text:
    B & W Investment Corporation, demandante y recurrente, v. La Sociedad Legal de Gananciales Compuesta por los Esposos Sixto Nieto González y Providencia García, Representada por el Primero, demandados y recurridos.

      Número: R-75-77

      Resuelto: 23 de septiembre de 1975

      Luis Negrón López y Luis Negrón Lizardi, abogados de la recu-rrente; E. Alcaraz Casablanca, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente B & W Investment Corp., adquirió de la recurrida Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los esposos Sixto Nieto González y Providencia García, una finca situada en el barrio Sabanetas de Mayagüez, Puerto Rico. El precio de compraventa — realizada por unidad de medida a razón de tres mil dólares ($3,000.00) la cuerda y en orden a una cabida registral de 83.271 cuerdas — ascendió a la canti-dad de doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos trece dólares ($249,813.00) a ser satisfecha en diversos plazos garantizados en varios pagarés hipotecarios.

En la escritura las partes consignaron expresamente que por razón de un deslinde realizado por el Departamento de Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la zona marítima y la ribera del Río Grande de Añasco, rumbos Oeste y Norte de la finca, se desconocía el curso exacto de la colindancia de la finca con el Estado, acordándose que la compradora verificaría mediante mensura la cabida real, notificaría sus resultados a los vendedores por correo certificado con acuse de recibo, tras lo cual éstos tendrían un término de tres (3) meses para formular sus objeciones a dicha mensura. Se pactó claramente que el precio variaría directamente con la disminución o aumento de cabida resul-tante.

La compraventa se celebró el 13 de mayo de 1971, la noti-ficación de la mensura y deficiencia en cabida se hizo en agosto de 1973, y por el procedimiento antes descrito se solicitó el reajuste del precio el 28 de enero de 1974.

Ante la negativa de los vendedores a realizar el reajuste, el 28 de febrero de 1974 los compradores solicitaron del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, Sentencia Declaratoria que reconociera una deficiencia en la cabida real de la finca de 15.318 cuerdas y una reducción del precio, aplicable al primer plazo de cuarenta y cinco mil, novecientos cincuenta y cuatro dólares ($45,954.00).

La ilustrada sala sentenciadora, previa consideración y análisis de las alegaciones de la demanda, las cláusulas del contrato y los méritos de una moción de desestimación inter-puesta, dictó sentencia contra la recurrente. El razonamiento para tal dictamen estuvo basado en que los términos pactados en la compraventa antes aludidos, no variaban ni alteraban los derechos reconocidos a un comprador conforme el Art. 1358 del Código Civil y que debido al ejercicio tardío de la gestión de mensura y notificación, la acción estaba prescrita de acuerdo al Art. 1361 del referido cuerpo. Los artículos pertinentes rezan:

“Art. 1.358 — La obligación de entregar la cosa vendida com-prende la de poner en poder del comprador todo lo que exprese el contrato, mediante las reglas siguientes:

Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho con expre-sión de su cabida, a razón de un precio por unidad de medida o número, tendrá obligación el vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige, todo cuanto se haya expresado en el contrato; pero si esto no fuere posible, podrá el comprador optar entre una rebaja proporcional del precio, o la rescisión del contrato, siempre que en este último caso, no baje de la décima parte de la cabida la disminución de la que se le atribuyera al inmueble.

Lo mismo se hará aunque resulte igual cabida, si alguna parte de ella no es de la calidad expresada en el contrato.

La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar a voluntad del comprador, cuando el menos valor de la cosa vendida exceda de la décima parte del precio convenido.” (31 L.P.R.A. see. 3818.)

“Art. 1.361 — Las acciones que nacen de los tres artículos anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde el día de la entrega.” (31 L.P.R..A. see. 3821.)

A tal efecto, apoyó su decisión en los comentarios de tres distinguidos jurisconsultos españoles — Manresa, Castán y Scaevola — que respectivamente se manifiestan del siguiente modo:

“El plazo es el de seis meses, plazo breve en verdad, como lo requería la seguridad de la contratación que el Código debe pro-curar, la cual no consiente que la eficacia de las transacciones quede durante largo tiempo pendiente del ejercicio de acciones rescisorias. La naturaleza de los hechos que dan motivo a esas acciones impone asimismo la brevedad del plazo, pues para averiguar si la finca tiene o no la cabida estipulada, si es de la clase pactada o si se ha hecho la entrega de todo lo contenido dentro de los linderos, no es menester que transcurra mucho tiempo. Generalmente, en el momento de la entrega suelen ponerse en claro todos estos puntos; por eso precisamente el plazo de seis meses empieza a contarse desde el día de la entrega.”
“Las exigencias de la seguridad de la contratación justifican la brevedad del plazo.”
“Ya los jurisconsultos Troplong, Aubry et Rau y Guillemard entendían que el plazo de un año fijado en el Código Francés no presentaba una verdadera prescripción sometida a las causas ordinarias de suspensión, tales como las de interdicción, minori-dad, etc., sino más bien un plazo de caducidad el cual, una vez transcurrido, impedía el ejercicio de la acción. Y como nuestro precepto de carácter especial, al señalar una acción rescisoria, también especial, no solo fija el tiempo de ésta, sino la manera de computarlo para todos los casos a que sea aplicable.”

Concluyó que “. . . la ley, según ha sido comentada, no solamente es clara sino que tanto los comentarios de Manresa como los de Castán llevan a nuestro ánimo la impresión de que el principio jurídico contenido en el Art. 1361 al fijar un período prescriptivo está revestido de un interés público que posiblemente haría nulo cualquier acuerdo extendiendo el plazo fijado por dicho artículo.”

No podemos convenir con el razonamiento de la ilustrada sala sentenciadora. De ordinario, el término de seis (6) meses será el determinante a los fines del ejercicio de una acción por aumento o disminución de cabida. La certeza de las transacciones justifica y hace aconsejable tal interpretación, pues no puede dejarse al arbitrio exclusivo del comprador la facultad de ejercitar ad infinitum la acción rescisoria que el Art. 1358 reconoce si la deficiencia en cabida excede una décima parte.

Sin embargo, la situación fáctiea y jurídica en el caso de autos es distinta. La cláusula cuarta de la Escritura, en lo pertinente, lee como sigue:

“El monto total de la VENTA, al precio establecido de TRES MIL DOLARES ($3,000.00) por cuerda, se ajustará conforme a dicha cabida real. Cualquier aumento o disminución del monto total que resultase de este ajuste se consignará como un aumento o disminución en la porción del precio, cuyo yago ha sido apla-zado haciéndose el ajuste mediante la variación correspondiente en el primer plazo del precio aplazado que se indica en el hecho QUINTO siguiente, disponiéndose que el pagaré representativo del primer plazo del precio aplazado no será negociable hasta tanto se verifique el ajuste en la cuantía del capital de la deuda; disponiéndose además, que para cualquier aumento o disminución en la cuantía de los intereses pagados se hará el ajuste correspondiente en el próximo o próximos plazos de in-tereses luego de verificada la cabida real de la finca. Se aclara también que todos los ajustes que sean necesarios hacer en cuanto a cabida, cuantía de la deuda principal, de sus intereses y/o forma de pago, se harán constar en un Acta Aclaratoria de esta escritura que las partes comparecientes se obligan a otorgar de ser necesario luego de la verificación de la cabida real de la finca.” (Énfasis suplido.)

Su lectura pone de manifiesto que las partes, conscientes desde un principio del deslinde realizado por el Estado, y consecuentemente de la realidad y existencia de una cabida diferente insertaron una cláusula en el contrato para proveer específicamente en cuanto a la mensura de la finca, otorgando expresamente al comprador la facultad de verificar la cabida. Es significativa tal inclusión, ya que tratándose de una facultad conferida a todo comprador por el Código Civil, su inclusión era innecesaria y constituiría normalmente, un acto inútil. No podemos atribuirle tal conducta a las partes. Un examen detenido del contrato, a la luz del Código, nos revela la verdadera razón de ser de la cláusula y nos convence de que la misma — más que una mera repetición mecánica de la ley como entendió el tribunal a quo— sacó las prestaciones del ámbito de los preceptos legales citados. Ante la regla del Código que otorga al comprador la opción de pedir una disminución en el precio o la rescisión del contrato dependiendo ésta última del monto de la reducción en cabida que resulte de la mensura, en el caso de autos, la recurrente, como compradora renunció la alternativa de rescindir la transacción aceptando la menor cabida resultante con la deducción en el precio convenido. Siendo ello así, no ha de aplicarse el ratio expuesto por los comentaristas citados respecto a la brevedad del plazo, en orden a 1a- seguridad de la contratación para evitar que la eficacia de las transacciones quede durante largo tiempo pendiente al ejercicio de la acción rescisoria. Tan conscientes estaban las partes de la situación, que a los fines de no afectar a terceros se pactó que el pagaré representativo de dicho primer plazo no sería nego-ciado hasta tanto se verificara el ajuste en la cuantía del capital adeudado. Los preceptos mencionados no impiden un pacto especial de los contratantes indispensable para identi-ficar los verdaderos objetos y causa del contrato.

¿Cuál fue la causa de tal renuncia o el quid pro quo de la misma? La contestación a esta interrogante se desprende del contrato. Veamos.

En primer lugar, de la cláusula cuarta antes transcrita surge que cualquier cambio en el precio, derivado de la varia-ción en cabida, se haría al momento del pago del primer plazo, el cual vencía a los 32 meses de la firma de la escritura. Asi-mismo, “que para cualquier aumento o disminución en la cuantía de los intereses pagados se har [í] a el ajuste corres-pondiente en el próximo o próximos plazos de intereses luego de verificada la cabida.” Los intereses se vencían mensual-mente.

De las anteriores disposiciones contractuales, concluimos que la intención de las partes fue que el ajuste en los intereses pagados se hiciera luego de la mensura, antes de o al momento del ajuste en el precio, el cual a su vez se haría al vencimiento del primer plazo. Entendemos que este término constituye el plazo límite para la realización de la mensura.

En su consecuencia, no es aplicable al caso de autos el Art. 1358 y por ende no entra en juego ni es determinante la disposición relativa del ejercicio del derecho durante los primeros seis (6) meses, pues estamos ante una acción de cumplimiento específico de contrato en el cual las partes pactaron, por propia iniciativa, el método a seguirse para determinar y satisfacerse recíprocamente las obligaciones surgidas del conocimiento previo existente de la deficiencia en cabida.

Como señala Manresa la única justificación para la exis-tencia en el Código de los artículos en cuestión, no aplicables al caso de autos, es suplir la voluntad de las partes en ausen-cia de pacto.

“Una de las funciones de la ley civil en orden a la materia de contratos, es procurar la estabilidad de los mismos sin merma de los derechos de nadie y sin invadir la esfera propia de la libre iniciativa de los contratantes. En justo ejercicio de esta función, cuando en los términos de un contrato se encuentra alguna falta de determinación de la voluntad de las partes que no afecta a lo esencial, a la causa del contrato; cuando las circunstancias de hecho se desvían algo de aquellas que los interesados previeron al pactar, la ley tiende generalmente, si consideraciones de otra índole no lo impiden, a la eficacia, a la trascendencia jurídica del contrato, a su estabilidad. Para ello instituye reglas útiles, al objeto de presumir cuál ha sido la voluntad, que no llegó a deter-minarse, de las partes; cuál hubiera sido esa misma voluntad si los contratantes hubiesen conocido esas nuevas circunstancias de hecho, y, en último término, acude a la equidad, que es el dere-cho mismo, para que los fines de la relación jurídica creada se logren y el desenvolvimiento de la vida del derecho no tenga entorpecimiento ni retrasos.

Pues bien; esto es lo que hace el Código en los artículos que comentamos. En las ventas de inmuebles, hechas a razón de un precio por unidad de medida o número, cuando la cabida resulte mayor o menor que la estipulada, hasta donde al Código es posible, interpreta la voluntad de los contratantes; consigna preceptos de equidad, y sólo cuando motivos poderosos lo exigen, autoriza el desistimiento del contrato o el ejercicio de acciones rescisorias.” Manresa, op. cit., págs. 240-241. (Énfasis suplido.)

Es en respeto al conocimiento que las partes tenían del deslinde realizado por el Estado y a la resultante diferencia en cabida que de ello emanaba, que interpretando la voluntad de éstas, debemos reconocer la validez de la causa de acción de la recurrente.

La sentencia del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, será revocada.

         Determinación de Hecho Número 2 consignada por el tribunal de instancia.

      A1 hacerlo, tenemos presente qne el error al expresarse la cabida en el contrato no debe favorecer al vendedor, que es el dueño, y que por ende es de presumirse que está al tanto de lo que tiene. Rosa Valentín v. Vázquez hozada, 103 D.P.R. 796 (1975).
      El caso de Ruidíaz Barrios v. Salas, 103 D.P.R. 922 (1975) es distin-guible al caso de autos tanto fáctica como jurídicamente.

       Estos artículos, “. . . pueden ser derogados por mutuo acuerdo de los contratantes, si bien el alcance de la derogación en caso de contienda será apreciado por los tribunales.” Badenes Gasset: El Contrato de Com-praventa; tomo I, pág. 555 (1969); Vol. I, Manresa, Código Civil Español, tomo X, pág. 246 (1969).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Agustín Mangual, Juez, demandado; Ana Luisa Morales Rodríguez, Julio Martínez Rivera, interventores.

      Número: O-75-177

      Resuelto: 25 de septiembre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticionario; María E. Medina Pérez y Antonio Sanz Ortega, abogados de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal. Se trata de una demanda en daños contra el Estado. Gira el caso sobre la aplicación de la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. see. 3077 y ss., y especialmente sobre el Art. 2A de dicha ley, 32 L.P.R.A. sec. 3077a.

Mientras Ana Luisa Morales lavaba ropa en su casa el rolo de la máquina le pilló una mano. Concurrió al Centro de Salud Pública de Bayamón, en donde fue tratada. Posterior-mente ella y su esposo demandaron al Estado por alegada mala práctica médica.

Al demandar incumplieron con la citada disposición de ley — el Art. 2A — la cual exige que las reclamaciones contra el Estado deben notificarse por escrito al Secretario de Justi-cia y deben informarse los pormenores que allí se mencionan. Más adelante será necesario ver en detalle esa disposición.

Oportunamente el Estado planteó la cuestión en el tribunal de instancia y solicitó la desestimación de la demanda contra el Estado. Un Juez Superior, mediante Sentencia de 4 de octubre de 1971 declaró con lugar la referida moción y desestimó la demanda. Posteriormente, en reconsideración, otro Juez Superior, mediante Resolución de 26 de febrero de 1975 declaró sin lugar la moción de desestimación del Estado y dejó sin efecto la anterior Sentencia. Se basó este segundo magistrado en que los demandantes habían notificado' al Secretario de Salud de la reclamación contra el Estado y con-cluyó que eso era suficiente.

Recurrió ante nos el Procurador General y en 18 de abril de 1975 expedimos Orden de Mostrar Causa por la cual no se debía revocar la Resolución recurrida. Comparecieron los in-terventores en apoyo de la resolución recurrida pero sus plan-teamientos no nos han persuadido. Nos explicamos a conti-nuación.

Mediante la citada ley que autorizó las demandas contra el Estado, la Asamblea Legislativa estableció ciertas condiciones para proteger al Gobierno de sorpresas y fraudes. Así, por ejemplo, interpretando una disposición muy parecida de la Ley Municipal, dijimos en Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963) a la pág. 494, lo siguiente:

“Los estatutos que requieren una notificación a los munici-pios como requisito previo a la iniciación de acción judicial en resarcimiento de daños y perjuicios responden a los propósitos de 1 — proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación; 2 — desa-lentar las reclamaciones infundadas; 3 — propiciar un pronto arreglo de las mismas; 4 — permitir la inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; 5 — descubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es más confiable; 6 — ad-vertir a las autoridades municipales de la existencia de la reclamación para que se provea la reserva necesaria en el presu-puesto anual; y 7 — mitigar el importe de los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado.”

En la página siguiente añadimos: “La notificación es una parte esencial de la causa de acción y, a menos que se cumpla con la misma, no existe el derecho a demandar.”

Como en el caso de autos se argumenta que la notificación al Secretario de Salud suplió la notificación al Secretario de Justicia, debemos examinar la disposición de ley aquí concer-nida. En lo pertinente, dispone el citado Art. 2A de la men-cionada Ley Núm. 104:

“(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negli-gencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justi-cia una notificación escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.

(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en dere-cho.

(c) La referida notificación escrita se presentará al Secre-tario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente impo-sibilitado para hacer dicha notificación dentro del término pres-crito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapaci-dad.” (Bastardillas nuestras.)

Insistiendo en lo anterior, más adelante dispone también dicho Art. 2A que no podrá iniciarse acción judicial alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en este artículo, a menos que no haya mediado justa causa para ello.

Es claro hasta la saciedad que el legislador dispuso que el funcionario a ser notificado de reclamaciones y demandas contra el Estado sea el Secretario de Justicia, quien es, en última instancia, el abogado del Gobierno. Es tan inútil notificar de un pleito contra el Gobierno al Secretario de Salud como lo sería notificar al Secretario de Justicia de los síntomas de una enfermedad. Ya en Escambrón Development Corp. v. E.L.A., 82 D.P.R. 685 (1961) y en Jiménez v. Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961), hemos resuelto adversamente para los interventores la cuestión. Allí resolvimos que estatutos como el aquí concernido son de cumplimiento estricto.

Por último, debemos aclarar que nuestra decisión en García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779 (1971), es distinguible del caso de autos y no controla la situación de este caso. En García Colón, supra, determinamos que:

“[D]esde los comienzos de esta acción el Secretario de Justi-cia quedó enterado de la misma y participó activamente en los trámites del caso en el tribunal de instancia. Solicitó una en-mienda a la resolución del tribunal que disponía del caso para que se aclarase lo relativo a la práctica administrativa del Nego-ciado de la Lotería en casos de billetes extraviados y no pagados.' Llegó hasta a solicitar del tribunal de instancia una copia certi-ficada de la sentencia ‘a los fines de que el Departamento de Hacienda pudiese proceder al pago’ de la misma.”

Se expedirá él recurso, se dejará sin efecto la Resolución del Tribunal Superior de 26 de febrero de 1975 y se desesti-mará la demanda.

El Señor Juez Presidente concurre en el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Hon. Víctor Opio Opio, Juez de Distrito, demandado; Miguel Báez Otero, c/p Báez, Hector Rivera Rivera c/p Gordito, interventores y recurrentes.

      Número: O-75-55

      Resuelto: 25 de septiembre de 1975

      Federico Torres Jiménez, abogado de los interventores y recu-rrentes; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Ana Belén Frías, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El 31 de enero de 1973 se les imputó a los apelantes haber transportado, poseído y distribuido cocaína y heroína en sep-tiembre y noviembre del año anterior. Por un año los acusa-dos acudieron a la vista preliminar, que siempre se suspendió sin más justificación que el escueto anuncio del Fiscal de no hallarse preparado. El Juez de Distrito ordenó en consecuen-cia el archivo de los cargos en orden a lo dispuesto en la Regla 64 (n) de las de Procedimiento Criminal.

En febrero de 1974 se radicaron nuevas denuncias por el Ministerio Público y se solicitó la correspondiente determinación de causa probable. El 20 de junio de 1974, ante la inactividad fiscal, se archivaron de nuevo los cargos por otro magistrado del Tribunal de Distrito, pero esta vez en orden a lo dispuesto en la Regla 247(b) . Expresó el magistrado en su Resolución que “A pesar del largo historial de señalamientos de estos casos incluyendo las anteriores ra-dicaciones no se han podido ventilar estos asuntos al nivel de vista preliminar. Siempre se envía al Tribunal una excusa de que los agentes envueltos están en otros Tribunales u otras diligencias....”

No conforme con esta Resolución, el Ministerio Público solicitó la expedición de un auto de mandamus ante el Tribunal Superior. Se expidió el auto y se le ordenó al magistrado sentenciador que procediera a celebrar la correspondiente vista preliminar en los casos de referencia. Se alega en cer-tiorari, ante nos que el Tribunal Superior erró al validar la utilización del recurso de mandamus en este caso y al dicta-minar que un magistrado carece de facultad para decretar en la etapa de vista preliminar el sobreseimiento de una denuncia bajo la Regla 247 (b).

El auto de mandamus puede invocarse para obligar a un juez a pronunciarse sobre la existencia o inexistencia en los méritos de causa probable para acusar. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241, 246 (1969); Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968). No se cometió el primer error.

Respecto al segundo señalamiento, el texto vigente de nuestras Reglas de Procedimiento Criminal sobre la vista preliminar difiere considerablemente del estado actual de la legislación en que se inspiraron. Para salvaguardar más ade-cuadamente el derecho a un juicio rápido, tanto en California como en la jurisdicción federal, se especifican términos dentro de los cuales debe celebrarse dicha vista. En California la vista preliminar debe celebrarse dentro de los cinco días de haberse conducido ante un magistrado a una persona des-pués de su arresto, Cal. Penal Code, see. 860 (West 1970), y completarse los procedimientos en una sola sesión, a menos que medie justa causa. Las posposiciones no pueden exceder de seis días, excepto cuando el acusado consienta a ellos. Ibid., sec. 861. La legislación federal requiere la celebración de la vista preliminar no más tarde de diez días después de la primera comparecencia, si es que el acusado se encuentra bajo custodia, o dentro de los veinte días si se encuentra libre. 18 U.S.C.A. 3060(b) . Para recomendaciones comparables en este sentido, véanse: The Presidents Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force Report: The Courts 85 (1967); The American Law Institute, A Model Code of Pre-Arraignment Procedure, Proposed Official Draft, April 15,1975, sec. 330.2.

Bajo la ley federal, la violación de los referidos términos tan sólo permite usualmente la desestimación sin perjuicio de los cargos, 1 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure {Criminal), 1969, pág. 145, aunque puede provocar, por razón de lo resuelto en Mallory v. United States, 354 U.S. 449 (1957) la exclusión de evidencia de confesión obtenida durante el período de dilación no autorizado. United States v. Broadhead, 413 F.2d 1351 (7th Cir. 1969), cert. den. 396 U.S. 1017; 1 Wright and Miller, op. cit., sec. 75. Debe recordarse, no obstante, que la inercia del Estado se penaliza con la desestimación no sólo bajo las disposiciones expresas de la Regla 48(b) federal, sino independientemente bajo la Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que con-sagra el derecho a un juicio rápido. 3 Wright and Miller, op. cit., sec. 814.

• En California se ha sugerido que la violación de los térmi-nos estatutarios podría constituir un impedimento de índole jurisdiccional. Graham and Letwin, The Preliminary Hearing in Los Angeles: Some Field Findings and Legal-Policy Observations, 18 U.C.L.A. L. Rev. 916, 940 (1971).

Nuestro ordenamiento jurídico sobre la vista preliminar es de cosecha más antigua en su fase legislativa y reglamentaria. No dispone plazos para su celebración. La Constitución del Estado Libre Asociado garantiza, no obstante, tanto el derecho a un juicio rápido como al debido proceso de ley. Art. II, Secs. 11 y 7. Véanse: Plard Fagundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 444 (1973); Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974). Esos derechos fundamentales del acusado en nada pueden disminuirse porque no se haya aprobado ley que los implemente. La Constitución tiene su propio y supremo vigor que rebasa la ausencia de legislación habilitadora.

Según expresamos en Arcelay Galán, “existe un vigoroso interés social en evitar la demora en los casos criminales” y es rol prominente del Estado “velar por que este derecho se cumpla con la máxima escrupulosidad posible.”

El derecho a juicio rápido no se circunscribe al acto del juicio propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en progresión gradual desde la imputación inicial de delito. De otro modo ese derecho podría ser burlado prolongando sin justificación los trámites precedentes al juicio como ha ocurrido en este caso. En términos del derecho fundamental de todo ser humano a sentirse libre de la opresión y la preocupación martirizante que genera una acusación injusta, no hay diferencia apreciable entre la demora en someter la acusación al crisol depurante de la vista preliminar y la tardanza en celebrar el juicio para la decisión final sobre culpabilidad o inocencia. El derecho a juicio rápido, fundamental en nuestro procedimiento criminal, quedaría gravemente afectado en su virtualidad y esencia si el Estado pudiera pro-longar por término irrazonable la celebración de la vista pre-liminar. La Regla 247 (b) de Procedimiento Criminal, que faculta al tribunal a sobreseer la causa a instancia propia, es adecuado vehículo para proteger al acusado de la excesiva tardanza en la celebración de la vista preliminar.

En armonía con los desarrollos en este vital campo consideramos adecuado un término de sesenta días para celebrar la misma, contados desde el arresto del acusado o su citación para responder del delito imputado. Coincide con el término máximo provisto en la Regla 64 (n) (2) de Procedimiento Criminal para presentar acusación o denuncia contra el acusado, y sólo podrá extenderse por justa causa, o por demora imputable al acusado o consentida por éste. A los fines de una ordenada transición del anterior estado de derecho al ahora declarado, la nueva norma, que está dirigida a impartir eficacia a una garantía constitucional y que en nada afecta la integridad del proceso depurador de los hechos en juicio, tendrá sólo aplicación prospectiva. United States v. Peltier, 95 S.Ct. 2313, 45 L.Ed.2d 374 (1975).

La objeción del Estado al efecto de que resolver como aquí resolvemos le privaría del derecho a presentar el caso nueva-mente para determinación de causa probable por un juez del Tribunal Superior no es atendible. Para preservar ese dere-cho el fiscal deberá actuar con la debida diligencia.

El Ministerio Público también insiste en que el juez instructor de causa actúa en la vista preliminar como individuo y no como tribunal. Su posición, fundada en Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412 (1967), no es sostenible. Dicha decisión queda por la presente revocada. “Al hacer su determinación el magistrado se encuentra entre las partes no como interesado, sino como juez. En su objetivo y función, dicha vista es judicial. Así debe ser la esencia de su procedimiento.” Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, Tomo 1, pág. 141, ed. 1969. Su determinación no es revisable por certiorari, no porque deje de ser juez sino por la naturaleza peculiar de su decisión dentro de un procedimiento especialmente regulado, con una finalidad esencial al ordenado y rápido curso del procedimiento criminal.

Se sostendrá la resolución de archivo del juez de distrito. La resolución recurrida será revocada.

      La Regla 247(b) de las de Procedimiento Criminal dispone:
      “El tribunal, a instancia propia, o a petición del fiscal o en pro de la justicia, podrá decretar el sobreseimiento de una acusación o denuncia. Las causas de sobreseimiento deberán exponerse en la orden que al efecto se dictare, la cual se unirá al expediente del proceso.”
      Se recordará que un sobreseimiento decretado de acuerdo con esta regla impide un nuevo proceso sobre los mismos hechos. Regla 247(d).

      En Puerto Rico es factible regular el término. Un informe especial de la Administración de los Tribunales (19 de agosto de 1975) revela que en las salas de San Juan, Río Piedras y Caguas el tiempo transcurrido entre primera determinación de causa y resolución de vista preliminar es de 34, 23 y 26 días respectivamente.

      8)La Regla 64 de Procedimiento Criminal dispone:
      “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      (n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
      (2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta días de su arresto o citación.”


text:
      In re Matías Díaz García.

      Número: O-75-11

      Resuelto: 29 de septiembre de 1975

      Matías Díaz García, pro se.

   RESOLUCIÓN

El deber del abogado de tramitar rápida y diligentemente los procedimientos judiciales y administrativos no se limita únicamente a situaciones en que interviene en su función clásica de abogar por terceras personas, sino que se extiende a aquellos asuntos en que está directamente envuelto. Concurrentemente, los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de imprimir rapidez a los procesos, dictaminando aquellas providencias razonables que las circunstancias de cada caso en particular exijan. La medida provisional que adoptamos en el presente procedimiento de desaforo está fundada en los principios antes expuestos y en vista de la dilación habida. Veamos.

El 10 de enero de 1975 la Oficina del Procurador General de Puerto Rico radicó querella contra el Lie. Matías Díaz García conteniendo cuatro cargos, que en síntesis, imputan conducta inmoral, ilegal e impropia, contraria a los principios expuestos en el Código de Etica Profesional, consistentes alegadamente en haber retenido indebidamente tres pagarés hipotecarios al portador por la cantidad de $5,000.00 cada uno; haber cobrado un cheque sin autorización de su cliente, como tampoco satisfecho su importe a pesar de los requeri-mientos judiciales y extrajudiciales; haber desobedecido una orden judicial relativa a la entrega o pago del valor de dicho cheque; y haber omitido inscribir una escritura en el Regis-tro de la Propiedad no obstante haber cobrado el importe correspondiente a los sellos de Rentas Internas.

El 7 de marzo de 1975 ordenamos se notificara personal-mente al querellado concediéndole un término de quince días para que contestara la querella bajo apercibimiento de tenerse por admitidas las alegaciones.

Notificado el 15 de marzo, el querellado solicitó prórroga habiéndosele concedido un término hasta el 14 de abril. En esta última fecha solicitó nuevamente una prórroga adu-ciendo la fractura del brazo izquierdo y que por recomenda-ción médica estaba impedido de formular contestación. El 18 de abril de 1975 ordenamos se adicionara como quinto cargo a la querella queja de una arrendadora al efecto de que durante dos años el querellado Díaz García se había negado a pagar cantidad alguna por concepto de canon de arrendamiento pactado y se había negado a desocupar el local en cuestión. Simultáneamente concedimos veinte días improrrogables para formular su contestación, ello bajo apercibimiento. Este úl-timo dictamen fue notificado personalmente el 31 de julio. El 11 de agosto solicitó otra prórroga, ante lo cual dictamos la siguiente Resolución:

“Vista la moción informativa sometida por el querellado el 11 de agosto de 1975, se concede a éste un término a vencer el 15 de septiembre de 1975 para que proceda a formular su contes-tación a la querella. El término aquí dispuesto es de carácter improrrogable, quedando apercibido el querellado que de no for-mular oportunamente su contestación, el Tribunal considerará admitidos todos y cada uno de los cargos y procederá, sin ulterior trámite, a dictaminar la acción disciplinaria correspon-diente.”

El mismo día de su vencimiento, el querellado suplica un término adicional de tres días aduciendo lo copioso y difícil de la tarea de recopilar prueba documental para defenderse de los cargos de la querella, aduciendo además haber estado ocupado atendiendo un juicio criminal.

La indebida, irrazonable e inexcusable tardanza del querellado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal. La ausencia de una contestación a los cargos imputados, conocidos por éste desde hace más de seis meses, resulta injustificada.

En virtud de lo dispuesto en la Regla 13(d) (4) de nuestro Reglamento, suspendemos provisionalmente del ejercicio de la práctica de la profesión de abogado al querellado Matías Díaz García hasta tanto el Tribunal considere apropiada su reinstalación por haber acreditado, mediante las diligencias de rigor, estar presto a afrontar el procedimiento de desaforo sin ulteriores dilaciones innecesarias.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario


author: per curiam:

text:
    Antonio Betancourt Fúster, Francisco F. Quetglas Álvarez y Juan Alvarado Ortiz, demandantes y recurridos, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Números: R-72-247, R-72-159

      Resueltos: 30 de septiembre de 1975

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodriguez Rivera, Procurador General Interino, Américo Serra y Ruth Tentori, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del recurrente; Canales & Ferrer, abogados de los recurridos Francisco F. Quetglas Alvarez y Juan Alvarado Ortiz; Meléndez & Suárez, abogados del recurrido Antonio Betancourt Fúster.
   per curiam:

El 15 de julio de 1960, los aquí recurridos, en unión a once personas, compraron de la Sociedad Agrícola Tomás Rivera Rohena una finca rústica de 352 cuerdas ubica-da en el Barrio Pájaros, entre los pueblos de Toa Baja y Bayamón. Los compradores estuvieron representados por Germán Corujo y Carlos Clavel, también miembros del grupo comprador. Según los términos de la compraventa, cada uno de los compradores adquiriría una catorceava parte de la finca en común pro indiviso. El precio convenido fue de $400,000, de los cuales los compradores retendrían $149,000 para satisfacer ciertos gravámenes de la finca. Satisfarían $70,000 el día 15 de enero de 1961 y el balance restante en cuatro plazos iguales, durante los cuatro años siguientes, sin intereses durante el primer año, y al 5% de interés durante' los tres años restantes. Dichas obligaciones se habrían de cumplir a partir del otorgamiento de la escritura de compra-venta. Esta fue otorgada el 4 de agosto de 1960, ante el Notario J. Martín Almodóvar.

Veintiocho días antes del otorgamiento de la escritura, Corujo concedió a Eusebio Gómez Moreno una opción de com-pra sobre la finca a razón de $1,800 por cuerda. Moreno repre-sentaba a la International Longshoremen Association, Fund Housing Project (PRSSA), en adelante I.L.A. A tenor con el contrato de opción de 21 de julio de 1960, los optantes entregarían $20,000 a Corujo en o antes del 26 de julio de 1960, a menos que le entregaran $40,000 el 11 de septiembre, en cuyo caso, la fecha para ejercitar la opción se extendería hasta el día 1ro. de diciembre de 1960. De ejercitar la opción, la I.L.A. vendría obligada a pagar $170,000 el 1ro. de diciembre y el remanente del precio dentro del término de dos años a partir del otorgamiento del contrato de opción. Se dispuso que el balance del precio aplazado devengaría inte-reses anuales al 7%, desde el día 1ro. de diciembre de 1960, fecha en que se otorgaría la escritura de compraventa.

Según lo dispuesto en el contrato de opción los comprado-res hicieron los tres pagos mencionados, a saber: el de $20,000, el 21 de julio de 1960, el de $40,000 el 11 de sep-tiembre de 1960 y el de $170,000 el 1ro. de diciembre de 1960. El 23 de febrero de 1961 se otorgó la escritura de compraventa e hipoteca ante el Notario José Aulet. El precio de venta del inmueble fue de $690,300, de los cuales la can-tidad de $284,361 fue recibida por los vendedores antes del otorgamiento de la escritura en los tres pagos antes mencio-nados y en un pago adicional de $54,361.

El Secretario de Hacienda notificó a tres de los vendedo-res: Antonio Betancourt Fúster, Francisco Quetglas y Juan Alvarado Ortiz deficiencias contributivas para 1960 que surgen de la venta de sus respectivas participaciones en el inmue-ble.

Los contribuyentes acudieron por separado al Tribunal Superior, Sala de San Juan, alegando que las deficiencias notificadas por el Secretario de Hacienda eran nulas y que la ganancia obtenida en la venta del inmueble debía reputarse una ganancia de capital a largo plazo y tributar como tal. Se basaron en el hecho de haber poseído el inmueble por un período mayor de seis meses. Este período comprendía desde el 4 de agosto de 1960, fecha en que se otorgó la escritura de compraventa entre la Sociedad Agrícola y los catorce com-pradores, hasta el 23 de febrero de 1961, fecha en que se otorgó la escritura de compraventa entre la entidad repre-sentada por Moreno y los catorce comuneros.

El Secretario de Hacienda, por el contrario, alegaba que la venta entre la I.L.A. y los contribuyentes recurridos se realizó el 1ro. de diciembre de 1960, fecha en que se ejercitó la opción de compra y se tomó posesión del inmueble. Por esto el beneficio obtenido por los contribuyentes era una ganancia de capital a corto plazo, habiendo poseído la finca por menos de seis meses.

Por tratarse de una cuestión común de hecho y de derecho el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Lucas Serbiá Cordo-va, J., consolidó los recursos y el 26 de abril de 1972 dictó sentencia declarando con lugar las demandas y anulando las deficiencias notificadas a los contribuyentes. Concluyó que la transacción de compraventa se realizó el 23 de febrero de 1961, cuando se otorgó la escritura de compraventa e hipoteca y que por lo tanto, la ganancia obtenida por los contribu-yentes era una a largo plazo.

Inconforme con lo decidido por el Tribunal Superior, el Secretario de Hacienda acude ante nos. Acordamos revisar.

Una vez comprador y vendedor convienen en la cosa objeto del contrato y en el precio, se perfecciona un contrato de compraventa, aunque ni la una ni el otro hayan sido entregados. Art. 1339, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3746. Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60, 72 (1970); Vélez v. Camacho, 8 D.P.R. 37, 45 (1905).

Al la I.L.A. entregar el 1ro. de diciembre los $170,000 se perfeccionó el contrato de compraventa. Las partes per-feccionaron la compraventa ya que hubo un convenio sobre la cosa y el precio. Además la prueba estableció claramente que antes del 1ro. de diciembre la entidad compradora había tomado posesión del inmueble al ejercitar ciertos actos de dominio en el mismo, tales como replantar mil metros cuadra-dos y construir dos casas modelo.

Los vendedores poseyeron el inmueble vendido desde el 4 de agosto de 1960 hasta el 1ro. de diciembre de 1960, fecha en que se llevó a cabo la compraventa, para un total de 3 meses y 25 días. Dicha transacción se traduce para fines contributivos en una ganancia de capital a corto plazo y como tal debe tributar. 13 L.P.R.A. see. 3117 (a) (2).

Por los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia dictada en los casos del epígrafe en aquella parte de la misma que determinó que la venta realizada era una a largo plazo.

       Hubo un contrato de opción anterior de fecha 13 de julio de 1960, cuya única diferencia con el del 21 de julio era el precio de $1,500 por cuerda, en vez de $1,800 precio convenido finalmente.

      Las cantidades envueltas y notificadas como deficiencias contribu-tivas son: al contribuyente Quetglas Alvarez $5,471.35, a Juan Alvarado Ortiz $1,551.18 y a Antonio Betancourt Fúster $11,787.07.

      La Ley de Contribuciones sobre Ingresos vigente al momento de llevarse a cabo la transacción definía ganancia de capital a corto plazo: “. . . la ganancia en la venta o permuta de un activo de capital poseído por no más de 6 meses, si y hasta el monto en que dicha ganancia se toma en cuenta al computarse el ingreso bruto.” Ganancia de capital a largo plazo “significa la ganancia en la venta o permuta de un activo de capital poseído por más de 6 meses, y hasta el monto en que, dicha ganan-cia se toma en cuenta al computarse el ingreso bruto.” (13 L.P.B.A. see. 3117)


author: PER curiam:

text:
    Juana Medina Vda. de López, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-69-213

      Resuelto: 30 de septiembre de 1975

      J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Gilberto Gierbolini, y Miriam Naveira de Rodón, Procuradores Gene-rales, Adolfo Negrón Cruz, y Candita R. Orlandi, Procura-dores Generales Auxiliares, abogados del recurrente; Nach-man, Feldstein & Gelpí, abogados de los recurridos.
   PER curiam:

Esta es una acción en daños y perjuicios por la alegada negligencia de los empleados del Hospital Univer-sitario el cual es operado y administrado por el Departa-mento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en relación con servicios médicos prestados al fenecido Basi-lio López López. La reclamación incluye los sufrimientos de la víctima, de su viuda, sus cinco hijos y una nieta.

Examinemos los hechos. Basilio López López, la víctima en este caso, tenía 81 años de edad a la fecha de su muerte. Para el mes de mayo de 1966 se encontraba enfermo de cuidado. Fue admitido al Centro de Salud de Cidra. De allí, por órdenes médicas, se le trasladó al Centro Médico. Ingresó originalmente en la Sala de Emergencia de dicho Centro, la cual es operada por la Corporación de Servicio del Centro Médico, instrumentalidad del Estado Libre Asociado, con personalidad jurídica para demandar y ser demandada. Allí le aplicaron dos enemas de agua. Fue examinado por varios médicos, entre otros, por el Doctor Abenamar Arrillaga, médico empleado del Hospital Universitario. El doctor Arrillaga, antes de hacer un diagnóstico definitivo, ordenó una sigmoidoscopía y una enema de bario para un examen radiológico del intestino grueso. El propio Dr. Arrillaga efectuó la sigmoidoscopía hasta una profundidad de 25 centímetros. Luego el paciente fue llevado al cuarto de radiología por el Dr. Arrillaga quien le encomendó a la Dra. Lydia Nieves, residente en radiología y empleada del Hospital Universitario, que le hiciera un estudio radiológico del intestino grueso que envolvía ponerle una enema de bario. El paciente se encontraba nervioso, fatigoso e intranquilo. Tenía conectado un suero intravenoso que se le estaba aplicando. El técnico de Rayos X, Carlos Cardona Alvarado, empleado de la Corporación de Servicio al Centro Médico, comenzó a ponerle una enema de bario utilizando un pistero plástico con un pequeño vulvo en la parte distal. El paciente continuaba intranquilo y se quejaba de fatiga. Se le acomodó con dos almohadas en la mesa de examen. La doctora Nieves salió de la habitación mientras el técnico introducía el pistero y regresó para efectuar el examen fluoroscópico. Ordenó que abrieran la presilla para que el bario comenzara a bajar. El paciente continuaba moviéndose pues no estaba conforme con que le hicieran el estudio. El estado de agitación del pa-ciente aumentó notablemente, rechazó violentamente el trata-miento, se arrancó bruscamente la cánula que tenía introdu-cida en el ano y se levantó de la mesa donde lo tenían acos-tado. Fue imposible practicarle el examen radiológico orde-nado. Los familiares del paciente no estuvieron satisfechos con la atención que recibía en la Sala de Emergencia, por lo que lo trasladaron al Hospital Presbiteriano. Fue ingresado en el Hospital Presbiteriano donde falleció pocos días des-pués. La causa de la muerte fue una peritonitis ocasionada por la entrada de bario en la cavidad abdominal debido a una ruptura del recto. En opinión del patólogo, doctor Marino Sorvill, el bario que penetró en la cavidad abdominal entró directamente de la cánula a dicha cavidad.

La Procuradora General sostiene que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no responde por la alegada negligencia del técnico Carlos Cardona, por ser éste un empleado de la Corporación de Servicio del Centro Médico, corporación pública con personalidad jurídica propia, de cuyas actuaciones no responde el Estado. El tribunal de instancia así lo reconoció (véase 24 L.P.R.A. sees. 49a, 49d y 49e(f) y (r)), pero impuso responsabilidad al Estado bajo la teoría desarrollada en las jurisdicciones de derecho común denominada “doctrina de capitán de barco” (captain of the ship doctrine), al entender que la doctora Nieves, empleada del Estado, supervisaba directamente al técnico en la aplicación de la enema de bario. La Procuradora General ataca la aplicación de dicha doctrina en nuestro ordenamiento jurídico arguyendo, entre otras cosas, que aun en la jurisdicción donde se aplica constituye un punto de vista minoritario. También argumenta la Procuradora General que dicha doctrina sólo se ha aplicado a situaciones de intervenciones quirúrgicas para responsabilizar al cirujano a cargo de la operación por los actos negligentes de las personas que lo asisten en la in-tervención.

Es innecesario resolver aquí la adopción o no en Puerto Rico de la doctrina de capitán de barco, puesto que estimamos que la prueba de los demandantes fue insuficiente para rebatir la presunción de cuidado razonable al paciente.

La prueba permite inferir varias causas probables del daño — el rompimiento del recto — que permitió la entrada del bario en la cavidad abdominal que resultó en la peritonitis. El rompimiento del recto pudo haber sido ocasionado por: (1) las enemas de agua, (2) la sigmoidoscopía, (3) la aplicación de la enema de bario, o (4) el movimiento brusco e incontro-lable del propio paciente al sacarse la cánula que tenía in-troducida en el recto. En los dos primeros casos se podría inferir negligencia de las personas que administraron y efec-tuaron dichos tratamientos. En los últimos dos casos, la ruptura del recto puede haber sido consecuencia del descuido del técnico de Rayos X o de la conducta violenta del propio paciente. Si se debiese a los actos del paciente no habría responsabilidad de parte de las personas que intervinieron con él y, por ende, tampoco la tendría el Estado Libre Aso-ciado. Tal conducta violenta era razonablemente imprevisible para la doctora Nieves puesto que el paciente había sido so-metido previamente, ese mismo día y pocas horas antes, a dos enemas de agua y una sigmoidoscopía hasta una profundidad de 25 centímetros sin complicaciones de clase alguna. Asimis-mo la intranquilidad que mostraba el paciente en la Sala de Rayos X se debió a una dificultad respiratoria que fue con-trolada al colocarle unas almohadas debajo de su cabeza lo cual le facilitó la libre y cómoda respiración.

La relación de causalidad entre las actuaciones de los empleados del Hospital Universitario y el rompimiento del recto del paciente es una mera especulación o conjetura entre varias causas probables del daño, ya que la que mayor proba-bilidad tuvo de causar el daño fue la actuación violenta del propio paciente.

Es norma reiterada por este Tribunal en casos de responsabilidad profesional médica, la presunción de que el médico ha observado un grado razonable de cuidado y atención en la administración de tratamiento médico y que los exámenes practicados al paciente han sido adecuados. Corresponde al reclamante controvertir tal presunción con prueba que demuestre algo más que una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento por parte del médico de su obligación profesional. Si de la evidencia surgen varias causas probables del daño, no puede imponérsele responsabilidad al médico, a menos que del examen de la totalidad de la prueba surja que su actuación negligente es la que mayores probabilidades tiene de haber causado el daño. Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 D.P.R. 871 (1972), cita precisa a la pág. 876; Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890 (1971), cita precisa a las págs. 898-99; Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315 (1963), cita precisa a la pág. 328; Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962), cita precisa a las págs. 543-44; Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819 (1952), cita precisa a las págs. 838-39. La relación de causalidad no puede establecerse a base de especulaciones o conjeturas sino al igual que todo caso civil, por la preponderancia de la evidencia. Rivera v. E.L.A., supra; Sáez v. Municipio de Ponce, supra. Los deman-dantes no probaron la negligencia; y por el contrario la mayor probabilidad del accidente es atribuible a la conducta del propio paciente.

Se revocará la sentencia recurrida.

      La sigmoidoscopía es la inspección del colon sigmoides por medio de la introducción por el recto de un espéculo largo, conocido por sig-moidoscopio. Véase: Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas Salvat, Octava Edición.

      Se conoce también esta teoría como doctrina de la sala de opera-ciones (operating room doctrine).


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Walborg Corporation, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Luis V. Castro, Juez, demandado.

      Número: O-75-278

      Resuelto: 30 de septiembre de 1975

      Morales, Cordero & Lugo, abogados de la peticionaria; José A. Gallart y Edgardo A. González, abogados del interventor José A. Vigo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El señor José A. Vigo acordó en 1969 encargarse de la distribución en Puerto Rico de los productos de Walborg Corporation. En agosto de 1974 el distribuidor radicó de-manda ante el Tribunal Superior por razón de la termina-ción unilateral del contrato por Walborg en violación de las disposiciones de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. see. 278 et seq. Walborg solicitó la desestimación del recurso, alegando que la controversia debía someterse a arbitraje conforme a las disposiciones del convenio entre las partes.

El contrato de distribución, representado por una carta que Walborg le remite al señor Vigo y que éste suscribe, contenía la cláusula siguiente:

“... this contract is made and shall be interpreted under the laws of the State of New York, and any controversy arising under or in relation to this contract shall be settled by arbitration to be held in the City of New York, in accordance with the law of the State of New York and the rules then obtaining of the American Arbitration Association, Commercial Tribunal, or its successor, and the parties consent to the jurisdiction of the Supreme Court of said State and further consent that any process or notice of motion or other application to the Court or a Judge thereof or any other application or notice in said arbitration proceedings may be served outside the State of New York by registered mail or by personal service, provided a reasonable time for appearance is allowed and the judgment ■may be entered upon the award of the arbitrators in any court of competent jurisdiction.”

El Tribunal Superior declaró la moción sin lugar. Walborg recurre en petición de certiorari.

La primera cuestión que plantea esta situación de hechos es precisar el nexo entre nuestra ley local de arbitraje, 32 L.P.R.A. see. 3201 et seq., y la citada Ley Núm. 75. Como ex-presamos en McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970), “Existe una política vigorosa en favor del arbitraje....” No fue siempre así. Por siglos existió hostilidad decidida por parte de los tribunales a permitir el desarrollo del recurso arbitral. Sturges y Murphy, Some Confusing Matters Relating to Arbitration Under the United States Arbitration Act, 17 Law i& Contem. Prob. 580 (1952); H. Rep. No. 96, 68° Cong., Ia Ses. 1, 2 (1924).

Reiteramos que el arbitraje constituye un medio extremadamente valioso para resolver controversias en una sociedad. Merece el más decidido apoyo y aliento. No representa, sin embargo, una política pública de orden absoluto, ante la cual tenga que doblegarse por fuerza toda otra política pública.

Determinadas leyes pueden encarnar valores de tal importancia para un país que algunas o aun todas las controversias debidas a su impacto tengan que ser declaradas no susceptibles de arbitraje, al menos bajo determinadas cláusulas. La existencia de una cláusula de arbitraje no nos exime en fin, del antiguo deber judicial de sopesar los intereses en pugna reflejados por legislaciones distintas, como tampoco de la obligación de impedir el deterioro del arbitraje en mecanismo de evasión de mandatos legislativos vitales.

Así se reconoce por el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos. En Wilko v. Swan, 346 U.S. 427 (1953), citado con aprobación en Autoridad sobre Hogares v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344, 356 (1961), se trataba de un contrato de compra de valores con cláusula arbitral. La Sec. 14 de la Ley de Reglamentación de Valores de 1933 prohíbe toda estipula-ción en tal género de contratos que obligue a un comprador a renunciar los derechos que la ley le garantiza. El Tribunal se negó a suspender los procedimientos y a ordenar el arbitraje bajo la ley federal relativa a dicha materia. 43 Stat. 883; 9 U.S.C.A. see. 3. Estimó el Tribunal que el derecho a selec-cionar el foro es parte de las estipulaciones que no pueden ser renunciadas. Consideró asimismo que la gran desventaja en que usualmente se encuentran los compradores en estos casos convierten las cláusulas de arbitraje en estratagemas evasivas.

Se ha determinado también que la política encarnada en el título VII de la Ley de Derechos Civiles pesa más que la polí-tica a favor del arbitraje. Alexander v. Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36 (1973). Para otras instancias en que se ha des-cartado judicialmente el arbitraje, por requerirlo valores más altos, véanse: American Safety Equipment Corp. v. J. P. Maguire & Co., 391 F.2d 821 (2d Cir. 1968); A. & E. Plastik Pak Co. v. Monsanto Co., 396 F.2d 710 (9th Cir. 1968); Aimcee Wholesale Corp. v. Tomar Products, Inc., 237 N.E.2d 223 (N.Y. 1968); cf. Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506 (1973).

La Ley Núm. 75 de 1964 se aprobó con el propósito ex-preso de proteger a los distribuidores locales contra prácticas indebidas por parte de los manufactureros. Este problema es actualmente en Estados Unidos motivo de preocupación in-tensa. Brown, Franchising: Fraud, Concealment and Full Disclosure, 33 Ohio St. L.J. 517 (1972). El informe de la Comisión concernida señala las razones que movieron al legis-lador puertorriqueño:

“Recientemente se ha recrudecido el problema creado en el sistema de distribución en Puerto Rico por la acción intempes-tiva de empresas manufactureras domésticas y del exterior que, sin causa justificada, dan por terminadas sus relaciones con sus distribuidores y agentes en Puerto Rico, tan pronto como éstos han creado un mercado favorable para sus productos, frustrando las legítimas expectativas e intereses de los que tan eficientemente han cumplido con sus responsabilidades.
Las disposiciones tradicionales que regulan los contratos entre particulares han demostrado no ser eficaces para proteger los legítimos derechos del distribuidor o agente, por lo que se hace necesario legislar para reglamentar esta relación y garan-tizar que los manufactureros actúen de buena fé, equitativa-mente, de manera no arbitraria, y preservar al distribuidor o agente los derechos y las expectativas justificadas inherentes a la relación. Además, esto tendrá la consecuencia de dar estabili-dad a las relaciones de distribución.”

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75 se afirmó:

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede perma-necer indiferente al creciente número de casos en que empresas domésticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios, o agentes, o sin eliminarlos total-mente van gradualmente mermando y menoscabando el alcance de las relaciones previamente establecidas, tan pronto como dichos distribuidores, concesionarios o agentes han creado un mercado favorable y sin tener en cuenta sus intereses legítimos.
‘La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que la razonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico es vital a la economía general del país, al interés público y al bienestar general, y en el ejercicio del poder policial, consi-dera necesario reglamentar, en lo pertinente, el campo de dichas relaciones, para evitar los abusos que ciertas prácticas ocasionan.’ ”

No cabe duda de la alta prelación asignada por la Asam-blea Legislativa a los valores representados por esta Ley. Adviértase que en su Art. 4 se declara que los derechos que esta ley garantiza son de orden público y, como en Wilko, irrenunciables. La Ley Núm. 75 representa incuestionable-mente una fuerte política pública encaminada a nivelar las condiciones de contratación de dos grupos económicamente dispares en su fuerza. Lejos de atenuar su efecto en ocasión alguna, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico lo ha refor-zado en vez, estatuyendo que “en la adjudicación de las recla-maciones que surjan a su amparo, los tribunales de justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien efectiva-mente tenga a su cargo las actividades de distribución, no empece las estructuras o mecanismos corporativos o contrac-tuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la rela-ción establecida.” (Bastardillas nuestras.) Ley Núm. 105 de 23 de junio de 1966, Art. 2. Véase: Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973).

A la luz de estos hechos, estimamos que no puede concedérsele a la cláusula de arbitraje acordada en este caso mayor fuerza que a la política representada por la Ley Núm. 75. Los derechos que la Ley Núm. 75 les confiere a los distribuidores son, además, irrenunciables por declaración expresa de la Asamblea Legislativa. Ello significa, tal como se expresó en Wilko, que no puede renunciarse el derecho que por necesidad tiene el distribuidor, para el funcionamiento debido del esquema protector de la ley, de seleccionar el foro para la ventilación de sus quejas. La cláusula que nos ocupa representa también a todas luces un mecanismo para evadir la aplicación al contrato aquí envuelto de la Ley 75. Wilko v. Swan, 346 U.S. 427, 435 (1953). La propia Ley Núm. 75 ordena por último, como hemos visto, que los tribunales de justicia reconozcan y protejan los derechos que ella confiere. No procede, por tanto, bajo la ley local suspender los procedimientos judiciales en este caso.

HH HH

Debemos examinar, en segundo termino, el efecto sobre este litigio de la ley federal de arbitraje. 61 Stat. 669, 9 U.S.C.A. sec. 1 et seq. Esta ley se aplica tan sólo a transacciones en el comercio interestatal. Bernhardt v. Polygraphic Co., 350 U.S. 198 (1956). Tal es el caso presente.

En Hilti, Inc. v. Oldach, 392 F.2d 368 (1st Cir. 1968), Sumaza v. Cooperative Association, 297 F.Supp. 345 (D.P.R. 1969) y otros casos se ha resuelto que procede bajo la ley federal la suspensión de procedimientos fundados en la Ley Núm. 75 y que envuelvan el comercio interestatal hasta que se celebre el arbitraje, cuando las partes así lo han acordado. ¿Significa esto que la ley federal de arbitraje obliga a las cortes estatales a resolver de igual modo?

La cuestión no ha recibido hasta ahora respuesta defini-tiva por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En Prima Paint v. Flood & Corklin, 388 U.S. 395 (1966) (Fortas), el Tribunal señaló que la ley federal de arbitraje gobierna la conducta de los tribunales federales, pero se abstuvo cuidadosamente de pronunciarse sobre su efecto en otras cortes, asunto que no estaba ante su consideración. Véase: Bernstein, Private Dispute Settlement, MacMillan Co., 1968, págs. 671-672. Otros tribunales se han expresado sobre el particular, pero existe diversidad de criterios. En Pullman Incorporated v. Phoenix Steel Corporation, 304 A.2d 334 (Del. 1973), por ejemplo, se resolvió que los tribunales estatales no vienen obligados a aplicar la ley federal. En Robert Lawrence Co. v. Devonshire Fabrics, Inc., 271 F.2d 402 (2d Cir. 1959) y Pinkis v. Network Cinema Corp., 512 P.2d 751 (Wash. 1973), se resolvió lo contrario.

Favorecemos la doctrina de Pullman por varias razones. El propio lenguaje de la ley federal apoya el enfoque de que sus disposiciones sientan normas de acción tan sólo para los tribunales federales. La See. 3 opera solamente “Si se incoa cualquier causa o procedimiento en cualquiera de las cortes de hs Estados Unidos”. (Traducción y bastardillas nuestras.) Nótese también las limitaciones comparables que se insertan en las Sees. 4 y 7. Bernstein, op. cit., 672.

El esquema representado por la ley federal de arbitraje no obedece, a nuestro juicio, a consideraciones de tal rango que requieran uniformidad de tratamiento por otras unida-des políticas o exijan que los valores que dicha legislación encarna predominen en toda circunstancia concebible sobre valores locales de alta prelación. El gran mérito del federa-lismo norteamericano reside en el ancho campo que le reserva a la iniciativa local, limitando el requerimiento de uniformi-dad para las cuestiones verdaderamente esenciales a la super-vivencia y enriquecimiento de la unidad de sus componentes políticos. No entendemos que el arbitraje comercial, en cual-quiera de sus manifestaciones, requiera un enfoque uniforme. No es éste el caso, por ejemplo, de la aplicación por las cortes de los estados de cláusulas de arbitraje bajo la See. 301 de la Labor Management Relations Act. Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers, Local 174 v. Lucas Flour Co., 369 U.S. 95 (1962); Steelworkers v. Warrior Gulf Co., 363 U.S. 574 (1959). Poderosas consideraciones apoyan la uniformi-dad en el arbitraje laboral, especialmente fundadas en su condición de eficaz sustituto de las guerras industriales. Véase la distinción que al efecto se establece en Steelworkers, 578, entre el arbitraje laboral y el comercial. No hallamos razones comparablemente persuasivas para llegar al mismo resultado en la situación de autos.

A la luz de las conclusiones a que hemos llegado en esta segunda parte, no es necesario, por supuesto, examinar el impacto sobre este caso de la relación especial entre Puerto Rico y Estados Unidos.

III

Queda por resolver el problema del efecto del acuerdo de las partes sobre la ley aplicable, asumiendo, para fines de argumentación, su separabilidad del problema planteado por la cláusula de arbitraje. Las cláusulas en que se escoge la ley se consideran válidas usualmente cuando la jurisdicción seleccionada tiene contactos sustanciales con el contrato. Leñar, American Conflicts Law, ed. rev. 1968, secs. 145-148; Griswold, Cheatham, Reese & Rosenberg, Conflict of Laws, 5a ed. 1964, pág. 543 et seq. Dichas cláusulas son ineficaces, sin embargo, cuando chocan contra consideraciones fundamentales de orden público del foro. Goodrich, Conflict of Laws, 4a ed. (Scoles), 1964, pág. 202; 1 Restatement of the Laws, Second, Conflict of Laws, 1971, sec. 187; Ehrenzweig, A Treatise on the Conflict of Laws, 1962, sec. 176, págs. 468-469. Maryland Cas’y Co. v. San Juan Racing Assoc., Inc., 83 D.P.R. 559, 567 (1961).

No cabe duda, a la luz de lo expuesto en la primera parte de esta opinión, que la cláusula aquí envuelta, seleccio-nando las leyes de Nueva York, contraviene una política pública considerada claramente de índole fundamental por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Se derrotaría tal polí-tica pública si se aplicase en este caso la ley de Nueva York, donde no existe legislación comparable a la Ley Núm. 75.

Siendo inválido el acuerdo de las partes respecto a la ley a regir procede en consecuencia aplicar la ley de la jurisdicción con los contactos dominantes con la transacción. Maryland Cas’y, supra; Leflar, op. cit., 364-367; Goodrich, op. cit, 204. Tal jurisdicción es Puerto Rico en la actual situación de hechos. La ejecución y el cumplimiento del contrato habrían de efectuarse aquí. El contrato, además, se efectuó por correspondencia, en cuyo caso la doctrina establece que el lugar de contratación es el sitio — Puerto Rico de nuevo en esta instancia — donde se echó al correo la aceptación. Goodrich, supra, 204.

IV

Por los fundamentos expuestos se confirmará la resolución del Tribunal Superior, denegando la moción de desestimación radicada por la peticionaria. Se revocan por tanto los pronunciamientos en contrario efectuados en McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, supra.

Aunque después de Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra, McGregor-Doniger se hubiese resuelto de modo distinto, por tratarse allí de un contrato anterior a la fecha de vigencia de la Ley Núm. 75, consideramos, no obstante, que, por poderse haber otorgado contratos basados en la doctrina de McGregor-Doniger, razones de equidad acon-sejan que declaremos que las normas sentadas en el caso de autos tendrán solamente efecto prospectivo. Great Northern Railway v. Sunburst Oil & Refining Co., 287 U.S. 358 (1932); Johnson and Cassidy v. New Jersey, 384 U.S. 719 (1966); Mishkin, The Supreme Court: 1964 Term—Foreword, The High Court, The Great Writ and Due Process of Time and Law, 79 Harv. L. Rev. 56 (1965); Pueblo v. Cruz Jiménez, 99 D.P.R. 565 (1971).

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado sin opinión.


text:
    Anilda L. Quiñones Núñez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Sexta, recurrido.

      Número: O-75-148

      Resuelto: 30 de septiembre de 1975

      Martín Almodovar Acevedo, abogado de la recurrente; el Regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El 10 de febrero de 1972 el notario Martín Almodóvar Acevedo autorizó una escritura de compraventa mediante la cual los esposos Julio Galiñanes Logan y Marina Vollmer de Galiñanes vendieron a Anilda L. Quiñones Núñez un inmue-ble sito en Guaynabo. Dicha escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad con el defecto subsanable de no haberse expresado en ella el estado civil de la compradora.

En 17 de noviembre de 1973 doña Anilda otorgó una escritura ante dicho notario para subsanar el defecto men-cionado. En la escritura, titulada de Subsanación de Defectos, la otorgante expresó que:

“A fin de que se subsane dicho defecto la compareciente aclara que al adquirir por compra el inmueble descrito, la compareciente era soltera, nunca se había casado, ni se ha casado y así se lo hizo constar al Notario.”

En la misma Escritura de Subsanación el notario certi-fica que por inadvertencia no hizo constar en la escritura original de compraventa el estado civil de la compradora, aunque ésta en efecto se lo había informado. Expresa que le había informado que era soltera, que nunca se había casado y que era soltera al momento de otorgar la escritura.

El Registrador se negó a subsanar el defecto por en-tender que el defecto de no haberse expresado el estado civil de la compradora no podía subsanarse mediante una escritura de subsanación o mediante acta notarial, sino que solamente podía hacerse mediante un procedimiento judicial ad perpé-tuam.

Contra dicha nota denegatoria el notario interpuso el presente recurso gubernativo, a nombre propio y en represen-tación de la compradora. Compareció también ante nos el Registrador mediante su alegato.

En los méritos del recurso, el señor Registrador re-currido toma la posición de que el Art. 388-D de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 706, requiere siempre la in-tervención judicial para subsanar defectos como el que aquí discutimos, el cual consiste en no haberse expresado el es-tado civil de la compradora. Cita además en apoyo de su posición los casos de Olivencia v. Registrador, 64 D.P.R. 144 (1944); Vilella v. Registrador, 64 D.P.R. 424 (1945); Santaliz v. Registrador, 71 D.P.R. 84 (1950) y al comentarista Morell. Tenemos ante nos la ley, la cita precisa de Morell y también los casos citados. La nota recurrida debe revo-carse. Nos explicamos a continuación.

Desde luego, es a la propia ley el texto al cual hay que acudir en primer lugar. El citado Art. 388-D de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 706, el cual trata de la cancelación de defectos subsanables, dispone, en lo pertinente, que cualquier persona que tenga inscritos inmuebles o derechos reales, en cuyas inscripciones se hayan consignado defectos subsanables, con motivo de los cuales no estuviese pendiente un pleito, y que por cualquier razón no pudiesen subsanarse o fuesen de difícil subsanación, después de transcurridos 10 años a contar desde la fecha en que fue consignado el defecto, si el mismo se refiere a la capacidad legal o al estado civil de las partes, podrá comparecer por medio de una petición escrita ante el Tribunal Superior solicitando la cancelación del defecto.

Como puede verse, en el caso de autos el defecto subsa-nable no es de imposible subsanación, sino que es posible. Tampoco dicha subsanaeión es difícil y no transcurrieron 10 años desde que se consignó el defecto hasta que se solicitó su subsanaeión.

Nótese también que dicho Art. 388-D no dice que la única forma de corregir un defecto subsanable es mediante la intervención judicial, sino que expresa que en las circuns-tancias allí descritas, de las cuales hemos hecho una sínte-sis, la persona interesada podrá comparecer al tribunal. Como veremos más adelante, ésa no es la única forma de co-rregir un defecto subsanable de la naturaleza del que nos ocupa.

Debemos ahora dirigirnos a los casos citados por el señor Registrador. En Olivencia, supra, la nota recurrida no fue sostenida, sino que por el contrario fue revocada. Allí el defecto consistió en que no se acreditó que Josefa San .Miguel era la esposa de Gregory Llorens cuando éste adquirió el inmueble. Se presentó una instancia acompañada de la certificación del matrimonio de dichas personas. El Registrador no aceptó dichos documentos y expresó que eran los tribunales los únicos llamados a entender en la subsa-nación del defecto relativo al estado civil de Gregory Llorens.

Consistente con lo que antes señalamos, en el sentido de que el Art. 388-D expresa las circunstancias en que debe recurrirse a los tribunales, en Olivencia, supra, dijimos:

“Es para aquellos casos en los cuales, por cualquier razón, no pudiesen subsanarse o fuesen de difícil subsanaeión que se hace indispensable la intervención judicial. Por ejemplo, si se hubieren destruido o perdido los records del registro demográfico donde constaba inscrito el matrimonio es obvio que habría que obtener la prueba secundaria de ese hecho a través de una orden judicial.”

En Vilella, supra, la situación de hechos era distinta a la presente. Allá el recurrente compareció con su esposa al otorgamiento de una escritura de compraventa de dos fincas haciendo constar que cuando las compró, hacía 6 años, era soltero. De esa circunstancia pueden apreciarse las posibles complicaciones que allí podían darse. Dicha situación sí cae dentro de los casos problemáticos que contempla el Art. 388-D. Se trató de subsanar el error mediante un acta aclaratoria que transcribía la certificación del matri-monio de Vilella con Francisca Casanova celebrado el 30 de marzo de 1936. Desde luego, dicha certificación no destruía la posibilidad de que cuando se celebró la compraventa en el 1933 Vilella hubiese estado casado con otra persona.

En Santaliz, supra, también la situación de hechos era distinta a la del caso de autos. Al no expresarse el estado civil del comprador de un inmueble y para subsanar ese defec-to Santaliz presentó un certificado de matrimonio del año 1941. En la escritura se exponía que los vendedores le habían vendido la finca a Santaliz en el 1930. Obviamente el certi-ficado del matrimonio de 1941 solamente probaba que Santaliz y Juana Forestier se casaron en dicho año, pero no probaba que en el 1930 Santaliz era soltero, casado o viudo. A tales efectos Santaliz presentó un afidávit de una hermana suya y su propia declaración jurada. Ante lo incierto de la situación, confirmamos la nota recurrida pero volvimos a insistir, en que el Art. 388-D de la Ley Hipotecaria, “no excluye los demás medios que siempre se han usado para corregir defectos como el envuelto en aquel caso.”

Debemos ahora examinar la cita del comentarista Morell en que aparentemente descansa el Eegistrador recurrido. Su cita precisa es Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Tomo II, Ed. 1927, pág. 154. Allí Morell no dice que en el caso de omitirse el estado civil de un otorgante es indispensable la información ad perpétuam. En dicha cita al tratar sobre diferencias entre el título y el Registro, Morell expresa que cuando existe contradicción en los nombres o entre el nombre y la firma el único medio verdaderamente legal es la información ad perpétuam. Es fácil entender esa posición pues si existe dicha contradicción se plantea una importante cuestión de hecho que puede dar margen a subsiguientes litigios y la cual debe aclararse previamente a la inscripción mediante la información ad perpétuam.

Sin embargo, la situación varía, como hemos estado sos-teniendo, cuando se trata de un defecto subsanable de fácil constatación y subsanación. El propio Morell, un poco más adelante, al tratar de las faltas subsanables y de la omisión de circunstancias necesarias para la inscripción, expresa que “No dar fé el Notario del conocimiento de los otorgantes, ni especialmente, ni en general, de todo lo contenido en el instru-mento” es una falta subsanable y que “puede subsanarse este defecto por medio de acta, según la Real orden de 13 de junio de 1883 y el art. 266 del Reglamento Notarial, si realmente fue una omisión, y el Notario conocía a los otorgantes.”

Citando a Galindo y Escosura, Morell señala que las faltas subsanables han de enmendarse, bien adicionando el docu-mento, bien haciendo constar por medio de otro la circunstan-cia aquella cuya omisión ha sido causa de que el Registrador haya suspendido la inscripción.

En efecto, dice Morell, como expresan los citados escritores, cuando el defecto se refiere a circunstancias accidentales de la forma extrínseca, es evidente que al omitirse alguna de ellas puede enmendarse sin que sea preciso extender un título nuevo completo, sino uno limitado a la circunstancia que se echa de menos, “como ocurre en el caso de omitirse algún lindero, o la finca de que se segrega la que se trasmite, o la edad o el estado civil si estas circunstancias influyen en la capacidad.” Obra citada, Tomo III (1928), pág. 266 (Bastardillas nuestras).

También Roca Sastre al tratar de la subsanación de de-fectos, menciona “los varios medios subsanatorios” y entre ellos incluye el de “otorgar escritura de rectificación.” V. de dicho autor Derecho Hipotecario, Tomo II, Ed. 1948, pág. 40, y en la sexta edición (1968) pág. 291. A tenor con el derecho anteriormente reseñado eso exactamente fue lo que hizo la recurrente Quiñones Núñez: otorgar escritura de rectifica-ción.

No es necesario que discutamos el planteamiento del Registrador en el sentido de que el notario no tiene capacidad jurídica para comparecer ante nos en este recurso, debido a que además de comparecer por sí también compareció en re-presentación profesional de la parte interesada, Anilda L. Quiñones Núñez. Nuestra jurisprudencia interpretativa de la Ley Hipotecaria parece así sostenerlo, pero es conveniente recordar que la vigente Ley Hipotecaria Española y su Regla-mento, los cuales son posteriores a nuestra Ley, al tratar del recurso gubernativo disponen que éste puede ser entablado por el notario autorizante del título, en todo caso. Art. 112, Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria de España.

La explicación para esta disposición del Reglamento Hipotecario Español que autoriza al notario a establecer a nombre propio el recurso gubernativo es de fácil inteligencia. Cuando el Registrador suspende o deniega la inscripción de un título es porque estima que éste adolece de faltas. Si el título es un instrumento público, la calificación del Registra-dor envuelve, aunque sea implícitamente, una especie de censura para el notario autorizante, cosa que inevitablemente ha de ser de interés personal y profesional para el notario. También puede afectar su prestigio profesional. Si el notario no está conforme con la calificación recaída se produce una divergencia entre Registrador y Notario, y como, aunque no es probable, es posible que la calificación del Registrador sea equivocada o improcedente, parece justificada la disposición moderna española de permitir al notario recurrir contra la calificación Registral.

Vázquez Bote opina que el Art. 113 del Reglamento Hipo-tecario, 30 L.P.R.A. see. 993, excluye a los Notarios de los in-teresados autorizados por el Art. 66 de la Ley Hipotecaria, para interponer recursos gubernativos, pero admite como excepción el caso de que la suspensión o denegación de la inscripción se funde en defectos del instrumento, en cuya hipótesis sí estará el Notario directamente interesado, admi-tiéndose entonces su legitimación procesal activa.

En vista de lo anterior, se revocará la nota recurrida y se ordenará la inscripción del documento.

         Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870 (1975); Flores v. Meyers Bros. of P.R., Inc., 101 D.P.R. 689, 692-694.

       Obra citada, Tomo III (1928), pág. 247.

      Roca Sastre es de este mismo parecer. Obra citada, Tomo II, 6ta. Ed. (1968), pág. 297.

        Elementos de Derecho Hipotecario Puertorriqueño (1973), pág. 333.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    American Title Insurance Co., demandante y recurrida, v. Rafael Guerrero Guerrero y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-73-220

      Resuelto: 30 de septiembre de 1975

      Raúl E. Casanovas Balado, abogado de la compradora-recurrente A & E Development Corp.; Benitez Gautier, Sequeira & Ema-nuelli y Dennis Martínez Irizarry, abogados de Rafael Guerrero Guerrero; Beverley, Rodríguez, Estrella & Pesquera, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

En 9 de diciembre de 1965, estando en vigor la disposi-ción que hacía ineficaz cualquier otorgamiento de escritura pública o contrato privado de lotificación si no hubiere sido aprobada previamente dicha lotificación por la Junta de Planificación (excepto si estuviere exento de ello), el Regis-trador de la Propiedad denegó la inscripción de una finca de 17.1360 cuerdas segregada de otra de mayor cabida por no haberse acreditado la aprobación previa de la segregación por la Junta.

La aludida disposición legal a la fecha de dicha transac-ción que forma parte de la Ley de Planificación disponía como sigue;

“Carecerá de eficacia cualquier otorgamiento de escritura pública o contrato privado de lotificación si no ha sido sometida previamente dicha lotificación a la consideración de la Junta de Planificación de Puerto Rico y de haber sido aprobada por ésta, excepto en aquellos casos en que lo permita el Reglamento de Lotificación.” Art. 24, Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, según enmendada. 23 L.P.R.A. see. 25.

El tribunal de instancia declaró la nulidad de la segrega-ción de referencia, así como la de la compraventa e hipoteca que se efectuaron simultáneamente mediante la escritura pú-blica número 106 titulada Agrupación, Segregación, Compra-venta e Hipoteca, otorgada en 28 de abril de 1964 ante el Notario Público Ricardo L. Rodríguez Padilla, por no haber la Junta aprobado previamente la segregación de la parcela objeto del pleito, ni tampoco surgir de los términos de dicha escritura que dichas transacciones estuvieren sujetas a con-validación mediante la condición suspensiva de la eventual aprobación de la Junta.

Los hechos expuestos por el tribunal de instancia son los siguientes: El Dr. Rafael Guerrero y su esposa segregaron y vendieron la finca en cuestión a la compradora-recurrente A & E Development Corp., en adelante “A & E”, por la suma de $160,000, confesando los esposos Guerrero haber re-cibido de la compradora-recurrente la suma de $85,000 con antelación al otorgamiento, más tres pagarés hipotecarios por la suma de $20,000 cada uno, constituyendo el remanente del precio la suma de $15,000 que retuvieron los compradores como aportación de los esposos vendedores para la construc-ción de una planta de tratamiento de aguas negras. La com-pradora constituyó a su vez en la misma fecha una hipoteca, mediante escritura separada a favor de Berens Mortgage Bankers, Inc., en adelante “Berens” por la suma de $435,000, accediendo los esposos Guerrero a que esa hipoteca tuviera preferencia sobre la que constituyera la compradora-recu-rrente a su favor.

Surge además que Berens anticipó a A & E en varias partidas la suma de $99,707.50 a cuenta de la transacción de préstamos hipotecarios ya mencionada. Antes, sin embargo, había adquirido Berens una póliza de American Title Insurance Co., en adelante “la compañía de seguros”, mediante la cual ésta aseguraba el título de la finca en cuestión. Ante la negativa del Registrador de la Propiedad de inscribir la finca objeto de este pleito, la compañía de seguros mencionada pagó a Berens la suma de $99,707.50 que ésta le reclamara como pérdida con motivo del alegado defecto en el título de la finca de A & E, quedando subrogada la compañía de seguros recurrida en todos los derechos que Berens tenía contra los dueños de la finca de marras.

El presente pleito se inició mediante demanda instada por la compañía de seguros contra la compradora de dichos terre-nos A & E y los vendedores esposos Guerrero. Al declarar el tribunal de instancia la nulidad de la segregación condenó a A i& E y al Dr. Rafael Guerrero Guerrero a pagar solidaria-mente a la compañía de seguros la suma de $99,707.50 más los intereses desde la fecha de la radicación de la demanda y la suma de $7,000 para costas, gastos y honorarios de abo-gado, y disponiendo que el pago hecho por cualesquiera de los demandados exonerará al otro demandado de cumplir con los términos de esta sentencia. De dicha sentencia recurre ante nos A & E pero no el codemandado Dr. Rafael Guerrero Guerrero.

Con posterioridad a la segregación que dio motivo a este pleito el Art. 24 de la Ley de Planificación citado precedente-mente se enmendó mediante la adición del siguiente dispo-niéndose :

“. . . Disponiéndose que cualquier otorgamiento por medio de escritura pública o contrato privado en el cual se haga una lotifi-cación sin haber sido previamente sometida y aprobada por la Junta de Planificación, cuando ello fuere necesario, quedará ratificado y convalidado si con posterioridad a dicho otorga-miento la Junta de Planificación aprobare mediante resolución la lotificación objeto de la escritura o contrato privado.” Ley Núm. 44 de 28 de mayo de 1970, sec. 1, 28 L.P.R.A. see. 25, Sup. Acum. 1975, pág. 102.

Una lectura del pronunciamiento de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes copiado a continua-ción, al recomendar la aprobación de dicha medida enmenda-toria revela el alcance de la misma:

“En síntesis, lo que establece este proyecto es la posibilidad de que un documento considerado totalmente nulo pueda cobrar validez una vez obtenido el permiso de la Junta de Planificación, sin necesidad de rehacer el documento. Esto, sin embargo, no significa que se permitirá la inscripción con defecto subsanable sin el requerido permiso de la Junta de Planificación. Por el con-trario, el documento sin el permiso no producirá ninguna opera-ción en el Registro, pero una vez obtenido este permiso se convierte en un documento calificable sin necesidad de nuevo otorgamiento.” Diario de Sesiones de la Cámara, 1970, vol. 24, Parte II, pág. 880.

Antes de la enmienda este Tribunal había resuelto que la prohibición de segregación sin la previa aprobación de la Junta era absoluta, excepto que los otorgamientos eran confirmables si desaparecía la causa de nulidad consistente en la ausencia de la aprobación por la Junta, Torres Negrón v. Registrador, 98 D.P.R. 822 (1970); como también si del propio contrato surgía la intención de las partes de suspender sus efectos hasta tanto la Junta concediere su aprobación. Meléndez v. Jiménez Realty, Inc., 98 D.P.R. 892 (1970); Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60 (1970). El efecto de la enmienda fue el de ampliar nuestra interpretación, no siendo ya necesaria la condición suspensiva para otorgar validez al contrato, ya que se convalidan las segregaciones contenidas en contratos existentes si la Junta impartiere su aprobación a posteriori. Así, dijimos en Iglesia de Dios Pentecostal v. Falú, 103 D.P.R. 611 (1975).

. . El texto vigente, según enmendado por la . . . Ley Núm. 44 de 1970, permite la ratificación y convalidación si con posterioridad al otorgamiento de la escritura o del contrato la Junta aprobase la lotificación concernida. La sentencia que nos ocupa es posterior a dichos casos y a dicha enmienda legisla-tiva.”

También es posterior a la enmienda legislativa la senten-cia que ahora revisamos. Veamos el historial ante la Junta. La prueba en el caso de autos dejó demostrado que en 15 de abril de 1964 la Junta había aprobado la segregación de un predio de 5.33 cuerdas de una finca de mayor cabida mediante la tercera extensión al informe número L-1286. Esta segre-gación se hizo a través de las gestiones de la entidad Acevedo, Elias i& Associates, la que más tarde fue incorporada bajo el nombre de A & E Development Corp., la aquí recurrente, y adquirió la finca de 17.136 cuerdas compuesta del referido predio de 5.33 cuerdas y de otro de 11.8058 cuya segregación se obtuvo en 13 de octubre de 1967 mediante la cuarta exten-sión al informe número 59-L-950. Un examen del legajo del caso demuestra que A & E se mantuvo activa junto al Dr. Guerrero hasta lograr la aprobación del predio de 11.8058 cuerdas para así convalidar la transacción de compraventa de la finca de 17.136 cuerdas que es objeto de este pleito. Su interés continúa aún vivo al insistir ante nos en que la tran-sacción de segregación y compraventa es válida conforme lo dispone el Art. 24 después de enmendado en 1970. El propio informe de la Junta aprobando la segregación de las 11.8058 cuerdas revela el propósito de aprobar la formación de la finca de 17.136 cuerdas al expresar:

“La creación de este predio de 11.8058 edas. como finca independiente, es con el propósito de agruparlo al predio G de 20,952.94 metros cuadrados (5.33 cuerdas) previamente segre-gado para formar una finca de 67,354.64 metros cuadrados (17.136 cuerdas) que constituye el predio del desarrollo alterno aprobado por la Junta en una tercera extensión al Informe núm. L-1286 fechado a 15 de abril de 1964.”

Los trámites ante la Junta continuaron hasta que finalmente, en 21 de octubre de 1970 la Junta convalidó y ratificó las segregaciones de los predios de 5.33 y 11.8058 cuerdas respectivamente, autorizando la lotificación de la finca de 17.1360 cuerdas objeto de este pleito. Las tres operaciones surgen del expediente de la Junta elevado ante nos. Dicha aprobación tuvo el efecto de convalidar la segregación dando así eficacia legal a la escritura Núm. 106 de Agrupación, Segregación, Compraventa e Hipoteca de 28 de abril de 1964 otorgada ante el Notario Público Ricardo L. Rodríguez Padilla, conforme lo dispone la enmienda de 1964 al Art. 24 de la Ley Núm. 116.

•En un caso reciente que planteaba una cuestión similar a la del caso de autos reiteramos que la enmienda de 1970 “atenúa el rigor de la prohibición” admitiendo la convalida-ción del contrato si con posterioridad la Junta de Planifica-ción aprobare la lotificación. Rodríguez Padilla v. Cabassa, 102 D.P.R. 419 (1974). En ese caso dimos oportunidad a las partes para que sometieran a la Junta la segregación' del solar objeto del pleito, anticipando el criterio de que de apro-barse la misma quedaría convalidado el contrato de compra-venta, y por el contrario, de no obtenerse la aprobación solici-tada el contrato no tendría eficacia legal y no sería susceptible de cumplimiento específico ante los tribunales.

Es de justicia que la transacción quede convalidada luego de la aprobación de la Junta, sin que fuese necesario el otorgamiento de nuevos contratos, ya que en otra forma las partes quedarían obligadas a envolverse en complejas, costo-, sas y prolongadas gestiones judiciales y extra judiciales como resultado del tiempo transcurrido desde la transacción original, de los cambios en valores, de la localización de las partes, y otros trámites enojosos.

Habida cuenta de que la Junta aprobó la segregación de la finca de 17.1360 cuerdas objeto de este litigio en 21 de octubre de-1970 y siendo válida la segregación de la misma al amparo del disponiéndose del Art. 24 de la Ley de Planifi-cación y Presupuesto se revocará la sentencia del tribunal de instancia de 31 de mayo de 1973 y en su consecuencia se declarará la demanda sin lugar en todas sus partes, sin per-juicio del derecho que pueda tener la recurrida a obtener el reembolso de lo pagado a Berens Mortgage Bankers, Inc., bien fuere por la vía judicial o extra-judicialmente.

       Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, según subsiguientemente enmendada.


text:
      In re Juan T. Peñagarícano.

      Número: 1749

      Resuelto: 1ro. de octubre de 1975

      Juan T. Peñagarícano, Jr., pro se.

   per curiam:

El 13 de agosto de 1974 el notario Juan T. Peñagarícano, hijo, comunicó por escrito al Juez Presidente que durante la noche del 7 de agosto de 1974 o la madrugada del jueves 8 de agosto personas desconocidas entraron a su oficina y sustrajeron cinco escrituras otorgadas durante el año 1972 de la gaveta del escritorio donde guardaba los pro-tocolos. En vista de esta información ordenamos al Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, que procediera a instruir, con citación de partes, el oportuno expediente a fin de que se repusiera en lo posible lo que se hubiere destruido.

Posteriormente el 3 de julio de 1975, el notario Peñagarí-cano informó al Lie. Govén D. Martínez Suris que las escri-turas supuestamente sustraídas de su oficina aparecieron en perfectas condiciones metidas dentro de un expediente viejo en la covacha de su oficina, ofreciendo como explicación que “Aparentemente fue una maldad o una broma de mal gusto de alguien.”

La desaparición en agosto de 1974 de cinco escrituras sueltas otorgadas durante el año 1972 pone de manifiesto que el notario Juan T. Peñagarícano, hijo, no ha dado estricto cumplimiento a su obligación como notario de encuadernar sus protocolos en el primer mes de cada año. Sec. 31 de la Ley Notarial, Núm. 99 de 27 de junio de 1956, 4 L.P.R.A. see. 1031.

Se impone al notario Juan T. Peñagarícano una multa de $500.00 que deberá depositar en la Secretaría de este Tribunal en el término de treinta (30) días a partir de la notifica-ción de la opinión y sentencia en este caso.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, no interviene.