author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Leticia Castro Ortiz, etc., demandantes y recurrentes, v. Municipio de Carolina y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-90-313

      Resuelto: 7 de diciembre de 1993

      Jarmilla A. González Echevarría, abogada de los recurrentes; Roberto Febry Martínez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso exige pronunciarnos sobre las normas de la buena práctica de la medicina en la etapa del diagnóstico. Adjudicarlo justicieramente requiere una adecuada exposi-ción de los hechos.

El 23 de julio de 1987, cerca de las 2:00 p.m., Leticia Castro Ortiz recortaba la grama de su hogar cuando súbi-tamente sintió que una “paja” le penetró el ojo izquierdo. Lo examinó, lavó con agua fresca y tapó con una gasa. Al no sentir dolor alguno continuó sus labores; a las 6:00 p.m. le comenzó un dolor. Ya a las 10:00 p.m. era insoportable. Alrededor de las 10:30 p.m., Leticia, en compañía de su es-poso José Ortiz y una de sus hijas, fue al Centro de Diag-nóstico y Tratamiento del Municipio de Carolina, que que-daba a unos quince (15) minutos del hogar. Al llegar, el dolor era irresistible.

Allí, una enfermera le informó que no había médico dis-ponible porque el de turno estaba durmiendo. Mas cuando José insistió e indicó que buscarían asistencia en otro lu-gar, la enfermera les señaló que el médico la atendería.

Casi tres (3) horas después —alrededor de la 1:50 de la madrugada de 24 de julio— la vio el Dr. Ramón A. Pas-trana Maldonado. No la examinó ni preparó historial mé-dico; tampoco le ordenó pruebas de laboratorio ni radiogra-fías sencillas y rutinarias. Sólo hizo constar, como diagnóstico provisional, traumatismo debajo del ojo iz-quierdo y hemorragia conjuntiva. Le recetó Vistaril para aliviarle el dolor, el cual le fue inyectado por la enfermera. Diez (10) minutos después, el doctor Pastrana Maldonado la dio de alta sin indicación de clase alguna.

Como el medicamento inyectado era un tranquilizante, Leticia estuvo durmiendo desde el momento en que llegó a su hogar hasta la mañana del próximo día, 25 de julio de 1987. Al despertar, el ojo no le dolía con la misma intensi-dad que el día anterior, tenía inflamada el área, le supu-raba un líquido que aparentaba ser pus y tenía mal olor. A la 1:00 de la tarde fue otra vez al mismo Centro de Diag-nóstico y Tratamiento Municipal. Fue examinada pronta-mente por el médico de turno, doctor Berry, quien concluyó que se trataba de una emergencia. Ordenó su traslado in-mediato al Centro Médico de Río Piedras. Por no haber ambulancia disponible, el doctor Berry solicitó a José que la llevara en su vehículo particular.

Al llegar a la Sala de Emergencias del Centro Médico, Leticia fue atendida por el residente en oftalmología de turno, quien le diagnosticó una panophthalmitis, esto es, “una infección espantosa en el ojo izquierdo y en el área circundante a éste”. Apéndice, pág. 15. De inmediato le ad-ministraron antibióticos por la vía intravenosa e hicieron los exámenes de rigor. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron inútiles. La infección ya había destrozado el ojo. Por ello, la demandante fue sometida a un procedimiento de evisceración con el propósito de removerle, en su totalidad, el ojo izquierdo. Los análisis de patología indicaron que se le habían alojado dos (2) cuerpos extraños: un pedazo de metal de dos punto cinco (2.5) centímetros por un (1) milí-metro de ancho y una espina de rosa. Los oftalmólogos que la operaron describieron el primero de los objetos extraños como inmenso {huge). Posteriormente tuvo que someterse a una segunda operación. Eventualmente se le instaló una prótesis para sustituir el ojo.

Oportunamente se dilucidó ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina, una demanda por impericia médica in-coada por los esposos Ortiz-Castro e hijos contra el Muni-cipio de Carolina, el doctor Pastrana Maldonado y sus aseguradoras. Se negó responsabilidad.

El tribunal (Hon. Carmen Rita Vélez, J.) concluyó que los daños sufridos por Leticia “fueron consecuencia de los siguientes tres factores: (a) la introducción de los cuerpos extraños intraoculares mientras la demandante pasaba la máquina de cortar grama en el jardín de su hogar; (b) la naturaleza y tamaño de los cuerpos extraños que se aloja-ron en el ojo y la virulencia de las bacterias que penetraron a dicho órgano con los objetos extraños; y (c) la tardanza en recibir tratamiento”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 16.

A juicio del tribunal, la prueba pericial indicó como “causa preponderante ... la introducción de los cuerpos extraños. Ello es así no sólo por el tamaño inusitado del objeto metálico que se alojó en el ojo izquierdo de Doña Leticia sino, además, por la virulencia de las bacterias que dicho objeto llevó consigo. La prueba estableció, además, que estos objetos son impulsados con tal velocidad que pe-netran al ojo como un proyectil ocasionando, con el impacto de su entrada, daños irreversibles como la pérdida de la visión”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 16. Sobre la tar-danza en recibir tratamiento, la ilustrada Sala sentencia-dora señaló que la prueba pericial demostró que transcu-rridas más de seis (6) horas desde la introducción de un cuerpo extraño en el ojo, las posibilidades de salvarlo son cada vez menores y, en el caso de autos, Leticia acudió al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Carolina ocho (8) horas después. Concluyó que el doctor Pastrana Maldonado y el susodicho Centro de Diagnóstico fueron negligen-tes al no referirla a un oftalmólogo, sin embargo, dictaminó que hubo una desproporción entre la causa original de to-dos los daños y la negligencia de los demandados. Así, de-terminó que la causa eficiente y decisiva de los daños no les era imputable a los demandados, sino a Leticia.

A solicitud de Leticia et al., expedimos y autorizamos la transcripción de la prueba.

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Como único señalamiento cuestiona la determinación de que la causa eficiente para la enoclusión (remoción) de su ojo izquierdo no fue la negligencia de los demandados. Aunque acepta que la causa eficiente de los daños fue la introducción de los cuerpos extraños, argumenta que “eso es cierto en la secuencia de daños, [sólo en cuanto] a la pérdida de visión, m[a]s no a la enoclusión del ojo”. Solici-tud de revisión, pág. 7.

Para substanciar esta proporción nos dice que los peri-tos y la Dra. Carmen Henn —quien al momento de los hechos era residente de tercer año de la Clínica de Oftal-mología en el Centro Médico— coincidieron en que de ha-berse comenzado el tratamiento adecuado inmediata-mente, la pérdida material —no de visión— del ojo se hubiese evitado. Un análisis detallado de esa prueba peri-cial sostiene su contención.

Primero, la doctora Henn, quien intervino quirúrgica-mente en el Centro Médico, describió el ojo como “literal-mente podrido” y completamente blanco debido al pus. Como único curso de acción —desde el punto de vista oftal-mológico— concluyó, “sencillamente [era] llevarla a sala” de operaciones para extraérselo. De la lectura integral de la transcripción colegimos que el factor tiempo fue esencial, ya que los objetos extraños que se alojaron en la cámara del ojo no provocaron “inst[a]nt[á]neamente [el] tipo de in-fección total en la cámara ...”. (Énfasis suplido.) T.E., pág. 130. Si no hubiese estado totalmente blanco, su remoción se hubiese tratado de evitar con una aspiración del conte-nido, análisis de laboratorio e inyecciones de antibióticos.

íd.

Segundo, el testigo de la recurrente Leticia, Dr. Néstor Rivera, aunque sólo fue cualificado como médico de familia, explicó las serias deficiencias del expediente médico prepa-rado por el demandado doctor Pastrana Maldonado. Son evidentes. Entre sus principales fallas señaló su ilegibili-dad, omitir establecer un tracto adecuado del historial de Leticia y no expresar las pruebas llevadas a cabo para arri-bar a un diagnóstico responsable. Sobre la condición del ojo, en el interrogatorio directo el doctor Rivera inicial-mente fue categórico al aseverar que la tardanza de vein-ticuatro (24) horas causó la pérdida del ojo, mas acto se-guido aceptó que su pronóstico “no era bueno; pero probablemente se hubiera salvado”. T.E., pág. 139. Sin embargo, en el contrainterrogatorio aclaró que “las bacterias proliferan [a] una velocidad tan grande que, que aún con tratamiento enérgico, la infección no puede ser corregida y el ojo se afecta seriamente o se pierde”. T.E., pág. 147.

Por su parte, el oftalmólogo Dr. Walter Kleis, perito de los demandados, afirmó categóricamente que aún bajo con-diciones ideales, la posibilidad de salvar la visión del ojo era mala. A esos efectos expresó:

Bajo las circunstancias ideales ... estamos hablando de ideal donde se diagnostica el caso que lleva eso a l[a]s, cosas, médicos especialistas, hay posibilidades que se pueda salvar algo. Pero primeramente si hay un cuerpo extraño de esa naturaleza aún en las mejores condiciones aquí en Puerto Rico, eh, las posibi-lidades para recuperar la visión, muy mal. Para recuperar el ojo físico en el sentido que se puede dejar el ojo en su sitio, es salvar el ojo anatómicamente, ¿no? Esa es algo después una, de ver un alambre de esa naturaleza es, quizás tiene mejor posibi-lidades pero la posibilidad para salvar un ojo así es muy mal, para ver muy mal. (Énfasis suplido.) T.E., pág. 178.

Dicho galeno también indicó la dificultad de un diagnós-tico correcto con la poca información disponible en aquel momento, aún para un especialista. T.E., págs. 179-180. A preguntas del tribunal aclaró que la causa principal de la pérdida del ojo fue la introducción de un cuerpo extraño en primer término; en segundo, la introducción de materia ex-traña y tercero, la tardanza. T.E., pág. 185. Esta última la clasificó en tres (3) etapas: desde el accidente a la primera visita al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Carolina; de esa primera visita a la segunda, y de esa segunda al Centro Médico. T.E., págs. 185-186. Preguntado específica-mente sobre la primera etapa —utilizando como paráme-tros la ocurrencia del accidente a las 2:00 p.m. y la visita inicial al Centro de Diagnóstico y Tratamiento a las 10:30 p.m. dijo: ‘Yo en cuanto a eso, un lapso mal, eh, pronóstico sería muy mal. Cada hora que pasa el pronóstico es más, más todavía. Yo creo que ocho [8] horas, es casi imposible de poder salvarlo, más aún bajo las condiciones [ójptimas, mejores que hay.” (Énfasis suplido.) T.E., pág. 165.

. En síntesis, del testimonio del doctor Kleis surgió que los elementos principales que provocaron la pérdida del ojo fueron la magnitud del daño provocado al ojo por la varilla de metal y la espina de rosa; la tardanza de ocho (8) horas de Leticia en solicitar asistencia médica, y la virulencia de la bacteria. Expresó que cada episodio que dura más de seis (6) horas era un acontecimiento peligrosísimo para el ojo.

Ahora bien, según expuesto, cabe destacar que sus afir-maciones y opiniones fueron categóricas en cuanto a la pér-dida de la visión. T.E., págs. 171,178. Sin embargo, ajuicio suyo, hubiese habido diferencia, “quizás en términos de re-tener anatómicamente el ojo” (T.E., pág. 186), si Leticia hubiese sido referida por el doctor Pastrana Maldonado in-mediatamente al Centro Médico.

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La alegación más común en acciones basadas en error de diagnóstico es que el médico no llevó a cabo un examen cuidadoso del paciente. A.R. Holder, Medical Malpractice Law, 2da ed., Nueva York, Ed. John Wiley & Sons, 1978, pág. 74. La medicina moderna parte de la premisa de que un examen básico rutinario permitirá, de ordinario, iden-tificar casi cualquier anormalidad significativa. Una vez identificada, se procederá a inspeccionar en detalle el área que representa problemas con el propósito de detectar, con el mayor grado de certeza posible, el misterio dé determi-nada dolencia, esto es, obtener el diagnóstico. Una rutina lógica y ordenada permite economizar tiempo y minimizar el riesgo de error por omisión. La experiencia demuestra que son más los errores de este tipo que los de acción. 9 Cantor, Traumatic Medicine and Surgery for the Attorney, Washington, D.C., Ed. Butterworths, 1963, pág. 604 párr. 2408(2). "Es sumamente crucial reconocer y diagnosticar prontamente las lesiones en los ojos, pues si se inician a tiempo las medidas de tratamiento apropiadas, puede sal-varse una visión útil.” (Traducción nuestra.) Chapman-Dunlap, The Eye, Controon Medicine, Sec. 4.00, Cap. 4. Manual de Merck, Oftalmología, Cuerpos Extraños, 8va ed., págs. 2444-2445. Obviamente no puede diagnosticarse una condición propiamente si no se tiene razón alguna para sospechar su existencia. Holder, op. cit., pág. 71.

Un diagnóstico correcto depende de dos (2) factores importantes: la recopilación de información y su análisis. El acopio de datos requiere del médico capacidad para obtenerlos mediante la entrevista médica, historial del paciente y examen físico. La evaluación lógica de los datos implica conocimientos abarcadores y nociones de esta rama del saber. Reconocer sus propias limitaciones y saber cuándo referir un paciente a otro médico o acceder a cualquier consulta que éste o sus familiares interesen, es procedente y representa un curso de acción normal y considerado del proceso. Sherman y Fields, Guide to Patient Evaluation, 3ra ed., Nueva York, Medical Examination Publishing Co., Inc., 1978, pág. 335. “[U]n cuerpo extraño que ha penetrado en el ojo debe ser extraído por un oftalmólogo cirujano, pero el tratamiento de urgencia debe iniciarse inmediatamente”. Manual de Merck, op. cit., pág. 2445.

Un médico examinador puede desorientarse o simplemente no detectar anormalidades debido a falta de destreza o tiempo o por ausencia de claves atribuibles a un historial incompleto. Sharpe, Fiscina y Head, Law and Medicine, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1978, pág. 26. Por ende, el acopio negligente de información esencial puede generar responsabilidad profesional en daños. Adametz, Failure to Make Diagnostic Test, 210 J.A.M.A. 213 (1969).

La importancia del historial médico estriba en que su-giere áreas que deben ser escrutadas en el examen físico y establece los fundamentos para iniciar posibles diagnósticos. Chapman-Dunlapp, op. cit., Sec. 4.10. Puede obtenerse me-diante una narración del paciente, familiar cercano o persona que lo conozca, comenzando desde el momento en que por última vez se sintió bien. Precisamente ese momento es el que debe servir de punto de partida para un interrogatorio meticuloso concerniente a la presencia o ausencia de sínto-mas o signos reveladores. Requiere que se formulen aquellas preguntas cuyas contestaciones muevan o permitan obtener toda la información necesaria y relevante. El éxito de esa tarea investigativa depende de múltiples factores tales como edad del paciente, preparación, grado de precisión, capaci-dad para hablar, recordar y otros. No debe descansarse sólo en lo que le suministra voluntariamente el paciente. Holder, op. cit., pág. 72. Además de ese historial, se impone el uso auxiliar de pruebas de laboratorio rutinarias, sencillas y económicas para diagnosticar la condición de un paciente. Su omisión también puede ser motivo para incurrir en res-ponsabilidad por negligencia. Holder, op. cit., pág. 85.

La perfección corresponde al Sumo Hacedor. Consciente de la limitación humana, nuestra jurisprudencia concibe el error en el diagnóstico médico como una realidad, defensa y eximente . Para esgrimirla con éxito es menester observar un grado razonable de cuidado, realizando un examen completo del paciente —Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188, 194 (1974)— y un “esfuerzo concienzudo” (Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 227 (1973)). En Oliveros v. Abréu, supra, pág. 228, expresamos que un médico “no es responsable de mala práctica cuando se enfrenta a una situación en la cual cabe duda educada y razonable sobre cuál debe ser el curso a seguir”. (Enfasis suplido.) Ese tipo de error no implica negligencia, pues se aceptan los errores razonables de juicio, pero éstos tienen que estar fundados en un criterio de razonabilidad en en el que se requiere “que el médico efectúe todos los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico correcto. Tiene el deber de hacer un esfuerzo honesto y concienzudo para en-terarse de los síntomas y de la condición del paciente”. Morales v. Hosp. Matilde Brenes, supra, pág. 194. (Enfasis suplido.) Se exige que ponga de manifiesto su juicio, pru-dencia y razonabilidad en el intento de llegar a un diagnós-tico correcto al cumplir con su deber de esforzarse por co-nocer la verdadera condición del paciente. Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789 (1979).

Por último, nuestra jurisprudencia sobre impericia médica exige que el actor demuestre, mediante preponderancia de prueba, que la conducta negligente del demandado fue el factor que con mayor probabilidad lo causó. Pagán Rivera v. Mun. de Vega Alta, 127 D.P.R. 538 (1990); Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637 (1989); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 745 (1983); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 740 (1984). Rige aquí la norma de cuidado o de buena práctica fundamentada en aquella atención que, a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza, y conforme al estado de conocimiento de la ciencia y práctica prevaleciente de la medicina, satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la propia profesión médica. Pagán Rivera v. Mun. de Vega Alta, supra; Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 D.P.R. 295, 302 (1988); Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380 (1988); Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762, 797 (1987); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816, 820 (1987), y Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375, 377 (1978).

IV

La prueba testifical, pericial y documental demuestra que la omisión del doctor Pastrana Maldonado en exami-nar adecuadamente a Leticia, no referirla a un oftalmólogo sino, por el contrario, ordenar inyectarle Vistaril y darla de alta —sin indicación ulterior de clase alguna— constituyó negligencia que provocó que la infección del ojo estuviese fuera de control, se diseminara y agravara al extremo de tener que extirpárselo. Sin excusa alguna, el doctor Pas-trana Maldonado se apartó gravemente de las normas bá-sicas de un diagnóstico. Chapman-Dunlapp, op. cit., See. 4.14. La experiencia revela que el uso de máquinas de cor-tar grama genera objetos que causan heridas y en los ojos las “heridas penetrantes presentan riesgos de infección y efectos tóxicos del material”. (Traducción nuestra.) Chapman-Dunlapp, op. cit., Secs. 7.40 y 7.15, Cap. 7. De ordinario, requiere la más pronta administración de antibióticos, íd., Sec. 7.41.

Distinto a la conclusión de la ilustrada Sala sentencia-dora, estamos ante un caso de concurrencia de negligencias.() Aunque coincidimos que Leticia fue negli-gente al tardar en acudir al Centro de Diagnóstico —ocho (8) horas después de haberse lastimado el ojo izquierdo-las omisiones del doctor Pastrana Maldonado, incluso no referirla rápidamente a un oftalmólogo, sin lugar a dudas contribuyeron a que, anatómicamente hablando, lo perdiera. En este aspecto es errónea la conclusión del foro de instancia de que la única causa eficiente de los daños fue la introducción de los cuerpos extraños en el ojo de la demandante y ésta "absorbe totalmente la negligencia de los demandados”. Apéndice, pág. 19. Ese enfoque equivale a exigirle prueba de certeza matemática. “El juez no se mueve sobre materia sujeta a las inexorables leyes del cál-culo matemático; el camino a recorrer entre la norma ge-, neral y la solución concreta escapa a una mera operación calculadora, interponiéndose algo tan heterogéneo como la apreciación del sujeto en todos sus matices o facetas y la propia personalidad del Juez. No ha de llegar, pues, a la certeza absoluta, pero tampoco le basta apoyarse en un terreno de simples probabilidades, con fundado temor de posible equivocación.” F. Soto Nieto, Compromiso de Justi-cia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, págs. 21-22.

En resumen, la negligencia del doctor Pastrana Maldonado agravó el daño que sufrió Leticia. Aproximarnos al ideal de justicia exige revocar la sentencia y, en su lugar, imponerle a Leticia una negligencia en 75% y a los deman-dados responsabilidad solidaria fundamentada en un 25% de negligencia; aclarándose que los demandantes Ortiz et al. sólo son acreedores a que se les indemnice por los daños físicos y mentales resultantes de la remoción anatómica del ojo; dictamen que excluye cualesquiera daños por la pérdida de la visión.

Se devolverán los autos originales al tribunal de instan-cia para la valoración correspondiente a tono con estos pronunciamientos.

      (1) Existe concurrencia de negligencia en aquellas situaciones en que:
      “ dos actores aportan actuaciones culposas autónomas, que no se unen en la vertiente anterior, sino que actúan con sustancial contemporaneidad y la conducta culposa de uno pone en movimiento la agencia o fuerza interventora que como con-secuencia normal —y por tanto, previsible— de ese acto culposo directamente causa el daño o, a la inversa, el acto culposo de uno contribuye y amplía, aumenta o agrava el daño causado por la conducta también culposa del otro, sin que medien, no obs-tante, las circunstancias que determinan que una causa suplanta, sustituye, inte-rrumpe el nexo causal y ocupa el lugar de la primera convirtiéndose en la causal legal única del resultado dañoso, relevando por tanto de responsabilidad al primer actor negligente ” (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Aseg. Lloyd’s London v. Cía Des. Comercial, 126 D.P.R. 251, 264 (1990).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Marcelino Canino Ortiz, acusado y apelante.

      Número: CR-93-33

      Resuelto: 7 de diciembre de 1993

      Mario A. Rodríguez, Margarita Carrillo Iturrino, Mario A. Rodríguez Torres y Jeanette Soto Vega, abogados del ape-lante; Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General Interina, y Grisel Hernández Esteces, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso tiene, como trasfondo fáctico, una de esas situaciones criminosas que resultan difíciles de enten-der y aceptar: el abuso , sexual de un niño de tierna edad por un adulto, pariente del menor, en el cual el niño confiaba.

El recurso, por otro lado, plantea interesantes cuestio-nes de derecho que ameritan detenida consideración y aná-lisis por este Tribunal; en específico, la admisibilidad y ex-tensión, del testimonio pericial en casos de esta índole bajo las disposiciones de las Reglas 52 y 57 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, y, si constituye un “comentario al silencio del acusado” la instrucción, sancionada por el Manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, relativa al examen “con cautela” del testimo-nio de las víctimas en casos de esta naturaleza.

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El Ministerio Fiscal radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, tres (3) pliegos acusatorios contra Marcelino Canino Ortiz mediante los cuales le im-putó a éste la supuesta comisión de dos (2) delitos de in-fracción al Art. 105 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4067() — alegadamente cometidos los mismos “allá en o para el mes de mayo de 1990” (énfasis suplido, Alegato del apelante, pág. 21) y “allá en o para el mes de agosto de 1990” (id.)— y una infracción al Art. 103 (33 L.P.R.A. see. 4065), en grado de tentativa, del referido Có-digo Penal,() supuestamente cometida “allá en o para el mes de mayo de 1990”. (Énfasis suplido.) íd.

Celebrado el juicio, ante jurado, y habiendo sido Canino Ortiz declarado culpable en todos y cada uno de los cargos imputados, el tribunal de instancia lo sentenció a cumplir diez (10) años de prisión en cada cargo, a ser cumplidas dichas penas en forma consecutivas entre sí. Inconforme, Canino Ortiz apeló ante este Tribunal imputándole al foro de instancia la supuesta comisión de siete (7) errores, a saber:

PRIMER ERROR:
Se vulneraron los derechos al debido proceso de ley y a un juicio justo al habérsele denegado al apelante una solicitud de especificaciones en que se requerían las fechas en que alegada-mente habían ocurrido los hechos imputados. Ello impidió, ade-más, que la defensa pudiera prepararse adecuadamente y pre-sentar defensa de coartada.
SEGUNDO ERROR:
Erró el tribunal de instancia al denegar una solicitud de disolución del jurado amparada en la negativa del Estado a infor-mar las fechas en que habían ocurrido los supuestos hechos delictivos, cuando en su declaración judicial la supuesta víc-tima fue capaz de precisar las fechas en que ocurrieron los hechos.
TERCER ERROR:
Incidió la sala de instancia al admitir la declaración del sicó-logo que evaluó al menor a pesar del perjuicio sustancial que tal declaración ocasionaba y su escaso valor probatorio.
CUARTO ERROR:
Erró el tribunal de instancia al no permitir que durante el contrainterrogatorio la defensa interrogara al menor en rela-ción a unas fotografías sobre el lugar en donde alegadamente habían ocurrido los hechos.
QUINTO ERROR:
No se estableció la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable ni se rebatió la presunción de inocencia.
SEXTO ERROR:
Se comentó el silencio del acusado al instruirle al jurado, con respecto a los delitos imputados, que por su naturaleza los úni-cos testigos son la parte perjudicada y el acusado.
SEPTIMO ERROR:
Incidió el magistrado sentenciador al imponer sentencia con agravantes [y al no referir el caso para informe presentencia]. Alegato del apelante, págs. 19-20.

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Tanto el Ministerio Fiscal como el acusado presentaron prueba testifical. La prueba del Estado consistió, de ma-nera principal, de la declaración del menor P.J.O.C., de su señora madre, la Sra. Iris Nereida Canino Báez, y el psicó-logo Miguel Licha Vaquero.()

El testimonio del referido menor —el cual, para la fecha de los hechos, contaba con ocho (8) años de edad— fue claro y conciso. El apelante —quien era tío abuelo del menor— operaba un negocio de reparación de automóviles. Ha-biendo demostrado, el menor, inquietud y destreza por la mecánica, la madre de éste le pidió a su tío que le enseñara dicha ocupación al menor. Los actos imputados —aberran-tes y asqueantes— fueron alegadamente cometidos por el apelante tanto en el taller de mecánica como en la casa de éste, y la del menor, durante un período aproximado de cuatro (4) meses. El testimonio del menor —considerando su tierna edad y la dificultad inherente que tiene todo tes-tigo para declarar en esta clase de casos— respecto a lo sucedido fue, sorprendentemente, detallado. El mismo versa sobre relaciones, y actuaciones, anormales entre un adulto y un niño menor de edad que, ciertamente, contiene todos los elementos esenciales requeridos por los artículos de ley referentes a los delitos de sodomía y actos lascivos o impúdicos. Realmente resulta innecesario reproducirlo; no adelantamos nada, que no sea causarle repulsión al lector, con hacerlo.()

La situación quedó al descubierto cuando el menor, pre-ocupado por la posibilidad de que “podía tener un bebé” y pensando que podía ser considerado homosexual, le in-forma a su madre una noche de lo que había venido ocu-rriendo con el apelante. Luego de que ésta indagara sobre lo sucedido —informándole el menor que no lo había hecho antes por tenerle miedo al apelante— procedió la madre a llevarlo donde los doctores Luiggi y Robles Orama. Este último no encontró evidencia de laceración anal; decla-rando, sin embargo, que ello no era índice alguno de que los actos no hubieran sucedido, ello debido al tiempo transcurrido.

La madre procedió, entonces, a llevar a su hijo al psicó-logo Licha Vaquero, quien le prestaba servicios de psicolo-gía a los empleados y familiares, de la compañía para quien trabajaba la Sra. Canino Báez. Dicho testigo perito declaró que vio al menor, en consulta, en seis (6) ocasiones. ()

El niño le contó al psicólogo lo sucedido con el apelante y sobre sus dos (2) preocupaciones. El testigo procedió a “calmar” al niño al respecto, explicándole que los varones no pueden quedar embarazados y que lo sucedídole a él con su tío abuelo no significaba que él fuera un homosexual. Su impresión diagnóstica fue “abuso sexual y trauma psicoló-gico”, producto el mismo del mencionado abuso. En opinión del referido psicólogo, el niño no estaba “fantaseando”. Con-forme dicho testigo perito, las razones para que el menor no hubiera hablado antes habían sido: que el agresor era, para el niño, una figura de autoridad, pariente cercano, que vivía y trabajaba cerca de su casa, y la tierna edad del niño; todo lo cual hacía difícil que el niño verbalizara lo que estaba ocurriendo.()

La prueba de' defensa, por su parte, consistió de un psi-quiatra —quien nunca examinó al menor— que expresó la opinión de que los niños “tienden a la fantasía” y, en adi-ción, declaró tener dudas respecto al testimonio del psicó-logo Licha Vaquero por razón de entender que éste debió haber sometido al menor a ciertas pruebas psicológicas, lo cual éste no hizo. En segundo lugar, se presentó testimonio respecto a la estructura del taller de mecánica; ello con el propósito de contradecir el testimonio del menor. Por úl-timo, la defensa presentó prueba sobre la buena reputación de que gozaba el apelante en la comunidad donde vivía y trabajaba.

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Por su importancia, y por ser ésta una materia de “pri-mera impresión” en nuestra jurisprudencia,() examina-mos, en primer lugar, el tercer señalamiento de error. Plan-tea el apelante, en el excelente alegato que su representación legal radicara ante este Tribunal, que erró el tribunal de instancia al permitir el testimonio del psicó-logo que había atendido al menor.

Como es sabido, esta materia está regulada por las disposiciones de las Reglas 52 a la 59 de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Resultan ser de singular importancia, y pertinencia, al caso de autos las disposiciones de las Reglas 52 y 57 de Evidencia, ante, las cuales establecen:

Regla 52
Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para el juzgador entender la evidencia o determinar un hecho en controversia, un testigo capacitado como perito en re-lación con la materia sobre la cual va a declarar podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.
Regla 57
No será objetable la opinión o inferencia de un perito por el hecho de que se refiera a la cuestión que finalmente ha de ser decidida por el juzgador de los hechos.

Como surge de una simple lectura de las antes transcri-tas disposiciones reglamentarias, el criterio rector en rela-ción con prueba de índole pericial lo es que la misma re-sulte de ayuda para el juzgador de los hechos;() siendo admisible dicho testimonio pericial aun cuando el mismo verse, precisamente, sobre la “cuestión” a decidir (ultimate fact) por el referido juzgador de los hechos. Véanse: Pueblo v. Marcano Pérez, 116 D.P.R. 917, 929-930 (1986); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39, 48 (1982); U.S. v. St. Pierre, 812 F.2d 417, 419 (8vo Cir. 1987).

En lo que concierne a la situación específica hoy ante nuestra consideración, esto es, la admisibilidad de prueba pericial en casos de abuso sexual de menores, no debe per-derse de vista que, por lo general, esta clase de situaciones se da, a solas, entre adultos y niños de tierna edad; hecho que, en la mayoría de los casos, tiene la consecuencia de dificultar la investigación, y esclarecimiento, de dichos ca-sos debido, precisamente, a la tierna edad de los perjudica-dos, los cuales muchas veces no pueden declarar en forma articulada y detallada. J.E.B. Myers y otros, Expert Testimony in Child Sexual Abuse Litigation, 68 Neb. L. Rev. 1 (1989); véase, en específico, sobre este aspecto: Pueblo v. Rivera Robles, 121 D.P.R. 858, 863-865 (1988).

Dicha situación ha obligado al Estado, sobre quien recae la obligación de procesar a las personas acusadas de la comisión de estos delitos, a recurrir al uso de testimonio pericial con el propósito de que el foro judicial pueda emitir juicio sobre la culpabilidad o inocencia de los ácusados. V. Serrato, Expert Testimony in Child Sexual Abuse Prosecutions: A Spectrum of Uses, 68 B.U.L. Rev. 155, 163 (1988).

A esos efectos, se ha desarrollado la teoría del “síndrome del niño abusado sexualmente”, conforme a la cual se expone que un niño que ha sido objeto de abuso sexual exhibe, de ordinario, una serie de “características” propias de esa situación, las cuales pueden ser reconocidas por el testigo pericial. R.J. Roe, Expert Testimony in Child Sexual Abuse Cases, 40(Núm. 1) U. Miami L. Rev. 97, 108 (1985). Entre otras, dichos niños exhiben o demuestran, miedo, confusión, vergüenza, pesadillas, incontinencia, retraimiento, y bajo aprovechamiento escolar. Serrato, ante, pág. 159.

No hay duda, en consecuencia, que en un caso de alegado abuso sexual —especialmente en situaciones donde el menor perjudicado es de tierna edad— el testimonio pericial resulta ser de incalculable ayuda al juzgador de los hechos en su difícil función de pasar juicio sobre la inocencia o culpabilidad del acusado de esta clase de delito; razón por la cual resolvemos que prueba de esta naturaleza es admisible en nuestra jurisdicción bajo las disposiciones pertinentes, antes mencionadas, de las Reglas de Evidencia.

Esto es, nuestros tribunales de instancia deberán permitir —vía el testimonio de un perito debidamente cualificado— prueba sobre las características generales que, de ordinario, exhiben las víctimas de abuso sexual; prueba sobre si la alegada víctima del abuso, en el caso particular, exhibe o no dichas características generales; y si en la opinión del perito, por ende, el niño ha sido o no víctima de abuso sexual. Véanse: Regla 57 de Evidencia, ante; Pueblo v. González Román, 129 D.P.R. 933 (1992); Pueblo v. Marcano Pérez, ante; Velázquez v. Ponce Asphalt, ante; State v. Scheffelman, 820 P.2d 1293 (Mont. 1991); State v. Kim, 645 P.2d 1330 (Haw. 1982).()

Ahora bien —y aun cuando estamos conscientes del hecho de que prueba de la naturaleza arriba descrita tiene el efecto inevitable de, hasta cierto punto, "corroborar” la declaración del menor y, por ende, de darle visos de credibilidad al testimonio prestado por éste— los tribunales de instancia no deben permitir que el perito opine, directamente, respecto a la veracidad de la versión del menor o sobre la confiabilidad de su testimonio. Véanse: United States v. Azure, 801 F.2d 336 (8vo Cir. 1986); Kruse v. State, 483 So.2d 1383 (1986); California v. Roscoe, 215 Cal. Reptr. 45 (1985); U.S. v. Spotted War Bonnet, 882 F.2d 1360 (8vo Cir. 1989).

Reconocemos que la “línea, o distinción, es fina y, quizás, difícil de deslindar”, pero, es importante que la misma sea establecida. La función de adjudicar credibilidad es exclusiva del juzgador de los hechos. Véanse: Pueblo v. Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986); O.E. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico—Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Equity, 1990, pág. 68. No podemos olvidar que los psicólogos o psiquiatras están entrenados para reconocer, o diagnosticar, condiciones o enfermedades; ellos no están capacitados, sin embargo, para determinar, quien dice la verdad. United States v. Azure, ante.

A base de lo anteriormente expuesto, y de un examen minucioso y detallado de la Exposición Narrativa de la Prueba, resolvemos que no se cometió el tercer error imputado. Si bien es correcto que la prueba presentada por el Estado en el presente caso —por medio del psicólogo Licha Vaquero— no versó sobre las características genera-les del síndrome del niño abusado sexualmente, y que dicho perito no especificó cuáles de dichas características ex-hibía el menor perjudicado, lo cierto es que el referido perito se limitó a declarar que, a base de las observaciones que hizo en las seis (6) ocasiones en que atendió al niño perjudicado en el presente caso, era de la opinión —o im-presión diagnóstica— de que el mismo había sido objeto de abuso sexual. No hubo referencia, o transgresión alguna, en su testimonio referente a la veracidad o no de la versión que brindaba el niño.() Bajo esas circunstancias, somos del criterio que no se cometió el error imputado ya que no se usurpó la función exclusiva del juzgador de los hechos de adjudicar credibilidad.

IV

Mediante el sexto señalamiento de error, el apelante plantea una cuestión que resulta ser, igualmente, de “pri-mera impresión”. Sostiene que el tribunal de instancia in-currió en un “comentario al silencio del acusado” al instruir al Jurado que, dada la naturaleza de los delitos imputados, en esta clase de situaciones “los únicos testigos son la parte perjudicada y el acusado”. (Énfasis suplido.) Alegato del apelante, pág. 20.

La instrucción en controversia, según la misma surge del Manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 27 de marzo de 1980, pág. 182,() lee:

No es esencial que el testimonio de la víctima sea corroborado por otra evidencia, siempre que del conjunto de la prueba uste-des estén convencidos fuera de toda duda razonable de la cul-pabilidad del acusado. Sin embargo, una imputación como la que se ha hecho al acusado, en términos generales, se hace con facilidad, y una vez hecha es difícil de desmentir aun siendo inocente éste. Por la naturaleza del delito, usualmente los úni-cos testigos son la parte perjudicada y el acusado. Por tanto les instruyo para, que examinen con cautela el testimonio de la víc-tima; pero el hecho de que la imputación es fácil "de hacer y difícil de desmentir no debe obstar para un veredicto de culpa-bilidad si ustedes están convencidos, fuera de duda razonable, que el acusado es culpable. (Énfasis suplido.)

En apoyo de su novel teoría, sostiene la representación legal del apelante, en síntesis, que dicha instrucción tuvo el efecto de llevar a la mente de los señores del Jurado, o insinuar, que siendo “los únicos testigos ... la parte perju-dicada y el acusado”, el Jurado podía entender que el ape-lante en el presente caso venía en la obligación de tomar la silla de los testigos y desmentir la imputación que le hacía el menor; insinuación que, alegadamente, resulta extrema-damente perjudicial en vista de que el apelante, en el ejer-cicio constitucional de su derecho a no hacerlo, optó en el presente caso por no declarar.

Recientemente, en Pueblo v. Santiago Lugo, 134 D.P.R. 623 (1993), tuvimos ocasión de expresarnos al respecto. Allí, en lo pertinente, dijimos:

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le garantiza a toda persona acusada de la supuesta comisión de un delito público —en nuestra jurisdicción— el derecho a que su inocencia o culpabilidad se dilucide en un juicio justo, pú-blico e imparcial, juicio que tiene como propósito la búsqueda de la verdad; teniendo el Estado la obligación y responsabilidad de demostrar, en ese juicio, la culpabilidad del imputado más allá de duda razonable a base de prueba pertinente y admisi-ble, y de las inferencias razonables que de la misma puedan hacerse, y no a base de influencias, o estratagemas, extrañas al proceso y a nuestro sentido de justicia.
Como corolario, o garantía adicional, de ese mandato consti-tucional de índole general, la Sec. 11, Art. II de nuestra Cons-titución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 308, decreta, en lo pertinente, que “[njadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra”. Este fundamental pre-cepto constitucional tiene su origen, naturalmente, en la pre-sunción de inocencia que cobija a todo ciudadano que es acu-sado de la supuesta comisión de un delito público en nuestra jurisdicción. Pueblo v. Esquilín París, 98 D.P.R. 505 (1970).
... “comentar el silencio del acusado” ... equivale, a todos los fines prácticos, a traer a la mente del juzgador —por aquello “de el que calla, otorga”— prueba similar a la de una admisión de culpabilidad. Esto es, el propósito infame que persigue el “co-mentario al silencio del acusado” lo es el de convencer al juzga-dor de los hechos de que ese acusado —al no hablar, protestar o clamar por su inocencia, teniendo la oportunidad para hacer-lo— “admitió”, mediante su silencio, ser responsable de los he-chos que se le imputan.
Dicha situación, de permitirse, resulta ser extremadamente perjudicial para el acusado por razón de que si algo demuestra la práctica de la profesión en el campo de lo penal lo es que, de ordinario, una de las pruebas más incriminatorias, perjudicia-les y devastadoras con que puede contar el Ministerio Fiscal contra un imputado de delito lo es la de que éste admitió la comisión del delito que se le imputa. Ello, naturalmente, tiene un mayor impacto perjudicial en casos en que la inocencia o culpabilidad del acusado es determinada por un jurado.
Ello así ya que, como correctamente expresara este Tribunal en Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 D.P.R. 34, 38 (1974), el:
“...jurado no está habituado a la prudencia del juez, que espera conocer la totalidad de las pruebas, para luego inferir de ellos su convicción. Por el contrario, lo impresionan las peque-ñeces y se torna daltónico en cuanto a pruebas más graves. A veces una fruslería procesal, a la cual no le daría importancia alguna el técnico, llega a ser como el punto céntrico de orienta-ción mental, suficiente para convencer en uno u otro sentido.” E. Altavilla, Sicología Judicial; Ed. Depalma, Buenos Aires, 1970, Vol. II, págs. 1198-1199. (Enfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Santiago Lugo, ante, págs. 628-630.

¿Infringe la transcrita instrucción la garantía constitucional contra la autoincriminación? Dicho de otra forma, ¿puede considerarse la referida instrucción como un comentario al silencio del acusado? Atendemos, y resolve-mos, la interrogante planteada por el apelante, por primera vez a nivel apelativo,i ) por ser la misma una de gran importancia para nuestro sistema de procedimiento criminal en vista del hecho de que dicha instrucción se trans-mite con frecuencia a nivel de instancia.

Somos del criterio que la instrucción en controversia no constituye un comentario al “silencio del acusado”; esto es, no infringe el derecho constitucional contra la autoincriminación. Resulta obvio que el apelante indebidamente fracciona —o saca de contexto una frase aislada contenida en— la instrucción en controversia con el objetivo de fundamentar su planteamiento. Una lectura integral de la referida instrucción demuestra que la misma tiene el propósito de beneficiar, en lugar de perjudicar, a toda persona acusada de la supuesta comisión de delitos de esta naturaleza. Dicho de una manera más simple, la referida instrucción resulta beneficiosa por cuanto la misma, por sí sola, puede tener el efecto de causar duda razonable en la mente de los señores del Jurado. Ello así ya que se le instruye a los señores del jurado que, dado el hecho de que esta clase de testimonio es de fácil fabricación, ellos deben mirar con cautela, o recelo, dicho testimonio.()

Ello no obstante, resultando, realmente, superflua la terminología en controversia y en aras de lograr que los juicios criminales que se celebren a nivel de instancia sean los más justos e imparciales posibles, resolvemos que, de hoy en adelante, los jueces de instancia deberán abstenerse de incluir, como parte de la instrucción en controversia, la oración a los efectos de que: “[P]or la naturaleza del delito, usualmente los únicos testigos son la parte perjudicada y el acusado” (Alegato del apelante, pág. 20); curso de acción que hemos seguido en el pasado. Cf. Pueblo v. Romero Costa, 101 D.P.R. 404 (1973); Pueblo v. París Medina, 101 D.P.R. 253 (1973).

V

Discutimos, por estar íntimamente relacionados entre sí, conjuntamente los señalamientos de error primero y segundo. Sostiene el apelante que erró el foro de instancia al negarse a disolver el Jurado al “constatarse” durante el juicio que el ministerio público le había, a sabiendas e in-debidamente, negado información que poseía —y que la de-fensa había solicitado vía la radicación de un “pliego de especificaciones”— respecto a las fechas específicas en que, alegadamente, habían ocurrido los hechos delictivos que se le imputaban al apelante. Sostiene ahora, a nivel apela-tivo, que debido a lo anteriormente expresado resulta pro-cedente la revocación de las sentencias apeladas, por vio- lación al debido proceso de ley, ya que la actuación del Ministerio Público le privó, entre otras, de presentar la defensa de coartada y de tener una adecuada asistencia de abogado.

Como correctamente señala la representación legal del apelante, en el alegato que radicara, nuestro ordenamiento no contiene una disposición específica, estatutaria o reglamentaria, que regule directamente la concesión de un “pliego de especificaciones”. El mismo, sin embargo, ha sido objeto de atención jurisprudencialmente. A pesar de que no hay duda de que un imputado de delito tiene el derecho constitucional a ser debidamente informado por el Estado de los hechos delictivos que se le imputan, lo cual tiene relación directa con el debido proceso de ley y el derecho a tener una adecuada asistencia de abogado, Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, hemos resuelto que la concesión de un pliego de especificaciones no es un derecho absoluto y sí una facultad puramente discrecional del tribunal. Pueblo v. Berdecía, 59 D.P.R. 318 (1941); J.A. Morales Arroyo, El pliego de especificaciones y el derecho constitucional del acusado a ser notificado de la naturaleza de la acusación en su contra, 7 (Núm. 2) Forum 11 (1991).

Ahora bien, y como es de todos conocido, la Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, exige que el pliego acusatorio —denuncia o acusacióncontenga una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito imputado, expresados los mismos en lenguaje claro y sencillo, de manera tal que cualquier persona, de inteligencia promedio, pueda comprender el delito que se le imputa. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981). Debiendo cumplir el Estado con esa obligación, ¿qué “hechos”pueden ser solicitados en un pliego de especificaciones? Obviamente hechos o detalles que, aun cuando no cualifican como hechos esenciales constitutivos del delito, a Jordan a “clarificar” la denuncia o acusación. A. Cintron García, La solicitud de especificaciones, 1 (Núm. 3) Forum 27 (1985); D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, pág. 84.

¿Cuándo procede, en fin, una solicitud de especificaciones y qué información puede ser solicitada en la misma? En nuestro criterio, la contestación es sorprendentemente sencilla: cuando la justicia así lo requiera; esto es, cuando la información que se solicita, en la opinión del tribunal, sea necesaria para que el acusado pueda defenderse adecuadamente en el proceso judicial a que el Estado lo somete. United States v. Balaban, 26 F. Supp. 491 (D.C. Ill. 1939).

Como surge de la relación de los hechos que hiciéramos al comienzo de la presente ponencia, en los pliegos acusa-torios que radicara el Fiscal en el caso de autos se hizo constar que los cargos por actos lascivos o impúdicos ocu-rrieron “allá en o para el mes de mayo de 1990” (Alegato del apelante, pág. 21) y “allá en o para el mes de agosto de 1990”. íd. En relación con la acusación por tentativa de sodomía, se hizo constar en la misma que los hechos ha-bían ocurrido, alegadamente, “allá en o para el mes de mayo de 1990”. íd. El planteamiento, o señalamiento del apelante, sobre violación al debido proceso de ley, se funda en que, alegadamente, el Fiscal informó, al contestar un pliego de especificaciones a esos efectos, que no podía espe-cificar más las fechas alegadas y que durante el juicio el menor perjudicado “precisó” las fechas en que supuesta-mente ocurrieron los hechos; información que el Estado, a pesar de alegadamente contar con ella, se negó a brindar en la contestación al pliego de especificaciones.

No hay duda que ante unos pliegos acusatorios frasea-dos en la forma antes expuesta, respecto a la fecha de ocu-rrencia de los hechos, el apelante tenía el derecho a radicar una solicitud de especificaciones con el objetivo de que el Estado le especificara o precisara, si es que el Estado podía hacerlo, las fechas en que supuestamente se habían come-tido los hechos. Ello así ya que —a pesar de los referidos pliegos acusatorios ser “suficientes en derecho”, por conte-ner los mismos todos los elementos constitutivos de los de-litos imputados— la información solicitada era necesaria para que el acusado pudiera preparar una defensa adecuada. Pueblo v. Colón, 52 D.P.R. 413 (1937).

Ahora bien, hemos examinado la Exposición Narrativa de la Prueba. Todo lo que hemos encontrado es que el me-nor perjudicado, al ser cuestionado más a fondo sobre las fechas, expresó, en cuanto a los hechos ocurridos en el mes de mayo de 1990, que éstos ocurrieron “cuando se estaban acabando las clases”. Alegato del apelante, pág. 2. Por otro lado, y en cuanto a los hechos del mes de agosto de 1990, el referido menor expresó que fue “antes de empezar las cla-ses en agosto”. íd., pág. 5.

Esto es, realmente no es correcta la alegación del ape-lante a los efectos de que el Estado le hubiera negado, te-niendo conocimiento de ello, las fechas específicas en que ocurrieron los hechos. Lo señalado por el menor, durante la celebración del juicio, no equivale a ello. Por otro lado, la alegación del apelante de que esta situación impidió que él presentara una defensa de coartada resulta ser, en vista de lo antes expresado, puramente especulativa. El apelante no informa qué prueba de coartada hubiera estado en posición de presentar a nivel de instancia de haber sabido, de ante-mano, que los hechos del mes de mayo de 1990 ocurrieron “cuando se estaban acabando las clases en mayo” (Alegato del apelante, pág. 2) y que los del mes de agosto de 1990 sucedieron “antes de empezar las clases en agosto”. íd., pág. 5. En vista a ello, no alcanzamos a entender, por úl-timo, cómo esta situación tuvo el efecto de afectar la cali-dad de su representación legal a nivel de instancia, la cual fue excelente.

En resumen — e independientemente del derecho del apelante a radicar un pliego de especificaciones en el pre-sente caso y a la obligación del Ministerio Público a contes-tarlo verazmente— no se cometieron los errores señalados.

VI

Igualmente inmeritorios resultan ser los señalamientos de errores cuarto, quinto y séptimo. Examinamos los mis-mos brevemente.

Mediante el cuarto señalamiento se le imputa al foro de instancia haber errado al negarse a permitir que la de-fensa, durante el contrainterrogatorio del menor perjudi-cado, le hiciera a éste preguntas sobre el contenido de unas fotos, relativas al lugar (garaje de mecánica) donde alega-damente el acusado había cometido los actos que se le im-putaban; ello con el obvio propósito de impugnar, y contra-decir, el testimonio brindado al respecto por el menor durante el interrogatorio directo. El error, de haber sido éste cometido,() es uno inconsecuente y poco perjudicial. Ello en vista del hecho de que el propósito que perseguía: la defensa con la admisión de dichas fotos lo logró mediante el testimonio del hermano del acusado, quien no sólo de-claró in extenso sobre la estructura del negocio sino que identificó las fotos en controversia, las cuales él personal-mente había tomado, siendo las mismas finalmente admi-tidas en evidencia.

El quinto señalamiento de error no amerita mucha consideración. El mismo es completamente frívolo. La prueba presentada por el Ministerio Fiscal, de ser creída por el juzgador de los hechos, es suficiente en derecho para sostener todos y cada uno de los tres (3) delitos que se le imputan al apelante.

Por último, y mediante el séptimo señalamiento de error, cuestiona el apelante las penas de diez (10) años que en cada cargo le impusiera el foro de instancia y, en adi-ción, que se dispusiera que las mismas se cumplieran con-secutivamente entre sí. Sostiene que dichas penas resultan “excesivas” dado el hecho de “que el apelante es un primer ' infractor y [en vista de] su buena reputación en la comunidad”. Alegato del apelante, pág. 41.

Discrepamos. Establece la Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, en lo pertinente, que:

Se podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras las siguientes:
(a)El delito fue de violencia, se causó grave daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un rechazo a las nor-mas de la decencia.
(c)la víctima era particularmente vulnerable ya fuese por mi-noridad o incapacidad mental o física.
(i)el delito evidencia unos designios criminales planificados. (Énfasis suplido.)

Como correctamente señala el Procurador General, en el alegato que radicara, los actos constitutivos de esta clase de delito, y sus efectos sobre la sociedad en general, son motivo de honda preocupación. Ejemplo de lo anteriormente expresado lo es la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 160 de 20 de julio de 1979 (34 L.P.R.A. see. 1027); legislación mediante la cual se eliminó el beneficio de sentencia suspendida a los convictos de actos lascivos o impúdicos cometidos con niños menores de catorce (14) años de edad. Allí se expresó que:

El aumento desmedido de los ataques y abusos sexuales en perjuicio de menores de catorce años ha necesitado de una res-puesta más vigorosa del Estado para la protección de los más débiles. A estos efectos se ha enmendado el Artículo 105 de la Ley 115 de 22 de julio de 1974, conocida como Código Penal de Puerto Rico, con el fin de aumentar la penalidad cuando los actos lascivos e impúdicos sean cometidos en perjuicio de me-, ñores de catorce años.
La naturaleza de estos actos repugna a la sociedad y para complementar la medida anterior, esta'ley tiene el propósito de excluir de los beneficios de la sentencia suspendida o libertad a prueba los casos de actos lascivos o impúdicos cuando la víc-tima fuere menor de catorce años. Si bien la Ley de Sentencia Suspendida tiene un propósito rehabilitador, también tiene el propósito de proteger a la sociedad contra las personas convic-tas de delito que representen un peligro para la comunidad. Las personas que cometen actos lascivos e impúdicos contra menores de 14 años constituyen un riesgo para la tranquilidad y bienes-tar de nuestra juventud. Esta ley va encaminada a evitar ese riesgo. (Énfasis suplido.) 1979 Leyes de Puerto Rico 431-432.

La acción del tribunal de instancia, la cual hoy ratifica-mos, es ejemplo de la “respuesta más vigorosa” que re-clama nuestra sociedad en “protección de los más débiles”. Véase Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 632 (1987).

Se dictará Sentencia confirmatoria de las convicciones apeladas.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

No puedo suscribir la norma enunciada por este Tribunal sobre que “los tribunales de instancia no deben permi-tir que el perito opine, directamente, respecto a la veraci-dad de la versión del menor o sobre la confiabilidad de su testimonio” y otras expresiones hechas en la opinión del Tribunal que limitan el testimonio pericial. (Enfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 806.

Nada hay en las Reglas 52 y 57 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, que prohíba que el perito, en casos como el que nos ocupa, opine sobre la veracidad de la versión del menor o sobre la confiabilidad de su testimonio. Por el con-trario, dichas reglas expresamente lo permiten en particular la Regla 57 de Evidencia, supra, la cual dispone que:

No será objetable la opinión o inferencia de un perito por el hecho de que se refiera a la cuestión que finalmente ha de ser decidida por el juzgador de los hechos. (Enfasis suplido.)

Nótese que la Regla 57 de Evidencia, supra, no sólo per-mite la opinión del perito sino, también, las inferencias que éste haga, incluso sobre el hecho que finalmente ha de ser decidido por el juzgador de los hechos. Ello en nada afecta la función del juzgador de los hechos para adjudicar la credibilidad.

La opinión e inferencias del perito merecerán la credibi-lidad que el juzgador de los hechos le brinde.

Además, las Reglas 44 y 45 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, permiten, expresamente, el testimonio en forma de opinón sobre el carácter veraz o mendaz de un testigo.

En casos como el de autos, y en aquéllos cuando los me-nores de edad sean víctimas de conducta desviada de adul-tos —en particular conducta sexual— y de maltrato de me-nores es imprescindible que permitamos que el juzgador de los hechos cuente con el más amplio testimonio pericial sobre los hechos en controversia.

En muchos de estos casos, el efecto en el menor a causa de esa conducta desviada le produce un trauma físico y sicológico que en ocasiones provoca que éste no pueda ni siquiera hablar sobre lo ocurrido.

Sólo mediante pruebas sicológicas, y la interpretación pericial de éstas, se pueden probar los hechos en controversia. Sobre el particular, véase la situación de he-chos y el testimonio pericial de Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 146 (1992). En dicho caso, la menor (J.R.R.) no tenía mucha capacidad para expresarse y fue precisamente con gestos y utilizando muñecos terapéuticos, y la opinión pericial, que se logró obtener su versión de los hechos.

Por lo anterior, concurro con el resultado.

      (1) Actos lascivos e impúdicos.

      (2) Sodomía.

      (3) Como testigos del Ministerio Público declararon, en adición, la Dra. Milagros Luiggi, pediatra, y el Dr. Carlos Robles Orama, médico generalista. El testimonio prestado por los referidos facultativos médicos realmente no aporta mucho a la so-lución de la interrogante ante nuestra consideración, esto es, sobre la inocencia o culpabilidad del apelante Canino Ortiz.

      (4) Véanse: págs. 1 a la 11 de la Exposición Narrativa de la Prueba, preparada por la representación legal del apelante, y certificada como correcta por el tribunal de instancia.

      (5) El tribunal de instancia examinó, preliminarmente y en ausencia del Jurado, al testigo Licha Vaquero al amparo de las disposiciones de la Regla 9 de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV; posteriormente, permitió que dicho testigo declarara en presencia del Jurado.

      (6) Véanse: págs. 22 a la 25 de la Exposición Narrativa de la Prueba, preparada por la representación legal del apelante, y certificada como correcta por el tribunal de instancia.

      (7) En Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 146 (1992), a pesar de que se admitió en evidencia a nivel de instancia la declaración de un testigo perito sobre el hecho del abuso sexual y no obstante el hecho de que el Tribunal, en la opinión emitida, citó in extenso dicho testimonio, este Foro no emitió juicio, ni se expresó, sobre la pertinencia y admisibilidad de prueba de esa naturaleza en casos de esta índole; ello debido a que el apelante no hizo planteamiento alguno al respecto.

      (8) Lo cual significa, naturalmente, que dicha prueba no sólo es pertinente (Regla 18 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV) sino que no procede su exclusión por ser la misma de valor probatorio de “poca significación”. Regla 19 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

      (9) Debe mantenerse presente que el juzgador de los hechos siempre mantiene la facultad, o discreción, para aceptar o rechazar la opinión emitida por el perito. Pueblo v. Marcano Pérez, 116 D.P.R. 917 (1986).

      (10) La aseveración del psicólogo a los efectos de que, en su opinión, el niño “no fantaseaba” no equivale a ello. Un examen de la Exposición Narrativa de la Prueba demuestra que, dado el contexto en que se hizo la misma, dicha aseveración se hizo con el propósito de enfatizar su “diagnóstico de abuso sexual”.

      (11) Dicho manual de instrucciones, como es sabido, tiene “carácter persuasivo” y su contenido goza de una “presunción de corrección”. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981).

      (12) El apelante no objetó la instrucción a nivel de instancia, luego de que el magistrado hubiera terminado de impartir las instrucciones a los señores del Jurado y antes de que éstos se retiraran a deliberar.
      De ordinario, no se puede levantar en apelación, como error, una instrucción no objetada a nivel de instancia. Regla 137 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Ortiz González, 111 D.P.R. 408, 410 (1981); Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 D.P.R. 632, 638 (1985); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 151 (1985).

      (13) Debe mantenerse presente, en adición, que reiteradamente hemos resuelto que las instrucciones que transmite un magistrado a los señores del Jurado deben ser examinadas en forma conjunta y no fraccionadamente, esto es, las unas con las otras. Pueblo v. Acevedo González, 95 D.P.R. 355 (1967); Pueblo v. Negrón, 79 D.P.R. 296 (1956). A esos efectos, tenemos que un examen de las instrucciones impartidas en el presente caso demuestra que el magistrado que presidió el proceso claramente
        instruyó a los señores del Jurado sobre: el deber del Estado de demostrar la culpa-bilidad del acusado más allá de duda razonable; el derecho constitucional del acu-sado a declarar o no declarar en su propia defensa; y sobre el hecho de que si éste optaba por así no hacerlo, ese hecho no se podía tomar en su contra. En fin, somos del criterio que cualquier posible perjuicio que pudo haber sufrido el acusado por la fraseología objetada por la defensa en la instrucción en controversia quedó plena-mente subsanado por las instrucciones antes mencionadas.
      De todas formas —y aun asumiendo, a los fines de la argumentación, que la oración o terminología impugnada en efecto constituye un comentario al silencio del acusado— somos del criterio que nos enfrentamos a la “figura” del “error constitucio-nal no perjudicial”. Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991).

      (14) Un examen de la Exposición Narrativa de la Prueba, relativa a la confron-tación del menor con las mencionadas fotos, revela que la defensa, realmente, no le hizo las preguntas apropiadas al menor que son requeridas para que dichas fotos fueran admitidas en evidencia.


author: per curiam:

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. David Augustus Cobin, querellado.

      Número: 3222

      Resuelto: 8 de diciembre de 1993

      Mady Pacheco García de la Noceda, del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

El 18 de agosto de 1993 emitimos una reso-lución a los efectos siguientes:

Vista la Petición presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitando la Suspensión del Ejercicio de la Profe-sión de Abogados por falta de pago de la cuota anual, se le concede al Lie. David Augustus Cobin un término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta resolución, para mostrar causa por la cual no debe ser suspendido del ejer-cicio de la abogacía. Se le apercibe que el incumplimiento con los términos de esta resolución conllevará la suspensión auto-mática del ejercicio de la abogacía y podrá dar lugar a sancio-nes disciplinarias adicionales.

Esta resolución le fue notificada personalmente al licen-ciado Cobin.

Como el licenciado Cobin no compareció, mediante Re-solución de 1ro de octubre de 1993 le concedimos un tér-mino final de quince (15) días para cumplir con la Orden de 18 de agosto de 1993. Se le advirtió, nuevamente, que su incumplimiento podría causar la suspensión automática del ejercicio de la abogacía. Dicha resolución le fue enviada al licenciado Cobin por correo certificado a la misma direc-ción donde se le había notificado personalmente la resolu-ción anterior. El licenciado Cobin aún no ha comparecido.

Reiteradamente hemos expresado que seremos estrictos en los casos en que, luego de ser emplazados para ello, los abogados no contesten nuestras órdenes. In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Melendez, 129 D.P.R. 495 (1991).

“La naturaleza de la función de abogado exige una estricta observancia de las resoluciones de este Tribunal, en especial en la jurisdicción disciplinaria.” In re Álvarez Meléndez, súpra, pág. 498. “Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con que nuestras órdenes son desacatadas, la hace imperiosa. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presentada en su contra que está siendo investigada.” In re Colón Torres, supra, págs. 493-494, citado también por In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992), y por In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992).

“Nuestro Tribunal no tolerará la incomprensible y obs-tinada negativa de un miembro de nuestro foro de cumplir con las órdenes de este Tribunal.” In re Pérez Benabe, supra, pág. 362, citando a In re Nicot Santana, 130 D.P.R. 210 (1992). Claramente, el Ledo. David Augustus Cobin no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la abogacía en nuestro país.

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. David Augustus Cobin, hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosa-mente con nuestras órdenes y con las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932,i( ) y el Tribunal dis-ponga lo que proceda en Derecho.

      (1) En particular con sus Arts. 9 y 10 (4 L.P.R.A. sees. 780-781).


text:
      In re José J. Velázquez Quiles.

      Número: AB-93-72

      Resuelto: 8 de diciembre de 1993

      José J. Velázquez Quiles, pro se.

   per curiam:

E1 10 de septiembre de 1993 emitimos una resolución mediante la cual ordenamos al licenciado Veláz-quez Quiles a que en veinte (20) días compareciera para responder a la queja presentada en su contra por el Sr. Víctor M. Matos Martínez. Se le apercibió que, de no com-parecer, se le podría imponer sanciones disciplinarias sin volver a citarle ni oírle. Dicha resolución le fue notificada personalmente el 25 de octubre de 1993. El licenciado Ve-lázquez Quiles no ha comparecido.

Reiteradamente hemos expresado que seremos estrictos en los casos en que, luego de ser emplazados para ello, los abogados no contesten nuestras ordene?. Este Tribunal no tolerará una negativa incomprensible y obstinada de un miembro de nuestro foro en cumplir con las órdenes de este Tribunal. In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992); In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992); In re Nicot Santana, 130 D.P.R. 210 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

“Independientemente de los méritos de las quejas pre-sentadas en contra de un abogado, él tiene la obligación ineludible de responder sin demora a los requerimientos de este Tribunal.” In re Álvarez Meléndez, supra, pág. 498. La no comparecencia del licenciado Velázquez Quiles es una falta de respeto hacia los procedimientos de este Tribunal. “La naturaleza y la importancia de sus funciones, recla-man del abogado una observancia estricta de las órdenes de los tribunales, y la voluntaria desatención de este tipo de comunicación socava nuestra función reguladora de la profesión.” íd.

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. José Japhet Velázquez Qui-tes hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosa-mente con nuestras órdenes.


text:
      In re José R. Franco Rivera y Juan Masini Soler.

      Número: AB-92-24

      Resuelto: 10 de diciembre de 1993

      Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; José R. Franco Rivera, pro se; Eli B. Arroyo, abogado del querellado Masini Soler.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

r* f° El Ledo. Ismael H. Herrero, Jr. se quejó ante la Procu-radora General de la conducta de los Ledos. José R. Franco Rivera y Juan M. Masini Soler imputándoles infracciones los Cánones 34 y 36 del Código de Ética Profesional, 4 .P.R.A. Ap. IX.

En síntesis, expuso representar al Banco Santander de Puerto Rico y al Santander Federal Savings Bank. Ambas entidades están obligadas por ley a publicar en los periódi-cos listas de sus cuentas inactivas con el nombre y la dirección del depositante, el número de cuenta, la cantidad depositada y la sucursal. Según el licenciado Herrero, Jr. los abogados Franco Rivera y Masini Soler, por separado,() se valieron de esa información y enviaron a los depositan-tes una carta ofreciendo sus servicios profesionales. Esta consistió de un volante del cual se desprende su parte superior e indica el nombre y dirección del depositante, y señala:

No. de Archivo-

AVISO LEGAL

Nuestro Departamento de Recuperación de Bienes ha detectado unos fondos que le pertenecen a usted.
Si está interesado en recuperarlos, firme ante notario, LA PE-TICION DE RECLAMO BAJO JURAMENTO NOTARIAL y envíela lo más pronto posible para hacer el reclamo en su nombre. Haga copia para Ud. antes de enviar el original.
Atentamente,
Lie.-
[Nombre Abogado]. (Énfasis suplido.) Reclamo de fondos bajo juramento notarial.

El denominado Reclamo de Fondos —en la parte inferior del documento— contiene como membrete el nombre y dirección del abogado y, bajo juramento notarial, hace constar el nombre del solicitante, depositante o dueño de los fondos; su mayoridad y capacidad legal para suscribirlo y el siguiente lenguaje preimpreso y estereotipado:

Que el Departamento de Recuperación de Bienes del Estudio Legal del Lie.-ha hecho el trabajo de investigar, rastrear y establecer que el otorgante podría tener derecho a los fondos indicados en el párrafo PRIMERO y que el otorgante desea re-cuperar dichos fondos.
El Otorgante por la presente nombra al Lie.-, sus Repre-sentantes, Consejeros y Ahogados como designados para actuar en su nombre en su lugar en relación a todas las gestiones que pudiera hacer en referencia a la reclamación, transferencia o distribución del dinero, créditos, o activos que se le adeuden. El otorgante da a dicho designado pleno poder y autoridad para recibir a nombre del otorgante y a su favor el dinero, y dar carta de pago y relevo en su nombre. A ninguna persona que pague el reclamo del dinero o fondos a favor del otorgante, le será requerido verificar la disposición final de los mismos. Por valor recibido y por los servicios prestados, el otorgante, por la presente cede, asigna y transfiere al LIC.-, sus agentes, representantes legales, consejeros, abogados y sucesores y asigna honorarios por el treinta y tres y un tercio (33.33%) por concepto de honorarios por la búsqueda, gastos legales, honora-rios de abogado, gastos ordinario[s] y extraordinarios y serán pagados al LIC.-solamente al haber recobrado satisfacto-riamente los fondos por el designado LIC.-a favor del suscribiente. Que con anterioridad al reclamo exitoso de los. fondos, ningún gasto o costo será pagado por adelantado por el otorgante.
El otorgante se compromete en todo momento a indemnizar y relevar al LIC.-, sus agentes, sus respectivos representan-tes legales, sucesores y asignados y a cualquier ciudad, con-dado, gobierno estatal y gobierno federal, sus oficiales y em-pleados (de aquí en adelante los obligados) de toda reclamación, acción o demanda, ya sea infundada o no, y de cualquier obli-gaciones, pérdidas, daños sentencias, costas y gastos, honora-rios de abogado y otros gastos de cualquier naturaleza o clase por razón de honrar o negarse honrar la evidencia original de propiedad cuando sea presentada por o a favor del tenedor a su tiempo, o un tenedor que aparente ser o crean los Obligados que lo es, o el hacer el pago, entrega o crédito con respecto a la evidencia original de propiedad sin la cesión; sea causado o no, o basado en, o que surge de inadvertencia, accidente, descuido, negligencia u omisión o por no inquirir, responder o litiguen el derecho de cualquier solicitante para recibir cualquier pago, crédito, transferencia, inscripción, conversión, canje o entrega en relación a la evidencia original de propiedad, o causado por, basado en o que surja de cualquier otra materia u otro asunto. Esta PETICION DE RECLAMO BAJO JURAMENTO NOTARIAL, para solicitar la recuperación de fondos está específica-mente limitada a los fondos señalados en el párrafo PRIMERO, que no han sido reclamados por el suscribiente en un período no menor de cinco (5) años. Estos fondos no incluyen reintegros de contribuciones, beneficios, pagos, créditos, dividendos o dinero que no hayan sido reclamados por el otorgante en un período de cinco (5) años.
Fecha_
Affidavit #_ _
Otorgante
Jurado y Suscrito ante mi por _ vecino de
_, Puerto Rico, a quien doy fe de conocer
personalmente. En San Juan, Puerto Rico, hoy _ de
_de_.
Abogado-N otario
Reclamo de fondos bajo juramento notarial.

La Procuradora General notificó la queja a los abogados Franco Rivera y Masini Soler. Oportunamente el licenciado Franco Rivera le informó que, a su parecer, no infringió precepto ético alguno pues las cartas que envió a los depo-sitantes no constituían un ofrecimiento de sus servicios profesionales. Por su parte, el licenciado Masini Soler ofre-ció excusas por los “inconvenientes que inadvertidamente y actuando de buena fe” (Tercera y última moción de recon-sideración, pág. 2) pudo causar, y pidió que se pusiera fin a la controversia por entender que una comunicación suya al licenciado Herrero, Jr., desistiendo de sus gestiones de co-bro, satisfizo a este último. Sin embargo, contrario a esa afirmación, el licenciado Herrero, Jr. sometió como eviden-cia unas cartas del licenciado Masini Soler cobrando a va-rios depositantes el 20% en vez del 33% pactado por las gestiones efectuadas hasta ese momento.()

Así las cosas, la Procuradora General nos sometió un informe expositivo debido a que la conducta infringía el Canon 34 del Código de Ética Profesional, supra, por cons-tituir una solicitación personal, y el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, por no ser sincera ni honrada.

Luego de una réplica del licenciado Masini Soler y un segundo informe, le concedimos veinte (20) días para pre-sentar una (1) dúplica y mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado. Lo hizo. En síntesis, reitera que su comu-nicación no fue engañosa ni inducía a error pues: (1) no existía obligación de los depositantes destinatarios en con-tratarlo; (2) ño informaba ni decía dónde estaba el dinero pues hubo casos en los cuales “no le satisficieron sus hono-rarios”, por que los depositantes los retiraron directa-mente, y (3) insistió en cobrar 20% de honorarios pues cuando el banco le rechazó el reclamo, él informó al depo-sitante dónde podía localizar el dinero.

Subsiguientemente seguimos igual trámite con el licen-ciado Franco Rivera. Contamos con el beneficio de su com-parecencia que, en esencia, reafirma su postura original de que el Canon 34 del Código de Ética Profesional, supra, no rige, debido a que él no ejerció labor profesional alguna pues las cantidades en depósito nunca estuvieron en “controversia”. Aduce que la inclusión de su nombre como abogado “perseguía el interés de que la persona sintiera seguridad en querer contratar para dicho trámite por el hecho de que al tener un abogado por el medio eso le daba confianza. No, repito, no porque entendamos ni porque es-tuviéramos haciendo en efecto las gestiones en nuestra ca-pacidad de abogado”. (Énfasis suplido.) Réplica de 9 de sep-tiembre de 1993, pág. 3.

H-f

Tradicionalmente la profesión legal ha mirado con re-celo el uso de la publicidad y la solicitación. Esta actitud parte de lá creencia de que la virtud y la buena reputación son la mejor promoción. Desde 1908 la diversa reglamen-tación ética propuesta por la Asociación de Abogados Ame-ricanos (American Bar Association) ha delineado normas al respecto. L. Hill, A Lawyer’s Pecuniary Gain: The Enigma of Impermissible Solicitation, 5 Geo. J. Legal Ethics 393, 394 (1991); L. Hill, Solicitation by Lawyers: Piercing the First Ammendment Veil, 42 Me. L. Rev. 369, 370 (1990); Nota: Constitutional Regulation of “Targeted Direct Mail Solicitation” By Attorneys after Shapero — A Proposed Rule Of Conduct, 34 Vill. L. Rev. 281 (1989); Nota: Shapero v. Kentucky Bar Association and Targeted, Direct — Mail Solicitation by Lawyers: How can States Protect Their Residents from Overreaching and Deceptive Solicitation?, 1989 (Núms. 1-2) Utah L. Rev. 521, 522 (1989); C. Wolfram, Modern Legal Ethics, pág. 776 (1986); N. Zomick, Attorney Solicitation of Clients: Proposed Solutions, 7 Hofstra L. Rev. 755, 757 (1979). Puerto Rico no es excepción.()

La reglamentación ética en tomo a la publicidad y solicitación y su impacto sobre la libertad de expresión garantizada en la Primera Enmiend¿ de la Constitución federal ha sido objeto de importantes pronunciamientos judiciales durante las últimas dos (2) décadas. En Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1976), el Tribunal Supremo federal resolvió que los anuncios publicitarios de los abogados están protegidos constitucionalmente por la libertad de expresión y. no pueden prohibirse, aunque el Estado puede restringir los falsos, engañosos o que induzcan a error. Esa decisión descansó fundamentalmente en Va. Pharmacy Bd. v. Va. Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976), al establecer que el interés de los consumidores en el flujo libre de información veraz sobre actividades comerciales lícitas justificaba conceder a la expresión comercial {comercial speech), alguna protección al amparo de la Primera Enmienda de la Constitución. J.L. Maute, Scrutinizing Lawyer Advertising And Solicitation Rules Under The Commercial Speech and Antitrust Doctrine, 13 Hastings Const. L.Q. 487, 496 (1986); Nota, supra, págs. 286-287.() In re R.M.J., 455 U.S. 191, 203 (1982), explicó así los criterios a utilizarse sobre la reglamentación de anuncios publicitarios de abogados:

Los anuncios publicitarios veraces relacionados con activida-des legales gozan de la protección de la Primera Enmienda. Pero cuando el contenido particular o método de publicidad su-giere que es inherentemente engañoso o cuando la experiencia ha demostrado que de hecho tales anuncios están sujetos a abuso, los Estados pueden imponer restricciones apropiadas. Los anuncios engañosos pueden prohibirse por completo. Pero los Estados no pueden establecer una prohibición absoluta so-bre cierto tipo de información con potencial de ser engañosa; p.e.: un listado de áreas de práctica, si la información también puede ser presentada de manera que no sea engañosa. (Traduc-ción nuestra.)

Subsiguientemente, Shapero v. Kentucky Bar Assn., 486 U.S. 466 (1987), reiteró que no podía prohibirse la solicitación de negocios mediante cartas no engañosas a clientes potenciales con problemas legales conocidos por el abogado. El Tribunal rechazó establecer una analogía entre la solicitación por correo y la personal, puesto que la primera no encierra el mismo grado de peligro de fraude, influencia indebida, intimidación o engaño que la segunda.() Shapero v. Kentucky Bar Association, supra, pág. 475; Nota, supra, pág. 307.

En contraste, la solicitación personal por abogado está prohibida —Ohralik v. Ohio State Bar Assn., 436 U.S. 447, 465-466 (1978) supra ya que la confrontación cara a cara:

...es significativamente mayor cuando un abogado, profesio-nal entrenado en el arte de la persuasión, realiza —personal-mente— actos de solicitación a una persona no sofisticada, le-sionada o angustiada. Tal individuo puede colocar su confianza en el abogado, independientemente de sus calificaciones o a la necesidad real de tener representación, simplemente como res-puesta a la persuasión bajo circunstancias conducentes a un consentimiento no informado. Aunque se argumenta que la so-licitación personal es valiosa porque permite informar a una víctima de alguna desgracia acerca de sus derechos legales, la misma condición de esa persona no sólo la hace más susceptible a ser influenciada, sino que, además, la consulta sea más intrusiva. Bajo estas condiciones adversas, las propuestas de un abogado no llamado (uninvited) para una consulta pueden angustiar al individuo simplemente por la intromisión e inva-sión a su intimidad, aunque no se materialice ningún daño. En estas circunstancias no es irrazonable que el Estado presuma que la solicitación personal por abogado, en unas ocasiones más que otras, será perjudicial a la persona solicitada. (Traducción nuestra.)

La situación expuesta fue considerada por el tribunal como suficiente para establecer una norma profiláctica ta-jante contra la solicitación personal. Además, el tribunal consideró importante que la solicitación personal, contra- . rio a la escrita, en muchas ocasiones no es susceptible de ser verificada debido a que, usualmente, se lleva a cabo en privado, sin testigos o evidencia escrita de lo dicho por el abogado. Ello justifica una restricción mayor del Estado.()

Ahora bien, la decisión dio a la solicitación por correo a personas con problemas legales conocidos el mismo trata-miento que a los anuncios publicados, pues ello viabiliza y permite que el consumidor también reflexione y utilice su juicio libremente. Shapero v. Kentucky Bar Association, supra, pág. 476; In re Anis, 60 U.S.L.W. 2465 (1992); McHenry v. Florida Bar, 61 U.S.L.W. 2409 (1992); En United States v. Kokinda, 497 U.S. 720, 725 (1990) —citado poste-riormente en Edenfield v. Fane, supra— dicho foro dicta-minó que “la solicitación es una forma reconocida de expre-sión protegida por la Primera Enmienda”. (Traducción nuestra.)

Nuestras decisiones, aunque pocas, no han estado aje-nas a esta jurisprudencia. Así, en In re González, 112 D.P.R. 430, 433 (1982), rechazamos un ataque constitucio-nal fundamentado en la libertad de expresión, contra el entonces vigente Canon 36(b)(1) del Código de Ética Profe-sional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, e impusimos sanciones discipli-narias por razón de que los anuncios publicados contenían “un alto potencial de inducir a error, a mala interpretación o confusión, en dos aspectos importantes”. Ese mismo día, en In re Ibarra Ortega, 112 D.P.R. 434, 437 (1982), sancio-namos con multa unos anuncios que tendían “a generar confusión, desconcierto, falsas expectativas y una pobre opinión sobre la seriedad e integridad del profesional”. Y en In re Valentín González, 115 D.P.R. 68 (1984), resolvi-mos que el envío indiscriminado a clientes potenciales es-pecíficos, de una comunicación en donde el abogado ofrecía sus servicios legales en accidentes de trabajo, violaba los Cánones 34 y 36 del Código de Ética Profesional, supra. No dilucidamos si el tipo de solicitación encerrada era falsa e inducía a error o confusión.

rH HH hH

Como expusimos, la Procuradora General imputa a los querellados Franco Rivera y Masini Soler violaciones a los Cánones 34 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.() Conforme nuestra jurisprudencia y la del Tribunal Supremo federal, el envío de cartas no engañosas o no conducentes a error ofreciendo los servicios profesionales de un abogado a personas con problemas conocidos por éste, goza de protección al amparo de la primera enmienda. No pueden prohibirse categóricamente. Atenta-ría contra la libertad de expresión sancionar, de acuerdo con el Canon 34 del Código de Ética Profesional, supra, a los abogados querellados Franco Rivera y Masini Soler por el mero hecho de haber enviado unas cartas ofreciendo sus servicios a las personas con cuentas inactivas.

Aclarado así el ámbito decisorio, la cuestión se reduce a si la solicitación llevada a cabo por ambos fue mediante cartas falsas, engañosas o conducentes a error. Según indi-cado, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, impone un deber de sinceridad y honradez al abogado erga omnes; incluye a sus representados y clientes potenciales.

A la luz de todas las circunstancias presentes, resolve-mos que los licenciados Franco Rivera y Masini Soler fla-grantemente violaron ese precepto. Primero, estamos ante un modus operandi no incidental, sino hábilmente planifi-cado —se destaca el impresionante Departamento de Recu-peración de Bienes— con el único objetivo de lucrarse me-diante el cobro irrazonable de una tercera parte de honorarios en una gestión de por sí fácil, no controversial y de carácter rutinario. De ciento cincuenta (150) casos, el licenciado Masini Soler lo usó con éxito en treinta y cinco (35) cuentas inactivas en varios bancos y compañías de seguros. Por su parte, el licenciado Franco Rivera envió la notificación a un número no determinado de personas. Des-conocemos los resultados y las cuantías que ambos genera-ron en honorarios de abogado. Segundo, los “avisos legales” que enviaron —que no son más que cartas ofreciendo sus servicios— inherentemente inducen a error. Carecían de referencia alguna a que los fondos referidos eran depósitos en cuentas bancarias inactivas.!() Asimismo, el formulario preimpreso y estereotipado titulado “RECLAMO DE FON-DOS BAJO JURAMENTO NOTARIAL” -que formaba parte de las cartas— no precisaba el origen de los fondos que ofrecían recuperar.!() Y tercero, los querellados Franco Rivera y Masini Soler no informaron a los clientes poten-ciales que podían recuperar los fondos depositados sin ne-cesidad de los servicios de un abogado.( ) Para un lego, el contenido de la carta daba una impresión distinta. Esta última advertencia era crucial para que los anuncios no indujeran a error, ya que su omisión podía hacer creer a los destinatarios que los servicios legales ofrecidos eran im-prescindibles para recobrar los fondos. Como cuestión de realidad, esa fue la premisa de la solicitación. Ello queda demostrado en aquellas situaciones en que el licenciado Masini Soler informó —y el cliente recuperó directamente los fondos, o el Banco se negó a honrar el “reclamo” legal— aún así pretendió cobrar siempre honorarios reducidos a un 25% o 20%. Véanse los anejos A B y C.

Con vista, a la naturaleza y gravedad de la infracción ética, se decreta la separación de los licenciados Franco Rivera y Masini Soler del ejercicio de la abogacía por el término de seis (6) meses.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

ANEJO B

ANEJO C

      (1) En su réplica el licenciado Masini Soler expuso que “no existe ni ha existido ninguna relación profesional, comercial, de negocios, etc., entre [él] y el Ledo. Franco Rivera”. Réplica.
      Curiosamente, excepto la variación de sus nombres y direcciones, el esquema e impresos son idénticos.

      (2) La carta, también de carácter preimpreso y estereotipado, disponía:

        “Estimado cliente:
      “Recientemente usted nos autorizó, mediante Reclamo de Fondos Bajo Jura-mento Notarial a localizar y retirar, a nombre y en representación suya la cantidad arriba indicada. A esos efectos hicimos las gestiones pertinentes con el depositario de los mismos, Banco Santander de Puerto Rico, quienes se han negado a reembolsarlos alegando que el documento firmado por usted, no le es aceptable a su División Legal. Discrepamos del Banco en este respecto y entendemos que han asumido una actitud arbitraria y en menoscabo tanto de sus intereses como los nuestros.
      “Nuestro acuerdo era a los efectos de que localizáramos y remitiéramos su dinero, menos nuestros honorarios profesionales. No obstante, en atención a nuestra responsabilidad profesional, le informamos que la cantidad a la cual usted tiene derecho es la que aparece arriba y puede reclamarla directamente en la Sucursal de epígrafe. Al no poder cumplir con parte de ese acuerdo, por las razones ajenas a nuestra voluntad antes aludidas, creemos justo reducir los mismos, de 33 113% a 20%.

      “Agradeceríamos que al retirar la cantidad no reclamada nos remita el 20% de la cantidad neta recibida por usted, a la siguiente dirección: Ave. Ponce de León 461, Edif. John Morris, Suite 200, Hato Rey, P.R. 00918. Le recordamos que sin nuestra intervención usted no se hubiese enterado de que esos dineros no reclamados le pertenecían. Esa es la importancia de nuestra cuidadosa y tediosa labor de investigación.

      “Sugerimos que retire esos fondos antes del 9 de diciembre de 1991, fecha en que pasan a la custodia del Departamento de Hacienda. Si tiene alguna duda o pregunta, le invito a que me llame al 753-3692.” (Énfasis suplido.) Anejo C.

      () Nuestro Canon 36(a) del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, recoge esta visión.

        “E1 mejor anuncio del abogado es la reputación de idoneidad ganada en el ejer-cicio de su profesión.”

      (4) Posteriormente extendió la protección de la Primera Enmienda a la solicita-ción por correo en representación de una asociación sin fines de lucro, pero no a la personal con fines de lucro en circunstancias donde existen riesgos que el Estado tiene derecho a prevenir. In re Primus, 436 U.S. 412 (1978).
      En Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626 (1985), el Tribunal resolvió que se atenta contra la libertad de expresión cuando se disciplina a un abogado por haber publicado un anuncio no engañoso dirigido a personas con un problema legal específico, y no cuando el abogado omite en su anuncio que un litigio puede implicar la responsabilidad del cliente por las costas.
      De acuerdo con esa decisión, la reglamentación mediante requisitos de conte-nido tiene un impacto menor sobre los intereses del anunciante que la prohibición; por ello, para disminuir la posibilidad de confusión o engaño, pueden exigirse adver-tencias o salvedades. Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, supra, pág. 650.

      (5) Desde Qhralik v. Ohio State Bar Assn., 436 U.S. 447 (1978), se había reco-nocido que la entidad estatal encargada de reglamentar la abogacía puede, constitu-cionalmente, disciplinar a un abogado por solicitar personalmente un negocio para ofrecer ganancias monetarias a personas que no sean sus clientes y bajo circunstan-cias que probablemente representarían un atentado contra algún interés que el Es-tado quiere proteger.
      En Edenfield v. Fane, 61 U.S.L.W. 4431 (26 de abril de 1993), se reiteró la norma establecida en Ohralik v. Ohio State Bar Assn., supra, pero declaró inconsti-tucional, por violar las Enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución federal, una reglamentación de la Junta de Contables de Florida que prohibía que los Contadores Públicos Certificados realizaran cualquier tipo de solicitación directa y personal para promover sus servicios profesionales a personas que no fueran sus clientes y no hubieran requerido sus servicios. La distinción se hizo a base de que la prohibición a la solicitación personal depende de la profesión en la que se realiza. El abogado es un experto en el arte de la persuasión mientras que el contable no lo es.

      (6) Véanse, también: Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350, 383-384 (1976); Nota, Shapero v. Kentucky Bar Association and Targeted, Direct-Mail Solicitation by Lawyers: How Can States Protect Their Residents from Overreaching and Deceptive Solicitation?, 34 Vill. L. Rev. 281, 530 (1981); L. Hill, A Lawyer’s Pecuniary Gain: The Enigma of Impermissible Solicitation, 5 Geo. J. Legal Ethics 393, 406-407 (1991); N. Zomick, Attorney Solicitation of Clients: Proposed Solutions, 7 Hofstra L. Rev. 755, 770 (1979); L. Andrews, Lawyer. Advertising and The First Ammendment, 1981 Am. B. Found. Research J., 967, 976-978.

      (7) El Canon 34 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone sobre la instigación o gestión de pleitos.
      “Actúa contrario a los altos postulados de la profesión el abogado que, con pro-pósito de lucro y sin ser requerido para que ofrezca su consejo o asesoramiento legal, aliente o estimule, en alguna forma, a clientes potenciales para que inicien reclama-ciones judiciales o de cualquier otra índole. Es también contrario a la sana práctica de la profesión el que un abogado, sin ser requerido, bien lo haga personalmente o a través de terceras personas, investigue o rebusque defectos en títulos u otras posi-bles fuentes o causas de reclamaciones a los fines de beneficiarse en alguna forma mediante la prestación de sus servicios profesionales.
      “Empaña la integridad y el prestigio de la profesión y es altamente reprobable el que un abogado, actuando directamente o a través de intermediarios o agentes, haga gestiones para proporcionarse casos o reclamaciones en que intervenir o para proporcionarlos a otros abogados. Incurre en igual falta el abogado que dé u ofrezca beneficios, favores o compensación de clase alguna a empleados públicos, ajustadores de seguros u otras terceras personas con el fin de ganarse su favor para el referi-miento de asuntos que puedan dar base a reclamaciones o casos y, por ende, propor-cionarle al abogado aumento en su clientela.
      “Por tratarse de una conducta desdorosa, tanto con respecto a la profesión legal como con la justicia en general, todo abogado está obligado a informar a los organis-mos competentes sobre cualquier caso en que se incurra en dicha práctica impropia y reprensible inmediatamente después de tener conocimiento ello.”
      El Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, exige a todo abogado el deber de actuar con sinceridad y honradez. En lo pertinente, dispone:
      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.”

      (8) Nos referimos a la carta enviada por el licenciado Franco Rivera a José Margarida González y las enviadas por el licenciado Masini Soler a Carmelo Martí-nez Figueroa y al Dr. Luis Flores Villar.

      (9) El primer párrafo del referido formulario disponía:
      ,cYo-, como dueño de fondos por la cantidad de $-aproximadamente pudiendo ser de propiedad abandonada propiedad no reclamada, activos de una Cor-poración disuelta o existente, dividendos no reclamados o distribución corporativa, réditos de Pólizas de seguros de vida, o fondos provenientes de una herencia u otra propiedad expropiada. Bajo juramento notarial expongo lo siguiente: ...”

      (10) En Bates v. State Bar of Arizona, supra, pág. 375, el Tribunal expresó así su desacuerdo con la falta de información necesaria en la solicitación:
      “De todas formas, nosotros veremos como dudosa cualquier justificación (para una reglamentación) que se fundamenta en los beneficios de la ignorancia pública... Aunque, por supuesto, el tribunal retiene el poder para corregir omisiones que tienen el efecto de presentar un cuadro inexacto, el remedio preferido es la mayor divulga-ción, en vez de menor.” (Traducción nuestra.)