text:
    Víctor Torres Santa, demandante y recurrido, v. Heriberto Benítez Roldán, demandado y recurrido; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor y peticionario.

      Número: O-83-620

      Resuelto: 13 de febrero de 1984

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Va-rona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ferdinand Vargas Velázquez, abogado del recurrido Víctor Torres Santa.
   per curiam:

En pleito sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en que el demandado es miembro de la Policía de Puerto Rico, se acordó una estipulación entre las partes en virtud de la cual se dictó la siguiente orden el 15 de julio de 1983:

Vista la moción solicitando órdenes presentada en este caso, este Tribunal la declara CON LUGAR y en su lugar ordena al patrono de Heriberto Benítez Roldán; Departamento de Po-licía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o sus afilia-das, sucesoras entidades matrices, etc. a deducir del salario de tal deudor Heriberto Benítez Roldán, Policía del E.L.A., la suma de $90.00 en la segunda quincena de cada mes comen-zando inclusive con la quincena del 31 de julio de 1983, pagaderos al Sr. Víctor Torres Santa p/c Ledo. Ferdinand Vargas Velázquez, Calle José Celso Barbosa #1, Caguas, Puerto Rico 00625 y cada segunda quincena subsiguiente hasta inclusive la segunda quincena de septiembre de 1984.
La Secretaría de este Tribunal deberá expedir los manda-mientos necesarios para que el alguacil de este Tribunal dili-gencie la presente ORDEN.

El Estado Libre Asociado, que no era parte en el pleito ni consintió a la referida estipulación, solicitó intervención para oponerse. Le fue denegada mediante resolución de 19 de agosto de 1983, que dice:

No ha lugar. El Embargo [s-ic] fue estipulado por las partes.

Inconforme el Estado, instó ante nos el recurso de epígrafe. El 13 de octubre de 1983 emitimos la siguiente resolución:

Tenga la parte demandante recurrida un plazo a vencer el 31 de octubre de 1983 para mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto de certiorari solicitado y dejar sin efecto la resolución recurrida, que ordena deducir, del salario que como miembro de la Policía de Puerto Rico devenga el demandado Heriberto Benítez Roldán, la suma de $90.00 quincenales a partir del 31 de julio de 1983 y hasta la segunda quincena de septiembre de 1984. Mientras tanto, se ordena la paralización de los procedimientos en instancia.

El recurrido compareció oportunamente, pero no nos persuade.

Llámese embargo, secuestro, o como sea, lo cierto es que la orden dictada tiene el efecto de obligar al Estado a descontar de cada paga quincenal del demandado una cantidad de dinero y pagarla a un tercero, es decir, el demandante. Ello tiene el efecto de convertir al Estado en un agente cobrador del demandante, contra su voluntad. Fácil es imaginar el efecto adverso que esta práctica tendría sobre el trámite del Departamento de Hacienda para pagar a los empleados del Estado, de generalizarse la misma. Cf. Rodríguez v. Fontes y Am. R. R. Co., Int., 51 D.P.R. 670, 678 (1937).

De otra parte, los dineros en poder del Estado para pagar salarios no devengados constituyen fondos públicos, y no son embargables. Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 179, 184 (1970). Señalamos en E.L.A. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 524 (1970), que tal cosa no pro-cede, en ausencia de legislación que expresamente lo autorice, y dijimos:

La razón es que el embargo o secuestro de fondos públicos en estos casos constituye una “desviación” de fondos públicos y hasta que se paguen a la persona con derecho a recibirlos no pueden ser considerados en derecho como parte de los bienes de tal persona. Pág. 533.

Por lo expuesto se expedirá el auto y se revocará la orden de 15 de julio de 1983 y la resolución de 19 de agosto de 1983 dictadas por el tribunal de instancia, antes referidas.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Utility Consulting Services, Inc., demandante y recurrida, v. Municipio de San Juan y Dr. Hernán Padilla, demandados y recurrentes.

      Números: R-83-51, R-83-52

      Resueltos: 14 de febrero de 1984

      Maritza Pagán, abogada de los recurrentes; José Julián Alvarez y Ramón Mauras Valentín, abogados de la recurrida.
   SENTENCIA

El Municipio de San Juan contrató los servicios de con-sultoría de la corporación Utility Consulting Services, Inc. para que analizara las tarifas y facturas en los contratos de suministro de agua y electricidad, y revisara {audit, dice el texto en inglés) facturas ya pagadas, para ilustrar al munici-pio sobre la manera de reclamar sobrepagos. Se pactó que la firma consultora percibiría por estos servicios el 50% de todas las economías resultantes de su gestión, computado sobre un periodo de tres años desde que se hiciera el rea-juste; y el 50% de rembolsos y créditos que obtuviera el gobierno de la ciudad. Se fijó el término contractual en tres años, a partir del 2 de julio de 1973, sujeto a prórroga por tiempo indefinido hasta que cualquiera de las partes notifi-cara su cancelación con 120 días de antelación. Esta notifi-cación se cursó por el Alcalde, Dr. Hernán Padilla el 18 de abril de 1978. Durante la vigencia del contrato el Municipio pagó a dicha consultora $232,138.62. Después'del 3 de octu-bre de 1977 el municipio no hizo más pagos y la Utility Consulting lo demandó en cobro de servicios en abril de 1980. El pleito fue a juicio y la sala de instancia, al aplicar la fórmula de 50% acordada en el contrato de consultoría, condenó al municipio a pagar $2,516,905.48, suma que resulta en exceso aun de los ajustes o créditos por $2,404,101.38 en que se benefició la Ciudad de San Juan. Expedimos auto de revisión a solicitud del municipio, y considerados los extensos alegatos de ambas partes, resolvemos.

J — I

Es de alto relieve la desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que conduce al de-rrumbe del contrato por aniquilamiento del equilibrio de esas mutuas prestaciones. Por una labor simple y esporádica que en ocasiones se reducía a limpiar la ventana de un con-tador olvidado y descubrir que el ratio (coeficiente) de tarifa era de 700 y no de 7,000 como se venía facturando; por el empleo de tiempo mínimo y horas no especificadas, la recu-rrida invoca el contrato () para justificar su acreencia sobre fondos públicos de $2,749,044.10 generados en su mayor parte durante los tres años siguientes a su intervención.

La arraigada tradición de la autonomía de la voluntad (pacta sunt servanda), eje de la seguridad jurídica, permite frenar su predominio absoluto cuando la excesiva onerosidad alcance dimensiones de mala fe. Cf. López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982). Así lo tiene ordenado el Código Civil en su Art. 1210 (31 L.P.R.A. see. 3375) al declarar que los contratos obligan a todas las consecuencias, que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

En casos apropiados, no habrá de llegarse a la aniqui-lación de la libertad contractual, recurriendo a la alterna-tiva de revisabilidad del contrato, un concepto intermedio situado entre los dos polos de la validez y de la nulidad, cuyo núcleo es la sustitución parcial de la voluntad privada por la voluntad estatal y que preserva la eficacia esencial del nego-cio. M. Royo Martínez, Transformación del concepto del con-trato en el derecho moderno, 177 Rev. Gen. Legis. Juris. 113-157 y ss. (1945). F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. 3, pág. 338 y ss.

Hay facultad en los tribunales para atemperar la irracio-nalidad de la causa cuando ésta hiere el principio de la reci-procidad de las prestaciones y la norma de buena fe del ci-tado Art. 1210.

Atenta nuestra legislación civil al problema de la autonomía de la voluntad, que requiere el cumplimiento de lo pactado en los propios términos convenidos, admite, sin embargo, ciertas restricciones por razón de la buena fe que preside la contra-tación —arts. 1.258 del C. C. y 57 del de Comercio— y más concretamente, por razón del elemento de justicia objetiva implícito en la exigencia de causa en los contratos, referida esencialmente en los onerosos a la reciprocidad o equivalencia de las prestaciones, pronunciándose nuestra moderna legis-lación con caracteres más acusados de posibilidad de mode-ración de lo convenido, siendo preciso reconocer la facultad judicial de modificar el contrato, si bien solo con gran cautela y notoria justificación se podrá hacer uso de la citada facultad modificadora. (S. de 13 de junio de 1944.) F. Bonet Ramón, Código Civil Comentado, Madrid, Ed. Aguilar, 1962, pág. 959.

La revisión judicial del contrato en discusión es factible porque 1) era imprevisible el desarrollo que sobrevino en torno a la igualdad de valor, en principio, de prestación y contraprestación (equivalencia); 2) la ejecución del contrato resulta extremadamente onerosa y constituye para el deudor una lesión que no guarda proporción con la ventaja prevista para él en el contrato; y 3) el contrato no tiene carácter alea-torio o de pura especulación, con el que las partes quisieran prever en cierto modo la alteración inusitada del equilibrio entre prestaciones. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 10ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 486. Cf. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R. 850, 856 (1979).

Se cumple nuestra guardada intervención al revocar la sentencia, sin estimar la reconvención en que el municipio solicita restitución de los $232,138.62 ya pagados.

M h-1

Al promover acción contra el Municipio de San Juan en cobro de servicios bajo contrato de consultoría, la corporación demandante incluyó como demandado en su carácter personal al Dr. Hernán Padilla, Alcalde de la Ciudad, de quien reclamó (aparte de la acción contractual) $250,000 de daños y perjuicios por su resistencia y negativa temeraria a pagar los alegados servicios de la demandante. Contestó el Alcalde la demanda y llegado el pleito a vista en sus méritos, luego de presentarse la prueba de la demandante, solicitó desesti-mación por insuficiencia de ésta, a cuya petición se allanó la demandante para expresar que desistía de la acción personal contra el Alcalde. El Tribunal Superior no proveyó al desistimiento hasta sometido el pleito en su totalidad, cuando en su sentencia del 10 de noviembre de 1982 expresó: “En cuanto al co-demandado Dr. Hernán Padilla nada se dispone en esta Sentencia por haber desistido la parte demandante con perjuicio de esa causa de acción durante el proceso y haber sido aceptada la misma [sic] por el Tribunal.” Recurrió en revisión este demandado y señala como error único no haber el tribunal impuesto a la recurrida el pago de costas y honorarios de abogado. Expedimos auto de revisión el 10 de marzo de 1983 y el recurrente sometió su recurso por la argumentación de su solicitud, sin que la parte recurrida haya rebatido la misma.

La imposición de costas es mandatoria, Regla 44.1 de Proc. Civil; y nos parece que mantener una persona some-tida a un pleito por tres años y al final desistir —sin más explicación— frente a moción para desestimar por insufi-ciencia de prueba, acusa una conducta procesal temeraria y abusiva que lastima y subvierte la libertad de acceso a los tribunales en busca de remedio. Regla 44.1(d) de Proc. Civil; Cf. Kane v. República de Cuba, 90 D.P.R. 428 (1964).

Se revocan las sentencias revisadas y se desestima la demanda, con costas a la demandante. La sala de instancia fijará, además, los honorarios de abogado que corresponden al señor Alcalde en la acción personal desistida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

En el voto disidente que emitiéramos en el caso de Vda. de Zayas v. Pepsi Cola, 114 D.P.R. 772, 774 (1983), expre-samos que “ser consistentes no es garantía de que resolvemos correctamente, pero, por lo menos, representa en nuestra función de impartir justicia tranquilidad de espíritu”.

La consistencia en nuestras decisiones fomenta la exce-lencia en la práctica de la profesión por cuanto permite a los abogados poder evaluar las situaciones de hecho ante su con-sideración en su justa perspectiva y, en su consecuencia, les facilita aconsejar adecuada e inteligentemente a sus clientes sobre las distintas opciones que a éstos les asisten. De igual importancia lo es el hecho de que tiende a evitar la incerti-dumbre en nuestros jueces de instancia al enfrentarse a los casos que vienen obligados a resolver. El que seamos consis-tentes, en resumen, es de fundamental importancia por cuanto ello promueve en nuestra jurisdicción “la seguridad jurídica, cuya uniformidad es eje de la ley”. Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344, 350 (1982).

Ello, naturalmente, no implica que este Tribunal, ni ningún otro, esté atado inflexible e inexorablemente a lo resuelto en el pasado. El derecho es dinámico y, por lo tanto, evoluciona constantemente; el mismo, sin embargo, no cam-bia súbita y radicalmente de día a día y de semana en Utility Consulting Services, Inc., demandante y recurrida, v. Municipio de San Juan y Dr. Hernán Padilla, demandados y recurrentes. I

En López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982),() tuvimos la oportunidad de expresarnos respecto a un contrato contingente de servicios profesionales otorgado entre un abogado y su cliente, referente el mismo a un pleito de divorcio y de liquidación de gananciales. Mediante la sen-tencia emitida sostuvimos aquella que dictara sumariamente el tribunal de instancia al declarar con lugar la demanda en cobro de dinero radicada por el abogado y condenar, en su consecuencia, al cliente al pago total de los honorarios pactados.

Manifestamos en el citado caso, López de Victoria, supra, págs. 268 y 271, que a pesar de que el “contrato de servicios profesionales de abogado está saturado de un elemento ético que le diferencia substancialmente del convenio común sobre arrendamiento de servicios”, —por lo que ha de ser exami-nado el mismo con mayor rigurosidad que un contrato de ser-vicios común y corriente— “no es éste el caso que requiera la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes que se da únicamente en circunstancias extraordinarias, facultad dimanante del citado Art. 1210 Ce que ha de ejercerse con extrema cautela y patente justificación por su efecto lesivo a la estabilidad de los contratos y a la seguridad jurídica”. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

Mediante opinión de 21 de octubre de 1983 en el caso de Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 699 y 702 (1983) —caso en que el Alcalde de Cabo Rojo se había comprometido a pagar, mediante orden adminis-trativa al efecto, una cantidad de dinero en específico como aportación patronal a un Plan de Bienestar de Salud en beneficio de los empleados de la limpieza de dicho municipio y en que, a pesar de que el referido plan prestó los servicios requeridos, el alcalde se negó a satisfacer por entero la cuota patronal y al ser demandado por el referido Plan de Bien-estar en cobro de dinero el alcalde alegó que no tenía que hacerlo así por razón de que la orden administrativa consti-tuía un acto nulo y ultra vires de su parte— este Tribunal, al revocar la sentencia dictada por el tribunal de instancia que había declarado sin lugar sumariamente la demanda radi-cada, expresó:

Independientemente de la naturaleza jurídica del municipio en Puerto Rico, resulta claro que las obligaciones que contraiga se rigen por principios de derecho civil, sujeto a estatutos que modifiquen tal situación.
Los contratos administrativos se rigen normalmente, en ausencia de régimen especial, por la teoría general de los con-tratos .... Ello significa que la doctrina del enriquecimiento injusto, entre otras, es aplicable a determinadas situaciones en que una de las partes contratantes es un organismo público.
Aun suponiendo, no obstante, que el acuerdo logrado sea anu-lable o aun nulo por razón de no haberse observado determi-nadas formalidades de ley, ofende elementales principios de equidad, en el sentido civilista de la palabra, el que un munici-pio pueda beneficiarse de un acuerdo en las circunstancias específicas de este caso y ala vez evadir toda responsabilidad respecto a lo convenido libremente por él. (Énfasis suplido.)

En Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983) caso en que el Municipio de Maricao se negaba a cumplir con un contrato de compraventa que había otor-gado, mediante el cual había readquirido en el 1980 un solar, y edificio, por la suma de $35,000, la nuda propiedad del cual dos años antes el propio municipio le había vendido a la otra parte por la suma de $800— citando como único fundamento las disposiciones del Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3375, () confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de instancia, la cual había decretado la validez y obligatoriedad del contrato celebrado.

En el presente caso, la corporación demandante otorgó un contrato de servicios con el Municipio de San Juan —contrato que fue preparado por el propio asesor legal del referido municipio y firmado por su alcalde— mediante el cual éste se obligó a pagar a la aquí demandante el cin-cuenta (50) por ciento del monto total del dinero que se eco-nomizara el municipio durante el término de vigencia del contrato, por concepto de economías o créditos de que fuera beneficiario, en relación con el consumo de energía eléctrica en todas sus facilidades.

Es un hecho incontrovertido que el Municipio de San Juan, como consecuencia directa o indirecta del trabajo rea-lizado y el asesoramiento brindado por la corporación demandante, () recibió créditos o se economizó en exceso de la suma de cinco millones de dólares. ()

El referido municipio comenzó a pagar y luego se negó a honrar el contrato que libremente había otorgado, con la ale-gación de que el mismo era nulo. El tribunal de instancia, mediante una bien razonada sentencia y a la luz de las cláusulas contenidas en el contrato celebrado, condenó al referido municipio a pagar a la parte demandante la mitad de la suma de dinero que la corporación demandante le había economizado.

Utilizando como fundamento, erróneamente, a nuestro juicio, () las disposiciones del citado Art. 1210 del Código Civil y apartándose de la norma establecida en el caso de López de Victoria v. Rodríguez, ante, pág. 271, a los efectos de que “la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes” ha de ser ejercida “únicamente en circunstancias extraordinarias”, y “con extrema cautela y patente justificación”, este Tribunal re-voca dicha decisión con lo que lesiona, a nuestra manera de ver las cosas, “la estabilidad de los contratos y la seguridad jurídica” en nuestra jurisdicción.

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En adición a lo expresado en el reciente caso de Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, ante, pág. 699, a los efectos de que las obligaciones que contrae un municipio “se rigen por principios de derecho civil” y de que los contratos administrativos se rigen normalmente “por la teoría general de los contratos”, está plenamente establecido en esta juris-dicción que un contrato entre “el gobierno” y un ciudadano particular debe interpretarse como si se tratara de un con-trato entre dos personas particulares. Rodríguez v. Municipio, 75 D.P.R. 479 (1953); Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878 (1961); Opiniones Secretario de Justicia, Núm. 1972-17, Núm. 1977-11 y Núm. 1978-15. Resulta meridianamente claro, por lo tanto, que las obligaciones que contrajo el Municipio de San Juan con la parte demandante mediante el contrato aquí en controversia, deben ser examinadas a la luz de los principios de derecho civil, específicamente, de la teoría general de los contratos.

En su consecuencia cobran importancia, en relación con los hechos de este caso, disposiciones de nuestro Código Civil tales como las del Art. 1207, () el cual consagra el principio de la autonomía de la voluntad al señalar que los “contra-tantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por coveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”; () las del Art. 1230, () mediante el cual se persigue mantener el ejercicio de esta libertad contractual separada de los requisitos de forma, a los efectos de que los “contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”; y las disposiciones, por último, del Art. 1208 () a los efectos de que la “validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrantes”.

Sobre la libertad de contratación ha sido mucho lo que se ha escrito. Nos señala Puig Brutau, en lo pertinente, que esta autonomía “significa que, en principio, todo particular puede contratar cuando quiera, como quiera y con quien quiera”.() Nos dice Manresa que producto “el contrato de la libre y acorde voluntad de los interesados para crear una relación jurídica especial, ha de regirse ésta con preferencia, según ya indicamos, por lo que quisieron y convinieron aquellos a quienes liga”. () Expresa, a estos mismos efectos, Diego Espín Cánovas que una “de las tradicionales caracterís-ticas del Derecho de obligaciones es la de la amplitud con que las partes pueden crear y regular sus propios intereses, valiéndose para ello de la figura del contrato, que se con-vierte así en molde jurídico capaz de recoger cualquier con-tenido económico .. .”.()

En relación, en específico, con contratos celebrados entre un municipio y una persona particular es de suma impor-tancia señalar que una vez se perfecciona el mismo es de aplicación la doctrina general de la inalterabilidad de los contratos; o sea, aplica la máxima pacta sunt servanda. A esos efectos expresa el comentarista V. Balbín Pechuán en su obra Los Contratos Municipales, que:

El contrato administrativo, una vez que se perfecciona por la adjudicación definitiva, tiene que ejecutarse y debe cum-plirse no de cualquier forma, sino con arreglo a lo convenido por las partes contratantes, es decir, de acuerdo a lo pactado, que es lo que significa el principio básico pacta sunt servanda. Este mantenimiento de lo pactado y este cumplimiento de lo convenido en el contrato interesa no sólo a las partes contra-tantes, sino que interesa a la paz social. Constantemente esta-mos contratando, pues la mayor parte de los actos humanos son contratos de una y otra naturaleza, de aquí que si no se cum- ■ pliesen o pudieran libremente no cumplirse los contratos, se produciría un verdadero “caos” en la sociedad.( ) (Énfasis suplido.)

I — I

El principio de la autonomía de la voluntad está sujeto, naturalmente, a que lo pactado libremente por las partes no sea contrario a las leyes, a la moral, ni al orden público. El contrato aquí en controversia claramente no lo es. Como bien señala la parte demandante, este Tribunal en sus interpreta-ciones del término “orden público” consistentemente ha bus-cado su expresión en la ley. A esos efectos, véanse: Asoc. de Condóminos v. Seguros Arana, 106 D.P.R. 133 (1977); Asoc. de Condóminos v. Centro I, Inc., 106 D.P.R. 185 (1977); Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149 (1976).

A esos efectos, el tratadista Scaevola expresa que:

El concepto “orden público”, en sí, aislado, con separación de la idea de ley, parécenos carece de efectividad en el campo propio de la contratación. Aun es dable hablar de moral como cosa independiente del derecho; no se concibe, en cambio, el orden público, esto es, ordenamiento de la vida social, sin un conjunto de reglas que lo determinen. Es precisamente orden público, porque el legislador lo declara así, o, aun sin decla-rarlo expresamente, lo es, en cuanto lo legislado afecta al interés general. El orden público fuera de la ley, es el vacío, no existe.
En definitiva: pactos contra el orden público hay que entender los que van contra ley, sea propia y estrictamente y en su totalidad de derecho público, sea de derecho privado, pero afectante en determinados preceptos al interés social. () (Énfasis suplido.)

C. Antieau, en su obra 1A Municipal Corporation Law, New York, Ed. Matthew Bender, 1980, Sec. 10.15, pág. 10-43, enumera situaciones en las cuales los contratos municipales han sido invalidados por contravenir el “orden público”. Entre otras, señala: a) duración excesiva del contrato más allá del término de las autoridades municipales; b) limi-tación irrazonable de los poderes de los funcionarios suce-sores; c) renuncia o indebida delegación de los poderes gubernamentales; d) conflicto de intereses de los funciona-rios municipales envueltos. No hemos encontrado ni un solo caso, ni ningún autor, que sostenga como contrario al “orden público” un contrato, como el de autos, en donde se pactan unos honorarios contingentes por unos servicios profesionales a prestarse.

¿Qué de ilegal e inmoral puede tener un contrato cuyo objetivo es la reducción en forma legítima de los gastos de operación en que incurre un municipio? ¿Acaso no es la reducción de los gastos energéticos en el gobierno una buena y deseable política pública?

¿Qué de ilegal e inmoral puede tener un contrato cuando está pactado expresamente en el mismo que el derecho, y la cuantía, a cobrar a una parte depende directamente de cuán beneficiosas resulten para el municipio las gestiones lícitas a ser realizadas por la primera?

Nos parece que no puede ser otra la conclusión de que en el caso presente no existe fundamento legal alguno para anu-lar el contrato en controversia por razón de que el mismo contravenga la ley, la moral o el orden público. Distinta sería la situación si se hubiere demostrado que medió fraude o manejos turbios en la contratación efectuada; () eventos que en el presente caso ni tan siquiera fueron alegados por el Municipio de San Juan al contestar la demanda.

El contrato celebrado, por último, tampoco resulta ser uno ultra vires. Debemos comenzar por señalar que, como regla general y específicamente en lo referente a gobiernos municipales, un contrato otorgado entre un municipio y una persona particular es ultra vires, únicamente, si no cae den-tro de los poderes municipales bajo ninguna circunstancia o para ningún propósito. C. Antieau en su obra Municipal Corporation Law, op. cit, Sec. 10.13, pág. 10-34, nos señala, en lo pertinente, que “[ujltra vires contracts are those completely beyond the competence of local governments in all circumstances”. En E. McQuillian, The Law of Municipal Corporations () se expresa, en lo pertinente, que:

The term “ultra vires” has been employed to mean many different things. Thus, it is not uncommon to refer to contracts as ultra vires where made by the wrong municipal officer or without the formalities required by law. The improper use of this term has been productive of much confusion and for the purpose of clearly defining the rights and duties of all the parties to a municipal contract, an ultra vires contract, as the term will be used herein, and according to its strict and true construction, .is a contract which it is not within the power of a municipal corporation to make under any circumstances or for any purpose. (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

¿Puede válidamente argumentarse que el Municipio de San Juan no tenía el poder para otorgar el contrato aquí en controversia bajo ninguna circunstancia, o que dicho con-trato no tenia propósito válido alguno? Creemos que no.

Como bien señala McQuillian, a la pág. 234 de su obra antes citada, The Law of Municipal Corporations, “a city may enter into contracts in aid of the performance of its public duties”. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

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Tenemos, en resumen, que el contrato aquí “aniquilado” por la sentencia que emite el Tribunal no es ultra vires, como tampoco es contrario a las leyes, a la moral, ni al orden público. El propósito del mismo es legítimo y beneficioso para el Municipio de San Juan: economizar fondos públicos que eran gastados innecesariamente en consumo de energía eléctrica, fondos que podrán ser utilizados en otras formas en beneficio de los ciudadanos de dicho municipio.

Las consecuencias del referido contrato eran claras y previsibles: la parte demandante tendría derecho, en con-cepto de honorarios contingentes, a la mitad de lo que sus gestiones y recomendaciones le economizaran al municipio. Dicho contrato fue pactado libremente por las partes; de hecho, como expresáramos anteriormente, el mismo fue pre-parado por el asesor legal del municipio. Éste definitiva-mente no era la “parte débil” que vino obligada a aceptar los términos impuestos por la “parte poderosa”. ()

Somos del criterio que la función de este Tribunal al aquilatar un caso como el de autos no es la de determinar, a posteriori, la “conveniencia” o no de los términos del contrato celebrado o cuáles, de acuerdo con el criterio individual de cada uno de nosotros, han debido ser los mismos. Nuestra función se limita, por mandato de ley, a determinar la lega-lidad del contrato. () No estamos llamados a ejercer, respecto a los municipios de Puerto Rico, un poder similar al de parens patriae que ejercemos en relación con los menores de edad.

Ante la realidad de lo expuesto, el Tribunal expresa que procede el “aniquilamiento” del contrato celebrado por razón de “la desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes” en vista de la “labor simple y esporá-dica” que realizó la corporación demandante. (Sentencia, pág. 89.)

Somos del criterio que, al igual que en el caso de López de Victoria v. Rodríguez, ante, pág. 271, “no es este el caso que requiera la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes”.

En primer lugar, y en adición a las circunstancias ante-riormente mencionadas que rodearon la otorgación del con-trato objeto del presente pleito, no podemos perder de vista el hecho de que, como en todo contrato sobre honorarios con-tingentes, al momento de otorgarse el contrato aquí en con-troversia ni una ni otra parte sabía a ciencia cierta cuál iba a ser el fruto o resultado del trabajo a ser realizado por la corporación demandante. Pudo haberse dado el caso de que las economías resultantes para el Municipio de San Juan hubieran podido consistir dé una suma de dinero nominal. En tal eventualidad los honorarios que hubieran correspon-dido a la demandante no sólo no hubieran llamado la aten-ción de persona alguna, sino que en dicha situación la demandante con toda seguridad hubiera perdido dinero al compararse los exiguos honorarios a que hubiera tenido derecho con las horas y esfuerzo invertidos por ella en el trabajo realizado. Claro está, ese era el riesgo que bajo el con-trato celebrado corría la corporación demandante.

Resultó, sin embargo, que el trabajo realizado tuvo un éxito probablemente no previsto por persona alguna. Es po-*sible que de momento pueda llamar la atención la magnitud de los honorarios que le corresponden a la demandante. No debemos olvidar, sin embargo, que por cada dólar a que tiene derecho la demandante bajo el contrato celebrado, el Municipio de San Juan se economiza a su vez un dólar. \Para el referido municipio sí que no existía riesgo alguno bajo el contrato otorgado!

En ello es que precisamente consiste la justificación, y hasta cierto punto “el atractivo”, de los contratos de honora-rios contingentes: el “cliente” no tiene que hacer desembolso alguno de honorarios. El que invierte su tiempo, su esfuerzo y, hasta su dinero, lo es la otra parte, dependiendo los hono-rarios que pueda ésta percibir en proporción al éxito que tengan sus gestiones y, en su consecuencia, en proporción directa a cuán beneficiado resulta su representado.

Determinar que bajo las circunstancias presentes en el caso que nos ocupa procede la “intervención” del Tribunal y la consecuente “aniquilación” de este tipo de contrato con-tingente de servicios constituye, a nuestra manera de ver las cosas, un golpe mortal para la “certeza jurídica” que debe existir en nuestra jurisdicción que, inclusive, puede llevar-nos al “caos” de que nos habla el comentarista Y. Balbín Pechuán en su antes citada obra.

¿Significa la decisión que hoy emite este Tribunal que de ahora en adelante aquel corredor de bienes raíces a quien se le encomendó la venta de una propiedad o aquel abogado a quien se le confió el caso de daños y perjuicios no podrán cobrar de sus respectivos clientes el porcentaje acordado en el contrato celebrado debido a que o vendieron la casa o tran-sigieron el caso con una simple llamada telefónica?

¿Van a depender los honorarios a cobrarse en los contra-tos contingentes de las horas efectivamente trabajadas o del número de diligencias realizadas? Si se puede descartar de un plumazo el porcentaje libremente pactado por las partes en el contrato que celebran, ¿a base de qué criterios van a valorizar los tribunales de justicia dicha labor? ¿Que guías existen para ello?

En segundo lugar, tampoco se justifica la “intervención moderadora” del Tribunal con el contrato otorgado por supuestamente existir una “desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes”, por cuanto la labor realizada por la corporación demandante no se cir-cunscribió meramente a lo expuesto en la sentencia que se emite. La demandante es una corporación doméstica que se dedica a prestar servicios de asesoramiento en asuntos de energía eléctrica, agua y combustible. Cuenta para ello con personal graduado de ingeniería. A manera de ejemplo y en relación con el trabajo realizado por ellos en beneficio del Municipio de San Juan, el récord demuestra que dicho personal descubrió, entre otras cosas y en relación con una bomba de drenaje propiedad del referido municipio, lo que el personal de éste por años no había descubierto: se pudo comprobar que la facturación se basaba en estimados y que la base de dichos estimados era errónea por cuanto presu-ponía una utilización constante de energía eléctrica cuando lo cierto era que dicha bomba de drenaje sólo operaba al producirse acumulación de agua en las calles. Este descu-brimiento, por sí solo, resultó en una economía para el Municipio de San Juan de $2,431,228.84. ()

La labor realizada definitivamente no puede haber sido tan “simple y esporádica” como se alega. La prueba de ello es que este Tribunal en la Sentencia que emite concluye que se “cumple nuestra guardada intervención al revocar la sen-tencia, sin estimar la reconvención en que el municipio soli- cita restitución de los $232,138.62 ya pagados”. (Énfasis suplido.) (Sentencia, pág. 91.) La contradicción es aparente; el propio Tribunal reconoce que lo que califica de “simple y esporádica”, en realidad no lo es.

Por último —aun presumiendo a los fines de la argumen-tación, de que la labor realizada fuera en extremo sencilla— lo cierto es que el trabajo realizado por la corporación demandante le economizó al Municipio de San Juan la suma de $5,033,810.96. La realidad es que el referido municipio, aun después de “pagar” la mitad de dicha suma en concepto de honorarios, se “economiza” exactamente la misma suma de dinero, o sea, $2,516,905.48; fondos que podrán ser utili-zados por dicho municipio para realizar obras en beneficio de la ciudadanía de San Juan. ¿Es razonable que el munici-pio se beneficie así sin tener que pagar lo pactado? En pala-bras de este Tribunal —en el reciente caso de Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, ante, págs. 702-703— ¿No “ofende elementales principios de equidad, en el sentido ci-vilista de la palabra, el que un municipio pueda beneficiarse de un acuerdo en las circunstancias específicas de este caso y a la vez evadir toda responsabilidad respecto a lo convenido libremente por él”?

En resumen, disiento en el presente caso por entender que la decisión que hoy emite este Tribunal constituye un viraje que atenta contra la libertad de contratación y, por ende, contra la “seguridad y certeza jurídica” que debe imperar en nuestro país. Confirmaría, en su consecuencia, la sentencia dictada por el tribunal de instancia.

      (1)Por estos servicios, Utility Consulting recibiría el 50% de la reducción en facturas de luz y agua durante los tres años siguientes a su modificación, ajuste o corrección; y créditos atribuibles a la gestión del consultor.

      (1) Sentencia de fecha 29 de junio de 1982, la publicación de la cual fue orde-nada por este Tribunal.

      (2) “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso, y a la ley.”

      (3) Trabajo que no fue tan sencillo como indica el tribunal en la parte núm. 1 de la sentencia emitida.

      (4) Exactamente la suma de $5,033,810.96.

      (5) J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta.ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 437-440, comentando el Art. 1.258 del Código Civil Español (Art. 1210 de nuestro Código) expresa:
      “III. Extensión y fuerza obligatoria de lo convenido. — La fuerza de obligar que los contratos llevan en sí, aparece proclamada una vez más en este artículo, deter-minando concretamente el instante en que empieza, referido al consentimiento que determina la perfección y alcance que tiene, no limitado a lo que expresamente se pacte.

        “Debe entenderse la buena fe, tomando la frase en sentido objetivo, en dar al contrato cumplida efectividad en orden a la realización delfín propuesto, por lo que han de estimarse comprendidas en las estipulaciones contractuales, aquellas obliga-ciones que constituyen su lógico y necesario cumplimiento. (S. 9 diciembre 1963.)

        “El artículo 1.258, que obliga al cumplimiento, no sólo de lo expresamente pac-tado, sino a todas las consecuencia[s] que se deriven, junto a la buena fe y la ley, del uso al que el precepto interpretativo parece asimilar lo que se llama ‘costumbres de la tierra’; bien mirado, es una norma que más que la exégesis del contrato, tiende a contemplar el mismo extendiéndolo a todo aquello que por ser práctica observada, reiterada y admitida, se cree innecesario consignar expresamente en el texto contractual, tratándose por lo común, de materia accesoria... .’’(Énfasis suplido.)
      Q. Scaevola, por su parte, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. XX, págs. 634-635, expresa al respecto que:
      “Si el contrato es la manifestación de la voluntad de las partes acerca del objeto de él, vendrán rigorosamente sujetas al cumplimiento de lo que de modo expreso pactaron. Precisamente por eso y para eso estipularon, y por algo y para algo acor-daron en darse una cosa o prestarse un servicio. Pacta sunt servanda: ‘los pactos deben cumplirse según fueron otorgados’, y ‘cada uno debe cumplir aquello a que se obligó por su propio consentimiento’.

        “En esto no hay duda, aparte de la interpretación del contrato, aquello a que me comprometí, aquello que yo pacté, vengo sujeto a cumplirlo.

        “Lo pactado es propiamente el área del contrato, la cual, por accesión, se extiende y amplía. El Código español, a semejanza de otros extranjeros (Francia, art. 1.135; Italia, 1.124; Méjico, 1.276), prolonga la acción del contrato a ‘todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley’. Es decir, rigen, imperan, obligan las consecuencias a que se refiere el artículo, aun sin mención expresa de ellas, en un contrato dado. La regla jurídica es impe-rativa; manda y ordena, sancionando la efectividad de cuanto emane del contrato.” (Énfasis suplido.)

      (6) 31 L.P.R.A. see. 3372.

      (7) Sobre este punto en particular, véanse: Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112 (1964); Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 87 D.P.R. 775 (1963); Clausells v. Commercial Union A. Co., 37 D.P.R. 117 (1927); Tastee Freez v. Negdo. Seg. Empleo, 108 D.P.R. 495 (1979).

      (8)31 L.P.R.A. see. 3451.

      (9)31 L.P.R.A. see. 3373.

      (10)J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. 2, Vol. I, pág. 5.

      (11) J. M. Manresa, op. cit., pág. 380.

      (12) D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 4ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1975, Vol. III, págs. 355-356.

      (13) V. Balbín Pechuán, Los Contratos Municipales, Madrid, Ed. Civitas, 1976, pág. 125.

      (14) Q. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. 20, págs. 586-587.

      (15) Correspondiéndole el peso de la prueba respecto a ello, dicho sea de paso, al municipio demandado. Serrano v. Torres, 61 D.P.R. 162 (1942).

      (16) 10 McQuillian, Municipal Corporations, 3ra ed., Illinois, Callaghan & Co., 1981, Sec. 29.10, pág. 236.

      (17) Véase: C. M. & Finance Corp. v. Cooley, 103 D.P.R. 6 (1974).

      (18) Véase: Middlesex County Sewer. Auth. v. Middlesex Borough, 181 A.2d 818 (1962).

      (19) Véanse las determinaciones de hecho núm. 11, 12, 13 y 14 de la sentencia emitida por el tribunal de instancia.


author: Juez Asociado Señor Dávila.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Héctor Luis Morales Rivera, acusado y peticionario.

      Número: O-83-206

      Resuelto: 21 de febrero de 1984

      Carlos Jesús Pérez Santiago, abogado del peticionario; Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

I

El 12 de abril de 1978 ocurrió un asalto en la ciudad de Mayagüez, como consecuencia del cual perdió la vida un ser humano y otro resultó gravemente herido. Un año y ocho meses después de ocurridos dichos hechos, la Policía de Puerto Rico fue informada de una admisión supuestamente hecha por el peticionario, Héctor Luis Morales Rivera. Como consecuencia de ello, el peticionario fue señalado —e identi-ficado por fotografías— por los testigos del Ministerio Fiscal Ana M. Torres Vargas y Benito Cruz Justiniano, como la persona que, actuando en concierto y de común acuerdo con un individuo de nombre Rafael Castoire Sánchez, () era responsable de la ocurrencia de los referidos hechos. ()

Celebrado el proceso del peticionario, () declarado culpable por el jurado que intervino en los cargos que en su contra fueron presentados por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y dos infracciones al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, y que fuera sentenciado por el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, apeló ante este Tribunal.

La apelación giró, principalmente, en torno a si la identi-ficación que del peticionario hicieron los mencionados testi-gos de cargo fue correcta y confiable y, en su consecuencia, ajustada a derecho. Mediante opinión y sentencia de 31 de marzo de 1982, la mayoría de los señores jueces de este Tribunal así lo entendió, () expresando que no “existe duda en nuestras conciencias, como tampoco la hubo en las del jurado y [d]el juez sentenciador, respecto a la culpabilidad del apelante”. () Las sentencias impuestas al aquí peticiona-rio, en su consecuencia, fueron confirmadas.

En el entretanto, Rafael Castoire Sánchez había sido localizado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Fue extraditado a Puerto Rico el 15 de enero de 1982. A solicitud del Ministerio Público —luego de compro-barse la defensa de coartada anunciada por éste y a nivel de vista preliminar— el honorable Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, ordenó el 31 de agosto de 1982 el archivo y sobreseimiento de los cargos presentados contra Castoire Sánchez al amparo de las disposiciones de la Regla 247 de las de Procedimiento Criminal. ()

Con fecha de 20 de septiembre de 1982 el peticionario presentó un escrito ante el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, intitulado “Moción al Amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal”. Alegó, en síntesis, que siendo “la identificación de Cas-toire Sánchez completamente falsa, como revelan los hechos, y siendo el testimonio de Ana María Torres Vargas, que lo identificó como el acompañante inequívoco de Héctor Luis Morales, vital en el proceso seguido contra el convicto, es de justicia que se anulen las sentencias dictadas, que el peticio-nario sea puesto en libertad o que se conceda un nuevo juicio al convicto Héctor Luis Morales”. (Énfasis suplido.)

Argumentadas por las partes sus respectivas posiciones en la vista que a esos efectos señalara el tribunal de instancia éste, después de hacer un análisis de la evidencia desfilada durante el proceso celebrado, emitió una cuidadosa y bien razonada resolución escrita mediante la cual declaró sin lugar la moción presentada.

Inconforme, el peticionario acudió ante este Tribunal mediante el correspondiente recurso de certiorari. Expedi-mos el auto solicitado. Resolvemos.

I — I I — <

Procede, antes que nada, que delimitemos o precisemos cuál es la “cuestión legal” a la cual nos “enfrentamos” en el presente recurso. Debe estar claro que el punto sobre si la identificación que del peticionario se hizo en la etapa inves-tigativa del caso fue o no confiable y correcta y, por lo tanto, ajustada a derecho, es una cuestión que ya fue resuelta en forma adversa al peticionario por este Tribunal al resolver el recurso de apelación que instó el peticionario luego de ser declarado culpable y convicto ante el tribunal de instancia, determinación que hoy ratificamos. Véase: Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463 (1982).

La cuestión a resolver en el presente recurso se circuns-cribe a la procedencia de una moción de nuevo juicio fun-dada en el “descubrimiento de nueva prueba” a la luz de las disposiciones de las Reglas 187, 188, 189 y 192 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, de la jurispru-dencia interpretativa de las mismas, y de los hechos particu-lares del presente caso.

Ello es así por cuanto el efecto o resultado, si alguno, de la “nueva prueba” en el presente caso nunca podría ser la absolución total del peticionario, ya que resulta obvio que la “nueva prueba” no es suficiente, por sí sola, para derrotar la determinación que sobre culpabilidad ya hizo el juzgador de los hechos a nivel de instancia y que este Tribunal confirmó. Dicha prueba únicamente va dirigida a atacar o afectar la credibilidad que le mereció —o pueda merecer— al juzgador de los hechos el testimonio de los testigos de cargo Ana M. Torres Vargas y Benito Cruz Justiniano. ()

H — I h — H

Hemos resuelto que una moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de nueva prueba sólo procede cuando esta última: (1) no se pudo descubrir con razonable diligen-cia antes del juicio, (2) no es meramente acumulativa, (3) no impugna la prueba aducida durante el juicio, (4) es creíble, y (5) probablemente produciría un resultado diferente —Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10 (1946); Pueblo v. Ortiz, 68 D.P.R. 681 (1948); Pueblo v. Beltrán, 73 D.P.R. 509 (1952)—; que dicha moción va dirigida a la discreción del tribunal senten-ciador y que, denegada la referida moción por ese foro, este Tribunal no intervendrá con dicha determinación, a menos que se demuestre un claro e inequívoco abuso de discreción por parte del tribunal de instancia —Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964); Pueblo v. Vázquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968); Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974); y Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

Es cierto que la “nueva prueba” en el presente caso no estuvo disponible para el aquí peticionario durante la etapa de la celebración del proceso que culminó en su condena; que no es prueba meramente acumulativa; y que la misma es creíble, por lo que la misma cumple con tres de los cinco requisitos exigidos.

No es menos cierto, sin embargo, que el uso de dicha prueba, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, está vedado como fundamento para una moción de nuevo juicio. Ello es así por cuanto dicha prueba es de carácter impugna-torio; () en otras palabras, su propósito sería, como expre-samos anteriormente, atacar o afectar la credibilidad que le pueda haber merecido al juzgador de los hechos el testimo-nio de los testigos que identificaron al peticionario Morales Rivera y al “coacusado” Rafael Castoire Sánchez.

De otra parte, procede que nos preguntemos si dicha nueva prueba hubiera cambiado el veredicto de culpabilidad que fue rendido en el presente caso. Somos los primeros en aceptar que en toda ocasión o caso en que se plantee y se conteste dicha pregunta, siempre habrá argumentos para sostener la posición contraria.

En el presente caso hay que reconocer que existen buenos y sólidos argumentos para sostener que, no empece dicha nueva prueba, el veredicto hubiera sido el mismo. Como bien señala el tribunal sentenciador en la resolución emitida, los “testigos que presenciaron los hechos vieron y observaron a Héctor Luis Morales por más tiempo y con más atención que a Castoire y ofrecieron una descripción más detallada de éste que de Castoire, incluyendo la observación de la testigo Ana María Torres sobre el tatuaje del rostro de una mujer en el brazo derecho de Morales” (énfasis suplido), y que el aquí peticionario fue el “centro de atracción o autor principal del asalto que culminó en el asesinato y la tentativa de asesinato de los perjudicados”. (Énfasis suplido.)

A base de los hechos arriba expresados el juzgador muy bien podría entender que los testigos de cargo pudieron haberse equivocado en cuanto a Castoire Sánchez y no así en cuanto al aquí peticionario.

En adición a lo anteriormente expresado tenemos que la identificación que del peticionario hicieron los testigos de cargo no es la única prueba que milita en su contra. Recor-demos que hubo prueba de que el peticionario hizo admisión de los hechos. Ello, naturalmente, es evidencia que tiene mucho, peso en la mente del juzgador de los hechos al emitir el fallo condenatorio o absolutorio.

En vista de que la nueva prueba es de carácter impugna-torio, de que probablemente la misma no produciría un resultado diferente por cuanto la prueba que desfiló en el juicio celebrado demuestra en forma contundente la culpabi-lidad del peticionario, y de que no se nos ha demostrado que el tribunal sentenciador cometiera un claro e inequívoco abuso de discreción al denegar la moción que al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal fue presentada, resolvemos no intervenir con dicha determinación. Pueblo v. Pardo Toro; Pueblo v. Vázquez Izquierdo; Pueblo v. Agosto Castro; y Pueblo v. Prieto Maysonet, ante. En consecuencia, la resolución dictada en el presente caso por el tribunal de instancia será confirmada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secre-taria General. El .Juez Presidente Señor Trías Monge disiente por los fundamentos expuestos en Pueblo v. Morales Rivera, supra, pág. 472 (1982). El Juez Asociado Señor Dávila emitió voto disidente y el Juez Asociado Señor Iri-zarry Yunqué no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Dávila.

Nos reafirmamos en el voto disidente que emitimos en Pueblo v. Morales, 112 D.P.R. 463, 472 (1982). El acusado peticionario presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal en la que solicitaba su liberación o la concesión de un nuevo juicio. Alegó que a quien fuera identificado como su acompañante y coautor, Rafael Castoire Sánchez, le fueron archivadas todas las acu-saciones al comprobarse que antes, durante y después de los hechos por los cuales se le acusó se encontraba encarcelado en Nueva York; que el testimonio de Ana Torres fue vital en el proceso seguido en contra del peticionario y fue ella quien hizo la identificación falsa de Castoire Sánchez; que este nuevo elemento abunda en la naturaleza viciada de la identi-ficación y que no pudo producir esta nueva prueba, durante el juicio por desconocer el paradero de Castoire Sánchez. Esta nueva prueba unida a la deficiente y poco confiable identificación que discutimos en nuestra disidencia reafirma nuestra convicción de que se le violó el debido proceso de ley al acusado al admitirse en evidencia una identificación poco confiable. Debió prosperar la moción radicada al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal.

      (1) Participó en los hechos un tercer individuo que nunca pudo ser identificado.

      (2) Según la prueba, el peticionario fue la persona que hizo los disparos de revólver que causaron los resultados antes mencionados.

      (s) Al no poder ser localizado y arrestado Rafael Castoire Sánchez, el peticiona-rio fue juzgado “por separado”.

      (4) Fue una decisión “cuatro a tres”. Véase: Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463, 471 (1982).

      (5) Fue admitida en evidencia prueba sobre la “admisión” que hiciera el aquí peticionario. Este Tribunal, en apelación, sostuvo como correcta dicha actuación.

      (6)Se comprobó, a satisfacción del Estado, que para el 12 de abril de 1978, Rafael Castoire Sánchez se encontraba cumpliendo sentencia de presidio en una institución penal en los Estados Unidos de América.

      (7) Es de rigor señalar que la moción del peticionario a esos efectos fue presen-tada a tiempo. Reglas 189 y 192 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (8) Véanse: Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10 (1946), y Pueblo v. Ortiz, 68 D.P.R. 681 (1952).


author: Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Pedro Lebrón Morales, acusado y apelante.

      Número: CR-83-31

      Resuelto: 22 de febrero de 1984

      Jorge Arroyo Fernández, abogado del apelante; Miguel Pagán, Subprocurador General, y Lourdes del C. Rodríguez, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante Pedro Lebrón Morales fue acusado de posesión con la intención de distribuir ilegalmente heroína en común y de mutuo acuerdo con José A. Silva Claudio. Por tribunal de Derecho, fue convicto y sentenciado a 15 años en cada uno de los dos cargos a ser cumplidos concurrente-mente. Apunta para sostener su apelación, que la prueba fue insuficiente, que no se estableció más allá de duda razonable la comisión de un acto delictivo.

Lebrón Morales conoció a José A. Silva Claudio dos semanas antes de los hechos delictivos en un bar en el pueblo de Vega Alta y había compartido con él en varias jugadas de billar. Hacía un mes que había llegado de Chicago donde vivía desde el 1967. Se quedaba en Yabucoa, pero iba a ver una amiga a Vega Alta de nombre Zenaida de quien no recordaba el apellido. Mientras jugaban billar, Silva Claudio le informó que ese día se disponía a viajar a Nueva York y que iba a obtener el boleto correspondiente. El apelante le pidió que obtuviera otro para él y que se lo pagaría en la tarde. Silva Claudio así lo hizo y Lebrón Morales le pagó $91 por el boleto.

La testigo Ediltrudis Romero Rodríguez, oficial del Departamento de Agricultura Federal adscrita al Aero-puerto Internacional de Isla Verde, declaró que vio por cerca de 3 minutos mientras José A. Silva Claudio y Pedro Lebrón Morales caminaban como amigos y se dirigían hasta el lugar donde ella efectuaba inspecciones a los equipajes. Morales Lebrón traía en' sus manos un garment-bag y una maleta color marrón de tamaño mediano, mientras que José A. Silva Claudio cargaba una maleta marrón pequeña y un abrigo blanco dentro de un plástico transparente. José A. Silva Claudio tomó las dos maletas y procedió a abrirlas. Primero la oficial de agricultura inspeccionó la maleta pequeña y cuando Silva Claudio iba a cerrarla notó unas medias adentro que parecía que contenían guayabas. Silva Claudio le dijo que allí no había nada y se sintió molesto con la inspección y al comenzar a inspeccionar las medias desa-pareció del lugar. La oficial federal Romero Rodríguez pre-guntó a Morales Lebrón por Silva Claudio, mas respondió que no lo conocía, que había llegado solo. Procedió a abrir las medias y encontró unos sobres plásticos, tres con polvo marrón y uno con polvo blanco que, posteriormente, luego de análisis químico, resultaron ser heroína y cocaína. Lebrón Morales permaneció en el lugar. Dio a inspeccionar su bulto garment-bag al que la oficial de aduanas colocó un sello y se llevó el abrigo blanco. La oficial de agricultura procedió a llamar a la Policía. Las maletas eran de un mismo juego, en la más pequeña se encontró una licencia con el nombre de Silva Claudio y su dirección de Chicago. Luego la oficial de aduanas, cuando acompañaba a los policías, vio en un tablón de edictos del aeropuerto una fotografía en una requisitoria de prófugo que correspondía a José A. Silva Claudio.

La Policía detuvo a Morales Lebrón dentro del avión. Cuando se le preguntó por José A. Silva Claudio manifestó que lo conocía, pero al preguntársele sobre las maletas informó que no eran de él, que viajaba sin maletas. Una vez arrestado se le ocupó $6,893.91 en efectivo en rollos de 20 y 10 dólares. Morales Lebrón declaró que trajo $10,000 a Puerto Rico para comprar un negocio, y que repartió cerca de $3,000 entre sus familiares al no adquirir ninguno. El juez Balbino Colón Martínez no determinó causa probable. En vista preliminar en alzada el juez Ángel F. Rossy García sí determinó causa.

Se nos plantea si la prueba fue suficiente para encontrar culpable al apelante Morales Lebrón de algún acto delictivo más allá de duda razonable en común y en concierto con José A. Silva Claudio. El apelante alega, además, como error, la denegación de una moción de supresión de evidencia funda-mentada en la ilegalidad del registro. No entraremos a con-siderar este segundo plateamiento toda vez que el caso puede ser resuelto por alegación de insuficiencia de la prueba.

La prueba sostiene la conclusión de que las dos maletas color marrón eran un sólo juego perteneciente a José A. Silva Claudio. Cuando se registraban las maletas, el ape-lante aunque reaccionó negando conocer al dueño del equi-paje, no huyó del lugar y se dirigió a abordar el avión donde fue localizado y arrestado por la Policía. Se comportó como una persona que ignoraba lo que contenían las maletas y que se sabía inocente de un delito.

Son coautores de un delito entre otros los que planifican o cooperan de cualquier modo en su comisión. Art. 35 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3172; Pueblo v. Ortiz, 104 D.P.R. 115 (1975); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716 (1981). La cooperación o planificación implica participación intencional en la empresa delictiva. Compárese con Pueblo v. Stevenson Colón, 113 D.P.R. 634 (1982). Véase, Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979). Y hay que demostrar la cooperación o planificación más allá de duda razonable. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974).

Aunque parte de la prueba que tuvo ante sí el juzgador de instancia arroja sospecha sobre la culpabilidad del ape-lante, es forzoso concluir que es razonable abrigar dudas sobre si actuó en concierto y de común acuerdo con Silva Claudio. Recuérdese que si bien llegaron juntos al aero-puerto, el apelante cargaba la maleta más grande y Silva Claudio la más pequeña en la que se encontró el contrabando y fue Silva Claudio el que abrió la maleta para la inspección. Su actuación denotaba que sabía lo que estaba oculto en las medias y por eso desapareció del sitio. El apelante per-maneció en el lugar, esperó a que registraran su bulto y abordó el avión. Y ciertamente, tener encima una cantidad sustancial de dinero no suple la prueba que hace falta para conectar al apelante con la cornisón del delito imputado. Parece inescapable concluir que no puede prevalecer la sen-tencia condenatoria.

Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual disintió. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió en opinión separada a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Una lectura y análisis de la Exposición Narrativa de la Prueba refleja la culpabilidad del apelante Lebrón Morales más allá de duda razonable, según lo determinó el tribunal de instancia.

Las circunstancias de “amistad” desarrollada con José A. Silva Claudio; la decisión instantánea de acompañarlo a Chicago; la confianza en encargarle que le comprara su pasaje de regreso; la llegada simultánea de ambos al aeropuerto; la identidad en el juego de maletas; el testimonio claro de la funcionaría de aduanas que los vió acercarse juntos hacia el área de inspección; la falsedad del apelante al negar que conocía a su acompañante y que vinieron juntos; su pérdida de memoria sobre hechos esenciales —tales como no recor-dar el nombre de los distintos hoteles donde se hospedó en Vega Baja; que no hizo gestiones para comprar el negocio de barra para lo cual vino, sobrándole $6,893.91 en efectivo, como no recordar tampoco el barrio, kilómetro y hectómetro de la carretera donde vive su madre, a quien vino a visitar y con quien vivió durante su estadía— constituyen elementos valorativos que destruyen todo viso de veracidad.

Esa falta de legitimidad testimonial no puede suplirse a base de la premisa inarticulada en la sentencia de que al permanecer y no huir, es una conducta demostrativa de que desconocía el contenido ilícito de drogas en la otra maleta. “Ciertamente debemos evitar caer en la superficia-lidad de atribuirle a toda mente y conducta humana presun-ciones de un proceder automático. Hay delincuentes que realizan el acto delictivo a plena luz del día, sin ocultarse, y otros de manera contraria. Ante determinado reclamo poli-cial pueden responder de distintas maneras: unos huyen; otros permanecen serenos con la mayor naturalidad; otros se desprenden, a como dé lugar, del material delictivo; otros espontáneamente admiten sin reservas sus actuaciones; etc. La dinámica de la conducta delictiva, aunque diferente en sus protagonistas, medios y en un sinnúmero de circunstan-cias, presenta en el fondo características básicas comunes. Lo importante es detectar cuándo esas discrepancias, pro-ducto de las diferencias humanas, están presentes en deter-minada actuación. Con esta perspectiva en mente es que hemos evaluado el testimonio de los agentes en este caso.” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Espinet Pagán, 112 D.P.R. 531, 536-537 (1982).


text:
    Emilio Villaverde Gómez, etc., demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc., y Leland Properties, Inc., demandadas y recurrentes.

      Número: R-83-295

      Resuelto: 22 de febrero de 1984

      Carlos M. Maldonado Casillas, de O’Neill & Borges, abogado de las recurrentes; Héctor Cuebas Tañón y Harold D. Vicente, de Lasa, Vicente, Jiménez & Escalera, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

En 1973, Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc. (ahora Leland Properties, Inc.) ofreció al Sr. Emilio Villaverde, presidente y dueño de General Atlantic Millwork Corp., venderle 2 solares en la urbanización Levittown Lakes Industrial Park. Villaverde aceptó la oferta. Debido a que había que cederle a la Autoridad de Acueductos y Alcanta-rillados una parte indeterminada de uno de los solares —el solar núm. 8— se pospuso la venta y se otorgó un contrato de arrendamiento en 1974 sobre parte del terreno. En lo perti-nente se estableció en este convenio que:

“Right of First Refusal” — In the event that the Demised Premises is offered for sale during the lease period, Tenant shall have the right of first refusal to purchase the said Demised Premises upon the same terms and conditions offered to the prospective purchaser, such right to be exercised by Tenant via registered mail within ten (10) days after receipt of notice from Landlord of the terms and conditions of the sale of the property to a prospective purchaser. Should the property be sold to Tenant under the right of first refusal hereinbe-fore established, all monies paid as rental by Tenant prior to the sale date will be credited as part of the purchase price.

En 1977, se iniciaron negociaciones entre Villaverde y el entonces presidente de Levitt, Rafael Torrens, encaminadas a llegar a un acuerdo de compraventa del solar núm. 8. El 30 de marzo de 1977, Torrens envió una carta a Villaverde en la que expresó:

Dear Mr. Villaverde:
This is to confirm our conversation of two days ago at which time we agreed to sell and you agreed to buy the referenced lot for the following terms:
a. sale price $43,000.00
b. downpayment 10,000.00
c. Balance 33,000.00
d. interest on balance per year 7y2%
e. payment on balance to be made within 3 years
Presently our attorneys are working on the legal documents for the sale contract and mortgage on this property. The purpose of this letter is solely to assist you in the acquisition of the necessary funds for the down payment. (Exhibit 10.)
_(Signed)
Rafael Torrens

El 8 de julio de 1977, Villaverde escribió a James de Francia la siguiente carta para confirmar el acuerdo con Levitt:

Dear Jim:
As per our telephone conversation, I wish to confirm my agreement with Levitt & Sons of P. R., Inc. to purchase Lot #8 of the Levittown Industrial Park. I am attaching herewith a copy of the agreement letter given to me by Levitt & Sons. Also, as you may recall, on Oct. 1974, you and I entered into an agreement where I would have right of first refusal whenever you decided to sell this lot.
By the way, this is the lot which is affected by a severe zoning restriction because it is adjacent to the Sewage Treating Plant.
Please let me know if you should need additional information.
Best personal regards
Yours very truly
Emilio Villaverde

El 2 de mayo de 1978, Villaverde envió otra carta al Sr. Federico Sánchez en la que señaló:

Dear Mr. Sánchez:
I hereby confirm our conversation in which I proposed to purchase
Lot #8, Levittown Industrial Park
Levittown Lakes, Toa Baja, Puerto Rico.
The price and terms to be as follows:
Total selling price for the 9,819.8156 Sq. Mts. $50,000.00
Less: Total rent to be applied to purchase price 17,500.00
Net amount due $32,500.00
Down payment 10,000.00
Balance due $22,500.00
The $22,500 balance is to be paid in four equal yearly installments; and shall accrue interest at the rate of 714 per annum.
I trust this proposal meets with our approval.
Sincerely,
Emilio Villaverde

Levitt no aceptó esta oferta. Posteriormente notificó a Villaverde —el 13 de febrero de 1981— que estaba cance-lando el contrato de arrendamiento.

Villaverde inició la presente acción sobre cumplimiento específico de contrato o daños o ambos, contra Levitt. El tribunal de instancia dictó sentencia parcial que declaraba con lugar la demanda y ordenaba a los demandados a otor-gar la correspondiente escritura de compraventa por el pre-cio de $43,000, de los cuales el comprador ha pagado $41,000 por concepto de los cánones de arrendamiento que le ha pagado a Levitt. Se fundamentó en que Torrens, como presi-dente de Levitt, estableció mediante la antes transcrita carta del 30 de marzo de 1977, un contrato de promesa bilateral de compraventa, según lo dispuesto por el Art. 1340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3747. () Habiéndose radicado opo-sición por los demandados, procedemos a resolver.

Los recurrentes señalan que la carta del 30 de marzo es una oferta que hizo Levitt a Villaverde y que éste aceptó, pero con una modificación a la oferta, mediante las comuni-caciones del 8 de julio de 1977 y 2 de mayo de 1978 y que al no aceptar Levitt tales contraofertas, no se perfeccionó el contrato. No tiene razón. La carta del 30 de marzo no era una oferta, sino que reflejaba el acuerdo previo de compra-venta entre las partes. Claramente surge de la comunicación que ya hay un acuerdo previo entre Levitt y Villaverde en cuanto a la cosa objeto del convenio —el solar núm. 8— y el precio a pagarse —$43,000— por lo que hay un contrato de compraventa perfeccionado. Art. 1339 del Código Civil, 33 L.P.R.A. see. 3746. () Según la propia carta sólo resta la consumación del acuerdo, pues falta que los abogados pre-paren los documentos para el contrato y la hipoteca. Por lo tanto, resolvió correctamente el tribunal de instancia al ordenarle a Levitt que otorgara la correspondiente escritura de compraventa a favor de los demandantes. La comuni-catión del 8 de julio sólo confirma dicho convenio y la otra, la del 2 de mayo de 1978, aunque es una modificación sugerida por Villaverde, no fue aceptada por Levitt, por lo que no se alteró el contrato perfeccionado. Éste subsiste como se acordó originalmente.

El segundo apuntamiento es que incidió el tribunal de instancia al concluir que debía descontarse del precio de venta lo que Villaverde había pagado por concepto de cánones de arrendamiento. Tiene razón. En la carta del 30 de marzo de 1977 que refleja el contrato de compraventa, no se menciona tal crédito. Puesto que no fue incluido tal crédito como parte del contrato, no puede Villaverde exigir ahora que se incluya. Dicha carta lo que demuestra es que las partes acordaron un contrato que no seguía lo mencio-nado en el convenio de arrendamiento. Prueba de ello es que no es hasta la carta del 2 de mayo de 1978 que Villaverde incluye esa suma como parte del precio. Por lo tanto, pro-cede modificar la sentencia recurrida a esos efectos.

Se expide el auto y se modifica la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón en el sentido de no acreditar a la recurrida, como parte del precio, los $41,000 pagados por cánones de arrendamiento.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Aun cuando coincidimos con la conclusión de que entre las partes, por razón de las correspondencias del 30 de marzo y 8 de julio de 1977 existió un acuerdo válido sobre promesa bilateral de compraventa, la conducta insistente del demandante Villaverde Gómez en variar sus términos, a lo cual se opuso válidamente Levitt & Sons of Puerto Rico Inc., relevó a esta última de ese pacto. La contestación a la demanda de Levitt y la reconvención interpuesta, a la luz de todas las circunstancias presentes, nos mueven a decidir que debió declararse sin lugar la demanda instada.

      (1) En lo pertinente dispone:
      “La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumpli-miento del contrato.”

      (2) Dispone:
      “La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    William Calo Rivera, etc., demandantes y peticionarios, v. Rubén D. Reyes, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-83-254

      Resuelto: 29 de febrero de 1984

      Manuel Dorta-Duque Ortiz, abogado de los recurrentes; Ángel L. Tapia Flores, de Tapia & Aviles, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El 17 de diciembre de 1971 Rubén D. Reyes y su esposa Gladys Aponte emitieron un pagaré hipotecario al portador por $25,800 con vencimiento a los cinco años, a cuyo pago afectaron con primera hipoteca un inmueble de 740 m/c con dos edificaciones en la Calle Guayama de Hato Rey. El 15 de mayo de 1975 vendieron la finca hipotecada a Juan Jusino y esposa Luz C. Negrón; se hizo constar en la escritura que la obligación estaba reducida a $17,000 y en la cláusula 2da(b) estipularon que “los compradores retienen la suma de diez y siete mil dólares ($17,000.00) para el pago en su día de la hipoteca que al presente grava la propiedad ...”. Estas opera-ciones fueron debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad por lo que el comprador es el nuevo titular registral.

El recurrente Calo Rivera adquirió el pagaré (ya ven-cido) el 8 de diciembre de 1981 y en febrero de 1983 dedujo demanda enmendada en la que acumuló la acción personal con la real hipotecaria contra el girador Reyes y sus com-pradores Jusino y esposa, en ejecución del crédito por su balance impagado de $17,000. Reyes, deudor original, solici-tó sentencia sumaria y la sala de instancia luego de concluir “que no existe ninguna controversia sobre ningún hecho material . . . entre el demandante y el codemandado Rubén D. Reyes”, desestimó la demanda en cuanto a éste. Al recurso de revisión del tenedor demandante, expedimos auto de revisión el 15 de julio de 1983 y considerados los exten-samente debatidos planteamientos que ha suscitado el recurso, resolvemos.

Dio como fundamentos de derecho la sala de instancia, para su sentencia sumaria desestimatoria: falta de condición de tenedor de buena fe en el demandante poseedor del pagaré hipotecario; liberación del deudor original por su comprador y nuevo titular registral; e indebida acumulación de la acción personal y la real hipotecaria.

El demandante no es tenedor de buena fe pues adquirió el pagaré al portador después de su vencimiento. Art. 405, inciso 2 del Código de Comercio, 19 L.P.R.A. see. 92; Sánchez v. Colón, 97 D.P.R. 493, 497 (1969). Está, por tanto, sujeto a las defensas que puedan esgrimirse contra un documento que no fuere negociable. Art. 411 del Código de Comercio, 19 L.P.R.A. see. 98.

La cláusula de retención del precio por el comprador Jusino para pagar el importe de la hipoteca, no liberó de ésta al vendedor y deudor original Reyes, pues faltó el consentimiento expreso o tácito del acreedor. () El com-prador de la finca hipotecada se subroga en la responsabi-lidad hipotecaria y en la obligación personal con ella garan-tizada, mas no queda el hipotecante original desligado de la obligación, si no ha concurrido el acreedor. Art. 164, Ley Hipotecaria. () Toda vez que Jusino es un subrogado, su entrada no destruye la relación obligacional que permanece o subsiste con Reyes como deudor original. R. M. Roca Sas-tre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. 1, págs. 413-414. El Art. 164 de la Ley Hipotecaria ha incorporado al sistema la figura de asunción de deuda, que al ofrecer al acreedor un tercero que asume la misma como nuevo deudor subrogado, exige antes que nada el consentimiento del acreedor porque únicamente éste puede renunciar a la garantía de responsabilidad patrimonial del deudor a la que están afectos todos sus bienes, pre-sentes y futuros. Art. 1811 C.C. “[U]n acreedor hipotecario puede proceder directamente contra su deudor original, el cesionario de éste, o contra el comprador de la propiedad principal, cuando este último ha asumido el pago de la hipoteca, y aun contra el deudor y su cesionario conjunta-mente.” Carrera v. Palerm, 52 D.P.R. 815, 816 (1938).

La acción personal y la acción real hipotecaria (cuando no se trata del procedimiento ejecutivo sumario) pueden acumularse por el acreedor, y es procedente y recomendable que así se haga cuando el deudor personal y el propietario de la cosa hipotecada son dos personas distintas. Roca Sastre, op. cit, 6ta ed., T. IV, Vol. 2, págs. 968, 970, 973. Nuestro Procedimiento Civil propicia la acumulación, tanto de partes como de reclamaciones. Reglas 16, 17 y 14; Puig v. Sotomayor, 47 D.P.R. 454 (1934).

II

En la periferia de hechos determinados para sentencia sumaria, el recurrido alega que en cierto momento el titular registral adquirió el pagaré emitido por Reyes, mediante pago a un tenedor de apellido Viera, y que luego lo renegoció a un tercero, acto ineficaz por haberse extinguido la obligación por confusión de derechos al rfeunirse en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor. Art. 1146 C.C. El argumento se desvanece ante la realidad de que el pagaré no pierde su negociabilidad por un episodio temporero de confusión de derechos. Puesto en circulación nuevamente por el deudor Jusino, con su reingreso al cauce de corriente creditica, el pagaré recuperó toda su validez y su valor de garantía de la obligación asegurada. Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 436, 444 () (1967).

La demanda del tenedor no incluye como parte a Gladys Aponte, esposa del librador Reyes y cofirmante del instru-mento. No fue esta cuestión determinante en la sentencia sumaria por lo que subsiste la elección por el actor de los deudores a demandar, con las consecuencias que conlleve; pero no es ésta razón para desestimar la acción civil.

Finalmente nos dirigimos a la revelación en el argumento por el recurrido Reyes de la existencia de una controversia subyacente respecto a si el tenedor demandante es litigante de buena fe o testaferro utilizado por el compra-dor Jusino, para que la ejecución de la primera hipoteca barra la segunda que garantiza un precio aplazado de $30,000. No era esta controversia definida cuando se dictó sentencia sumaria, por lo que no tenía el tribunal para adju-dicación una totalidad de hechos incuestionados.

Se revocará la sentencia sumaria recurrida y se remitirá el caso a instancia para continuación de procedimientos compatibles.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Igual exigencia de consentimiento del acreedor se da en la novación por subs-titución del deudor. Art. 1159 C.C. En la subrogación, sin embargo, no hay despla-zamiento del deudor original porque no surte el efecto extintivo de la novación.

      (2) Art. 164 —Venta de finca hipotecada; efectos

      “En caso de venta de la finca hipotecada, si el vendedor y el comprador hubieren pactado que el segundo se subrogará no sólo en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obligación personal con ella garanti-zada, quedará el primero desligado de dicha obligación, si el acreedor prestare su consentimiento expreso o tácito.
      “Si no hubiere pactado la trasmisión de la obligación pero el comprador hubiese descontado su importe del precio de la venta, o lo hubiere retenido, aunque no se exprese en la escritura, y al vencimiento de la obligación fuera ésta satisfecha por el deudor que vendió la finca, quedará subrogado éste en el lugar y grado del acreedor hasta tanto el comprador le reintegre el total adeudado.” 30 L.P.R.A. see. 2560.

      (3) Este planteamiento de extinción por confusión de derechos fue rechazado por este Tribunal en denegatoria de moción para desestimar el recurso (R. 17 de noviembre de 1983) que ahora fundamentamos.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. José E. Torres Albertorio, acusado y peticionario.

      Número: O-82-723

      Resuelto: 29 de febrero de 1984

      José E. Ayora Santaliz, abogado del peticionario; Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El aquí peticionario fue acusado de apropiarse ilegalmente de un vehículo de motor. Como consecuencia de su arresto y de la rutina en el proceder policíaco en estos casos se tomaron fotografías de su persona y sus huellas dactilares. Sometido a juicio fue absuelto por un jurado. Solicitó entonces del tribunal que se ordenara a la Policía que le devolviera las fotografías y huellas digitales tomadas. El tribunal denegó su solicitud y para revisar dicha resolución se ha instado el presente recurso. () Resolvemos que la retención de dichas fotografías y huellas digitales por la Policía una vez absuelto el imputado y sin que se demuestre justificación alguna para ello por el Estado viola su derecho a la intimidad consagrado en el Art. II, Sec. 8 de nuestra Constitución. La resolución recurrida no puede prevalecer. Así lo intimamos en resolución sobre mostración de causa. No nos persuade la comparecencia que ha hecho el Procurador General en defensa de la resolución recurrida.

Debemos reconocer, antes de abordar los méritos de la cuestión aquí planteada, que la toma de fotografías y huellas dactilares a las personas detenidas para responder de delito público constituye una práctica aceptable como parte de la labor investigativa de la Policía. Archevali v. E.L.A., 110 D.P.R. 767, 771 (1981). Véase Comentario, Retention and Dissemination of Arrest Records: Judicial Response, 38 U. Chi. L. Rev. 850 (1971). Es permisible por su doble propósito de identificar al imputado como la persona que incurrió en el acto delictivo y ayudar a su procesamiento si reincidiere. Pero el procedimiento mismo de someter a la persona detenida a ese trámite implica una intervención con su intimidad que no debe tener más consecuencia si la persona fuere declarada inocente luego de un proceso judicial.

La práctica seguida hasta aquí por la Policía en estos casos, es decir, luego de que la disposición final del caso resultare en que la persona detenida no fuere convicta, ha sido incorporar la información obtenida sobre dicha persona, incluyendo sus fotografías y huellas digitales, a la que se ha dado en llamar el récord de arresto.

Esta práctica ha creado gran preocupación por el efecto adverso que la divulgación de ese récord de arresto puede tener para la persona. Véase A. Hess & F. Le Poole, Abuse of the Record of Arrest Not Leading to Conviction, 13 Crime and Delinq. 494 (1967); Comentario, Retention and Dissemination, supra, pág. 850; R. Paul Davis, Records of Arrest and Conviction: A Comparative Study of Institutional Abuse, 13 Creighton L. Rev. 863 (1980); Comentario, Criminal Procedure: Expunging The Arrest Record When There Is No Conviction, 28 Okla. L. Rev. 377 (1975).

La importancia que la divulgación del récord de arresto puede tener en cuanto se afecte a la persona detenida y no convicta es patente. Al quedar fichada () la persona, se le coloca entre aquellas “que se miran con prevención y descon-fianza”. En el aspecto económico, se minimizan sus oportu-nidades de empleo. ()

En Menard v. Mitchell, 430 F.2d 486, 490-491 (1970), el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Columbia pun-tualizó otras áreas de actividad de la persona que pueden afectarse, como su reputación, sus oportunidades educativas y la obtención de licencias profesionales. Dijo dicho tribunal:

Information denominated a record of arrest, if it becomes known, may subject an individual to serious difficulties. Even if no direct economic loss is involved, the injury to an individual’s reputation may be substantial. Economic losses themselves may be both direct and serious. Opportunities for schooling, employment, or professional licenses may be restricted or nonexistent as a consequence of the mere fact of an arrest, even if followed by acquittal or complete exoneration of the charges involved. An arrest record may be used by the police in determining whether subsequently to arrest the individual concerned, or whether to exercise their discretion to bring formal charges against an individual already arrested. Arrest records have been used in deciding whether to allow a defendant to present his story without impeachment by prior convictions, and as a basis for denying release prior to trial or an appeal; or they may be considered by a judge in determining the sentence to be given a convicted offender. (Escolios omitidos.)

En la mayoría de los estados de la unión no existe legis-lación sobre la disposición a hacerse sobre los records de arresto. () Donde existe legislación se han tomado tres tipos de medidas, a saber: (1) ordenar la eliminación inmediata y automática del récord luego de la exoneración, (2) establecer restricciones a su divulgación, y (3) devolver al arrestado que resulta exonerado, si lo solicita, la información sobre su identificación. ()

En ausencia de legislación, la jurisprudencia en los dife-rentes estados aparece dividida. Aquellos casos que niegan el derecho a la devolución de los records se inclinan a que ello es asunto que compete a la Rama Legislativa. ()

Otros sostienen que la no devolución de los records viola el derecho a la intimidad, aunque algunos entienden que la consideración al daño a la persona es superada por el interés del Estado en garantizar la seguridad pública mediante la prevención de crímenes y la captura de criminales. () En estos estados y en el ámbito federal, () el derecho a la inti-midad no tiene la fuerza que en Puerto Rico bajo nuestra Constitución. Así lo reconoció el distinguido Juez Cancio, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, al expresar lo siguiente en United States v. Kalish, 271 F. Supp. 968, 970 (1967):

There can be no denying of the efficacy of fingerprint information, photographs, and other means of identification in the apprehension of criminals and fugitives. Law enforcement agencies must utilize all scientific data in society’s never-ending battle against lawlessness and crime. When arrested, an accused does not have a constitutional right of privacy that outweighs the necessity of protecting society and the accumulation of his data, no matter how mistaken the arrest may have been.
However, when an accused is acquitted of the crime or when he is discharged without conviction, no public good is accomplished by the retention of criminal identification records. On the other hand, a great imposition is placed upon the citizen. His privacy and personal dignity is invaded as long as the Justice Department retains “criminal” identification records, “criminal” arrest, fingerprints and a rogue’s gallery photograph.

Nuestra Constitución dispone en su Art. II, Sec. 8, lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida pri-vada o familiar.

Dijimos en Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 258-259 (1978):

En E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 439-440 (1975), apuntamos que el derecho a la intimidad tiene un historial distinto en Puerto Rico al que tiene en Estados Unidos. Añadimos que nuestro Art. II, Sec. 8 es una copia literal del Art. V de la Declaración Americana de los Dere-chos y Deberes del Hombre y que entronca también con el Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Recalcamos que nuestra Asamblea Constituyente quiso “formular una Carta de Derechos de factura más ancha que la tradicional, que recogiese el sentir común de culturas diversas sobre nuevas categorías de derechos”.
En Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975), nos habíamos referido también a la amplitud del dere-cho a la intimidad. “Representando así esta sección [la número 8 del Art. II], como varias otras”, afirmamos, “un principio con aspiraciones de universalidad, destilado de muy diversos sis-temas jurídicos, ancho es el mundo que se nos brinda para su interpretación justa. No se está obligado por juegos específicos de reglas históricas. La obligación es acatar el mandato consti-tucional, en consonancia con otras disposiciones de nuestra ley primaria y las realidades del país”.

La importancia de este derecho a la intimidad, que es consubstancial a la declaración de inviolabilidad de la dig-nidad del ser humano consagrada como principio rector de nuestra vida de pueblo civilizado y democrático, ya apun-taba en expresiones del procer don Román Baldorioty de Castro, al señalar la obligación de los tribunales de justicia de hacerla respetar como parte de los derechos “ilegislables” de toda persona. Decía Baldorioty:

... La petición ante los poderes públicos para el restableci-miento del derecho hollado o de la justicia olvidada, no sola-mente es una necesidad individual y colectiva, sino también el reconocimiento, la consagración popular de aquellos mismos poderes. La libertad personal y la seguridad del hogar domés-tico, son garantías que, como todos los derechos individuales, no puede ni renunciar ni delegar ningún pueblo libre. Los llamamos ilegislables, porque no cabe poner estos derechos a merced de ningún partido político, dominante en las esferas legislativas; por el contrario, los tribunales de justicia deben estar investidos del poder de revocar, o dejar sin efecto toda ley atentatoria a los derechos del hombre. Cualquiera ficción, cualquiera mayoría que pretenda regularlos atenuándolos, limitándolos o desvirtuándolos, marcha consciente o incons-cientemente en la senda de la tiranía. ()

La retención por la Policía de las fotografías y huellas dactilares tomadas a una persona que es luego exonerada de delito, aparte de constituir, por su posible divulgación, un factor que afecta a la persona en múltiples aspectos de su vida económica y en sus oportunidades educativas y de empleo, () podría constituir, mientras no se le devuelvan, una invasión de su derecho a la intimidad. La arbitraria retención de dicha información deja de tener significación cuando la persona es exonerada de delito, a menos que se la quiera mantener para señalarle en el futuro como posible autor de otros o parecidos delitos. El argumento se cae por su peso. El Procurador General no nos ha demostrado que haya un interés apremiante del Estado superior al derecho de la persona a que se respete y se proteja su intimidad. El arresto de una persona no tiene ni puede tener el alcance de señalarle con el estigma de que es un delincuente, y no puede ni debe tener efecto alguno sobre dicha persona una vez se le exonera en un proceso judicial. () “No podrá disminuirse el valor y consecuencia de la sentencia absolutoria . . . .” Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356, 363-364 (1978).

Al dictarse la resolución aquí recurrida no existía en Puerto Rico legislación alguna que autorizase la toma de huellas digitales y fotografías a personas imputadas de delito, ni que reglamentase lo concerniente a su devolución si dicha persona resultare absuelta. Estando pendiente este recurso se aprobó la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, que autoriza a la Policía a tomar huellas digitales y fotografías a personas a quienes se impute la comisión de delitos graves y permite su devolución al imputado que resulte absuelto. Su Art. 4 dispone:

Artículo 4.—
Cualquier persona a la que se le impute la comisión de un delito grave que resulte absuelta luego del juicio correspon-diente, o por orden o resolución del tribunal, podrá solicitar al tribunal, la devolución de las huellas digitales o fotografías. El tribunal, notificará al fiscal y de éste no haber presentado objeción dentro del término de diez días, podrá ordenar, sin vista, la devolución de las mismas. De haber objeción del fiscal se celebrará una vista a esos efectos.

La medida parece dejar a la discreción del tribunal la decisión sobre devolver al imputado absuelto las huellas digitales y fotografías tomadas. Ante el reconocimiento constitucional de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y del derecho a la protección de su intimidad —Art. II, Secs. 1 y 8 de la Constitución— tal discreción no puede ejercerse livianamente. Podrá denegarse la solicitud sólo cuando se justifique cumplidamente ante el tribunal mediante prueba convincente, que existen circunstancias especiales que ameriten que la Policía conserve, en cuanto a la persona afectada, las huellas digitales y fotografías que le hubieren sido tomadas. () En ese caso dicha información deberá mantenerse en los archivos de la Policía como confi-dencial, para uso exclusivo de la Policía, y no deberá divul-garse como parte del récord de arresto o certificados de con-ducta de dicha persona.

Se expedirá el auto de certiorari solicitado y se dictará sentencia que revoque la resolución recurrida y disponga que por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, se ordene la devo-lución al aquí peticionario de todas las fotografías y huellas digitales que le hubieren sido tomadas por la Policía de Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado sin opinión y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Informa la petición que según surge de la prueba desfilada, el peticionario “nunca había sido acusado siquiera de delito alguno”, “goza de magnífica reputa-ción en la comunidad” y disfruta del privilegio de una licencia para portar un arma de fuego. Se desempeña hace varios años como guardián de seguridad de un edifi-cio en condominio ubicado en una urbanización residencial de Ponce. Su esposa es sicóloga clínica en el Departamento de Instrucción Pública.

      (2) Véase el término fichar, en su cuarta acepción, Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 19na ed.

      (3) Para ejemplo, un estudio realizado por la Unión de Derechos Civiles de la ciudad de Nueva York reveló que el 75% de las agencias de empleo no recomenda-ban a personas que tuvieran récord de arresto, no importa que no hubiesen sido convictas. A. Hess & F. Le Poole, Abuse of the Record of Arrest Not Leading to Conviction, 18 Crime and Delinq. 494, 495 (1967). Una similar proporción de patronos potenciales denegarían empleo bajo tales circunstancias. La magnitud del problema se dramatiza por el hecho de que se estima que un 40% de los niños varones que viven en Estados Unidos serán arrestados alguna vez en su vida por delitos que no serán meras violaciones de leyes de tránsito. Hess & Le Poole, op, cit.

      (4) Comentario, Criminal Procedure: Expunging the Arrest Record When There Is No Conviction, 28 Okla. L. Rev. 377, 386 n. 80 (1975). R. Paul Davis, Records of Arrest and Conviction: A Comparative Study of Institutional Abuse, 13 Creighton L. Rev. 863, 873 (1980).

      (5) Comentario, The Expungement or Restriction of Arrest Records, 23 Clev. St. L. Rev. 123,127 n. 24 (1974).

      (6) Comentario, Criminal Procedure: Expunging the Arrest Record, supra, pág. 384.

        (7) Kolb v. O’Connor, 14 Ill. App.2d 81, 142 N.E.2d 818 (1957); People v. Lewerenz, 42 Ill. App.2d 410, 192 N.E.2d 401 (1963).

      (8) Compárese, Paul v. Davis, 424 U.S. 693 (1976).

      (9) Tomado del discurso de don Jorge Font Saldaba ante la Asamblea Consti-tuyente, 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 389 (1951).

      (10) Aunque esta divulgación ocurra con la autorización del solicitante de empleo esto no cura el daño que se le hace, ya que éste no tiene otra alternativa que dar la autorización si quiere ser considerado para el empleo.

      (11) En Schware v. Board, of Bar Examiners, 353 U.S. 232, 241 (1957), expresó el Tribunal Supremo federal:
      “The mere fact that a man has been arrested has very little, if any, probative value in showing that he has engaged in any misconduct. An arrest shows nothing more than that someone probably suspected the person apprehended of an offense.”

      (12) En el caso de autos el tribunal de instancia denegó la devolución porque entendió que el peticionario cometió el delito que se le imputó y del cual fue absuelto por el jurado. No podemos aceptar tal razonamiento. La absolución decretada por el jurado cierra el proceso criminal en nuestro sistema de impartir justicia. Se frustraría el propósito de hacer justicia si se permitiera que las perso-nalísimas impresiones del juez pudieran utilizarse para minimizar el efecto favo-rabie para el acusado de un veredicto absolutorio. Véase Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978).