author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Manuel Rivera Navarro, acusado y apelante.

      Número: CR-80-88

      Resuelto: 7 de diciembre de 1982

      Margarita Carrillo, de la Sociedad para Asistencia Legal, abo-gada del apelante; Miguel Pagán, Procurador General Inte-rino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Manuel Rivera Navarro impugna las convicciones por asesinato en primer grado, robo y dos violaciones a los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas. Ninguno de sus señalamientos constituye fundamento para invalidar las sentencias dicta-das. Examinémoslos.

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El primero cuestiona la negativa del tribunal de instan-cia a suspender la vista. Aduce que ello le privó de su dere-cho a una adecuada representación de abogado, pues el que lo asistió no tuvo suficiente tiempo para prepararse.

El señalamiento es frívolo, producto más bien de una concepción errónea de que los derechos que amparan a todo acusado son irrestrictos y absolutos. Reafirmamos que “[sjancionar lo que aquí repudiamos equivaldría a establecer un precedente en extremo perjudicial para la ordenada administración de justicia en la esfera de lo penal. Tendría el efecto de concederle a los inculpados el dominio sobre los calendarios de las cortes, colocándoles en condiciones de resolver cuándo han de ventilarse los procesos, proporcionándoles fácil medio para lograr la posposición de las vistas a su antojo, con simplemente aguardar hasta el último instante para designar o cambiar abogado. ” Romero v. Jones, Alcaide, 78 D.P.R. 572, 577-578 (1955). (Énfasis suplido.)

Desde el 4 de noviembre de 1979 —día de los hechos y también de la denuncia— hasta que comenzó el juicio el 12 de noviembre de 1980, transcurrieron exactamente 373 días (un (1) año y 8 días). Durante ese período el caso fue sus-pendido en seis (6) ocasiones. El Ministerio Fiscal siempre estuvo preparado. Dos suspensiones se debieron al tribunal, por estar ventilando otros asuntos, y las restantes a la defensa. Desde el mismo día de la denuncia? ■ durante la rueda de detenidos, la vista preliminar, la lectura y todos los señalamientos, excepto uno, el acusado estuvo asistido del Ledo. Fernando Iglesias.

El primero se suspendió a petición y por razón de que el licenciado Iglesias estaba evaluando una defensa de coar-tada. Después de eso, al licenciado Iglesias se une el licen-ciado Miranda Cestero. Siguen las suspensiones, y para el 2 de octubre de 1980 —fecha de la última— el Ledo. Enrique Miranda Cestero estaba recluido de emergencia en el hospital por una afección cardíaca. En esa ocasión el juez, sobre la objeción del Ministerio Fiscal, transfirió la vista para el miércoles 12 de noviembre del mismo año, con carácter de último señalamiento. En términos enérgicos, apercibió a las partes. Ese día se intenta suspender el juicio nuevamente, puesto que el licenciado Miranda Cestero con-tinuaba enfermo. Interviene a tales efectos el Ledo. Teodoro Meléndez Lebrón. El tribunal correctamente se negó y pospuso la vista para horas de la tarde. Se empezó el proceso de selección de jurado y no fue hasta cinco (5) días después, el lunes 17, que propiamente el Ministerio Público comenzó a desfilar su prueba.

En estas circunstancias, ¿de qué se queja el apelante? Primero. Ningún acusado tiene el derecho a mantener interrumpido el sistema de administrar justicia, mediante la designación de determinado abogado. Ese derecho y su particular preferencia de aquel seleccionado no es absoluto ni ilimitado, depende de la disponibilidad del abogado. Puede quedar afectado por circunstancias particulares —bien sean profesionales o personales— tales como conflicto de señalamiento, exceso de trabajo, condición de enfermedad recurrente y otras circunstancias análogas. Nace, vive y muere a base del criterio de razonabilidad. Lo contrario sería desarticular el sistema judicial. “El derecho a asistencia de abogado no quiere decir el derecho a la asis-tencia de un abogado en particular^] sino de un abogado admitido a ejercer en los tribunales, de la libre selección del acusado cuando esto es factible y en su defecto, de un defen-sor público o del que le provea el tribunal, y que en el caso particular de que se trate haga una defensa bona fide y no meramente pro forma.” Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635, 649 (1964). Segundo, no es procesal como tampoco en sus méritos la defensa fue pro forma. Participó uno de sus abogados: el licenciado Iglesias, quien conocía todo el trámite y las posibles defensas. Desde sus inicios obtuvo la primera suspensión fundada en un estudio de la defensa de coartada. Es curioso que nunca la planteara formalmente, aunque —sin explicación en los autos— desfiló prueba que en lo esencial era a tales efectos. Véase: Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171, 182-183 (1980). Es interesante recordar que el apelante declaró que no estaba en el lugar y que recibió la herida de bala de unos disparos originados en un automóvil desconocido. Ese testimonio no mereció crédito a los juzgadores de instancia. Sin embargo, lo prestó con el propósito exculpatorio y bajo la hipótesis de que era veraz. Preguntamos, ¿en qué consistió la representación inadecuada?, ¿qué otra defensa era factible y viable? Tercero y último, el costo social que representa cada suspen-sión y que como máximo el sistema está dispuesto a tolerar, había excedido sus límites: comparecencia, estabilidad económica y seriedad de los señalamientos, impacto econó-mico, público y privado, sobre protagonistas, funcionarios, testigos y otros. El juicio rápido no es derecho que perte-nezca privativamente a un acusado. García v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27 (1975).

Irónicamente, para algunos acusados el propiciar sus-pensiones “adelanta” sus causas, pues contribuye al dete-rioro de la evidencia por la indisponibilidad de testigos —ausencia, desaparición o muerte— y pérdida de la memo-ria sobre hechos esenciales. Estudios en varias jurisdiccio-nes demuestran que, por regla general, no les interesa ven-tilar sus casos con prontitud. Puerto Rico no es la excepción. Esta actitud forma parte de la sicología, naturaleza y con-ducta humana inherentes a la dinámica procesal. Choca con el ideal constitucional de un “juicio rápido”. Al protagonista del esquema forense penal le resulta ventajoso controlar indirectamente el momento en que se ventile el caso en su fondo.

Repetimos, cada suspensión conlleva unos desembolsos que no sólo gravan la rama judicial, sino a los demás com-ponentes principales e incidentales del sistema: policía, fis-cales, asistencia legal y ciudadanía en general. Implica gas-tos relacionados con los trámites y documentos ordinarios, citación, pago de dietas y otros. Los testigos experimentan gastos en transportación, pérdida de ingresos que no son compensables mediante las módicas dietas y sufren distin-tos tipos de inconveniencias. Sobre todo, afecta y debilita la confianza en la administración de la justicia y fomenta un sentido de injusticia, inseguridad e incertidumbre por la tardanza en la determinación final fáctica y jurídica de la controversia.

Concentremos nuestra atención en los planteamientos sobre la identificación realizada en la rueda de detenidos. Alega violación al debido proceso de ley (Regla 252.1(e)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II) al: (1) informarse a los testigos que se había detenido “un sospe-choso”; (2) no levantarse un acta negativa en torno a los tes-tigos que no pudieron identificarlo; y (3) que su identifi-cación fue poco confiable.

A los fines de evaluar éste y los restantes errores, re-sumamos la prueba.

En esencia, la del Ministerio Fiscal, creída por el jurado y tribunal a quo, demostró que el 4 de noviembre de 1979, aproximadamente a la 1:15 a.m., el negocio-bar denominado “El Carrillón”, ubicado en Río Piedras, fue asaltado por dos individuos. Éstos, antes de perpetrar sus delitos habían intentado entrar al mismo como clientes, pero por instruc-ciones de su propietaria, la Sra. Lourdes López Rivera, no se les abrió. En esa ocasión, a través de la puerta de cristal, ella pudo observarlos. Con posterioridad, es un hecho que por lamentable ingenuidad uno de los parroquianos les abrió la puerta y entraron. Una vez dentro pidieron cerveza y la señora López se la despachó. Uno de ellos, identificado posteriormente como el acusado apelante Rivera Navarro, preguntó por el baño y se dirigió hacia allá. Cuando regresó, cogió por el cuello a la señora López y anunció que se trataba de un asalto. En unión a su cómplice, blandió armas y ordenó a todos tirarse al suelo y abstenerse de observarlos. Durante el asalto uno de los clientes llamado Pedro A. Deliz Duran, reaccionando contra la agresión de una patada que infirió Rivera Navarro a la señora López, logró sacar su revólver, y antes de que fuera muerto lo hirió. El análisis toxicológico durante la autopsia reveló 0.21% por peso de alcohol en la sangre, equivalente “a 10 latas de cerveza de 12 onzas” o “10 onzas de ron” (E.N.P., pág. 10). La evidencia también refleja que la iluminación del local era bastante clara, pues se acostumbraba jugar dominó y que esa noche se culminaba el festejo de un cum-pleaños de una de las parroquianas, que había comenzado en el “Bar El Mono”. Momentos antes del fatal incidente esta-ban leyendo poesías. Los asaltantes escaparon. Las personas allí presentes suministraron a la Policía las descripciones que mejor pudieron brindar y ésta notificó al Centro de Mando esa descripción. Fueron citados al Cuartel General.

En dicho lugar, a las 9:00 a.m., fueron llevados ante una rueda de detenidos para ver si podían identificar un sospe-choso. Entre los cinco (5) integrantes de la rueda estaba el apelante Rivera Navarro, quien había sido detenido con anterioridad por la Policía de Carolina cuando fue a recibir tratamiento al Centro Médico de una herida de bala que recibió en el bíceps del brazo izquierdo.

En la rueda sólo la empleada Migdalia Lozada Rosado lo identificó positivamente. La Sra. Lourdes López Rivera lo hizo con posterioridad cuando lo vio en una celda. Según su testimonio, se encontraba antes muy nerviosa. Antes de la rueda de detenidos el apelante estuvo asistido del Lie. Fernando Iglesias. La Policía sólo levantó acta de la rueda de detenidos en cuanto a la identificación positiva. No levantó acta negativa respecto a los otros testigos participantes por ser del criterio de que ello no era necesario y por no exigirlo la ley.

Por su parte, la teoría y prueba desfilada del apelante no cuestionó ni negó los hechos acaecidos dentro del negocio en la madrugada del 4 de noviembre. Estuvo dirigida a demos-trar que no era la persona descrita como el asaltante y que fue herido en otro lugar por unos disparos que le hicieron unos desconocidos desde un automóvil mientras se dirigía a su casa esa noche.

Teóricamente y según concluyó el propio foro primario, se cometió un error al comunicar a los testigos que se iba a efectuar una rueda de detenidos: “a ver si podían identificar a una persona sospechosa” y “porque tenían un sospechoso” (E.N.P., págs. 2, 6). Sin embargo, el error no implica sugestividad ni le resta confiabilidad al proceso de identificación. Aunque la Regla 252.1(e)(2) concretamente dispone que “[n]o se le [s¿c] informará a los testigos antes de la celebración de la rueda que se tiene detenido a un sospechoso”, resulta evidente que se trata de un requisito de difícil y casi imposible cumplimiento, pues ¿de qué modo, forma o lenguaje puede requerirse a unas personas —los presuntos testigos— de la naturaleza y el tipo de acto que se pretende realizar? ¿Cómo explicar a la ciudadanía y a los testigos la necesidad de su intervención? ¿Cómo evitar transmitir, expresa o implícitamente, que existe una persona sospechosa si precisamente de eso se trata? En algún momento o etapa, por obligación, habrá que pedirles al menos que se trasladen uno por uno al lugar de observación y habrá que comunicarles que observen a los integrantes de la rueda de detenidos, para ver si pueden identificar a alguno. No existe, pues, lógica en la gramática de esta dis-posición. Es necesario ir más allá. La propia Regla 252 de Procedimiento Criminal, su título y trámites están apunta-lados en la premisa de que existe un sospechoso, pues de lo contrario, ¿para qué celebrarla?

Concluimos que la prohibición establecida en la Regla 252.1(e)(2) trasciende su literalidad. Debe leerse en unión al inciso (7), que proscribe que, expresamente o de cualquier modo, se influya o sugiera adrede la selección de alguna persona específica en la rueda. Informe Comisión para el Estudio de la Policía, Consejo sobre la Reforma de la Justicia (1974), pág. 156. El hecho de comunicar simplemente —como en el caso de autos— que se va a celebrar la rueda, pues hay un sospechoso, sin ninguna otra particularidad, indicación o sugerencia en cuanto a su identificación, no viola el debido proceso de ley.

El apelante discute que no se preparó el acta de identifi-cación negativa en cuanto a los testigos que no lo identifi-caron. Aduce que le impidió presentar prueba exculpatoria durante el juicio.

Aunque la Regla 252.1 no exige expresamente que se levante un acta negativa, su inciso (f), mediante el mandato legislativo, permite llegar a esa interpretación. Reza:

Récord de los procedimientos. En todo procedimiento efec-tuado de acuerdo a [sic] estas reglas se levantará una breve acta la cual será preparada por el encargado de la rueda.
En dicha acta se incluirá el nombre de los integrantes de la rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen [sucinto] de los procedimientos observados.
Deberá además tomarse cuantas veces fuere necesario para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue pre-sentada a los testigos. Dicha foto, al igual que el acta levan-tada, formará parte del expediente policíaco o fiscal corres-pondiente y su obtención por un acusado se regirá por las reglas de procedimiento criminal vigentes. (Énfasis suplido.)

Aparte de aspirar a la uniformidad, la preparación de esa breve acta en todo procedimiento —sea positiva o no la identificación— sería otra garantía más de que la Policía ha cumplido satisfactoriamente los requisitos germanos dirigidos a salvaguardar la confiabilidad en el proceso de identificación penal. Sin embargo, su inobservancia no sig-nifica que automáticamente todo el proceso está viciado. Lo crucial será la determinación judicial de si la identificación fue sugestiva. Claro está, al Ministerio Público se le dificul-tará demostrar la ausencia de sugestividad en aquellas situaciones en que la Policía prescinde, inexplicable e injus-tificadamente, de algunos de los requisitos de la regla.

En este caso, el que la Policía no levantara un acta negativa no fue perjudicial. Primeramente, la prueba tiende a indicar que esa omisión se debió a un criterio bona fide del agente Ángel R. Soto Rivera de que no era necesa-rio. Segundo, el fiel cumplimiento de los demás requisitos tiende a confirmar la ausencia de un intento directo o indi-recto de la Policía para influenciar o sugerir adrede a los testigos una identificación. A tales efectos se destaca la fotografía de la rueda de detenidos. Su examen revela al apelante en unión a otras cuatro (4) personas de caracte-rísticas físicas y vestimenta afines. Más aún, no se des-prende indicio de que fuera herido en el brazo. Con tal propósito se le permitió que sus familiares le trajeran ropa y se cambiara, pues la que tenía estaba ensangrentada. Y tercero, el acusado, a través de la prueba del Ministerio Fiscal —acta positiva y demás testimonios— estableció todas las circunstancias que rodearon el proceso de identifi-cación. Salvo los señalamientos inconsecuentes que nos hace, el procedimiento fue correcto.

Apreciados en su verdadero alcance, a la luz de la totalidad de las circunstancias que rodearon el procedí-miento, concluimos que la identificación fue confiable. Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463 (1982); Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1978); Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1972); Pueblo v. Gómez lucera, 97 D.P.R. 249 (1969). Así la testigo Lozada Rosado tuvo amplia oportunidad de observar al apelante; ni éste ni su cómplice estaban enmascarados; el negocio estaba adecuadamente iluminado; el tiempo de exposición de varios minutos fue más que suficiente; la conducta de los asaltantes, exigencias y demás incidentes requirieron un grado razonable de aten-ción de la testigo; ella demostró fidelidad al describirlos, en la primera oportunidad; no tuvo duda alguna al ser con-frontada; y transcurrieron apenas unas horas entre la observación y esa confrontación.

Finalmente, la certeza y confiabilidad de esta identificación no se debilita porque las otras personas presentes en el negocio no pudieron identificar al apelante en la rueda de detenidos. En cierto sentido la robustece. La prueba re-vela que a la avanzada hora en que se consumó crimen (1:15 de la madrugada) estas personas habían ingerido y estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas: “estaban picaos”, no “borrachos” (E.N.P., pág. 3). La víctima Deliz Durán tenía 0.21% de alcohol en la sangre. Tomamos conocimiento judicial de que los efectos del alcohol reducen el grado de percepción, concentración, agilidad mental y destreza motora. A mayor consumo, menos habilidad. Ello tiende a ilustrar la inhabilidad de quienes estaban “picaos” para identificar. Esto explica porqué sólo las testigos Lozada Rosado y López Rivera, empleada y dueña que no bebieron (E.N.P., pág. 3), fueron las que en primera y segunda oportunidad lo identificaron.

El tercer error trata sobre un comentario del Ministerio Fiscal en cuanto al silencio del acusado al aquél preguntar a un testigo de cargo si éste solicitó la prueba de parafina cuando estaba detenido en el Cuartel General. Insiste en que el tribunal de instancia debió disolver el jurado.

El incidente propiamente se originó como consecuencia de la defensa haber preguntado al agente Francisco Aponte, durante su contrainterrogatorio, sobre la investi-gación del caso y éste haberle contestado que no hizo la prue-ba de parafina al acusado. (E.N.P., pág. 8.) Después, en el redirecto del agente Ángel R. Soto Rivera, el Ministerio Público le preguntó “si el acusado o su abogado pidieron que se le hiciera la prueba de parafina”. (E.N.P., pág. 9.) La defensa objetó y en ausencia del jurado solicitó sin éxito su disolución. El tribunal de instancia aceptó que era un error del fiscal e inmediatamente, al regresar el jurado, instruyó que la pregunta era “improcedente, porque el acusado no tiene que probar nada, ni declarar nada, no tiene que ofrecer prueba de defensa”. Explicó, además, que al acu-sado se le presumía inocente y que no deberían dejarse influir por la posible contestación. (E.N.P., págs. 9-10.)

Las oportunas instrucciones del juez salvaron cualquier posible perjuicio. El comentario fue uno limitado, en forma indirecta, a una sola pregunta. Como cuestión de hecho, independientemente de la misma, la prueba, en esa etapa ya había establecido que la Policía no le había hecho la prueba de la parafina, y por inferencia, el jurado conocía ese dato. Al analizar posteriormente el testimonio del apelante, se corroboró que en efecto éste no había solicitado esa prueba.

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El último error discutido es que no se estableció la cul-pabilidad del apelante más allá de duda razonable. Está predicado en la tesis de que su identificación estuvo viciada, fue sugerida y adolecía de falta de confiabilidad. Hemos dispuesto de estos señalamientos previamente. La prueba fue suficiente para superar al quantum constitucional de demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

       Reclusión perpetua por el asesinato en primer grado; de cinco (5) a diez (10) años por el robo; de dos (2) a cuatro (4) años, y seis meses, respectivamente en cada caso por los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas.

      La legitimidad de esta condición física no se cuestiona. Nuestros pronun-ciamientos no la desvirtúan.

       El cliente que les abrió “les dijo que no les querían abrir porque los creían asaltantes”. (E.N.P., pág. 6.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

license: Public Domain

text:
    Carlos M. Famania y Otros, demandantes y recurridos, v. Corporación Azucarera de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-81-474

      Resuelto: 15 de diciembre de 1982

      Héctor M. Lafitte, de Lafitte & Domínguez, abogado de la recu-rrente; Julio Alvarado Ginorio, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Trata este caso de la reclamación que un grupo de tra-bajadores de la Corporación Azucarera de Puerto Rico instó contra su patrono en virtud de la Ley de Salario Mínimo, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 245 et seq. Conforme dicho estatuto el patrono venía obligado a pagarles una suma de dinero por concepto del incremento en el precio mundial del azúcar crudo, además del salario acordado en los convenios colectivos que reglamentan las relaciones y condiciones de trabajo entre ambas partes. La Corporación Azucarera adujo que los referidos convenios incluían el pago del aumento en el pre-cio del azúcar.

El tribunal de instancia dictó sentencia en que declaró con lugar la reclamación y ordenó a la Corporación pagar a los trabajadores las cuantías por éstos solicitadas. Acudió la querellada ante nos y acordamos revisar para examinar más a fondo la controversia.

El estudio de los autos nos convence de que no incidió el tribunal sentenciador al interpretar la ley y concluir que el incremento en el precio del azúcar se pagaría sobre el sala-rio acordado en los convenios.

La See. 6 de la Ley de Salario Mínimo, 29 L.P.R.A. sec. 245h, dispone que a los trabajadores de las fases fabril y agrícola de la industria azucarera se les pagará sobre el salario básico establecido en la ley o por decretos mandatories de la Junta de Salario Mínimo un aumento a calcularse a base del precio del azúcar en el mercado. En cuanto a las situaciones en que los jornales de los trabajadores estén fijados por convenios colectivos y sean mayores a los establecidos por ley o decreto mandatorio se ordena que:

En todos los casos en que por convenios colectivos se hayan establecido salarios básicos superiores a los fijados en los decretos mandatories, o los fijados por las sees. 245 a 246m de este título, los aumentos se harán sobre tales salarios básicos establecidos por convenio colectivo. (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. sec. 245h(b).

Surge claramente de esta disposición que los trabaja-dores cuyos jornales estuvieren fijados en convenios colecti-vos y fueren mayores a los establecidos en ley o decretos mandatorios —como en el caso de autos— tendrán derecho a recibir el aumento basado en el precio del azúcar sobre dichos sueldos acordados.

El historial legislativo de esta disposición confirma que éste fue el propósito de la misma. Al discutirse cómo ope-raría el referido aumento se expresó:

Sr. Viera Morales: La pregunta es cómo podría explicarme, con un ejemplo hipotético, la operación matemática de esta enmienda en el Proyecto.
Sr. Milán Padró: Será de la siguiente manera: Como el Compañero sabe, hay un tipo básico que fija la ley, pero ese tipo básico ha sido variado muchas veces y en muchos sitios por convenios colectivos que aumentan ese tipo en diez centavos, en nueve centavos, dado sea el caso, ¿verdad? en lo que sea. Entonces, el aumento de tres y medio centavos, cuando pase de $7 el precio del azúcar, vendrá a ir sobre el tipo básico establecido por la ley en aquellos sitios en donde el convenio colectivo no haya dispuesto que sea mayor. En ese caso, en aquellos sitios donde no hay convenio colectivo, el aumento va a ser sobre el tipo básico fijado por el convenio colectivo.
Sr. Viera Morales: ¿Debo entender entonces, señor Presi-dente, que como resultado de esta enmienda se eliminan esos aumentos pequeños que se ha decretado mediante convenios colectivos?
Sr. Milán Padró: No, no se eliminan, se salvan. Se salva-guardan ...
Sr. Viera Morales: Sí.
Sr. Milán Padró: Porque el tipo que va a regir es el estable-cido por la ley o el que ha sido establecido mediante contra-tación colectiva sin el aumentito ese que se ha conseguido por contratación colectiva, siete centavos. Ese va a ser el tipo mínimo, sobre ese es que se va a computar el aumento de salario.
Sr. Viera Morales: Si por ejemplo, el tipo básico fuera 3.10 . . .
Sr. Milán Padró: Ese es el tipo básico para el cortador de caña.
Sr. Viera Morales: ... si mediante un convenio colectivo se haya aumentado a 3.17.
Sr. Milán Padró: Exacto. El aumento posterior viene sobre 3.17.
Sr. Viera Morales: ¿Sobre 3.17?
Sr. Milán Padró: Exacto. Diario de Sesiones, Vol. 17, Tomo 5, pág. 2105 (1963).

No obstante la claridad de la disposición transcrita y de su historial la recurrente insiste en que no le aplican los beneficios de esta ley a los recurridos, interpretándola contrario a su espíritu. Argumenta que el aumento en el precio del azúcar estaba incluido en el salario acordado en los convenios porque se pactó el pago de salarios mínimos, que a su entender equivale a los salarios básicos impuestos por ley o decreto mandatorio más el incremento en el precio del azúcar. No estamos de acuerdo. En primer lugar, no es lógico pensar que se puede incluir en un convenio colectivo que normalmente ha de estar en vigor por varios años aumentos que no pueden preverse con seguridad debido a que se computan periódicamente a base de las fluctuaciones que tiene en el mercado el precio del azúcar. Además, no surge de la ley ni de los convenios colectivos envueltos que i exista tal diferencia entre salario mínimo y salario básico. Por el contrario, de la definición en la Ley de Salario Mínimo y del uso del término salario básico se desprende que se refieren a lo mismo: el salario menor a que tendrán derecho los trabajadores según sea establecido en la ley o decretos mandatories. Véase 29 L.P.R.A. secs. 245h y 246h.

No es atendible en este foro el argumento de la recurrente sobre el impacto oneroso que tiene el estatuto en sus finanzas. Nuestra función es interpretar la ley y no juz-gar su bondad o sabiduría. Por eso, no debemos frustrar los propósitos de un estatuto cuando la letra es clara y expresa sin ambigüedad la-intención del legislador.

Se dictará sentencia en que se confirme la del tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

       A solicitud de la querellada autorizamos la transcripción del testimonio del Sr. Félix Calderón, perito de la Corporación Azucarera.


author: PER CURIAM:

text:
    Berwind Lines, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-82-505

      Resuelto: 16 diciembre de 1982

      Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Andrés R. Nevárez González, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

Para enero de 1976, Berwind Lines, Inc. se dedicaba a la transportación marítima de carga entre Puerto Rico e Islas Vírgenes. Berwind arrendaba a la Autoridad de los Puertos un predio de terreno en Isla Grande, Puerto Rico, para llevar a cabo sus operaciones.

El 4 de enero de 1976, vía un vapor de Sea Land, llegó a Puerto Rico un furgón con cajas de whisky J & B. El furgón fue entregado a Berwind por Sea Land al día siguiente con el propósito de que Berwind lo transportase a St. Thomas, Islas Vírgenes, y lo entregase a Henry Elliot, Ltd., distri-buidora de licores. Berwind estacionó el furgón en el predio en Isla Grande arrendado para tales fines.

El furgón fue hurtado el propio día de su entrega a Berwind. El Secretario de Hacienda requirió de Berwind el pago de $53,820 por concepto de impuestos sobre bebidas alcohólicas. Berwind satisfizo esta suma y solicitó reintegro, el cual le fue denegado. Berwind acudió en alzada ante el Tribunal Superior y éste ordenó al Secretario de Hacienda devolver los $53,820, más intereses. El Secretario de Hacienda ha recurrido ante nosotros. Berwind ha compare-cido también. Resolvemos bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Conforme el Art. 8(c) de la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969 (13 L.P.R.A. sec. 6008(c)), el impuesto sobre los espíritus destilados y las bebidas alcohólicas traídos del exterior recaerá “en el momento, de la llegada a un puerto en Puerto Rico de la embarcación marítima o aérea que las transporte”. El Art. 21(1) de la ley, 13 L.P.R.A. see. 6021(1), establece la siguiente exención condicional:

No se cobrará el impuesto sobre espíritus destilados y/o bebidas alcohólicas en los siguientes casos:
(1) Espíritus destilados y bebidas alcohólicas en tránsito— Cuando los espíritus destilados o las bebidas alcohólicas pasen por Puerto Rico en tránsito consignados a personas en el exterior, mientras permanezcan bajo la custodia de la aduana o depositados en un almacén de adeudo autorizado por el Secretario, si fueren embarcados fuera de Puerto Rico, den-tro de los 120 días a partir de la fecha de introducción o importación.

Berwind alega que tiene derecho a que el impuesto pagado se le devuelva al amparo de la disposición citada. No le asiste la razón. Para que aplique la exención, las bebidas en tránsito tienen que permanecer bajo la custodia de la aduana o en un almacén de adeudo autorizado por el Secretario de Hacienda y ser embarcadas fuera de Puerto Rico dentro de los 120 días a partir de la fecha de su introducción. Como expresamos en Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 784 (1968), “Siendo las exenciones contributivas derogaciones del poder soberano, no deben extenderse más allá de los términos expresos y exactos del estatuto que las otorga y toda duda debe resolverse en contra de la existencia de la exención”. En el caso presente no cabe ni aun la más mínima duda sobre la inaplicabilidad de la exención, ya que no se dieron ninguna de las condiciones que permiten su empleo. Adviértase, además, que el artículo en cuestión no se refiere a mercancía hurtada.

El Art. 24(a)(2) de la Ley de Bebidas, 13 L.P.R.A. sec. 6024(a)(2), es el que alude a mercancía sustraída. Provee el artículo:

No se cobrará impuesto alguno con respecto a espíritus des-tilados y bebidas alcohólicas:
(a) Que se hayan perdido mientras hayan estado en un almacén de adeudo
(1) por motivo de filtración o absorción de los envases o evaporación y por otras causas naturales, o
(2) que fueren sustraídos si el propietario de los espíritus o bebidas alcohólicas demuestra a satisfacción del Secretario que la sustracción ocurrió sin que mediara connivencia, colusión, fraude, culpa o negligencia de su parte....

Este artículo es también inaplicable al caso de autos. El ar-tículo trata únicamente de mercancía hurtada de un almacén de adeudo. No opera la exención si se le extrae de un lugar distinto. Tal artículo arranca a todas luces de la legislación federal al efecto, la cual tan solo autoriza la no imposición del impuesto en casos de hurto de bebidas bajo adeudo. 26 U.S.C. sec. 5008(a)(1)(A). Así como ocurrió en Philip Morris, Inc. v. Srio. de Hacienda, 105 D.P.R. 925 (1977), cert. denegado 434 U.S. 931 (1977), bajo una situa-ción de hechos análoga, el Secretario de Hacienda carece de autoridad en situaciones como la presente para reintegrar o no imponer los impuestos sobre espíritus destilados y bebi-das alcohólicas que nuestra legislación ordena, a menos que el contribuyente pruebe que le amparan estrictamente las exenciones estatuidas.

Berwind sostiene, por último, que de proceder el pago impuesto, el mismo debe recaer sobre Sea Land o sobre Ventura Rodríguez, Inc., distribuidor de J & B en Puerto Rico. Berwind no ha colocado a este Tribunal, sin embargo, en condiciones de pasar juicio sobre los méritos, si alguno, de este planteamiento, ni son partes en esta causa ninguna de las entidades mencionadas.

Se expedirá el auto y se revocará la sentencia dictada.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Torres Rigual.

text:
    Luis A. Rivera Cabrera, Áurea S. Cordero Guillama, etc., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Quinta, recurrido.

      Número: O-82-749

      Resuelto: 27 de diciembre de 1982

      Noel González Miranda, de Sweeting, Pons, González & Cestero, abogado de los recurrentes; el Registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente Rivera Cabrera presentó al Registro la escritura núm. 8 otorgada el 30 agosto, 1982 ante el Notario Noel González Miranda sobre compraventa de urbana e hipoteca que acompañó-con $264.50 en pago de derechos de arancel, a tenor del número dos, apartado (c) de la Ley Núm. 3 de 12 agosto, 1982. El Registrador denegó la inscripción por razón de que el documento devenga $25 más hasta completar $314.50, toda vez que por error o inadver-tencia que rompe la armonía con el propósito de duplicar los derechos, dicho apartado (c) dice $25 donde debe decir $50. El error es de elemental factura oficinesca y cede ante la realidad de la declarada intención legislativa.

La Ley Núm. 3 de 12 agosto de 1982 aumentó al doble, partida por partida, los derechos de arancel del Registro de la Propiedad estatuido por Ley Núm. 91 de 30 mayo, 1970, con la aislada excepción del número dos (c) en su primera parte. El texto de 1970 decía:

Número Dos: Por la inscripción, anotación, cancelación, liberación, respecto a cada derecho en una finca, se pagarán los siguientes derechos:
(a).
(b).
(c) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de quince mil dólares se pagarán veinticinco (25) dólares por los primeros veinticinco mil dólares y dos (2) dólares por cada mil dólares o fracción de mil dólares adicionales.

El texto correspondiente en la citada Ley de 1982 dis-pone:

Número Dos: Por la inscripción, anotación, cancelación, liberación, respecto a cada derecho en una finca, se pagarán los siguientes derechos:
(a) .
(b) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de mil (1,000) dólares se pagará dos (2) dólares por cada mil dólares o fracción de mil dólares del valor nominal de la finca hasta un valor máximo de veinticinco mil dólares.
(c) Cuando el valor de una finca o derecho exceda de vein-ticinco mil (25,000) dólares, se pagarán veinticinco (25) dólares] por los primeros veinticinco mil (25,000) dólares y cuatro (4) dólares por cada mil (1,000) dólares o fracción de mil (1,000) dólares adi-cionales.

Esa de $25 por los primeros $25,000 es la única instancia en que no aparecen doblados los derechos, y que de seguirse al pie de la letra, por interacción con el precedente apartado (b) llevaría al absurdo de que una venta por $25,000 devenga $52.50 en derechos; mientras otra por $26,000 paga $31.50, presentación e impuesto de Código Político inclui-dos. Que se trata de un simple error de oficina o de trámite es conclusión obligada no solo por el alto relieve de contra-dicción con todo el cuerpo de la ley que hemos apuntado, sino por la declarada intención y propósito legislativo enmarcados en la urgencia de obtener fondos ya destinados al presupuesto, según reza el Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara por su Presidente señor Arrarás, del que transcribimos:

El P. de la C. 594 propone duplicar los derechos a pagar por las distintas operaciones que se llevan a cabo en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. Esta medida aumentaría los ingresos del Gobierno en $7.7 millones anuales. Estos fondos adicionales ya han sido considerados en el cuadro de recursos que el Gobernador sometió a la consideración de la Asamblea Legislativa para el año fiscal 1983.
RECOMENDACIÓN
El arancel de los derechos que actualmente se pagan por las operaciones del Registro de la Propiedad se estableció en 1970. Desde entonces se ha registrado un alza notable en los costos que se incurren para llevar a cabo estas operaciones. Entendemos que esta medida es necesaria ya que permitiría allegar parte de los recursos que se necesitan para poder balancear el presupuesto que está ante la consideración de la Asamblea Legislativa. Esto evitaría, además, que se sigan afectando aún más, los servicios que se ofrecen a nuestro pueblo. (Énfasis nuestro.)

Nuestra jurisprudencia rechaza la interpretación literalista de la ley, y con mayor vigor debe repudiarse el afincamiento y consagración de lo que a plena vista es simple error de trámite. “No es la lógica ciega a los objetivos y necesidades de nuestro ordenamiento jurídico y comunal la que debe gobernar la interpretación de nuestros códigos y leyes. Es la opuesta.” Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 408-409 (1974). El problema que nos ocupa no encuentra solución simple en la prevención del Art. 14 C.C. de que al ser la ley clara y libre de toda ambigüedad, no debe menospreciarse la letra y preferir su espíritu. La dis-cordancia que se da en una sola línea entre nueve inciden-cias de enmienda genera más que suficiente ambigüedad y confusión para hacer obligado el recurso al medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, cuál es la razón y el espíritu de ella. Art. 19 C.C. La literalidad puede ser ignorada cuando es claramente contraria a la verdadera intención o propósito legislativo según surja éste de la tota-lidad del estatuto o de la totalidad de la sección envuelta. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520 (1954). Ya es doctrina inconmovible en nuestra jurisprudencia que la “ley hay que leerla y considerarla en su totalidad, no fraccionalmente y para encontrarle su significado el tribunal tiene que tener en cuenta el propósito de la misma”. Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 616 (1964).

Ya hemos visto cómo tomado el estatuto de arancel de 1982 en su integridad dispositiva de duplicación de todos sus apartados, el número dos (c) debe entenderse como que dice cincuenta (50) en vez de veinticinco (25) dólares. Los estatutos se interpretan en su conjunto y no por secciones aisladas, y debe rechazarse el formalismo lógico pero de poca realidad. Sales v. Samac Motor Corp., 92 D.P.R. 529, 540-541 (1965). Aun cuando el idioma en su interpretación literal contradiga el propósito de una disposición estatutaria, lo que debe ceder es el idioma, y no la realidad que motiva el estatuto. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366 (1975). La interpretación judicial debe ser ágil y no hermética en propiciar la realización del ver-dadero propósito de la ley y dar el pleno valor de su texto en protección del interés objeto de legislación. La errata no prevalecerá. No obstante, por ser la ley la primera y más accesible fuente de información pública sobre el arancel vigente, la Asamblea Legislativa debe corregirla.

Se confirma la calificación del Registrador.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López disintieron en opinión y voto separados.

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Me veo obligado a disentir de la opinión de la mayoría de este Tribunal aun cuando sea por medio de unas muy breves palabras.

La misma establece un precedente peligroso: resuelve este Tribunal que allí donde una ley dice $25 debe decir $50. La gama de posibilidades que abre esta decisión es ili-mitada; se me ocurre de momento que en un futuro a alguien se le pueda ocurrir que donde dice “delito menos grave” debe decir “delito grave”, o que donde dice “cinco años de prisión” deba decir “diez años de prisión”, etc.

En adición a ser en extremo peligroso, es totalmente innecesario: su corrección —si es que en realidad la inten-ción legislativa es la que indica este Tribunal— es senci-llísima: una simple enmienda a esos efectos por parte de nuestra Asamblea Legislativa.

La calificación del señor Registrador en el presente caso debería ser revocada.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Torres Rigual.

Disiento porque considero que, como no hay ambigüedad en el texto del estatuto, no podemos menospreciar su letra bajo pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Se trata propiamente de un error de la Asamblea Legislativa que debe ser corregido por ella misma y no por este Tribunal, mediante un simple fíat judicial.

       Debió decir —y debe entenderse— cincuenta (50) dólares.

        Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968); M. Mercado e Hijos v. Junta Azucarera, 95 D.P.R. 852, 859 (1968); Pardavco, Inc. v. Srio. Hacienda, 104 D.P.R. 65 (1975); Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986-997 (1953). El criterio que aquí expresamos, luego de ulterior examen del Informe de la Cámara (en sí una exposición de motivos) es el mismo sustentado por el Registrador Sr. Etienne Badillo en Levitt Homes, Inc. v. Registrador, O-82-639, S. 17 noviembre, 1982.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Carlos Velázquez García, demandante y recurrido, v. C. Jiménez, Inc., Cándido Jiménez, Elina Torres de Jiménez y la Sociedad de Gananciales constituida entre ambos, demandados y recurrentes.

      Número: R-82-294

      Resuelto: 27 de diciembre de 1982

      Ramón A. Cando, abogado de los recurrentes; Ernesto González Piñero, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Con fecha del 30 de julio de 1977, don Cándido Jiménez y su esposa, doña Elina Torres de Jiménez, suscribieron en su carácter personal y, don Cándido, en su carácter de Presi-dente de la Corporación C. Jiménez, Inc., un pagaré, el cual, en lo pertinente, lee como sigue:

PAGARE
VALOR: $36,372.20 VENCIMIENTO: 1 de noviem-bre de 1980
POR VALOR RECIBIDO, nos obligamos a pagar a CARLOS VELAZQUEZ GARCIA, con vencimiento el 1 de noviembre de 1980, en moneda legal de los Estados Unidos de América, la suma de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIEN-TOS SETENTA Y DOS DOLARES CON VEINTE CENTAVOS ($36,372.20), más intereses desde el 1 de noviembre de 1977 al tipo del nueve y cuarto por ciento (9 1/4%) anual.
La forma de pago será de TREINTA Y SEIS (36) pagos mensuales de MIL CIENTO SESENTA DOLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($1,160.88) cada uno, empezando el 1 de noviembre de 1977 y terminando el 1 de octubre de 1980.
San Juan, Puerto Rico, a 30 de julio de 1977.
C. JIMENEZ, INC.
POR:
(firmado)
(firmado)
CANDIDO JIMENEZ
(firmado)
CANDIDO JIMENEZ
Presidente ELINA TORRES DE JIMENEZ

Vencido y no pagado dicho pagaré, con fecha del 14 de julio de 1981 el Sr. Carlos Velázquez García entabló demanda en cobro de dinero ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico contra la Corporación C. Jiménez, Inc. y contra Cándido Jiménez, su esposa y la sociedad legal de gananciales constituida entre ambos. Radicaron “los demandados” una contestación a la demanda en donde, a pesar de que negaron adeudar la cantidad recla-mada, aceptaron que adeudaban una cantidad menor, esto debido, en síntesis, a que las transacciones que culminaron en la firma por ellos del pagaré a que se refiere la demanda, tenían su origen en unos préstamos usurarios que le habían hecho Carlos Velázquez Tobo, persona fallecida y padre del demandante Carlos Velázquez García, y este último.

La parte demandante procedió a la toma de deposición del codemandado Cándido Jiménez. En ella el señor Jimé-nez declaró, en síntesis, que debido a la precaria situación económica en que se encontraba, negoció con el Sr. Carlos Velázquez Toro, el 10 de septiembre de 1975, un préstamo por la suma de $25,000, acordándose verbalmente que el mismo sería por el término de un año, al 20% anual de interés o por el 5% de las comisiones que Jiménez recibiera en su negocio de seguros de vida, cualquiera de las dos sumas que fuera mayor; que, no empece lo anterior, Veláz-quez Toro “le hizo” firmar un pagaré al día siguiente por la suma de $30,000 de principal con interés al 9% anual, pagaré que firmaron ante notario público su esposa y él, en su carácter personal y como presidente de su corporación C. Jiménez, Inc.; que Carlos Velázquez Toro falleció en diciembre de 1975 sin que Jiménez le hubiera hecho pago algu-no; que el primer pago lo hizo al hijo de éste, el demandante Carlos Velázquez García, el 9 de marzo de 1976; que entre esa fecha y el 12 de abril de 1976 hizo pagos que totalizan la suma de $2,686.42; que su condición económica se siguió deteriorando al punto que consideró declararse en quiebra, decisión que le comunicó a Velazquez García; que éste le hizo un préstamo adicional por $13,640, acordándose entre ellos que se pagaría el 9% anual de interés o el 7% de sus comisiones, lo que fuera mayor; este segundo préstamo está representado por un pagaré de fecha 21 de abril de 1976 por la suma principal antes mencionada, al 9% de interés, y está suscrito ante notario público por la señora esposa de Jiménez y por éste, en su carácter personal y como presi-dente de C. Jiménez, Inc., haciéndose constar expresamente que la obligación es de carácter solidario; que Jiménez hizo tres pagos adicionales por concepto de intereses a Veláz-quez García entre el 7 de mayo y el 11 de agosto de 1976 por un total de $788.85; que el 28 de agosto de 1976 Jiménez hizo a Velázquez García un abono de principal por la suma de $2,267.80, quedando reducido, por tanto, el principal del segundo préstamo a la suma de $11,372.20; que posterior-mente Jiménez hizo a Velázquez García ocho pagos por concepto de intereses, entre el 17 de septiembre de 1976 y el 21 de abril de 1977, por un total de $5,462.12; que con pos-terioridad al último de esos ocho pagos de intereses, reali-zado el 21 de abril de 1977, Jiménez se negó a pagar más, interviniendo entonces entre Jiménez y Velázquez García, como “amigo componedor”, el Ledo. Roberto Martín quien convenció a ambos de la conveniencia de que consolidaran en un solo pagaré el principal adeudado por concepto de los dos préstamos, o sea, $25,000 del préstamo original más el balance del segundo préstamo de $11,372.20, para un total de $36,372.20, que es el pagaré al que se contrae la demanda; y, por último, que nada ha pagado al señor Velázquez García desde la fecha en que se suscribió este tercer y último pagaré, ni por concepto de principal ni de intereses.

La parte demandante, basándose en las expresiones hechas bajo juramento en la deposición del señor Jiménez, a los efectos de que nada había pagado en relación con el tercer y último pagaré, y poniendo énfasis en el hecho de que, por enmiendas hechas a sus alegaciones, había renun-ciado de manera expresa, respecto a Jiménez y su esposa, a cualquier interés en exceso del máximo permitido por ley, radicó una moción de sentencia sumaria, la cual el tribunal de instancia, a pesar de una bien fundamentada oposición de la parte demandada, declaró con lugar, “condenando a la parte demandada a satisfacer solidariamente a la parte demandante la cantidad de $36,372.20, los intereses pacta-dos al 9 1/4% anual desde el día 1ro. de noviembre de 1977, las costas, y la suma de $2,000.00 para honorarios de abo-gado”.

No conforme con dicha sentencia, la parte demandada radicó ante este Tribunal el presente recurso de revisión en el cual, en adición a reproducir las transcritas alegaciones que Cándido Jiménez hizo en la deposición que se le tomó, “plantea las siguientes cuestiones de derecho”:

(a) Si es aquí aplicable, de acuerdo con los hechos propios de este caso, lo dispuesto por el Art. 1206 de la Ley de Corpo-raciones, 14 L.P.R.A. see. 2206, al efecto de que las corpora-ciones no pueden invocar a su favor la Ley de Usura, 31 L.P.R.A. sees. 4594-4598.
(b) Si la renuncia a los intereses usurarios a que se refiere el Art. 1654 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4596, requiere que se renuncie a todos los intereses o únicamente a los que sean en exceso del interés legal.
(c) Si procede que se revoque la sentencia sumaria porque los hechos sobre los cuales no hay controversia establecen que el demandante no tiene una reclamación que justifique la concesión de remedio alguno a su favor.
(d) Si procede que se dicte sentencia sumaria a favor del Estado, o en la alternativa, que se modifique la dictada a favor del demandante, por el importe del pagaré menos la totalidad de los intereses pagados.

Emitimos orden para mostrar causa dirigida a la parte demandante. Ésta ha comparecido. Se limita a elaborar un argumento a los efectos de que la defensa de usura no debe prosperar, ya que la misma está prescrita —por haber transcurrido un año— en vista de las disposiciones del Art. 1653 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4595; que el tribunal de instancia procedió correctamente al dictar la sentencia sumaria que le fue solicitada en vista de que el codeman-dado Jiménez admitió que no había pagado suma alguna de dinero en relación con el pagaré de fecha 30 de julio de 1977; que renunció expresamente —respecto a los esposos Jiménez— a cualquier interés en exceso del máximo permi-tido por ley; y, por último, que las alegaciones de la parte recurrente —esgrimidas en el recurso de revisión— a los efectos de que los dineros de los préstamos concedidos a Jiménez por Carlos Velázquez Toro y su hijo Carlos Veláz-quez García provenían del dinero obtenido ilegalmente por el primero de ellos, por razón de sobornos recibidos durante sus años de empleado en la Autoridad de las Fuentes Flu-viales de Puerto Rico, son meras especulaciones sin validez alguna. No niega en su comparecencia ninguna de las ale-gaciones respecto a la cuestión de usura que hace la parte recurrente.

Estando en posición de resolver el presente recurso, pro-cedemos a hacerlo así.

Un examen de los pagos realizados por Cándido Jiménez —que dicho sea de paso están evidenciados por cheques cancelados— a Carlos Velázquez García y del período de tiempo en que los mismos fueron realizados demuestra, sin lugar a dudas, que estamos ante una situación de pago de intereses usurarios, ya que por disposición expresa del Art. 1649 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 4591, en interacción con los Reglamentos promulgados por la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento, excediendo los préstamos concedidos al señor Jiménez de la suma de $3,000, los señores Velázquez Toro y Velázquez García no podían cobrar un tipo de interés que excediera el prevaleciente al momento de los préstamos. En adición a lo anteriormente expre-sado, la parte recurrida, como ya dijimos, en su compare-cencia para mostrar causa aceptó de modo tácito —al no negarlo— el carácter usurario de los préstamos en contro-versia.

Nótese que en este caso no es meramente cuestión de que la parte demandante recurrida haya renunciado a cobrar, respecto a las personas naturales envueltas, cualquier interés en exceso de aquel permitido por la ley; en el presente caso los intereses usurarios ya fueron cobrados. La totalidad de los intereses pagados por Cándido Jiménez a Velázquez García —los cuales ascienden a la suma de $8,937.39— deben ser deducidos o descontados del total de las sumas de dinero recibidas por el señor Jiménez de manos de los señores Velázquez Toro y Velázquez García, ello por disposición expresa del Art. 1652 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 4594, el cual, en lo pertinente, dispone que: “Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés mayor que el que se permite por este Capítulo, podrá hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, sino por el importe del capital adeudado. ...” (Énfasis suplido.) Véase: J. E. Candal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508 (1962).

Procede el que se modifique, adicionalmente, la senten-cia dictada por el tribunal de instancia en el presente caso para conformar la misma con lo dispuesto por el citado Art. 1652 del Código Civil a los efectos de que: “la corte deberá, además, disponer en la sentencia condenando [sic] al deudor al pago del capital que el acreedor recobre solamente de su deudor el setenta y cinco por ciento de dicho capital y que el veinticinco por ciento restante sea adjudicado y recobrado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. . . (Énfasis suplido.) La sentencia dictada, por último, deberá ser modi-ficada en tanto y en cuanto se refiere a que condenó a los “demandados” —Jiménez, su esposa y la corporación— a pagar lo adeudado en forma solidaria, puesto que el pagaré nada expresa sobre ello.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto, se modifica la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el día 2 de junio de 1982 en el caso Civil Núm. 81-f00f, en la forma antes indicada; así modificada se confirma, y se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí expresado.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

       La parte demandada reconvino por los sufrimientos y angustias mentales que había sufrido como consecuencia de la “intimidación y presión” ejercida contra ellos por la parte demandante en el cobro de la deuda, reconvención que fue objeto de contestación en la negativa por la parte demandante.

       Nótese que, tácitamente, Carlos Velázquez García admitió, al aceptar la propuesta del licenciado Martín de consolidar los dos pagarés en uno solo por la suma de $36,372.20, que es cierta la alegación de Cándido Jiménez a los efectos de que sólo había recibido de manos de Carlos Velázquez Toro la suma de $25,000 y no la de $30,000.

       La alegación de la parte recurrida a los efectos de que dichos pagos fueron realizados por la Corporación C. Jiménez, Ine., y no por el recurrente Cándido Jiménez en su carácter personal, debido a que fueron hechos en cheques pertene-cientes a la referida corporación es inmeritoria. De la declaración prestada por el señor Jiménez en la deposición que le tomara la parte demandante —y que preci-samente sirviera de base para la sentencia sumaria que dictara el tribunal de instancia— surge con meridiana claridad que los préstamos que se le hicieran a Cándido Jiménez por Velázquez Toro y Velázquez García fueron de carácter personal y que únicamente se hizo figurar la citada corporación, a instancias de los Velázquez, con el propósito de tratar de encubrir el carácter usurario de los préstamos.

       En cuanto a la alegación de prescripción de la parte recurrida tenemos que las disposiciones del Art. 1653 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 4595, no son aplicables a los hechos del presente caso. El término de un año que establece el referido artículo se refiere a la acción que radica una persona en cobro de unos intereses usurarios que ha pagado a otro. Cándido Jiménez y su esposa no han instado una acción en cobro de intereses usurarios por ellos pagados; han interpuesto la defensa de mura a una acción instada en contra de ellos.


text:
    Senior Las Marías Corp., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.

      Número: O-82-479

      Resuelto: 29 de diciembre de 1982

      Eduardo E. Franklin y Estela I. Vallés Acosta, de O’Neill & Borges, abogados de la recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación Condominio Punta Las Marías, Inc. era dueña de un solar de tres mil ochocientos ochenta y un (3,881) metros cuadrados localizado en el número 2392 de la Urbanización Ocean Park, Santurce, Puerto Rico, inmueble que dicha corporación había adquirido en permuta, por un valor de $382,500 mediante la escritura pública número 554, de fecha 9 de octubre de 1968, otorgada ante el notario público Ángel A. García.

Para principios de la década del setenta la referida cor-poración, con el propósito de construir un edificio (condo-minio) residencial, obtuvo un “préstamo interino de cons-trucción” de El Paraíso Properties, Inc. —corporación organizada al amparo de las leyes del estado de Florida, Estados Unidos de América, y subsidiaria de Continental Mortgage Investors, que es un Massachusetts Business Trust. Dicho préstamo interino fue garantizado por una hipoteca sobre el referido bien inmueble y vencía el 30 de junio de 1974.

Comenzada la construcción del referido edificio, como en tantos otros casos sucedidos en Puerto Rico durante la década del setenta, la corporación Condominio Punta Las Marías, Inc. fue a la quiebra, quedándose el edificio a medio terminar. Hasta ese momento el principal de dicho préstamo ascendía a $2,354,935.80.

Vencido y no pagado el préstamo, la acreedora hipoteca-ria El Paraíso Properties, Inc. presentó, el 12 de febrero de 1975, la correspondiente demanda de ejecución de hipoteca, celebrándose la subasta el día 3 de febrero de 1981, o sea, casi seis años más tarde desde la fecha de la radicación de la demanda, período durante el cual el edificio permaneció abandonado.

Curiosamente —ya que así no estaba obligado a hacerlo— el referido acreedor hipotecario compareció y licitó en la primera subasta, adjudicándosele la propiedad y otorgán-dosele la correspondiente escritura de venta judicial y cancelación de hipoteca ante la notario público Victoria D. Pierce el 5 de febrero de 1981 por la suma de $3,057,000.

Así las cosas, la recurrente Senior Las Marías Corp. —corporación también organizada al amparo de las leyes del estado de Florida integrada por los acreedores asegura-dos preferentes de Continental Mortgage Investors— ad-quirió de El Paraíso Properties, Inc., mediante una escritura de dación en pago, otorgada el 20 de mayo de 1981 en la ciudad de Boston, Massachusetts, el antes mencionado bien inmueble en pago parcial —$750,000— de una deuda de mayor cuantía que para con la recurrente Senior Las Marías Corp. tenía Continental Mortgage Investors. Esto formó parte de una transacción que fue negociada dentro de un procedimiento de quiebra relativo a la mencionada Continental Mortgage Investors en la Corte federal para el Dis-trito de Massachusetts. La transacción mereció la apro-bación de.ese Tribunal.

Presentada el 22 de junio de 1981 ante la Sección Pri-mera de San Juan del Registro de la Propiedad la Escritura número 7 de Protocolización de Escritura de Dación en Pago, otorgada el 8 de junio de 1981 ante el notario público Eduardo A. Franklin, el Registrador de la Propie-dad, mediante notificación del 23 de marzo de 1982, denegó su inscripción mediante la siguiente nota denegatoria, la cual copiada literalmente lee:

Se presume hay donación envuelta en la transacción solici-tada. La vendedora adquirió la propiedad por $3,057,000.00 y vende por la cantidad de $750,000.00. Tomo 91 DPR 679 Caso Nietos vs. Registrador, Tomo 13 LPRA See. 352. Art. 167 Ley Herencias y Donaciones según enmendada en 1968. Pendiente de inscripción se hallan los asientos 33 y 3U los cuales se noti-fican con esta misma fecha. 719

No conforme con dicha denegatoria, la recurrente Senior Las Marías Corp. presentó un escrito de recalifi-cación el 12 de abril de 1982. Acompañó dicho escrito con evidencia documental demostrativa de que el edificio a medio terminar en el mencionado solar se encontraba en tal estado de abandono que había sido declarado “estorbo público” por la Asamblea Municipal de la Ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Mediante notificación con fecha del 9 de julio de 1982, el Registrador se reafirmó en su denegatoria original, la cual lee como sigue:

Se presume hay donación envuelta en la transacción solici-tada. La vendedora adquirió la propiedad por $8,057,000.00 y vende por la cantidad de $750,000.00. Tomo 91 DPR 679 Caso Nieto vs. Registrador. Tomo 13 LPRA See. 352. Sec. 881 y 901 Título 13 LPRA. Contribuciones sobre Herencias y Dona-ciones. (falta)

La recurrente Senior Las Marías Corp., ante nos, argu-menta:

SEÑALAMIENTO DE LA CUESTION DE DERECHO PLANTEADA.
A. La notificación de defecto expedida por el Honorable Registrador no es suficiente por no cumplir con los requi-sitos establecidos en el Artículo 81.2 del Reglamento Número 2674 de 9 de julio de 1980, Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Pro-piedad de 1979.
B. Erró el Honorable Registrador al determinar que existe una donación en la Escritura de Dación en Pago y que no se acreditó el pago o exención de la correspondiente con-tribución, lo que constituye una falta e impide su regis-tración.
C. El Honorable Registrador no tiene facultad en ley para denegar la inscripción solicitada por haber transcurrido el término de treinta días que, a partir del recibo del Escrito de Recalificación, para ello tenía.

Antes de entrar en la consideración propiamente del recurso, es menester señalar que el Registrador, en su “ale-gato”, nos indica que en relación con el inmueble en contro-versia se presentó ante el Registro la Escritura número 111 con fecha del 10 de diciembre de 1981, sobre permuta, otor-gada ante el notario público Milton Juan Rúa, mediante la cual la recurrente Senior Las Marías Corp. permutó el referido inmueble a Lincoln Financial Mortgage, Inc. por la suma de $1,290,000.00.

La posición asumida por el Registrador recurrido se puede resumir de la siguiente manera: es correcta su determinación de “presunción de donación” debido al hecho de que la propiedad adquirida por la recurrente de la cor-poración El Raraíso Properties, Inc. —como dación en pago— por la suma de $750,000 tenía un valor de $3,057,000, precio por el cual la había adquirido “El Paraíso” en subasta pública.

La citada posición encuentra apoyo temporero en las disposiciones de las Sees. 881 y 5211 del Título 13 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.

La See. 881, en lo pertinente, dispone que:

(a) El término “donación” incluye la donación puramente graciosa, la onerosa y la remuneratoria, según las define el Código Civil de Puerto Rico.
Cuando una propiedad se transfiere por menos de su justo valor bien por dinero, su equivalente en dinero, o mediante permuta, el exceso del justo valor de dicha propiedad sobre el valor del dinero, del equivalente en dinero o de la cosa por la cual se transfiere dicha propiedad, se considerará una donación y se incluirá al computar el total de las donaciones hechas durante el año.
También es donación la transferencia expresada en el párrafo anterior de esta sección cuando dicha transferencia se hace mediante el cumplimiento o la liquidación por una parte de la responsabilidad u obligación de una segunda parte para con una tercera, o por cualquier otro medio.

Por otra parte, la See. 5211 prescribe que:

Cuando una propiedad sea transferida por menos de su valor se incluirá en el monto de las donaciones la cantidad que resulte ser la diferencia entre el valor de la propiedad y el precio, en dinero o su equivalente, pagado por la misma. Para los fines de este Capítulo el donante será el cedente de la pro-piedad y el donatario el adquirente de ésta, según lo prescrito en este apartado. En tales casos el cedente vendrá obligado a probar con prueba fehaciente que el precio de venta era el justo valor en el mercado de la propiedad a la fecha de la transacción.

¿Significa ello que en toda transacción en que se trans-fiere una propiedad por menos de su justo valor está envuelta una donación? No necesariamente; veamos.

El Art. 558 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1981, dispone que: “La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta.” (Énfasis suplido.)

Ante situaciones de hechos en que en el pasado hemos tenido que resolver si en determinada transacción ha habido una donación hemos expresado, en armonía con lo dispuesto por el transcrito Art. 558, que el requisito principal y básico de la donación es la liberalidad, y que para que una transacción realizada se considere donación deben mediar dos circunstancias, a saber: 1— intención de beneficiar al “deudor”, donde la intención de donar es predominante, y 2— ausencia de causa, en que la causa es meramente nominal o insustancial. Consolidated Cigar v. Registrador, 83 D.P.R. 751, 755 (1961).

En Nieto v. Registrador, 91 D.P.R. 679 (1965) —caso en que rechazamos la contención del Registrador de que había envuelta una donación a pesar de que la propiedad en controversia había sido transferida por menos de su justo valor— resolvimos que las prestaciones recíprocas no tienen necesariamente que ser exactamente iguales; que todo cuanto se requiere es que la transacción sea legítima, el resultado propio de una negociación, y que no evidencie la intención de gratificar o donar; y que —citando a Mer-tens— la larga historia de la interpretación administra-tiva sostiene, en efecto, que no es necesario un escrutinio sobre la existencia de una causa completa y adecuada cuando la transferencia ocurre como resultado de una tran-sacción en el curso ordinario de los negocios.

Con los mencionados principios en mente, los cuales rea-firmamos en el día de hoy, examinemos los hechos del pre-sente caso. No hay duda de que, en primera instancia, resulta impresionante que una propiedad que es adquirida en subasta pública el 5 de febrero de 1981 por la suma de $3,057,000 sea transferida, como dación en pago, por la suma de $750,000 el 20 de mayo de 1981 y que el último adquirente, el 10 de diciembre de 1981, a su vez la transfi-riera por la suma de $1,290,000. Esos datos, por sí solos, causan la impresión de que efectivamente hubo una donación.

No empece lo anteriormente expresado, un examen de todas las circunstancias que rodearon la mencionada segunda transacción y de los documentos complementarios que acompañara la recurrente con su escrito de recalifi-cación, nos convence de que en dicha transacción hubo una causa adecuada, que la transferencia de la propiedad ocurrió como resultado de una transacción realizada en el curso ordinario de los negocios y que el “cedente” de la pro-piedad no tuvo la intención de donar la misma. Nos expli-camos.

En casos de financiamiento permanente el principal de la hipoteca usualmente es inferior al valor en el mercado del inmueble que está sujeto a dicha hipoteca. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976). Ahora bien, por diversas razones, el valor en el mercado de un inmue-ble, en determinado momento, puede ser inclusive inferior al principal de la hipoteca a que está afecto.

En el caso que nos ocupa tenemos una situación particular: se trata de una hipoteca constituida en garantía de un “préstamo interino de construcción” o del caso de un “finan-ciamiento interino”, con la situación especial de que no se termina dicha construcción, el edificio queda abandonado por el término de casi seis años y, cuando finalmente se celebra la subasta pública con la correspondiente adjudi-cación, el edificio en cuestión está en tal estado de abandono que ha sido declarado “estorbo público”. Obviamente, el valor de dicha propiedad en el mercado en ese momento era mucho menor al precio de adjudicación en la subasta de $3,057,000.

Por otro lado, nos parece igualmente correcto el señalamiento a los efectos de que con toda probabilidad el precio acordado de $750,000, en la transacción sobre dación en pago, tampoco representa el valor del inmueble en el mercado en el momento que se lleva a cabo la mencionada transacción. Entendemos, sin embargo, que ello no se debió a una “intención de donar” por parte de El Paraíso Properties, Inc.; recordemos que en ese momento la recurrente Senior Las Marías Corp. —corporación integrada por los acreedores asegurados preferentes de la corporación de la que El Paraíso Properties, Inc. era subsidiaria— está negociando desde una “posición de fuerza” o de privilegio frente a otra corporación (Continental Mortgage Investors) que está envuelta en un procedimiento de quiebra. Entendemos, en síntesis, que a pesar de que el precio acordado obviamente beneficiaba a la adquirente —la recurrente — , el mismo no fue nominal ni insustancial ni nunca existió la intención de donar por parte de El Paraíso Properties, Inc., ya que esta corporación transfiere el inmueble, no por razón de liberalidad, sino siguiendo instrucciones de su corporación matriz, la cual, repetimos, interesaba resolver unas deudas con acreedores asegurados preferentes. Nos parece que es obvia la conclusión de que la transferencia en con-troversia fue el producto o el resultado de una transacción en el curso ordinario de los negocios entre tres corporaciones, transacción que inclusive mereció la aprobación de un tribunal.

No hay duda, por último, de que en relación con esta situación la recurrente Senior Las Marías Corp. hizo un buen negocio y que Continental Mortgage Investors y su subsidiaria El Paraíso Properties, Inc., por el contrario, hicieron un mal negocio. Pero como se dijo en Nieto v. Regis-trador, supra, pág. 684, citando con aprobación un caso del Tribunal de Contribuciones de los Estados Unidos: “En las esferas mercantiles todos los días, por una u otra razón, se hacen malos negocios, ventas por un valor inferior al del mercado o por menos de una causa adecuada, pero nadie osaría pensar que está envuelta una donación, aun consi-derando el concepto más amplio posible de este término.”

Se revocará la nota recurrida y se ordenará la inscripción.

       La diferencia entre la suma de $2,354,935.80 y la de $3,057,000 corresponde a intereses y honorarios de abogados pactados.

       Se refiere a la otorgada el 20 de mayo de 1981 en Boston, Massachusetts.

       La referida escritura, igualmente, se encuentra pendiente de inscripción.

       J. Mertens, The Law of Federal Gift and Estate Taxation, Saugerties, New York, Lofit Publications, 1959, Vol. 5, Sec. 34.18, pág. 96.

       En vista del resultado arriba expresado, se hace innecesario el discutir los otros dos señalamientos que hace la recurrente Senior Las Marías Corp. No obstante esto, entendemos procedente expresar, respecto al señalamiento del apar-tado C, lo siguiente:
      El Art. 71 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2274), en lo pertinente dispone que:
      “Si recibida la solicitud de recalificación el Registrador decidiere mantener su calificación original, dentro de un término de SO días denegará la inscripción solicitada, extendiendo en su lugar anotación preventiva sobre la finca afectada, en la cual expresará los motivos legales para tal anotación....” (Énfasis suplido.)
      En el presente caso, la parte recurrente radicó el escrito de recalificación el 12 de abril de 1982. El registrador recurrido notificó la reafirmación de su dene-gatoria con fecha del 9 de julio de 1982; o sea, se tomó ochentiocho (88) días para así hacerlo. Argumenta la recurrente que transcurrido el término de treinta (30) días que establece el citado Art. 71 de la Ley Hipotecaria, el registrador recurrido no tenía facultad para denegar la inscripción y que “sólo le quedaba la alternativa de inscribir”.
      No tiene razón. El referido término de treinta (30) días no es, ni puede ser, fatal; dicho término es de carácter directivo. Véase: Algarín v. Registrador, 110 D.P.R. 603 (1981).
      Advertimos, sin embargo, que ello no releva a los señores registradores de la propiedad de su obligación de hacer un esfuerzo máximo por cumplir con el refe-rido término. Debe tenerse presente que el Art. 66.3 del Reglamento crea, en casos de incumplimiento del citado término, un procedimiento de queja ante el registra-dor en controversia y, en caso necesario, ante el Director Administrativo del Registro de la Propiedad, para que éste lleve a cabo la investigación que corres-ponda.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Héctor Gerardino Del Río, acusado y apelante.

      Número: CR-81-40

      Resuelto: 29 de diciembre de 1982

      Luis Carbone, Jr., abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En horas de la tarde del día 20 de diciembre de 1979 y con motivo de una llamada telefónica anónima relacionada con la posible captura de uno de los diez prófugos más bus-cados en Puerto Rico, el teniente Juan Rivera Cancel, Director de la Sección de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico, estableció, en compañía del agente Rubén Soto, una vigilancia desde un auto oficial no rotulado frente al edificio conocido como “Punta Las Marías Guest House” sito en la Calle Emajagua de Santurce, Puerto Rico.

No había transcurrido una hora, cuando ambos agentes pudieron observar que dos personas —una de ellas el ape-lante Héctor Gerardino Del Río— salieron del edificio principal y se dirigieron hacia un automóvil que estaba estacio-nado en el área de estacionamiento del edificio. Pudieron observar que el apelante cargaba sobre su persona un revólver en el bolsillo derecho de su pantalón, tipo mahón corto, ya que las cachas color nácar de dicho revólver sobresalían del bolsillo. Pudieron observar, además, que el acompañante del apelante llevaba en la cintura un revólver negro con cachas brown. El apelante y su acompañante, abordaron el referido vehículo de motor y al ir a pasar por el lado del carro oficial no rotulado en que se encontraban los agentes, éstos se desmontaron del mismo, se identifi-caron como agentes del orden público, y le ordenaron al apelante, quien era el conductor del auto, que se detuviera, lo cual hizo.

El agente Soto se acercó al vehículo del apelante y le preguntó a éste si tenía licencia para portar armas, a lo cual éste contestó que no. Soto entonces le informó al apelante que estaba arrestado y le ordenó que se desmontara del ve-hículo. Al éste así hacerlo, el agente Soto procedió a regis-trarlo, ocupándole en un bolsillo de su pantalón un ciga-rrillo de marihuana y la suma de $135 en efectivo, pero no encontró en ese momento el revólver con cachas de nácar que le había observado en el bolsillo derecho del pantalón al apelante. Éste fue esposado por el agente del orden público, quien pudo notar que el apelante miraba hacia un maletín con el cierre de cremallera de arriba abierto, que se encon-traba en el medio de los dos asientos delanteros del vehículo. El agente Soto procedió a incautarse, a través de la venta-nilla abierta del auto, del referido maletín y dentro del mismo ocupó un revólver niquelado con cachas de nácar y el número de serie mutilado, una envoltura de papel con picadura de marihuana, una balanza pequeña, bandas de envolver dinero y la suma de dinero en efectivo de ocho mil cuatrocientos cuarenta dólares ($8,440).

El apelante —un veterano pensionado— fue acusado de sendas infracciones a los Arts. 6, 8 y 11 de la Ley de Armas de Puerto Rico y por una infracción a la See. 404 de la Ley de Sustancias Controladas.

Declarada sin lugar una moción de supresión de eviden-cia por el Juez Superior —Hon. Elpidio Batista— que pre-sidió el proceso y convicto que fuera el apelante por el Jurado que intervino en el mismo en cuanto a los delitos graves por los cuales fuera procesado —habiendo sido igualmente convicto por el delito menos grave por tribunal de derecho— el apelante nos hace tres señalamientos por los cuales entiende que las referidas condenas deben ser revo-cadas, a saber:

I.Erró el Tribunal de Instancia al declarar Sin Lugar una Moción de Supresión de Evidencia la cual se ventiló por acuerdo de las partes dentro del Juicio.
II.El Fiscal a cargo de sostener la acusación al estar esbo-zando su informe final al jurado comentó el que la defensa no utilizara el testimonio de un testigo anunciado y renunciado por ésta. Este comentario, por su propia naturaleza, lesionó los derechos del acusado de perma-necer en silencio y de que no tiene obligación de pre-sentar testimonio de defensa alguno. []
III.El veredicto de culpabilidad emitido por el jurado es contrario a la prueba y a derecho.

En relación con el primer señalamiento, el apelante en su alegato sostiene, entre otras cosas: (A) que el mero hecho de haber observado que el apelante y su acompañante por-taban sobre su persona, a plena vista, armas de fuego no le daba motivos fundados a los agentes para creer que dichas personas estaban cometiendo un delito en su presencia —portar un arma sin la debida licencia— y por lo tanto no podían detenerlos ni arrestarlos sin una orden de arresto previa; (B) (citando a Delaware v. Prouse, 440 U.S. 648 (1979)) que detener un vehículo y sus ocupantes constituye una incautación (seizure) tanto bajo la Cuarta como bajo la Undécima Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando la detención sea breve y el propósito de la misma sea limitado; (C) que aun presu-miendo, a los fines de la argumentación, que los agentes tenían motivos fundados para creer que el apelante y su acompañante estaban cometiendo un delito en su presencia y que el hecho de la detención del auto no constituyó una incautación y, por lo tanto, la detención o el arresto fue legal, sostiene el apelante que el registro de su persona y el registro del carro —específicamente del maletín— fue irrazonable; y (D) que los agentes, ante los hechos particu-lares del caso, por ley tenían la obligación de obtener una orden de allanamiento de un magistrado para poder registrar el maletín en cuestión y el auto.

—A—

El planteamiento del apelante se puede resumir de la siguiente forma: los agentes del orden público no tenían motivos para arrestarlo, ya que —aparte de que él portaba sobre su persona, a plena vista, un arma de fuego, hecho que, según el apelante, no le da el derecho en Puerto Rico a un policía de intervenir con una persona que así actúa— ni él ni su acompañante incurrieron en conducta delictiva alguna en presencia de dichos agentes.

Se hace innecesario el que resolvamos el referido planteamiento a base de la jurisprudencia de este Tribunal a los efectos de que, ya en la etapa del juicio, “[e]n casos de portación o posesión ilegal de armas de fuego el fiscal no viene obligado a probar que el acusado no tenía licencia con tal fin, cuando se ha alegado tal hecho en la acusación y se ha probado la portación o posesión del arma, ya que en ellos surge la presunción de portación ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal presunción”, doctrina que en diversas ocasiones ha sido objeto de ataque, por cuanto se ha alegado que la misma puede estar en conflicto con la pre-sunción de inocencia que acompaña al acusado durante todo el proceso y con el derecho constitucional que tiene todo acusado a presentar o no presentar prueba y a declarar o no declarar durante el proceso a que sea sometido, cuestión, sin embargo, que no es necesario considerar ni discutir en el presente caso.

Es sumamente importante que mantengamos presente el hecho de que en nuestra jurisdicción la posesión y/o portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un privilegio; en otras palabras, es una “actividad” controlada o restringida por el Estado. Sobre este punto no hay que abundar mucho; ello surge con meridiana claridad de una simple lectura de las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada. 25 L.P.R.A. sees. 411-454.

Específicamente en relación con la portación de un arma de fuego tenemos que en Puerto Rico, únicamente están autorizadas a portar armas de fuego aquellas personas enumeradas en el Art. 20 de la referida Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 430, y aquellas a las cuales le sea concedida una licencia para así hacerlo por la Sala del Tribunal Superior de Puerto Rico correspondiente al domicilio del solicitante, según lo dispone y regula el Art. 21 de la Ley. 25 L.P.R.A. see. 431.

De manera, pues, que en Puerto Rico, distinto a algunos estados del oeste de Estados Unidos de América en donde las personas pueden portar abiertamente un arma de fuego, la regla general es de restricción o control en materia de posesión y/o portación de armas de fuego, constituyendo la portación autorizada la excepción a dicha regla general.

Siendo ello así, ante una situación de hechos como la del presente caso, en que un agente del orden público observa a un ciudadano portar sobre su persona en la vía pública lo que es, o aparenta ser a simple vista, un arma de fuego, entran en juego las disposiciones de la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal, por cuanto el agente tiene “motivos fundados” para creer que la persona que porta el arma de fuego ha cometido o está cometiendo un delito grave, independientemente de que así sea o no. En consecuencia, el agente del orden público tiene el derecho —y hasta el deber— de intervenir, arrestar al ciudadano que así actúa y ocupar el arma de fuego en cuestión hasta que le sea demostrado en forma satisfactoria que el ciudadano estaba autorizado para portarla.

Resolver lo contrario, a nuestro juicio, sería funesto para Puerto Rico; aparte de que la actuación de los agentes del orden público a esos efectos ni molestará, ni incomodará, ni le causará problemas al ciudadano decente y obediente de la ley, sólo al delincuente.

—B—

El caso de Delaware, supra, pág. 648, citado por el ape-lante con el propósito de demostrar que la detención del vehículo en el presente caso constituyó una incautación tanto bajo la Cuarta como bajo la Undécima Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América es clara-mente distinguible de los hechos del caso que nos ocupa.

En el citado caso de Delaware, se efectuó, por parte de agentes del orden público, la detención de un automóvil sin motivo o sospecha alguna de que su conductor estuviera involucrado en la comisión de delito público alguno, ya que la detención se efectuó, según el agente, con el propósito de llevar a cabo un examen rutinario de la licencia del conductor y la del carro. El honorable Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como sabemos, resolvió que ello constituía una actuación irrazonable bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución federal.

En el presente caso la detención del automóvil por parte de los agentes del orden público se debió precisamente a lo ya relatado: habían observado que sus ocupantes portaban armas de fuego. Esto causa que los agentes intervengan y arresten al apelante, actuación que tenían derecho a rea-lizar dichos agentes, según hemos resuelto previamente.

—C y D—

Argumenta el apelante que, independientemente de la legalidad de la actuación de los agentes del orden público al intervenir con él y arrestarlo —legalidad que presume a los fines de la argumentación— el registro de su persona y el del automóvil, específicamente el del maletín, fue irrazona-ble y que era deber de los agentes, en relación con el regis-tro del automóvil, el obtener una orden de allanamiento previa.

El registro de la persona del apelante fue incidental y contemporáneo al arresto realizado, el cual estuvo plena-mente justificado. Obsérvese que el agente del orden público, una vez arresta al apelante, se percata de que éste ya no tiene en su bolsillo el arma de fuego que el agente había observado. Obviamente estaba indicado el registro de la persona del apelante en busca de la misma. Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206 (1954).

El registro del maletín que se encontraba dentro del automóvil, en el medio de los dos asientos delanteros, fue igualmente válido y razonable. No era necesario el que los agentes obtuvieran una orden de un magistrado para así realizarlo. Hemos resuelto en innumerables ocasiones que un registro incidental y contemporáneo a un arresto legal no necesariamente está limitado a la persona del arrestado, sino que se extiende al área bajo su control y alcance inmediatos. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967), y Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971). Dicha situación, hemos resuelto, encuentra su justificación en la necesidad de: (1) ocupar armas de fuego que se pueden encontrar ocultas en el área inmediata al sitio en donde se realiza el arresto, las cuales pueden ser utilizadas para agredir a los agentes o para intentar escapar; y (2) ocupar evidencia que pueda ser destruida. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. Polanco Marcial, 95 D.P.R. 470 (1967).

Es cierto que se podría argumentar que la posibilidad de que el apelante pudiera utilizar el arma de fuego, que se encontraba en el maletín, en contra de los agentes o con el propósito de escapar era mínima en vista de que él fue espo-sado. Ese hecho por sí solo, sin embargo, no elimina la posi-bilidad de que aun esposado pudiera así hacerlo. Como dijé-ramos en Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492, 499-500 (1973):

Una noción básica de prudencia y cautela justifica plena-mente la acción realizada sin solución de continuidad, de una vez registrados los acusados y puestos bajo vigilancia de un policía en el coche celular, proceder al registro del automóvil como incidente coetáneo al arresto. Viciado de bizantinismo está el argumento de que luego de arrestados los apelantes debió la policía iniciar el trámite de obtención de un manda-miento judicial antes de registrar el automóvil; conduce a la pretensión absurda de que el registro debió llevarse a cabo en la inmediata presencia y bajo supervisión de los detenidos y éstos en plena libertad de movimiento para hacer armas contra los agentes del orden público o escapar. La acción rápida, el registro en el sitio del incidente por los agentes, era eviden-temente necesaria ante la posibilidad de que los acusados intentaran el uso de fuerza contra la policía bien para librarse del arresto o desaparecer las armas que habían escondido en el vehículo y en evitación además de que terce-ras personas lograran acceso a la evidencia criminosa y la ocultaran. (Énfasis suplido.)

Por último, debemos recordar lo expresado en Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 338 (1976), a los efectos de que “El registro de un automóvil es una intrusión mucho menor en los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda, que el registro de la persona o de un edificio”. Que esta es la tendencia moderna, queda demostrado por dos recientes decisiones del honorable Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América: New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981), en donde el referido Tribunal determinó que era legal y razonable el registro de la guantera del automóvil, por ser un registro incidental y contemporáneo al arresto legal de uno de los ocupantes del automóvil; y el caso de United States v. Ross, 655 F.2d 1159 (1981), en donde se resolvió que el registro del baúl de un automóvil estaba justificado en vista de que la Policía, actuando a base de una información de un confidente confiable de que había un individuo vendiendo drogas que se encontraban en el referido baúl, al llegar al sitio y con posterioridad al arresto del individuo encontraron un arma de fuego al registrarlo.

II y III

Habiendo renunciado el apelante, en apelación, al segundo señalamiento de error, sólo nos quedaría discutir el tercero de ellos. No obstante, resulta ser innecesario por razón de que el mismo es obviamente inmeritorio, ya que la prueba desfilada justifica plenamente los veredictos de cul-pabilidad rendidos por el Jurado.

Puesto que no se han cometido los errores señalados, se emitirá Sentencia en que se confirmen las sentencias apela-das.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

      En cuanto al acompañante del apelante, éste no fue acusado por el magis-trado que intervino en el caso, por el fundamento, entre otros, de que tenía licencia para tener y poseer y para portar armas en relación con el revólver que portaba en la cintura.

       El convicto, en apelación, renuncia a este segundo planteamiento.

       Véanse, entre otros, Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220, 235 (1962); Pueblo v. Pacheco, 78 D.P.R. 24, 30 (1955); y Pueblo v. Segarra, 77 D.P.R. 736, 737-738 (1954).

       Prueba adicional de lo arriba expresado lo constituye la enmienda sufrida por la referida Ley Núm. 17 mediante la Ley Núm. 8 de 31 de marzo de 1980: se adiciona el Art. 21B a la Ley, el cual le impone el deber a todo tribunal que con-ceda o revoque una licencia para portar armas el enviar copia certificada de la resolución correspondiente al señor Superintendente de la Policía de Puerto Rico semanalmente.

       Sobre qué constituye “motivos fundados”, véanse: Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70, 73 (1965); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75, 81 (1969); Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326, 331 (1980); y C. W. Fricke y A. L. Alarcon, California Criminal Procedure, 7ma ed., California, Legal Books Corp., 1967, pág. 22.