author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Reinaldo Pascual, demandante y recurrido, v. Francisco Fernández Sierra y Yolanda Llopategui, demandados; Berens Mortgage Bankers, Inc., tercerista y recurrente.

      Número: R-78-213

      Resuelto: 9 de febrero de 1979

      José Garrido Monge, Luis León y L. León Freyre, abogados de la tercerista y recurrente; C. R. López de Victoria e I. R. López de Victoria, abogados del demandante y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En su intervención por vía de demanda enmendada de tercería e injunction alega la recurrente Berens Mortgage Bankers, Inc. (Berens) que el 30 de enero de 1974 mediante escritura Núm. 51 ante el notario Lie. José Garrido Monge, el recurrido Reinaldo Pascual y su esposa Sara Domingo ven-dieron a los esposos Francisco Fernández Sierra y Yolanda Llopategui por precio de $55,000 un solar de 554.86 m/c y casa de concreto en la Urbanización San Fernando, del Barrio Monacillos de Río Piedras; y que por escritura Núm. 52 de igual fecha y ante el mismo Notario, los compradores cons-tituyeron “primera hipoteca” sobre la citada finca urbana en garantía a Berens de pagaré evidencia de préstamo por $55,000 que ésta les facilitó para pagar el precio; que al día siguiente 31 de enero de 1974 los compradores y deudores Fernández Sierra y esposa otorgaron la escritura Núm. 4 ante el notario Lie. Alberto Sepúlveda sobre constitución de hipoteca garantizando un pagaré al portador por la cantidad de $5,300 que entregaron a su vendedor Reinaldo Pascual; que esta segunda hipoteca fue presentada en el Registro de la Propiedad el 8 de febrero de 1974 y la de Berens se presentó el 26 del mismo mes y año, resultando el crédito de ésta pos-tergado al inscribirse como segunda hipoteca, detrás del de Pascual que fue inscrito como primera, en estricto orden de presentación; que en 26 de enero de 1977 Pascual radicó de-manda contra sus compradores y deudores, en cobro de $2,650 e intereses, importe del segundo plazo de su pagaré hipotecario, obtuvo sentencia en rebeldía y procedió a la ejecución del inmueble llegando hasta subasta en que compa-reció como único licitador y la cual fue anulada por falta de notificación a los acreedores posteriores; y que subsanado el error y de seguirse la ejecución con nueva subasta, Berens no tendría más remedio para proteger su crédito, que pagar la acreencia de Pascual, erogación y desembolso adicional que no fue contemplado en su préstamo a los compradores. Ter-mina solicitando la suspensión de la subasta y el reconoci-miento de su hipoteca como primero y preferente gravamen sobre la referida finca urbana.

A la demanda de Berens siguió su moción de sentencia sumaria en la que incorpora los hechos esenciales de la pri-mera, destacando el hecho de que “fue intención y propósito de todas las partes en esa negociación, vendedores, compra-dores y Berens, sin cuya condición ésta no hubiera facilitado el préstamo, la de que la hipoteca a favor de Berens tuviera rango de primera hipoteca, como es costumbre en estos casos”; y añade:

“El demandante Reinaldo Pascual que es el tenedor del pa-garé por $5,300.00 y que como tal inició la ejecución origen de este expediente, no puede considerarse como tercero de buena fe, porque si bien no intervino en el contrato de hipoteca en garantía de ese pagaré, Pascual tenía conocimiento de los pactos o convenios habidos entre las partes en la oportunidad en que él vendió su casa, en el sentido de que la hipoteca de Berens debía tener el concepto de primera hipoteca.
El Sr. Pascual no puede acogerse a los beneficios que concede la ley a los terceros y al principio de primero en tiempo, primero en derecho, sabiendo, como sabía, que la hipoteca de Berens tenía que ser preferente a cualquiera otra de fecha posterior.
El Sr. Pascual pretende aprovecharse del descuido o falta de diligencia de Berens en llevar con rapidez al registro la copia certificada de su escritura de hipoteca, y se apresuró en llevar la suya que era de fecha posterior, a fin de que se inscribiera con anterioridad, convirtiendo así, desde el punto de vista registral en primera hipoteca la que debió tener el rango de segunda.
Pascual tenía conocimiento, fuera del registro, de la discon-formidad entre lo que aparece del registro y lo que era la reali-dad extraregistral, circunstancia ésta que lo priva del requisito de la buena fe. El sabía de la verdadera situación jurídica de su derecho de hipoteca la cual no se reflejaba exactamente en el registro.”

En su contestación a la demanda de tercería de Berens, el vendedor Pascual no controvierte la alegación esencial de que al otorgar la escritura de compraventa fue enterado y aceptó que la hipoteca garantizando el préstamo de Berens para pago del precio tendría rango de primera, por lo que debe considerarse admitida. A igual conclusión es forzoso llegar examinado el escrito de oposición por el demandante Pascual a la solicitud de sentencia sumaria de Berens en la cual tampoco niega los párrafos arriba transcritos en los que se le imputa falta de buena fe excluyente de toda condición de tercero. Ha descansado exclusivamente en la teoría de que nuestra decisión en Ponce Federal Savings v. Registrador, 105 D.P.R. 486 (1976), no permite cuestionar la buena fe de quien gana prioridad con la simple presentación en el Registro.

El 11 de mayo de 1978 la Sala de San Juan del Tribunal Superior dictó sentencia sumaria desestimando la reclama-ción de Berens y ordenando la continuación de la ejecución de sentencia obtenida por Pascual. Al recurso de revisión de la tercerista Berens notamos inaplicación de Ponce Federal Savings, supra, y el 29 de septiembre de 1978 expedimos la siguiente orden:

“Se concede al demandante-recurrido un término a vencer en 13 de octubre de 1978 para que muestre causa por la que no deba ordenarse la paralización de los trámites de ejecución de senten-cia en el caso civil Núm. 77-485 de la Sala de San Juan del Tribunal Superior, dejar sin efecto la sentencia dictada en 11 de mayo de 1978 contra el tercerista Berens Mortgage Bankers, Inc., y remitir el caso al tribunal de instancia para ventilar la cues-tión de si el demandante es o no tercero de buena fe por haber tenido conocimiento de los pactos o convenios habidos entre las partes en el acto de la venta de la propiedad objeto del pleito en el sentido de que la hipoteca constituida a favor del tercerista Berens habría de tener el rango de primera hipoteca, y por tanto ser preferente a la hipoteca constituida a favor del demandante-recurrido.”

La contestación del recurrido Pascual sigue aprisionada en el argumento de que el ser o no ser el primer presentante un tercero de buena fe, es cuestión irrelevante a la prioridad conferida a quien primero llega al Registro.

Empezaremos por recordar que Ponce Federal Savings v. Registrador, supra, se resolvió en el limitado cauce del re-curso gubernativo, en el cual nunca se suscitó, pues no lo per-mite dicho procedimiento, cuestión alguna sobre tercero de buena fe. Allí no fue parte el primer presentante y el recurso fue finalmente desestimado por aparecer que la Registradora no restó valor legal a los documentos del Banco, ni tenía fa-cultad para adjudicar rangos diferentes a los que resultan del “automatismo dictado por la cronología” de la presen-tación. Por igual razón de no cuestionarse la buena fe del presentante, tampoco sostiene al -recurrido lo resuelto en Riera v. Registrador de San Juan I, 23 D.P.R. 540, 545 (1916).

La extensión del asiento de presentación es operación obligada para el Registrador si el título reúne los requisitos necesarios para practicarla. Sin embargo, la eficacia del principio prior tempore, potior jure en cuanto se proyecta más allá de la formalidad que otorga una preferencia automática a quien primero llega al Registro, está supeditada al principio de fe pública registral, y como dice Roca Sastre “concretamente a la necesidad de que el favorecido por la prioridad reúna la condición de tercero hipotecario.” El ilustre comentarista, al afirmar que el principio de fe pública condiciona material o sustancialmente, aunque no formal u objetivamente, al de prioridad, dictamina: “En el orden formal o adjetivo, esto es, en lo relativo al procedimiento registral o modo de proceder el Registro, éste sólo ha de tomar en consideración el principio de prioridad, pues la fe pública registral es materia ajena al Registrador y, por tanto, únicamente ha de tener presente el orden de presentación de los títulos o actos registrables. Pero en el aspecto material o sustantivo, esta rigidez cronológica quiebra cuando el favorecido por el principio de prioridad no está protegido a su vez por la fe pública del Registro.” (Énfasis en el original.)

En nuestro sistema inmobiliario registral, que es de inscripción, a diferencia de los sistemas de transcripción que concentran la energía protectora en el solo hecho de acu-dir antes a registrar, el principio de prioridad cede al de fe pública del Registro erigida en torno a la figura del tercero de buena fe. El rango o preferencia excluyente obtenido con la presentación al Registro a tenor del principio de primero en tiempo primero en derecho, no es final e irrevisable. Hay un recurso a los tribunales de justicia para litigar las cues-tiones que afecten la virtualidad o legitimidad de la prefe-rencia ganada en el Registro. La aplicación del Art. 34 de la Ley Hipotecaria, que regula los derechos de tercero es de la exclusiva competencia de los tribunales.

En el decurso del tiempo, nuestra jurisprudencia se ha enriquecido con precedentes valiosos que en observancia del rigor científico de nuestro Derecho inmobiliario ha elevado y sobrepuesto la calidad de tercero civil en plano superior al tercero hipotecario, reflejo inevitable del más vasto orden moral y jurídico realizado en el Código Civil, que no alcanza la mecánica externa, y en substancial grado formalista, del Registro de la Propiedad. Castán percibe como nota predo-minante del Derecho civil la presencia de “un elemento y un carácter interno de índole racional y moral: su contenido legitimador, su justicia, es decir, su conformidad con la idea de justicia o, cuando menos, como dicen algunas direcciones modernas, su orientación o tendencia a lo justo. Esta exigen-cia racional o exigencia de justicia, consustancial al Derecho natural, es de rigor también para la existencia del Derecho positivo. Para que el estatuto positivo de la vida colectiva sea legítimo no basta que un orden cualquiera sea por él esta-blecido ; hace falta, además, que este orden sea puesto al ser-vicio de la idea de la justicia, valor supremo que constituye la finalidad y razón de ser del Derecho. En definitiva, este elemento, más que ningún otro, es el que da su sentido espe-cífico a la noción del Derecho.”

Este Tribunal ha puesto el ordenado acceso al Registro al servicio de la idea de la justicia sentenciando: no puede considerarse tercero aquél que tiene conocimiento al adquirir el inmueble de las cargas que lo afectan, aunque no haya intervenido en el contrato inscrito. (Valdés v. Del Valle, et al., 1 D.P.R. 25, 32 y ss. (1899) confirmado en Cuebas v. Banco Territorial y Agrícola, et al., 19 D.P.R. 1171, 1174 (1913)); sin honrada intención no es factible acogerse al premio que el Art. 1362 del Código Civil otorga al primero de los dos compradores de una misma cosa raíz que llega primero al Registro de la Propiedad (Abella v. Antuñano, 14 D.P.R. 498, 505 (1908)); con Gómez de la Serna que “[n]o tiene buena fe el que habiendo presenciado el acto o contrato en virtud del cual uno se ha desprendido del dominio de la cosa y sabiendo, por lo tanto, y de ciencia propia, que corresponde al que delante de él la adquirió, la compra, o por cualquiera otra clase de contrato la obtiene del antiguo dueño con pleno conocimiento de que no lo es, y aprovechándose del descuido que tal vez tenga el primer adquirente en hacer la inscripción, se apresura a llevar la suya al registro para que con arreglo al artículo 17 no pueda ya inscribirse aquélla en que él intervino como escribano o como testigo. Favorecer esta adquisición tan de mala fe en perjuicio del que adquirió la misma cosa con buena fe, no sería moral ni justo: si prevale-ciera, se abriría ancha puerta a lamentables abusos.” (Ninlliat v. Suriñac, et al., 24 D.P.R. 67, 76-77 (1916)); así la buena fe es uno de los requisitos que debe reunir el tercer adquirente para poder gozar de las ventajas que reporta el principio de la fe pública; y con Roca Sastre, “[l]a circuns-tancia de que el tercero haya adquirido de buena fe, como presupuesto necesario para la protección registral, es cosa embebida dentro del importante principio de la fides pública registral. . . . Buena fe, en el sentido técnico aquí empleado, es el desconocimiento por el tercer adquirente de la verdadera situación jurídica del derecho adquirido, en la parte no refle-jada exacta o íntegramente en el Registro. Es la ignorancia de la inexactitud registral, entendida ésta en sentido amplio.” (Énfasis en el original.) (Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363, 376 (1963)); “Pero ese solo hecho no le da la protección hipo-tecaria que invoca. Hay que adicionarle su estado de buena fe civil . . . aquel que demuestra que el posterior adquirente no tenía conocimiento fuera del Registro de la disconformidad de los hechos entre lo que aparece del Registro y lo que pu-diera ser la realidad.” (Sánchez v. Colón, 97 D.P.R. 493, 497 (1969)) y por voz del Juez Jacinto Texidor,

“El Tribunal Supremo de España en buen número de deci-siones ha declarado que aquél que conoce la existencia de un gravamen, o la situación jurídica de un inmueble, no es en reali-dad un tercero, en cuanto a ese gravamen o a esa situación. La ley no vive en un medio ambiente ficticio, sino en un conjunto de realidades. No basta, por sí solo, el elemento filosófico, el prin-cipio ético jurídico, para dar vida a la ley; ésta necesita, como necesita el cuerpo humano el aire para respirar, de los elementos históricos y circunstanciales. Por esa razón, el Tribunal Supremo de España en esas sentencias de que hablamos, han puesto la mirada en las realidades de la vida; y si una persona ha venido percibiendo con sus sentidos los signos evidentes de una serví-dumbre, no puede por una ficción legal, ser un tercero con res-pecto a ese gravamen. Aparte de ese punto de vista, muestran esas decisiones la íntima relación entre el Derecho Civil, y su rama la Ley Hipotecaria, pese a los que pretenden independizar ésta de aquél. Con relación al Derecho Civil, la Ley Hipotecaria es un menor que nunca alcanzará la mayoría de edad.” Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, 272 (1929), seguido en Colón v. Plazuela Sugar Co., 47 D.P.R. 871, 876 (1935) .

Tanto en su contestación a la demanda como en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria, el demandante y recurrido Pascual ha admitido hallarse informado por conocimiento directo derivado de su presencia en el acto de otorgamiento de las escrituras de compraventa en que fue vendedor, y de hipoteca en garantía del pagaré por $55,000 entregado por sus compradores Fernández Sierra y esposa a Berens, de que este crédito hipotecario tendría rango de primero, como lo tiene usualmente la hipoteca dada a quien prestó su dinero para adquirir la vivienda. Su efímero triunfo presentando en el Registro su crédito hipotecario antes que Berens, se ha disuelto confrontado con el superior valor de justicia que le niega calidad de tercero de buena fe. Quien carece de la condición de tercero civil no podrá ganar la de tercero hipotecario por el puro mecanismo de un asiento de presentación. La carrera al Registro no puede imponer la postergación involuntaria de un gravamen preferente.

Nuestra orden para mostrar causa intimaba la devolución del caso a instancia para que en juicio plenario se dilucidara la cuestión de si el demandante Pascual es o no un tercero de buena fe, pero éste con sus alegaciones ha excluido toda necesidad de vista evidenciaría, todos los hechos materiales están propiamente ante nuestra consideración y no queda área de controversia ni punto justiciable que amerite un jui-cio plenario. Cf. Fuentes v. Srio. Hacienda, 85 D.P.R. 492 (1962).

Se expedirá el auto y se dictará sentencia concediendo la solicitud de sentencia sumaria de la interventora recurrente Berens Mortgage Bankers, Inc. y adjudicando rango prefe-rente en el Registro de la Propiedad a su crédito hipotecario. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió sin opi-nión.

      Eegla 6.4 de Procedimiento Civil. Consecuencias de no negar.

      “Las aseveraciones contenidas en cualquier alegación que requiera una alegación respondiente y que no se refieran al monto de los daños, se tendrán por admitidas si no se negaren en la alegación respondiente.”

      Eegla S6.5 de Procedimiento Civil. “. . . Cuando se presente una moción solicitando que se dicte sentencia sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 86, la parte contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o repulsas contenidas en sus alegaciones, sino que vendrá obligada a contestar en forma tan detallada y específica, como lo hubiere hecho la parte promovente, exponiendo aquellos hechos materiales que cree que intenta probar. Si no contestare bajo juramento, deberá dic-tarse sentencia en su contra.”

      Ibid. pág. 493,

       Derecho Hipotecario, 6ta. ed., Tomo 2, pág. 167.

      A renglón seguido Roca Sastre, ibid., amplía con el ejemplo:

        “Y así, en el caso clásico de la doble venta de una finca, si el segundo comprador inscribe su título adquisitivo pero carece de buena fe, por ser conocedor de la venta primera, o bien la inscribe por vía de inmatriculación por no estar inmatriculada en el Registro la finca vendida, en ambos casos, si el primer comprador reacciona impugnando, por estos motivos, judicial-mente la segunda venta y solicitando la cancelación de la inscripción corres-pondiente, la misma se derrumbará con su asiento, y con ello dejará de operar el principio de prioridad, pudiendo inscribir el primer comprador su título adquisitivo por virtud de la compraventa. Esto será debido a que el segundo comprador verificó una adquisición a non domino, que no es man-tenida por el Art. 34 de la Ley Hipotecaria, porque este último precepto exige, para mantener tal adquisición, que el adquirente sea tercero hipo-tecario, condición esta que no puede ostentar por faltarle en un caso el requisito de la buena fe y en el otro por no haber adquirido del titular registral.
      “Lo mismo ha de entenderse cuando el titular registral vende primero su finca y después hace donación de la misma, inscribiéndose ésta, pues en este caso la prioridad a favor del donatario cederá ante la presión del com-prador perjudicado, por cuanto aquél, por no ser adquirente a título oneroso, no será protegido por dicho mismo art. 34 de la ley.
      “Tampoco podrá prevalerse de la prioridad registral el comprador que conozca el hecho de que el vendedor impuso un gravamen que no llegó a inscribirse, sobre la finca comprada, o si tal comprador es un inmatriculante, o si en vez de comprador es un donatario.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, 6ta. ed. (1968), págs. 157-158. (Énfasis en el original.)

      Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 1, Vol. 1, pág. 55, l0ma. ed. (1962).

       A la pág. 876 de Colon v. Plazuela, supra, nos unimos a la doctrina expresada en veinte sentencias del Tribunal Supremo de España que puede condensarse así:
      “No puede alegar su cualidad de tercero hipotecario, aquél que tiene perfecto conocimiento de las condiciones con que hubo de verificarse la adquisición, aun cuando éstas no consten en el Registro, ya ese conocimiento se derive de actos realizados por el supuesto tercero, ya de hechos que tienen que herir forzosamente los sentidos. ...”


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
      In re Reglas de Evidencia
    Adoptadas: 9 de febrero de 1979
   RESOLUCIÓN

El Tribunal Supremo, de conformidad con las disposicio-nes de la See. 6 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente adopta las Reglas de Evidencia que habrá de someter a la Asamblea Legislativa al comienzo de la presente sesión ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el señor Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

en relación con la Regla 46 del Proyecto de Reglas de Evi-dencia.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 1979

Considero que el proyecto de Reglas de Evidencia que ha adoptado este Tribunal, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, constituirá un gran paso de avance en nuestra legislación procesal. La vigente Ley de Evidencia, que rige en Puerto Rico desde principios de este siglo, no responde a las necesidades de nuestro tiempo y constituye en muchas de sus disposiciones un obstáculo en vez de un vehículo adecuado para el descubrimiento de la verdad. Las jurisdicciones esta-tales norteamericanas y la jurisdicción federal, han adoptado legislación o reglas de evidencia que al presente las colocan en posición de avanzada en este campo. No hay razón para que en Puerto Rico nos sigamos rigiendo por una ley de evi-dencia arcaica, y que nos mantengamos a la zaga del pro-greso habido en este campo.

Este Tribunal ha adoptado, con muy pocas variaciones, las vigentes Reglas Federales de Evidencia de 1975. La alter-nativa que consideró incluía el Código de Evidencia de California que rige desde el 1967. Como es sabido, nuestra Ley de Evidencia vigente se copió de la de California que regía para el 1905. Esa vinculación histórica hacía forzoso exami-nar el actual ordenamiento californiano y así hicimos. Consi-dero, sin embargo; un gran acierto seguir las Reglas Fede-rales que son, sin duda, más flexibles que el Código de California, y que además darán mayor uniformidad al Dere-cho probatorio en Puerto Rico pues nuestros abogados que postulan en la jurisdicción federal, además de la estatal nuestra, no tendrán que invocar disposiciones distintas ni acudir a precedentes diversos en esta materia.

La adopción de las Reglas Federales, sin embargo, no es camisa de fuerza que nos impida hacer cambios allí donde nos parezca que podemos mejorarlas. El caso de la Regla 46 es un aspecto en que a mi juicio debió hacerse un cambio.

Aún está húmeda la tinta en Pueblo v. Alvarez Rosario, opinión de este Tribunal de 30 de noviembre de 1978, 108 D.P.R. 112. Cuando decidimos este caso, tomamos en conside-ración las Reglas Federales y en particular la 609 que trata de la impugnación de testigos. Por mayoría de cinco a tres decidió este Tribunal adoptar una norma que consideró más adecuada que la de la Regla 609 federal. La norma de Alvarez Rosario se adoptó en atención a los graves problemas que discutimos en Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975), cuando, so pretexto de impugnar la credibilidad de un testigo que es a su vez el acusado en un caso criminal, se permitía que se produjese prueba de previas convicciones de dicho testigo que nada tienen que ver con el aspecto de su cre-dibilidad. El efecto de la norma imperante antes de Alvarez Rosario era impedir que un acusado ocupara la silla testifical y declarara en su propio caso si había sido convicto antes de algún delito grave. Esa norma establecía, a mi juicio, una distinción absurda en cuanto a admisibilidad de prueba de impugnación basada a su vez en la distinción entre delitos graves y menos graves.

Todos sabemos que la comisión de un delito grave depende las más de las veces del resultado del hecho delictivo y no de su intención. Veamos algunos ejemplos. Quien agrede a otro haciendo uso de una cuchilla, comete agresión agravada, que es un delito menos grave. Pero si esa agresión produce una herida desfigurante, por ese efecto el delito se convierte en mutilación, que es grave. Bajo la norma imperante antes de Alvarez Rosario, el efecto de la desfiguración convierte al agresor en una persona mendaz. No se le debe creer. De igual manera, si una persona se apropia ilegalmente de un objeto perteneciente a otro, cuyo valor sea $199.00, comete apropia-eión ilegal, delito menos grave. Si por casualidad el valor del objeto es un dólar más ($200.00), la apropiación es agra-vada, delito grave. Véase 33 L.P.R.A. sees. 4271 y 4272. La convicción por hurtar $200.00 hacía al testigo indigno de crédito y prueba de ello era admisible para impugnar su credibilidad. Por un dólar menos se hacía digno de credibili-dad.

La Regla 609 federal, que el proyecto de Reglas de Evi-dencia adopta sin cambio alguno, seguirá permitiendo que se impugne a un testigo con prueba de previas convicciones por delitos considerados graves como son la mutilación y la apro-piación ilegal agravada. Si el testigo es el acusado, no hay duda que el propósito de tal prueba se desvirtúa.

Veamos un ejemplo de cómo bajo la Regla 609 federal se puede frustrar el objetivo de hacer justicia. Supongamos que una pareja de novios se excede en sus caricias y tiene rela-ciones sexuales. La muchacha no ha cumplido catorce años. El muchacho es considerado como adulto. Ha cometido el de-lito de violación, dada la edad de la muchacha. 33 L.P.R.A. sec. 4061(a). Se le acusa, acepta los hechos, y es convicto y sentenciado. Extinguida la pena que le fuere impuesta, el mismo joven es acusado luego por otra mujer de haberla vio-lado. El hombre es inocente, pero se le acusa. En ese segundo proceso, si ocupa la silla testifical a su favor, se expone a que el fiscal pruebe la previa convicción, so pretexto de impugnar su credibilidad. Fue veraz cuando aceptó los hechos del primer caso. Es veraz al negar la falsa acusación del segundo caso. Pero su veracidad del primero se convierte en argu-mento de que es mendaz para el segundo. Sería cándido negar que la prueba de la primera convicción no tenga un efecto devastador sobre el acusado en el segundo caso, sobre todo en juicio ante jurado.

La norma de Alvarez Rosario elimina estas sutilezas clasi-ficatorias y permite que la prueba de previas convicciones ad-misible para la impugnación de un testigo sea aquella que tenga pertinencia con el aspecto de credibilidad, sin importar la clasificación del delito anterior. Esa es la norma que este Tribunal consideró más justa y más humana en Pueblo v. Alvarez Rosario, supra, Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974) y Pueblo v. Padilla Arroyo, ya citado. La profesión, los jueces, los estudiantes de Derecho, y todas la personas que nos leen se preguntarán por qué, al adoptar este Proyecto de Reglas, se aparta este Tribunal de dicha norma. No creo que haya explicación racional alguna. Quizás se tema que la Asamblea Legislativa no considere favorablemente el Pro-yecto de Reglas si se cambia alguna que otra regla federal. Quien así piense, probablemente no tenga mucha fe en la sensibilidad legislativa.

Adoptaría la Regla 46 como fuera redactada y sometida a este Tribunal, siguiendo a Dones y a Alvarez Rosario. Dicha redacción y su comentario incluido originalmente, son como sigue:

“REGLA Jp6 — Convicción por delito
(A) Sujeto a lo establecido en el inciso (B) de esta regla, es admisible, con el propósito de impugnar la credibilidad de un testigo, evidencia de que éste ha sido convicto de delito, si tal convicción es aceptada por el testigo o establecida mediante récord público, pero únicamente si el delito, independientemente de su clasificación, envuelve deshonestidad o falso testimonio.
(B) Es inadmisible contra un acusado para impugnar su credibilidad, evidencia de convicciones previas a menos que se determine por el juez, en ausencia del jurado, si lo hubiere, que su valor probatorio, considerando todos los hechos y circunstan-cias del caso, es sustancialmente mayor que su efecto perjudi-cial.
(C) No es admisible, con el propósito de impugnar la credi-bilidad de un testigo, evidencia de convicción previa si dicha convicción es remota. Debe considerarse remota toda convicción que a la fecha del juicio tuviere más de diez (10) años, o si hu-bieren transcurrido más de diez (10) años de la fecha de ex-carcelación del testigo de la reclusión impuesta por tal convic-ción, lo que fuere posterior.
(D) Evidencia de convicción no es admisible bajo esta regla si la convicción ha sido objeto de indulto, perdón, anulación o su equivalente, a base de una determinación de inocencia o rehabili-tación.
(E) Evidencia de una determinación de que un menor ha incurrido en falta no es generalmente admisible para impugnar la credibilidad de un testigo. Pero en una causa criminal y dis-crecionalmente, el tribunal puede admitir evidencia de una de-terminación de falta en un procedimiento de menores, cuando se ofrece contra un testigo que no sea el acusado, siempre que una convicción por el delito correspondiente hubiera sido admisible para impugnar la credibilidad de un adulto, y el tribunal consi-dera que la admisión es necesaria para una justa determinación en cuanto a la culpabilidad del acusado.
(F) Evidencia de una convicción no es inadmisible por el hecho de hallarse pendiente una apelación de la misma, pero es admisible evidencia de la pendencia de la apelación.
Comentarios
La regla de impugnación de testigos mediante evidencia de convicción por delito altera lo dispuesto en el Artículo 520 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sec. 2150). Ya la jurisprudencia había alterado la norma de la Ley de Evidencia, pues adoptó una doctrina más racional en Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974). En ese caso se estableció que, a los fines de impugnar la veracidad de un testigo, debe admitirse evidencia de convicción del testigo por cualquier delito que, sin importar su calificación, implique deshonestidad o perjurio. En Dones no quedó perfectamente claro si la convicción por delito grave sería inadmisible si el delito no fuera referente a la veracidad o men-dacidad del testigo; lo dicho allí pudo ser considerado un dictum. Recientemente el Tribunal Supremo tuvo oportunidad de escla-recer esta cuestión en el caso de Pueblo v. Alvarez Rosario, 78 JTS 104 (1978). En dicho caso se adopta la norma que ha que-dado plasmada en los incisos (A), (B) y (C) de esta regla. En general, se establece que la admisibilidad de evidencia de convic-ciones previas está condicionada a que el delito en cuestión im-plique deshonestidad o falso testimonio. Esta condición es un corolario de los principios de pertinencia, pues sería imperti-nente para impugnar veracidad, evidencia de la convicción por delito cuando éste no tiene que ver con veracidad o mendacidad. Siguiendo lo resuelto en Alvarez Rosario, en el inciso (B) se toma una medida especial para el caso en que la impugnación sea contra el acusado en una causa criminal. La situación es en verdad especial, pues existe un peligro, particularmente en casos por jurado, de que la evidencia de convicción no sólo pese en el ánimo del juzgador a los fines de impugnación de la veracidad del acusado, sino que sirve como elemento importante al mo-mento de determinarse la culpabilidad o inocencia del acusado.
Aunque el inciso (B) se refiere específicamente a la impug-nación de acusados, puede sostenerse que el mismo resultado se obtiene en relación a impugnación de testigos en general, pues el tribunal, a su discreción, podría valerse de la Regla 19 para excluir la evidencia de convicción previa a base de los factores señalados en dicha regla.
En el inciso (C) se establece límite al tiempo que debe haber transcurrido entre la convicción y la impugnación mediante ésta; esto está fundado en razones de pertinencia y de política pública. A mayor tiempo transcurrido, menos pertinencia. Por otro lado, no establecer límites de tiempo sería ignorar la rehabilitación posible del testigo.
En el inciso (D) se establece que la convicción no debe haber sido objeto de perdón o indulto a base de inocencia o rehabilita-ción. Dada la presunción de corrección de los procedimientos en los tribunales de primera instancia, se establece, en el inciso (E), que la pendencia de una apelación no hace inadmisible la convic-ción a los fines de impugnación. Finalmente, por razones de polí-tica pública, más que de pertinencia o confiabilidad, se excluyen las determinaciones en casos de menores, salvo que, a discreción del tribunal, se admitiría la evidencia contra un testigo que no sea el acusado. Además de que técnicamente no se trata en estos casos de “delitos” sino de “faltas”, las razones de pertinencia para la impugnación de credibilidad ceden ante consideraciones de política en torno al tratamiento de asuntos de menores.
Disposiciones Similares o Relacionadas
Regla 609, Reglas Federales de Evidencia de 1975
Regla 609, Reglas Uniformes de Evidencia de 1974
Sección 788, Código de Evidencia de California de 1965
Regla 106, Proyecto de Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 1958
Regla 106, Código Modelo de ALI de 1942
Regla 21, Reglas Uniformes de Evidencia de 1953 32 L.P.R.A. see. 2150.”

En aras de la brevedad, y para no repetir los fundamentos expuestos en los casos de Dones, Padilla Arroyo y Alvarez Rosario, incluyo con este escrito copia de las opiniones de este Tribunal en cada uno de dichos casos.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Janette Bussman, acusada y peticionaria.

      Número: O-78-352

      Resuelto: 12 de febrero de 1979

      Rafael Orraca Rodriguez y Edelmiro Martínez, Jr., abogados de la peticionaria; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Justo Gorbea Varona y Américo Serra, Procuradores Genera-les Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La Regla 58(b) de las de Procedimiento Criminal dispone que “ [e] n el acto de lectura de acusación, el tribunal señalará la fecha para el juicio y apercibirá al acusado que de no com-parecer, podrá celebrarse el juicio en su ausencia, incluyendo la selección del jurado y todas las otras etapas hasta el vere-dicto o fallo y que su incomparecencia voluntaria equivaldrá a una renuncia a estar presente en estas etapas del proceso.”

Amparándose en lo dispuesto en la transcrita regla la pe-ticionaria a través de su representación legal solicitó, el día señalado para la vista del caso seguido contra ella por in-fracción a la ley de Sustancias Controladas, que la misma se celebrara en su ausencia. Adujo como razón para ello que estaba cursando estudios en la Universidad de Colorado. El fiscal se opuso y el tribunal lo sostuvo. La representación de la acusada nos pide que revoquemos la resolución emitida por la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior, Veray Torre-grosa, J. Concedimos al Procurador General un término para que visto lo dispuesto en las Reglas 58(b) y 248 de las de Procedimiento Criminal expusiera las razones, si alguna tu-viere porque no debía revocarse la resolución recurrida. El Procurador ha comparecido allanándose al pedido de la acu-sada condicionado a que el tribunal de instancia determine “sobre la voluntariedad con pleno conocimiento del derecho que la acusada pretende renunciar.”

Todo acusado tiene derecho a estar presente en todas las etapas del juicio. Es un principio fundamental que no se cuestiona. Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Regla 243 de las de Procedimiento Criminal; Taylor v. United States, 414 U.S. 17 (1973); United States v. Pastor, 557 F.2d 930 (2d Cir. 1977); United States v. Toliver, 541 F.2d 958 (2d Cir. 1976). Asimismo el acusado puede renunciar a ese derecho. Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97 (1934); United States v. Tortora, 464 F.2d 1202 (2d Cir. 1972); Talton v. Warden, Conn. Correctional Inst., 370 A.2d 965 (Conn. 1976); In re Dunkerley, 376 A.2d 43 (Vt. 1977). Se considera una renuncia a estar presente la ausencia del acusado una vez comenzada la vista del caso. Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34 (1969); United States v. Miller, 463 F.2d 600 (1st Cir. 1972); Government of the Virgin Islands v. Brown, 507 F.2d 186 (3rd Cir. 1975). También su no comparecencia al comen-zar el caso se considera una renuncia a estar presente, si se demuestra que está enterado de los cargos en su contra, evi-denciado por su comparecencia a la lectura de la acusación. United States v. Peterson, 524 F.2d 167 (4th Cir. 1975). Establecido lo anterior, resulta lógico llegar a la conclusión de que un acusado puede renunciar expresamente a estar pre-sente durante la celebración del juicio.

El hecho de que reconozcamos ese derecho no debe interpretarse como que debe fomentarse esta práctica. Es preferible la presencia del acusado durante todas las etapas del proceso y solamente debe dispensarse de ella en casos en que se demuestre que resultaría extremadamente gravosa su comparecencia, que el Estado no la requiera para establecer su caso y que su ausencia no demorará los procedimientos. Debe tenerse presente que el propósito de la Ley Núm. 138 de 23 de julio de 1974 que adicionó el inciso (b) a la Regla 58 de las de Procedimiento Criminal, no fue dispensar la presencia del acusado en la vista de los casos por delitos graves, sino que el principal propósito expresado en la Exposición de Motivos de dicho estatuto fue “autorizar en ciertos casos graves la continuación y celebración de la vista del caso en su fondo, en ausencia de personas encauzadas [sic] que han sido debidamente citadas y apercibidas personalmente de las consecuencias que tales incomparecencias le causaría, con el fin de imprimirle mayor rapidez a los procedimientos judiciales obviando indebidas suspensiones y evitando así que el sistema de justicia en el área criminal se vea afectada por la conducta de los acusados.”

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expe-dirá el auto solicitado, se dejará sin efecto la resolución recu-rrida y se devuelve el caso a instancia para que el tribunal determine si están presentes las circunstancias a que hemos hecho referencia, para que se dispense la comparecencia de la acusada; si el tribunal estima que tales circunstancias esta-ban presentes en este caso, deberá entonces determinar si la acusada renunció inteligentemente a su derecho a estar pre-sente durante el proceso.

El Juez Asociado Señor Rigau concurre en el resultado.

       Dispone la Regla 243(a), según enmendada por la Ley Núm. 138 de 23 de julio de 1974:
      “(a) Delitos graves. En todo proceso por delito grave (felony) el acu-sado deberá estar presente en el acto de la lectura de la acusación y en todas las etapas del juicio, incluyendo la constitución del jurado y la rendición del veredicto o fallo, y en el pronunciamiento de la sentencia; excepto, que si habiendo el acusado comparecido al acto de la lectura de la acusación y citado para juicio no compareciere, el tribunal luego de investi-gadas las causas, podrá celebrar el mismo en su ausencia hasta que recayere fallo o veredicto. Si en cualquier etapa durante el juicio el acusado no regresare a sala para la continuación del mismo, el tribunal luego de investi-gadas las causas, podrá dictar mandamiento ordenando su arresto, pero en todo caso la ausencia voluntaria del acusado no impedirá que el juicio continúe hasta que se rinda el veredicto o el fallo del juez en casos vistos sin jurado.”


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Junta de Retiro para Maestros, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida.

      Número: O-78-192

      Resuelto: 13 de febrero de 1979

      Nigaglioni, Palou & Ledesma y Jorge Calero Blanco, abogados de la Junta de Retiro para Maestros, recurrente; José Velaz Orñz, Federico Diaz Ortiz, Gladys J. Ramos Rosario y César Juan Almodóvar, abogados de la Junta de Relaciones del Tra-bajo de Puerto Rico; Federico Rivera Sáez, abogado de la Hermandad de Empleados de la Junta de Retiro para Maestros.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En el año 1973 la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, en adelante La Junta, resolvió que los empleados de la Junta de Retiro para Maestros, en adelante La Junta de Retiro, no podían negociar colectivamente con dicha Junta de Retiro. Se basó para ello, según explica la Junta de Rela-ciones del Trabajo en su Decisión y Orden de Elecciones, en su constante posición ante el problema evidenciada en la solu-ción de numerosos casos similares que había resuelto y que cita a la página 18 de su mencionada Decisión.

En el 1978, a nueva petición de la Hermandad de Em-pleados de la Junta de Retiro, la Junta de Relaciones del Trabajo resolvió lo contrario mediante su citada Decisión y Orden de Elecciones, de 28 de abril de ese año. En esta se-gunda ocasión el Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo desestimó la mencionada petición de la Hermandad de Empleados, siguiendo las decisiones de la Junta, pero en esta ocasión la Junta revocó la decisión de su Presidente.

Explica la Junta que su cambio de parecer se debió a la decisión de este Tribunal en el caso de A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976). Se .recordará que en aquel caso se discutía la validez de un injunction contra una huelga de empleados de la Autoridad de Acueductos y allí se resolvió que el injunction era válido, al amparo de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, 29 L.P.R.A. sec. 101 y ss., porque la huelga estuvo acompañada de violencia y sabo-taje. En adición el Tribunal declaró inconstitucional la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961, la cual prohibía la huelga a los empleados de la Autoridad de Acueductos. El Tribunal concluyó que dichos empleados tenían constitucionalmente garantizados los derechos a huelga y a negociación colec-tiva.

Como más adelante veremos, entre ese caso y el de autos las cuestiones son distintas y también la naturaleza de ambos organismos: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Junta de Retiro para Maestros. La analogía extensiva que la Junta de Relaciones del Trabajo hizo en relación con am-bos casos fue excesiva.

Para determinar si la Hermandad de Empleados podía negociar colectivamente con la Junta de Retiro para Maestros es necesario determinar si la Junta es un patrono dentro del significado de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. De esa determinación dependerá de si la Junta de Relaciones del Trabajo tiene o no jurisdicción para emitir la Orden que emitió.

La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico define el término “patrono” en la siguiente forma:

(2) “El término ‘patrono’ incluirá ejecutivos, supervisores y a cualquier persona que realizare gestiones de carácter ejecutivo en interés de un patrono directa o indirectamente, pero no in-cluirá excepto en el caso de las instrumentalidades corporativas del Gobierno de Puerto Rico como más adelante se definen, al Gobierno ni a ninguna subdivisión política del mismo; Dispo-niéndose, que incluirá, además, a todo individuo, sociedad u or-ganización que intervenga a favor de la parte patronal en cual-quier disputa obrera o negociación colectiva.” Art. 2 Sec. (2); 29 L.P.R.A. sec. 63 (2).

La misma Ley define “instrumentalidades corporativas” de la siguiente forma:

(11) “El término ‘instrumentalidades corporativas’ significa las siguientes corporaciones que poseen bienes pertenecientes a, o que están controladas por, el Gobierno de Puerto Rico: La Autoridad de Tierras, la Compañía Agrícola, el Banco de Fo-mento, la Autoridad de Fuentes Fluviales, la Compañía de Fo-mento de Puerto Rico (Compañía de Fomento Industrial), la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Comunicaciones, y las subsidiarias de tales corporaciones, e incluirá también las em-presas similares que se establezcan en el futuro y sus subsidia-rias, y aquellas otras agencias del Gobierno que se dedican o puedan dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a activi-dades que tengan por objeto un beneficio pecuniario.” 29 L.P.R.A. sec. 63(11).

(1) Correctamente entendió la Junta de Relaciones del Trabajo en su Decisión de 28 abril 1978 que la Junta de Retiro para Maestros no es una de las corporaciones públicas que la Ley de Relaciones del Trabajo menciona por sus nom-bres en el citado Inciso 11 cuando habla de las instrumentali-dades corporativas. (2) Tampoco es subsidiaria de ninguna corporación pública enumerada en dicha Ley. (3) Como vere-mos, por su razón de existir y por sus propósitos no puede considerarse similar a dichas instrumentalidades corpora-tivas.

(4) Pero ¿es acaso la Junta de Retiro para Maestros un organismo que se dedica a negocios lucrativos o tiene por objeto beneficio pecuniario? Veamos pues qué es la Junta de Retiro para Maestros y para qué fines existe.

La Junta tiene sus antecedentes en una Ley de 28 de fe-brero de 1902 la cual facultó a un Comité de Maestros para administrar los fondos de pensiones de jubilaciones del Ma-gisterio. Dicha Ley creó un Comité formado por 3 maestros nombrados por el Comisionado de Instrucción para atender a las solicitudes en reclamación de pensiones y jubilaciones y formar los expedientes oportunos correspondientes.—Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico (1902), pág. 114. Véase también la Ley de 12 de marzo de 1903 y la Ley de 9 de marzo de 1905.

La Junta fue formalmente creada por la Ley Núm. 62 de 5 de diciembre de 1917, Leyes de ese año Vol. II, pág. 397; Opinión Núm. 16 del Secretario de Justicia de Puerto Rico, Hon. Hiram R. Cancio, de 7 de marzo de 1961. El texto vigente sobre la Junta de Retiro se encuentra en la “Ley de Retiro para Maestros”, Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, 18 L.P.R.A. see. 321 y ss. Dicha Ley esta-blece un sistema de anualidades y pensiones para maestros. Son miembros del sistema los maestros en servicio activo, los que ocupen puestos en la Junta de Retiro y los maestros pen-sionados. Puede verse que su “clientela”, por decirlo así, no está abierta al público en general como lo está la de la Auto-ridad de las Fuentes Fluviales y la de la Autoridad de Acue-ductos y Alcantarillados o la del Banco de Fomento, o la de la Autoridad de los Puertos. Su matrícula son los maestros de Puerto Rico.

Dicha Ley dispone que la administración y la responsabili-dad del buen funcionamiento del sistema de anualidades y pensiones para maestros recae sobre la Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico. La Ley dispone la composición de la Junta en la siguiente forma:

“(a) El Secretario de Instrucción Pública de Puerto Rico, o su representante, miembro ex-officio;
(b) El Secretario de Hacienda de Puerto Rico, o su repre-sentante, miembro ex-officio;
(c) El Presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, o su representante, miembro ex-officio; y
(d) Dos miembros del Sistema, uno de los cuales deberá ser un maestro pensionado, nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, por un tér-mino de cuatro (4) años. Estos miembros ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de los mismos.” — 18 L.P.R.A. see. 326.

Antes de pasar a otras consideraciones dilucidemos también si la Junta está o no cubierta por la Ley de Personal. Ninguna de las leyes anteriores creadoras de. las Juntas que de tiempo en tiempo han estado a cargo de administrar el sistema de pensiones de los maestros contiene expresión alguna en cuanto a si la Junta estaba o no sujeta a la ley o leyes de personal. Expresiones en ese sentido constituyen la excepción pues cuando la ley nada expresa se entiende que la agencia pública está sujeta a la Ley de Personal. El patrón seguido por nuestras leyes de personal ha sido el de señalar específicamente las agencias que quedan excluidas de la Ley de Personal y disponer que todas las demás agencias públicas quedan sujetas a dichas leyes. Véanse Ley de 13 de febrero de 1907; Ley Núm. 88 de 11 de mayo de 1931; Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947 (3 L.P.R.A. sees. 648 y 649); Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sees. 1338 y 1342).

En vista de esto la interpretación correcta era entender, como lo entendieron el Contralor de Puerto Rico y el Secreta-rio de Justicia, que el personal de la Junta de Retiro siempre estuvo sujeto a las leyes de personal. En la práctica no se consideró así, sin embargo, pero en el Informe del Contralor de Puerto Rico del año 1958 dicho funcionario concluyó, como era de esperarse, que ese personal estaba sujeto a la Ley de Personal. Ese criterio fue compartido también por el Secretario de Justicia de Puerto Rico al ser consultado por la Junta de Retiro. Véase la antes citada Opinión del Secretario de Justicia, Opinión Núm. 16 del año 1961, la cual expresa correctamente la situación.

Dice el Secretario de Justicia en su citada Opinión:

“La Ley de Personal (Ley 345 de 18 mayo 1947) consignó taxativamente los grupos de puestos comprendidos en el Servi-cio Exento y en el Servicio sin Oposición. También dispuso que el Servicio por Oposición comprenderá los cargos o puestos de todos los demás funcionarios o empleados del Gobierno Estatal existentes o que se creasen en lo sucesivo y que no hubieran sido específicamente incluidos en el Servicio Exento o en el Servicio sin Oposición. Los puestos o cargos de la Junta de Retiro para Maestros no están incluidos en el Servicio Exento ni en el Ser-vicio sin Oposición, que enumeró la Ley. Es por esta razón que, en opinión del Contralor de Puerto Rico, dichos puestos o cargos deban quedar necesariamente incluidos en el Servicio por Oposi-ción. . . .”

Luego de entrar en otras consideraciones continúa diciendo el Secretario de Justicia:

“A la luz de lo expresado, consideramos que hay factores de peso para favorecer la contención de que, a partir de la fecha de vigencia de la Ley de Personal, la única clasificación posible para el personal de la Junta de Retiro para Maestros lo era el Ser-vicio por Oposición, toda vez que dicha entidad no quedó colo-cada explícitamente en ninguna de las otras categorías.”

Nota el Secretario de Justicia que la práctica usualmente seguida por el legislador después de que se aprobó la Ley de Personal ha sido la de consignar las excepciones al Servicio por Oposición en lenguaje expreso y directo. Indica que favo-rece la posición asumida por el Contralor, esto es, que los empleados de la Junta están incluidos en el Servicio por Oposición. Concluye su Opinión con estas palabras: “Mien-tras tanto, a todos los fines, dichos empleados se deben con-siderar incluidos en el Servicio por Oposición, salvo cual-quiera de ellos que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Personal, deba por excepción, ser clasificado en otra forma.”

Al aprobarse la nueva Ley de Personal, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975. la Junta de Retiro no fue incluida entre los Administradores Individuales, quedando por tanto comprendida entre las agencias bajo la Administración Central del Sistema de Personal. Ante esa situación la propia Junta de Relaciones del Trabajo en su citada Decisión y Orden que nos ocupa reconoció que “los empleados de la Junta de Retiro están comprendidos en la Oficina Central de Ad-ministración de Personal del Estado Libre Asociado y todos los asuntos relativos a sus empleados se hacen a través de esa agencia gubernamental.” Pág. 30 de la Decisión y Orden de Elecciones.

Hay un dato que tiende a indicar que no existe el propó-sito legislativo de considerar a la Junta de Retiro para Maestros como patrono sujeto a las vicisitudes de la negociación colectiva, sino como una agencia regida y protegida por la Ley de Personal. Es el siguiente: luego de que en el año 1973 la Junta de Relaciones del Trabajo resolvió que la Junta de Retiro no era un patrono dentro del contexto de su ley, se presentó el P. de la C. 984 de 27 marzo 1974, que tenía el propósito de autorizar la negociación colectiva en dicha agen-cia. La Asamblea Legislativa no aprobó ese proyecto. Demetrio Fernández, La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y el Sector Publico, 43 Rev. Jur. U.P.R. 294, 327, escolio 114 (1974).

Vimos que a tenor con la Ley de Relaciones del Trabajo no son patronos el Gobierno ni ninguna subdivisión política del mismo pero sí lo son sus instrumentalidades corporativas la Autoridad de Tierras, la Compañía Agrícola, el Banco de Fomento, la Autoridad de las Fuentes Fluviales, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Comunicaciones, y las subsidiarias de dichas corporaciones. También lo son las empresas similares que se establezcan en el futuro y sus subsidiarias y aquellas otras agencias del gobierno que se dedican o pueden dedicarse a negocios lucrativos. — 29 L.P.R.A. see. 63(2) y (11). Nos resta ver si a tenor con los criterios esbozados en el caso de la A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., supra, y aun en aquellos sugeridos en el Informe de la Comisión del Gobernador para Estudiar Relaciones del Trabajo en el Ser-vicio Público en Puerto Rico la Junta de Retiro para Maestros es una de esas instrumentalidades corporativas públicas similares al Banco de Fomento, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de las Fuentes Fluviales, etc. o es una que se dedica a fines lucrativos.

Como vimos el propósito de la Junta de Retiro es el admi-nistrar el sistema de anualidades y pensiones de los maestros de Puerto Rico. Su función no es comercial, no opera con ánimo de lucro, sino que es un organismo eminentemente de servicio a los miembros de su matrícula. Tanto el sistema de anualidades y pensiones de los maestros como la Junta que lo administra son instituciones benéficas de la naturaleza de montepío. Pretender que son corporaciones con el carácter comercial que han tomado la Autoridad de las Fuentes Flu-viales y otras es desatender la realidad y desnaturalizar los humanos y benéficos propósitos de las dos mencionadas insti-tuciones. Sus empleados están sujetos a la Ley de Personal. La estructura de la Junta está taxativamente determinada por ley, según expresamos anteriormente. La ley le limita el tipo de valores y préstamos en que puede invertir sus reser-vas. No puede recurrir al mercado general de valores libre-mente y emitir bonos. No tiene verdadera autonomía fiscal. Sus fondos y desembolsos no están bajo su completo control. Las deducciones a los maestros por las cuotas correspon-dientes las hace el Secretario de Instrucción Pública y son depositadas en una cuenta bajo control del Secretario de Hacienda. Lo mismo ocurre con la aportación gubernamental. Los desembolsos se hacen por conducto del Secretario de Hacienda. La Junta no tiene facultad para aumentar sus ingre-sos ni reducir sus desembolsos, pues las cuotas de los maestros y las aportaciones gubernamentales se determinan por ley.

La Junta de Retiro carece de facultad para emplear o des-pedir a sus empleados, no puede expandir a su matrícula pues la misma está dispuesta por ley; está limitada exclusivamente a los maestros. Todo esto demuestra que no tiene una verda-dera autonomía fiscal y ni siquiera administrativa, que la sitúe en la categoría de similar a las corporaciones privadas y públicas que funcionan como negocios. Esto aparte de la consideración central de que su propósito no es operar un negocio lucrativo, como señalamos, sino dar un servicio de carácter social a los maestros.

Si bien hace préstamos estos son préstamos personales, hipotecarios y para viajes culturales, los cuales también son beneficios y servicios a los maestros. En la audiencia pública el Sr. Duamel Vellón, entonces Secretario Ejecutivo Interino de la Junta de Retiro para Maestros, analizó un caso típico del sistema de anualidades y pensiones. No creemos necesario entrar en el detalle pormenorizado de las cifras y otros extre-mos que allí se produjeron, pero allí se demostró que las anualidades y pensiones le cuestan mucho menos a los maestros que si las comprasen a cualquiera otra organización privada existente. Se expresó que el sistema de retiro tiene un déficit actuarial de alrededor de $665 millones. Vemos mu-cho de servicio en esta institución pero poco de ánimo lucra-tivo. De hecho se demostró que la Junta de Retiro no está diseñada, ni organizada, ni facultada para funcionar como una empresa o negocio privado.

En Junta Rel. Trabajo v. Junta del Muelle, 71 D.P.R. 154 (1950), al interpretarse el citado Inciso 11, el cual define el término “instrumentalidades corporativas” el Tribunal ex-presó que se refiere a servicios tales como transportación, electricidad y acueductos (pág. 159). Como hemos visto esas agencias que proveen esos servicios son de una naturaleza muy distinta y operan de hecho económicamente en forma muy distinta a la Junta de Retiro para Maestros. Tienen am-plia libertad fiscal y administrativa y su clientela no está limitada por ley. No pueden razonablemente ser consideradas similares a la Junta de Retiro.

A la luz de lo anterior se expedirá el auto solicitado y se revocará la Decisión y Orden de Elecciones de la Junta de Relaciones del Trabajo de 28 de abril de 1978, objeto de este recurso.

Seis Jueces votaron “Conforme” y el Juez Presidente y el Juez Asociado Señor Martín concurrieron con el resultado.

       Sobre este particular la opinión del Tribunal no fue unánime. Véase la opinión disidente del Juez Asociado Señor Rigau, 105 D.P.E. 460 (1976).

      La Comisión quedó integrada por distinguidas personalidades del campo del Derecho y de la Administración Pública. Fue presidida por el Dr. David M. Helfeld y fueron sus otros miembros el Sr. Adolfo Fortier, la Sra. Milagros Guzmán, el Lie. Vicente Ortiz Colón y el Lie. Marcos A. Ramírez. Dicho Informe fue rendido en 14 de febrero de 1975 al entonces Gobernador, Hon. Rafael Hernández Colón. Véase IX Revista de Adminis-tración Pública de la Universidad de Puerto Rico 13 (1977).


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Minerva Ortiz, demandante y recurrida, v. Juan Francisco Peña, demandado y recurrente.

      Número: R-75-9

      Resuelto: 16 de febrero de 1979

      Juan M. Ponce Fantauzzi, abogado del recurrente; Pedro V. Aguirre, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Ante la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito, Minerva Ortiz formuló denuncia contra Juan Francisco Peña por el delito de abandono de menores bajo el entonces vigente Art. 263 del Código Penal de 1937. (33 L.P.R.A. see. 991.) Minerva había estado casada con Peña. Durante el matri-monio procrearon dos hijos. Uno de éstos nació con posteriori-dad a la fecha en que se decretó el divorcio de Minerva y Peña. Peña ha atendido sus obligaciones alimenticias para con estos dos hijos. Posteriormente Minerva quedó encinta y nació otro niño, de nombre Eduardo Ortiz. Formuló denuncia contra Peña para reclamarle alimentos para este último hijo.

La Juez Sánchez de la Sala de Carolina requirió de Minerva, de su hijo Eduardo y del acusado Peña que se sometie-ran a un análisis de sangre. El Dr. Rafael Córdova Márquez, doctor en microbiología y catedrático de hematología de la Universidad de Puerto Rico realizó una primera prueba de sangre a estas tres personas y determinó a base del análisis de sangre que Peña no podía ser el padre de Eduardo. La Juez Sánchez, luego de recibir el resultado de esta primera prueba de sangre, requirió de las partes que se sometieran a una segunda prueba. El Dr. Antonio Barquet, Jefe del De-partamento de Hematología y del Banco de Sangre del Centro Médico de Puerto Rico, analizó la sangre y obtuvo idénticos resultados a los obtenidos en la prueba realizada anterior-mente ; es decir, el segundo análisis de la sangre excluía tam-bién a Peña como posible padre de Eduardo. En vista de esto, el 6 de abril de 1972 la Sala de Carolina absolvió a Peña del delito imputádole.

El 14 de abril de 1972 Minerva radicó demanda de filia-ción contra Peña alegando que éste ha tratado a Eduardo como hijo pero que rehúsa reconocerlo como tal. Celebrado el juicio en que testificó la demandante, el demandado presentó el resultado de ambas pruebas de sangre que requiriera la juez que entendió en el pleito criminal. El tribunal declaró con lugar la demanda expresando que “[l]a prueba aportaba por la parte demandada sobre exclusión de paternidad no es concluyente y así lo determina el Tribunal, véase Aráis v. Kalensnikoff, 10 Cal.2d 428; 74 P.2d 1043 (Cal. 1937); Harding v. Harding, 22 N.Y.S.2d 810 y 115 A.L.R. 163 y otros casos resuelven la cuestión en armonía con la posición del Tribunal.”

Peña solicitó la revisión. Accedimos. Por sentencia de 14 de octubre de 1976 confirmamos. Se nos solicitó la reconside-ración. Celebramos vista y las partes fueron oídas. El 26 de mayo de 1977 ratificamos nuestra sentencia pero a la vez re-conocimos que “[d]e ordinario los testimonios, por veraces que parezcan, deben estrellarse y esfumarse ante verdades científicamente comprobadas.” Dijimos entonces “las pruebas de sangre, cuando son indubitadas y excluyen la posibilidad de que un hombre sea el padre de una criatura, deben acep-tarse como la verdad probada.” No obstante, ratificamos nuestra sentencia anterior porque del testimonio del perito que hizo las pruebas de sangre surgía que el análisis de san-gre practicado al niño se refería “a un niño de nombre Eduardo Ortiz y no a Juan Almeido Ortiz, que es el nombre del niño cuya paternidad se imputa al demandado.” (Senten-cia del 14 de octubre de 1976.)

Peña solicitó ante el tribunal de instancia que se le rele-vara de la sentencia y el Tribunal Superior dictó una orden el 2 de junio de 1977 en la cual consignó que “estaría dis-puesto a permitir la prueba pertinente, todo ello condicionado a que el Tribunal Supremo concediera permiso para ello.” Por resolución de 2 de septiembre de 1977 consentimos.

Celebrada la vista ante el Tribunal Superior, William Fred Santiago, J., la demandante declaró: “. . . En ambos casos [la acción penal por abandono de menores y la de-manda de filiación] se trata del mismo niño y todas las prue-bas de sangre se le han hecho a ese mismo niño.” El juez de-terminó que “ [1] a prueba presentada señala que hay identi-dad entre Eduardo y Juan Almeido, correspondiendo estos dos nombres a una misma persona, que es el mismo niño ob-jeto y sujeto del caso ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de Carolina y en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan.”

Invocando esta resolución, Peña nos pide la reconsidera-ción de nuestra sentencia de 26 de mayo de 1977 y la revo-cación de la dictada por el Tribunal Superior declarando con lugar la demanda de filiación.

La jurisprudencia que sirviera de base al juez de instan-cia para dar curso a la demanda de filiación, Aráis v. Kalens nikoff, 74 P.2d 1043 (Cal. 1937) y Harding v. Harding, supra, ha perdido su vigencia. Tanto en California como en Nueva York se legisló con posterioridad a esos casos para admitir el resultado de las pruebas de sangre que excluyen la posibilidad de paternidad — West Ann. California Evidence Code, Sec. 895. McKinney’s Consolidated Laws of N.Y., Book 29 A, Part I, Section Index, Sec. 532, pág. 483. Los principios de derecho sentados en esos casos y otros análogos han quedado enervados ante el progreso continuo que se evi-dencia en el campo de las investigaciones de las ciencias mé-dicas en general y las ramas altamente especializadas de la inmunología, y la serología — dentro de la rama de hematolo-gía — en particular.

La sociedad contemporánea se caracteriza por la especia-lización tecnológica. En el campo de la investigación cientí-fica se orienta hacia el descubrimiento y la demostración de fenómenos diversos que a fuerza de repetida corroboración, logran alcanzar el status de hechos o verdades científicamente comprobables. Así, a través de los años la ciencia médica ha logrado identificar numerosos componentes genéticos de la sangre humana que reciben el nombre de “factores” o “parti-cularidades”. La presencia de cualesquiera de estos fac-tores en la sangre de un individuo está predeterminada con arreglo a las. leyes de genética mendelianas, esto es, dichos factores tienen la naturaleza de características hereditarias que se transmiten de progenitor a engendrado a lo largo de las generaciones. Además, la presencia de estos “factores” hereditarios en la sangre sirve de base a la clasificación de la misma en determinados grupos o sistemas y estos grupos o sistemas, a su vez, son los cimientos sobre los cuales se han estructurado las diversas pruebas de sangre que conocemos al presente.

Dentro del campo de la medicina hay varias ramas espe-cializadas en el estudio de la sangre. Se destacan entre ellas la hematología, la inmunología y la serología. El progreso tecnológico que ha culminado en el perfecciona-miento de las diversas pruebas de sangre que hoy conocemos es en gran medida el producto del esfuerzo combinado de tecnólogos, hematólogos, inmunólogos y serológos. Para 1975 se contaba ya con un total de 57 pruebas para la clasificación de la sangre. Shaw y Kass, Illegitimacy, Child Support and Paternity Testing, 13 Houston L. Rev. 41, 51 (1975). Cerca de una docena de pruebas serológicas constituye el repertorio principal que se ha venido utilizando a través de los años.

En la práctica, los resultados obtenidos de las pruebas que con mayor frecuencia se utilizan reflejan una precisión y confiabilidad en grados suficientes para justificar su admi-sibilidad ante los tribunales como prueba concluyente de que un individuo a quien se le imputa la paternidad de una cria-tura no es su padre biológico. Forrest, Legal Implications of HLA Testing for Paternity, 16 J. Fam. L. 537 (1977-78); Terasaki, Resolution by HLA Testing of 1000 Paternity Cases Not Excluded by ABO Testing, 16 J. Fam. L. 543 (1977-78); Shaw & Kass, Illegitimacy, Child Support and Paternity Testing, supra. Es pertinente consignar que la ten-dencia más reciente en el área de la investigación de las pruebas serológicas para la exclusión de la paternidad se orienta a demostrar científicamente las probabilidades de que un individuo sea el padre de un niño. Shaw & Kass, op. cit, pág. 52, escolio 6.

El problema relacionado con la admisibilidad en eviden-cia de estas pruebas serológicas en casos en que la paternidad está en controversia ha sido tema que atrae la atención de las cortes desde hace bastante tiempo.

En la Europa continental se utiliza la prueba de sangre en estos casos desde la década de los veinte como prueba concluyente para establecer la no paternidad. Schock, Determinants of Paternity by Blood Grouping: The European Experience, 16 So. Calif. L. Rev. 177 (1943). En los Estados Unidos se utilizó por primera vez el resultado de un análisis de sangre para establecer que el hombre que se alegaba era el padre de una criatura no podía serlo en el caso de Commonwealth v. Zammarelli, 17 Pa. D. & C. 229, resuelto en el año 1931. Con posterioridad a esa fecha se ha reconocido el valor probatorio de los análisis de sangre para negar la paternidad. Anonymous v. Anonymous, 460 P.2d 32 (Ariz. 1960); Jordan v. Mace, 69 A.2d 670 (Me. 1949); Cortese v. Cortese, 76 A.2d 717 (N.J. 1950); Beach v. Beach, 114 F.2d 479 (U.S. App. D.C. 1940); Retzer v. Retzer, 161 A.2d 469 (D.C. Mun. App. 1960); Commomuealth v. D’Avella, 162 N.E.2d 19 (Mass. 1959); Houghton v. Houghton, 137 N.W.2d 861 (Neb. 1965); Ross v. Marx, 90 A.2d 545 (N.J. 1952); Groulx v. Groulx, 103 A.2d 188 (N.H. 1954); Shepherd v. Shepherd, 265 N.W.2d 377 (Mich. 1978); Hanson v. Hanson, 346 N.Y.S.2d 996 (N.Y. 1973); Jackson v. Jackson, 430 P.2d 289 (Calif. 1967). En McCormick on Evidence (2nd. ed. 1972) se expresa:

“. . . Parece ser que la certeza en la confiabilidad de las prue-bas de sangre para determinar no paternidad, cuidadosamente efectuadas por expertos y adecuadamente supervisadas, están hoy tan universalmente aceptadas por los científicos, que las cortes deberían tomar conocimiento judicial de ello y podrían sabiamente conferirle efecto concluyente a ese tipo de prueba.”

Al mismo efecto Ross, The Value of Blood Tests as Evidence in Paternity Cases, 71 Harv. L. Rev. 466 (1958); Harper & Schlonisck, Problems of the Family, pág. 4 (ed. 1962); Schatkin, Disputed Paternity Proceedings, Cap. X, The Unerring Accuracy of Blood Test (4ta. ed. 1967); Beautyman, Paternity Actions, A Matter of Opinion or Trial of the Blood? 1976 Legal Medicine Annual, pág. 239.

En el artículo de Ross antes citado publicado hace 20 años, se explica convincentemente el porqué debe ser conclu-yente la prueba de sangre. Sostiene el citado autor que aun cuando la certeza de las pruebas de sangre para excluir pa-ternidad no sea de la magnitud que se le atribuye, una deci-sión basada en estas pruebas siempre goza de mayor certeza legal — o certeza moral, para usar la expresión del Art. 366 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1624 — que aquella basada en los medios de prueba convencionales. Cuando se juzga la paternidad a base de los medios de pruebas más tradicionales — esto es, evidencia testifical, documental y de-mostrativa, incluyendo parecido físico — la probabilidad de error será siempre mayor que cuando la adjudicación de no paternidad descansa en una prueba de sangre debidamente realizada. Así, por ejemplo, presumiendo que la probabilidad de certeza de las pruebas de sangre para excluir paternidad sea de un 99% — la probabilidad es en verdad mayor que eso — el tribunal sólo se equivocaría en uno de cada 100 casos al adjudicar la controversia de conformidad con el resultado de las pruebas de sangre. No es nada aventurado decir que el juez más cuidadoso en la evaluación de la prueba convencional se equivocará en no menos de 25 casos, pues estará siempre dirimiendo un conflicto de pruebas de carácter testifical — aun incluyendo el pericial — y de otra índole. De ahí que sea pre-ferible aceptar incondicionalmente el resultado de las prue-bas de sangre para excluir la paternidad, aun cuando no haya otra evidencia que corrobore tal resultado. Las autoridades llegan a proponer que no se admita otra evidencia en con-trario.

Por supuesto todo esto tiene como base que el fin de las reglas de evidencia es que la mayoría de los casos sean adjudicados correctamente, es decir, que haya correspondencia entre las conclusiones de hechos del tribunal y lo que en verdad ha ocurrido en la realidad extrajudicial. Aceptado tal postulado, las pruebas de sangre para excluir paternidad deben tener, sostiene Ross, valor absoluto e incondicional. Con miras a hallar la verdad la mejor regla es conferir valor absoluto e incondicional al resultado de las pruebas de sangre para excluir paternidad. No habiendo otro tipo de evidencia que sea ni remotamente comparable al grado de certeza que brinda una prueba de sangre para excluir paternidad, resol-vemos que el resultado de esta prueba debe ser considerado como absoluto e incondicional, exelüyendo la estimación de otra evidencia.

Desde la década de los treinta en la jurisdicción federal se aceptaba la prueba de sangre como concluyente para esta-blecer la no paternidad y en Beach v. Beach, 114 F.2d 479 (D.C. Cir. 1940) el tribunal de instancia hizo uso del meca-nismo provisto por la Regla 35 de las de Procedimiento Civil federal, equivalente a nuestra Regla 32 de las de Procedi-miento Civil de 1958, para ordenar a las partes en un pleito sobre alimentos a que se sometieran a un análisis de la san-gre. Se recurrió de esa orden y la Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia la sostuvo. Posteriormente otras cortes siguieron la norma establecida en Beach v. Beach y finalmente en el 1970 se enmienda expresamente la Regla 35 federal para que, como se expresa en 8 Wright and Miller, Federal Practice & Procedure, a la pág. 680: “La regla fue enmendada en 1970 para hacerla aplicable a situaciones en que ‘el estado mental o físico (y aquí se incluye la clasifica-ción sanguínea) está en controversia’ y de ese modo la regla codifica la doctrina de los casos que admiten las pruebas sero-lógicas.”

Es conveniente transcribir lo expresado en Anonymous v. Anonymous, antes citado, para que sirva como norma al pasar sobre la admisibilidad en evidencia del resultado de estos análisis de sangre. Se expresó en el citado caso a las págs. 35-36:

“Presumiendo que unas pruebas de identificación de grupo sanguíneo fueron debidamente■ realizadas, ¿resultaría clara y convincente la evidencia provista por éstas para eliminar la posibilidad de que el esposo sea el padre del hijo de su esposa? Creemos que dicha evidencia es no sólo clara y convincente, sino determinante para la cuestión. Beach v. Beach, supra; Anonymous v. Anonymous, supra....
No significa esto que los tribunales deban abdicar su función tradicional de escudriñadores de la verdad a favor de los labora-torios de científicos y peritos médicos. Las palabras claves para llegar a esta decisión son ‘debidamente realizadas’. Para que una determinada prueba de identificación de grupo sanguíneo alcance el grado de infalibilidad al que la hemos elevado, es necesario examinar minuciosamente la corrección de los procedimientos científicos utilizados y sondear la capacidad del perito supervisor. Los errores pueden ser producto de la dificultad que pueda tener el laboratorio para conseguir el antisuero con la concentración y clasificación debida; en algunos casos, los errores pueden deberse a la presencia de anticuerpos bloqueantes en el suero sanguíneo, ocasionados por transfusiones o por embarazo; los errores pue-den ocurrir al no seguirse los métodos de prueba recomendados por los fabricantes del antisuero utilizado; también pueden de-berse a que el técnico de laboratorio no vio el proceso de aglu-tinación, bien por falta de destreza o de atención; y particular-mente en la prueba de clasificación de sangre según el factor Rh, los errores pueden deberse a la poca destreza de la persona que la realiza. (Para un análisis completo de estos problemas, véase R. Gray, Attorneys’ Textbook of Medicine, vol. 4, pars. 304.08-.13 (3ra. ed., 1968).) Estos y otros problemas deben poder re-sistir la mirada penetrante del examen judicial. Aunque la trans-misión del tipo sanguíneo sea una ley natural, la identificación del mismo está sujeta a las fallas inherentes a toda conducta humana. Estas pruebas podrán considerarse concluyentes sólo cuando el juzgador de los hechos se sienta satisfecho, dada la evidencia clara y convincente, de la capacidad del perito y de la corrección de los procedimientos utilizados en las pruebas . . . .”

Ver además Littell & Sturgeon, Defect in Discovery and Testing Procedures: Two Problems in the Medicolegal Application of Blood Grouping Tests, 5 U.C.L.A. L. Rev. 629-639 (1958).

La American Bar Association y la American Medical Association llevaron a cabo un estudio conjunto sobre la cues-tión que nos ocupa que se denomina Joint AMA-ABA Guide lines: Present Status of Serologic Testing in Problems of Disputed Parentage, publicado en 1 Fam. L.Q. 247 donde se recomienda que se legisle con el fin de reglamentar la toma y análisis de sangre y su presentación en evidencia, incluyendo el valor evidenciario de las que establecen la posible paterni-dad.

Hasta que la Asamblea Legislativa actúe sobre esta cuestión, en cualquier acción en la que la paternidad sea un hecho pertinente, el tribunal puede, a iniciativa propia, y deberá a moción de parte oportunamente presentada, ordenar a la madre, hijo o hija y al alegado padre a someterse a exámenes de sangre. Los exámenes deberán ser hechos por peritos, debidamente calificados, nombrados por el tribunal. Antes de admitirse en evidencia el tribunal se cerciorará que los exámenes se han llevado a cabo siguiendo las más estrictas normas exigidas para esta clase de análisis.

Habiéndose presentado en este caso el resultado de dos análisis dignos de crédito, llevados a cabo por dos laborato-rios de reconocida probidad y competencia profesional que demuestran que el demandado no puede ser el padre, se dejará sin efecto nuestra sentencia de 26 de mayo de 1977 y se dicta-rá otra revocando la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Juliá, J. que declaró con lugar la demanda radi-cada en este caso.

El Juez Asociado Señor Rigau concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en parte y disiente en parte en opinión separada.

—O—

Opinión disidente en parte y concurrente en el resultado del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 1979

El 25 de noviembre de 1974 la Sala de San Juan del Tribunal Superior dictó sentencia en pleito de filiación, decía-raudo al menor Juan Almeido hijo del demandado Juan Francisco Peña y de su ex-cónyuge Minerva Ortiz. Fundó su sen-tencia en las siguientes determinaciones de hecho:

“La demandante Minerva Ortiz estuvo casada con el deman-dado Juan F. Peña, desde el 28 de marzo de 1965 hasta el mes de mayo de 1968, fecha en que se divorciaron.
Que con posterioridad al divorcio, la demandante y el deman-dado continuaron relacionándose personalmente e incluso sostu-vieron relaciones sexuales, dando por consiguiente que con mo-tivo de dichas relaciones, la demandante quedó en estado de em-barazo, procreando al menor Juan Almeido, el cual fue inscrito como hijo natural de Minerva Ortiz, o sea la demandante, toda vez que el demandado se negó a reconocer a dicho menor.
Este Magistrado concluye, a tenor con la credibilidad que le merecen los testigos, que el demandado a pesar de haberse divor-ciado de la demandante, continuó las relaciones con ésta. La madre de la demandante, mujer de profundas convicciones reli-giosas, aseveró que el demandado visitaba a la demandante, se encerraban en la habitación de ésta e incluso para la fecha en que la demandante fue a dar a luz, el demandado la buscó en su automóvil y la llevó al hospital.
La demandante estableció con su testimonio, al cual da cré-dito el Tribunal que a la fecha en que quedó en estado, sólo había sostenido relaciones con el demandado, estableciendo con exacti-tud la fecha en que había tenido la regla, por ser la misma signi-ficativa, la cual recordaba con fidelidad.
El Tribunal sostiene que a base de su observación, el parecido físico entre el menor y el demandado es notable y significativo.
La prueba aportada por la parte demandada sobre exclusión de paternidad no es concluyente y asi lo determina el Tribunal, véase Arais v. Kalensnikoff, 10 Cal.2d 428, 74 P.2d 1043, Harding v. Harding, 22 N.Y.S.2d 810 y 115 A.L.R. 163 y otros casos revelan la cuestión en armonía con la posición del Tribunal.
El laudable intento por parte del demandado ha resultado fallido en contrarrestar la preponderancia de la evidencia apor-tada y creída por el Tribunal. El Tribunal determina y resuelve que Juan F. Peña es el padre del menor Juan Almeido Peña, a ■tenor con la totalidad de la prueba que ha tenido ante sí y la credibilidad que le han merecido los testigos.”

Al recurrir el demandado le concedimos por resolución de 22 de enero de 1975 tiempo necesario para elevar la trans-cripción del testimonio oral del perito médico Dr. Rafael Cor-dova Márquez, profesor de hematología de la Universidad de Puerto Rico quien presentado como testigo por el demandado declaró haber practicado una prueba de sangre que a su juicio excluía la paternidad. Se nos sometió dicha transcripción, y considerada la misma, el 17 de abril de 1975 se desestimó con “no ha lugar” la solicitud de revisión. A moción de reconside-ración que entre otros argumentos aduce que “este caso es de vital importancia para un ser humano” el 7 de mayo de 1975 ordenamos ampliación de vista en instancia para que el juez oyera al demandado, quien no declaró en el juicio. Cele-brada la vista resolvió la sala de instancia el 4 de junio de 1975: “Oída la declaración del recurrente, observada su con-ducta y forma de declarar, analizada dicha declaración cui-dadosamente, no encontramos razón alguna que nos lleve a apartarnos de las conclusiones a que llegamos en nuestra sen-tencia de 25 de noviembre de 1974.”

El 19 de junio de 1975 expedimos auto de revisión y some-tido el pleito con su récord taquigráfico, el 14 de octubre de 1976 este Tribunal dictó sentencia en la que luego de relatar las principales conclusiones del juzgador, dijimos: “Ante de-terminaciones de hecho tan firmes hechas por el magistrado que vio y oyó declarar a los testigos, no creemos que debemos intervenir con su fallo. Se confirma la sentencia recurrida.” Solicitó reconsideración el demandado basado en el superior valor probatorio de la prueba sanguínea que excluye la pater-nidad y decidimos oír las partes en vista oral que fue cele-brada el 17 de enero de 1977. El 26 de mayo de 1977 desesti-mamos la reconsideración por error inexplicado en el nombre del niño objeto de la prueba de sangre, pero el 2 de septiem-bre de 1977 dejamos esta segunda sentencia sin efecto y auto-rizamos a la sala de instancia a considerar una moción del demandado a tenor de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, donde quedó aclarada la confusión de nombres establecién-dose que la prueba se realizó con sangre del menor Juan Al-meido, demandante en filiación. En mayo de 1978 quedó el pleito sometido para decisión en sus méritos.

El resultado de la prueba hematológica en los casos de paternidad no es valor absoluto e incuestionable. Como toda evidencia debe superar la impugnación de la parte contra quien se produce y satisfacer la conciencia del juzgador en la estimación total de la prueba presentada en el caso. Atribuir una calidad de absoluta e intocable a esta prueba técnica tiene el efecto de negar el derecho constitucional de toda parte a confrontarse con la prueba en su contra, y de negar asi-mismo la progresiva evolución de la investigación científica que en no pocas ocasiones rechazará mañana lo que hoy tene-mos como verdad axiomática. Negar consideración y pondera-ción judicial a la prueba del hijo equivale a negar vista. Cf. Casanovas & Cía. v. Soltero, 61 D.P.R. 653 (1943).

Los proponentes de la incontestabilidad de esta prueba científica sólo exigen que para su admisión se cerciore el juez de que en el laboratorio se siguieron el método y los pasos que el criterio científico hasta hoy instruye deben seguirse. La confiabilidad del análisis está minado de imponderables. Los errores pueden ser producto de la dificultad del laborato-rio para conseguir el antisuero con la concentración y clasi-ficación debidas; pueden deberse a la presencia de anticuerpos bloqueantes en el suero sanguíneo, ocasionados por transfu-siones o por embarazo; a no seguirse los métodos de prueba recomendados por los fabricantes del antisuero utilizado; también pueden deberse a que el técnico de laboratorio no capte correctamente el proceso de aglutinación, bien por inep-titud o inatención particularmente en la prueba de clasifica-ción de sangre según el factor Rh; o a la poca destreza de la persona que la realiza.

¿De quién va a depender el juzgador para escudriñar esta evidencia científica y llegar a la conclusión de su infalibili-dad? ¿Va a depender del propio analista que realizó la prueba en la esperanza de que admita error si lo hubo, o va a impo-nerle al hijo negado la contratación de costosos peritos que puedan encontrar error en la prueba practicada?

Nuestro sistema adversativo de enjuiciamiento se carac-teriza por igual oportunidad de ser oídas todas las partes. Es flagrante transgresión de esta garantía constitucional la negativa de un juez a considerar, evaluar y ponderar la evi-dencia que le ofrece una parte, simplemente porque una prueba científica ha paralizado su función de juzgar y su ar-bitrio de aquilatar la prueba, no importa el alto grado de confiabilidad de la evidencia opuesta como lo son admisiones expresas o implícitas de paternidad por el padre putativo.

No es cuestión de trasladar del juzgado al laboratorio la eminente función de decidir las controversias judiciales. Al juez, y no al analista o técnico de laboratorio, le estará siem-pre reservada la decisión final. En el justo y bien balanceado proceso judicial no hay evidencia que pueda suprimir su arbi-trio para estimar la que se le opone. Quien hace descansar la certeza inexpugnable del dictamen de laboratorio en la com-probación por el tribunal de haberse seguido el procedimiento correcto en el análisis de las muestras de sangre, olvida que la presentación por el hijo que reclama filiación de prueba ro-busta y convincente como admisión expresa o implícita de la paternidad por el demandado, puede ser indicio de error en el examen técnico, y es circunstancia vital a ser apreciada por el juzgador.

La admisión en evidencia en casos de paternidad, de la llamada prueba hematológica que hasta ahora sirve para excluir aun cuando no para afirmar la relación paterno-filial no plantea problema siempre que no se la revista de carácter de definitiva y final, elevándola a categoría de verdad reve-lada y de dogma intocable, una vez cerciorado el tribunal de que se ha seguido un método aceptable en el laboratorio. Esto equivale a supeditar el valor probatorio del análisis, a la me-cánica seguida por el analista. El resultado sería una eseiente violación al debido proceso y al derecho de toda parte a con-frontarse con la prueba en su contra.

El progreso de la ciencia no tiene una ruta de infalible consistencia, pues siendo actividad del hombre cae en error y vuelve a levantarse en su busca de la verdad total, tan inal-canzable como el Santo Graal o la piedra de la filosofía. La prueba hematológica cuyas conclusiones nos merecen respeto hoy, aun con su insuficiencia para afirmar paternidad, puede que mañana sea rechazada a la luz de nuevos descubrimientos en el campo de la genética donde la actividad científica es particularmente intensa.

Dicha prueba, como cualquier otra evidencia, debe some-terse al escrutinio judicial, a la impugnación y refutación por la parte contra quien se presenta. ¿Qué proceso judicial ten-dríamos en los casos de paternidad si un juez, atado por este Tribunal a la santidad de un análisis de laboratorio, no pu-diera ejercer su arbitrio para descartar el examen y fallar según su consciencia y recto sentido porque se ha presentado evidencia abrumadora que establece la filiación, como cartas del demandado en que la admite, retratos dedicados a su hijo, un largo comportamiento con múltiples demostraciones del estado de hijo natural en que ha tenido al demandante, y hasta el reconocimiento por el padre en el acta de nacimiento o en testamento y por añadidura un notable parecido físico?

Nuestro Derecho, tanto en su legislación como en su juris-prudencia, ha negado consistentemente carácter de infalibili-dad a la evidencia científica. Ordena el Art. 162 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 1679) que el efecto de la eviden-cia no es arbitrario, sino que se ejercerá con discreción jurí-dica; que el tribunal no está obligado a decidir de conformi-dad con las declaraciones de cualquier número de testigos que no llevaren a su ánimo la convicción contra otra evidencia que le convenciere; y que la evidencia deberá estimarse no sólo por su valor intrínseco sino también con arreglo a la prueba que una parte estuviere en aptitud de presentar. Y el Art. 20 de la Ley (32 L.P.R.A. see. 1663) dispone que un testigo podrá ser oído sólo bajo juramento o afirmación, y en un jui-cio sólo en presencia de todas las partes y sujeto al examen de éstas si tienen a bien asistir y examinar. Nuestra jurispru-dencia ha sido consistente en la garantía de debido proceso que se cumple en el libre ejercicio de la facultad estimativa de toda la prueba por el juzgador. Veamos:

“Consistentemente hemos resuelto que ningún Tribunal está obligado a seguir indefectiblemente la opinión, j uicio, conclusión o determinación de un perito ... y que todo Tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio en la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar la misma aun-que resulte técnicamente correcta.” (Citas.) Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 623 (1970).
“No obstante, el recurrente produjo el testimonio pericial de un ingeniero, al efecto de que técnicamente era absolutamente imposible el que la luz verde estuviera verde a la vez en direc-ciones contrarias. Respetamos el testimonio pericial, pero una prueba en el récord que convence demostró que de hecho, esa era la situación allí al ocurrir el accidente. Quizás, una jugarreta de esas que a veces la máquina le hace al hombre a pesar de la técnica.” Pereira v. E.L.A. 91 D.P.R. 750, 753 (1965).
“Sabido es que los tribunales de instancia, como este Tribunal en ejercicio de su facultad revisadora, tienen amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial pudiendo, aun, adoptar su propio criterio en la apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte técnicamente correcta.” (Citas). Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917, 921 (1971).
“La intervención de los peritos no constituye un juicio sino solo un dictamen.” Scaevola, citado con aprobación en Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 54 (1967).

La más reciente confirmación de la facultad del juez para resolver de acuerdo con la prueba que convence su consciencia aparece en Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 714 (1975).

No es éste el caso, sin embargo, donde debamos remitirnos sin mayor esfuerzo a la apreciación de la prueba por el juez de instancia. El examen serohematológico, cuando excluye la paternidad constituye evidencia respetable, producto del que-hacer científico del hombre y reflejo de la verdad relativa hasta donde haya podido arrancarla de los misterios de la genética. El valor probatorio de esta prueba de sangre es considerable, especialmente cuando, como ocurre en el pre-senté caso, dos laboratorios distintos, ambos de reconocida competencia e integridad, coinciden en el criterio excluyente de paternidad. El otro examen determinó la absolución del demandado en el caso criminal por abandono de menores. Evidencia de tal calidad y grado, sólo puede ser superada por otra que en su fuerza persuasiva incline la mente no preve-nida a descartar de un todo la evidencia científica.

Consideramos que la sala de instancia no le dio el peso debido a esta prueba serohematológica ratificada, cuya con-fiabilidad estimamos prepondera sobre los testimonios orales de la señora madre y abuela del niño, susceptibles a emociones y pasiones que no alcanzan la probeta del analista.

Con estos antecedentes y fundamentos la sentencia recu-rrida sería revocada.

       La decisión en el caso de Aráis ha sido fuertemente criticada. Véanse Larson, Blood Test Exclusion Procedures in Paternity Litigation: The Uniform Acts and Beyond, 13 J. Fam. L. 713, 715 (1973-74); Reade, From Here to Paternity, 3 South Dakota L. Rev. 125-137 (1958).

      En el idioma inglés se denominan indistintamente “factors”, “specificities”, “markers” o “determinants”. Larson, op. cit. en escolio anterior, p. 718. Véase además Terasaki, Resolution by HLA Testing of 1000 Paternity Cases Not Excluded by ABO Testing, 16 J. Fam. L. 543, 554 (1977-78).

      La sangre, es una sustancia semi-líquida que contiene un 40% de sustancias sólidas que son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. El restante 60% del componente sanguíneo está integrado por una sustancia líquida denominada plasma que a su vez contiene una variedad de elementos solubles que incluyen colesterol, azúcar, sales, lípidos o grasas y enzimas que ayudan a digerir la proteína alimenticia. El suero sanguíneo es aquel fluido acuoso de color amarillento que está presente en el plasma. El suero contiene varias sustancias inorgánicas en solución y un buen número de compuestos nitrogenados que son las proteínas. Estas proteínas son de dos clases: albúminas’ y globulinas. Ciertas globulinas contienen anticuerpos, esto es, sustancias que forman una barrera proctectora contra la intromisión de cuerpos extraños, previniendo así las infecciones. Las albúminas son las que ejercen la presión osmótica necesaria para mantener y estabilizar la presión sanguínea. Véase Larson, op. oit. en escolio 1, pág. 741.

      La hematología estudia tanto la ordenación y el funcionamiento del tejido sanguíneo como las enfermedades que suelen atacarlo, esto es, dicha rama comprende tanto el estudio histológico como el estudio patológico del tejido sanguíneo. La inmunología dirige su atención al estudio de los leucocitos o células blancas que, junto a los eritrocitos o células rojas y los trombocitos o plaquetas, comprenden el conjunto de sustancias que forman el componente sólido de la sangre. Estos leucocitos forman la base del sistema inmunológico encargado de la defensa del organismo. Por último, la serología — como rama especializada de la inmunología — tiene por objeto el análisis del suero sanguíneo, entendiéndose por suero aquel fluido acuoso de color amarillento que queda como remanente en el plasma sanguíneo cuando se sustrae del plasma la proteína con propiedades coagulantes de-nominada fibrinógeno. Id. Larson, op. oit.

      La Corte Suprema de Casación de Italia expresó en una opinión citada en Beuschel v. Manowitz, 271 N.Y.S. 277-281 (1934):
      “As regards the reliability of the results obtained by this method the latest studies and investigations show that though the determination of the blood groups afford no positive evidence for a declaration of filiation in a given case, it does, on the other hand, furnish incontrovertible evidence for the exclusion of this relationship when the child’s blood group does not agree, according to a definite scheme, with that of the supposed father.”

       No obstante el hecho de que la prueba de sangre es concluyente para negar la paternidad, si la persona ha reconocido a otra como hijo en forma indubitada, se ha resuelto que no debe permitírsele cesar en sus responsabilidades como padre. Watts v. Watts, 337 A.2d 350 (N.H. 1975).

      Lo es, no sólo para el demandado, sino para el hijo menor de edad y su señora madre.

      R. Gray, Attorneys’ Textbook of Medicine, 3ra. ed., Vol. 4B, secs. 304.08-13.