author: El Juez Asociado Se. MacLeaby

text:
    El Pueblo v. Díaz alias Leña Verde.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao..
    No. 55.
    Resuelto en marzo 6, 1907.
    Apelación — Pruebas—Veredicto—Nuevo Juicio. — La fuerza probatoria que haya-, de darse á la prueba de cargo, en aquella parte en que hubiere sido contra-dicha ó explicada por la de descargo, es cuestión que corresponde exclusiva-mente al jurado, y que no está sujeta á revisión por el tribunal de apelación, y en los casos en que el veredicto fuere contrario al peso de la prueba, el .aeu-sado, fundado en ese motivo, debe solicitar la celebración de un nuevo juicio, siendo materia de discreción la concesión ó denegación del mismo.
    Id. — Veredicto Manifiestamente Erróneo ó Resultado de Parcialidad, Pasión ó Prejuicio. — Como regla general puede establecerse la de que el Tribunal ¡Jupremo no modificará en apelación la decisión del jurado con respecto á.una cuestión de Hecho, á no ser que 'sea manifiestamente errónea, ó resultado de prejuicio, pasión ó parcialidad.
    Id. — Recomendación de Clemencia. — rEl juez no está obligado á mitigar el cas-tigo que haya de imponer al acusado, simplemente por que el jurado, al emitir su veredicto, hubiere recomendado clemencia para el acusado, pues . .aparte de que tal recomendación no puede considerarse como elemento cons-titutivo del veredicto, en el que el jurado debe limitarse á declarar al acusado culpable, ó no culpable, determinando el grado’ del delito cuando deba hacerlo, es el juez el que tiene la responsabilidad de imponer la sentencia al acusado, y puede, por consiguiente, hacer caso omiso de aquella-recomendación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Vías Ochoteco.

    Ahogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se inició y resolvió en la Corte de Dis-trito de Humacao, en cuya corte se presentó una acusación contra el acusado Demetrio Díaz, por haber dado muerte á Agustín Belford, alegándose que dicho crimen fué cometido en 28 de enero de 1905 en el Distrito de Humacao. Esta acu-sación tiene fecha de 9 de marzo de 1905. El acusado fué‘pri-meramente declarado culpable' de asesinato en primer grado y condenado á muerte. Contra esa sentencia intérpuso ape-lación para ante esta corte, revocando esté tribunal en 20 de abril 1906 la sentencia qne contra dicho acusado pronunciara el tribunal sentenciador. El Juez Presidente Sr. Quiñones emitió la opinión del tribunal, basando la revocación en el fun-damento que el veredicto fné informal, porque el jurado dejó de expresar el grado del delito de asesinato del que fné encon-trado culpable el acusado; y hace referencia á la sentencia que con anterioridad dictara este tribunal en la causa de Pan-chito, citando también otras autoridades. En 10 de mayo, 1906, la Corte de Distrito de Hnmacao señaló el juicio de la cansa para el día 18 de junio siguiente. .

El segundo juicio tuvo lugar en 19 de junio, 1906. El ve-redicto del jurado en ese juicio declaró al acusado culpable del delito de asesinato en segundo grado, recomendando cle-mencia para dicho acusado. El. j\iez sentenciador instruyó al jurado muy ampliamente y con mucha habilidad, incluyendo también algunas instrucciones qne la defensa solicitó se die-ran al jurado con respecto á la cuestión de duda razonable. No se ha hecho alegación alguna en contra de estas instruc-ciones, no debiendo" ocuparnos más de ellas por ahora.

En 25 de junio de 1906 se condenó al acusado á presidio perpetuo con trabajos forzados y al pago de las costas, y en 25 de agosto siguiente, el abogado del acusado interpuso re-curso de apelación. En 26 de noviembre último, se presentó en esta corte la transcripción de los autos, presentando en este tribunal una declaración jurada (affidavit) en 22 de enero de este año el Sr. J. F. V. Ochoteco, en la que se solicitaba se prorrogara la vista de la causa en esta Corte Suprema hasta fines de febrero, alegando como fundamento de su solicitud que existía un convenio entre el Fiscal del Distrito de Huma-cao y el abogado del acusado, á fin de qué se prorrogara el término para la preparación y presentación de la exposición del caso, hasta fines de febrero; y que el Secretario de la Cor-te de Distrito de Humacao no teniendo en cuenta este convenio, había remitido los autos de la causa á la Corte Suprema. Que fue la intención del abogado presentar el mencionado docu-meato dentro del término convenido por él con el Fiscal. En-tonces se señaló para la vista, de la cansa el día 15 de febrero, presentando el abogado en cinco de febrero en esta corte nn documento titulado pliegos de excepciones del caso. En este pliego se especifica en forma narrativa las declaraciones de ios testigos, mostrando, además, dos fundamentos legales por los que el acusado solicita la revocación de la sentencia; esto es, Primero: que el veredicto es contrario á. la prueba; y que, según los hechos probados, no resulta un delito mayor que el de homicidio; Segundo:- que la corte sentenciadora fué muy excesiva en la imposición de la pena al condenar al acusado á cadena perpétua, puesto que el jurado había pedido clemen-cia para el.acusado.

Esta exposición''del caso fué aprobada por ambas partes y admitida por la corte. La vista del caso tuvo lugar ante esta corte en 15 de febrero de 1906, presentando la representación de. las partes sus respectivos alegatos, sin que ninguna de ellas presentara alegaciones por escrito (briefs), excepción hecha de un corto informe del fiscal, comprendiendo una parte ele una página.presentada en 29 de diciembre último, antes de haber sido recibido en esta corte la exposición del caso.

El primer fundamento que alega el acusado y por el cual solicita la revocación de la sentencia exige un completo análi-sis de la prueba tomada en consideración por la corte senten-ciadora, y sobre la cual se basó el veredicto del jurado.

La prueba presentada durante el juicio, tomándola del pliego de excepciones, puede resumirse en la forma siguiente:

“1. El testigo Doctor Pablo Pont Martelo, declaró que conocía á Agustín Belford, que murió á consecuencia de lesiones recibidas en la noché del 28 al 29 de diciembre de 1905, una en el cuello y la otra en la espalda entre las costillas, interesando esta última el pulmón; que la herida del cuello fué infligida después de haber sido herido el agresor, y la de la espalda, pasando el agresor el brazo derecho que portaba el arma por debajo del brazo izquierdo del herido; que lo ha creído así por la misma dirección de la herida, porque generalmente la persona que va á asestar una herida por la espalda toma esa posi-ción por ser muy fácil de ese modo lograr su intento; que la lesión que interesó el pulmón causó la muerte del interfecto con motivo de un proceso inflamatorio; que se tomaron puntos en dichas heridas, las que fueron curadas, empleando todos los medios que indica la ciencia. ' .
“2. El testigo- Ernesto Belforcl declaró que él es hijo de Agustín Belford; que pasando Demetrio y Nicolás Gómez y Fació por la casa de Demetrio, este último dijo que iba á bañarse en la sangre del padre del testigo, el que estaba .atrás en la cocina y se puso á darle algunos consejos; que no vió cuando Demetrio le dió, viéndolos luchar cuerpo á cuerpo y cuando cayeron al suelo; que él entonces se escondió de-trás de unas matas de Pacholí, y Fació dijo: “Huye, Ernesto, paies te cojerán, ” diciéndole el padre que fuera á buscar á Sánchez, y cuando llegó á la casa ya su papá estaba allí; que vió á su padre herido, y cuando se emburujaron; que Belford estaba en la cocina de su propio casa; que Demetrio Díaz se presentó 'en forma descompuesta, profiriendo palabras insultantes; que Nicolás Gómez le acompañaba; que no vió que llevara nada en sus manos; que tiene una hermana, Antolina- Belford, quien estaba cerca; que no sabe si Belford atacó á Demetrio Díaz, ó si atacó á Belford, porque la noche estaba obscura; que en todo el tiempo que estaba agarrado con Demetrio no vió á su padre, y que su padre habló á éste último (Demetrio) en forma co-rrecta; que á eso de las diez de la noche estaba su padre at.ando un animal detrás de la cocina; que Díaz dijo que iba á bañarse en la sangre de aquel tórtolo; ,que Díaz estaba acompañado de Fació y Nicolás y que el primero le mandó correr; que está seguro de que Nicolás Gómez estaba allí; que antes de esconderse estaba en la casa acostado, levantándose al oir lo que dijo Díaz; que cuando Díaz dijo la expresión de tórtolo ya su padre estaba fuera de la ea.sa volviendo él entonces á entrar en ella, cogiendo una varilla de hierro y saliendo nuevamente sin saberse para donde marchaba; que además de Deme-trio Díaz, el individuo Nicolás Gómez tomó parte en el encuentro con su padre; que únicamente Díaz y Belford sostenían la pelea cuerpo á cuerpo; que el nombre de sus madre es Felipa Díaz que es la con-cubina de Demetrio Díaz; que los disgustos entre Demetrio Dí^ y Bel-ford eran motivados por Díaz querer corregir los hijos de su padre, lo que no le gustaba á su padre; que su padre usaba la pequeña varilla de hierro para defenderse de los perros.
“3. El testigo Nicolás Gómez declaró que conocía á Agustín Bel-ford, y que la última noche que le vió fué la noche en que fué herido por Demetrio Díaz; que.Díaz pasó por su casa aquella noche, dió las Tmenas noches y siguió su camino; que á eso de la una de la madrugada el testigo salió con Bonifacio Gutiérrez, que pasaron por el camino de la casa de Belford, encontrándole herido; más adelante encon-traron á Demetrio Díaz que dijo: “Le he quitado esa varilla á Agustín Belford;” que al decir ésto Díaz, el declarante se fué á ver si encontraba uno de los hijos de Belford, para que lo avisara al juez de paz; que corrió porque temía á Díaz; que Díaz había tratado de castigarle anteriormente; que Belford le dijo que Díaz le había herido; que no estaba allí Ernesto Belford; que vió á Belford en el camino cerca de su casa con una herida delante; que Demetrio Díaz estaba á unas dos varas de distancia, no viéndole nada en su manos, pues la noche estaba obscura; que habló con Belford, quien le mani-festó adonde había sido herido, así como también que Demetrio Díaz le había herido; que al hablar el herido salía mucha sangre por su boca; que no vió que Díaz llevara arma alguna porque no llegó donde él.
“4. Bonifacio Gutiérrez declaró que vive en el barrio de ‘Buena Vista,’ de Humacao; que salía para un velorio y tenía que pasar por la casa de Belford, y que al pasar por dicha casa oyó que Demetrio Díaz dijo: ‘‘Ven acá, que te voy á acabar de matar;” que siguió su camino y se encontró con Agustín parado cerca de su casa,' siguiendo entonces para el sitio donde había salido; que las palabras .referidas fueron pronunciadas por Leña Verde; que cuando dijo eso él echó á correr, porque él (Leña Verde) era un hombre que siempre estaba profiriendo insultos; que había tenido disgustos con Leña Verde con anterioridad; que. no vió si Leña Verde tenía algo en sus manos; que Belford y Leña Verde estaban siempre peleando por Felipa Díaz, que era la mujer de Belford y vivía con Demetrio Díaz y tenía hijos de Belford; que Belford le aconsejaba á Leña Verde que estuviera quieto; que no vió á Ernesto- Belford pero que vió á Belford e*l maestro; que sintió que pasaba Demetrio Díaz; que Belford estaba cerca de la casa y Demetrio Díaz trataba de pegarle; que otra noche, hará dos meses, (Leña Verde) le había dicho (Belford) que donde, quiera que lé viera le mataría.
“5. Antolina Belford, hija de Agustín Belford, declaró que la causa de la muerte de su padre fué Demetrio Díaz, y que ella sabe que el mencionado Díaz hirió á su padre porque él se lo dijo; que el crimen se cometió por la noche, después que ella se había retirado á dormir á eso de las diez; que su padre llegó á su casa con la mano puesta en la garganta y al preguntarle qué le ocurría, contestó que el infame Demetrio Díaz- le había herido; que oyó á Demetrio Díaz decir que su padre le hedía á negro tórtolo; que ella conoció la voz de Díaz, que era vecino, quien pronunció aquellas palabras en voz natural; que todos vivían en terrenos de Felipa Díaz; que Leña Verde había vivido con Felipa Díaz un año y cuatro meses; que Belford siguió viviendo en el terreno de Felipa después de haberse ido ésta con Leña Verde; que ella vivía con su madre y Belford daba consejos á Demetrio Díaz, porque así lo manifestaba Demetrio; qu¿ ella oyó dichas palabras la noche del suceso como una hora antes; que vió á Ernesto Belford cuando vino á buscar á Tomás Sánchez.
“6. Tomás Sánchez declaró que era yerno de Belford, y que Bel-ford y Díaz habían tenido disgustos con anterioridad, porque el último le pegaba á sus hijos; que Demetrio Díaz se quería con la mujer, de Belford; que Belford vivía en terrenos de Carmelo Díaz donde también vivía Demetrio Díaz; que cuando Felipa Díaz se fué con Demetrio hacía tiempo que no vivía con Belford; que habían estado separados; que él tenía un hijo en su casa, pero nó los otros, porque la madre no se los daba; que Demetrio Díaz, excep-tuando el querer castigar á sus hijos, no dejó de respetar jamás á Belford.
“7. Rafael Tirado, Juez Municipal, declaró que practicó las pri-meras -diligencias del caso de El Pueblo v. Díaz; que ocupó una .vari-lla de hierro; que hizo una investigación, auxiliado por el comisario del barrio y el sub-marshal de la corte en la casa del acusado, donde encontró una varilla manchada-de sangre, y al preguntarse á la mujer de Diez sobre dicha varilla, dijo que Demetrio Díaz la había traído; que cuando Belford declaró ante el juez municipal, podía verse que estaba muy grave, y que se iba á morir, declarando todo lo concer-niente al crimen; habiendo declarado que dicho individuo había venido 4 su casa, profiriendo algunas palabras ofensivas, que había salido fuera, y el otro le había tirado con un cuchillo, causándole una herida; que sostuvo una lucha cuerpo á cuerpo, á fin de defenderse, recibiendo la otra herida; que el herido le había dicho que estaban presentes dos muchachones y que uno de ellos azuzaba al otro para que le diera; que cree que le dijo que,era un tal Torres ó Sánchez, no recuerda bien; que Belford le manifestó que estando él en su casa se presentó aquel hombre acompañado de dos individuos; que él le insultó, y que trató que el otro se retirara, pero no le obedeció; que se le fué encima asistido de uno de esos individuos que le acom-pañaba- y le asestó.un golpe; que al írsele encima, cuerpo á cuerpo, y tratar de defenderse el otro le volvió á agolpear; que el herido se refería á Demetrio Díaz; que babló de otra persona, pero que no recuerda si era Sánchez ó Torres.
“8. El testigo Lorenzo Isern declaró que estaba en Humacao en la fecha del crimen; que conocía á Agustín Belford y recuerda que declaró ante el juez municipal, estando herido de gravedad, pero que estaba en su conocimiento y que él, el testigo, firmó la declaración que se le presentó por autorización de Belford.
“9. El testigo Schabee, que en enero del año pasado conoció á Agustín Belford, y que habiendo sido herido lo llamó como su pastor porque se sentía que estaba peligrosamente herido; que le manifestó que había llegado á su casa encontrando en la parte de afuera á un hombre que lo insultaba; que salió y lo agarró, y antes de darse cuenta se sintió que estaba herido dos veces.
“10. Llamado de nuevo el testigo Rafael Tirado Terrier declaró que ocupó una varilla de hierro por conducto del sub-marshal de la corte que se la entregó en su casa; que fué la misma varilla, encon-trando en ella una mancha al parecer de sangre.
“11. Llamado nuevamente el testigo Ernesto Belford, declaró que conoce la varilla de hierro que se le presenta como la misma que sacó su padre aquella noche, y que siempre la cojía por el mango.
“12. Doctor Isidoro A. Tidal declaró que hace algún tiempo que conoce á Demetrio Díaz y reconoció á este individuo á petición de la defensa, encontrando en su brazo derecho una herida originada con un cuerpo duro, como por un hierro ó un palo; que esa herida se había causado hacía unos seis ú ocho meses con una varilla pequeña ó un garrote; que no puede decir el día que se infirió esa herida, sino, aproximadamente.
“13. Llamado de nuevo el testigo Doctor Pallo Font Martelo, declaró que reconoció á Demetrio Díaz, encontrándole una herida en su brazo derecho; que hacía cinco ó seis meses que había reconocido la herida; que dicha herida fué superficial; que pudo haber sido causada con una varilla ó con cualquier otro cuerpo duro ó contun-dente; que la herida de Belford produjo poca hemorragia, y la de la espalda fué la que causó la muerte y manaba más sangre.
“14. El acusado, Demetrio Díaz, declaró que conocía á Agustín-Belford viviendo con una mujer que fué primeramente mujer del referido Belford, una concubina; que conoce la varilla que se le pre-senta que es de Agustín Belford; que salía del pueblo y que al pasar por la casa de Nicolás Gómez le-dijo á éste que le esperara; que él espe-ró y al llegar frente á la casa de Agustín Belford éste último salió al camino con esa varilla, y sin hablar una palabra le dió un azote con ella, teniendo una reyerta en la que tomó parte Nicolás; que él no lle-vaba arma alguna, que cuando los dos se echaron manos, él cogió la va-rilla y se la llevó para su casa; que entonces se quedó en su casa y Ni-colás y Fació le hicieron huir; que estaba huyendo y le escribió á Don Emilio para que lo fuera á buscar; que él mismo se presentó á Don Emilio y desde entonces está sometido 4 los tribunales; que mientras se hallaba en fuga, trabajaba en la hacienda “Constancia,” cambiándose el nombre porque supo que por la policía se le perseguía; que Nicolás Gómez tenía un cuchillo con cabo de chifle, y que trataba de que lo tomara cuando tuvo la reyerta,, pero que no lo quiso aceptar; que no vió cual fué la primer herida que le dió; que llevó un pan-talón y una camisa manchada con sangre á consecuencia de la herida de la muñeca; que al pasar con Nicolás Gómez por frente á la casa de Belford este último salió al camino, dándole un golpe, cayendo en tierra el testigo; que él y Belford sostuvieron una lucha cuerpo á cuerpo, cayéndose al suelo, y entonces él tomó la varilla y vió que Gómez le tiró á Belford una puñalada; que no llevaba armas esa noche; que Belford no sostenía sus hijos, ni nunca se los había recla-mado; que él los había educado, y como Belford no trabajaba, nunca les envió nada para el sostenimiento de los mismos.
“15. La testigo Antonia Belford declaró que oyó decir á Deme-trio Díaz, después del hecho, “tenga compay ese cuchillo, cójalo y rómpalo ’ ’; que ella no sabe que se hizo del cuchillo, no oyendo nada más; que Belford acostumbraba llevar-una, varilla cuando salía; que la verdad es que Díaz dijo á Nicolás Gómez, “tome ese cuchillo y bótelo. ’ ’
“16. Llamado de nuevo el testigo Nicolás Gómez declaró que él no había herido á Belford, quien era para él como un padre; que él defendió á su familia y la salvó del ciclón; que llegó al* lugar del crimen después que Belford había sido herido, no habiendo visto allí á Leña Verde; que iba acompañado de Bonifacio.
“17. Llamado otra vez el testigo Bonifacio. Gutiérrez declaró que no vió que Nicolás Gómez hiriera á Belford, ni vió la varilla en manos de Leña Verde.”

De un estudio detenido de los hechos que pueden deducirse de la anterior exposición, no estamos conformes en que el ju-rado no estuvo justificado en. dar un veredicto de asesinato en segundo grado. Es cierto que si el jurado hubiese dado un veredicto de homicidio, dicho veredicto no hubiera sido mo-dificado por' esta corte, pero, indudablemente los hechos de-muestran que el asesinato fué cometido con malicia tácita; esto es, con la deliberada intención de quitar la vida ilegal-mente al interfecto, sin que resultara notable provocación, y bajo tales circumstancias que demuestran un corazón perver-tido y maligno. Es innecesario el expresar cuál hubiera si-do la resolución de esta corte si el veredicto hubiera sido por asesinato en primer grado; habiéndose anulado- una senten-cia anterior que condenaba á muerte al acusado, por informa-lidad en el veredicto del jurado, no existiendo pliego de excep-ciones ó relación de hechos que mostrara la prueba practicada durante el juicio.

Ha sido una cuestión objeto de gran discusión el determi-nar hasta donde llega la jurisdicción de una corte de apela-ción al revocar una sentencia, fundada dicha revocación en que el veredicto del jurado no está sostenido por la prueba. Un gran número de los casos que .se encuentran en los libros sostienen que la resolución del jurado, basada en la prueba, no debe ser -modificada en la apelación.. En algunos casos se ha resuelto, casi en el mismo sentido, que si la prueba no es bas-tante para dar, un veredicto fundado en ella, dicho veredicto puede ser. anulado en la. apelación. Pero estas opiniones amenudo dejan de expresar hasta clónele puede una corte ele apelación proceder á- considerar la importancia de la prueba en causas criminales en, cuyas pruebas está basado el veredicto del jurado. Sería quizás muy difícil, si no imposible, deducir de los casos anotados una regia sobre esta materia que pueda considerarse como que ha sido adoptada por todas .las cortes. En Florida, Illinois y Texas las cortes han resuelto que .es suficiente motivó para que se revoque una sentencia condena-toria el que la corte de apelación tenga una duela razonable con respecto á la culpabilidad del acusado. En muchos otros Estados, entre ellos los de Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, New York y Virginia, puede decirse que la regla establecida por las decisiones de dichas .cortes, es que no se modificará una sentencia en causa criminal por el fundamento de que el veredicto no está sostenido por la prueba, excepto en casos en que hay una falta absoluta de prueba, ó la misma es tan insignificante y tan poco satis-factoria, que la deducción que necesariamente puede hacerse de dicha prueba" es que el veredicto es el resultado de parcia-lidad, apasionamientos ó prejuicios. La última regla ha sido-sostenida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Crumpton v. United States, 138 U. S., 361. En California se ha dicho, ó ha sido la resolución de su corte de último recurso, que solamente pueden considerarse cuestiones de de-recho en la apelación, y si hay alguna prueba, que justifique el veredicto del jurado, dicho veredicto no puede ser modificado.

People v. Williams, 59 Cal., 674.

People v. Smallman, 55 Cal., 185.

Esta cuestión se ha discutido, aunque ligeramente, en una nota que se encuentra en el caso de Armstrong v. El Estado de Florida, cuyo caso se encuentra anotado en 17 Lawyers Reports Annotate,d, en la página 484. Estamos de acuerdo con la regla establecida por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos en el caso referido anteriormente, de que solamente el ju-rado debe considerar la importancia de la prueba presentada por el Fiscal hasta el límite en que la misma fué contradicha ó refutada por los testigos del acusado, y por lo tanto, que estas cues!i ones no son objeto de revisión por la corte de apelación, por motive de errores. Si el veredicto fué evidentemente contrario ;í la importancia de la prueba, el acusado debió ha-ber hecho una moción solicitando nuevo juicio, bajo ese funda-mento, en la corte inferior, pero la negación ó concesión de tal moción es una cuestión discrecional en la corte sentenciadora. Como regla general puede decirse que esta corte no revisará la decisión del jurado sobre una cuestión de hecho, á no ser que la misma sea evidentemente errónea, ó el resultado de parcialidad, apasionamiento ó prejuicios.

La segunda objeción que el acusado hace á la sentencia de la corte sentenciadora no tiene mejor fundamento. Es cierto-que el jurado recomendó al acusado á la clemencia de la corte, y que la corte le impuso de acuerdo con el veredicto pronun-ciado contra él, el grado máximo que la ley fijá. La recomen-dación del jurado indudablemente fué considerada debidamen-te por el juez sentenciador, pero dicbo juez no estaba obligado á adoptar la recomendación, ni á mitigar ó rebajar la pena por tal motivo. La ley le hace responsable de la imposición de la pena (Código de Enjuiciamiento Criminal'see. 319), y el de-ber del jurado tan pronto da su veredicto de culpabilidad ó inculpabilidad, (Código de Enjuiciamiento Criminal, see. 283), y en casos como este determina el grado del delito cometido, (Código de Enjuiciamiento Criminal, see. 284).

Nuestro estatuto con respecto á veredictos, sección 283 del Código de Enjuiciamiento Criminal, es casi igual a-1 de California, según se expresa en la sección 1151 del Código Penal de aquel Estado. Al interpretar un veredicto en el que se re-comiende clemencia como sucede en el presente caso, dice la Corte Suprema de California:

“El jurado en su veredicto bacía una recomendación de clemencia. La corte ordenó que se registrase el veredicto sin hacer expresión de la recomendación. No hubo error de parte de la corte al dictar esta orden. La recomendación iba dirigida únicamente á la corte, y por lo tanto, no formaba parte del veredicto.” (People v. Lee, 17 Cal., 79.)

Estamos completamente de acuerdo con esta decisión.

El jurado no debe extralimitar la ley incluyendo en su ve-redicto cosas que son pertinentes al mismo. Si hubieran de considerarse por la corte al pronunciar la sentencia las cues-tiones referentes á recomendación de clemencia, deben en-tonces observarse las prescripciones del Código en sus seccio-nes 320 y 321 (Código de Enjuiciamiento Criminal) que indi-can la manera en que dichas cuestiones deben presentarse. No.hubo error-alguno en el pronunciamiento de la sentencia que aparece en los autos basada en el veredicto del jurado.

Considerando la ley bajo este aspecto y tomando en con-sideración los .hechos que aparecen de los autos, debe confir-marse en todas sus partes la sentencia dictada por la corte inferior.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente ' Quiñones y Aso-ciados, Hernández, Figuer-as y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez'PresideNte Sr. Quiñones

license: Public Domain

text:
    Vidal v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Ponce.
    No. 20.
    Resuelto en marzo 7, 1907.
    Inscripción — Defecto Insubsanable — Mandatario.—Aceptada una escritura de compra-venta por el mandatario, sin estar expresamente autorizado para com-prar bienes á nombre de su poderdante, adolece dieba escritura de un vicio radical de nulidad, que constituye un defecto insubsanable é impide su inscripción en el registro de la propiedad.
    Legalización — Documentos Otorgados en Países Extrangeros. — Los docu-mentos otorgados, en -países extrangeros deben estar debidamente legalizados á fin de que puedan- surtir los efectos legales correspondientes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    I.-a parte -recurrente no compareció.
   El Juez'PresideNte Sr. Quiñones

emitió lá opinión del tribunal

'Visto él presente recurso gubernativo interpuesto por D. Manuel J. Vidal, como mandatario verbal de ÍDon Luis Sprin-jol contra nota denegatoria del Registrador de la Propie-dad de Ponce á inscribir uña escritura de vénta.

Resultando: que por escritura pública otorgada en Ponce ante el notario de la -misma Don Rafael León y Paz, en 9 de noviembre de 1901, Don Benito Villate y Castresaña vendió á Don Luis Sprinjol, ■ como apoderado de Doña Ana Valen-ciano y Ourbelo, esposa de Don Eduardo Puertas y Martínez, ambos' vecinos de aquella ciudad y residentes en aquella fecha, en la Isla Holandesa de Curazao, un solar con tres casas de-madera que se describen, en la misma escritura; y habiendo sido otorgado el poder de Doña Ana Valenciano al compare-ciente Don Luis Sprinjol, ante el notario de la misma Isla de-Curazao Mr. Jan Hendrich Rudeloff Beanjón, en dos de mayo de 1901, el que entre otras facultades contiene la siguiente: “Para que venda con ó sin pacto de retro, retrovenda, permute, grave y afecte con hipoteca cualesquiera bienes, mue-bles, inmuebles ó semovientes que pertenezcan á la compare-ciente, ó que ella pueda adquirir en lo sucesivo en la ciudad de Ponce y otros lugares de la Islá de Puerto Rico, á precios y condiciones y del modo que considere más ventajoso ó más con-veniente en el interés de la compareciente, á cuyo fin otorgará y firmará las escrituras y documentos que exigiere la: natu-raleza del asunto con las formalidades del derecho”;-habiendo-sido legalizada la firma del notario otorgante del poder por el G-obernador de Curazao, pero nó la de éste por el Cónsul de los Estados Unidos en aquella isla, ni por el Secretario de Estado de esta Isla de Puerto Rico, por no existir en la Secre-taría constancia oficial del sello y firma del Gobernador de aquella isla extrangera.

Resultando; que habiendo sido presentada una copia de la. escritura al Registro de la Propiedad de Ponce para su inscripción en el mismo, le fué denegada por el registrador por los fundamentos de la nota que puso al pie de dicha escri-tura la que, copiada á la letra, dice así':

“Denegada la inscripción del precedente documento por el defecto insubsanable de carecer Don Luis Sprinjol de capacidad para repre-sentar á la compradora, pues á más de no aparecer debidamente lega-lizado el poder que se copia, éste no le’confiere facultades para la compra de bienes para su mandante. Así mismo se consigna como-subsanable el defecto de no resultar del precedente documento si la compra á que se refiere se hace con dinero de la propiedad exclusiva de la mujer, debiendo reputarse ganancia por esa omisión y que, por tanto, corresponde solo al marido como representante de la sociedad * conyugal, autorizar la compra verificada; y tomada en su lugar ano-tación por cuatro meses al folio 29 vuelto del tomo 78 de esta ciudad, finca número 3386, anotación letra A. Ponce, y septiembre 25 de 1906. ”

Resultando: que no conforme-con esta nota del registrador el presentante de la escritura la dejó en poder de dicho fun-cionario para que la remitiese á esta Superioridad, á fin de que por la misma se dicte la resolución correspondiente, lo que verificó el registrador con escrito en el que expuso las razones que estimó pertinentes en apoyo de su negativa.

Considerando: que careciendo Don Luis Sprinjol, en su carácter de apoderado de Doña Ana Valenciano y Curbelo, de capacidad jurídica para aceptar á nombre de su poder-dante la escritura de compra-venta de que se trata, tanto poí-no estar legalizado en forma el poder otorgado á su favor por dicha señora en la Isla Holandesa de Curazao, cuanto por no contener autorización para comprar bienes á nombre de su po-derdante, sino para vender los que le pertenecieran ó pudieran pertenerles en lo sucesivo en Ponce ó en cualquier otro lugar de esta Isla de Puerto Pico, es indudable que dicha escritura adolece de un vicio radical de nulidad que impide su inscrip-ción en el'registro de la propiedad.

Considerando: que aceptado cualquiera de los motivos ale-gados por el registrador en su nota para denegar la inscrip-ción de lá escritura, huelga dictar pronunciamiento alguno so-bre los demás motivos alegados por el registrador con el pro-.pio fin en la misma nota.

Vistos los artículos 65 de la Ley Hipotecaria y 110 del re-glamento.

Se confirma la nota puesta por el Registrador de la Pro-piedad de Ponce al pie dé la escritura de que'se trata en cuan-to por ella se deniega la inscripción de dicho documento por el primero de los motivos en que se funda la negativa del regis-trador y devuélvasele la expresada escritura con copia certi-ficacla de la presente resolución para su conocimiento y demás efectos que procedan.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez PresideNte Sr. Quiñones

text:
    Morales v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan.
    No. 22.
    Resuelto en marzo 7, 1907.
    XNScripoión A Pavor de 'Persona Distinta de la que Otorga la Transmisión ó Gravamen. — No estimando el registrador suficientes los documentos pre-sentados para determinar con toda precisión la verdadera radicación de los terrenos que á su íavor pretende inscribir el recurrente, y apareciéndo de los antecedentes del registro que dichos terrenos pueden ser los mismos que se hallan inscritos á favor de persona distinta de la que los trasmitiera al recurrente, no procede, en estas circunstancias, practicar la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte recurrente no compareció.
   El Juez PresideNte Sr. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por Don Tomás Morales contra nota denegatoria del. registrador de la Propiedad de esta ciudad á inscribir una escritura de ven-ta de terrenos.

Resultando: que por escritura pública otorgada en Baya-món ante el alcalde constitucional y juez cartulario del mismo, Don Alonso Dávila, en 30 de octubre de 1821, Don Manuel Díaz, regidor del ilustre ayuntamiento de aquella municipali-dad, dió en venta real á favor de Don Joaquín Morales, del mismo vecindario, una estancia de pastos, contigua al mismo pueblo de Bayamón, compuestas de 8 cuerdas de terreno, bajo los pantos y guardarrayas que se determinan en dicha escritura; y que presentada ésta al registro de la propiedad de esta ciudad para su inscripción, en unión de nna nota adi-cional, suscrita por el presentante de dicho documento, deter-minando la radicación y colindantes actuales del terreno, denegó el registrador la inscripción solicitada, por los funda-mentos expresados en la nota que puso al pie de dicha escri-tura la que, copiada á la letra, dice así:

“No admitida la inscripción del anterior documento por obser-varse que en el mismo no se expresa el barrio en que está situada la estancia vendida, por lo que carece de una circunstancia indispensable para dar á conocer la finca, no siendo suficiente el escrito adi-cional presentado para suplir requisito tan importante; que aunque en dicho escrito se consigna que el citado inmueble radica en el barrio del pueblo del término municipal de Bayamón, del registro no consta que entre' los barrios existentes en las inmediaciones de esa población haya barrio alguno de ese nombre, y en el caso de que en el escrito se quiere dar á entender que la finca enclava en la pobla-ción mencionada, ha debido expresarse la calle ó. calles con las cuales colinde para dejar determinada la situación de un modo preciso; que la omisión del barrio en el precedente .título y de las calles en la nota adicional, no ha permitido hacer con toda exactitud la busca de ante-cedentes para exclareeer si la finca está inscrita en todo ó en parte á favor de personas distintas de las que figuran en dicho título, y que aunque los datos suministrados son insuficientes, la busca que se ha practicado induce á creer que la finca que se trata de inscribir lo está en parte á favor de Don Francisco de Alamo y Armas, respecto á un solar de la calle de Santa Cruz, de Bayamón, que fué de Don Tomás Morales Nieves y que éste había adquirido por herencia, de Don Joaquín Morales, y en parte ó sea en cuanto á seis cuerdas de terreno en la calle dé la Palma del predicho pueblo, colindantes por la derecha, entrando con el río, por la izquierda, con la calle nueva y por el fondo, con solares del municipio, terrenos -de Don Lorenzo Muñoz, y la Carretera que conduce á Catarlo, á favor de Don Ramón Valdés y Cobián, y El Pueblo de Puerto Rico, y por último, que si la finca se encuentra en la citada población, no se expresa qué calles se encierran dentro de su perímetro, para que, como antes se ha dicho, quede determinada de un modo preciso la situación del inmueble, y se ha extendido anotación preventiva por el término legal al folio diez y ocho del tomo 26 de Bayamón, finca 1,456, anotación letra A.— San Juan Bautista de Puerto Rico, octubre 23 de 1906.”

Resultando: que no estando conforme con la calificación del registrador el presentante de la escritura, la dejó en poder de aquel funcionario para que la remitiese á esta Superiori-dad, á fin de obtener la resolución correspondiente, como asi lo verificó el registrador, compareciendo después el mismo, interesado ante este Tribunal Supremo, por escrito, en el que expuso las razones que estimó pertinentes á su derecho, á fin de obtener la revocación de la nota del registrador y la ins-cripción de la escritura en el registro.

Considerando: que no siendo suficientes á juicio del regis-trador, la escritura y nota adicional presentada por Don To-más Morales para determinar con toda precisión la verda-dera radicación de los terrenos; y que induciéndole á creer el examen que ha practicado de los antecedentes del registro, que dichos terrenos aparecen inscritos en parte á favor de Don Francisco de Alamo y Armas, Don Eamón Valdés y El Pueblo de Puerto Eico, en tales circunstancias no procede practicar la inscripción solicitada.

Fisto el artículo 20 de la Ley'Hipotecaria de esta Isla.

Se confirma la nota puesta por el registrador de la pro-piedad de esta'ciudad al pie de la escritura de que se trata en el presente recurso y con devolución ele los documentos presentados, remítase copia certificada de la presente resolu-ción al registrador de la propiedad para su conocimiento y demás efectos que procedan. t,

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez PresideNte Sr. QuiñoNes

text:
    Orcasitas v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Cáguas.
    No. 21.
    Resuelto en marzo 7, 1907.
    •Sociedad Mercantil — Capacidad para Ejecutar Actos de Dominic — Docu-mentos Públicos. — Las certificaciones expedidas por los registradores de la propiedad son documentos públicos y solemnes, que hacen fe en juicio y fuera de él, y constando en un documento semejante todos los particulares relativos á la constitución y manera de funcionar de una sociedad mercantil, no puede desconocerse su capacidad jurídica para otorgar una escritura de hipoteca voluntaria.
    Id. — Uso de la Firma Social. — Al expresarse, en una escritura de constitución de sociedad, que sólo determinados socios gestores podrán usar la firma social para operaciones de la casa, no debe entenderse que hayan de usar de tal firma conjuntamente, sino que sólo ellos podrán usar la misma, con exclusión de los demás socios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte recurrente no compareció.
   El Juez PresideNte Sr. QuiñoNes

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por Don Pedro Orcasitas y Muñoz, como apoderado de su Sra. madre Doña Mercedes Muñoz, viuda de Orcasitas, contra ne-gativa del Registrador de la Propiedad de Cáguas á inscribir una escritura de hipoteca voluntaria.

Resultando: que, por escritura pública otorgada en esta capital ante el notario de la misma Don Juan de Guzmán Benitez en 10 de marzo de 1905, Don Luis Passalacqua, como gestor de'la sociedad mercantil establecida en Coamo, bajo la razón de “Passalacqua Hermanos y Compañía,” otorgó es-critura de hipoteca voluntaria por la suma de 1643 dollars sobre unas fincas rústicas de sn propiedad á favor de Doña Mercedes Muñoz, viuda de Orcasitas; y que presentada copia de dicha escritura para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Cáguas acompañada de una certificación literal, expedida por el Registrador de la Propiedad de Ponce, de la escritura de constitución de la sociedad “Passalaequa Her-manos y Ca.” que obra inscrita en el registro mercantil de aquella ciudad, que tiene á su cargo dicho funcionario, denegó el Registrador de Cáguas la inscripción de la escritura de que se trata, por los fundamentos de la nota que puso al calce de la misma la que, copiada literalmente, dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento, y tomada en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días á los folios 132 y 145 vuelto de los tomos 12 de Comerlo y 12 de Aguas Buenas, fincas 156 duplicado y 64 triplicado, anotaciones letras B, respec-tivamente, por no ser suficientes para apreciar la capacidad civil de Don Luis Passalaequa .en su carácter de socio gestor de la sociedad hipotecante, una certificación literal del asiento de inscripción en el Registro Mercantil de Ponce, de la escritura de Constitución de la referida sociedad, toda vez que dicha capacidad ha de regularse por los respectivos estatutos ó escritura de constitución de la misma sociedad, á fin de poder calificar el contrato, cuya inscrip-ción se pretende al tenor del artículo 29 del Código Civil, el 121 del Código de Comercio y resolución de 7 de enero de 1893 de la Dirección de los Registros y del Notariado de Madrid. Además, que, según re-sulta literalmente del asiento del registro mercantil referido, son ges-tores de la repetida mercantil Don Julio y Don Luis Passalaequa y solos éstos podrán usar de la firma social; con cuyas palabras parece quiere indicarse que juntamente dichos gestores han de hacer uso de la firma social. Cáguas, 18 de julio de 1906.”

Resultando: que, contra esta nota ha interpuesto en tiempo Don P.edro Orcasitas y Muñoz, en su carácter de apoderado de su Sra. madre Doña Mercedes Muñoz, viuda de tírcasitas, el presente recurso gubernativo pára que se revoque dicha nota y se declare que procede la inscripción solicitada sin devengar nuevos derechos.

Considerando: que las certificaciones expedidas por los registradores de la propiedad,' de los asientos del registro mercantil que tienen á su cargo, son documentos públicos y solemnes que hacen plena fe en juicio y fuera de él; y por consiguiente, que constando de la certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Ponce de la escritura de constitución de la sociedad mercantil Passalacqua Hermanos y Ca., inscrita en el registro mercantil de su cargo, todos los particulares relativos á la constitución y manera de funcionar de dicha sociedad, no puede desconocerse la capacidad jurí-dica de ésta para otorgar la escritura de hipoteca voluntaria de que se trata. •

Considerando: que al expresarse en dicha escritura que sólo los socios gestores Don Julio y Don Luis Passalacqua podrán.usar de la firma social para operaciones de la casa, no quiere decir que deban usar de la firma conjuntamente, como parece que lo entiende el registrador, sino que sólo ellos podrán usar de la firma social, con exclusión de todos los de-más socios.

Considerando, por tanto, que acreditada como lo está la capacidad jurídica de la mercantil Passalacqua Hermanos y Ca., y la personalidad del socio gestor Don Luis Passalacqua para contratar á nombre de ella, no procede denegarse la ins-cripción de dicha escritura en el registro de la propiedad.

Vistos los artículos 30 del Código de Comercio 57 y 59 del Reglamento para la organización y régimen de los registros mercantiles.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Cáguas al pie de la escritura de que se trata en el presente recurso, y se le • ordena que proceda á inscribirla con arreglo á derecho devolviéndosele los docu-mentos presentados con copia certificada de la presente reso-lución, para su conocimiento y demás efectos.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado SR. Figueras

text:
    Ponce & Guayama Railroad Co v. Muñoz, Juez de Distrito.
    Solicitud .para que se. dicte auto de Mandamus.

    No. 125.

    Resuelto en marzo 8, 1907.
    Mandamus — Expropiación Forzosa — Apelación.—Establecida en tiempo una apelación contra el veredicto del jurado, en un caso de expropiación for-zosa, para ante la corte de distrito, si ésta se niega á conocer del recurso y resolverlo, el auto de mandamus es procedente para obligarla á ello.
    Id. — Citación á las Partes. — La citación á las partes para oir el pronuncia-miento del veredicto, constituye una notificación implícita suficiente para im-putar conocimiento de tal veredicto á las partes, y computar los términos en que deban ejercitar los recursos que les confieran las leyes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Tous Soto {José).

    Abogado del demandado: Sr. Bossy, fiscal.

   El Juez Asociado SR. Figueras

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guaya-ma siguió la Ponce & Guayama Railroad Co. un procedimiento contra Elvira Porrata Doria sobre expropiación forzosa de de cierta parcela de terreno y el' jurado insaculado para fijar el importe de la indemnización debida por dichas parcelas á la parte demandada, pronunció su veredicto el .día 31 de octubre de 1906, comunicándolo el presidente de dicho jurado al se-cretario de la Corte de Distrito de Guayama, en la misma fecha en que fuera dictado, previniéndole v que las partes ha-bían sido citadas para que concurrieran á oir su pronuncia-miento. El día 9 de noviembre siguiente, la Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia definitiva en el caso, adjudicando á la corporación demandante el título de los’ terrenos, cuya ex-propiación solicitaba y dentro de los quince días siguientes á haberse dictado la sentencia, ó sea el 22 del mismo' noviem-bre, el abogado de la compañía demandante Sr. Tous Soto hizo la consignación ante la misma corte de quinientos dollars, importe de la indemnización fijada por el jurado, haciéndose dicha consignación de acnerdo con las prescripciones de la Ley de Expropiación Forzosa, presentando también en ese mismo día en la secretaría del tribunal una notificación, esta-bleciendo apelación ctel -veredicto del jurado, y una moción pidiendo á la corte señalara día para la vista de la apelación. La corte señaló el día Io. de diciembre de 1906 para discutir la moción del demandante estableciendo apelación contra el vere-dicto pronunciado por el jurado en el caso mencionado y ha-biendo comparecido las partes por medio de sus respectivos abogados, la corte, después de oir la moción y las alegaciones de las mismas, resolvió que no era admisible la apelación por haberse interpuesto fuera, de término y por no haber expuesto tampoco los hechos que se sometían á la consideración del tribunal, denegando, por tanto, la apelación con las costas al promovente.

El abogado Sr. Tons Soto, en representación de la Ponce & Guayama Railroad Co., presentó escrito á este tribunal en 13 de diciembre último, solicitando un auto de mandamus contra el juez de la corte de Distrito- del Distrito Judicial de Guayama para que se le ordene proceda á señalar día y hora para la vista de la apelación referida, ó en otro caso, para que comparezca ante este tribunal y exponga las razones que le asistan para no verificarlo; expedida una orden al juez de la corte de distrito para que expresara las causas por las cuales no debiera dictarse el auto de mandamus solicitado, compare-ció el Honorable Attorney General en su representación, y después de exponer brevemente los hechos del caso en su con-testación, alegó que la resolución dictada por el demandado con fecha Io. de diciembre de 1906, desestimando la apelación interpuesta por la compañía contra el veredicto del jurado, es una resolución final y definitiva, de la cual podía apelarse para ante la Corte Suprema de Puerto Rico.

Ahora bien, si el recurso de apelación contra el veredic-to pronunciado por el jurado se hubiera establecido dentro, del término que la ley señala y el Juez de la Corte de Guayama se hubiera negado á conocer y resolver el recurso, es indudable que el auto de mandamus sería procedente, porque entonces el juez de la Corte de Distrito de Guayama, no .podía negarse á realizar esos autos, á cuyo cumplimiento estaba obligado por ministerio de la ley. Sección 18 de la de Expropiación For-zosa, aprobada en 12 de marzo de 1903, en relación con la sección Ia. de la ley, estableciendo el auto de mandamus apro-bada en el mismo día, mes y año citados.

Pero es el casó que la apelación se estableció, fuera de tiempo y aunque se alega que la notificación no se hizo en debida forma, es lo cierto que se citó á la corporación peticio-naria para oir el pronunciamiento del veredicto y esta es una notificación constructiva que surte todos los efectos legales.

Además, el abogado de la parte demandante en 22 de no-viembre de 1906 presentó moción ante la corte de Guayama, consignando quinientos dollars, importe de la indemnización fijada por el jurado.

Este acto revela que conocía el veredicto, y debe presu-mirse así, porque las partes, como se ha dicho antes, fueron citadas para oir su pronunciamiento y esta es la noticia bas-tante que la ley requiere para conocerlo y derivar inmediata-mente de ese conocimiento los recursos ordinarios que creyera procedentes en ley.

Habiéndose presentado, por tanto, la apelación contra el veredicto fuera de término, no podemos disponer que la corte de Guayama señale día y hora para la vista de la apelación como se pretende, porque ya en estas condiciones no está obli-gado por ministerio de la ley á practicar esos actos.

En mérito de las razones expuestas, debemos declarar que no puede expedirse el auto de mandamus que se interesa, con imposición de las costas á la parte promovente.

Denegado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández,-MacLeary y Wolf.


author: El Juez Presideette Su. QuiñoNes

text:
    Vidal v. El Registrador de la Propiedad.
    Becurso gubernativo interpuesto contra nota del Begistrador de la Propiedad de Ponce.
    No. 18.
    Resuelto en marzo 8, 1907.
    Inscripción á Pavor de Persona Distinta de la que Otorgue la Trans-misión. — Apareciendo que la finca que pretende inscribir el recurrente, está inscrita á favor de persona distinta de la que otorgara la transmisión 6 su favor, procede denegar la inscripción. ■
    Mandatario — Bienes de la Sociedad Conyugal. — Autorizado un mandatario para vender los bienes pertenecientes á su mandante, ó los que pudiera ad-quirir en lo sucesivo, no está autorizado para vender los bienes pertene-cientes á la sociedad conyugal de su mandante, pues para ello se necesita mandato expreso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte recurrente no compareció.
   El Juez Presideette Su. QuiñoNes

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presento recurso gubernativo interpuesto por Don Manuel J. Vidal, como mandatario verbal de Don Juan Lisa y Carrielli, contra nota del Begistrador de la Propiedad de Ponce á inscribir una escritura de venta.

Resultando: que por escritura pública otorgada en Ponce, ante el abogado y notario de la misma Don Angel Acosta Quintero en 5 de febrero de 1906, Doña Isabel Curbelo y Ma-chín, en su carácter de apoderada de su hija Doña Ana Valen-ciano y Curbelo, según el poder que le otorgara en la Isla de Curazao, asistida de su esposo Don Eduaclo Puertas y Martí-nez ante el notario de la misma isla, Mr. Jan Hendrich Budooff Baanjon, en 13 de junio de 1903, por el que, entre otras facultades, la autorizó para vender los bienes que le pertenecieran ó que en lo sucesivo pudiera adquirir en Ponce ó en cualquier otro lugar de la Isla de Puerto Bico, vendió á Don Juan de Lisa y Carrielli un solar con tres casas de made-ra que se describen en dicha escritura; y'que presentada ésta al Registrador de la Propiedad de Ponce para su inscripción, en nnión de una copia del poder conferido por Doña Ana Va-lenciano y Cnrbelo á sn madre Doña Isabel Cnrbelo y Machín, legalizado en forma por el Cónsul de los Estados Unidos en la Isla de Curazao, denegó el registrador la inscripción solici-tada por los fundamentos de la nota que puso al pie de la escritura, la que copiada literalmente, dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento por no apare-cer inscrita la finca á favor de la vendedora y porque el poder con que representa á ésta Doña Isabel Curbelo, la autoriza solo para vender bienes propios de la mandante, cuya facultad no es aplicable á la enajenación de esta finca que, según su titulación, debe reputarse ganancial por ser casada Doña Ana Yalenciano y Curbelo y haber adquirido á título oneroso; y tomada en su lugar anotación por cuatro ■meses al folio 142 vuelto, del tomo 138 de esta ciudad, finca número 3386 duplicado, anotación letra B. — Ponce y septiembre 25 de 1906.”

Resultando: que no conforme con esta resolución del re-gistrador el presentante de la escritura, la dejó en poder de aquel funcionario para que la remitiese á esta Superioridad, á fin de que por esta misma se dicte la resolución que corres-ponda en el caso, como así lo verificó el registrador con su in-forme, en el que expuso las razones que estimó pertinentes en confirmación de su negativa.

Considerando: que con arreglo al artículo 20 de la Ley Hipotecaria de esta Isla “para inscribir ó anotar los títulos en que se transfiera ó grave el dominio ó la posesión de bienes inmuebles ó derechos reales, deberá constar previamente inscrito ó anotado el derecho de la persona que otorgue, ó en cuyo nombre se haga la transmisión ó gravamen y que •los registradores denegarán la inscripción de dichos títulos mientras no se cumpla este requisito, siendo responsable directamente de los perjuicios que causen á un tercero por la infracción de este precepto” y que no estando inscritos el solar ni las casas á favor de Doña Ana Valenciano y Curbelo, como lo expresa el registrador en su nota, no procede la ins-cripción de la escritura.

Considerando á mayor abundamiento, que estando autori-zada Doña Isabel Curbelo y Machín por su hija Doña Ana Va-lenciano tan sólo para vender los bienes que le pertenecieran ó que pudiera adquirir en lo sucesivo en Ponce u otro lugar cualquiera de esta Isla, carecía de atribuciones para vender el solar y las casas de que se trata que correspondían á la socie-dad conyugal dé los esposos Don'Eduardo Puertas y Martínez y Doña Ana Valenciano y Curbelo, por no constar que perte-necieran exclusivamente á la Doña. Ana, según establece el artículo 1322 del Código Civil revisado, concordante con el 1407 del antiguo y por consiguiente, que careciendo de capaci-dad Doña Isabel Curbelo y Machín para vender, como man-dataria de su hija Doña Ana Valenciano, los bienes de que se trata, adolece la escritura de un vicio de nulidad que no per-mite su inscripción en el registro de la propiedad.

Vistos los artículos 20 y 65 de la Ley Hipotecaria y 110 del Reglamento.

Se confirma la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Ponce al pie de la escritura que motiva el 'presente recurso, y devuélvase dicha escritura al registrador con copia certificada de la presente resolución para su cono-' cimiento y demás efectos que procedan con arreglo á derecho.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, MacLea-ry y Wolf. ;


author: El Juez Asociado Se. Iíeenández,

text:
    El Pueblo v. Boria.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 34.
    Resuelto en marzo 8, 1907.
    Acusación — Sus Requisitos. — Una acusación es suficiente si contiene los requisi-tos á que se refieren los artículos 71 y 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Grado de Delito. — La determinación del grado del delito no es función propia del fiseal, pero si éste especificare el grado en la acusación, no por eso adolecerá dielia acusación de un defecto ó vicio que la anule, pues el jurado puede aceptar, ó nó, el grado del delito fijado en ella, según el resul-tado de las pruebas .practicadas en el juicio.
    Instrucciones de la Corte. — No incurre en error el juez que en sus instruc-ciones al jurado hace comentarios acerca de la gravedad del delito,' conside-rado en sí, mismo y por su propia naturaleza, sin relacionar esa gravedad del hecho criminal con el acusado á quien se imputa su comisión.
    Id. — Si el juez no diere instrucciones al jurado sobre algunos puntos determinados que el acusado estimare esenciales, ó si las diere en forma defectuosa ó in-completa, el acusado puede solicitar tales instrucciones ó su ampliación, en la forma que .fuere procedente, ó puede proponerlas por escrito al tribunal y si fueran rechazadas, podrá discutirse su procedencia en apelación; mas si el acusado aceptare las instrucciones de la corte, no podrá impugnarlas después por deficientes é incompletas.
    Id. — El tribunal estima que las siguientes instrucciones revelan la más absoluta imparcialidad por parte del juez y que no revelan prejuicios en contra del acusado, ni sugestión al jurado para agravar su situación, quedando su destino en la causa sometido á la consideración libre del jurado.
    Tal es la prueba que vais á examinar. Tal es la prueba que váis á juzgar con independiente criterio, absolutamente independiente. Arosotros sois hombres expertos conocedores de estos casos. No actuáis ninguno de voso-tros por primera vez. Estáis en condiciones, por lo^tanto, de apreciar perfecta y cumplidamente la prueba, y de rendir el veredicto que proceda en justieig.
    Si vosotros, examinando toda esa prueba á que se ha referido la corte, y la que pudiera haber involuntariamente omitido y que recordaréis perfecta-mente, si vosotros, examinando en conciencia, toda la prueba practicada, en-contráis que ella no aporta elementos para llegar á la culpabilidad del acusado; si sujetando esa prueba al crisol de vuestro examen llegáis á la conclusión de que este hombre es inocente, si ese es el mandato de vuestras conciencias, ese mandato debe reflejarse en el veredicto que dictéis declarando á este acusado no culpable.
    Si en vuestras conciencias de hombres honrados existe duda acerca de la cul-pabilidad de este acusado, duda razonable y fundada, no la duda vaga que pueda surgir en vuestras conciencias temerosos de cargarlas de alguna res-ponsabilidad, sino la duda que surge en los hombres de moderado valor, de espíritu sereno, es vuestro deber rendir un veredicto de no culpable.
    Pero, señores' del jurado, si vosotros creéis del examen que hagáis- de la prueba, que hay elementos suficientes para llegar á la culpabilidad de este acusado; si vosotros creéis que real y efectivamente este hombre vivía en aquel rincón apartado de Loíía, á orillas del mar, apoderándose de lo que no le per-tenecía, y cuando aquella situación termina, á virtud de una vigilancia hon-rada, siente nacer rencor en el interior de su alma contra el vigilante; si creéis que este sentimiento de rencor se agranda y llega á haber disgustos entre ellos; y si vosotros creéis que á consecuencia de tales disgustos este hombre delibera, medita, piensa en quitar la vida á aquella otra persona, á aquel Zaquí que se encontrada en la finca, y al efecto se arma y en una noche alevosamente clava su machete ó puñal en el pecho de su víctima y le causa la muerte; si creéis que eso está probado, y que después, para no dejar rastro, esconde la ropa y cava una fosa y en ella deposita el cuerpo de su víctima; si creéis vosotros, los jueces de hecho, si creéis más allá de toda duda razonable, que eso es cierto, entonces es vuestro deber dictar un veredicto de culpabilidad.
    Id. — Omisión de la Declaración de un Testigo en las Instrucciones — Vere-dicto. — La circunstancia de que el juez omitiera la declaración de un testigo al hacer el resumen de la prueba, no es motivo suficiente para anular el veredicto, si tal omisión no fué alegada en tiempo, á fin de que pudiera sub-sánarse, y especialmente si el juez instruye al jurado que para llegar á un veredicto, examine toda la prueba practicada, no sólo la que había referido, sino aquélla que involuntariamente hubiera omitido.
    Apelación —_ Pruebas — Relación de Hechos — Veredicto Contrario k las 'Pruebas. — La alegación de que el veredicto es contrario á las pruebas no podrá discutirse en la apelación, si las pruebas practicadas en el juicio no se hubieren consignado en una relación de hechos.
    Asesinato en Primer Grado. — Dar muerte ilegal á un ser humano, con malicia premeditada y expresa y con deliberada intención, constituye asesinato en primer grado.
    Abogado del apelante: Sr. Méndez Vaz.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Iíeenández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el acusado Pedro Boria López, .contra sentencia dictada por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan en causa de asesinato en primer grado.

Dió origen al juicio la siguiente acta de acusación:

“Estados Unidos de América. — El presidente de los E. E. U. U. ss. En el nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo de Puerto Pico v. Pedro Boria. En la Corte de Distrito de San Juan á 26 de abril de 1905. El fiscal formula acusación contra Pedro Boria por el delito de asesinato en primer grado, (felony) cometido como sigue:
Que allá, el día 12 de febrero de .1905, en el distrito judicial de San Juan, el dicho Pedro Boria, allí y entonces, ilegalmente con mali-cia'premeditada y expresa y con deliberada intención, mató á Zaca-rías Hardin (a) “Zaquí,” valiéndose para ello de una arma blanca, con la que le infirió varias heridas que ocasionaron la muerte del ci-tado Zararías Hardín.
“Este hecho es contrario á la ley para tal caso prevista y á la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. — (Firmado) Luis Campillo, Fiscal del distrito.
“La acusación que antecede está basada en el testimonio de tes-tigos examinados por mí, bajo juramento, creyendo solamente que existe justa causa para presentarla al tribunal. (Firmado) Luis Cam-pillo, Fiscal del distrito.
“Jurada y firmada ante mí hoy 28 de abril de 1905. — (Firmado) José E. Figueras, Secretario del Tribunal de Distrito de San Juan.’7

El acusado negó la acusación en 29 ele abril citado y solicitó' juicio por jurado.

Celebróse el juicio en 8 de marzo de 1906 ante el jurado' que al efecto se constituyó, y éste después de oir la lectura de la acusación, la alegación del acusado de no ser culpable, la prueba de cargo, la declaración de un testigo de defensa, los. informes de los abogados de las partes y las instrucciones del juez sobre las cuestiones de derecho atinentes al caso, formuló' su veredicto en los siguientes términos:

“Nosotros, los del jurado, declaramos á Pedro Boria López culpable del delito de asesinato en primer grado que se le imputa. — San Juan, Puerto Rico, 8 de marzo de 1906. — El Presidente, (Firmado) Eugenio T. Iglesias.”

En vista del anterior veredicto la corte declaró al acusado Pedro Boria López, culpable del delito de asesinato en primer grado y señaló el día catorce del propio marzo, para el pro-nunciamiento de la sentencia.

En ese día compareció el acusado en persona y por medio de su abogado, presentó moción escrita, solicitando la conce-sión de un nuevo juicio, por ser el veredicto contrario á dere-cho y á las pruebas, moción que fué denegada, habiéndose dictado, en su virtud, sentencia por la que Pedro Boria López fué condenado á la pena de muerte que se ejecutará, colgán-dole por el cuello hasta que haya expirado.

Contra esa sentencia interpuso el abogado recurso de apela-ción, para cuya decisión, ha venido ante esta Corte Supre-ma el correspondiente récord, comprensivo del acta de acusa-ción, acta de arraignment, instrucciones de la», corte al jurado' firmadas por el juez, veredicto del jurado, fallo de convicción,. moción solicitando nuevo juicio, resolución denegatoria de esa moción, sentencia pronunciada y escrito de apelación, sin que liaya pliego de excepciones ni exposición de hechos, habiendo sí un acta en que se consigna de modo sucinto lo actuado en el juicio.

No compareció ante esta Corte Suprema abogado alguno en representación del acusado para sostener el recurso, y fué designado de oficio para que llevara su defensa el Letrado Don Luis Méndez Yaz, quien al efecto ha presentado el corres-pondiente alegato escrito.

Los motivos legales en que la representación del acusado funda el recurso son los siguientes:

“Primero. Que la acusación fiscal no está formulada de acuerdo con las prescripciones de los artículos 71 y 72 del Código de Enjuicia-miento Criminal, pues lejos de limitarse aquella á una exposición de los actos constitutivos del delito, entra á calificar el grado del mismo cuya función radica única y exclusivamente en el jurado, según el precepto del artículo 284 del- Código citado, ejerciendo dicha califica-ción tal influencia én el ánimo del jurado que éste en su veredicto declaró al acusado culpable del delito de asesinato en primer grado, imputádole en la acusación.
“Segundo. Que existe en la acusación una manifiesta contradic-ción, pues en su encabezamiento se dice que Pedro Boria es acusado del delito de asesinato en primer grado, y de los hechos expuestos como constitutivos de dicho delito se desprende, que caso de tratarse de un asesinato, éste lo es en segundo grado.
“Tercero. Que las instrucciones dadas por el juez al jurado, no fueron tan imparciales como la ley previene, pues el juez las comenzó, calificando de horrendo el crimen que se investigaba, y bajo la con-sideración de que el delito perseguido era un asesinato en primer grado se extendió en largas consideraciones sobre ese extremo, con-cluyendo por dar someras noticias al jurado sobre lo que es un ase-sinato en segundo grado y un homicidio, con la particularidad de que las instrucciones dadas para establecer una distinción entre el asesinato en primer grado y el del segundo grado son tan deficientes y están expresadas en tal forma que con ellas, no solo podían confun-dirse los jurados, sino también las personas versadas en la ciencia del derecho penal.
“Cuarto. Que la parcialidad del juez en sus instrucciones al ju-rado se nota también al practicar el análisis de la evidencia, pues la ley requiere que se baga un resumen de las pruebas tal y como ban sido practicadas ante el jurado, dejando á éste la libre apreciación de las mismas, sin que para demostrar imparcialidad sea bastante indicar esa apreciación en forma eondieionál como se hizo por el juez.
“Quinto. Que el juez al hacer el resumen de las pruebas omitió en absoluto el resultado de la declaración del testigo de la defensa ■ prestada en el juicio, según se afirma en el acta que ha venido en el récord.
“Sexto. Que el juez dió al jurado explicaciones sobre el asesinato en segundo grado, porque, según dijo, el jurado podía declarar al acusado culpable de un delito necesariamente comprendido en la acu-sación, cuando debió haber explicado á los jurados la libérrima facul-tad que tenían de fijar el grado del delito, lo que tampoco hizo al finalizar sus instrucciones, pue's sólo les manifestó que debían rendir un veredicto de inocencia ó de culpabilidad, sin hablarles para nada del grado del mismo.
“Séptimo. Que la corte inferior cometió error de derecho al deses-timar la petición del acusado para un nuevo juicio, puesto que el ju-rado pronunció veredicto, declarando á Boria culpable del delito de asesinato en primer grado que el fiscal le imputaba, y tal delito en la forma en que aparece de la acusación era, á lo sumo, un asesinato en segundo grado.”

Examinadas las razones legales expuestas como funda-mentos. de recurso, somos de opinión que todas son de deses-timarse, según vamos á demostrar.

La acusación fiscal se ajusta á los preceptos de los artícu-los 71 y 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues ade-más de expresar el título de la acción consignando al efecto el nombre del tribunal ante el cual fue presentada y los nombres de las partes, contiene una relación de los actos constitutivos del delito en lenguaje conciso y corriente, y redactada de tal modo que cualquier persona de inteligencia común puede entenderla. Dicha acusación es suficiente con arreglo al ar-tículo 82 del repetido Código.

Ciertamente que el artículo 284 prescribe que cuando hu-biere que hacer distinción entre varios grados de culpabilidad al apreciar un delito, al jurado incumbe determinar en caso de culpabilidad del reo el grado del delito cometido por éste; y por tanto la determinación de dicho grado no es función propia del fiscal; pero si éste determinare en la acusación el grado del delito, como sucede en el presente caso, no por eso adolece la acusación de un defecto ó vicio sustancial, toda vez que el jurado puede aceptar ó nó el grado del delito fijado en ella, según el resultado de las pruebas practicadas en el juicio.

Esa es doctrina establecida por la Corte Suprema de California en los siguientes casos:

People v. King, 27., Cal., 507; People v. Nichol, 31 Cal., 211.

La determinación del grado del delito hecha por el fiscal en el acta de acusación se ajusta á los hechos que esta relata sin que exista la contradicción alegada por la defensa, pues si Pedro Boria mató á Zacarías Iiardín ilegalmente, con ma-licia premeditada y expresa y con deliberada intención, valién-dose para ello de un arma blanca con la que le produjo varias heridas que ocasionaron su muerte, es claro que cometió el de-lito de asesinato en primer grado, según el artículo 201 del Código Penal.

Las instrucciones dadas por el juez al jurado no pueden calificarse de parciales.

Ellas comenzaron así:

“Señores del jurado: Ya el debate entre las partes lia terminado y el horrendo crimen que se investiga va á quedar sometido á vuestra consideración y resolución, como árbitros’ únicos para decir la última palabra. ’ ’

. El horrendo crimen á que el juez se refiere es el descrito en la acusación, y jas frases transcritas no contienen apreciación alguna sobre la existencia del mismo, según y como se relató por el fiscal. Esa apreciación quedó sometida á la considera-ción y resolución de los jurados, que el juez reconoce eran los llamados á decir su última palabra. El crimen en verdad era horrendo, y al reconocerlo así el juez, no hizo más que publi-car una verdad que se desprendía de los mismos términos de la acusación, sin que por ella pueda decirse que influyera en el ánimo del jurado para que declarara al reo culpable del delito ’ imputádole.

Bien podemos aplicar al presente caso lo que ya dijo esta' corte por medio del Juez Sr. Figueras, al resolver el recur-so de apelación interpuesto por Felipe Robles en causa por asesinato en primer grado, cuyo recurso fué decidido en 25 de. abril del año próximo pasado:

“El proceso en Verdad que era grave toda vez que se juzgaba un. hecho que dió por resultado privar de la vida á un hombre, y si el juez, dirigiéndose al jurado, reconoció esa gravedad no'hizo más que publicar una verdad que seguramente estaba encarnada ya en la con-ciencia de los que habían de juzgar. Una cosa es reconocer la gra-vedad del proceso considerado en sí mismo por su propia naturaleza y con abstracción completa del autor del hecho criminal, y otra hu-biera sido relacionar esa gravedad con el acusado, cosa que no resulta de esas instrucciones.”

No importa que el juez instruyera más extensamente al jurado sobre el delito de asesinato en primer grado que sobre el asesinato en segundo grado y el homicidio.

Después de definir y explicar lo que es el asesinato en primer grado, concluyó así:

“En todos los demás casos, la muerte ilegal de un ser humaíio con malicia y premeditación, constituye asesinato en segundo grado. ’ ’

. Tal definición es correcta, pues se ajusta al último inciso del artículo 201 del Código Penal.

En cuanto al delito de homicidio, leyó el juez el precepto de la ley ó sea el artículo 203 del Código Penal que lo define, ya ‘ que, según manifestó al jurado, podía declarar culpable al acusado de un delito necesariamente comprendido en el de la acusación.

El juez cumplió su deber en la forma en que lo estimó pro-eedente. Si el acusado creyó que las instrucciones sobre el asesinato en primer grado y sobre el homicidio eran defectuo-sas y que no se marcaba bien la distinción entre el asesinato en primer grado y el asesinato en segundo grado, pudo solici-tar la ampliación de dichas instrucciones y hasta presentarlas por escrito al tribunal para que fueran aprobadas ó denega-das recayendo así á la providencia correspondiente que en el caso de ser contraria á la pretensión del acusado, hubiera podido ser materia del presente recurso; pero lejos de hacerlo así, aceptó las instrucciones del juez y hoy esta Corte Suprema no puede discutir en grado de apelación cuestiones que no fueron traídas al debate judicial en la corte inferior. Así se desprende de los artículos 266 y 300 del Código de Enjuicia-miento Criminal.

' Semejante doctrina ha sido ya establecida por esta Corte Suprema en el. caso ya citado de El Pueblo de Puerto Pico contra Felipe Robles, al citar la de la Corte Suprema de California en los siguientes casos:

People v. Haun, 44 Cal., 96.
People v. Ah Wee, 48 Cal., 236.
People v. Fice, 97 Cal., 459.

No hizo el juez apreciación alguna sobre el resultado de las pruebas, y antes por el contrario las dejó á la libre considera-ción del jurado, manifestando á éste que si daba crédito á las declaraciones de tales ó cuales testigos podía llegar á la con-clusión de que habían ocurrido tales ó cuales hechos. El ju-rado, pues, estaba en libertad de apreciar esas declaraciones, según los dictados de su conciencia y de colegir, en su conse-cuencia, cuales eran los hechos probados, sin que pueda afir-marse que obrara sugerido por el juez. Esa práctica no las-tima los derechos del acusado, quien ha podido durante el juicio impugnar la veracidad de los testigos en la forma pre-venida por la ley.

El juez, después de haber hecho la relación de las pruebas, concluyó sus instrucciones al jurado en los siguientes térmi-nos :

“Tal es la prueba que vais á examinar. Tal es la prueba que vais á juzgar con independiente criterio, absolutamente independiente. Vosotros sois hombres expertos conocedores de estos casos. No ac-tuáis ninguno de vosotros por primera vez. Estáis en condiciones, por lo tanto, de apreciar perfecta y cumplidamente la prueba y de ren-dir el veredicto que proceda en justicia.
“Si vosotros, examinando toda esa prueba á que se ha referido la corte y la que pudiera haber involuntariamente omitido y que recor-daréis perfectamente, si vosotros, examinando en conciencia, toda la prueba practicada, encontráis que ella no aporta elementos para llegar á la culpabilidad del acusado; si sujetando esa prueba al crisol de vuestro examen, llegáis á la conclusión de que este hombre es inocente, si ese es el mandato de vuestras conciencias, ese mandato debe refle-jarse en el veredicto que dictéis, declarando á este acusado no culpable.
“Si en vuestras conciencias de hombres honrados existe duda acerca de la culpabilidad de este acusado, duda razonable y fundada, no la duda vaga que puede surgir en vuestras conciencias temerosos de cargarlas de alguna responsabilidad, sino la duda que surge en los hombres de moderado valor, de espíritu sereno, es vuestro deber ren-dir un veredicto de no culpable.
“Pero, señores del jurado, si vosotros creéis del examen que ha-gáis de la prueba, que hay elementos suficientes para llegar á la cul-pabilidad de este acusado; si vosotros creéis que real y efectivamente este hombre vivía en aquel rincón apartado de Loiza, á orillas del mar, apoderándose de lo que no le pertenecía y cuando aquella situa-ción termina, á virtud de una vigilancia honrada, siente nacer rencor en el interior de su alma contra el vigilante; si creéis que este senti-miento de rencor se agranda y llega á haber disgustos entre ellos; y si vosotros creéis que á consecuencia de tales disgustos, este hombre delibera, medita, piensa en quitar la vida á aquella otra persona, á aquel Zaquí que se encontraba en la finca, y al efecto, se arma, y en una noche alevosamente clava su machete ó puñal en el pecho de su vícti-ma y le causa la muerte; si creéis que eso está probado y que después para no dejar rastro esconde la ropa y cava una fosa y en ella deposita el cuerpo de su víctima; si creéis, vosotros los jueces de hecho, si creéis más allá de toda duda razonable que eso es cierto, entonces es vuestro deber dictar un veredicto de culpabilidad.
“Con tales instrucciones el caso queda sometido á vuestra consi-deración y resolución.”

Esas frases relevan la más absoluta imparcialidad por parte del juez; no hay prejuicios en contra del acusado; no hay sugestión al jurado para agravar su situación; su destino en la causa queda sometido á la consideración libre del ju-rado.

No importa que el juez, al hacer el resumen de las prue-bas, omitiera la declaración del testigo de la defensa prestada •en el juicio, pues, nosotros no sabemos si esa omisión fue im-portante ó no, toda vez que no ha venido á nosotros un pliego de exposición de hechos; pero fuera ó no importante, el jurado ante quien se prestó la tendría indudablemente en cuenta al pronunciar su veredicto y éste hoy no puede ser anulado por una omisión que no fue alegada en tiempo y en tiempo pudo subsanarse por el acusado, haciendo uso del derecho que le reconoce el Código de Enjuiciamiento Criminal.

Ya el juez manifestó al jurado que para llegar al veredicto examinara toda la prueba á que la corte se había referido y la que pudiera haber involuntariamente omitido y que recor-daría perfectamente.

Las instrucciones del juez al jurado deben considerarse en su totalidad; y así apreciadas, demuestran que el juez, no solo instruyó al jurado de que podía declarar al reo inocente ó culpable, sino que también podía declararlo culpable de ase-sinato en primer grado, de asesinato en primer grado con circunstancias atenuantes, de asesinato en segundo grado y de homicidio.

Tan es así que el mismo juez consignó en sus instrucciones,, que siendo como era facultad del jurado declarar á un indivi-duo culpable de un delito necesariamente comprendido en el de la acusación, era un deber de la corte, al dar sus instruc-ciones, explicar también cuales eran en el presente caso los delitos comprendidos necesariamente en el acta de la acusa-ción, y por esa razón, además de explicar lo que era un asesi-nato en primer grado, explicó también lo que era un asesinatoen segundo grado y también un homicidio.

Por último, el veredicto del jurado no es contrario á las. pruebas, pues éstas no han sido impugnadas en la forma cor-respondiente ó sea mediante un escrito de exposición de lie-dios, y por tanto, debemos presumir que diclio veredicto se ajustó al resultado de las mismas.

Siendo ello así, los lieclios de la acusación quedaron demos-trados en el juicio y esos hechos, repetimos, constituyen un delito de asesinato en primer grado, por cuanto Pedro Boria mató ilegalmente á Zacarías Hardin con malicia premeditada y expresa y con deliberada intención, elementos todos inte-grantes de un delito de asesinato en primer grado, que por falta de circunstancias atenuantes, apareja la pena de muerte, con arreglo al artículo 202 del Código Penal.

Por las razones expuestas, entendemos procede la confir-mación de la sentencia apelada con las costas del recurso tam-bién á cargo del apelante Pedro Boria.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Pigueras, MacLeary y Wolf.'


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey

text:
    El Pueblo v. Rodríguez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 58.
    Resuelto en marzo 11, 1907.
    AcusacióN — Defectos de Forma. — La falta de expresar en la acusación ante qué funcionario fueron juramentados los testigos, cuyas declaraciones sir-, vieran de base para formularla, no constituye un defecto fundamental, sino meramente de forma.
    Id. — Las objeciones que se presenten por defectos de forma deben formularse ante la corte inferior, no pudiendo alegarse por primera vez en el tribunal de apelación.
    Conocimiento Judicial — Subsecretario ó Secretario Auxiliares de las Cortes de Distrito. — Los subsecretarios ó secretarios auxiliares de las cortes de distrito no son los funcionarios de cuyo nombramiento y firma oficial puedan tomar conocimiento judicial las cortes de Puerto Rico.
    Acusación — Juramento—Error que no Perjudique los Derechos de las Partes. — -Una acusación jurada ante un secretario accidental (acting secretary) no está debidamente jurada, por no tener este funcionario .facultades liara tomar juramentos ó declaraciones juradas, pero si tal defecto no se alegare en la corte inferior, no puede ser motivo de revocación, por no ser error que tendiera á perjudicar los derechos del acusado.
    Id. — Violación—Suficiencia de la Acusación. — Guando en la acusación se expresa que la violación tuvo lugar mediante fuerza y violencia y contra la voluntad y consentimiento de la mujer, esto es equivalente á expresar que ella opuso resistencia y que ésta fué veneida por la violencia, ó que se la im-pidió de resistir por amenazas de grave é inmediato daño corporal, acom-pañadas de aparente aptitud para realizarlas; en este concepto la acusación ha de estimarse suficiente, especialmente si no se hubiere objetado á ella op ortunamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en el presente'caso fné declarado culpable del delito de violación y condenado á ocho años de presidio, con trabajos forzados, y al pago de las costas. Interpuso apela-ción para ante esta Corte Suprema contra la sentencia dictada por la corte sentenciadora elevando los autos á este tribunal en 27 de diciembre 1906. No hay en los autos (record) pliego de excepciones, exposición de hechos ni exposición del caso. Solamente se encuentra en ellos, la acusación, las minutas de la corte en las que se vé la lectura de la acusación (arraignment), la sentencia dictada y el escrito de apelación, según prescribe el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El. apelante estuvo representado por abogado ante este tribunal, que presentó un alegato en favor de su representado, en el que discutía los únicos puntos á los cuales podía hacer referencia en vista del corto récord presentado. .

Tres son los fundamentos á los cuales llama la atención el abogado del apelante y por los que solicita la revocación de la sentencia, á saber:

1. Que la acusación ha debido expresar, y no lo ha hecho, si los testigos fueron examinados por el fiscal ó por otro funcionario: ó en otras palabras, de los autos debe aparecer que los testigos, en cuyas deposiciones se basaba la acusación, fueron examinados por otro funcionario autorizado por la ley para tomar juramentos.

2. Que el juramento prestado por el fiscal, según los autos parece haber sido prestado ante el secretario interino -de la corte, y no ante, el mismo secretario, según las prescripciones legales.

3. Que la acusación es insuficiente- para imputar al acu-sado el delito de violación, puesto que en ella no se alega que la mujer perjudicada opusiera resistencia y que dicha resistencia fuere vencida por el empleo de fuerza ó violencia por parte del acusado; ni alega la acusación que la perjudi-cada estuvo impedida de hacer resistencia, ni que se le hubiera amenazado con grave daño corporal y que la persona que le amenazaba se encontraba aparentemente en aptitud para eje-cutarlo. Que la acusación no puede estar comprendida dentro de ninguno de otros números dél artículo 255 del Código Penal.

Podemos resolver el primer fundamento en que se apoya el apelante, citando parte de una opinión de esta corte, dictada el año pasado, en una causa criminal. El Juez Sr. Wolf dice en aquella opinión:

"Con respecto á la primera alegación, á saber, que la acusación no expresa ante quien fueron juramentados los testigos, no se puede considerar la objeción, sino como un defecto de forma y no como un error fundamental.”

Pueblo de Puerto Rico v. Alomar, resuelto 15 marzo de 1906.

En el presente caso los autos no muestran que se ale-gara esta cuestión en la corte inferior. Al apoyarse en un defecto formal, esto es necesario y la objeción se ha presen-tado muy tarde, siendo la primera vez que se suscita en esta corte en apelación.

Con respecto al segundo fundamento, á que se refiere el abogado del apelante, y por el cual solicita la revocación de la sentencia, el fiscal de este tribunal hace con mucha propie-dad las siguientes observaciones: “Más importante nos pa-'rece la alegación de que la acusación no se.juró ante un fun-cionario capacitado, por la ley para recibir juramentos. La acusación se juró ante William Oppenlieimer, sécretario accidental del tribunal de distrito de Gfuayama en 16 de marzo de 1906.”

Pasa después el fiscal á informar á esta corte con respecto á que el secretario accidental era indudablemente el delegado nombrado por el secretario de la corte de distrito, con arre-glo á la ley. Todo su argumento se refiere á este punto, tra-. tanto de probar que un delegado (deputy) tiene las mismas facultades para recibir juramentos que las asignadas al principal ; citando á ese efecto varios casos en apoyo de su propo-sición. Pero en ninguna parte del récord aparece de una manera afirmativa que Oppenlieimer es ó fuera un secretario •auxiliar ó subsecretario de la corte de distrito.

No podemos considerarle como tal, pues él no es un fun-cionario cuya toma de posesión y sello oficial están faculta-das las cortes de Puerto Rico á tomar en consideración, con arreglo al párrafo 5 del artículo 36 de la Ley de Evidencia. (Leyes de Sesión de 1905, p. 76.)

Debemos entonces investigar en cuanto á las atribuciones de secretarios accidentales, como tales, especialmente con res-pecto á la toma de juramentos en documentos que han de usarse en el juicio en causas criminales.

Las prescripciones estatutorias que se encuentran en las leyes de Puerto Rico, pon respecto á toma de juramentos y declaraciones juradas, son las siguientes:

“Todos los juramentos, declaraciones juradas ó afirmaciones, ne-cesarias ó convenientes ó exigidas por la ley, pueden administrarse dentro de Puerto Rico y un certificado de dicho acto puede darse por cualquier juez de la Corte Suprema, ó cualquier juez de una corte de distrito, ó secretario de dichas cortes, ó juez de paz, juez municipal, notario público, ó.cualquier comisionado de los Estados Unidos para •el Distrito de Puerto Rico.” (Véase la sección 2 de la Ley de 8 de marzo; 1904, Leyes de 1904, p. 151.)
“Toda corte tiene poder # # (párrafo 7.) ' Para recibir jura-mentos en acciones ó procedimientos pendientes ante ella, y en los demás casos en que lo requiera el ejercicio de sus poderes y deberes,” (Véase lá sección 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, Leyes de 1904, p. 191.)
“Todo funcionario judicial tiene facultad * * ® para recibir ju-ramentos á las personas comprendidas en algún procedimiento que estuviere pendiente ante él, y en'los demás casos en que sea necesario en el ejercicio de sus facultades y deberes.” (Véase la sección 28, párrafo 4 del Código de Enjuiciamiento Civil, Leyes de 1904, p. 196.)

La ley enmenclatoria en el primer párrafo arriba citado añade las palabras, “ó por cualquier comisionado de los Es-tados Unidos para el distrito de Puerto Rico,” á la ley anterior, siendo este el único cambio que se ba hecho á aquélla.

Iiay también un estatuto referente á las facultades de los jueces de paz, y sus empleados, para tomar declaraciones juradas; el que en nada se refiere al caso que considerandos.

En cuanto á la cuestión de las funciones de un secretario accidental de una corte de distrito, podemos consultar prove-chosamente las siguientes decisiones de cortes Americanas:

“Albacea accidental significa una persona que asume un cargo como albacea de una persona que ha muerto, sin ser el albacea legal-mente hombrado ó de hecho sea tal albacea. Morse v. Allen’s Estate, 58 N. W., 327, 328, 99 Mich., 303. (Véase Words and Phrases Judicially Defined, vol. 1, p. 127.)
“ ‘Empleado’ (clerk), según se usa la palabra en Revised Statutes, 181, párrafo 14, prescribe que, cuando está sirviendo autos á corpora-ciones, la copia se le dejará al clerk, á menos que se encuentre ausente del estado, no puede interpretarse en el caso de empleados de pueblo como que incluye también al empleado ayudante, que cada empleado de pueblo tiene derecho á nombrar. El empleado ayudante no es en manera alguna un funcionario del pueblo, no está nombrado por el pueblo, sino por el empleado del pueblo, pudiendo éste quitarlo cuando le conviniere, siendo el empleado del pueblo responsable de todos sus actos. El es, en verdad, un mero empleado ó ayudante del otro. Town of Charleston v. Town of Lunenburgh, 21 Vt. 488, 490.” (Véase Words and Phrases Judicially Defined vol. 2, p. 1225.)
“Las palabras ‘empleado’ (clerk) y ‘secretario,’ con referenda á empleados subalternos, son sinónimas, según el uso popular, y fre-cuentemente son usadas indistintamente. ‘Secretario’ es definido ‘una persona empleada para escribir órdenes, cartas, despachos, documentos públicos ó privados, autos, y demás cosas parecidas; un escribiente oficial ó amanuense.’ La palabra clerk es definida como “una persona empleada para guardar expedientes (records) y cuentas, un empleado, escribiente ó contador; como el empleado de la corte.” Stale v. Currie, 3 N. D., 310, 315, 35 N. W., 858.” (Véase Words and Phrases Judicially Defined, vol. 2 p. 1227.)
“El objeto de un auxiliar y sus funciones son los de desempeñar las obligaciones de su principal. El autorizar documentos que ban de ser archivados en su condado es uno de los deberes del “secretario de la corte de condado,” y su auxiliar estaba autorizado para desem-peñarlo.” (Rose v. Newman, 26 Texas Reports, 135.)

Se ha resuelto por la corte de reclamaciones que la pala-bra accidental, usada por una persona que se titula arquitecto-supervisor accidental, no quiere decir que dicha persona haya sido hombrada para el cargo, sino que simplemente es un locwn tenens, que atiende al cumplimiento de los deberes de una oficina para la cual no tiene derecho alguno. (Fraser v. United States, 16 Ct. Cl. 107; citado en 1 Words and Phrases Judicially Defined, p. 128.)

Obligados á considerar á William Oppenheimer como á un mero secretario accidental, según se ve de los autos, que han sido debidamente certificados por “Francisco Morales,” y autorizados por el sello de dicha corte, y tomando en consi-deración las decisiones de las cortes, á las cuales nos hemos referido, así como los principios generales de ley aplicables al caso, somos de opinión que, con arreglo á los artículos de los estatutos de Puerto Rico, que confieren facultad á ciertos funcionarios para tomar juramentos y declaraciones juradas, la acusación que ha sido la base de este proceso, no fue debida-mente juramentada por el funcionario que propiamente es-taba autorizado.

Pero no se tomó excepción en la corte inferior con respecto á este error, no habiendo sido llamadá la atención de la corte sentenciadora á ningún defecto que pudiera tener la declara-ción jurada ó el certificado. No consideramos esta informali-dad en la declaración jurada como un error fundamental. Es uno de los casos en que el estatuto de 30 de iparzo de 1904 tiene aplicación. (Leyes de la sesión de 1904, p. 10.) Con arreglo á este estatuto, esta corte no puede revocar una sen-tencia condenatoria por la razón de haberse omitido algunas de las prescripciones legales, á no ser que hubiera motivos para creer que tal error perjudicaría los derechos de cual-quiera de las partes, y que debidamente se tomó excepción en la corte sentenciadora. Tal error como el cometido al prestar la declaración jurada, con respecto á los hechos de la acusación, ante el secretario accidental, en vez de el propio secretario, ó su delegado, y en la certificación firmada por tal persona, no siendo un error fundamental, ni habiendo tenido el objeto de perjudicar los derechos del apelante, ni habién-dose tampoco tomado excepción en la corte inferior, no puede justificarnos en que se revoque la sentencia condenatoria dic-tada en el presente caso, por lo tanto, debemos hacer caso omiso de él. (Pueblo de Puerto Rico v. Antonio Rivera et al. resuelto en 21 de noviembre de 1905. Pueblo de Puerto Rico v. Arturo Aponte et al., resuelto en 11 de noviembre de 1905.)

En el tercer fundamento que alega el apelante, surge la cuestión referente á la suficiencia de la acusación para que por ella pueda imputarse el delito de violación. La acusación que consideramos es muy parecida a la presentada en el caso de Pacheco, resuelto por la Corte Suprema de California en el año 1886, con arreglo á un estatuto muy semejante al nues-tro. La corte resolvió en aquel caso que la acusación era suficiente; y al adoptar ese criterio usa el siguiente lenguaje:

“Somos de opinión que al expresar la acusación que e'1 acto fué cometido, usando fuerza y violencia, y contra la voluntad y consen-timiento de la mujer, equivalía substaneialmente á expresar que ella opuso resistencia, pero que dicha resistencia fué vencida por la vio-lencia, ó que dicha perjudicada estaba impedida de hacer resistencia con motivo de las amenazas de grande é inminente daño corporal, acompañadas de la aparente aptitud para realizarlo.” (El Pueblo v. Pacheco, 70 Cal. 473.)

De- igual modo y por razones perecidas sostenemos que la acusación es suficiente en el presente caso; 'especialmente en vista de que no se tomó excepción alguna con respecto á la referida acusación en la corte sentenciadora.

Habiendo examinado los tres errores alegados por el abo-gado y sobre los cuales el apelante se basa para solicitar la revocación de la sentencia dictada contra él por la Corte de Distrito de Gfuayama en 30 ele'abril de 1906, y que no aparece en los autos error alguno fundamental, y que cualesquiera objeciones que puedan'hacerse á defectos formales que hayan sido cometidos en el juicio no fueron debidamente presentadas en la corte inferior para que esta corte pudiera tomarlos en consideración, nada nos resta que hacer sino confirmar la sentencia condenatoria.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y Wolf.