text:
    Rafael A. Carazo, etc., peticionarios y recurridos, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-85-30

      Resuelto: 12 de febrero de 1987

      Américo Serra, Procurador General Interino, Justo Gorbea Va-rona, Procurador General Auxiliar, abogados de la parte pe-ticionaria; Rafael A. Carazo, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Dilucidamos la interrogante en tomo a si la Ley de Con-tribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones —Núm. 167 de 30 de junio de 1968— provee un mecanismo alterno, legal-mente válido, para el Departamento de Hacienda cobrar unas contribuciones que están prescritas bajo la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos —Núm. 91 de 29 de junio de 1954.

I

Clemente Carazo González falleció el 16 de enero de 1981. Dejó solamente una cuenta corriente bancaria ascendente a $3,145.42. Luego de retirado $1,482.50 para el pago de los gastos funerales, quedó un balance de $1,662.92.

El 25 de junio de 1981, su hijo Rafael A. Carazo, único y universal heredero, sometió al Departamento de Hacienda la correspondiente planilla corta de Contribución sobre Caudal Relicto. La misma reflejaba que el caudal relicto no estaba sujeto a contribución. Hasta el presente el Departamento de Hacienda no ha notificado deficiencia alguna con relación a esta planilla. No obstante, por carta dirigida al causante, se informó que éste adeudaba $1,565.06 por concepto de contri-buciones sobre ingresos correspondiente a los años contributi-vos 1963 al 1968 y 1974 al 1979, más $2,446.01 de intereses y recargos, para un total de $4,011.07. Las fechas de tasación de las deficiencias correspondientes a los años 1963 al 1968 fue-ron entre el 5 de junio de 1964 y el 15 de abril de 1969 y la de los años 1974 al 1979, entre el 18 de julio de 1975 y el 4 de agosto de 1980.

El 30 de marzo de 1983, a tenor con la See. 433 de la men-cionada Ley de Caudales Relictos y Donaciones, Carazo soli-citó un relevo de Hacienda respecto a los fondos depositados, condicionado a que el banco expidiera un cheque a nombre del Secretario de Hacienda por $296.07, para satisfacer el principal de las contribuciones sobre ingresos de los años contri-butivos 1975 a 1979. A juicio suyo, solamente esos años eran exigibles. Además, pidió que se autorizara al banco a desem-bolsar el balance de $1,363.85 de la referida cuenta, una vez se presentase el recibo oficial del pago de los $296.07.

El Departamento de Hacienda denegó el relevo. Determinó que las contribuciones sobre ingresos adeudadas por el eau-sante desde 1965 a 1968 no estaban prescritas y eran exigi-bles.

Carazo instó demanda sobre sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Alegó que el Departa-mento de Hacienda tenía el deber ministerial de expedir el relevo de contribución sobre caudales relictos y donaciones con relación a la cuenta de banco; que sólo estaba obligado a satis-facer $296.07 por concepto de contribuciones sobre ingresos adeudadas por su causante, y que el remanente de la deuda estaba prescrita pues nunca su causante suscribió acuerdo para prorrogar el período prescriptivo. El tribunal acogió sus planteamientos. A solicitud del Departamento de Hacienda revisamos.

hH

El diseño jurídico y administrativo vigente en materia fiscal incorpora varios mecanismos para el Estado cobrar contribuciones adeudadas. Entre los métodos tradicionales reconocidos se destacan: (1) el pago voluntario; (2) la retención; (3) el requerimiento del Secretario de Hacienda; (4) el procedimiento de apremio, y (5) otros procedimientos autorizados por ley. 9 Mertens, Law of Federal Income Taxation Sec. 49.217; J. C. Chommie, The Law of Federal Income Taxation, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1968, pág. 650.

El cobro de contribuciones por el Estado no es irrestricto. Está sujeto a trámites mínimos de “debido proceso de ley”, a la exigibilidad y validez de la deuda, y a los términos preseriptivos dispuestos en los diversos estatutos.

En lo pertinente al caso, la Sec. 276(c) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos fija siete (7) años, como término prescriptivo, para el inicio de un procedimiento en cobro de contribuciones previamente tasadas. Dispone:

Cuando la tasación de cualquier contribución sobre ingre-sos impuesta por este Subtítulo hubiere sido hecha dentro del período de prescripción propiamente aplicables a la misma, dicha contribución podrá ser cobrada mediante procedimien-to de apremio o mediante procedimiento en corte siempre que se comiencen (1) dentro de siete (7) años después de la tasación de la contribución, ó (2) con anterioridad a la ex-piración de cualquier período para el cobro que se acuerde por escrito antes de cualquier período de siete (7) años en-tre el Secretario de Hacienda y el contribuyente. El período así acordado podrá prorrogarse por acuerdos escritos suce-sivos hechos antes de la expiración del período previamente acordado. 13 L.P.R.A. see. 3276 (c).

La Sec. 423(a) (1) de la misma ley impone un “gravamen preferente a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre todos los bienes inmuebles y derechos reales del contribuyente a partir de la fecha en que los recibos de contribuciones estén en poder del colector y continuará en vigor hasta que el monto adeudado sea totalmente satisfecho, o hasta que haya expirado el término para el comienzo de un procedimiento de apremio o de un procedimiento en corte para su cobro”. (Énfasis suplido.) 13 L.P.R.A. sec. 3423(a) (1).

En su origen, los antecedentes de la Sec. 276(c) de nuestra Ley de Contribuciones sobre Ingresos, al igual que su concordante, la See. 6502(a) del Código de Rentas Internas federal, se remontan a la See. 276 (c) del Código de Rentas Internas de 1939 de E.U. y la Sec. 278 de la Ley de Contribu-ciones de 1924 de P.R. A su amparo, nuestras decisiones inter-pretadoras del alcance de estos términos prescriptivos, refle-jan una tendencia judicial uniforme a proteger la ciudadanía de procedimientos de cobros indebidos por contribuciones atra-sadas. Como norma general, expirado el término dispuesto por ley sin el Estado haber iniciado el procedimiento para cobrar las contribuciones adeudadas y tasadas, está impedido de co-brarlas. Ramos v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 424 (1962); González Padín Co. v. Tribl. de Contribuciones, 66 D.P.R. 964, 980 (1947); Pueblo v. Sucn. Serrallés, 40 D.P.R. 228, 232 (1929). Igual enfoque ha prevalecido en la jurisdicción federal. Russell v. United States, 278 U.S. 181 (1929); United States v. Updike, 281 U.S. 489, 495 (1930); Bowers v. N.Y. & Albany Co., 273 U.S. 346, 349 (1927); United States v. Newman, 405 F.2d 189, 198 (5to Cir. 1968); United States v. Shanman, 216 F. Supp. 408 (E.D. South Car. 1963) ; In re Bowen, 58 F. Supp. 286, 298 (E.D. Pa. 1944), cf. 138 F.2d 22 (3er Cir. 1943); United States v. Fisher, 57 F. Supp. 410, 415 (E.D. Mich. 1944).

1 — I h-*i

En el caso de autos el Departamento de Hacienda admite que los bienes del causante Carazo González no están sujetos al gravamen que impone la See. 423 antes citada, por el monto de las deudas contributivas de 1963 a 1968. Reconoce que el período de siete (7) años establecido en la Sec. 276(c), para iniciar los procedimientos de apremio o judiciales, expiró sin que hubiera actuado. No obstante, basa y reitera su negativa a expedir el relevo en las Sees. 53 (2) y 431 de la Ley de Con-tribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones, hasta que sean satisfechas todas las contribuciones no pagadas por el heredero Carazo. 13 L.P.R.A. sees. 5053(2) y 5431. Fundado en nuestra decisión en Pagan v. Tribl. Contribuciones, 73 D.P.R. 654 (1952), nos argumenta la tesis de que la Ley sobre Caudal Relicto provee un procedimiento alterno para cobrar contribuciones atrasadas, que no está sujeto al término pres-criptivo de la See. 276 (c) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos.

En efecto, en Pagan v. Tribl. Contribuciones, supra, pág. 658 —al interpretar la Sec. 61 (c) de la entonces vigente ley, igual a la actual Sec. 276(c)— dijimos que el “período pres-criptivo para entablar un procedimiento judicial o trabar un embargo (apremio) para cobrar una contribución tasada e impuesta, . . . solamente imp[edía] al Tesorero ejercitar dichos remedios pero en forma alguna limita [ba] su derecho a cobrar la contribución por otros medios que pu [dieran] exis-tir en ley”. En virtud del Art. 124 del Código Político, —que prohíbe el desembolso de fondos públicos a favor de persona que tenga deudas atrasadas con el Pueblo de Puerto Rico y permite el descuento en los sueldos gubernamentales para satisfacerlas— resolvimos que ello constituía un método al-terno en ley para cobrar contribuciones atrasadas, que no es-taba sujeto al término prescrip ti vo establecido en la referida Sec. 61 (c) derogada.

El planteamiento exige dictaminar si bajo la Ley de Cau-dales Relictos existe tal mecanismo alterno para cobrar unas contribuciones, que bajo la See. 276 (c) de la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos están prescritas.

I — I <!

La See. 53 (2) de la Ley de Caudales Relictos, dispone que serán deducibles del caudal relicto bruto “[l]as contribuciones, de todo género, que a la fecha del fallecimiento sean exigibles al causante por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (Énfasis suplido.) 13 L.P.R.A. see. 5053(2). Por otro lado, la See. 431 (a) de la misma ley impone un gravamen preferente a favor del Estado, sobre todos y cada uno de los bienes del caudal relicto bruto, por las contribuciones “incluibles como bajas del caudal según la see. 5053”. Con apoyo en ambos textos, el Departamento de Hacienda argumenta que las contribuciones aquí adeudadas eran “exigibles al causante”, por lo cual los bienes del caudal están gravados a su favor hasta que sean satisfechas. No nos convence dicho razonamiento.

Primeramente, las contribuciones 'prescritas no son “exigibles” si expresamente no existe mecanismo válido en ley para cobrarlas. A diferencia del caso de Pagan v. Tribl. Contribuciones, supra —donde había una disposición del Código Político que permitía directamente deducir del sueldo de un empleado público las contribuciones no pagadas— aquí la Ley de Caudales Relictos no dispone un mecanismo análogo. La in-terpretación propuesta dejaría trunca y sin ningún significado la palabra clave “exigible”, contenida en la See. 53. Su inser-ción lógicamente presupone que existen ciertas deudas contri-butivas que no son exigibles. De prevalecer la tesis de Hacienda, toda deuda contributiva dejada de satisfacer sería “exigible”. El argumento equipara erróneamente “contribu-ciones que sean exigibles” a “contribuciones que no se han pagado”. En buena y justa hermenéutica tenemos que recha-zar esta interpretación. “ [L] a voz ‘exigible’ refiriéndose a una obligación, significa que puede demandarse su cumplimiento.” Guadalupe v. Rodriguez, 70 D.P.R. 958, 966 (1950). El con-cepto lleva ínsito el elemento de legalidad.

No siendo exigible una contribución prescrita, salvo que existan los hechos para dar aplicación a otro mecanismo de cobro como es por ejemplo, el Artículo 124 del Código Polí-tico ... no se constituye con respecto a ellas, el gravamen que establece la sección 431(a). Por lo tanto, sustentamos el criterio de que no es necesario requerir que se cancele gravamen alguno por la sección 433 en el caso de las otras con-tribuciones cuando están prescritas.
De otro modo, siendo la muerte un hecho ineludible, se convertirían consecuentemente en letra muerta todos los tér-minos prescriptivos de las leyes contributivas en Puerto Rico como cuestión de realidad, y se nos hace difícil atribuir un propósito de tal magnitud al legislador al aprobar la Ley 167 del 1968. G. Meléndez Carrucini, El Gravamen Preferente bajo la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Do-naciones de Puerto Rico, 37 Rev. C. Abo. P.R. 155, 169-170 (1976). Véase además, G. Meléndez Carrucini, Procedi-miento Contributivo de P.R., San Juan, Inst. Contribucio-nes P.R., 1981, págs. 633-635.

Segundo, en su Sec. 431 (a) la Ley sobre Caudal Relicto establece un gravamen preferente y no un procedimiento para el cobro de contribuciones debidas. Sólo crea una garantía para el cobro de aquellas deudas contributivas exigibles a la fecha del fallecimiento del contribuyente.

Este gravamen es similar al de la See. 423 de la Ley de Contribuciones, respecto a contribuciones dejadas de satis-facer. La vigencia del gravamen hasta que el monto adeudado sea totalmente satisfecho, “o hasta que haya expirado el tér-mino para el comienzo de un procedimiento de apremio o de un procedimiento en corte para su cobro”. (Énfasis suplido.) El lenguaje es sumamente orientador. Sería un contrasentido concluir que la Asamblea Legislativa pretendió dejar al Es-tado sin el beneficio del gravamen, luego de transcurridos siete (7) años, para luego reimponerlo cuando el deudor muere. No encontramos fundamento para sostener que ese sea el propó-sito legislativo.

En resumen, los bienes de un causante están gravados por el monto de la contribución sobre herencia y sobre ingresos impagada. Este gravamen subsiste mientras los correspondientes plazos de prescripción no transcurran. Las gestiones legítimas del Departamento de Hacienda de cobrar contribuciones adeudadas están sujetas a los trámites de ley y a los períodos prescriptivos apuntados. De su fiel observancia y el convencimiento por la ciudadanía de que el procedimiento de cobro plasmado en nuestra legislación tributaria, en la práctica, es justo y equitativo para todos, dependerá su efectividad. El reclamo a los herederos de las deudas por con-tribución sobre ingresos de un causante, prescritas al mo-mento del cobro de la contribución sobre el caudal relicto, es una práctica no autorizada en ley.

Aplicado el derecho reseñado al presente caso, es ineludible concluir que los únicos bienes (cuenta bancaria) del caudal relicto del causante Carazo González sujetos a contribución por herencia —por haber prescrito las deudas contributivas de 1963 a 1968— y al gravamen a favor del Estado son las cantidades correspondientes a la deuda contributiva de los años 1974 a 1979. En consecuencia, conforme la See. 433 de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones, el Departamento de Hacienda venía y viene obligado a expedir el certificado de cancelación de gravamen solicitado por su hijo Rafael A. Carazo, sujeto a que satisfaga las deudas contribu-tivas de 1974 y 1979; No erró el foro de instancia.

y

En su segundo señalamiento, el Departamento de Hacienda cuestiona que el tribunal concluyera que el caudal re-licto de Carazo González sólo responde por el principal de las deudas no prescritas, sin intereses ni recargos. Aduce que era menester que hubiese satisfecho la totalidad de la contribu-ción para ser acreedor a esa dispensa.

Carazo solicitó el relevo el 30 de marzo de 1983, y pidió la expedición de un cheque a favor del Secretario de Hacienda por el monto de la deuda principal no prescrita. A esa fecha estaba en vigor la Ley Núm. 2 de 4 de enero de 1983, según enmendada. Su Sec. 1 disponía:

(a) Todo contribuyente que, en o antes del 30 de junio de 1983, pague en su totalidad cualquier contribución que adeudare al Estado Libre Asociado o a sus Municipios, será relevado del pago de intereses, recargos y otras penalidades por razón del retraso en dicho pago de conformidad con las siguientes normas:
(i) El cien (100) por ciento del monto total de dichos intereses, recargos y penalidades si el pago total o final de la contribución se efectúa en o antes del 18 de mayo de 1983. (Énfasis suplido.)

De ordinario, para un contribuyente ser elegible y poder acogerse a este tipo de beneficio, debe cumplir estrictamente con todos los requisitos legales, en particular el pago oportuno de la deuda contributiva. Recae sobre éste desplegar las diligencias necesarias y realizar los arreglos económicos conducentes a ese fin. En ausencia de mandato legal, la carencia de suficientes recursos líquidos para solventar en tiempo una deuda contributiva, no es motivo para establecer una ex-cepción.

Sin embargo, la cuestión cobra otra dimensión y exige paleativo judicial cuando esa iliquidez es el resultado directo de una negativa infundada del Departamento de Hacienda. Tal es el caso de autos. Carazo, diligentemente, planteó y es-tuvo en disposición de pagar dentro del período de gracia con-cedido por la ley. Si el Departamento de Hacienda hubiese realizado lo que en derecho procedía —emitir el relevo corres-pondiente sujeto al pago de lo realmente debido— indubita-damente que se hubiese beneficiado de la ley. Fácilmente pudo haber cancelado el gravamen con relación al monto de aquellas contribuciones que Carazo ofreció pagar, y dejar pendiente la determinación de si procedía o no con relación al balance de las otras contribuciones.

En estas circunstancias, por vía de justa excepción judicial, la omisión de pago dentro del término provisto por ley —que dependió exclusivamente de la falta de acción afirmativa del propio Departamento de Hacienda— no debe perjudicarle. Valga recordar que la “equidad considera como hecho aquello que debió haberlo sido”. Las Monjas Racing Corp. v. Sancho Bonet, Tes., 55 D.P.R. 146,150 (1939).

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el rebul-tado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Nú-ñez y los Jueces Asociados Señores Ortiz y Hernández Denton se inhibieron.

       i3 L.P.R.A. see. 5300.

       Dispone:

        “Collection after assessment

        “(a) Length of period. — Where the assesment of any tax imposed by this title has been made within the period of limitation properly applicable thereto, such tax may be collected by levy or by a proceeding- in court, but only if the levy is made or the proceeding begun'—
      “(1) within 6 years after the assessment of the tax, or
      “(2) prior to the expiration of any period for collection agreed upon in writing by the Secretary or his delegate and the taxpayer before the expiration of such 6-year period (or, if there is a release of levy under section 6343 after such 6-year period, then before such release).

        “The period so agreed upon may be extended by subsequent agreements in writing made before the expiration of the period previously agreed upon. The period provided by this subsection during which a tax may be collected by levy shall not be extended or curtailed by reason of a judgment against the taxpayer.” 26 U.S.C. sec. 6502(a).

        “Cancelación de gravamen

      “(a) Obligación satisfecha.- — El Secretario deberá, sujeto a aquellas reglas y reglamentos que prescriba, expedir un certificado de cancelación del gravamen con respecto a cualquier o toda la propiedad sujeta a gravamen impuesto por la see. 5481 de este título, si el Secretario encontrare que la obligación garantizada por dicho gravamen ha sido totalmente satisfecha o que se ha provisto adecuadamente para su cumplimiento. 13 L.P.R.A. see. 5433(a).

       Este artículo fue derogado y su lenguaje incorporado en el Art. 9(j) de la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico —Núm. 230 de 23 de julio de 1974 (3 L.P.R.A. sec. 283h(j)). Véase G. Meléndez Carru-cini, Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, San Juan, Inst. Contribu-ciones P.R., 1981, págs. 631-632.

        “Gravamen preferente

      “(a) Gravamen sobre propiedad transferida. — Todas las contribucio-nes impuestas por este Subtítulo, y toda otra clase de contribuciones ya de-terminadas incluidas o incluibles como bajas del caudal según la see. 5053 de este título, constituirán un gravamen preferente a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre todos y cada uno de los bienes del caudal re-licto bruto u objeto de la donación, según sea el caso. El gravamen provisto por esta sección se originará en la fecha de la transferencia; será gravamen preferente a todas las deudas, créditos u obligaciones de cualquier clase que se originen en o después de la fecha de dicha transferencia y continuará vi-gente hasta que fuere cancelado, según lo provisto en la see. 5433 de este título.” 13 L.P.R.A. sec. 5431(a).

       E1 Código de Rentas Internas federal sigue un esquema similar. Las Sees. 6321 y 6322 imponen un gravamen sobre la propiedad del contribu-yente hasta que la deuda sea satisfecha, “o no pueda ponerse en. vigor por razón del transcurso del tiempo”. (Traducción nuestra.) 26 U.S.C. see. 6322. Igual gravamen y tratamiento contempla la See. 6324 de dicha ley sobre los bienes del caudal relicto. Finalmente, la See. 6325 obliga al Secretario del Tesoro a emitir un certificado de relevo si las deudas fueron satisfechas “o legalmente no son ejecutables”. (Traducción nuestra.) 26 U.S.C. see. 6325.

      Ley Núm. 14 de 30 de marzo de 1983, Leyes de Puerto Rico, pág. 21.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Marketing and Brokerage Specialists, Inc., etc., demandantes-peticionarios, v. Departamento de Agricultura y su Secretario Interino, etc., demandados-recurridos.
    Número: O-84-82

      Resuelto: 24 de febrero de 1987

      Eric A. Tulla y Sonsire Ramos Soler, de Rivera, Tulla & Ferrer, abogados de la peticionaria; Isabel López Bras y Eliezer Al-

      darondo Ortiz, de Aldarondo & López Bras, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

H-i

El 19 de enero de 1983 el Administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) promulgó el Reglamento Número 2 de la Industria Lechera, que entró en vigor el 5 de marzo de 1983. Dicha disposición tiene el propó-sito de reglamentar la leche UHT y leche esterilizada que se importa y vende en Puerto Rico. El reglamento faculta al Administrador de la ORIL a fijar el precio máximo, la rotu-lación, el tamaño de envase y la ubicación en el negocio de pro-ductos UHT y leche esterilizada, además de regir la importa-ción, la venta, la producción, el mercadeo y la distribución de este tipo de leche. La See. 5 dispone que toda persona que in-terese importar, vender o distribuir leche UHT en Puerto Rico deberá obtener licencia del Administrador de la ORIL. Cuando se aprobó este reglamento, la leche UHT y esterilizada que se vendía en los establecimientos comerciales era importada.

El 21 de marzo de 1983 la Marketing and Brokerage Specialists, Inc., corporación dedicada a la importación y distri-bución de leche UHT, marca Grand Pré, elaborada en Canadá, presentó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Solicitud de Revisión de Reglamento Administra-tivo contra el Reglamento Núm. 2 mencionado. Alegó, en sín-tesis, que el reglamento promulgado por la ORIL era discri-minatorio e irrazonable contra los importadores y los vendedo-res de la leche UHT; que violaba los derechos de la peticio-naria al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes consagrados en la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico; que dicho reglamento violaba la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución de Estados Unidos de América; que la ORIL excedió sus poderes estatutarios al promulgar en su Reglamento Núm. 2 el requisito de licencia y al prohibirles vender sus productos en los envases que utilizan los productores de la leche fresca en Puerto Rico para la venta de su producto, y que no existe evidencia sustancial en el ré-cord de las vistas administrativas efectuadas que sostengan la promulgación del reglamento.

La Sala de San Juan del Tribunal Superior determinó, tras un análisis de la Cláusula de Comercio federal y la Cláu-sula de Igual Protección de las Leyes de la Constitución del Estado Libre Asociado, que la reglamentación era válida al palio del poder de razón de estado (police power), que conlleva velar por la salud y el bienestar general de la ciudadanía. Además concluyó que, bajo el criterio tradicional de racionali-dad que rige toda clasificación económica, la reglamentación en controversia perseguía proteger la estabilidad de la Indus-tria Lechera en beneficio de los intereses del público consumi-dor. Habiéndose seguido el procedimiento de vistas públicas establecido por ley para considerar válido un reglamento ad-ministrativo, el tribunal de instancia resolvió que no se vio-lentaron los derechos de la parte recurrente al amparo de la Cláusula de Comercio federal, como tampoco hubo transgre-sión a sus derechos bajo las disposiciones constitucionales del debido proceso de ley e igual protección de la leyes de la Cons-titución de Puerto Rico. Concluyó que el Reglamento Núm. 2 de la ORIL es válido.

Acudió ante nos la peticionaria, mediante solicitud de cer-tiorari, el 6 de febrero de 1984. Expedimos el mandamiento de certiorari al tribunal de instancia el 1 de marzo de 1984. Tras estudiar las alegaciones de las partes, procedemos a confirmar la sentencia de instancia.

Las controversias planteadas ante nos son las siguientes:

(1) Si el Administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera se excedió en el ejercicio de sus po-deres al amparo déla Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957 (5 L.P.R.A. see. 1092 y ss.) al promulgar el Reglamento para la leche UHT,

(2) Si el susodicho Reglamento de la Industria Lechera vulnera la doctrina de la igual protección de las leyes, de la Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 7, y

(3) Si el Reglamento Núm. 2 viola las disposiciones de la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos, Art. I, Sec. 8, Cl. 3.

II

La función del gobierno durante este siglo se ha trans-formado de una entidad pasiva que rendía ciertos servicios, a una muy activa que realiza una multiplicidad de activida-des. Actualmente regula la conducta privada en una variedad de fases: impone contribuciones, concede distintos tipos de beneficios económicos como subsidios, viviendas u otros bienes, y provee los servicios tradicionales como seguridad, educación y salud. Para que el estado moderno cumpla cabalmente con sus responsabilidades, la Asamblea Legislativa ha delegado extensamente poderes tanto cuasi legislativos como cuasi judi-ciales a las agencias administrativas. Así se originó lo que se ha considerado uno de los más importantes y novedosos desa-rrollos del gobierno moderno: la reglamentación administra-tiva.. Véanse: 1 Davis, Administrative Law Treatise Sec. 6.1, pág. 448 (2da ed. 1978), y S. G. Breyer & R. B. Stewart, Ad ministrative Law and Regulatory Policy, Problems, Test, and Cases, 2da eel., Boston, Little, Brown & Co., 1985, págs. 1-40.

Por la complejidad del mandato otorgado a estas agencias administrativas ha sido necesario que la Rama Legislativa les delegue poderes con normas amplias y generales permitiéndoles una gran discreción en el desarrollo y ejecución de la política pública. López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 661 (1958).

Aunque en otras épocas ese tipo de delegación no fue permitida, Schechter Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935); Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 (1935), actualmente no se cuestiona la facultad de delegar el poder de reglamentación bajo criterios amplios. López v. Junta Planificación, supra; Amalgamated Meat Cutters & Butcher Work v. Conally, 337 F. Supp. 737 (D.C. Cal. 1971).

No obstante, lo que actualmente se requiere como medida fiscalizadora es que las agencias aprueben reglamentos que delimiten o precisen sus facultades al amparo de la ley y así evitar actuaciones ilegales o arbitrarias. La función de los tribunales generalmente ha de ir dirigida a evaluar: (1) si la actuación administrativa está autorizada por la ley; (2) si se delegó poder de reglamentación; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los amplios poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley orgánica y de las leyes especiales, y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. Cf. Motor Vehicle Mfrs. Assn. v. State Farm Mut., 463 U.S. 29 (1983).

La parte recurrente alega ante nos que la ORIL, creada mediante la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957 (5 L.P.R.A. see. 1092 y ss.), se estableció exclusivamente para “s[ervir] de árbitro entre los productores locales de leche y los elabora-dores locales de la misma”. (Anejo C, pág. 23.) Sostiene, por lo tanto, que la ORIL carece de poder para reglamentar la importación de leche, siendo cualquier actuación en ese campo ultra vires.

No le asiste la razón. La citada ley faculta al Secretario de Agricultura a nombrar un administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, 5 L.P.R.A. see. 1093. Los poderes del Administrador de la ORIL, pormenorizados en el Art. 5 (5 L.P.R.A. see. 1096), son abarcadores. En lo que respecta a la Industria Lechera, se dispone entre otros los siguientes:

Poderes y deberes del Administrador
(a) Poderes generales: El Administrador tendrá el poder de investigar y reglamentar todas las fases de la industria de la leche y los productos derivados de ésta, en el Estado Libre Asociado, incluyendo la producción, elaboración, esteri-lización, manufactura, almacenaje, compra y venta, trans-portación y distribución del producto principal y sus deriva-dos.
(b) ... (3) Desarrollar y mantener condiciones satisfac-torias de mercadeo tendientes a proteger la producción y dis-tribución de la leche y los productos derivados de ésta.
(5) Establecer normas de elaboración, esterilización, cía- - sificaeión, empaque, envase, enlatado, rotulación, calidad y presentación de la leche y de sus productos derivados.
(7) Evitar prácticas monopolizadoras y de competen-cia desleal, así como discrímenes en las diversas fases de la industria desde la producción hasta la venta de la leche o de sus productos derivados al consumidor. (Énfasis suplido.) 5 L.P.R.A. see. 1096.

Alega la recurrente que la ORIL tiene facultad sólo para regular la industria de la leche fresca y que el Reglamento Núm. 2 regula un producto que no es “leche fresca”. Apoya su teoría en la definición de “leche fresca” que contiene la ley en su Art. 1 (5 L.P.R.A. see. 1092). No tiene razón la recurrente. Aunque es correcto que la ley en su Art. 1 define la leche fresca como aquella “ [1] eche en su estado natural, ya sea cruda, pasteurizada y homogen [e] izada, que se expende para consumo directo al público”, y que el producto de la recurrente no es leche fresca, los poderes de la ORIL no se limitan a la leche fresca. Los artículos de la ley anteriormente transcritos tratan sobre los poderes de la ORIL para regular la “industria de la leche”. En ningún lugar se limitan los poderes del Administrador a reglamentar sólo la “leche fresca”.

De lo anteriormente expuesto se puede claramente concluir que la ORIL no fue creada sencillamente para servir de árbitro entre los distintos componentes de la Industria Lechera. La intención fue crear un organismo con amplios poderes de reglamentación sobre la leche y sus productos deriva-dos. Persigue proteger a los consumidores brindándoles leche de buena calidad y a precios justos. A la vez, pretende evitar que se lleven a cabo prácticas comerciales que engañen al consumidor y afecten el consumo de este producto tan im-portante en nuestra economía agroindustrial. La Industria Lechera es uno de los principales sectores en la economía agrícola-industrial.

Aunque los recurrentes alegan que su producto no es “leche fresca”, según lo define el inciso (h) del Art. 1 (5 L.P.R.A. see. 1092 (h)), no pueden negar que la leche Grand Pré ha sido descrita en la literatura promocional de los recurrentes como leche de vaca:

Grand Pré es sencillamente una leche de vaca buena, saluda-ble, parcialmente despumada que contiene 2% de materias grasas lácteas. Pero mejoramientos en el procedimiento con-vencional de pasteurizar leche eliminando toda actividad bac-teriológica, facilidades que permiten un embalaje perfecta-mente aséptico y un evase que protege a la leche del aire y la luz permite que Grand Pré permanezca fresca por muchas semanas, sin refrigeración. Grand Pré no ha sufrido ningún tratamiento químico y no contiene preservativo químico al-guno para asegurar larga vida de almacenamiento. Se le ha[n] agregado solamente vitaminas A y D.
Grand Pré es manufacturada de leche certificada por el go-bierno como una leche de primera clase .....
Finalmente, una leche saludable que permanecerá fresca por muchas semanas sin refrigeración.
Primera leche natural de larga conservación SIN REFRIGE-RACIÓN puesta a punto en América del Norte.
No es condensada, no es concentrada, no se le han añadido agentes de conservación. Es una leche natural con la consis-tencia y el sabor de la leche pasteurizada. (Énfasis del original.) Anejo D, págs. 118,119 y 120.

Ante este cuadro f áctico no se puede válidamente cuestionar que la Grand Pré es “leche o un producto derivado de ésta” cuya distribución y venta en Puerto Rico puede ser reglamentada por el Administrador de la ORIL, dentro del marco de sus poderes. Véanse: P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980); Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308, 314 n. 5 (1961); Ex parte Irizarry, 66 D.P.R. 672, 676 (1946); B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1984, pág. 153.

HH HH f — I

La parte demandante peticionaria alega que el regla-mento no es válido toda vez que no existe evidencia sustancial en el récord de las vistas administrativas que sostengan la promulgación del mismo. Esta alegación no es correcta en derecho.

Para que un reglamento sea válido es necesario que también cumpla con el procedimiento estatutario establecido para su promulgación. El Art. 12 de la Ley para Reglamentar la Industria Lechera, 5 L.P.R.A. see. 1103, en lo pertinente establece:

(b) La aprobación de cualquier reglamento se hará previa audiencia pública a celebrarse ante el Administrador o un agente suyo, en la que podrá participar toda persona inte-resada. La celebración de la audiencia con el fin expresado en este inciso se anunciará en un periódico de general circula-ción del Estado Libre Asociado con no menos de cinco (5) días de anticipación a la fecha seleccionada.
(c) Los reglamentos así aprobados tendrán vigencia a partir de la fecha en que se anuncie la aprobación de los mis-mos diciendo dónde y cómo se pueden conseguir copias de los mismos.

La audiencia pública que requiere la Ley Núm. 34 se cele-bró el 14 de octubre de 1982 en los salones de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola de Puerto Rico. A ella acudieron a deponer representantes de la firma peticionaria, Marketing and Brokerage Specialists, Inc., representantes de la firma Dairymen, Inc., importadores de la leche UHT Farm Best, miembros de la Asociación de Productores de Leche de Puerto Rico, y de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico.

Los procedimientos y las decisiones ante un organismo administrativo tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975); South P.R. Sugar Co. v. Junta Azucarera, 83 D.P.R. 406, 409 (1961); Monitor & Boscio v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 397, 405 (1963); Arroyo Merino v. Junta Azucarera, 89 D.P.R. 622, 630 (1963); A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 880 (1974). Nada ha aducido ante nos la peticionaria, que derrote esta presunción.

De las ponencias presentadas en las vistas públicas surge la existencia de suficiente evidencia en el récord para razona-blemente sostener la promulgación del reglamento. Véase J. J. O’Reilly, Administrative Rulemaking, Structuring, Opposing, and Defending Federal Agency Regulations, Colorado Springs, Ed. Shepard’s, McGraw-Hill, 1983, págs. 298-300. La preocupación sobre el efecto que tendría la no reglamentación estatal sobre la introducción de la leche UHT en Puerto Rico, su impacto sobre la Industria Lechera, así como la injusticia que surgiría de aplicarle a los productores, elaboradores, es-terilizadores y distribuidores de leche fresca la reglamenta-ción existente y no a los distribuidores de leche UHT, fueron los motivos esbozados por los comparecientes a las vistas pú-blicas celebradas para discutir la aprobación del reglamento impugnado. Estas manifestaciones demostraron claramente la necesidad de reglamentar este producto derivado de la leche para así “mantener la estabilidad de la industria lechera y... proteger al público consumidor”. Propósitos del Reglamento. Reglamento Núm. 2, See. 3. Anejo D, pág. 113.

Resolvemos que el reglamento impugnado tiene fuerza de ley por haber sido promulgado a tenor con las disposiciones de la Ley para Reglamentar la Industria Lechera y por haber cumplido con el trámite procesal requerido para su validez.

IV

Alega la recurrente que el reglamento impugnado viola la Cláusula Constitucional de Igual Protección de las Leyes. Es menester una breve exégesis sobre esta cláusula de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Yol. 1, ed. 1982, pág. 275. Las normas que nutren este principio constitucional no exigen un trato igual para todos los ciudadanos, pero prohíben un trato desigual injustificado. El problema consiste en dictaminar cuándo la clasificación es razonable o no. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 276-277 (1975).

Para analizar una clasificación de carácter económico, como la que tenemos ante nos, se ha elaborado el aná-lisis tradicional mediante el cual una clasificación no debe ser invalidada, a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un interés legítimo del Estado. Bajo esta fórmula se ha interpretado que es constitucional una ley siempre que pueda concebirse razo-nablemente una situación de hechos que justifique la clasifi-cación. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 77-86 (1983); Coca-Cola Bottling Co. v. Srio. de Hacienda, 112 D.P.R. 707 (1982); U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456, 461 (1980); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813-815 (1980); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 261 (1980); Zachry International v. Tribunal Superior, supra.

En Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 531, este Tribunal resolvió que en materia de reglamentación socioeconómica no se viola la Cláusula de Igual Proteción de las Leyes meramente porque las clasificaciones estutarias sean imperfectas. Para resolver los profundos problemas que afectan el país es indispensable que el Gobierno tenga el poder de establecer clasificaciones socioeconómicas aunque las líneas de demarcación no sean claras. Esas determinaciones legislativas no se anularán si las situaciones tácticas lo justifican.

No podemos aceptar la contención de la Marketing and Brokerage Specialists, Inc., de que el único propósito de la reglamentación en controversia fue proteger a los productores de leche del país. Fundamenta su aseveración en que en las vistas públicas que realizó el Administrador antes de promulgar el reglamento, la mayoría de los deponentes fueron productores de leche que solicitaron la reglamentación de este producto. Aunque la recurrente acepta que en las vistas celebradas hubo amplia participación y que la mayoría favoreció la reglamen-tación, nos pide que la anulemos tomando como fundamento el contenido de las deposiciones de los allí presentes. El ataque a una clasificación al amparo de la Cláusula de Igual Protec-ción de las Leyes de nuestra Constitución, Art. II, Sec. 7, no puede prosperar basándose enteramente en que algunos sec-tores de la sociedad endosan la reglamentación impugnada. Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., 449 U.S. 456 (1981); Wackenhut Corp. v. Rodriguez Aponte, supra. La validez del reglamento tampoco depende exclusivamente de las razones expuestas por sus defensores para sostener su posición.

El reglamento en controversia en el caso de autos es clara-mente válido bajo el escrutinio de nexo racional que rige en cuanto a reglamentación de tipo económico. La reglamenta-ción protege al consumidor puertorriqueño al requerir que la leche UHT y esterilizada que se venda cumpla con unas nor-mas mínimas de calidad y que se venda en empaques adecua-damente rotulados. De esta manera el Estado evita la posible confusión o engaño en cuanto a productos lácteos. Persigue también salvaguardar la salud del pueblo consumidor. Final-mente, al requerir licencia para la venta y distribución de este tipo de leche, coloca a sus distribuidores en iguales circuns-tancias y condiciones que a los demás. Así se fomenta una in-dustria lechera sólida y estable sobre unas bases competitivas libres de prácticas monopolísticas perjudiciales a la economía del país. Ambos propósitos están acordes con el poder de razón del Estado (police power). Cf. Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934). Resolvemos, por lo tanto, que la reglamentación en cuanto a precio, envases y rotulación está racionalmente ligada a los propósitos e intereses que persigue la ORIL como agencia protectora de la salud y el bienestar del consumidor local. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 401-402 (1966); Texaco Inc. v. Srio. de Obras Públicas, 85 D.P.R. 712, 730 (1962); Zachry International v. Tribunal Superior, supra; León Rosario v. Torres, supra, págs. 813-815; P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, supra, pág. 261.

Siendo válida de su faz la reglamentación, procede ahora examinar si su aplicación ha sido discriminatoria o ha violado el derecho a la igual protección de las leyes que ampara a la parte promovente. Nada aduce la peticionaria para ponemos en condiciones de pasar juicio sobre su escueta alegación de discrimen. No nos ha demostrado que mediante el reglamento .su posición competitiva se haya afectado adversamente. Ni si-quiera ha probado que ha sufrido mermas en la venta de sus productos ni que se le haya prohibido la importación de la leche UHT. Sencillamente nos alerta sobre el deseo de la com-petencia de sacarla del mercado puertorriqueño. Sin embargo, aun después de la promulgación del reglamento no probó que como resultado del mismo tuvo que retirarse. De hecho, pode-mos tomar conocimiento judicial de que su producto continuó vendiéndose en este mercado.

Por lo tanto, no podemos concluir que ha sido perju-dicada en la aplicación del reglamento que ahora impugna. Al no poder hacerlo, no puede prosperar la mera alegación de discrimen económico al amparo de la Cláusula de Igual Protección de las Leyes. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra; U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 461; Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 531; South P.R. Sugar Corp. v. Com. Servicio Pub., 93 D.P.R. 12, 16-17 (1966); Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 548 (1963); Philadelphia v. New Jersey, 437 U.S. 617 (1978); Hunt v. Washington Apple Advertising Comm’n, 432 U.S. 333, 353 (1977); Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., supra, pág. 463 n. 7.

Y

Es innecesario resolver en este caso si la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución federal, Art. I, Sec. 8, en su estado durmiente aplica a Puerto Rico. Cf. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964); South P.R. Sugar Corp. v. Com. Servicio Pub., supra; Int’l Harvester Co. v. Sria. de Hacienda, 114 D.P.R. 281 (1983); Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 367 (1983); Columbia Pics. Inds. v. Sria. de Hacienda, 114 D.P.R. 749 (1983).

Sin embargo, aun si aplicásemos la normativa federal so-bre la Cláusula de Comercio, la reglamentación en controver-sia es válida.

Para evitar que los empresarios locales, mediante presión política, ejerzan influencia indebida sobre la promulgación de legislación, el Tribunal Supremo federal escruta con suspicacia cualquier reglamentación que se dirija exclusivamente contra intereses foráneos al estado. S.C. Hwy. Dept. v. Barnwell Bros., 303 U.S. 177, 184 n. 2 (1938); McGoldrick v. Berwind-White Co., 309 U.S. 33, 45 n. 2 (1940).

La Jurisprudencia federal ha mostrado deferencia hacia los estados cuando la reglamentación no es discriminatoria de su faz y su objetivo es proteger a la ciudadanía de posibles prácticas engañosas o perjudiciales por parte de intereses extraños a la localidad. California v. Thompson, 313 U.S. 109 (1941); Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1951). Porque la reglamentación afecte al comercio interestatal no debe ser invalidada necesariamente, particularmente si los beneficios de salud o bienestar público son determinantes al aprobarla, mientras que su impacto sobre el comercio interestatal es secundario o incidental. Mintz v. Baldwin, 289 U.S. 346 (1933). Como se expresara en Head v. New Mexico Board, 374 U.S. 424, 429 (1963), “ [u]na ley estatal no debe ser dejada sin efecto con meramente demostrar que su administración afecta el comercio interestatal de alguna forma”. (Traducción nuestra.)

Es importante señalar que el Tribunal Supremo federal no ha abandonado tampoco la doctrina Cooley v. Board of Wardens of Port of Philadelphia et al, 53 U.S. 298 (1851), que estableció la dicotomía entre intereses locales y los de ca-rácter nacional. Así, en Cities Service Co. v. Peerless Co., 340 U.S. 179, 187 (1950), se convalidó una reglamentación esta-tal que perseguía proteger un recurso natural de la localidad contra su posible mal uso o despilfarro. Por lo tanto, aun si el impacto sobre los sectores foráneos al estado reglamentador es grande, la reglamentación se considerará válida si el fin perseguido dentro de la razón de estado (police power) clara-mente es preponderante, mucho más cuando no discrimina por razón de la localidad del negocio. American Can Co. v. Oregon Liquor Control Com’n, 517 P.2d 691, 697 (1973); Firemen v. Chicago, R.I. & P.R. Co., 393 U.S. 129 (1968).

Si el propósito es legítimo, poco importa que algún sector de la sociedad o algún legislador pretenda utilizarla para proteger intereses puramente locales, con fines proteccionistas, y con la intención de ganar adeptos. Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., supra, pág. 463 n. 7. En Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., supra, se convalidó una legislación estatal que prohibía el uso de envases plásticos en la venta de leche e'imponía el uso de envases de cartón, ya que el estado interesaba proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de los recipientes desechables de plástico. Como de su faz el estatuto no discriminaba entre comercio interestatal e intraestatal, el tribunal entonces se aventuró a examinar si los beneficios a la ciudadanía eran mayores que los obstáculos o cargas que se imponían a los productores foráneos. Se determinó en Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., supra, que los beneficios a la ciudadanía eran mayores y, por ende, era válida la reglamentación.

Por lo tanto, se sostendrá la reglamentación si persigue proteger un interés estatal legítimo, si existe un nexo racional entre los propósitos perseguidos por la misma y la clasificación que se emplea, y si el efecto que la actuación estatal tiene sobre el comercio interestatal es incidental. Southern Pacific Co. v. Arizona, 325 U.S. 761, 767-768 (1945); Cities Service Co. v. Peerless Co., supra.

En el presente caso los peticionarios son importadores de una leche producida en Canadá. Aunque ninguna de las partes ha planteado que existan diferencias en el análisis a realizar cuando una reglamentación se alega que afecta un producto extranjero bajo la Cláusula de Comercio y cuando se afecta el comercio interestatal, aun si aceptamos la teoría de los que postulan que los poderes de los estados están más limitados en el primer caso, e.g. L. H. Tribe, American Constitutional Law, Nueva York, Ed. Foundation Press, 1978, págs. 369-370, el reglamento aquí en disputa sobreviviría ese escrutinio estricto. Una reglamentación que afecte el comercio interestatal debe sobrevivir no sólo el análisis de la Cláusula de Comercio, sino que, además, debe demostrarse que la actuación estatal “no afecta intereses nacionales a ningún nivel significativo”. Ibíd., pág. 370. Véanse: Cooley v. Board of Wardens, supra; Bob-Lo Excursion Co. v. Michigan, 333 U.S. 28 (1948). Cf. Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, supra.

De los autos se desprende que el reglamento en disputa pretende proteger al consumidor. Cf. Nebbia v. New York, supra. Para lograr esto requiere que la leche UHT se empaque de determinada forma y se venda en determinada área de los comercios. Requiere, además, que los distribuidores de la leche obtengan una licencia de la ORIL. No hay dudas de que la reglamentación está racionalmente relacionada con un fin le-gítimo del Estado, Cities Service Co. v. Peerless Co., supra; de proteger al consumidor, California v. Thompson, supra; Breard v. Alexandria, supra; Milk Board v. Eisenberg Co., 306 U.S. 346 (1939). La reglamentación no discrimina entre productos elaborados en Puerto Rico y los importados. No le impide a nadie que venda su producto en la isla. No coloca a los distribuidores de la leche UHT en una posición de desven-taja frente a los elaboradores de Puerto Rico. Más aún, la re-glamentación aplica tanto a productores de leche UHT de Puerto Rico como del extranjero. Su efecto sobre el Comer-cio Interestatal es incidental o secundario y está ampliamente superado por el legítimo interés estatal. Cities Service Co. v. Peerless Co., supra; Mintz v. Baldwin, supra; Head v. New Mexico Board, supra. Por último, la reglamentación impug-nada no afecta la política oficial del Gobierno de Estados Uni-dos en esta área. Bob-Lo Excursion Co. v. Michigan, supra. Cf. Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429 (1968).

Resolvemos, por lo tanto, que el Reglamento Núm. 2 de la Industria Lechera cumple las normas procesales y constitucio-nales necesarias para ser válido. Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resul-tado sin opinión escrita.

      Ésta se define por el Reglamento Núm. 2 de la Industria Lechera, Sec. 4(b)(1) como “[l]eche o producto de leche que se somete a una tem-peratura sobre el punto de ebullición de la misma y a presión por espacio de algunos segundos para destruir los microorganismos que pueden dañar el producto”. Anejo D, pág. 114.

      E1 citado reglamento define este producto como “[l]eche que se so-mete a una temperatura lo suficientemente alta por un tiempo lo suficiente-mente largo como para asegurar un producto libre de microorganismos y se envasa bajo condiciones asépticas”. Reglamento Núm. 2, Sec. 4(b) (2). Anejo D, pág. 114.

      Dicha disposición de ley concede, además, las siguientes facultades:
      “(8) Establecer requisitos para la expedición, y renovación de li-cencias así como los motivos de suspensión o cancelación de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en otras partes de dichas secciones.
      “(9) Investigar las transacciones y relaciones comerciales de los productores, elaboradores, esterilizadores y detallistas entre sí, así como las de cualesquiera de ellos con los consumidores.

        “(10) Celebrar las audiencias públicas que requieren dichas sec-ciones y las demás que considere necesarias para poner en efecto la política pública y los fines de las mismas.
      “(11) Requerir de las personas que operan negocios dentro de la industria de la leche y sus productos derivados que lleven los récords e his-toriales y formularios y rindan los informes que el Administrador considere necesarios para efectuar la política pública y los fines de dichas secciones.
      “(12) Establecer sistemas o fórmulas de pago o liquidación a los productores. A tal efecto, el Administrador tiene autoridad para establecer diferencias en la reglamentación a base de distancias entre las áreas de pro-ducción y la localización de las plantas elaboradoras de la leche producida.
      “(13) Preparar estadísticas y diseminar toda la información útil respecto a la operación y desarrollo de la industria de leche y sus productos derivados.
      “(e) En el ejercicio de los poderes concedidos en esta sección y en las otras disposiciones de las sees. 1092 a 1118 de este título, el Administrador queda expresamente autorizado para tomar todas las medidas pertinentes para hacer efectivas las disposiciones de las mismas.” (Énfasis suplido.)

       La ley establece una norma de interpretación liberal:
      “Las sees. 1092 a 1118 de este título se interpretarán liberalmente a favor de la autoridad del Administrador para reglamentar la industria de la leche y sus productos derivados a los efectos de poner en rigor la política' pública y los fines de dichas secciones.
      “A ese efecto, podrá el Administrador formular y adoptar los planes y medidas necesarias para hacer frente a las variaciones y condiciones cam-biantes de la industria, todo ello a los efectos de proteger el interés general y la política pública.” 5 L.P.R.A. see. 1116.

      Por legislación especial también se exige que todo reglamento sea presentado ante la Oficina del Secretario de Estado de Puerto Rico, y en-trará en vigor 30 días después. 3 L.P.R.A. see. 1046. Así se hizo en el caso ante nos.

       Aunque al momento de aprobarse el reglamento no se producía leche UHT en Puerto Rico, la realidad es que al presente la Industria Le-chera de Puerto Rico, Inc. está produciendo localmente la leche UHT marca Indulac. Para poder venderla en la isla tiene que cumplir con los mismos requisitos que el peticionario.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Hernández Denton,

text:
      In re Héctor Del Río Rivera y Pedro Otero Fernández.
    Número: O-84-522

      Resuelto: 26 de febrero de 1987

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Eliadís Orsini Za-yas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Enrique González, abogado de los querellados.
   h-H

PER CURIAM:

El Honorable Procurador General formulo querellas contra los Lies. Héctor Del Río Rivera y Pedro Otero Fernández por alegada conducta antiética incurrida por éstos en el ejercicio de la notaría y la abogacía. Al licenciado Del Río Rivera se le imputa la violación de la fe pública notarial y de los Cánones 26 y 35 de Ética Profesional, y al Ledo. Pedro Otero Fernández igual infracción de la fe pública notarial y del Canon 35. Los hechos que dan lugar a las quere-llas, según la prueba recibida por el comisionado, Ledo. Eduardo Ortiz, son los siguientes:

El 9 de marzo de 1982 el Sr. Pedro Díaz Vidal visitó las oficinas de su abogado, el Ledo. Héctor Del Río Rivera acom-pañado por su prima, la Sra. Carmen Julia Rivera Díaz y su esposo, el Sr. José Ramón Meléndez Collazo. De la prueba ver-tida en la vista el comisionado concluyó que la razón de la vi-sita era para que el licenciado Del Río otorgara una escritura de una compraventa simulada entre el señor Díaz y los esposos Meléndez Collazo de una parcela de 5.226 cuerdas sita en Carolina, propiedad del señor Díaz. También determinó que el pro-pósito de la venta simulada era hacerle un favor al señor Díaz Vidal, quien corría el riesgo de perder su finca de manos de un acreedor. Según los testimonios de los esposos Meléndez Co-llazo, el licenciado Del Río Rivera les informó que el señor Díaz Vidal debía un dinero y les preguntó si estaban dispues-tos a firmar la escritura de compraventa. Ellos contestaron que estaban dispuestos a hacerlo como un favor.

Por razón de compromisos previos de trabajo el licenciado Del Río Rivera no pudo encargarse de la preparación del docu-mento, que se solicitaba con urgencia, pero les condujo a la oficina del Lie. Pedro Otero Fernández con quien habló en pri-vado mientras los contratantes permanecían en la sala de es-pera. El señor Díaz Vidal le dio la información necesaria al notario Otero Fernández y al día siguiente, 10 de marzo de 1982, se otorgó la-Escritura Núm. 4, mediante la cual el señor Díaz Vidal “vendió” a su prima y al esposo el referido inmue-ble por el precio de $79,000; declarando en dicho documento que había recibido de los compradores con antelación al acto la cantidad de treinta y un mil dólares ($31,000) (Exhibit I, pág. 3) y éstos retuvieron $48,000 para pagar la hipoteca que gravaba la propiedad.

Al celebrarse el acto de otorgación de la escritura el nota-rio Otero Fernández, aunque le dio la escritura a los “compra-dores” para que éstos la leyeran, en ningún momento les pre-guntó sobre la validez o certeza de lo allí expuesto, ni los orien-tó legalmente.

Mientras así actuaba el señor Díaz Vidal, su acreedor, Etanislao Figueroa, presentó demanda en cobro de su crédito y obtuvo sentencia el 5 de abril de 1983. Cuando vino en cono-cimiento del traspaso, su abogado promovió una investigación criminal por el Fiscal de Distrito cuya oficina cerro el ex-pediente por haber prescrito el delito.

Luego de escuchar los testimonios y evaluar la prueba do-cumental, el Comisionado Eduardo E. Ortiz, determinó los hechos aquí resumidos, y desestimó la teoría de defensa de los querellados basada en que ambos ignoraban que la venta era ficticia.

Hemos examinado el récord de la vista y encontramos bien fundada en la prueba la adjudicación de credibilidad hecha por el señor comisionado, con su conclusión central de que la citada escritura de compraventa Núm. 4 de 10 de marzo de 1982 ante el notario Otero Fernández es un documento falso y que el contrato en el mismo vertido es simulado y ficticio, pues “los esposos Meléndez Collazo y Rivera Díaz en verdad no compraron un inmueble al [señor] Díaz Vidal y no le entre-garon causa alguna por el mismo”. Informe del Comisionado, Conclusión de Hecho Núm. 7. El propósito de la compraventa simulada fue evadir la ejecución del crédito del acreedor, el Sr. Etanislao Figueroa.

K

<1

En In re Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975), rechazamos y condenamos la participación consciente de un abogado, ya fuere como funcionario o parte, en el asesoramiento, redacción u otorgamiento de un documento simulado. Indicamos en dicha ocasión que “ [1] o simulado, sinónimo de falso y fingido, en esencia es contrario a la verdad; virtud que constituye el ideal más alto al cual debemos aspirar en nuestra comunidad que se rige al amparo del imperio de la ley”. Ibíd., pág. 598. La conducta anteriormente sancionada no ha de limitarse al abogado que en su función notarial autoriza el negocio simu-lado o a aquel que interviene como parte, sino que también incluye al que conociendo la ilegalidad del acto promueve su realización.

El notario por su condición de depositario y guardador de la fe pública tiene la responsabilidad de mantenerse, en todas sus actuaciones, en un plano de objetividad y legalidad en que sirva a los que solicitan consejo y servicio con estricta honradez, y rechace soluciones o propósitos dirigidos a burlar la ley en perjuicio de tercero. En igual obligación, el abogado que en nombre de una falsa lealtad al cliente lo apoya y ayuda en empresa deshonesta, traiciona la encomienda de sinceridad y honradez del Canon 35. Los abogados no deben convertirse en meros instrumentos de sus clientes. Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).

De los testimonios recibidos y del informe del comisionado se desprende claramente que el licenciado Del Río Rivera incurrió en conducta antiética al tener conocimiento de que se iba a realizar una transacción ilícita y ayudar a la realización de ésta. Los testimonios de los señores Meléndez Collazo y Rivera Díaz nos merecen total credibilidad. Así también lo concluyó el comisionado. No hay dudas que al momento de acudir ante el licenciado Del Río Rivera éste conocía la naturaleza ilícita y fraudulenta de la transacción que se le pedía autorizar. Aunque personalmente no autorizó el documento, acudió ante un compañero de profesión para que éste lo realizara. El licenciado Del Río Rivera violó el Canon 26 de los Cánones de Ética Profesional al aconsejar y ayudar a realizar una transacción o acto en contra de la ley. Violó a su vez el Canon 35 al ayudar a redactar un documento cuyo contenido no se ajustaba a los hechos. In re Vélez, supra. De ordinario, esto constituye base suficiente para el desaforo.

B

En cuanto al querellado, licenciado Otero Fernández, en-tendemos que no se probó que éste violara el Canon 35, pues ninguno de los testigos aseveró que éste conociere la falsedad de lo vertido en la escritura. Ni el señor Meléndez Collazo ni la señora Rivera Díaz le informaron al querellado Otero Fer-nández que en realidad ellos no estaban comprando el inmue-ble. La única prueba que se desfiló es en el sentido de que el licenciado Del Río Rivera y el licenciado Otero Fernández se reunieron en la oficina de éste para discutir lo referente a la otorgación de la escritura. De ese mero hecho no se puede inferir que el querellado Otero Fernández tuvo conocimiento de la naturaleza de la transacción.

Sin embargo, mediante su conducta infringió la fe pública notarial al autorizar la otorgación de una escritura sin hacer las averiguaciones mínimas que requieren las nor-mas más elementales de la profesión. El notario, “como depositario de la fe pública —de la confianza de los particulares y del Poder público — , ha de tener un grado de responsabilidad muy considerable”. M. Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. I, pág. 340. Por tal razón hemos expresado que su función “es faena de tiempo y paciente integración de todos los elementos documentales, que sufre en su calidad con la festinación y la atracción de los atrechos fáciles”. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 139 (1976). También se debe evitar la “intervención notarial urgente e incidental, más bien ad hoc, en la cual se cae en la superficialidad y en el peligro potencial de convertirse en un simple observador de un negocio jurídico”, In re Laboy, 113 D.P.R. 476, 481 (1982), corriendo el riesgo de incurrir en serias faltas profesionales. Ibíd.

Mediante el acto notarial no sólo se afectan los intereses de los que intervienen como parte, sino también de aquellos otros que tengan relaciones jurídicas con ellos. Constituyendo la responsabilidad del notario una en beneficio de los otorgantes y de terceros, Sanahuja, op. cit., pág. 343, se le exige el cumplimiento de ciertos deberes: (1) indagar la voluntad de los otorgantes; (2) redactar los documentos que reflejen fielmente la intención de ellos; (3) investigar los hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio; (4) dar a los otorgantes las instrucciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y las consecuencias del negocio, y se percaten de los riesgos que corren al efectuarlos. Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 438 (1984).

Examinada la conducta del notario Otero Fernández, encontramos que incurrió en una infracción de la fe pública notarial. Su actuación se limitó a redactar la escritura basado en lo expresado por el licenciado Del Río Rivera y por el “vendedor”, señor Díaz Vidal. Al momento de firmarla se la entregó a los “compradores” para que la leyeran, y en ningún momento preguntó a los otorgantes sobre el carácter y veracidad de lo contenido en el documento autorizado por él. De esta forma, su participación en todo el proceso desvirtuó el propósito de la función notarial.

. . . Por tradición, y en nuestra patria además por expre-sión legislativa, el notario no es simple observador del nego-cio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la identidad de partes y autenticidad de las firmas. Su función, que no es privada, sino pública, tras-ciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se concreta. In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 774-775 (1976).

Le corresponde al notario el deber de averiguar la intención de las partes que acuden a solicitar sus servicios y de orientarlos para que conozcan el significado y el alcance de las cláusulas de la escritura que ha redactado. Al redactar y notarizar un documento el abogado no puede sustraerse de la realidad de que los otorgantes, en la gran mayoría de los casos, son personas legas que tienen mucha dificultad en leer y com-prender los escritos legales. En estas circunstancias el nota-rio no puede “limita [r] su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la iden-tidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes”. In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386, 397 (1977).

i — I I — I HH

Los dos querellados han ejercido como abogados por más de dos décadas. El licenciado Del Río Rivera fue admitido a la profesión y al notariado en el 1968. El licenciado Otero Fernández fue admitido en el 1960. La buena reputación de ambos quedó establecida ante el señor comisionado y ninguno ha sido disciplinado anteriormente por este Tribunal. Sin embargo, la conducta desplegada por ambos abogados en la simulación de la compraventa de un bien inmueble con el propósito de defraudar a un acreedor constituye conducta altamente lesiva a las normas más elementales de la profesión de la abogacía y a la justicia en nuestro país.

Resolvemos que el Ledo. Héctor Del Río Rivera actuó im-propia, indebida e ilegalmente por su participación en la transacción simulada descrita anteriormente. Se dicta senten-cia que decreta su suspensión del ejercicio de la profesión de Abogado-Notario por el término de un (1) año.

En cuanto al notario Pedro Otero Fernández, como éste no tuvo conocimiento de la naturaleza de la transacción, limi-taremos en esta ocasión nuestra acción disciplinaria a amones-tarle y apercibirle que de incurrir en este mismo tipo de con-ducta en el futuro se le impondrán sanciones más severas.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió un voto concurrente y disidente al cual se unió el Juez Asociado Señor Negrón García. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

Voto concurrente y disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

al cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

Estoy conforme con lo dispuesto por el Tribunal en cuanto al Lie. Héctor Del Río Rivera. Sin embargo, en cuanto al Lie. Pedro Otero Fernández le suspendería del ejercicio de la notaría por un término de seis meses, por haber violado la fe pública notarial depositada en él. In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976); In re Laboy, 113 D.P.R. 476 (1982); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984).

La función del notario no es la de un observador pasivo cuya responsabilidad se limita a la redacción de un docu-mento :

El notario tiene una serie de deberes colaterales a este ejercicio: tiene una función magisterial, tiene una función didáctica, y por tanto, debe asesorar, debe aconsejar, debe instruir, debe explicar y debe orientar a las personas que ante él comparecen. De tal manera que el ignorante está pro-tegido, según la sociedad, porque sabe que cuando concurre ante el notario no lo va a dejar desamparado en la ignoran-cia, sino que le va a explicar el valor y la fuerza del instru-mento. Por tanto, para poder asesorar y para poder aconse-jar, debe actuar personalmente, y por tanto, debe escuchar personalmente a las partes, qué es lo que las partes quieren. Falta a la ética el notario, no s[ó]lo que dice que da fe de lo que no vio, sino que dice o interpreta la voluntad que no recibió. Ó. Pérez Fernández, Ética y responsabilidad del notario, en Memoria de la II jornada notarial de Norte, Centro América y el Caribe, San Juan, Inst. Der. Not. Reg. P.R., 1986, págs. 101,105.

Toda vez que el incumplimiento de su deber notarial se produce como resultado de la omisión de las gestiones nece-sarias y no es el producto de una conducta activa, suspendería al licenciado Otero Fernández sólo por seis (6) meses.

        “Canon 26. Derechos y limitaciones en relación con clientes

      “Ningún abogado está obligado a representar a determinado cliente y es su derecho el aceptar o rechazar una representación profesional. Es alta-mente impropio aconsejar transacciones o actos en contra de la ley, entablar pleitos viciosos, instigar falsas defensas sin que pueda el abogado justificar dichos actos con el pretexto de que al actuar así, lo hizo siguiendo las ins-trucciones de su cliente. El abogado debe obedecer siempre su propia con-ciencia y no la de su cliente.
      “Es impropio de un abogado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones negligentes en su gestión profesional.” (Énfasis suplido.)

        “Canon 35. Sinceridad y honradez

      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
      “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea con-traria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.”

       Bajo el epígrafe Traslado fraudulento de bienes por el deudor, el Art. 186 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4304, sanciona a todo deudor que enajenare sus bienes con el propósito de defraudar a sus acreedores, y el Art. 35 (33 L.P.R.A. see. 3172) declara autores criminalmente responsables, entre otros, a los que toman parte directa en la comisión del delito y a los que instigan, inducen o ayudan a otra persona a cometer el delito.