text:
    Etienne Tormos y D.A.C.O., querellantes y recurrentes, v. Freddie’s Racing Technology, querellado y recurrido.

      Números: O-84-687, O-84-700

      Resueltos: 26 de febrero de 1985

      Luis O. Dávila, abogado del peticionario Departamento de Asun-tos del Consumidor; José Ramón Quiñones Coll & Martínez Álvarez; Fernández Paoli Menéndez Monroig, de Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogados de la recurrida Freddie’s Racing Technology, Inc.; Segilfredo Puente Castro, abogado del peticionario Dr. Etienne Tormos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Dr. Etienne Tormos, alegando que el aquí recurrido Freddie’s Racing Technology le había reparado defectuosa-mente el motor de un automóvil deportivo de su propiedad, radicó una querella contra este último ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.). Dicho organismo administrativo, luego de celebrada la correspondiente vista evidenciaría, emitió resolución al efecto ordenándole al quere-llado a pagarle al querellante una determinada suma de dinero.() Radicada por el querellado la requerida moción de reconsideración y habiéndose reafirmado el D.A.C.O. en la resolución emitida, el primero acudió en revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. Dicho foro() expidió orden concediéndole término tanto al doctor Tormos como al D.A.C.O. para que mostraran causa por la cual no se debía revocar la decisión emitida por el D.A.C.O. No habiendo comparecido dichas partes en el término conce-dido, el tribunal de instancia mediante una escueta sentencia al efecto() revocó la decisión administrativa emitida.

El D.A.C.O. solicitó la reconsideración de la referida sen-tencia alegando, en síntesis: (1) que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción para intervenir en el recurso de revi-sión radicado por el querellado, por el fundamento de que la moción de reconsideración había sido radicada ante el Depar-tamento fuera del término de diez (10) días requerido por la Ley Orgánica del D.A.C.O., y (2) que la parte verdadera-mente interesada, Dr. Etienne Tormos, no había tenido la oportunidad de exponer su posición por cuanto no había sido notificada con la orden de mostrar causa expedida, constitu-yendo ello una violación al debido procedimiento de ley.

Acogiendo como correctos los argumentos esgrimidos por la parte querellada en un escrito de oposición que ésta radicara, el tribunal de instancia ratificó la sentencia revocatoria que había dictado. Resolvió, en la resolución que a esos efectos emitió, que era “evidente” la incorrección de la alegación del D.A.C.O. a los efectos de que la parte querellada había radicado tardíamente su moción de reconsideración ante dicha agencia por cuanto “la notificación de la decisión administra-tiva original no fue efectiva hasta la fecha de su recibo”. (Énfasis suplido.) En cuanto al segundo de los argumentos esgrimidos por el D.A.C.O., no obstante aceptar que la orden de mostrar causa expedida no fue recibida por el doctor Tormos, () el foro de instancia resolvió en síntesis que, cons-tituyendo la orden de mostrar causa un mecanismo suma-mente útil el cual es utilizado, inclusive, frecuentemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no era procedente dejar sin efecto una sentencia emitida dentro de esta clase de pro-cedimiento por el mero hecho de que la parte recurrida no hubiera comparecido a exponer su posición, sobre todo, cuando el D.A.C.O. no le ha demostrado que la sentencia dictada no fue la correcta.

Inconforme con lo así resuelto por el tribunal de instancia, tanto el Dr. Etienne Tormos como el Departamento de Asun-tos del Consumidor recurrieron ante este Tribunal mediante la radicación de los correspondientes recursos de certiorari. Consolidamos dichos recursos y le concedimos término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no de-bíamos revocar la sentencia recurrida. Ha comparecido. Es-tando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

A. De una simple lectura de los Arts. 16 y 17 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973 () —Ley Orgánica del D.A.C.O.— surge con meridiana claridad que cualquier parte que resulte adversamente afectada por una decisión del D.A.C.O. emitida en un procedimiento cuasi judicial o cuasi legislativo que desee revisar dicha decisión ante la sala co-rrespondiente del Tribunal Superior de Puerto Rico viene obligada, como requisito previo de carácter jurisdiccional, () a radicar una moción de reconsideración ante dicha agencia administrativa dentro del término de diez (10) días, contado dicho término “a partir de la fecha de notificación de la deci-sión”. (Énfasis suplido.)

Como hemos visto, el tribunal de instancia resolvió en la sentencia que emitiera, que ello significa que el referido tér-mino de diez (10) días se cuenta a partir de la fecha del recibo de la decisión administrativa por parte del perjudicado, rechazando la posición del D.A.C.O. a los efectos de que el citado término se debe contar a partir de la fecha en que la agencia certifica que ha notificado a las partes la decisión emitida.

Admitimos que ambas posiciones constituyen interpreta-ciones posibles ante el lenguaje utilizado por el legislador. Somos del criterio, sin embargo, que la posición asumida por el tribunal de instancia resulta ser, desde un punto de vista práctico, la menos aconsejable. Ello es así por cuanto en los procedimientos cuasi judiciales que a diario son resueltos por el D.A.C.O. son varias las partes que pueden resultar ad-versamente afectadas por la decisión que dicho organismo administrativo pueda emitir dentro de un caso en particular. De prevalecer la interpretación del tribunal de instancia po-dría darse el caso frecuente de tener distintas fechas de recibo de la resolución emitida y, en su consecuencia, diferentes “puntos de partida” en relación con el mencionado término de diez (10) días, situación que causaría un estado de in-certidumbre procesal a todas luces indeseable.

Por otro lado, ya desde un punto de vista estrictamente jurídico, constituyendo el referido término para solicitar re-consideración ante la mencionada agencia uno de carácter jurisdiccional, G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983), es mandatorio que dicho término sea uno cierto, único e improrrogable dentro del cual todas las partes envueltas vengan obligadas a radicar la requerida moción de reconsideración. Ello conlleva el rechazo de la contención adi-cional esgrimida por el recurrido Freddie’s Racing Technology, a los efectos de que a esta situación le es aplicable las disposiciones de la Regla 68.3 de las de Procedimiento Civil a los efectos de “añadirle” el período de tres (3) días al término para radicar la moción de reconsideración establecido por el citado Art. 16 de la Ley Núm. 5 de 1973. Cf. Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); Lasalle v. J.A.C.L., 115 D.P.R. 805 (1984). Véase, en adición, 4 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 1171 (1969).

Resolvemos, en su consecuencia, que el término de diez (10) días dentro del cual una parte viene obligada a radicar la moción de reconsideración que requiere el Art. 16 de la Ley Orgánica del D.A.C.O. se cuenta a partir de la fecha en que dicha agencia administrativa certifica haber enviado copia a las partes de la decisión emitida.

B. Curiosamente —y por fundamento ajeno y distinto al alegado por el recurrido Freddie’s Racing Technology— la moción de reconsideración radicada ante el D.A.C.O. por la mencionada parte recurrida efectivamente fue radicada en tiempo, teniendo en su consecuencia jurisdicción el tribunal de instancia para intervenir en el recurso de revisión radi-cado. Veamos por qué.

Un examen de los autos revela que el D.A.C.O. notificó su decisión a las partes el día 1ro de noviembre de 1983. Con-forme lo arriba resuelto, la parte aquí recurrida venía obli-gada a radicar la moción de reconsideración en o antes del 11 de noviembre de 1983. Dicho día es un día oficial en Puerto Rico por cuanto se celebra el “Día del Veterano”. El 11 de noviembre de 1983 resultó viernes; ello significa que el próximo día hábil de trabajo lo fue el lunes 14 de noviembre de 1983, día en que precisamente fue radicada la moción de reconside-ración. Notificada por el D.A.C.O. la denegatoria de la recon-sideración solicitada con fecha de 5 de diciembre de 1983, () forzosa es la conclusión de que el recurso de revisión fue radi-cado en tiempo el día 15 de diciembre de 1983, por lo que, repetimos, el foro de instancia tenía jurisdicción para enten-der en el mismo.

HH HH

Como bien señala el tribunal de instancia en la resolución que emitiera denegando la reconsideración solicitada por el D.A.C.O., este Tribunal ha estado utilizando con frecuencia el “mecanismo” de la orden de mostrar causa en años recien-tes. Como expresáramos en Pueblo v. Ruiz Negrón, 113 D.P.R. 17, 22 (1982), ello lo hemos hecho para “evitar el trámite más complicado y largo de expedir un auto de revisión o de certiorari,” con el propósito de lograr que “recursos que de ordinario hubiesen tomado muchos meses en resolverse”, id., pág. 23, puedan ser resueltos en pocas semanas. No hay duda que dicho mecanismo procesal, utilizado juiciosa y cuidadosa-mente, resulta ser de gran ayuda en la función revisora de un tribunal por cuanto “justicia tardía no es necesariamente la mejor justicia”. íd., pág. 24. El fin loable de resolver lo más rápidamente posible los recursos ante su consideración, sin embargo, no puede llevar a los tribunales a resolver erró-neamente los mismos. Un análisis de lo acontecido en el pre-sente caso a nivel de instancia nos convence de que la sentencia recurrida, producto la misma de la utilización por el tribunal de instancia del mencionado mecanismo procesal de mostra-ción de causa, no puede prevalecer. Veamos por qué.

Como obvia reafirmación de la doctrina jurisprudencial a los efectos de que la interpretación administrativa de un estatuto por aquellos organismos encargados de ponerlos en vigor y velar porque sus fines se cumplan debe merecerle gran peso y deferencia a los tribunales, () el legislador dispuso mediante el Art. 17(e) de la Ley Orgánica del Depar-tamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. sec. 341p(e), que, entablado recurso de revisión ante la sala correspon-diente del Tribunal Superior de Puerto Rico por una parte adversamente afectada por una decisión emitida por dicho departamento, el tribunal “revisará las resoluciones u órdenes del Secretario con base al récord administrativo sometídole y sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; las determina-ciones de hecho del Secretario serán concluyentes para el Tribunal si estuvieren sostenidas por evidencia sustancial(Én-fasis suplido.)

La orden de mostrar causa expedida en el presente caso por el tribunal de instancia() tiene como base un recurso de revisión en donde los ocho (8) errores que se imputan cometidos por la agencia administrativa van dirigidos a atacar e impugnar determinaciones de hecho que ésta hiciera en la decisión que emitiera() y donde la alegada “cuestión de derecho” planteada depende precisamente de la impugnación que se hace de algunas de esas determinaciones, () En otras palabras —atendido el claro mandato legislativo contenido en el antes citado Art. 17(e) de la Ley Orgánica del D.A.C.O. y en vista que de sostenerse las referidas determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho realizadas por la agencia son sustancialmente correctas— el éxito o fracaso del recurso que radicara el aquí recurrido ante el tribunal de instancia dependía de la decisión a la que llegara dicho foro respecto a si las determinaciones de hecho realizadas por la agencia están o no sostenidas por evidencia sustancial.

Al momento en que el tribunal de instancia emite su sen-tencia revocatoria, dicho foro obviamente no tenía ante sí los suficientes elementos de juicio para decidir dicha cuestión por cuanto no contaba ni con una transcripción de la evidencia ni con una exposición narrativa de la prueba. () En su conse-cuencia, tenemos que presumir que dicho foro aceptó como correctas las referidas determinaciones de hecho. Siendo ello así la sentencia revocatoria que emitirá no puede prevalecer.

Deseamos expresar, por último, que cuando la solución final de un caso requiere un análisis de la evidencia desfilada ante la agencia administrativa, la utilización del mecanismo de mostración de causa, si bien valioso y beneficioso, en ocasiones no resulta ser lo más indicado y apropiado. Ello no significa que los jueces de instancia estén obligados en todo caso a tener ante sí la totalidad del récord administrativo como requisito previo a decidir sobre la corrección o no de la actuación administrativa. Tampoco quiere decir que la utilización de la orden de mostrar causa sea improcedente. Significa que en dichas ocasiones el uso de dicho mecanismo procesal es más limitado y requiere mayor cautela. ()

Por los fundamentos expresados, se expide él auto y se dictará sentencia que revoque la dictada por él Tribunal Sur perior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el presente caso y se devuelve el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1)La suma de $2,497.92 de principal más intereses al seis (6) por ciento anual desde el 12 de mayo de 1982.

      (2)Hon. Ángel G. Hermida, Juez.

      (3) Sentencia de fecha de 17 de agosto de 1984. La misma, en lo perti-nente, lee como sigue:
      “El primero de agosto de 1984 dirigimos Orden a las partes concedién-doles plazo para que mostraran causa por la cual no debiera este Tribunal expedir el auto solicitado y revocar la decisión objeto de este recurso. Ha expirado el plazo concedido y ninguna de las partes ha comparecido. Ello deja el camino expedito para dictar sentencia de conformidad con lo sugerido en la Orden de Mostrar Causa.
      “Se expide el auto solicitado y se revoca la decisión administrativa ob-jeto del recurso.” E.N.P., pág. 1.

      (4) Dicha orden fue devuelta por el correo al tribunal de instancia. Así lo acepta dicho foro en una orden que emite de fecha 28 de agosto de 1984 relativa la misma a la moción de reconsideración de sentencia radicada por el D.A.C.O.

      (5)E1 citado Art. 16 dispone:
      “Cualquier parte adversamente afectada por la decisión del Secretario, o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sección 341e de este título, en un procedimiento de naturaleza cuasi judicial o cuasi legis-lativa deberá, salvo en los procedimientos radicados por la Oficina de Asun-tos Monopolísticos, solicitar dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de notificación de la decisión, la reconsideración del Secretario. El Secretario tendrá treinta (30) días para decidir la reconsideración solicitada, pasados los cuales, si no ha emitido su decisión se entenderá No Ha Lugar a la reconsideración solicitada, disponiéndose que el Secretario notificará tal hecho a la parte afectada.” (Énfasis suplido.) 3 L.P.E.A. sec. 341o.
      Por su parte, el referido Art. 17 en lo pertinente, establece que:
      “(a) Cualquier parte adversamente afectada por una decisión en recon-sideración del Secretario o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sec. 341e de este título podrá solicitar la revisión judicial de dicha decisión al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la residencia del perjudicado, mediante un recurso emitido por el Tribunal a su discreción. La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior den-tro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referi-da decisión.” 3 L.P.R.A. sec. 341p.

      (6) G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983).

      (7) Resolución emitida dentro del “término jurisdiccional” de treinta (80) días que para resolver el mismo tiene el D.A.C.O., según lo resuelto en G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., ante.

      (8)Véanse: M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984); Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966).

      (9)La referida orden, en lo pertinente, expresa:
      “Vista la petición de revisión con sus apéndices y el expediente ad-ministrativo elevado por DACO, y considerando además que ni DACO ni la parte querellante se han opuesto a la expedición del auto de revisión, a pesar de que la petición de revisión está presentada desde hace más de seis meses, tengan las partes plazo simultáneo de 15 días para mostrar causa por la cual no deba este Tribunal expedir el auto solicitado y revocar la decisión objeto de este recurso, o en la alternativa tengan el mismo plazo para mostrar causa por la cual no deba este Tribunal expedir el auto soli-citado y restar la suma de $1,832.00 de la cuantía que DACO dispuso en su decisión del caso.” E.N.P., pág. 55.

      (10)“SEÑALAMIENTO DE ERRORES
      “1. Erró DACO al determinar que el valor del automóvil era de $30,000.00.
      “2. Erró DACO al determinar que el automóvil fue llevado original-mente al querellado para corregirle una vibración.
      “3. Erró DACO al determinar que fue el querellado quien sugirió un balanceamiento del motor.
      “4. Erró DACO al determinar que el Sr. Jean Jarrot llevó a cabo el balanceo en concordancia a las especificaciones del querellado.

        “5. Erró DACO al no incluir en sus determinaciones de hechos que al automóvil del querellante se le instalaron un nuevo embriague y plato de presión por el mecánico que instaló el motor en la segunda ocasión.
      “6. Erró DACO al no determinar que el motor estaba erróneamente balanceado.
      “7. Erró DACO al determinar que el querellado tiene que pagar al querellante la suma de $2,497.92.
      “8. Erró DACO al no asignar un perito en la materia al caso y al no conducir una inspección ni antes ni después de la reparación su inspector.” E.N.P., pág. 35.

      (11)“CUESTIONES DE DERECHO PLANTEADAS
      “La cuestión de derecho que se nos plantea en el presente caso es si debe asignarse responsabilidad a una persona que preste servicios de mecá-nica cuando parte esencial de dichos servicios constituyó en un trabajo rea-lizado por un tercero, el cual trabajo el querellado consignó estaba mal rea-lizado y el querellante insistió en que se aceptare, ello agravado por la falta de inspección.” E.N.P., pág. 35.
      Dicha “cuestión de derecho” depende específicamente de los señala-mientos de error números 3 y 4. Véase escolio 10, ante.

      (12)Una transcripción de la evidencia desfilada ante la agencia admi-nistrativa aquí en controversia no forma parte integrante de los “docu-mentos” que el Secretario de dicha agencia viene obligado a elevar al tribunal de instancia dentro de los diez (10) días de haberse radicado el recurso. Véase Art. 17(d) de la Ley Orgánica del D.A.C.O., 3 L.P.R.A. sec. 341p(d).

        Adviértase, en adición, que de acuerdo con las disposiciones de la Regla 10 de las Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. VIII-A, R. 10, la obligación de mostrar la necesidad de una transcripción de evidencia o de una exposición narrativa de la prueba le correspondía, en el presente caso, a la aquí recurrida Freddie’s Racing Technology.*

      (13)Esta visión, relativa a la orden de mostrar causa, es compartida por el foro de instancia; en términos parecidos se expresó en la sentencia que con fecha de 21 de agosto de 1984 emitiera en el caso de Canals v. A.C.A.A., Civil Núm. 83-4136, sentencia que forma parte del “apéndice” del Recurso O-85-53, Peña Arán v. A.C.A.A., 116 D.P.R. 606 (1985), que se encuentra ante nuestra consideración.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Elsie Awilda Martínez como madre con patria potestad sobre sus hijos menores Gilberto y Armando Rivera, demandantes y recurrentes, v. Gilberto Rivera Hernández, demandado y recurrido.

      Número: O-84-865

      Resuelto: 6 de marzo de 1985

      Pedro Ernesto Cruz González, abogado de la peticionaria; José E. Rossy Valderrama, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Por tercera vez, a solicitud de la Sra. Elsie A. Martínez y mediante trámite de mostrar causa, terciamos en las con-troversias de las partes. La tardanza generada en su solución final nos mueve a pronunciarnos clara y terminantemente sobre algunos de los aspectos esenciales planteados, inclusive la corrección de la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictada el 17 de diciembre de 1984, contra la cual se recurrió mediante recurso de certiorari. Lo hacemos para evitar el continuado efecto multiplicador o litigioso negativo. Confiamos así despejar parte de las incógnitas que existen en torno a los procedimientos habidos ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, relacionados con una solicitud para ampliar el término de descubrimiento de prueba, un incidente de desacato, una reclamación de $20,494.97 en concepto de intereses por sentencia de alimentos y una petición de embargo. Los protagonistas principales son los hijos menores Gilberto y Armando Rivera Martínez como alimentistas de su progenitor, el doctor en psiquiatría Gilberto Rivera Her-nández.

I

El foro de instancia, según la minuta, dio por finalizado el descubrimiento de prueba. Ordenó a las partes que en un término improrrogable de treinta (30) días sometieran un informe juramentado sobre ingresos y gastos a los fines de señalar la vista para discutir las mociones de rebaja y au-mento de pensión alimenticia. La peticionaria Martínez enu-meró distintas propiedades del demandado Rivera Hernández de gran valor, inclusive varios edificios y mencionó la prác-tica privada de éste en Kentucky. Como consecuencia pidió sin éxito que se le permitiera ampliar el descubrimiento de prueba. Adujo que esas propiedades y actividades contrasta-ban curiosamente con los ingresos limitados informados por el doctor Rivera Hernández de $1,354 mensuales y gastos de $1,372.61.

Estamos convencidos de la razonabilidad y pertinencia del planteamiento para fines de la moción de aumento de la pensión. Resolvemos que en justicia debe autorizarse el descubrimiento de prueba por un término adicional, el cual cubrirá las planillas de contribución sobre ingresos del doctor Rivera Hernández.

i-H J-H

La peticionaria Martínez también argumenta que pro-cede ventilarse el incidente sobre desacato que ha promovido por pensiones atrasadas correspondientes a ocho (8) meses para un total de $2,900. Se desprende que el recurrido Rivera Hernández, bajo la tesis de que los menores están recibiendo directamente $400 de su pensión del Seguro Social, descontó y redujo unilateralmente dicha suma y está remitiendo sólo $100. En una moción de rebaja de pensión informó esa deter-minación al foro de instancia. Ella insiste, al citar el caso de Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344, 358 (1962), y el Art. 149 del Código Civil, que esa actuación equivale a inter-poner la figura de compensación, lo cual el mencionado pre-cepto prohíbe al consignar in fine “ [n] o es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tam-poco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos”. 31 L.P.R.A. see. 568.

No tiene razón. El Art. 149 no gobierna la situación de autos. Al vedar la compensación, el Legislador intentó evitar que mediante la misma no se hagan realidad los pagos actuales, esto es, se extinga automáticamente la pensión de pleno derecho, que es la característica medular de la compensación. Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985). La premisa que anima este enfoque es la indispensabilidad del pago en concepto de alimentos para cubrir las necesidades ordinarias e imprescindibles de la vida, de otro modo desatendidas. J. M. Manresa, Código Civil Español, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1956, T. I, págs. 845-848. “Semejante prohibición es racional, ya que en caso contrario se desvirtuaría la finalidad de la deuda alimenticia.” P. Beltrán de Heredia, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Jaén, España, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, T. III, Vol. 2, pág. 47. El “sustento de la persona no es un simple derecho individual sujeto a la libre disposición del particular, y sí un interés protegido en vista de un interés público”. F. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1960, T. IV, pág. 695.

En las circunstancias de autos no se está oponiendo compensación alguna. No se afecta el postulado asistencial. Simplemente, a través del sistema de Seguro Social federal el doctor Rivera Hernández está satisfaciendo parte sustancial de la pensión. Como método de pago es válido. Ni el texto ni espíritu del Art. 149 lo impide. Aclaramos que este pronun-ciamiento es sin menoscabo de que la peticionaria Elsie A. Martínez pueda demostrar la procedencia de un aumento a la pensión fijada. Sólo resolvemos que el pago a través de la pensión de Seguro Social es judicialmente válido y aceptable.

I — I h-< 1 — 4

Finalmente,() la peticionaria nos plantea vehemente-mente la tardanza del tribunal a quo en resolver si proceden o no intereses sobre la sentencia de alimentos. Desde que emi-timos la orden de mostrar causa intimamos que era acreedora a una pronta determinación. La resolución posterior del foro de instancia negándolos nos permite despejar la duda. Erró.

Su negativa estuvo basada en que la Regla 44.3(a) de Procedimiento Civil sólo autoriza “intereses al tipo legal en toda sentencia que ordena el pago de dinero”, (énfasis nues-tro) y que un dictamen en casos de alimentos no goza propia-mente del carácter de una sentencia final ordinaria —y no constituye cosa juzgada— pues se reclaman y dispensan al ritmo de las circunstancias cambiantes. Como consecuencia, concluyó que la referida regla era inaplicable.

Rehusamos refrendar esa interpretación rigurosamente gramatical.

El deber de alimentos se funda en principios umversalmente reconocidos de solidaridad humana generados por el derecho natural de la vida e imperativos de los vínculos familiares. Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 612-614 (1981); J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. V, págs. 439-441. Cuando se ha determi-nado su importe y hecho valer, incuestionablemente configura una obligación legal que penetra la dimensión patrimonial. “En cuanto al que, por sentencia o convenio, se ha resuelto en unas prestaciones concretas —acaso en el pago de una pen-sión — , el derecho mismo representa una fuente de pretensio-nes continuadas o periódicas, de carácter personalísimo y clau-dicante, susceptible de aseguramiento pero sujeto éste a la variabilidad de la deuda; mientras el derecho a las pensiones vencidas o ala indemnización por las prestaciones incumpli-das constituye un crédito corriente y negociable.” (Énfasis suplido.) J. L. Lacruz Berdejo y F. A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. IV, pág. 74. El remedio judicial último en estos casos es de carácter económico, una cantidad de dinero a ser satisfecha por el ali-mentante. De ordinario, “permanente en el tiempo, esa pres-tación se traduce, por algo así como un tracto sucesivo, en una cuota dineraria periódica —generalmente mensual— que el obligado debe pagar al beneficiario. . . . [esa] condena res-pecto del obligado indudablemente importa un pronuncia-miento declarativo de la existencia del crédito, y por lo tanto, el quantum dinerario se traducirá en la fijación de una cuota periódica que se reputará devengada desde que la obligación se hizo exigible, o sea desde la mora del obligado”. (Citas omitidas.) E. A. Zannoni, Divorcio y obligación alimentaria entre cónyuges, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1977, pág. 187. Bajo este razonamiento, este autor concluye que se trata de un caso típico de mora. Añade “[l]a extrapatrimo-nialidad del fundamento asistencial no implica negar la pa-trimonialidad de la prestación en que se traduce el deber de asistencia. Y esta patrimonialidad de la prestación es lo que permite sin dificultad caracterizar a la obligación como tal, sujeta por ende a los principios generales del derecho patrimonial en lo relativo a su ejecución, como claramente lo en-seña la doctrina moderna”. Id., pág. 190.

Resolvemos que las sentencias y resoluciones en casos de pensiones de alimentos devengan intereses legales por mora. Es una consecuencia natural de una obligación de dinero. Se computan desde el momento en que se dictó la sentencia, o si es de mes a mes, desde que venció, o debió ser satisfecha.

Razones de peso abonan esta decisión. Concluir lo con-trario atentaría contra el espíritu de impartir justicia rápida y económica. Menoscabaría el carácter real, actual e impos-tergable de los alimentos. No es la etiqueta ni el título del derecho lo determinante, sino su finalidad, que necesaria-mente estará condicionada al tiempo y espacio de toda obliga-ción según el pronunciamiento judicial correspondiente. De sostener que la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Charles Juliá) de 11 de agosto de 1975 no generó intereses hasta el 29 de mayo de 1982, fecha en que se otor-garon las escrituras en venta de ejecución judicial: ¿no esta-ríamos estimulando en estos casos mayores atrasos a los que diariamente —de manera inquietante— se incurren? ¿No perjudicaríamos indirectamente el bienestar de los menores con esa restrictiva visión? Una cosa sí es innegable, no sólo premiaríamos la morosidad del alimentante sino que contri-buiríamos a sobrecargar los pesados calendarios en los foros de instancia.

En resumen, no se nos ha demostrado ni persuadido que una sentencia de alimentos vencidos no genere intereses conforme la Regla 44.3 de Procedimiento Civil. Sin embargo, al igual que dispusimos en nuestro dictamen del 29 de febrero de 1984, en un recurso entre las mismas partes (0-83-775) carecemos de los elementos de juicio para determinar el cómputo exacto. Debe esclarecerse este aspecto como parte del trámite ulterior. El foro de instancia resolverá preferentemente este incidente.

Para ultimar, nos preocupa la lentitud en el procesa-miento judicial de casos de pensiones alimenticias. Es alar-mante. Los estudios recientes así lo corroboran. El notable esfuerzo de los jueces y demás funcionarios en remediarlos ha sido infructuoso. Parte del complejo problema radica en las actitudes de los protagonistas, abogados y jueces. Pero tam-bién en la naturaleza del asunto. Un número sustancial de los decretos de divorcio contienen imperativamente dictáme-nes sobre pensiones alimenticias. Su ejecución posterior genera a corto y largo plazo un sinnúmero de incidentes rela-tivos, entre otros, a su incumplimiento, aumento o disminu-ción de la pensión. Apuntes sobre procedimientos judiciales en torno a la familia, Secretariado de la Conferencia Judicial, págs. 27-29 (1984). El método clásico de requerir una mos-tración de causa al alimentante moroso, con la consabida con-tratación de abogado por la parte promovente, radicación de documentos, notificación y citación, es costoso, complejo y en-revesado. Atenta contra los intereses de los menores de edad —verdaderos sujetos tutelados del derecho— al propiciar tar-danzas indebidas. “[E]l bienestar y la salud física y emo-cional de los menores se ve comprometida por la lentitud que crea una maquinaria judicial congestionada.” Apuntes sobre procedimientos judiciales en torno a la familia, supra, pág. 29. La situación reclama urgente intervención del Poder Legis-lativo. Entretanto, hacemos un llamado a los tribunales de justicia del país para que con creatividad e imaginación in-tenten solucionar con mayor prontitud y prioridad estas contiendas.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se dictará sentencia que incorpore a la misma todos los pro-nunciamientos antes vertidos. La Resolución del 17 de diciem-bre de 198U quedará, en lo pertinente, también modificada. En este aspecto se deja sin efecto el levantamiento de embargo de propiedad inmueble. Continuarán los trámites compatibles con esta decisión.

      (1) Respecto a su solicitud de que se embarguen fondos del cheque del Seguro Social del demandado Rivera Hernández, según provisto por la Ley Federal Núm. 93-647 (88 Stat. 2357, 42 U.S.C. see. 659) —para cubrir atra-sos en el pago de pensión alimenticia— basta consignar que en virtud de lo precedentemente resuelto, ella debe determinar si es o no académica tal solicitud. De ser ello necesario, deberá reproducir ante el foro de instancia el planteamiento e ilustrarlo apropiadamente sobre su procedencia por cum-plir todos los requisitos del mencionado estatuto. No lo ha hecho ante nos.


text:
    Carmen Sánchez Rodríguez et al., demandantes, recurrentes y recurridos, v. Antonio López Jiménez et al., demandados, recurridos y recurrentes.

      Números: R-84-279, R-84-280

      Resueltos: 11 de marzo de 1985

      Carlos R. Ríos Gautier, abogado de los codemandados y recurren-tes esposos López Jiménez; Orlando Vizcarrondo, de Arrieta & Vizcarrondo, abogado de los recurrentes y recurridos esposos Valdejully López; Iván Díaz de Aldrey, de Díaz de Aldrey, Subirá & Santana, Ramos & Latoni, abogado de los recurrentes y recurridos esposos López Landrón; Rafael Hernández Matos,

      Jorge Melendez Vela y José Davison Lampón, abogados de los recurrentes y recurridos Carmen Sánchez Rodríguez, et al.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“No hay hecho jurídico que rebase en importancia al de la muerte. La muerte, el más conmovedor fenómeno vitae homi-nis, remece con violencia atronadora hasta el último inciso del ordenamiento legal, produciendo una verdadera conmoción en el mundo jurídico.” R. Ato Del Avellanal, Proyecciones jurí-dicas de la muerte en diversas ramas del derecho, IX Rev. C. Abo. La Plata 87, 89 (1967). Cuando alguien intenta burlar y menoscabar sus efectos jurídicos, a la postre verá que su pretensión es fallida, y lejos de facilitar, complicará y frus-trará el natural desenvolvimiento de las cosas.

HH

Mediante sentencia de 15 de marzo de 1983 nos pronun-ciamos interloeutoriamente sobre los siguientes hechos, rele-vantes y determinantes para la adjudicación de la presente controversia. Ello constituyó una guía preliminar para la consideración de la prueba adicional desfilada posteriormente ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, cuyo dictamen satisface fehaciente y elocuentemente las interrogantes apun-tadas en aquella etapa inicial de los procedimientos.

Es un hecho indisputado por las partes que en alguna fecha cercana a las navidades del año 1955, ya fallecido el Sr. Ob-dulio Correa Rodríguez, se le hizo figurar como otorgante de la escritura pública núm. 212 del protocolo de ese año del notario Ledo. José R. Fournier para vender a los esposos Antonio López Jiménez y Margot Felices Saenz un condo-minio indiviso de una mitad en una finca de 10.71 cuerdas y una finca colindante con ésta, de una cabida de 12.24 cuerdas. La firma e iniciales del otorgante Correa Rodríguez fueron falsificadas por el notario autorizante. La esposa de dicho otorgante compareció y firmó la escritura. La misma fue ante-datada para sustituir otra que con el mismo número 212 había sido otorgada en agosto de 1955, antes de morir Correa Rodrí-guez, y en la cual se constituía hipoteca en garantía de deter-minado pagaré.
No obstante, los siguientes planteamientos entre otros sus-citan controversias que no pueden ser dirimidas en ausencia de pruebas que puedan aportar ambas partes, y a base de la credibilidad que los testigos puedan merecer:
¿Tenían conocimiento la hoy viuda de Obdulio Correa Rodríguez, demandante Carmen Sánchez Rodríguez, y los esposos compradores, de la falsificación y actuaciones frau-dulentas sobre el otorgamiento de la citada escritura núm. 212?
¿Estaban ajenos a esa transacción los hijos de los esposos Correa Rodríguez-Sánchez Rodríguez, co-demandantes Carmen Belén y Obdulio Correa Sánchez?
¿Es cierto que se otorgó otra escritura, núm. 270, ante el mismo notario Fournier, en que Obdulio Correa Rodríguez comparece como vendedor junto a su esposa y venden a su hija Carmen Belén Correa Sánchez una propiedad denomi-nada La Loma? ¿Es cierto que en esta alegada escritura tam-bién se falsificó la firma del otorgante Correa Rodríguez, y que dicha escritura, otorgada después de la muerte de éste, se antedató a una fecha anterior a su muerte? De ser esto cierto, ¿qué motivo hubo para ello, y qué relación tuvo esa transacción con lo actuado respecto de la escritura núm. 212 ?
¿Qué razones explican que transcurrieran más de veinti-cinco años sin que se reclamara la nulidad de la venta infor-mada en la escritura núm. 212 ?
¿Hubo una transacción entre demandantes y demandados a fines de 1955, encubierta bajo la fraudulenta escritura núm. 212? Si la hubo, ¿cuál fue? ¿O hubo precio real inver-tido en pago de deudas ?
Estas y otras consideraciones aconsejan que el litigio aquí planteado se decida a base de prueba y no mediante sentencia sumaria.

Examinadas las conclusiones de hecho emitidas por el tribunal de instancia, con apoyo en la prueba testifical y docu-mental, las respuestas son las siguientes.

Las codemandantes Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa —viuda e hija respectivamente de Obdulio Co-rrea Rodríguez— tuvieron conocimiento de la ilegalidad de la transacción reseñada. Consintieron y participaron activa-mente en la misma. En justicia es menester reconocer que la ideación espuria en su ejecución instrumental fue producto de José R. Fournier, en aquella época abogado e íntimo amigo de la familia y los compradores esposos López Felices.

Los esposos compradores López Felices también tuvieron conocimiento de la ilegalidad de la transacción una vez fue propuesta por el licenciado Fournier. La acogieron y promo-vieron hasta las últimas consecuencias. En particular, se des-taca la reiterada ocultación del señor López Jiménez a Ob-dulio Correa Sánchez —hijo del causante— poco después de consumada la misma. Los hijos del matrimonio López Felices nada tuvieron que ver con dichas irregularidades.

A Obdulio Correa Sánchez le fue ocultado todo el negocio simulado por el cual se enajenó el 50% de un condominio pro-indiviso explotado comercialmente como un motel pertene-ciente a su padre. Desconoció totalmente la transacción. En forma alguna consintió en la venta. Al parecer, la madre e hija repudiaban ese tipo de negocio por razones morales. Muerto Obdulio Correa Rodríguez sin dejar dinero suficiente en efectivo para el pago de deudas, vieron ocasión propicia para venderlo. Conociendo el interés y entusiasmo de Correa Sánchez por este tipo de negocio, y previendo su oposición, le hicieron creer que su padre “vendió” poco antes de morir. El Lie. José R. Fournier, designado administrador de la suce-sión, se encargó de materializar como notario —con todo el deshonor que ello representa para el ministerio de la aboga-cía— esta afrenta a las leyes y a la moral. En la consecución de ese fin se falsificó la firma del causante y evadió el pago de contribuciones sobre herencias al Estado. A su vez, preva-leció una total inobservancia y violaciones a los procedimien-tos que rigen la venta de bienes hereditarios. En particular, se perjudicaron extraordinariamente los derechos y faculta-des del coheredero Correa Sánchez.

La venta según relatada consistió de un acuerdo en virtud del cual los compradores esposos López Felices, a cambio de recibir el título universal del condominio, se obligaron a pagar las deudas a cargo del caudal hereditario, ascendentes a $70,000. Como compradores honraron las mismas. “Don Antonio López Jiménez se daba por satisfecho de $21,000.00 que se le adeudaban a él y asumiría deudas de Obdulio Correa Rodríguez, a saber, $15,000.00 del préstamo a Medina Ben; $16,000.00 de la hipoteca de la casa de Rogelia Oyóla; $7,000.00 a Basilio Santiago; $4,000.00 a Nolla; $5,000.00 a Frank Rodríguez y $2,500.00 a la Colonia Hispanoameri-cana. Estas deudas fueron satisfechas por el Sr. López Jimé-nez. No se hizo más gestión de cobro por ellas a la Sucesión del finado Correa Rodríguez. ... A pesar de que el Sr. López Jiménez asumió las deudas antes especificadas como pago del precio acordado en $70,000.00, en la escritura se figuró el precio de $J¡,6,000.00 por la parte del motel (mitad indivisa de terreno y estructura) y $4,000.00 por la finca colindante. . . . El valor real del terreno y las primeras 13 cuerdas edificadas a la fecha de la transacción era de $85,000.00.” (Énfasis su-plido. )

Verificada la transacción, Obdulio Correa Sánchez, inició gestiones investigativas tendentes a corroborar la veracidad de la transacción. Su madre y hermana la ocultaron. López Jiménez y Fournier hicieron lo mismo. Este último le entregó copia literal de la escritura falsificada en la que no aparecían las firmas de los otorgantes. Correa Sánchez asumió que todo “era cierto”. Aún así, tiempo después mostró dudas. Ello se desprende de un diálogo sostenido con su socio Jorge Tirado Erazo. En 1968 contrató los servicios profesionales del Lie. Tulio Villanueva para que le tramitara la acción legal co-rrespondiente. Villanueva inició una investigación en el Re-gistro de la Propiedad. Examinado el índice notarial, “ [n] o-taron que en dicho índice se hacía referencia a una escritura 212, en la que comparecía el finado Obdulio Correa Rodrí-guez, pero el objeto del documento era de hipoteca en garantía de pagaré y no de compraventa”. Luego de múltiples inciden-tes y de recibir explicaciones del licenciado Fournier, Villa-nueva concluyó que no tenía pruebas contundentes. No radicó acción. Entregó el expediente a su cliente. Posteriormente, en “el año 1978, buscando los documentos que se llevaron a casa de su madre, [provenientes de un inmueble vendido en esa época] Obdulio Correa Sánchez encontró copia de la escritura 212 de hipoteca en garantía de pagaré al portador, que se había otorgado el 16 de agosto de 1955”. Previamente, en el año 1976, y a base de las sospechas que tenía, Correa Sánchez había radicado querella ante el Procurador General contra el licenciado Fournier. Este último rápidamente se le acercó y le ofreció propiedades. El querellante Correa Sánchez aceptó y retiró la querella. El Procurador General archivó a base de esa solicitud. Finalmente, el licenciado Fournier no cumplió su promesa. En el año 1981, y basado en el hallazgo del do-cumento antes aludido, Correa Sánchez presentó demanda contra su madre, hermana, y entre otros a los esposos López Felices. Subsiguientemente enmendó su demanda para incor-porar a su madre y hermana como codemandantes. Los espo-sos López Felices reconvinieron contra estas últimas.

El tribunal de instancia, examinada la prueba y plantea-mientos de derecho de las partes, en documentada y elaborada sentencia, declaró con lugar la demanda en cuanto a Obdulio Correa Sánchez contra los codemandados López Felices. De-sestimó todas las otras reclamaciones. En particular negó re-medios a la viuda del finado y su hija contra estos últimos y viceversa. Decretó nulo e inexistente el negocio aludido, por existir causa ilícita o torpe, imputable a todas las partes con-tratantes.

Inconformes, las partes recurrieron. Emitimos orden para mostrar causa concebida en los siguientes términos:

Evaluados sus méritos a la luz de los memorandos y plan-teamientos de las partes, y demás documentos anejos, se concede a éstas un término simultáneo de quince (15) días para que comparezcan por escrito a mostrar causa por la cual no deba limitadamente expedirse un auto de revisión a los únicos fines de modificar la Sentencia Parcial del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, fechada 13 de abril de 1984, en los siguientes extremos:
(1) La conclusión de que la relación surgida entre Ob-dulio Correa Rodríguez y Antonio López Jiménez al adquirir el terreno y al construir el motel y arrendarlo constituyó una comunidad de bienes, no obstante las determinaciones de he-cho y jurisprudencia aplicable apuntar hacia la existencia de una sociedad;
(2) Revocar la desestimación de la reclamación incoada por los demandados López Jiménez, su esposa Margot Felices y la sociedad legal de gananciales por ellos constituida (ter-cera reconvención), contra las demandantes Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa Sánchez y su esposo el Sr. Acosta Amador y la sociedad legal de gananciales por ellos constituida. Según la prueba, dicha reclamación es pro-cedente ya que estas últimas, en unión a López Jiménez, deben ser responsables frente al demandante Obdulio Correa Sán-chez y esposa Nilda Velázquez Rivera y sociedad conyugal, por las actuaciones en común acuerdo relativas —y como con-secuencia— de la falsificación de la escritura pública número 212 hecha con posterioridad al 2 de noviembre de 1955 por el entonces notario José R. Fournier con fecha espúrea [sie] de 16 de agosto; y
(3) Imponer costas al codemandado López Jiménez, su es-posa y sociedad conyugal para beneficio del co-demandante Obdulio Sánchez, su esposa y sociedad conyugal.
En virtud del pronunciamiento número dos (2) que precede se trasluce un posible conflicto de interés encontrado, dimanante de una misma representación legal (Canon 21 del Código de Etica Profesional) entre el codemandante Obdulio Correa Sánchez, su esposa y sociedad conyugal, y las co-demandantes Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa Sánchez de Acosta, esposo y sociedad conyugal por los abogados Rafael Hernández Matos, Jorge Meléndez Vela, José Davison Lampón y Enid Colón Jiménez. Estos letrados deberán ilustrarnos al respecto, y de ser necesario adoptar inmediatamente las medidas cautelares pertinentes para su-perar y eliminar todo posible conflicto de intereses de final-mente prevalecer la enmienda a la sentencia según aquí intimado.

Todas las partes han comparecido. Sus escritos no nos han convencido de modificar el ámbito de la revisión limitada, según intimada.

II

La apreciación de la prueba por el tribunal de instancia merece gran deferencia nuestra. Transcurridos más de veinticinco (25) años desde los hechos, una fiel reconstrucción de los mismos ha sido labor ardua y compleja, amén de las consabidas dificultades inherentes que entraña dirimir la credibilidad de los testigos. Véase García v. A.F.F., 103 D.P.R. 856, 357-358 (1975). Examinados los planteamientos de las partes no encontramos motivos para modificar tales determinaciones. En un proceso reflexivo y racional, la prueba las apoya. En ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio o parcialidad o error manifiesto nos abstendremos de intervenir en cuanto al trasfondo fáctico. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).

Aclarado este extremo, sólo nos resta pasar juicio sobre la recta y justa aplicación del derecho a las partes. Primera-mente, de correcta juridicidad consideramos la conclusión del foro de instancia al estimar que la causa del contrato aludido es ilícita o torpe. Por resultar imprescindible para la solución del caso, brevemente haremos una incursión en la doctrina envuelta.

El derecho de contratos en nuestro ordenamiento jurídico está asentado en la premisa inexorable de que no existe contrato sin causa o cuando la causa es ilícita. Art. 1227 del Código Civil;() Julsrud v. Peche de P. R., Inc., 115 D.P.R. 18 (1983); Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405, 418 (1978); Gual v. Sucn. Sobrinos de A. Ribot, 88 D.P.R. 159, 162-164 (1963); Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 18-25 (1962); Serra v. Salesian Society, 84 D.P.R. 322, 335 (1961) ; Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344, 350-353 (1962); Monserrate v. Lopés, 80 D.P.R. 491, 501-503 (1958); Guzmán v. Guzmán, 78 D.P.R. 673, 676-678 (1955); Corporación Azucarera v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 397, 409-410 (1954); Sánchez v. Coll, 69 D.P.R. 925, 927-930 (1949); Fernández v. Laloma, 56 D.P.R. 367, 375-381 (1940) ; Log. “Cab. de Agueynaba” v. Log. “Cab. de Phydias”, 47 D.P.R. 528, 533-535 (1934); Saavedra v. Saavedra, 46 D.P.R. 232, 234 (1934); González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556, 562-573 (1928) ; Rivera v. Rivera et al., 24 D.P.R. 172, 173 (1916); Franceschi et al. v. Sambolín et al., 10 D.P.R. 114, 119-121 (1906).

Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o la moral. Se trata de una lesión a un interés general de orden jurídico o moral. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 650. Es significativo notar, sobre este extremo, que en el Derecho romano la palabra “causa” apareció, entre otras vertientes, en conexión con la condictio ob turpem causam. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil, doctrina general del contrato, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, págs. 123-124.

Como corolario, una vez determinada la ilicitud de la causa, el contrato es nulo e inexistente. Arts. 1257 y 1258 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3516 y 3517. Puig Brutau, op. cit, pág. 297 y ss.; J. Delgado Echeverría, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1981, T. XVII, Vol. 2, pág. 282 y ss.; Manresa, op. cit, págs. 878-881; Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. XX, pág. 822 y ss. Adviértase, sin embargo, que por vía de excepción, la norma prevaleciente en la regulación de esta materia, que condena a las partes contratantes a la restauración del estado primitivo anterior de las cosas mediante la restitución de las prestaciones objeto del contrato, no es aplicable cuando la causa es torpe e ilícita. Arts. 1255, 1257 y 1258 del Código Civil. () Prevalece como criterio de apreciación el concepto de “culpa” o “torpeza” atribuible a las partes. En síntesis, si ambas son culpables es-tarían impedidas de reclamarse recíprocamente.

Se observa además, que el alcance de la exclusión de la repetición como sanción impide la acción reinvindicatoria. No obstante, ello no ocurre cuando una de las partes es ino-cente. En tal caso sería permitídole la restitución. Para que tenga lugar la privación de la repetición, la doctrina requiere que el sujeto de que se trate, haya tenido conocimiento de las circunstancias de las que deriva la ilicitud, o conciencia de la ilicitud misma o hubiera debido tenerla. Delgado Echeverría, op. cit., págs. 307-309. Así, la doctrina moderna al estimar la causa, admite en su vertiente subjetiva considerar los motivos que permearon la contratación. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. III, págs. 537-543; F. De Castro y Bravo, El Nego-cio Jurídico, Madrid, Ed. Ins. Nac. Est. Jur., 1967, págs. 177-253; L. Cariota Ferrara, El Negocio Jurídico (M. Alba-ladejo, traductor), Madrid, Ed. Aguilar, 1956, págs. 486-506. Esto es, “la referencia a una causa torpe supone una valora-ción de los móviles o motivos que han inducido a contratar. En este caso no se trata, pues, de un elemento del contrato que sea necesario para su normal perfección. . . . Pero conviene retener esta diferencia que media entre la causa en el sentido de reciprocidad de prestaciones (como en la compraventa la entrega de la cosa y el pago del precio) y los motivos, en el sentido de elementos en principio extrajurídicos, pero poten-cialmente relevantes ante el ordenamiento legal, si lo aconse-jan razones bastante poderosas para que el contrato sea decla-rado nulo”. Puig Brutau, op. cit., pág. 124.

La doctrina se ha cuestionado el porqué de la severidad de semejante castigo a las partes contratantes. Razones persuasivas de peso lo justifican. En primer término, se invoca el principio in pari delicto melior est causa possidentis o la compensación de culpas que impide la repetición. Véanse Rubio Sacarello v. Roig, supra, págs. 350-353; Fernández v. Laloma, supra, págs. 380-381; Saavedra v. Saavedra, supra, pág. 234. Se arguye también en el Derecho extranjero el concepto de “pena civil” contra el atribuyente, o “indignidad procesal” en razón de la conducta inmoral de quien se ha colo-cado fuera del ordenamiento jurídico. En el caso específico del Código Civil español la sanción extrema responde clara-mente a una finalidad penal que deriva del derecho sustan-tivo aplicable al caso. Delgado Echeverría, op. cit, págs. 305-306. Por último, la ilicitud de la causa es un problema jurí-dico a ser dirimido por la prueba, que incumbe demostrar a quien lo invoque y cuya apreciación compete a los tribunales de instancia. Manresa, op. cit., pág. 650. Esto es, “[l]a turpi-tudo resulta de la finalidad con que una realizó determinada atribución patrimonial, y sólo puede apreciarse tras el enjui-ciamiento de aquellos hechos: no es una tara conocida con que la persona acude al Tribunal, sino una valoración que éste hace después de conocer los hechos y a los efectos precisos señalados por la Ley”. Delgado Echeverría, op. cit, pág. 306.

Al aplicar los principios expuestos al caso de autos, resulta evidente que las partes contratantes —Carmen Sánchez Rodríguez, su hija Carmen Belén Correa y los esposos López Felices— convinieron y realizaron un negocio jurídico que violó importantes preceptos de ley, y lesionó indebidamente el interés público y la moral. La “forma” utilizada para la ejecución del contrato afecta su validez intrínseca per se, y es suficiente para su invalidación. La falsificación de la firma del causante anula radicalmente todo el instrumento público conforme la Sec. 20 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1020, y jurisprudencia. Este precepto informa: “las circunstancias que vician de nulidad formal radical total una escritura. Se trata de infracciones a la gestión notarial que no pueden convalidarse. La firma es un requisito esencial del instrumento por estimarse que ello conlleva una aprobación del texto escrito que antecede. Si la omisión de la firma invalida el otorgamiento, no se necesita mucho esfuerzo para en-tender el impacto que conlleva la falsificación de una firma en el instrumento.” (Énfasis suplido.) Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979).

Por otra parte, fue clara y manifiesta la intención de las partes de menoscabar las facultades del coheredero Correa Sánchez, quien tenía derecho a conocer y consentir en la venta aludida. Prevaleció una total inobservancia de las disposiciones de ley que regulan la venta de bienes hereditarios. Art. 984 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2821. En lo pertinente el legislador refirió al Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, el trámite a seguir para dicha venta. Dispone el Art. 579 de la referida ley lo siguiente:

El administrador no venderá los bienes inventariados, ex-cepción hecha de los que puedan deteriorarse, de aquellos cuya conservación sea difícil y costosa, de los frutos para cuya ena-jenación se presenten circunstancias ventajosas, y de los de-más bienes cuya enajenación sea necesaria para el pago de deudas del finado o cubrir atenciones de la administración. La corte, a propuesta del administrador y previa notificación y audiencia de los herederos reconocidos, podrá decretar la venta de cualesquiera de dichos bienes en pública subasta, y previo avalúo por peritos. Las subastas se verificarán con las mismas solemnidades y en los propios términos estable-cidos para las de los arrendamientos. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 2439.

Hemos reconocido que el propósito de esta reglamentación es brindar protección a los herederos, acreedores y legatarios de un menoscabo a sus intereses legítimos. Sucn. Mercado Parra v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 710, 717 (1965). Cuando existen estas disposiciones especiales deben cumplirse con estricto rigor. Marchese v. Marchese, 81 D.P.R. 729, 735-737 (1960). La doctrina se ha enfrentado con la interrogante de precisar si los negocios en fraude de herederos están comprendidos en el articulado estudiado referente a la causa torpe o ilícita. La respuesta es en la afirmativa, condicionada. Véase V. Torralba Soriano, Causa ilícita: exposición sistemática de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 19 An. Der. Civ. 661 (1966). A tal efecto, mediante Senten-cia Núm. 3577 de 11 de diciembre de 1957, el Tribunal Supremo español, Aranzadi, XXIV Repertorio de Jurispruden-cia 2386 (1957), en lo pertinente, se expresó:

Considerando: Que el principio general “nimo auditur suam turpitudinem allegaus” ha sido acogido por el artículo 1306 del Código Civil en el sentido de que no hay acción para repetir lo que se hubiera dado a virtud de actos realizados con causa torpe o ilícita por lo que, como derivación de la doc-trina anteriormente expuesta, el demandante en estos autos, incurso en la causa torpe ya mencionada, no está activamente legitimado en su pretensión esencial de que se anulen los actos de renuncia y venta que él llevó a efecto con la finalidad ilícita de perjudicar a su segunda mujer y a su hijo habido en se-gundo matrimonio, privándoles de sus derechos legitimarios, siquiera los tuvieran en expectativa, [ (énfasis en el original) ] por lo que, siendo suficiente este razonamiento jurídico, ba-sado en los propios hechos alegados y probados en la instan-cia, para mantener el pronunciamiento absolutorio de la demanda que el fallo recurrido decretó con apoyo en argu-mentación jurídica distinta, carece también de viabilidad el restante motivo primero del recurso, sin perjuicio de la ac-ción o derecho que a la segunda mujer e hijo de segundo matri-monio no intervinientes en este litigio, les pueda asistir por razón de los hechos procesales enjuiciados en estos autos. (Énfasis suplido.)

Nuestro ordenamiento debe seguir igual ruta. Es justo y lógico. Véanse De Jesús Díaz v. Carrero, 112 D.P.R. 631, 636-643 (1982); La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9, 16-31 (1982). En situación en que un administrador heredero vende bienes del caudal sin autorización de todos los herederos o del tribunal, un estudioso en la materia acertadamente expresa que “responde de los daños que su conducta cause a los interesados, si bien los terceros adquirentes están al margen de las acciones que los interesados puedan incoar, excepto que sean partícipes de la conducta indebida del administrador”. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, pág. 192. Véanse, además, Castán Tobeñas, op. cit, 8va ed., 1978, T. VI, Vol. 1, págs. 191-204; Manresa, op. cit., 1955, T. VII, págs. 594-599. El Estado también tiene unos intereses legítimos que proteger. La evasión de pago de contribuciones por herencia atenta contra la política fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sucn. Mercado Parra v. Srio. de Hacienda, supra, págs. 716-717; Sánchez v. Coll, supra, págs. 927-929; Sucn. Evans v. Srio. de Hacienda, 108 D.P.R. 713, 717-718 (1979). () Aun considerando que en algunas circunstancias un negocio contenido en una escritura pública defectuosa podría subsistir ínter partes como privado bajo la “teoría de conversión” —S. J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 D.P.R. 181, 189 (1982)— en el drama fáctico de autos, la falsificación de la firma del causante opera como motivo de nulidad radical absoluta.

HH hH f-H

Examinados los términos del convenio entre el causante y el codemandado López Jiménez para la adquisición del predio de terreno y edificación, explotado con ánimo de lucro como negocio de motel, concluimos que el mismo fue uno de sociedad y no de comunidad. Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 400 (1977). Su génesis identifica su naturaleza jurídica. Fue producto de la voluntad expresa de ambos. Su regulación respondió al exclusivo criterio de obtener lucro. Libre y voluntariamente pactaron explotarlo. Sus actuaciones no fueron simplemente para mantener la integridad del inmueble y sus anejos. Tampoco favorecer su conser-vación. Conjuntamente con el arrendatario Sr. Frank Rodrí-guez se construyeron casetas. Éste aportó financiamiento a cambio de que no se aumentara la renta. Igualmente lo hacían Correa Rodríguez y López Jiménez quienes también usaron parte de la renta generada. En su operación y explotación se le inyectó al negocio de motel una dinámica de crecimiento. Existían planes futuros de ampliación. No fueron culminados por la muerte del socio Obdulio Correa Rodríguez. Todas estas y otras características derrotan la conclusión de derecho del tribunal de que nació una comunidad. En este extremo debe modificarse la sentencia parcial.

En cuanto a la desestimación decretada de la reconvención de los esposos López Felices, también erró el foro de instancia. La misma fue interpuesta oportunamente. Procede en derecho. Véase Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985). No debe confundirse el impedimento ipso jure de las partes contratantes declaradas incursas en ilicitud o torpeza de causa para repetir —como pretendían las codemandantes señoras Sánchez Rodríguez y Correa Sánchez— con la capacidad de reclamarse recíprocamente responsabilidad frente a un tercero que no fue parte en la transacción ilegal. Tampoco procede el planteamiento de que la reconvención por los esposos López Felices no fue a nombre de la sociedad. Véanse Echevarría v. Despiau, 72 D.P.R. 472, 475-476 (1951) ; Meléndez v. Iturrondo, 71 D.P.R. 60, 63 (1950). El procedimiento puro formal, no debe obstaculizar ni derrotar el derecho sustantivo de las partes cuando de las alegaciones surge la calidad de las partes. Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972). Igualmente inmeritorios son los planteamientos de incuria y prescripción de la causa de acción. La prescripción no corre contra lo inexistente. D. Espín Cánovas, La nulidad absoluta del negocio jurídico y los efectos de la prescripción extintiva y de la usucapión, 23 An. Der. Civ. 519 (1970); J.R.T. v. P. R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76, 79-83 (1978); Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663, 667 (1971); Rodríguez v. Sucn. Pirazzi, 89 D.P.R. 506 (1963).()

Finalmente, hemos ponderado el aspecto del potencial conflicto de intereses dimanante de esta decisión. Aunque pueden existir criterios distintos respetables, la pureza del procedimiento y la honestidad incuestionable de los representantes legales de las partes comparecientes nos mueven a pronunciarnos. Se promueven y sirven mejor los postulados éticos, dictaminando que como consecuencia de esta decisión existe un insalvable conflicto de intereses que impide a los abogados en cuestión continuar —una vez devuelto el mandato— la representación simultánea de los codemandantes Carmen Sánchez Rodríguez, Carmen Belén Correa y Obdulio Correa Sánchez. Debemos recordar que “la conclusión de que un conflicto de intereses existe solamente si sur je en el presente una discrepancia entre las posiciones asumidas por los clientes no es necesariamente inconsistente con el reconocimiento de la existencia de posibles discrepancias teóricas que puedan crear un conflicto de intereses potencial impermisible”. Véase In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 792 (1984).

Se dictará la correspondiente sentencia que modifique según expuesto, la del Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Continuarán ante dicho foro los trámites compatibles con lo resuelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) “Los contratos sin causa, o con causa ilícita no producen efecto al-guno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.” 31 L.P.R.A. see. 3432. Cf. Art. 4 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4: “Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley. . . .”

      (2)Respectivamente rezan:
      “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben res-tituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en las sec-ciones siguientes.” 31 L.P.R.A. see. 3514.
      “Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del con-trato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose ade-más a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplica-ción prevenida en el Código Penal, Título 33, respecto a los efectos o instru-mentos del delito o falta.
      “Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpable podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido.” 31 L.P.R.A. see. 3516.
      “Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes:
      “1. Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido.
      “2. Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofre-cido.” 31 L.P.R.A. see. 3517.

      (3) Advertimos sin embargo, que tal violación de ley implica que “[l]a escritura pública de enajenación o disposición de bienes heredados, hecha en violación de esa disposición, podría perder su calidad de auténtica y su fuerza probatoria como tal, pero si está firmada por los otorgantes valdrá entre las partes en concepto de documento privado, sin que se afecte la existencia y eficacia en sí del acto jurídico en ella consignado. Lo que sólo queda afectado es la forma solemne que se le haya procurado dar”. (Énfasis suplido.) Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225, 299 (1964).

      (4) El planteamiento esbozado por los codemandados López Felices relativo a la venta que hiciera Obdulio Correa Sánchez de su participación hereditaria a su madre y hermana no amerita discusión por su inmerito-riedad. No puede haber vendido Correa Sánchez su participación en un bien cuando desconocía su existencia.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    José J. Hernández Sánchez, querellante y recurrido, v. Puerto Rico Parking System, Inc., querellada y recurrente.

      Número: O-84-798

      Resuelto: 11 de marzo de 1985

      Rica H. Díaz Delgado, abogada de la recurrente; Luis O. Dávila, abogado del Departamento de Asuntos del Consumidor.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En consideración al “manifiesto interés legislativo en la pronta atención a reclamaciones de consumidores . . que se radican ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, en G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5, 7 (1983) (), resolvimos, en lo pertinente, que es de carácter jurisdiccional el término de treinta (30) días que le concede el Art. 16 de la Ley Orgánica del D.A.C.O. () al Secretario del referido Departamento para resolver el escrito de recon-sideración que, como requisito previo a la revisión judicial, viene obligada a radicar aquella parte afectada por una de-cisión de dicho organismo administrativo; que, en consecuen-cia, transcurrido el mencionado término sin que el Secretario haya tomado acción al respecto, la reconsideración solicitada se tiene como declarada “sin lugar”; por lo que al trigésimo primer (31) día de haber sido radicado el referido escrito de reconsideración comienza ipso facto el término de quince (15) días que establece el Art. 17 de la referida Ley Orgánica() para recurrir en revisión judicial ante el Tribunal Superior de Puerto Rico.

Al final de la referida decisión, G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., ante, págs. 10-11, expresamos:

Toda vez que el expediente de este caso revela una práctica administrativa en que la parte perjudicada por la decisión de DACO, como si el término de 30 días fuera directivo, debía esperar meses —más de tres aquí— por la notificación del Secretario para instar revisión, y también la parte favore-cida por la misma sufría la otro tanto tardía adjudicación de su derecho, lo que aquí resolvemos no ha de perjudicar sus respectivos intereses, y a tal fin se difiere la vigencia de la norma ahora enunciada por sesenta (60) días contados desde la fecha de la sentencia.
Aunque por fundamentos distintos a los de la sentencia re-visada, y en su consecuencia del efecto prospectivo de lo ahora resuelto, se deniega el certiorari, y se remite la querella a vista ante la agencia administrativa. (Énfasis suplido.)

1 — 1

Radicada el día 13 de enero de 1982 ante el Departamento de Asuntos del Consumidor una querella por el recurrido José J. Hernández Sánchez contra la aquí recurrente Puerto Rico Parking System, Inc. —relativa la misma al hurto de un automóvil del estacionamiento del antiguo Hipódromo El Co-mandante— el referido organismo administrativo emitió de-cisión () mediante la cual le ordenó a la recurrente pagarle al recurrido la suma de $5,910 por la pérdida de su vehículo de motor. El día 5 de noviembre de 1982 la recurrente radicó, a tiempo, la requerida moción de reconsideración. Citando como autoridad el caso de G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., ante, y haciendo constar que desde “la fecha de radicación de la Moción de Reconsideración hasta esta fecha han transcurrido más de treinta (30) días, por lo que este Departamento carece de jurisdicción para entender en la misma”, el D.A.C.O., mediante resolución de 24 de mayo de 1983, declaró sin lugar la reconsideración radicada.

Solicitada la revisión judicial de la antes descrita actua-ción administrativa, mediante sentencia de fecha 28 de sep-tiembre de 1984, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan(), se negó a expedir el auto. Expresó el foro de instancia, al así resolver, que la norma establecida por este Tribunal en el antes citado caso de G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., ante, “entró en vigor, según sus propios térmi-nos, 60 días después de la fecha de la sentencia en dicho caso. La fecha de dicha sentencia es de 28 de febrero de 1983. Por lo tanto, la norma entró en vigor 60 días después, o sea el 29 abril, 1983. La norma, una vez entró en vigor, era y es clara-mente aplicable a los casos que tenía DACO pendientes de re-consideración en aquel entonces. Fue por lo tanto correcta la la decisión de DACO que denegó la reconsideración por haber expirado el plazo que tenía DACO para resolverla”. (Énfasis suplido.)

Inconforme, recurrió ante este Tribunal la Puerto Rico Parking System, Inc., imputándole error al tribunal de ins-tancia al así resolver. Mediante resolución de fecha 6 de diciembre de 1984 le concedimos término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia recurrida y devolver el caso al foro administrativo para que éste considere y resuelva en sus méritos la moción de reconsideración radicada por la aquí recurrente. Dicha parte ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

II

A la fecha de la decisión emitida en G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., ante, este Tribunal estaba consciente de que en el referido Departamento, en lo pertinente, se encon-traban pendientes de resolución un sinnúmero de casos en diferentes etapas de procesamiento, a saber: A - casos en que la agencia no había emitido decisión final; B - casos en que la decisión final había sido emitida, se había ya radicado la re-querida moción de reconsideración pero el término de treinta (30) días todavía no había transcurrido; C - casos ya re-sueltos en que inclusive ya había transcurrido el término de treinta (30) días que la agencia tenía para resolver la recon-sideración radicada, pero que todavía no había transcurrido totalmente el término de quince (15) días para acudir en re-visión judicial; y D — casos, como el 'presente, en que ya ha-bían transcurrido ambos términos.

No obstante estar igualmente conscientes del hecho de que la situación antes descrita sería más o menos la misma se-senta (60) días más tarde, diferimos la vigencia de la norma establecida por el mencionado período de tiempo. Dicho tér-mino de sesenta (60) días fue concedido con el obvio propó-sito de brindarle a la agencia administrativa —que en última instancia era la única que podía tomar acción afirmativa al respecto— la oportunidad de “ponerse al día”; en otras pala-bras, se le concedió un “período de gracia” para que pudiera resolver responsablemente la mayoría de los cientos de casos que tenía pendientes de reconsideración al momento de ser emi-tida nuestra decisión. Finalizado dicho “período de gracia”, comenzaba a regir “la norma” enunciada en cuanto a los ca-sos aún pendientes.

En relación a esto último es sumamente importante mantener presente que la norma establecida, como cualquier otra, tiene que ser aplicada “como un todo” y no fragmentadamente. Comprendiendo la “norma enunciada” en el caso de G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., ante, tanto el término de treinta (30) días de que habla el citado Art. 16 de la ley que creó al D.A.C.O. como el término de quince (15) días que establece el antes mencionado Art. 17 de la referida ley, resulta meridianamente clara la conclusión de que lo resuelto por este Tribunal en el mencionado caso fue a los efectos de que a partir de la fecha de vigencia de la misma —29 de abril de 1983— comenzaban a contarse ambos términos.

Ello claramente tiene que ser así. Cualquier otra inter-pretación podría resultar en violación del derecho de la parte a revisar judicialmente la decisión administrativa emitida, derecho que como es sabido forma parte del “debido proceso de ley” una vez la ley orgánica de una agencia administrativa concede el mismo. Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228 (1974).

Ahí la razón por la cual no puede prevalecer la interpretación que de nuestra decisión realizara el D.A.C.O., interpretación que fue aceptada como correcta y adoptada por el tribunal de instancia. Dado el hecho inevitable de que su aceptación e implementación implica que a la fecha de vigencia de nuestra decisión ya habrían transcurrido los términos dispuestos en los citados Arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica del D.A.C.O., dicha interpretación tiene como consecuencia el resultado inaceptable de la pérdida por parte de la aquí recurrente —y de todas aquellas partes cuyos casos se encontraban en la misma situación— del derecho a revisar judicialmente la decisión administrativa emitida; derecho que no puede ser limitado o coartado por cuanto el mismo forma parte del debido procedimiento de ley en el caso de la agencia administrativa aquí en controversia en virtud de las propias disposiciones de la ley que la creó. Berríos v. Comisión de Minería, ante.

Habiendo comenzado el término de treinta (30) días que dispone el citado Art. 16 de la citada Ley Orgánica a contarse el día 29 de abril de 1983, cuando el D.A.C.O. emite la resolución aquí en controversia el 24 de mayo de 1983, todavía tenía dicha agencia jurisdicción para resolver la moción de reconsideración que había radicado la recurrente.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto, y se dictará sentencia revocatoria de la dictada por el tribunal de instancia en el presente caso, con instrucciones de que se devuelva el caso al foro administrativo para la resolu-ción en sus méritos por dicho foro de la moción de reconside-ración radicada por la aqui recurrente.

      (1)83 J.T.S. 25.

      (2)3 L.P.R.A. sec. 341o.

      (3)3 L.P.R.A. sec. 341p.

      (4) Resolución de fecha 29 de octubre de 1982.

      (5)Hon. Ángel G. Hermida, Juez.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Gilbert Pérez Zayas, acusado y apelante.

      Número: CR-83-73

      Resuelto: 13 de marzo de 1985

      Elias González Mathews, abogado del acusado; Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Lirio Bernal de González, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante fue convicto tras juicio por ju-rado del delito de robo y de dos infracciones a la Ley de Ar-mas. Se le impuso una sentencia de veinte años por el delito de robo y de cinco años por cada una de las infracciones a la Ley de Armas. Las sentencias habrían de cumplirse en forma consecutiva. El procesado ha acudido en alzada ante este foro, donde argumenta que el tribunal de instancia debió haber estimado su moción sobre atenuantes y no dictar sentencia con agravantes.

El acusado le señaló al tribunal de instancia los hechos siguientes en calidad de atenuantes:

1. El acusado nunca había sido convicto de delito alguno.

2. El acusado tiene 22 años de edad.

3. El acusado es padre de familia con un hijo de cuatro años de edad a quien tiene que sostener económicamente.

4. El acusado es estudiante universitario en el Recinto de Cupey de la Universidad Interamericana.

5. Ninguna persona resultó herida en el curso de la comi-sión de los delitos ni se disparó arma de fuego alguna por el acusado.

Es incuestionable que algunos de estos hechos consti-tuyen circunstancias atenuantes bajo las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal,() complementa-ria del Art. 60 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3284. ()

Del otro lado, el Ministerio Público, estableció la existencia de las circunstancias agravantes siguientes, todas menciona-das específicamente en la Regla 171:

1. Se trató de un robo a mano armada, con el consiguiente peligro para la vida de los asaltados, empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Baja. Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716, 739-740 (1981).

2. El delito envolvió la apropiación de una gran cantidad de dinero. La suma envuelta en este caso montó a $44,280.17.

3. El acusado mintió durante el juicio. La mentira con-sistió en haberse presentado prueba documental falsificada para alegar que el día en que se cometieron los hechos se en-contraba en la biblioteca de la Universidad Interamericana en Hato Rey examinando un libro para una asignación. El fiscal adujo prueba indicativa de que el sello de la tarjeta del referido libro no correspondía al de tal Universidad.

Se ha expresado que el legislador no ha provisto un sistema objetivo de referencia contra el cual evaluar los criterios del Art. 60 ni los complementarios de la Regla 171. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Hato Rey, Ed. Ins. Desarrollo del Derecho, 1983, págs. 320-321. La Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980, que estableció un modelo de sentencia determinada, quiso resolver el problema de la disparidad en las sentencias, mas al no proveerse en las Leyes Núms. 101 y 103 de la misma fecha, de donde arrancan el Art. 60 y la Regla 171, el método de ponderar los criterios expuestos se introdujo en el propio modelo la semilla de la disparidad. Nevares-Muñiz, op. cit.

El apelante solicita que establezcamos tal método. Entendemos que esta tarea, de estimarse factible y deseable, le corresponde al proceso legislativo y no al judicial en su función adjudicativa. En el ejercicio de esta última función sí velaremos por que, conforme al Art. II, Sec. 12 de nuestra Constitución, no se impongan castigos crueles e inusitados. Esta cláusula requiere penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, penas no arbitrarias, la imposición, en fin, de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 313; opinión concurrente del Juez Brennan en Furman v. Georgia, 408 U.S. 238, 257 (1972).

Normalmente no intervenimos en el ejercicio de la discreción del juez de instancia en la imposición de la pena. A la luz de los hechos y principios expuestos, estimamos, no obstante, que procede moderar las penas. Se dispone, a tal efecto, que la pena correspondiente al delito de robo se reducirá de veinte a quince años () y que todas las condenas se cumplirán concurrentemente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1)La Regla 171 provee:
      “El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las partes o la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.
      “Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, entre otras, las siguientes:
      “(A) Hechos relacionados con la comisión del delito, incluyendo entre otros:
      “(a) el acusado fue un participante pasivo durante la comisión del delito
      “ (b) la víctima provocó el incidente
      “(c) el delito fue cometido bajo circunstancias poco usuales
      “(d) el acusado participó en la comisión del delito bajo coacción o su conducta es parcialmente excusable por alguna otra razón [que] no constituye una defensa de las alegadas afirmativamente

        “ (e) el acusado no sentía ninguna predisposición, sino que fue in-ducido por otros a participar en la comisión del delito
      “(f) el acusado trató de evitar el daño criminal causado a la persona o a la propiedad, o la cantidad apropiada fue mínima o se le hi-cieron amenazas
      “(g) el acusado creyó que tenía un derecho o una reclamación sobre la propiedad objeto del delito, o debido a otras razones equivocadas creyó que su conducta era legal
      “(h) el acusado fue motivado por el deseo de proveer las necesi-dades básicas a su familia o a sí mismo
      “(i) el resultado delictuoso fue producido por negligencia del acu-sado
      “(B) Hechos relacionados con la persona del acusado, incluyendo entre otros:
      “(a) el acusado no tiene antecedentes
      “ (b) edad y condiciones físicas del acusado
      “ (c) el acusado adolecía de una condición mental o física que sig-nificativamente reducía su culpabilidad
      “(d) el acusado aceptó su responsabilidad en las etapas prelimi-nares del proceso criminal
      “(e) el acusado no cualificaba para una sentencia suspendida
      “(f) el acusado restituyó a la víctima por el daño causado
      “(g) la conducta y reputación del acusado en su comunidad es satisfactoria
      “Se podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras, las siguientes:
      “(A) Hechos relacionados con la comisión del delito y con la persona del acusado, incluyendo entre otros:
      “(a) el delito fue de violencia, se causó grave daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un rechazo a las normas de la decencia
      “(b) el acusado utilizó un arma en la comisión del delito
      “(c) la víctima era particularmente vulnerable ya fuese por mi-noridad o incapacidad mental o física
      “(d) el delito envolvió más de una víctima
      “(e) el acusado indujo a otros a participar en la comisión del delito u ocupó una posición de líder o dominante entre los demás partici-pantes
      “ (f) el acusado utilizó a un menor como coparticipante
      “(g) el acusado amenazó a los testigos, ilegalmente evitó que los testigos asistieran a las vistas o los indujo a cometer perjurio o en cual-quier otro modo obstaculizó el proceso judicial
      “(h) el acusado es miembro de un grupo, organización o empresa criminal organizada
      “(i) el delito evidencia unos designios criminales planificados
      “(j) el acusado recibió pago por la comisión del delito
      “(k) el acusado mintió durante el juicio estando bajo juramento cuando no se le ha procesado por perjurio

        “(l) el delito envuelve la apropiación de una gran cantidad de dinero
      “(m) el acusado tiene un historial delictivo.”

      (2)E1 Art. 60 dispone:
      “Los objetivos generales que informan la imposición de la pena son los siguientes:
      “(a) La protección de la sociedad y la prevención de la delincuencia,
      “(b) El castigo justo al autor del delito.
      “(c) La rehabilitación moral y social del autor dentro de los recursos disponibles del Estado.
      “(d) El logro de la uniformidad en la imposición de la pena.
      “(e) La consideración de la naturaleza disuasiva de la pena.
      “Dentro de los límites establecidos por la ley, las penas se fijarán de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho cometido y tomando en consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:
      “(a) La naturaleza de la acción u omisión delictuosa.
      “(b) Los medios empleados.
      “ (c) La importancia de los deberes transgredidos.
      “(d) La extensión del daño [o] del peligro causado.
      “(e) La edad, educación, historial social y reputación del autor.
      “(f) La conducta relacionada con el delito antes, durante y después de la comisión del mismo.
      “ (g) La calidad de los móviles del hecho.
      “(h) La conducta de la víctima relacionada con la transacción delic-tuosa.
      “Las relaciones, circunstancias y cualidades personales que aumenten o disminuyan la pena, afectará [n] solamente a la persona a quien corres-pondan.”

      (3)Como se recordará, la pena fija por el delito de robo monta a doce años de prisión.