source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:-— —

      Resuelto: 18 de junio de 1993
   RESOLUCIÓN

Como corolario de la decisión emitida en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993), se constituye el Comité Asesor sobre Asignación de Abogados de Oficio en Causas Criminales, adscrito al Secretariado de la Con-ferencia Judicial, con el objetivo de que estudie y le someta recomendaciones al Tribunal sobre la problemática de la asignación de abogados de oficio en causas criminales. Ello con el propósito de que el Tribunal, al amparo de su poder inherente de reglamentar la profesión de abogado, im-plante un sistema uniforme a esos efectos.

Dicho Comité Asesor estará integrado por las personas siguientes:

1. Hon. Jorge Segarra Olivero, Presidente

2. Hon. René Arrillaga Beléndez

3. Hon. Fernando Gierbolini Borelli

4. Hon. Procurador General de Puerto Rico

5. Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico

6. Director Ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal

7. Ledo. Harry Anduze Montado

8. Ledo. Manuel Martínez Umpierre

9. Ledo. Harry N. Padilla Martínez

10. Prof. Olga E. Resumil de San Filippo

11. Prof. Migdalia Fraticelli

Notifique el señor Secretario General del Tribunal copia de la presente resolución a las personas designadas.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió Voto disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Los fundamentos expuestos en nuestro disenso en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993), nos impiden suscribir la resolución del Tribunal. Es incons-titucional imponer sólo a los abogados criminalistas del país la representación de oficio de los indigentes, ya que el deber ético en que esa encomienda se funda, en su origen, es de todos los abogados.

La resolución de hoy simplemente sirve para confirmar ese desigual e injusto tratamiento que no quedará supe-rado por que se reglamente uniformemente. Subsistirá siempre la carga selectiva y discriminada.

Reiteramos que de “su faz, el remedio es trunco, ya que habiendo alternativas racionales, preserva un modus ope-randi ARBITRARIO. Además, es patentemente INJUSTA, pues ignora las realidades de la gran masa de puertorri-queños pobres, quienes diariamente carecen de asesora-miento legal para canalizar adecuadamente sus necesida-des y, a la par, se exponen a que se les dispense justicia en estado de indefensión”. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra, pág. 624, opinión disidente.

Pierde el Tribunal la ocasión histórica de extender la representación gratuita a los pobres del país en causas civiles. La “única forma en que puede sostenerse la validez de la designación de abogados de oficio en el área de lo criminal es imprimirle al abogado, como clase, una nueva dimensión y retomar conciencia solidarista de que es un instrumento de la paz social, forjador dinámico del dere-chio y socio-gestor de la justicia. Exige adoptar un sistema integral, abarcador y compulsorio mediante el cual todo abogado —salvo excepciones justificadas— provea un mí-nimo anual de servicios a los pobres”. (Énfasis suplido y en el original.) Íd., pág. 624.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Se-ñor Rebollo López. Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Benilde Torres Rivera y otra, demandantes y recurrentes, v. González Padín & Company, Inc., demandados y recurridos, y Otis Elevator Company, tercera demandada y recurrida.

      Número: RE-93-229

      Resuelto: 18 de junio de 1993

      Arturo Aponte Parés, abogado de la recurrente; Miguel A. Raldiris Aguayo, abogado de la tercera demandada y recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la anterior solicitud de revisión se determinó un no ha lugar. La caída de la demandante recurrente Sra. Benilde Torres Rivera, per se, no implica que la recurrida, González Padín & Co., Inc., fuera negligente. Conforme la sentencia del foro de instancia, no se desfiló prueba creíble de la exis-tencia de defecto alguno. El recurso de revisión no logra persuadir la corrección de esa sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto explicativo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto explicativo. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió un voto particular de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón limitaría el dictamen del Tribunal a un no ha lugar.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto explicativo del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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El Art. 4(c) de la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993 (4 L.P.R.A. see. 121), nos manda a explicar las razones para denegar las solicitudes de revisión discrecional. Nadie cuestiona la prerrogativa de la Asamblea Legislativa, como alternativa, para reinstalar plenamente el derecho de ape-lación en todo caso civil. Tampoco que ello, por imperativo, implicaría seguir una serie de trámites, incluso tener que resolverlos por sentencia u opinión fundamentada (explicada).

Frente a esta realidad, el mandato aludido, ¿choca contra nuestra facultad constitucional de adoptar reglas de funcionamiento? Art. V, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. ¿Incide de verdad en la independencia del Poder Judicial? ¿Es sólo directivo?

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No consideramos propio anticipar a destiempo y en el vacío criterios constitucionales. Por el momento, basta re-cordar que el exponer ahora las razones para nuestras de-negatorias, es un derecho de origen estatutario que perte-nece a las partes que tocan a nuestras puertas. Antes de la Ley Núm. 11, supra, no existía este derecho. Una vez así reconocido, quaere si forma parte del debido proceso de ley.

Y como señaló el Juez Presidente Señor Andréu García el 27 de abril de 1993 —en su comparecencia ante la Cá-mara de Representantes— no existe impedimento alguno para hacerlo. Informe de la Comisión de Gobierno de la Camara de Representantes, P. de la C. 382 de 5 de mayo de 1993, 12ma Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria, pág. 41.

Voto particular explicativo emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

Aun cuando, naturalmente, reconocemos y respetamos el derecho de cualquiera de los compañeros Jueces a expre-sar lo que a bien tengan sobre un asunto en particular, somos del criterio que ello debe hacerse únicamente en si-tuaciones en que existe un “caso y controversia”. Véase E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

Es por ello que, a nuestra manera de ver las cosas, las expresiones del compañero Juez Alonso Alonso —las cuales suscribe el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri— sobre la validez de la disposición de la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993 (4 L.P.R.A. secs. 1-2, 35, 37, 61, 121, 231 y 301), que establece que este Tribunal deberá exponer las razo-nes, o fundamentos, que motivan la denegatoria de las so-licitudes de revisión en casos civiles, son unas hechas a destiempo e innecesarias por cuanto no existe en este mo- mentó ante el Tribunal planteamiento o controversia al-guna al respecto-, razón por la cual no consideramos proce-dente, en este momento, emitir criterio, vinculante y final, referente a este asunto.

Ahora bien, resulta verdadera y realmente imposible “cruzarnos de brazos” y permanecer en silencio ante unas expresiones y fundamentos tan equivocados; posición que, de no ser refutada, puede ser malinterpretada como correcta. Es por ello que, a riesgo de poder ser igualmente criticados, hemos considerado necesario expresar las razo-nes por las cuales consideramos totalmente errados los fundamentos que aducen estos dos (2) integrantes del Tribunal en apoyo de la firme posición que hoy asumen res-pecto a esta cuestión.

HH

Una somera lectura de la ponencia del Juez Alonso Alonso, que suscribe el Juez Fuster Berlingeri, revela que son dos (2) los fundamentos que, de manera principal, adu-cen éstos en apoyo de la posición de que la mencionada disposición estatutaria sería inconstitucional de ser inter-pretada como que es de carácter “mandatorio”. Ajuicio de éstos, en primer lugar, la referida disposición de ley im-pone “una condición sobre el proceso decisorio” del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya facultad para interpre-tar la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para decidir controversias al amparo de las mismas, es una suprema y plena que no puede estar sujeta a cortapisas estatutarias; razón por la cual, conforme al criterio de los dos (2) mencionados Jueces, la citada dispo-sición legal interfiere con la “independencia del poder judicial”.

Dicha conclusión es totalmente errónea; ello en vista del hecho de que la disposición en controversia lo único que hace es establecer un requisito de forma. Esto es, la misma no establece cuáles deben ser los criterios a ser utilizados por el Tribunal en la expedición o denegación de un recurso de revisión como tampoco establece cómo debe ser, o lle-varse a cabo, el proceso decisorio del Tribunal. En otras palabras, el Tribunal continúa teniendo la libertad abso-luta para llegar a las conclusiones que en derecho y justicia entienda procedentes y para decidir la forma y manera en que llega a dichas conclusiones. La independencia y volun-tariedad del poder decisorio del Tribunal quedan inalteradas. Lo que la Asamblea Legislativa ha establecido es un formato mediante el cual el Tribunal transmite el resultado al que de forma libre y voluntaria ha llegado.

En este aspecto, no puede perderse de vista la máxima a los efectos de que “el que puede lo más, puede lo menos”. La Asamblea Legislativa tiene el poder y facultad incues-tionable de establecer el derecho de apelación en casos civiles. Si así lo hiciera, el Tribunal vendría obligado a resolver el caso en los méritos mediante la emisión de una sentencia escrita, en la cüal tiene que explicar los funda-mentos para la decisión emitida. La Legislatura fue del criterio que ello no era necesario; que era suficiente con que el Tribunal explicara, en la forma que entendiera pro-cedente, su denegatoria para expedir el recurso de revisión. Ello, ciertamente, no atenta contra la independencia del Poder Judicial por cuanto no interfiere o afecta, de forma alguna, el proceso decisorio de los integrantes del Tribunal; éstos meramente tienen que plasmar por escrito los funda-mentos que tuvieron para denegar el recurso radicado.

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Señalan, en segundo término, los Jueces Alonso y Fuster que el requisito en controversia interfiere con la facultad, constitucional y exclusiva, del Tribunal Supremo para adoptar reglas para su “funcionamiento”. Añaden que el “no ha lugar” “forma parte inherente y va al corazón mismo del proceso decisorio” del Tribunal. (Énfasis suprimido.) Voto particular de conformidad del Juez Aso-ciado Señor Alonso Alonso, pág. 664.

La facultad del Tribunal a la que hacen referencia los mencionados magistrados tiene “su origen” en las disposi-ciones de la See. 4 del Art. V de nuestra Constitución, la cual dispone que el “el Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adopción”. (Énfasis suplido.) L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 356.

En relación con dicha disposición constitucional, la Co-misión de la Rama Judicial de la Convención Constitu-yente señaló —el cual señalamiento constituye el “único historial” de la misma— que la referida disposición

...concede al Tribunal Supremo la facultad ... de funcionar bajo reglas de su propia adopción en tribunal pleno o dividido en salas. No importa el número de jueces de que se componga una sala, todas las decisiones del Tribunal Supremo habrán de adoptarse por mayoría de todos los miembros hábiles, dentro y fuera de la sala, para entender en la causa. Esto se aplica tam-bién cuando el Tribunal funciona en pleno. (Énfasis suplido.)()

De lo anteriormente transcrito se desprende, con meri-diana claridad, que la citada Sec. 4 del Art. V de la Cons-titución, al utilizar el vocablo “funcionará”, se refiere pro-piamente a la forma y manera en que los integrantes del Tribunal colectivamente han de llevar a cabo su función adjudicadora interna.

Esa prerrogativa constitucional de determinar, me-diante reglas de su propia adopción, su función adjudica-tiva interna no es afectada en forma alguna por la exigen-cia estatutaria de que el producto de esa función o labor deba ser comunicado a las partes siguiendo determinado formato-, ello en vista del hecho incuestionable de que el requisito de explicar lo resuelto es uno que opera con pos-terioridad al ejercicio del poder decisorio.

No le puede asistir la razón, en consecuencia, a aquel que sostiene que el no ha lugar “forma parte inherente y va al corazón mismo del proceso decisorio”. Voto particular de conformidad, pág. 664. El “no ha lugar” es meramente un mecanismo que utiliza el Tribunal para comunicar a las partes el resultado o producto de la función adjudicadora ya concluida y al cual llegó de forma libre, objetiva e inde-pendiente conforme lo establecido por las reglas para el funcionamiento interno que el Tribunal adoptó.

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Por último, y aun cuando entendemos el temor de algu-nos de que la referida disposición de ley —aun cuando real-mente inofensiva— pueda representar el inicio de una ten-dencia de intromisión por parte de las otras dos (2) Ramas de Gobierno en los asuntos de la Rama Judicial, rechaza-mos dicha preocupación. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, como último y máximo intérprete de la Constitución y de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre estará en posición de impedir cualquier intento de las ramas políticas del Gobierno de inmiscuirse en el ám-bito y prerrogativas de la Rama Judicial mediante una ac-ción que en efecto constituya una intromisión o interferen-cia indebida con la independencia del Poder Judicial o con las prerrogativas y funciones constitucionales de este Tribunal. Ese, no debe haber la menor duda, es nuestro compromiso personal e inquebrantable.

Somos del criterio, en conclusión, que el requisito de forma de tener que explicar nuestras decisiones a las par-tes no constituye interferencia indebida e impropia con nuestra independencia de criterio y poder decisorio. Por el contrario, el mismo ayuda a mejorar la imagen de este Tribunal ante nuestros conciudadanos.

Voto particular de conformidad del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso

sobre el no ha lugar explicado, al cual se une el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

La ley que suprimió el Tribunal de Apelaciones (Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993) en su Art. 4(c), del Apartado (1), 4 L.P.R.A. sec. 121, dispone que el Tribunal Supremo de Puerto Rico expondrá las razones que motivan la dene-gatoria de las solicitudes de revisión presentadas en este Tribunal.

Entiendo que la práctica judicial más correcta hacia la ciudadanía es la de explicar las razones que, en derecho, llevan a este Tribunal a denegar las solicitudes de revisión que nos son presentadas. Por ello, durante el tiempo en que he sido parte de éste, he favorecido y abogado para que el Tribunal explique las razones que lo llevan a denegar la expedición de los recursos que se presentan. Lo continúo favoreciendo, y me satisface que antes de que la disposi-ción de ley mencionada entre en vigor, ya el Tribunal esté explicando el no ha lugar.

No obstante lo anterior, debo aclarar que entiendo que la disposición legal referida debe ser considerada por este Tribunal sólo como una disposición de carácter directivo y no mandatoria, pues de lo contrario, resultaría inconstitucional. Ésta no puede constituir una privación a este Tribunal de su poder expreso e inherente de utilizar el mecanismo decisorio que la prudencia judicial le dicte como el más apropiado para disponer en derecho de un recurso, en consideración a los méritos y las cuestiones planteadas en él.

En primer lugar, hay que destacar que la disposición de ley referida no va encaminada a darle un mandato e impo-nerle condiciones sobre el proceso decisorio a un tribunal creado por ley, sino al Tribunal Supremo, cuya creación, composición, funcionamiento y facultades están estableci-das y se rigen por la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, no mediante una ley.

Este Tribunal es la autoridad suprema para interpretar la Constitución y las leyes, decidir casos y controversias, y dentro de su órbita de facultades constitucionales expresas e inherentes, nuestra autoridad es plena y no está sujeta, ni puede estarlo, a ningún mandato por parte de la Asam-blea Legislativa.

La intromisión de otra Rama de Gobierno, dentro de las facultades expresas e inherentes de este Tribunal, choca contra las bases de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. Cf. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977); Conferencia Judicial de Puerto Rico, La Independencia Judicial en Puerto Rico, San Juan, [s. ed.], 1988.

La trayectoria histórica de nuestros pronunciamientos judiciales es clara: cualquier intromisión de los demás Po-deres del Gobierno, que afecten los poderes expresos o in-herentes de este Foro, ha sido reiteradamente rechazada o tomada como directiva o suplementaria. In re Calderón Lassén, 88 D.P.R. 931 (1963); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939); González v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585 (1953); Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845 (1980); In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945); In re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922); Claudio v. Ortiz, 29 D.P.R. 435 (1921); In re Bosch, 65 D.P.R. 248, 251 (1945); Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981); Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983), entre otros.

La letra y el entretejido de nuestra Constitución, el his-torial de la Convención Constituyente, así como preceden-tes anteriores de este Tribunal, han delineado claramente las funciones expresas e inherentes de este Tribunal, y su independencia judicial frente a las Ramas políticas de Gobierno. 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 452-454 y 771-772 (1952). Véanse: La independen- cia judicial en Puerto Rico, op. cit.; Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra; Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Betancourt v. Gobernador, 119 D.P.R. 435, 436-444 (1987), opinión concurrente; In re Solicitud Cepeda García, 130 D.P.R. 18 (1992).

Un examen de todas las disposiciones de nuestra Cons-titución y de la interrelación de unas con otras, y del Art. 5 sobre el Poder Judicial, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, así lo avalan.

Específicamente, la See. 4 del Art. 5 de nuestra Consti-tución dispone que:

El Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adop-ción .... (Énfasis suplido.) Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 356.

El poder de este Tribunal de adoptar reglas para su fun-cionamiento es prerrogativa exclusiva de este Foro.

El no ha lugar, al igual que la determinación de cuáles decisiones deben formularse como opinión del Tribunal, como sentencia o como resolución, forma parte inherente y va al corazón mismo del proceso decisorio de este Tribunal y a su estructuración y funcionamiento interno. Por ello nuestra facultad constitucional al respecto es exclusiva. Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Pueblo v. Cortés Burgos, 100 D.P.R. 933 (1972), voto concu-rrente del Juez Asociado Señor Martínez Muñoz.

Es prerrogativa de este Tribunal el autorreglamentarse y adoptar aquellos mecanismos que estime apropiados con el fin de cumplir con sus obligaciones constitucionales de la forma que estime más adecuada y eficiente. Como expre-sara el Ledo. Ernesto Ramos Antonini, Presidente de la Comisión de la Asamblea Constituyente sobre la Rama Judicial: “El propósito de eficiencia en la organización y fun-cionamiento de la rama judicial, está íntimamente vincu-lado y depende fundamentalmente, en lo que toca a la rama judicial, repito, de la independencia del poder judicial . Esa independencia a que propende la proposición sus-tituta, como ideal en la organización de la estructura de gobierno que vamos a crear y dada la función del poder judicial, cual es la de garantizar en nuestra vida política, social y económica un régimen de derecho a diferencia de un régimen de fuerza o de hombres.” (Enfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, Vol. 1, pág. 452. Sobre el particular, véase nuestras expresiones en Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664, 665 (1981).

Corresponde a este Tribunal la última decisión acerca de si debe o no explicar todas sus decisiones y en qué forma, en consideración a los méritos que presenta un re-curso y en función de su facultad expresa e inherente de autorreglamentarse y de descargar sus facultades ágil y eficientemente.

Por ello, entiendo que la disposición de la ley que su-prime al Tribunal de Apelaciones y que dispone que debe-mos explicar la denegación de las solicitudes de revisión es de naturaleza directiva y no mandatoria. De lo contrario, sería inconstitucional.

      (1) Informe de la Comisión de la Rama Judicial a la Comisión Constituyente, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2612 (1951).


author: per curiam;

text:
      In re José Antonio García Ortiz, querellado.

      Números: CP-89-848 MC-88-61

      Resueltos: 22 de junio de 1993

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz y Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradoras Generales, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Harry Padilla Martínez, abogado del querellado; Edwin R. Bonilla Yélez, Comisionado Especial.
   per curiam;

Nos corresponde deteminar si el Ledo. José Antonio García Ortiz —en su gestión como abogado y más tarde como apoderado de la Sra. Noemí Nazario Pacheco-incurrió en violaciones a los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y está, por lo tanto, sujeto a una sanción disciplinaria. Los hechos que dieron paso a la querella de marras sucedieron del modo siguiente.

Hacia el año 1977, la Sra. Noemí Nazario Pacheco era dueña de un inmueble sobre el cual pesaba un gravamen hipotecario a favor de la Administración de Hogares de Agricultores, una agencia federal (en adelante “FHA”, por sus siglas en inglés). Como la señora Nazario había incum-plido sus obligaciones bajo el contrato de hipoteca, la FHA asumió la administración de la propiedad. Mediante Escri-tura otorgada el 21 de febrero de 1985, y con la autoriza-ción de la señora Nazario, la agencia arrendó la propiedad a los esposos Rafael A. Carrera Pagán y Wanda S. Lugo Santiago. Hacia esa fecha, la señora Nazario Pacheco se había trasladado a vivir a Estados Unidos. Finalmente, y como última medida para proteger su acreencia sin tener que recurrir al procedimiento de ejecución de hipoteca, la FHA gestionó la compraventa de la propiedad.

El 27 de abril de 1985, la señora Nazario otorgó en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, un poder especial para autorizar al aquí querellado, Ledo. José Antonio García Ortiz, a comparecer en la escritura de compraventa en repre-sentación suya. El 19 de agosto de 1985 se otorgaron ante el notario Xavier R. Torres Villa, las Escrituras Núm. 69 de Protocolización de Poder Especial y Núm. 70 de Liquida-ción de Préstamo Hipotecario, Compraventa, Reconoci-miento de Obligación, Modificación y Ampliación de Hipo-teca para el Rescate del Subsidio de Intereses. Mediante esta última, la señora Nazario Pacheco vendió a los espo-sos Carrera-Santiago el inmueble referido.

En esa misma fecha, el antedicho notario Torres Villa también autorizó un documento titulado “Declaración de Vendedores”. En éste el querellado compareció como apo-derado y bajo juramento, y “según información recibida y su mejor creencia” (Apéndice II, pág. 1), hizo varias repre-sentaciones en torno a la propiedad objeto de la compraventa. En la última cláusula aseveró lo siguiente:

No hay sentencia, órdenes, decretos o acciones judiciales pen-dientes en cortes Estatales o Federales contra los vendedores, ni existe gravamen contributivo Estatal o Federal o reclamación contra ellos, que sea o pudiera ser gravamen contra la finca. No hay pendiente procedimiento de quiebra, insolvencia, adminis-tración, o procedimientos similares contra ellos en cortes Esta-tales o Federales; y el traspaso propuesto no se hace para entor-pecer, dilatar o defraudar a sus acreedores. Esta declaración se otorga para inducir a Estados Unidos a hacer o asegurar un préstamo o consentir en el traspaso respecto al terreno mencionado. (Énfasis suplido.)() Apéndice II, pág. 2.

Dos (2) años más tarde, la Cooperativa de Seguros Múl-tiples (en adelanté Cooperativa) presentó ante el Tribunal Superior de Mayagüez una moción para ejecutar una sen-tencia en cobro de dinero a su favor, dictada contra la se-ñora Nazario el 2 de abril de 1984.() El 10 de agosto de 1987, el tribunal ordenó que se ejecutara la sentencia so-bre el inmueble objeto de la compraventa descrita. Hacia esa fecha, las escrituras a través de las cuales los esposos Carrera-Santiago adquirieron el inmueble, aún no habían sido inscritas. Por lo cual, la señora Nazario todavía apa-recía como dueña en el Registro de la Propiedad.()

Para defender su interés sobre la propiedad en cuestión, los esposos Carrera-Santiago solicitaron permiso al tribunal para intervenir en el procedimiento de ejecución, con-forme a la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El tribunal acogió su solicitud y señaló vista para el 21 de abril de 1988. Surgió entonces una controversia en cuanto a si la venta a los interventores se hizo con el pro-pósito de defraudar a la Cooperativa, acreedora de la vendedora.

La prueba desfilada durante la vista reveló que el que-rellado representó a la señora Nazario en el pleito que ha-bía dado paso a la sentencia que se intentaba ejecutar. Su única gestión en el caso fue presentar la contestación a la demanda. El tribunal dictó una sentencia sumaria a favor de la Cooperativa, sin que el querellado presentara nin-guna oposición. La prueba indicó, además, que posible-mente el querellado ni siquiera había recibido la notifica-ción de la sentencia dictada en contra de su cliente, debido a que cambió su dirección en repetidas ocasiones sin infor-márselo al tribunal. Tampoco renunció formalmente a la representación legal de la señora Nazario.

Desfilada la prueba, el foro de instancia dictó una sen-tencia el 13 de septiembre de 1988. Determinó que la tran-sacción mediante la cual la señora Nazario vendió a los interventores, los esposos Carrera-Santiago, la propiedad que se intentaba ejecutar, no fue en fraude de los acreedores. Concluyó, sin embargo, que el querellado actuó negligentemente al firmar la Declaración de Vendedores, en la que aseveraba que no existía sentencia o pleito pen-diente contra los vendedores que fuera o pudiera ser un gravamen contra la finca. La Hon. Juez Carmen J. Ortiz Ramos nos refirió el asunto para que investigáramos si la gestión del Ledo. José Antonio García Ortiz como abogado de la señora Nazario y, más tarde, como su apoderado, re-quiere el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

El 14 de octubre de 1988 ordenamos a la Oficina del Procurador General investigar la conducta del querellado. El 11 de abril de 1989 el Procurador General presentó su informe. Visto ese informe, el 23 de octubre siguiente orde-namos a dicha Oficina presentar una querella contra el Ledo. José Antonio García Ortiz. En cumplimiento de nues-tra orden, el 18 de diciembre de 1989 el Procurador General presentó ante este Foro una querella en la cual imputó al licenciado García Ortiz haber violado los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.()

Los cargos por violación a los Cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, supra, se relacionan principal-mente con la gestión del querellado como abogado de la señora Nazario en el pleito por el cobro de dinero que contra ésta llevara la Cooperativa. Específicamente, se le im-puta que no representó a su cliente con la debida compe-tencia y diligencia, en violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra; que no solicitó permiso para re-nunciar a su representación, en violación al Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra; y que no le informó de la sentencia que recayera en su contra, en violación al Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Los cargos por violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, se basan primordialmente en su ges-tión como apoderado de la señora Nazario en la compraventa. Específicamente, se alega que falló en su de-ber de exaltar la dignidad de la profesión legal al suscribir una declaración jurada en la cual hacía constar que desco-nocía el decreto judicial o reclamación alguna que fuera o pudiera ser un gravamen contra el inmueble que la señora Nazario vendió a los esposos Carrera-Santiago, aun cuando conocía o debió conocer acerca de la sentencia para el cobro de dinero que se había dictado contra ella en el pleito en el cual él mismo la representó.

El 8 de junio de 1990 nombramos Comisionado Especial al Ledo. Edwin Bonilla Vélez, quien recibió la prueba sobre las imputaciones. El 9 de diciembre de 1992 el Comisio-nado rindió su informe, del cual se desprenden los hechos hasta aquí reseñados. Visto dicho informe, procedemos a pronunciarnos sobre la gestión del querellado.

HH HH

Atendemos, primero, el cargo por violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. El Procurador General aduce que el querellado faltó a la verdad cuando re-frendó la última cláusula de la Declaración de Vendedores, puesto que le constaba o debió constarle que existía una sentencia contra la vendedora.

Por su parte, el querellado argumenta que la sentencia aludida no era una de las comprendidas dentro del alcance de la última cláusula de la Declaración de Vendedores, por lo que no faltó a la verdad al refrendarla. El querellado explica que de dicha cláusula surge que la firma de la De-claración tiene como propósito inducir a la agencia a ase-gurar un préstamo o consentir a un traspaso. Aduce que la sentencia recaída en contra de su cliente no era una sen-tencia que pudiera afectar esa decisión de la agencia y que era meramente una obligación para el cobro de dinero, y no un gravamen contra la finca. Argumenta además que, una vez inscrita la compraventa, la sentencia nunca podría afectar el título de los compradores. Tampoco podría afec-tar la acreencia hipotecaria de la FHA, ya que su derecho constaba inscrito en el Registro de la Propiedad con rango preferente.

No tiene razón el querellado. La última cláusula de la Declaración de Vendedores afirma que “[njo hay sentencia ... contra los vendedores ... que sea o pudiera ser un gravamen contra la finca”. Apéndice II, pág. 2. La sentencia en cobro de dinero que recayó contra la señora Nazario, la vendedora, es una de las tomadas en cuenta en dicha cláusula. Como sentencia final y firme, podía ejecutarse sobre cualquier bien de la demandada, inclusive la finca en cuestión. Era, por lo tanto, una sentencia que, mediante el procedimiento de embargo, podía convertirse en un gravamen sobre la finca. El hecho de que ese tipo de gravamen potencial pudiera o no afectar la decisión de la agencia federal de consentir al traspaso o asegurar el crédito, no implica que estuviese fuera del alcance de la cláusula. Esta también tiene el objetivo de certificar que el traspaso no se hace para “entorpecer, dilatar o defraudar” a los acreedores de la vendedora.

Por lo tanto, al refrendar la última cláusula de la Declaración de Vendedores, el querellado aseveró como cierto un hecho que era falso. Existía una sentencia en contra de la vendedora que podía ser un gravamen contra la finca. En vista de que fue el propio querellado quien representó a la vendedora en el pleito que originó la sentencia aludida, no puede interponer como defensa su desconocimiento de la sentencia dictada. Ver, e.g., Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 240 (1984).() Como abogado de la vendedora en el pleito, el querellado debió estar al tanto de un desarrollo tan importante en el caso como es la sentencia. No estarlo impide que cumpla cabalmente con su deber de mantener informado a su cliente de todo desarrollo importante en el caso, en contravención al Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra.

El querellado parece entender que su deber como repre-sentante de la señora Nazario terminó cuando presentó la contestación a la demanda, por lo que no tenía el deber de conocer de la sentencia dictada. Alega que cuando la se-ñora Nazario requirió sus servicios, él le advirtió que no podía representarla en el pleito en cobro de dinero, ya que aún le adeudaba honorarios por servicios prestados como su representante en el encausamiento por apropiación ile-gal que surgiera de los mismos hechos. No obstante, ex-plica que accedió a contestar la demanda y a comparecer a la vista del caso en su fondo. Aparentemente, la señora Nazario aceptó esa intervención limitada, y se llevó el ex-pediente del caso para buscar otro abogado.()

Si el querellado entiende que unilateralmente podía dar por terminada su representación legal de la señora Nazario, se equivoca. Es una norma claramente establecida que, una vez un abogado asume ante los tribunales la representación legal de una persona, es su deber desplegar el más alto grado de competencia y diligencia posible, hasta que solicite al tribunal permiso para renunciar a esta representación y éste formalmente le releve de responsabilidad. Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra; In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 603 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 752 (1986); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125-126 (1975). El querellado jamás solicitó permiso para renunciar. Le obligaban, pues, todas las normas que rigen a los abogados en sus deberes hacia sus clientes. In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14, 17-18 (1986).

Mientras ostente la representación de su cliente, el abogado tiene el deber de informar al tribunal de todos los trámites y hechos que puedan afectar los casos pendientes. In re Vélez Báez, 128 D.P.R. 509 (1991). Ello incluye, naturalmente, sus cambios de dirección postal. Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra; In re Acosta Grubb, supra, págs. 601 y 603-604; J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 141 (1974). Tiene también el deber de mantenerse informado de las. decisiones del tribunal en torno al caso que le ha sido encomendado. Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 746 (1985).

El querellado claramente incumplió con estas obligaciones. Como resultado, no estaba al tanto de la sen-tencia dictada contra su cliente, y así aseveró como cierto un hecho que debió constarle como falso. Si no le constaba su falsedad, sólo a él le es imputable su desconocimiento.

Peor aún, aunque el querellado no tuviera conocimiento de la sentencia dictada, cuando menos debió recordar que había un pleito pendiente contra la vendedora, en el cual él era su representante legal. El deber del abogado de representar a sus clientes con diligencia y competencia, recogido en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, no tolera que los abogados, inadvertida o descuidadamente, olviden la existencia de los casos cuya representación ostentan. Ver, e.g., Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 752, 755 (1974). Allí dijimos que "[el abogado [tiene la obligación] de asegurarse de que sus ex-presiones respond[a]n a la verdad. Ello es esencial al decoro y a la honestidad profesional”.

Los abogados deben conducirse siempre en forma digna y honorable. Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra; In re Nieves Rivera, 124 D.P.R. 803 (1989); In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4, 12 (1977). La actuación del querellado al refrendar la última cláusula de la Declara-ción de Vendedores, en la cual aseveraba un hecho que debió constarle como falso, descubrió una actitud inadver-tida, indiferente y descuidada hacia su gestión como abogado. Ver, e.g., In re Ríos Lugo, 119 D.P.R. 568, 577 (1987). Su ignorancia y olvido en torno al curso de un caso cuya representación le fue encomendada mina la credibili-dad de la clase togada, y así lesiona la dignidad de la pro-fesión que ostenta. Alonso García v. Comisión Industrial, supra.

Censuramos esta conducta por parte del querellado. Le apercibimos de que, en el futuro, debe informar al tribunal acerca de sus cambios de dirección, para que puedan en-viársele las notificaciones de órdenes y decretos del tribunal. También le advertimos que debe esforzarse afir-mativamente por mantenerse al tanto de los desarrollos de los casos bajo su responsabilidad que se hayen ante el tribunal. Este deber no cesa hasta tanto un tribunal no le releve formalmente de la representación de su cliente. Fi-nalmente, le recordamos que no hay excusa posible que exima a un abogado del deber de tener constancia de los clientes que representa y de los casos que tiene pendientes ante el tribunal. De haber observado esa diligencia mí-nima, no hubiera cometido la aún más grave falta de ase-verar como cierto un hecho que debió constarle como falso.

Por cuanto antecede, decretamos la separación del que-rellado del ejercicio de la abogacía por un término de seis (6) meses. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió, y desea hacer constar que la suspensión decretada debió li-mitarse a tres (3) meses. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) La referida declaración era requerida por la FHA, y constaba en un formu-lario preimpreso.

      (2) El Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, dictó la referida sentencia en el caso Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. Noemí Nazario Pacheco et als., Caso Civil Núm. CS-82-761. Impuso a la señora Nazario el pago de ochenta mil dólares ($80,000), más costas e intereses, y tres mil dólares ($3,000) en honorarios de abogado. La notificación de la sentencia se envió al querellado al Apartado 607, Ponce, Puerto Rico, 00733. Copia de ésta fue archivada en autos el 5 de abril de 1984.

      (3) Debido a su negligencia al no presentar las escrituras a tiempo, la Oficina del Procurador General presentó un informe sobre la actuación del notario Torres Villa. En vista de que el letrado no incurrió en la conducta aludida de manera intencional, sino por inadvertencia y falta de diligencia, y en vista de que el letrado voluntaria-mente reconoció su falta y cumplió cabalmente y a iniciativa propia con la obligación de reponer el daño causado, ordenamos el archivo del asunto mediante Resolución de 23 de octubre de 1989.

      (4) La violación al Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, se incluyó mediante enmienda el 20 de noviembre de 1990.

      (5) Surge de la declaración jurada que el querellado prestó ante la Hon. Procu-radora General el 29 de diciembre de 1989, que éste alegó no haber recibido la notificación de la sentencia dictada en el caso contra la señora Nazario, porque se había mudado dos (2) veces. No fue sino hasta que comenzó el procedimiento de ejecución de sentencia, que advino en conocimiento de la sentencia dictada. Declara-ción Jurada del Ledo. García Ortiz, págs. 2-3. La declaración referida se admitió como evidencia por estipulación.
      No obstante, en su réplica a la querella, el querellado ni niega ni acepta el haber recibido la notificación de la sentencia. Se limita a cuestionar la legitimación activa del Procurador General para levantar cargos por violación de sus deberes.hacia los clientes, en ausencia de una querella por parte de la cliente afectada. No tiene razón. El hecho de que un cliente desista de instar querella contra su abogado no impide que ejerzamos nuestra facultad disciplinaria en este caso. Véase, e.g., In re Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980). Es la facultad inherente de este Tribunal, el velar por que los abogados que ha admitido al ejercicio de la profesión se conduzcan siempre dentro de los parámetros mínimos de responsabilidad y honradez recogidos por los cánones de ética y por nuestra interpretación de éstos.

      (6) Declaración Jurada del Lcdo. García Ortiz, pág. 15.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Carmen Milagros Maysonet, por sí y en representación de sus hijos Luis Javier y Miguel Angel Morales, Antonio Morales Soler y Emilia Santiago, demandantes y recurridos, v. Rolando Granda, Omelia Granda, la Sociedad de Gananciales por ellos constituida y la Corporación Granda e Hijos, Inc., demandados y recurrentes.

      Número: RE-89-530

      Resuelto: 23 de junio de 1993

      M. Martínez Umpierre, abogado de los recurrentes; Rafael Cardona Campos, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El caso ante nos requiere que determinemos si en un pleito civil de daños y perjuicios es admisible, como prueba sustantiva, la sentencia de convicción por homicidio invo-luntario dictada contra uno de los codemandados, producto ésta de la alegación de culpabilidad hecha por el codemandado.

Resolvemos que la referida sentencia es admisible en el caso civil, mas no como prueba concluyente de los hechos. La parte contra la cual se admite dicha prueba tiene dere-cho a rebatirla y a explicar las razones que lo motivaron a hacer la alegación de culpabilidad.

I

El señor Granda es accionista y presidente de la Corpo-ración Granda e Hijos, Inc., la cual opera un estableci-miento dedicado a la venta de mercancía textil en general ubicado en el pueblo de Arecibo. El 27 de marzo de 1982, mientras el señor Granda se encontraba en el mencionado establecimiento, el señor Morales entró, se apropió de dos (2) pantalones y salió corriendo. El señor Granda lo siguió hasta alcanzarlo y ponerlo bajo arresto. Luego de recupe-rar los pantalones, el señor Granda le indicó al señor Morales que caminara. Alegadamente este último dio varios pasos cuando repentinamente se volteó e intentó atacar al señor Granda con una cuchilla. Este último le disparó, oca-sionándole la muerte al primero.() Por estos hechos el señor Granda fue acusado de asesi-nato en primer grado y violación a la Ley de Armas.() Es-tando pendiente el juicio criminal, el cual finalizó mediante alegación de culpabilidad hecha por el señor Granda en el delito de homicidio involuntario,() los padres, la ex esposa y los dos (2) hijos menores de edad del señor Morales ins-taron una acción en daños y perjuicios contra el señor Granda, la Corporación Granda e Hijos, Inc., la sociedad de gananciales compuesta por el señor y la señora Granda, y la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Posteriormente, los demandados presentaron una re-convención en daños y perjuicios contra los herederos del occiso y una demanda contra coparte contra la Cooperativa de Seguros Múltiples, quien les negó la cubierta con rela-ción al incidente en controversia.

En la vista del caso civil, previa objeción de la represen-tación legal de los demandados, el tribunal admitió como prueba de la parte demandante el testimonio del señor Granda, a los efectos de que por los mismos hechos que motivaron la acción civil éste había formulado alegación de culpabilidad por homicidio involuntario, delito del cual la negligencia es uno de sus elementos constitutivos.

Se admitió, además, la sentencia de convicción dictada en el proceso penal. Lo anterior constituyó la única prueba de negligencia presentada por la parte demandante.

El tribunal consideró lo anterior como prueba conclu-yente de que el señor Granda actuó negligentemente.() No obstante, reconoció que la parte demandada podía presen-tar "prueba de que el occiso contribuyó con su negligencia a la ocurrencia de su muerte” (T.E., pág.16), y con este pro-pósito se permitió el testimonio del señor Granda, esta vez como testigo de la parte demandada, a los únicos efectos de que actuó en legítima defensa. Sin embargo, no permitió su testimonio en torno a las razones por las cuales aceptó el acuerdo de alegación preacordada. Esto último quedó como prueba ofrecida y no admitida. ()

Concluido el desfile de prueba y sometido el caso, el tribunal a quo dictó sentencia en la que declaró con lugar la demanda y desestimó la reconvención y demanda contra coparte presentada por los codemandados. Como parte de la sentencia, ordenó a los codemandados a pagar solidaria-mente la suma de sesenta y dos mil dólares ($62,000) a los codemandantes por sus sufrimientos y angustias mentales, más ochenta y seis mil novecientos veinticuatro dólares con ochenta y cuatro centavos ($86,924.84) en concepto de lucro cesante a los hijos menores de edad del occiso.()

No conformes, los codemandados recurren ante nos y formulan los señalamientos de error siguientes:

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribun[a]l de Instancia al admitir en evidencia una sentencia condenatoria por un de-lito menos grave, contrario a la letra de la Regla 65V de las de Evidencia de 1979.
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no permitir que el demandado Rolando Granda declarase sobre las razones que tuvo para hacer las alegaciones de culpa-bilidad por un delito menos grave, a pesar de que no admitía responsabilidad por los hechos ocurridos.
TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dar un “no ha lugar” a una solicitud de Conclusiones de He-chos Adicionales, cuando todas la conclusiones solicitadas se basaban en prueba ofrecida y admitida y que no fue refutada ni contradicha en forma alguna.
CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no resolver con base a la única prueba de responsabilidad que fue presentada por la parte demandada, ya que la parte demandante no presentó prueba de cómo ocurrieron los hechos.
QUINTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al llegar a conclusiones de derecho que no están sostenidas por las conclusiones de hechos.
SEXTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar con lugar la demanda contra los co-demandados Ome-lia Granda, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Rolando Granda y Omelia Granda[,] y la Corporación Granda e Hijos, Inc., cuando la actuación que dio base a la demanda fue una acción persona[l] (una agresión) del codemandado Rolando Granda, realizada en su legítima defensa propia y en la que no estuvo envuelta ni la Sociedad Legal de Gananciales, ni la Cor-poración Granda e Hijos, [Inc.,] ni la señora Omelia Granda.
SEPTIMO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al permitir que testificara como perito el señor Uriel Candelas, Actuario, a pesar de éste haber admitido que nunca había es-tudiado, leído, analizado literatura o tabla de índice de mortan-dad o de expectativa de vida útil en un tipo de caso como el que nos ocupa.
OCTAVO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al conceder daños por lucro cesante cuando no podía determi-narse ni la expectativa de vida, ni la expectativa de vida útil, ni la probabilidad de retener un empleo del causante; basándose el Tribunal única y exclusivamente en una “tabla” preparada por el testigo Uriel Candelas (tabla que contenía un sólo caso, el que nos ocup[a]) y tomando como fuente para la misma una alegada directriz de una compañía de seguros. Dicha directriz, que fue admitida en evidencia, no es una publicación oficial y ni siquiera tiene el membrete de la compañía a que se refiere.
NOVENO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no limitar el monto del lucro cesante a la cantidad de $50.00 semanales hasta que los menores hubieran cumplido los vein-tiún años de edad, por ser ésta la pensión judicialmente fijada para los menores en un procedimiento de divorcio previo.
DECIMO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar con lugar la demanda y conceder daños por la muerte de una persona que fallece en el acto de estar come-tiendo varios delitos públicos y su fallecimiento sobreviene cuando el demandado, en legítima defensa de su persona, se ve obligado a dispararle a su agresor. Petición, págs. 3-5.

Expedido el recurso de revisión, la parte recurrente so-licitó que celebráramos una vista oral dado lo novel de la controversia presentada ante nos. Accedimos a dicha soli-citud, por lo que la referida vista se llevó a cabo el 22 de octubre de 1990.()

HH HH

Para disponer del recurso ante nos, basta con atender lo alegado por las partes en los primeros dos (2) señalamien-tos de error.

El primer señalamiento va dirigido a cuestionar la ad-misibilidad en evidencia de una sentencia de convicción por homicidio involuntario, y el segundo a cuestionar su valor probatorio de concluirse que es admisible.

En primer lugar, sostenemos que una sentencia de convicción resultado de una alegación preacordada constituye prueba de referencia sujeta a la norma general de exclusión según provisto por nuestro ordenamiento evidenciarlo. Reglas 60 y 61 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

En virtud de lo dispuesto por la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, una sentencia de convicción, resultado de una alegación preacordada, representa la aceptación por parte del tribunal de la alegación de culpabilidad hecha por el imputado una vez el tribunal se ha cerciorado de que ésta “ha sido hecha con pleno co-nocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que es conveniente a una sana administración de la justi-cia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la ética”. Regla 72(7) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Por ello, una sentencia ofrecida como prueba de los hechos a que ésta se refiere es prueba de referencia, pues repre-senta la opinión o creencia del tribunal en torno a la vera-cidad de la alegación y de los hechos en que ésta se fundamenta. Constituye, pues, la referida sentencia prueba de referencia inadmisible, salvo que exista una ex-cepción aplicable. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, Cap. VIII, págs. 272 y ss.

Apliquemos lo antes expuesto a los hechos del caso ante nos.

El demandado recurrente, como parte de un proceso de alegación preacordada, formuló una alegación de culpabilidad y fue sentenciado y convicto por el delito de homicidio involuntario del cual uno de sus elementos constitutivos lo es la negligencia. Art. 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4005. Posteriormente, dicha sentencia fue ofrecida como prueba de negligencia en la acción civil en daños y perjuicios instada contra el aquí recurrente.

Dado que la referida sentencia constituye prueba de re-ferencia, que como regla general es inadmisible, su admi-sibilidad depende de que ésta esté comprendida dentro de una de las excepciones a dicha regla.

Al considerar que la alegación de culpabilidad formulada por el demandado recurrente por el delito de homicidio involuntario constituye una admisión de haber cometido el mencionado delito, la admisibilidad de la sentencia en controversia ante nos está sujeta a lo dispuesto por las Reglas 62 y 65(V) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, referentes respectivamente a la admisibilidad en evidencia de una admisión de parte y de una sentencia por convicción previa.

Específicamente, y en lo pertinente, la Regla 62 de Evidencia, supra, dispone que:

Es admisible como excepción a la regla de prueba de referen-cia una declaración ofrecida contra una parte si la declaración: (A) Es hecha por dicha parte, bien en su capacidad individual

Según dispuesto por la citada regla, es admisible en evi-dencia contra una parte cualquier manifestación o con-ducta suya que tienda á desacreditar o a contradecir al-guna de sus contenciones. Resulta suficiente que la manifestación o admisión sea contraria al interés del de-clarante al momento en que se ofrece contra él como prueba. Chiesa, op. cit., págs. 292 a 312.

Ahora bien, cuando la admisión de una parte culmina en una sentencia de convicción por delito, la admisibilidad como prueba sustantiva de la admisión y la sentencia resultante está condicionada a lo dispuesto por la Regla 65(V) de Evidencia, supra, que en lo pertinente establece que:

Es admisible como excepción a la regla de prueba de referen-cia aunque el declarante esté disponible como testigo:
(V) Sentencia por convicción previa: Evidencia de una sentencia final, tras un juicio o declaración de culpabilidad, declarando a una persona culpable de delito grave, ofrecida para probar cual-quier hecho esencial para sostener la sentencia de convicción. (Énfasis suplido.)

La regla antes citada limita la admisibilidad de una sentencia de convicción a los casos de delitos graves. Se excluyen los delitos menos graves dado el poco incentivo económico y libertario que tiene el imputado para litigar una denuncia por un delito menos grave. La falta de incen-tivo a litigar está determinada por la severidad de la pena a la que se expone el imputado().

En términos de la Regla 65(V), supra, la exclusión de los delitos menos graves se concibió principalmente para con-siderar los casos por infracción a la ley de tránsito, en la cual el ciudadano promedio, muchas veces sin consultar a un abogado prefiere, aun cuando considere que tiene la ra-zón, pagar una multa y continuar con su rutina diaria. En estos casos la alegación de culpabilidad resulta ser de es-caso valor probatorio como prueba de los hechos que la motivaron, pues puede que sólo refleje la percepción del imputado de que pagar una multa es mucho más conve-niente que litigar y, por ejemplo, tener que ausentarse de su trabajo. Chiesa, op. cit., pág. 440; Comentarios del Se-cretariado de la Conferencia Judicial de 1979 y 1986; Pease v. Pease, 246 Cal. Rptr. 762 (1988); Arneson v. Fox, 170 Cal. Rptr. 778 (1980).

Ahora bien, ¿es una convicción por el delito de homicidio involuntario admisible al amparo de las disposiciones de la Regla 65(V) de Evidencia, supra?

Como regla general, son delitos menos graves aquellos cuya pena no excede de quinientos dólares ($500) de multa y/o seis (6) meses de cárcel. Art. 12 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3044. Sin embargo, el delito de homicidio involuntario, a pesar de ser menos grave, conlleva una pena fija de un (1) año y ocho (8) meses, la cual puede ser reducida hasta un mínimo de un año (1) y tres (3) meses de mediar circunstancias atenuantes, y aumentada hasta un máximo de tres (3) años de mediar circunstancias agravantes.

Al ser la posibilidad de la pena el criterio determinante de la presencia o ausencia de incentivo a litigar; concluimos que una convicción por homicidio involuntario es admisible al amparo de la Regla 65(V) de Evidencia, supra, en virtud de que puede conllevar una pena de hasta tres (3) años de reclusión, lo que provee a una persona promedio incentivo suficiente para litigar en virtud del interés libertario implicado.() Chiesa, op. cit., pág. 440.

En síntesis, al considerar que la pena que acarrea el delito de homicidio involuntario es en exceso de seis (6) meses, típica de delito grave, resolvemos que una sentencia de convicción por el referido delito ha de ser tratada como una convicción por delito grave a los fines de la Regla 65(V) de Evidencia, supra, y es por lo tanto admisible al amparo de lo dispuesto por la citada regla. Siendo ello así, y dado que en el caso ante nos la sentencia tiene su origen en una alegación de culpabilidad, también es admisible bajo la Regla 62 de Evidencia, supra, como admisión de parte. Esta conclusión no sólo es compatible con lo dispuesto por nuestro ordenamiento evidenciarlo sino que, además, es congruente con la política pública que favorece la integración de los procesos de naturaleza civil y penal, según expresada en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976), y su progenie, y con el esfuerzo legislativo dirigido a proteger a las víctimas de delito. Reglas 62 y 65(V) de Evidenció, supra; Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978); Chiesa, op. cit.; Ley para la Protección de Testigos y Víctimas, Ley Núm. 77 del 9 de julio de 1986 (25 L.P.R.A. secs. 972-972j).

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Concluido ya que la sentencia de convicción por homicidio involuntario es admisible en evidencia, corresponde expresarnos sobre el valor probatorio de dicha evidencia una vez admitida. Esto es, una vez trascendido el aspecto de admisibilidad correspondiente al ordenamiento evidenciario, debemos adentrarnos en materia sustantiva para determinar si erró el tribunal sentenciador al admitir en el pleito civil la sentencia de convicción por el delito de homicidio involuntario como prueba concluyente de negligencia y al no permitir al demandado recurrente testificar en torno a las razones que lo llevaron a aceptar el acuerdo de alegación preacordada y formular alegación de culpabilidad por el mencionado delito. Concluimos que sí erró. Veamos.

El aspecto sustantivo de la controversia hoy ante nos fue claramente resuelto en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra. Específicamente, en el citado caso concluimos que:

Los hechos probados en una causa penal, aún cuando no son concluyentes al punto de excluir su relitigación en la acción civil de daños y perjuicios originada de aquéllos, constituyen evidencia prima facie de su existencia, admisible en el pleito civil.
... La parte para quien resulte adversa dicha prueba tiene derecho a alegar su insuficiencia o a controvertirla con otra evi-dencia y el juzgador hará su propia estimación de la prueba que podrá o no coincidir con la apreciación de la misma en el juicio criminal.
... [P]uede el juzgador de la causa civil ... hacer su propia apreciación de toda la prueba dirigida por la premisa fundamental de ... la diversa naturaleza y finalidad de las acciones que se ejercitan en una causa criminal y en un juicio civil .... (Enfasis suplido y escolio omitido.)

Sobre este extremo es importante destacar que aun cuando la norma de admisibilidad adoptada en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra, fue modificada por la Regla 65(V) de Evidencia, supra, en la medida en que ésta hace inadmisible en un pleito civil posterior una sentencia de convicción por un delito que conlleve una pena menor de seis (6) meses de reclusión y/o quinientos dólares ($500) de multa, el aspecto sustantivo de la norma adoptada en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, continúa en pleno vigor e inalterada por el contenido de la Regla 65(V), supra, e incluso fue ratificada por este Tribunal con posterioridad a la aprobación de las reglas de evidencia. ()

En síntesis, al ratificar la norma adoptada en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra, concluimos que erró el tribunal de instancia al admitir la sentencia de convicción por homicidio involuntario como prueba concluyente de negligencia y no permitirle al demandado recurrente presentar prueba en torno a las razones que lo motivaron a formular alegación de culpabilidad por el mencionado delito. Tanto la sentencia como las razones por las cuales el demandado recurrente formuló la alegación de culpabilidad debieron ser consideradas en conjunción con la otra prueba presentada en el caso para llegar a una conclusión en torno a si el demandado recurrente actuó negligentemente, lo cual constituye un elemento esencial de la causa de acción en daños y perjuicios instada por los demandantes recurridos.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instan-cia para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí expuesto y se le permita a la parte demandada recurrente desfilar prueba sobre las razones por las cuales formuló la alegación de culpabilidad por el delito de homi-cidio involuntario.( ) Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García disintió por considerar que la decisión mayoritaria infringe el elemental principio de hermenéutica consagrado en el Art. 14 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, al efecto de que “[cjuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. El Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Diferimos. La sentencia penal fundada en la alegación de culpabilidad de Rolando Granda por el delito menos grave de homicidio involuntario, es inadmisible en la de-manda civil posterior en su contra.

I

El esquema probatorio vigente hace admisibles() algu-nas sentencias por convicciones anteriores en procedimien-tos ulteriores para diferentes propósitos, pero si “se ofrece como prueba de las alegaciones de la demanda o acusación, el problema de prueba de referencia es grave”. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, pág. 437.

Al respecto, la Regla 65(V) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, dispone:

Es admisible como excepción a la regla de prueba de referen-cia aunque el declarante esté disponible como testigo:
(V) Sentencia por convicción previa: Evidencia de una senten-cia final, tras un juicio o declaración de culpabilidad, decla-rando a una persona culpable de delito grave, ofrecida para probar cualquier hecho esencial para sostener la sentencia de convicción. La pendencia de una apelación no afectará la admi-sibilidad bajo esta regla, aunque podrá traerse a la considera-ción del tribunal el hecho de que la sentencia de convicción aún no es firme. Esta regla no permite al pueblo en una acción criminal ofrecer en evidencia la sentencia de convicción de una persona que no sea el acusado, salvo para fines de impugnación de un testigo. (Énfasis suplido.)

¿Por qué fueron excluidas las sentencias por delitos me-nos graves? Los principios probatorios tienen como propó-sito “el descubrimiento de la verdad en todos los procedi-mientos judiciales”. Regla 2 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Con esa visión en mente, se estima que las sentencias por delitos graves generalmente ofrecen garantías circuns-tanciales de confiabilidad. En tales casos, el acusado fre-cuentemente se expone a penas severas y, por ende, tiene un gran incentivo para litigar. Chiesa, op. cit., pág. 74. Se-gún este predicado, es razonable pensar que medió una defensa vigorosa y que el veredicto condenatorio fue obte-nido a pesar de esos esfuerzos.

No obstante, la situación es distinta en los menos graves, pues “falta el incentivo para litigar —y la declaración de culpabilidad o defensa mínima puede haber obedecido simplemente a preferir la convicción a los sinsabores de una vigorosa defensa— [y] se excluye de la excepción la sentencia de convicción por delitos menos grave[s] . Chiesa, op. cit., pág. 438.()

En síntesis, el sustrato de este razonamiento diferencial es la confiabilidad condicionada por el valor probatorio in-trínseco del incentivo que tuvo un acusado para litigar o no su causa.

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¿Tenía Granda incentivos para hacerlo en el caso criminal? La opinión mayoritaria contesta en la afirmativa al equiparar el delito de homicidio involuntario menos grave con uno grave, en función a la pena máxima de tres (3) años. Según ese razonamiento resuelven que la sentencia es admisible. Es un error.

La mayoría pasa por alto que a Granda se le acusó de asesinato en primer grado, por lo que estaba expuesto a una pena de noventa y nueve (99) años sin derecho a los beneficios de sentencia suspendida. Arts. 82-84 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4001-4003.

Como resultado de unas negociaciones con el Ministerio Público, se le ofreció la alternativa de una alegación de culpabilidad por homicidio involuntario. Art. 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4005. El acuerdo incluía recomen-dar la pena mínima de un (1) año y tres (3) meses, y su elegibilidad para disfrutar una sentencia suspendida. Se-gún surge de su oferta, por varias razones, Granda tenía temor a exponerse a un proceso contencioso que no fuera justo e imparcial.

Distinto a la lógica mayoritaria, es obvio que si Granda litigaba el caso de asesinato se exponía a una condena de noventa y nueve (99) años a ser cumplidos en prisión; mientras con la alegación de culpabilidad por homicidio involuntario recibiría, con gran posibilidad, una sentencia suspendida de un (1) año y tres (3) meses.()

Ante este panorama, ciertamente Granda no tuvo incen-tivos para litigar el homicidio involuntario; de hecho, eran más poderosas las razones para abstenerse. En estas cir-cunstancias, la sentencia por homicidio involuntario carece de las garantías circunstanciales de confiabilidad que jus-tifican su admisibilidad en la causa civil posterior al am-paro de la Regla 65(V) de Evidencia, supra. No debió admitirse.

Finalmente, resulta pertinente indicar que la inadmisi-bilidad de dicha sentencia criminal subsiste aún bajo los criterios de “admisión” al amparo de la Regla 62 y una “declaración contra interés”, Regla 64(B)(3).()

      (1) Surge del informe de autopsia que el proyectil penetró la región occipital izquierda.

      (2) La acusación por violación a la Ley de Armas generó jurisprudencia de este Tribunal, específicamente Pueblo v. Granda, 113 D.P.R. 558 (1982).

      (3) El señor Granda fue sentenciado a un (1) año y tres (3) meses bajo los bene-ficios de sentencia suspendida.

      (4) A este respecto el tribunal por voz del Honorable Ángel González Román expresó lo siguiente: “La alegación de culpabilidad de Rolando Granda constituye una admisión de culpabilidad y por lo tanto la negligencia de éste ha quedado probada.” T.E., pág. 16.

      (5) A este respecto se hizo constar en la minuta correspondiente a la vista cele-brada el 19 de octubre de 1988, que de declarar el recurrente declararía que aun cuando se considera inocente, hizo alegación de culpabilidad en el delito de homicidio involuntario al considerar que: ambas modalidades del delito imputado (asesinato) están excluidas del privilegio de sentencia suspendida, mientras que el delito por el cual hizo la alegación de culpabilidad no; el delito de homicidio involuntario conlleva la imposición de una pena mínima que puede borrarse del expediente, además de que entendía que por ser el delito uno menos grave, la sentencia de convicción no sería admisible en el caso civil; durante el proceso se desarrolló un ambiente hostil en su contra por el hecho de ser cubano. A este respecto añadiría que recibió insultos y llamadas telefónicas anónimas, en una de las cuales le advirtieron “ ‘que se cuidara que le están hablando al jurado en su contra’ Que lo anterior lo hizo sentirse intimidado y temeroso de que en su caso pudiera ocurrir “ ‘un desvar[í]o de la justi-cia’ ” por lo cual, luego de consultar con su familia y hacer “ ‘un balance de los riesgos frente a la oferta, entendió’ ” que “lo más conveniente a su interés personal era aceptar una alegación de culpabilidad, aún siendo inocente Apéndice, pág. 23.

      (6) A este respecto el foro de instancia determinó que, a pesar de que “hubo prueba de adicción a drogas” por parte del occiso y de que éste fue convicto y conde-nado por poseer sustancias controladas, también se demostró que mantuvo por diez (10) años un empleo en la Union Carbide hasta el momento de su muerte.

      (7) En dicha ocasión, este Tribunal estuvo constituido por el entonces Juez Pre-sidente Señor Pons Núñez, el hoy Juez Presidente Señor Andréu García, los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton, y el que suscribe.

      (8) Para dar efectividad plena a las consideraciones de política pública antes señaladas e informadas por la Regla 65(V) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, no puede acudirse a la Regla 62, 32 L.P.R.A. Ap. IV, ni a otras excepciones a la norma de exclusión de prueba de referencia para lograr que se admita como prueba sustantiva una sentencia de convicción por un delito menos grave, salvo lo que más adelante se indica. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, pág. 440; Weinstein & Berger, 803-355, 4 Weinstein’s Evidence Sec. 803(22)[01].
      La anterior conclusión no excluye la posibilidad de que una sentencia de con-vicción por un delito menos grave se utilice a los fines de impugnar la credibilidad de un testigo conforme lo dispone la Regla 46 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

      (9) A este respecto, en el informe sobre el “Primer Examen de las Reglas de Evidencia de 1979”, presentado por el Comité de Reglas de Evidencia de la Confe-rencia Judicial de Puerto Rico, se hizo constar que:
      “El Comité estaría a favor de enmendar nuestra regla para que se refiera a delitos con pena mayor de quinientos dólares ($500) de multa o más de seis meses de prisión, lo que daría cuenta de delitos como el de homicidio involuntario.”

      (10) Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981).

      (11) En vista de la conclusión anterior, no es necesario discutir lo alegado en los restantes señalamientos de error formulados por los recurrentes. Específicamente el tercer, cuarto, quinto, séptimo y octavo señalamiento están dirigidos a cuestionar la suficiencia de la prueba y la apreciación que de la misma hizo el tribunal de instancia. En el sexto y noveno señalamiento alegan que erró el tribunal al admitir en evidencia contra la señora Granda, la sociedad legal de gananciales compuesta por el señor y la señora Granda, y la Corporación Granda e Hijos, Inc., la alegación de culpabilidad formulada por el señor Granda y al fijar una cuantía de lucro cesante mayor que la pensión alimentaria fijada por un tribunal a los menores demandantes. Con respecto a la procedencia de tales actuaciones por parte del tribunal, quaere.

      (1) Coincidimos con los pronunciamientos en torno al valor probatorio de una sentencia criminal de convicción por delito grave en el subsiguiente proceso civil por los mismos hechos. Están a tono con nuestras .decisiones en Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978); Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976).

      (2) En tomo a la regla federal (Regla 803(22)), equivalente a la Regla 65(V) nuestra, señala McCormick:
      “Un número de Tribunales ha limitado esta regla a convicciones por delitos graves razonando que las convicciones por delitos menos graves no representan de-terminaciones suficientemente confiables para justificar el hacer una excepción a la regla de prueba de referencia.” (Traducción nuestra.) E.W. Cleary, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, Sec. 318, pág. 895.

      (3) En efecto, Granda fue sentenciado a una sentencia suspendida de un (1) año y tres (3) meses.

      (4) Sobre el particular se ha aclarado:
      “¿Puede admitirse una sentencia de convicción por delito menos grave, a base de declaración de culpabilidad, bajo los principios de ‘admisiones’ de la regla 62 ó de declaraciones contra interés bajo la regla 64(B)(3)? Coincidimos totalmente en la respuesta negativa que hallamos en Weintein’s Evidence, seción 803(22)[01], pág. 803-276 (1979):
      “ ‘Para poder lograr la política pública expresa consignada en la regla 803(22) prohibiendo la admisión en evidencia de convicciones que conlleven penas de menos de un año, evidencia de declaración de culpabilidad en casos menos graves no deben ser admitidas como ‘admisiones’ bajo la Regla 801(d)(2), ni como ‘declaraciones contra interés’ bajo la regla 804(b)(3).’ (escolio omitido.)” (Traducción nuestra.) Chiesa, op. cit., pág. 440.


text:
    José Rodríguez Roldán, demandante y recurrido, v. Municipio de Caguas, Autoridad de Energía Eléctrica, Departamento de Recursos Naturales y/o Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las Compañías Aseguradoras A, B y C, demandados y recurrente el primero.

      Números: RE-89-601
    RE-89-602

      Resueltos: 23 de junio de 1993

      Gonzalo J. Barreras Varona, abogado de los recurrentes; Manuel García Tamayo, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

El 9 de octubre de 1986 el demandante, José Rodríguez Roldán, de cuarenta (40) años de edad, a eso de las dos (2) de la madrugada, sufrió un accidente mientras transitaba por la calle Windsor de la primera sección de la urbaniza-ción Villa del Rey, bajo la jurisdicción del Municipio de Ca-guas (en adelante el Municipio). Hacia esa fecha, esta vía de rodaje corría de forma recta y terminaba abruptamente en el vacío, en un corte vertical de unos catorce (14) pies de altura, desde el tramo mencionado de carretera hasta una quebrada al fondo. En el tramo referido de carretera no había ningún aviso ni rotulación que señalara su abrupto fin, como tampoco había vallas ni ninguna otra medida de seguridad que indicara el final de la carretera e impidieran que los vehículos continuaran la marcha hacia el vacío. Para la fecha del accidente del demandante, los focos de alumbrado de la Autoridad de Energía Eléctrica (en ade-lante A.E.E.) hacia el final de la calle estaban fundidos, y así habían estado por lo menos durante los últimos tres (3) meses. T.E., págs. 26 y 84-85. Tales condiciones habían sido reportadas en ocasiones innumerables tanto al personal del Municipio como mediante llamadas telefónicas a la A.E.E. Antes del accidente se había reportado otro anterior, sin que se hubiesen corregido las condiciones peligro-sas del área()

El accidente ocurrió cuando el demandante —al no po-der percibir la intersección en la cual debía hacer un vira-je— prosiguió su marcha cayendo al vacío. La ausencia de medidas de seguridad y la peligrosidad de las condiciones existentes impidieron al demandante detectar el precipi-cio, puesto que la vía se encontraba mojada y al otro lado de la quebrada había un foco de una finca privada, el cual creaba la impresión de continuidad en la vía de rodaje.() El demandante trancurría a razón de quince (15) a veinte (20) millas por hora según surge de su testimonio y del testimonio del perito, ingeniero especialista en reconstruc-ción de accidentes, Sr. David E. Cintrón.() No surge de la prueba que estuviese conduciendo bajo los efectos de bebi-das embriagantes.() Además, transitaba con sus luces encendidas()

Al caer al vacío, el automóvil rodó parcialmente e im-pactó el fondo de la quebrada con su parte frontal iz-quierda, volcándose para descansar, así, finalmente sobre la capota. Como consecuencia del impacto, la parte frontal izquierda de la capota se hundió. El demandante sufrió un golpe en el lado derecho de su frente cuando chocó con el espejo retrovisor.() Luego se soltó el cinturón de seguridad y cayó sobre la capota, recibiendo varios golpes. Final-mente, logró pasar a la parte trasera del vehículo por el temor de que pudiera incendiarse y estuvo allí atrapado hasta que varias personas rompieron un cristal y lo sacaron.

Como producto del accidente, el demandante sufrió va-rias lesiones físicas, incluyendo una miositis cervical para-vertebral, la cual le creaba fuertes dolores de cuello y ca-beza que lo incapacitaban parcialmente para trabajar y afrontar situaciones de tensión (stress), y la cual según dic-taminó el fisiatra asesor de la Administración de Compen-sación por Accidentes de Automóviles (en adelante A.C.A.A.), doctor Sáez, no mejoraría con el tratamiento; teniendo el demandante que “aprender a vivir con más dolor”. T.E., págs. 167-168. Además, sufrió una lesión cerebral irreversible, la cual lo incapacitó para desempe-ñarse en su profesión de abogado, según atestado por el perito en neuropsicología, Dr. Jorge A. Montijo, y por el neurólogo, Dr. Antonio Liona. Id., págs. 278-281 y 322-323. El demandante presentó una demanda contra la A.E.E. y el Municipio, entre otros, para solicitar el resarci-miento de los daños, las angustias mentales y morales su-fridas, y otras pérdidas y daños de naturaleza económica.

La vista del caso en su fondo fue celebrada el 8 y 9 de mayo de 1989. La parte demandante presentó siete (7) es-tipulaciones a las cuales se había llegado en la Conferencia con Antelación al Juicio; catorce (14) preguntas y sus con-testaciones de un interrogatorio dirigido al Municipio; una (1) pregunta y una (1) contestáción de un interrogatorio dirigido a la A.E.E.; su propio testimonio y el de cuatro (4) vecinos inmediatos al lugar del accidente; el testimonio de dos (2) oficiales del Banco Popular y la Pan American Insurance Company, respectivamente; el testimonio pericial de un ingeniero, especialista en el análisis y evaluación de accidentes automovilísticos (conocido como la reconstruc-ción de accidentes automovilísticos), y los testimonios de un fisiatra, un psiquiatra y un psicólogo clínico especialista en neuropsicología.

La parte demandante presentó además, como prueba documental y material, sus récord médicos con la A.C.A.A., el Hospital Regional de Caguas y varios médicos; planillas de contribución sobre ingresos; un plano a escala del lugar del accidente, y un conjunto de fotos del vehículo y del lu-gar del accidente.

La participación en la vista de las codemandadas se li-mitó a contrainterrogar a los testigos de la parte deman-dante y a solicitar que se tomara conocimiento judicial del Caso Núm. CS-82-1871.( ) No prestaron prueba testifical, pericial o material alguna para sustentar sus posiciones. La codemandada, A.E.E., no presentó prueba para susten-tar la demanda contra coparte.

Luego de haber ponderado la prueba presentada, y al no haber aportado ninguna prueba los demandados más allá del contrainterrogatorio poco efectivo al que sometieron a los testigos del demandante, el tribunal a quo dictó senten-cia a favor del demandante. Condenó a los demandados a pagar la suma total de quinientos ochenta y nueve mil se-tecientos setenta dólares con veintiséis centavos ($589,770.26).() De esta sentencia recurren ante nos el Municipio y la A.E.E.

En síntesis, cuestionan la apreciación de la prueba que hiciera el tribunal de instancia en cuanto a la negligencia de los demandados al no estimar la negligencia comparada del demandante y al evaluar la cuantía de los daños compensables. Cuestionan, además, la imposición de hono-rarios e intereses por temeridad en su contra. Veamos.

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La procedencia de una acción en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, depende de que el demandante establezca, por pre-ponderancia de prueba, los elementos constitutivos de la causa de acción. A saber: la realidad del daño sufrido; la existencia de un nexo causal entre el daño y la acción u omisión de otra(s) persona(s), y que este acto u omisión fue culposo o negligente. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Reyes v. Sen. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305 (1970); Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93 (1957). El grado de cuidado que requiere el ordenamiento es el exigible a un hombre prudente y razonable ante las circunstancias del caso. Ortiz v. Levitt & Sons, 101 D.P.R. 290 (1973); Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031 (1960).

En nuestra jurisdicción rige el principio de "causalidad adecuada”, según el cual para haber responsabilidad civil, la ocurrencia del daño en cuestión debe ser previsible den-tro del curso normal de los acontecimientos y según las circunstancias particulares del caso. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra. “Un elemento esencial de la responsabilidad por culpa o negligencia es el factor de previsibilidad y el riesgo envuelto en el caso específico. El grado de previsibilidad requerido en cada caso en particular, depende del estándar de conducta aplicable. El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es razonablemente previsible. Pero la regla de anticipar el riesgo no se limita a que el riesgo preciso o las consecuencias exactas arrostradas de-bieron ser previstas. Lo esencial es que se tenga el deber de preveer en forma general consecuencias de determinada clase.” (Citas omitidas.) Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 309. “Lo determinante es si era de esperarse la ocurrencia del daño.” Torres Maldonado v. J.C. Penney Co., 130 D.P.R. 546 (1992).

Al examinar los autos del caso con detenimiento, así como la transcripción de la evidencia desfilada ante el tribunal de instancia, no albergamos dudas sobre la proce-dencia de la reclamación instada por el recurrido. Este pre-sentó prueba suficiente sobre la peligrosidad de las condiciones creadas por la combinación entre la falta de avisos y vallas de seguridad y la ausencia de iluminación en el área. Demostró a satisfacción del tribunal el conoci-miento de tales condiciones de peligrosidad por parte de los recurrentes, el Municipio y la A.E.E. En cuanto a estos últimos, se desfiló prueba en torno a las llamadas frecuen-tes realizadas por los vecinos, en ocasiones más de una vez por semana, solicitando la reparación del alumbrado en el lugar; además de la admisión por parte de la A.E.E. —en su contestación a un interrogatorio— respecto a que era su responsabilidad reparar los focos si eran reportados como dañados. Finalmente, se aportó prueba sobre la ocurrencia de un accidente similar anteriormente en el mismo lugar.

Confrontados con los autos y con la transcripción de evi-dencia, los hechos relatados por los recurrentes a base de los cuales argumentan sus señalamientos de error, carecen totalmente de apoyo en la prueba. Estos se basan en im-precisiones y en sus propias conjeturas sin base en la prueba desfilada y admitida como evidencia() El recurrido sustentó sus alegaciones con pruebas sólidas y robustas, consistentes en la prueba documental, en la demostrativa y en el testimonio de los vecinos que le socorrieron, así como su propio testimonio. Reiteradamente, hemos esta-blecido que no intervendremos con la apreciación de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).; Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985).

En cuanto a la prueba pericial sobre la reconstrucción del accidente, ésta nos parece convincente, satisfactoria y suficiente en derecho, en apoyo a las alegaciones del recurrido. Nuestra evaluación, independiente de la prueba pericial, coincide con la del tribunal a quo. Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39 (1982).

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Los daños reales y efectivos a la persona o a la propie-dad de la parte perjudicada son compensables. El propósito de la concesión de daños no es penalizar el acto negligente, sino compensar al perjudicado. Por tal razón, corresponde a este último establecer la realidad del daño sufrido. H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 429.

Fundamentadas como estuvieron las determinaciones sobre los daños sufridos por el recurrido en la prueba peri-cial y documental ofrecida por éste, estamos en igual posi-ción que el foro de instancia para evaluarla y llegar a nues-tras propias conclusiones. Ríos Ruiz v. Mark, supra, pág. 820.

El recurrido sostuvo sus alegaciones de daños mediante la presentación de una extensa prueba pericial consistente en el testimonio del fisiatra asesor de la A.C.A.A., doctor Sáez (T.E., págs. 164-176); el perito especialista en neu-ropsicología, doctor Montijo (id., págs. 246-297), y el perito psiquiatra, doctor Liona (id., págs. 297-353). Tales testi-monios, no controvertidos por los recurrentes, comprueban la realidad de los daños reclamados por el recurrido. No erró el tribunal de instancia al concluir que, como resul-tado de este accidente, el recurrido sufrió daños físicos con-sistentes en traumas múltiples en su cuerpo, especial-mente en la cabeza, cuello, hombros, espalda y abdomen, por los cuales padece una condición de miositis cervical paravertebral permanente, la cual le producirá fuertes do-lores de hombro y de cabeza por el resto de su vida, creán-dole una condición incapacitante.

Además, ha sufrido un daño orgánico cerebral consis-tente en la muerte de neuronas y conexiones intercelulares no regenerativas de carácter permanente, las cuales le pro-ducen un desorden afectivo cerebral que requerirá un ex-tenso tratamiento psiquiátrico; además de haberle creado un impedimento severo en su funcionamiento social y ocu-pacional, afectándole funciones cerebrales de juicio, crite-rio, imaginación, memoria corta y capacidad de lectura, las cuales equivalen a una pérdida de alrededor de diecinueve (19) puntos en su cociente de inteligencia. Esta condición le incapacita para ejercer su profesión de abogado y notario, así como para otras que demanden requerimientos intelec-tuales elevados.

Tales dolencias le produjeron graves daños y angustias mentales y morales en términos de dolores físicos y otros desórdenes afectivos, así como de considerarse incapaz para el ejercicio de sü profesión. Además, generaron un lucro cesante al no poderse desempeñar como abogado du-rante una vida profesional útil estimada en veintiocho (28) años.

La compensación estimada por el tribunal por los daños sufridos y probados por el recurrido no nos parece irrazonable. Confirmamos sus determinaciones al respecto.

IV

Reiteradamente, hemos señalado que los honorarios de abogado y los intereses por temeridad sólo proceden cuando la parte perdidosa efectivamente ha incurrido en temeridad, y que la determinación sobre tal comporta-miento descansa en la sana discresión del tribunal de ins-tancia; por lo cual este Foro no revisará dicha determina-ción en ausencia de abuso de discresión por parte del tribunal sentenciador. Asociación de Condominos v. Trelles Reyes, 120 D.P.R. 574 (1988); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962); Elba A.B.M. v. U.P.R., supra; Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990).

Examinados los autos del caso, concluimos que el foro de instancia se extralimitó en su discresión al imputarle te-meridad a la recurrente, A.E.E. Su conducta al defenderse en este pleito no evidencia contumacia, obstinación e insis-tencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento que obligan a otra parte a asumir y sufrir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un litigio innecesario. Véase Corpak Art Printing v. Ramallo Brothers, supra, y casos allí citados.

Por otro lado, resulta claramente improcedente en dere-cho la imposición de honorarios de abogado e intereses por temeridad contra el Municipio codemandado, a la luz de las disposiciones de la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y de nuestros pronunciamientos en Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 843 (1983). Véase, además, Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990).

En consecuencia, se revoca la parte de la sentencia que impuso intereses y honorarios de abogado a los recurrentes. Así modificada, se confirma.

Lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Andréu Gar-cía está conforme con la parte de la sentencia que estima que los recurrentes Municipio de Caguas y A.E.E. incurrie-ron en responsabilidad solidaria ante el recurrido, pero disiente de aquella parte que concluye que el recurrido no incurrió en negligencia concurrente, pues las circunstan-cias presentes en este caso demuestran que éste contribuyó con su propia negligencia a los daños por él sufridos en un grado no menor de un setenta por ciento (70%). El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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El 8 de octubre de 1986 José Rodríguez Roldán —abo-gado de cuarenta (40) años, soltero, residente y con oficinas en Caguas— trabajó hasta las 5:00 p.m. y se marchó a su hogar en el Bo. San Salvador. Más tarde regresó a Caguas para ir al cine. Al finalizar la función, entre 10:30 y 11:00 p.m., volvió a su hogar. T.E., pág. 127. Esa noche, cerca de la 1:30 de la mañana —amanecer de 9 de octubre— decidió ir a buscar a Inguermar Collazo y encargarle unas gestio-nes para un caso civil. Íd., págs. 88 y 129. Collazo, quien era emplazador y mecánico de automóviles, vivía en la ca-lle Kent, urb. Villa Del Rey, primera Sección, en Caguas. Esta fue la primera vez que Rodríguez Roldán iba a visi-tarlo a esas horas de la madrugada; Collazo lo ignoraba, Íd., págs. 129-132.

La urbanización Villa Del Rey tiene aproximadamente veinte (20) años de establecida. Rodríguez Roldán había estado en ella “en varias ocasiones”, tanto de día como de noche. T.E., pág. 128. En la misma esquina cercana donde ocurrió su accidente, residían unas amigas y clientes.

Cuando llegó a Villa del Rey —aproximadamente a las 2:00 a.m.— no había tránsito alguno en la calle que utilizaba. Conducía un Oldsmobile, modelo de 1985, con los focos de luz delanteros encendidos susceptibles —los de mayor intensidad— para alumbrar un mínimo de quinien-tos (500) pies, y los de menor alcance, ciento cincuenta (150) a doscientos (200) pies. T.E., pág. 208.

Entró a la calle Windsor. Aunque Rodríguez Roldán te-nía que virar a la izquierda en la esquina de la calle Luxemburgo, no lo hizo. Continuó despacio, a quince (15) m.p.h., siguió en línea recta; no se percató de que la calle terminaba en un corte abrupto, sin rótulo, vallas o señal, y cayó violentamente en una quebrada.

¿A qué se debió la falta de percepción y conducta un tanto extraña e inexplicable del licenciado Rodríguez Rol-dán? La prueba nos lo revela. Auxiliado por unos vecinos, fue trasladado en una ambulancia al hospital y atendido en la Sala de Emergencias. En el informe médico se hizo constar que tenía aliento a alcohol (ETHO breathe).() Si bien Rodríguez Roldán negó inicialmente haber tenido en el pasado problemas con el alcohol, la evidencia reveló lo contrario. T.E., pág. 132. A través de un informe que tuvo ante sí el psicólogo Jorge A. Montijo, éste consignó al en-trevistarlo que “[tjiene historial de abuso de alcohol pero indica que actualmente controla su consumo”. T.E., pág. 133.

Por otro lado, no obstante haber el policía investigador anotado en su Informe de Accidente (estipulado, T.E., pág. 8), que al momento de ocurrir no usaba los cinturones de seguridad, Rodríguez Roldán también lo negó. Elaboró en su abono la teoría peregrina de que ello se debió a que los policías tenían instrucciones de hacerlo constar así, si no veían a la persona utilizándolo. Íd., págs. 141-142.

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Estos hechos demuestran dramáticamente que estamos ante un caso de negligencia comparada. Ciertamente, que el Municipio de Caguas no cumplió con su deber de rotular adecuadamente la calle Windsor y la Autoridad de Energía Eléctrica falló al no reparar a tiempo el alumbrado público. Ahora bien, el testimonio errático de Rodríguez Roldán puso en entredicho su propia versión y credibilidad.

Resulta difícil entender su comportamiento y forma de conducir esa noche. ¿Cómo un abogado, en su sano juicio, sale imprudentemente de su hogar a la 1:30 a.m. para bus-car a un mecánico-emplazador? No hay pruebas de que esa gestión fuera, profesionalmente hablando, urgente o no pu-diera esperar hasta el día siguiente. ¿Cómo, si viajaba des-pacio, a 15 m.p.h., por una calle recta y con las luces de-lanteras de su vehículo encendidas, no pudo ver la esquina de la calle Luxemburgo por la cual tenía que doblar? ¿Cómo continuó por la calle Windsor sin percatarse que poco después terminaba en una quebrada? ¿Cómo pudo ne-gar que admitió ante el psicólogo que había tenido un pro-blema serio de consumo de alcohol? ¿Cómo explicar su ne-gativa de que esa noche no había usado bebidas alcohólicas (T.E., pág. 132), si dos (2) horas más tarde del accidente todavía tenía aliento a licor y un médico así lo detectó? En resumen, ¿cómo la mayoría puede creerle, sin imponerle responsabilidad por su negligencia comparada?

El Día de los Inocentes, ¿es sólo el 28 de diciembre?

      (1) Así surge de los testimonios de Felicita Amparo (T.E., págs. 26-27 y 31-33), Matilde Claudio (id., pág. 69) y Carmen Ana Torres (id., págs. 84-85), todas vecinas de la calle Windsor. Además, se sometió el testimonio del Sr. Rafael Aponte como prueba acumulativa. En contestación a interrogatorio, la Autoridad de Energía Eléc-trica (en adelante A.E.E.) admitió que era su responsabilidad reparar los focos si eran reportados. Ésta fue debidamente introducida en evidencia. Id., págs. 10-11.

      (2) Véase T.E., págs. 28-29, 55 y 79.

      (3) Véase T.E., págs. 135, 189 y 205-206.

      (4) De sólo uno (1) de los tres (3) informes sobre la condición del demandante realizados en el Hospital Municipal surge la anotación de etoh breath (olor a alcohol). Los demandados no introdujeron debidamente el documento' en evidencia. Por otro lado, surge del testimonio de los vecinos que luego del accidente el demandante no expelía olor a alcohol alguno. Por su parte, el demandante atestó, y así lo creyó el juez de instancia, que el posible olor a alcohol que pudiera notar la persona que hizo la anotación (la cual no fue traída a testificar por los demandados) debió ser el del alcohol que utilizaron para limpiarle las heridas en el rostro y la frente. Véase T.E., págs. 39-40, 51, 70 y 90.

      (5) Véase T.E., pág. 50.

      (6) Durante el contrainterrogatorio del ingeniero Cintrón, los demandados cues-tionaron la posibilidad de que el demandante si se encontraba usando los cinturones hubiese chocado con el espejo. El testigo explicó tal posibilidad y señaló que debido a la forma en que ocurrió el accidente, al caer el automóvil al vacío, la parte del cin-turón que actúa sobre el torso no se activó, pues ésta se activa (tranca) con la fricción del frenaje. Véase T.E., págs. 190-197.

      (7) Se trató de otro severo accidente de tránsito sufrido por el demandante en 1981.

      (8) Tal suma se desglosa en: treinta mil dólares ($30,000) por concepto del re-sarcimiento de los dolores y molestias físicas sufridos por el reclamante; cuarenta mil dólares ($40,000) por razón de la miositis cervical paravertebral permanente; ciento cincuenta mil dólares ($150,000) por los daños relacionados al daño cerebral permanente debido a la disminución de sus capacidades intelectuales y la capacidad de relacionarse; cien mil dólares ($100,000) por los daños y angustias mentales re-lacionados a este daño cerebral orgánico y de reconocerse incapaz para ejercer la profesión; cuarenta y dos mil ochocientos siete dólares con ochenta y dos centavos ($42,807.82) por concepto de ingresos dejados de percibir; doscientos veintidós mil cientocincuenta dólares con treinta y dos centavos ($222,150.32) en resarcimiento por su pérdida de la capacidad de producir ingresos futuros (a base de un ingreso anual de dieciséis mil quinientos setenta dólares ($16,570) y una expectativa de vida profesional de veintiocho (28) años), y cuatro mil ochocientos doce dólares con doce centavos ($4,812.12) por la pérdida del automóvil.

      (9) En particular, los recurrentes sostienen que el tribunal debió adjudicar la negligencia comparada al recurrido porque surge del informe policíaco que no tenía los cinturones puestos, y que de un informe de sala de emergencias surge que tenía aliento a alcohol. Obvian, sin embargo, la amplia prueba desfilada en torno a que el recurrido fue sacado del auto una vez se había trasladado a la parte trasera y que todos los testigos señalaron que éste no tenía ningún olor a alcohol. Los recurrentes no trajeron prueba testifical alguna para sustentar la veracidad de tales anotaciones en los informes señalados. Véase el esc. 4 de nuestra sentencia.
      Incurre la A.E.E., además, en la reprochable práctica de citar sentencias de este Tribunal Supremo no publicadas. Regla 44(c), 4 L.P.R.A Ap. I-A.

      (1) “LODO. GONZALO BARRERAS VARONA:
      “R Doctor, entonces, usted me dice que esta abreviación que hay aquí es: Etho, significa...?
      “R. Lo he visto utilizado, lo he visto utilizado en salas de emergencia y en otros documentos médicos como ‘ethanol’. La abreviatura del etílico, el compuesto éste del alcohol. Etanol, producto del deshecho del metabolismo del alcohol.
      “P. O sea, que esta persona cuando llega a la Sala de Emergencia tenía aliento a licor.

      “R. Eso es lo que dice, eso es lo que yo entiendo de esto aquí, sí, señor.

      “P. No tengo ninguna otra pregunta.
      “LODO. MANUEL GARCIA TAMAYO:
      “P. Este, tengo una pregunta.
      “Ese ETH, ¿qué es lo que significa, doctor?
      “R. Yo creo, como le dije al licenciado, que se usa frecuentemente en Sala de Emergencia para un olor en el aliento, que huela a alcohol o a productos de deshe-chos de alcohol. Puede ser de otras cosas.

      “P. O es, o un producto ... o sea ...
      “R. Del metabolismo, del alcohol.
      “P. Del alcohol. ¿Puede ser también que a una persona le hayan limpiado, le hayan lavado unas heridas con alcohol y entonces, venga y presente ese olor?
      “R. Pues, yo supongo que sí. Puede ser también diabético y oler también así.
      “LODO. GONZALO BARRERAS VARONA:
      “P. Su Señoría, pero lo que pasa es que dice: aliento al alcohol, no olor a alcohol. Son dos cosas totalmente distintas. Doctor, dice: ‘aliento a alcohol’ ¿verdad? ‘Breath’.
      “R. ‘Breath’ sí.

      “P. O sea, no es que huela a alcohol la persona porque se le haya puesto alcohol en la cabeza o lo que fuera, ¿correcto?
      “R. Yo lo que digo es lo que dice ahí.

      “P. Aliento a alcohol, es lo que quiere decir, ¿verdad?
      “R. ‘Breath, ethanol breath’.” (Énfasis suplido.) T.E., págs. 351-353.