author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Francisco Padín, demandante y recurrido, v. Celso Rossi, Atlantic Insurance Underwriters of San Juan, Inc., et al., demandados y recurrente la segunda.

      Número: R-70-323

      Resuelto: 22 de noviembre de 1971

      Seguróla & Montalvo, abogados de Atlantic Insurance Underwriters of San Juan, Inc.; Vivas, Martínez-Texidor & Limeres, abogados de Commercial Insurance Company.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso plantea una cuestión sencilla pero como nunca ha sido resuelta por este Tribunal es propio que la tra-temos en una breve opinión para beneficio no sólo de las partes sino del foro en general. ¿Puede el tribunal sentenciador al dictar una sentencia sumaria tomar en consideración admi-siones y hechos que propiamente no formaban parte de la solicitud de sentencia sumaria en cuestión pero que surgían de otra moción de sentencia sumaria solicitada contra otra parte en el mismo pleito? Resolvemos afirmativamente la cuestión.

—I—

Es necesario una breve relación de los hechos para que se comprenda el planteamiento así como nuestra decisión.

Francisco Padín incoó demanda contra Celso Rossi, Atlantic Insurance Underwriters of San Juan, Inc., y Commercial Insurance Company reclamándoles daños y perjuicios por la pérdida de un avión de su propiedad. Alegó que a la fecha de la ocurrencia de la pérdida, el 25 de noviembre de 1966, dicho avión estaba asegurado con la co-demandada Commercial y, en la alternativa, que Rossi y Atlantic le eran responsable por haber éstos asumido la responsabilidad de que el avión estuviere asegurado con anterioridad al 25 de noviembre de 1966. Commercial negó haber expedido cubierta para el 25 de noviembre de 1966, aunque aceptó que había expedido un resguardo dando cubierta a partir del 30 de noviembre de 1966. Posteriormente Commercial instó demanda contra co-parte contra Atlantic y ésta reconvencionó. También Atlantic presentó demanda de tercero trayendo al pleito a State Pire & Casualty Company y/o Home Owners Insurance Company para que le respondiera por cualquier suma que ella viniese obligada a pagar, ya que dichas compañías aseguradoras le habían expedido una póliza cubriendo su responsabilidad por cualquier error u omisión en que pudiera incurrir en el curso de sus negociaciones como agente de seguros.

El 8 de julio de 1970 la recurrida Commercial Insurance Company presentó ante el tribunal de instancia una solicitud de sentencia sumaria contra la Atlantic. Apoyó la misma con una copia del resguardo expedido por ella el 30 de noviembre de 1966, cuatro días después de ocurrida la pérdida, y ade-más, con unas admisiones notificádasle por Padín. Aparece en dichos documentos que la única cubierta expedida por Commercial fue el resguardo de el 30 de noviembre de 1966.

El 15 de julio de 1970 Commercial presentó otra solicitud de sentencia sumaria, esta vez contra el demandante Padín, alegando al igual que en la anterior, que no había póliza de seguro al momento de ocurrir la pérdida, y en adición que sola-mente se comprometió con Atlantic a cotizar, como lo hizo, el costo del seguro. Unió a dicha solicitud copia del resguardo fechado 30 de noviembre de 1966, una correspondencia cursada entre Emiliano Santiago, Presidente de Atlantic y Kobert E. Lincoln, Gerente del Departamento de Contingencias de la Insular Underwriters Corp. De dicha correspondencia se des-prende una admisión de Santiago al efecto de que lo único que solicitó de Commercial fue una cotización para una póliza de seguro que cubría el avión de marras. También incluyó la contestación de Atlantic a un interrogatorio notificádole por Padín expresando que la teoría de su caso era al efecto de que nunca se cubrió el riesgo objeto del litigio.

Padín objetó oportuna aunque no eficazmente la sentencia sumaria solicitada en su contra. No así Atlantic. Ésta, aunque solicitó prórroga para “Contestar u Oponer las Dos Solicitudes de Sentencia Sumaria”, nunca contestó. Compareció, sin embargo, a la vista señalada para discutir ambas mociones y argumentó su oposición. La ausencia de contes-tación, de por sí, era suficiente para dictar sentencia sumaria contra ella, aunque no contra Padín. Regla 36.5 de Procedi-miento Civil.

El tribunal de instancia dictó sentencia sumaria deses-timando la demanda incoada por Padín contra la recurrida Commercial Insurance Company, objeto del recurso de revi-sión R-70-293 solicitado por Padín; además, desestimó la reconvención incoada por Atlantic contra Commercial Insurance Company y, declaró con lugar la demanda contra co-parte de Commercial contra Atlantic Insurance Underwriters of San Juan, Inc., únicamente a los efectos de imponer a ésta $1,000 de honorarios más las costas. Esta última disposición es objeto del presente recurso de revisión solicitado por Atlantic Insurance Underwriters of San Juan, Inc.

—II—

Depuradas las múltiples y diversas alegaciones de este pleito, llegamos a la esencia íntima de la cuestión. Y ésta es que la alegada responsabilidad de Commercial Insurance Company solo puede fundarse en un hecho esencial: la expe-dición por Commercial de cubierta antes del 25 de noviembre de 1966, fecha de la ocurrencia de la pérdida, bien directa-mente a Rossi, o a Atlantic, o a Padín, o, bien a través de cualquier agente de ella. De haber una genuina controversia sobre este hecho, la sentencia sumaria era improcedente y, por el contrario, de no haberla, procedía dictarla.

La Regla 36 de Procedimiento Civil establece las normas generales para formular esta determinación. En lo aquí per-tinente la Regla 36.8 provee: “. . . La sentencia [sumaria] solicitada se dictará inmediatamente si las alegaciones, dispo-siciones y admisiones hechas junto con las declaraciones ju-radas, si las hubiera, demostraren que no hay controversia real y efectiva en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria.”

La recurrente sostiene que la sentencia sumaria sólo puede descansar en los hechos que surjan de la moción solicitándola y que se encuentren sostenidos por la evidencia o documenta-ción que allí se señalen. Arguye que como el tribunal de instancia tomó indebidamente en consideración evidencia y documentos que no formaban parte de la solicitud de senten-cia sumaria en su contra, quedaron en controversia hechos esenciales. No estamos de acuerdo.

La Regla 36 no contiene tales limitaciones. Tampoco debemos nosotros imponérselas, al interpretarla, porque derrotaría su propósito cardinal. Que es el de promover una solución justa, rápida y económica de la litigación, abreviando la disposición de pleitos que, por no envolver una genuina controversia de hechos, el juicio en su fondo es innecesario. Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 (1963), Moore’s VI Federal Practice pág. 2031. Usada con sabio discernimiento, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los calendarios judiciales. No debemos reducir su eficacia con limitaciones que en nada contribuyen a una mejor administración de justicia pero que pueden retardarla.

A tono con este propósito, resolvemos que los tribunales de instancia no están constreñidos a considerar únicamente los hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria. Pueden y deben consi-derar todos los documentos en autos, sean o no parte de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las partes.

Resolver lo contrario sería entorpecer el proceso de ad-judicación manteniendo artificiosamente una parte en un pleito, como pretende el recurrente en el caso de autos, cuando no hay una controversia genuina sobre el hecho esencial en que se fundamenta la reclamación. En la jurisdicción federal se le ha dado una interpretación similar a la Regla 56 de la cual procede nuestra Regla 36. Véanse Moore’s VI Federal Practice, págs. 2146, 2199 (2nd Ed.); Baron & Holtzoff III Federal Practice and Procedure, págs. 158, 159, 161; United States v. Webber, 896 F.2d 381; E. H. Marhoefer, Jr., Co. v. Mount Sinai, Inc., 190 F.Supp. 355; United States v. White, 194 F.Supp. 562.

En el caso de autos la recurrida afirmó en su solicitud de sentencia sumaria que no había expedido cubierta alguna antes del 25 de noviembre de 1966, que, como hemos visto, es el hecho esencial para establecer su responsabilidad. Sostuvo esa afirmación con: 1) el resguardo expedido con fecha 30 de noviembre de 1966; 2) la contestación de la recurrente al in-terrogatorio notificádole por el demandante Padín de que nunca se había expedido cubierta; 3) la carta de Atlantic pi-diéndole cotización a Commercial de fecha 21 de noviembre de 1966; 4) la carta de Atlantic, fechada 26 de enero de 1967, informándole a Commercial que la única gestión que había requerido de ésta era la cotización. Los documentos 3 y 4 no formaban parte de la moción de sentencia sumaria en su contra, pero si formaban parte de la moción en contra de Padín.

Atlantic no adujo nada contra lo anterior que pudiera es-tablecer una genuina controversia sobre el hecho en que se funda la alegada responsabilidad de Commercial: la expedi-ción de un resguardo. Siendo así, era de rigor declarar sin lugar la reclamación de Atlantic contra Commercial.

—Ill—

Se queja, además, la recurrente de que el tribunal de instancia le impuso $1,000 de honorarios de abogados más las costas. Como hemos visto, Commercial fue traída originalmente al pleito por Padín y no por la recurrente. La reclamación de ésta surge como consecuencia de la demanda contra co-parte instada por Commercial. En estas circunstancias no procedía la imposición de honorarios de abogados.

Es conveniente notar que la sentencia sumaria innecesa-riamente contiene determinaciones de hecho sobre las relacio-nes entre Padín y Atlantic que no fueron objeto de la moción presentada por Commercial. Nos referimos a las determina-ciones números 2 y 4, las cuales deben ser adjudicadas en el juicio en los méritos entre Padín y Atlantic.

Se dictará sentencia modificando la sentencia dictada por el tribunal de instancia a los fines de eliminar la partida de $1,000 concedido por concepto de honorarios de abogados, y asi modificada, se confirmará.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       Esta demanda de tercero no está envuelta en el presente recurso.

       En la minuta de la vista celebrada el 4 de septiembre de 1970, aparece lo siguiente:
      “Llamado este caso para la vista de la Moción de Sentencia Sumaria de fecha 8 de julio de 1970, comparecieron los abogados de las partes: Ledo. Aldo Seguróla de Diego y Ledo. Carlos Martínez Texidor.
      “El Ledo. Seguróla solicitó se permitiese al abogado de la Commercial Ins. Co., a que argumentase la presente moción y se le permitiese a él radicar memorándum en argumentación de la misma; la parte promovente de la moción la dió por sometida.
      “Luego se procedió a la argumentación la Moción de Sentencia Sumaria de fecha 15 de julio de 1970.
      “Las partes la dieron- por sometida.”

       En el día de hoy dictamos sentencia en dicho recurso confirmando la sentencia sumaria dictada por el tribunal de instancia.

       Forma parte, además, de los autos la deposición tomada por el demandante al Sr. Emiliano Santiago, Presidente de Atlantic, en la cual aparece que Atlantic no es agente de Commercial ni nunca la ha repre-sentado. Véase pág. 30.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jobino Reyes Bonilla, acusado y apelante.

      Número: CR-71-6

      Resuelto: 22 de noviembre de 1971

      Julio García Antique, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

La prueba en este caso demuestra, sin que el apelante sus-cite en este recurso ninguna cuestión en cuanto a ella, que alrededor de las 8:00 P.M. del 22 de enero de 1968 Jobino Reyes Bonilla, acompañado de un menor de 15 años de edad, penetró en la residencia de la señora Lucy Santiago de Arroyo en el Barrio Coquí de Salinas, de donde sustrajo un reloj pulsera marca Bulova, mientras la señora Santiago y su esposo visitaban un pariente en otro barrio. Fue procesado ante un jurado por el delito de escalamiento en primer grado, rindiendo éste un veredicto de culpabilidad por mayoría de once a uno.

Como único error señala que la acusación es insuficiente en derecho para imputar el delito por el cual fue convicto por no alegarse que el escalamiento se cometió durante las horas de la noche. En efecto la acusación no alega ese hecho.

El Art. 408 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 1591, define el delito de escalamiento así:

“Toda persona que entrare en una casa, aposento, habitación, casa de vecindad, taller, almacén, tienda, granero, establo, de-pendencia, u otro edificio, pabellón, embarcación, carro o vagón, con el propósito de cometer hurto o ratería, o cualquier delito grave será culpable de escalamiento.”

Puede verse que los elementos esenciales de ese delito en Puerto Rico son la penetración en uno de los lugares especificados en dicho artículo y la intención específica de cometer hurto o ratería o cualquier delito grave, Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 D.P.R. 46 (1965); Pueblo v. Cosme Vargas, 96 D.P.R. 836 (1969). Como se sabe, el Art. 408 proviene del Art. 459 del Código Penal de California; Pueblo v. Medina Walker, 90 D.P.R. 650, 652 (1964). Originalmente, en el derecho común anglo-sajón, el escalamiento consistía en penetrar de noche en una vivienda de otro con la intención de cometer delito grave. Ver Pueblo v. Cosme, supra, a la pág. 839, y el caso allí citado; McCormac, “Development of The Law of Burglary in California”, 25 So. Cal. L. Rev. 75 (1951).

El Art. 459 del Código Penal de California fue promulgado en aquel estado hace casi un siglo, en el 1872. Tal como fue re-dactado originalmente, la definición del delito de escalamiento incluía como un elemento esencial el que la penetración fuese de noche, incorporándose así el concepto del delito bajo el derecho común anglo-sajón. La eliminación, en California, de este elemento del delito no se dejó esperar mucho. Cuatro años después, en el 1875-76, se enmendó el Art. 459 suprimiéndose dicho requisito; y se derogó totalmente el Art. 460 que fijaba la penalidad, dividiéndose el delito en dos grados: el primero, el que se cometía de noche; el segundo, el que se cometía de día. La penalidad para uno y otro grado fue fijada en el Art. 461 mediante la enmienda de que fue objeto en California en aquella ocasión. West’s Annotated California Codes, secs. 459, 460, 461, págs. 33-146. Con esa nueva redacción se aprobaron los Arts. 408, 409 y 410, equivalentes respectivamente al 459, 460 y 461 de California cuando se promulgó nuestro Código en el año 1902.

Veintiún años antes de promulgado nuestro Código, la Corte Suprema de California, en el 1881, tuvo ante su con-sideración la convicción de un apelante por el delito de escala-miento en segundo grado, estando ya en vigor los cambios que se hicieron a los artículos del Código mencionado. Se había acusado al apelante de escalamiento sin que se es-pecificara si la penetración había ocurrido de día o de noche. Sostuvo dicha Corte en People v. Barnhart, 59 Cal. Reports, 381 (1881), a la pág. 384, que dicha alegación no era necesa-ria:

“Leyendo las secciones del estatuto en conjunto, parece claro que fue la intención establecer un delito que se denomina ‘escala-miento’ (burglary), que consiste en penetrar con intención de cometer un delito grave o menos grave o ratería ya sea de noche o de día. Este delito envuelve dos grados — el penetrar con tal intención durante la noche, y el penetrar con la misma intención durante el día, mientras que el deber de determinar, a base de la evidencia, si el delito es escalamiento en primer o segundo grado, se le impone al tribunal o al jurado, ya sea la alegación de ‘culpable’ o ‘no culpable’. Ya que para cubrir ambos grados la acu-sación no debe especificar que la penetración tuvo lugar de día o de noche, por consiguiente, la alegación debe ser general, sin tal especificación, y tal alegación debe ser interpretada como que imputa la penetración tanto durante el día como durante la noche. Así interpretada, si el tribunal o el jurado encuentran al acusado culpable de escalamiento, ya sea en primer o en se-gundo grado, se le encontrará culpable de un delito imputado en la acusación.”

Nuestra Asamblea Legislativa tomó como modelos los artículos del Código Penal de California relativos al delito de escalamiento cuando promulgó nuestro Código en el año 1902. No encontramos justificación alguna para desviarnos de la regla general de hermenéutica que presume que el legislador de Puerto Rico adoptó dichos artículos con la interpretación que hasta la fecha de la adopción le había dado el tribunal más alto de California. Pueblo v. Ramos, 18 D.P.R. 993, 1001 (1912); Corretjer v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 754 (1951); Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335, 339-342 (1961); Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 526, 530-531 (1961). Esa interpretación ha sido seguida en California hasta el presente. People v. Collins, 255 P.2d 59, 63 (1953); People v. Martin, 275 P.2d 635 (1954); People v. Núñez, 86 Cal. Reptr. 707 (1970). La misma parece ser la más justa y razonable pues permite al juzgador de hechos, en caso de abrigar duda razonable en cuanto al grado, darle al acusado el beneficio de la duda emitiendo un veredicto por el delito menor. People v. Barnhart (supra); People v. Golembiewski, 76 P.2d 717 (1938).

Resolvemos que la hora en que se comete el delito no es un elemento esencial del delito. La hora sólo afecta al grado, determinación ésta que le corresponde hacer al juzgador de los hechos. Los elementos esenciales del delito — penetración e intención específica de cometer hurto o ratería — le fueron informados al apelante mediante la acusación colocándolo en posición de defenderse. Eso es lo que se exige. Regla 35(c) de Procedimiento Criminal; Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719 (1961). Las alegaciones de la acusación cumplen con los requisitos del Art. 408 del Código Penal, sin que la ausencia de alegación en cuanto a la hora en que se cometió violara el derecho del acusado a un debido procedimiento de ley.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       La acusación lee como sigue:
      “El fiscal formula acusación contra Jobino Reyes Bonilla, residente en Las Parcelas Viejas, Bo. Coquí, Salinas, Puerto Rico, por un delito de Escalamiento en Primer Grado (Felony), cometido de la manera siguiente:

        El referido acusado, Jobino Reyes Bonilla, allá para el 22 de enero de 1968, y en Salinas, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Distrito Judicial de Guayama, Puerto Rico, allí y en-tonces, dicho acusado, ilegal, voluntaria y maliciosamente, y con la intención de cometer hurto, como lo cometió, penetró en la casa resi-dencia de Lucy Santiago de Arroyo, de donde sustrajo un reloj de mujer marca Bulova, de la propiedad dé la mencionada Lucy Santiago de Arroyo.”


author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gerardo Merced Jiménez, acusado y apelante.

      Número: CR-71-40

      Resuelto: 29 de noviembre de 1971

      Hjalmar Flax, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Pro-curador General, y Juan E. Brunet, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Un jurado declaró culpable al acusado-apelante de los delitos de Asesinato en Primer Grado e Infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. El veredicto fue por mayoría de 9 a 3 en el caso de Asesinato y por unanimidad en el de Ley de Armas. Además fue declarado culpable por tribunal de derecho de una infracción al Art. 6 de la referida Ley de Armas.

En este recurso señala como errores, 1) la negativa del juez sentenciador a transmitir al jurado, según lo solicitó la defensa, instrucciones sobre defensa propia, 2) nulidad del veredicto porque la prueba no estableció todos los elementos del delito de asesinato en primer grado, y 3) nulidad del ve-redicto rendido por mayoría y no por unanimidad.

La consideración de los dos primeros errores requiere un examen de la prueba. El resumen que de la misma hace co-rrectamente el Procurador General en su Informe, es como sigue:

“Los hechos de este caso ocurrieron en o alrededor de las once y treinta de la noche del día 15 de marzo de 1969 en un barrio de Bayamón. José Belén Olivo Jiménez declaró que el día de los hechos se encontraba en compañía del occiso, Pablo Rivera Vázquez, y de otros amigos en el bar de Ángel Huertas. A eso de las seis de la tarde salieron de allí y se dirigieron al negocio de una tal doña Virí. Como a las siete de la noche fueron al bar Raymond. (T.E. págs. 10-12) Al llegar se encon-traron con varias personas entre las cuales estaba el acusado-apelante. (T.E. pág. 14) El testigo y sus acompañantes le es-trecharon la mano al acusado-apelante. En eso surgió un inci-dente ya que éste alegó que el occiso le había apretado fuerte-mente la mano. (T.E. págs. 15-16) Posteriormente el testigo y sus acompañantes, entre los cuales se encontraba el occiso, se marcharon del lugar y fueron al bar Green Village en donde permanecieron por espacio de dos horas. (T.E. pág. 17) El tes-tigo y sus acompañantes decidieron regresar a sus hogares ya que era tarde. En el viaje de regreso y al pasar frente al bar de Raymond el testigo vio que su padre se encontraba en el negocio. Entraron por segunda ocasión al mismo. (T.E. págs. 17-18) El testigo vio a su padre conversando con el acusado-apelante quien tenía una herida en la mano izquierda aparente-mente causada por una bala. (T.E. págs. 19-20) El padre del testigo pidió un trago para echárselo en la herida al acusado-ape-lante, pero éste manifestó que le caía mejor si se lo tomaba. Surgió entonces una discusión entre el acusado-apelante y otra persona conocida por el Cano que intentó auxiliarlo. El acusado-apelante manifestó que no quería ayuda de nadie y comenzó a proferir palabras obscenas contra algunas de las personas que estaban presentes. (T.E. págs. 20-21) El padre del testigo vol-vió a hablar con el acusado-apelante y éste se calmó. (T.E. págs. 21-23) Momentos después volvió el acusado-apelante a proferir insultos primero contra el testigo y después contra sus acompañantes que se encontraban detrás de la barra. El occiso fue al baño y al regresar se encontró que la discusión continuaba. (T.E. págs. 23-25) El acusado-apelante continuó profiriendo obscenidades contra el testigo y sus acompañantes. Al repetir una frase ofensiva contra el grupo el occiso se dirigió hacia él y le dio un puñetazo que lo tiró al suelo. Procedió a levantarlo y fue disuadido por el testigo de continuar la pelea. (T.E. págs. 26-27) El testigo logró que el occiso saliese fuera del negocio. A ins-tancias del dueño del negocio el acusado-apelante también salió afuera. Estando fuera del negocio y mientras el occiso se retiraba el acusado-apelante lo llamó y le preguntó que por qué lo había agredido. A lo que el occiso le respondió que fue por las palabras que utilizó para dirigirse hacia él y a sus acompañantes. Luego de lo cual el acusado-apelante sacó un revólver que portaba en la cintura. El padre del testigo se interpuso entre el occiso y el acusado-apelante a la vez que le decía a aquél que se marchase. El occiso se desabotonó la camisa y se viró los bolsillos para mos-trarle al acusado-apelante que no portaba arma alguna. El acu-sado-apelante le entregó su revólver al occiso y éste se lo devol-vió diciéndole ‘no, eso no es lo mío’. (T.E. pág. 31) El occiso se retiró para marcharse pero el acusado-apelante lo llamó nue-vamente y cuando el occiso se le acercó le hizo un disparo cayendo inmóvil al pavimento. (T.E. pág. 32) Mientras así se encontraba el occiso el acusado-apelante le pegó con los pies y le dio dos ve-ces en la cara. (T.E. pág. 32) Dijo el testigo que trató de soco-rrer al occiso pero el acusado-apelante lo encañonó con el re-vólver. El padre del testigo empujó al acusado-apelante y entonces uno de los acompañantes del testigo de nombre Valentín, agarró un pedazo de bambú y comenzó a agredir al acusado-apelante hasta que éste soltó el revólver que tenía en la mano. (T.E. págs. 33-36) El testigo y otras personas levantaron al herido del suelo, lo metieron en un automóvil y lo condujeron al hospital de Bayamón de donde fue enviado en una ambulancia al Centro Médico falleciendo en el camino. (T.E. pág. 40)

Siguió relatando Olivo Jiménez que en el camino hacia el Hospital de Bayamón su acompañante Valentín quien le había quitado al acusado-apelante el revólver, lo tiró por frente a la entrada del Cementerio Nacional. (T.E. págs. 39-40) El testigo identificó en el juicio el revólver que se le mostró como aquél que le había visto al acusado-apelante (T.E. pág. 38), y que posteriormente recogieron de donde lo habían tirado. (T.E. pág. 41) Olivo Jiménez fue extensamente contrainterrogado y sostuvo todo cuanto había relatado en el examen directo.

El doctor Néstor Loynaz declaró ser médico patólogo. Tra-bajaba en el Instituto de Medicina Legal. Declaró que el día 16 de marzo de 1969 le practicó la autopsia al cadáver de Pablo Rivera Vázquez. Como resultado de esa autopsia encontró que el occiso falleció a causa de una herida de bala, la cual había pe-netrado a unas cinco pulgadas por encima del ombligo, habiendo mantenido una trayectoria casi horizontal, perforando el hígado así como la arteria aorta. Como resultado de esa perforación había ocurrido un ‘sangramiento agudo’. (T.E. pág. 53) Asimismo declaró el testigo que en una situación como ésta la persona fallece en pocos minutos. (T.E. págs. 51-53) El análisis de la sangre del occiso dio un resultado de .14% de alcohol. (T.E. pág. 54) El médico identificó el plomo que obtuvo del cadáver exa-minado.

En el contrainterrogatorio el testigo sostuvo lo dicho en el directo. En contestación a una pregunta de la defensa sobre si el acusado-apelante pudo haber hecho el disparo desde el suelo estando la víctima de pie, respondió en la negativa. (T.E. pág. 62)

Eleuterio García García declaró que el día de los hechos mien-tras él se encontraba en el bar de Raymond, el acusado-apelante le pasó por el lado y se le quedó mirando. Allí mismo comenzó a proferir palabras obscenas contra él sin haber mediado provoca-ción alguna.

El detective Luis A. Figueroa declaró que el doctor Loynaz le había entregado un sobre que contenía un plomo que lo llevó al Laboratorio de la Policía y posteriormente el químico se lo devolvió y él lo entregó a la fiscalía. (T.E. págs. 95-96)

En el contrainterrogatorio manifestó que se personó al Centro Médico según órdenes que recibió. Allí vio el cadáver en la sección de Emergencia. También vio allí al acusado-apelante quién mostraba una herida en el brazo izquierdo y laceraciones en la cabeza. Con referencia a la pistola dijo que fue en compañía de Valentín (Pipo) y encontró la pistola donde éste la había ti-rado. (T.E. pág. 97)

En el redirecto este testigo identificó el revólver diciendo que era el mismo que él había encontrado. Declaró asimismo que abrieron el revólver y encontraron que tenía dos casquillos. Aseveró que la herida que presentaba el acusado-apelante era en la mano. (T.E. págs. 103-105)

Por la defensa prestaron testimonio el Lie. Fermín Arraiza, José Belén Olivo (padre) y Margarita Rivera de Merced Jiménez, habiéndose estipulado la declaración del policía Marcos López.

El Lie. Fermín Arraiza declaró que había asumido la repre-sentación legal del acusado-apelante como a los tres días des-pués de los hechos, a instancias de la esposa de éste. Vio al acusado apelante mientras éste se encontraba en la Cárcel La Princesa. Éste presentaba varias heridas en la cabeza y tenía una mano hinchada con un punto de perforación.

El testigo José Belén Olivo (padre) primero declaró que no recordaba donde había estado el día de los hechos por la noche. Después dijo que esa noche él.llegó a un negocio y al entrar vio al acusado-apelante que sangraba por una mano. Habló con éste y después le lavó una mano con whiskey. Allí continuó hablando y tomando con el acusado-apelante. Posteriormente, sin recordar el tiempo que había transcurrido, vino una persona y le dio un puño al acusado-apelante mientras hablaba con el testigo. (T.E. págs. 122-123) La persona que le dio al acusado-apelante fue Pablo Rivera Vázquez conocido por Piliche. (T.E. pág. 124) El testigo dijo que no recordaba si al llegar al negocio ya estaba allí quien le dio al acusado-apelante o si llegó después. También dijo que no recordaba haber visto a su hijo (José Belén) esa noche allí. (T.E. págs. 126-127)

En el contrainterrogatorio el testigo admitió que la noche de los hechos estaba ‘borrachito’. (T.E. pág. 127) También admitió que, en términos generales, al día siguiente de haber estado tomando a él se le olvidaban algunas cosas de las que ha-bían sucedido mientras tomaba. (T.E. págs. 128-129) El testigo incurrió en contradicciones y posteriormente se concretó a responder que él no recordaba absolutamente nada de los incidentes posteriores en el lugar de los hechos. (T.E.' págs. 131-140)

Margarita Rivera de Merced Jiménez, la esposa del acusado-apelante, declaró que la noche de los hechos, como a eso de la una y media de la madrugada, le llevaron a su esposo a su casa bastante golpeado. Como a la media hora llegó la policía y lo llevaron al hospital. (T.E. págs. 145-146) Declaró además, que su esposo al salir de su casa no llevaba ningún arma. (T.E. pág. 47)

Se- estipuló la declaración que prestaría el policía Marcos López a los efectos de que acudió a. la residencia del acusado-apelante. y lo encontró con golpes en la cabeza, en la boca y en la mano izquierda. (T.E. págs. 151-152)” (Informe Procurador General, págs. 1-6.)

Para mayor claridad en la determinación de si en este caso quedaron establecidas la premeditación y la “delibera-ción”, copiamos del récord aquella parte del testimonio del único testigo que relata lo acontecido inmediatamente antes de la víctima recibir el disparo fatal. Veamos:

“P. Perdone, testigo, una pregunta que le voy a hacer, relate el incidente antes de Pablo Rivera pegarle a este señor, de darle a este señor, cómo es?
R. Pablo Rivera se sintió molesto cuando él dijo la palabra esa que dijo.
P. Cuál palabra es ?
R. De esos cuatro ...
P. Diga la palabra?
Hon. Juez:
De esos cuatro qué, dijo?
Hon. Fiscal:
Diga la palabra, testigo. Usted está aquí para decir la verdad lo'que usted oyó, diga qué fue lo que dijo, eso de los cuatro qué?
R. Esos cuatro pendejos que están ahí atrás, o sea, qué era Pablo, Pipo, Valentín y un servidor, y el hermano mío que estaba.
P. Dígame, testigo, cuántas veces este señor se dirigió al grupo donde usted estaba ?
R. Cuando me dijo gorila, cuando ...
P. No, pero, cuando dijo esos cuatro pendejos que están ahí, volvió a referirse a ustedes ?
R. Sí, nos señaló a nosotros, hizo así, esos cuatro.
P. Pero cuántas veces se refirió a ustedes?
R. Dos veces.
P. Y qué pasó en la segunda vez ?
R. Entonces, pues, Pablo me dice a mí, ‘mira, Belén, a este hombre yo le voy a llamar la atención’ y yo le dije ‘deja ese muchacho quieto, olvídate, vámonos, y entonces, pues, cuando salió del baño, pues, yo me descuidé y pasó así rápido, una cosa de ... y entonces le dio y entonces lo metió dentro de la barra, es como una cosita así, lo metió, lo metió por la barra, por el lado de la barra, por donde pasaba la gente para meterse adentro, lo metió para adentro, lo tiró al suelo y entonces, él se levantó.
P. Quién se levantó?
R. Pablo Rivera, verdad, usted sabe, se levantó así y volvió así y lo agarró por aquí y entonces lo levantó al señor y lo ve, lo levantó así y entonces, al levantarlo así, llego yo por la es-palda y lo aguanté, le dije, ‘Pablo suelta a ese hombre,’ entonces, pues, Pablo lo soltó, y le dije, ‘Pablo vente, vámonos,’ y lo sacamos fuera.
P. Le pregunto, testigo, en ese momento Pablo tenía algo en las manos ?
R. No, señor, no tenía nada.
P. Con qué fue que le pegó a este señor ?
R. Con el puño le dio.
P. No tenía nada en las manos?
R. No, señor.
P. Y cuando usted se lo lleva, que se va con usted Pablo, lleva algo en las manos ?
R. Nada, tampoco.
P. Siga relatando.
R. Entonces, el dueño del negocio, al ver la acción de noso-tros, pues, dijo, si es problema, sálganse afuera y entonces, pues, sacamos a Pablo y yo le dije a Pablo, vámonos y entonces Pablo dijo, me voy, y entonces, pues, el caballero en eso se levantó, y entonces, cogió el sombrero, levantó el sombrero, y me pasó el sombrero a mí y entonces yo vine y le pasé el sombrero del caballero a Ramón, Ramón no lo quiso coger y lo puso así en el mostrador en la barra.
P. Y cuándo fue que le pasó el sombrero allí?
R. El caballero levantó el sombrero.
P. Y ese sombrero . . .
Hon. Juez:
Hágase constar que cuando dice caballero, señala al acusado. Hon. Fiscal:
P. Siga.
R. Entonces, pues, sacamos a Pablo afuera, y entonces, pues, cuando sacamos a Pablo afuera, ya el caballero está en pie y entonces nos lo llevamos, y entonces, pues, el caballero cuando Pablo se está retirando, lo llama y le dice, ‘por qué tú me distes’, y entonces, pues, Pablo le dijo, yo te di un cantazo por-que tú dijistes que esos cuatro ... y nosotros no somos nin-guno de esos cuatro, lo que tú dijistes ahí, tú nos llamaste esos cuatro desos, y nosotros no somos ninguno de esos cuatro desos, y entonces, pues, este, no había más intercambio de palabra, sino el por qué me distes, y entonces Pablo dijo, ‘vuelvo y te lo digo, porque tu nos dijistes eso’, y en eso el caballero, ... yo estoy afuera, en la puerta que está aquí, y entonces acá afuera yo es-toy así, y entonces el caballero cuando sale, cuando sale el caballero, hace así cuando sale, verdad, que hay como una especie . ..
Hon. Juez:
Qué caballero?
Testigo:
El acusado, y entonces cuando sale, hizo así verdad, y en-tonces cuando hizo así, verdad tenía una pistola aquí, o sea, era una . . . tenía como unas tapas blancas, le vi tapas y entonces hizo así, y entonces cuando hizo así, se le vio aquí, y entonces yo le dije a mi amigo, le dije ‘mira, ese hombre tiene un revól-ver’ y entonces, pues, el muchacho . . . entonces mi padre se metió por el medio y me dijo, ‘vente vámonos,’ y a Piri.
P. Cuando usted dice Piri, a quién se refiere?
R. Al muerto, a Pablo Rivera. Entonces, pues, entonces cuando el señor Gerardo Merced sale así, que entonces sacó el revólver, verdad, que ya habían intercambiado palabras y enton-ces saca el revólver, entonces le hizo así para atrás, le hizo como así, como que había algo, usted sabe, atrás, o sea, yo sé que había como una separación, una cosa así, y entonces lo tiene así, y entonces Pirichi le dijo ... se desabrochó la camisa y le dijo, y le dijo, ‘mira, yo . . . eso no es lo mío, yo ando sin nada,’ y le sacó el bolsillo y entonces le dijo, bueno, pero por qué me dices eso, bueno, y entonces el caballero coge el revólver, lo coge así, por el cañón . . . hágame el favor, puede venir alguien aquí ... y entonces cogió el revólver así por el cañón, y en-tonces, y lo cogió y le dijo, ‘toma’, le dijo a Pirichi, entonces, Pirichi, eso no es ...
P. Qué fue lo que le dio?
R. El revólver, con dos tapas blancas, y entonces Pirichi le dijo, ‘no, eso no es lo mío.’
Hon. Juez:
P. Cómo le decían?
R. Piri, Pirichi. . .
P. Adelante.
Hon. Fiscal:
P. Siga.
Testigo:
R. Y entonces volvió y le dijo, mira, eso no es lo mío, y le puso el revólver de nuevo en la mano a él.
P. Cuando usted dice a él, a quién se refiere?
R. Al caballero, a Gerardo Merced. Y entonces pues, ahí mi padre interviene, y entonces se mete entremedio de los dos que están más o menos a una separación, así, mi padre se mete como es grande, y agarra y le dice a Piri, ‘vente Piri,’ y se lo llevó, y entonces, ya van de . . . como de aquí a la puerta, una distancia más o menos de aquí a la puerta, como cuarenta pies, y entonces el caballero lo llama, ‘pero Pirichi, ven acá, y entonces cuando Pablo regresa, él tiene el revólver en la mano, así, entonces Pablo le dijo, ‘qué es lo que tú quieres, y le digo, entonces pues, el caballero le tiró, o sea, él estaba así parado, y tenía' el revólver aquí, y le hizo así, le tiró, le hizo así, ‘Raaa’, y le tiró.
Hon. Fiscal:
Para fines de récord, que el testigo se pega la mano a la cintura, mostrando hacia el frente, apuntando hacia el frente y le tiró. •
P. Oiga, y cuando usted dice le tiró, qué fue lo que le tiró?
R. Le pegó un tiro.
P. Por qué usted sabe que le pegó un tiro?
R. Bueno, o sea, cuando el tiro, se vio el humo, y entonces Piri, como que eso, que que es una cosa como si le soltaran . . . él cayó ahí mismo como si fuera algo así como un mon-toncito y cayó patas arriba.
P. Y cuando Piri regresa, qué le pregunta, ‘qué tú quieres conmigo’, Piri tenía algo en las manos ?
R. Nada.
P. Le pregunto si Piri habló malo del señor, o a él?
R. No, señor, en ningún momento.
P. Le pregunto si Piri agredió a este señor cuando este señor le dio el disparo en ese momento ?
R. No, señor, y entonces le disparó, que le metió el tiro, Piri estaba en el suelo, él vino y le dio con el pie y entonces le dio en la cara así dos veces, que le viró la cara y entonces mi padre se fue a meter y cuando él se fue a meter, yo llegué y lo agarré por el brazo derecho, así mismo lo agarré, todavía el caballero tenía la pistola, y cuando yo agarré a mi padre, entonces me empujó y entonces cuando mi padre se metió, pues, vino y lo encañonó, y entonces cuando encañonó a mi padre, y como mi padre tiene la barriga bien grande, tenía el frente así, y mi padre le dijo, ‘ya lo matastes, lo matastes, eso era lo que tú querías, lo matastes’, y mi padre sacó el ‘switch’, y entonces, en esa discusión, en el intercambio ese, que mi padre también lo empujó, y entonces ahí él quedó un poquito sosegado, y en-tonces, pasó así, y entonces Pipo agarró una bambúa y le dio un cantazo.” (T.E., primera pieza, págs. 26 a 33).

Siempre que la prueba lo justifique el juez debe instruir al jurado sobre todos los puntos de derecho que bajo cualquier teoría razonable puedan estar envueltos en sus deliberaciones. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174, 180 (1964); Pueblo v. Burgos, 76 D.P.R. 199 (1954); Pueblo v. Jiménez, 78 D.P.R. 7 (1955); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 230 (1968).

En el presente caso no hay prueba que justifique unas instrucciones sobre defensa propia. Él acusado-apelante no estaba siendo atacado cuando hizo el disparo fatal a la víctima, ni su vida o seguridad personal estaban en riesgo inminente. El acusado sabía que la víctima no portaba armas sobre su persona y que ya se retiraba del lugar cuando es llamado nuevamente por el acusado y al aquél acercarse le hace el disparo que le privó de la vida a la víctima.

Una posible alusión a la defensa propia la hizo el abogado del apelante al exponer su teoría al jurado. La teo-ría del caso no tiene valor probatorio alguno. Pueblo v. Calderón Rodríguez, 97 D.P.R. 261 (1969); Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969). En su consecuencia fue correcta la negativa del juez a transmitir al jurado instruc-ciones sobre la defensa propia.

El jurado tuvo ante sí prueba suficiente para rendir un veredicto declarando al acusado culpable de asesinato en primer grado. Una de las modalidades de este delito la cons-tituye toda clase de muerte alevosa, deliberada y premedi-tada. Art. 201 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 633). El acusado no disparó a la víctima sin malicia, ni en un arrebato de cólera o súbita pendencia. Cuando el acusado fue agredido por Pablo Rivera Vázquez, luego de aquél haber proferido palabras insultantes contra Rivera y sus amigos, intervinieron otras personas y los separaron. No es en ese momento en que el acusado hace el disparo fatal. De haber sido así la muerte de Rivera hubiera ocurrido con motivo de una súbita pendencia y tal vez de un arrebato de cólera. Los amigos de Rivera lo llevan fuera del bar aconsejándole que se marchase a su casa, a lo que accede. Sale también afuera el acusado y dirigiéndose a Rivera, quien ya se retiraba, lo llama y le pregunta porque lo había agredido contestándole aquél que fue “por las palabras que nos dirigió, por la ofensa que nos dirigiste a nosotros.” El acusado saca un revólver de su cin-tura, y Rivera, desabrochándose la camisa y vaciándose el bolsillo le dijo que eso no era lo de él, que andaba sin nada. En-tonces el acusado le dio el revólver a Rivera pero éste se lo devolvió diciéndole “no, eso no es lo mío”. Se interpone entre ellos el padre de José Belén Olivo y le dice a Rivera, “vente Piri” y se lo llevó. Cuando se van retirando vuelve el acusado a llamar a Rivera y cuando éste le pregunta “que es lo que tú quieres”, el acusado inmediatamente le hace un disparo de revólver y Rivera cae al suelo mortalmente herido. Enton-ces el acusado se le acerca y en el suelo le da un puntapié y le golpea dos veces en la cara.

Aunque no transcurrió mucho tiempo entre el intercambio de palabras del acusado con Rivera y el momento en que éste cae herido de muerte, los hechos son suficientes para inferir de ellos que el acusado premeditó y deliberó dar muerte al occiso. La ley no requiere un determinado espacio de tiempo para la deliberación y premeditación necesarias para una convicción de asesinato en primer grado. Pueden existir y concebirse en el momento mismo de la realización del ataque. Pueblo v. Román, 70 D.P.R. 50, 54 (1949).

“La deliberación es la resolución o decisión de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese lapso, sostienen las autoridades, puede ser tan rápido como el pensamiento.” Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 871, 375.

La presencia o ausencia de deliberación es una cuestión de hecho a ser resuelta por el jurado, Pueblo v. Barriera González, 89 D.P.R. 772, 776 (1964); y en este caso el jurado resolvió correctamente que la muerte de Rivera fue el resultado del pensamiento calculador, premeditado y deliberado del acusado. Siendo la deliberación un acto subjetivo del acusado es preciso recurrir a los hechos del caso para determinar si de ellos puede racionalmente inferirse la deliberación. Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767, 774 (1954). Es difícil sostener que el jurado, a quien corresponde decidir sobre la ausencia o presencia de deliberación, no tenía base en los hechos para inferir racionalmente que el acusado dio muerte a Rivera con malicia, premeditación y deliberación. No debemos intervenir con su veredicto.

La cuestión referente a la nulidad del veredicto por no ser unánime, ha sido ya resuelta en contra del apelante. Pueblo v. Rivera Ríos, Cr-70-136, Sentencia de 25 de marzo de 1971.

Se confirmarán las sentencias apeladas.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández y los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Torres Rigual, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Arzobispo Luis Aponte Martínez, demandante y apelado, v. José Luis Lugo, demandado y apelante.

      Número: O-69-255

      Resuelto: 29 de noviembre de 1971

      Raúl E. González Díaz y Raúl Torres González, abogados del apelante; González, Jr., González-Oliver, Blanco Lugo & Morán, Benício Sánchez Castaño, Manuel García Cabrera, Luis R. Polo, Heriberto Torres Solá y William Feliciano, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso es un vivo ejemplo de la sabia máxima que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.

Se trata de un caso de censura previa {prior restraint) ejercida mediante un interdicto judicial prohibiendo la publicación de un escrito. Dicho interdicto es ilegal y nulo por constituir una violación de la libertad de palabra y de prensa garantizadas por la Constitución de Puerto Rico y pol-la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Uni-dos. También constituye dicho interdicto una violación a la “Ley Definiendo Derechos del Pueblo,” de 27 de febrero de 1902. Más adelante nos referiremos a los mencionados textos constitucionales y legales y a la jurisprudencia normativa sobre los mismos.

Para fines de mayo de 1967 el Arzobispo Aponte Martínez contrató los servicios del recurrente, Sr. José Luis Lugo, como Administrador de los bienes de la Iglesia Católica en Puerto Rico. El sueldo acordado fue de $1,200.00 mensuales. El Admi-nistrador anterior, Sr. Bordonada, había renunciado. Los bie-nes de dicha Iglesia en Puerto Rico incluyen bienes inmuebles por valor de muchos millones de dólares y sumas considerables en efectivo. En cuanto a la administración de dichos bienes, existe o existía una serie de deficiencias, las cuales ya habían sido expuestas por el anterior Administrador, Bordonada, en un Informe suyo al Arzobispo.

Al hacerse cargo de esa administración y comenzar a tra-bajar en ella, Lugo señaló un número de irregularidades y problemas y los trajo a la atención del Arzobispo Aponte en una serie de conferencias que ellos celebraron. Estas conferen-cias culminaron en que el Arzobispo decidió prescindir de los servicios de Lugo y lo despidió.

Lugo creyó injustificado su despido y luego de varios días le dirigió al Arzobispo una carta-informe con fecha de 15 de agosto de 1967. Al fin de dicha carta Lugo le dice al Arzobispo que de no recibir contestación enviaría copia de la misma a los obispos de Puerto Rico, a la Nunciatura de Santo Domingo, al Vaticano, a los sacerdotes de la Isla, a las personas que tienen relación con determinados fondos y al Departamento de Justicia.

Para que Lugo no publicase su carta-informe es que el Arzobispo solicitó y obtuvo el interdicto que motivó este pleito. Lo que tenemos que determinar aquí es si el juez de instancia actuó correcta o equivocadamente al expedir el interdicto.

La Constitución de Puerto Rico dispone en la See. 4 de su Art. II que “No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la repara-ción de agravios.”

La See. 3 de la Ley Definiendo Derechos del Pueblo, Leyes, 1902, pág. 297, 1 L.P.R.A. sec. 11, dispone que “No se coar-tará a nadie la libertad de la palabra, y toda persona tendrá entera libertad para hablar, escribir o publicar lo que le plazca sobre cualquier asunto, siendo responsable, sin embargo, de todo abuso en que incurra de esa libertad.”

La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dispone, en lo pertinente, que el Congreso “no apro-bará ninguna ley . . . que coarte la libertad de palabra o de prensa.”

Ya en 1914, en Pueblo v. García, 21 D.P.R. 163, 165, in fine, dijimos que “la libertad de palabra está completamente garantida en Puerto Rico por virtud de la Sección 3 de una Ley Definiendo Derechos del Pueblo, aprobada en 27 de febrero de 1902” y señalamos que al resolver no podíamos perder de vista dicho precepto de ley “como tampoco el principio cons-titucional tan respetado siempre [de libertad de palabra y de prensa].” Desde luego, hoy día la libertad de expresión en Puerto Rico se asienta sobre bases más sólidas que un mero estatuto, pues, como se sabe, está garantizada por los antes citados preceptos constitucionales de las Constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos.

En Pueblo v. Lastra Charriez, 50 D.P.R. 118, 129 (1936), por voz del entonces Juez Presidente Sr. Del Toro, expresa-mos: “El derecho a la crítica fuerte, alerta, severa, apasio-nada aún, no puede ser restringido. Corresponde a los ciu-dadanos de un pueblo libre. Es suyo y nadie puede arreba-társelo. Sobre eso no hay duda alguna.” En Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 570 (1953), señalamos que las libertades de palabra, de prensa y de reunión en asamblea “son vitales para la existencia misma de la democracia.” Este Tribunal tiene a su haber haber reconocido a través de su existencia “la prima-cía de que goza la libertad de expresión” en nuestro orden constitucional. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20 (1968).

No cabe duda de que el apelante puede invocar y ejercer ese derecho pues, independientemente del hecho de ser él ciudadano de Puerto Rico y de los Estados Unidos, es un residente de Puerto Rico. Los derechos de libertad de palabra y de prensa son derechos humanos tan fundamentales, Grosjean v. American Press Co., 297 U.S. 233, 244 (1936), que el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos se los garantiza tanto a ciudadanos como a extranjeros. Bridges v. Wixon, 326 U.S. 135, 148 (1945). La Primera Enmienda no distingue entre ciudadanos y extranjeros y la Enmienda 14 prohíbe privar “a persona alguna” de los derechos que confiere. No limita sus beneficios únicamente a los ciudadanos.

Igual ocurre en Puerto Rico. Nuestra Constitución no limita la libertad de palabra y de prensa únicamente a los ciudadanos y la See. 7 del Art. II, sección que es en gran medida equivalente a la Enmienda 14 norteamericana,- reconoce como derecho fundamental del “ser humano,” entre otros, el derecho a la libertad. Dicha sección también expresa que “ninguna persona” será privada de su libertad sin el debido proceso de ley. Esa libertad mencionada en dicha See. 7 comprende, aquí como en los Estados Unidos, entre otras, la libertad de palabra y de prensa.

Como hemos expresado antes, las garantías de nuestra Carta de Derechos las interpretamos y hacemos efectivas “no-en menor, grado de protección” que lo hace, respecto a garan-tías similares, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 427 (1964).

No cabe duda de que las garantías de la citada Ley de 1902 y de la Constitución de Puerto Rico le aplican al apelante en la forma más directa posible. Por otro lado, las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos también le aplican por lo siguiente. Esas libertades garantizadas por la Primera Enmienda son parte de la libertad protegida por la cláusula de debido procedimiento de ley de la Enmienda 14 de dicha Constitución. Schneider v. State, 308 U.S. 147, 160 (1939); Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444, 450 (1938); De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 364 (1937); Grosjean v. American Press Co., 297 U.S. 233, 244 (1936); Near v. Minnesota, 283 U.S. 697, 707 (1931).

Nosotros, siguiendo la antes mencionada política judicial que expresamos en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra, hacemos efectiva en Puerto Rico, en lo aplicable, las garantías de la Primera Enmienda que están protegidas en los estados federados por la Enmienda 14. Además de que lo hacemos-así por convicción propia, sería iluso pensar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no insistiría en que se protegiesen en Puerto Rico los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos de los Estados Uni-dos. El apelante, como antes señalamos, es ciudadano de los Estados Unidos. También, el derecho a la libre ex-presión es uno de los derechos fundamentales que a tenor con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico se respetarán en este país hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuese un estado federado de la Unión. 64 Stat. 319 (1950); Sec. 7, 61 Stat. 772 (1947).

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una serie de casos, ha rechazado y desacreditado las tentativas de censura previa, especialmente las que, como en el caso de autos, se han pretendido llevar a cabo mediante interdictos (injunctions) . Probablemente los dos casos más notables de esa serie son los de Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931) y el reciente caso de New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971). El primero, por el valor intrínseco de la opinión del Tribunal y por la eminencia de los jueces que la prohijaron, y el segundo por la importancia del asunto en-vuelto, ya que el gobierno invocó, aunque sin éxito, el casi siempre avasallador argumento de la seguridad militar na-cional.

Esos dos importantes casos son aplicables al de autos porque, en su esencia, son iguales: en ambos se trató de prohi-bir de antemano mediante interdicto la publicación de material escrito.

En Near, supra, se obtuvo, como dijimos, un interdicto para prohibir la publicación de un escrito en un periódico por considerarse dicho material “malicioso, escandaloso y difamatorio.” Del caso surge, que, en efecto, con toda proba-bilidad dicho material era malicioso, escandaloso y difama-torio. En una opinión extraordinaria, escrita por el entonces Juez Presidente Charles Evans Hughes, con los votos a favor, entre otros, de los Jueces Holmes, Brandéis y Stone, el Tribunal anuló el interdicto y permitió la publicación. Luego de señalar que lo que se trataba de hacer vía injunction consti-tuía la esencia de “la censura previa” (283 U.S. a la pág. 713), el Tribunal recordó que el propósito principal de la garantía constitucional de libertad de prensa es precisamente prohibir esa clase de censura.

Señaló el Tribunal que el ejercicio de la libertad de pa-labra y de prensa no depende de que lo que se diga o publique sea cierto y que tampoco puede coartarse dicha libertad en aras de evitar un escándalo (283 U.S. a la pág. 721, in fine y pág. 722). Expresó que la libertad de prensa es esencial para la vida de un país libre y que esa libertad consiste en que no se le imponga censura previa a la& publicaciones. 283 U.S. a la pág. 713.

En Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105, se trató de suprimir la publicación de cierta literatura alegadamente mortificante sobre asuntos religiosos. El Tribunal expresó que no hay derecho a prohibir la publicación de ideas porque éstas sean impopulares, mortificantes o desagradables.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sostenido en forma clara y terminante la libertad de palabra y de prensa y ha señalado que dichas libertades se garantizan y se garanti-zarán por los tribunales especialmente cuando se trata de su-primir publicaciones o ideas que en un momento dado resulten impopulares u odiosas. Murdock v. Pennsylvania, supra, y casos citados más adelante. Naturalmente, así tiene que ser. Difícilmente nadie ha de ser perseguido por repetir los lugares comunes de cada época. La protección constitucional tiene el propósito de proteger tanto la publicación de esos lugares co-munes como la de ideas nuevas o minoritarias. Una sola con-ciencia que disienta tiene derecho a expresarse. Como la tradición del derecho constitucional norteamericano sobre este asunto es una tradición admirable, sería prolijo citar las mu-chas expresiones vigorosas y elocuentes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en defensa de la libertad de palabra y de prensa. Pueden verse, sin embargo, Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444, 452; Baumgartner v. United States, 322 U.S. 665, 673-674; New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254, 269-271; Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536, 551-552; Carroll v. Princess Anne, 393 U.S. 175, 180-181; Organization for a Better Austin v. Keefe, 402 U.S. 415.

En New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713, resuelto en 30 de junio de 1971, el Tribunal, luego de citar a Near v. Minnesota, supra, y otras autoridades, concluyó que el gobierno no había vencido la fuerte presunción de inconstitu-cionalidad de la censura previa que pretendía ejercer y sos-tuvo a un Tribunal de Distrito de Nueva York, al Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia y al Tribunal de Apela-ciones del Distrito de Columbia. El Tribunal no permitió la censura intentada por el Gobierno.

En Burstyn v. Wilson, 343 U.S. 495, se pretendió censurar una película titulada “The Miracle” a base de que era “sacrilega.” El Tribunal, luego de recordar una vez más que el propósito principal de la Primera Enmienda es prohibir la censura previa resolvió que no procedía, por inconstitucional, la prohibición contra la exhibición de dicha película.

Desde luego, la libertad de expresión está sujeta a algunas excepciones, aunque éstas, a la luz de la más reciente jurisprudencia, cada vez son menos. El ejercicio de este derecho debe hacerse en forma moralmente .responsable. La convivencia civil y democrática presupone que no se abusará de los derechos. La jurisprudencia da por sentado que en tiempo de guerra no se permitiría publicar las fechas de salidas de barcos, el número y localización de las tropas, el situs de las instalaciones militares, etc. Puede asegurarse que el caso de autos no cae ni remotamente bajo los criterios que permitirían hacer de él una excepción a la prohibición constitucional contra la censura previa. En el caso de New York Times Co. v. United States, supra, resuelto en 30 de junio de 1971, el Tribunal Supremo ha reiterado explícitamente, citándolo lo que dijo en Bantam Books Inc. v. Sullivan, 372 U.S. 58, 70, en el sentido de que toda tentativa de censura previa llega al Tribunal acompañada de una fuerte presunción de inconstitucionalidad. El caso de autos en modo alguno rebate esa fuerte presunción.

En el Informe de la Comisión de Carta de Derechos a la Convención Constituyente de Puerto Rico se dejó claramente establecido que:

“Esta sección [la sección 4 de nuestra Carta de Derechos] corresponde a las restantes disposiciones de la enmienda primera en la Constitución federal e incorpora a nuestra Constitución todo el derecho históricamente establecido con relación a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición. Las secciones 3 y 4 cubren el ámbito general de la libertad de conciencia, de pen-samiento, de expresión, y las actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de estos derechos.” (Bastardillas nuestras.)

Esas palabras antes citadas están llenas de significado. Ese derecho histórico comprende no solamente la jurispru-dencia de los tribunales de apelación de los Estados Unidos, como la antes citada, sino también la parte probablemente más valiosa de la historia política y constitucional de ese país desde su origen como colonias inglesas. Incluye además ese trasfondo histórico lo mejor del pensamiento y de la tradición constitu-cional occidental. Incluye, entre otros, los nombres de Sir Edward Coke, John Lock, Montesquieu, Rousseau, Jeremías Bentham, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, James Madison, Thomas Jefferson, Oliver Wendell Holmes Jr., Louis Brandéis, Benjamin Cardozo, Earl Warren y William Douglas.

Al discutirse la garantía constitucional de la libre expre-sión, en el excelente estudio La Nueva Constitución de Puerto Rico, ediciones de la Universidad de Puerto Rico, (1954) preparado por la Escuela de Administración Pública de esa Universidad, se expresa lo siguiente, a las págs. 206-207:

“Si éste es en principio un estado liberal, tiene que estar fundado sobre el reconocimiento de la libertad de los individuos a la libre expresión de su pensamiento; es decir, que no podrá el estado someter nunca esa libre expresión a decisiones previas y concretas del poder público. El sistema de censura previa para la autorización de publicaciones, practicado de modo normal y permanente. por los regímenes absolutistas que precedieron a la aparición del liberalismo, ya no es más admisible dentro de éste.
[S]ólo es admisible dentro del régimen liberal la represión penal a posteriori de los delitos que puedan haberse cometido mediante la palabra oral o escrita en relación con el orden público o intereses morales de la comunidad . . .

Para una evaluación de nuestra Constitución y en especial de su Carta de Derechos véase el Informe del Comité Para el Estudio de los Derechos Civiles en Puerto Rico, editorial Cole-gio de Abogados de P.R. (1959) págs. 1-5 y también la publicación Los Derechos de Expresión y el Uso de las Vías Públicas en Puerto Rico, de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (1971) págs. 1-4.

Uno de los errores señalados por el apelante es al efecto de que la resolución de 21 de agosto de 1967 decretando la orden de interdicto provisional y la sentencia de 28 de noviem-bre del mismo año declarando con lugar la solicitud de in-terdicto permanente, ambas del tribunal de instancia, cons-tituyen violaciones al derecho de la libre expresión. Dicho error se cometió. Dichas resolución y sentencia constituyen un caso de censura previa que está en abierta pugna con los preceptos constitucionales, estatutarios y jurisprudenciales antes mencionados en esta opinión.

Otro de los errores señalados es en el sentido de que el tribunal de instancia aplicó erróneamente el caso de Coll v. Biascoechea, 52 D.P.R. 753 (1938). Independientemente y además de la realidad histórica de que el derecho constitu-cional ha progresado considerablemente en el área de los derechos humanos desde la fecha en que se falló ese caso, el mismo no es aplicable. Allí se trataba de una rencilla entre dos dentistas que tenían su consultorio en la misma calle, uno frente al otro. Se probó que uno de ellos destacaba personas frente a la oficina del otro con el fin de persuadir a los clientes de éste de que no entrasen a su oficina y de que concurriesen a la suya. Allí se determinó que eso constituía un estorbo y se sostuvo un interdicto para prohibir la mencionada práctica.

Debe ser clara la diferencia entre ese caso de Coll y el de autos. En aquél estaban envueltos meramente unos intereses económicos privados. Por el contrario, en el caso de autos se trata de uno de los derechos humanos más fundamentales que garantizan todas las constituciones modernas: el derecho a libertad de palabra y de prensa.

Los argumentos del demandante-apelado en el sentido de que la publicación de la carta-informe de Lugo produciría escándalo no son válidos pues ya se ha resuelto que ese argumento no es válido para intervenir con la libertad de palabra y de prensa. Near v. Minnesota, supra, a las págs. 721-722. Dicha carta-informe trata de asuntos de interés público. Su publicación podría tener el saludable efecto de que se corrigiesen las cosas que necesitasen corrección. El propio Arzobispo admitió que muchas de las deficiencias que Lugo señaló existían. Lo hizo al declarar en relación con el informe del Administrador anterior, el Sr. Bordonada.

Tampoco tiene validez el argumento del demandante en el sentido de que dicha carta-informe viola su derecho a la privacidad. Como hemos visto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos antes citada, ese argumento no es suficiente para derrotar la libertad de palabra y de expresión. No lo es porque no se trata aquí de una persona privada sino de una persona pública. El Arzobispo es una figura pública en Puerto Rico. Organiza y dirige marchas en favor y en contra de legislación; celebra conferencias de prensa; se expresa públicamente sobre asuntos públicos, etc. Véanse, Organization for a Better Austin v. Keefe, 402 U.S. 415 (1971); y Curtis Publishing Corp. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967).

Con buen sentido señala el Juez Presidente Warren, en su opinión concurrente en Butts, supra, a la pág. 164, que las figuras públicas {public figures) que no son funcionarios oficiales (public officials) no están sujetas a la responsa-bilidad frente a un electorado — pues no son electas — y es por eso que es solamente la opinión pública la que puede a veces evitar que cometan excesos. Para ello es necesario que la opinión pública esté bien enterada mediante el libre ejercicio de la palabra y de la prensa en relación con ellas.

No podemos ser indiferentes ni débiles en la defensa de los derechos humanos — uno de los cuales es la libertad de expre-sión aquí envuelta — dada nuestra sociedad industrial contem-poránea, que tantos peligros de represión va mostrando. En ésta, como en otras materias, una onza de prevención vale por un quintal de remedio. En la prevención generalmente gas-tamos sólo energía espiritual; el remedio, la historia nos enseña, se paga con el espíritu y con sangre. Recordemos la elocuente advertencia de Martín Niemoller, hecha en el año 1945:

“En Alemania, los nazis primero persiguieron a los comunis-tas, pero yo, como no era comunista, no protesté. Más tarde vinieron tras los judíos, pero como yo no era judío, no protesté. Luego, comenzaron a perseguir a los miembros de las uniones obreras, mas como yo no estaba unionado, no protesté. Más adelante la persecución se tornó contra los católicos, pero siendo yo protestante, no tuve por qué protestar. Luego vinieron por mí. Para entonces ya no había nadie que protestara por ninguno otro. Asegurémosno de que tal cosa no vuelva a suceder.”

No creemos que para el hombre civilizado la libertad de conciencia es menos importante que la libertad física. Si aquí se tratase de la encarcelación ilegal del apelante hubiésemos expedido un auto de habeas corpus. Por tratarse de la mordaza de una conciencia creemos que se le debe dar igual prioridad a este asunto.

Se revocará la resolución de interdicto provisional dictada en este caso en 21 de agosto de 1967 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y se modificará la sentencia dictada por dicho Tribunal en este mismo caso en 28 de noviembre de 1967, revocando la orden de interdicto permanente que prohibía al apelante publicar su carta-informe (Exhibit 1 del deman-dante) de 15 de agosto de 1967. Igualmente se revocará la condena al demandado de honorarios de abogado del demanr dante.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández y los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Martín, no intervi-nieron.

         Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, ed. Equity de 1961, Tomo 4, pág. 2564.

       Chaffe, Free Speech in the United States (1946); Corwin, The Higher Law Background of American Constitutional Law, Cornell Paperbacks (1965); Pound, The Development of Constitutional Guarantees of Liberty (1957); Ebenstein, Great Political Thinkers, 3ra. ed. (1963) (Hay traducción española, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid (1965) titulada Los Grandes Pensadores Politicos); Mcllwain, Constitutionalism, Ancient and Modem (1940); Sabine, A History of Political Theory (1945) (Hay traducción española del Pondo de Cultura Económica, México (1970) titulada Historia de la Teoría Política).


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Alicea Cruz, acusado y apelante.

      Número: CR-70-183

      Resuelto: 7 de diciembre de 1971

      Santos P. Amadeo, Raúl Torres González y Benjamín Ortiz, abo-gados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Adolfo Negrón Cruz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Acusado y convicto el apelante Juan Alicea Cruz, mediante juicio por jurado, de asesinato en primer grado, por haber causado la muerte de su concubina Aida Delgado Núñez a quien obligó a tomar lo que resultó ser estricnina, plantea ante nos una serie de apuntamientos que, a nuestro juicio, son inmeritorios. A continuación explicamos por qué.

El Procurador General resume los hechos del caso, correc-tamente a nuestro juicio, así:

“Los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 1966, alrededor de las tres de la madrugada, en el sector Yambele del Barrio Frailes de Guaynabo. El niño Juan Alicea Delgado habido en las relaciones del acusado-apelante con la víctima dormía en la misma habitación en una cama de dos pisos. Presenció cuando el acusado-apelante mediante la fuerza y contra la voluntad de la víctima le administró algo de tomar empinándole un vaso pequeño por la boca. Esta gritaba: ‘Ay mami, sálvame Johnny me mata.’ El niño alzó el mosquitero de su cama y vio cuando su padre le aguantaba la nariz su madre, le abrió la boca y le empinó el vaso. La víctima estaba acostada y el acusado-apelante encima de la barriga de ella y le tenía aguantadas las manos.

Ante los gritos de la víctima acudieron inmediatamente su madre Carmen Núñez, su padre y sus hermanas Felicita Miranda y Gloria Miranda, quienes vivían cerca del lugar. Cuando éstas llegaron el acusado-apelante no quería abrirles la puerta, pero lo hizo cuando doña Carmen le dio un puño a la puerta.

El acusado comenzó a peinarse serenamente frente al espejo. Doña Carmen le expresó: ‘Johnny, siempre se salió con la suya, siempre me mató a la hija’, a lo que él indicó: ‘fue una cortal que le di porque tenía dolor.’ La víctima estaba desnuda con la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad colgándole del suelo. Con-tinuaba gritando con menos fuerza: ‘el me mató, me envenenó.’, ‘Ay mami, ven que Johnny me mata, me envenenó.’ Su hijo Johnny ‘estaba asomado por el mosquitero ... y como nervioso.’ Así declaró Felicita Miranda, hermana de la interfecta.

La Delgado Núñez fue llevada al Centro de Salud de Guay-nabo en la guagua del propio acusado-apelante, quien iba guiando muy lentamente. Se tomó más de media hora. Allí fue ingresada en la sala de emergencia como a las tres de la mañana gritando de dolor: ‘me muero, me muero, quítenme este dolor.’ ‘Se le puso una inyección intramuscular de un gramo de luminal. Como no respondió al tratamiento, el médico decidió enviarla al Hospital de Distrito, después de haber estado en el Centro de 15 a 20 minutos. La paciente se mordía la lengua y los labios. Las uñas se le iban poniendo cianóticas, moradas y la cara pálida. Murió camino al Hospital Universitario por intoxicación aguda por estricnina, según surge del protocolo de autopsia del Dr. Néstor A. Loinaz .... El apelante le había manifestado amenazas de matar a la Delgado Núñez, a la madre de ésta, un año antes y a una vecina un mes antes.”

1. — Apunta el apelante que el veredicto del jurado es nulo e ineficaz porque no fue dictado por unanimidad. Fue por mayoría de 10 a 2.

Hemos resuelto este apuntamiento en forma adversa al apelante en repetidas ocasiones. Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 (1971); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897 (1969); Pueblo v. Robles Robles, Cr-71-2, Sentencia de 18 de octubre de 1971; Pueblo v. Salinas Colón, Cr-67-214, Sentencia de 14 de enero de 1971.

2. — Señala el apelante que incidió el tribunal de instancia al permitir que los abogados del apelante renunciaran, sin el consentimiento expreso o inteligente del apelante, a que el tribunal hiciera un resumen de la prueba.

En el caso de Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971), consideramos este apuntamiento y concluimos que el referido consentimiento del apelante no es necesario. Nada aduce el apelante en este caso que nos induzca a cambiar de parecer con respecto a este planteamiento.

3. — Arguye el apelante que el tribunal de instancia in-cidió al no dar al jurado una instrucción “en el sentido de que al considerar el testimonio del niño de siete años de edad Juan Alicea Delgado tomaran en consideración su edad,, el hecho de que el niño estuvo todo el tiempo bajo la custodia e influencia de la abuela materna y cualquier otro factor que pudiera afectar su credibilidad.”

No se solicitó oportunamente del tribunal de instancia que diera tal instrucción al jurado. Pueblo v. del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964). La representación legal del apelante no ha hecho en su alegato un análisis concienzudo del testimonio de este niño ni de su contrainterrogatorio demostrativo de la necesidad de tal instrucción. Tampoco nos demuestra qué perjuicio sustancial puede haber sufrido el apelante debido a la ausencia de tal instrucción.

Se limita a indicarnos que hemos resuelto que este tipo de instrucción debe darse en casos de abuso de menores, viola-ción y otros delitos sexuales; que en el caso del niño en cues-tión, aunque no se trata de un caso de delitos sexuales, las circunstancias especiales que rodeaban el testimonio de este testigo justificaban que el juez sentenciador le diera una instrucción similar a las que se dan en los casos antes men-cionados, a pesar de que no se le solicitó. Véase, Pueblo v. Serrano Olivo, 93 D.P.R. 745, 746, 747 (1966).

Hemos analizado el testimonio del referido niño y no encontramos que fuera influenciado por su abuela o por otros factores al extremo de requerir la instrucción en cuestión. Por el contrario, encontramos que, aun en el caso de que la instrucción hubiera sido necesaria, su omisión no fue perju-dicial ya que se adujo abundante prueba corroborativa a tra-vés de otros testigos que oyeron los mismos gritos de la falle-cida que el niño dice que oyó.

4. — Alega el apelante que el tribunal sentenciador incidió al no dar instrucciones sobre la prueba de res gestae y de declaración en artículo mortis y las diferencias entre ambas, en relación con las declaraciones de los testigos Juan Alicea Delgado, Felicita Miranda y Carmen Núñez, de que oyeron cuando la interfecta gritaba y decía que el acusado la estaba matando.

El apelante no solicitó estas instrucciones oportunamente. Tampoco cita' autoridad alguna en apoyo de este apunta-miento. Se limita a decir que las declaraciones en cuestión no pueden considerarse como parte del res gestae o de declara-ciones en artículo mortis de la interfecta y que el juez debió instruir al jurado sobre esto “ya que era necesario que el jurado tuviera algunas directrices claras para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado apelante” y que tal omisión “evitó que el jurado entendiera realmente si debían darle o no credibilidad a las manifestaciones de la occisa.”

La representación legal del apelante no ha ilustrado a este tribunal adecuadamente con respecto a este apuntamiento.

Las declaraciones sobre los gritos de la interfecta no son admisibles a base del inciso 3 del Art. 397 del Código de Enjuiciamiento Civil, Art. 35(3) de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 1678 (3) pues tales declaraciones sólo podrían admitirse al amparo de esta disposición para probar la aquies-cencia o admisión del acusado ante la imputación que le hace la declaración. People v. Ong Mon Foo, 189 Pac. 690, 692 (Cal. 1920). Véase People v. Lew Fat, 207 Pac. 881 (Cal. 1922). Es en esta circunstancia que es necesario instruir al jurado sobre el limitado propósito para el cual se admite la evidencia.

Los gritos a que se refiere el planteamiento eran los siguientes: “Ay mami, sálvame que Johnny me mata.” Testificaron sobre los mismos en el interrogatorio directo los testigos de cargo Juan Alicea Delgado, Felicita Miranda y Carmen Núñez.

El niño testigo Juan Alicea Delgado también testificó que oyó a su madre, la interfecta, proferir esos gritos mientras el testigo observaba desde su cama contigua a la de su madre como su padre la forzó a tomar de un vaso que le empinaba, luego de abrirle la boca, mientras le aguantaba la nariz.

Además, Felicita Miranda, quien es hermana de la inter-fecta y vive a unos treinta y cinco pies del lugar de los hechos, se despierta al oír los gritos de la occisa y dice “como yo acos-tumbro dormir con bata, pues enseguida me levanté, abrí la puerta y corrí para la casa de mi hermana.” Después de tocar “más o menos quince minutos”, el acusado abre la puerta. A preguntas de Felicita Miranda, que es la primera persona que entra al cuarto, la interfecta “gritaba con menos fuerza, él me mató, me envenenó.” Bajo estas circunstancias todavía la occisa se encontraba influenciada o bajo los efectos del evento que originó la cadena de hechos, y tales manifesta-ciones pueden considerarse parte del res gestae, a pesar de que surgen ante una pregunta. Véase, Wharton Criminal Evidence, 12th ed., vol. 1, sec. 280, pág. 633.

Concluimos que bajo las anteriores circunstancias las de-claraciones en cuestión eran admisibles como parte del res gestae. Pueblo v. Dueño Maysonet, 94 D.P.R. 706, 713 (1967).

Por último, en Pueblo v. Crespo, 21 D.P.R. 300, 309 (1914), dijimos:

“Tal vez si el acusado lo hubiera pedido la corte hubiera dado instrucciones al jurado con respecto a lo que podía consi-derarse como parte de las res gestae en este caso. Por lo demás como sostiene el fiscal, el determinar si una parte de la prueba constituye o no parte de la res gestae corresponde al tribunal y el jurado tiene derecho a considerar esa parte de la prueba en con-junto con toda la prueba presentada en el caso.” (Énfasis nues-tro.)

5.—Apunta el apelante que fue perjudicial a sus derechos el hecho de que las declaraciones que los testigos Juan Alicea Delgado, Felicita Miranda y Carmen Núñez dieron a los investigadores antes del juicio le fueran entregadas a la defensa en presencia del jurado y del juez sentenciador, ya que si la defensa no utilizaba las declaraciones para impugnar a los testigos, el jurado podía inferir que lo decla-rado en el juicio era consistente con lo que le había declarado al fiscal durante la investigación. Fundamenta su plantea-miento en Pallota v. United States, 404 F.2d 1035 (1st Cir. 1968); Gregory v. United States, 369 F.2d 185 (U.S. Ct. of App., D.C. Cir., 1966) y People v. Beard, 214 N.E.2d 577, 581 (App. Ct. Ill. 1966).

Es por primera vez en apelación que la defensa hace este planteamiento. En ningún momento la defensa solicitó del juez que presidía la vista que el jurado se retirara. No surge tam-poco del récord que el jurado estuviera consciente de que el fiscal le hubiera entregado las declaraciones a la defensa.

No se nos ha señalado que en éste ni en ningún otro caso la práctica seguida hasta ahora en esta jurisdicción haya afectado los derechos fundamentales del acusado que vicie de nulidad el juicio.

En cuanto a ésta parte de esta opinión, el ponente ex-presará sus puntos de vista en un voto explicativo.

6. — El apelante imputa prejuicio y pasión al jurado en la apreciación de la prueba. No analiza la misma con el propósito de sostener este apuntamiento. El apelante se ha limitado a señalar que en vista de las contradicciones de los testigos de cargo, las cuales no especifica, y del hecho de que, en su mayor parte, dichos testigos eran familiares y amigos de la occisa, sus testimonios no mérecían el crédito que les dio el jurado.

Hemos examinado los testimonios de los testigos de cargo y no encontramos en el récord fundamento alguno para con-cluir que el jurado actuó prejuiciadamente o a base de pa-sión o parcialidad. El veredicto, por el contrario, está am-pliamente sostenido por la prueba.

En vista de lo expuesto, debe confirmarse la sentencia dictadla en este caso por el tribunal de instancia, en 28 de noviembre de 1966.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Martín, no intervinieron. El Juez Señor Ramírez Bages emitió un voto explicativo.

—O—

Voto explicativo del Juez Asociado Señor Ramírez Bages.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 1971

En relación con la solicitud, entrega y uso de las declara-ciones de los testigos de cargo en presencia del jurado, cues-tión planteada en el quinto apuntamiento considerado en la opinión en este caso, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal se expresó en Pallota v. United, States, 404 F.2d 1035 (1st Cir. 1968), así:

“Si el abogado defensor, luego de solicitar y examinar la de-claración ante el jurado, decide no usarla en el contrainterro-gatorio de un testigo, corre el riesgo de que el jurado pueda in-ferir que la declaración era consistente con el testimonio directo, realizándose indirectamente lo que no podía lograr el ministerio fiscal directamente usando declaraciones consistentes anteriores para corroborar el testimonio de su testigo el cual no ha sido impugnado. Este peligro ha inducido al Circuito del Distrito de Columbia a declarar que constituye un error que requiere la revocación de la sentencia el requerir que las solicitudes y exámenes se hagan en presencia del jurado. Gregory v. United States, 125 U.S. App. D.C. 140, 369 F.2d 185 (1966). Además, nos damos cuenta de la posibilidad de que el exigir que el abogado defensor lea una larga y detallada declaración por primera vez y decida sobre su utilidad a los fines del contrainterrogatorio, bajo la observación pasmosa de un jurado, puede añadir cargas sicológicas que no son necesarias ni son de ayuda para lograr un juicio justo.

Por otra parte, si declaraciones del tipo a que se refiere la Ley Jencks son usadas en el contrainterogatorio sin indi-carse como llegaron a manos de la defensa, el ministerio fiscal corre el riesgo de que el jurado pueda inferir que ha ocultado in-formación importante. Véase, United States v. Gardin, 382 F.2d 601 (2d Cir. 1967) ”

Las declaraciones juradas prestadas por los testigos de El Pueblo durante la etapa investigativa del proceso criminal son prueba de referencia y, en consecuencia, inadmisibles en evidencia. No obstante, el acusado tiene derecho a que, después que declare un testigo de El Pueblo se le entregue copia de la declaración que el testigo le dio al ministerio púb-lico, o a cualquier otro funcionario investigador para pro-pósitos de impugnar a dicho testigo si existen contradicciones entre el testimonio en corte abierta y el testimonio prestado por el testigo con anterioridad al juicio. Pueblo v. Rivas, supra.

A mi juicio, en el ejercicio de nuestra función rectora, hemos debido adoptar para casos subsiguientes, y en relación con la solicitud, entrega y uso de declaraciones suscritas por testigos de cargo, la siguiente norma:

El abogado de la defensa puede evitar cualquier posibili-dad de que se causen perjuicios a la imparcialidad del pro-cedimiento, como se apunta en Pallota v. United States, supra, Gregory v. United States, supra, y United States v. Gardin, supra. Puede dirigir su solicitud para examinar las referidas declaraciones al juez en ausencia del jurado. A esos efectos, el tribunal de instancia deberá ordenar que se retire el jurado. Nunca se requerirá del abogado de la defensa que haga tal solicitud en presencia del jurado.

En caso de que dicho abogado utilice y presente en eviden-cia la mencionada declaración para impugnar al testigo, ade-más de las instrucciones que ordinariamente se transmiten sobre el propósito y alcance de esa prueba, debe instruirse al jurado que la investigación fiscal es privada y que, por lo tanto, el acusado no tiene derecho a examinar las declaraciones juradas de los testigos de cargo, obrantes en el expediente fiscal, hasta tanto el Tribunal lo ordene después que el testigo haya declarado en su interrogatorio directo.

       El referido Art. 397(3) dispone que es admisible en evidencia “El acto o declaración de otra persona en presencia y bajo la observación de una parte, y la conducta de ésta, relacionada con dicho acto o declaración.” Esta disposición se tomó del Art. 1870 del Código Civil de California el cual ha sido derogado.

         Ley Jencks, Pub. L. 85-269, Sept. 2, 1957, 71 Stat. 595; 18 U.S.C. see. 3500, que incorpora la norma establecida en Jencks v. United States,
        353 U.S. 657 (1957). Véase, Pueblo v. Rivas, 83 D.P.R. 386 (1961). Ni la Ley Jencks ni la decisión en Jencks, supra, establecen nada en lo que respecta a la cuestión discutida en el caso que nos ocupa.


author: per curiam :

text:
    Francisco Escoda, Hijo, demandante y recurrido, v. Hull Dobbs Co. of Puerto Rico (Courtesy Motors of Puerto Rico) Ken Lancaster, José Cruz Vélez y Julio Mejía Lizardo, demandados y recurrentes.

      Número: R-70-78

      Resuelto: 9 de diciembre de 1971

      Orlando J. Antonsanti y Ernesto González Pinero, abogados de los recurrentes; Dapena Dapena & Toro, abogados del recu-rrido.
   per curiam :

En una acción civil por persecución maliciosa, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictó sentencia con-denando a la parte demandada-recurrente a pagar al recurrido la suma de $2,000.00 en concepto de daños y perjuicios, más las costas y $500.00 para honorarios de abogado.

Para el año 1962, el recurrido Francisco Escoda, hijo, trabajaba como vendedor de automóviles, en Santa Rosa Plaza de Bayamón para la firma “Courtesy Motors of P.R.” hoy “Hull Dobbs Co. of P.R.” Los co-demandados José Cruz Vélez y Julio Mejia Lizardo, eran Gerente General y Gerente Commercial y Contralor respectivamente de dicha firma. Los únicos autorizados para firmar órdenes de compra eran los gerentes, entre los cuales figuraban los codemandados ya men-cionados y el señor Marcelino Rivera, gerente de la oficina de Santa Rosa Plaza.

En el proceso de revisión de las facturas al cobro, apare-ció una orden oficial de compra de la corporación firmada por Escoda, hijo, y en virtud de la cual había comprado a nombre de la corporación piezas de automóviles por valor de $66.00.

Inmediatamente Escoda, hijo, fue despedido de su empleo mediante carta de 10 de abril de 1962 que lee:

“Sr. Francisco Escoda, Jr.
Caguas, P.R.
Señor:
Deseo confirmarle el despido, como vendedor, que le hiciera verbalmente su Jefe inmediato, el Sr. Marcelino Rivera, Gerente de nuestra Sucursal de Bayamón, por la causa de usted sustraer y firmar maliciosamente una orden de compra oficial de esta Corporación con la cual obtuvo piezas por el valor de $66.00, sin tener autorización ni poder para hacerlo.
Atentamente,
(Fdo.) José Cruz Vélez
Gerente General
JCV/lm
cc: Seafarers, P.R. Division
Welfare Plan.”

Escoda, hijo, era Presidente de una Unión o hermandad de vendedores y como tal tenía que intervenir y resolver pro-blemas que surgieran entre los vendedores y la gerencia de la compañía demandada.

A raíz de este despido, los gerentes Cruz Vélez y Mejía Lizardo pidieron a la detective que practicara una investiga-ción de los hechos. De ambos y de otros empleados de la Cor-poración demandada, el detective Otero recibió información “al efecto de que Escoda sustrajo y firmó una orden oficial de la corporación sin estar debidamente autorizado para ello, adueñándose de la propiedad comprada, la que usó en su pro-pio beneficio.”

Con esta información el detective Otero juró una denuncia contra Escoda por la comisión de un delito de falsa represen-tación, imputándole que . . en la fecha, hora y sitio que se indica arriba, se personó al negocio del Sr. Juan M. Nazario, donde compró a nombre del Sr. Julio Mejia Lizardo piezas de automóviles . . . por lo que firmó un recibo a nombre del querellante sin estar autorizado por éste para hacer transac-ciones comerciales y adueñándose de la propiedad la que usó en su propio beneficio y lucro personal y defraudando así al perjudicado con engaño en sus legítimos intereses.”

Luego de determinarse causa probable en su contra, Es-coda fue arrestado y encarcelado hasta que horas después prestó una fianza de $600.00.

La orden de compra se hizo a nombre de Courtesy Motors pero fue firmada, lo mismo que la factura, por Escoda con su propio nombre.

Escoda fue absuelto de la denuncia de falsa representa-ción y luego instituyó la acción que motiva este recurso.

El tribunal sentenciador, entre otras conclusiones y con base para ello en la prueba, formuló la siguiente:

“4. — El día 27 de marzo de 1962 el demandante Francisco Escoda, hijo, necesitó comprar unas piezas de automóvil e hizo uso de una orden de compra oficial de la corporación demandada, habiendo en dicha orden escrito una relación de piezas a ser compradas y habiendo suscrito dicha orden con su propia firma. Días antes, y específicamente el 22 de marzo de 1962 el deman-dante fue autorizado por su gerente directo, Marcelino Rivera para realizar la compra de un motor Buick 55 con el descuento que le concedían a la Courtesy Motors (Exh. 3-Dte.) para ser insta-lado en el vehículo que Escoda le vendió a un cliente en Caguas. Por razones que desconocemos, Escoda en vez de comprar dicho motor, optó por comprar ciertas piezas que necesitaba el motor de dicho vehículo, utilizando el procedimiento antes mencionado. (Exh. 2 Demandante).”

De los hechos encontrados probados por el tribunal de instancia se infiere que la compra realizada por Escoda de piezas para el motor de automóvil, en vez de comprar el motor en sí, resultaba beneficioso para Courtesy Motors, y que el demandante Escoda no tuvo la intención de defraudarla, toda vez que tanto la orden de compra como la factura por el valor de las piezas fue firmada por Escoda con su propio nombre.

Estuviera mal o bien denominada la denuncia radicada por el detective Otero, lo cierto es que en ella se alegan los hechos informádosle por los gerentes y otros empleados de la corpo-ración demandada.

No tenemos dudas de que la actuación de la parte de-mandada, como correctamente resolvió el tribunal sentencia-dor, fue la causa eficiente de poner en movimiento maliciosa-mente la maquinaria de la ley para perseguir judicalmente a Escoda. Véase, Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342 (1913); Rivera v. Casiano, 68 D.P.R. 190 (1948); Jiménez v. Sánchez, 76 D.P.R. 370 (1954).

Se dictará sentencia confirmando la del Tribunal Superior.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       El procedimiento consiste en utilizar las órdenes oficiales de compra de Courtesy Motors.


author: per CURIAM:

text:
    Zoila Gloria y María Eugenia López, demandantes y recurrentes, v. Víctor Díaz Canales y Federal Insurance Company, demandados y recurridos.

      Número: R-68-322

      Resuelto: 10 de diciembre de 1971

      Ángel Viera Martínez y César Andreu Ribas, abogados de las re-currentes; Francisco Ponsa Feliú, Wilson F. Colberg y Miguel A. Valldejuli, abogados de los recurridos.
   per CURIAM:

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictó sentencia declarando sin lugar las demandas en recla-mación de daños y perjuicios provenientes de un accidente de automóviles, interpuestas por Zoila Gloria López y su hermana María Eugenia López y Employers Mutuals of Wausau, sub-rogada ésta en los daños sufridos por el vehículo de Zoila Gloria López, contra Víctor Díaz Canales y su aseguradora U.S. Casualty Company.

Los errores señalados en este recurso, excepto uno de ellos, van dirigidos a atacar la apreciación de la prueba hecha por el tribunal sentenciador.

El accidente ocurrió entre 6:00 y 6:30 de la tarde del 15 de junio de 1962 en la carretera Estatal Núm. 110 que conduce de Moca a Mayagüez y consistió en la colisión del vehículo marca Pontiac-Tempest, propiedad y conducido allí y entonces por la demandante Zoila Gloria López, quien iba acompañada de su señora madre doña Gloria Martín Pabón, y el vehículo marca Ford, conducido allí por su dueño, el demandado Víctor Díaz Canales. Como consecuencia de las lesiones recibidas en ese accidente, falleció la señora Martín Pabón; la codeman-dante doña Zoila Gloria López sufrió lesiones graves y lo mismo puede decirse del demandado, aunque en menor grado.

No hubo testigos presenciales del accidente, excepto la co-demandante doña Zoila Gloria López y el demandado señor Díaz Canales.

Existe un conflicto irreconciliable entre las versiones de ambos en cuanto a la forma como ocurrió el accidente. La versión de la demandante y su prueba fue al efecto de que el día del accidente ella conducía su automóvil marca Pontiac-Tempest, modelo 1961, por la carretera estatal Núm. 110 en dirección de Moca hacia Mayagüez. Le acompañaba su señora madre. Antes de ocurrir el accidente la demandante iba subiendo una pendiente. Arriba había una planicie y una se-micurva estrecha. Al salir de la semicurva discurría por su carril derecho y entonces se encontró que el vehículo del demandado venía en dirección contraria por el mismo carril que ocupaba el vehículo de ella. Tiró hacia la izquierda para evitar la colisión pero el demandado también desvió su vehículo hacia la izquierda y ahí la impactó de frente. Los vehículos quedaron destrozados, unidos uno al otro casi al medio de la carretera. La primera persona en llegar allí fue Ramón Figueroa quien testificó en el juicio por parte de la demandante. Depuso este testigo que él conducía su automóvil por la carre-tera de Mayagüez hacia Moca; que momentos antes del acci-dente, le pasó un automóvil Ford como a 35 millas en una curva peligrosa que resbala; que en esa curva hay rótulos de advertencia de su condición peligrosa; que pocos segundos después sintió un impacto, creyó que era un accidente, ade-lantó la marcha de su vehículo y más adelante encontró el accidente; que uno de los vehículos envueltos en el accidente era el Ford que le había pasado momentos antes; que estaba claro, el pavimento era bastante bueno y estaba seco; que los vehículos • estaban unidos, completamente destrozados, bastante al centro de la carretera; no completamente de frente sino medio inclinados. El testigo no presenció el accidente; éste ocurrió como a un hectómetro de donde le pasó el Ford; por ambos lados de los vehículos chocados podía pasar un automóvil.

Por el contrario, la prueba del demandado tendió a esta-blecer que cuando se aproximaba a la semicurva, como a una distancia de 30 pies, apareció el vehículo de la demandante, brincando, dando bandazo, como barriéndose, fuera de control. “Yo empecé a parar en seguida. Me tiré hacia la derecha. El carro ya había perdido todo el control, se tiró hacia mi derecha y me embistió cuando yo estaba mitad en el .pavi-mento y la otra mitad fuera del pavimento.” Su vehículo recibió el impacto en el frente izquierdo a un ángulo como de 120 grados.

El tribunal sentenciador dio crédito al testimonio del de-mandado y considerando la demás prueba que éste presentó, concluyó:

“3 — Al salir de una curva hacia la izquierda, la demandante Zoila Gloria López perdió el control de su vehículo y empezó a dar zig-zags a la vez que seguía corriendo en la dirección que traía hacia Mayagüez. Como 100 metros después de haber salido de la curva en esas condiciones, y ya en una recta que tiene como 300 metros, el vehículo conducido por dicha co-demandante in-vadió el carril derecho del demandado Víctor Díaz Canales y se estrelló contra el vehículo de éste, el cual se encontraba en el mo-mento del impacto casi detenido en su derecha cerca del talud por haber aplicado los frenos, y con las ruedas del lado derecho del vehículo metidas dentro del paseo, y fuera del área pavimen-tada de la carretera, como dos o tres pies de donde termina ésta.”

En esta forma el tribunal sentenciador dirimió el con-flicto en la prueba a favor del demandado. Hemos examinado detenidamente la transcripción de la evidencia así como la prueba documental presentada por las partes y no podemos convenir con las recurrentes en que al así hacerlo el tribunal sentenciador incurriera en error.

El testimonio del demandado respecto al sitio donde ocu-rrió la colisión y posición en que quedaron ambos vehículos, está corroborado por el entonces fiscal señor Sergio Vélez González, quien se personara aquella tarde, al sitio del acci-dente en cumplimiento de los deberes de su cargo. En unas fotografías ofrecidas por el demandado, el referido funcio-nario identificó el sitio y posición en que quedaron los vehí-culos después de la colisión, confirmando sobre lo que a ese respecto había declarado el demandado. Respecto a esos ex-tremos la declaración del demandado fue también corroborada por el policía señor Victorio Santiago, quien se personó en' aquel sitio para investigar el accidente.

La prueba de la demandante sosteniendo que después de la colisión, el tránsito de automóviles podía discurrir por ambos lados de los vehículos chocados, fue contradicha no solamente por el demandado, sino también por el señor fiscal y el policía ya mencionados. En las fotografías puede observarse claramente que el vehículo del demandado quedó después de la colisión, en su extrema derecha con sus dos ruedas, derechas, como de dos a tres pies, fuera del encintado de la carretera. Esto obviamente es contrario a la teoría de que los vehículos chocados quedaron casi al centro de la carretera. Tuvo pues, el juez sentenciador ante sí otros hechos suficientes para conceder, como concedió, crédito al testimonio del demandado. Las conclusiones de hecho formuladas por el juez sentenciador no son erróneas y por lo tanto, no debemos alterarlas en revisión. Creída como fue la versión del deman-dado, no hay base para concluir que si no en todo, por lo menos el demandado fue negligente en parte.

Se señala como error el haber el tribunal dictado sentencia antes de recibir una certificación del Departamento de Obras Públicas sobre el ancho, sus carriles, los paseos y orillas de la carretera donde ocurrió el accidente y cambio, si alguno, en la enumeración del kilometraje, y para lo cual el tribunal había concedido tiempo a la parte demandante.

La prueba ofrecida por ambas partes en cuanto al sitio específico donde ocurrió el accidente hacen referencia al ancho de la carretera, sus carriles y paseos. Aun concediendo que se cometiera el error señalado, el mismo no justificaría la revo-cación de las sentencias revisadas. Sería altamente especula-tivo, en vista de toda la prueba que consideró el tribunal sen-tenciador, suponer que la referida certificación pudiera cam-biar el criterio de aquel tribunal en cuanto a la forma como ocurrió el accidente y la causa próxima del mismo. En las fotografías admitidas en evidencia pueden apreciarse los detalles que contendría la certificación aunque no con exactitud matemática, y sobre ellos hay una explicación detallada en la prueba.

En vista de que las conclusiones del tribunal sentenciador determinando que la causa próxima y única del accidente fue la negligencia de la demandante, no tenemos base para dejar sin efecto el pronunciamiento sobre la temeridad de las demandantes y exonerarlas de la condena al pago de honora-rios de abogado.

Se confirmará la sentencia objeto de este recurso.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Martín, no inter-vinieron.