author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Israel Ruiz Díaz et al., demandantes y recurrentes, v. Pablo Vargas Reyes et al., demandados y recurridos.

      Número: R-80-43

      Resuelto: 8 de mayo de 1980

      Máximo R. Ruidíaz, abogado de los recurrentes; Vivas & Martinez Texidor, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente Ruiz Díaz es un carpintero empleado por la contratista Bird Construction Co. que hallándose el 26 sep-tiembre, 1969 en el curso de su trabajo en la construcción del Condominio Torre del Mar en el Condado, fue arrollado por un camión propiedad de Ready Mix Concrete, subcontratista de Bird a cargo de suplir el concreto premezclado para la obra. El trabajador, imputando negligencia al chófer de Ready Mix y alegando haber sufrido daños físicos y morales, presentó demanda de daños y perjuicios contra dicha subcon-tratista, la cual fue desestimada en la etapa de juicio, al finalizar la prueba del demandante, dictándose por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y con fecha 28 diciembre, 1979, sentencia que adujo como fundamentos de decisión, sin determinar negligencia, el hecho de ser la contratista Bird Construction un patrono asegurado cuya cubierta se hizo efectiva por el Fondo del Seguro del Estado al obrero demandante otorgándole la compensación de ley; y consideró la sala de instancia que Ready Mix no es un tercero responsa-ble según el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32, y sí patrono asegurado inmune a ulterior reclamación a tenor de lo resuelto por este Tribunal en Lugo Sánchez v. A.F.F., Vda. de Costas v. P.R. Olefins y Rodríguez v. Union Carbide Grafito, Inc., infra.

Al recurso de revisión, notamos inaplicación de dicha jurisprudencia a los hechos de este caso y en 28 febrero, 1980 expedimos orden requiriendo de la demandada recurrida que mostrara causa por la que no deba revocarse la sentencia desestimatoria y reconocer una causa de acción a la parte demandante recurrente. En su escrito la recurrida admite la diferente relación entre lesionado y subcontratista en el presente caso, opuesta a la que se da en Lugo Sánchez y su progenie. Pero propone que adoptemos de Florida y Massachusetts la doctrina de “inmunidad de comunidad familiar” (icommon family immunity doctrine) () en la que la inmunidad del patrono estatutario se extiende a contratistas, subcontratistas y empleados de éstos cuando participan en el mismo proyecto. Nuestro estatuto es explícito en el trazado de un ámbito de inmunidad al que admite únicamente patronos asegurados, y a la ley nos adherimos en su reserva de acción civil en resarcimiento de daños para beneficio del trabajador lesionado por negligencia de tercero.

El principio de seguro exclusivo y de inmunidad del patrono, ancla de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 y ss., surgió como remedio de justicia social para la indefensión del trabajador en un naciente régimen industrial que conjugaba la libre aceptación de un trabajo, conocidas la peligrosidad del empleo o las precarias condiciones de seguridad ofrecidas por el patrono, con la asunción del riesgo por el obrero, sin acción reparadora de clase alguna. Para un hombre impulsado por la urgente necesidad de atender a la subsistencia de su familia, y a la suya propia, la aceptación de un trabajo era acto en que “su pobreza y no su voluntad consentía”. () El remedio a esta situación se desarrolló en un concepto de responsabilidad estricta o absoluta del patrono que eliminó las defensas de negligencia contribuyente, asunción de riesgo y negligencia del compañero de trabajo, a modo de “compromiso bajo el cual el trabajador acepta una compensación limitada, general-mente inferior a la que un [juez] concedería por sus daños, a cambio de la ampliada responsabilidad del patrono, y la seguridad de que sería pagado” () con la correlativa inmuni-dad del patrono acogido al estatuto de seguro. La exclusividad del remedio está declarada en el Art. 20 de la Ley, 11 L.P.R. A. sec. 21, al ordenar que siempre que el patrono asegure sus obreros y empleados, el derecho a compensación provisto en el estatuto será el único remedio en contra del patrono.

En Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977), reconocimos el desdoblamiento de la figura del patrono entre el directo y el estatutario, y la inmunidad que tanto al uno como al otro favorece cuando se hubiere cumplido por cualquiera de ellos con la exigencia del Art. 19 de la Ley, 11 L.P.R. A. sec. 20, de mantener sus obreros asegurados. Pero ni Lugo Sánchez ni sus derivados Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782 (1978) y Rodríguez v. Union Carbide Grafito, Inc., 107 D.P.R. 848 (1978), en riguroso acatamiento de los citados Arts. 20 y 19 de la Ley, extendieron inmunidad a contratista o subcontratista que no es patrono, en calidad alguna, del obrero lesionado. Quien no tiene con éste la relación de patrono y empleado, como no la había entre el carpintero recurrente y la demandada Ready Mix Concrete, es elemento foráneo al orden jurídico de inmunidad dispuesto para patronos exclusivamente, sean principal-estatutario o real-directo. Extender la inmunidad al grupo de contratistas y subcontratistas a base de su común participación en la misma obra iría en detrimento del derecho del trabajador a reclamar daños que él no ha transigido ni renunciado en la histórica fórmula de seguro exclusivo incorporada en nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

El factor determinante de inmunidad lo es la existencia de ese vínculo directo o indirecto entre el trabajador que sufre el accidente y el patrono en el curso de cuyo empleo y como consecuencia del cual ocurre la lesión. Las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quienes se refiere el estatuto. Art. 2 de la Ley, 11 L.P.R.A. see. 2. Ready Mix Concrete, que no es patrono del trabajador lesionado, es persona extraña, ajena y separada de la interacción jurídica que relaciona tanto al patrono directo, como al estatutario, con el Fondo del Seguro del Estado. Lugo Sánchez, supra, pág. 866. El hecho de que Ready Mix fuera un subcontratista encargado de suministrar concreto premezclado al contratista general, sin que tuviera la condición de patrono del trabajador lesionado, no la coloca en el círculo estrecho y claramente definido de la inmunidad provista en el Art. 20, supra. El mero contacto o vinculación contractual con el patrono al margen del contrato de trabajo no transmite la inmunidad y protección de remedio exclusivo del Art. 20 de la Ley contra una reclamación por negligencia. Ready Mix Concrete es, por tanto, un tercero contra quien el obrero lesionado podrá reclamar y obtener daños y perjuicios bajo los términos del Art. 31 de la Ley, 11 L.P.R.A. see. 32, siempre y cuando la parte demandante pruebe su negligencia.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expide el auto, se revoca la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para continuación de procedimientos compatibles con lo aquí resuelto. Revocada.

      (1) Rechazada por Larson en Workmen’s Compensation, Vol. 2A, sec. 72.33, págs. 14-71 a 14-82, como producto de ficción y figuras de lenguaje.

      (2) Frase del Juez Hawkins, en Thrussell v. Handyside & Co., 20 Q.B.D. 359 (1888), citada por Prosser, Law of Torts, Cuarta ed., pág. 528.

      (3) La responsabilidad absoluta ha promovido resultados satisfactorios en tanto los obreros lesionados tienen asistencia inmediata, una fuente común de fricción entre patrono y empleado ha sido eliminada, una carga onerosa de litigación costosa ha sido suprimida, y se ha logrado una relación más armoniosa entre patronos y empleados que la permitida por el viejo sistema. Prosser, op. cit., pág. 531.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    María Dolores Santiago Acevedo, demandante y recurrente, v. Carlos Soler Aquino, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-80-14

      Resuelto: 8 de mayo de 1980

      Frances Díaz Medina, María Dolores Fernós y Reynaldo Rampolla Briganti, abogados de Servicios Legales de Puerto Rico y de la recurrente; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente María Santiago Acevedo radicó demanda de injunction contra funcionarios de la Autoridad de Carre-teras y del Departamento de Transportación y Obras Públicas solicitando, en síntesis, se les ordenara compensarla con ciertos beneficios provistos en el estatuto federal denominado “Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisitive Policies for Federal and Federally Assisted Programs” (42 U.S.C. sec. 4601 y ss.), () en la reglamentación aprobada por la Autoridad de Carreteras Federal en cumplimiento de esa ley (23 C.F.R. 712, 740), y en las disposiciones contenidas en el estatuto local, Núm. 80 del 30 de mayo de 1970, según enmendada. 22 L.P.R.A. secs. 10h-10k.

Alegó violación al debido proceso de ley en el pleito de expropiación forzosa en que las agencias demandadas adqui-rieron la propiedad de su padre para el Expreso de Diego y Muñoz Rivera. Adujo que en la misma enclavaba una estructura independiente que le servía de morada y que mediante enmienda nunc pro tunc a la sentencia de expropia-ción allí dictada se le reconoció, como parte con interés, $350.00 de la suma total de $5,350.00 adjudicádale anterior-mente a su progenitor bajo el supuesto de ser éste “dueño de toda la estructura”. () Consignó que en el procedimiento de expropiación forzosa no estuvo asistida por abogado ni las agencias la asesoraron en cuanto a sus derechos, habiendo sido lanzada de la propiedad antes de la fecha para la cual se había establecido la vista para la moción de lanzamiento de los demandados, todo ello en deterioro del derecho al debido proceso. También alegó violación en cuanto a sus intentos de reclamar beneficios por la vía administrativa, consistentes en innumerables esfuerzos por carta y otros medios, habiéndose negado las autoridades a celebrar en su caso una vista para presentar prueba ante un oficial examinador, tal como lo requiere la reglamentación federal. Solicitó daños ascen-dentes a $20,000.00 en concepto de sufrimientos morales.

El tribunal de instancia desestimó la acción bajo la premisa de que sus derechos fueron o debieron ser adjudi-cados en el proceso de expropiación.

La Ley Núm. 80 antes mencionada, establece por vez primera en nuestra jurisdicción unas “normas de pago y compensación a personas desplazadas de propiedades adquiridas para la construcción de facilidades de tránsito con fondos federales de ayuda para carreteras y para autorizar al Secretario de Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras para preparar un programa de orientación y servicios para las personas así desplazadas y para proveer los mecanismos para que puedan llevar a cabo por sí o a través de otros departamentos, agencias o corporaciones públicas, los fines de esta Ley.” Diario de Sesiones, Senado, (1970) pág. 849.

Siguiendo el modelo federal, () el estatuto local esencial-mente concede beneficios tales como gastos razonables de mudanza, pérdidas directas resultantes de la mudanza o descontinuación de la operación de un negocio o finca, gastos incurridos en la búsqueda de un negocio o finca de reemplazo, y en la alternativa, brinda una opción de recobrar unas cantidades fijas, en lugar de los gastos actualmente incurri-dos, a saber, $300.00 para gastos de mudanza y $200.00 por desarraigo. También provee dentro de unos límites, el pago para viviendas de reemplazo a dueños o poseedores respectiva-mente, siempre que satisfagan ciertos requisitos de necesidad y de ocupación. Finalmente autoriza, en ciertos casos, gastos incidentales y de litigación. ()

Estos beneficios están condicionados a que la persona promovente esté comprendida dentro de la definición de “persona desplazada”, que básicamente corresponde, a quien se muda o traslada su propiedad personal de un inmueble como resultado de su adquisición, en todo o en parte, o como consecuencia de una orden escrita de la agencia adquirente para desalojar el inmueble para un programa o proyecto llevado a cabo con ayuda financiera federal.

Nuestra ley guarda silencio sobre el derecho a la revisión judicial. Por la identidad que existe entre ambas leyes y el carácter ilustrativo de la jurisprudencia, examine-mos brevemente la orientación en la jurisdicción federal a fin de evaluar el planteamiento respecto al procedimiento de expropiación, y el papel que juegan tanto las agencias administrativas como los tribunales.

Primeramente, cabe advertir que no se conceden beneficios a cualquier persona desplazada o dislocada por una agencia federal o estatal, pues la definición opera en un contexto específico, a saber, la adquisición de la propiedad, de hecho o contemplada, con propósitos o intento de parte de la agencia en cuestión de dedicar tal propiedad a un programa o proyecto federal o llevado a cabo con asistencia federal. Alexander, supra, pág. 59; Goolsby v. Blumenthal, 590 F.2d 1369 (1979) y luego en 597 F.2d 934 (1979); Dawson v. U.S. Dept. of H. U. D., 592 F.2d 1292 (1979), los cuales siguen la tendencia iniciada por el octavo circuito en Moorer v. Dept. of H. U. D., 561 F.2d 175 (1977). La concesión y prestación de tales beneficios y servicios se hace obligatoria para las agencias estatales.

El Congreso no intentó prohibir toda intervención judicial y así los tribunales federales han entendido y fallado en diversos recursos cuando ha mediado una negativa a recono-cer los beneficios. United States v. 249.12 Acres of Land, etc., 414 F.Supp. 933 (1976); Lowell v. Secretary of Dept. of Housing, Etc., 446 F.Supp. 859 (1977); Beaird-Poulan Division, Etc. v. Dept. of Highways, 441 F.Supp. 866 (1977); Starke v. Secretary, U.S. Dept. of Housing, 454 F.Supp. 477 (1977); Ledesma v. Urban Renewal Agcy. of City of Edinburg, 432 F.Supp. 564 (1977); Tullock v. State Highway Commission of Missouri, 507 F.2d 712 (1974); Moorer v. Department of Housing & Urb. Dev., 417 F.Supp. 1261 (1976).

A tono con esta encomienda y los fines de la uniformidad perseguida en la ley, la jurisprudencia ha inyectado en el esquema la doctrina de agotar los remedios administrativos. United States v. 249.12 Acres, supra y Smith v. City of Cookeville, 381 F.Supp. 100 (1974). Así en “Toor” v. United States Dept. of “HUD”, 406 F.Supp. 1024 (1973), se resolvió que cualquier acción judicial sobre beneficios de relocaliza-ción sería prematura cuando los residentes del área del proyecto no los solicitaron a la agencia. Cf. Boston v. United States, 424 F.Supp. 259 (1976). Claro está, se han aplicado también las consabidas excepciones a la doctrina de agotar. Tullock, supra; Barnes v. Tarrytown Urban Renewal Agency, 338 F.Supp. 262 (1972).

Se reconoce que la relación entre las disposiciones de U.R.A. y las leyes de expropiación federales o estatales presentan un mayor grado de complejidad. La primera no visualiza ni introduce elementos de valorización o daños en las leyes de expropiación, inexistentes al entrar en vigor. En este sentido United States v. 249.12 Acres, supra, decidió que no había ninguna base jurisdiccional por la cual un tribunal federal, en un procedimiento de expropiación, pudiese entender en la reclamación de beneficios bajo U.R. A., reiterándose la norma de que en todo caso era menester agotar los remedios administrativos. También se ha resuelto que los gastos para mudanza y otros beneficios relacionados consti-tuyen un suplemento a los pagos bajo las leyes de expropiación y ello no crea un elemento adicional sobre justa compensa-ción. State Dept. of Transport v. Grant Motor Co., 345 So.2d 843 (1977). ()

Con respecto a las guías contenidas en U.R.A. para la adquisición de propiedades, se ha resuelto que intentan traer uniformidad en los procedimientos de expropiación a nivel nacional y no ayudar en la obtención de transacciones más lucrativas en las mismas, Will-Tex Plastics, Mfg., Inc. v. Department of H. & U. Dev., 346 F.Supp. 654 (1972). Tampoco tales guías son determinantes en los procedi-mientos. ()

En resumen, el examen de la trayectoria jurisprudencial federal refleja que la concesión de estos beneficios deben ser reclamados y concedidos por la vía administrativa. Nuestra ley así lo contempla, al reconocer el “derecho a solicitar[los] de la agencia o municipio”. 22 L.P.R.A. see. 10h(A)(a). Es claro pues, como regla general, que una solicitud judicial directa es improcedente por ser de aplicación la doctrina de agotar los remedios administrativos. Sin embargo, como excepción procede una revisión ante el foro judicial cuando arbitraria o ilegalmente, en la órbita administrativa, se niegan tales beneficios. Se trasluce además, que el esquema establecido pretende operar sin confligir ni duplicar los procedimientos de expropiación y que el lugar para solicitarlos inicialmente es en la agencia concernida.

Aplicado el derecho reseñado al caso de autos, notamos que la demandante recurrente Santiago alega que los beneficios que persigue no fueron adjudicados en el procedimiento de expropiación. Aduce además que no los ha podido obtener porque el trámite administrativo ha sido fútil. Nuestra ley dispone la promulgación de reglamentos para cumplir con sus disposiciones. La agencia demandada recurrida no actuó a base de reglamento alguno, ni le ha concedido a ella la oportunidad de ser oída y presentar su caso, descansando en la teoría — que encontró eco en la sala de instancia al desestimar la acción — de que todos sus derechos fueron determinados en el procedimiento de expropiación. Tal dictamen es erróneo. Excepto en cuanto a sus alegaciones sobre daños en torno a justa compensación por la propiedad, lanzamiento y su demolición — las cuales ya fueron adjudica-das en la causa de expropiación, Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 (1962) — tiene razón la recurrente al solicitar que se ventile en esta acción la procedencia de los restantes derechos recla-mados, a saber, beneficios por gastos de mudanza, reemplazo de vivienda y realojo. Sobre estos extremos, su reclamación es una aparte e independiente. Ella ha agotado ya los remedios administrativos, por cuanto sus intentos en valerse de ellos resultaron infructuosos. Así lo reconoce el Procurador General en su comparecencia.

Procede pues, en las circunstancias del presente caso, que se diluciden ante el Tribunal Superior, como trámite aparte del procedimiento de expropiación y no como un ataque colateral a este último procedimiento, las alegaciones antes mencionadas.

Se dictará sentencia expidiendo el auto y revocando la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, fechada 27 de sep-tiembre de 1979, y ordenando la continuación de los procedi-mientos a los fines antes expuestos.

      (1) En adelante “U.R.A.”.

      (2) Tomamos conocimiento judicial de los trámites habidos en el caso de expropiación E-77-509, Estado Libre Asociado v. Antonio Santiago.

      (3) Mediante esta legislación el Congreso intentó establecer “una política uniforme para el tratamiento justo y equitativo de las personas desplazadas como resultado de programas federales o llevados a cabo con asistencia federal de manera que tales personas no sufran daños desproporcionados como resultados de progra-mas diseñados para el beneficio del público en general”. 42 U.S.C. § 4621. Louisiana Dept. of Highways v. Coleman, 444 F.Supp. 161 (1978); Mansfield Area Citizens Group v. United States, 413 F.Supp. 810 (1976); Whitman v. State Highway Commission of Missouri, 400 F.Supp. 1050 (1975); La Raza Unida of Southern Alameda County v. Volpe, 488 F.2d 559 (1973); Young v. Harder, 361 F.Supp. 64 (1973).

      (4) La ley federal requiere que las agencias establezcan servicios de asistencia y asesoría para relocalización, y pormenoriza varias medidas a incluirse y los servicios a ofrecerse, 42 U.S.C. § 4626. Alexander v. U.S. Dept. of H. U. D., 441 U.S. 39 (1979). Igual disposición existe en Puerto Rico, 22 L.P.R.A. sec. 10(i).

      (5) El estatuto federal U.R.A. consigna expresamente que los pagos no pueden incluirse como parte del costo de un programa o proyecto cuando ya se reconoce indemnización por los mismos conceptos en las leyes de expropiación estatales. 42 U.S.C. sec. 4631(b).

      (6) Ilustrativos al respecto, United States v. 416.81 Acres, 525 F.2d 450 (1975); Rapid City v. Baron, 227 N.W.2d 617 (1975); Nall Motors, Inc. v. Iowa City, Iowa, 410 F.Supp. 111 (1975); ACORN v. Brinegar, 398 F.Supp. 685 Affd. 531 F.2d 864 (1975); W.M.A.T.A. v. One Parcel of Land, 548 F.2d 1130 (1977); y City of Rock Island v. Moline Natl. Bank, 368 N.E.2d 1113 (1977).


text:
    William N. Demas, Richard S. Beatty, Carry Winston, Walter D. Pinkard y Otros, demandantes y recurrentes, v. Builders Insurance Company, demandada y recurrida.

      Número: R-79-373

      Resuelto: 9 de mayo de 1980

      McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogados de los recurrentes; Cando, Nadal & Rivera y Federico Delgado Torres, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Capital Mortgage Investments financió la construcción del Condominio El Caobo a ser realizada por Caribbean Homes Construction para su dueño Palomar Development Corp. a un costo de $1,685,000.00. Builders Insurance Company () expidió fianza para garantizar el cumplimiento del contratista Caribbean. ()

El contrato de construcción entre Palomar y Caribbean se celebró el 24 de mayo de 1973. Se convino que la obra empezaría el 30 de noviembre de ese año y finalizaría el 30 de abril de 1975. No es hasta comienzos de enero de 1974 que se inicia. La fianza en cuestión, junto a otra para garantizar a las mismas partes el pago por el contratista de los materiales y mano de obra (Labor and Materials Bond), () fueron otorgadas el 9 de enero de 1974. Siete días más tarde, a requerimiento también de la financiadora Capital, el First National Bank of Puerto Rico expidió una carta de crédito limitada a un (1) año por $217,000.00. Esta cantidad obedeció a su criterio de que la suma total que ella aportaría para la construcción no estaba completamente cubierta por la fianza de cumplimiento de ejecución de Builders. ()

La construcción no fue finalizada para el 30 de abril de 1975, según se contemplaba en el contrato. Aún así, Capital continuó pagando las correspondientes certificaciones hasta el 31 de agosto de 1975, habiendo el contratista realizado obras por valor total de $1,555,957.27 en ese entonces. Luego Capital notifica a Builders que el contratista había incum-plido. Builders no respondió a los requerimientos de que terminara la obra coincidiendo dicha época con sus dificul-tades económicas que culminaron con el proceso de liquida-ción. Ante esta situación, Capital pactó con un tercero la terminación de la obra y contrató materiales y labor pagán-doles a los proveedores con el propósito de luego subrogarse y reclamarle a Builders.

Oportunamente Capital demandó a Builders. Alegó q'ue el dueño, Palomar, había observado sus obligaciones bajo el contrato de construcción — requisito previo para hacer efec-tiva la responsabilidad de la fiadora según los términos del contrato de la fianza — y que ella había cumplido las suyas bajo el contrato de préstamo que realizara con el dueño del proyecto. Reclamó $131,000.00 pagados al contratista que terminó la obra; $70,000.00 por trabajos adicionales a los efectuados por el nuevo contratista; $100,000.00 por pagos de mano de obra y materiales hechos, subrogándose en los derechos de esos acreedores de Builders; $75,000.00 de gastos, desembolsos, salarios y honorarios profesionales necesa-rios incurridos y a incurrirse para la debida terminación de la obra; y $300.00 diarios por concepto de daños líquidos pactados en el contrato entre Palomar y Caribbean, por demora en la terminación de la obra.

La demandada Builders negó toda responsabilidad bajo la fianza de ejecución a base de que el límite garantizado era hasta $1,300,000.00, y adujo que el contratista, a la fecha en que la financiadora Capital tomó el proyecto para terminarlo o requerirle a la fiadora su terminación, había realizado obras en exceso de esa cantidad. Alegó que Capital había efectuado ciertos actos () perjudiciales, que resultaron en la liberación de su responsabilidad. Adujo, además, Builders, que de haber alguna responsabilidad, ésta no alcanzaba ciertas sumas reclamadas por conceptos no contemplados en el contrato de construcción como obligación del contratista original. Finalmente, alegó que no respondía de las partidas por daños líquidos, por cuanto el dueño tenía la opción entre, primero, dar por terminado el derecho del contratista a seguir la obra hasta su fin y exigirle a ella que la terminara a su costo o terminarla el dueño y exigir el reembolso a la fiadora, o, segundo, dejar que terminara la obra y recobrar entonces daños líquidos por cada día de demora, pero no ambos remedios. Esgrimió, además, los mismos razona-mientos para negar responsabilidad bajo la fianza de mate-riales y labor.

El tribunal de instancia, por vía de sentencia sumaria, declaró sin lugar la demanda de la financiadora Capital e impuso $3,000.00 de honorarios. A solicitud de la deman-dante, respondiendo a nuestra orden de mostrar causa, examinamos la corrección () de los siguientes pronuncia-mientos: (1) el relevo de responsabilidad de la fiadora por razón de haber el contratista ejecutado obras por más de $1,300,000.00, límite de su responsabilidad; (2) que la fiadora no respondía bajo la fianza de labor y materiales; y (3) que no procedía la reclamación por daños líquidos.

Pasemos a considerar los errores apuntados por la deman-dante recurrente Capital.

Erró la ilustrada sala sentenciadora al concluir que una vez el contratista realizó obras en exceso de $1,300,000.00, se extinguió la responsabilidad de la fiadora:

El contrato de fianza en lo pertinente reza:

“SE HACE CONSTAR POR LA PRESENTE QUE CARIBBEAN HOME CONSTRUCTION CORPORATION, como Principal, ... y BUILDERS INSURANCE COMPANY, . . . como Fiadora, ... se comprometen firmemente con PALOMAR DEVELOPMENT CORPORATION, como Beneficiaría,... por la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS MIL DOLARES ($1,300,000.00), al pago de cuya cantidad por la presente se obligan mancomunada y solidariamente el Contratista y la Fiadora, sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.”
“EN VISTA DE LO ANTERIOR, ES CONDICION DE ESTA OBLIGACION QUE si el Contratista cumpliera con dicho contrato fiel y prontamente y dentro del término prescrito, esta obligación quedará sin efecto; de lo contrario, se mantendrá en todo su efecto y vigor.
En el momento en que el Contratista incurra en incumpli-miento de Contrato y así lo declare el Dueño, luego de que este último haya cumplido con su obligación bajo el mismo, la Fiadora podrá remediar el incumplimiento inmediatamente o de otro modo:
(1) Cumplirá con el Contrato de acuerdo con sus términos y condiciones, u
(2) obtendrá una o más licitaciones de personas que puedan terminar la obra y las someterá al Dueño, y luego de determinar junto a éste cuál es el mejor postor responsable, gestionará un contrato entre dicho postor y el Dueño, y a medida que el trabajo progrese proporcionará (aunque se hubiese incurrido en incumpli-miento de contrato o contratos de terminación una o más veces) fondos suficientes para cubrir el costo de la terminación de la obra, los cuales — una vez restado el balance del precio del contrato e incluidos otros costos y daños por los cuales la Fiadora sea responsable bajo dicho contrato — no excederán la cantidad indicada en el primer párrafo de este documento. El término balance del precio del contrato, según se usa en este párrafo, significará la cantidad total pagadera por el Dueño al Contratista bajo el contrato y cualquier enmienda al mismo, menos la cantidad propiamente pagada por el Dueño al Contratista.” (Traducción nuestra.)

De su lectura se desprende que la fiadora Builders y el contratista Caribbean se obligaron con el dueño de la obra — y con Capital en virtud del endoso de la fianza — por la cantidad de $1,300,000.00, y se comprometieron a garantizar el fiel y pronto cumplimiento por parte del contratista, manteniéndose dicha fianza en todo su vigor hasta que se diera cumplimiento a los términos del contrato. () Builders se obligó a proporcionar los fondos necesarios para la terminación de la obra — menos la parte del precio pactado en el contrato de construcción que aún no hubiese sido satisfecha por el dueño — que aún incluyendo otros gastos y daños por los que pudiera la fiadora ser responsable no podían exceder del montante de la fianza antes indicado. Al ponderar los propósitos y lenguaje del contrato de fianza debemos interpretarlo como que garantiza la terminación de la obra por el contratista según el contrato de construcción. En el momento en que surge la obligación de encargarse de que se termine la obra, cobra vigencia y entra en juego la responsabilidad de la fiadora hasta el límite de $1,300,000.00 e independientemente del valor de las obras realizadas hasta el momento en que el contratista la abandonara o el dueño le exigiera su retiro por no haberla terminado dentro del término estipulado.

Existen además otras consideraciones corroborativas de nuestra interpretación. La demandada recurrida y el tribunal de instancia pusieron énfasis en la exigencia por la financiadora Capital, al expedir la fianza, de una garantía adicional de $217,000.00. Este dato no milita contra nuestra interpretación sino que la refuerza. Ciertamente, no puede significar, como pretende la fiadora, que al alcanzar el valor de la obra realizada por el contratista la cantidad de $1,300,000.00 cesaría su responsabilidad como fiadora. Ello implicaría que hubiese sido necesaria otra garantía. En tal eventualidad, lo lógico hubiese sido que la fiadora pidiese la carta de crédito para tener vigencia, no durante el primer año, sino durante la postrimería de la obra. Lo razonable es inferir la intención de Capital en proteger sus intereses contra un posible incumplimiento del contratista desde los inicios y por todo el proyecto, lo que constituye la única explicación para que la garantía adicional por $217,000.00 tuviere vigencia durante el primer año solamente. De suerte que apenas comenzada la obra si el contratista hubiese fallado en su obligación, ambas fianzas hubiesen cubierto satisfactoria y suficientemente el interés de Capital. Transcu-rrido un año, cabe suponer que las obras realizadas sobrepa-sarían los $217,000.00, convirtiéndose entonces en innecesaria dicha garantía por resultar suficiente la de Builders para la realización del resto del proyecto.

Este enfoque es consistente con nuestra decisión en Caribe Lumber Corp. v. Marrero, 78 D.P.R. 868 (1955). Allí el recurrente garantizaba solidariamente a dos personas ante el suplidor de materiales, en virtud de un documento que manifestaba “me constituyo garantizador solidario de estas personas o de cualquiera de ellos a favor de ustedes hasta la suma de dos mil dólares ($2,000.00) incluyendo interests]...”. El crédito extendido llegó en una ocasión a arrojar una deuda por más de $10,000.00 de la que los obligados primarios pagaron parte, quedando un balance de casi $2,000.00. La apelada optó por cobrar del fiador, quien negó responsabili-dad por habérsele extendido crédito a los afianzados por encima del límite a que él se había obligado. Resolvimos:

“La garantía tampoco quedó extinguida por el hecho de que el volumen de las compras efectuadas por los garantizados durante un año y meses ascendiera a más de $10,000.00. La garantía no estaba limitada a los primeros $2,000.00 de esas compras, ni a un término fijo.” (Citas omitidas.)

Nuestra interpretación es cónsona con el principio que hemos reiterado jurisprudencialmente en el sentido de que las fianzas prestadas por compañías que se dedican a ello, en consideración al pago de primas, deben ser interpretadas liberalmente a favor de sus beneficiarios. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 259 (1975); Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (1964); A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (1964); Cristy y Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961).

r — H hH

Una vez concluido que la fiadora estaba obligada a remediar el incumplimiento del contratista hasta la cantidad de $1,300,000.00 independientemente de la parte de trabajo realizado, esta responsabilidad se extiende a la fianza por labor y materiales. Recuérdese que la fiadora responde bajo ella si el contratista dejare de pagar materiales o labor necesarios para terminar la obra. Ante la imposibilidad de cobrar inmediatamente de Builders, Capital pagó materiales y labor suplida para la terminación del edificio. Lo hizo para subrogarse en el crédito y ejercitarlo contra la fiadora en su día. Ello es legítimo. En consecuencia, es frívolo argüir que bajo la fianza, la fiadora sólo responde a quienes caen bajo la definición de “reclamante”. Al subrogarse Capital vino a ocupar el lugar de los posibles reclamantes por materiales o labor, e hizo las notificaciones necesarias a Builders.

Establecido que Builders continuaba siéndole responsable a los beneficiarios de ambas fianzas hasta el cumplimiento fiel y exacto de la prestación, concentremos nuestra atención sobre las restantes defensas planteadas por ésta en el sentido de que los propios actos de la financiadora Capital, en relación a los contratos y fianzas aquí envueltos, descargaron de toda responsabilidad a la fiadora, por virtud de lo resuelto en Olazábal v. U.S. Fidelity, Etc., 103 D.P.R. 448 (1975). Nuestro análisis exige una breve referencia a la misma. Allí la dueña del proyecto había hecho indebidamente ciertos pagos adelantados al contratista, y, en adición, había dejado de retener el 10% estipulado que se determinó perjudicó a la fiadora ya que la retención hubiese constituido un fondo de reserva que podía utilizar el dueño para la terminación de la obra. La cantidades pagadas indebidamente en exceso totalizaban $37,360.93. La demandante en dicho caso recla-maba $23,164.46 como gastos incurridos para terminar la obra. Se aplicó la doctrina dimanante del Art. 1751 del Código Civil, () al efecto de que en algunas circunstancias, la fiadora pueda resultar liberada en la medida en que los actos del dueño o los beneficiarios de la garantía la hayan perjudi-cado, y dijimos:

“Ya no rige la antigua doctrina elaborada en los tiempos de los fiadores gratuitos al efecto de que la menor violación del contrato por parte del dueño relevaba a la fiadora de responsabilidad in toto.”(Pág. 454.)

Surgía allí que la reclamación de los demandantes era por una cantidad menor que la que dejaron de retener al contratista, por lo que de haber retenido lo estipulado hubiesen tenido suficiente para terminar la obra.

Apliquemos la doctrina de Olazábal al caso de autos. La financiadora Capital alega haber incurrido en gastos por $131,000.00 más $70,000.00 para la terminación del edificio. De los autos surge que el dueño sólo retuvo al contratista la suma de $39,670.00 de las certificaciones de obras ascen-dentes a $1,555,957.27 cuando debieron haberle deducido el 10% de dichas certificaciones, o sea, la suma de $155,595.73. La diferencia arroja un saldo desfavorable de $115,925.73 que debieron haber sido reservados por Capital y que hubie-sen podido ser utilizados en la terminación de la construcción del edificio. Debe, pues, deducirse esa diferencia de la partida reclamada de $131,000.00. Contra los $70,000.00 reclamados por obras, la fiadora Builders alega que incluyen partidas no contempladas en el contrato de construcción y que, por lo tanto, no eran de su responsabilidad ni de la contratista original Caribbean. De resultar ello así, deberá reducirse esa partida en la medida que sea necesaria.

Resta determinar si la demandante recurrente es acree-dora a los daños líquidos a razón de $300.00 por cada día de demora. El remedio a que tiene derecho el dueño de una obra sujeta a una fianza de este tipo es pedir oportunamente a la fiadora que termine la obra imputándole a ésta toda respon-sabilidad hasta que sea terminada — o terminarla él mismo y reclamar a la fiadora — o dejar que el contratista termine la obra. En dichas eventualidades, al no poderse determinar confiablemente los daños, por lo general se estipulan daños líquidos. En Olazábal resolvimos, por consignarlo así el contrato de construcción, que sólo en los casos en que el dueño dejaba al contratista continuar con la obra era que procedía la compensación de daños líquidos por ser de difícil esti-mación. Sin embargo, insuflamos vigor a la penalidad con-tenida en el contrato en una cláusula separada que conside-ramos compatible con la que preceptuaba la elección de remedios en favor del dueño. La misma cláusula que esta-blecía tales opciones disponía que era sin perjuicio de otros derechos a remedios que pudiera tener el dueño.

En el presente caso existe una cláusula penal. () No surge de los autos ninguna otra que obligue al dueño a optar un solo remedio. Por ende, no hay base para restarle efectividad a su propósito primordial de sustituir y evaluar anticipadamente los daños que pueda producir el incumpli-miento — Art. 1106,31 L.P.R.A. see. 3131; Simonet v. Igaravídez, 90 D.P.R. 1 (1964), ello aún cuando tuviere carácter punitivo, R.C. Leasing Corp. v. Williams International Ltd., 103 D.P.R. 163 (1974). Es elemental que una cláusula penal releva de tener que probar daños. C.M. & Finance Corp. v. Cooley, 103 D.P.R. 6 (1974); Levitt & Sons of P.R., Inc. v. DACO, 105 D.P.R. 184 (1976). Tampoco tenemos ante nos alegación ni prueba de que la cantidad fijada sea excesiva o irrazonable a los fines de mover al tribunal ejercer su facultad moderadora. Art. 1108, 31 L.P.R.A. see. 3133; Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89 (1937); y Gil v. C.R.U.V., 109 D.P.R. 551 (1980).

Ahora bien, se impone en otra dimensión una reducción a la cantidad a pagarse en daños líquidos a base de restar los días de demora causados por Capital, Gil v. C.R.U.V., supra. Hemos visto que la obra debió empezar el 30 de noviembre de 1973, sin embargo, comenzó realmente durante el mes de enero de 1974 debido a actuaciones de Capital. Es justo y razonable, pues, que la fecha en que debió terminar la obra el contratista se prorrogue por el término correspondiente, y que de ahí en adelante se computen los daños líquidos hasta la terminación de la obra según lo pautado en Olazábal, supra, págs. 463-464.

En virtud de lo expuesto se dictará sentencia expidiendo el auto y revocando la del Tribunal Superior. Se devolverá el caso para trámites compatibles con lo aquí dispuesto.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

      (1) Entidad que por razón de un proceso de liquidación vino a ser representada por la Asociación de Garantías de Seguros Múltiples.

      (2) Capital es beneficiaría de los términos de dicha fianza mediante endoso extendídole por acuerdo de la fiadora Builders y el contratista Caribbean, como obligados, y el dueño del proyecto Palomar.

      (3) La fianza de labor y materiales y la de ejecución contiene cada una un límite de responsabilidad de $1,300,000.00.

      (4) Ambas garantías totalizaron $1,517,000.00, equivalente aproximado de un 90% del costo de $1,685,000.00 pactado para el edificio. El 10% restante correspondía a la retención por el dueño de todos los pagos al contratista creándose así un fondo como garantía adicional al dueño hasta la terminación de la obra. Desde sus inicios Capital asignó un financiamiento para la construcción del edificio de sólo $1,427,050, cantidad insuficiente para terminarlo.

      (5) Asignar para la construcción del edificio una cantidad por debajo del precio pactado en el contrato; demorar el comienzo de la obra al no entregar prontamente el dinero asignado para la adquisición de la parcela a desarrollarse; actuar negligen-temente al no exigir que la fianza fuese aumentada en vista de que iba a tener que aportar más dinero; y no retener el 10% que debía para el fondo de reserva.

      (6) No medió error del tribunal de instancia en resolver, aunque aplicando equivocadamente el derecho, la controversia entre las partes — reducida luego de las etapas preliminares a una interpretación de las fianzas en consideración a las admisiones de las partes y la prueba documental sometídale — por vía del vehículo de la sentencia sumaria. No era necesaria la vista pues el resultado del caso dependía de la aplicación del derecho sobre la prueba documental ante el juzgador. Regla 36.2 de Procedimiento Civil vigente; García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978); B.C.R. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 754 (1972); Housing Inv. Corp. v. Sosa, 98 D.P.R. 247 (1970); Del Toro v. Gob. de la Capital, 93 D.P.R. 481 (1966); López v. Destilería Serallés, 90 D.P.R. 245 (1964); Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827 (1964).

      (7) El contrato de construcción entre Palomar y Caribbean lee en lo pertinente:
      “El término sustancialmente terminado se definirá como el momento en que el edificio esté listo para ser usado y el Contratista le haya facilitado al Dueño todos los permisos y aprobaciones de las agencias gubernamentales y/o instituciones finan-cieras concernidas que se requieran para dicho uso.” (Art. 4.) (Traducción nuestra.)

      (8) “Los fiadores, aunque sean solidarios quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.” 31 L.P.R.A. see. 4956.

      (9) La cláusula 4 del contrato entre Palomar y Caribbean reza:
      “Las partes convienen que el factor tiempo es esencial en esta obra y, por cada día de demora después de la fecha establecida en el Contrato, el Contratista pagará al Dueño en calidad de daños líquidos, y no como penalidad, la cantidad de $300.00 por cada día natural de demora después de la fecha permitida en este Contrato. El dueño podrá deducir esta cantidad de cualquier suma que le adeude al Contratista.” (Traducción nuestra.)

        El que esta cláusula típica en este tipo de contrato, expresamente disponga que no se trata de una penalidad es perfectamente comprensible. Intenta superar el enfoque doctrinario de los tribunales norteamericanos de invalidarlas cuando resul-tan un castigo o penalidad en lugar de una reparación por daños. Véanse Pueyó v. Real Hnos., 18 D.P.R. 862 (1912); United States v. Bethlehem Steel Co., 205 U.S. 105 (1907); Wise v. United States, 249 U.S. 361 (1919); Priebe and Sons v. United States, 332 U.S. 412 (1947); Robinson v. United States, 261 U.S. 486 (1923); Sun Printing and Pub. Assoc. v. Moore, 183 U.S. 642 (1902).


text:
    Ramón Bruno Colón, lesionado, Fred Imbert, Inc., patrono, v. Comisión Industrial de P.R., etc., demandada; Fondo del Seguro del Estado, asegurador recurrente.

      Número: O-79-513

      Resuelto: 13 de mayo de 1980

      Francisco Falú Lebrón, Antonio Acevedo Torres y Jorge Márquez González, abogados de la Administradora del Fondo del Seguro del Estado; Jeannette Tomasini, Presidenta, Comisión Industrial de Puerto Rico, el lesionado no compareció en autos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Bruno Colón sufrió tres ataques al corazón en el curso de su empleo, siendo hospitalizado en varias ocasiones, la primera allá para el 4 de diciembre de 1970 y otra para enero de 1972. Acudió al Fondo del Seguro del Estado el 9 de febrero de 1972, donde fue tratado y dado de alta el 29 de febrero sugiriéndosele descanso. Se le diagnosticó una pér-dida de cincuenta por ciento (50%) de sus funciones fisiológi-cas generales. Subsiguientemente, sufrió dos ataques más y murió el 13 de abril de 1973. Con posterioridad, el 20 de noviembre de 1973, se le reconoció una incapacidad de cincuenta por ciento (50%). Sus beneficiarios reclamaron compensación por muerte negándola el Fondo a base de que el deceso no estaba relacionado con el accidente sufrido, orde-nando se les pagara los beneficios concedidos al obrero por incapacidad parcial. No conformes, apelaron a la Comisión Industrial, la cual: (a) revocó al Fondo determinando que la muerte estuvo relacionada con el accidente; (b) ordenó se les pagara gastos de funeral más gastos médicos incurridos y otros que procedieran de acuerdo a la ley; y (c) aumentó la compensación que se le había concedido a un ciento por ciento (100%) y decretó que igualmente les fuera satisfecha, descon-tando “lo anteriormente pagado”. A solicitud del Adminis-trador, acordamos expedir.

H-1

La controversia ante nos se reduce a considerar si en las circunstancias apuntadas procede que se compense a los beneficiarios por la muerte del obrero y a la vez se les pague los beneficios que hubiesen correspondido en vida de éste. En esta tarea es menester que recurramos primordialmente a la letra de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 etseq., teniendo en mente los propósitos amplios y humanitarios que inspiraron su redacción de brindar, en lo posible, la protección que el obrero fallecido representaba para los que de él dependían — Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 480 (1964); Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R. 196 (1961); Guzmán Muñoz v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 700 (1962); Atiles Moreu, Admor. v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 218 (1962); Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 511 (1954) — recordando que siendo un estatuto de carácter remedial debe interpretarse liberalmente en favor del obrero. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183 (1974). La tesis del Administrador del Fondo, en síntesis, es que lo resuelto por la Comisión equivale a una doble compensación. Tiene razón.

La lectura concienzuda de las disposiciones de ley aplicables y el examen de la jurisprudencia, nos convence que la Asamblea Legislativa no contempló la concesión de ambas partidas a los dependientes de un obrero que muere como consecuencia de una lesión o enfermedad ocupacional por la cual le estaba reconocida o pendiente de reconocérsele una compensación. Nos explicamos. Para comenzar, debemos señalar que los beneficios envueltos surgen por virtud de derechos distintos. Así, los beneficios por incapacidad se dirigen a suplir en vida la reducción en la capacidad productiva del obrero, mientras que los de muerte se establecen para los beneficiarios en aras de remediar en lo posible la desaparición de su proveedor. Alonso García v. Comisión Industrial, supra. La norma para computar los beneficios varía en uno y otro caso. Villa v. Comisión Industrial, 65 D.P.R. 562 (1946). Lo uno es del obrero, lo otro de sus dependientes. Larson, Workmen’s Compensation Law, sec. 64.00, págs. 11-112 a 11-113.

Con la anterior distinción en mente, al evaluar el estatuto palpamos que el derecho de los dependientes en la compensación concedida a su proveedor es sólo en los casos en que la muerte del obrero no es consecuencia del accidente sufrido. A tal efecto, el inciso 4 del Art. 3 de la Ley dispone la manera en que se habrá de proceder para pagar a los beneficiarios “[e]n todos los casos en que ocurriere la muerte de un obrero o empleado por cualquier causa independiente a la lesión recibida..., por la cual se hubiere reconocido o esté pendiente de reconocerse una incapacidad. . .”. 11 L.P.R.A. see. 3. (Bastardillas nuestras.)

Sin embargo, para el caso en que la muerte surgiere “como resultado del accidente sufrido” y dentro del período requeri-do, se establecen ciertos pagos, tales como gastos del funeral que no exceden de $300.00 y otros de asistencia médica, hospitalización y medicinas incurridos por orden del Fondo para los casos en que el obrero no deja dependientes, y una compensación a graduarse según se expresa en la ley para los casos en que le sobreviven dependientes. (Art. 3, inciso 5, Núms. (1) al (3), letras (a) a la (i) según apliquen.) Nada dispone la ley para casos en que la muerte esté relacionada al accidente sufrido, que exista la subrogación de los depen-dientes en los beneficios por incapacidad como se provee en el inciso 4 para los casos en que la muerte no está relacionada.

Corrobora esta interpretación Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 270, 274-275 (1939) y Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 659 (1944). En el primero, ocurrió la muerte del obrero sin relación con el accidente anterior por el cual estaba pendiente de otorgarse una incapacidad. Aludimos al inciso 4 como resolviendo precisa-mente el problema de si el derecho del obrero a compensación por incapacidad se extinguía o no con la muerte de éste. Haciendo un contraste con lo dispuesto en el inciso 5, dijimos que bajo este último, cuando ocurre la muerte del obrero como resultado de las lesiones o enfermedad y en el período provisto — en aquel entonces dos años — emanan ciertos benefi-cios que varían según la propia ley y en atención a si el obrero deja o no dependientes. No se halló que hubiera derecho alguno de los dependientes a subrogarse en los beneficios por incapacidad que estuviesen reconocidos o pendientes de reconocerse a su proveedor en tales circunstancias. Se dijo:

“[S]ólo cuando el obrero no muere como consecuencia de la lesión recibida en el accidente del trabajo es que puede aplicarse el párrafo transcrito del número 4 del artículo 3 de la ley....” ()

El resultado a que hemos arribado es consistente con lo que parece imperar en gran número de los estatutos de compensación en otras jurisdicciones en los que cuando ocurre la muerte por causas relacionadas al accidente sufrido, se limita a los dependientes a los beneficios por muerte. Larson, op. eit, sec. 58.40, págs. 10-253 a 10-254.

En consecuencia resolvemos, que habiendo la Comisión determinado que la muerte de Bruno Colón estaba relacionada con un accidente laboral, la disposición aplicable es el inciso 5 del Art. 3, que en adición al pago de los gastos médicos, funeral, medicinas y hospitalización, reconoce— cuando el obrero deja dependientes — una compensación a graduarse de acuerdo a lo allí expuesto. Por ende quedó excluido el derecho a recibir éstos la pensión por incapacidad.

Se dictará sentencia revocando la resolución recurrida en cuanto ordenó pagar a los beneficiarios del obrero el aumento decretado en la incapacidad y lo no pagádole en vida. Se devuelven los autos para los trámites compatibles con lo expuesto.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resulta-do sin opinión.

      (1) En Atiles, supra, págs. 662-663, de igual modo se aclaró el contexto de aplicación del inciso 4:
      “El obrero... murió repentinamente en y como consecuencia de un accidente del trabajo. Su muerte no fué motivada por ‘una causa independiente a la lesión recibida en el accidente’. Cuando falleció no se le había otorgado ni estaba pendiente de otorgársele compensación alguna. La compensación, si alguna había de pagarse con motivo de su muerte, no era pagadera a él y sí a los que de él dependían. ... El propósito del estatuto, erróneamente aplicado al caso de autos, es otro. Cuando un obrero sufre un accidente que le incapacita temporal o permanentemente para el trabajo, la ley concede una compensación que se gradúa de acuerdo [con la ley]. Si el obrero lesionado falleciere después del accidente, por una causa no relacionada con el accidente, y antes de que se le pagara por completo la compensación a que tenía derecho, entonces la cantidad pendiente de pago en la fecha de su muerte deberá ser pagada a aquéllos que dependían de él para su subsistencia.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Juan Villanueva Pérez, lesionado, Mar Associates, patrono, v. Comisión Industrial de P.R., demandada, Fondo del Seguro del Estado, asegurador-recurrente.

      Número: O-78-146

      Resuelto: 14 de mayo de 1980

      Antonio Acevedo Torres, Francisco Falú Lebrón, Jorge Márquez Gómez, y Víctor G. Colón Hernández, abogados del Fondo del Seguro del Estado; Manuel de Jesús Mangual, José A. Lugo Irizarry y Benjamín Marcano Román, abogados del obrero recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Plantéase en el presente recurso si, compensada una persona por una incapacidad parcial y una desfiguración resultante de un accidente del trabajo, y agravada dicha incapacidad hasta convertirse en total permanente sin la intervención de otro accidente, procede descontar, de la compensación a que tiene derecho por la incapacidad total, lo pagádole por la desfiguración. Resolvemos que sí, en ausencia de disposición de ley que autorice bajo estas circunstancias que se compense por la desfiguración como una incapacidad adicional a la total. Una persona no puede estar más de un ciento por ciento incapacitada.

Los hechos de este caso son los siguientes. Juan Villanueva se fracturó el proceso espinoso de la sexta vértebra cervical en un accidente del trabajo. Luego de recibir el adecuado tratamiento y de varios trámites administrativos se le recono-ció una incapacidad equivalente al quince por ciento de sus funciones fisiológicas generales, más un diez por ciento de incapacidad por desfiguración del cuello debido a una cica-triz en dicha región. Con el transcurso del tiempo la incapa-cidad física se agravó hasta convertirse en total y perma-nente. En consecuencia, el Fondo del Seguro del Estado le adjudicó la compensación máxima que autoriza la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, equivalente al sesenta y seis y dos tercios por ciento del jornal que ganaba el día del accidente, o la suma total máxima de $18,900.00. De esa suma dedujo lo pagado por concepto de la incapacidad parcial previamente reconocida ($3,037.50) y lo pagado por desfiguración ($300.00). La Comisión Industrial revocó la decisión del Fondo en el aspecto de la deducción por la desfiguración. Concluyó que la compensación por desfigura-ción no es una compensación por incapacidad. A solicitud del Fondo, expedimos auto para revisar.

Precisa señalar que la cuestión que aquí se plantea tiene por base un mismo accidente; es decir, que se trata de una agravación por recidiva, acompañada de una desfiguración. No se trata de agravación de una incapacidad por la interven-ción de un segundo o posterior accidente, cuestión para la cual provee el Art. 3 de la ley, 11 L.P.R.A. see. 3, inciso 4, en su párrafo titulado “Incapacidades preexistentes”. Dice dicho párrafo:

“En todos aquellos casos en que un obrero, por efecto de un accidente del trabajo, sufriera la agravación o aumento de una incapacidad anterior no proveniente de un accidente del trabajo, la incapacidad resultante del accidente le será compensada inclu-yendo la incapacidad anterior; pero en aquellos casos en que un obrero sufriera la agravación o aumento de una incapacidad preexistente causada por un accidente anterior y por la cual cobró la compensación correspondiente, se le descontará de la compensa-ción a que tenga derecho por la incapacidad global resultante, el montante de la compensación que recibió por su incapacidad preexistente; Disponiéndose, que en todos aquellos casos en que un obrero sufra la agravación o aumento de una incapacidad preexis-tente y dicha agravación o aumento resultare en la pérdida total y permanente del miembro u órgano afectado o resultare en la pérdida total y permanente de las funciones fisiológicas generales, el obrero será compensado por la incapacidad total sin tomar en consideración la incapacidad preexistente aun cuando haya cobrado compensación por ésta; y Disponiéndose, además, que el coste adicional que resultare de la aplicación de la presente disposición se pagará con cargo al Fondo de Reserva para Catástrofes y no se tomará en consideración para los fines del Plan de Clasificaciones Basado en la Experiencia {Merit Rating System) que más adelante se provee.”

En Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 368 (1972), señalamos:

“A los fines de evitar la deducción de la compensación original de $6,000 de la compensación por la incapacidad total, de acuerdo con la tercera alternativa provista por la disposición sobre incapa-cidades preexistentes del referido Art. 3, eranecesario establecer, y no se estableció, que un segundo accidente del trabajo agravó la incapacidad prexistente al extremo de resultar en ‘la pérdida total y permanente de las funciones fisiológicas generales’ para que ‘se compensara por la incapacidad total sin tomar en consideración la incapacidad preexistente aun cuando haya cobrado por ésta.’ ” (Énfasis en el original.)

El citado Art. 3 dispone las compensaciones procedentes por incapacidades parciales'permanentes y por incapacidad total permanente. Establece una tabla de compensaciones y, para los casos en que la incapacidad no pueda ser propia-mente fijada de acuerdo con dicha tabla, dispone que “la misma se reflejará sobre las funciones fisiológicas generales de obrero o empleado; y la compensación se calculará a base de cuatrocientas cincuenta (450) semanas como máxima y no podrá ser mayor de diez mil (10,000) dólares”. 11 L.P.R.A. see. 3, inciso 4, párrafo titulado “Incapacidades no compren-didas en la tabla de compensaciones”.

En cuanto a desfiguración, la ley la incluye entre las incapacidades parciales permanentes al señalar, a continua-ción de la tabla de compensaciones, lo siguiente:

“La compensación para cualquier otra incapacidad parcial permanente no especificada se graduará de acuerdo con la incapa-cidad que más se asemeje a la incapacidad correspondiente que se fija en la tabla precedente, y se compensará con aquel número de semanas que más se asemeje a la incapacidad que se tome como base para graduar la incapacidad no especificada en la tabla; Disponién-dose . . ., y disponiéndose, además, que en los casos en que una cicatriz, quemadura o cualquier cambio en la fisionomía cause la desfiguración de la cara, cabeza o cuello o de una o ambas de las manos o brazos del lesionado, a solicitud del Administrador del Fondo del Seguro del Estado o del obrero o empleado lesionado la Comisión Industrial decidirá de acuerdo con la gravedad de la lesión cuándo [sic] debe compensarse por este concepto. En ningún caso se pagará por la desfiguración de la cara, cabeza o cuello del lesionado una suma mayor de tres mil (3,000) dólares y en el caso de desfiguración de las manos o brazos de mil seiscientos (1,600) dólares. En los casos de desfiguración de manos o brazos no se compensará este concepto si la desfiguración se tomó en considera-ción al fijar alguna compensación por incapacidad de dicha mano o brazo.
“La Comisión Industrial graduará esta compensación tomando en consideración la importancia de la desfiguración, la profesión y oficio y sexo de la persona lesionada;_”11 L.P.R.A. see. 3, inciso 3.

En cuanto a la incapacidad total permanente, la ley dispone:

“4. Si como resultado de la lesión o enfermedad el caso del obrero o empleado fuese resuelto como uno de incapacidad total permanente, el obrero o empleado continuará recibiendo una suma igual al sesenta y seis y dos tercios (66 2/3) por ciento del jornal que percibía el día del accidente o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente durante el tiempo que se prolongue esta incapacidad total, pero en ningún caso se pagará más de ciento veinticinco (125) dólares mensuales, ni menos de cincuenta (50) dólares mensuales.... Disponiéndose, además, que la compensación total a ser pagada no excederá en ningún caso de diez y ocho mil novecientos (18,900) dólares.” 11 L.P.R.A. see. 3, inciso 4.

Las disposiciones de la ley de compensaciones a obreros precedentemente citadas nada disponen al efecto específico del problema aquí planteado, mas dan pautas que nos conducen a la solución que adoptamos. En primer lugar, colocan la desfiguración en la clasificación general de incapacidades parciales permanentes y, en segundo lugar, fijan un máximo, sin más, a la compensación a concederse en casos de incapacidad total permanente.

Nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es un estatuto de carácter remedial o reparador. Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 733, 735-736 (1974); Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 480, 485 (1964); Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R. 196, 215-216 (1961). Su propósito no es, como en el seguro ordinario de accidentes, compensar por daños, sino compensar por la limitación en la capacidad del obrero para trabajar y ganarse su sustento. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183, 184 (1974). De ahí que se reconozca generalmente el derecho a compensar una desfiguración a base de que sea “de tal naturaleza que afecte la habilidad del obrero para obtener y retener un empleo”. Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 741, 745 (1974). Reconocimos en este caso que la desfiguración de la cara, cabeza o cuello es compensable precisamente porque puede constituir una incapacidad, es decir, una limitación en la habilidad para ocuparse la persona en un empleo lucrativo. A tal fin señalamos el requisito de ley de que al graduar la compensación a concederse deberá la Comisión Industrial tomar en consideración la profesión, oficio y sexo de la persona desfigurada.

Por otro lado, la ley establece, como hemos visto, un límite máximo de $18,900 a la compensación a concederse por una incapacidad total-permanente. Siendo la desfiguración un tipo de incapacidad, no podría compensarse en adición a la autorizada como máximo por la incapacidad total. Una persona no puede estar incapacitada en más de un ciento por ciento de sus funciones fisiológicas generales.

Cuando el Legislador ha querido permitir que se conceda una compensación adicional a otra reconocida lo ha expresa-do inequívocamente. Así, para ejemplos, el Art. 3 permite compensaciones adicionales en determinados casos de inca-pacidades preexistentes agravadas por un segundo o posterior accidente del trabajo (inciso 4 antes transcrito); y el inciso 3 ordena que se compense a una persona que pierda un globo ocular por enucleación, evisceración o atrofia extrema, en un diez por ciento adicional, a la compensación a que tenga derecho por la pérdida de la visión.

En el caso de incapacidad total permanente, el mismo Art. 3 autoriza cierto tipo de compensación adicional en dos casos específicos, a saber: (1) cuando a juicio del Administrador del Fondo la condición física del incapacitado requiera la asisten-cia continua de otra persona, en cuyo caso podrá autorizar el pago adicional de hasta cuarenta dólares mensuales “a favor del familiar o de la persona que atienda al incapacitado mientras persista la necesidad”; y, (2) en aquellos casos en que el incapacitado totalmente quedase parapléjico o cuadruplé-jico, o hubiese perdido permanentemente las funciones de ambas piernas en forma tal que se vea obligado a moverse en un sillón de ruedas, se faculta al Administrador a proveerle un sillón de ruedas y una cama de posición, y hasta mil dólares adicionales para diseño especial o adaptación de su casa y sus accesos para facilitar su deambulación.

Igual solución a la aquí adoptada ha sido alcanzada en la jurisdicción federal y en jurisdicciones estatales nortéame-ricanas bajo estatutos de propósitos similares al nuestro. En Todd Shipyard Corp. v. Pillsbury, 136 F.Supp. 846 (1955), confirmado por Ruperto. Todd Shipyard Corp., 239 F.2d 273 (1956), se resolvió que bajóla Ley de Compensación a Obreros de Muelles y Puertos (Longshoremen’s & Harbor Workers’ Compensation Act), 33 U.S.C.A. sec. 901 et seq., no procede una compensación por desfiguración en adición a una compensa-ción por incapacidad total permanente. Se consideró que la desfiguración es una incapacidad parcial permanente y el referido estatuto no autoriza expresamente que se compense en adición a la incapacidad total reconocida. Se señaló, además, que permitirlo introduciría principios torticeros en una ley cuyo propósito es compensar la pérdida de jornales.

En igual forma se ha pronunciado el Tribunal más alto del estado de Nueva York bajo un estatuto que, como el nuestro, coloca la desfiguración en la clasificación de incapacidades parciales permanentes. () Se expresó que si la intención de la ley hubiese sido otorgar una compensación por desfiguración en adición a una por incapacidad total permanente así se hubiese hecho constar. Kaminski v. Mohawk Carpet Mills Inc., 202 N.Y.S.2d 731 (1961); Clark v. Hayes, 202 N.Y.S. 453 (1924). En Oklahoma se ha determinado que el máximo compensatorio fijado por la ley para la incapacidad total permanente impide la compensación adicional por desfigu-ración. Garrett’s Furniture v. Morgan, 498 P.2d 1380 (1972). De la misma manera se ha resuelto en Carolina del Sur que la compensación por incapacidad total permanente excluye la compensación por desfiguración. Burnette v. Startex Mills, 10 S.E.2d 164 (1940).

Los citados casos, como hemos visto, se basan en los mismos razonamientos que hemos expuesto para concluir que la compensación por desfiguración concedida debe ser deducida de la compensación por incapacidad total permanente. Nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no autoriza que la compensación por desfiguración, clasificada entre las incapacidades parciales permanentes, sea una compensación adicional a la que se otorgue por una incapacidad total permanente. Como hemos visto, nuestra ley expresamente dispone una compensación por incapacidad total permanente que “no excederá en ningún caso de diez y ocho mil novecientos (18,900) dólares”. Un mismo accidente no puede generar una incapacidad total y al mismo tiempo y en adición una incapacidad parcial.

A base de las consideraciones aquí expuestas se dictará sentencia que revoque la resolución recurrida.

      (1) Workmen’s Compensation Law, McKinney’s Consolidated Laws of New York Anno., 64 Workmen’s Compensation Law sec. 15.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Francisco Santos, querellante y recurrido, v. Partido Popular Democrático, querellado y recurrente.

      Número: O-80-275

      Resuelto: 15 de mayo de 1980

      Guillermo Mojica Maldonado, abogado del recurrente; Víctor M. Negrón Padilla, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Examinada la solicitud, y considerando que la Junta Revisora perdió jurisdicción para adjudicar este caso ha-biendo emitido decisión el 9 mayo, 1980 posterior a la fecha límite de 31 de marzo, término improrrogable ordenado en el Art. 4.009(a) de la Ley Electoral que es la Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, Leyes de ese año, pág. 639, se revoca la decisión de la Junta Revisora Electoral de 9 de mayo, 1980; se prohíbe al Administrador General de Elecciones de Puerto Rico certificar la candidatura de Francisco Santos para Alcalde de Aibonito en la elección primaria de 25 de mayo corriente, y de haberse expedido, se anula dicha certificación, y se prohíbe tanto al Administrador General como a la Comisión Estatal de Elecciones permitir la participación del recurrido Francisco Santos en dicha elección primaria.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau no intervinieron. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

-0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 1980

Denegaríamos el auto. Estimamos correcta la actuación de la Junta Revisora Electoral, reconociendo al recurrido Francisco Santos el derecho a pugnar en primarias su candidatura a Alcalde en el Municipio de Aibonito frente al otro aspirante Benigno Capó López.

El recurrente Partido Popular Democrático cuestiona dicho dictamen bajo la tesis central de que las irregulari-dades habidas en el proceso primarista interno no son de tal naturaleza que ameriten su nulidad, y que la Junta erró al aceptar que Santos radicara su candidatura fuera del término previsto en la ley y reglamento. Ninguno de estos señalamientos procede.

HH

Primeramente, para atender y modificar el resultado de la Junta Revisora, este Tribunal tendría que dejar sin efecto las determinaciones de hechos encontradas probadas por dicho foro, aun cuando el Art. 1.024 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, prescribe que tales determinaciones de hechos “serán finales”. No creemos que en el caso de autos exista una apreciación equivocada de la realidad fáctica que nos permita alterarlas como “cuestión de derecho” y sustituirlas a base de que no están sostenidas por evidencia sustancial. López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 672 (1958). Nos explicamos.

De los apéndices que acompaña el recurrente P.P.D. con su petición, surge indubitadamente que Santos perdió frente al otro aspirante por sólo sesenta y un (61) votos; que sus representantes en los colegios firmaron las hojas de cotejo sin señalar ninguna irregularidad; que no obstante, se come-tieron las siguientes: (a) en los colegios todo el proceso se realizó sin casetas de votación; (b) las urnas consistían de cajas de cartón; (c) tales cajas-urnas, en algunos colegios,, estaban abiertas; (d) los funcionarios de los colegios no estaban adecuadamente instruidos ni informados; (e) las personas acudían a los colegios, firmaban una hoja de registro y luego votaban sin que existiera un mecanismo para verificar si cualificaban como electores; (f) no habían listas electorales; (g) votaron nueve (9) menores de edad y dos (2) residentes de otro pueblo; (h) se incurrió en el doble voto; e (i) votaron ilegalmente treinta y cinco (35) afiliados del Partido Nuevo Progresista.

Somos del criterio de que la validez de unas primarias internas acordadas por unos candidatos como medio de dilucidar tales candidaturas tienen que celebrarse con arre-glo a las garantías básicas estatuidas en la Ley Electoral. Ello no significa que haya que seguir y observar todos los requisi-tos de ley, sino aquellos esenciales que garantizan pureza del resultado. La prueba desfilada, según reseñada, evidencia que las irregularidades cometidas fueron de tal naturaleza y magnitud, que tomadas en conjunto afectaron decisivamente la integridad del procedimiento. 0) La presunción de regu-laridad quedó ampliamente destruida en el caso de epígrafe. En primarias internas no puede sostenerse como proposición para convalidar situaciones como la presente, el “que en los colegios en que votaron afiliados al Partido Nuevo Progre-sista resultó vencedor el querellante”. Ello atenta contra la integridad orgánica de los partidos políticos, la moral de sus afiliados bonafide y la utilidad democrática de estos eventos. Por esta razón rechazamos cualquier discusión erigida en una inferencia de que tales votos le favorecieron.

Tampoco tiene razón el recurrente en su planteamiento respecto a que la Junta aceptó tardíamente la candidatura del recurrido Santos. Ciertamente, la Ley Electoral y el regla-mento del P.P.D. () prescribe que todo candidato a primarias debe radicar las peticiones de endoso requeridas en o antes del “mediodía del 31 de marzo” del año eleccionario. Sin embargo, veamos si en este caso se cumplió con el espíritu de la ley. La primaria interna se celebró el 2 de diciembre de 1979. Santos las impugnó ante la Comisión de Querellas Sobre Calificación de Candidatos del P.P.D. Ésta celebró vistas públicas los días 20 y 28 de febrero y 4 de marzo de 1980, y en 7 de marzo emitió Resolución. El 18 de marzo Santos apeló ante la Junta de Gobierno de dicho Partido, la cual en 26 de marzo de 1980 proveyó no ha lugar al recurso. En 27 de marzo de 1980 radica escrito ante la Junta Revisora Electoral la cual celebró vistas los días 7, 9 y 17 de abril y emitió el 9 de mayo de 1980 su fallo. Santos radicó sus peticiones de endoso el 12 de mayo de 1980.

Ante el imperativo circunstancial presente en el caso de autos, y mientras estuvo pendiente de adjudicación esta controversia ante el foro primario, el término señalado en la ley debe considerarse como susceptible de ser ampliado como parte del fiel cumplimiento y mandato en ejecución del dictamen de la Junta Revisora Electoral. Cf. P.N.P. v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 288 (1976).

Por estimar que la Resolución de la Junta representa una apreciación táctica correcta, es razonable y se ajusta a derecho, nos abstendríamos de revocarla.

      () La medida (test) consagrada in fine en el Art. 6.014 de la Ley, en el sentido de que una impugnación sólo prosperará si se demuestra que las irregularidades son de “tal naturaleza, que de probarse, bastarían para cambiar el resultado de la elección”, recoge un enfoque cuantitativo y cualitativo.

      (2) Art. 4.009 de la Ley y la Regla 9(f) del Reglamento Para las Primarias de 1980.


author: Juez Presidente, Señor Trías Monge,

text:
    Iglesia de Dios Primitiva, Inc., demandante y recurrida, v. Faustino Delgado Tabales, et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-80-85

      Resuelto: 21 de mayo de 1980

      José Davison Lampón, Jorge Meléndez Vela y Diana A. deArbona, abogados de los recurrentes; la parte recurrida no compareció.
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1980

A la solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Señor Secretario. El Juez Presidente Señor Trías Monge emitió voto disidente, al cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—0-

Voto disidente del

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

sobre denegatoria de solicitud de revisión, a la cual se unen los Jueces Asociados, Señores Rigau y Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1980

Disiento respetuosamente de la denegación del auto de revisión solicitado. Las cuestiones que este caso plantea son de carácter novel en Puerto Rico. El Tribunal debe expresarse sobre ellas.

La demandante recurrida, la Iglesia de Dios Primitiva, Inc., es una corporación doméstica de fines no pecuniarios organizada en 1947 con el propósito de predicar el evangelio. Posee templos en varios lugares del país. El señor Natalio Reyes ha sido su presidente desde el comienzo.

Para 1971, por razón del traslado de un pastor, los demandados recurrentes y otros seguidores comenzaron a predicar el evangelio por cuenta propia. En enero de 1972 organizaron otra iglesia. Poco más tarde las partes intentaron reconciliarse. Acordaron que determinados miembros de ambos grupos compondrían el gobierno legal de la misión. Se incumplió el acuerdo; el motivo está en disputa. La recurrida demandó para recobrar los bienes muebles o inmuebles en manos de los recurrentes. Los recurrentes impugnan la sentencia en que se ordena la devolución. Sostienen que los pretendidos funcionarios de la recurrida infringieron la constitución y el reglamento de la Iglesia de Dios Primitiva, Inc., ya que sus actuaciones no fueron refrendadas por los organismos eclesiásticos correspondientes, y que la corte de instancia violó la See. 3 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado al adjudicar los bienes.

El caso plantea diversas interrogantes. El examen de la constitución de la iglesia revela que su organización no es de índole jerárquica o episcopal, como ocurre con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por ejemplo, sino de natu-raleza capitular o congregacional, o sea, su órgano máximo de gobierno, cuando éste está definido, usualmente es la conferencia, capítulo o congregación de la totalidad de sus miembros. Desde Watson v. Jones, 80 U.S. 679 (1871), hasta nuestros días — véase Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivojevich, 426 U.S. 696 (1976) — esta distinción se ha considerado de importancia para resolver diferentes asuntos concernientes a la relación entre la Iglesia y el Estado. La primera cuestión que suscita la actual controversia es esta-blecer si tal distinción rige en Puerto Rico y, de regir, cuáles son sus efectos.

En segundo término, este pleito envuelve el problema de determinar hasta qué punto es lícita la intervención del Estado en disputas entre grupos religiosos sobre la adjudi-cación de bienes en circunstancias como las presentes. Véanse Bouldin v. Alexander, 82 U.S. 131 (1872), y Kedroff v. Saint Nicholas Cathedral, 344 U.S. 94 (1952).

En tercer lugar, debemos pautar nuestro derecho respecto al grado, si alguno, en que los tribunales pueden inquirir sobre si las autoridades eclesiásticas han incumplido las reglas de su propia orden. Véase Comment, Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivojevich: the Continuing Crusade for Separation of Church and State, 18 Wm. & Mary L. Rev. 655 (1977). La determinaciones de hechos del tribunal de instan-cia sobre este vital aspecto son de naturaleza general y los recurrentes las refutan parcialmente con documentos. La expedición del auto tiene la ventaja adicional de permitir aclarar el expediente. Aun de aceptarse que no ocurrió violación alguna a la constitución y el reglamento de la iglesia es importante exponer las razones que motivaron en tal caso la resolución del Tribunal.

Debemos señalar, por último que en Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979), expresamente reser-vamos la posición del Tribunal sobre Watson, Kedroff y Bouldin. Debemos exponerla ahora.

Por todo lo anterior expediría el auto.


text:
    Ada Ángeles León Rosario, como madre con patria potestad sobre su hija menor Carmen B. León, demandante y recurrente, v. Ángel Luis Torres, demandado y recurrido.

      Número: R-78-122

      Resuelto: 22 de mayo de 1980

      William Núñez Colón, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado de la recurrente; el recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

¿Pueden nuestros tribunales requerir de un funcionario de un estado de Estados Unidos que haga constar en su registro demográfico la filiación paterna de una niña nacida e inscrita allá, hija de padres puertorriqueños? En su defecto, ¿procede la inscripción del nacimiento de la niña aquí? Confirmamos en este recurso sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que resolvió ambas cuestiones en la negativa. No se violó con ello las disposiciones de nuestra Constitución sobre discrimen por razón de nacimiento y sobre igual protección de las leyes.

l — l

Ada Ángeles León Rosario, aquí recurrente, instó de-manda de filiación contra el aquí recurrido Ángel Luis Torres, en interés de una niña a que dio a luz en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, el 17 de enero de 1975. No hay controversia entre las partes en cuanto a las alegaciones y los hechos. Los padres de la niña, ambos puertorriqueños, convivieron maritalmente por espacio de cuatro meses en Guaynabo, donde fijaron su residencia. Al cabo de ese breve término se separaron. Ella quedó embarazada y se trasladó temporeramente a Boston, donde dio a luz a la niña, siendo inscrita en el correspondiente registro de nacimientos. No se hizo constar el nombre del padre. Éste viajó a Boston para reconocer a la niña y que se le hiciera figurar como su padre en el mencionado registro, pero no le fue concedido. Las leyes del estado de Massachusetts no permitían entonces que se indicara el nombre del padre a menos que éste se casara con la madre.

La niña y sus padres están domiciliados en Puerto Rico. El padre ha continuado dándole la consideración de hija y contribuyendo a su sustento con una pensión semanal. Ésta es la situación al presentarse la demanda.

Al declararse con lugar la demanda de filiación, se declaró sin jurisdicción el tribunal para ordenar la inserción del nombre del demandado como padre de la niña en el acta de su nacimiento obrante en Boston, y concluyó, además, el tribunal que no procede su inscripción en el Registro Demográfico de su domicilio en Puerto Rico. A petición de la demandante, expedimos auto de revisión. Plantea, además, el recurso que debió disponerse en la sentencia una pensión alimenticia para la niña. Examinaremos las tres cuestiones separadamente.

p — H I — (

En cuanto a la primera cuestión, cabe señalar como nota introductoria que, no obstante haber nacido la niña en el estado de Massachusetts, su filiación se determina con arreglo a nuestras leyes. Art. 9, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 9. Véanse Martínez v. Vda. de Martínez, 88 D.P.R. 443, 450-452 (1962) y Lebrón Cruz v. Sucn. Yapor Elias, 90 D.P.R. 266, 270-273 (1964). Además, el nacimiento de la niña en Massachusetts fue un mero accidente. Tanto por la ciudadanía () de la madre como por el domicilio de la niña, ésta es ciudadana del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La decisión de nuestros tribunales en cuanto determinan la filiación de la niña no tiene más alcance, sin embargo, que el reconocimiento del hecho de la filiación más los derechos, obligaciones y demás efectos legales que tal hecho implica de acuerdo con nuestras leyes. Carecemos de autoridad para obligar a un funcionario de un estado de la Unión norteamericana para que realice un acto oficial regulado por las leyes de dicho estado.

La recurrente plantea que es aplicable la cláusula sobre entera fe y crédito de la Constitución federal, Art. IV, Sec. 1. No es éste el foro para hacer ese planteamiento puesto que no nos confrontamos con una decisión judicial de otro estado que deba hacerse cumplir aquí o cuyo acatamiento deba surtir algún efecto aquí. ()

h — !

Veamos el segundo aspecto del planteamiento de la recurrente, esto es, si procede ordenar que se inscriba en Puerto Rico el nacimiento de la niña.

La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 1041 y ss., crea un Registro General Demográfico, establecido en la División de Registro Demográfico o Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico, que “tendrá a su cargo todo lo concerniente a la inscripción de nacimientos, casamientos y defunciones que ocurran o se celebren en Puerto Rico”. Art. 3 de dicha ley, 24 L.P.R.A. see. 1071. (Énfasis suplido.) Más adelante, en su Art. 31, 24 L.P.R.A. see. 1231, repite la ley la misma disposición limitativa al prescribir: “el Secretario de Salud preparará, hará imprimir y facilitará a los encargados de registros todos los libros, impresos y formas que han de usarse para inscribir los nacimientos, casamientos y defunciones que ocurran o se celebren en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o que fueren necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley,...”. (Énfasis nuestro.)

Cuando el Legislador ha querido permitir que se inscri-ban en el Registro Demográfico acontecimientos ocurridos fuera de Puerto Rico, lo ha indicado expresamente y con claridad en dicha Ley. Así, ha dispuesto para la inscripción de defunciones ocurridas en un barco o avión en travesía, o en el caso de ausentes, 24 L.P.R.A. sec. 1001; la inscripción de nacimientos ocurridos en un barco o avión durante su travesía, 24 L.P.R.A. see. 1131; la anotación de divorcios o anulaciones de matrimonios decretados fuera de Puerto Rico, de personas cuyos matrimonios se hubieren celebrado en Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 1168; y la inscripción de adopciones realizadas fuera de Puerto Rico de personas nacidas aquí, y las realizadas aquí de personas nacidas fuera, 24 L.P.R.A. sees. 1138 y 1139. Para este último caso la ley ha establecido un registro especial, 24 L.P.R.A. see. 1139.

El Reglamento del Registro Demográfico sigue las pautas establecidas por la ley, en términos aún más específicos y restrictivos. A tales fines dispone:

“En el Registro Demográfico de Puerto Rico y en los registros locales deberán ser inscritos:
(1)Los nacimientos ocurridos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
.” 24 R.&R.P.R. sec. 1071-1.
“Podrán ser inscritos a petición de los interesados:
(1) Los nacimientos ocurridos en el mar si los padres o alguno de ellos fuere residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
.” 24 R.&R.P.R. sec. 1071-2.
“Se anotarán también, tanto en el registro general como en los registros locales:
(1).
(2) Las adopciones
(3).
(4).” 24 R.&R.P.R. sec. 1071-3.

Al enmendarse por la Ley Núm. 1 de 23 de febrero de 1978 varios artículos de la ley del Registro Demográfico relativos al registro de muertes y nacimientos que ocurran en barcos y aviones mientras se encuentren navegando y a la inscripción de muertes en casos de ausentes, específicamente hizo constar el legislador en la exposición de motivos de dicha ley su propósito de “[evitar] en gran medida el fraude de registrar nacimientos que no han ocurrido en Puerto Rico”. Véase Servicio Legislativo de Puerto Rico, Vol. 16, Núm. 1, pág. 3.

Ante tan tajante expresión de la intención legislativa, y las claras disposiciones de la Ley y del Reglamento a que hemos hecho referencia es inescapable la conclusión de que las excepciones consignadas en la ley son de restrictiva interpretación. No hay lugar en este esquema legislativo para una interpretación liberal en cuanto a los hechos vitales que son inscribibles.

La Ley del Registro Demográfico, en consecución de nuestras leyes y nuestra política pública, provee para la inscripción de la legitimación o reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Veamos.

“En casos de legitimación, si el nacimiento hubiera sido previa-mente inscrito, la inscripción de tal nacimiento se sustituirá por otra en que conste el nuevo estado jurídico del inscrito como hijo legítimo.” 24 L.P.R.A. see. 1134.

“... Disponiéndose, sin embargo, que cuando el reconocimiento de un hijo natural se hiciere en documento público o en una declaración jurada bastará la presentación de dicho documento o declaración para que el encargado del Registro Demográfico proceda a inscribir el mismo, y a ese efecto, se llenará el correspon-diente certificado de inscripción; Disponiéndose, además, que en caso de que el nacimiento de tal hijo hubiera sido previamente inscrito se llevará al certificado los datos adicionales que resulten de tal reconocimiento....” 24 L.P.R.A. see. 1231.

Como complemento, la Ley Núm. 42 de 1ro de mayo de 1945, en su Art. 1, dispone:

“En todo caso de legitimación o de reconocimiento de hijo natural será obligación del encargado del Registro Demográfico proceder a hacer los asientos, anotaciones o inscripciones correspon-dientes en las inscripciones de las personas que resultan afectadas por tal legitimación o reconocimiento.”

No creemos que estas disposiciones, por sí solas, apoyen la inscripción de un nacimiento ocurrido fuera de Puerto Rico. Éstas no se pueden abstraer de sus medios, de la ley a la que pertenecen, y la Ley de Registro Demográfico sólo permite la inscripción de nacimientos ocurridos fuera de Puerto Rico cuando se dan ciertas circunstancias a que hemos hecho referencia, que no están presentes en el caso de autos.

Por otro lado, el propósito de estas disposiciones es impedir que en el Registro Demográfico se consagren iniqui-dades que han sido abandonadas por nuestro Derecho vigente. En el caso de autos nuestra interpretación no contraviene ese propósito. La niña no nació aquí y no estando inscrita en nuestro Registro Demográfico, no está plasmada en dicho Registro su condición anterior de hija natural. Al no poder ser inscrita aquí, no se le está negando derecho alguno.

Señala la recurrente que negar la inscripción de su hij a en Puerto Rico es contrario a la disposición constitucional de nuestra Carta de Derechos que prohíbe todo discrimen por motivo de nacimiento u origen. Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 1. Discrepamos. La sentencia recurrida le reconoce a la niña su condición de hija del demandado, con todos los derechos a ello inherentes. La imposibilidad de su inscripción no se debe a su condición, sino al lugar de su nacimiento. No puede haber discrimen alguno porque no se admita a inscripción como nacido aquí a quien nació en otro lugar.

Argumenta también la recurrente que negar la inscrip-ción del nacimiento de su hija en Puerto Rico viola la cláusula de igual protección de las leyes. Constitución, Art. II, Sec. 7. Dice que con ello se crea una clasificación irrazonable pues se permite la inscripción de la filiación de personas nacidas aquí, la inscripción de personas adoptadas aquí pero nacidas fuera, y la de adopciones celebradas en otros países de personas nacidas aquí, pero se niega la inscripción de la filiación a puertorriqueños que no han nacido en Puerto Rico

y cuya condición de hijos se basa en nuestro sistema de Derecho.

Se pueden identificar actualmente tres criterios en el análisis constitucional de la igual protección de las leyes: el tradicional mínimo o de nexo racional; el de escrutinio estricto o del examen minucioso; y el intermedio, de reciente surgimiento. Véanse Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277-278 (1975); Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976); Tribe, American Constitutional Law, The Foundation Press, N.Y., 1978, secs. 16-2, 16-6, 16-30; Bice, Standards for Judicial Review Under the Equal Protection and Due Process Clauses, 50 So. Cal. L. Rev. 689 (1977).

El criterio del escrutinio estricto es generalmente empleado cuando una ley establece una clasificación inherentemente sospechosa o cuando afecta derechos fundamentales. Zachry International, supra; Tribe, supra, sec. 16-6. En Wackenhut Corp. v. Rodriguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972), señalamos que están sujetas a un minucioso examen judicial, por considerarse inherentemente sospechosas, todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley. () Caen bajo esta categoría las clasificaciones o discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y nacionalidad. Wackenhut Corp., supra. En el caso de autos no hay una clasificación inherentemente sospechosa. La Ley del Registro Demográfico no se basa en los criterios señalados en Wackenhut, supra, para determinar cuáles hechos vitales son inscribibles y cuáles no. El criterio del lugar geográfico del nacimiento para fines de una inscripción demográfica en nada atenta contra la dignidad humana y la igualdad ante la ley.

La exclusión de la inscripción en el caso de autos tampoco obedece a una clasificación que afecta impermisiblemente un derecho o interés fundamental. Aquí no se le ha afectado derecho fundamental alguno a la menor, puesto que ha sido declarada hija del demandado. No se le ha negado la filiación por el hecho de que haya nacido en otra jurisdicción. No se niega a la niña derecho fundamental alguno protegido por nuestra Carta de Derechos o por la Constitución federal. ()

Se reconoce la existencia de un tercer criterio de análisis constitucional en la esfera de la igual protección de las leyes, conocido como el criterio intermedio. Note, Equal Protection and the “Middle Tier”: The Impact on Women and Illegiti-mates, 54 Notre Dame Lawyer, 303, 317 (1978); Tribe, supra, sec. 16-30; Bice, supra, págs. 698, 699, 702-707. Las circuns-tancias que motivan el empleo del análisis intermedio son la presencia de intereses individuales importantes, aunque no sean necesariamente fundamentales, y el uso de criterios sensitivos de clasificación, aunque no sean necesariamente sospechosos. Tribe, supra, sec. 16-31. Así, por vía de ejemplo, en Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976), y en Orr v. Orr, 440 U.S. 268 (1978), estaba presente una clasificación basada en el sexo; en Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645 (1972), y en Caban v. Mohammed, 441 U.S. 380 (1979), las respectivas leyes estatales vulneraban el interés de padres solteros sobre sus hijos; y en Trimble v. Gordon, 430 U.S. 762 (1977), la ley estatal contenía una clasificación a base del nacimiento y, además, se privaba al hijo ilegítimo de su participación en la sucesión intestada paterna. Evidentemente el caso de autos no presenta una interferencia con intereses individuales de la magnitud de la que había en los casos citados. El uso del criterio intermedio en el caso de autos tampoco está justificado.

Consideramos aplicable al caso de autos el criterio mínimo o de nexo racional. Éste requiere que la clasificación legislativa tenga una relación racional con un fin gubernamental legítimo. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S 438 (1972); San Antonio Independent School District v. Rodríguez, 411 U.S. 1, 55 (1973); Tribe, supra, sec. 16-2; Bice, supra, págs. 689, 698 (1977).

Surge del esquema legislativo que el propósito de la Ley del Registro Demográfico es conservar un registro de los hechos vitales que ocurran en Puerto Rico. Nada hay de ilegítimo en cuanto a ese fin. Se cumple el mismo al obligar la inscripción de los nacimientos ocurridos en Puerto Rico y excluir de inscripción aquellos que ocurran fuera. Permitir la inscripción de adopciones en las dos modalidades contempladas por la ley tampoco carece de racionalidad. Las disposiciones sobre adopción en la Ley del Registro Demográfico complementan las enmiendas sobre adopción en el Código Civil y su propósito es considerar para todos los efectos como hijos legítimos a los hijos adoptivos. Diario de Sesiones, Vol. II, T. II y IV, págs. 1289 y 2373 respectivamente. Nuestro Derecho positivo equipara al hijo adoptado con el hijo biológico, 31 L.P.R.A. sees. 533,534. Para nuestro Derecho, la adopción crea entre el adoptado y el adoptante la misma situación que la filiación por nacimiento, e iguala la adopción “a la condición natural del ser humano”. Ex parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 558 (1976); Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 332 (1975). Nuestro Derecho, por tanto, considera la adopción como si fuera un nacimiento, y ya hemos visto que los nacimientos constituyen hechos vitales. En tanto en cuanto la Ley del Registro Demográfico permite la inscrip-ción de adopciones, cumple con su propósito de mantener ur registro de hechos vitales. En ello reside su racionalidad.

En nada afecta a este nexo racional el que se inscriban las adopciones que aquí se realicen y que afecten a personas nacidas en el extranjero, y la inscripción de aquellas adopciones que se realicen fuera de Puerto Rico y que conciernan a personas nacidas aquí. En cuanto a las primeras, éstas se consideran como un nacimiento ocurrido en Puerto Rico. En cuanto a las segundas, es necesario que se hagan constar porque la adopción es un hecho transcendental que rompe todo nexo del adoptado con sus padres biológicos. 31 L.P.R.A. see. 534.

Excluir de la inscripción en el Registro Demográfico a filiaciones ocurridas en Puerto Rico que conciernan naci-mientos ocurridos fuera de la isla y previamente inscritos en el exterior cumple con el propósito de la ley examinada. La ley considera a semejante nacimiento como un hecho vital que no ocurre en Puerto Rico y como tal, no es inscribible. Nada dispone la Ley del Registro Demográfico en cuanto a la inscripción de filiaciones que afecten a nacidos fuera de Puerto Rico. Incluirla en el esquema legislativo sería legislar judicialmente.

Concluimos, a la luz de estas consideraciones, que la Ley del Registro Demográfico no viola nuestra cláusula constitucional de igual protección de las leyes al no permitir la inscripción de un nacimiento en casos como el de autos.

> HH

El planteamiento sobre provisión alimenticia es improcedente. La recurrente alegó en su demanda que el recurrido ha provisto para la niña “y provee actualmente la cantidad de $20.00 semanales en concepto de pensión alimenticia”. (Párr. 6 de la demanda.) No solicitó aumento de dicha pensión. La sentencia recurrida reconoció como un hecho (determinación núm. 10), que: “El demandado está contribu-yendo a tono con sus recursos al sostenimiento de la menor.. Es al solicitar reconsideración de la sentencia cuando por primera vez la recurrente planteó que se impusiera al demandado el pago de una pensión alimenticia. No había que hacerlo. No hay por qué ordenar a una persona que haga lo que ya está haciendo. Su obligación de proveer para el sustento de la niña conforme a sus recursos y a las necesidades de ella no se planteó en las alegaciones ni se ha afectado por la sentencia. La recurrente cuenta con medios efectivos en Derecho para obligar al recurrido a descargar su obligación alimenticia si éste faltase a ello.

Se dictará sentencia que confirme la dictada por el Tribunal Superior aquí recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión.

      (1) Usamos el término “ciudadanía” en el contexto de nuestra relación con los Estados Unidos de América y no en el sentido internacional. Véase el Art. 5a de la Ley de Relaciones Federales. 1 L.P.R.A., Vol. 1 (ed. 1965), pág. 198.

      (2) Para la fecha del nacimiento de la niña el estatuto de Massachusetts sobre inscripción de nacimientos expresamente prohibía que en casos como el de autos se hiciera constar el nombre y circunstancias del padre. Dicho estatuto fue enmendado por Ley Núm. 5 de mayo de 1977 para permitirlo, como excepción, si ambos padres lo solicitan por escrito. Dice ahora: “...In the record of birth of an illegitimate child, the name of and other facts relating to the father shall not be recorded except on the written request of both father and mother." Massachusetts General Laws Annotated, T. 5A, Cap. 46, sec. 1, suplemento para 1979. La enmienda de 1977 consistió en eliminar el punto que había después de “recorded” y adicionar desde “except" en adelante.

      (2) Para un examen de los criterios que el Tribunal Supremo federal ha empleado para reconocer como sospechosa una clasificación, véase Notes of Interests, Fundamental and Compelling; The Emerging Constitutional Balance, 57 Boston U. L. Rev. 462,470-475 (1977). El Tribunal Supremo federal se ha expresado en cuanto a las características de una clasificación sospechosa en San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 28 (1973), y Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 672, 684-688 (1973). Estos criterios, sin embargo, no han sido aplicados consecuentemente. Wilkinson, The Supreme Court, the Equal Protection Clause, and the Three Faces of Constitutional Equality, 61 Va. L. Rev. 945, 978-983 (1975).

      (4) El Tribunal Supremo federal ha declarado que derechos constitucionales sustantivos sólo son aquellos que gozan de garantía expresa o implícita en alguna disposición constitucional. San Antonio v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 33 (1973). La jurisprudencia del tribunal federal más alto ha protegido a través de la igual protección de las leyes los siguientes derechos fundamentales: el derecho a viajar interestatalmente (Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969)); el derecho al voto (Reynold v. Sims, 377 U.S. 533 (1964); Harper v. Virginia Board of Elections, 383 U.S. 663 (1966)); el derecho a contraer matrimonio (Zablocki v. Redhail, 434 U.S. 374 (1978); Loving v. Virginia, 388 U.S. 1, 11-12 (1967)); el derecho al igual acceso a las cortes (Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12 (1956); Douglas v. California, 372 U.S. 353 (1963); Anders v. California, 386 U.S. 738 (1967)); y el derecho a la procreación (Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942)).