text:
      In re Andrés Cardona Vázquez, querellado.

      Número: O-77-82

      Resuelto: 6 de mayo de 1982

      Andrés Cardona Vázquez, pro se; Héctor A. Colón Cruz, Procu-rador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, por el interés público.
   PER CURIAM:

El 15 de noviembre de 1978 dictamos Sentencia en que suspendimos al Lie. Andrés Cardona Vázquez del ejercicio de la profesión de abogado. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978). En 29 de marzo de 1979 declaramos sin lugar una reconsideración por él formu-lada, sin perjuicio de que pudiera solicitar su reinstalación y acreditar ser merecedor de ello al año.

Subsiguientemente el 10 de septiembre de 1981 solicitó su reinstalación y acompañó varios documentos en apoyo de la misma. En consideración a la misma designamos Comisionado Especial al Lie. Francisco Collazo Lizardi para que dilucidara y evaluara la prueba con la partici-pación del Procurador General.

I

Hechos los trámites de rigor, con fecha 25 de marzo de 1982, éste rindió su informe en el cual formula las siguientes determinaciones:

1- El querellado ha residido y trabajado en el Estado de New Jersey, EE. UU., durante los años subsiguientes a su desaforo.
2- Para las fechas de 27 de marzo de 1978 a 22 de junio de 1979 el querellado se desempeñó como oficial jurídico en la Oficina del Defensor Público, Región del Atlántico, Oficina de New Jersey. Desempeñó dichas funciones respon-sable y ejemplarmente, según se desprende de la prueba documental que obra en autos.
3- En junio de 1979 el querellado comenzó a trabajar en programas escolares y a estudiar en la Universidad de Rutgers, de donde finalmente obtiene el grado de Maestría en Educación el 21 de mayo de 1981. En adición a ello, cursó estudios de matemática avanzada en el Colegio Estatal de Glassboro.
4- Desde septiembre de 1979 hasta el presente el quere-llado ha desempeñado la posición de instructor de matemá-ticas en el Cumberland County College, Vineland, New Jersey.
5- Durante su estadía en el Estado de New Jersey el querellado ha estado envuelto en asuntos escolares y de la comunidad, como lo atestiguan no solamente su propia declaración sino también funcionarios de dicho estado cuyas comunicaciones constan en los autos. Ha sido miembro de organizaciones cívicas y públicas destinadas al mejoramiento de personas oprimidas de la sociedad, bien sea por prejuicios raciales, económicos o sociales. Ha desempeñado una labor ingente en procurar ayuda económica de diversos programas estatales y federales para personas menesterosas.
6- No hay evidencia en contrario de que la conducta y el comportamiento del querellado con posterioridad a su desa-foro no haya sido otra sino la de un educador en el pleno sentido de la palabra y un líder cívico en beneficio de sus compatriotas y de la gente menos privilegiada.
7- Tanto distinguidos abogados de nuestro foro que se han relacionado con el querellado, así como el Hon. Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de P.R. y la representante del Procurador General coinciden en que el querellado se ha rehabilitado y por lo tanto debe ser restituido como miembro del foro puertorriqueño. (Énfasis suplido.)

II

Los criterios determinantes a considerar en toda solicitud de rehabilitación no sólo comprenden la suficiencia o no de la suspensión como castigo, sino la integridad moral del peticionario al momento de pretender su reingreso a la profesión. In re González, 60 D.P.R. 94 (1942); In re Sánchez, 74 D.P.R. 909 (1953); In re Cruz Disdier, 73 D.P.R. 346 (1952). El peso de la prueba recae sobre éste, quien debe demostrar que su conducta moral ha variado hasta alcanzar el grado y medida necesarios en que ese atributo resulta indispensable para estimarle capacitado para descargar intelectual y éticamente los deberes y obligaciones que se esperan de todo abogado. In re Figueroa Maestre, 38 D.P.R. 955 (1928). Habrá instancias en que estos requisitos concurran fehacientemente, y otras en que no podamos fácilmente detectarlos.

En el caso de autos ha quedado establecido “hasta donde humanamente puede una actitud moral ser demos-trada”, In re González, supra, pág. 98, que el peticionario Andrés Cardona Vázquez es acreedor a que sea reinte-grado al ejercicio de la profesión de abogado.

Se dictará la correspondiente sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Hilton International Company, demandante, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-82-38

      Resuelto: 6 de mayo de 1982

      Amelia Fortuno Ruiz y Agustín Collazo Mojica, de Lespier, Muñoz Noya & Ramírez, abogados del demandante; Karen M. Loyola Peralta, abogada de la demandada.
   PER CURIAM:

Mediante la presente certificación atende-mos las siguientes interrogantes jurídicas formuladas por el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico (Hon. Juan M. Pérez Jiménez, Juez): (1) ¿Existe un término de prescripción establecido por ley dentro del cual la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tenga que radicar una acción para poner en vigor un Laudo de Arbitraje bajo la Sec. 70(2)(c) del Título 29 L.P.R.A., y cuándo comienza dicho término a correr?; y (2) ¿Si no existe un término prescriptivo establecido por ley, aplica entonces la doctrina de incuria según ésta ha sido expuesta en el caso de J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76 (1978)?

I

Las cuestiones de derecho expuestas se suscitan con relación a un incidente procesal, cuya génesis se remonta a un Laudo de Arbitraje emitido el lO de diciembre de 1979 —enmendado el día 13— en torno al caso de Hotel Caribe Hilton y Unión Gastronómica, Local 610, Caso Núm. A-1110 en que se resuelve que “a base del Memorando de Entendimiento Núm. 2, que es parte del convenio, y según la práctica pasada de la Compañía hasta octubre de 1977, las horas extras diarias trabajadas y la compensación correspondiente a las mismas no deben tomarse en consi-deración para determinar si se ha cumplido con la garantía de compensación mínima salarial (semanal) que provee el convenio que es lo que aplica por ser superior a lo que establece el Decreto Mandatorio para la Industria Hotelera”.

Debidamente notificado, el 24 de enero de 1980, la Unión solicitó a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico que lo pusiera en vigor, a lo cual dicho foro accedió, el 1ro de mayo. Sin embargo, no es hasta el 22 de abril de 1981 —16 meses después— que la Junta peticionó a este Tribunal Supremo de Puerto Rico que pusiéramos en vigor dicho laudo. El 14 de mayo concedimos término a Hilton International Company para que mostrara causa por la cual no deberíamos acceder. Pendiente de ese trámite, Hilton radicó y obtuvo una orden de remoción del caso hacia la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Oportunamente la Junta solicitó sentencia sumaria ante el tribunal federal para poner en vigor el laudo, a lo cual se opuso Hilton, levantando entre otras, la defensa de incuria. La solución de ese incidente origina la certifica-ción que nos ocupa.

II

La Ley que gobierna el caso —Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada— dispone en su Art. 9, Sec. (2)(c):

A los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emitidos por organismos competen-tes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una organiza-ción obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una organización obrera y un patrono. Después de emitido un laudo de Arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el procedimiento de arbitraje, podrá dar su consejo o podrá, si fuere requerida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción legal adecuada ante la Corte Suprema de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje. 29 L.P.R.A. sec. 70(2)(c).

Ni este precepto, como tampoco ninguno otro de la ley establece expresa ni taxativamente término prescriptivo dentro del cual deba instarse ante este Tribunal Supremo el trámite tendente a poner en vigor un Laudo de Arbitraje. Así lo aceptan las partes en sus respectivos alegatos. Debe, pues, contestarse en la negativa la primera interrogante: no existe término prescriptivo que regule estos procedimientos.

Como corolario de lo anterior, nuestra doctrina jurisprudencial reconoce la aplicabilidad de la doctrina de incuria a tales instancias. A tal efecto, en J.R.T. v. P.R. Telephone Co., supra, —fundados en la dinámica del Derecho laboral orientado hacia la más pronta solución y finalidad de las controversias, según la política pública que fomenta que las disputas laborales sean adjudicadas con celeridad para preservar la paz industrial— resolvimos que no hay término de ley para pedir la intervención de la Junta de Relaciones del Trabajo, ni para ésta solicitarnos que pongamos en vigor el laudo. En dicho caso aplicamos la doctrina de incuria ante la demora de más de un año del allí querellante en acudir a la Junta. En el caso actual que nos ocupa la Junta no nos ha persuadido que debamos variar ese enfoque. En consecuencia, procede contestar en la afirmativa la segunda interrogante certificada: la doctrina de incuria según expuesta en J.R.T. v. P.R. Telephone Co., supra, aplica al trámite ante este Tribunal que debe seguir la Junta bajo el Art. 9, Sec. 2(c) de nuestra Ley de Relaciones del Trabajo.

No nos corresponde, por ser materia que compete al Tribunal federal, decidir si en las circunstancias especí-ficas del caso es o no aplicable la defensa de incuria. Ello dependerá de la evaluación precisa de una serie de factores fácticos con referencia a si la tardanza es injustificada o no, perjuicio que acarrea, y efectos sobre los intereses privados o públicos involucrados. Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 904 (1960).

Se dictará la correspondiente sentencia.

       El estatuto federal —Labor Management Relation Act, 29 U.S.C. see. 18— no provee un período preseriptivo para casos radicados bajo la Sección 301. El período preseriptivo, si alguno, que aplicaría sería el de la ley local.


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    María Isabel Colón y Otros, demandantes y recurrentes, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, Carl F. Hattler y Otros, demandada y recurrida la primera.

      Número: R-82-54

      Resuelto: 6 de mayo de 1982

      Plinio Pérez Marrero, abogado de los recurrentes; Carlos M. Díaz Lamoutte, abogado de la recurrida Autoridad de Ener-gía Eléctrica; los demás recurridos no comparecieron.
   SENTENCIA

Por vía de reconsideración y al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento examinamos y resolvemos este recurso. Evaluados sus méritos, procede dejar sin efecto nuestra resolución denegatoria de 11 de marzo de 1982. En su lugar se expide el auto con efecto limitado bajo el cual se dicta sentencia que modifica la recurrida de 19 de enero de 1982 al sólo fin de conceder las costas a la parte demandante por disposición imperativa de la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil.

Aun cuando ciertamente la sentencia refleja unos errores matemáticos en la determinación de lucro cesante, hemos ponderado la compensación final y consideramos razonable la cuantía adjudicada. No habremos de inter-venir en ese extremo, pues la doctrina prevaleciente,' aplicable al caso de autos, reconoce que la fórmula sobre lucro cesante “no pretende exponer de manera absoluta todos los criterios matemáticos a tomarse en cuenta, sino aquellos comúnmente reconocidos. La razonabilidad de la cuantía total no puede hacerse depender de unos cómputos aritméticos, que en fin de cuentas se elaboran sobre unas bases y expectativas, que aunque precisables, no están inmunes de cierto grado de especulación. (Énfasis nuestro.) Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 871 (1978)”. Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456, 460 (1981).

Tampoco alteraremos la aplicación y proporción de la negligencia comparada, con el mismo criterio justiciero con que nos negamos a darle curso a la solicitud de revi-sión promovida por la Autoridad (R-82-52).

Aunque humana e imperfecta, subsiste en la conciencia institucional e individual del Tribunal —como debe quedar también en la de los abogados de las partes— la paz espiritual del deber cumplido en la búsqueda del ideal de justicia.

Así modificada, la sentencia es confirmada.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria General. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente a la cual se une' el Juez Asociado Señor Negrón García.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria

-0-

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

Nadie puede ni debe tener trato preferencial ante ningún tribunal de justicia. El derecho debe servir a la Justicia, y la Justicia debe impartirse por igual para todos.

Nuestro Derecho sobre daños emana de una disposición legislativa de tradición civilista —el Art. 1802 del Código Civil— que consigna la obligación del que causa un daño por culpa o negligencia de reparar el daño causado. No es esa una obligación de creación jurisprudencial y no pueden, por tanto, los tribunales alterarla.

En este caso, la negligencia de la Autoridad de Fuentes Fluviales, hoy Autoridad de Energía Eléctrica, al man-tener una línea de más de cuatro mil voltios tendida a escasamente diez y seis pies de altura sobre el paso del Río Matilde en la jurisdicción de Salinas, cerca de su desem-bocadura en el mar, contribuyó, según conclusión del tribunal de instancia, a un trágico accidente en que perdió la vida un joven ingeniero civil de treinta años de edad.

Para mí es cuestionable que se responsabilizara a la Autoridad en solamente un cincuenta por ciento por la ocurrencia del accidente. Se trata de un río navegable a intervalos, según las altas y bajas de la marea, utilizado frecuentemente por pescadores y deportistas en botes de remo y de motor. Había en él pequeños muelles y en ellos se hacían reparaciones de embarcaciones pequeñas. Era previsible que a tan poca altura, que debía reducirse desde la borda de las embarcaciones en consideración a su elevación vertical sobre el nivel del agua, se pudiera producir un contacto accidental con la línea de alto voltaje. Eso fue precisamente lo que ocurrió mientras un velero en que viajaba el joven ingeniero era remolcado río arriba para ser reparado, en horas crepusculares de la tarde del 6 de noviembre de 1971.

Respeto, sin embargo, las determinaciones de hecho del tribunal de instancia, que vio y oyó declarar a los testigos, y que a base de ello concluyó que hubo concurrencia de culpas por el accidente. Si la línea de alta tensión era visible a la hora del accidente, si la vio o no la persona que sujetaba el cable utilizado para remolcar el bote, si soltó el cable porque se percató de que el mástil iba a chocar con la línea, son todas consideraciones decididas a base de la apreciación que de la prueba hiciera el juez sentenciador. Él estaba en mejor posición que nosotros para apreciar la prueba. No podemos alterar sus determinaciones.

Respeto además la valoración de los daños morales por sufrimientos y angustias mentales de la joven viuda, estimados por el tribunal de instancia en $30,000 y reducidos a la mitad de esa suma a base de la determina-ción de concurrencia de culpas. Aunque considero que ningún dinero puede compensar el dolor que produce la muerte y la ausencia de un ser querido, creo que $30,000 por la pérdida del esposo, considerado el estado inflacio-nario de la economía en nuestro tiempo, es una cantidad inadecuada. Pero, como he dicho, respeto la aquilatación del tribunal de instancia, cuya facultad al así hacerlo descansa en su sana discreción. Ruiz Guardiola v. Sears Roebuck, 100 D.P.R. 817, 824, escolio 4 (1972), y casos allí citados.

El tribunal de instancia se equivocó, no obstante, al computar el lucro cesante. La indemnización por lucro cesante, es decir, por la pérdida económica causada por la muerte de una persona, es un elemento reconocido de daños. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 868 (1978); Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201, 218 (1969). Para hacer su cómputo existen tablas actuariales cuya utilidad hemos reconocido. Publio Díaz v. E.L.A., supra; Rodríguez v. Ponce Cement Corp., supra; Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368 (1964). Al hacer el cómputo a base del factor actuarial para la edad de este joven ingeniero fallecido, el tribunal utilizó un factor equivocado de 12.783 aplicable a veinticinco años en vez del correcto, que es 14.4982 para treinticinco años de vida útil productiva que le restaban por vivir. Véase Markus, Lawyers and Judges Publishing Co.; 3 Am.Jur., Proof of Facts, pág. 62, y tabla núm. 12 del Apéndice. Utilizó además, como base actuarial para estimar el valor presente de la pérdida de ingresos, la fecha de la muerte y no la fecha de la vista del caso, que se produjo diez años más tarde. Véase Rodríguez v. Ponce Cement Corp., supra, págs. 217-219, donde dijimos:

El lucro cesante, reconocido como un elemento de daños que debe considerarse al fijar el resarcimiento, se compone propiamente de la pérdida de ingresos ocasionada al per-judicado y la disminución de su capacidad productiva. Corresponde al demandante establecer la pérdida de ingresos hasta la fecha de la vista de la causa, generalmente mediante la sencilla prueba de la reducción en los mismos atribuible a causas originadas por el accidente; la disminu-ción en la capacidad productiva requiere una proyección futura del efecto de los daños. No hay regla fija para estimar el importe de la disminución en la capacidad productiva; cuando menos se requieren tres determinaciones básicas: (a) la extensión de la mengua en la capacidad productiva, que ordinariamente se establece mediante una comparación de la habilidad para obtener ingresos antes y después del accidente; (b) la determinación de los efectos de la disminución, si transitoria o permanente; y (c) la fijación de la suma que compensa por esta disminución, consideran-do tanto su extensión como sus efectos, incluyendo la actualización de la pérdida (present net worth). No es necesario que la prueba demuestre con precisión matemática los daños causados por este concepto; basta con que se ofrezca una base razonable que permita hacer una deter-minación prudente, y no hija de la especulación y la conjetura. Anotación, Sufficiency of Evidence, in Personal Injury Action, to Prove Impairment of Earning Capacity and to Warrant Instructions to Jury thereon, 18 A.L.R.3d 88; 16 Am.Jur. Proofs of Facts, pág. 701 et seq., 22 Am.Jur.2d, Damages, § 89-101.

Finalmente, hay un error de aritmética en el cómputo utilizado por el tribunal de instancia, pues al multiplicar $16,333.34 (dos terceras partes del ingreso estimado de un año, que fue de $24,500), por 12.783, obtuvo un resultado de $198,499.09. Debió ser $208,789.08. Estos errores de cómputo y en el uso de las tablas actuarial es arrojan un balance de cerca de $40,000 en perjuicio de los deman-dantes y en beneficio para la Autoridad demandada, sin contar una deficiencia por varios miles de dólares más si se hubiese computado el lucro cesante “hasta la fecha.de la vista de la causa”, que hubiese sido lo correcto a base del citado caso de Rodríguez v. Ponce Cement Corp., supra.

Razona la sentencia de este Tribunal, citando de Publio Díaz v. E.L.A., supra, y Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456 (1981), que “[l]a razonabilidad de la cuantía total no puede hacerse depender de unos cómputos aritméticos, que en fin de cuentas se elaboran sobre unas bases y expectativas, que aunque precisables, no están inmunes de cierto grado de especulación”. (Énfasis dado en la sentencia.) Convengo en que es así. Pero aquí no se trata de especular sobre expectativas. Se trata de aplicar criterios jurídicos que este Tribunal ha adoptado, de hacer cálculos aritméticos correctos, y de corregir errores que privan a la viuda y a tres hijitos del ingeniero fallecido en una suma que puede rebasar los $50,000. De esos errores se aprovecha la Autoridad de Energía Eléctrica, demandada que no es insolvente y que por el contrario constituye una de las empresas multimillonarias más poderosas de nuestro país.

Siento mucho no compartir “la paz espiritual del deber cumplido” que mis hermanos jueces han logrado con la sentencia que hoy se emite. Aunque no la comparto, me queda la tranquilidad de conciencia de haber expresado este disenso. Cuando tenga que inclinarse la balanza de la justicia hacia alguna parte, debemos cuidarnos de no caer del lado de la parte más poderosa.


text:
      In re Fernando Cruz Tollinche, querellado.

      Número: O-80-49

      Resuelto: 7 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados promoventes; Francisco Radinson Pérez, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

El Procurador General formuló querella sobre conducta profesional impropia contra el Lie. Fernando Cruz Tollinche consistente de tres cargos, a saber: (1) no cumplir fielmente con el deber de proteger los intereses de su cliente Cristino Rosa Quintero al no contestar diligen-temente unos interrogatorios en un caso civil, por cuya razón fue desestimado; (2) dilatar indebidamente la tra-mitación del caso antes mencionado; y (3) exigirle a su cliente la firma de un relevo de responsabilidad como condición para entregarle los documentos del citado caso, los cuales nunca entregó, impidiendo así que contratara otro abogado. (Cánones 12, 20 y 24.)

Previa contestación, designamos Comisionado al ex juez superior Hon. Ramón Pérez De Jesús con la encomienda de recibir y evaluar la prueba. Oportunamente, previa au-diencia y vista, éste sometió su informe —con el cual coinciden las partes— en que determina que no fueron probados los cargos y que la desestimación de la causa civil 72-2270 y el incidente sobre el documento de relevo y entrega de expediente, se debieron a la negligencia y falta de cooperación del cliente quejoso, quien mintió respecto a que no firmó dicho recibo.

Únicamente la prueba refleja que el abogado Cruz Tollinche “cometió el error de juicio de no renunciar su representación legal ante la conducta del cliente y por la cual el abogado respondía ante el foro judicial”. Ante dicha equivocación basta como única sanción la dimanante del trámite aleccionador de la querella.

En virtud de lo expuesto se ordenará el archivo de la querella.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Víctor M. Jiménez et al., demandantes y recurridos, v. Raúl Pelegrina Espinet et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-81-168

      Resuelto: 11 de mayo de 1982

      Dubón, González & Vázquez, abogados del peticionario; Francisco Santiago Negrón y Luis E. Gandía Arguelles, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de mayo de 1974 se celebraron unas competencias deportivas en el campo atlético de la Universidad de Puerto Rico. En ellas participaron varias escuelas, entre ellas el Colegio San Ignacio, que componían la “Puerto Rico High School Alliance”.

La co-demandante Sara del Carmen Marín de Jiménez se desempeñaba entonces como maestra de la “American Military Academy”. Asistió a las justas como espectadora. Su escuela no requirió su presencia en el lugar. La señora Jiménez observó las competencias desde un área detrás de una verja eslabonada. Otros espectadores se encontraban en la misma zona, la cual estaba cubierta de grama. Varios automóviles se hallaban estacionados allí.

En uno de estos automóviles, que formaban una línea recta ordenada, se hallaban dos estudiantes, Raúl Pelegrina, de la “American Military Academy” y Raquel González-Chaves, joven de 15 años y alumna del Colegio Nuestra Señora del Pilar. El auto, un M.G., pertenecía a la firma Oxford Motors Car Sales and Service Corp. El padre de Pelegrina le había prestado el vehículo a su hijo, que entonces contaba con 18 a 20 años de edad. A pesar de que Pelegrina sabía que la joven nunca había conducido un auto, la puso al volante del M.G., encendió el vehículo, colocó el primer cambio y le indicó a Raquel que levantara el pie del embrague. El auto deportivo brincó hacia adelante a alta velocidad, sin control, y fue a chocar contra la verja, causándole daños a la señora Jiménez.

La señora Jiménez, su esposo y sus padres demandaron por $243,800, más costas y honorarios de abogado, a Raúl Pelegrina y sus padres, a Raquel González-Chaves y sus padres y a la Universidad de Puerto Rico. Luego añadieron a Oxford Motors y a las compañías que alegadamente aseguraban el vehículo. La Universidad de Puerto Rico instó a continuación demanda contra tercero contra la “Puerto Rico High School Alliance” y sus miembros. La “American Military Academy” incoó a su vez demanda contra tercero contra el Colegio San Ignacio y otros.

El Colegio San Ignacio presentó una moción para que se desestimase la demanda, escrito que luego solicitó que se considerase como una moción de sentencia sumaria. A pesar de que todas las partes aceptan que no existe controversia de hechos, el tribunal de instancia denegó el 11 de febrero de 1981 la moción del Colegio San Ignacio “en vista de que existe una genuina controversia real sobre hechos que deberán ser dilucidados en juicio plenario”. El Colegio San Ignacio ha acudido a este foro en recurso de certiorari.

Erró el tribunal de instancia al no resolver la cuestión de derecho que plantea este caso: la responsabilidad civil, si alguna, que recae sobre el Colegio San Ignacio.

Examinemos, en primer término, si cabe la aplicación en este caso de la teoría del riesgo, conocida también como la teoría de la responsabilidad sin culpa, del daño objetivo o del riesgo creado. La teoría del riesgo, en proceso de expansión continua, se aplica por lo general, sin embargo, a actividades generadoras de provecho económico o que permitan, por su regularidad, calcular el riesgo y asegurarlo. Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853 (1976); M. Fernández Martin-Granizo, Los daños y la responsabilidad objetiva en el derecho positivo español, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1972, pág. 108 y ss. Es justo que una empresa de lucro o alguien empeñado en un quehacer peligroso responda usualmente de los riesgos que sus actividades creen y que puedan preverse en un orden normal, aunque no puedan evitarse con el ejercicio de la mayor prudencia. Cossío, La causalidad en la responsabilidad civil: estudio del Derecho español, 1966 Anuario de Derecho Civil 527, 544. Es claro que los hechos del caso presente, de índole tan singular e imprevisible, no corresponden al género de situación en que los daños deban compensarse aunque no medie culpa.

Hay que determinar, por tanto, si ha intervenido aquí culpa y si existe el necesario nexo causal entre el evento culposo y el daño sufrido. Culpa y causalidad son conceptos distintos. Tienen que concurrir ambos para que surja la responsabilidad civil en los casos en que es inaplicable la teoría del riesgo. Mazeaud y Mazeaud, Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 6ta ed. (por A. Tune), París, Ed. Montchrestien, 1970, T. II, págs. 515-516, 521.

Hay diversas teorías sobre la culpa y su papel. Para quienes entienden el concepto de responsabilidad como una simple teoría de la distribución de los riesgos, la idea de la culpa es tan solo un criterio entre muchos para el logro de una distribución económica más justa. Cossío, op. cit., pág. 528. No exploraremos aquí los matices de este complicado concepto. Para los fines de este caso conside-raremos la noción de culpa en su sentido más generalizado: “La culpa consiste en la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso.” C. Rogel Vide, La Responsabilidad Civil Extra-contractual, Ed. Civitas, 1976, pág. 90. La diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano medio, el buen pater familias. Si el daño es previsible por éste hay responsabilidad. Si no es previsible estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. Rogel Vide, op. cit., pág. 91.

¿Hubo culpa por parte del Colegio San Ignacio en este caso? Únicamente se alega que el Colegio auspició y ayudó a organizar las justas en los terrenos que la Universidad de Puerto Rico puso a disposición de la “Puerto Rico High School Alliance”. Quizá podría decirse que la prudencia manda que en este género de actividades las zonas de estacionamiento deben separarse de las áreas para espec-tadores, mas, ¿pudo preverse que un joven intentaría enseñarle a conducir a una niña de 15 años con el trágico resultado acaecido, de no efectuarse tal separación? El problema de la culpa en este caso tiende a mezclarse, como puede verse, con el problema del nexo causal. Presuma-mos, por tanto, sin resolver, que medió culpa al permitir el estacionamiento de vehículos en aquel sitio, para deter-minar entonces si existe el vínculo causal necesario entre el acto culposo y el daño sufrido.

Se dan dos teorías principales sobre la relación causal: la teoría de la equivalencia de las condiciones y la de la causalidad adecuada. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1963, pág. 215 et seq.-, Rogel Vide, op. cit., pág. 67 et seq. Para la primera doctrina, la causa es cualquiera de las condiciones esen-ciales a la producción del daño. Para la segunda, la causa es la condición que ordinariamente produce el daño, según la experiencia general.

La teoría de las equivalencias tuvo el apoyo por largo tiempo de la mayoría de los comentaristas franceses, pero ello ha dejado de ser así. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., pág. 531 et seq. La teoría de la causalidad adecuada es la preferida también de la doctrina y la jurisprudencia españolas, excepto en el campo penal. Santos Briz, op. cit, pág. 215 et seq.; Rogel Vide, op. cit., pág. 68 et seq. La teoría de las equivalencias siempre ha encerrado el peligro de confundir el concepto de la causa natural con el de la causa jurídica. Cossío, op. cit., pág. 530 et seq. En casi toda actividad humana cabe tal concatenación de causas que sin la presencia de alguna de ellas no hubiese ocurrido el daño. En el caso presente, de no haberse fabricado el M.G., o vehículo alguno, es evidente que no hubiera habido perjuicio, mas ¿basta ello para imponerle responsabilidad al fabricante? Es obvio que tenemos que concebir la causa jurídica en forma distinta a la causa física o natural. Según ha expresado el Tribunal Supremo de España, S. de 30 de enero de 1954:

Siguiendo la doctrina jurisprudencial, acoge el concepto de una causa como la que es eficiente y se refiere, tratándose de una omisión, a la condición necesaria para que produzca el hecho que origina el daño, y esta condición es la que tiene una condición preeminente como causa del hecho dañoso, y aun cuando fueran varias las concurrentes, habría que considerar decisiva la que por sus circunstancias determina el daño.

Es necesario que del hecho culposo o negligente sea responsable, por actos directos o mediatos, el actor a quien se imputa. Ss. de 14 de junio de 1956, 3 de junio de 1957 y 5 de abril de 1960. El nexo causal puede ser roto por la interferencia de una serie causal extraña a la primera. S. de 21 de marzo de 1950; Mazeaud y Mazeaud, op. cit., pág. 524 et seq. Por último, según afirmó el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 9 de noviembre de 1949:

Siendo la posibilidad de prever los sucesos un concepto teóricamente amplísimo y de límites imprecisos, hay que entenderlo, en su aplicación legal y práctica, como exclu-yente de aquellos sucesos totalmente insólitos y extraordina-rios que aunque no imposibles físicamente y, por tanto, previsibles en teoría, no son los que puede calcular una conducta prudente atenta a las eventualidades que el curso de la vida permite esperar....

Reiteramos nuestro endoso a la teoría de la causalidad adecuada. Véase: Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). A la luz de los principios expuestos se apreciará que no cabe imponerle responsabilidad civil al Colegio San Ignacio. No hay base para establecer el necesario nexo causal entre el supuesto acto culposo y el daño sufrido. La causa inmediata del daño fue de naturaleza tan insólita y extraordinaria, adquirió tal matiz de causa interventora, que la conducta del recurrente no puede acarrear consecuencias de responsabilidad civil en las peculiares circunstancias de este litigio.

Por las consideraciones expuestas, se expedirá el auto y se desestimará la demanda contra el Colegio San Ignacio.

El Juez Asociado Señor Dávila no interviene. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión.

       Debe estarse consciente de la delicadeza requerida en la aplicación, caso a caso, de esta doctrina y de las graves limitaciones que puede sufrir, al advenir en contacto con ella, la teoría de la previsibilidad. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., pág. 533.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Coca-Cola Bottling Company of Puerto Rico, Inc. y Otras, demandantes y apeladas, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y apelante.

      Número: O-79-259

      Resuelto: 11 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Reina Colón, Procuradora General Auxiliar, abogados del apelante; Fernando Pérez Colón, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante la Ley Núm. 1 del 4 de febrero de 1975 que enmendó la Núm. 2 del 20 de enero de 1956 conocida como Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo (13 L.P.R.A. sec. 4010(b)(23)) se impuso una contribución de no más de un cinco por ciento sobre los artículos de consumo hasta entonces no sujetos a arbitrios con la excepción entre otros, de alimentos, medicinas, ropa y calzado. Las bebidas gaseosas fueron excluidas de la exención. Dispone así:

See. 4010. Impuestos sobre artículos
(a) Imposición de la Contribución. Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos prescritos en el apartado (b) subsiguiente, y de conformidad con las secciones de este Subtítulo allí señaladas, un impuesto sobre los renglones enumerados en el mismo. El impuesto regirá si el artículo ha sido introducido, vendido, consumido, usado, traspasado o adquirido, en Puerto Rico; y, excepto según se dispone en el apartado (d), para los renglones 3, 3A y 3B del apartado (b), se pagará por una sola vez, en el tiempo y en la forma especificados en la Parte B del Capítulo 354 de este Subtítulo. La aplicación de este impuesto estará sujeta a las exenciones enumeradas en la Parte D del Capítulo 353.
(b) Tabla de Impuestos. Los artículos sujetos al pago de impuestos son los que a continuación se expresan:
Sección Objeto Gravado Determinación del Impuesto
23 4039 Todo artículo de uso y consumo no grava-do, excluido del gravamen o exento por disposición de este Subtítulo 5% sobre el “precio con-tributivo en Puerto Rico”,
See. 4039. Artículos uso y consumo no gravados, excluidos del gravamen o exentos bajo este Subtítulo
(b) Exclusiones del Gravamen. El impuesto fijado sobre todo artículo de uso y consumo no gravado, excluido del gravamen o exento por disposición de este Subtítulo no será aplicable a:
(7) Los alimentos: El término alimentos incluye todas las substancias sólidas o líquidas que ingieren el hombre y los animales para su sustento y nutrición, excepto gaseosas. 13 L.P.R.A. see. 4039 (b)(7).

El tribunal de instancia concluyó que la antes transcri-ta sección, la cual excluye a las gaseosas de la exención, constituye una violación a la See. 7 del Art. II de nuestra Constitución y a la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos. Consideró que la clasificación esta-blecida era caprichosa y arbitraria, la cual discriminaba contra las gaseosas. Concluyó que violaba el derecho a la igual protección de las leyes garantizado por las disposi-ciones constitucionales mencionadas y por lo tanto procedía el reintegro de las contribuciones pagadas. Acordamos revisar.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sostenido una y otra vez que un Estado, en el ejercicio del poder de imponer contribuciones, tiene amplia discreción de seleccionar los sujetos y objetos a ser tributados. Rapid Transit Corp. v. New York, 303 U.S. 573, 578 (1937); Magoun v. Illinois Trust & Savings Bank, 170 U.S. 283, 294 (1898); Heisler v. Thomas Colliery, Co., 260 U.S. 245, 255 (1922). El poder de seleccionar los sujetos y objetos a ser tributados es inherente al ejercicio del poder de imponer contribuciones. Así como también es inherente el poder de escoger cuáles estarán exentos de tributación. Ni el derecho al debido proceso de ley, ni el derecho a la igual protección de las leyes impone una regla rígida que exija igualdad en la imposición de las contribuciones. Carmichael v. Southern Coal Co., 301 U.S. 495, 509 (1936); Bell’s Gap R. Co. v. Pennsylvania, 134 U.S. 232, 237 (1890); Lawrence v. State Tax Comm’r, 286 U.S. 276, 284 (1932). La Asamblea Legislativa tiene vasta discreción para establecer clasificaciones. Si están razonablemente relacionadas con el propósito de la legislación, se justifica la clasificación, Rapid Transit, supra, pág. 578. Bajo la Enmienda XIV se ha sostenido que las distinciones no son arbitrarias si puede concebirse cualquier situación que las justifique. Se presumirá que la clasificación descansa sobre una base racional que existió a la fecha de la aprobación de la ley. Miranda v. Sec. de Hacienda, 77 D.P.R. 171 (1954); Rivera v. Corte, 62 D.P.R. 513 (1943); Buscaglia, Tes. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 602 (1945); Barceló & Cía v. Buscaglia, Tes., 67 D.P.R. 108 (1947); Buscaglia, Tes. v. Tribl. Contribuciones, 69 D.P.R. 99 (1948); U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456, 461 (1980); Rapid Transit v. New York, supra, pág. 578; Rast v. Van Deman & Lewis Co., 240 U.S. 342, 357 (1916); Borden’s Co. v. Baldwin, 293 U.S. 194, 209 (1934); Metropolitan Casualty Ins. Co. v. Brownell, 294 U.S. 580, 584 (1935).

En Rivera v. Buscaglia, 146 F.2d 461, 465 (1944), se dijo:

Son pocos y espaciados los casos en que una ley de contribuciones ha sido invalidada por ese motivo. En el campo contributivo, más que en ningún otro las legislaturas poseen la mayor libertad para clasificar.

Cuando el legislador clasifica y define para fines contributivos, lo hace porque entiende que no debe tribu-tarlo todo y toma en cuenta la capacidad del contribuyente para absorber la contribución y su impacto inflacionario en la economía.

A la luz de estos principios pasamos a considerar el presente caso. La Ley Núm. 1 del 4 de febrero de 1975 enmendó la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo, imponiéndole tributo a productos que antes estaban exentos. Excluyó de esta imposición, entre otros productos, a los alimentos. En su definición de alimentos incluyó todas las substancias sólidas o líquidas que utilizan las personas para su sustento y nutrición, exceptuando las gaseosas. Tanto las gaseosas producidas aquí como las producidas en el extranjero. El legislador escogió no concederle la exención a las gaseosas. Examinemos si esta clasificación descansa sobre una base por existir diferen-cías que ameriten la clasificación y si la clasificación está relacionada racionalmente con el propósito de promover un fin público permisible. Si la respuesta es en la afirmativa, procede sostener la ley. Miranda v. Sec. de Hacienda, supra, pág. 179.

La Comisión de Hacienda, en su informe de 27 de enero de 1975 donde recomendó la aprobación del P. de la C. 1313 aclaró que la medida seguía las recomendaciones de la Comisión de Reforma Contributiva. A su entender, la Comisión estudió otros sistemas de arbitrios y escogió éste porque (1) ampliaría la base del sistema impositivo, (2) daría más estabilidad al sistema de recaudos del país, y (3) sería de más fácil y económica administración. A la mencionada Comisión sobre Reforma Contributiva, nom-brada a raíz de la Resolución Conjunta Núm. 2 del 20 de enero de 1973, se le encomendó la tarea de preparar un plan para reformar el Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Rindió su Informe Final el 2 de mayo de 1975. Además de los arriba mencionados, enumeró los siguientes objetivos a la pág. 9:

a) Propiciar una distribución justa y equitativa de la carga contributiva.
b) Proveer ingresos del erario en cantidad tal que, en unión a los ingresos y recursos que se puedan obtener de otras fuentes sean suficientes para costear la realización de las aspiraciones fundamentales del pueblo puertorriqueño en un período razonablemen-te breve.
c) Mantener los incentivos para una vigorosa actividad económica privada, sobre todo en los sectores de particular beneficio para el país, pero con un estricto cuidado de no permitir trato contributivo preferente alguno que no tenga clara justificación en términos de beneficio social.

Ante la aguda necesidad de recursos que existía para el año fiscal de 1975 y 1976, se decidió implantar un impuesto contributivo de 5% sobre los productos de uso y consumo, exceptuando alimentos y medicinas.

El legislador tuvo por objetivo recaudar fondos para el erario en breve tiempo para cumplir los cometidos del gobierno en época de crisis económica y además mantener incentivos económicos sin conceder trato preferente, a menos que resultara en claros beneficios sociales. Quiso, además, propiciar una distribución equitativa de la carga contributiva. La imposición de arbitrios sobre todos los productos de uso y consumo hubiera resultado en una distribución poco equitativa de la carga contributiva. Eso es así porque el arbitrio impuesto sobre los productos tiene el efecto de aumentar los precios. El consumidor de menos ingresos estaría aportando a los fondos del erario público en la misma proporción que el consumidor de mayores ingresos. Por lo tanto, el objetivo de propiciar una distribución equitativa de la carga contributiva (i.e. de acuerdo con los ingresos de cada cual) no se cumpliría. Para contrarrestar este efecto, el legislador consideró que debía concederle exención a los productos que consideró eran de consumo esencial. El consumidor de menos ingresos no tendría que aportar lo mismo que el consumidor de mayor ingreso, el cual estaría capacitado para adquirir productos de consumo no esencial, y pagar el precio que incluye el arbitrio. Tradicionalmente la clasificación ha sido un método para ajustar los programas contributivos- a las necesidades y usos locales, a fin de lograr una distribución equitativa en la carga contributiva. U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 460; Miranda v. Sec. de Hacienda, supra, pág. 178. Esta medida a su vez cumplía con el objetivo de no dar trato preferente a menos que existiera un claro beneficio social. Ante la urgente necesidad de recaudar fondos en época de crisis económica, fue razonable imponer un arbitrio a los artículos antes no gravados y eximir a los productos que consideraron eran más esenciales para el consumo que otros y que considera-ron producían un claro beneficio social. El estado de hechos que justifica la ley existía en la realidad económica y social. En Heisler v. Thomas Colliery Co., supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo la constitu-cionalidad de un arbitrio impuesto a la producción de car-bón antracita, que no se le imponía al carbón bituminoso. El Tribunal sostuvo que las diferencias naturales entre los dos carbones constituían base razonable para crear distin-tas clasificaciones. En Sharpe v. Standard Oil Company, 322 So.2d 457 (1975), apelación desestimada 425 U.S. 947 (1976), se sostuvo la constitucionalidad de un impuesto sobre el combustible Diesel, mientras no se le imponía al combustible propano. A la pág. 461 expresó el Tribunal que, aparte del interés que tenía el Estado para cumplir cierta política económica del momento, existía una razón más fundamental para sostener la distinción entre ambos combustibles. Ésta consistía en las diferencias inherentes entre los dos combustibles. Ver además, Lehnhausen v. Lake Shore Auto Parts, 410 U.S. 356 (1973).

En el caso de autos, las bebidas gaseosas poseen diferencias inherentes en sí, distinguibles de otros alimentos, y la clasificación hecha, por lo tanto, es razonable. No es arbitraria o caprichosa. El legislador no tiene que imponer arbitrios a todos los productos de uso y consumo, como tampoco concederle exención a todos los alimentos.

El hecho de que posteriormente en 1977 se enmendó la Ley nuevamente para concederle la exención a las gaseosas, no puede entenderse, ni presumirse, que se hizo por el hecho de que la clasificación anterior violaba el derecho a la igual protección de las leyes. La presunción de constitucionalidad acompaña a un estatuto y sólo puede desvirtuarse con la más explícita demostración de que una clasificación es un discrimen hostil y opresivo en contra de ciertas personas o clases. Buscaglia, Tes. v. Tribl. de Contribuciones, 68 D.P.R. 345, 362 (1948); Miranda v. Sec. de Hacienda, supra, pág. 181. No puede presumirse, contrario a lo presumido por el tribunal de instancia que los estatutos fueron adoptados arbitrariamente, sin propó-sito razonable que intentara lograr alguna política pública legítima del Estado, Allied Stores of Ohio Inc. v. Bowers, Tax Comm’r of Ohio, 358 U.S. 522 (1959). La Legislatura tiene el poder de concederle la exención contributiva que disponga a un producto en un momento histórico dado, a pesar de no haberlo hecho antes. El Informe de la Comisión de Comercio e Industria del P. de la C. 54 que se convirtió en la Ley Núm. 70 de 1977 concedió la exención a las gaseosas y consideró que era de justicia social en ese momento que en la misma medida en que mejorara la situación económica que dio margen a la legislación de emergencia, se volviera a legislar para ir devolviendo a los contribuyentes el valor adquisitivo de sus ingresos por medio de concederle la exención contributiva a otros productos que también podían considerarse de primera necesidad. Así lo estimó la Asamblea Legislativa, todo ello dentro de su poder de imponer contribuciones.

Por lo anteriormente expuesto se revocará la sentencia apelada.

       Dispone así:
      “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.”

       Dispone así:
      “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”

       Sobre la presunción de constitucionalidad, véase: Brest, Process of Constitutional Decision-Making: Cases and Materials, 1975, págs. 1008-1010.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Walter Vélez Ramírez y Otros, demandantes y apelantes, v. Hon. Carlos Romero Barceló y Otros, demandados y apelados.

      Números: R-79-285, O-79-438

      Resueltos: 12 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Miguel Pagan, Víctor Cruz Ojeda y Eunice Sein Llompart del Departamento de Justicia, abogados de los demandados apelados; Pedro Ortiz Álvarez, José L. Lebrón Velázquez, Carlos J. Córdova y Sergio Peña Clos, abogados de los demandantes apelantes.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 9 de enero de 1975 Walter Vélez Ramírez, entonces Director de Obras Públicas del Municipio de Lajas, reclamó ante el Fondo del Seguro del Estado por un accidente sufrido mientras ejercía funciones de su cargo. Alegó que el 6 de enero, al bajar de un jeep en un lugar donde se realizaban unas obras de instalación de tuberías en el sector Playa Rosada, resbaló y se lesionó una pierna. El Fondo dio curso a la reclamación y Vélez Ramírez comenzó a recibir tratamiento y los beneficios económicos dispuestos en la Ley.

En noviembre de 1975 Vélez fue nombrado Alcalde de Lajas en sustitución del incumbente que renunció. En las elecciones de 1976 postuló su candidatura por el Partido Popular Democrático. Durante la campaña fue tema y objeto de señalamiento y debate por sus adversarios que la lesión no había ocurrido en el ejercicio de sus funciones oficiales, sino mientras jugaba béisbol el 6 de enero en el parque José Basora de Lajas. Vélez fue electo alcalde. El 7 de noviembre de 1977, ya siendo alcalde recibió su último cheque del Fondo por la cantidad de $720. En total recibió beneficios en exceso de $1,900.

Posteriormente, el 28 de julio de 1977 el representante José Granados Navedo denunció lo ocurrido mediante carta al Fondo. Acompañó declaraciones juradas de testi-gos que vieron a Vélez sufrir un accidente durante el mencionado partido de pelota. La agencia inició una investigación.

El 20 de abril de 1978 Vélez prestó declaración jurada ante un auditor del Fondo. Negó haber jugado béisbol el día 6 de enero. En el informe a su superior, el funcionario investigador resumió el contenido de las declaraciones ofrecidas por varios testigos entrevistados y concluyó que había evidencia conflictiva en cuándo o cómo en verdad ocurrió el accidente. Sugirió finalmente que se empleara la investigación y se tomaran las medidas pertinentes en caso de que hubiese sido fraude.

El 2 de junio de 1978 el Director de la Oficina de Auditoría Interna del Fondo sometió su informe a la Administración, señalando que existía evidencia de la posibilidad de que la reclamación de Vélez hubiese sido entablada en contravención de la Ley. Recomendó: (1) re-mitir copia del informe al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor; y (2) de encontrarse que en efecto hubo fraude, proceder con la acción necesaria para reco-brar los beneficios concedidos. Siguiendo esas recomenda-ciones el caso fue referido al Departamento de Justicia. Así las cosas, el 14 de febrero de 1979 el Gobernador comunicó a Vélez que ese mismo día había radicado una querella ante la Comisión para Ventilar Querellas Municipales (C.V.Q.M.), y que efectivo el 15 le suspendió de puesto y sueldo, pendiente a la ventilación de los cargos. Los dos cargos le imputaban: (1) haber radicado una reclamación falsa ante el Fondo con la intención de defraudar a dicha agencia y apropiarse ilegalmente de fondos públicos, conducta que se inició antes de ser alcalde y prosiguió luego de su elección; y (2) haber cometido perjurio al negar bajo juramento que había jugado béisbol el día 6 de enero, en su declaración ante un funcionario investiga-dor del Fondo.

La C.V.Q.M. asumió jurisdicción e inició trámites. El 11 de mayo de 1979 Vélez radicó en el Tribunal Superior “Demanda de Sentencia Declaratoria e Injunction solici-tando su restitución y la paralización de los procedimientos ante la Comisión. Celebrada la correspondiente vista, el tribunal a quo desestimó el planteamiento sobre la ausen-cia de facultad de la Comisión para dilucidar el asunto. El 20 de junio celebró la vista sobre el injunction preliminar. En esa misma fecha el recurrente renunció a su cargo de alcalde. Finalmente el tribunal dictó sentencia en que denegó el injunction al concluir que la suspensión sumaria no fue arbitraria ni irrazonable.

No conforme, Vélez radicó escrito de apelación y revisión. Acordamos examinar sus planteamientos.

I

El apelante recurrente señala cinco cuestiones de dere-cho. Tres versan sobre la jurisdicción de la Comisión para juzgarlo y si los cargos que se le imputan constituyen conducta ilegal o inmoral bajo el Art. 37 de la Ley Municipal. Advertimos que cuando Vélez Ramírez acudió al foro judicial, ya hablan comenzado los trámites admi-nistrativos. El reclamo de intervención judicial a tan temprana etapa nos obliga a considerar si era necesario agotarlos, o si podían ser obviados ante el planteamiento de falta de jurisdicción. Nos inclinamos hacia la primera solución.

La Ley Municipal en su Art. 37 crea la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. 21 L.P.R.A. see. 1256. Su inciso (a) reza:

El Gobernador de Puerto Rico, la Asamblea Municipal o cualquier ciudadano, podrá formular cargos al Alcalde por razón de conducta inmoral o actuaciones ilegales que impli-quen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos, en el desempeño de sus funciones.

Tanto la doctrina de agotamiento como la de jurisdic-ción primaria cumplen el objetivo de mantener un adecua-do balance y distribución de poder y tareas entre las agencias administrativas y el poder judicial. Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978). La doctrina de jurisdicción primaria pretende determinar si corresponde a una agen-cia o a un tribunal la intervención inicial en una contro-versia. En cambio, la de agotamiento se dirige a dilucidar cuándo es el momento apropiado para que los tribunales intervengan en una controversia previamente sometida a una intervención administrativa. Por tanto, el examinar su posible aplicación surge cuando, habiendo comenzado un procedimiento o actuación en una agencia, se solicita la intervención judicial para revisar determinaciones u obte-ner un remedio judicial, antes de que se haya culminado todo el trámite o procedimiento administrativo establecido. Quiñones v. A.C.A.A., 102 D.P.R. 746 (1974), y E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964).

La decisión de requerir o no el agotamiento no depende de criterios rígidos u objetivos, sino de si a la luz de las circunstancias del caso y pericia particular de la agencia, se entiende que la intervención judicial sería prematura. El balance de poderes que debe existir entre agencias y tribunales, y la necesidad y conveniencia de tener un récord administrativo completo, aconsejan que se culminen los procesos administrativos antes del examen judicial. Davis, Administrative Law Treatise, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1958, Vol. 3, Secs. 19.01 y 20.01; y Davis, Administrative Law of the Seventies, Rochester, New York, Lawyer’s Co-operative Co., 1976, Sec. 20.01.

No obstante, existen situaciones en que no es necesario agotar dichos remedios. Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491-492 (1970); Quiñones v. A.C.A.A., supra; López de Victoria v. Soler Favale, 101 D.P.R. 710 (1973). Una instancia que típicamente plantea el problema es cuando se cuestiona ante el tribunal la falta de jurisdicción de la agencia sobre el asunto que está bajo su consideración. Davis, Administrative Law Treatise, supra, Vol. 3, Sec. 20.02. Según el profesor Davis los tribunales, y en particular el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no han sido consistentes al evaluar el problema y no han delimitado claramente cuándo procede o no su examen. Aún así la jurisprudencia propone que se aprecien tres factores. (1) el riesgo de que se ocasione un daño irreparable al afectado si el tribunal pospone su intervención dejando que prosigan los procedimientos, (2) el grado de claridad con que surja la ausencia o presencia de jurisdicción, y (3) la pericia que tenga la agencia para dilucidar las cuestiones pertinentes a su jurisdicción. Davis, Administrative Law Treatise, supra, Vol. 3, Sec. 20.03, pág. 69.

Estos criterios resumen adecuadamente las considera-ciones a tomarse en cuenta para decidir si aplica o no el requisito de agotamiento en el contexto de un plantea-miento de falta de jurisdicción. Su utilización facilita decidir conforme a los propósitos y objetivos de la doctrina. Veamos su aplicación al caso de autos.

A. Riesgo de daño irreparable si el tribunal pospone su intervención:

La garantía estatutaria que brinda el Art. 37(i), 21 L.P.R.A. sec. 1256(i), de que todo alcalde a quien, previa formulación de cargos, la Comisión resuelva destituirlo, tiene derecho a obtener revisión judicial directa ante este Tribunal, minimiza el riesgo de que al recurrente se le ocasionen daños irreparables por la posposición del examen judicial de la cuestión jurisdiccional.

En primer término, en mayor o menor grado los costos económicos y sociales del procedimiento administrativo son un riesgo inherente en este tipo de proceso, prospere o no la defensa de falta de jurisdicción. El requerir su agota-miento no depende de la inversión en sí, sino de la probabilidad de que la misma sea en vano porque, en efecto, la agencia carece de jurisdicción. Esto a su vez depende de la claridad con que surja la cuestión jurisdic-cional en esa etapa de los procedimientos.

En segundo lugar, el peligro de que el simple trans-curso del tiempo y el someterse al proceso vayan a perjudicarle indebidamente es mínimo. Aunque se nos argumenta que los procedimientos ante la Comisión suelen ser lentos, no se ha demostrado que no puedan aligerarse o que ello de por sí ocasione algún perjuicio particular. No existen indicios de que vayan a disminuir las oportuni-dades de reproducirse el planteamiento jurisdiccional en su oportunidad. Tampoco hay evidencia de que Vélez Ramírez tenga que mantenerse sometido al proceso de destitución hasta su culminación. Los hechos han demos-trado que los efectos de la querella sobre su carrera política son mínimos.

B. El grado de claridad sobre ausencia o presencia de jurisdicción:

La doctrina acepta que cuando surge claramente que no hay jurisdicción, ningún beneficio se obtiene obligando al litigante a mantenerse en la agencia hasta culminar el proceso. No es entonces necesario consumir los remedios. Davis, Administrative Law Treatise, supra, Vol. 3, Sec. 20.01. Requerirlo en esas circunstancias sería una futilidad en términos de tiempo y dinero, porque finalmente el foro judicial, con toda probabilidad, invalidaría el proceso. Así, en la medida que la cuestión jurisdiccional es menos clara y disminuyen estos riesgos, es adecuado compeler a que se agoten dichos remedios. Robustece este enfoque que en esa etapa el tribunal tiene a su disposición el récord y beneficio de la adjudicación final efectuada por la agencia, que es la entidad especializada en el asunto.

En el caso de autos, estamos ante un estatuto creado específicamente para ventilar y adjudicar cargos contra los alcaldes. Esa encomienda es clara y su ámbito definido. La ausencia de jurisdicción no es evidente. Por el contrario, depende de precisar y dirimir unos hechos no adjudicados hasta el momento. El determinar si los cargos radicados imputan “conducta inmoral o actuaciones ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos, en el desempeño de sus funciones”, es un asunto que está sujeto al proceso de interpretación. ¿Cuán restrictivamente o amplio deben ser interpretados estos términos? ¿Son la conducta y actua-ciones imputadas inmorales? ¿Son ilegales? ¿Implican abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos? La frase “en el desempeño de sus funciones” según usada en el Art. 37, ¿comprende actuaciones necesariamente ocurridas durante el tiempo que se ejerce el cargo o aquellas cometidas antes de ocupar la posición de alcalde, pero con efectos posteriores? Ade-más, Vélez Ramírez aduce que la Comisión no puede tener jurisdicción en este caso porque (1) corresponde al Fondo hacer la determinación de compensabilidad de un acci-dente del trabajo, de acuerdo al espíritu de liberalidad que anima a la Ley, y sujeto al derecho del obrero de obtener revisión en la Comisión Industrial y el Tribunal Supremo; y (2) que el Fondo determinó que el querellado recurrente tenía derecho a recibir compensación y no ha revocado esa determinación, la cual constituye cosa juzgada.

La interrogantes planteadas y demás señalamientos nos mueven a concluir que si bien la Comisión tiene jurisdicción para ventilar los cargos contra Vélez Ramírez, no está meridianamente claro el ámbito de su facultad en las circunstancias singulares del caso. Hay una variedad de factores a considerar en relación con la cuestión, que aconsejan sean precisados en su origen por la Comisión.

C. La pericia de la agencia para dilucidar las cuestiones pertinentes a su jurisdicción:

La Comisión fue creada específicamente para en-tender en los procedimientos disciplinarios de los alcaldes. Rodríguez Rivera, Alcalde v. Comisión, 84 D.P.R. 68 (1961). Presuntivamente está particularmente facultada para determinar lo que es “conducta inmoral o actuaciones ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos, en el desempeño de sus funciones”. El dictamen de si existe o no jurisdicción dependerá en gran medida del ejercicio de su pericia administrativa. McKart v. United States, 395 U.S. 185, 193-194 (1969); Myers v. Bethlehem Corp., 303 U.S. 41 (1938).

Aunque podria argumentarse que el caso envuelve una interpretación estatutaria -función por excelencia de los tribunales- lo cierto es que en la medida en que la ComisiOn interprete dicha disposiciOn, afectará su jurisdic-ción. Por consiguiente, debe ser ella, como organismo especialmente creado para adjudicar las querellas contra los alcaldes, la que intervenga y decida en primera instancia.

En sIntesis, no están presentes las condiciones necesarias que excusan agotar el remedio administrativo ante un reclamo de falta de jurisdicción. Hasta lo posible -velando desde luego la protecciOn de los intereses en juego- hemos de mantener un adecuado balance entre los poderes de las agencias y los tribunales, evitando una prematura intromisión. Myers v. Bethlehem Corp., supra; United States v. Utah Const. and Mining Co., 384 U.s. 394 (1966). Después de todo, [a norma de preferir el agotamiento de la acciOn administrativa es una conveniencia compatible con la justicia, que no margina el escrutinio final por los tribunales. Febres v. Feijoó, supra, págs. 681-682; González Saldaña v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 477, 487 (1965).

II

El recurrente nos señala que el derecho al voto, prote-gido por el Art. II, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico, no tolera que se prive a un alcalde de su puesto libremente elegido en elección popular, por actos desvin-culados de éste. No podemos evaluar en sus méritos esta conclusión.

Primero, la impugnación constitucional de actuaciones administrativas está sujeta a la norma del agotamiento de los remedios administrativos. DuBois Clubs v. Clark, 389 U.S. 309 (1967). Aunque las agencias administrativas no pueden dilucidar la constitucionalidad de la ley que las crea, sí pueden determinar si su aplicación a los hechos específicos de un caso sería inconstitucional. Davis, Administrative Law Treatise, supra, Vol. 3, Sec. 20.04, pág. 74. En principio, la Comisión, por consiguiente, tendría facultad para desestimar o declarar sin lugar una querella al estimar que una destitución por motivo de determinada conducta —ya establecida— sería inconstitucional.

Segundo, el señalamiento no supera exitosamente la norma de abstención judicial sobre entender en cuestiones constitucionales a menos que sea necesario. Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179, 180, escolio 1 (1979); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958). No es apropiado explorar esa dimensión hasta que se hayan determinado los hechos y si procede la destitución. Esa tarea exige un balance de los intereses en pugna y precisa conocer todos los pormenores y circunstancias que rodean la conducta de Vélez Ramírez. Rechazamos resolver la cuestión en el abstracto, o en ausencia de un récord administrativo completo. Máxime en casos como el de autos, en que su adjudicación requiere el ejercicio de discreción administrativa para dirimir credibilidad de testigos. Davis, Administrative Law Treatise, supra, Vol. 3, Sec. 20.01, págs. 642-643 (Supl. 1970); McKart v. United States, supra, págs. 193-194. Por último, no estamos tampoco ante un reclamo de un remedio que la agencia no pueda conceder.

En atención a los fundamentos expuestos, concluimos que no erró la ilustrada sala sentenciadora al negarse a conceder el remedio declarativo e injunction.

III

Finalmente concentremos nuestra atención en analizar la contención de si la suspensión sumaria del cargo y empleo decretada por el Gobernador violó el debido proceso de ley garantizado en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico y las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos.

Distinto al enfoque anterior, para atender el señala-miento no es menester que haya mediado una adjudicación previa por la Comisión, pues el asunto gira sobre la decisión del Primer Ejecutivo al momento de formular los cargos, actuación que hace a la luz del expediente inves-tigativo y demás constancias que en ese momento posee. La suspensión de empleo y sueldo tiene unos efectos negativos inmediatos sobre el funcionario y son de tal naturaleza que excluyen la apreciación de la norma de abstención. Co-rresponde, pues, a los tribunales y no a la Comisión el determinar si la suspensión sumaria al amparo de la Constitución viola o no el debido proceso de ley. Veamos.

El Art. 37(j) vigente para la fecha de los cargos disponía:

Al tiempo de formular los cargos contra el Alcalde o en cualquier momento posterior, si a su juicio así conviene a los intereses del municipio, el Gobernador podrá decretar la suspensión de empleo y sueldo del Alcalde hasta que el caso sea resuelto en definitiva. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 1256(j).

El texto legal transcrito claramente autoriza al Gober-nador a decretar la suspensión de empleo y sueldo de un alcalde, luego de habérsele formulado cargos, hasta que se diluciden los mismos. Esta facultad es constitucionalmente válida. Fugate v. Weston, 157 S.E. 736 (1931); McQuillin, Municipal Corporation, 3ra ed., 1979, Vol. 4, Secs. 12.229 a 12.231. Ello no significa que el poder del Gobernador sea absoluto e ilimitado. Ninguno lo es en nuestro ordenamiento jurídico. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 764 (1977). El mismo lenguaje de ley limita al Gobernador su facultad de suspensión a aquellos casos en que ésta es conveniente para los mejores intereses del muni-cipio. Al ejercer entonces ese poder no puede violentar el debido proceso de ley.

Hemos resuelto que el debido proceso de ley no requiere que haya una vista previa a toda privación de un derecho o interés propietario. Cuando hay una privación temporal basta que en algún momento significativo u oportuno el afectado tenga la oportunidad de defenderse y presentar su caso en un proceso con adecuadas garantías. Se reconoce que hay ocasiones en que el Estado tiene algún interés de importancia que exige la intervención temporal con la propiedad o libertad de una persona antes de que pueda brindársele la oportunidad de ser oído. La doctrina informa que para determinar si el tipo de vista concedida y el momento en que se brinda son constitucionalmente aceptables, hay que analizar conjuntamente los intereses gubernamentales y los de la persona afectada. Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335 (1975); Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974); Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976); Arnett v. Kennedy, 416 U.S. 134 (1974); Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, K.C. Davis Pub. Co., 1979, Vol. 2, Secs. 11:12 y 12:14, págs. 388-395 y 462-463.

Mathews v. Eldridge, supra, articuló tres factores a ser seguidos para examinar cuándo el debido proceso de ley no permite suspender o destituir a una persona de un puesto sin darle derecho a una vista previa. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., supra, Vol. 2, Sec. 13:12, págs. 509-512; Lawrence H. Tribe, American Constitutional Law, New York, The Foundation Press, 1978, pág. 540; H. Friendly, Some Kind of Hearing, 123 U. Pa. L. Rev. 1267 (1975). Los factores son: (1) los intereses afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas; y (3) el interés gubernamental protegido con la acción sumaria, inclusive la función de que se trata y las cargas fiscales y administrativas que conllevaría el imponer otras garantías procesales. Examinamos estos factores.

A. Los intereses afectados por la acción de suspensión:

La suspensión sumaria privó al recurrente de sus derechos de propiedad como lo son el sueldo y beneficios marginales, además de ejercer el cargo para el cual fue electo en las elecciones generales de 1976. Paul v. Davis, 424 U.S. 693 (1976); Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972). Éstos, desde luego, no fueron los únicos daños envueltos. Adviértase que se trata de un funcionario seleccionado en elecciones generales, que recibió la confianza de los electores del Municipio de Lajas luego de que las actuaciones imputadas en los cargos fueran ampliamente debatidas en el foro político. Robledo, Alcalde v. C.V.Q.M., 95 D.P.R. 1, 13 (1967).

Nuestra Constitución en su Art. II, Sec. 2 garantiza el derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto. Protege además al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. El derecho al voto en todas sus manifestaciones representa el corazón de un gobierno democrático. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981); P.P.D. v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 376 (1980); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980). Esas garantías conllevan que en última instancia el voto individual tenga realmente un valor y eficacia en la selección de determinados candidatos a puestos públicos, que se configura al sumarse con la voluntad de otros ciudadanos.

Los comicios de 1976 demostraron que la voluntad de la ciudadanía fue que Vélez Ramírez dirigiera los destinos del municipio por los próximos cuatro años. Éste, por consiguiente, tenía la obligación de acatar ese mandato. Su suspensión sumaria le impidió cumplir con esa obligación. Afectó el ejercicio de la franquicia electoral y privó de sus servicios como alcalde a los que por él votaron. Induda-blemente que los intereses afectados por la destitución sumaria son de gran envergadura e importancia. El hecho de que fuera sustituido por otra persona de su mismo partido no milita en contra, pues ello no subsana sus derechos personales afectados y tampoco libera de perjui-cio el derecho al voto. Mientras más fuerte sea el interés individual afectado y mayor respaldo social y constitu-cional tenga, el debido proceso de ley se torna más exigente. Addington v. Texas, 441 U.S. 418 (1979).

Las consideraciones expuestas deben estimarse en el contexto del planteamiento en cuanto a la destitución sumaria. No implica que estamos adelantando nuestro criterio sobre cuál debe ser el desenlace final, de probarse los cargos. Tampoco representa que estamos adelantando juicio alguno sobre la aplicabilidad al caso de la doctrina jurisprudencial adoptada en Winship, Gobernador v. Asamblea Mpal., 53 D.P.R. 138, 147 (1938), que, citando de State v. Welsh, 79 N.W. 369 (1899), rechaza la tesis de abso-lución por hechos cometidos e imputados en una adminis-tración pasada a base de que el electorado reeligió al funcionario, pues:

“el objeto principal de una remoción es librar a la comunidad de un funcionario corrupto, incapacitado e in-digno de confianza. Sus actuaciones durante su mandato anterior revelan tan eficazmente que puede calificársele de tal, lo mismo que las del término en que está sirviendo. La reelección no condona el delito. La conducta ofensiva puede que no haya sido descubierta con anterioridad a su elección, y, sea ello como fuere, no había sido establecida en la forma prevista por el estatuto.”

B. El riesgo de una suspensión errónea:

La función revisora judicial no puede limitarse a determinar si la decisión del Gobernador de suspender sumariamente de empleo y sueldo a un alcalde conviene a los intereses del municipio, considerando únicamente una evaluación de los cargos imputados y tomándolos como ciertos. Ese enfoque restrictivo representaría un criterio inaceptable, pues prácticamente convertiría al Gobernador en árbitro absoluto y único de los destinos municipales, privando a los perjudicados del derecho de acudir a los tribunales para impugnar esa actuación.

En esa tarea el Poder Judicial debe evaluar el cuadro integral que tuvo a su disposición el Gobernador al momento de adoptar su decisión. Veamos los factores presentes a la fecha de su suspensión: (1) el recurrente había actuado como alcalde por aproximadamente treinta y nueve (39) meses luego de su reclamación al Fondo; (2) los hechos que motivaron los cargos era un suceso conocido en los círculos políticos desde muy temprano; (3) el período que transcurrió entre la reclamación y la radicación de los cargos fue extenso; (4) el Contralor había intervenido con tres años de la administración de Vélez Ramírez y no había encontrado irregularidad alguna en el manejo de los fondos públicos; y (5) todos los informes que fueron rendidos en cuanto a la investigación que precedió a la formulación de los cargos y la suspensión, por los investigadores del Fondo y del Departamento de Justicia, demostraban que la evidencia — consistente de diferentes declaraciones juradas— era conflic-tiva en cuanto a cómo en verdad había ocurrido el accidente.

A poco que reflexionamos nos convencemos de que estos factores presentan una seria y verdadera controversia en cuanto al resultado final de los hechos imputados. Gene-ralmente se reconoce que cuando existe controversia en cuanto a los hechos importantes, éstos no deben ser adjudicados, aunque sea provisionalmente, sin concederse a la persona perjudicada la oportunidad de rebatirlos. La situación es más importante cuando la evidencia en contra del individuo, como la de autos, es de naturaleza testifical. Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970); Greene v. McElroy, 360 U.S. 474, 496-497 (1959); New Motor Vehicle Bd. of Cal. v. Orrin W. Fox Co., 439 U.S. 96 (1978).

Ante este cuadro fáctico opera la decisión del Gobernador de suspenderlo. ¿Era tal curso de acción conveniente para los mejores intereses del municipio? Ciertamente existía controversia sobre la veracidad de los hechos en pugna. De igual modo el inventario preliminar del total de las circunstancias descritas no es del todo claro. Es razonable, pues, concluir que al momento de la suspensión existía riesgo de que ésta se hiciera en forma errónea.

C. El interés gubernamental protegido con la destitución y suspensión sumaria:

En Robledo, supra, reconocimos los intereses tutelados cuya protección se le encomienda a la Comisión salva-guardar al optar por destituir un alcalde:

La forma en que está redactado el estatuto sugiere que el criterio rector para la destitución no participa de naturaleza punitiva para el incumbente sino que responde al propósito de evitar lesiones al interés público. La medida debe propender al mejoramiento del servicio público, y por tanto debe tratarse de conducta detrimental para la disciplina y eficiencia de la función pública. ... la actuación del querellado [tiene que haber] afectado en forma sustancial e irremediable el funcionamiento del régimen municipal. Pág. 13.

En igual sentido en Diaz v. Charneco, 48 D.P.R. 536, 540 (1935), citando de Words & Phrases Judicially Defined, dijimos que la causa es “legal y no cualquier causa que la asamblea pueda considerar suficiente. La causa debe ser una que se relacione especialmente y que afecte la administración del cargo y debe limitarse a algo de naturaleza substancial y que afecte directamente los dere-chos e intereses del pueblo. La causa debe tener íntima relación con la idoneidad del funcionario o con el desem-peño de sus deberes, demostrativa de que él no es una persona apropiada para el cargo”.

En resumen, la destitución pretende proteger al muni-cipio contra una administración de los fondos y bienes públicos fraudulenta, corrupta e irresponsable y del abuso de los poderes inherentes al cargo de alcalde. Como corolario lógico, iguales fines persigue una suspensión sumaria del Gobernador.

Se advierte, sin embargo, una diferencia en cuanto a la destitución por la Comisión y la suspensión por el Gober-nador. En la primera, el Art. 37(d) requiere vista previa y en la otra no, aunque tampoco se obliga al Gobernador a suspender a los alcaldes inmediatamente después de radi-car los cargos, sino que lo faculta para hacerlo en ese momento o en cualquiera otro posterior. Si no lo suspende inmediatamente puede hacerlo después.

La jurisprudencia reconoce una serie de situaciones donde el interés protegido es de tal intensidad y naturaleza que es innecesaria una vista previa: la confiscación y destrucción de alimentos inadecuados para el consumo humano, North American Storage Co. v. Chicago, 211 U.S. 306 (1908); el hacerse cargo de una sucursal bancaria cuando su operación es ilegal y no es segura por ser la gerencia inadecuada, siendo la situación capaz de causar daño a los acreedores y al público, Fahey v. Mallonee, 332 U.S. 245, 253 (1947); la incautación de mercancía con etiquetas engañosas, Ewing v. Mytinger & Casselberry, 339 U.S. 594, 599 (1950); la determinación de causa probable para arrestar, Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1975); el embargo de una cuenta bancaria, North Georgia Finishing, Inc. v. DIChem, Inc., 419 U.S. 601 (1975); la confiscación de un barco con evidencia delictiva, Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974); la terminación de los beneficios por incapacidad bajo la ley de segupo social, Mathews v. Eldridge, supra.

En contrario, existen instancias en que la vista previa es necesaria. Así por ejemplo: el retirar beneficios a familias con dependientes cuando quedan en total indefen-sión económica, Goldberg v. Kelly, supra; cuando se va a embargar una porción del salario, Sniadach v. Family Finance Corp., 395 U.S. 337 (1969); la confiscación por litigantes privados sin la participación cabal de un juez, Fuentes v. Shevin, supra; Mitchell v. W. T. Grant Co., 416 U.S. 600 (1974).

Esa jurisprudencia nos permite detectar la idea primordial detrás del criterio que justifica las actuaciones sumarias sin la previa celebración de vista, a saber, la existencia de una urgencia suficientemente fuerte, capaz de pasar sobre los derechos de una parte y permitir una pérdida temporal de los mismos. Los intereses encontrados deben ser balanceados. Davis, Administrative Law Treatise, supra, 2da ed., Vol. 2, Sec. 11:12, pág. 391. Al pesar los criterios en disputa en búsqueda de ese balance, debe considerarse la función envuelta, las cargas fiscales y administrativas, y las garantías anteriores y posteriores que se le conceden a la parte afectada con la suspensión sumaria. Entre los posteriores, es de singular importancia si existe el derecho a una vista rápida donde se diluciden los cargos o actuaciones imputadas. Mitchell v. W. T. Grant Co., supra, pág. 607; Goss v. López, 419 U.S. 565 (1975); Barry v. Barchi, 443 U.S. 55 (1979).

Con referencia al estatuto ante nos, notamos como garantías anteriores a la suspensión que el Art. 37 requiere la formulación de cargos ante la Comisión. Además, la evidencia que tenga el Gobernador ante sí debe ser suficiente, capaz de demostrar que a su juicio tal proceder conviene a los mejores intereses del municipio. Regla 9 de Evidencia; Art. 37 (e). Desde luego, ello no quiere decir que el juicio debe ser exclusivo del Ejecutivo de turno. Sino que debe ser representativo de una persona prudente y razonable, que ante evidencia suficiente pueda concluir que el alcalde debe ser suspendido por resultar beneficioso a los mejores intereses del municipio.

Una vez adoptado ese curso de acción sin celebración previa de vista, las garantías posteriores son de vital importancia. El Art. 37 reconoce cuatro fundamentales. Primera, notificación de los cargos imputados. Segunda, el derecho a contestarlos por escrito dentro de 10 días y la oportunidad para comparecer y defenderse por sí o por medio de abogados. Tercera, facultad de la Comisión para pasar juicio sobre la suspensión sumaria antes de entrar a examinar en su fondo los cargos. Aunque de la faz del Art. 37 no se desprende expresamente que la Comisión tenga esa facultad, en estricta interpretación judicial hay que admitir que implícitamente la tiene. Dos razones así lo demuestran, a saber: (1) el Art. 37(d) faculta a la Comisión para —si estimare que los cargos son frívolos e insufi-cientes o de su faz resultare que no conllevan conducta inmoral o actuaciones ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones-desestimar los cargos sin celebración de vista; y (2) si la Comisión, al momento de evaluar el pliego de cargos o en cualquier momento posterior determina que aun conside-rando los cargos imputados como ciertos, éstos representan una actuación ilegal de carácter leve —lo cual según el inciso (e) del Art. 37 no permite la destitución de un alcalde— se hace innecesario mantener la suspensión sumaria y debe ordenar que se deje sin efecto y disponer la restitución con todos los beneficios como si nunca se hubiese suspendido y continuar con los procedimientos. Y cuarta, en la vista se debe llevar un récord de todo lo sucedido.

La jurisprudencia ha refrendado la validez de trámites análogos al expuesto. Así, en Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974), sostuvimos la validez de un embargo sin vista previa autorizado por el Art. 6 de la Ley de Ventas Condicionales, 10 L.P.R.A. see. 36, y la Regla 56 de las de Procedimiento Civil de 1958, debido a las garantías presentes, anteriores y posteriores a un embargo, tales como (1) la participación judicial; (2) la prestación de fianza por la parte embargante; (3) la facultad de levantar el embargo; y (4) el derecho del deudor a una vista rápida para cuestionar el embargo.

En el caso de autos la decisión en juego es de igual carácter. La única diferencia detectable es la forma en que se evalúa unilateralmente y en forma ex parte la evidencia a disposición del Gobernador. En ciertas instancias ello podría tornar en efímero el requisito de la “evidencia suficiente”, lo que produciría que la suspensión sumaria —en comparación con la envergadura de los cargos impu-tados— fuera irrazonable. Ello impone a los tribunales una obligación especial al revisar decisiones de esta índole. Cf. Davis, Discretionary Justice, Baton Rouge, La. State Univ. Press, 1969; Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974).

IV

Al retrotraernos al momento de la suspensión y aplicar balanceadamente los tres factores antes enunciados y evaluados, surgen en nuestro ánimo serias reservas sobre si la suspensión del recurrente fue razonable y procedía. Primeramente, hemos visto que los derechos afectados eran de gran envergadura e importancia. Segundo, el cuadro total de las circunstancias que tuvo ante sí el Gobernador al suspenderlo no era totalmente claro. Existía un gran riesgo de que la base probatoria de la investiga-ción —de carácter testifical y conflictiva— lo llevara a actuar en forma errónea. Tercero, el mantener al recu-rrente en su puesto no representaba ninguna carga fiscal ni administrativa para el Municipio de Lajas ni para el Gobierno de Puerto Rico. Éste llevaba trabajando satis-factoriamente, según el Contralor, tres años. Cuarto, había transcurrido un período extenso entre la acción ilegal imputada y la radicación de los cargos. ¿Estaba revestida entonces de tal urgencia la suspensión que no admitiera esperar a que la Comisión hiciera la determinación inicial de si los cargos eran frívolos e insuficientes o no, o si se trataba de una actuación ilegal de carácter leve que no ameritara tal sanción?

No es necesario contestar ahora estas interrogantes. Los autos reflejan que el recurrente renunció a su puesto el 20 de junio de 1979, esto es, cuatro (4) meses y cinco (5) días después de su suspensión. Esa conducta resulta totalmente incompatible con el reclamo de un remedio urgente en sus dimensiones procesal y sustantiva. El período eleccionario por el cual fue suspendido expiró. Fue electo nuevamente para este cuatrienio. Como parte de este pleito judicial sobre sentencia declaratoria e injunction quedan pendientes de adjudicar los emolumentos dejados de percibir por tan corto período, pues la suspensión de empleo y sueldo es un trámite accesorio al procedimiento principal, supeditado a éste y condicionado, para ser válido y tener efecto desde su origen, a que ocurra una destitución válida, final y firme. Ramírez v. Municipio, 72 D.P.R. 364, 368 (1951). En estas circunstancias aplica la doctrina de agotamiento. El Poder Judicial debe ceder para que el foro administrativo dilucide y adjudique si Vélez Ramírez incurrió o no en conducta prohibida por la Ley Municipal que ameritaba su destitución. La decisión es importante. En la medida en que oportunamente pueda recaer un dictamen final y firme en su contra, se afectan no sólo los salarios no devengados, sino su futuro político y su capacidad para poder ocupar o ser nombrado para puestos públicos.

Se dictará sentencia confirmatoria y se devolverán los autos para trámite ulterior ante la Comisión compatible con lo resuelto.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Díaz Cruz concurren en el resultado sin opinión.

      E1 20 de febrero de 1979 se presentó denuncia contra Vélez, G-79-118, en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez por el delito de apropiación ilegal agravada (Art. 166 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4272) y la See. lia de la Ley de Beneficios por Incapacidad (11 L.P.R.A. sec. 211a). Esta última dispone:
      “Cualquier persona que dé una declaración o suministre alguna información sobre algún hecho material a sabiendas de que la misma es falsa o que a sabiendas oculte algún hecho material con intención de cometer fraude para obtener algún beneficio o recibir aumento del mismo bajo este Capítulo, bien para sí mismo o para cualquier otra persona, incurrirá en la pena señalada por el Código Penal de Puerto Rico para el hurto de la cantidad de dinero así obtenida por él o por dicha otra persona; y cada una de dichas declaraciones e informaciones falsas u ocultaciones de hechos materiales constituirán un delito por separado.”
      Tomamos conocimiento judicial de que el 28 de enero de 1980, en juicio por jurado, Vélez fue declarado inocente del cargo imputado. Regla 11 de Evidencia.

       En cuanto a esta imputación no se sometió acusación.

       También figuraron como demandantes varios electores que votaron por él en los comicios de 1976 por sí y en representación de otros electores en igual capacidad. Aunque nunca se les certificó como representantes de la clase, continuaron en el pleito en su carácter individual. Como demandados fueron incluidos el señor Gobernador, el Secretario de Justicia y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, a través de sus miembros.

       Ley Num. 142 de 21 de julio de 1960 (21 L.P.R.A. see. 1105 y ss.). El Art. 37 tiene su origen en la Ley Municipal Núm. 53 del 28 de abril de 1928, Art. 29, según enmendado por las leyes Núms. 98 del 15 de mayo de 1931, 288 del 9 de abril de 1946, 55 del 18 de abril de 1950, y la 4 del 7 de diciembre de 1955.
      El pasado año se aprobó la nueva Ley Orgánica para los Municipios, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, que entró en vigor el 1 de julio de 1981. En cuanto a las facultades de la Comisión para seguir ventilando los casos pen-dientes al entrar en vigor su Art. 13.01(c), 21 L.P.R.A. sec. 3501(c), dispuso:
      “Cualquier acción civil o criminal radicada en relación a la ley derogada, y en trámite antes de la vigencia de esta ley, se continuará hasta su determinación final bajo las disposiciones vigentes al momento en que se originó la causa de acción o se cometió la violación.”

       Estos tres factores se han seguido en State of Cal. ex rel. Christensen v. F.T.C., 549 F.2d 1321 (9th Cir. 1977), cert. den. 434 U.S. 876 (1977); Casey v. F.T.C., 578 F.2d 793, 796 (9th Cir. 1978); Marshall v. Able Contractors, Inc., 573 F.2d 1055, 1057 (9th Cir. 1978), cert. den. 439 U.S. 826 (1978); Lone Star Cement Corporation v. F.T.C., 339 F.2d 505 (9th Cir. 1964); United States v. Rockland Steamship Corporation, 218 F.Supp. 509, 513 (1963); Oil Shale Corporation v. Udall, 235 F.Supp. 606 (1964); Allegheny Airlines, Inc. v. Fowler, 261 F.Supp. 508, 517-520 (1966); Campbell Sixty-Six Express, Inc. v. J. & G. Express, Inc., 244 Miss. 427, 141 So.2d 720 (1962); Willamette Valley Lumber Co. v. Ellis, 226 Or. 543, 359 P.2d 98 (1961).

       Aunque los electores recurrentes no tienen un derecho a solicitar revisión de la decisión de la Comisión, nada impediría que radicaran una acción como la presente y reprodujeran los planteamientos pertinentes cuando se emita dicha decisión.

       Tomamos conocimiento judicial de que Vélez Ramírez fue electo nueva-mente alcalde en las elecciones generales del 1980, cargo que actualmente ocupa.

       Vélez radicó ante la Comisión una “Moción de desestimación” en la que hizo sustancialmente los planteamientos sobre jurisdicción luego reproducidos ante el Tribunal Superior y este foro. Dicha moción no había sido resuelta cuando radicó su demanda, ni cuando se perfeccionaron los presentes recursos. No contamos con el beneficio de una opinión y discusión de la C.V.Q.M.

      Los casos de Levesque v. State of Me., 587 F.2d 78 (1978); Arnett v. Kennedy, supra; y Comisionado de Seguros v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 546 (1972), citados por el tribunal de instancia son en sus hechos muy distintos y distinguibles al de autos.

      Para la Comisión, como la destitución es permanente, la evidencia debe ser clara: Antieau, Municipal Corporation Law, New York, Matthew Bender, 1979, Vol. 2A, Sec. 22.163, pág. 22-245; De Castro v. Junta de Comisionados, 57 D.P.R. 153, 163 (1940). Además la actuación tiene que haber “afectado en forma sustancial e irremediable el funcionamiento del régimen municipal”. Robledo, supra, pág. 13.