source: Caselaw Access Project

author: Juez Presidente Señor Pons Núñez.

license: Public Domain

text:
    Milagros López Campos y Jorge R. Pastor Cortés en su carácter individual y como miembro de la Sociedad Legal de Gananciales que ambos tienen constituida, demandantes y recurridos, v. Garage Isla Verde, Inc., Carlos M. Quiñones, Carmen Delia Quiñones y la Sociedad Legal de Gananciales que ambos tienen constituida, demandados y peticionarios.

      Número: CE-90-55

      Resuelto: 24 de abril de 1990

      Francisco M. Ramírez-Rivera y Pedro A. Delgado Hernández, de O’Neill & Borges, abogados de los peticionarios; Iván Garau Díaz, abogado de los recurridos.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de certiorari, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió voto particular de conformidad. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López expedirían únicamente para reducir las cuantías concedidas por concepto de daños tanto a la demandante como a su esposo. El Juez Asociado Señor Ortiz expediría.

(Fdo. ) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto particular de conformidad del

Juez Presidente Señor Pons Núñez.

Por razón de las opiniones emitidas hoy en el caso Rodríguez Meléndez, etc. v. Supermercado Amigo, Inc., etc., CE-87-834, he creído procedente resumir los hechos que el ilustrado tribunal de instancia estimó probados en este caso, pues es a base de ellos que he votado “no ha lugar” al recurso de revisión. Este voto tiene el efecto de confirmar la sentencia que determinó que los hechos en este caso configuraban un hostigamiento sexual que da lugar a un remedio judicial.

Para octubre de 1986, la demandante Milagros López contaba con diecinueve (19) años de edad y había, en ese mismo año, contraído matrimonio con el codemandante Jorge Pastor Cortés. Recién graduada de secretaria, solicitó los servicios de Manpower, Inc., y el 23 de octubre de 1986 esta compañía logró colocarla como recepcionista en el Garage Isla Verde, Inc. La demandante no tuvo que entrevistarse personalmente con el presidente de Garage Isla Verde, Inc., el codemandado Carlos M. Quiñones, pues éste se encontraba de viaje.

Antes de reintegrarse a sus funciones, Quiñones llamó a su oficina por teléfono. Al escuchar la voz de la recepcionista (la demandante), el codemandado le inquirió si se trataba de la nueva empleada y le comentó, entonces, que tenía una voz muy bonita y que tenía la esperanza de que fuese tan bonita en persona como lo era su voz.

Quiñones, quien estaba casado, se reintegró a sus funciones e intentó confraternizar estrechamente con la demandante. La invitaba a cenar fuera de horas laborables y a pasear en su lancha. Cuando regresaba de almorzar, le ofrecía bombones a los emplea-dos y, cuando se acercaba a la demandante, le preguntaba: “¿cuáles de los bombones tú quieres, los míos o éstos?” La demandante declinó las invitaciones del demandado aun cuando en ningún momento le recriminó su conducta.

El codemandado la llamaba por teléfono a menudo y la piropeaba constantemente. En una ocasión se le acercó por la espalada, rozando su cuerpo con el de ella, con el propósito de abotonarle la blusa.

Para diciembre de 1986, venció el contrato de la demandante con Manpower, Inc., pero Garage Isla Verde, Inc. le ofreció continuar en el empleo. El 1ro de enero de 1987 pasó a ocupar el puesto de secretaria recepcionista del presidente de la corpora-ción, el señor Quiñones.

El tribunal encontró probado que la demandante tenía nece-sidad de recibir ingresos, que estaba recién casada y que los gastos de hogar así lo requerían. Además, que la compañía demandada ofrecía a sus empleados un plan médico beneficioso y que la localización de la oficina era muy conveniente para la demandante. Estos factores motivaron el que la demandante no comentara con nadie los acercamientos que le hiciera el deman-dado. También, la prueba indicó que la situación le causaba a la demandante tensión, ansiedad y angustia. Esta situación se reflejaba en su hogar y en la relación con su esposo.

A partir de febrero de 1987, la demandante comenzó a ausentarse frecuentemente de su empleo. Durante los primeros meses de ese año se ausentaba, pero presentaba certificados médicos por sus ausencias.

En mayo de 1987 sufrió una caída y se acogió a los beneficios del Fondo del Seguro del Estado. Se reintegró a su trabajo a partir de junio de 1987.

Al reintegrarse, el Contralor de la corporación le informó a la demandante que en el futuro no se le pagarían los días en que se ausentase de su trabajo, fundamentándose en el hecho de que las ausencias eran prolongadas y en que había agotado las licencias a que tenía derecho.

A mediados de 1987 la demandante quedó embarazada y se lo informó al codemandado Quiñones a fines del mes de julio de ese año. Ésta volvió a ausentarse de su trabajo frecuentemente. Durante su estado de gestación, en algunas ocasiones se excusaba con certificados médicos genuinos y, en otras ocasiones, con certificados alterados. La demandante nunca fue suspendida de empleo ni de sueldo por sus continuas ausencias aun cuando se le llamó la atención varias veces en relación con su ausentismo.

Cuando aún le restaba una semana de licencia por materni-dad, la demandante se reintegró a su empleo con la compañía demandada() De regreso al trabajo, el demandado le hizo la observación a la demandante de que había aumentado de peso. También le comentó que le agradaba el largo de su pelo porque le hacía ver más sensual. Terminó diciéndole que “él podía esperar a que ella pasara su cuarentena”.

Luego de reintegrarse al trabajo, la demandante volvió a ausentarse frecuentemente. Entonces, el demandado la despidió y la compensó pagándole la mesada y los beneficios acumulados. Durante el tiempo en que la demandante laboró en Garage Isla Verde, Inc. no recibió aumento de sueldo, bonificación o ascenso alguno.

Los hechos antes relatados revelan un patrón reiterado de conducta persistente que claramente creó un ambiente hostil y abusivo en el empleo que afectó claramente a la demandante Milagros López Campos en la realización de su labor. Provocó que ella se ausentara frecuentemente del mismo por la tensión, ansiedad y angustias que la reiterada conducta del codemandado Quiñones le causaba. Esas ausencias, a su vez, fueron la causa de su despido. Se explica el silencio con que la demandante sufrió el hostigamiento por la necesidad económica que tenía. El silencio en tales circunstancias no constituye aceptación de la conducta hostigante.

Es en atención a los hechos relatados que he votado en conformidad con la opinión disidente que emitiera en el caso de Rodríguez Meléndez, etc. v. Supermercado Amigo, Inc., etc., ante, para confirmar el dictamen del tribunal de instancia.

      (1) Fue objeto de testimonios contradictorios el motivo que tuvo la demandante para reintegrarse a su empleo cuando aún no había expirado su licencia por maternidad. La demandante indicó que el demandado Cai'los M. Quiñones le requirió que se reintegrara. El demandado testificó que ella pidió reintegrarse una semana antes a su empleo porque necesitaba el dinero. El tribunal concluye que la demandante se reintegró al trabajo, a requerimiento del demandado, en ocasión en que la señora López Campos visitó las oficinas de la empresa para mostrar a sus compañeros el bebé que había nacido.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Carlos Martínez Cruz, etc., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-90-153

      Resuelto: 24 de abril de 1990

      Héctor M. Collazo, abogado de los recurrentes; la parte recurrida no compareció.
   RESOLUCIÓN

A la anterior solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente. El Juez Asociado Señor Ortiz y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

-0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Disentimos de la negativa del Tribunal a expedir y revocar la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez (Hon. Hiram A. Sánchez Martínez, Juez), que declaró sin lugar la reclamación en daños por impericia profesional instada por el viudo, los hijos, los padres y los hermanos de Josefina Martínez Vélez, quien falleció en el Centro Médico de Mayagüez como consecuencia de una intervención quirúrgica practicada a base de un diagnóstico equivocado.

I.

Expongamos capsularmente el trasfondo táctico originario de este lamentable drama. Como veremos, al levantarse el telón -más que normas jurídicas frías- aparece la dolorosa realidad de aquello que todo el mundo sabe pero que intenta ignorar: las diferencias entre la medicina pública para los pobres y la privada.

El 9 de agosto de 1982 la señora Martínez Vélez, joven de veintiséis (26) años, acudió a la Sala de Emergencia del Hospital Municipal San Antonio de Mayagüez. Se quejó de haber sufrido malestar y debilidad general durante los seis (6) días anteriores y fiebre alta ese día. Le fue diagnosticado un síndrome viral y deshidratación. Se registró, además, que su corazón estaba en buen estado, sin soplo y sus pulmones claros. Una prueba de embarazo resultó negativa. Cuatro (4) horas y media más tarde, luego de hidratársele completamente, fue dada de alta.

A la mañana siguiente la señora Martínez Vélez regresó al hospital. Entre las 10:10 A.M. y 11:15 A.M. se quejó de episodios de vómitos, malestar general y mareos. Indicó haberlos tenido durante la última semana. Su presión sistólica había bajado a menos de ochenta (80) y estaba taquicárdica. Sus pulmones estaban claros y su abdomen blando y oprimible. Nuevamente, el diagnóstico fue síndrome viral y deshidratación. Se ordenaron exámenes de hemoglobina y hematocrito e infusión de líquidos. A las 11:45 a.m. se instruyó que le’tomaran la presión sanguínea hasta que se elevara a cien (100).

A las 2:30 p.m. los médicos anotaron la dificultad para aumen-tar la presión sanguínea, a pesar de los 2,500 mililitros de líquido administrados. La evaluación pélvica reveló un cuello cervical cerrado y sangre coagulada en la vagina de color café molido. Su hemoglobina disminuyó de dieciséis (16) a trece (13) gramos.

El médico del referido hospital municipal anotó tener dudas sobre la etiología de la hipotensión. Señaló que debería conside-rarse un embarazo ectópico a pesar de que la paciente indicaba que había concluido su período menstrual recientemente. () A las 3:15 p.m. fue referida al Centro Médico de Mayagüez.

Al arribar a la Sala de Emergencia del mencionado Centro Médico, la paciente presentaba taquicardia, hipotensión, cianosis periferal y dolor en el abdomen bajo. A las 4:45 p.m. una RESIDENTE de ginecología le practicó otro examen físico que reveló un cuello cervical rosado oscuro y flujo vaginal sanguino-lento. La palpación del útero presentaba tamaño similar al de un embarazo de ocho (8) a diez (10) semanas de gestación.

Se le practicó una culdocentesis,() y se obtuvo líquido san-guinolento del fondo del saco. Ante esta situación, los residentes decidieron realizar una laparotomía exploratoria debido a la posibilidad de un embarazo ectópico o un quiste ovárico roto. NO se consultó a ningún médico internista.

La paciente fue llevada a la sala de operaciones a las 5:50 p.m. En ese momento, no se hicieron los exámenes de laboratorio. Sus extremidades superiores y las uñas presentaban un color grisáceo y su piel estaba fría. La presión sanguínea era 0/0 (shock hipovolémico). A las 6:00 p.m. se le administró anestesia y se iniciaron los preparativos. La cirugía fue practicada por dos (2) residentes. A las 6:20 p.m. sufrió un paro cardíaco, pero fue resucitada con epinefrina y bicarbonato. Poco más de media hora después de iniciada la cirugía, se le comenzó a practicar una transfusión de quinientos (500) cc. de sangre. El protocolo de la operación revela que se encontraron doscientos (200) cc. de sangre negra en la cavidad abdominal, sin que en el examen de los órganos pélvicos se pudiera hallar ninguna fuente de sangría activa.

Terminada la operación, a las 7:18 P.M., el médico ordenó su traslado a la unidad de cuidado intensivo. ALLÍ REHUSARON RECIBIRLA, PUES ALEGADAMENTE EL DEPARTA-MENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA NO TENÍA DERECHO A UNA CAMA EN ESE LUGAR.

Aproximadamente hora y media después de concluida la cirugía, en la sala de recuperación ordenaron tratamiento para choque hipovolémico. Más tarde la paciente fue llevada nueva-mente a la sala de operaciones para una radiografía de pecho. Debido a la dificultad para respirar y a que continuaba cianótica, fue entubada y llevada entonces a la unidad de cuidado intensivo. Allí se le colocó en un respirador y se inició el proceso de resucitación cardiopulmonar que resultó infructuoso. Poco des-pués, la señora Martínez fue declarada muerta.

El patólogo forense del Centro Médico de Mayagüez, Dr. Jesús Vega López, concluyó que la muerte era atribuible a un edema pulmonar, probablemente asociado con un fallo congestivo del corazón.

HH l-H

Frente a estos hechos, la ilustrada sala de instancia declaró sin lugar la demanda, aun cuando concluyó que la cirugía practicada había contribuido a la muerte de la paciente. Incidió.

La prueba pericial de la parte demandante fue abrumadora. El Dr. Manuel Piza Escalante, especialista en cirugía, declaró que tanto los médicos del Hospital Municipal como los del Centro Médico de Mayagüez fueron negligentes en el diagnóstico y tratamiento brindado. En conformidad con el resumen del tribunal de instancia, según dicho perito

... la paciente presentaba un cuadro de trauma (“shock”) no hipovolémico de etiología difícil de determinar por lo inadecuado del estudio que se le realizó y la falta de datos en el récord clínico. Falleció como consecuencia de un edema pulmonar no cardiogénico, agravado por la infusión de gran cantidad de líquido cristalino con sodio y el efecto depresor de la anestesia general. Se puede resumir su opinión de la siguiente manera:
En cuanto al Hospital Municipal
(a) Incurrió en error de interpretación del resultado de labora-torio (reducción del hematocrito y la hemoglobina) ya que lo que se produjo fue la normalización del estado previo de hemoconcentración.
(b) No hubo vigilancia médica adecuada, ya que le suministraron a la paciente 4,000 cc de líquidos con sodio sin examinar periódica-mente la presión venosa central y el volumen de orina; y no se controló el hematocrito.
(c) .No había bases para el diagnóstico de embarazo ectópico por varias razones: no había amenorrea, ni trastornos menstruales; no había causas que predispusieran a ello (enfermedad pélvica inflamatoria o malformaciones congénitas), como se desprende de un historial obstétrico normal; no había masa pélvica palpable; la prueba de embarazo había resultado negativa; y no había evidencia de anemia (el único hematocrito estaba en M).
Además, apuntó que la mayoría de los embarazos ectópicos que sangran lo hacen lentamente y estas pacientes se presentan al hospital en estado de trauma (“shock”) y anemia marcada, lo cual no ocurrió en este caso.
Por otro lado, opinó que los médicos del Hospital Municipal actuaron negligentemente cuando, al sospechar una sangría intra-abdominal, no se le hizo una transfusión de sangre o coloides y se retuvo a la paciente en un centro no capacitado para operarla desde las 10:00 AM hasta las 4:30 PM sin realizar estudios que permi-tieran descartar otras causas etiológicas del choque (“shock”) y sin examinar periódicamente la diuresis y la presión venosa central.
Respecto al Centro Médico señaló:
(a) La falta de exámenes de laboratorio (hematocrito y hemoglo-bina) para corroborar la anemia.
(b) La falta de un estudio de la sangre obtenida por culdocentesis.
(c) La falta de otros estudios diagnósticos como un sonograma.
(d) La precipitación al llevar a sala de operaciones a una paciente en severo estado de “shock” sin intentar mejorar su condición con transfusiones de sangre ni determinar su presión venosa central y diuresis, y sin consultar en la etapa preoperatoria a un médico internista u otro especialista que pudiera contribuir a llegar a un diagnóstico correcto.
(e) Hubo negligencia administrativa del hospital al no brindarle en el tratamiento postoperatorio inmediato el beneficio de atención especializada en la unidad de cuidado intensivo.
El otro perito de la parte demandante, Dr. Salomon Fishwasser, es médico con especialidad en cardiología. En su opinión, hubo negligencia imputable a los médicos del Centro Médico de Mayagüez. Se puede resumir su opinión de la siguiente manera:
(a) El aspecto clínico más importante fue someter a esta paciente a una cirugía abdominal bajo anestesia general, cuando se encon-traba en aparente estado de “shock”, lo cual se asocia con una mortalidad operatoria y postoperatoria inmediata alta.
(b) La paciente se debió evaluar mejor desde el punto de vista médico para intentar ofrecerle tratamiento médico dirigido a mejorar su condición hemodinámica e hidroelectrolítica antes de intentar el acto quirúrgico.
(c) No existían suficientes exámenes de laboratorio y de gabi-nete en el expediente (por ejemplo, gases arteriales, más leucogramas y radiografías, etc.) para definir la etiología del aparente “shock”. Su impresión es que se trataba de un “shock” séptico.
(d) La paciente se operó en estado aparente de “shock”, en franca hipotensión, hipoxémica y, muy posiblemente, en estado severo de acidosis, sin adecuada evaluación bioquímica ni examen periódico dinámico. A ello se le añadió el efecto depresor de la anestesia. Estas dos condiciones eran elementos suficientes para provocarle el primer paro cardíaco, el cual pudo ser producido por una taquirritmia ventricular.
(e) No se menciona ni se dispone de ningún electrocardiograma en el expediente médico.
(f) En un estudio radiológico reportado, se menciona un infiltrado reticulonodular difuso (pulmón blanco) y no se menciona cardiomegalía alguna.
(g) En la autopsia el corazón se describe como de peso normal, sin evidencia de dilatación, y se informa que en las secciones histológicas del corazón no se encontraron anormalidades.
A base de todos estos hechos, su opinión es que la paciente falleció debido a un edema pulmonar no cardiogénico o “síndrome de ‘distress’ respiratorio del adulto, ” con falla multisistemática en relación a la realización de una cirugía en una paciente con corazón previamente sano, en estado grave de shock (posiblemente séptico) y/o relacionada con su condición metabólica (hipoxemia, acidosis), todo ello unido al efecto depresor de la anestesia.
Basándose en el historial clínico de la paciente, que evidencia una virtual ausencia de síntomas cardiovasculares, y en los hallazgos de la autopsia, el perito está en desacuerdo con la posición del perito de la parte demandada en cuanto a que la causa de la muerte pueda ser una miocarditis difusa letal que haya producido claudicación y fallo ventricular. (Enfasis suplido.) Exhibit II, págs. 7-11.

En relación con la prueba del demandado, el tribunal de instancia condensó los testimonios de los peritos Dr. Walter Pinedo (especialista en obstetricia y ginecología), Dr. Germán Malaret (especialista en medicina interna) y Dr. Angel A. Román Franco (patólogo con especialidad en inmunopatología) del modo siguiente:

El Dr. Pinedo opinó que no hubo negligencia en este caso; que la paciente se presentó al hospital sudorosa y pálida; que aunque se registraba presión sistólica no se percibía la diastólica; que la paciente estaba taquicárdica; que el hematocrito bajó de un día para otro; y que la culdocentesis demostró que había sangre en el fondo del saco. Opinó que ante ese cuadro era razonable suponer que la paciente tenía una hemorragia interna por lo que era inescapable concluir que procedía una operación exploratoria.
Admitió que con la evidencia médica que se tiene al día de hoy tras la autopsia de la causante no la habría operado, pero con la información que los médicos qne la intervinieron tenían en aquel momento, él hubiera actuado de la misma manera que ellos.
Respecto a la prueba de embarazo que se le practicó a la paciente en el Hospital Municipal, refutó la idea de que era mandatorio descartar el diagnóstico de embarazo ectópico, pues estas pruebas no son concluyentes (al menos la prueba de precipitación que era la que existía en 1982).
Adujo que la ausencia de sonograma obedeció al hecho de que en esa época el Centro Médico de Mayagüez no tenía disponible el equipo para realizarlo. (Aunque lo negó, existía en un hospital privado dentro del pueblo de Mayagüez.)
En cuanto a que del historial de la paciente aparecía que esta había tenido una menstruación normal una semana antes, el Dr. Pinedo opinó que la causante muy bien pudo tomar el sangrado vaginal como su menstruación cuando realmente se trataba de manchado de sangre al producirse la implantación del cigoto.
El Dr. Pinedo (al igual que los peritos de la parte demandante) opinó que el diagnóstico de embarazo ectópico roto es una emer-gencia médica que requiere operación de inmediato. Si con un diagnóstico de embarazo ectópico roto no se opera, ello constituiría negligencia.
De otro lado, el perito reconoció que la paciente no fue evaluada por ningún especialista en algún campo de la medicina y que debió haber sido vista por uno. Fue atendida únicamente por residentes del hospital. También admitió que en el Centro Médico de Mayagüez existen problemas con la sala de cuidado intensivo y que, como regla general, en Puerto Rico “el pobre recibe servicios médicos de segunda y tercera clase”.
El Dr. Germán Malaret opinó que Josefina murió de miocarditis viral fulminante aguda para lo cual no había medicinas ni trata-miento. La única ruta disponible es un transplante del corazón, pero el diagnóstico solamente podía hacerse por biopsia (no disponible en Puerto Rico) o por autopsia (cuando ya el paciente se ha muerto sin remedio).
El Dr. Malaret admitió que la paciente fue sometida a la operación en franco estado de “shock”, en estado grave por lo que podía morirse en la operación, como en efecto sucedió. Apuntó que fue resucitada y, aunque no se envió a la unidad de cuidado intensivo y sí a la sala de recuperación, en ésta se le brindó el cuidado intensivo que ella requería. En el contrainterrogatorio aceptó que la muerte por miocarditis viral es la excepción.
El Dr. Román Franco, por su lado, examinó un corte de cada uno de los siguientes órganos: corazón, uno del pulmón, ovario y miometro. Aunque hubo controversia en cuanto a la admisibilidad de dicha prueba por no haberse establecido adecuadamente la cadena de evidencia, permitimos su declaración. No obstante, tenemos que descartar su opinión porque los hallazgos de sus análisis son incompatibles con los del Dr. Vega López en la autopsia según veremos posteriormente. El propio Dr. Vega López, quien declaró como testigo de refutación por la parte demandante, declaró que si las laminillas de la causante hubieran mostrado lo que alega el Dr. Román Franco, él lo hubiera visto.
De acuerdo con el protocolo de autopsia del estudio macroscópico y microscópico del corazón se desprende que la paciente tenía un corazón sano y normal. (Énfasis suplido.) Exhibit II, págs. 11-13.

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Esta prueba pericial, llevó al tribunal de instancia a descartar correctamente el diagnóstico de miocarditis del doctor Malaret. En consecuencia, circunscribió la controversia a si la equivocación en el diagnóstico generaba responsabilidad. Concluyó en la nega-tiva.

A esos efectos, determinó que el primer día los médicos municipales diagnosticaron correctamente la condición y que la gravedad que presentó al día siguiente fue una variante. Aunque la retuvieron en el Hospital Municipal San Antonio de Mayagüez durante cinco (5) horas, “la tardanza no fue la causa próxima de su muerte. La paciente murió porque debido a un diagnóstico equivocado de embarazo ectópico o quiste ovárico roto que resultó ser equivocado, fue sometida a una operación, mientras se encon-traba en estado de “shock”, de la cual tenía muy pocas probabi-lidades de sobrevivir”. Exhibit II, pág. 20.

El Estado también fue relevado de responsabilidad. Se fundó en que en el contexto de los eventos desarrollados seguidamente, los galenos que intervinieron en la operación afrontaron “una situación de vida o muerte”. A su entender, “Josefina se moría sin remedio y la ciencia de sus médicos no era milagrosa”. Exhibit II, pág. 25.

IV

Distinto a la “situación de vida o muerte” aludida por la sala sentenciadora, no albergamos duda de que el fallecimiento fue agravado y producto directo de la negligencia de los médicos de ambos hospitales. Veamos.

Del récord médico del Hospital Municipal San Antonio de Mayagüez surge que la paciente fue tratada por médicos generalistas el 9 y 10 de agosto. Al momento de su traslado sólo se contaba con un diagnóstico preliminar. En ningún momento fue evaluada por un médico internista. Más aún, ni antes ni después de la operación efectuada en el Centro Médico de Mayagüez, su caso fue considerado por un especialista.

Los residentes del Centro Médico de Mayagüez contravinie-ron el Reglamento de Internos y Residentes del Departamento de Salud que les exige discutir toda complicación con sus superiores inmediatos o médicos facultativos de otros jefes de departamento y les prohíbe ordenar la preparación de la sala de operaciones sin conocimiento del jefe de servicios o su delegado. Mucho menos pueden operar sin la supervisión de un cirujano.

Los indicadores objetivos reflejan que el descenso en veinti-cuatro (24) horas de dieciséis (16) a trece (13) gramos en la hemoglobina de la señora Martínez Vélez se debió a la hemoconcentración por deshidratación. Ello mejoró con el trata-miento de líquidos brindado. La prueba de laboratorio realizada en el Centro Médico de Mayagüez, a las 5:00 P.M. evidenció una hemoglobina normal (12.9) y un hematocrito normal (39).

No cabe duda, pues, de que el cuadro de síntomas presentado por la señora Martínez Vélez en ambos hospitales indicaba más de una posibilidad diagnóstica. Su corazón era normal.

La “sangre” obtenida de la culdocentesis no se envió al laboratorio para estudio. Su último período menstrual fue el 2 de agosto, duró cuatro (4) días y fue normal. Ese dato era irrecon-ciliable con la posibilidad de un ectópico roto el 10 de agosto. Ese mismo día tenía cianosis, circunstancia incompatible con la anemia provocada por un sangrado. Antes de la operación tenía sus pulmones daros, ventilaba bien, y luego de la operación desarro-lló edema pulmonar.

V

Es un hecho indiscutible que la cirugía practicada en este caso contribuyó directamente a la muerte de la señora Martínez Vélez.

En casos de impericia médica, la norma mínima de cuidado exigible es aquella que a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza, y conforme al estado de conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina, satisface las exigencias generalmente reconocidas por la profesión. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988), opinión disidente; Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987), opinión disidente; Morales v. Hospital Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188 (1974); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 226-227 (1973). Fara que un error de juicio médico exima de responsabilidad, tiene que ser honesto e informado en el diagnóstico o tratamiento, de un cuadro en que las autoridades médicas están en desacuerdo sobre cuál es el diagnóstico o tratamiento más adecuado, o cuando el patrón que siguió el médico es una práctica aceptada por la profesión médica en esa clase de situaciones. Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 D.P.R. 295 (1988); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983). Claro está, el médico ha de llevar a cabo los exámenes necesarios así como un esfuerzo concienzudo y honesto para enterarse de la condición del paciente. Morales v. Hospital Matilde Brenes, supra.

En relación con el hospital, es norma aceptada que éste debe brindar al paciente aquel grado de cuidado que ejercería un hombre prudente y razonable en condiciones y circunstancias similares. Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 405 (1985); Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598, 613 (1984); Crespo v. H.R. Psychiatric Hosp., 114 D.P.R. 796, 800 (1983).

La señora Martínez Vélez llegó al hospital con una constela-ción de síntomas y signos que en principio sugerían un cuadro viral. Al día siguiente se presentó nuevamente a sala de emergen-cia con síntomas y signos adicionales, los cuales exigían un diagnóstico diferencial más abarcador que el original. La baja presión arterial, así como la disminución en los gramos de hemoglobina y porcentaje de hematocrito, unido al dolor abdominal que presentaba la paciente, indujo a los médicos a llevar a cabo una serie de pruebas diagnósticas adicionales. Así, pues, se llevó a cabo un examen pélvico con espéculo, el cual reveló una descarga vaginal color marrón.

El cuadro clínico presentado, según se ha descrito, hizo considerar a los galenos la posibilidad de un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es aquel que se produce al haber implan-tación del cigoto fuera del útero. J.G. Zimmerly, ed., Lawyers Medical Cyclopedia, Virginia, The Michie Co., Sec. 36:20, pág. 539; The Merck Manual, Merck & Co., Inc., 1982, pág. 1725. Su diagnóstico no siempre es fácil.

The diagnosis of tubal pregnancy is not easy before it ruptures and produces potentially lethal consequences. Pain is common but may be difficult to differentiate from other pain-producing abdominal catastrophes. The presence of blood in the abdominal cavity, regardless of source, produces direct and referred pain. Because the patient is or has been legitimately pregnant, it is reasonable to expect a history of missed menstrual periods. However, this finding is not consistently present. Similarly, PREGNANCY TESTS (see-sec. 2.64) are not reliable indicators (may show no pregnancy in up to one half of cases).
Signs of internal bleeding leading to shock appear sequentially dependent on the amount of blood loss.
One of the most frequent signs is remarkable tenderness in the abdomen and pelvis which is caused during a pelvic examination by moving the cervix. This pain must be distinguished from acute salpingitis, an infection of the fallopian tube. When the infection is the causative agent, an elevated temperature usually accompanies the tenderness.
The following conditions must be differentiated from a tubal pregnancy: salpingitis; abortion, threatened or incomplete, of an intrauterine pregnancy; torsion of an ovarian cyst; rupture of an ovarian cyst; appendicitis; and gastroenteritis. Ausman & Snyders, Medical Library, Lawyers Edition, Vol. 1, Sec. 2:8, págs. 269-270.

Reconocemos que los signos presentados por la paciente en el caso de autos reflejaban la posibilidad de tal diagnóstico y que esa condición es de consecuencia mortal. Por lo tanto, era necesario descartar objetivamente la posibilidad de un embarazo ectópico. El resultado de la culdocentesis —procedimiento apropiado para la determinación de fluido en el fondo del saco de Douglas— resultó positivo. Hasta aquí los médicos fueron diligentes.

Ahora bien, fallaron al no consultar ni requerir la opinión de un internista o ginecólogo. Ello era imprescindible. Dentro de la gama de posibilidades diagnósticas que presentaba el cuadro de la señora Martínez Vélez, el embarazo ectópico era solamente una alternativa. Ciertamente, la consulta con un attending hubiese brindado mejores elementos de juicio y mayores oportunidades de vivir. Curiosamente, aquí esa misión le hubiese correspondido al Dr. Walter Pinedo, quien en calidad de perito del Estado- aceptó las diferencias existentes entre los servicios prestados en la práctica pública y la privada.

En resumen, estamos ante un caso en el cual sin que surgiera del récord justificación alguna, los internos decidieron llevar a cabo una cirugía sin autorización de sus superiores ni la supervi-sión de especialistas.

      (1) La señora Martínez comenzó su período menstrual el 2 de agosto de 1982 y se extendió durante cuatro (4) días. El 7 y 8 de agosto la paciente tuvo flujo vaginal color marrón.

      (2) Esta prueba consiste en la inserción de una aguja en la parte posterior de la vagina, aproximadamente detrás del punto en que la pared vaginal une con la cervix (fondo del saco de Douglas). Si se extrae sangre de ese lugar se confirma una hemorragia intraperitoneal. Cf. Willson & Carrington, Obstetrics and Gynecology, San Luis, C.V. Mosby Co., 1987, pág. 234.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Arcadio Cruz Fontánez e Isabel Robles Colón, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, recurrido; Norberto Vélez Ramírez y Ana Mercedes Otero Ortiz, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, recurrido.

      Números: RG-89-119
    RG-89-138

      Resueltos: 25 de abril de 1990

      Francisco J. Torrado Martínez, abogado de los recurrentes; el Regis-trador de la Propiedad recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Estos recursos gubernativos consolidados presentan una idéntica situación de hechos y una misma controversia jurídica novel. Debemos resolver cuál es el trámite legal adecuado para subsanar la doble inmatriculación de una finca a favor de un mismo titular.

i — 1

Los esposos Norberto Vélez Ramírez y Ana Mercedes Otero Ortiz adquirieron un inmueble mediante Certificación de Segre-gación y Venta (en adelante Certificación) expedida a su favor por el Secretario de la Vivienda. Copia del referido documento se inscribió en el Registro de la Propiedad (en adelante Registro). A la finca se le identificó con el número 29,936 y se practicó la correspondiente nota de segregación al margen de la inscripción de la finca matriz (Núm. 21,197).

Una segunda copia de la misma Certificación fue presentada posteriormente. El Registrador de la Propiedad (en adelante Registrador), sin percatarse de la anomalía, practicó una segunda nota de segregación en la finca matriz y procedió a inmatricular nuevamente la finca en un folio diferente con el Núm. 31,123. Idéntica situación confrontaron los esposos Arcadio Cruz Fontánez e Isabel Robles Colón. A su finca se le asignó original-mente el Núm. 29,938 y la segunda vez se inmatriculó con el Núm. 30,065.

Mediante instancias juradas separadas, ambos reclamantes solicitaron al Registrador la cancelación de uno de los asientos. El Registrador se negó y les advirtió que los casos de doble inmatriculación sólo podían subsanarse a través de un procedi-miento judicial según estipulado en el Art. 251 de la Ley Hipote-caria y del Registro de la Propiedad (en adelante Ley Hipoteca-ria), 30 L.ER.A. see. 2776. Este artículo dispone:

Si el que tuvier[e] inscrita a su favor una finca creyere que otra inscripción de finca señalada bajo número diferente se refiere al mismo inmueble y al mismo titular, podrá'solicitar de la Sala del Tribunal Superior correspondiente que, con citación de todos los interesados y siempre que se pruebe la identidad de ambas fincas como un solo inmueble, dicte auto resolviendo cuál de ambas inscripciones subsistirá.
Cuando la doble inmatriculación se refiera a distintos titulares se resolverá por juicio ordinario sobre la identidad de la finca y el mejor derecho al inmueble.
En ambos casos se ordenará la cancelación de la inscripción correspondiente.
Cuando el [Rjegistrador notare que una finca aparece inscrita más de una vez, notificará de tal hecho a los presentantes y a los notarios autorizantes de los títulos inscritos en ambas fincas y pondrá una nota, a los efectos de haber enviado tal aviso, al margen del asiento correspondiente de las fincas. El [Registrador no procederá a practicar ningún otro asiento hasta tanto no se cumpla con lo dispuesto en esta sección para el caso de la doble inmatriculación. (Enfasis suplido.)

Inconformes, mediante sendos recursos gubernativos, los recurrentes nos plantean que el Registrador puede corregir la situación de una finca doblemente inmatriculada, a solicitud de la parte interesada, tratándola como error del Registro. Aducen, además, que el Art. 251 de la Ley Hipotecaria, supra, no es aplicable a su situación ya que no hay diversidad de titulares ni existe duda de que las inmatriculaciones se refieren al mismo inmueble. En definitiva, cualifican la situación como un error cometido por el Registrador e invocan la aplicabilidad del Art. 151 de la Ley Hipotecaria que dispone los procedimientos para corregirlos:

Los errores cometidos por el Registrador al extender un asiento podrán ser corregidos, siempre que no afecten derechos de titulares inscritos, bien de oficio o a solicitud de parte interesada siempre que se tenga a la vista el instrumento que motivó la acción.
Cuando la rectificación pudiera afectar derechos de titulares inscritos se exigirá para corregir el consentimiento de éstos o una resolución judicial ordenando la corrección del asiento. 30 L.P.R.A. sec. 2502.

HH t — 4

José María Chico y Ortiz, al abordar el concepto de la doble inmatriculación, en su libro Estudios sobre Derecho Hipotecario, recurre a las opiniones que, sobre el particular, han expresado Luis Diez-Picazo y Ramón M. Roca Sastre.

Para Díez[-]Picazo la doble inmatriculación es el hecho de que una misma finca se encuentre inmatriculada en dos folios independien-tes uno del otro. La inmatriculación puede ser plural si se ha producido más de dos veces. Existe doble inmatriculación cuando las dos fincas son absolutamente idénticas entre sí, aunque sus respectivas descripciones (linderos, etc.) estén hechas de una ma-nera distinta. Hay también doble inmatriculación si una de las fincas coincide sólo parcialmente o se encuentra superpuesta con respecto a otra.
En igual sentido se pronuncia Roca Sastre al entender que la doble inmatriculación de fincas constituye un estado patológico o irregular que se produce a veces en el Registro de la Propiedad, consistente en que una misma finca o parte de ella, const[e] inmatriculad[a] dos más veces en hojas, folios o registros particu-lares diferentes dentro de un mismo Ayuntamiento o sección del propio Registro. J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1981, T. I, págs. 827-828.

Nuestro sistema de derecho inmobiliario registral está predicado en la certeza y corrección de sus inscripciones. Rosado Collazo v. Registrador, 118 D.P.R. 577, 582 (1987); Acevedo v. Registrador, 115 D.P.R. 461, 462 (1984). Para garantizarlo, el Registrador, entre otras funciones, debe cerciorarse de que los inmuebles que se presenten para inscripción no consten inscritos de antemano. Tanto la Ley Hipotecaria como el Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Reglamento Hipotecario) le ordenan que verifique detenida y cuidadosamente los libros que integran el Registro. De esta manera se persigue evitar el fenómeno de la doble inmatriculación,() que puede deberse a diversas causas, entre ellas, la falta de un buen catastro.

En España se ha enfrentado el problema de manera distinta mediante la solución propuesta por el Art. 313 del Reglamento Hipotecario, Ley y Reglamento Hipotecario, 5ta ed., Madrid, See. de Pub. del Ministerio de Justicia, 1959,() aunque como puede observarse éste sólo enfoca el fenómeno de la doble inmatriculación a favor de titulares diferentes. A los casos de doble inmatriculación de una finca a favor de la misma persona, no previsto en la legislación, se le aplica la doctrina de las Resolu-ciones de la Dirección General de los Registros de 29 de abril de 1881, 9 de marzo de 1892 y 25 de octubre de 1952. Estas resuelven que debe unificarse el historial del inmueble mediante traslado, por certificación de los asientos del registro particular de la finca más moderna al de la más antigua, y la extensión en el de aquélla la oportuna nota de cierre. Véanse: Ley y Reglamento Hipoteca-rio, op. di, pág. 317; Chico y Ortiz, op. cit, pág. 830; R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. III, págs. 332-333. Sobre este particular, Antonio Ventu-ra-Traveset González ha expresado:

Si la duplicidad fuera a nombre del mismo propietario (caso no frecuente, pero posible), no hay problema, hasta cierto punto. Así, A compra por escritura una finca con una descripción, y luego, vigente el catastro, inscribe con la descripción constante en éste (distinta [a] la de la escritura) en virtud de expediente posesorio. Más tarde, ante alguna de las reformas del párrafo 3o del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, presenta la antigua escritura, juntamente con otras, al Registro, olvidando consignar que la finca del expe-diente posesorio y la de la escritura son una misma. El Registrador, ante la disparidad de descripciones, inscribe la escritura. En este caso no hay problema si media buena fe. Advertida la falta por el Registrador, debe practicar de oficio las operaciones conducentes a la subsanación del defecto notado, de conformidad con lo resuelto por la Dirección de Registros en 29 de abril de 1881, ello aunque la finca figure bajo dos números distintos, en uno de ellos libre de cargas y en otro gravada, debiendo practicarse de oficio las operaciones conducentes a la subsanación del defecto notado cuando no sea imputable al interesado. La resolución de 9 de marzo de 1892 añadió que es inscribible la enajenación practicada por el titular dos veces de la misma finca.
Mas si la inscripción se ha practicado de mala fe, el problema se agrava. Desde luego, mientras ambos asientos consten a nombre del mismo titular, si éste, sabiéndolo, no pone los medios para evitarlo, o cuando transfiera alguna o ambas fincas a otras personas, estimamos el caso comprendido en el artículo 529 del Código penal de 23 de diciembre de 1944.
En cualquier momento en que el Registrador adquiera la certeza de la doble inmatriculación a favor de una misma persona, debe, a nuestro juicio, promover la rectificación oportuna, basándose en que al inmatricular la finca por segunda vez, se incurrió en el error de concepto, no imputable al Registrador, de considerar como finca distinta la que era una misma, aunque descrita de otra forma. Es el caso d) del artículo 40 de la Ley, de inexactitud registral procedente de defecto del título que motivó la segunda inscripción, al omitir la coordinación debida con los asientos que de la misma finca física ya obraban en el Registro.
Un tanto atrevida puede parecer la afirmación de que se trata de un error de concepto; mas si meditamos en que el error proviene del momento en que el Registrador, al practicar la busca, consideró como finca no inscrita la que lo estaba con otra descripción, hemos de llegar a la conclusión de que al expresar en la inscripción que la finca no estaba inscrita se estaba dentro del caso del artículo 219 de la Ley Hipotecaria, que admite que el error de concepto fuese producido por la redacción vaga, ambigua o inexacta del título primitivo, y en este caso para su rectificación precisaría un título nuevo y el consentimiento del interesado o la declaración de una sentencia judicial.
Si, a[u]n así, el interesado no accediera y existiese absoluta seguridad de la duplicidad de inscripciones, podría y debería darse parte a la autoridad judicial, con remisión de certificación de los asientos duplicados, haciendo constar esta circunstancia al margen de las inscripciones contradictorias, por analogía con lo dispuesto en los artículos 101 y 313 del Reglamento Hipotecario, extendiendo anotaciones preventivas de las transmisiones o gravámenes de las fincas contradictorias hasta que se resolviese lo procedente, anota-ción por imposibilidad del Registrador, basada en el número 9o del artículo 42 de la Ley Hipotecaria. (Énfasis suplido.) Problemas que plantea la doble inmatriculación de fincas y sus posibles soluciones legales, Rev. Crít. Der. Inmob. 4-5 (1949).

Roca Sastre, en consonancia con lo anterior, ha interpretado que cuando no hay diferencia de sujetos no hay tampoco verda-dera doble inmatriculación. Exige que el antagonismo entre ambas fincas regístrales sea radical, por figurar la misma finca o parte de ella doblemente inmatriculada a nombre de personas distintas. Roca Sastre, op. cit., pág. 254. Así parece entenderlo la doctrina mayoritaria española.

hH hH I — I

El examen del Art. 251 de nuestra Ley Hipotecaria, supra, nos obliga a concluir que el legislador puertorriqueño dio un tratamiento diferente. Aunque en parte copió el Art. 313 del Reglamento Hipotecario español, supra, expresamente optó por modificar su texto. Incluyó, contrario al Art. 313 español, supra, aquellas situaciones en que ambas inmatriculaciones figuran a favor del mismo dueño. De esta manera, con meridiana claridad, dispuso que se recurriera a los tribunales a dilucidar el asunto, una vez citados todos los interesados. La sabiduría de ese enfoque legislativo no es de nuestra incumbencia y por fíat e interpretación judicial no podemos descartarlo. Ese curso de acción legislativa guió la denegatoria del Registrador. Véase R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, págs. 299-303.

Sin embargo, los recurrentes Vélez-Otero y Cruz-Robles, sin invocar expresamente la solución jurídica dada por los españoles, en realidad nos solicitan que la adoptemos. No podemos acceder a ese requerimiento y considerarlo como un error del Registro corregible, bien de oficio o a instancia de parte, sin intervención del órgano judicial.

La letra del Art. 251 de la Ley Hipotecaria, supra, es diáfana y libre de toda ambigüedad, y debe aplicarse tal y como dispone. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 53 (1984); Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983); Robert Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 573 esc. 11 (1983); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966); Partido Popular v. Junta Insular Elecciones, 63 D.P.R. 296, 337 (1944). El texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. “En aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley.” Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 331 (1975). Véase, además, Rojas v. Méndez & Co., Inc. supra.

For los fundamentos expuestos, se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Pérez Cruz v. Fernández Martínez, 106 D.P.R. 144 (1977); Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365 (1973); Borrero v. Borrero, 32 D.P.R. 194 (1923); Rivera et al. v. The Juncos Central Co., 31 D.P.R. 264 (1922); King v. Fernández et al., 30 D.P.R. 592 (1922); Suris v. Quiñones et al., 17 D.P.R. 646 (1911); Ramos v. Orcasitas, 14 D.P.R. 68 (1908).

      (2) El Art. 313 del Reglamento Hipotecario dispone: “Si el que tuviere inscrita a su favor una finca creyere que otra inscripción de finca señalada bajo número diferente se refiere al mismo inmueble, podrá pedir al Juez de primera instancia del lugar en que radique el Registro, que, con citación de los interesados y siempre que se pruebe la identidad de la finca, dicte auto ordenando que se extienda nota suficientemente expresiva de la doble inmatriculación al margen de ambas inscripciones. En el auto se reservarán a los interesados las acciones de que se consideren asistidos sobre declaración del mejor derecho al inmueble, que podrán ejercitar en el juicio declarativo correspondiente.” Ley y Reglamento Hipotecario, 5ta ed., Madrid, Sec. de Pub. del Ministerio de Justicia, 1959, pág. 317.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Hernández Denton,

text:
    Maribel Adorno Quiles, demandante y recurrente, v. Ángel Hernández, también conocido como Ángel “Pelayito” Hernández, demandado y recurrido.

      Número: RE-87-348

      Resuelto: 26 de abril de 1990

      Francisco Valcárcel Mulero y Neftalí Fuster González, abogados de la recurrente; Gabriel I. Peñagarícano, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Maribel Adorno Quiles, demandante y recurrente, es manejadora de boxeadores. Suscribió un contrato con Ángel Hernández, conocido como “Pelayito” Hernández, el 28 de enero de 1985. Mediante ese contrato, Hernández se obligó a prestar servicios de boxeador a la demandante de manera exclusiva por un período de cuatro (4) años. Transcurridos más de dos (2) años desde que se otorgó ese contrato, Hernández solicitó a través de su abogado que la manejadora lo liberara del contrato por razón de que la señora Adorno no había cumplido con su obligación de realizar sus oficios y ejercer sus conocimientos boxísticos a los fines de conseguirle encuentros de importancia económica y competitiva.

Hernández acudió a la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico (en adelante Comisión) para que ésta invalidara el contrato. La Comisión citó a una vista administrativa ante un oficial examinador. En la vista estuvieron presentes la señora Adorno, el señor Hernández, el Sr. Héctor Rivera y el Ledo. Walter Alomar, abogado de la señora Adorno. Poco tiempo después de iniciada la vista compareció el Ledo. Francisco Valeárcel, quien acudió a la vista en representación de la señora Adorno conjuntamente con el licenciado Alomar. Para el momento en que llegó el licenciado Valeárcel, el querellante había brindado su propio testimonio y el de un testigo. El licenciado Alomar había contrainterrogado a los testigos y presentado prueba en refuta-ción de las alegaciones del querellante.

El licenciado Valeárcel, luego de identificarse como abogado de la señora Adorno, impugnó la jurisdicción de la Comisión para adjudicar la querella.

El día siguiente a la vista administrativa, 27 de marzo de 1987, la señora Adorno presentó demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Civil Núm. 87-167(905), para que se declarara válido y vigente el contrato otorgado entre las partes.

“Pelayito” Hernández solicitó que se desestimara la acción por ser prematura en cuanto a su persona y por falta de jurisdicción para adjudicar la controversia, por estar la misma ante la consideración de un organismo administrativo a cuya jurisdicción se había sometido la demandante.

El tribunal desestimó la demanda. Señaló en su sentencia que la demandante se había sometido a la jurisdicción de la Comisión, que se debían agotar los remedios antes de recurrir al foro judicial y que la demandante no alegó que la gestión administrativa es inútil, inefectiva, que no ofrece remedio adecuado o que habrá de causarle un daño irreparable o inminente. Expedimos el auto para revisar la sentencia.

A tenor con lo dispuesto en el Art. 7(f) y (j) de la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980 (3 L.ER.A. sec. 442f(f) y (j)), se le confiere al Secretario de Recreación y Deportes (en adelante Secretario) ciertas facultades, entre ellas:

(f) Resolver querellas en torno a asuntos deportivos, que con-forme a este Capítulo y los reglamentos adoptados en virtud del mismo sean de su jurisdicción ....
(j) Delegar en funcionarios subalternos las funciones que este Capítulo le confiere, excepto la de nombrar personal y de aprobar, enmendar o derogar reglas y reglamentos.

El Secretario creó la Comisión mediante el Reglamento de Boxeo Profesional (en adelante Reglamento). Éste enumera los actos sobre los cuales le ha sido conferida la jurisdicción a la Comisión. Entre otras, se le confirió la facultad para promover, supervisar y administrar el deporte de boxeo profesional en Puerto Rico. La Comisión tendrá, a su vez, facultad para entender y resolver asuntos relacionados con la cualificación, participación, aplicación de reglas, sanciones y derechos de los atletas respecto del deporte boxístico (Art. XXII, Sec. 3); para intervenir en la contratación de encuentros boxísticos, y para aprobar programas de boxeo (Art. V, Sec. 1).

Los contratos que se otorgan entre los boxeadores y apode-rados se notifican y se presentan en la Comisión. El Art. XVIII del Reglamento exige a todo apoderado que tenga la autorización y licencia requerida por la Comisión para ejercer como tal y que registre ante la Comisión copia del contrato otorgado entre boxeador y apoderado.

Dentro de los deberes y responsabilidades de la Comisión se encuentra mediar en la solución de las controversias surgidas entre los boxeadores, promotores, apoderados y padrinos o entrenadores (Art. V, Sec. 1(e)).

Por otro lado, el Art. XXVIII del Reglamento enumera los remedios o sanciones que puede emitir la Comisión. Ellas son las multas administrativas, las órdenes para cesar y desistir, y la cancelación, revocación o suspensión de cualquier autorización o licencia concedida en virtud del Reglamento. En los remedios citados no se menciona el intervenir o dejar sin efecto los contratos privados entre boxeador y apoderado. Existe una ausencia de facultad para proveer un remedio resolutorio de un contrato. Estamos ante una controversia contractual de naturaleza privada. El Art. 111(5) del Reglamento nos define “apoderado” como: “Una persona natural que represente a un boxeador mediante contrato privado entre ambos el cual está aprobado por la Comisión y a quien se le haya expedido una licencia por ésta para actuar.” (Énfasis suplido.) El propio artículo establece la naturaleza privada del contrato entre apoderado y boxeador. Como regla general, la facultad para interpretar los contratos es una cuestión de derecho que le corresponde resolver a los tribunales. La intervención de la Comisión y la facultad que se le confiere no se extiende hasta el punto de entrar a resolver si hubo incumplimiento contractual. Por lo tanto, la Comisión no posee jurisdicción para dilucidar este tipo de controversia.

El tribunal sentenciador determinó que la señora Adorno se había sometido a la jurisdicción de la Comisión y que no hubo desistimiento posterior.!) No le asiste la razón. En primer lugar, el desistimiento de una acción le corresponde a la parte promovente. Por lo tanto, no es la parte promovida la que desiste de una causa de acción. En segundo lugar, el que se haya presentado un caso ante una agencia administrativa y se haya celebrado parte de una vista no conlleva que se otorgue jurisdic-ción a una agencia cuando ésta no posee la facultad para dilucidar la controversia. Por otro lado, el procedimiento ante la agencia no se encontraba en una etapa avanzada que resultara en un choque contra la equidad el despojarla de su poder adjudicativo. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978).()

En variedad de ocasiones hemos expresado que como regla general hay que agotar los remedios administrativos antes de acudir a los tribunales. Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488 (1970); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988).

Esta regla tiene como propósito que sean las agencias admi-nistrativas las que diluciden en primera instancia las controver-sias, ya que poseen pericia o expertise en la materia. Sin embargo, al evaluar los casos es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales son especialis-tas, y cuestiones propias para la discreción o pericia administra-tiva. Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978).

Es aplicable a nuestro caso lo resuelto en Rivera v. E.L.A., supra, pág. 596, a los efectos de que “[tjambién se puede omitir el trámite administrativo cuando la agencia claramente no tiene jurisdicción y la posposición conlleva un daño irreparable al afectado, o el asunto es estrictamente de derecho que no requiere unos conocimientos especiales de la agencia administrativa”.

En este caso la controversia principal gira en torno a la validez y el cumplimiento del contrato otorgado entre las partes. La Comisión no posee conocimiento especializado para resolver este tipo de controversia contractual privada. No varía el resultado el hecho de que la decisión que pueda tomar en su día el tribunal afecte indirectamente al deporte de boxeo profesional. La Comi-sión y los organismos deportivos análogos no son tribunales de justicia con facultades de adjudicar controversias privadas en las que no les corresponde hacer determinaciones factuales que se benefician de su conocimiento interno y especializado. Febres v. Feijoó, supra.

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal Superior para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente, a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Señor Negrón García y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Por entender que la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico (en adelante Comisión) tiene los conocimientos periciales y la facultad para adjudicar un conflicto contractual entre un boxeador profesional y su apoderado, disiento de la opinión mayoritaria.

En el caso de autos, Maribel Adorno Quiles y Ángel “Pelayito” Hernández suscribieron un contrato. En virtud de ese acuerdo, “Pelayito” Hernández se obligó a rendir sus servicios de boxeador profesional exclusivamente para la señora Adorno Quiles. Ella, por su parte, se comprometió a pagarle al boxeador un por ciento de las sumas de dinero que obtuviera como resultado de sus combates. La controversia específica en este caso gira en torno a la interpretación de la cláusula tercera del contrato, que dispone:

El Manejador del Boxeador se compromete a realizar sus buenos oficios y ejercitar sus conocimientos boxísticos a los fines de conseguirle encuentros boxísticos de importancia remunerativa y competitiva al Boxeador y éste se compromete a cumplir con los compromisos boxísticos programados y acordados por el Manejador durante la vigencia de este contrato. (Énfasis suplido.) Apéndice IX, pág. 31.

“Pelayito” Hernández presentó una querella ante la Comisión en la que alegó que su representante había incumplido con su obligación de “conseguirle encuentros boxísticos de importancia remunerativa y competitiva”. Se celebró una vista administrativa ante el Oficial Examinador Arturo C. Gallardo, a la que compa-recieron ambas partes asistidas por abogados.

Al día siguiente, la señora Adorno Quiles presentó una demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para solicitar que se declarara válido y vigente el contrato suscrito por las partes. En su acción, la apoderada no impugnó la facultad adjudicativa de la Comisión, pero negó que se hubiera sometido a su jurisdicción.

El boxeador demandado presentó una moción de desestima-ción en la que expuso que el tribunal carecía de jurisdicción para entender en la controversia, puesto que el asunto se encontraba sometido ante la Comisión. Luego de celebrar una vista y de considerar los memorandos de derecho sometidos por las partes, el Tribunal Superior desestimó la demanda. Es por motivo de esta sentencia que Adorno Quiles recurre ante este Foro.

b — I

La validez constitucional de la delegación de poder adjudicativo a una agencia administrativa es un principio firme-mente establecido en nuestro ordenamiento. López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 230 (1987). En su función adjudicativa, las agencias administrativas deciden controversias mediante la aplicación de las normas de derecho vigentes a los hechos específicos del caso. “Parte esencial de reformas a los sistemas de justicia en muchas jurisdicciones. . . es el reconoci-miento de que organismos no judiciales deben atender asuntos que hasta cierto tiempo se consideraron de la competencia exclusiva de los tribunales.” Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 223 (1974).

Al interpretar el alcance de los poderes delegados a la agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a una interpretación restrictiva del estatuto habilitador. “La cuestión que nos ocupa debe examinarse dentro del amplio marco del desarrollo del derecho administrativo y de las nuevas corrientes en la adminis-tración de la justicia. Es a veces difícil extraer el significado de un estatuto ateniéndonos tan sólo a sus términos escuetos, sin referencia a las circunstancias, advertibles por los tribunales, que lo producen.” (Enfasis suplido.) Hernández Denton v. Quiñones Desdier, supra, pág. 220.

Un análisis integral de los propósitos y las disposiciones de la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (en adelante Ley Orgánica), Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según enmendada, 3 L.ER.A. see. 442 et seq., revela que a este departamento se le concedieron amplios poderes para fomentar, reglamentar y fiscalizar la programación de todas las actividades recreativas y deportivas en Puerto Rico:

(a) Reglamentar, fomentar y supervisar todas las actividades de recreación y deportes, públicas y privadas, profesionales o aficiona-das que se celebren en Puerto Rico.
(f) Resolver querellas en torno a asuntos deportivos, que con-forme a este Capítulo y los reglamentos adoptados en virtud del mismo sean de su jurisdicción y proveer ayuda, asesoramiento técnico o de cualquier otra naturaleza a cual[es]quiera personas que quieran organizar, fomentar, promover y celebrar actividades den-tro de los propósitos de este Capítulo.
(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesa-rios para hacer efectivos los propósitos de este Capítulo y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y deter-minaciones del Departamento.
(s) Realizar todos aquellos actos necesarios y convenientes para el logro más eficaz de los propósitos de este Capítulo. (Énfasis suplido.) 3 L.ER.A. sec. 442f.

La Ley Orgánica no sólo delega en el Secretario de Recrea-ción y Deportes (en adelante Secretario) la facultad de “resolver querellas en torno a asuntos deportivos”, sino que reconoce también expresamente que tendrá jurisdicción primaria exclu-siva para adjudicar toda controversia o querella incoada:

En el ejercicio de las facultades adjudicativas que por este Capítulo se le confieren, el Secretario tendrá jurisdicción primaria para entender en toda querella o controversia incoada al amparo de las disposiciones del mismo. A tales efectos, el Secretario podrá designar examinadores cuya función será presidir las vistas públi-cas administrativas que se celebren por el Departamento. (Enfasis suplido.) 3 L.ER.A. sec. 442m.

Para complementar sus poderes adjudicativos, la Asamblea Legislativa otorgó al Secretario facultad para “[pjrevia notifica-ción y vista, imponer multas administrativas por las violaciones a este Capítulo, sus reglamentos y órdenes emitidas de acuerdo a las disposiciones [de la ley]”. 3 L.P.R.A. sec. 442n(a). También le autorizó a “[ejmitir órdenes para cesar y desistir cualquier acción o actividad ... y prescribir los términos y condiciones correctivas que crea necesarios para el logro de los propósitos de este Capítulo”. 3 L.ER.A. sec. 442n(b).

En vista de los poderes adjudicativos delegados en el Secre-tario, la ley estableció un procedimiento de revisión judicial fundado en la premisa de que corresponde inicialmente al Secre-tario en vista adjudicativa el hacer determinaciones de hecho que serán concluyentes si están sostenidas por evidencia sustancial. 3 L.ER.A. sec. 442q(e).

El Art. 11 de la Ley Orgánica, 3 L.ER.A. sec. 442j, autoriza, además, al Secretario de ese departamento a aprobar los regla-mentos que sean necesarios para cumplir con la política pública que se establece mediante el estatuto. En virtud de esta facultad, el Secretario promulgó el Reglamento de Boxeo Profesional (en adelante Reglamento), que establece la Comisión adscrita a la Oficina del Secretario. Por la naturaleza del boxeo, la Comisión tiene extensos poderes para administrar, reglamentar, dirigir y supervisar este deporte. El Reglamento requiere que toda persona que desee desempeñarse como “[boxeador o] apoderado, promotor, árbitro, juez, cronometrista, padrino y concertador de encuentros”, obtenga una licencia de la Comisión (Arts. XII y VIII). Por otro lado, el Reglamento exige que los contratos que se hagan entre apoderados y boxeadores se inscriban en la Comisión (Art. XVIII).

En vista de la naturaleza tan particular del pugilismo, y conscientes de que en el boxeo se generan controversias que requieren una adjudicación rápida por parte de una entidad reguladora, peritaje y experiencia necesaria, el Secretario delegó en la Comisión tanto .la facultad adjudicativa primaria de “enten-ded] en toda querella o controversia que envuelva el boxeo profesional” (Art. VI), como el poder de conceder, suspender o revocar las licencias de todos los boxeadores, promotores y oficiales del deporte:

La Comisión tendrá facultad para entender y resolver, sin que se entienda como una limitación, en controversias relacionadas entre otras con la cualificación, participación, aplicación de reglas, sancio-nes y derechos de atletas respecto del deporte boxístico, y de éste con tales atletas, a los propósitos de dirimir dichas controversias, en beneficio e interés del deporte y en armonía con los principios elementales de justicia y equidad. (Énfasis suplido.) Art. XXII, Sec. .3.

Al amparo de este poder, le corresponde a la Comisión “entender y resolver” controversias como la del caso de autos. Examinado el alcance de la ley habilitadora y la reglamentación detallada del pugilismo, es evidente que la Asamblea Legislativa utilizó el vocablo “entender” en su acepción de “juzgar o de tener una autoridad, facultad o jurisdicción para conocer de materia determinada”. Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. I, pág. 562. María Moliner, en su Diccionario de Uso del Español, Madrid, Ed. Gredos, 1977, pág. 1140, ratifica esta interpretación al describir que uno de los usos más comunes de la palabra significa tener “determinada autoridad” sobre una materia. Incluye, por ejemplo, la autoridad conferida a un juez para ocuparse de cierto asunto o para intervenir en él.

Tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa ha decidido reglamentar extensamente el deporte del boxeo, es imperativo que el organismo creado específicamente para llevar a cabo esta función (la Comisión) tenga facultad adjudicativa para entender por lo menos en primera instancia en controversias como la de autos. La intervención de los tribunales debe limitarse a revisar las decisiones del organismo especializado que reglamenta el deporte.

Por esta razón, discrepamos de la conclusión a que llega la mayoría del Tribunal de que la Comisión no tiene jurisdicción para intervenir en un conflicto contractual entre un boxeador y su apoderado. Si los contratos entre ellos tienen que estar inscritos en la Comisión, procede también que sean ellos los que en primer lugar interpreten el alcance de las cláusulas referentes a sus obligaciones dimanantes del deporte.

Al requerir una concesión expresa de poder de adjudicación, el Tribunal utiliza la máxima Expresio Unius est Exclussio Alterius para evaluar las facultades de la entidad. Esta regla “[d]ebe aplicarse con gran cuidado porque no es de aplicación universal. No es absoluta, pues su fin primordial es determinar la intención legislativa, y, cuando esta intención surge de otra manera, no debe utilizarse como medio de interpretación si su aplicación está en pugna con el pensamiento del legislador”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 346.

En este caso, de la Ley Orgánica surge que la Asamblea Legislativa creó un departamento con amplios poderes para promocionar, reglamentar y fiscalizar los deportes en Puerto Rico. Todo el ordenamiento deportivo requiere unos mecanismos adjudicativos especializados que resuelvan rápidamente las múl-tiples controversias técnicas que surgen en todas las actividades atléticas. La opinión del Tribunal ignora estas necesidades inhe-rentes al deporte y tiene el resultado de debilitar una comisión especializada que hasta ahora ha tenido la responsabilidad prima-ria de fiscalizar el boxeo.

La determinación de si la señora Adorno Quiles ejerció o no sus conocimientos boxísticos para conseguirle al boxeador “en-cuentros de importancia económica y competitiva” requiere de la pericia o expertise de la Comisión. Por estar pendiente ante ésta la reclamación del boxeador y al no haberse agotado los remedios administrativos, en esa etapa de los procedimientos no procedía la intervención del foro judicial. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 722-723 (1982); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 681 (1978).

Por los fundamentos expuestos, confirmaría la sentencia dic-tada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

      (1) El Art. XXIII, Sec. 1 del Reglamento de Boxeo Profesional dispone lo siguiente:
      “ ‘La sumisión de cualquier querella o controversia ante la Comisión es voluntaria y la emisión de sus decisiones de carácter rogado. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, la Comisión podrá continual- el mismo y emitir una decisión en ausencia de cualquier parte a no ser que medie un desistimiento expreso.’” (Énfasis en el original suprimido.) Apéndice V, pág. 20.

      (2) En Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978), el promovente era el que pedía el desistimiento de un recurso administrativo de apelación. La Junta negó su petición y anunció que retendría su jurisdicción para resolver el asunto. El Tribunal entendió que la Junta no tenía facultad para intervenir en la elección de remedios de una parte. Tomó en consideración que el procedimiento ante la agencia no se encontraba en una etapa avanzada.


author: per curiam:

text:
      In re Jorge L. Izquierdo, querellado.

      Número: AB-89-4

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y José Roberto Vega Díaz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Nuevamente ejercemos nuestra jurisdicción disciplinaria con un abogado que en repetidas ocasiones ha incumplido los requerimientos de este Tribunal en investigaciones originadas por quejas de sus clientes por los servicios profesio-nales rendidos. En este caso particular, su craso incumplimiento con nuestras resoluciones constituye una falta de respeto a los procedimientos de este Tribunal. Procede su suspensión indefi-nida del ejercicio de la abogacía.

En mayo de 1988 el Procurador General de Puerto Rico nos informó que el Lie. Jorge L. Izquierdo no había contestado sus comunicaciones sobre la queja presentada por la Sra. Wanda J. Camacho Botet. Mediante Resolución de 9 de junio de 1988 y bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias concedimos al abogado un término de treinta (30) días para contestar los requerimientos del Procurador General. Transcurrido este término, concedimos otra oportunidad al abogado y en esa ocasión le advertimos que su incumplimiento conllevaría la suspensión automática de la aboga-cía.

El 26 de septiembre de 1988 el licenciado Izquierdo compa-reció y expuso que no había contestado las cartas del Procurador General “por razón de que no las había recibido”. Oportunamente instruimos al Procurador General que le remitiera copia de su informe con los documentos relacionados con la queja que originó su investigación.

Después de unos incidentes adicionales, el 16 de marzo de 1989 el Procurador General compareció nuevamente para exponer que el abogado tampoco había contestado sus requerimientos referentes a las quejas presentadas por la Sra. María del Pilar Aostri y el Sr. Andrés Ramos Acosta. Nuevamente, mediante Resolución de 31 de marzo de 1989, concedimos término al abogado para que compareciera ante el Procurador General para contestar todas las quejas pendientes y una vez más se le apercibió que su incumplimiento conllevaría sanciones disciplina-rias. Expirado el término concedido y transcurrido un período adicional, todavía no se ha recibido su contestación.

Simultáneamente, durante esos meses el abogado fue notifi-cado por la Oficina del Director de Inspección de Notarías de deficiencias en su función notarial y fue requerido por este Tribunal que corrigiera los problemas y mostrara causa por la cual no debíamos disciplinarlo por las violaciones en que incurrió.

En vista de su incumplimiento con estas resoluciones del Tribunal, el 17 de agosto de 1989 lo separamos indefinidamente del ejercicio de la notaría, y el 24 de agosto de 1989 lo suspendi-mos provisionalmente de la abogacía “hasta tanto acredite su disposición de cumplir y afrontar el trámite referente a las quejas sin ulteriores dilaciones innecesarias”. In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984). También le ordenamos que entregara inmedia-tamente sus dos (2) registros de affidavit y que rindiera los índices notariales vencidos desde el 16 de noviembre de 1986.

Posteriormente, el Procurador General informó que el querellado no había contestado una queja presentada en su contra por la Sra. Emily E. Torres Rodríguez. Mediante Resolución de 14 de septiembre de 1989, concedimos quince (15) días para contestar y le apercibimos “que considerando sus antecedentes profesionales!,] su incumplimiento con los términos de esta reso-lución conllevará su suspensión indefinida del ejercicio de la profesión”. Hasta el presente ha ignorado este requerimiento. Procedemos a resolver según lo intimado.

r — i í — i

Recordemos que la naturaleza de la función de abogado exige una estricta observancia de las resoluciones de este Tribunal, no solamente durante la litigación de los casos sino también en la jurisdicción disciplinaria. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal y de la Oficina del Procurador General respecto a una queja presentada en su contra que esté bajo investigación. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984).

Independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, él tiene la obligación ineludible de responder prontamente a los requerimientos de este Tribunal. Consideramos que “[l]a indebida, irrazonable e inexcusable tardanza del querellado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal”. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975). La naturaleza y la importancia de sus funciones reclaman del abogado una observancia estricta de las órdenes de los tribunales, y la voluntaria desatención de este tipo de comunicación socava nuestra función reguladora de la profesión.

En estas circunstancias, considerando su historial previo en la función dual de abogado y notario, en ausencia de excusa válida oportuna, procede su suspensión indefinida de la abogacía.

El Juez Fresidente Señor Eons Núñez se inhibió. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.


text:
      In re Rafael Rodríguez Mena, querellado.

      Número: 2944

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante; Rafael Rodríguez Mena, pro se.

   per curiam:

El Lie. Rafael Rodríguez Mena fue admitido al ejercicio de la abogacía el 7 de junio de 1967 y prestó juramento como notario el 26 de junio del mismo año.

El 18 de octubre de 1988 el Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informó que el notario de epígrafe no rendía índices notariales desde julio de 1987. Anteriormente el notario había dejado de rendir los índices correspondientes a los meses de enero a mayo de 1987. El abogado alegó, en esa ocasión, que su incumplimiento se debía a la imposibilidad de conseguir ayuda secretarial en el Municipio de Culebra.

El 3 de noviembre de 1988 ordenamos al licenciado Rodríguez Mena que procediera a rendir los índices notariales a que hacía referencia el Informe del Director de la Oficina de Inspección de Notarías. También se le ordenó que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado.

El licenciado Rodríguez Mena hizo caso omiso de esta orden. En vista de ello, el 12 de enero de 1989 ordenamos la incautación de su obra notarial, lo suspendimos permanentemente del nota-riado y le concedimos un término de treinta (30) días para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado como abogado.

El 10 de febrero de 1989 compareció el licenciado Rodríguez Mena y planteó que durante los últimos tres (3) años toda su práctica legal se había limitado a brindar ayuda gratuita y que durante los últimos siete (7) meses su “estado de ánimo” y “salud física y emocional” no habían sido buenas.

Solicitó que se le permitiera retirarse de la profesión de una manera “honorable”.

El 13 de junio de 1989 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos informó el resultado del examen de los protocolos y registros de afidávit del licenciado Rodríguez Mena. Nos señaló las deficiencias detectadas en su obra notarial previamente incau-tada correspondientes a 1984-1985.

El Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos informó que al licenciado Rodríguez Mena se le proveyó la oportunidad para que corrigiera las deficiencias en su obra notarial pero que éste, aun cuando visitó su oficina en una ocasión y realizó algunas correcciones, ha dejado faltas como: ausencia de la firma y rúbrica del notario, falta de impuesto notarial y ausencia de la firma de un otorgante en una de las escrituras. Véanse: Arts. 10 y 34(3) de la nueva Ley Notarial de Fuerto Rico, 4 L.ER.A. sees. 2021 y 2052(3), respectivamente; Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831 (1979).

Mediante Resolución de 26 de octubre de 1989 concedimos nuevamente término al licenciado Rodríguez Mena para que corrigiera su obra notarial correspondiente a 1984-1985. El Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos ha informado que el licenciado Rodríguez Mena ha hecho caso omiso a dicho requerimiento.

I.

La notaría es función de cuidado que debe ser ejercida con suma diligencia y celo profesional. In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988).

El notario, como depositario de la fe pública, de la confianza de los particulares y del poder público, ha de tener un grado de responsabilidad considerable. In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987).

Mediante los actos notariales, no sólo se afectan los intereses de quienes intervienen como partes, sino también de aquellos que tienen relaciones jurídicas con ellos. In re Del Río Rivera y Otero Fernández, supra. Por ello es que los notarios están obligados a cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Ley Notarial de Puerto Rico, en los cánones de ética profesional y en el contrato con las partes. La inobservancia de tal obligación los expone a la acción disciplinaria correspondiente. In re Alvarado Tizol, supra; In re Raya, 117 D.P.R. 797 (1986); In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205 (1983).

H-i H — I

El licenciado Rodríguez Mena ha incumplido reiteradamente tanto con las exigencias de la Ley Notarial de Puerto Rico como con los propios requerimientos del Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

Más aún, el licenciado Rodríguez Mena ha hecho caso omiso a los requerimientos de este Tribunal, aunque ya había sido advertido de que podía ser sancionado como abogado. Ello lo descualifica para el ejercicio de la abogacía.

Las razones aducidas para que permitamos su retiro de la abogacía, en forma “honorable”, no nos persuaden. Particular-mente en esta etapa del procedimiento disciplinario y cuando éste, durante dicho proceso, ha hecho caso omiso de los requerimientos del Director de la Oficina de Inspección de Notarías y de este Tribunal.

Por todo lo anterior, se separa al Ledo. Rafael Rodríguez Mena indefinidamente del ejercicio de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.