author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Administración de Reglamentos y Permisos, demandante y peticionaria, v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones et als., demandados y recurridos.

      Número: CE-89-141

      Resuelto: 7 de diciembre de 1989

      Maritza Rodríguez Alonso, abogada de la peticionaria; Milagros Arrieta Díaz, abogada de la Junta de Apelaciones sobre Cons-trucciones y Lotificaciones, recurrida; Rafael Vázquez Colón, pro se, recurrido; Jorge L. Cajigas Morales, abogado del inter-ventor.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Mediante orden de mostrar causa revisamos la decisión de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotifica-ciones (en adelante la Junta de Apelaciones) que revocó la denegatoria de la Administración de Reglamentos y Per-misos (en adelante A.R.P.E.) a la concesión de un permiso de uso para establecer una oficina de abogado en la Urbaniza-ción El Vedado en Río Piedras, Puerto Rico, en un distrito clasificado como residencial. Evaluadas las comparecencias de todas las partes, resolvemos según intimado en nuestra resolución.

Este recurso se origina en 1987 cuando el Ledo. Rafael Vázquez Colón solicitó un permiso de uso para establecer una oficina de abogado en la Calle Hija del Caribe en la Ur-banización El Vedado en Río Piedras en una zona clasificada como R-3 en el mapa de zonificación de San Juan.

Ante la negativa de A.R.P.E. a conceder el permiso solici-tado, el letrado apeló a la Junta de Apelaciones. En su es-crito de apelación el abogado recurrido expresó que la pro-piedad está localizada en un solar frente al condominio El Centro, un complejo residencial-comercial en Hato Rey.

Luego de celebrar una vista evidenciaría, la Junta de Apelaciones concluyó que la “pertenencia en cuestión . . . está rodeada de distritos comerciales intensos, lo cual consti-tuye una restricción al uso para [el] cual fue destinada la propiedad”. Anejo 1, págs. 16 y 20. Por lo tanto, la Junta de Apelaciones concluyó que las circunstancias atinentes del caso autorizaban un permiso de uso permanente mediante el mecanismo de variación.

Como el Tribunal Superior denegó el auto de revisión, A.R.P.E. solicita que revoquemos la resolución de la Junta de Apelaciones, porque es contraria a la reglamentación vi-gente y no aplica rigurosamente al principio de “autoinflic-ción” del daño. Mediante resolución, requerimos a la parte recurrida que mostrara causa por la cual no se debía revocar la sentencia emitida por el Tribunal Superior. Evaluada su comparecencia, procede resolver según intimado sin ulte-riores procedimientos.

I — I I — I

La controversia en este caso se limita a determinar si existen las circunstancias especiales para la concesión de la variación y así dedicar la propiedad a un uso prohibido por las restricciones impuestas en una zona o distrito por el Reglamento de Zonificación aprobado por la Junta de Planificación de Puerto Rico. En Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87, 93 (1974), expresamos que la variación tiene el propósito de atenuar el rigor del reglamento “permitiendo el uso prohibido cuando se demuestra que debido a las circuns-tandas espedales la aplicadón de las restricdones puede re-sultar irrazonable y ocasionar perjuicios al dueño”.

Como regla general se concede una variación para evitar el efecto conñscatorio sobre la propiedad que conllevaría la aplicación rigurosa de un reglamento de zonificación:

A variance is granted to render justice in unique and individual cases of practical difficulties or unnecessary hardship resulting from a literal application of the zoning ordinance. It is designed to correct maladjustments and inequities in the operation of general regulations. (Escolios omitidos.) 3 Anderson, American Law of Zoning 3d Sec. 20.02, pág. 366 (3ra ed. 1986).

Por la naturaleza del interés público implicado, las variaciones a los requisitos de zonificación no se favorecen y deben utilizarse selectivamente en aquellas circunstancias en que un propietario demuestre que las restricciones le causaron un daño particular que no comparte con otros. “Por eso se descartará una variación cuando no haya prueba de que la situación del dueño sea singular y distinta a la de sus colindantes.” (Traducción nuestra.) 3 Yokley, Zoning Law and Practice Sec. 21-6, págs. 297-298 (4ta ed. 1979). De lo contrario, su uso indiscriminado podría destruir todo nuestro esquema de zonificación y cambiar eventualmente las características de un distrito, planificado originalmente con una infraestructura para ciertos usos.

Con el propósito de definir los límites de su amplio poder sobre estos extremos, la Junta de Planificación de Puerto Rico adoptó un Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4) que en su Sec. 82.05 establece los siguientes criterios para otorgar variaciones y evitar que la aplicación literal de sus requerimientos resulte en una confiscación de la propiedad:

82.05 — Variaciones en Uso — La Junta o la Administración[,] cada cual en su ámbito jurisdiccional, podrá autorizar varia-ciones en uso cuando se pueda establecer que ninguno de los usos que están permitidos en el distrito es factible en la propiedad desde el punto de vista físico o económico. Se to-mará en consideración, entre otros, los siguientes:
1. El costo de adaptar la propiedad a los usos permitidos debido a las disposiciones de este u otros reglamentos y el beneficio que se derivaría una vez adaptada éstas para los usos permitidos.
2. Las razones por las cuales ningún uso permisible es factible en la propiedad sin la variación deben ser únicas a la misma y no una característica general del distrito o del sector del distrito donde ubica. No podrán haber sido cau-sadas por el dueño.
3. El uso para el cual se solicita la variación a las disposi-ciones reglamentarias es compatible con los propósitos del distrito, con el vecindario o comunidad en que ubica.
4. La variación solicitada no afecta adversamente, entre otros, los siguientes factores:
a. La disponibilidad de infraestructura
b. El contexto en el que ubica
c. El ambiente de la calle
d. La seguridad y tranquilidad de los vecinos. (Énfasis suplido.) Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, ed. rev., 1989, pág. 262.

En Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, 332 (1985), examinamos nuevamente la aplicación de la doctrina y reafirmamos que se concede únicamente en los casos expresamente autorizados por el Reglamento y siempre sujetos a las condiciones en él prescritas’”. (Énfasis suplido.)

1 — 1 1 — 1

En su recurso A.R.P.E. asevera que la resolución de la Junta de Apelaciones está fundamentada en unos criterios que no están previstos por las disposiciones reglamentarias vigentes ni por la jurisprudencia aplicable. Expone que del texto del reglamento se desprende que las condiciones para justificar una variación en uso deben ser únicas a la estruc-tura y no ser una característica general del distrito donde ubica la propiedad.

Aunque las decisiones administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad y corrección, y merecen consideración y respeto por los tribunales, Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975), en este caso nos corresponde determinar si la Junta de Apelaciones actuó arbitraria o ilegalmente al autorizar el establecimiento de unas oficinas de abogados en una zona residencial.

En su resolución, la Junta de Apelaciones concluyó, como cuestión mixta de hecho y derecho, que el abogado recurrido es acreedor al permiso solicitado porque la utilización de dicha propiedad como residencia está “limitada por las zonas que la rodean, en especial por las actividades que se llevan a cabo en el [c]ondominio El Centro[,] que queda en su frente...”. (Énfasis suplido.) Anejo 1, pág. 21. En otras pala-bras, la Junta de Apelaciones determinó que dicha propiedad no es apta para ser utilizada para fines residenciales debido a la transformación que ha sufrido el sector por las actividades comerciales que se llevan a cabo en una parte del condominio El Centro, ubicado en frente de la propiedad del abogado.

Esta conclusión es totalmente contraria a los criterios enumerados en el Reglamento de Zonificación. De hecho, el reglamento requiere que las razones para sostener una variación deben ser únicas a la estructura y no una característica general del distrito donde ubica la misma. Corresponde al peticionario probar que su propiedad está particularmente afectada por una reglamentación que resulte innecesariamente gravosa (unnecessary hardship). Yokley, supra, Sec. 21-6, pág. 296.

El remedio pertinente para atender los problemas expuestos por el abogado recurrido no era una solicitud de variación. Lo que procedía en derecho era una petición de rezonificación. De hecho, de su moción de desestimación so-metida ante el foro de instancia se desprende que él solicitó en 1987 un cambio en la zonificación para el sector donde está ubicada la propiedad. La Junta de Planificación de Puerto Rico oportunamente denegó esta petición. En estas circunstancias, no podemos permitir que el abogado recu-rrido ahora solicite la concesión dé una variación para obte-ner el permiso de uso. Así evitamos que al margen de la zoni-ficación vigente continúe la proliferación de oficinas profesio-nales y entidades comerciales que afecten aún más la infra-estructura que fue construida para un sector residencial.

h-i C

Por otro lado, la Junta de Apelaciones también concluyó que en las circunstancias atinentes a este caso resultaba “oneroso obligar a un ciudadano a dejar inoperante su pro-piedad porque la zonificación de la misma no esté a tono con la realidad táctica que rodea la misma”. Anejo 1, pág. 21. En su comparecencia A.R.P.E. invoca la doctrina de autoinflicción del daño adoptada en Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., supra.

Según esta doctrina, como regla general, se impide la solicitud y concesión de un alivio administrativo a la zonificación mediante una variación en “casos en que el promovente —conociendo las limitaciones impuestas [sobre la propiedad] por los requisitos [vigentes] de zonificación— [adquiere la misma y] se coloca voluntariamente en una posición que le ocasiona [un] perjuicio irrazonable”. Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759, 772 (1987).

El Reglamento de Zonificación acoge este precepto en su Sec. 82.05(2), supra, al requerir que las circunstancias especiales para justificar una variación administrativa “[n]o podrán haber sido causad[a]s por el dueño”. Según esta doc-trina, se considera que el daño es autoinfligido cuando el soli-citante adquiere la propiedad con conocimiento de las restri-ciones sobre su uso. Se presume que en esos casos el solici-tante adquiere la propiedad a un precio que tomó en conside-ración la restricción y con el propósito de utilizarla para un uso no previsto por la zonificación.

A person who purchases land with knowledge, actual or constructive, of the zoning restrictions which are in effect at the time of [the] purchase, is said to have created for himself whatever hardship such restrictions entail. When he seeks administrative or judicial relief from such self-created hardship, he encounters resistance which varies in intensity with the kind of relief sought and the forum whose jurisdiction he invokes. Anderson, supra, Sec. 20.44, pág. 505.

Esta regla es aplicable a cualquier peticionario, independientemente de si su conocimiento de la restricción es real o constructiva. Anderson, supra, Sec. 20.45, pág. 513. Aunque este tipo de propietario no está absolutamente impedido de reclamar sus derechos constitucionales sobre la propiedad, su conocimiento previo sobre las limitaciones impuestas por la zonificación debilitan las posibilidades de éxito en los tribunales. íd., Sec. 20.44, pág. 505.

En el caso de autos, cuando el abogado recurrido adqui-rió la propiedad sabía que pertenecía a una zona residencial que colindaba con un sector comercial. Precisamente por eso tuvo que solicitar un permiso para remodelar la estructura en controversia y cambiarla de una residencia a una oficina. Al conocer estas limitaciones el letrado se colocó voluntaria-mente en una posición que le ocasionó un perjuicio irrazona-ble. En estas circunstancias, procede la revocación de la de-cisión del foro de instancia y de la Junta de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron. El Juez Asociado Se-ñor Negrón García se inhibió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Aníbal Flores Betancourt, acusado y apelante.

      Número: CR-87-81

      Resuelto: 7 de diciembre de 1989

      Héctor Landrón Hernández, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Esta apelación nos permite examinar la responsabilidad criminal por el delito de falsificación de documentos a la luz de un cuadro de hechos que configuran una patente violación a la Ley Notarial de Puerto Rico y a la fe pública que intrín-secamente acompaña al ejercicio del notariado.

El abogado y notario Aníbal Flores Betancourt fue acusado y convicto del delito de falsificación de documentos (Art. 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4591). De acuerdo con el pliego acusatorio, el licenciado Flores, “con la intención de defraudar a Margarita González Delgado, falsamente imitó la firma del señor Víctor M. Martínez Hernández en la registración [sic] [de un] vehículo [de motor]”. La falsificación se produjo en el curso del traspaso de la licencia de un camión a favor de Noemí Nieves Pérez, en cuyo trá-mite el apelante intervino como notario público.

Un panel de jurados lo encontró culpable por unanimidad y el tribunal, por voz de la Hon. Juez Crisanta González de Rodríguez, lo sentenció a cumplir nueve (9) años de presidio bajo el régimen de sentencia suspendida.() De esta senten-cia apela ante este Tribunal.

En su alegato el apelante plantea la comisión de tres (3) errores:

PRIMER ERROR:

Incidió el tribunal de instancia al declarar sin lugar una soli-citud de absolución perentoria fundada en que el Ministerio Público no estableció el elemento esencial de la intención criminal de defraudar.

SEGUNDO ERROR:

Erraron los señores del jurado al encontrar culpable al aquí apelante a base de una prueba que no estableció más allá de toda duda razonable que existiera intención específica de de-fraudar.

TERCER ERROR:

La prueba de cargo descansó únicamente en la confesión no corroborada del apelante, por lo que procedía absolver peren-toriamente al acusado. Alegato del apelante, pág. 7.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, con-firmamos la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

I

Examinemos la prueba desfilada con algún detalle. El primer testigo de cargo, Víctor Manuel Martínez Nieves, de-claró que el 15 de junio de 1984 le vendió un camión de su propiedad al Sr. Carlos Miguel López Nieves. Al señor Mar-tínez Nieves se le mostró la licencia del vehículo, la cual tenía evidenciado al dorso un traspaso a favor de Noemí Nieves, y señaló que la firma que aparecía allí no era la suya, que nunca había realizado dicho traspaso y que jamás estuvo en la oficina del licenciado Flores Betancourt, quien aparece en dicho documento como el notario autorizante del afidávit. La licencia fue admitida como prueba por estipulación de las partes. También, por acuerdo entre las partes, se admitió una certificación expedida por el Colector de Rentas Internas de la Colecturía de Vega Alta, en la cual se asevera que el 15 de junio de 1984 se efectuó la venta y traspaso del referido camión a favor de Carlos M. López Nieves ante el funcionario correspondiente en dicha colecturía.

La segunda testigo de cargo fue Margarita González Delgado, viuda de Carlos M. López Nieves, fallecido el 30 de agosto de 1984. Relató que después de la muerte de su es-poso se enteró que la licencia del camión que su difunto ma-rido le había comprado al Sr. Víctor Martínez aparecía en el Registro de Vehículos de Motor del Departamento de Trans-portación y Obras Públicas a nombre de Noemí Nieves. Aña-dió que Noemí Nieves era la amante de su esposo y que vivía con él desde hacía algún tiempo ya que ella se encontraba separada.

Explicó que poco después de la muerte de su marido, No-emí Nieves fue a reclamar el camión aduciendo que le perte-necía. Luego de comprobar con el dueño anterior que su difunto consorte efectivamente había realizado la compra-venta, acudió al juez de Canóvanas quien la refirió a la Fis-calía para que presentara la correspondiente denuncia.

La tercera testigo de cargo fue la Hon. Lourdes Veláz-quez Cajigas, Juez del Tribunal de Distrito. Declaró que pre-sidió la vista preliminar en contra de Noemí Nieves por el delito de apropiación ilegal agravada. En dicha vista el ape-lante fue testigo de cargo. Señaló la juez que en el contrain-terrogatorio al licenciado Flores, el letrado admitió haber firmado por otra persona el traspaso de la referida licencia de conducir. El apelante, además, dijo en aquella vista que había notarizado el documento de traspaso.

El testimonio de la magistrado fue reafirmado esencial-mente por la declaración del cuarto testigo de cargo, el Fiscal Aurelio Miró Carrión, quien investigó el caso de Noemí Nieves e intervino en la vista preliminar que se celebró en su contra. El Fiscal Miró relató cómo el licenciado Flores ini-cialmente sostuvo que una de las personas que acompañaron a Noemí Nieves a su oficina fue la que firmó el traspaso. Más tarde, durante el interrogatorio, el aquí apelante cambió su versión en aquella vista y admitió que le dio “pena” y firmó el traspaso “como el vendedor y como Notario” en ausencia de las personas que concurrieron a su oficina. E.N.P., pág. 8.

Finalmente se estipuló la declaración del testigo Carlos Vélez, representante del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a los efectos de que la referida licencia de vehículo de motor estaba radicada en el Registro de Ve-hículos de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas y que en virtud de dicho documento se inscri-bió el vehículo a nombre de Noemí Nieves.

Luego del desfile de la prueba de cargo, la defensa soli-citó sin éxito la absolución perentoria del acusado. Se proce-dió entonces a llamar como único testigo de defensa al ape-lante Flores Betancourt.() Éste relató que un día llegó No-emí Nieves a su oficina. Ella le explicó que su marido había muerto() y que quería traspasar a su favor un camión, pero que en el Departamento de Transportación y Obras Públicas le pedían una declaratoria de herederos. El apelante explicó que creyó que ella era una persona seria y creíble, por lo que procedió a firmar por el vendedor aunque sabía que violaba la Ley Notarial de Puerto Rico. E.N.P., págs. 9 y 11.

En el contrainterrogatorio, no obstante, el apelante aclaró que Noemí Nieves fue a la oficina con otras dos (2) personas, una de las cuales inicialmente se hizo pasar por el vendedor. Indicó que le pidió al alegado vendedor la licencia y la tarjeta de seguro social, y al no poder “bregar con él”, Noemí le dijo lo que él creyó era la “verdad”. E.N.P., pág. 10.

Explicó que luego de orientarla sobre el procedimiento de declaratoria de herederos, ella le dijo qúe no tenía dinero para su tramitación. En esas circunstancias dijo haber cre-ído de “buena fe” que el camión sólo tenía un valor residual, aunque admitió nunca haberlo visto. Cobró honorarios por sus servicios. Al decidir proceder con la imitación de la firma en el traspaso, dijo que sólo “[qjuería ayudar a la viuda ...”. E.N.P., pág. 12.

II

El Art. 271 del Código Penal, supra, dispone que:

Toda persona que con intención de defraudar a otra hi-ciere, en todo o en parte, un documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se creare, transfiriere, terminare o de otra forma afectare cualquier derecho, obligación o interés, o que falsamente alterare, limitare, suprimiere o destruyere, total o parcialmente, uno verdadero, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mí-nimo de seis (6) años. (Énfasis suplido.)

Este delito tiene dos (2) modalidades: “(1) hacer en todo o parcialmente un documento, instrumento o escrito falso y (2) alterar, imitar, suprimir o destruir, total o parcialmente uno verdadero. [Dicho] documento falso [podría] crear, transferir, terminar o afectar cualquier derecho, obligación o interés.” (Énfasis suprimido.) Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312, 321 esc. 4 (1982). No obstante, la médula del delito consiste en la intención de perjudicar, causar daño o defraudar a otra persona con pleno conocimiento de la fal-sedad del escrito. Pueblo v. Oliver Frías, 118 D.P.R. 285 (1987); Pueblo v. Rivera, 69 D.P.R. 411, 413 (1948); Pueblo v. Perazza, 53 D.P.R. 588, 590 (1938), reafirmado en Pueblo v. Uriel Álvarez, supra.

En su primera modalidad se requiere no sólo hacer el documento falso con la intención de defraudar, sino también que dicho escrito pueda objetivamente crear, transferir, terminar o afectar algún derecho, obligación o interés de otra persona. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 442. “El delito se consuma tan pronto se hace el documento con las características y la intención antes descrita.” íd.

En este caso el apelante no niega el hecho de que al imi-tar la firma de otra persona produjo un documento falso que sin duda podía transferir un derecho o interés. No obstante, argumenta que el Ministerio Público no estableció el ele-mento básico del delito: la intención de defraudar. No tiene razón.

Como regla general, nadie puede ser responsabilizado por una acción u omisión que ha sido tipificada previamente como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal.() Art. 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3061. La intención criminal se define de dos (2) formas en el Art. 15 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062:

El delito es intencional:

(a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o
(b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión.

Por otro lado, la negligencia criminal ocurre cuando se produce “un resultado delictuoso sin [querer], por imprudencia o descuido, o falta de circunspección o impericia o por inobservancia de la ley”. Art. 16 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3063.

Nuestro Código Penal no tiene reglas para determinar qué elemento mental es requerido para cada delito. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, Sec. 5.6.3, pág. 156. Para determinar si un delito es de intención o de negligencia hay que acudir a su tipificación en la parte especial del código. Términos tales como “a sabiendas”, “fraudulentamente”, “maliciosamente”, “voluntariamente”, etc. denotan delitos intencionales o dolosos. íd.

Además de necesitar esta intención general, algunos delitos requieren cierta intención específica para quedar constituidos. “Así, por ejemplo, en el escalamiento se habla de intención de entrar a una estructura con el propósito de cometer X delito.” D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, op. cit., pág. 157. El delito de falsificación de documentos es un delito doloso que también requiere la intención específica de defraudar a otra persona.

Aunque el Art. 271 del Código Penal nuestro, supra, en sus aspectos básicos proviene del Código Penal argentino, se aparta de su fuente en áreas sensitivas. Pueblo v. Burgos Torres, 120 D.P.R. 709 (1988). La frase “con intención de defraudar a otra [persona]”() del texto de la citada disposición tiene su raíz en el Código Penal de 1902, cuya fuente es el common law angloamericano, en específico el Código Penal de California de 1873. Véase Historial, 33 L.P.R.A. secs. 1 a 11 (derogadas). Prácticamente todas las jurisdicciones nor-teamericanas incluyen dicha intención en la tipificación del delito de falsificación (forgery). Model Penal Code and Commentaries, Filadelfia, Ed. A.L.I., 1980, Sec. 224.1. Es legítimo, por lo tanto, acudir a fuentes de dicho derecho para determinar la interpretación correcta de la intención requerida.

El proceder “fraudulentamente” significa actuar “mediante ardid, simulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño”. Art. 7(15) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3022(15). “Defraudar” quiere decir privar a una persona de un bien, derecho o interés “con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias”. Diccionario de la Lengua Española, 19na ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1970, Vol. I, pág. 427.

Aunque la intención de defraudar implica un “propósito de obtener una ventaja material sobre [otra persona], o de inducirla a desprenderse de algún valor, derecho, privilegio u obligación”, Conferencia Judicial de Puerto Rico, Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1977, pág. 282, el perjuicio no tiene que ser necesariamente patrimonial. Es suficiente que la intención sea frustrar la adminis-tración de una ley o lesionar (impair) una función guberna-mental. R.M. Perkins y R. Boyce, Criminal Law, 3ra ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1982, pág. 427. Así pues, utilizar una receta falsificada tiende a defraudar al Gobierno en el sentido de frustrar la administración de las leyes de drogas. French v. United States, 232 F.2d 736 (5to Cir. 1956). La intención de defraudar se da en toda modalidad de false-dad que pueda ocasionar daño relevante a algún interés ajeno. “No existe tal cosa como falsedad ‘por negligencia’.” Pueblo v. Burgos Torres, supra, pág. 723.

Finalmente, debemos recordar que la intención es una cuestión de hecho a ser evaluada y determinada por el Jurado o el juez en los casos de juicio por tribunal de derecho. Véase Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989). Sin embargo, la intención es un elemento mental, por lo que en ausencia de manifestaciones del imputado que reflejen su estado anímico, el Ministerio Público sólo puede establecerla con prueba dé todas las circunstancias relacionadas con la comisión del delito y de la conducta del imputado. Art. 14 del Código Penal, supra.

Veamos los hechos del caso al amparo de este marco doctrinal.

I — I

Los hechos que se le imputan al apelante, sobre los cuales no hay controversia, ocurrieron en el transcurso del ejercicio del notariado. “El notario es un profesional del Derecho que ejerce una función pública para robustecer, con una presunción de verdad, los actos en que interviene ... (Énfasis suplido.) E. Giménez-Arnau, Introducción al Derecho Notarial, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1944, pág. 44. “La fe pública [del] notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe ...Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2002. Esta característica constituye “la esencia del notariado”. P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 22.

Al imitar la firma de un otorgante en el documento que él mismo autenticó, el apelante cometió una grave falta que constituye “un menosprecio total de los valores que debe tener todo notario al ejercer esta función pública”. In re Flores Betancourt, 117 D.P.R. 150, 152 (1986). Véanse: In re Fournier, 114 D.P.R. 255 (1983); In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987) (suspensión temporera de notario que meramente autenticó un documento ya firmado por otra persona a requerimiento de un amigo). Aunque fue separado del ejercicio del notariado por su conducta, su responsabilidad trasciende el campo disciplinario.

Cualquier persona prudente conoce las consecuencias probables de la creación, a sabiendas, de un documento falso() capaz de transmitir derechos de propiedad. Todavía más consciente debió ser el apelante que por su profesión es un conocedor del Derecho.

En el caso de autos, como bien lo reconoció el propio apelante, el procedimiento correcto era la tramitación de la declaratoria de herederos ab intestato. Con este trámite, nuestro ordenamiento jurídico intenta garantizar la transmisión de los bienes relictos de las personas fallecidas a sus legítimos herederos cuando no hay testamento válidamente otorgado. Obviar dicho procedimiento para enajenar un bien de un caudal hereditario, mediante la falsificación voluntaria de la firma del difunto en un documento de traspaso, eviden-teniente propicia el fraude a los verdaderos herederos del difunto. La intención de defraudar se infiere de estos hechos y de las circunstancias personales del apelante.

Más aún, en este caso el documento de traspaso con la firma falsificada por el notario también defraudó al Estado, () representado por el Departamento de Transporta-ción y Obras Públicas. Nótese que en efecto el documento en cuestión normalmente se utiliza para que un nuevo titular pueda lograr acceso a un asiento en el Registro de Vehículos de Motor en dicha dependencia gubernamental. La prueba demostró que eso fue lo que precisamente obtuvo Noemí

Nieves en este caso. Indudablemente el Estado no hubiese expedido una licencia a nombre de Noemí Nieves en ausen-cia del documento falsificado.() Sin duda esto lo conocía el apelante Flores Betancourt, quien personalmente falsificó la firma del dueño original para inducir al Estado a aceptar el traspaso que él mismo acreditó en su función pública notarial.

Contrario a lo que plantea ante nos el apelante, de la prueba vertida en el juicio un Jurado podía concluir que él tuvo la intención de defraudar. La falsificación de una firma tiene una tendencia tan obvia a propiciar el fraude que un Jurado puede razonablemente inferir la intención de defrau-dar al demostrarse que él fue el autor del documento falso,() a menos que se provea una adecuada explicación. Perkins y Boyce, op. cit, pág. 429. Véase, también, State v. May, 461 P.2d 126 (Idaho 1969). En vista de que el autor de la falsifica-ción era abogado y notario, las explicaciones ofrecidas por él no justifican adecuadamente su conducta.()

Realmente nos asombra su defensa de que fue sorprendido en su buena fe cuando él mismo admite que en su oficina Noemí Nieves trató inicialmente de engañarlo presentándole a uno de los que la acompañaba como el alegado vendedor y titular registral del vehículo. Ante estas circunstancias lo normal hubiese sido sospechar de cualquier otro relato de la señora Nieves y no ayudarla a defraudar a los herederos del señor López Nieves. El Jurado consideró su justificación y no le dio crédito alguno. No intervendremos con dicha apreciación() en ausencia de una demostración de pasión, prejuicio o error manifiesto. Pueblo v. Rivera Robles, 121 D.P.R. 858 (1988).

La actuación del apelante fue ejecutada con pleno conoci-miento de su ilegalidad. No hay duda que su acción (la falsifi-cación de una firma) fue voluntaria y consciente. El resultado —el documento falso— necesariamente fue previsto como consecuencia de su actuación. Resolvemos que el Jurado ac-tuó razonablemente al inferir la intención de defraudar del hecho irrefutable de que el licenciado Flores voluntaria-mente imitó la firma de un otorgante en un documento que luego invistió de la presunción de veracidad emanante de su ministerio. No erró el tribunal de instancia al negarse a con-ceder la absolución perentoria ni el Jurado al entender que se estableció más allá de toda duda razonable la intención de defraudar.

Antes de concluir esta discusión debemos apuntar que la acusación le imputa al apelante la intención de defraudar a una persona específica: Margarita González Delgado. Aun-que el apelante no lo señala como error, esta alegación no se estableció en su totalidad. No obstante, esto no es obstáculo para su convicción.

En primer lugar, aunque el delito de falsificación requiere la intención específica de defraudar a una persona, no es necesario que se tenga la intención de defraudar a una persona en particular. 4 Wharton’s Criminal Law Sec. 494 (1981) y casos citados allí en el esc. 9. Es suficiente que se tenga la intención de defraudar a alguien.

En segundo lugar, aun cuando se haya alegado erróneamente el nombre de la persona que se defraudó o se intentó defraudar, entendemos que no se trata de un error perjudicial. El debido proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito que se le imputa. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985). Este requisito se cumple con una acusación o denuncia que incluya una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693 (1981).

La Regla 38(d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, señala las consecuencias de la incongruencia entre las alegaciones y la prueba. Si el desacuerdo es de tal naturaleza que afecta los derechos sustanciales del acusado, el foro de instancia deberá posponer el juicio, pero nunca absolver al acusado. Es únicamente cuando la incongruencia es de tal naturaleza que la prueba establece un delito distinto no incluido que se deberá disolver el Jurado y sobreseer el proceso.

Ciertamente en el caso de autos la prueba no estableció un delito distinto. Además, la incongruencia no constituyó un error perjudicial sustancial ni obstaculizó significativamente al apelante en la preparación de su defensa. Tampoco lo ex-pone a la posibilidad de ser enjuiciado dos (2) veces por el mismo delito. Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 667 (1978). Por el contrario, la acusación exponía los hechos con suficiente precisión y particularidad para que no hubiera dudas sobre el acto delictivo que se le imputaba.

> HH

El apelante plantea por primera vez en su alegato que erró el tribunal de instancia al no absolver perentoriamente al acusado, ya que la prueba de cargo se fundamentó única-mente en una confesión no corroborada del apelante. Un exa-men de la prueba de cargo revela que su argumento es pa-tentemente frívolo. Los testimonios de Víctor Martínez y Margarita González Delgado corroboraron el acto delictivo con suficiente prueba.

El apelante hace un señalamiento adicional sobre la pena que se le impuso. La pena de nueve (9) años corresponde al término fijo que establece la ley para el delito. No se ha de-mostrado abuso de discreción por parte del tribunal al impo-nerla. Tampoco el apelante aduce atenuantes. Nos negamos a intervenir con el sano ejercicio de la discreción del tribunal sentenciador. Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80 (1988). Cf. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985).

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López

disiente y hace constar que, al disentir, desea dejar constancia de su pro-funda preocupación por la acción del Tribunal en el presente caso de “crear” jurisprudencialmente un nuevo delito en nuestra jurisdicción, lo cual, como es del conocimiento de todos, atenta contra e infringe uno de los principios más fun-damentales del derecho penal: el principio de legalidad. En-tiende que no debería de existir la menor duda de que el legislador, al requerir como elemento o requisito indispensable del delito comprendido en el Art. 271 del vigente Código Penal de Puerto Rico, supra, la “intención de defraudar a otra”, se refiere a otra persona, no al Estado. Le parece ob-vio que, para efectos del referido Código Penal, los términos “Estado” y “persona” son entidades completamente dife-rentes. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Alonso Alonso no intervinieron.

      (1) Luego de resultar convicto de este delito que implica depravación moral, decretamos el 11 de septiembre de 1987 su separación permanente del ejercicio de la abogacía. In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987). Ya previamente lo habíamos separado del ejercicio del notariado por los mismos hechos de los cuales aquí apela. In re Flores Betancourt, 117 D.P.R. 150 (1986). Tomamos conoci-miento judicial de que al momento de ser separado de la abogacía el apelante tenía pendiente ante este Tribunal dos (2) casos disciplinarios por hechos no rela-cionados con el presente recurso: una querella presentada por el Procurador General (Núm. CE 86-591), la cual ya estaba sometida para nuestra resolución final, y la consideración de un Informe de Conducta Profesional (Núm. MC 87-19).

      (2) El apelante insistió en ocupar la silla de los testigos en contra de la reco-mendación de su representación legal.

      (3) Aunque Noemí Nieves aparentemente nunca se lo dijo, el apelante pensó que ella era la viuda de Víctor Martínez Hernández, el titular registral del ca-mión. Véase E.N.P., págs. 9 y 11.

      (4) Esta regla tiene su excepción en los llamados “delitos de responsabilidad absoluta u objetiva”. La Asamblea Legislativa puede válidamente eliminar el ele-mento mental de la tipificación de los delitos. Pueblo v. Bou, 64 D.P.R. 466 (1945). Siempre que no haya dudas sobre la intención del legislador, los tribunales permi-tirán que el Estado sea relevado de la prueba de intención criminal. Morrisette v. United States, 342 U.S. 246 (1952). Se permite la constitución de estos delitos en aquellos casos donde el interés público predomina sobre la intención o negligen-cia que pueda tener la persona afectada. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, Sec. 5.6.3, pág. 156 n. 3.

      (5) En el Código Penal argentino no se requiere intención específica de de-fraudar, pero se llega a un resultado similar cuando se añade el requisito de que el acto se efectúe “de modo que pueda resultar perjuicio”. Véanse los Arts. 292, 293 y 294 del citado cuerpo jurídico. M. Osorio y Florit, Código Penal de la República Argentina, Buenos Aires, Ed. Universidad, 1980, págs. 435-441.

      (6) Es radicalmente nulo el afidávit que contiene una firma falsificada, pues en realidad se trata de ausencia total de firma. Véase Art. 34(3) de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2052.

      (7) En el common law angloamericano, desde hace un siglo se ha resuelto que para propósitos del delito de falsificación un Estado, una ciudad, un condado o simplemente “el público” pueden ser “personas” perjudicadas. Véanse, inter alia: Luttrell v. State, 1 S.W. 886, 888 (Tenn. 1886); Commonwealth v. Brown, 18 N.E. 587 (Mass. 1888); Hanbury v. Commonwealth, 122 S.E.2d 911 (Va. 1961); People v. Russel, 29 Cal. Reptr. 562 (1963).
      No creemos que el principio de legalidad sea óbice a la acción penal en este caso. Si examinamos los delitos contra la fe pública tipificados en el Código Penal, Arts. 264-276 (33 L.P.R.A. sees. 4551-4596), notamos que todos los que requieren como elemento constitutivo la intención específica de defraudar incluyen en su definición la frase siguiente: “Toda [o ‘cualquier’] persona que con la intención [o ‘el propósito’] de defraudar a otra . . . .” Salvo por el Art. 275 (33 L.P.R.A. see. 4595), que tipifica la falsificación de licencias, certificados y diplomas o récord análogos expedidos por funcionarios del Estado Ubre Asociado, ninguno de los delitos estatuidos incluye expresamente al Estado como la persona contra quien va dirigida la intención de defraudar. Sin embargo, a poco que examinemos la naturaleza del delito tipificado en el Art. 275, supra, nos percatamos de la razón de la especificidad en la definición.
      Para procesar criminalmente mediante el Art. 275 del Código Penal, supra, se requiere que el documento objeto de la falsificación sea expedido por una agen-cia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno. Ello explica que el legislador haya consignado expresamente que el propósito de defraudar puede estar diri-gido al Estado. No obstante, esto no quiere decir que en el resto de los delitos el Estado no está comprendido. Admitir tal proposición significaría que, además de falsificar documentos de traspaso para defraudar al Estado, es perfectamente lícito y permisible girar cheques sin fondos contra el Estado (Art. 264 del Código Penal, supra); utilizar tarjetas de crédito para obtener bienes o servicios con el propósito de defraudar al Estado (Art. 269 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4556); usar, circular o pasar como genuinos documentos de traspaso con el fin de perjudicar al Estado (Art. 272 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4592), y alterar o imitar asientos en un libro de registros con el fin de defraudar al Estado (Art. 273 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4593).

      (8) En People v. Russel, supra, se trataba de una persona que falsificó la firma de otra en una solicitud de copia de expediente académico. Se argumentó que no había intención de defraudar, ya que el acusado declaró que lo que él deseaba era escribir un artículo en el cual expondría la facilidad con que se podía obtener expedientes académicos en las universidades y que como parte de la in-vestigación para dicho artículo cometió la falsificación. El tribunal de apelaciones expresó en la pág. 567:
      “The pivotal question was whether defendant forged the documents with intent to defraud someone. If we follow the path of our own courts, the intent to defraud is well made out. In a limited sense, there is an intent to defraud the college of the transcript, for the college would not otherwise give it up to the forger. In a wider sense, the forger is violating the college rules that restrict the circulation of such transcripts. It is well settled that the fraud involved may be against the public.”

      (9) En el estado de California un tribunal apelativo ha dicho que: “In determining this intent [to defraud] the test is whether upon its face the false instrument will have the effect of defrauding one who acts upon it as genuine.” People v. Maldonado, 34 Cal. Reptr. 168, 171 (1963).

      (10) No nos convence su tesis de que actuó por “pena” para ayudar a una viuda indigente. Si su motivación era primordialmente ayudar a la Sra. Noemí Nieves, ¿por qué le cobró por el afidávit? De igual forma, ¿por qué no tramitó primero la declaratoria de herederos a un precio módico o hasta gratuitamente? Después de todo, los abogados deben “aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes . . .”. Canon 1 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (11) Consideramos, además, que la defensa del apelante se apoya en la tesis errónea de que el móvil que tuvo para actuar es completamente incompatible con la intención de defraudar a alguna persona. Aun cuando su razón para imitar la firma de otro haya sido ayudar, es perfectamente factible que haya estado cons-ciente del fraude que se intentaba perpetrar en el Registro de Vehículos de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ciertamente el senti-miento de pena o compasión no es causa de exclusión de responsabilidad penal. Véanse: Arts. 18-25 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 3091-3098. En el mejor de los casos sólo sería prueba de circunstancias atenuantes, relevante sólo en la imposición de la pena por el magistrado de instancia.


author: PER CURIAM: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
      In re Jesús G. Rodríguez Rodríguez.

      Número: 4140

      Resuelto: 8 de diciembre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante; Jesús G. Rodríguez Rodríguez, pro se.

   hH

PER CURIAM:

El Ledo. Jesús G. Rodríguez Rodríguez juró como notario el 18 de enero de 1974. El 22 de septiem-bre de 1982 fue suspendido del ejercicio de la notaría por no haber satisfecho la fianza notarial. Cumplido ese requisito, fue reinstalado el 14 de octubre de 1982. Reinició su práctica notarial.

El 11 de febrero de 1988 el Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informó que dicho notario Rodríguez Rodríguez había otor-gado una escritura de poder sin la comparecencia de un tes-tigo necesario. Requerido para que subsanara esa deficien-cia, no actuó a tiempo ni compareció ante este Foro. En con-secuencia, el 14 de abril de 1988 fue suspendido temporera-mente del ejercicio de la notaría y ordenamos la incautación de su obra notarial. El 2 de mayo compareció y expuso que no fue hasta el 17 de marzo de 1988 que advino en conoci-miento de nuestro requerimiento. Nos expuso que había co-rregido entonces el defecto antes apuntado. Ordenamos al licenciado Martínez Suris que evaluara esa comparecencia y nos rindiera un informe. Oportunamente, éste nos confirmó esa corrección, pero nos señaló que el notario —aun cuando había sido requerido— no había corregido un sinnúmero de deficiencias detectadas en sus protocolos de 1985,1986,1987 y 1988.()

Ante esa situación, le concedimos treinta (30) días para subsanarlos. El 6 de julio nos informó sus gestiones al efecto. Luego le concedimos varias prórrogas más. Finalmente, a su ruego, autorizamos a la notario Ernestina R. de Rodríguez para que le auxiliara en el otorgamiento de varios instru-mentos dirigidos a subsanar las deficiencias. Acordamos pos-poner la imposición de sanciones disciplinarias una vez cul-minara ese trámite.

Para el 30 de diciembre de 1988 el Ledo. Govén D. Martí-nez Suris nos comunicó que subsistían fallas en trece (13) escrituras. A partir de esa fecha, ampliamos el término con-cedido. Al 30 de junio de 1989 prevalecían seis (6) escrituras defectuosas y no había encuadernado el protocolo de 1988.

En consideración a lo expuesto, el 13 de julio y 17 de julio le requerimos acción en o antes de veinte (20) días, bajo apercibimiento de suspenderlo de la abogacía. Como resul-tado, el pasado 18 de agosto encuadernó el protocolo de 1988. Finalmente, el 11 de septiembre nos indicó que había corre-gido algunas de las escrituras e impartido instrucciones para localizar a varios interesados mediante un aviso a ser publi-cado en un periódico de la comunidad.

I J-H

La cronología y trámites que anteceden nos mueven a disponer sin ulterior dilación la sanción disciplinaria corres-pondiente. Según antes indicado, el notario Rodríguez Ro-dríguez fue suspendido provisionalmente el 14 de abril de 1988. Se le concedieron amplias oportunidades para subsa-nar las deficiencias en su obra notarial. El transcurso del tiempo impidió una corrección total.

Por otro lado, abona a su favor las gestiones realizadas y su interés en subsanarlas. En estas circunstancias, limita-remos la sanción a una suspensión adicional del ejercicio de la notaría de seis (6) meses. Expresamente nos absten-dremos de sancionarlo en la fase del ejercicio de la profe-sión de abogado.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García

disiente en cuanto a la sanción. Entiende que la conducta del notario Rodríguez Rodríguez, de no cancelar la suma total de $100 en concepto de sellos de rentas internas al momento de otor-gar las escrituras referidas en la opinión per curiam, consti-tuye una violación grave a la Ley Notarial de Puerto Rico que, unida a las otras deficiencias en que incurrió, amerita una suspensión de tres (8) años. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

      (1) En lo pertinente, dicho informe dispone:

        “Protocolo 1987 - Sin encuadernar, sin índice.
      “Escritura #1 - Faltan $9.00 sellos rentas internas.
      “Escritura #2 - Falt[a] $1.00 rentas internas.
      “Escritura #3 - Falt[a] $1.00 rentas internas.
      “Escritura #8 - Testamento no dice que los testigos conozcan al testador ni que a su juicio tengan capacidad para testar.
      “Escritura #9 - $1.00 notarial y el mismo señalamiento de la escritura #8. “Escritura #13 - Faltan 50 centavos rentas internas.
      “Escritura #15 - Falt[a] $1.00 rentas internas.
      “Escritura #17 - No dio fe de conocer al testador.
      “Escritura #19 - Faltan $3.00 rentas internas.
      “Escritura #23 - Firma en nota de saca.

        “Eseritura #24 - Rúbrica folio 115.
      “Escritura #26 - Faltan $10.00 y completar nota de saca.
      “Escritura #28 - Faltan $10.00 rentas internas.
      “Escritura #32 - Faltan $21.00 rentas internas.
      “Escritura #36 - Identificación de comparecencia Nemesia Alejandro no cumple con la Ley Notarial Art. 17 inciso (b).
      “Escritura #37 - Identificación está incompleta.

        “Protocolo 1988

      “Escritura #7 - Falta $1.00 rentas internas.
      “Hay varias actas aclaratorias y notariales que no han sido anotadas al mar-gen de escritura que corrigen.
      “Además, este notario tiene pendiente de reinspección los años 1985 y 1986 por las siguientes deficiencias:

        “Protocolo 1985

      “Escritura #2 - Se usó un testigo no idóneo, hijo, para firmar por el que no sabía.
      “Escritura #14 - Falta $1.00 rentas internas.
      “Escritura #30 - Faltfa] $1.00 rentas internas.
      “Escritura #38
      “Escritura #43 - Rúbricas y sello en poderes protocolizados.
      “Escritura #50 - No expresa que los testigos conozcan a la testadora y que a juicio de ellos esté capacitada para testar.

        “Protocolo 1986

      “Escritura #5 - Testamento: No se expresa que se leyó en voz alta ni que fue en un solo acto. Tampoco que los testigos conocen al testador y a su juicio está capacitado.
      “Escritura #7 - Resolución de compraventa: no canceló por el valor de la venta que se resuelve.
      “Escritura #8 - Falt[a] $1.00 rentas internas.
      “Escritura #17 - Hecha en papel 8Vz x 11.
      “Escritura #25 - Igual que la escritura núm. 5.
      “Escrituráis] #26 y #31 - Falt[a] $1.00 rentas internas a cada una.
      “Escrituráis] #34, 35, 45, 47 - Igual que la escritura núm. 5.
      “Escritura #38 - Faltan $37.00 rentas internas. La vendedora es casada. No se explica que el bien vendido sea privativo.

        “Registro de Affidavits

      “4229, 4320 - sello Asistencia Legal
      “4583, 4616, 4631 - firma
      “4665. 4723. 4348.”


author: PER CURIAM:

text:
      In re Marta Vélez Echevarría.

      Número: 5529

      Resuelto: 8 de diciembre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Marta Vélez Echevarría, pro se; Arturo Cintrón García, Comisionado Especial.
   1 — 1

PER CURIAM:

El 8 de abril de 1988 el Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos presentó por conducto del Juez Presidente Señor Pons Núñez un memorando expositivo de que la notario Marta Vélez Echevarría no había rendido los índices corres-pondientes a las fechas siguientes: 17 de noviembre de 1985; 24 de noviembre de 1985; 1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre de 1985; 5, 12, 19 y 26 de enero de 1986; 2, 9 y 16 de febrero de 1986; 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 1986; meses de enero, febrero y diciembre de 1986, y meses de enero, febrero, marzo y abril de 1987. Nos comunicó que desde el 4 de agosto de 1987 la notario había sido notificada por carta y se le había concedido hasta el 31 de agosto de 1987 para subsanar esas deficiencias. A dicha carta le fue unido un informe suscrito por la Sra. Drusila Ramos, oficial de la inspección de nota-rías, dirigida a otra oficial, la Sra. Ivonne Rosario —en que se detallan las fechas de los incumplimientos— donde la pri-mera consigna: “Antes de proveerle este informe, he verifi-cado bien que la información que le estoy suministrando es la correcta.” Memorando de 4 de agosto de 1987.

Mediante Resolución de 21 de abril de 1988 concedimos a la notario Vélez Echevarría término para que sometiera los referidos índices y, además, para que mostrara causa por la cual no debería ser disciplinada. En sus comunicaciones de 29 de abril y 22 de junio de 1988 negó dicho incumplimiento, incluso la recepción de la carta de 4 de agosto de 1987.

Referido el asunto al licenciado Martínez Suris, éste se reafirmó en que los índices nunca fueron recibidos, y que aun cuando algunos se extraviaran por correo, dicho funcionario no comprendía “la posibilidad de que se perdieran todos los que dice la notario envió a su debido tiempo[,] correspon-dientes a las fechas indicadas, a menos que fueran remitidos tardíamente en un paquete”. (Énfasis suplido.) Memorando de 14 de junio de 1988.

La notario reiteró su posición. Ante esta inexplicable dis-crepancia, por vía de excepción, designamos Comisionado Especial al Ledo. Arturo Cintrón García, ex Juez Superior, para que previa vista evidenciaría nos rindiera un informe. El 13 de marzo de 1989 cumplió su encomienda. Notificado dicho informe a las partes, ninguna compareció a objetarlo. Resolvemos.

I-H u-H

Con vista a la prueba documental y a los testimonios del licenciado Martínez Suris, la señora Ramos y la notario Vélez Echevarría, el Comisionado Especial formuló las siguientes determinaciones de hecho, avaladas por nuestra apreciación de la transcripción de evidencia:

1. La Lie. Vélez Echevarría fue recibida como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana el 6 de junio de 1976; admitida al ejercicio de la profesión el 31 de mayo de 1977, y al notariado el 24 de junio de 1977.
Antes de su recepción como abogada, realizó sus comienzos en el servicio público en la oficina de estadísticas del Departa-mento de Obras Públicas; luego como analista de préstamos en la Corporación de Crédito Agrícola.
Ya abogada, sirvió como decana de administración y asesora legal de la Universidad de Puerto Rico desde el año 1978 hasta el 1983. De allí pasó a la Universidad Interamericana en la oficina de recursos externos. Dada su formación profesional, ayudó allí en el análisis y aplicación de las normas en el uso de fondos federales.
Desde 1985 trabaja para la Compañía de Desarrollo Comer-cial de Puerto Rico en calidad de directora auxiliar de admi-nistración hasta el año 1987, en que comienza a dirigir en pro-piedad la oficina de asuntos legales, y en 1988 fue nombrada subdirectora ejecutiva interina de esa compañía.
2. Su práctica de la notaría ha sido notoriamente exigua. Durante el período que comprende la investigación de su no-taría, ante ella se han otorgado dos affidavits [sic]: el número 1021 de 13 de febrero de 1987, suscrito por Elba Rivera, que es una declaración para solicitar un préstamo del sistema de retiro del E.L.A.; y el número 1022 de 24 de abril de 1987, suscrito por Rafael Carrasquillo, relativo a un memorandum de costas en el caso C.D.C. v. Gloria Quintana. No se otorga-ron escrituras durante el mismo período.
Antes de 1985; es decir, desde los comienzos de su carrera en 1977, su práctica de la notaría fue igualmente escasa. “De hecho —declara la letrada — , el primer protocolo mío es finiti-tito, creo que de una o dos escrituras del primer año.” (Pág. 35 de la transcripción; ver también el memorando del inspector de protocolos, Lie. Antonio Maldonado Seda, dirigido al Director de Inspección de Notarías, el 28 de abril de 1988, obrante en el expediente de este asunto.
3. Aunque no se presentó prueba afirmativa de su buena conducta, es lógico determinar que la suya es incuestionable. Los cargos que ha venido ocupando son, de suyo, las mejores credenciales de su conducta.
4. Por razón del cargo que ocupa la letrada en la actualidad, se le hace imposible litigar ante los tribunales; esa función es delegada en los demás abogados que trabajan bajo su supervi-sión en la Compañía de Desarrollo Comercial.
5. Para las fechas a que se contrae el informe del Lie. Martínez Suris al señor Juez Presidente —desde noviembre de 1985 a abril de 1987 — , la letrada Vélez Echevarría ha residido en el Condominio Venus Plaza C, apartamento 1101, calle Costa Rica número 160, Hato Rey, Puerto Rico, 00917. (Ver: pág. 42 de la transcripción de su testimonio; y carta dirigida al Lie. Bruno Cortés Trigo, de 9 de mayo de 1988, recibida en la Secretaría de este Tribunal el 19 de mayo de 1988, a la 1:29 P.M., en cumplimiento de la Regla 8(j) del Reglamento del Tribunal Supremo).
6. El 4 de agosto de 1987 la letrada Vélez Echevarría fue notificada por carta que le remitió la señora Ivonne Rosario sobre los incumplimientos en que había incurrido en cuanto a los envíos de sus índices notariales.
El anterior aviso fue dirigido a la dirección conocida de la notario, que es la misma descrita en el hecho anterior. Aneja a esta carta el informe suscrito por la señora Drusila Ramos, sintetizado en la introducción de este informe, bajo el número 1. El director de la inspección de notarías no recibió contesta-ción a esta carta. (Ver: pág. 22 de la transcripción).()
7. El modus operandi de la inspección de notarías para la recepción de los índices notariales, consiste en señalar con un reloj (reloj “ponchador”, le llaman), la fecha en que se recibe cada índice, que se coloca luego en un cajón clasificado por letras, de la A a la Z, en que se reparten los índices de acuerdo con los apellidos de los notarios. A cada oficial de la inspección de notarías se le asigna una letra. Examinado cada índice, el oficial anota en un formulario ad hoc de la Administración de Tribunales (OAT 843)() la recepción de cada uno. Si el índice no se ha recibido, se pone un punto rojo bajo la fecha que corresponda; si el índice llega tardíamente se pone una marca de cotejo() sobre el punto rojo. (Ver: págs. 26 y sgtes. de la transcripción).()
8. Pese a que el ofrecimiento de prueba en la vista se había circunscrito al período señalado en el hecho 5 (ante), la notario intervenida había incurrido en las mismas deficiencias en el año 1984. (Ver: pág. 22 de la transcripción y exhibit 2, OA[T] 843).

9. La letrada Vélez Echevarría admitió en su testimonio, de manera imprecisa, que: “Si bien es cieHo que ha habido en uno de los casos una dilación en la rendición de los índices, no es cierto que yo haya dejado de rendir esos índices. ” (Ver: págs. 36 y 37 de la transcripción).

10. Sin olvidar que el sistema de correos es falible, como falibles son los actos humanos, el comisionado no puede con-cebir la repetida incomunicación postal entre la letrada y la Oficina del Director de Inspección de Notarías, según alega ella. Puede concebirse el extravío de unos índices, o de alguna carta, pero no el extravío de tantos índices, y que a su vez se extravíe la carta de 4 de agosto de 1987, que está vinculada con los aparentes extravíos de toda una serie de índices.

11. El testimonio de la señora Drusila Ramos es de entera credibilidad, tanto más cuando dice que a la fecha en que se celebró la vista en sus méritos de este asunto, los índices de la notario no se habían recibido en la inspección de notarías. (Ver: pág. 27 de la transcripción.) Lo que queda corroborado por las alegaciones de la notario, contenidas en su Contesta-ción a Resolución, dirigida al Hon. Tribunal el 29 de abril de 1988, en que acompaña en bloque “copia de cada uno de los índices mencionados según constan en los registros y archivos de esta Notario.” Quiere decir, en primer lugar, que las copias de los índices son remitidos por primera vez al Tribunal Supremo, y no a la inspección de notarías, como correspondía hacerlo. Pero a[u]n cuando se hubiesen remitido en esa fecha a la inspección de notarías, tal remisión en bloque resultaba tardía.

12. Es también digno de crédito lo atestado por el Lie. Go-vén Martínez Suris, en las porciones en que él declara sobre lo que le consta de propio conocimiento; por ejemplo, cuando asegura que la carta de 4 de agosto de 1987, dirigida a la le-trada intervenida, no fue devuelta a la inspección de notarías (Págs. 8 y 9 de la transcripción); o cuando declara: “Nosotros obtuvimos copia de los índices cuando ella [la letrada Vélez Echevarría] contestó al Tribunal Supremo y me mandó copia a mí de la contestación e incluyó copia de esos índices que había suministrado al Tribunal Supremo cuando se le requirió la contestación”. (Pág. 20 de la transcripción).()

13. Las deficiencias notariales de la letrada s[o\lo pueden atribuirse a su evidente inactividad notarial. Esa inactivi-dad unida a sus otros quehaceres profesionales le produjeron desligamiento con la habitualidad del envío de sus índices.

14. Ante una práctica notarial tan microscópica, y por la naturaleza de los objetos de s[ó]io dos affidavits [sic] otor-gados, cabe concluir que no se lesionaron intereses ajenos.

15. Ha estimado el comisionado que aunque su intervención estuvo circunscrita al período repetidamente señalado, la mi-sión que le ordenó el Honorable Tribunal quedaba mejor cum-plida al informarle que la letrada Marta Vélez Echevarría ha estado cumpliendo fielmente en lo que va del año 1989, con su deber de informar toda la actividad notarial generada en su despacho. ()

I — I HH hH

Coincidimos plenamente con la aquilatación de la prueba y apreciaciones del Comisionado Especial licenciado Cintrón García. Distinto a la contención de la notario Vélez Echeva-rría, no podemos “concebir la repetida incomunicación postal entre [ella] y la Oficina del Director de Inspección de Nota-rías . . La remisión en bloque de todos los índices nos permite inferir que incumplió periódicamente con ese deber, y que no fue hasta luego de ser requerida que lo hizo tardía y masivamente.

Aunque, ciertamente, su reducida práctica notarial —“microscópica” al decir del Comisionado Especial— no le-sionó intereses ajenos y su omisión es atribuible a su evi-dente inactividad notarial, nos causa seria inquietud su insis-tente postura de que dio cumplimiento a tiempo con ese de-ber. La prueba revela todo lo contrario, así como temeridad de su parte. .

En estas circunstancias, en abono de nuestro compro-miso de lograr la mejor práctica notarial en Puerto Rico, re-solvemos que procede, como sanción disciplinaria, su sus-pensión por dos (2) años del ejercicio de la notaría.

Se dictará la correspondiente sentencia.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso disienten, pues limitarían la sanción disciplinaria a nueve (9) meses.

      (2) Ante la negación de la notario de haber recibido ese aviso de 4 de agosto de 1987, vale concluir como cuestión de hecho, que el correo no devol-vió a la señora Rosario la carta que lo contenia. (Ver: págs. 8 y 22 de la transcripción.)

      (3) Exhibit 2. Debe aclararse que este exhibit fue marcado original-mente como exhibit 1; luego se cambió a exhibit 2.

      (4) El comisionado incurrió en descuido ling[ü]ístico: usó la voz' vírgula [sic] en el transcurso de la vista en sus méritos; lo que correspondía es marca de cotejo-, el cómodo “Check mark” entre nuestros hablantes del español.

      (5) El exhibit 2 (OAT 843), es lógicamente, una fotocopia del original que obra en la oficina de inspección de notarías. Así fue admitido en la vista en sus méritos, sin objeción de la notario intervenida. Es copia fiel con excepción de los puntos rojos que se destacan más, justamente por el color.
      Para facilitar a los señores jueces del Tribunal el examen de ese exhibit, el comisionado revisó el original. Los puntos rojos figuran en las siguientes fechas:

        Año 1985

      Agosto: en los días 4, 11, 18, y 25 Septiembre: en los días 1, 8, 15, y 22 Noviembre: en los días 17 y 24 Diciembre: en los días 1, 8, 15, 22 y 29

        Año 1986

      Enero: en los días 5, 12, 19, y 26 Febrero: en los días 2, 9, y 16 Diciembre: en los días 7, 14, 21, y 28

        Año 1987

      Enero: en los días 4, 11, 18, y 25 Febrero: en los días 1, 8, 15, y 22 Marzo: en los días 1, 8, 15, 22, y 29 Abril: en los días 5, 12, 19 y 26 Mayo: el día 3

      (6) El comisionado dio valor al testimonio del Lie. Martínez Suris en cuanto tuvo de orientador al exponer la política o directrices de la inspección de notarías, seguidas en los casos de deficiencias notariales; sobre todo en lo relativo a la buena disposición del director para escuchar y considerar los planteamientos de los notarios antes de referir sus casos definitivamente al Señor Juez Presidente.

      (7) Este dato fue investigado con posterioridad a la vista, en la Oficina del Director de Inspección de Notarías. Informe del Comisionado Especial, págs. 2-7.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Radamés Cobos Liccia y su Esposa, etc., demandantes y recurridos, v. DeJean Packing Co., Inc., etc., demandadas y peticionarias.

      Número: CE-87-614

      Resuelto: 12 de diciembre de 1989

      Eugemo C. Romero y Francisco J. García, de Goldman & Anto-netti, abogados de las peticionarias; Gabriel I. Peñagarícano, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos la interrogante de si el recurrente cumplió con los requisitos esbozados en P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975), y en Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, 123 D.P.R. 379 (1989), para la expedición de un injunction preliminar al amparo de la Ley Núm. 75 de 24. de julio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 278 et sea.

I — i

El 4 de agosto de 1987 el Sr. Radamés Cobos Liccia pre-sentó ante el Tribunal Superior una demanda sobre violación de contrato de distribución, y solicitud de injunction y daños y perjuicios contra DeJean Packing Co., Inc. (DeJean), Borden, Inc. y Borden Interamérica, Inc. La corporación De-Jean está incorporada y tiene oficinas principales en el es-tado de Missouri; Borden, Inc. en el estado de Ohio, y Borden Interamérica, Inc. en Puerto Rico. Esta última es subsi-diaria de Borden, Inc. En la demanda, el señor Cobos alega ser el distribuidor exclusivo en Puerto Rico de la línea de productos de mariscos enlatados marca “DeJean” y que, en virtud de un contrato fechado el 2 de junio de 1987, Borden, Inc. adquirió los derechos de fábrica, marca y el inventario de los mariscos enlatados “DeJean”. Alega, además, que des-pués de dicha transacción Borden, Inc. transfirió a su filial, Borden Interamérica, Inc., la distribución de dichos pro-ductos en Puerto Rico.

La demanda presentada contiene cinco (5) causas de ac-ción. En la primera, el demandante reclama una compensa-ción por los daños sufridos y los beneficios dejados de perci-bir como consecuencia de la terminación del contrato de dis-tribución; en la segunda, se reclaman daños y perjuicios por incumplimiento de contrato; en la tercera, se reclama a Borden, Inc. y a Borden Interamérica, Inc. el resarcimiento de daños por alegada interferencia torticera en la relación contractual existente entre el demandante y la corporación De-Jean; en la cuarta, el pago de honorarios de abogado, y por último, en la quinta causa de acción, se solicita la expedición de un remedio provisional pendente lite.

El señor Cobos presentó conjuntamente con la demanda una solicitud de entredicho provisional e injunction prelimi-nar, mediante la cual solicitaba del tribunal que ordenase a las codemandadas a continuar la relación contractual con el demandante, según ésta había existido con la corporación DeJean.() El señor Cobos no solicitó un injunction perma-nente.

El 4 de agosto de 1987 el tribunal de instancia expidió la orden de entredicho provisional, luego de imponerle al de-mandante una fianza de mil (1,000) dólares. La vista del injunction preliminar se celebró durante los días 20,25 y 31 de agosto de 1987. Concluida la misma, dicho foro ordenó a De-Jean, a Borden, Inc. y a Borden Interamérica, Inc. a desistir durante la duración del litigio de “interferir o en manera al-guna directa o indirectamente realizar cualquier acto en me-noscabo de la relación contractual existente a virtud del con-trato suscrito entre el demandante y la codemandada DeJean Packing Co., Inc. con fechas 18 de julio y 3 de octubre de 1979”. Exhibit A, pág. 4.

Inconforme con el dictamen del tribunal de instancia, las codemandadas Borden, Inc., Borden Interamérica, Inc. y DeJean acudieron ante nos mediante recurso de certiorari para cuestionar la corrección de la sentencia. En su recurso plantean la comisión de los errores siguientes:

A. Erró el Tribunal Superior de Puerto Rico al expedir una orden de [injunction] pendente lite bajo las disposiciones de la Ley [sobre] Contratos de Distribución (10 L.P.R.A. Sec. 278(b-1)) contra Borden, Inc. y Borden Interam[é]rica sin ser éstas “principales” bajo la referida ley y no siendo posible proteger el status quo entre los contratantes, Cobos Liccia y DeJean.
B. Erró el Tribunal Superior al expedir una orden de [injunction] pendente lite bajo las disposiciones de la Ley [so-bre] Contratos de Distribución (10 L.P.R.A. Sec. 278(b-1)) contra Borden, Inc. y Borden Interam[é]rica sin la fijación de una fianza adecuada para garantizar los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar de decretarse la improcedencia del remedio así obtenido.
C. Erró el Tribunal Superior al concluir que el demandante es un distribuidor protegido por la Ley [sobre] Contratos de Distribución (10 L.P.R.A. Sec. 278, et seq.). Petición de certio-rari, págs. 5-6.

El 1ro de octubre de 1987, en auxilio de nuestra jurisdic-ción, paralizamos los procedimientos del tribunal de instan-cia y concedimos al señor Cobos un término para que compa-reciera a mostrar causa por la cual no debíamos revocar la determinación del Tribunal Superior. La parte recurrida ha comparecido y estamos en posición de resolver según lo inti-mado.

H HH

El injunction preliminar es aquel que se emite en cualquier momento del pleito, después de haberse celebrado una vista en la que las partes hayan presentado prueba en apoyo de tal solicitud. Normalmente se solicita junto con la presentación de pleito en situaciones de urgencia. D. Rivé, El Injunction en Puerto Rico, LIII Rev. Jur. U.P.R. 341 (1984).

El propósito fundamental del injunction preliminar es el de mantener el statu quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos para que la conducta del demandado no produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte, o que se le ocasione daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio. Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 D.P.R. 508 (1951); D. Rivé, Recursos Extraordinarios, San Juan, Facultad de Derecho, U.I.A., 1989.

Sobre la parte promovente del injunction preliminar o pendente lite recae el peso de probar su procedencia. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra. Para que proceda su concesión hay que considerar una serie de criterios que se sintetizan en los siguientes: (1) la naturaleza de los daños que pueden ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el injunction; (2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne en académica de no concederse el injunction, y (5) sobre todo, el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 202; Aoude v. Mobil Oil Corp., 862 F.2d 89 (1er Cir. 1988).

En el caso particular del injunction preliminar provisto por la Ley Núm. 75, supra, no son necesariamente de aplicación todos los criterios esbozados en P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra. Por otra parte el tribunal, al evaluar la conveniencia de expedirlo al amparo de la Ley Núm. 75, supra, debe hacer un balance de equidad, lo cual conlleva examinar los intereses de las partes involucradas, los propósitos de esta legislación y si la prueba presentada demuestra prima facie que el demandante es un distribuidor protegido por dicha ley. No se debe actuar con automatismo judicial. Se requiere un ponderado balance de los intereses y las equidades de las partes. Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra.

Al igual que en Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra, estamos ante un injunction preliminar expedido en virtud de la Ley Núm. 75, supra. Por ello, el determinar la probabilidad de que el señor Cobos sea un distribuidor protegido por dicha ley es el eje central con respecto a si procede o no el remedio interdictal solicitado. Ello es así, pues siendo éste un injunction estatutario, lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada bajo dicho estatuto.

Al hacerlo examinaremos la realidad operacional de la empresa del señor Cobos para, a la luz de lo dispuesto en el contrato entre las partes y del hecho de cómo se llevaban a cabo los negocios entre ellas, concluir así si el demandante cumple con los requisitos que la Ley Núm. 75, supra, y la jurisprudencia exigen para ser considerado como distribui-dor. El resultado del análisis de este planteamiento conte-nido en el tercer señalamiento de error dispondrá a su vez de los primeros dos (2).

III

Desde 1966 el Sr. Radamés Cobos Liccia había iniciado mediante contrato escrito una relación comercial con la cor-poración DeJean. Este contrato fue renovado sustancial-mente bajo los mismos términos en 1979. En este último con-trato titulado “representación de ventas” (sales representation), la corporación DeJean compareció como principal y el señor Cobos como corredor (food broker). Mediante dicho contrato la corporación DeJean obtuvo los servicios de un corredor que negociaba en Puerto Rico la venta de los pro-ductos marca “DeJean”. De acuerdo con el contrato, los tér-minos de las ventas y los precios de los productos serían fi-jados por la corporación, y todas las órdenes estarían sujetas a su confirmación. A cambio de sus servicios, el señor Cobos recibiría una comisión de un cinco por ciento (5%), calculada a base del volumen total de las ventas cobradas.

El señor Cobos operaba el negocio desde su propia resi-dencia. Tenía a su cargo seis (6) vendedores, quienes viaja-ban a toda la isla para procurar las órdenes de sus clientes, que eran en su mayoría grandes cadenas de supermercados, mayoristas y los negocios conocidos como Cash and Carry. Los vendedores tomaban las órdenes y las entregaban al se-ñor Cobos. Éste, a su vez, las refería a un almacén localizado en Puerto Rico conocido como Econo-Freight. En este alma-cén, el cual pertenecía a una corporación independiente del señor Cobos y de la corporación DeJean, se depositaban los productos marca “DeJean” que estaban en inventario para ser vendidos.

Econo Caribe, una corporación con sede en Miami, Florida, dedicada al transporte y almacenaje de mercancía, em-barcaba ésta en furgones a sus almacenes Econo-Freight en Puerto Rico. Los comprobantes de mercancía recibida en dicho almacén se hacían a nombre de DeJean y le eran entre-gados a ésta.

El señor Cobos no tenía un contrato con dicho almacén. DeJean le pagaba al almacén los fletes y el almacenaje de la mercancía. La mercancía no le pertenecía al señor Cobos ni éste respondía de sus pérdidas o destrucción. Mensualmente el señor Cobos informaba a DeJean la mercancía que había en existencia en el almacén y la que necesitaría para el fu-turo inmediato. Dicho almacén entregaba la mercancía a los clientes, según las órdenes que les proveía el señor Cobos, y luego de entregada le remitía a éste un recibo de entrega (proof of delivery). El señor Cobos refería a su vez el recibo a la corporación DeJean para que le facturasen directamente a los compradores. Los clientes podían efectuar el pago a la corporación DeJean o al señor Cobos. Luego de concluido este proceso, el señor Cobos recibía su comisión.

IV

Ante un injunction preliminar al amparo de la Ley Núm. 75, supra, es importante determinar, en primer lugar, si se presentó prueba suficiente sobre si le cobija la protección de dicha ley, ya que de ello dependerá en gran medida la proba-bilidad del demandante de prevalecer bajo la acción instada al amparo de esta ley y la determinación de si procede dicho injunction estatutario luego de considerar los factores ex-puestos en P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra, y en Systerna de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra.

El inciso (b) del Art. 1 de la Ley Núm. 75, supra, 10 L.P.R.A. sec. 278(b), define el término “contrato de distribu-ción” de la manera siguiente:

... relación establecida entre un distribuidor y un principal o concedente, mediante la cual, e irrespectivamente de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicha relación, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribución de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mercado de Puerto Rico.

Por otra parte, el inciso (a) del mismo artículo define el término “distribuidor” como:

[La] persona realmente interesada en un contrato de distri-bución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representación de determi-nada mercancía o servicio. 10 L.P.R.A. sec. 278(a).

Un contrato de distribución se caracteriza “por su continuidad, estabilidad, confianza mutua [y] coordinación entre ambas partes en calidad de empresarios independientes, sin subordinación jerárquica..J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, 108 D.P.R. 134, 142 (1978). En un contrato de esta naturaleza “[c]ada empresario explota su propia empresa en su nombre, asume sus propios riesgos y busca su propio lucro”. Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 D.P.R. 172, 187 (1988).

La Ley Núm. 75, supra, está revestida de un gran interés público. Su finalidad consiste en “nivelar las condiciones de contratación de dos grupos económicamente dis-pares en su fuerza”. Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 184, 189 (1975). La ley evita que un principal se apodere de la plusvalía de un negocio luego de que un distribuidor local ha conquistado un mercado y una clientela a través de su gestión empresarial. San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211 (1978).

Recientemente hemos tenido la oportunidad de ex-presarnos de nuevo sobre contratos de distribución. Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., 122 D.P.R. 55 (1988); Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., 122 D.P.R. 115 (1988); Medina & Medina v. Country Pride Foods, supra. En Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, pág. 131, definimos el término “distribuidor” de la manera siguiente:

Un “distribuidor” es un empresario mercantil indepen-diente que ha establecido una relación de continuidad y dura-ción, fija o indeterminada, con otro empresario principal para la distribución de un producto o servicio. Esta relación se ca-racteriza por la cooperación, la estabilidad y la confianza mu-tua que genera. Su finalidad es la creación, el desarrollo y la coordinación del mercado, y la obtención de nueva clientela. (Escolio omitido.)

También señalamos en Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, que ante un reclamo de una parte que afirma ser un distribuidor, los tribunales deberán considerar una serie de criterios antes de determinar si el reclamante es efectivamente un distribuidor protegido por la Ley Núm. 75, supra. Estos criterios son:

... si el “distribuidor” realiza una activa promoción y/o con-clusión de contratos; si adquiere inventario; si ejerce control sobre los precios; si tiene discreción en cuanto a pactar los términos de las ventas; si tiene responsabilidad por la entrega y cobro de la mercancía, y autoridad para conceder crédito; si lleva a cabo gestiones, independientes o conjuntas, de publici-dad; si ha asumido el riesgo y responsabilidad en la gestión que realiza; si compra el producto, y si tiene facilidades físicas y ofrece servicios relacionados con el producto a sus clientes. A éstos pueden añadírsele otros sin que se entienda ni pre-tenda hacer un listado exhaustivo. Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, págs. 131-132.

Aunque no tienen que estar presentes todos, para poder determinar si el demandante es un distribuidor protegido por la Ley Núm. 75, supra, debemos considerar estos crite-rios a la luz de la prueba vertida ante el tribunal de instancia, según surge de los autos, a los fines de determinar si dicha prueba es suficiente para concluir que existe una probabili-dad de éste prevalecer, de dictarse el injunction preliminar.

El texto claro y preciso del contrato de distribución en controversia establecía que la aceptación de las órdenes de compra y de perfeccionar los mismos recaía exclusivamente en la corporación DeJean (Cl. 2 del contrato). T.E., págs. 50-51. Además, la manera en que se llevaba a cabo la operación comercial del señor Cobos así lo confirma.

El señor Cobos atestó en las vistas celebradas el 20, 25 y 31 de agosto de 1987 que la mercancía almacenada en Puerto Rico no le pertenecía y que a él no podía considerársele como su dueño. T.E., pág. 46. Su declaración demuestra que éste no adquiría los productos ni adquiría inventario.

Conforme al contrato suscrito en 1979 (Cl. 2) y por la forma en que éste se instrumentaba en la práctica (T.E., pág. 38) surge claramente que el señor Cobos no tenía auto-ridad para fijar los precios de la mercancía y que las ventas se realizaban en conformidad con los términos y las condi-ciones establecidas por la corporación DeJean.

El señor Cobos tampoco desempeñaba una función im-portante en el proceso de entregas de mercancía. El almacén se encargaba de hacerlo directamente a los compradores de los productos y el costo de dicha entrega era sufragado por la corporación DeJean. El señor Cobos se limitaba a remitir al almacén las órdenes de compra de los clientes. T.E., págs. 5, 9 y 47.

Si bien el señor Cobos enviaba a la corporación DeJean un recibo de entrega de la mercancía, era esta última la que facturaba a los clientes. T.E., págs. 9, 54 y 55. Los clientes luego pagaban al señor Cobos, quien a su vez remitía el pago a la corporación. T.E., págs. 54 y 55.

El señor Cobos, conforme al contrato suscrito, no tenía facultad para conceder crédito. Tal facultad, conforme al contrato (Cl. 12), residía en la corporación DeJean. Tampoco realizó gestiones de publicidad sobre los productos. La prueba demuestra que el señor Cobos sólo realizó dos (2) actividades de promoción en el Club de Leones durante 1986, pero sin que se detalle la gestión llevada a cabo.

De los autos no surge prueba de la cual podamos concluir que el señor Cobos era responsable de los riesgos de la ges-tión comercial que llevaba a cabo o de la mercancía, o que tuviera alguna obligación o responsabilidad frente a ter-ceros.

V

Un análisis cuidadoso de los autos refleja que el deman-dante, señor Cobos, no presentó prueba suficiente para esta-blecer la probabilidad de que era un distribuidor protegido por la Ley Núm. 75, supra. No demostró que cumplía siquiera con algunos de los criterios expuestos en Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, que definen la fi-gura jurídica del distribuidor, y con los expuestos en San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra.

Según esta jurisprudencia, el distribuidor es funda-mentalmente el responsable de gestionar la creación de un mercado favorable y de conquistar la clientela para un pro-ducto o servicio mediante la promoción y conclusión de con-tratos de venta. Por ello la publicidad, la coordinación del mercado, las entregas de mercancía, los cobros, la promoción y el perfeccionamiento de los contratos constituyen en general sus obligaciones. San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra; Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra. El señor Cobos tampoco presentó prueba que cumpliera con los criterios esbozados en P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra, y de que al examinar los intereses de las partes y los propósitos de la Ley Núm. 75, supra, sus intere-ses y equidades justificarían la expedición del injunction preliminar. Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra.

El análisis de la prueba demuestra que el señor Cobos no era un distribuidor conforme lo define la Ley Núm. 75, supra, y la jurisprudencia. La relación contractual y la realidad operacional reflejan que éste era un intermediario.

Por otra parte, la relación contractual del señor Cobos era con la corporación de DeJean. No existe suficiente prueba para demostrar que las corporaciones Borden, Inc. y Borden Interamérica, Inc., al adquirir la corporación De-Jean, tuvieran una relación de principal con el señor Cobos. Incidió el tribunal de instancia al expedir el injunction preli-minar bajo tales circunstancias.

Se revoca la sentencia del foro de instancia que expidió el “injunction” preliminar contra DeJean, Borden, Inc. y Borden Interamérica, Inc. Se devuelve el caso para que el tribunal de instancia, en la acción ordinaria, continúe los procedimientos compatibles con lo aquí dispuesto y determine qué derechos le asisten al señor Cobos bajo la relación contractual existente. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) La solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar fue hecha ’ al amparo del Art. 3-A de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 278b-1). Este artículo dispone lo siguiente:
      “En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirectamente la termi-nación de un contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de la rela-ción establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podrá conceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desistir de hacer, ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus términos, la relación establecida mediante el contrato de distribución, y/o a abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menoscabo de la misma. En todo caso en que se solicite el remedio provisional aquí provisto el tribunal considerará los intereses de todas las partes envueltas y los propósitos de política pública que informa este Capítulo.' — Junio 24, 1964, Núm. 75, p. 243, art. 3-A, adicionado en Mayo 24, 1971, Núm. 17, p. 33, ef. Mayo 24, 1971.”