author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Charlie La Costa Sampedro, demandante y recurrido, v. Carmen María La Costa Bolívar, Ricardo La Costa Bolívar, Carmen Bolívar Vda. de La Costa, Héctor Nevárez y Corp. Hacienda San Martín, Inc., demandados y recurrentes el primero, cuarto y quinto; Charlie La Costa Sampedro, demandante y recurrente, v. Carmen María La Costa Bolívar y Otros, demandados y recurridos.

      Números: R-80-554, R-80-556

      Resueltos: 21 de enero de 1982

      Manuel Reyes Dávila y José Luis Feliú Pesquera, abogados del demandante (recurrente en el recurso R-80-556 y recurrido en el R-80-554); Francisco Castro Amy, abogado de los demandados Carmen La Costa Bolívar, Héctor Nevárez y Hacienda San Martín, Inc. (recurridos en el recurso R-80-556 y recurrentes en el R-80-554); Iván Díaz De Aldrey, de Brown, Newsom & Córdova, y Frank Brunet Calaf, abogados de la recurrida Carmen Bolívar Vda. de La Costa.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de septiembre de 1974 falleció Don Ricardo La Costa Calaf. Le sobrevivieron su viuda Carmen Bolívar y tres hijos nombrados Ricardo y Carmen María de apellidos La Costa Bolívar y Charlie La Costa Sampedro. Este último, hijo natural reconocido, cuestionó judicialmente la venta que su padre realizó en el año 1954 de un número sustancial de las acciones mayoritarias que poseía en la Suiza Dairy, Inc., y la transacción de compraventa efec-tuada década y media después —el 17 de septiembre de 1970— de una finca y lechería situadas en el Municipio de Dorado a su hija Carmen María La Costa Bolívar y su esposo Héctor Nevárez. Alegó que se trataba de negocios jurídicos simulados para encubrir donaciones improcedentes a Carmen María para privarlo de sus derechos hereditarios.

Previa vista en sus méritos, el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Wilfredo Alicea López), en reflexionado y documentado dictamen decretó bona fide la compraventa de la finca, pero concluyó que contenía una donación sub-yacente montante a $309,670, en la cual existía una por-ción reputada ganancial a determinarse posteriormente; ordenó a los codemandados Nevárez-La Costa y Hacienda San Martín, Inc. colacionar la parte de la donación no reputada ganancial (disponiendo que no tendría que cola-cionarse la mitad del inmueble donado luego de descon-tarse la porción que resultare ser ganancial); desestimó la demanda contra el codemandado Ricardo La Costa Bolí-var, sin imposición de costas ni honorarios; retuvo jurisdic-ción sobre la codemandada Carmen María Bolívar Vda. de La Costa hasta la determinación de si la donación era o no inoficiosa; y no impuso costas ni honorarios.

El ilustrado foro de instancia, a la luz del examen y evaluación de la evidencia testifical y documental de las partes estimó probado, tanto en su sentencia original como en la enmendada, los hechos que a continuación resumimos.

Don Ricardo, aunque reconoció al demandante como hijo natural y lo trató y le brindó cariño, “no le prodigó las mismas atenciones que a sus restantes hijos habidos en su matrimonio con doña Carmen Bolívar, [y . . .] nunca fue aceptado en el seno de la familia La Costa-Bolívar ni invi-tado a dicho hogar. Estas diferencias en el trato y la falta de aceptación en dicha familia le han creado al deman-dante un trauma emocional que le ha dejado ‘profundas huellas en su personalidad’ ”.

La hija del causante, Carmen, y su esposo, Héctor G. Nevárez, desde que se casaron en el año 1947 fueron a vivir en la misma casa de los padres de ella en Santurce, y allí formaron y criaron su propia familia, lo cual “propició que se creara una relación familiar especial y un sólo núcleo familiar constituido por los esposos La Costa-Bolívar y Nevárez-La Costa”. Además, se desarrollaron vínculos estrechos en el ámbito de los negocios por razón de que el causante era accionista y abogado de la Suiza Dairy, Inc., de cuya corporación su yerno Nevárez era accionista principal. La leche producida en una vaquería operada en la finca objeto del pleito era vendida a la Suiza Dairy. También su hija Carmen era accionista de la Far-macia Colonial, de la cual el causante era el accionista principal.

La compraventa de la finca objeto del pleito fue reali-zada el 17 de septiembre de 1970, mediante la escritura Núm. 25 otorgada ante el notario Daniel Pellón La Fuente. Figuran los esposos La Costa-Bolívar vendiendo a los espo-sos Nevárez-La Costa. Por Acta Aclaratoria del 21 de diciembre del mismo año, se clarificó y desglosó la tasación y precio de la compraventa del siguiente modo: (1) ganado vacuno, $59,040; (2) equipo y herramientas, $7,827.50; (3) edificaciones, $48,668.50; y (4) terrenos, $489,464. Del pre-cio total convenido los compradores entregaron en efectivo $50,263.73 y asumieron el pago de tres hipotecas a pagar a: (1) Puerto Rico Production ($227,592.27); (2) Federal Land Bank ($177,144); y (3) Ricardo La Costa ($150,000). Todas estas hipotecas y los intereses pactados en la com-praventa a razón del 6% anual fueron satisfechos por los esposos Nevárez-La Costa. Posteriormente ellos —mediante la escritura número 4 del día 4 de febrero de 1972, ante el notario Luis E. Cintrón Renta— traspasaron esa finca a la corporación cerrada familiar Hacienda San Martín de la cual ambos son accionistas mayoritarios, y por ser poseída, administrada y custodiada por Nevárez, su esposa Carmen e hijos, realmente constituye “un álter ego” de la persona del primero.

Para la época de la aludida compraventa, los esposos La Costa-Bolívar eran personas de edad avanzada, “y los únicos que se hacían cargo de ellos eran los esposos Nevárez-La Costa, pues las relaciones familiares entre los primeros con su hijo Ricardo La Costa Bolívar eran pobres debido a los contratiempos que éste había tenido con la jus-ticia y los acreedores que lo perseguían, que había obli-gado a Don Ricardo La Costa [a] gastar grandes sumas de dinero en su defensa”.

Con referencia a la valoración de la finca el tribunal sentenciador rechazó la confiabilidad de las tasaciones al 17 de septiembre de 1970 realizadas por los peritos de las partes. Dicho foro consignó, explicó y fundamentó su propio criterio y conclusión valorativa y —tomando como base otros indicadores tales como ventas más contemporá-neas, cabida, conformación de los terrenos, carácter agrí-cola del área, su inundabilidad, facilidades de servicios de agua, luz, teléfono, grado de desarrollo de los pueblos adyacentes, clasificación de zonificación por la Junta de Planificación, mejoras, edificaciones y potencial de uso residencial, comercial e industrial— determinó que a la fecha de la compraventa los terrenos valían $746,496, equivalente a $1,800 la cuerda. Coincidió con el valor de las partes en cuanto al ganado vacuno y herramientas montantes a $59,040 y $7,827.50 respectivamente. Como resultado de esa valoración, estimó una diferencia entre el valor real y precio pagado por Nevárez y su esposa en $309,670 y determinó “que al efectuarse la compraventa de la finca que es objeto de este pleito el 17 de septiembre de 1970, por consideraciones de índole familiar y de negocios, el causante se la vendió a los esposos Nevárez-La Costa por debajo de su justo valor en el mercado. Por consiguiente hay una donación subyacente en la compraventa montante a $309,670, de cuya suma una porción se reputa ganancial y el balance debe colacionarse con arreglo a la ley”. (Énfa-sis nuestro.) Además concluyó “que el hecho de que el demandante fuera hijo natural reconocido del causante y porque no fuera aceptado en el seno de su familia, sino más bien que fuera rechazado por ésta, por sí solo no es suficiente para inferir que dicho causante hizo una venta simulada de la finca a los esposos Nevárez-La Costa para favorecer a su hija en detrimento de los derechos heredita-rios futuros del demandante. Dicha evidencia la reputa el Tribunal como insuficiente, especulativa y conjetural”.

El foro primario fundamentó jurídicamente su decreto apreciando que en las relaciones estrechas familiares y de negocios existentes entre las partes otorgantes, no era extraño que en la compraventa hubiera una donación sub-yacente que, aunque encubierta, se reputaba válida con-forme el Art. 1226 del Código Civil, y Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 18 (1962), por estimarse suficiente causa contractual la liberalidad del bienhechor. Aclaró, sin embargo, que la donación así efectuada estaba sujeta a colacionarse según lo preceptuado en los Arts. 578 y 1001 del Código Civil.

Rechazó expresamente la teoría del demandante de que la compraventa de la finca fue absoluta y totalmente simulada, pues, a juicio de dicho tribunal, se desfiló y aportó ante sí evidencia testifical y documental suficiente para determinar, tal y como lo hizo, que la transacción fue bona fide, excepto que se realizó por debajo de su justo valor en el mercado.

No conformes, tanto el demandante Charlie La Costa Sampedro como los codemandados Héctor Nevárez, su esposa Carmen M., y la entidad Hacienda San Martín, Inc., recurrieron ante nos. Acordamos revisar. En vista de la similitud de varios señalamientos consolidamos ambos recursos.

HH

El primer error alegado por todos constituye un ataque a la apreciación del tribunal a quo sobre la prueba con referencia a la conclusión de que la transacción fue una compraventa bona fide que incluía una donación subya-cente.

El demandante sostiene básicamente que fue un con-trato simulado de compraventa, con causa ilícita por tener como propósito encubrir una donación total y así perjudi-carlo como heredero. En contrario los demandados sos-tienen que no hubo tal donación.

El análisis integral de la prueba nos mueve a concluir que el error no fue cometido. Concentrémosnos primero en los argumentos en que el demandante basa su contención y cómo los hechos sobre esos extremos fueron depurados por la sala de origen.

Inicialmente enfatiza que el ambiente existente en el hogar del finado era propicio para que se efectuara la alegada simulación. Esto a su vez lo subdivide en tres con-tenciones, a saber: (1) que el causante se encontraba en mal estado de salud a la fecha de la transacción; (2) que existía un gran favoritismo de su parte hacia su hija; y (3) que tanto su esposa como su hija se negaron a admitir e ignoraron la existencia del demandante hasta el año 1974, con la única intención de justificar que no medió razón alguna de perjudicarlo al realizarse la compraventa en 1970. Exa-minémoslas en conjunto.

En cuanto a la pobre condición física del causante el tribunal estimó fielmente que a la fecha de la venta Don Ricardo sólo padecía de ciertos achaques propios de su edad. No se cuestionó ni hay evidencia que tachara su habilidad y capacidad mental. De hecho, después de la venta continuó limitadamente administrando la finca para fines de su liquidación. Sobre el alegado favoritismo hacia la hija, el foro primario correctamente resolvió que dicha prueba, aunque evidenciaba un afecto particular, era de índole especulativa, conjetural y escaso valor probatorio para llegar a la conclusión pretendida. Por último, y con relación al rechazo experimentado por el demandante de parte de la viuda e hija, concluyó que aunque ello era cierto, ese hecho no era suficiente para inferir que la tran-sacción se hizo dolosamente para perjudicarlo.

El examen ponderado de la prueba nos lleya a compar-tir las apreciaciones del tribunal de instancia. Recuérdese que Don Ricardo no sólo reconoció como hijo al deman-dante, sino que siempre lo trató como tal y le brindó cariño. No perteneciendo al núcleo familiar original, era explicable que no pudiera dispensarle y prodigarle todas o las mismas atenciones que a sus restantes hijos. Si parti-mos de la premisa que el negocio jurídico fue realizado sin padecer de sus facultades mentales, no podemos inferir ni atribuirle al causante propósitos ruines a lo que siempre fue un curso de acción noble y correcto en cuanto a su trato para con el demandante. Lo que más bien aflora de los señalamientos expuestos son las limitaciones inherentes que surgen en este tipo de circunstancias por innume-rables factores entre los cuales figuran prominentemente razones de tipo familiar, conyugal, emocional y social. El ideal constitucional compartido por nosotros de igualdad entre los seres —debido a las complejidades de la natura-leza humana (virtudes y prejuicios)— lamentablemente no significa ni garantiza la paridad de sentimientos por parte de todos los protagonistas de este drama.

En este primer planteamiento de error se enfatiza que al fallecer el causante no dejó dinero alguno en efectivo. A tales efectos, se señala que aun cuando él había tomado ciertos préstamos —$200,000 al Federal Land Bank en 31 de mayo de 1966 y $100,000 en 27 de febrero de 1967 al Product Credit Association — , tenía ingresos mensuales de alrededor de $3,850, provenientes de distintas" fuentes y había recibido alrededor de $50,000 en la compraventa impugnada, sólo poseía $600 en cuentas de bancos y ningún dinero en efectivo al fallecer en el 1974. Sobre el particular advertimos que los préstamos sustanciales alu-didos fueron realizados varios años antes de la muerte del causante. No es razonable, por tanto, derivar las conclusio-nes reclamadas. De otro lado, la prueba demostró que éste endosó y depositó en su cuenta bancaria ,los cheques co-rrespondientes al pronto pago ($50,000) más los intereses pagados de la venta de la finca. También fueron admitidos los cheques en pago de los intereses adeudados al Federal Land Bank y la hipoteca con la Production Credit Association. Se probó, además, que el causante tenía sus valores en una caja fuerte en su oficina en la farmacia de su pro-piedad. Dicha caja fue robada mientras él yacía en estado de gravedad. No se demostró que mantuviera una caja fuerte en su residencia u otro lugar donde pudiera tener guardado dinero. Es obvio que Don Ricardo, como hombre profesional de éxito en los negocios, estaba acostumbrado a manejar y disponer con facilidad de dinero en efectivo, y realizaba negocios comerciales sin que, inclusive su esposa, tuviera conocimiento alguno de lo que acontecía con su capital financiero. Estas circunstancias sostienen amplia-mente las determinaciones del ilustrado tribunal sen-tenciador.

Por último, el demandante alega que su causante pa-gaba las deudas y contribuciones de la finca en controver-sia y que la continuó administrando luego de la venta. La proposición no es del todo correcta. La prueba no demostró que el causante continuara pagando las contribuciones. Y sobre la administración de la finca surge que la misma fue de carácter limitado, solamente con el propósito de liquidar la lechería y vender el ganado. Por estas gestiones rindió cuentas mensuales a Nevárez.

Es a la luz de un enfoque integral de la evidencia que el tribunal a quo consideró improcedente la contención del demandante sobre la naturaleza y nulidad de la transac-ción envuelta, y resolvió que había sido bona fide sin mediar intención de defraudarlo. En su perspectiva global, hemos de respetar tal determinación.

Igual conclusión procede respecto al señalamiento de los codemandados recurrentes de que constituyó un error la determinación de que Don Ricardo tuvo la intención de hacer una donación a su hija y yerno, de forma subyacente, a base de la relación familiar y los vínculos de negocio existentes entre ellos.

Es incuestionable que desde que los codemandados Héctor Nevárez y Carmen La Costa se casaron en 1947 fueron a vivir a la casa de Don Ricardo. Allí han vivido y criado su propia familia. Como correctamente precisó la sala de instancia y expusimos anteriormente, el hecho de convivir juntos propició que se creara una relación familiar especial y un sólo núcleo familiar constituido por los esposos La Costa-Bolívar y Nevárez-La Costa. Además, existía una relación de negocios. El causante era accionista de la Suiza Dairy, Inc. y su yerno accionista principal. Don Ricardo operaba una vaquería en la finca en controversia y la leche producida la vendía a la Suiza Dairy. El causante era el accionista principal de una farmacia en la cual su hija también era accionista. Esas circunstancias son las que movió al foro sentenciador a concluir que la venta se realizó por debajo del valor real en el mercado con la intención de favorecer a su hija Carmen.

Tampoco encontramos en el récord razones de peso por las cuales debamos alterar dichas determinaciones fácticas. No están presentes circunstancias extraordinarias, error manifiesto en la apreciación de la prueba, indicios de pasión, prejuicio o parcialidad —Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 946-947 (1975); Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155, 161 (1977)— que nos mueva a descartarlas. Esta autorrestricción y deferencia se impone de manera especial en el caso de autos en que la observación y manera de declarar los testigos es de crucial importancia para detectar intenciones y móviles de ale-gado engaño e inferir de la misma la verdadera naturaleza de la transacción.

II

Como segundo error el demandante' cuestiona la con-clusión de que la compraventa fue válida, no obstante haber determinado que incluía una donación subyacente. Estos señalamientos envuelven una cuestión no resuelta en nuestra jurisdicción.

A los fines de su mejor entendimiento, es menester precisar el carácter del negocio envuelto: una compraventa bona fide que incluye una donación subyacente. O sea, que siendo el precio uno menor que el justo valor en el mercado de la finca vendida, ello implica que esa diferencia constituye una donación si la misma es hecha de buena fe y sin intenciones de defraudar a herederos legítimos. En tal eventualidad existiría causa en ambos contratos: en la “compraventa” el precio pagado y en la “donación” la mera liberalidad del donante. Bajo esa premisa —que oportunamente rubricaremos— no es correcto afirmar que estamos ante un contrato simulado —inválido por carecer de causa— sino ante un contrato disimulado de donación dentro del de compraventa. Nuestra jurisprudencia reconoce la validez de dicho contrato disimulado de donación si cumple los requisitos exigidos en las disposiciones del Código Civil referentes a las donaciones. Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra. Aclarados estos extremos, advertimos la dificultad y diferencia que entraña el caso de autos con el de Hernández Usera, supra. Allí los contratos envueltos eran disimulados de compraventa en su totalidad para encubrir unas donaciones. Nunca medió causa para los contratos de compraventa. Aquí estamos ante un acto mixto en el que hay una compraventa real que surge del contrato suscrito entre las partes y, además, una donación disimulada sumergida en el mismo convenio, resultante de una valoración judicial que excede el precio libremente acordado por los contratantes.

Esta disimilitud nos obliga a plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Qué disposiciones del Código Civil hemos de utilizar para determinar si dicho acto es válido? ¿Apli-carán las normas referentes a los contratos onerosos, las relacionadas con la donación, o ambas? La determinación exacta es fundamental por las variadas consecuencias que una u otra pueden producir no sólo entre las partes, sino frente a terceros. También la distinción es pertinente en lo concerniente a las leyes contributivas.

La solución de estas interrogantes nos lleva en primer lugar a concretar cuál es la naturaleza del acto mixto en cuestión. El tratamiento del problema en España y otras jurisdicciones es relevante y de gran ayuda. Veamos. El nombre común con que se conoce el tipo de contrato envuelto en el caso de autos es “compraventa amistosaEl concepto acuña la relación dimanante cuando por ciertas consideraciones —a veces intangibles— una persona le vende a otra una cosa, pero mediando un precio menor al justo valor en el mercado. Clarificamos, no obstante, que el concepto no debe confundirse con otras situaciones que puedan presentar algunos perfiles afines, pero distintas por estar ausente el animus donandi, los cuales rebasan nuestro análisis decisorio.

Cuando la moderación del precio obedezca a motivos dis-tintos de la liberalidad, como en el caso de descuento ofre-cido por un comerciante para atraerse a la clientela, o en el de que se haga la rebaja en el precio de un objeto con la finalidad de favorecer la venta de otro cuando ambos deban venderse conjuntamente; tampoco cuando se reduce el precio a partir de una determinada unidad de objetos comprados, hipótesis en la que lo que en realidad habría sería una determinación del precio en función de la cantidad de obje-tos vendidos, etc. (Énfasis nuestro.) Ferrandis Vilella, Co-mentarios al Tratado de Derecho Civil de Enneccerus, 3ra ed„ T. II, Vol. 2, pág. 226.

Todas las fuentes consultadas coinciden en clasificar el negocio jurídico que nos ocupa como una donación mixta (negotium mixtum cum donatione), cuya característica principal es contener un negocio oneroso y una liberalidad a la misma vez. Esta clase de donación, la mixta, cae dentro de las donaciones onerosas.

Existen tres teorías sobre cuál es el régimen jurídico por el que han de regirse las donaciones onerosas.

La primera, llamada de la unidad, o como la denomina Castán de negocio único de donación auténtica, propugna que al acto mixto se le apliquen solamente las reglas de la donación. Dentro de esta dirección existe el razonamiento de Manresa en el sentido de que los criterios a regir deben ser los de los contratos.

Sin restar méritos a esta posición, notamos que la misma tiende a relegar a segundo plano un elemento esencial en la relación existente. Al considerar un contrato que contiene elementos de liberalidad y onerosidad solamente bajo la óptica de uno u otro, ciertamente estamos yendo en parte contra la voluntad de los contratantes. Tal enfoque iría en detrimento del principio consagrado en el Código Civil —Arts. 1233-1234— desde hace tiempo plasmado en nuestra jurisprudencia de interpretar un contrato aten-diendo principal y especialmente la voluntad de los contra-tantes. Acevedo v. Sucesión Caballero, 9 D.P.R. 424 (1905). Por esta razón no nos inclinamos a adoptar una postura absoluta cuyo efecto real sea el que un convenio que con-tiene una clara intención de liberalidad y de onerosidad se rija exclusivamente por las disposiciones de las donaciones o de los contratos.

La segunda doctrina es conocida como la teoría de la desarticulación. Ésta se aparta de la anterior al proponer que se divida el negocio en dos: oneroso y gratuito. Sugiere se apliquen las disposiciones de los contratos en cuanto al gravamen —precio pagado por los donatarios— y las nor-mas de las donaciones en cuanto al sobrante —dación subyacente.

El efecto práctico y gráfico de esta teoría, así con-cebida, sería eliminar del texto del Art. 564 la referencia a las “donaciones remuneratorias”, y como consecuencia ten-dería a leer así: “Las donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos, y . . . por las dispo-siciones de la presente parte en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto.” Sin embargo, advertimos que el resultado o efecto aparentemente producido es más bien equiparar el tratamiento de las onerosas con las remuneratorias. Esta posición toma como fundamento que el propio Código, al definir la donación onerosa en sus Arts. 560 y 561, se refiere a ésta como aquella en que hay un gravamen impuesto al donatario, en contraste a la remuneratoria, que se hace por liberalidad (méritos o servicios prestados al donante) sin que exista una deuda exigible. Sostienen que si el concepto “gravamen” del refe-rido Art. 564 incluye los servicios de las remuneratorias su significado debe también englobar el gravamen en su acepción común, tal como sería el pago de cierta cantidad de dinero. Aducen, además, que los méritos o servicios prestados por el donatario al donante usualmente son con-sideraciones que no son susceptibles de fácil valoración —como sería una carga en la donación onerosa. Ello haría más difícil —en las remuneratorias que en las onerosas— determinar qué es lo realmente donado.

Aunque coincidimos con la lógica estricta de ese razo-namiento, la dificultad práctica que plantea esta teoría nos lleva a descartarla. No es posible aplicarla en todas las situaciones en que convergen estos dos contratos. En aque-llos casos en que las partes contratantes hayan acordado cuál objeto es donado su utilidad es manifiesta. Pero, por vía de ilustración, cuando la venta consiste de varias cosas y no puede precisarse del contrato ni de la prueba lo ven-dido y lo donado, no es viable por tanto determinar a qué parte del convenio hemos de aplicar las disposiciones del contrato y las de la donación.

La última teoría, más bien de carácter ecléctico, ha sido esbozada por Castán:

Creemos, en definitiva, que el régimen de la donación con carga puede ser perfilado así:
a) Son aplicables a dicha donación las reglas especiales que dedica a la misma nuestro Código civil, y que veremos después en orden a la capacidad para aceptarla, forma del acto, obligación de saneamiento y revocación por incumpli-miento.
b) En lo demás, siempre que sea posible la diferenciación y valoración de la parte onerosa y la parte liberal de la donación modal, se aplicará el desdoblamiento a que parece responder la redacción del artículo 622 [564], en su relación con el 619 [561], y que también resulta exteriorizado por el artículo 638 [580].
c) Cuando ese desdoblamiento no sea prácticamente posi-ble, se aplicará a la donación onerosa el régimen unitario de la donación pura, según se desprende de los preceptos del artículo 619 [561] (que considera donación a la donación con carga) y 621 [563] (que establece el régimen general de normas por las que han de regirse las donaciones ínter vivos). Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., T. IV, pág. 260.

En resumen, esta teoría plantea que en aquellos casos de donaciones onerosas en que pueda diferenciarse la parte onerosa de la gratuita se aplique la segunda teoría, la de la desarticulación. Por ende, se utilizan las disposiciones de los contratos para el acto oneroso y las de la donación para la gratuita. De no ser susceptible de desdoblarse el acto, aplica la teoría de la unidad y, en consecuencia, se rige por las reglas de los contratos.

Según el propio Castán, esta posición parece que ha sido adoptada por la doctrina francesa. Al respecto, ci-tando a Margarita Bouyssou, nos señala que:

El acto constituye, en su conjunto, una liberalidad: se le aplicarán, pues, en principio, las reglas de forma y fondo que se aplican a los actos gratuitos, como si se tratara de una liberalidad pura y simple, ya que si se tuviera en cuenta la carga habría que admitir la división del acto en dos partes, resultando contrario a la voluntad del disponente. Sin embargo, no se puede siempre ignorar la existencia del elemento oneroso que disminuye la liberalidad. Así, cada vez que haya oportunidad de proceder a una valoración precisa del emolumento transmitido al gratificado, se deberá deducir del montante de la liberalidad el valor de la carga impuesta. Haciéndolo así, no se escindirá la disposición en dos actos, uno gratuito y otro oneroso: se respetará fielmente la volun-tad de las partes, que han decidido que el beneficiario reciba el importe de la liberalidad disminuido con el valor de la carga. Castán, supra, pág. 259.

Al reflexionar sobre estas teorías, nos inclinamos a favorecer la posición ecléctica sostenida por Castán. Al combinar la teoría de la unidad y la de la desarticulación en una se sobrepasan las objeciones técnicas y obstáculos prácticos que surgen en el uso individual de cada una. Es la solución más práctica a los problemas que puedan sur-gir bajo esta figura jurídica. Además, se respeta en lo posi-ble la intención de los contratantes. Creemos que es la más correcta y justa en nuestro medio ambiente jurídico. Se impone que la apliquemos al caso de autos.

III

Siguiendo la metodología analítica recomendada por Castán, hemos de examinar si en la transacción se cumplió con los requisitos de forma de las donaciones.

A. Requisitos de Forma:

Según nos pronunciamos en Hernández Usera, supra, para que una donación disimulada sea válida deben con-currir los siguientes requisitos: (1) que el contrato simu-lado que la encubre se haya otorgado mediante escritura pública; (2) que se describan individualmente los bienes donados, y en caso de donación onerosa, que se expresen las cargas que el donatario asume y (3) que se haga cons-tar la aceptación del donatario en la misma o en una escritura separada, pudiendo deducirse tal aceptación de la firma del documento simulado.

Todos estos requisitos se cumplieron en el caso ante nos. Así, el contrato de compraventa fue suscrito por ambas partes en escritura pública, se incluyó la cantidad a ser pagada (carga) por los compradores-donatarios y los bienes y su medida fueron individualmente descritos, tanto en la escritura original como en el acta aclaratoria posterior.

B. Régimen Jurídico Aplicable:

Para detectar el régimen jurídico aplicable al contrato mixto que nos ocupa, procede determinar si es posible o no la diferenciación y valoración de la parte onerosa y parte liberal.

Según expusimos, la sala de instancia determinó que la compraventa se efectuó por el precio estipulado en el con-trato, a saber, $604,000. La donación, a su vez, la calculó en la cantidad de $309,670 a base de que los terrenos, por cuerdas, fueron valorados en un precio menor. El conoci-miento de las cantidades que responden a la compraventa y a la donación nos permite diferenciar la parte gratuita de la onerosa. En consecuencia, es de aplicación el criterio del desdoblamiento del acto mixto y podemos examinar la validez de los dos contratos a base de las disposiciones co-rrespondientes del Código Civil aplicables a cada uno.

A tales efectos, con relación a la donación, resolvemos que su causa es válida. Según criterio del tribunal de instancia, compartido por este foro, la misma no fue hecha con intención de defraudar a los demás herederos. Consti-tuyendo la mera liberalidad causa suficiente, ésta es válida. Art. 1226 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3431. La donación consistió de 172.04 cuerdas, que valoradas en $1,800 cada una ascendió a $309,670.

Respecto a la compraventa, el demandante alega que no hay objeto cierto, según los Arts. 1225 y 1334 del Código Civil. Se ampara en que no se especificó en el contrato qué parte de la finca o del ganado fue vendida y cuál fue donada. O sea, sostiene que la indeterminación de cantidad invalida el contrato. Notamos que esta alegación se cir-cunscribe a si el contrato cumple con el Art. 1225 en el sentido de que: “La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes.” (Énfasis suplido.) No creemos que tenga razón.

El comentarista Luzzatto en su obra La Compraventa —traducción y notas de Bonet Ramón, págs. 54-55 (1953)— resume el enfoque doctrinal:

... la expresión determinable puede ser entendida en varios sentidos: en el sentido de que los contrayentes mismos hayan establecido un medio para determinar el objeto . . . puede ser determinable en el sentido de que por otras cláusulas del contrato, o por circunstancias inequívocas que preceden o acompañan a su formación, pueda, de modo indirecto sacarse la determinación del objeto....
Ante todo, respecto de la determinación de la cosa ven-dida, vale el principio comúnmente enseñado en materia de obligaciones, según el cual no es necesario que la determi-nación sea absoluta; así la cosa vendida puede ser determi-nada sólo en el género, y el género puede ser determinado con una cierta amplitud, siempre que ésta no sea tal que haga vano e irrisorio el vínculo jurídico, como sucedería si se vendiese un animal en general. (Énfasis suplido.)

Añade además:

... si hay elementos en virtud de los cuales pueda determi-narse, al menos con una cierta aproximación, la cantidad de la cosa vendida, la venta deberá considerarse válida.. ..
Un elemento importante también aquí podrá ser el precio que eventualmente haya sido establecido por los contrayentes, precio que combinado con singulares unidades de peso, de medida, etc., del género vendido, puede dar, al menos aproxi-madamente, la indicación de la cantidad. (Énfasis suplido.)

Del contenido del contrato impugnado junto con el acta aclaratoria otorgada posteriormente surgen suficientes elementos de juicio valorativos para que haya la determi-nabilidad de la cantidad exigida por el Código Civil. A tal efecto se consignó, con precisión, el número total de cuer-das, y mediante el acta aclaratoria se desglosó la tasación dada por los otorgantes a cada una de las cosas vendidas. Estos elementos son suficientes para que pueda determi-narse el objeto vendido. Como bien dice Luzzatto, no tiene que ser una determinación absoluta y exacta, es suficiente con que se pueda establecer aproximadamente su cantidad. No hay impedimento teórico ni práctico para que consi-deremos la donación efectuada imputable y determinable a base del número necesario de cuerdas del inmueble, a saber, 172.04. Concluimos que fue válida la compra-venta.

IV

Réstanos considerar los otros señalamientos de error.

Los demandados como tercer apuntamiento cuestionan la valoración judicial de la finca a razón de $1,800 por cuerda, alegando que el juzgador descartó el estado finan-ciero, el testimonio de dos agricultores y la opinión de su perito tasador. No tienen razón.

Como indicamos previamente, el tribunal ponderó y depuró factores tales como otras ventas más contemporá-neas, cabida, conformación de los terrenos, carácter agrí-cola del área, su inundabilidad, facilidades de servicios de agua, luz, teléfono y otros, grado de desarrollo de sus pueblos adyacentes, clasificación de zonificación por la Junta de Planificación, mejoras, edificaciones, y potencial de uso residencial, comunal e industrial para llegar a su con-clusión. La contención de los demandados pone énfasis en algunos de estos factores, pero descarta o minimiza otros, lo cual en resumidas cuentas adolece de la falla de no ser una evaluación integral y confiable.

También los demandados señalan que el tribunal de instancia erró al negarse a: (1) resolver que no era inofi-ciosa la donación; (2) desestimar la demanda en contra de los demandados Héctor Nevárez y Hacienda San Martín, Inc.; y (3) imponer honorarios de abogado al demandante. No tienen razón.

Primeramente, alegan erróneamente que la determi-nación sobre la inoficiosidad corresponde al tribunal y no al contador-partidor. El Código Civil en su Art. 1012 ordena que:

Cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida en los preceptos sobre procedimientos legales especiales. 31 L.P.R.A. see. 2878.

En virtud de este precepto el demandante solicitó en su demanda que el tribunal nombrara un administrador judicial y ordenara la partición de la herencia. El procedimiento sobre administración se lleva a cabo en el caso Civil Núm. 74-6996 ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Así las cosas, existiendo una controversia sobre la inoficiosidad de la donación, el tribunal cumplió con el mandato de la ley al resolver que fuera el contadorpartidor —una vez nombrado— el que primeramente hiciera tal determinación. Éste, como parte de las funciones que le asigna la ley, tendría que decidir si fue inoficiosa o no la donación a base del inventario y avalúo de los bienes hereditarios que oportunamente realice. Ello es una función inherente al contador-partidor. 32 L.P.R.A. sec. 2624. El señalamiento es prematuro. Cf. Ab Intestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433, 438 (1978). No es ésta la etapa propicia de los procedimientos para que se inter-venga con dicha determinación. El valor de los bienes relictos continúa parcialmente en controversia. Si alguno de los herederos no está conforme con el cuaderno parti-cional del comisario, en su momento propicio podrá pre-sentar sus objeciones al tribunal según dispone la ley. 32 L.P.R.A. sec. 2624.

Corolario de lo expuesto, hasta que se concluya la inofi-ciosidad o no de la donación, los codemandados Héctor Nevárez y Hacienda San Martín, Inc. deben permanecer en el pleito. La conclusión de que la corporación Hacienda San Martín, Inc. es de carácter íntimo-familiar controlada y álter ego de Nevárez —ampliamente sostenida por la prueba— así lo exige.

En cuanto a los honorarios de abogado, el error fue cometido pero a la inversa. Opinamos que la sala sentenciadora debió mantener los $10,000 de honorarios de abogado impuestos originalmente a los demandados en favor del demandante. El pleito tuvo que ventilarse ante la negativa de los demandados de reconocer la donación subyacente. Aun en esta etapa apelativa se niegan a admitirla.

Debe modificarse únicamente en este extremo la sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín e Irizarry Yunqué no intervinieron.

       Si bien el tribunal sentenciador no se pronunció al respecto, la escasa prue-ba presentada tiende a sugerir, aunque no de manera concluyente, que los espo-sos La Costa-Bolívar no declararon ingreso sobre esta venta en la planilla corres-pondiente al año 1970. Por otro lado no hay evidencia sobre documento ante el Departamento de Hacienda indicativo de que ellos consideran la transacción como una donación de carácter tributable. La única prueba objetiva e incues-tionable sobre este extremo, respecto al cumplimiento por los vendedores de las obligaciones fiscales, la constituyen copias de las planillas de contribución sobre ingresos para los años 1971 y 1972, en que aparecen como intereses recibidos de la “Finca San Martín” $9,000 en cada uno de esos períodos.

      E1 de la parte demandante concluía que el terreno valía $1,679,616 ($4,050 la cuerda) y las mejoras $200,464.90. El de los demandados valoraba el terreno en $435,456 ($1,050 la cuerda), las estructuras en $101,306.55, los muebles en $7,827.50 y el ganado vacuno en $59,040, para un gran total de $604,000.

       Rezan:
      Art. 578: “No obstante lo dispuesto en la see. 2021 de este título, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento.
      “La donación será inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida.” 31 L.P.R.A. see. 2023.
      Art. 1001: “El donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad.” 31 L.P.R.A. see. 2853.

      E1 tribunal sentenciador desestimó la causa de acción relativa a la impugnación de la transacción de las acciones vendidas el 27 de enero de 1954 y pagadas al causante por Nevárez a razón de $100 cada una, para un total de $27,900, al estimar insuficiente la prueba para inferir que ello era una donación.
      Aparte de que en su recurso el demandante no nos argumenta persuasiva-mente esta conclusión como error, el análisis integral de la prueba nos mueve a ratificar al foro de instancia.

      A manera de ejemplo, la disponibilidad total de la acción de saneamiento en la' compraventa, frente a la que se da sobre bienes donados; el carácter absoluto e irrevocable que de ordinario acompaña una compraventa, en contraste con la donación en que existe la revocación por ingratitud; y algunos requisitos de forma que pueden aplicar de manera distinta a estas figuras jurídicas.

       Albaladejo, Curso de Derecho Civil Español, Común y Foral, 1977, T. II, págs. 358-359; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1956, T. II, Vol. II, pág. 116; Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, 1944, T. IV, Vol. II, pág. 177; Sentencia del Tribunal Supremo de España del 19 de octubre de 1959; Scaevola, Comentarios al Código Civil, 1943, T. XI, Vol. II, pág. 594; Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., T. IV, págs. 262-263; Ferrandis Vilella, op. cit., pág. 226.

       Conforme el Art. 560, las donaciones entre vivos pueden ser de tres clases:
      “1. La donación puramente graciosa o la que se hace sin condición y por mera liberalidad.
      “2. La donación onerosa, o aquella en que se impone al donatario un gravamen sobre el valor de lo donado.
      “3. La donación remuneratoria, o la que se hace a una persona por sus méri-tos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles.” 31 L.P.R.A. see. 1983.

       Castán, supra, pág. 260.

       Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 1972, T. V, pág. 140.

      La misma es sustentada por Scaevola, Código Civil, 1943, T. XI, Vol. II, pág. 594, e Isábal, Donación Onerosa, Enciclopedia Jurídica Española, 1910, T. XII, pág. 638.

       Véase escolio 7.

       Reza:
      “En la donación onerosa, el gravamen impuesto al donatario debe ser inferior al valor de lo donado.” 31 L.P.R.A. see. 1984.

      Esta posición ha sido adoptada en Méjico. El Art. 2337 del Código Civil mejicano dispone que: “[cjuando la donación sea onerosa, sólo se considera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas.”

       Ferrandis Vilella, en Comentarios al Tratado de Derecho Civil en Ennecce-rus, supra, también sostiene que se debe aplicar prudencialmente la teoría unita-ria y la de la desarticulación que concuerda con lo expuesto por Castán Tobeñas. Págs. 227-228.

       El Art. 1225 reza:
      “El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo con-venio entre los contratantes.”
      Y el Art. 1334 lee:
      “Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagár por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.”

      Tres fundamentos nos mueven a descartar como comprendidos en la donación el ganado vacuno y las herramientas, valorados respectivamente en $59,040 y $7,827.50: (1) únicamente el valor del bien inmueble fue considerado por el tribunal sentenciador como inferior a su “justo valor”; (2) no hubo prueba de que el ganado vacuno y las herramientas fueran valorados de manera inferior; y (3) la administración limitada del causante, con posterioridad -a la venta, diri-gida a liquidar la lechería y el ganado vacuno —por cuyas gestiones rindió cuen-tas a Nevárez— forzosamente excluyen tales objetos de la donación.

       El demandante renunció al señalamiento de que la finca era privativa en su totalidad.

       Dichos procedimientos contenidos en la Ley de 9 de marzo de 1905, fueron incorporados en los Arts. 600 a 605 del Código de Enjuiciamiento Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2621 a 2626, vigentes hoy en virtud de la Regla 72 de Proce-dimiento Civil de 1979. Cf. Ab Intestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980).


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author: PER CURIAM:

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. José Negrón Candelaria y Otros, peticionarios.

      Número: O-81-668

      Resuelto: 26 de enero de 1982

      Juan Maldonado Torres y César E. Cerezo Torres, abogados de los peticionarios; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedó Alzamora, Procurador General Auxiliar, abo-gados del recurrido.
   PER CURIAM:

El 21 de octubre de 1981 el Tribunal Superior desestimó una apelación proveniente del Tribunal de Distrito por no haberse cancelado por los apelantes, aquí peticionarios, sellos de apelación.

Los peticionarios recurrieron a este foro y el 17 de diciembre de 1981 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debía revocarse la resolución del Tribunal Superior.

Hemos examinado el escrito para mostrar causa y no nos persuade. Es cierto que este Tribunal ha resuelto con-sistentemente que un escrito sin los sellos correspondientes es ineficaz. Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976); Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 D.P.R. 89 (1919); González v. Jiménez, 70 D.P.R. 165 (1949); Vázquez v. Rivera, 69 D.P.R. 947 (1949); Piñas v. Corte Municipal, 61 D.P.R. 181 (1942). Los casos citados, sin embargo, son todos casos civiles y se basan en la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 1476. Tal disposición no se refiere, en forma alguna, a los casos criminales, para los cuales no existe una disposición equivalente.

Se revoca en consecuencia la resolución recurrida.


text:
    Asociación de Propietarios del Condominio Villas de Playa I de Dorado del Mar, Inc., demandantes y recurrentes, v. Santa Bárbara Company of Puerto Rico, Inc. y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-80-375

      Resuelto: 26 de enero de 1982

      Rafael A. Soto Silva, Hugo Rodríguez y Jorge Vélez Nieves, abo-gados de los peticionarios; Rafael A. Carazo Hernández, de Bubón, González & Vázquez, abogado de los recurridos Ariel Gutiérrez y Leticia Brunet; Arturo Aponte Pares, abogado de los recurridos Alberto Hernández y Alberto Hernández Real Estate.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La Asociación de Propietarios del Condominio Villas de Playa I de Dorado del Mar, Inc. demandó, entre otros, a la constructora Santa Bárbara Company of P. R., Inc., Ariel Gutiérrez, la sociedad legal de gananciales compuesta por éste y su esposa Leticia Brunet imputándoles fraude al certificar que la construcción del Condominio Villas de Playa I, en Dorado, se realizó de acuerdo a los planos y especificaciones aprobadas por la Administración de Regla-mentos y Permisos; haber sustituido materiales por unos de inferior calidad y costo; la existencia de defectos y vicios de construcción, construcciones ilegales e incomple-tas; incumplimiento de contratos y otras alegaciones.

Contra Gutiérrez, específicamente, se alegó que firmó y certificó indebidamente que las unidades de vivienda esta-ban construidas de acuerdo con los planos y especificacio-nes conociendo la sustitución de los materiales, los vicios de construcción y otras irregularidades. No está en disputa que Gutiérrez actuó en sus funciones como miembro de la entidad profesional denominada Sociedad E.H.G. Arquitec-tos e Ingenieros que a su vez era la agente de la codeman-dada Santa Bárbara Company of P. R., Inc.

En contestación a la demanda se produjeron seis mocio-nes de sentencia sumaria solicitando, por diversos funda-mentos, la desestimación de las diferentes causas de acción contra los distintos demandados. Todas fueron resueltas por la ilustrada sala de instancia. En cuanto al code-mandado Gutiérrez el tribunal denegó su pedido bajo la tesis de que la determinación de su responsabilidad, si alguna, debía establecerse en un juicio plenario. Sin embargo, desestimó en cuanto a las codemandadas Leticia Brunet y sociedad de gananciales Gutiérrez-Brunet, resol-viendo —a la luz de un examen de las alegaciones y normas jurídicas correspondientes— que las actuaciones personales profesionales, supuestamente realizadas por Gutiérrez como miembro de una sociedad de arquitectos e ingenieros, no podían dar margen para imponerles respon-sabilidad.

La Asociación de Propietarios recurre ante nos sos-teniendo que erró el tribunal de instancia al concluir que dicha sociedad legal de gananciales no responde por actos culposos o negligentes de uno de sus componentes, realiza-dos como miembro de una sociedad civil de arquitectos e ingenieros.

I

En buena metodología y lógica adjudicativa hemos de decidir inicialmente si tenemos jurisdicción para entender en el recurso. La sociedad legal Gutiérrez-Brunet, en su oposición, alega que carecemos de la misma aduciendo que la Sentencia Parcial y Resolución impugnada nunca tuvo carácter de final y, por tanto, no está sujeta a revisión. Se ampara en la Regla 43.5 de Procedimiento Civil que lee:

43.5 Sentencias sobre reclamaciones o partes múltiples
Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra co-parte o demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53.
En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa cómo se denomine, que adjudique menos del total de las reclamaciones, no terminará el pleito con respecto a nin-guna de las reclamaciones y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando todas las reclamaciones. (Énfasis nuestro.)

El texto transcrito es claro. Para que una sentencia dictada en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes comprendidas en un pleito pueda ser final, sin que se disponga de su totalidad, deberá expresamente contener una conclusión del tribunal de que “no existe razón para posponer [la ...] hasta la resolución total del pleito...”.

Los recurridos nos señalan que ausente ese pronuncia-miento y el que no se ordenara ni verificara el registro de la sentencia, impide que el dictamen advenga final y, por ende, el término para interponer un recurso de revisión ante el foro apelativo no comienza a correr. Apoyan su con-tención en lo resuelto en Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552 (1969), reiterado en Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504 (1977).

Bajo un enfoque de estricta literalidad, hemos de reco-nocer que nos inclinaríamos a darle la razón a los recurri-dos. No obstante, se impone un resultado distinto al eva-luar e interpretarlo tomando como marco de referencia el exordio consagrado en la Regla 1 de Procedimiento Civil de garantizar a las partes litigantes un proceso judicial rápido, justo y económico. Veamos.

Primeramente, es menester aclarar que estamos ante un caso que envuelve solamente una reclamación pero que involucra partes múltiples. Antes de la revisión general que sufrieron nuestras reglas en 1979, la Regla 44.2 de 1958, hoy Regla 43.5, se refería tan solo a sentencias sobre reclamaciones múltiples. Por eso es que ninguna decisión previa nuestra resolvió si una sentencia que adjudica menos de la totalidad de varias reclamaciones y carece de la certificación de finalidad, puede o no ser revisada al momento de dictarse. La jurisprudencia estableció: (a) que puede ser revisada dentro del término apelativo contado a partir del archivo en autos de la notificación de la senten-cia que pone fin a todo el pleito, porque hasta entonces no comienza a correr dicho término; o sea, que el perjudicado por la decisión no está obligado a solicitar revisión de la sentencia parcial al momento de dictarse a menos que se haga la certificación de finalidad, Barrientos v. Gob. de la Capital, supra; y (b) que esta clase de sentencia parcial es distinta de aquella que resuelve una porción de una sola reclamación. A una sentencia parcial de este tipo no le aplica la regla, y no puede convertirse en final hasta que se adjudica toda la reclamación o pleito. Las que resuelven la totalidad de una o más de entre varias reclamaciones se convierten en finales si se hace la certificación y se ordena su registro. Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955); Cortés Román v. E.L.A., supra.

El único caso que hemos encontrado que se refiere, incidentalmente, a la situación de una sentencia desestima-toria respecto a una parte en un pleito que involucraba partes múltiples y en donde específicamente nos referimos al problema que hoy confrontamos es Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108 (1968). Allí se instó demanda contra una corporación y dos personas naturales. El tribunal de instancia desestimó la acción respecto a éstas en vista de que la demanda no contenía alegación alguna que las relacionara con la reclamación ejercitada. Posteriormente —ante la demostrada disolución de la cor-poración demandada— los demandantes solicitaron per-miso para incluirlas nuevamente. El foro de instancia desestimó el pleito a base de la prueba producida sobre la disolución de la corporación y denegó la inclusión solici-tada al aplicar, respecto a las dos personas previamente demandadas, la doctrina de cosa juzgada.

Revocamos en virtud de que en esas circunstancias no aplicaba la doctrina de cosa juzgada por ser la “sentencia” desestimatoria anterior un incidente procesal dentro del mismo pleito y no un pleito anterior distinto. Dijimos, además, que “[era] discutible si en ausencia de una deter-minación expresa al efecto de que no existía razón para posponer el dictar sentencia, la [sentencia desestimatoria anterior] puede considerarse como una firme, elemento éste esencial para que prospere la defensa de cosa juzgada”. Advertimos que había que determinar si el lenguaje “recla-maciones múltiples” utilizado en nuestra Regla 44.2 incluía “partes múltiples” y señalamos que en la jurisdicción federal la interrogante había sido resuelta mediante una referencia expresa a “partes múltiples” incorporada a la Regla 54(b) federal en virtud de una enmienda de 1961. Concluimos diciendo que “[c]omo el propósito que se per-sigue es una orientación definida sobre el carácter de final y firme de una sentencia a los fines de determinar su carácter de revisable, una enmienda similar es deseable en nuestras Reglas. Sepúlveda v. Mejías, 86 D.P.R. 600 (1962) y Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955) no consideran esta cuestión”. (Escolio 6, pág. 115.)

La enmienda que entonces sugerimos fue adoptada en las reglas de 1979, al incorporar una referencia expresa a partes múltiples en la Regla 43.5 (antes 44.2). Hemos notado, sin embargo, que aunque la intención del Comité Consultivo fue adoptar íntegramente la enmienda experimentada por la Regla 54(b) federal en 1961, la versión quedó trunca al omitirse inexplicablemente parte del texto federal. Debemos atribuir, pues, el error a una cuestión puramente de forma en la traducción.

Ante esta situación se impone que en nuestra función rectora de interpretación subsanemos el error exponiendo la traducción completa de la regla lo cual resulta necesario para la apropiada disposición de este recurso siguiendo el enfoque hermenéutico expuesto en Manrique de Lara v. El Registrador, 23 D.P.R. 864 (1916).

El texto en itálicas es el texto que se omitió al hacer la traducción. En consecuencia la Regla 43.5 debe leer del modo siguiente:

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra co-parte o demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53.
En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa cómo se denomine, que adjudique menos del total de las reclamaciones o los derechos y obligaciones de menos del total de las partes, no terminará el pleito con respecto a nin-guna de las reclamaciones o partes y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sen-tencia adjudicando todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones de todas las partes.

Así leída su texto es claro. Para que una sentencia dic-tada en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes comprendidas en un pleito pueda ser final, sin que se dis-ponga de su totalidad, deberá expresamente contener una conclusión del tribunal de que “no existe razón para pos-poner [la ...] hasta la resolución total del pleito”.

Resuelto el extremo del texto de la Regla 43.5 y el alcance pretendido en la enmienda de 1979, procede enton-ces que consideremos el efecto procesal de una sentencia parcial que adjudique menos del total de las reclamaciones en casos de reclamaciones múltiples o los derechos y obli-gaciones de menos de la totalidad de las partes en casos que involucren partes múltiples, cuando, como en el pre-sente caso, el juez sentenciador no hace la certificación de finalidad u ordena el registro de dicha sentencia. Este recurso nos permite por primera vez despejar la incógnita.

Admitimos queden la jurisdicción federal, donde nace y se desarrolla la regla, se ha decidido expresamente que en ausencia de la certificación no hay jurisdicción apelativa para examinar la sentencia. Sin embargo, es de notar que la Regla federal 54(b), equivalente a la nuestra, responde a un interés o política judicial, antecedentes y esquema de procedimientos apelativos distintos. Nos explicamos.

El sistema federal propugna, como regla general, que solo haya una apelación en un caso, ante lo cual la política judicial establecida es que solo son revisables decisiones finales y no determinaciones interlocutorias.

La regla federal se aplica a sentencias que son finales en sí mismas pero que se convierten en interlocutorias porque se producen en un caso de reclamaciones o partes múltiples y no resuelven todas las reclamaciones o adjudi-can los derechos u obligaciones de todas las partes. En estos casos se permite —con la certificación de finalidad— la apelación inmediata porque la política judicial contra varias apelaciones en un mismo caso no se afecta pues: (a) se trata de una reclamación separada de las demás; y (b) el posponer la finalidad y apelabilidad de la sentencia no se justifica.

En consecuencia si la decisión es interlocutoria en sí misma, aunque se dé en un pleito de reclamaciones o partes múltiples, la Regla 54(b) no aplica. Si es final en sí misma y aplica la Regla 54(b), pero no se hace la certifi-cación, la decisión prevalece como interlocutoria y tampoco se puede apelar.

Esta práctica forense no es la situación procesal que rige en Puerto Rico. En nuestra jurisdicción no existe una política judicial contra la apelación de decisiones interlocu-torias. Prueba de ello la encontramos en el fecundo desa-rrollo jurisprudencial del recurso apelativo de certiorari clásico. Como remedio extraordinario de ámbito abarcador y sin sujeción a tecnicismos procesales permite, en casos apropiados y meritorios, la intervención de un tribunal de superior jerarquía para conjurar los errores procesales cometidos.

Teniendo presente la existencia de este recurso somos de opinión de que la Regla 43.5 no tiene el efecto de impedir toda intervención del Tribunal Supremo con una sentencia parcial adjudicando la totalidad de una reclamación en particular en un pleito de reclamaciones múltiples o la totalidad de los derechos y obligaciones de una parte en un pleito de partes múltiples, cuando dicha sentencia no es final por no contener la certificación requerida. Sólo impide que se vea por apelación o revisión, mas no obsta que pueda examinarse mediante certiorari como cualquier otra resolución interlocutoria. La referida regla no puede interpretarse de forma tal que limite la facultad que la ley otorga a este foro.

Recapitulando, la Regla 43.5 no impide el ejercicio de la facultad jurisdiccional discrecional apelativa. El efecto práctico de la interpretación de la regla que adoptamos en nuestra jurisdicción es permitir que el tribunal de instan-cia motu proprio o a petición de parte proceda, expresa-mente y en casos apropiados, a concluir que no existe razón para posponer dictar su sentencia, ordene certificar la finalidad de su dictamen parcial y con ello obligue a la parte perdidosa, si lo estima procedente, a iniciar los trámites posteriores apelativos contra la sentencia so pena de que ésta advenga firme. Con ello se evita dilatar y pos-poner la solución del pleito.

En consideración a la importancia de los planteamien-tos de las partes, en el caso de autos, fue que expedimos y consideramos el presente recurso como certiorari sin que existiera obstáculo jurisdiccional alguno. Ratificamos tal determinación.

II

Superada la barrera jurisdiccional concentrémosnos en las interrogantes de carácter sustantivo que presenta el caso. ¿Está inmune de responsabilidad personal ordinaria por actuaciones negligentes o culposas un miembro de una sociedad civil profesional? ¿Qué efectos ello conlleva sobre la sociedad legal de gananciales a la cual pertenece?

A manera de prólogo preciso es reconocer que la socie-dad profesional tiene profundas raíces en nuestra comu-nidad puertorriqueña. Es una institución de uso generali-zado y aceptado que integra el esfuerzo común de muchos abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y otros profesio-nales. Por sus particularidades representa la alternativa lícita disponible ante la prohibición del ejercicio de una profesión a través del ente corporativo. Rasa Eng. Corp. v. Daubón, 86 D.P.R. 193 (1962). Su existencia está recono-cida en el Art. 1569 del Código Civil:

La sociedad particular tiene únicamente por objeto cosas determinadas, su uso, o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una profesión o arte. 31 L.P.R.A. sec. 4324. (Énfasis nuestro.)

La controversia presente en el caso ha sido tema de fas-cinante y constante discusión. Básicamente existen dos teo-rías en torno a la responsabilidad de los socios por las deu-das y obligaciones de la sociedad a la cual pertenecen. La primera sostiene que a los socios les afecta una responsabi-lidad personal subsidiaria, ilimitada y no solidaria y, por ende, responden con el propio patrimonio pero, sólo des-pués de haberse hecho excusión del fondo social. De resul-tar el fondo social insuficiente, son responsables personal e ilimitadamente en forma mancomunada. La otra teoría —que parte del supuesto de que ha surgido una persona jurídica distinta a los socios que la componen— establece que no puede existir responsabilidad personal subsidiaria de los socios ya que equivaldría a una fianza la cual no se presume. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1956, T. II, Vol. II, pág. 427.

Esta diferencia en enfoque tiene sus orígenes en la naturaleza jurídica, conceptos atribuidos y evolución his-tórica de la sociedad. Véanse: Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 1977, T. 4, págs. 568-569; J. Girón Tena, Sobre los Conceptos de Sociedad en Nuestro Derecho, 38 Rev. Der. Privado 369 (1954).

En nuestra jurisdicción en J. T. Gibbons, Inc. v. Picó Piñán, 90 D.P.R. 60, 66 (1964), adoptamos la segunda teoría —rechazando responsabilidad personal subsidiaria de los socios en una sociedad civil— a base del siguiente razonamiento del comentarista español Puig Peña:

¿Qué ocurrirá cuando el patrimonio social no alcance a cubrir las deudas de la sociedad? ¿Responderán los socios con sus propios bienes? Es ésta hoy día una cuestión muy disputada. Como dice Castán, ha sido regla tradicional que se remonta como afirma Planiol, a los tiempos en que la sociedad no integraba una persona jurídica, la de que las deudas sociales gravan personalmente a los asociados. Este criterio tradicional ha informado la esencia propia del con-trato de sociedad, pues, establecido éste para el reparto de ganancias y pérdidas, no cabe duda que de éstas debían responder los socios con sus propios bienes, a no ser que se estableciera el pacto de limitación de responsabilidad, puesto de manifiesto, como afirman Vavasseur y Ponsá Gil, al con-tratar con los terceros. Pero, constituida definitivamente en nuestro Derecho la sociedad como persona jurídica, es de más correcta técnica limitar la responsabilidad patrimonial de los socios a sus aportaciones. Efectivamente: según afir-man Pérez González y Alguer, de las deudas de la sociedad (persona jurídica) sólo responde ésta con todos sus bienes presentes y futuros (art. 1911). La obligación subsidiaria de los socios sería responsabilidad por deuda ajena o fianza, y la fianza no se presume (art. 1827, n° I°). Tratado de Dere-cho Civil Español, T. IV, Vol. II, pág. 390.

Una reflexión profunda nos mueve a distanciarnos de la posición anteriormente asumida. Amén de ser doctrina minoritaria claramente rechazada por Castán, Man-resa, Scaevola, Diego Espín y Martínez Ruiz, los razonamientos más convincentes le son adversos. Véase: P. J. De Azurza y Oscoz, Problemas de la Sociedad Civil, 5 Anuario de Derecho Civil 125-170 (1952). Los traduc-tores de Enneccerus, una vez los más fervientes favo-recedores de la responsabilidad limitada —rigurosamente lógica partiendo de la premisa de la personalidad distinta— al apartarse de la misma ofrecen los siguientes argumen-tos persuasivos:

El hecho de que en los arts. 1.689 ss. [equivalente al Art. 1580 del Código Civil nuestro, 31 L.P.R.A. see. 4351] se regule la distribución no sólo de ganancias sino también de pérdidas y la misma regla del art. 1.698 ap. 1 (exclusión de la responsabilidad solidaria de los socios), [equivalente al Art. 1589 del Código Civil nuestro, 31 L.P.R.A. see. 4372] suministran una base suficiente para afirmar que los socios responden subsidiariamente (y mancomunadamente), con su patrimonio personal, de las deudas de la sociedad que el patrimonio social no alcance a cubrir. Ciertamente, la per-sonalidad jurídica de la sociedad ha de traducirse en la sujeción del patrimonio social al cumplimiento de las obliga-ciones de aquélla, de conformidad con la regla general del art. 1.911; [equivalente al Art. 1811 del Código Civil nuestro, 31 L.P.R.A. see. 5171] pero una cosa es afirmar que responde la sociedad (persona distinta de los socios, dotada de un patrimonio diferenciado del privativo de cada uno de éstos) y otra cosa es estimar que solamente responda ella. Para que sucediera esto último, sería menester que se hubiera arbitrado un sistema de protección y garantía de los terceros que contraten con la sociedad, sistema completamente ausente de la regulación del contrato de sociedad en el C. c. Por eso estima, en general, nuestra doctrina que sólo si al constituir la sociedad se ha convenido la limitación de la responsabi-lidad al patrimonio social y sólo si los terceros conocen esta circunstancia, podrá excluirse la responsabilidad subsidiaria de los socios (con su propio patrimonio). Piénsese, además, que, al menos en teoría, cabe la posibilidad de una sociedad constituida sólo con aportaciones de industria (cf. art. 1.665: dinero, bienes o industria) o que solamente tenga por objeto el ejercicio de una profesión o arte [equivalente al Art. 1556 del Código Civil nuestro, 31 L.P.R.A. see. 4311] (cf. art. 1.678), [equivalente al Art. 1569 del Código Civil nuestro, 31 L.P.R.A. see. 4324] sin que propiamente se constituya un patrimonio social o sin que éste tenga entidad suficiente para responder de las obligaciones que eventualmente contraiga la sociedad.
Según la opinión expresada en anteriores ediciones de estas notas, lo más exacto es que por pérdida sólo ha de entenderse la disminución o desaparición total de lo apor-tado y, en su caso, de lo ganado, pero no las deudas exce-dentes del activo. Con base en esta consideración y en el carácter de persona jurídica distinta de los socios, se argu-mentaba allí decididamente en favor de la exclusión de la responsabilidad personal subsidiaria de los socios. Pero no dejaba de advertirse que ésta no es quizá la solución más justa. Creemos, efectivamente, que no lo sería y que, consecuentemente, forzoso es adherirse a la interpretación que sin violentar los textos legales permita el hallazgo de una solución justa y lógica. Y no parece que haya violencia en admitir que las pérdidas a que aluden los arts. 1.689 ss. pueden abarcar el pasivo social, y que el art. 1.698 ap. 1 no excluye la responsabilidad de los socios sino que se limita a declarar que no quedan obligados solidariamente (lo que equivale a afirmar que quedan obligados mancomunada-mente, en caso de insuficiencia del patrimonio social). Tra-tado de Derecho Civil, Enneccerus-Kipp-Wolff, 1966, T. II, Vol. 2, pág. 729. (Énfasis nuestro.)

Ciertamente el debate en cuanto a la responsabilidad de los socios tiene su génesis en la rigurosidad que se le quiere imprimir al concepto de personalidad jurídica, al confrontarla con los antecedentes históricos de la sociedad y frente al efecto práctico de la ausencia de garantías patrimoniales para con los terceros y, por ende, la estabi-lidad del comercio. La solución exige una mayor flexibi-lidad en cuanto a este concepto de personalidad. Nos ilus-tra Manresa:

El contrato de sociedad válidamente celebrado produce, como primer efecto, la creación de una entidad jurídica dis-tinta e independiente de la de cada uno de los socios, que puede ser activa y pasivamente sujeto de derecho, pero el nacimiento de esa entidad no extingue la personalidad de los socios ni los vínculos jurídicos que traen su origen de las relaciones contractuales de los mismos, ya con la propia sociedad formada por ellos, ya con terceras personas extrañas a ella. Código Civil Español, 1972, T. 11, pág. 442.

Bajo un enfoque integral esta decisión es la que más armoniza con el estado de derecho vigente. Resulta irre-conciliable que mientras de un lado esté vedado a los profe-sionales hacer uso de la ficción corporativa —institución que ofrece salvaguardas al interés general por los detalles y regulaciones contenidas en la Ley General de Corporacio-nes y la fiscalización del Estado— éstos puedan por otro medio obtener iguales beneficios, privilegios o ventajas haciendo uso de la sociedad civil. Para auspiciar esa solución sería indispensable crear y administrar un sis-tema de protección, publicidad y garantías de terceros, completamente ausente en la reglamentación vigente del contrato de sociedad en nuestro Código Civil.

No podemos perder de vista que la sociedad es un con-trato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común, dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Art. 1556 (31 L.P.R.A. see. 4311). De un examen de los artículos del Código Civil pertinentes, relacionados con esta institución, advertimos que éstos se refieren únicamente a los efectos jurídicos del contrato en sus diversas manifestaciones que, en contraste con las cor-poraciones y las sociedades mercantiles, no pretenden regular la sociedad como una entidad o persona jurídica ajena y totalmente desvinculada de sus miembros. Man-resa nos dice:

Las sociedades civiles, dicen, aunque constituyan una entidad con vida propia, no tienen una personalidad inde-pendiente de los socios que la forman, si bien es distinta de la de éstos la suya; y por eso el tercero no obliga a la socie-dad, sino al socio o socios con quienes particularmente hubiere contratado, sin perjuicio de que los socios contra-tantes, en nombre y en interés de la misma, repitan contra los demás en la proporción establecida. Por eso, porque la sociedad no contrae directamente ninguna relación jurídica con los terceros, no habla el Código de las obligaciones de la sociedad para con éstos, sino tan sólo de las que contraen los socios que en interés de ella contratan con los mismos. Op. cit., pág. 533.

En atención a lo expuesto, a la continuidad y dinámica de las vertientes doctrinales españolas —fuente principal de nuestro ordenamiento civil— a la mejor armonía en los preceptos de nuestro Código Civil, y en consideración a las circunstancias socio-económicas imperantes, revocamos hoy la tesis acogida en J. T. Gibbons, Inc., supra. Adoptamos la norma generalmente admitida en la doctrina civil: los socios en una sociedad civil profesional responden con su patrimonio personal, subsidiaria y mancomunadamente, de las obligaciones de la sociedad en caso de que el patrimonio social no baste para cubrirlos.

III

Teniendo presente los anteriores principios concluimos que la sociedad legal de gananciales GutiérrezBrunet potencialmente puede ser responsable por los actos culposos o negligentes realizados por uno de sus integrantes, en este caso, el Ingeniero Ariel Gutiérrez, durante sus gestiones profesionales como miembro de la Sociedad E.H.G. Arquitectos e Ingenieros. “[Cjuando la multa o condena es motivada por la comisión de un delito, como regla general —pues hay excepciones . . la responsabilidad es personal del cónyuge que lo cometió; pero en casos de responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad será personal o de la sociedad de gananciales según los hechos que la produjeron. . . .’’(Énfasis nuestro.) Lugo Montalvo v. González Mañón, 104 D.P.R. 372, 378 (1975); seguido en Albaladejo v. Vilella Suau, 106 D.P.R. 331, 338 (1977). La regla, generalmente reconocida, es que si la gestión del integrante aprovecha económicamente a la masa ganancial, la responsabilidad también será a cargo de dichos bienes. En este sentido no es convincente el planteamiento de los recurridos de que al no percibir directamente el ingreso del Ingeniero Ariel Gutiérrez la sociedad de gananciales y sí otra entidad jurídica —la Sociedad E.H.G. Arquitectos e Ingenieros— ello exime de tal respon-sabilidad. La base del argumento —que la sociedad ganan-cial no se beneficiaba directamente de las gestiones realiza-das por el Ingeniero Ariel Gutiérrez— es errónea. En una sociedad civil los verdaderos recipientes de ingresos son los socios que la componen, en este caso Gutiérrez.

A la luz de la doctrina y jurisprudencia erró la sala de instancia. Mientras correctamente declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria presentada por el Ingeniero Ariel Gutiérrez por el fundamento de que “la determi-nación de la responsabilidad, si alguna, del codemandado,... debe determinarse en un juicio plenario”, cometió error al desestimar la acción contra la sociedad legal de ganancia-les, cuando la responsabilidad de ésta va a depender del resultado y circunstancias de la primera determinación.

Recapitulando. La personalidad jurídica que nace mediante el contrato de sociedad no es de total independencia de la personalidad de los socios que la forman. La existencia de una sociedad civil de jure, no exime de responsabilidad a sus socios en su capacidad individual. Responden con su patrimonio personal, subsidiaria y mancomunadamente, de las obligaciones de la sociedad en caso de que el patrimonio social no sea suficiente. La responsabilidad de éstos deberá determinarse en un juicio plenario. Hecha tal determinación procede la aplicación de la doctrina expuesta en el caso Lugo Montalvo v. González Mañón, supra, para solucionar el grado de responsabilidad de una sociedad legal de gananciales en casos apropiados.

Se dictará sentencia que revoque la Resolución del 19 de junio de 1980 y se devolverá el caso para trámites ulteriores compatibles con lo expuesto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Dávila y Torres Rigual no intervinieron.

        Dalmau se decidió bajo las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943 y el Código de Enjuiciamiento de 1933, cuya versión no contenía el requisito de certi-ficación de finalidad, sino meramente autorizaba al tribunal a emitir dichas sentencias.

       Según explican Wright y Miller, en Federal Practice and Procedure, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1973, Vol. 10, sec. 2653, págs. 18-31, la trayec-toria histórica de la Regla 54(b) federal comienza con el cuerpo de reglas apro-bado en 1938. Originalmente se circunscribe a autorizar a los tribunales fede-rales a disponer de una de varias reclamaciones en un pleito múltiple. Hasta ese momento la política federal de permitir una sola apelación en cada caso había impedido que este tipo de resolución fuese inmediatamente apelable. Al liberali-zarse la consolidación de reclamaciones en un solo pleito fue imperativa la regla de modo que, al resolverse una de varias reclamaciones, la sentencia pudiese y tuviese que apelarse en ese momento, y adviniese firme sin que las partes tuviesen que esperar a que se terminase todo el pleito.
      Debido a la confusión que generó la determinación de cuándo una decisión caía o no bajo la regla y se convertía en final y apelable, en el año 1948 se enmendó la regla adicionándosele el requisito de certificación. Evidentemente, el propósito del requisito fue asegurar que quedara claro cuándo la apelación no procedía por ser prematura y cuándo el término fatal para apelar empezaría a correr a través del criterio objetivo de la ausencia o existencia de la certificación de finalidad.
      Aún así, con la aprobación de esta enmienda surgieron dudas sobre la validez de la regla argumentándose que, al facultarse al tribunal de instancia a pasar juicio sobre cuándo una sentencia de este tipo debía considerarse final y apelable, se estaba permitiendo, por regla, expandir la jurisdicción apelativa de las cortes federales, en violación de la Regla 82 del propio cuerpo de reglas.
      La cuestión fue resuelta en Sears, Roebuck & Co. v. Mackey, 351 U.S. 427 (1956), en que se decidió que para que proceda certificar como final una senten-cia en este tipo de caso, la Regla requiere que la sentencia sea en efecto final dentro del significado de la See. 1291 del Título 28 del U.S.C. que es la que establece la jurisdicción apelativa de las cortes federales. Tienen que ser senten-cias que dispongan totalmente de una reclamación separada dentro de un pleito de reclamaciones múltiples, o sea, sentencias que ordinariamente pondrían fin a un pleito si la reclamación que adjudican fuese la única, pero que se convierten en interlocutorias o parciales por el hecho de que dejan sin resolver otras recla-maciones incoadas dentro del mismo pleito. Por tanto, la regla lo que hace es permitir a los tribunales tomar estas decisiones que son interlocutorias o parcia-les respecto al pleito total, pero finales en sí mismas y reconocerles expresamente su carácter final para que se pueda proseguir el trámite apelativo respecto a ellas. En este sentido actúa el tribunal como un “despachador” que regula el volu-men de estas sentencias que están listas para entrar al trámite apelativo. Véase Curtiss-Wright Corp. v. General Electric Co., 446 U.S. 1 (1980).
      En 1961 la Regla fue enmendada nuevamente, esta vez, para hacerla expre-samente extensiva a la reclamación de o contra una parte en un caso con multi-plicidad de partes pues había dudas sobre su aplicabilidad.

       Adviértase que en 28 U.S.C. sec. 1292(a) y (b) se establecen ciertas excep-ciones específicas y limitadas. Estas disposiciones son separadas y distintas de la Regla 54(b). La see. 1292 aplica a determinaciones que son interlocutorias en sí mismas, independientemente de si surgen reclamaciones múltiples o individuales y como tal constituyen variaciones al requisito de finalidad.

      Un extenso análisis crítico de la doctrina sentada en el caso de referencia, lo encontramos en Eugenio S. Belaval, Gibbons v. Picó: ¿Jurisprudencia o Legis-lación?, XXXVII Rev. Jur. U.P.R. 527 (1968).

       Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 1977, T. 4, págs. 596-597.

      Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 1972, T. 11, págs. 538-539.

       Scaevola, Código Civil, 1971, T. 25, Vol. 11, págs. 150-151.

       Diego Espín, Manual de Derecho Civil Español, 1975, Vol. 3, págs. 597-598.

       Martínez Ruiz, Código Civil, 1908, T. 10, págs. 141-142.

      Nos referimos a Blas Pérez González y José Alguer, en quienes se basa Puig Peña —y por ende, J. T. Gibbons, Inc., supra— para adoptar la teoría de la limitación de la responsabilidad personal de los socios posteriormente descartada.

      Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956 (14 L.P.R.A. sec. 1101 et seq.).


text:
    Hermandad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, peticionaria, v. Fondo del Seguro del Estado, demandado.

      Número: MC-81-46

      Resuelto: 28 de enero de 1982

      José G. Marrero Luna, abogado de la peticionaria; Ruperto J. Robles, abogado del demandado.
   PER CURIAM:

La Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado (“la Unión”) ha recurrido ante este Tribunal para que se pongan en vigor dos laudos de arbi-traje. Los laudos se refieren a dos órdenes de querellas. Las querellas 81-3, 81-4 y 81-5 se refieren a los mismos hechos. La 79-1 trata de un asunto distinto. Las discutire-mos por separado.

1. Las querellas 81-3, 81-4. y 81-5.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado efectuó ciertos traslados. Varios empleados se negaron a aceptarlos hasta tanto se negociaran los traslados con la Unión. El Administrador los suspendió de empleo y sueldo. La Unión procedió entonces a quejarse ante el Comité de Querellas.

La Unión alegó que el Administrador efectuó los tras-lados en violación a la See. 2 del Art. XXXII del convenio colectivo. Tras diversos trámites, el Comité emitió el laudo siguiente en septiembre de 1981:

Por la presente se ordena al Fondo del Seguro del Estado a iniciar las negociaciones con la Hermandad-Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado. Mientras tanto, el Fondo deberá respetar el derecho de los empleados' a permanecer en su sitio habitual de trabajo según lo autoriza en el Artículo XXXII, Sección 2 del Convenio Colectivo. El Fondo deberá pagar de inmediato y sin excusa o dilación alguna, los salarios de los empleados que les han sido reteni-dos impropiamente. El Fondo deberá además, de abstenerse de amenazar y coaxionar [sic] a los empleados del Fondo por el hecho de que éstos reclamen que se cumpla con lo dis-puesto en el Convenio consultando a la Unión. Este Comité está plenamente consciente de que no tiene autoridad para inmiscuirse en la administración interna del Fondo ni la Unión, excepto en los casos y en la forma que provee el Con-venio Colectivo. Y es precisamente lo que hemos hecho con gran escrupulosidad.

El Fondo se negó a obedecer la orden del Comité. Dicta-mos orden para que el Fondo mostrase causa por la cual no debe ordenarse por este Tribunal el cumplimiento del laudo.

El Fondo hace varios planteamientos en su compare-cencia. En primer término señala que las querellas 81-3, 81-4 y 81-5 carecen de arbitrabilidad procesal debido a que la Unión no esperó, antes de acudir al Comité, a que la querella pasase por la etapa administrativa a que se refieren los Arts.-VII y XXXII del convenio.

La norma general establecida es que debe cumplirse estrictamente el procedimiento acordado en un convenio para el procesamiento de quejas y agravios y para su decisión o arbitraje. San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86, 90 (1975); Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624, 631 (1967). Véanse, además: Pérez v. Auto ridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 124 (1963); J.R.T. v. A.C.A.A., 107 D.P.R. 84, 90-91 (1978); Nazario v. Lámparas Quesadas Sales Corp., 99 D.P.R. 450, 455 (1970); Sria. del Trabajo v. Hull Dobbs, 101 D.P.R. 286, 289 (1973); Rivera v. Coop. Ganaderos de Vieques, 110 D.P.R. 621 (1981).

Tal procedimiento no tiene que agotarse, sin embargo, cuando su observancia rigurosa representa un acto fútil, un gesto vacío, un paso irreal o imposible. F. y E. A. Elkouri, How Arbitration Works, 3ra ed., The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, 1973, págs. 161-162; Anno. What Circumstances Justify Employee’s Failure to Exhaust Remedies Provided in Collective Bargaining Agreement Before Bringing Grievance Suit Against Employer in Federal Court, Under § 301 of the Labor Management Relations Act of 1947 (29 USCS § 185), 52 A.L.R. Fed. 591, 623 y ss.; Barbet Mills, Inc., 16 L.A. 563 (1951); In re Roto Supply Sales Co., 28 L.A. 657 (1957); In re Greenstone, 29 L.A. 161 (1957); General Tire Co. v. Rubber Workers, 49 L.R.R.M. 2001 (1961).

En el caso de autos el Fondo se negó a negociar. El Administrador del Fondo hasta despidió a los obreros que no aceptaron sus traslados e insistieron en la negociación. Como sucedió en Barbet Mills, supra, acudir al patrono para solicitar la negociación del agravio cuando éste no había dejado lugar a dudas respecto a su posición sobre el problema hubiese sido un acto inútil. Pero sucede algo más en este caso. La dilación resultante hubiese facilitado el logro por el Fondo de un objetivo que persiguió tenazmente a través de todo el proceso. El Fondo acusó de parcialidad repetidas veces al presidente del Comité de Querellas, profesor Reece B. Bothwell, libremente escogido por las partes. Solicitó sin éxito su inhibición. Requirió y obtuvo varias posposiciones de la vista. Hubo que suspender los procedimientos en varias ocasiones por incomparecencia de los abogados del Fondo. Se intentó, a todas luces, alargar el proceso hasta que venciese el contrato del profesor Bothwell. La doctrina sobre la observancia del procedimiento de quejas y agravios no se estructuró para fomentar su empleo inútil o su manipulación.

Los otros señalamientos del Fondo son igualmente inmeritorios. El Fondo apunta que lo que se pretende dilucidar ante el Comité es la composición de la unidad contratante, asunto sobre el cual posee jurisdicción exclusiva la Junta de Relaciones del Trabajo. F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 505 (1981). No es correcta esta apreciación. Las querellas planteadas ante el Comité por la Unión van encaminadas a obligar al Fondo a negociar los traslados, según lo .requiere el convenio. Esta gestión no afecta la composición de la unidad apropiada.

Carecen de fundamento también las imputaciones del Fondo de que el profesor Bothwell incurrió en conducta impropia. Hemos examinado los autos con detenimiento y no hemos hallado prueba alguna de que el señor Bothwell no haya actuado con entera corrección y rectitud en la con-troversia que nos ocupa.

El Fondo alega, además, que se violó el debido procedimiento de ley al consolidar las querellas 81-3, 81-4 y 81-5. El Fondo no demuestra cómo la consolidación le ha afectado adversamente. Por el contrario se desprende de autos que, por basarse en los mismos hechos, lo lógico y conveniente era consolidar las tres querellas.

Señala el Fondo, por último, que se infringió el debido proceso de ley al celebrarse la vista sin la presencia del abogado y los representantes del Fondo. El récord demuestra que, ante la actitud contumaz del Fondo en su esfuerzo para dilatar la vista para que ésta se ventilase ante un Comité de Querellas no presidido por el señor Bothwell, la celebración de la vista estuvo plenamente justificada. Hemos expresado que la violación del debido procedimiento de ley es una de las causas de nulidad de un laudo de arbitraje. J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580 (1981); J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879 (1981). Pero no puede permitirse que la implementación de un procedimiento de arbitraje, previamente pactado, de-penda de los deseos de una de las partes de comparecer al mismo. In re Velvet Textile Corp., 7 L.A. 685, 691 (1947); McDermott, Arbitrability: the Courts Versus the Arbitrator, 23 Arb. J. 18, 34-35 (1968); Elkouri y Elkouri, op. cit., págs. 203-204. El Fondo fue debidamente notificado. Su incomparecencia fue parte de un esquema dirigido a obstaculizar la función del Comité de Querellas. Ante tan obstinada e irrazonable postura del Fondo se justificaba celebrar la vista sin su presencia. Musicians, Local 336 v. Bonatz, 90 L.R.R.M. 2956, 2958 (1974); Local 149, Boot and Shoe Workers Union v. Faith Shoe Co., 201 F.Supp. 234, 236 (1962); Amalgamated Meat Cutters, Etc. v. Penobscot Poultry Co., 200 F.Supp. 879, 882 (1961); In re Sunshine Convalescent Hospital and Service and Hospital Employees Union, Local 399, 62 L.A. 276, 277-278 (1974); In re American Totalisator Company Inc. and International Brotherhood of Electrical Workers, Local 1501, 74 L.A. 377, 380 (1980).

2. La querella 79-1.

El 18 de septiembre de 1981 el Comité de Querellas emitió el siguiente laudo:

Dada la evidencia aquí presentada y considerada por este Comité de Querellas, éste acuerda que el Fondo del Seguro del Estado debe pagar al Sr. Climent Sanz a razón de tiempo y medio las horas extras trabajadas para el Fondo, que suman, según los propios expedientes del Fondo, un total de 681.9 horas.
El Fondo del Seguro del Estado deberá pagar al Sr. Climent Sanz, además, una suma igual a la suma correspon-diente a las horas extras acumuladas por concepto de indemnización, conforme a lo que provee la Ley Núm. 379 del 11 [sic] de mayo de 1948, según ha sido enmendada y aplicada en el caso de Pérez vs. Autoridad de Fuentes Fluviales, (87 D.P.R. 118) del 25 de enero de 1963.

La razón a que acude el Fondo para intentar justificar su negativa a cumplir este laudo es que se le privó del debido proceso de ley al celebrarse la vista de esta querella sin su presencia. Los autos muestran que medió, por parte del Fondo, en el trámite de esta querella la misma actitud de contumacia y desafío que permeó las otras querellas aquí discutidas. Por los motivos expuestos al final de la primera sección de esta sentencia es improcedente, en con-secuencia, el argumento del Fondo.

Se expedirá al auto y se ordenará al Administrador del Fondo del Seguro del Estado a cumplir los laudos emitidos en torno a las querellas 81-3, 81-U, 81-5 y 79-1.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      E1 Art. 6 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 8, ordena que “[t]odo convenio colectivo a otorgarse entre las partes deberá, contener una cláusula disponiendo la creación de un Comité de Querellas para la solución de disputas, quejas y agravios. El Comité deberá componerse de igual número de cada parte y será presidido por una persona particular escogida por unanimidad por los miembros del Comité”. Siguiendo este mandato, las partes acordaron un convenio colectivo el 7 de julio de 1979, cuya vigencia se extiende hasta junio de 1982 y que en su Art. VIIB crea un Comité de Querellas. Este Comité está compuesto por dos representantes de cada parte y una persona particular que será su presidente. El 23 de abril de 1981 las partes acordaron nombrar al Profesor Reece Bothwell como presidente del Comité.

       Dicha sección reza:
      “Cuando el Fondo interese trasladar a un empleado con carácter permanente dentro o fuera de su área de trabajo, notificará el traslado al empleado con copia al Presidente de la Hermandad, antes de efectuarse el mismo, y el empleado y la Hermandad tendrán diez (10) días laborables a partir de la notificación para discutir el caso directamente con el Director de Relaciones Industriales o el Administrador. Transcurrido dicho término sin que se resuelva el asunto, se seguirá el procedimiento ante el Comité de Querellas y el empleado permanecerá en su sitio de trabajo, hasta tanto el Comité rinda su laudo....”

      En el escolio 2 de esta sentencia se describe fundamentalmente la fase administrativa omitida.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Edwin Agosto Vázquez, recurrido.

      Número: O-81-414

      Resuelto: 28 de enero de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del recurrido.
   per curiam:

Contra John Doe, c/p Papóte, se presentó denuncia por la muerte a tiros de Nelson Benitez Méndez el 20 de marzo de 1976. Se identificó a Papóte por fotogra-fías. Su nombre era Edwin Agosto Vázquez. Se averiguó que había huido de Puerto Rico.

En junio de 1979 Agosto pudo ser extraditado. Se celebró la vista preliminar y se presentaron las acusacio-nes correspondientes ante el Tribunal Superior, por ase-sinato en primer grado e infracción del Art. 8 de la Ley de Armas. Se señaló el acto de lectura de acusación para el 18 de septiembre de 1979. El acusado no compareció. Se había evadido nuevamente del país.

En 1981 fue extraditado por segunda vez. Se celebró el acto de lectura de la acusación. Comenzó el juicio en su fondo. El imputado se acogió a que los casos se ventilasen ante tribunal de derecho. Luego se percató el tribunal de que a la fecha de los hechos el acusado, ya mayor de 21 años, sólo tenía 16 años de edad. El tribunal ordenó el archivo de las acusaciones. El Procurador General acudió en alzada ante este foro. Expedimos el auto de certiorari solicitado.

El tribunal de instancia señaló que nunca se le some-tieron las querellas a la Sala de Asuntos de Menores, por lo que ésta nunca asumió jurisdicción y nunca pudo renun-ciar a la misma. De este hecho dedujo que la sala ordinaria del Tribunal Superior nunca adquirió, ni podía adquirir jurisdicción sobre el menor.

Nuestro ordenamiento jurídico no requiere tan pere-grino resultado, en el que se le confiere a un adulto inmu-nidad absoluta de que se le juzgue en tribunal alguno por la comisión de un alegado asesinato, cuando él mismo es responsable de que el caso no se sometiese a tiempo a la Sala de Asuntos de Menores.

La defensa se apoya en nuestra decisión en Pueblo v. Andújar, 80 D.P.R. 822 (1958). Andújar se limita a esta-blecer que no puede procesarse o condenarse a un menor como un adulto en violación de los términos de la ley sobre menores delincuentes vigente a la fecha en que ocurrió la infracción que se le imputa. Andújar no trata la singular conjunción de hechos que se da en el caso de autos.

En Pueblo v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 80, 85 (1971), rehusamos declarar nulos los procedimientos ordi-narios diseñados para adultos cuando se desconocía la minoridad del acusado. El pleito de autos presenta unos hechos de que con menos razón debe beneficiarse el acu-sado. Fue el propio acusado quien provocó con sus repeti-das fugas el transcurso del tiempo y el aparente impasse surgido. El acusado pudo y debió, además, advertir al Estado que sus casos debían presentarse inicialmente ante la Sala de Asuntos de Menores. El acusado no puede bene-ficiarse de estos actos. Su conducta montó en derecho a una renuncia a que la Sala de Asuntos de Menores deter-minase si retenía o no jurisdicción sobre estos casos. Nada impide que se juzgue al acusado ante el Tribunal Superior. Véase: State v. Dehler, 102 N.W.2d 696 (1960).

Se revocará la resolución recurrida.