text:
    Laura Rivera Águila, etc., demandantes y recurrentes, v. K-Mart de Puerto Rico, Sucursal de Arecibo, demandada y recurrida.

      Número: RE-86-320

      Resuelto: 26 de abril de 1989

      Ángel M. Bonnet Rosario, abogado de los recurrentes; Renato Barrios, de Gervitz & Barrios, abogado de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

Recientemente, en García Pagan v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988), tuvimos la oportunidad de inter-pretar y delimitar el esquema de compensación que estable-cen la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmen-dada, 29 L.P.R.A. sec. 146, que prohíbe el discrimen en el empleo; la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según en-mendada, 29 L.P.R.A. secs. 467-474 —conocida como ley para la protección de madres obreras— que prohíbe específi-camente el discrimen por razón de embarazo (una modalidad del discrimen por razón de sexo), y la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. sec. 1341), que prohíbe el discri-men en el empleo por razón de sexo. El presente caso nos brinda la oportunidad de interpretar el ámbito de la prohibi-ción contenida en la See. 4 de la Ley Núm. 3, supra, 29 L.P.R.A. sec. 469, y analizar el esquema procesal a utilizarse cuando se reclaman daños a un patrono por el despido, sin justa causa, de una mujer embarazada.

I

Los hechos

La codemandante recurrente Laura Rivera Águila tra-bajó para la demandada recurrida K-Mart Corp. desde el 7 de octubre de 1983 hasta el 24 de enero de 1985. Comenzó como cajera haciendo a veces las funciones de supervisora de cajas a tiempo parcial (part-time). El 21 de noviembre de 1984 la ascendieron a supervisora de cajas a tiempo com-pleto (full-time). Dos (2) meses más tarde, en enero de 1985, la despidieron.

El 13 de noviembre de 1985 presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, una reclamación en daños y perjui-cios por despido injustificado debido a discrimen por razón de sexo. Alegó que fue despedida debido a su estado de embarazo. La parte demandada recurrida K-Mart Corp. con-testó y alegó que el despido fue justificado. Específicamente, adujo que la codemandante recurrente Rivera Águila fue despedida por no realizar su labor conforme las normas de trabajo establecidas por K-Mart Corp. Continuó alegando que la codemandante recurrente, a pesar de haber sido aper-cibida sobre estas fallas, no las corrigió.

Luego de celebrada vista en su fondo, el tribunal dictó sentencia mediante la cual desestimó la demanda. Resolvió que el despido fue justificado. Determinó que éste se debió “a la insuficiencia desplegada” por la señora Rivera Águila, “quien a pesar de conocer sus obligaciones incumplió con éstas ...”. Exhibit 1, pág. 2. Expresó, además, que la señora Rivera Águila incurrió en estas fallas aun después que se le señalaron verbalmente y por escrito en dos (2) ocasiones. Concluyó como cuestión de derecho que la parte demandante recurrente no cumplió con el peso de la prueba que impone la Regla 10A de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

No conforme, la parte demandante recurrente acudió en revisión y alegó la comisión de dos (2) errores: (1) que el tribunal de instancia erró al admitir en evidencia, a pesar de las objeciones de la parte demandante recurrente, fotocopias de unos documentos cuyos supuestos originales no fueron traídos a juicio ni estaban firmados por la parte contra la cual se presentaron, ni los originales pudieron ser exami-nados por el abogado de la parte demandante recurrente; (2) que aplicó incorrectamente las disposiciones del Art. 1 de la Ley Núm. 100, supra, conjuntamente con la Sec. 4 de la Ley Núm. 3, supra, y (3) que erró al evaluar la prueba.

Decidimos revisar y expedimos el auto.

II

El discrimen por razón de embarazo bajo la legislación federal

En 1978 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Pregnancy Discrimination Act (P.D.A.) para enmendar el Tit. VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. sec. 2000e et seq.) y así especificar que el discrimen por razón de embarazo está comprendido dentro del discrimen por razón de sexo. La enmienda surgió como una respuesta del Congreso a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de General Electric Co. v. Gilbert, 429 U.S. 125 (1976). Allí se resolvió que el discrimen por razón de embarazo no necesariamente constituía discrimen por razón de sexo dentro del significado del Tit. VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra.

Este estatuto federal tiene como propósito el garantizarle a personas igualmente capacitadas una igualdad de oportunidades en el mercado de empleo. Tradicionalmente la mujer ha formado parte de un sector que ha sido marginado en dicho mercado. Ciertamente, el despido por razón de embarazo limita aún más las posibilidades econó-micas de la mujer y sus oportunidades en el trabajo. Véase Circoria, Pregnancy and Equality, 60 S.C.L. Rev. 1345, 1367 (1987). El Tribunal Supremo de Estados Unidos, reconocien-do esta situación, ha interpretado el P.D.A. como una medida que otorga amplia protección a la mujer obrera en estado de gestación. Sullivan, Zimmer y Richards, Employment Discrimination, 2da ed., Boston, Ed. Little, Brown & Co., 1988, Vol. I, Sec. 8.2, pág. 337. En Newport News Shipbldg. & Dry Dock v. EEOC, 462 U.S. 669, 684 (1983), expresó:

The Pregnancy Discrimination Act has now made clear that, for all Title VII purposes, discrimination based on a woman’s pregnancy is, on its face, discrimination because of her sex. (Énfasis nuestro.)

En California Federal S. & L. Assn. et al. v. Guerra, 479 U.S. 272 (1987), se planteó la controversia de si el Tit. VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra, según enmendada por el P.D.A., ocupaba el campo en esta área. En este caso el patrono alegaba que el estatuto local, que lo obligaba a pro-veerle un período de descanso y la subsiguiente reinstalación a las empleadas despedidas por razón de embarazo, era in-constitucional de su faz. Fundamentaba su contención en que en el mismo se le proveía un trato preferencial a la mujer en contravención al mandato del Tit. VII de tratar el embarazo igual que otras incapacidades. El Tribunal resolvió que el Tit. VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra, sólo garantiza un mínimo de beneficios por razón de embarazo, lo que no impide que los estados, sin violentar la cláusula de supremacía de la Constitución federal, ofrezcan una mayor protección. Sullivan, Zimmer y Richards, op. cit., pág. 371.

Ya para el 1973, en un caso sobre discrimen racial, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973), el Tribunal Supremo de Estados Unidos había establecido el orden y la naturaleza de la prueba en acciones presentadas al amparo del Tit. VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra. Resolvió que al demandante recurrente le correspon-día establecer un caso prima-facie de discrimen. Luego, el onus probandi recaía sobre el patrono, quien debía justificar la acción alegadamente discriminatoria. El demandante re-currente entonces tenía la oportunidad de demostrar que las razones aducidas por el patrono eran un simple pretexto para encubrir el discrimen. Estos criterios también aplican a una reclamación de discrimen por razón de sexo bajo el Tít. VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra. Carney v. Martin Luther Home, Inc., 824 F.2d 648 (8vo Cir. 1987); B.L. Schlei y P. Grossman, Employment Discrimination Law, Washington, D.C., The Bureau of National Affairs, 1976, pág. 331.

III

La ley para la protección de madres obreras —Ley Núm. S— discrimen por razón de embarazo

En Puerto Rico el discrimen por razón de sexo está prohibido constitucional y estatutariamente. La Sec. 4 de la Ley Núm. 3, supra, específicamente prohíbe el despido por razón de embarazo, una modalidad del discrimen por razón de sexo. En su parte pertinente, dispone:

El patrono no podrá, sin causa justa, despedir a la mujer embarazada. No se entenderá que es justa causa el menor rendimiento para el trabajo, en razón del embarazo. 29 L.P.R.A. sec. 469.

La Ley Núm. 3, supra, protege a la mujer en su derecho a continuar en el empleo y a que no se le despida arbitrariamente durante la etapa de gestación. De esta manera se evitan las consecuencias socioeconómicas que durante el embarazo y después del mismo podría conllevar tal despido. Informes de la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Vol. 2, ed. 1973, pág. 642. Esta importante pieza legislativa, además de pro-veer en protección de la salud de la mujer embarazada un período de descanso prenatal y postnatal, específicamente prohíbe el discrimen por razón de embarazo y establece los remedios que tendrá la empleada para cuando el patrono le viole los derechos consagrados en la ley.

La Ley Núm. 3, supra, forma parte de un esquema trazado por el Estado para ofrecerle a la mujer obrera una mayor garantía contra el discrimen en el trabajo por razón de sexo. Mediante la Sec. 4 de la Ley Núm. 3, supra, se colocó a la mujer embarazada en una clasificación especial distinta a los demás empleados. Se reconoció que, por razón de su condición, el rendimiento en el trabajo podía quedar afectado durante el período de gestación y que era necesario brindarle una protección mayor que tomara en consideración la situación muy particular de la mujer obrera embarazada. Para atender esta realidad, la Sec. 4 de la Ley Núm. 3, supra, “varió la norma en cuanto al contenido ... de justa causa [para el despido]”, Schneider v. Tropical Gas Company, Inc., 95 D.P.R. 626, 629 (1967). No sólo prohibió al patrono el despedir de su empleo sin justa causa a una mujer embarazada, sino que también excluyó del concepto justa causa el menor rendimiento por razón del embarazo. “Este menor rendimiento se refiere, no s[ó]lo al que se produce en términos cuantitativos, sino [también] al que afecta la calidad del trabajo realizado.” R.N. Delgado Zayas, Aspectos fundamentales de la ley para proteger a las madres obreras, XII(44) Rev. del Trabajo 11, 19 (1984).

Mediante la Ley Núm. 3, supra, se proveyó a la mujer obrera embarazada una protección mayor que la que ofrece la Ley Núm. 100, supra. En una acción entablada bajo la Ley Núm. 3, supra, el patrono responde en daños si despide, sin justa causa, a una mujer embarazada. De otra parte, una reclamación bajo la Ley Núm. 100, supra, podría no proceder si, a pesar de no existir justa causa para el despido, el patrono prueba que éste no fue discriminatorio. Ibá ñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42, 53 (1983); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 502-503 (1985).

La Ley Núm. 3, supra, incluye dentro de su manto de protección a todas las mujeres obreras del sector privado que están en estado de gestación, aun a las que están en período probatorio. “De esta forma, se elimina la posibilidad de usar el periodo probatorio a modo de subterfugio para discriminar contra [la mujer] por razón de [su] embarazo.” Delgado Zayas, supra, pág. 19.

IV

Despido por razón de embarazo —Ley Núm. 3— peso de la prueba

Al amparo de la Ley Núm. 3, supra, una vez entablada una acción por la obrera, mediante la cual reclamó resarcimiento por haber sido despedida de su empleo sin justa causa mientras estaba embarazada, el patrono viene obligado a alegar en su contestación los hechos que motivaron el despido. Es al patrono, que opone como defensa el haber mediado justa causa para el despido, a quien le corresponde probar, mediante la preponderancia de la evidencia, que el despido estuvo justificado. El peso de la prueba se desplaza de la parte demandante recurrente hacia el demandado recurrido, y es sobre éste que recae el onus probandi. Arts. 2 y 8 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185b y 185h; Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 546 (1979). En reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 3, supra, surge, pues, una presunción de despido injustificado que el patrono viene obligado a rebatir. Regla 14 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Es al patrono al que le corresponde persuadir al juzgador de la no existencia del hecho presumido: el despido injustificado. Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526 (1989).

V

Análisis de la prueba

La teoría del caso de la demandada recurrida, según surge del Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abo-gados, era la siguiente:

Que la parte demandante fue despedida de su empleo me-diante justa causa, ya que ésta no realizó su tarea de supervi-sara de conformidad a las normas establecidas en K-Mart, estando en dicha posición bajo período probatorio, luego de habérsele concedido un empleo a tiempo completo. (Énfasis suplido.)

Según esta teoría la demandada recurrida, para poder prevalecer, tenía que establecer mediante la preponderancia de la prueba que la codemandante recurrente señora Rivera Aguila no realizó su trabajo de conformidad con las normas establecidas por K-Mart Corp. El hecho de haber estado la señora Rivera Águila en período probatorio no afectó el de-ber de la demandada recurrida de tener que probar justa causa para el despido, si deseaba prevalecer.

Analicemos la prueba presentada. La demandada recu-rrida K-Mart Corp. fundamentó su defensa de despido justi-ficado en la supuesta labor ineficiente de la codemandante recurrente Rivera Águila. Como prueba justificativa del des-pido, presentó como testigos a la Sra. Myrta Suárez, Gerente de Personal, y al Sr. Axel Carvajal, Asistente de la Gerente. Estos declararon, en síntesis, que en varias ocasiones le ex-presaron a la codemandante recurrente que tenía que estar atenta a las filas de pago de los clientes y a abrir otras cajas cuando fuere necesario; que ella debía firmar los cheques de los clientes; que tenía que buscar “el cambio de hacer falta” éste, y que no debía delegar estas funciones.

Además de estos testigos, y como prueba documental, so-metió en evidencia fotocopias de tres (3) formularios titu-lados Personnel Interview Record. Un análisis de estos for-mularios refleja lo siguiente: (1) uno está firmado por la co-demandante recurrente Rivera Águila y por la señora Suá-rez, y allí se expresa que la codemandante recurrente fue ascendida y por esta razón tenía que pasar un período proba-torio de noventa (90) días (exhibit 5); (2) otro está firmado por el señor Carvajal y en él se indica que varios clientes se quejaron de las largas filas (exhibit 6), y (3) por último, hay uno firmado únicamente por la señora Suárez, en el que se expresa que ésta informó a la codemandante recurrente que no estaba realizando su labor como la compañía esperaba de una supervisora de caja y que delegaba demasiado en otros empleados (exhibit 7). En todos estos documentos hay un espacio para la firma del empleado y otro para la firma de un testigo. Sólo el exhibit 5 aparece firmado por la codeman-dante recurrente Rivera Águila y únicamente en el exhibit 6 aparece firmando un testigo.

En el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, la parte demandada recurrida también anunció, como parte de su prueba documental, el “‘[p]anfleto’ [sic] sobre las normas y responsabilidades de empleo pertinente a los hechos de este caso”. No lo presentó en evidencia. Estas circunstancias activaron una segunda presunción, la contenida en la Regla 16(5) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. iy de que “toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere”. Véanse: C. Armstrong e Hijos v. Ortiz Santiago, 105 D.P.R. 634 (1977); Cubero Vélez v. Insurance Co. of P.R., 99 D.P.R. 748 (1971); Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 432 (1965); Chico de la Rosa v. Goetz, 90 D.P.R. 316 (1964); Pueblo v. Cotto Torres, 88 D.P.R. 23 (1963); Pueblo v. Torres González, 86 D.P.R. 252 (1962).

La Regla 14 de Evidencia, supra, dispone qne si la parte afectada por una presunción no ofrece evidencia alguna para demostrar que el hecho presumido no ocurrió, el juzgador entonces debe aceptar la existencia del hecho presumido. Es a la parte afectada por una presunción a la que le corresponde el peso de la prueba para persuadir al juzgador “que es más probable la no existencia que la existencia del hecho presumido”. Regla 14 de Evidencia, supra; E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, Cap. III, pág. 44; Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603 (1962); Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376 (1982); Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra; Hawayek v. A.F.F., supra. En nuestra jurisprudencia se ha reconocido que, en casos civiles, las presunciones son controvertibles, mandatorias y fuertes. Chiesa, op. cit., pág. 44.

En el caso ante nos, la demandada recurrida K-Mart Corp., al voluntariamente dejar de ofrecer en evidencia el “ ‘panfleto’ [sic]” sobre normas y responsabilidades en el em-pleo previamente anunciado como prueba documental, sin que mediare explicación alguna activó la presunción de que dicha prueba documental le sería adversa. El juez venía obli-gado a aplicar esta presunción. En otras palabras, quedó es-tablecido que de haber ofrecido la demandada recurrida K-Mart Corp. el “‘panfleto’ [sic]” sobre normas y responsa-bilidades en el empleo en evidencia, éste hubiese demostrado la inexistencia de las normas que alegaba la codemandante recurrente Rivera Águila incumplió.

Para que violaciones a las normas del trabajo constituyan justa causa para el despido, el patrono tiene que pro-bar la razonabilidad de las normas establecidas para el funcionamiento del establecimiento, que le suministró una copia escrita de éstas al empleado y que el empleado las violó en reiteradas ocasiones. Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra; Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 542.

VI

Conclusión

De todo lo antes mencionado se puede colegir que la de-mandada recurrida K-Mart Corp. no probó que el despido de la señora Rivera Águila fue justificado. Veamos. La deman-dada recurrida no presentó prueba para establecer la razo-nabilidad de las normas de empleo ni cuáles de éstas la code-mandante recurrente Rivera Águila había ejecutado de forma tan ineficiente que justificaban el despido. Aun dando entero crédito al testimonio de la señora Suárez y del señor Carvajal, todo lo que éste demostró fue que éstos le habían llamado la atención a la codemandante recurrente Rivera Águila sobre ciertas cosas relacionadas con su trabajo. Más aún, las declaraciones de estos testigos, a lo sumo, lo que establecieron fue un menor rendimiento en la capacidad y calidad del trabajo de la codemandante recurrente Rivera Águila, lo que no constituye justa causa para el despido al amparo de la Ley Núm. 3, supra.

La parte demandada recurrida no controvirtió, con la preponderancia de la prueba, la presunción de despido injus-tificado. Al no haber cumplido la parte demandada recurrida con el onus probandi, procedía resolver que se despidió a la codemandante recurrente Rivera Águila en violación a la Ley Núm. 3, supra: injustificadamente y mientras se hallaba ésta en estado de embarazo.

Por todo lo antes expuesto, procede dictar sentencia que revoque la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Are-cibo, de k de junio de 1986, y se devuelve el caso a instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí ex-puesto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       También comparecieron como codemandantes recurrentes el esposo de la señora Rivera Águila y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.
      Por no estar planteado ante este Tribunal, no pasamos juicio sobre si a la luz de los hechos de este caso, al amparo de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 467-474, el esposo de la codemandante recu-rrente Rivera Águila y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos tienen una causa de acción para reclamar daños.

       El Tit. VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. sec. 2000e et seq.) le prohíbe a un patrono despedir o discrimininar contra un individuo con respecto a sus salarios, términos, condiciones y privilegios de empleo por razón de sexo.

       La enmienda provee lo siguiente:
      “The terms ‘because of sex’ or ‘on the basis of sex’ include, but are not limited to, because of or on the basis of pregnancy, childbirth, or related medical conditions; and women affected by pregnancy, childbirth, or related medical conditions shall be treated the same for all employment-related purposes, including receipt of benefits under fringe benefit programs, as other persons not so affected but similar in their ability or inability to work ....” 42 U.S.C. sec. 2000e(k).

       En este caso el patrono aceptó haber ordenado a la demandante recu-rrente a tomar un descanso sin paga al ésta sufrir de mareos provocados por su embarazo. La contención del demandado recurrido era que su determinación se fundamentó en la condición médica de la empleada y no por su estado de emba-razo per se. El patrono entendía que esto de por sí era suficiente para pasar el peso de la prueba a la demandante recurrente de probar que la razón era un pretexto para discriminar según lo establecido en McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973). La corte de circuito determinó que esta conducta constituía discrimen por razón de embarazo bajo el Tit. VII de la Ley de Dere-chos Civiles de 1964, supra, por lo que no hubo un cambio en el peso de la prueba.

       Art. II, Sec. 1 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.
      La Constitución también le garantiza al trabajador el recibir “igual paga por igual trabajo” y el estar protegido “contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo”. Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 327.

       Véanse a estos efectos, en relación con el discrimen por razón de sexo en el trabajo: Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146; Ley Núm. 3, supra; Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. sec. 1341), y Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155 et seq.).

       En Schneider v. Tropical Gas Company, Inc., 95 D.P.R. 626 (1967), resolvimos que al amparo de la Ley Núm. 3, supra, la mujer obrera embarazada despedida injustificadamente sólo tenía derecho a la mesada que hoy establece la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a-185Z, conocida como Ley de Despido. En 1969, mediante la Ley Núm. 39 de 19 de junio, la Asamblea Legislativa enmendó la Sec. 4 de la Ley Núm. 3, supra, 29 L.P.R.A. sec. 469, para permitirle a la obrera así despedida reclamar compensación por daños. El inciso (a) así añadido lee:
      “(a).— Todo patrono que despida, suspenda, reduzca el salario, o discrimine en cualquier forma contra una trabajadora por razón de la merma en su produc-ción mientras ésta se encuentre en estado de embarazo o rehúse restituirla en su trabajo luego del alumbramiento, incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que cualquiera de los actos antes mencio-nados haya causado a la trabajadora, o por una suma no menor de cien dólares ($100.00) ni mayor de mil dólares ($1,000.00) a discreción del tribunal si no se pudieran determinar daños pecuniarios o el doble de éstos si montaran a una suma menor de cien dólares ($100.00).
      “La empleada además tendrá derecho a que se le reponga en su trabajo so pena de incurrir el patrono en daños adicionales idénticos o iguales a los estable-cidos en esta sección.” 1969 Leyes de Puerto Rico 74, 75.

       Alegato en oposición a Escrito de Oposición de la parte demandada recu-rrida, págs. 2-3.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Efraín Bermúdez Rivera, querellado.

      Número: CE-87-221

      Resuelto: 27 de abril de 1989

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orsini Zagas, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Pedro Malavet Vega, abogado del querellado; Efraín Bermúdez Rivera, pro se; Juan Marcano Ortiz, Comisionado Especial.
   PER CURIAM:

El Procurador General de Puerto Rico pre-sentó querella contra el abogado Efraín Bermúdez Rivera y le imputó el cargo sobre conducta impropia siguiente:

El abogado Efraín Bermúdez Rivera violó los Cánones de [ÉJtica Profesional y actuó en forma ilegal e inmoral cuando utilizó para sus fines y propósitos, en forma extrajudicial, sin mediar gestión previa en el Tribunal, a un empleado del Tribunal —Alguacil— quien so color de autoridad realizó —a re-querimiento del abogado querellado, una gestión ilegal y ultra vires en benefic[i]o de aquél para traer ante la justicia a un ciudadano en forma ilegal también. Querella, pág. 1.

El querellado compareció por conducto de abogado e hizo las alegaciones siguientes:

1.Se niega que el querellado haya incurrido en violación a los Cánones de [Éjtica Profesional —no se identifica ningún cánon en particular en la querella — , o que haya actuado en forma inmoral.
ALEGACIONES ESPECIALES
Por vía de Alegaciones Especiales, se alega lo siguiente:
1. Examinada ahora en perspectiva la conducta del quere-llado tenemos motivos para pensar que no siguió el procedi-miento legal correcto. Sin embargo su actuación fue de es-tricta buena fe y con el objetivo de evitar al ciudadano Julio M. Román Arizmendi un procedimiento formal de denuncia o acusación criminal, con el correspondiente efecto de expedi-ción de orden de arresto y/o fijación de fianza.
2. Al actuar así, el querellado creía, de buena fe, estar con-cretando el espíritu que permea la Resolución de este Hon. Tribunal Supremo del 15 de mayo de 1981, en evitación de “la extenuación espiritual [...] que conlleva un p[leito]” criminal formal (111 D.P.R. 86, 1981) así como el espíritu de la Ley Núm. 140 del 23 de julio de 1974 en cuanto a la solución rápida y adecuada de pleitos.
3. Igualmente la actuación del querellado respondió a lo que entonces parecía ser una práctica generalizada de citación por el alguacil, conforme a las propias manifestaciones del al-guacil envuelto en el incidente, pero sin ánimo de incumplir la ley o realizar una gestión ilegal.
Aparentemente este sistema de citación mediante el algua-cil ha requerido antes la intervención de la Administración de los Tribunales.
4. Examinados los hechos ahora en la perspectiva legal y jurídica que ameritan los mismos tomando en consideración las altas y severas normas de conducta que rigen el ejercicio profesional, el querellado comprende que su actuación, aun-que de buena fe y con el convencimiento moral antes indicado, no fue conforme a las disposiciones estrictas de nuestro Orde-namiento Jurídico.
Ha evitado incurrir en la misma y tiene el firme propósito de continuar en tal actitud.
5. En definitiva, el ciudadano Julio M. Román Arizmendi incumplió el pago de más de $16,000.00 y tuvo que pasar por los rigores de determinación de causa, denuncia y fijación de fianza, que se intentaba evitar.
6. El querellado es una persona honesta, con sentido de servicio público, que lleva una práctica honrada, aunque mo-desta en un pequeño pueblo del sur, y en modo alguno preten-día con sus actuaciones realizar un acto ilegal o inmoral, por lo que solicita de este Hon. Tribunal aquella Resolución justi-ciera atemperada por la comprensión de su buena fe en los actos que se imputan ocurridos. Contestación a la querella, págs. 1-2.

Una vez completados los trámites, incluso la vista eviden-ciaría, el Comisionado Especial designado por este Tribunal, Lie. Juan Marcano Ortiz, hizo las determinaciones de hecho siguientes:

1. Que el Ledo. Efraín Bermúdez practica la profesión de abogado desde el 1968 con oficina en la Calle Betances [Núm.] 15 de Santa Isabel, Puerto Rico.
2. Que para 5 de julio de 1985 el Sr. Elving Rodríguez Miranda era Alguacil Auxiliar en el Tribunal de Distrito, Sala de Juana Díaz y ese día (viernes) se había concedido libre a los empleados de la Rama Judicial; por lo que el local estaba ce-rrado.
3. El Sr. Elving Rodríguez Miranda posee un Bachillerato en Artes; ha sido maestro y en la actualidad ha cursado dos años de estudios de derecho y estudiaba en la Escuela de De-recho de la Universidad Católica de Ponce.
4. Que para julio de 1985, el Honorable José A. Ramos Ro-dríguez actuaba como Juez Municipal de Santa Isabel, Puerto Rico y el Honorable Elidió Maldonado era Juez Administra-dor de la Sala del Tribunal de Distrito de Juana Díaz. El 5 de julio de 1985 fue declarado oficialmente feriado, por las autori-dades pertinentes, habiendo permanecido el referido Tribunal cerrado. Con anterioridad el Ledo. Efraín Bermúdez había solicitado del alguacil Elving Rodríguez Miranda, le citara al Sr. Julio Román, residente de Bayamón, quien supuestamente había expedido unos cheques sin fondo a su cliente April Agro Industries, Inc. En ese día ambos hicieron gestiones para con-seguir las llaves del Tribunal, habi[é]ndolas obtenido de manos de la Sra. Zobeida Santos Collazo, conserje del Tribunal. [É]sta entregó las mismas; por el Sr. Ex-alguacil, Elving Miranda haberle indicado falsamente, que la secretaria Alma Gast[ó]n Cabrera lo había autorizado.
“[É]l me saludó y nos saludamos y entonces él me dijo que él iba a buscar las llaves. Entonces yo le pregunté que si él había hablado con doña Alma y él me dijo que sí, que ya había ido a hablar, que por eso había ido a mi casa a buscar las llaves. Y yo ... pues se las entregué.” (Pág. 72, Declaración de Zobeida Santos Collazo). Vista de 28 de agosto de 1986 In Re Elving Rodríguez Miranda, Querellado, Caso A 86-13.
La Sra. Alma Gast[ó]n Cabrera no autorizó al Sr. Miranda a recoger las referidas llaves; ni le vi[o] personalmente.
5. Que al así obtener las llaves, el Sr. Rodríguez Miranda entró al Tribunal y consiguió una Orden de Citación (OAT 985, octubre 1974, Orden de Citación sobre Querella Ley 140 de 23 de julio de 1974) la llevó a la oficina del querellado Ledo. Ber-múdez y la secretaria de éste preparó la citación y el alguacil la firmó.
P— “O sea ¿habló con la secretaria y la secretaria pre-paró la citación?”
R— “Preparó la citación.”
(Declaración Ledo. Efraín Bermúdez, Pág. 111, Caso Núm. A 86-13)
6. Que ambos, el querellado Ledo. Bermúdez y el Alguacil Rodríguez Miranda, fueron a Bayamón a diligenciar la refe-rida citación, acompañados de un agente de la corporación April Agro Industries, Inc.
7. Que en 11 de julio de 1985, el Sr. Julio Román, honrando la referida citación, compareció ante el Juzgado Municipal de Santa Isabel acompañado de abogado, enterándose entonces de que para esa fecha, ni para ninguna otra; había querella alguna o denuncia contra su persona.
8. Que las aludidas gestiones judiciales se hicieron, sin que mediara orden de ninguno de los jueces de esa sala, ni de nin-guna otra, ya que no hubo solicitud previa a fin de mover al Tribunal a expedir alguna citación; hechos que conocía el que-rellado, Ledo. Efraín Bermúdez Rivera.
9. Que el querellado goza de buena reputación en la comu-nidad y además de abogado postulante fue legislador desde el 1972 al 1976.
10. Que en 11 de marzo de 1985 el Honorable Juez Elidió Maldonado Torres suscribió un memorandum que fuera diri-gido al Ex-alguacil, Elving Rodríguez Miranda, indicando que en el segundo y cuarto lunes de cada mes, éste atendería la Sala del Tribunal de Distrito de Puerto Rico constituida en Santa Isabel. Esta orden se coordinaría con doña Alma Gast[ó]n, secretaria del Juez Municipal, a los efectos de que se entregaran las llaves del local en esos días.
11. Que a tono con esa orden administrativa s[ó]lo podía recoger las llaves de esa sala en esos días específicos.
12. Que en 23 de agosto de 1985 se sometieron formalmente cinco denuncias contra el Sr. Julio M. Román Arizmendi, por el delito de expedición de cheques sin “suficientes fondos” que llevan los números 502, 503, 504, 505 y 506; y en relación con las cuales se llevó a cabo el procedimiento de rigor. Informe sobre vista en su fondo de querella sobre conducta profesional y certificación y radicación de prueba practicada, págs. 3-5.

El Comisionado Especial declaró sin lugar la moción so-bre determinaciones de hecho adicionales presentada por la representación legal del querellado.

La delegada del Procurador General sometió ante nos sus comentarios al citado informe del Comisionado Especial, en los que insiste que el querellado actuó en una forma im-propia e ilegal. El querellado no ha comparecido para obje-tar, comentar o argumentar sobre el informe del Comisio-nado Especial. Al ser ello así, debemos entender que se acep-tan como correctas las determinaciones de hecho de dicho informe. Aparte de ello, hemos hecho un examen indepen-diente de la prueba desfilada ante el Comisionado Especial de las estipulaciones de las partes y la prueba documental que obra en autos.

Ante los hechos presentes, forzoso es concluir que el querellado actuó en forma ilegal e impropia al propiciar que el alguacil Rodríguez Miranda violara las normas vigentes para, sin autorización, llevar, cumplimentar y diligenciar sin orden judicial una citación judicial contra un ciudadano. Re-sulta obvio que las actuaciones del querellado eran para be-neficiar a su cliente a los fines de lograr el pago de una deuda. Aun si hubiera actuado de buena fe, su conducta ame-rita acción disciplinaria. In re Hernández Vargas, 116 D.P.R. 689 (1985).

Ante la gravedad de la conducta, consideramos que el expediente del abogado querellado refleja que ésta es la primera ocasión en que es disciplinado y que, entre otras cosas, fue un servidor público y que goza de buena reputación en la comunidad en que practica su profesión.

Bajo las circunstancias presentes, nos limitamos a sepa-rar al Lie. Efraín Bermúdez del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) año, efectivo en la fecha en que sea notificado de la presente.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton limitaría la suspensión a un término de seis (6) meses. El Juez Presi-dente Señor Pons Núñez no intervino.

       Incluso el expediente administrativo de la apelación del ex alguacil Rodrí-guez Miranda en el que la Junta de Personal de la Rama Judicial confirmó su destitución.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Manuel Martínez Meléndez, acusado y apelante.

      Número: CR-88-33

      Resuelto: 27 de abril de 1989

      Carlos Ramos Pantoja, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Carlos Vergne Vargas, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Manuel Hernández Meléndez fue acusado, juzgado y con-victo de los delitos de tentativa de asesinato e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 414. Por entender que la culpabilidad del imputado no fue probada más allá de duda razonable, revocamos las senten-cias y lo absolvemos libremente. Veamos las razones que jus-tifican este resultado.

El único testimonio directo que tuvo ante sí el Jurado fue el del presunto perjudicado, Sr. Elpidio Santiago Torres.() Éste era un vendedor ambulante de viandas y frutos me-nores. El 4 de noviembre de 1986, mientras empujaba su ca-rrito de metal vio al imputado, quien le preguntó desde su vehículo si tenía plátanos. En el momento en que el testigo sacó un racimo para enseñárselo, el acusado le tiró el carro encima, lo que ocasionó que el vendedor cayera al pavimento. Al incorporarse vio al acusado al lado suyo, quien sin mediar palabras empezó a lanzarle puñaladas con una cuchilla de cabo obscuro. En total recibió cinco (5) puñaladas.() Al verse herido, lanzó el racimo de plátanos, corrió y logró meterse en una casa. El apelante se marchó en su auto a toda prisa.

En el interrogatorio directo declaró que conocía al acu-sado hacía aproximadamente cinco (5) meses. Afirmó que describió el asaltante al agente Chiclana.() En el contrainte-rrogatorio declaró que hacía poco tiempo conocía al acusado y que lo había visto un par de ocasiones por poco tiempo. Nunca habían tenido diferencias y apenas se habían dirigido la palabra.

Atestó que al llegar al dispensario le informó al policía Collazo todo lo acontecido, incluso quién había sido el asal-tante. La defensa lo confrontó con el informe de delito pre-parado por Collazo en el que el testigo indica que le propina-ron las puñaladas para quitarle $326 en efectivo y que podía identificar al que lo atacó. En ese momento insistió en que la versión correcta era la dada en el juicio. Al preguntársele por qué le mintió a Collazo, dijo que estaba enfermo de los nervios (esquizofrenia paranoica). Al insistir la defensa en esta línea de preguntas cambió su testimonio para manifes-tar que tenía el dinero en el bolsillo y que el acusado se lo robó.

También declaró que al segundo agente, de nombre Chi-clana, le describió el atacante como un joven blanco, de pelo castaño, de 5'8", grueso y de ojos claros. El apelante fue des-crito para récord, durante el juicio, como un hombre de pelo y ojos obscuros y delgado. A pesar de eso, el testigo insistió en incriminar al acusado.

La defensa presentó el testimonio del policía Ángel Co-llazo, quien fue el primer agente que intervino con don Elpi-dio. Éste le relató que mientras caminaba se le acercó un individuo, a quien podía identificar si lo veía, y armado de una cuchilla le dio varias puñaladas con el propósito de qui-tarle, como lo hizo, $326 que llevaba en el bolsillo. En el con-trainterrogatorio del fiscal, atestó que el perjudicado no le dio nombre ni apodo del atacante.

Esa prueba no establece la certeza o convicción moral de que el imputado es culpable de los delitos imputados. Las contradicciones crasas en que incurrió don Elpido, durante la investigación y al declarar en el juicio, versan sobre hechos tan esenciales para conectar al apelante con la comisión del delito como son la identificación del asaltante y el motivo para el ataque. ()

Somos conscientes de que en Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287, 317 (1988), repetimos que:

Es norma reiterada que el hecho de que existan contradic-ciones en las declaraciones de un testigo, eso de por sí sólo, no justifica que se rechace dicha declaración en su totalidad si las contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio es suficiente para establecer la transacción delictiva, superar la presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de duda razonable. Pueblo v. Orellano Gómez, 92 D.P.R. 546 (1965). No debe resolverse un caso por aquellos detalles que no van a la misma médula de la controversia. Pueblo v. Espinet Pagan, 112 D.P.R. 531 (1982).

El caso ante nos se aparta de la regla general. Las contradicciones y lagunas son tan obvias e importantes que un juzgador con un ánimo no prevenido debió haber rechazado el testimonio del único testigo por ser indigno de crédito.

Por existir una duda razonable, se absolverá al acusado apelante.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ne-grón García disiente sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) El resumen que a continuación hacemos está de acuerdo con la exposición narrativa de la prueba aprobada por el tribunal por acuerdo de las partes.

      (2) El médico que lo atendió atestó que la víctima tenía cinco (5) heridas, una de ellas de naturaleza grave.

      (3) Por no estar disponible este agente de la Policía, no pudo ser utilizado como testigo de la defensa. La negativa del tribunal a citar este testigo o suspender el juicio es motivo de un señalamiento de error que es innecesario resolver.

      (4) Debemos considerar, también, su enfermedad mental al aquilatar su tes-timonio.


text:
    Juana García, apelada, v. Fernando Acevedo, etc., apelantes.

      Número: CE-86-543

      Resuelto: 27 de abril de 1989

      Ángel Lacomba Morales, abogado de los apelantes; Sarah Torres Peralta, abogada de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante esta decisión ponemos punto final al peregri-naje judicial iniciado en el 1948 por Juana García para que se le reconozcan en toda su plenitud sus derechos constitucio-nales, humanos, sociales, propietarios y estatutarios a los cuales, como hija del demandado Fernando Acevedo, es acre-edora.

La controversia legal a resolverse es si es nula e ineficaz una sentencia dictada en el 1956 por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que declaró sin lugar la acción de filiación instada en su representación, a pesar de que ese mismo tribunal había previamente dictaminado en una sentencia confirmada por este Tribunal, García v. Acevedo, 78 D.P.R. 611 (1955), que Fernando Acevedo era su padre. Para ello debemos, entre otras cosas, fijar el alcance de nuestra decisión en Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 748 (1963), al efecto de que:

El poder judicial de todos los tribunales para dictar senten-cias, o para revocarlas o modificarlas en acciones filiatorias en Puerto Rico, al único efecto de conceder el derecho al uso del apellido paterno y ningún otro derecho disfrutado por el hijo legítimo respecto a su padre y a los bienes relictos a su falleci-miento —si es que en puro derecho existió— quedó absoluta y definitivamente agotado al finalizar el día 24 de julio de 1952. Después de ese momento, o la filiación procedía a todos los efectos de ley —apellido, alimentos, herencia— o no procedía para ningún efecto.

I

Antes de resolver, veamos el historial de la relación padre-hija y de la litigación hasta este momento.()

Doña Juana nació el 11 de julio de 1931 producto de las relaciones habidas entre su madre Ana García y el deman-dado Fernando Acevedo.() El 1ro de diciembre de 1948 se presentó una acción de filiación y alimentos. Una vez empla-zado el demandado Acevedo y señalado el caso, éste compa-reció a este Tribunal cuestionando la resolución dictada por el tribunal de instancia que señalaba la acción de alimentos para una fecha anterior a la señalada para ver la acción de filiación. Mediante opinión de 21 de junio de 1949, confir-mamos esa resolución. Acevedo v. Corte, 70 D.P.R. 94 (1949). Una vez celebrada la vista, el 21 de abril de 1950 el Tribunal de Distrito declaró sin lugar la acción de alimentos por los fundamentos siguientes:

Puede que esta opinión y esta sentencia en el fondo sea o implique una injusticia. Es posible que me esté equivocando. Pero en este caso hay una situación tan tremenda que milita en contra de esta niña que es muy difícil, sumamente difícil, poder resolver que ella es hija de Fernando Acevedo. La ma-dre de esta niña, un día en el año 1939 —de ésto [sic] hace once años— fué [sic] a donde un Ministro y contrajo matrimo-nio y ella bajo su firma juró que había procreado con Julián Figueroa, entre otros hijos a Juana, la demandante en este caso. Durante la celebración del juicio esta misma Ana García ha declarado también bajo juramento que su hija Juana es de Fernando Acevedo. O mintió ahora ante este Juez o mintió ante el Ministro cuando contrajo matrimonio: mintió en algún sitio. Las dos declaraciones bajo juramento no pueden recon-ciliarse. No se le puede creer el testimonio a la madre. No se sabe cuando [sic] es que está diciendo la verdad. Es posible que cuando ella se casó con Julián Figueroa le pidiera a éste que le reconociera a los hijos que tenía. Es posible eso. La Corte con esta prueba que se ha presentado no puede dictar otra sentencia que no sea la de declarar sin lugar la demanda. La prueba aducida por la demandante es tan confusa y contra-dictoria que ella no puede sostener una sentencia en su favor.
El testimonio de la madre no es creíble. Sólo resta el testimo-nio de la niña y éste es insuficiente. Hubiera querido, —bien lo sabe Dios — , dictar un fallo distinto al que estoy dictando. Pero si la Corte lo hiciera así la sentencia sería revocada por una Corte Superior.
Se declara sin lugar la demanda de alimentos radicada en este caso por Ana García en representación de su hija Juana García contra Fernando Acevedo. Añade ahora la Corte que si Acevedo es realmente el padre de Juana y sabiéndolo, lo niega, que recuerde que en esta vida todo se paga. Apéndice, págs. 252-253.

El 21 de diciembre de 1951 revocamos dicha sentencia y devolvimos el caso a instancia. Resolvimos que erró el tribunal al excluir el testimonio de Julián Figueroa, ya que el mismo era admisible a los fines de impugnar la legitimación, según lo provisto en el Art. 124 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 486.() (Opinión per curiam no publicada, Caso Núm. 10, 382.) Apéndice, págs. 286-291.

El mismo juez() que había resuelto el caso anterior pre-sidió el nuevo juicio. Esta vez declaró con lugar la demanda sobre alimentos al determinar que:

La prueba de la parte demandante, en síntesis, ha tendido a demostrar que Juana García es el producto de las relaciones sexuales habidas entre la madre de ésta, Ana García, y el de-mandado Fernando Acevedo. Contra esa prueba el deman-dado, con la suya, ha tratado de demostrar que la niña puede ser hija de cualquier persona debido a las relaciones que con distintos individuos sostuvo Ana García y, además, ha tendido a demostrar que la menor fué [sic] legitimada por Julián Figueroa, quien contrajo matrimonio en el año 1939 con dicha Ana García.
Al resolver el conflicto de la prueba hemos tratado de que prevalezca la justicia y, además, que ni los tecnicismos de Ley ni el poder de alguna de las partes pueda derrotar el buen sentido de humanidad que debe surgir triunfador en todo pro-cedimiento judicial. Si dijéramos otra cosa distinta a la que pasamos a decir estaríamos consagrando la injusticia de la que queremos alejarnos como juzgador.
Convencidos estamos de que la menor Juana García fué [sic] legitimada por Julián Figueroa sin que ella fuera su hija.
Al contraer matrimonio Julián Figueroa con Ana García no solamente cumplió con su deber de legitimar a sus propios hijos, sino [sic] que no tuvo reparos de dar apellido a una cria-tura que él sabía que no era su hija.
Es también convencimiento íntimo que tiene el juzgador que esta menor que se llama Juana García es el producto de relaciones sexuales habidas entre el demandado Fernando Acevedo y Ana García. Por ello decimos que Fernando Acevedo siendo el padre de la menor Juana García tiene la obliga-ción moral y de Ley de darle los alimentos que le impuso como su obligación la ley natural y la ley de los hombres. Apéndice, págs. 296-297.

Además de ordenar el pago de los alimentos adeudados y futuros, ordenó que el Registro Demográfico tomara nota de que doña Juana debía ser inscrita con el nombre de Juana Acevedo, hija de Fernando Acevedo y de Ana García.

En apelación sostuvimos la determinación de paternidad por ser la prueba suficiente para probarla. Expresamos que eso era todo lo que se exigía a fin de justificar una decisión a favor de un menor demandante en un caso de alimentos. Sin embargo, modificamos la sentencia para eliminar la disposi-ción de que se inscribiera a la menor como hija del deman-dado. Ello debido a que, según se interpretó el derecho vigente, Rodríguez v. Ramos, 73 D.P.R. 6 (1952), esa cuestión debió dilucidarse en relación con la acción de filiación, la cual no se había sometido todavía. García v. Acevedo, supra, pág. 617.

El 21 de diciembre de 1955 las partes en dicho caso some-tieron al tribunal, y éste aprobó, la estipulación siguiente:

1. - El día 20 de abril de 1953 este Tribunal dictó una sen-tencia contra la parte demandada condenando al demandado a pasar a la demandante la cantidad de $20.00 semanales, en concepto de pensión alimenticia, y a pagar dicha cantidad re-troactivamente desde la fecha de la demanda, o sea desde el 2 de diciembre de 1948, con costas y más $800.00 para honora-rios de abogado.
2. - Que el demandado ha convenido en desistir de ulte-riores procedimientos de revisión de la sentencia referida y de la dictada en el caso por el Hon. Tribunal Supremo en 16 de agosto de 1955, aceptando la parte demandante la suma de TRES MIL QUINIENTOS DOLARES ($3,500.00) como li-quidación y pago total de las pensiones alimenticias, costas y honorarios de abogado devengados y que hubieran podido de-vengarse bajo la tal sentencia hasta esta fecha, y habiendo ya recibido la parte demandante la referida suma de $3,500.00, otorga a la parte demandada la más formal y eficaz carta de pago.
POR TODO LO CUAL, las partes solicitan se apruebe la presente estipulación y se declare pagada y satisfecha en la forma convenida la sentencia de este Tribunal, de 20 de abril de 1953. Apéndice, pág. 333.

El 25 de septiembre de 1956 se dictó la sentencia si-guiente:

Las partes en este caso han sometido una Estipulación pi-diéndole al tribunal que resuelva el caso de Filiación por la Transcripción de Evidencia practicada durante el juicio cele-brado para la reclamación de alimentos.
Estudiada la Transcripción de Evidencia, la prueba en con-junto lleva al tribunal a la conclusión de que debe declarar, como al efecto declara, sin lugar la acción de Filiación en este caso, sin costas y sin honorarios de abogado. Apéndice, pág. 16.

Así se mantuvo la relación entre padre e hija, hasta que el 24 de abril de 1984 Juana García instó la presente acción sobre nulidad de sentencia y daños y perjuicios. En lo perti-nente al derecho aplicable, se alegó que:

(5) La situación injusta en términos humanos e inequita-tiva, ilegal e inconstitucional en términos jurídicos, quedó co-rregida con efectos retroactivos en el caso de Ocasio vs. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963).
(6) Decretada la ley vigente en Ocasio vs. Díaz con efecto retroactivo conteniendo como único requisito que el padre es-tuviere vivo a 25 de julio de 1952— el demandado Fernando Acevedo vive hoy día — la Ley del Caso en el caso de instancia lo es la Sentencia emitida por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso publicado en 78 D.P.R. 611, confir-mando en ese aspecto el decreto judicial del Tribunal Superior de Puerto Rico, de 20 de abril de 1953.
3. Siendo nula, inexistente y no [sic] a esta fecha la Senten-cia de 25 de septiembre de 1956, procede en derecho que se decrete la nulidad ab initio de la misma. Se solicita que su nulidad, inexistencia e inconstitucionalidad se decrete judi-cialmente y en forma nunc pro tune.
IV. La inconstitucionalidad de la Sentencia de 25 de sep-tiembre de 1956
4. En las circunstancias que surgen de autos, la Sentencia de 25 de septiembre de 1956, es nula ab initio, inexistente y contraria a las disposiciones constitucionales de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:
(a) Constituye actuación judicial inconstitucional denegar la filiación, luego de mediar una sentencia firme decretando paternidad, confirmada por [sic] Tribunal Supremo de Puerto Rico.
La actuación judicial reflejada en la Sentencia de 25 de sep-tiembre de 1956 es inconstitucional, y su nulidad ab initio e inexistencia debe ser decretada judicialmente en el caso de instaneia[.]
(b) La decisión de Ocasio vs. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963) constituye la Ley del Caso para todos los hijos sin importar fecha o circunstancias de nacimiento, cumplimentado el requi-sito de que el padre estuviera vivo el 25 de julio de 1952. Fernando Acevedo está vivo al presente.
(c) Un Tribunal de Puerto Rico carece de facultad constitu-cional para denegar paternidad en filiación, una vez decretada por sentencia firme la misma paternidad en incidente previo de alimentos.
El principio de una sola paternidad está entronizado en las premisas constitucionales inalienables de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, y en el derecho a una igual protec-ción de las leyes y a un debido procedimiento de ley.
Cualquier actuación judicial en contravención con los postu-lados constitucionales antes indicados contenidos en Ocasio vs. Díaz, 88 D.P.R. 676, (1963) y en el Artículo II de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es inconsti-tucional, y su inconstitucionalidad deberá ser decretada judi-cialmente. Apéndice, págs. 5-6.

Trabada la controversia, ambas partes se acogieron al procedimiento de sentencia sumaria por no existir en el caso controversia sobre los hechos esenciales. La contienda se, centralizó en la validez, o falta de validez, de la sentencia que declaró sin lugar la acción de filiación y la facultad del tribunal para hacer esa determinación en esta etapa del procedi-miento. ()

En una extensa y fundamentada opinión, el juez de ins-tancia, Hon. Rafael A. Contreras Estelritz, dictó sentencia sumaria parcial() a favor de la demandante por razón de que, y citamos:

Siendo la demandante hija del demandado, a los fines de alimentos, conforme a sentencia final y firme emitida por esta Sala, de fecha de 20 de abril de 1953, confirmada por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante sentencia de 16 de agosto de 1955, 78 D.P.R. 611, y existiendo una sola paternidad, el demandado Fernando Acevedo es el padre de la demandante Juana García a todos los efectos de ley.
La sentencia emitida por el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, el 25 de septiembre de 1956 denegando la paternidad a los fines de filiación en el caso R-4552, es nula e inexistente, sin valor o efecto jurídico alguno por haber sido emitida sin jurisdicción, y en contravención al principio unitario de la paternidad encarado en la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y adoptado estatutariamente en la ley número 17 de 20 de agosto de 1952. Apéndice, págs. 372-373.

El demandado presentó recursos oportunos separados de apelación y de revisión. Denegamos expedir el auto de revi-sión (Caso Núm. RE-86-401, García v. Acevedo, supra) y ad-mitimos la apelación por plantear una cuestión constitucio-nal sustancial. Las partes han sometido sus respectivos ale-gatos, por lo que estamos en posición de resolver. Por ser correcta en derecho, confirmamos la sentencia apelada.

r-H I — I

En apoyo de su recurso, el apelante hace dos (2) plantea-mientos. El primero es de índole constitucional en el sentido de que su solución depende, en gran medida, de la interpre-tación que le demos a los derechos constitucionales involu-crados en este caso. El segundo, sobre si la sentencia original es nula o no y, si procede una compensación en daños, si es de índole estatutaria.

I — I I — < I — I

A los fines de cuestionar la conclusión del tribunal de que la sentencia de 1956 que rechazó la acción filiatoria es nula, el apelante sostiene que al momento de emitirse dicho fallo la norma jurisprudencial de este tribunal era que la paternidad no era equivalente a la filiación, y que el grado de prueba para establecer cada una de ellas era distinto. Es correcto que casos tales como Álvarez v. Álvarez, 77 D.P.R. 909 (1955), y Sánchez v. Díaz, 78 D.P.R. 811 (1955), favorecían dicha posición, pero precisamente en Ocasio v. Díaz, supra, se revocó dicha norma y se aclaró que, a partir de 25 de julio de 1952, no habría diferencia entre la paternidad y la filiación. Son términos idénticos sin que haya variación entre los grados de prueba para establecer dichos estados biológicos y civiles.

El apelante le da suma importancia al siguiente dictum de nuestra opinión en Garzot v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 359, 365 (1964):

No podemos convenir con la parte recurrida en que nuestra actuación tenga el efecto de revivir las acciones de filiación ya terminadas y resueltas al amparo de la interpretación de la ley que abandonamos en Ocasio. Salvo la concurrencia de cir-cunstancias extraordinarias cuya identidad específica no po-demos ahora anticipar, con toda probabilidad, por tratarse de sentencias firmes y finales, la excepción de cosa juzgada impe-diría su relitigación. Este espectro de Banquo no debe turbar nuestra tranquilidad. Tampoco deben preocuparnos las tran-sacciones que respecto al caudal puedan haberse realizado con posterioridad a nuestra resolución original. Cualquier disposi-ción de bienes hecha de buena fe estará protegida por cono-cidos prineipos [sic] de derecho que no es necesario mencio-nar.

Pero dicho punto fue aclarado en la atinada exposición que en su voto concurrente hizo el finado Juez Asociado Se-ñor Santana Becerra, al efecto de que:

Suscribo sin reserva alguna la opinión del Tribunal. La opi-nión cree preciso destacar con énfasis el hecho de que el pleito que da lugar a los pronunciamientos de ahora “se encuentra aún pendiente”. Ante los planteamientos de la parte deman-dada, deseo exponer lo siguiente en lo que a mi criterio res-pecta:
Pronunciamientos filiales a tenor de la legislación anterior hechos en vida del padre, y limitativos del derecho a la heren-cia aun cuando fueren firmes, carecen de virtud y a mi juico [sic] no pueden invocarse por razón de la cosa juzgada o de la ley del caso en contra de un hijo que reclama su herencia en aquellas situaciones en que, hecho el pronunciamiento en vida del padre, repito, éste hubiere fallecido o falleciere en o a par-tir del 25 de julio de 1952.
Este criterio responde al hecho básico en el fondo de toda esta cuestión filial, de que el derecho hereditario debe deter-minarse por la ley vigente al abrirse la herencia, y todo pro-nunciamiento así hecho con consecuencias jurídicas in futuro, carecería ipso jure de efectividad ante la actual legislación en contrario a partir de 1952, sin que dicho pronunciamiento judicial pueda prevalecer contra el superior mandato de la Constitución y de la ley, por doctrina alguna de cosa juzgada o de ley del caso. (Énfasis en el original.) Garzot v. Tribunal Superior, supra, pág. 367.

Aún más, la cuestión quedó definitivamente aclarada en la opinión unánime que emitimos en el caso de Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978).() Allí resolvimos que:

En Ocasio declaramos derogados los requisitos de prueba del Art. 125 del Código Civil e inoperante toda ley o sentencia que restrinja o reduzca el derecho dimanante de la condición de hijo. Desapareció el absurdo de una declaración de paternidad sin más consecuencia jurídica que el pago de una pensión ali-menticia. Sostuvo este Tribunal en Ocasio que “carece de vali-dez toda disposición estatutaria y toda sentencia, decreto o fallo judicial que ... únicamente le conceda, reconozca o atri-buya al estado de hijo de un ser humano, nada más que parte de los derechos unitarios de que disfruta el hijo llamado legí-timo” y que “si procede declararse comprobado satisfactoria-mente el hecho de la paternidad, el estado de hijo debe reco-nocerse a todos los efectos legales, es decir, con los mismos derechos que tiene un hijo legítimo, sin excepción o limitación alguna.” Pol Sella v. Lugo Christian, supra, págs. 547-548.

De manera que no cabe duda al respecto. A partir de 25 de julio de 1952 toda sentencia, decreto o fallo judicial que rehúse o se niegue a reconocer todos los derechos del hijo, a pesar de haberse comprobado el hecho de la paternidad, carece de validez y es nulo. Si había alguna duda, la misma es aclarada y disipada en este momento. Sería prolijo en este momento reiterar las justificaciones para ello. Basta una lectura serena y juiciosa de Ocasio v. Díaz, supra, para darnos cuenta de su razón de ser. Lo único que estamos haciendo es darle plena virtualidad al axioma constitucional que prohíbe el discrimen por razón de nacimiento y proclama la igualdad del ser humano.() Ante ello no caben murallas procesales fundamentadas en doctrinas de inferior genesis, tales como cosa juzgada —Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961)— incuria o prescripción, Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979). Véase García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363 (1963).

Por las razones constitucionales y de orden público ex-puestas anteriormente, confirmamos la sentencia de avan-zada emitida por el tribunal de instancia y le reconocemos todos los derechos constitucionales y legales que como hija tiene la demandante y apelada Juana García. ()

> I — I

Por no estar adecuadamente planteado ni discutido por el apelante, no estamos en condiciones de resolver si procede la acción de daños y perjuicios instada por la hija contra su padre. Ambas partes analizan la procedencia de la acción a base de los hechos presentes. Ello a pesar de que en el tribunal de instancia no se hizo un planteamiento concreto al res-pecto, ya que las mociones de sentencia sumaria estaban úni-camente dirigidas a resolver la acción filiatoria.

De manera que se confirmará la actuación del tribunal de posponer el trámite sobre la acción de daños y perjuicios. En su momento en instancia se resolverá, a base de los hechos ante sí, si el demandado es responsable en daños y si la pre-servación de la unidad familiar y la posible confusión entre los bienes de la hija y de su padre impiden la indemnización solicitada. Véanse, sobre problemas relacionados: Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 D.P.R. 60 (1975); Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430 (1955); Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 613 (1950), y las expresiones vertidas por el Juez Asociado Señor Negrón García en su opinión concurrente y disidente en Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 D.P.R. 422, 429 (1988).

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) Según surge de la prueba documental, de los autos de los casos y de las determinaciones de hecho, en apoyo de la sentencia sumaria emitida por el tribunal de instancia.

      (2) A la fecha de dictarse la sentencia en este caso, tanto el padre como la hija vivían.

      (3) “La legitimación podrá ser impugnada por los que se crean perjudicados en sus derechos, cuando se otorgue a favor de los que no tengan la condición legal de hijos naturales, o cuando no concurran los requisitos señalados en las sees. 481 a 486 de este título.” 31 L.P.R.A. see. 486.

      (4) Hon. F. Gallardo Díaz.

      (5) Hubo un planteamiento de la demandante sobre la nulidad de la notifica-ción de la sentencia que fue correctamente rechazado por el tribunal y no es objeto de señalamiento en este recurso.

      (6) Quedó pendiente de adjudicación la reclamación de daños y perjuicios. A esos efectos, el magistrado señaló que:
      “Por efecto de la sentencia sumaria dictada, queda para resolución indepen-diente la reclamación de daños y perjuicios formulada por la demandante en su demanda de 23 de abril de 1984, basada en la alegación central, de que:
      “ A través de toda la vida de la demandante, esta ha sido, sometida a humilla-ciones y dolores y angustias provenientes de haber sido negada como hija de su padre demandado, quien por su conducta provocó que ante todos, la compare-ciente fuera tratada como hija bastarda, sin padre, además del dolor interno de sentirse abandonada, rechazada, y herida en lo más profundo de su esp[í]rit[u] por la pretensión del demandado de que no era su padre, a sabiendas de que lo era, que la paternidad fue decretada judicialmente y no obstante conocer la deci-sión de Ocasio v. Díaz . . Apéndice, págs. 378-379.

      (7) Donde el issue fundamental era la interrelation entre el efecto de las sentencias en las acciones penales y civiles sobre alimentos y filiación. Se reiteró que lo determinante es la paternidad.

      (8) Véase como ejemplo del.enfoque liberador que ha traído Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963), la decisión en Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376, 385-386 (1982), donde resolvimos que:

        “Si en virtud de Ocasio v. Díaz, la declaración judicial del status de todo hijo ‘se fundará en la comprobación del hecho de la paternidad natural o biológica, sin importar la fecha ni demás circunstancias ... bajo las normas usuales de evi-dencia . . .’, difícilmente podemos sostener la razonabilidad, virtud y lógica de una interpretación literal con respecto a la presunción contenida en el Art. 113, segundo párrafo. Después de esa decisión, la declaración legislativa del status de un hijo no puede ampararse en una presunción categórica y restrictiva, casi abso-luta, excluyente de ‘las normas usuales de evidencia, determinada prueba y demás circunstancias del nacimiento’. Véase, E. Chiesa, Sobre la Validez Consti-tucional de las Presunciones, XIV Rev. Jur. U.I.A. 727-763 (1980). Ello con mayor razón si tomamos en cuenta que recientemente, en Ortiz v. Peña, 108 D.P.R. 458 (1979), refrendamos la confiabilidad de las pruebas serológieas para estable-cer la no paternidad y autorizamos expresamente a los tribunales del país para que discreeionalmente ordenaran exámenes de sangre en acciones ‘en la que la paternidad sea un hecho pertinente’.” (Énfasis en el original.)

      (9) Como dijéramos en Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357,371 (1985), asegu-ramos una vez más “ ‘el triunfo del sentido humano de la ley’ ” a que aludieron los Jueces Texidor Alcalá del Olmo y Negrón Fernández en Stella Vda. de Ortiz v. Corte, 41 D.P.R. 635 (1930), y Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954).


text:
    Ramón Torres Ortiz y Otros, demandantes y recurridos, v. Dr. Francisco J. Plá y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-87-65

      Resuelto: 9 de mayo de 1989

      Lillian T. De la Cruz, de Cando, Nadal & Rivera, abogada de los recurrentes; Jorge Ortiz Brunet, de Ortiz Toro & Ortiz Brunet, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Decidimos hoy, por primera vez, si procede una acción de daños y perjuicios fundamentada en la impericia profesional de un médico al practicarle negligentemente una esteriliza-ción a una paciente, quien posteriormente salió embarazada, y qué daños son recobrables.

I — I

Luego de procrear su primer hijo en 1977, la Sra. Carmen Rosario Negrón trabajó en un empleo temporero por varios meses. Al terminarse el mismo, cursó estudios de ciencias secretariales por año y medio. Tuvo que dejarlos de-bido a que salió embarazada de su segundo hijo.

La señora Rosario y su esposo, Ramón Ortiz Torres, deci-dieron que ella volvería a estudiar, luego de su parto, para poder trabajar y mejorar la precaria situación económica del matrimonio.

Decidieron no tener más hijos, por lo que ella se esterili-zaría después del alumbramiento. Además de la situación económica, ella sufría de la afección renal conocida como “ri-ñón flotante” y la condición fisiológica de “isoinmunización por factor RH”. Apéndice, pág. 4.

El segundo parto fue normal. Como consecuencia de la proyectada esterilización, la señora Rosario decidió que no se le administrara una vacuna llamada “Rhogan” durante este segundo alumbramiento. La misma se administraba para que la condición del factor RH no afectara el embrión en el próximo embarazo. Con el propósito de ser esterilizada, Carmen acudió al Dr. Francisco J. Plá, médico que la atendió durante el segundo alumbramiento.

El 26 de febrero de 1982 el doctor Plá intervino quirúrgi-camente a la señora Rosario mediante operación de esterili-zación con laparoscopio conocida como “laparoscopía”. En este proceso se inyecta bióxido de carbono u otro gas en el vientre, que ocasiona la distensión y separación de los ór-ganos para ayudar a detectar los órganos reproductores. Se realiza una pequeña incisión abdominal a través de la cual se introduce el laparoscopio. Se ilumina el interior del abdomen y con una especie de garfios se agarran los tubos de falopio. Se colocan unos anillos, en este caso de silicon (fallope rings), que ligan y comprimen los tubos para evitar que pa-sen los óvulos. Luego de separar los tubos, se sacan los ins-trumentos y el gas.

Once (11) meses más tarde, el 29 de enero de 1983, la señora Rosario dio a luz su tercer hijo. Varios días antes del alumbramiento estuvo hospitalizada con contracciones ute-rinas prematuras e infección en las vías urinarias. Al ser ad-mitida, se indicó en el récord que tenía “complicaciones de laparoscopía fallida, infección recurrente en las vías urina-rias (‘recurrent U.T.I.’), pielonefritis, flebitis en la pierna iz-quierda y factor Rh negativo no riesgoso (not sensitized)”. Apéndice, págs. 5-6.

El mismo día del parto se confirmó que tenía un neumoto-rax (aire en el espacio pleural entre el pulmón y la pared torácica) que le causó síntomas de dolor y dificultad respira-toria durante el parto y otros dolores. Fue operada al día siguiente para introducirle un tubo hasta el pulmón y sacarle el aire de la pleura. El 3 de febrero se le removió el tubo. Por esa condición sufrió dolor en el pecho, punzadas en el lado derecho del pecho, dificultad respiratoria, adormecimiento del brazo y otros. El 5 de febrero fue dada de alta.

El 21 de marzo de 1983 el doctor González Jové, quien atendió a Carmen en su tercer alumbramiento, la esterilizó mediante el proceso de “salpingectomía bilateral”.

En el informe sobre esta operación, el doctor González Jové indicó lo siguiente:

Patient placed in lithotomy position and 18" folley placed intra uterine cavity. Methelyne Blue dye injected thru folley. There was NO evidence of spillage of Methelyne thru either of Fallope tubes at operation room site . . . Uterus exposed and fallopian tubes examined. The right fallopian tube has evidence of a fallope ring interrupting and narrowing the tube. The left fallopian tube appeared to be intact and the portion of fallope ring was below the left tube in the meso-ovarian vessels near the round ligament. Ovaries and uterus are normal in size and shape. In[j]ection of Methelyne Blue dye was done by nurse Miss L. Diaz thru cervical sound (folley 18") previously placed in the uterus and after in[j]ection of dye there was no evidence of spillage thru neither of fallopian tubes. (Énfasis en el texto original suprimido y énfasis su-plido.) Apéndice, pág. 9.

El doctor González Jové hizo un dibujo de donde surgía claramente que el anillo (fallope ring), correspondiente al tubo de falopio izquierdo, estaba colocado debajo de éste y río comprimiéndolo, como en el derecho.

Como consecuencia de estos hechos, los esposos Ramón Torres y Carmen Rosario presentaron acción de daños contra el doctor Plá. Alegaron que éste incurrió en mala prác-tica médica al realizar negligentemente la operación de este-rilización y que ellos no prestaron un consentimiento infor-mado. Reclamaron daños por sufrimientos y angustias men-tales ocasionados durante el embarazo, el parto y la segunda esterilización, pérdida de ingresos, gastos médicos y de hos-pitalización, y solicitaron compensación por gastos de manu-tención y educación durante la minoría de edad de la recién nacida.

El demandado alegó que brindó un tratamiento médico de excelencia y conforme a la mejor práctica de la medicina al momento de ocurridos los hechos aducidos en la demanda. Adujo que en las esterilizaciones siempre existe un margen posible de error, lo que le advirtió a la señora Rosario Ne-grón.

Los demandantes presentaron, como prueba médica pe-ricial, los testimonios del Dr. Juan Hernández Cibes y del perito economista, Dr. Bartolomé Stipec. El demandado pre-sentó el testimonio del Dr. Adrián Colón Laracuente como única prueba pericial.

El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda. En síntesis, determinó que el demandado fue negligente porque el anillo que debió colocar en el tubo falopiano izquierdo lo colocó en los vasos sanguíneos de esa área, debajo del útero, trompas y ovarios, lo cual no impidió que la señora Rosario volviera a quedar embarazada. Además, concluyó que el doctor Plá no informó adecuadamente a la señora Rosario sobre todas las alternativas para la esterilización, por lo que ésta no prestó un consentimiento informado para la operación.

Concedió como daños $40,000 a la señora Rosario y $8,000 al señor Torres por sufrimientos físicos y angustias mentales, y $41,058.34 a la Sociedad Legal de Gananciales por la “expectativa frustrada de ingresos”. Además, impuso $5,000 como honorarios de abogado. Apéndice, págs. 44-45.

El demandado recurrió ante nos() y alegó que se come-tieron los errores siguientes:

PRIMER ERROR:
Erró el Tribunal al adoptar la siguiente Conclusión de Dere-cho:
“El anillo que el Dr. González J[ov]é encontró fuera del tubo falopiano no estaba insertado en el ligamento redondo. Si allí hubiese estado, aún podríamos considerar que fue parte de ese margen de error que ya apuntamos y posiblemente, lo es-timaríamos dentro de un margen de duda en cuanto a la impe-ricia. Pero no lo estaba. Solamente había quedado colocado cerca del ligamento redondo, pero, no en los vasos sanguíneos de esa área debajo del útero, trompas y ovarios. Con-cluimos, que esto sí constituye un factor de descuido, negli-gencia e impericia de parte del demandado, Dr. Francisco Plá en la ejecución del procedimiento de esterilización por laparoscopía que realizó a la codemandante-recurrida Carmen Rosario Negrón.”
SEGUNDO ERROR:
Erró el Tribunal al condenar al demandado al pago de una suma de dinero por los sufrimientos físicos y angustias men-tales que le sobrevinieron a la demandante-recurrida a conse-cuencia del tercer embarazo y al establecer que fueron resul-tantes de la negligencia del demandado y al concluir que los esposos demandantes tienen derecho a una indemnización del demandado por los daños físicos resultantes de un neumoto-rax durante el tercer parto de la demandante-recurrida aun-que no hayan estado relacionados con su condición previa ni hayan tenido secuela.
TERCER ERROR
Erró el Tribunal al adoptar, entre sus Determinaciones de He-chos, la determinación número 24 estableciendo que, “[s]egún sus declaraciones, el matrimonio había hecho planes para que Carmen volviese a estudiar tan pronto tuviese el bebé, con la esperanza de que, cuando ella terminara sus estudios, pudiera conseguir un trabajo para ayudar a Ramón”, y “[e]omo no pensaban tener más hijos, habían planeado que, cuando Carmen trabajara, podrían ahorrar lo suficiente como para inde-pendizarse y hacerse de un hogar donde criar a sus hijos con mayor comodidad”.
CUARTO ERROR
Erró el Tribunal al aceptar la partida especificada en el In-forme del doctor Bartolomé Stipec, relativa a la reducción en los ingresos de la familia, porque la madre no pudo generarlos en el tiempo planeado; y erró el Tribunal al estimar justa y suficiente la suma de $22,869.66 por concept[o] de ganancias frustradas.
QUINTO ERROR
Erró el Tribunal al aceptar la partida de $18,188.68 especifi-cada en el estudio del Dr. Stipec, como compensación a Carmen por el menoscabo de sus oportunidades de empleo y por la probable reducción en su ingreso cuando se reintegre a la fuerza laboral. (Énfasis en el texto original suprimido y én-fasis suplido.) Solicitud de revisión, págs. 4-6.

Los recurridos comparecieron en oposición y expedimos el auto. Ambas partes sometieron el recurso a base de sus escritos iniciales. Resolvemos.

II

Recientemente hemos decidido varios casos de daños y perjuicios por alegada mala práctica de la medicina y de la odontología. Estas decisiones han sido exhaustivas en cuanto a la norma mínima de cuidado médico exigible en esta juris-dicción y nuestra función como corte apelativa al revisar las decisiones de los tribunales de instancia. Véanse: Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988), y casos allí citados. No obstante, debido a que nunca hemos decidido si procede una demanda por daños a favor de los padres cuando la recién nacida es una bebé completamente saludable y cuáles son los daños recobrables, incursionamos en este campo.

Hemos encontrado que esta cuestión no ha sido muy dis-cutida en jurisdicciones de derecho civil. Véase L. Martínez-Calcerrada, Derecho Médico, Madrid, Ed. Tecnos, 1986, Vol. I, págs. 399-400 y 437-438.

No obstante, en Estados Unidos el tema ha sido discutido ampliamente y existe abundante jurisprudencia, la cual nos es de ayuda para resolver las interrogantes planteadas. Véase Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979). Allí se han desarrollado varias posiciones encontradas sobre la procedencia de esta causa de acción y los daños compensa-bles.

La posición más antigua es que no procede indemnización alguna en estos casos (no recovery rule). Surgió en la decisión de Christensen v. Thornby, 255 N.W. 620 (Minn. 1934). Allí, el doctor demandado le practicó una vasectomía al de-mandante, ya que después del primer parto de su esposa se le había indicado que ella podría fallecer si salía encinta nue-vamente. Luego de la operación, la esposa del demandante tuvo otro hijo que nació sin complicaciones. Al declarar sin lugar la demanda, en la que se reclamaban angustias men-tales y gastos del parto, el tribunal expresó que el deman-dante no había perdido a su esposa y que, por el contrario, recibió la bendición de otro hijo.

Aun cuando esta posición fue generalmente adoptada por las cortes al comenzar a decidir controversias similares, hemos encontrado que al presente ha sido prácticamente descartada. Véase M. Davidson, Torts Wrongful Pregnancy Ordinary Costs of Raising Healthy Child not Recoverable, 55 Tenn. L. Rev. 153, 158 (1987).

La posición totalmente contraria a la primera es que pro-ceden todos los daños, incluso el costo de crianza y manuten-ción del menor (full recovery rule). Esta postura es aceptada hoy día en sólo dos (2) estados. Véanse: Bowman v. Davis, 356 N.E.2d 496 (Ohio 1976); Custodio v. Bauer, 59 Cal. Reptr. 463 (1967).

Los fundamentos aducidos a favor de la primera postura se refutan según los razonamientos siguientes: el enfoque so-bre el daño no se encuentra en el niño, sino en que se trata de una consecuencia directa de la actuación negligente del mé-dico; el beneficio de tener un niño no siempre excede el costo de criarlo como en situaciones de condiciones económicas precarias o inestabilidad mental de los padres; la posibilidad de efectos mentales adversos no debe impedir recobrar los daños, pues no se ha demostrado que siempre ocurran esas consecuencias; los tribunales deben poder distinguir entre reclamaciones fraudulentas y legítimas, y la estimación de estos daños es similar a la de otro tipo de daños, e.g., lucro cesante. •

Las otras dos (2) posiciones son intermedias a las ante-riores. Según la de los beneficios (benefits rule), se conceden todos los daños de gastos médicos, de angustias y sufri-mientos mentales y los costos de manutención del menor, pero de éstos se deducen los beneficios emocionales que reci-ben los padres por tener al niño.

Se fundamenta en el 4 Restatement of the Law (Second) of Torts Sec. 920 (1979), que dispone:

When the defendant’s tortious conduct has caused harm to the plaintiff or to his property and in so doing has conferred [upon the plaintiff] a special benefit to the interest [which] was harmed, the value of the benefit conferred is considered in mitigation of damages, [where] this is equitable.

Al estimar los costos de manutención se toman en consi-deración factores como el tamaño de la familia, el ingreso familiar, la edad de los padres y el estado civil. University of Ariz. v. Superior Court, 667 P.2d 1294 (Ariz. 1983); Ochs v. Borrelli, 445 A.2d 883 (Conn. 1982); Jones v. Malinowski, 473 A.2d 429 (Md. 1984); Troppi v. Scarf 187 N.W.2d 511 (Ct. App. Mich. 1971), leave to appeal den. $85 Mich. 753 (1971); Sherlock v. Stillwater Clinic, 260 N.W.2d 169 (Minn. 1977).

La última posición es la que prevalece en la mayoría de los estados. Según la misma, se permite recobrar los daños por concepto de gastos médico-hospitalarios y de angustias mentales y sufrimientos físicos de la primera y segunda es-terilización, y del parto, las angustias mentales, el lucro ce-sante y la pérdida de la compañía y el afecto de su cónyuge. No obstante, no se concede indemnización alguna por costo de manutención del niño. Boone v. Mullendore, 416 So. 2d 718 (Ala. 1982); Coleman v. Garrison, 327 A.2d 757 (Del. Super. 1974), modified and aff’d, 349 A.2d 8 (Del. Super. 1975); Flowers v. District of Columbia, 478 A.2d 1073 (D.C. App. 1984); Fassoulas v. Ramey, 450 So. 2d 822 (Fla. 1984); Fulton-DeKalb Hosp. Authority v. Graves, 314 S.E.2d 653 (Ga. 1984); Cockrum v. Baumgartner, 447 N.E.2d 385 (Ill.), cert. denegado, 464 U.S. 846 (1983); Garrison v. Foy, 486 N.E.2d 5 (Ind. App. 3 Dist. 1985); Nanke v. Napier, 346 N.W.2d 520 (Iowa 1984); Byrd v. Wesley Medical Center, 699 P.2d 459 (Kan. 1985); Schork v. Huber, 648 S.W.2d 861 (Ky. 1983); Pitre v. Opelousas General Hosp., 517 So. 2d 1019 (La. App. 3 Cir. 1987), writ granted, 519 So. 2d 105 (La. 1987); Macomber v. Dillman, 505 A.2d 810 (Me. 1986); Miller v. Duhart, 637 S.W.2d 183 (Mo. App. 1982); Kingsbury v. Smith, 442 A.2d 1003 (N.H. 1982); P. v. Portadin, 432 A.2d 556 (N.J. Super. A.D. 1981); O’Toole v. Greenberg, 477 N.E.2d 445 (N.Y. 1985); Jackson v. Bumgardner, 347 S.E.2d 743 (N.C. 1986); Milde v. Leigh, 28 N.W.2d 530 (N.D. 1947); Mason v. Western Pennsylvania Hosp., 453 A.2d 974 (Pa. 1982); Smith v. Gore, 728 S.W.2d 738 (Tenn. 1987); Hickman v. Myers, 632 S.W.2d 869 (Tex. App. 1982); Miller v. Johnson, 343 S.E.2d 301 (Va. 1986); McKernan v. Aasheim, 687 P.2d 850 (Wash. 1984); James G. v. Caserta, 332 S.E.2d 872 (W. Va. 1985); Beardsley v. Wierdsma, 650 P.2d 288 (Wyo. 1982).

Las razones principales para esta distinción han sido que se considera que los beneficios emocionales que el niño le provee a sus padres exceden la carga económica que conlleva su crianza y que por razones de política pública no puede decirse que sufren daños los padres por el nacimiento y la crianza de un niño. Otros fundamentos esbozados en la juris-prudencia para apoyar dicha postura son: se promueve la estabilidad emocional de la familia al evitarle al niño el trauma sicológico de no ser querido y haber sido criado con dinero de un tercero; se evitan reclamaciones fraudulentas, y estos daños son especulativos. Beardsley v. Wierdsma, supra.

Luego de examinar los razonamientos y fundamentos aducidos en la jurisprudencia estatal que apoyan las distintas posiciones, resolvemos que procede una acción de impericia profesional en las circunstancias aquí presentes. En primer lugar, no vemos diferencia entre esta acción y las demás que se instan por mala práctica profesional de la medicina. No existe justificación para exigirle a los médicos que hacen estas operaciones de esterilización un menor grado de cuidado que el requerido a los que realizan otras operaciones. Resolver de otra forma sería concederle una inmunidad total o parcial a estos profesionales.

Tampoco consideramos que existan razones de política pública que impidan conceder daños en las circunstancias aquí presentes. De probarse la negligencia y la relación causal, procede compensar por los gastos médicos incurridos en el parto y en las esterilizaciones, las angustias mentales, los sufrimientos físicos, el lucro cesante y demás daños. En cuanto a los costos de manutención y de educación del menor, no es necesario que ahora decidamos si procede compensarlos, pues en el caso de autos no fueron concedidos y los demandantes no recurrieron de esa determinación.

III

Conforme la norma establecida basta indicar que, en casos como el de autos, el promovente tiene que demostrar que el tratamiento del médico demandado fue el que con mayor probabilidad causó el daño y la relación causal. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, y casos allí citados.

Aquí la negligencia del médico fue claramente probada por la prueba presentada. El doctor González Jové, al redac-tar el informe sobre la segunda esterilización (que fue admi-tido como prueba documental), indicó que al realizar esta ci-rugía observó que el anillo de falopio izquierdo no estaba comprimiendo el tubo, sino debajo de éste —en los vasos raeso-ováricos— por lo que no se impidió que pudiera ocurrir la fertilización. Del dibujo que hizo el doctor González Jové, también admitido en evidencia, se puede ver claramente dónde fue que el doctor Plá colocó incorrectamente el anillo. Esta prueba demuestra que el recurrente fue negligente al realizar la esterilización por “laparoscopía”.

El recurrente intenta rebatir esta prueba. Alega que antes de efectuarse la segunda esterilización se hizo una prueba de tinte en los tubos de falopio que resultó negativa, lo que indica que los tubos estaban obstruidos. No podemos aceptar tal argumento. Primeramente, no nos ha puesto en condición de evaluar su posición, pues no cita la prueba peri-cial que apoya tal contención ni demuestra que esa prueba de tinte tenga mayor peso que la observación directa del doctor González Jové.

Tampoco hemos encontrado que el examen así practicado —por una enfermera— sea un estudio suficiente para deter-minar que los tubos de falopio están obstruidos y refutar dicha prueba directa. Véase Benson, Diagnóstico y Trata-miento Ginecoobstétricos, 4ta ed., México, Ed. El Manual Moderno, págs. 990-991.

Además, argumentó el recurrente que en casos de esteri-lización por “laparoscopía” hay un por ciento en que ocurre “la fistulización del área en la que se coloca el anillo la cual permite la fertilización del óvulo” y luego desaparece la fís-tula. Solicitud de revisión, pág. 8. Este argumento nueva-mente choca con la prueba directa de la observación que hizo el doctor González Jové. No se trata de una posibilidad de fistulización del área en que se colocó el anillo, pues según la referida prueba éste se puso debajo del tubo de falopio y, por lo tanto, no se impidió la fertilización del óvulo según ocurre normalmente.

IV

El segundo señalamiento de error se refiere a la condi-ción de neumotorax espontáneo que tuvo la señora Rosario durante el tercer alumbramiento, que requirió una interven-ción quirúrgica para corregirla.

Surge del informe médico sobre el tercer parto que, mientras daba a luz, la señora Rosario tenía los síntomas de la condición de neumotorax. Las evaluaciones, las placas y las intervenciones médicas posteriores confirmaron que se trataba de un neumotorax espontáneo en el pulmón derecho. No se indicó la causa del mismo. El tribunal de instancia concluyó que esta condición “sobrevino en el momento de dar a luz”, aun cuando reconoció que “[d]e ordinario, un parto no va acompañado de un neumotorax”. Apéndice, págs. 41-42. No indicó cuál fue la causa ni la prueba pericial en apoyo a su conclusión de que fue causado por el parto.

En síntesis, el recurrente alega que no hay relación causal entre el neumotorax y la actuación negligente, por lo que debe reducirse la compensación sobre daños físicos y angus-tias mentales. Los recurridos argumentan que, en términos médicos, el significado de que esta condición es “espontánea” es que ño hay un factor específico identifiable que la cause. Además, indican que el término “espontáneo” no se puede considerar en su sentido común y corriente ni “dentro del término médico como espontáneo en su etiología”. Oposición a la solicitud de revisión, pág. 11. Le asiste la razón al recu-rrente.

Reiteradamente hemos establecido que la norma sobre relación causal en casos de mala práctica médica exige que de la prueba presentada tiene que surgir que el tratamiento ofrecido por el médico demandado fue el que con mayor probabilidad causó el daño. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra; Cruz v. Centro Médico de P.R., 118 D.P.R. 719 (1983).

El neumotorax y, específicamente, el neumotorax espon-táneo se definen así:

Chest injury may permit air to enter the pleural space either from within or from without the body. Rupture of trachea, bronchus, or lung as the result of blunt thoracic trauma permits the escape of air into the space from within the body; penetrating injury to the pleura permits the entrance of air into the space from outside the body. The term spontaneous pneumothorax is sometimes used to designate the internal variety, that is, it encompasses any pneumothorax arising from any nontraumatic reason other than the introduction of air or gas into the pleural cavity from outside the body. Thus it includes pneumothorax due to closed (nonpenetrating) injury to the chest, and pneumothorax that develops in an apparently healthy and uninjured individual without known cause. Kalish-Williams, Courtroom Medicine, Ed. Mathew-Bender, 1975, Vol. II, Sec. 5.11.
Además, se ha indicado sobre esta condición lo siguiente:
It becomes apparent that spontaneous pneumothorax is a rather vague name, yet no better term defining the etiology and pathogenesis has been accepted. The term has become established by common usage, yet it defies strict classification and invites loose interpretation. Spontaneous pneumothorax commonly refers to the subpleural bleb that ruptures for no apparent reason in an otherwise healthy individual. Adler, Marrash and Niguidula, Spontaneous Neumothorax with a Review of Ninety-Five Cases, 61 N.Y. State J. Med. 570, 574 (1961).

De lo anterior resulta claro que se trata de una condición en que el factor o los factores que la causan no se pueden determinar. Se acepta la espontaneidad como etiología de la enfermedad. En un estudio realizado de personas que sufrieron de neumotorax espontáneo, casi el ochenta por ciento (80%) de éstas estaban descansando o sin esforzarse cuando le sobrevino la condición. Adler, Marrash and Niguidula, supra, pág. 573. No hemos encontrado en la prueba documental ni en la sentencia recurrida que se haya estable-cido que el alumbramiento fue lo que con mayor probabilidad causó el neumotorax. Por lo tanto, incidió el tribunal a quo al conceder daños físicos y mentales causados por dicha condi-ción.

En consecuencia y tomando en cuenta que la corte de ins-tancia, al compensar tales perjuicios, estimó que este padeci-miento causó “graves sufrimientos físicos a la señora Rosario”, procede reducirle la indemnización por daños físicos y mentales de la madre a $20,000 y a su esposo a $5,000.

V

Los últimos tres (3) errores apuntados se refieren a la partida concedida a la sociedad de gananciales por ingresos futuros dejados de percibir a causa del tercer embarazo.

La parte recurrida presentó el testimonio del economista Dr. Bartolomé Stipec y un estudio preparado por éste —titu-lado Costo de manutención y educación de un hijo durante los primeros veinte y un años de su vida (Anejo I)— sobre el menoscabo económico que sufrió la familia a causa del nuevo hijo. Se concluye que procede el pago de $73,411.57, los cuales se desglosan en las partidas siguientes: (1) $22,869.66 por ingresos dejados de percibir por la madre durante los primeros cuatro (4) años de vida de la niña, período en que la madre no podía trabajar; (2) $20,987.77 por el costo de cuidar la niña desde los cuatro (4) años hasta los catorce (14) años de edad; (3) $11,365.46 por servicios como ama de casa, y (4) $18,188.68 por menoscabo de oportunidades de empleo y re-ducción de ingreso al reintegrarse la madre al trabajo. El tribunal de instancia sólo concedió la primera y la cuarta partida. No hubo indemnización por concepto de manuten-ción y educación de la recién nacida.

El recurrente alega, en síntesis, que no procedía indem-nización por tales conceptos porque: la señora Rosario no podía trabajar por una condición del riñón flotante y no por el nuevo bebé; el fundamento para estimar estas sumas es sólo el ingreso devengado en tres (3) meses, y las cuantías y los fundamentos son especulativos.

Hay que tener presente, al evaluar indemnizaciones por este concepto, que “el lucro cesante se trata de un perjuicio sufrido que consiste en una ganancia futura frustrada que con cierta probabilidad era de esperarse, según el curso normal ulterior de las cosas, la realización de cuya ganancia no tiene que ser demostrada con certeza absoluta por la parte perjudicada ..(Énfasis suplido y en el original.) Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138, 150-151 (1983), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Rebollo López.

En Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201, 219 (1969), establecimos:

No hay regla fija para estimar el importe de la disminución en la capacidad productiva; cuando menos se requieren tres de-terminaciones básicas: (a) la extensión de la mengua en la ca-pacidad productiva, que ordinariamente se establece me-diante una comparación de la habilidad para obtener ingresos antes y después del accidente; (b) la determinación de los efectos de la disminución, si transitoria o permanente; y (c) la fijación de la suma que compensa por esta disminución, consi-derando tanto su extensión como sus efectos, incluyendo la actualización de la pérdida (present net worth). No es necesa-rio que la prueba demuestre con precisión matemática los daños causados por este concepto; basta con que se ofrezca una base razonable que permita hacer una determinación pru-dente, y no hija de la especulación y la conjetura.Véanse, además: Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978); Velazquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39 (1982); Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R. 306 (1985).

En el informe pericial sobre la estimación de esta partida se tomó como fundamento el salario devengado por la señora Rosario en un empleo anterior y el término —cuatro (4) años— durante el cual temporeramente no podría trabajar por tener que cuidar a la recién nacida. Se calculó dicha suma a base de su valor actual (present net worth), los fac-tores pertinentes para dicho período de tiempo y se trató de establecer el ingreso futuro frustrado de la señora Rosario. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontrac-tuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, págs. 474-516.

El examen del estudio del doctor Stipec revela que sus conclusiones finales no están debidamente explicadas. No ofrece fundamento específico para opinar que la demandante no podía trabajar durante los primeros cuatro (4) años del nacimiento de su hija. Estimamos más razonable limitar esta partida a una de dos (2) años. Por esa razón se rebajará esta partida a la suma de $11,934.88.

La partida de $18,188.68, por menoscabo de oportunidades de empleo y reducción de ingreso, debe ser totalmente eliminada por especulativa y carente de fundamento en la prueba presentada. La misma parte de la premisa de que al reintegrarse al empleo la madre recibirá $1,584.00 menos al año de lo que hubiera recibido de no haber tenido que ausentarse del mercado laboral. No se ofrece explicación alguna para dicha conclusión. El informe del perito está totalmente huérfano de un fundamento razonable para el Tribunal adoptar tal teoría.

Por último, en cuanto a la determinación de hecho del tribunal de instancia sobre la razón de la recurrente para no volver a trabajar, no existe prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto que justifique nuestra intervención con la apreciación de la prueba. Velazquez v. Ponce Asphalt, supra, pág. 50; Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155 (1977).

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López hace constar que entiende, al igual que el Tribunal, que no hay razón alguna por qué concederle en relación con estos casos “una inmuni-dad total o parcial a estos profesionales” en particular. En consecuencia, concurre con el Tribunal en cuanto a que, pro-bada la negligencia del médico al realizar la operación reque-rídale de esterilización, procede la acción de daños y perjui-cios contra éste por algunos de los conceptos por los cuales aquí se reclama. Ello no obstante, disiente por razón de que es del criterio que las cuantías de dinero concedídales a los demandantes son altas. El Juez Presidente Señor Pons Nú-ñez no intervino. La Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón se inhibió.

      (1) El recurrente no impugnó las determinaciones del tribunal de instancia sobre ausencia de consentimiento informado. Por tal razón, no es necesario deci-dir este asunto. Garage Rubén, Inc. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 236, 242 (1973).