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    Neftalí Rodríguez Amadeo, demandante y recurrido, v. Nydia Santiago Torres, demandada y recurrente.

      Número: RE-92-24

      Resuelto: 29 de junio de 1993

      Martha L. Peña Valiente, abogada de la parte recurrente; Héctor Luis Ayala Vega, abogado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos decidir en el caso de autos cuáles son los cri-terios para desheredar a un hijo por alegadamente haber injuriado gravemente a su progenitor, lo que a su vez pro-vocará el que cese la obligación de dar alimentos conforme al Art. 150 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 569.

Hechos

El Dr. Neftalí Rodríguez Amadeo y la Sra. Nydia Santiago Torres contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 1967, en Salinas, Puerto Rico. Durante su matrimonio pro-crearon tres (3) hijos de nombres Nydia, Neftalí y Gerardo Rodríguez Santiago.

El 1ro de noviembre de 1983, el doctor Rodríguez Ama-deo, quien es médico con especialidad en medicina interna, presentó una demanda de divorcio por la causal de trato cruel.() Al momento de instarse la demanda de divorcio, los hijos del matrimonio contaban con las edades de quince (15), trece (13) y cinco (5) años, respectivamente.

El 21 de febrero de 1985 se permitió, con la anuencia del tribunal, enmendar la demanda de divorcio presentada por el doctor Rodríguez Amadeo a los fines de alegar la causal de separación. Posteriormente, el 3 de abril de 1985 se de-cretó disuelto el matrimonio. En la sentencia emitida por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, se le concedió a la madre la patria potestad y custodia de los tres (3) hijos menores habidos en el matrimonio. Se fijó una pensión ali-mentaria de novecientos dólares ($900) mensuales. Ade-más, se dispuso que el demandante pagara la renta men-sual de la casa, donde residen los menores junto a su madre. Esta es un bien ganancial. Asimismo, vendría obli-gado el doctor Rodríguez Amadeo a pagar todos los gastos relacionados con la escuela de los menores, mantendría a éstos incluidos en un plan médico y terminaría de pagar el balance que se adeudaba del automóvil Volvo, el cual que-daría en manos de la demandada. Al terminarse de pagar dicho auto, la pensión alimentaria aumentaría de nove-cientos dólares ($900) a mil cien dólares ($1,100) mensuales. ()

Posteriormente, el 29 de julio de 1991, una compareció por derecho propio mediante una moción presentada den-tro del proceso original de divorcio de sus padres, Neftalí Rodríguez Santiago, hijo del doctor Rodríguez Amadeo y la señora Santiago Torres. Éste, al momento de presentar esta moción para reclamar alimentos al amparo del Art. 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 562, contaba con veintiún años (21) de edad. Alegó en la misma que era es-tudiante de bachillerato a tiempo completo y sin interrup-ción en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Que había hecho las gestiones pertinentes para cursar estudios en la Escuela de Medicina de la Universi-dad Central del Caribe con sede en Bayamón y que fue aceptado.() Sostuvo que le requirió a su padre, el doctor Rodríguez Amadeo, el pago de la matrícula para comenzar los estudios de medicina, así como el costo de los libros que le fueron asignados,() pero que éste se negó a ello en va-rias ocasiones. Con respecto a esta moción presentada por el hijo del doctor Rodríguez Amadeo, el tribunal de instan-cia señaló una vista.

Así las cosas, el doctor Rodríguez Amadeo replicó la mo-ción presentada por su hijo mediante una moción en la que solicitó rebaja de la pensión alimentaria. Alegó que sus dos (2) hijos mayores, Nydia y Neftalí, de veintitrés (23) y vein-tiún (21) años, respectivamente, habían alcanzado la con-dición legal de emancipados. Por lo tanto, no tenían dere-cho a recibir alimentos como menores. Sostuvo, además, que los referidos hijos mayores habían terminado sus estu-dios de bachillerato y no habían probado circunstancias extraordinarias que justificasen mantener la pensión actual. Con respecto a su hijo Neftalí, alegó específica-mente que no había demostrado:

(a) Continuidad, Diligencia, Perseverancia, Seriedad (esfuer-zos realizados).
(b) Aptitud manifiesta por los estudios que desea proseguir.
(c) Resultados Académicos.
(d) Razonabilidad del objetivo deseado.

Asimismo, planteó que los alimentistas, sus dos (2) hijos mayores, pueden ejercer un oficio o profesión que les per-mita mejorar su destino y fortuna, de manera que no les sea necesaria la pensión alimentaria para su subsistencia. Finalmente, alegó que sus dos (2) hijos mayores cometie-ron faltas graves que dan lugar a la desheredación, por lo que conforme al Art. 150 del Código Civil, supra, cesa o se extingue la obligación de prestar alimentos.()

Celebrada la vista para discutir la moción presentada por el hijo Neftalí Rodríguez Santiago, el tribunal de ins-tancia dispuso, mediante orden emitida en corte abierta, que tanto éste como su hermana mayor quedaban exclui-dos de la pensión alimentaria que pagaba su padre el doctor Rodríguez Amadeo. Determinó, además, que a partir de 1ro de agosto de 1991, fecha en que se celebró la vista, se le pasaría una pensión alimentaria al menor Gerardo Rodrí-guez Santiago de trescientos sesenta y seis dólares con se-senta y seis centavos ($366.66) mensuales.() La vista en su fondo para dilucidar lo relacionado con la reclamación de alimentos instada por el hijo Neftalí se reseñaló, por acuerdo entre las partes, para permitir un corto periodo de descubrimiento de prueba.

Luego de celebrada la vista, el tribunal dictó sentencia en corte abierta. Ésta fue llevada a escrito el 22 de noviem-bre de 1991. En dicha sentencia el tribunal de instancia determinó como un hecho probado que “[e]l joven Neftalí Rodríguez Santiago [había] maltratado e injuriado grave-mente a su padre frente a sus familiares, amigos y pacien-tes del doctor Rodríguez Amadeo. Dichas injurias y mal-trato fueron efectuadas durante la mayoría de edad y en lugares públicos”. (Énfasis suplido.) A base de esto con-cluyó que el joven Neftalí Rodríguez Santiago “por su com-portamiento altanero, irrespetuoso y con un craso despre-cio a la dignidad de su padre cabo [sic] la tumba a su futuro” y, por ende, “no tiene ningún [sic] derecho a venir a pedir alimentos a un ser que ha profanado tanto”.

De esta determinación, el joven Neftalí interpuso re-curso de certiorari planteando la comisión de varios erro-res,() entre éstos, el eliminar la pensión alimentaria de Neftalí Rodríguez Santiago sin antes tomar en considera-ción y celebrar la vista sobre todos los hechos del caso; el tomar conocimiento judicial de presuntas denuncias las cuales no se especificaron, dónde y cuándo fueron presen-tadas y el número específico del caso, esto contrario a lo establecido en la Regla 11 de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV); el no tomar en consideración el Art. 781 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2459, sobre los efectos de la reconciliación; el interpretar y apreciar que hechos ocu-rridos cuando Neftalí Rodríguez Santiago era menor de edad ocurrieron cuando éste ya era mayor de edad, esto contrario a la prueba presentada según se narraron dichos incidentes por todos los testigos, y el interpretar que Nef-talí Rodríguez Santiago no cumple con los requisitos esta-blecidos en el caso Key Nieves v. Oyóla Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985).

Decidimos revisar y expedimos el auto de certiorari presentado.

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La recurrente alega, en síntesis, que el tribunal de ins-tancia no debió eliminar la pensión alimentaria que el doctor Rodríguez Amadeo pasaba a su hijo Neftalí y que erró al interpretar que, en el presente caso, no se cumple con los requisitos de Key Nieves v. Oyola Nieves, supra. Le asiste la razón; veamos por qué.

En repetidas ocasiones hemos expresado que los casos de alimentos a hijos menores de edad están revestidos del más alto interés público. Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246 (1988); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987). La obligación de alimentar a los hijos emana de dos (2) artículos del Código Civil: el Art. 153 (31 L.P.R.A. sec. 601), que impone dicha obligación a los padres que ostentan la patria potestad, y el Art. 143 del Código Civil, supra, que fija la responsabilidad de alimentos entre parientes. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983). Hay que distinguir entre las obligaciones alimentarias de estos artículos. En Guadalupe Viera v. Morell, supra, págs. 12-13, dijimos que:

En el caso del Art. 153, es decir, la obligación alimenticia que emana del ejercicio de la patria potestad, se parte del supuesto de que el alimentista menor de edad está bajo la custodia del padre que ejerce sobre él la patria potestad, o de ambos si están casados entre sí. Como señala Beltrán de Heredia, no se trata estrictamente de una obligación alimenticia independiente o autónoma, sino que está incorporada al conjunto más amplio de deberes y derechos que representa la patria potestad, entre los cuales se encuentra el deber de convivir con los hijos, alimen-tarlos en su mesa, educarlos, guiarlos y representarlos. Este deber de alimentación, ínsito [sic] a la patria potestad, no de-pende de un estado de necesidad del hijo, pues éste incluso podría tener bienes suficientes para su sostenimiento y aún tener derecho a ser alimentado por sus padres con patria potes-tad, sino que se basa en el hecho mismo de la generación. (Es-colios omitidos.)

La obligación que emana de este artículo se extingue con la emancipación del menor, ya sea la misma una emancipación menos plena o de carácter pleno. S. Torres Peralta, La nueva ley especial de sustento de menores y el derecho a pensión alimenticia, 49 (Núms. 3-4) Rev. C. Abo. P.R. 17, 63 (1988).

De otra parte, y en lo que respecta al Art. 143, supra, dijimos en Guadalupe Viera v. Morell, supra, pág. 13, que:

La obligación alimenticia que surge del Art. 143 se refiere al caso del padre o de la madre de hijos no emancipados que no viven en su compañía y sobre los cuales no tiene la patria po-testad, y a hijas y otros parientes, no importa su edad, que tengan necesidad de alimentos, y siempre que el alimentante cuente con recursos para proveerlos. A diferencia de la obliga-ción bajo el ejercicio de la patria potestad, el deber de proveer alimentos bajo el articulado del Código que regula los alimentos entre parientes se basa en el estado de necesidad del hijo y depende de la condición económica del padre alimentante. Se distingue, además, en que la obligación es exigible cuando se demuestra la necesidad de alimentos del hijo y son reclamados judicialmente. (Citas omitidas.)

La obligación alimentaria que emana del Art. 143, supra, requiere que el menor tenga necesidad de una pensión alimentaria. Dicha pensión no cesará automáticamente con la emancipación del menor, ni en el caso de que éste llegue a la mayoría de edad.() Puede extenderse después de que hijo cumpla la mayoría de edad si se dan las circunstancias expresadas en Key Nieves v. Oyola Nieves, supra. Hay que tener presente que el Art. 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561, define alimentos como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Los alimentos comprenden también la educación e instruc-ción del alimentista, cuando es menor de edad”.

En Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, reconocimos que el tribunal deberá hacer, caso a caso, la determinación que corresponda, con respecto al pago de alimentos a los hijos mayores de edad que deseen proseguir estudios graduados o post-graduados.() Para guiar su determinación tomará en consideración lo siguiente:

... [E]l hijo que solicite “alimentos” o asistencia económica para estudios “postgraduados” deberá demostrar afirmativa-mente que es acreedor de tal asistencia económica mediante la actitud demostrada por los esfuerzos realizados, la aptitud ma-nifestada para los estudios que desea proseguir a base de los resultados académicos obtenidos, y la razonabilidad del obje-tivo deseado. (Enfasis en el original y escolio omitido.) Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267.

Además, sostuvimos que tienen que darse todos los criterios antes señalados a satisfacción del tribunal para que entonces se proceda a fijar la cantidad dé ayuda económica que sea razonable. Claro está, no podemos olvidar el hecho de que no siempre el padre alimentante vendrá obligado a pagar la totalidad de los gastos requeridos, puesto que el Art. 146 (31 L.P.R.A. sec. 565) dispone que “[l]a cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo”. Apliquemos, pues, todo lo anteriormente expuesto al caso de autos.

El joven Neftalí Rodríguez Santiago se graduó de Es-cuela Superior del Colegio Ponceño. Su propio padre, el doctor Rodríguez Amadeo, admitió en la vista en su fondo que su hijo Neftalí fue estudiante de honor en la Escuela Superior. Éste continuó estudios de bachillerato en la Uni-versidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, inmedia-tamente después de graduarse de la escuela superior. Si bien es cierto que de la transcripción de créditos presen-tada en evidencia surge que no acumuló durante el bachi-llerato un promedio de honor, sí obtuvo un buen promedio, B (2.88).() Éste lo obtuvo aun cuando tomó un número de cursos en la Facultad de Ciencias Naturales, los cuales se caracterizan por un alto grado de dificultad. Este promedio le permitió ser .aceptado en una escuela de medicina acre-ditada, la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. El deseo del joven Neftalí de superarse en el aspecto profesional se refleja al haber gestionado proseguir estudios graduados inmediatamente después de haber ter-minado su bachillerato. Culminó sus estudios de bachille-rato en el verano de 1991 y para agosto de ese mismo año comenzó los estudios de medicina. Esto claramente de-muestra los encomiables esfuerzos realizados por este jo-ven para iniciar sus estudios de medicina y su interés en la profesión escogida. Además, consta en evidencia una certi-ficación de la Escuela de Medicina, que expresa que para el 8 de octubre de 1991 el. estado académico (Academic Status) del demandante Neftalí Rodríguez Santiago, era uno de Good Standing.

De modo que no podemos aceptar los planteamientos del doctor Rodríguez Amadeo a los efectos de que el promedio de su hijo en las clases más importantes para estudiar me-dicina no llegaba a 2.40, sugiriendo con ello que no iba a ser aceptado en ninguna Escuela de Medicina o que no tenía la aptitud que se requiere para ser médico. Exami-nada la transcripción de créditos presentada y admitida en evidencia, se puede constatar que el promedio del joven Neftalí en los cursos de ciencia fue superior al admitido por el propio joven. Independientemente del hecho de que éste tuvo que repetir algunos cursos de especialidad, el simple hecho de hacerlo y aprobarlos demuestra su perseverancia y deseo de superación. No se amilanó ante la adversidad.

Por otra parte, nos llama la atención que el representante legal del doctor Rodríguez Amadeo destacara que el joven Neftalí no tomara en consideración el factor económico cuando ingresó a la Escuela de Medicina, y en particular a la Universidad Central del Caribe, y que su padre tenía un nuevo hogar con dos (2) hijos. En el caso de autos, en ningún momento se ha alegado por el doctor Rodríguez Amadeo que no cuenta con medios económicos suficientes para pagar la pensión alimentaria solicitada por su hijo Neftalí y mucho menos ha desfilado prueba de ello. Nos parece apropiado destacar en este punto lo expresado en Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, págs. 266-267, a los efectos de que tendrán prioridad, a base de los recursos disponibles, aquellos hijos menores de edad que cursen estudios primarios o a nivel de bachillerato. Sin embargo, en el presente caso no se ha probado carencia de recursos disponibles para pagarle los estudios al hijo del primer matrimonio y que con ello se afecte a los hijos menores del doctor Rodríguez Amadeo de su segundo matrimonio. Es importante que recalquemos que

... en el mundo en que vivimos hoy día, donde el éxito que se pueda obtener ... con la preparación académica que poseamos y donde la competencia es la orden del día, la percepción de que los estudios universitarios constituyen un “lujo” es cosa del pa-sado; dichos estudios se han convertido en una necesidad. Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 266.

A esto debemos añadir que en la actualidad las oportu-nidades de conseguir un empleo con solamente una prepa-ración académica de bachillerato son reducidas, ya que la competencia es mayor cada día.

Con respecto a lo alegado por el doctor Rodríguez Ama-deo a los efectos de que el hijo tiene la aptitud para traba-jar y, por ende, no debe entonces alimentarle, tampoco le asiste la razón.

No hay lugar a dudas de que ningún alimentante tiene la obligación de alimentar a un alimentista que está bien preparado para ejercer determinada profesión u oficio, pero no lo hace. El fundamento detrás de esto es, según Manresa, que no puede fomentarse la holgazanería. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, T. 1, pág. 848. Esta no es la situación del caso de autos.

Procederemos ahora a analizar si fue correcta la deter-minación del tribunal de instancia a los efectos de que el joven Neftalí incurrió en conducta injuriosa contra su padre, de tal naturaleza que ésta da lugar a una causal de desheredación, lo que elimina a su vez el deber del padre de alimentarle.

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El Art. 778 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2456, en lo pertinente, dispone que será causa para desheredar a los hijos y descendientes el “[hjaberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra”. Por otra parte, el Art. 150 del Código Civil, supra, dispone que cesará la obligación de dar alimentos, entre otras cosas, “[cjuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación”. Teniendo presente lo preceptuado por los Arts. 778 y 150 del Código Civil, supra, debemos primeramente determinar qué se considera una injuria grave para los efectos de este articulado.

Los tratadistas están acorde en que para determinar qué es una injuria grave el tribunal debe aplicar un criterio restrictivo “para evitar que cualquier expresión lanzada en un momento de discusión o de apasionamiento pueda después servir de base para un resultado de desheredación”. F. Púig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, Vol. II, pág. 432. La dificultad para el juzgador estriba en determinar cuándo es grave la injuria o no. Para ello es necesario que haya mediado la intención o el animus injuriandi de esa causa; no basta la imprudencia temeraria. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1980, T. XI, pág. 571. Sobre la impruden-cia temeraria debemos señalar que

... excluye en gran parte la intención: o se constituye por un exceso de descuido o por una gran ignorancia de lo que se hace y debe hacerse. En ambos casos, falta la malicia, el propósito de hacer daño, quedando sólo un grado de intención indirecta, re-mota, que únicamente aprecia y determina la filosofía pura. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1944, T. XIV, pág. 1029.

Además, el juzgador deberá considerar los siguientes factores a la hora de decidir si se incurrió en una conducta injuriosa de tipo grave que amerite la desheredación: el tono de la familia, la conducta filial en general y el contexto social al momento en el que se produce la ofensa. Albaladejo, op. cit. Esto último es bien importante porque si bien es cierto que por medio de la desheredación se persigue sancionar el incumplimiento de los deberes familiares y vindicar a las figuras de autoridad, como son los padres, por otra parte, hay que tener cuidado de no aplicar a determinado núcleo familiar unos criterios rígidos que ellos mismos nunca han fomentado. Sobre este punto nos comenta A.E. Pérez Duarte y Noroña en La obligación alimentaria: deber jurídico, deber moral, México, Universidad Nacional Autónoma, 1989, pág. 144:

Habíamos expresado que la obligación alimentaria surge, desde el punto de vista moral, del concepto de solidaridad misma que nos constriñe a socorrer al necesitado esperando de éste únicamente un mínimo de respeto, agradecimiento y consideración. Por ello el legislador sanciona al acreedor que injuria, falta u ocasiona daños graves a su deudor privándolo del derecho de recibir alimentos.
En general parece una disposición justa, sin embargo, cuestio-namos su validez tratándose de padres-deudores frente a hijos menores de edad-acreedores. Lo cuestionamos porque los me-nores carecen de juicio para evaluar objetivamente la bondad o maldad de sus actos y'quienes deben inculcarles este juicio así como el concepto de respeto y agradecimiento son los propios padres, por tanto, si el menor incurre en alguna de las conduc-tas señaladas por la fracción tercera en este artículo es respon-sabilidad directa del progenitor, salvo prueba en contrario. Y, si nuestros apuntamientos son válidos, el padre no debe ser libe-rado de una obligación por causa de una conducta que propició su propia falta de responsabilidad y atención en la educación del menor. Recordemos que la responsabilidad sobre la educa-ción del menor recae, en primer término en los progenitores que el menor tiene derecho a vivir en un ambiente familiar que le permita alcanzar la madurez protegido de factores que pudie-ran incidir negativamente en ese proceso y ello es un deber inherente a la patria potestad, su incumplimiento no puede avalar y fundamentar la terminación de la obligación alimen-taria a cargo de esos progenitores que no han sabido cumplir adecuadamente con su tarea educativa.

Lo anterior plantea otra interrogante: si se debe permitir la desheredación de un hijo menor. El Art. 778, supra, no establece distinción alguna en cuanto al momento en que el hijo maltrató o injurió a su padre. Es decir, el artí-culo no establece si las actuaciones que dan lugar a la des-heredación por haber injuriado gravemente al progenitor tienen que ocurrir cuando el hijo es mayor o menor de edad.

Sin embargo, varios tratadistas sostienen que no debe avalarse la desheredación de los hijos menores de edad, puesto que si no les reconocemos capacidad jurídica para ejercitar por sí mismos sus derechos y obligaciones, tam-poco se les debería castigar al extremo de dejarlos sin re-cursos para subsistir. Pérez Duarte y Noroña, op. cit., pág. 145. No podemos olvidar que "la minoría de edad habla precisamente de una falta de madurez para actuar en la comunidad, de una falta de criterio para dar una respuesta personal, auténtica, libre a las circunstancias que se les presentan”. Íd.

Ahora bien, ¿a qué edad se debe permitir desheredar a un menor? Sobre este particular nos comenta L. Muñoz en Comentarios a los Códigos Civiles de España e Hispanoamérica, México, Ed. Jurídicas Herrero, 1953, que la solución de este problema debe dejarse al arbitrio de los tribunales. Sin embargo, otros estiman que deben aplicarse por analogía las disposiciones de los códigos penales, que sostienen que los menores de quince (15) años() no tienen capacidad para discernir sobre la causa de la desheredación, en tanto que los mayores de dicha edad sí la tienen. Somos del criterio que en los procedimientos en los que se pretenda desheredar a un menor de edad, éstos se resolverán caso a caso y no exclusivamente a base de la edad, sino que también se considerará la intención de injuriar gravemente, el tono de la familia, la conducta filial en general y el contexto social en que se produce la ofensa. En este sentido se han expresado algunos tratadistas.

... “[E]l tribunal apreciará con criterio razonable si las cir-cunstancias subjetivas del infractor (grado de discernimiento, grado de intencionalidad, atenuantes y excusas de la situación correcta) y las objetivas de hecho, configuran una causa justa e imputable al legitimario”. J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1973, T. II, pág. 193.

Teniendo en mente todo lo anteriormente expresado, veámoslo en el contexto del caso de autos.

Ciertamente la determinación del tribunal de instancia a los efectos de que toda la conducta injuriosa de Neftalí Rodríguez Santiago ocurrió cuando éste era mayor de edad, es errónea. La exposición narrativa de la prueba re-vela que del testimonio del propio doctor Rodríguez Ama-deo surge que todos los incidentes que se suscitaron con su hijo, excepto uno, fueron cuando éste era menor de edad.() El primero ocurrió en 1985; para ese entonces Neftalí con-taba con quince (15) años de edad. Todo aconteció en la Plaza del pueblo de Salinas cuando Neftalí vio a su padre el doctor Rodríguez Amadeo. Al acercarse para saludarlo se percató que éste estaba acompañado por la que en la ac-tualidad es su esposa. Esto lo molestó sobremanera y su reacción inmediata fue arrojarle a la acompañante de su padre un vaso de coca-cola en el rostro.

Otro de los incidentes ocurrió un año más tarde, en 1986. Neftalí tenía en esa fecha dieciséis (16) años. Como parte de una tarea que le fue asignada en la escuela, Nef-talí acudió al tribunal para hacer uso de la Biblioteca. Una vez allí, se encontró por casualidad a su señor padre. En ese momento se enteró que ese mismo día éste se casaba, por lo que lo siguió hasta el lugar donde se llevaría a cabo la recepción. Llegado al lugar, profirió una palabra obs-cena, la cual hacía referencia a la nueva esposa de su padre. El doctor Rodríguez Amadeo le ripostó con un puñe-tazo en la boca. El muchacho completamente alterado rom-pió entonces los cristales del carro de su progenitor.

A raíz de este incidente, Neftalí denunció a su padre, pero éste admitió que esta denuncia quedó en nada.

También se hizo referencia a un incidente ocurrido con motivo de haber ordenado el doctor Rodríguez Amadeo que descontinuaran el servicio de agua en la casa donde habi-taban sus hijos. Sobre éste no se hace mención de fecha alguna. La representación legal de Neftalí alega sin embargo, que este incidente ocurrió cuando el joven era me-nor de edad.

El último incidente ocurrió en julio de 1991, cuando ya Neftalí contaba con veintiún (21) años y acudió al consul-torio de su padre para requerirle que le pagara los estudios de medicina. Al éste negarse, lo llamó “cerdo.”

Al analizar el impacto de estos hechos con relación al articulado sobre la desheredación, hay que tomar en consi-deración las circunstancias que motivaron los actos del jo-ven Neftalí hacia su padre. Una lectura desapasionada de la exposición narrativa de la prueba demuestra con meri-diana claridad el sentimiento de abandono experimentado por Neftalí Rodríguez Santiago a raíz del divorcio de sus padres.() Al dar inicio el proceso de divorcio de sus proge-nitores, Neftalí contaba solamente con trece (13) años de edad, un preadolescente en la etapa crítica de transición entre la niñez y la adolescencia. Este joven aparenta haber sido una víctima inocente del fracaso matrimonial de sus padres, el cual fue un tanto tortuoso. Se le hizo muy difícil comprender que su padre volviera a rehacer su vida con un nuevo matrimonio y se olvidara de sus obligaciones para con los hijos procreados en su primer matrimonio. El pro-pio padre admitió que luego de la ruptura matrimonial es-tuvo varios años sin ver a sus hijos. Esto obviamente afectó profundamente la relación de éstos con su padre. En varias ocasiones, mientras el joven Neftalí ofrecía su testimonio expresó que añoraba que su papá fuese como era antes. Manifestó que “[cjuando él era pequeño el papá no era así”.

Cabe señalar que nadie se preocupó por buscarle ayuda de tipo sicológico a este menor, de manera que pudiera afrontar el difícil proceso del divorcio de sus padres y su-perar el sentimiento de pérdida y abandono que le tiene que haber causado el alejamiento de su padre.

Bien sabido es que los procedimientos de divorcio y de desca-labro de la unidad familiar, invariablemente afectan a los niños de tierna edad, y a los menores de todas las edades, en mucha mayor medida que a los adultos. La diferencia usualmente es-triba en que los adultos generalmente desahogan sus senti-mientos y se vuelcan en imputaciones y actos de violencia psi-cológica y a veces física, dando rienda suelta a sus emociones. Los niños por el contrario, suelen sufrir callados, y es con fre-cuencia que desarrollan actitudes que los llevan a tratar de complacer a ambos. Por eso, muchas veces con un alto grado de injusticia, se les identifica como manipuladores. Es de rutina la profunda angustia que sufren generalmente en silencio y ate-morizados, y muchas veces indefensos.
La mejor forma de enfrentarse al problema de debilidad emo-cional, angustia'y sufrimiento de los hijos, y sus consecuencias, es proveyéndoles en forma tan intensa como necesaria y posible todos los servicios periciales para tratar de mantenerles su es-tabilidad emocional en tales circunstancias. Los servicios socia-les, psicológicos, siquiátricos, y otros periciales son de especial importancia en este tipo de caso. Torres Peralta, supra, pág. 104.

Resulta importante hacer hincapié en que el divorcio de los padres no puede entrañar el que éstos se divorcien tam-bién de sus hijos. Sus deberes como padres continúan y, si algo, se acentúan. Deben cobrar conciencia de que con sus decisiones personales pueden afectar emocionalmente de forma adversa a sus hijos. Tienen que ayudarlos a superar la angustia y el desajuste que causa la ruptura del núcleo familiar.

De la prueba vertida en la vista en su fondo surge con meridiana claridad que el joven Neftalí Rodríguez Santiago no tuvo la intención o animus injuriandi de injuriar a su padre, el doctor Rodríguez Amadeo. Sus reacciones más bien respondieron a la rebeldía típica de los adolescentes, acrecentada por la situación de inestabilidad y privación del cariño y protección que produjo el divorcio de sus padres.

En cuanto al único incidente acaecido cuando el joven Neftalí era mayor de edad, éste fue el resultado de una reacción espontánea a la negativa del padre de ayudarlo con el pago de matrícula de la Escuela de Medicina. Su respuesta claramente no fue una deliberada. () El foro de instancia se equivocó al determinar que las actuaciones del joven Neftalí fueron de tal naturaleza que procedía su des-heredación y, en consecuencia, que había cesado la obliga-ción de su padre, el doctor Rodríguez Amadeo, de alimentarlo.

Por todo lo antes expuesto, procede que se dicte senten-cia revocando la emitida por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, el 22 de noviembre de 1991 y devolviendo el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto. ()

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) La Sra. Nydia Santiago Torres contestó la demanda de divorcio e instó re-convención por la causal de trato cruel.

      (2) Todo esto había sido ofrecido por el doctor Rodríguez Amadeo al presentar la demanda de divorcio, y el padre alimentante ha cumplido a cabalidad con lo dis-puesto en la sentencia de divorcio.

      (3) Efectivamente, consta en el expediente del caso que se presentó y admitió en evidencia una certificación de la Universidad Central del Caribe en la que se indica que Neftalí Rodríguez Santiago había sido admitido para comenzar estudios a partir de agosto de 1991.

      (4) Solicitó la cantidad de ocho mil quinientos dólares ($8,500).

      (5) A pesar de que se alegó lo de faltas graves con respecto a los dos (2) hijos mayores, todo el proceso se circunscribió a las actuaciones de Neftalí.

      (6) De la determinación del tribunal de instancia de modificar la pensión alimen-taria del menor Gerardo Rodríguez sin atenerse a lo dispuesto en la Ley Especial de Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 501 et seq., y las Guías Mandatorias de Pensiones Alimenticias, no se interpuso recurso de certiorari dentro de un término razonable. Se cuestionó la co-rrección de esta determinación por primera vez a los cinco (5) meses después de haberse dictado la orden. Esto se hizo dentro del recurso presentado por su hermano Neftalí cuestionando una determinación posterior del tribunal a los efectos de que este último incurrió en actos injuriosos contra su padre, los cuales eran causa sufi-ciente para su desheredación. Por tal razón, mediante resolución denegamos por incuria el recurso presentado en cuanto a lo señalado en éste con respecto al menor, Gerardo. Esto, claro está, sin menoscabo de que posteriormente el menor pudiera solicitar una modificación de la pensión alimentaria de estimarla necesaria.
      Después de todo,
      “[l]os decretos fijando o modificando pensiones alimenticias previamente vigen-tes siempre, por su propia naturaleza, son de carácter temporero, provisional o interlocutorio. Se cambiarán según cambien las circunstancias que lo justifiquen. No adquieren finalidad. No son, por tanto, susceptibles de recursos de apelación, preci-samente por su naturaleza temporera, sin finalidad alguna. El recurso de alzada disponible es el de Certiorari....” S. Torres Peralta, La nueva ley especial de sustento de menores y el derecho a pensión alimenticia, 49 (Núms. 3-4) Rev. C. Abo. P.R. 17, 170 (1988).

      (7) Es innecesario que discutamos el primer señalamiento de error por la razón expresada en el esc. 6.

      (8) Ya anteriormente habíamos dicho en Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518, 523 (1976), que “[n]i la emancipación ni la mayoría de edad de los hijos relevan al padre de su obligación de alimentarles ...”.

      (9) El Art. 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 561, incluye el derecho del alimentista a cursar estudios de bachillerato siempre que los mismos hayan sido comenzados durante la minoridad. Esto fue reafirmado en el caso Key Nieves v. Oyóla Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985).

      (10) Ese es el promedio, según pudimos calcular, que surge de la transcripción de créditos correspondiente a los cursos de bachillerato que consta en el expediente.

      (11) Aunque en Puerto Rico la mayoridad es dieciocho (18) años en la esfera penal, para cierto tipo de conducta el Procurador de Menores puede renunciar a la jurisdicción de los menores de catorce (14) años con relación a ciertos delitos, y estos menores serán juzgados como adultos. Véase la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2215. Por otra parte, en la.esfera civil, los varones menores de dieciocho (18) años y las mujeres menores de dieciséis (16) años —con ciertas excepciones-son incapaces para contraer matrimonio. Tampoco pueden emanciparse los menores de dieciocho (18) años. Véase 31 L.P.R.A. secs. 232, 901 y 911 et seq. También hay que tomar en consideración que las leyes laborales imponen limitaciones con respecto al trabajo que pueden desempeñar los menores de edad.

      (12) Aplica entonces aquí la norma de Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987), a los efectos de que “[e]s norma reiterada en nuestra jurisdicción que este Tribunal no intervendrá con la apreciación que de la prueba desfilada haya hecho el tribunal de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Debe recordarse, sin embargo, que ‘el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, más no es absoluto’ y que una ‘apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal’ ”. (Citas omitidas.)

      (13) El propio padre aceptó que el cambio de actitud evidenciado por el hijo ' Neftalí ocurrió uno o dos años después del divorcio. E.N.P., pág. 11.

      (14) Quisiéramos hacer constar que este Tribunal no se solidariza con las faltas de respeto de los hijos hacia sus padres. Todo lo contrario, somos del criterio que a los padres se les debe el mayor respeto y consideración. Hoy día, más que nunca, debe-mos promover el respeto a las figuras que representan la autoridad, puesto que, lamentablemente, como parte de la crisis que vivimos, los menores la desafían continuamente. Sin embargo, en nuestro afán de impartir justicia, tenemos que re-conocer cuándo los mayores provocan las acciones de los menores, y consciente o inconscientemente son agentes mediadores de la conducta evidenciada por los menores.

      (15) Debido a la conclusión a la que hemos llegado, se hace innecesario que discutamos si hubo o no reconciliación entre el doctor Rodríguez Amadeo y su hijo Neftalí. La reconciliación entre el ofensor y el ofendido deja sin efecto la desheredación. Art. 781 (31 L.P.R.A. sec. 2459).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García

license: Public Domain

text:
    Carlos P. Villamil Suárez, demandante y peticionario, v. Departamento de Transportación y Obras Públicas, demandado y recurrido.

      Número: CE-88-649

      Resuelto: 30 de junio de 1993

      Faustino Aponte Parés, abogado del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Awilda Irizarry Pardo y Miriam Alvarez Archilla, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario recurre de la sentencia dictada por el Tribunal Superior que denegó la expedición del auto para revisar una resolución emitida por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.) al efecto de que el diferencial en sueldo concedido a un em-pleado como medida de reclutamiento no forma parte de su sueldo o retribución mensual y, por lo tanto, no está sujeto a deducción a los fines de las aportaciones al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades (Sistema de Retiro). Alegó ante J.A.S.A.P. que tal determinación le priva de los beneficios proporcionales que por pensión le correspondería a base de dicho diferencial, a pesar de que el mismo fue incluido en el cómputo de las deducciones hechas por su patrono, Depar-tamento de Transportación y Obras Públicas, durante el curso de diez (10) años por concepto de aportaciones al Sis-tema de Retiro. Veamos los hechos que desembocaron en esta contienda legal.

H-1

Allá para el 2 de julio de 1975, el Secretario de Trans-portación y Obras Públicas (el Secretario) reclutó al Sr. Carlos Villamil Suárez como Director Ejecutivo III con un sueldo mensual de $1,180, cuantía que incluía dos (2) pa-sos sobre el sueldo básico establecido para dicha posición. El Secretario obtuvo la autorización de la Oficina de Personal del Gobierno para este diferencial de dos (2) pasos debido a la experiencia del señor Villamil y a la naturaleza y complejidad del trabajo que hacían de la posición una de difícil reclutamiento.

Transcurridos cerca de diez (10) años desde que se le extendió el nombramiento, el señor Villamil comenzó a tra-mitar su retiro. Fue entonces informado por el Secretario, mediante carta al efecto, que el mencionado diferencial de $100 no constituía retribución para fines del Sistema de Retiro. Es decir, que la suma que correspondía a los dos (2) pasos que originalmente se le concedieron como diferencial al momento de su nombramiento, no estaba sujeta a las aportaciones del Sistema de Retiro. Por consiguiente, se le manifestó al peticionario que no habría de disfrutar de los beneficios de retiro en cuanto a esa porción de su salario.

A tenor con dicho señalamiento, el peticionario comenzó a recibir dos (2) cheques; uno por la cantidad de $100 no sujeto a contribución al Sistema de Retiro y otro por la cantidad de lo que en realidad, según el Secretario, consti-tuía su retribución a los fines de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (3 L.P.R.A. see. 761 et seq.).

El peticionario apeló de la decisión del Secretario ante J.A.S.A.P., la cual sostuvo la determinación del Secretario no sin antes apercibir al señor Villamil del derecho que tenía de solicitar al Sistema de Retiro la devolución de las aportaciones en exceso que le fueron retenidas a través de los años. Posteriormente, J.A.S.A.P. denegó la moción de reconsideración presentada por el peticionario.

Así las cosas, el señor Villamil recurrió de dicha decisión administrativa ante el Tribunal Superior. Dicho tribunal se negó a revisarla.

No conforme con dicha actuación, el peticionario acude ante nos y aduce la comisión de tres (3) errores. En sínte-sis, el peticionario señala que el importe de los dos (2) pa-sos que le fueron concedidos como diferencial al momento de su reclutamiento forman parte de su retribución a los fines de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

A la luz de los fundamentos contenidos en la petición, concedimos un término a la parte recurrida para que mos-trara causa por la cual no debamos dejar sin efecto la sen-tencia que denegó la revisión solicitada. En específico, or-denamos a dicha parte que ilustre al Tribunal sobre el fundamento para la interpretación de que la concesión de dos (2) pasos como medida de reclutamiento, a tenor con la Ley de Retribución Uniforme de 1974, Ley Núm. Ill de 14 de julio de 1974 (3 L.P.R.A. ants. secs. 759-759m) consti-tuye una bonificación adicional al salario que no deba in-terpretarse como retribución a los fines de la Ley del Sis- tema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. La parte recurrida ha comparecido. Resolve-mos según lo intimado.

HH hH

Mediante la aprobación de la Ley de Retribución Uniforme de 1974,() la Legislatura estableció unas escalas de sueldos a ser asignadas por el Director de la Oficina de Personal del Gobierno a las clases de puestos incluidas en un programa de clasificación, el cual agruparía los puestos gubernamentales tanto del Servicio por Oposición como del Servicio sin Oposición, de acuerdo con sus deberes y responsabilidades. Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947 (3 L.P.R.A. ant. see. 650).()

En lo que concierne a los nombramientos originales, es decir, a personas que van a ser nombradas por vez primera, la Ley de Retribución Uniforme de 1974 dispuso que, como regla general, dichas personas recibirán el “tipo mínimo [dispuesto en la escala salarial] fijado para la clase a que esté asignado su puesto”. 3 L.P.R.A. sec. 7591 (Sup. 1975). Sin embargo, en lo pertinente al caso de autos, dicho estatuto dispone que cuando “las condiciones de trabajo lo justifiquen, o las dificultades extraordinarias en el reclutamiento y/o la retención de personal para determinados puestos justifiquen el uso de incentivos adicionales, se po-drá autorizar un diferencial en sueldo fuera de la escala” según lo establezca el Director de la Oficina de Personal mediante reglamento. 3 L.P.R.A. sec. 759l. El llamado diferencial, según establece la propia ley, corresponde a una compensación especial. ()

Surge claramente de los hechos que al señor Villamil se le reclutó con un diferencial de sueldo como medida de re-clutamiento según autoriza la Ley de Retribución Uni-forme de 1974. Nos corresponde ahora determinar si dicho diferencial debe ser considerado como una retribución para fines de los beneficios que otorga la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

I — I HH HH

La Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, según enmendada, es una ley general que provee beneficios de retiro a la vasta mayoría de los empleados que laboran con el Gobierno estatal. Dicha ley cobija al peticionario. 3 L.P.R.A. sec. 761 et seq.() Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020 (1992).

Los beneficios que concede dicha ley dependen de la retribución o sueldo que devenguen los empleados públicos. Para efectos de la ley, el término “retribución” comprende “la recompensa bruta y en efectivo que devengu[e] un empleado. Al computar la retribución, se ex-cluirá toda bonificación concedida en adición al salario, así como todo pago por concepto de horas extraordinarias de trabajo”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 763. Por lo tanto, es crucial a esta controversia determinar si el referido diferencial constituye una “bonificación”, según este término se emplea dentro de la anterior definición de “retribución”. Para ello debemos examinar no sólo la legislación aquí en controversia, sino cualquier ley in pari materia, ya que las leyes que tratan una misma materia “deben ser interpre-tadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para ex-plicar lo que resulte dudoso en otro”. Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18. Véanse: Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589 (1989). Así podremos descu-brir el hilo conductor que une a los diversos estatutos.

La bonificación es un pago adicional al salario corriente en un plan de incentivos por asistencia o por ciertas clases de trabajo. M. Méndez Ballester, Vocabulario Obrero Patronal, Departamento del Trabajo, 13-14, Junio, 1962. Dichas indemnizaciones accesorias han sido usualmente concedidas por el trabajo adicional realizado, por la dificultad o por los riesgos que conlleva una asignación temporera dentro del trabajo regular del empleado, 18 L.P.R.A. sec. 309g; 18 L.P.R.A. sec. 667; 25 L.P.R.A. sec. 1011(c), y finalmente, por imperativos de política pública que surgieron de forma pasajera en determinado moménto, 3 L.P.R.A. see. 757.

Vemos, pues, que las bonificaciones que han sido conce-didas mediante los citados estatutos tienen la caracterís-tica en común de que se tratan de compensaciones adicio-nales no recurrentes y temporales. Precisamente, lo que distingue a la bonificación del salario regular es que la primera constituye un pago adicional que surge por cir-cunstancias transitorias e imprevistas que tarde o tem-prano desaparecen. Por consiguiente, el empleado es cons-ciente de la naturaleza pasajera de la misma. En cambio, el salario regular corresponde a la remuneración que re-cibe un empleado como consecuencia de sus labores rutina-rias, por lo que el mismo tiene visos de permanencia.

IV

El diferencial en sueldo que dispone la Ley de Retribu-ción Uniforme puede ser otorgado por varias razones. Al-gunos factores responden a situaciones temporeras que se podrían suscitar durante el curso del empleo. Otros, en cambio, tienen un aspecto de permanencia. Véase 3 L.P.R.A. sec. 7591.

En el caso de autos, el diferencial se concedió por motivo de reclutamiento. Este diferencial era de carácter permanente; ofrecido al empleado como parte de su sueldo o retribución con el propósito de inducirle a aceptar una posición para la cual estaba especialmente capacitado. Dicho sueldo o retribución no respondía, pues, a circunstancias particulares que eventualmente desaparecerían.

En innumerables ocasiones hemos señalado que las leyes que crean los derechos a disfrutar de una pensión deben ser interpretadas liberalmente y que la fuerza y el efecto de dichas leyes no deben conformarse estrictamente a los términos literales del estatuto. Acuña v. Junta de Retiro, 58 D.P.R. 94, 100 (1941); Miró v. Sistemas de Retiro de Empleados, 112 D.P.R. 678 (1982); Morales v. Adm. de Sistemas de Retiro, supra.

Cónsono con dicha política judicial, resolvemos que los dos (2) pasos concedidos originalmente al peticionario como diferencial en sueldo para obtener su reclutamiento son parte de su retribución a los fines de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

Por los fundamentos antes expuestos, se expedirá el auto solicitado y se dictará sentencia conforme a lo resuelto.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) La Ley de Retribución Uniforme de 1974, Ley Núm. Ill de 14 de julio de 1974 (3 L.RR.A. ants. secs. 759-759m) fue posteriormente derogada por la Ley de Retribución Uniforme de 1979, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979 (3 L.P.R.A. sec. 760 et seq.). La contratación del señor peticionario ocurrió el 2 de julio de 1975, por lo que utilizaremos las disposiciones de la Ley de Retribución Uniforme de 1974 para la resolución del caso de autos, ya que fue a base de dicha ley que se concedieron los dos (2) pasos.

      (2) Posteriormente, la Legislatura derogó la Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947 (3 L.P.R.A. ant. sec. 650), reemplazándola por la Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq., la cuál también le confirió al Director de la Oficina de Personal la autoridad para crear un esquema de clasifica-ción de puestos que, aunque más específico, atenta contra la consecución de los mis-mos objetivos a que el legislador aspiraba bajo la antigua Ley de Personal. 3 L.P.R.A. sec. 1332.

      (3) El Reglamento para la Retribución de los Empleados del Gobierno, aprobado el 7 de agosto de 1972, dispone, en lo pertinente, que la autorización para reclutar y retener sobre el sueldo mínimo es para determinados puestos en situaciones especiales. Dicha autorización quedará sin efecto cuando el empleado pase a ocupar otro puesto en el que no existan las condiciones especiales que motivaron la autorización.

      (4) Su aplicación es discrecional solamente para los Secretarios del Gobierno, los ayudantes del Gobernador, los jefes de agencia e instrumentalidades públicas, los miembros de las Comisiones y Juntas nombradas por el Gobernador y los'miembros de la Asamblea Legislativa. 3 L.P.R.A. sec. 761 et seq. Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020 (1992).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Carlos Miró González, acusado y recurrido.

      Número: CE-91-638

      Resuelto: 30 de junio de 1993

      Jorge E. Pérez Díaz y Anabelle Rodríguez, Procuradores Ge-nerales, abogados de El Pueblo; Julio E. Gil de Lamadrid Pérez, abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia planteada en este caso nos brinda la oportunidad de aclarar la norma en torno a cuándo es que el derecho a juicio rápido cobra vigencia. Expongamos los hechos relevantes al mismo.

I

La Sra. Yolanda Roszanet Morales presentó una quere-lla en el Cuartel de la Policía de la Calle Loíza, en San-turce, en contra del recurrido, Don Carlos Miró González, por el delito grave de infracción al Art. 3.2 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica,() 8 L.P.R.A. sec. 632 (maltrato agravado). El policía denun-ciante citó a la querellante, a otra testigo y al imputado a comparecer ante un magistrado del Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, el 11 de junio de 1991 a los fines de someter a dicho funcionario la correspondiente denuncia() para la determinación de causa probable al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal vigentes, 34 L.P.R.A. Ap. II. Efectuado el anterior trámite en tal fecha, el magis-trado determinó que no existía causa probable para orde-nar la detención del imputado para que respondiera por delito alguno.

El 1ro de agosto de 1991 el Ministerio Público solicitó formalmente la vista en alzada al amparo de la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,() y fue señalada para el 10 de septiembre de 1991.

En la mencionada fecha el recurrido solicitó al magis-trado la desestimación de la petición de revisión presen-tada por el Estado. Apoyó su solicitud en la alegada viola-ción a su derecho a juicio rápido ya que, según éste, el señalamiento que se hizo para la vista en alzada había excedido de sesenta (60) días desde la fecha de la determi-nación inicial de no causa.() Argumentó que la vista en alzada autorizada por la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, supra, debía celebrarse dentro del referido término, invocando, por analogía, el término de sesenta (60) días dispuesto jurisprudencialmente por este Tribunal para la celebración de la vista preliminar en alzada estatuida en la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.() El Ministerio Público se opuso a los planteamientos de la defensa y adujo que dicho término no aplicaba en este caso.

El magistrado que presidía la vista en alzada acogió los argumentos esgrimidos por la defensa y declaró con lugar la solicitud de desestimación presentada por ésta. De dicha resolución recurre el Estado ante este Tribunal. Plantea como único error que el tribunal a quo “[e]rró ... al resolver que la vista ‘en alzada’ para determinación de causa probable para el arresto debe celebrarse inexorablemente den-tro del término de sesenta días de la determinación de no causa probable por el magistrado de categoría inferior”. Petición de certiorari, pág. 2.

A la luz de dicho señalamiento, concedimos término al recurrido para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la resolución recurrida. Con el beneficio de la com-parecencia de éste y de la réplica presentada por la señora Procuradora General, resolvemos.

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En su comparecencia ante este Foro el recurrido arguye que este se encontraba sujeto a responder (held to answer) desde el mismo día de los alegados hechos y/o desde que el policía supuestamente lo citó para comparecer a la vista inicial para la determinación de causa probable. Alega que desde ese momento comenzó el proceso criminal y, por ende, el derecho a un juicio rápido. Resolvemos que no le asiste la razón. Veamos.

El derecho de todo acusado a un juicio rápido es de rango constitucional.() Hemos señalado que este derecho “cobija tanto a los acusados como al Pueblo, en el sentido de que si bien los acusados tienen el derecho constitucional a ser juzgados con celeridad, también la sociedad exige que aquellos a quienes se les acusa de violentar sus leyes sean juzgados con prontitud”. Pueblo v. Rivera Santiago, 126 D.P.R. 810, 818 (1990), voto particular y de conformidad de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. Véase Pueblo v. Monje Sánchez, 122 D.P.R. 590 (1988).

En Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 432 (1986), citando a Barker v. Wingo, 407 U.S. 514, 531-533 (1972), señalamos que el juicio rápido persigue como objetivo proteger los intereses del acusado para: “(a) prevenir su detención opresiva y perjuicio; (b) minimizar sus ansiedades y preocupaciones, y (c) reducir las posibilidades de que su defensa se afecte.”

Sin embargo, reiteradamente hemos señalado que el derecho a un juicio rápido no cobra vigencia hasta que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder (held to answer). Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 321 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 431; Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 126 (1980); Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173, 177-178 (1976). El concepto "sujeto a responder” no significa necesariamente un arresto. Se dice que una persona, natural o jurídica, está “sujeta a responder” cuando está obligada a contestar una acusación o denuncia o está expuesta a ser convicta. Pueblo, v. Carmen Centrale, Inc., 46 D.P.R. 494, 498 (1934).

Sobre este particular, en United States v. Marion, 404 U.S. 307, 313-317 (1971), se señaló lo siguiente:

On its face, the protection of the Amendment [refiriéndose a la Sexta Enmienda] is activated only when a criminal prosecution has begun and extends only to those persons who have been “accused” in the course of that prosecution. These provisions would seem to afford no protection to those not yet accused, nor would they seem to require the Government to discover, investigate, and accuse any person within any particular period of time... Legislative efforts to implement federal and state speedy trial provisions also plainly reveal the view that these guarantees are applicable only after a person has been accused of a crime. (Énfasis suplido.)

El Tribunal Supremo federal ha interpretado el con-cepto “acusado” en los términos siguientes:

The Government constituted petitioner an “accused” when it arrested him and thereby commenced its prosecution of him.. Dillingham v. United States, 423 U.S. 64, 65, 96 S.Ct. 303, 46 L.Ed.2d 205 (1975).

En términos similares se han expresado algunos comen-taristas sobre este asunto, al señalar que: “In no event, however, will the right to speedy trial arise before there is some charge or arrest, even though the prosecuting authorities had knowledge of the offense long before this.” Nota, The Right to a Speedy Criminal Trial, 57 Col. L. Rev. 846, 848 (1957). “[T]he right to a speedy trial attaches only after an individual has been formally charged with a crime.” Notas, The Right to a Speedy Trial, 20 Stan. L. Rev. 476, 482-483 (1968). “Only an ‘accused’ shall enjoy the right to speedy trial. Accordingly, it might be said that a potential defendant who has not yet been arrested, much less formally charged, can never be an ‘accused’ within the meaning of the amendment.” Notas, Pre-arrest Delay: Envolving Due-Process Standards, 43 N.Y.U. L. Rev. 722, 726 (1968).

En nuestro derecho procesal penal, el procedimiento criminal se inicia con la determinación por un magistrado de que existe causa probable para arrestar o citar a una persona para que responda ante los tribunales por la comisión de un delito. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 39. Desde ese momento “el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del imputado”. O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Oxford, Equity Publishing Co., 1990, T. I, Sec. 6.1, pág. 108. Es por ello que nuestra Constitución exige, como regla general, que todo arresto debe ser ordenado por autoridad judicial, y “ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación ...”. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299. Dicho mandato constitucional lo resguarda nuestra Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.()

Por su parte, la determinación de un magistrado de que existe causa probable para arresto, además de dar inicio a la acción penal, tiene el efecto de permitir al . Estado poder presentar la denuncia o acusación contra el imputado de delito.() Es en este momento que formalmente podemos decir que la persona se encuentra “acusada”,() United States v. Marion, supra, y por lo tanto, “obligada a contestar una acusación o denuncia o propensa a ser convicta”. Pueblo v. Carmen Céntrale, Inc., supra. Por el contrario, la inexistencia de causa probable para arresto impide al Ministerio Público presentar una denuncia o acusación de clase alguna. Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, supra. Dicha determinación, a su vez, tiene el efecto de “exonerar” a la persona de las imputaciones formuladas en su contra. Pueblo v. Méndez Pérez, 120 D.P.R. 137, 142 (1987).

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En virtud de lo antes expuesto, y conforme a nuestro ordenamiento procesal penal, resolvemos que el ciudadano queda “sujeto a responder” (held to answer) por la comisión de un delito en el momento en que un juez determina causa probable para arrestar, citar o detener a dicho ciuda-dano por la comisión del delito imputado.() Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 39. Es en este momento que da inicio la acción penal, pues faculta al Estado a presentar los car-gos contra el ciudadano y, por ende, desde ese instante cobra vigencia el derecho a un juicio rápido.( ) Nuestra Constitución así lo dispone al señalar que será el acusado quien disfrutará del derecho a un juicio rápido. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., supra. En otras palabras, la protección constitucional se activa luego de ponerse “en movimiento ... el mecanismo procesal que podría culminar en una convic-ción” y “que tenga el efecto legal de obligar a esa persona a responder por la comisión de un delito público”. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 455, 459 y 467 (1959).

Por otro lado, aun cuando el derecho a juicio rápido no se activa en las etapas previas al arresto, las dilaciones innecesarias o injustificadas por parte del Estado durante dicho período quedan atendidas con los términos prescrip-tivos() y con las exigencias del debido proceso de ley. Pue blo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103, 107 (1975). Sobre este particular, el Tribunal Supremo federal, en United States v. MacDonald, 456 U.S. 1, 7-8 (1982), señaló lo siguiente:

Although delay prior to arrest or indictment may give rise to a due process claim under the Fifth Amendment, see United States v. Lovasco, 431 U.S. 783, 788-789 (1977), or to a claim under any aplicable statutes of limitations, no Sixth Amendment right to a speedy trial arises until charges are pending.
The Sixth Amendment right to a speedy trial is thus not primarily intended to prevent prejudice to the defense caused by passage of time; that interest is protected primarily by the Due Process Clause and by statutes of limitations. (Énfasis suplido.)

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Conforme a los principios de derecho previamente enun-ciados, debemos concluir que el tribunal a quo incidió al desestimar la denuncia que pesaba contra el recurrido por el fundamento de que el Estado había violado el derecho a un juicio rápido del imputado.

De los hechos particulares de este caso surge que el Tribunal de Distrito dictaminó inicialmente que no existía causa probable para arrestar o detener al recurrido por el delito de maltrato agravado bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Dicha determinación tuvo el efecto de impedir que el Ministerio Público pudiese presentar acusación alguna contra el recurrido y,() por ende, este último no se encontraba “sujeto a responder” por delito alguno. Esto, a su vez, tuvo el efecto de evitar que cobrara vigencia el derecho a un juicio rápido. Resumil de Sanfilipo, op. di., Sec. 6.11, pág. 128.

El recurrido sostiene que estaba llamado a responder del delito imputado desde que fue “citado” por el policía denunciante a comparecer ante el magistrado a los fines de someter a éste la denuncia para el trámite de causa probable, ordenado por la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. Al así hacerlo confunde la citación que le fue hecha por el agente investigador en este caso con las citaciones a las cuales alude la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En su parte pertinente, esta regla dis-pone:

... Se podrá expedir una citación en lugar de una orden de arresto si el magistrado ante quien se presentare la denuncia o que haya examinado a algún testigo que tenga conocimiento personal de los hechos, tuviere motivos fundados para creer que la persona va a comparecer al ser citada, o si la persona fuere una corporación. Se podrá expedir más de una citación basada en un solo delito imputado. En aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiere arrestar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un delito menos grave (misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistrado, en vez de arrestarla. La citación informará a la persona que si no compa-reciere se expedirá una orden de arresto en su contra.

Una simple lectura de la regla nos indica que ésta se refiere a dos (2) citaciones distintas: una a expedirse por un magistrado y la otra a ser hecha por un agente del orden público en distintas etapas del proceso criminal.

La citación a que está autorizado el magistrado al amparo de dicha regla es expedida por éste “en lugar de una orden de arresto”, o sea, después que éste ha determinado causa probable para el arresto de un ciudadano. Es claro que el derecho a un juicio rápido se activa a partir del diligenciamiento de tal citación. Por otro lado, la citación a que está autorizado un agente del orden público bajo tal regla puede ser hecha por éste en lugar de arrestar a un ciudadano en aquellos casos en que pudiese arrestar sin orden de un magistrado, siempre y cuando se trate de un delito menos grave (misdemeanor). Veáse, además, Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Según surge de la denuncia presentada en este caso, el policía denunciante actuó por investigación; esto es, sin conocimiento personal de los hechos delictivos, por lo que, constituyendo los mismos un delito grave, no estaba legalmente facultado para citar al imputado en lugar de arrestarle. Por lo tanto, la “citación” que supuestamente le hizo al recurrido para que compareciera al acto de someter la querella al magistrado a los fines de la determinación exigida por la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, no fue otra cosa que una invitación a estar presente en dicho acto conforme a lo resuelto por este Tribunal en el caso Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173 (1976), ante unos hechos similares.

IV

Finalmente, el recurrido invoca por analogía la jurisprudencia de este Tribunal en torno a un juicio rápido relativa a la vista preliminar en alzada() a los fines de sostener la validez de la resolución recurrida. Tampoco tiene razón en este aspecto. Como hemos señalado, al no existir una determinación previa de causa probable para el arresto o detención del recurrido al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, éste no se encontraba detenido o sujeto a responder por delito alguno, por lo que la jurisprudencia invocada respecto a la vista preliminar en alzada no es aplicable a los hechos aquí presentes. Ello es así porque la determinación previa de causa probable bajo la mencionada Regla 6 es un requisito con el cual tiene que cumplir el Estado antes de que pueda celebrarse la vista preliminar dispuesta por la Regla 23(a) de Procedimiento Criminal.() Por consiguiente, tánto en la etapa de la vista preliminar original (Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra) como en la etapa de vista preliminar en alzada (Regla 24 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II), el imputado ya está sujeto a responder del delito por el cual está siendo procesado como resultado de una deter-minación previa de causa probable hecha por un magis-trado al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. En vista de ello, es claro que en cualquiera de dichas etapas relativas a la vista preliminar ya está activado el derecho del imputado a un juicio rápido, a diferencia de la vista en alzada al amparo de la Regla 6(c) de Procedi-miento Criminal, supra, para la determinación de causa probable para el arresto o detención inicial del imputado, cuando todavía no está activado tal derecho.

Conforme hemos señalado anteriormente, es mediante esta determinación previa de causa probable para el arresto, citación o detención inicial del acusado para responder de un delito, hecha al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, que se inicia el proceso criminal en su contra. Esta determinación inicial de causa probable es la llave que abre las puertas a la celebración de otros procedimientos subsiguientes que son parte integral de la acción penal seguida contra el acusado. Cf. Pueblo v. Rivera Colón, supra; Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468 (1991). Recientemente sostuvimos que la “denuncia que da lugar a la vista preliminar original sirve de base para la segunda vista, sin que sea necesario, por disposición alguna de las Reglas de Procedimiento Criminal, someter nuevamente la prueba ante un magistrado para una nueva determinación de causa probable para el arresto o citación”. Pueblo v. Vallone, Jr., 133 D.P.R. 427, 434 (1993). Es inescapable, por lo tanto, la conclusión de que no puede aplicarse a la vista en alzada que considera la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, supra, la doctrina que ju-risprudencialmente hemos desarrollado respecto al dere-cho a un juicio rápido en torno a la vista preliminar en alzada. Ello es así porque el propósito de la vista en alzada que dispone la citada Regla 6(c) es el de sujetar al acusado a responder por el delito que se le imputa. Precisamente, es esta circunstancia lo que diferencia a esta vista de la vista preliminar en alzada: al momento de la celebración de la primera de dichas vistas mencionadas el imputado no está todavía sujeto a responder por delito alguno, mientras que al momento en que se celebra la segunda, ya el acu-sado está respondiendo del delito por el cual se determinó causa probable para su arresto o citación.

V

Por los fundamentos anteriomente expuestos, se dictará sentencia mediante la cual se expida el auto solicitado y, en su consecuencia, se revocará la resolución recurrida y se devolverá el caso para la celebración de la vista para la determinación en alzada de causa probable para arresto o citación en la forma dispuesta por la Regla 6(c) de Procedi-miento Criminal vigentes.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989.

      (2) La denuncia dispone de la manera siguiente:
      “CARLOS MIRO GONZALEZ, allí y entonces en la fecha, hora y sitio arriba indicados, en Santurce, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal de ocasionar daños físicos, empleó fuerza y violencia contra la Sra. YOLANDA ROSZA-NET MORALES, persona quien es su c[ó]nyuge o cohabitaba o que había sostenido una relación consensual, con quien procreó un hijo, ya que sin causa legal que lo justificara éste arrancó su vehículo de motor, y con la antena del mismo le ocasionó una herida en la oreja derecha, siendo atendida en la residencia.

        “El agravante alegado en este caso consiste en que dicho agresor cometió los hechos en presencia de menores de edad.” Exhibit II.

      (3) La Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que en aquellos casos en que “el magistrado determinare la inexistencia de causa probable ... o cuando la determinación de causa probable fuere por un delito inferior o distinto a aquél que el Fiscal entendiere procedente, éste podrá someter el asunto nueva-mente con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia”.

      (4) Para la fecha en que fue señalada la vista habían transcurrido noventa (90) días desde la determinación inicial de no causa para arresto.

      (5) Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246 (1976).

      (6) Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

      (7) La Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, en lo pertinente, dispone:.
      “... Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas someti-das con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si • algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas ....”

      (8) La Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, supra, en su parte pertinente, dispone:
      “Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, el magistrado determinare la inexistencia de causa probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna.”

      (9) Tal calificativo lo utilizamos en el sentido de que la persona queda restrin-gida en su libertad, pues se inicia el proceso criminal en su contra. En los casos en que se impute un delito grave, obviamente el Estado no está autorizado a presentar la acusación hasta tanto se determine causa probable para acusar a tenor con lo dispuesto en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (10) En aquellos casos en que, como en el presente, el imputado comparece per-sonalmente ante el magistrado sin una orden de arresto previa, usualmente se ex-pide un mandamiento de encarcelación para responder del delito por el cual se ha determinado causa probable en lugar de una orden de arresto, ya que ésta resulta innecesaria.

      (11) D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 39; E. Sigvagnoli Cuevas, El debido procedimiento de ley y el derecho a ser acusado en un término razonable, 54 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 575 (1985).

      (12) El Art. 79 de nuestro Código Penal dispone que “[e]l término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se expida el mandamiento de arresto o de citación”. (Énfasis nuestro.) 33 L.P.R.A. sec. 3413. Esto último sucede con la determinación de causa probable para arresto.
      Véase, además, Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 126 (1980), en el cual señalamos lo siguiente:
      “En las causas criminales, el derecho a juicio rápido no cobra vigencia hasta que el imputado del delito es detenido o está sujeto a responder .... Es con ello que se inicia el procedimiento acusatorio y desde entonces debe garantizarse al acusado que será procesado sin dilación innecesaria o injustificada. El procedimiento no se inicia con la comisión de delito. Allí comienza el término prescriptivo, si lo hubiere, para el delito en cuestión. La fijación de términos prescriptivos es compatible con el derecho a juicio rápido, pero no es parte de ese derecho.”

      (13) Regla 6(c), supra.

      (14) Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (15) Dicha regla dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:
      “(a) Cuándo se celebrará. Se celebrará una vista preliminar en aquel caso en que se imputare a una persona un delito grave {felony). En estos casos deberá citársele para esa vista por lo menos cinco (5) días antes de su celebración. En los casos en que se hiciere constar, de acuerdo con la Regla 22(c), que la persona no puede obtener asistencia legal, el magistrado correspondiente le nombrará abogado y el nombre de éste se incluirá en la citación para la vista preliminar. El magistrado comunicará dicha vista al abogado.” 32 L.RR.A. Ap. II, R. 23.


text:
    Worldwide Food Distributor, Inc., demandante y recurrida, v. Alberto Colón Bermúdez e Hilda Zambrana, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales constituida por ellos, demandados y recurrentes.

      Número: CE-92-244

      Resuelto: 30 de junio de 1993

      José Francisco Chaves Caraballo, abogado de los recurrentes; Peter Ortiz, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

Se recurre en el presente caso por la negativa del tribunal de instancia a desestimar sumariamente una demanda de cumplimiento específico de contrato y daños y perjuicios sobre la premisa de que la sentencia dictada en un proce-dimiento de desahucio entre las mismas partes no puede tener el efecto de cosa juzgada en este nuevo pleito por supuestamente impedirlo este Tribunal de acuerdo con lo resuelto en los casos Cesaní v. Cario, 86 D.P.R. 407 (1962), y Cruz v. Bruno, 76 D.P.R. 966 (1954). Concedimos un tér-mino a la recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado, revocar la resolución recurrida y decretar la desestimación sumaria de la de-manda presentada. Así lo ha hecho la recurrida, por lo que estamos en condiciones de resolver la cuestión planteada.

Don Alberic Colón y su esposa Doña Hilda Zambrana suscribieron un contrato mediante el cual le arrendaron a Worldwide Food Distributors, Inc. (en adelante Worldwide) un inmueble, localizado en el barrio Monacillos de Río Pie-dras, por el término de cinco (5) años a partir de 1ro de mayo de 1985. Además, en dicha cláusula se le concedió a los arrendatarios la opción de prorrogar el contrato por un nuevo término de cinco (5) años.() En la cláusula decimo-cuarta se facultaba al arrendador a rescindir el contrato, y así autoriza a los arrendadores a que puedan proceder al desahucio en caso de que la arrendataria incumpliera cual-quiera de las cláusulas.()

Por otro lado, mediante la cláusula vigésima del con-trato, los arrendadores le concedieron a la arrendataria una opción de compra, la cual podía ser ejercitada “durante los primeros [cinco (5)] años de vigencia del mismo por el ajustado y convenido precio de DOSCIENTOS VEINTI-CINCO MIL DOLARES ($225,000) pagaderos ... al mo-mento de otorgarse la escritura de compraventa”.() Con-trato de arrendamiento, pág. 5.

Según surge de los autos, el 27 de diciembre de 1985 los arrendadores, mediante carta de su abogada, comunicaron a Worldwide que declaraban vencida y rescindida la opción de compra contenida por razón de su incumplimiento de pagar el canon convenido durante dos (2) meses consecutivos. Finalmente, también mediante carta de 23 de enero de 1990, los esposos Colón notificaron a Worldwide, a través de su abogada, que debido a sus continuos incumplimientos contractuales declaraban rescindido el contrato, requiriéndole a ésta el desalojo en o antes de 1ro de mayo de 1990.

El 30 de abril de 1990, es decir, el mismo día en que expiró el primer término de cinco (5) años del arrenda-miento, Worldwide presentó una demanda de cumpli-miento específico en la cual solicitó al tribunal que le orde-nara a los esposos Colón a otorgarle la escritura de venta sobre el inmueble bajo arrendamiento, conforme a la op-ción de compra referida. Véase esc. 1 de esta opinión. Co-etáneamente, presentó una moción de consignación por medio de la cual depositó en la Secretaría del tribunal un cheque por la suma de doscientos veinticinco mil dólares ($225,000) a la cual Colón se opuso. En la alternativa, Worldwide alegó que tenía derecho a permanecer en el local arrendado durante cinco (5) años más, según se había pactado en la segunda cláusula del contrato. Por su parte, los esposos Colón alegaron en su contestación a la de-manda, que tanto la opción de prórroga del arrendamiento como la opción de compra habían quedado sin efecto, a tra-vés de su carta que declaraba rescindido el contrato con-forme a las prerrogativas que le concedía su cláusula decimocuarta.

Días después de haberse presentado la demanda de cumplimiento específico —que hoy consideramos— los es-posos Colón presentaron una demanda de desahucio en contra de Worldwide, en la cual alegaron que debido “a los continuos incumplimientos por parte de la demandada, a los claros términos del contrato existente entre ellos”, el contrato de arrendamiento había quedado resuelto. De-manda, pág. 2. El tribunal dictó una sentencia sumaria en la que decretó el desahucio y ordenó el lanzamiento.

Luego de que la sentencia de deshaucio se tornó firme, los esposos Colón solicitaron una señtencia sumaria a su favor en el caso que hoy revisamos a tenor con lo que dis-pone la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Alegaron que la sentencia final y firme del caso de des-ahucio constituía cosa juzgada, debido a que ésta tuvo el efecto de decretar que el contrato de arrendamiento, que existió entre las partes, había quedado resuelto debido al incumplimiento de Worldwide, para así resolver también la opción de compra y la de prorrogar el arrendamiento que eran partes de dicho contrato. A ésos efectos, en la senten-cia del caso de desahucio se determinó lo siguiente:

El incumplimiento repetido por Worldwide de sus obligaciones contractuales dió lugar a que Colón dejara sin efecto la pro-mesa de venta y a que quedara sin efecto la opción a la prórroga contractual. Sentencia, pág. 3.

El tribunal recurrido se negó a dictar la sentencia su-maria solicitada por los esposos Colón aduciendo “que por la naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio, dicha sentencia no es impedimento ni constituye base para invocar la defensa de cosa juzgada”. Oposición a moción de sentencia sumaria, pág. 1.

No conformes, los esposos Colón recurren ante nos para solicitar la revocación de tal resolución y para que decrete-mos sumariamente la desestimación del pleito presente a base de la doctrina de cosa juzgada.

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La Regia 36.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone que se dictará una sentencia sumaria de manera inmediata si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas —en unión a las declaraciones juradas, si las hubiese— demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe dictarse una .sentencia sumaria a favor de la parte promovente. El propósito cardinal de esta regla es promover una solución justa, rápida y económica de la litigación para abreviar la disposición de pleitos que, por no envolver una controversia de hechos genuina, hace innecesario la celebración de un juicio en su fondo. Si éste es usado con un discernimiento sabio, resultará ser un mecanismo valioso para des-congestionar los calendarios judiciales. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991); Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538 (1991); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). Por lo tanto, en la medida en que prevalezca la defensa de cosa juzgada que ha sido planteada en la moción de sentencia sumaria, el tribunal debe desestimar la demanda.

Debemos, por lo tanto, determinar si, ante la ausencia de una controversia real de hechos en este caso, procede como cuestión de derecho que se aplique la defensa de cosa juzgada invocada por los recurrentes.

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La doctrina de cosa juzgada tiene su origen en Puerto Rico en virtud del Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343, el cual, en lo pertinente, señala:

Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia.ganada enjuicio de revisión.
Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta iden-tidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

La defensa de cosa juzgada tiene el efecto de evitar que en un pleito posterior se litiguen cuestiones que ya fueron o que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en un pleito anterior. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981); Pagan Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961). Ella “está fundada en consideraciones de orden público y de necesidad”. Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). Véanse: Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra; A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra. Con dicha doctrina se persigue poner fin a los liti-gios luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los tribunales y, de este modo, garantizar la certidum-bre y seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes.

Por cosa juzgada se entiende lo ya resuelto por fallo firme de un juez o tribunal competente y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad.
Indica también el respeto debido a lo fallado y la autoridad que resolvió ... el fundamento de la cosa juzgada no está en una pretensión de infalibilidad en el juzgador, ni menos en el in-tento de ocultar sus errores, sino que se encuentra en la esencia misma de la resolución judicial, que no merecería tal nombre ni tendría fuerza y resultado, si no se fortaleciera de ese modo. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 278-279.

Para su aplicación, dicha doctrina requiere, por definición, que exista entre el pleito ya resuelto y el caso donde dicha defensa se levanta “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad [en] que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil, supra; Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975); Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra.

Veamos si en el caso ante nos se han configurado los requisitos que la figura de la cosa juzgada requiere.

IV

Las partes relacionadas en el caso presente son las mis-mas que estuvieron presentes en el procedimiento de desahucio. Por ende, existe la más perfecta identidad de partes en ambos procedimientos.

Asimismo, ambos procesos se desenvuelven alrededor del contrato de arrendamiento: de las correspondientes op-ciones de compra y de la prórroga del arrendamiento del inmueble en cuestión. Existe, pues, identidad de cosas, el

“objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach v. Díaz Yáñez, supra, pág. 535.

Resta, pues, determinar si también está presente el requisito de identidad de causas. Dicho requisito lo ex-plicamos con meridiana claridad en A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765, del modo siguiente:

Recuérdese que causa “es el motivo de pedir”. Scaevola, Código Civil, 2da ed., 1958, T. 20, pág. 535. No se refiere “a la razón o motivo de un contrato” sino que “significa el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas”. Manresa, Comentarios al Código Civil Espáñol, 5ta ed., 1950, T. 8, Vol. 2, págs. 237-238. Así, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que “la diversidad de acciones no impide la estimación de la cosa juzgada cuando la razón y causa de pedir es la misma en una y otra, y por tanto, no es el nombre ni la naturaleza, declarativa o constitutiva, la que pueda impedir identidad de la causa pretendida, sino que en este respecto la decisión es si los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada”. (Sentencia de 19 de febrero de 1962, Manresa, op. cit.) Otro decreto establece que “la causa equivale a un funda-mento o razón de pedir, siendo la acción mera modalidad pro-cesal que es necesario ejercitar para que aquélla tenga efectivi-dad en juicio; que si son idénticas las cosas y causas, no obsta a la eficacia de la cosa juzgada que a la acción se le dé distinto nombre, sin que desaparezca la identidad básica de la presun-ción porque en el segundo juicio se haga un pedimento distinto no decidido en el primero ...”. (Sentencia de 30 de octubre de 1965.) (Énfasis en el original.)

Según el Art. 1459 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4066, el arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario, entre otras cosas, por no pagar el canon convenido o por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato. Por otro lado, el arrendador podrá pedir la rescisión del contrato cuando el arrendatario incumpla con su obligación de pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos. Art. 1446 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4053. Así lo reconocieron las partes contratantes en este caso cuando, expre-sámente, facultaron en el contrato a los arrendadores para que pudieran rescindir éste y proceder a la acción de de-sahucio en caso de que la arrendataria incumpliera con cualquiera de sus cláusulas.

A tenor con lo expuesto en el párrafo que precede, fue necesario como requisito previo para decretar el desahucio en el caso anterior entre las partes que el tribunal hiciera una determinación respecto a si, efectivamente, el contrato de arrendamiento suscrito por éstas, el cual constituye el objeto de este caso, quedó rescindido por el incumplimiento de la arrendataria. Así, pues, la causa de pedir tanto en aquel caso como en el presente son idénticas. La circuns-tancia de que las acciones instadas en el pleito anterior y en el presente sean distintas, tanto respecto a su denomi-nación como al remedio solicitado, no derrota la conclusión de que los hechos y fundamentos de las peticiones en uno y otro caso son los mismos de acuerdo con la cuestión plan-teada en ambos.

En el pleito de desahucio, el juez de instancia determinó que Worldwide había incumplido en repetidas ocasiones con los términos del contrato de arrendamiento después de que dicho hecho fuese litigado entre las partes. En la sen-tencia de desahucio sq determinó que, tanto la opción de prórroga del arrendamiento como la de compra, habían quedado sin efecto debido a los incumplimientos de la arrendataria y por haberlo así comunicado el arrendador a ésta en virtud de la facultad concedida al primero por la cláusula decimocuarta del contrato. La sentencia de de-sahucio conlleva la resolución del contrato de arrendamiento. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733 (1987).

V

Ahora bien, tanto el tribunal de instancia como la parte demandante sostienen la posición de que la sentencia en un pleito de desahucio nunca puede ser utilizada como fun-damento para invocar la doctrina de cosa juzgada en un juicio ordinário posterior. Para ello invocan lo resuelto por nosotros en Cruz v. Bruno, 76 D.P.R. 966 (1954), y en Cesaní v. Cario, 86 D.P.R. 407 (1962). Sin embargo, un dete-nido estudio de dichos casos no respaldan esa postura.

En Cesaní v. Carlo, supra, la parte demandada en un pleito de accesión levantó la defensa de cosa juzgada utili-zando como fundamento la sentencia dictada en un caso de desahucio entre las mismas partes. El tribunal correcta-mente desestimó dicha defensa, ya que en el pleito posterior de accesión se levantaron controversias relacionadas con la figura del “edificante de mala fe” que no fueron ale-gadas ni adjudicadas en forma definitiva en el pleito de desahucio. Por lo tanto, no eran de aplicación ni la defensa de cosa juzgada ni su modalidad de impedimento colateral por sentencia.() Véase Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra.

Asimismo, en Cruz v. Bruno, supra, se había suscitado entre las partes un claro conflicto de título en el pleito pre-vio de desahucio resultante de una controversia relacio-nada con la capacidad del otorgante de un contrato de com-praventa, lo cual provocó la desestimación de la acción de desahucio sin poderse resolver tal conflicto por imperativo de la naturaleza sumaria del procedimiento. Véanse: Escudero v. Mulero, 63 D.P .R. 574 (1944); Abarca v. Cordero, 60 D.P.R. 519 (1942). Por consiguiente, en la acción ordinaria posterior entre las mismas partes para dilucidar el mencio-nado conflicto de títulos, tampoco era de aplicación la doc-trina de cosa juzgada en vista de que el tribunal, en la acción previa de desahucio, no hizo declaración alguna res-pecto a los derechos que asistían a las partes.

El hecho de que la vista de desahucio sea un procedi-miento sumario no limita al demandado en la presentación de prueba a su favor. Marín v. Montijo, 109 D.P.R. 268 (1979). Así lo hizo Worldwide en el pleito previo de desahucio.

Resolvemos, pues, que procede la aplicación de la de-fensa de cosa juzgada a los hechos del presente caso por concurrir entre el pleito original de desahucio y el pleito ante nuestra consideración la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron. Art. 1204 del Código Civil, supra; A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra. Cualquier expresión hecha en los casos Cruz v. Bruno, supra, y Ce-saní v. Carlo, supra, que pueda ser interpretada en contra de lo que hoy resolvemos, queda expresamente revocada.()

Conforme a lo anterior, la demandante recurrida Worldwide está impedida de relitigar sus reclamos a los derechos que pudieran surgir del contrato de arrendamiento, como lo son la opción de compra del inmueble arrendado y la opción para la prórroga de dicho contrato, ya que tales re-clamos quedaron litigados y resueltos mediante la senten-cia final y ahora firme dictada en el pleito anterior de de-sahucio entre estas mismas partes.

Se dictará sentencia para expidir el auto solicitado, se revocará la resolución recurrida y, en su lugar, se decretará la desestimación sumaria de las reclamaciones instadas en este pleito.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) La cláusula segunda dispone lo siguiente:
      “SEGUNDO: Que ‘LOS ARRENDADORES’ por la presente DAN y CEDEN en arrendamiento a ‘LA ARRENDATARIA’ el inmueble descrito en el párrafo primero anterior con todas sus instalaciones y pertenencias por el término de CINCO (5) AÑOS a partir del día 1ro de mayo de 1985 con opción a prórroga por CINCO (5) AÑOS adicionales, disponiéndose que ‘LA ARRENDATARIA’ notificará a ‘LOS ARRENDADORES’ por escrito su intención de ejercitar la prórroga con un mes de anticipación.” Contrato de arrendamiento, pág. 1.

      (2) Dicha cláusula expresaba lo siguiente:
      DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte de ‘LA ARRENDATARIA’ de una cualesquiera de las cláusulas de este contrato dar derecho a ‘LOS ARRENDA-DORES’a declarar rescindido el mismo aunque no haya vencido el término de arren-damiento y ello dejara en libertad a ‘LOS ARRENDADORES’ de proceder al desahu-cio de ‘LA ARRENDATARIA’ quien vendrá obligada a pagar a ‘LOS ARRENDADORES’ el balance de las rentas que éstos dejen de recibir, todo ello conforme a la ley aplicable al caso.” (Énfasis suplido.) Contrato de arrendamiento, pág. 4.

      (3) La cláusula vigésima lee de la forma siguiente:
      “VIGESIMO: Por la presente ‘LOS ARRENDADORES’ conceden a ‘LA ARREN-DATARIA’ una opción o promesa de venta del inmueble objeto de este contrato du-rante los primeros 5 años de vigencia del mismo por el ajustado y convenido precio de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOLARES ($225,000) pagaderos en efectivo en moneda del curso legal de los Estados Unidos de América al momento de otorgarse la escritura de compraventa. De no hacerse efectivo el pago conforme lo aquí convenido, ‘LOS ARRENDADORES’ entenderán que ‘LA ARRENDATARIA’ ha renunciado a su derecho de opción de compra.
      “La falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas del cánon de arrenda-miento aquí pactado dará lugar a que ‘LOS ARRENDADORES’ declaren vencida la opción de promesa de venta aquí pactada ...”. Contrato de arrendamiento, pág. 5.

      (4) La doctrina de “impedimento colateral” es una modalidad de la doctrina de cosa juzgada. La diferencia entre ambas es que la aplicación de la doctrina de impe-dimento colateral no depende de que se configure el requisito de identidad de causas, que sí es indispensable para la aplicación de la defensa de cosa juzgada. Véanse: Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160, 166 (1961); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981).

      (5) Igual disposición, hacemos respecto a las expresiones hechas en Virella v. Virella, 23 D.P.R. 693 (1916), que puedan ser interpretadas en igual sentido.