author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

text:
    Fernando Bayrón Toro y Otros, demandantes y recurrentes, v. Rafael Serra, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-85-568

      Resuelto: 18 de noviembre de 1987

      Carmelo Guzmán Géigel, de Maymee & Guzmán Géigel, abogados de los recurrentes; Ernesto A. Meléndez Pérez, abogado del recurrido, Sistema de Retiro de Puerto Rico; Donato Rivera De Jesús, abogado de los recurridos Universidad de Puerto Rico y el Consejo de Educación Superior.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Varios empleados del Recinto Universitario de Maya-güez acuden ante nos para que revisemos la desestimación de su demanda contra el Consejo de Educación Superior y la Administración del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. El Tribunal Superior concluyó que “en nuestra jurisdicción prevalece la doctrina jurisprudencial de que en casos de pensiones compulsorias éstas pueden ser modificadas mientras aún no han sido devengadas”. En vista de la importancia de esta controversia, y de las nuevas corrientes doctrinales en esta área, acordamos revisar. Resolvemos que aunque un participante en un plan de retiro tiene un interés propietario de naturaleza contractual protegido por la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 275, en este caso los cambios aprobados por el Consejo de Educación Superior fueron razonables. Confirmamos la sentencia del Tribunal Superior.

La Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 L.P.R.A. see. 601 et seq., le impone al Consejo de Educación Superior la obligación indelegable de mantener un sistema de pensiones para todo el personal universitario, 18 L.P.R.A. sec. 602(e)(16), y de aprobar un reglamento a esos fines, 18 L.P.R.A. sec. 602(e)(5).

Conforme al mandato legislativo, el Consejo de Educación Superior estableció un sistema de retiro de naturaleza compulsoria para el personal universitario. El fondo del sistema se nutre de las contribuciones individuales de los participantes, las cuales son descontadas de su salario mensual, y de una aportación patronal. Reglamento del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (Reglamento), Art. VIII.

Con fecha de 27 de octubre de 1978, el Consejo de Educación Superior aprobó enmiendas al Reglamento en las que en esencia: (1) fija en cincuenta y cinco (55) años la edad mínima para que un participante pueda ser elegible a recibir una anualidad; (2) reduce el importe de la pensión que reciben aquellos participantes que se jubilen antes de haber cumplido cincuenta y ocho (58) años, y (3) aumenta la aportación de los participantes al fondo del sistema. Las mencionadas enmiendas le son de aplicación a aquellos participantes que ingresaron al sistema después de 1ro de julio de 1978 y a los que en dicha fecha tenían acumulados menos de veinte (20) años de servicio. A aquellos empleados que a la fecha de las enmiendas ya eran elegibles para jubilarse, las mismas no les son de aplicación.

Los demandantes son empleados del Recinto Universi-tario de Mayagüez y participantes del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Para julio de 1978, ninguno había alcanzado veinte años de servicio cotizable para efectos de la pensión, por lo que las enmiendas introducidas al Sistema de Retiro de la U.P.R. les afectan directamente. Presentaron acción de sentencia declaratoria en la que reclamaron que las enmiendas al Reglamento les despojaron de derechos adquiridos y de interés propietario.

Las partes estipularon los hechos y luego de presentar sendos memorandos de derecho, sometieron el caso para su resolución. La controversia sometida se limitó a si un empleado público, participante en un sistema de retiro de naturaleza compulsoria, adquiere algún derecho sobre dicha pensión, antes de devengar la misma y si las enmiendas al Sistema de Pensiones de la U.P.R. le violan algún derecho a los demandantes.

El juez de instancia, luego de estudiar la jurisprudencia de este Tribunal en materia de pensiones, concluyó que en Puerto Rico las pensiones compulsorias “pueden ser modificadas mientras aún no han sido devengadas”. Determinó que el Consejo enmendó el Reglamento con el propósito de mantener la solidez económica del Sistema de Retiro de la U.P.R. en general. Finalmente decidió que el Consejo actuó válida y razonablemente para preservar la autosuficiencia del Sistema de Retiro de la U.P.R. y cumplir sus responsabilidades de que el personal universitario reciba los beneficios del mismo. Por estas razones, declaró sin lugar la demanda “por entender que la acción impugnada no viola derecho alguno de los demandantes”.

Naturaleza jurídica de las pensiones

A. La doctrina en Estados Unidos

Examinada para fines comparativos la doctrina en Estados Unidos, encontramos que en muchos estados prevalece la antigua teoría de que las pensiones son concesiones o dádivas del Gobierno, y que un empleado participante no adquiere derecho alguno sobre las mismas. Pennie v. Reis, 132 U.S. 464 (1889); United States v. Teller, 107 U.S. 64 (1882); Dodge v. Board of Education, 302 U.S. 74 (1937); Board of Trustees v. People, 203 P.2d 490 (Colo. 1949); Campbell v. Michigan Judges Retirement Bd., 143 N.W.2d 755 (Mich. 1966); Board of Trustees v. Cary, 373 So. 2d 841 (Ala. 1979); State v. City of Jacksonville Beach, 142 So. 2d 349 (Fla. 1962); Board of Tr. of Pub. Emp. Ret. 7 v. Hill, 472 N.E.2d 204 (Ind. 1985); State ex rel Parker v. Bd. of Ed., 129 P.2d 265 (Kan. 1942); Anotación, Vested Right of Pensioner to Pension, 52 A.L.R.2d 437, 442. Esta conceptualización de las pensiones como privilegios del Estado, que éste puede alterar con entera libertad, surge de sistemas de pensiones que no cuentan con aportación alguna por parte de los empleados y beneficiarios. Nota, Pensions: Public Employee Pension Plans as Contractual Obligations Granted Constitutional Protection, 20 Washburn L.J. 169 (1980); United States v. Teller, supra. De hecho, en planes de retiro que funcionan sin contribución de los participantes todavía predomina esta visión. Anotación, supra, pág. 441.

Pennie v. Reis, supra, recoge la teoría en la que se fundamenta el concepto de la pensión como un privilegio. Su hipótesis es que en un sistema de retiro de participación compulsoria, la contribución del empleado al fondo no es parte de su salario, sino dinero del Estado que nunca pasa al control o dominio del participante. Por lo tanto, siempre continúa como un fondo público. Pennie v. Reis, supra, pág. 471; Board of Trustees v. People, supra; Campbell v. Michigan Judges Retirement Bd., supra; R. Cohn, Public Employee Retirement Plan, 1968 U.Ill.L.F. 32, 38 (1968). Desde sus comienzos, la doctrina diferenció la naturaleza jurídica de los planes de retiro compulsorios de aquellos de tipo voluntario, y reconoce a estos últimos naturaleza contractual. Pennie v. Reis, supra. Esta distinción perdura todavía en muchos estados. Campbell v. Michigan Judges Retirement Bd., supra; Board of Trustees v. Cary, supra; Board of Tr. of Pub. Emp. Ret. 7 v. Hill, supra; Cohn, op. cit., págs. 33-34; Anotación, supra, pág. 443; Nota, Public Employee Pensions in Times of Fiscal Distress, 90 Harv. L. Rev. 992, 999 (1977).

En las últimas décadas mientras la teoría de la dádiva ha perdido apoyo, la teoría contractual ha ganado adeptos entre los tribunales estatales. Véanse: In re State Employee’s Pension Plan, 364 A.2d 1228 (Del. 1976); Miles v. Tennessee Consolidated Retirement System, 548 S.W.2d 299 (Tenn. 1976); Pyle v. Webb, 489 S.W.2d 796 (Ark. 1973); Christensen v. MPLS. Mun. Emp. Retire. Bd., 331 N.W.2d 740 (Minn. 1983); Smith v. City of Dothan, 188 S.2d 532 (Ala. 1966); Police Pension & Relief Bd. v. Bills, 366 P.2d 581 (Colo. 1961); State Teachers Retirement Bd. v. Giesel, 106 N.W.2d 301 (Wis. 1960); Eisenbacher v. City of Tacoma, 333 P.2d 642 (Wash. 1958); Wright v. Retirement Bd., 134 A.2d 231 (Pa. 1957); Wallace v. City of Fresno, 265 P.2d 884 (Cal. 1954); Tait v. Freeman, 57 N.W.2d 520 (S.D. 1953); Payne v. Board of Trustees, 35 N.W.2d 553 (N.D. 1948); Gossman v. State Employees, 129 N.W.2d 97 (Neb. 1964). La teoría que le atribuye derechos y garantías de tipo contractual a los participantes en sistemas de retiro, no cuenta con una interpretación uniforme en la doctrina. Por un lado, encontramos estados que, según el precedente establecido por Nueva York, han reconocido, mediante disposición constitucional a esos efectos, que la participación en un sistema de retiro público da origen a una relación contractual la cual no puede ser alterada o modificada.() Igual norma se sigue en Arizona, aunque ésta fue incorporada mediante fíat judicial. Yeazell v. Copins, 402 P.2d 541 (Ariz. 1965); Cohn, op. cit., págs. 42-46. Otros estados le reconocen al pensionado un derecho adquirido sobre su pensión una vez éste se retira o cumple con los requisitos para ello. Klam v. State, 126 N.E.2d 487 (Ind. 1955); Rockenfield v. Kuhl, 46 N.W.2d 17 (Iowa 1951); Louisville v. Bd. of Education, 163 SW.2d 23 (Ky. 1942). Nueva Jersey por su parte ha adoptado una posición ecléc-tica que parte de la premisa de que, aunque el plan sea de participación compulsoria, las contribuciones de dinero hechas por el empleado provienen del sueldo devengado, lo que le confiere al empleado un interés propietario en el fondo, mas no en los beneficios de la pensión. Spina v. Consolidated Police & Firemen’s Pension Fund, 197 A.2d 169 (N.J. 1964).

Entre las jurisdicciones que propugnan la teoría contractual, California y Pennsylvania son las que más extensamente han pautado normas aplicables a sistemas parecidos al de la Universidad de Puerto Rico. Véanse: Retirement Bd. v. McGovern, 174 A. 400 (Pa. 1934); McBride v. Allengheny County, 199 A. 130 (Pa. 1939); Hamilton v. Wilson, 94 A.2d 116 (Pa. 1953); Hickey v. Pension Bd., 106 A.2d 233 (Pa. 1954); Catania v. Com. State Employee’s, 450 A.2d 1342 (Pa. 1982); Kern v. City of Long Beach, 179 P.2d 799 (Cal. 1947); Packer v. Board of Retirement, 217 P.2d 660 (Cal. 1950); Terry v. City of Berkeley, 263 P.2d 833 (Cal. 1953); Wallace v. City of Fresno, supra; Allen v. City of Long Beach, 287 P.2d 765 (Cal. 1955); Abbot v. City of Los Angeles, 326 P.2d 484 (Cal. 1958); Adler v. City of Pasadena, 371 P.2d 315 (Cal. 1962).

En California, el empleado que acepta un empleo y comienza a desempeñarse en su puesto, adquiere un derecho de naturaleza contractual sobre su anualidad de retiro. Antes de jubilarse el empleado no tiene derecho a unos beneficios en particular, fijos y definidos, sólo tiene derecho a una pensión sustancial y razonable. Kern v. City of Long Beach, supra; Wallace v. City of Fresno, supra. Esto es así porque el sistema de pensión está sujeto a modificaciones, siempre que éstas sean razonables y estén relacionadas con el interés de proteger la integridad y solvencia económica del Sistema de Retiro. Allen v. City of Long Beach, supra, pág. 767; Abbot v. City of Los Angeles, supra; Adler v. City of Pasadena, supra; Anotación, supra, págs. 444-446; Nota, supra, págs. 1001-1003. Una vez el participante se retira y comienza a recibir el pago de su pensión, ésta no puede ser enmendada en forma que resulte en un menoscabo para el pensionado. Terry v. City of Berkeley, supra, pág. 836.

B. Las pensiones en Puerto Rico

En Puerto Rico, el estado de derecho vigente en materia de pensiones de retiro, fue influido notablemente por la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito en el caso McLeod v. Fernández, 101 F.2d 20 (1938).

Hasta ese caso, este Tribunal, según el análisis de Pennie v. Reis, supra, había establecido que una pensión concedida no confería un derecho adquirido a su beneficiario, y el disfrute de la misma podía ser suspendido retroactivamente. Adoptamos la teoría de que una pensión era una concesión o dádiva otorgada como acto voluntario y de gracia del soberano “[que] no pone a éste en una obligación estricta y de naturaleza contractual”, ni en su origen ni en su continuación. Domenech v. Junta de Pensiones, 42 D.P.R. 604, 608 (1931); Luján v. Comisión de la Policía Insular, 38 D.P.R. 58 (1928). Sólo las pensiones devengadas y no pagadas constituían un derecho adquirido. Escartín v. Comisión Policía Insular, 52 D.P.R. 725, 727 (1938).

En Fernández v. McLeod, 52 D.P.R. 899 (1938), declaramos que si bien la Asamblea Legislativa tiene amplia facultad para enmendar las condiciones de un plan de pensiones, esta autoridad cesa una vez el empleado cumple con las condiciones necesarias para el retiro y desde que en efecto comienza a recibir la pensión, ya que entonces el empleado tiene un derecho adquirido sobre su anualidad. Fernández v. McLeod, supra, pág. 911. Además, acogimos la distinción entre los sistemas de pensiones de aportación compulsoria y los voluntarios, consideramos que de estos últimos surgían relaciones contractuales.

No obstante, esta decisión fue revocada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.() Dicho foro adoptó la teoría de que dado que el dinero del fondo nunca está bajo el control ni a la disposición del participante, éste no adquiere derecho alguno sobre el mismo, por lo que el Gobierno retiene la facultad de modificar los términos de la pensión, al grado de poderla eliminar del todo. McLeod v. Fernández, 101 F.2d 20, 25 (1938). Obligados por esta decisión, reiteramos posteriormente que el pensionado no tenía derechos adquiridos. García v. Gallardo, 56 D.P.R. 166 (1940); Torres v. Winship, 56 D.P.R. 693 (1940); Esteres v. Junta de Retiro, 60 D.P.R. 98 (1942).

Sin embargo, mediante decisiones posteriores, sentamos la base para la eventual eliminación de la doctrina tradicional. En Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21 (1966), manifestamos que “[c]on el advenimiento de las democracias populares y la desaparición de los regímenes monárquicos, el fundamento jurídico de la pensión no lo constituye un acto de recompensa del soberano, sino una obligación moral del [EJstado. Se rechaza, pues, el carácter de donación de la pensión”. Rivera v. Rodríguez, supra, pág. 24. Luego describimos las pensiones como “una retribución final y bien ganada por el empleado público que honrando una vocación de servicio, que en muchas ocasiones conlleva sacrificio y renuncia de bienes materiales, dedica los años fructíferos de su vida al bien común”. Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973); Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972); Sánchez Nieves v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372 (1985). El caso ante nuestra consideración nos permite reconsiderar nuestros pronun-ciamientos previos y continuar con la trayectoria que comenzamos en Fernández v. McLeod, supra.

Al reevaluar la naturaleza jurídica de las pensiones de empleados públicos en Puerto Rico, debemos tomar en consideración los objetivos de las mismas. Aclaramos que en este caso no nos manifestamos sobre algún otro tipo de pensión de naturaleza diferente, como podrían ser las de rango o mandato constitucional.

Para el patrono, un plan de retiro representa un incentivo que facilita el reclutamiento y retención del personal de calidad. A la vez, hace posible la renovación periódica de sus recursos humanos según los empleados de más edad se acogen a los beneficios de la jubilación. Desde el punto de. vista del empleado, un sistema de retiro es un beneficio marginal de considerable importancia. Para muchos significa una fuente de ingreso futuro, que le permitirá disfrutar su vejez con razonable seguridad económica. “El derecho a pensión de retiro por años de servicio del empleado público tiene un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado. Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973).” Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 92 (1981).

Para el Gobierno, estos objetivos son particularmente significativos, ya que no puede competir con los salarios que ofrece la empresa privada. Anteriormente, hemos reconocido los sacrificios económicos que conlleva la dedicación al servicio público. Román Mayol v. Tribunal Superior, supra, pág. 811; Acuña v. Junta de Retiro, 58 D.P.R. 94 (1941); Maldonado v. Tribunal Superior, supra; Sánchez Nieves v. A.S.R.E.G.J., supra. Sólo si se ofrecen beneficios marginales tales como un atractivo plan de retiro, puede el Gobierno atraer personal competente, que de otra forma ofrecería sus servicios a la empresa privada. Véanse: Cohn, op. cit., págs. 40-41; Nota, Contractual Aspects of Pension Plan Modification, 56 Colum. L. Rev. 251, 254 (1956).

En estas circunstancias, desafía toda lógica concebir de qué forma se adelantan los objetivos de las pensiones al caracterizarlas como dádivas o gracias del Estado. Es indiscutible que cuando alguien acepta una oferta de empleo toma en consideración y descansa en la seguridad que le brinda el sistema de retiro que le ofrece dicho empleo. Véanse: Pineman v. Oechslin, 494 F. Supp. 525, 539 (1980); Wright v. Retirement Bd., 134 A.2d 231 (Pa. 1957). Cuando una persona ingresa al servicio público acepta como parte esencial de su contrato de empleo, los términos y condiciones del plan de retiro. En el caso del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, al convertirse en empleado de la Universidad, la persona automáticamente adviene como participante en el sistema.()

Por otra parte, es difícil argumentar que las aportacio-nes de un empleado .al fondo de retiro no son propiedad suya; por el contrario, el hecho de que el empleado contribuya al fondo abona a la conclusión de que el empleado tiene un interés adquirido de naturaleza contractual. Pineman v. Oechslin, supra; Campbell v. Michigan Judges Retirement Board, 143 N.W.2d 755 (Mich. 1966); Hickey v. Pension Bd., supra. Particularmente frágil resulta la teoría de que las aportaciones no son propiedad del empleado, si considera-mos que en caso de separación del servicio sin ser elegible para una anualidad, el empleado tiene derecho a solicitar el reembolso del importe de sus aportaciones al sistema.()

El elemento definidor de este contrato se centra en el acuerdo de voluntades entre el Estado y el empleado, dirigido a producir un efecto jurídico vinculante para las partes. Véanse: J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 11ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1974, T. 3, pág. 404 y ss.; F. Messinéo, Dottrina Generóle del Contratto, 3ra ed., Milano, Dott. A. Giuffré, 1953, pág. 55 y ss. A esto añadimos el contenido patrimonial del acuerdo, el cual en este caso es causa directa de la emisión de la voluntad.()

La solución más adecuada es aquella que nos permita armonizar, por un lado, el interés de proteger los derechos de los participantes y, por el otro, el de permitirle al Estado la libertad de adoptar cambios que garanticen la estabilidad y solvencia del sistema.

Por los fundamentos antes expuestos, abandonamos la arcaica noción de que las pensiones son una gracia o dádiva del soberano. Resolvemos que los participantes de un Sistema de Retiro del Gobierno tienen un derecho adquirido de naturaleza contractual que surge con el ingreso del empleado al sistema, independientemente de que la participación sea voluntaria o compulsoria. Una vez el empleado se ha retirado, cuando ha cumplido con todas las condiciones para el retiro, su pensión no está sujeta a cambios o menoscabos. Fernández v. McLeod, supra. Sin embargo, antes de que pueda acogerse a la jubilación, los términos del sistema de retiro pueden ser enmendados por el Gobierno siempre que las enmiendas sean razonables y con el fin de adelantar la solvencia actuarial del mismo.

Procede entonces que evaluemos si las enmiendas al Reglamento del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico aprobadas por el Consejo de Educación Superior constituyen un indebido menoscabo de las obligaciones contractuales en contravención con la prohibición constitucional. Const. E.L.A., Art. II, Sec. 7, supra.( )

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Menoscabo de las obligaciones contractuales

Al analizar la posibilidad de que exista un menoscabo de obligaciones contractuales, según prohibido por nuestra Constitución, Art. II, Sec. 7, supra, debemos tener presente que las decisiones del Tribunal Supremo federal interpretan la cláusula análoga de la Constitución federal, Art. I, Sec. 10, constituyen el mínimo que estamos obligados a reconocerle en nuestro ordenamiento.

Está claramente establecido en la doctrina que la disposición constitucional, que prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales, no constituye una prohibición absoluta que impida el poder de reglamentación del Estado" en beneficio del interés público. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 394 (1973); Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. 518 (1819); W.B. Worthen Co. v. Thomas, 292 U.S. 426, 433 (1934); Allied Structural Steel Co. v. Spannaus, 438 U.S. 234, 240 (1978); R. Epstein, Toward a Revitalization of the Contract Clause, 51 U. Chi. L. Rev. 703, 717 (1984). No todo menoscabo contractual contraviene la prohibición constitucional. El Paso v. Simmons, 379 U.S. 497, 506-507 (1965); United States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1, 16 (1977). R. Rotunda, J. Nowak y J. Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Sec. 15.8.

“Al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula de menoscabo el criterio aplicable es el de razonabilidad. La función del tribunal consiste en establecer un balance razonable entre el interés social de promover el bien común y el interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e irrazonable de las leyes.” Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 395.

Esta cláusula limita el poder del Estado para interferir tanto con la contratación privada como la suya propia. Fletcher v. Peck, 6 Cranch 87, 137-139 (1810); Dartmouth College v. Woodward, supra; United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 17; Epstein, supra, págs. 718-719. Cuando nos confrontamos con la situación en que el Estado modifica sus propias obligaciones, el escrutinio judicial debe ser más cuidadoso para asegurar que la actuación del Estado no sólo sea en beneficio propio. United States Trust Co. v. New Jersey, supra, págs. 25-26; Nota, Rediscovering the Contract Clause, 97 Harv. L. Rev. 1414, 1417 (1984). En estos casos la modificación, además de ser razonable, debe ser también necesaria para adelantar un propósito gubernamental importante. United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 29.

Al evaluar, pues, una modificación a una obligación del Gobierno, debemos determinar en primer lugar si estamos ante una obligación contractual protegida por la Constitución. En segundo lugar, es preciso que la modificación en la obligación en efecto constituya un menoscabo de una obligación contractual. Una vez deter-minado que existe un menoscabo, entonces. debemos precisar si el mismo viola la garantía constitucional. United States Trust Co. v. New Jersey, supra. Si éste surge como consecuencia de una modificación razonable y necesaria dirigida a adelantar un interés público, sostendremos su validez. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra; United States Trust Co. v. New Jersey, supra.

Dentro de este marco conceptual, analicemos las enmiendas al Reglamento del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.

1 — 1 <1

Validez de las enmiendas al Reglamento del Sistema de Retiro

Ya hemos establecido que los planes de pensiones del Gobierno constituyen obligaciones de naturaleza contractual. También debe estar claro que las enmiendas impug-nadas resultan en menoscabo de las obligaciones del Sistema de Retiro de la U.P.R. En primer lugar, se aumenta de 55 a 58 años la edad a la que un participante en el Sistema de Retiro de la U.P.R. con por lo menos 30 años de servicio puede retirarse y recibir el 75% de su compensación promedio. Reglamento del Sistema de Retiro de la U.P.R. Art. Ill, Sec. 3. También se limita la elegibilidad para recibir una anualidad de retiro por años de servicio a aquellos participantes que tengan 55 años de edad. Por último, aumenta el porcentaje de aportación individual al fondo del sistema. Reglamento del Sistema de Retiro de la U.P.R., Art. VIII, Sec. 1.()

Al momento en que el Consejo de Educación Superior adopta las enmiendas al Reglamento del Sistema de Retiro de la U.P.R., éste se encontraba ante una grave crisis actuarial, que ponía al sistema en peligro de tener que liquidar sus activos. Véase Op. Sec. Just. Núm. 1978-18. En un informe rendido por los actuarios se señala que los desembolsos del fondo aumentaron a un nivel mayor que los ingresos y se señala como causa principal para la deficiencia actuarial la jubilación de participantes a temprana edad.

El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico debe funcionar sobre bases actuariales que lo hagan autosuficiente. Op. Sec. Just. Núm. 1978-18. En última instancia, la responsabilidad de que los participantes del Sistema de Retiro de la U.P.R. reciban los beneficios del mismo recae sobre el Consejo de Educación Superior. En el descargo responsable de sus deberes, el Consejo adoptó las medidas correctivas necesarias para salvar la solidez económica y la existencia misma del Sistema de Retiro de la U.P.R.

Debemos tener presente que subyacente en todo sistema de retiro público similar al que hoy nos ocupa, está el interés primordial, tanto del Estado como de los participantes, de establecer y conservar un fondo monetario suficiente para garantizar la solvencia económica del sistema. Este es un factor importante en la relación entre el Estado como patrono y el empleado participante en lo que respecta al pago de la pensión. Dentro del contexto de esta relación, el Estado debe tener la capacidad y la flexibilidad para hacer cambios y enmiendas razonables que sean necesarias para adelantar los intereses del Sistema de Retiro y fortalecerlo tanto en sus cimientos como en sus estructuras. Variaciones en condiciones y requisitos tales como años de servicio, aportaciones al fondo y edad para recibir los beneficios son esenciales para mantener el fondo en estado solvente. Esta flexibilidad es vital para que el Sistema de Retiro pueda enfrentarse a situaciones inesperadas y para que pueda también mante-nerse a la par con avances en las ciencias actuariales. Reconocerle al Estado la facultad de adoptar modificacio-nes en los sistemas de retiro dentro de los parámetros aquí expresados, es indispensable para que estos planes puedan operar exitosamente.

Al adoptar este enfoque ecléctico le facilitamos al Estado los instrumentos para mantener la solvencia económica de los sistemas de retiro y a la vez le brindamos protección a los derechos de los empleados participantes.

Resolvemos, por lo tanto, que las modificaciones al Reglamento del Sistema de Retiro de la U.P.R., aprobadas por el Consejo de Educación Superior, el 27 de octubre de 1978, son cambios razonables y necesarios, a la luz de las circunstancias del caso, dirigidos a salvar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, por lo que no existe un indebido menoscabo de obligaciones contractuales.

Por las razones expuestas anteriormente, se confirmará la decisión del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió un voto particular.

-O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Coincido con la opinión mayoritaria en que el Estado cumplió con su obligación de demostrar que no hubo menoscabo de la relación contractual con los demandantes. Las modificaciones al Reglamento del Sistema de Retiro de la U.P.R. fueron razonables, necesarias e indispensables-para garantizar la solvencia del sistema. La certificación Núm. 37, aprobada por el Consejo de Educación Superior, tuvo como base la recomendación de la Junta del Sistema de Retiro de la U.P.R., recomendación que estuvo a su vez fundada en la recomendación de los actuarios a la Junta, conforme lo dispuesto por el Art. XI, Sec. (l)(i) del Reglamento del Sistema de Retiro de la U.P.R.

La opinión mayoritaria expresa que “[a]l adoptar [un] enfoque ecléctico le facilitamos al Estado los instrumentos para mantener la solvencia económica de los sistemas de retiro y a la vez le brindamos protección a los derechos de los empleados participantes”. (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 623.

Esta norma conciliadora de intereses encontrados no debe interpretarse como un cheque en blanco para que el Estado modifique los derechos de los participantes de un sistema de retiro.

Los criterios de razonabilidad y necesidad del cambio para salvar la solvencia actuarial del sistema deben interpretarse restrictivamente en favor de los participantes del sistema de retiro.

La política pública del Estado es fomentar servidores públicos de carrera. Para éstos, un adecuado sistema de retiro es no sólo un beneficio marginal importante, sino una seguridad de que luego de prestar servicios al Estado con grandes sacrificios personales y económicos, contarán al momento del retiro con al menos una razonable seguridad económica.

Tal expectativa no debe tomarse livianamente. Hemos contado con servidores públicos ejemplares que han dedicado los mejores años de sus vidas a servirle a su país con desprendimiento, dedicación y anteponiendo el interés público a su interés personal. Tal tradición no debe debilitarse. Por el contrario, debe fortalecerse.

El Estado y las entidades que tienen responsabilidad sobre la administración y buena marcha de los sistemas de retiro tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad de mantener la solvencia de los sistemas de retiro y de administrarlos con debido cuidado y prudencia.

El Estado no debe justificar cambios al sistema de retiro al alegar que son necesarios y razonables para mantener la solvencia económica de éste cuando la debilidad fiscal del mismo se debe al descuido y a la falta de cuidado del Estado propiamente. En el caso de autos, ello no ocurrió. Por esa razón, he dado mi conformidad.

      (1) Constitución del Estado de Nueva York, Art. V, Sec. 1.
      “A partir de 1 de julio de 1940, la participación en cualquier sistema de pensión o retiro estatal o de cualquier división civil del estado será de tipo contractual; estos beneficios no se podrán reducir o menoscabar en forma alguna.” (Traducción nuestra.) McKinney’s Const. Art. 5, Sec. 7.
      Véanse disposiciones similares en las constituciones de los siguientes estados:
      Alaska, Art. XII, Sec. 7
      Illinois, Art. 9, Sec. 5
      Michigan, Art. 9, Sec. 24
      Hawaii, Art. IX, See. 24.

      (2) Hasta el 1961 las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico eran revisadas por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito. Véase A. J. Amadeo Murga, Distribution of Power Between Federal and Local Courts and the Bise of Federalism in the Commonwealth of Puerto Rico, 20 Rev. Col. Abo. P.R. 29 (1959).

      (3)Se exceptúan de participar en el sistema a aquellos empleados:
      “ — compensados de jornal por hora
      “ — en posiciones temporeras
      “ — empleados sustitutos
      “ — que trabajan menos de dieciocho (18) horas a la semana
      “ — profesores visitantes
      “ — los que rinden servicios bajo contrato, siempre que dicho contrato no requiera empleo a tiempo completo con beneficios y obligaciones similares a un empleado regular
      “ — empleados después de haber cumplido 55 años de edad, a menos que tengan crédito por servicios rendidos en algún Sistema de Retiro del Gobierno
      “ — que reciban pensión de otro Sistema de Retiro del Gobierno
      “ — que reciban crédito por sus servicios en la Universidad en otro Sistema de Retiro del Gobierno federal.”
      Reglamento del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Art. I.

      (4) Esto es así tanto en el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento, Art. VI, Sec. 1, como en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 774.

      (5) En relación con el tema de la naturaleza jurídica de los contratos del Estado, en general, véase J. I. Monedero Gil, Doctrina del Contrato del Estado, Madrid, Inst. Estudios Fiscales, 1977.

      (6)Los demandantes argumentan que se les violó su derecho a ser oídos, ya que las enmiendas al Reglamento de Retiro fueron aprobadas sin su participación. El planteamiento es claramente inmeritorio, ya que seis (6) de los doce (12) miembros de la Junta de Retiro, organismo que le recomienda al Consejo de Educación Superior la adopción de los cambios en el Reglamento, son elegidos por los participantes del sistema y fungen como sus representantes.

      (7) Antes de la enmienda impugnada, todo participante aportaba mensual-mente:
      “a) Cuatro (4%) por ciento de los primeros $350.00 de su sueldo mensual más

        “b) Seis y medio (6%%) por ciento de la porción de dicho sueldo en exceso de $350.00.”
      Con las enmiendas, la aportación mensual es como sigue:
      “a) Cinco (5%) por ciento de su compensación mensual hasta la cantidad máxima cotizable a Seguro Social, sin que ésta exceda de $2,500 mensuales, más
      “b) Siete (7%) por ciento en exceso de dicha cantidad hasta la cantidad máxima de $2,500 mensuales.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernandez Denton

license: Public Domain

text:
    Modesto Salas, Nabor Méndez et al., demandantes y apelados, v. El Municipio de Moca, demandado; La Honorable Asamblea Municipal de Moca, etc., demandados y apelantes; Hon. Orlando Díaz Nieves, etc., demandantes y apelantes, v. Hon. Juan De Jesús, etc., demandados y apelados.

      Número: CE-86-499

      Resuelto: 18 de noviembre de 1987

      Lorenzo O. Cabán Arocho, abogado de los apelantes; Víctor J. Estrella Hernández, abogado de los apelados; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernandez Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La Asamblea Municipal del Municipio de Moca presentó recurso de apelación de la Sentencia del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, que declara inconstitucional una ordenanza que prohíbe el estacionamiento de vehículos de porteadores públicos en tres calles principales de Moca. La controversia ante nos plantea problemas importantes sobre el alcance de las facultades de los municipios para reglamentar, el tránsito y estacionamiento de vehículos en los pueblos de la isla. Procede la revocación de la sentencia impugnada.

r-H

Con el fin de aliviar el problema de flujo de tránsito y de estacionamiento en las calles urbanas del centro del Municipio de Moca, éste construyó un local que ofrece facilidades de estacionamiento tanto a vehículos públicos como privados y aprobó una ordenanza() que prohíbe el estacionamiento de vehículos públicos en las calles principales del pueblo.

Varios conductores de vehículos públicos, quienes operan las distintas rutas establecidas por la Comisión de Servicio Público en el Municipio de Moca, presentaron solicitud de Sentencia Declaratoria en la que alegaron que dicha ordenanza les niega la igual protección de las leyes y discrimina indebidamente contra los conductores de vehículos públicos; interfiere irrazonablemente con el derecho de los conductores de vehículos públicos a seleccionar libremente su trabajo; regula irrazonablemente el estacionamiento de vehículos públicos en Moca, y ocupa indebidamente el campo que el legislador otorgó a otras agencias especializadas, como el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Comisión de Servicio Público.

En sus conclusiones de hechos, el Tribunal Superior determinó que las carreteras en cuestión eran estatales y acogió favorablemente los planteamientos de los deman-dantes. Concluyó que la ordenanza en cuestión “constituye un discrimen, sin razón ni justificación alguna contra los conductores de vehículos públicos al establecer una clasificación irrazonable en perjuicio de dichos conduc-tores”. Añadió el juez de instancia “que la Asamblea Municipal de Moca, al prohibir el estacionamiento en las calles Barbosa y Ramos Antonini, actuó fuera del ámbito de sus facultades ya que las mismas están bajo la jurisdicción, del Departamento de Transportación y Obras Públicas”. Sentencia Declaratoria y Mandamus, pág. 15.

En el ejercicio de su facultad para determinar la organización y el funcionamiento de los municipios, la Asamblea Legislativa aprobó en 1980 la vigente Ley Orgánica de los Municipios, 21 L.P.R.A. see. 2001 et seq. La intención fundamental de la Asamblea Legislativa al aprobar la nueva Ley Orgánica fue “promover el fortalecimiento de los municipios como unidades de servicios y enmarcar en éstos la función de participación y envolvimiento ciudadano en las actividades de gobierno que afectan directamente a los individuos como miembros de unas familias y de una comunidad”. 1980 Leyes de Puerto Rico 601, 602. Entre las facultades delegadas por ley a los municipios está el “[ejercer el poder legislativo y adminis-trativo en todo asunto que fuere de naturaleza municipal que redunde en beneficio de la población y para el fomento y progreso de ésta, incluyendo, pero no limitado, al orden y seguridad pública con sujeción a las leyes de Puerto Rico”. 21 L.P.R.A. see. 2054(16).

En el ejercicio del poder de razón de Estado, a los municipios se les reconoce la facultad de reglamentar el tránsito y el estacionamiento en sus vías públicas. 6A McQuillin, Mun. Corp., Secs. 24.47, 24.54, 24.640 (3ra ed.). En particular, los asuntos relacionados con obras públicas y tránsito, se consideran “principales manifestaciones del poder de policía del municipio”. E. Córdova, Curso de Gobierno Municipal, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1964, pág. 375. Véase, también, McQuillin, op. cit., Sec. 24.01 et seq. Los municipios pueden adquirir, construir, mejorar y reconstruir obras públicas de todo tipo, bien de forma independiente, o en convenio y coordinación con el Gobierno estatal o federal. 21 L.P.R.A. sec. 2054(10), (18) y (23).

Indiscutiblemente, la reglamentación del tránsito es una preocupación fundamental en todo municipio. Córdova, op. cit., pág. 578; McQuillin, op. cit., Sec. 24.597 et seq.; C. J. Antieau, Municipal Corporation Law, Nueva York, Matthew Bender Co., 1980, Vol. 1, Sec. 6.156, págs. 261-263. Así lo reconoce la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 301 et seq., cuando delega a “las autoridades locales respecto a las calles y vías públicas bajo su jurisdicción, en el ejercicio razonable de sus ■ poderes ... reglamentar o prohibir el parar, detener o estacionar” automóviles y “reglamentar el uso de calles de mucho tránsito por cualquier clase o tipo de vehículo que se determine incompatible con el movimiento normal y seguro del tránsito”. 9 L.P.R.A. sec. 1703(1) y (10). Las ordenanzas para reglamentar el tránsito se hacen a virtud del poder inherente de razón de estado que tienen los municipios. Op. Sec. Just. Núm. 31 de 1957. Sin embargo, un municipio no puede promulgar o poner en vigor una ordenanza relacionada con las vías estatales,() a menos que obtenga la autorización del Secretario de Transportación y Obras Públicas, 9 L.P.R.A. see. 1702.

En este caso, de la evidencia en autos se desprende que la Asamblea Municipal, luego de examinar los intereses económicos en conflicto, aprobó una ordenanza que prohíbe el estacionamiento en las calles estatales Barbosa y Ramos Antoniúi. La ordenanza municipal fue sometida al Departamento de Transportación y Obras Públicas para que, de estar de acuerdo con sus disposiciones, el Departamento procediera a cambiar las señales de tránsito, conformándolas a lo dispuesto en la ordenanza. 9 L.P.R.A. see. 1702. El Director Ejecutivo del Departamento de Transportación y Obras Públicas estuvo conforme con los cambios relativos a las vías estatales y acordó realizar las modificaciones pertinentes en las señales de tránsito.

En estas circunstancias, no existe conflicto alguno entre la actuación de la Asamblea Municipal y el Gobierno.estatal. Este último impartió la aprobación necesaria a los cambios introducidos mediante ordenanza.

H-1 h-1 I — I

El tribunal de instancia concluyó, además, que la ordenanza impugnada adolece de vicios constitucionales, ya que establece un trato desigual e injustificado y no guarda relación razonable con el propósito que persigue. -

Aclaramos en primer lugar, que las ordenanzas municipales, al igual que los estatutos, se presumen constitucionales hasta que un tribunal competente declare lo contrario, y que le corresponde a la parte que la impugna probar su inconstitucionalidad. Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45 (1970); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968); Walker v. Tribl. Contribuciones y Tesorero, 72 D.P.R. 698 (1951); C.H. Vehicle Leasing v. E.L.A., 107 D.P.R. 94 (1978); McQuillin, op. cit., Sec. 20.06; Antieau, op. cit., Sec. 5.19.

La cláusula constitucional que garantiza la igual protección de las leyes, Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, no exige un trato igual para todos los ciudadanos, sino que prohíbe un trato desigual e injustificado. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 276-277 (1975); M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987); R. Rotunda, J. E. Nowak y J. N. Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Sec. 18.2.

La ordenanza impugnada es de naturaleza socioeconómica, por lo que el criterio que es preciso utilizar para evaluar su validez constitucional es el escrutinio racional. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 77-86 (1983); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, supra. Bajo este análisis tradicional, “una clasificación no debe ser invalidada, a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un interés legítimo del Estado”. M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, supra, pág. 333. Siempre que pueda concebirse razonablemente una situación de hechos que justifique la clasificación, la ley es constitucional. Vélez v. Srio. de Justicia, supra; Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra; Coca Cola Bottling Co. v. Srio. de Hacienda, 112 D.P.R. 707 (1982). U.S. Brewers Asoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456, 461 (1980); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813-815 (1980); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 261 (1980); Zachry International v. Tribunal Superior, supra; Rotunda, Nowak y Young, op. cit., Sec. 18.3.

Por su parte, la garantía de debido procedimiento de ley exige que un estatuto de este tipo no sea irrazonable, arbitrario o caprichoso y que el medio elegido para avanzar el interés que se persigue tenga una relación racional con éste. A. Roig Sucrs. v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 342 (1954); Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972); Rotunda, Nowak y Young, op. cit., Sec. 15.4.

La ordenanza en controversia en el caso ante nuestra consideración es claramente válida según el escrutinio racional que le es aplicable. Ante el problema de estacionamiento y congestión de tráfico en sus calles urbanas, la Asamblea Municipal limitó el estacionamiento de vehículos públicos en las vías más afectadas, no sin antes haber construido otras facilidades de estacionamiento para el uso de los carros públicos y privados. No podemos aceptar el enfoque del Tribunal Superior y pasar juicio sobre la sabiduría de la ordenanza y especular sobre si ésta será un medio efectivo para solucionar el problema que aqueja a la municipalidad de Moca. Ésta es una función que le compete a la Asamblea Municipal. La falta de arbitrariedad o irrazonabilidad en la Ordenanza Núm. 34, Serie 84-85, no debe ser invalidada.

Por los fundamentos expresados, se revocará la senten-cia apelada.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) La Ordenanza Núm. 34, Serie 1984-85, fue aprobada por la Asamblea el 19 de febrero de 1985. Sometida para la aprobación del Alcalde, éste la devolvió con objeciones. La Asamblea Municipal, con el voto afirmativo de más de dos terceras partes de sus miembros, aprobó la Ordenanza no obstante las objeciones del Alcalde. 21 L.P.R.A. sec. 3061(c).

      (2) Para efectos del Código Político, son carreteras estaduales los caminos y vías públicas construidos y entretenidos por fondos estaduales. Código Político, Art. 397 (3 L.P.R.A., see. 419).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Ernesto Pérez Rodríguez, etc., querellantes y recurridos, v. Puerto Rico Parking Systems, Inc., querellada y recurrente.

      Número: CE-87-289

      Resuelto: 20 de noviembre de 1987

      Ilka H. Díaz Delgado, abogada de la recurrente; Iván Ortiz Monroig, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso debemos resolver si el término de treinta (30) días que establece el Art. 16 de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. sec. 341o —término de carácter jurisdiccional, G.M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5, 7 (1983), dentro del cual el Secretario de dicho Departamento deberá “decidir la reconsideración solicitada”— se “interrumpe” por la acción afirmativa de D.A.C.O., tomada dentro del mencionado término, señalando para vista la referida moción de reconsideración. El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, resolvió en la negativa. Por las razones que pasamos a expresar, procede la revocación de dicha determinación.

p-H

El día 21 de septiembre de 1983, el Sr. Ernesto Pérez Rodríguez radicó querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor en la cual alegó el hurto de un vehículo de motor de su propiedad de un estacionamiento operado con fines de lucro por la querellada recurrente Puerto Rico Parking System, Inc. Contestada la querella y celebrada la correspondiente vista, el Departamento emitió resolución en la cual le ordenó a la querellada a satisfacerle al querellante, como indemnización por el hurto de su auto, la suma de $2,245.

Radicada en tiempo la moción de reconsideración por la parte querellada, el Departamento de Asuntos del Consumidor —mediante resolución al efecto y dentro del término de treinta (30) días desde la fecha de la radicación de la reconsideración— expresando que un “estudio del expediente a la luz de la Moción de Reconsideración hace necesario citar a las partes para discutir la misma”, declaró con lugar la moción de reconsideración radicada “a los s[o]los efectos de discutir la misma”. Exhibit 8, pág. 16. Procede que se enfatice, en adición, que en la mencionada resolución el Departamento hizo constar que dejaba “en suspenso” la resolución originalmente emitida mediante la cual había declarado con lugar la querella radicada.

La vista señalada por la referida agencia administrativa en relación con la reconsideración solicitada se llevó a efecto el 2 de abril de 1985. El 7 de mayo de dicho año, el Departamento emitió resolución mediante la cual declaró sin lugar la moción de reconsideración, dejando en su consecuencia en pleno vigor la resolución original impositiva de responsabilidad. El 22 de mayo de 1985, la querellada acudió en revisión judicial ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. En dicho recurso alegó, en lo pertinente, que D.A.C.O. había errado al imponerle responsabilidad, por cuanto el querellante no había probado la titularidad sobre el vehículo de motor hurtado y al evaluar la suma de dinero a que, en el supuesto de que el querellante fuera el dueño, éste tenía derecho.

El tribunal de instancia originalmente dictó sentencia declarándose sin jurisdicción por razón de que la moción de reconsideración había sido radicada por la querellada tardíamente ante el D.A.C.O. Aclarada satisfactoriamente dicha situación,() dicho tribunal, interpretando las disposiciones del citado Art. 16, expresó que de todas formas no tenía jurisdicción para entender en el recurso radicado por cuanto:

.. .el plazo que dispone la Ley Orgánica de DÁCO es un plazo para dicha agencia decidir en cuanto a la moción de reconsideración, y no para meramente señalar dicha moción. Como ya habíamos indicado en la Sentencia de 5 de marzo 1987, la Resolución de DACO de 28 de enero 1985 no decidió nada con relación a la moción de reconsideración, y en realidad lo único que hizo fue señalarla para vista el 2 de abril 1985. Resolvemos ahora que una Orden tal no tiene el efecto de interrumpir el plazo jurisdiccional pertinente, el cual expiró el mismo 28 enero 1985. Todas las actuaciones posteriores de DACO fueron sin jurisdicción, y el plazo para acudir al Tribunal en revisión que concede la misma Ley Orgánica de DACO venció el martes 12 de febrero de 1985. Cuando se presentó el recurso de revisión el 22 mayo de ese año el plazo claramente había vencido.
La parte querellada recurrente estaba representada por abogado durante los procedimientos ante DACO. No puede alegar que la Orden de DACO señalando la moción de reconsideración le haya causado confusión, ante el clarísimo lenguaje del Tribunal Supremo en GMODC v. DACO, supra, interpretando la naturaleza de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de DACO. (Énfasis suplido.) Exhibit 4, págs. 7-8.

Inconforme, acudió Puerto Rico Parking Systems, Inc., ante este Tribunal mediante la radicación del correspon-diente recurso de certiorari imputándole error al así decidir el foro de instancia. Mediante Resolución de 21 de mayo de 1987 le concedimos término, tanto al querellante Ernesto Pérez Rodríguez como al D.A.C.O., para mostrar causa:

...por la cual este Tribunal no deba expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el día 5 de marzo de 1987, por razón de que el señalamiento para vista que hiciera el Departamento de Asuntos dél Consumidor en relación con la Moción de Reconsideración que ante dicho Departamento radicara la parte aquí recurrente, interrumpió el término de treinta (30) días que dispone el Artículo 16 de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (3 L.P.R.A. sec. 341[o]).

El Departamento de Asuntos del Consumidor ha comparecido.() Resolvemos.

h-i I — I

El Art. 16 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 —Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor— establece:

Cualquier parte adversamente afectada por la decisión del Secretario, o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sección 341e de este título, en un procedimiento de naturaleza cuasi judicial o cuasi legislativa deberá, salvo en los procedimientos radicados por la Oficina de Asuntos Monopolísticos, solicitar dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de notificación de la decisión, la reconsideración del Secretario. El Secretario tendrá treinta (30) días para decidir la reconsideración solicitada, pasados los cuales, si no ha emitido su decisión se entenderá No Ha Lugar a la reconsideración solicitada, disponiéndose que el Secretario notificará tal hecho a la parte afectada. (Énfasis suplido.)()

Concedemos que una lectura literal de los términos en que está concebido el transcrito Art. 16 puede llevar a la interpretación restrictiva que del mismo realizó el tribunal de instancia; esto es, que el D.A.C.O. viene en la obligación de decidir definitivamente, dentro del término de treinta días, la reconsideración solicitada.

La misma, sin embargo, situaría a dicho organismo administrativo en una posición sumamente difícil. Debe tenerse conciencia de que se trata de una agencia ante la cual se radican miles de querellas, lo que requiere, a su vez, que ésta adjudique las mismas mediante la emisión de miles de decisiones. Por otro lado, como hemos visto, el citado Art. 16, supra, exige de la parte que pretenda revisar ante los tribunales la decisión emitida por el D.A.C.O. que radique una moción de reconsideración ante la agencia como condición para poder acudir en revisión judicial. Exigirle a D.A.C.O. que definitivamente resuelva las mociones de reconsideración dentro del referido término de treinta días constituye posiblemente pedirle que realice un imposible.

Somos del criterio que dicho organismo administrativo debe tener, al igual que los tribunales, la facultad de considerar (entertain) las mociones de reconsideración que a su juicio sean meritorias y de esta forma contar con más tiempo para resolver las mismas. En otras palabras, debe aplicarse a esta situación por analogía el principio contenido en la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 a los efectos de que si “se tomare alguna determinación en su consideración, el término... empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución... resolviendo definitivamente la moción de reconsideración”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

Como es sabido, nada impide que en casos apropiados se adopten normas de las Reglas de Procedí-miento Civil para guiar el curso del proceso administrativo cuando las mismas propicien una solución justa, rápida y económica de dichos procedimientos. Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228 (1974); Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717 (1961). Debe mantenerse presente que en todo proceso adjudicativo, sea éste de naturaleza judicial, administrativa o de cualquier otra índole, siempre debe prevalecer el propósito de hallar la verdad y hacer justicia a las partes. J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879 (1981).

De hecho, en G.M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., ante —caso en que resolvimos que el término de treinta días es uno de carácter jurisdiccional— intimamos la aplicabilidad por analogía de la citada Regla 47 de Procedimiento Civil a los efectos de que el referido término podía ser interrumpido si el D.A.C.O. tomaba alguna acción respecto a la moción de reconsideración radicada. A la pág. 9 de dicha decisión .específicamente expresamos que se entendería como una “denegatoria implícita de la solicitud de reconsideración si el Secretario no toma acción”. (Énfasis suplido.) Es de notarse que no exigimos que el Secretario decidiera en sus méritos la moción; resolvimos que la reconsideración se entendería denegada si no tomaba “acción” respecto a la misma.

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que el término de treinta (30) días que establecé el citado Art. 16 de la Ley Orgánica del D.A.C.O. se entiende interrumpido cuando dicho organismo administrativo toma acción afirmativa, dentro del referido término, que demuestra que dicha agencia ha acogido (entertained) la moción de reconsideración que se haya radicado en un caso en particular; en cuya situación, el mencionado término empezará a contarse nuevamente a partir de la fecha en que la agencia, mediante resolución al efecto, resuelva definitivamente la moción de reconsideración que acogió.

A los efectos de ilustración sobre cuándo se debe entender que el D.A.C.O. ha acogido la moción de reconsideración debe mantenerse presente lo expresado por este Tribunal, respecto a una moción de reconsideración bajo la referida Regla 47 de Procedimiento Civil, en Rodríguez Rivera v. Autoridad Carreteras, 110 D.P.R. 184, 187 (1980):

Procede, pues, definir qué contempla el acto judicial de tomar “alguna determinación al considerar la moción”. Es evidente, por disponerlo así la propia regla, que si el tribunal la rechaza con un mero no ha lugar, sin oír a las partes, se considera que la moción fue rechazada de plano. Ahora bien, si señala una vista para oír a las partes, ■ o se dirige a la parte adversa para que exponga su posición por escrito, o fundamenta su resolución declarando sin lugar la moción, se tendrá por interrumpido el término para apelar o solicitar revisión. Sin que pretendamos agotar la lista, éstas son propiamente actuaciones o determinaciones demostrativas de que el tribunal ha acogido la moción de reconsideración. (Énfasis suplido.)

I — I I — I I — I

En el presente caso, como hemos visto, el D.A.C.O. entendió que la moción de reconsideración que había radicado el aquí peticionario hacía “necesario citar a las partes para discutir la misma”. A esos efectos, y dentro del término de treinta días de haberse radicado la moción de reconsideración, expidió una resolución mediante la cual señaló una vista, dejando “en suspenso” su resolución original. Ello obviamente significa que el D.A.C.O. acogió la moción de reconsideración que radicara el peticionario. Quedó, en su consecuencia, interrumpido el referido término de treinta días, comenzando nuevamente a contar el mismo desde la fecha en que el D.A.C.O., mediante resolución al efecto, finalmente declaró sin lugar la reconsideración. Ello tiene la consecuencia de que el recurso de revisión judicial que radicara el peticionario ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, fuera radicado en tiempo.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de la dictada por el tribunal de instancia, devolviéndose el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

      (1) La misma fue aclarada, mediante documentación al efecto obrante en el expediente del caso pertinente a la agencia administrativa, por la parte querellada en una moción de reconsideración que ésta radicara ante el foro de instancia.

      (2) El D.A.C.O., en su comparecencia, se limita a señalarnos que el asunto a dirimirse en el presente recurso lo es “...el carácter, naturaleza y vigencia de los términos dispuestos en Ley para someter ante la Agencia, y ésta resolver las mociones de reconsideración ...”. Nos refiere a un alegato radicado por dicha agencia en otro recurso, actualmente pendiente ante el Tribunal.

      (3) 3 L.P.R.A. sec. 341o.


text:
    Orlando Cárdenas Maxán e Ivonne Hernández Díaz, etc., codemandantes y recurridos, v. José Rodríguez y Señora Fulana de Tal, y en representación de la Soc. de Gananciales que componen; E.L.A., codemandados y recurrentes.

      Número: RE-86-593

      Resuelto: 24 de noviembre de 1987'

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General y Anabelle Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogadas de los recurrentes; Freddy A. Sánchez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

No obstante haber expedido el auto de revisión que radicara el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de que revisemos en los méritos una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, mediante la cual se condenó al Estado a satisfacer a la parte demandante recurrida la suma de $238,371.75, nos vemos obligados a anular el auto expedido y devolver el caso al tribunal de instancia. Ello por razón de que: (1) la sentencia emitida por dicho foro no adjudica, en su parte dispositiva, todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones de todas las partes en el pleito, constituyendo la misma una sentencia parcial, no final, razón por la cual la misma no puede ser objeto de un recurso de revisión, y (2) aun cuando consideráramos el recurso radicado como uno de certiorari, procede la denegación del mismo por haber el Estado incumplido con el requisito de notificación según lo requiere la Regla 21(i) de nuestro Reglamento.

HH

Con motivo de unos daños que sufriera en un accidente, que ocurriera entre dos vehículos de motor en el kilómetro 29.3 de la Carretera Estatal Núm. 1, el codemandante recurrido Orlando Cárdenas Maxán() radicó una demanda de daños y perjuicios ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, contra el Sr. José Rodríguez Rodríguez, conductor del otro vehículo envuelto en el accidente, y contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se alegó en la referida demanda, en lo pertinente, que el accidente ocurrido se debió tanto a la negligencia del codemandado Rodríguez Rodríguez como a las condiciones deplorables en que se encontraba la mencionada carretera; esto es, la responsabilidad del codemandado Estado Libre Asociado tiene su base en las disposiciones del Art. 404 del Código Político de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 421.

El día de la vista en su fondo, 9 de junio de 1986, sucedió —de acuerdo a la “minuta” que recoge los procedimientos acaecidos en dicho día ante el tribunal de instancia— lo siguiente:

A la vista del caso señalada para hoy, compareció la parte demandante personalmente y representada por sus abogados Ledo. Freddie Sánchez Guardiola y Ledo. Félix Guardiola. El Ledo. Héctor Quijano en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Ledo. Sánchez Guardiola informa que el Sr. José Rodríguez Rodríguez se encuentra presente, será utilizado como testigo de la parte demandante. Hubo una transacción por la cantidad de $5,000.00, la misma se hizo libre de costas y gastos de honorarios de abogado, la acción sigue en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Lcdo. Raúl Olmo Olmo estuvo presente en Sala.
El Ledo. Quijano tiene objeción a que salga del pleito el Sr. José Rodríguez Rodriguez.
El Tribunal tiene por desistida la acción en contra del Sr. José Rodríguez Rodríguez.
Las partes argumentan sus posiciones. Se decreta un receso. Las partes se reunieron en Cámara.
Luego del receso, el Ledo. Quijano expone que se reitera en lo que planteó en Cámara en cuanto a la suspensión del caso.
El Tribunal le indica que la Moción de Suspensión fue declarada Sin Lugar con antelación al día de hoy. El caso está señalado para la vista en su fondo.
El Ledo. Quijano solicita reconsideración en cuanto a la suspensión del caso. Argumenta.
El Tribunal declara Sin Lugar el planteamiento. (Énfasis suplido.)

Durante el segundo día de juicio sucedió, en lo pertinente, lo siguiente:

A la Continuación de la Vista, compareció la parte demandante personalmente y representada por sus abogados Ledo. Freddie Sánchez Guardiola y Ledo. Félix Guardiola. La parte demandada, Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el Ledo. Héctor Quijano.
El Ledo. Quijano expone que es su deseo radicar demanda contr[& tjercero, radica en corte abierta el documento. (Moción, Demanda y Emplazamiento^])
El Ledo. Quijano argumenta su. Moción y el Ledo. Sánchez Guardiola su oposición.
El Tribunal determina que habiendo comenzado el juicio y por razón de conveniencia procesal se declara Sin Lugar la Moción de la parte demandada para radicar demanda contr[a t]ercero. (Énfasis suplido.)

Debe enfatizarse el hecho de que el tribunal de instancia no redujo a escrito su determinación teniendo por desistida a la parte demandante de su causa de acción contra el codemandado José Rodríguez Rodríguez. En la sentencia que dictara en el caso —de 10 de junio de 1986— el tribunal de instancia hizo constar, en la parte correspondiente a la relación del caso, lo siguiente:

La parte demandante radicó Demanda el día 8 de enero de 1985, contra José Rodríguez Rodríguez y su señora Fulana de Tal, por sí y en representación de la Sociedad de Bienes Gananciales que componen, y a Fulano de Tal en una acción civil de Daños y Perjuicios. El día [15] de abril de 1985 la parte demandante radicó Demanda Enmendada para incluir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en dicha acción civil de Daños y Perjuicios basada en el Artículo 1802 del Código Civil y el Artículo 404 del Código Político de Puerto Rico. (3 L.P.R.A. sección 442). En cuanto al codemandado, José Rodríguez Rodríguez, la parte demandante desistió volunta-riamente con perjuicio, mediante transacción al efecto. (Énfasis suplido.) Exibit I, pág. 2.

En la parte dispositiva de la citada sentencia, el foro de instancia únicamente adjudicó la reclamación de la parte demandante contra el codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico;() esto es, no hizo determinación alguna referente a la causa de acción que había radicado la parte demandante contra el codemandado Rodríguez Rodríguez, en relación con la cual en corte abierta había emitido el 9 de junio de 1986 una orden verbal de archivo por desistimiento.

Inconforme con la sentencia dictada, acudió ante este Tribunal el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el escrito de revisión que radicara el Estado le imputó al tribunal de instancia la supuesta comisión de ocho errores.()

Expedimos al auto mediante resolución de 10 de diciembre de 1986; ordenamos, posteriormente, la transcripción de los procedimientos acaecidos ante el tribunal de instancia. Mediante escrito de 16 de julio de 1987 que intitulara “Moción Informativa”, la Leda. Anabelle Rodríguez de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico nos informó que “[p]or inadvertencia de la abogada que suscribe el referido escrito [de revisión] no le fue notificado al licenciado Raúl Olmo Olmo, abogado del codemandado José Rodríguez” y que en dicho día le estaba notificando al referido abogado “copia de dicho escrito al igual que de los otros escritos sometidos por nosotros ante este” Tribunal. En vista de lo informado por el Procurador General, le concedimos término a dicho funcionario para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía desestimar el recurso radicado por falta de jurisdicción.

Dicha parte ha comparecido. En su comparecencia para mostrar causa, el Procurador General argumenta que “el efecto del acuerdo de transacción suscrito entre los demandantes y el señor Rodríguez” no pudo ser otro que ponerle fin “a la controversia o pleito existente entre éstos” y que, por consiguiente, “el señor Rodríguez, forzosamente [cesó] como codemandado y [salió] del pleito” como consecuencia de la orden verbal que emitiera el juez de instancia el 9 de junio de 1986; razón por la cual no tenía que ser notificado con copia del recurso que dicha Oficina radicara.

Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.()

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone:

Regla 39. Desistimiento y Desestimación de los Pleitos 39.1. Desistimiento
(a) Por el demandante; por estipulación. Sujeto a las disposiciones de la Regla 20.5, un demandante podrá desistir de un pleito sin orden del tribunal, (1) mediante la presentación de un aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción solicitando sentencia sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero, o (2) mediante la presentación de una estipulación de desistimiento firmada por todas las partes que hayan comparecido en el pleito. A menos que el aviso de desistimiento o la estipulación expusiere lo contrario, el desistimiento será sin perjuicio, excepto que el aviso de desistimiento tendrá el efecto de una adjudicación sobre los méritos cuando lo presentare un demandante que haya desistido anteriormente en el Tribunal General de Justicia, o en algún Tribunal Federal o de cualquier estado de los Estados Unidos, de otro pleito basado en o que incluya la misma reclamación.
(b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en la Regla 39.1(a), no se permitirá al demandante desistir de ningún pleito, excepto mediante orden del tribunal y bajo los términos y condiciones que éste estime procedentes. A menos que la orden especifique lo contrario, un desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio.

De acuerdo con la transcrita disposición, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico oponerse a la solicitud de desis-timiento que en relación con el codemandado Rodríguez Rodríguez hiciera la parte demandante, solamente procedía el desistimiento solicitado “mediante orden del tribunal y bajo los términos y condiciones que éste estime procedentes”. (Énfasis suplido.) Como hemos visto, el foro de instancia mediante orden verbal a esos efectos declaró con lugar la referida solicitud.

Al conceder la solicitud de desistimiento que hiciera la parte demandante relativa al codemandado Rodríguez Rodríguez, mediante “orden” al efecto, el tribunal de instancia obviamente tuvo la intención de ponerle fin a la reclamación entre dichas partes. Sabido es que el “término ‘sentencia’ ... incluye cualquier determinación del tribunal que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse o solicitarse revisión”. (Énfasis suplido.) Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 1979. Véanse, en adición: Sánchez v. Municipio de Cayey, 94 D.P.R. 92, 98 (1967); Torres Torres v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 277, 278 (1973); Gorbea v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 138, 144 (1975). El foro de instancia, sin embargo, no redujo a escrito su determinación a esos efectos; esto es, no plasmó por escrito su dictamen —ya fuera por sentencia, ya por “resolución”— decretando el archivo, por razón de desistimiento, de la reclamación radicada por la parte demandante contra el codemandado Rodríguez Rodríguez. Ello, naturalmente, impidió que se siguiera el trámite formal de archivo en autos dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. Gorbea v. Tribunal Superior, ante.

No podemos perder de vista, en adición, que tampoco se cumplió con las disposiciones de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil según ésta fuera interpretada en la decisión emitida por este Tribunal en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982), y reiterada en Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R. 406 (1982), y Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986). La misma, según interpretada, dispone:

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53.
En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa cómo se denomine, que adjudique menos del total de las reclamaciones o los derechos y obligaciones de menos del total de las partes, no terminará, el pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones o partes y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones de todas las partes. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.5.

El efecto neto o consecuencia de todo lo anteriormente expuesto es que el codemandado Rodríguez Rodríguez —no obstante la orden verbal que emitiera en corte abierta el juez de instancia el 9 de junio de 1986— continuó siendo parte en el pleito por cuanto no se dictó, conforme lo resuelto en el caso de Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara, Co., ante, sentencia parcial que pusiera fin a la reclamación que contra el codemandado Rodríguez Rodríguez había instado la parte demandante.

Rechazamos el argumento del Procurador General a los efectos de que una parte en un pleito “cesa” como tal y “sale” del mismo meramente porque se le informa al tribunal que ha habido un acuerdo de transacción en cuanto a la reclamación que concierne a dicha parte. Si es que se interesa que un dictamen de esta naturaleza pueda advenir final y firme, se requiere que haya no sólo una acción afirmativa del tribunal concediendo o aprobando la transacción, sino que ésta se plasme por escrito mediante la utilización del mecanismo de la sentencia parcial, que dicha sentencia cumpla con los requisitos exigidos en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., ante, y que, naturalmente, copia de la misma sea archivada en autos y notificada a todas las partes.

No habiéndose seguido dicho procedimiento, la orden o dictamen verbal emitida el 9 de junio de 1986 por el tribunal de instancia en el presente caso continuó sujeta a reconsideración por dicho foro hasta que se registrara “sentencia adjudicando todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones de todas las partes”. Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., ante.

Ello fue lo que pretendió hacer el tribunal de instancia al dictar la sentencia de 10 de junio de 1986. Esta sentencia, ¿adjudicó todas las reclamaciones y los derechos de todas las partes envueltas en el caso? La contestación a dicha interrogante resulta clave para la correcta solución del mismo. De ello efectivamente ser así, el codemandado recurrente Estado Libre Asociado venía —en cumplimiento de las disposiciones de la Regla 53.3 de Procedimiento Civil— en la obligación de notificar, so pena de desesti-mación del recurso por falta de jurisdicción, tanto a la parte demandante como al codemandado Rodríguez Rodríguez con copia del recurso de revisión que radicara ante este Tribunal dentro del término de sesenta días del archivo en autos de copia de la referida sentencia. Bajo dicha alternativa vendríamos en la obligación de decretar la desestimación del recurso por falta de jurisdicción en vista del hecho de que el codemandado Rodríguez Rodríguez no fue notificado en tiempo por el Procurador General con copia del recurso de revisión que radicó. Ello, naturalmente, tendría el efecto de hacer que dicha sentencia adviniera final, firme y ejecutable.

Por el contrario, de la sentencia en controversia no ser una que adjudique los derechos y reclamaciones de todas las partes, la misma constituiría una sentencia parcial, la “revisión” de la cual forzosamente se rige por las disposiciones de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, según ésta fuera interpretada por este Tribunal en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., ante. De cumplir la misma con lo resuelto en el citado caso de Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., ante, el recurso a interponerse sería, igualmente, el de revisión. De ello no ser así, el recurso apropiado a ser radicado hubiese sido el de certiorari.

I — I I — I

Una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en forma tal que no queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia.” Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., ante; Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977); Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955).

J. Guerra San Martín, en su libro Lecciones de Derecho Procesal Civil, Madrid, Universidad de Deusto, 1978, T. 1, pág. 223, al hablar sobre la estructura de las sentencias, nos dice que el “fallo... es la parte final de la sentencia, denominada así por la práctica española de iniciarse con la palabra ‘fallo’ o ‘fallamos’ (en los tribunales colegiados). En el fallo el juez resuelve el proceso, estimando o desestimando las pretensiones de las partes. Según el Art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el fallo debe ser claro, preciso y congruente con las pretensiones de las partes y al mismo tiempo debe resolver todas las cuestiones y pretensiones planteadas en el pleito,...”. Expresa adicionalmente el mencionado comentarista que: “En principio, para juzgar sobre la congruencia de una sentencia, es menester comparar los suplicos [sic\ de la demanda y contestación, con el fallo de la sentencia, lugares en que respectivamente las partes concretan sus peticiones y el Juez su decisión”. (Énfasis suplido.) Guerra San Martín, op. cit., pág. 223.

Una sentencia es distinguible de las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho del tribunal, aun cuando estas últimas se incorporen en el mismo documento con la sentencia. Regla 43.2 de Procedimiento Civil de 1959.() Véanse, en adición: 46 Am. Jur. 2d Judgements Sec. 4 (1969); Carolina Aluminum Co. v. Federal Power Com., 97 F.2d 435 (1938); Brady v. Interstate Commerce Commission, 43 F.2d 847, confirmada, 283 U.S. 804 (1930).() Las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho constituyen los fundamentos en que apoya el juez la sentencia que emite en el caso.

Es sólo la porción o parte dispositiva de la “sentencia” la que constituye la sentencia; los derechos de las partes son adjudicados, no mediante la relación de los hechos, sino únicamente mediante la parte dispositiva de la misma. 46 Am. Jur. 2d Judgements Sec. 78 (1969); Iowa Public Service Co. v. Sioux City, 254 Iowa 22, 116 N.W.2d 466 (1962);() Wolf v. Murrane, 199 N.W.2d 90, 95 (Iowa 1972); Peters v. Peters, 214 N.W.2d 154 (Iowa 1974). En otras palabras, es en la parte dispositiva de la sentencia donde se adjudican y determinan las controversias del caso y donde se definen los derechos de las partes. 49 C.J.S. Judgements Sec. 71 (1969); McGhee v. Leitner, 41 F. Supp. 674 (W.D. Wis. 1941); Standard Oil Co. v. Clark, C.C.A.N.Y., 163 F.2d 917 (2d Ct. 1947), cert. denegado 68 S. Ct. 901, 333 U.S. 873 (1947), 92 L. Ed. 1149.() Siendo ello así, la adjudicación expresa va por encima de, o controla, las meras relaciones de hecho. 49 C.J.S. Judgements Sec. 437 (1947); Standard Oil Co. v. Clark, ante.() En igual sentido se expresante. A. Wright, A. R. Miller y M. K. Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d, Sec. 2651() y 6A Moore’s Federal Practice Sec. 58.02 (2da ed. 1987).()

Esta doctrina es una firmemente establecida en la jurisdicción federal. Véanse: Standard Oil Co. v. Clark, ante; McGhee v. Leitner, ante. En McGhee v. Leitner, ante, pág. 676, citado con aprobación en Greater Anchorage Area Bor. v. City of Anchorage;( ) y en City and Bor. of Juneau v. Thibodeau,( ) se expresó lo siguiente:

The recital of facts in a decree is usual and proper, but the rights of the parties are adjudged not by the recital of facts, but solely by the decretal portion of the decree. It is this and this only that becomes the final judgement of the Court from which an appeal will lie. (Énfasis suplido.)

En iguales términos se ha expresado el Tribunal Federal del Circuito de Apelaciones para el Cuarto Circuito en Carolina Aluminum Co. v. Federal Power Commission:()

An order of the Commission is analogous to the judgement of a court; and it is well settled that [the] findings [upon which a judgement is based] constitute no part of the judgement itself even though incorporated in the same instrument.... “The judgement itself does not reside in its recitals, but in the mandatory portions.” (Énfasis suplido.)

Véase, además, Wilkins v. Couch, 10 F.R.D. 532, 533 (1950).() A los mismos efectos, en la esfera estatal, Iowa Public Service Co. v. Sioux City, ante;() Wolf v. Murrane, ante, y Peters v. Peters, ante.

> H-H

A la luz de la doctrina antes expuesta, no cabe duda de que estamos ante una sentencia parcial en el presente caso. Ello es así por cuanto la sentencia que emitiera el tribunal de instancia no adjudicó todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones de todas las partes en el pleito en su parte dispositiva, la cual, como hemos visto, es la única parte de la sentencia donde el tribunal dispone de y adjudica las reclamaciones, derechos y obligaciones de las partes en un pleito. En el caso de autos, la parte dispositiva de la sentencia dictada por el tribunal de instancia sólo adjudica la reclamación de la parte demandante contra el codemandado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico.( ) En dicha parte dispositiva no existe disposición alguna respecto a la reclamación de la parte demandante contra el codemandado Rodríguez Rodríguez. La única referencia a dicha reclamación, como hemos visto, aparece en la parte correspondiente a la relación del caso. No habiéndose dispuesto nada respecto a dicha reclamación en la parte dispositiva de la sentencia emitida, la misma permanece viva y pendiente de adjudicación.

Por otro lado, el tribunal de instancia al emitir la sentencia en controversia no cumplió totalmente con los requisitos establecidos en la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, según interpretados en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara, Co., ante.() Siendo ello así, dicha sentencia sólo sería revisable mediante recurso de certiorari, expedido a discreción de este Tribunal.

No obstante, en el caso ante nuestra consideración, nos vemos impedidos de así hacerlo. Como hemos visto, el Procurador General incumplió con el requisito de notificación del recurso a todas las partes, lo cual constituye una violación de las disposiciones de la Regla 21(i) — referente al recurso de certiorari— de nuestro Regla-mento()

Debe recordarse que en reiteradas ocasiones, In re Reglamento del Tribunal Supremo, 116 D.P.R. 670 (1985); Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 115 D.P.R. 428 (1984); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975), hemos apercibido y notificado a la clase togada sobre el estricto cumplimiento de las disposiciones reglamentarias sobre los recursos presentados ante este Tribunal.

Por las razones antes expresadas, y aun considerando el recurso radicado como uno de certiorari, nos vemos obligados a anular el auto expedido y devolver el caso al foro de instancia para que éste adjudique mediante senten-cia todas las reclamaciones, los derechos y obligaciones de todas las partes en el pleito.

Se dictará sentencia de conformidad.()

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

      (1) Componen la parte demandante, en adición, la Sra. Ivonne Hernández Díaz y la Sociedad Legal de Gananciales existente entre ésta y el codemandante Orlando Cárdenas Maxán.

      (2) “SENTENCIA
      “Se declara Con Lugar la Demanda enmendada y se condena a la parte demandada, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a pagar a los demandantes la suma de $238,371.75, la cual se distribuye como sigue:
      “1. Por daños y depreciación de la propiedad (Jeep) de los demandantes . $6,700.00
      “2. Por pérdida económica de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los demandantes . $5,709.00
      “3. Por lucro cesante de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los demandantes menos la deducción de $2,000.00 de conformidad con la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles . $29,920.00
      “4. Por daños físicos y mentales sufridos por el demandante, ORLANDO CARDENAS MAXAN, menos la deducción de $1,000.00 de conformidad con la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles . $26,500.00

        “5. Por daños físicos y mentales sufridos por la demandante, IVONNE HERNANDEZ DIAZ, menos la deducción de $1,000.00 de conformidad con la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles .. $249,000,00
      SUB-TOTAL . $317,829.00
      “6. Menos el veinticinco por ciento (25%) de negligencia comparada de los demandantes . $79,457.25
      TOTAL . $238,371.75
      “Se imponen las costas a la parte demandada Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se ordena que la presente sentencia se notifique al Departamento de Hacienda.
      “REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
      “En Caguas, Puerto Rico, hoy día 10 de junio de 1986.” Exibit I, págs. 15-16.

      (3) A saber:

        “Primer Error

      “Erró el Tribunal Superior al no suspender la celebración del juicio el primer día de la vista y al no permitirle al ELA traer como tercero demandado al Sr. José Rodríguez Rodríguez.

        “Segundo Error

        “Erró el Tribunal Superior al no imponerle responsabilidad alguna al Sr. José Rodríguez Rodríguez como único causante del daño o como cocausante del mismo.

        “Tercer Error

      “Erró el Tribunal Superior al conceder una partida por concepto de lucro cesante a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los demandantes ya que no se estableció mediante prueba fehaciente a esos efectos, que la capacidad productiva de la Sra. Hernández Díaz hubiera menguado como resultado directo del accidente sufrido.
      “En la alternativa se señala que de proceder tal partida erró el Tribunal Superior al hacer el cálculo correspondiente.

        “Cuarto Error

      “Erró el Tribunal Superior al concederle a los demandantes una partida, ascendente a $6,700.00 por concepto de los daños y depreciación sufridos por el auto propiedad de los demandantes, toda vez que no desfiló prueba en instancia sobre ese particular.

        “Quinto Error

      “Erró el Tribunal al valorar los daños sufridos por los demandantes toda vez que la cantidad otorgada no guarda relación con la prueba presentada y por ser exagerada.

        “Sexto Error

      “Erró el Tribunal Superior al concluir que el ELA le respondía a los demandantes bajo las disposiciones del Artículo 404 del Código Político y que a sentencias dictadas bajo dicho Artículo no le aplican los límites de cuantía de la Ley de Reclamaciones Contra el Estado.

        “Séptimo Error

      “Erró el Tribunal Superior al concluir que el ELA había renunciado a su inmunidad en cuanto al límite de la cuantía a concederse en el caso de autos.

        “Octavo Error

      “Erró el Tribunal Superior al concluir que las fotografías sometidas en evidencia por los demandantes probaron la existencia de hoyos y grietas en la Carretera P.R. 1, km 29.3; y al rechazar el testimonio del Sr. Héctor Delgado.” (Énfasis suplido.) Solicitud de Revisión, págs. 7-8.

      (4) La parte demandante recurrida, luego de nuestra resolución requiriendo del Procurador General que mostrara causa, ha solicitado la desestimación del recurso radicado.

        (5)“Regla U3.2. Declaración de hechos probados y conclusiones de derecho

      En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos probados y separadamente consignará sus conclusiones de derecho y ordenará que se registre la sentencia que corresponda-, _” (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (6)“A judgement is also distinct from the findings of a court, even though such findings are incorporated in the same instrument with the judgement.” (Citas omitidas.) 46 Am. Jur. 2d Judgements Sec. 4 (1969).

      (7) “In any event, it is only the decretal portion of the judgement that is operative as a judgement; the rights of the parties are adjudicated, not by the recital of facts, but solely by the decretal portion.” 46 Am. Jur. 2d Judgements Sec. 78 (1964).

      (8)“The judgement or decree does not reside in its recitals, but in the mandatory or decretal portion thereof, which adjudicates and determines the issues in the ease and defines and settles the rights and interests of the parties as far as they relate to the subject matter of the controversy.” (Citas omitidas.) 49 C.J.S. Judgements Sec. 71(a) (1947).

      (9) “Since, as is discussed, supra Sec. 71, a judgement rests on the mandatory parts thereof rather than on the recitals therein, express adjudication controls mere recitals.” (Escolios omitidos.) 49 C.J.S. Judgements Sec. 437 (1947).

      (10) “The terms ‘decision’ and ‘judgement’ are not synonymous under the federal rules. The decision consists of the court’s findings of fact and conclusions of law; the rendition of judgement is the pronouncement of that decision and the act that gives it legal effect.” (Citas omitidas.)

      (11)“The term ‘decision’ is sometimes applied to the findings of fact and conclusions of law, which the court is to make in a case tried without a jury, and as so used it is not a ‘judgement’ within the meaning of Rule 54(a).”

      (12)504 P.2d 1027, 1031 (1972).

      (13) 595 P.2d 626, 628 (1979).

      (14) 97 F.2d 435, 436 (1938).

      (15) “However, a judgement must make a final determination and disposition of the claim.... Rather than a final disposition of the case, the Court made findings of fact and tentative conclusions of law and these clearly do not constitute a judgement.”

      (16) Ver referencia exhaustiva de jurisprudencia en las págs. 468-469.

      (17) Ver nota (2).

      (18) Ibíd.

        (19)“Regla 21. Procedimiento en ‘certiorari’:

      “(i)' El peticionario notificará la petición de certiorari a todas las demás partes de la misma manera que para el recurso de revisión dispone la Regla 53.3 de Procedimiento Civil, y se certificará el hecho de la notificación en la propia petición al presentarla al Tribunal.” 4 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 21.

      (20) La norma que hoy adoptamos a los efectos de que es en su parte dispositiva donde las sentencias emitidas por los tribunales de instancia deben disponer de las reclamaciones, derechos y obligaciones de las partes envueltas en el pleito tendrá carácter prospectivo.