text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Hon. Antonio Bauzá Torres, Juez, demandado.

      Número: O-75-208

      Resuelto: 2 de octubre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Américo Berra, Procurador General Auxiliar, abogados del peticiona-rio; Domingo Ríos Román, abogado de Richard McConnie, Héctor G. Nevárez, Angel Marichal, Tomás Lozano y Miguel Ramos Rodríguez, interventores en este caso.
   per curiam:

Envuelve este caso la interpretación de la Ley Núm. 234 de 23 de julio de 1974, en que se enmienda el Art. 1 de la Ley Núm. 77 de 12 de agosto de 1925, 24 L.P.R.A. see. 791, relativo al delito de adulteración de leche.

El 14 de noviembre de 1974 se radicó la siguiente acusa-ción en el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla:

“Los referidos acusados, Richard McConnie, Presidente y Director, Héctor G. Nevárez, Tesorero, Secretario y Director, Angel Marichal, Director, Tomás Lozano, Administrador, y Miguel Ramos Rodríguez, Empleado de la Borinquen Dairy, Inc., que opera una planta de pasterización de leche en Aguadilla, Puerto Rico, allá en o por el día 7 de agosto de 1974 y en Agua-dilla, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Puerto Rico, intencional, volun-taria y criminalmente, tenían almacenada en su poder, para la venta y consumo humano, como pura, leche de vaca pasterizada, adulterada con un veintisiete punto ocho (27.8) por ciento de agua añadida artificialmente, según análisis químico.”

El referido artículo de ley, 24 L.P.R.A. see. 791, en que se funda la acusación, lee así:

“Toda persona que adulterare o diluyere leche y toda persona que así adulterada o diluida, la vendiere, ofreciere, o tuviere en venta, o que la transportare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo humano, o con el fin de someterla al proceso de pas-terización o a cualquier otro proceso en preparación para con-sumo humano, y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano, será culpable de delito menos grave y convicta que fuere, castigada en la primera violación con multa no menor de veinticinco (25) dólares, ni mayor de cien (100) dólares. La reincidencia se castigará con pena de cárcel no menor de un mes ni mayor de seis -meses, multa de quinientos (500) dólares y la revocación de la licencia. Disponiéndose que para efectos de las sees. 791 a 795 de este título se considerará adulterada cualquier leche que contenga sustancia alguna que no haya sido autorizada por el Secretario de Salud mediante reglamentación al efecto, o cualquier sus-tancia venenosa o deletérea o cualquier otra sustancia extraña a la leche que pudiera perjudicar la salud pública.”

El día señalado para la vista el juez sentenciador decretó el archivo y sobreseimiento de los casos por no haberse especi-ficado por el Secretario de Salud las sustancias que llevan a la clasificación de la leche como un producto adulterado. El ministerio público acude ante nos en solicitud de certiorari para revisar dicha resolución.

En el informe de la Comisión de Salud y Bienestar del Senado de 13 de mayo de 1974 se expresa lo siguiente sobre el propósito de la citada Ley Núm. 234:

“El propósito del P. del S. #958 es enmendar la Sección 1 de la Ley #77 del 12 de agosto de 1925, según enmendada, para definir lo que constituye ‘adulterar’ la leche, ya que la ley vigente adolece de esta definición. El mismo se corrige disponiendo que ‘se considerará adulterada cualquier leche que contenga sustan-cia alguna que no haya sido autorizada por el Secretario de Salud mediante reglamentación al efecto, o cualquier sustancia venenosa o deletérea o cualquier otra sustancia extraña a la-leche que pudiera perjudicar la salud pública.’

La medida castiga como delito la adición de cualquier sus-tancia extraña a la leche en su estado natural, evitando así la adición de leche en polvo, o la presencia en la leche de sustancias tales como antibióticos o drogas administradas a las vacas que después pasan a la leche que producen y éstas pudie-ran resultar nocivas a los consumidores que sean alérgicos a las mismas.” (Bastardillas nuestras.)

Tanto a la luz del texto de la Ley Núm. 234 como de su historial legislativo es incorrecta la determinación del ilustrado tribunal de instancia al efecto de que para probar la adulteración de la leche el Secretario de Salud tiene que enumerar mediante reglamentación la infinidad de sustancias que no puedan añadirse a la leche. Estimamos, por lo contrario, que para probar el delito de adulteración de leche basta con probar que dicho producto contiene cualquier sustancia extraña al mismo que no haya sido autorizada afirmativamente por el Secretario de Salud mediante reglamentación al efecto, o cualquier sustancia venenosa o deletérea o cualquier otra sustancia extraña a la leche que pudiera perjudicar la salud pública.

Adviértase además, independientemente de lo anterior, que está en vigor todavía el Reglamento Sanitario Núm. 183 de 18 de mayo de 1970, en que se determinan específicamente los criterios a examinarse para concluir que se ha adulterado leche. 24 R.&R.P.R. see. 790-508 (a)-(1). No hallamos incompatibilidad entre dicha disposición reglamentaria y la Ley Núm. 234 de 23 de julio de 1974.

Se revocará en consecuencia la resolución recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la continua-ción de los procedimientos, en modo conforme a las normas aquí sentadas.


source: Caselaw Access Project

author: pee cueiam:

license: Public Domain

text:
      In re José R. de la Torre Martínez.
    Numero:-

      Resuelto: 3 de octubre de 1975
   pee cueiam:

El señor José R. de la Torre Martínez fue admitido a tomar los exámenes de reválida ofrecidos los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1975 por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. En la mañana del 11 de septiembre de 1975, mientras contestaba las preguntas correspondientes al período IX de dichos exámenes el Alguacil de este Tribunal le ocupó dentro de una libreta de las que la Junta suministró a los examinandos para hacer apuntes, varios papeles manuscritos que contenían notas sobre dife-rentes materias cubiertas por los exámenes, cuyas notas eran susceptibles de ser usadas por dicho examinando y servirse de ellas para contestar preguntas del examen. Dicha conducta constituyó una violación de las Reglas prescritas por la Junta Examinadora y en particular la 2 (h), que dispone como sigue:

“h) Conducta: Ningún examinando tendrá sobre su escri-torio durante los períodos de contestación de preguntas, pape-les, libros, libretas, ni material alguno que no sea el que le suministra la Junta Examinadora. La comunicación entre exa-minandos mientras se esté en un período de contestación del examen, no importa su manera o propósito, está prohibida.”

Aparte de que dichas Reglas fueron distribuidas entre los examinandos y en particular le fueron entregadas al señor De la Torre Martínez, el Presidente de la Junta Examinadora reiteró la misma por el sistema de altoparlantes del salón en que se conducían los exámenes antes de iniciarse el período IX a que se ha hecho referencia. El señor De la Torre Martínez expresó a los miembros de la Junta que conocía la referida Regla y oyó las instrucciones que se dieron, como parte de las cuales se advirtió de que todo examinando que violase las mismas sería descalificado. Dio como única explicación que tenía dichas notas en su poder desde el primer día de exámenes y que las puso dentro de la libreta de apuntes cono-ciendo que con ello violaba las instrucciones impartidas, y que utilizaba dichas notas “para repasar”. En adición a dichas notas el referido aspirante tenía sobre el escritorio y dentro del sobre en que se le suministró el material provisto por la Junta el libro “Introducción al Derecho Mercantil de Puerto Rico” de J. J. Santa Pinter.

La conducta del aspirante señor De la Torre Martínez constituyó una violación de las normas adoptadas por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y una actuación indigna de quien aspire a ser admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. Se ordenará la descalificación de dicho aspirante respecto de los exámenes tomados por él los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1975, y respecto de los que se ofrezcan durante el año 1976.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Corporación Azucarera de Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado; South Puerto Rico Sugar Corporation, interventora.

      Número: O-75-301

      Resuelto: 6 de octubre de 1975

      José Alberti Orona, Hernán Cortés Torres y Eileen Meléndez O’Neill, abogados de la peticionaria; Francis, Doval, Colorado & Carlo y Francisco L. Acevedo Nogueras, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En el desarrollo de un programa gubernamental para re-habilitar y fortalecer la industria azucarera, la Administra-ción de Terrenos de Puerto Rico adquirió por compra unos activos de South Puerto Rico Sugar Corporation mediante contrato formalizado el 12 de mayo de 1970.

La corporación pública compradora asumió unas obliga-ciones nacidas de contratos de refacción y molienda de cañas que con South Puerto Rico Sugar tenían las corporaciones productoras de caña Anegado Cane Company Inc., Cañera del Oeste Inc., y Casualidad Sugar Co., a las cuales había anticipado la vendedora interventora $500,000.00. La Central Igualdad Inc., a quien South Puerto Rico Sugar Corporation debía pagar una bonificación de $1.15 por cada tonelada de caña molida proveniente de dichos colonos, autorizó a ésta a retener el bono en caso de que las cañas entregadas no fueran suficientes para cubrir el pago anual de la deuda de refacción. La Corporación Azucarera de Puerto Rico, eesio-naria de la Administración de Terrenos, cumplió las obligacio-nes asumidas mientras los colonos Anegado, Cañera del Oeste y Casualidad le entregaron sus cañas. Descontinuó los pagos de bonificación al cesar las entregas.

South Puerto Rico Sugar reclama en su demanda contra la Corporación Azucarera de Puerto Rico un balance de $263,000.00 por las zafras de 1972 y 1973 en que dicha cor-poración pública no molió cañas de los colonos.

Contra la demanda presentó la Corporación Azucarera moción para desestimar fundada en insuficiencia de hechos que justifiquen un remedio, por no alegarse afirmativamente que la Corporación Azucarera hubiera recibido y molido cañas de los colonos Anegado, Cañera del Oeste, y Casualidad para las zafras de 1972 y 1973, e impugnó la jurisdicción de la sala de instancia alegando que corresponde a la Junta Azucarera. Acompañó una declaración jurada de su Director Ejecutivo Sr. Blanco Lugo afirmando la terminación de entre-ga de cañas, la devolución de las fincas donde se producían las mismas por las corporaciones colonos a sus dueños Hnos. Ortiz Roméu quienes posteriormente las dieron en arrendamiento directo a la Corporación Azucarera. El juez de instancia rehusó desestimar la demanda sin aducir fundamento y la cor-poración pública demandada recurrió en certiorari. Expedimos el auto.

La Junta Azucarera es un organismo administrativo de competencia claramente limitada (5 L.P.R.A. see. 384— Supto.) que no se extiende a la presente acción donde la adjudicación de derechos ha de basarse en la interpretación del contrato de venta, encomienda por excelencia de las cortes de justicia, y en la que el conocimiento especializado (expertise) de la agencia administrativa no tiene función que cumplir. A. Roig Sucrs, v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 342, 352 (1954).

Ahora bien, introducidas por el afidávit del Director Ejecutivo de la Corporación Azucarera materias no contenidas en la demanda impugnada, la moción para desestimar ha debido tomarse como solicitud de sentencia sumaria (Regla 10.2 de Procedimiento Civil) y resolverse siguiendo el procedimiento de la Regla 36, tomando en consideración el contrato en autos y las disposiciones de la Ley sobre Contratos de Refacción Agrícola y Molienda de Cañas (5 L.P.R.A. see. 168 ) por aparecer tanto del contrato como de la Ley, que la continuada producción y entrega de cañas por los colonos a la Corporación Azucarera de Puerto Rico era elemento de peso en la contratación entre ésta y South Puerto Rico Sugar. Sobre la entrega y molienda de cañas está también predicado el contrato privado de 2 de noviembre de 1964 que estableció la bonificación de $1.15 por tonelada a pagarse por South Puerto Rico Sugar a Central Igualdad y que luego fuera cedida por ésta para cubrir deficiencias en el pago por las corporaciones colonos, cuya bonificación es la médula de la reclamación de South Puerto Rico Sugar Corporation.

En la ventilación de pleitos que absorben gran parte del tiempo útil del tribunal, las salas de instancia no deben vacilar en utilizar al máximo los recursos de Reglas para aligerar los procedimientos, aun cuando tengan que originarlos motu proprio ante la falta de iniciativa de las partes, con la restricción y mesura que proteja los derechos de los litigantes.

Será cuestión a decidir si la Administración de Terre-nos y su sucesora Corporación Azucarera de Puerto Rico, al asumir los contratos, se constituyeron en garantizadoras incondicionales de los balances adeudados a South Puerto Rico Sugar Corporation, o si simplemente se subrogaron en lugar de ésta sujetas a las contingencias de incumplimiento de los contratos de refacción por parte de los colonos.

Se anulará la resolución recurrida y se devolverá el caso a la sala de instancia que ha de conceder tiempo razonable a la demandante South Puerto Rico Sugar Corpora tion para rebatir la moción tomada como solicitud de senten-cia sumaria, la que resolverá conforme a derecho. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió.

       Funda la acción en el párrafo 6 del llamado contrato básico de compraventa, redactado en inglés, que literalmente transcribimos:
      “6. — Possession of all farms or portions of farms being leased, managed or serviced by Seller shall be delivered to Purchaser upon the cutting of the cane thereon, whereupon Purchaser shall assume from the time of such delivery of possession all expenses for the cultivation and other preparation of such farms or portions of farms for the 1970-71 crop and thereafter together with all bonuses, rentals, taxes, public liability responsibility as well as other claims connected with Purchaser’s operation of the farms provided all of the same have been incurred or accrued after delivery of such possession or incurred or accrued under existing legislation or contracts assumed herein by Purchaser prior to delivery of such possession but relating to a period following such delivery. Seller shall be responsible for the payment of the rentals, bonuses, taxes and public liability responsibility applicable to the 1969-70 crop and all preceding crops.”

       5 L.P.E.A. see. 384 — Supto.
      “La Junta Azucarera tendrá amplias facultades para oír y decidir cualquier controversia que surja bajo los términos de las sees. 371 a 405 de este título y/o las reglas y reglamentos u órdenes que dictare, así como cualquier otra controversia que surja entre colonos y centrales. Disponién-dose que cuando un mismo operador tenga a su cargo más de una central, toda notificación de la Junta Azucarera deberá hacerse tanto a la central como a su operador.
      “La Junta Azucarera conservará las facultades del párrafo anterior, sobre cualquier central que cese en sus operaciones o haya sido transferida a nuevos dueños, poseedores o arrendatarios, durante un período de 5 años después de dicho cese o transferencia. Una vez transcurrido dicho período de 5 años, se extinguirá el derecho del colono para utilizar a la Junta Azucarera como foro para adjudicar dichas controversias.”

      5 L.P.R.A. see. 168.
      . . Se conocerá por contrato de molienda de cañas los verificados en-tre las factorías e ingenios de azúcar y los llamados colonos, propietarios, poseedores, arrendatarios o subarrendatarios de fincas destinadas en todo o en parte al cultivo de cañas, para la venta o molienda de cañas y ela-boración o venta de azúcar.
      . . Si el contrato de molienda fuere comprensivo de crédito refaccio-nario, pudiendo la factoría descontar al colono, del precio o liquidación de las cañas entregadas y molidas, en la forma que estipule el contrato, las cantidades suministradas al colono en concepto de refacción.”


author: Juez Presidente, Señor Trías Monge, Asociado, Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Ramón García Santiago, etc., peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Salvador Acevedo Colón, Juez, demandado; Manuel Rivera Torres, interventor.

      Número: O-75-197

      Resuelto: 8 de octubre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Miguel A. Velázquez Rivera y Graciany Miranda Marchand, abogados del interventor.
   RESOLUCIÓN

Por hallarse igualmente dividido este Tribunal en cuanto a la disposición final del caso, según surge de las ponencias del Juez Presidente, Señor Trías Monge y los Jueces Asocia-dos Señores Torres Rigual, Díaz Cruz y Negrón García, queda en pie la sentencia dictada por el Tribunal Superior.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Opinión emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

con la que concurren los Jueces Asociados, Señores Martín e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 1975

El Departamento de Servicios Sociales acordó un contrato de servicios con el señor Manuel Rivera Torres, periodista, para la dirección, coordinación y supervisión por éste del Plan de Divulgación del Programa de Alimentos y el desem-peño de otras funciones afines. La duración del contrato era desde el 1 de abril de 1974 hasta el 30 de junio del mismo año. Luego el contrato se extendió hasta el 30 de junio de 1975. El convenio estipulaba que “Las Partes podrán dar por terminado el presente contrato meramente notificando de su intención, quince (15) días naturales antes de la fecha en que quedará terminado....”

El 22 de enero de 1975 el Departamento le comunicó al señor Rivera Torres la terminación de su contrato, invocando la cláusula citada. Pocos días más tarde, el señor Rivera Torres instó demanda contra el señor Secretario de Asuntos Sociales, alegando en esencia que la acción tomada se debía a haber emitido el demandante expresiones, difundidas a los medios noticiosos, respecto a las normas que debían implan-tarse para mejorar la administración pública y recabando del gobierno la reparación de ciertos agravios. Solicitaba el señor Rivera Torres la expedición de un injunction preliminar para que el demandado se abstuviese de cancelar su contrato e impedirle ejercer sus derechos constitucionales.

El demandado interpuso moción de sentencia sumaria, basada en la cláusula del contrato referente a la rescisión del mismo con notificación de quince días. Se acompañó tan sólo copia del contrato. El demandante radicó al ventilarse esta moción una declaración jurada en la que reafirmaba que los motivos para la terminación del contrato “fueron los de tomar acción punitiva contra mí por razón de expresiones públicas que, en el ejercicio de los derechos que me concede la Constitución de Puerto Rico, el suscribiente había hecho a los medios noticiosos en el país.” El demandado no contradijo esta declaración.

El tribunal de instancia denegó la moción de sentencia sumaria y el demandado acudió ante nos en petición de certiorari. Argumenta que aun asumiendo que sus motiva-ciones sean las alegadas, ello es irrelevante, ya que las partes sé otorgaron la facultad recíproca de terminar el contrato. No existe, por tanto, a su juicio, controversia genuina sobre los hechos.

No le asiste razón al peticionario. Surge de los autos una clara y vital controversia sobre los hechos que debe diluci-darse en juicio plenario.

El servicio público no es una dádiva o merced del Estado que conlleve la suspensión de los derechos constitucionales de sus integrantes. Cambia el contexto para su ejercicio y, con-cebiblemente, aun su contorno y sustancia cuando no haya otro modo de servir, sin exceso o amplitud indebida, legítimos intereses gubernamentales de especial importancia y mayor peso que los intereses individuales que se le enfrenten. Las condiciones que se le impongan al servicio público deben suje-tarse siempre, no obstante, al más riguroso' escrutinio para medir su legitimidad a la luz del referido criterio.

Hace muchos años la norma era distinta. Se consideraba el servicio público un privilegio, anulable o limitable a entera discreción del Estado. Esta doctrina recibió hace tiempo pia-dosa sepultura. Van Alstyne, The Demise of the Right— Privilege Distinction in Constitutional Law, 81 Harv. L. Rev. 1439 (1968); Notes, Implied Contract Rights to Job Security, 26 Stan. L. Rev. 335 (1974); Comments, Patronage Dismissals: Constitutional Limits and Political Justifications, 41 U. of Chi. L. Rev. 297 (1974). En su lugar se desarrolló la teo-ría vigente sobre la imposición de condiciones inconstitucio-nales al empleo público. Para su análisis en los casos de viola-ciones a la libertad de expresión, véase: Bruff, Harold H., Unconstitutional Conditions Upon Public Employment: New Departures in the Protection of First Amendment Rights, 21 Hastings L.J. 129 (1969).

En Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593 (1972), el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó a una situación análoga a la presente. Una institución escolar pública rehusó renovar el contrato de un profesor. Este no disfrutaba de derechos de permanencia o contractuales que exigiesen la reanudación de sus servicios. El profesor reclamó la conti-nuación de su empleo, no obstante, aduciendo que su despido se debió a críticas públicas formuladas por él contra las auto-ridades escolares. El Tribunal de Distrito dictó sentencia sumaria en su contra y el Tribunal Supremo revocó por con-siderar que existía una controversia genuina sobre si la acción gubernamental se apoyaba o no en una base impermisible: la limitación de los derechos constitucionales del recurrente.

Con posterioridad a Perry se ha reafirmado la doctrina que si existe una disputa genuina sobre la infracción del derecho a la libertad de palabra en situaciones de esta índole no procede una moción de sentencia sumaria sin explorar ampliamente los hechos en que alegadamente se funda dicha controversia. Hirsch v. Green, 368 P.Supp. 1061, 1067 (D. Md. 1973); Wildeman v. Nelson, 467 F.2d 1173, 1176 (8th Cir. 1973).

El Art. II, Sec. 3 de la Constitución de Puerto Rico protege la libertad de expresión en modo por lo menos tan amplio como la Enmienda Primera a la Constitución de Esta-dos Unidos. El alcance de la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974, que permite la utilización del auto de injunction en los tribunales del Estado Libre Asociado para impedir la infracción de derechos, privilegios o inmunidades garantiza-dos por la Constitución o las leyes de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos, no es ciertamente menor que el de la legislación equivalente norte-americana. 17 Stat. 13, 42 U.S.C.A. 1983. La persona agra-viada en el presente litigio ha formulado serias alegaciones al efecto de que la terminación de su contrato se debió a moti-vos impermisibles bajo la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desconocemos si esta imputa-ción es cierta. La misma plantea, sin embargo, una disputa sobre los hechos, de gran relevancia jurídica, que exige dilu-cidación en procedimientos ulteriores y prohíbe la decisión de este litigio por la vía sumaria.

Valga aclarar, por último, que el hecho de que el servidor público envuelto en esta causa rindiese su labor en virtud de un contrato y no de un nombramiento no afecta el análisis que antecede. El manto de esta distinción es demasiado corto y raído para ahogar la libertad de palabra. La libertad de expresión no es renunciable ni objeto de mercadeo contractual. Asiste a todos los servidores públicos en la medida des-crita, independientemente de la clasificación de personal a que pertenezcan o su nexo jurídico con el Estado. Shelton v. Tucker, 364 U.S. 479, 486 (1960); Perry v. Sindermann, supra, pág. 597. Véase también: Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972) (Torres Rigual), en que rehusamos limitar la protección de la Sec. 1 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico a los empleados con permanen-cia, por dejar tal interpretación huérfanos de amparo preci-samente a los más desvalidos.

Confirmaría la resolución del Tribunal Superior y devol-vería el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores con-sistentes con lo aquí expuesto.

Opinión del Juez

Asociado, Señor Torres Rigual

con la cual concurre el Juez Asociado Señor Martín. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre en el resultado.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 1975

Deseo consignar las razones que me impiden suscribir las abarcadoras normas que proponen los compañeros Jueces Trías Monge y Díaz Cruz en sus respectivos votos separados en este caso.

No creo que la condición precaria del empleo por contrato justifique bajo cualquier circunstancia restricciones indebidas a la libertad de expresión. Tampoco creo que la libertad de expresión sea tan absoluta que el Estado no pueda restrin-girla en beneficio de un interés social predominante o por razones de orden público.

La diversidad de empleos por contrato de término fijo— desde el maestro de escuela que se contrata anualmente y que tiene una expectativa razonable en la renovación del contrato hasta el técnico que se contrata para una tarea específica— sugieren la aplicación de normas flexibles. La restricción al derecho de expresión del empleado nunca debe exceder lo necesario para proteger el interés legítimo del Estado en proveer una administración pública de orden y eficiencia. Considero, por tanto, factores pertinentes en esta determina-ción las circunstancias relativas al contrato de empleo, la ex-pectativa razonable de renovación del mismo, la naturaleza de las funciones que desempeña el empleado, el contenido y alcance de sus manifestaciones públicas, el tono, corrección y veracidad de las mismas, y, el efecto de éstas en la adminis-tración ordenada y eficiente de la agencia.

i Por otro lado, cuando se trata como en este caso de la terminación de un contrato que específicamente provee que cualquiera de las partes puede darlo por terminado con notifi-cación previa, no basta la simple alegación de la violación del derecho a la libre expresión, pues el contrato por sí solo no le da derecho a seguir en el empleo. Es necesario que el deman-dante demuestre la existencia de otras circunstancias de las cuáles se pueda razonablemente derivar que él tiene algún de-recho a continuar en el empleo. Cf. Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1971); Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593 (1971), Notes: Implied Contract Rights to Job Security, 26 Stan. L. Rev. 385, 348-350.

A tenor con las anteriores consideraciones y debido a la importancia de las cuestiones envueltas creo que se debe dar la oportunidad al interventor de enmendar sus alegaciones, si es que está en condiciones de poderlo hacer y de la celebración de una vista en las que se diluciden estas cuestiones.

Opinión emitida por el

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau, Dávila y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 1975

El Departamento de Servicios Sociales entró como parte en un contrato de arrendamiento de servicios con una persona a quien entregó la dirección, coordinación y supervisión del Plan de Divulgación del Programa de Alimentos. La duración pactada siempre fue breve, primero por 90 días y luego por un año, conviniéndose la siguiente cláusula de terminación:

“Las partes podrán dar por terminado el presente contrato meramente notificando de su intención, quince (15) días natura-les antes de la fecha en que quedará terminado ....”

Paitando seis meses para expirar el contrato, la agencia gu-bernamental notificó la terminación, usando del derecho re-servado a ambas partes bajo la citada cláusula. El arrenda-dor de servicios instó acción de injunction alegando algo similar a despido sin justa causa motivado por críticas que en los medios publicitarios hiciera al Departamento. La Sala de instancia denegó una moción de sentencia sumaria del Gobierno.

Los empleados profesionales por contrato se rigen por normas distintas a las que gobiernan los empleados públicos de carrera. De lo contrario quedaría trastocada y desnatura-lizada la buena práctica administrativa de contratar agentes libres para prestar servicios en determinadas esferas guber-namentales. La complejidad del gobierno y el desarrollo tec-nológico usualmente requieren la contratación a corto plazo de un personal con destrezas especiales para encauzar pro-gramas, reorganizar oficinas y mejorar el servicio público en las múltiples áreas de su presencia. Usualmente los contra-tados son profesionales que arriendan sus servicios bajo con-trato en labores como asesoramiento en numerosas materias, diseños de sistemas gerenciales y de contabilidad y auditoría, reorganización interna de la agencia y prestación de servicios especiales que resultan más eficientes cuando se obtienen de la empresa privada.

Estas personas no son propiamente empleados guberna-mentales ni servidores públicos en el legítimo concepto de esa clasificación. Arriendan sus servicios al Gobierno al igual que a una refinería, una fábrica o un banco. Sus derechos consti-tucionales son respetables pero también lo es su capacidad para limitar el término de sus servicios.

El Departamento de Servicios Sociales no le impuso al periodista Rivera Torres la cláusula de terminación de ser-vicios con 15 días de notificación. Si en vez del Gobierno hubiera sido el empleado quien abandonara su labor con la mera notificación, ¿quién cuestionaría su libertad de irse sin importar el orden o el caos en que dejara su escritorio?

No podemos aceptar una clase de contratantes que se tornan privilegiados tan pronto su libérrima voluntad para obligarse hace contacto con una agencia gubernamental. Ni siquiera se trata aquí de una parte débil e ignorante a quien ha de extenderse protección especial. Estos técnicos, asesores y especialistas vienen mayormente del campo de la libre em-presa donde además de imponerse por su capacidad y eficien-cia perfeccionan el método de arrendar y cobrar por sus ser-vicios.

Hay que distinguir un contrato de derecho privado entre una agencia pública y una persona particular, de un nombra-miento administrativo regulado por el derecho público. La posición de esta clase de empleados por contrato es similar a los empleados de confianza dentro del servicio público. De hecho los primeros tienen un contrato cuyos términos les dan toda la protección que ellos mismos convinieron. Los de con-fianza están a merced de un gesto de disgusto de su jefe y a nadie se le ha ocurrido que con ello se vulnera la Constitución.

No es cuestión a decidir en este caso ni la libertad de palabra, ni ninguna otra de las libertades. Se trata escueta-mente de la validez y eficacia de una cláusula contractual de terminación de servicios adoptada por la voluntad de ambas partes contratantes. Frente a la moción de sentencia sumaria del Gobierno, basada en el contrato, es tan irrelevante la declaración jurada del arrendador de servicios inyectando su derecho constitucional a hacer expresiones públicas, como lo sería su derecho a bañarse en una playa pública.

De equiparar a este profesional arrendador de servicios con el personal gubernamental permanente, el Gobierno habrá de renunciar la práctica generalizada y necesaria de contra-tación de personal técnico y de asesoría por plazos cortos y con cláusulas recíprocas de terminación, porque nada valdrá el contrato frente a un afidávit acusando la supresión de los derechos civiles de alguien. Condena el servicio público a prescindir de la valiosa aportación de estos técnicos, pues no habría certeza de la cuantía de fondos públicos a desembolsar, ya que una parte tendría la palabra final sobre la duración del contrato. Estos servicios técnicos son costosos y la cláusula de terminación es esencial a la planificación y ajuste del presupuesto de la agencia; como también lo es para proteger al Departamento en caso de ineficiencia o inutilidad del con-tratado.

No se está negociando ni contratando sobre la libertad de palabra de nadie, sino sobre servicios que necesita nuestro país, y que deben dársele a la medida de los recursos fiscales. La libertad de gobernar y de cumplir el mandato del Pueblo no deben quedar a merced del sofisticado capricho con antifaz constitucional de un individuo.

Anularía la resolución recurrida y desestimaría sumaria-mente la solicitud de injunction.

Voto explicativo del

Juez Asociado Señor Negrón García,

con el cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila y Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 1975.

Debe desestimarse la acción interpuesta por el interventor, Sr. Manuel Rivera Torres, periodista de profesión que contrató sus servicios profesionales con el Departamento de Servicios Sociales para dirigir, coordinar y supervisar el Plan de Divulgación del Programa de Cupones de Alimentos. No albergo dudas, en orden a un análisis de las cláusulas del contrato, que los deberes y responsabilidades profesionales del interventor tienen su génesis y abarca una relación fidu-ciaria, análoga a la de distintos puestos gubernamentales, clasificados como exentos, por el elemento inseparable de con-fianza que a dicho nivel conllevan.

En su alegato ante nos, admite que su demanda no está predicada en una violación de sus derechos civiles y constitu-dónales por razón de ideas políticas como tampoco cuestiona la validez legal del contrato existente, que contiene entre otras, la cláusula sobre notificación y terminación anticipada de servicios invocada por el peticionario Ramón García Santiago para dar por terminado el contrato.

Su demanda está fundada en un intento de impugnar la actuación del peticionario, caracterizada como inconstitucio-nal sin exponer hechos constitutivos de tal alegación. Sólo se alega el ejercicio de su derecho a la libre expresión al pública-mente difundir, a través de los medios de comunicación exis-tentes, sus ideas críticas respecto a las normas que deben im-plantarse para mejorar la administración pública, a la par que solicitar del Estado reparaciones por agravios resultantes de las condiciones de su empleo.

En ausencia de alegaciones específicas expositivas de hechos o circunstancias discriminatorias sobre las cuales pueda derivar el interventor un derecho a permanecer em-pleado en un puesto de confianza — haya o no ejercitado el derecho a la libre expresión — la validez de la actuación guber-namental al amparo del contrato, no debe estar sujeta al escrutinio judicial por simplemente invocarse un derecho en abstracto. ¿Si se admite la validez de la cláusula de termina-ción anticipada de servicios profesionales y no se alegan cir-cunstancias que impidan su aplicación, como es posible que se pretenda anular su eficacia por haber el interventor ejerci-tado, por propia decisión, el derecho a la libre expresión aspi-rando con ello una permanencia en un puesto de confianza?

      “No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.” Art. II, Sec. 1, Constitución.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), peticionario, v. Tribunal Electoral de Puerto Rico, demandado.

      Número: O-75-398

      Resuelto: 8 de octubre de 1975

      Felipe Cirino Colón, abogado del peticionario; Ramírez & Rivera, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El primero de agosto de 1975, al iniciarse la reciente inscripción general de electores, el recurrente Partido Socia-lista Puertorriqueño, en adelante PSP, solicitó del Tribunal Electoral una orden dirigida a las Juntas Locales para que éstas entregaran a sus observadores la sexta copia de toda petición de inscripción y se instruyera a tales Juntas y demás funcionarios que tomaran las medidas para que las copias fueran legibles. Mediante Resolución del 3 de agosto, el Tribunal instruyó a los enumeradores de que debían ase-gurarse de que todas las ocho (8) copias de las peticiones fueran legibles, reescribiendo las mismas cuando fuere nece-sario, instrucción que reiteró el día 14 de dicho mes.

Con fecha 18 de agosto, el tribunal recurrido emitió la siguiente Eesolución:

“por cuanto: El Partido Socialista Puertorriqueño radicó una moción en la que solicita que se le entregue una copia legible de todas las peticiones de inscripción que se cumplimenten;
por cuanto: La copia perteneciente a dicho partido, según la reglamentación vigente, es la séptima copia. El susodicho partido ha insistido en que su copia no es legible.
por cuanto: El Tribunal Electoral, para aminorar la posibilidad de ilegibilidad, dictó la Resolución 75-59, mediante la cual instruyó a los enumeradores que se asegurasen de que la sép-tima y octava copias fueran legibles, aunque tuvieran que pasarle por encima a las últimas copias;
por CUANTO: El Tribunal Electoral, en su Resolución 75-64 ins-truyó a todos los partidos políticos a que enviaran dos colabo-radores a cada Junta o SubJunta Local para que ayuden en la labor clerical de la clasificación y archivo de materiales y también para que colaboren para producir las copias que el Partido Socialista Puertorriqueño o algún otro partido principal o por petición entendiera que no era legible en alguna de sus partes;
por cuanto: El inciso F del Artículo 5-010 [sic] no dice literal-mente que las copias que se entreguen a los partidos políticos obligatoriamente han de resultar legibles y esto en algunos casos puede resultar imposible porque en un proceso de esta magnitud no se puede garantizar que la totalidad de los enumeradores seguirán las instrucciones que le requieren apretar el bolígrafo y aclarar las copias en las que la impre-sión sea tenue. Eso es así, especialmente cuando en este momento hay partidos locales por petición certificados en algunos precintos que obligarían añadir copias adicionales de la petición de inscripción;
POR CUANTO: El Partido Socialista Puertorriqueño solicita que se le entregue, en vez de la séptima copia, la copia de la Junta Local, la cual es indispensable para el 'proceso de revisión y para que él Oficial de Revisión descargue las funciones que le encomienda él Código;
POR tanto: Se declara SIN lugar la petición incluida en el in-ciso B de la Moción del día 1 de agosto de 1975 para que se instruya a los jueces que presiden las Juntas Locales a en-tregar al Partido Socialista Puertorriqueño una copia legible en todas sus partes de la petición de inscripción. Dichas Juntas deben hacer el esfuerzo máximo, en unión con los co-laboradores de los partidos políticos, especialmente del Par-tido Socialista Puertorriqueño, para entregar las copias legi-bles al Partido Socialista Puertorriqueño, pero no debe enten-derse como una obligación jurídica de la Junta Local él que sean legibles las copias del Partido Socialista Puertorriqueño o de cualquier otro partido político que se querelle de que sus copias no lo son.
por tanto: Se declara con lugar el inciso A de dicha Moción para que se entregue la sétima copia perteneciente al Partido Socialista Puertorriqueño o a su representante en el nivel de la Junta Local.
POR tanto: Se declara con lugar el inciso C de dicha Moción y se ordena a las Juntas Locales que en el caso de que no haya ni representante ni observador de dicho partido en las Juntas o SubJuntas Locales, se proceda a guardar la copia pertene-ciente a ese partido y entregarla a requerimiento de cualquier miembro debidamente identificado 'del Partido Socialista Puertorriqueño mediante firma del recibo correspondiente.” (Énfasis suplido.)

No conforme con dicho dictamen el PSP acudió a este foro. En 4 de septiembre dictamos la siguiente providencia:

“Considerada la demanda de mandamus e injunction radicada por el Partido Socialista Puertorriqueño el 27 de agosto de 1975 como un recurso de revisión de la Resolución del Tribunal Electoral dictada el 18 de agosto de 1975 y notificada en igual fecha, se concede al Tribunal Electoral de Puerto Rico un término im-prorrogable de quince (15) días para que comparezca por escrito a mostrar causa por la cual no deba revocarse la resolución re-currida, y en su lugar ordenar que dicho Tribunal provea al Partido- Socialista Puertorriqueño una ■ copia legible de todas las peticiones de inscripción cumplimentadas durante la reciente inscripción general de electores.”

La controversia planteada se reduce a determinar si el recurrente PSP tiene derecho a una copia legible de toda peti-ción de inscripción. Ante nos, el Tribunal Electoral consigna los antecedentes y preparativos administrativos previos rela-cionados con la mecánica que siguió en torno a los impresos de las peticiones de inscripción, posibles alternativas, y las providencias tomadas para asegurar que el PSP obtuviera una copia legible. Puntualiza las siguientes medidas tomadas al finalizar la inscripción general: que dio instrucciones a las Juntas Locales para que éstas remitieran a su Oficina de Operaciones Electorales todo el material activo e inactivo incluyendo las copias de peticiones de inscripción, con excep-ción de la copia perteneciente a la Junta Local; que dispuso la inmediata clasificación y archivo por precintos del material y la separación de las copias número séptima y octava de las referidas peticiones; que se ha venido realizando dicha labor, y al viernes 19 de septiembre de 1975, se había clasificado el material correspondiente a las Juntas Locales de diez y seis Municipios, que está listo para ser entregado al PSP; que prácticamente todas las Juntas han remitido gran número de séptimas y octavas copias de la petición de inscripción; que a solicitud del partido recurrente se le entregó las copias corres-pondientes a los precintos 17 de Cataño y 7 de Bayamón; y que aproximadamente un 50% de las séptimas copias son legibles. Expone finalmente la responsabilidad ineludible de los partidos políticos, candidatos y electores de cooperar para el eficaz funcionamiento del Código Electoral proponiendo como soluciones prácticas al recurso interpuesto: (1) que el PSP reclame y reciba los paquetes con copias legibles y no legibles ya clasificadas por el Tribunal; que si desea sólo las peticiones legibles así lo comunique para separarse y entre-garse solamente éstas; que si interesa algún precinto en particular lo comunique para darle preferencia a la organización y entrega de dicho precinto; que a medida que se vayan preparando las listas de electores provisionales, éstas se hagan disponibles a los representantes del Partido Socialista Puertorriqueño en la Oficina Operacional para su examen, señalándose que dichas listas contienen toda la información básica que surge de las peticiones; y que al terminarse la per-foración electrónica de la información contenida en las copias de las peticiones pertenecientes al Tribunal, éstas sean pues-tas a disposición del Partido Socialista Puertorriqueño para su cotejo.

En escrito de réplica fechado 25 de septiembre de 1975 y denominado Moción Interesando Orden el peticionario señala la improcedencia de las recomendaciones y alternativas for-muladas por el tribunal recurrido aduciendo en síntesis que ello constituye una dilación más a su derecho invocado desde el primero de agosto, resultando ineficaz la obtención de pa-quetes con copias de peticiones ilegibles y que tales alterna-tivas conllevan hacer académico el derecho del Partido Socia-lista Puertorriqueño a participar efectivamente en el proceso de revisión de las listas provisionales de electores. Tiene razón.

Si bien el trasfondo de hechos expuestos tiende a indicar que el tribunal recurrido durante el proceso inscripcionario tomó varias medidas encaminadas a garantizar que todas las copias de las peticiones de inscripción estuvieran debidamente cumplimentadas y fueran legibles, ciertamente la ilegibilidad de las séptima y octava copias — sea en una proporción de 50 u 80 por ciento — se debió razonablemente a la falta de adies-tramiento o a la inhabilidad de los enumeradores para im-píementar en todo su alcance las mismas. El hecho de haberse abstenido el PSP de participar en el proceso inscripcionario desistiendo de nombrar observadores indudablemente contri-buyó también a agravar el problema de falta de copias legibles.

Reconocemos la magnitud y complejidad de un proceso de inscripciones generales y que de ordinario resulta inevitable que algunas copias de las peticiones de inscripción sean ile-gibles. Cuando la situación alcanza los porcientos admitidos por el recurrido hay que proveer remedios prácticos que armonicen los distintos intereses envueltos.

Consideramos que más que una negativa arbitraria, como apunta el peticionario, el tribunal recurrido se ha confron-tado con obstáculos y razones prácticas incluyendo la del costo que le han impedido entregar prontamente al PSP una copia legible. No se requiere gran elaboración para sostener que las copias de las peticiones de inscripción para que sean útiles al proceso eleccionario deben ser legibles. De no ser así no se lograría el propósito que tuvo la Asamblea Le-gislativa al establecer que se entregaría al organismo direc-tivo municipal de cada partido político una copia de la peti-ción de inscripción. Art. 5-013 (f) Código Electoral. Si así no fuera implicaría que el Poder Legislativo reconoció a los partidos el derecho a obtener un documento para depurar el proceso electoral, para luego negarle utilidad por resul-tar ilegible. Las disposiciones del Código Electoral y sus reglamentos requieren que el Tribunal Electoral, en el des-cargo de sus funciones, dé plena vigencia no sólo a su texto sino al espíritu que las inspiró. P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 1 (1975).

Aun cuando hemos concluido que la negativa del tribunal recurrido respondió a problemas de tipo práctico-administra-tivo, coincidimos con el peticionario que las alternativas propuestas harían inefectivo su derecho a una copia legible de cada petición de inscripción. En justo equilibrio de estos intereses en conflicto resolvemos que al peticionario se le deben facilitar copias legibles de las peticiones de inscripción, sustituyendo con copias fotostáticas las peti-ciones ilegibles o facilitarle las copias que están en poder de las Juntas Locales o cualquier otra forma alternativa que logre el propósito que hemos expuesto anteriormente de faci-litar una copia legible. El Tribunal Electoral tendrá pre-sente la necesidad de aligerar el proceso de entrega para que no se convierta en académico el derecho del peticionario.

Se dictará sentencia revocando la Resolución recurrida en lo que respecta a la entrega al Partido Socialista Puer-torriqueño de las copias legibles de las peticiones de ins-cripción y proveyendo conforme a lo expuesto.

       Quedó acreditado como Partido por Petición ante el Tribunal recurrido el 26 de junio de 1975.

      Los otros partidos políticos durante el transcurso del proceso ins-cripcionario recibieron sus respectivas copias.

      Con su alegato, el recurrido acompañó varios exhibits consistentes de tres contratos de impresión de formularios, una muestra del formulario de inscripción, una copia del Boletín Informativo, una copia de una Moción, Orden, Recibo y Certificación.


author: Juez Presidente, Señor Trías Monge.

text:
      José Berríos por sí y como representante de la Sociedad de Gananciales compuesta por él y su esposa Lucila Ramona García de Berríos y como padre con patria potestad del menor Raymond Berríos García, demandantes y recurridos, v. Laundry Savarona, Inc. y Nationwide Insurance Company, demandadas y recurrentes.

      Número: R-74-278

      Resuelto: 10 de octubre de 1975

      José A. Rivera Mercado, abogado de la demandada recurrente Nationwide Insurance Company; Ernesto González Pinero, Jesús M. Rivera Albino y Pablo Lugo Pagan, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

La Sala de Caguas del Tribunal Superior hizo las deter-minaciones de hecho que relacionamos a continuación en una acción de daños instada por unos padres en relación con un accidente sufrido por su hijito menor de edad.

El tribunal de instancia concluyó que en enero de 1970 un chofer empleado del Laundry Savarona estacionó una camioneta de reparto y recolección de ropa frente a la resi-dencia de los demandantes con el propósito de entregar una ropa. Dicho chofer se desmontó de la camioneta y cruzó la marquesina de la casa hasta llegar a la puerta lateral, donde entregó la ropa a la madre del menor en cuestión según era su costumbre. Al lado de la madre se encontraba su hijo menor, de aproximadamente dos años y medio de edad, a quien el chofer le acarició la cabeza mientras la madre firmaba el recibo. La madre declaró que entró hacia su habitación con la ropa que el chofer le entregó, que el nene iba con ella pero que al mirar ya el nene no estaba. T.E. pág. 12. El chofer regresó al vehículo atravesando nuevamente la marquesina en dirección a la camioneta, pasó por detrás de ésta y se montó por el lado izquierdo. Su propósito era trasladarse a efectuar otra entrega dos casas más adelante. Dio marcha al frente al vehículo y cuando apenas había recorrido dos pies sintió un leve golpe y se detuvo. Por el espejo retrovisor lateral izquierdo pudo ver al niño tendido en el pavimento. Sorpren-dido y sumamente perturbado, se desmontó y recogió al niño de la calle,

La madre describió el momento del accidente en la forma siguiente: “Cuando estoy en mi cuarto, que no veo al nene, que oigo unos gritos, salí a buscar al nene; pensé que el nene estaba detrás de la guagua; cuando oigo los gritos de este señor, que el gritaba histéricamente . . . con las manos en la cabeza . . . ‘Dios mío, Dios mío, yo no lo vi, yo juro que no lo vi’ . . .” (Énfasis suplido). Nos impresiona el relato de la madre por dos razones. Primero, por su velada insinua-ción de que su hijo podía estar detrás de la guagua, no de-lante, ni al lado. ¿Cómo podría imaginarse ésta que su hijo podía estar precisamente detrás de la guagua y no al frente? ¿No es más probable pensar que la expresión llevaba la in-tención de situar al niño precisamente donde ocurrió el acci-dente? Del expediente no surge si el golpe sentido por el chofer fue contra el vehículo o contra el pavimento. Si contra el vehículo, presumimos que el niño tropezó corriendo hacia la guagua. Si contra el pavimento, es de esperarse que el niño estuviese agarrado al vehículo habiéndose soltado o resbalado.

Nadie vio el accidente, por lo que no se sabe exactamente cómo ocurrió el impacto, y no hubo evidencia alguna con res-pecto a los movimientos del niño desde que el chofer abandona la puerta, de la casa hasta la ocurrencia del desgraciado ac-cidente. El juez recurrido, sin embargo, hizo las siguientes expresiones que revelan más bien unas conjeturas:

“Ella [la madre], aparentemente entró dentro del cuarto a colocar la ropa, luego de haber firmado el recibo de entrega. El . . . [chofer], salió por la marquesina, pasó por la .parte de atrás de la guagua sin percatarse, aparentemente, -que el niño le había seguido de cerca y estaba peligrosamente cerca de la guagua, aparentemente, por el lado izquierdo de la misma.” (Énfasis suplido.)
“Como se ve, por la secuencia de los actos narrados por el .propio . . . [chofer] no discurre lapso apreciable de tiempo entre regresar a la guagua y el accidente. ¿Cómo es posible que habiendo la guagua recorrido solo dos pies, pudiendo ver como vio al niño tendido por el espejo lateral delantero izquierdo, no lo viera por el mismo espejo al niño en el sitio del impacto, al prender el motor en el preciso momento antes de echar a an-dar la guagua? ... [s]i lo vio por ese espejo, es claramente y casi forzosamente inferible que el niño estaba a la vista del . . . [chofer], a través del espejo, cuando entró y prendió y echó a andar la guagua.”

Un examen de la prueba revela que el menor había demos-trado con anterioridad al accidente síntomas de un síndrome cerebral, de origen genético, cuya condición denomina el tribunal de instancia como “hiperkinetismo”, o sea, exceso de actividad, la cual se manifiesta con “una marcada tendencia a trasponer todo lo que encontraba a su paso, . . . [destru-yendo] todo lo que caía en sus manos, y una anormal inquietud .... De modo que debido a esa marcada inquietud física . . . la madre sabía que era peligroso dejarle solo.” Añade el juez recurrido que la madre había admitido que no sabía cómo ni cuándo salió el niño de su lado: Por ello le imputó el 50% de la negligencia a la madre y el 50 % al chofer.

No podemos estar de acuerdo con la inferencia que hace el tribunal a quo en el sentido de que de esos mismos hechos se desprende que el empleado miró hacia atrás descuidadamen-te y que por tanto actuó con negligencia. Tampoco podemos se-guir la lógica de la expresión en el sentido de que si el chofer miró, debió haber visto. Sabemos que al mirar por el espejo retrovisor no se ve aquello que el vehículo tapa. El grado de cuidado exigido es mayor cuando el chofer se propone dar marcha atrás al vehículo, situación que no se da en el presente caso. Considerando la condición hiperactiva del menor podemos inferir que éste pudo haber corrido súbitamente desde la puerta de la casa hasta colocarse en las cercanías de la parte trasera de la camioneta y quizás agarrarse del vehículo mientras el chofer se montaba y encendía el motor, lo que evidentemente pudo haber causado el inexplicable y des-graciado accidente, quizás al tropezar o al deslizarse dicho menor de la camioneta en movimiento. El tribunal asume erró-neamente que el chofer pudo haber razonablemente anticipado la actuación del niño. Nos es imposible concurrir. Véanse Rodríguez Ramírez v. Franqui Viera, 86 D.P.R. 766, 773 (1962); Alvarez v. Hernández, 74 D.P.R. 493, 499 (1953). ¿Cómo es posible que el chofer hubiese podido razonablemente anticipar que el niño pudiese correr hasta situarse cerca de la parte trasera del vehículo, cuando él dejó al niño dentro de la casa en compañía de la madre? (La misma madre admite que creía que el niño estaba con ella.) No se trata aquí de una situación poteneialmente peligrosa, como cuando hay niños ju-gando en la calle, o en la acera cerca del vehículo, Alvarez, supra, pág. 499. Por el contrario, la conducta de la víctima fue completamente inesperada e imposible de ser razonablemente anticipada o prevista por el chofer. Cf. Alvarez, supra, pág. 500; Rodríguez Ramírez, supra, pág. 772. De haber mediado negligencia en las peculiares circunstancias aquí presentes, la misma es en todo caso atribuíble a la madre del menor.

En vista de que resulta contrario a derecho imponer res-ponsabilidad a quien no la tiene, debe exonerarse a la deman-dada recurrente. Se revoca la sentencia recurrida y se declara sin lugar la demanda.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente, Señor Trías Monge, disintió con opinión.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 1975

Disiento de la revocación de la sentencia en este caso. He examinado el récord y estimo que no se desprende de él con la necesaria nitidez y contundencia que se hayan cometido los alegados errores en la apreciación de la prueba. En la re-visión de las determinaciones de hecho de otro tribunal, el Tribunal Supremo no debe sustituir su criterio por el del juez sentenciador ni intervenir con la apreciación de la prueba en ausencia de error manifiesto. C. Brewer P.R. Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826 (1972); Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974); Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369 (1974). No puede decirse, a mi juicio, en este caso que las conclusiones de hecho del tribunal de instancia están huérfa-nas de apoyo en el récord. Dichas conclusiones representan un balance racional y justiciero de la totalidad de la evidencia recibida. Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Carp., 90 D.P.R. 329 (1964). Nuestra función revisadora no debe tras-poner esa frontera.

       avícula izquierda y disloca-ción del codo izquierdo y varias contusiones en el resto del cuerpo. Al mo-mento del juicio el niño se encontraba clínicamente curado — los exámenes no revelaban lesión alguna neurológica o encefalográfiea.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Snack Center Inc., demandada y recurrente, v. Jaime Escanellas, demandante y recurrido.

      Número: O-74-1

      Resuelto: 14 de octubre de 1975

      Rodolfo Gluck, abogado de la recurrente; Jaime Escanellas, pro se.

   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de Distrito declaró sin lugar una demanda mediante la cual se trató de recobrar daños sufridos por un automóvil mientras estaba estacionado en el área de aparca-miento del Estadio Municipal Hiram Bithorn. Su dueño fue al estadio a ver un juego de pelota. Pagó 25 centavos por la entrada del automóvil a los terrenos del estadio. La deman-dada opera u operaba para la fecha de los hechos una can-tina que era una concesión comercial del estadio. El negocio real y principal de la demandada era la operación de la can-tina. Debido a que el Estadio Municipal de San Juan subastó conjuntamente la cantina y el área de aparcamiento, sin que permitiera licitar por la cantina solamente, sin que se inclu-yese el área de aparcamiento, la demandada tuvo que hacerse cargo del aparcamiento como una actividad accesoria a la suya.

Este caso es muy parecido a los casos de Merced v. Adm. de Parques, 103 D.P.R. 574 (1975) y Guzmán v. San Juan Racing Assoc., Inc., 104 D.P.R. 120 (1975).

Por tratarse en este caso de una operación de aparcamiento que no constituía el verdadero lucrativo negocio de la demandada, sino que era uno accesorio a su negocio principal y por haberle sido impuesto como condición para operar el negocio principal, resolvemos que no estaba cubierto por la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964 (23 L.P.R.A. see. 801 y ss.), que era la vigente a la fecha de los hechos. Hoy, como se sabe, la ley vigente es la Núm. 120 de 7 de junio de 1973 (23 L.P.R.A. see. 805 y ss.).

Debemos advertir dos cosas, que esta decisión y las de Merced v. Adm. de Parques supra, y Guzmán v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra, no constituyen un cheque en blanco para los operadores de aparcamientos. Primero, si un negocio cualquiera opera colateralmente un negocio de aparcamiento y cobra por ese servicio por lo menos el mínimo fijado por el Gobierno, mediante la oficina correspondiente, para los negocios de aparcamiento propiamente dichos, entonces se entenderá que el negocio de aparcamiento, aunque se le denomine o se le haga aparecer como accesorio, se considerará también un negocio de aparcamiento separado e independiente de la operación que sirve.

Segundo, esta decisión tampoco quiere decir que los operadores de solares o edificios de aparcamiento, en donde se cobra dinero, aunque la suma sea nominal, pueden desentenderse totalmente de la seguridad en dichos aparcamientos. Es necesario tener una vigilancia razonable y muy especialmente, cuando se celebran actividades y concurren a esos lugares muchas personas y muchos automóviles. Declaró el Sr. Roberto González Seijo, presidente y administrador de la demandada, que al concluir los espectáculos públicos en el Parque Hiram Bithorn “los carros salen a tropel.” Los que hemos asistido a espectáculos a dicho parque podemos tomar conocimiento de esa triste y cruda realidad. Poner orden a la salida de los vehículos de motor es responsabilidad de los operadores del Parque Hiram Bithorn y de la policía. En una ocasión oportu-na resolveremos si los operadores del Parque Hiram Bithorn tienen responsabilidad civil por daños sufridos por vehículos de motor y por personas en esas salidas de estampida toleradas a ciencia y paciencia de dichos operadores.

En vista de lo antes dicho, se revocará la sentencia del Tribunal Superior que impuso responsabilidad civil a la deman-dada y quedará en pleno vigor la sentencia del Tribunal de Distrito que declaró la demanda sin lugar.

Para un caso en que se sostuvo la responsabilidad civil, véase Flores v. Meyers Bros, of P.R. Inc., 101 D.P.R. 689 (1973).

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín no intervinieron. El Juez Asociado Señor Negrón García con-curre en el resultado.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Peter Agulló, demandante y recurrido, v. Administración de Servicios al Consumidor (hoy Departamento de Asuntos del Consumidor), demandada y recurrente.

      Número: O-74-364

      Resuelto: 16 de octubre de 1975

      Reinaldo Rodríguez Pagan, Wilfredo López Irizarry, Rosa E. Palou, Migdalia Fraticelli Torres, Samuel Martí Santiago, Yusif Mafuz Blanco, Mario Batiz Santos y Reinaldo Salas

      Soler, abogados de la recurrente, hoy Departamento de Asun-tos del Consumidor; Jorge Benitez Gautier, abogado del re-currido ; Enrique Cornier Martinez, abogado del interventor Rudolf Benes.
   PER CURIAM:

Este caso nos hace examinar una vez más las facultades que la ley le confiere al administrador de la Ley de Alquileres Razonables y aquellas que no le confiere. Ya antes lo hicimos, en parte, en Vda. de Hernández v. Pérez Colón, Admor., 94 D.P.R. 807, 814 (1967); en Blanco Rojo v. A.E.E., 96 D.P.R. 231 (1968); y en B. Fortaleza Corp. v. Bouzá, 101 D.P.R. 270 (1973). Vamos al caso de autos.

En 24 de octubre de 1960, Pedro Agulló, arrendador, alquiló a Rodolfo Benes una residencia sita en la Calle Bucaré del barrio residencial Punta Las Marías, de Santurce, P.R., por un canon mensual de $275. Benes pagó dicho canon du-rante doce meses, pero comenzando en 24 de octubre de 1961, mediante acuerdo de las partes, el canon se redujo a $250 mensuales. Benes pagó dicho nuevo canon durante diez años diez meses, esto es, hasta el 24 de julio de 1972. El largo tiempo durante el cual el inquilino disfrutó de la vivienda próxima al mar, a pesar del auge que se operó en la construc-ción y en la oferta de viviendas en Santurce durante esos años, demuestra prima facie que se encontraba a gusto en ella.

Varios meses antes de julio de 1972, la última fecha antes mencionada, el arrendador inició una acción de desahucio contra Benes. Posteriormente éste presentó, en mayo de dicho año, una querella contra Agulló ante la entonces Adminis-tración de Servicios al Consumidor, hoy Departamento de Asuntos del Consumidor, solicitando el reembolso del exceso del alquiler pagado durante los 12 años que había vivido en la propiedad. El Administrador declaró con lugar la querella y ordenó a Agulló que le reembolsase $13,740 al inquilino. Se basó el Administrador en que en el año 1958 la Administra-eión de Estabilización Económica le había fijado un canon de $145.00 mensuales a esa residencia.

El Tribunal Superior revocó la orden del Administrador por entender que éste carecía de jurisdicción sobre esa vivien-da en 1972, cuando dictó la orden, ya que el canon era para esa fecha de $250 mensuales y la Ley Núm. 67 de 19 de junio de 1964, 17 L.P.R.A. sec. 184(b), había eximido de la Ley de Alquileres Razonables a las viviendas cuya renta fuese de $200 o más por mes.

La decisión de la ilustrada Sala sentenciadora es correcta en cuanto a los alquileres pagados después del 19 de junio de 1964, fecha en que fue aprobada y comenzó a regir la citada Ley Núm. 67. Esa ley, en efecto, eximió del control de la Ley de Alquileres Razonables a las viviendas cuya renta mensual fuese de $200 o más y hemos resuelto que dicha Ley Núm. 67 opera de pleno derecho, esto es, por sí misma, por haberla aprobado la Asamblea Legislativa y el Gobernador, y, desde luego, sin que fuese necesario para su vigencia el visto bueno del Administrador. Vda. de Hernández v. Pérez Colón, Admor., supra; Blanco Rojo v. A.E.E., supra; Flores v. Flores Toledo, 101 D.P.R. 61, 66 (1973); B. Fortaleza Corp. v. Bouzá, supra.

Veamos ahora la situación en cuanto a los cánones paga-dos desde el 24 de octubre de 1960, fecha en que el inquilino tomó la propiedad, hasta el 19 de junio de 1964, fecha de vigencia de la Ley Núm. 67. En cuanto a esta situación debe-mos preguntarnos ¿puede el inquilino recobrar en el año 1972 los cánones pagados en exceso durante el período compren-dido entre el 24 de octubre de 1960 hasta el 19 de junio de 1964? Trascendiendo el problema al plano de norma general, ¿puede un inquilino esperar diez años para recobrar de su arrendador por dicho concepto?

Las contestaciones a las anteriores preguntas deben ser en la negativa. Razones de necesidad y utilidad social han hecho necesaria y conveniente la prescripción de las acciones. Como señala Castán, por la prescripción se asegura la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Añade dicho autor que “La economía y la vida jurídica sufrirían grave quebranto si el estado de hecho, representado por el ejercicio o no ejercicio de un derecho, no viniere a convertirse por el transcurso del tiempo en un estado de derecho inataca-ble.” Y. además Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378, 395 (1959).

Las acciones prescriben porque no se debe dejar a las personas expuestas por toda la vida, o por largo tiempo, a ser demandadas cuando ya creen que ha sido aceptada o curada la situación que podía dar lugar a un litigio. Pasado largo tiempo generalmente han encauzado su vida y sus asuntos sin tener en mente y sin preveer la catástrofe que un pleito significa. Diez Picazo, en su obra La Prescripción en el Código Civil, (1964), a la pág. 56, lo explica de la siguiente forma:

“En la prescripción se protege sobre todo — lo he dicho ya— un interés particular muy concreto: el interés de la persona de no verse expuesta a reclamaciones antiguas, de las cuales se ha per-dido la memoria, porque el silencio ha creado una objetiva y ra-zonable confianza de que el derecho o la facultad no serían ya ejer-citados.”

Coviello expresa que a causa de la inercia prolongada del titular del derecho se extingue el derecho mismo.

Como en la Ley de Alquileres Razonables no existe una disposición prescribiendo un término para el reembolso obligatorio de cánones pagados en exceso, debemos recurrir al Código Civil como derecho supletorio. Art. 12 del Código Civil; Dalmau v. Hernández Saldaña, 103 D.P.R. 487 (1975), y autoridades allí citadas. Se ocupa el Código de la prescrip-ción en el Título 18 de su Libro IV, 31 L.P.R.A. sees. 5241 a 5305.

En su Art. 1866, 31 L.P.R.A. see. 5296, el Código dis-pone que por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de la obligación de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o urbanas. No dice — ni lo prohíbe — que dicho plazo incluya el término para recobrar el importe de los arriendos cobra-dos en exceso. Probablemente no se ocupó el Código de esto por la razón de que cuando se redactó no existía, desde luego, la ley española de Arrendamientos Urbanos y el problema no se planteaba. Sin embargo, el problema se nos plantea ahora en vista de que tenemos esta materia regulada por una ley especial — la de Alquileres Razonables — y ésta adolece de esa laguna. Visto lo antes dicho podemos y debemos suplir dicha laguna interpretando el citado Art. 1866 del Código Civil en el sentido de que el mismo incluye el precio de los arriendos cobrados en exceso. La anterior interpretación del Art. 1866 es equitativa pues ya que el arrendador tiene cinco años para reclamar la renta, es razonable que el inquilino también disponga de igual plazo para reclamar los alquileres pagados en exceso.

El siguiente razonamiento de Diez Picazo, obra citada, pág. 181, en torno al Art. 1966 del Código Civil Español, equivalente al 1866 del nuestro, encaja perfectamente dentro de nuestro enfoque a este asunto. Expresa dicho autor que el propósito del citado artículo es

“[Ijmpedir que los deudores se vean perjudicados, mediante una continua y sucesiva acumulación de pagos, que puede incluso, en ocasiones, conducirles a la ruina, porque, si el pago distanciado y periódico de pequeñas sumas es algo que cabe casi siempre dentro de las fuerzas o de las posibilidades económicas del deudor, en cambio la conversión de estas pequeñas deudas temporalmente distanciadas en una única deuda acumulada, de mayor importe, por obra de la voluntad del acreedor, que deja intencionadamente de reclamar las prestaciones durante algún tiempo, puede condu-cir a graves perjuicios.”

En materia de arrendamientos urbanos el derecho espa-ñol da vigencia al principio de equidad condenatorio del abuso del derecho. Como señala Castán al respecto, “los Jueces y Tribunales desestimarán las pretensiones que ante ellos se formulen, por demandante o demandado, con manifiesto abuso de derecho.”

Además de que la equidad es principio rector del derecho, nuestro derecho positivo contiene frecuentes referencias expresas a dicho valor jurídico-moral. Así, por ejemplo, el Código Civil, en su Art. 1108 autoriza al juez a modificar equitativamente la sanción económica cuando la obligación principal hubiera sido cumplida en parte por el obligado. 31 L.P.R.A. see. 3133. El Art. 1056 permite al juez moderar la responsabilidad que proceda de negligencia en el cumplimiento de las obligaciones. 31 L.P.R.A. see. 3020. Para otros preceptos del Código que remiten expresa o tácitamente a la equidad, pueden verse los Arts. 1801, 1598, 1581, 332, 1617, 1210, 1057, 1445, 1701 y 1789. Para una discusión más amplia, véase Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19 (1971), a las págs. 28 y 29.

Nuestra Ley de Alquileres Razonables fija como “alquiler básico” el que se pagaba el primero de octubre de 1942. De eso hace 33 años. Para aquella época el salario de los obreros de la construcción era de 25 centavos de dólar la hora. Los Decretos Mandatories de salario mínimo comenzaron a regir en junio de 1946. Para ese año el salario mínimo de los obre-ros diestros de la industria de la construcción — carpinteros, plomeros, pintores, electricistas y albañiles — era de 60 centavos la hora. El de los obreros no diestros de dicha industria era de 32 centavos la hora.

En aquella economía un canon mensual de $145.00 para la residencia en cuestión probablemente era razonable. Pero consideremos los cambios ocurridos. Al presente el salario mínimo de los obreros de la industria de la construcción es de $1.95 la hora. El aumento, en los salarios solamente, desde el 1946 ha sido de 325 por ciento. En cuanto a otros renglo-nes podemos tomar conocimiento judicial del gran aumento que se ha registrado durante esos 33 años en el precio del terreno, en las contribuciones sobre la propiedad, en las primas de seguros, en el interés sobre el dinero y en el precio de los materiales de construcción, de reparación y de mante-nimiento de casas — varillas, madera, herrajes, puertas, ven-tanas, efectos eléctricos, materiales de plomería y otros. Si bien los alquileres que la oferta y demanda habían fijado en 1942 o el 12% del costo de construcción, según fuera el caso, pudieron ser razonables para hace treinta años, es dudoso que las guías de la ley sean adecuadas a la luz de las presentes realidades económicas.

Por ejemplo, nuestra Ley de Alquileres Razonables habla de “la emergencia” y se refiere a la de la Segunda Guerra Mundial. Su Art. 3 dice literalmente así:

“A los fines de proveer un régimen de alquileres razonables durante la emergencia, por la presente se estabilizan los alquile-res al nivel que prevalecía el primero de octubre de 1942.” — 17 L.P.R.A. see. 183.

Su Art. 1 contiene unos datos económicos, pero éstos co-rresponden al año 1940. Habla de la “gran demanda de edifi-cios,” y de la “especulación” y “agiotaje” por parte de sus dueños. ¿Es ésa la realidad hoy día? La situación sobre la oferta y la demanda de viviendas en el mercado local parece haber variado considerablemente desde la emergencia de los años cuarenta. Según un estudio reciente, del 1971 al 1974 se construyeron 76,489 unidades de viviendas privadas y el año pasado (1974) había 18,355 unidades de viviendas pri-vadas disponibles y no vendidas ni alquiladas.

Los que residen en el área metropolitana, donde vive apro-ximadamente un tercio de la población de Puerto Rico, son testigos de los muchos apartamentos terminados y no vendi-dos ni alquilados que hay disponibles en dicha zona y de los muchos edificios de condominios que hay comenzados y cuya construcción se ha paralizado por falta de demanda de pisos. ¿No parece necesario revisar el concepto de “emergencia” de hace 33 años que contiene la ley? ¿Son las guías de la ley adecuadas y razonables hoy día? ¿Un canon de $145 mensua-les, fijado en el año 1958, para una residencia sita en un sector residencial, cuya residencia se alquila de hecho en el año 1961 por $250 mensuales por casi once años consecutivos —lo que demuestra su valor en el mercado — no resulta dicho canon, en una privación ilegal de la propiedad?

En el caso de autos, los alquileres pagados en exceso en los años 1960 al 1964 no podían ser objeto de reembolso en el año 1972 por haber prescrito, a tenor con el Art. 1866 del Código Civil. Sobre la situación desde el 19 de junio de 1964 en adelante, el Administrador carecía de jurisdicción en vista de la Ley Núm. 67 de esa fecha. Debido a las antes expresadas razones de necesidad y utilidad social y para que haya certidumbre en cuanto a los derechos de arrendadores y arrendatarios, el término prescriptivo de cinco años antes mencionado se aplica tanto si el arrendatario hace su reclamación directamente mediante querella administrativa o por la vía judicial, como si se hace indirectamente vía una orden del Administrador.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau se inhibió. El Juez Aso-ciado, Señor Martín no intervino. El Juez Asociado, Señor Negrón García emitió opinión concurrente y disidente.

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 1975

Concurro plenamente con la decisión del Tribunal que en balance justo y equitativo fundado en el silencio de la Ley de Alquileres Razonables, resuelve que el término prescriptivo de cinco (5) años dispuesto en el Art. 1866 del Código Civil (81 L.P.R.A. see. 5296), como norma supletoria rige las acciones administrativas o judiciales incoadas por un arren-datario contra su arrendador en orden a cánones pagados en exceso.

Disiento no obstante de la conclusión de que la Adminis-tración de Servicios al Consumidor carece de jurisdicción para controlar los cánones envueltos cuando la renta mensual pactada por las partes es $200.00 o más en casos de vivienda, reiterando el Tribunal la norma expuesta en los casos de Vda. de Hernández v. Pérez Colón, Admor., 94 D.P.R. 807 (1967); Blanco Rojo v. A.E.E., 96 D.P.R. 231 (1968); B. Fortaleza Corp. v. Bouzá, 101 D.P.R. 270 (1973). Tal enfoque parte de la premisa errónea que la Ley Núm. 67, de 19 de junio de 1964 (17 L.P.R.A. sec. 184(b)), opera de pleno derecho, esto es, que pactado por las partes un canon de o en exceso de $200.00 la Administración carece de facultad para investigar si la renta acordada responde al valor real de la propiedad y por ende determinar si es controlable o no. La aplicación ex propio vigore en tales casos se limita a las propiedades inscri-tas cuyo canon autorizado trasciende las cantidades indica-das, y no a los cánones fijados por el arbitrio de las partes contratantes.

La reafirmación de esta doctrina unida a las interrogan-tes constitucionales que la opinión plantea en cuanto a la validez de algunos de los criterios obsoletos que la ley contiene, hiere de muerte la intervención legítima del Estado en el control de rentas retrotrayendo en varias décadas legislación de vanguardia social de protección al consumidor en uno de los renglones de la vida más necesarios: la vivienda y la razonabilidad de su costo. “Es[t]a reglamentación forma parte ya de un cuerpo de derecho social encaminado a la pro-tección del inquilino, parte jurídicamente más débil, y tras-ciende meros estados transitorios de emergencia.” Martínez v. Llavat, 86 D.P.R. 235, 249 (1962).

       Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma. ed. revisada (1963), Tomo I, Vol. 2, pág. 834. En la lima. ed. (1971), también pág. 834.

       Citado en G. Velázquez, Las Obligaciones Según el Derecho Puerto-rriqueño (1964), pág. 238.

       Sobre el problema de las lagunas del derecho positivo véase nuestra discusión en Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, desde la pág. 132 in fine hasta la 134. También véase la sec. Ill, Cap. V de Castán, Teoría de la Aplicación e Investigación del Derecho, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1947. Sobre el mismo problema en relación con la Ley de Arrenda-mientos Urbanos, véase Castán, en su tratado citado en el escolio 1 de esta opinión, Tomo IV, 9na. ed. revisada (1961), págs. 321 y 322.

       Véase obra citada, Tomo IV, 9na. ed. revisada (1961), pág. 324 y autoridades allí citadas.

      Géigel Polanco, Legislación Social de Puerto Rico, ed. de 1944, pág. 140.

        Resumen del Estudio del Mercado de Viviendas en Puerto Rico (1974) hecho por la Management Aid Center, Inc., para la Asociación de Constructores de Hogares de P.R., pág. 10.


text:
    Talcott Inter-American Corporation, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, recurrido.

      Número: O-74-420

      Resuelto: 20 de octubre de 1975

      González & Torres, abogados de la recurrente; el Registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Talcott Inter-American Corporation presentó acción de ejecución de hipoteca contra varios demandados, entre ellos, la “Sucesión de Oscar Michelena Pou, integrada por su viuda Esther Bocanegra Vda. de Michelena, y sus hijas, Diana, Vilma, Luz María y Raquel Michelena, y David Oscar Miche-lena Vázquez.”

La demandante obtuvo sentencia sumaria parcial me-diante la cual se ordenó la venta en pública subasta de las fincas hipotecadas. Celebrada la subasta, las fincas fueron adjudicadas a Talcott y se otorgó a su favor la escritura de venta judicial.

Presentada la escritura en el Registro para su inscrip-ción, el Registrador se negó a inscribirla en cuanto a la finca inscrita a favor de Oscar Michelena Pou por razón (1) de que de la sentencia no surge que Michelena Pou haya sido sustituido en el pleito por su Sucesión, (2) porque no se acre-ditó dentro del procedimiento que hubo un pronunciamiento judicial para determinar quiénes eran o son sus herederos, y (3) porque no se cumplieron los trámites exigidos por ley para la ejecución de hipotecas que gravan inmuebles que son parte de un caudal relicto.

Vamos a atender dichos planteamientos en el orden en que los hemos mencionado. El señor Registrador tiene razón en su segundo planteamiento pero no lo tiene en cuanto al pri-mero y al tercero. Nos explicamos a continuación.

El primer planteamiento es el relativo a la falta de sustitución de parte. Ninguna disposición legal requiere que se demande o que se haga parte en un litigio a una persona que ha fallecido y que luego se lleven a cabo los trámites judiciales para su sustitución y entonces continuar con los procedimientos. La Regla 22.1 de Procedimiento Civil que cita el señor Registrador se refiere al supuesto de “si una parte falleciere,” lo cual supone que la persona sea ya parte en el pleito o procedimiento y que después fallezca para que surja la necesidad de sustituirla. En el caso de autos Don Oscar Michelena Pou no era parte, sino que la parte es su Sucesión, quienes son los codemandados. Vea Federal Land Bank v. Registrador, 49 D.P.R. 149 (1935).

El segundo planteamiento, relativo a la ausencia de deter-minación judicial sobre la condición de herederos de algunos de los demandados presenta un problema legítimo, el cual merece examen.

La disposición pertinente de nuestra Ley Hipotecaria que define qué son faltas subsanables y no subsanables, es parca y no deja expresado con claridad el asunto. Esto se debe, cree-mos, al origen del Art. 65 de la Ley Hipotecaria, asunto que más adelante mencionamos. Veamos ahora su texto en lo aquí pertinente.

El Art. 65 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 114, comienza diciendo que “Serán faltas subsanables las que afecten a la validez del mismo título, sin producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida.” Dicho texto supone que los abogados, Registradores y Tribunales han de descifrar el problema de cómo una falta afecta “la validez” del título sin que a la vez resulte nula la obligación en él constituida.

Más adelante nos dice dicho artículo que “Serán faltas no subsanables las que produzcan necesariamente la nulidad de la obligación.” Esta segunda disposición es más clara. Si la falta tiene como consecuencia la nulidad de la obligación, aquélla será no subsanable.

Para auxiliarnos en la interpretación del citado Art. 65 de la Ley, existe el Art. 110 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. see. 990. El mismo lee como sigue:

“Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo sean, y hacer o no en su consecuencia una anotación preventiva, según lo dispuesto en las sees. 114 y 115 de este título, [Arts. 65 y 66 de la Ley] atenderá el registrador a la validez de la obligación consignada en el título. Si ésta fuese nula por su naturaleza, condiciones, calidad de las personas que la otorguen u otra causa semejante, independiente de su forma extrínseca, se considerará la falta como no subsanable. Si la obligación fuese válida, atendi-das las circunstancias dichas, y el defecto estuviese tan solo en la forma externa del documento que la contenga, y que se pueda reformar o extender de nuevo a voluntad de los interesados en la inscripción, se tendrá por subsanable la falta.” (Bastardillas nuestras.)

¿Es externo el defecto de no haberse hecho declaratoria de herederos, o de no haberse hecho dentro del procedimiento una adjudicación judicial, previa prueba, sobre la condición de herederos de los codemandados, o de no haberse acreditado oportunamente dicha condición en el tribunal de instancia; o se trata de un defecto relativo a la “calidad de las perso-nas,” como dice el Reglamento?

Entendemos que el defecto en cuestión no es meramente formal, esto es, relativo a la forma externa del documento sino que se trata precisamente de la “calidad de las personas.” No se ha demostrado, ni hay pronunciamiento judicial al respecto, que las personas nombradas como los herederos de Michelena Pou en efecto lo sean o que sean todos sus herederos. Es fácil imaginarse las dificultades, problemas y futuros pleitos que podría producir una situación en la cual se trajesen al pleito unos herederos y a otros no y que como consecuencia del procedimiento se traspasasen uno o varios inmuebles, los cuales luego pudiesen ser objeto de sucesivas ventas e hipotecas. La situación es incompatible con la seguridad que el Registro pretende y debe dar. Ortiz v. Registrador, 22 D.P.R. 339 (1915); Machuca e Hijos & Co. v. Registrador, 22 D.P.R. 755 (1915); Zayas v. Registrador, 36 D.P.R. 785 (1927); Rosas v. A. Bruno de Vázquez, 41 D.P.R. 143 (1930); Vidal v. Mongas, 66 D.P.R. 622 (1946) y Correa v. Registrador, 67 D.P.R. 753 (1947). Se deja sin efecto lo dicho en contrario en Schlüter v. Registrador, 37 D.P.R. 702 (1928).

Como dijimos en Correa v. Registrador, supra, a las págs. 755-756:

“De la faz de la sentencia se nota en seguida que la corte no tuvo ante ella prueba de clase alguna tendiente a demostrar quiénes eran realmente los herederos del deudor original, y que de acuerdo con la estipulación, y copiando probablemente del título del procedimiento, meramente hizo constar en la senten-cia que la Sucesión del deudor estaba ‘compuesta de sus padres legítimos Andrés San Miguel González y Amparo Salgado.’

No hay duda de que los herederos del finado eran solidaria-mente responsables de las obligaciones de éste. Tampoco la hay de que en ejecuciones de hipotecas por la vía ordinaria o sumarísima, no es menester que los bienes hipotecados consten previamente inscritos a favor de los herederos del deudor para que pueda inscribirse la escritura judicial de venta a favor del adquirente. Ni .de que en casos de esta naturaleza la declaratoria de herede-ros no tiene por necesidad que tramitarse independientemente y en armonía con las disposiciones de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, sino que puede presentarse prueba a tal efecto dentro del propio procedimiento ejecutivo. Sin embargo, sí es indispensable que en tales procedimientos haya prueba demos-trativa de quiénes son los herederos .del causante.” (Citas omitidas.)

Creemos de interés señalar que la Ley Hipotecaria espa-ñola no permite la inscripción de títulos con faltas. La ley española reconoce que los títulos sujetos a inscripción pueden adolecer de faltas, subsanables o insubsanables, pero no per-mite su inscripción. Dispone, en su Art. 19, que cuando el Registrador notare alguna falta en el título, lo manifestará a los que pretendan la inscripción, para que, si quieren, reco-jan el documento y subsanen la falta durante la vigencia del asiento de presentación.

Si la falta es subsanable y si el que presentó el título así lo solicita, el Registrador extenderá anotación preventiva pero siempre suspenderá la inscripción. Si la falta es insub-sanable, se deniega la inscripción sin poder hacerse anotación preventiva. Art. 65, Ley Hipotecaria de España.

Nuestra ley tampoco permitía la inscripción de títulos con faltas. Fue mediante la Orden General Núm. 99 de 30 de abril de 1900, del Gobierno Militar de los Estados Unidos en Puerto Rico, que se enmendó nuestra Ley Hipotecaria para autorizar la inscripción de títulos con defectos subsanables. Legislación posterior obsequiosa — la Ley del 1ro. de marzo de 1902 — confirmó dicha enmienda y la misma ha subsistido hasta nuestros días.

Comentando dicha enmienda el conocido hipotecarista español Morell manifestó su insatisfacción con la misma y escribió lo siguiente:

“Ahora bien, si se nos pregunta si esa solución será o no más conveniente para el crédito territorial, diremos que no cree-mos que le favorezca, porque al fin viene a ser secuela o conse-cuencia de un sistema por nosotros combatido. Creemos que la inscripción debe ser la que represente el nacimiento ante todos y para todos del derecho real, y que el Registro sólo debe admitir y dar vida a derechos perfectos. Cuanto más inatacable resulte el derecho inscrito, mayor será su firmeza, mayores sus ventajas, y más seguridad debe prestar al crédito territorial.”

El puertorriqueño Luis Muñoz Morales, al ocuparse del mismo asunto se expresó en la siguiente forma:

“Por nuestra parte hemos sostenido, y seguimos sosteniendo, que la inscripción del título limpio o sin defectos, es precisamente lo que constituye la mayor garantía de nuestro sistema de Re-gistro ; y si por un espíritu de liberalidad mal entendido se abre la puerta a los defectos subsanables, bajo pretexto de facilitar las inscripciones, no hay razón alguna que impida un paso más para permitir la entrada a los defectos insubsanables; y enton-ces convertiremos el Registro en una oficina de mecanismo rutina-rio que podría entregarse en manos de cualquier escribiente sin preparación técnica alguna.”

Como eventualmente nuestra legislación hipotecaria ha de ser objeto de reformas, conviene recordar el trato superior que a este asunto de las faltas subsanables e insubsanables da la nueva Ley Hipotecaria española. Como señalamos antes, dicha ley dispone que en esos casos el Registrador no inscri-birá y solamente extenderá anotación preventiva en los casos de faltas subsanables y cuando solicite dicha anotación el que presentó el título. Cuando el Registrador nota falta la mani-fiesta a los que interesan la inscripción y éstos, si quieren, recogen el documento con el fin de subsanarlo, si es subsa-nable.

El Proyecto de la Cámara 782 de 9 de marzo de 1967, tra-bajo meritorio de una distinguida comisión, arrastra, con algunos cambios, la enmienda a nuestra Ley Hipotecaria que originalmente se hizo mediante la Orden General del Go-bierno Militar en el año 1900. Vea sus Arts. 160 y 165. Debe considerarse la deseabilidad de eliminar esas disposiciones y conformar en este extremo nuestra ley a la moderna Ley Hipotecaria de España, asunto sobre el cual nos hemos expre-sado anteriormente en esta opinión. Así no se inscribirían en el Registro títulos con defectos pero se permitiría su correc-ción antes de inscribirse.

Nos resta por discutir el tercero y último planteamiento relativo a la ley para la ejecución de hipotecas que gravan inmuebles que son parte de un caudal relicto. No es válida la posición del Registrador en cuanto a este aspecto. En esencia, sostiene, que no se dio cumplimiento a la See. 436 de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones, Ley Núm. 167 de 30 de junio de 1968, 13 L.P.R.A. see. 5436. Dicha sección, en su apartado (a) (1), dispone que, excepto en el caso autorizado por la See. 312 de la Ley, 13 L.P.R.A. see. 5312, “ningún tribunal aprobará la división o distribu-ción, venta, entrega, cesión o ejecución de hipoteca sin que se deduzca y se deje depositado en corte, del producto de la su-basta, a nombre del Secretario de Hacienda, el monto de la contribución que éste haya determinado o determine es atri-buible a dicha propiedad.” (Bastardillas nuestras.)

Aparentemente entiende el Registrador que dicho precepto es aplicable al caso de autos. No estamos de acuerdo. Este caso envuelve un caudal al cual no se le aplica la vigente ley sobre caudales relictos, sino la ley anterior, la cual no contenía la prohibición relativa a las ejecuciones de hipotecas que ahora sí contiene la ley, por habérsele incluido expresamente por acción legislativa.

Principios cardinales gobiernan esta situación. El primero es que no se presume que la Legislatura hace cosas fútiles. Si consideró necesario incluir en el texto de la nueva ley la prohibición relativa a la ejecución de hipotecas es porque ese aspecto no estaba cubierto en la ley anterior, como de hecho no lo estaba. Basta comparar el Art. 12 de la ley anterior, 13 L.P.R.A. see. 901, con el artículo vigente antes citado, 13 L.P.R.A. sec. 5436(a) (1).

El segundo principio cardinal antes aludido consiste en que, como se sabe, la legislación contributiva no se interpreta en forma extensiva sino que debe interpretarse en forma justa y a tenor con sus propios y expresos términos. Lo contrario sería sancionar la oprobiosa y opresiva situación conocida históricamente como “taxation without representation.”

Desde luego, no se trata aquí de conceder jurisprudencial-mente una exención contributiva a unos y de negársela a otros. Se trata de aplicar la ley en la forma antes dicha y tal cual el Poder Legislativo la redactó y aprobó. Sabemos que al aplicar el derecho público — y el derecho fiscal es parte del derecho público — hay que tener en mente el interés general, pero parte de ese interés general es hacerle justicia a los ciudadanos. Si no, ¿para qué existen los tribunales y el go-bierno en general? La función del gobierno obviamente va más allá de barrer las calles y operar el servicio de la policía. Incluye en grado apreciable el hacer justicia.

De todas maneras, el temor de que la prohibición incluida en la nueva ley pero no incluida en la ley anterior resulte excesivamente perjudicial al fisco, se desvanece ante la reali-dad de que la vigente ley sobre caudales relictos comenzó a regir hace ya más de seis años, en el 1ro. de enero de 1969 (13 L.P.R.A. see. 5532). Fue el propio legislador el que dis-puso en la nueva ley vigente que la ley anterior continuase aplicándose a todos los casos en que el causante hubiere falle-cido antes de la fecha de la vigencia de la ley nueva. 13 L.P.R.A. see. 5530.

No surge del expediente la fecha en que el causante falle-ció pero debemos asumir que fue antes del 1ro. de enero de 1969, pues la demanda se presentó contra su Sucesión en el año 1968.

Por las razones antes expuestas, se confirmará la nota recurrida en lo relativo a ser insubsanable el defecto de no haberse acreditado que haya habido un 'pronunciamiento judicial que determinase quiénes son los herederos de Oscar Michelena Pou y se revocará en cuanto a los otros dos extre-mos antes discutidos.

         Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Tomo III (1917), pág. 298.

        Lecciones de Derecho Hipotecario, Tomo I (1945), pág. 86.

      Vea Postigo v. Registrador, 96 D.P.R. 546 (1968) a la pág. 554.


author: per curiam: Juez Asociado Señor Martín

text:
    Hon. Luis A. Morales, en su carácter de Alcalde del Municipio de Ponce, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Ponce, Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez, demandado; José E. Rodríguez y Otros, interventores.

      Número: O-75-217

      Resuelto: 22 de octubre de 1975

      Alfredo Siberón Rosado, abogado del peticionario; Rubén Rivera Vera, abogado de los interventores.
   per curiam:

Al tomar posesión del cargo de Alcalde del Municipio de Ponce el peticionario Hon. Luis A. Morales trasladó al interventor Rafael De Jongh del cargo de Director del Departamento de Transporte a otra posición dentro del Municipio con la misma retribución. Igualmente trasladó a los interventores José E. Rodríguez, Ernesto Robles y Teo-doro Santiago Báez del cargo de Coordinadores del Departa-mento de Saneamiento a otros puestos en el Municipio con la misma retribución que devengaban.

Con motivo del traslado los interventores instaron demanda contra el Municipio de Ponce reclamando la restitución a sus respectivos cargos y la cantidad de $50,000 para cada uno de ellos en conceptos de daños y perjuicios. El Municipio solicitó sentencia sumaria aduciendo que los interventores ocupaban cargos administrativos creados por la Ordenanza Núm. 48, Serie 1969-70, y que en virtud del Art. 44 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1263, los funcionarios administrativos desempeñan sus cargos por el término de incumbencia del alcalde que los designó, por lo que procedía desestimar la demanda.

El tribunal de instancia, aplicando erróneamente lo resuelto en Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972), denegó la solicitud de sentencia sumaria sin tomar en cuenta que en este caso se trata de funcionarios administrativos cuyo término de incumbencia es el mismo para el cual el alcalde que los designó fue electo.

En vísta de ello el pasado 23 de mayo expedimos la si-guiente orden:

“Apareciendo del expediente que el peticionario en su carác-ter de Alcalde del Municipio de Ponce trasladó a los aquí inter-ventores José E. Rodríguez, Teodoro Santiago Báez, Rafael de Jongh y Ernesto Robles, que dichos interventores ocupaban pues-tos administrativos por nombramiento del anterior alcalde; que el tribunal de instancia se negó a dictar sentencia sumaria apli-cando erróneamente lo resuelto en Báez Cancel v. Alcalde Municipio de Guaynabo, 100 D.P.R. 982, a pesar de que se trata del traslado de cuatro funcionarios administrativos que por disposi-ción expresa de la Ley Municipal, el término de incumbencia es el mismo para el cual el alcalde que los designó fue electo, artículo 44 Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1263, se concede un tér-mino de 10 días a los interventores para que comparezcan a mostrar causa, si alguna tuvieren, por la cual no se deba expedir el auto y una vez expedido revocar la resolución recurrida y dic-tar otra desestimando la demanda en este caso.”

Oportunamente comparecieron los interventores some-tiendo un memorando en oposición a la expedición del auto solicitado. El peticionario sometió a su vez una réplica a dicho memorando. Hemos considerado los fundamentos aducidos por los interventores y no nos convencen.

Se dictará sentencia expidiendo el auto, dejando sin efecto la resolución recurrida y desestimando la demanda en este caso.

El Juez Asociado Señor Martín, emitió voto separado concurriendo en parte y disintiendo en parte con el cual con-curre el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Aso-ciado Señor Irizarry Yunque, no interviene.

Voto separado del

Juez Asociado Señor Martín

concurriendo en parte y disintiendo en parte con el cual concurre el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 1975

Estoy conforme con la desestimación de la demanda en cuanto al interventor Rafael de Jongh por ser éste un fun-cionario administrativo cuyo término de incumbencia vence simultáneamente con el del Alcalde que le designó; pero disiento de la desestimación de la demanda con respecto a los interventores José E. Rodríguez y Teodoro Santiago Báez ya que por voz del propio juez sentenciador: “[d]e las alega-ciones de las partes, los autos del caso y la prueba aportada se desprende que existe controversia real y efectiva” en cuanto a si dichos dos interventores son funcionarios o empleados. Siendo ello así, y no surgiendo del expediente ante nos hechos que justifiquen variar la determinación del juez de instancia, no procedía que se dictara sentencia sumaria por disponerlo así la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil de 1958. Viuda de Viera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 503 (1966). En su consecuencia hubiera expedido el auto para confirmar la resolución del juez de instancia que declaró sin lugar la moción de desestimación presentada por el Municipio en cuanto a los interventores José E. Rodríguez y Teodoro Santiago Báez y para devolver el caso para la continuación de los procedimientos instados por éstos.

      E1 Art. 44 lee en lo pertinente como sigue:
      “[1]El alcalde nombrará todos los funcionarios administrativos con el consejo y consentimiento de la asamblea municipal y éstos desempeñarán sus cargos por el término para el cual el alcalde hubiese sido electo o nombrado, o hasta que sus sustitutos hubieren tomado posesión, a menos que fueren destituidos por justa causa, previa formulación de cargos.”