author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

text:
    The Coca-Cola Company, demandante y recurrente, v. Municipio de Carolina, José E. Aponte y Felipe Rodríguez Lebrón, demandados y recurridos.

      Número: RE-90-603

      Resuelto: 25 de marzo de 1992

      Tcherine Andújar, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogado de la recurrente; Casiano Betan-court, abogado de los recurridos.
   RESOLUCIÓN

Reevaluada la solicitud de revisión a la luz de la Moción de Reconsideración presentada por The Coca-Cola Co., con-cluimos que en el apéndice dicha parte acreditó nuestra jurisdicción apelativa.

Habiendo decidido el Tribunal revisar la sentencia dic-tada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso The Coca-Cola Co. v. Municipio de Carolina y otros, Civil Núm. KCO-89-0029 (907), expida el Secretario manda-miento de revisión dirigido a dicha sala para que, una vez cumplidos los trámites de rigor, eleve a este Tribunal el expediente de revisión correspondiente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto concurrente. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto particular de conformidad. La Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton disintieron por estimar que el Tribunal carece de jurisdicción para entender en el recurso. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— o —

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

No podemos elevar a categoría sacramental (ad solem-nitatem) lo que no posee esa cualidad.

I

El pasado 30 de noviembre, el Tribunal dictó la si-guiente resolución:

Por no haberse acreditado adecuadamente la jurisdicción de este Tribunal, se deniega el recurso.
Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Negrón García concurre en esta etapa. El Juez Asociado señor Rebollo López no intervino. (Enfasis suplido.)

Aunque no se explicó in extenso, ese dictamen respondió únicamente a que The Coca-Cola Co., como recurrente, en-tre los múltiples documentos del apéndice, no incluyó copia de una orden de 27 de agosto de 1990. Mediante esa orden, el foro de instancia motu proprio acogió en tiempo, como Moción de Reconsideración, su oposición al cómputo certi-ficado por el demandado Municipio de Carolina sobre la deficiencia de la patente en controversia.

En la presente Moción de Reconsideración, The Coca-Cola Co. acompaña copia de esa orden. Expone que si bien antes omitió hacerlo, desde sus inicios incluyó en su apén-dice (Exhibit XVI) copia de la Moción en Oposición a la Reconsideración presentada por el municipio demandado, en cuyo tercer apartado, expresamente, se reconoció que el trámite aludido tuvo el efecto de interrumpir el término apelativo por interacción de las Reglas 47 y 53.1(d) de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

II

Lo expuesto refleja que supletoriamente, mediante dicho documento (Exhibit XVI), The Coca-Cola Co. acreditó originalmente nuestra jurisdicción de forma indirecta. Por ende, procede examinar en sus méritos la revisión.

Esta ruta decisoria representa el criterio individual que hemos seguido desde hace mucho tiempo. Armoniza con la interpretación más justa y balanceada de nuestro Regla-mento, que a fin de cuentas es instrumental. No es incompatible con el sentido espiritual de los pronunciamientos expuestos en In re Reglamento del Tribunal Supremo, 116 D.P.R. 670 (1985). La simple omisión de no incluir ese do-cumento, cuando se suple esa información de otro modo, no constituye un incumplimiento sustancial fatal. Lo impor-tante es que el apéndice de toda revisión presentada en tiempo cumpla sustancialmente con el Reglamento del Tribunal Supremo y acredite la jurisdicción. Somos juristas, no burócratas judiciales.

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

De entrada, debemos dejar constancia del hecho que el suscribiente no intervino en la consideración del recurso de epígrafe el pasado 30 de noviembre de 1991, fecha en que el Tribunal originalmente denegó el recurso de revisión que radicara la demandante recurrente The Coca-Cola Company por el fundamento de “no haberse acreditado adecuadamente la jurisdicción de este Tribunal ...”()

Por otro lado, resulta igualmente pertinente señalar que siempre hemos sido del criterio que hoy asume, de forma mayoritaria, el Tribunal. Esto es, siempre hemos sido de la opinión —en lo relativo a si tenemos o no juris-dicción para entender en un recurso en particular— que nuestro Reglamento no puede ser una “camisa de fuerza” que nos impida considerar, en los méritos, los recursos que se radican ante el Tribunal; criterio que hemos hecho cons-tar en innumerables ocasiones anteriores.

El Tribunal al considerar ese hecho, esto es, si la parte recurrente o peticionaria ha cumplido, o no, con las dispo-siciones del Reglamento de este Tribunal, debe mantener presente que lo verdaderamente importante y determinante es si dicha parte recurrente ha cumplido, en forma sustan-cial, con el referido Reglamento. En otras palabras, el cri-terio rector a seguir es si del recurso, y su apéndice, razo-nablemente surge, o se puede concluir, que efectivamente tenemos jurisdicción.( ) No debemos aferrarnos a tecnicis-mos que, después de todo, no aportan nada a nuestro acervo jurisprudencial.

Esa posición, desafortunadamente para la clase togada puertorriqueña, fue una minoritaria en el Tribunal du-rante los pasados años. La posición mayoritaria imperante hasta el día de hoy causó que este Foro denegara, posible-mente, cientos de recursos que “adolecían” del mismo “de-fecto” que el radicado en el presente caso por la recurrente The Coca-Cola Company.

Hoy la posición minoritaria que sostuviéramos durante todos esos años afortunadamente se ha convertido en la mayoritaria. Un cambio en la posición mayoritaria, natu-ralmente, siempre obliga a uno a pensar en aquellos liti-gantes que sufrieron el peso de la férrea posición contraria, vigente al momento de radicar ellos sus recursos; situación que causó que dichos recursos fueran erróneamente dene-gados por “falta de jurisdicción” o por “no acreditarse ade-cuadamente” la misma.

Nuestro compromiso con la profesión es que estaremos sumamente pendientes a que el Tribunal le brinde, y apli-que, el mismo trato, o “vara”, a todo litigante que de hoy en adelante acuda ante este Foro en busca de justicia; esto es, no sólo a litigantes poderosos como la recurrente The Coca-Cola Company —parte representada por un, igualmente, poderoso bufete de abogados— sino que también a aquellos litigantes menos afortunados que son representados por los restantes miembros de la profesión legal.

      (1) Como igualmente surge de la Resolución que entonces se emitiera, el “Juez Asociado señor Negrón García concurre [con la denegatoria decretada] en esta etapa”.

      (2) En relación a ello, debe mantenerse presente que la Regla 9 de Procedi-miento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) establece, en lo pertinente, que la “firma de un abogado [en un escrito] equivale a certificar el haber leído el escrito; que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundado; y que no ha sido interpuesto para causar demora u opresión”.
      Por otro lado, la citada Regla 9, adicionalmente, dispone que la “violación vo-luntaria de esta regla por parte de un abogado dará lugar a la imposición de san-ciones en su contra”. (Enfasis suplido.)

        No hay duda que el abogado que —en lo referente a la cuestión de jurisdicción o cualquier otro asunto relevante— asevera como cierto un hecho falso se expone a ser severamente disciplinado por el Tribunal.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Comité Especial para Reglamentar el Uso de las Cuotas del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

      Número: EM-92-2

      Resuelto: 25 de marzo de 1992
   RESOLUCIÓN

Este Tribunal Supremo, en el ejercicio de su poder inhe-rente para reglamentar la admisión y el ejercicio de la abo-gacía en Puerto Rico, crea el Comité Especial para Regla-mentar el Uso de las Cuotas del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

La encomienda de este Comité será:

Someter para la consideración y estudio de este Tribunal, en o antes de sesenta (60) días, un proyecto de regla-mento para delimitar el uso de las cuotas y las estampillas a favor del Colegio de Abogados de Puerto Rico requeridas por la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmen-dada, y la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, según enmendada, y para proveer un remedio a los miembros de dicha institución para hacer valer los derechos según con-signados en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Constitución de Estados Unidos. Véanse: Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 682 F. Supp. 674 (D.C. P.R. 1988), confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 917 F.2d 620 (1990).

El Comité estará compuesto por las personas siguientes:

1. Ledo. José Alberto Morales, Presidente

2. Leda. Lady Alfonso de Cumpiano

3. Ledo. Pablo R. Cancio

4. Ledo. Gerardo Cario Altieri

5. Ledo. Waldemar Del Valle López

6. Ledo. Antonio García Padilla

7. Hon. Pedro López Oliver

8. Ledo. Genovevo Méléndez Carrucini

9. Ledo. Héctor Reichard de Cardona

10. Leda. Carmen Ana Rodríguez Maldonado

11. Ledo. Jorge Segarra Olivero

A los fines de descargar su encomienda, se instruye al Secretariado de la Conferencia Judicial que brinde al Co-mité la colaboración y el asesoramiento necesario.

Notifíquese la presente resolución a las personas desig-nadas y publíquese para beneficio de la profesión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

(Fdo.) Francisco Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Reglas de Funcionamiento para el Tribunal Municipal.

      Número: ER-92-1

      Resuelto: 1ro de abril de 1992
   RESOLUCIÓN

HH

La vigencia del Art. 6 de la Ley Núm. 92 de 5 de diciem-bre de 1991 —relativo a la competencia del Tribunal Municipal— quedó diferida hasta que las reglas que adoptá-semos para su funcionamiento fueran remitidas a la Asamblea Legislativa y comenzaran a regir una vez se cumpliera con los trámites de la See. 6 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Art. 10 de la Ley Núm. 92, supra.

Excepto este Tribunal Supremo, el funcionamiento de los demás tribunales de Puerto Rico se rige por las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Reglas de Admi-nistración), 4 L.P.R.A. Ap. II-A, las cuales fueron aproba-das sin que fuera necesario seguir, para su vigencia, el alu-dido trámite constitucional.

El mandato de la Ley Núm. 92, supra, de que el Tribunal Municipal forme parte del Tribunal de Primeralnstan-cia conlleva la aplicación automática de dicho cuerpo de reglas. Incluso antes de la aprobación de la ley, la Regla 20 de Administración, 4 L.P.R.A. Ap. II-A, visualizaba que aplicarían

... a los jueces municipales y jueces de paz en todo aquello que no sea incompatible con sus funciones.

HH HH

Al presente, el funcionamiento normal y regular del Tribunal Municipal —como parte del Tribunal de Primera Instancia— no requiere enmiendas particulares a las alu-didas Reglas de Administración. Todos los aspectos funda-mentales están cubiertos y, en lo no provisto específica-mente, el Juez Presidente y los Jueces Administradores están facultados para adoptar cualesquiera medidas pertinentes. Basta, pues, que reafirmemos en la presente Resolución la aplicabilidad de estas Reglas de Administra-ción del Tribunal de Primera Instancia al hoy Tribunal Municipal. Cualesquiera aspectos particulares no provis-tos se cubrirán mediante enmienda oportuna aprobada por este Tribunal u orden administrativa, en conformidad con lo dispuesto en ellas.

r-H hH H-1

En cuanto a la revisión de las sentencias del Tribunal Municipal en asuntos civiles, el propio Art. 6 de la Ley Núm. 92, supra, 4 L.P.R.A. see. 191, dispone que éstas po-drán ser revisadas mediante apelación al Tribunal Superior. Los aspectos no sustantivos del trámite apelativo ante el Tribunal Superior están regidos —en lo que res-pecta al Tribunal de Distrito— por las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap.III-A. Dicho cuerpo normativo, aprobado también por este Tribunal Supremo sin que fuera menester seguir el trámite constitu-cional, cubre los aspectos apelativos requeridos por el nuevo Tribunal Municipal. En consecuencia, resolvemos que dichas reglas se conozcan a partir de hoy como Reglas de Apelación al Tribunal Superior y que rijan por igual en cuanto a los Tribunales de Distrito y Municipal, excepto en lo que resulte incompatible.

IV

Mediante esta Resolución, incorporamos los cuerpos de reglas aludidos y damos fiel cumplimiento a los requisitos dispuestos en el Art. 6 de la Ley Núm. 92, supra, relativos a la adopción de reglas de funcionamiento para el Tribunal Municipal.

Remítanse copias certificadas de la presente a los Pre-sidentes del Senado y Cámara de Representantes de Puerto Rico, a todos los fines legales pertinentes.

Se ordena su inmediata publicación.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author:
      (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Edward González García, Juan González Ocasio y Vicenta García, demandantes y recurrentes, v. Gobierno Municipal de Bayamón, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-92-39

      Resuelto: 3 de abril de 1992

      José R. Oiler Nazario, abogado del recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

(En reconsideración)

“El diagnóstico como preámbulo al tratamiento médico constituye el elemento cardinal de la medicina [en casos de responsabilidad civil por alegado diagnóstico inadecuado. Los tribunales deben inquirir sobre la] calidad, extensión y eficacia [del diagnóstico] como punto de partida para el problema planteado de la negligencia médico-hospitalaria.” (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 735 (1984). No podemos olvidar que el acopio negligente de informa-ción esencial es fuente que genera responsabilidad profe-sional en daños. Id.

HH

Edward González García y sus padres Juan y Vicenta presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una demanda en daños y perjuicios por impericia médica contra el Municipio de Bayamón. Alegaron que Edward, de 20 años, fue atendido negligentemente en el Dispensario Municipal Buena Vista (en adelante Dispensario) donde acudió por tres (3) días consecutivos hasta ser tardíamente referido al Hospital Regional de Bayamón, donde se le tuvo que operar de urgencia una peritonitis por apéndice perforado. Se le imputó negligencia al personal médico del Dispensario por no identificar ni diagnosticar la apendici-tis a tiempo mediante diagnóstico diferencial.

El Municipio de Bayamón negó la responsabilidad. Oportunamente el ilustrado tribunal de instancia (Hon. Salim Chaar Padín, Juez) dictó sentencia en la que decla-raba sin lugar la demanda. Conforme a la sentencia, suple-mentada por el análisis directo del récord médico,() el 11 de abril de 1988 Edward acudió solo al referido dispensa-rio, pues presentaba dolor abdominal y diarrea la noche anterior. El récord médico demuestra, además, tres (3) epi-sodios de vómitos en proyectil y gases. Fue atendido por la doctora de turno quien, luego de examinarlo, diagnosticó provisionalmente gastroenteritis aguda, ordenándole medi-camentos, seguir una dieta líquida y un recuento sanguí-neo completo (en adelante C.B.C.).

Al día siguiente, Edward regresó al Dispensario con el resultado del C.B.C. Se quejó nuevamente de dolor abdominal, esta vez más severo en el bajo vientre, náuseas y mo-lestia al orinar. Luego de otro examen físico, análisis de laboratorio y una consulta con otro médico, se le diagnos-ticó hepatitis. Cabe señalar que, de ordinario, un diagnós-tico de hepatitis presenta un cuadro de dolor en el vientre superior y las células blancas linfocíticas aumentadas. Tampoco sugería un cuadro viral, pues el análisis de san-gre reflejaba un recuento anormal de células blancas en exceso de veinte mil (20,000) y un incremento en células segmentadas no linfocíticas, que son las que suben en in-fecciones virales. Aun así, no hay una sola anotación indi-cativa de que la doctora consideró la posibilidad de una apendicitis. Sólo ordenó pruebas de corroboración del diag-nóstico de hepatitis.

Al otro día Edward volvió, esta vez acompañado de su padre. Durante el examen físico se le encontró dolor abdominal y rebote a la palpación. Los laboratorios fueron nor-males, excepto un aumento en la orina de los niveles de bilirrubina. No obstante este cuadro, la doctora, esta vez, hizo un diagnóstico provisional de uropatía obstructiva y pancreatitis. Fue referido a la Sala de Emergencia del Hospital Regional de Bayamón.

El Hospital Regional de Bayamón se encontró con el cuadro de dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos, fiebre y diarrea, y se emitió un diagnóstico provisional de abdomen agudo. Esa noche se le practicó una laparotomía (celiotomy). Al día siguiente, 14 de abril, fue operado de emergencia por tener apendicitis aguda perforativa (peritonitis).

No obstante esta prueba, el juez de instancia concluyó en la sentencia que la doctora actuó razonablemente ante el cuadro clínico que presentaba Edward. Determinó que no presentaba la sintomatología significativa de apendici-tis —dolor localizado en el lado derecho del bajo vientre— por lo que presentaba más de una posibilidad de diagnóstico.

Inconforme, Edward acudió ante nos el 23 de enero de 1992. Con nuestro disentir, el 21 de febrero, la mayoría denegó el recurso. En reconsideración, dejamos constancia de nuestra insatisfacción judicial.

II

El trasfondo expuesto revela elocuentemente, como un hecho no contradicho, que nunca se consideró seriamente la posibilidad de una apendicitis. Es inconcebible.

Desde la primera visita el 11 de abril de 1988, Edward presentaba dolor abdominal, gases y diarrea la noche anterior, y tres (3) episodios de vómito. Obviamente, el exa-men físico realizado ese día fue inapropiado, lo que con-llevó un diagnóstico provisional erróneo de gastroenteritis aguda. El cuadro de dolor abdominal físico continuó incrementándose. Los otros diagnósticos provisionales de hepatitis y uropatía obstructiva fueron incompatibles con los síntomas y resultados de laboratorio, considerando, además, su edad e historial.

Todavía en el último momento en el Dispensario, a pe-sar de que el examen físico, por primera vez, arrojó dolor abdominal y rebote a la palpación, increíblemente no se consideró la posibilidad de un diagnóstico diferencial de apendicitis. Decimos increíble, pues una vez fue exami-nado en el Hospital Regional de Bayamón, se le diagnosticó inmediatamente un abdomen agudo, se solicitó una con-sulta a cirugía y se consignó, como uno de los diagnósticos de impresión (R/O), apendicitis perforativa.

En resumen, la prueba y los propios récord médicos de-mostraron que la recopilación médica de información nece-saria sobre Edward fue incompleta y, por ende, la interpre-tación y el análisis de esa limitada información fue equivocada. El error de diagnóstico fue producto de negli-gencia, lo cual a su vez propició el deterioro de su condición. Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188 (1974).

rH HH

No se debate la importancia del examen físico para el diagnóstico de apendicitis. La literatura médica nos in-forma que “[m]ás del 95% de los enfermos con apendicitis aguda presenta dolor como primer síntoma; le siguen la náusea y el vómito. El dolor aparece de manera caracterís-tica en el área periumbilical y se desplaza más adelante al cuadrante inferior derecho del abdomen. ... El examen fí-sico por lo general pone de manifiesto una hipersensibili-dad dolorosa en el cuadrante inferior derecho. Es común el dolor localizado ante la descomposición brusca; cuando el dolor es generalizado sugiere perforación. Los ruidos intes-tinales son variables y siempre se encuentra leucocitosis...”. (Énfasis suplido.) L. Barth Reller et al., Me- dicina Interna Clínica, Méjico, Ed. Limusa, 1987, págs. 257-258.

En 10 Courtroom Medicine Sec. 10.20, pág. 10-10 (1985), se señala que “la apendicitis debe siempre ser se-gunda, si no la primera, en un diagnóstico diferencial sobre dolor abdominal agudo”. (Traducción nuestra.) “La apendi-citis es la condición más común que ocasiona dolor abdominal y que requiere cirugía o una consulta inmediata con un cirujano.” (Traducción nuestra.) íd., pág. 10-8. “Al tratar una apendicitis aguda la clave es proceder con rapidez, ya que el 15 por ciento de las roturas de apéndice ocurre den-tro de las primeras 24 horas de los síntomas y el 40 por ciento, dentro de las 48 horas.” (Traducción nuestra.) íd., Sec. 10.50, pág. 10-22.

Lo expuesto nos lleva a concluir que no estamos ante un mero error razonable de juicio médico, sino ante una situa-ción donde el proceso de evaluación y diagnóstico de Edward durante tres (3) días fue claramente inadecuado y negligente.

Debimos expedir y revocar.

      (1) Del expediente médico incluido en el apéndice no surge que en el Dispensario Municipal Buena Vista Edward fuera objeto de examen físico completo -y adecuado el 11 de abril de 1988. La nota de progreso expone que se quejó de dolor abdominal, vómitos en proyectil (tres (3) la noche anterior), flatulencia y que no tenía diarrea desde la noche anterior. No observamos ninguna anotación del encuentro médico-paciente de ese día que nos permita inferir que se efectuó un examen físico completo.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Turabo Limited Partnership h/n/c Vistas del Turabo Apts., demandante y recurrido, v. Marcial Velardo Ortiz et al., demandados y peticionarios; Monte de Oro Associates, demandante y recurrida, v. Edwin Maldonado Figueroa y Keuryn Solano Mejías, etc., demandados y peticionarios.

      Números: CE-89-206
    CE-89-312

      Resueltos: 8 de abril de 1992

      María Dolores Fernós, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogada de Marcial Velardo Ortiz y otros, peticiona-rios; Erasmo Reyes Peña, abogado de Turabo Limited Partnership h/n/c Vistas del Turabo Apts., recurrido; René Es-teces Tristani, de Martínez Alvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogados de la Puerto Rico Lease Housing Association, Inc.; Bernardo Hernández Berrios y César A. Vélez Miranda, abogados de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda; Adalina de Jesús, abogada del Instituto Puer-torriqueño de Derechos Civiles, amicus curiae.

      Aleida Varona Méndez, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogada de Edwin Maldonado Figueroa y Keuryn So-lano Mejias, etc., peticionarios; Erasmo Reyes Peña, de William Estrella Law Offices, abogado de Monte de Oro Associates, recurrido; René Esteves Tristani, de Martínez Alvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogado de la Puerto Rico Lease Housing Association, Inc.; Adalina de Jesús, abo-gada del Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles; Bernardo Hernández Berrios y César A. Vélez Miranda, abogados de la Corporación de Renovación Urbana y Vi-vienda, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

La característica medular de un procedimiento civil sumario es lograr, lo más rápido y económicamente posible, la reivindicación de determinados derechos, reduciendo al mínimo constitucionalmente permisible el elenco de garantías procesales. Conlleva acortar términos —en ocasiones, hacerlos improrrogables— y prescindir de ciertos trámites comunes al proceso ordinario sin negar al demandado o querellado una oportunidad real de presentar efectivamente sus defensas. Se acepta que estos procedimientos sumarios, en el fondo, constituyen unos tratos privilegiados y que su justificación responde a un interés gubernamental legítimo de atender prioritariamente ciertas causas de acción. Por ser la excepción, su aplicación está limitada a situaciones expresas en que la Asamblea Legislativa ha reconocido la necesidad y trascendencia de reparar, en un breve plazo, algún agravio.

Estos recursos versan precisamente sobre uno de los procedimientos más utilizados en nuestro país para reivindicar, mediante trámite y juicio sumario, la posesión y el disfrute de un inmueble: el desahucio. Art. 620 et seq. del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. see. 2821 et seq. Aunque data desde principios de siglo, a tono con los desarrollos jurisprudenciales y aun en situa-ciones no previstas, hemos mantenido íntegro su carácter sumario, a la par que hemos permitido la presentación de defensas relacionadas íntimamente con las causas de des-ahucio alegadas. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733, 748 (1987), y casos allí citados.

HH HH

Hoy, a solicitud de los esposos Marcial Velardo Ortiz y Miriam Carrión Vélez, y Edwin Maldonado Figueroa y Keuryn Solano Mejias —representados por Servicios Lega-les de Puerto Rico, Inc.— examinamos y reiteramos la constitucionalidad de este trámite y juicio sumario. Aducen que poseen un interés propietario protegido contra actua-ciones encaminadas a privarles de la vivienda que disfrutan. Sostienen, además, que todo procedimiento de desahucio debe tornarse ordinario desde el momento en que surja la posibilidad de alguna defensa por parte del arrendatario.

A diferencia de Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, estas acciones se encuentran pendientes. Inciden, no obstante, en que los peticionarios separadamente disfrutaban del subsidio de renta federal provisto por la See. 8 del Housing and Community Development Act of 1974 (H.C.D.A.), 42 U.S.C. sec. 1437f. Este programa requiere de los arrendadores el cumplimiento de una serie de requisitos procesales y sustantivos antes de instar cualquier acción judicial de desalojo.

Oportunamente consolidamos los recursos. Contamos con el beneficio de los escritos de las recurridas Turabo Limited Partnership (Turabo), Monte de Oro Associates (Monte de Oro) y de los amicii curiae, Corporación de Re-novación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, Puerto Rico Lease Housing Association, Inc. y el Instituto Puertorri-queño de Derechos Civiles. Expongamos la situación fácti-ca-procesal atinente a cada caso.

HH HH HH

Turabo Limited Partnership v. Marcial Velardo Ortiz y otros, CE-89-206

Los esposos Velardo-Carrión ocupaban una unidad resi-dencial en el Condominio Vistas del Turabo, Caguas, cuyo canon era subsidiado por el programa federal aludido. Las relaciones arrendatario-arrendador estaban estrictamente reguladas por disposiciones estatutarias y reglamentarias, algunas de las cuales quedaron expresamente consignadas en el contrato de arrendamiento.

El 19 de julio de 1988, Interstate General Properties Limited Partnership, S.P. (Interstate), agente administrador del proyecto, notificó a Velardo Ortiz su intención de terminar, esto es, la resolución del contrato.() Invitó su atención a “sus constantes y variadas violaciones a la Sección 23 y al Reglamento de la Vivienda de su con-trato de arrendamiento, as[í] como también sus violaciones a las normas de convivencia que rigen su estadía en el proyecto”. Caso Núm. CE-89-206, Apéndice X, pág. 30. Ade-más, específicamente le imputó: “(1) Falta de respeto a nuestros representantes en el proyectot;] (2) Uso de len-guaje soez[, y] (3) Alterar la paz en el vecindario”. íd.

A pesar de que Interstate fijó el 19 de agosto de 1988 como fecha efectiva de la resolución, le concedió un plazo de diez (10) días a Velardo Ortiz para reunirse y discutir la situación. La reunión fue celebrada el 28 de julio y Velardo Ortiz solicitó reconsideración. El 29 de julio fue notificado de que los procedimientos continuarían.

Velardo Ortiz se negó a desalojar. El 13 de septiembre de 1988, Interstate reiteró por escrito su requerimiento. Luego de hacer alusión y mencionarle su conducta anterior, le señaló unas nuevas violaciones surgidas en una evaluación posterior, a saber, “amenazas contra los resi-dentes del proyecto”. Caso Núm. CE-89-206, Apéndice, pág. 31. Además, evocó otros incidentes pasados contrarios al contrato de arrendamiento. Finalmente fue apercibido del desahucio por la vía judicial.()

El 9 de diciembre de 1988, Turabo instó en el Tribunal Superior, Sala de Caguas, el desahucio por incumplimiento del contrato de arrendamiento y del reglamento aplicable. Los esposos Velardo-Carrión contestaron la demanda, ne-garon el incumplimiento y presentaron una reconvención. A su vez, sin éxito, pidieron la conversión del procedi-miento sumario a uno ordinario con derecho a obtener su expediente residencial, lista de testigos y procedimientos de los empleados; además, tiempo para el descubrimiento de prueba y la toma de deposiciones. En vista posterior, el tribunal (Hon. Roberto R. Muñoz Arill, Juez) reiteró su ne-gativa de transformar la acción. Las partes acordaron in-formarse recíprocamente la prueba que utilizarían.

A solicitud de los esposos Velardo-Carrión, revisamos.

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Monte de Oro Associates v. Edwin Maldonado Figueroa y otros, CE-89-312

El 20 de agosto de 1982, los esposos Edwin Maldonado Figueroa y Keuryn Solano Mejias ocuparon el apartamento 1109, Condominio Monte de Oro, Río Piedras, con renta subsidiada. See. 8 del Housing and Community Development Act of 1974, supra.

En el contrato, además de comprometerse a cumplir con las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables al proyecto, certificaron que la composición familiar que lo ocuparía estaría limitada a ellos y sus hijos.

Los esposos Maldonado-Solano se separaron a comien-zos del año 1988. La señora Solano e hijos permanecieron en el apartamento. Luego, para abril, ella comenzó una relación amorosa con Luis Negrón, quien, sin estar autori-zado, comenzó a vivir en el apartamento. De ese modo, sin estar cualificado, se beneficiaba del programa de subsidios de rentas federal.

Ante esta situación, el 1ro de julio de 1988 Interstate, como agente de Monte de Oro, notificó a Maldonado su decisión de resolver el contrato de arrendamiento efectivo el 1ro de agosto. Adujo el incumplimiento de la prohibición a permitir “personas no autorizadas [a] vivir en la unidad [de vivienda]”. Cláusula 23 del contrato, Caso Núm. CE-89-312, Apéndice XXIII, pág. 52. Se le concedieron diez (10) días para que presentara sus comentarios o defensas.

En ningún momento los arrendatarios aprovecharon esa oportunidad; no formularon objeción a los hechos imputados. Aun así, no desalojaron. El 9 de agosto de 1988 Monte de Oro presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la acción de desahucio.

La codemandada señora Solano fue emplazada y la pri-mera comparecencia —fijada para el 9 de septiembre de 1988— fue reseñalada para el 14 de octubre. En ésta, ante su disposición de divorciarse de Maldonado Figueroa, ca-sarse con Negrón y solicitar autorización para él residir allí, se exploró la posibilidad de lograr un acuerdo que fi-niquitara la acción judicial. El tribunal concedió a los de-mandados diez (10) días para que contestaran y señaló una conferencia sobre el estado procesal para el 28 de noviembre.

El 18 de octubre de 1988 Interstate notificó por escrito a la señora Solano nuevamente la resolución del contrato. Además de invocar la violación de haber permitido perso-nas no autorizadas a vivir en la unidad arrendada, añadió:

Ignorando orientaciones e intervenciones del personal de nuestro Departamento de Relaciones con la Comunidad y de nuestra Gerente de Arrendamiento ha continuado usted en abierta violación peijudicando así a otros residentes.
Las violaciones a que nos referimos son:
(1) Ropa tendida en las ventanas.
(2) Conducta impropia de sus hijos.
(3) Conducta impropia de sus visitantes.
(4) Mal uso de las áreas de estacionamiento.
(5) Permitir personas no autorizadas a vivir la unidad arrendada.
(6) Ruidos innecesarios a altas horas de la noche.
(7) Uso de lenguaje soez. Caso Núm. CE-89-312, Apéndice, pág. 000017.

Se le concedieron diez (10) días para que informaran su posición al respecto.() Esta última notificación fue seguida de una llamada telefónica de la representación legal de Monte de Oro a los abogados de la señora Solano en la que le indicaron que un arreglo de la controversia resultaba inaceptable, puesto que Negrón no sería bienvenido como inquilino. La decisión se debió a los problemas que éste había ocasionado en la comunidad. Esta posición fue reite-rada por carta.

La señora Solano negó los hechos esenciales alegados por Monte de Oro y formuló también una reconvención por alegados daños.

Oportunamente Monte de Oro solicitó permiso del foro de instancia para enmendar sus alegaciones.() La señora Solano pidió la desestimación. Entre otros fundamentos adujo que Monte de Oro —contrario a las reglamentacio-nes federales aplicables— comenzó el procedimiento judicial de desahucio antes de que venciera el plazo de diez (10) días desde la notificación de 18 de octubre de 1988. Igual-mente sostuvo que no se le dio oportunidad de exponer su posición, pues la administradora del proyecto no le prestó atención debido a que el caso estaba en los tribunales.()

Subsiguientemente, luego que cada parte expusiera por escrito sus respectivos argumentos, el tribunal de instan-cia (Hon. Gilberto Gierbolini, Juez) permitió la demanda enmendada. Además, declaró sin lugar la desestimación, ordenó el archivo de la reconvención sin perjuicio y señaló la segunda comparecencia. A solicitud de la señora Solano, revisamos.

V

La necesidad de que ocasionalmente el procedimiento sumario de desahucio se convierta en uno ordinario, no puede llevarnos a configurar una regla automática. A fin de cuentas, dentro del marco procesal sumario de la Ley de Desahucio, el sano discernimiento judicial será la guía para prorrogar términos, posponer señalamientos y permitir enmiendas a las alegaciones. Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 304, 311-312 (1912).

Esta discreción del juez cobra mayor importancia ante situaciones en las que se solicita el desahucio de un inquilino que recibe subsidio federal o de otras fuentes gubernamentales. Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, pág. 752. Y es que ese esquema federal constituye una compleja madeja estatutaria y reglamentaria que regula los aspectos sustantivos, contractuales y procesales, desde la selección del arrendatario y las normas de convivencia hasta su desalojo por incumplimiento. “[Gjarantías adicionales han de concederse al arrendatario bajo la See. 8. La extensión de estas garantías adicionales no puede determinarse sin antes sopesar los intereses del arrendatario, el casero y el gobierno (Escolio omitido y traducción nuestra.) J.M. Klein y J.E. Schridder, Jr., Procedural Due Process and the Section 8 Leased Housing Program, 66 Ky. L. J. 303, 346 (1977 — 1978). Ante esta realidad, el Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2829, es sólo un ins-trumento más para canalizar y concretar, por vía judicial, los derechos y la obligaciones de cada parte.

La aprobación por el Congreso del programa de beneficencia social Housing and Community Development Act of 1974 (H.C.D.A.) fue con el fin de proveer una vivienda adecuada a las familias de escasos recursos. Fomentó la participación de la empresa privada —al igual que de agencias de vivienda pública— concediéndole incentivos económicos para rehabilitar edificaciones existentes y brindó beneficios a aquellos que dedicaran sus esfuerzos a la construcción de nuevas residencias. Klein y Schridder, supra, pág. 329 (24 C.F.R. sec. 880.101(a) (1992)).

Bajo la citada See. 8, las entidades públicas y privadas participantes se comprometían a cumplir con una amplia gama de reglamentos y disposiciones estatutarias que en cierta medida restringían sus derechos propietarios. A cambio, recibirían un sinnúmero de beneficios del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (H.U.D.) tales como el pago directo del subsidio hasta una garantía de la renta de mercado en caso de incumplir el arrendatario. Incluso, por un término específico y en circunstancias establecidas, H.U.D. se obligaba a satisfacer a los arrendadores participantes los cánones de unidades de vivienda desocupadas. 24 C.F.R. sees. 880.504 y 880.611 (1992).

Estas disposiciones, además, imponen al arrendador, con sujeción a los criterios de H.U.D., la obligación de mercadear el proyecto, administrarlo y proveerle mantenimiento. 24 C.F.R. secs. 880.601 y 880.602 (1992); Klein y Schridder, supra, pág. 308. De ese modo H.U.D., como agencia federal, regula a través del arrendador la elegibilidad de los beneficiarios del subsidio, 24 C.F.R. sees. 880.603 y 880.613 (1992); los términos, cláusulas y condi-ciones de arrendamiento, 24 C.F.R. see. 880.606 (1992); su terminación (“resolución”) y el “desalojo” de las unidades, 24 C.F.R. see. 880.607 (1992). Además, la H.U.D. —como administrador del contrato de subsidios— se reserva la prerrogativa de inspeccionar y evaluar el proyecto a los fines de cerciorarse: (a) que el arrendador está cumpliendo con los términos bajo los cuales se sometió al programa, y (b) determinar que el proyecto está en condiciones habita-bles y seguras. 24 C.F.R. see. 880.612 (1992).

Al poner en efecto los contratos de arrenda- . miento subsidiados por la See. 8 del Housing and Community Development Act of 1974, supra, los arrendadores, al igual que sus agentes y representantes, han de seguir las pautas dictadas por la H.U.D. en su manual Occupancy Requirements of Subsidized Multifamily Housing Programs, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal, noviembre de 1981, Núm. 4350.3 (Manual). Respecto a la resolución de contratos y desalojo, la See. 5, Cap. 4 del Manual dispone que sólo podrá lanzarse a los arrendatarios por “(1) incumplimiento() del contrato de arrendamiento^] (2) omisión de llevar a cabo obligaciones impuestas por cualquier ley estatal sobre arrendamiento^ o por] (3) ‘otra justa causa’...”. (Traducción nuestra.) Un “incumplimiento material” en el contrato de arrendamiento surgirá cuando concurra:

(1) una o más violaciones sustanciales al arrendamiento [incluyendo la falta de pago de la renta o];
(2) reiteradas violaciones menores al arrendamiento que:
a. alteren adversamente la convivencia en el proyecto,
b. afecten la salud o seguridad de cualquier persona, me-noscaben el derecho de cualquier arrendatario de disfrutar tranquilamente de los predios arrendados y sus facilidades,
c. Interfieran con la administración del proyecto, o
d. tengan un efecto económico adverso en el proyecto. (Tra-ducción y énfasis nuestros.) Manual, supra, pág. 4-14.

Ilustrativo de ello resulta ser la “falta de pago de la renta más allá de cualquier período de gracia disponible por legislación estatal”; “interferencias reiteradas con los derechos y el tranquilo disfrute de otros arrendatarios”, y “ofrecer al arrendador información falsa respecto al ingreso u otros factores a considerar al determinar la renta del arrendatario”. (Traducción y énfasis nuestros.) Id., pág. 4-14.

Procesalmente se requiere que el arrendador observe unas normas que garanticen a los arrendatarios un mínimo de protección. Klein y Schridder, supra, pág. 327. Se establece, así, un balance entre los intereses del arrendador privado y el arrendatario, concediendo a este último una vista evidenciaría en los tribunales. Id., pág. 326; 41 Fed. Reg. 43,330-43, 331 (1976). A tal efecto, deberá ser notificado por escrito de la resolución y el desalojo propuesto, informándosele específicamente: (1) la fecha en que el contrato habrá de terminar; (2) las razones en que se funda su decisión “con suficiente detalle para que el arrendatario prepare una defensa” (Manual, supra, pág. 4-15); (3) instruirle que tiene a su disposición el término de diez (10) días para discutir la rescisión propuesta, y (4) de su derecho a defenderse en los tribunales. Manual, supra. Después de cumplir con este trámite, podrá instarse la acción judicial de desahucio fundada exclusivamente en las razones notificadas. Todas estas condiciones están expresamente incorporadas a la See. 23, Rescisión del arrenda-miento, modelo provisto por la H.U.D. sobre contrato de arrendamiento. Manual, supra, Ap. 20.

Es obvio que este esquema federal establece unas condiciones compatibles con la naturaleza bilateral de las obligaciones en un contrato de arrendamiento. Si el arrendador no las cumple, el arrendatario puede oponerlas como defensas. De este modo, se configuran varias defensas susceptibles de ventilarse en el procedimiento clásico sumario de desahucio estatal. Nota, Procedural Due Process in Government-Subsidized Housing, 86 Harv. L. Rev. 880, 908-909 (1973).()

La situación no ha pasado desapercibida en nuestra jurisprudencia. Así, bajo la Ley de Desahucio he-mos reconocido que estas defensas y otras deberán ser alegadas oportunamente por el arrendatario, de manera que no dilate innecesariamente los procedimientos. En Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra —ante la causal de falta de pago— se adujo la defensa de que el casero no había reajustado la renta conforme a los requisitos de la See. 8 del Housing and Community Development Act of 1974, supra; en Más et al. v. Borinquen Sugar Co., supra, frente a igual alegación se argumentó la defensa de que los actos del casero le impedían instar la acción al no aceptar el pago; en Marín v. Montijo, 109 D.P.R. 268 (1979), se esgrimió como defensa que el arrendatario tenía derecho a retener el bien hasta tanto le reembolsaran los costos de las reparaciones que realizara, y en Brunet v. Corte, 45 D.P.R. 901 (1933), se permitió la defensa de que la posesión del inmueble la tenía el demandado a base de un título distinto al de arrendamiento. Esta casuística arroja una sola conclusión: una vez esgrimidas estas defensas, el juzgador deberá aus-cuitar sus méritos, los hechos específicos que se aducen y discrecionalmente ordenar la conversión del procedimiento al juicio ordinario.

Lo expuesto derrota el reclamo de inconstitucionalidad y nos permite trazar las coordenadas decisorias justas.

VI

En cuanto a los esposos Velardo-Carrión, es un hecho no contradicho que Interstate les notificó en dos (2) ocasiones —19 de julio y 13 de septiembre de 1988— su intención de lanzarlos y las razones. La última notificación consignó claramente: faltar el respeto a los representantes de la administradora, utilizar lenguaje soez, alterar la paz de la comunidad y proferir amenazas contra sus vecinos. Esa especificación y ese detalle, ciertamente, constituyeron suficiente advertencia de los hechos imputados e hicieron viable que se prepararan para discutirlos con Interstate en la reunión fijada.() Como cuestión de hecho, así sucedió tras la primera notificación cursada; incluso, después, solicitaron reconsideración.

Luego de la notificación de 13 de septiembre de 1988 y antes de instar el desahucio, Interstate esperó los diez (10) días concedidos para que los esposos Velardo-Carrión com-parecieran a discutir la propuesta resolución.

De este modo, Interstate cumplió cabalmente con los re-quisitos estatutarios y reglamentarios antes de la resolu-ción de un contrato de arrendamiento bajo la See. 8 del Housing and Community Development Act of 1974, supra. Culminado ese trámite, podía solicitar judicialmente el desahucio para lo cual eligió el procedimiento sumario.

El argumento de los peticionarios Velardo-Ca-rrión, basado en que aquí estaban implicados extensos es-tatutos y reglamentos federales, no era impedimento per se para ventilar el juicio sumariamente. Más allá de sus alegaciones, no demostraron hechos específicos que justifi-caran convertir el procedimiento en uno ordinario. Actuó correctamente la ilustrada sala de instancia.

VII

La situación de la señora Solano es distinta. Oportuna-mente, esgrimió y formuló como defensa el incumplimiento por Monte de Oro de los requisitos procesales estatutarios y reglamentarios federales aplicables, al negarle la oportu-nidad de discutir las razones aducidas para la pretendida resolución dentro de los diez (10) días siguientes a la noti-ficación de 18 de octubre de 1988.

La mencionada notificación efectivamente reemplazaba aquella cursada el 1ro de julio de 1988. Ante esa circunstancia, para poder proceder por la vía judicial Monte de Oro tenía que cumplir de nuevo con cada uno de los requisitos procesales previamente establecidos, entre otros, por el Manual.

La alegación de que no se brindó la oportunidad de discutir con el casero las razones que motivaban la intención de resolución de 18 de octubre de 1988 —sostenida con hechos específicos— puso en entredicho la capacidad de Monte de Oro para continuar, por la vía judicial de desahucio, su reclamación enmendada.

El tribunal de instancia debió auscultar y determinar si se cumplieron las disposiciones reglamentarias del mencionado manual. Esa incursión judicial pudo hacerse sin desnaturalizar el carácter sumario del procedimiento, requiriendo la comparecencia escrita u oral de las partes en un plazo breve. De ese modo, posiblemente se hubiese percatado —como lo hemos hecho nosotros— de la naturaleza, la complejidad y los méritos de esa defensa, y, en consecuencia, que procedía desestimar la acción.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) Aunque la reglamentación federal usa el vocablo terminar (terminate) —24 C.F.R. see. 880.607 (1992) — ■ verdaderamente estamos ante una “resolución” de contrato. En situaciones anteriores, una y otra vez los conceptos de resolución y rescisión han sido indistintamente utilizados y aplicados, “no sólo en el lenguaje corriente, sino incluso en el mismo Código se usa a veces la palabra rescisión en un sentido que no corresponde al de la ‘rescisión de los contratos’ que regulan los artí-culos 1290 a 1299 [(1242-1251 nuestros, 31 L.P.R.A. secs. 3491-3500)]. General-mente se trata de supuestos de resolución del vínculo obligatorio por utilizar uno de los contratantes una facultad creada a tal efecto de manera convencional o por atri-bución de ley. Por ejemplo el art. 1.556 [(1446 nuestro, 31 L.P.R.A. sec. 4053)], sobre incumplimiento de obligaciones del arrendador o del arrendatario, habla de pedir la ‘rescisión’ del contrato, a pesar de tratarse de un supuesto característico de resolu-ción .J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. 1, pág. 338.
      De igual modo se pronuncia Castán: “La rescisión es una forma de ineficacia, motivada por la lesión o perjuicio que el contrato cause a los contratantes o a terce-ras personas. La resolución es la ineficacia debida a la voluntad informadora del contrato mismo, ya se manifieste esta voluntad expresamente (como en el caso de la condición resolutoria), ya tácitamente (como en el caso de la resolución judicial a virtud de incumplimiento del contrato por una de las partes). Cualesquiera que sean las denominaciones, no siempre propias, que adopte el legislador o empleen los con-tratantes, el rompimiento del contrato como consecuencia de su vulneración por una de las partes (haya sido o no previsto y autorizado expresamente por éstas) es, pues, un caso de resolución y no de rescisión. La hipótesis aludida por el art. 1.556 [(1446 nuestro)] del C.e. ninguna relación guarda con las rescisión por lesión; y, en cambio, es innegable su parentesco con la resolución por incumplimiento de contrato bilateral. Como dice Manresa, dicho artículo ‘contiene una evidente aplicación del principio del art. 1.124’ [(1077 nuestro, 31 L.P.R.A. sec. 3052)].” (Énfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolios omitidos.) J. Castán, Jurisprudencia del T.S., 15 Rev. Der. Priv. 321, 323-324 (1928).
      En Puerto Rico, a pesar de que nuestro Art. 1446 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4053, en estricto rigor obliga a la palabra rescisión, entendemos que la mejor doctrina que se ha de seguir es referirnos a “resolución” del contrato de arrendamiento. Y es que el efecto retroactivo que en términos generales tiene la resolución de contratos no aplica a los contratos de tracto sucesivo, como lo es el de arrendamiento, en el cual las prestaciones se realizan en una serie de actos y cum-plimientos continuos, repetidos y sucesivos, pues tales prestaciones siguen teniendo efectividad jurídica hasta que se resuelva el contrato por sentencia firme. Campos v. Tribl. Superior, 75 D.P.R. 370, 376 (1953).

      (2) Al igual que el 19 de julio de 1988, en esta notificación también le concedie-ron diez (10) días para que compareciera ante la Interstate General Properties Limited Partnership, S.P. a discutir la situación que motivara esa determinación.

      (3) A pesar de que esta notificación de 18 de octubre de 1988 expresa que la resolución sería ese mismo día, notamos que se concedió un término para que expli-caran su posición.
      Entendemos que la resolución fundada en estas nuevas violaciones sería efec-tiva con posterioridad al vencimiento de ese término.

      (4) Se suscitó una controversia sobre la fecha de presentación de esta solicitud y otros escritos, toda vez que los originales obrantes en los autos carecían del sello fechado de recibo de la Secretaría del Tribunal. Por el resultado llegado es innecesa-rio abundar en este asunto.

      (5) Veremos, pues, cómo negarle tal oportunidad incide directamente en la solu-ción del caso. Consideraciones procesales establecidas por la Housing and Community Development Act of1974 (H.C.D.A.), las reglamentaciones y los manuales adop-tados requieren un estricto cumplimiento del procedimiento establecido.

      (6) El incumplimiento que conlleva la resolución del contrato debe ser de natu-raleza material. Reglamento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (H.U.D.), 24 C.F.R. sec. 880.607(b) (1992). Similar criterio ha de aplicarse a la omisión de cumplir con las leyes estatales pertinentes.

      (7) Sobre la disponibilidad del procedimiento de desahucio en vivienda privada subsidiada, véanse: Joy v. Daniels, 479 F.2d 1236 (4to Cir. 1973); Anderson v. Denny, 365 F. Supp. 1254 (W.D. Va. 1973); McQueen v. Druker, 317 F. Supp. 1122 (D. Mass. 1970), confirmada en 438 F.2d. 781 (1er Cir. 1971).

      (8) Advertimos a los caseros de viviendas subsidiadas bajo la See. 8 del Housing and Community Development Act of 1974 (H.C.D.A.), 42 U.S.C. sec. 1437f, de la necesidad y conveniencia de detallar las razones en las notificaciones requeridas.


text:
    Juan E. Brunet Justiniano, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Hernández Colón, Gobernador de Puerto Rico, y Alejandro Salgado Rivera, en calidad de Fiscal Independiente, codemandados y apelados.

      Número: CE-88-432

      Resuelto: 10 de abril de 1992

      José Ramón Carrión Morales y Héctor Santiago Rivera, abo-gados del demandante y recurrente; José Hamid Rivera, de Saldaña, Rey y Alvarado, abogados del Honorable Go-bernador de Puerto Rico; Efiraín González Tejera, Fiscal Delegado, Maricarmen Ramos de Szendrey, Fiscal Dele-gada, Lillian Cruz Fortier, Fiscal Especial Independiente Auxiliar, y Ramón Crespo Nieves, Fiscal Delegado, aboga-dos del Fiscal Especial Independiente, abogado de los de-mandados apelados.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Juan E. Brunet Justiniano fue nombrado Fiscal Especial General I. Como tal, participó en la investigación de los notorios sucesos del Cerro Maravilla de 25 de julio de 1978. En 1983, luego de que el Senado denunciara cier-tas fallas en esa gestión, fue suspendido de su empleo mientras un investigador especial (Ledo. Agustín Mangual Hernández) evaluaba el asunto.

El informe rendido por el licenciado Mangual Hernán-dez al entonces Secretario de Justicia, Ledo. Nelson Martí-nez Acosta, sirvió de base para la reposición de Brunet Jus-tiniano el 1ro de abril de 1984. Esto no impidió que el 10 de octubre de 1986 el Fiscal Especial Independiente (F.E.I.) Ledo. Alejandro Salgado Rivera, le formulara una querella disciplinaria por su conducta profesional por los mismos hechos, luego que este Tribunal así lo ordenara mediante Resolución de 7 de octubre de 1986.

El 10 de diciembre de 1986 el F.E.I. también le notificó la formulación de cargos administrativos (sustancialmente iguales a los cargos por la conducta profesional) conducen-tes a su destitución. Fue apercibido de que se tendrían como probados los hechos admitidos por él en declaracio-nes juradas y del derecho a una vista sobre los hechos controvertidos. ()

El 11 de mayo de 1987 Brunet Justiniano presentó su renuncia, efectiva el 15 de mayo de 1987. Trece (13) días después, el 28 de mayo de 1987, el Gobernador se negó a aceptarla. Como razón, adujo la presentación de cargos ad-ministrativos por su desempeño como Fiscal durante la in-vestigación del caso del Cerro Maravilla.

Para dilucidar la querella disciplinaria, designamos Co-misionado Especial al Juez Superior, Hon. Abner Limardo Sánchez. Después de la celebración de varias vistas, éste rindió el correspondiente informe. Acto seguido, el F.E.I. concedió quince (15) días al licenciado Brunet Justiniano para que mostrara causa por la cual no debía someter su recomendación al Gobernador a base de la determinación de hechos del Comisionado Especial, todo ello sin perjuicio de sus derechos en la eventualidad de que se tomara acción perjudicial en su contra. Brunet Justiniano, por su parte, entendió improcedente lo intimado por el F.E.I., toda vez que las conclusiones de hechos en el caso de conducta pro-fesional no eran finales. Amparándose en la Regla 13(Z) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. I-A, alegó que tenía un término de veinte (20) días, prorrogado hasta el 31 de agosto de 1987 por Resolución de 22 de julio de 1987, para presentar sus comentarios o enmiendas a dicho informe. Sostuvo, además, que cuando este Tribunal resolviera finalmente la controversia sobre su conducta profesional, estaría en mejor posición para evaluar la soli-citud del F.E.I. En definitiva, postuló que debía esperarse que finalizara el proceso disciplinario para entonces conti-nuar con el proceso administrativo.

El F.E.I. discrepó de ese enfoque. Por entender que los cargos administrativos imputados eran sustancialmente iguales a los presentados por conducta profesional, adoptó las conclusiones de hechos del Informe del Comisionado Especial, Hon. Abner Limardo Sánchez, y envió al Gober-nador, a su vez, un informe con sus recomendaciones en cuanto a los cargos administrativos.

A modo de breve paréntesis, en In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991), evaluamos detalladamente y refrendamos casi en su totalidad el Informe del Comisionado Especial, con el beneficio de toda la transcripción de la prueba y la evidencia documental. Brunet Justiniano fue suspendido provisionalmente del ejercicio de la profesión por tres (3) años.

El 1ro de octubre de 1987, ocho (8) años después de su nombramiento, Brunet Justiniano presentó nuevamente su renuncia al cargo. No obstante, el Gobernador lo desti-tuyó el 27 de octubre del mismo año. En su carta de desti-tución, el Primer Ejecutivo indicó que, aunque el F.E.I. te-nía facultad para designar un oficial examinador que escuchara la prueba, éste había hecho suyas las conclusio-nes y determinaciones del Comisionado.

En desacuerdo con esto, el 20 de noviembre de 1987 Brunet Justiniano recurrió a la Junta de Apelaciones del Sistema dé Administración de Personal (J.A.S.A.P.). Ante-riormente, el 10 de noviembre de 1987, había instado en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una acción impugna-dora de la actuación del Gobernador sobre sentencia decla-ratoria, entredicho provisional, injunction preliminar y permanente, y daños y perjuicios. En la alternativa, cues-tionó la validez del procedimiento administrativo que cul-minó con su destitución. Adujo como fundamento la doc-trina de cosa juzgada en el ámbito administrativo y violación del debido proceso de ley.

Los demandados —el Gobernador y el F.E.I.— presenta-ron oportunamente unas mociones de desestimación apo-yadas en abundante prueba documental que el tribunal de instancia consideró como una solicitud de sentencia sumaria. Adujeron que el tribunal carecía de jurisdicción, pues Brunet Justiniano venía obligado a seguir el trámite dispuesto en el esquema legislativo de remedios adminis-trativos y revisión judicial. En la alternativa, sostuvieron que: el Gobernador no venía obligado a aceptar las renun-cias; no existía impedimento legal alguno para la formula-ción de cargos administrativos, y la destitución no infringió el debido proceso de ley.

El tribunal de instancia (Hon. Angel F. Rossy García, Juez), aunque se declaró sin jurisdicción, acogió la tesis de los demandados, resolvió en sus méritos las controversias y mediante sentencia sumaria desestimó la demanda en to-das sus partes.

Inconforme con este dictamen, Brunet Justiniano acu-dió ante nos. En síntesis, plantea y discute los siguientes extremos: (1) que erró el tribunal de instancia al concluir que no debía asumir jurisdicción porque no se había esta-blecido un caso prima facie de violación de derechos civiles que constituyera una excepción a la doctrina de agota-miento de remedios administrativos; (2) que su renuncia —presentada dentro del término del nombramiento— co-bró efectividad al transcurrir quince (15) días sin una ac-ción responsiva del Gobernador; (3) que su segunda renun-cia —presentada una vez concluido el término de su nombramiento y mientras ocupaba el puesto en virtud de una cláusula de continuidad (holding over)— no requería la aceptación del Gobernador, pues era efectiva a su pre-sentación; (4) que la actuación del Gobernador creó una servidumbre involuntaria; (5) que las determinaciones de hechos preliminares en un procedimiento ético-disciplina-rio sub júdice en este Tribunal no son un sustituto ade-cuado de la vista administrativa requerida en el procedi-miento de destitución de fiscales; y (6) que su destitución constituye un castigo cruel e inusitado.

HH

Antes de examinar a fondo el aspecto jurisdiccional, es menester una breve observación. Es norma arraigada en nuestro ordenamiento que la jurisdicción es el “poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o controversias”. Gearheart v. Haskell, 87 D.P.R. 57, 61 (1963). Por esta razón, cuando un tribunal carece de jurisdicción, debe abstenerse de considerar los méritos de las controversias planteadas. En ese sentido la actuación del tribunal de instancia es incongruente con su propia determinación. Dicho foro enjuició las alegaciones de ambas partes y adjudicó la controversia como de ordinario hace un tribunal con jurisdicción.

Aclarado este extremo, evaluemos el aspecto jurisdiccional. De entrada, reiteramos que la doctrina de agotamiento de remedios administrativos es “una norma de autolimitación judicial de carácter consuetudinario y esencialmente práctica ...”. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 593 (1988). Su objetivo es determinar la etapa en que el litigante puede recurrir a los tribunales. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964). Su propósito es evitar una intervención innecesaria y a destiempo del Poder Judicial, que podría interferir con el cauce y desen-lace normal del proceso administrativo.

Como excepción a dicha doctrina, hemos reconocido que un litigante no tiene que agotar los remedios administrativos cuando: (1) lo presentado es una cuestión de derecho que no requiere el ejercicio de discreción administrativa; (2) hay violación a los derechos civiles; (3) el remedio administrativo es inútil e inadecuado; (4) existe peligro de daño inminente, y (5) es clara la falta de jurisdicción. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988).

Sin embargo, a modo de excepción, en las circunstancias de este caso, Brunet Justiniano no tenía que agotar los remedios administrativos. Su reclamo ante el Poder Judicial contiene una cuestión de derecho que no requiere el ejercicio de discreción administrativa. Además, es evidente que su planteamiento tiene una dimensión constitucional ajena al campo especializado del organismo administrativo concernido. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978). Brunet Justiniano invocó las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. see. 3524) —conocida como Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico— y de la propia faz, sus alegaciones no eran inmeritorias. Todo lo contrario, presentó una genuina controversia de derecho que, además de ser novel, ameritaba la interven-ción de los tribunales. Esas alegaciones —rechazo del Primer Ejecutivo a su renuncia, mantenerlo en el cargo inde-finidamente y violación al debido proceso de ley— prima facie revestían un posible agravio de sus derechos consti-tucionales y estatutarios que por su patente intensidad ameritaban una urgente reparación. Otero Martínez v. Go-bernador, 106 D.P.R. 552 (1977); Pierson Muller I v. Feijoó, supra; Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979); García Cabán v. U.P.R., supra; Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra. El hecho de que, después de una exhaustiva investigación jurídica y de un detenido es-crutinio, no tuviera razón, no desmerece esa primera apreciación.

No es persuasivo el argumento de los demandados ape-lados de que la impugnación de Brunet Justiniano, a la destitución o deseo de retener el empleo, es incompatible con sus alegaciones sobre la efectividad de su renuncia. Aparte de no ser enteramente incompatibles, nuestras nor-mas procesales permiten alegaciones en la alternativa y las reclamaciones inconsistentes. Regla 6.5(b) de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Superado el obstáculo ju-risdiccional, evaluemos los méritos de los otros planteamientos.

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Los fiscales son funcionarios públicos cuyos car-gos tienen, como base estatutaria, la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. secs. 90-93e, 95-96, 98 y 100). A su amparo son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado —Art. 3 (3 L.P.R.A. sec. 92)— “por el término de ocho (8) años y hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos”, Art. 4 (3 L.P.R.A. see. 93). Al igual que los jueces de primera instancia, se observa que tales nombramientos contienen una “cláusula de continuidad”, comúnmente conocida en la voz inglesa como holding over. Hasta la decisión mayoritaria emitida en Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638 (1991) —en la cual el Tribunal, con carácter prospectivo, limitó el término de la “cláusula de continuidad” a la finalización de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa siguiente a la expiración del nombramiento— la cláusula permitía al in-cumbente continuar indefinidamente en el puesto, cuyo pe-ríodo, de jure, se consideraba parte del término original —Acosta v. Corte, 63 D.P.R. 651, 657 (1944)— con el efecto de ampliar la continuación del cargo hasta que el sucesor tomara posesión.

Ello respondía al reconocimiento de que este tipo de cláusula tenía básicamente dos (2) propósitos: “(1) retener en todo momento en el cargo a una persona que ha sido nombrada con el consejo y consentimiento del Senado, incluyendo el período después de que su término ha expirado, hasta que el Senado pueda reunirse y concurrir con el Gobernador en volverlo a nombrar o elegir su sucesor; (2) evitar vacantes que la ley aborrece, toda vez que entorpecen la continuación de la administración de los asuntos públicos.” González v. Corte, 62 D.P.R. 160, 165 (1943). Véanse, además: Fernández v. Corte, 71 D.P.R. 161, 178 (1950); López v. Tribunal Superior, 79 D.P.R. 20 (1956); J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844 (1964); Betancourt v. Gobernador, 119 D.P.R. 435 (1987); Betancourt Morales v. Gobernador de P.R., 118 D.P.R. 149 (1986), voto concurrente y disidente; Roberts v. State Ex Rel. Jackson Co. Bd. of Com’rs, 278 N.E.2d 285 (1972).

Al igual que otros funcionarios públicos, los fiscales deben someter sus renuncias por escrito ante el Gobernador. Art. 207 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 555. Si la renuncia es debidamente aceptada, el cargo queda vacante. Art. 208 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 556; El Pueblo ex rel Jusino v. Dávila, 30 D.P.R. 873 (1922). La presentación de la renuncia no crea ipso facto una vacante, sino que es necesaria su aceptación para que otra persona pueda llenarla.

Lo expuesto nos lleva al segundo planteamiento, a saber, ¿tiene el Primer Ejecutivo, como autoridad nomina-dora, discreción para rechazar la renuncia de un Fiscal? Brunet Justiniano sostiene en la afirmativa, pero argu-menta que el Gobernador pierde esa facultad al transcurrir quince (15) días sin que se pronuncie al respecto. Bajo este predicamento nos dice que su primera renuncia —11 de mayo de 1987— advino efectiva a los quince (15) días de sometida, y por ende, la carta del Gobernador de 28 de mayo de 1987 —negándose a aceptarla— carece de eficacia. Apoya su teoría en la doctrina de Candelario Muñiz v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 25 (1973).

No tiene razón. El término de quince (15) días, como bien argumentan los apelados, aplica únicamente a los em-pleados públicos. Los funcionarios públicos, como ya vimos, se rigen por otra disposición legal. Esta distinción quedó claramente establecida en Candelario Muñiz v. Tribunal Superior, supra, pág. 29 :()

Contrario al caso de los funcionarios públicos, las renuncias de los cuales tienen que ser aceptadas para que queden vacan-. tes sus cargos (3 L.P.R.A. sees. 555 y 556), en el caso de los demás empleados del gobierno nada se dispone en la Ley de Personal sobre alguna acción a tomar con respecto a sus renuncias. Es en el Reglamento promulgado por la Junta de Personal que se dispone que las renuncias deberán radicarse con no menos de 15 días de antelación al último día de trabajo. Nada se ha dispuesto al efecto de que dicha renuncia tenga que ser aceptada para ser efectiva, excepto que la renuncia puede ser aceptada ‘en un plazo más breve de antelación’ o sea, antes de los referidos 15 días. Tampoco se ha dispuesto, por supuesto, término alguno para tomar la acción positiva de aceptar la renuncia. (Enfasis suprimido.)

En su esfuerzo por prevalecer, Brunet Justiniano nos solicita que apliquemos por analogía el Art. 207(2) del Có-digo Político, 3 L.P.R.A. see. 555(2), dispositivo de que el cargo de un legislador renunciante queda vacante: “(1) cuando transcurran quince (15) días desde la presentación de la renuncia sin que ésta haya sido retirada, o (2) dentro de dichos quince (15) días, tan pronto el Presidente del cuerpo legislativo correspondiente reciba del organismo directivo central del partido con derecho a hacerla, la reco-mendación para el nombramiento del sustituto o de un sustituto interino.”

La analogía es improcedente. El estudio de su historial legislativo revela que las disposiciones de la Ley sobre Re-nuncias y Vacantes de 25 de enero de 1901, Leyes de Puerto Rico, págs. 10-12 —similares a las que sobre este mismo particular adoptó el Código Político de 1902— no disponían término para que un puesto quedara vacante una vez presentada la renuncia. Fue mediante la Ley Núm. 73 de 20 de junio de 1956 (3 L.P.R.A. see. 555) que, entre otras enmiendas para actualizar el estatuto, se incor-poró el término de quince (15) días para las renuncias de los legisladores.

La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de adop-tar un término uniforme para todas las situaciones regla-mentadas por el estatuto. No lo hizo. Ausente otro propó-sito, hemos de presumir que quiso darle un trato diferente a los legisladores renunciantes. Existe, además, otro im-portante fundamento que abona a esta determinación. Los continuos desarrollos doctrinales referentes al debido pro-ceso de ley han promovido una mayor cautela y rigor en la destitución de empleados y funcionarios públicos. Es evi-dente que en muchos casos, el término de quince (15) días podría resultar irrazonable para cumplir con los requisitos mínimos constitucionales previos a las destituciones. Apri-sionar el poder nominador a ese término cuando se pre-senta una renuncia —conocido por el renunciante de una posible destitución— tiende a afectar el interés público.

En resumen, como regla general la renuncia de un funcionario público notificado de una posible destitución sólo será efectiva y creará una vacante si es debidamente aceptada o si transcurre un tiempo razonable sin que inexplicablemente la autoridad nominadora actúe afirmativamente. En ausencia de un término estatutario para determinar la razonabilidad del plazo, deberán considerarse criterios tales como: (1) la naturaleza del cargo que ocupa el renunciante; (2) la necesidad de realizar una investigación antes de tomar una decisión; (3) los objetivos específicos que persigue la investigación, y (4) la complejidad del proceso.

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Respecto a su segunda renuncia de 1ro de octubre de 1987, Brunet Justiniano elabora la tesis de que ésta cobró efectividad de inmediato, pues ya había concluido el tér-mino de ocho (8) años de su nombramiento. En la alterna-tiva reproduce el argumento de que fue efectiva al pasar quince (15) días sin que el Gobernador actuara. Bajo cua-lesquiera de esas opciones, sostiene que el Gobernador ca-recía de jurisdicción para destituirlo.

En Candelario Muñiz v. Tribunal Superior, supra, pág. 29, dijimos que “[n]o es lógico suponer que una persona que renuncia un puesto bajo la Ley de Personal venga obligada indefinidamente a continuar ejerciéndolo hasta que se le acepte la renuncia. De ser así la norma de derecho, la persona renunciante en efecto quedaría obligada a continuar ejerciendo el cargo en contra de su voluntad, pues de no hacerlo corre el riesgo de ser destitu[i]da por haberlo aban-donado Añadimos que “[e]sto no quiere decir ... que mediante tal renuncia un empleado pueda evadir una in-vestigación dirigida a la formulación de cargos que, de ser probados, resultarían en su destitución”. Id., pág. 30.

En situaciones normales, un funcionario público tiene derecho a renunciar a su cargo presentándole su renuncia al Gobernador, y ese derecho del funcionario crea el deber recíproco del Gobernador de aceptarle su renuncia sin condición alguna. Ibáñez v. Swope, Gobernador, 58 D.P.R. 20 (1941). Esta regla general tiene excepciones. Concluimos que sería un contrasentido su aplicabilidad si el funcionario renunciante es objeto de una investigación relacionada con el desempeño en su puesto o utiliza la renuncia como mecanismo para evadirla o burlar la justicia.

A igual solución, y por los mismos razonamientos, se llegó en In re Peoples, 250 S.E.2d 890, cert. denegado 442 U.S. 929 (1978). Allí se trataba de un juez que sometió su renuncia al Gobernador cuarentiún (41) días después de que se le informara que estaba bajo investigación por posi-ble conducta impropia en el manejo de las causas criminales. El Gobernador, quien desconocía que el renun-ciante era investigado; aceptó la renuncia. Diez (10) días después, le notificaron los cargos administrativos. El juez cuestionó la jurisdicción del foro administrativo para ven-tilar los cargos y alegó que sólo a jueces en funciones podía procesárseles.

El Tribunal Supremo de Carolina del Norte confirmó el dictamen de la comisión que resolvió que la renuncia, aun-que aceptada, no tornaba académico el procedimiento. Una vez la comisión adquirió jurisdicción sobre el querellado, mediante la notificación de que era investigado, el foro ad-ministrativo retenía su jurisdicción hasta la culminación del procedimiento.

En el caso ante nos la situación es más adversa. El pro-cedimiento administrativo contra Brunet Justiniano co-menzó antes de su primera carta de renuncia. Los cargos administrativos le fueron notificados el 10 de diciembre de 1986 y su primera renuncia fue fechada el 11 de mayo de 1987. Cuando sometió la segunda el 1ro de octubre de 1987, todavía se efectuaba el procedimiento administrativo. De manera, pues, que esas renuncias, aún si automáticamente hubiesen cobrado efectividad, no po-dían despojar al F.E.I. de su jurisdicción para culminar el procedimiento iniciado con anterioridad.

IV

La cronología reseñada y la no aceptación de ambas re-nuncias por parte del Gobernador, ¿infringió los preceptos constitucionales que prohíben la servidumbre involunta-ria? Brunet Justiniano argumenta en la afirmativa. Cues-tiona el requisito legal de que una renuncia, para que sea efectiva, debe ser aceptada. Aduce que ello obliga al funcio-nario público a permanecer en el cargo en contra de su voluntad. A juicio suyo, esa restricción de la libertad crea una servidumbre involuntaria sin el debido proceso de ley.

Tampoco tiene razón. El espíritu que animó la aproba-ción de la Decimotercera Enmienda de la Constitución federal() y la Sec. 12 del Art. II de nuestra Constitución() así como sus desarrollos e interpretaciones judiciales, re-flejan que ese no fue el alcance.

La Decimotercera Enmienda se adoptó en 1865. Repre-sentó no sólo el mecanismo directo para abolir de jure la esclavitud negra, sino otras formas de servidumbre como la esclavitud económica de los peones (peonage) propia de los territorios que formaron parte de las excolonias espa-ñolas y el llamado chínese coolie trade. Robertson v. Baldwin, 165 U.S. 275 (1897); Hodges v. United States, 203 U.S. 1 (1906); Slaughter-House Cases, 16 Wall. (83 U.S.) 36 (1872); G. Sidney Buchanan, The Quest for Freedom: A Legal History of the Thirteenth Amendment, 12 (Núms. 1 — 5) Hous. L. Rev. 1-34, 331-378, 592-639, 843-889 y 1069-1085 (1974-1975); 13 Hous. L. Rev. 63-83 (1975); J. Ten-Broek, Thirteenth Amendment to the Constitution of the United States, 39 Cal. L. Rev. 171 (1951). Posteriormente su desarrollo cubrió una gran variedad de circunstancias y condiciones con el propósito primordial de mantener un sistema de trabajo completamente libre y voluntario. Se hizo extensiva para desaprobar condiciones restrictivas, tales como a las que están sometidos los obreros migrantes y los sirvientes domésticos. Véase United States v. Booker, 655 F.2d 562, 566 (4to Cir. 1981).

El término “servidumbre involuntaria” tiene un significado más amplio que “esclavitud”. Su esencia la constituye el uso indebido de la ley o la fuerza para obligar a un individuo a trabajar en contra de su voluntad para beneficio de otro. United States v. Mussry, 726 F.2d 1448 (9no Cir. 1984); United States v. Schackney, 333 F.2d 475 (2do Cir. 1964); Bailey v. Alabama, 219 U.S. 219 (1911). La prohibición va dirigida a la involuntariedad del trabajo, independientemente de que éste sea bien o mal compensado. Heflin v. Sanford, 142 F.2d 798 (5to Cir. 1944).

Recientemente, en United States v. Kozminski, 487 U.S. 931 (1988), el Tribunal Supremo federal, al evaluar la le-gislación aprobada por el Congreso para hacer cumplir la Decimotercera Enmienda, sostuvo que la expresión “servi-dumbre involuntaria” significaba aquella condición en que la víctima es forzada a trabajar para el acusado mediante el uso o amenaza de aprisionamiento, castigo físico o coer-ción legal.

Por otra parte, la Sec. 12 del Art. II de nuestra Consti-tución, supra, tampoco tiene el alcance pretendido. Aunque los debates constitucionales arrojan poca luz, sí nos permi-ten corroborar que no se vislumbraron situaciones como la que hoy confrontamos. “La proscripción de la esclavitud y la servidumbre involuntaria se copiaba textualmente de los párrafos 15 y 16 del artículo 2 de la Ley Orgánica, que a su vez derivaban de la Enmienda Decimotercera a la Constitución de los Estados Unidos. La prohibición de cas-tigos crueles e inusitados provenía de la Enmienda Octava y del párrafo 12 del artículo 2 de la Ley Jones.” J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Pie-dras, Ed. U.P.R., 1982, pág. 197. Sobre este particular, vale la pena resaltar las expresiones del delegado Jaime Beni-tez ante la petición del delegado José Ver ay, Jr. para que se suprimiera la palabra “servidumbre”. Señaló:

Debo decir que el término “servidumbre”, que es el término clásico dentro de la Constitución de los Estados Unidos (neither slavery nor involuntary service), está ya cubierto en la prohibi-ción que se hace al trabajo involuntario y, además, las restantes protecciones del trabajo que aparecen en una sección posterior. La razón para retener el concepto de la esclavitud es, no sola-mente por su valor histórico, por su natural correspondencia en una carta de derechos, sino porque no se refiere única y exclu-sivamente, tampoco esto a la situación histórica de esclavitud sino que abarca cualquier otro sometimiento de unas personas a la voluntad y al poder de otros, sin recursos. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1603 (1952).

En consecuencia, no tiene razón Brunet Justiniano en su argumentación.

V

El fiscal o acusador público cumple o forma parte de la abogacía del Estado. Véase H. Frugone Schiavonne, La abogacía del Estado, el Ministerio Público y Fiscal y la Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1981. Como funcionario público no está exento de responsabilidad civil, responsabilidad penal( ) y responsabilidad administrativa. “Los funcionarios públicos ... además de por la relación de sujeción general, están unidos a la administración por la relación de sujeción especial. La violación de alguna de las normas que disciplinan esta última por parte del funcionario acarrea su responsabilidad administrativa, traducida en sanciones disciplinarias.” L. M. Cazorla Prieto, Temas de Derecho Administrativo, 2da ed., Madrid, Escuela de Inspección Financiera y Tributaria, 1979, pág. 508. “[L]a sanción es consecuencia de una infracción administrativa, también la potestad sancionadora de la administración es no causa, sino efecto y consecuencia de otras potestades y sobre todo, y de manera muy especial, colofón de la existencia de un ordenamiento jurídico administrativo, que demanda la necesidad de reprimir las infracciones al mismo, al objeto de defender en todo momento su validez y eficacia. Desde el instante mismo en que admitimos la existencia de un ordenamiento jurídico administrativo hay que concluir admitiendo también la existencia de una potestad sancionadora o punitiva de la Administración que determina el que en numerosos casos pueda infligir sanciones a los sujetos, sean externos a la misma, esto es a cualquier ciudadano que haya violado un deber frente a la Administración, o bien sean sujetos liga-dos a la Administración por medio de una particular rela-ción, como el funcionario público, y en general cualquiera que sea admitido a un oficio público o en un Instituto o al goce de un servicio público. La Administración, por consi-guiente, aplica la sanción relativa a los actos de ella ema-nados, cuando hayan sido realizados violando cualquiera de las normas que la garantizan.” (Escolio omitido.) M. Montoro Puerto, La infracción administrativa: caracterís-ticas, manifestaciones y sanción, Barcelona, Ed. Nauta, 1965, pág. 329.

Por último, los fiscales, por su condición de abogados, también están sujetos a las acciones disciplinarias por infracción al Código de Etica. In re Colton Fontán, supra; In re Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768 (1990); In re Calderón Marrero, 122 D.P.R. 557 (1988); In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R. 827 (1987).

La naturaleza independiente de cada una de las cuatro (4) acciones también puede significar rumbos procesales diferentes. Así, el trámite disciplinario por infracciones al Código de Etica —que encuentra su apoyo legal en la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo de 1975 (4 L.P.R.A. Ap. I-A)— estipula que una vez presentada una querella contra abogados y jueces del Tribunal de Primera Instancia, se celebrará una vista evidenciaría ante este Tribunal o ante un Comisionado Especial. La parte quere-llada tiene derecho a confrontarse con los testigos en su contra, contrainterrogarlos, examinar la prueba documen-tal o material que se presente en su contra y presentar testigos y evidencia a su favor. Finalmente se rinde un in-forme con las determinaciones de hechos. Las partes tie-nen un término simultáneo de veinte (20) días, contados desde la notificación del informe, para comentarlo u obje-tarlo y recomendar las acciones que deban tomarse. Trans-currido dicho término o aquel otro que este Tribunal dispu-siere, queda el caso sometido para resolver conforme a derecho.

Por otra parte, la acción administrativa que permite la suspensión o destitución de fiscales tiene su base legal en el Art. 5(a), 3 L.P.R.A. sec. 93(a):

Los Fiscales de Puerto Rico podrán ser suspendidos de em-pleo y sueldo o destituidos de sus cargos antes del vencimiento del término para el cual fueron nombrados, por los siguientes motivos:
(1) Conducta inmoral, impropia o reprensible;
(2) incompetencia o inhabilidad profesional manifiesta en el desempeño de sus funciones y deberes;
(3) la convicción por cualquier delito grave o delito menos grave que implique depravación moral;
(4) insubordinación o abandono de sus deberes.

El Art. 6(b), 3 L.P.R.A. sec. 93(b), dispone detallada-mente el procedimiento a seguir:

La querella contra cualquier fiscal se podrá radicar bajo ju-ramento por cualquier ciudadano o a instancia del Secretario de Justicia, ante el Departamento de Justicia. Una vez radi-cada la misma el Secretario ordenará una investigación de los hechos imputados. En base al resultado de dicha investigación el Secretario podrá desestimar la querella presentada o proce-der a la formulación y notificación de cargos por escrito contra el fiscal querellado, expresándole las causas y fundamentos para ello y dándole oportunidad de ser oído.
El Secretario de Justicia una vez probados los cargos, some-terá un informe al Gobernador de Puerto Rico, conteniendo las determinaciones, conclusiones y recomendaciones que suijan de dicho procedimiento. En base a dicho informe el Gobernador determinará la acción que proceda.
La separación permanente del cargo de un fiscal no afectará los derechos adquiridos del fiscal o aquellos derechos adquirí-dos bajo la Ley de Retiro del Personal del Gobierno del Estado Libre Asociado, sees. 761 a 788 de este título. (Enfasis suplido.)

Para que la destitución de un funcionario público cumpla con el debido proceso de ley, también debe satisfacer nuestros pronunciamientos en Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982), y las garantías mínimas establecidas en Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985), y su progenie.

En síntesis, Cleveland Board of Education v. Louder-mill, supra, exige que antes del despido la autoridad nomi-nadora debe notificar al empleado los cargos en su contra y la intención de despedirlo, y concederle la oportunidad de una vista informal para que presente su versión de los hechos. No tiene que ser una vista formal y elaborada. Tampoco tiene que resolver definitivamente su propiedad, sino más bien servir como un cotejo inicial para evitar que se tomen decisiones erróneas o para determinar si existe base razonable sobre la veracidad de los cargos que sosten-gan el despido. Después de esa vista informal, podrá decre-tarse el despido, sujeto a la celebración posterior de una vista formal que cumpla todos los requisitos del debido pro-ceso de ley.

Aclarados estos extremos, ¿se ajustó la destitución del Fiscal Brunet Justiniano al principio constitucional del de-bido proceso de ley? Contestamos esta interrogante en la afirmativa e inmediatamente exponemos los fundamentos. Primero, se cumplió el requisito escrito de la presentación de una querella bajo juramento ante el Departamento de Justicia. Segundo, el Secretario de Justicia ordenó la in-vestigación de los hechos. En este trámite el F.E.I. adoptó las determinaciones de hechos que el 21 de mayo de 1987 hiciera el Comisionado Especial, Hon. Abner Limardo Sán-chez, nombrado por este Tribunal en la acción ético-disciplinaria. Ese informe fue precedido de un sinnúmero de salvaguardas procesales tales como notificación opor-tuna, vistas evidenciarías, representación de abogados, tiempo suficiente para su preparación y defensa, descubri-miento de prueba y otros. In re Colton Fontán, supra.

Contrario a su objeción, no creemos que esta conducta del F.E.I. afectara sus derechos. Difícilmente puede conce-birse una manera más justa e imparcial para dilucidar los hechos. Si bien es cierto que el F.E.I. no le encomendó esta tarea a un oficial examinador por él seleccionado, la vista plenaria ante un Comisionado Especial, precisamente de-signado por este Tribunal, disipó cualesquiera dudas res-pecto a la imparcialidad del juzgador. Tercero, la adopción de las determinaciones de hechos no se hizo ciega y capri-chosamente; tampoco de manera final. Todo lo contrario, al Fiscal Brunet Justiniano se le ofreció la oportunidad de controvertirlos, lo cual realizó. Debe recordarse que algu-nos de los hechos ya los había admitido en declaraciones juradas. El que la determinación de hechos del Comisio-nado Especial estuviera sujeta a una posible modificación o revocación, no afecta los derechos del apelante. De ninguna manera se requiere que en la etapa predespido los hechos se hayan probado con carácter final y firme. Sería un ab-surdo y tornaría ese trámite en uno definitivo. Todo lo con-trario, sólo es necesario que estén apoyados en prueba. Sólo serán finales y firmes cuando la persona afectada haya utilizado los trámites apelativos en los organismos administrativos o tribunales correspondientes, o haya transcurrido el término pautado sin ejercitar sus derechos. Como bien apuntan los apelados, tan sujeta a modificación o revocación estarían las determinaciones de un oficial exa-minador —si se hubiese nombrado— como lo están las que se adoptaron del Comisionado Especial. Cuarto, se formu-laron y notificaron por escrito los cargos. Quinto, al formu-lársele los cargos se le brindó la oportunidad de una vista administrativa antes del despido, la cual objetó. De esta manera se. le garantizó la “oportunidad de ser oído”. Torres Solano v. P.R.T.C., supra.

Resolvemos que el procedimiento seguido por el F.E.I. está en consonancia con el requisito de una vista informal exigido por Torres Solano v. P.R.T.C., supra. En esa ocasión Brunet Justiniano hubiese tenido la oportunidad de expo-ner una vez más su versión de los hechos. Sexto, al no ser controvertidos los hechos, el Secretario de Justicia los dio por probados y sometió un informe al Gobernador con de-terminadas recomendaciones. Ello dio pie a. que el Gober-nador determinara procedente la destitución. Y séptimo, la vista formal del trámite apelativo ante la Junta de Apela-ciones del Sistema de Administración de Personal, que Brunet Justiniano gestionó oportunamente, representó una oportunidad adicional para probar su versión de los hechos e improcedencia del despido.

VI

Réstanos evaluar la alegación de castigo cruel e inusitado. En el pasado hemos señalado que “[e]sa prohibición constitucional tiene como origen el deseo de proscribir castigos bárbaros e inhumanos, como los de quema en la hoguera, la decapitación, el desmembramiento del cuerpo humano y algunas formas de tortura que antiguamente eran mas o menos comunes”. Pueblo v. Jaimán Torres, 86 D.P.R. 700, 701-702 (1962). Véanse: Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 228, 233 (1961); Wilkerson v. Utah, 99 U.S. 130 (1878); Black v. United States, 269 F.2d 38 (9no Cir. 1959); Hemans v. United States, 163 F.2d 228 (6to Cir. 1947).

Sin embargo, nuestra jurisprudencia ha reconocido su aplicación en otras situaciones, tales como la prisión inde-finida por desacato civil cuando como medida reponedora deja de surtir efecto, Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901 (1951); cuando la pena se convierte en un castigo perpetuo, García v. Luciano, 115 D.P.R. 628 (1984); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972); las penas des-proporcionadas y arbitrarias, Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985); la disparidad en cuanto a la aplicación de penas distintas a personas en igualdad de condiciones, Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414 (1985), y la imposición de pena de reclusión por el solo hecho de ser adicto a drogas, Martínez Rodríguez v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 629 (1965); Robinson v. California, 370 U.S. 660 (1962). Véanse: D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, págs. 311-324; D. Nevares-Muñiz, The Eighth Amendment Revisited: A Model of Weighted Punishments, 75 J. Crim. L. & Criminology 272 (1984).

No concebimos que la negativa del Primer Ejecutivo a aceptar su renuncia, la formulación de cargos y la consi-guiente destitución de Brunet Justiniano encuadren en las prácticas que la Constitución deseó proscribir. Reconoce-mos que ese proceso le haya generado angustia y desaso-siego, y afectado su tranquilidad. Esta realidad es resul-tado inevitable de nuestro sistema de justicia.

Finalmente, no nos persuade la tesis de Brunet Justi-niano de que el proceso le priva el interés propietario sobre su reputación y, además, le limita sus oportunidades de empleo como abogado, tanto en el servicio público como en la práctica privada. Ausente una violación del debido pro-ceso de ley, ello también es consecuencia lógica de la con-ducta y de los actos ilegales y antiéticos de cualquier persona, bien sea abogado, funcionario público o ciudadano particular. In re Colton Fontán, supra.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón se inhibió.

       Para un cuadro completo de los incidentes y las controversias judiciales sus-citadas hasta el presente por esos hechos, véanse: In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991); Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702 (1990); In re Colton Fontán, 119 D.P.R. 417 (1987); Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986); Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578 (1985); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).

       En lo pertinente, dicho informe señaló: “Según la prueba documental y tes-tifical mencionada anteriormente, concluimos que a pesar de que el Ledo. Juan E. Brunet incurrió en las fallas que le imputa el Senado en su Informe Sobre las Fallas del Departamento de Justicia en las Investigaciones Llevadas a Cabo Sobre el Inci-dente del Cerro Maravilla, las mismas no constituyen suficiente prueba para una formulación de cargos por conducta impropia o reprensible o incompetencia o inha-bilidad profesional en el desempeño de sus funciones.” (Enfasis suplido.)

       El cargo de Fiscal Especial Independiente (F.E.I.) fue creado por la Ley Núm. 1 de 18 de enero de 1985, Leyes de Puerto Rico, pág. 3, para la investigación y el procesamiento de las personas que pudiesen haber cometido delitos en relación con los incidentes del Cerro Maravilla ocurridos el 25 de julio de 1978. A este funcionario, además, se le encomendó la facultad de llevar cualesquiera acciones civiles, admi-nistrativas o de ética profesional relacionadas con los incidentes.

      (4) “Debemos advertirle que se tendrán por probados los hechos para los cuales esta Oficina tiene admisiones en declaraciones juradas ofrecidas por usted.
      “Se le advierte, asimismo, que en relación con los hechos que sean contraverti-dos [sic] por usted, tiene derecho a una vista ante el Examinador que yo designe. A esos efectos se le concede el término de quince (15) días a partir del recibo por usted de estos cargos para que la solicite. De no hacerlo en ese término, entenderemos que no interesa vista alguna ante esta Oficina, sin que por ello renuncie a su derecho a apelar ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, en la eventualidad de que el Honorable Gobernador tomase acción en su contra.
      “De no solicitar usted la vista oportunamente, haremos la recomendación que entendamos procedente al Honorable Gobernador.” Apéndice 2, pág. 23.

      (5) Véase Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664 (1981).
      “Es difícil establecer claramente la diferencia entre funcionarios y empleados. Es preciso que en cada caso particular se tomen en consideración las circunstancias envueltas en el mismo, la naturaleza de los deberes del cargo, los medios por los cuales esos deberes se ejecutan, la forma de su creación, su término y el fin perseguido. Principalmente se distinguen en que el del funcionario es un cargo de mayor importancia y con autoridad para dirigir o supervisar. Generalmente el cargo de un funcionario es creado por ley y goza de cierta permanencia, con deberes im-puestos a su incumbente que envuelven algún ejercicio del poder soberano y en cuyo desempeño está envuelto el interés público. Véase Pueblo v. Márquez, 62 DPR 13, 16-18 (1943) (Del Toro), en que se resolvió que un subsecretario de un tribunal es un funcionario; De La Vega v. Sancho Bonet, Tes., 56 DPR 753, 755 (1940) (Wolf), en que se resolvió que un secretario de una agencia administrativa (Junta Insular de Sani-dad) designado sin término fijo, no es un funcionario; Nazario v. Winship, 56 DPR 837 (1940) (Hutchison), en que se resolvió que los taquígrafos de los tribunales no son funcionarios; y Ugarte v. MacLeod, 56 DPR 842, 847 (1940) (Hutchison), al mismo efecto.” R.E. Bemier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 104.

      (6) “Artículo [XIII]
      “Sección 1. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en los Es-tados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción, salvo como castigo por un delito del cual la persona haya sido debidamente convicta.
      “Sección 2. El Congreso tendrá facultad para hacer cumplir las disposiciones de esta enmienda mediante legislación adecuada.” Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 195-196.

      (7) El Art. II, Sec. 12 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 323, dispone:

        “No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria. No se im-pondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles inclu-yendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta.
      “No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.”

      (8) Además de la responsabilidad criminal general que les afecta como a cual-quier ciudadano, pueden incurrir en responsabilidad especial cuando cometen al-guno de los delitos tipificados en el Código Penal para los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.