text:
    Ramírez, Segal & Látimer, demandantes y recurrentes, v. Agustín Rojo Rigual y otros, demandados y recurridos.

      Número: R-83-434

      Resuelto: 20 de enero de 1989

      Benjamín Rodríguez Ramón, de Rodríguez-Ramón, Peña & Can-do, abogado de los recurrentes; Freddie Pérez González, de Woods, Rosenbaum, Luckeroth & Pérez González, abogado del recurrido Agustín Rojo García, y Etienne Totti Del Valle, de Domínguez & Totti, abogado de los recurridos Agustín Rojo Rigual, Zenaida García y la Sociedad de Gananciales com-puesta por éstos, Delio Rojo García, Roberto Spin, Luisa Rojo de Spin y la Sociedad de Gananciales compuesta por éstos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente caso nos permite analizar la aplicación de las disposiciones del Código Civil y de los cánones de ética pro-fesional a un contrato mixto de honorarios de abogado por servicios profesionales, donde se estipula que cierta cantidad se computará por hora y otra se determinará a base de un por ciento del resultado, dependiendo de una contingencia.

El caso versa sobre una acción en reclamo de honorarios por servicios profesionales presentada por la sociedad de abogados Ramírez, Segal & Látimer contra Agustín Rojo Rigual, Zenaida García, la Sociedad Legal de Gananciales com-puesta por ambos, Agustín Rojo García, Delio Rojo García, Roberto Spin, Luisa Rojo de Spin y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos (en adelante los señores Rojo). Luego de presentadas una moción de sentencia sumaria por los demandados, una de sentencia sumaria parcial por los demandantes, oposiciones y réplicas, y amplia prueba documental, el tribunal de instancia dictó sentencia en la que desestimó la demanda. Concluyó que no se había dado “nin-guna de las contingencias consideradas por las partes en el acuerdo de servicios profesionales, a saber, no se redujo el principal reclamado ni obtuvieron los demandados indemnización alguna”. Exhibit A, pág. 7. Estimó, además, que la reclamación de los honorarios contingentes era improcedente, ya que no cumplía el contrato con los principios enunciados en In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450 (1977), y en Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772, 774 (1981), y que dichos acuerdos deben aparecer “‘libre de ambig[ü]edades y con óptima claridad en sus términos[,] consignando las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito’”. Exhibit A, pág. 7.

No conformes los demandantes, presentaron un recurso de revisión. En éste plantean, en síntesis, que el tribunal de instancia erró al interpretar el acuerdo sobre honorarios contingentes y al aplicar las normas establecidas por este Tribunal en relación con pactos de este tipo. Acordamos revi-sar.

I

Los hechos

Luego de analizar las diferentes mociones presentadas por las partes y los documentos que las acompañan, con-cluimos que los siguientes hechos no están en controver-sia.

Los recurridos son los dueños de un grupo de corporaciones familiares conocidas como “Empresas Rojo”, dedicadas mayormente a desarrollar proyectos de construcción. Una de las corporaciones, Residencial Colinas de Carolina, Inc. (Corporación), obtuvo una línea de crédito de la Housing Investment Corporation (Housing) por $3,300,000 para fi-nanciar un proyecto de residencias denominado “Los Caci-ques”. Esta línea de crédito estaba garantizada por la par-cela de terreno donde se desarrollaría la urbanización, único activo de la Corporación, y por los miembros de las Em-presas Rojo en su carácter personal. Antes de que Housing detuviera el financiamiento del proyecto, la Corporación tomó a préstamo, en varias partidas, sumas ascendentes a un total de $1,671,500 de la cantidad de dinero aprobada. Para el 2 de julio de 1979 el préstamo había devengado intereses as-cendentes a $775,775 y continuaba devengando intereses a razón de $583.38 diarios. La Corporación no pudo pagar el préstamo concedido. Los miembros de las Empresas Rojo, representados por dos (2) de ellos, Delio Rojo y Agustín Rojo, trataron de llegar a algún acuerdo de pago con el Chase Manhattan Bank (Chase), nuevo acreedor del prés-tamo. Las negociaciones no tuvieron éxito.

Ante la inminencia de una demanda en cobro de dinero, de una ejecución de hipoteca en contra de la Corporación y de una acción en contra de los señores Rojo en su carácter personal como garantizadores, éstos acudieron al licenciado Carlos G. Látimer, de Ramírez, Segal & Látimer, aproxima-damente el 13 de junio de 1979, para que éste los asesorara y representara profesionalmente. Contrataron al licenciado Látimer y acordaron que los honorarios serían a razón de $75 la hora. Dejaron pendiente, a petición de los señores Rojo, la alternativa de pactar más adelante, a base de hono-rarios contingentes, de acuerdo con las circunstancias y de-sarrollo posterior del caso. Este primer acuerdo no se con-signó por escrito.

Ya establecida la relación entre abogado y cliente, los se-ñores Rojo decidieron que Delio y Agustín Rojo continuarían las negociaciones extrajudiciales con el Chase, pero dirigidos por el licenciado Látimer. Todos consideraban que ellos dos (2) tenían la suficiente y necesaria experiencia para negociar directamente con los oficiales de dicha institución bancaria. Tales negociaciones extrajudiciales no tuvieron resultados positivos. El 3 de julio de 1979, el Chase demandó en cobro de dinero y ejecución de hipoteca tanto a la Corporación como a los integrantes de las Empresas Rojo en su carácter personal como garantizadores.

El licenciado Látimer y los señores Rojo discutieron el asunto y concluyeron que existían buenas probabilidades de transigir este pleito. Incluso discutieron varios arreglos o transacciones posibles, entre las cuales se encontraba la en-trega de la finca que sirvió de garantía hipotecaria al prés-tamo, a cambio de que el Chase desistiera del cobro de la deuda. Esta alternativa era la que los señores Rojo conside-raban la mejor.

Así las cosas, el licenciado Látimer contestó la demanda y presentó una reconvención por la suma de $6,500,000. Tam-bién presentó una demanda contra Housing y Chase, en la que reclamaba daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de financiamiento, y por otros actos torticeros, por una suma indeterminada que excedía de $1,600,000. Ajuicio de la firma de abogados, esta demanda tenía un fundamento sólido. Su propósito al presentarla era crear una posición ne-gociadora fuerte con miras a lograr una transacción razona-ble para sus clientes, los señores Rojo.

Posteriormente, los señores Rojo y el licenciado Látimer llegaron a un nuevo acuerdo sobre honorarios de abogado. Éste incluía tanto el pago de honorarios computados por hora como el pago de honorarios fundamentados en una con-tingencia. Dicho acuerdo se formalizó dieciséis (16) meses después de haberse iniciado una relación profesional y personal intensa entre los abogados y los señores Rojo.

El nuevo contrato para el pago de los honorarios de abo-gado por servicios profesionales se recoge en la siguiente carta de 26 de octubre de 1979, firmada por el licenciado Lá-timer y dirigida por el bufete de Ramírez, Segal & Látimer a los señores Rojo —quienes la firmaron— en prueba de su conformidad:

Por la presente confirmo nuestro acuerdo relativo a los hono-rarios de abogado por nuestros servicios profesionales en los trámites de los casos que les menciono en el epígrafe, a los siguientes efectos:
Nuestra firma les facturará por los trabajos realizados a razón de $50.00 la hora. En adición nuestra firma recibirá un 20% de aquellas sumas en que el principal reclamado por Housing Investment Corp. se reduzca y un 20% de toda in-de[mn]ización que ustedes o las corporaciones controladas por ustedes, demandantes y reconvenientes, obtengan bien se[a] por sentencia o por transacción. El 20% mencionado no se aplicará a cualesquier reducción en los intereses recla-mados por Housing Investment Corporation.
Ustedes nos harán un pago inicial de $10,000.00 no reembolsa-ble, con cargo a los honorarios que se devenguen según arriba se ha indicado. Esta firma no asume la representación legal de Eduardo Rojo Garc[í]a en la reclamación de Housing Investment contra él, por razones éticas ya que entendemos que asumimos la repre-sentación de intereses conflictivos con él en una transacción habida con su familia.
Le rogamos indiquen vuestra conformidad con lo anterior-mente expresado firmando y devolviéndonos copia de esta co-municación. (Énfasis suplido.) Exhibit AA, págs. 1-2.

El 7 de julio de 1980, ya vigente y formalizado por escrito este nuevo contrato para el pago de los honorarios de abo-gado, los miembros de las Empresas Rojo, a través de Agus-tín Rojo, recibieron del Chase una oferta de transacción. En síntesis, ésta ofrecía recibir la finca que garantizaba el prés-tamo y relevar a la Corporación y a todos los garantizadores solidarios del pago del préstamo e intereses. Todo ello a cam-bio de que todas las otras corporaciones demandantes en el Caso Civil Núm. 79-5915, y Agustín Rojo Rigual, Agustín Rojo García, Delio Rojo García, Eduardo Rojo García y Luisa Rojo de Spin, desistieran de todas las reclamaciones judiciales y alegadas causas de acción, y de la reconvención presentada en el Caso Civil Núm. 79-4226.

El viernes 18 de julio de 1980 se reunió el licenciado Láti-mer con Delio y Agustín Rojo para redactar la carta de acep-tación de la oferta del Chase. Aunque el licenciado Látimer aconsejó que no aceptaran esta primera oferta de transac-ción, pues era su opinión que podía lograrse una mucho más favorable, los señores Rojo decidieron aceptar. Fue en el mo-mento de ir a redactar la carta de aceptación que surgió la controversia sobre el pago de los honorarios contingentes pactados entre ellos. El licenciado Látimer alegó tener de-recho a recibir el veinte por ciento (20%) de la diferencia entre el principal del préstamo no pagado y el valor de la finca que el Chase aceptaba para transigir ambos pleitos. El licenciado Látimer entendía que, a tenor con lo pactado para computar los honorarios contingentes adeudados al principal del préstamo no pagado, debía restársele el valor de la finca; el veinte por ciento (20%) de la diferencia serían los honora-rios.

Delio y Agustín Rojo alegaron, por el contrario, que no hubo reducción del principal y que esa transacción no se con-sideró en la carta que suscribieron; por lo tanto, el licenciado Látimer no tenía derecho a cobrar honorarios contingentes por la labor realizada. Como no se pusieron de acuerdo, deci-dieron continuar la reunión el próximo día para redactar la carta de aceptación de la oferta y, además, para ponerse de acuerdo sobre los honorarios. Sin embargo, ese mismo día, en horas de la noche, Delio y Agustín Rojo acudieron a las oficinas de otros abogados, el bufete de Laffitte & Domín-guez. Allí redactaron una carta de aceptación de la oferta del Chase. En esta carta se indicaba lo siguiente: “Mediante co-pia de esta carta al Lie. Carlos Látimer, le estamos instru-yendo para que no tome acción ulterior alguna en torno a estos casos.” Exhibit V.

Los trámites para estructurar la transacción acordada por los señores Rojo y el Chase tardaron varios meses en llevarse a cabo.

II

Los cánones de ética profesional y los honorarios de abo-gado

Los cánones de ética profesional constituyen un cuerpo de principios éticos desarrollados para guiar la conducta profesional de la clase togada. En relación con los honorarios profesionales, el Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, párrafo 1ro, específicamente dis-pone que su fijación “debe regirse siempre por el principio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro”. Para evitar controversias con los clientes sobre la compensación por los servicios prestados, es deseable que el acuerdo sobre honorarios a que se llegue sea reducido a escrito con la mayor claridad posible. Los honorarios contingentes no están reñidos con la ética, especialmente cuando el cliente los prefiera y se le haya explicado de sus consecuencias. Canon 24, supra; López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265, 268, 269 (1982). En relación con éstos, es preferible que se-consignen en el acuerdo escrito las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito. Cánones 24 y 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., supra.

Al fijar los honorarios profesionales, las partes pueden tomar en consideración, entre otras cosas, la cuantía involucrada en el litigio; los beneficios que derivará el cliente de los servicios del abogado; la habilidad que requiere conducir el caso adecuadamente; la contingencia de la compensación, y la dificultad y complejidad de las cuestiones planteadas. Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra; In re Díaz Lamoutte, supra.

Ahora bien, a pesar de que es deseable que los acuerdos de honorarios profesionales se pacten por escrito y que éstos se redacten “libre de ambigüedades y con óptima claridad en sus términos, consignando las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito”, Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., supra, pág. 774, esto no significa que los contratos verbales de honorarios de abogado no sean exigibles ni que un contrato de honorarios ambiguo no sea válido y susceptible de interpretación.

III

El contrato de arrendamiento de servicios

El contrato de servicios profesionales de abogado es, como regla general, un contrato de arrendamiento de servicios, Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111. Éste, aunque un contrato eminentemente consensual que se perfecciona con el mero consentimiento, es deseable que se reduzca a escrito. Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra. “En él una de las partes se obliga a desplegar, respecto [a] la otra, una determinada actividad polarizada en el mismo trabajo.” Es, además, un contrato conmutativo “puesto que la retribución se da precisamente por la activi-dad desplegada, actuando una como causa recíproca de la otra ... [y por último también] es, por esencia, de duración temporal”. (Énfasis en el original.) F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, Vol. IV, Cap. XCV pág. 140; M. Albaladejo, Curso de derecho civil español, común y foral, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, Sec. 110, págs. 452-453.

No afecta su validez el que en el mismo no medie precio cierto, ya que la determinación de la cuantía puede ser establecida posteriormente por la costumbre o los usos de la profesión. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. 2, págs. 434-436. Sin embargo, tanto los cánones de ética profesional como la jurisprudencia, indican que la mejor práctica la constituye el acordar, por escrito y con claridad, los hono-rarios y designar una cantidad fija o una fórmula para computarla o determinarla. Cánones 24 y 25 del Código de Ética Profesional, supra; Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., supra.

IV

La interpretación de los contratos

La controversia en el caso de autos se circunscribe a la determinación del sentido exacto del acuerdo sobre honorarios contingentes pactado en el contrato de arrendamiento de servicios profesionales. Las reglas generales sobre interpretación de contratos son de aplicación a este tipo de contrato, en tanto y en cuanto sean compatibles con los cánones de ética profesional. Nuestro Código Civil consagra la teoría subjetiva de la interpretación de los contratos. Esto entraña el indagar sobre “la voluntad real de las partes, más aún que la voluntad declarada”. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 4ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1957, Vol. III, Sec. 6, Cap. I, pág. 424.

La interpretación de un contrato conlleva el reconstruir el sentido de una declaración negocial para conseguir los efectos deseados por las partes. La interpretación “debe ser entendida primariamente como el medio de colegir la voluntad a través de los signos empleados para expresarla”. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Cap. 10, pág. 148.

El Código Civil contiene una serie de preceptos que el juez utilizará para realizar su función interpretativa. Así, tenemos que el Art. 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472, dispone que para buscar “la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”. Este precepto es de carácter demostrativo no taxativo y, por lo tanto, no impide que se tomen en consideración actos anteriores a la contratación. Después de todo, los actos preparativos del contrato son muchas veces más imparciales que los posteriores. Espín Cánovas, op. cit., pág 425.

Ahora bien, la declaración de voluntad de las partes “no puede considerarse de una manera despersonalizada; es lazo de comunicación y de unión entre dos personas”. Diez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 148. Esto requiere que para determinar esa voluntad se tomen en consideración la ocasión, las circunstancias, las personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo. En relación con el contrato en sí, sus cláusulas deben interpretarse unas con otras. Cuando cualquiera de ellas admita diversos sentidos, debe entenderse en el más adecuado para que produzca el efecto deseado. Arts. 1237 y 1236 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3475 y 3474.

Recientemente, en Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987), citamos con aprobación las siguientes expresiones de Diez-Picazo en relación con la interpretación de los contratos:

[Éstos] “deben interpretarse de acuerdo con la buena fe ... [que es] un [standard] de conducta arreglada a los impera-tivos éticos exigibles de acuerdo con la conciencia social impe-rante .... Los contratos han de ser interpretados presupo-niendo una lealtad y una corrección en su misma elaboración, es decir, entendiendo que las partes al redactarlos quisieron expresarse según el modo normal propio de gentes honestas y no buscando circunloquios, confusiones deliberadas u oscu-ridades .... El contrato debe ser interpretado de manera que el sentido que se le atribuya sea el más conforme para llegar a un desenvolvimiento leal de las relaciones contractuales y para llegar a las consecuencias contractuales exigidas con-forme a las normas éticas . . . ”. (Énfasis suplido.) L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, Cap. XI, Sec. 45, págs. 251-252.

V

Conclusión

Analicemos los hechos de este caso con fundamento, tanto en las normas de derecho como en los preceptos éticos discutidos previamente. Los contratantes son, de una parte, un conocido bufete de abogados y, de otra, los señores Rojo, unos exitosos hombres de negocio, conocedores del mundo de las finanzas y familiarizados con el mecanismo de la nego-ciación. La situación con la que se confrontaban los señores Rojo cuando suscribieron el contrato en cuestión era la de una acción judicial por parte del Chase por cobro de una deuda ascendente a $1,671,500, más los respectivos intere-ses. Para el 2 de julio de 1979, éstos sumaban $775,775 y continuaban devengándose, a razón de $583.38 diarios. Ante esta situación, que las partes admiten era seria y que entra-ñaba cuestiones complejas, resulta obvio que los señores Rojo buscaran el asesoramiento de una firma de abogados de prestigio que pudiese enfrentarse efectivamente con los abo-gados del Chase, una poderosa institución financiera.

Los señores Rojo también aceptan que los servicios que les brindó el licenciado Látimer fueron de excelencia y cali-dad. El licenciado Látimer desarrolló una efectiva estrate-gia para intervenir con el problema. Primero, puso a nego-ciar a los Sres. Delio y Agustín Rojo bajo su dirección. Luego, cuando esto no resultó y los señores Rojo fueron de-mandados, reconvino y presentó demanda aparte en reclamo de sumas respetables, con fundamentos aparentemente só-lidos, puesto que fortalecieron la posición de los señores Rojo en la negociación y lograron la transacción que desea-ban.

Los señores Rojo y el licenciado Látimer, antes de suscri-bir el contrato en controversia, discutieron distintas alterna-tivas posibles de transacción. Entre ellas se encontraba la que finalmente se aceptó por considerarla los señores Rojo como la más favorable para ellos: entregar la finca propiedad de la Corporación a cambio de que el Chase considerara toda la deuda saldada —principal más intereses— y relevara a la Corporación y a los señores Rojo como garantizadores.

Estas fueron las circunstancias que precedieron el acuerdo que hoy nos toca interpretar. También resulta im-portante que tomemos en consideración que fueron los se-ñores Rojo los que solicitaron pactar honorarios contin-gentes. Ni los señores Rojo alegan ni de los documentos so-metidos surge que fueran presionados de manera alguna para suscribir el contrato de honorarios contingentes. Pacta-ron, voluntariamente, que se le pagaría al bufete de Ramírez, Segal & Látimer “un 20% de aquellas sumas en que el principal reclamado por Housing Investment Corp. se [redujera, y que]. .. [e]l 20% mencionado no se aplicarla] a cualesquier reducción en los intereses reclamados por Housing Investment Corporation”. Exhibit AA, pág. 1. Como hombres ave-zados en los negocios, los señores Rojo evaluaron e hicieron un juicio crítico de toda la situación. Concluyeron que les convenía lo acordado, luego de lo cual procedieron a suscri-bir lo que obviamente consideraron un pacto razonable. De estos hechos surge con evidente claridad que tanto los se-ñores Rojo como el licenciado Látimer eran conscientes de que una de las posibles alternativas de transacción era la entrega de la finca, único activo de la Corporación. Los con-tratantes eran personas versadas en el mundo de los nego-cios y de las finanzas. Como tales, tenían que saber que una transacción de este tipo podría resultar en la reducción del principal reclamado y que tal reducción podría ser sustan-cial. No era necesario que se detallaran en el contrato todas las posibles formas y alternativas de transacción capaces de producir una reducción del principal adeudado. Ni las normas de derecho ni los preceptos de los cánones de ética profesional exigen tal cosa. Leído el contrato de forma integral, unas cláusulas con otras y a la luz de las circunstancias que dieron lugar al acuerdo y a las sucedidas con posterio-ridad al mismo, surge con evidente claridad que fue la inten-ción de las partes incluir, dentro de la contingencia pactada, la alternativa finalmente acordada.

Las partes pactaron libre y voluntariamente y con pleno conocimiento de la obligación que asumían, que además del pago de $50 por hora por trabajo realizado, al bufete se le pagaría el veinte por ciento (20%) de aquella suma en que el principal reclamado se redujese. Si la entrega de la finca pro-dujo esta reducción, la contingencia se dio y procede el pago de lo pactado. Los señores Rojo aceptaron la oferta del Chase. La forma y manera en que finalmente se estructuró la transacción en nada afecta el hecho de que la contingencia pactada en efecto se dio.

Debido a que el tribunal de instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, éste no llegó a deter-minar el valor de la finca, paso previo esencial para concluir si efectivamente hubo la reducción pactada en la cláusula de contingencia. Tampoco fue necesario que determinara si, bajo las circunstancias específicas de este caso, debía consi-derarse el valor de la labor realizada por el segundo bufete de abogados, Laffitte & Domínguez, de completar el trabajo y concluir la transacción al computar los honorarios adeu-dados al bufete de Ramírez, Segal & Látimer.

Por todo lo antes expuesto, procede que se dicte sentencia revocando la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y que se devuelva el caso para que conti-núen los procedimientos de forma compatible con esta opi-nión.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita.

       Habiéndose decidido este caso a base de prueba documental solamente, por tratarse de una sentencia sumaria, estamos en la misma posición que el tribunal de instancia en relación con la determinación de los hechos. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981); P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981); Vega Torres v. Sucn. Mercado Riera, 107 D.P.R. 425 (1978).

       Contrataron al licenciado Látimer para que los representara como garan-tizadores de ésta y otras diez (10) corporaciones en las cuales ellos eran los accio-nistas principales. Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el codemandado Agustín Rojo Rigual, págs. 3 y 4, Exhibit S.

       La carta del Chase lee así:
      “Hacemos referencia a nuestro compromiso de notificarle nuestra oferta de tran-sacción para solucionar en definitiva los casos de epígrafe sin que la misma consti-tuya una admisión de hechos o de responsabilidad por parte de nuestra institución banearia o de Housing Investment Corporation.
      “El Chase Manhattan Bank, NA está en disposición de aceptar de Residencial Colinas de Carolina, Inc. el predio de terreno conocido como ‘Los Caciques’ y asumir el pago de todas las contribuciones territoriales adeudadas; relevar a Re-sidencial Colinas de Carolina, Inc. y a todos sus garantizadores solidarios del pago de su deuda hipotecaria sobre dicho proyecto, la cual asciende al día de hoy a $1,673,107.50 y $1,050,157.98 de intereses.
      “A cambio de dichas concesiones, Residencial Colinas de Carolina, Inc. [y] todas las otras corporaciones que son demandantes en el [C]aso Civil 79-5915 y Agustín Rojo Rigual, Agustín Rojo García, Delio Rojo García, Eduardo Rojo García y Luisa Rojo [de Spi]n deberán de desistir de todas sus reclamaciones judiciales y alegadas causas de acción, con perjuicio, entabladas en los casos de epígrafe; renunciar a toda reclamación pasada, presente o futura relacionada con los finan-ciamientos interinos u otras transacciones relacionadas con dichos financia-mientos o desarrollos residenciales y/o construcción de viviendas y disposición de hipotecas sobre dichos desarrollos residenciales que tengan o puedan tener contra The Chase Manhattan Bank, NA y Housing Investment Corporation, sus directores, oficiales, accionistas, cesionario, abogados, mandatarios y/o represen-tantes.
      “Su respuesta a lo anterior le será agradecida.” Exhibit U.

       Del Alegato en réplica del recurrido Agustín Rojo García, pág. 30, se desprende que los señores Rojo consideraban demasiado alta la cantidad a pa-garse como contingencia. En dicho alegato, expresaron lo siguiente: “Los recu-rridos nunca han cuestionado la calidad profesional desplegada por los recurrentes durante su gestión en los casos, inclusive se estipuló que estuvieron satisfechos con dicha labor. Tampoco se cuestiona la complejidad de las contro-versias planteadas en ambos casos. Sin embargo, ello no implica que dicha labor, por altamente profesional que haya sido, justifique en el presente caso honorarios ascendentes a $240,000.”

       Alegato en réplica del recurrido Agustín Rojo García, pág. 30.

       Alegato en réplica del recurrido Agustín Rojo García, pág. 30.

       En relación con la razonabilidad de los honorarios, cabe señalar que la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes sólo se da “en circunstancias extraordinarias, facultad dimanante del [Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375] que ha de ejercerse con extrema cautela y patente justificación por su efecto lesivo a la estabilidad de los contratos y a la seguridad jurídica”. (Énfasis suplido.) López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265, 271 (1982).

       Bajo ciertas circunstancias, en otras jurisdicciones se ha tomado en con-sideración la labor subsiguiente del abogado que completó el trabajo al hacer el cómputo de los honorarios contingentes adeudados. Por ejemplo, en Louisiana, jurisdicción de tradición civilista influenciada por las normas del derecho común, se ha resuelto lo siguiente: que un abogado cuyo contrato de servicios profesio-nales a ser pagados en forma contingente lo da por terminado el cliente sin justa causa, es acreedor al pago de honorarios contingentes. Estos se dividen a pro-rrata entre los abogados que trabajaron en el caso, de acuerdo con las normas establecidas en el Código de Responsabilidad Profesional. Saucier v. Hayes Dairy Products, Inc., 373 So. 2d 102 (La. 1979). Para la posición contraria, véase Kaushiva v. Hutter, 454 A.2d 1373 (D.C. App.), cert. denegado, 464 U.S. 820 (1983).


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Presidente Señor Pons Núñez, (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Pueblo International, Inc. y otros, demandantes y apelados, v. Héctor Rivera Cruz y otros, demandados y apelantes.

      Número: CE-86-430

      Resuelto: 20 de enero de 1989

      Rubén T. Nigaglioni y Eric R. Ronda Del Toro, de Ledesma, Pa-lou & Miranda, abogados de los apelados individuales; Samuel T. Céspedes y Manuel A. Guzmán, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogados de Pueblo International, Inc., apelados; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, abogado de los apelantes.
   RESOLUCIONES

A la moción de reconsideración presentada por la parte apelada, no ha lugar. Los Señores Jueces que participan en el recurso reiteran y ratifican sus respectivas posiciones en lo referente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Cierre, según las mismas quedaran plasmadas en la sentencia emitida el 23 de noviembre de 1988.

Se aclara, sin embargo, que el Tribunal entiende que los establecimientos comerciales operados por sus propios dueños, esposas o hijos están exentos de las disposiciones de la referida Ley de Cierre.

A la moción de solicitud de clarificación de los efectos de la sentencia emitida presentada por la Oficina del Procura-dor General de Puerto Rico en representación de la parte apelante, no ha lugar por académica.

La parte apelada deberá atenerse a lo resuelto. Se ins-truye al Secretario General del Tribunal para que proceda de inmediato a la remisión del mandato en el caso de epígrafe.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto concurrente. El Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió voto explicativo en el cual disiente y al cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

La Ley de Cierre, 33 L.P.R.A. secs. 2201-2203, es consti-tucional. Como expresamos en nuestra opinión concurrente de 23 de noviembre de 1988, la “opinión pública, como reali-dad inserta en el tejido social, es materia que usualmente corresponde canalizar y atender a la Asamblea Legislativa”. Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 706 (1988).

Y más adelante añadimos:

[DJesde la psicodinámica judicial, estamos persuadidos de que el fenómeno histórico, cultural, económico, social, laboral y legal que resume las complejidades de la Ley de Cierre po-demos expresarlo del siguiente modo: para el economista, un indicador en su hoja de ganancias y pérdidas; para ciertas grandes cadenas de supermercados y comercios, una rémora en su afán de acaparar el mercado; para algunos estudiantes empleados a tiempo parcial y transitorio, unas horas más de ingreso suplementario; para el pequeño e intermedio comer-ciante, una protección contra el imperio capitalista; para el trabajador, un merecido descanso; para el consumidor, un es-tatuto obsoleto que afecta la conveniencia de un día adicional para comprar; para el sociólogo, la identidad colectiva; para el sacerdote o ministro, un día de oración; para la familia, una fuente de unidad; para el pueblo puertorriqueño, la preserva-ción de un día común impregnado de aire y sabor diferente.
Al pasar este balance, nos percatamos de lo peligroso y superficial que resulta asumir una posición fundada exclusiva-mente en uno de esos intereses. Una conclusión sí es clara y aflora como verdad indiscutible: aquellos empresarios y con-sumidores que se oponen a la Ley de Cierre y la tachan de inconstitucional y arcaica son los que regularmente no se verán precisados a renunciar su disfrute ni a trabajar los domingos y días feriados.
La sabiduría, la valoración y el equilibrio de estos intereses en conflicto —ausente una lesión atendible en la dimensión constitucional— corresponde a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. No compete enjuiciarlos al Poder Judicial, cuya lupa en esta compleja materia no tiene el diámetro suficiente para conciliar y canalizar el pluralismo de los sectores que nutren la opinión pública. Por la naturaleza socioeconómica y valores subyacentes de la Ley de Cierre, afortunadamente ha preva-lecido otra vez su constitucionalidad. Otro curso decisorio hu-biese tenido desoladoras consecuencias en nuestro cuerpo doctrinario constitucional; más aún, se hubiese erigido a costa del sufrimiento de los más débiles: los trabajadores. Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra, págs. 748-749.

II

Es materia susceptible de conocimiento judicial que fue Pueblo International, Inc. —una de las principales cadenas de supermercados del país— el que intencional y sistemáti-camente comenzó a abrir sus establecimientos los domingos y días feriados en violación de la ley.

Nadie cuestiona seriamente que esa conducta y actividad fue generada por su afán de lucro, el progreso material eco-nómico y el consumerismo desmedido. A ultranza, Pueblo International, Inc. quiso imponer sus intereses preeminente-mente pecuniarios sobre los valores individuales y sociales encarnados en esta ley, a saber: promover la integración fí-sica del trabajador y la unidad del núcleo familiar; impedir que el proceso de descomposición familiar sea más acele-rado; detener el deterioro de la calidad de vida; desalentar el consumerismo mimético desenfrenado; evitar ciertas prác-ticas monopolísticas y proteger al pequeño comerciante de la desventaja competitiva.

Insatisfecho con las enmiendas adoptadas en 1983 por la Asamblea Legislativa con miras a balancear la pluralidad de reclamos y a atemperar la Ley de Cierre a la realidad preva-leciente, Pueblo International, Inc. continuó con su exigencia de abrogación total. Al no lograrlo, en un claro menosprecio de la ley y en el ejercicio de todo su poderío económico, optó por abrir. Con ello inició un ciclo de aperturas. Otros estable-cimientos se vieron forzados a imitarlo para contrarrestar la ventaja competitiva lograda por Pueblo International, Inc.

Ciertamente todos estos antecedentes fácticos justifican plenamente la acción del Departamento de Justicia en su contra. Al seguir Pueblo International, Inc. ese curso de ac-ción —que la prueba refleja le rindió una mejoría en sus ga-nancias— lo hizo conscientemente. Inició una campaña pú-blica y masiva en contra de la Ley de Cierre y, finalmente, acudió a los tribunales. Ante esta situación, rehusamos asu-mir un rol de paternalismo judicial a su favor.

III

En el plano teórico, hemos de descartar toda especulación en cuanto a la aplicabilidad futura de la Ley de Cierre a los pequeños comerciantes y su potencial aplicación selectiva y discriminatoria. “En materia de interpretación constitu-cional carecemos del encanto de la magia y del hechizo esfé-rico de la consabida bola de cristal.” Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra, pág. 743, opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García. Igual que el filósofo Voltaire, creemos que el tiempo es la espada de la justicia y pone cada cosa en su lugar. Por el momento, basta señalar que el Estado no viene obligado —por razones obvias de li-mitaciones de recursos— a perseguir y denunciar a todo in-fractor de una ley. Si sostuviéramos semejante propuesta — por mencionar sólo algunas— ¿no sería entonces inconstitu-cional la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, la Ley de la Bolita, la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico? “En ausencia de prueba de un patrón de evidente dis-crimen y abuso patente de discreción, una persona o entidad no puede justificar su violación de la ley sobre la base de que no se ha perseguido a otros infractores.” A.R.P.E. v. Chang Louk, 113 D.P.R. 295, 297 (1982).

En la dimensión constitucional, dista mucho este caso de proyectar un discrimen selectivo comparable al que hubo en Hernández Colón v. Srio. de Hacienda, 115 D.P.R. 145, 162-167 (1984), a saber, la imposición arbitraria de unas deficien-cias contributivas al adversario político principal, candidato a la gobernación poco antes de las elecciones. Menos, al de-tectado en Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530 (1988), compatible con la persecución y denuncias criminales formu-ladas sistemáticamente contra el movimiento independen-tista. Rechazamos situar en la misma escala jerárquica estos dos (2) últimos valores constitucionales. No son equiparables con el simple afán de lucro económico que anima a Pueblo International, Inc.

Ciertamente, para un lego, la técnica de distinguir o con-traponer actividades permitidas a las prohibidas por la Ley de Cierre es impresionante. Empero, para el jurista la misma no es válida, pues se abstrae del postulado elemental de que “[njuestra función es interpretar la ley y no juzgar su bondad o sabiduría”. Famania v. Corp. Azucarera de P.R., 113 D.P.R. 654, 657-658 (1982). No podemos olvidar que la “sabiduría de una ley, o su obsolescencia o impopularidad social no constituyen fundamentos válidos en apoyo de su inconstitucionalidad por la Rama Judicial”. (Escolio omitido.) Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 754, 756 (1986), voto disidente del Juez Asociado Señor Negrón García. Así pues, no es función judicial “condonar” las limita-ciones en las oportunidades de empleo resultantes de esta ley, como tampoco sus variantes en torno a actividades en negocios o lugares con fines recreativos, vendan o no bebidas alcohólicas. De lo contrario, nos corremos el riesgo de per-mutar el estrado apelativo por un pupitre legislativo.

IV

Aclarados estos extremos, notamos que es erróneo soste-ner que “la excepción dispuesta en la ley referente a los establecimientos operados por sus propios dueños, cónyuges e hijos ... sólo cubre algunas horas”. (Énfasis en el original.) Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 811 (1988), opinión disidente del Juez Presidente Señor Pons Nú-ñez; Voto explicativo del Juez Presidente Señor Pons Núñez, págs. 196-197. Esa premisa equivocada lo lleva incluso a con-cluir que “esa excepción no cubre los domingos y sí sólo al-gunas horas en otros días de la semana”. (Énfasis suprimido.) Voto explicativo del Juez Presidente Señor Pons Núñez, págs. 196-197. Ni siquiera Pueblo International, Inc. y los otros apelados sostienen esa proposición. Por el contrario, aceptan que están exentos. Alegato, págs. 5 y 8.

El error aparentemente es producto de una interpreta-ción forzada e incompleta de la ley, que ignora totalmente su historial legislativo. Veamos.

El legajo de la Asamblea Legislativa es diáfanamente claro. La excepción referente a los establecimientos operados por sus dueños, esposa e hijos fue incorporada originalmente mediante la Ley Núm. 113 de 27 de junio de 1964 (33 L.P.R.A. sec. 2201(a)). En lo pertinente, señala:

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 553 del Código Penal, conocido como “Ley de Cierre de Establecimientos Comer-ciales”.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1. — Se enmienda el inciso (a) del Artículo 553 del Código Penal para que se lea como sigue:
“Artículo 553. — (a) Los establecimientos comerciales per-manecerán cerrados al público, sin que pueda realizarse en los mismos ninguna clase de trabajo después de una hora de ce-rrados, durante los días y horas que se especifican a continua-ción:
“1. Durante todo el día: los domingos, excepto cuando fue-ren domingos los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero; el primer lunes de septiembre (Día del Trabajo), el 4 y 25 de julio, 25 de diciembre, los días de elecciones generales en Puerto Rico y el Viernes Santo.
“2. Todos los viernes desde las 9:00 P.M.; todos los sábados y demás días laborables desde las 6:00 P.M.; y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero desde las 10:00 P.M. Los estableci-mientos operados por sus propios dueños, esposa o hijos, quedan exentos de las disposiciones del Artículo 553, inciso (a).” (Énfasis suplido, en el original y escolio omitido.) 1964 Leyes de Puerto Rico 359.

Una mirada retrospectiva al recinto legislativo nos per-mite observar que el propósito original de esta excepción — según el P. de la C. 509— fue sólo autorizar la apertura los viernes hasta las 9:00 P.M. de todos los comercios y, además, “permitirle a los dueños de aquellos establecimientos comer-ciales operados por ellos y sus familiares en seleccionar cuál día, entre el sábado y el viernes de cada semana, desean per-manecer abiertos hasta las 9:00 de la noche”. Informe de las Comisiones de lo Jurídico y de Comercio e Industria de la Cámara de Representantes, 18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1166 (1964).

Sin embargo, esta idea inicial fue ampliada. Se acogió una enmienda propuesta del legislador señor Ortiz Noriega, y se les eximió de la ley. Al efecto, el señor Torres Gómez, presidente de la Comisión de Comercio e Industria, con-signó:

... No tenemos objeción, porque el efecto de la enmienda es sacar de la prohibición de la ley de cierre actual de los esta-blecimientos que sean operados por sus dueños o familiares que generalmente son establecimientos pequeños en las zonas montañosas y rurales y semiurbanas; y en ese mismo sentido ya esta Cámara aprobó un proyecto el año pasado que está pendiente de acción del Senado; de modo que no hay objeción a la enmienda. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra.

Y más adelante, frente a las dudas de otro representante, se suscitó el diálogo siguiente:

Sr. Viera Morales: ¿El alcance de la enmienda que se acaba de aprobar permitiría que un colmado de barrio pueda per-manecer abierto todo el domingo?
Sr. Presidente: ¿Se refiere a la enmienda propuesta por el compañero Ortiz Noriega?
Sr. Torres Gómez: Sí, todo el tiempo, siempre que sea ope-rado por su dueño o familiar; o sea, que no tenga empleados. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra.

Lo expuesto quedó avalado en el lenguaje finalmente aprobado. También explica por qué esta excepción quedó in-sertada en este inciso (a) y no en el inciso (b), que agrupa sistemáticamente el resto de las excepciones. Si descono-cemos este historial legislativo, nos exponemos a la confu-sión. Según hemos visto, de la idea básica de concederles a estos establecimientos la opción de permanecer abiertos hasta las 9:00 P.M., viernes o sábados, se dispuso quedaran “exentos de las disposiciones del Artículo 553, inciso (a)”. Indiscutiblemente el inciso (a) es el único que contiene la prohibición. En buena hermenéutica no vemos, pues, forma alguna en qué fundar la tesis de que “esta histórica excepción sólo cubre algunas horas_” Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 811 (1988), opinión disidente del Juez Presidente Señor Pons Núñez. Por el contrario, su his-torial y texto confirman que estos establecimientos quedaron excluidos de la Ley de Cierre.

Este enfoque permaneció inalterado en las últimas en-miendas. A tal efecto, la Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1983 dispuso:

Para enmendar el párrafo introductorio y el Apartado (2) del inciso (a), se adiciona un Apartado (14) del inciso (b), se adi-ciona un nuevo inciso (c) y se enmienda y redesigna el inciso (c) como inciso (d) del Artículo 553 del Código Penal de Puerto Rico, edición de 1937, según enmendado y para disponer pena-lidades.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1. — Se enmienda el párrafo introductorio y el Apartado (2) del inciso (a), se adiciona un Apartado (14) del inciso (b), se adiciona un nuevo inciso (c) y se enmienda y re-designa el inciso (c) como inciso (d) del Artículo 553 del Código Penal de Puerto Rico, edición de 1937, según enmendado, para que se lea como sigue:
Artículo 553.—
(a) Los establecimientos comerciales permanecerán ce-rrados al público, sin que pueda realizarse en los mismos nin-guna clase de trabajo después de dos horas de cerrados, du-rante los días que se especifican a continuación:
(1) .
(2) Todos los días laborables de lunes a sábado desde las 9:00 P.M.; y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero desde las 10:00 P.M. Los establecimientos operados por sus propios dueños, cónyuges o hijos, quedan exentos de las disposiciones de este inciso. (Énfasis suplido, en el original y escolio omitido.) 1983 Leyes de Puerto Rico 287-288.

Este lenguaje también es transparente. Para fines de cla-sificar y dividir materia correlacionada de lo general a lo particular, la Asamblea Legislativa simplemente utilizó el método de identificar la serie según párrafos, incisos y apartados. Así el lenguaje particular, in fine, del Apartado (2) —expositivo de que los establecimientos familiares “que-dan exentos de las disposiciones de este inciso”— no es otra cosa que una referencia directa a la prohibición general de cierre, contenida precisamente en el inciso (a).

Esta clara excepción en la Ley de Cierre está en armonía con la intención legislativa y con el espíritu de uno de los múltiples motivos que animaron su redacción. Como seña-lamos originalmente:

Sus horizontes son más espaciosos. En época más reciente, en un incidente de este mismo caso —Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 754, 758 (1986)[, voto disidente del Juez Asociado Señor Negrón García]— tuvimos la oportu-nidad de comenzar a definir y cualificar esta premisa. Allí sos-tuvimos que la Ley de Cierre “está cimentada en promover, hasta lo posible, la existencia del domingo como determinado día de descanso, y por ende, la integridad física del trabajador y la unidad del núcleo familiar”. (Énfasis suplido.) Es me-nester, pues, ampliar esta apreciación.
La designación del domingo, como día colectivo de descanso es una conquista social de inmenso valor. Responde al con-cepto legislativo de que el ser humano —física, mental y espiritualmente— es acreedor a un merecido paréntesis de so-siego durante la jornada regular semanal. Sin límites, tendrí-amos que vivir una jornada diferente, en última instancia, a expensas de las necesidades y voluntad patronal. El calendario gregoriano usado por tradición —Escalera v. Andino, 76 D.P.R. 268, 271 (1954)— se quedaría en blanco, sus días inno-minados, reducido únicamente a la simple aritmética de con-tar los espacios de tiempo en días, semanas y meses. Cada persona estaría sujeta a un distinto ritmo semanal que difícil-mente contribuiría a apartarse del trajín rutinario.
La Ley de Cierre —quién lo duda— ha contribuido por ochenta y seis (86) años a esa conquista. Por ella el domingo se. impregnó en la sociedad con ese sabor particular a vida humana, familiar, religiosa y deportiva. Adquirió y confirmó la urgencia de darle un “¡Alto!” a nuestra rutina sofocante y fati-gosa. Acopló al núcleo familiar el calendario escolar de cientos de miles de niños y jóvenes. En otras palabras —en virtud de toda una serie de actividades privadas y guberna-mentales de lunes a viernes o sábado— en la acepción popular y generalizada, el domingo se invistió de una connotación re-frescante que apunta hacia unas horas —las únicas— que ha-cen viable que la mayoría de los puertorriqueños, individual y colectivamente, pueda disponer de un descanso necesario des-pués del cumplimiento obligatorio con su trabajo. La iglesia, la playa, el maratón, la visita familiar, la bicicletada, sencilla-mente la conversación reposada en el hogar o el disfrute de la música o la sintonía de la actividad deportiva favorita ocupan gozosamente nuestras horas y desocupan nuestro aliento para emprender al día siguiente el forzoso programa de nuestros compromisos.
Desde la panorámica laboral y sociológica, la ley es justa y necesaria. Atempera el desasosiego agobiante en que cada día más se ve inmerso el hombre de nuestro tiempo. Hoy más que nunca cumple con la necesidad humana de mitigar el ajetreo y el estruendo, y devolverle a la persona un poco del reposo que su dignidad reclama. (Énfasis suplido, en el original y escolio omitido.) Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 714-716 (1988), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García.

Ciertamente la excepción que nos ocupa en la Ley de Cie-rre protege al núcleo familiar. A fin de cuentas, la decisión de abrir o no el domingo y horas proscritas es de naturaleza voluntaria. La excepción está dirigida a. la empresa familiar y fomenta no sólo la mejoría económica de ese núcleo —por esfuerzo mutuo— sino que también la actividad per se pro-mueve su unidad. ¿Puede entonces establecerse válidamente una analogía de esos valores familiares —así protegidos— con los intereses puramente económicos de Pueblo International, Inc. o establecimientos similares? Lógicamente, en este extremo, el ámbito conceptual y esquema operacional, valores e intereses no son comparables. El elemento clave es la libre volición.

Sin la Ley de Cierre —o la existencia de otros meca-nismos alternos que restrinjan la voluntad patronal de impo-ner a los trabajadores la obligación de laborar los do-mingos— ¿cabe sostenerse que la apertura dominical ade-lanta la unidad familiar?

Son los empresarios los que deciden no sólo quiénes traba-jan, sino a qué horas lo hacen y por cuánto dinero. Controlan, por lo tanto, las circunstancias de la vida en familia. En mu-chos casos los cónyuges enfrentan largas jornadas de trabajo, bajo condiciones de alta competencia, en labores monótonas y repetitivas que resultan muy tediosas. Naturalmente esto re-percute en el hogar, que recoge los despojos de una pareja que llega cansada e irritada y que ha estado ausente durante largas horas. Esas circunstancias no son las más propicias para promover una relación conyugal sana y gratiñcadora. (Énfasis suplido.) M. Muñoz Vázquez y E. Fernández Bauzó, El divorcio en la sociedad puertorriqueña, Río Piedras, Eds. Huracán, 1988, pág. 29.

El análisis aislado de cada una de las excepciones de la Ley de Cierre es necesario. Sin embargo, ese método resulta trunco si en determinados momentos no es integral. Cuando examinamos un estatuto tan complejo, como es la Ley de Cierre, lejos de compartimentár debemos adoptar un trata-miento dialéctico que permita auscultar las interrelaciones de sus componentes y comprender la naturaleza y razones de sus aparentes contradicciones. Sólo desde esa perspectiva global y amplia podremos separar lo insignificante de lo de-terminante, lo insulso de lo sustancial.

Según esta perspectiva, en términos porcentuales, la ra-zonabilidad y racionalidad de esta excepción no merman por razón del restante núcleo familiar todavía protegido. Repe-timos:

... [MJerece especial atención el énfasis que incluye el foro de instancia en relación con la magnitud del sector no cubierto por la ley, utilizado como fundamento primario para su deter-minación final. Nos referimos a que sólo el 12.5% de la fuerza laboral está sujeta a la prohibición, lo cual a su juicio es in-constitucionalmente irrazonable. Como argumento, este por ciento representa una estadística fría que no reproduce fiel-mente la situación e inintencionalmente enmascara la reali-dad. El universo numérico es más amplio. Si con ojo perspicaz la examinamos, inmediatamente descubrimos que el 12.5% ex-cluye los 263,000 trabajadores del sector público. Esta cifra actualmente representa un segmento sustancial: el 33.1% de la fuerza trabajadora del país. Aunque carecemos del desglose exacto de cuántos de estos empleados públicos no trabajan los fines de semana, tomamos conocimiento judicial de que la ma-yoría no lo hace. La regla general es que los empleados del gobierno estatal, los municipales, los de las corporaciones pú-blicas y los del gobierno federal disfrutan del domingo como día de descanso, salvo aquellos que se desempeñan en servi-cios esenciales o de emergencia. Asimismo es de conocimiento general que muchos de los trabajadores de los estableci-mientos comerciales e industriales a los que no cobija la ley no trabajan durante los días y las horas reglamentadas por el estatuto. Si a estas cifras sumamos los 179,000 desempleados que desafortunadamente hay en el país —y los 2,281,000 seres que no forman parte de la fuerza trabajadora— con meridiana claridad podemos concluir que la inmensa mayoría de los 'puertorriqueños tiene disponible el domingo para disfru-tarlo de acuerdo con sus intereses y preferencias, lo cual es congruente con los propósitos primarios y secundarios de la ley, tales como descanso, unidad familiar, etc. (Énfasis en el original y escolios omitidos.) Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 736-737 (1988), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García.

No puede, pues, existir duda alguna. La Ley de Cierre no aplica a los establecimientos operados por sus propios dueños, cónyuges e hijos. Sin infringir la ley, éstos pueden voluntariamente abrir los domingos. Así lo aceptan todas las partes. Ello está en armonía con uno de los diversos pro-pósitos de la ley: unidad familiar.

V

Finalmente, en cuanto a la regla especial del empate, aplicable al caso de autos por razón del requisito de mayoría absoluta — Art. V, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, in fine— se aduce que “no es éste el momento más apropiado para reexaminar la misma. El planteamiento tiene méritos que entendemos este Tribunal debe examinar en una ocasión futura más oportuna”. Voto explicativo del Juez Presidente Señor Pons Núñez, pág. 200.

Nos inquieta este aserto. En primer lugar, Pueblo International, Inc. y los otros apelados así lo solicitan. Y segundo, todos estamos contestes en que se trata de un asunto reves-tido de interés público e importancia.

En estas circunstancias, honestamente creemos que si existiera alguna duda en una mayoría de los miembros del Tribunal sobre la vigencia de la regla del empate, deberí-amos enfrentarnos al planteamiento de Pueblo International, Inc. de que la revoquemos. ¿Por qué no hacerlo ahora y posponerlo para una ocasión futura? ¿Qué caso será el apro-piado y oportuno? Difícilmente podemos concebir uno que mejor lo amerite. No sólo los aquí litigantes son acreedores a ese pronunciamiento, sino la adecuada ordenación de nues-tra labor institucional al nivel constitucional. La estabilidad y valía del stares decisis, así como la seriedad de nuestros dictámenes, lo justifican.

Al respecto, no albergamos reserva alguna en cuanto a la solidez de la norma de Pueblo v. Torres Lozada, 106 D.P.R. 588 (1977), y seguida en P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 685 (1980). Aun bajo el prisma constitucional, no podemos acce-der al pedido de Pueblo International, Inc. de reconside-rarla. Su vigencia es la única congruente con el espíritu que prevaleció en la Asamblea Constituyente respecto a la pre-sunción de constitucionalidad.

Aparte de ello, en la dimensión deontológica subsisten válidos fundamentos. En última instancia, para el escrupu-loso y auténtico jurisprudente, ello atentaría contra el dere-cho “más sagrado y de mayor carga valorativa: la libertad de conciencia que es la voz espiritual más íntima del ser humano”. Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650, 695 (1988), opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Negrón García, de 21 de noviembre de 1988. ¡Es imposible visualizar al juez simplemente como un homo juridicusl El buen juez “[s]iempre sabrá prestar oídos, en última instancia, a la voz de la conciencia, verdadera pauta de moralidad difícilmente falible cuando la inteligencia está ilustrada por la ciencia y la voluntad disciplinada por la moral. Todos sabemos de las constantes y moduladas inflexiones de esta voz insobornable, fértil consejera, desinteresada amiga, a veces suavemente tranquilizadora, en otras insistentemente admonitiva”. (Es-colios omitidos.) F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 22. ¿Cómo pedirle man-cillar su propia estimación, prestigio y dignidad vocacional? La libertad de conciencia espiritual es el ALFA y el OMEGA de una verdadera independencia judicial.

En definitiva, frente a la inhibición moral —fundada en unos lazos inquebrantables que alcanzan el segundo grado de consanguinidad— no cabe invocar regla constitucional de ne-cesidad. Noriega Rodríguez v. Gobernador, 120 D.P.R. 267 (1988).

Voto explicativo emitido por el

Juez Presidente Señor Pons Núñez,

al cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

I

El Secretario de Justicia ha presentado una moción de solicitud de clarificación de los efectos de la sentencia emi-tida el 23 de noviembre de 1988. Aun cuando la misma carece de méritos, pues no existe razón alguna para que adoptemos en este caso una regla distinta a la usual en cuanto a la vigen-cia de nuestras sentencias, por traer ella ante nos el tema subyacente de la implantación de la Ley de Cierre, nos pa-rece apropiado señalar unas consideraciones adicionales en torno a ello. Las mismas no son especulaciones ni el producto de clarividencia, sino las inferencias razonables que se deri-van de las actuaciones pasadas del Estado que constan en autos.

En las intervenciones que en torno al asunto ha realizado el Estado se da la sensación de que la Ley de Cierre se con-cibe como sólo aplicable, en cuanto al domingo se refiere, a los grandes comercios. No se plantea el efecto de la misma sobre los pequeños comercios que, bajo los claros términos de este estatuto, también tendrían que cerrar los domingos. Nótese que cuando el Estado mobilizó sus fuerzas coactivas el 9 de marzo de 1986 lo hizo sólo en cuanto a Pueblo International, Inc. (Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 230, 266 (1986), voto concurrente y disidente). Adviértase, además, que la notificación del Departamento de Justicia, a los efectos de requerir cumplimiento con la ley —que originó este pleito— se le entregó únicamente a Pueblo Supermarkets y a Plaza Gigante.

El Estado viene obligado a velar por que todos, grandes y pequeños, cierren los domingos. El estatuto no establece ex-cepción alguna en favor de un denominado “pequeño comer-ciante”, como tampoco la establece a favor de los grandes comerciantes. En la medida que no lo haga estaría implan-tando la ley selectiva y discriminatoriamente. Dicho de otro modo: los domingos estarán obligados a cerrar no sólo los supercolmados Pueblo, sino hasta el más pequeño y humilde colmadito en la ciudad y en el barrio más remoto de Puerto Rico; no sólo tiene que cerrar la gran ferretería, sino tam-bién la pequeñita que resuelve los apuros de la persona que dedica algunos domingos a reparar su hogar; no sólo tiene que cerrar la gran tienda por departamentos, sino también la pequeña mercería.

El derecho a la igual protección de las leyes no se viola únicamente cuando de su propia faz determinada ley esta-blece clasificaciones constitucionalmente impérmisibles en-tre distintos ciudadanos, sino también cuando a pesar de su validez intrínseca ésta se aplica de manera selectiva injustifi-cadamente. Hace ya tiempo que en el constitucionalismo nor-teamericano se adoptó el referido principio como parte de la igual protección de las leyes.

En Sunday Lake Iron Co. v. Wakefield, 247 U.S. 350, 352 (1918), expresó el Tribunal Supremo federal que “[t]he purpose of.the equal protection clause of the Fourteenth Amendment is to secure every person within the State’s jurisdiction against intentional and arbitrary discrimination, whether occasioned by express terms of a statute or by its improper execution through duly constituted agents”. Véanse, además: Truax v. Corrigan, 257 U.S. 312 (1921); Oyler v. Boles, 368 U.S. 448 (1962); Carter v. Jury Commission, 396 U.S. 320 (1970); Wayte v. United States, 470 U.S. 598 (1985). En Pueblo v. Lausell Hernández, 121 D.P.R. 823, 854 (1988), se resume esta doctrina en los términos siguientes:

... es de todos conocido que aun ante estatutos como el que ocupa nuestra atención [neutrales y constitucionales de su faz], puede surgir un problema constitucional si el mismo es aplicado en forma arbitraria, selectiva y discriminatoria a una persona o a un grupo de personas. Ello, como es sabido, cons-tituye una violación del derecho a la igual protección de las leyes.
No se trata de que el Gobierno de Puerto Rico no pueda acusar criminalmente a sus ciudadanos .... Se trata de que no lo puede hacer en forma selectiva y discriminatoria .... (Én-fasis suprimido y cita omitida.)

Es este un caso en que es particularmente fácil constatar la aplicación selectiva y discriminatoria del estatuto. Se trata de un crimen legislado donde los actos constitutivos del de-lito se llevan a cabo ostensiblemente, en un sólo día de la semana, a la luz del día y a la vista de toda la ciudadanía. No se trata de una violación de ley o del crimen usual cometido en la clandestinidad o secretividad, en donde establecer la violación o identificar al violador requiere complejas y difí-ciles investigaciones. Las leyes no pueden utilizarse para perseguir personas por sus creencias políticas, por su color o raza, por la posición que ocupan en la sociedad ni por pe-queños o grandes que sean. No se trata de favorecer al grande sobre el pequeño, pues el resultado sería el mismo si la situación fuere a la inversa. En la implantación de las leyes el Estado no puede partir de un fundamento selectivo o arbi-trario.

La posición de que la Ley de Cierre no obliga a cerrar los domingos a los pequeños negocios es errada en tanto se fun-damenta en la excepción prevista en el Art. 553(a)(2) de la Ley de Cierre() referente a los establecimientos operados por sus propios dueños, cónyuges e hijos. Ya hemos expre-sado que entendemos que necesariamente no existe equiva-lencia entre negocio pequeño y dicha excepción. Sin embargo, cabe señalar que de todos modos a nuestro juicio la interpretación más razonable es que esa excepción no cubre los domingos y sí sólo algunas horas en otros días de la semana. Si aceptamos, arguyendo, la plausibilidad de la exé-gesis que se propone en cuanto al párrafo (a) del Art. 553, tenemos qué concluir que dicha interpretación se convierte en un argumento circular que contradice la premisa de constitucionalidad de la ley que descansa en su alegado pro-pósito de convertir el domingo en ‘“día colectivo de des-canso’” que propicia la unidad familiar “‘[al] darle un “¡Alto!” a nuestra rutina sofocante y fatigosa’”. (Énfasis su-primido.) Voto concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García, pág. 188. Adviértase que la interpretación propuesta tiene la consecuencia de señalar que el descanso perseguido por la ley no cubre la unidad familiar más básica (dueños-cónyuges e hijos) cuando éstos operan el establecimiento co-mercial los domingos. ¿A qué familias, entonces, va dirigido el estatuto? Si no tiene el propósito de proteger esos valores para las familias que laboran en todos los establecimientos exceptuados de las disposiciones de la ley (alrededor del 87% de la fuerza trabajadora) ni para las unidades familiares que operan su propio negocio, ¿a quiénes es que pretende prote-ger la ley y por qué esa protección es necesaria para esos pocos protegidos por el estatuto y no para todos los otros exceptuados? ¿En qué consiste la razonabilidad o racionali-dad de la protección a ese reducido grupo de familias cuando la propia ley no protege las familias de más del 87% de la fuerza trabajadora?

Con respecto al argumento que se adelanta sobre la nece-sidad de proteger legislativamente la libertad del empleado a trabajar o no los domingos, basta con señalar que tal pro-tección no ha sido considerada necesaria para la gran mayo-ría de la fuerza laboral del país que se encuentra excluida de las disposiciones de la ley en cuestión. No se justifica un trato distinto para los empleados cubiertos aún por dicho es-tatuto.

La interpretación de que la exclusión contenida en el Art. 553(a)(2) de la Ley Núm. 113 de 27 de junio de 1964 (33 L.P.R.A. sec. 2201(a)(2)) continúa vigente tal como entonces concebida en dicha ley, no explica el porqué se eliminó en 1971 (Ley Núm. 83 de 24 de junio de 1971) la referencia espe-cífica al “Artículo 553, inciso (a)” cuando se retiene la exclu-sión referente a los establecimientos operados por sus pro-pios dueños, cónyuges o hijos en la disposición del Art. 553(a)(2). Tampoco explica satisfactoriamente el porqué, si la intención fue que la exclusión cubriera todo lo cubierto en el Art. 553(a) en 1971, al eliminarse la referencia al “Artículo 553, inciso (a)” no se adicionó esa exclusión en el Art. 553(b) que es el que agrupa sistemáticamente las excepciones. En fin, sostenemos que no procede urgar para hallar una inten-ción legislativa que permita adoptar una interpretación de un estatuto que contradice la razón que sirve de fundamento a su constitucionalidad. En buena hermenéutica, ambas no pueden coexistir. Si la premisa constitucional es correcta, la interpretación al estatuto debe armonizar con la premisa; si lo correcto es la interpretación del estatuto, entonces resulta que la premisa que le sirve de sostén constitucional es inco-rrecta. La interpretación que hacemos la requiere la premisa que se adelanta para sostener la constitucionalidad del esta-tuto. Al interpretar la ley, debemos considerar su razón y su espíritu, o la causa o motivos que indujeron a su aprobación. Art. 19 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19. Resultaría más plausible y persuasiva la interpretación propuesta si no se apuntalara la constitucionalidad del estatuto en el descanso común de la familia.

I — I I — I

También Pueblo International, Inc. ha vuelto a recurrir ante nos en este caso. En esta ocasión con una moción de reconsideración donde reclama otra vez que se decrete la in-constitucionalidad de la Ley de Cierre y nos pide que revo-quemos la interpretación que hicimos en P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 685 (1980), sobre el efecto de un empate en nuestra votación al revisar un decreto de un tribunal de instancia que declara inconstitucional un estatuto.

En cuanto al reclamo de inconstitucionalidad, creemos que el Tribunal debe reconsiderar y decretar la inconstitu-cionalidad de la Ley de Cierre. Como bien se señala en la Moción de Reconsideración de 8 de diciembre de 1988, pág. 8, la ley que aquí nos ocupa “por contradecir el derecho al empleo y no constituir un mecanismo que racionalmente adelante el descanso para los trabajadores puertorriqueños (por existir otras leyes efectivas de aplicación uniforme a tales propósitos), no puede subsistir” constitucionalmente. Nos resulta imposible condonar que se prive de oportunidad de empleo en domingo a un sector de la fuerza trabajadora cuando la propia ley que así los priva permite trabajar el domingo en: (a) tiendas de expendio de bebidas alcohólicas, pero no en tiendas de venta de provisiones comestibles; (b) en establecimientos de juegos de azar (tales como casinos, hipódromos y galleras), pero no en tiendas de ropa o ferrete-ría; (c) en cinematógrafos, pero no en “video clubs”, y (d) en una zona turística, pero no en una zona rural o en un pequeño pueblo con un nivel bajo de ingresos. Una ley de naturaleza penal que —como consecuencia de sus inconsistencias y ex-cepciones— propende a facilitar el empleo en la venta de be-bidas alcohólicas sobre provisiones comestibles, en el juego de azar sobre la venta de vestimenta o artículos de ferretería y en el cinematógrafo sobre comercios que faciliten el dis-frute en el hogar de una película, que permite el empleo en zonas turísticas para que algunas personas —en función de sus mayores recursos financieros— puedan acudir a esa zona a comprar provisiones comestibles, ropa y artículos de ferre-tería, y que en efecto le niega esa oportunidad de empleo en zonas a las que pueden acudir los menos afortunados econó-micamente, carece de validez constitucional.

Las exclusiones que contiene la Ley de Cierre favorecen comercios más grandes y poderosos que los de los recu-rridos, los cuales emplean mayor número de trabajadores y se dedican por lucro y afán de progreso material a activi-dades que propician el consumismo y, en algunos casos, otras actividades de cuestionable valor social. Por ejemplo, en cuanto al consumismo, ese es el caso de los bancos, los esta-blecimientos comerciales en las zonas turísticas, los hoteles, los aeropuertos y los establecimientos comerciales que por la naturaleza de su actividad necesitan mantener sistemas de operación continua; en cuanto a otras actividades, desta-camos el hipódromo, los casinos, los salones de billar, las ga-lleras y los establecimientos donde se venden bebidas alco-hólicas. Rechazamos la visión que encuentra execrable la ac-tividad de expendio de comestibles cuando la lleva a cabo Pueblo International, Inc. mientras tolera las actividades que se le permiten a este otro sector más poderoso económi-camente y que afecta una proporción mucho mayor de nues-tra población.

t — I HH

En cuanto al planteamiento referente a la revocación de la norma establecida en P.I.P. v. E.L.A., supra, nos parece que no es éste el momento más apropiado para reexaminar la misma. El planteamiento tiene méritos que entendemos este Tribunal debe examinar en una ocasión futura más oportuna. Por su importancia, el asunto no debe ser objeto de dictamen ad hoc en ocasión de que el Tribunal se encuentra dividido. Debe ser objeto de reglamentación en ocasión en que pue-dan participar todos los Jueces y no se encuentren subya-centes otras controversias sobre cuestiones sustantivas que dividan al Tribunal.

En resumen, sostenemos: (a) que el Tribunal debe recon-siderar su Sentencia de 23 de noviembre de 1988 y decretar la inconstitucionalidad de la Ley de Cierre; (ó) que no existe razón para variar la regla en cuanto a la vigencia de nuestras sentencias; (c) que implantar la ley los domingos sólo en cuanto a comercios grandes o que tengan empleados que no sean el dueño, sus cónyuges e hijos acarrea problemas de selectividad y arbitrariedad en su implantación que vulneran el principio constitucional de la igual protección de las leyes, y (d) que no es esta ocasión oportuna para reexaminar la norma establecida en P.I.P. v. E.L.A., supra.

Por todo lo anteriormente expuesto, proveemos no ha lu-gar a la moción de solicitud de clarificación de los efectos de la sentencia y, por los fundamentos vertidos en nuestra opi-nión de 23 de noviembre de 1988, entendemos que este Tribunal debe reconsiderar su Sentencia de 23 de noviembre de 1988.

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 1989

El 20 de enero de 1989, por estar igualmente dividido el Tribunal, dictamos no ha lugar a la primera moción de recon-sideración presentada por los demandantes apelados Pueblo International, Inc. et al.

Una vez así resuelto, consignamos el acuerdo adicional del Tribunal y, al amparo de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, instruimos al Secre-tario General que remitiera inmediatamente el mandato. También ordenamos a las partes “atenerse a lo resuelto”.

No obstante los términos claros de esa resolución, nueva-mente Pueblo International, Inc. et al. han comparecido me-diante escrito titulado Solicitud sobre devolución del man-dato, reconsideración y paralización de sentencia.

Resolvemos.

H-1 1 — 1

Remitida a la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón la solicitud de Pueblo International, Inc. et al., de que inter-venga en la decisión, ésta ratifica su inhibición.

III

Sobre la moción de reconsideración, se deniega la misma. Los Señores Jueces que intervienen reiteran y ratifican sus respectivas posiciones en lo referente a la constitucionalidad y aplicación de la Ley de Cierre, según formulados en los votos emitidos en la Sentencia de 23 de noviembre de 1988 y en la Resolución de 20 de enero de 1989.

H-1 <

Finalmente, aclaramos que el acuerdo para remitir el mandato al foro de instancia fue motivado por la importancia de la adjudicación de nuestra opinión de 23 de noviembre de 1988 y con miras a finalizar esta controversia ante este Foro. No existe, pues, razón para recobrar el mandato y paralizar la ejecución de la sentencia. Por ende, se deniega la solicitud de paralizar la ejecución del mandato.

Las partes y, en especial, Pueblo International, Inc. et al. y su representación legal, bajo apercibimiento de sanciones económicas, deberán atenerse a lo resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto particular. El Juez Asociado Señor Ortiz hace constar que, aunque reitera y ratifica su posición de que la Ley de Cierre es inconstitucional, hubiera ordenado el des-glose del escrito de los demandantes apelados y le hubiera impuesto sanciones económicas a sus abogados por haber violado la Resolución de 20 de enero de 1989. La Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

A manera de epílogo, la radicación de la moción de recon-sideración por parte de los demandantes apelados —en vio-lación de nuestra Resolución de 20 de enero de 1989— nos permite exponer varios pensamientos que bullen en nuestra mente.

HH

En la opinión concurrente que emitiéramos el 23 de no-viembre de 1988 —sosteniendo la constitucionalidad de la Ley de Cierre de establecimientos comerciales— expre-samos, entre otras cosas, que por razón de que la decisión que se emitía en el caso afectaba a toda la ciudadanía puerto-rriqueña, la misma, cualquiera que fuera, sería objeto de cruentas críticas por ciertos sectores de nuestra sociedad y de grandes alabanzas por otros. Advertimos, sin embargo, que ello no podía tener el efecto de amilanar o confundir a los integrantes de este Tribunal por cuanto esta Institución no actúa dentro de los parámetros de un concurso de populari-dad y simpatía, y sí a la luz de unos principios y criterios jurídicos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales no pueden ni deben ser descartados si es que se quiere mantener nuestra estructura y estabilidad constitucional. Señalamos, en adición, que la función de derogar leyes que se convierten en obsoletas por el mero pasar de los años y que resultan antipáticas a una gran mayoría de nuestro Pueblo es función exclusiva de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

En resumen, y en palabras bien sencillas, cada rama de nuestro Gobierno tiene que atenerse y descargar la función que nuestra Constitución le “asigna” a cada una de ellas. Esto es, la Rama Legislativa tiene la obligación de legislar; el Poder Ejecutivo tiene el deber de implantar y poner en vigor dichas leyes, y a la Rama Judicial le compete resolver, ante un reclamo de inconstitucionalidad en relación con una de esas leyes, si la misma es o no constitucional. Dicha labor judicial, contrario a la de otras ramas del Gobierno, no puede ser descargada por los jueces conforme a sus preferencias y sentimientos personales; debe realizarse acorde con su con-dición de juristas.

Nuestro razonamiento o mensaje desafortunadamente no fue captado o entendido por algunos sectores de nuestro Pueblo. Las críticas severas no se hicieron esperar. No obs-tante la opinión afirmativa vertida por expertos en derecho constitucional, esos sectores de nuestra ciudadanía incluso han llegado a cuestionarse cómo es posible que algunos de los integrantes de este Tribunal hayan sido capaces de tal determinación. No hay duda de que se olvidan del hecho de que este Tribunal en el año 1982 —mediante el voto afirma-tivo unánime de Jueces distintos a los actuales e, incluso, antes de que la citada Ley de Cierre fuera objeto de en-miendas “liberalizadoras” en el año de 1983— igualmente sostuvieron la constitucionalidad de la referida ley. Senten-cia de 30 de junio de 1982 emitida en Grand Union Co. v. Giménez Muñoz, Srio. de Justicia. Tampoco recuerdan el hecho de que en la única ocasión en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha expresado sobre la constitucio-nalidad de un estatuto similar a nuestra Ley de Cierre, el Supremo federal sostuvo la constitucionalidad de la ley allí en controversia. McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420 (1961).

H-f ) — I

Por otro lado, nos inquieta la posición asumida por fun-cionarios de la Rama Ejecutiva de nuestro Gobierno a los efectos de que se ven obligados a poner en vigor la Ley de Cierre por razón de que existe “un mandato” de este Tribunal que así lo exige. Dentro de nuestro sistema democrático de gobierno, repetimos, nuestra jurisdicción adjudicativa se circunscribe a determinar si una ley aprobada por la Asam-blea Legislativa es o no constitucional. No le corresponde a este Tribunal implantar y ejecutar las leyes.

Conforme nuestro ordenamiento constitucional, la fun-ción de poner o no en vigor una ley es provincia exclusiva del Poder Ejecutivo. La solicitud de la demandante apelada Pueblo International, Inc., a los efectos de que se “suspenda” la ejecución de la Ley de Cierre por un período de seis (6) meses hasta que la Asamblea Legislativa tome acción sobre dicha ley es improcedente en derecho. Dicha solicitud no constituye remedio judicial apropiado dado el hecho de que nuestra decisión no creó un nuevo estado de derecho. Con-trario a lo alegado por Pueblo International, Inc. en su mo-ción de reconsideración, la decisión emitida simplemente ra-tificó decisiones anteriores de este Tribunal, confirmando así la validez del estado de derecho imperante bajo la Ley de Cierre. En consecuencia, dicha solicitud debe ser dirigida a y es de la competencia de la Rama Ejecutiva. Dicha rama de gobierno es la que puede hacer esa decisión, no este Tribunal.

H-H hH b-H

Por ultimo, deseamos hacer constar nuestro disenso res-pecto a la decisión del Tribunal de no actuar en estos mo-mentos respecto a la violación por parte de los demandantes apelados, y sus abogados, de los claros términos de nuestra Resolución de 20 de enero de 1989. En dicha resolución espe-cíficamente se le ordenó a la parte demandante apelada a “atenerse a lo resuelto” y se le instruyó al Secretario General del Tribunal para que procediera de inmediato a “la remi-sión del mandato en el caso de epígrafe”. Resolución de 20 de enero de 1989, pág. 180.

La radicación de la moción de reconsideración por parte de los demandantes apelados constituye una evidente viola-ción a dicha resolución y, en.nuestra opinión, ameritaba no sólo que se hubiera ordenado, sin ulterior trámite y conside-ración, el desglose de dicho escrito, sino la imposición de se-veras sanciones económicas y disciplinarias a la parte ape-lada y a sus abogados.

Ello lo hemos hecho en el pasado en ocasiones en que otras partes y otros abogados han incurrido en conducta similar. No hay razón alguna para actuar en forma distinta en el presente caso.

      (1) Esta parte del estatuto dispone desde 1971 lo siguiente:
      “(a) Los establecimientos comerciales permanecerán cerrados al público, sin que pueda realizarse en los mismos ninguna clase de trabajo después de una hora de cerrados, durante los días y horas que se especifican a continuación:
      “(1) Durante todo el día: los domingos, excepto cuando fueren domingos los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero; el primer lunes de septiembre (Día de Trabajo), el primero y seis de enero, el 4 y 25 de julio, 25 de diciembre, los días de elecciones generales en Puerto Rico, el Día de Acción de Gracias y el Viernes Santo.
      “(2) Todos los viernes desde las 9:00 P.M.; todos los sábados y demás días laborables desde las 6:00 P.M.; y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero desde las 10:00 P.M. Los establecimientos operados por sus propios dueños, esposa o hijos, quedan exentos de las disposiciones de este inciso.” 33 L.P.R.A. see. 2201(a)(1) y (2).
      La interpretación de que la excepción en cuestión cubre también los do-mingos se fundamenta en que la frase “este inciso”, que aparece al final de la oración que crea esa excepción en el párrafo (a)(2), se refiere a toda la disposición 553(a) y no sólo a la 553(a)(2), que es donde aparece transcrita la excepción. Como se puede observar, el Art. 553(a) dispone el cierre tanto dominical como en otras horas durante la semana, mientras que el (a)(2) se refiere únicamente a algunas horas. Nosotros entendemos que es sólo a la disposición (a)(2) que se aplica la excepción.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Minerva Rodríguez Candelario, demandante y recurrida, v. William Rivera Vega, demandado y peticionario.

      Número: CE-86-608

      Resuelto: 23 de enero de 1989

      Carlos J. Correa Ramos y Carlos R. Ramos Ortiz, abogados del peticionario; Felipe C. Matos Rivera y Milagros Casiano Se-pulveda, abogados de la recurrida.

      (1) Véanse: Arts. 168(4), 192, 195, 630(6), 778(4), 780(1) y (2), 1328, 1623(3), todos del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 662(4), 715, 741,2146(6), 2456(4), 2458(1) y (2), 3712, 4481(3), respectivamente.

   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Debemos determinar en este caso si aún existe en Puerto Rico la causal de divorcio por la condena de uno de los cón-yuges por delito grave que lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles. Atendidas las normas legales pertinentes y el desarrollo orgánico de las instituciones penales y civiles en nuestro Derecho, resolvemos que luego de la reforma penal de 1974 no existe en el ordenamiento puertorriqueño la causal invocada. Como consecuencia, revocamos al foro de ins-tancia y devolvemos el caso para la continuación de los pro-cedimientos de forma compatible con lo expresado en la úl-tima parte de la opinión.

HH

Minerva Rodríguez Candelario y William Rivera Vega contrajeron matrimonio en enero de 1984. No procrearon hijos. El 16 de septiembre de 1985 Minerva formuló la de-manda de divorcio, origen de este recurso, fundada en el in-ciso (2) del Art. 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 321(2). Alegó que William se encontraba bajo custodia de la Admi-nistración de Corrección desde el 21 de mayo de 1985, ya que había resultado convicto por delitos graves de falsificación “y esta[ba] cumpliendo 10 años concurrentes de 39 años que le impuso el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ma-yagüez”. Apéndice, pág. 1.

Notificada la demanda por conducto del Superintendente de la Cárcel de Distrito de Humacao, el señor Rivera aceptó que al momento de presentarse la misma se encontraba ex-tinguiendo una condena por delito grave, pero negó, como cuestión de derecho, que existiera al presente en nuestro or-denamiento jurídico la causal invocada. Solicitó que se decla-rara sin lugar la demanda.

Oportunamente, el demandado pidió que se dictara sen-tencia por las alegaciones. Señaló básicamente que con la aprobación del Código Penal de 1974 y consiguiente deroga-ción de los principios de degradación cívica del sentenciado, dicha causal de divorcio quedó tácitamente sin efecto. Luego de un incidente de traslado, el tribunal a quo declaró no ha lugar la moción de sentencia por las alegaciones. La parte demandada recurrió ante nos en certiorari, a la vez que soli-citó la paralización de los procedimientos. El foro de instan-cia accedió.

Luego de los trámites de rigor, acordamos revisar esta controversia que desde hace años viene generando un in-tenso debate en las aulas universitarias y círculos profesio-nales del país.

HH I — I

El Art. 96(2) del Código Civil, supra, lee de la forma si-guiente:

Las causas del divorcio son:
2. La condena de uno de los cónyuges por delito grave que lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles.

Como veremos, en el presente caso el recuento histórico es esencial. Desde tiempos remotos, la condena penal ha con-llevado limitaciones más o menos extensas en el ejercicio de la capacidad jurídica en general. Tradicionalmente a este es-tado se le ha denominado de forma genérica interdicción. Los más vetustos monumentos legislativos de nuestro dere-cho histórico van elaborando el concepto: Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso, El Sabio; las Leyes de Toro; la Noví-sima Recopilación de las Leyes de España, etc. Así, la inter-dicción es incorporada al ordenamiento jurídico español y, posteriormente, adoptada por el nuestro. F. Puig Peña, Com-pendio de Derecho Civil Español, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T. I, págs. 278-280; L. Muñoz Morales, Re-seña histórica y anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, Río Piedras, Junta Editora de la U.P.R., 1947, Parte II, pág. 576 et seq.; C.E. Mascareñas, La condena penal como causa modificativa de la capacidad, Año II (Núm. 6) Rev. Der. Pur. 68 (1962).

Los fundamentos racionales de la incapacidad civil de los penados es materia de diversas apreciaciones. Para una dirección doctrinal muy extendida la interdicción nunca es una pena principal, sino siempre accesoria a una que apareja reclusión. Se trata realmente de un resabio de la muerte civil que el derecho romano imponía a ciertos condenados. Bajo una segunda escuela, la influencia de la pena en las manifes-taciones de la capacidad se debe a la imposibilidad en que se encuentra el presidiario de cumplir con sus deberes fami-liares. Es decir, la interdicción “no solamente tiene en mira al condenado sino también a su familia”. Puig Peña, op. cit., pág. 280 n. 14.

En cualquier caso, nuestro Código Civil sigue, en materia de interdicción, el mismo sistema de ordenamientos ante-riores y se limita a hacer aplicación de los principios consig-nados en el Código Penal. Cuando empezó a regir en Puerto Rico el Código Civil español, estaba vigente el Código Penal del año 1870, hecho extensivo por Real Decreto en 1879. Dis-ponía, entonces, en su Art. 43 que:

La interdicción civil privará al penado, mientras la estu-viere sufriendo, de los derechos de patria potestad, tutela, cu-raduría, participación en el consejo de familia, de la autoridad marital, de la administración de bienes y del derecho de dispo-ner de los propios por actos entre vivos. Exceptúanse los casos en que la ley limita determinadamente sus efectos. S. Viada Vilaseca, Código Penal Reformado de 1870, 2da ed., Madrid, Imprenta y Librería de Eduardo Martínez, 1877, pág. 90.

Bajo el esquema entonces vigente, era posible saber qué derechos civiles del penado estaban afectados con la inter-dicción. Con el cambio de soberanía, sin embargo, comien-zan las interrogantes. En el 1902 el legislador suprime la pena de interdicción en el Código Penal. No obstante, no se dio cuenta de que debía modificar igualmente toda una serie de normas en el Código Civil que aún hoy afectan la capaci-dad de actuar del “interdicto”.() En su lugar, el legislador creó tres (3) artículos —20, 21 y 22— que son copia.de los Arts. 673, 674 y 675 del Código Penal de California.() Como resultado, surge temprano en nuestra historia jurídica lo que Muñoz Morales denominó “incongruencia” entre dos (2) or-denamientos que hasta entonces habían ido de la mano. Mu-ñoz Morales, op. cit., pág. 574. Mascareñas también analiza la situación y formula interesantes interrogantes sobre el significado incierto de la nueva terminología importada de California y su impacto sobre nuestro derecho privado. Mascareñas, supra, pág. 69.

La norma en controversia en este caso es fruto de esta evolución. En su germen, la causal figuraba en el Art. 105 del Código Civil español como motivo de separación; luego, bajo la influencia de los Arts. 138 y 139 del Código Civil de Louisiana, pasa a ser el inciso (2) del Art. 164 del Código Civil revisado de 1902. Véase Compilación de los estatutos revi-sados y códigos de Puerto Rico, San Juan, Bureau of Supplies, Printing and Transportation, 1914-1916, pág. 644. Es en esta etapa que incorporamos por vez primera el concepto de pérdida de derechos civiles en lugar de “suspensión”, como disponía el Art. 20 del Código Penal tomado del Art. 673 del Código Penal de California, supra. El lapsus nos llevó a resolver en Torres Archilla v. Archilla, 36 D.P.R. 771, 772 (1927), que “suspensión” debía equipararse a “pérdida temporal” para efectos del Art. 164(2) del Código Civil de 1902. Por necesidades de coordinación, en correcta herme-néutica, tuvimos que recurrir a los Arts. 20 a 21 del Código Penal para darle contenido y significado al precepto civil.

Finalmente, el Código Civil de 1930 incorpora la causal discutida en su Art. 96(2), supra. No sufre variación en esta ocasión. Como concepto indivisible por disposición le-gislativa, es imprescindible que el demandado sea condenado por delito grave “que lleve aparejada la pérdida de los dere-chos civiles”. Íd. De acuerdo con este criterio central, “lo que determina la causal de divorcio, no es precisamente la comi-sión del delito sino la pérdida de los derechos civiles que in-terfieren o pueden interferir las relaciones conyugales”. E. Menéndez, Lecciones del Derecho de Familia, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1976, pág. 265.

Nuevos enfoques, más acordes con la doctrina penal moderna, toman forma en el Código Penal de 1974, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3001 et seq.). Según principios de “justicia rehabilitadora, no espiacionista”, a modo de preámbulo, el condenado deja de ser un ser al margen del ordenamiento jurídico. Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 927 (transcripción parcial), Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3001n.), pág. 427. Actualmente en Puerto Rico no existe pena que lleve aparejada pérdida o suspensión de derechos civiles. Véanse: Arts. 39 a 49A dél Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 3201 a 3212. Fue abolida igualmente “[l]a aberrante institución de la ‘muerte civil’ [que] implica la negación del hombre mismo”. J. Miró Cardona, El Sistema Penal de Puerto Rico, XXXV (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 375, 379 (1966); Hernández Cruz v. Sria. de Instrucción, 117 D.P.R. 606 (1986).

Así lo reconoció en 1975 el Consejo sobre la Reforma de la Justicia, al recomendar la reformulación de la causal de divorcio por condena “a fin de omitir la referencia que en ella se hace a la pérdida de derechos civiles”. Informe sobre el libro primero del Código Civil de Puerto Rico, sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, por el comité designado por dicho cuerpo para tal fin de 8 de noviembre de 1974, pág. 113. Sin embargo, hasta ahora la Asamblea Legislativa no ha revisado este aspecto de nuestro régimen de divorcio a la luz de los cambios habidos en el Código Penal de 1974. La situación es extensiva a otras zonas del derecho privado.

Eliminada la arquitectura externa del Código Penal, en la que se cimentaba la causal en controversia, no es posi-ble atribuirle, por ficción, vida independiente en el Código Civil. Se impone, por lo tanto, la conclusión de que con la aprobación del Código Penal de 1974 y consiguiente deroga-ción de los Arts. 20 y 21 de dicho ordenamiento, ya no es posible recurrir al Art. 96(2) del Código Civil, supra, como causal de divorcio.

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Lo hasta el momento expresado no dispone absoluta-mente de la controversia. Somos conscientes de que la de-mandante no puede invocar la causal de separación, pues ésta ha de ser necesariamente voluntaria; tampoco puede va-lerse de la causal de mutuo consentimiento, por faltar el acuerdo en este caso. No obstante, procede la devolución del recurso al foro de instancia para darle la oportunidad a la recurrida de enmendar la demanda y alegar la injuria como causa de divorcio. Art. 96(4) del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 321(4). Nos explicamos.

Mascareñas, al referirse a la causal de trato cruel e inju-rias graves, nos dice: “se establece una causa amplia, con una expresión general. Es un supuesto genérico, con una signifi-cación lata.” C.E. Mascareñas, La disolución del matrimo-nio en el Derecho puertorriqueño, XXIX (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 269, 275 (1960). Y nos dice a continuación el insigne autor:

De las diversas conductas que caben dentro del supuesto genérico de “trato cruel o injurias graves” hay que excluir aquellas que están fijadas taxativamente en la ley como causas de divorcio independientes del trato cruel e injurias graves, y que, dada su naturaleza, constituyen también un trato cruel o una injuria grave al otro cónyuge. Así las causas seña-ladas con los números 1, 2, 8, 7 y 8 del Artículo 96 del Código Civil.
Además, cuando vienen taxativamente fijadas quedarán li-mitadas al supuesto que contempla la ley. Así, la causa del número 2 del artículo 69: “la condena de uno de los cónyuges por delito grave que lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles”. Resulta evidente que el legislador ha querido limitar la condena, como causa de divorcio, a la que ha sido impuesta por delito grave que lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles. Por lo tanto, no cabrá considerar como comprendida dentro del concepto de injuria grave una condena que no sea por delito grave que lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles, pues queda excluida como causa de divorcio según el texto del mencionado número 2 del artículo 69 del Código Civil. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 276.

La situación de vacío legislativo, ocasionada por la desaparición tácita del inciso (2) del Art. 96 del Código Civil, supra, curiosamente elimina el problema de “especialidad” por conducta taxativamente fijada a que se refería el profesor Mascareñas. No hay, al presente, impedimento jurídico alguno para que la peticionaria reconduzca su acción bajo la rúbrica ancha del inciso cuarto.

La mejor doctrina apoya esta conclusión bajo cuales-quiera de los dos (2) sistemas de influencia: el Código Civil español y el Código Civil francés, incorporado vía Louisiana. En España, por ejemplo, la condena que implica privación de libertad tradicionalmente ha sido concebida “como situa-ción que daña el honor matrimonii, injuria al otro cónyuge, impide el cumplimiento de los deberes familiares y puede contribuir a la ruptura de la comunidad conyugal”. M. Pons González y M.A. del Arco Torres, Separación, divorcio y nu-lidad matrimonial: régimen jurídico, Granada, Ed. Comares, 1985, pág. 72; M. López Alarcón, El Nuevo Sistema Matrimonial Español, Madrid, Ed. Tecnos, 1983, págs. 162-163.

En el Derecho francés, la condena por delito que apareja reclusión también históricamente ha conllevado injuria grave. “El cónyuge a cuya fama y consideración pudiera per-judicar la degradación en que el otro esposo haya incurrido, podrá invocarla como una injuria, fundando en ella la de-manda de divorcio .... En todos estos casos, no tanto la condena como el hecho deshonroso que la ha producido es lo que constituye la injuria causa del divorcio.” A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Madrid, Ed. Reus, 1975, T. I, pág. 499; H.L. Mazeaud y J. Mazeaud, Lec-ciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1959, Parte I, Vol. IV pág. 409.() Véanse, tam-bién: H. Larraín Ríos, Divorcio: estudio de Derecho Civil comparado, Chile, Ed. Jurídica de Chile, 1966, pág. 194; D.L. Barroetaveña, El divorcio en el Derecho argentino, Buenos Aires, Ed. La Ley, 1967, pág. 80.

De acuerdo con estas directrices, no hay duda de que los hechos aceptados por la parte recurrida establecen el trato cruel e injurias graves, causa de divorcio conforme al inciso (4) del Art. 96 del Código Civil, supra. Están presentes los elementos de gravedad del delito y pérdida de libertad por un tiempo considerable que son susceptibles de contribuir a la ruptura de la comunidad conyugal. Aclarado el marco jurídico, procede devolver el caso al tribunal de instancia para permitir que la recurrida, de así entenderlo necesario, enmiende su demanda de divorcio a fin de alegar la antes mencionada causal.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

      (2) Art. 20: “Toda sentencia de presidio temporal lleva aparejada la suspen-sión de los derechos civiles del sentenciado, con más la pérdida de empleos públi-cos y cargos privados de confianza, autoridad, o poder mientras dure dicha prisión.”
      Art. 21: “La sentencia de presidio perpetuo lleva aparejada la muerte civil del sentenciado.”
      Art. 22: “Las disposiciones de los dos últimos artículos no deberán enten-derse en el sentido de incapacitar a las personas mencionadas en ellos para servir de testigo en alguna causa o procedimiento criminal, o para efectuar o reconocer alguna venta o traspaso de bienes.” (Énfasis suplido.) Compilación de los esta-tutos revisados y códigos de Puerto Rico, San Juan, Bureau of Supplies, Printing and Transportation, 1914-1916, pág. 916.

      (8) Originalmente el Código Civil de Louisiana tomó prestado, del Art. 231 del Código Civil francés, el concepto de “condena a pena aflictiva e infamante” que entrañaba privación de libertad y excluía las condenas pronunciadas por delitos puramente políticos. Véanse: A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Madrid, Ed. Reus, 1975, T. I, pág. 498; H.L. Mazeaud y J. Ma-zeaud, Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-Amé-rica, 1959, Parte I, Vol. Ig pág. 408. En la actualidad, el Código Civil de Louisiana sólo exige condena por delito grave y reclusión, ya sea como fundamento del divorcio o de la separación. Véanse: L.S.A.-C.C. Art. 138(2); L.S.A.-C.C. Art. 139(2); Nickels v. Nickels, 347 So. 2d 510 (La. 1977).