text:
    Antonio Cajigas Llamas et al., demandantes y recurridos, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-73-127

      Resuelto: 22 de octubre de 1974

      Benjamín Rodríguez Ramón, Teodoro Peña García, Raúl Bar-quet Trujillo, Ildefonso Mora Ramírez, Jorge Santos Santiago, Rafael Oiler Monclova, Natalio García Guzmán, Rafael Alvarez Fortuno, Lilliam Jiménez Navedo y Enrique D. Angulo Sabater, abogados de la recurrente; Yamil Galib Frangie, abogado de los recurridos.
   per curiam:

Los recurridos fueron separados de sus em-pleos por el Director de la Autoridad Municipal de Hogares de Mayagüez mediante la formulación de cargos. Se les imputó abandono del servicio. La Junta de Directores de la Corpora-ción de Renovación Urbana y Vivienda, sucesora de la Autori-dad Municipal, celebró vistas públicas para conocer de los car-gos formulados. Confirmó la actuación del Director. Los em-pleados recurrieron al Tribunal Superior, Sala de San Juan, la cual revocó la resolución dictada por la Junta. Acordamos revisar.

Al revocar el Tribunal Superiór expresó que “convenimos con los demandantes en que la prueba que tuvo ante sí la Junta de Directores de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda .. . resulta insuficiente para sustanciar los cargos originalmente formulados . . . por el Director Ejecutivo dé la extinta Autoridad Municipal sobre Hogares de Mayagüez. Los testigos utilizados para sustanciar aquellos cargos se limitaron a declarar que vieron a los querellados ‘piqueteando’ la oficina del señor Latoni, Director Ejecutivo de dicha autoridad municipal, en un acto de protesta_”

Hemos leído la transcripción de la prueba que tuvo ante sí la Junta al celebrar la vista sobre los cargos formulados por el Director de la Autoridad Municipal y de la misma surge que hay evidencia para sostener la conclusión de la Junta en todos los casos excepto en el de Antonio Vicéns Castillo, que estaba disfrutando de vacaciones durante el período en que ocurrieron los hechos que dieron base a la formulación de cargos.

La evidencia demostró que los empleados recurridos estu-vieron ausentes de sus trabajos por 34 días, desde el 17 de abril hasta el 21 de mayo de 1957, que como consecuencia de sus ausencias hubo entorpecimiento en el funcionamiento de la agencia; que la vida normal en el caserío se afectó “porque hubo altoparlantes y hubo hojas sueltas instándole a que no pagaran a los inquilinos”; que no se realizaban las repara-ciones que continuamente hay que hacer en los apartamientos con motivo de roturas y desperfectos. Se exhibieron cartelones' que expresaban “Desaparezcan los sueldos de Hambre”, “No más atropellos”, “Latoni no sirve para Director Ejecutivo”.

Evidentemente se trataba de una huelga con piquetes durante un período de 34 días. El juez de instancia concluyó que “la conducta de los recurrentes [ante el tribunal de ins-tancia] ... no justificaba su despido, dicha conducta fue una permisible y legítima ante la letra y el espíritu del Regla-mento que cubría su trabajo.” No tiene razón el Juez recu-rrido. El Reglamento no los autoriza a abandonar el trabajo, asumir una actitud de huelga y a entorpecer el funciona-miento de la agencia. Dispone el Reglamento:

“13. EMPLOYEE RELATIONS. Employees shall have the right to designate representatives of their own choosing. Employees shall be free to join, or refrain from joining, employee unions. In so doing, employees shall be assured freedom from restraint, interference, discrimination, and reprisal.
15. GRIEVANCES, a. Right of Employees. Employees shall have the right to present grievances, individually, as a group, or', through their designated representatives. In so doing, employees shall be assured of freedom from restraint, interference, discrimination, and reprisal. Such grievances shall be presented only through the established lines of authority.”

Las disposiciones antes transcritas solamente autorizan a los empleados a presentar sus quejas, bien individualmente o a través de la unión y sólo mediante los canales oficiales, siempre garantizándole a los empleados que no habrá discriminación o represalias o impedimento alguno para expresar sus agravios. Pero no los autoriza a abandonar sus trabajos y a incitar a los inquilinos para que no paguen sus rentas.

Estando sostenida la resolución de la Junta de Directores de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda por la evidencia, se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior excepto en cuanto al empleado Antonio Vixens Castillo.

El Juez Asociado, Señor Torres Rigual, no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    José Galíndez, peticionario y apelante, v. Pedro Juan Rodríguez Fortier, Superintendente de la Cárcel de Distrito de San Juan, demandado.

      Número: O-74-12

      Resuelto: 29 de octubre de 1974

      Santos P. Amadeo, José Enrique Amadeo y Manuel García Ma-rrero, abogados del peticionario-apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Subprocurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   per curiam:

Un gran jurado del estado de Nueva York expidió acusación contra el peticionario apelante imputándole la comisión de asesinato en primer grado. Se solicitó su extra-dición a base de dicha acusación y de la declaración jurada sometida por el fiscal del distrito neoyorquino correspondiente. Se ordenó el arresto y encarcelación del apelante en Puerto Rico tras el trámite de rigor y éste acudió al recurso de hábeas corpus que provee nuestra ley. Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960, Art. 10, 34 L.P.R.A. sec. 1881i. Tras la vista requerida se denegó el mismo y el apelante recurre ante este Tribunal. El único error señalado es que se violó la cláusula del debido proceso de ley por no celebrarse una vista adminis-trativa, bien ante el señor Gobernador o su designado.

No le asiste razón al apelante.. En una larga serie de decisiones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que la celebración de tal vista administrativa no es necesaria. Munsey v. Clough, 196 U.S. 364 (1905); Marbles v. Creecy, 215 U.S. 63 (1909) (ver la jurisprudencia citada en este último caso a la pág. 68). Según resume Wharton la situación de ley, “No se requiere ni la celebración de una vista ante el Gobernador ni la notificación a la persona acusada como paso preliminar para la expedición del documento de extradición interestatal. Resolver lo contrario convertiría a menudo en inútiles la disposición constitucional y los estatutos concernidos.” 4 Wharton’s Criminal Law and Procedure 372, 1957 ed. La expresión de Wharton es posterior a la adopción por la mayoría de los estados miembros de la Unión Americana de la Ley Uniforme de Extradición Criminal, 9 Uniform Laws Anno. 258, de la cual deriva, con variantes, nuestro propio estatuto.

La expresión de Wharton halla sólido apoyo en los comen-taristas posteriores, opinándose que la Ley Uniforme no alteró la situación anterior. Interstate Rendition and the Fourth Amendment, 24 Rutgers L. Rev. 551, 557 (1970). La juris-prudencia federal reciente es al mismo efecto que la citada de principios de siglo. Martin v. State of Maryland, 287 A.2d 823 (U.S. App. D.C., 1972); Gibson v. Beall, 249 F.2d 489 (D.C. Cir. 1957). Cuando la solicitud de extradición se basa desnu-damente en una simple declaración jurada de un funcionario del estado requirente es posible que surjan problemas bajo nuestro equivalente de la cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, 24 Rutgers L. Rev. 551, 585 et seq., supra. Tal no es el caso aquí, sin embargo, ya que el requerimiento se hizo después que un gran jurado en Nueva York formuló acusación contra el apelante.

La regla vigente sobre la discreción que tiene el Gobernador de celebrar o no una vista administrativa es especialmente entendible a la luz de las disposiciones del Art. 4 de nuestra ley, 34 L.P.R.A. sec. 1881i, la cual le reconoce h la persona arrestada para fines de extradición el derecho a la radicación de un auto de hábeas corpus si es que desea atacar la legalidad del arresto.

Por los fundamentos expuestos, se confirmará la tesolu-ción recurrida.


author: Él Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Andrés Salas Soler y Otro, demandantes y recurrentes, v. Secretario de Agricultura del E.L.A. de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-73-149

      Resuelto: 29 de octubre de 1974

      Olaguibeet A. López Pacheco, Arturo Aponte Pares y George López Keelan, abogados de los recurrentes; Myriam Naveira ■ de Rodón, Procuradora General, Candita R. Orlandi, y Adolfo J. Vilá, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del recurrido.
   Él Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, proveía originalmente en su Art. 4 que:

“El Estado Libre Asociado autoriza y ordena que al máximo grado posible:
(1) las normas, reglamentos y leyes del Estado Libre Aso-ciado deberán interpretarse y administrarse de acuerdo con las políticas expuestas en esta ley, y
(2) todas las agencias del Gobierno deberán
(A).
(B)..
(C) incluir en toda recomendación o informe sobre pro-puestas de legislación y otras acciones gubernamentales que afecten significativamente la calidad del medio ambiente humano, una exposición detallada por un funcionario responsable sobre
(i) el impacto ambiental de la acción propuesta
- Antes de hacer alguna declaración detallada, el funcionario responsable consultará y obtendrá los comentarios de alguna agencia que tenga jurisdicción por ley o por su pericia especial con respecto a cualquier impacto ambiental envuelto. . .

El 30 de agosto de 1971 el Secretario de Agricultura aprobó un reglamento para regir la venta, distribución y apli-cación comercial de venenos comerciales, sin someter ante la Junta de Calidad Ambiental, 12 L.P.R.A. see. 1129, una declaración de impacto ambiental sobre la acción propuesta.

El Instituto de Estudio Ambiental, Inc., una corporación doméstica de fines no pecuniarios, y uno de sus miembros instaron poco después una petición de mandamus contra el Secretario de Agricultura para que se le ordenara a éste some-ter la declaración de impacto ambiental a que se refiere el artículo citado de la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico y para que se dejase sin efecto el reglamento pro-mulgado hasta tanto se cumpliese con la legislación vigente. Alegaron los demandantes recurrentes que los productos regla-mentados se usan para el control y erradicación de plagas y que su naturaleza venenosa constituye un peligro para los ecosistemas en los cuales se utilicen.

El Tribunal Superior se negó a expedir el auto fundamen-talmente a base de la falta de capacidad de los recurrentes para demandar, defensa que no había sido planteada por el Secretario. Se solicita la revisión de esta sentencia, alegán-dose que se incurrió en error: al determinarse que los recu-rrentes no cuentan con capacidad para demandar, y al no expedirse el auto.

El tema general de los criterios que deben regir la defini-ción de las personas o entidades con capacidad para entablar litigios ha sido y continúa siendo objeto de discusión intensa. Freund estima que la materia se cuenta entre “las más amor-fas en todo el dominio del derecho público” (traducción nues-tra) , Hearings on S. 2097 Before the Subcommittee on Constitutional Rights of the Senate Committee on the Judiciary, 89th Cong., 2d Sess., parte 2, pág. 498 (1966). El Juez Douglas ha afirmado que “Las generalizaciones sobre la capacidad para demandar son en gran parte inservibles.” (Traducción nues-tra.) Association of Data Processing Serv. Organizations v. Camp, 397 U.S. 150, 151 (1970). Davis considera que “las decisiones del Tribunal Supremo [de Estados Unidos] sobre la capacidad para demandar son confusas y contradictorias y continúan en estado de desorden.” (Traducción nuestra.) 3 Davis, Administrative Law Treatise, sec. 22.18 (Supp. 1965).

La abundante literatura sobre la cuestión, sin embargo, va aclarando aspectos vitales de la misma. Se ha ido observando, por ejemplo, que gran parte de las dificultades pasadas se han debido a la multiplicidad de funciones diversas que se le han impuesto a la doctrina: su utilización como cedazo para evitar el abarrotamiento de los calendarios y su uso como modo de excluir del ámbito de la consideración judicial asuntos cuya determinación les corresponde propiamente a otras partes del sistema gubernativo. Véase: Scott, K. E., Standing in the Supreme Court — A Functional Analysis, 86 Harv. L. Rev. 645 (1973).

Puede notarse también que la tendencia general es hacia la liberalización de la doctrina. Davis, The Liberalized Law of Standing, 37 U. Chi. L. Rev. 450 (1970); Jaffe Standing Again, 84 Harv. L. Rev. 633 (1971). El desarrollo de esta tendencia ha sido mucho más pronunciado en la jurispruden-cia estatal que en la federal. Homburger, A., Private Suits in the Public Interest in the United States of America, 23 Buffalo L. Rev. 343, 390 (1974).

Se reconoce igualmente que existe una distinción básica entre las acciones que entrañan este problema: las que plan-tean una cuestión de interpretación de estatutos y los casos' de revisión no estatutaria. Scott, K. E., op. cit, 86 Harv. L. Rev: 645, 647 (1973). El caso presente pertenece a la primera categoría, la más simple, por lo que no hay que discutir las complejidades del segundo orden de litigios, ni aun siquiera las circunstancias de su aplicación o no en Puerto Rico.

De lo que se trata fundamentalmente aquí, por tanto/ és de interpretar la legislación puertorriqueña aquí envuelta! El Art. 4 de la Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 L.P.R.A. sec. 1124(C), como hemos visto, requiere con toda claridad que antes de efectuarse cualquier acción o promul-garse cualquier decisión gubernamental que afecte significa-tivamente la calidad del ambiente, el funcionario gubernamen-tal concernido debe someter una declaración de impacto am-biental a la instrumentalidad pública con jurisdicción sobre la propuesta. No cabe duda, a la luz del récord, que el reglamentó promulgado no' versa sobre productos innocuos, sin relación alguna con el ambiente. El testimonio del perito doctor Víctor Sánchez sostiene ampliamente la conclusión de que el regla-mento sobre venenos comerciales en controversia afecta dé modo suficientemente significativo la calidad del ambiente como para exigir una declaración previa de impacto ambien-tal. Hay que enfrentarse, por tanto, al problema de lá capacidad para demandar.

El Art. 4 de nuestra Ley sobre Política Pública Ambiental deriva de la ley federal sobre el mismo tema, aprobada eñ 1969. 83 Stat. 852, 42 U.S.C.A. sec. 4332(C). Distinto'a esta ley, sin embargo, la nuestra dispuso en 1970 lo siguiente en su Art. 19,12 L.P.R.A. see. 1139:

“Cualquier ciudadano podrá llevar acciones en daños y per-juicios en los tribunales de justicia contra ciudadanos particula-res basados en daños que sufran por violaciones a esta ley. Está acción civil de daños y perjuicios es independiente y diferente de los procesos administrativos que se sigan en la Junta. Igual-mente cualquier ciudadano afectado por la falta de implementa-ción de esta ley, podrá acudir al Tribunal Superior solamente para solicitar un mandamus, disponiéndose que lo anterior no incluye acciones de daños y perjuicios.”

Se advertirá, por tanto, que nuestro estatuto va más allá que la ley de origen al disponer expresamente para el ejercicio en .determinadas circunstancias de una acción pública,. limi-tada al mandamus, por ciudadanos privados “afectado [s]- por la..falta de implementación de esta ley.” Algo comparable había sucedido con otras leyes federales, lo que recalca ,1a importancia de la adición del Art. 19 a nuestra ley.

' Aún queda por determinar, sin embargo, el. significado de la frase “afectado por la falta de implementación de esta ley.” Para ello debemos acudir preferentemente a. nuestra propia jurisprudencia y doctrina sobre la capacidad para de-mandar ; primeramente, porque nos enfrentamos a una dispo-sición de ley-propia, aunque dentro de un contexto general que proviene de otro foro; y, en segundo término, porque aun si sé tratara, que no es el caso aquí, de la adopción práctica-mente verbatim de un estatuto federal por nuestra Asamblea Legislativa, el historial de su aprobación o las realidades a que se dirige la ley local le puede imprimir su propio signifi-eado. La aplicación mecánica de las reglas de hermenéutica constituye a menudo un procedimiento riesgoso.

Asociación de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., 67 D.P.R. 849 (1947), sienta la doctrina que rige el caso presente. En dicha controversia se le permitió a una asociación privada incoar una acción de mandamus para que se cumpliesen unas disposiciones de ley. Dijimos entonces:

“Tratándose de cuestiones de interés público, sostiene la mayoría de las autoridades que interpretan preceptos similares al nuestro, que cuando la cuestión envuelta es de interés público y el mandamus tiene por objeto conseguir la ejecución de un deber público, el pueblo es considerado como la parte especialmente in-teresada y el demandante no necesita probar que tiene interés especial en el resultado del caso. Basta demostrar que es un ciu-dadano y como tal está interesado en la ejecución y protección del derecho público.” (A la pág. 851.)

La ley que controlaba el aspecto bajo discusión de dicho caso era el Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3423, el cual dispone que el auto de mandamus . . Podrá dictarse basado en los informes de la parte beneficiada e interesada.” El caso reciente de Cerame-Vivas v. Secretario de Salud, 99 D.P.R. 45 (1970) es otra instancia del modo amplio en que se ha interpretado por este Tribunal la doctrina de la capacidad para entablar litigios.

Valga señalar que los hechos en el caso presente son aún más fuertes que en Asociación de Maestros y en Cerame-Vivas. Aquí no sólo se cuenta en la ley con el Art. 19 citado, sino que, además, la intención legislativa se aclara aún más en los Arts. 3(a) y 3 (c) de nuestra Ley sobre Política Pública Am-biental, que tampoco forman parte de la ley federal que sirvió de modelo para nuestro estatuto. En el Art. 3(a) se expresa que “es política continua del Gobierno del Estado Libre Asociado ... en cooperación con las organizaciones públicas y privadas interesadas, utilizar todos los medios y medidas prácticas . . . para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva....” El Art. 3 (c) reconoce a su vez “que toda persona deberá gozar de un ambiente saludable. . . .” Recuérdese, además, que el Art. 4 de la Ley sobre Política Pública Ambiental ordena en su primer párrafo que “al máximo grado posible: (1) las normas, reglamentos y leyes del Estado Libre Asociado deberán interpretarse y adminis-trarse de acuerdo con las políticas expuestas en esta ley ...”, las cuales claramente responden a lo dispuesto en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico.

El Instituto de Estudio Ambiental, uno de los recurrentes, intenta servir los propósitos, según la determinación de hechos del tribunal de instancia, “de estimular una relación armónica o provechosa entre el hombre y su medio ambiente; proveer actividades que impidan daños al medio ambiente y ‘acudir a los organismos administrativos y judiciales cuando sea nece-sario’.” Uno de los miembros del Instituto, el doctor Víctor Sánchez, ha escrito extensamente sobre el uso de plaguicidas. (T.E. págs. 22-23.) El otro de los recurrentes era presidente de dicha institución al momento de la radicación del mandamus (T.E. pág. 17) y era a la vez dueño de una pequeña finca, habiendo utilizado en ella diversos plaguicidas. (T.E. págs. 20-23.)

Entendemos que los recurrentes constituyen sin duda personas afectadas por la falta de la implementación de la ley dentro del significado del Art. 19 de nuestra Ley sobre Política Pública Ambiental. Para demostrar que se es una persona afectada por una acción gubernamental bajo nuestro tipo de estatuto no hay necesidad de demostrar daño económico. Association of Data Processing Serv. Organizations v. Camp, supra; Barlow v. Collins, 397 U.S. 159 (1970). El daño puede basarse en consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o aun simplemente estéticas. Homburger, op. cit., 23 Buffalo L. Rev. 343, 393 (1974). Nuestra decisión en este sentido no quiere decir que la puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública. Debe examinarse el nexo entre el interés del ciudadano y la acción radicada; el hecho de que los deman-dantes puedan representar adecuadamente el interés público y asumir su debida defensa; si el caso es justiciable o si puede montar a una intervención indebida del poder-judicial éori él funcionamiento de otra parte del gobierno; si la controversia está madura para decisión, y si el litigio en cuestión constituye un medio adecuado para plantear en su debida dimensión-, y particularidad el problema de que se trate. Tan sólo parte de estos criterios son derivables de la doctrina de la capacidad para demandar, que tan a menudo se confunde con otras- nóf-mas. No es necesario, por supuesto, proceder al deslinde de teorías en este caso ya que, como hemos indicado, la actual controversia gira en esencia sobre un problema de interpreta? ción estatutaria que no abarca la totalidad de variantes de la doctrina referente a la capacidad para demandar, siendo indis? pensable tan solo referirnos a parte de ella como trasfóñdo útil para precisar la intención legislativa en este caso. • , . ;

. El caso de autos cumple no sólo con las normas sentada^ en Asociación de Maestros y en Cerame-Vivas, • sino con las reglas que privan en otras jurisdicciones en casos parecidos o-aun más difíciles. En Environmental Fund, Incorporated v. Hardin, 428 F.2d 1093 (D.C. Cir. 1970), por ejemplo, los peti-cionarios eran unas asociaciones de fines no pecuniarios orga-nizadas, como el Instituto recurrente, para dedicarse a activi-dades relacionadas con la protección del ambiente. Su demanda no versaba sobre una cuestión procesal, como aquí, sino,que iba más allá y solicitaba que el Secretario de Agricultura pro-hibiese el uso de determinado plaguicida. El -estatuto envúéító también le concedía el poder de demandar “a cualquier persona adversamente -afectada” por una acción del Secretario! No se demostró daño a propiedad alguna de los peticionarios. El tribunal falló a favor de los peticionarios, resolviendo que los'-“Consumidores de productos y servicios regulados poseen capacidad para proteger el interés público en nn sistema regu-lativo promulgado para su beneficio” y que “Además, el inte-rés de los consumidores en la protección ambiental puede estar debidamente representado por una asociación de personas con un- interés organizativo .en el problema.” (Traducción nues-tra, 1097.) Sobre la cuestión de los plaguicidas, véase tam-bién : Environmental Defense Fund v. Environmental Protection Agency, 465 F.2d 528 (D.C. Cir. 1972).

En Minnesota Public Interest Research Group v. Butz, 358 F.Supp. 584 (D. Minn. 1973), se-fue también más lejos que lo que se pretende aquí, tratándose en dicho caso de forzar al Secretario de Agricultura de Estados Unidos a que sometiese la declaración de impacto ambiental requerida por el estatuto federal que sirvió de modelo aj nuestro, el cual, sin embargo, epmo se ha señalado, no cuenta con una autorización expresa como la sancionada por nuestra Asamblea Legislativa para la radicación por personas privadas de acciones públicas del orden envuelto. La entidad demandante era una corporación de fines no pecuniarios compuesta de estudiantes. Algunos de ellos habían utilizado las facilidades forestales cuyo carácter se deseaba mantener vía la demanda. El tribunal resolvió que la entidad tenía capacidad para demandar; el Secretario venía obligado a radicar la declaración de impacto ambiental a que se refiere el estatuto; y, mientras tanto, que procedía prohibir la continuación de la acción administrativa. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha trascendido también de hecho a Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972) y casos anterio-res’ sobre el particular en United States v. Scrap, 412 U.S. 669 (1973).

! En el derecho de algunos otros países la tendencia hacia una liberalization creciente de las oportunidades de demandar es igualmente marcada. Rivero, Jean, Droit Administrate, Ualloz, 1960, pág. 203; Waline, M., Droit Administrate, Sirey, 8e ed., 1959, secs. 756 et seq.

Queda, por último, por resolver si el hecho de que la ley limite las acciones públicas al recurso de mandamus constituye un impedimento en este caso para la expedición del recurso. No lo constituye. La expedición del auto en el presente caso no representa una intervención indebida del poder judicial en las atribuciones de otras ramas del gobierno. La ley impone un claro deber público y no existe impedimento para exigir su observancia en la referida doctrina o en otras mencionadas aquí.

Se revocará la sentencia del tribunal de instancia y se le ordenará al señor Secretario de Agricultura que someta ante la Junta de Calidad Ambiental la declaración de impacto am-biental requerida por el Art. U(C) déla Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada. Se dejará a su vez sin efecto el Reglamento de Mercado Núm. % (Revisado) promulgado a su amparo hasta tanto se cumpla con todas las disposiciones de la Ley sobre Política Pública Ambiental.

       La Ley sobre Política Pública Ambiental se enmendó, después de incoada la acción del epígrafe, por la Ley Núm. 72 de 31 de mayo de 1973 (véase, para la versión enmendada de la Ley, 12 L.P.R.A. sec. 1124(C)).

       11 Boletín de Puerto Rico, Núm. 4 (por publicarse). (Expediente Núm. 1482, enmendado por el Núm. 1715, Departamento de Estado.)

       Profesor de Farmacología en la Escuela de Medicina de lá. U.P.R.; doctor en Sc. N. Universidad de París.

       Hernández Denton, Federico; Sánchez, Víctor y Trujillo, Maximiliano, Los Plaguicidas en Puerto Rico: Presencia y Control, 41 Rev. Jur. U.P.R. 187 (1972).

       Véanse, por ejemplo, la “Federal Power Act”, 16 U.S.C. sec. 8251 (b) (1970); la “Interstate Commerce Act”, 49 U.S.C. sec. 1(20) (1970); la “Securities Act of 1988”, 15 U.S.C. sec. 77i(a) (1970); la “Federal Communications Act”, 47 U.S.C. sec. 402(b) (6); la “Noise Control Apt of 1972”, 42 U.S.C. sec. 4911; y la “Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972”, 88 U.S.C. sec. 1865.

       Sobre la naturaleza del auto de mandamus, véase la opinión del Juez Asociado, Señor Rigau, en P.P.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338, 462 et seq.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Martín Claudio Serrano, acusado y apelante.

      Número: CR-72-22

      Resuelto: 29 de octubre de 1974

      José M. Sagardía Pérez, abogado del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Magda E. Haidar de Martí, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Este es un caso penoso. Se trata de un caso de incesto de padre con hija. La defensa no presentó prueba. Levantó algu-nas cuestiones de derecho y hace unos señalamientos de erro-res. Ni los unos ni los otros ameritan revocar. El juicio se vio por jurado y el veredicto fue unánime. La prueba de cargo consistió de la declaración de la perjudicada y la del perito médico. El fiscal renunció al testimonio del testigo policía Juan A. Gascot por considerarlo prueba acumulativa. Lo puso a disposición de la defensa. Esta lo entrevistó pero no lo utilizó.

En síntesis, la declaración de la perjudicada puede resu-, mirse como sigue. Tenía 15 años de edad. Vivía en su casa con su padre, su madre y dos hermanos menores que ella. Estu-diaba noveno grado. El día de los hechos su padre fue a bus-caria a la escuela un poco antes de la hora de salida. Le dijo que la iba a llevar al Centro Médico porque su madre estaba enferma. Salieron. El padre conducía el automóvil. 'Cuando iban de camino ella notó que el padre tomó la carretera de Cupey y no la del Centro Médico. Le llamó la atención; él dijo que a su mamá le habían cambiado de médico.

Llegan a un motel. El carro entró al garage, eí padre se bajó y le pagó dinero a un hombre, quien rápidamente bajó la puerta de metal del garage, la cerró y se fue. Ella se percató de la situación. Se bajó del vehículo. Trató de abrir la puerta del garage pero no pudo. Gritó. Luchó por un rato con su padre quien al fin la venció y la hizo' entrar a la habitación. Le pegó varias veces en la cara para que no gritara más. Le tapó la boca con una mano. La tumba sobre la cama. Logra tener relación sexual con ella. No le rompe la ropa; le baja o le quita los panties. El no se quitó el pantalón; se abrió la cremallera. El acto dura como diez minutos, declaró ella. Cuando él termina ella se pone de pie y se pone los panties. El se sube la cremallera. Se van. Él la deja cerca de su casa; le dice que tiene que ir a comprar unas piezas para un camión. Es mecánico automotriz.

Al salir del motel ella miró para atrás y vio el rótulo. Se llamaba Montecarlo, declaró. En el viaje de regreso el padre le dice a ella que no relate a nadie lo sucedido. Ella se lo dice a la madre. Va al cuartel de la policía. Dice “fui a la policía de Hato Rey y me encontré con el policía Gascot y le. dije, lo que había pasado.” No surge claramente de su declaración si fue sola .al cuartel de la policía o si su madre la acompañó.

Ella declaró que antes de los hechos aquí relatados era virgen. Sobre este aspecto su declaración no parece ser cierta, El perito médico Dr. Miguel Angel Oquendo examinó a la perjudicada siete días después de los. hechos. Declaró que en-contró “signos claros y definitivos de desfloraeión vaginal no reciente.” Declaró categóricamente que la desfloración no era reciente pero que no se podía afirmar en forma absoluta la fecha' en que ocurrió. Encontró el “himen lacerado con cicatriz debidamente establecida y vieja, no había signos de trauma reciente.” Por lo tanto, no créíá que la desfloración había tenido lugar seis o siete días antes. Estimó que la desfloración no tenía menos de un hies de ocurrida, pero que podía tener más tiempo. La perjudicada declaró que el acto sexual se realizó a la fuerza. No sangró.

Después de todo, como se sabe, no es un elemento del delito de incesto que la mujer con la cual se cometa sea o no virgen. Art. 275 del Código Penal de 1902, actualmente vigente, 33 L.P.R.A. sec. 1115; y Art. 122 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 412L La defensa dio importancia a este hecho porque dejó entrever entre sus planteamientos que una posible defensa era que otro hombre había desflorado a la perjudicada y que ésta-quería achacarle el hecho a su padre. Si bien comprendemos la reticencia de una joven estudiante, soltera, de 15 años de edad, a admitir públicamente que no es virgen, por otro lado nos parece muy improbable — salvo que hayan unos rencores profundos, que en este caso no surgieron - — que quiera imputarle el delito de incesto a su padre. Dé todas maneras, el jurado no creyó esa versión.

A continuación mencionamos y discutimos los señalamientos de errores hechos por la defensa. El primero es en el sentido de que el fiscal incurrió en condúcta impropia al men-, donar hechos en su teoría que no probó. Las dos manifestad ciones del fiscal a que la defensa se refiere en este señalamiento son las siguientes: (a)-El fiscal-expresó que al llegarla niña' a su casa lo primero que hizo fue informar a la madre de lo sucedido; y (b) que el fiscal manifestó que el acusado le había dicho a su hija que no dijera nada porque le iba a pasar, algo a ella.

Realmente del interrogatorio directo no surge claramente si lo primero que hizo la niña fue informar a la madre o pedirle dinero para ir al cuartel de la policía. Creídos los hechos esenciales por el juzgador-de-los mismos, no es de im-portancia si la niña pidió primero el dinero o si primero in-formó a su madre. El señalamiento va dirigido a desacreditar la veracidad de la testigo, pero como ya hemos visto, el jurado lo creyó en todo lo esencial. Además, en el directo, a la pág. 37 de la transcripción de evidencia, aparece la testigo diciendo que primero le dijo a su madre lo ocurrido y que después se lo relató a la policía.

En cuanto a que el padre amenazara a la niña, lo que surge es que ella declaró que en el viaje de regreso él le dijo que no se lo dijera a nadie. La testigo declaró que mientras estaban en el motel ella notó que el padre tenía, una pistola en el bol-sillo; que tuvo temor de “que la sacara.” No surge de la prueba que el padre hiciese ningún uso del arma ni que la amenazara con ella. Podemos presumir que dentro de las cir-cunstancias la niña se sintió amenazada. De hecho ella declaró que le pegó varias veces.

En el segundo señalamiento se apunta que el fiscal y el tribunal comentaron el silencio del acusado. El diálogo que tuvo lugar no llega a la categoría que ese error supone. La defensa, en el contrainterrogatorio, cuestionó la castidad de la niña, cosa que, como hemos visto, no es relevante cuando de un delito de incesto se trata. El fiscal objetó la pregunta de la defensa y en su argumentación dijo “. . . Ahora, si el compañero entiende que es propensa a someterse al acto sexual él puede traer esa prueba. La tiene que traer entonces si acaso es admisible esa prueba en su turno no puede traerla ahora en.el turno del fiscal.” Como puede verse el fiscal no se refería al hecho de que el acusado no había declarado, sino que si había prueba de que la niña era propensa a someterse al acto sexual, ésa era prueba que competía a la defensa traer en su turno y no en el turno del fiscal.

En cuanto al comentario del magistrado la situación es la siguiente. En ausencia del jurado la defensa planteó que el acusado se había sometido a un examen médico tres meses después de ocurridos los hechos y que había dado positivo de sífilis. La defensa pretendía introducir eso en evidencia para establecer que debido a la relación sexual ocurrida la niña debió haber contraído sífilis. El tribunal resolvió que esa prueba no era admisible por ser demasiado especulativa. Le preguntó a la defensa si iba a presentar alguna otra prueba y la defensa contestó que no. Entonces el juez ordenó llamar al jurado y posteriormente hizo la siguiente explicación:

“En vista de que el Tribunal en ausencia del Jurado declaró con lugar la objeción del Fiscal, la defensa no puede seguir ex-poniendo la teoría que empezó a exponer ante ustedes. La de-fensa ha anunciado que no tiene más prueba y que va a someter el caso sin prueba. Entonces en vista de que son las cinco y cuarto de la tarde vamos a recesar hasta el jueves por la mañana porque este Juez tiene una reunión mañana y no podrá estar aquí en el Tribunal y el jueves las partes vendrán preparadas para hacer sus informes al Jurado y el Tribunal transmitirá las instrucciones de ley al Jurado.”

En el tercer señalamiento se sostiene que erró el tribunal al no permitir determinada prueba que hubiese afectado la credibilidad de la testigo. Se refiere a dos situaciones distintas. La primera tiene lugar cuando la defensa interesa traer a colación que la testigo no era virgen a la fecha de los hechos. Le preguntó si conocía a un tal Benjamín Pizarro. El fiscal objetó y el tribunal lo sostuvo. El juez expresó que tratándose de un delito de incesto no era relevante el si la mujer era virgen o no. Obviamente los elementos del delito son otros.

La segunda situación que bajo este señalamiento apunta la defensa se refiere a la negativa del tribunal al no admitir prueba en el sentido de que el acusado había dado positivo de sífilis tres meses después de los hechos. La prueba era irrele-vante y en este caso como en el anterior el tribunal no incidió al no admitirla. Si la testigo había sido contagiada o no por el acusado, no es un dato que pudiese exculparlo.

En el cuarto señalamiento se argumenta que la prueba fue insuficiente. Ya hemos hecho una reseña de la misma.. Creída como lo fue por el jurado, la prueba es suficiente para sostener el veredicto de culpabilidad.

Los señalamientos quinto y sexto son en el sentido de que las instrucciones del juez al jurado no fueron adecuadas y de que el apelante no tuvo un juicio imparcial. Tampoco tienen mérito. El apelante insiste en que no se dieron instrucciones sobre acometimiento y agresión grave. No procedían pues el apelante negó los hechos. Tomadas en su conjunto las instrucciones fueron adecuadas. Tampoco hay nada en el récord que demuestre que al apelante no se le concediese un juicio imparcial. Estimamos que no se cometieron-los errores señalados.

En nuestra exposición hemos aludido a la.víctima como “la perjudicada” pero en realidad en un caso como éste toda la familia es la perjudicada: la víctima que sufrió el ataque en su propia persona, el padre que se arruina y va a presidio; la madre ante cuyos ojos se desintegra la familia y los hermanos menores víctimas también de dicha desintegración.

Nuestro derecho, que es altamente sofisticado en aquellas materias que tocan la propiedad, como la ley de corporaciones, el derecho contributivo, las obligaciones y contratos, los cau-dales relictos y la ley hipotecaria, es todavía incipiente en esta área de los delitos sexuales. Sólo sabe absolver o condenar, cuando las más de las veces eso no basta porque de eso no se trata. Se trata, en muchos de estos casos, de la complicada siquis del ser humano. Esta clase dé delitos no comprende los que se cometen con ánimo ilegal de lucro y mediante la fría y calculada deliberación, como son el tráfico ilegal de drogas, los escalamientos de hogares, de bancos y demás estableci-mientos comerciales, y tampoco comprende otros delitos, en los cuales no concurre el ánimo ilegal de lucro pero que también se premeditan deliberada y fríamente, como en el caso del asesinato, el incendio malicioso y la colocación de explosivos. Estos delitos sexuales son delitos pasionales, usualmente manifestaciones de mentes enfermas.

El nuevo Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, en su Art. 72, 33 L.P.R.A. sec. 3373, apunta hacia unas soluciones más racionales a estos proble-mas. Dispone que el convicto de tentativa o consumación de violación, sodomía, incestó, actos lascivos o impúdicos, o expo-siciones deshonestas, que hubiere revelado tendencia irrepri-mida a cometer dichos delitos, será declarado por el tribunal delincuente sexual peligroso y será internado en una institu-ción adecuada para su tratamiento. Desde luego, nos damos cuenta de que estas situaciones no pueden resolverse en el vacío. Mientras el país no tiene suficientes servicios hospita-larios, agua potable, salones de clase, parques, carreteras ade-cuadas y otros servicios básicos que las personas no delin-cuentes necesitan, difícilmente se podrá exigir que se dediquen los recursos a atender con primera prioridad a los delincuen-tes.

Debemos, pues, disponer dél caso conforme a la ley vigente. No habiéndose cometido los errores señalados y siendo la prueba suficiente para sostener la convicción, se sostendrá la misma. Surge de los autos que el apelante fue sentenciado a cumplir de 6 a 10 años de presidio y aparentemente ya ha cumplido cuatro. Puede, bajo la nueva legislación pertinente, solicitar la intervención de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sees. 1501 y ss:


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    José M. Alonso García, etc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Cristóbal Díaz Bustamante, lesionado.

      Número: O-74-71

      Resuelto: 29 de octubre de 1974

      Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto, María Perales Rodríguez y Francisco Rivera López, abogados del recu-rrente; M. C. Arroyo Villamil, abogado del lesionado.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Cristóbal Díaz trabajaba para el Restaurante Café Roma. Era jefe de cocina durante las horas nocturnas. Tenía a su cargo el personal. Además tenía que atender al horno y entrar al frigorífico por carnes. El horno operaba a 700 grados de calor y el frigorífico a 30 grados bajo cero. Confeccionaba los menús y cuando faltaba algún empleado tenía que hacer su trabajo. Antes de empezar en ese empleo sufrió un examen físico y le dieron un certificado de salud. Declaró que entraba a su trabajo a las dos de la tarde y salía a las dos de la mañana. La cocina era muy calurosa. Casi siempre estaba aca-tarrado y con fiebre. Cuando fue a sacar un nuevo certificado de salud le tomaron radiografías y salió con una mancha en el pulmón derecho y fue ingresado en el Hospital Ruiz Soler.'

El Dr. Jorge Báez García neumólogo consultor de la Comi-sión no cree que la tuberculosis la contrajo a consecuencia de su empleo pero sí opina que “debido a las largas horas de tra-bajo y a la pobre nutrición, esto puede haber constituido un factor agravante en la tuberculosis pulmonar de este paciente. El exceso de trabajo que tenía y las condiciones ambientales, el calor y el frío, contribuyeron al desarrollo de la enferme-dad.” Con esta opinión concurre el Dr. Hiram Vázquez Milán, asesor médico de la Comisión Industrial.

El Dr. Constantino Artamendi, perito del Fondo opina que “no es un caso compensable debido a que el empleado no traba-jaba con enfermos tuberculosos y no recibió trauma del tórax.”

La Comisión al resolver que la condición pulmonar que presentaba el obrero estaba relacionada con su trabajo expresó que “el origen etiológico de la enfermedad no es lo único que debe estudiarse o determinarse en un caso, sino que es fundamental resolverse la relación de causalidad entre el trabajo realizado y la enfermedad o muerte del paciente. El aspecto de agravación, aceleración o precipitación de la enfermedad debe ser estudiado al igual que el origen de la enfermedad.”

Al así resolver la Comisión siguió la línea trazada por una serie de dictámenes de este Tribunal que se iniciaron con Vda. de Fernández v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 298 (1962) y se sigue en Hernández Nieves v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 340 (1964) y continúa en Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 658 (1972). Ver además Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 689 (1974). Estos dictámenes establecen, según expresamos en el caso de Rivera Rivera v. Comisión Industrial, citando de 1 Larson Workmen’s Compensation Law, Sec. 12.20:

“Enfermedades preexistentes o achaques del empleado no de-rrotan una reclamación bajo el requisito de ‘surgir del empleo’, si el empleo agravó, aceleró o se combinó con la enfermedad o acha-que para producir la muerte o incapacidad por la cual se reclama compensación.”

Si bien es cierto que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según el criterio expuesto por el Dr. Artamendi, no contempla como compensable una enfermedad del sistema respiratorio de origen tuberculoso contraída en el curso del trabajo fuera de hospitales, oficinas o centros de salud dedicados al diagnóstico o tratamiento de tuberculosis — 11 L.P.R.A. sec. 4 — no es menos cierto que la citada ley tiene' carácter remedial y exige una interpretación libérál debiéndose resolver toda duda a favor del obrero, 11 L.P.R.A. see; 2. Así también dispone dicho estatuto que “Además dé las enfermedades ocupacionales incluidas en la anterior tabla,' se considerarán enfermedades ocupacionales compensables todas aquellas enfermedades que se contraigan en el curso deh tra-bajo, como consecuencia de un riesgo peculiar a la industria, proceso, ocupación o empleo, y como resultado de la directa exposición del obrero o empleado a dicho riesgo en el normal desempeño de su trabajo siempre que la última exposición'al riesgo de adquirir la enfermedad ocurra dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que se observaron las primeras manifestaciones de la incapacidad causada por la misma, Sin perjuicio de lo que más adelante se dispone.’’ 11 L.P.R.A. see. 3.

Estableciendo la prueba que las condiciones bajo las cuales trabajaba el obrero eran tales que podían agravar ó acelerar su dolencia, y visto lo resuelto por este Tribunal en los casos antes citados, así como la disposición de la ley antes transcrita, es forzoso concluir que actuó correctamente lá Comisión al declarar compensable el presente caso. Ver además Black v. J. Kozloff, Incorporated, 134 N.W.2d 734 (Mich. 1965).

Por los motivos anteriormente expuestos se confirmara la resolución recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor M. Ortiz Padilla y Rafael Ramírez Hernández, acusados y apelantes.

      Número: CR-74-42

      Resuelto: 30 de octubre de 1974

      Federico Torres Jiménez, abogado de los apelantes; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Héctor R. Orlandi Gómez, y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Genera-les Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

En la vista celebrada para disponer de una moción sobre supresión de evidencia, el juez que la presidió, luego de oír la prueba presentada por los acusados en apoyo de su moción y la declaración de los agentes que intervinieron con ellos, ex-presó en parte que: “ [1] a preocupación mayor que surge del análisis y evaluación de la prueba practicada es que necesaria-mente alguno de los testigos ha mentido. Sus versiones son dis-tintas e irreconciliables.... La prueba siembra grandes dudas de que los hechos ocurrieron como lo declaran los policías .... El Tribunal podía muy bien declarar incursos en desacato por perjurio en corte abierta a estos agentes del orden público, pero a la luz de las interrogativas que nos hacemos en párra-fos anteriores de nuestra resolución, debo concederles también la oportunidad para que puedan tener un día en corte.”

Difiere entonces la resolución sobre la moción de supre-sión de evidencia y “ordena a la Oficina de Oficiales Proba-torios que realice una investigación si las partes (Ministerio Público y abogados del acusado Dos Santos) no tienen reparo a ella sobre el historial social, conducta, comportamiento, historial de trabajo, etc. de (1) Acusado Dos Santos (2) Ramón Cruz Pagán [testigo de los acusados] (3) Víctor M. Ortiz [agente del orden público] y (4) Rafael Ramírez Her-nández [agente del orden público]. El 8 de junio de 1973, el Tribunal resolverá si los agentes en cuestión incurrieron en desacato por perjurio en corte abierta.”

La Ley Núm. 41 de 9 de marzo de 1911 — 33 L.P.R.A. see. 430 — dispone en su parte pertinente que “[s]i el Juez que preside en dicho caso quedare convencido, en cualquier caso pendiente ante su Corte, de que un testigo, después de haber prestado juramento o afirmación, según se dispone por la ley, de decir la verdad en cualquier asunto pendiente ante la Corte, es culpable de perjurio según se define en la presente, será entonces deber de dicho juez, ante quien se celebrare el juicio, ordenar, y por la presente se le faculta para que ordene, a moción propia, el arresto y detención del ofensor; y dictará una orden que se notificará a dicho ofensor para que com-parezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba ser castigado por desacato a la Corte. El acusado, den-tro del plazo que la Corte fijare, presentará su defensa contra dicha citación, la Corte oirá las declaraciones de la acusa-ción y de la defensa, y después de practicadas las pruebas, pronunciará sentencia en el caso. Si de las declaraciones pres-tadas, que se tomarán por escrito, la Corte queda convencida de que la persona citada como se ha dicho ha sido culpable de perjurio, será entonces el deber de la Corte castigar a dicha persona como por desacato a ella....”

En el caso de autos el juez no cumplió con la disposición antes transcrita. Aparece, sin embargo, que dictó la siguiente Resolución:

“Resultando de la prueba según se expone la misma en nues-tra Resolución de 27 de abril de 1973, que hacemos formar parte de esta resolución y sentencia que estamos dictando en el día de hoy, que los agentes del orden público Víctor M. Ortiz y Rafael Ramírez Hernández incurrieron en Desacato por Perjurio al de-clarar bajo juramento en la vista de la moción sobre supresión de evidencia celebrada el día 20 de marzo de 1973 y presentar los hechos de una manera que este Magistrado entiende fuera de toda duda que es falsa, incurriendo así en perjurio y en una conspiración criminal para socavar los principios de la justicia criminal, se ordena la supresión de la evidencia y, además, se de-clara a usted [es] Víctor M. Ortiz [Rafael Ramírez Hernán-dez] incurso [s] en Desacato por Perjurio en corte abierta (33 L.P.R.A. see. 430) y se le[s] impone, considerando el resultado de la investigación practicada por la Oficina de Oficiales Proba-torios de esta Sala, su historial, conducta y comportamiento, una multa de cien dólares ($100.00), y cinco (5) horas de cárcel [a cada uno] que deberá [n] cumplir en una institución penal.”

El juez de instancia y el Procurador General al sostener su actuación, confundieron el procedimiento establecido en el estatuto arriba transcrito con el procedimiento a seguir en casos de desacato directo consistente en conducta impropia o desordenada en presencia del tribunal, procedimiento este último que analizamos y discutimos en Coll Moya v. Alcaide Cárcel Municipal, 89 D.P.R. 225, 233-235 (1963). En los desacatos directos por conducta impropia o desordenada, el juez actúa inmediatamente para vindicar la dignidad del Tribunal. La ley sólo requiere, según expusimos en Coll Moya que se dicte una orden en la cual se consigne “el acto o actos constitutivos [del] desacato así como la fecha y lugar de su comisión y circunstancias de la misma con especificación de la sentencia del tribunal. . . .”, siendo el propósito de este requisito permitir al tribunal de apelación determinar mediante una inspección del récord, si el desacato ha sido realmente cometido y si la corte tenía jurisdicción para castigarlo.

El procedimiento en los casos de desacato por perjurio es distinto. En estos casos hay que informarle al testigo que alegadamente ha cometido perjurio, del cargo que se le imputa y celebrar una vista dándole la oportunidad de demos-trar que lo por él declarado en el juicio es cierto, incluyendo el derecho a confrontarse con los testigos en su contra. Es evidente que a los aquí apelantes no se les dio esa oportuni-dad, debido a que el juez, como antes apuntamos, confundió el procedimiento.

Hace cincuenta años este Tribunal tuvo ante su considera-ción un caso cuyos hechos eran muy similares a los del de autos. Al resolverlo se expresó el Juez Presidente Del Toro con su acostumbrada precisión en Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255 (1924) :

“La idea [de esta ley] es corregir rápidamente el perjurio. Mover la conciencia individual y social. Castigar sin vacilaciones al que faltando a la santidad del juramento prestado y al respeto debido a las cortes de justicia y a su propia dignidad de hombre, declara falsamente. ¿Podrá existir un desacato mayor, una burla más patente, que engañar a un juez de tal modo? Para castigar al culpable debe existir un procedimiento rápido, eficaz, al al-cance de la corte. Pero dicho procedimiento debe ofrecer a la vez todas las garantías que nuestras instituciones reconocen al ciuda-dano.
Estudiando en su totalidad la ley de que se trata, se observa que hay dos momentos en que se mueve y actúa la conciencia del juez. Es el primero cuando al prestar su declaración en el juicio, queda el juez convencido de que el testigo es un perjuro. En-tonces es el deber del juez, a moción propia, ordenar el arresto del testigo, fijando día para la comparecencia. Y es el segundo cuando el juez habiendo ya actuado, se dispone a investigar el caso en sí mismo, oyendo no sólo las declaraciones de la defensa, sino las de la acusación. Para que la ley sea constitucional, el acusado debe ser informado claramente del cargo, debe la acusa-ción aportar la prueba de la existencia del delito y debe darse una oportunidad de defenderse al acusado, incluyendo su claro derecho a confrontarse con los testigos en su contra. Todo suma-riamente, pero todo derecho garantido por igual.”

Al mismo efecto véanse: Pueblo v. Marrero Méndez, 95 D.P.R. 605 (1967); Pueblo v. Marchany, 61 D.P.R. 699 (1943).

Eso es precisamente lo que no se le concedió a los aquí apelantes. El juez hizo su determinación a base de darle crédito a una de las dos versiones de cómo ocurrieron unos hechos que tuvo ante su consideración al conocer de la moción sobre supresión de evidencia y luego de una investigación lle-vada a cabo por la Oficina de Oficiales Probatorios, a espal-das de los apelantes, vulnerando su derecho a contrainte-rrogar a los testigos, procedimiento que reprobamos en Pueblo v. Rodríguez González, 102 D.P.R. 571 (1974), y sin la opor-tunidad de demostrar que lo declarado por ellos era cierto.

Procede por lo antes expuesto revocar las sentencias apeladas.

El Juez Asociado, Señor Rigau, no intervino.


text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-74-142

      Resuelto: 30 de octubre de 1974

      Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto y José Francisco Reyes del Valle, abogados del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Manuel Díaz Colón trabajaba como mensajero para el Professional -Hospital, Inc. Sufrió un accidente del trabajo. Se cayó resultando con una contusión en la nariz y en el pómulo izquierdo. Pendiente de que se le fijara la incapaci-dad correspondiente, falleció. La muerte no estuvo relacio-nada con el accidente. Se le fijó con posterioridad a su muerte por las “fracturas de los huesos nasales con desviación del septum hacia el lado derecho una incapacidad de un 10% de pérdida de las funciones fisiológicas generales. . . .” La única dependiente resultó ser su madre de 82 años.

La madre apeló “porque la cantidad fijada sobre incapa-cidad por el accidente que tuvo en el trabajo es muy baja.” Además se alegó que la muerte había sido consecuencia del accidente.

La Comisión Industrial determinó, confirmando al Admi-nistrador del Fondo, que el obrero falleció de causa ajena al accidente. Confirmó la determinación de un 10% de pérdida de las funciones fisiológicas pero le concedió 15% por desfi-guración del rostro.

El Administrador solicitó la reconsideración por entender que no procedía conceder compensación adicional por des-figuración. Al resolverla, la Comisión expresó “Luego de un detenido estudio de la misma y en vista de que en este caso no se pasó prueba sobre la incapacidad física con que pudo haber quedado el occiso de no haber muerto, este Organismo deja sin efecto su resolución anterior y reabre el caso para determinar si la incapacidad fijada post-morten es una justa y razonable.”

En la vista celebrada “para determinar si la incapacidad fijada post-morten es una justa y razonable” el Dr. Caleagno “declaró que el obrero occiso sufrió una fractura de los huesos nasales con desviación del septum hacia el lado derecho; que es el hueso que divide las dos fosas nasales; que no estaba en la posición normal y eso se ve en la nariz normal aunque no haya fractura y en este caso se determinó que había desvia-ción hacia el lado derecho y se le fijó una incapacidad de un 10% de las funciones fisiológicas generales y cree que es justa y razonable.

“El Dr. M. Caleagno a preguntas del Comisionado Po-nente expresó que si la persona estuviera viva y le ve la nariz si hubiera sido normal contestó que es muy difícil y hay veces que se palpa y hay veces que no; que si es posible que si esta persona tenía una desviación hubiera quedado con algún tipo de desfiguración declaró que es posible que pudiera quedar con alguna desfiguración.

“El Dr. A. Vera' concurrió con la opinión del Dr. M. Cal-cagno.”

El hermano del obrero según la resolución de la Comisión, declaró que después del accidente la nariz le quedó desviada hacia la derecha y que al hablar se notaba fañoso.

Fundándose en el testimonio del hermano del obrero e ig-norando la opinión expresada por el perito del Fondo, con la cual concurrió el asesor médico de la Comisión, se aumentó a un 50% la compensación por desfiguración del rostro suma esta que ordenó pagar “a los beneficiarios o herederos de este obrero.”

La contención del Administrador del Fondo al efecto de que la Comisión Industrial carecía de facultad para con-ceder compensación por desfiguración, ya que ni su oficina ni el obrero la había solicitado, no tiene mérito. La Comisión tiene amplia facultad para otorgar compensación adicional por este concepto, establecido que el caso lo justifique. El hecho de que se recurrió de la determinación del Administrador por estar inconforme con lo concedido, equivale a una solicitud de que se le conceda todo lo que la ley le da derecho, incluyendo lo que autoriza a conceder por desfiguración. El proceso administrativo no debe estar preñado de formalidad.

El Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 3, en su parte pertinente dispone “que en los casos en que una cicatriz, quemadura o cualquier cambio en la fisonomía cause la desfiguración de la cara, ca-beza o cuello o de una o ambas de las manos o brazos del le-sionado, a solicitud del Administrador del Fondo del Seguro del Estado o del obrero o empleado lesionado la Comisión Industrial decidirá de acuerdo con la gravedad de la lesión cuánto debe compensarse por este concepto. En ningún caso se pagará por la desfiguración de la cara, cabeza o cuello del lesionado una suma mayor de tres mil (3,000) dólares y en el caso de desfiguración de las manos o brazos de mil seiscientos (1,600) dólares. En los casos de desfiguración de manos o brazos no se compensará este concepto si la desfiguración se tomó en consideración al fijar alguna compensación por inca-pacidad de dicha mano o brazo. La Comisión Industrial gra-duará esta compensación tomando en consideración la impor-tancia de la desfiguración, la profesión y oficio y sexo de la persona lesionada_” (Énfasis suplido.)

La compensación por desfiguración está bien generalizada en las jurisdicciones estatales. Los estatutos de casi todos los estados de la Unión Americana la conceden. 2 Larson, Workmen’s Compensation, Sec. 58.30 (1974); Farleigh, Disfigurement Awards Under Oregon’s Workmen’s Compensation, 52 Ore. L. Rev. 190 (1973). En algunas jurisdicciones se la otorgan aun sin que los estatutos expresamente la auto-ricen, por entender que el hacerlo es consistente con el pro-pósito básico de las leyes que autorizan compensación por acci-dentes del trabajo. 52 Ore. L. Rev. 190, supra. Generalmente se requiere que la desfiguración sea seria y permanente y que afecte la capacidad de conseguir empleo. St. Laurent v. Kaiser Aluminum, 316 A.2d 504 (R.I. 1974); Beaver v. Allied Chemical Corp., 281 A.2d 594 (Del. 1971); Dykes v. North River Insurance Co., 270 So.2d 329 (1972); Bowen v. Chiquola Manufacturing Company, 120 S.E.2d 99 (N.C. 1961); 2 Schneider’s Workmen’s Compensation, Sec. 2337 (3ra. ed. 1957); 2 Larson’s, Workmen’s Compensation, Secs. 58.30, 58.32, 65.30 (ed. 1974); Farleigh, Disfigurement Awards Under Oregon’s Workmen’s Compensation, supra.

Una lectura de nuestro estatuto demuestra que la in-tención del legislador fue que en los casos de desfiguración de la cara, cabeza o cuello, la compensación se conceda en adición a la compensación que por incapacidad otorga la ley y que al concederla “ [1] a Comisión ... graduará esta compensa-ción tomando en consideración la importancia de la desfigura-ción, la profesión y oficio y sexo de la persona lesionada.” Es evidente que para que la desfiguración sea compensable la misma debe ser de tal naturaleza que afecte la habilidad del obrero para obtener y retener un empleo. Tiene que oca-sionar un cambio que cause la desfiguración de la cara y tomar en cuenta, la profesión y oficio y sexo de la persona lesionada.

En el presente caso la prueba pericial presentada — el testimonio del perito del Fondo con el cual concurrió el asesor médico de la Comisión — fue al efecto de que el hueso que divide las dos fosas nasales sufrió una pequeña desviación hacia el lado derecho por lo que se le concedió un 10% de incapacidad fisiológica general. Declaró el perito del Fondo que la nariz “no estaba en la posición normal y eso se ve en la nariz normal aunque no haya fractura”, y que hubiera sido difícil percatarse de la desviación. Esta pequeña desviación en la nariz de un obrero de oficio mensajero en nada afectaba su capacidad de obtener o retener su empleo. Era ciertamente improcedente, a la luz de lo dispuesto en la ley, conceder compensación por desfiguración.

Se revocará la resolución de la Comisión Industrial en aquella parte que concedió compensación por desfiguración, y se ordenará pagar el 10% concedido por el Fondo por incapa-cidad fisiológica general, a la madre del obrero, única de-pendiente de éste.


author: per curiam : Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Hiram Quiñones, demandante y recurrido, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, (A.C.A.A.), demandada y recurrente.

      Número: R-74-135

      Resuelto: 31 de octubre de 1974

      H. Febus Bernardini, abogado de la recurrente; Agustín Díaz García, abogado del recurrido.
   per curiam :

Prescindiendo del procedimiento administra-tivo establecido en la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, Ley Núm. 138 de 1ro. de julio de 1969, 9 L.P.R.A. sees. 2051 a 2065, el recurrido Hiram Quiñones instó una demanda contra la recurrente Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, reclamando el pago inmediato de ciertos servicios médico-hospitalarios. Alegó que como consecuencia de un accidente automovilístico había desarrollado una uremia crónica que requería trata-miento urgente de hemodiálisis; que el Gerente de Distrito de la A.C.A.A. se había negado a darle este tratamiento, y, que prescindió del requisito de agotar el remedio administrativo porque éste constituía una gestión inútil e inefectiva. A soli-citud del recurrido el tribunal de instancia dictó una Orden de Entredicho Provisional ordenándole a la A.C.A.A. el pago inmediato del costo del tratamiento requerido. Posteriormente dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenán-dole a la recurrente el pago de todos los servicios médico-hospitalarios relacionados con la enfermedad del recurrido más las costas y honorarios de abogado.

No conforme con dicha sentencia la recurrente A.C.A.A. interpuso recurso de revisión aduciendo contra la misma que el tribunal de instancia no tenía jurisdicción en el caso por haberle sido reservada a ella la jurisdicción primaria, en virtud de las disposiciones de la mencionada Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. También señaló como error que el recurrido no agotó los remedios administrativos.

Considerando que, efectivamente el tribunal de instancia incidió al asumir jurisdicción original en el caso, concedimos al recurrido término para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia recurrida. Oportunamente com-pareció el recurrido ofreciendo como argumentos de su caso los expuestos en su Escrito de Oposición a la Expedición del Auto de Revisión. Hemos considerado dichos argumentos y no nos convencen.

La Sec. 11 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. see. 2061, establece un procedimiento para la adjudicación de reclamaciones de los beneficios conferidos por dicha Ley. Este procedimiento consiste en: 1) investigación de la reclamación por el Director Ejecutivo, 2) celebración de audiencia pública ante el Director Ejecutivo o un examinador designado por éste, debiendo llevar un récord de los procedimientos y de toda la prueba, 3) notificación al reclamante de las decisiones del Director Ejecutivo con las determinaciones y conclusiones de éste, 4) apelación ante la Junta de Directores de la A.C.A.A. mediante la celebración de audiencia pública, y, 5) finalmente, revisión ante el Tribunal Superior.

El procedimiento anterior debe ser agotado antes de acudirse a los tribunales por la única vía disponible, que es la de revisión. A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 518 (1974). El recurrido, sin embargo, en vez de seguir este procedimiento, instó una demanda separada ante el tribunal de instancia para dilucidar la compensabilidad de su reclamación. Arguye que se debe prescindir en su caso del requisito de agotar los remedios administrativos ya que se encuentra padeciendo de una enfermedad crónica que requiere un tratamiento inmediato y costoso. Apoya su posición en la regla de ex-clusión sentada en Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488 (1970), al efecto de que se puede prescindir de agotar los re-medios administrativos cuando la acción administrativa ha de causar un daño inminente material, sustancial y no teórico o especulativo, o, el recurso administrativo constituye una ges-tión inútil, inefectiva y no ofrece proveer un remedio ade-cuado.

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos sólo determina la etapa en que se puede obtener la revisión judicial de una determinación administrativa. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964). No altera la jurisdicción primaria del organismo administrativo para formular la determinación inicial cuya revisión se interesa. El alcance pues de la regla que exime el agotamiento de remedios administrativos se limita únicamente a obviar el procedimiento de revisión interna de la agencia para acelerar la revisión judicial ante los tribunales.

La aplicación de la regla de exclusión de la doctrina de agotamiento de remedios administrativos al caso de autos sólo tendría el efecto de permitirle al recurrido Quiñones revisar ante el Tribunal Superior la negativa del Director Ejecutivo a pagarle los servicios médico-hospitalarios sin necesidad de agotar el remedio de apelación ante la Junta de Directores de la A.C.A.A., establecido en el citado Art. 11. En forma alguna dicha doctrina autoriza la presentación de una demanda separada contra la A.C.A.A. cf. A.C.A.A. v. Tribunal Superior, supra.

Como hemos visto, el recurrido acudió directamente al Tribunal Superior sin darle una oportunidad al Director Eje-cutivo de considerar su prueba y de hacer un récord de los procedimientos que pudieran servir de base para la revisión judicial. Las circunstancias aducidas por él — enfermedad cró-nica que requiere tratamiento inmediato y costoso — puede, sin duda, justificar la regla de exclusión de la doctrina de remedios administrativos, una vez que él le haya dado la oportunidad al Director Ejecutivo de la A.C.A.A. de considerar su prueba y de hacer una adjudicación sobre la compensabili-dad de su enfermedad.

Se expide el auto y se dictará sentencia revocando la recurrida.

El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, concurre con el resultado en voto separado, con el cual concurren los Jueces Asociados, Señores Dávila y Martín.

Voto separado del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

con-curriendo en el resultado, con el cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín

San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 1974

Concurro en el resultado pero es preciso que haya una salvedad. A mi entender, las circunstancias especialísimas de este caso justificaban la orden de entredicho provisional para que la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles continuara sufragando los gastos del tratamiento que requería la condición del demandante. Los remedios en equidad existen precisamente para evitar males mayores : — en este caso salvar la vida del demandante — cuando no exista otro remedio rápido y eficaz para resolver la situación.

El procedimiento administrativo dispuesto en la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. see. 2061, resulta demasiado largo. Como se señala en la sen-tencia, consiste en “1) investigación de la reclamación por el Director Ejecutivo, 2) celebración de audiencia pública ante el Director Ejecutivo o un examinador designado por éste, de-biendo llevar un récord de los procedimientos y de toda la prueba, 3) notificación al reclamante de las decisiones del Director Ejecutivo con las determinaciones y conclusiones de éste, 4) apelación ante la Junta de Directores de la A.C.A.A. mediante la celebración de audiencia pública, y 5) finalmente, revisión ante el Tribunal Superior.”

Ahora bien, el tribunal de instancia no debió entrar en los méritos de la acción y resolver que el demandante tenía derecho al pago de los gastos de su tratamiento, como decisión final, sin que se agotara el procedimiento administrativo.

En conclusión, el tribunal carecía de jurisdicción para resolver la controversia, a menos que se le planteara en revi-sión de la decisión administrativa final. Pero tenía el poder, como lo tiene todo tribunal de justicia, para conceder el re-medio provisional que concedió.

Se dirá que si no tenía jurisdicción en el caso no podía entender para conceder el remedio provisional. A mi juicio tal contención sería técnicamente correcta. Sin embargo, cuando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que aprisionen los remedios justos. Si no hay el remedio en ley, el tribunal está justificado en crearlo. Des-pués de todo, son tribunales de justicia y no centros académi-cos para dirimir sutilezas técnicas.

Algún medio había que encontrar para que el demandante no se muriera por falta de tratamiento. Esperar a que se decidiera si la A.C.A.A. debía pagar o no, hubiese resultado tardío. Exigir de la A.C.A.A. que siguiera pagando era lo prudente, aunque a fin de cuentas resultase que no venía obligada a hacerlo. En la balanza de la justicia tenía que pesar más salvar la vida del demandante que el perjuicio que pudiera ocasionarse a los fondos de la A.C.A.A., organi-zación que, después de todo, se creó para aliviar los proble-mas de las víctimas de accidentes de tránsito. Véase Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972). Sin duda que obligar a la A.C.A.A. a pagar serviría de estímulo a dicha agencia para acelerar el trámite administrativo y lograr una decisión final sin dilaciones innecesarias.

       Surge de la sentencia recurrida que el recurrido requiere trata-miento de hemodiálisis tres veces por semana a un costo de $150.00 cada tratamiento.


text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Juan de Dios Morales et al., interventores.

      Número: O-74-232

      Resuelto: 31 de octubre de 1974

      Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto y Francisco Falú Lebrón, abogados del recurrente; Juan I. Pérez Juarbe, abogado de los beneficiarios de Juan de Dios Morales.
   per curiam:

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado recurre contra una decisión de la Comisión Industrial que determinó que una hermana del obrero Juan de Dios Morales Rivera, fallecido como consecuencia de un acci-dente del trabajo, tiene derecho a ser compensada bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo como heredera del obrero, aunque no dependiera de él para su subsistencia. El obrero no tenía dependientes. La Comisión entendió que al no dejar dependientes, los beneficios por muerte del obrero corresponden a sus herederos, en este caso la hermana. In-cidió.

En Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201, 206 (1967), dijimos, refiriéndonos a la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, lo siguiente: “Esta ley es una de carácter especial y tiene por objeto proteger al obrero y a las personas que real y efectivamente dependan de él económicamente. Este régimen es especial y distinto al derecho sucesoral general que contiene el Código Civil. Como se ha dicho antes, ésta es una ley de dependencia y no de herencia.”

El Art. 3 de dicha ley, 11 L.P.R.A. sec. 3, señala en su inciso 5(1) que si un obrero muere como resultado de un accidente del trabajo “. . . sin que el obrero o empleado dejare pariente alguno que de él dependiera para su subsisten-cia, el desembolso con motivo de esta muerte se limitará al pago de los gastos del funeral y tales gastos no serán mayores de la suma de trescientos ($300) dólares, en adición a aque-llos otros gastos de asistencia médica, hospitalización y medi-cinas en que se hubiere incurrido por orden del Administrador del Fondo del Seguro del Estado...El Art. 15, 11 L.P.R.A. sec. 16, crea un “Fondo para Casos de Patronos no Ase-gurados” que se nutre de, entre otras fuentes, “una aporta-ción equivalente a dos mil ($2,000) dólares por cada caso de muerte en que no se haya adjudicado compensación por ausen-cia de dependencia legal.” Resulta claro de estas disposiciones que el hecho de que un obrero muera bajo circunstancias que hagan compensable su muerte bajo la Ley no implica que ten-gan que concederse beneficios por su muerte a alguien. Los herederos del obrero no son necesariamente beneficiarios suyos bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Si no dependían del obrero para su subsistencia no hay nada que compensarles bajo dicha Ley.

La Comisión Industrial distingue este caso del de González Marrero, supra, a base de que en González Marrero el obrero fallecido dejó herederos que no dependían de él — sus padres — y al mismo tiempo le sobrevivió su esposa que sí era su beneficiaría bajo la Ley. Tal distinción en los hechos en nada altera el principio enunciado en González Marrero. Los herederos de un obrero, concurran o no con otras personas que fueran sus dependientes, no tienen derecho a compensación si no eran también dependientes suyos.

Mediante resolución de 26 de junio de 1974 concedimos a la parte recurrida un término de treinta días para mostrar causa por la que no debíamos expedir el auto de revisión soli-citado por el Administrador y una vez expedido revocar la re-solución objeto de este recurso. La parte recurrida no ha res-pondido a dicho requerimiento. Presumimos que descansa en los fundamentos consignados por la Comisión Industrial en su resolución de 5 de noviembre de 1973 y en su posterior resolu-eión de 30 de abril de 1974 negándose a reconsiderar. Hemos considerado detenidamente sus razonamientos y no nos con-vencen. No podemos ir contra las claras directrices de la Ley.

En la misma resolución de 26 de junio de 1974 requerimos de la parte recurrente que diera cumplimiento a la Regla 22 del Reglamento de este Tribunal sustituyendo los documentos escritos a un solo espacio y por ambos lados del papel que acompañó a su petición por otros que cumplieran con la Regla en su inciso (a). Nuestra resolución fue notificada a todas las partes. El recurrente prontamente cumplió con nuestro requerimiento. Debemos censurar, no obstante, que los abogados de la parte interventora, licenciados Juan I. Pérez Juarbe y Gilberto Davis Vázquez, hayan desatendido la advertencia implícita en dicha resolución y las claras disposiciones de la Regla 22(a). Luego de nuestra resolución de 26 de junio de 1974 han presentado varios escritos — uno en oposición al auto de revisión y uno titulado “Moción Informativa” — que no cumplen con los requisitos de dicha Regla.

Más censurable aún, dichos abogados aseveraron en su oposición a la expedición del auto de revisión que la Comisión Industrial no celebró vista no obstante su solicitud al efecto. La Comisión ha respondido señalando que tales aseveraciones son falsas y acompañando una transcripción de las notas taquigráficas de la vista celebrada. La moción informativa ofrece excusas por la falta. Aceptamos las explicaciones pero ellas no excusan su incumplimiento de la obligación de todo abogado de asegurarse de que sus expresiones responden a la verdad. Ello es esencial al decoro y a la honestidad profesional.

Se expedirá el auto de revisión solicitado y se dictará sentencia revocando la decisión de la Comisión Industrial de 5. de noviembre de 1973. .

       La decisión recurrida cubre los siguientes casos cuyas circunstan-cias factuales son comunes a la cuestión planteada: C.I. T-4057, Angel Miranda Ayala, obrero occiso [si'c]; C.I. S-1192, Josefina Nazario de Garcés, obrera occisa [sic]; C.I. 72-4-2971, Juan de Dios Morales Rivera, obrero occiso [sic]; C.I. 70-11-8641, Justino Figueroa Rivera, obrero occiso [sic]; C.I. 70-2-1421, Amalio Beltrán Rosario, obrero occiso [sic]; C.I. 72-10-8293, Ramón Viera Figueroa, obrero occiso [sic]. La presente opinión y la sentencia que se dicte aplican a todos dichos casos. Se hace la aclaración de que no aparece de los autos ante nos que los obreros a que se refieren dichos casos murieran violentamente. De ahí el [sic] a sus calificaciones como occisos en la petición de revisión.

      NOTA DEL COMPILADOR: Este párrafo fue enmendado por Reso-lución del Tribunal de 6 de diciembre de 1974.

       Dicho inciso dispone como sigue:
      “(a) Los alegatos, alegaciones, informes, autos y otros documentos escritos que se presenten a este Tribunal, deberán estar claramente escri-tos a máquina en un solo lado del papel, tamaño legal, a dos espacios, y no se coserán con alambres.”


author: per CURIAM:

text:
    José Ramos Carrillo et als., peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Domingo Raffucci, Juez, demandado; Ramírez de Arellano Construction Corp., etc., interventora.

      Número: O-74-302

      Resuelto: 1 de noviembre de 1974

      Helfeld & Díaz Ferrer, abogados de los peticionarios; Moran & Naveira, abogados de la interventora.
   per CURIAM:

En 11 de septiembre de 1974 concedimos a la interventora Ramírez de Arellano Construction Corp. un tér-mino de diez (10) días para que mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado y una vez expedido dejar sin efecto la orden dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el 2 de julio de 1974 en el caso civil número 72-1427-E y en su lugar dictar otra eliminando las alegaciones de dicha parte interventora y demandada en el referido caso y anotando su .rebeldía y disponiendo que con-tinúen los trámites en dicho caso, sin perjuicio de que se im-¡ ponga además a dicha parte el pago de honorarios de abogado de los peticionarios por las numerosas diligencias hechas en relación con las contestaciones a los interrogatorios, inclu-yendo el recurso de certiorari.que nos ocupa.

Hemos examinado cuidadosamente la Oposición a la Peti-ción de Certiorari y el Memorandum de Autoridades presenta-dos por la interventora, así como la copia de la Contestación a Interrogatorios que radicó la interventora en el tribunal de instancia dentro del término concedídole por dicho tribunal. Hemos considerado además el Escrito de Réplica a la Oposición de la Interventora presentado por la parte peticionaria en cuyo escrito no se hacen reparos a la contestación a los in-terrogatorios que radicó la interventora. Surge de dicha con-testación a interrogatorios que la interventora ha contes-tado debida y completamente todos los interrogatorios que le ha sometido la parte peticionaria desde el comienzo del pleito.

Aunque la interventora ha ofrecido alguna justificación para la demora habida en la contestación a los varios interro-gatorios sometidos por la parte peticionaria y así lo entendió el juez de instancia, es evidente de un examen del expediente completo de que fue contumaz en su conducta hacia la parte peticionaria al obligarle a acudir al tribunal innecesaria e in-justificadamente en varias ocasiones en solicitudes para que se acelerara la contestación a dichos interrogatorios o para que se sometieran contestaciones adecuadas a los mismos, por cuya conducta el tribunal estima se le deben imponer sanciones para compensar a la parte peticionaria en alguna medida por los honorarios de abogados incurridos por ésta.

En vista de lo anterior se expedirá el auto solicitado a los únicos fines de imponer a la interventora la suma de $1,000.00 por concepto de honorarios de abogados que deberá satisfacer ésta a la parte peticionaria. Se devolverá el caso al tribunal de instancia para que señale la vista del caso en su fondo para la fecha más próxima disponible.

El Juez Asociado, Señor Cadilla Ginorio, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rivera Vázquez, acusado y apelante.

      Número: CR-73-95

      Resuelto: 4 de noviembre de 1974

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

emitió la opinión del Tribunal.

El apelánte fue acusado de tentativa de robo; encontrado culpable de dicho delito por tribunal de derecho y sentenciado a una pena indeterminada de 2 a 6 años de presidio con traba-jos forzados.

' La prueba desfilada consistió del testimonio del perjudi-cado, José Molina Fernández y del policía Israel Pérez. La de-fensa no presentó prueba.

El apelante resume correctamente la declaración de los dos testigos de la siguiente manera:

“José Molina Fernández (T.E. págs. 7-51) declaró que es operador de taxi. Que el día de los hechos, 7 de noviembre de 1972, como a las 12:30 de la madrugada, recogió a tres personas en la plaza de Eío Piedras para llevarlos a Barrio Obrero. Dos eran trigueños con afros y camisas de muñequitos; como de 5 pies 4 pulgadas de estatura. La otra persona era blanca, usaba una ‘T-shirt’ blanca y le faltaba el ojo izquierdo; como de 5 pies 6 pulgadas de estatura. Todos se montaron en el asiento trasero del taxi.
Como a los 15 ó 20 minutos llegaron a la Calle Martinó en Barrio Obrero. Se bajaron por la puerta derecha. Los dos trigue-ños sacaron puñales y lo atacaron. El otro le pidió el dinero. Al verlo herido se fueron. No le llevaron dinero. Otro chofer de taxi lo llevó a curar. Al dispensario se presentó el policía Pérez. Que le describió a los individuos. Luego regresó con una persona y el [sie] lo identificó. La persona resultó ser el acusado.
En la repregunta atestó que los hechos ocurrieron de noche. Que no había visto antes a las personas que montaron el taxi. Que la calle estaba bien iluminada. Durante el viaje la luz interior del taxi no estaba prendida. Que las [sic] dos que acom-pañaban al acusado tenían más o menos el mismo pelo, la misma estatura, las mismas camisas y pantalón. Tenían ojos negros. La nariz ‘esparrachada’; las cejas abultadas uno y más claras el otro.
Atesta, además, que por el espejo retrovisor se pueden ver personas. Que miró como 5 ó 6 veces, por dos o tres segundos, para ver los automóviles que le seguían y a los pasajeros. Que el acusado, al apearse del taxi, estaba detrás de los otros dos. Que ellos no tenían sortijas; ni reloj. A el [sic] se acercaron dos pasa-jeros. Que al apearse se fueron por detrás del taxi. Que cuando lo atacaron él trató de salir por la otra puerta.
Que le informó al policía que eran dos personas trigueñas vestidas con camisa de muñequitos y mahones oscuros; que el otro era blanco y le faltaba el ojo izquierdo y vestía ‘T-shirt’. Que el policía regresó como a los 15 ó 20 minutos; que era como la una menos diez. Que tan pronto el [sic] vio a la persona identi-ficó inmediatamente; él salía de la oficina del médico; el policía no habló con él ni lo fue a buscar porque no dejan entrar a nadie cuando están curando. Que le informaron que el policía estaba allí con una persona detenida; que ya sabía que el policía tenía uno de los tres allí.
Enfrentado a su declaración jurada, prestada ante el fiscal, en la cual no aparece descripción alguna del acusado-apelante ni de sus acompañantes, dice que ‘no está, pero yo lo declaré en la declaración’. Que le dijo todo a la secretaria pero ella no lo escri-bió. Que la leyó y firmó después de preguntarle si eso que decía la declaración era todo lo que había dicho. Que también dijo que miraba por el espejo retrovisor y tampoco lo pusieron. Que tam-poco aparece en la declaración que el acusado-apelante era quien le pedía el dinero.
En el redirecto declaró que le dio la descripción de los individuos al policía. Que miró bien a las personas que cogió, el día de los hechos, antes de montarlos. Que la transacción en que lo acuchillan y le piden dinero tomó como 5 minutos. Que pudo ob-servar al acusado. Que describió al acusado-apelante como de 5 pies 6 pulgadas, tez blanca, pelo oscuro; que le faltaba el ojo izquierdo. En la ampliación de la repregunta declaró que todo el tiempo estuvo dentro del automóvil. Que el acusado-apelante estaba detrás de los otros dos. Que uno de los trigueños le hirió primero. Que el día que prestó la declaración jurada habló con el policía Pérez en el cuartel.
Israel Pérez (T.E. págs. 52-75) declaró que es policía. Que el 7 de noviembre de 1972 al pasar frente al dispensario médi-co de Barrio Obrero lo detuvo una persona y le informó que habían herido a una persona. Entró al dispensario. Allí estaba el señor Molina Fernández y éste le informó lo sucedido. Le describió a los individuos. Al acusado lo describió como blanco, tuerto del ojo izquierdo y que vestía ‘T-shirt’ blanca y pantalón oscuro. Que se dirigió al lugar dedos hechos y allí le señalaron al acusado-apelante como el que ‘trató de robarle al taxista’ y él lo detuvo. Llevó al apelante al dispensario y allí el señor Molina lo identificó.
En la repregunta declaró que la primera vez estuvo en el dis-pensario como cinco minutos. Preguntó por el taxista pues no lo conocía. Este estaba en un cuarto siendo curado. Que salió del dispensario casi a la una. Llegó a la calle Martinó ‘como a la una y cinco’. Que efectuó el arresto como a la 1:30 A.M. Que llegó con el arrestado a la 1:35 A.M. al dispensario. Que le había dicho al perjudicado que volvería. Fue donde él (el señor Molina) y éste identificó al acusado. Que el perjudicado estaba en la Oficina del médico todavía. A este [sic] el acusado-apelante se le presentó' solo; habló (el testigo) con el perjudicado como 10 minutos fuera¡ de la oficina del médico; fuera del dispensario; también estaba, el acusado con ellos. Llevó al acusado a.la Sala de Investigaciones; fue también el perjudicado. Allí mismo hizo la denuncia.”

Ante nos, alega el apelante los siguientes errores:

“Primee Error: Incidió la Ilustre Sala de Instancia al dene-gar la solicitud de ‘la supresión de la identificación’ del apelan-te, pues tal identificación viola el derecho al debido proceso de ley del acusado-apelante.”
“Segundo Error: La prueba de cargo no es suficiente para probar el delito imputado y más bien de ella surge una duda razonable que favorece al apelante.”

En cuanto al primer error, alega el apelante que se hacía necesaria una identificación en rueda, dado los hechos antes relatados.

Desde el caso de Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), dijimos que “[I]a identificación del acusado es una fase esencial en el procedimiento criminal.” Establecimos; en dicho caso unas normas a seguir en la identificación de, un sospechoso, pero dadas las circunstancias del mismo re-' solvimos que la identificación allí hecha no daba lugar a una equivocación. A esos efectos dijimos a la pág. 259:

“No olvidemos que la señora Morales y la secretaria decía-, raron que toda la transacción duró entre veinte y veinticinco, minutos; que tuvieron durante ese tiempo ocasión de observar detenidamente a los dos individuos; que éstos no usaban dis-fraz de clase alguna. Describen cómo el aquí apelante le entregó un esparadrapo a la secretaria para que ésta lo pusiera en la boca de la señora Morales de manera que ésta no pudiera gritar. Que ella no pudo y entonces el propio apelante lo hace. Afirma la secretaria que ‘estaba nerviosa pero no para perder la lucidez y poder reconocer una persona.’ Declara la señora Morales que en ningún momento perdió su conocimiento o sus facultades. ‘No se me borraba de la mente’ contesta al abogado defensor. 1.
En estas circunstancias estamos convencidos que las dos testigos tuvieron amplia oportunidad de observar al apelante para poder luego identificarlo sin temor alguno de que pudiera ocurrir un extravío de la justicia. Por más de veinte minutos estuvieron observándolo en pleno día, y habiendo ocurrido la pri-mera identificación a sólo dos días de ocurridos los hechos no puede haber temor a una equivocación.”

Posteriormente aplicando Pueblo v. Gómez Incera, supra en Pueblo v. Ruíz Ramos, 99 D.P.R. 812 (1971), dijimos que la identificación del testigo, quien no conocía anteriormente al acusado, y que sólo lo vio por 30 segundos y a quien sólo se le mostró la fotografía del acusado y luego a este último, sin que se le hiciera rueda de identificación, fue sugestiva y poco confiable para establecer la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.

En Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436, 444 (1972), dijimos:

“En Gómez lucera, aparte de sugerir unas normas que deben seguirse en el procedimiento de identificación, adoptamos la básica y fundamental doctrina establecida en los casos Stovall y Simmons, supra, al efecto de que la determinación de si se ha violado el debido procedimiento de ley, en el proceso de identifi-cación de un sospechoso, depende de la totalidad de las cir-cunstancias que rodearon el procedimiento de identificación. En el caso ante nos, el reconocimiento del acusado, a los dos o tres días después de la comisión del delito, de entre varias fotografías presentadas a la perjudicada, unido a la identificación que ésta hizo del acusado entre varios detenidos en el cuartel cuando aún no se había radicado acusación contra el acusado, da tal certeza de la identificación, que excluye cualquier posibilidad de que el procedimiento utilizado esté viciado en forma alguna que pueda constituir una violación del debido procedimiento de ley. En vista de ello no podemos concluir que el error se haya cometido.” (Bastardillas nuestras.)

Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 919 (1972), nos presenta unos hechos donde concluimos que el apelante no fue legalmente identificado. Los hechos fueron los siguien-tes:

“El lugar estaba en una semioscuridad. Sierra usaba espe-juelos oscuros. Quedaba a unos 16 pies de donde disparó el autor de los hechos. El disparar y partir el apelante del lugar tomó dos o tres segundos. Sierra estaba de espaldas cuando sonó el primer disparo. Los otros tres se sucedieron dentro de menos de dos segundos. Al oir el disparo Sierra primero se bajó, luego soltó la bebida que estaba preparando ‘y tan pronto salió el muchacho corriendo yo di la vuelta.’ (Subrayado nuestro) De manera que no lo vio disparar sino quizás cuando ya salía co-rriendo lo que significaba que no lo vio de frente sino, a lo sumo, de lado, si es que en realidad no fue de espaldas. Añádase a esto el natural ingrediente del estruendo y humareda de los disparos y la reacción de temor y de inseguridad que producen aun en el ánimo de los más avezados y la alarma que inmediatamente cundió entre los allí presente pues como testificó Sierra ‘todo el mundo se levantó . . . todo el mundo se volvió loco y yo salí gri-tando “llamen una ambulancia por favor”.’
Bajo las anteriores circunstancias, es forzoso concluir que Sierra ni pudo identificar al autor de los delitos cuando los cometió ni estaba en condiciones físicas ni mentales para hacerlo y que la identificación que ha tratado de sostener durante su interrogatorio es producto de su deseo de fijar la responsabilidad por los hechos ocurridos en alguna persona en particular.”

Nos cita el apelante los casos de Pueblo v. Tanco, 101 D.P.R. 75 (1973) y Pueblo v. Delgado Meléndez, 101 D.P.R. 79 (1973), donde revocamos ambas convicciones por entender que la identificación de ambos apelantes fue muy sugestiva y violó el debido proceso de ley. En el de Tanco, supra, la tes-tigo es una niña de 16 años que observa en la penumbra de su cuarto a un individuo bajito, trigueño y con manchas, por unos cuatro o cinco minutos y que al día siguiente un detective la lleva a su automóvil para que identifique al individuo entre dos sospechosos, uno alto y otro bajito. Obviamente identificó a este último. En el de Delgado Meléndez, supra, un hombre le arrebató a la testigo su cartera y se fue corriendo. Ella corrió detrás de él por unos segundos y declaró que le vió la cara unos instantes. Al otro día fue al cuartel de policía y vio a dos hombres, sin poder estar segura cual de ellos cometió •los hechos. Luego uno de los policías le indica si uno de ellos en específico fue el que le quitó la cartera y le contesta que sí. Dicha identificación fue sumamente sugestiva. Obviamente en ninguno de estos dos casos se da circunstancia alguna que amerite, que como en el caso de Gómez Incera, supra, nos apar-táramos de la norma allí expuesta.

Las circunstancias del caso ante nos, son distintas a aque-llas de los casos antes mencionados donde resolvimos que la sugestividad policíaca en la identificación, violaba el debido proceso de ley.

“Por supuesto que este problema de la confrontación no puede surgir cuando el acusado es una persona conocida del tes-tigo identificante con anterioridad a la comisión del delito o cuando dicho testigo testifica que observó al acusado durante un tiempo razonablemente largo mientras cometía el delito impu-tado, de manera que pudiera identificarlo con tal certeza y pre-cisión que no pudiera dar lugar a un irreparable error de identi-ficación, como en Gómez Incera, supra, en Boyd v. State, 472 S.W.2d 125 (Texas 1971) y en Edmisten v. People, 490 P.2d 58 (Col. 1971).” (Bastardillas nuestras.) Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 916 (1972).

En el presente caso, el perjudicado tuvo al apelante como pasajero en su taxi de unos 15 a 20 minutos; luego, mientras fue atacado lo pudo observar y finalmente cuando el policía llega al dispensario con el apelante, el perjudicado lo identifica inmediatamente. Había pasado como media hora desde que fue atacado. El policía actuó correctamente al ir al lugar de los hechos inmediatamente en busca de algún sospechoso. Allí le señalan al apelante, quien correspondía a la descripción que el perjudicado le había dado de uno de los tres atacantes. Es difícil que a dicha hora y cerca del lugar de los hechos, el policía' encontrara a varias personas tuertas del ojo izquierdo y con la descripción dada por el perjudicado. Cuando este último lo ve, lo identifica inmediatamente. El recuerdo de sus atacantes estaba fresco en su mente y lo observó durante suficiente tiempo como para que no tuviera dudas al identificarlo. Véase, Pueblo v. Medina Jiménez, 102 D.P.R. 320 (1974). Los hechos del caso ante nos, son análogos al de Gómez Incera, supra, donde las perjudicadas observaron al apelante de 15 a 20 minutos y podían identificarlo sin lugar a dudas.

No se violó en el presente caso, el debido proceso de ley al denegar la solicitud de “supresión de la identificación”.

Tampoco se cometió el segundo error alegado, pues surge de los hechos más allá de duda razonable que el apelante en compañía con otras dos personas, intentó sustraer dinero en efectivo de José Molina Fernández, en contra de su voluntad y por medio de la violencia.

No habiéndose cometido los errores señalados, se confirma la sentencia dictada contra el apelante el 31 de mayo de 1973, por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.