author: Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ismael Silva Viñas, acusado y apelante.

      Número: CR-88-38

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      José M. Sagardía Pérez, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Procuradora General Interina, Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogadas de el Pueblo.
   SENTENCIA

HH

El Ministerio Público acusó a Ismael Silva Viñas de ho-micidio, tentativa de homicidio (dos (2) cargos), e infracción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 418. Excepto la infracción al referido Art. 8, el Jurado lo absolvió de los restantes. El tribunal (Hon. Ygrí Rivera de Martínez, Juez) lo sentenció a cumplir de tres (3) a siete (7) años de reclusión.

Inconforme, en apelación, como único señalamiento dis-cute que el tribunal sentenciador omitió “instruir al jurado sobre portación incidental de un arma como eximente de responsabilidad”. Memorando, pág. 1.

Los párrafos siguientes sintetizan adecuadamente su contención y razonamiento:

De entrada, hay que señalar como hecho que no está en contro-versia el que el apelante portó en sus manos un revólver. Tam-poco hay controversia sobre el hecho de que esa arma la botó el apelante inmediatamente después de los hechos en un lugar que le fue comunicado a la policía esa misma noche en el Centro Médico. La controversia gira en torno a si ese revólver era uno del apelante o era el arma de Tulio Figueroa, padre, que llegó a manos del apelante en la discusión y forcejeo que se ha descrito anteriormente.
Esa controversia que acabamos de mencionar es una cuestión de hechos que le correspondía dirimir al jurado. Pero, por su-puesto, su función de adjudicar este asunto tenía que llevarla a cabo dentro del marco legal correcto y habiendo recibido las instrucciones procedentes en derecho. Si las instrucciones que se le ofrecen no son completas, aunque las que se le hayan ofrecido sean correctas, la OMISION vicia todo el proceso de adjudicar la controversia. (Énfasis suplido.) Memorando, págs. 5-6.

Adjudicar el planteamiento requiere una referencia mí-nima a la prueba desfilada al respecto. Veamos.

Ángel Silva Viñas, de sesenta y tres (63) años, hermano del apelante Silva Viñas, declaró que el 7 de junio de 1970, alrededor de las 11:00 p.m., se detuvieron a darse unas cer-vezas en el Bar Restaurant Figueroa en la Avenida La Palma en Santurce. Permanecieron aproximadamente media hora.

Fuera del negocio hubo una discusión entre el dueño del establecimiento, Tulio Figueroa, y su hermano, Ismael, por un vaso de cristal que éste insistía en llevarse. Oyó unas detonaciones, salió y vio a Figueroa en el piso y a su guar-daespalda, Pablo Castro Ramos, disparándole a Ismael desde la parte trasera de un auto; éste, a su vez, le dispa-raba al guardaespalda desde el otro extremo. No sabe el tipo de armas usado. Se marchó del lugar.

Noemí Arroyo Diez, joven de quince (15) años, trabajaba en el Bar. Declaró que hubo una discusión por un vaso entre el dueño del negocio e Ismael. Mientras se encon-traba fuera dentro de un auto —ya estaban cerrando él negocio— oyó unos disparos, se tiró al piso y no vio lo ocurrido. Luego de oir varios disparos, bajó del auto y vio a Tulio y a Pablo heridos.

Cuando se montaron todos en el vehículo, ella preguntó qué había ocurrido y Tulio, hijo le explicó que debido a la discusión por el vaso, el apelante Silva Viñas le había dis-parado a su padre, a Pablo y a él. Fueron al Dispensario de la Parada 19 y luego al Centro Médico. Allí se enteró que Tulio Figueroa había muerto. A la fecha de los hechos era novia de Tulio, hijo. Estuvieron juntos esa noche, en la fu-neraria y durante el entierro. Prestó declaración jurada y afirmó lo que Tulio, hijo le indicó que dijera. Confrontada con la declaración, manifestó que esa noche no había visto nada; la verdad únicamente era que Tulio Figueroa estaba herido.

Vilma Soto Torres era la cajera del negocio. Atestó que alrededor de las 11:00 p.m. Tulio la mandó a cuadrar la caja. Mandó a las muchachas a que se fueran al auto para llevarlas a sus casas. Cuadró y se dirigió al auto que estaba en la otra esquina. El apelante Silva Viñas y el dueño per-manecieron tranquilos en el negocio. Al regresar, la señora Soto Torres oyó la discusión. Tulio Figueroa le arrebató el vaso a Ismael y la testigo corrió. Oyó unas detonaciones; vio a los heridos y luego se marchó a su casa.

Añadió que Tulio Figueroa había bebido mucho y le dijo a Ismael que si se llevaba el vaso “ese sería su error”. Se llevó la mano a la cintura donde siempre tenía un arma. En esos momentos Tulio, hijo y Pablo Castro se encontra-ban dentro del negocio. No vio a nadie con armas, sólo oyó las detonaciones.

Pablo Castro Ramos, luchador profesional, trabajaba en el Bar para mantener el orden. Declaró que el apelante Silva Viñas iba casi diariamente al negocio. Ese día tenía un trago en la mano. Tulio Figueroa le pidió que lo dejara y aquél le contestó que aún no había terminado, por lo que se lo iba a llevar. Tulio Figueroa le dijo que “si lo haces te sale caro”. No prestó mucha atención, pues pensó que estaba bromeando, ya que las relaciones entre ambos eran buenas.

Mientras Figueroa e Ismael estaban fuera del negocio, Castro Ramos oyó unas detonaciones. Tomó el arma que estaba en el negocio y salió a pelear. Vio a Tulio Figueroa y a su hijo heridos en el piso. El apelante Silva Viñas le disparó cuando salió y él contestó. Dieron vueltas alrede-dor de un auto y se dispararon nuevamente. El apelante Silva Viñas lo hirió en el hombro izquierdo y logró huir. Trató, pero no pudo alcanzarlo. Regresó y llevó a los heri-dos al dispensario.

En el contrainterrogatorio aclaró que él disparó primero. Cuando el Fiscal le preguntó nuevamente señaló que al salir del negocio disparó y que ambos disparos se produjeron a la vez.

Al recoger a Tulio Figueroa, éste no estaba armado. Tampoco su hijo Tulio, quien sólo tenía unos candados en las manos. Señaló que Tulio Figueroa estaba siempre ar-mado y que no pudo observar diferencia entre el arma —que no pudo describir— que tenía el apelante Ismael y la de Tulio Figueroa. No vio a nadie más con armas de fuego fuera del negocio.

Manifestó que al recoger a Tulio Figueroa para llevarlo al hospital no lo registró para saber si tenía o no su arma. No vio el arma en ningún momento. Dentro del negocio no vio que Ismael tuviera un arma, únicamente lo vio con el arma cuando salió del negocio.

Declaró que Tulio Figueroa tenía dos (2) armas: una en el mostrador del negocio y otra que siempre portaba. El usó la que estaba en el mostrador. En cuanto al arma que vio usó el apelante Ismael, Castro Ramos dijo que podía ser igual a la que Tulio Figueroa portaba, pero no podía ase-gurarlo: era un revólver, no una pistola.

Castro Ramos atestó que al perseguir a Ismael, éste botó el arma. Lo informó a la policía y no sabe si la buscaron. No se detuvo a recogerla, pues quería poner atención a los heridos. Describió el arma que portó el ape-lante Silva Viñas como un revólver negro, cañón largo; no puede precisar el calibre. Añadió que el arma que él utilizó era de cañón corto.

El Dr. Rafael Criado practicó la autopsia al cadáver de Tulio Figueroa. Atestó que la causa de la muerte fue una herida de bala. Entregó un proyectil calibre 38 que encon-tró en el cuerpo para hacer el examen balístico. El por ciento de alcohol en la sangre fue de veinticuatro por ciento (24%) y añadió que se trataba de un alcohólico crónico, con cirrosis del hígado y hepatitis alcohólica.

Tulio, hijo atestó que tenía diecinueve (19) años para la fecha de los hechos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 p.m., cuando se disponían a cerrar el negocio. Las muchachas habían salido hacia el carro de su padre, quien las transportaba a sus casas. Estaba fuera del negocio con él y éste discutía con el apelante Ismael sobre un vaso de cristal que insistía en llevarse.

Vio al apelante Silva Viñas extraer un arma, recibió un balazo y se desplomó al piso. Cuando estuvieron dentro del negocio, observó que el apelante Ismael tenía un bulto en el bolsillo y vio “como la culata de un revólver”. No se lo informó a su padre. Cuando volvió a verlo, forcejeando con su padre, tenía un arma en las manos. No vio que su padre tuviera un arma en la mano. Hubo dos (2) disparos, trans-currieron unos segundos y su padre se desplomó. Luego oyó más disparos.

Luego los recogieron para llevarlos al hospital. Fue lle-vado al dispensario y su padre al Centro Médico. Durante el trayecto al dispensario le contó a su novia Noemí lo ocurrido. Reiteró que mientras su padre forcejeaba no te-nía arma alguna en la mano. El apelante Silva Viñas tenía una obscura y pequeña. Aunque su padre había bebido es-taba tranquilo, jocoso. Al oir la discusión y ver que el ape-lante Silva Viñas sacó el arma, fue a defender a su padre. Agredió al apelante Silva Viñas con los candados que tenía en la mano. Silva Viñas le disparó y luego le disparó a su padre, Tulio Figueroa. Ambos cayeron a una distancia de dos (2) a tres (3) pies.

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Coincidimos con el apelante Silva Viñas que la prueba expuesta justificaba que se impartieran al Jurado instruc-ciones sobre portación incidental de un arma de fuego, tal y como fueron solicitadas. Pueblo v. Rivera Márquez, 96 D.P.R. 758 (1968).

Ciertamente, en el caso de autos, la prueba de cargo demostró que Silva Viñas portó y poseyó el arma que uti-lizó para privar de su vida a otro ser humano y dispararle a dos (2) personas más. Así lo admite. Sin embargo, la prueba no fue del todo clara en cuanto al momento en que Silva Viñas advino en posesión del arma y si usó la de la víctima u otra arma.

Los hechos fueron fluidos y acaecieron rápidamente, tal y como ocurrió en Pueblo v. Mojica Márquez, 108 D.P.R. 102, 104 (1978), cuando detectamos “una posesión incidental al ejercicio de una legítima defensa propia”. Debió el tribunal sentenciador impartir la instrucción al efecto para que el Jurado aquilatara y determinara ese extremo.

Finalmente, pesa en nuestro ánimo judicial que ese mismo Jurado lo absolvió del homicidio y los otros dos (2) cargos de tentativa de homicidio.

El error, por su naturaleza, tuvo un impacto perjudicial sustantivo y amerita que dictemos sentencia revocatoria.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

El Tribunal, mediante la sentencia mayoritaria que emite, correctamente resuelve que el tribunal de instancia erró al negarse a transmitirle a los señores del Jurado una instrucción respecto a la “ ‘portación incidental de un arma como eximente de responsabilidad’ ” (Sentencia, pág. 335); ello, llana y sencillamente, por razón de que la prueba pre-sentada justificaba —no importa lo débil que pudiera ser la misma— que se impartieran tales instrucciones a los seño-res del Jurado. Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989). Estamos conforme con dicha determinación.

Ahora bien, el Tribunal absuelve al apelante Silva Viñas. Ahí lo erróneo de la decisión hoy emitida. El no transmitir una instrucción, que en derecho procedía, a los señores del Jurado es un “error de derecho” que, aun cuando justifica la revocación de la sentencia, no impide la celebración de un nuevo juicio. Véanse: Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990); Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981); Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968); Pueblo v. Rivera Márquez, 96 D.P.R. 758 (1968); Pueblo v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181 (1961).

En consecuencia, lo procedente en derecho en el pre-sente caso lo es no sólo la revocación de la sentencia ape-lada, sino la devolución del caso al tribunal de instancia para la celebración de un nuevo juicio. Es por ello que, a pesar de que concurrimos con la revocación decretada, disentimos de la acción del Tribunal de absolver, en esta etapa apelativa, al apelante Silva Viñas.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Presidente Señor Andréu García.

license: Public Domain

text:
    Santiago Pueyo Dura et al., demandantes y recurridos, v. Motor Plan, Inc. et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-92-152

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Diego A. Ramos, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de los recurrentes; Jorge M. Suro Ballester y Efrén Irizarry Colón, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

En la demanda que ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, radicaron los demandantes recu-rridos —entre los cuales se incluía a una niña menor de edad— se reclamaron los daños y perjuicios que alegada-mente sufrieron éstos como consecuencia de la muerte de un familiar que se suicidó; producto la misma, supuesta-mente, del estado de depresión que alegadamente le causó un accidente de automóviles, del cual responsabilizaban los demandantes a la parte demandada recurrente Moto-rambar, Inc.

En adición a radicar la antes mencionada acción de da-ños y perjuicios, los demandantes radicaron una acción pa-ralela contra el fabricante del automóvil vendídole a ellos por Motorambar —Nissan Motors— ante la Corte de Dis-trito Federal para el Distrito de Puerto Rico, relativa la misma a los mismos hechos y “por los mismos daños”. El pleito federal se resolvió mediante transacción exclusiva-mente a favor de la menor codemandante; estipulación so-bre transacción que fue aprobada por la mencionada Corte Federal mediante sentencia a esos efectos.

Como condición de la referida transacción, los deman-dantes acordaron, y se comprometieron, a desistir con per-juicio del pleito radicado ante el foro local. A esos efectos, se radicó una moción, o estipulación, de desistimiento, con perjuicio, ante la Sala de Bayamón del Tribunal Superior.

Tres días más tarde, sin celebración de vista alguna, el tribunal de instancia procedió a dictar sentencia. En la misma, y en cuanto a la menor demandante, rechazó que el archivo decretado fuera con perjuicio; en consecuencia, y en cuanto a la referida menor de edad, dictó sentencia de-cretando el archivo del caso sin perjuicio.

Inconforme, la parte demandada recurrió ante este Tribunal en revisión de la referida sentencia. En el recurso que a esos efectos radicara, le imputó al foro de instancia haber errado al

... alterar sua sponte y sin oir a las partes una estipulación de desistimiento con perjuicio. Solicitud de revisión, pág. 3.

Mediante Resolución de 8 de mayo de 1992, le concedi-mos término a la parte demandante recurrida

... para mostrar causa por la cual este Tribunal no deba ex-pedir el auto y dictar Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, devol-viendo el caso al foro de instancia con instrucciones de que ce-lebre una vista —con la participación de la Procuradora de Familia— para determinar si el archivo del caso, en relación con la menor de edad envuelta en el mismo, debe ser o no con perjuicio. Resolución de 8 de mayo de 1992, pág. 1.

La parte demandante recurrida ha comparecido en cum-plimiento de la referida Resolución. En su comparecencia expresa, en síntesis, que su posición

... es que el planteamiento de derecho de la demandada-recurrente Motorambar, Inc. es técnicamente correcto. Sin embargo, los demandantes-recurridos no tienen objeción a que este Honorable Tribunal revoque la Sentencia del tribunal de instancia y ordene que se celebre una vista, con la participación de la Procuradora de Familia para determinar si el archivo del caso, en lo que respecta a la menor Melissa Thomashefsky Pueyo, deba ser o no con perjuicio. Escrito en cumplimiento de orden para mostrar causa al Honorable Tribunal, pág. 1.

Procede actuar según lo intimado en la orden emitida. Las disposiciones de la Regla 39.1(a)(1) y (2) de Procedi-miento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill) son claras. El tribunal, de ordinario, debe de respetar una estipulación, libre y voluntariamente hecha por las partes, desistiendo con perjuicio del caso. Ello, no obstante, únicamente en vista del hecho específico de que en el presente caso está envuelta una menor de edad y bajo el poder de parens pa-triae, procede que el tribunal celebre una vista con el fin de proteger, al máximo, los derechos de la referida menor. En la mencionada vista y a los fines antes mencionados, debe participar la Procuradora de Familia.

En consecuencia, se expide el auto de revisión solicitado y se dicta sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, devolvién-dose el caso a dicho foro para la celebración de la vista que por la presente se autoriza y ordena.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Andréu Gar-cía emitió voto disidente. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Opinión disidente del

Juez Presidente Señor Andréu García.

En el presente recurso, la corte de distrito federal, que tenía autoridad para ello y estaba obligada a aplicar el derecho puertorriqueño (por tratarse de un caso de diver-sidad de ciudadanía), aprobó la propuesta transacción en-tre los demandantes y Nissan Motors. Debemos presumir que dicho foro, al aprobar la transacción, entendió que la misma era beneficiosa para la menor codemandante. Pre-suntamente cumplió, entonces, con el Art. 1710 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4822, según interpretado en Cruz v. Central Pasto Viejo, Inc., 44 D.P, R, 367 (1933), y en In re Rivera Rivera, 86 D.P.R. 92 (1962).

En vista de lo anterior, no cabe aquí otra solución que la de modificar la sentencia recurrida y decretar la desesti-mación y archivo de la reclamación en este caso, con perjuicio. Ello es así porque, en virtud de la transacción aprobada por la corte de distrito federal, los demandantes se comprometieron a desistir con perjuicio del pleito pen-diente ante la Sala de Bayamón del Tribunal Superior. El tribunal de instancia venía obligado, al igual que nosotros, a dar entera fe y crédito a la sentencia dictada por la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico autori-zando dicha transacción. Art. IV, Sec. 1, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. Por tal motivo, el asunto se convirtió en cosa juzgada. Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297 (1987).

Disiento, pues, de la disposición que hoy hace este Tribunal del presente recurso.


text:
    Reglamento Relativo al Uso de Fondos del Colegio de Abogados de Puerto Rico Provenientes de Cuota y Venta de Estampillas

      Número: ER-92-2

      Resuelto: 30 de junio de 1992
   RESOLUCIÓN

I — f

En virtud de nuestro poder inherente para reglamentar la admisión y el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, el 25 de marzo de 1992 creamos un Comité Especial con la encomienda siguiente:

Someter para la consideración y estudio de este Tribunal, en o antes de sesenta (60) días, un proyecto de reglamento para delimitar el uso de las cuotas y las estampillas a favor del Co-legio de Abogados de Puerto Rico requeridas por la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, y la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, según enmendada, y para proveer un re-medio a los miembros de dicha institución para hacer valer los derechos según consignados en la Constitución del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico y en la Constitución de Estados Unidos. Véanse: Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 682 F. Supp. 674 (D.C. P.R. 1988), confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 917 F.2d 620 (1990).

Dicho Comité quedó compuesto por las personas si-guientes:

1. Ledo. José Alberto Morales, Presidente
2. Leda. Lady Alfonso de Cumpiano
3. Ledo. Pablo R. Cancio
4. Ledo. Gerardo Cario Altieri
5. Ledo. Waldemar Del Valle López
6. Ledo. Antonio García Padilla
7. Hon. Pedro López Oliver
8. Ledo. Genovevo Meléndez Carrucini
9. Ledo. Héctor Reichard de Cardona
10. Leda. Carmen Ana Rodríguez Maldonado
11. Ledo. Jorge Segarra Olivero

El 9 de junio el Comité Especial nos presentó un pro-yecto de reglas para el uso de las referidas cuotas. En su comunicación, el Comité describió así su metodología de trabajo y el proceso de consulta para pulsar y recoger las críticas y los diversos puntos de vista de los colegiados:

En el descargo de esta encomienda el Comité celebró cinco reuniones para la discusión de tres borradores y para la consi-deración de las reacciones recibidas de la consulta realizada. Dicha consulta consistió del envío por correo a cada abogado, de los cerca de 8,000 admitidos a la práctica de la profesión, una copia del anteproyecto de reglamento con la petición de que nos remitieran sus comentarios y sugerencias .... Como un esfuerzo dirigido a las partes más directamente interesadas, el Comité utilizó dos medidas. En la etapa de consulta de anteproyecto el Comité designó al Ledo. Genovevo Meléndez Carrucini para que se reuniera con el Ledo. Harry Anduze, abogado del Colegio de Abogados de Puerto Rico y al Ledo. Gerardo Cario para una reunión personal con los licenciados Robert E. Schneider y Héctor Ramos. Una vez incorporadas al anteproyecto de regla-mento el producto de la discusión del Comité respecto a las recomendaciones y comentarios recibidos en la consulta, remi-timos el miércoles, 3 de junio de 1992, la versión final para cualquier comentario o recomendación adicional y concedimos para ello hasta el mediodía del lunes, 8 de junio de 1992 a las personas siguientes: Ledo. Salvador Antonetti, Ledo. Robert E. Schneider, Ledo. Héctor R. Ramos, Ledo. Harry Anduze, Hon. Procuradora General, Ledo. Kenneth Colón, División de Liti-gios Federales del Departamento de Justicia y al Ledo. José M. Sagardía, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico

El Tribunal expresa su reconocimiento a los distingui-dos miembros del Comité Especial designado y al personal del Secretariado de la Conferencia Judicial por la labor de excelencia realizada y la prontitud con que completaron sus trabajos.

HH I — H

Con vista a los criterios contenidos, definiciones, trámi-tes y demás procesos, el Tribunal considera las reglas ade-cuadas y, efectivo el 1ro de julio de 1992 con sujeción a las modificaciones de rigor, adopta el reglamento que se acom-paña con esta resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

REGLAMENTO RELATIVO AL USO DE FONDOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO PROVENIENTES DE CUOTAS Y VENTA DE ESTAM-PILLAS

DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS

La colegiación compulsoria ha sido reconocida jurispru-dencialmente como un mecanismo que sirve para proteger los legítimos intereses de la abogacía puertorriqueña y ca-nalizar sus responsabilidades colectivas para con la sociedad. Sin embargo, ese carácter compulsorio tiene que estructurarse en forma compatible con los derechos de ex-presión de los abogados. Debe, por lo tanto, salvaguardar el derecho individual a disentir, a expresar libremente creencias y opiniones, y a no ser compelido a apoyar causas o posiciones distintas de las que responden a su conciencia individual.

De acuerdo con la normativa reconocida, este regla-mento establece el balance entre los distintivos propios de la colegiación compulsoria y los derechos de expresión individual de los colegiados.

Regla 1. Título y fundamento jurídico

Este reglamento se conocerá como Reglamento Relativo al Uso de Fondos del Colegio de Abogados de Puerto Rico Provenientes de Cuotas y Venta de Estampillas. Sé adopta en descargo del poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para reglamentar el ejercicio de la abogacía. Complementa la normativa rectora de las actividades del Colegio de Abogados de Puerto Rico conforme fija su ley orgánica, Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, según en-mendada, y cualquier otra legislación y jurisprudencia aplicable.

Regla 2. Actividades y gestiones del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico; apoyo económico de los cole-giados

(a) A los fines de este reglamento, las actividades y ges-tiones del Colegio de Abogados de Puerto Rico (Colegio de Abogados) se clasifican en dos (2) categorías:

(1) Primera categoría — aquellas que se refieren es-trictamente a la reglamentación y bienestar de la profesión y al mejoramiento de los servicios profesionales que se ofrecen en el país. Se considerarán dentro de esta categoría actividades destinadas a:

(A) mantener la entereza moral y profesional de los abogados;

(B) promover la competencia profesional de sus miembros para ofrecer una mejor asistencia legal a la ciu-dadanía;

(C) establecer programas para aumentar la dispo-nibilidad y accesibilidad de servicios legales a la población, y

(D) promover el funcionamiento eficaz de los tribunales.

Se ubicarán también en esta categoría todas aque-llas otras actividades de la misma naturaleza que redun-den en beneficio de toda la matrícula y aquellas necesarias para el funcionamiento administrativo de la institución.

(2) Segunda categoría — aquellas que responden a necesidades y reclamos de la comunidad en las que el Co-legio de Abogados de Puerto Rico asuma posturas de natu-raleza ideológica a través de sus órganos y funcionarios. En la medida en que estas actividades se alejan de la pri-mera categoría de servicios descrita en el inciso (1) de esta regla, crece su potencial de contenido ideológico. Las acti-vidades mixtas se ubicarán en esta categoría.

Estas actividades hacen surgir la necesidad de salva-guardar el derecho de los colegiados a no ser compelidos a sufragar causas o posturas que no respondan a sus creen-cias u opiniones, y también su derecho a manifestar postu-ras diversas o contrarias a las de los funcionarios y órganos oficiales en cuanto a los asuntos tratados.

(b) El colegiado tiene la obligación por ley de pagar la cuota del Colegio de Abogados de Puerto Rico para sufra-gar las actividades de la primera categoría, pero goza de libertad absoluta para sufragar o no las de la segunda categoría.

(c) Se establecen estas reglas para asegurar el cumpli-miento de esa obligación y garantizar a la vez el ejercicio de esa libertad.

Regla 3. Uso del nombre del Colegio de Abogados de Puerto Rico

En toda actividad o expresión perteneciente a la se-gunda categoría de la Regla 2 que realice el Colegio de Abogados de Puerto Rico se hará constar expresamente que se trata de una actividad o expresión que no cuenta necesariamente con el apoyo de todos los colegiados.

Regla 4. Decisión de los colegiados

(a) La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico clasificará las actividades y los gastos en el proyecto de presupuesto anual detallado conforme las ca-tegorías expresadas en la Regla 2, el cual se distribuirá a todos los colegiados con antelación a la Asamblea General. El procedimiento de impugnación de la clasificación de las partidas en el presupuesto será de la exclusiva competen-cia de la Junta Revisora. La distribución de los fondos de dicho presupuesto considerará, entre otros factores, la con-tabilidad de años anteriores según auditada por un conta-dor público autorizado externo.

(b) El Colegio de Abogados de Puerto Rico distribuirá a su matrícula junto con la facturación anual de las cuotas:

(1) una certificación de que el presupuesto fue apro-bado según circulado o que informe las enmiendas aproba-das al mismo, y

(2) un estado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio fiscal anterior más reciente para el cual estén dis-ponibles las cifras, que nunca será anterior al penúltimo, debidamente certificado por un auditor externo que rela-cione los gastos en que incurrió el Colegio de Abogados de Puerto Rico en las dos (2) categorías de actividades inclui-das en la Regla 2 que está facultado a realizar.

(c) El Colegio de Abogados de Puerto Rico informará a los colegiados, junto con la facturación anual de las cuotas, la cantidad que corresponda pagar en función de su deci-sión de sufragar o no las actividades y gestiones descritas en la segunda categoría de la Regla 2. La cuota anual se pagará en la fecha dispuesta en la reglamentación pertinente.

(ch) La selección de la cuota correspondiente dentro del término dispuesto para su pago constituirá la indicación de cada colegiado de que sufragará o no con su cuota las acti-vidades y gestiones del Colegio de Abogados de Puerto Rico de la segunda categoría de la Regla 2.

(d) La identidad de los miembros del Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico que escojan no sufragar las actividades y gestiones de la segunda categoría de la Regla 2 se man-tendrá en estricta confidencialidad por el Colegio de Abo-gados de Puerto Rico, su Junta de Gobierno y la Junta Revisora.

Regla 5. Monto de las cuotas

(a) La cuota anual que pagarán los colegiados que deci-dan sufragar todas las actividades del Colegio de Abogados de Puerto Rico será la determinada en Asamblea General, según prescrito en ley.

(b) La cuota anual que pagarán los colegiados que deci-dan no sufragar las actividades de la segunda categoría de la Regla 2 se computará a base de la clasificación de las actividades en el estado de ingresos y gastos auditado a que se refiere la Regla 4(b)(2). Esta cuota anual será una cantidad igual a la proporción de la cuota regular que los gastos atribuibles a las actividades de la primera categoría de la Regla 2 guarde con el monto de los gastos de todas las actividades que realizó el Colegio de Abogados de Puerto Rico durante ese año.

(c) No se utilizarán dineros o bienes tomados en prés-tamo o recibidos en donaciones por el Colegio de Abogados de Puerto Rico para sufragar actividades de la segunda categoría de la Regla 2, a menos que así lo especifique el donante al momento de la donación y lo acepte el Colegio al recibirlo.

Regla 6. Mecanismos remediales

(a) Al realizar el pago de cuota según dispuesto en la regla precedente, cualquier colegiado que se haya acogido al pago de la cuota dispuesta en la Regla 5(b) tendrá dere-cho a acudir ante la Junta Revisora de las Actividades del Colegio de Abogados de Puerto Rico (Junta Revisora), creada por este reglamento, con relación a:

(1) la clasificación de una actividad particular, según consignada en el estado de ingresos y gastos auditado que. se utiliza como fundamento para el cómputo de la cuota, y/o

(2) los gastos en que realmente se ha incurrido en determinada actividad.

(b) La petición ante la Junta Revisora se interpondrá de acuerdo con el procedimiento y los términos fijados en la Regla 9.

(c) Luego de resueltas las peticiones interpuestas del año correspondiente, si la Junta Revisora determina que los gastos en que se ha incurrido en actividades de la se-gunda categoría de la Regla 2 excedieron lo presupuestado, ordenará al Colegio de Abogados de Puerto Rico reembol-sar a los colegiados que optaron por no sufragar tales acti-vidades las sumas correspondientes, con intereses, al tipo legal prevaleciente a la fecha del pago de la cuota, compu-tados desde esa misma fecha. La Junta Revisora ordenará la devolución al Colegio de Abogados de Puerto Rico de cualquier cantidad remanente.

Regla 7. Cuenta de reserva

(a) Cada año la Junta de Gobierno del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico reservará en una cuenta en plica una parte de las cuotas pagadas por los colegiados que decidan no sufragar las actividades del Colegio de Abogados de Puerto Rico de la segunda categoría de la Regla 2. Esa reserva responderá en la eventualidad de que los gastos en actividades de la segunda categoría de la Regla 2 excedan lo presupuestado para ellas y la Junta Revisora ordene su devolución, conforme dispone la Regla 6(c).

(b) El monto de la cuenta de reserva será el promedio del por ciento de sobregiro de los dos (2) ejercicios fiscales anteriores debidamente certificados por el auditor externo.

Para el primer y segundo año de implantación de este reglamento, por no haber experiencia de sobregiro previa, la cuenta de reserva equivaldrá a una cantidad igual al 50% del ajuste que produce en el monto de la cuota el cóm-puto dispuesto en la Regla 5(b).

Regla 8. Junta Revisora de las Actividades del Cole-gio de Abogados de Puerto Rico

(a) Se crea un organismo autónomo que se conocerá como la Junta Revisora de las Actividades del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

(b) La Junta Revisora estará compuesta por tres (3) miembros nombrados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico por el término de dos (2) años. Los miembros podrán ser renominados hasta por un término adicional consecutivo. No obstante, los primeros tres (3) miembros de la Junta Revisora serán nombrados por un término de uno (1), dos (2) y tres (3) años, respectivamente. El Tribunal podrá nombrar, además, dos (2) miembros suplentes para aquellos casos en que algún miembro en propiedad no pueda participar en algún asunto particular.

(c) Las vacantes que surjan en la Junta Revisora antes del vencimiento de su término serán cubiertas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante designación en propiedad de uno de los miembros suplentes o por nombra-miento de un nuevo miembro hasta finalizar el término restante del miembro a ser sustituido.

(ch) Los miembros de la Junta Revisora serán escogidos entre ex jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico o del Tribunal de Primera Instancia.

(d) En atención a sus necesidades y a su carga de tra-bajo, la Junta Revisora podrá solicitar del Tribunal Supremo de Puerto Rico que aumente el número de sus componentes.

(e) La Oficina de Administración de los Tribunales pon-drá a disposición de la Junta Revisora las facilidades físi-cas y los materiales necesarios para su adecuado funcionamiento.

(f) Los miembros de la Junta Revisora que no estén em-pleados permanentemente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias o corporaciones públicas tendrán derecho a recibir una dieta de cincuenta dólares ($50) por cada reunión de la Junta Revisora a que asistan, o por cada día en que realicen gestiones por encomienda de la Junta Revisora o su Presidente en relación con los deberes que les impone este reglamento. Dicha dieta se sufragará de los gastos de funcionamiento del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

(g) La Junta Revisora aprobará un reglamento para su procedimiento interno compatible con y supletorio a estas reglas.

Regla 9. Procedimiento ante la Junta Revisora de las Actividades del Colegio de Abogados de Puerto Rico

(a) El recurso ante La Junta Revisora se perfeccionará mediante la presentación de un escrito que contenga lo si-guiente:

(1) el nombre del peticionario y su dirección, y núme-ros de teléfono, de fax y de colegiado;

(2) la actividad cuya clasificación o gasto se impugna, y

(3) cuando se trate del gasto, el fundamento de la impugnación.

(b) El recurso se perfeccionará no más tarde de la fecha límite dispuesta para el pago de la cuota anual correspondiente. La obligación de remitir dicho pago no queda suspendida por la interposición de la petición.

(c) Todo escrito que se presente ante la Junta Revisora se notificará al Colegio de Abogados de Puerto Rico y así se hará constar en el propio documento. El Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico comparecerá por escrito dentro de los veinte (20) días a partir de la notificación.

(ch) En el procedimiento ante la Junta Revisora se le dará oportunidad a las partes de presentar prueba a su favor y de confrontar la prueba contraria. El Colegio de Abogados de Puerto Rico tendrá el peso de la prueba en este proceso. Las Reglas de Evidencia aplicarán en la me-dida en que sean compatibles con la naturaleza de este procedimiento especial.

(d) La Junta Revisora podrá consolidar las peticiones para evitar la repetición o dilación innecesaria.

(e) La Junta Revisora resolverá por escrito dentro de los treinta (30) días de quedar el asunto sometido. Fundamen-tará brevemente su decisión y fijará qué cantidad, si al-guna, corresponde al Colegio de Abogados de Puerto Rico devolver a todos los colegiados que no sufragan las activi-dades de la segunda categoría de la Regla 2.

(f) El peticionario y el Colegio de Abogados de Puerto Rico podrán recurrir de las decisiones de la Junta Revisora ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(g) La Junta Revisora, para propósitos de divulgación, anunciará en una publicación oficial general del Colegio de Abogados a su matrícula un resumen de sus resoluciones que se conocerá como “Sinopsis Informativa”, sin divulgar la identidad de los participantes.

Regla 10. Ingresos provenientes de la venta de es-tampillas notariales y de estampillas forenses

(a) Los ingresos provenientes de la venta de estampillas notariales y de estampillas forenses deberán ser deposita-dos en una cuenta separada, y su producto sólo podrá ser utilizado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico para actividades de la primera categoría de la Regla 2.

(b) El Colegio de Abogados de Puerto Rico vendrá obli-gado a destinar, cuando menos, una tercera (Vá) parte del total de los ingresos que se devenguen por concepto de la estampilla notarial a programas de servicios a la comuni-dad, tales como asistencia legal gratuita a los indigentes y. programas de educación legal continuada a los abogados y notarios. .

(c) Anualmente, y como parte de su estado de ingresos y gastos, el Colegio de Abogados de Puerto Rico informará a su matrícula los ingresos percibidos por la venta de estam-pillas y un detalle de los gastos sufragados con éstos.

Regla 11. Situaciones no previstas por estas reglas

Cuando no se haya previsto un procedimiento específico en estas reglas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá reglamentar su práctica en cualquier forma que no sea incompatible con las mismas o con cualquier disposición de ley aplicable.

Regla 12. Vigencia

Estas reglas comenzarán a regir el 1ro de julio de 1992.