author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor J.A.B.C., apelante.

      Número: CE-87-108

      Resuelto: 11 de abril de 1989

      Luis Ángel López Olmedo, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Miriam Álvarez Archilla y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradoras Generales Auxi-liares, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En horas de la noche de 14 de febrero de 1986 —frente al Núm. 268 de la Calle Fajardo, Barrio Obrero, Santurce, Puerto Rico— fue ultimado de varios disparos de arma de fuego el ciudadano Israel Rodríguez Serrano. La autopsia que fuera practicada en el cuerpo del referido occiso, por uno de los patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, reveló que el cuerpo del mencionado ciudadano fue blanco de nueve (9) proyectiles de bala, certificándose como causa de la muerte un “severo trauma cráneo-cerebral y la-ceración de órganos internos por heridas de bala”.

En relación a dichos hechos fue encausado el menor de diez y seis (16) años de edad J.A.B.C. ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Asuntos de Menores de San Juan. Luego de la correspondiente vista en sus méritos, dicho tribunal encontró “incurso al menor” en las faltas impu-tadas por los delitos de asesinato e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, “entregando su custodia al Departamento de Servicios Sociales . . .”. En apelación, se le imputa al tribunal de ins-tancia haber incurrido en los siguientes errores:

1. Que se tomó una confesión al menor sin la asistencia de abogado, incriminatoria sobre los delitos imputados.
2. Que no se le hicieron las advertencias de ley correspon-dientes sobre asistencia de abogado, sino hasta que se tomó dicha confesión entregándosele incluso un documento en blanco sobre las advertencias de ley.
3. Que las citadas advertencias de haberse hecho fueron una violación a sus derechos constitucionales y civiles.
4. Que la citada confesión fue tomada ilegalmente y en contra de sus derechos constitucionales y civiles.
5. Que erró el Tribunal de Instancia al admitir en evidencia dicha confesión y documento sobre advertencias de ley he-chas al menor en violación a sus derechos constitucionales y civiles.
6. Que la confesión prestada de haber sido admisible, no fue corroborada por prueba alguna de conformidad con los cri-terios establecidos por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico.
7. Que del conjunto de circunstancias del caso, ha habido una violación crasa de los derechos constitucionales y civiles del menor que amerita se revoque la sentencia con resolu-ción dictada. Alegato, págs. 7-8.

Como podemos notar, no obstante lo “numeroso” de los señalamientos, los mismos se pueden sintetizar en que el tribunal de instancia cometió grave error de derecho al admitir en evidencia una “confesión”, alegadamente brindada por el menor apelante a agentes de la Policía de Puerto Rico, sin que se le hubieran hecho a éste, con anterioridad al momento de la “confesión”, las “advertencias de ley” requeridas por la doctrina imperante en esta jurisdicción y sin que dicho me-nor estuviera, al momento de brindar la confesión, asistido de abogado. En segundo lugar, se alega que el foro de instan-cia erró al declarar “incurso” al apelante en las faltas impu-tadas en vista de que la referida confesión —única prueba inculpatoria— no fue “corroborada” según lo exige la juris-prudencia de este Tribunal.

No le asiste la razón. Procede confirmar la determinación del tribunal de instancia. Veamos por qué.

H — I

Conforme el “resumen de la prueba” preparado por la representación legal del menor apelante, certificado como correcto por el tribunal de instancia, en horas de la tarde de 7 de marzo de 1986 se personó al Cuartel de la Policía de Barrio Obrero la Sra. Iris Valeska Castro, dama a la cual el sargento de turno en dicho cuartel conocía por razón de que ella había acudido al mismo en ocasiones anteriores en rela-ción con incidentes de agresión de que había sido víctima de parte de Rodríguez Serrano, persona con quien sostenía re-laciones amorosas. Según surge del referido resumen, el Sargento Albino González:

. . . notó a la señora intranquila como un poco nerviosa, con deseos de decir algo y no se atrevía[,] y siguió dialogando con esta señora hasta que ella le manifiesta que quería el número de querella porque tenía un problema. [É]l preguntó cu[á]l, y ella dice que el problema es que su hijo había matado a su esposo. Esta manifestación la hace ella libre y voluntaria-mente. En el diálogo después de la pregunta de que para qué quiere la querella[,] ella lo manifiesta así, sin hostigamiento de su parte[,] le indica que su hijo está en esa situación y que ella quiere ayudarlo. [É]l le manifiesta que la mejor manera de ayudarlo es entregándolo. En base a eso logró que ella lo en-tregara. Fue a la casa de su hijo, del abuelito que estaba allí, el menor estaba durmiendo en una cama. Se identificó como Sar-gento de la Policía[,] que estaba allí con relación al problema que el menor tenía[;] esperó que se vistiera. Lo llevó al Cuar-tel [y] le dió conocimiento al agente de policía Guzmán. Este se presentó con Laguerre y allí en la oficina del Capitán le hizo entrega a Guzmán del menor.
Durante el transcurso del trayecto de la casa del menor hasta el Cuartel en ningún momento le hizo preguntas al me-nor ni tiene acceso a éste con relación al caso. No le hace las advertencias porque no era necesario ya que él no hizo nin-guna pregunta que lo incrimine con relación al caso. Lo único que hace es llevarlo al Cuartel y allí se las entiende con Laguerre y Guzmán en la oficina del Capitán .... (Énfasis suplido.) Resumen del procedimiento, pág. 11.

Los agentes Guzmán y Laguerre —sin entrevistar ni a la señora Castro ni a su hijo— procedieron a llevar a éstos al Cuartel General de la Policía. Una vez allí, el agente Guzmán procedió a leerle al menor apelante —estando presente la madre— las “advertencias de ley” de un “documento for-mulario” que a esos fines tiene la Policía de Puerto Rico. Luego de preguntarle si habían entendido las mismas y re-cibir contestación en la afirmativa de parte del menor y su mamá —los cuales se encontraban “tranquilos” tanto el menor apelante como su señora madre y el agente Guz-mán procedieron afirmar dicho documento. El mismo lee:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO POLICIA DE PUERTO RICO
ADVERTENCIAS
Advertencias hechas a (el - la) menor de edad_
Warnings done to the minor
_[J.A.B.C.]_. residente en_Calle_
resident in
Gautier Benitez 656 Bo. Obrero_en presencia de
in presence of
Iris Valeska Castro Arg[ft]elles_ por ja alegada
due the following
“FALTA O DELITO” Asesinato [en] Primer Grado!,] 6 y 8 alleged fault
Lev Tdel Armas. Estas advertencias le fueron ampliamente
These warnings where fully explained to
explicadas:
these m[i]nor:
1. Usted tiene el derecho a permanecer callado y a no decla-rar.
You have the right to remain silent when questioned.
2. Cualquier cosa que usted, diga, puede ser usado en su contra.
Anything you say may be used in court against you.
3. Usted tiene el derecho a hablar con un abogado para que le aconseje antes de yo hacerle cualquier pregunta y además dicho abogado puede acompañarle durante el interrogato-rio.
You have the right to counsel, to talk with counsellor before saying anything and to have counsellor present during questioning.
4. Si usted no puede pagar un abogado, le conseguiré uno antes de interrogarlo, libre de costo alguno, si así lo desea.
If you are indigent and if you wish I will get you a lawyer prior to questioning, without charge.
5. Si usted decide contestar mis preguntas sin estar asistido de un abogado, puede negarse a contestar cualquier pre-gunta y solicitar asistencia legal.
If you desire to answer my questions without legal assistance you can invoke your right to remain silent at any time and can request for counsel.
6. Su declaración tiene que ser libre, voluntaria y espontánea y no se puede ejercer ninguna presión, ni amenaza, ni coac-ción o intimidación para obligarlo a declarar.
Your stat[e]ment must be completly free, voluntary and spontaneous and I can not use any degree of persuasion, threat, coercion or intimidation to force you to answer.
¿Ha entendido lo que le he explicado?
Have you understood what I have explained to you?
¿Desea usted declarar?
Are you willing to testify?
Enterado . [J.A.B.C.]_ [fdo.]
Aquainted
Testigo Iris Valeska Castro Argüelles [fdo.]
Witness
Agte. José A. Guzmán De León 6827_
Funcionario que lee y explica advertencias
José A. Guzmán De León [7 marzo 1986]. Apéndice, pág. 1.
[Firma] [Fecha]

Conforme el testimonio del agente Guzmán —el cual le mereció entero crédito al tribunal de instancia— luego de que todos firmaron el referido documento, él le 'preguntó al menor apelante si interesaba la asistencia de un abogado. Éste contestó en la negativa, expresando “que estaba su mamá, que estaba bien . . .”. Informe del Procurador General, pág. 3. Luego de ello, el menor apelante procedió a relatarle al agente Guzmán lo ocurrido en la noche de 14 de febrero de 1986. Mientras el menor declaraba, el agente del orden público fue tomando notas-, las mismas fueron admi-tidas en evidencia durante la vista celebrada ante el tribunal de instancia. Dichos “apuntes” fueron, igualmente, fir-mados por el menor apelante, su mamá y el agente Guz-mán. Según el testimonio del referido funcionario el menor apelante le relató, en síntesis y en lo pertinente, que él desa-probaba las relaciones amorosas que sostenía su señora ma-dre con Rodríguez Serrano, por razón de que éste la agredía; que en la noche de 14 de febrero él llegó a casa de su madre —sita en el Núm. 268 de la Calle Fajardo de Barrio Obrero— encontrando a Rodríguez Serrano sentado en su automóvil, esperando por su madre; que luego de intercambiar unas pa-labras con éste, y al acercarse su madre al sitio, él disparó en seis ocasiones hacia el interior del carro donde se encontraba aquél; que volvió a cargar el revólver y le hizo seis disparos más a Rodríguez Serrano quien se encontraba, en esos mo-mentos, herido pero fuera del carro; que luego de ello se fue, botó el revólver en la “laguna”, y se fue a dormir a casa de su abuelo con quien residía.

Declaró el agente Guzmán, por último, que luego de que el menor “confesara”, él lo condujo a la División de Ayuda Juvenil de la Policía con el propósito de que se sometiera el caso ante el Tribunal Tutelar de Menores. Ello no se pudo hacer en dicho día, por lo que el menor apelante fue dejado en libertad y citado para el día siguiente, cuando finalmente se sometió el caso ante un magistrado.

La señora Castro, madre del menor apelante, prestó tes-timonio ante el tribunal de instancia. Negó enfáticamente que el agente Guzmán le hubiera hecho las “advertencias de ley” a su hijo. Aceptó, sin embargo, que tanto ella como su hijo firmaron el documento donde aparecen dichas adver-tencias”; alegó que lo firmaron “en blanco”. Reconoció, igualmente, su firma en las “notas o apuntes” que tomó el agente Guzmán mientras su hijo declaraba. Declaró por úl-timo que, no obstante no haber sido testigo presencial de los hechos que precedieron a la muerte de su amigo Rodríguez Serrano, ella vió esa noche el cuerpo “abaleado” del occiso frente a su casa.

II

No debe haber la menor duda de que el derecho que tiene todo ciudadano que habita en nuestro país, ante una imputación de delito por parte del Estado a permanecer callado, a no incriminarse y a que su silencio no pueda ser tomado en su contra —garantizado el mismo por el Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1— es uno de los derechos más trascendentales y fundamentales del derecho penal y procedimiento criminal que se practica en una democracia como la nuestra. Debido a ello es que las manifestaciones inculpatorias que realiza un sospechoso, sobre el cual se ha centralizado una investigación criminal o un imputado de delito, únicamente son admisibles en evidencia cuando el Estado demuestra que dichas manifestaciones fueron precedidas por una renuncia voluntaria, consciente, e inteligente del derecho contra la autoincriminación. Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 444, 475 (1966); Moran v. Burbine, 475 U.S. 412, 421 (1986).

Una renuncia del mencionado derecho es “voluntaria” cuando la misma es realizada sin que haya mediado intimida-ción, coacción o violencia por parte de los funcionarios del Estado en el procedimiento que culmina en la toma de la confesión. Colorado v. Connelly, 479 U.S. 157 (1986).

Por otro lado, y en palabras del Tribunal Supremo federal, una renuncia de esta naturaleza puede ser considerada como una “consciente e inteligentemente” realizada cuando el sospechoso o imputado de delito es informado, en forma apropiada, del privilegio constitucional contra la autoincri-minación; incluyendo la advertencia crucial de que cual-quier'manifestación que haga al respecto podrá ser usada en su contra en un proceso criminal. Colorado v. Spring, 107 S. Ct. 851 (1987).

Un análisis de nuestra jurisprudencia revela que hemos exigido —para que una renuncia al derecho constitucional contra la autoincriminación se considere como una realizada en forma “consciente e inteligente”— que el Estado le informe, de manera eficaz, al sospechoso o imputado de delito las siguientes advertencias: que tiene el derecho a permanecer callado; que cualquier manifestación que haga podrá ser utilizada como evidencia en su contra; que tiene el derecho a consultar con un abogado de su selección antes de decidir si declara o no y contar con la asistencia de éste durante el interrogatorio, y que de no tener dinero para pagar un abogado, el Estado viene en la obligación de proveérselo. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); Pueblo v. De Jesús Cabrera, 94 D.P.R. 450 (1967); Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980); Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 D.P.R. 92 (1982); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986).

A los fines de determinar si esa renuncia al derecho contra la autoincriminación es o no una válida en derecho, los tribunales deben examinar la “totalidad de las circunstancias” que rodearon la confesión obtenida por los funcionarios del Estado. En palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Moran v. Burbine, ante, pág. 421:

Echoing the standard first articulated in Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 464 (1983), Miranda holds that “[t]he defendant may waive effectuation” of the rights conveyed in the warnings “provided the waiver is made voluntarily, knowingly and intelligently.” 384 U.S., at 444, 475. The inquiry has two distinct dimensions. Edwards v. Arizona, supra, at 482; Brewer v. Williams, 430 U.S. 387, 404 (1977). First, the relinquishment of the right must have been voluntary in the sense that it was the product of a free and deliberate choice rather than intimidation, coercion, or deception. Second, the waiver must have been made with a full awareness of both the nature of the right being abandoned and the consequences of the decision to abandon it. Only if the “totality of the circumstances surrounding the interrogation” reveals both an uncoerced choice and the requisite level of comprehension may a court properly conclude that the Miranda rights have been waived. Fare v. Michael C., 442 U.S. 707, 725 (1979). See also North Carolina v. Butler, 441 U.S. 369, 374-375 (1979). (Énfasis suplido.)

Por último, y en relación con los hechos específicos del caso ante nuestra consideración, procede que se señale que el Tribunal Supremo federal ha entendido procedente “extender” o aplicar el referido criterio de la “totalidad de las circunstancias” a casos en que están envueltos menores de edad. En Fare v. Michael C., 442 U.S. 707, 725 (1979), dicho Foro expresó, en lo pertinente, que:

This totality-of-the-circumstances approach is adequate to determine whether there has been a waiver even where interrogation of juveniles is involved. We discern no persuasive reasons why any other approach is required where the question is whether a juvenile has waived his rights, as opposed to whether an adult has done so. The totality approach permits — indeed, it mandates — inquiry into all the circumstances surrounding the interrogation. This includes evaluation of the juvenile’s age, experience, education, background, and intelligence, and into whether he has the capacity to understand the warnings given him, the nature of his Fifth Amendment rights, and the consequences of waiving those rights. See North Carolina v. Butler, supra. (Énfasis suplido.)

Por nuestra parte hemos resuelto —en adición, naturalmente, a sostener que “a un menor le protege en todo momento la garantía constitucional contra la autoincriminación . . R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974)— que hay que “intentar asegurarse” si la confesión prestada por el menor “es en verdad voluntaria” (Pueblo ex rel. F.B.M., 112 D.P.R. 250, 252 (1982)) —ello “no sólo en el sentido de que no fue el producto de la coacción o la sugestión, sino también en el sentido de que no fue el resultado de la ignorancia de sus derechos o de la fantasía, el pavor o el desaliento del adolescente” — mediante “el examen de la totalidad de las circunstancias en que la confesión” se produjo. (Énfasis suplido.) Pueblo ex rel. F.B.M., ante, pág. 252.

III

La alegación o señalamiento del menor apelante a los efectos de que los agentes del orden público que intervinieron con él no le hicieron las “advertencias de ley” hasta después que él había confesado, es completamente inmerito-rio. La prueba presentada a nivel de instancia —según la misma surge del “resumen de la prueba” preparado por la representación legal del propio apelante y certificada como correcta por el tribunal de instancia— sostiene ampliamente la determinación de qué dichas “advertencias” le fueron he-chas al menor apelante con anterioridad al momento en que éste confesó —véase, a esos efectos, Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98, 104 (1967)— en cumplimiento de las disposiciones de la Regla 2.7 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Siendo ello así, no te-nemos base alguna para intervenir con la apreciación de la prueba que, en relación con ese hecho, realizara el foro de instancia. Pueblo v. Cabán Torres, ante.

Procede que se señale, por otro lado, que el hecho de si la confesión prestada por el menor fue o no “voluntaria” no está en controversia. Aparte de que ello no se plantea ni se reclama por el apelante, no hay un sólo ápice de prueba en el récord que ni tan siquiera sugiera que éste fuera objeto en algún momento de coacción, violencia o intimidación de parte de los agentes de la Policía de Puerto Rico que intervinieron con él en relación con los hechos del presente caso. Todo lo contrario; si algo demuestra el récord lo es que el menor fue tratado en todo momento con gran respeto y consideración por dichos funcionarios públicos. La mejor evidencia de ello lo constituye el hecho de que el menor, al no poderse someter el caso ante un magistrado el día en que prestó la confesión, fue dejado en libertad y éste regresó voluntariamente al otro día para que ello se pudiera llevar a cabo.

Nos resta por resolver, naturalmente, si dicha confesión fue prestada “consciente e inteligentemente” por el menor apelante. Esto es, si la prueba presentada demuestra que la renuncia que dicho menor hiciera de su derecho contra la autoincriminación fue una hecha luego de que fuera infor-mado, en forma apropiada y eficaz por los funcionarios del Estado, de ese derecho y de las consecuencias que conlle-vaba renunciar al mismo, y que el menor entendió o com-prendió dichas advertencias. Miranda v. Arizona, ante; Moran v. Burbine, ante; Fare v. Michael C., ante; Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, ante.

Un análisis de la “totalidad de las circunstancias” que rodearon la toma de la confesión aquí en controversia, nos lleva a concluir que efectivamente el Estado demostró que la mencionada confesión fue precedida por una renuncia “consciente e inteligente” por parte del menor apelante de su derecho constitucional contra la autoincriminación. Pueblo ex rel. F.B.M., ante. De entrada, procede enfatizar el hecho de que el documento-formulario utilizado por los agentes del orden público en el presente caso —el contenido del cual le fue leído al menor apelante por el agente Guzmán— contiene todas y cada una de las “advertencias” que exige nuestra jurisprudencia en esta clase de situaciones. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, ante; Pueblo v. De Jesús Cabrera, ante; Pueblo v. Chaar Cacho, ante; Pueblo v. Ríos Álvarez, ante; Pueblo ex rel. F.B.M., ante. En segundo lugar, aun cuando se trataba de un menor de edad, éste no se encon-traba solo ante los agentes del Estado. Su señora madre es-tuvo, en todo momento, junto a él. Por otro lado, y según surge del resumen de la prueba, los agentes específicamente le preguntaron al menor si había entendido las “adverten-cias” que se le habían hecho, contestando éste en la afirma-tiva, y si interesaba la asistencia de un abogado, a lo que el menor respondió en la negativa por razón de que estaba su señora madre presente. En cuarto lugar, no debe perderse de vista que en el presente caso no se trata del sospechoso o imputado de delito que confiesa al encontrarse en contra de su voluntad (arrestado) bajo custodia policíaca. En el pre-sente caso el menor apelante, luego de un “acercamiento” de parte de su señora madre, accedió voluntariamente a acom-pañar a los agentes del orden público al Cuartel de la Policía. Ese dato, unido al hecho de que el menor y su señora madre firmaron tanto el documento de las “advertencias” como las notas que de la confesión tomara el agente Guzmán, y al he-cho adicional de que luego de que el menor fuera dejado “en libertad” el día 7 de marzo de 1986 éste regresó voluntaria-mente al otro día con el propósito de que se sometiera el caso ante un magistrado, nos convence de que realmente se trata de una confesión “consciente e inteligentemente” realizada y no una producto de la coacción o sugestión ni el resultado de la ignorancia de sus derechos o de la fantasía, el pavor o el desaliento. Pueblo ex rel. F.B.M., ante.

IV

Alega, en adición, el apelante que procede la revocación de la determinación del tribunal de instancia encontrándole incurso en las faltas imputadas, por el fundamento de que la confesión prestada “no fue corroborada por prueba alguna” de conformidad con la jurisprudencia sobre la materia vi-gente en nuestra jurisdicción. El error es obviamente in-meritorio.

Recientemente —en Pueblo v. Fradera, Olmo, 122 D.P.R. 67 (1988)— tuvimos la oportunidad de considerar y resolver un planteamiento similar. En dicho caso, el apelante le había confesado o admitido a su hermano —única prueba que lo “conectaba” con los hechos imputádoles de asesinato— que con el propósito de robarle al occiso, le había dado unos golpes a éste dejándolo tirado en determinado lugar. Al rechazar el planteamiento de error a los efectos de que el Estado no había presentado prueba independiente que corroborara dicha confesión, expresamos en lo pertinente que:

En nuestra jurisprudencia está firmemente establecida la llamada doctrina de corroboración del corpus delicti. Ésta re-quiere que las confesiones o admisiones en casos criminales sean corroboradas con prueba independiente. El propósito de la doctrina es proteger al acusado de confesiones o admisiones falsas. La doctrina de corroboración requiere que la confesión de un acusado sea corroborada con prueba aliunde que tienda a establecer el corpus delicti.
En Pueblo v. Hernández, supra, pág. 916, definimos la prue-ba del corpus delicti como aquella que demuestre: “(1) que se ha sufrido una pérdida o daño específico, y (2) que dicha pér-dida o daño específico fué ocasionada por un agente criminal”.
Posteriormente, fuimos más explícitos en cuanto a la im-plantación de la doctrina de corroboración del corpus delicti en las confesiones. En Pueblo v. Campos Suárez, supra, pág. 311, señalamos que “‘[l]a evidencia de corroboración no tiene que ser suficiente, independientemente de las admi-siones o manifestaciones para establecer el corpus delicti; es suficiente si la evidencia de corroboración tiende a sostener los elementos esenciales admitidos por el acusado en forma tal que justifique la determinación de su veracidad por un ju-rado”’. (Énfasis nuestro.) Citando a Martínez v. United States, 295 F.2d 426 (10mo Cir. 1961).
Luego en Pueblo v. Pérez Hernández, 95 D.P.R. 919 (1968), reiteramos lo establecido en Pueblo v. Campos Suárez, supra, y añadimos que “[l]o que se requiere es que El Pueblo traiga evidencia sustancial independiente que tienda a establecer la veracidad de las admisiones”. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Pérez Hernández, supra, pág. 922. También hicimos constar que no era necesario que la evidencia corroborativa estableciera la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable, que evidencia circunstancial podría ser suficiente corroboración y que, cuando hay alguna evidencia aliunde tendiente a estable-cer el corpus delicti, la admisión podría ser considerada en re-lación con esa evidencia para establecer el corpus delicti. . . .
En el caso de autos, la prueba de corroboración presentada consistió en que los bolsillos del pantalón del occiso estaban al revés, que la víctima murió debido a golpes causados con un objeto contundente, que había sangre alrededor del cuerpo y que el occiso fue encontrado a unos veinte (20) pies de un ca-mino vecinal. Ciertamente esta prueba tiende a corroborar o sostener elementos esenciales admitidos por el acusado en la confesión, tales como que éste “había ido allá abajo y que .. . había agolpeado [sic] [a la víctima] y después que le buscó los bolsillos se fue y que se le había ido la mano y que Sencio [sic] [la víctima] se había quedado allí donde cayó”. A la luz de la prueba de corroboración presentada, podemos inferir la vera-cidad de la confesión que el acusado apelante le hizo a su hermano Áxel. Pueblo v. Pérez Hernández, supra. (Citas omitidas, énfasis en el original y escolio omitido.) Pueblo v. Fradera Olmo, ante, págs. 73-75.

A la luz de lo resuelto en el citado caso de Pueblo v. Freidera, Olmo, ante, resulta evidente que el Estado presentó prueba independiente suficiente que tiende a corroborar el corpus delicti, a sostener los elementos esenciales admitidos por el apelante en su confesión y la veracidad de la misma. Basta para ello el testimonio prestado por la madre del ape-lante en la vista celebrada ante el foro de instancia a los efec-tos de que ella observó, en la noche de 14 de febrero de 1986, el cuerpo abaleado del occiso, el cual yacía en el pavimento, al lado de su automóvil, frente a la residencia de ella sita en el Núm. 268 de la Calle Fajardo, Barrio Obrero, Santurce, Puerto Rico.

En el presente caso, de hecho, se puede afirmar sin temor de equivocación que existe prueba suficiente en el récord para sostener la corroboración de la confesión prestada por el menor apelante bajo la “teoría de la confiabilidad” (trustworthiness) o veracidad de la confesión, teoría que rige en la jurisdicción federal desde que se resolvió el caso de Opper v. United States, 348 U.S. 84 (1954), y que algunos comenta-ristas favorecen sobre la teoría de la corroboración del corpus delicti. Véase E.W. Clearly, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing. Co., 1984, pág. 371.

Por las razones antes expresadas, se dictará sentencia confirmando la resolución del tribunal de instancia, encon-trando incurso al menor apelante en las faltas imputádales.

        Exhibit I del Estado, pág. 7.

       Véase, a esos efectos, las págs. 6 y 7 del resumen del procedimiento.

       En las dos ocasiones en qne aparece el nombre del menor en el docu-mento origina], el mismo aparece en forma completa. Al transcribir dicho docu-mento se ha omitido la firma y el nombre completo del menor para mantener la confidencialidad de la identidad del menor.

       Véase pág. 6 del resumen del procedimiento.

        Exhibit II del Estado.

       Los funcionarios del Estado no cumplen con su obligación de informarle al sospechoso o acusado de su derecho contra la autoincriminación en una “forma eficaz”, haciendo dichas advertencias en forma mecánica con el único propósito de cumplir con el requisito de las advertencias. Pueblo ex rel. F.B.M., 112 D.P.R. 250, 252 (1982); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965).

       Entre los muchos factores que deben ser sopesados por los tribunales bajo el mencionado criterio de la “totalidad de las circunstancias”, con el propó-sito de determinar la admisibilidad o inadmisibilidad de la confesión, se encuen-tran: (1) la persona del sospechoso o imputado de delito y sus circunstancias personales y particulares; esto es, su edad, su instrucción académica, etc.; (2) el período de tiempo que estuvo bajo custodia policíaca antes de prestar la confe-sión; (3) si estuvo o no acompañado por un familiar; (4) si efectivamente estuvo o no asistido por abogado al confesar; etc. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, ante; Fare v. Michael C., 442 U.S. 707 (1979).

       Citado y transcrito al español de In re Gault, 387 U.S. 1, 55 (1967).

       Esa determinación del juez, conforme el criterio de la “totalidad de las circunstancias”, es una a ser realizada, naturalmente, en la etapa judicial de los procedimientos. Esto es, las disposiciones del Art. 11 de la vigente Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2211, no deben ser interpretadas como que requieren la presencia e intervención del magistrado, a esos propósitos y efectos, en la etapa investigativa del caso.

       Dicha disposición reglamentaria establece:
      “El funcionario del orden público que efectúe la aprehensión de un menor deberá advertir a éste y a sus padres o encargados, si están disponibles, del dere-cho del menor a permanecer en silencio con relación a los hechos que motivan su aprehensión, a no incriminarse y a comunicarse con un abogado. Además expli-cará al menor, sus padres o encargados del deber de mantener al tribunal infor-mado de cualquier cambio de dirección residencial y postal.” 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 2.7.

       La declaración prestada por la señora Castro, madre del apelante, res-pecto a este punto fue a los efectos de que tanto su hijo como ella firmaron un papel “en blanco”. Dicho testimonio es completamente inverosímil. Como hemos visto, el documento en cuestión es un formulario impreso que difícilmente puede ser catalogado como uno “en blanco”.

       En Pueblo ex reí. F.B.M., ante, pág. 253, al resolver qne era inadmisible en evidencia la alegada admisión hecha por el menor allí envuelto, le concedimos gran importancia al hecho de que en el momento en que alegadamente el menor la había hecho, no había presente ningún familiar de éste o un adulto interesado en el bienestar del mismo “capaz de explicarle el alcance de la renuncia a sus dere-chos”.

       El hecho de que el menor apelante, con anterioridad a prestar su decla-ración, efectivamente no tuviera asistencia de abogado, no derrota la conclusión a la que llegamos.
      Aun cuando la presencia o ausencia de abogado en la toma de una confesión es factor importante en la determinación que tiene que hacer un tribunal sobre si la renuncia del derecho constitucional contra la autoincriminación fue una hecha en forma “consciente e inteligente”, el mismo no es uno determinante.

      De ordinario, la presencia del abogado en la toma de la confesión es una garantía de que dicha renuncia efectivamente fue una “inteligente y consciente-mente” realizada.
      Por otro lado, la ausencia de abogado no hace, naturalmente, que dicha renuncia sea inválida per se. En esta clase de situaciones, los tribunales deberán examinar con más cuidado y detenimiento la “totalidad de las circunstancias” que rodearon la renuncia del citado derecho constitucional, con el propósito de resolver la interrogante de si ésta fue llevada a cabo en forma “consciente e inteli-gente”. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, ante; Pueblo ex rel. F.B.M., ante.

       Véanse: Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919 (1968); Pueblo ex rel. F.B.M., ante, pág. 254.

       A estos efectos, basta recordar que tanto el menor apelante como su señora madre firmaron “los apuntes o notas” que tomó el agente Guzmán de la confesión prestada por él. De dichos apuntes se desprende la misma versión que brindara el agente Guzmán durante la vista celebrada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Atocha Thom McAn, Inc., Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.

      Número: CE-88-299

      Resuelto: 18 de abril de 1989

      Gilberto Oliver Vázquez, de Quilichini, Oliver, Medina & Gorbea, abogado del recurrente; el Registrador de la Propiedad recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso gubernativo exige una incursión en la esencia y significado de las prórrogas de los contratos de arrendamiento y la interpretación del alcance de la norma séptima del Art. 2 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 1767b. Además, su interacción con la figura de la opción de arren-damiento. Dispone:

Séptima: En los arrendamientos servirá de base para fijar los derechos arancelarios la cantidad que haya de ser pagada por concepto de renta o canon durante el término del contrato o el del importe de doce (12) anualidades; de entre éstos, el que resultare menor. A los fines de esta disposición, en ningún caso se tomarán en consideración las prórrogas.
Cuando el contrato no establezca plazo de duración, servirá de base el importe de doce (12) anualidades. 30 L.P.R.A. see. 1767b.

HH

Mediante contrato elevado a escritura pública —Núm. 11 de 8 de julio de 1961, ante el notario Robert S. Griggs— Ato-cha Thom McAn, Inc. (Atocha) arrendó un edificio en Ponce. El referido contrato, inscrito en el Registro de la Propiedad (Registro), tenía un término original de quince (15) años con tres (8) opciones de prórroga de cinco (5) años cada una. Como Atocha ejerció las opciones, su vencimiento se exten-dió hasta el 31 de enero de 1991.

Vigente esta tercera prórroga, debido a su interés de con-tinuar por mucho más tiempo esa relación arrendaticia, sub-siguientemente, el 21 de agosto de 1987, Atocha y el arrenda-dor otorgaron un nuevo documento denominado por el nota-rio Gilberto Oliver Vázquez Deed of Confirmation of Exercise of Renewal Options, of Amendment to Lease, and Subordination of Mortgage to Lease (traducida por el Registra-dor de la Propiedad como “Escritura de Confirmación del Ejercicio de Opciones de Renovación, de Enmienda de Con-trato y Subordinación de Hipoteca al Contrato”).

En síntesis, esta nueva escritura consignó que las tres (3) opciones de prórroga del contrato original fueron ejercidas, y solicitaba del Registrador de la Propiedad (Registrador) que así lo hiciera constar mediante la correspondiente anota-ción al margen de la inscripción del arrendamiento. Conte-nía, además —caracterizadas como una enmienda— tres (3) opciones de prórroga sucesivas por términos de cinco (5) años cada una, comenzando el 1ro de agosto de 1991.

El 4 de marzo de 1988 fue presentado el documento al Registro acompañado de la cantidad de $1,512.50, corres-pondientes a los derechos de inscripción. El Registrador de-negó esa instancia por los fundamentos siguientes:

Falta complementar con un comprobante de $2,520.00 para derechos de inscripción (30 LPRA Sección 1767b - séptima).
En un contrato de arrendamiento original no se consideran las prórrogas en la determinación de derechos arancelarios porque no se ha ejecutado el derecho de renovación, queda en suspenso para cuando se ejerciten. Una vez ejercitado existe un nuevo contrato, en este caso por 15 años al ejercitarse tres opciones de 5 años cada uno. Se hizo la determinación por lo tanto, a base del máximo permitido por ley, 12 anualidades.
De su propio escrito de recalificación acepta que hay un tér-mino original de nuevo contrato, limitándolo a 5 años, no obs-tante haber opcionado 15 años. Apéndice, pág. 18.

Surge, pues, que el Registrador fundamentó su negativa al interpretar el contrato como uno de arrendamiento y apli-car la norma séptima del Art. 2 de la Ley Hipotecaria antes citada. A su entender, por la inscripción del contrato de arrendamiento original en 1961, se había cobrado el máximo de derechos que faculta la ley. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con las tres (3) opciones de prórroga —que vencerán en 1991— por no haberse ejercido o al menos solicitado su inscripción.

De acuerdo con esa tesis, el lapso comprendido entre 1976 y 1991, es decir, el término acumulado de las tres (3) prórrogas, constituyó un nuevo contrato, cuya inscripción era el verdadero objeto de la solicitud en la segunda escritura. Así configurado, para el nuevo contrato lograr acceso al Registro deberían pagarse derechos arancelarios a base del término de doce (12) años estipulado en la ley.

Como corolario de esa interpretación, el Registrador sos-tiene que ese nuevo contrato (escritura de 1987) contiene a su vez tres (3) nuevas opciones de prórroga, las cuales —por ser opcionales y no haberse ejercido— no pueden cobrarse todavía.

Atocha objeta esa interpretación y cómputo. Stricto jure, argumenta que no tiene obligación alguna de pagar derechos por tales prórrogas. Sin embargo, reconociendo que su ejer-cicio en su día ampliaría el término del contrato original, nos dice que ha optado por acoger la interpretación —desde el punto de vista fiscal— más favorable al Estado, esto es, con-siderar la enmienda contractual como una “novación” del contrato original. Según esta hipótesis, a la primera pró-rroga le adjudicó el carácter de término original del nuevo contrato, y a base de cinco (5) años, calcularon los derechos a pagar.

Finalmente Atocha concluye que la nota denegatoria del Registrador es confusa porque aparenta decir que no está requiriendo derechos por el documento presentado, sino por la escritura otorgada en 1961.

H-i 1 — I I — I

La solución de esta controversia exige inicialmente discutir algunos aspectos normativos y doctrinales del contrato de arrendamiento. Los Arts. 1432 y 1433 del Código Civil lo definen del modo siguiente:

El arrendamiento puede ser de cosas o de obras o servicios. 31 L.P.R.A. see. 4011.
En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 4012.

Estos preceptos ponen de manifiesto, como uno de los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, el tiempo determinado, es decir, el requisito de limitación temporal. Ahora bien, esta temporalidad no está reñida con el derecho a prórroga. De hecho es muy común —especialmente en aquellos que tiene por objeto la explotación de un negocio— que se provea ese derecho a favor del arrendatario, quien podrá hacerlo efectivo si al vencimiento del plazo inicial o el de cada prórroga no renuncia a seguir con el arrendamiento. En términos jurídicos, la renuncia a la prórroga activa la condición resolutoria a la que se encuentra afecta la obligación.

Nuestra casuística recoge este estado doctrinario. A tal efecto, en Am[é]zaga v. Agudo, 67 D.P.R. 6, 10-11 (1947) —al examinar un contrato de arrendamiento con op-ción a prórroga similar al de autos— resolvimos que “[clon-forme prescribe el art. 1066 del Código Civil, será exigible desde luego toda obligación que contenga condición resoluto-ria, sin perjuicio de los efectos de la resolución. En otras palabras, contrario a lo que sucede con la obligación afecta a condición suspensiva, la obligación sujeta a condición resolu-toria surte efecto legal desde el preciso momento en que surge el concurso de voluntades. Desde ese instante la obli-gación existe en su integridad como si la condición no se hu-biera pactado. Por supuesto, sobre la obligación sujeta a con-dición resolutoria, pesa la amenaza de caducidad, si la condi-ción llega a cumplirse; pero si no se cumple, la obligación se consolida, es decir, no surge una nueva obligación, sino que subsiste inalterada la original. 8 Manresa, [Comentarios al Código Civil Español], (4ta. ed. 1929), pág. 122”. (Énfasis suplido.) Y en Igartúa v. Ruiz, 79 D.P.R. 481 (1956), consignamos que la prórroga de un contrato de arrendamiento, a elección del arrendatario, forma parte del contrato en cues-tión.

Según este trasfondo jurídico, es obvio que en el presente caso el contrato original vislumbraba tres (3) posibles pró-rrogas. Optó la arrendataria por no terminarlo una vez transcurrido el término original de quince (15) años y ejerció su derecho a prorrogarlo por cinco (5) años adicionales en tres (3) ocasiones diferentes. Ante esta situación, concluimos que el contrato quedó consolidado por el término de treinta (30) años, como si así se hubiere convenido desde su incep-ción en 1961. En este sentido, como formaban parte del con-trato original, erró el Registrador al determinar que el ejer-cicio de las primeras tres (3) prórrogas equivalía a una nueva obligación.

IV

Aclarado este aspecto, tampoco tiene razón el Registrador al afirmar que las prórrogas de los contratos de arrendamiento también pagan derechos arancelarios una vez se ejercen. Hemos examinado cuidadosamente el historial legislativo de la norma séptima del Art. 2 de la Ley Hipotecaria, supra, y no hemos encontrado fundamento en qué apoyar su posición. Veamos.

Antes de 1966 la legislación disponía que para fijar los derechos arancelarios del Registro para los arrendamientos serviría de tipo la cantidad que se hubiera de pagar en con-cepto de renta o canon durante todo el tiempo del contrato. Cuando no se fijase plazo, se computaría a base del importe de doce (12) anualidades.

La Ley Núm. 38 de 14 de junio de 1966 introdujo una enmienda para añadirle a la disposición anterior que “en nin-gún caso se tomarán en consideración las prórrogas”. (Én-fasis suplido.) 30 L.P.R.A. sec. 1767b. De acuerdo con el In-forme de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Repre-sentantes, su propósito fue reducir los derechos a cobrarse en la inscripción de arrendamientos. Servicio Legislativo de Puerto Rico, 1966, Núm. 3, pág. 273.

Esta norma se ha mantenido inalterada. De su texto claro y de su historial legislativo concluimos que la exclusión de las prórrogas del cómputo de los derechos arancelarios no fue motivada —como sugiere el Registrador— por la incerti-dumbre de su verificación al momento de la inscripción del contrato. Indubitadamente el legislador quiso inyectar un trato uniforme, a la par que establecer un tope máximo de doce (12) anualidades para la determinación de los dere-chos a pagar por este tipo de contrato. De otra manera care-cería de sentido que por un contrato de arrendamiento con un término de treinta 30 años, sin prórrogas, se utilicen doce (12) anualidades como fundamento para el cómputo de dere-chos, mientras que para uno de quince (15) años, con pró- rrogas por quince (15) más, se cobren derechos por el tér-mino original y, además, por las prórrogas.

V

Lo expuesto no dispone del recurso. Más bien nos obliga a examinar la verdadera naturaleza del contrato contenido en la escritura de 21 de agosto de 1987. Para ello es necesario reproducir sus cláusulas principales atinantes:

-CUARTO: Confirmación del Ejercicio de Opciones de Re-novación y Petición de Anotación Marginal.
-El arrendador y el arrendatario por este medio declaran y confirman que el término inicial del arrendamiento concluyó el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos setenta y seis (1976), que el arrendatario ejerció la primera, segunda y ter-cera renovación del término, que la última expirará el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991) y que las partes están cumpliendo fielmente con los deberes y obligaciones del arrendamiento.
-Las partes comparecientes respetuosamente solicitan al Honorable Registrador que haga la anotación al margen de la inscripción del arrendamiento y tome conocimiento de los he-chos declarados y confirmados en este artículo cuarto.
-QUINTO: Enmienda del Arrendamiento. El arrendador y el arrendatario acuerdan enmendar y por este medio en-miendan el arrendamiento de la manera siguiente:
Uno: Opción a Renovar: El arrendador por la presente ex-presamente concede al arrendatario el derecho, opción y pri-vilegio de extender el término de este contrato por tres (3) períodos adicionales y sucesivos cada uno de cinco (5) años, el primero comenzará el primero (1ro) de agosto de mil nove-cientos noventa y uno (1991) y expirará el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996) y así sucesi-vamente bajo los mismos términos y condiciones de este arrendamiento y sujeto a notificación por el arrendatario al arrendador con no menos de seis (6) meses de antelación a la expiración del término corriente. En caso de que el arrenda-tario elija ejercer cualquiera de dichas opciones, dicha notifi-cación, si ha sido dada dentro del término aquí provisto, ope-rará para automáticamente extender este arrendamiento por dichos términos adicionales sin acción ulterior por parte de cualquiera de las aquí comparecientes. Por el contrario, la falta del arrendatario de dar dicha notificación por escrito al arrendador dentro del término aquí dispuesto, se entenderá conclusivamente como una elección del arrendatario de re-nunciar a su opción a extender el contrato. En caso de que se ejerzan las opciones a renovar o cualquiera de ellas, la renta durante el primer período adicional de cinco (5) años será la de setenta y ocho mil dólares ($78,000.00) anuales. Durante el segundo período adicional de cinco (5) años la renta será de noventa mil dólares ($90,000.00) por año y durante el tercer y último período adicional de cinco (5) años la renta será tam-bién la de noventa mil dólares ($90,000.00) por año. (Traduc-ción nuestra.) Apéndice, págs. 5-6.

Aunque incorpora algunos de los términos del contrato original de arrendamiento, definitivamente estamos ante un nuevo acuerdo de voluntades. Esa clara intención se desprende diáfanamente del lenguaje inequívoco utilizado por las partes en cuanto a sus condiciones principales. Art. 1158 del Código Civil, 81 L.P.R.A. sec. 3242; Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473 (1980); G. & J., Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 D.P.R. 89 (1978); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). Desde un prisma rigurosamente científico, es norma reconocida que los cambios en la duración del término de un contrato implican su novación. Art. 1157 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3241 ; Miranda Soto v. Mena Eró, supra. Así, temprano en nuestra jurisprudencia dijimos que la extensión de un contrato de arrendamiento mediante escritura no puede estimarse como una continuación del original. Nieva v. Guánica Céntrale, 27 D.P.R. 555 (1919); Smith v. El Registrador, 18 D.P.R. 169 (1912).

Ahora bien, contrario a lo afirmado por Atocha y el propio Registrador, la calificación verdadera de este negocio es la de contrato de opción de arrendamiento. Al hacerlo, reiteramos la sana práctica de calificar objetivamente a base de las obligaciones contraídas según el texto documental y no del título dado por las partes. Caballero v. Kogan, 73 D.P.R. 666 (1952). “Así, pues, la calificación jurídica se realiza no a base de los nombres dados ... ni tampoco por la voluntad de los sujetos, de encuadrar al negocio celebrado dentro de una u otra categoría, sino porque realmente lo que la interpretación fija como querido caiga objetivamente dentro del marco que la ley traza de lo que sea éste o aquél negocio, o ésta o aquélla clase de negocios.” M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil Español, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. I, pág. 490. Concentrémonos en este aspecto.

Nuestra jurisprudencia adopta la postura de Castán definitoria del contrato de opción como el “ ‘convenio por el cual una parte [llamada concedente, promitente u optatario] concede a la otra [llamada optante], por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad, que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a la celebración de un contrato principal’”. (Énfasis en el original. Véanse: Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 806 (1975); Del Toro v. Blasini, 96 D.P.R. 676, 681 (1968).

El contrato de opción, de “naturaleza ... movediza y transitoria” puede ser principal o un pacto accesorio de otro. Su alumbramiento histórico respondió a las exigencias de la vida moderna y a la necesidad de hacer viables los negocios. “Nacido en la práctica .. . como prolegómeno únicamente del contrato de compraventa, aunque aceptado hoy por nuestra Legislación y por la doctrina, como posible antesala de toda clase de contratos.” E.R. Núñez y Núñez, Contrato de Opción, La Habana, Ed. Cultural, 1940, pág. 26.

Si bien no está regulado de forma expresa en nuestro Código Civil, lo encontramos en la Ley Hipotecaria y en nuestro aservo jurisprudencial, claro está, en su modalidad más co-mún: la opción a compra.

Según la forma multidimensional de la figura de opción, el examen de las cláusulas del contrato de autos refleja que aunque en su título y texto se utilizó el vocablo “prórrogas” la intención de las partes no fue prorrogar el primer con-trato más allá del término final pactado en 1991. Sólo convi-nieron en concederle al inquilino Atocha el derecho a optar por la continuación del arrendamiento —con nuevas condi-ciones de precio y plazo— seis (6) meses antes del venci-miento del término en 1991.

La diferencia estriba en que mientras en el contrato de prórrogas su continuación es un hecho cierto —pues ya hay acuerdos de voluntades— en el de opción el arrendamiento está sujeto a una condición incierta: el ejercicio del derecho por parte del optante. En puridad jurídica no puede, pues, hablarse de un contrato de prórrogas de arrendamiento si existe incertidumbre sobre su existencia.

VI

Esclarecida su naturaleza, ¿es inscribible en el Registro el derecho de opción de arrendamiento? Sobre la inscribibili-dad de una modalidad de opción distinta a la opción de com-pra, Ángel Torres Lana, al estudiar el Art. 14 del Regla-mento Hipotecario español —similar al nuestro— señala:

... El art. 14 del Reglamento hipotecario sólo autoriza ex-presamente la inscripción del contrato de opción de compra. Este dato, enlazado de nuevo con la discusión sobre el carác-ter real o personal del derecho de opción, abre, a su vez, dos posibilidades.
La primera parte de la consideración del derecho de optar como real o personal, en función de la voluntad de las partes. En esta línea, dice ROCA SASTRE que el artículo 14 lo que autoriza es precisamente la inscripción del derecho personal de opción de compra; pero, cuando tal derecho se configura con carácter real, su acceso al Registro ya no se produce a través de este art. 14, sino siguiendo las normas generales de la inscripción, es decir, el art. 2 de la Ley y sus concordantes. Este [sic] tesis sugiere la viabilidad de la inscripción de mani-festaciones de la opción distintas de la de compra, siempre que cumpliesen los requisitos generales legalmente exigidos.
Sin embargo, ya hemos visto cómo el derecho de opción debe ser considerado de naturaleza personal. De ahí que se haya dicho con razón que su acceso al Registro se permite con carácter excepcional, al igual que ocurre en el caso del arrendamiento. La hipótesis varía entonces sustancialmente, porque la excepcionalidad obliga a una interpretación restric-tiva. Por ello hay que entender, con LACRUZ y SANCHO, que los derechos personales sólo tienen acceso al Registro cuando la ley lo concede para una especie concreta. Y en nues-tro caso está claro que la ley —es decir, el Reglamento hipote-cario— solamente autoriza la inscripción de la opción de compra. (Citas omitidas y énfasis suplido.) J.A. Torres Lana, Contrato y Derecho de Opción, 2da ed., Madrid, Ed. Trivium, 1987, págs. 210-211.

A esta última corriente se adscribe el Prof. Michel J. Godreau, cuando en su análisis del Art. 38(4to) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2201(4to), señala que: “no es todo tipo de pacto de opción el que tiene acceso al registro, sino únicamente la opción a compra. Quedarían excluidos, pues los pactos de opción de arrendamiento o de opción para la adquisición de cualquier otro derecho real, pues se entiende que la opción, por ser un derecho personal, logra acceso al Registro por vía de excepción y únicamente porque el legislador ha designado este tipo de negocio, el de compra, como el merecedor de la protección registral.” (Énfasis nuestro.) M.J. Godreau, La opción de compra en Puerto Rico, LIII Rev. Jur. U.P.R. 565, 594 (1984).

Acogemos esta apreciación. El Art. 38(4to) de la Ley Hipotecaria, supra, y otras disposiciones reglamentarias aluden exclusivamente a contratos o pactos de opción a compra. Al hacerlo no pasamos por alto otras secciones de la Ley Hipotecaria y del Reglamento Hipotecario en que el legislador utilizó una preceptiva legal amplia, sugerible —en teoría— de que otros contratos o pactos de opción pueden lograr acceso al Registro.

Esa postura respondería a la interpretación de que cuando el legislador se refirió al contrato de opción de com-pra lo hizo de manera clara y expresa, mientras que en dispo-siciones anteriores utilizó un concepto genérico. De hecho, Torres Lana examina, como fórmula adicional que permitiría la inscripción de otras variantes del derecho de opción, lo siguiente:

Cierto es que otras formas de opción son altamente infre-cuentes y que pueden aducirse muy serias razones a favor de la inscripción sólo de la opción adquisitiva inmobiliaria. Pero acaso conviniera tener en cuenta el amplio margen de libertad de que la opción dispone en el ámbito sustantivo y trasvar-sarlo [sic] al campo inmobiliario registral. El resultado del trasvase sería una fórmula más amplia, coordinada con la que contienen los números 1 y 2 del art. 2 de la Ley hipotecaria. Esto no prejuzga ni resuelve la naturaleza del derecho de op-ción, porque la inscripción vendría determinada por el carác-ter real de la figura constituida por el segundo título, como consecuencia del ejercicio de la opción. Una fórmula como la que se propugna resultaría más apta para instrumentar en su vertiente registral la eficacia de la amplia gama de facetas que la opción puede presentar —y presenta de hecho— en el trá-fico jurídico sustantivo. Torres Lana, op. cit., pág. 211.

La dificultad de este enfoque es que nuestro legislador no lo vislumbró. La entrada al Registro de los contratos de arrendamiento respondió a la realidad económicosocial del país de que es uno de los negocios jurídicos de mayor y trascendental importancia. M.J. Godreau, Conceptos básicos de derecho civil patrimonial, Escuela de Derecho U.P.R., agosto de 1984, mimeografiado, págs. 10-12. Por esa razón se permitió su ingreso, aun sin ser un derecho real, y que adquiriera eficacia erga omnes a partir de su inscripción. Aunque reconocemos que la admisión al Registro de la opción de arrendamiento estaría en consonancia con una mayor protección a los arrendamientos —y el criterio de numerus apertus que rige nuestro sistema registral— sin embargo, ello es una determinación que corresponde a la Asamblea Legislativa. En ausencia de un precepto claro en esa dirección, concluimos que el derecho de opción de arrendamiento no es inscribible.

A tono con lo expuesto, por distintos fundamentos, se dic-tará sentencia que confírme la negativa del Registrador a inscribir el contrato de opción de arrendamiento.

Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

       Originalmente el Registrador de la Propiedad (Registrador) computó a base de quince (15) años. Sin embargo, en su comparecencia ante nos admite que erró.

       Nótese que aunque la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria) no les permite acceso al Registro de la Propiedad a los arren-damientos por un término menor de seis (6) años, éstos son inscribibles cuando existe un convenio de las partes —Art. 38(3ro), 30 L.P.R.A. see. 2201— o cuando tienen un pacto de prórroga por un plazo que exceda dicho término, siempre que su ejercicio quede totalmente al arbitrio del arrendatario. Art. 48.1 del Regla-mento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Reglamento Hipotecario), 30 L.P.R.A. sec. 2003-48.1, edición especial.

       Dispone:
      “Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es pre-ciso que asi se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.” (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 3242.

       “Las obligaciones pueden modificarse: (1) Variando su objeto o sus condi-ciones principales. (2) Sustituyendo la persona del deudor. (3) Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.” (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 3241.

       “[E]l contrato de opción puede también ser preparatorio de uno de arren-damiento de cosas. Así lo afirma MEZQUITA, distinguiéndolo del arrendamiento con opción de compra ...”. J.A. Torres Lana, Contrato y Derecho de Opción, 2da ed., Madrid, Ed. Trivium, 1987, pág. 98.

       Esta doctrina ha sido criticada por algunos sectores de la comunidad jurí-dica puertorriqueña. En este caso, sin embargo, no nos vemos precisados a pasar juicio sobre la validez de tales planteamientos.

       R. Infiesta, El contrato de opción en la legislación cubana, La Habana, Imprenta Berea, 1938, pág. 13.

       Sobre este aspecto parece haber unanimidad de criterios en la doctrina. A manera de ejemplo, reproducimos las manifestaciones siguientes: “[L]a opción es aplicable a una extensa pluralidad de relaciones jurídicas. No obstante, es patente que las aplicaciones prácticas casi unánimes de esta figura vienen cen-tradas en la denominada opción de compra y es a ella a donde se reconducen la casi totalidad de los litigios, de las producciones jurisprudenciales y de los análi-sis doctrinales, así como en la misma se subsume la íntegra problemática que encierra la opción”, C. Mascareñas, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Ed. Francisco Seix, 1986, T. XVIII, pág. 448; “[L]a ley no establece claramente supuestos de derechos de opción (lo que no impide que puedan admitirse al-gunos)”, Albaladejo, citado por E. Serrano Alonso, Notas sobre el derecho de opción, pág. 1.136; “Escribe ROCA SASTRE en relación con el derecho de opción de compra que se trata de ‘un dispositivo jurídico de añejo origen y desenvolvi-miento moderno, debido a que en estos tiempos goza el mismo de considerable predicamento. Ha prestado y presta relevantes servicios el tráfico jurídico’. Estas palabras referidas a una de las posibles modalidades del derecho de opción son aplicables al derecho de opción, en general, el cual viene cada día siendo más utilizado en el tráfico jurídico aunque no siempre con finalidades totalmente con-formes a derecho”, Serrano Alonso, op. cit., pág. 1.137; “La identificación entre promesa de contrato y contrato de opción surge de la consideración de la opción en relación con una de sus posibles formas, cual es la opción de compra, pero nada impide que el derecho de opción nazca en relación con otros tipos de relaciones contractuales: censo, sociedad, hipoteca, préstamo con intereses, etc.”, Serrano Alonso, op. cit, pág. 1.139; ‘“Aveces, resume Gayoso, una persona natural o social adquiere la facultad de comprar, arrendar o exigir la aportación de una cosa o derecho (minas, fábricas, saltos de agua, joyas, valores bursátiles, acciones u obli-gaciones, usufructos, concesiones del Estado, etc.); otras, la de tratar su compra, arriendo o aportación, en términos que el dueño deba otorgárselos a él o a quien él designe en las condiciones fijadas, o bien admitir un préstamo gestionado por el titular de la opción, para explotarlas’”, J. González, La memoria de este año, el llamado derecho de opción, 8 Rev. Crít. Der. Inmob. 188, 193 (1932).

       30 L.P.R.A. sec. 2003-130.1, edición especial (procedimiento para la can-celación de la inscripción); 30 L.P.R.A. sec. 2003-99.4, edición especial (cuando no es inscribible); 30 L.P.R.A. sec. 2003-40.1, edición especial (efectos de su inscrip-ción); 30 L.P.R.A. sec. 2003-49.2, edición especial (transmisión del derecho).

       Ejemplo de esto lo vemos en el Art. 103 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2353:
      “La opción inscrita tendrá la condición de riguroso gravamen conforme a las disposiciones de este Subtítulo y perjudicará de acuerdo con sus términos a los subsiguientes adquirentes del bien sujeto a la misma.”
      Así también en el Art. 40.1 del Reglamento Hipotecario:
      “Inscrito el contrato de opción, o el contrato de tanteo, todo comprador posterior de la finca o derecho, quedará obligado de acuerdo a los términos del con-trato inscrito.” 30 L.P.R.A. sec. 2003-40.1, edición especial.


text:
    Eufemia Morales Vda. de Cortés, demandante y peticionaria, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, demandada y recurrida.

      Número: CE-86-669

      Resuelto: 18 de abril de 1989

      Gabriel García Moya, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado de la peticionaria; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Miriam Álvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

Este recurso nos brinda la oportunidad de interpretar, en relación con el cónyuge supérstite de un pensionado, la ex-tensión de la exclusión contenida en el Art. 1 de la Ley Núm. 105 de 28 de junio de 1969 (3 L.P.R.A. sec. 788a(a)), según la cual “[s]i el participante retirado, al momento de fallecer es-tuviese cubierto por el Título II de la Ley Federal de Seguri-dad Social, [el cónyuge supérstite no tendrá] derecho a la pensión [del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico]”.

HH

El 23 de mayo de 1979 falleció el Sr. Manuel Cortés Medina, sobreviviéndole su viuda, la Sra. Eufemia Morales Cortés, y una hija menor de edad. En vida de Don Manuel, todos dependían económicamente de la pensión de retiro que éste recibía. Al momento de fallecer tenía cincuenta y cinco (55) años de edad y era pensionado del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instru-mentalidades (en adelante Sistema de Retiro). Desde ese momento, cesaron los pagos de la pensión del Sistema de Retiro y su viuda e hija comenzaron a recibir solamente los beneficios del Seguro Social federal.

En enero de 1983, al cumplir la hija dieciocho (18) años de edad, el Seguro Social federal suspendió los pagos. Doña Eu-femia no cualificaba para recibir los beneficios de Seguro Social como viuda, ya que sólo contaba con cuarenta y seis (46) años de edad. Al no contar con medios económicos para vivir, solicitó ante el Sistema de Retiro una pensión a tenor con la Ley Núm. 105, supra. La pensión le fue denegada al inter-pretar el Sistema de Retiro que “al momento de fallecer el pensionado [Don Manuel Cortés Medina], éste estaba cu-bierto por el Seguro Social Federal” y que el Art. 1 de la Ley Núm. 105, supra, excluye de su cubierta al cónyuge supérs-tite de un pensionado que al fallecer “estuviese cubierto por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social”. Apéndice IV pág. 16. La peticionaria solicitó revisión al Tribunal Superior, Sala de Aguadilla y éste confirmó la decisión adminis-trativa. Inconforme, Doña Eufemia solicitó revisión. Imputó la comisión de dos (2) errores: (1) que el tribunal erró al in-terpretar y al aplicar a los hechos de este caso la limitación estatutaria contenida en la Ley Núm. 105, supra, y (2) que erro al utilizar o al aplicar el análisis constitucional en relación con la Ley Núm. 4 de 7 de abril de 1985 (3 L.P.R.A. sec. 788a).

Decidimos revisar y expedimos el auto.

II

El Art. 1 de la Ley Núm. 105, supra, dispone lo siguiente:
Al fallecer un participante del Sistema de Retiro de los Em-pleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentali-dades y/o del Sistema de Retiro de la Judicatura de Puerto Rico mientras estuviere recibiendo una anualidad por retiro o por incapacidad de dicho Sistema, el cónyuge supérstite e hijos menores o física y/o mentalmente incapacitados tendrán derecho a una pensión que se determinará de acuerdo a lo dispuesto en esta sección.
Si el participante retirado, al momento de fallecer estuviese cubierto por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social, las personas antes mencionadas no tendrán derecho a la pensión que por esta sección se concede.

Ya en García Martínez v. Gobernador, 109 D.P.R. 294, 299-300 (1979), nos expresamos sobre el propósito de la Ley Núm. 105, supra:

El proposito de la ley es proveer una asistencia económica al cónyuge supérstite e hijos del participante que con mayor probabilidad dependían del ingreso económico de éste para subsistir. Es de importancia cardinal tener presente que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno ofrece un beneficio similar a sus participantes mediante su coordinación con la Ley Federal de Seguridad Social, razón por la cual fue necesario y lógico limitar la pensión concedida por la Ley Núm. 105 a aquellos casos donde las personas beneficiadas no tuvieran la protección concedida por el Sistema de Retiro a través de la Ley Federal de Seguridad Social.
La Ley Núm. 105, en su perspectiva original, es una ley suplementaria: si el participante no lograba la condición de asegurado bajo la Ley Federal de Seguridad Social, principal beneficio provisto por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, entonces recibía la pensión concedida por la Ley. De esta manera todos los participantes de dicho sistema recibían del sistema una asistencia económica para su cón-yuge e hijos en las circunstancias descritas. (Enfasis su-plido.)

Según la Ley Núm. 105, supra, el cónyuge supérstite e hijos menores del participante del Sistema de Retiro tienen derecho a recibir asistencia económica, siempre y cuando el participante retirado, al momento de fallecer, no estuviese cubierto por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social. El cónyuge supérstite recibirá la pensión mientras permanezca en estado de viudez. Art. 4 de la Ley Núm. 105, supra, 3 L.P.R.A. sec. 788a(d).

En abril de 1985 la Ley Núm. 105, supra, fue enmendada por la Ley Núm. 4, supra, para otorgar al cónyuge supérstite e hijos menores del participante una anualidad igual al se-senta por ciento (60%) de la pensión que aquél recibía al mo-mento de su muerte, aun cuando el pensionado hubiese es-tado disfrutando de los beneficios del Seguro Social federal. En su Exposición de Motivos, la Ley Núm. 4, supra, señala, con relación a la Ley Núm. 105, supra, lo siguiente:

La Ley Núm. 105 de 28 de junio de 1969, según enmendada, ordena un sistema mediante el cual al fallecer un participante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Es-tado Libre Asociado y sus Instrumentalidades, mientras estu-viere recibiendo una anualidad por retiro o por incapacidad, el cónyuge supérstite e hijos menores o física o mentalmente incapacitados tendrán derecho a una pensión que se deter-mina de acuerdo a las disposiciones de la propia ley. Esta es una sabia medida, ya que protege a la familia después de la muerte del participante pensionado.
Sin embargo, el segundo párrafo del artículo primero de esta Ley 105 de 28 de junio de 1969, según enmendada, dis-pone que si al momento del fallecimiento el participante estu-viera cubierto por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social, entonces se privaría al cónyuge supérstite y a los hijos, de la pensión que por Ley se les concede. Tal disposición es injusta y discriminatoria ya que reduce sustancialmente el sustento de las familias del asegurado y los coloca en una situación precaria para subsistir.
Mediante la aprobación de esta medida se le concede una pensión al cónyuge supérstite e hijos menores o física o men-talmente incapacitados del participante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico que al fallecer hubiere estado cubierto por la Ley Federal de Seguridad Social. (Énfasis suplido.) 1985 Leyes de Puerto Rico 21.

El Informe de la Comisión de Gobierno Estatal del Se-nado señaló lo siguiente en relación con la exclusión del Art. 1 de la Ley Núm. 105, supra:

Esta restricción legal tiene el efecto de reducir la capacidad económica e ingresos de los miembros de la familia que de-pendían de él. Entendemos que tal limitación o condición obedece al hecho de que en tales casos los dependientes del pensionado fallecido quedan protegidos, en cierta medida, por los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que el continuo aumento en los costos de los bienes y servicios necesarios para una subsistencia ade-cuada y decorosa no pueden enfrentarse con la ayuda de un sólo programa dé bienestar social. (Énfasis suplido.)

La preocupación del legislador por atender la situación económica de los pensionados del Sistema de Retiro se evi-dencia en la aprobación de la Ley Núm. 39 de 3 de junio de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 829n.), la cual permite a todo pensio-nado acogido al plan de coordinación el poderse acoger al plan de completa suplementación. En su Exposición de Mo-tivos, se señala lo siguiente:

Consciente de la difícil situación económica que afecta a cerca de treinta mil (30,000) de nuestros pensionados que no disfrutan de la completa suplementación con el Seguro Social, situación que en parte fue provocada por falta de orientación, mediante esta ley se ofrece una última oportunidad a nuestros pensionados afectados de acogerse a la completa suplementa-ción previo el pago de las sumas necesarias para completar sus aportaciones a base del siete (7) por ciento de la retribu-ción que recibieron por servicios acreditables posteriores al primero de julio de 1968.
Se confía que con la aprobación de esta medida muchos de nuestros pensionados se acogerán a la completa suplementa-ción para aliviar su precaria situación económica. (Enfasis nuestro.) 1988 Leyes de Puerto Rico 163.

Reiteradamente hemos señalado que las disposiciones estatutarias con propósitos remediales deben ser interpretadas liberalmente. Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372, 378 (1985). Específicamente y en relación con las pensiones, “[l]a jurisprudencia sostiene de manera uniforme que las leyes que crean el derecho a disfrutar de una pensión deben ser interpretadas liberalmente, a fin de que se cumpla el propósito del legislador; y que la fuerza y efecto de dichas leyes no deben conformarse estrictamente a los términos literales del estatuto.” Acuña v. Junta de Retiro, 58 D.P.R. 94, 100 (1941).

Las leyes deben interpretarse y aplicarse a tono con el propósito social que las inspira. No debemos desvincularlas del problema humano cuya solución persiguen. Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163, 171 (1953), opinión del entonces Juez Asociado Señor Negrón Fernández, con la cual concurre el Juez Asociado Señor Belaval. En su interpretación, debe ser preeminente la realidad humana de la vida, no la abstracción dogmática de reglas eternas e inmutables. Figueroa v. Díaz, supra, pág. 175.

Nuestro Código Civil, en su Art. 18 (31 L.P.R.A. sec. 18), establece el principio de in pari materia, por el cual las leyes que se refieran a la misma materia o cuyo objetivo sea el mismo deben ser interpretadas refiriéndose las una a las otras, para cuando lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro. Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 195 (1968). Tanto el historial legislativo y social de la ley como los estatutos posteriores in pari materia pueden utilizarse en ayuda de su interpretación a los fines de lograr el propósito legislativo. Figueroa v. Díaz, supra, pág. 185, opinión concu-rrente del Juez Asociado Señor Ortiz, con la cual concurre el Juez Presidente Señor Snyder. Debemos tener presente que la ley es “parte de un todo coherente y armónico —el ordena-miento jurídico— dentro del cual desempeña una función co-ordinada o subordinada, según los casos, a la de otras normas jurídicas”. G. García Valdecasas, Parte general del derecho civil español, Madrid, Ed. Civitas, 1983, pág. 111. La ley se debe ver “como producto de las condiciones so-ciales y la necesidad de relacionar la norma con aquellas otras que integran una institución jurídica, y cada institución con las demás, hasta llegar a los principios fundamentales del sistema jurídico total”. Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563, 572 (1982).

Examinemos la situación de autos a la luz del esquema estatutario del Sistema de Retiro y analizando la Ley Núm. 105, supra, como una ley de propósitos remediales, la cual debe ser interpretada liberalmente. Acudimos tanto a la propia Ley Núm. 105, supra, como a lo señalado en torno a ella en el historial legislativo de la Ley Núm. 4, supra. La parte recurrida plantea que Doña Eufemia no es. acreedora a una pensión del Sistema de Retiro por haber estado “cu-biertos” ella y su causante por el Seguro Social federal. No le asiste la razón. Veamos. Don Manuel, al momento de falle-cer, era pensionado del Sistema de Retiro y recibía los bene-ficios de dicho sistema. No recibía los beneficios del Seguro Social. Según estas circunstancias, no puede afirmarse que estaba “cubierto” por la ley federal a los fines de excluir a su cónyuge supérstite e hijos menores de la pensión del Sistema de Retiro al amparo de la Ley Núm. 105, supra. En el caso de autos es a partir de la muerte del pensionado que su viuda e hija comienzan a recibir los beneficios del Seguro Social.

Según expresáramos en García Martínez v. Gobernador, supra, pág. 299, “la Ley Núm. 105, supra, es una protección suplementaria para cubrir aquellos casos en que la protec-ción principal, la Ley Federal de Seguridad Social, no am-para a las [personas beneficiadas]”. En el caso de autos, la viuda, Doña Eufemia, era una de las personas beneficiadas por la Ley Núm. 105, supra, que luego de haber llegado su hija a los dieciocho (18) años cesó de recibir beneficios de la ley federal. Por lo tanto, interpretando la Ley Núm. 105, supra, en su justa perspectiva concluimos que el cónyuge su-pérstite de un pensionado que al fallecer no estaba reci-biendo los beneficios del Seguro Social federal no cae bajo la exclusión del Art. 1 de la Ley Núm. 105, supra. Al amparo de las disposiciones del Art. 4 de esta ley, supra, dicho cónyuge tiene derecho a recibir la pensión que provee la ley mientras permanezca en estado de viudez. Sin embargo, si el cónyuge supérstite, al morir el pensionado, comienza a recibir los be-neficios del Seguro Social federal y luego éstos cesan, encon-trándose dicho cónyuge aún en estado de viudez, tiene dere-cho desde el momento en que deja de recibir los beneficios de la ley federal a recibir la pensión correspondiente bajo las disposiciones de la Ley Núm. 105, supra. Esta es la situación de Doña Eufemia. Decidir lo contrario desvirtuaría el propó-sito de la ley y dejaría a la viuda de un pensionado fallecido en una situación económica precaria.

Según la interpretación esbozada por la recurrida, Doña Eufemia quedaría totalmente desamparada, sin la protec-ción de la ley federal y sin la protección de la Ley Núm. 105, supra. Tal resultado es insostenible a la luz del esquema de protección social creado al amparo de la Ley Núm. 105, supra. Este tipo de situación es lo que precisamente se intentó evitar.

De ninguna manera podríamos interpretar que el legisla-dor intentó crear una exclusión permanente, de tal forma que las familias de pensionados con hijos menores, en virtud de los cuales obtuvieran un derecho limitado a pensión de Seguro Social federal, quedaran desamparadas totalmente al suspenderse este beneficio por alcanzar los menores los die-ciocho (18) años de edad. Sin duda alguna, tal interpretación provocaría que el cónyuge supérstite quede en una posición muy frágil y de total indefensión. Premio muy poco consola-dor para quien, después de todo, aportó —a través de la So-ciedad Legal de Gananciales— la mitad de la totalidad de las aportaciones que el causante hiciera al Sistema de Retiro.

Por todo lo antes expresado, se dictará sentencia que re-voque la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Aguadi-lla, el 9 de septiembre de 1986, y se devolverá el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos compatibles con esta opinión.

       En reconsideración, el Sistema de Retiro se reafirmó en su decisión. Doña Eufemia recurrió entonces a la Junta de Síndicos, que también confirmó la decisión.

       Debido al resultado a que llegamos, no es necesario que discutamos este señalamiento de error.

       “[U]na expresión contenida en nna ley enmendatoria explicando cuál fue la intención legislativa al aprobar la ley objeto de enmienda no es definitiva con carácter retroactivo ni desvirtúa la interpretación que a la ley original haya dado este Tribunal.
      “Esto no impide, sin embargo, que una legislación posterior sea considerada para interpretar propiamente el alcance de la legislación anterior.” (Citas omi-tidas.) R.E. Bernier, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, México, Ed. Cultura, 1968, pág. 123.

       Alegato de la parte peticionaria, pág. 6.