author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Ramón Paoli Méndez et al., demandantes y recurridos, v. Héctor Rodríguez et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-93-152

      Resuelto: 5 de mayo de 1995

      Efraín Ruiz Ruiz, abogado del recurrente; Ángel S. Bonilla Rodríguez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos de este caso activan las disposiciones consti-tucionales y legales relativas a la conservación, el desarro-llo y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, en particular, el agua, recurso indispensable para la vida del hombre y de todas las actividades de la sociedad.

En una acción sobre negación de servidumbre de acue-ducto, los demandantes solicitaron y obtuvieron sentencia sumaria a su favor. El Tribunal Superior, Sala de Utuado (Hon. Miguel A. Santiago, Juez), resolvió que a los deman-dados no les asiste derecho alguno con respecto a la toma y utilización del agua que emana de un ojo de agua repre-sado en la finca de sus vecinos, los demandantes.

Las partes demandadas carecen del servicio de agua potable y alegaron ante el tribunal haber sido autorizadas por los demandantes para instalar la tubería que les pro-vee el servicio. Alegaron, además, que el pleito debía deses-timarse por no haberse agotado el trámite administrativo ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambienta-les, a saber, una solicitud de franquicia para el aprovecha-miento del agua.

Aplicando la Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico (en adelante Ley de Aguas de 1976) revocamos la sentencia recurrida y devolvemos el caso al tribunal de instancia para que refiera el asunto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

I

Hechos

El Sr. Ramón Paoli Méndez, su esposa, la Sra. Gladys Fuster, y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, presentaron una acción negatoria de servidumbre de acueducto ante el Tribunal Superior (Sala de Utuado) contra sus vecinos, el Sr. Héctor Rodríguez, su esposa, la Sra. Marisol Mercado, el Sr. Ismael Muñiz, su esposa, la Sra. Margarita Muñiz; el Sr. Norberto Rodríguez, su es-posa, la Sra. Enid Jiménez; sus respectivas sociedades le-gales de gananciales; el Sr. Rubén Crespo; la Sra. Daisy Crespo y el Sr. Nelson Alumez. En la demanda se alegó que los demandantes eran propietarios de una finca de ciento treinta y tres (133) cuerdas, dedicada al cultivo de café, chinas, guineos y plátanos, ubicada en el Barrio Mirasol de Lares. Se alegó que dentro de la referida finca existe un ojo de agua que fue represado y que mediante una bomba pro-vee agua para el riego de los cultivos. Se alegó en la de-manda que los vecinos demandados instalaron un tubo en el ojo de agua sin el consentimiento de la parte deman-dante y se servían así del agua que de él proviene. Por ello, se solicitó que el tribunal determinara que no existe servi-dumbre de acueducto en beneficio de los demandados.

En su contestación a la demanda, los demandados ale-garon que los demandantes no sólo los autorizaron a utili-zar el agua, sino que incluso estuvieron presentes cuando • se instaló la tubería que les sirve. Alegaron, además, que se había presentado una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por el control ejercido por las partes demandantes sobre el ojo de agua y para impedir que ellos se beneficiaran de él para atender sus necesidades básicas

Los demandados solicitaron la desestimación de la de-manda por no haberse agotado el trámite administrativo y reclamaron la existencia de una servidumbre forzosa de acueducto, continua, aparente y positiva.

Trabada la controversia, los demandantes presentaron una moción de sentencia sumaria en la que alegaron que no existía una controversia de hechos. Plantearon que en el caso de autos no existe servidumbre de acueducto y que bajo el Código Civil sólo podría reconocerse una servidum-bre de saca de agua y abrevadero. Sostuvieron que los de-mandados no podían beneficiarse de la servidumbre de saca y abrevadero al carecer de legitimación activa para solicitarla.

Por su parte, los demandados presentaron una moción en oposición a sentencia sumaria en la que, en síntesis, alegaron la existencia de hechos en controversia lo cual impedía que se resolviera sumariamente el caso. Señala-ron en la referida moción que los demandantes les autori-zaron la toma de agua. Los demandados señalaron nueva-mente que existe una servidumbre forzosa de acueducto y que no se habían agotado los remedios administrativos.

El 23 de febrero de 1993 el tribunal de instancia dictó sentencia que acogía el planteamiento de los demandantes y resolvió que, como los hechos no estaban en controversia, la solución del caso sólo requería que se interpretara el Art. 491 del Código Civil sobre las servidumbres de saca de agua y abrevadero que establece: “Las servidumbres forzo-sas de saca de agua y de abrevadero solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío, previa la correspondiente indemnización.” 31 L.P.R.A. see. 1714. Conforme a ello, concluyó que al no constituir los demandados un poblado o caserío no podían beneficiarse de esta disposición legal y que, en todo caso, carecían de legitimación activa para reclamarla. El tribunal de instancia remitió a los deman-dados a que exigieran al Municipio o a la Autoridad de Acueductos que les proveyeran el servicio de agua. La de-manda fue declarada con lugar y se resolvió que los de-mandados no tenían derecho a ningún tipo de servidumbre en materia de aguas sobre la finca de la parte demandante.

. Inconformes con lo resuelto, acudieron en revisión los demandados, señalando en apoyo a su solicitud los errores siguientes:

(1) Declarar ha lugar la Moción Solicitando Sentencia Suma-ria a favor de los demandantes aun cuando existía una disputa bonafide de hechos y aun cuando existía controversia de hechos.
(2) Dictar sentencia sumaria a favor de los demandantes aun cuando existía derecho a una servidumbre forzosa de acueducto mediante indemnización, existía servidumbre de saca de agua y abrevadero a tenor con los arts.- 491, supra, y el Art. 492 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1715.
(3) Asumir jurisdicción aun cuando los demandantes no ha-bían agotado los remedios administrativos.
(4) Declarar con lugar la sentencia sumaria y no aplicar la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976 (12 L.P.R.A. see. 1501 et seq.) conocida como la Ley de Aguas de 1976.
(5) No aplicar los principios de equidad en un caso de emer-gencia y de interés público.

Mediante Resolución de 16 de abril de 1993 expedimos el recurso. Posteriormente, por surgir del expediente que ambas partes habían solicitado una franquicia para el aprovechamiento y uso de agua ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ordenamos a las par-tes que acreditaran ante nos el estado de los procedimien-tos administrativos. Cumplidos todos los trámites de rigor y con el beneficio de los alegatos y escritos de la partes, resolvemos.

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Importancia del recurso del agua

El agua es uno de los elementos esenciales e indispensables para satisfacer las necesidades de la vida y para ejercer la mayor parte de las actividades económicas, agrí-colas e industriales.

En el organismo humano el agua es vital. Mientras el cuerpo reciba suficiente cantidad de líquidos, una persona puede estar períodos de tiempo, relativamente largos, sin otros nutrientes. El agua compone dos terceras (2/3) par-tes del cuerpo humano, por lo que para mantenerse salu-dable una persona promedio necesita más de medio galón de agua diariamente. Ingerir menos de un cuarto (1/4) de galón al día puede ser fatal.

Otras innumerables actividades humanas requieren también del preciado líquido. Se estima que una familia promedio en Estados Unidos utiliza al año ciento siete mil (107,000) galones de agua para las diversas funciones del hogar. Diariamente en Puerto Rico se extraen cerca de seiscientos (600) millones de galones de agua, de fuentes subterráneas y superficiales. Estas últimas proveen cerca de trescientos (300) millones de galones diarios de agua potable.

Las actividades económicas requieren una porción aun mayor del recurso. La industria es una consumidora voraz de agua, incluso para aquellas tareas que uno no suele relacionar con el agua. La fabricación de un automóvil, por ejemplo, requiere treinta y nueve mil noventa (39,090) ga-lones de agua; un barril de cerveza necesita mil quinientos (1,500) galones; una tonelada de acero, sesenta y dos mil seiscientos (62,600), galones, y una tonelada de azúcar, veintiocho mil cien (28,100) galones. La agricultura es uno de los sectores que más depende del agua, hecho evi-denciado durante la reciente sequía, el cual fue el área de la economía más afectada. En Puerto Rico la agricultura consume más de cuarenta y dos (42) millones de agua diarios.

Es de conocimiento común que todos los recursos natu-rales son particularmente vulnerables a la actividad hu--mana y a los cataclismos de la naturaleza. Su conserva-ción, desarrollo y administración han de considerarse como una tarea imprescindible si se pretende garantizar que el recurso, cualquiera que sea, satisfaga las necesidades vita-les y económicas de un pueblo. El agua, sin embargo, tiene unas propiedades físicas que la convierten en uno de los recursos más difíciles de consérvar. Como líquido al fin, es fluida, fugitiva, volátil y dinámica, lo que dificulta almace-narla y la hace peligrosamente fácil contaminar. Véase A. Guaita, Derecho Administrativo: Aguas, Montes, Minas, Madrid, Ed. Civitas, 1986, pág. 115. A diferencia también de otros recursos naturales que se someten con menos re-sistencia a la intervención humana, el agua es “irreempla-zable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, [e] irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio ...”. Preámbulo de la Ley de Aguas de España, II (Anot. 1981) Aranzadi, Repertorio Cronológico de Legisla-ción 3862 (1985). Ley de Aguas, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1986, pág. 15.

Otra característica que la distingue es que sus reservas no yacen en sitios determinados y que las fuentes de re-abastecimiento no se originan en el mismo lugar de extracción. El agua no permanece en un lugar, ya que la evaporación y la gravedad la mueven constantemente, ago-tando y abasteciendo las fuentes de las que todos nos servimos. Estos factores impiden tomar el agua como una sucesión de fenómenos aislados, por lo que todo plan sen-sato de conservación, desarrollo y administración ha de in-cluir el ciclo hidrológico de evaporación, desemboque en el mar, lluvia, filtración, etc.

Finalmente, hay que tomar en consideración la propor-ción relativamente pequeña del recurso que nos es de uti-lidad en su estado natural, pues si bien el agua cubre ochenta por ciento (80%) de la superficie terráquea, sólo uno porciento (1%) de toda ésta sirve para el consumo humano.

La combinación de indispensabilidad, revesado mante-nimiento y alta vulnerabilidad del agua requieren una es-trategia de conservación, desarrollo y administración efi-caz, comprensiva y preventiva; labor tan enorme y costosa que por lo general sólo el Estado puede llevarla a cabo. Ante tal realidad, la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos —incluso aquellos que cuentan con vas-tos abastos de agua— han optado por promover la inter-vención gubernamental aun a costa de intereses propieta-rios individuales. A. Reverte Navarro y E. Pérez Pérez, Legislación de Aguas, Madrid, Ed. Tecnos, 1986, pág. 14. La necesidad de integrar el ciclo hidrológico entero dentro de los planes de conservación, desarrollo y administración dificulta aun más reconocer derechos exclusivos sobre fuentes del recurso del agua. En -aras de obtener un máximo rendimiento, el Estado tiene que establecer un balance, no sólo entre los intereses privados y públicos, sino también entre los diversos sectores socioeconómicos que re-quieren del recurso para su subsistencia.

Los intereses en pugna y la necesidad del recurso obli-gan al Estado a formular y ejecutar planes de conserva-ción, desarrollo y administración “en un doble orden de actividades, relacionadas a su vez objetivamente: por una parte, la acción de vigilancia y distribución del agua; por otra una actividad concreta que se realiza buscando alcan-zar el máximo rendimiento en la explotación de los cauda-les públicos”. E. Martín-Retortillo, Aguas públicas y obras hidráulicas, Madrid, Ed. Tecnos, 1966, pág. 293. Los expe-rimentos exitosos en lugares con serios problemas hidroló-gicos como Israel, España y el Suroeste de Estados Unidos han demostrado que, aun en climas áridos o en regiones densamente pobladas, una sabia política de manejo y con-servación permite un rendimiento óptimo. F. Cerrillo Quí-lez, Régimen jurídico-administrativo de las aguas públicas y privadas, Barcelona, Ed. Jurídica Española, [s. año] T. 1, pág. 33. Véase Guaita, op. cit.

Puerto Rico, por ser una isla con una densidad poblacio-nal alta y con pocas fuentes de recursos naturales, se en-cuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

El exprofesor Luis Negrón García, líder intelectual y pionero en Puerto Rico en la conceptualización e identifi-cación de los problemas y la búsqueda de soluciones del recurso, discutió las dificultades del uso y conservación del agua en Puerto Rico como antesala al proyecto que culmi-naría en la Ley de Aguas de 1976:

La conservación de los recursos naturales en general, y de algunos, como el agua, en particular, es asunto de reciente pero intensa preocupación en casi todos los países del mundo. El vertiginoso cambio social y económico cuya raíz principal es el acelerado avance tecnológico ha tenido, entre otras múltiples resultantes, un marcado deterioro en la calidad del medio ambiente. La explicación a esta ocurrencia se da en términos de que la inversión de recursos humanos y económicos para lograr ese progreso no ha ido acompañada de inversiones equivalentes —o al menos las necesarias— en estudios sobre el impacto ne-gativo ambiental de esos cambios y las medidas preventivas y correctivas requeridas, tanto a nivel legislativo como de pro-grama, para reducir en lo posible esas consecuencias adversas.
Lo anterior ha tenido como consecuencia que los problemas del medio ambiente, en general y de recursos naturales en particular, se han atacado en forma improvisada, sin responder a un enfoque global de desarrollo balanceado, y sin estrategias definitorias de una política de calidad ambiental.
Esta característica de visión remedial que tipifica la gestión gubernamental en la problemática del medio ambiente no es privativa de Puerto Rico. La misma es un rasgo de aquellos países que se envuelven en programas intensos de desarrollo económico, principalmente por medio de la industrialización. L.N. Negrón García, Proyecto de Ley de Desarrollo de Aguas de Puerto Rico, Ed. Rev. Jur. U.P.R., Río Piedras, pág. 1.

Tomar las medidas necesarias para asegurar su rendi-miento y así satisfacer las necesidades básicas de la pobla-ción y conservar este nivel de extracción son obligaciones impuestas tanto por nuestras condiciones geográficas, cli-matológicas y poblacionales, como por las obligaciones le-gales provenientes de la Constitución y las leyes.

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Naturaleza constitucional y legal del recurso del agua

La Convención Constituyente del Estado Libre Asociado entendió que la conservación de nuestros recursos natura-les era tan importante para la seguridad de Puerto Rico que el deber de velar por ellos debía ser elevado a rango constitucional.

La Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 379, dispone que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad ...”

La importancia de este mandato constitucional no debe ser menospreciada. El Art. VI de nuestra Constitución, supra, no se reduce a un mero postulado de principios. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 235. Los delegados a la Convención Constituyente derrotaron una propuesta para relegarla al ámbito de ley por entender que era de vital importancia para el desarrollo y la seguridad de los habitantes del País. El delegado Santiago Polanco Abreu, quien tomó el podio para expresarse en contra de la elimi-nación del Art. VI, supra, que solicitaba el delegado Jaime Benitez, expresó: “No hay un error teórico. Estamos cons-cientes de lo que estamos haciendo. Estamos estructu-rando algo, la conservación del recurso natural. Puerto Rico es tina isla. Debemos tener preocupación.” 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2116 (1952). Re-conociendo la precariedad de nuestros recursos, la Comi-sión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales so-bre Asuntos Generales, que preparó el camino para la redacción del Art. VI, supra, expresó: “Es nuestro propósito señalar con absoluta claridad la conveniencia y necesidad de que se conserven los recursos naturales en Puerto Rico. Siendo Puerto Rico una isla y teniendo pocos recursos na-turales, debe haber una preocupación constante por parte del Estado en el uso, desarrollo, aprovechamiento y conser-vación de los mismos. La conservación de la tierra, los bos-ques, los peces, las aguas, las aves, las minas y las salinas, entre otros, debe ser una de las funciones primordiales de nuestro gobierno.” (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2622 (1952).

Los forjadores de nuestra Constitución tenían meridia-namente clara su visión del ser humano y su interrelación e interdependencia sistémica con los recursos naturales y con la naturaleza de la cual forma parte integral. El hombre es tanto un componente como un interactor en su me-dio ambiente natural, físico, social, económico y político. Esta visión integral del hombre, de su medio ambiente y de la naturaleza en general permea el principio constitucional de que todos tenemos la esperanza de un mundo mejor basado en los principios expuestos en el Preámbulo y en la Carta de Derechos de la Constitución. El medio ambiente natural y la naturaleza no sólo sirven el propósito de que el hombre pueda utilizarlos para su subsistencia material, sino para su recreación y uso del tiempo libre, para la con-templación de SU' belleza y majestuosidad, para sentirse orgulloso de su patria, para mejorar su calidad de vida, y para lograr un desarrollo integral de la personalidad y su autorealización como ser humano.

La política pública sobre los recursos naturales ex-puesta en nuestra Constitución es una protección de lo que comúnmente llamamos “la naturaleza”. Es una protección frente al Estado, la sociedad, el gobierno, e incluso el hombre, que en el mundo contemporáneo, sin darse cuenta que está socavando su propia existencia, destruye la natura-leza en aras de un materialismo y un consumismo ram-pante, creando desbalances sistémicos irreversibles.

El Estado mediante legislación ha reiterado su compromiso con la más eficaz conservación de sus recursos en repetidas ocasiones: en la Ley sobre Política Pública Ambiental, la Ley Orgánica del Departamento de Recur-sos Naturales, la Ley de Aguas de 1976 y el Plan de Reorganización Núm. 1 de 1993, Leyes de Puerto Rico, pág. 603.

Durante, al menos, los últimos veinticinco (25) años, el Poder Legislativo ha provisto al Estado de una política pú-blica amplia, clara y uniforme, y ha habilitado al Gobierno con las herramientas necesarias para cumplir con este mandato constitucional y poner en vigor la política pública plasmada en la legislación.

IV

La Ley de Aguas de 1976

La Ley de Aguas de 1976 (12 L.P.R.A. see. 1501 et seq.) fue aprobada por la Legislatura con dos (2) propósitos en mente. El primero, y más importante, era nacionalizar las aguas del País, intención dimanante de la adopción del enfoque integral del ciclo hidrológico. La ley declara como propiedad y riqueza del Pueblo de Puerto Rico, ‘\t\odas las aguas y cuerpos de agua” —(énfasis suplido) 12 L.P.R.A. see. 1504— de la Isla y le impone al Estado Libre Asociado el ineludible deber de administrar y proteger las aguas de nuestro país, a nombre y en beneficio de la población puertorriqueña, Obliga al Estado a “mantener el grado de pureza de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el desarrollo del país, asegurar el abasto de aguas que precisan las genera-ciones puertorriqueñas presentes y futuras mediante el es-tablecimiénto de reserva de aguas y aprovechar las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al interés pú-blico y■ a criterios de uso óptimo, beneficioso y razonables”. (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. see. 1502.

Como parte de la política pública expresa del Estado Libre Asociado en la citada ley se dispone que se deberá “lograr la distribución más equitativa y justa de sus aguas”. 12 L.P.R.A. see. 1502. A esos efectos se declara que ‘las necesidades de agua adscritas al consumo doméstico, y particularmente al consumo humano, deberán ser satisfechas con prelación a cualesquiera otras y que en la adjudicación del sobrante disponible el interés público deberá prevalecer frente a todo otro interés o reclamo”. (Énfasis suplido.) íd.

El desperdicio o el mal uso del agua, según se estableció en la Exposición de Motivos de la ley, “lesiona el bienestar y pone en riesgo la seguridad del país que, por no contar con un caudal ilimitado y bien distribuido del recurso, debe extraerle al que tiene el máximo beneficio en términos que satisfagan el interés público”. Ley de Aguas de 1976, Expo-sición de Motivos, supra, pág. 412.

La segunda intención de la ley fue descargar en el Se-cretario del Departamento de Recursos Naturales la res-ponsabilidad del manejo y conservación del agua en Puerto Rico. Como tal le facultó para tomar todas las medidas necesarias para asegurar la pureza, disponibilidad y rege-neración del recurso del agua, guiado por “una visión de conjunto [y] una perspectiva integradora, de nuestros pro-blemas hidrológicos”. Ley de Aguas de 1976, Exposición de Motivos, supra.

La Ley de Aguas de 1976 confiere al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales una serie de atribuciones y facultades necesarias para viabili-zar la política pública del Estado Libre Asociado en torno a este recurso como patrimonio nacional. Véase, por ejemplo, Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682 (1990), en el cual discutimos la obligación del Secretario de Recursos Natu-rales de inspeccionar y vigilar todos los cuerpos de agua de la Isla.

V

El Código Civil y su reglamentación de las aguas y el De-partamento de Recursos Naturales

La Ley de Aguas de 1976 tuvo el efecto de nacio-nalizar las aguas del País, derogando así aquellas disposi-ciones del Código Civil que permitían adueñarse de cuer-pos de agua.

La Ley de Aguas de 1976, sin embargo, mantuvo vigen-tes algunas disposiciones del Código Civil pertinentes al uso privado de las aguas con restricciones. La ley también creó un sistema de franquicias para que entidades priva-das o públicas pudieran hacer uso exclusivo (mas no abso-luto) de fuentes de agua.

Entre los artículos de la Ley de Aguas de 1903 que quedaron vigentes se encuentran aquellos referentes a las servidumbres legales. Estas servidumbres incluyen: la ser-vidumbre de acueducto; la de estribo y presa; la de abreva-dero y de saca de agua, y la de camino de sirga.

La Ley de Aguas de 1976 también facultó al Gobierno a conceder franquicias sobre fuentes de agua, siguiendo, por supuesto, los prepósitos rectores de la ley. Art. 9 de la Ley de Aguas de 1976 (12 L.P.R.A. see. 1509).

El nuevo Reglamento para el Aprovechamiento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico Núm. 3171, Departamento de Recursos Naturales, define a la franquicia como "una autorización para utilizar ciertas y determinadas cantidades de agua de una fuente en particular y no un derecho sobre una fuente en particular”. Art. 8.1 del Reglamento para el Aprovecha-miento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico Núm. 3171, Departamento de Recursos Na-turales, 13 de noviembre de 1984. Esta autorización escrita para el uso o aprovechamiento de aguas superficiales, sub-terráneas o costaneras “le concede a su poseedor el derecho a utilizar un volumen determinado de agua por un período de tiempo y sujeto a las condiciones allí dispuestas”. Art. 1.15 del Reglamento, supra. Ese uso o aprovechamiento es un “[d]erecho por ley o concesión de utilizar para usos co-munes o privativos, aguas de dominio público”. Art. 1.7 del Reglamento, supra.

La doctrina coincide en que este esquema no le concede al cesionario “la propiedad de las aguas, que son y serán siempre públicas ... el concesionario adquiere un derecho real al aprovechamiento de las aguas en las condiciones que derivan de las disposiciones generales y de su concreto título concesional”. Guaita, op. cit., pág. 151.

El Reglamento establece detalladamente los procedi-mientos administrativos que. rigen los usos, el aprovecha-miento y la administración de las aguas de Puerto Rico. Consistente con las disposiciones de la Ley de Aguas de 1976 y de la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, el Reglamento contiene los criterios de uso be-neficioso y razonable y los criterios de uso óptimo con los cuales debe conformarse el uso de agua en Puerto Rico. Los referidos criterios “se establecen con el propósito de asegu-rar que en el uso de las aguas se obtenga el mayor beneficio social”. Art. 5.1, Reglamento, supra, pág. 17.

VI

El derecho administrativo aplicable

La doctrina sobre jurisdicción primaria cobra vigencia y es de aplicación a la materia que nos ocupa, en virtud de la ley especial que regula el uso y aprovechamiento del agua en nuestro país. Las disposiciones de ley citadas establecen claramente que el Departamento de Recursos Naturales ha sido designado y facultado para dirimir las controversias relacionadas al uso y manejo de agua.

La doctrina de jurisdicción primaria atiende la jurisdicción original para considerar una reclamación. Consiste de dos (2) vertientes: jurisdicción primaria exclusiva y jurisdicción primaria concurrente. En la primera, la ley dispone que el organismo administrativo tendrá jurisdicción inicial exclusiva para examinar la reclamación. La jurisdicción concurrente se da cuando la ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1988). Véanse, también: First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983); Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153 (1980); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980).

Resolvimos en Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra, que la doctrina de jurisdicción primaria concurrente permite la paralización de la acción judicial mientras advenga final y firme el dictamen administrativo. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra, pág. 268. El propósito es ceder la primacía al organismo administrativo. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ira ed., Colombia, Ed. Forum, 1993, pág. 440.

La aplicación de esta doctrina evita una inter-vención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con el cauce y el desenlace normal del proceso administrativo. Como regla general no puede ser preterido el trámite administrativo a menos que existan las excep-ciones que han sido establecidas por la jurisprudencia. Véanse: Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 240 (1992); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1997).

En Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 49-50 (1993), también reiteramos que “el Poder Judicial conserva la autoridad para intervenir en los momentos en que sea necesario para evitar un daño irreparable a una persona, facilitándose entonces la revisión judicial al tener los tribunales información más precisa sobre los fundamentos de la actuación gubernamental”.

Desde Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, 123 (1964), hemos interpretado que las servidumbres legales “cae[n] dentro del ámbito del derecho administrativo”. Esto es así ya que “estas no constituyen propiamente verdaderas servidumbres”. íd., págs. 122-123. “Las servidumbres legales se rigen por sus leyes especiales. En el caso de las públicas, el Código es derecho supletorio y en el caso de las llamadas privadas, rige el Código pero sólo en tanto [y] en cuanto dicho cuerpo legal no esté en conflicto con las leyes y reglamentos especiales sobre la materia. Tienen precedencia dichas leyes y reglamentos especiales” (Enfasis suplido.) Borges v. Registrador, supra, págs. 125-126.

Considerando lo antes expuesto sobre la doctrina de ju-risdicción primaria concurrente; el ámbito al cual perte-nece la materia de la servidumbre de acueducto; la impor-tancia del agua como recurso de las generaciones presentes y futuras de nuestro país y la política pública del Estado Libre Asociado, procede la aplicación de la Ley de Aguas de 1976 y su reglamento para dirimir controversias como la presente.

VII

Conclusión

En el caso de autos, la parte demandante recurrida pre-sentó una demanda sobre negación de servidumbre de acueducto. En lo pertinente, se alegó que “[djentro de la finca del demandante mana [sic] del centro de su tierra un ojo de agua represado y por un tuvo [sic] va una caja reci-bidora y de ahí una bomba, bombea y tira el agua a otro tanque recipiente dentro de la misma finca y de este tan-que por gravedad va a parar al establecimiento donde se elabora el café ...” Apéndice 3, pág. 7. Conforme alegaron los demandantes, en síntesis, los demandados —sin auto-rización de clase alguna— instalaron una tubería desde la caja principal, llevando el agua hasta la residencia del co-demandado, Sr. Norberto Rodríguez, y de ahí se reparte a los otros codemandados.

En su contestación a la demanda, los demandados recu-rrentes argumentaron entre otras defensas afirmativas que habían sido autorizados voluntariamente por los de-mandantes a beneficiarse del agua y que ellos presenciaron personalmente la instalación de la referida tubería. La parte demandada alegó, además, que la parte demandante no tiene registrado en el Departamento de Recursos Natu-rales el ojo de agua, conforme exige la ley.

Surge de los autos una certificación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de que en el sector en Lares donde están ubicadas las residencias de los demandados “no existe tubería de agua potable de la agencia [...] tam-poco en el área cercana a sus residencias”. Apéndice 6, pág. 18. Surge además, de las declaraciones juradas sometidas por la parte demandada, que el agua, objeto del presente caso, es un manantial subterráneo que fue represado por la parte demandante supuestamente en contravención con la Ley de Aguas de 1976 y que éstos habían autorizado a los demandados a servirse de dicha agua. Surge también que desde 1987 no se elabora café en la finca de los demandan-tes y que desde hace más de sesenta y cinco (65) años el agua fue represada y que el barrio la utilizaba.

De la réplica a la oposición a la sentencia sumaria surge que la parte demandante alegó que los demandados care-cían de legitimación activa para solicitar una franquicia al Departamento de Recursos Naturales, por. no ser dueños del terreno donde está ubicado el ojo de agua. Los deman-dantes alegan, además, que tienen derecho a una franqui-cia y que en efecto la han solicitado. Cabe señalar que esta última alegación contrasta con una moción sometida por esta misma parte en respuesta a una orden de mostrar causa que dirigimos a las partes para que acreditaran el estado de los procedimientos ante el foro administrativo. En la referida moción, la parte demandante recurrida in-forma que “nunca ha comenzado procedimiento adminis-trativo alguno referente a este caso”, por lo que no existe procedimiento administrativo pendiente o que haya sido paralizado.

En el presente caso la parte demandante reclama su derecho a ejercitar la acción de negación de servidumbre a base de su derecho propietario sobre el inmueble donde se encuentra el ojo de agua. En ningún momento alegó ni probó que tuviese algún derecho propietario sobre el agua, o que tuviese algún título, al amparo de alguna legislación anterior, o franquicia para extraer y aprovecharla.

Tratándose el presente caso de una acción en la cual el demandante pretende negar la existencia de una servi-dumbre de acueducto y la parte demandada afirma su exis-tencia y su derecho a tal servidumbre, el tribunal tenía que corroborar primero si el demandante posee la titularidad o el derecho (franquicia o concesión) de utilizar el agua. Al no acreditarse lo anterior, les corresponde a las partes venti-lar esta controversia ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, agencia a la cual el Estado le delegó la implantación de una política pública vigorosa en protección del recurso del agua.

La adjudicación de controversias no puede conducir a resultados absurdos. El agua es un elemento fundamental para la vida humana.

En resumen, erró el tribunal al declarar con lugar la demanda en el presente caso y al no aplicar la doctrina de jurisdicción primaria.

Por ello, revocamos dicha sentencia y se dicta otra para ordenar al tribunal de instancia que refiera la controversia al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Hasta tanto el dictamen del foro administrativo advenga final y firme, y si es que otra cosa dispone el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los demandados re-currentes podrán continuar utilizando el agua.

Se emitirá sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Aquellos de nosotros que hemos practicado la profesión de abogado sabemos que el abogado en la práctica, dado lo complicado de la profesión, apenas le sobra el tiempo para leer, y estudiar, las numerosas decisiones que emiten los diferentes foros judiciales apelativos; cuyas decisiones tie-nen inherencia directa, o indirecta, sobre nuestro ordena-miento jurídico.

Es por ello que resulta lamentable que estos foros ape-lativos, al resolver los casos o controversias que llegan ante su consideración, emitan ponencias innecesariamente com-plicadas y extensas, envolviéndose en la discusión, y expo-sición, de temas y materias que, aun cuando interesantes e ilustrativas, no resultan ser necesarias para la correcta ad-judicación del caso.

La opinión emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso es un ejemplo clásico de esa clase de decisiones, esto es, una decisión en que este Foro se envuelve en la exposición, y discusión, de una serie de temas que resultan totalmente innecesarios para la co-rrecta solución de la controversia ante nuestra consideración.

El presente caso plantea una sencilla controversia de índole administrativa —relacionada con la doctrina de ju-risdicción primaria— la cual, de hecho, el Tribunal la re-suelve en apenas cinco (5) o seis (6) páginas. Cabe pregun-tarse cuál fue el propósito que tuvo el Tribunal al escribir las restantes veinte (20) páginas. No hay duda que, y a manera de ejemplo, la Parte II de la Opinión —la “impor-tancia del recurso del agua”— y la Parte III de la misma —la “naturaleza constitucional y legal del recurso del agua”— pueden constituir un tema de gran interés para un discurso ante una de las escuelas de derecho o ante un club cívico por parte de uno de los integrantes del Tribunal. Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la discusión de referencia no era necesaria para la correcta solución de la controversia, de índole administrativa, que plantea el recurso.

Lo antes expuesto, debe quedar claro, no tiene otro pro-pósito u objetivo que lograr que el Tribunal esté más a tono con los difíciles tiempos que vivimos y que tome conscien-cia de que el refrán popular, a los efectos de que “lo poco agrada y lo mucho empalaga”, es también de aplicación a las decisiones que emite.

       Surge de la contestación a la demanda que los demandados alegaron haber solicitado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se determine el uso y aprovechamiento del referido cuerpo de agua y que la situación se decláre un “estado de emergencia”.

       La parte demandante recurrida alegó en su réplica a la oposición a la solici-tud de sentencia sumaria que había solicitado una franquicia ya que era en el te-rreno de su propiedad donde nacía el agua.

        A Lawyers’Medical Cyclopedia Sec. 30.15, pág. 191 (1975).

        Facts About Water, American Water Works Association, [s.f.].

      B) Supra, nota 3, pág. 193.

        Supra, nota 4.

       Informe Anual de la Junta de Calidad Ambiental de 1992, pág. 4.

       Íd.

       Íd.

       “Análisis del Impacto de la Sequía en la Economía de Puerto Rico Durante los Años Fiscales 1994 y 1995, Junta de Planificación, agosto de 1994.

        Supra, nota 7.

        Supra, nota 4.

       ei pr0£ Luis Negrón García señaló en 1970 los problemas que existían en Puerto Rico como resultado de la carencia de legislación adecuada. Como comple-mento a la Ley sobre Política Pública Ambiental de 1970 se presentó legislación que sirvió de base a la Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico (en adelante Ley de Aguas de 1976). L.F. Negrón García, Pro-yecto de Ley de Desarrollo de Aguas de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Rev. Jur. U.P.R., 1973, págs. 15-16.

       En su Art. 2 dispuso:
      “Los fines de este Capítulo son los siguientes: Establecer una política pública que estimule una deseable y conveniente armonta entre el hombre y su medio am-biente, fomentar los esfuerzos que impedirían o eliminarían daños al ambiente y la biósfera y estimular la salud y el bienestar del hombre; enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales importantes para Puerto Rico y estable-cer una Junta de Calidad Ambiental.” (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. see. 1122.
      En el Art. 3(a) dispuso:
      “(a) El Estado Libre Asociado, en pleno reconocimiento del profundo impacto de la actividad del hombre en las interrelaciones de todos los componentes del medio ambiente natural, especialmente las profundas influencias del crecimiento poblacio-nal, la alta densidad de la urbanización, la expansión industrial, recursos de explo-tación y los nuevos y difundidos adelantos tecnológicos y reconociendo además la importancia crítica de restaurar y mantener la calidad medio ambiental al total bienestar y desarrollo del hombre, declara que es política continua del Gobierno del Estado Libre Asociado, incluyendo sus municipios, en cooperación con las organiza-ciones públicas y privadas interesadas, utilizar todos los medios y medidas prácticas, incluyendo ayuda técnica y financiera, con el propósito de alentar y promover el bienestar general, para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.” (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. see. 1123.

       En la exposición de motivos la Asamblea Legislativa expresó:
      “La complejidad que exhiben los procesos económicos y sociales de Puerto Rico en sus interrelaciones con el mundo de los recursos naturales presenta retos de enorme magnitud para todos nuestros ciudadanos.
      “La magnitud de las fuezas demográficas, económicas y geográficas que se re-únen en Puerto Rico tienden a acelerar el deterioro ambiental, ejercen grandes pre-siones sobre la conservación de los recursos naturales y someten a las estructuras gubernamentales existentes a serios reclamos por soluciones rápidas y efectivas a esos agudos problemas.
      “Dada la actual estructuración de organismos públicos para bregar con la pro-blemática referida, dichos reclamos generalmente trascienden los poderes y faculta-des de las agencias existentes, o como sucede en numerosas ocasiones, la dispersión de funciones operacionales en múltiples agencias diluye el esfuerzo gubernamental y la solución es tardía o puede no llegar.
      “Lo anterior exije que se desarrolle, como complemento a la función de elaborar la política pública sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, una centralización efectiva de las funciones ope-racionales y de implementación de reglamentos que al presente desempeñan múlti-ples organismos gubernamentales, con la consiguiente duplicación de trabajo y pér-dida de esfuerzo y dinero.” Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, Exposición de Motivos, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, Leyes de Puerto Rico 430.

       El Art. 2, dispone:

        “Es política pública del Estado Libre Asociado mantener el grado de pureza de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el desarrollo del país, asegurar el abasto de aguas que precisen las generaciones puertorriqueñas pre-sentes y futuras mediante el establecimiento de áreas de reserva de aguas y aprove-char las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al interés público y a criterios de uso óptimo, beneficioso y razonables. A estos efectos, y a propósito, ade-más de proteger al país frente a las adversidades de la escasez, el mal uso, el des-perdicio y la contaminación de tan esencial recurso, así como para lograr que su aprovechamiento sea compatible con las realidades físico-naturales en que el mismo se encuentra y con las necesidades sociales y económicas del país, se declaran las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico propiedad y riqueza del Pueblo de Puerto Rico. El Gobierno del Estado Libre Asociado administrará y protegerá ese patrimonio a nombre y en beneficio de la población puertorriqueña.

        “Así mismo es política del Estado Libre Asociado lograr la distribución más equitativa y justa de sus aguas. A ese efecto se establece que las necesidades de agua adscritas al consumo doméstico, y particularmente al consumo humano, deberán ser satisfechas con prelación a cualesquiera otras y que en la adjudicación del sobrante disponible el interés público deberá prevalecer frente a todo otro interés o reclamo.” (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. see. 1502.

       “Desde 1952, tras la áprobación de la Constitución de Puerto Rico, existe una política pública relacionada con la conservación, el desarrollo ambientalmente sostenible y el aprovechamiento de los recursos naturales. A tono con esta política pública se ha concedido al Departamento de Recursos Naturales, desde su creación en él 1972, la misión de manejar, proteger, conservar, desarrollar y aprovechar los recur-sos naturales y el ambiente de la Isla. Es [éjste un fin primordial del gobierno ya que, por nuestro tamaño y condición de la isla, es prioritario el buen manejo de nuestros recursos y la protección del ambiente.

      “El sector de los recursos naturales y el medio ambiente comprende una serie de actividades, programas y organismos entre los que se encuentran el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Oficina de Energía y otros.
      “El presente Plan de Reorganización responde a la necesidad de que todos aque-llos organismos y programas cuyo objetivo principal es el desarrollo ambientalmente sostenible, utilización, aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla se desarrollen de una manera coor-dinada y eficiente dentro de una misma estructura administrativa. De otra parte, aquellos que fomentan el desarrollo de esos recursos con fines industriales, comer-ciales y turísticos pertenecen, por su propia naturaleza, al sector de desarrollo económico. Se reconoce asimismo que las funciones de la Junta de Calidad Ambiental son conflictivas con las anteriormente descritas, por lo que este organismo debe per-manecer como uno autónomo que responda directamente al Gobernador.
      “A tenor con esto, se renomina el Departamento de Recursos Naturales y se integran a éste programas que hasta ahora se encontraban fuera de la agencia.” Art. 1, Plan de Reorganización Núm. 1 de 1993, Leyes de Puerto Rico, págs. 603-604.

       La ley adoptó el principio de la integridad del ciclo hidrológico, por ende la necesidad de incluir dentro del plan de administración todas las aguas y cuerpos de agua. En la exposición de motivos se expresó: “El propio ciclo hidrológico ... consti-tuye ... una unidad, en vez de una sucesión de fenómenos aislados.” Ley de Aguas de 1976, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, Leyes de Puerto Rico, pág. 412.

       El Art. 4 de la Ley de Aguas de 1976 (12 L.P.R.A. see. 1504) claramente dispone que: “[el] uso, aprovechamiento y desarrollo [de todas las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico] estarán sujetos a las disposiciones de este Capítulo y de los reglamentos que se establezcan al amparo del mismo”. El término “aguas y cuerpos de agua” según definidos por la referida ley “incluye las aguas superficiales, las subterráneas, las costaneras y cualquiera otra dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado”. (Énfasis suplido.) 12 L.P.R.A. see. 1503.

       Sobre las servidumbres de agua, véanse: B. Biondi, Las Servidumbres, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1978. Sobre el tema del dominio y uso público de los recursos, véase M.J. Godreau y J.A. Giusti, Las concesiones de la Corona y pro-piedad de la tierra en Puerto Rico, siglos XVI-XX: un estudio jurídico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351 (1993); A. Guaita, Derecho Administrativo: Aguas, Montes Minas, Madrid, Ed. Civitas, 1986; M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. III, Vol. 1; S. Alvarez Gendín, El dominio público — su naturaleza jurídica, Barcelona, Ed. Bosch, 1956.

       El Reglamento, presentado en el Departamento de Estado el 30 de diciem-bre de 1992, fue promulgado a tenor con la Ley de Aguas de 1976 que dispone que el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales tendrá las facultades siguientes:
      “(j) Establecer un sistema de permisos y franquicias para el uso y aprovecha-miento de las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico y fijar los derechos a cobrar en cada caso....
      “(k) Reglamentar el diseño, la construcción, la operación y todo lo pertinente al cierre de instalaciones, estructuras o artefactos utilizados para extraer o alumbrar aguas subterráneas, en coordinación con otras agencias concernidas con estos asuntos.
      “(o) Promulgar, reglas de naturaleza sustantiva y procesal para la adjudicación de controversias entre particulares sobre aprovechamiento de aguas. 12 L.P.R.A. see. 1505.
      En relación con estas funciones, le compete al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales:
      “(g) mediante reglamento al efecto, establecer los derechos a pagarse por los permisos de hincado de pozos para extracción de agua subterránea en terrenos pú-blicos y privados ... controlar el uso y extracción de las aguas subterráneas, fijar su ritmo de extracción y establecer los derechos a pagarse por el agua subterránea que se extraiga de pozos en terrenos públicos o privados.” 3 L.P.R.A. sec. 155(g).
      Durante 1991 a 1992 el Departamento otorgó trescientos treinta y tres (333) franquicias de aguas; concedió doscientos cuarenta y cuatro (244) permisos de hin-cado de pozos; vendió el sesenta por ciento (60%) de los pozos hincados en 1989 y legalizó la extracción en veintisiete por ciento (27%) de éstos. Informe de Aguas del Departamento de Recursos Naturales, 1991-1992, pág. 19.
      Las facultades y deberes antes enumerados son consistentes con aquellos seña-lados en la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 151 et seq., y el Plan de Reorganización Núm. 1 de 1993, Leyes de Puerto Rico, pág. 603 (que crea el común-mente denominado “Departamento Sombrilla”).

       Refiérase al resumen que se hace sobre la opinión de los tratadistas Man-resa, Guaroa Velázquez, Borrell y Soler, y Puig Brutau sobre las servidumbres legales en Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, 122-125 (1964).

       Cabe señalar, además, que tratándose de agua para el consumo humano, la Ley para Proteger la Pureza de las Aguas Potables de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 21 de julio de 1977 (12 L.P.R.A. see. 1551 et seq.), es relevante a la controversia ante nuestra consideración.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Wilfredo Méndez Matos.

      Número: 5724

      Resuelto: 8 de mayo de 1995

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

   per curiam:

El 4 de marzo de 1994 suspendimos tempo-ralmente al Lie. Wilfredo Méndez Matos del ejercicio del notariado por no haber dado cumplimiento a una anterior resolución nuestra, mediante la cual se le instruía contes-tar los requerimientos del Director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías.

Luego de haberse incautado de su obra notarial y de haber examinado la misma, el 18 de noviembre de 1994 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos in-formó que el licenciado Méndez Matos había incurrido en serias deficiencias notariales durante 1988, 1989, 1990, 1991,1993 y 1994, y que aunque había corregido varias de ellas, todavía dicha obra notarial adolecía de deficiencias en los sellos ascendentes a $3,080.50. Faltaba también la encuademación del Protocolo de 1994.

En vista de lo anterior, el 9 de diciembre de 1994 emiti-mos una resolución dándole un término de 45 días al licen-ciado Méndez Matos para corregir las deficiencias aludidas y para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía. Dos meses más tarde, el 7 de febrero de 1995, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos informó que el licenciado Méndez Matos no había cum-plido con nuestra resolución en lo referente a corregir las deficiencias notariales pendientes. Tampoco se había reci-bido en nuestra Secretaría ninguna respuesta a nuestra orden de mostrar causa.

Así las cosas, el 3 de marzo de 1995, mediánte resolu-ción notificada personalmente, le dimos un término impro-rrogable de 30 días al licenciado Méndez Matos para cum-plir con nuestra Resolución de 9 de diciembre de 1994 y lo apercibimos de que el incumplimiento de esa resolución conllevaría su suspensión automática de la abogacía.

A la fecha de hoy han transcurrido dos meses desde la notificación de la referida resolución y el licenciado Mén-dez Matos no ha cumplido con la misma.

HH

Reiteradamente hemos resuelto que hacer caso omiso de las resoluciones de este Tribunal trae consigo sanciones disciplinarias severas. Col. Abogados PR. v. Diversé, Co-lón, Rivera, 136 D.P.R. 425 (1994); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991). Por esta razón, tomando en consideración el incumplimiento del querellado con las órdenes de este Tribunal, procede que decretamos su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía, tal y como había sido apercibido.

En vista de que el querellado está suspendido del ejer-cicio de la notaría desde el 4 de marzo de 1994 y su obra notarial está en el Archivo General de Protocolos, no hay nada que proveer al respecto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


text:
    Héctor Maldonado Arroyo, demandante y recurrente, v. Hon. Pedro A. Toledo Dávila, Superintendente de la Policía de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: AA-95-18

      Resuelto: 10 de mayo de 1995

      Pylar Gómez Vélez, abogada del recurrente.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Ante nuestra consideración fue sometida la apelación de epígrafe solicitando la revisión de la resolución emitida por el Superintendente de la Policía (en adelante Superinten-dente), el 1ro de diciembre de 1994, notificada y archivada en autos en la misma fecha. Mediante dicha resolución, el Superintendente le revoca al apelante una licencia de Guardia de Seguridad. El 20 de diciembre de 1994 el ape-lante solicitó al Superintendente la reconsideración de la resolución emitida. Transcurrido el término de quince (15) días dispuesto en la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2165, la agencia no tomó determinación alguna en tomo a la moción de reconsideración presentada. El ape-lante presentó recurso de revisión ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 1ro de febrero de 1995.

Con fecha de 16 de febrero de 1995, la Sala Superior de Caguas emitió resolución indicando que a tenor con la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, Ley de Detectives Priva-dos en Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 285 et seq., correspon-día la radicación del recurso ante la Sala Superior de San Juan y que de conformidad con el Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Leyes de Puerto Rico 2800, 2807, la competencia para entender en la solicitud de revisión correspondía a este Tribunal. Le indicó a la parte recurrente que debía presentar el recurso ante este Foro o, en la alternativa, solicitar conforme a derecho que ordená-ramos el traslado del recurso para su consideración. Final-mente, el 16 de marzo de 1995, el apelante optó por pre-sentar el recurso de revisión ante nuestra consideración.

Luego de examinado el recurso, así como las disposicio-nes pertinentes de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y el Reglamento del Tribunal Supremo, concluimos que la petición debe ser remitida al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Veamos.

El 24 de enero de 1995 entró en vigor la Ley de la Judi-catura de Puerto Rico de 1994. El 13 de enero de 1995 se aprobaron las Reglas de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo y un nuevo Reglamento del Tribunal Supremo. El 23 de enero de 1995 se enmendó la Regla 1(c) de Transición sobre la Aplicación del Regla-mento del Tribunal Supremo y la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estas enmiendas también entraron en vigor el 24 de enero de 1995.

La Regla 1(c) de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1995, según enmendada mediante Resolución de 23 de enero de 1995, pág. 2, define Agencia Administrativa de la forma siguiente:

(c) Agencia Administrativa — la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comi-sión Industrial, la Comisión de Servicio Público, la Administra-ción de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Co-misión de Investigación, Procesamiento y Apelación, la Comisión para Ventilar Querellas Municipales y cualquier otra agencia administrativa que por Ley específicamente se disponga que los recursos contra las decisiones finales de la agencia se presentarán en la Sala de San Juan del Tribunal Superior. (Én-fasis suplido.)

A su vez, la Regla 5(a) de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, pág. 10, dispone:

(a) Toda decisión dictada o emitida por una agencia adminis-trativa con anterioridad a la vigencia de la Ley, cuyo término para recurrir al tribunal haya comenzado a decursar con ante-rioridad a la vigencia de la Ley y no se haya interrumpido, se continuará tramitando bajo la ley vigente al momento en que comenzó a decursar el término para recurrir al tribunal. (Énfa-sis suplido.)

La Regla 18(i) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1995, según enmendado mediante Resolución de 23 de enero de 1995, pág. 6, indica:

(i) Aplicación
Esta Regla aplicará a todo recurso procedente de una agencia administrativa que según los incisos (d) y (e) del Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 será revisado mediante recurso de apelación ante el Tribunal Supremo y el Artículo 11(A) de la Ley de Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada por la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994. Todos los otros asuntos continuarán revisándose conforme a la ley anterior.

En el comentario a esta Regla 18(i), supra, págs. 8-9, se expresa:

Interpretando los Artículos 3.002(d) y (e), 5.003(a)(5) y 9.004(a), de forma cónsona con el espíritu de la Ley de la Judi-catura de Puerto Rico de 1994, y el propósito y objetivo de ésta de facilitar el acceso a los tribunales a los ciudadanos, y hacer la mejor y más eficiente utilización de los recursos de la Rama Judicial, en esta Regla disponemos sobre el procedimiento para las apelaciones al Tribunal Supremo de recursos provenientes de agencias administrativas. Entre estas agencias están las mencionadas en el Artículo 3.002(d) de la Ley: La Junta Azuca-rera, La Junta de Salario Mínimo, La Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión Industrial; además de cualquier otra agencia administrativa que por Ley se haya dispuesto que los recursos contra las disposiciones finales se presentarán y aten-derán en la Sala de San Juan. Entre estas últimas se encuen-tran: la Comisión de Servicio Público, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóvil, la Comisión de In-vestigación, Procesamiento y Apelación y la Comisión para Ven-tilar Querellas Municipales. La revisión de las decisiones de todas las demás agencias administrativas continuarán trami-tándose en el Tribunal Superior de la misma forma y manera que se hacía antes de entrar en vigor la Ley. Las sentencias que sobre éstas emita el Tribunal Superior podrán ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el recurso de certiorari, Regla 18(B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. (Énfasis suplido.)

En Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995), avalamos esta interpretación.

De otra parte, la Ley de Detectives Privados en Puerto Rico dispone que cuando el Superintendente deniegue o revoque una licencia, la parte agraviada podrá solicitar la revisión ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior. 25 L.P.R.A. sec. 285n(3).

Conforme a las disposiciones antes citadas, la determi-nación en el caso de autos es una que al amparo de las disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 podría ser revisada por este Foro mediante recurso apelativo. Esto, sin embargo, no resuelve el problema en el presente caso. La resolución fue emitida y notificada el 1ro de diciembre de 1994 y la moción de reconsideración fue interpuesta el 20 de diciembre. Transcurrido el término reglamentario de quince (15) días sin que la agencia to-mara acción en torno a la moción, el término para acudir en revisión comenzó a decursar el 4 de enero de 1995, antes de entrar en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. Conforme con la Regla 5(a) de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, corresponde tramitar la petición al amparo de la ley vigente al momento en que comenzó a decursar el término para recurrir al tribunal. El tribunal con competencia es el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, se dictará sentencia remitiendo el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que ésta se tramite conforme al derecho procesal vigente al momento en que comenzó a decursar el término para recurrir al Tribunal.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

      (1) Este caso y el de marras fueron certificados el mismo día.


text:
    Julio Montalvo, demandante, v. Municipio de Sabana Grande, demandado.

      Número: AA-95-13

      Resuelto: 10 de mayo de 1995

      José A. Morales, abogado del Municipio de Sabana Grande, apelante; Carlos M. Vargas Muñiz, abogado del apelado.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde hoy determinar, en armonía con el es-quema de revisión judicial de decisiones administrativas establecido en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, la competencia apelativa de los Tribunales de Pri-mera Instancia y de este Tribunal en torno a la revisión de los dictámenes emitidos por la Junta de Planificación (en adelante Junta) en el ejercicio de sus funciones adjudicati-vas y cuasilegislativas.

El Municipio de Sabana Grande (en adelante Municipio) solicitó la revisión de la resolución final emitida por la Junta con relación a la consulta de ubicación formulada por el Sr. Julio Montalvo para la construcción de un pro-yecto residencial en el referido Municipio. Mediante la alu-dida resolución, la Junta autorizó la construcción de un proyecto residencial multifamiliar consistente de veinte (20) unidades de vivienda distribuidos en cinco (5) edificios de dos (2) niveles a ser ubicados al final de la Calle A.G. Martínez en el Barrio Santana del Municipio.

La Junta emitió resolución concediendo la antedicha au-torización el 1ro de septiembre de 1994, notificada y archi-vada en autos el 28 del mismo mes. Oportunamente, el Municipio solicitó la reconsideración el 7 de octubre de 1994. Mediante Resolución de 21 de octubre, la Junta aco-gió para su evaluación la moción de reconsideración presentada. Finalmente, y tras varios trámites procesales, el 29 de diciembre la Junta emitió una resolución decla-rando sin lugar la moción de reconsideración presentada por el Municipio, la cual fue notificada y archivada en autos el 2 de febrero de 1995. El Municipio presentó su re-curso de apelación ante nuestra consideración el 2 de marzo de 1995. El 14 de marzo fue recibida la oposición al recurso apelativo presentado por el apelado, Sr. Julio Montalvo.

Luego de examinado el recurso, así como las disposicio-nes pertinentes de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y sus antecesoras, el Reglamento del Tribunal Supremo y la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. see. 62 et seq.), concluimos que la petición presen-tada ante nuestra consideración no cualifica para ser aten-dida por este Foro mediante recurso de apelación. Veamos.

En Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995), avalamos la interpretación que del Art. 3.002(e) se hiciera en el Comentario a la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo y en la Regia 1(c) so-bre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo. También analizamos la trayectoria histórica de la inclusión del concepto de revisión exclusiva de las revisiones de de-cisiones administrativas por la Sala de San Juan del Tribunal Superior en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. Luego de lo cual concluimos que habiéndose eli-minado, con la aprobación de la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993, la disposición que establecía la Sala de San Juan como el foro exclusivo competente para atender los recur-sos administrativos, es menester, entonces, acudir a las le-yes orgánicas de las diferentes, agencias para determinar cuáles estatutos disponen que la revisión de sus dictáme-nes competerá exclusivamente a la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

En consonancia con lo antes expuesto, reiteramos que los cambios experimentados por la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 con relación a la revisión de decisiones emitidas por organismos administrativos y en aras de la interpretación más adecuada de la ley actual, sólo los re-cursos provenientes de organismos administrativos en que en virtud de una disposición específica del estatuto orgá-nico se disponga que éstos sérán atendidos exclusivamente por la Sala de San Juan del Tribunal Superior, cualifican para ser atendidos por el Tribunal Supremo mediante re-curso de apelación. Lo anterior resulta cónsono con la in-terpretación de la ley que hiciéramos en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra, la Regla 1(c) de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo y la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Concluido lo anterior, examinemos el estatuto orgánico de la Junta, en particular, la disposición pertinente a la revisión judicial.

El Art. 32 de la Ley Núm. 75, supra, 23 L.P.R.A. see. 63d, dispone con respecto a la revisión judicial:

(a) Cualquier parte afectada por una actuación, decisión o resolución de la Junta de Planificación de Puerto Rico en su función adjudicativa en relación con la cual una petición de reconsideración hubiera sido formulada ante la Junta de Plani-ficación dentro de los primeros treinta (30) días del depósito en el correo de la notificación de tal actuación o decisión y dene-gada por ésta, podrá entablar recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan o la sala cuya jurisdicción comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, dentro del término de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración.
Establecido el recurso de revisión, si se expide auto al efecto, será deber de la Junta de Planificación de Puerto Rico elevar al tribunal los autos del caso, dentro de los quince (15) días si-guientes a la expedición del auto.
La revisión ante el Tribunal Superior se limitará exclusiva-mente a cuestiones de derecho.
(b) Las actuaciones, decisiones o resoluciones de la Junta de Planificación en el ejercicio de sus funciones cuasi legislativas, tales como la adopción y promulgación de reglamentos y mapas de zonificación, o las enmiendas a los mismos, serán finales; Disponiéndose, que en los casos en que la Junta no cumpla con los requisitos estatutarios para la adopción y promulgación, o enmiendas a dichos reglamentos y mapas, podrá recurrirse ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, a impugnar el procedimiento seguido, dentro de un término de treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de los mismos.
(c) Cualquier parte adversamente afectada por las actuacio-nes, decisiones o resoluciones del Administrador sobre consultas de ubicación que le hayan sido delegadas por la Junta en virtud del inciso (19)(b) de la sec. 62j de este título, deberá solicitar de éste una petición de reconsideración para presentar nueva evi-dencia y/o demostrar que las actuaciones o resoluciones del Ad-ministrador no se ajustan a las disposiciones legales y regla-mentarias vigentes, dentro de los primeros treinta (30) días del depósito en el correo de la notificación de tal actuación, decisión o resolución y denegada por éste, podrá entablar recurso de revisión ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico, o en la sala cuya jurisdicción comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, a discreción de la parte promo-vente, siguiendo un procedimiento igual al que se establece en el, inciso (a) de esta sección para la revisión de actuaciones, deci-siones y resoluciones de la Junta de Planificación en su función adjudicativa. La revisión ante el Tribunal Superior se limitará exclusivamente a cuestiones de derecho. (Enfasis suplido.)

De la disposición anterior surge que el estatuto orgánico de la Junta, en casos en que ésta actúa en su función adjudicativa, brinda la opción al apelante de escoger el foro competente para interponer su recurso de revisión. Este podrá presentar el recurso en la Sala de San Juan del Tribunal Superior o en la Sala competente con-forme a la ubicación del proyecto. Surge con meridiana cla-ridad que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, no es el foro exclusivo para interponer los recursos de revisión de las decisiones finales de la Junta en su función adjudicativa.

La controversia de autos trata sobre una autorización brindada por la Junta para la construcción de un proyecto residencial en respuesta a una consulta de ubicación pre-sentada ante su consideración. Es, pues, una actuación de la Junta en su función adjudicativa que puede ser revisada por la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia o por el foro competente, conforme a la ubicación del proyecto. Estando ubicado el proyecto en el Municipio de Sabana Grande, la revisión puede ser presentada ante la Sala Superior de San Juan o ante la Sala Superior de Mayagüez, a discreción del apelante.

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, resolvemos que la petición de epígrafe no cualifica para ser atendida por este Foro mediante recurso de apelación. Se le concede a la parte apelante el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta opinión, para que le indique a esta Curia la Sala Superior de su preferencia conforme a lo antes señalado. Una vez cumplida la antedicha orden, el recurso será remitido por el Secretario de este Tribunal al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan o Mayagüez, de acuerdo con lo indicado por el apelante para que éste sea atendido de la forma y manera en que se efectuaba antes de entrar en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.

Por todo lo antes expuesto se dictará sentencia conforme los términos de esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

       Este caso y el de marras fueron certificados el mismo día.

       El Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, que entró en vigor el 24 de enero de 1995, dispone que el Tribunal Supremo atenderá:
      “(e) Mediante recurso de apelación, revisará las decisiones, resoluciones y pro-videncias dictadas por organismos, funcionarios y agencias administrativas y por subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que hasta la vigen-cia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.”
        (Énfasis suplido.) 1994 Leyes de Puerto Rico 2800, 2807.

       El comentario a esta Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1995, según enmendado mediante Resolución de 23 de enero de 1995, págs. 8-9, expresa lo siguiente:
      “Interpretando los Artículos 3.002(d) y(e), 5.003(a)(5) y 9.004(a), de forma cón-sona con el espíritu de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, y el propósito y objetivo de ésta de facilitar el acceso a los tribunales a los ciudadanos, y hacer la mejor y más eficiente utilización de los recursos de la Rama Judicial, en esta Regla disponemos sobre el procedimiento para las apelaciones al Tribunal Supremo de recursos provenientes de agencias administrativas. Entre estas agencias están las mencionadas en el Artículo 3.002(d) de la Ley: la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión Industrial; además de cualquier otra agencia administrativa que por Ley se haya dispuesto que los re-cursos contra las disposiciones finales se presentarán y atenderán en la Sala de San Juan. Entre estas últimas se encuentran: la Comisión de Servicio Público, la Admi-nistración de Compensación por Accidentes de Automóvil, la Comisión de Investiga-ción, Procesamiento y Apelación y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. La revisión de las decisiones de todas las demás agencias administrativas continua-rán tramitándose en el Tribunal Superior de la misma forma y manera que se hacía antes de entrar en vigor la Ley. Las sentencias que sobre ésta emita el Tribunal Superior podrán ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el recurso de certiorari, Regla 18(B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones." (Énfasis suplido.)
      A su vez, la Regla 18(i) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, pág. 6, indica:
      “(i) Aplicación
      “Esta Regla aplicará a todo recurso procedente de una agencia administrativa que según los incisos (d) y (e) del Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 será revisado mediante recurso de apelación ante el Tribunal Supremo y el Artículo 11(A) de la Ley de Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada por la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994. Todos los otros asuntos continuarán revisándose conforme a la ley anterior.”

       La Regla 1(c) de Transición sobre Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, según enmendada mediante Resolución de 23 de enero de 1995, pág. 2, define Agencia Administrativa de la forma siguiente:
      “(c) Agencia Administrativa — la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión Industrial, la Comisión de Servicio Público, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales y cualquier otra agencia administrativa que por Ley específi-camente se disponga que los recursos contra las decisiones finales de la agencia se presentarán en la Sala de San Juan del Tribunal Superior.” (Énfasis suplido.)

       Para un análisis más detallado en torno a la revisión de decisiones adminis-trativas por el Tribunal de Primera Instancia, véase J.A. Cuevas Segarra, Práctica procesal puertorriqueña: práctica apelativa, San Juan, Eds. J.T.S., 1995, págs. 1-7.

       Cabe señalar que, a tenor con la antes transcrita disposición, la Sala de San Juan atenderá con carácter de exclusividad las revisiones de los dictámenes emitidos por la Junta de Planificación en el ejercicio de sus funciones cuasi legislativas. En atención a lo antes señalado y en consonancia con las disposiciones de la ley, las determinaciones de la mencionada Junta en su función cuasi legislativa cualifican para ser atendidas por este Foro mediante recurso de apelación.


text:
    Corporación de Crédito y Desarrollo Agrícola, apelante, v. Unión General de Trabajadores, apelada.

      Número: AA-95-19

      Resuelto: 10 de mayo de 1995

      Roberto Ariel Fernández, de Goldman, Antonnetti & Córdova, abogado del apelante. .
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I Ante nuestra consideración fue sometida la apelación de epígrafe solicitando la revisión del Laudo de Arbitraje (en adelante el Laudo), emitido por un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante el Negociado). Mediante dicho laudo se declaró con lugar una querella presentada por la apelada, Unión General de Trabajadores. El Laudo fue emitido el 15 de febrero de 1995, notificado y archivado en autos el 16 del mismo mes. Inconforme con dicho dicta-men, acude ante nos la Corporación de Crédito y Desarro-llo Comercial y Agrícola mediante escrito de apelación pre-sentado el 20 de marzo de 1995.

La apelante invoca la jurisdicción de este Tribunal en virtud de lo dispuesto en la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1995 y en el Ait. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Leyes de Puerto Rico 2800, 2807, el cual establece que este Tribunal revisará, mediante recurso de apelación, ‘las decisiones, resoluciones y providencias dictadas por organismos, funcionarios y agencias administrativas y por subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hasta la vigencia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior[,] Sala de San Juan”. Indica, además, la apelante que conforme con la opinión emitida en U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985), correspondía al Tribunal Superior la expedición de un auto de revisión que impugna un laudo de arbitraje y que conforme al artículo de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 antes citado, corresponde a este Tribunal atender el recurso de apelación presentado.

Luego de examinado el recurso, las disposiciones perti-nentes de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y del Reglamento del Tribunal Supremo, así como las dispo-siciones vigentes de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., y nuestros pronunciamientos emitidos en U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra; Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.RR. 497 (1995), y Montalvo v. Mun. de Sabana Grande, 138 D.P.R. 483 (1995), conclui-mos que la petición no cualifica para ser atendida por este Foro mediante recurso de apelación. El foro apropiado para entender en la petición presentada es la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. Veamos.

1 — I h-H

Recientemente, en Farmacias Moscoso, Inc. v. Kmart Corp., supra, avalamos la interpretación que del Art. 3.002(e), supra, hiciéramos en la Regla 18 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el comentario a esta regla y en la Regla 1(c) de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo. Concluimos entonces que sólo cualifican para ser atendidos mediante recurso apelativo ante este Foro los dictámenes emitidos por las agencias administrativas que por disposición de ley se haya establecido que los recursos contra las disposiciones finales se presentarán y atenderán en la Sala de San Juan.

“Interpretando los Artículos 3.002(d) y (e), 5.003(a)(5) y 9 .004(a), de forma cónsona con el espíritu de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, y el propósito y objetivo de ésta de facilitar el acceso a los tribunales a los ciudadanos, y hacer la mejor y más eficiente utilización de los recursos de la Rama Judicial, en esta Regla disponemos sobre el procedimiento para las apelaciones al Tribunal Supremo de recursos provenientes de agencias administrativas. Entre estas agencias están las mencionadas en el Artículo 3.002(d) de la Ley: la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión Industrial; además de cualquier otra agencia administrativa que por Ley se haya dispuesto que los re-cursos contra las disposiciones finales se presentarán y atenderán en la Sala de San Juan. Entre estas últimas se encuentran: la Comisión de Servicio Público, la Admi-nistración de Compensación por Accidentes de Automóvil, la Comisión de Investiga-ción, Procesamiento y Apelación y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. La revisión de las decisiones de todas las demás agencias administrativas continua- rán tramitándose en el Tribunal Superior de la misma forma y manera que se hacía antes de entrar en vigor la Ley. Las sentencias que sobre ésta emita el Tribunal Superior podrán ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el recurso de certiorari, Regla 18(B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones.” (Enfasis suplido.)

Ahora bien, en U.I.L. de Ponce v. Best. Serrallés, Inc., supra, pág. 355, resolvimos que el procedimiento a seguirse ante el foro judicial para la impugnación de un laudo de arbitraje será similar al utilizado cuando el tribunal, actuando como foro apelativo, revisa la corrección o incorrección de la sentencia emitida por un tribunal inferior o la decisión de un organismo administrativo, de conformidad con las Reglas para el Procedimiento de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior. Posteriormente, al aprobarse la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, expresamente se excluyó al Negociado de la definición de “agencia” contenida en la ley. A tales efectos dispuso, en lo pertinente, la Sec. 1.3 de la citada ley, 3 L.P.R.A. sec. 2102a(7), lo siguiente:

A los efectos de este Capítulo los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) “Agencia” significa cualquier junta, cuerpo, tribunal exa-minador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u organismo administra-tivo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de reglamen-tar, investigar, o que pueda emitir una decisión, o con faculta-des para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar, ex-cepto:
(7) El. Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos. (Enfasis suplido.)

En el Informe Conjunto que rindieran al Senado de Puerto Rico las Comisiones de Gobierno Estatal, Asuntos Municipales y de lo Jurídico de la Cámara de Representan-tes en tomo al P. del S. 350 para la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se indicó con relación a la Sec. 1.3 lo siguiente:

La Sección 1.3 contiene el catálogo de definiciones que habrán de utilizarse en la medida. La definición de Agencia recoge sólo a aquellas agencias que por disposición de ley llevan a cabo funciones de reglamentar, o que emitan decisiones o tengan facultades para expedir licencias, certificados, permisos y otros.
Quedan expresamente excluidos de esta definición la Asamblea Legislativa, la Rama Judicial, la Oficina Propia del Goberna-dor, la Guardia Nacional de Puerto Rico, los Gobiernos Munici-pales o sus entidades o corporaciones, la Comisión Estatal de Elecciones, el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Depar-tamento del Trabajo y finalmente cualquier otra agencia exis-tente o que se pueda crear en él futuro que tenga o tuviese juris-dicción para resolver controversias a través de medios voluntarios de solución de disputas. (Enfasis suplido.)

De las disposiciones antes citadas surge con meridiana claridad que la intención del legislador fue excluir al Negociado de las agencias reglamentadas por la ley, siendo éste un organismo al cual las partes acuden voluntariamente para dilucidar una disputa obrero-patronal. Al integrar lo antes expuesto con las disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y del Reglamento del Tribunal Supremo, forzoso es concluir que el Negociado no es una “agencia administrativa” de las que cualifica para que sus dictámenes sean revisados por este Foro me-diante recurso apelativo. Aún cuando jurisprudencial-mente se haya establecido para la revisión de un laudo un procedimiento análogo al de revisión de dictámenes admi-nistrativos, ello no convierte al Negociado en una agencia administrativa a los efectos de que sus decisiones deban ser apeladas ante este Foro. Cabe señalar, además, que ni en la ley orgánica que creó el Negociado ni en U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, se estableció la Sala Superior de San Juan como el foro exclusivo para atender los recursos de revisión impugnando laudos de arbitraje.

f — I HH I

Concluido lo anterior, nos resta resolver entonces cuál es el tribunal competente para atender el recurso de revi-sión presentado que impugna el laudo emitido en el caso de autos. En U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, pág. 355, señalamos que serían de aplicación a estos recur-sos las Reglas para el Procedimiento de Revisión de Deci-siones Administrativas ante el Tribunal Superior. Por su parte, el Art. 5.003(a)(4) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 dispone que el Tribunal de Primera Instancia conocerá de todo asunto que con anterioridad a la vigencia de esta ley era atendido por el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito y el Tribunal Municipal.

En atención a lo anterior, concluimos que el tribunal competente para atender el recurso de revisión de un laudo de arbitraje es la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. Habiéndose dilucidado la controversia de autos en el Negociado, adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ubicado en Hato Rey, y de con-formidad con la Regla 3 para el Procedimiento de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. VIII-B, corresponde remitir el recurso a la consideración del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia me-diante la cual se ordena remitir el recurso de apelación presentado al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

       Este caso y el de marras fueron certificados el mismo día.

       El Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 dispone que este Tribunal atenderá:
      “(e) Mediante recurso de apelación, revisará las decisiones, resoluciones y pro-videncias dictadas por organismos, funcionarios y agencias administrativas y por subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que hasta la vigen-cia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.” (Enfasis suplido.)

       La Regla 18(i) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1995, según enmendado mediante Resolución de 23 de enero de 1995, pág. 6, dispone:
      “(i) Aplicación
      “Esta Regla aplicará a todo recurso procedente de una agencia administrativa que según los incisos (d) y (e) del Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 será revisado mediante recurso de apelación ante el Tribunal Supremo y el Artículo 11(A) de la Ley de Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada por la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994. Todos los otros asuntos continuarán revisándose conforme a la ley anterior.”

       En el comentario a esta regla se expresa:

       La Regla 1(c) de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, según enmendada mediante Resolución de 23 de enero de 1995, pág. 2, define Agencia Administrativa de la forma siguiente:
      “(c) Agencia Administrativa — la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión Industrial, la Comisión de Servicio Público, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, la Comisión para Ventilar Querellas Municipales y cualquier otra agencia administrativa que por ley específi-camente se disponga que los recursos contra las decisiones finales de la agencia se presentarán en la Sala de San Juan del Tribunal Superior.” (Enfasis suplido.)

       Dispone dicha regla:
      “El recurso se presentará en la sala del Tribunal Superior que se hubiera dis-puesto por ley. En aquellos casos en que no haya disposición de ley al respecto, el recurso se presentará en la sala del lugar donde se esté, se planee o se haya llevado a cabo la actividad o incidente que hubiera dado lugar a la controversia. Si la acti-vidad o incidente se está llevando o se llevará a cabo, o hubiere ocurrido en más de un distrito judicial se podrá presentar el recurso en cualquiera de las salas ubicadas en tales distritos judiciales.”