text:
      In re Germán A. González.

      Número: MC-80-35

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lourdes Rodríguez Pérez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Germán A. González, pro se.

   RESOLUCIÓN

El 12 de junio de 1980 el Procurador General presentó un informe contra el abogado de epígrafe, imputándole violación al Preámbulo y a los Cánones 36 (entonces vigente) y 38 del Código de Ética Profesional de 1970, por haber publicado, el 8 de junio de ese año, un anuncio cuyo formato “viola el respeto a la dignidad de todo ser humano y es altamente ofensivo a la imagen de integridad, responsabilidad y competencia de la profesión legal ante nuestra sociedad”. Dicho anuncio contiene una fotografía que muestra a una joven pareja sentada en extremos opuestos de una mesa en aparente actitud de enojo o discusión. En medio de la pareja hay un letrero que lee “¿divorcio?”. La interrogante sobre divorcio se repite en letras grandes en el texto del anuncio. Contiene también el nombre, teléfono y dirección del abogado y la siguiente información:

Divorcio (No contencioso) $100

Escritura simple de compraventa

Casos Criminales (por acuerdo)

Todo Servicio legal al alcance

de todo bolsillo.

El 16 de septiembre de ese mismo año el Procurador General sometió un informe suplementario en el que hizo referencia a la enmienda del Canon 36 que este Tribunal había aprobado (luego de haber sido sometido el informe aludido precedentemente) mediante resolución de 30 de junio de 1980, efectiva el 1 de agosto de 1980, y señaló que el querellado había publicado anuncios similares al que motivó el informe, en varias fechas entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre siguiente en diversos periódicos de circulación general. Estos anuncios contenían, además de las ilustraciones de la joven pareja en variadas poses, un texto en el que se indicaba que se aceptaban determinadas tarjetas de crédito, los precios por determinados servicios y la expresión retórica “¿divorcio?” en letras llamativas. El Procurador imputó violación al Canon 36 enmendado, que en su apartado (B)(1) dispone:

... es impropio cualquier tipo de anuncio que incluya:
(1) gráficas, dibujos, retratos o cualquier otro tipo de ilustración gráfica....

Respondiendo a una orden de este Tribunal para que expresara su posición el licenciado González compareció mediante moción acompañada de un memorando de dere-cho en el que alega 1) que los informes son vagos e imprecisos, carecen de validez y sustancialidad, y no tienen fundamento en legislación, reglamentación o jurispruden-cia; 2) que los anuncios publicados no se prestan a mala interpretación sobre la facilidad con la que se obtiene un divorcio como alega el Procurador, y 3) que el Canon 36(B)(1) es inconstitucional en cuanto reprime formas de comunicar ideas en violación de la libertad de expresión.

No habiendo disputa en cuanto a los hechos, el Tribunal está en posición de resolver.

Los anuncios publicados por el licenciado González contienen un alto potencial de inducir a error, a mala in-terpretación o a confusión, en dos aspectos importantes. En primer lugar, la fotografía utilizada puede inducir a creer que una mera discusión o diferencia entre cónyuges puede dar lugar a un divorcio. El texto que acompaña a la foto tiene el potencial de promover pleitos innecesarios en cuanto plantea el divorcio como una alternativa ante el cuadro representado en la foto.

En segundo lugar, las expresiones “todo asunto legal al alcance de todo bolsillo” y “todo otro tipo de caso” que aparecen en casi todos los anuncios, pueden inducir a creer que el abogado puede llevar cualquier otro proceso o asunto legal por un precio, conforme a las posibilidades económicas del cliente, independientemente de su comple-jidad.

Desde que en Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977), el Tribunal Supremo resolvió que los anuncios publicitarios de los abogados están cubiertos por la pro-tección constitucional a la libertad de expresión, reconoció que el Estado tiene un interés apremiante en regular dichos anuncios para suprimir aquellos que sean “falsos, engañosos o inducentes a error”, pág. 383.

Concluimos que los anuncios aquí involucrados no se justifican “como medio razonable y profesionalmente acep-table de dar a conocer al público la disponibilidad de servicios legales”, por cuya razón concluimos que están proscritos por el Canon 36(B)(1) de los de Ética Profesio-nal. Procede, pues, sancionar al querellado, al que impo-nemos una multa de trescientos dólares ($300) que deberá consignar en este Tribunal, en cheque certificado o del gerente de un banco, o en giro postal a favor del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, dentro de los 30 días después de la notificación de esta resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

      No incluye sellos

       Señaló, además el Procurador que el 6 de julio de 1977 había sometido un informe contra el licenciado González por violación al Canon 36.

      tJno de los anuncios decía, “¿Quiere divorciarse? (Consulte a su Abogado consciente).”

       Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 4; Constitución de Estados Unidos, Primera Enmienda.

      Los términos en inglés utilizados por el Tribunal son “false, deceptive or misleading”.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Carmen Ibarra Ortega.

      Número: O-80-128

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carmen Ibarra Ortega, pro se.

   RESOLUCIÓN

La presentación de la querella de autos fue motivada por la publicación de un anuncio publicitario en los periódicos “El Vocero” y “El Nuevo Día”, los días 7 y 13 de febrero de 1980, respectivamente. Dicho anuncio decía, “Especial para el día de los enamorados, divorcios, $100.00 + sellos, Leda. Carmen Ibarra Ortega, Tels. 759-9866 y 764-6950”. El anuncio publicado en “El Vocero” tenía, además, una ilustración de un corazón dividido en dos. La querella imputó a la abogada violación a los Cánones 36 y 38 y al Preámbulo del Código de Ética Profesional de 1970, por ser el anuncio engañoso o capaz de inducir a error en su contenido, y grosero y ofensivo a la dignidad de la profesión en su formato y presentación.

Conforme la evidencia que desfiló frente al Comisionado Especial nombrado por este Tribunal, los anuncios no fueron ordenados por la licenciada Ibarra, sino por su esposo o amigo íntimo, Ramón Brenes Vázquez, a través de la secretaria de la abogada, Elizabeth Linares. El señor Brenes entregó a la señorita Linares el dinero y el texto para los anuncios pidiéndole que contratara su publicación en ambos periódicos sin informárselo a la abogada, lo cual aquélla hizo a través de un vendedor de cada uno de los periódicos. Les pagó por adelantado y en efectivo, en lugar de esperar a que facturaran a fin de mes, que era la práctica usual de la abogada quien tenía crédito en dichos periódicos.

La ilustración que apareció en el anuncio en “El Vocero” fue añadida en el Departamento de Arte del periódico. En cuanto al de “El Nuevo Día”, el vendedor llevó la orden para el anuncio con copia del que ya había sido publicado en “El Vocero”. El gerente de anuncios objetó la publicación con la ilustración de “El Vocero”, pidiéndole al vendedor que se lo notificara al cliente. No surge del expediente qué ocurrió posteriormente, ni cómo se determinó publicar el anuncio sin la ilustración.

Al salir publicado el anuncio en “El Vocero” la abogada se limitó a expresar a su secretaria su preocupación de que por no especificar el anuncio que el precio aplicaba sólo a divorcios no contenciosos, tendría que aceptar todos los divorcios por el mismo precio. En cuanto a la ilustración, declaró la abogada que según su parecer carecía de buen gusto, pero que esto no tenía que ser así para el público.

No surge de la prueba por qué, si la abogada había objetado el anuncio de “El Vocero”, a la semana siguiente salió publicado el anuncio de “El Nuevo Día”.

Tanto la evidencia presentada por la Procuradora, como la evidencia de defensa de la querellada demostró que los anuncios no fueron ordenados por ésta, sino por su secretaria, a petición de un tercero, quien quería dar una sorpresa a la querellada.

Aunque el récord revela duda sobre si la querellada como cuestión de hecho, estaba enterada de los anuncios antes de su publicación, causa extrañeza su reacción al enterarse de ello, puesto que no le preocupó el impacto que pudiera causar al público al expresar que a lo mejor no les parecería de mal gusto. Olvidó la querellada que precisa-mente el propósito de los Cánones de Ética referentes a anuncios de ese tipo es el evitar que se empañe la imagen de la profesión de abogado. Tampoco revela el récord que la querellada hubiese tomado medidas para evitar la repetición del anuncio en otro periódico. Su inacción es censurable. Nos preocupa, además, que la querellada fue antes suspendida del ejercicio del notariado por haber declarado falsamente sobre ciertos hechos. La prueba circunstancial referente a la indebida publicación de los anuncios aludidos merece nuestra sanción. Se le impone, por tanto, una multa de $300 que deberá consignar en este Tribunal en cheque certificado o de gerente de un banco, a favor del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, dentro de los treinta (30) días después de la notificación de esta resolución.

Es de rigor señalar a los abogados la responsabilidad que contraen respecto a las actuaciones de sus secretarias, quienes a veces son culpadas por las acciones u omisiones de los abogados. En este caso existe el agravante de que la secretaria actuó en común concierto con el esposo de la querellada. Aprovechamos esta ocasión para recordar que uno de los anuncios a los que se contrae la queja objeto de nuestra consideración es impropio al contener una ilustra-ción y más aún cuando ambos son susceptibles de consi-derarse de mal gusto y de poca seriedad profesional, sin que ofrezcan información adecuada, precisa, y enteramen-te veraz sobre la disponibilidad de servicios legales, sino que, por el contrario, tienden a generar confusión, descon-cierto, falsas expectativas y una pobre opinión sobre la seriedad e integridad del profesional que los ofrece y sobre la profesión en general.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no interviene.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

       El Preámbulo del Código de Ética señala la importancia de que el abogado se conduzca con integridad y responsabilidad y evite “aun la apariencia de conducta impropia” para que se pueda “mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía”.
      El Canon 36 ordenaba originalmente “evitar el uso de métodos comerciales de anuncio, y de cualquier tipo de propaganda que tienda a engendrar pleitos innecesarios, que cree expectativas irrazonables sobre el éxito de las gestiones del abogado, o que pueda afectar la dignidad de la relación de un letrado con su cliente”. Mediante resolución de este Tribunal de 30 de junio de 1980 este Canon fue enmendado efectivo el 1 de agosto de 1980 para conformarlo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977). En este caso se decidió que violaba la primera enmienda aplicar una medida disciplinaria del estado de Arizona, que prohibía a los abogados colocar anuncios publicitarios, a dos abogados que habían publicado un anuncio verídico en un periódico, anunciando la disponibilidad y los precios de determinados servicios legales rutinarios. Al enmendarse el Canon 36 se eliminó la prohibición absoluta, enumerando información o contenido de un anuncio que se considera impropio, e información permisible.
      El Canon 38 ordena al abogado esforzarse por exaltar el honor y la dignidad de su profesión, evitar la apariencia de conducta impropia, hacer aportaciones conducentes a una mejor administración de la justicia y conducirse de forma digna y honorable.

      En una declaración jurada que la querellada acompañó con una moción en que solicitó se desestimara la querella, el Sr. Ramón Brenes compareció como soltero. Asimismo en la declaración jurada de la secretaria de la licenciada Ibarra, Elizabeth Linares Santiago, ésta se refirió al señor Brenes como amigo íntimo de la querellada. En la vista ante el Comisionado Especial, el señor Brenes declaró estar casado con la licenciada Ibarra desde el 6 de junio de 1978.

       Tampoco surge claramente si se había ordenado este anuncio antes o después de haber salido publicado el de “El Vocero”.

       El tercero resulta ser el esposo de la querellada, según el testimonio que él mismo prestara en la vista celebrada ante el Comisionado.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José R. Romero Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-80-53

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del apelado; Manuel Martínez Umpierre, abogado del apelante.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La prueba que mereció crédito al jurado, y en la que dispensó aparente benignidad al rebajar a segundo grado la acusación por asesinato, estableció que el apelante en concierto con otro, en carretera abierta tendió una embos-cada a su víctima, un chófer de carro público en su trabajo de transportar pasajeros, atravesándole un camión de arrastre, persiguiéndolo cuando el chófer salió de su automóvil y trató de huir, y en dicha persecución rema-tándolo a tiros. El crimen compendia los elementos clásicos de acecho, designio y alevosía que integran el asesinato. El recurso de apelación descansa estrictamente en las cues-tiones de derecho que pasamos a resolver.

I

Se queja el apelante de que el juez optó por juramentar diez jurados, posponiendo para el día siguiente el juramento definitivo de los dos restantes. No hubo error. El reclamo de perjuicio del acusado perdió toda legitimi-dad cuanao instado por el tribunal para que utilizara su reserva de 14 recusaciones perentorias contra los 10 jurados cualificados hasta ese momento, sólo utilizó una perentoria. De modo que se reservó 13 recusaciones para dos jurados que faltaban para completar el panel. No es este el caso en que se obliga a la defensa a agotar recusaciones perentorias que luego podrían hacerle falta para excluir candidatos llamados para cubrir las restantes plazas del panel. Indice adicional de la invalidez del señalamiento y total ausencia de perjuicio lo encontramos en la enmienda por Ley Núm. 60 de 27 mayo, 1980 de la Regla 123 de Procedimiento Criminal que redujo de 15 a 10 las recusaciones perentorias en asesinato igualándolas con las reservadas al Fiscal, aumentadas de 8 a 10. Si se cumple hoy el debido proceso con solo 10 perentorias a la defensa, ¿de qué puede quejarse quien en determinado momento del juicio tenía 13 perentorias que esgrimir faltando solo dos jurados para completar el panel?

II

Es otro tanto insustancial la protesta del apelante por no haber el Fiscal puesto a su disposición declaraciones juradas de los testigos que ni figuraban al dorso de la acusación ni declararon en el juicio. La regla de Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441, 444-445 (1977), en que busca apoyo la disidencia y que es norma de veinte años desde Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961), es que la defensa tiene derecho a examinar la declaración del testigo que declara, si es que dicho escrito está disponible. El acusado disfrutó ese derecho. En lo que concierne a declaraciones no producidas en el juicio, si es que se tomaron, no aparece que la defensa hiciera esfuerzo por examinarlas antes de juicio, ni mucho menos que en momento alguno haya planteado la materialidad o relevancia de las mismas a la defensa del acusado. En United States v. Agurs, 427 U.S. 97 (1976), se reafirma la obligación del Fiscal de revelar prueba favorable al acusado, mas ¿quién ha señalado o reclamado que el Fiscal en este caso tenía esa prueba y la ocultó? Se requiere alguna demostración afirmativa de la existencia de esa prueba y no la serie de especulaciones que alimentan el argumento de la defensa. Así lo sostuvimos en el más reciente caso de Pueblo v. Rodríguez Sánchez, infra, porque el acusado no tiene derecho a una expedición de pesca en los archivos de fiscalía. No puede levantarse un castillo de precedentes en el aire, sin base racional en los autos, para imputar al Fiscal ocultación de prueba favorable al acusado. Si así fuere, con dicho error bastaría para revocar, sin necesidad de perseguir el efecto acumulativo de actuaciones perjudiciales al apelante.

Ya este Tribunal en decisión per curiam, se adhirió a la doctrina de Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y United States v. Agurs, supra, y sentó pauta en nuestra jurisdicción al resolver en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243, 246, 249 (1979):

El descubrimiento de prueba que rebasa el texto de la Regla 95 y busca apoyo en el debido proceso de ley no es recurso a invocarse livianamente. Está muy lejos de ser patente de corso que en forma indiscriminada permita la intrusión en los archivos de fiscalía, ni que facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso criminal. No basta para activar el remedio la probabilidad de que el jurado o el juez de conocer tal prueba hubiesen rendido un fallo distinto. La protección constitucional se da en situación que implica corrupción de la función depura-dora de la verdad que es la esencia procesal del juicio. [Énfasis nuestro.]
Reiteramos que no estamos dando licencia para que en todo caso y en forma automática se concedan todos los informes y papeles relacionados con la actuación del agente. El acusado que los solicita debe hacer alguna demostración prima facie convincente de la materialidad de esa evidencia y de la legitimidad de su petición que la excluyen de la calificación de alegación simplemente dilatoria, onerosa y hostigante. [Énfasis nuestro.] Cf. Pueblo v. Cancel Hernández, 111 D.P.R. 625 (1981).

No hemos de pasar por alto que Agurs, supra, exige algo más que una solicitud de descubrimiento basada en inquietudes, preocupaciones o posibilidades académicas. Explícitamente requiere de la moción una demostración de base substancial de existencia de la prueba y de materiali-dad de la misma para la defensa. Agurs, supra, a la pág. 106. Allí se dijo: “[S]i la ocultación de evidencia resulta en error constitucional, ello se debe al carácter de la eviden-cia, no al carácter del fiscal.” Agurs, pág. 98. “[L]a clave para el análisis del debido proceso en casos de alegada conducta impropia del fiscal es la objetividad del juicio y no la culpabilidad del acusador. . . . [E]l fin del debido proceso ‘no es castigar a la sociedad por los desvíos del fiscal, sino evitar un juicio injusto para el acusado’ [Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963)]”. Smith v. Phillips, 455 U.S. 209, 219 (1982).

III

En los señalamientos sobre evidencia de carácter la defensa tiene una posición ambivalente: objeta la intención del fiscal de presentar prueba sobre buen carácter de la víctima, y cuando el tribunal retira el testigo de reputación y elimina su testimonio la defensa también objeta. Consis-tente con esa estrategia acusa error en admitir y error en suprimir dicho testimonio. ¿Qué puede esto aportar al cúmulo de irregularidades de cuya suma total depende el apelante para revocar el veredicto del jurado? Es inconce-bible que la estimación de la evidencia por el jurado dependa de que sus miembros sepan que hay una diferen-cia semántica entre prueba de “carácter” y prueba de “reputación”. Usualmente son los hechos de alto relieve e impacto en la prueba, aquellos que captan y retienen el recuerdo del testigo, los que en consecuencia final inclinan el criterio del juzgador de hechos.

IV

El apelante no objeta el contenido de la instrucción sobre fuga. Su inconformidad se limita al hecho de que por un olvido del juez hubo de darla aparte, al final, lo que pudo haberle insuflado, según él, énfasis perjudicial. El argumento pertenece a la provincia de lo imaginario. La disidencia, después de citar a Hamling v. United States, 418 U.S. 87 (1974), que le niega todo peso de error perjudicial aun a la discusión de la instrucción en presencia del jurado, se remite a “la posibilidad” de que tuviera “especial consideración en la mente del jurado”. Si las instrucciones son correctas, parte de la deliberación por el jurado es darle especial consideración al relacionarlas con la prueba. Las instrucciones especiales pedidas por el Fiscal o la defensa, de aprobarlas el juez, se dan al final y en pieza aparte, y no vemos razón para especular que el jurado se inclinará a la última palabra y descartará el resto de la prueba. Un grado relativo de idoneidad en el jurado basta para excluir esta posibilidad.

V

Dista mucho éste de ser el caso apropiado para aplicar la regla de efecto acumulativo de irregularidades proce-sales que daña el debido proceso. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 831 (1981). No hay erosión perceptible, ni aislada ni en conjunto, de los derechos del acusado.

El apelante tuvo un proceso justo y un veredicto benigno. Esa es la sensación que fluye del examen del expediente, y que deja en paz la conciencia de sus juzgadores.

Con estos antecedentes y fundamentos la sentencia apelada es por la presente confirmada.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disintió con opinión a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

-O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

Los hermanos Ángel y José Raúl Romero Rodríguez fueron acusados y juzgados conjuntamente en juicio por jurado por asesinato en primer grado y portación ilegal de un revólver en violación del Art. 8 de la Ley de Armas. El primero fue absuelto y contra el segundo, aquí apelante, recayó veredicto condenatorio por asesinato en segundo grado y por la portación imputada del arma. Fue senten-ciado a penas de presidio de quince a treinta años y de tres a cinco años, respectivamente, a cumplirse concurrente-mente la segunda con la primera. Alega en su recurso ante nos la comisión de numerosos errores e irregularidades ocurridos en el curso del juicio. A mi juicio se cometieron y, si bien cada uno aisladamente pudiera no ameritar la revocación del fallo recaído, su efecto acumulativo rebasa lo permisible y establece una desviación del debido proceso de ley reñida con las exigencias del derecho a un juicio justo.

Los hechos, según se desprenden del expediente ante nos y de la exposición narrativa de la prueba, son los siguientes: José Raúl Romero Rodríguez, aquí apelante, y Juan Méndez Méndez, el occiso, eran porteadores públicos en la ruta Arecibo-Camuy. Surgió entre ellos una polémica motivada por la afiliación de Méndez a una unión de chóferes de dicha ruta, y la no afiliación de Romero a la referida unión. Ello culminó en un encuentro personal entre ambos poco después del mediodía del 28 de febrero de 1980, en que se enfrentaron, Romero armado de un revólver y Méndez de un machete, produciéndose la muerte a tiros del segundo. Las teorías del fiscal y de la Defensa son resumidas en la exposición narrativa aproba-da por el tribunal de instancia de la siguiente manera:

La teoría del Fiscal fue en el sentido de que el pasado 28 de febrero de 1980, a la 1:30 de la tarde, el apelante José Raúl Romero Rodríguez en unión a su hermano coacusado Ángel Romero Rodríguez estaba en el camión de arrastre de este último esperando al occiso Juan Méndez Méndez en la carretera número 119 como a 600 pies del garage que queda en la intersección con la carretera número dos, ya que el occiso en su ruta de chófer de carro público habría de pasar por ese lugar.
Cuando se acercó el occiso, quien venía en su vehículo con cinco pasajeros, el apelante y su hermano le cerraron el paso con el camión y lo detuvieron]. Luego el señor José Raúl Romero le hace un disparo. El señor Juan Méndez Méndez saca un machete del baúl de su carro para defenderse. El señor Méndez se va a correr y Raúl Romero y Ángel Romero lo persiguen haciéndole varios disparos que le ocasionaron la muerte.
La teoría de la defensa fue en el sentido de que en ocasión de estar el señor José Raúl Romero reparando su automóvil en un garage de gasolina que queda en la intersección de las carreteras número dos y 119, jurisdicción de Hatillo, pasó su hermano Ángel en su camión de arrastre y José Raúl lo llamó para que se detuviera. Ángel se detuvo más adelante y José Raúl llegó hasta él. Estando ambos hablando allí, pasó el occiso en su vehículo público, se detuvo, insultó a José Raúl, trató de agredirlo con un machete y éste en su defensa tuvo que dispararle con un revólver.

Luego que ambas partes presentaron sus pruebas y de los incidentes que más adelante se refieren, el Jurado rindió los veredictos ya mencionados, por votación de nueve a tres. Los numerosos errores imputados al tribunal sentenciador pueden agruparse bajo los siguientes cuatro títulos: (1) desinsaculación del Jurado, (2) declaraciones en poder del fiscal, (3) prueba de reputación o del carácter del occiso, y (4) instrucciones al Jurado.

I

Desinsaculación del Jurado

En el proceso de desinsaculación del Jurado se han seguido en la práctica dos métodos, que se han dado en llamar método corto y método largo. En el primero se va tomando juramento definitivo a los jurados al concluir cada ronda de desinsaculación. En el segundo se toma el juramento definitivo a todos los jurados al finalizar el proceso de desinsaculación.

En Pueblo v. Munera, 39 D.P.R. 295, 301 (1929), expresó este Tribunal su predilección por el segundo método, como más sencillo y mejor ajustado a una inter-pretación liberal del entonces vigente Art. 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902 adoptado en las vigentes Reglas 118 y 119 de Procedimiento Criminal. Dijimos:

El procedimiento más sencillo y que se ajusta mejor a la interpretación liberal del artículo 221 contenida en el caso de El Pueblo v. Rivera, supra, es el de insacular [síc] el número suficiente de jurados y tomarles el primer juramen-to. Acto seguido se procede a su examen.y a las recusaciones motivadas. Luego a las perentorias. Si no hay recusaciones, se les toma el segundo juramento a todos. Si las hay, sin tomar el segundo juramento a los que queden, se insaculan [sic] nuevos y se sigue el mismo procedimiento. Cuando las partes aceptan finalmente el jurado o no hay más recusacio-nes motivadas y el número de las perentorias a que se tiene derecho se ha agotado, entonces se procede a tomar a todos los jurados a la vez el segundo juramento.

Nuestra predilección por este método fue reiterada en Pueblo v. Torres, 48 D.P.R. 39, 46 (1935), y en Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10, 15 (1946), y cobra más actualidad bajo las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes, que procuran dar mayor flexibilidad a los procedimientos, evitando “dilaciones y gastos injustificados”. Véase la Regla 1. La práctica de tomar juramento definitivo cada vez que se completa una ronda de recusaciones necesaria-mente dilata y produce una indeseable rigidez en el proceso de desinsaculación.

El apelante imputa como error que el tribunal de instancia, luego de iniciarse la desinsaculación mediante el método largo y cuando ya había habido seis rondas, al finalizar el primer día del juicio, dispuso que se le tomara juramento definitivo a diez jurados que entonces había en el panel, para continuar el proceso al día siguiente. Hasta ese momento la estrategia de la Defensa, ajustada al método que se había estado utilizando, le daba la ventaja de que aún le restaban catorce recusaciones perentorias, mientras que al fiscal le quedaban solamente dos. El abogado del apelante objetó que se cambiara el método, anunciando que tenía intención de hacer uso de algunas de dichas recusaciones. El tribunal desestimó su planteamien-to y le requirió que agotase en ese momento las recusa-ciones perentorias que se propusiere utilizar. La Defensa hizo uso de una recusación perentoria adicional y por sobre su objeción se le tomó juramento definitivo a los restantes jurados.

Hemos señalado que la selección entre los dos métodos —juramento definitivo parcial (corto) y juramento defini-tivo total (largo)— descansa en la sana discreción del tribunal de instancia. Pueblo v. Vázquez, 68 D.P.R. 67, 73 (1948), Pueblo v. Torres, supra. Pero, una vez se escoge un método y se inicia el procedimiento de desinsaculación a base de ese método, las partes tienen derecho a confiar en que éste no habrá de cambiarse por sobre su objeción. Las reglas de juego no deben alterarse en medio de la contienda, sobre todo cuando una parte ha adquirido una ventaja a base de su aplicación.

Desde hace casi un siglo expresó el Tribunal Supremo federal que la recusación perentoria de jurados desinsacu-lados es “uno de los derechos más importantes garantiza-dos al acusado” en un juicio criminal. Pointer v. United States, 151 U.S. 396, 408 (1894). No implica un derecho a seleccionar, smo un derecho a rechazar, fuera del control del tribunal. Hayes v. Missouri, 120 U.S. 68 (1887); Spies v. Illinois, 123 U.S. 131 (1887); United States v. Carter, 528 F.2d 844 (8th Cir. 1975), certiorari denegado, 425 U.S. 961 (1976). Requerir del acusado que ejerza sus recusaciones perentorias en determinado momento, no obstante que hasta entonces se había seguido una norma distinta, constituye error revisable.

Tratar de determinar si el error cometido tuvo un efecto tan adverso a los intereses del apelante que por sí solo amerite la revocación nos colocaría en el campo de la especulación o la conjetura. Pero no puede pasarse por alto que al tomarse juramento definitivo a una gran mayoría del panel quedó trunca la opción que al día siguiente hubiese podido ejercitar la Defensa, en uso de las trece perentorias que le quedaban, de obtener cambios en la composición del jurado a base de otros jurados potenciales. El receso hasta el otro día propiciaba a la Defensa la oportunidad de investigar y estudiar mejor a los jurados ya desinsaculados y a aquellos cuyas cédulas o boletos aún permanecían en el saco. La continua investigación y estudio de los jurados es parte de la responsabilidad tanto del abogado defensor como del fiscal, para procurar que dicho Cuerpo se depure hasta el máximo posible de motivaciones, actitudes y prejuicios que puedan afectar el fin primordial de que se haga justicia.

II

Declaraciones en Poder del Fiscal

Aparece de los autos ante nos que en el curso de su investigación el fiscal había tomado declaraciones juradas a varias personas que no se hicieron figurar como testigos al dorso de la acusación. Ello fue admitido por el fiscal luego de terminar su turno de presentación de prueba, cuando a instancias de la Defensa el tribunal le requirió que informara si tenía tales declaraciones. El tribunal denegó entonces el pedido de la Defensa de que se pusieran dichas declaraciones a su disposición. El apelante señala que al así resolver, el tribunal incidió.

En Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441, 444-445 (1977), señalamos que siendo el propósito del procedimien-to judicial el esclarecimiento de la verdad, el fiscal tiene la obligación de poner a disposición del acusado aquella prueba que sea relevante a su defensa que esté disponible, se trate o no de declaraciones juradas.

Dijimos:

El fiscal está en la obligación de poner a disposición del acusado aquella prueba que sea relevante a su defensa. Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506, 510 (1974); Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974). El interés principal del Estado en una causa criminal “. . . no es ganar un caso, sino que se haga justicia.” Berger v. United States, 295 U.S. 78, 88 (1935), 79 L. Ed. 1314, 1321, citado en Jencks, supra, 353 U.S. 668, 1 L. Ed.2d 1112. “No se debe perder de vista que el objetivo de todo procedimiento judicial es el esclare-cimiento de la verdad.” Pueblo v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 702, 705 (1958). “Después de todo las cortes existen para derribar obstáculos en el camino hacia lo justo.” Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 377 (1973).
Resolvemos que siempre que declare un testigo de cargo, o un testigo presentado por la defensa que hubiere sido renunciado por el fiscal —Pueblo v. Díaz, 86 D.P.R. 558 (1962)— la defensa tiene derecho a examinar cualquier escrito del testigo sobre el asunto que sea objeto de su testimonio que esté disponible en el momento en que declare y que no tenga carácter privilegiado, no importa que no fuese hecho bajo juramento o que no esté en posesión del ministerio público. Véanse: Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 746 (1968) y Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974).

Este caso es el último de una serie que se inició con Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961), en que se cuestiona la llamada secretividad del expediente del fiscal una vez ésta pierde su fundamento y si ha de resultar en un obstáculo a que se haga justicia. Véanse los casos mencio-nados en la transcrita cita de Pueblo v. Delgado López, supra, y Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1 (1970), Pueblo v. Martínez Valentín, 102 D.P.R. 492 (1974), y Pueblo v. Beltrán Faría, 102 D.P.R. 783 (1974) y Pueblo v. Cancel Hernández, supra.

De los autos ante nos se desprende que al detenerse el automóvil público conducido por Méndez Méndez y ocurrir los hechos de sangre que culminaron en su muerte, había en dicho vehículo cinco pasajeros. Es de presumirse que el fiscal investigador los examinara y les tomara declara-ciones. Solamente uno fue incluido como testigo al dorso de la acusación. Sin embargo no fue utilizado por el fiscal, habiendo renunciado a su testimonio como prueba acumu-lativa. Fue utilizado por la Defensa. Quiénes eran esos otros pasajeros, qué vieron, cuán beneficioso sería su testimonio para sostener la teoría del apelante, ni se enteró de ello el juez que presidió el proceso ni surge de los autos. Todo ello yace bajo la pesada lápida de la secretividad del expediente del fiscal. No se ofreció explicación alguna para negar dicha información, excepto haberse invocado la protección de esa secretividad. No se adujo que dichas declaraciones sean privilegiadas, o que en nada beneficien a la Defensa. El ilustrado juez sentenciador no requirió se le mostraran para examinarlas. Los autos no revelan justificación para tal proceder. El procedimiento criminal no debe ser un juego de barajas en que se ocultan las cartas que no convienen.

En Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87 (1963), al confirmar una decisión de la Corte de Apelaciones de Maryland, se expresó el Tribunal Supremo federal, por votación de seis a tres:

Resolvemos que la supresión por el fiscal, al serle reque-rida, de prueba favorable al acusado, viola el debido procedimiento si dicha prueba es pertinente a la culpabili-dad o al castigo, independientemente de si el fiscal actúa de buena o de mala fe.

El alcance de esta norma se explicó en Moore v. Illinois, 408 U.S. 786, 794-795 (1972):

El corazón de la decisión en Brady es la supresión por el fiscal de prueba favorable al acusado, pertinente a la culpabilidad o al castigo, a pesar de haberle sido requerida. Son importantes, pues, (a) que haya supresión de prueba a pesar del requerimiento por la Defensa, (b) que dicha prueba sea de carácter favorable a la Defensa, y (c) que sea pertinente. Estas son las normas para medir la conducta del fiscal en el caso de Moore.

En United States v. Agurs, supra, se reafirman dichas decisiones y se expresa que no es necesario que la Defensa específicamente solicite determinada declaración. Basta que sea, en términos generales, prueba que pueda ser favorable al acusado y que, en vista de los hechos, de ser conocida por el jurado, pudo producir en ellos duda razonable. Esta decisión, por votación de siete a dos, en que los jueces Marshall y Brennan disintieron porque hubiesen ido más lejos que la mayoría, establece claramen-te que no se trata de una norma de descubrimiento de prueba, sino del derecho constitucional al debido procedi-miento de ley bajo la Enmienda XIV.

En la página 106, se dijo:

En Brady el requerimiento fue específico. Informó al fiscal exactamente lo que la Defensa deseaba. Aunque el fiscal no tiene el deber, por supuesto, de proveer a la Defensa un descubrimiento ilimitado de todo lo que él sabe, si el asunto de tal requerimiento es pertinente o, más aún, si hay base substancial para reclamar su pertinencia, es razonable que se requiera al fiscal que responda, sea entregando la información o sometiendo el problema a la consideración del juez. Cuando el fiscal recibe un requerimiento específico y pertinente, su denegatoria es pocas veces, si alguna, excusable.

Más adelante, pág. 107 in fine, expresa el Tribunal que el deber del fiscal de suministrar información pertinente a la Defensa puede surgir antes del juicio o durante el juicio y que, “un fiscal prudente resolverá la cuestión, si en duda, a favor de hacer su revelación”. Pág. 108. Señaló el Tribunal: “Porque si bien el abogado del soberano debe llevar el caso contra el acusado con fervor y vigor, tiene siempre que ser leal al interés primordial de su cliente de que ‘se haga justicia’. Él es ‘el servidor de la ley, cuyo doble propósito es que no escape el culpable o pague el inocente'. Berger v. United States, 295 U.S. 78, 88 [1935, 79 L.E. 1314, 55 S. Ct. 629]. Esta descripción del deber del fiscal elimina la norma de pertinencia que gobierna su obligación de revelar prueba exculpatoria.” Pág. 111. El juicio criminal no puede ser una contienda o debate en que el fin último sea vencer al adversario. Si así fuera, el propósito esencialísimo de que se haga justicia estaría a merced de las argucias de los abogados y fiscales. Tal cosa tiene que desalentarse con todas las fuerzas del espíritu.

La base o test para determinar la pertinencia (materiality) de la información, la expresa el Tribunal así (pág. 112):

La norma adecuada sobre pertinencia deberá reflejar nuestro interés en que el fallo condenatorio sea justo. Tal fallo es permisible únicamente cuando está sostenido por prueba que establece la culpabilidad más allá de duda razonable. Esto necesariamente conduce a que si la prueba omitida crea duda razonable que de otra suerte no existía, se ha cometido un error de naturaleza constitucional. Quiere esto decir que la omisión debe evaluarse en el contexto de todo el récord. Si no hay duda razonable sobre culpabilidad, considerada o no la prueba suprimida, no se justifica ordenar un nuevo juicio. Por.otro lado, si el veredicto es de validez cuestionable, prueba omitida que parezca ser de relativa poca importancia podría ser suficiente para crear duda razonable.

Los autos no revelan el contenido de las declaraciones que el fiscal se negó a producir. Sería una candidez pensar que dichas declaraciones son inofensivas para la teoría del fiscal. Es inquietante que de cinco pasajeros que viajaban con el señor Méndez Méndez, solamente uno se incluya como testigo de cargo, y que resultara a la postre ser testigo de Defensa. La teoría del fiscal colocó al apelante como el agresor que avanzó hacia el carro del occiso y le disparó sin más provocación. De ser esto cierto, debieron verlo esos pasajeros. Por otro lado, la teoría de la Defensa señaló al occiso como el agresor, armado de un machete. El veredicto del Jurado exoneró al hermano del apelante y rebajó la calificación del delito a asesinato en segundo grado. ¿Pudo la prueba suprimida justificar un veredicto menor, o aun la absolución, a base de crear duda razona-ble? Solamente conociendo esos testimonios podríamos aproximarnos a dar una contestación.

El Procurador General argumenta, inter alia, que el requerimiento hecho por la Defensa fue tardío. Pasa por alto que, como se dijo en Agurs, y su progenie, no se trata de descubrimiento de prueba y sí de debido procedimiento de ley constitucional y por tanto el planteamiento puede hacerse antes o durante el juicio. Aun si se tratase de descubrimiento de prueba, por disposición expresa de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, el descubrimiento antes del juicio no alcanza a declaraciones juradas en poder del fiscal. Quizás no sea este el momento de pasar juicio sobre dicha regla. Adviértase que no es hasta la etapa del juicio cuando se revela toda la estrategia y la prueba del fiscal. Ya para entonces la secretividad de su expediente ha perdido su justificación, salvo para el caso de materia privilegiada, la protección de la identidad de personas, etc., asuntos sobre los cuales corresponde decidir no al fiscal, sino al tribunal, siempre teniendo presente que se haga cumplida justicia.

En resumen, el fiscal, como servidor de la justicia, tiene la obligación de revelar, a solicitud de la Defensa y luego de sometido el caso del Pueblo, toda aquella prueba que le esté accesible y que pueda ser favorable a la Defensa, salvo cuando existieren razones que justificaren, a juicio del tribunal luego de conocer la misma, que dicha prueba no se revele.

III

Prueba de Reputación o Carácter del Occiso

Una vez que la Defensa hubo presentado su prueba, el fiscal indicó al tribunal, en ausencia del jurado, que se proponía presentar prueba bajo la Regla 20(A)(5) de Evidencia. Ésta dispone:

Regla 20. Evidencia de carácter y hábito
(A) Evidencia del carácter de una persona o de un rasgo de su carácter no es admisible cuando se ofrece para probar que en una ocasión específica la persona actuó de conformi-dad con tal carácter, excepto:
(5) Si la evidencia es ofrecida por el ministerio fiscal en relación al carácter tranquilo o pacífico de la víctima en un caso de asesinato u homicidio, para rebatir evidencia de que la víctima fue el primer agresor.

La Defensa se opuso a que el fiscal presentara dicha prueba y luego de argumentarse sobre ello por ambas partes, el tribunal desestimó la objeción y resolvió que la prueba era admisible. Como se recordará, la prueba de defensa pretendió establecer que la víctima fue el primer agresor. No obstante, al regresar a sala el jurado el juez les anunció, motu proprio que el fiscal presentaría prueba sobre la “buena reputación del occiso”. De inmediato el fiscal llamó a declarar al testigo Félix Soto Abreu y a preguntas suyas éste expresó “que conoció al occiso Juan Méndez Méndez y que éste era una divina persona, humilde y de buena reputación en la comunidad”. Nada declaró sobre su carácter tranquilo o pacífico.

El abogado del apelante inició su contrainterrogatorio pretendiendo demostrar el interés del testigo. El juez, sin que mediara objeción del fiscal, detuvo el contrainterroga-torio y ordenó la eliminación del testimonio. No permitió que la Defensa continuara el contrainterrogatorio a pesar de su solicitud al efecto, disponiendo que si lo interesaba podía utilizar al testigo como testigo de defensa, a lo que no accedió el abogado del apelante. En torno a este incidente plantea que se cometieron cuatro errores, a saber, permitir al fiscal presentar prueba de reputación del occiso sin que la Defensa hubiera puesto su reputación en controversia, tomarse la iniciativa el juez de anunciar al Jurado que se ofrecería dicha prueba, detener motu proprio el contrainterrogatorio, y no permitir que éste continuara.

La citada Regla 20(A) dispone como norma que no es admisible prueba del carácter de una persona para demos-trar que en determinado momento actuara de conformidad con tal carácter. Por excepción, bajo su inciso 5 es admisible prueba del carácter tranquilo o pacífico de la víctima en un caso de asesinato u homicidio, si está en controversia si la víctima fue el primer agresor.

Prueba del carácter de una persona puede ser admisi-ble bajo dos supuestos distintos: primero, si el carácter es un hecho en controversia en el litigio, o segundo, como prueba circunstancial para demostrar que debido a tal o cual carácter de la persona puede inferirse si incurrió o no en determinada conducta. La norma establecida en el citado inciso 5 se enmarca en este segundo supuesto. La admisibilidad de esa prueba no es la regla; es la excepción y debe aplicarse con cautela, pues dicha prueba “viene acompañada con demasiado equipaje peligroso de prejui-cio, de distracción del verdadero issue, de inversión de tiempo, y de riesgo de producir sorpresas”. McCormick, On Evidence, 2da ed., pág. 445; Jones, On Evidence, 1972, Sec. 4.44. Se puede prestar a que el juzgador de los hechos desvíe su atención del verdadero propósito de tal prueba y actúe movido por sus sentimientos particulares de piedad o de venganza, o por sus particulares prejuicios. McCormick, op. cit, pág. 461.

En el presente caso el tribunal de instancia confundió de primera intención los conceptos prueba del carácter de la víctima a los fines de la citada Regla 20 con prueba de su buena reputación, y cometió el error de indicarle al Jurado que el fiscal ofrecería prueba “de la buena reputa-ción del occiso”. Pasó por alto que la reputación, en forma de opinión, es una manera de probar el carácter, pero que ambos términos no son sinónimos. Bajo el inciso U de la Regla 65 de Evidencia, es admisible prueba “de la reputación en la comunidad en que reside una persona o entre un grupo con el cual la persona se asocia, sobre el carácter, o un rasgo particular del carácter de dicha persona”. Aquí, la única prueba de carácter admisible era sobre “[el] carácter tranquilo o pacífico de la víctima”, Regla 20(A)(5), no sobre su reputación en general ni sobre su carácter en general.

El tribunal rectificó una vez se inició el contrainterro-gatorio. Debió hacerlo tan pronto se produjo la prueba sobre la buena reputación general de la víctima, asunto que no estaba en controversia. Cuán perjudicial pudo ser el error, rebasa toda posible especulación. No podemos pre-sumir susceptibilidades en el Jurado. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 311 (1977). Pero aquí, aparte de permitirse prueba inadmisible, el anuncio de que sería presentada fue hecho por el propio juez, adicionando con ello un detalle acumulativo en el peso de dicha prueba. Añádase a ello que la adjudicación del hecho en controver-sia —quién fue el primer agresor— dependía de la credibilidad que al Jurado merecieran los testigos de una y otra parte. La información que el juez adelantó al Jurado sobre la prueba a ofrecerse por el fiscal de la “buena reputación del occiso” no puede catalogarse como una “intervención discreta para el mejor entendimiento de la prueba”, como dijéramos en Pueblo v. Cuevas Toledo, 89 D.P.R. 163, 167-168 (1963). Nada confuso había que ameri-tase apartarse de la mejor práctica de “dejar que la narra-ción y enumeración de los detalles del suceso surja espontáneamente del interrogatorio [del] fiscal y el interro-gatorio de la defensa . . .”. Pueblo v. Cuevas Toledo, supra, pág. 167. Se cometieron los errores imputados.

IV

Instrucciones al Jurado

El apelante señala varias irregularidades sobre la forma en que se impartieron las instrucciones al Jurado en violación a la Regla 137 de Procedimiento Criminal. Dicha Regla exige que las objeciones a las instrucciones al Jurado se discutan fuera de la presencia del Jurado. En este caso se violó la regla, pues se discutió la procedencia o no de la instrucción sobre fuga solicitada por el Ministerio Fiscal estando el Jurado presente. Después de discutida, el juez la permitió.

En el ámbito federal se ha rechazado aplicar de forma mecánica la Regla 30 de Procedimiento Criminal federal, equivalente a nuestra Regla 137, al considerar variaciones o errores cometidos en el juicio en conflicto con lo requerido por ella. El caso normativo es Hamling v. United States, 418 U.S. 87 (1974), en que el Tribunal Supremo federal expresamente resolvió que el mero hecho de que se haya discutido frente al Jurado una objeción a las instrucciones no justifica per se ordenar un nuevo juicio. Señala dicho caso que la razón de requerir que se discutan las objeciones fuera de la presencia del Jurado es la siguiente:

Los tribunales, al examinar la Regla, han encontrado que ha sido principalmente diseñada para evitar las sutiles presio-nes sicológicas que surgirían sobre los jurados si tuvieran que ver y escuchar al abogado de la Defensa en una posición de antagonismo aparente hacia el juez. Lovely v. United States, [169 F.2d 386 (1948)], a la pág. 391; Hodges v. United States, [243 F.2d 281 (1957)], a las págs. 283-284; United States v. Schartner, [426 F.2d 470 (1970)], a la pág. 479. Si bien esta meta puede ser obtenida en muchos casos con una conferencia en voz baja en el estrado, la mejor manera de conseguir la meta es cumplir con la Regla. (Traducción nuestra.) Pág. 134.

Plantea, además, el apelante que el juez dio la instruc-ción sobre fuga después de haber impartido las instruc-ciones al Jurado. El juez había determinado con anterio-ridad que procedía dicha instrucción y por omisión no la dio cuando impartió las instrucciones. Alega el apelante que dicha irregularidad le perjudicó, pues resaltó dicha instrucción sobre las otras. Si bien en las instrucciones generales se explica que el Jurado no deberá destacar una instrucción en particular y que deberá considerar todas las instrucciones en conjunto y en su totalidad, no podemos abstraemos a la posibilidad de que la instrucción sobre fuga, dada luego de discutirse su procedencia ante el Jurado y habiendo sido impartida aisladamente, después de las generales, tuviera el efecto de ser destacada y tener especial consideración en la mente del Jurado. Ante una prueba conflictiva como la que tenía ante sí, ese hecho pudo tener especial peso en el veredicto condenatorio.

V

Resumen

Concluye este Tribunal, tomando cada uno de los errores alegados separadamente de los demás, que ninguno ameri-ta revocar los fallos condenatorios. Al así resolver se parte de un supuesto: que ninguno fue perjudicial. Tal determi-nación es una arriesgada conjetura. ¿Cómo se puede estar seguro de que esos errores o alguno de ellos no influyeron para inclinar la balanza, durante la deliberación del Jurado, en contra del acusado? No podemos ignorar el efecto acumulativo, perjudicial a un juicio justo, de la totalidad de dichos errores frente a la prueba que fuera aportada por ambas partes. Dijimos en Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 831 (1981):

En ocasiones se incurre en error aislado cuya carga de erosión de las garantías constitucionales o estatutarias no produce necesariamente el colapso del trato justo y de acuerdo a la ley que es signo del juicio criminal. Mas la reiteración de ese tipo de error tiene el efecto acumulativo de enervar el amplio espectro de legalidad, el nervio central de debido proceso sobre el cual descansan la sentencia y la facultad moral y ética para quitar la libertad a un ciuda-dano. Por el efecto acumulativo de la reiteración, aun de errores disímiles, el error aislado no-perjudicial adquiere proporción y relieve de error que transgrede las garantías básicas y requiere la anulación del juicio.

Por los fundamentos expresados, revocaría las senten-cias apeladas y ordenaría la celebración de un nuevo juicio.

-O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

En el proceso previo de formar conciencia judicial para concurrir con el dictamen confirmatorio hemos evaluado cuidadosamente las distintas avenidas, incluso la propuesta de nuevo juicio. Ello ha requerido un esmerado examen de los autos, alegatos y prueba. Nuestro voto ha respondido a las siguientes consideraciones.

I

Desinsaculación del Jurado

La preferencia jurisprudencial sobre el método largo de desinsacular un jurado, frente al corto, la combinación de ambos y la observancia mixta de uno u otro, no puede significar ni tener, por sí solo, el alcance de un error perjudicial. Sin violar el balance de las partes, debe auspiciarse aquel que imprima mayor rapidez a los proce-dimientos. (Véase Ley Núm. 89 de 26 de junio de 1974, enmendatoria de la Regla 119 de Procedimiento Criminal, que autoriza a los jueces a formular inicialmente pregun-tas pertinentes al Jurado relativas a su capacidad de actuar.)

Independientemente de lo expuesto: (1) el apelante no nos ha demostrado -aparte de que teOricamente le queda-ban catorce (14) recusaciones perentorias- cOmo ello afectó el dictamen del Jurado. Requerido que las agotase, sOlo usO una (1). El tribunal de instancia, luego de informarle y requerirle que las utilizara recesO esa tarde, y al otro dIa aparentemente la Defensa renunció a su planteamiento. Adviértase, además, que no nos ha podido hacer un solo señalamiento en cuanto a la capacidad e idoneidad del Jurado que lo juzgO. Como cuestión de hecho, por estipulaciOn aceptó el jurado nümero 11, aunque pasaba los 70 aflos, y también el nümero 12. (E.N.P., pág. 4.)

II

Declaraciones en Poder del Fiscal

El apelante limitó su apelación a errores de derecho. Por lo tanto, no perfeccionó su recurso con una Exposición Narrativa de Prueba sobre el contenido de los testimonios de los testigos. Notamos que de los diecisiete (17) testigos al dorso de la acusación el fiscal sólo usó cinco (5), a saber: Elvit Pellot Vargas, operador de equipo pesado, que se desempeñaba cerca del lugar de los hechos; William Hernández Pérez, conductor de vehículo público, quien llegó mientras se desarrollaban los hechos; Dr. José A. Carro, patólogo que practicó la autopsia, y los agentes de la Policía Franklyn Amador y Luis V. Herrera. Los restantes testigos fueron renunciados y puestos a disposi-ción de la Defensa. Ésta recibió, además, las declaraciones juradas de ellos y usó a Nancy Pagán Rodríguez, pasajera en el auto del occiso, y a William Candelaria Torres. Además el testimonio del propio apelante José R. Romero Rodríguez. Subsiguientemente renunció a cuatro (4) testi-gos que estaban bajo las reglas, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Fiscal y no fueron llamados a declarar.

Desconociendo este Tribunal el contenido y carácter de la prueba testifical desfilada —por haber optado el ape-lante no certificar la exposición narrativa sobre estos extremos— resultaría peligroso resolverlo a base de la no desfilada. Nos parece un tanto especulativo y arriesgado ese curso de acción. La evaluación del señalamiento de que el fiscal debió suministrar todas las declaraciones juradas de personas anónimas que existieran requería algo más de su parte, a saber, la posibilidad de que tuviera algún mérito la defensa propia. ¿Por qué entonces ordenar un nuevo juicio, sin tener los elementos de júicio para preliminarmente examinar su potencial de beneficio o perjuicio para el apelante? No nos resignamos a impartir justicia a ciegas.

III

Prueba de Reputación o Carácter del Occiso

Con respecto al incidente del testigo Félix Soto Abreu presentado por el fiscal para demostrar “la buena reputa-ción del occiso” el tribunal no sólo rectificó su criterio original erróneo de admitirlo, sino que, además, ordenó su eliminación e instruyó al Jurado que no debería tomarlo en consideración. ¿Podemos entonces concluir que se cometió un error sustantivo? No lo creemos.

IV

Instrucciones al Jurado

Finalmente, no podemos compartir su tesis relativa a la instrucción separada sobre fuga brindada después de terminar las anteriores, a base de que se destacara perjudicialmente esa conducta, pudiendo tener efectos especiales negativos en la mente del Jurado. Nos preocupa refrendar esa teoría y su impacto en el procedimiento criminal, pues: (1) ello implicaría que nunca podría corregirse en el acto del juicio una omisión de esta naturaleza; (2) advertimos que después de esa instrucción, se brindó las relacionadas con veredictos posibles. Si algún efecto tuvo la instrucción separada de fuga, se diluyó por la posterior, ya que el jurado rindió veredicto reducido de asesinato en primer grado a segundo.

Lo expuesto nos mueve a sostener y confirmar las sentencias. Correspondía al apelante —y no lo hizo— proveernos los elementos de juicio para integralmente apreciar el alcance de sus planteamientos de derecho en relación con la prueba. La elaborada y respetable ponencia disidente se fundamenta precisamente en atribuirle unos efectos al trámite, sin el beneficio de medirlos bajo la óptica de la prueba. Explorar algunas dimensiones de la prueba nos hubiese permitido concretizar con certeza el verdadero alcance perjudicial, si alguno, de los errores atribuidos al foro sentenciador.

En todo caso nuestra función básica es descargar y hacer justicia con conciencia y sujeción a nuestras limita-ciones inherentes humanas. El apelante no nos ha auxilia-do en esa tarea. ¿Por qué, para cumplir con nuestra delicada encomienda, no tuvimos: (1) la exposición narra-tiva de la prueba testifical; (2) el protocolo de autopsia o testimonio pericial, para detectar por qué parte del cuerpo penetraron las balas —frente, lado o atrás — ; y (3) copia de las declaraciones juradas que el fiscal entregó de sus testigos renunciados?

Ello nos hubiese permitido evaluar los siguientes aspectos pertinentes a la teoría de defensa propia: ¿fueron heridos el apelante y su hermano? ¿Hasta dónde y cómo persiguió al occiso? ¿Cuántas heridas de bala y su punto de penetración mostraba el cuerpo de la víctima? ¿Cuántas balas fueron disparadas?

V

Conclusión

Recapitulando, el apelante discute la comisión de erro-res referentes al trámite y encausamiento. Curiosamente no cuestiona la suficiencia y calidad de la prueba desfilada. No nos ha hecho el clásico señalamiento de que la prueba resultó insuficiente en derecho para sostener su convicción. El éxito de su apelación ha dependido de unos errores aislados, de índole procesal, a saber: la selección del Jurado; la posibilidad de que exista prueba exculpatoria; y que el juez no debió en tiempo corregir sus errores sobre la admisibilidad del testimonio de reputación y la omisión de brindar la instrucción de fuga.

Ante el Jurado no prevaleció la teoría de defensa propia. Por el contrario, el Jurado creyó que la víctima fue emboscada por el apelante y que no fue ella la que originó el incidente fatal. Aunque no es imposible, es cuestionable que la víctima —que discurría y transportaba pasajeros en su vehículo— extemporáneamente detuviera a propósito su vehículo, se bajara con un machete y atacara a dos personas adultas. De ordinario, tales riesgos no se corren sin que exista un incidente del momento. La balanza se inclina contra la teoría de defensa propia.

Reconocer en estas circunstancias un nuevo juicio sin los elementos de prueba, no es justicia cabal.

      Usamos el término para significar cada vez que, luego de ser excusados algunos jurados mediante recusaciones de las partes, se desinsaculan nuevos jurados que les sustituyan hasta completar el grupo de doce.

      En la fecha del juicio en instancia no estaba vigente la enmienda introducida a la Regla 123 de Procedimiento Criminal por la Ley Núm. 60 de 27 de mayo de 1980, que establece el mismo número de recusaciones perentorias para el acusado y para el fiscal. Este cambio hace más aconsejable aún que en la desinsaculación del jurado se utilice el método largo o de juramento definitivo al final.

       Dicha regla dispone:
      “Previa moción del acusado sometida en cualquier momento después de haberse presentado la acusación, el tribunal podrá ordenar al fiscal que produzca para ser inspeccionados, copiados o fotografiados por el acusado o su abogado, determinados objetos, libros, documentos y papeles que no fueren declaraciones juradas, con excepción de la declaración del propio acusado, que el Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo y que pudieren ser necesarios para la preparación de la defensa del acusado, independientemente de que el Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en evidencia. La orden especificará el tiempo, lugar y manera de hacer la inspección, de sacar las copias o tomar las fotografías y podrá prescribir los términos y condiciones que el tribunal estimare justos.”

       En inglés se le llama an ultímate issue in the ease. McCormick, On Evidence, 2da ed., pág. 442.

       Véase el manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, 1976, pág. 4.

      La minuta del 27 de agosto de 1980 (Libro Núm. 56, Apéndice 2, pág. 17) consigna que luego de un receso, “la defensa renuncia a su planteamiento”.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Héctor Luis Morales Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-80-74

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Rubén Castillo Marín, abogado del acusado y apelante.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Procede la sentencia confirmatoria.

El proceso investigativo tendente a esclarecer e identi-ficar exitosamente al autor de un crimen no es tarea fácil. Intervienen numerosos factores entre los cuales se destaca la disponibilidad de testigos oculares. Sobre éstos, el criterio cualitativo testimonial, a saber, la habilidad del deponente para percibir el acontecimiento, aptitud para conservarlo en su memoria, capacidad para evocarlo, modo de querer expresarlo, y cómo puede hacerlo, es esencial. El elemento tiempo resulta importante y, de ordinario, afecta estos factores. “Ingredientes adicionales tales como el grado de inteligencia del testigo, su facilidad o dificultad para verbalizar y explicar, el nerviosismo natural que genera la sala de un tribunal, las expectativas de una confrontación de lo atestado con el contrainterrogatorio, el interés en el desenlace final del caso y un sinnúmero de imponderables, imponen sobre los tribunales de instancia la más delicada función del quehacer judicial humano: el descubrir la verdad haciendo el mayor esfuerzo en dirimir prueba conflictiva y en muchas ocasiones incompleta.” García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 357-358 (1975). Este proceso mental y realidad forense —que corresponde más bien a la disciplina de la psicología del testimonio— nunca puede ser ignorado por un tribunal. Su comprensión y aplicabilidad será en última instancia el elemento que inclinará de uno u otro lado la balanza de la justicia. Como veremos, el caso de autos no favorece la causa del apelante Héctor L. Morales Rivera, en su impugnación de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y dos infracciones al Art. 8 de la Ley de Armas.

A los fines de evaluar los méritos de los errores discutidos es menester sintetizar la prueba creída por el jurado y el juez sentenciador.

El 12 de abril de 1978 los esposos Benito Cruz Justiniano y Ana M. Torres Vargas, vendedores ambulan-tes, tenían estacionada su guagua-negocio frente a la fábrica de atún de Mayagüez. Habían atendido a unos pocos parroquianos. Aproximadamente a la 1:30 p.m. se acercó un joven por el lado derecho del asiento delantero y le pidió a Benito un pantalón. Éste se bajó, fue a la parte posterior del vehículo, abrió la puerta trasera y tomó tres pantalones. Entonces se percató de que no le había preguntado al joven el tamaño del pantalón. Cuando va a virarse para inquirir tal dato “escucha que le dicen que se trata de un asalto” en cuyo momento recibe un disparo; cayó herido seriamente al piso y semi-inconsciente oyó tres más. Pudo observar “por unos segundos” a la persona que le disparó, que tenía una pistola con silenciador, usaba gorra estilo boina, tapándose la mayor parte de la frente, camisa azul tipo banlon, estaba bien recortado, era trigueño, de nariz perfilada, no tenía bigote, de aproxima-damente 18 a 20 años, 5 pies con 6 ó 7 pulgadas de alto, y de 135 a 140 libras de peso. Su esposa, que estaba en el asiento del conductor pasando a una libreta los abonos del día, luego que su esposo se dirigió hacia atrás, oyó un ruido proveniente de esa posición y miró por el espejo retrovisor y vio un muchacho con un bate. Luego sintió que otro se acercaba, y encañonándola con una pistola le exigió “los chavos”. Esa persona vestía mahón, calzaba tennis, usaba camisa banlon azul —sin cuello — , tenía un rostro de mujer en un tatuaje en el brazo derecho, se acababa de afeitar y recortar, labios gruesos, nariz regular, no muy perfilado y pelo rizo. Esta persona resultó ser el apelante Héctor L. Morales Rivera. Mientras ocurría este asalto pasó corrien-do el guardia de seguridad de la atunera, persiguiendo al muchacho del bate en la mano —identificado como Rafael Castoire Sánchez— y Morales Rivera le disparó y el guardia cayó muerto. Seguidamente ambos muchachos y un tercero más joven no identificado escaparon y se montaron en un Volkswagen. Ningún policía entrevistó al matrimonio el día de los hechos. Cruz Justiniano estuvo en el hospital varios días. Subsiguientemente, los agentes Alexis Figueroa y Jacobo Ortiz visitaron su residencia para que identificara a los asaltantes por medio de fotografías y además, él y su esposa comparecieron al cuartel en varias ocasiones para observar detenidos. No identificaron a nadie ni ofrecieron descripción de los asaltantes. Sin embargo, se presentó en evidencia el informe suscrito por el policía Jorge Valentín. Consignó como “descripción de los individuos” recopilada a través del agente Montañez lo siguiente: (1) trigueño claro, pelo rizo negro, mediana estatura, de 22 a 25 años de edad; (2) trigueño claro, pelo rizo, nariz perfilada y jacket negro; y (3) un menor de 14 a 16 años, se desconoce esta descrip-ción. La fecha de este informe: el día de los hechos, 12 de abril de 1978.

Así las cosas, la investigación policíaca permaneció inactiva hasta que para diciembre de 1979 —un año, ocho meses del asalto y asesinato— el agente Carlos A. Figueroa entrevistó al Sr. Diblain Irizarry, encargado de asilados de la Escuela Industrial de Mayagüez, con relación a otro caso y éste le informó que el apelante, para el año 1978 le había confesado su participación en los sucesos de la atunera. Como consecuencia hizo gestiones para localizarlo y hacer una rueda de detenidos. No pudo. Localizó una ficha y retrato en el Cuartel General de San Juan y el 3 de marzo de 1980 visitó a los testigos Benito Cruz y Ana María Torres. En esta ocasión, incluida la fotografía recién obtenida, ambos sin reserva alguna y por separado identi-ficaron la fotografía del apelante de entre aproximada-mente 100 fotografías sueltas. Ese mismo agente preparó una composición de diez fotografías de personas de rasgos similares al apelante, e incluyó la de éste, y los esposos Cruz-Torres nuevamente lo identificaron. Se preparó la correspondiente acta de identificación el 11 de marzo de 1980 y prestaron ante el fiscal sendas declaraciones juradas. En éstas no aparece que se les preguntara la descripción del apelante. Solamente en la declaración de Benito se ofrece una descripción de un joven, de unos 20 años, trigueño, que usaba gorra. Se determinó causa probable en ausencia del apelante y luego de arrestado no se realizó rueda de confrontación. Los esposos Cruz-Torres lo identificaron en la vista preliminar y durante el juicio.

Los ocho (8) señalamientos de error del apelante se pueden agrupar en tres: (1) permitir al Ministerio Público incluir un testigo tardíamente y no suspender el juicio para investigarlo; (2) ilegalidad e inadmisibilidad de la identificación; y (3) inadmisibilidad de prueba sobre admi-siones y error en instrucciones. A base de este esquema los evaluaremos.

Los planteamientos en torno al testigo de cargo adicional y la negativa del tribunal a quo en suspender la vista, se desvanecen ante la admisión del apelante de que “técnicamente el testigo fue anunciado a tiempo”. La moción del Ministerio Fiscal fue suscrita y fechada el 17 de septiembre de 1980; y el señalamiento fue hecho para el 25. En este día se le entregó a la Defensa la declaración jurada del testigo y, accediendo a una solicitud, se ordenó a la institución en que trabajaba —Escuela Industrial de Mayagüez— poner a disposición de la defensa para exa-men los récords de empleo y asistencia del testigo. Aun así la prueba de cargo no comenzó a desfilarse hasta el día 29. No hubo abuso de discreción judicial. Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 476 (1958).

Con referencia a la identificación del apelante tampoco se cometieron los errores. Veamos. Aduce que debió supri-mirse la identificación de fotografías en la que se utilizó una foto obtenida cuando era menor de 18 años. Se refiere a la foto que localizó el agente Carlos Figueroa en el Cuartel General en San Juan. El apelante olvida que esta foto le fue tomada cuando fue arrestado el 17 de marzo de 1978 en San Juan en ocasión de haber sido acusado por otro delito, sobre el cual el Tribunal Tutelar de Menores renunció su jurisdicción desde el 21 de febrero de 1978. A partir de esa fecha estaba disponible su fotografía. Véase Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537 (1977). Es más, para el 21 de septiembre de 1978 el apelante se había declarado culpable en el Tribunal Superior, Sala de Adultos. Además, le aplicaría al apelante nuestra doctrina de Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 741 (1980), en que resolvimos que “la identificación del imputado, hecha en el acto del juicio por testigos oculares de los hechos delictivos ventilándose, es admisible bajo las circunstancias aquí presentes, no empece que durante el curso de la investigación policíaca se utilizara, para fines de su identificación por dichos testigos, una fotografía tomádale al imputado sin su consentimiento y mientras permanecía detenido ilegalmente en un cuartel de policía”.

Tampoco se cometió error en cuanto a la identificación por el método de fotografías. No están presentes factores negativos tales como sugestibilidad, falta de espontaneidad y carencia de confiabilidad. Véase Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977); Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976); Pueblo v. Rivera Vázquez, 102 D.P.R. 758 (1974). La prueba refleja que desde el punto de vista formal y procesal se siguió fielmente el trámite establecido en la Regla 252.2(b) de Procedimiento Criminal en cuanto a condiciones separadas, número de fotografías, rasgos similares, composición y acta. En el aspecto sustantivo se cumplieron satisfactoriamente los criterios enumerados como indicadores en Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978), reafirmado en Pueblo v. Rey Marrero, supra. Veamos. (1) Dos testigos, los esposos Cruz-Torres tuvieron amplia oportunidad de observarlos en las siguientes condi-ciones favorables: era de día; ninguno de los asaltantes se cubrió el rostro; se acercaron y se expusieron plenamente a la vista de sus víctimas; (2) La señora Torres tuvo de frente y visible por tiempo suficiente al apelante, ya que éste le reclamó dinero —tenía que prestarle atención— antes de que ella se percatara de que su esposo estaba herido y ocurriera el incidente en que murió el guardia de seguridad. El señor Cruz, aunque no se fijó en el físico del primer muchacho que le pidió el pantalón, al virarse vio y observó por varios segundos a la persona que le disparó; (3) La fidelidad de la descripción de los asaltantes queda claramente expuesta en la Exposición Narrativa de la Prueba. Aunque ninguno de los testigos oculares los describió originalmente en declaraciones juradas, según hemos visto, el informe de la Policía realizado por el agente Valentín, el día del suceso, describe con bastante grado de fidelidad y exactitud las características físicas de los asaltantes, en particular la del apelante; (4) A la primera oportunidad en que les mostraron una foto del apelante, ambos testigos, separadamente, lo identificaron positivamente y sin lugar a dudas; (5) El transcurso de tiempo está presente y en apariencia afectaría la confiabi-lidad de la identificación. Sin embargo, el lapso de dos años entre la comisión del delito y la confrontación en lugar de debilitar la identificación la robustece. Nos explicamos. El apelante no demostró que a raíz de los hechos se les mostrara a los testigos Cruz-Torres foto alguna de su persona. Su testimonio de que fue arrestado, fichado y fotografiado en Mayagüez para investigarlo no mereció crédito a los juzgadores. Adviértase que a los testigos oculares les mostraron originalmente muchas fotografías y ellos afirmativamente atestaron que la foto del apelante no estaba incluida. Tomamos conocimiento judicial de los miles de récords y fotografías acumulados por la Policía en el desempeño de sus labores. Por el contrario, su planteamiento en torno a la alegada legalidad de la fotografía establece que no es hasta diciembre de 1979 que el agente Figueroa localizó su fotografía en San Juan. Al mostrársela entonces a los testigos el 3 de marzo de 1980. lo identifican. Si alguna conclusión se puede derivar de lo expuesto es que la identificación es absolu-tamente confiable. Los testigos no pudieron antes recono-cerlo porque no estaba su fotografía. Cuando ésta fue incluida lo hicieron.

En resumen, la totalidad de circunstancias descritas abonan la conclusión de que la identificación por fotografías fue correcta y ajustada en derecho.

Réstanos considerar los apuntamientos sobre la proce-dencia de las admisiones hechas por el apelante y la negativa a una instrucción en particular. Ambos están relacionados entre sí.

El primero no fue cometido. Era admisible el testimonio de Diblain Irizarry para demostrar que el apelante le había manifestado su participación en el asalto de la atunera. Ahora bien, erró el tribunal de instancia al negarse a transmitir al jurado la instrucción en el sentido de que “la regla establecida es que la convicción de un acusado tiene que descansar en algo más firme que una mera admisión o confesión no corroborada”. Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919 (1968). La instrucción correcta sobre el tema debe ser:

Para que una admisión sea suficiente para concluir que el acusado es culpable del delito que se le imputa debe haber alguna otra prueba que corrobore la admisión con el delito que se le imputa pero no es necesario que la evidencia corroborativa por sí sola e independientemente de la admi-sión establezca el corpus delicti; ni la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable; ni tiene que tener un carácter concluyente. Evidencia circunstancial puede ser suficiente corroboración y cuando hay alguna evidencia aliunde tendiente a establecer el corpus delicti, la admisión puede ser considerada en relación con esa evidencia para establecer el corpus delicti. Ver Pueblo v. Pérez Fernández, supra.

Sin embargo, el error no puede catalogarse como perjudicial. La prueba sobre la identificación satisface plenamente la función corroborativa que exige la doctrina. Y la veracidad de esta identificación y la participación del apelante en el crimen queda fortalecida con su inexplicable presencia en la ciudad de Mayagüez —residía en San Juan— para el día de los hechos.

El error sobre insuficiencia de la prueba elaborado por el apelante a base de la posición del vehículo y trayectoria de los proyectiles disparados es especulativo por la fragili-dad de su base. Correctamente argumenta el Procurador General que en “lo relativo a la supuesta incongruencia en el testimonio de Ana María Torres Vargas, en torno al desenlace de los hechos, lo que se desprende es todo lo contrario: la reproducción detallada del incidente trágico. Nótese la concordancia entre la aseveración de la citada testigo al efecto de que al primer disparo al occiso Reynaldo Vélez Arroyo se le cayó el arma de las manos y que el acusado le hizo dos disparos más a aquél. [E.N.P., pág. 11], confróntese con el testimonio del Dr. Jesús Vega López, al efecto de que el occiso recibió una herida de bala en la mano derecha. Y que en total recibió tres heridas de entrada de bala”. (E.N.P., págs. 25 y 27.)

No existe duda en nuestras conciencias, como tampoco la hubo en las del jurado y el juez sentenciador respecto a la culpabilidad del apelante.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión disidente a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Dávila

a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Disiento. La identificación del apelante no es confiable. No cumple con los indicadores de suficiencia y confiabi-lidad que el Tribunal adoptara en Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978).

Los vendedores ambulantes Benito Cruz y Ana María Torres se encontraban estacionados frente a la atunera de Mayagüez el día 12 de abril de 1978 a eso de la 1:30 p.m. Se acercó un muchacho por el lado derecho del asiento delantero y le pidió unos pantalones. Benito fue a la parte posterior de la guagua. Oyó que dijeron: “éste es un asalto”, se viró y recibió el impacto de una bala. Cayó al piso inconsciente. Ana María estaba en el asiento del conductor pasando una libreta de abonados, oyó un ruido en la parte posterior de la guagua momentos después de que su esposo se dirigiera en esa dirección. Miró por el espejo retrovisor, vio un muchacho con un bate y luego sintió que otro se acercó y le pidió los chavos. Mientras esto ocurría pasó corriendo el. guardia de seguridad de la atunera, persiguiendo al muchacho del bate en la mano. El muchacho que estaba con ella disparó y el guardia cayó muerto. Seguidamente ambos muchachos escaparon y se montaron en un Volkswagen. Ningún policía entrevistó a los esposos Cruz-Torres el día de los hechos. Compare-cieron al cuartel en varias ocasiones para observar deteni-dos. Agentes visitaron su residencia para que identificaran a los asaltantes por medio de fotografías. Nunca ofrecieron descripción de los asaltantes. Casi dos años más tarde de ocurrido el asalto un agente del orden visitó al Sr. Diblain Irizarry, encargado de asilados de la Escuela Industrial de Mayagüez, con relación a otro caso, y en esa ocasión informó que para 1978 el aquí apelante le había confesado su participación en los sucesos de la atunera. El día 3 de marzo de 1980, posterior a recibir el informe del custodio de los retenidos en la Escuela Industrial de Mayagüez, el agente visitó a los testigos Benito Cruz y Ana María Torres. En esta ocasión los esposos identificaron, por separado, la fotografía del apelante. Varios días después, el 11 de marzo de 1980, prestaron ante el fiscal sendas declaraciones juradas. En éstas no aparece descripción alguna del apelante. La declaración de Benito describe meramente a un joven trigueño que usaba gorra.

En Pueblo v. Peterson Pietersz, supra, ratificado en Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980), expusimos los criterios que deben usarse para determinar la confiabi-lidad de una identificación. Estos criterios son:

(a) oportunidad de observación que tuvo el testigo,
(b) el grado de atención que prestó durante los sucesos,
(c) la fidelidad de la descripción y los detalles que ofreció al ser investigado,
(d) nivel de certeza que demostró cuando identificó al sospechoso,
(e) transcurso del tiempo entre la comisión del crimen y la confrontación posterior con el sospechoso.

El propósito de estos indicadores es examinar la confiabilidad de una identificación hecha cuando no se cumplió el procedimiento provisto por la Regla 252.2 de Procedimiento Criminal. Cuando no se usa la rueda de detenidos y el procedimiento utilizado pudo ser sugestivo, es imperativo que se evalúe la totalidad de las circunstan-cias para decidir si se violó el derecho al debido proceso de ley que tiene un acusado.

Procede, pues, evaluar los hechos antes expuestos a la luz de los criterios arriba mencionados:

A. Oportunidad de observar que tuvo el testigo

Benito tuvo escasa oportunidad de observar quién le disparó. Declaró que no se fijó en el rostro del apelante cuando se bajó de la guagua a buscar los pantalones. Sólo “observó” por fracción de segundo al que le disparó. Recibió el disparo al momento de voltearse.

Ana María observó un muchacho con un bate en la mano a través del espejo retrovisor. Luego se apareció otro, revólver en mano, que le pidió los chavos. Casi de inmediato ocurrió el disparo contra el guardia de seguri-dad. Declaró que transcurrió un período de tres minutos desde que el asaltante le pidió los chavos y se escapó corriendo de espaldas a ella hasta montarse en un Volkswagen.

B. Grado de atención que prestó durante los sucesos

Benito declaró que cuando se bajó del vehículo a buscar los pantalones no se fijó en el físico del muchacho. Oyó que dijeron esto es un asalto. Declaró que no sabe si la persona que dijo estas palabras fue la misma que disparó. Declaró que transcurrieron de diez a quince segundos desde que oyó la voz, se volteó y recibió el impacto de la bala. Por lo tanto, en el primer momento que tuvo contacto con quien le disparó, admitió que no prestó atención y en el segundo momento no tuvo oportunidad de prestar atención porque el contacto fue muy breve. Además, Benito declaró que no ve bien de cerca.

Al examinar el grado de atención que prestó Ana María, tenemos que considerar que cuando advino en contacto visual con quien vio disparar al guardia de seguridad, ya había ocurrido el incidente con su esposo en la parte posterior de la guagua. Es razonable presumir que se encontraba muy nerviosa. Así lo admitió cuando declaró que la llevaron a recuperarse a la enfermería de la atunera. Además, estando sentada dentro de la guagua, su atención tuvo que dirigirse a buscar los chavos que le pedían y seguidamente se desvió a mirar el incidente entre el guardia de seguridad y el otro muchacho que llevaba el palo en la mano. No podemos concluir de los hechos narrados, que Ana María prestó un alto grado de atención en estas circunstancias.

C. Fidelidad de la descripción y los detalles que ofreció al ser investigado

Es interesante notar el hecho de que, siendo Ana María la que tuvo más tiempo de observar, no ofreció ninguna descripción del asaltante. No consta en evidencia ningún informe que ofreciera al respecto; esto, a pesar de haber visitado el Cuartel de la Policía de Mayagüez y a pesar de que los agentes visitaran su casa. No es hasta que los agentes visitan su casa el 3 de marzo de 1980, dos años después de los hechos, que ella ofreció una descripción. Sin embargo, cuando ofreció la declaración jurada ante el fiscal, el 11 de marzo de 1980, tampoco ofreció descripción.

La descripción que ofreció Benito, la cual tampoco ocurre producto de una investigación a raíz de los hechos, es extremadamente vaga. En la declaración jurada que ofreció al fiscal el 11 de marzo de 1980 describe al que le disparó como un muchacho joven, trigueño, que usaba gorra.

Ninguno de los dos testigos ofreció detalles que nos animen a pensar que la identificación es confiable. No informaron ni con un mínimo de precisión detalles sobre forma y color de pelo, ojos, nariz, boca, tez. Tampoco se mencionó estatura ni rasgos peculiares. No es hasta dos años más tarde, cuando el agente visitó la residencia de los testigos, que ofrecieron descripción. El agente declaró que entonces le ofrecieron ciertos detalles.

D. Nivel de certeza que demostró al identificar al sospechoso

Ambos testigos identificaron separadamente la misma fotografía del hoy apelante. Los testigos habían visitado el cuartel y en muchas ocasiones para observar detenidos y ver fotografías de sospechosos. Sabemos que la fotografía del coacusado Rafael Castoire Sánchez se encontraba en los archivos de la Policía de Mayagüez. No sabemos si a raíz de los hechos esta fotografía les fue mostrada a los testigos. Este hecho crea duda razonable sobre si dicha fotografía les fue mostrada a los testigos y no identificaron al coacusado entonces. En adición, el apelante declaró que posterior a los sucesos de la atunera lo arrestaron junto al coacusado en Mayagüez para investigarlo. El agente que efectuó el arresto declaró corroborando el hecho. El apelante declaró que en esa ocasión fue fotografiado, fichado e interrogado sobre los sucesos en la atunera. El agente declaró que no recordaba si fue fotografiado o fichado. Una vez más se crea la duda de si efectivamente la fotografía del apelante fue mostrada a los testigos a raíz de los hechos y éstos ciertamente no lo identificaron entonces.

E. Transcurso del tiempo entre la comisión del delito y la confrontación posterior

Transcurrieron casi justamente dos años entre los hechos imputados y la identificación por medio de foto-grafía. Normalmente el transcurso de dos años borra fácilmente imágenes que en un instante fueron percibidas y no hicieron huella en la memoria, tanto por lo breve de la percepción como por el estado de ánimo en que se percibieron.

Evaluados los criterios enunciados para determinar si la identificación de los acusados fue confiable o no, es inescapable que no lo fue. Los testigos tuvieron poca oportunidad de observar a los asaltantes; el grado de atención, fidelidad y certeza de la descripción son cues-tionables y transcurrió un período considerablemente largo para que se mantuvieran en la memoria unos rostros que no se pudieron observar bien por la brevedad y condiciones del encuentro. Dentro de la totalidad de las circunstancias antes descritas, la identificación hecha en este caso con-lleva la negación del debido proceso de ley. La identifica-ción hecha en el tribunal es inadmisible por no estar basada en un recuerdo independiente. Estuvo basada en el proceso de identificación de la fotografía. La sugestividad permeó este proceso y, por lo tanto, la convirtió en una identificación ilegal. La identificación hecha en el acto del juicio estuvo maculada por la anterior y debe ser excluida. Pueblo v. Rey Marrero, supra y casos allí citados.

       Respectivamente fue condenado a las penas de reclusión perpetua con trabajos forzados; de cinco (5) a diez (10) años de reclusión con trabajos forzados; y de tres (3) a cinco (5) años de reclusión con trabajos forzados en los otros dos casos. Dichas sentencias fueron consecutivas entre sí, con abono de cualquier prisión preventiva.