text:
      In re José A. Clavell Ruiz, querellado.

      Número: O-75-183

      Resuelto: 29 de septiembre de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Ronaldo Rodriguez Ossorio, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José A. Clavell Ruiz, por derecho propio, Roberto' de Jesús Cintrón, abogado del querellado.
   per curiam:

El Informe del Comisionado Especial Hon. José Dávila Ortíz, transcrito literalmente consigna:

“Por resolución del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico de 7 de marzo de 1975 se ordenó la formulación de que-rella contra el abogado José A. Clavell Ruíz [sic] imputándole conducta profesional impropia. Dicha querella se radicó el día 10 de abril de 1976 por la Procuradora General de Puerto Rico, conteniendo tres cargos que en lo pertinente, textualmente, leen así:
‘PRIMER CARGO: El querellado, José A. Clavell Ruíz, ha observado una conducta inmoral e impropia y en violación a la responsabilidad social y profesional de los abogados, el Canon 37 del Código de Etica Profesional y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión legal en sus relaciones con sus clientes y hacia los tribunales al haber seguido la prác-tica en un número de casos de ser simultáneamente abogado de la defensa y apoderado de una compañía que prestaba fianzas en dichos casos.
‘SEGUNDO CARGO: El querellado, José A. Clavell Ruíz, observó una conducta inmoral, impropia y en violación a la res-ponsabilidad social y profesional de los abogados y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión legal en su relación con su cliente don Eddie López Pacheco. Esta conducta consistió en lo siguiente:
‘El Sr. Eddie López Pacheco acudió a las oficinas del Lie. José A. Clavell Ruíz para solicitar de éste que gestionara en su carácter de apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico una fianza para obtener su libertad provisional en lo que se ventilaba un caso criminal instado contra él. Con el alegado pro-pósito de obtener una garantía por la fianza el querellado le exigió al Sr. López Pacheco que otorgara un contrato de compra-venta en el cual traspasaba al querellado la propiedad de un in-mueble ubicado en el Municipio de Guayanilla. A pesar de que en el contrato aparece como precio de venta la suma de $2,500.00, el querellado no le entregó al Sr. López Pacheco esa suma. No obs-tante el referido acuerdo, el querellado, sin autorización del Sr. López Pacheco, hizo gestiones para la venta de la casa, de lo que fue impedido por las gestiones de éste. El querellado no actuó en la defensa del Sr. López Pacheco. El Sr. López Pacheco le pidió al querellado que le devolviera la propiedad y éste se rehusó.
‘TERCER CARGO: El querellado, José A. Clavell Ruíz, ob-servó una conducta inmoral e impropia y en violación a la res-ponsabilidad social y profesional de los abogados y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión legal, en sus relaciones con su cliente Don Leocadio Bonilla Sánchez. Esta conducta consistió en lo siguiente:
‘El Sr. Bonilla Sánchez se hallaba recluido en la Cárcel de Distrito de Ponce, cuando obtuvo nueva prueba tendente a esta-blecer su inocencia. La trabajadora social de dicha institución, Sra. Aída Millán le informó al querellado sobre ese caso, y éste se ofreció voluntariamente a darle sus servicios profesionales gratuitamente. Luego de una entrevista con Bonilla, el querellado se enteró que aquél tenía una casa y le ofreció hacer las gestiones para la venta de su inmueble, informándole que le cobraría el 15% 'de su valor como comisión por la venta y como pago de sus honorarios. Como resultado de ese acuerdo, el Lie. Clavell trajo al Sr. Bonilla las escrituras de la venta de la casa la cual se cele-bró por la suma de $7,500.00. Transcurrieron tres semanas luego de otorgarse las escrituras y Bonilla no tuvo noticias del quere-llado. Este le respondió que se le adeudaba $750.00 como comi-sión por la venta de la casa y $50.00 por los gastos de la escri-tura, y que además cobraría $2,500.00 por sus servicios como abogado. Ante esta situación Bonilla se comunicó con la Sra. Millán, quien a su vez se comunicó con el Superintendente de la cárcel, Sr. Tomás Alcalá, quien concertó una entrevista con el Lie. Clavell. En esa ocasión el Sr. Alcalá le pidió una explicación de lo ocurrido, y éste se reiteró en lo antes dicho. A 18 de junio de 1974 envió al Sr. Alcalá una carta y un cheque por la suma de $6,700.00 a favor del Sr. Bonilla. Esa suma se desglosó de la siguiente manera: $7,500.00 por la venta de la casa, menos $750.00 por “gastos de trámite” y $50.00 por “gastos de escritu-ras”. El querellado en ningún momento ha rendido labor pro-fesional alguna a favor 'de Bonilla, ni le ha devuelto el dinero que le cobrara con el pretexto de rendirle tales servicios.’
El querellado presentó una contestación exponiendo, textual-mente, lo siguiente:
‘PRIMER CARGO
‘Se rechaza este cargo por ser indeterminado, vago e impre-ciso. Se refiere a generalidades imprecisas y no a casos concretos que dieren la oportunidad de demostrar que no se infringió canon de ética alguno ni que se haya incurrido en conducta in-moral e impropia.
‘Dicho cargo no expone hechos que justifiquen que se tomen medidas disciplinarias de clase alguna contra el querellado.
‘Que en las ocasiones en que el querellado ha actuado como abogado de una persona y como apoderado de la compañía de fianzas, ha habido una relación previa de abogado-cliente, o amistad con cliente, relacionados o amigos, o se ha interpuesto recurso de hábeas corpus, o radicado moción de rebaja de fianza con anterioridad o porque los servicios se han rendido en forma gratuita.
‘Que nuestra actividad profesional no difiere de la de cual-quier otro compañero de la localidad, siendo a todas luces normal y acorde con la ética de la profesión.
‘Que nuestra participación en este tipo de actividad repre-senta un servicio útil y necesario que se ha ofrecido por varios años a todos los abogados del área y a la comunidad en general en forma eficiente y confiable, siendo en la actualidad la com-pañía que representamos la única compañía de fianzas que opera en el área.
‘Que sin que nos expliquemos por qué, es lo cierto en el dis-trito judicial de Ponce se sigue la práctica de que es el propio Tribunal de Distrito el que mediante el uso de una forma que se designa como OAT-939 nombra los abogados que deben asistir a los acusados, recayendo comúnmente en los de Asistencia Legal o a cualquier otro abogado de su preferencia. Que en la mayoría de los casos en que hemos asumido la representación de algún acusado es el propio tribunal el que nos ha designado en la etapa de vista preliminar por deseos del propio acusado.
‘Que la actuación del querellado con relación a la compañía de fianzas, es meramente la de suscribir los contratos de fianza que vengan ante su consideración, no teniendo responsabilidades ulteriores para dicha compañía.
‘SEGUNDO CARGO
‘Se niega que el querellado observara conducta impropia con el cliente Eddie López Pacheco. La totalidad de los hechos ex-puestos en el cargo, no sólo son falsos, sino que también malicio-samente fabricados e indebidamente expuestos en la querella, a pesar de que el querellado sometió oportunamente a la Oficina del Procurador General las copias de documentos y récords ofi-ciales provenientes de expedientes del tribunal de primera ins-tancia, que desvirtúan y destruyen por completo la infundada re-lación de hechos expuesta en el cargo. Con muy poco esfuerzo, fácilmente se corroborarían tales documentos en el Tribunal Superior de Ponce.
‘Se niega que Eddie López Pacheco acudiera a las oficinas del querellado. Sencillamente no podía acudir porque estaba preso. El querellado le visitó en la Cárcel de Distrito de Ponce a instancias de varios empleados de labor social de la institución, uno de ellos el Sr. Rafael Cora.
‘Se niega que López solicitara una fianza al querellado. Lo que solicitó fue que se le gestionara la reducción de la fianza que se le había fijado en $25,000.00 por alegada violación a una hi-jastra, y a ese efecto, el 30 de mayo de 1974 radicamos una petición de “habeas corpus”, la cual se vio el 13 de junio y se logró se redujera la fianza a $3,000.00. Ese mismo día y a la misma hora, en vista preliminar, le habían aumentado la fianza a $45,000. El querellado no compareció porque no sabía de tal señalamiento.
‘Se niega que el contrato privado de compraventa se hiciese para obtener una garantía por la fianza. Nunca dudamos de la honestidad de López y no había por qué exigirle garantía que en todo caso tenía que ser para la compañía de fianzas. La reali-dad fue que la compraventa fue una dación en pago de nuestros servicios profesionales y si se le dio la forma de compraventa fue para aprovechar unos modelos o formas existentes. El Sr. López alegaba que tenía otra casa y que prefería pagar los servi-cios del querellado con esa casa, porque así podía deshacerse de la concubina y de sus hijastras que afirmaba “le habían hecho un rancho”. El querellado no tenía que entregar dinero alguno al Sr. López porque la cantidad que aparece en la compraventa era la misma en que ambos habían convenido que serían los honorarios del querellado por defenderle.
‘Tampoco el Sr. López entregó dinero alguno al querellado pues ese era su problema principal ya que ni él ni sus familiares tenían efectivo alguno para pagar al querellado. El Sr. López en-vió a un hermano a buscar $120 que tenía retenidos en su empleo de guardia de seguridad en Union Carbide de Guayanilla y su-cedió que no apareció ni el hermano ni el dinero. Como habíamos estado bregando con la difícil situación de López junto al Sr. Cora y otros, sin poder aliviarle la misma y como creíamos de buena fe que este señor no podía solucionar sus problemas es-tando preso, situación que conllevaba además la posible pérdida de su trabajo, fue que para conseguir el dinero que decía tenía retenido, accedimos al pedido de los oficiales sociales y de López y se le suscribió fianza para que él en libertad, personalmente consiguiera el dinero.
‘En el contrato que se hizo como de compraventa pero que fue una dación en pago aparece el precio de venta de $2,500 porque precisamente esa cantidad representaba el valor de nues-tros servicios por la defensa de ese señor en la causa criminal. ¿ Por qué había que devolverle dinero alguno ?
‘Se niega que el querellado no estuviese autorizado a hacer gestiones para la venta de la casa. No sólo estaba autorizado mediante el propio contrato, sino que López pidió dos semanas para desocupar la casa y el querellado decidió darle sesenta días, tiempo que estimó estarían cumplidos sus servicios. La primera gestión de venta de la casa se hizo dos o tres días después de la firma del contrato al enviarse una persona a instalar un rótulo para la venta de la casa. El Sr. López no objetó nada, ni dijo nada, fue un vecino el que alegó que la casa no se podía vender porque no era de López. El querellado recibió la información del instalador del rótulo y se comunicó con López. Suman muchas las ocasiones en que López ha admitido que dicha casa no es de él. Si así resultó en definitiva, ¿ quién fue el engañado ?
‘Se niega que el querellado no actuara en la defensa de López. Hasta el 21 de agosto de 1974 el querellado asistió en su defensa al acusado y aparecía como abogado de récord. Hay citaciones, comparecencias para suspensiones y una minuta donde el propio Eddie López Pacheco le informa al Tribunal que su abogado es el querellado. En dos ocasiones López llevó declaraciones juradas de su concubina, ya que aparentemente se habían reconciliado, y tuve que negarme a notarizarlas por entender que no era de su propia voluntad lo que había allí escrito. Este señor iba a menudo a mi oficina para tratar sobre el caso y su empleo y a pesar de que sabíamos de labios de él que la casa no era suya decidimos continuar representándolo.
‘Sin haber renunciado nosotros la representación, compare-ció en autos la firma Baragaño & Zayas compuesta de los Lie. Rafael Baragaño y el ex-fiscal Lie. Héctor Zayas Puig, hacién-dose cargo del caso hasta su final.
‘Se niega que el Sr. López Pacheco pidiera al querellado que le devolviera la propiedad. ¿Qué propiedad, si resultó que no era dueño ? Por otra parte, tampoco el querellado nunca ha tenido dominio o posesión de la misma. Lo que el Sr. López solicitó fue le devolviese el documento de la supuesta compraventa y lo hizo mucho antes de que se terminara su caso, lo que descarta su ale-gación de “que fuese en garantía de fianza.” El querellado rehúsa devolver tal documento, no porque tuviere interés en la propie-dad que de hecho no tenía, sino porque su interés es que se dilu-cide que no hubo tal compraventa. El querellado no adquirió nada, porque López nada tenía y nadie puede transmitir lo que no tiene. A su vez, tampoco puede el querellado transmitir lo que no adquirió y así se lo ha hecho saber en varias ocasiones al Sr. López.
‘TERCER CARGO
‘Se niega que el querellado observara conducta impropia al-guna en relación con su cliente Leocadio Bonilla Sánchez.
‘Es correcto que a petición de la Sra. Aida Millán el quere-llado visitara al Sr. Bonilla para ayudarle en un caso de incesto del cual había sido convicto. No se llegó a acuerdo alguno sobre servicios gratuitos ni algo por el estilo porque la situación de Bonilla exigía un recurso en que se hacía necesario tomar decla-raciones juradas y presentar ante el Tribunal a varios de sus familiares que se encontraban en Estados Unidos y no había dinero para la transportación de ellos a Puerto Rico por lo que el recurso quedó pendiente.
‘Luego de hablar sobre los hechos, el Sr. Bonilla le planteó al querellado que tenía una propiedad en la Barriada Jaime L. Drew de Ponce, abandonada y sin terminar y que si podía ges-tionar su venta. Se convino que el querellado tramitaría la venta, pondría anuncios en el periódico, instalaría un rótulo en la pro-piedad y el precio de venta fluctuaría entre un máximo de $8,000.00 y un mínimo de $6,000. Los honorarios se estipularon serían alrededor de un 15% de las resultas de la venta de la propiedad, según acuerdo firmado y autorizado por el Sr. Bonilla.
‘Como para aquel tiempo la venta de propiedades resultaba difícil, tardó varios meses en hacerse la transacción pues aun cuando venían muchas personas interesadas a la oficina resul-taba que no tenían el dinero y a otras se le preparaban docu-mentos para el Banco de la Vivienda y no cualificaban. A tal extremo llegó la situación, que en una ocasión informó el Sr. Bonilla al querellado que la diera por el mínimo de $6,000. Varios días después al querellado le visitó el Sr. Maximiliano Torres quien ofreció y pagó $7,500 por la propiedad el 5 de julio de 1974.
‘Una vez hecha la venta, el Sr. Bonilla le manifestó al que-rellado que interesaba que el dinero que le correspondía se le entregase a un compadre suyo que vivía en la Urbanización La Guadalupe de Ponce, quien visitaría al querellado en su oficina. El compadre visitó la oficina del querellado el 10 de julio y en la entrevista el querellado se dio cuenta que el tal compadre no reunía las garantías necesarias para confiarle tal cantidad, por lo que el querellado le notificó a Bonilla que iba a depositar su parte correspondiente en la Cárcel de Distrito de Ponce para asegurarse de que ese dinero estaría protegido y disponible para el uso del confinado. La información se la envió a través de la Sra. Aida Millán, notificándole también que le cobraría el 15% acordado por el trámite, $50 por la escritura y si interesaba en comenzar el recurso se lo haría por $2,500.
‘El 15 de julio, o el 16, a petición del Sr. Tomás E. Alcalá nos reunimos el Sr. Bonilla, el Sr. Alcalá, la Sra. Millán y el que-rellado. Después de un breve intercambio que no duró ni diez minutos, nos pusimos de acuerdo las partes, acordándose reba-jar los gastos de trámite a un 10% a instancia del Sr. Alcalá, y tanto el querellado como el Sr. Bonilla aceptaron también los $50.00 por los gastos notariales de la escritura y el Sr. Bonilla no aceptó en que el querellado comenzara el recurso, alegando que los honorarios por $2,500 eran altos. Todo terminó en ar-monía. Bonilla nunca reclamó dinero alguno al querellado ni de palabra o por escrito. Afirma el propio Sr. Bonilla que él no ha hecho reclamación a nadie sobre esta transacción. A el Sr. Tomás E. Alcalá entregó el querellado el 18 de julio un cheque por $6,700 para que se le depositara en la cuenta del Sr. Bonilla, habiéndosele descontado $750 por gastos en el trámite de la venta y $50 por la escritura, tal como se había convenido. A los pocos días el Sr. Bonilla salió en libertad bajo palabra.
‘El querellado recuerda además que en la entrevista sostenida el 15 ó 16 de julio, el querellado dio específicamente la razón por la cual entendía que el compadre de Bonilla no debía tener bajo su custodia el dinero; admitió al querellado que le habían cor-tado el servicio telefónico por falta de pago. El propio Sr. Al-calá, Superintendente de la institución, estuvo de acuerdo con el querellado que lo más conveniente para Bonilla era que su dinero se depositase en una cuenta en la institución y así se hizo.
‘DEFENSAS AFIRMATIVAS:
‘1. Que la queja que dio base a la formulación de los cargos al querellado no fue jurada.
‘2. Que la queja fue establecida a través de una Resolución del Hon. Arturo Cintrón García donde el querellado no era parte ni había intervenido por lo que se le privó desde el primer mo-mento de su derecho a cuestionar lo expuesto en la misma.
‘3. Que tal resolución dictada por el Hon. Juez Arturo Cin-trón García es una prolongación de una serie de ataques siste-máticos hechos por dicho magistrado al sentirse personalmente molesto por haber el querellado actuado en la defensa del caso de Pueblo v. Roberto Arocho Maldonado por asesinato en primer grado y ataque p/c asesinato y varias infracciones a la Ley de Armas, el cual se encuentra en etapa de apelación. Que en dichos casos el querellado al percatarse de una serie de anormalidades ocurridas dentro y fuera del proceso que perjudicaban sustan-cialmente los derechos de su cliente, los puso en conocimiento del Hon. Juez Cintrón García a través de una moción de nuevo juicio y éste se sintió tan personalmente ofendido que no quiso enten-der en la vista, testificó en la moción de nuevo juicio que fue celebrada un año después de radicada y amenazó e injurió al querellado a tal extremo que el Lie. Pedro Malavet Vega tuvo que pedirle protección al tribunal que presidía el Hon. José Ra-món Gautier.
‘4. Que una vez concluida la vista sobre moción de nuevo juicio y dictada resolución adversa a nuestro cliente, radicamos la correspondiente apelación ante este Hon. Tribunal Supremo y se nos ha forzado a abandonar la apelación con el calculado fin de impedir que planteemos ante esta Superioridad las anormali-dades ocurridas. El atropello ha sido tan atroz que nos hemos visto precisados a acudir ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados denunciando los hechos y solicitando él nombra-miento de un abogado para este cliente.
‘5. Que para la adecuada defensa del querellado es indispensable obtener una transcripción completa del caso en su fondo y de la moción de nuevo juicio del caso de Pueblo v. Roberto Arocho Maldonado y así lo solicita respetuosamente.’
Por resolución del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico de 5 de febrero de 1976 el suscribiente fue designado Co-misionado Especial. En cumplimiento de dicha designación y de las disposiciones de la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo procedimos a la celebración de una conferencia con antelación a la vista el día 27 de febrero de 1976, en cuya fecha la parte querellante compareció representada por el Procurador General Auxiliar, Ledo. Ronaldo Rodríguez Ossorio. El quere-llado compareció personalmente. En dicha vista se ofrecieron como parte del expediente número 301 del Tribunal Supremo, y para conocimiento del querellado, las declaraciones juradas en que se funda la querella. Se propuso por la parte querellante en-mienda al Cargo Número Dos en el sentido de alegar que el señor Eddie López Pacheco “recurrió ante el querellado”, en sustitución de la frase “acudió a las oficinas del Ledo. A Clavell Ruíz”. El Comisionado Especial no aprobó la enmienda con vista de la oposición del querellado y por tratarse de una cuestión de prueba. Se aprobaron algunas enmiendas a la declaración jurada del querellado y se denegaron otras. Se ofreció prueba documen-tal y se anunció la prueba testifical de que habrían de valerse las partes. Todo ello aparece en la minuta correspondiente al 27 de febrero de 1976 la cual, conforme nuestra Orden del 12 de marzo de 1976, constituye el acta de dicha conferencia.
La vista oral se celebró en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico los días 9 y 10 de junio y 2 de agosto de 1976, con asistencia del querellado y de su abogado Ledo. Roberto de Jesús Cintrón y del Ledo. Ronaldo Rodríguez Ossorio en representación de la parte querellante. Prestaron testimonio oral el Hon. Arturo Cintrón García, Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, los señores Eddie López Pacheco, Ledo. Winston Laboy Milán, Tomás E. Alcalá, Ledo. Rubén Rivera Vega, y el propio querellado Ledo. José A. Clavel! Ruíz. Los testigos de la parte querellante Leocadio Bonilla y Aida Mi-llán no pudieron ser localizados por lo cual la representación legal de la parte querellante renunció a sus testimonios. Se ofre-cieron por la parte querellante, en sustitución de sus testimonios, las declaraciones prestadas por estas personas durante la investi-gación. Dicha prueba no fue admitida por el Comisionado Especial por razón de que su admisión privaría al querellado de su derecho al contrainterrogatorio de dichos testigos. Se ofreció y admitió abundante prueba documental, la cual se relaciona en las minutas correspondientes a los distintos días de vista.
El querellado tuvo amplia oportunidad de conocer los cargos presentados en su contra; se le garantizó e hizo uso de su derecho a confrontarse con los testigos de la parte querellante, de presen-tar prueba testifical y documental en su defensa, de examinar toda la prueba documental presentada para sostener la querella; se le suministró, no solamente la declaración prestada por él durante la etapa investigativa, a la cual, según se ha expresado, inclusive tuvo oportunidad de sugerir enmiendas y aceptar o rechazar las enmiendas propuestas por la parte querellante; y, además, recibió el beneficio de las declaraciones prestadas por todos los testigos que habrían de ser presentados en su contra, y disfrutó, como clímax de todo el procedimiento, del beneficio de una vista pública.
Con vista de toda la prueba testifical y documental presen-tada y admitida, la cual hemos examinado y re-examinado varias veces, el Comisionado Especial formula las siguientes

DETERMINACIONES DE HECHO:

(1) El Lodo. José A. Clavell Ruíz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de diciembre de 1968 y al ejercicio del no-tariado el 4 de febrero de 1969. Durante el período a que se contraen los hechos que informan Ja querella y específicamente entre el 2 de mayo .de 1972 y el 30 de junio de 1975, (Exhibits 7 y 29 del querellado) tenía establecido su despacho profesional en la Calle Lolita Tizol Núm. 345, frente a la cárcel de distrito de la Ciudad de Ponce. Simultáneamente, el querellado actuaba, mediante autorización del Comisionado de Seguros de Puerto Rico como apoderado de una compañía de fianzas denominada Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company) y en tal capacidad y mediante el cobro a los interesa-dos de la prima correspondiente, autorizaba fianzas en causas criminales pendientes en las distintas Salas de la Sección de Ponce del Tribunal de Primera Instancia. Como parte de esta gestión el querellado tenía un rótulo en su despacho profesional, visible al público, anunciando la prestación de estos servicios. Utilizaba, además, una tarjeta de presentación como abogado-notario y como representante de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company). (Exhibits 1-A y 1-B del querellante.)
(2) Como tal apoderado se le autorizó a suscribir, otorgar y expedir ante los Tribunales de Justicia de Puerto Rico fianzas judiciales en procedimientos de naturaleza criminal por las cuan-tías máximas permitidas a la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company), conforme la autoriza-ción expedídale por el Comisionado de Seguros, prohibiéndole:
(a) Expedir y otorgar fianzas de libertad provisional a favor de personas detenidas o acusadas por el delito de abandono de menores;
(b) Cobrar al interesado una prima mayor que la auto-rizada por el Comisionado de Seguros ;
(c) Otorgar o suscribir fianzas sin recibir el pago de la prima correspondiente al momento de otorgarla; y
(d) Otorgar o suscribir la fianza sin obtener y anotar la dirección y circunstancias personales del fiado. (Exhibit 8 del querellante; Exhibit 7 del querellado). ()
(8) Con motivo de la incomparecencia de varios acusa-dos al Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, en cau-sas de naturaleza criminal en que las fianzas habían sido pres-tadas por el querellado como apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company), el Magistrado, Hon. Arturo Cintrón García, dictó sendas órdenes requiriendo que el querellado produjera los acusados bajo aper-cibimiento de confiscación de las fianzas. Al no cumplir el quere-liado con dicha orden el referido magistrado sostuvo con aquél una o varias reuniones y en forma amistosa y hasta paternalista, impetró de él que descontinuara la práctica de prestar dichas fianzas por constituir ello, según le indicó, una infracción a los cánones de ética profesional. El querellado alegó que él era solo apoderado de la compañía y que en todo caso resultaba ser ésta la responsable de cumplir con lo ordenado por el Tribunal. (Exhibit 1 del querellado; Exhibit 2 del querellante.)
(4) Con vista de la actitud negativa asumida por el quere-llado el Hon. A. Cintrón García dictó el 12 de septiembre de 1974 resolución en la causa criminal M74-461, El Pueblo de Puerto Rico v. William Mercado Rodríguez, por el delito de in-fracción a la Ley de Automóviles y Tránsito, refiriendo el asunto al Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico para la determi-nación correspondiente respecto a la conducta profesional del querellado en el área relativa a la prestación de fianzas como apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company) así como en lo relativo a la formaliza-ción de un contrato de compraventa suscrito por el señor Eddie López Pacheco y por el querellado el día 25 de junio de 1974.
(5) Entre otras, el querellado, en su carácter de apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company), prestó las fianzas en las causas criminales que a continuación se relacionan y asumió la representación legal de los acusados en las mismas:
(a) Pueblo v. Vicente Rodríguez, G73-978, por escalamiento en primer grado (Exhibit 4 del querellante);
(b) Pueblo v. Julio E. Rivera, G74-182 y 183, por in-fracción a la Ley de Substancias Controladas (Exhibit 7 del querellante) ;
(c) Pueblo v. Andrés Robles Santos, G74-807, por asesinato;
(d) Pueblo v. William Mercado Rodríguez, M74-461, por infracción a la Ley de Automóviles (Exhibit 11 del querellante);
(e) Pueblo v. Efraín de Hoyos Martínez, G74-683, por mutilación (Exhibit 9 del querellante);
(f) Pueblo v. Jesús M. Santiago, G75-86, G75-213, G75-221-223, G75-215-217-219 (Exhibit 10-A del querellante).
(6) En su carácter de apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company) el querellado, por moción del 20 de agosto de 1974 en la causa G73-491-492 y M73-721, El Pueblo v. Muriel, por los delitos de ataque para cometer asesinato e infracción artículos 6 y 8 de la Ley de Ar-mas, respectivamente, solicitó y obtuvo del Tribunal (Hon. A. Cintrón García, Juez) el retiro o cancelación de las fianzas pres-tadas luego de demostrarse satisfactoriamente que el acusado se encontraba detenido en la Cárcel de Distrito de Ponce. En estos casos el querellado representó al acusado profesionalmente en la vista preliminar, én el acto de la lectura de acusación celebrado el día 15 de agosto de 1973. En la causa felony, prestó fianzas a su favor como apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company) el 27 de abril de 1973, y lo representó en la solicitud sobre rebaja de fianzas radicada el 28 de abril de 1973, así como en la moción sobre retiro de fianzas de 20 de agosto de 1974 (Exhibits 3, 5 y 6 del quere-llante) .
(7) La alegación básica del Licenciado Clavell es que la actuación del querellado con relación a la Compañía de Fianzas “es meramente la de suscribir los contratos de fianza que vengan ante su consideración, no teniendo responsabilidades ulteriores para dicha compañía”. No obstante esta afirmación, contenida en su contestación a la querella, el querellado suscribió contrato con la Compañía 'de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company) mediante Escritura de Poder Especial Número 3 otorgada ante el Notario Don J. L. Beaumont Sánchez, en San Juan, Puerto Rico, el día 2 de mayo de 1972, constituyéndose así en apoderado de la referida Compañía de Seguros [sic] de Puerto Rico (Exhibit 8 del querellante).
(8) Con posterioridad a la formulación de la querella, el querellado renunció como apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico, siendo su esposa designada apoderada de dicha compañía. Su oficina ubica en el mismo edificio donde está si-tuado el despacho profesional del Licenciado Clavell.
(9) No existe prueba creíble que demuestre que el Hon. Arturo Cintrón actuara en la forma en que lo hizo movido por animadversión, prejuicio o rencor contra el querellado. Por el contrario, las actuaciones de dicho magistrado demuestran su celoso cumplimiento del deber judicial y su benevolencia y sim-patía para quien había sido su discípulo como estudiante de derecho y ahora era un compañero de profesión.
(10) El 28 de mayo de 1974 Eddie López Pacheco, residente en Guayanilla y quien a la sazón trabajaba como guardia de se-guridad, fue arrestado por el delito de violación e ingresado en la Cárcel de Distrito de Ponce. Allí conoció al querellado, quien le ofreció sus servicios profesionales; conviniendo ambos en que el querellado lo asistiría en la vista preliminar y a los fines de una solicitud sobre rebaja de fianza. El querellado no compare-ció a la vista preliminar señalada para el día 18 de julio de 1974. En esa fecha la fianza de $25,000.00 que le había sido fijada al acusado le fue aumentada a la suma ¡de $50,000.00. No obstante, y como resultado de solicitud de hábeas corpus presentada por el querellado, la fianza le fue rebajada a $3,000.00 el propio día 13 de julio de 1974 (Hon. Felipe Marchand, Juez).
(11) Luego de prestarse la fianza por el querellado como apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company), o sea, el día 28 de junio [sic] de 1974 [sic], comparecieron el querellado y el señor Eddie López Pacheco ante el Ledo. Winston Laboy Milán y otorgaron un con-trato de compraventa a virtud del cual dicho Eddie López Pacheco vendió, cedió y traspasó al querellado una casa de madera, techada de zinc, radicada en el Barrio Sitios, Calle Roberto Santana Núm. 3 del término municipal de Guayanilla, Puerto Rico. Dicha casa radicaba en un solar propiedad del Municipio de Guayanilla. El supuesto vendedor carecía de documento o título demostrativo ¡de ser el dueño de la propiedad (Exhibit 19 del querellado).
(12) La referida compraventa se efectuaba, según el docu-mento traslativo del dominio, por la suma de $2,500.00, cuya suma admitía haber recibido el vendedor en la misma fecha pero con anterioridad al otorgamiento del documento; disponién-dose, adicionalmente, que el comprador entraría en posesión del inmueble una vez transcurrido el término de sesenta días. El documento o contrato de compraventa se adhirió a una carátula de escritura del Notario Laboy Milán, en la cual se consigna, en el espacio correspondiente al número de la escritura, “Affidavit Número 533”. Toda la demás información, según surgía de su faz, sugería el otorgamiento de una escritura pública y no un documento privado de compraventa. En ningún momento durante la preparación y otorgamiento del contrato de compra-venta el querellado y/o Eddie López Pacheco le informaron al Ledo. Winston Laboy Milán que se trataba de un contrato de dación en pago y no de una legítima compraventa. El propio querellado admitió que no entregó a López Pacheco suma alguna como precio de venta y que se trataba de una venta simulada. Es evidente que al querellado le constaba la diferencia entre la figura jurídica conocida como contrato de compraventa y la de dación en pago. No obstante, incumplió su obligación ética y pro-fesional de explicar a López Pacheco los elementos y alcances de ambos conceptos jurídicos a los fines de que se siguiera el ca-mino de la verdad y no el de la simulación (véase testimonio oral del Licenciado Clavell).
(13) Varios días después Eddie López Pacheco se personó en la propiedad y observó un letrero o anuncio mediante el cual se ofrecía la casa en venta, refiriendo a cualquier posible com-prador a informarse con el querellado en su dirección en la Calle Lolita Tizol. López Pacheco removió el letrero y tomó posesión de la misma, la cual desde entonces ocupa. Algún tiempo des-pués López Pacheco reunió la suma de $180.00 como resultado de aportaciones que le hicieran una hermana suya residente en la Ciudad de Nueva York y varias personas, cuya suma entregó al Licenciado Clavell. Mientras tanto, el querellado se enteró que la casa no pertenecía a López Pacheco y sí a varios familiares de éste que la reclamaban.
(14) El testimonio oral de Eddie López Pacheco, el cual nos merece entero crédito, demuestra que como él no disponía de dinero para pagarle al querellado por sus servicios profesionales le propuso a éste que le traspasaría la casa por la suma de $2,500.00. No obstante, y sin notificar al querellado, contrató los servicios del Licenciado Baragaño por la suma de $2,000.00 para que lo representara. Finalmente, fue el Licenciado Zayas Puig quien lo representó en la vista de la causa por el delito de viola-ción. El acusado personalmente y por conducto de dicho letrado hizo alegación de culpabilidad.
(15) Al dirimir la prueba relativa al cargo número 2 de la querella, tomando en consideración la forma de declarar los testigos, Lodo. José A. Clavell y Eddie López Pacheco, el carác-ter de sus testimonios, sus motivos, prejuicios, y los demás fac-tores que producen certeza en la conciencia no prevenida del juz-gador de los hechos, llegamos a la conclusión firme y definitiva de que el traspaso de la propiedad al querellado se hizo:
(a) Para garantizarle el pago de la prima de la fianza.
(b) Para pagar los honorarios profesionales del quere-llado.
(c) Para pagar al querellado honorarios de abogado que éste nunca prestó a dicho Eddie López Pacheco.
(16) La candidez y sinceridad de Eddie López Pacheco al admitir que fue él quien propuso al querellado el traspaso de la propiedad en pago de sus servicios profesionales por carecer de dinero para pagar por dichos servicios, constituye un factor de poderosa fuerza persuasiva, en tanto en cuanto tiende a demostrar, inequívocamente, su credibilidad y por ende la nuli-dad del contrato de compraventa, por constituir el mismo una mera simulación a la cual consintió, indebidamente, el propio querellado. Y lo hizo, según aparece de su propio testimonio, no solo con plena conciencia de la impropiedad de su proceder y con absoluto desprecio de la conducta ética per se, sino de la verdad jurídica a la cual debió ceñirse, en protección de su propia repu-tación profesional así como en protección del propio Eddie López Pacheco, ingenua víctima de su simulación. A decir del propio querellado, la transacción se hizo así para aprovechar unos im-presos y por no anticipar problemas.
(17) El querellado ha otorgado varios cientos de fianzas como apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company) y en un número de casos (al-rededor de 25) se ha desempeñado también como abogado de los acusados y a nombre y en representación de éstos ha reali-zado ante los tribunales distintas gestiones tales como solicitudes de reducción de fianzas mediante moción o vía solicitud de “ha-beas corpus” representándolos en la vista preliminar, en el acto de lectura de acusación y en el juicio, así como en solicitud de suspensión de vista (Exhibits 8, 9, 11, 13, 21, 23, 27 del quere-llado) .
(18) Leocadio Bonilla estaba recluido en la Cárcel de Dis-trito de Ponce como resultado de una convicción por el delito de incesto. El querellado se entrevistó con el recluso en la propia cárcel de Distrito de Ponce, donde discutieron la posibilidad de presentar ante el Tribunal una solicitud con el propósito de anu-lar la sentencia. Como Bonilla no disponía de dinero, y enterado el querellado que aquel era dueño de una casa sita en la Urbani-zación Jaime Cruz, solicitó de él el pago de honorarios. Bonilla autorizó al querellado a vender la referida casa por una suma que podría fluctuar entre un mínimo de $6,000.00 y $8,000.00, de cuyo precio de venta el querellado recibiría un 15% por con-cepto de comisión más los gastos de otorgamiento de la escritura. Transcurridas varias semanas se formalizó la venta por la suma de $7,500.00.
(19) Con motivo de que, según resulta del testimonio del señor Tomás E. Alcalá, Bonilla insistía en que la suma equiva-lente al 15% del precio de venta de la casa incluía los servicios profesionales del querellado y éste sostenía, por el contrario, que solo incluía el importe de la comisión y los gastos de escritura, el señor Superintendente de la Cárcel de Distrito de Ponce se reunió con ellos y allí convinieron en que el querellado solo co-braría la suma total de $800.00 y que le devolvería a Bonilla, por conducto del señor Alcalá, la suma de $6,700.00. Por carta del 18 de julio de 1974 el querellado remitió cheque por la indi-cada suma habiéndosele expedido el correspondiente recibo. (Exhibits 11 y 12 del querellante.) El querellante [sic], debe con-signarse no le prestó a Bonilla servicio profesional alguno.
(20) En ausencia del testimonio oral del señor Leocadio Bonilla y el de la señora Millán, quienes no comparecieron a la vista por encontrarse, según la información ofrecida al Comi-sionado Especial, fuera de Puerto Rico, nos vemos imposibilita-dos de formular determinaciones de hecho adicionales con res-pecto al Tercer Cargo contenido en la querella. Los testimonios orales del señor Tomás E. Alcalá y del propio querellado, re-sultan insuficientes, a nuestro juicio, para formular tales de-terminaciones de hecho adicionales. Y ello es así, porque la prueba ofrecida y admitida deja serias dudas en nuestro espí-ritu con respecto a si en realidad de verdad se produjo entre Leocadio Bonilla y el querellado un contrato simulado con con-tornos similares a los del caso de López Pacheco, o si se trató, como sostiene el querellado, de un contrato de corretaje acordado entre ambos.
(21) La reiterada y esciente conducta del querellado al ac-tuar como apoderado de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico (Puerto Rico Bonding Company) y simultáneamente como abo-gado de un número de acusados a quienes representó, y simular en una ocasión un contrato de compraventa para encubrir una transacción de servicios profesionales, estableció en el querellado un patrón de conducta orientada hacia un evidente afán de lucro, que no cedió, ni ante la discreción, prudencia y circunspección que le imponían las circunstancias, ni ante las amonestaciones de su maestro y amigo, el Hon. Juez Arturo Cintrón García.
Respetuosamente sometido.
Humaeao, Puerto Rico, a 7 de julio de 1977.
(Fdo.) JOSE DAVILA ORTIZ
Comisionado Especial Apartado Núm. 216 Teléfono 852-0713 Humaeao, Puerto Rico 00661”

El análisis total de la prueba documental y testifical sostiene a cabalidad las determinaciones de hecho antes relacionadas. Las mismas reflejan una conducta reñida con los deberes y atributos éticos que deben animar a todo abogado que opta por desempeñarse en otras actividades, según el espíritu y contenido del Canon 37 vigente.

Se dictará sentencia separando al querellado de la pro-fesión de abogado indefinidamente.

Los Jueces Asociados Señores Rigau, Díaz Cruz e Irizarry Yunque no intervinieron.

      (1)‘CANON 37 — Participación del Abogado en Actividades Comer-ciales: La participación del abogado en negocios o actividades de venta de bienes, agencias de cobro, fianzas u otros servicios comerciales, propios o pertenecientes a otras personas no es una actividad propia de la buena prác-tica de la profesión si tal negocio o actividad tiene el fin directo o indirecto de proporcionarle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido.’


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Víctor Ramos Acevedo, José Rafael Vázquez Deynes y Francisco Arroyo González, querellados.

      Número: O-75-481

      Resuelto: 29 de septiembre de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, Américo Serra y Ronaldo Rodriguez Ossorio, Procuradores Generales Auxiliad-res, abogados de El Pueblo; Félix Ortiz Juan, Elpidio Arcaya y Julio Williams Andino, abogados del Ledo. Víctor Ramos Acevedo; José A. Andreu García, abogado del Ledo. José R. Vázquez Deynes; Enrique González y Raúl Dávila Rivera, abogados del Ledo. Francisco Arroyo González.
   PER CURIAM:

Nuestro dictamen final en la querella de epí-grafe exige que reproduzcamos íntegramente el Informe ren-dido por el Comisionado Especial Hon. Pedro Santos Borges, el cual aprobamos() en su totalidad por estar ampliamente sostenido en la evidencia testifical y documental desfilada.

“En octubre 17 de 1975 el Procurador de Puerto Rico formuló ante el Honorable Tribunal Supremo una querella contra los Ledos. Víctor Ramos Acevedo, José Rafael Vázquez Deynes y Francisco Arroyo González conteniendo tres cargos en los que se les imputa haber observado una conducta inmoral, ilegal e impropia en el desempeño de sus funciones como abogados, consistente en haberse dirigido a Gilberto Hernández Díaz, quien era testigo de cargo en una causa criminal instada contra unos clientes suyos, y presionaron y/o instigaron y/o amena-zaron al referido testigo para que éste alterara su testimonio prestado bajo juramento ante funcionarios competentes con el fin de favorecer a los acusados representados por ellos, constitu-yendo dicha conducta una intervención indebida con un testigo de la parte contraria, todo en violación del Canon 5 del Código de Ética Profesional y el Preámbulo de dichos cánones.

Los abogados querellados contestaron la querella y admi-tieron haber visitado y entrevistado al referido testigo de cargo, pero niegan que en dichas entrevistas presionaran y/o insti-garan, y/o amenazaran a dicho testigo de cargo. En contrario alegan que sus actuaciones estuvieron enmarcadas en el legítimo ejercicio de su deber de investigación y preparación para el de-sempeño de sus funciones en la defensa de sus representados.

En 15 de enero de 1976 este Honorable Tribunal Supremo, por resolución dictada al efecto, designó al suscribiente Comi-sionado Especial para la vista de este caso.

En 29 de dicho mes y año dictamos una orden señalando el día 25 de febrero para celebrar una conferencia con antelación a la vista de las querellas. En dicha vista ordenamos a la Opera-dora de Máquinas de grabación, Sra. Casado de Cora, que trans-cribiera lo contenido en las cintas magnetofónicas entregadas por los abogados de la Oficina del Procurador General y por el querellado Ledo. Víctor Ramos Acevedo al Secretario de este tribunal. Durante la vista la Sra. Casado informó que luego de leer las transcripciones de las referidas cintas hechas en las oficinas de la División de Investigaciones Criminales y de oir el contenido de las cintas había determinado que una parte considerable de lo que aparecía grabado no había sido transcrito. Ella procedió a transcribir la totalidad de las grabaciones. La porción no transcrita cubrió cuarenta páginas adicionales a la transcripción original. (Véase T.R. — páginas 333 a 337 — Decla-ración de la Operadora, Sra. Luz C. Casado.)

Procedimos a señalar la vista formal del caso y esta comenzó a celebrarse el día 18 de marzo y se prolongó durante los días 19, 23 y 24 de dicho mes.

La parte querellante presentó como prueba testifical cuatro testigos y como prueba documental cuatro piezas de evidencia y dos cintas magnetofónicas en las que se grabaron la segunda y la tercera entrevista entre los letrados querellados y el testigo de cargo Gilberto Hernández Díaz.

La parte querellada presentó prueba testifical consistente en los testimonios de seis testigos y diecisiete piezas de evidencia documental, más las cintas magnetofónicas antes indicadas.

Antes de entrar a formular nuestras determinaciones de hecho creemos que es conveniente exponer algunos de los acon-tecimientos que se .sucedieron con anterioridad a la intervención de los abogados en el presente caso.

ANTECEDENTES

1. Entre las once y doce de la noche del día 15 de mayo de 1974 se desarrolló un incendio en un edificio sito en el Centro Industrial de La Cerámica, en el Barrio Sabana Abajo de Carolina, P.R. propiedad de la San Juan Realty Corporation y el cual estaba ocupado en calidad de arrendamiento por Delta International Corporation, donde se explotaba un negocio de artículos eléctricos cuyos dueños eran los señores Charles, Isidoro y Moisés Benmuhar. El Vicepresidente a cargo de ventas y tam-bién Gerente de Ventas era José A. Tió Corzo. Toda la mercan-cía que se almacenaba dentro del edificio quedó destruida y dicha estructura quedó considerablemente deteriorada.

2. La propiedad y el negocio de Delta International Corporation estaba cubierta con una póliza de seguros contra incendio y otros riesgos con la compañía denominada Commercial Union Assurance Co.

El abogado que intervino con la compañía de seguros fue el Ledo. José Rafael Vázquez Deynes quien desde hacia bastante tiempo sostenía relaciones profesionales con Delta International. Después de varias reuniones con los auditores y funcionarios de Delta y su abogado Vázquez Deynes con los funcionarios de la compañía aseguradora, ésta aceptó pagar $1,319,084.00 como daño a la propiedad y $180,828.86 como pérdida por la inte-rrupción del negocio a la Delta.

3. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Criminales que de ahora continuaremos llamando por su sigla CIC, sospe-chando que el fuego fue perpetrado por manos criminales, ini-ciaron una investigación y en uno de los días del mes de julio de 1974 — alrededor de tres meses después de la fecha del incen-dio, mayo 15 de 1974 — detuvieron a Gilberto Hernández Díaz. En 9 de septiembre del mismo año, cerca de dos meses más tarde, lo condujeron a presencia del Fiscal Guillermo García. Allí se le ofreció inmunidad para que se hiciera testigo de cargo, ya que se le acusaba de ser co-autor, con otros, de robar e incen-diar la propiedad [de] Delta International, ofrecimiento que aceptó ya que seguidamente procedió a prestar declaración ju-rada la que sintetizaremos lo más brevemente que nos sea posi-ble a continuación. (Véase Exh. 10-B, Qdos.)

(A) Expone Gilberto que el 12 de mayo de 1974, un domingo, se reunió en el Caserío Sabana Abajo de Carolina con José A. García Colón, c/p Willy, y con Edgardo Cruz Hernán-dez, c/p Guao y allí Willy les dijo de un robo que se proponía efectuar. Acordaron reunirse de nuevo al otro día, lunes, a las cinco de la tarde.

(B) Cumpliendo lo convenido, se reunieron el lunes a las tres de la tarde en casa de la madre de Guao, Doña Angela Her-nández, sita en Villa Palmeras de Santurce. Le acompañaron Felipe Jaime Castro, c/p Pipo Caballo. Cuando llegaron, Willy, acompañado de otros dos muchachos apodados Yiyo y Pantera, les estaban esperando. Willy les informó que todo estaba bien planeado y que no habría error en el caso Delta.

(C) Todos confiaron en lo que decía Willy, pues antes ellos habían cometido robos con él y les había salido bien la cosa. Willy le encomendó a Gilberto que consiguiera los vehículos; y que cuando empezaran el robo, Pantera vigilaría la esquina de la Rohena, Yiyo atendería la esquina de la Texaco y Gilberto haría vigilancia en la otra esquina; que él, Willy y Guao se meterían adentro.

(D) El miércoles 15 de mayo Gilberto y Yiyo fueron a la American Metal Corp., una fábrica ubicada en la Urbanización Industrial ‘El Comandante’. Allí Gilberto forzó una venta [ventana] y rompió el candado de una compuerta; Yiyo salió a velar y Gilberto sacó dos vehículos del interior que encontró con las llaves puestas; que uno era un ‘truck’ con barandas y el otro una camioneta (Panel Delivery). Los llevaron a casa de Guao en Santurce donde llegaron como a las 6:30 PM, y allí en-contraron a Willy, Pantera y Guao. Pipo Caballo no estaba porque había caído preso el día antes. Allí acordaron reunirse en Delta a las 7:00 PM. Al llegar a Delta a las 7:20 PM cada uno de ellos sincronizó su reloj a la misma hora.

(E) Antes de salir Willy echó al ‘truck’ un envase plás-tico lleno con un líquido, y una soga. Estacionaron los vehículos en la esquina donde doblan las guaguas de la Calle Loíza para Carolina y caminaron hacia la Delta y vieron que, aunque era de noche, todavía había personal adentro. Ya como a las 9:10 PM todo el personal había abandonado la fábrica.

(F) Cada uno se situó en la esquina que según [sic] le co-rrespondía mientras Willy y Guao forzaron los candados y pene-traron al interior; que la alarma no sonó. Ellos movieron 'los ve-hículos al frente y colocaron cinco cajas que contenían televi-sores, en cada uno de ellos.

(G) Cuando Willy sacó el envase plástico y la soga del ‘truck’, Gilberto le preguntó que qué iba a hacer con aquello. Willy no le contestó pero les indicó que se fueran que Guao y él se encargarían del resto.

(H) Gilberto y Yiyo se dirigieron a casa de Guao en Villa Palmeras y allí dejaron las diez cajas con los televisores. Regresaron para dejar los vehículos de donde los habían hur-tado. En el camino oyeron las sirenas de los bomberos que iban de distintos lugares y vieron que había fuego en ‘La Cerámica.’ Después de dejar los vehículos cada uno siguió su camino. De la Delta salieron poco antes de la media noche.

(I) En 18 de mayo — sábado—se dirigió a la cuadra de San Antón y allí encontró a Willy hablando con un señor mayor de edad, blanco, bajito y gordito, de pelo bueno. Gilberto no oyó lo que decían, pero luego Willy vino hacia él y le dijo que aquel era el tipo en quien debían confiar y cooperar con él.

(J) De la cuadra Gilberto se fue para casa de Guao, quien le dio un sobre en el que aparecía su nombre escrito y al abrirlo encontró la suma de trescientos dólares en billetes de $20.00, $10.00, $5.00 y de $1.00. Guao le dijo que eso era en pago del trabajo que había hecho.

(K) Al siguiente día — domingo—luego de llevarse dos de los diez televisores, regresó a su casa y no volvió a casa de Guao. Uno de los televisores era en colores y lo vendió en $85.00. El otro, en blanco y negro, lo vendió en $65.00. No dijo a quienes se los vendió.

4. Ocho días después de la anterior declaración, o sea, en 17 de septiembre de 1974, fue de nuevo conducido desde el Anexo de Miramar a las oficinas del Fiscal Guillermo García con el propósito de ampliar la anterior declaración. Le declaró al fiscal que se le había olvidado decir que el hombre que les habló para cometer el robo les dijo donde exactamente estaba el carga-mento, el cual no estaría custodiado, que sería fácil abrir las puertas, y que la alarma no sonaría. (Exh. 10-C, Qdos.)

5. Gilberto Hernández Díaz fue detenido en julio de 1974 y recluido en el Anexo de Miramar. En la madrugada del día 9 de septiembre de ese año, mientras dormía en su celda fue ata-cado y herido con un arma blanca en el cuello y las manos. Fue conducido a las 7:00 AM a la enfermería de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras donde fue atendido y curado. Del presidio lo condujeron a presencia del Fiscal García García donde prestó la declaración que antes hemos resumido. Obsérvese que al fiscal no le comentó sobre, ni le describió el incidente de las puñaladas, ni el fiscal, según aparece del documento, inquirió que le ocurría en las manos y en el cuello. (Véanse Exhs. 10-B y 6, Qdos.)

6. Descansando en esa declaración y en declaraciones pres-tadas por los testigos de cargo Edgardo Cruz Hernández (Guao), Felipe Jaime Castro González (Pipo Caballo), Benjamín Acosta, representante de la compañía aseguradora y Luis Acebal, Secre-tario de Delta International Corporation, el agente especial del CIC, Alberto Ortiz, radicó dos denuncias por Infracción a los Artículos 478 y 398 del Código Penal contra Charles, Isidoro, Moisés, de apellidos Benmuhar, de José A. Tió Corzo y de Angel Luis García Colón c/p Willy, José Manuel Torres c/p Chucho, y Marcos Cruz Canales c/p Pantera. Contra Charles, Isidoro y Moisés Benmuhar y José A. Tió Corzo formuló otra denuncia por Infracción al Artículo 479 del Código Penal. () Estas de-nuncias fueron juradas en octubre 8 de 1974.

7. Sometidas las denuncias a la consideración del Honorable Rurico Rivera, Juez de Distrito de la Sala de Investigaciones, este magistrado determinó causa probable y expidió órdenes de arresto contra los acusados, fijándole una fianza de $5,000.00 a cada uno de ellos para que pudieran permanecer en libertad provisional. La vista preliminar se señaló para el día 25 de octubre de 1974. () Es en esta etapa de los acontecimientos que estamos considerando que nuevamente interviene el Ledo. José Rafael Vázquez Deynes, esta vez como abogado defensor de los hermanos Benmuhar y de Tió Corzo.

8. Creemos que es conveniente pesar y analizar los diversos testimonios de Gilberto Hernández Díaz y ponernos en condi-ciones de medir su aptitud para decir la verdad o para mentir.

Este testigo tiene un largo historial de delincuencia desde que contaba dieciséis años de edad, y ha sido arrestado, senten-ciado y confinado por delitos de hurto, hurto de uso, robo, esca-lamiento en segundo grado y primer grado en innumerables oca-siones. Al preguntarle que cual era su oficio contestó que se dedicaba a robar.

El fiscal General Especial Alcides Oquendo señaló en el informe que rindió al Honorable Gobernador, que el testigo que se utilizó para establecer los cargos imputados a los acu-sados era de dudosa credibilidad y desconfiable. La Honorable Procuradora General, Sra. Naveira de Rodón, hizo constar y re-conoció que de los hechos investigados por su oficina surgen con-tradicciones e incongruencias que restan credibilidad a los tes-tigos de cargo. Y añade que la evidencia sometida por el ministerio público era de dudosa confiabilidad y difícilmente suficiente para imputar delito alguno. (Véase T.R., página 464, línea 4; Informe del Procurador General, página 22, línea 3, et seq.)

A un comentario formulado por el Ledo. Arroyo González (Exh. 1 de ambas partes, 2da. entrevista, página 63) surgió el siguiente diálogo:

‘Ledo. Arroyo: Eso quiere decir que tú acostumbras decir tus paquetitos de vez en cuando?
Gilberto: ¿Ah?
Ledo. Arroyo: Que tú acostumbras decir tus paquetitos de vez en cuando.
Gilberto: No, seguro, tengo que defenderme, pero que mien-tras uno esté “aprisionao” si uno declara primero que yo, yo no sé lo que aquel me diga a mí.
Ledo. Arroyo: Es decir que tú declaras lo que a tí te con-venga, no la verdad.
Gilberto: Lo que más me defienda.’ ()

Continuaremos puntualizando las inconsistencias y contra-dicciones en que él incurrió en sus 'diversas declaraciones y mani-festaciones. Veamos:

(a) En su declaración de febrero 14 de 1974 [stc] ante el agente Angel Luis Ocasio (Exh. 10, Qdos.) sobre los mismos he-chos depone que en mayo 12 de 1974 unos amigos lo fueron a bus-car y le invitaron a perpetrar un robo. Contrario a lo que declaró en 9 y 17 de septiembre de ese año ante el fiscal García, manifestó que él aceptó la proposición y luego fue a la cuadra de San Antón y allí encontró a Willy hablando con José A. Tió. Si-guieron hablando los tres sobre el robo y el incendio de la fá-brica; que Tió le dijo que le pagaría bien; que luego cuando todo estaba listo, se dirigieron a la fábrica; que Tió los estaba espe-rando dentro de la fábrica; que cuando todo estaba terminado él se dirigió con los televisores robados a Barrio Obrero y cuando regresó ya la Delta estaba en fuego; que después de hacer el trabajo se vieron otra vez en la fábrica y allí estaban los tres hermanos Benmuhar, José A. Tió y Willy; que acordaron que él sometiera el caso a la corte y se hiciera testigo para luego come-ter falta y cambiar la declaración en corte; que el propósito era para coger un seguro que la compañía pagaba, pues Tió le dijo que la compañía había sufrido muchas pérdidas; que después del trabajo Tió le dio $500.00; que después que Tió le pagó no lo vio más; y que cuando fue a juicio cambió la declaración para ocultar a los acusados pues todo había sido planeado así. ()

(b) En su testimonio vertido en la vista celebrada ante nos, confiesa que es falso lo que declaró ante el Fiscal García en 17 de septiembre de 1974 en el sentido de que el hombre que habló con ellos les dijo exactamente donde estaba el cargamento, que este no estaba custodiado, que la puerta sería fácil de abrir y que no iba a sonar la alarma. (Véase página 151, líneas 2 a 6, T.R.)

(c) En el último párrafo de su declaración 'de septiembre 9, 1974, afirma Gilberto que el hombre que estaba en compañía de Willy en 18 de septiembre, y que luego ha identificado como José A. Tió, era ya mayor de edad, bajito y gordito, blanco y de pelo bueno.

En la vista celebrada en 23 de marzo de 1976 los querellados trajeron ante nos a José A. Tió Corzo con el propósito de que tuviéramos la oportunidad de observarlo en cuanto a su apa-riencia física. Este individuo tiene seis pies de estatura, se ve, aunque algo maduro, relativamente joven y pesa doscientas treinta libras. (Véanse páginas 328 y 329 de la Transcripción del Récord.)

(d) En su primera declaración ante el Fiscal García (Exh. 10-B, Qdos.) Gilberto dijo que entre él y Yiyo llevaron los diez televisores a casa de Doña Angela. El sábado siguiente fue a casa de ésta, quien le entregó el sobre con trescientos 'dólares, al que antes nos hemos referido, y al despedirse se llevó dos televisores, uno en colores y el otro en blanco y negro, dejando allí ocho de ellos. Vendió el blanco y negro en $65.00 y el de co-lores en $85.00. Nunca dijo a quienes se los vendió. Después de ese día no volvió a casa de Doña Angela.

En la declaración prestada ante el fiscal Oquendo en 12 de agosto de 1975, cuando este funcionario le preguntó qué había hecho con los televisores, él le contestó que los que a él le tocaron los había vendido a diferentes personas, que no sabía el nombre de éstas pero que sabía donde vivían.

En su testimonio ante nos dijo que había vendido los cinco televisores a diferentes personas cuyos nombres no sabía. (T.R. páginas 194,195,196.)

(e) En la declaración prestada ante el fiscal Oquendo, (Exh. 10-E, Qdos., página 14) Gilberto expone que vio a los Benmuhar y a Tió en la cuadra Matienzo de San Antón, pero niega que él se combinara con los Benmuhar para someter el caso y luego añade que Willy le dijo a él que lo que querían era que ‘yo sometiera el caso para ellos cobrar el seguro’. Esa conversación no se efectuó en presencia de los Benmuhar ni de Tió, porque Willy lo llamó aparte para conversar con él. Willy no estuvo conforme con lo que se pretendía por los Benmuhar ni él lo estuvo tampoco.

Contrario a lo que antecede, declara ante nos que esa conver-sación fue discutida por los cinco que estaban presentes los tres Benmuhar, Tió, él y Willy, y que no aceptaron la proposición ofrecida. (Véase T.R. páginas 190 a 194.)

(f) En la página 241, T.R. admite Gilberto que acusó a Marcos A. Cruz Canales, a Felipe Jaime Castro y a César Gon-zález del delito de Escalamiento en Primer Grado. (Véase Exh. 2, Qdos. y T.R. páginas 241-243.) La vista preliminar se celebró en 21 de octubre de 1975 ante la Honorable Juez Blanca Iris Bonilla y al ser Gilberto llamado él se negó a testificar cuando fue informado u oyó que las declaraciones prestadas en la in-vestigación de los hechos no fueron juradas. (T.R. páginas 439-442.)

En 20 de mayo de 1974 se formuló denuncia contra Angel García Colón (Willy) figurando como testigos de cargo Gilberto Hernández Díaz e Ismael Rivera. Obsérvese que Gilberto se prestó a ser testigo de cargo contra Willy cinco días después de la fecha en que ocurrió el fuego en la Delta. El delito que se le imputaba al acusado fue de Hurto Mayor — robarse un carro. Llamado el caso para vista preliminar ante el Honorable Juez Juan J. Sánchez, Willy se declaró culpable y se le sentenció a cumplir üna condena de tres meses de cárcel. Ante nos negó que hubiese servido de testigo de cargo o que hubiese prestado decla-ración alguna ante nadie. (Véase Exh. 9, T.R. páginas 243-245.) ()

(g) Gilberto declaró por primera vez ante el Procurador General y sus auxiliares Ledos. Serra y Orlandi en noviembre 12 de 1975.

En esa declaración dijo que luego de terminada la segunda entrevista él llamó al Fiscal García García y le explicó lo que estaba pasando.

El Fiscal García García, declarando ante nos y contestando una pregunta del Ledo. Andreu García, dijo lo siguiente:

‘Fiscal García García:
Yo no recibí llamada telefónica alguna de este testigo en relación a ese hecho ni a ningún otro hecho, es decir, nunca recibí ninguna llamada telefónica del testigo Gilberto Hernández Díaz.
Ledo. Andreu García:
O sea, que nunca recibió querella de que abogado o persona alguna lo estuviera amenazando para que cambiara su declara-ción.
Fiscal García García:
No es correcto, no tuve ninguna llamada telefónica de este testigo. (T.R. páginas 825-826.)’

Considerada en conjunto la evidencia presentada por ambas partes y admitida por este Comisionado Especial que suscribe, las siguientes son nuestras:

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. La primera gestión del Ledo. José Rafael Vázquez Deynes fue conseguir las fianzas fijadas por el Tribunal a los acusados que él representaba. En ese mismo día se comunicó con el Ledo. Víctor Ramos Acevedo y convinieron en asumir juntos la defensa de los acusados Charles, Moisés e Isidoro Benmuhar, en lo suce-sivo hermanos Benmuhar, y de José A. Tió Corzo. Procedieron a visitar a los co-acusados José Manuel Torres c/p Chucho unas veces y otras Yiyo, quién se encontraba preso en la Cárcel de la Princesa. A base de lo que éstos le informaron, decidieron ir a la Penitenciaría de Río Piedras a entrevistar al otro acusado quien según las denuncias se llamaba José A. García, pero no encontraron a nadie conocido por ese nombre.

2. Al siguiente día, 10 de octubre, los mencionados abogados fueron al Instituto para Jóvenes Adultos de Miramar, en lo sucesivo Anexo Miramar, donde estaba recluido Gilberto Her-nández Díaz para entrevistarlo y donde se les habilitó una pe-queña oficina para tal propósito. Le dijeron que ellos eran abogados de los Benmuhar y de José A. Tió y que interesaban que él les dijera la verdad de lo acaecido en el edificio de la Delta en la noche del 15 de mayo de 1974, pero le advirtieron que él tenía el derecho a no contestar las preguntas que ellos le formu-laran. Gilberto accedió a relatarles los hechos ocurridos. Básica-mente repitió lo mismo que le había narrado al Fiscal Guillermo .García García, en lo sucesivo Fiscal García, en sus declaraciones del 9 y 17 de septiembre de ese mismo año. () En esa ocasión los abogados no llevaron o usaron grabadora alguna. ()

Durante los siguientes cuatro días los querellados entrevis-taron a Jesús Manuel Torres c/p Yuyo o Yiyo [sic] quienes esta-ban recluidos en la Cárcel la Princesa, a Edgardo Cruz Hernán-dez c/p Guao y a Angel Luis García Colón c/p Willy. Consiguie-ron además un informe fechado en 6 de julio de 1975 preparado por el CIC en el que se indicaba que el punto de origen del fuego era compatible con ciertos cortes-circuitos que se detectaron en las instalaciones eléctricas de la Delta, y una certificación de la Compañía de Alarmas acreditativa de que a las 11:56 PM del 15 de mayo de 1974 se recibió una señal de fuego y que esta pro-cedía del edificio de la Delta International.!) Convencidos por la información obtenida de que el caso había sido fabricado por la policía y que los acusados nada tuvieron que ver con lo suce-dido en la Delta, decidieron ir de nuevo a entrevistarse con Gilberto Hernández Díaz, a quien en lo sucesivo seguiremos lla-mando Gilberto.

3. Por sugerencia del Ledo. Víctor Ramos Acevedo el Ledo. Francisco Arroyo González se hizo cargo de la defensa de los acusados Jesús Manuel Torres c/p Chuco, [sic] de Marcos Cruz Canales c/p Pantera y de Angel Luis García Colón c/p Willy. Su primera gestión consistió en hablar con los acusados Torres y Cruz Canales. Este último le informó que la noche del 15 de mayo de 1974 él estuvo trabajando en una empresa llamada Bali y Compañía, situada en el Centro Industrial El Comandante en Río Piedras. El Ledo. Arroyo le pidió a dicho acusado que bus-cara alguna prueba o algún documento que evidenciara ese hecho específico, y éste, más tarde, le llevó una carta firmada por Edgardo Colón en la cual certifica que en el turno de noche del 15 de mayo de 1974, desde las tres y media de la tarde hasta las doce de la noche Marcos Cruz Canales estuvo trabajando en la Com-pañía Bali donde el firmante ostenta el cargo de Gerente de Corte. () Este testimonio no fue investigado para fines de com-probación ni por los agentes del CIC o del DIE, ni por ningún funcionario del Departamento de Justicia y habiendo sido pre-sentado' como prueba por el ministerio público nos vemos pre-cisados a aceptarlo como cierto.

4. La segunda entrevista se llevó a cabo en 14 de junio de 1974 y fue la que dio lugar a la formulación del segundo cargo de la querella. Intervinieron los tres abogados querellados y los reclusos Felipe Jaime Castro y Gilberto Hernández Díaz. El Ledo. Ramos les informó que tenían una grabadora y se propo-nían grabar lo que allí sucediera o se dijera y les apercibió otra vez del derecho que ellos tenían a no contestar sus preguntas o a que se grabara su contestación, porque tal como le había dicho en la primera entrevista lo que ellos interesaban era sólo la verdad. Los entrevistados no ofrecieron objeción alguna a con-testar y a que se grabara la conversación.

Del detenido estudio que hemos realizado de esta segunda entrevista, fielmente transcrita en el Exhibit 1 de ambas partes y de la apreciación que hemos hecho de la forma en que fue con-ducido el interrogatorio por el Lodo. Víctor Ramos Acevedo, () salvo infrecuentes y cortos interrogatorios de los Ledos. Vázquez Deynes y Arroyo González, así como del tono de las voces de los querellados y testigos que por tres veces hemos escuchado, llega-mos a la conclusión de que dichos letrados dirigieron el interro-gatorio con firmeza y determinación y fueron persistentes y minuciosos durante el interrogatorio a que sometieron a dichos testigos. Le confrontaron con la evidencia e informaciones que en su investigación habían obtenido, le señalan las contradiccio-nes en que había incurrido e insistieron en que les dijera la verdad.

Se suscita, según la grabación, el siguiente incidente:

‘Ledo. Ramos Acevedo:
¿ Pero tú sostienes que Willy estaba contigo ? Mira, te lo digo esto, porque una de las causas por lo que nosotros estamos gra-bando aquí es porque nosotros vamos a volver a ver a Willy y vamos a que él oiga la grabación ésta que estamos haciendo de lo que tú dices. Porque él dijo que quería que tú le dijeras a él, en la cara, o sea, ahí, confrontarlos a ustedes, que tú le dijeras a él a ver si era verdad que él estaba porque él no estaba ni él sabía nada de eso, porque se había quedado por allá ese día, por allá por Monte Hatillo.
Gilberto:
Yo sé donde es Monte Hatillo, yo siempre me pasaba en Monte Hatillo.
Ledo. Ramos Acevedo:
Está bien, por eso te digo. Pero ahora él dice que no estaba esa noche contigo y tú dices que él estaba. ¿En qué quedamos? El estaba....
Gilberto:
Si el hombre quiere que yo lo defienda, pues yo.
Ledo. Ramos Acevedo:
No, no, no es que tú lo defiendas, es que tú digas la verdad, si estamos aquí buscando la verdad.
Gilberto:
Seguro.’

(Exhibit 1 de ambas partes, transcripción de la grabación de la segunda entrevista, página 17, línea 13, hasta la línea 24; y página 18, línea 1 hasta la línea 12.)

Luego el Ledo. Ramos Acevedo le sigue aconsejando por qué debe siempre decir la verdad (página 19) y continúan hablando sobre otros extremos hasta la página 33 de la referida transcrip-ción. A la línea 9 de esta página Ramos Acevedo formula la siguiente pregunta:

‘Ledo. Ramos Acevedo:
Está bien, ok. ¿ Willy no estaba?
Gilberto:
No.
Ledo. Ramos Acevedo:
¿ Tú aseguras que Willy no estaba?
Gilberto:
No estaba.’

Más adelante consideraremos este incidente conjuntamente con todas aquellas conclusiones de hecho a que arribemos y que estén relacionadas o tengan pertinencia con el mismo.

En esta segunda entrevista Gilberto describió los hechos que sucedieron en la Delta en forma distinta a como lo hizo luego a los abogados en la primera entrevista y a como se los había des-crito al Fiscal García (Exhs. 10-B y 10-C, Qdos.). Dijo que él fue solo a buscar los ‘trucks’ a la American Metal Corp., que pri-mero sacó uno y lo llevó al caserío, regresando en una guagua pública a buscar el otro (páginas 25 a 29, transcripción de la grabación) ; que quién guió el otro ‘truck’ al regresar con los televisores fue Guao, (Edgardo Cruz Hernández) (página 31, línea 13) — antes dijo que había sido Yiyo (José Manuel Torres); que los que entraron a Delta fueron Yiyo y Marcos Cruz Canales (Pantera) — (página 33, línea 19) — antes dijo Willy y Pantera; que en el incendio no estaba Willy ni Chucho, Marcos ni Pipo (página 38, línea 5) — antes afirma que todos habían participado en el robo y el fuego; — que el CIC le llevó a Gilberto la declara-ción que Guao había prestado y él se dejó llevar por lo mismo que había declarado Guao, y el CIC ‘aprieta a uno’ (página 50, línea 1) — antes no había declarado sobre ese extremo; que él estaba dispuesto a decir la verdad, pero que el CIC no se le tirara encima otra vez (página 50, línea 1) — esto lo dice por primera vez — ■ ; que supo que había fuego al otro día por el periódico, (página 57, línea 13) ; antes dijo que había visto el fuego cuando regresaba de llevar los televisores y porque Willy se lo dijo al otro día — ; que había dejado los televisores en un pastizal que había detrás de la casa de Doña Rosa (página 75, línea 24 y página 76, línea 1) — antes dijo que los dejaron en casa de Doña Angela — ; que Guao dejó abandonada la guagua en Barrio Obrero, según le informó el CIC (página 76, líneas 9 y 14) — antes dijo que habían llevado ambos ‘trucks’ a la American Metal Corp.; que los policías le iban a dar chavos por testificar (página 48 et seq.) ; que el Agente Ortiz le dio una pela (página 45, línea 4 hasta línea 15) ; que le dieron la misma noche que lo arrestaron, lo revolcaron contra las sillas, que si no se lo quita Donato .... (página 46, línea 8) — nada de lo cual antes había declarado — ; que el CIC siempre lo amenazaba porque como él andaba fuga’o de Mayaguez y tenía otros casos.(página 51, líneas 5 y 7) — no declarado antes — .

Observamos que Gilberto contestaba las preguntas que le formulaban espontáneamente, con rapidez y sin titubeos.

Una y otra vez los abogados le informaron a Gilberto que su propósito era llevarle al Fiscal García las grabaciones para tra-tar de convencer a este funcionario de que iniciara una nueva investigación en la cual no interviniera ningún agente del CIC o del DIE, y le preguntaron si él estaba dispuesto a ir a donde dicho fiscal y relatar los hechos tal y como en realidad habían sucedido y él contestó en la afirmativa, con la condición de que no estuviera presente el CIC. En efecto, después de la entrevista visitaron al Fiscal García y le entregaron la grabación. ()

5. La tercera entrevista se llevó a efecto el día 17 de octubre de 1974 en el Tribunal Tutelar de Menores. Compartieron en ella los tres querellados quienes fueron acompañados por Doña Angela Hernández, madrastra de Gilberto y la persona que se ocupaba de comparecer en corte en sustitución de sus padres cuando éste se veía envuelto en algún asunto de naturaleza criminal, y el propio Gilberto.

Tomó la iniciativa el Ledo. Ramos Acevedo advirtiéndole de su derecho a no contestar las preguntas que ellos le hicieran o a que se utilizara la grabadora que él llevaba consigo. Le informó además que en la mañana de ese día él había ido a casa de Doña Angela para hablar con su hijo Edgardo Cruz Hernández c/p Guao, y éste en presencia de su madre Doña Angela, le dijo una serie de cosas que no concordaban con lo que él, Gilberto, le había expresado en las anteriores conversaciones; que él había llegado a la conclusión de que en parte de lo que les dijo había mentido; que habían traído a Doña Angela y le pidió que hablara con ella.

Esta señora le dijo a Gilberto que él sabía que ese hombre era inocente; que recordara que esa noche él estaba acostado en su casa; que cuando oyeron las sirenas de las bombas de incendio Guao lo despertó a patadas y le dijo: ‘Mira, fuego, fuego’; que ese hombre no pegó fuego. Gilberto contestó que lo que ella decía era cierto; que esa noche iban ambos para el bingo. Con-tinuó Doña Angela diciendo que recordara también que esa noche, como a las ocho, que es la hora que ella sale para el bingo, llegó el hermanito de Carmen, hijo de Doña Rosa, a buscarlo para que fuera a casa de su padrastro. (Exh. 1, ambas partes, página 89.) Gilberto aceptó que también eso era cierto y añadió que al llegar a casa de Doña Rosa él y el padrastro de Carmen se fueron en el ‘truck’ de este último a recoger unas gomas de ‘trailer’ que él le había vendido y que tenía escondidas en un pastizal; que llevaron las gomas a Villa Carolina; el señor que le acompañaba le pagó por ellas y él regresó a casa de Doña Rosa donde se quedó un rato y después volvió a casa de Doña Angela y se retiraron a dormir él y su esposa; que al rato llegó Doña Angela y él le abrió la puerta y se acostó de nuevo. Más tarde Guao lo despertó y gritó: ‘Mira, fuego, fuego’ y ambos fueron donde estaba el fuego; que cree que los del CIC, que andaban por allí, lo vieron pues al otro día por la mañana lo fueron a buscar. ()

El Ledo. Ramos Acevedo le preguntó por qué él le había declarado al Fiscal García que él había entrado a la Delta a robar esa noche. Contestó que el CIC lo amenazó porque él an-daba fugado de Mayagüez; que lo habían cogido con vehículos hurtados; que tuvo un problema con un sargento de Inteligencia sobre un vehículo que había robado y al cual le dio un cantazo; que los agentes le dijeron que lo que ellos querían averiguar era ‘sobre el incendio ese’; y que como ellos siempre andaban en grupo, los culparon a ellos.

El Ledo. Ramos le preguntó si él estaría dispuesto a ir ante el fiscal si este lo llamaba y él contestó que si no iban agentes del CIC o policías él diría la verdad al fiscal. (Páginas 107 hasta 114, transcripción.)

En esta entrevista ocurrió el incidente que a continuación someramente pasamos a describir. Mientras Gilberto era inte-rrogado por los querellados, un alguacil 'del Tribunal, creyendo que la grabadora que el Ledo. Ramos tenía en sus manos era una cámara, informó al Ledo. Richard Markus, quien era abo-gado de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y estaba ese día a cargo de la defensa de Gilberto en un caso de Hurto Mayor por el cual éste era acusado, que le parecía que unos abogados o policías estaban retratando e inte-rrogando a su cliente. El Ledo. Markus se dirigió hacia ellos y mientras Gilberto estaba contestando una pregunta interrumpió diciendo en alta voz: ()

‘Ledo. Markus:
‘Cállate la boca un momentito, espérate.’

Luego se identificó como abogado de Gilberto en todos los casos que tenía pendientes ese día. El Ledo. Ramos Acevedo se identificó, le presentó a sus dos compañeros y le explicó las razones por las que le estaban entrevistando. Continuó la discu-sión, las voces subieron de tono y se creó la consiguiente confu-sión hasta que intervino el Hon. Juez Alvarez de la Vega y dio fin al incidente terminando todo en forma cordial. El magistrado le concedió cinco minutos más a los querellados para terminar la entrevista. (Páginas 100 a 105, Exh. 1 ambas partes.)

Durante su testimonio ante nos se le preguntó al Ledo. Mar-kus por el Ledo. Enrique González si después del incidente había hablado con su cliente, y si éste se le había quejado de la con-ducta de los querellados o si había sido víctima de alguna ame-naza por parte de éstos. El Ledo. Markus contestó que había hablado con Gilberto pero que éste no había hecho comentario alguno en relación a lo ocurrido en la entrevista.

Continuó el abogado defensor e inquirió si pudo apreciar cómo estaba Gilberto frente a los tres abogados y él respondió que su impresión en aquel momento era ‘como perdido, desorien-tado, confundido, algo que se queda corto antes de intimidado, un poquito más que confuso antes que intimidado’, ‘lo veo allí sentado con éstas tres personas que incluso van por encima de él físicamente, contestando las preguntas.’ Continúa diciendo que contestaba las preguntas simultáneamente, pero no interrum-piéndose uno con el otro.le dirigen preguntas según se le van ocurriendo. ()

Tan pronto terminó la entrevista los querellados entregaron al Fiscal García la grabación de la misma y reiteraron su peti-ción de que llamara al testigo nuevamente, ya que éste estaba dispuesto a declarar la verdad, siempre que no estuvieran pre-sentes los agentes del CIC ni ningún otro agente de la policía. (5) \_sie] El testigo Gilberto Hernández Díaz declaró ante el Fiscal García el 4 de noviembre de 1974 que había recibido tres visi-tas de los abogados querellados. En la primera él les dijo la ver-dad de cómo habían sucedido los hechos, tal como se lo había relatado al Fiscal García.

Que en la segunda él les había dicho cosas distintas para que no volvieran más porque la primera que él les dio se la lleva-ron a Willy, quien estaba recluido en el presidio y él había recibido varias amenazas en el Anexo, amenazas que había reci-bido después de la primera visita de los abogados. Que en la tercera visita los letrados le pidieron que dijera la verdad para ayudarlos a ellos y ayudarle a él en su situación económica, y si acaso él tenía otro caso, ellos podían representarlo en corte.

En esa declaración no habló sobre el incidente de las puña-ladas. (Exh. 10-D, Qdos.)

En la declaración prestada ante el agente especial del DIE, Angel Luis Ocasio, en febrero 14 de 1975, tampoco mencionó que había sido víctima de una agresión en la madrugada del 9 de mayo [sic] de 1974. (Exh. 10, Qdos.)

Por primera vez, mientras declaraba ante el Fiscal Ramón A. Cestero en mayo 29 de 1975, y a preguntas de este funciona-rio, describe lo sucedido en dicha madrugada. Dijo que recibió dos puñaladas, una en el cuello y otra en una mano y que Caobo, amigo de Willy, fue el autor de la agresión. (Exh. 10-D, Qdos., páginas 3 y 5.)

Declaró además que el Ledo. Ramos Acevedo le había dicho que si no declaraba la verdad le iba a llevar la grabación a Willy para que este la oyera; que después que Willy la oyó fue que le dieron las puñaladas. (Página 4.)

En la declaración prestada ante el Fiscal Oquendo en agosto 11 de 1975 (Exh. 10-E, página 12, línea 1) dijo, entre otras cosas, que no recordaba si las puñaladas se las dieron antes de las entrevistas, pues había mucha confusión en esos meses, y que quienes le hirieron fueron Caobo y Crucito, amigos de Willy.

7. En la última declaración escrita y jurada prestada por Gilberto ante la Hon. Procuradora General en 12 de noviembre de 1975 y en relación con el incidente de las puñaladas (Exh. 10-F, Qdos., página 8, línea 11), cuando el Ledo. Serra le pre-guntó si estando en alguna institución recibió una agresión, Gilberto contestó que sí había recibido las heridas después que los abogados querellados le dieron la grabación a Willy. Repite y elabora lo sucedido en esa ocasión en que fue atacado, (páginas 15 y 16) y primero dice que fue después de la segunda graba-ción y enseguida corrige y dice que fue después de la primera, cuando se llevaron la grabación para enseñársela a Willy; que sabe que Willy la oyó porque se lo dijo en el presidio cuando él fue a curarse las heridas. ()

La afirmación de que él recibió las puñaladas después que oyó la grabación que le llevaron los querellados es totalmente falsa. Le infirieron las puñaladas un mes antes de la primera en-trevista, cuando aún los abogados no se habían hecho cargo de la defensa de los acusados y cuando todavía los Ledos. Ramos Acevedo ni Arroyo González conocían a éstos.

8. La evidencia nos ha convencido que como cuestión de hecho Gilberto no le tiene ni nunca le ha tenido miedo a Willy. (T.R. página 81, línea 1.) No abrigó temor alguno a Willy ni a sus amigos cuando ocho a nueve horas después que dos amigos de Willy lo apuñalearon fue ante el Fiscal García y acusó a Willy y a sus compañeros de haber incendiado la Empresa Delta.

Tampoco tuvo miedo a las consecuencias que pudieran sobre-venir cuando se prestó, cinco días después de la fecha del incen-dio, a servir como testigo de cargo en contra de Willy. ()

Nunca ha tenido miedo de exponer su vida y su libertad en la continuada y peligrosa carrera del crimen a que ha dedicado esa corta vida. Se trata de un individuo difícil de ser amedren-tado.

Por otro lado incurrió en innumerables y fundamentales con-tradicciones que convierten sus distintas declaraciones y el testi-monio prestado ante nos en una increíble farsa. Su forma de declarar, sus gestos, sus titubeos y su cínica sonrisa cuando se le atrapaba en una falsedad o cuando creía que había engañado con éxito a sus interrogadores, es todo expresivo de una con-ducta insensata e irrespetuosa hacia la verdad, la moral y la responsabilidad ciudadana. A nuestro juicio se trata de un pre-varicador compulsivo que no es digno ni merecedor de nuestro más mínimo crédito.

Mientras Gilberto declaraba ante nos nunca afirmó, ni si-quiera insinuó, que los querellados le ofrecieran dinero, le hicie-ran promesas, o le sugirieran que variara su declaración original prestada ante el Fiscal García, ni que directamente le amena-zaran en forma alguna sobre algún extremo de dicho testimonio. El único incidente sobre el cual descansan los procuradores para sostener su imputación de que los querellados presionaran y/o instigaran y/o amenazaran al testigo de cargo para que alterara su testimonio y así favorecer a sus representados se limita a lo que antes hemos copiado en nuestras Determinaciones de Hechos número 4, o sea, la observación que el Ledo. Ramos Acevedo le hace en la segunda entrevista de que le va a llevar la grabación a Willy para que éste la oyera, de modo que él, el abogado, pu-diera confrontarlos a ellos dos, ya que Willy sostenía que él no estaba ni sabía nada de eso — en el incendio — porque esa noche él estaba con una muchacha en Monte Hatillo. (Exh. 1 de ambas partes, página 17, línea 13 hasta línea 24.)

La reacción de Gilberto al terminar el Ledo. Ramos Acevedo, fue decir lo siguiente: ‘Yo sé donde es Monte Hatillo, yo siem-pre me pasaba en Monte Hatillo.’

El Ledo. Ramos Acevedo entonces le informó que Willy man-tenía que él no estaba esa noche en el incendio y él, Gilberto, in-sistía en que sí estaba, que en qué quedaban, ‘¿estaba o no estaba?’

Gilberto: ‘Bueno, si el hombre quiere que yo lo defienda, pues yo ...

Ramos Acevedo: ‘No, no, no es que lo defiendas, es que tú digas la verdad, si estamos aquí buscando la verdad.’

Gilberto: ‘Seguro.’

En la segunda entrevista al preguntarle el Ledo. Ramos Acevedo a Gilberto si Willy había penetrado a la Delta, Gilberto le explicó que Willy estaba con él, pero él estaba en el ‘parking’ de atrás y Willy en el frente, y él no se fijó si Willy entró. En ese punto es donde el Ledo. Ramos le indica que él va a llevar la grabación a Willy.

Como es natural, cuando leimos y analizamos lo que aparece transcrito de esa segunda entrevista no pudimos percibir en qué actitud estaba y en qué tonalidad se expresó el abogado al diri-girse a su entrevistado en los términos apuntados. Podemos afirmar, luego de oída nuevamente la grabación, que la conver-sación se estaba llevando a cabo en un ambiente tranquilo y normal.

No nos fue posible captar ni del texto escrito de la transcrip-ción ni de la grabación misma indicio alguno por parte de los querellados que nos moviera a creer que las palabras del quere-liado fueran pronunciadas en forma de amenaza o en tono ame-nazante.

10. La vista preliminar de los tres casos radicados fue cele-brada el día 8 de noviembre de 1974. Al llamarse el caso el Fiscal García solicitó del Tribunal que por la Regla 247, en bien de la justicia, se determinara que no había causa probable en los delitos que envolvían fraude o tentativa de fraude — Art. 478, Cod. Penal — y en el de presentar una reclamación falsa o frau-dulenta — a virtud de una póliza de seguro — Art. 479, Cod. Penal. (T.R. página 317, línea 2.)

Esta solicitud no tuvo nada que ver con la declaración o cam-bio de declaración de Gilberto Hernández, porque esos cargos se iban a sostener con la declaración de otros testigos. (T.R. página 325, línea 9.)

La defensa se opuso a que se archivaran los cargos pero el Juez sostuvo al fiscal y ordenó el archivo y sobreseimiento de los mismos. (T.R. página 317, línea 12.)

A pesar de que Gilberto habló con el Fiscal García el día de la vista, leyó la declaración jurada prestada en 9- de septiembre de 1974 y le aseguró que esa era la verdad, cuando ocupó la silla de los testigos dio una declaración distinta a lo que original-mente había depuesto. (T.R. 315, líneas et seq. [sic].)

En la declaración prestada ante el Fiscal Oquendo, dijo que las razones que tuvo para cambiar su testimonio en la vista pre-liminar consistieron en que cuando lo llevaron a la Corte de Dis-trito en la Parada 3 lo pusieron en la Sala 10, junto a los otros acusados entre los cuales habían confinados que lo amenazaron para que cambiara su declaración y que si él no los favorecía no podría vivir para contarlo. Al Fiscal Cestero le explicó que el cambio se debió a que lo juntaron con Willy y sus amigos ‘en la boca del león’ y no tenía alternativa ‘si decir que sí o que no’. Además Willy y la mamá y la esposa de Guao le pidieron que cambiara su declaración. (Exh. 10-A, página 6-A, línea 8 et seq.)

Los abogados querellados no estaban presentes mientras se proferían estas amenazas y se ofrecían estos consejos.

Luego de oída la prueba ofrecida por el fiscal, el Juez decretó el archivo de la acusación.

Los abogados querellados gozaban de una excelente reputa-ción en cuanto a honestidad, rectitud, talento, responsabilidad profesional y respeto a los tribunales. () El propio fiscal Garcia reconoció que el Ledo. Ramos Acevedo estaba considerado responsable y serio.

El Juez Cintrón García testificó que siente orgullo de ver que hubiese abogados que tuviesen tanto sentido del decoro, del res-peto, de la elegancia, como lo tienen estos tres abogados.

El Ledo. Joaquín Monserrate Matienzo, quien ha ocupado los cargos de Fiscal Especial del Departamento de Justicia, Fiscal Auxiliar del Estado Libre Asociado y Fiscal Auxiliar Federal califica la reputación de los querellados como intachable y afirma que sus compañeros abogados, inclusive abogados adversarios en el sentido profesional que practican ante los tribunales de Puerto Rico y de la Corte de Distrito de los Estados Unidos com-parten ese criterio.

La Sra. Morales Vizcarrondo, Secretaria del Tribunal Superior, afirma que estos profesionales están reputados en la comunidad profesional como buenos abogados, serios y respon-sables.

Preguntado el Hon. Fiscal Alcides Oquendo si conociendo todo lo que ha transcurrido desde el fuego Delta hasta el pre-sente, él recabaría los servicios del Ledo. Ramos Acevedo, con-testó que en consideración al conocimiento que tiene de la persona del Ledo. Ramos a través de la relación personal y profe-sional con él en el transcurso de diez años, él recabaría sus servicios.

Las partes estipularon que de haber comparecido los jueces, fiscales, abogados y personas particulares relacionadas en la moción informativa que obra en autos — 120 por todos — hubieran testificado sobre la buena reputación de que gozaban estos tres abogados en la comunidad.”

A la luz de las meticulosas conclusiones y determinardones transcritas, es ineludible nuestro deber de exonerar a los abogados querellados de los cargos específicos que les fueron formulados, quienes enmarcaron sus acciones dentro de los límites éticos permisibles vigentes.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Las dos objeciones formuladas por el Procurador General a dicho Informe son improcedentes. El reparo a la determinación fáctica número 4 en el sentido de que los abogados querellados en varias ocasiones “. . . le informaron a Gilberto que su propósito era llevarle al Fiscal García las grabaciones . . .” es inmeritorio, encontrando apoyo dicha conclusión en la prueba. De igual modo no es válida la objeción en la que el Comisionado concluye que Gilberto Hernández “. . . no le tiene ni nunca le ha tenido miedo a nadie, ni a sus amigos y que se trata de un individuo difícil de ser amedrentado.” Esta conclusión está basada en la prueba aportada y en el historial delictivo de dicho testigo.

      “Escolio (1)

      Art. 398: El acto voluntario de pegar fuego a un edificio ajeno con intención de destruirlo.
      Art. 478: Pegar fuego, dañar y/o destruir propiedad asegurada contra incendio con el propósito de defraudar o perjudicar al asegurador.
      Art. 479: Presentar una declaración falsa en virtud de una póliza de seguro.”

      “Escolio (2)
      Esta vista fue suspendida y transferida para el día 8 de noviembre de 1974.”

      “Escolio (3)
      Obsérvese que Gilberto describe y admite su participación en el planea-miento y ejecución del robo y del incendio de la Delta junto a Willy, Yiyo y Pantera, o sea, los tres compañeros de él que fueron acusados. A él no lo acusaron porque aceptó hacerse testigo de cargo cuando le ofrecieron y le concedieron inmunidad si declaraba en contra de ellos. Naturalmente a él le convenía ‘lo que más le defendiera’. La inferencia de que él protegiera la concesión de esa inmunidad exponiendo hechos que no eran ciertos resulta ser sumamente razonable.”

      “Escolio (4)
      Esta declaración se discute in extenso durante el contrainterrogatorio que aparece a las páginas 151 a 161 en la Transcripción de Récord. A las páginas 245 a 247 (página precisa 247, línea 18) Gilberto confiesa que es falso que Tió le diera $500.00, como declaró ante el agente Ortiz Ocasio y que sólo recibió $300.00, que según dice unas veces fueron entregados por Doña Angela y otras que le fueron dados por Guao.”

      “Escolio (5)
      Los querellados ofrecieron esta evidencia no sólo para establecer las contradicciones en que incidió el testigo entre lo que había sucedido en los casos citados y lo declarado ante este tribunal en relación con los mismos, sino para evidenciar que Gilberto no tuvo temor en servir como testigo de cargo contra Willy para acusarlo de Hurto Mayor, delito por el cual fue sentenciado.”

      “Escolio (6)
      El Ledo. Francisco Arroyo González no estuvo presente en esa pri-mera entrevista y la que dio lugar a la formulación del primer cargo que se enumera en la querella. Sólo le visitaron los Ledos. Ramos Acevedo y Vázquez Deynes. En la vista ante este Comisionado declaró que en la en-trevista de ese día intervino solamente el Ledo. Ramos Acevedo, pues éste fue el único abogado que lo visitó. (T.R. páginas 105 y 106; página 331, línea 2.)”

      “Escolio (7)
      Aparte del testimonio vertido por Gilberto, no se presentó por la parte querellante prueba merecedora de nuestro crédito para contradecir la aseveración de los querellados en el sentido de que ese día no llevaron una grabadora. Como cuestión de hecho el Procurador Rodríguez Ossorio informó a este Comisionado que ellos no tenían grabación alguna de la primera entrevista e ignoraban completamente si se grabó o no se grabó la primera entrevista. (Véase página 331, línea 15 a línea 16 T.R.)”

      “Escolio (8)
      El fuego, según revela la prueba que se nos presentó, comenzó entre las once y media y las doce de la noche de mayo 15 de 1974. (Véase Ident. C, Qdos., página 277.)”

      “Escolio (9)
      A dicha carta se unió copia fotostática de la tarjeta de entrada y salida del empleado.”

      “Escolio (10)
      De los tres abogados querellados el que más experiencia tenía como abogado criminalista era el Ledo. Ramos Acevedo.”

      “Escolio (11)
      La grabación nunca fue enseñada a Willy. El Fiscal García declaró que en relación con este asunto quien con más frecuencia lo visitó fue el Ledo. Víctor Ramos Acevedo, quien le informó que estaba convencido de que el caso fue fabricado por los agentes del CIC, y le enumeró las averi-guaciones que él había hecho a través de la investigación que él y sus com-pañeros habían practicado. (Página 311, línea 10.)”

      “Escolio (12)
      Cuando Gilberto declaró ante el Fiscal Oquendo en 12 de agosto de 1975, éste le indicó que Doña Angela alegaba que la noche del fuego ella sa-lió para un bingo y que él, Gilberto, iba a ir con ella, pero lo vino a buscar el esposo de Doña Rosa Silva. Le pregunté si eso era cierto. El contestó: ‘Es cierto todo eso excepto que eso no ocurrió el día del fuego como ella cuenta. Eso ocurrió un sábado por la noche a las nueve antes del día del fuego.’
      Lo cierto es que no fue un sábado por la noche que ocurrió el fuego, ni que lo despertaran a patadas, ni que le gritaran, ‘Mira, fuego, fuego’. Eso ocurrió el miércoles 15 de mayo de 1974. (Véase Exh. 10-E, Qdos., página 16, línea 1.)”

      “Escolio (13)
      El tono de la voz, según la grabación, así lo indica. (Véase Exh. 1 ambas partes, página 100, línea 15.) ”

      “Escolio (14)
      Hemos examinado la transcripción de esta tercera entrevista página por página y encontramos que el Ledo. Vázquez Deynes habló una sola vez durante toda la entrevista, no para dirigirse a Gilberto, sino para aclararle al Ledo. Markus que ya ellos habían hablado con el Juez Alvarez de la Vega.
      Lo mismo ocurrió con el Ledo. Arroyo González. A la página 89, línea 9, por primera vez interviene y le pregunta a Doña Angela si Tato, Edgardo, es hijo de ella. A la página 90, línea 14, le dice a Gilberto: ‘Tú sabes la verdad, lo que hiciste verdaderamente.’; y a la página 92, líneas 9 y 11 le pregunta a Gilberto, ‘¿Y qué hiciste?’ y ‘¿Qué pasó?’ respectivamente. Con excepción de esas cuatro intervenciones, Ramos Acevedo condujo el interrogatorio en su totalidad.
      No alcanzamos a comprender cómo y por qué el Ledo. Markus captó la impresión de que Gilberto estaba entre confundido e intimidado por razón de que los abogados le hacían preguntas simultáneas y una tras otra, según se les ocurrían, si el único que se estaba dirigiendo a él, mientras Markus estaba presente, era el Ledo. Ramos Acevedo.”

      “Escolio (15)
      Durante la vista ante nos (T.R. página 253, línea 10) el Procurador Rodríguez Ossorio se dirigió a este Comisionado y alegó que en ningún mo-mento en su informe ni en ningún otro lugar ellos hicieron referencia alguna al incidente de las puñaladas. Evidentemente había olvidado que Gilberto había declarado a preguntas del Ledo. Serra los hechos que hemos reseñado en el párrafo anterior. (Exh. 10-F, Qdos.)”

      “Escolio (16)
      Este se declaró culpable y fue sentenciado a tres meses de cárcel.”

      “Escolio (17)
      Véanse declaraciones del Hon. Juez Cintrón García, de la Sra. Doris Morales Vizcarrondo, del Ledo. Joaquín Monserrate Matienzo y del Fiscal Alcides Oquendo.”