source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Designación del Juez Hon. Daniel E. López Pritchard como Juez Especial.
    Número:_

      Resuelto: 30 de junio de 1987
   RESOLUCION

En virtud de la Ley Núm. 19 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 62a et seq., se dispuso:

Cualquier persona que, siendo Juez del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior o del Tribunal de Distrito, se hubiese acogido a una pensión por retiro bajo el Sistema de Retiro para la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá ser reintegrado al servicio mediante su designación como Juez Especial por el Tribunal Supremo, sujeto a las demás condiciones que se establecen en las secs. 62a a 62g de este título.

El Hon. Juez Daniel E. López Pritchard comenzó en 1960 una ilustre y distinguida carrera como Juez Superior del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico. Ha sometido su renuncia como tal al Señor Gobernador de Puerto Rico, y éste la ha aceptado para ser efectiva el 31 de julio de 1987, por razón de que el 5 de agosto de 1987 cumple 70 años de edad y desea acogerse a una pensión por retiro bajo el Sistema de Retiro para la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Juez López Pritchard ha manifestado su disponibilidad y deseo de continuar brindándole sus servicios a la Judicatura de Puerto Rico como Juez Especial. Hasta este momento el Juez López Pritchard ha desempeñado y continúa desem-peñándose como uno de los jueces más laboriosos, responsables y éticos de nuestro Tribunal de Primera Instancia. Ha sido por vocación servidor público, pues le ha servido bien a nuestro país como Registrador de la Propiedad, Fiscal y Juez. Se ha desempeñado como Juez Administrador del Tribunal Superior, Salas de Ponce y de San Juan, como Juez Administrador de la Sala de San Juan de Asuntos de lo Criminal, Juez Administrador del Centro Judicial de San Juan a cargo de su organización inicial, ha sido miembro de distintos comités que han estudiado y evaluado el sistema judicial y administrativo de los tribu-nales y ha sido reconocido por el Gobierno de Puerto Rico con el premio Manuel A. Pérez por su labor en la admi-nistración judicial.

En atención a todo lo anterior, a que cumple con todos los requisitos estatutarios, y al deseo expresado por el Juez López Pritchard de volverse a integrar al servicio como Juez Especial, una vez acogido a su pensión por retiro, el Tribunal, en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 19, supra, lo designa Juez Especial efectivo el 3 de agosto de 1987.

Los estatutos del Estado Libre Asociado se presumen constitucionales y los tribunales deben evitar resolver cuestiones constitucionales siempre que ello fuere posible. Walker v. Tribl. Contribuciones y Tesorero, 72 D.P.R. 698 (1951); Spanish Am. Tobacco Co. v. Buscaglia, 71 D.P.R. 991 (1950). Véase, también, Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981). Los tribunales tienen el deber de no adelantar pronunciamientos a destiempo emitiendo decisiones en abstracto de índole constitucional en ausencia de una controversia justiciable. Toda opinión en relación con dicho aspecto resulta consultiva- y contraria a nuestro esquema constitucional. Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). En vista de que no se ha cuestionado la constitu-cionalidad de la Ley Núm. 19, supra, este Tribunal no puede pronunciarse sobre su validez.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

—0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

H — I

Con miras a despejar toda confusión al respecto, exponemos por escrito nuestra posición en este asunto según comunicada previamente al Juez Presidente Señor Pons Núñez y demás Jueces Asociados. De entrada, aclaramos que la actuación del Tribunal al designar Jueces Especiales —en virtud de la Ley Núm. 19 de 30 de octubre de 1975 (4 L.P.R.A. sec. 62a), según enmendada por la Ley Núm. 125 de 12 de julio de 1986— no es de índole judicial. Se trata del ejercicio de una facultad ejecutiva, de carácter discrecional, que gira en la órbita de lo administrativo. Por ende, la posición que aquí asumimos, consigna pero no prejuzga la cuestión en el plano judicial. Responde más bien a una inquietud legítima sobre la validez constitucional que surge al implantar este estatuto. El juicio reflexivo se impone no sólo en lo judicial, sino también en los trámites de asuntos de coadministración que de vez en cuando realizamos como miembros del Tribunal.

Por esta misma razón, la traba que al respecto se expone en la resolución del Tribunal es errónea en cuanto invoca la doctrina de abstención constitucional que resulta inaplicable. Repetimos, la designación por este foro colegiado de un Juez Especial no es una actuación judicial sino administrativa. Es una cuestión concreta que se materializa en virtud de la resolución. Ante la estrecha disyuntiva que nos impone dicho dictamen y la legislación, rehusamos asumir el papel de simples autómatas observadores.

Por estas razones, y en vista de que este Tribunal representa el foro de última instancia, en que en la otra órbita, la judicial, podría dilucidarse cualquier controversia y ataque constitucional a una ley por los fundamentos que expondremos, discrecional y prudencialmente no debimos haber actuado con relación al trámite del nombramiento del Juez Superior Daniel López Pritchard, como Juez Especial, a ser efectivo con posterioridad a acojerse al retiro el 31 de julio de 1987.

No cuestionamos el loable propósito que inspira la Ley Núm. 19, supra y menos los méritos del Juez López Pritchard, como candidato para el referido cargo, una vez se jubile por razón de la edad obligatoria. Su laboriosidad, excelencia ética, buenos hábitos de estudio y compromiso con la justicia —avalada por varias décadas de rica experiencia en el quehacer judicial— son credenciales únicas que le cualifican de manera absoluta.

Nuestro criterio está apuntalado en la grave preocu-pación de que la Ley Núm. 19, supra, según enmendada —que establece el cargo de Juez Especial y autoriza a este foro a nombrar jueces que se han jubilado después de alcanzar la edad de setenta (70) años de retiro obligatorio— pudiera resultar inconstitucional en dos dimensiones. Veamos.

Primero, porque aparentemente conflige contra el sistema de nombramientos dispuesto en el Art. V, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1, ed. 1982, pág. 360, que en lo pertinente dispone —sin excepción— que [l]os jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado”.

Y segundo, porque supuestamente riñe de su faz con lo preceptuado en la Sec. 10 del mismo Art. V, a saber, que “[l]a Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años de edad”. (Énfasis suplido.) Const. E.L.A., supra, pág. 361.

El legajo de la Asamblea Constituyente aviva esta inquietud. Allí se discutió y plasmó el texto actual sobre “jubilación compulsoria”. Los indicadores son que conjun-tamente con la Sec. 3 del Art. IX, Const. E.L.A., supra, se trazó el verdadero significado de esta cláusula al ex-cluirse “del límite de edad fijado por esta Constitución para el retiro obligatorio [a] todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus cargos a la fecha en que comience a regir esta Constitución ... ”. Véase, también, 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 512-513 (1952); Diario de Sesiones, supra, T. 3, págs. 1678, 2148, 2165-2166, 2297 y 2307-2310.

<1

Este trasfondo y esquema constitucional ineludible-mente suscita varias preguntas: ¿Pueden el Gobernador y el Senado de Puerto Rico delegar en el Tribunal Supremo la facultad de nombrar y confirmar jueces? Una vez alcanzada la edad de 70 años de retiro constitucional obligatorio, ¿puede un juez jubilado ser nombrado por el Tribunal Supremo y retornar a la judicatura a ejercer las mismas prerrogativas del cargo que poco antes tuvo que abandonar? ¿Son lo determinante y esencial las funciones y deberes del cargo y no el título de “Juez Especial”? ¿Tiene algún sentido jurídico esta determinación? ¿Existe realmente alguna diferencia, o por el contrario es ficticia? Y finalmente, ¿no estamos indirectamente incumpliendo un mandato constitucional que goza de supremacía sobre uno legislativo? Las contestaciones que brindemos son vitales para el país y futuro del Poder Judicial. Si se convalida este esquema nada impediría que pudiéramos reclamar de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo la facultad de nombramiento, pero para jueces que no han alcanzado los setenta (70) años de edad.

V

Estas consideraciones nos mueven a diferir del trámite del Tribunal. Después de todo, la regla de hermenéutica de abstención constitucional sólo opera en lo judicial. No es prescripción hierática. Reiteramos que, al ser ésta una cuestión administrativa de índole discrecional, el Tribunal no debió actuar. Al hacerlo, nos hemos visto compelidos a dejar constancia de las razones que nos animan. Optamos por “exponerlas pues nuestro silencio podría malinterpre-tarse y dar lugar a la infundada sospecha de que estamos ajenos e insensibles al momento en que vivimos. Con la nueva, casi completa renovación del Tribunal Supremo, recién comenzamos un ciclo más administrativo y doctrinario en la historia del Poder Judicial puertorriqueño. Conjuntamente con los demás Jueces Asociados de este foro tenemos la obligación de coadyuvar, con el Juez Presidente, en el buen funcionamiento de los tribunales, sin gestos heroicos, terapias radicales, ni esfuerzos costosos’’.() Menos si esa tarea entraña hacer caso omiso a la primera ley, la Constitución o refrendar una interpretación en precario y forzada.

      (1) Voto Explicativo emitido el 26 de junio de 1987, Re: Informe de la Comisión Asesora del Juez Presidente sobre la Estructura y Funcionamiento del Tribunal de Primera Instancia.


author: Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
      In re Pedro Colton Fontán, Osvaldo Villanueva Díaz, Aurelio Miró Carrión, Ángel Figueroa Vivas, Juan E. Brunet Justiniano.

      Número: CE-86-666

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Eugenio Ramos Ortiz, Eli B. Arroyo y Felipe Benicio Sánchez, abogados de Pedro Colton Fontán; Wilfredo Figueroa Vélez y Luis A. Amorós, abogados de Osvaldo Villanueva Díaz; Wilfredo Picorelli Osorio y E. L. Belén Trujillo, abogados de Aurelio Miró Carrión; Jesús Luis Maldonado, abogado de Ángel Figueroa Vivas; Héctor Santiago Rivera y José A. Feliciano, abogados de Juan E. Brunet Justiniano; Alejandro Salgado Rivera, Fiscal Especial Independiente y Maricarmen Ramos de Szendrey, Fiscal Delegada.

   RESOLUCIÓN

Examinada la resolución del Hon. Abner Limardo, Comisionado Especial designado por este Tribunal para entender en este asunto, en virtud de nuestra resolución de 15 de diciembre de 1986, se ordena al señor Secretario General de este Tribunal que una al expediente el informe presentado por el. Comisionado Especial y remita a las partes copia del mismo para que continúe el trámite previsto en la Regla Núm. 13 del Reglamento de este Tribunal.

En vista de la anterior resolución nada que proveer por académica, a la solicitud de notificación de conclusiones de hecho presentada por el Fiscal Especial Independiente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente mediante opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió un voto particular al cual se unió el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

-O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton

a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Concurro con la resolución del Tribunal por entender que el Tribunal Superior, Sala de San Juan, tiene los poderes y los instrumentos para tomar las medidas cautelares, si alguna, que sean necesarias en un futuro para garantizar un juicio justo e imparcial ante jurado en los procesos criminales que penden ante dicho foro. 3 Wharton’s Criminal Procedure Sec. 485 et seq. (12ma ed. 1975). Si se considera la posposición decretada en dicho proceso a petición de la defensa, cualquier pronunciamiento nuestro en esta etapa sobre los efectos perjudiciales de la divulgación de este informe son especulativos y a destiempo.

Dada la naturaleza del mismo, las partes afectadas tienen derecho a examinarlas y a exponer lo que estimen procedente sin una orden de mordaza que atente contra los derechos de la libertad de prensa. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982); Santiago v. Bobb y el Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153 (1986); In re San Juan Star Co., 662 F.2d 108 (1er Cir. 1981); Colón Berríos v. Hernández Agosto, 716 F.2d 85 (1er Cir. 1983).

-O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El 15 de diciembre de 1986 este Tribunal designó al Hon. Abner Limardo, Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, como comisionado especial con la encomienda de que recibiera toda la prueba que las partes en el caso de epígrafe tuvieran a bien presentar. Se le encomendó, en adición, la preparación y radicación ante este Tribunal de un informe contentivo de las determinaciones de hecho a que llegara en relación a la citada prueba.

Mediante un escrito de fecha 27 de mayo de 1987 intitulado “Relación del Caso y Conclusiones de Hecho” —el cual remitiera a este Tribunal en sobre sellado y de manera confidencial— el Hon. Juez Limardo dio cumplimiento pleno a su encomienda. Por resolución separada de esa misma fecha, el referido magistrado nos informó, primero, que “en el presente procedimiento sobre conducta profesional se ha presentado y ha sido ineludible al Comisionado la formulación de conclusiones de hecho que nos parece evidente que pueden estar relacionad[a]s con prueba a ser presentada y considerada en el caso criminal que se ha iniciado recientemente ante la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior de San Juan para ventilar las acusaciones de asesinato contra los agentes policiacos que alegadamente intervinieron en sucesos del Cerro Maravilla” (énfasis suplido); segundo, que en vista de lo anteriormente expresado, entendía procedente abstenerse de darle cumplimiento a la Regla 13(k) del Reglamento del Tribunal Supremo en lo concerniente a brindarle copia de su informe a las partes y sus abogados por razón de que la divulgación del mismo “podría interpretarse como una interferencia por parte de este Comisionado con derechos de las partes y la autoridad del tribunal en el referido caso criminal. Nos sentimos obligados a respetar esos derechos y facultad” (én-fasis suplido); y tercero, que dejaba al arbitrio y discreción de este Tribunal la decisión de cuándo efectuar la notificación de dicho informe.

Recibida la resolución y el informe del Hon. Juez Limardo —y examinado el mismo— este Tribunal no tomó acción alguna sobre dicho informe. Ello tuvo el efecto de que no se le notificara a las partes y a sus abogados copia del referido informe durante el proceso criminal, ya comenzado, que por los delitos de asesinato en primer grado seguía el Estado contra los ex policías acusados por los “sucesos del Cerro Maravilla”. Presumimos que así se actuó, en protección del derecho a un juicio justo e imparcial que le garantiza tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como la Constitución de Estados Unidos de América a todo imputado de delito en nuestra jurisdicción.

Así las cosas, mediante moción de fecha 18 de junio de 1987, la Leda. Maricarmen Ramos de Szendrey —“fiscal delegada” perteneciente a la oficina del Fiscal Especial Independiente— solicitó del Tribunal que ordenara “la inmediata notificación a las partes de las conclusiones de hecho del Honorable Comisionado Especial y la continua-ción de los trámites pendientes en este asunto”.

Adujo la fiscal delegada en apoyo de su solicitud, en síntesis y en lo pertinente, primero, que la determinación que tomara el Comisionado Especial “ — con cuya sabiduría concurrimos en su momento— tuvo el efecto de paralizar este procedimiento que está revestido de un alto interés público” y, en adición, que la misma afecta “otros procedimientos ya radicados o pendientes de radicación, estrechamente vinculados a éste, sobre los cuales las determinaciones del Honorable Comisionado podrían tener algún efecto” (énfasis suplido); segundo, que todo ello ha causado un “retraso ... en todos estos procesos”, lo cual es “detrimental al desempeño de [sus] obligaciones y responsabilidades”, y, por último, que estando ahora pendiente de juicio “sólo dos [de los] restantes imputados” del delito de asesinato por los sucesos del Cerro Maravilla, no se justifica que continúen paralizados “los importantes intereses envueltos en este procedimiento”. (Énfasis suplido.)

Mediante la Resolución que en el día de hoy emite una mayoría de los integrantes de este Tribunal se le ordena al “Secretario General de este Tribunal que una al expediente el informe presentado por el Comisionado Especial y remita a las partes copia del mismo para que continúe el trámite previsto en la Regla Núm. 13 del Reglamento de este Tribunal”.

La posición asumida por .la fiscal delegada de la oficina del Fiscal Especial Independiente resulta ser, cuando menos, sorprendente. En primer lugar, parece sostener que la continuación de un 'proceso administrativo de desaforo contra unos abogados es más importante que el derecho que tiene todo imputado de delito a un juicio justo e imparcial, derecho garantizado, repetimos, tanto por nuestra Constitución como por la Constitución federal. Por otro lado, sostiene la referida fiscal delegada, aparentemente por razones estrictamente numéricas, que antes se justificaba la acción tomada por el Comisionado Especial pero ahora, que restan “sólo dos [de los] imputados” ello no es así.

La acción hoy tomada por una mayoría de los integrantes del Tribunal resulta ser no sólo sorprendente sino preocupante. El Tribunal —aun cuando obviamente consciente de las consecuencias que ello puede tener— autoriza la notificación del informe del Comisionado Especial sin tan siquiera tomar medidas fácilmente a su alcance para evitar las referidas consecuencias.

No negamos que los procedimientos de desaforo que se llevan a cabo contra abogados admitidos a la práctica de la profesión en nuestra jurisdicción están revestidos de interés público y que los distintos medios noticiosos del país tengan derecho a reseñar los mismos. No creemos, sin embargo, que persona alguna pueda sostener con seriedad que el interés público que pueda existir en esa clase de casos administrativos sea de mayor importancia que el derecho de cualquiera de nuestros ciudadanos a tener un juicio justo e imparcial. No debe perderse de vista que en el proceso criminal en controversia —contrario al procedimiento administrativo de desaforo— está en juego nada más y nada menos que la libertad, “de por vida”, de esos imputados de delito. Conviene recordar que a dichas personas — independientemente del hecho que están acusados por los “sucesos del Cerro Maravilla”— les cobijan, como a cual-quier otro acusado, todas las garantías que proveen tanto nuestra Constitución como la Constitución federal.

El Tribunal ante esa situación tenía ante sí tres alternativas: (1) mantener la confidencialidad del informe del Comisionado hasta tanto se dilucidara el caso criminal pendiente; (2) notificarlo a las partes (quienes son abogados) y sus representantes legales con una prohibición expresa, so pena de sanciones disciplinarias, de que se le diera publicidad al mismo, y (3) notificarlo a las partes y sus abogados sin tomar acción alguna en prevención de un posible perjuicio a los acusados en el caso criminal mencionado.

Incomprensible y lamentablemente una mayoría de los integrantes de este Tribunal se decidió por la tercera, la peor y más nociva de las alternativas. La misma tendrá el efecto de deshacer, de un plumazo, la juiciosa acción tomada por el Comisionado Especial.

Reconocemos que la primera alternativa, aun cuando la más protectiva de los derechos de esos acusados, no es la más aconsejable. Ello tendría el efecto de retrasar y alargar el procedimiento administrativo de desaforo de forma innecesaria.

Lo procedente y aconsejable hubiera sido escoger la alternativa que resultara beneficiosa para ambas situa-ciones, esto es, la segunda de ellas. Por un lado, al procederse a la notificación del informe se permitiría que el proce-dimiento administrativo de desaforo siguiera su curso. Por otro lado, al apercibirse a las partes y sus abogados a los efectos de que el darlo a la publicidad conllevaría la imposición de sanciones disciplinarias, evitaría la disemi-nación del mismo y, en su consecuencia, se garantizaría el derecho de los imputados de delito en el caso criminal en controversia a recibir un juicio justo e ’ imparcial. La esperanza de que ello así pueda ser posible se desvanece ahora más. Basta recordar la dificultad —de lo cual podemos hasta tomar conocimiento judicial— con que se confrontó el magistrado del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, que presidió, el fallido intento de celebrar el proceso contra estos imputados para seleccionar como jurados personas que tuvieran mente objetiva y libre de prejuicios en este caso. La acción incompleta y, por ende, errónea que hoy toma el Tribunal tendrá el efecto de hacer aún más difícil esa ya casi imposible tarea.

De poco consuelo le puede servir a un imputado de delito cuya libertad está en juego el que existan hombres de justicia que, con el propósito de justificar las consecuencias del error que cometen, se aferran al criterio estrictamente teórico de que a nivel de instancia, no importa las circunstancias particulares de un caso, siempre se podrá contar con los mecanismos necesarios para garantizarle a los acusados un juicio justo e imparcial. Por otro lado, en ocasiones algunos derechos tienen que ceder ante otros. Este Tribunal viene siempre en la obligación de impartir la mejor justicia de que seamos capaces, independientemente de cuán popular puedan resultar nuestras decisiones con los distintos sectores de nuestro país.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José Hernández Pagan, acusado y apelante.

      Número: CR-85-63

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Felipe Girino Colón, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Se impugnan en apelación los veredictos de culpabilidad por los delitos de asesinato en primer grado, robo, portación y posesión ilegal de armas de fuego. Alega el apelante que el procedimiento de identificación estuvo viciado, cuestiona la convicción en el delito de robo por insuficiencia de la prueba y porque “dicho delito quedó confundido en el asesinato estatutario” (alegato, pág. 31) y, además, cuestiona de forma general la suficiencia de la prueba que conecta al apelante con los delitos imputados. Examinada toda la prueba en el caso de autos, según surge de la exposición narrativa de la prueba, así como la comparecencia de las partes, confirmamos todas las sentencias dictadas, a excepción de la recaída en el caso de robo. La prueba no fue suficiente para probar más allá de duda razonable que el apelante sustrajo un arma del local asaltado, según surge de la teoría del fiscal.

h — I

Las convicciones del apelante estuvieron fundadas en gran medida en el testimonio de Waldemar Albelo Toledo, hijo del occiso. Declaró, en síntesis, que el 24 de noviembre de 1984, a las 12:05 A.M., se encontraba en compañía de su padre en el negocio de cafetería y colmado que éste operaba en el barrio “Cacao” de Quebradillas. Su padre cerraba las puertas del frente cuando llegaron dos individuos y lo encañonaron. El testigo se encontraba arrodillado mientras llenaba una nevera de cervezas en la parte de la cafetería. Su padre resistió y forcejeó con los asaltantes.

Continuó su declaración, que pudo ver a una de las personas “que quedaba directamente hacia él y estaba mirando en dirección a él”. E.N.P., pág. 7. Al otro individuo que encañonaba a su padre no lo logró ver porque el testigo se escondió al lado de un aparador y aquél estaba fuera de su alcance. Testificó, sin embargo, que vio a uno de los individuos más o menos de dos a tres minutos. Describió a esa persona como “robusta, blanca trigueña, con bigote y tenía una camiseta de rayas horizontales y pantalón gris”. E.N.P., pág. 7. Lo pudo ver porque “estaba claro”; las lámparas fluorescentes estaban encendidas. Añadió que el asaltante tenía una gorra negra y espejuelos claros y que, mientras le apuntaba a su padre, miraba hacia donde él estaba escondido. .

Siguió su relato, que de “ahí se fueron del alcance de [su] vista hacia la parte del colmado”. E.N.P., pág. 8. Cuando dejó de verlos, se paró y. sigilosamente abrió un portón de rejas que daba hacia el patio “por si tenía que escapar”. E.N.P., pág. 8. Volvió hacia atrás, fue a la caja registradora en busca del revólver de su padre y no lo encontró por lo que “supuso que el occiso lo tenía encima”. E.N.P., pág. 8. Su padre tenía licencia para portar armas, un revólver Smith & Wesson calibre 38 que, según relató, no apareció en el lugar de los hechos.

Mientras estaba en la caja registradora, oyó una serie de disparos y corrió hacia la parte de afuera del negocio. Cuando llegó al portón que había abierto originalmente, alguien le gritó “párate ahí”; le dio una patada a la reja y siguió corriendo por el patio. Vio un carro que estaba frente al negocio con las luces encendidas y el motor encendido. Le pareció que era un auto rojo. Luego volvió al negocio y vio que había una gorra con visera tirada en el piso. Llegó a donde estaba su padre y vio que estaba muerto, tirado entre dos góndolas en la parte del colmado.

Volvió a ver al acusado el lunes 26 de noviembre en el cuartel de Arecibo durante la rueda de identificación. Declaró que en dicha rueda había cinco personas. El acusado hacía el número 3. Lo observó y lo reconoció rápidamente, aunque lo examinó por cuatro o cinco minutos pues le indicaron que se tomara su tiempo. Identificó en el juicio a José Hernández Pagán como a una de las personas que encañonó a su padre. Cuando el fiscal le mostró el exhibit 5A del Pueblo, el testigo lo identificó como la gorra que vio tirada en el piso del negocio y al mostrarle el fiscal unos espejuelos, dijo que eran los que llevaba puestos el acusado al momento de los hechos.

Como segundo testigo del fiscal declaró Elliut Hernández Pérez, hijo del acusado Hernández Pagán. El Ministerio Público le mostró la gorra que fue encontrada en el lugar de los hechos y la identificó suya “porque le había cosido una tirilla y porque le había puesto el nombre de él en el ‘ticket’ de la gorra”. E.N.P., pág. 2. Algunas veces otras personas usaban esa gorra en la casa, entre ellas, su papá. El sábado 24 de noviembre de 1984 en horas de la tarde, vio la gorra en una guagua Mirage que tenía su padre.

El tercer testigo en declarar por parte del Ministerio Público fue Lilliam Hernández Pérez, hija del acusado. Al mostrársele la gorra dijo reconocerla como la de su hermano. Indicó que además de su hermano todos la usaban en la casa. Declaró que el 24 de noviembre de 1984, por la mañana, notó que su papá estaba herido. Tenía una herida en la rodilla y otra en el hombro. Le preguntó qué le había sucedido, y él le indicó que lo habían agredido, en un asalto; su papá no le dijo dónde lo asaltaron y no fue a curarse al hospital.

Otro de los testigos que declaró por el Ministerio Público fue el agente Miguel A. Velázquez. Declaró en lo pertinente que el 25 de noviembre de 1984 recibió una llamada de una mujer a eso de las 3:45 p.m. quien le indicó que en Villa Evangelina de Manatí, y específicamente en la Calle 13 había un señor herido de bala. Según la información, el herido —que luego resultó ser el apelante— indicó que había tenido un problema en el área de Arecibo. El agente se comunicó con el fiscal Pérez Soto y se personó a la urbanización Villa Evangelina. Localizó la casa y pidió hablar con el apelante. Éste accedió. El policía notó que el apelante cojeaba cuando le dio la espalda. El testigo le preguntó qué le había pasado en el hombro. El hoy apelante le manifestó que había salido hacia Bayamón. Primero, había salido hacia la feria de carros de Manatí como a las 11:00 A.M. de 23 de noviembre de 1984 y a las 5:00 p.m. salió para Bayamón al teatro. Después del teatro salió para Levittown, y después de Levittown al regresar por la Carretera 165, en un punto de la autopista se estacionó a la derecha. En eso, se detuvo un vehículo que venía detrás y le hizo dos disparos; luego el vehículo viró en redondo y se fue. Según el apelante, eso ocurrió a las 11:00 P.M. Se montó en su carro y se fue a visitar a un amigo en Levittown. No encontró al amigo y se fue a visitar a un sobrino en Barceloneta, pero casi al llegar a la casa se acordó de que su sobrino trabajaba de noche.

En esos momentos el sargento procedió a hacerle las advertencias y le pidió que lo acompañara al cuartel. Luego de las advertencias, procedió a preguntarle qué película había visto. El apelante le contestó que el título era en inglés y no quiso entrar. También le preguntó dónde vivía el amigo de Levittown y el apelante le contestó que no sabía porque el “papelito se le había perdido”. E.N.P., pág. 16. Le preguntó cómo se llamaba el sobrino y dónde vivía y no le pudo contestar.

Con este trasfondo general de hechos, analicemos los señalamientos del apelante y maticemos, de ser necesario, los aspectos concretos.

Argumenta el apelante que en la rueda de detenidos no se reprodujeron adecuadamente las circunstancias que el testigo Waldemar Albelo Toledo describió a la Policía como las del asaltante. Alega que por lo menos uno de los participantes en la rueda vestía un “mameluco” de los que usualmente usa la Policía; que ninguno de los componentes de la rueda tenía gorra ni T-shirt de colores; los espejuelos que le pusieron a los componentes de la rueda no tenían cristales; de los componentes de la rueda de identificación, el más bajito era el acusado; de los componentes, uno tenía pecas en la cara y el bigote rubio y, por último, destaca el apelante que el testigo de defensa Ledo. Rafael Pérez Abreu declaró que el testigo Waldemar Albelo Toledo, durante el proceso de identificación en el cuartel, se dirigió de forma interrogativa a un agente de la Policía diciéndole: “¿Ése es?”, refiriéndose al apelante. E.N.P., pág. 23.

Sobre todos estos extremos hubo prueba conflictiva en el récord.

Con frecuencia hemos expresado que la norma vigente hace depender la confiabilidad de la identificación de la totalidad de las circunstancias, aun cuando el procedimiento de confrontación haya sido sugestivo. Entre los factores a tenerse en cuenta como indicadores para medir la posibilidad de error en la identificación están: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de la descripción previa del criminal por el testigo; (4) el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y (5) el tiempo trans-currido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Calderón Orta, 110 D.P.R. 833 (1981); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978).

La clave en la determinación de admisibilidad es la confiabilidad que resulta de una apreciación de la totalidad de las circunstancias; la presencia de sugestión no excluye irremisiblemente la prueba, sino que impone al jurado o al juez constituido en tribunal de derecho la labor de separar campos en el testimonio para determinar su confiabilidad y la existencia de prueba de identificación no influida ni maculada por conducta sugestiva. La conclusión del juzgador de hechos sobre este punto tiene todo el respeto y validez que en apelación se extiende a las determinaciones de hecho. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10, 19, 21-22 (1974); Pueblo v. Peterson Pietersz, supra; Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 824 (1983).

Una evaluación integral de la prueba nos convence de que los veredictos descansan en una identificación suficiente del acusado. El testigo Waldemar Albelo Toledo declaró — el jurado creyó su testimonio— que había visto a uno de los individuos que asaltó el negocio de su padre. Que el asaltante que pudo ver tenía una gorra negra puesta y espejuelos claros. Describió a esa persona como blanca trigueña, pelo negro, de bigote, estatura de 5'8" a 5'10", usaba espejuelos y tenía una camiseta de rayas horizontales y pantalón gris. Dijo que “pudo ver todo esto porque estaba claro”; las lámparas estaban encendidas “en la terraza y en la parte del horno de pizza”. E.N.P., pág. 8. El acusado mientras apuntaba a la víctima miraba al testigo. La concentración del testigo en los rasgos del acusado fue buena, según quedó demostrada al identificar al apelante sin vacilación en la rueda de detenidos. Esta misma descripción del asaltante la ofreció el testigo al primer policía en personarse al lugar de los hechos. Luego se la ofreció al fiscal y al sargento Velázquez, quienes fueron más tarde a investigar. Por último, los hechos delictivos en el caso de autos ocurrieron el 24 de noviembre de 1984, la confrontación en la rueda de detenidos se efectuó el 26 de noviembre de 1984, es decir, a los dos días de ocurrir los hechos.

En relación con los señalamientos de sugestividad en el proceso de identificación, un examen de la totalidad de las circunstancias que rodearon la identificación en el presente caso nos convence de que el mismo no estuvo viciado por irregularidades que afectaran derechos sustanciales del apelante y que ameriten que la identificación sea suprimida.

H-I I — I

En cuanto a la convicción por el robo, el argumento del apelante opera con dos.criterios. En primer término, ataca la suficiencia de la prueba; en la alternativa, nos dice que el delito de robo quedó “confundido” con el de asesinato estatutario.

Hemos analizado con detenimiento la exposición narrativa de la prueba y concluimos que el delito de robo no se probó en el tribunal de instancia; el solo hecho de que el revólver de la víctima no apareciera en el lugar de los hechos, sin más, no puede constituir prueba suficiente más allá de duda razonable de la sustracción, elemento indispensable del delito imputado. Pueblo v. Asencio Trinidad, 95 D.P.R. 473, 478 (1967).()

El testigo Waldemar Albelo Toledo declaró sobre este aspecto que su padre tenía licencia para portar armas y que poseía un revólver Smith & Wesson calibre 38. Fue a la caja registradora en busca del mismo y no lo encontró en ese lugar por lo que “supuso” que su padre lo tenía “encima”. No existe prueba de que efectivamente el revólver estuviera en la caja ese día, ni de que su padre lo portaba al momento de los hechos. Tampoco hay prueba de que alguno de los asaltantes lo hubiese cogido de la caja o se lo hubiese quitado a su padre.

La prueba del perito en balística no es concluyente y poco ayuda en la determinación de si la víctima disparó un arma de fuego. No se practicó la prueba de parafina en el cadáver como las circunstancias aconsejaban.

Notamos que la herida en el hombro del apelante opera como fuerte indicio de forcejeo y lucha cuerpo a cuerpo. La posibilidad de que el occiso se la hubiese causado al hacer uso de su propia arma, y que ésta fuese luego sustraída del local por los asaltantes, es una entre otras. Nos pregunta-mos, sin embargo, en circunstancias de tanta fluidez como en las de un asalto, ¿qué posibilidades en contrario existen? No podemos resolver según posibilidades de culpabilidad. El delito de robo no quedó establecido más allá de duda razonable como cuestión de derecho. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986).

I — I <J

El tercer señalamiento de error carece de méritos. Quedó demostrada la conexión del acusado con los delitos de asesinato en primer grado (modalidad del asesinato estatutario) y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos probados en el tribunal de instancia establecieron más allá de duda razonable la comisión del delito de tentativa de robo.

Se bien el testigo Elliut Hernández declaró que vio la gorra que apareció en la escena del crimen el sábado 24 de noviembre de 1984, como a las 3:00 P.M., en la parte trasera del auto de su padre, es decir, después de la ocurrencia de los hechos, en ausencia de pasión, prejuicio o error manifiesto, no intervendremos en la apreciación que de la prueba hizo el juzgador de los hechos. Se trata básicamente de un asunto de apreciación y adjudicación de credibilidad. Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387, 394 (1982); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980).

La prueba del Pueblo presentada a los fines de establecer la responsabilidad criminal del apelante, en gran medida descansó en la evidencia ofrecida por un testigo presencial, el Sr. Waldemar Albelo Toledo que vio al apelante perpetrar los delitos imputados, lo describió con detalle y lo identificó luego en una confrontación celebrada dos días después de ocurridos los hechos. Cuando la Policía se personó a la residencia del herido, éste no pudo explicar satisfactoria-mente cómo fue herido; su explicación fue inverosímil y contradictoria. Los señalamientos del apelante se circuns-criben básicamente a una cuestión de apreciación de la prueba. No se justifica en este caso nuestra intervención.

Se confirman las sentencias apeladas en los casos de asesinato en primer grado y portación y posesión ilegal de armas, y se revoca la convicción por el delito de robo por insuficiencia de la prueba.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre sin opinión escrita.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

-O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Discrepamos de la revocación de la convicción por el delito de robo del arma de fuego.

Más allá de duda razonable la prueba refleja que el comerciante Juan Albelo Morell —antes de ser ultimado por el apelante José Hernández Pagán— tenía expedida a su favor una licencia de posesión y portación de arma. Como tal, era dueño de un revólver Smith & Wesson calibre 38. De ordinario lo guardaba en la caja registradora. Al producirse el asalto dentro de su negocio, Albelo Morell lo resistió y forcejeó al extremo que —sin que la prueba precise cómo— el apelante Hernández Pagán recibió una herida de bala en el hombro. El arma de Albelo Morell no apareció en el negocio después del asalto. Frente a estos hechos, la sentencia del Tribunal expone:

El testigo Waldemar Albelo declaró sobre este aspecto que su padre tenía licencia para portar armas y que poseía un revólver Smith & Wesson calibre 38. Fue a la caja registradora en busca del mismo y no lo encontró en ese lugar por lo que “supuso” que su padre lo tenía “encima”. No existe prueba de que efectivamente el revólver estuviera en la caja ese día, ni de que su padre lo portaba al momento de los hechos. Tampoco hay prueba de que alguno de los asaltantes lo hubiese cogido de la caja o se lo hubiese quitado a su padre.
La prueba del perito en balística no es concluyente y poco ayuda en la determinación de si el occiso disparó un arma de fuego. No se practicó la prueba de parafina en el cadáver como las circunstancias aconsejaban.
Notamos que la herida en el hombro del apelante opera como fuerte indicio del forcejeo y lucha cuerpo a cuerpo. La posibilidad de que el occiso se la hubiese causado al hacer uso de su propia arma, y que ésta fuese luego sustraída del local por los asaltantes, es una entre otras. Nos preguntamos, sin embargo, en circunstancias de tanta fluidez como en las de un asalto, ¿qué posibilidades en contrario existen? No podemos resolver según posibilidades de culpabilidad. (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 431.

HH HH

Preocupa este razonamiento. Da la impresión de que el Tribunal está implantando una nueva doctrina y exige prueba directa, sin estimar la validez y el valor sustantivo de la circunstancial.

En la referida sentencia se incurre en unas serias contradicciones de análisis. Primero, de un lado se admite la existencia de causa, pero después se niega su existencia. Segundo, se habla de que no se le practicó la prueba de parafina al cadáver del occiso Albelo Morell. Desconocemos las razones y necesidad para ello. No se juzgaba a la víctima. Tercero, es un hecho no controvertido de que Albelo Morell se defendió. Se acepta como “fuerte indicio” que la herida en el hombro del apelante Hernández Pagán la causó aquél antes de ser asesinado.

Estas circunstancias, unidas al testimonio del experto en balística Ernesto J. Barrios — que atestó que los proyectiles encontrados en la escena del crimen y en el cadáver— presentaban “las características que tenía el revólver que tenía el occiso al momento de los hechos”, no admiten vacilación adjudicativa. Más allá de toda duda razonable demuestran que el apelante Hernández Pagan robó dicha arfna. Después de todo, para establecer un hecho sólo se exige la “certeza o convicción moral en un ánimo no prevenido”.

El jurado que actuó en este caso descargó su conciencia y evaluó integralmente esta prueba. Con juicio informado y directo, concluyó que la desaparición del arma fue resultado del asalto. No deberíamos sustituir ese veredicto desde este estrado distante apelativo, sino respetarlo.

      (1) Independientemente, el argumento de confusión de delitos es inmeritorio. Aspira el apelante a que el delito de robo o su tentativa constituya meramente un agravante del asesinato. Como modalidad de su razonamiento pretende que en situaciones donde opere la figura del asesinato estatutario, y la muerte ocurra al efectuarse un robo, de probarse éste, sólo sea posible la convicción “por el delito mayor de asesinato en primer grado”. Es decir, el robo queda “confundido” en el asesinato. El problema que confronta el argumento del apelante, es que el delito de robo en modo alguno constituye un delito menor incluido en el delito de asesinato. Por el contrario, se trata de un delito independiente. Por esta razón, la anotación que cita el apelante en 40 A.L.R.3d 1341 no es de aplicación bajo nuestro ordenamiento penal vigente.


author: Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

text:
    Arturo Betancourt Morales, apelado, v. Hon. Gobernador de Puerto Rico, Etc., apelante.

      Número: CE-86-826

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Sub Procuradora General, Lorenzo Vilanova Alfonso, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Carlos A. López-Lay, de López-Lay & Vizcarra, abogado del apelado y Pablo R. Cando, abogado del Senado de Puerto Rico.
   SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1987

Vistos el escrito de apelación, los alegatos de las partes y la comparecencia especial del Senado de Puerto Rico, se dicta sentencia que confirma la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 15 de diciembre de 1986.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitieron opiniones concurrentes respectivamente. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

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Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Al concurrir con la Sentencia del Tribunal, hoy, al igual que lo expusiéramos el 23 de diciembre de 1986, reafir-mamos el criterio de que “bajo nuestra Constitución el Poder Ejecutivo no puede, sin el consenso del Senado, sustituir a un funcionario cobijado por una cláusula de continuidad. Actuó correctamente el foro de instancia. Al licenciado Betancourt le protege la misma en virtud del Art. 4 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. sec. 93). El Gobernador no podía ni puede sustituirlo durante el receso del Senado. Para que su sucesor tome posesión del cargo, previamente necesita ser confirmado por el Senado de Puerto Rico”. (Énfasis en el original.) Betancourt Morales v. Gobernador de P.R., 118 D.P.R. 149 (1986).

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Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Se nos plantea si el Primer Ejecutivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene facultad para extender un nombramiento para el cargo de Fiscal Auxiliar mientras se halla en receso el Senado de Puerto Rico, cuando ha transcurrido el término de ocho años para el cual el incumbente fue nombrado y confirmado, vigente una cláusula de continuidad (holding over) como la dispuesta en el Art. 4 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. see. 93, según enmendada), y cuando el nombramiento en receso a dicho cargo no es enviado para consideración del Senado.

Concurro que no tiene tal facultad por las siguientes razones:

En primer lugar, la referida ley requiere que el sustituto sea nombrado con el consejo y consentimiento del Senado.

En segundo lugar, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que el nombramiento de dicho funcionario al cargo de Fiscal Auxiliar será compartido por el Gobernador y la Asamblea Legislativa, dadas las particulares circunstancias de este caso.

En tercer lugar, el sustituto del fiscal incumbente nunca ha sido enviado a la Asamblea Legislativa para su consideración, aun cuando ésta ha estado en posición de así hacerlo.

En cuarto lugar, la cláusula de nombramientos en receso encarnada en nuestra Constitución es de naturaleza suplementaria para ser ejercida sólo cuando existe una vacante real y cuando no existe una cláusula de continuidad como la que tenemos ante nos.

l — l

Los hechos

Al Ledo. Arturo Betancourt Morales le fue extendido por el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barceló, un nombramiento al cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior() a ser efectivo el 11 de julio de 1977 y por un término fijo de ocho (8) años que expiraría el 11 de julio de 1985.() Llegada esta fecha, el licenciado Betancourt Morales continuó en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de Fiscal Auxiliar. No fue hasta el 5 de diciembre de 1986 que el actual Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Colón, por conducto de su asesor, Ledo. Hiram A. Sánchez, le comunicó al licenciado Betancourt Morales que ya que su nombramiento había expirado, se proponía extenderle un nombramiento en receso al Ledo. José E. Motta Malavé para sustituirle en el cargo, efectivo el 16 de diciembre de 1986.()

El término fijo del nombramiento del licenciado Betancourt Morales como Fiscal Auxiliar expiró el 11 de julio de 1985, mientras el Senado se encontraba ya en receso. El Gobernador no extendió entonces un nombramiento en receso para sustituir al licenciado Betancourt Morales. Tampoco sometió a la Legislatura nombramiento alguno mientras estaba reunida en la Sesión Ordinaria de 1986. No es sino hasta el receso legislativo de 1986 que el Gobernador nombra al Ledo. José E. Motta Malavé para sustituir al licenciado Betancourt Morales.

De singular importancia para nuestro análisis y decisión es que el nombramiento del sustituto del licenciado Betancourt Morales tampoco fue sometido a la Sesión Ordinaria de 1987.()

No conforme con la decisión del Gobernador, el licenciado Betancourt Morales presentó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, demanda de injunction preliminar y permanente contra el Hon. Gobernador de Puerto Rico y demás codemandados. Solicitaba por medio de ésta que se detuviera su sustitución por el licenciado Motta, por razón de que el nombramiento de éste no gozaba todavía de la confirmación del Senado de Puerto Rico. Alegó que el cargo de Fiscal Auxiliar tiene una cláusula de continuidad en virtud de la cual él había desempeñado sus funciones después de haber expirado su nombramiento, y que sólo podía ser sustituido por un funcionario cuyo nombramiento hubiere obtenido el consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Señalada la vista para atender los reclamos del licenciado Betancourt, y al mediar una moción de desestimación presentada por la representación legal del Gobernador y demás partes demandadas, el tribunal de instancia() dictó sentencia a favor del licenciado Betancourt Morales el 15 de diciembre de 1986. En ésta dictaminó:

Si aplicamos la referida doctrina jurisprudencial, a los hechos del presente caso, venimos obligados a llegar a la conclusión de que habiendo sido nombrado el demandante por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, por un período de 8 años, véase 32 [L.P.R.A. sec. 93,] y hasta que su sucesor fuese designado, el término del demandante no ha expirado aún y no expirará hasta que su sucesor haya sido nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado y haya tomado posesión de su cargo. (Énfasis en el original.) Apéndice I, pág. 2.

El 18 de diciembre de 1986 comparecieron ante nos el Gobernador de Puerto Rico y los restantes codemandados a través de la representación legal provista por el Procurador General.

Concedimos al Senado de Puerto Rico la oportunidad de comparecer y expresar lo que estimara pertinente en torno a la controversia planteada. El 31 de marzo de 1987 así lo hizo. El Senado sostiene que el Gobernador no tiene facultad constitucional para extender el referido nombramiento por no existir una vacante en el cargo por virtud de la cláusula de continuidad, y porque se afectaría su facultad constitucio-nal de brindar su consejo y consentimiento en el nombra-miento de aquellos funcionarios públicos que lo requieren. El Procurador General arguye que el poder constitucional del Gobernador de hacer nombramientos en receso lo faculta para hacer el nombramiento en controversia, aun cuando exista una cláusula de continuidad y el Senado esté en receso.

Sobre nuestra intervención judicial

En Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759 (1977), al interpretar el Art. Y, Sec. 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 355, sobre el Poder Judicial expresamos que: “ ... La función de ser intérprete final de la Constitución le corresponde exclusivamente a un solo poder, al Poder Judicial. La Constitución les confiere determinadas facultades al Poder Legislativo y al Ejecutivo, pero la definición de sus contornos y la determinación de la validez de su ejercicio son asuntos cuidadosamente reservados a los tribunales.”

Recientemente en Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57 (1986), reiteramos dicha facultad constitucional y expresamos que: “La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada una acepte y respete la autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones. Su perdura-bilidad requiere que cuando haya conflicto sobre el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ellas, los tribunales intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferencias.”

La resolución de la controversia planteada ante nos requiere un análisis conciliador entre lo dispuesto por la ley que invoca el licenciado Betancourt Morales y el propósito que inspira la función compartida por las Ramas Ejecutiva y Legislativa de nombramientos de funcionarios públicos que por ley o por la Constitución requieran consejo y consentimiento del Senado para un cargo.

Nuestro análisis se circunscribe exclusivamente a los hechos particulares de este caso y a la cláusula de continuidad que tenemos ante nos.

El Art. 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. sec. 90) crea los cargos de fiscales, y el Art. 2 (3 L.P.R.A. sec. 91) establece sus poderes y funciones.

El Art. 3 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 92, dispone que:

El Gobernador nombrará con el consejo y consentimiento del Senado, los Fiscales _ (Énfasis suplido.)

Y el Art. 4 de la misma ley, 3 L.P.R.A. see. 93, dispone lo siguiente:

Los Fiscales ... serán nombrados por el término de ocho (8) años y hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos. (Énfasis suplido.)

Estos artículos formaban parte de una ley que por su carácter urgente y necesario, comenzó a regir tan pronto entró en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase Art. 8 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. sec. 93d). La Constitución se aprobó posteriormente el 6 de febrero de 1952 aunque entró en vigor el 25 de julio de 1952, por lo que ambos son textos coetáneos al entrar en vigor simultáneamente y por consiguiente deben interpretarse armónicamente.

La propia ley creadora del cargo de Fiscal Auxiliar dispone que el nombramiento se hará con el consejo y consentimiento del Senado. La Constitución del E.L.A. en su Art. IV, Sec. 4, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 349, dispone que los nombramientos se harán en la forma que disponga la propia Constitución o la ley.

El nombramiento al cargo de Fiscal Auxiliar es compartido por el Ejecutivo y el Legislativo y el ejercicio de las funciones de cada uno de éstos no puede darse, como cuestión de la doctrina de separación de poderes y de frenos y contrapesos, a merced del ejercicio de la función constitucional del otro. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983). Siguiendo esta misma línea de pensamiento, expresamos en Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 620:

La doctrina de separación de poderes y el sistema democrático mismo de gobierno presuponen, en lo que atañe a las facultades compartidas como es la de nombramiento, la búsqueda del consenso, el logro del equilibrio necesario para realizar las tareas del gobierno. En lo que atañe a nombramientos, la Rama Ejecutiva no puede despojar a la Rama Legislativa del poder de confirmación que le confieren la Constitución y las leyes. Tampoco puede el Senado o la Rama Legislativa usurpar el poder de nominación del señor Gobernador mediante afirmaciones indicativas de que confirmará únicamente a determinado candidato.

Si nuestra Constitución expresamente dispone que un funcionario nombrado mientras el Senado está en sesión no puede tomar posesión del cargo hasta que el Senado lo confirme, no contribuye al logro del balance constitucional interpretar que puede tomar posesión del mismo mediante un nombramiento en receso si no existe una vacante real en el cargo, tales como las producidas por muerte, renuncia, destitución o expiración del término ausente una cláusula de eontinuidad.()

H — I H-i 1 — I

La cláusula constitucional de nombramiento, Art. IV, Sec. 4, de la Cons. E.L.A., supra, dispone:

Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán:
Nombrar, en la forma que se disponga por esta Consti-tución o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombra-miento esté facultado. El Gobernador podrá hacer nombra-mientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.

El historial constitucional federal

El poder de nombramiento, tanto de nuestra Consti-tución como de la de Estados Unidos de América, fue instituido como una de las funciones constitucionales a ser compartidas por la Rama Legislativa y la Ejecutiva. Hernández Agosto v. López Nieves, supra; L.H. Tribe, American Constitutional Law, Nueva York, Ed. Foundation Press, 1978, pág. 188; L. Kutner, Advice and Dissent: Due Process of the Senate, 23 De Paul L. Rev. 658, 661 (1974); C.H. Percy, Advice and Consent: A Reevaluation, So. Ill. U.L.J. 31-43 (Mayo, 1978).

En el ámbito federal la configuración final de un método de nombramiento compartido por el Poder Ejecutivo y el Legislativo fue uno de los aspectos más debatidos y ponderados en la Convención Constituyente federal. J.P. Harris, The Advice and Consent of the Senate, Connecticut, Greenwood Press, 1968, págs. 17-19; Nota, Power of Appointment to Public Office Under the Federal Constitution, 42 Harv. L. Rev. 426, 428 (1928). Por razón del ejercicio compartido de la función constitucional de nombramiento, los fundadores de Estados Unidos de América tuvieron que idear un método de nombramiento para ser ejercido por el Poder Ejecutivo cuando el Senado estuviera en receso. De esta manera surgió la cláusula de nombramientos en receso. M. Farrand, The Framing of the Constitution of the United States, New Haven, Yale Univ. Press, 1913, Vol. 2, págs. 539-540. Si bien no hay historial del debate al adoptar esta cláusula, Alexander Hamilton indicó el propósito y alcance de la misma en The Federalist, No. 67, pág. 455 (J. Cooke ed. 1961):

... [I]t would have been improper to oblige [the Senate] to be continually in session for the appointment of officers. ... [Vacancies might happen in their recess, which it might be necessary for the public service to fill without delay. (Énfasis en el original.)

De esta forma, la cláusula de nombramientos en receso era, en las propias palabras de Hamilton, op. cit., pág. 455, un “auxiliary method of appointment in cases, to which the general method was inadequate”. (Énfasis suplido.)

Los debates de la Convención Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Los debates en la Convención Constituyente demuestran que, por el carácter suplementario de la cláusula de nombramientos en receso, ésta tiene limitaciones similares a las concebidas por los constituyentes de la Constitución federal. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2337-2338 (1961).

Es significativo destacar que el único cambio sustantivo que sufrió la disposición constitucional en controversia fue precisamente dispensar al Gobernador de enviar a las Sesiones Extraordinarias sus nombramientos en receso, dejando tal facultad como discrecional. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1851-1856 (1954). Ello fortalece la interpretación que hacemos del propósito de la convención constituyente de que los nombramientos en receso son de tipo suplementario y que la norma general es de que se sometan al Senado cuando éste está en sesión.

La experiencia en las jurisdicciones estatales

En las jurisdicciones de los estados de la Unión norteamericana, la doctrina preponderante es la que atribuye naturaleza suplementaria a este tipo de cláusula. Case of District Attorney of United States, 7 F. Cas. 731 (D.C.E.D. Pa. 1868) (Núm. 3,924); Peay v. Schenck, 21 F. Cas. 672 (C.C.E.D. Ark. 1869) (Núm. 12,451); J.M. Dawley, The Governors’ Constitutional Powers of Appointment and Removal, 22 Minn. L. Rev. 451, 461-463 (1938); Nota, Public Officers: Effect of Hold Over Clause Upon Tenure, 10 Temp. L.Q. 191 (1935). La razón de ser de esta norma es evitar que el Poder Ejecutivo afecte la función de confirmación del Senado y lograr que el Primer Ejecutivo consulte al Senado cuando éste está en condiciones de ofrecer consejo y consentimiento por estar en sesión.

La cláusula de nombramientos en receso fue creada para conferir autoridad al Primer Ejecutivo de llenar vacantes reales en cargos que por razones de necesidad del servicio no toleran mayor dilación. La cláusula es suplementaria y no el mecanismo principal de nombramientos que requieren confirmación del Senado. Comentario, Constitutional Restrictions on the President’s Power to Make Recess Appointments, 79 Nw. U.L. Rev. 191 (1984).

1 — 4 C

Nuestra doctrina jurisprudencial

Ya en González v. Corte, 62 D.P.R. 160 (1943), reconoci-mos que una cláusula de continuidad está concebida para mantener en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo a un funcionario cuyo término en el mismo expira mientras la Legislatura se encuentra en receso y, por ende, está inhabilitada para prestar su consentimiento a la extensión de un nombramiento que para sustituir al incumbente haga el Gobernador. En tales circunstancias, sostuvimos, que la mera expiración del término de nombramiento del incumbente no crea una vacante, condición necesaria, entre otras, para que el Gobernador pueda válidamente extender un nombramiento en receso. Reconocimos como los propósitos, legítimos entonces, de la cláusula de continuidad: (1) retener en todo momento en el cargo a una persona que ha sido nombrada con el consejo y consentimiento del Senado, incluyendo el período después que su término ha expirado, hasta que el Senado pueda reunirse y concurrir con el Gobernador en volverlo a nombrar o elegir su sucesor, y (2) evitar vacantes que entorpezcan la continuidad en la administración de los asuntos públicos.

Acosta v. Corte, 63 D.P.R. 651 (1944), nos dio una segunda oportunidad para expresarnos sobre el particular. Resolvimos que a la luz de lo resuelto en González v. Corte, supra, Acosta tenía derecho a permanecer en el cargo hasta tanto el Senado confirmara a un sustituto.

Con posterioridad a la Constitución hemos aplicado nuestra doctrina jurisprudencial en Fernández v. Corte, 71 D.P.R. 161 (1950); López v. Tribunal Superior, 79 D.P.R. 20, 23 (1956); J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844, 858 (1964).

El Procurador General nos invita a adoptar en nuestra jurisdicción lo resuelto por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia en Staebler v. Carter, 464 F. Supp. 585 (D.C. 1979), y en McCalpin v. Durant, 766 F.2d 535 (D.C.1985). Tal invitación tiene varias limitaciones. Una consiste en que la legislación interpretada en Staebler v. Carter, supra, sugería en su lenguaje que la expiración del término del incumbente producía una vacante. Tal no es el caso del estatuto aquí en cuestión. También en Staebler v. Carter, supra, pág. 588, el lenguaje del estatuto era puramente permisivo para propósitos de la incumbencia holding over. Dicho lenguaje disponía: “A member of the Commission may serve on the Commission after the expiration of his term until his successor has taken office as a member of the Commission.” (Énfasis suplido.) En Staebler v. Carter, supra, se trataba de la Comisión Federal de Elecciones que estaba compuesta por los Secretarios de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos y seis (6) miembros nombrados por el Presidente con el consejo y consentimiento del Senado en forma escalonada por un período de seis (6) años.

Los hechos en Staebler v. Carter, supra, son distintos a los que tenemos ante nos. Allí el Presidente designó al señor McGarry para un cargo vacante en la Comisión y sometió dicho nombramiento al Senado mientras estaba en sesión. El Senado recesó sin confirmarlo. El Presidente, en la próxima sesión ordinaria del Senado, envió nuevamente su nominación y el Senado recesó sin confirmarlo. Finalmente el Presidente lo nombró durante el siguiente receso. En Staebler v. Carter, supra, se le brindó al Senado, en dos ocasiones, la oportunidad de considerar la nominación y ejercer su facultad constitucional.

En McCalpin v. Durant, supra, se trataba del nombramiento hecho por el Presidente, de nueve (9) miembros de Directores de la Corporación de Servicios Legales. Los nombramientos se realizaron durante el receso legislativo. Dichos nombramientos fueron enviados al Senado de Estados Unidos pero no pudieron ser confirmados por éste. El Tribunal, basándose en Staebler v. Carter, supra, y en un extenso análisis del historial legislativo de la ley, determinó que el propósito claro del Congreso no había sido el de privar al Presidente de hacer dichos nombramientos durante el receso.

En el caso que nos ocupa, como ya hemos visto, el Gobernador nó ha enviado al Senado el nombramiento del licenciado Motta ni el del licenciado Betancourt, ni en 1986 ni en 1987. El Senado no ha tenido oportunidad de pasar juicio sobre él habiendo estado habilitado para hacerlo.

Por todo lo expuesto, concurro con la sentencia de este Tribunal que confirma la de instancia.

      (1) La ley que crea el cargo de Fiscal Auxiliar, entre otros, es la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. sees. 92 y 93).

      (2) Mediante la Resolución Conjunta Núm. 10 de 20 de mayo de 1985, la Sesión Ordinaria de 1985 fue extendida hasta, y finalizó el 5 de junio de 1985. Al vencer el término fijo del licenciado Betancourt Morales, el Senado se encontraba ya en receso.

      (3) E1 texto de la carta lee como sigue:
      “En virtud de la autoridad que le ha sido concedida por Ley, le informo que el Gobernador está designando en receso, efectivo el 16 de diciembre de 1986, al Ledo. José Emilio Motta Malavé para sustituirlo a usted en el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior que usted desempeña.
      “Le deseo éxito en sus gestiones futuras.” Carta de 5 de diciembre de 1986, Ap. II, pág. 4.

      (4) Así lo informó el Procurador General Rafael Ortiz Carrión en su moción informativa de 11 de junio de 1987. Ello hace innecesario que nos expresemos sobre el alcance de lo dispuesto en la última oración de la facultad de nom-bramientos del Gobernador contenida en el Art. IV, Sec. 4 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 349, y lo expresado en Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 620-621 (1983), sobre ella. Véase, también, E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958). Recientemente en Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79, 86 (1986), sostuvimos:
      "... Los tribunales tienen el deber de evitar decidir a destiempo cuestiones constitucionales. Cuando surge una controversia entre las ramas de gobierno referente a sus poderes, la intervención judicial debe aplazarse hasta que todas las posibilidades de lograr un acuerdo se hayan agotado. La abstención judicial es necesaria para mantener el delicado balance de poderes. Como en este caso la controversia sobre el alcance del privilegio ejecutivo presenta una compleja cuestión constitucional en el contexto de una disputa entre la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, el Tribunal no debe decidir estas cuestiones hasta que existan las circunstancias adecuadas. (Citas omitidas.) Así evitamos adelantar pronun-ciamientos en abstracto de índole consultiva.”

      (5) Hon. Arnaldo López Rodríguez.

      (6) Los cargos cuyo término de duración son por un período fijo de años aspiran a lograr independencia de criterio y la ausencia de influencias indebidas en el funcionario que lo ejerce.
      La duración indefinida del término de una incumbencia de continuidad también contraviene el equilibrio que intenta mantener la Constitución en lo que respecta al ejercicio del poder de nombramiento, compartido por la Rama Ejecutiva y la Legislativa. Se abona el terreno para que se produzca una situación que derrota el fino balance deseado en el proceso de extender nombramientos que requieran consejo y consentimiento del Senado.
      El Gobernador tiene a su disposición la alternativa que se le reconoció en el debate de la Convención Constituyente de enviar discrecionalmente a las Cámaras en alguna sesión extraordinaria algún nombramiento para su confirmación. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1851-1856 (1954).


text:
      In re Conferencia Judicial.
    Número:_

      Resuelto: 30 de junio de 1987
   ORDEN

Se enmienda nuestra orden de 10 de octubre de 1957, según enmendada, 4 L.P.R.A. Ap. Y, que establece la Conferencia Judicial de Puerto Rico para que lea de la siguiente forma:

HH

Propósitos

Por la presente se establece la Conferencia Judicial de Puerto Rico, con los propósitos de considerar el estado de la administración judicial, promover medidas tendentes a mejorar los procedimientos judiciales, considerar y recomendar legislación con respecto a la adopción de reglas de procedimiento para los tribunales y, en general, para tratar asuntos relacionados con el sistema judicial, el mejoramiento del mismo y la efectiva administración de la justicia.

I — I 1 — 1

Miembros que la componen

Serán miembros de la Conferencia Judicial:

(1) Los Jueces y ex Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(2) Los Jueces del Tribunal de Primera Instancia.

(3) Los Jueces Municipales.

(4) El Secretario de Justicia y el Procurador General.

(5) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

(6) Los presidentes de las delegaciones de distrito de dicho Colegio.

(7) Los decanos de las facultades de las escuelas de derecho establecidas en Puerto Rico debidamente acredita-das.

(8) Otros miembros del Colegio de Abogados que designe el Tribunal Supremo, quienes sean distinguidos represen-tantes de los distintos sectores de la comunidad legal tales como: fiscales, procuradores, registradores de la propiedad, abogados de Servicios Legales y Asistencia Legal y abogados de la práctica privada en general.

(9) Ciudadanos, que no sean abogados, quienes aporten sus conocimientos y preparación profesional para el logro de los propósitos de la Conferencia Judicial, desde una perspectiva interdisciplinaria.

1 — 1

Comités de la Conferencia Judicial; funciones en general

El Tribunal Supremo designará un comité directivo, de carácter permanente y unos comités asesores, con sus respectivos presidentes. Estos comités tendrán la enco-mienda de llevar a cabo los propósitos de la Conferencia, y realizar cualquier gestión especial que se les encomiende. Una vez constituidos los comités, el Tribunal los convocará, separada o conjuntamente, a fin de iniciar sus trabajos. Cada comité se reunirá en las fechas y lugares que su presidente determine para recibir, discutir, considerar las gestiones relacionadas con la materia que corresponda a la esfera de su particular responsabilidad o encomienda, y someterá al Tribunal Supremo dentro del período que se le fijó, un informe completo de sus trabajos, con sus recomendaciones.

¡> I — I

Comité directivo; funciones y deberes

El comité directivo será uno de carácter permanente. Se compondrá de todos los presidentes de los distintos comités asesores y se constituirá cada cuatro años. El presidente del comité directivo será designado por el Tribunal Supremo.

Las funciones del comité directivo serán las siguientes:

(1) Colaborar con el Tribunal Supremo y la Oficina del Secretariado de la Conferencia Judicial en la organización de las sesiones y en la coordinación de los trabajos de la Conferencia.

(2) Programar el curso de las propuestas y las recomenda-ciones que se hagan al efecto e impartir las guías que sean adecuadas a los comités asesores.

(3) Analizar, como organismo evaluador, las propuestas, estudios y recomendaciones que surjan de los comités asesores.

(4) Mantener un intercambio de ideas y opiniones con los comités asesores sobre los temas o asuntos que deben ser objeto de consideración en la Conferencia Judicial plenaria, sujeto a la aprobación del Tribunal Supremo.

V

Comités asesores: miembros, funciones y deberes

Los comités asesores serán constituidos por el Tribunal Supremo. Sus miembros serán designados por un tiempo razonable, de forma que puedan completar las encomiendas asignadas. Estos comités contarán con una representación amplia de los Jueces del Tribunal de Primera Instancia y de los Jueces Municipales y de abogados de los distintos sectores de la profesión incluso fiscales, registradores de la propiedad, procuradores y miembros de la academia. En el proceso de selección deberá tomarse en consideración la experiencia profesional, su interés por mejorar la administración de la justicia, sus méritos profesionales, nivel de especialización y rigor académico.

Se constituirá un total de cinco comités asesores permanentes y aquellos comités ad hoc que el Tribunal Supremo constituya mediante orden al efecto. Los comités permanentes serán los siguientes:

(1) Comité de Reglas de Evidencia

(2) Comité de Reglas de Procedimiento Civil

(3) Comité de Reglas de Procedimiento Criminal

(4) Comité de Reglas de Asuntos de Menores

(5) Comité de Reforma Judicial y de Administración del Tribunal de Primera Instancia.

Los comités asesores tendrán la encomienda específica que se indica para cada uno según el Núm. VI siguiente.

En términos generales los distintos comités asesores evaluarán el funcionamiento y ubicación de la reglamen-tación urgente en sus respectivas áreas de acción y harán las recomendaciones que entiendan necesarias.

Los Comités Asesores de Reglas de Procedimiento se regirán por un reglamento que fijará el curso a seguir con las propuestas enmiendas y recomendaciones.

Cada comité asesor tendrá la encomienda de divulgar sus recomendaciones y preparar comentarios explicativos de éstos, celebrar vistas públicas y redactar el informe final que habrá de ser sometido al comité directivo.

I-H >

Encomienda y esfera de actividad de los comités

A. Comité directivo.

La encomienda y esfera de actividad de este Comité será la siguiente:

(1) Colaborará con el Tribunal Supremo y la Oficina del Secretariado de la Conferencia Judicial en la organiza-ción de las sesiones y en la coordinación de los trabajos de la Conferencia.

(2) Programará el curso de las propuestas y las recomendaciones e impartirá las guías que sean adecuadas a los respectivos comités asesores.

(3) Analizará, como organismo evaluador, las propuestas, estudios y recomendaciones.

(4) Mantendrá un intercambio de ideas y opiniones con los comités asesores sobre los temas o asuntos que deban ser objeto de consideración en la Conferencia Judicial plenaria, sujeto a la aprobación del Tribunal Supremo.

B. Comité de Reglas de Evidencia

La encomienda y esfera de actividad de este Comité será la siguiente:

(1) Considerar y revisar las Reglas de Evidencia, para evaluar la aplicación de este cuerpo de reglas en la administración de la justicia.

(2) Formular las enmiendas y recomendaciones que estime necesarias para el mejoramiento del derecho probatorio.

(3) Llevar a cabo cualquier otra encomienda que le haga el Tribunal Supremo sobre estos extremos.

C. Comité de Reglas de Procedimiento Civil

La encomienda y esfera de actividad de este Comité será la siguiente:

(1) Considerar y revisar las actuales Reglas de Procedimiento Civil, las disposiciones vigentes del Código de Enjuiciamiento Civil y cualesquiera otras leyes proce-sales de naturaleza civil.

(2) Recomendar las enmiendas o modificaciones que considere propias o necesarias para el mejoramiento de este cuerpo de reglas procesales y señalar aquellos aspectos problemáticos que existan en su aplicación.

(3) Llevar a cabo cualquier otra encomienda que le haga el Tribunal Supremo sobre estos extremos.

D. Comité de Reglas de Procedimiento Criminal

(1) Considerar y revisar las Reglas de Procedimiento. Criminal, las disposiciones vigentes del Código de Enjuicia-miento Criminal y cualesquiera otras leyes procesales de naturaleza criminal.

(2) Recomendar las enmiendas o modificaciones a las Reglas de Procedimiento Criminal y demás estatutos procesales que considere necesarios y convenientes para la mejor administración de la justicia criminal en Puerto Rico.

(3) Llevar a cabo cualquier otra encomienda que le haga el Tribunal Supremo en relación con este asunto.

E. Comité sobre Asuntos de Menores

La encomienda y esfera de actividad de este Comité será la siguiente:

(1) Evaluar el sistema que regirá los Procedimientos Judiciales en relación con menores.

(2) Considerar y revisar la nueva Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores según adop-tadas por el Tribunal Supremo.

(3) Recomendar las enmiendas o cambios que considere de rigor para mejorar y acelerar todos los procedimientos relacionados con menores cubiertos por la susodicha ley y reglamentación.

(4) Llevar a cabo cualquier otra encomienda que le haga el Tribunal Supremo en relación con este asunto.

F. Comité de Reforma Judicial y de Administración del Tribunal de Primera Instancia

La encomienda y esfera de actividad de este Comité será la siguiente:

(1) Estudiar y evaluar la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal de Primera Instancia, las funciones de cada una de sus dos secciones, competencia de éstas por razón de la cuantía y materias en asuntos civiles y naturaleza de los delitos en asuntos criminales, sede de las salas de ambas secciones y su demarcación territorial, sistema de apelación o revisión del Tribunal de Distrito al Superior.

(2) Analizar toda la fase administrativa del Tribunal de Primera Instancia incluso la revisión de las Reglas para la Administración de dicho tribunal.

(3) Recomendar las propuestas, enmiendas o modificaciones al sistema judicial y a las Reglas de Administración que considere necesarias para el mejora-miento del funcionamiento del Tribunal de Primera Instancia.

(4) Realizar cualquier otra gestión que le encomiende el Tribunal Supremo en relación con estos asuntos.

VII

Presidente; facultades; convocatorias

La Conferencia Judicial será presidida por el Juez Presidente del Tribunal Supremo o, en su defecto, por el Juez que esté actuando en su lugar. Celebrará sesiones plenarias en las fechas y durante los días que el Tribunal determine. El Tribunal Supremo o su Juez Presidente podrá convocar aquellas reuniones plenarias adicionales que considere aconsejables. Igualmente podrá convocar conferencias especiales para tratar asuntos peculiares, en cualquier sección o sala del Tribunal de Primera Instancia. En la convocatoria al efecto podrá incluir la integración, funcionamiento y objeto de dichas conferencias.

De igual forma, el Tribunal Supremo o su Juez Presidente podrá convocar, conjunta o separadamente, Conferencias de Jueces Superiores, de Distrito o Munici-pales, así como Conferencias de Ciudadanos, para el estudio y ofrecimiento de recomendaciones sobre problemas relacionados con el sistema judicial y la efectiva adminis-tración de la justicia.

VIII

Secretario

El Director Administrativo de los Tribunales actuará como Secretario de la Conferencia Judicial. Él proveerá el apoyo de personal y recursos que fueren necesarios, llevará y conservará constancia de todos los procedimientos.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial.
    Número:_

      Resuelto: 30 de junio de 1987
   ORDEN

Por la presente se transfiere la próxima sesión plenaria de la Conferencia Judicial para el mes de mayo de 1988, la cual se celebrará durante los días que más adelante el Tribunal determine. Las sesiones plenarias subsiguientes se celebrarán también durante el mes de mayo de los años correspondientes, a menos que este Tribunal disponga otra cosa.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General