author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Máximo Miranda Ortiz, acusado y apelante.

      Número: CR-84-23

      Resuelto: 9 de abril de 1986

      Carlos J. López Feliciano, abogado del apelante; Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Doris Zoé Pons Pagan, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión, del Tribunal.

El apelante, Máximo Miranda Ortiz, fue hallado culpable, luego de juicio por jurado, de una infracción al Art. 166 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4272, apropiación ilegal agra-vada. El juez de instancia dictó sentencia el 15 de marzo de 1984, le condenó a seis (6) años de reclusión, y le otorgó el beneficio de sentencia suspendida. Apeló.

La prueba desfilada estableció los siguientes hechos:

El apelante es hojalatero de profesión con talleres ubi-cados en la Avenida Campo Rico, Urbanización Castellana Gardens, en Carolina. Se dedicaba a arreglar y pintar auto-móviles para la compañía distribuidora Dávila Auto. La per-judicada, Rosa Julia Sorrentini, trabajaba para dicha com-pañía a cargo del pago de arbitrios de los autos importados por ésta. Dicha compañía fue objeto de un embargo en no-viembre de 1978 lo que impidió pagarle en efectivo a la per-judicada por sus servicios rendidos. En su lugar, intentó transferirle dos automóviles, un Oldsmobile de 1979 y un Datsun de 1976.

El Datsun había sido enviado al taller del apelante por el gerente de ventas de Dávila Auto, Sr. José Enrique Ocasio, “para que se le hiciera[n] ciertas reparaciones”.() La per-judicada declaró que utilizaba el auto Oldsmobile para “ges-tiones de Dávila Auto” y que en noviembre de 1979 tuvo un accidente automovilístico y que el mismo fue enviado al taller del apelante para reparaciones. Alega que fue al taller en va-rias ocasiones “a requerirle al acusado que le entregara los automóviles”. () Nunca lo logró. La perjudicada optó por in-formarlo a la Policía de Puerto Rico. Se inició el proceso criminal que dio lugar a la sentencia apelada.

El apelante señala la comisión de tres errores, de los cua-les sólo es necesario discutir el tercero, por ser el mismo dis-positivo del asunto ante nuestra consideración.

El apelante sostiene que no se demostró su culpabilidad más allá de duda razonable. Los jueces de instancia y ■los jurados son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba, Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984). Su apreciación merece gran respeto y deferencia. Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973). Es por ello que, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se intervendrá en la apreciación de la prueba que haga el jurado. Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694, 699 (1983); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982); Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834, 841 (1983). Sin embargo, se ha resuelto que la determinación de si se ha probado la culpa-bilidad más allá de duda razonable es revisable como cuestión de derecho. Pueblo v. Pagan, supra; Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966).

Veamos el significado jurídico del precepto de “duda razonable”. Se ha definido el mismo en los siguientes térmi-nos:

. . . [N]o es meramente una duda posible. Existe duda razonable cuando después de un cuidadoso análisis, examen y comparación de toda la prueba queda el ánimo de ustedes en tal situación, que no pueden decidir si tienen una firme convicción o certeza moral con respecto a la verdad de los hechos envueltos en la acusación. Esto no significa que deba destruirse toda duda posible ni que la culpabilidad del acu-sado tenga que establecerse con certeza matemática, sino que la evidencia debe producir aquella certeza moral que con-vence, dirige la inteligencia y satisface la razón. Duda razo-nable es una duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en el caso. No debe ser pues, una duda especulativa o imaginaria. La duda que justifica la absolución no sólo debe ser razonable, sino que debe surgir de una serena, justa e imparcial consideración de toda la evi-dencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación. Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior, San Juan, Rev. Col. Abogados, 1976, pág. 42.

Este concepto de duda razonable ha sido aceptado ju-risprudencialmente desde principios de siglo. Pueblo v. Dones, 9 D.P.R. 469, 478 (1905); Pueblo v. Vilar, 17 D.P.R. 1054, 1057 (1911); Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 468 (1962); Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 D.P.R. 395, 399 (1967) ; Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625, 626-627 (1968); Pueblo v. Cruz Granados, supra.

El apelante fue acusado y convicto del delito de apro-piación ilegal agravada. El Código Penal define la apropia-ción ilegal en su Art. 165 (33 L.P.R.A. see. 4271), en los siguientes términos:

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses, multa que no excederá de qui-nientos (500) dólares, pena de restitución, o cualquier com-binación de éstas, a discreción del tribunal.

El mencionado Art. 166, en su inciso (b), considera el delito como grave si el valor de los bienes apropiados excede de doscientos dólares.

El elemento esencial del delito es la apropiación, hecho esto en bienes de propiedad ajena. Véanse Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312, 316 (1982); Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713, 715 (1977); Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426, 432 (1972). El significado de la palabra “apropiar” nos la da el inciso (5) del Art. 7 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(5), expresa que “incluye el malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente”. De éstas, bajo la única que podría caer la posesión del apelante es la de “ejercer control ilegal”. Sin embargo, entendemos que la posesión de los autos de parte del apelante, dado los hechos particulares aquí envueltos, no cae bajo este renglón.

El término “ilegal” en dicha fraseología “se define como todo acto en contravención de alguna ley, reglamento u orden”. Instrucciones al Jurado, op. cit, pág. 203. La única ley que podría contravenir la posesión del apelante es. el propio estatuto de apropiación ilegal. Sin embargo, no encontramos indicio, en la situación de hechos presente, de que el apelante haya tenido la intención de apropiarse de los bienes en cuestión. La intención criminal, o mens rea, es generalmente un factor necesario o elemento esencial para cometer un delito. Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 710, 716 (1956); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716, 732 (1981). En dicho caso se dijo que “ninguna persona es responsable penalmente por haber producido cierto resultado delictivo, si al momento de producirlo no existía un estado mental capaz de producir dicho resultado, o sea, la intención específica de producirlo”. El Art. 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3061, específi-camente establece que “nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley provee como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal”. (Énfasis su-plido.)

Está claro que el delito de apropiación ilegal es uno que, por su naturaleza, exige que se realice con intención específica de apropiarse de los bienes. Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713, 716 (1977); Pueblo v. Ríos, 69 D.P.R. 830, 837 (1949); Instrucciones al Jurado, op. cit, pág. 203. La intención criminal es una condición subjetiva y, como tal, sólo puede descubrirse su existencia por las circunstancias que concurren en el hecho delictivo. Pueblo v. De León, 102 D.P.R. 446 (1974); Pueblo v. Tribl. de Distrito y Colón, Int., 74 D.P.R. 838 (1953); Pueblo v. Santiago, 54 D.P.R. 167 (1939). El segundo párrafo del mencionado Art. 14 del Código Penal establece que “la intención o negligencia se manifiestan por las circunstancias relacionadas con el delito, la capacidad mental y las’manifestaciones y conducta de la persona”.

La situación fáctica del caso de autos denota una ausen-cia total de intención criminal. Es innegable el hecho de que existía un contrato de obras entre el apelante y Dávila Auto para el arreglo de todos sus autos, en cuanto a hojalatería y pintura. El testimonio del gerente dé ventas de Dávila Auto, José Enrique Ocasio, revela que fue él quien envió el auto' Datsun al taller del acusado. (Pág. 13 de la E.N.P.) Dado el negocio existente entre ambos, era lógico que el acusado cre-yese que dicho auto era de la compañía. Quizás ello explica el porqué del veredicto en la primera deliberación del jurado, donde absuelven por unanimidad al abusado del robo de este auto. () También surge del expediente que el acusado había comenzado las labores de reparación de los vehículos en cues-tión.

En cuanto al automóvil Oldsmobile, surgen hechos del ex-pediente que pudieron crear una duda razonable. La propia querellante admite en su testimonio que no recuerda si fue ella o Dávila quien llamó al acusado para que fuese a recoger dicho auto luego del accidente. (Pág. 9 de la E.N.P.) () Tam-bién declaró que utilizaba dicho auto “para hacer gestiones de la compañía”. El conductor de la grúa que fue a recoger al Oldsmobile luego del accidente declaró que la querellante “le preguntó si iba a buscar el automóvil de Dávila”. El acu-sado declaró que desconocía que dicho auto era de ella.

Bajo las circunstancias limitadas presentes en este caso los actos del apelante al no devolver los vehículos no constituyen un delito punible bajo el Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4271; Pueblo v. Colón Tapia, 101 D.P.R. 423 (1973); Pueblo v. Flores, 48 D.P.R. 589 (1935). En todo caso podrían entablarse acciones civiles sobre incum-plimiento de contrato, reivindicación de bienes muebles, 31 L.P.R.A. see. 1479, o bajo la Ley sobre Controversias y Esta-dos Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A. sec. 2872(f). Si estuviéramos ante una acción civil, habría que adjudicar si al mecánico le cobijaba el derecho de retención, estatuido en el Art. 1492 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4133, el cual es-tablece que: “El que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se.le pague.”

La prueba refleja que al apelante nunca se le pagó por el arreglo de estos vehículos y otros que había arreglado y devuelto a Dávila Auto. Sin embargo, no está claro si ya había terminado la obra al momento de ser requerido. Siendo ello así, podría argüirse que no le asistía el derecho a retener el bien mueble. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, Vol. II, T. II, pág. 44. Como señala Scaevola, no es hasta que se ejecuta la obra que surge el derecho a retener el bien hasta que se le pague, Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Inst. Ed. Reus, 1949, T. XXIV, pág. 188. Aquí el apelante sostuvo que no había devuelto los vehículos porque no se le había pagado y la reclamante no había establecido su interés propietario. En cuanto a lo primero, el tribunal se negó a impartir la instrucción solicitada sobre el efecto del derecho de retención lo cual es objeto del segundo señalamiento de error. Como apuntáramos anteriormente, no es necesario resolver si fue error el no impartir esa instrucción. Nos limitamos a apuntar que en aquellos casos en que estén presentes las circunstancias fijadas por el Art. 1492 del Código Civil, este derecho puede ser levantado como defensa del acusado en un proceso criminal.

Un último hecho incontrovertido es indicativo de la falta de intención criminal del apelante. El agente investigador de la Policía de Puerto Rico, Hipólito Llanos Canales, declaró que “los vehículos en cuestión están en la plazoleta del garage [sic] entre la verja de entrada y la estructura de cemento”. Si el apelante tenía la intención de apropiarse de dichos ve-hículos, ¿los hubiese mantenido en su taller por un período entre 3 y 4 años a la vista de todos? No habiéndose demos-trado uno de los elementos esenciales del delito, resolvemos que el error señalado fue cometido.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque la de instancia y absuelva al acusado apelante.

      (1) Véase la pág. 13 de la E.N.P. estipulada por las partes.

      (2)Ibíd., págs. 3, 9 y 13.

      (3)E1 juez tuvo que impartirles instrucciones adicionales ya que se trataba de una sola acusación. El veredicto tenía que cubrir ambas situa-ciones.

      (4) El apelante declaró que había recibido una llamada del señor Dávila para que recogiera el Oldsmobile accidentado. . • •


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
      In re Federico Pizarro Santiago.

      Número: O-84-572

      Resuelto: 11 de abril de 1986

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Eliadis Orsini Za-pas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; R. Elfrén Bernier, abogado del querellado; Federico Pizarro Santiago, pro se.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El Procurador General formuló una querella() contra el Lie. Federico Pizarro Santiago por violación al Canon 23 de los de Ética Profesional, donde se le imputaba que “actuó en forma ilegal, inmoral y antiética [con] relación a su cliente la señora Gloria Rivera Vega, cuando la estimuló, consintió e indujo a invertir, en la corporación Eastern Finance, de la cual el abogado querellado era accionista, su asesor legal y consejero financiero, parte de la suma que por concepto de compensación le fuera adjudicada a dicha cliente en el caso que la representaba el mismo abogado, aquí querellado”. Pizarro Santiago contestó negándola. Designamos como Comi-sionado Especial al Exjuez Superior Agustín Mangual Her-nández con la encomienda de oír, recibir prueba y formular determinaciones de hecho.

En cumplimiento de ese mandato, el Comisionado nos ha certificado las siguientes determinaciones de hecho:

1. El licenciado Federico Pizarro Santiago fue admitido a ejercer la profesión legal el 5 de marzo de 1968. El 21 de marzo de 1963 fue autorizado a practicar la notaría. Me-diante contrato de servicios profesionales jurado ante el No-tario Abraham Morales Jiménez el 18 de enero de 1978, la señora Gloria Rivera Vega utilizó los servicios profesionales del licenciado Federico Pizarro Santiago para que, a nombre de ella y de sus hijas menores Brendalis y Mihosotys Parri-lla, reclamar [a] por los daños y perjuicios por la muerte de su esposo Edwin Parrilla Rivera en un accidente de aviación ocurrido el 19 de diciembre de 1977. (Exhibit IX de ambas partes).
2. De conformidad con dicho contrato, el licenciado Pizarro Santiago radicó una demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que lleva el número 78-1467 (804). Luego de varios trámites en el caso, la señora Gloria Rivera Vega radicó una solicitud de Autorización Judicial. El Tribunal, luego de celebrar una vista, aprobó la transacción de la re-clamación de las menores Brendalis y Mihosotys Parrilla. A dichas menores le[s] correspondió la suma de $12,000.00 a cada una. (Exhibit II de ambas partes).
3. A la señora Gloria Rivera Vega le correspondió la suma de $50,000.00. De conformidad con el contrato de servicios profesionales, el licenciado Pizarro Santiago cobró la suma de $15,834.00 y a la señora Rivera Vega le correspondió la suma de $31,666.00. Se le entregaron $32,000.00. La señora Vega depositó una cantidad en una cuenta de ahorros en el Banco de Ponce, Sucursal de Carolina.
4. Del dinero que le correspondía a la señora Gloria Rivera Vega, en circunstancias que no fueron explicadas, $25,000.00 fueron invertidos en la financiera conocida como Eastern Finance Corporation, con oficinas en Río Grande. A la señora Rivera Vega se le entregó un documento de esta corporación conocido como “Junior Subordinated Note” que lleva fecha 24 de noviembre de 1978 donde consta que se le pagaban intereses a razón del once por ciento (11%) anual. No tiene fecha de vencimiento. (Exhibit XII de ambas par-tes).
5. Durante la fecha de esta transacción el licenciado Federico Pizarro Santiago era asesor legal e inversionista mino-ritario en la mencionada corporación financiera.
6. En una fecha posterior a dicha inversión, la señora Rivera Vega tomó un préstamo a la mencionada corporación financiera. De los intereses que le correspondían, se le des-contaba la cantidad que mensualmente debía pagar del prés-tamo que adeudaba. Para aquella época, la señora Rivera Vega era amiga de la Sra. América Ventura, quien era fun-cionaría y tenía intereses también en la mencionada corpora-ción financiera.
7. Durante la vista de este caso, la señora Gloria Rivera Vega extrajo de su cartera varios talonarios acreditativos de los cheques de intereses que le pagó la Eastern Finance Corporation de la inversión de $25,000.00 ya mencionada. Admi-tió que en el año 1984 le envió una carta a la licenciada Or-sini donde le informaba que los talonarios y recibos los ha-bía perdido en unas inundaciones que ocurrieron donde ella reside. (Exhibit XVII y XVIII de ambas partes).
8. La señora Rivera Vega admitió que le dio instrucciones a la señora Ventura para que descontara de los intereses el pago de un préstamo que su hermana tomó a dicha finan-ciera.
9. El Comisionado Especial quiere hacer constar que pudo observar que durante el interrogatorio de la señora Rivera Vega, ésta incurrió en contradicciones por lo que su credi-bilidad quedó en entredicho.
10. De la prueba documental ofrecida por las partes surge que en los años 1979 y 1980 la señora Rivera Vega estuvo recibiendo los intereses que le enviaba Eastern Finance Corp. y en momento alguno se quejó de que hubiera invertido dinero en dicha financiera o de que el licenciado Pizarro Santiago la hubiera inducido a hacer dicha inversión. La dificul-tad surgió cuando la corporación, víctima del aumento de los intereses en el mercado monetario, no pudo continuar pa-gando los intereses.
11. De la prueba documental también surge que el señor Eduardo Ventura, quien era uno de los oficiales de dicha fi-nanciera, tenía amistad con la señora querellante y hac [í] an arreglos para, en algunas ocasiones, no descontarle el pago de los préstamos y reembolsarle los intereses íntegros que de-vengaba dicha inversión. (Exhibit XVIII).
12. Según la prueba documental ofrecida por las partes, la señora Gloria Rivera recibió un total de $22,052.21 paga-dos por la Eastern Finance Corporation por concepto de in-tereses, retiros del principal y pagos de préstamos de ella y su hermana.
18. Luego de que dicha financiera no le continuó pagando intereses y tampoco le devolvió el remanente del principal invertido, fue que la señora Rivera Vega se querelló a la Ofi-cina del Procurador General.
14. Durante la vista manifestó que [en] ... lo que te-nía [n] interés era que le devolvieran el dinero invertido.
15. A pesar de que la señora Rivera Vega alega que el li-cenciado Pizarro Santiago fue quien la indujo a hacer la in-versión en la financiera, no hay duda de que ella tenia amis-tad con Eduardo y América Ventura, quienes eran los inver-sionistas mayoritarios y oficiales de dicha corporación. (Én-fasis suplido.)

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En su comparecencia, el Procurador General —aun cuan-do coincide con el Comisionado Especial en que la promovente Rivera Vega incurrió en numerosas contradicciones— estima que las mismas no deben afectar su credibilidad, pues fueron producto natural de su poca instrucción escolar y sus escasos conocimientos. Según su criterio, la prueba reveló que ella quiso depositar totalmente su dinero en un banco, pero que lo invirtió en la Compañía inducida por el abogado Pizarro Santiago. Por su parte, éste argumenta que la inversión fue con-venida y realizada con otros funcionarios de la financiera y que la querella responde a un intento de recobrar lo invertido.

El examen de la transcripción de evidencia y la prueba documental tiende a sugerir que la inversión que hizo la se-ñora Rivera Vega fue inicialmente lucrativa. La misma ge-neraba más intereses que los que satisfacían los bancos co-merciales. Cuando éstos cesaron dos años después por causa de dificultades de la financiera, inició gestiones tendentes a señalar al licenciado Pizarro Santiago como responsable de las consecuencias negativas de su inversión.

Ante esa realidad, no podemos coincidir totalmente con el Procurador General. Las circunstancias de esa inversión no fueron debidamente explicadas por la prueba. El Comi-sionado Especial la aquilató y dirimió. No creemos justificado intervenir con su apreciación. Solamente habremos de am-pliar sus determinaciones de hecho en aquellos aspectos rele-vantes. Sobre este extremo, sólo revela que la secretaria del licenciado Pizarro Santiago recibió el cheque original de $50,000 el 1ro de noviembre de 1978 y que fue cambiado en efectivo el 27 de ese mes. Existe, pues, una insalvable laguna evidenciaría en cuanto a la intervención directa y grado de asesoramiento previo, si alguno, por parte del abogado Pizarro Santiago. Todo tiende a indicar que la relación directa y decisión de la señora Rivera Vega fue a través y por consejo de la Sra. América Ventura, funcionaría de la corporación. El cargo, tal y como fuera imputado al querellado Pizarro Santiago, no fue debidamente probado.

Ahora bien, es incuestionable que el licenciado Pizarro Santiago advino en conocimiento de la inversión inmediata-mente después de ser realizada. (T.E., pág. 112.) Hasta ese momento la señora Rivera Vega era su cliente. Una de las oficinas de la financiera Eastern Finance estaba ubicada en la misma segunda planta en que estaba su oficina. (T.E., pág. 102.)

La prueba refleja que el Junior Subordinated Note se ex-pidió el 24 de noviembre, tres días antes de que se cambiara el cheque. (T.E., págs. 114-115.) También, que por error, no tenía fecha de vencimiento. (T.E., pág. 129.) Ello significa que legalmente la señora Rivera Vega podía exigir la devolu-ción de toda su inversión a la financiera en cualquier mo-mento. Desconocemos si el licenciado Pizarro Santiago era consciente o no de esta realidad. No hay prueba de que tuviera conocimiento específico de que la nota careciera de fecha de vencimiento. Aparentemente descansó en que el documento era completo y regular. Por tal razón supuso erróneamente que esa devolución y solicitud de la señora Rivera Vega no proce-día. Según él, “ella, posteriormente y con frecuencia llamaba diciendo que necesitaba retirar ese dinero ... [lo cual] iba en violación del acuerdo que ella había hecho con la compañía ... ella llamaba a cada rato, los otros socios míos estaban en contra de esa práctica porque la razón por la cual nosotros pagá-bamos esos intereses se debía única y exclusivamente de que ese dinero estaba por cierto tiempo”. (T.E., pág.. 106.) (Én-fasis suplido.)

Ante esta realidad, cobra vigencia el Canon 21 que versa sobre intereses encontrados y prohíbe el conflicto dimanante de representar intereses encontrados o incompatibles. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984). Nos explicamos. En el caso de autos, aun cuando la compañía financiera Eastern Finance era una entidad corporativa con personalidad propia distinta, no podemos pasar por alto que el licenciado Pizarro Santiago era también su asesor legal y uno de los tres accionistas principales. Su con-ducta posterior, aunque pasiva, de equivocadamente sostener la posición de la Corporación contra los legítimos reclamos de la señora Rivera Vega, resultó conflictiva con el espíritu deon-tológico que inspira el Canon 21. Como sostuvimos en In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 398 (1977), la “ética es una en su integridad, indemne al fraccionamiento que en la ley se-par[a] la corporación de su accionista”. La situación pudo muy bien evitarla. Siendo uno de los accionistas de dicha com-pañía, su asesor legal, financiero y miembro de la Junta de Directores, sua sponte debió prudencialmente informar y ad-vertir a la señora Rivera Vega, con constancia de ello, de que su inversión era por su cuenta y riesgo y que él se abstendría de intervenir y asumir posición en el asunto. De este modo hubiese superado cualquier conflicto.

En las circunstancias de autos, no habiéndose pro-bado el cargo sobre intervención directa y asesoramiento pre-vio, y considerando que la posición asumida por el querellado Pizarro Santiago fue producto de un error de juicio en cuanto a la regularidad del Junior Subordinated Note y no al resul-tado de la mala fe, limitaremos nuestro decreto a una amones-tación, apercibiéndole de la obligación que continuamente acompaña a todo abogado de evitar, tanto en la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta conflictiva. In re Félix, 111 D.P.R. 671, 674 (1981); In re Maldonado Soto, 110 D.P.R. 748, 753 (1981).

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron.

      (1) Originalmente la querella consistía de dos cargos, pero el Procura-dor General desistió del primero.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Ne-grón García. Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Rudersindo Torres Arzola, apelante y recurrido, v. Policía de Puerto Rico, apelada y peticionaria.

      Número: CE-85-714

      Resuelto: 11 de abril de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Luis Murphy Maldonado, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Procurador General radicó una petición de certiorari para solicitar que revocáramos la resolución del Tribunal Superior en que se ordenaba al Superintendente de la Policía de Puerto Rico que reinstalara al Sr. Rudersindo Torres Arzola en el área de Ponce de dicho cuerpo. Conforme a los funda-mentos expresados en la presente opinión, revocamos la deci-sión del tribunal a quo.

I

El recurrido, señor Rudersindo Torres Arzola se desem-peñó hasta el 1982 como técnico en fotografía criminal en el Departamento de Huellas y Fotografías del Cuerpo de Inves-tigaciones Criminales adscrito al área de Mayagüez. En abril de ese año fue destituido por el Superintendente de la Policía por guardar en su residencia una prueba evidenciaría de fragmentos de huellas digitales sin enviarlas a la Unidad Monodactilar del Laboratorio Criminal para que pudieran ser presentadas en evidencia en un caso criminal.

Se le imputó que como resultado de su “actuación negli-gente ... la persona que fue acusada por los hechos delicti-vos . . . result [ó] no culpable por insuficiencia de prueba”. Exhibit V, pág. 13. También se le formularon cargos por no asistir con regularidad y puntualidad al trabajo ni observar normas de comportamiento correcto en sus relaciones con los compañeros de trabajo. Al momento de su destitución el re-currido trabajaba en el área de Ponce.

Su destitución fue confirmada por la Junta de Apelacio-nes del Sistema de Administración de Personal mediante resolución del 24 de agosto de 1983. De esta resolución el señor Torres Arzola recurrió en revisión al Tribunal Superior y el 3 de julio de 1984 se dictó sentencia que disminuía el cas-tigo a tres (3) meses de suspensión de empleo y sueldo. Tam-bién se le ordenó al Superintendente de la Policía que lo repu-siera en su puesto y le abonaran el salario y los beneficios que dejó de recibir a partir del día en que debió concluir la sus-pensión.

Lo reinstalaron en Mayagüez y el 1 de marzo de 1985 radicó Moción de Desacato contra el Superintendente con la alegación de que tenían que adscribirlo al área de Ponce. En la vista celebrada por el Tribunal Superior el Superinten-dente alegó que el traslado a Ponce del señor Torres Arzola antes de su despido fue una transferencia administrativa y que su puesto siempre estuvo adscrito al área de Mayagüez. Luego de oír la prueba ofrecida por cada parte, el Tribunal Superior ordenó que se reinstalara al señor Torres Arzola en un puesto en el área de Ponce. De esta resolución del Tribunal a quo recurre el Procurador General para cuestionar la de-terminación del tribunal y su impacto sobre las operaciones del cuerpo policiaco. Alega el Procurador General que al señor Torres Arzola se le reinstaló en el puesto, adscrito al área de Mayagüez que ocupaba antes de su destitución. También re-clamaron que el Superintendente tiene amplios poderes geren-ciales para ordenar traslados por razones de servicio. Des-pués de examinar la petición de certiorari, el 31 de octubre de 1985 emitimos la siguiente resolución:

Visto el recurso de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción que lo acompaña, se ordena la paralización de la vista sobre Moción de Ejecución de Sentencia y Desacato señalada para el día 1ro. de noviembre de 1985 a las 9:00 A.M. en la Sala III del Tribunal Superior, Sala de Maya-g[ü]ez.
Se concede término de veinte (20) días al recurrido para que muestre causa por la cual la resolución dictada por el Hon. Juez Benito Díaz Laureano de 24 de julio de 1985 no deba ser revocada a tenor con el Reglamento de la Policía de Puerto Rico y el estado de Derecho vigente en materia de traslado de empleados públicos.
Se concede, a su vez, término de veinte (20) días a la parte apelada-recurrida-peticionaria para que comparezca y muestre razones que justifiquen la dilación observada en el trámite bajo nuestra consideración.

Tanto el recurrido como el Procurador General han com-parecido mediante contestación a nuestra resolución. Luego de estudiar ambas comparecencias, estamos en posición de resolver esta controversia.

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En su comparecencia el recurrido cuestiona la radicación tardía del certiorari sin haber presentado una razón para justificar su demora. En nuestra resolución del 31 de octubre de 1985 le ordenamos al Procurador General que justificara, “la dilación observada en el trámite [de este recurso]

En su comparecencia el Procurador General nos informa que la dilación se debió a que el Fiscal Felipe Algarín tenía también a su cargo el caso del Estado Libre Asociado v. Corporación de Servicios Hospitalarios de Fajardo, en el cual se celebraron ininterrumpidamente vistas entre el 20 de agosto y el 12 de septiembre de 1985.

Aunque nuestras leyes no proveen un término procesal para la radicación de un certiorari clásico, es aplicable la doctrina de incuria {laches). Este Tribunal ha aplicado la doctrina de incuria (laches) con firmeza para denegar el auto, si la demora en solicitar el certiorari es indebida e injustificada :

. . . Claro está, no basta el transcurso de un tiempo deter-minado para que exista lo que se denomina técnicamente in-curia o laches. Es imprescindible que la conducta negligente del peticionario, al no promover con prontitud y diligencia la expedición del auto, haya causado una demora innecesa-ria e indebida que de hecho perjudica a las demás personas interesadas. Adviértase que la teoría de laches envuelve dos elementos: (1) la dilación injustificada en la presentación del recurso; y (2) el perjuicio que ello pueda ocasionar a otras personas, según las circunstancias. Además, hay que considerar el efecto que tendría la concesión o la denegación del auto sobre los intereses privados y sociales en presencia. Cuando la demora no perjudica a nadie o el perjuicio cau-sado es leve, si se le compara con el daño que sufriría el pe-ticionario o el público en caso de no librarse el auto, el lapso de tiempo transcurrido tiene que ser grande para que exista la incuria equitativa. En cambio, aunque la dilación sea re-lativamente corta, si resulta en detrimento para el interés público o los derechos individuales del acusado, procede dene-gar el auto a base de la doctrina de laches. Sobre todo [,] es preciso tener en cuenta los méritos y demás circunstancias del caso específico, ya que la doctrina de incuria sigue vin-culada a la idea fundamental de la equidad: se acude a la “razón” y a la “conciencia” para encontrar soluciones justas, apartándose del rigorismo intransigente de los términos fa-tales. Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 904, 912 (1960).

En este caso, sin embargo, el Procurador General ha jus-tificado adecuadamente su demora en acudir ante esta curia. El señor Torres Arzola no ha sido perjudicado, ya que fue reinstalado a un puesto en Mayagüez. Por otro lado, la naturaleza de la controversia jurídica en que está envuelta la autoridad del Superintendente para efectuar traslados dentro de la Policía hace imperativa nuestra adjudicación de esta controversia.

III

La Policía de Puerto Rico es un administrador individual y como tal tiene la responsabilidad de dirigir los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico a los miembros de dicho cuerpo. A través de la Ley de Personal la Asamblea Legislativa le delegó a varias agencias, entre ellas la Policía de Puerto Rico, el poder para administrar los asuntos relacionados con las áreas esenciales al principio de mérito, mediante un reglamento autónomo que estuviese en armonía con los principios rectores de la Ley.

Uno de los aspectos fundamentales de la Ley es lo pertinente a los traslados. Su See. 4.4 prohíbe que los traslados se utilicen como medidas disciplinarias o que se hagan en forma arbitraria. Sin embargo, la Ley exime específicamente de esta prohibición a las agencias, como la Policía, que utilicen el sistema de rango para clasificar a sus miembros:

(5) Los traslados no podrán ser utilizados como medida disciplinaria ni podrán hacerse arbitrariamente. Sólo po-drán hacerse a solicitud del empleado, o cuando respondan a necesidad del servicio según se establezca mediante regla-mento, y el traslado no resulte oneroso para el empleado. Se exceptúan de esta disposición aquellos sistemas en que se utilice el concepto de rango.
(9) En aquellos sistemas en que se utilice el concepto de rango, se podrá utilizar el traslado, descenso o degradación como medida disciplinaria siempre y cuando sus leyes orgá-nicas lo autoricen. En estos casos no se requerirá el consen-timiento del empleado.— 3 L.P.R.A. see. 1334.

La intención del legislador fue delegar amplios poderes en materia de traslado a las dependencias que utilicen el sistema de rango. La delegación de estos poderes a la Policía de Puerto Rico contiene normas adecuadas que sirven de guía y limitan el uso del poder de traslado. López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953).

Cuando las leyes habilitadoras de las agencias del Gobierno contienen normas amplias y generales es deseable que a través de la promulgación de reglamentos se definan los contornos y el alcance de sus poderes. Una vez el organismo administrativo ha definido los contornos de su acción a través de reglamentos debidamente promulgados, le corresponde aplicarlos celosamente. La aprobación de reglamentos a su vez facilitará la revisión judicial, especialmente en aquellas áreas donde el ámbito de discreción delegado es excesivo. Amalgamated Meat Cutters & Butcher Work. v. Connally, 387 F. Supp. 737 (D.C. 1971).

Al excluir a organismos como la Policía del alcance de la See. 4.4 de la Ley de Personal, la Asamblea Legislativa reconoció que esos cuerpos requieren una flexibilidad operational y total movilidad de su personal para responder rápidamente a las necesidades del país. Por la naturaleza de la Policía es entendible el interés legislativo de otorgarle a sus funcionarios la mayor flexibilidad posible en ios aspectos operacionales que rigen el traslado de sus miembros. Anteriormente en un voto explicativo el Juez Asociado Señor Negrón García examinó estos requisitos y concluyó que:

La frase “necesidades o exigencias del servicio” acuña una realidad eminentemente pragmática, de carácter relativo y flexible. En distintos momentos puede conllevar diferentes significados y grados. Abarca tanto situaciones imperiosas e inevitables —en que la libertad de acción es casi ninguna y no existe otro curso de acción— como aquellas medidas úti-les y aconsejables. A su vez[,] tales necesidades o exigencias del servicio pueden clasificarse de razonables, prácticas, eco-nómicas, etc. El abanico de posibilidad y situaciones es am-plio. No puede ser limitado a priori. (Voto explicativo del Juez Asociado Señor Negrón García.) Carle García v. Supte. de la Policía, 114 D.P.R. 667, 673 (1983).

Sin embargo, la exclusión de los cuerpos con clasificaciones a base de rangos no implica que el Superintendente tendrá poderes absolutos para traslados caprichosos de sus miembros. La Policía dio cumplimiento al mandato legislativo estableciendo un reglamento de personal que delimita el alcance de estos poderes. La Sec. 13.2 de su reglamento establece las normas para regir los traslados y prohíbe que se hagan “como medida disciplinaria” o arbitrariamente. Reglamento de Personal, Policía de Puerto Rico, See. 13.2(3).

Se establecen también unas normas procesales que rigen los traslados en dicho cuerpo para garantizar la imparciali-dad en el proceso decisional. El reglamento requiere que al afectado se le informe por escrito con treinta (30) días de antelación, excepto en circunstancias de emergencias. Tam-bién requiere que “ [a] 1 notificar a un empleado sobre la deci-sión de traslado deberá advertírsele sobre su derecho a apelar ante la Junta, dentro del término de treinta (30) días”. See. 13.2(3) (f) y (g).

Así pues, la Policía de Puerto Rico no puede trasladar a ninguno de sus miembros arbitraria y caprichosamente. Tiene que aplicar las normas trazadas en la Ley de Personal de Puerto Rico y la Sec. 13.2 del Reglamento de la Policía de Puerto Rico.

El reglamento prohíbe que se utilice el traslado como medida disciplinaria y los limita a los que responden a necesidades del servicio. Sec. 13.2 (3) (b).

En casos en que se trate de los traslados, los tribunales deben limitar el grado de su intervención y así permitir que el sistema pueda responder adecuadamente a las necesi-dades del país de fortalecer los programas de seguridad pú-blica. Su intervención debe ser limitada a evitar actuaciones arbitrarias y caprichosas o en violación a los reglamentos de la entidad o para garantizar la protección y el respeto de los derechos consagrados en las constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América.

IV

El Procurador General aduce que el tribunal a quo erró al ordenar que se reinstalara al señor Torres Arzola a un puesto específico en el área de Ponce. Alega que la prueba admitida revela que el señor Torres Arzola ocupaba una plaza en el área de Mayagüez y no en Ponce como concluyó el tribunal.

Por la naturaleza de la controversia, en que se trata únicamente de prueba documental en la evaluación de la misma, este Tribunal está en la misma posición que el foro de instancia. Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312, 318 (1982); Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885, 889 (1968); West India Mach. v. Srio. de Hacienda, 89 D.P.R. 115 (1963); Central Igualdad, Inc. v. Srio. de Hacienda, 83 D.P.R. 45 (1961).

La prueba demuestra que no existe evidencia de que el señor Torres Arzola fue trasladado oficialmente al área de Ponce de conformidad con las normas del Reglamento de Personal de la Policía. No hay ningún documento que acredite que el traslado fue autorizado por el Superintendente de la Policía. La única prueba documental ofrecida es un memo-rándum del 30 de septiembre de 1981 del Comandante Inte-rino del Área de Ponce, en el cual se informa lo siguiente:

Por instrucciones del Cor. Juan E. Rivera, Director, Ne-gociado de Operaciones de Campo, a través del T[e]nte. Cor. Alberto Cubero Méndez, Comandante Area de Maya-g[ü]ez, en el día de hoy 30 de septiembre de 1981, hora 8:00 A.M., se incorporó a esta Comandancia de Area el Téc-nico II, Identificación Criminal Rudersindo Torres Arzola 10-29447, procedente del Area de Mayag[ii]ez.

El Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico dispone que cuando se efectúa un traslado se le notificaría al empleado con treinta (30) días de antelación, a menos que por situaciones de emergencia o circunstancias imprevistas no se pueda cumplir con este requisito. Reglamento de Personal, See. 13.2(3) (f). En este caso el documento citado anterior-mente no constituye el escrito de traslado requerido por el Reglamento de Personal. Tampoco hay prueba de que ocurrie-ron las circunstancias de emergencias “imprevistas” para que no se cumpliera con esta norma. Del mismo tampoco se puede concluir que su puesto fue trasladado a Ponce de acuerdo con las disposiciones vigentes en el Gobierno de Puerto Rico. De hecho, la carta de destitución preparada por el Superinten-dente Cartagena fue enviada al recurrido por conducto del Comandante del área de Mayagüez, ya que el puesto pertene-cía a dicha área. De los documentos admitidos lo único que se puede concluir es que al momento de la destitución el recu-rrido prestaba interinamente servicios en el área de Ponce por instrucciones verbales del Comandante Juan E. Rivera.

De este análisis se desprende que el Superintendente cum-plió con la sentencia original del tribunal de instancia al reins-talar al señor Torres Arzola a su puesto en Mayagüez. Aun-que entendemos la preocupación del ilustrado magistrado, erró al intervenir en la determinación del Superintendente sobre cómo reinstalaría al señor Torres Arzola. En ausencia de una alegación de una actuación contraria al Reglamento de Personal de la Policía o de la Ley de Personal o en viola-ción de la Constitución, el tribunal a quo debió haber decla-rado sin lugar la moción de desacato.

Por estas razones se expedirá el auto de certiorari y se revocará la resolución y orden del 2U de julio de 1985 del tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto explicativo de conformidad. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

—O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Ne-grón García.

HH

Reafirmamos los pronunciamientos sobre la dinámica peculiar de mayor elasticidad operacional en que se apuntala la amplia discreción del Superintendente para ordenar traslados de miembros de la Policía, según vertidos en nuestro voto explicativo emitido en Carle García v. Supte. de la Policía, 114 D.P.R. 667, 672-675 (1983). Allí nos negamos a revisar al Tribunal Superior, Sala de Humacao, que dictaminó la ilegalidad de un traslado efectuado el 19 de agosto de 1980, que por razones de carácter político, “se acordó y materializó a raíz de la visita a Vieques de la máxima jerarquía de la Policía, incluso el Primer Ejecutivo”. Id., pág. 676.

En el caso de autos, el traslado del recurrido Torres Ar-zola no se debió a razones políticas. En este sentido, la opinión del Tribunal se adhiere a una mesurada metodología jurídica de no especular innecesariamente sobre consideraciones exó-genas y al margen del caso.

HH

Ausente toda controversia sobre traslado político, nos abs-tenemos, pues, de opinar “a destiempo” sobre alternativas que, de ser adoptadas por la Asamblea Legislativa, podrían retornar a este foro a través de planteamientos constituciona-les. “Más allá de su aspecto negativo, en sus variadas defini-ciones idiomáticas y valor semántico [prejuzgar] denota ‘juicio previo’, ‘juicio anticipado’ o ‘juicio a destiempo’. Un autor nos habla de . . la expresión de pre-concepto, que no es otro que aquel que luego atribuiremos a pre-opinión. Tiene gran interés, en cambio, percibir la diferencia entre ‘juzgar antes de tiempo’ y adoptar una decisión ‘previamente a los hechos o argumentos que deben conocerse’; una cosa es juz-gar ‘antes de tiempo’, esto es, adelantándose extemporánea-mente, y otra muy distinta el haber tenido que juzgar previa-mente, pero sin salirse del marco del deber jurídico; de igual manera que habremos de distinguir del juzgamiento reali-zado en virtud de la investidura de magistrado judicial, el concepto emitido como simple ciudadano o, al menos, sin for-mar parte de esa magistratura’. (Énfasis suplido.) S. Sentís Melendo, Estudios de Derecho Procesal, Buenos Aires, Edi-ciones Jurídicas Europa-América, 1967, T. 1, pág. 241.” Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205, 215 (1982).

El juicio “previo, anticipado o a destiempo” es un curso procesal peligroso en el caso de autos. Nos explicamos.

El Art. IV, Sec. 4 de la Constitución confiere al Gober-nador de Puerto Rico la responsabilidad de “[c]umplir y hacer cumplir las leyes”. A su amparo, tradicionalmente el estatuto rector de la Policía le ha reconocido al Primer Eje-cutivo “[l]a autoridad suprema en cuanto a [su . . .] direc-ción . . . , pero la administración y dirección inmediata de la organización estará bajo un Superintendente”. 25 L.P.R.A. see. 1004. En virtud de este diseño fundamental vigente, he-mos sostenido que un gobernador reelecto no viene obligado a enviar al Senado de Puerto Rico para consejo y consentimien-to la nominación de los secretarios de gabinete y otros fun-cionarios que desea retener, incluso al Superintendente de la Policía, nombrados en un cuatrienio anterior. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982). ()

En estas circunstancias, ¿cabe el riesgo de formular una opinión consultiva basada en conjeturas de opciones al tér-mino de duración del cargo de Superintendente, que impera-tivamente requieren calibrar intereses constitucionales? E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-560 (1958); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 721-722 (1980).

HH HH

Finalmente, para el jurisprudente, la aplicabilidad rigu-rosa o no de la norma de abstención judicial respecto a deci-siones administrativas emana de principios elementales de Derecho constitucional y administrativo. En fiel juridicidad, la adjudicación objetiva no puede descansar en criterios ad hoc elaborados sobre esquemas o ideales inexistentes. Tam-poco en posturas individuales, que aunque bien intencionadas, tienden a desarticular un ordenado y eficiente funcionamiento de las labores de las agencias administrativas. Cada caso es único y debe ser evaluado en los méritos singulares de sus hechos. Por ende, rechazamos la errónea generalización —ba-sada en la premisa inarticulada— de que, a menos que se en-miende la actual ley de la Policía, toda decisión administrativa de un superintendente sobre personal está matizada de pre-juicio político por una alegada falta de independencia. Tal hipótesis es inaceptable. Por extensión pone en entredicho la corrección de las decisiones y determinaciones administrati-vas adoptadas por casi todas las agencias adscritas al Poder Ejecutivo.

—0—

Voto explicativo de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

He dado mi conformidad a la opinión que emite el Tribunal en el presente caso por considerar que los principios enun-ciados, y el resultado a que se llega en la misma, son jurídi-camente correctos. Somos del criterio que ninguna persona puede cuestionar la corrección —en teoría— de la aseveración a los efectos de que “esos cuerpos [como la Policía de Puerto Rico] requieren una flexibilidad operacional y total movili-dad de su personal para responder rápidamente a las necesi-dades del país”; que por “la naturaleza de la Policía es enten-dióle el interés legislativo de otorgarle a sus funcionarios la mayor flexibilidad posible en los aspectos operacionales que rigen el traslado de sus miembros”, y que en “casos en que se trate de los traslados, los tribunales deben limitar el grado de su intervención y así permitir que el sistema pueda responder adecuadamente a las necesidades del país de fortalecer los programas de seguridad pública. Su intervención debe ser limitada a evitar actuaciones arbitrarias y caprichosas o en violación a los reglamentos de la entidad o para garantizar la protección y el respeto de los derechos consagrados en las constituciones del Estado Libre Asociado y Estados Unidos de América”. (Énfasis suplido.) Por otro lado, un examen de los hechos particulares del caso demuestra que el resultado a que se llega en el mismo es correcto. Por eso, repetimos, suscribi-mos la opinión del Tribunal.

I

Entendemos oportuno y necesario, sin embargo, expresar-nos sobre la disposición de la Ley Orgánica de la Policía rela-tiva a la “permanencia” en el cargo de Superintendente de dicho cuerpo; disposición que ha contribuido grandemente a que en los últimos años exista un estado de desasosiego e ines-tabilidad en la institución de gobierno encargada de la pro-tección de la vida y la seguridad de nuestro Pueblo.

El Pueblo de Puerto Rico ha sido, y es, testigo del poco éxito obtenido en las últimas dos décadas por las personas que han ocupado el cargo de Superintendente de nuestra Policía. ¿Se debe ello acaso a que las diferentes personas que han de-cidido emprender el gran sacrificio personal y económico que representa aceptar dicho cargo han sido todas personas in-competentes? No lo creemos así. La mejor prueba de ello son las propias personas que han desempeñado dicho puesto : todas han tenido éxito en las otras encomiendas y empresas que han realizado, tanto con anterioridad como con posterioridad a ocupar el cargo de Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

¿A qué se deben entonces los fracasos? Somos del criterio que uno de los factores principales para la continua ocurren-cia de los mismos ha sido la disposición pertinente de la Ley Orgánica de la Policía que clasifica el cargo de Superinten-dente como uno de “confianza” y, por ende, sujeto a los resul-tados eleccionarios cada cuatro años.

El Superintendente de la Policía es el “guardián y cus-todio” de la tranquilidad y del bienestar físico de nuestros conciudadanos. La persona que ocupa dicho cargo debe ser un profesional capacitado cuya permanencia en el mismo y la razón de ser de sus decisiones no pueden depender de los gus-tos y preferencias de los líderes de turno en el poder en nues-tro país. A dicho funcionario debe proveérsele todas las he-rramientas necesarias para que así pueda lograrlo. Una de ellas sería proporcionándole estabilidad en su cargo por medio de un nombramiento por término fijo, suficientemente largo que lo haga inmune a influencias indebidas y que le permita dedicar todos sus esfuerzos a la difícil labor que hay que rea-lizar en la guerra contra la criminalidad.

Dicha idea no es nueva ni extraña en Puerto Rico. La misma es la que animó a la Asamblea Constituyente a crear el cargo de Contralor de Puerto Rico con un término fijo de duración de diez (10) años para que este funcionario pudiera fiscalizar las distintas agencias e instrumentalidades guber-namentales y municipios de Puerto Rico con total y absoluta independencia de criterio. Véase See. 22 del Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No podemos concebir que nadie pueda pensar que una sana y efi-ciente situación fiscal es más importante y fundamental que la vida y seguridad de nuestros ciudadanos.

Los jueces que componen este Tribunal no pueden darse el lujo de encerrarse en un edificio sin ventanas con total abs-tracción de lo que sucede a su alrededor. No le debemos dar la espalda y hacer caso omiso a lo que hace tiempo constituye un secreto a voces en nuestro país: cada cuatro años ocurre un “desplazamiento” de miembros de la fuerza policiaca ha-cia posiciones de poder o de insignificancia dentro de la misma; ello por razones totalmente ajenas a la capacidad profesional, grado de eficiencia y ejecutorias de dichos fun-cionarios públicos. Dicho “desplazamiento” se debe, en gran medida, al cambio de mando en la superintendencia que por lo general ocurre cada cuatro años. No se necesita ser un ex-perto en materia de personal para poder decir que la referida situación no le hace ningún bien ni a la Policía ni a Puerto Rico.

HH

Sostenemos, en su consecuencia, que si bien es cierto que la Policía de Puerto Rico, dada la naturaleza de las funciones que desempeña, necesita tener “la mayor flexibilidad posible en los aspectos operacionales que rigen el traslado de sus miembros”, no es menos cierto que su jefe máximo necesita tener una total “independencia de criterio” para poder dirigir con éxito y un alto grado de eficiencia dicho cuerpo. Un paso hacia la consecución de ese fin sería enmendando la Ley Or-gánica de la Policía con el propósito de que al Superintendente pueda extendérsele un nombramiento por un término fijo mayor que el término de cuatro años por el que es electo el funcionario que lo nomina a dicho cargo, el Gobernador de Puerto Rico.!) Ello, en adición a inmunizar al cuerpo poli-ciaco contra presiones e influencias ajenas a una sana ad-ministración pública, le permitiría al funcionario elegido- el poder implantar programas de mejoramiento a largo plazo en la institución.

No nos causa preocupación el hecho de que se nos impute emitir “opiniones a destiempo” y el considerar criterios que “en fiel juricidad” no son propios, por cuanto dicho señala-miento no sólo es erróneo sino que es además absurdo. Toda norma de “abstención judicial” es en realidad una norma de “prudencia judicial”, y para actuar con “prudencia” se debe analizar el cuadro de hechos o circunstancias dentro de la cual se habrá de realizar nuestra actuación. Recordemos que el aplicar una norma de abstención a una situación que no lo amerita, puede representar la abdicación de la función judicial. En conclusión, creemos que es “poco prudente” aplicar indiscriminadamente y con todo su vigor una norma rigurosa de no intervención respecto a la Policía mientras ésta fun-cione dentro de un marco estatutario caracterizado precisa-mente por la falta de independencia.

      (1) Estos funcionarios, contrario al Contralor de P.R. ■ — que responde al Poder Legislativo— están bajo la autoridad directa del Poder Ejecutivo. Es cuestionable equiparar al Contralor con el Superintendente de la Po-licía bajo el enfoque de que no están igualmente situados.

      (1) Similar al caso del Contralor en Puerto Rico, en la jurisdicción federal, el director del Negociado Federal de Investigaciones, agencia en-cargada en esa jurisdicción de mantener el orden público y velar por el cumplimiento de las leyes, es nombrado por un término de diez años, o sea, más del doble del término por el cual es electa la autoridad nominadora, en ese caso el Presidente de Estados Unidos de América. Véase: Pub. L. 90-851, Tit. VI, Sec. 1101 de 19 de junio de 1968, 82 Stat. 236, enmendada por Pub. L. 94-503, Tit. II, See. 203 de 15 de octubre de 1976, 90 Stat. 2427.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandante y peticionaria, v. Autoridad de Energía Eléctrica, demandada.

      Número: O-85-68

      Resuelto: 25 de abril de 1986

      Leticia Rodríguez García, abogada de la peticionaria; Myrtelina M. Fernández, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El convenio colectivo que regía las relaciones obrero-patro-nales entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la Autoridad) y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (la UTIER) para la fecha en que surgió la controversia que hoy resolvemos disponía, en síntesis y en lo pertinente, que durante la vigencia del mismo a la Autoridad le estaba vedada la subcontratación de labores o tareas de operación y conservación de la “Unidad apropia-da”, según ésta se definía en dicho convenio, excepto en cier-tas y determinadas situaciones, las cuales se enumeraban es-pecíficamente en el referido documento. Se disponía, adicional-mente, que de surgir una situación que a juicio de la Autori-dad cualificaba como una de las excepciones señaladas, dicha instrumentalidad venía en la obligación de notificar de in-mediato al presidente del capítulo local de la UTIER afectado por dicha acción, a los fines de que las partes se reunieran con el propósito de determinar si existían las circunstancias que justificaban la propuesta subcontratación; disponiéndose que de no haber acuerdo al respecto, la Autoridad y la UTIER someterían el asunto a la consideración y discusión de “una tercera persona imparcial designada por el Secretario del Trabajo” de Puerto Rico. Procede destacarse, por último, que el convenio facultaba a la Autoridad para, en casos de “emer-gencia”, () proseguir adelante con la subcontratación, luego de lo cual si el árbitro decidía en su contra, ésta venía obli-gada a “compensar” monetariamente a la UTIER de acuerdo a una fórmula predeterminada en el convenio. ()

En el presente caso, un funcionario de la Autoridad le no-tificó al delegado de la UTIER para el área de Guayama-Juana Díaz que la Autoridad se proponía —como en efecto lo hizo— subcontratar la reparación de un calentador de combustible de uno de los tanques de la Central de Aguirre. No habiendo conformidad entre las partes respecto a la proceden-cia de la subcontratación realizada, el asunto le fue some-tido a un árbitro adscrito al Negociado de Conciliación y Ar-bitraje del Departamento del Trabajo.

El “acuerdo de sumisión” suscrito por la Autoridad y la UTIER ante el árbitro designado fue el siguiente:

Determinar si la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico violó o no el Artículo IV del Convenio Colectivo al sub-contratar las labores de reparación del calentador del tanque de combustible de servicio de la unidad Núm. 2 de Aguirre. De determinarse que lo violó, que el árbitro ordene el reme-dio adecuado a tenor con la Sección 3 de dicho Artículo. (Én-fasis suplido.)

Surge del laudo de arbitraje emitido en el presente caso que una vez se suscribió por las partes el “acuerdo de sumi-sión” antes reseñado y se admitió en evidencia, por estipula-ción de las partes, una copia tanto del convenio colectivo vi-gente como de la carta en que la Autoridad le informó a la UTIER de la subcontratación realizada, el árbitro requirió de la Autoridad que presentara prueba de las razones que a su entender justificaban la referida subcontratación, a lo cual se negó el representante legal de ésta por entender que “el peso de la prueba en ese sentido le correspondía a la Unión”, ya que ésta era “la parte promovente”. Declarado sin lugar el plan-teamiento por el árbitro, la Autoridad se reiteró en su nega-tiva de presentar prueba en dos ocasiones adicionales. El ár-bitro procedió entonces a “adjudicar la querella a favor de la Unión . . . ordenándole a la Autoridad cumplir con la obliga-ción remedial” estipulada en el convenio colectivo, esto es, compensar monetariamente a la UTIER por la subcontrata-ción realizada.

No habiendo acatado la Autoridad el laudo de arbitraje emitido, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico acudió ante este Tribunal en solicitud para que se pusiera en vigor el mismo. Le concedimos término a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual ello no debía así ordenarse. Ha comparecido. Plan-tea, en primer lugar, que el laudo emitido viola el debido pro-cedimiento de ley por cuanto el peso de la prueba, de acuerdo a lo dispuesto por la Regla 10 de las Reglas de Evidencia de 1979, le correspondía a la parte que sostenía la afirmativa en la cuestión en controversia, esto es, a la UTIER. En se-gundo lugar, y como corolario de lo anterior, aduce que el árbitro actuó “sin jurisdicción” al resolver la querella por cuanto “encontró a la Autoridad ineursa en una violación de convenio sin que la Unión hubiese presentado prueba alguna para demostrar” la alegada violación del convenio. No le asiste la razón. Veamos por qué.

I

El presente caso nos permite evaluar la corrección jurí-dica de la práctica de que en una vista de arbitraje se le im-ponga al patrono el peso de demostrar la procedencia o no de la subcontrataeión de labores bajo un convenio colectivo que contiene una cláusula que prohíbe, como regla general, la re-ferida subcontratación.

La materia de “subcontratación” ha sido un tema difícil y escabroso en la esfera de las relaciones obrero-patronales a lo largo de las últimas décadas. El mismo ha sido foco de in-creíble fricción entre los patronos y las uniones obreras que representan a los trabajadores de éstos, aun entre partes que negocian de buena fe. De un lado la prerrogativa del patrono, como dueño y responsable de la operación, a efectuar ciertos y determinados trabajos que entiende que sus empleados no están capacitados para realizar, o que de éstos poder realizar, conlleva la adquisición de equipo costoso, lo que no se justifica dada la poca frecuencia con que se realiza el mismo. Del otro lado el temor por parte de la Unión de lo que la subcontrata-ción significa para los trabajadores que representa: un menor número de oportunidades de empleo dentro de la em-presa en particular para la que trabajan.

Consciente de lo anteriormente señalado nuestra ' Asamblea Legislativa —enfatizando la importancia del proceso de negociación colectiva en nuestra filosofía laboral, y expresando que se “requiere que se lleven a la mesa de negociación las materias que son causa de las disputas obrero-patronales” y que la “utilización de la subcontratación como mecanismo para evitar el cumplimiento de aquellos deberes y obligaciones que las leyes y los convenios colectivos le imponen a los patronos, menoscaba el principio mismo de que la paz industrial se debe lograr a través de la negociación colectiva, y por ende resulta contraria a la política pública establecida ' por la Asamblea Legislativa en materia de relaciones obreropatronales”— aprobó la Ley Núm. 68 de 22 de junio de 1965. () Mediante la misma se enmendó el Art. 8, inciso (d), de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, disponiéndose que a “los fines de la negociación colectiva, la sub-' contratación se considerará materia mandatoria de negociación”. () Esto implica que la materia de subcontratación que-dará debidamente reglamentada —de acuerdo a las cláusulas y condiciones que las partes tengan a bien estipular en su caso en particular— en todo convenio colectivo que un pa-trono y una organización obrera finalmente suscriban en nuestra jurisdicción. Ello ha resultado en que controversias como la que se plantea en el presente recurso se susciten una y otra vez en la esfera laboral.

Con ese trasfondo en mente, abordamos la solución de la cuestión aquí en controversia. Somos del criterio que la posición asumida por el árbitro en el presente caso es una fundamentalmente correcta. Debe mantenerse presente que en esta clase de casos —al igual que en casos de acciones disciplinarias— es el patrono el que, de ordinario, está en control y en posesión de toda la información necesaria para que la cuestión pueda ser resuelta de una o la otra forma. Dicho de otra manera, y en cuanto a la situación en específico a la que nos enfrentamos, el peso de la prueba en esta clase de situaciones debe recaer sobre el patrono por cuanto es éste quien conoce con todos sus detalles y especificaciones la labor o trabajo que desea realizar y subcontratar por lo que es la parte que está en posición óptima para demostrar si en su negocio existe el personal y equipo adecuado para realizar el trabajo y si el mismo es viable desde el punto de vista económico. Debemos recordar, en adición, que ante una regla general compete a la parte que invoca la excepción demostrar su existencia» Por consiguiente, es el patrono la parte que debe venir “obligada” a presentar evidencia sobre si procede o no la subcontratación de acuerdo a lo pactado en el convenio co-lectivo. A esos efectos, véanse: R. H. Gorske, Burden of Proof in Grievance Arbitration, 43 Marquette L. Rev. 137, 145-149 (1959); N. Dennis, Labor Arbitration Law and Practice, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1979, pág. 133; cf. Celotex Corp., 24 Lab. Arb. (BNA) 369 (1955); Bethlehem Steel Co., Inc., 11 Lab. Arb. (BNA) 544 (1948); City of Hamtranck, 71 Lab. Arb. (BNA) 822 (1978); Rebel Coal Co., Inc., 79 Lab. Arb. (BNA) 535 (1982). Somos de la opinión que imponerle a la Unión, bajo esas circunstancias, el peso de la prueba significaría colocarla en un completo estado de indefensión, lo cual, no sólo milita contra los más elementales principios de justicia sino que atenta contra el espíritu y propósito de la citada Ley Núm. 68 de 22 de junio de 1965.

En cuanto al planteamiento de la recurrida relativo a que dicha determinación viola el “debido procedimiento de ley”, basta señalar que el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos ha resuelto que el requisito fundamental de debido proceso es la concesión de la oportunidad de ser oído, Grannis v. Ordean, 234 U.S. 385, 394 (1913); Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306, 314 (1949). Este Tribunal ha resuelto que “[e]l debido procedimiento de ley requiere que se notifique adecuadamente al demandado la reclamación que haya en su contra y que, además, se le brinde la oportunidad de ser oido”. (Énfasis suplido.) Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548, 559 (1983). De manera pues, que todo lo que se requiere en situaciones como la presente es que se le dé notificación a la parte y se le conceda la oportunidad a ésta de presentar la prueba que entienda debe aducir en apoyo de su posición. ()

Por los fundamentos antes expresados, resolvemos que en un caso donde el convenio colectivo suscrito por las partes con-tiene una cláusula que prohíbe al patrono la subcontratación de trabajo salvo en ciertas y determinadas circunstancias, una vez que la Unión demuestra que el convenio colectivo así lo establece y que el patrono ha realizado la subcontratación impugnada o se propone llevarla a cabo, le corresponde al pa-trono demostrar que la subcontratación en controversia no constituye una violación de dicho convenio por cuanto cae bajo una de las excepciones establecidas en el mismo.

II

En la vista de arbitraje que se señalara en el presente caso se presentó en evidencia, por estipulación de las partes, copia del convenio colectivo suscrito por ellos. Dicho convenio, como hemos visto, contenía una cláusula que le prohibía a la Auto-ridad el “subcontratar labores o tareas de operación y conser-vación de la Unidad Apropiada” excepto en ciertas y deter-minadas situaciones. Según el “acuerdo de sumisión” que sus-cribieran las partes ante el árbitro éste venía en la obligación de “determinar si la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico violó o no el Art. IV del convenio colectivo al sub-contratar las labores de reparación del calentador del tanque de combustible”. (Énfasis suplido.) En otras palabras, las partes estipularon el hecho de que efectivamente la Autoridad había “subcontratado labores o tareas de operación y conser-vación de la Unidad Apropiada”.

Ante la admisión en evidencia de copia del convenio colec-tivo y de la estipulación del hecho de la subcontratación lle-vada a cabo por la Autoridad, la UTIER quedó relevada de la responsabilidad que como “parte promovente” tenía de presen-tar prueba en el procedimiento. () Le correspondía entonces, como correctamente resolvió el árbitro, el peso de la prueba a la Autoridad para demostrar la corrección de su acción a la luz de lo dispuesto por el convenio colectivo. No lo hizo. Debe responder por las consecuencias de así no haberlo realizado. ()

No adoleciendo el laudo de arbitraje emitido de ninguna de las causas de nulidad que reconoce nuestra jurispruden-cia, () J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879 (1981); J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976) y Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974), procede declarar con lugar la petición de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje emitido. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1)La situación de emergencia se definía en el convenio como aquellos casos donde estuviera “en peligro inminente la continuidad del servicio o cuando se encuentre interrumpido el mismo”; en otras palabras, en casos en que la Autoridad lo considerara de “urgencia y necesidad para el mejor y más eficiente servicio público”. Véanse: Art. IV, Secs. 1(d) y 3 del Convenio Colectivo vigente entre las partes entre julio 1ro de 1980 a junio 30 de 1983.

      (2) Esta penalidad consistía en el pago de una suma de dinero igual a un quince (15) por ciento del costo de mano de obra en que incurriera el subcontratista en la labor realizada, que para efectos del cómputo se fijaba en un cincuenta (50) por ciento del costo total de la obra subcontratada.

      (3) Véase Exposición de Motivos de la citada Ley.

      (4) Luego de la enmienda realizada, el citado Art. 8(d) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico —Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945— lee como sigue:

        “Art. 8. — Qúe son Prácticas Ilícitas de Trabajo. — (1) Será práctica ilícita de trabajo el que un patrono, actuando individualmente o concerta-damente con otros:
      “d) Rehúse negociar colectivamente con el representante de una mayo-ría de sus empleados en una unidad apropiada de negociación colectiva, sujeto a las disposiciones del Art. 5. A los fines de la negociación colectiva, la subcontratación se considerará materia mandatoria de negociación.”

      (5) Estamos conscientes de que el locus del peso de la prueba puede ser dispositivo de un caso, como lo ha sido en éste. Sin embargo, está re-suelto que, fuera del área criminal, el locus del peso de la prueba no es propiamente un problema de debido proceso, Lavine v. Milne, 424 U.S. 577, 585 (1976).

      (6) Ello, naturalmente, dispone del planteamiento de la Autoridad a los efectos de que el árbitro resolvió la cuestión en ausencia total de prueba.

      (7)E1 caso de autos representa la segunda ocasión en que el árbitro P. Hernández Benitez dictamina que el peso de la prueba le corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica de P.R. en casos en que está en controver-sia la cláusula del convenio sobre subcontratación. Véase AEE y UTIER, NCA, A-853, págs. 5-6.

      (8) Las cuales son: fraude, conducta impropia, violaciones al debido procedimiento, falta de jurisdicción, y que el laudo emitido no resuelva todas las cuestiones planteadas o que violente la política pública.