text:
    Narciso Rabell Martínez, demandante y apelado, v. Alcaides Cárceles de Puerto Rico, demandados y apelantes.

      Número: O-75-119

      Resuelto: 22 de septiembre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz,-Subprocurador General y Héctor R. Orlandi Gómez, Procu-rador General Auxiliar, abogados de los apelantes; Luis F Abreu Elias y Gregorio Lima, abogados del apelado.
   per curiam:

Un agente encubierto plantado en un grupo-constituido por los 13 acusados se dedicó a investigar sus actividades, ganó su confianza participando en ellas, y al cabo de 15 meses de investigación prestó declaraciones jura-das que con testimonio corroborante de algunos perjudicados sirvieron para determinar causa probable contra los apelados en 158 delitos de robo (atracos a comercios e individuos), portación de armas, hurto de uso grave, escalamiento, y ataque para cometer asesinato en las fechas comprendidas entre el 12 de julio de 1971 y 9 de octubre de 1972. El agente rendía informes periódicos a sus superiores en la Policía du-rante el progreso de la investigación. Las declaraciones jura-das al fiscal las prestó a los ocho meses de su intervención en el último caso.

Mediante hábeas corpus inpugnaron los acusados la legalidad de su detención cuestionando la credibilidad de la prueba. El juez de instancia acogió el planteamiento y ordenó la libertad de los imputados. El Pueblo apeló según lo autoriza 34 L.P.R.A. see. 1774 por su Procurador General.

La norma que exige del agente encubierto la prestación de una declaración jurada ante el fiscal dentro de un plazo razonable del descubrimiento de los hechos delictivos no está dirigida a encarcelar la investigación criminal en un itinerario congelado. Cuando las circunstancias que rodean la investigación justifican la demora en informar su resultado a los funcionarios de justicia, sin apreciable erosión del derecho a la libertad de los acusados, la eficacia de la investigación no ha de sufrir el acortamiento impuesto por calendario. El grado en que la tardanza se refleje en la confiabilidad del testimonio es materia de credibilidad a adjudicarse en juicio.

El hábeas corpus conocida como el Gran Recurso, y subsiguientemente las Reglas de Procedimiento Criminal tienen como propósito la protección de derechos fundamentales del acusado y la obtención para éste de un juicio imparcial, limpio y objetivo. Por regla general dicho propósito no puede invertirse para en vez de garantizar un juicio justo al acusado, negar al Estado el derecho a llevar a juicio a los delincuentes. A tan indeseable y sorpresivo resultado conducirían algunas mociones respecto a la forma en que operan' las salvaguardas procesales.

Toda sociedad civilizada, constituida sobre bases de Derecho, tiene como ideal primario la preservación del orden público y la seguridad de sus integrantes contra los que ponen en peligro su existencia. El juicio justo es el instru-mento de esa sociedad para proteger el régimen de ley de sus detractores y ofensores. Basta para honrar el prin-cipio, que todo acusado tenga “su día en corte.” La civi-lización tiene maneras de complicar la vida y el procedi-miento criminal no ha podido sustraerse a refinamientos ampulosos. Detengámonos un poco a observar su desarrollo exuberante en nuestro país. El acusado en todo delito grave tiene el beneficio de una temprana determinación de causa probable exigida por la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, y de ordenarse denuncia dicha determinación ha de ser confirmada en la vista preliminar dispuesta por la Regla 23 de Procedimiento Criminal, cuyo ámbito ha sido generosa-mente ampliado (Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 765 (1974). Aún así, y a pesar de que las Reglas jamás intentaron conceder al acusado una apelación contra la determinación de causa probable, de hecho se ha creado tal re-curso de apelación al decidir en Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972) (Per Curiam) que el Tribunal Superior viene obligado a señalar vista y oír la prueba del acusado en una moción bajo la Regla 64 (p) de Procedi-miento Criminal que para nada alude en su texto a sufi-ciencia o carencia de prueba sino al hecho escueto de haberse cumplido el paso de previa determinación de causa probable por magistrado. De serle adverso el fallo, recurre en certiorari al Supremo y sólo si no prevalece aquí llegará su tercer día en corte, que es el juicio. Un procedimiento así de recar-gado, con la agilidad y apego a las estaciones de un viejo tren mercancía, no responde al diseño fundamental de las Reglas ni a la aspiración a juicio rápido que comparten tanto el acusado puesto en riesgo como la sociedad agraviada. Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974). Al cabo de tantos años de iluminantes desarrollos en nuestro sistema de enjuiciamiento vale preguntarnos en acuciosa exégesis: ¿Tendremos un curso procesal justo tanto para el Estado como el acusado, o una carrera de obstáculos todos los cuales han de ser salvados impecablemente antes de que siquiera pueda iniciarse el juicio con las más estrictas garantías de limpieza?

El presente caso es una muestra de la irresistible ten-dencia a tolerar el crecimiento frondoso de los recursos procesales sin llegar al “juicio rápido y público” que con profunda reverencia a la libertad y cuidadoso acopio de sus elementos integrantes garantiza nuestra Constitución (Art. II, Sec. 11).

Más adelante en su -Art. II, Sec. 13 la Constitución ordena que el auto de hábeas corpus se conceda con rapidez y libre de costas. Pero recordemos que el hábeas corpus es recurso por excelencia de libertad para reivindicarla de la prisión o de la privación ilegal. 34 L.P.R.A. see. 1741. Expresó el juez en sus conclusiones: “El Agente Erazo Félix declaró en forma adecuada sobre la supuesta ocurrencia de los hechos que le son imputados a los Peticionarios, declaración que cubrió básicamente todos los elementos de los delitos que se le imputaron a los Peticionarios.” La encuesta que sobre la legalidad de la prisión o detención lleva a cabo el juez en la vista del hábeas corpus se circunscribe a asegurarse de que se han seguido y observado trámites procesales correctos, ajustados al debido proceso de ley. No se extiende a la apreciación de la prueba al punto de adjudicar credibilidad y sustituir su propio criterio en tal extremo por el del magistrado instructor que halló causa probable. Hoyos v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 633, 645; Fernández v. Phillips, 268 U.S. 311, 312. Esa es función propia del jurado o del juez de derecho en el acto del juicio. De lo contrario se estaría instaurando por dictamen judicial, para todo fin práctico, un recurso de apelación contra la determinación de causa probable, proscrito por las Reglas de Procedimiento Criminal. Tal laxitud desnaturalizante del auto abriría el camino a un raudal de solicitudes de hábeas corpus atacando la credibilidad de la prueba ofrecida en la vista preliminar para determinación de causa. Nuestras abrumadas salas de justicia habrían de pos-tergar los juicios para atender con la preferencia que ordena la Constitución estos recursos privilegiados donde un juez tendría que ejercer la función estimativa de la prueba que ya ejerció otro magistrado y que todavía habrá de repetir el juzgador de los hechos al llevarse el caso a juicio. Tal acción por este Tribunal marcaría un retroceso en la administración de justicia, una contramarcha a la dirección señalada por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal adoptada precisa-mente para poner orden en la profusión indiscriminada de solicitudes de hábeas corpus producidas en masa que malgas-taban el tiempo útil de nuestros jueces.

El juez de instancia al resolver sobre la solicitud de hábeas corpus no se conformó con negarle crédito a la prueba que sostuvo la determinación de causa probable, sino que anti-cipó que ningún juzgador de hechos o de derecho creería los testimonios ofrecidos por El Pueblo. Fue más allá de celebrar una segunda vista preliminar imponiendo sus propios crite-rios de credibilidad y revocando al juez que había determi-nado causa probable. Sentenció que nadie podía diferir de su propia manera de aquilatar la prueba. El Gran Recurso se convirtió de instrumento de libertad en vehículo de error. Mientras la culpabilidad sea cuestión mixta de ley y de hecho sobre la cual hombres honrados pueden diferir no habrá mejor foro de justicia, tanto para los acusados como la socie-dad, que el juicio pleno que ordena la Constitución.

La abstención por este Tribunal de escoger entre la adju-dicación de credibilidad por el juez instructor de causa y la del juez superior tiene el valor adicional de mantener la im-parcialidad del juicio que sería gravemente afectada de resolver aquí, ahora en hábeas corpus, que es digno de crédito el testimonio del agente encubierto, tomando posición respecto a las alternativas que proponen las partes. Su efecto sería una certificación de credibilidad antes de que el juzgador de los hechos conozca la prueba en juicio.

Las mismas razones de buen orden procesal excluyen de la consideración en hábeas corpus la justificación o ausencia de ella en la demora de un agente encubierto en someter al fiscal bajo juramento los hechos resultantes de su investigación, cuando presta su declaración antes de prescribir el delito. Nuestras decisiones en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966); Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967); y Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973), gobiernan la situación de acusados que se sometieron a juicio.

Al denegar el hábeas corpus hemos remitido a los acusados a juicio como foro más adecuado para hacer justicia. Considerando, no obstante, que la prueba en su contra consiste principalmente en el testimonio de un agente encubierto quien por un extendido período de dos años penetró la privacidad e intervino con la libertad de los acusados, (Pueblo v. Rosario Torres, supra, a las págs. 845-6), y de modo que el juicio no vea reducida su función reivindicadora de la verdad alcanzable por los hombres, los apelados deben tener el beneficio de una adecuada fianza que haga viable su derecho a libertad provisional antes del juicio, a tenor de las circunstancias del delito imputado, según ordena la Regla 218 de Procedimiento Criminal, enmendada por la Ley Núm. 139 de 23 de julio de 1974. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado.

       24 L.P.R.A. see. 2523.
      Unicamente para los casos por infracción a la Ley de Sustancias Controladas se ha limitado a 120 horas el citado plazo.

       Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal
      “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      “(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.”

      Art. II, Sec. 11 — Constitución.
      “En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.
      “En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.
      “Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.
      “Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

        “Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
      “La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.”

      34 L.P.R.A. see. 1741.
      “(a) Cualquiera persona que sea encarcelada o ilegalmente privada de su libertad, puede solicitar un auto de hábeas corpus a fin de que se investigue la causa de dicha privación.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Padilla Arroyo, acusado y apelante.

      Número: CR-74-70

      Resuelto: 22 de septiembre de 1975

      Yamil Galib Frangle y Jovino Martínez Ramírez, abogados del acusado; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Se halló culpable al apelante en juicio por jurado de los delitos de poseer, ocultar y transportar, y vender heroína en violación al Art. 29 de la anterior Ley de Narcóticos, 24 L.P.R.A. sec. 974z.. Se le sentenció a cumplir concurrente-mente en cada caso penas de diez a veinte años de presidio. El apelante alega la comisión de cinco errores.

I

Los dos primeros se refieren a la aquilatación de la prueba.

El único testigo presencial de cargo fue José Antonio Padilla Matías, agente encubierto de la División de Drogas y Narcóticos. Declaró que el día de los hechos se personó, acompañado de un confidente, en un restorán de un sector de Cabo Rojo. Encontró allí al apelante, quien era dueño del negocio y a quien conocía por cerca de un mes. En ocasiones anteriores habían hablado de drogas y esta vez el declarante le indicó, en la jerga del tráfico, que quería comprarle dos paquetes de heroína. El acusado le contestó que sólo le queda-ban trece bolsas. Inmediatamente salieron del restorán y se dirigieron al automóvil del acusado, de donde éste extrajo un sobre y se lo entregó al agente a cambio del dinero acordado. El testigo se marchó, llamó enseguida a su supervisor, el señor Eugenio Soto, y el propio día de los hechos le hizo en-trega del sobre, que contenía trece envolturas de heroína. El testigo y su supervisor iniciaron la evidencia entregada para su identificación futura. El mismo día de los hechos el testigo preparó y archivó el correspondiente Informe de Violación de Ley.

Se impugna, por flaco y descarnado, el testimonio del agente. No estamos de acuerdo con esta contención. No es éste el testimonio inmerecedor de crédito a que aludimos en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966) y Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974). El récord revela que el agente describió la naturaleza de su trabajo y la zona que le fue asignada y ofreció detalles precisos sobre la transacción, in-cluyendo la forma, la hora y el lugar en que se llevó a efecto.

Es cierto que hubo omisiones. No se reveló, conforme a Ayala Ruiz, el término durante el cual se extendió la investigación del agente, ni se señalaron los resultados obtenidos en dicha investigación, indicando la acción tomada contra otros infractores. Reiteramos la importancia de que la Policía y el Ministerio Público cumplan estrictamente con las normas sentadas en Ayala Ruiz y en González del Valle. Las omisiones ocurridas en este caso, no obstante, como también las contradicciones en la prueba de cargo sobre hechos adjetivos, no son de tal orden que maculen irremediablemente la credibilidad de dicha prueba y exijan la revocación de la sentencia.

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El apelante alega en su tercer señalamiento que erró el tribunal “al declarar sin lugar la moción de desestimación radicada por el acusado basada en la dilación habida entre la fecha que se alega ocurrieron los hechos y aquélla en que prestó declaración jurada el agente encubierto, juramentó la denuncia y se arrestó al acusado.”

Se arrestó al acusado unos cuatro meses después de los hechos. Se ha establecido que el derecho a juicio rápido no ampara este género de tardanza, pero que ésta puede consti-tuir una violación al debido proceso de ley. United States v. Marion, 404 U.S. 307-320, (1971); 8A Moore, Federal Practice, 2d. ed., sec. 48.03 [2], pág. 48-27; Ross v. United States, 349 F.2d 210 (D.C. Cir. 1965); vide: Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 455, 469 (1959). Para que exista la violación debe concluirse que el interés en no perjudicar la defensa del acusado y su derecho a un juicio justo e impar-cial se sobrepone en las circunstancias específicas que pre-sente el caso al interés del gobierno en la dilación resultante. Comment, Pre-Arrest Delay: Ross Revisited, 33 U. Pitt. L. Rev. 811, 816 (1972).

Sobre este particular nos expresamos en Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 353 (1967) (Blanco Lugo) :

“Si bien es verdad que el acusado debe demostrar que la demora en radicar la acusación le ha causado perjuicio, como ésta es responsabilidad del Estado y se permite para su benefi-cio, no puede requerírsele un peso de prueba exaccionante. Como se dijo en Jackson, supra, muchas veces la dificultad en estable-cer el perjuicio es la mejor evidencia de su existencia. Siendo la defensa de coartada la que usualmente se presenta, no debe olvi-darse que la mayoría de los infractores pertenecen a una estrata subcultural tipificada por la monotonía en el diario vivir, y que esta misma ausencia de acontecimientos importantes en sus vidas les impide distinguir un día de otro día.”

La incapacidad del acusado para recordar las circuns-tancias alrededor del día de los hechos está claramente esta-blecida en el récord. Prácticamente lo único que pudo ofrecer en evidencia el apelante fue la rutina de su vida. Descargó adecuadamente el peso inicial de la prueba de perjuicio a su defensa. Le correspondía entonces al Ministerio Público justi-ficar la demora. United States v. Deloney, 398 F.2d 324, 325 (7th Cir. 1968). La prueba presentada a tal efecto, según se desprende de la minuta de la vista sobre la moción de desesti-mación radicada a base de la tardanza, fue que no se arrestó a ninguna persona para no perjudicar una investigación general en proceso, ya que el agente encubierto continuaba su labor como tal.

A la luz de los hechos de este caso estimamos que se esta-bleció una justificación legítima para la dilación de cuatro meses ocurrida. El agente encubierto es un instrumento poli-ciaco indispensable en la lucha contra el nefasto tráfico de drogas. Debemos advertir, no obstante, que el ocultamiento de su identidad no puede alargarse irrazonablemente, al ex-tremo que vulnere la Constitución. Note Pre-Arrest Delay: Evolving Due Process Standards, 43 N.Y.U. L. Rev. 722 (1968).

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Argumenta el apelante también que erró el tribunal al decretar inadmisibles los registros oficiales de asistencia de la escuela adonde asistía su hija, privándolo así de su derecho constitucional a presentar evidencia en su descargo. El deseo del apelante era establecer, mediante prueba de que su hija había asistido a la escuela, que él no se encontraba el día y hora de los hechos en el sitio de la alegada transacción ilegal, ya que acostumbraba pasar a buscarla todos los días. La evidencia era de orden corroborante, pues otro testigo, hijo del apelante, más el propio apelante, habían declarado sobre el particular, sin que se impugnase su testimonio.

Se cometió el error. No se justifica, aun dentro del amplio ámbito de la discreción judicial en esta zona, la exclusión de la evidencia corroborante, cuando el único testigo, fuera del acusado, que testificó sobre el hecho en cuestión era su propio hijo. Vicenty v. Corona Brewing Corporation, 73 D.P.R. 135, 143 (1942). Consideramos, no obstante, que el error cometido no perjudicó al acusado. La prueba ofrecida no era verda-deramente esencial. Aun dándole entero crédito al testimonio de la testigo, el jurado tenía amplia base en la prueba para declarar culpable al acusado. En ausencia de perjuicio no procede la revocación por error en la admisión de la prueba. Sucesión Muñoz v. Cepeda, 72 D.P.R. 593, 608 (1951); Cedeño v. Tropical City Industries, 71 D.P.R. 626, 631 (1950); Pueblo v. Claudio, 93 D.P.R. 133 (1966).

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Plantea, por último, el apelante que se cometió error al permitírsele al fiscal contrainterrogar al acusado sobre alega-das causas por delitos menos graves y remotos.

En su teoría de defensa, el apelante anunció que habría de probar que era una persona que gozaba de buena reputación en la comunidad tanto como ciudadano, padre de familia y hombre de empresa. En el proceso en sí el acusado ocupó la silla de los testigos y al preguntarle su abogado en el examen directo: “¿Don Franco, usted alguna vez en su vida se ha dedicado al tráfico de drogas?”, respondió: “Nunca. Soy un hombre que me dedico a mi negocio y a criar mi familia.” Consideró el fiscal, según se argumenta ante nos, que el ape-lante abrió de este modo la puerta a todo su pasado y contra-interrogó al testigo- con relación a diversos delitos alegada-mente cometidos: una alteración a la paz que databa de 1950, veintitrés años antes del juicio en proceso; una infracción a la Ley del Cierre alegadamente incurrida en 1960; supuestas violaciones a la ley de juegos prohibidos de 1961, 1962 y 1968; y otra alteración a la paz de 1967. La defensa objetó vigorosamente, pero sin éxito, esta línea de interrogatorio. El acusado no recordó la comisión de estos delitos, a excepción de que se le procesó por jugar gallos en 1961 y por la otra aludida violación a la ley de juegos prohibidos en 1968.

La regla en el Derecho Común por varios siglos era que los acusados que hubiesen sido convictos en alguna otra oca-sión de un delito grave no tenían derecho a declarar. La in-credibilidad de su testimonio se asumía como cuestión de derecho. 9 Holdsworth, History of English Law 177-97 (1926). Luego se les permitió ocupar la silla de los testigos pero, por regla general, los propios estatutos estatales que derribaron este impedimento permitieron hace muchos años la práctica de impugnar el testimonio del acusado mediante prueba de su comisión de delitos infamantes. McCormick, Evidence, see. 43 (3a ed. 1954).

Desde hace varias décadas se viene cuestionando la con-veniencia y aun la constitucionalidad de esta norma. Ladd, Credibility Tests — Current Trends, 89 U. Pa. L. Rev. 166 (1940). En su estudio sobre el jurado norteamericano, Kal-ven y Zeisel demuestran el extraordinario efecto inhibitorio de la regla en cuestión. En la muestra estudiada por ellos, los acusados sin récord penal previo que resolvieron sentarse en la silla de testigos excedieron en 37 por ciento a los que toma-ron igual resolución a pesar de contar con condenas anterio-res. Kalven and Zeisel, The American Jury, 1966, págs. 160-161, nota 14. En los casos en que se permitió el uso de conde-nas previas para impugnar la credibilidad del acusado el porcentaje de veredictos de culpabilidad aumentó un 27 por ciento, Kalven and Zeisel, supra, 160, dato que ha suscitado graves dudas sobre si se está vulnerando en estas situaciones el derecho a un juicio justo e impareial. Spector, R. G., Im-, peachment Through Past Convictions: A Time for Reform, 8 De Paul L. Rev. 1, 5, nota 15 (1968); Note, Constitutional Problems Inherent in the Admissibility of Prior Record Conviction Evidence for the Purpose of Impeaching the Credibility of the Defendant Witness, 37 U. Cine. L. Rev. 168 (1968).

El movimiento a favor de la rigurosa restricción o aun de la abolición de la norma ha sido extenso.

Las Reglas Uniformes de Evidencia redactadas en 1953 y aprobadas por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, 3 Práctica Forense Puertorriqueña 313, Regla 21, permiten únicamente, para impugnar la credibilidad de un testigo, la presentación de prueba relativa a sentencias penales ante-riores indicativas de deshonestidad o perjurio. Las Reglas Uniformes se fundan a su vez en este respecto en el Código Modelo de Evidencia del Instituto Americano del Derecho,-Regla 106. Goodhart, A Changing Approach to the Law of Evidence, 51 Va. L. Rev. 759, 778 (1965).

Las nuevas Reglas Federales de Evidencia, aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos el 2 de enero de 1975, Ley Pública 93-595, 93° Cong., 43 U.S.L.W. 137, 140, reflejan estas preocupaciones. La Regla 609(a) únicamente permite que se ataque la credibilidad de un testigo con prueba de crímenes anteriores en caso de delitos que envuelvan desho-nestidad o perjurio o que sean eastigables con prisión en exceso de un año y el tribunal determine que el valor proba-tivo de la evidencia es más alto que el perjuicio que pueda causársele al acusado. Este último criterio, que envuelve sopesar los intereses envueltos, se había establecido antes por jurisprudencia en algunas jurisdicciones. Luck v. United States, 348 F.2d 763 (D.C. Cir. 1965); Brown v. United States, 370 F.2d 242 (D.C. Cir. 1966); United States v. Hildreth, 387 F.2d 328, 329 (4th Cir. 1967). Conforme a la Regla Federal 609(b), sin embargo, no puede admitirse evi-dencia de la comisión de un delito anterior de la naturaleza indicada si el delito se cometió o el acusado cumplió la con-dena, lo que fuese más tarde, más de diez años con anteriori-dad al proceso, a menos que el tribunal estime que el valor de la evidencia sobrepasa su efecto nocivo. En este último caso, el fiscal le tiene que notificar por escrito al acusado su determinación de intentar utilizar dicha evidencia de modo que goce de oportunidad debida para refutarla.

En Puerto Rico, este Tribunal ha intentado ir más lejos. En tres ocasiones distintas a partir de 1958 este Tribunal le recomendó a la Asamblea Legislativa unas nuevas Reglas de Evidencia para sustituir la antigua ley vigente, calcada del viejo Código de California y ya reemplazado. En las tres ocasiones se rechazaron las Reglas aprobadas por este Tribunal, en que se disponía, para alentar a los acusados a que ocupen la silla de los testigos, que “No se podrá ofrecer evi-dencia sobre la comisión de un delito por el acusado que declara en el juicio, o sobre su convicción por un delito, ni se podrá contrainterrogarle sobre el particular con el único fin de atacar su credibilidad, si el acusado no ha producido antes evidencia con el solo fin de sostener su credibilidad....” Ver: Regla 108 y Comentarios de Edmund M. Morgan, 3 Práctica Forense 147.

Es a la luz de estos desarrollos que debemos examinar nuestra jurisprudencia. No existe disputa sobre la regla general, que es al efecto de que evidencia de condenas anterio-res no son admisibles. Pueblo v. Cruz Manfredi, 94 D.P.R. 163, 166 (1967). Existe, no obstante, considerable variación en los casos sobre el alcance de la norma de admitir la eviden-cia cuando el acusado testifica y “abre la puerta a su pasado”. En Pueblo v. Archeval, 74 D.P.R. 512, 516 (1953), se dijo:

“. . . el fiscal podía repreguntar al acusado respecto a cuales-quiera hechos mencionados en el interrogatorio, o relacionados con los mismos. Al declarar el acusado en el examen directo que él no era malcriado, que su padre lo primero que le enseñó fue que respetara al otro hombre y a la mujer, y que su cuerpo no podía ser abusador, abrió las puertas al fiscal para examinarlo sobre todos los hechos que estuvieran relacionados con lo decla-rado por el acusado.”

Adviértase que Archeval limita el contrainterrogatorio a “los hechos que estuvieran relacionados con lo declarado por el acusado,” doctrina que halla apoyo en distinguidos comenta-ristas. 1 Underhill, Criminal Evidence, 6th ed., see. 163, págs. 436-437.

En Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182, 185 (1965) se señaló que, de acuerdo con el Art. 158 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 2150, un testigo puede ser im-pugnado por la parte contraria “mediante evidencia contra-ria, o de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez o integridad es generalmente mala; pero no con evidencia de determinados actos reprobables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo o la anotación de la sentencia, que fue convicto de delito grave.” Añadimos allí, no obstante, que cuando en el examen directo el acusado aduce prueba de su buena reputación, éste abre la puerta a su pasado y es admisible entonces evidencia de otros delitos, graves o menos graves. Al mismo efecto: Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676 (1972). Para una crítica de esta posición, véase: 1 Wigmore, On Evidence, 3rd ed., 1940, secs. 193 y 194; 2A Wigmore, On Evidence (Chadbourn ed.), 1970, sec. 987, págs. 911-912.

La regla de Hernández Pérez, sin embargo, según expresamos en Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974), “tuvo su razón de ser en una época, pero ha sobrevivido su propósito.” Expresamos así en dicho caso la nueva regla para la admisión de prueba de condenas anteriores :

“. . . La admisión de esta evidencia, naturalmente, debe regularse ¡por las normas usuales de relevancia a la cuestión que cada caso plantea. Podrá inquirirse en el contrainterroga-torio sobre dichos antecedentes o hechos específicos vinculados a la credibilidad, si no son remotos, y presentarse evidencia extrínseca de los mismos para impugnar la veracidad del testigo. Asimismo podrá presentarse, a los expresados fines, evidencia de convicción del testigo por delito que sin importar su calificación implique deshonestidad o perjurio. No estamos abriendo una compuerta al derrame indiscriminado de evidencia impertinente, extraña al asunto justiciable. La prueba para impugnar al testigo deberá fundarse en actos y hechos específicos y deberá limitarse a las materias relacionadas con veracidad o false-dad... .”

En el caso presente, ¿demuestra deshonestidad o perjurio o afecta la veracidad del testigo su alegada violación a la Ley del Cierre? ¿La alteración a la paz ocurrida en 1950 (multa: $3.00, dato que el fiscal no reveló, pero que surge del legajo de sentencia) ? ¿Los otros delitos a que se ha hecho referencia antes? Tampoco reveló el Ministerio Público que en ninguno de los casos, comenzando con la infracción alegadamente cometida en 1962, sobre los que se contrainterrogó al apelante hubo disposición final. Véase: Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506 (1974). La puerta que abrió el acusado, además, ¿fue de tal índole que permite el derrame indiscriminado de evidencia que ocurrió aquí?

No es necesario considerar estas cuestiones en detalle, sin embargo, como tampoco los serios problemas constitucionales que pueda plantear esta causa, pues al menos es claro que cuatro de los delitos menos graves a que aludió el fiscal son remotos, datando de once, doce, trece y veintitrés años antes del juicio.

La lejanía de una condena para fines de su admisión en evidencia debe juzgarse, por supuesto, a la luz de los hechos particulares de cada caso. Para tales fines debe medirse el valor relativo de los intereses en pugna. Entre los factores a considerar se encuentran la naturaleza de las convicciones anteriores y su relación con el delito imputado, con la credibilidad del acusado o con lo declarado por el acusado en el examen directo, según sea el caso, en adición, por supuesto, al tiempo transcurrido, que puede ser tan claramente excesivo que excluya la consideración de cualquier otro factor. 1 Wharton, Criminal Evidence, 13th ed., 1972, see. 260, pág. 622. No estimamos tan indispensable para probar las infracciones imputadas en este caso a las leyes para controlar los narcóticos, presentar evidencia de una alteración a la paz que ocurrió hace veintitrés años o de una infracción a la Ley del Cierre que tuvo lugar hace trece años o del gusto del apelante por el juego de gallos. El posible perjuicio del acusado en esta situación de hechos sobrepasa el interés del Estado en tal ejercicio de arqueología penal.

Se revocará por los fundamentos expuestos la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados, Señores Martín e Irizarry Yunqué, concurren en el resultado sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Santos Ortiz, acusado y apelante.

      Número: CR-74-90

      Resuelto: 22 de septiembre de 1975

      Dora Nevárez Muñiz, abogada del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado de asesinato en primer grado y fue convicto por un jurado unánime de asesinato en segundo grado.

Los hechos pueden resumirse como sigue. José Santos Ortiz, el apelante, y su concubina Ana Hilda Vázquez llegaron a Puerto Rico procedentes de Nueva York y se hospedaron en la casa de la abuela de Ana Hilda, en un campo de Huma-cao. El apelante tuvo conocimiento de que una residente de aquel lugar, Josefina Cruz, tenía algún dinero. En 22 de diciembre de 1965 él le comunicó a Ana Hilda que planeaba asaltar a Josefina para quitarle el dinero. Ana Hilda se opuso a dicho plan, trató de disuadirlo, pero el apelante in-sistió en ello.

El día de los hechos, el apelante obligó a Ana Hilda a acompañarlo, amenazándola con un revólver que tenía, a un camino que conducía a la casa de Josefina y a quedarse allí con él, escondidos, para emboscarla. Cuando Josefina apareció el apelante la atacó, le dio con el revólver quedando la víctima in-consciente, le puso un paño en la boca, la amordazó con una toalla y una cuerda, le amarró los pies y las manos, le robó unos $600 que Josefina llevaba y allí la dejó tendida y agoni-zando. Ana Hilda presenció los hechos presa de terror. Quiso correr pero no se atrevió debido a las amenazas del apelante. Luego de consumado el crimen el apelante se llevó a Ana Hilda consigo. Varios días después el cadáver de la infortunada Josefina fue encontrado en un pequeño barranco, en el cual ha-bían caído ella y el apelante al comienzo de la lucha. Al cadáver le faltaba un pie, el cual aparentemente los perros realengos le habían comido.

El apelante se llevó a Ana Hilda para Nueva York el 24 de diciembre de 1965, con el dinero en el bolsillo y el crimen en la conciencia. En dicha ciudad se hospedaron en el aparta-mento de la madre de Ana Hilda. Como Ana Hilda insistía en que el apelante confesase los hechos, éste le hizo un disparo pero no la hirió. Amenazó con matar a todos en la casa. La madre de Ana Hilda informó a la policía de los hechos. Mien-tras el apelante estuvo en prisión preventiva en Nueva York, pendiente el procedimiento de extradición iniciado por el Go-bierno de Puerto Rico, él y Ana Hilda se escribieron algunas cartas. Ella declaró que él la amenazaba en sus cartas. En el Ínterin, el apelante cumplió en Nueva York dos años de prisión por otro delito cometido allá, independiente del que aquí nos ocupa.

El apelante hace tres señalamientos de error. El primero se refiere a la negativa del tribunal de admitir en evidencia una carta que le escribió Ana Hilda mientras él estaba en pri-sión. Pretendía demostrar con dicha carta que él no amenaza-ba a Ana Hilda. Los restantes dos errores pueden fundirse en uno y se contraen a plantear que erró el tribunal al no deter-minar que Ana Hilda fue cómplice del asesinato.

Ninguno de los señalamientos tiene mérito. En cuanto a la carta de Ana Hilda, ésta expresa, en lo pertinente, que ella lo quiso pero que no puede verlo o escribirle más porque su corazón no se lo permite; que él la engañó mucho a ella; que cada día ella descubría más cosas de él; que él nunca la amó; que ella le soportó muchas cosas; que ella no puede hacer nada en perjuicio de sus hijas por un hombre que no se lo merece.

La negativa a admitir dicha carta en evidencia no causó perjuicio sustancial al apelante, y más bien creemos que le favoreció. Desde luego, lo determinante no es si el apelante la amenazó a ella en sus cartas desde la prisión, sino el hecho probado y creído por el juzgador de que la llevó bajo amenaza de grave daño corporal al lugar de los hechos y la obligó a quedarse allí mientras él los consumaba.

Los hechos ocurrieron bajo la vigencia de nuestro anterior Código Penal, Edición de 1937, 33 L.P.R.A. sec. 1 y ss., y bajo sus claras disposiciones Ana Hilda no era principal o autora del delito, ni aun cómplice.

Bajo aquel Código eran principales o autores los que cometían directamente el crimen o los que hubiesen aconsejado su comisión o incitado a ello, 33 L.P.R.A. see. 82. Bajo dicho Código eran cómplices los que, sabiendo que se había cometido un crimen, lo ocultaren de las autoridades o albergaren y protegieren a la persona acusada o convicta de su comisión, 33 L.P.R.A. see. 83. Nada de lo antes dicho es aplicable a Ana Hilda. Por el contrario, ella se opuso desde el principio a la comisión del delito y fue llevada al lugar de los hechos bajo coacción. La complicidad requiere algún grado de consejo, incitación o participación, directas o indirectas, factores que en el caso de Ana Hilda están ausentes.

Tampoco es Ana Hilda autora ni encubridora del delito, bajo el vigente Código Penal, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 33 L.P.R.A. see. 3001 y ss. Dispone el vigente Código Penal que son responsables criminalmente los autores y los encubridores. Se consideran autores (a) los que toman parte directa en la comisión del delito; (b) los que fuerzan, provocan, instigan, inducen o ayudan a otra persona a cometer el delito; (c) los que se valen de una persona inimputable para cometer el delito; (d) los que con posterioridad a la comisión del delito ayudaren a los que tomaron parte directa en la comisión del delito en cumplimiento de una promesa anterior a dicha ejecución; y (e) los que cooperaren de cualquier otro modo en la comisión del delito. Art. 35, Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3172.

Son encubridores los que para eludir la acción de la justicia con conocimiento de la comisión de un delito, sin haber tenido participación en el mismo como autores, ocultaren al responsable del delito o procuraren la desaparición, alteración u ocultación de evidencia. Art. 36, Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3173.

Los errores señalados no se cometieron. El jurado fue unánime, pero fue condescendiente para con el acusado pues realmente los hechos justificaban su convicción por asesinato en primer grado, tal como se le acusó. Se confirmará la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Rigaü

text:
    Félix Guzmán Ramos, demandante y recurrido, v. San Juan Racing Association, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-74-388

      Resuelto: 22 de septiembre de 1975

      Brown, Newsom & Córdova y Alberto J. Picó González, aboga-dos de la recurrente; Esdras Cruz Dones y Olga Cruz Jimé-nez de Nigaglioni, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigaü

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso expedimos una orden para mostrar causa concediendo treinta días al demandante recurrido para que demostrase por qué no se debía revocar la sentencia recurrida.

Luego de algunos incidentes que es innecesario pormenori-zar aquí, el recurrido compareció pero no habiéndonos per-suadido de lo contrario debemos revocar dicha sentencia.

Se trata de lo siguiente. En 27 de julio de 1966 el deman-dante fue al hipódromo El Comandante a presenciar las carreras y aparcó allí su automóvil. Pagó 25 centavos por derechos de aparcamiento. Al regresar a buscar el vehículo, éste había sido hurtado. Demandó a la San Juan Racing Association, operadora del hipódromo, y obtuvo sentencia a su favor. Dicha sentencia motivó nuestra orden para mostrar causa.

La ilustrada Sala sentenciadora se basó en Flores v. Meyers Bros, of P.R., Inc., 101 D.P.R. 689 (1973). Incidió porque el contrato de aparcamiento que la ley y el antes citado caso cubren es el contrato de aparcamiento per se, un contrato con fines de lucro y no el aparcamiento necesario, prestado como un servicio a los que frecuentan un espectáculo o actividad principal. Resulta claro que la demandada no se dedica al negocio de operar un área de aparcamiento, sino que mantiene dicha área como un servicio accesorio a su actividad real y principal, la cual es operar un hipódromo. Su área de aparcamiento no es per se una operación lucrativa. El hecho de que para mantener dicho parque de estacionamiento y para poder reservarlo para el uso de los que concurren al hipódromo, la demandada cobre la suma nominal de 25 centavos no coloca ipso facto dicha operación en una de las operaciones cubiertas por nuestra decisión de Flores v. Meyers Bros. of P.R., Inc., supra. Nos remitimos a lo allí expresado al respecto y a lo expresado en Merced v. Adm. de Parques, 103 D.P.R. 574 (1975).

Como se recordará, en dicho caso de Merced dijimos que la ley cubría los negocios de aparcamiento operados con ánimo de lucro pero que están exentos de la misma los solares y locales de aparcamiento “que no se operan con ánimo de lucro, sino como facilidades accesorias de algún negocio o empresa y para uso de los parroquianos de dichos negocios o empresas.” Resolvimos en Merced, supra, que la naturaleza no lucrativa del aparcamiento allí concernido lo situaba fuera del ámbito de la ley que cubre esta materia. Por igual razón procede hacer igual determinación en este caso. Se expide el auto solicitado y se revocará la sentencia recurrida.


author: per curiam:

text:
    Nicolás Matos y Otros, demandantes y recurridos, v. Metropolitan Marble Corporation, demandada y recurrente.

      Número: R-75-250

      Resuelto: 23 de septiembre de 1975

      Limeres & Odell, abogados de la recurrente; Rafael L. Franco García, pro se.

   per curiam:

El 9 de junio de 1975 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dictó sentencia por la que condenó a la Metropolitan Marble Corporation a pagar a los demandantes aquí recurridos $32,000 como indemnización por alegados daños y perjuicios, las costas y $1,500 para honorarios de abogado. La demandada recurrió ante nos en solicitud de auto de revisión. Alegó que dicha sentencia se dictó luego que el tribunal a quo eliminara sus alegaciones, habiéndose ne-gado a reconsiderar dicho dictamen.

En nota al pie de página en la sentencia del tribunal recurrido se explica en detalle la conducta del abogado Rafael L. Franco García, quien representaba a la demandada, que justificó la acción tomada por el tribunal. Dice así: “El in-cumplimiento del Ledo. Rafael L. Franco García, imputable a la demandada, ocasionó la eliminación de sus alegaciones. No compareció a la conferencia con antelación a juicio el 16 de enero de 1975, a la que compareció el abogado de los de-mandantes. La misma no pudo ser celebrada ante esa in-comparecencia inexplicada de dicho letrado. Dispuso el tribunal eliminar las alegaciones de la demandada y señaló el juicio en rebeldía para el 13 de febrero de 1975. Ya antes el Ledo. Franco García había solicitado se le relevara de la representación legal de la demandada. El tribunal denegó esa solicitud requiriendo para su consideración la dirección de la demandada, no respondiendo absolutamente dicho abo-gado. El Ledo. Franco García respondió a esa disposición eliminando las alegaciones meramente que había renunciado la representación de la demandada y entregádole el expe-diente del caso. En orden posterior del tribunal del 4 de fe-brero de 1975 aclaró al Ledo. Franco García que no le había relevado (ni le ha relevado aún de la representación que os-tenta en el caso de la demandada) y declaró no ha lugar a la solicitud para que se dejara sin efecto la disposición elimi-nando las alegaciones. El 13 de febrero compareció por escrito nuevamente el Ledo. Franco y con evidente demostración de su desatención a las anteriores disposiciones del tribunal vol-vió a informar de la renuncia que había hecho, con clara abrogación de la facultad que no dispone para quedar relevado del caso. Resolvimos no ha lugar a su nueva solicitud haciendo referencia al Canon 20 de Etica Profesional. Hizo caso omiso no compareciendo al juicio el 20 de marzo de 1975. En esta fecha intentamos ofrecer una nueva oportunidad a la repre-sentación legal de la demandada y pospusimos la vista del juicio a pesar que los demandantes comparecieron anunciando estar debidamente preparados. Fijamos en esta ocasión como penalidad al abogado de la demandada el depósito a favor de los demandantes de $200 como honorarios de abogado, aper-cibiéndole que quedarían eliminadas sus alegaciones. Res-pondió mediante su moción del 23 de abril de 1975 igual que lo había hecho antes básicamente, añadiendo que la demandada le adeudaba $5,500 por concepto de honorarios de abogado y que por ello no le representaría en este proceso. Dispusimos fi-nalmente eliminar las alegaciones de la demandada mediante orden del 30 de abril de 1975 contra la cual no se ha instado recurso alguno.”

El 7 de agosto de 1975 una Sala de este Tribunal emitió resolución denegando la solicitud de auto de revisión. Dicha solicitud — presentada a instancias de la demandada por otro abogado — no cumplió las exigencias de la Regla 15.1(b), en relación con la Regla 15(c) del Reglamento de este Tribunal vigente entonces, al no hacer acompañar su solicitud de copias de los escritos conteniendo las alegaciones de las partes ante el tribunal recurrido.

Se dispuso además en la citada resolución del 7 de agosto que el abogado Franco García mostrara causa por la que no debíamos solicitar de la Procuradora General que investigara su conducta profesional a los fines de tomar la acción disci-plinaria que fuera menester, de así ameritarse.

La recurrente solicita la reconsideración en cuanto a la parte de nuestra resolución que denegó la solicitud de revisión. Aduce que no creyó necesario incluir copias de las alegaciones con su solicitud porque “lo que tuvo ante su consideración el Tribunal recurrido no era el contenido de dichas alegaciones sino la eliminación de las mismas.” De aceptar nosotros esta explicación como justificativa de que no se cumpliera con el claro precepto de nuestro Reglamento, estaríamos dejando al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo, depen-diendo del criterio personal de cada abogado. Los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el perfecciona-miento de los recursos instados ante nos. Nos proponemos exigir celosamente que así se haga.

Por otra parte, la recurrente no ha demostrado que no tuviera conocimiento de las razones por las cuales el abogado Franco García se negaba a continuar compareciendo en su representación. Por el contrario, los autos ante nos revelan que tenía conocimiento de la renuncia de Franco García, que la situación entre abogado y parte se había tornado áspera, al extremo de que se hacían reclamaciones monetarias recíprocas y se amenazaban de pleitear entre sí, y que de hecho ya la recurrente había encomendado su caso a otro abogado. Se de-clarará sin lugar la solicitud de reconsideración de la recu-rrente.

El abogado Franco García, en cumplimiento de la segunda parte de la aludida resolución de 7 de agosto, ha comparecido mediante un extenso escrito, que acompaña de numerosos do-cumentos, y nos convence de que estaba justificado en renun-ciar la representación de la demandada, que de ello había notificado a su cliente, que la demandada requirió de él que le entregara y él le entregó el expediente de su oficina, y que la demandada no estaba desprovista de representación profe-sional durante el trámite del caso siguiente a la renuncia del abogado Franco García.

No obstante, el abogado no debió presumir que con la presentación de su moción de renuncia de representación profesional quedó automáticamente desvinculado de su responsabilidad para con el cliente y para con el tribunal. La moción de renuncia de representación es una solicitud al tribunal que propone unas razones para que se admita al abogado desligarse del caso. Necesita la aprobación del tribunal para ser efectiva. El Canon 20 de Etica Profesional es claro al respecto, y preceptúa además lo que el abogado debe hacer para que se haga efectiva su renuncia, y lo que hará luego de que le sea aceptada por el tribunal. Dice así:

“Canon 20. — Renuncia de Representación Legal

Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la re-presentación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.

Antes de renunciar la representación de su cliente el abo-gado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten per-juicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo .para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afec-tar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra dis-posición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.

Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelan-tada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.”

Quede apercibido el Lie. Rafael L. Franco García de su obligación de observar rigurosamente el citado precepto. Dadas las circunstancias de este caso, y las explicaciones da-das por él, se dispondrá el archivo del incidente que motivó la segunda parte de nuestra resolución de 7 de agosto de 1975.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado sin opinión.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Juan Pablo Alvarado, etc., demandantes y recurrentes, v. Ernesto Calaiño Romero, Constructora Santiago, Inc., American Casualty Company, demandados y recurridos.

      Número: R-74-51

      Resuelto: 23 de septiembre de 1975

      R. Elfrén Bernier y Plinto Pérez Marrero, abogados de los re-currentes; González & Rodríguez, abogados de los recurridos; Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto, Moisés Gar-cía Viera y Francisco Falú Lebrón, abogados del Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 19 de octubre de 1966 el obrero recurrente sufrió un accidente de automóvil en que perdió tres dedos de la mano izquierda por la alegada negligencia de un tercero. El Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado aceptó que se trataba de un accidente del trabajo y resolvió que el obrero había sufrido un 80 % de pérdida de las funciones fisiológicas de la mano. La Comisión Industrial, luego del correspondiente informe médico, confirmó esta determinación, la que se le notificó al obrero el 16 de marzo de 1967. El obrero no solicitó luego la vista pública a que le da derecho el Art. 10 de la Ley Núm. 45 de 1935, según enmendado, 11 L.P.R.A. sec. 11.

El 28 de junio de 1967, el obrero lesionado dedujo de-manda contra el tercero alegadamente responsable de su lesión. Mientras se tramitaba la referida causa, el obrero regresó al Fondo debido a complicaciones emocionales surgi-das como consecuencia del accidente. Esta vez el Administra-dor decidió que el recurrente tenía derecho a compensación correspondiente a la pérdida de un 20 % de las funciones fisio-lógicas generales, acreditándose la suma pagada por el Fondo del Seguro del Estado como consecuencia de la determinación anterior.

El 26 de octubre de 1971, al agravarse la condición emo-cional del recurrente, el Fondo aumentó el grado de incapa-cidad fisiológica general del obrero en un 10%. En esta oca-sión, el Fondo instó demanda por primera vez, el 22 de diciem-bre de 1971, contra el referido tercero. Luego de consolidarse ambos casos, el tribunal de instancia dictó sentencia a favor del obrero, pero dispuso que éste debía devolverle al Fondo la cantidad de $8,152.50 por concepto de subrogación. Sostiene el obrero ante nos que el Fondo perdió su derecho a subro-garse por no actuar contra el tercero dentro del término que alegadamente prescribe la ley.

I

El Art. 31 de nuestra Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32, dispone en su parte pertinente:

“En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiere pro-venido bajo circunstancias que hicieren responsables a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesio-nado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y per-juicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción en la forma siguiente:

Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este Capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar trata-miento, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus benefi-ciarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo procedimiento que estableciere el Adminis-trador bajo las disposiciones de esta sección, y será obligación del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la acción.

Si el Administrador dejare de entablar demanda contra la tercera persona responsable, según se ha expresado en el párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios quedarán en libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.

El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios ¡podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero responsable de los daños, hasta des-pués de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria.

Existen diferentes sistemas de subrogación en la legis-lación norteamericana, en que originalmente se inspiró nuestra Ley de Compensaciones a Obreros por Accidentes del Trabajo, pero nuestro estatuto ha desarrollado rasgos propios que ayudan a interpretarlo rectamente. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un minúsculo grupo de estados donde no se permite la subrogación; en otros pocos se autoriza de modo absoluto, constituyendo el asegurador el único que puede demandar al tercero; en otros, tanto el asegurador como el asegurado pueden incoar la demanda; y en algunos se establece un orden para demandar, permitiéndosele en varios estados al asegurador demandar en primer término y en otros invirtiéndose el turno. 2 Larson, Workmen’s, Compensation, secs. 74.10-74.16. Nuestro estatuto pertenece a esta última categoría, asemejándose en este particular especialmente a la legislación de Maryland. Ann. Code of Md., Art. 101, Sec. 58 (1974 Cum. Supp.).

Las leyes de compensación por accidentes del trabajo no se diseñaron para inmunizar a terceros. Sanstad v. Ind. Acc. Com., 339 P.2d 943 (Cal. 1959). Tampoco fue el propósito general permitirle al obrero recobrar dos veces por el mismo daño. De estos principios es que parte fundamental-mente el concepto de la subrogación, cuyo impulso ideal básico, con las variantes estatutarias señaladas y otras más, es reembolsarle al asegurador lo pagado, lo que surte el efecto de reducir las primas, y permitir que el lesionado obtenga cualquier suma que se recobre contra el tercero en exceso de lo pagado por el asegurador. Lasky, H., Subrogation under the California Workmen’s Compensation Laws — Rules, Remedies and Side Effects, 12 Santa Clara Lawyer 1, 2-6 (1972).

Nuestro estatuto, como se ha visto, contiene, sin embargo, una variante sustancial de este esquema. El Fondo del Seguro del Estado puede, en primer término, entablar procedimiento en contra del tercero dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que su decisión fuere “firme y ejecutoria” pero, de no hacerlo, el obrero o sus beneficiarios “quedarán en libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.” En Puerto Rico, por tanto, se admite expresamente la mayor compensación del obrero si el Fondo del Seguro del Estado no ejerce a tiempo su derecho a la subrogación. Esta disposición se encamina a todas luces a fomentar el ejercicio diligente por el Fondo del Seguro del Estado de tal derecho. No hemos hallado una disposición comparable en Estados Unidos. Representa una característica autóctona de nuestro derecho de compensación a obreros.

En el caso presente, el Fondo dejó transcurrir más de cuatro años después de la decisión inicial para ejercer sus derechos de subrogación. Lo hizo luego de emitirse la deci-sión en recidiva de 26 de octubre de 1971. Lo planteado aquí inicialmente, por tanto, en lo que toca a la relación del Fondo y el obrero, es si el hecho de subrogarse a tiempo después de una decisión en recidiva le permite al Fondo recobrar, no sólo sus gastos a consecuencia de dicha decisión, sino también sus gastos anteriores. Compárese: Admor. Fondo del Estado v. Northern Assur., 98 D.P.R. 253 (1970).

Resolver lo segundo entraña dejar sin efecto el mandato legislativo que le fija un término perentorio al Fondo para demandar al tercero, so pena de que el lesionado pueda actuar entonces sin obligación de resarcir al Fondo por los gastos incurridos. No hallamos nada en el historial legislativo del citado Art. 31 que autorice tal emasculación de nuestro esta-tuto. Véase la Ley Núm. 70 de 15 de junio de 1955, la que añade la frase “firme y ejecutoria” para alterar el efecto de Moreno v. Penzol, 73 D.P.R. 12 (1952); Diario de Sesiones, vol. VI, to. I, pág. 50 (1955); Ibid, vol. VI, to. Ill, pág. 1785 (1955).

Si bien el Fondo no tiene derecho a que un obrero le resarza por los gastos incurridos a causa de determinada resolución cuando el Fondo ha dejado expirar el término para subrogarse en los derechos del lesionado, esto no quiere decir, sin embargo, que la referida agencia está impedida para siempre de intentar recobrar los gastos en que incurra bajo resoluciones en recidiva respecto a las cuales se ejercite a tiempo el derecho a la subrogación. En otras palabras, no hay nada en el orden natural de las cosas que prohíba la emisión en casos de compensación a obreros, como en los casos de alimentos, de varias resoluciones firmes y ejecutorias.

Esta interpretación está más de acuerdo con el propósito de los estatutos de subrogación y de nuestra propia ley. El Fondo puede estimar en cierto caso que la compensación en-vuelta inicialmente no es de suficiente importancia como para justificar el ejercicio de su derecho a la subrogación. En dicha situación es forzoso cumplir la voluntad legislativa de que no tenga que devolverse la referida compensación inicial. Puede suceder, sin embargo, que el caso se complique, como sucedió aquí, y el Fondo tenga que pagar en recidiva una compensa-ción adicional sustancial. ¿Por qué no permitirle al Fondo que intente obtener el reembolso de lo pagado adicionalmente? ¿Por qué extenderle al obrero nuevamente, en ausencia de una directriz legislativa clara, el beneficio de una compensa-ción doble, con su indeseable impacto actuarial? Véase: Robles Menéndez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 665 (1962).

A la luz de las normas expresadas, el recurrente no tiene que resarcir al Fondo del Seguro del Estado por compensa-ción alguna recibida en virtud de decisiones emitidas antes de 26 de octubre de 1971. La sentencia en este sentido del Tribunal Superior no es clara. En su demanda de 22 de diciembre de 1971, el Fondo alegó haber incurrido en gastos de $12,041.50. La sentencia le concedió $8,152.50. Debe devol-verse el caso al tribunal de instancia para la modificación de la sentencia, si es que ello fuere necesario, de conformidad con lo aquí expuesto. No habría que modificar la sentencia si la suma concedida representa los gastos incurridos o por incurrirse en virtud de la decisión en recidiva de 26 de octubre de 1971.

II

Se habrá advertido, no obstante, que el obrero recurrente radicó su demanda prematuramente, antes de transcurrir el término durante el cual tenía derecho el Fondo a subrogarse inicialmente en los derechos del obrero. El obrero radicó su demanda poco después de expirar los noventa días de notificársele la resolución de la Comisión Industrial, emitida a base del informe médico rendido. El Art. 10 de la Leyde Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 11, dispone, no obstante, que el obrero que no esté conforme con la resolución dictada a base del informe médico podrá solicitar la celebración de una vista- pública ante la Comisión dentro de un término que no excederá de treinta días. No es hasta la expiración de dichos treinta días, por tanto, que se convierte en ejecutoria y firme la decisión del Administrador del Fondo.

¿Qué efecto tiene sobre la demanda radicada aquí por el obrero, sus hijos y la sociedad de gananciales del recurrente y su esposa el hecho de que la acción se instó prematuramente? En lo que toca a la acción de la sociedad de gananciales y de los hijos, hemos resuelto que nuestro estatuto de Compensaciones a Obreros no les impide demandar al tercero antes de expirar el plazo reservádole al Fondo para subrogarse en los derechos del lesionado. Véanse: Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201 (1967) y nuestras expresiones posteriores en Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968).

En lo que respecta a la acción del obrero, existe dicta al efecto de que si se entabla prematuramente es ineficaz y nula. Negrón v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 301 (1954). Si convirtiéramos en doctrina firme tal interpretación, sin embargo, no estaríamos cumpliendo a cabalidad los fines de la legislación que nos ocupa. La declaración de nulidad podría proteger al tercero indebidamente, cuando lo que se desprende de nuestro estatuto es el deseo de proteger los derechos de subrogación del Fondo. Consideramos más acorde con la ley resolver que las demandas radicadas prematuramente son anulables, en vez de nulas. Unicamente el Fondo puede, por supuesto, requerir su anulación mediante la radicación en tiempo de su acción de subrogación y la correspondiente súplica de declaración de nulidad. En vista de que el Fondo dejó transcurrir más de cuatro años después de convertirse en firme y ejecutoria su decisión inicial, no se afecta el resultado expuesto en la primera parte de esta opinión.

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Se habrá notado también que este caso envuelve exclusivamente la determinación de los derechos del obrero y otros codemandantes frente al Fondo del Seguro del Estado, dentro de las circunstancias particulares de esta controversia. El tercero no ha recurrido ante nos de la sentencia dictada. Hubo aquí, además, una sola sentencia y la demanda se enmendó varias veces para alegar el agravamiento del daño. No hay ocasión de expresarse en consecuencia sobre la intere-sante cuestión de si una sentencia obtenida contra un tercero tras demanda iniciada dentro del año de convertirse en firme y ejecutoria la decisión del Administrador en un caso, 11 L.P.R.A. see. 32, primer párrafo, representa base suficiente para oponer la defensa de cosa juzgada o la de prescripción cuando se le demanda de nuevo por haber ocasionado perjui-cios posteriores al daño inicial. Baste decir que el asunto es objeto de debate, ofreciendo la jurisprudencia, la doctrina y las leyes bajo distintos regímenes de derecho diversas solu-ciones a este problema de sencillez engañosa. En derecho francés, por ejemplo, se ha afirmado que no existe la identi-dad de objeto requerida para que una sentencia constituya cosa juzgada cuando luego sobrevienen mayores daños causa-dos por los hechos originales. Mazeaud, Mazeaud et Tune, Traite Théorique et Practique de la Responsabilité Civile, 5e éd., Paris, 1958, sec. 1737, págs. 712-713. En derecho alemán, si un acto ilícito produce una enfermedad al parecer transi-toria, pero que luego evoluciona para convertirse en enferme-dad crónica grave, la prescripción sólo puede empezar al conocerse este último dato. Enneccerus, Derecho de Obliga-ciones, 15a ed., Barcelona, vol. II, 2a Parte, (1966), págs. 1163-1164. En derecho español, existe conflicto de criterios. Borrell Maciá, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extra-contractual Civil, Barcelona, 1942, pág. 276; Jiménez Asenjo, Sobre el Alcance Real de la Cosa Juzgada, 1 Revista General de Legislación y Jurisprudencia 63 (1948). En derecho co-mún, indebidamente aplicado a estas materias, rige general-mente la regla de la indemnización por una sola vez, sin posi-bilidad de nuevo resarcimiento cuando el daño se agrava, pero este criterio ha sido severamente criticado tanto en Es-tados Unidos, 2 Harper and James, The Law of Torts, sec. 25.2, como en Inglaterra, Salmond on the Law of Torts, 11th ed., London, 1953, págs. 185-186. Algunos tribunales en Estados Unidos siguen ya el punto de vista de Harper y James, aun en ausencia de legislación. Brocker and Supply Co. v. Mashburn, 301 A.2d 501 (Md. 1973).

Por los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia dictada y se devolverá él caso al tribunal de instancia para procedimientos conforme con esta opinión.

El Juez Asociado, Señor Jorge Díaz Cruz, disiente con opinión separada. El Juez Asociado, Señor Carlos V. Dávila, concurre en el resultado sin opinión.

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 1975

El Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 32) dispone: “Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este Capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subro-gará en los derechos del obrero o empleado, o de sus benefi-ciarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma.”

La opinión de mayoría desatiende el concepto legislado de “firme y ejecutoria” al considerar la reclamación de reci-diva como nuevo caso para el que empezará a correr (por segunda vez) el término de 90 días de subrogación. La inter-pretación niega respaldo a la básica integridad procesal que rechaza la decisión de cuestiones fragmentadas. Según la recidiva en el campo médico legal reabre todo el proceso desde su inicio a ulterior consideración integral, sin que haya lugar al fraccionamiento en la patología del obrero lesionado, la secuencia procesal ha de seguir la secuencia clínica. El hilo de continuidad que une todos los elementos y desarrollos en cada caso no ha de ser cercenado.

Si el reconocimiento y compensación de una recidiva nece-sariamente implica la reapertura del caso, pierden finalidad no sólo la primera determinación médica sino la decisión original del Administrador quien tendrá a su disposición el término de 90 días para subrogarse y recobrar del tercero todo lo pagado.

La opinión de mayoría repudia la dádiva con fondos públicos que resultaría de permitir al lesionado “recobrar dos veces por el mismo daño.” El principio debe mantenerse sin importar la cuantía, prescindiendo de la arbitraria dis-tinción entre antes y después de la recidiva.

Autorizaría al Administrador del Fondo a recobrar del tercero causante de los daños absolutamente todos los gastos incurridos con dineros públicos por el Fondo del Seguro del Estado, según instruye el Art. 31 de la Ley.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Presidente, Señor Trías Monge.

text:
    Juan L. Gorbea, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Miguel A. Giménez Muñoz, Juez, demandado.

      Número: O-74-517

      Resuelto: 23 de septiembre de 1975

      Virgilio Méndez Cuesta, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos en el presente recurso que el Art. 1065 de nuestro Código Civil, reconocedor de la regla general que permite la transmisibilidad de los derechos adquiridos en virtud de una obligación, en ausencia de pacto en contrario u otras circunstancias, no cubre la acción estimatoria o de quanti minoris — que por propia definición tiene como objeto el que pueda procurarse de un vendedor la devolución de parte del precio entregado por un comprador en proporción al valor de los vicios ocultos — ejercitada por un segundo ad-quirente de un bien inmueble. La naturaleza de la acción esti-' matoria, milita contra la aplicabilidad de dicha regla, pues no es justo ni lógico que un comprador obtenga la reducción del precio de la compraventa de quien no fue su vendedor y a quien nada satisfizo ni pagó.

Los hechos son simples:

El demandado recurrente Juan L. Gorbea vendió el 30 de junio de 1967 a los esposos Luis Fortuño Moscoso y Shirley Burset una propiedad ubicada en la Urbanización Santa María por el precio total de $52,000.00. Estos a su vez, el 1ro. de agosto de 1967, la vendieron a los esposos Miguel Angel Guiot y Elba Santiago por la suma de $57,000.00. Fortuño y Guiot demandaron conjuntamente a Gorbea el 28 de diciem-bre de 1967 por defectos ocultos en el sistema de drenaje, reclamando $886.00 en gastos, $5,000.00 en acción estima-toria o de “quanti minoris” y $4,000 en daños y perjuicios. Previo el uso de varios mecanismos sobre descubrimiento de prueba, la demanda fue enmendada alegándose que el “deman-dado [Gorbea] al igual que el co-demandante Luis Fortuño Moscoso respondían y responden a los aquí codemandantes del saneamiento. . . .”

A solicitud del demandado recurrente Gorbea, el tribunal de instancia desestimó la reclamación de Fortuño exponiendo el siguiente razonamiento:

“El artículo 1373 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3841, dispone que el vendedor está obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviese la cosa vendida. Pero ¿quiere ésto decir que se tiene causa de acción por vicios ocultos exclusivamente contra el vendedor? Una interpretación aislada y literal de dicho artículo conduciría a tal interpretación más una lectura del artículo 1065 del Código Civil 31 LPRA 3029, basta para recha-zarla.

El referido artículo 1065 nos dice que ‘Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario’. Que sepamos, no existe pacto alguno que restrinja la cesión de los derechos de los compradores en este caso. En Pereira v. Ibec, 95 D.P.R. 28, se planteó una situación similar a la que nos ocupa y se resolvió que el adquirente del crédito litigioso queda en la misma posición que su causante. Véase además Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, donde se dice que la obligación de indem-nizar es una obligación a favor de cualquier propietario.

Siendo ello así, es claro que el demandado puede ser respon-sabilizado frente al demandante y propietario, Sr. Guiot, más no así en lo que respecta al Sr. Luis Fortuño. En razón de lo expuesto, se ordena la desestimación de la reclamación del Sr. Luis Fortuño.”

En el recurso interpuesto Gorbea aduce y argumenta que debió desestimarse también la demanda de Guiot. Antes de analizar la cuestión, forzoso es concluir que las alegaciones de la demanda reflejan que se trata de una acción estimatoria (quanfá minoris) y no de carácter redhibí torio y que el efec-to de la resolución de la sala sentenciadora es que la acción continúe exclusivamente por Guiot, segundo adquirente, contra el recurrente Gorbea, vendedor original. En Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651, 656 (1973), indicamos que la acción estimatoria es aplicable a bienes inmuebles.

El error fue cometido. La acción del segundo comprador Guiot no puede subsistir directamente contra Gorbea, primer vendedor ya que éste sólo puede responderle a su comprador Fortuño quien jurídicamente le respondería a Guiot. Esta conclusión queda robustecida por el hecho demostrado de que Fortuño al venderle a Guiot en el escaso período de un mes, realizó la transacción obteniendo $5,000.00 adicionales a los que había pagado al adquirir del recurrente Gorbea. No nos es posible sostener la anomalía jurídica que implica la deses-timación de la demanda de Fortuno, dejando en litigio exclu-sivamente a personas que no contrataron entre sí, y sobre las cuales una sentencia favorable al actor constituiría un pro-nunciamiento judicial incompatible a la esencia y caracterís-tica de la causa de acción invocada. ¿Sobre qué precio, si entre ellos no hubo compraventa, se reduciría la cuantía?

Los casos citados por la ilustrada sala sentenciadora de Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46 (1962) y Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967), son distinguibles del que nos ocupa por tratarse de acciones fundadas en la responsabilidad del contratista y arquitecto consagrada en el Art. 1483 (31 L.P.R.A. see. 4124), la cual por estar revestida de interés público y ser de carácter irrenunciable, puede ser ejercida por un comprador subsiguiente. La acción estimatoria y la del contratista no son equiparables por los fundamentos que ex-ponemos a continuación.

El vendedor de cosa con vicios ocultos por regla general es víctima pasiva cuando adquirió la misma ya que no inter-vino en la gestión del defecto. El contratista de obra, por otro lado, resulta ser autor y padre de la imperfección que inuti-liza el edificio, creador activo de la cosa defectuosa. Nuestro Código Civil deslinda cuidadosamente la diferencia pues per-mite al vendedor librarse de responsabilidad mediante estipu-lación con su comprador cuando ignora los vicios o defectos ocultos, Art. 1374, solución que no le es dable al contratista o arquitecto.

Las ventas sucesivas pueden introducir variaciones que alteran o eliminan la responsabilidad del trasmitente. Un vicio o defecto que resulta oculto para un primer poseedor puede tornarse manifiesto hallándose la cosa en poder de un segundo comprador. De vender éste, su responsabilidad es la de un vendedor que sabe del defecto, contrario a la del anterior vendedor que lo desconoce. El primer vendedor podría protegerse con una cláusula de renuncia estipulada con su comprador; no así el segundo vendedor que incurriría en dolo. En la acción contra el contratista la responsabilidad es irrenunciable en todo caso, reconociéndole un mayor conte-nido de moral y orden público.

El inmueble puede adquirir un vicio o defecto en poder del segundo vendedor que no tenía cuando la compró el pri-mero. El particular conocimiento pericial del nuevo compra-dor puede hacer el defecto cognoscible. En la situación que tiende a remediar la acción contra el contratista el vicio siempre puede ser trazado al realizador de la obra, no im-porta el número de poseedores intermedios.

Eeiteramos que los Arts. 1373 y 1483 del Código Civil regulan situaciones y conductas distintas, referente el pri-mero a un sujeto pasivo que recibió la cosa en su estado final; y el segundo a un sujeto activo, forjador y creador del hecho dañoso que no se hubiera producido sin su intervención.

Consideramos que la inevitable presencia de un elemento subjetivo y personal en la determinación de lo que es vicio oculto vincula al comprador con su vendedor de modo especial que dificulta investir la acción estimatoria de la transmisibilidad que el Art. 1065 tan eficazmente provee para otras obligaciones.

El presente es un caso de excepción que evade cualquier intento de sentar nueva norma pues rara vez se efectúan dos contratos de compraventa sobre la misma cosa en el breve plazo de 6 meses, fuera del tráfico en mercancía perece-dera. Cuando esto ocurre lo correcto es que el segundo com-prador demande a su vendedor y éste a su vez traiga al primer vendedor como tercero demandado, no permitiendo que el segundo vendedor evada su responsabilidad asumiendo el rol de demandante asociado a su propio comprador. Ello no sólo desnaturaliza la norma sustantiva expuesta, sino distor-siona el procedimiento.

Finalmente, consideramos de rigor hacer constar que aun cuando fue denominada como “Resolución”, dicho dicta-men en esencia constituyó una sentencia parcial que intentaba finalizar la controversia entre Fortuño y el recurrente. No obstante, surgiendo de los autos originales que por haber sido erróneamente denominada, no se siguió el trámite formal de archivo en autos dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, Sánchez v. Municipio de Cayey, 94 D.P.R. 92, 99-100 (1967), nuestro Mandato no perjudica sino beneficia al codemandante Fortuño, quien podrá litigar su causa de acción. La situación es procesal y jurídicamente distinta a lo resuelto en Quintana Martínez v. Valentín, 99 D.P.R. 255 (1970).

Por los fundamentos expuestos, se dictará Sentencia dejando sin efecto la resolución del tribunal de instancia de fecha 14 de octubre de 1974 y se devolverá el caso para que el mismo continúe con sujeción a los pronunciamientos aquí dispuestos.

En Juez Asociado, Señor Angel Martín, concurre con el resultado y el Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, manifiesta su conformidad excepto en cuanto a mantener vigente la recla-mación del codemandante Fortuño, cuya desestimación con-firmaría por no haber establecido revisión. El Juez Presi-dente, Señor Trías Monge, disiente con opinión.

Opinión disidente del

Juez Presidente, Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de setiembre de 1975

Discrepo respetuosamente del criterio vertido en la opi-nión circulada. Se trata en este caso de la figura conocida como venta en cadena. Han ocurrido aquí dos ventas sucesi-vas del mismo bien inmueble. Los dos compradores demandan al vendedor primario antes de expirar seis meses de la pri-mera compraventa por defectos ocultos. El tribunal de instan-cia desestimó la reclamación del primer comprador, quien no ■ha recurrido ante nos. El recurrente es el vendedor primario, quien se querella de que no se haya desestimado también la acción del segundo comprador. Se falla en la opinión circu-lada a favor del recurrente a base de que la acción estimato-ria sólo puede incoarse contra el vendedor inmediato.

Se fundamenta la opinión circulada en el argumento de que la acción de saneamiento, por regla general y en ausencia de una cesión expresa o de pacto en que tal obligación se asuma, no permite que el primitivo vendedor responda direc-tamente de los vicios ocultos a segundos y subsiguientes com-pradores. No se cita ninguna autoridad que sostenga dicha posición. Algunos comentaristas utilizan dicho enfoque en casos referentes al saneamiento por evicción, pero muy rara vez cuando se trata de vicios ocultos.

Aun en la instancia del saneamiento por evicción, sin embargo, analogía de dudosa solidez, se ha señalado que es más propio considerar que cada comprador cede implícita-mente su acción de saneamiento por evicción al vender pos-teriormente la cosa. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, vol. X, to. 1, 1969, págs. 290-292. Véase también: Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, t. II, vol. II, págs. 195-196 (1956). Fuera de España, la posición de Man-resa y Puig Brutau sobre este problema del saneamiento por evicción halla fuerte eco. Grande Dizionario Enciclopédico del Diritto, Fratelli Fabri Ed., t. XXVIII, 1964, pág. 344, Cass. Civ., 8 Ottobre 1955, n. 2921, en Giust. civ., 1956, I, 480 (It.).

No es necesario acudir a la analogía citada, no obstante, pues el saneamiento por vicios ocultos no está totalmente huérfano de análisis en la doctrina española. De Buen, por ejemplo, sostiene, aunque no sin reservas derivadas de la ausencia de disposición específica al efecto, que dicha acción puede dirigirse contra el vendedor primario pues ello evitaría trámites inútiles y gastos superfluos. Notas de De Buen a Colin y Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, to. 4, 8a ed., 1955, págs. 215-216. De Buen se refiere en sus comenta-rios a la acción redhibitoria, pero afirma que la acción redhi-bitoria y la estimatoria o de quanti minoris “coinciden en casi todos los detalles” y no expresa doctrina en contrario sobre este punto. Op. cih, 217. Tampoco hemos hallado tratadista alguno que sostenga que debe diferenciarse sobre el particular que nos concierne entre estas dos acciones, las que derivan, después de todo, del mismo artículo del Código Civil. Véase el Art. 1373 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3841.

Otros civilistas, interpretando textos idénticos o esencial-mente similares al de nuestro Código, y sin contar tampoco con disposiciones legislativas específicas sobre el problema, se pronuncian sin reservas sobre la cuestión que nos ocupa. Esmein, por ejemplo, estima que tanto en la acción redhibito-ria como en la estimatoria el último comprador no está cons-treñido a demandar a su vendedor inmediato, ya que debe estimarse que éste le ha cedido implícitamente su acción contra el vendedor anterior. Aubry et Rau, Droit Civil Frangais, 6e ed., par Esmein, Paris, t. 5, 1947, pág. 87. Véase: Savatier, Cours de Droit Civil, Paris, vol. 2, 1949, pág. 341; Le Page, Traite Elémentaire de Droit Civil Beige, Bruxelles, 1951, t. 4, pág. 214; Planiol et Ripert, Traité Pratique de Droit Civil Frangais, par Hamel, 2e ed., Paris, t. X, 1956, No. 138, pág. 157; Auletta, G. G., La Risoluzione per Inadempimento, Milano, 1942, pág. 440.

La noción de que las acciones disponibles al comprador para hacer valedera la obligación de saneamiento por vicios ocultos pueden radicarse tan sólo contra su vendedor inme-diato se funda primordialmente en antiguas consideraciones sobre la necesidad de nexos contractuales directos (“privity of contract” en derecho angloamericano) entre demandante y demandado en las acciones ex contractu. Todavía algunos autores favorecen la aplicación estricta de esta doctrina, Scialoja e Branca, Commentario del Codice Civile, Libro Quarto, Bologna e Roma, 1964, pág. 216, n. 1, pero la tenden-cia general moderna, tanto en el derecho civil como en el estadounidense, es definitivamente contraria. Véase el exce-lente libro de Amaudruz, M., La Garantie des Défauts de la Chose Vendue, Berne, 1968, en que se estudia el problema a la luz del derecho suizo, el alemán, el francés, el inglés y el norte-americano. Williston estima que la doctrina del nexo contractual directo está en proceso de desintegración. 2 Williston, On Sales, 4th ed., 1974, pág. 339.

Importantes razones de orden público militan a favor de tal posición. Limitar a cada adquirente a demandar tan sólo a su vendedor inmediato no le ofrece suficiente protección a los consumidores. El vendedor anterior puede contar con re-cursos más adecuados o estar más asequible o aun ser, en ciertos casos, la única persona o entidad verdaderamente existente. La regla del nexo contractual directo también puede penalizar indebidamente al intermediario en determi-nadas situaciones, Amaudruz, op. cit., 163, o provocar una innecesaria cascada de litigios.

En este propio foro nos hemos liberado en otras circuns-tancias de los rigores de la doctrina del nexo contractual directo. En Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 65-66 (1967), resolvimos que la acción del comprador original de una vi-vienda contra el contratista-vendedor se transmite a compra-dores subsiguientes en ausencia de pacto en contrario. La opinión circulada distingue este dictamen a base de que la acción decenal está revestida de interés público y es irrenun-ciable mas, con toda deferencia, no alcanzamos a ver por qué se estima que están despojadas de interés público las acciones redhibitorias y de quanti minoris. Tampoco alcanzamos a ver qué relación hay entre la renunciabilidad de la acción quanti minoris o estimatoria y su transmisibilidad cuando no se ha renunciado a su ejercicio. Una acción de este tipo no deja de ser transmisible por el mero hecho de ser renunciable. Unica-mente lo deja de ser cuando se ha renunciado.

En Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971), se rompió la cadena también, utilizando el concepto de la garantía expresa. Sobre este concepto valga señalar que la doctrina de la garantía implícita priva también en esta jurisdicción. Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969).

En resumen, a tono con los desarrollos señalados, la solu-ción más indicada en este caso es la que allana el antiguo obstáculo de la doctrina del nexo contractual directo y le per-mite al último comprador vindicar su derecho al saneamiento por vicios ocultos bien por demanda contra su vendedor inme-diato o mediante acción contra el vendedor primario. El Art. 1065 de nuestro Código Civil, 81 L.P.R.A. see. 3029, dispone que “Todos los derechos adquiridos en virtud de una obliga-ción son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.” No hay razón para que este artículo, utilizado en Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 65 (1967), no se aplique también a los hechos de este caso. Cuando se de-manda al vendedor anterior, debemos señalar, no obstante, que el último comprador se sujeta a las defensas disponibles contra su cedente. Pereira, supra, 66. La causa que está ejer-ciendo es la de cedente.

Una última dificultad que presenta la opinión circulada es que se revoca la resolución del tribunal de instancia y luego se decide que el primer comprador podrá continuar su litigio, en cadena, contra el vendedor original demandado. Esta causa de acción, sin embargo, ya había sido desestimada y no se recurrió ante este Tribunal a solicitar la reinstalación del pleito. Aunque es cierto que este Tribunal tiene jurisdicción sobre la resolución puesto que no fue archivada en autos copia de su notificación, Sánchez v. Municipio de Cayey, 94 D.P.R. 92 (1967), la regla establecida es que hay que pedir revisión para que ésta pueda concederse. Quintana Martínez v. Valentín, 99 D.P.R. 255 (1970).

Por las razones expuestas confirmaría la resolución del tribunal de instancia negándose a desestimar la acción del último adquirente contra el primer vendedor.

       Reza así:
      “Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son trans-misibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.” (31 L.P.R.A. see. 3029.)

      Para comprobar que la necesidad y conveniencia personal del com-prador y aun su conocimiento especial o grado de instrucción son determi-nantes para estimar el defecto, no hay mejor argumento que el propio texto de la ley:
      “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.” Art. 1373 (31 L.P.R.A. see. 3841.)


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Día, Inc. y Gary M. Williams, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Modesto Velázquez Flores, Juez, demandado.

      Número: O-75-329

      Resuelto: 23 de septiembre de 1975

      Vicente Santori Coll y Jaime Sifre Rodríguez, abogados de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 11 de enero de 1972 Jorge L. Rodríguez Ortiz fue arrollado por un automóvil propiedad de El Día, Inc., condu-cido por Gary M. Williams. Por constituir un accidente com-pensable del trabajo, por sus lesiones recibió tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado, el cual, en 22 de noviembre de 1972, mediante decisión final de su Administrador, le adjudicó compensación.

El 23 de agosto de 1973 Rodríguez Ortiz y su esposa Mercedes Torres Hernández interpusieron demanda ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, reclamando daños contra el propietario y conductor del automóvil en cuestión. Por sentencia sumaria se solicitó la desestimación de la causa de acción de la esposa del accidentado por el fundamento de estar prescrita. El tribunal de instancia erróneamente se negó.

Conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada (11 L.P.R.A. see. 32) — Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo —el término de un (1) año de prescripción de una acción independiente por daños contra un tercero responsable no comienza a correr para el lesionado o sus beneficiarios “. . . hasta después de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la Resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria.” Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201, 205 (1967); Negrón v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 301 (1954). Véase: Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 818 (1965).

En el diseño legislativo de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, la contingencia de que el término prescriptivo quede suspendido durante el proceso de adjudi-cación ante los organismos correspondientes — el Fondo y la Comisión Industrial — y a quienes puede cobijar ofrece cierta dificultad en algunos casos de muerte, ya que “la dependencia económica es el factor básico para determinar si una persona tiene derecho a compensación como beneficiario, difícilmente tal carácter puede atribuirse a nadie de antemano.” Gallart Mendía, supra, pág. 207. Como regla general, la determina-ción de quién es beneficiario, es una que recae al momento en que el Administrador emite su decisión final, la cual en ocasiones, es con posterioridad a haber transcurrido un (1) año.

Sin embargo, cuando se trata de un accidente del trabajo en que la persona solamente sufre lesiones, sin mediar muerte dentro del período de tiempo que establece la ley, realmente no existe ni entra en juego problema de identificación de bene-ficiario; éste será el propio lesionado.

Corolario de lo expuesto, el término prescriptivo de un (1) año para iniciar acción de daños contra el causante responsable dispuesto en el Art. 1868 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5292) no queda afectado ni suspendido en cuanto a familiares de un lesionado acogido a tratamiento ante el Fondo del Seguro del Estado por no resultar éstos “beneficiarios” al amparo de la legislación especial compensatoria, la cual es distinta al régimen de derecho sucesoral general consagrado en nuestro Código Civil. Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 630 (1974); Gallart Mendía, supra, pág. 206.

En Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968), establecimos la norma de que la causa de acción por daños físicos o morales sufridos por un cónyuge es de carácter privativo. Desafortunadamente, tal es la situación en el caso de autos respecto a la reclamación por daños mentales de la codemandante Mercedes Torres Hernández. No era “beneficiaría” bajo el régimen de ley especial, y por ende no existía impedimento para que ejercitara su causa de acción dentro del año de ocurrido el accidente de su esposo.

Se expide el auto solicitado y se revoca la Resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictándose en su lugar Sentencia desestimatoria de la acción incoada por Mercedes Torres Hernández.