author:
      (jFdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Hon. Zaida Hernández Torres, etc., peticionarios y apelados, v. Hon. Rafael Hernández Colón, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico et als., demandados y apelantes.

      Número: AC-91-833

      Resuelto: 20 de dicieDibre de 1991

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, abogada de los apelantes.
   RESOLUCIÓN

Atendida la moción radicada por la Oficina del Procura-dor General de Puerto Rico de fecha 18 de diciembre de 1991 en la cual solicita se “acorten los términos reglamen-tarios para presentación de los alegatos, a fin de que el asunto que plantea este caso quede sometido a la conside-ración de este Honorable Tribunal a la mayor brevedad posible” (Moción solicitando se acorten los términos regla-mentarios, pág. 2), se declara con lugar la moción y, en su consecuencia, se concede a las partes hasta el martes 7 de enero de 1992, a las cinco de la tarde, para radicar los correspondientes alegatos.

Dada la naturaleza de la controversia planteada, se ins-truye al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico para que dentro del antes mencionado término, y én com-parecencia separada, exprese su posición respecto a dicha controversia, ello en calidad de amicus curiae. En adición, se dispone la celebración de una vista oral, a ser efectuada la misma en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo el martes 14 de enero de 1992 a las 9:30 de la mañana.

La presente Resolución deberá ser notificada a las partes por el Secretario General de este Tribunal, tanto por la vía ordinaria como telefónica.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto preliminar disidente. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervinieron.

(jFdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto preliminar disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 1991

“La verdadera esencia de un gobierno libre consiste en considerar los puestos [y fondos] públicos como un fideico-miso, encomendado para el bien del país y no para benefi-cio de determinado individuo o partido político.” Ex reí. Pérez v. Manescau, 33 D.P.R. 739, 742-743 (1924). Es inconstitucional la Resolución Conjunta Núm. 163 de la Asamblea Legislativa sobre el Presupuesto General para el año fiscal de 1991 — 1992.

De hecho, en su apelación ante nos, los demandados Hon. Rafael Hernández Colón et al. no aducen un solo ar-gumento contra los numerosos fundamentos que avalan el decreto emitido por el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Amaldo López Rodríguez, Juez) el pasado lunes 16 de diciembre de 1991. Su escrito se reduce a analizar las defensas clásicas levantadas —ya desgastadas— de falta de legitimación activa, academicidad y justiciabilidad.

Examinemos rápidamente esas defensas, comenzando con la legitimación activa {standing) de los legisladores re-clamantes Hons. Zaida Hernández Torres y Edison Misla Aldarondo. El derecho individual que tienen los legislado-res y otros funcionarios públicos de comparecer a los tribu-nales para reivindicar las prerrogativas de su cargo forma parte irreversible de nuestro repertorio jurisprudencial. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 415-416 (1982); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); No-gueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638 (1991). En con-traste con la Constitución federal, la nuestra reconoció y garantizó expresamente, como medio de fiscalización, a las minorías legislativas. “[E]s básico para la salud democrá- tica que las minorías tengan una representación que, aun bajo las circunstancias más desfavorables, les permita cumplir adecuadamente su función de fiscalizar y estimu-lar a la mayoría en su obra de gobierno sin crear entorpe-cimientos que puedan resultar en detrimento de la democracia.” (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2590 (1952). La cuestión es tan trillada que aún bajo la experiencia norteamericana, “pro-cede reconocerle a un legislador legitimación activa [standing] cuando demuestra que la actuación impugnada tiene el efecto de anular su voto, pasado o futuro, o cuando están en juego otros aspectos fundamentales de sus prerro-gativas legislativas”. (Traducción nuestra.) L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, pág. 153.

Aclarado este extremo, notamos que los hechos ante nos distan mucho de presentarse como una cuestión política. La controversia real es una pura de derecho: interpretar si el presupuesto es constitucionalmente válido (balanceado). Ello es función judicial por excelencia. Acoger la tesis del Estado representaría obliterar el sistema de separación de poderes. Convertiría a la Asamblea Legislativa y al Ejecu-tivo en jueces de sus propios actos. “ ‘¡No corresponde ocu-parse, naturalmente, de aquellos otros que, impresionados por la vibración, diré sonora, de las palabras “cuestiones políticas”, no penetran el concepto de la “justiciabilidad” y piensan, nada menos, que se pretende “politizar a la justi-cia” cuando lo que se quiere es “despolitizar a las solucio-nes jurídicas”...!’ ” (Énfasis suplido.) L.M. Boffi Boggero, La función judicial y la abogacía, 115 Rev. Jur. Arg. La Ley 1095, 1104 (1964).

Por último, el decreto de inconstitucionalidad no es académico. Subsiste al día de hoy la deuda incurrida por el Estado con la Autoridad de Energía Eléctrica ascendente á la suma de noventa y cuatro millones novecientos mil ocho-cientos diez dólares y cuarenta y ocho centavos ($94,900,810.48) en concepto del subsidio de tarifa residen-cial de abonados económicamente menos privilegiados con un consumo mensual no mayor de cuatrocientos (400) K.W.H., Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1974 (22 L.P.R.A. sec. 212(b)(1)).

I — I

Superados los obstáculos procesales, concentrémonos en la sustancia del recurso.

Las normas jurídicas que regulan este caso son de linaje constitucional. Nos referimos al imperativo de que el pre-supuesto gubernamental sea balanceado según la Sec. 7 del Art. VI de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 369, que dispone:

Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año econó-mico, a menos que se provea por ley para la imposición de con-tribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones. (Énfa-sis suplido.)

A renglón seguido, la See. 8 del mismo artículo, dispone:

Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortiza-ción de la deuda pública, y luego se harán los demás desembol-sos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley. Const. E.L.A., supra, pág. 369.

Es frente a estas disposiciones que se manifiesta la con-troversia surgida por la Ley Núm. 106, supra, que autoriza e implanta el referido subsidio. Ésta fue enmendada por la Ley Núm. 4 de 8 de junio de 1981 a los fines de limitar su costo a cien millones de dólares ($100,000,000) anuales. Ese costo, sin embargo, pasó a constituir —por mandato expreso de la Asamblea Legislativa— “mía obligación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que deberá cubrirse de cualesquiera fondos no comprometidos del Tesoro, no más tarde de sesenta (60) días a partir de la facturación mensual de la Autoridad al Departamento de Hacienda por este concepto”. (Énfasis suplido.) 22 L.P.R.A. sec. 212(b)(1). El Art. 2 de la Ley Núm. 4, supra, en lo pertinente, dispuso una asignación autorrenovable, a saber en “años subsi-guientes, los recursos necesarios para continuar este pro-grama se consignarán en la Resolución Conjunta del Pre-supuesto General del Estado Libre Asociado, disponiéndose que dicha cantidad consignada no excederá de cien (100) millones de dólares más cinco por ciento (5%) para imprevistos”. (Énfasis suplido.) 1981 Leyes de Puerto Rico 83.

Es claro pues, que por su naturaleza, estamos ante una asignación cuyo destino está predeterminado por la Asam-blea Legislativa y se repite anualmente hasta que dicho cuerpo determine lo contrario. En consecuencia, ni el Go-bernador Hon. Rafael Hernández Colón, como tampoco la Asamblea Legislativa, podían ignorar y dejar fuera del pre-supuesto esa obligación asumida por el Estado, como tam-poco preterir o posponer su pago. Esa actuación es clara-mente inconstitucional. Como sentenció el ilustrado foro de instancia:

... Ya mencionamos que originalmente (de 1974 a 1981) el costo del subsidio lo cargaba la A.E.E. En el 1981 se enmendó la ley para pasarle esa obligación al Fondo General. Esa en-mienda está en pleno vigor hoy día. El Estado, a través del Fondo General, satisfizo el pago del subsidio hasta el año 1988. Para ese año el Estado le adeudaba a la A.E.E. por concepto del subsidio la cantidad de $17,798.050, según el testimonio no contradicho del Contralor de la A.E.E. A partir de dicho año y hasta el corriente, el Estado no ha pagado el costo del subsidio, ni ha hecho asignación alguna en el Presupuesto para dicho fin. Con la excepción de un pago de $1,739,750,20 que hizo en agosto de 1989 (Véase Exhibit B, parte demandante). Esto ha hecho que se acumule una deuda que al 30 de junio de 1991 sumaba $94,900,910.48. Deuda que el Estado reconoce (Véase Exhibit IV, parte demandada). Ninguno de los testigos de am-bas partes pudo explicar por qué razón el Estado dejó de pagar el subsidio desde el 1988. El Contralor de la A.E.E., Sr. Carlos E. Rodríguez Serrano, afirmó que es al Estado a quien le corres-ponde pagar el subsidio y no a la A.E.E.
Ni el Gobernador ni la Asamblea Legislativa pueden pasar por alto el mandato de ley que les compele a asignar el dinero para el pago del subsidio. Mientras la ley continúe vigente hay que cumplirla. Si el Gobernador o las cámaras legislativas de-sean alterar la carga del subsidio tienen que tomar acción afir-mativa sobre la ley para modificarla o derogarla. Lo que no pueden hacer es obviar la asignación autorrenovable como si la ley no existiera, a pesar de que ésta continúa en pleno vigor sin que haya sido alteradla] modificada en forma alguna y el sub-sidio se ha continuado brindando....
... Resolvemos que la omisión de la asignación en el presente Presupuesto para el pago del referido subsidio no queda subsa-nada con el alegado compromiso de presentar legislación prospectiva. (Énfasis suplido.) Anejo I, págs. 1W-1II.

Dos notas finales. La primera: no albergamos dudas de que el acuerdo de 28 de octubre de 1991 firmado por el Director Ejecutivo de la Autoridad, Sr. José A. Del Valle, con el Director de Presupuesto, Sr. José M. Alonso García —Anejo VIII, pág. 108— es nulo. Como determinó el tribunal de instancia,

... El Contralor de la AEE, Sr. Rodríguez Serrano, se opuso a que el Sr. del Valle firmara este acuerdo y así lo testificó. Tam-bién se opusieron los abogados de la AEE según se refleja del inciso séptimo del acuerdo. La posición de todos ellos es que el subsidio le corresponde pagarlo al ELA. A pesar de esta oposi-ción el Director Ejecutivo de la AEE firmó el acuerdo. Este tribunal tiene serias dudas en cuanto a la validez legal de esta actuación. Entendemos que a tenor con la sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, (22 L.P.R.A. sec. 194) es la Junta de Gobierno de la AEE quien tiene la facultad para comprometer a la corporación en acuerdos de este tipo. El Director Ejecutivo no puede firmar acuerdos de esta naturaleza sin autorización expresa de esta Junta. (Énfasis suplido.) Anejo I, págs. 1GG-1HH.

La segunda: entre sus conclusiones, el respetado foro de instancia expuso:

Con relación a las deudas interagenciales por servicios presta-dos mayormente por corporaciones públicas a las agencias del gobierno tales como electricidad, agua, teléfono, etc., no existe ley que obligue al Gobernador a incluir asignaciones en el pre-supuesto para el pago total de esas deudas. El Gobernador en el ejercicio de su discreción puede proponer un plan de pago para amortizar esas deudas según dispuesto por el artículo 4 de la Ley Núm. 147, supra. (Énfasis suplido.) Anejo I, pág. 1RR.

En este extremo incidió. Ninguna de las leyes orgáni-cas creadoras de las Autoridades de Energía Eléctrica, de Acueductos y Alcantarillados y de Teléfonos les concedió autorización expresa para disponer gratuitamente de sus fondos, servicios o propiedades. 22 L.P.R.A. secs. 191-217 y 141-161; 27 L.P.R.A. secs. 401-424. En otras palabras, ni la electricidad, el agua o las facilidades de comunica-ción telefónica pueden ser suministrados gratis, no im-porta los fines legítimos o sociales involucrados. El Go-bernador ni la Asamblea Legislativa pueden retroactivamente variar esta restricción legal que está inexorablemente atada al esquema de corporaciones que operan mediante emisión de bonos, sin afectar e infringir el compromiso legal y la buena fe que tienen con sus bonistas. Específicamente, en cuanto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, es revelador que “no pres-tará gratis ningún servicio. Los cargos por servicios ren-didos al Gobierno de Puerto Rico y sus municipalidades (incluyendo el Gobierno de la Capital) serán considerados como gastos ordinarios del Gobierno de Puerto Rico y de-berán ser pagados de asignaciones hechas para tales fines”. (Énfasis suplido.) 22 L.P.R.A. sec. 158. Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la obliga-ción legal de producir la energía al menor costo posible. Le está prohibido la cesión gratuita de servicios al propio gobierno estatal, “[en] la distribución eléctrica en la zona rural”. 22 L.P.R.A. ant. sec. 221. Y de manera terminante la ley matriz de la Autoridad de Teléfonos dispone que las “Facilidades de Comunicación no serán usadas gratis por ninguna persona o entidad”. (Enfasis suplido.) 27 L.P.R.A. sec. 408.

Con estos antecedentes, es obvio que la situación fiscal del país es sumamente delicada. Mediante esquemas de pa-pel, algunos legales, se ha empeñado, más allá de lo cons-titucionalmente permitido, el crédito de las corporaciones públicas que prestan servicios de primera necesidad.

Ante estas tristes realidades, merece recordar una vez más que

... nuestro sistema de gobierno, cimentado en la doctrina clá-sica de frenos y contrapesos, esa conversión [política pública oficial y su] implantación no es prerrogativa de un solo hombre, sino el producto de todo un proceso decisorio de génesis consti-tucional en que participa el Primer Ejecutivo y los miembros de la Asamblea Legislativa. Cuando, como en el caso de autos, cualesquiera de esos dos (2) poderes hace caso omiso o se aparta de los métodos constitucionales, o impermisiblemente se' mezcla la acción partidista con la acción gubernamental oficial, surge la confusa equivalencia de PARTIDOCRACIA COMO DEMOCRACIA. La cuestión, aunque de gran complejidad, ha sido objeto de diversos enfoques y teorías. La línea es tenue y difícil de trazar según lo acredita el Prof. Mark G. Yudof en su reputada obra When Government Speaks, University of California Press, 1983.
I
Este Tribunal desaprovecha la oportunidad histórica de re-afirmar dos (2) principios elementales. El primero, que en nues-tra democracia el concepto dinámico de política pública, en su sustrato jurídico-doctrinario, está inexorablemente atado a la Constitución, a las leyes y, en casos apropiados, a los dictáme-nes judiciales. Y el segundo, que el requisito constitucional de legalidad en el desembolso del dinero público —“por autoridad de ley’, Art. VI, Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 369— forma parte de un diseño fundamental para garantizar el crédito público, tan necesario para la salud y el mejoramiento económico del pueblo. (Énfasis suplido y en el original.) Noriega v. Hernández Colón, 126 D.P.R. 42, 59-60 (1990), voto disidente.

En su oportunidad ampliaremos este disenso.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaría General Interina
     Juez Asociado Señor Ne-grón García.

license: Public Domain

text:
    Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, recurrente, v. Dr. Luis J. Flores Vilar, recurrido.

      Número: CE-91-606

      Resuelto: 24 de diciembre de 1991

      Abraham Díaz González, abogado del recurrente.
   RESOLUCIÓN

Por vía de reconsideración, se concede al recurrido Dr. Luis J. Flores Vilar un término de veinte (20) días para que comparezca por escrito a mostrar causa, si la hubiere, por la cual no debamos expedir el auto solicitado y dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, Juez designada) y restau-rar el dictamen del Tribunal Examinador de Médicos que le canceló su licencia como médico.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Subsecretaría General Interina. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto concurrente y explicativo. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso disintieron sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. El Juez Asociado Señor Andréu García se inhibió.

(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaría General Interina

Voto concurrente y explicativo del

Juez Asociado Señor Ne-grón García.

Como todo reglamento, el nuestro es instrumental; nunca debe sofocar la Justicia. Así entendido, la cuestión ante nos es una pura de derecho. Estamos conformes con la resolución de hoy que concede un término al recurrido Dr. Luis J. Flores Vilar para que muestre causa por la cual no debe el Tribunal expedir y dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Sonia I. Vélez Colón, Juez designada). Como cuestión de realidad, el es-tudio definitivo del recurso nos permite concluir que dicho foro erróneamente revocó el dictamen del Tribunal Exami-nador de Médicos de Puerto Rico (T.E.M.) que canceló su licencia de médico. Nos explicamos.

I — I

La resolución original de 1ro de noviembre de 1991, que declaró no ha lugar el certiorari, estuvo predicada en un supuesto incumplimiento con nuestro Reglamento. La pos-tura mayoritaria inicial se fundamentó en que el peticiona-rio (T.E.M.) no nos incluyó una copia de los documentos que formaban parte del récord en el Tribunal Superior re-lativos a la solicitud de revisión, necesarios para ponemos en condiciones de decidir sobre la expedición del auto. En aquel momento se invocó la Regla 21(g)(4) de nuestro Re-glamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Desde el primer momento disentimos. Valga aclarar que en dicha resolución la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, al expresar su conformidad, hizo constar “su pre-ocupación, con el hecho de que en un número de casos cada vez mayor, este Tribunal se ve impedido de entrar en los méritos de casos que plantean importantes controversias, debido a que los representantes legales de las partes in-cumplen con el Reglamento de este Foro, no incluyendo en el apéndice de los recursos presentados los documentos ne-cesarios para poder evaluar los méritos de lo solicitado”. (Énfasis suplido.) Resolución de 1ro de noviembre de 1991. El Juez Asociado Señor Andréu García consignó su inhibición.

La Regla 21(g)(4) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, en lo pertinente, se refiere a “cual-quier otro documento que forme parte del récord en el Tribunal Superior, y que pueda ser útil a este Tribunal a to-mar su decisión sobre la expedición del auto”. (Énfasis suplido.)

El peticionario T.E.M. cumplió sustancialmente con el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A su amparo nos presentó suficientes documentos para adoptar en sus méritos una decisión inteligente y, sobre todo, JUSTA. Su “Relación de hechos” quedó avalada por los do-cumentos del apéndice al “Recurso de revisión”. Describió con minuciosidad la naturaleza de la controversia a la luz de las alegaciones y los planteamientos de las partes. Como parte de ese apéndice al recurso de revisión, incluyó todos los documentos necesarios y útiles para la compren-sión de la controversia y su expedición. Anejó la volumi-nosa transcripción de la prueba oral de la vista adminis-trativa celebrada el 3 de mayo de 1988. Recurso de revisión, págs. 79-233.

Para demostrar el cumplimiento sustancial del Regla-mento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y para hacer justicia, circunscribimos nuestro análisis a los hechos, trá-mites y demás constancias que surgen de la petición de certiorari y de su apéndice en su estado original. Veamos.

HH HH

Como expusiéramos, el presente caso gira en torno a la validez de la revocación de la licencia del doctor Flores Vilar, especialista en fisiatría, decretada por el T.E.M. por haber cometido un delito que implica depravación moral.

La prueba «o contradicha revela que el 30 de octubre de 1981, mientras examinaba a una paciente() en su consul-torio, el doctor Flores Vilar incurrió en la conducta si-guiente: .

El Doctor puso á la suegra frente a la máquina y; a la testigo detrás de la suegra, colocándose el Doctor detrás de la testigo y le dijo “lo que yo te haga a tí, tú se lo haces a tu suegra”. El Doctor le pone las manos en los hombros de la testigo y le dá masajes a éstos, y la testigo le puso las manos en los hombros a la suegra y le dio masajes a éstos. Luego el Doctor le puso su mano derecha en la cintura de la testigo y la. mano izquierda debajo de la axila izquierda de la testigo. Luego el doctor, em-pujó a la testigo hacia el lado con la mano que tenía en la cintura, a la vez que con la izquierda la empujaba hacia el lado derecho y la testigo se lo hizo a su suegra. Luego le tocó el seno derecho. Cuando la testigo se enderezó el doctor le apretó el seno y le puso su mano izquierda en su espalda y ella se lo hizo a su suegra, pero no le agarró el seno de la suegra. El Doctor con su mano derecha le agarró la vagina por encima de la falda que tenía puesta. Luego la empujó hacia él y la testigo sintió que el Doctor tenía su miembro completamente erecto. Al Doctor empujarla hacia atrás, la testigo le dio al Doctor con el codo izquierdo. Ella haló a su suegra también [é]sta dijo [¿]‘qué pasa’? La testigo se soltó y se dirigió a la puerta (T. 2). Recurso de revisión, pág. 69.

La paciente lo denunció. Previo ciertos trámites, fue ha-llado culpable de agresión agravada en el Tribunal de Dis-trito, Sala de San Juan. El 19 de agosto de 1982 fue sen-tenciado a pagar una multa de $500. Apeló. El 15 de agosto de 1983, el Tribunal Superior (Hon. René Arrillaga Belén-dez, Juez) confirmó. Criminal Núm. M-82-1608.

Recaída esa convicción, se inició el procedimiento admi-nistrativo ante el T.E.M. con el propósito de revocarle la licencia en virtud del Art. 17 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, 20 L.P.R.A. sec. 52. Así se hizo después de múltiples trámites.

En revisión, el Tribunal Superior (Hon. Vélez Colón, Juez) revocó. Resolvió que no se habían observado las ga-rantías mínimas del debido proceso de ley. Concluyó, ade-más, que no se había desfilado el testimonio de la perjudi-cada y que el T.E.M. sólo basó su dictamen en la sentencia de convicción emitida en apelación por el Tribunal Superior. Según su ilustrado juicio, ello no constituyó prueba suficiente.

El T.E.M. acudió ante nos.

HH HH hH

El T.E.M. actuó en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 antes citado. Dispone:

El Tribunal podrá suspender, cancelar o revocar una licencia, o imponer a un médico u osteólogo un período de prueba para el ejercicio de la profesión por un tiempo determinado, previa no-tificación de los cargos y la celebración de vista administrativa donde se garantice al médico u osteólogo afectado el debido pro-cedimiento de ley, por las siguientes razones:
(a) Haber sido convicto de practicar ilegalmente cualquier profesión reglamentada por ley en Puerto Rico.
(b) Haber sido convicto de delito grave o menos grave que implique depravación moral. 20 L.P.R.A. see. 52.

Surge del apéndice al recurso de revisión y de la senten-cia del tribunal de instancia que el doctor Flores Vilar fue debidamente notificado de los cargos y asistió a una vista administrativa. Durante todo el proceso estuvo represen-tado por tres (3) experimentados abogados.

No hubo, pues, violación alguna al debido proceso de ley. El problema planteado se reduce a examinar si la senten-cia de convicción por agresión agravada constituyó eviden-cia suficiente para la revocación.

No hay duda de que el delito cometido por el doctor Flores Vilar, por la naturaleza de los hechos, implica deprava-ción moral. Quedó diáfanamente establecido que aprove-chó su consultorio y la confianza que inspira su profesión para atentar contra la integridad física y moral de una paciente. Sin que fuera necesario para el tratamiento mé-dico, le tocó sus áreas genitales. La sentencia final penal emitida por el Honorable Juez Arrillaga Beléndez —pre-sentada en evidencia en la vista administrativa ante el T.E.M.— probó los elementos necesarios para que proce-diera la revocación. Román v. Trib. Exam, de Médicos, 116 D.P.R. 71 (1985). Aunque se le encontró convicto por agre-sión agravada, reiteradamente hemos resuelto que se en-tiende por depravación moral un “estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966).

IV

El razonamiento de la ilustrada sala sentenciadora (Honorable Vélez Colón, Juez) es claramente errónea. Sostiene que el propósito que tuvo el Juez Superior Arrillaga Belén-dez al citar de la Exposición Narrativa el testimonio de la paciente —transcrito al inicio de esta ponencia— fue “den-tro del contexto de la sentencia en apelación, no fue dar por probados los hechos del relato de la testigo sino con el fin de sostener que de éste no se desprendía el consentimiento exculpatorio y que de ser creída era suficiente para esta-blecer infracción al Art. 95”. (Énfasis suplido.) Recurso de revisión, pág. 41. Y continúa: “La cita anterior no es una transcripción de la declaración de la testigo. Es parte de la Exposición Narrativa, por lo que en el récord no existe tes-timonio o transcripción de la perjudicada, no existe decla-ración de la perjudicada sobre las circunstancias en que se cometió el delito, excepto la exposición narrativa preparada a base de dicho testimonio.... El recurrente [doctor Flores Vilar] en la vista [administrativa] no oyó declarar a las promoventes de la querella, que eran los testigos adversos anunciados, por lo que nunca hubo careo ni oportunidad de contrainterrogar.” (Énfasis suplido.) íd., págs. 41-42.

Más adelante expone que “[e]l oficial examinador nunca oyó declarar a las perjudicadas, no observó su ‘demeanor’, sus gestos y expresiones, sus contestaciones bajo un inte-rrogatorio directo y un contrainterrogatorio. Tampoco contó con el beneficio de un examen de la declaración anterior de la testigo. Hace conclusiones sobre la forma en que ocurrieron los hechos, pero sin prueba que le permita resolver sobre la comisión de los mismos y las implicaciones morales, determinación esencial de esa acción. En todo caso era necesario para esta conclusión que escuchara a las perjudicadas para que utilizando su propio criterio, a la luz de la apreciación de la prueba que se le presentara, llegara a un resultado con plena convicción y fundamento del mismo sobre la forma en que ocurrieron los hechos y sus implicaciones”. (Énfasis suplido.) Recurso de revisión, pág. 43.

La lectura de estos argumentos revela, en primer lugar, cómo el tribunal a quo, de manera especulativa, penetró la conciencia del Juez Arrillaga Beléndez para entonces erró-neamente concluir que la prueba analizada y creída por él no era “sobre las circunstancias en que se cometió el delito ...”. Recurso de revisión, pág. 241. Al así hacerlo el tribunal a quo pasó por alto que la forma y manera que el doctor Flores Vilar agredió a su paciente surgió de la Exposición Narrativa debidamente certificada, esto es, de la prueba desfilada en el proceso criminal ante el Tribunal de Distrito. Esa exposición narrativa sustituyó la transcrip-ción de evidencia. De prevalecer el criterio del tribunal a quo, tendríamos de inmediato que anular todas las senten-cias penales dictadas en apelación que han sido confirma-das, precisamente mediante el mecanismo de la exposición narrativa.

El argumento tampoco toma en cuenta que el propio querellado doctor Flores Vilar admitió al Examinador que la “información que se recog[ía]” en la sentencia del Juez Arrillaga Beléndez era “la versión de [la paciente]” (Recur-so de revisión, pág. 226), a quien oyó declarar en tres (3) ocasiones. Íd., pág. 207.

La postura procesal del querellado Flores Vilar que en-contró eco en el tribunal a quo es insostenible. Primero, sin que fuera objetado, se desfiló prueba en la vista adminis-trativa de la demanda radicada en su contra por la paciente y que fue transigida. Recurso de revisión, págs. 216 y 219-223; Exhibit 4, Anejo D. Ante esa situación, no ve-mos cómo la ilustrada sala sentenciadora concluyó que esa prueba era inadmisible. Repetimos, si no fue objetada no podía ser ignorada por el Examinador; tampoco por el Tribunal Superior; menos por nosotros. Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991); Pueblo v. Millón Meléndez, 110 D.P.R. 171, 180 (1980). Segundo, es peregrina su conten-ción de que ante la indisponibilidad de la paciente como testigo no era admisible la sentencia del Juez Arrillaga Beléndez. Tal posición olvida que la ausencia de esa testigo fue así explicada: “No prestaron testimonio las querellan-tes porque, con antelación a la vista administrativa, el Querellado selló sus labios al pagarles en transacción la suma de $8,000.00 que pagó, no de su seguro médico, sino de su propio peculio. El Querellado compró la oportunidad de no carearse con las querellantes. Ello se desprende del testimonio del propio Querellado, véase transcripción, vista de 3 de mayo de 1988, págs. 132 a 146 .... Resulta paradógico que el Hon. Tribunal invoque en su Sentencia la ausencia de testigos cuyos labios la prueba demuestra selló el Querellado. La vista no fue más plena porque lo impidió el propio Querellado. Sabido es que la plenitud no siempre es objetivo de algunos'suplicantes de justicia.” (En-fasis suplido.) Íd., pág. 20.

Más allá de ese argumento, desde el prisma técnico evi-denciario, la cuestión se rige por la Regla 64(B)(1) de Evi-dencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Esta reconoce la admisibilidad de un testimonio dado en otra vista o una deposición con-forme a derecho, siempre que se garantice el derecho a contrainterrogar. El propósito es ofrecer al tribunal sufi-cientes garantías de confiabilidad de forma tal que, aún con la ausencia del declarante, no arroje dudas sobre su testimonio.

Junto al elemento de confiabilidad hemos dicho que el otro requisito para la admisión del testimonio ausente del declarante es su indisponibilidad. Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435, 446 (1981); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 97 (1982).

Aquí, la paciente perjudicada por la acción delictiva del doctor Flores Vilar no compareció a la vista administrativa por la razón que hemos señalado anteriormente. El propio querellado doctor Flores Vilar transó su reclamación civil de forma tal que “compró [su] silencio”. No puede ahora invocar como error la ausencia de ese testimonio para cues-tionar el valor probatorio de la sentencia y desacreditar la totalidad del proceso seguido en su contra.

La evidencia presentada ante el T.E.M. para probar los cargos cumplió con los requisitos de la citada regla de Evi-dencia, a saber, a través de sentencia se presentó una na-rración equivalente a la transcripción del testimonio de la perjudicada en un juicio penal donde el querellado tuvo la oportunidad de contrainterrogar, estuvo representado por un abogado y pudo carearse con dicho testigo.

En resumen, el proceso y la revocación de la licencia del doctor Flores Vilar están avalados por una sentencia emi-tida por el Tribunal de Distrito, confirmada por el Tribunal Superior y por un procedimiento administrativo rodeado de todas las garantías de la ley. Aceptar la premisa de que la sentencia del Honorable Juez Arrillaga Beléndez —se-gún todos sus términos— sólo es prueba de una convicción de un delito menos grave (agresión agravada) ajena a unos hechos probados que implican depravación moral, es una ficción absurda que atenta contra la VERDAD. Conlleva relitigar —de espaldas a sentencias finales y firmes de los tribunales— hechos que realmente ocurrieron y quedaron depurados por el rigor de un proceso criminal que entraña el quantum de prueba mayor que existe en nuestro orde-namiento jurídico (“más allá de duda razonable”); cierta-mente más riguroso que el seguido en el proceso administrativo.

      (1) Por razones obvias y por no ser imprecindible para la adjudicación, omitimos su nombre.


author: per curiam:

text:
      In re Rebecca Santiago Méndez.

      Número: AB-90-50

      Resuelto: 27 de diciembre de 1991

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Reina Colón de Ro-dríguez, Subprocuradora General, e luán F. Fuster Lebrón, Procurador General Auxiliar, en Informe; Rebecca Santiago Méndez, pro se; Nelson Alvarez Aponte, pro se.

   per curiam:

Recientemente —en In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490, 493-494 (1991)— expresamos:

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con la que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. To-dos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja pre-sentada en su contra que está siendo investigada. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984). Con demasiada frecuencia innu-merables miembros de la profesión arriesgan sus títulos con la actitud de dejadez y desidia que demuestran. En muchas más ocasiones que las deseables, simples amonestaciones se convier-ten en suspensiones indefinidas por la testarudez y contumacia de los abogados que no cumplen con nuestras órdenes. (Énfasis suplido.)

El presente recurso, desafortunadamente, plantea una situación similar, esto es, la incomprensible y contumaz negativa de un miembro del foro de cumplir con las órdenes de este Tribunal() La misma hace mandatoria la suspensión indefinida de la Leda. Rebecca Santiago Mén-dez del ejercicio de la profesión de abogado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Aso-ciados Señora Naveira de Rodón y Señor Hernández Den-ton no intervinieron.

      (1) Conforme surge de un informe radicado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, de fecha 4 de marzo de 1991, tres (3) ciudadanos se querellaron contra la licenciada Santiago Méndez. Esta desentendió, e hizo caso omiso, de todas las comunicaciones que, en relación con dichas quejas, le enviara dicha Oficina.
      Mediante Resolución de fecha 27 de marzo de 1991 le concedimos un término de veinte (20) días a la abogada para que compareciera ante el Procurador General. Le apercibimos que el incumplimiento podría acarrearle la imposición de sanciones disciplinarias. Hizo caso omiso a la misma.
      Ello no obstante, mediante Resolución de fecha 27 de septiembre de 1991, le concedimos un término adicional para cumplir con la citada Resolución. Se le advir-tió, en esta ocasión, que “su incumplimiento con los términos de esta resolución conllevará su suspensión automática de la abogacía”. Esta Resolución le fue notifi-cada personalmente a la licenciada Santiago Méndez.
      Mediante escrito de fecha 6 de diciembre de 1991, el Procurador General nos informa que la licenciada Santiago Méndez no ha comparecido a su Oficina.


author: El Juez Asociado Señor Negrón GarcIa

text:
    Alameda Tower Associates, etc., demandantes y recurrentes, v. Hon. Wilfredo Muñoz Román, demandado y recurrido.

      Número: RG-90-409

      Resuelto: 15 de enero de 1992

      Enrique Umpierre Suárez, abogado de los recurrentes; Wilfredo Muñoz Román, Registrador de la Propiedad, pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón GarcIa

emitió la opinión del Tribunal.

Una vez más adjudicamos una controversia relacionada con los llamados documentos complementarios en nuestro sistema registral inmobiliario. Figueroa Pesante v. Registrador, 126 D.P.R. 209 (1990).

Mediante la Escritura Núm. 37 de 21 de mayo de 1987, autorizada por el notario Alfredo Castro Mesa, la Corpora-ción de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.) segregó una parcela de terreno y la vendió a Alameda Towers Associates, S.E. (en adelante Alameda). El remanente fue comprado por Metropolitan Tower Associates, S.E. (en ade-lante Metropolitan).()

La escritura fue presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad, y como documentos complemen-tarios se acompañaron una resolución de la Administra-ción de Reglamentos y Permisos (en adelante A.R.Pe.) y un plano de mensura. Después de tres (3) notificaciones de defectos y luego de haberse presentado los correspondien-tes escritos de recalificación, el Registrador de la Propie-dad (en adelante Registrador), Sección Tercera, San Juan (Hon. Wilfredo Muñoz Román), notificó su denegación de inscripción. Fundamentó su proceder así:

Denegada la inscripción de este documento por observarse que de la información incluida en el plano de mensura sometido no se desprende una identificación clara de la finca objeto de segregación, el titular de la misma y la cabida correspondiente.
De la Resolución de ARPE que se acompaña no se desprende claramente la aprobación de esta agencia y no se identifica la finca objeto de segregación.
De la finca objeto de la segregación que se propone realizar identificada en la escritura de segregación, se han segregado varias fincas por lo que de la Resolución y Plano de mensura, deberá identificarse claramente el remanente.
Al sumar todas las cabidas de las diferentes áreas represen-tadas en el plano sometido arrojan una cabida total mayor que la que consta de la finca inscrita y en el Registro. Tomándose en su lugar anotación preventiva por 60 días según lo dispone los Artículos 68 y 85 de la Ley 198 y el Artículo 97.1 del Regla-mento Hipotecario.
Den[e]gado además en cuanto a la finca de 23,017.7889 m/c al Folio 254 Vto. del Tomo 827 de Monacillos, finca número 22,820 Anotación “A” por no aparecer la misma inscrita a favor de la vendedora, tomándose en su lugar anotación preventiva por 60 días según lo dispone el Artículo 57 de la Ley 198. Afecta ambas fincas por su procedencia a servidumbres a favor de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y del gobierno de la Capital; servidumbres de Alcantarillado Pluvial de la Central San José, Inc., y del Municipio de San Juan; condiciones restrictivas so-bre edificación y uso. (Énfasis suplido.) Exhibit F, págs. 25-26.

Inconformes con esta determinación, Alameda y Metropolitan instaron este recurso gubernativo.

La nota denegatoria del Registrador se apoya en el pre-supuesto de que los interesados no cumplieron con el re-quisito de la identificación de las fincas objeto de los nego-cios, elemento fundamental del principio de especialidad de nuestro sistema registral inmobiliario. De acuerdo con este funcionario, los documentos complementarios del tí-tulo inscribible adolecen de deficiencias que impiden una identificación certera de la finca segregada y del remanente.

Los recurrentes Alameda y Metropolitan, por su parte, sostienen que se trata de una situación rutinaria pertene-ciente más bien al típico negocio de segregación y venta en el que con el documento inscribible se acompañan la reso-lución de A.R.Pe. y un plano que ilustra gráficamente la finca segregada y su remanente. Arguyen, además, que no existe una ley específica ni un principio registral que apoye las exigencias del Registrador.

HH HH HH

De entrada, unas observaciones preliminares. No se cuestiona la facultad del Registrador para exigir documentos complementarios. Tampoco existe debate alguno de que los documentos aludidos gozan de esa naturaleza. La controversia se limita a determinar si éstos contienen la información que les insufle del vital elemento de complementaridad, ya que si bien desde el punto de vista formal o nominal pueden satisfacer esta exigencia, la complementaridad hay que buscarla en la sustancialidad de su contenido.

A fin de cuentas, no podemos olvidar que la finalidad de estos documentos es complementar aquellos aspectos necesarios para hacer viable e inscribible el documento principal. Figueroa Pesante v. Registrador, supra. En este sentido, en instancias como la de autos —en que se pretende inscribir una finca segregada— es necesario siempre acompañar con el documento principal (escritura de segregación) los siguientes documentos complementarios: la resolución de A.R.Pe. y el plano de lotificación o mensura aprobado. Examinemos separadamente sus contenidos y si cumplen con los fines legales perseguidos.

IV

La resolución de A.R.Pe. de 14 de mayo de 1987 —de una sola página— identifica el número del proyecto, el asunto (“segregación de Terrenos en el Proyecto Residen-cial Alameda Towers en Río Piedras”) y el nombre del pro-ponente (“Corporación de Renovación Urbana y Vivienda”). Contenía la información siguiente:

Los terrenos envueltos en esta propuesta se describen de la siguiente forma:
Parcela B
Rustica: Parcela radicada en el barrio Monacillo Urbano del término municipal de Río Piedras con una cabida superficial de 19, 011.9590 metros cuadrados, equivalentes a 4.8372 cuerdas y en lindes: por el Norte, con la Carretera Estatal Número 21; por el Sur, con las Parcelas C y D del Proyecto Alameda Towers; por el Este[,] con la Parcela C, la Calle F. Gómez Acosta y la Urbanización Las Lomas y por el Oeste[,] con terrenos de Asun-ción Geigel.
Los mismos se ilustran gráficamente en el plano de mensura preparado por el agrimensor Antonio Meléndez, Licencia Nú-mero 6328.
Esta Administración ha realizado una evaluación de la pro-puesta sometida y encuentra que la misma es aceptable.
Considerando lo anteriormente expuesto y a tenor con la Ley 76 del 24 de junio de 1975, la Resolución JPD-11 de la Junta de Planificación del 10 de mayo de 1982, delegando funciones en la Administración de Reglamentos y Permisos y la Orden Admi-nistrativa ARP-Núm. 86-2 del 26 de noviembre de 1986 de la Administración de Reglamentos y Permisos delegando funcio-nes adicionales en el Administrador Auxiliar del Area de Revi-sión Técnica por la presente se adopta el siguiente acuerdo so-bre esta propuesta: Autorizar.
Se dispensa a la parte proponente de cumplir con el Regla-mento de Planificación Número 3 (Lotificaciones) en cuanto a la presentación de un plano de inscripción. Los planos de mensura correspondientes deberán ser presentados directamente al Re-gistrador de la Propiedad con copia de esta resolución para la inscripción de las lotificaciones resultantes. (Enfasis suplido.) Exhibit B, pág. 20.

El Registrador alega que esta resolución no identifica claramente la finca objeto de segregación, como tampoco expresa los datos de inscripción ni su cabida superficial. Por estas razones, aduce que no tiene los medios adecua-dos para estimar que la parcela que se pretende segregar corresponde a la identificada en la escritura pública. Exa-minemos su contención.

Los documentos presentados no son modelos de claridad y exactitud. Hacemos esta observación, pues hemos de evi-tar caer en una laxitud judicial desmedida que dificulte la labor calificadora y la convierta en un acto en el que el Registrador, por razón de información diseminada en va-rios documentos, se vea precisado a completar un rompe-cabezas o a componer un mosaico. Por fortuna, en este caso, el plano de mensura identifica cuatro (4) parcelas de terreno (“A”, “B”, “C” y “D”). Los anejos correspondientes a cada una describen su.localización exacta y el área en cuer-das y metros cuadrados. La parcela “A” se identifica como de uso público y se hace constar que allí está ubicado el Condominio Alameda. La parcela “C” se identifica. como una escuela y la parcela “D” como el remanente.

Abase de un estudio integral, razonablemente, podemos concluir que el plano de mensura y la resolución de A.R.Pe. se complementan mutuamente, de manera tal, que puede identificarse la parcela “B” como la finca objeto de segrega-ción; que dicha segregación fue aprobada por A.R.Pe.; y que la parcela “D” constituye el remanente.

Bajo esta perspectiva, no podemos convenir con el Re-gistrador en lo referente a los primeros tres defectos señalados. Estos documentos, además de complementar el principal (la escritura de segregación), son también com-plementarios entre sí. Como señalan los recurrentes, el “plano no llega al Registro por tener vida propia, sino como uno de los pasos a seguir para que A.R.P.E. autorice la segregación solicitada. De hecho, de la faz del plano surge estampado un sello de aprobación de A.R.P.E. del que surge el número del caso, y la fecha de aprobación. En conjunto con la Resolución dictada por la Agencia^ se iden-tifica claramente el titular interesado, la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda”. (Énfasis suplido.) Peti-ción, pág. 12.

Concentrémonos en el restante señalamiento.

V

Con ciertos límites, la calificación registral, piedra angular del principio de legalidad, exige del Registrador un juicio de crítica jurídica sobre la validez y eficacia de los negocios jurídicos contentivos en los documentos presentados. Así logramos que sólo tengan acceso al Registro los títulos que cumplen las exigencias legales.

El ámbito de la calificación está delimitado por el Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2267. En cuanto a los documentos notariales, abarca la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos. Aunque el citado Art. 64 no lo dispone expresamente, la doctrina está conteste en que se sobreentiende que la calificación debe extenderse a la identidad personal y real.

Como veremos, la identificación certera de la finca ha sido una de las cuestiones que más ha preocupado al derecho registral inmobiliario. Señala el distinguido Registrador y tratadista español José María Chico y Ortiz que el asunto de la identificación de la finca puede ser un serio obstáculo que se oponga a una pretendida inscripción; por ende, la calificación registral es amplia y sin limitaciones. J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, 2da ed., Madrid, Marcial Pons, 1989, T. I, pág. 672. Como corolario, para inscribir las fincas éstas tienen que ser descritas con unas circunstancias mínimas de identificación: naturaleza, situación, linderos, medidas superficiales en el sistema métrico decimal, etc. Art. 87 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2308. Lo que se busca es que no haya un divorcio entre la finca en sentido material y la finca en sentido registral, esto es, que la realidad física de los terrenos corresponda a la jurídica. La ausencia de un catastro o la falta de coordinación entre el catastro y el registro, requieren de todo Registrador el máximo esfuerzo por cerciorarse de que la conformación y transformación de la realidad material de una finca se recoja fielmente en el Registro. De otra manera se perdería la eficacia práctica del sistema registral. M. Amorós Guardiola, Los registros jurídicos de bienes en Derecho español, en Principios y de-sarrollo legislativo de los registros jurídicos de bienes, II Congreso Internacional de Derecho Registral, Madrid, Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro de Estudios Hipotecarios, 1974, pág. 757 y ss.

En resumen, en esta dimensión se pretende evitar las anomalías siguientes: (a) la publicidad registral de fincas materialmente inexistentes y (b) la inmatriculación, parcial o total, de una misma finca a nombre de dos (2) o más titulares diferentes. Cruz Fontánez v. Registrador, 126 D.P.R. 182 (1990). En especial, la doble inmatriculación acarrea la pérdida de la protección de la Ley Hipotecaria. Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 371-372 esc. 6 (1973).

A la luz de estos principios doctrinales examinemos la situación cuando de los documentos presentados surge que la suma de las cabidas de las cuatro (4) parcelas excede la cabida registral de la finca original. Los recurrentes Ala-meda y Metropobtan aceptan este hecho; pero le restan importancia al señalar que las únicas parcelas relevantes en este caso son las que se mencionan expresamente en la escritura, esto es, la “B” (finca objeto de segregación) y la “D” (remanente). Argumentan que la inclusión de las otras parcelas no debe afectar la adecuación del plano para evi-denciar el cumplimiento de las disposiciones de A.R.Pe.

VI

Un plano de mensura es la representación gráfica de la extensión superficial o cabida de un terreno o heredad. El Art. 240 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2765, especifica que cuando se requiera la acreditación de la mensura de una finca, se hará mediante la certificación de mensura debidamente jurada por el agrimensor autorizado que la practicó.() Esto se debe a que cuando hablamos de agrimensor, estamos ante un profesional que hace "hincapié en los conceptos de precisión y exactitud que el topógrafo ha de tener siempre bien presentes si desea que todas sus mediciones cumplan adecuadamente su propósito, sin pérdidas indebidas de tiempo y dinero en la ejecución de las mismas”. D. Fooke-Kelly, Tratado de Topografía, 3ra ed., Aguilar, 1971, pág. XI; T. Busch, Fundamental of Dimensional Metrology, 2da ed., Delmar Publ. Inc., 1989, pág. 1.

Coincidimos con los recurrentes Alameda y Metropolitan en que el plano requerido no tenía necesariamente que ilustrar gráficamente las parcelas “A” y “C”. Pero una vez incluidas e informadas sus respectivas cabidas, no pueden invocar todos los beneficios que surgen “de la faz del plano” y, simultáneamente, pretender que el Registrador —como tampoco este Foro— ignore la extraña situación surgida, también de su faz, en cuanto a la cabida superficial, y se abstenga de notificarlo como un defecto que impide la ins-cripción solicitada. Resolvemos, pues, que como en el Re-gistro y en la faz de los documentos complementarios cons-taba la anomalía de que la cabida de la finca original era menor que la suma de las cabidas de las fincas segregadas y el remanente, el Registrador actuó acertadamente al ne-garse a inscribir por este fundamento.

Ello no inflinge el principio de legitimación registral recogido en el segundo párrafo del Art. 64 de la Ley Hipotecaria, supra, dispositivo de que los Registradores no pueden apreciar la legalidad de las calificaciones efectuadas ni de los asientos extendidos con anterioridad por sus predecesores o por ellos mismos. Todo lo contrario, su pro-ceder está en consonancia con el Art. 68(2) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2271, que al remitirse a las faltas que impiden la registration señala “[l]as que se originen de obstáculos del Registro”. Deben, pues, las recurrentes Alameda y Metropolitan, mediante documentos complementarios corregidos u actas, subsanar esa deficiencia.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia confirmatoria.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) Se consignaron las cabidas siguientes: finca matriz, 42,029.7479 metros cua-drados (10.69 cuerdas); parcela segregada, 19,011.9590 metros cuadrados (4.8372 cuerdas), y remanente, 23,017.7889 metros cuadrados (5.8564 cuerdas).

      (2) Una de las maneras de lograr concordancia entre el Registro y la realidad extrarregistral es el procedimiento de rectificación de cabida dispuesto en el Art. 247 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2772.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    El Vocero de Puerto Rico (Caribbean International News Corporation), peticionario, v. Hon. Carlos A. Gabán García, demandado.

      Número: MD-92-1

      Resuelto: 15 de enero de 1992

      Juan R. Marchand Quintero, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinado el recurso de mandamus radicado por el pe-ticionario El Vocero de Puerto Rico, el Tribunal provee no ha lugar al ejercicio de su jurisdicción original. Se ordena el traslado de este asunto al Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan.

La presente resolución deberá ser notificada por la vía telefónica y ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Re-bollo López.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

HH

Los hechos que dan margen al presente mandamus son sencillos. Desde ayer se está ventilando ante el Hon. Juez Carlos A. Gabán García (Tribunal de Distrito, Sala de San Juan) la vista preliminar para determinar causa probable para el arresto (Regla 6 de Procedimiento Criminal, 32 L.P.R.A. Ap. II) contra el Presidente de la Cámara de Re-presentantes, Hon. José Ronaldo Jarabo.

El Vocero de Puerto Rico (Caribbean International News Corp.), por conducto de su abogado Ledo. José E. Colón Rodríguez, solicitó acceso a la vista. El tribunal se negó. Nos piden lo autoricemos.

HH HH

El reclamo de El Vocero de Puerto Rico se apuntala en el derecho constitucional de libertad de prensa y de expresión garantizado por nuestra Constitución y por la Constitución federal. Específicamente, invoca el caso Press-Enterprise Co. v. Superior Court, 478 U.S. 1 (1986).

En dicho caso el Supremo federal resolvió que el derecho de acceso del público a los juicios criminales bajo la Pri-mera Enmienda a la Constitución federal se extiende a las vistas preliminares posteriores a la del arresto, según se conducen en el estado de California. Allá, la vista prelimi-nar es abierta al público, excepto en los casos que se de-muestra que la exclusión es necesaria para la consecución de un juicio justo e imparcial.

La cuestión ante nos presenta la eterna colisión entre el derecho a la intimidad y a un juicio justo e imparcial, visa-vis la libertad de expresión y la libertad de prensa. Las Reglas de Procedimiento Criminal nada disponen en cuanto a la vista para ordenar el arresto. Ciertamente exis-ten múltiples situaciones que hacen imperativo su celebra-ción en privado debido a intereses apremiantes del Estado o de los ciudadanos objetos de los procedimientos. Ausentes estos intereses, no hay razón alguna para que sea privada.

En lugar de proveer un no ha lugar, ordenaríamos al tribunal de instancia la celebración inmediata de una vista a los fines antes indicados.


author: Per Curiam:

text:
    José A. Purcell Ahmed, demandante, v. Hon. Víctor M. Pons Núñez, Hon. Antonio S. Negrón García, Hon. Francisco Rebollo López, Hon. Miriam Naveira de Rodón, Hon. Federico Hernández Denton, Hon. Rafael Alonso Alonso y Hon. José A. Andréu García, demandados.

      Número: MD-92-2

      Resuelto: 22 de enero de 1992

      Juan R. Marchand Quintero, José E. Colón Rodríguez y Francisco Ortiz Santini, abogados del peticionario.
   Per Curiam:

El 2 de marzo de 1990 el Sr. José A. Purcell Ahmed y el rotativo El Vocero de Puerto Rico presentaron un escrito de apelación ante este Tribunal en el caso El Vocero de P.R. (Caribbean Int. News Corp.) y otros v. Estado Libre Asociado de P.R. y otros, Civil Núm. KAC-89-1766 (1003), sobre sentencia declaratoria e injunction, cuestio-nando la sentencia dictada el 29 de enero de 1990 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.() En su sentencia, el foro de instancia desestimó la demanda por entender que la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap, II, que establece que la vista preliminar se celebrará en privado a menos que al iniciarse la misma el imputado solicite que sea pública, es constitucional, ya que el dere-cho a la intimidad y a que se le garantice a todo acusado un juicio justo e imparcial tiene prioridad sobre el derecho li-mitado de acceso del público y de la prensa a los procedi-mientos de vista preliminar tal y como se conducen en Puerto Rico.()

Luego de una serie de mociones, tanto de la parte ape-lante como de la parte apelada, el caso quedó finalmente sometido el 1ro de febrero de 1991. Con posterioridad, el 19 de febrero de 1991 y el 14 de enero de 1992, la parte ape-lante solicitó mediante mociones que se le diera preferen-cia urgente a la resolución del caso AC-90-181.

El 17 de enero de 1992 el codemandante Purcell Ahmed presentó ante este Tribunal una solicitud de mandamus dirigida contra todos sus Jueces. Cuatro (4) días más tarde, el 21 de enero, éstos fueron emplazados a través del Secretario del Tribunal, Ledo. Francisco R. Agrait Liado. En dicho recurso se solicitó "se orde[nase] la pronta adju-dicación de la apelación en cuestión”. Solicitud de mandamus, pág. 5.

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421, define el auto de mandamus así:

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dic-tado por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal Superior de Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o perso-nas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría, dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo. (Énfasis suplido.)

El mandamus es un recurso civil extraordinario privilegiado. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960). Dicho recurso, de procedencia anglosajona, se originó en Inglaterra para los siglos catorce (XIV) y quince (XV). En 1903, por vía del estado de California —Arts. 1085 a 1094 del Código de Enjuiciamiento Civil de California— fue incorporado al derecho procesal puertorriqueño mediante la Ley de 12 de marzo. S.S. Merrill, Law of Mandamus, Madison, State Journal Printing Co., 1892, Cap. I; L.L. Jaffe, Judicial Review and the Rule of Law: Historical Origins, 72 (Núm. 287) L.Q. Rev. 345, 359 (1956).

Con relación a los tribunales en sus funciones judiciales, el mandamus sólo procede para obligar a un tribunal de menor jerarquía a que actúe, o sea, que cumpla con su deber ministerial de resolver una controversia que se encuentre bajo su consideración. No procede para evaluar la corrección de la decisión del tribunal. Pueblo v. La Costa, Jr., Juez, 59 D.P.R. 179 (1941); Espina v. Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 D.P.R. 76 (1953); Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975); D. Rivé Rivera, Recursos Ex- traordinarios, Atlanta, Darby Printing Company, 1989, Cap. II.

Por la naturaleza misma del auto de mandamus, que requiere que éste sea emitido por un tribunal de mayor jerarquía y dirigido a uno de menor jerarquía, ni en Puerto Rico, ni en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ni en ninguno de los tribunales apelativos de última instancia de los estados de la Unión se ha planteado la situación que hoy nos ocupa, esto es, presentar un mandamus al tribunal de última instancia para que éste se obligue a resolver un caso. Un tribunal no tiene jurisdicción para expedir un auto de mandamus contra sí mismo. Arts. 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 3421 y 3422.

En una situación análoga, pero con relación a un auto de mandamus presentado ante un tribunal de instancia, el Tribunal Supremo de Minnesota resolvió que un juez de distrito no se podía ordenar a sí mismo a hacer algo me-diante este recurso. State v. County of Hennepin, 89 N.W.2d 907 (1958). De otra parte, en Haldane v. Superior Court of Los Angeles Country, 34 Cal. Rptr. 572 (1963), se le requirió a un Tribunal Superior de California expedir un mandamus contra sí mismo. El tribunal apelativo deter-minó que dicho Tribunal Superior no tenía poder, autori-dad ni jurisdicción para hacer esto, ya que el mandamus sólo se puede dirigir por un tribunal de mayor jerarquía contra uno de menor jerarquía para que este último actúe.

Como corolario lógico de todo lo antes expresado, también se ha reconocido que un tribunal de menor categoría no tiene autoridad para expedir un auto de mandamus dirigido a un tribunal de mayor jerarquía. State v. Miller, 128 N.E.2d 108 (1955).()

H-1 1

Ahora bien, lo expuesto no es incompatible con que consideremos el recurso de mandamus presentado como una moción que solicite se le dé atención prioritaria al caso Núm. AC-90-181. Tomando en consideración la importancia de la controversia planteada, el interés público que la misma entraña y los diferentes casos de igual naturaleza e importancia que se encuentran ante la consideración del Tribunal, éste le está dando al caso Núm. AC-90-181 la atención y evaluación ponderada acostumbrada para resolverlo con la prioridad que el mismo amerita.()

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia desesti-mando el auto de “mandamus” presentado por falta de jurisdicción. Considerado éste como una moción que soli-cita se le dé atención prioritaria al caso Núm. AC-90-181, el Tribunal, luego de considerar la importancia de la contro-versia planteada, el interés público que la misma entraña y los diferentes casos de igual naturaleza e importancia que se encuentran ante su consideración, hace constar que le está dando al caso Núm. AC-90-181 la atención y evalua-ción ponderada acostumbrada para resolverlo con la prio-ridad que el mismo amerita.

      (1) El recurso ante nuestra consideración es el AC-90-181.

      (2) El recurso en el caso AC-90-181 que se encuentra ante nuestra consideración requiere que se analice la controversia constitucional tomando en consideración lo resuelto en Press-Enterprise Co. v. Superior Court, 478 U.S. 1 (1986), la vista preli-minar de California y la vista preliminar de Puerto Rico, según los respectivos esta-tutos han sido interpretados por los tribunales de California y de Puerto Rico.

      (3) En este caso se consolidaron dos (2) recursos. En uno se solicitó al Secretario del Tribunal Supremo de Ohio, mediante un mandamus presentado ante el tribunal de apelaciones (un tribunal inferior), presentar un afidávit de descualificación reci-bido por él. En el otro se le solicitó al tribunal de apelaciones que le prohibiera a los Jueces del Tribunal Supremo hacer cierta determinación en el mismo caso.

      (4) Con este dictamen disponemos de las mociones análogas de 19 de febrero de 1991 y 14 de enero de 1992.


text:
      In re Pedro Nicot Santana.

      Número: MC-91-14

      Resuelto: 24 de enero de 1992

      Norma Cotti Cruz y Reina Colón de Rodríguez, Subprocura-doras Generales, Marjorie Rivera Rodríguez y Cynthia Iglesias Quiñones, Procuradoras Generales Auxiliares, abogadas de El Pueblo, en informe.
   per curiam:

Mediante escrito de fecha 7 de marzo de 1991, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico nos informó que, no obstante sus gestiones a esos efectos, el abogado Pedro Nicot Santana no había atendido su solici-tud de que compareciera a dicha Oficina a exponer su ver-sión respecto a una queja contra él presentada por la Sra. Dalia Barreto Aquino.()

En virtud de ello, el 21 de marzo de 1991 le concedi-mos término al referido abogado para que compareciera a la Oficina del Procurador General “a exponer lo que a bien tenga respecto a la queja presentada por la Sra. Da-lia Barreto Aquino”. Resolución de 21 de marzo de 1991. Copia de dicha resolución le fue notificada personalmente al referido abogado por uno de los alguaciles auxiliares de este Tribunal el día 26 de marzo de 1991.

Mediante escrito de fecha 7 de enero de 1992, la Procu-radora General nos informa que el abogado Nicot Santana, a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha comparecido a su Oficina. Son varias las ocasiones en que este Tribunal ha expresado que no tolerará “la incomprensible y contu-maz negativa de un miembro del foro de cumplir con las órdenes de este Tribunal”. In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696, 697 (1991). Véase In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

En consecuencia, se decreta la suspensión provisional del abogado Pedro Nicot Santana del ejercicio de la profe-sión de abogado. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Aso-ciado Señor Andréu García no intervinieron.

      (1) En la misma, la señora Barreto Aquino informó que no obstante haberle satisfecho al licenciado Nicot Santana honorarios por la suma de tres mil dólares ($3,000) en el año de 1980 en relación con la liquidación de dos comunidades here-ditarias, éste no había realizado gestión alguna al respecto.


text:
      In re Pedro Roldán Figueroa.

      Número: 1418

      Resuelto: 30 de enero de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz y Anabelle Rodríguez, Subprocuradoras Generales, e Ivonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogados de la Oficina del Procurador General; Martín Roldán Co-lón, abogado del notario intervenido; Pedro Roldán Figueroa, pro se.

    El Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió la opinión del Tribunal.
   per curiam:

Mediante Resolución de 21 de diciembre de 1990, pág. 2, designamos al Ledo. José F. Rodríguez Rivera como Comisionado Especial “para que oiga y reciba la prueba que se le presente, debiendo los testigos declarar bajo juramento sobre si el Ledo. Pedro Roldán Figuero[a] está incapacitado físicamente por razón de la condición de su visión que le impida continuar siendo notario de confor-midad con las disposiciones de ley aplicables”. A tenor con nuestra resolución, las partes optaron por renunciar a la vista y someter el asunto al Comisionado Especial a base de informes médicos.

Visto el informe del Comisionado Especial, procedemos a resolver.

HH

La Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, en su Art. 2, define al notario como “el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudicia-les que ante él se realicen .... La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su fun-ción personalmente ejecute o compruebe...”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 2002.

El notario es el único profesional a quien el Estado lo ha investido con la Fe Pública, lo que significa que todo documento autorizado por el notario goza de una presunción de veracidad y corrección. Este Tribunal ha señalado que el notario, al autorizar un documento, “presuntivamente da fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. La investidura que conlleva la fe pública notarial va acompañada de una presunción controvertible [de] los actos que ve y oye —vidit et audit— y de que lo allí consignado es legal y verdadero. En resumen, la dación de fe está avalada por la confianza de que los hechos jurídicos y circunstancias que acredite fueron percibidos con sus sentidos. A. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1969, Vol. I, pág. 445 et seq.-, J.M. Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. 1, pág. 15 et seq. Es evidente pues, que la fe pública constituye la espina dorsal del cuerpo notarial”. (Énfasis suplido.) In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986).

Esta función del notario es personal, indivisible e indelegable. In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988). Es por ello que el notario, para cumplir a cabalidad su función pública, debe únicamente dar fe de aquello que le consta de propio conocimiento y que ocurre en su presencia. In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45, 78 (1979); In re Ramos, 104 D.P.R. 568, 570 (1976).

El notario en Puerto Rico ejerce una función dual, como funcionario público y como profesional del derecho. En el desempeño de ambas funciones “es que en la esfera de los hechos da fe de lo que ve, oye y percibe por sus sen-tidos, y como jurista, autentica y formula un juicio de cer-teza que nutre de fuerza probatoria las declaraciones de voluntad de las partes en instrumentos y documentos pú-blicos redactados conforme las leyes”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) In re Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448, 453 (1990).

I — I

Luego de un análisis riguroso del informe del Comisio-nado Especial, de los informes de los peritos y las normas de derecho previamente esbozadas, debemos forzosamente concluir que el Ledo. Pedro Roldán Figueroa se encuentra físicamente incapacitado para ejercer la notaría. Veamos.

El perito designado por el Procurador General, Dr. Rufo Rosa Elias (oftalmólogo), luego de examinar al licenciado Roldán Figueroa, concluye en su informe médico de 15 de mayo 1991 lo siguiente, y citamos:

Diagnóstico: 1. Retinopatía diab[é]tica en estado avanzado, con pér-dida de visi[ó]n total por el ojo izquierdo y pérdida mar-cada de visi[ó]n por el ojo derecho.
Prognóstico: Es pobre para recuperar o retener alguna visión ya que la condición es progresiva.

Por su parte, el Dr. Eduardo Taboas (oftalmólogo), pe-rito designado por el Comisionado Especial, luego de exa-minar al licenciado Roldán Figueroa emitió la evaluación siguiente:

Diagnóstico de impresión:
1. Catarata senil leve [en] ambos ojos.
2. Pérdida total de visión en ojo izquierdo por u[n] Glaucoma Neovascular asociado o secundario a etapas finales de Retinopa-tía Diabética.
3. Retinopatía Diabética proliferativa máximamente tratada en el ojo derecho con la consecuente pérdida en visión (Va-20/400)
4. Exotropía OS Comentarios:
El licenciado Roldán necesita evaluación y manejo de un espe-cialista en Retina, ya que, su condición visual es extremadamente delicada; su único ojo de visión (OD) es muy pobre (20/400) y está en riesgo real de pérdida total de la visión.

Por último, la Dra. Melba Jiménez, del Centro para Cie-gos del Hospital de Veteranos, y designada por el propio licenciado Roldán Figueroa, señaló en su informe lo si-guiente:

A Quien Pueda Interesar:
La presente es para notificarle que el Lie. Pedro Roldán es le-galmente ciego debido a retinopatía proliferativa.
Sus agudezas visuales son de 20/200 en el ojo derecho y no percibe luz en el ojo izquierdo.

Los tres (3) informes periciales son unánimes al estable-cer que el licenciado Roldán Figueroa sufre una grave con-dición de ceguera debido a retinopatía diabética progresiva y que no tiene visión alguna en su ojo izquierdo. Los médi-cos también coinciden en que debido a la pobre visión que le queda en su ojo derecho y a la condición progresiva de su enfermedad, el licenciado Roldán Figueroa está en riesgo real de perder totalmente la visión.

El licenciado Roldán Figueroa, en su réplica a nuestra Resolución de 24 de julio de 1990, admite que su visión se encuentra bastante afectada “hasta el punto que no puede leer una escritura”, aunque aclara que no es ciego. Réplica a Resolución de 24 de julio de 1990, pág. 5. Argumenta además el licenciado Roldán Figue roa en su escrito que la condición en que se encuentra su visión sólo lo incapacita para cumplir con la disposición del Art. 21 de nuestra Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2039,() pero qué según su interpretación, la lectura del instrumento por el notario es delegable.()

Esta interpretación a la que llega el licenciado Roldán Figueroa es totalmente equivocada a tenor con nuestra jurisprudencia y lo que representa la figura del notario en Puerto Rico. Consistentemente este Tribunal ha señalado que las funciones del notario son personales, indelegables e indivisibles —In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987); In re Laboy, 113 D.P.R. 476, 481 (1982); In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976)— y no hemos vacilado en imponer medidas disciplinarias a todo aquel notario que claudique sus deberes como depositario de la fe pública notarial. Véanse: In re Rivera Ortiz, 117 D.P.R. 401 (1986); In re Félix, 104 D.P.R. 379, 380 (1975).

Este Tribunal, en ocasión de pasar juicio sobre la soli-citud de un abogado ciego para ser admitido al ejercicio notarial —la cual fue denegada— expresó que “[p]or ra-zón de las características, elementos y naturaleza del po-der autenticador, la función y labor del notario ha de ser personal y ante su presencia. No es delegable ni transfe-rible a ninguna otra persona”. In re Requisitos Adm. Éjercicio Notarial, 110 D.P.R. 461, 462 (1980).

HH HH

Por los fundamentos antes expuestos, ante la grave condición en que se encuentra la visión del licenciado Roldán Figueroa y según los informes médicos que hemos tenido ante nos, procede decretar, como medida especial de protección social, la suspensión indefinida del ejercicio de la notaría al Ledo. Pedro Roldán Figueroa por estar éste físicamente incapacitado para cumplir a cabalidad con los deberes que impone nuestra Ley Notarial. Existen aspectos y requisitos legales de identificación y reconocimiento de documentos y de otorgantes con los que un notario ciego no puede cumplir.

A tenor con lo dispuesto en el Art. 64 de la Ley Notarial de Puerto.Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2104, se ordena al licenciado Roldán Figueroa entregar su obra notarial, sus Protocolos y Registros de Testimonios, debidamente encuardenados, a la Oficina de Inspección de Notarías dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la sentencia que se emita por razón de esta opinión. Una vez inspeccionada y aprobada la obra notarial, la misma deberá ponerse bajo la custodia del Archivero Notarial del distrito correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) El Art. 21 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2039, señala que “[c]uando no sepa o no pueda leer alguno de los otorgantes se dará lectura dos veces en voz alta al instrumento de que se trate, una por el notario y otra por el testigo que dicho otorgante designe, de lo cual dará fe el notario”. (Énfasis suplido.)

      (2) Esto es precisamente lo que ha venido realizando el licenciado Roldán Figueroa en los últimos años. Cuando surgen situaciones como las que dispone el Art. 21 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, éste delega en su secretaria para que ésta lea en voz alta a los otorgantes y a los testigos el instrumento público.