author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Geraldo Robles, c/p Gerardo Camilo Robles, demandante y peticionario, v. Hon. Mercedes Otero de Ramos, Superintendente Institución, demandada y recurrida; José A. Vega Pagán, peticionario, v. Deborah Gutiérrez, etc., recurridas.

      Números: CE-90-176 CE-90-243

      Resueltos: 6 de febrero de 1991

      Víctor M. Padilla Santiago, abogado del peticionario; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Anábelle Rodríguez y Sylvia Cando Bigas, Procuradoras Generales Auxiliares, en escrito para mostrar causa.

      Carlos A. Torres Jiménez, abogado del peticionario; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Anabelle Rodríguez y Sylvia Cando Bigas, Procuradoras Generales Auxiliares, en escrito para mostrar causa.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los recursos de epígrafe () plantean la interrogante de si los tribunales de instancia tienen facultad para determinar la paternidad de un menor dentro de una querella sobre reclama-ción de alimentos que ha sido radicada al amparo de las disposi-ciones de la Ley Uniforme de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos, (en adelante Ley Uniforme de Reciprocidad de 1956), 32 L.P.R.A. sec. 3311 et seq.( ) en situa-ciones en que el menor no ha nacido vigente el matrimonio de sus padres o no ha sido reconocido por el querellado con anterioridad a la radicación de la querella o no ha recaído una sentencia judicial previa —civil o criminal — () declarando al querellado padre del menor.

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A — Robles v. Otero de Ramos (CE-90-176)

El 16 de junio de 1988 la Sra. Marylin Sánchez, en represen-tación de su hijo menor de edad Derek Sánchez, radicó ante la Corte Superior de Bridgeport, Condado de Fairfield, estado de Connecticut, Estados Unidos de América, una demanda en recla-mación de alimentos contra el aquí peticionario Geraldo Camilo Robles, alegado padre del menor Derek Sánchez. Debido a que el peticionario Robles residía en Puerto Rico, el magistrado a cargo del caso ordenó la remisión de copia certificada de los autos del caso a la Oficina de Administración de Tribunales de Puerto Rico para que, conforme lo dispuesto en la antes citada Ley Uniforme de Reciprocidad de 1956, se presentara la correspondiente que-rella ante el tribunal con competencia en Puerto Rico.

A esos efectos, el 27 de julio de 1988 se presentó querella ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aibonito, por el Fiscal del mencionado distrito judicial. El peticionario Robles hizo caso omiso de varias citaciones expedidas por el mencionado foro judicial respecto a la querella de alimentos radicada. El tribunal de instancia, sin haber celebrado vista, declaró con lugar la querella sobre reclamación de alimentos, imponiéndole a éste el pago de la suma mensual de $419 por concepto de pensión alimenticia. Dicha sentencia fue notificada con fecha de 4 de octubre de 1988.

Según surge de los autos del caso, Robles nunca cumplió con la pensión alimenticia impuesta por el tribunal. Varias fueron las notificaciones escritas que se enviaron sobre los pagos adeudados y las consecuencias de su incumplimiento; varias, en adición, fueron las citaciones que se expidieron para que mostrara causa por la cual el tribunal no debería de hallarlo incurso en desacato. No habiendo logrado la comparecencia del peticionario Robles, () el tribunal de instancia con fecha de 18 de julio de 1989 emitió resolución y orden mediante la cual ordenó el arresto e ingreso del Peticionario en una institución penal hasta tanto satisficiera la suma de dinero “adeudada” por éste hasta ese momento por concepto de pensión alimenticia; esto es, la cantidad de $4,383.43.

Robles fue arrestado e ingresado en una institución penal. Con fecha de 24 de enero de 1990 radicó ante la Sala de Aibonito del Tribunal Superior de Puerto Rico una “Solicitud de auto de hábeas corpus” en la cual alegó, en síntesis, que su encarcelación era ilegal por razón de que él no tenía obligación alguna en ley de mantener al menor Derek Sánchez ya que él nunca había recono-cido a dicho menor ni había sido declarado padre del mismo. El tribunal de instancia, mediante sentencia de fecha 26 de enero de 1990 y sin celebrar vista alguna, declaró sin lugar el recurso de hábeas corpus radicado. Inconforme, compareció Geraldo Camilo Robles el día 27 de febrero de 1990 ante este Tribunal mediante “Solicitud de apelación y/o certiorari”. () Como expondremos en detalle más adelante, mediante Resolución de fecha 30 de marzo de 1990 le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual dicha sentencia no debía ser revocada. En la Resolución que a esos efectos emitiéramos, y en auxilio de nuestra jurisdicción, le fijamos una fianza de $150 al peticionario Robles para que pudiera permanecer en libertad en lo que se dilucidaba y resolvía el recurso que radicara.

B — Vega Pagán v. Gutiérrez (CE-90-243)

El día 6 de marzo de 1985 la demandante recurrida Deborah Gutiérrez presentó, en representación de su hija Jazmine Darlene Gutiérrez, demanda en reclamación de alimentos contra el aquí peticionario José Arnaldo Vega Pagán ante la Corte de Relaciones de Familia del Condado de Philadelphia, estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América. En vista de que Vega Pagán era residente de Puerto Rico, dicho tribunal dio traslado del asunto a la Oficina de Administración de los Tribunales en Puerto Rico para la acción correspondiente al amparo de las disposiciones de la citada Ley Uniforme de Reciprocidad de 1956. A esos efectos, el fiscal del distrito judicial de Guayama radicó la querella correspondiente ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama.

Señalada vista por el tribunal de instancia, el peticionario Vega Pagán le informó a dicho foro que él nunca había reconocido a la menor en controversia como su hija. En adición, informó que el asunto era objeto de una demanda de filiación que ante dicho mismo foro ya había radicado la demandante Gutiérrez en el año 1983, de donde surgía que la menor había nacido vigente el matrimonio de la demandante Gutiérrez con el Sr. José Torres Arroyo.

En vista a ello, el tribunal de instancia con fecha de 30 de mayo de 1985 dictó sentencia declarando sin lugar la querella en reclamación de alimentos radicada al amparo de la Ley Uniforme de Reciprocidad de 1956. El tribunal de instancia en esa misma fecha, en adición, dictó sentencia en el caso de la demanda de filiación decretando el archivo, sin perjuicio, de la misma por razón de que la demandante Gutiérrez se encontraba fuera de Puerto Rico y se hacía imposible continuar adelante con el asunto.

Transcurridos cuatro años, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, decidió reabrir, motu proprio, la querella en reclamación de alimentos que ante dicho foro había radicado la fiscalía en virtud de las disposiciones de la Ley Uniforme de Reciprocidad de 1956. Luego de varios trámites procesales, los cuales incluyen la celebración de una vista en la cual la represen-tación legal de ambas partes tuvieron la oportunidad de argumen-tar oralmente en favor de sus respectivas posiciones, el tribunal de instancia emitió resolución y orden. En la misma, en síntesis y en lo pertinente, dicho foro resolvió que tenía autoridad para continuar adelante con la reclamación de alimentos y que podía, dentro de dicha reclamación, hacer una determinación “previa” sobre la controversia de paternidad. A esos efectos, le concedió término “a la Procuradora de Relaciones de Familia” para que enmendara la querella radicada a los fines de incluir como parte al ex esposo de la demandante Gutiérrez, el Sr. José Torres Arroyo.

El peticionario Vega Pagán acudió, vía certiorari, ante este Tribunal imputándole error al foro de instancia al así actuar. () Mediante Resolución de fecha 30 de marzo de 1990, luego de consolidar los dos recursos, le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual

. . . este Tribunal no deba expedir los autos de certiorari radicados y dictar sentencia revocatoria de la emitida en el caso CE-90-176 por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aibonito, mediante la cual dicho foro declaró sin lugar la solicitud de hábeas corpus que ante el mismo radicara el peticionario Jeraldo Robles c/p Geraldo Camilo Robles; y dictar sentencia revocatoria de la resolución y orden emitida en el caso CE-90-243 por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, el día 27 de febrero de 1990. En específico, el Procurador General de Puerto Rico deberá ilustrar a este Tribunal en cuanto a la procedencia jurídica de una querella sobre reclamación de alimentos radicada al amparo de la Ley Núm. 71 de [20] de junio de 1956, según enmendada, (32 L.P.R.A. sec. 3311 y s.s.) en situaciones donde los hijos menores de edad a quienes se refiera la querella no han nacido vigente el matrimonio de sus padres o los mismos no han sido reconocidos por el querellado. En adición, el Procurador General deberá ilustrar al Tribunal sobre la interacción y aplicabilidad de la mencionada Ley 71 de 1956 con las disposiciones de la Ley Núm. 49 de [29] de septiembre de 1949 (32 L.P.R.A. secs. 3331 y 3332).

El Frocurador General de Fuerto Rico ha comparecido en cumplimiento de dicha Resolución mediante la radicación de una ilustrativa y bien fundamentada comparecencia. Resolvemos.

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De entrada, resulta necesario señalar que la justa y correcta solución de la interrogante planteada hace necesario el examen e interpretación de tres estatutos que el legislador ha tenido a bien promulgar en defensa de los seres más indefensos de nuestra sociedad, los niños menores de edad. Al hacerlo mantenemos presente que es nuestra obligación “‘armonizar hasta donde sea posible todas las disposiciones de ley envueltas con miras a lograr un resultado sensato, lógico y razonable que represente la intención del legislador. . Fernández v. Srio. de Hacienda, 122 D.P.R. 636, 647 (1988); Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 84 (1961).

1. La Ley Núm. 49 de 29 de septiembre de 1949( )

Mediante la citada Ley Núm. 49 (32 L.P.R.A secs. 3331 y 3332), la cual consta de dos artículos solamente, () el legislador tomó la iniciativa de conferirle facultad a los tribunales de instancia en nuestra jurisdicción para “obligar a la manutención de un hijo pobre que resida en los límites territoriales del tribunal en cualquier caso en que la persona legalmente responsable de tal manutención resida en un estado o territorio de los Estados Unidos que tenga leyes sustancialmente similares o recíprocas”; estableciendo, en adición, el procedimiento a seguir una vez radicada la petición de alimentos ante la corte local. 32 L.P.R.A. sec. 3331(1).

De la misma manera, mediante la referida Ley Núm. 49 se le otorgó poder a los tribunales locales a ordenar el pago de pensiones alimenticias en aquellos casos en que el menor de edad residiera en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos y radicare allí una reclamación de alimentos por sí mismo, o por conducto de un abogado o funcionario de tal estado o territorio, contra la persona legalmente responsable de proveer tales alimentos que fuera residente de Puerto Rico; confiriéndole autoridad al “fiscal del distrito” para iniciar y tramitar la querella correspondiente. 32 L.P.R.A. sec. 3331(2).

De particular importancia para la controversia ante nuestra consideración resulta ser lo dispuesto por el segundo artículo de la citada Ley Núm. 49 (32 L.P.R.A. sec. 3332). Mediante el mismo expresamente se estableció que las disposiciones de la Ley Núm. 49, ante, “no tendrán aplicación en aquellos casos en que la paternidad no haya sido previamente establecida”. Dicho de otra forma, en aquellos casos en que el menor no hubiera nacido vigente el matrimonio de sus padres, o no hubiera sido reconocido por el querellado, o no hubiera sido declarado hijo de éste en un procedimiento judicial anterior, el tribunal estaba impedido de continuar adelante con el procedimiento de alimentos recíprocos establecido por la Ley Núm. 49, ante.

2. La Ley Núm. 71 de 20 de junio de 1956 (Ley Uniforme de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos) ()

Siete años más tarde, y con el firme propósito de “mejorar y extender, por medio de legislación de reciprocidad, la ejecución de las obligaciones sobre alimentos y hacer uniforme la ley a ese respecto”, 32 L.P.R.A. sec. 3311, la Asamblea Legislativa promulga la referida Ley Núm. 71 de 1956. Según su historial legislativo, esta medida constituyó un esfuerzo del legislador por proveer una ley moderna y uniforme sobre reclamaciones de alimentos entre las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase Informe de la Comisión de lo Jurídico sobre el E de la C. 1427, 8 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), Parte II, pág. 591 (1956).

En la consecución de esos fines, la Ley Núm. 71 de 1956, ante, estableció un procedimiento encaminado a acelerar las reclamaciones de alimentos para beneficio de los alimentistas. La misma es de aplicación, al igual que la Ley Núm. 49 de 1949, ante, a todos aquellos casos en que el alimentante resida en Puerto Rico y el alimentista en alguno de los estados o territorios de los Estados Unidos y viceversa.

La referida Ley Núm. 71 de 1956, contrario a la citada Ley Núm. 49 de 194.9, guardó silencio en torno a si sus disposiciones eran de aplicación a aquellos casos en que el menor no había nacido vigente el matrimonio de sus padres, o no había sido reconocido por el querellado, o no había sido declarado hijo de éste anteriormente por tribunal competente. Es decir, nada se dispuso expresamente sobre si los tribunales podían hacer, o no, determinaciones sobre la paternidad de los menores dentro del procedimiento de reclamación de alimentos.

Si se hizo constar en la referida Ley Núm. 71 de 1956 que los remedios en ella provistos eran “en adición a los ya existentes y no en sustitución de éstos”, 32 L.ER.A. sec. 3311b, disposición que obviamente se refiere a la Ley Núm. 49 de 1949, ante. En vista de ello —y de que como expresáramos anteriormente que la citada Ley Núm. 49 exceptuaba expresamente de su aplicación aquellos casos en que la paternidad no había sido previamente establecida y que dicha Ley Núm. 49 no había sido expresamente derogada— los tribunales de instancia “adoptaron” la práctica de abstenerse de entender en querellas bajo la referida Ley Núm. 71 de 1956 en las cuales la paternidad de los menores estuviera en controversia.

3. La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986 (Ley Especial de Sustento de Menores) ()

Mediante la llamada Ley Especial de Sustento de Menores el legislador, en adición a establecer un “procedimiento expedito” para acelerar y agilizar las reclamaciones sobre alimentos, enmendó la citada Ley Núm. 71 de 1956, haciendo más abarcadora a ésta, y fortaleciendo la misma con el propósito de facilitar el procedimiento de determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimenticias que se tramitan mediante el procedimiento de alimentos recíprocos. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, Leyes de Puerto Rico, pág. 750.

La Sec. 37 de la citada Ley Núm. 71 de 1956, luego de la enmienda de que fue objeto por la referida Ley Núm. 5 de 1986, faculta al tribunal para hacer “determinaciones sobre la paternidad del alimentista, conforme se provee en las secs. 512 y 517 del Título 8, parte de la Ley Especial de Sustento de Menores”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. sec. 3313bb (Sup. 1989).

Establece, por su parte, la mencionada Sec. 512 del Título 8 de L.P.R.A., en lo pertinente, que el “examinador” que crea la Ley Especial de Sustento de Menores, ante —el cual tiene facultad para hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho y hacer recomendaciones al tribunal— tendrá autoridad para “[a]ceptar el reconocimiento voluntario de la paternidad del alimentista hecho por el demandado o promovido bajo juramento, así como el reconocimiento voluntario de la obligación de alimentar y las estipulaciones o acuerdos que establecen el monto de las pensiones alimenticias a pagarse”, (énfasis suplido) 8 L.P.R.A. sec. 512(2)(b), mas no para “considerar controversias contenciosas sobre la paternidad, custodia, o patria potestad, las relaciones paterno o materno filiales o sobre cualesquiera otras controversias complejas”, (énfasis suplido) 8 L.P.R.A. sec. 512(2)(e).

Como si ello no estuviere lo suficientemente claro, a esos mismos efectos dispone la citada Sec. 517 del Título 8 de L.P.R.A., en sus incisos (3)(a) y (3)(b), que:

(3)(a) Cuando haya reconocimiento voluntario de paternidad el Examinador recomendará se dicte una sentencia a esos fines estableciendo la paternidad del alimentista, así como el monto de la pensión alimenticia a ser fijada.
(b) El Examinador no tendrá autoridad para determinar la controversia de la paternidad en aquellos casos en que el promo-vido niegue la paternidad, o se le anote la rebeldía por incomparecencia, luego que el Tribunal ha adquirido jurisdicción sobre su persona, o cuando se impugne el reconocimiento de la paternidad. Estos casos serán referidos por el Examinador para el trámite judicial ordinario.
Los casos en que la determinación de la paternidad del menor está en controversia se exceptúan de la aplicación de las disposi-ciones sobre procedimiento expedito. (Enfasis suplido.)

III

Los peticionarios sostienen la posición de que, bajo la legislación antes reseñada, una vez el querellado demuestra a satisfacción del tribunal la existencia de controversia sobre la paternidad del niño, el tribunal viene obligado a desestimar la querella en reclamación de alimentos radicada al amparo de las disposiciones de la citada Ley Núm. 71 de 1956. En otras palabras, entienden que nuestros tribunales de instancia única-mente pueden actuar al amparo de las disposiciones de la men-cionada Ley Núm. 71 cuando la paternidad del niño para el cual se reclaman dichos alimentos no esté en controversia; ya porque dicho niño hubiese nacido vigente el matrimonio de los padres, ya por razón de haber sido anteriormente reconocido por el querellado, ya por el fundamento de haber sido declarado hijo de éste por tribunal competente, ya porque el querellado, al ser citado bajo las disposiciones de la mencionada Ley Núm. 71, voluntariamente reconoce al niño como su hijo. Les asiste la razón. Sostener lo contrario constituiría un ejercicio legislativo por parte del foro judicial por cuanto, como pudimos notar, la citada legislación expresamente prohíbe que los tribunales entren a considerar controversias de índole filiatoria al amparo de la misma.

El Procurador General de Puerto Rico, no obstante aceptar en su fundamentada comparecencia que esa posición es una que resulta ser correcta a la luz de un análisis de la legislación antes reseñada, nos “invita” a que —“en aras de la economía procesal, y tomando en consideración el alto interés del Estado en que tanto las controversias paterno-filiales como las cuestiones sobre alimentos de menores sean resueltas prontamente para beneficio de los menores abandonados” (Escrito para mostrar causa, pág. 14)— consideremos la adopción de una. alternativa intermedia: la de que en lugar de que se decrete la desestimación del procedimiento de alimentos incoado, se ordene la paralización de la determinación sobre alimentos en lo que se dilucida la controversia sobre la paternidad en un procedimiento civil sui géneris de filiación. ()

No hay duda alguna respecto al hecho de que los casos de alimentos de menores, así como los que plantean controversias paterno-filialesféstán revestidos del más alto interés público. Así lo hemos resuelto en reiteradas ocasiones. López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 60 (1988); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Robles López v. Guevarez Santos, 109 D.P.R. 563 (1980).

Ello no obstante y aun cuando, de primera intención, la alternativa propuesta por el Frocurador General parece ser una altamente meritoria, un examen detenido de la misma revela múltiples razones por las cuales nos vemos obligados a rechazar dicha alternativa o curso de acción. En primer lugar, resulta relevante destacar el hecho de que toda la legislación referente a la reclamación de alimentos recíprocos vigente en las distintas jurisdicciones estatales norteamericanas —la nuestra, inclusive— se apuntala en, o parte de la premisa de, que el querellado o demandado efectivamente es el padre del menor para el cual se reclaman los alimentos. Véanse 32 L.P.R.A. secs. 3311a(6) y 3332; 32 L.P.R.A. sec. 3313bb; 8 L.P.R.A. secs. 512 y 517. Sólo así se justifica, y sostiene, el procedimiento sumario ex parte que se establece en dicha legislación para el cobro de dichos alimentos; el cual se inicia, y se le da curso, con la mera cumplimentación, .y radicación, de una querella ante tribunal competente.

En segundo lugar, no puede perderse de vista que las reclamaciones de alimentos recíprocos que se radican ante los tribunales de instancia, bajo la citada Ley Núm. 71 de 1956, precisamente provienen de niños, y sus respectivas madres, que residen de ordinario en forma permanente fuera de Fuerto Rico; promoventes que, naturalmente, han demostrado interés en la radicación del procedimiento ex parte sumario de reclamación de alimentos pero que no necesariamente pueden tener interés en verse envueltos en un dificultoso, complejo y contencioso litigio de filiación. La adopción, como norma, de la alternativa propuesta por el Procurador General seguramente desembocará en la congestión de los calendarios de los tribunales de instancia con un sinnúmero de casos en que la “parte demandante” —la cual, a pesar de haberse “sometido” a la jurisdicción del tribunal, reside fuera de los límites territoriales de Puerto Rico— no tenga genuino interés o deseo de cooperar en el procedimiento de filiación decretado. Aún en aquellas situaciones en que dicha parte efectivamente sí tenga ese interés y deseo de cooperación, fácil es imaginar los problemas, de índole práctico, que pueden surgir en esta clase de situaciones. Meramente, a manera de ejemplo, señalamos las dificultades inherentes, por razón de los domicilios distintos de las partes, respecto a la utilización, y realización, de los mecanismos de descubrimiento de prueba, exámenes de serología,() etc.; procedimientos que el debido proceso de ley le garantiza al demandado. No debe olvidarse, por otro lado, que las dificultades resultantes de llevar a feliz término dichos proce-dimientos son unas con las cuales tendrían que lidiar no sólo los tribunales de instancia sino que los funcionarios correspondientes del Departamento de Justicia que, bajo el esquema propuesto por el Procurador General, actuarían como representantes legales de los “demandantes”.

Por último, somos del criterio que la propuesta alternativa del Procurador General —vis-á-vis, la desestimación sin perjuicio de la querella en reclamación de alimentos recíprocos y la posterior y voluntaria radicación de una demanda civil ordinaria de filia-ción— necesariamente no resulta en una notable “economía procesal” ni en la “aceleración”, en forma significativa, de los procedimientos. Ello así por cuanto, de todas maneras, la querella en solicitud de alimentos originalmente radicada tendría que obligatoriamente ser adecuadamente enmendada y nuevamente notificada al “demandado”. Dicha situación, a nuestra manera de; ver las cosas, requeriría el mismo esfuerzo y tiempo que la radicación separada posterior de una demanda civil ordinaria de filiación.

No creemos, en resumen, que la alternativa que propone el Procurador General de Puerto Rico en su comparecencia sea una conducente, o ayude, a una eficiente y sana administración de la justicia. Resolvemos, en consecuencia, que cuando nuestros tribunales de instancia se enfrenten —en relación a un procedimiento de reclamación de alimentos recíprocos incoado bajo las disposiciones de la Ley Núm. 71 de 20 de junio de 1956, según enmendada, ante— a la situación en que la paternidad del menor es objeto de controversia, dichos foros deberán decretar la desestimación, sin perjuicio, de la referida querella. La parte promovente siempre podrá, mediante la radicación de una demanda civil ordinaria de filiación, vindicar sus derechos.

IV

Independientemente de la existencia de otros posibles funda-mentos, lo expuesto dispone, naturalmente, de los dos recursos ante nuestra consideración. Como surge de la relación de hechos que hiciéramos al comienzo de la ponencia, en ambos casos la paternidad de los menores de edad, para los cuales se reclaman alimentos, efectivamente está en controversia. En consecuencia, y acorde con lo antes expuesto, los tribunales de instancia cometie-ron error al originalmente no ordenar la desestimación, sin perjuicio, de las querellas en reclamación de alimentos radicadas, en ambos casos, al amparo de las disposiciones de la citada Ley Núm. 71 de 10 de junio de 1956.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Los mismos fueron consolidados mediante Resolución que emitiéramos el 30 de marzo de 1990.

      (2) Ley Núm. 71 de 20 de junio de 1956.

      (3) Como es sabido, en adición al procedimiento judicial civil ordinario de la acción filiatoria, la paternidad de un menor puede ser adjudicada en nuestra jurisdicción dentro de un procedimiento criminal por incumplimiento de la obligación alimenticia. 33 L.P.R.A. sec. 4241; Poll Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978); Román v. Fattah, 109 D.P.R. 493 (1980).

      (4) Procede que se señale que el peticionario Robles nunca pudo ser citado personalmente. Las citaciones fueron “diligenciadas” por conducto de familiares de éste.

      (5) En el recurso que radicara plantea:
      “a) Erró el Honorable Tribunal al dictar sentencia en el caso RF-88-438, sin antes probar que el peticionario era el padre del menor ya que de la misma Querella, surge que el menor no tiene el apellido de él y sí el de la madre Marilyn Sánchez, y el nombre del menor es Derek Sánchez y que también el nombre del peticionario no estaba correcto en la Querella ni en las citaciones por lo que hay que concluir que la Querellante no tenía una información correcta del peticionario.
      “b) Erró el Honorable Tribunal, al entender que porque en la Querella se le reclamaría alimentos al peticionario Jeraldo Robles, está obligado a alimentar el menor sin haberlo reconocido lo que es contrario al derecho Vigente de Puerto Rico, ya que tanto el Código Civil de Puerto Rico, como el Código Penal de Puerto Rico, tienen artículos para que se pruebe la paternidad del padre de un menor y luego se le imponga la pensión alimenticia.
      “e) Erró el Honorable Tribunal, al declarar No Ha Lugar la Solicitud de Auto de H[á]beas Corpus, sin celebrar vista negándole al peticionario el derecho constitucional a una vista para probar que no ha reconocido al menor o sea el debido proceso de Ley.
      “d) Erró el Honorable Tribunal al declarar No Ha Lugar la Moción Informativa y Solicitud de Rebaja de Pensión Alimenticia o Que Se Deje Sin Efecto, sin celebrar una vista negándole al peticionario el debido proceso de Ley y manteniéndolo encarcelado ilegal-mente.” Solicitud de apelación y/o certiorari, págs. 3-4.

      (6) En el recurso que radicara plantea:
      Primer error: “Erró el Honorable Tribunal Superior, al dejar sin efecto su Resolución del 30 de mayo de 1985 declarando ‘NO HA LUGAR’ la querella de alimentos recíprocos en el caso que motiva este recurso, reconsiderando así su Resolución final y firme de 30 de mayo de 1985.”
      Segundo error: “Erró el Tribunal Superior, Sala de Guayama, al permitir que en un recurso especial de alimentos recíprocos se ventilen asuntos sobre impugnación de paternidad legítima y filiación forzosa de paternidad extramatrimonial.” Petición de certiorari, pág. 4.

      (7) La Ley Núm. 49 de 29 de septiembre de 1949 no tiene, como tal, “título”. Ello no obstante, se hizo constar en la misma que el propósito del estatuto es: “Conferir Jurisdicción y Poderes Adicionales a los Tribunales y las Cortes de Distrito, las Cortes para Niños y las Cortes Municipales de Puerto Rico en ciertos Procedimientos sobre Reclamaciones de Alimentos”. 32 L.P.R.A secs. 3331 y 3332.

      (8) Estas secciones del Código de Enjuiciamiento Civil no fueron expresamente derogadas por la Regla 72 de las originales Reglas de Procedimiento Civil de 1958. Aspectos “formales” de las mismas fueron enmendados por la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 et seq.) y por la Ley Núm. 113 de 25 de abril de 1950 (32 L.P.R.A sec. 3331).

      (9) 32 L.P.R.A. sec. 3311 y ss. Esta ley tampoco fue expresamente derogada por la Regla 72 de las originales Reglas de Procedimiento Civil de 1958 (32 L.P.R.A. Ap. II). La misma, como veremos más adelante, fue sustancialmente enmendada en el año 1986.

      (10) 8 L.P.R.A sec. 501 y ss.

      (11) En apoyo de su “sugerencia”, el Procurador General llama nuestra atención hacia las disposiciones de la Regla 14.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), la cual dispone que:

        “Cuando se tratare de una reclamación que dependa para su ejercicio de que otra reclamación sea proseguida hasta su terminación, dichas dos reclamaciones podrán acumularse en el mismo pleito. El tribunal no resolverá la reclamación contingente hasta tanto se resuelva la reclamación principal.” (Enfasis suplido.)

      (12) La simple coordinación de un examen de esta naturaleza —y la garantía de confiabilidad de las muestras tomadas y el resultado del mismo— pueden convertirse en un obstáculo insalvable.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Gladys Torres González, demandante y recurrida, v. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, etc., demandados y peticionarios.

      Números: CE-89-536 CE-89-541

      Resueltos: 8 de febrero de 1991

      Rafael Machargo Chardón, Eileen Herrero Lorenzo y Néstor Barbosa Vargas, abogados de los peticionarios; Mario L. Paniagua, abogado de la recurrida; Rafael G. Rocher y José Luis González Castañer, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión - del Tribunal.

Bajo la Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal (en adelante Ley S.I.N.O.T.),() ¿tiene la mujer embarazada que padecer una condición incapacitante para ser acreedora a recibir sus beneficios durante todo el período de descanso provisto por la ley para la protección de madres obreras? ()

J-H

La Sra. Gladys Torres González, Secretaria, ingresó en el Hospital de Damas de Ponce el 9 de febrero de 1986 y dio a luz al otro día. () No se reintegró a sus labores hasta el 11 de marzo de 1986, esto es, veintinueve (29) días después. Reclamó bajo la Ley S.I.N.O.T. La Cooperativa de Seguros de Vida (en adelante C.o.S.Vi.) le suministró al médico de la señora Torres González, Dr. Armando J. Collazo Leandry, un documento intitulado “Cer-tificación Médica por Incapacidad bajo la Ley 139 de 1968”, para que le aclarase si ella se había ausentado de su empleo por haberse acogido a la licencia de maternidad concedida por la ley para la protección de madres obreras, Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 467-474, o si se debía a un padecimiento de alguna condición médico-quirúrgica que le hubiese provocado una “gravidez patológica incapacitante”. El doctor Collazo Leandry cumplimentó el documento y marcó el encasillado correspondiente a “Período de Descanso, Ley #3 de 1942”. Apéndice, pág. 13. A base de esa certificación, C.o.S.Vi. le negó los beneficios de la Ley S.I.N.O.T. Sin embargo, después reconsideró y le envió un cheque por $118.49 que cubría un período de incapacidad comprendido entre el 9 de febrero y el 22 de febrero de 1986.

Insatisfecha, la señora Torres González objetó. Luego de varias comunicaciones, C.O.S.Vi. le informó que le habían pagado sólo dos (2) semanas después del alumbramiento, pues la Ley Núm. 3, supra, “limita (sic) a la trabajadora hasta dos semanas para retornar a su trabajo luego del parto, durante el período de descanso”. (Énfasis en el original.) Apéndice, pág. 18. Se funda-mentó en la certificación negativa del doctor Collazo Leandry de que ella no se hallaba incapacitada, sino disfrutando de su período de descanso por maternidad. Según C.O.S.Vi., pasadas las dos (2) semanas después del parto no tenía derecho a recibir los benefi-cios prescritos en la Ley Núm. 38 de 28 de junio de 1985, que enmendó la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 201 et seq.

Inconforme, apeló al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Secretario del Trabajo) y planteó que bajo la Ley S.I.N.O.T. —en virtud de la enmendatoria Ley Núm. 38, supra— tenía automáticamente derecho a recibir la compen-sación por todo el tiempo que estuvo fuera de su trabajo. El Secretario del Trabajo dictaminó en su contra. Concluyó que el período de descanso bajo la ley para la protección de madres obreras era “compensable . . . siempre y cuando la mujer esté inhabilitada para desempeñar sus labores”. Apéndice, pág. 15. En revisión, el Tribunal Superior, Sala de Ponce (Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez), revocó. Resolvió que “una madre obrera tiene derecho a recibir los beneficios provistos por la Ley Núm. 38 durante su período de descanso por maternidad sin que sea necesario que padezca de condición incapacitante alguna, bas-tando meramente con que acredite que en efecto está haciendo uso de dicho descanso”. Apéndice, pág. 12.

A solicitud del Secretario del Trabajo y de Co.S.Vi. acordamos revisar. Autorizamos la comparecencia, como amicus curiae, de la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico (A.C.O.D.E.S.E.).

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La Ley S.I.N.O.T. estableció un seguro para cubrir el riesgo por incapacidad no ocupacional y sustituir la pérdida de salarios ante esa eventualidad. () Por la estrecha interrelación, la estabilidad del plan público depende de aquellos administrados por el sector privado, y viceversa.

Desde su origen esta pieza legislativa tuvo el propósito de proteger a los obreros “contra la pérdida de salarios en caso de incapacidad que no esté relacionada con el empleo”. Se definía “incapacidad” como la inhabilidad por lesión o enfermedad para desempeñar los deberes de su empleo”. (Énfasis suplido.) 11 L.P.R.A. sec. 202(g). El embarazo no estaba incluido y era considerado una limitación para recibir beneficios. Ninguna mujer era elegible para sus beneficios, excepto durante cualquier pe-ríodo que ocurriera al finalizar el embarazo y sólo después de regresar al trabajo. 11 L.P.R.A. sec. 203(g)(2).

Esta situación subsistió hasta que la Ley Núm. 191 de 26 de julio de 1979 reconoció que el embarazo podía ser incapacitante. Se redefinió el término así:

“Incapacidad” con respecto a un trabajador quien está empleado significa su inhabilidad por lesión, enfermedad o embarazo para desempeñar su trabajo habitual o cualquier otro trabajo. (Enfasis suplido.) 11 L.P.R.A. sec. 202(g).

Aparte de incorporarse el embarazo a la definición de incapacidad, la enmienda también restringió este último concepto. Ahora, la incapacidad debe ser de tal naturaleza que inhabilite para trabajar totalmente, no tan sólo para realizar sus labores usuales. Esto es, el impedimento también deberá ser respecto “cualquier otro trabajo”. () Véase Informe de la Comisión de Trabajo del Senado sobre el E del S. 1073, pág. 4.

Aunque el embarazo per se dejó de ser una limitación para recibir los beneficios de la Ley Núm. 139, supra, el Art. 2(g)(2) de la Ley Núm. 191 de 26 de julio de 1979 (11 L.P.R.A. sec. 203(g)(2)) dispuso que ninguna mujer sería elegible durante cualquier período de incapacidad causada por o en relación con un aborto, excepto en casos provocados por razones médicas o si surgieren complicaciones como resultado del mismo. Además, laLey Núm. 191, supra, prohibió la duplicidad de beneficios, a saber, cuando una mujer incapacitada por embarazo recibiera simultáneamente compensación en virtud de la ley para la protección de madres obreras. En esas circunstancias proveyó:

No se pagarán beneficios por incapacidad en cualquier período durante el cual una empleada incapacitada debido a su embarazo esté recibiendo beneficios bajo la ley para Proteger a las Madres Obreras (Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada), excepto que dicho pago sea menor que el beneficio por incapacidad que se le pagaría bajo esta ley, en cuyo caso la empleada tendrá derecho a recibir, en adición, la diferencia resultante en concepto de beneficio por incapacidad. 11 L.P.R.A. sec. 203(i). 1979 Leyes de Puerto Rico 558, 568.

Así las cosas, en 1985 la Ley Núm. 38, supra, incluyó bajo el tópico Cantidad de beneficios un nuevo inciso que dispuso:

Cuando una trabajadora se incapacite por embarazo recibirá los beneficios provistos en la cláusula (1), inciso (d) de esta sección. Disponiéndose, sin embargo, que los beneficios por incapacidad temporera pagaderos por cualquier período durante el cual la empleada incapacitada por embarazo reciba beneficios bajo la Ley para Proteger a las Madres Obreras, sees. 467 a 474 del Título 29, consistirán en la diferencia entre los beneficios pagados bajo dicha ley y el setenta y cinco (75) por ciento de su salario semanal. La suma entre el beneficio pagado por el patrono bajo las disposiciones de la Ley para Proteger a las Madres Obreras y el beneficio pagadero bajo esta cláusula, no podrá ser menor del beneficio semanal que le correspondería a la trabajadora bajo las disposicio-nes de la cláusula (1) de este inciso. (Énfasis suplido.) 11 L.P.R.A. sec. 203(d)(2).

No obstante esta trayectoria legislativa y lenguaje expreso, el ilustrado tribunal de instancia resolvió que el derecho “a recibir el 25% adicional al cual se refiere la Ley Núm. 38 es independiente a la existencia de condición incapacitante alguna, bastando, para que haya tal derecho, el que la madre obrera se encuentre disfrutando del descanso por maternidad establecido por la Ley Núm. 3”. Apéndice, pág. 10. Dicho foro basó su interpretación en la Ley Núm. 3 para la protección de madres obreras, en informes legislativos, en la Ley Núm. 38, supra, () y en la “letra clara de su Exposición de Motivos”:

Es un hecho evidente que durante el descanso por maternidad la mujer, o en su defecto el esposo, se ven obligados a incurrir en una serie de gastos que agravan su situación económica de forma más aguda que bajo condiciones normales. Es precisamente durante ese período que el ingreso de las empleadas que laboran en la empresa privada se ve reducido a por lo menos la mitad de lo que reciben bajo condiciones normales.
El propósito de la presente medida es aliviar un poco más la posición económica de las madres obreras que laboran en la empresa privada proveyendo un beneficio semanal adicional con cargo al Fondo por Incapacidad creado por la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, enmendada, de forma tal que se le garantice por lo menos el setenta y cinco (75%) de su salario, sueldo, jornal o compensación, durante el período de descanso por maternidad a los fines de mitigar en parte los efectos negativos de la pérdida de salarios durante dicho período de descanso, sin adicionar carga económica alguna a los patronos. (Enfasis suplido.) 1985 Leyes de Puerto Rico 48-49.

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Erro. Su decisión es contraria al estatuto y a las normas de hermenéutica aplicables.

De entrada una aclaración. No se discute —así lo aceptan las partes y el tribunal— que hasta la aprobación de la Ley Núm. 38, supra, la incapacidad de la empleada embarazada era requisito sine qua non para poder recibir beneficios. La controversia ante nos, pues, se limita a decidir si dicha ley alteró esa situación. Veamos.

Si bien en sus inicios la Legislatura apuntaló el período de descanso de ocho (8) semanas de la ley para la protección de madres obreras en “una presunción de incompetencia física total”, ese enfoque fue variado en la Ley Núm. 20 de 5 agosto de 1975, enmendatoria de la See. 6 de la Ley Núm. 3, supra, 29 L.P.R.A. sec. 471. Hoy la política pública es considerar que existe incapacidad absoluta (total) para trabajar sólo una (1) semana antes del embarazo y dos (2) semanas después. 29 L.P.R.A. sec. 471. Así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 20, supra, que en lo pertinente dispuso:

. . . Habiéndose establecido ya por las autoridades médicas que cada preñez es un asunto individual se enmienda esta ley a los efectos de que sea optativo para la obrera en estado grávido escoger hasta cuatro semanas de descanso prenatal o sólo la última semana antes del alumbramiento extendiéndose las otras semanas de descanso prenatal a que tiene derecho al descanso post-partum, y pudiendo también optar por regresar a su trabajo dos semanas después del parto, siempre que presente certificación médica acreditativa de que está en condiciones de trabajar hasta una semana antes del parto, o dos semanas después de éste, según sea el caso. (Énfasis suplido.) 1975 Leyes de Puerto Rico 731-732.

Esta realidad científica, de la cual se hizo eco la Asamblea Legislativa, sirvió de base para la interpretación del Secretario del Trabajo de 23 de septiembre de 1986. Dicho funcionario se expresó así:

En cuanto al concepto de incapacidad que la Ley establece en su Sección 2(g), debe quedar claro que incapacidad con respecto a un obrero quien está empleado, significa su inhabilidad por lesión, enfermedad o embarazo para desempeñar su trabajo habitual o cualquier otro trabajo. En otras palabras, debe haber incapacidad para trabajar por cualquier de las antes mencionadas razones.
Este Departamento interpreta que las condiciones resultantes de un embarazo y en ocasiones las mismas circunstancias del emba-razo, pueden provocar que una mujer se inhabilite para realizar su trabajo habitual por lo que una certificación médica acreditativa de esos factores será prueba suficiente para cumplir con la Sección 3(k)(2) de esta Ley. (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 63-64.

Coincidimos con esta interpretación. La misma salvaguarda los intereses concernidos y está a tono con el espíritu de esta especial legislación. De las ocho (8) semanas del período de descanso bajo la citada ley para la protección de madres obreras, se aseguran por lo menos tres (3) semanas de ingreso adicional por razón de la prohibición absoluta.

Aparte de lo expuesto, el récord legislativo revela serias preocupaciones de que los beneficios autorizados por la Ley Núm. 38, supra, no conllevaran unos aumentos indebidos en los costos operacionales de los patronos. Además, se plasmó una inquietud en cuanto a desestabilizar el Fondo de Beneficios por Incapaci-dad. ()

Evidentemente, el verdadero propósito de esta medida fue aliviar la condición económica de las madres obreras que se incapacitaran mientras trabajaban en la empresa privada. Se les proveyó un beneficio semanal adicional, con cargo al Fondo por Incapacidad creado por la Ley Núm. 139, supra, que les garantizaba por lo menos el 75% de su salario, sueldo, jornal o compensación.

Hoy día no existe una presunción de “incapacidad física” total durante el período de ocho (8) semanas. Sólo se considera incapacitada para trabajar a una obrera embarazada durante una (1) semana antes y dos (2) después del alumbramiento. El período remanente “es asunto individual” de la mujer según dictamen médico.

La enmienda introducida en 1985, Ley Núm. 38, supra, afectó el método de computar los beneficios pagaderos a la mujer embarazada inhabilitada para trabajar como consecuencia de su embarazo o alumbramiento. Sin embargo, no extendió ni modificó el período durante el cual tiene derecho a recibir tales beneficios. Para ser acreedora a todos los beneficios autorizados en la referida Ley Núm. 38, es necesario acreditar la inhabilidad para trabajar. ()

En el caso de autos el certificado médico no acreditó que la señora Torres González estuviera inhabilitada para desempeñar su trabajo durante todo el período señalado. En consecuencia, no tenía derecho a la total compensación.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

      (1) Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 11 L.P.R.A sec. 201 et seq. Esta ley establece el seguro por incapacidad no ocupacional temporera (Ley S.I.N.O.T.).

      (2) Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 467-474.

      (3) Los autos no explican por qué trabajó hasta ese día. Surge, no obstante, que ella no reclamó por el período anterior a su alumbramiento.

      (4) El diseño estatutario combina el sector privado y gubernamental. Si bien el programa de beneficios está bajo la administración del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Secretario del Trabajo), éstos pueden ser planes privados. Los beneficios cubren incapacidad temporal según definida en la ley y, además, beneficios por muerte y desmembramiento. La cantidad a recibirse por incapacidad está limitada á un máximo de 26 semanas y la compensación a $113 correspondiente a un salario de $9,000 durante el año básico de un trabajador no agrícola. El estatuto también contiene otras limitaciones, tales como una prohibición en cuanto a la acumulación de beneficios con los concedidos por otra legislación, salvo ciertas excepciones provistas.
      Para sufragar el plan público, tanto los patronos como los trabajadores deberán pagar al plan —en concepto de primas a ingresar en el Fondo de Beneficios por Incapacidad— la mitad del uno por ciento (1/2 del 1%) de los salarios pagados y recibidos hasta el máximo de $9,000 de salario anual. Igualmente, los trabajadores asegurados aportarán a un plan privado, siempre que ofrezca los mismos o mejores beneficios que el plan público y no conlleve aportaciones mayores de los empleados. Bajo este enfoque el patrono puede autoasegurarse o establecerlo mediante contrato con una compañía aseguradora. Los planes privados tienen que contribuir a la estabilidad del plan público por vía de computaciones (derramas) y, además, aportar al Fondo de Beneficios por Incapacidad aquella proporción que el Secretario del Trabajo determine por concepto de los beneficios del trabajo pagados a los trabajadores desempleados o de un patrono no asegurado.

      (5) La Ley Núm. 51 de 1ro de julio de 1988 añadió al Art. 2(g), in fine, que el “‘[p]eríodo de incapacidad’ será el período durante el cual un trabajador está continua-mente inhabilitado”. 1988 Leyes de Puerto Rico 256, 257.

      (6) Sentenció:
      “Es orientador lo expresado en el informe sometido a la Cámara de Representantes, el día 29 de abril de 1985, por sus Comisiones de Trabajo y Asuntos del Veterano y de Asuntos de la Mujer en relación con el proyecto de ley que se convirtiera en la Ley Núm. 3[8]:

        “Se trata de una medida para beneficiar a las madres obreras que se desempeñan en el sector privado de la economía, garantizándoles vía una enmienda a la Ley de Beneficios por Incapacidad no Oeupacional Temporera (Ley Núm. 139 del 26 de junio de 1968, enmendada) que durante el descanso por maternidad que les provee la Ley para Proteger a las Madres Obreras (Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, enmendada), habrán de recibir por lo menos el 76% de su sueldo y no el 50% como al presente. . . . Con las enmiendas propuesta[s] por el E de la C. 434 se le garantizará a la madre obrera el pago de por lo menos un 25% adicional con cargo al Fondo de Beneficios por Incapacidad creado por la Ley Núm. 139.’ (Subrayado nuestro.)
      “En igual sentido, en el informe rendido el 29 de abril de 1986 por la Comisión del Trabajo del Senado en relación con el sustitutivo al E del S. 110, equivalente al E de la C. 434, se expresó que:
      “Es un hecho evidente que durante el descanso por maternidad de la obrera, o en su defecto el esposo, se ven obligados a incurrir en gastos extraordinarios que agravan su situación económica. Es precisamente durante ese período que el ingreso de las empleadas que laboran en la empresa privada se ve reducida por lo menos la mitad de lo que reciben bajo condiciones normales. La presente medida está dirigida a aliviar un poco este perjuicio económico.’
      “Y sobre el fin específico de la ley se expresó:
      “[V]a dirigida a beneficiar a las madres obreras que se desempeñan en el sector privado de la economía, garantizándoles —vía una enmienda a la Ley de Beneficios por Incapacidad no Oeupacional Temporera (Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, enmenda-da)— que durante el descanso por maternidad que les provee la Ley para Proteger a las Madres Obreras (Ley Núm. 3 deis de marzo de 191$, enmendada), habrán de recibir por lo menos él 75% de su sueldo y no el 50% como al presente. . . . Con las enmiendas propuestas por el sustitutivo E del S. 110, se le garantizará a la madre obrera el pago de por lo menos un 26% adicional con cargo al Fondo de Beneficios por Incapacidad creado por la Ley Núm. 139.’ (Subrayado nuestro).”

      (7) De la misma Exposición de Motivos de la Ley Núm. 38 de 28 de junio de 1985 surge que su objetivo fue aumentar los beneficios por incapacidad por razón de embarazo “sin adicionar carga económica alguna a los patronos”.
      El Informe de la Comisión de Trabajo del Senado sobre el E del S. 110 de 29 de abril de 1985 consignó:
      “El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos endosó sin reservas de clase alguna la medida. No hubo objeción de parte de los círculos patronales ya que no conlleva costos adicionales para los patronos. Debido a la difícil situación por la que está atravesando la economía, se entendió que el imponer un aumento en los beneficios marginales de los trabajadores con cargo a los patronos empeoraría dicha situación, poniendo en peligro, además, la estabilidad de los empleos en la empresa privada. De acuerdo a la evidencia presentada por el Secretario del Trabajo tampoco afectará la adecuada solvencia económica del Fondo de Benejwios por Incapacidad.” (Enfasis suplido.)
      El Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes sobre el E de la C. 434 de 29 de abril de 1985 señaló que con las enmiendas propuestas “se le garantizará a la madre obrera el pago de por lo menos un 25% adicional con cargo al Fondo de Beneficios por Incapacidad creado por la Ley Núm. 189”. (Énfasis suplido.)

      (8) Esta interpretación hace innecesario que examinemos los interesantes plantea-mientos constitucionales que tanto el Secretario del Trabajo, la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico (A.C.O.D.E.S.E.) como la Cooperativa de Seguros de Vida (Co.S.Vi.) nos hacen. Se fundan en que la Ley S.I.N.O.T. es de incapacidad. En consecuencia, en igualdad de condiciones y en contraste con otros obreros a los cuales se les exige incapacidad, se nos aduce que es cuestionable que pueda concederse compensa-ción cuando no existe una condición incapacitante.


author: El Juez Asociado Señoe Negeón Gaecía

text:
    Culebra Enterprises Corporation et al., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-88-456

      Resuelto: 8 de febrero de 1991

      Jaime Sifre Rodriguez y Miguel R Cando Bigas, de Sánchez-Betances & Sifre, abogados de las recurrentes; Rafael Ortiz Carrión, Procu-rador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, María Adaljisa Dávila y Nilda E Fuentes Ortiz, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señoe Negeón Gaecía

emitió la opinión del Tribunal.

I

Entre 1966 y 1974, las entidades Culebra Enterprises Corporation, Vango, Inc., Navgo, Inc. y Govan, Inc. adquirieron aproximadamente cuatrocientas (400) cuerdas de terreno en la Isla Municipio de Culebra con el propósito de segregarías y desarrollarlas en fincas de cinco (5) cuerdas. Para entonces el esquema reglamentario de la Junta de Planificación permitía tales segregaciones.

El 30 de noviembre de 1974 se enmendaron los Arts. 3 y 5 del Reglamento de Planificación Núm. 3 de 26 de enero 1949 y se aumentó a veinticinco (25) cuerdas el mínimo de terreno segregable. Al aprobarse estas enmiendas, Culebra Enterprises Corporation et al. habían segregado sus propiedades en lotes de cinco (5) cuerdas.

Después de la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Culebra se inició un proceso de planificación ordenada del municipio. La Junta de Planificación, al amparo de la facultad conferida por la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. see. 1 et seq.), enmendó el Plano de Usos de Culebra y reglamentó extensamente el desarrollo de los terrenos. En 1975 se declaró a Culebra “caso especial” y se aprobaron las Resoluciones JP-215, JP-215-A y Z-79. Como consecuencia, los terrenos de Culebra Enterprises Corporation et al. fueron clasificados como distritos “P” y “RO-25-C”. Esta última clasificación, destinada al uso agrícola, requería que las segregaciones tuvieran no menos de veinticinco (25) cuerdas y una (1) sola residencia para el agricultor y su familia. Como resultado de esta reglamentación, se detuvo él proyecto de desarrollo.

Por tal razón, en noviembre de 1977 Culebra Enterprises Corporation et al. solicitaron a la Junta de Planificación que les permitiese segregar y vender los solares con la cabida de cinco (5) cuerdas. Adujeron tener derecho a hacerlo por haberse verificado esas segregaciones antes de la aprobación de los nuevos regla-mentos. Esta solicitud fue denegada. Igual suerte corrió la reconsideración notificada el 10 de mayo de 1978.

Inconformes, el 6 de febrero de 1979 instaron un pleito al amparo de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1983, contra los miembros de la Junta de Planificación y la Autoridad de Desarrollo y Conservación de Culebra ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Alegaron que las actuaciones de los demandados violaron sus derechos civiles al privarles de su propiedad sin un debido procedimiento de ley y que el haber mantenido las zonificaciones “P” y “RO-25-C” constituía una incautación de la propiedad sin el pago de compensación. Seis (6) . años después —el 27 de junio de 1985— en virtud de una estipulación se les permitió vender los solares de cinco (5) cuerdas. Quedó pendiente sólo la reclamación por daños y perjuicios. El 28 de junio de 1985 la misma fue desestimada. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó. Culebras Enterprises Corp. v. Rivera Ríos, 813 F.2d 506 (1er Cir. 1987).()

Así las cosas, el 30 de mayo de 1986 demandaron al Estado Libre Asociado en el Tribunal Superior, Sala de Humacao. Alega-ron que las designaciones de zonificación y uso constituyeron una congelación total de la propiedad que les privó de su uso.

Adujeron, además, que las actuaciones de la Junta de Flanifica-ción constituyeron una expropiación temporera sin justa compen-sación. Aunque denominaron la acción “expropriation a la inver-sa”, únicamente solicitaron como remedio el resarcimiento por los siguientes daños y perjuicios alegadamente causados por la incautación: pérdida del valor del uso de la propiedad ($3,000,000); reducción en el valor de las acciones de las corporaciones recu-rrentes ($100,000); gastos de inversiones adicionales requeridos debido a la congelación del uso de la propiedad ($490,000), y gastos y honorarios de abogado ($300,000).

El Estado compareció y levantó las defensas afirmativas de prescripción, no agotamiento de remedios administrativos e im-pedimento colateral por sentencia. Oportunamente el ilustrado tribunal (Hon. Aldo Seguróla, Juez) resolvió que las alegaciones de la demanda eran “clásicas” y correspondían más bien a una acción en daños y perjuicios, por lo que el término prescriptivo era de un (1) año. Sentenció que la acción estaba prescrita por haber sido incoada pasado el año a partir del momento en que las demandantes tuvieron conocimiento del daño, a saber, en 1975, cuando se rezonificaron los terrenos a Distritos “P” y “RO-25-C”.

A solicitud de Culebra Enterprises Corporation et al., revisa-mos esa conclusión.

I — I HH

La prescripción extintiva es un instituto propio de derecho civil inextricablemente unido al derecho que se intenta reivindicar. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981). Allí, mediante el uso de la analogía, aplicamos el término de un (1) año del Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, a las acciones por violación a los derechos civiles en su modalidad de discrimen. De origen estatutario, los principios generales de la prescripción están delineados en los Arts. 1861 a 1875 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5291-5305. Reconocidamente la Asamblea Legislativa tiene amplia facultad para establecer los términos correspondientes, siempre y cuando no sean,tan cortos que violen la cláusula del debido proceso de ley. Alicea v. Cordova, 117 D.P.R. 676 (1986).

Su existencia responde a una política firmemente establecida para la solución expedita de las reclamaciones. Su propósito es evitar que el poder público proteja por tiempo indefinido los derechos no reclamados por su titular y que tampoco han sido reconocidos por aquellos sobre quienes pesan. M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, pág. 496. La prescripción castiga la inercia a la vez que estimula el ejercicio raudo de las acciones. Mientras más cerca de su origen se entablen las reclamaciones, más se asegura que el transcurso del tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento de la verdad en sus dimensiones de responsabilidad y evaluación de la cuantía.

Los estatutos prescriptivos van más allá de lo que el legislador considera una sana política pública. También se asientan en la experiencia humana de que las reclamaciones válidas se accionan inmediatamente y no se abandonan. Los estatutos en cuestión promueven la justicia al evitar las sorpresas que genera la resucitación de reclamaciones viejas, además de las consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales como: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad para encontrar testigos. Como vemos, los estatutos prescriptivos fomentan la estabilidad jurídica de las relaciones y la seguridad en el tráfico jurídico.

El esquema estatutario de la prescripción extintiva en nuestro Código Civil está predicado en la coexistencia de un término genérico o de prescripción ordinaria y una serie de términos de prescripción extraordinaria. Para las acciones personales sin término, el ordinario es de quince (15) años. Art. 1864 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 5294. Su concordante ibérico —Art. 1964 del Código Civil español— ha sido criticado por su excesividad “en relación con las exigencias de nuestro tiempo”, mientras que los códigos modernos estatuyen un término más corto que “supone un lapso prudente y no excesivo de tiempo”. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, págs. 800-801. Ya en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., supra, habíamos aludido a la tendencia moderna de acortar los términos.

Además de la prescripción ordinaria, el legislador señaló una serie de términos para distintas reclamaciones. Generalmente, con excepción de las acciones reales sobre bienes inmuebles y las hipotecarias,() los de prescripción extraordinaria son mucho más cortos, a saber: un (1) año para recobrar o retenerla posesión y para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, Art. 1868 del Código Civil, supra; tres (3) años para ejercer acciones en reclamación de servicios prestados, Art. 1867 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5297, y cinco (5) años para exigir el cumplimiento del pago de pensiones alimentarias, satisfacer el precio de arriendos y de cualquier otro pago que deba hacerse por años o en plazos más breves, Art. 1866 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296.

Cada uno de estos períodos de prescripción extraordinaria es el resultado de un consenso entre los principios que fomentan la prescripción y las particularidades intrínsecas de cada una de esas acciones. Así, el plazo de cinco (5) años “trata de proteger a los pequeños deudores evitando el perjuicio que resultaría de la acumulación de pagos pendientes ante la inactividad, posible-mente intencionada, de los acreedores”, J. Ruig Brutau, Caduci-dad, prescripción extintiva y usucapión, Barcelona, Ed. Bosch, 1988, pág. 136; y el de tres (3) años está fundado en que “es normal que los créditos a que se refiere se cobren sin dilación o en un tiempo muy breve”, porque son “‘deudas de la vida cotidiana, a cuya realización conviene que ,1a Ley dé algún impulso’, lo que justifica el acortamiento de los plazos”, Fuig Brutau, op. di, pág. 152.

For su parte, la brevedad del plazo de un (1) año del Art. 1868 del Código Civil, supra, responde a que “la inexistencia de una relación jurídica previa entre demandante y demandado hace aconsejable que éste no deba esperar mucho para conocer la actitud que el perjudicado ha de adoptar”. L. Díez-Ficazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 239. Apliquemos, pues, esta normativa al caso de autos.

H-l HH 1 — i

En su demanda, los recurrentes Culebra Enterprises Corporation et al. alegaron que la clasificación de los terrenos hecha por la Junta de Planificación —que duró nueve (9) años y diez (10) meses— constituyó una privación de la propiedad sin el debido proceso de ley o una incautación sin el pago de justa compensación. Ambas teorías están predicadas en el carácter fundamental del derecho al disfrute de la propiedad, el cual, junto al derecho a la vida y a la libertad, es uno de los cimientos de nuestra convivencia social democrática.

Aunque de carácter fundamental, el disfrute de la propiedad no es un derecho absoluto. La Asamblea Legislativa puede establecer limitaciones en beneficio del bienestar general. Vélez v. Srío. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966). Entre estas restricciones se encuentra el poder de expropiación, el cual faculta al soberano a desposeer de una cosa a su propietario para destinarla a un fin público. A su vez, la autoridad para expropiar está limitada por la exigencia de que la cosa sea para un fin público y se pague justa compensación. Art. II, Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; E.L.A. v. Registrador, 111 D.P.R. 117 (1981); M. Mercado e Hijos v. Tribl. Superior, 85 D.P.R. 370 (1962).

La obligación de pagar justa compensación puede manifestarse de tres (3) formas. De ordinario el Estado ejerce directamente su poder de dominio eminente instando un recurso de expropiación. Ahora bien, la See. 9 del Art. II de la Constitución, supra, también cobra vigencia cuando éste lleva a cabo una “incautación de hecho” al afectar de forma sustancial el uso físico de la propiedad o por medio de su reglamentación. Véanse: Sucn. García v. Aut. de Carreteras, 114 D.P.R. 676 (1983); Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978). En esta situación el afectado por la actuación gubernamental es quien solicita, por fiat de una acción de expropiación a la inversa, que judicialmente así se decrete y le paguen la justa compensación.

Recientemente el Tribunal Supremo federal decidió que cuando la reglamentación conlleva privar al dueño de todo el uso efectivo de su propiedad, no basta con sólo invalidar esa reglamentación. Bajo la Quinta Enmienda el remedio constitucional que procede es el pago de una compensación monetaria por el período que duró la reglamentación. First Lutheran Church v. Los Angeles County, 482 U.S. 304 (1987). Véanse: Pamel Corporation v. E.L.A., 124 D.P.R. 853 (1989); Comentario, Putting the Cart Before the Horse: Just Compensation for Regulatory Takings in First English Evangelical Lutheran Church v. County of Los Angeles, 54 (Núm. 4) Brooklyn L. Rev. 1413 (1989); W. Fisher III, The Significance of Public Perceptions of the Takings Doctrine, 88 (Núm. 8) Columbia L. Rev. 1774 (1988); Comentario, First English Evangelical Lutheran Church v. County of Los Angeles: Compensation of Landowners for Temporary Regulatory Takings, 21 Ga. L. Rev. 1169 (1987). Para un análisis del remedio monetario, véanse: Comentario, Affirmative Relief for Temporary Regulatory Takings, 48 (Núm. 4) Pitt. L. Rev. 1215 (1987); Nota, Compensation for Regulatory Takings: Finality of Local Decisionmaking and the Measure of Compensation, 63 (Núm. 3) Ind. L.J. 649 (1988). ()

En nuestra jurisdicción, para balancear los intereses propietarios de los ciudadanos con los intereses y necesidades de la comunidad, se aprobó la Ley Núm. 2 de 29 de enero de 1979, hoy derogada. Esta pieza legislativa fija en ocho (8) años el período máximo durante el cual el Estado puede reservar o congelar propiedad privada para fines públicos. Dispone, además, un término relativamente corto —noventa (90) días— después del período de reserva para que, una vez solicitado, la agencia con jurisdicción adquiera la propiedad congelada. Transcurrido el período de noventa (90) días sin que la agencia haya ejercitado esa opción, la Junta de Planificación viene obligada a eliminar las restricciones.

La fiel solución de este recurso no exige dilucidar si el proceder de la Junta de Planificación constituyó o no una incau-tación de la propiedad o un ejercicio ilegal del poder de razón del Estado. A fin de cuentas, la causa de acción instada por Culebra Enterprises Corporation et al. está fundada en un derecho fundamental expresamente reconocido en la Constitución.

Ahora bien, precisamente por su génesis constitucional cualquier acción a su amparo requiere la mayor diligencia. No puede discutirse con seriedad la deseabilidad de que aquellas situaciones que ofenden los postulados básicos constitucionales que regulan la relación entre el Estado y sus ciudadanos deben ser corregidas de inmediato.

En particular, la estabilidad en la planificación y el mejor uso de nuestras limitadas tierras apuntan, por imperativo, hacia la deseabilidad de un término relativamente corto para reclamar cualquier violación al derecho de propiedad. Varias consideraciones apoyan el término de un (1) año dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, supra. El mismo contribuye a mitigar la pérdida que puede haber sufrido un demandante y, a la misma vez, limita la responsabilidad económica del Estado. J. Mixton, Compensation Claims Against Local Governments for Excessive Land-Use Regulations: A Proposal for More Efficient State Level Adjudication, 20 (Núm. 3) Urb. Law. 675 (1988).

Dicho término actúa como catalítico para el inicio de reclama-ciones. Acelerar tales acciones evita que el poder público se entronice de manera irrazonable en situaciones constitucional-mente impermisibles.

Finalmente, tiende a conservar la prueba en su mejor estado y libre de los embates del transcurso del tiempo. No olvidemos que en muchos casos las motivaciones que mueven al aparato gubernamental a aprobar ciertas reglamentaciones de-terminan su validez.

IV

Aclarado que el término aplicable al caso de autos es un (1) año, examinemos si la demanda presentada por Culebra Enterprises Corporation et al. estaba prescrita.

El Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5299, dispone que “[e]l tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”. Señala Puig Brutau, op. cit, pág. 58, que para determinar el momento en que comienza a correr el término hay que atender a la posibilidad legal de poder ejercitar la acción. Por lo tanto, el tribunal de instancia debió examinar el efecto de la Ley Núm. 2, supra, sobre la presente acción.

Según expuesto, esta legislación fija un período máximo de ocho (8) años durante el cual el Estado puede reservar o congelar la propiedad privada en la consecución de un fin público. La medida persigue establecer de antemano un término. De esta forma el Estado cuenta con tiempo suficiente para llevar a cabo cualesquiera estudios necesarios antes de decidir el destino de la propiedad, sin limitar ad perpetuam e irrazonablemente los derechos del dueño afectado. Sin embargo, ello no significa que el Estado viene obligado a mantener la restricción por los ocho (8) años. Puede liberar la propiedad antes.

La interacción armoniosa entre el Art. 1869 del Código Civil, supra, y la Ley Núm. 2, supra, nos mueve a concluir que el término prescriptivo aplicable en estos casos, de ordinario, comienza a decursar desde que se libera la propiedad de las restricciones. Como máximo, se iniciará después del octavo año de reserva.

En el caso de autos, en virtud de la estipulación en el foro federal con los miembros de la Junta de Planificación, el Estado liberó los terrenos de Culebra Enterprises Corporation et al. antes de que se completara ese período de reserva. Obviamente, desde esa fecha —27 de junio de 1985— comenzó a correr el término prescriptivo de la acción. Presentada el 17 de junio de 1986, no estaba prescrita.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso se inhibieron.

      (1) Guiado entonces por la doctrina de Williamson Planning Comm’n v. Hamilton Bank, 473 U.S. 172 (1985), dicho foro resolvió que la compensación solicitada debía ser gestionada inicialmente por medio del mecanismo estatal de expropiación a la inversa. Para la fecha de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito —11 de marzo de 1987— ya Culebra Enterprises Corporation et al. habían presentado su reclamación en el Tribunal Superior, Sala de Humacao.

      (2) Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta (30) años y las hipotecarias a los veinte (20) años. Arts. 1863 y 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 6293 y 5294, respectivamente.

      (3) Advertimos, sin embargo, que ciertas actuaciones gubernamentales no configu-ran necesariamente una incautación o perjuicio a la propiedad dentro del significado constitucional. En esas situaciones el Estado no está obligado a pagar justa compensación. Comentario, Distinguishing Eminent Domain from Police Power and Tort, 38 Wash. L. Rev. 607 (1963). Se trata de manifestaciones legítimas del poder de razón de Estado cuyo propósito es proteger la salud, la seguridad, la moral y proveer para el bienestar general. Siempre y cuando la reglamentación de carácter socioeconómica no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa, la misma constituirá un ejercicio válido de dicho poder. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966).


author: per curiam:

text:
      In re César A. Melecio Morales.

      Número: 4018

      Resuelto: 12 de febrero de 1991

      Gregorio Lima, abogado del peticionario; José Julián Álvarez González, de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, en informe; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Ivonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El Lcdo. César A. Melecio Morales fue separado indefinidamente de la profesión de abogado por razón de incapa-cidad mental, según lo dispuesto en la Regla 13.1 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, habiéndose considerado esta separación como una medida especial de protección social y no como un desaforo.

El licenciado Melecio Morales solicitó el 29 de noviembre de 1989 que se le reinstalase a la práctica de la abogacía. El Tribunal refirió la solicitud a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía para su evaluación y recomendación.

Luego de varios incidentes, el 17 de diciembre de 1990 recibimos el informe final preparado por dicha Comisión en relación con la reinstalación del señor Melecio Morales.

La Comisión nos informa que celebró una vista en este caso el 29 de octubre de 1990 y que en ella testificaron, además del propio peticionario, tres (3) personas que lo conocen, así como cuatro (4) peritos siquiatras. La prueba pericial siquiátrica que le mereció crédito a la Honorable Comisión estableció que no existe funda-mento suficiente en el comportamiento y en el carácter del señor Melecio Morales que justifique mantenerlo separado de la profe-sión de abogado.

Luego de considerar y evaluar toda la prueba testifical, así como la documental, la Comisión quedó satisfecha de que el peticionario está en la actualidad mentalmente capacitado para ejercer la profesión de abogado y recomendó unánimemente a este Tribunal que reinstale al peticionario al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

El Tribunal, por entender que se ha cumplido con el propósito rehabilitador de la medida impuesta, acepta la recomendación de la Comisión y ordena la reinstalación del peticionario César A. Melecio Morales al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ramón B. Guerrero Morales, acusado y recurrido.

      Número: CE-91-73

      Resuelto: 12 de febrero de 1991

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del recurrido.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de certiorari presentada por el peticionario, el Pueblo de Puerto Rico, no ha lugar.

Esta resolución deberá ser notificada por la vía telefónica y la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

t — H

Ramón B. Guerrero Morales está siendo juzgado por jurado en el Tribunal Superior, Sala de Carolina (Hon. Hiram Sánchez Martínez, Juez), por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, apropiación ilegal e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 416 y 418, por hechos supuestamente ocurridos el 3 de junio de 1990.

La prueba del Ministerio Fiscal se inició el 25 de enero de 1991 y está adelantada. Al 31 de enero se habían presentado trece (13) testigos. En esta última fecha, mientras declaraba en el directo la testigo de cargo, policía Aida Montes, se suscitó el incidente siguiente:

[E (FISCAL ALBERTO FOLCH DIEZ)]
P- Le pregunto si en relación con esa acta de confrontación, le pregunto, si se hace constar en el lugar en que ocurrieron los hechos.
R- Se hace constar que el día 3 de junio, por la Carretera 187, cerca del Kiosco número 64 . . .
LCDA. JUARBE:
Nosotros tenemos objeción a que ella repita los hechos.
HON. JUEZ:
Sí, el lugar de los hechos, termine de decirlo, agente.'
R- De Isla Verde, había ocurrido un asesinato.
LCDA. JUARBE:
Esa es la objeción, a que vaya a hablar de los hechos en específico.
HON. JUEZ:
Es de lo que dice allí. Ya las damas y caballeros del Jurado han escuchado que allí hubo un asesinato. Lo que se está juzgando es si hay prueba para establecer la culpabilidad del señor Guerrero más allá de duda razonable.
LCDA. JUARBE:
Nosotros vamos a solicitar acercarnos al estrado.
HON. JUEZ:
Sí, cómo no.
(LAS PARTES SE ACERCAN AL ESTRADO). (Énfasis supli-do.) Apéndice II, pág. 8.

Ante esa objeción, el ilustrado juez de instancia inmediata-mente impartió unas extensas instrucciones remedíales, que por su claridad e importancia transcribimos:

HON. JUEZ:
Damas y caballeros del Jurado, la defensa tiene razón. La determinación, en el planteamiento que está haciendo, la determi-nación número uno que ustedes van a tener que hacer aquí es si allí ocurrió un asesinato o no. Así es que eso es una determinación exclusivamente de ustedes en primer lugar. En segundo lugar, la estoy declarando con lugar. Al agente, que cuando se refiera al documento, que no repita nuevamente los hechos, porque son hechos que fue lo que quiso decir el Tribunal, que han estado virtiéndose una y otra vez sobre el hecho de que, desde el punto de vista de los testigos, allí ocurrió un asesinato y eso es lo que realmente nos estamos refiriendo. El aspecto legal, jurídico de responsabilidad penal, sobre si existe tal cosa como un asesinato, es una cuestión que corresponde única y exclusivamente a ustedes. Así que, lo que quiero enfatizar con la explicación que le he dicho, que se ha mencionado aquí que ha habido un asesinato es, que del documento de la Policía, del testimonio de cada uno de los testigos, ellos han expresado aquí que allí ocurrió un asesinato, pero, número uno, si ocurrió un asesinato o no allí, le repito que es una determinación que ustedes van a hacer a base de la prueba que desfile en este caso, única y exclusivamente a base de la prueba que desfile en este caso. Y lo segundo que van a tener que decidir a base de esa prueba es, si la persona que cometió el delito, si ustedes determinan a base de la prueba que ha desfilado que se cometió allí un asesinato, desde el punto de vista legal, que hubo un asesinato, lo segundo que van a determinar es, si la persona del acusado, si el Fiscal ha traído aquí prueba suficiente, más allá de duda razona-ble para vincular al señor acusado con la comisión de ese delito. Son dos partes en la determinación que van a hacer ustedes.
LCDA. JUARBE:
Una vez hayan escuchado toda la prueba.
HON. JUEZ:
Una vez y, por supuesto, bajo las explicaciones que le hemos dado siempre, de que es una vez hayan escuchado toda la prueba. No solamente toda la prueba del Fiscal, sino toda la prueba de defensa. Porque aquí la defensa en este caso ya ha anticipado que se propone presentar unos testigos de defensa. Así que, repito, para que quede bien claro y si hay alguno que no lo entiende, por favor, levante la mano.
Cuando me referí que aquí había un asesinato, me refería a que el papel habla allí de unos hechos ocurridos de sangre, lo que me referí es a lo que han estado declarando los testigos, de la percepción de los testigos. De ese punto de vista únicamente. No constituye una conclusión del Tribunal de que es, de que allí ocurrió un asesinato, porque, repito, eso les toca a ustedes y solamente a ustedes. Y ustedes no pueden tomar en consideración ninguna otra cosa, absolutamente ninguna otra cosa que no sea la prueba que desfile aquí. Ni siguiera los comentarios del abogado, del Fiscal, de la señora abogada o de este Juez. Ni siguiera lo que aparece en los papeles que se han marcado aquí como exhibits. Si apareciera allí la palabra homicidio, si apareciera allí la palabra asesinato, cualquier calificación de delito que aparezca en esos papeles, son puramente informaciones para fines de la Policía o percepciones para fines de los testigos. Es importante que quede claro que ninguna información que aparezca allí ni ningún comen-tario, de ninguno de los abogados, ni del Juez, constituye prueba en este caso. La prueba es la que el Tribunal Admita. Así que, la objeción de la compañera, ha lugar. (Enfasis suplido.) Apéndice II, pág. 10.

Resuelto así el incidente, con la objeción de la defensa a esas instrucciones, el tribunal autorizó al Ministerio Fiscal a terminar el interrogatorio de la testigo Morales. Se celebró después una reunión en cámara. Finalmente, debido a la hora, se recesó hasta el lunes 4 de febrero. Ese día, la defensa reiteró verbalmente y en ausencia del Jurado su pedido de disolución. Se basó en que el comentario del juez antes referido lesionó el derecho del acusado Guerrero Morales a un juicio justo e imparcial. El Ministerio Fiscal se opuso. Argumentó que las instrucciones impartidas por el tribunal subsanaron cualquier efecto perjudicial.

Sometido el asunto, al día siguiente, el tribunal reconsideró y estimó necesario disolver el Jurado por entender que su comen-tario constituía un “error grave, perjuicial, sustancial e insubsanable”. Apéndice I, pág. 2. Pospuso la ejecución de ese dictamen para el lunes 11 de febrero de 1991.

A solicitud del Ministerio Fiscal, el 7 de febrero expedimos orden para mostrar causa y paralizamos los trámites. Discrepa-mos de la negativa del Tribunal a revocar.

I — I l-H

Con toda la deferencia que merece el juez de instancia, aquilatado el incidente en su justa perspectiva, procede revocar y ordenar la culminación del proceso ante el mismo Jurado. Y es que la disolución del Jurado es una medida extraordinaria para corregir irregularidades que impidan un veredicto “justo e imparcial”. Regla 144 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Nos explicamos.

Aunque aspiramos a que todo juicio sea perfecto, ello sólo es atributo del Sumo Hacedor. Por ende, todo error o irregularidad no es automáticamente caracterizable como perjudicial e insubsanable. Aun en situaciones de perjuicio —admisión errónea de evidencia o comentarios impropios de los protagonistas— una instrucción oportuna y específica al Jurado puede subsanarlo. Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750 (1990); Pueblo v. Suárez Fernández, 116 D.P.R. 842, 850-857 (1986); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 152 (1985); Pueblo v. López Camocho, 98 D.P.R. 700, 703 (1970); Pueblo v. Cotto Torres, 88 D.P.R. 23 (1963); Pueblo v. Verdejo Meléndez, 88 D.P.R. 207, 216 (1963). A fin de cuentas, nunca le hemos atribuido a los jurados una hipersen-sibilidad desmedida. Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 D.P.R. 34, 37-38 (1984); Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 311 (1977); Pueblo v. Andrades González, 83 D.P.R. 849, 859-860 (1961).

HH HH hH

Los hechos y circunstancias particulares ante nos reflejan, en primer lugar, la etapa avanzada del incidente. El Ministerio Fiscal había presentado en evidencia trece (13) testigos de cargo; tres (3) fueron estipulados y once (11) declararon. De estos once (11), se aduce que seis (6) fueron testigos presenciales y dos (2) de ellos identificaron al acusado Guerrero Morales como uno de los participantes.

En lo documental, se habían estipulado varias fotos del cadáver, el protocolo de autopsia y el testimonio de la patóloga forense.

Esta prueba no se dio en el vacío ni en un laboratorio aséptico. Se desfiló ante el Jurado, quienes como seres humanos ya habían oído testimonios sobre la forma y manera en que se produjo la muerte. Según surge de las propias instrucciones impartidas, algunos de esos testigos usaron el vocablo “asesinato”. Apéndice II, págs. 9-10. Con la agente Aida Montes, se comenzó a autenticar el contenido de las Actas preparadas en las ruedas de confrontación celebradas para la identificación del entonces sos-pechoso, precisamente el acusado Guerrero Morales.

Antes de que ocurriera el incidente, la agente Montes había atestado sobre una de las Actas, la marcada Identificación XXVIII del Pueblo (Apéndice III) y T.E., págs. 1-4 (Apéndice II, pág. 4-7). De esa surge que la Rueda de Confrontación sobre la cual declaraba la testigo consignaba el delito imputado en la querella de “Asesinato y otros”.

Ante la realidad de que frente al Jurado el vocablo “asesinato” no era extraño, de que se había desfilado prueba al efecto, y en consideración de la claridad, especificidad, integridad y énfasis de las instrucciones del Juez, no podemos atribuirle a su comentario aislado y único un perjuicio insubsanable. No procedía su disolu-ción. Aun en los procesos judiciales, el aborto es una medida radical de último extremo.

Por los fundamentos expuestos, disentimos.