimonios sobre su buena reputación como juez trabajador, responsable y eficiente, virtudes que son desea-bles en todo juez. Pero la objetividad y la moderación son virtudes indispensables no solamente para ser un buen juez sino también para parecerlo. Puestas a prueba en los inci-dentes objeto de estos cargos, fueron superadas por la falta de sensatez.

Se decretará la destitución del querellado del cargo que ocupa de Juez de Distrito.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) “La Representante del Procurador General trató de presentar en evidencia una declaración jurada del Sr. Héctor Maldonado. Ante la objeción de la represen-tación legal del querellado, [e]ste Comisionado denegó la admisión por no haberse cumplido con los requisitos de la Regla 64 de Evidencia y se dispuso que quedara en el expediente como evidencia ofrecida y no admitida, conforme a lo dispuesto en la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo.”

      (2)“No hemos podido descifrar las iniciales de este otro juez que aparecen en dicho Exhibit.”

      (3) “Aparentemente no se cumplió con estas instrucciones del Juez Administra-dor y no surge el porqué.”

      (4)“La transcripción de la vista del 14 de agosto de 1981 (Exhibit 25 del Pro-curador General) indica el nombre del fiscal que actuó en ese momento como Hon. Angel Luis Díaz. Sin embargo, en la vista ante este comisionado declaró bajo jura-mento haber sido el fiscal actuando en esa ocasión, el Hon. Angel Díaz Del Valle.”

      (5) Determinaciones respecto al historial y reputación del querellado.

      (6) Mediante el contrainterrogatorio al señor Rojas Puccini y otra prueba pre-sentada se demostró que en una ocasión, sin que mediara autorización judicial, este señor puso candados y clausuró la entrada al dormitorio de los inquilinos suyos, jóvenes estudiantes universitarias, impidiéndoles la entrada a su regreso de estu-diar en la biblioteca, en horas de la noche. Alegó que las jóvenes lo habían querido asaltar y un juez tuvo que intervenir y ordenarle que permitiera a las estudiantes entrar a sus habitaciones. En otra ocasión el juez Hon. José A. Rodríguez Arenas, de la Sala de Investigaciones, tuvo que amonestarle por fingir ser otra persona —un hermano gemelo— al ser llamado por teléfono para que compareciera en rela-ción con una queja de que quiso retener para sí el depósito en dinero que le habían hecho tres jóvenes inquilinas suyas.

      (7) El Art. 47 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3209, dispone:

        “Seo. 3209. Amortización de multa mediante prestación de trabajo

      El tribunal, a solicitud del multado, después de dictada sentencia imponiendo el pago de multa, discrecionalmente, podrá autorizar el pago o amortización de la multa o de la parte insoluta de la misma mediante la prestación por el convicto de trabajo libre bajo la supervisión y jurisdicción de sistema correccional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se abonarán $10.00 por día de trabajo, cuya jor-nada no excederá de 8 horas diarias.
      La Administración de Corrección y la Administración de los Tribunales de-berán aprobar la reglamentación pertinente para poner en ejecución las disposi-ciones de la presente sección, entre otras, en cuanto a normas, condiciones y lugares de trabajo y supervisión. Dicha reglamentación tomará en cuenta la rutina normal de trabajo del convicto.
      El tribunal conservará jurisdicción sobre el convicto a los fines del cumpli-miento de la orden de amortización así dictada, incluyendo, en los casos apropiados, la facultad de dejar sin efecto dicha orden, exigir el pago total de la multa, o en su caso, el balance insoluto de la misma.”

      (8) Constitución, Art. II, Sec. 12.

      (9) Constitución, Art. II, Secs. 1 y 8.


author: PER CURIAM:

text:
    Juan B. Rosario Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Barranquitas, recurrido.

      Número: O-83-748

      Resuelto: 4 de junio de 1984

      Héctor A. Colón Cruz, abogado del peticionario; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   PER CURIAM:

El Registrador de la Propiedad de Barran-quitas denegó la inscripción de una escritura sobre constitu-ción de hipoteca otorgada el 17 de marzo de 1981 y presen-tada al Registro el 3 de febrero de 1983 porque días antes, el 27 de enero del mismo afio, se había presentado manda-miento de embargo con prohibición de enajenar gravado sobre el mismo inmueble. () Fundó el registrador su reso-lución en el Art. 125 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2414), y en el Art. 123.1 del Reglamento Hipotecario.

El recurrente impugna ante nos la actuación del regis-trador y pretende que se le dé acceso al Registro a una escritura de hipoteca presentada con posterioridad a una anotación de embargo con prohibición de enajenar en abierta contradicción con el Art. 125 de la Ley Hipotecaria, el cual expresamente provee:

Podrán registrarse los títulos en que se enajenen o graven bienes inmuebles anotados sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, siempre que su enajenación no esté prohibida o, estándolo, se trate de ventas en ejecución de derechos registrados con anterioridad.
Si antes que el acreedor haga efectivo su crédito, pasare el bien o derecho anotado a manos de un tercer poseedor o sub-adquirente, éste, acreditando su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la Secretaría y el Tribunal lo acordará así sin paralizar el curso del procedimiento, disponiendo a la vez que se entiendan con él los trámites ulteriores, como sub-rogado en el lugar y grado del deudor, pero sólo en cuanto a los efectos de la ejecución del bien o derecho anotado.
Los adquirentes anteriores a la anotación podrán inscribir sus títulos e instar las acciones adecuadas para hacer valer sus derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en las sees. 2403 y 2473 de este título. (Énfasis nuestro.) () 30 L.P.R.A. see. 2414.

Conforme esta disposición, la prohibición de enajenar por orden judicial, en tanto se halle vigente y a partir de su presentación, constituye un obstáculo a la inscripción de actos contrarios a ella. R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. II, pág. 718. Su naturaleza interdictal impide la inscripción de actos dispositivos como lo es la hipoteca. Roca Sastre, op. cit., pág. 726. Sin embargo, los actos dispositivos otorgados con anterioridad a la anotación no están afectados por ésta, como tampoco los actos dispositivos posteriores basados en la venta en ejecución de derechos registrados con anterioridad. Véase, Roca Sastre, op. cit., págs. 729-730; T. IV, Vol. I, pág. 151.

Debemos recordar que la garantía de un crédito personal no se constituye en garantía real —hipoteca— hasta que es inscrita en el Registro. () Al respecto dispone nuestro Código Civil en su Art. 1774:

Además de los requisitos exigidos en la see. 5001 de este título es indispensable, para que la hipoteca quede válida-mente constituida, que el documento en que se constituya sea inscrito en el registro de la propiedad. 31 L.P.R.A. see. 5042.

Véanse, además, S. J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 D.P.R. 181 (1982); Gaztambide v. Sucn. Ortiz, 70 D.P.R. 412 (1949); Beiró v. Vázquez, 52 D.P.R. 601 (1938). J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, T. III, pág. 61; J. L. Lacruz Berdejo, F. A. Sancho Rebu-llida, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, pág. 131 y ss.; Arts. 155 y 187 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. secs. 2551 y 2606).

Igual requisito exige la nueva Ley Hipotecaria en su Art. 188.

Para que las hipotecas voluntarias queden válidamente cons-tituidas se requiere:
Primero: Que se hayan acordado en escritura pública.
Segundo: Que la escritura se haya inscrito en el Registro de la Propiedad. 30 L.P.R.A. see. 2607.

La inscripción es, pues, el acto constitutivo mediante el cual la garantía produce efectos reales y adviene eficaz erga omnes al ámbito de los derechos reales. Roca Sastre, op. cit, T. I, pág. 199 y ss.; T. IV, Vol. 2, pág. 668 y ss.; Puig Brutau, op. cit., T. Ill, Vol. I, pág. 118 y ss. Sin embargo, la escritura de hipoteca produce efectos importantes, especialmente en el régimen de prelación de créditos establecido en el Código Civil, Art. 1811 y ss., 31 L.P.R.A. see. 5171 y ss.; Roca Sastre, op. cit, pág. 206, esc. 1. Mas éste no es el recurso apropiado para dirimir tales efectos.

El recurrente aduce lo resuelto en Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60 (1970), para justificar la inscripción de la escritura de hipoteca. Pierde de vista que allí se trataba de un derecho real de dominio surgido extraregistralmente en virtud de una compraventa y la correspondiente tra-dición, con anterioridad a la anotación preventiva. Art. 1048 C.C., 31 L.P.R.A. sec. 3012; Segarra v. Vda. de Lloréns, supra, pág. 73 y ss. En ausencia de la entrega del inmueble, ya fuera física o simbólica, no se hubiese podido reconocer la enajenación del inmueble. Lacruz Berdejo, Sancho Rebu-llida, op. cit., pág. 263, esc. 4(c).

No estamos aquí ante un acto dispositivo anterior a la anotación, pues el contrato de hipoteca no se había inscrito, y por consiguiente, la garantía real de hipoteca no se había constituido. () Tampoco se trata de un acto dispositivo basado en la ejecución de derechos registrados con anterioridad. Excluidas así las excepciones a la regla general del cierre del registro ante una prohibición de enajenar judicial, carece el registrador de autoridad para inscribir el acto dis-positivo posterior.

Se confirma la calificación del Registrador.

      (1) El 7 de marzo de 1983 se anotó el embargo con prohibición de enajenar y el 28 de octubre próximo se denegó la inscripción de la escritura sobre constitución de hipoteca.

      (2) Por su parte dispone el Art. 123.1 del Reglamento Hipotecario:
      “No se registrarán gravámenes o transferencia de fincas o derechos gravados con secuestro o prohibición de enajenar, aunque sea el título presentado anterior a la orden que causó la anotación preventiva. En este caso el titular anterior podrá solicitar del Tribunal orden para cancelar el gravamen siempre que el anotante sea citado con oportunidad de ser oído.” Reglamento para la ejecución de la Ley Hipote-caria y del Registro de la Propiedad de 1979, Puerto Rico, Ed. Colegio de Abogados, 1980, pág. 70.

      (3) Originalmente la inscripción de la hipoteca no tenía carácter constitutivo bajo la Ley Hipotecaria española de 1861 ni antes. Desde la aprobación del Código Civil español en 1889, en su Art. 1.875, Art. 1774 del nuestro, es que se exige la inscripción de la hipoteca para que quede válidamente constituida. La reforma a la Ley Hipotecaria española de 1909 recogió la regulación del Código Civil. J. L. Lacruz Berdejo, F. A. Sancho Rebullida, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, pág. 131.

      (4) No tenemos que resolver la vigencia del Art. 123.1 del Reglamento Hipote-cario, ante, en cuanto al requisito de autorización judicial para inscribir un derecho real anterior a la orden que causó la anotación preventiva de secuestro o prohi-bición de enajenar, presentado con posterioridad a ésta.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Julio E. Pancorbo y Otros, demandantes y recurrentes, v. Wometco de Puerto Rico, Inc. y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-84-21

      Resuelto: 4 de junio de 1984

      Aurelio Gracia Morales, abogado de los recurrentes; Salvador Antonetti, Mario Arroyo Dávila y Diego A. Ramos, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

En Reynal v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260 (1974), examinamos la cuestión de si la propiedad intelectual en Puerto Rico dependía para su protección exclusivamente de la legislación federal de entonces. En Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, 106 D.P.R. 49 (1977), nos expresamos sobre la doctrina del derecho moral de los autores. Poco después, el 1 de enero de 1978, entró en vigor una nueva ley estadouni-dense sobre la propiedad intelectual. 90 Stat. 2598,17 U.S.C. sec. 101 et seq. (1976). El caso actual plantea la necesidad de esclarecer el efecto de esta legislación en Puerto Rico sobre algunos aspectos del derecho de autor.

Para fines de 1980, Julio Enrique Pancorbo y Alfonso Gende Casanova, artistas conocidos bajo el nombre de Henry Lafont y El Casanova, respectivamente, demandaron a Wometco de Puerto Rico, Metro Goldwyn Mayer, United Artists y otros. Los demandantes alegaron que los demanda-dos estaban exhibiendo sin su autorización una obra cinema-tográfica, Fame, en que aparecen aquellos ocupando total-mente la pantalla por buena parte de unos setenta segundos. Reclamaron $500,000 por concepto de daños, más 5% del total de los ingresos percibidos por los demandados con motivo de la exhibición de la película. Los demandados soli-citaron sentencia sumaria por entender que la nueva legis-lación federal ha ocupado el campo. Los demandantes se opusieron.

De la documentación en autos surgen los hechos , adicio-nales siguientes. En agosto de 1978, luego de entrar en vigor la ley federal, El Casanova y Henry Lafont grabaron en video-cinta un programa de televisión. La duración del programa era de 44 minutos. La cinta fue vendida a una transmisora de Estados Unidos. Por medios que no surgen de autos, los productores de la película Fame obtuvieron acceso a la cinta e intercalaron en ella, sin el conocimiento o autorización de los demandantes, setenta segundos de la obra. La oposición de los demandantes a la sentencia sumaria se fundó, entre otros argumentos, en la alegación de que su derecho moral ha sido violado.

El Tribunal Superior resolvió que “Estando el campo ocupado y el derecho local pertinente desplazado y abolido por una legislación especial cuya aplicación compete exclu-sivamente a los tribunales federales, carecemos de jurisdic-ción sobre la materia ...”. Dictó, por tanto, sentencia a favor de los demandados. Acordamos revisar.

La nueva ley federal, como la anterior, se aplica expresamente a Puerto Rico. 17 U.S.C. sec. 101 (1976). Tal ley efectúa cambios significativos en el ámbito de protección del derecho del autor. Amplía considerablemente la protección federal del derecho, mas en modo alguno ocupa por completo el campo y excluye toda acción estatal. Véase el historial legislativo del S. 22, H.R. Rep. No. 94-1476, 94th Cong., 2d Sess. 301, reprinted in 1976 U.S. Code Cong. & Ad. News 5745-5749, 5819. El Art. 301 (17 U.S.C. sec. 301 (1976)), de la nueva ley describe los límites de la exclusividad federal. Los apartados (a) y (b) de este artículo disponen:

(a) On and after January 1, 1978, all legal or equitable rights that are equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of copyright as specified by section 106 in works of authorship that are fixed in a tangible medium of expression and come within the subject matter of copyright as specified by sections 102 and 103, whether created before or after that date and whether published or unpublished, are governed exclusively by this title. Thereafter, no person is entitled to any such right or equivalent right in any such work, under the common law or statutes of any State.
(b) Nothing in this title annuls or limits any rights or remedies under the common law or statutes of any State with respect to —
(1) subject matter that does not come within the subject matter of copyright as specified by sections 102 and 103, including works of authorship not fixed in any tangible medium of expression; or
(2) any cause of action arising from undertakings commenced before January 1,1978; or
(3) activities violating legal or equitable rights that are not equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of copyright as specified by section 106.

Como puede verse, la ley federal gobierna exclusivamente tan sólo “los derechos legales o en equidad equivalentes a cualquiera de los derechos exclusivos, dentro del ámbito general del derecho de autor, especificados en el artículo 106”. El Art. 106 provee:

Subject to sections 107 through 118, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:
(1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonore-cords;
(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted works to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
(4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly; and
(5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly.

Nimmer señala que la causa de acción estatal no queda excluida si su prueba requiere elementos adicionales o distintos a los constitutivos de los actos que enumera el Art. 106. Algunos ejemplos de acciones estatales reconoci-damente no afectadas por la nueva ley federal son las funda-das en la violación de un contrato o de una relación fiducia-ria, la invasión de la intimidad, la difamación, las prácticas comerciales engañosas. 1 Nimmer on Copyright 1-9 et seq. (1979). Véanse: L. Jorgensen & M. McIntyre-Cecil, The Evolution of the Preemption Doctrine and its Effect on Common Law Remedies, 19 Idaho L. Rev. 85, 101 et seq. (1983); Co-mentario, The Fine Art of Preemption: Section 301 and the Copyright Act of 1976, 60 Or. L. Rev. 287 (1981); G. Katz, Copyright Preemption Under the Copyright Act of 1976: The Case of “Droit de Suite”, 47 Geo. Wash. L. Rev. 200, 211 et seq. (1978). En otras palabras, si el interés que se desea pro-teger localmente es distinto a aquellos que el estatuto federal protege, la acción estatal no queda desplazada. Jorgensen & Mclntyre-Cecil, op. cit., págs. 101-102. Desde otro punto de vista, si la acción estatal intenta proteger derechos que radi-can fuera del ámbito de la política federal y si tales derechos tienen por fuente intereses locales de honda raíz, la acción local persiste. Nota, An Author’s Artistic Reputation under the Copyright Act of 1976, 92 Harv. L. Rev. 1490, 1509 (1979).

El caso del derecho moral es particularmente claro en lo que respecta a la exposición de la regla general. La doctrina es de estirpe civilista. Para su extensa historia, véase: S. Strómholm, Le Droit Moral de l’Auteur, Stockholm, Ed. P.A. Norstedt & Sóners Fórlag, Vol. 1, 1967. El concepto de la propiedad intelectual comprende dos categorías de derechos: los de índole económica o patrimonial y los extrapatrimoniales, vinculados a la personalidad del autor. La doctrina del derecho moral atañe a estos últimos. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1982, T. 1, Vol. 2, págs. 391-393.

La legislación norteamericana se ha concentrado históricamente en la protección del aspecto económico de la propiedad intelectual. La nueva ley federal no altera bási-camente ese enfoque. Aunque a veces se ha argumentado que el Derecho norteamericano ha ido reconociendo a través de los años, con etiquetas, condiciones y propósitos distintos, elementos aislados de la doctrina civilista del derecho moral, ésta no se ha adoptado por la ley federal ni hay indicación alguna en el historial legislativo de la intención de prohibir su aceptación por los estados o su permanencia donde exista. J. G. Petrovich, Artists’ Statutory “Droit Moral” in California: A Critical Appraisal, 15 Loy. L.A.L. Rev. 29 (1981); Katz, op. cit., 217-218; K. Gantz, Protecting Artists’ Moral Rights: A Critique of the California Art Preservation Act as a Model for Statutory Reform, 49 Geo. Wash. L. Rev. 873, 879 (1981). (“Federal copyright law neither recognizes moral rights nor provides a basis for redress of their violation.”) No existe base en derecho para sostener que la nueva legis-lación federal sobre el derecho de autor ha abolido la doc-trina del derecho moral en Puerto Rico.

La interpretación anterior explica por qué algunos estados han estatuido la doctrina civilista del derecho moral o rasgos vitales de ésta después de la aprobación de la ley federal. The California Art Preservation Act, Cal. Civ. Code Sec. 987 (West 1982), vigente desde el 1 de enero de 1980; N.Y. Arts and Cultural Affairs Law Sec. 3B (McKinney 1984), vigente desde el 31 de diciembre de 1983.

Veamos la aplicación a este caso de los principios expuestos. El hecho de que los demandantes hayan vendido la videocinta no tiene pertinencia alguna al ejercicio de su derecho moral. El derecho moral de autor es inalienable e imprescriptible. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 392; D. Espín, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1981, Vol. II, pág. 306; C. Colombet, Propriété Littéraire et Artistique, Paris, Ed. Dalloz, 1976, págs. 128-129. Entre otros intereses, el derecho moral salvaguarda la paternidad de la obra y su integridad. La defensa de esa integridad incluye el derecho a impedir que la obra sea alterada, deformada, truncada o expuesta en un contexto objetable. Castán Tobeñas, op. cit., págs. 391-393; An Author’s Artistic Reputation, supra, págs. 1490, 1493; Encyclopédie Dalloz, Propriété lÁttéraire et Artistique, VI Rép. Droit Civ., párr. 628 (1974).

Ahora bien, el derecho moral no provee base legal suficiente para invocar derechos económicos como tales. Los demandantes no tienen fundamento alguno para reclamar en los tribunales de Puerto Rico regalías derivables del alegado enriquecimiento injusto de los demandados u otra compensación fundada en la violación de un derecho patrimonial reconocido federalmente. En lo que respecta a los derechos patrimoniales equivalentes a los derechos protegidos por la ley federal el campo está claramente ocupado. ()

Ello no quiere decir que la violación de derechos extrapatrimoniales nunca puede entrañar la concesión de daños pecuniarios. La infracción de esos derechos puede generar, además de obligaciones de hacer o no hacer, el resarcimiento de daños de orden moral. La medida del daño en tal caso no es el daño económico infligido. La medida es el daño espiritual y social sufrido, con atención a que el derecho moral de los autores puede desvanecerse si las sanciones que se imponen no son eficaces. Véanse: P. I. Medina Pérez, El derecho de autor en la cinematografía, 191 Rev. Gen. Leg. Jur. 659, 680-682 (1952); J. Pérez Serrano, El derecho moral de los autores, 2 An. Der. Civ. 7, 23 (1949); J. Giménez Bayo y L. Rodríguez-Arias Bustamante, La Propiedad Intelectual, Madrid, Ed. Reus, 1949, págs. 109-110; S. del Tribunal Supremo de España de 4 de abril de 1936, núm. 955, Aranzadi, V Repertorio de Jurisprudencia 486; Strómholm, op. cit., 1967, Vol. 2, T. 1, págs, 232-263; Strómholm, op. cit., 1973, Vol. 2, T. 2, págs. 47, 91, 354, 396 y 562; R. Nicolo y M. Stella Richter, Ressegna di Giurisprudenza sul Códice Civile, Milano, Ed. Giuffré, 1969, Vol. 5, T. 3, pág. 407 et seq. Entre los remedios que proveen las leyes de California y Nueva York citadas se cuenta el resarcimiento de daños.

Los artistas demandantes en este caso han alegado en su oposición a la moción de sentencia sumaria la violación de su derecho a la paternidad e integridad de su obra. Han establecido prima facie violaciones a su derecho moral de autores, no desplazadas por la legislación federal. Estas alegaciones deben ventilarse en su fondo, junto a la cuestión de los daños y otras medidas que puedan proceder.

Se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

      (1) Puede darse concebiblemente la situación de que un mismo acto infrinja derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Esto no es óbice para la vindicación local de los segundos, ni para los patrimoniales no cubiertos por la ley federal.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Juan Hermán Colón y Otros, demandantes y recurrentes, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, demandada y recurrida.

      Número: R-84-29

      Resuelto: 4 de junio de 1984

      Frank Rodríguez García, abogado de los recurrentes; Héctor Urgell Cuevas, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Nuestra Constitución “reconoce el derecho a tener ideas políticas . . . diferentes y en conflicto entre sí sin que esta diferencia o este conflicto milite en favor o en contra de ciudadano alguno en sus relaciones con el Estado”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2562 (1951). Para acercar a la realidad ese ideal constitucional, es hora de que los administradores, autoridades nominadoras y alcaldes, reconozcan que el Poder Judicial no tolerará discriminaciones ni despidos ilegales político-partidistas.

HH

Este recurso se origina en una demanda promovida por los Sres. Juan Hermán Colón, César Rivera Flores y Luis R. Castañeda por alegado despido ilegal, acaecido en el año 1973, de sus puestos en la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U. V.).

Se impone un breve historial de la trayectoria pública de estos funcionarios, según las determinaciones de la ilustrada sala de instancia. Colón trabajaba desde 1954 con la Auto-ridad Municipal sobre Hogares de Ponce, la cual fue absor-bida por la C.R.U.V. Para el 1969 se desempeñaba como Contador III con un sueldo de $525 mensuales. Ese año fue llamado a ocupar la plaza de Gerente de Distrito en Ponce, designándosele Ejecutivo de Administración de Vivienda. Castañeda Comenzó en la C.R.U.V. el 1ro de septiembre de 1963 y para el 1969 era Contador III en Humacao. Deven-gaba $550 mensuales. El 1ro de agosto de 1969 se le nombró allí Funcionario Ejecutivo VI como Supervisor General de Distrito. Rivera Flores era Agrónomo IV en el servicio sin oposición en el Departamento de Agricultura. Ganaba en-tonces $650 mensuales. El 16 de septiembre de 1971 pasó al cargo de Gerente o Supervisor General de Distrito de Caguas para la C.R.U.V. Estas tres personas estaban públi-camente identificadas y eran miembros activos del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.). Bajo esa administración guber-namental fueron directamente nombrados por el entonces Director Ejecutivo de la C.R.U.V., Sr. Miguel Santiago Meléndez.

El Reglamento de Personal de la C.R.U.V. vigente al momento de estos nombramientos, clasificaba el puesto de Supervisores Generales de Distrito como empleados de con-fianza. Una enmienda introducida por la Junta de Direc-tores el 24 de octubre de 1972 para clasificar tales puestos a “regulares o de carrera” fue subsiguientemente declarada nula.

En el año 1973 la composición de la Administración central varió. El nuevo Secretario de Vivienda designó al Sr. Ismael Ríos Sánchez Director Ejecutivo de la C.R.U.V. y como Director Asociado del Programa de Administración de Vivienda a la Sra. María L. Guerra. Durante los meses de enero y febrero el señor Ríos Sánchez se reunió con cada uno de los demandantes. Les indicó que iba a nombrar “personas de su confianza” en los puestos de Supervisor General de Distrito. Ofreció a Colón y a Castañeda puestos regulares en la agencia iguales a los que habían ocupado previamente. Ambos los rechazaron en vista de la reducción económica que la diferencia en sueldo representaría. Rivera Flores, quien antes no ocupaba plaza en la C.R.U.V. —venía del Departamento de Agricultura— expuso su interés de retor-nar a la industria privada. Bajo la premisa de que tales puestos eran de confianza, fueron cesanteados. En su opor-tunidad alegadamente fueron sustituidos por personas iden-tificadas con el Partido Popular Democrático (P.P.D.).

Acudieron al Tribunal Superior, Sala de San Juan, cues-tionando la legalidad de esa determinación. Instancia con-cluyó que la naturaleza de los servicios prestados por los demandantes era de confianza por lo que procedía el despido sumario. Emitimos orden de mostrar causa para evaluar esa sentencia.

II

No existe duda de que para la fecha en que los recu-rrentes fueron nombrados Gerentes de Distrito, el Regla-mento de Personal de la C.R.U.V. contenía un procedimiento para el reclutamiento del personal de carrera. Requería ofrecer y aprobar exámenes de ingreso y ascenso para los distintos puestos y el establecimiento de un registro de ele-gibles. Ninguno de los demandantes recurrentes pasó por ese proceso. Sus nombramientos fueron directos. Ese trámite unido a la naturaleza de sus funciones tienden a sostener la conclusión de que eran de confianza. Ante esa situación, de ordinario, no intervendríamos con el dictamen de instancia declarando sin lugar la demanda.

Ahora bien, de poco valor jurídico y persuasivo resulta la razón aducida por el Director Ejecutivo señor Ríos Sánchez para sustituirlos, esto es, reclutar personas en quienes pudiera confiar enteramente la ejecución de sus órdenes o instrucciones. Los recurrentes adujeron que ello realmente respondió a razones de discrimen político. La prueba y las circunstancias aquí presentes nos inclinan a darles la razón. Se estipuló que la “capacidad administrativa de los demandantes nunca estuvo en controversia, ni fue determinante en la decisión”. () La alegación de que fueron sustituidos por ser afiliados de un partido distinto crea una fuerte inferencia de que fue ese el verdadero móvil. En estas circunstancias, mediante preponderancia de prueba, se jus-tifica concluir que hubo discrimen político. Navedo v. Municipio de Barceloneta, 113 D.P.R. 421 (1982); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972). Ellos eran acreedores a que su causa de acción fuera evaluada bajo la doctrina expuesta en Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982). A tal efecto, aunque sus funciones eran de confianza, notamos que la autoridad nominadora no ha podido demostrar que la afiliación político-partidista fuera un requisito apropiado para el desempeño del cargo público envuelto. No nos extraña. Difícilmente podemos visualizar que el descargo fiel y eficiente de los deberes del puesto de Gerente o Supervisor General de Distrito, según estaban enumerados en la OP-16 de la Oficina de Personal, () en el programa de viviendas públicas exija determinada lealtad a los postulados ideológicos de un partido político. De un lado, para implementar la filosofía de ese programa social, y del otro, para ser un ciudadano acreedor a sus beneficios, no es menester tal preferencia como criterio válido. El único prisma limpio para mirar toda solicitud ha de ser la nece-sidad de la vivienda y demás factores meritorios del caso. La afiliación partidista es ajena al proceso de elegibilidad. Aplicable es el siguiente pronunciamiento:

[E]s razonable concluir que recae sobre la autoridad nomi-nadora (el gobierno) desfilar prueba demostrativa de que la afiliación política particular del empleado es “requisito apropia-do” para el desempeño efectivo del cargo en cuestión, o sea, le corresponde establecer la existencia de intereses gubernamen-tales que son de importancia y jerarquía superior a los dere-chos del empleado bajo la Primera Enmienda. En este aspecto, en el caso de autos, fracasó el Estado. Ramos v. Srio. de Comercio, supra, pág. 516.

De otra parte, el clima altamente politizado que, desafortunadamente, prevalece en nuestro país y permea las funciones de gobierno no permite descartar que en determinado caso un empleado desafecto al partido político en el poder pueda por ello ser desleal a las exigencias de sus funciones como servidor público. Si ello se planteare, la determinación de la validez de su despido o censantía deberá hacerse teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, y aparte del hecho de tratarse de un empleado de confianza, la oportunidad que haya tenido bajo el nuevo gobierno de demostrar durante un término razonable que su competencia, eficiencia y su lealtad a los postulados del servicio no se han afectado y están por encima de sus preferencias políticas personales.

h-1

Es indispensable que los tribunales rompan la tendencia y círculo vicioso establecido en el país, después de cada elección general, de sustituir personal gubernamental por motivos ajenos a una buena administración pública: patronazgo, despojo y desquite político-partidista. Olivieri Morales v. Pierluisi, 113 D.P.R. 790 (1983). El drama se repite cada vez que ocurre un cambio de gobierno representativo de otra afiliación política. Las consecuencias detrimentales son funestas y resultan alarmantes. La erosión de fondos sustancial. Es materia de conocimiento judicial la crisis financiera y el impacto negativo que sobre el presupuesto representa satisfacer este tipo de sentencias. Constituye un desvío sustancial de fondos públicos en menoscabo de los servicios esenciales a la ciudadanía, independiente de su afiliación partidista. Los tribunales deben realizar todo esfuerzo por diseñar remedios disuasivos. ()

Por los fundamentos expuestos, se dicta sentencia que revoca la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, fechada 19 de octubre de 1983, y se decretan nulos los despidos. Al disponer dicho foro la compensación por sueldos dejados de recibir deberá hacer las deducciones correspondientes por salarios, contribuciones, seguro social, retiro y otros. Véanse, Estrella v. Mun. de Luquillo 113 D.P.R. 617 (1982); Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982). También deducirá aquellas otras cantidades que en la circunstancias particulares de este caso procedan.

Continuarán ante el foro de instancia los trámites compatibles con lo aquí dispuesto.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

      (1) La ausencia de la capacidad administrativa necesaria para un puesto, o el descuido, ineficiencia o indisciplina en el descargo de tales funciones serían motivos para prescindirse válidamente de un funcionario de confianza.

      (2) Disponía:
      “1. Planifica, organiza, asigna y supervisa todas las actividades operacionales y administrativas del distrito tales como: servicios sociales y Labor Comunal que se ofrecen a residentes, selección y ocupación de viviendas, contabilidad y manteni-miento de los proyectos de distrito.
      “2. Revisa y firma todos los informes que se someten a la Oficina Central del Programa de Viviendas, relacionados con las distintas fases de trabajo del distrito.
      “3. Vela porque se cumpla y se implemente todas las normas y reglamentos de conformidad con la filosofía del Programa de viviendas.
      “4. Informa y orienta al personal del distrito cualquier cambio en normas y reglamentos.
      “5. Revisa y aprueba los informes de cambios en rentas, los informes que se envían a la agencia federal, otras agencias del gobierno y a la oficina central; informes de contabilidad, órdenes de compras, desembolsos, requisiciones de com-pras, presupuesto preliminar de obra de mantenimiento ordinario y extraordinario y el presupuesto funcional del distrito y cualquier otro informe relacionado con las distintas fases operacionales del distrito.
      “6. Asiste en representación de la CRUV a reuniones con otros funcionarios gubernamentales o líderes cívicos de la comunidad con el propósito de discutir y coordinar la implementación de servicios sociales, económicos, de salud, etc. que se le brindan a los residentes de vivienda pública.
      “7. Redacta informes, en inglés o en español, para ser sometidos a la Oficina Central del Programa, Director Ejecutivo, otras agencias del gobierno, oficina del Gobernador, etc.
      “8. Redacta correspondencia en español o en inglés, para su firma, para la firma del Director Asociado del Programa o para la firma del Director Ejecutivo.
      “9. Hace recomendaciones sobre reclutamiento de personal, cesantías, ascensos de sueldo y otras relacionadas con los empleados del Distrito.
      “10. Recibe y atiende a residentes o al público en general en casos que pre-senten problemas difíciles que no han podido ser resueltos en niveles inferiores.
      “11. Realiza funciones periódicas con su personal supervisorio para ofrecer orientación sobre cambios en normas y reglamentos, informar nuevas guías de tra-bajo, evaluación de trabajo realizado, establecer prioridades de trabajo y para otros fines.
      “12. Hace visitas periódicas a los proyectos de viviendas del distrito para velar que su funcionamiento operacional sea adecuado.
      “13. Asiste a reuniones periódicas con el Director Asociado del Programa de Viviendas para discutir problemas complejos relacionados con la operación del Dis-trito.
      “14. Atiende llamadas telefónicas para recibir u ofrecer información relacio-nada con las operaciones del distrito.
      “15. Realiza cualquier otra encomienda especial que le sea asignada.”

      (3) La situación es crítica y reclama creatividad judicial remedial urgente. En este caso el tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda. Únicamente se reclamó contra la CRUV y los funcionarios, en sus capacidades oficiales y no de manera personal. Por tal razón dicho foro no formuló determinaciones sobre si ellos procedieron o no de mala fe y con grave menosprecio a los derechos constitucionales y civiles ni dispuso otros remedios, cuestión sobre la cual no tenemos que pronun-ciarnos en esta ocasión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José A. Miranda Colón, acusado y apelante.

      Número: M-84-6

      Resuelto: 5 de junio de 1984

      Ivette González López, abogada del acusado apelante.
   PER CURIAM:

Se ha presentado ante nos una solicitud de “prórroga para radicar escrito de apelación”. De ordinario dispondríamos de una solicitud como es ésta con un “no ha lugar” y advertiríamos al abogado presentante de la misma de su obligación ética de informarse adecuadamente del Derecho aplicable para descargar responsablemente sus obligaciones profesionales para con su cliente. El hecho de que con inusitada frecuencia se nos presentan solicitudes del mismio o parecido tenor nos mueve a expresarnos para conocimiento y advertencia de la profesión.

La petición que aquí nos ocupa señala que el señor ape-lante fue convicto de homicidio involuntario y sentenciado por dicho delito el 29 de marzo de 1984; que no está con-forme y desea apelar; que “no cuenta con los ingresos para gestionar una apelación y solicitó ayuda de la abogada que suscribe para que le redactara el escrito de apelación”; que “no se ha podido someter dicho escrito de apelación dentro del término correspondiente” debido a problemas de salud de una hija de dicha abogada; y que por ello solicita “una prórroga de 20 días para someter el escrito de apelación co-rrespondiente”.

La moción, fechada el 17 de abril de 1984, fue presentada en la Secretaría de este Tribunal el 19 de dicho mes. En ella se indica que se ha enviado copia a la Sala sentenciadora y al Fiscal de Distrito.

Es principio universalmente reconocido que la ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento. Lo hallamos recogido en esos precisos términos en el Art. 2 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2. Esto no quiere decir que el abogado tiene que conocer todas las leyes. Ello sería humanamente imposible. Pero su incumplimiento de las leyes no puede escudarse y mucho menos justificarse en su ignorancia de ellas. Esta norma es de particular importancia y exigencia cuando se trata, como en este caso, de un término jurisdiccional, cuyo incumplimiento puede implicar la derrota de un derecho.

La Regla 194 de Procedimiento Criminal establece el procedimiento para formalizar una apelación. Dice:

La apelación se formalizará presentando un escrito de ape-lación en la secretaría de la sala del tribunal que dictó la sen-tencia, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada, pero si dentro del indicado período de veinte días se presentare una moción de nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192, el escrito de apelación podrá pre-sentarse dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se notificare al acusado la orden del tribunal denegando la moción de nuevo juicio.
El apelante deberá notificar al fiscal la presentación del escrito de apelación dentro del término para apelar y dicha notificación se hará en la forma provista en estas reglas, salvo lo que se dispone en la regla siguiente.

Los términos para apelar sentencias, sean penales o civiles, y para recurrir sentencias dictadas en causas civiles, son fijados por ley para conferir jurisdicción al tribunal apelativo. Véanse: Rodríguez v. Pueblo, 3 D.P.R. 107 (1903); Cabassa v. Bravo, 21 D.P.R. 185 (1914); In re Franceschi y López de Tord, 44 D.P.R. 647 (1933); El Tesorero de P.R. v. El Banco Comercial de P.R., 44 D.P.R. 790 (1933); Rivera Bonilla, Ex Parte, 53 D.P.R. 403 (1938); Santiago v. Asamblea Municipal, 57 D.P.R. 121 (1940); González v. Jiménez, 70 D.P.R. 165 (1949); Concepción v. Junta de Contabilidad, 80 D.P.R. 194 (1958). Un (término jurisdiccional no puede ser, por tanto, prorrogado i>or el tribunal apelativo pues tal acción sería en exceso de ja autoridad conferídale por ley.

En la causa ante nuestra consideración podría considerarse, en ánimo de impartir justicia, que es lo que importa, si la moción en que se interesa prórroga es en efecto un escrito de apelación. Pero dicho escrito debió presentarse en la Sala sentenciadora; no ante nos. Y debió notificarse personalmente al fiscal dentro del término de veinte días a partir de la fecha de la sentencia. Pueblo v. Escudero, 41 D.P.R. 318 (1930); Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889 (1933). No tenemos constancia de que se cumplieran dichos requisitos.

Se dictará resolución que declare sin lugar, por improce-dente, la prórroga solicitada.