text:
    Marina Calzada Quiñones, recurrente, v. Departamento de Asuntos del Consumidor, recurrido.

      Número: O-83-25

      Resuelto: 31 de octubre de 1983

      Ana L. Torres Lupiañez, abogada de la Asociación de Empleados del E.L.A., abogada de la recurrente; Miguel Pagan, Procura-dor General Interino, Doris M. Santiago, abogada del Depar-tamento de Justicia, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

La Sra. Marina Calzada Quiñones se desempeñaba en el puesto de Secretaria II en la Secretaría de Información, Educación y Relaciones con la Comunidad del Departa-mento de Asuntos del Consumidor (DACO). Era empleada de carrera con veintiséis (26) años de servicio. Efectivo el 31 de diciembre de 1981 fue cesanteada por razones de eco-nomía.

Ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal (JASAP) impugnó tal determinación aduciendo que: (1) DACO carecía de aprobación previa para implantar la sub-división de la agencia, según requerido por la See. 9.3(3) del Reglamento de Personal: Administración Central de la Ley de Personal; (2) que no fue notificada de su cesantía con treinta (30) días de antelación a su efectividad, incumplién-dose lo prescrito en la Sec. 9.3(l)(e) del Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito; y (3) que tampoco fue sometida al proceso de competencia por orden de antigüedad dentro de su agencia. DACO, responsiva-mente sostuvo la validez jurídica de la acción impugnada.

JASAP confirmó. Concluyó que medió autorización verbal de la Oficina Central de Administración de Personal (OCAP); que existía una crisis presupuestaria en la agencia que configuraba “circunstancias apropiadas dentro de las cuales proced[ía] decretar cesantías de empleados como medida de administración”. Sobre el derecho a competir por antigüedad razonó que “[e]n casos como el de autos, que se determina que la cesantía afectará en forma total a todos los empleados de un programa, división, etc., no es necesa-rio el someter a los empleados al proceso de competencia por orden de antig[ü]edad, toda vez que al quedar supri-mido el programa, todos los empleados dentro del mismo quedan cesantes. Obsérvese que en ese sentido, cada Secre-taría o División identificada en la subdivisión se considera como un universo independiente y separado de las demás. Distinto hubiera sido si, en lugar de eliminar en su tota-lidad el programa o Secretaría, se reduce el personal dentro del mismo. Es en esa circunstancia que la agencia viene obligada a someter a los empleados dentro de la jurisdicción que se trate, conforme a sus clasificaciones, al proceso de competencia para determinar el orden de prelación en que se decretan las mismas”.

La señora Calzada Quiñones acudió al Tribunal Superior. Dicho foro proveyó no ha lugar a su recurso. Revisa-mos.

II

De todos sus planteamientos, detectamos mérito y con-centramos nuestra intervención primeramente en lo refe-rente a si ella era acreedora a competir por antigüedad con las demás Secretarias II de DACO. Nos argumenta que no hay disposición legal ni reglamentaria que sostenga el criterio de JASAP de que cada jurisdicción en una agencia en la cual se decreten cesantías debe ser considerada como un universo separado e independiente para fines de la competencia por antigüedad entre los empleados de una misma clasificación.

La Sec. 4.6 del estatuto de Personal -Nüm. 5 del 14 de octubre de 1975, segün enmendado- autoriza Ia separaciOn de un empleado del servicio püblico -sin que implique destituciOn- entre otras razones debido a la falta de fondos. Este mismo precepto inf'ine consigna el mandato de que la separaciOn se hará, "segUn se establezca mediante reglamento al respecto en el que se tome en consideración entre otros factores el status de los empleados y su anti-guedad y [e]l tiempo en servicio". 3 L.P.R.A. sec. 1336. Por tal motivo, la existencia de una crisis fiscal, por si, no con-valida automáticamente toda cesant~a. Es menester que el poder nominador las decrete acatando fielmente la ley y tomando en cuenta las normas y trámites reglamentarios. Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177 (1983); Olivieri Morales v. Pierluisi, 113 D.P.R. 790 (1983).

Sobre este extremo, la See. 9.3 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al Principio de Mérito consagra como primer criterio, la eficiencia, lo que presupone que la agencia realiza y mantiene un sistema evaluativo de su personal. Sin embargo, dicha regla contempla que en ausencia de información válida para determinar la eficiencia en el desempeño de las funciones, “el factor determinante será el tiempo en el servicio”. Inciso 2 de la Sec. 9.3(l)(c). Mediante este enfoque, cuya justiciabilidad aflora de su faz, la persona de más reciente nombramiento en el servicio será separado en primer lugar.

La Sec. 9.3(l)(a) del citado cuerpo establece como parte del método para decretar cesantías la división de la agencia por unidades o programas, a los fines de identificar las jurisdicciones en las cuales habrán de decretarse las cesantías. No obstante, contrario al criterio de JASAP, esta regla indefectiblemente está subordinada al mandamiento estatutario de antigüedad como elemento de retención.

La protección que el ordenamiento jurídico concede a los servidores públicos por años de servicio exige esta interpre-tación. En ausencia de un sistema evaluativo fundado en la eficiencia, el único criterio objetivo no susceptible de ser erróneamente aplicado o entendido por la autoridad nomi-nadora es el factor tiempo. Bajo esta interpretación, la señora Calzada Quiñones era acreedora a un puesto para el cual estuviera calificada, inclusive un traslado a otro depar-tamento o división y hasta un descenso, si estaba dispuesta a aceptarlo. La decisión de DACO no es armonizable con este esquema plasmado en la ley y reglamentación vigentes. Pasa por alto principios elementales en la administración de personal. La solución en nada altera el método de subdivisión de una agencia. El que una Secretaria II de un departa-mento vaya a ocupar por desplazamiento una posición de igual clasificación en otro departamento, de ordinario no afecta el funcionamiento de la agencia. Adviértase que la clasificación científica de puestos está basada en la agru-pación sistemática de clases similares, en virtud de sus deberes y responsabilidades. De esta forma se logra inyec-tar tratamiento uniforme en la administración de personal. Art. 12(26) del Reglamento de Personal: Áreas Esenciales. Bajo este enfoque, básicamente todas las Secretarias II de DACO tienen deberes, índole de trabajo, autoridad y responsabilidad “semejantes”. Se les exige a sus incum-bentes los mismos requisitos mínimos, se les administra las mismas pruebas para su selección y se les aplica la misma escala de retribución. Véase, Art. 12(23) del citado Regla-mento. Claramente, con unos ajustes y esfuerzos mínimos, un empleado puede sustituir, en poco tiempo, a otro en un puesto de igual o inferior clasificación.

III

.Finalmente, es correcta la contención de la recu-rrente señora Calzada Quiñones de que no se agotaron los recursos mandatories de la See. 9.3(2) del Reglamento de Personal: Administración Central, tales como la reubi-cación, readiestramiento, licencia sin sueldo y descenso. La autoridad nominadora está obligada a examinar las alternativas descritas, y de ser factibles, implantarlas. En el caso de autos, lamentablemente, como opción a la cesantía sólo se consideró conceder licencia sin sueldo. Pos-teriormente se descartó su implantación y se eliminó el puesto en forma permanente. DACO incumplió con el man-dato reglamentario al no considerar las restantes posibili-dades. La nulidad de la actuación impugnada es la conse-cuencia directa de la inobservancia de la norma.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia en que se revoque la decisión de JASAP y en su lugar se de-cretará la nulidad de la cesantía.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

       Ordenó que su nombre fuera incluido en el Registro de Elegibles, según la See. 7.5 del Reglamento de Personal: Administración Central.

       See. 9.3(2):
      “Antes de decretar cesantías debido a la eliminación de puestos por falta de trabajo o fondos, las agencias deberán agotar los recursos a su alcance para evitar dichas cesantías con acciones tales como:

      “a) Reubicaeión de personal en puestos de igual o similar clasificación, en programas que no estén afectados por la reducción de personal.
      “b) Readiestramiento del empleado para reubicarlo en otro puesto cuando esto pueda hacerse razonablemente antes de la fecha para decretar tales cesantías.
      “c) Licencia sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupuestaria, cuando la agencia tome la decisión por una insuficiencia presupuestaria temporera que no requiera la eliminación permanente del puesto. En tales casos deberá observarse el orden de prelación que se establece en el inciso 1(b) de la Sección 9.3 del Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, y advertirle al empleado de su derecho de apelación ante la Junta de Personal.
      “d) Descensos de los empleados como último recurso para evitar las cesan-tías.” (Énfasis suplido.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    José Clemente González, demandante y peticionario, v. Departamento de la Vivienda y Otros, demandados y recurridos.

      Número: O-83-483

      Resuelto: 8 de noviembre de 1983

      Eudaldo Báez Galib e Ildefonso Freyre, abogados del peticionario; José Ramón Pérez Hernández, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El señor José Clemente González radicó el 13 de mayo de 1983 una demanda de injunction, debidamente jurada, ante el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, contra el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y su Secretario, el Hon." Jorge A. Pierluisi, en la que alegó, en síntesis, que: desde el mes de marzo de 1977 se venía desempeñando en el cargo de Director Regional en la ciudad de Mayagüez de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, corporación adscrita al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico; que con motivo de una con-troversia suscitada entre él y el señor Freddy Valentín, quien, al igual que el demandante, es miembro y líder del Partido Nuevo Progresista en Mayagüez, el ingeniero Jorge Pierluisi, Secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, a solicitud del referido señor Valentín, ordenó el traslado-ascenso del demandante a las oficinas centrales de dicho departamento, localizadas en la ciudad de San Juan, mediante carta al efecto de fecha 4 de mayo de 1983; y que “dicho traslado y aparente ascenso tiene los efectos de forzar la renuncia del demandante, ya que a éste le resul-taría profundamente oneroso y perjudicial trasladarse con su familia a la ciudad de San Juan resultando tal determi-nación del Secretario equivalente a un despido”. Suplicó del tribunal de instancia, que “dicte Sentencia prohibiéndo-les [sic] terminantemente que despidan so color de traslado al demandante de su cargo”.

La “parte demandada”, mediante escrito de fecha 6 de junio de 1983, solicitó la desestimación de la demanda radicada por razón de haber acudido la parte demandante al foro judicial “sin agotar los recursos administrativos”. Estando dicha moción ante la consideración del tribunal de instancia, el codemandado Pierluisi remitió al demandante dos cartas, ambas con fecha de 9 de junio de 1983. Mediante la primera de ellas, el ingeniero Pierluisi dejó sin efecto el traslado-ascenso anteriormente decretado. Por medio de la segunda de las referidas misivas, el señor Pierluisi separó al demandante Clemente González del puesto que ocupaba en la mencionada agencia. Mediante escrito de esa misma fecha —9 de junio de 1983— la representación legal de la parte demandada solicitó nuevamente la desestimación de la demanda radicada, esta vez por el fundamento de que “la controversia planteada en este caso se ha convertido en académica”.

El tribunal de instancia —Rubén Fernández Vázquez, Juez— acogió dicho planteamiento y mediante Sentencia de fecha 1ro de julio de 1983 ordenó “el archivo y sobresei-miento del caso advirtiéndole al demandante que el término para acudir a J.A.S.A.P. vence el próximo 9 de julio de 1983”. No conforme, la parte demandante acudió ante este Tribunal. Emitimos orden de mostrar causa; la parte demandada ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que la “dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá esta-blecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas ‘políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”. (Énfasis suplido.)

Al discutirse el alcance de la cláusula constitucional ci-tada en el seno de la Convención Constituyente se vertieron expresiones como las siguientes:

El propósito de esta sección es fijar claramente como base consustancial de todo lo que sigue el principio de la dignidad del ser humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad esencial de todas las personas dentro de nuestro sistema cons-titucional. La igualdad ante la ley queda por encima de acci-dentes o diferencias, bien tengan su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo discrimen o privilegio contrario a esta esencial igualdad repugna al sistema jurídico puertorri-queño. En cuanto fuera menester nuestra organización legal queda robustecida por la presente disposición constitucional, a la vez que obligada a ensanchar sus disposiciones para dar plena realización a lo aquí dispuesto.
Ideas políticas o religiosas. Se reconoce el derecho a tener ideas políticas y convicciones religiosas diferentes y en con-flicto entre sí sin que esta diferencia o este conflicto milite en favor o en contra de ciudadano alguno en sus relaciones con el Estado. La libertad de pensamiento y la libertad de concien-cia quedan aquí protegidas no sólo en su expresión sino tam-bién en las consecuencias de esta expresión.
El más amplio reconocimiento del derecho a diferir y ser, no obstante, tratado con igualdad y protegido en esa diferen-cia por el poder público, es uno de los rasgos definidores de la democracia liberal.

En el pasado hemos sido muy celosos y rigurosos en nuestra fundamental tarea de proteger la libertad ideoló-gica contra gestiones represivas del Estado o algunos de sus funcionarios; hasta el presente, sin embargo, los plantea-mientos que se han levantado ante este Foro, en los que se aduce discrimen político, siempre han tenido como escena-rio la rivalidad ideológica existente entre seguidores de distintos partidos políticos. Veánse, en general, Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972); Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982); Navedo v. Municipio de Barceloneta, 113 D.P.R. 421 (1982); Olivieri Morales v. Pierluisi, 114 D.P.R. 23 (1983).

El presente caso, sin embargo, presenta la variante de que, alegadamente, tanto el demandante Clemente González como el codemandado Pierluisi pertenecen a la misma agrupación política. ¿Püede configurarse discrimen dentro de las filas de un mismo partido político? Por los fundamentos que a continuación exponemos, resolvemos en la afirmativa.

El lenguaje del citado Art. II, Sec. 1 de nuestra Constitución es expreso, claro e inequívoco; prohíbe y protege a un ciudadano contra toda clase de discrimen. Como expresáramos en Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, ante, pág. 987, su “texto no permite distinción alguna. Quiere decir lo que dice”. En lo referente a discrimen político, dicho lenguaje no condiciona la protección a evento alguno de circunstancias partidistas. Sencillamente garantiza el disfrute de la libertad ideológica a que tiene derecho todo individuo en una sociedad democrática como la nuestra.

Esa libertad ideológica de que hablamos, obviamente comprende la posición disidente que en un momento dado puede asumir el militante de un partido contra el pensamiento de la mayoría del partido en cuestión; en otras palabras, tanto puede diferir, ideológicamente hablando, de la autoridad nominadora un empleado público miembro de un partido distinto al que se halle en el poder, como aquel empleado que, a pesar de militar en el mismo partido que el poder nominador, en un momento dado se vea inmerso en “diferencias ideológicas” motivadas por cambios en la visión de dicho empleado o de la autoridad nominadora. No reconocer este alcance dentro del concepto discrimen político representaría admitir una distinción vedada por nuestra Constitución.

1-H

No está en controversia el hecho de que el cargo de director regional de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda que ocupaba el demandante Clemente González es uno de confianza. Basado en ello, la parte recurrida alega que el Secretario Pierluisi podía remover libremente al demandante del cargo que ocupaba; señala, además, que el demandante podía ser cesanteado por razón de que ya no gozaba de la “confianza política” del referido Secretario.

Como el “sistema de mérito es un sistema integral que cubre tanto el despido del empleado como su ingreso”, Guerra v. Srio. Servicios Sociales, 113 D.P.R. 50, 53 (1982), está plenamente establecido que, como regla general, un empleado de confianza puede ser cesanteado sin formulación de cargos y sin vista previa. Navedo v. Municipio de Barceloneta, supra.

Hemos resuelto sin embargo —siguiendo la doctrina establecida por el honorable Tribunal Supremo de Estados Unidos en Branti v. Finkel, 445 U.S. 507, 515-516 (1980) — que cuando un empleado de confianza que ha sido cesanteado alega y presenta prueba a los efectos de que su despido se debió a motivos políticos “recae sobre la autoridad nominadora (el gobierno) desfilar prueba demostrativa de que la afiliación política particular del empleado es ‘requisito apropiado’ para el desempeño efectivo del cargo en cuestión, o sea, le corresponde establecer la existencia de intereses gubernamentales que son de importancia y jerarquía superior a los derechos del empleado bajo la Primera Enmienda”. (Énfasis suplido.) Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514, 516 (1982).

Distinto a la situación de Hechos presente en el citado caso de Ramos, en el caso de autos nos enfrentamos con una situación en que tanto el empleado de confianza que ha sido cesanteado como el poder nominador, alegadamente, pertenecen a un mismo partido político. No obstante ello, ¿debe concedérsele a la autoridad nominadora en casos como el presente la oportunidad de presentar la prueba a la que se hace referencia en el caso de Ramos? Resolvemos en la afirmativa.

No tenemos la menor duda de que existen en el Gobierno de Puerto Rico innumerables puestos de confianza en rela-ción con los cuales intereses gubernamentales de vital im-portancia exigen que las personas que desempeñan esos cargos no sólo estén afiliados al mismo partido político al que pertenece la autoridad nominadora, sino que requieren que las actitudes, creencias, intereses y objetivos de esos empleados coincidan con aquellos de la autoridad nomina-dora. Se requiere que ello sea así debido a que, desafortu-nadamente, siempre existe la posibilidad de que un em-pleado desafecto —aun cuando nominalmente pertenezca al mismo partido político al que pertenece el poder nomi-nador— puede obstaculizar, al igual que un empleado de distinto partido, de tal forma la labor gubernamental como para poner en peligro la implantación de todo un programa de gobierno.

II I

Los restantes dos planteamientos de la parte recurrida, a saber, que la jurisdicción primaria para entender en el presente asunto corresponde al foro administrativo y que el caso se tornó en académico, son inmeritorios. En cuanto al primero de ellos, basta decir que la demanda radicada fue jurada y que en la misma se hace un plantea-miento constitucional claro basado el mismo en hechos pre-cisos que en nuestra opinión justifican la preterición del cauce administrativo. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983).

En relación con el segundo planteamiento esgrimido por la parte recurrida, debemos tener siempre presente que las Reglas de Procedimiento Civil deben ser interpretadas de modo tal que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo el proceso. A.T.P.R. v. Padín Santiago, 104 D.P.R. 426 (1975). En las alegaciones de su demanda, la parte demandante aludió constantemente al hecho de que mediante el traslado decretado lo que se pretendía era lograr su despido. De todas formas, nada se adelanta con desestimar la presente acción obligando así a la parte demandante a radicar una nueva demanda. No procede la desestimación definitiva de una demanda por dejar de exponer la misma hechos que justifiquen la concesión de un remedio si dicha demanda es susceptible de ser enmendada. Figueroa v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 122 (1963). No habiéndose radicado la contestación de la demanda, al amparo de las disposiciones de la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil de 1979, la parte recurrente, como cuestión de derecho, puede enmendar la misma.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto, se dicta sentencia en que se revoca la del honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, en el Caso Civil Núm. CS-83-f72 y se devuelve el caso al referido tribunal para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión. Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Díaz Cruz no intervinieron.

       Causada dicha controversia, según se alega en la demanda, por supuestas presiones indebidas que pretende ejercer el señor Valentín en relación con el desempeño del cargo por parte del señor Clemente González.

       La parte demandante recurrió ante este Tribunal mediante la radicación de un recurso de certiorari. Consideramos el mismo como uno de revisión, al haberse acudido en tiempo. Véanse: U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R. 512 (1974) y R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270 (1974).

       La parte recurrida aduce, en apoyo de su posición a los efectos de que la sentencia dictada debe ser confirmada, tres fundamentos: que habiéndose dejado sin efecto el traslado que motivó la radicación de la demanda y en vista de que la parte demandante no solicitó enmendar sus alegaciones, el asunto se tornó en académico; que la jurisdicción primaria para entender en el asunto corresponde al foro administrativo; y que el recurrente ocupaba un puesto de “confianza política” del poder nominador, por lo que el mismo es de libre remoción.

       Debe tenerse presente que estamos revisando una sentencia de archivo, dic-tada, como consecuencia de una moción de desestimación radicada por la parte demandada. Ello nos obliga, al igual que obligaba al tribunal de instancia, a acep-tar como ciertas las alegaciones contenidas en la demanda. Cervecería Corona, Inc. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 698, 701 (1971); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983).

       Art. II, Sec. 1 de la Constitución.

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2561-2562 (1951).

       En Branti, supra, el Supremo federal expresó que “si la Primera Enmienda protege a un empleado público de despido por lo que ha hablado, tam-bién debe protegerlo de separación basada en sus creencias. Bajo esta línea de análisis, a menos que el gobierno pueda demostrar un ‘interés superior de impor-tancia vital’ que requiera que las creencias privadas de la persona coincidan con la autoridad nominadora, sus creencias no pueden constituir la razón única para privarlo de continuidad en el empleo”. (Énfasis suplido.) (Citas omitidas.)


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Rosario Morales Vda. de Zayas y Otros, demandantes y recurrentes, v. Pepsi Cola Bottling Co. de Puerto Rico Inc., Autoridad de las Navieras de Puerto Rico, American International Ins. Co. of Puerto Rico, y The Travelers Ins. Co., demandadas y recurridas.

      Número: R-83-387

      Resuelto: 9 de noviembre de 1983

      Pedro Morell Corrada, abogado de los recurrentes; Iván M. Fer-nández, de Falcon & Fernández, abogado de la recurrida Pepsi Cola Bottling Co.; Amando Arias Guardiola, abogado de las recurridas Autoridad de las Navieras de Puerto Rico y The Travelers Insurance Company; Carlos Martínez Texidor, abo-gado de la recurrida American International Insurance Co.
   SENTENCIA

Concedimos a las demandadas recurridas término para que comparecieran a mostrar causa por la cual no debería-mos expedir el auto, revocar la sentencia desestimatoria y en su lugar ordenar la continuación de los procedimientos. Resolvemos.

HH

Conforme los hechos adjudicados por el tribunal, surge que el 9 de octubre, como a las 5:30 A.M., un Volkswagen conducido por Pablo Zayas en compañía de su cuñado Ángel Morales, impactó por la parte trasera un furgón que se encontraba estacionado en el carril derecho de una avenida. Zayas falleció y Morales sufrió graves daños físicos. El furgón estaba estacionado en la avenida Simón Madera, área industrial, en un lugar prohibido. No tenía refractores de luz, luces o señales que advirtieran su presencia.

Los familiares de Zayas y Morales demandaron a la pro-pietaria del furgón, Navieras de Puerto Rico, su asegura-dora Travelers Ins. Co., la Pepsi Cola Bottling Co. de P.R. -que utilizaba el furgOn- y a Gustavo Fernández Trucking, Inc. y su aseguradora, American International Ins. Co. Se desistiO en cuanto a estas ültimas dos.

En la vista, luego de que los demandantes presentaran su prueba, las demandadas pidieron la desestimaciOn bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. El tribunal accediO a base de que: no habia neblina y estaba comenzando a amanecer cuando ocurrió el accidente, era rutinario que los furgones estuvieran estacionados a lo largo de la avenida, Zayas y Morales utilizaban esa ruta alrededor de 3 veces por semana para ir al trabajo, las luces del Volkswagen estaban encendidas, habla alumbrado en la avenida, el furgOn era grande y sus dimensiones -35 pies de largo, 8 de ancho y 11 de alto- lo hacian visible. ConcluyO que Zayas no vio el furgOn y se le metiO debajo.

II

En una moción de desestimación el tribunal puede aqui-latar la prueba presentada por la parte demandante y hacer determinaciones de hecho según la credibilidad de dicha prueba. Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 D.P.R. 120, 121-122 (1971); Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416 (1966). La facultad de declarar con lugar una moción de desestimación debe estar precedida de un escrutinio cuida-doso y sereno de la prueba. Si hay duda es preferible que el demandado presente su caso. Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, supra, pág. 122; Irizarry v. A.F.F., supra, pág. 421.

En el caso de autos el tribunal de instancia erró al declarar con lugar dicha mociOn. Aunque ciertamente los hechos expuestos reflejan que Zayas fue negligente, ello no excluye la posibilidad de negligencia comparada. Las demandadas pudieron serb al estacionar ilegalmente el furgOn sin advertencias. Además, como cuestiOn de derecho incidiO dicho foro en el extremo de incorrectamente impu-tarle la negligencia del chofer -Zayas- al pasajero Morales sin cumplirse los requisitos exigidos en Acosta v. Crespo, 70 D.P.R. 239 (1949).

Se expide el auto y se dicta sentencia en que se revoca la del Tribunal Superior fechada 26 de julio de 1983. Se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí expuesto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente con opinión.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—0-

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El ser consistentes no es garantía de que resolvemos co-rrectamente, pero, por lo menos, representa en nuestra fun-ción de impartir justicia tranquilidad de espíritu.

En Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 113 D.P.R. 56, 57 (1982), expresamos, en lo pertinente, que:

La sentencia revisada no puede prevalecer. La cuestionada falta de luces en el vehículo estacionado no es signo de negli-gencia al darse en una amplia avenida con alumbrado público. Cf. Pueblo v. Vargas, 30 D.P.R. 513 (1922). Y aun entrando en grados de iluminación el caso se gobernaría por la norma de que la culpa del demandante absorbe totalmente la del demandado por la evidente desproporción entre culpas. Mas esta acción de daños encuentra su solución definitiva en la aplicación del principio de causa eficiente, la que por sí sola determinó las consecuencias lesivas por las que se pide resarcimiento. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 (1971); Muñoz v. R. Fabián & Co., 71 D.P.R. 485 (1950). Es patente e inevitable la conclusión de que la desviación del conductor demandante —disfrutando de la visibilidad pro-vista no sólo por el alumbrado de la avenida, sino por sus pro-pias luces— hacia el camión estacionado, constituyó la causa única, eficiente y productora del daño. Cf. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 697 (1979); Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982).

Entiendo que el citado razonamiento es aplicable al pre-sente caso por cuanto los hechos de ambos casos son prácti-camente idénticos. Es por ello que disiento.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Estella Toppel, demandante y recurrente, v. Milton Toppel, demandado y recurrido.

      Número: R-83-130

      Resuelto: 10 de noviembre de 1983

      Víctor M. Pons., Jr. y Mario L. Paniagua, de Sweeting, Pons, González & Cestero, abogados de la recurrente; David Rivé Rivera, abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso brinda la oportunidad de reexaminar dos de las cuestiones más discutidas en el derecho internacional privado: la norma conflictual que rige la distribución de los bienes al divorciarse los cónyuges y la regla aplicable cuando median en tal situación las circunstancias conocidas como “el conflicto móvil”.

1 — Los hechos.

Estella Webb, ciudadana británica residente en la ciudad de Nueva York, contrajo matrimonio el 19 de mayo de 1957 en esa ciudad con Milton Toppel, estadounidense residente en Nueva Jersey. Tras algunas semanas en Nueva York, la pareja se trasladó, en julio de 1957, a Puerto Rico donde permanecieron domiciliados hasta septiembre de 1970. En esta fecha el matrimonio se mudó a Nueva York, mas en agosto de 1975 el señor Toppel regresó a San Juan, donde ha residido hasta el presente.

Al contraer nupcias, el señor Toppel contaba con bienes ascendentes a $10,000. En Puerto Rico, a través de los supermercados Pueblo y empresas relacionadas, los esposos Toppel acumularon una fortuna considerable. Tan solo una minúscula parte de ésta es de naturaleza inmueble.

El 18 de agosto de 1981 la señora Toppel obtuvo senten-cia de divorcio en Puerto Rico. El 21 de diciembre de 1982, en sentencia separada, el Tribunal Superior resolvió que el matrimonio de los Toppel no estuvo nunca sujeto al régimen de la sociedad de gananciales, según establecido en nuestro Código Civil, pues, a su juicio, el régimen económico del matrimonio queda fijado definitivamente por la ley del varón al contraerlo. El tribunal concluyó a continuación que los bienes muebles le pertenecen al esposo, pero que los bienes inmuebles sitos en Puerto Rico deben distribuirse conforme al régimen ganancial puertorriqueño. La señora Toppel ha acudido en alzada ante este foro.

2-Normas conflictuales aplicables.

a) Ausencia de tratado o legislación sobre el asunto.

Nuestra primera tarea es determinar si el asunto que nos ocupa ha sido objeto de tratado, como ocurrió en Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329 (1982). Varios convenios —entre ellos el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889; el Código Bustamante de 1928; el Tratado de Montevideo de 1940; las convenciones de La Haya de 12 de junio de 1902, 17 de julio de 1905 y 14 de marzo de 1978— tratan aspectos del régimen matrimonial de bienes, pero no se han hecho aplicables a Puerto Rico.

Como segundo paso hay que dirigirse entonces a las reglas conflictuales de nuestro Código Civil. Su Art. 9 (31 L.P.R.A. sec. 9) expresa:

Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países extranjeros.

El Art. 10 (31 L.P.R.A. sec. 10) dispone:

Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos.

Por último, el Art. 1277 (31 L.P.R.A. see. 3561) provee:

Si el casamiento se contrajere en país extranjero, entre puertorriqueño y extranjera o extranjero y puertorriqueña, y nada declarasen o estipulasen los contratantes relativa-mente a sus bienes, se entenderá, cuando sea puertorriqueño el cónyuge varón, que se casa bajo el régimen de la sociedad de gananciales, y cuando fuere puertorriqueña la esposa, que se casa bajo el régimen del derecho común en el país del varón; todo sin perjuicio de lo establecido en este título respecto de los bienes inmuebles.

Si la interpretación de las leyes exigiese tan solo el análisis literal del texto, sin referencia a la realidad histórica y social que lo produjo, tal parecería que el Art. 10 o el 9 o una combinación de ambos gobierna el caso de autos. A poco que se indague la historia de estos artículos, equivalentes a los Arts. 9 y 10 del Código Civil español, se advertirá que las normas expuestas en ellos no se refieren al régimen matrimonial de bienes y, mucho menos, al problema del conflicto móvil.

El sentir general de los comentaristas es que, antes de la reforma de 1974, el Título Preliminar del Código Civil español no contenía ningún principio conflictual alusivo al caso del régimen matrimonial de bienes, aunque algunos estiman que el Art. 9 era aplicable. J. M. de Lasala Samper, El Régimen Matrimonial de Bienes, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, pág. 205; A. Miaja de la Muela, Derecho Internacional Privado, 9na ed. rev., Madrid, Ed. Atlas, 1982, T. 2, pág. 372; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y com-pilaciones forales, Jaén, Ed. Revista de Derecho Privado, 1978, T. 1, pág. 153; E. Pecourt García, Derecho Internacional Privado Español, Pamplona, Ed. Univ. de Navarra, 1976, Vol. I, pág. 135; J. Verplaetse, Derecho Internacional Privado, Madrid, Imp. Estades, 1954, págs. 412-413.

La única norma conflictual sobre la materia, según ese sentir, era la incompleta del Art. 1.325 del Código Civil español, equivalente a nuestro Art. 1277, antes transcrito. El Art. 1.325 no nos indica qué ocurre cuando se producen cambios en la nacionalidad, el domicilio o los intereses de los cónyuges. De Lasala Samper, op. cit, págs. 205-206. Nuestro Art. 1277 no es aplicable a este caso, de todos modos, porque no se trata aquí de casamiento en que uno de los cónyuges es puertorriqueño.

La naturaleza fragmentaria de las reglas conflictuales españolas legisladas es conocida. J. A. Carrillo Salcedo, en Comentarios a las reformas del Código Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1977, Vol. 1, pág. 401. Los Arts. 9 y 10 del Código Civil español cubrían una zona muy reducida. Veamos brevemente su origen e historia para precisar las fuerzas a que respondieron y la naturaleza de su alcance.

b) Historia de la doctrina estatutaria. Su inaplicabi-lidad a este caso.

Aunque las Siete Partidas contenían referencias al pro-blema del conflicto móvil —véanse la Partida IV, Título II, Ley 4 y la Partida IV, Título XI, Ley 24— las leyes de Par-tidas quedaron pronto sin efecto sobre este particular a par-tir de la recepción de la doctrina estatutaria, producto inicialmente de los glosadores. J. L. de los Mozos. Derecho Civil Español, Salamanca, Imp. Kadmos, 1977, T. 1, Vol. 1, pág. 735.

Los “estatutos” eran originalmente las leyes de las ciu-dades italianas, donde nació la doctrina que luego se exten-dería por Europa. La doctrina postulaba al comienzo que los estatutos eran de dos tipos: reales o personales —más tarde se añadiría una tercera clasificación, el estatuto mixto. El estatuto real regulaba las cosas, muebles o inmuebles, particularmente las segundas. El estatuto personal se refería a las personas, rigiéndolas dondequiera que fuesen. La creación del estatuto personal se explica por el renacimiento del derecho romano, con todo su prestigio, y el concepto de que éste representaba la ley común que acom-pañaba la persona. El desarrollo posterior de la idea de la nacionalidad alteraría el contenido de esa ley. El estatuto real se concibió como límite al estatuto personal. El feuda-lismo fue su razón de ser. Era imprescindible al bienestar del sistema que los bienes, en especial los inmuebles, se gobernasen por las leyes del territorio donde radicasen.

La doctrina de los estatutos generó innumerables ver-siones a través de los siglos, pero el dato esencial es que su contorno común obedece a las necesidades de una sociedad estática, de orden básicamente feudal. J. M. Trías de Bes, Derecho Internacional Privado, 2da ed., Madrid, Inst. Reus, 1935, pág. 18 y ss.; De Lasala Samper, op. cit., pág. 29 y ss. Sobre ella se ha escrito que fue “la predominante hasta el siglo XIX”, pero que és “[i]mprecisa para ser una doctrina orgánica e insuficiente para solucionar las cuestiones prácticas del Derecho internacional privado”. Trías de Bes, op. cit, pág. 24. “La doctrina científica actual”, afirma Manresa, “sin dejar de reconocer el enorme progreso que en su época supuso la teoría de los Estatutos para el desarrollo del Derecho internacional, la considera de todo punto inad-misible . . .”. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed., Madrid, Inst. Ed. Reus, 1956, T. 1, pág. 215.

No se cita lo anterior para que se descarten los Arts. 9 y 10 de nuestro Código Civil, todavía aplicables á muchas situaciones, sino para que no se extienda la arcaica doctrina estatutaria más allá de sus límites históricos.

Como hemos señalado antes, la teoría de los estatutos no se diseñó para resolver los conflictos de leyes en la zona del régimen de los bienes matrimoniales, fuese durante el matrimonio o al repartir éstos por razón de divorcio. Los Arts. 9 y 10 del Código Civil español, tal y como leían antes de la reforma de 1974, derivan de la doctrina estatutaria. El hecho de que el divorcio era desconocido en España para el tiempo en que se aprueba el Código Civil basta de por sí para demostrar que, al menos en cuanto a tal aspecto, esta-mos ante una laguna de la ley. El historial legislativo inme-diato, anterior y posterior, del Código Civil español de 1889 revela, de todos modos, la existencia y extensión de la la-guna. Está admitido que ni el proyecto de Código Civil de 1821, ni el de 1836, ni el de 1851, ni el de 1869 contenían reglas sobre los efectos patrimoniales del matrimonio o el divorcio. A. Marín López, en Comentarios a las reformas del Código Civil, supra, pág. 441. Desde temprano, no obstante, se propusieron artículos equivalentes a los Arts. 9 y 10 del Código de 1889. Véanse, por ejemplo, los Arts. 8 y 9 del proyecto de 1851, F. García Goyena, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, Madrid, Imp. Soc. Tipográfico-Editorial, 1852, T. 1, págs. 20-21, y los Arts. 10 a 12 del proyecto de 1869, 34 Rev. Gen. de Leg. y Jur. 383-384 (1869) (se reproduce aquí el texto completo del Título Preliminar y del Libro Primero propuestos).

Fue precisamente para llenar esta laguna que se enmendó en 1974 el Título Preliminar del Código Civil español para añadir, entre otros referentes a otros temas, el Art. 9.3, el cual dispone:

Las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, a falta o por insuficiencia de capitulaciones permitidas por la ley de cualquiera de ellos, se regirán por la misma ley que las rela-ciones personales. El cambio de nacionalidad no alterará el régimen económico matrimonial, salvo que así lo acuerden los cónyuges y no lo impida su nueva ley nacional.

Dada la inaplicabilidad de los Arts. 9 y 10 del Código Civil a las circunstancias de este caso, el Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 7, gobierna como en toda otra situación la formulación de la regla conflictual a aplicarse aquí, con-forme a equidad.

c) Normas utilizadas en otras jurisdicciones.

Tanto en el derecho civil como en el común existe gran variedad de puntos de vista sobre la solución más justa del problema ante nosotros. E. Rabel, The Conflict of Laws, 2da ed., Ann Arbor, Univ. of Michigan Law School, 1958, Vol. 1, pág. 353 y ss. Veamos las tendencias sobresalientes.

La solución española, representada por el Art. 9.3, recién citado, ha sido criticada severamente aun en la propia España. Carrillo Salcedo ha escrito, op. cit., pág. 409:

Lo primero que llama la atención es que a la altura de 1974 se haya mantenido una ordenación y distribución de materias de clara raíz estatutaria y no civilista, con lo que, en un momento en que los sistemas estatutarios son un recuerdo histórico —se diga lo que se quiera de su eventual reactuali-zación doctrinal — , la reforma española nace con un marcado signo de anacronismo. (Énfasis en el original.)

Miaja de la Muela, op. cit., pág. 376, expresa:

El criterio retenido por el legislador español, tanto respecto de la ley aplicable al régimen matrimonial legal como respecto de la solución del conflicto móvil, no responde a las tendencias más recientes de la codificación interna e interna-cional en la materia.

A continuación Miaja de la Muela expone su preferencia, en casos de nacionalidad mixta, por la ley del domicilio o resi-dencia habitual de los cónyuges, “conexión mucho más respetuosa con el principio de igualdad de los esposos . . .”. Respecto al conflicto móvil estima que los peligros de fraude a los derechos de uno de los cónyuges, entre otros factores, aconsejan la adopción de soluciones más matiza-das. Loe. cit. Para otras críticas igualmente severas de la reforma de 1974, véanse: Mozos, op. cit., pág. 738; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. 1, Vol. 1, págs. 655-656. A crítica análoga se expone el Art. 19 del Código Civil italiano de 1942 al establecer que las relaciones patrimoniales de los cónyuges se regulan por la ley nacional del marido al tiempo de la celebración del matrimonio, sin que el cambio subsiguiente de ciudadanía de los cónyuges pueda alterar el régimen incial. G. Balladore Pallieri, Diritto Internazionale Privato Italiano, Milán, Ed. Giuffré, 1974, pág. 203.

En lo que toca a las relaciones patrimoniales de los cónyuges, los países civilistas latinos no aplican general-mente el estatuto real, el cual retienen, de conformidad con sus orígenes y desarrollo, para otros fines. Rabel, op. cit., pág. 366; F. Andrade Pires de Lima e Joáo de Matos Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra, Ed. Coimbra, 1967, Vol. 1, págs. 43-45. Existe también la ten-dencia a no distinguir entre bienes muebles e inmuebles para el propósito que nos ocupa y a escoger una sola ley, a veces de aplicación compleja, para regir las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. I. García Velasco, Con-cepción del derecho internacional privado en el nuevo Código Civil portugués, Salamanca, 1971, pág. 44.

El desarrollo del derecho francés sobre la materia es de particular interés, dada su influencia inicial sobre el Código Civil español.

El Art. 3 del Código Civil francés dispone en parte, desde 1804 hasta el presente:

Los inmuebles, incluso los poseídos por extranjeros, se rigen por la ley francesa.
Las leyes relativas al estado y capacidad de las personas obligan a los franceses, aunque residan en país extranjero. (Traducción nuestra.)

Estos dos apartados del Art. 3 reflejan la doctrina estatuta-ria y constituyen los precedentes de los Arts. 9 y 10 del Código Civil español, con una diferencia importante. El Código Civil francés no fija una regla conflictual para los bienes muebles. La doctrina y la jurisprudencia pronto se ocuparon, no obstante, de aplicar el estatuto real tanto a bienes muebles como inmuebles. H. Batiffol y P. Lagarde, Droit International Privé, 7ma ed., París, Ed. Pichon y Durand-Auzias, 1981, T. 1, págs. 327-328; Code Civil 1982, París, Ed. Litec, comentarios, pág. 20.

La doctrina más favorecida finalmente en Francia, sin beneficio de legislación, fue la del centro, sede o localización de los intereses matrimoniales. La frase se remonta a sen-tencias del siglo diecinueve, G. Wiederkehr, Les Conflits de Lois en Matiére de Régime Matrimonial, París, Librairie Dalloz, 1967, pág. 158, pero en 1961 es que se le consagra finalmente por la Corte de Casación. Civil, 7 de noviembre de 1961, Revue Critique de Droit International Privé 1962.687, en nota de Batiffol; Wiederkehr, op. cit., pág. 157.

Tal doctrina funciona en ausencia de capitulaciones matrimoniales. Se aplica a todas las clases de bienes que compongan el patrimonio conyugal. La doctrina es distinta a la que convierte el domicilio o residencia habitual de los cónyuges en el factor determinante en todos los casos, teoría que todavía goza de influencia. La regla del centro de los intereses reconoce que el domicilio o residencia habitual representa un interés de peso considerable y, en muchos casos, aun decisivo, pero examina también la índole y for-taleza de otros lazos. Los intereses pecuniarios son también importantes. Hay que determinar, entre otros factores, si el domicilio se establece en forma definitiva o por duración relativamente larga; dónde está sita la residencia habitual, cuando se cuenta con casas en distintos lugares; dónde ra-dica el grueso de los intereses pecuniarios; dónde es que el matrimonio ha producido sus bienes. La solidez de los lazos se calcula usualmente en derecho francés en términos de duración. El fin de la norma es que los esposos se rijan por la ley que más se adapte a su situación particular. Wiederkehr, op. cit., págs. 155-168, 325-331.

En Canadá se ha considerado que el darle preeminencia a la ley domiciliar del marido al momento del matrimonio o tiempo después conflige con la política de emancipación e igualdad de la mujer. Se ha sostenido al efecto que, existan o no capitulaciones matrimoniales, el régimen matrimonial debe gobernarse por las leyes relativas a los contratos, debiendo prevalecer la ley conectada más sustancialmente con el contrato. J.-G. Castel, Canadian Conflict of Laws, Toronto, Ed. Butterworths, 1977, Vol. 2, págs. 414, 420.

La tendencia en Québec es a designar, para fines del conflicto móvil o modificación del régimen matrimonial, la ley del primer domicilio conyugal común o, en su defecto, la que gobierna el régimen matrimonial. Éste se determina por la doctrina del centro de gravedad de los intereses conyugales. Office de Révision du Code Civil, Rapport sur le Code Civil du Québec, Québec, 1977, Vol. 1, Arts. 21, 26, págs. 600-602; y el Vol. 2, T. 2 (Commentaires), págs. 993, 995. En Québec tampoco se distingue entre bienes muebles e inmuebles para los fines que nos ocupan. Para el resto de Canadá se ha sugerido la abolición de la antigua regla del derecho común sobre el particular. Castel, op. cit., pág. 420.

El derecho común inglés distinguía desde sus comienzos entre la propiedad real y la personal. Su segunda caracterís-tica consistía en la posición privilegiada en que se colocaba al marido respecto al patrimonio conyugal. El derecho común de los primeros tiempos —aún quedan importantes rezagos de desigualdad— le reconocía al varón la posesión y el uso de todos los bienes inmuebles de su esposa, fuesen adquiridos antes o después del matrimonio. Respecto a los bienes muebles, tangibles o intangibles, el varón adquiría la propiedad absoluta, aunque primero tenía que colocar bajo su posesión los intangibles. El derecho inglés fue evolucio-nando hacia el reconocimiento de intereses separados. H. Marsh, Marital Property in Conflict of Laws, Seattle, Univ. of Wash. Press, 1952, pág. 14. El derecho actual inglés tiende a utilizar la lex situs para determinar el dere-cho de los cónyuges a inmuebles, y la ley del domicilio con-yugal para regir el derecho a los bienes muebles, hayan sido adquiridos antes o después del matrimonio. Por “domicilio conyugal” se entiende, sin embargo, el domicilio del marido al ocurrir el matrimonio. Cuando hay un cambio subsi-guiente de domicilio rige la ley del nuevo domicilio, excepto en lo que atañe a los derechos adquiridos bajo la ley del domicilio anterior. Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 10ma ed., Londres, Ed. Stevens & Sons, 1980, Vol. 2, págs. 667-673.

En el derecho norteamericano se ha retenido, aunque bajo crítica crecientemente intensa, la distinción conflictual inglesa entre bienes muebles e inmuebles. En tiempos de Beale y la primera reformulación del derecho en este campo, las reglas reflejaban la teoría territorialista de Beale y su noción de los derechos adquiridos. Los derechos de los esposos sobre los inmuebles se gobernaban, en conse-cuencia, por la ley del lugar donde se hallaban. La ley del domicilio del marido al momento del matrimonio regía los intereses sobre los muebles adquiridos antes de su cele-bración y la ley del domicilio del cónyuge adquirente imperaba en el caso de los muebles obtenidos después. Restatement of the Law of Conflict of Laws, St. Paul, Minnesota, American Law Institute Publishers, 1934, Secs. 237, 238, 289 y 290.

Al aprobarse la segunda reformulación se mantuvo el dominio de la lex situs respecto a los inmuebles, con la excepción norteamericana impuesta por la teoría de la procedencia de los fondos. En lo que concierne a los muebles se adoptó una solución más flexible, comparable a la francesa. Los bienes muebles, existentes al tiempo del matrimonio o adquiridos después, se rigen por la ley del estado que tenga la relación más significativa con los espo-sos y los bienes. El peso mayor se le reconoce usualmente al estado donde estaban domiciliados los cónyuges al momento de adquirir el inmueble, en el caso de los bienes adquiridos después. Otros contactos dominantes son, como en el caso de cualquier otro contrato: las necesidades de los sistemas interestatal e internacional; las políticas pertinentes del foro; las políticas pertinentes de otros estados concernidos y su interés en la decisión del asunto; la protección de las expectativas justificadas de las partes; las políticas básicas que animan el campo del derecho concernido; la certeza, predecibilidad y uniformidad del resultado y la facilidad de aplicación de la ley resultante. Restatement, Second, Conflict of Laws Secs. 6, 233, 234, 257 y 258 (1971).

La posición del segundo Restatement sobre los inmuebles ha sido particularmente objeto de crítica, así como la supervivencia de la vieja distinción entre muebles e inmue-bles. Marsh, op. cit., pág. 110; R. Weintraub, Commentary on the Conflict of Laws, 2da ed., Mineóla, The Foundation Press, 1980, págs. 429-431; J. Sampson, Interstate Spouses, Interstate Property, and Divorce, 13 Tex. Tech L. Rev. 1285, 1313 et seq. (1982); R. Leflar, American Conflicts Law, 3ra ed., New York, Ed. Bobbs-Merrill Co., 1977, págs. 341-343; A. Ehrenzweig, A Treatise on the Conflict of Laws, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1962, págs. 648-649.

Es de advertir también que en Estados Unidos sólo que-dan tres estados en que se aplica el derecho común “puro” sobre esta materia (Mississippi, Virginia y West Virginia). La comunidad de los bienes conyugales se reconoce en ocho (Louisiana, Texas, New Mexico, Arizona, Nevada, California, Idaho y Washington). Sampson, op. cit., págs. 1324-1325. Para la debida protección de la mujer, además, se ha creado en algunos estados de la Unión Americana el con-cepto de la propiedad “cuasiganancial”. En California, por ejemplo, se dispone que será considerada “cuasiganancial” toda propiedad inmueble sita en el estado y toda propiedad mueble, dondequiera que se encuentre, adquirida por cualquier cónyuge no domiciliado en California, si es que la propiedad se consideraría ganancial de haberse adquirido por un residente de California. La propiedad cuasiganan-cial tiene que dividirse por igual entre los cónyuges en caso de divorcio, tal como si se tratase de bienes ganaciales. La constitucionalidad de esta legislación ha sido sostenida. Addison v. Addison, 399 P.2d 897 (1965). Véase: Comment, Marital Property and the Conflict of Laws: The Constitutionality of the “Quasi-Community Property” Legislation, 54 Calif. L. Rev. 252 (1966). Los tribunales de Nuevo Méjico han alcanzado el mismo propósito de igualdad entre los esposos sin necesidad de legislación. Comment, In-migration of Couples from Common Law Jurisdictions: Protecting the Wife at the dissolution of the Marriage, 9 N.M.L. Rev. 113 (1978-79).

El pensamiento norteamericano sobre el derecho inter-nacional privado ha evolucionado dramáticamente a partir de la época de Joseph Beale. Walter Wheeler Cook, Brain-erd Currie, Elliott Cheatham, Willis Reese, Maurice Rosenberg, Albert Ehrenzweig, David Cavers, Robert Leñar, Arthur Von Mehren, Donald Trautman y Russell Wein-traub, entre otros, han rechazado la doctrina territo-rialista de Beale, con su corolario teórico de los derechos adquiridos, y han estructurado nuevas teorías. Por regla general se ha abandonado, por ineficaz e injusta, la búsque-da de un solo factor como clave para la solución de proble-mas multiestatales. Se reconoce, en distintas formas, la necesidad de enfocar muchos de los problemas en este campo a través del análisis funcional de los diversos valores que afectan cada tipo de situación. En este sentido se observa una tendencia del derecho común y del civil a confluir en ciertos puntos. La teoría de los contactos domi-nantes es en extremo parecida, por ejemplo, a la del centro de intereses. Es posible estructurar, a la luz de lo anterior, una serie de principios generales que, entre otros, servirán para atender situaciones como la presente.

d) Definición de las normas.

Ia Las doctrinas conflictuales, como tantas otras, generalmente responden, en mayor o menor medida, a las corrientes sociales e ideológicas de la época en que se gene-ran, aunque tienden a sobrevivir a veces la realidad que las produjo.

2a La teoría estatutaria es ejemplo de esa supervi-vencia injustificada, especialmente cuando se pretende aplicarla a situaciones para las cuales no se diseñó, tales como los efectos patrimoniales del casamiento y el divorcio, dentro o fuera del conflicto móvil.

3a No existe justificación histórica o actual para el tratamiento distinto en casos como el presente de los bienes, muebles o inmuebles, que compongan el patrimonio conyugal. Tal justificación puede existir en otros contextos.

4 a Debe distinguirse entre diferentes situaciones con-flictuales, aun dentro del mismo campo. Los valores envuel-tos en situaciones distintas o aun superficialmente similares son numerosos y la relación entre ellos varía a menudo. La certeza y la predecibilidad son valores de gran peso, pero están necesariamente subordinandos a los de la justicia. En materia de conflictos de leyes se ha dicho que la simplifi-cación excesiva representa el método más certero de con-vertir un problema difícil en uno insoluble.

5a El derecho internacional privado es una disciplina que se rige en Puerto Rico, en ausencia de tratado, por el Código Civil, pero las reglas conflictuales contenidas en éste son de índole tan fragmentaria que hay que apelar muchas veces a los principios generales del derecho. Las técnicas del derecho comparado ayudan usualmente a la identificación de esos principios.

En consecuencia sentamos las siguientes reglas:

Ia Los efectos del matrimonio y el divorcio sobre el régimen de los bienes conyugales presentan problemas conflictuales propios, cuya solución no debe encomendarse a la doctrina estatutaria.

2a Aun dentro del campo reducido a que hace referencia la regla anterior, los principios que aquí se reseñan regirán tan solo la relación ínter vivos de los cónyuges entre sí. No se hace aquí expresión alguna sobre las reglas aplicables cuando el pleito es entre terceros acreedores y los cónyuges o cualquiera de ellos. Tampoco sobre problemas sucesorios.

3a La unicidad del patrimonio matrimonial, abru-madoramente favorecida por los países civilistas, consti-tuirá también la regla puertorriqueña. El reciente Conve-nio de La Haya sobre regímenes matrimoniales reitera la norma de la unicidad. El propio relator del segundo Restatement, Willis Reese, apoyó, en nombre de Estados Uni-dos, el borrador del Convenio. W. Reese, The Thirteenth Session of the Hague Conference, 25 Am. J. Comp. L. 393 (1977).

4a Se adopta la doctrina del centro de lo^ intereses matrimoniales, con los refinamientos que aporta el pensa-miento norteamericano sobre los contactos dominantes en el caso de los bienes muebles y otros ajustes que se despren-den de lo que sigue.

5a Toda regla conflictual —fenómeno frecuente en el derecho— encierra el peligro de convertirse en pura norma mecánica. De ahí que su propósito cardinal no deba nunca perderse de vista. La razón de ser en Puerto Rico de la doctrina del centro de los intereses matrimoniales estriba en la necesidad de lograr la igualdad entre los esposos y proteger a la mujer, por tantos siglos marginada, contra posible manipulación de las normas, y otras injusticias. La evaluación de los intereses se hará en cada caso con tal objetivo en mente. Más adelante se discute la relación entre ese propósito y nuestro ordenamiento jurídico.

6a Entre los intereses privados y públicos a examinarse se cuentan: el domicilio o residencia habitual de los cónyuges, factor que merecerá especial consideración; la localización principal de los intereses pecuniarios, en términos mayormente del centro de sus inversiones e ingresos activos y no de sus entradas pasivas; la localización de sus lazos afectivos; la duración de su residencia en distintos lugares, la fortaleza de los lazos creados en esos sitios; la nacionalidad de las partes; las necesidades de los sistemas interestatal e internacional; las políticas pertinentes del foro; las políticas pertinentes de otros estados afectados y su interés en la decisión del asunto; la protección de las expec-tativas justificadas de las partes; las políticas básicas que animan el campo concernido; la predecibilidad y unifor-midad del resultado en situaciones análogas; la protección de la parte más débil; y la aplicación, conforme a Leflar, de la regla más justa.

7a Los mismos intereses ayudarán al análisis del con-flicto móvil, aunque su peso relativo puede cambiar con-forme a las circunstancias. Adoptamos al respecto la regla de la mutabilidad limitada. La variante representada por el Art. 7 del convenio de La Haya merecerá especial consideración. En .cuanto a la diferencia entre las teorías de la inmutabilidad, la mutabilidad completa y la limitada, véanse: Marsh, op. cit., pág. 103 et seq.; Castle, op. cit. pág. 424; Rabel, op. cit., pág. 380 et seq. La mutabilidad limitada reconoce que puede haber un cambio de régimen, en ausen-cia de capitulaciones matrimoniales, si es que median cier-tas circunstancias que cambien el centro de gravedad del matrimonio.

S-Aplicación al caso de las normas establecidas.

Los esposos Toppel, aunque de ciudadanía diversa, establecen verdaderamente su primer domicilio conyugal en Puerto Rico. Recién casados en Nueva York, se trasladan a esta isla a las pocas semanas. Llegan con poco dinero. Aquí conviven desde 1957 hasta 1970. Aquí se produce su fortuna. Aquí nacen sus hijos. Aquí tienen ambos su resi-dencia habitual hasta que resuelven habitar en Nueva York. Aquí regresa el señor Toppel a vivir desde 1975 hasta la fecha del divorcio en 1981. Aquí trabaja mayormente el señor Toppel desde 1957 hasta el divorcio. El grueso de los ingresos conyugales derivó del esfuerzo realizado en Puerto Rico. No hay indicio en autos de intención conyugal de cor-tar sus fuertes lazos sociales, afectivos y económicos con Puerto Rico al trasladarse a Estados Unidos o expectación real y legítima mutua de cambiar en virtud de tal acto el régimen matrimonial a otra ley que no fuese la puertorri-queña. Es inescapable concluir ante estas circunstancias que el centro de gravedad del matrimonio fue Puerto Rico.

Examinemos, no obstante, los otros factores enumerados para determinar si ellos contrarrestan en conjunto la conclusión preliminar expresada. Veremos que, por el contrario, la refuerzan. En lo que respecta a las políticas pertinentes del foro, Puerto Rico tiene una fuerte política en favor de proteger a la mujer y de equiparar la esposa al esposo. El Art. II, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico expresa en parte que “Todos los hombres [léase ‘seres humanos’] son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de . . . sexo . . .”. Numerosas leyes se han aprobado al amparo de esta legislación. Véanse, entre muchas otras, la Ley Núm. 20 de 5 de agosto de 1975, enmendadora de la Núm. 3 de 13 de marzo de 1942 (29 L.P.R.A. sec. 467), sobre el período de descanso para las obreras en estado grávido; la Ley Núm. 58 de 22 de junio de 1975 (29 L.P.R.A. sec. 146) y la Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1311) contra el discrimen por razón de sexo en el trabajo y el servicio público; la Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976 (31 L.P.R.A. sec. 284) para decretar la coadministración por ambos cónyuges de la sociedad legal de gananciales; la Ley Núm. 111 de 2 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. sec. 283) para disponer que los cónyuges decidan, por mutuo acuerdo, dónde establecer el domicilio y residen-cia en la consecución de los mejores intereses de la familia; la Ley Núm. 84 de 30 de mayo de 1976 (31 L.P.R.A. secs. 342-344) que equipara a los cónyuges en las medidas provi-sionales durante el procedimiento de divorcio o nulidad de matrimonio; la Ley Núm. 112 de 2 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. sec. 343) que le reconoce al marido los mismos derechos que a la mujer respecto a la pensión alimenticia; la Ley Núm. 109 de 2 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. sec. 282) que equipara a los cónyuges en lo que toca a la obligación de protegerse y satisfacer sus necesidades mutuamente. Con-súltense también nuestras decisiones en Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); González v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 804 (1969); Milán Rodriguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518 (1972); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70 (1982).

La existencia en el foro de una política pública de tal vigor no significa que todo matrimonio residente o que haya residido en Puerto Rico, no importa las circunstancias, queda sometido, en ausencia de capitulaciones, al régimen legal de la sociedad de gananciales. Cada caso tendrá que examinarse a la luz de sus circunstancias particulares. La existencia de tal política reforzará necesariamente, sin embargo, el principio de igualdad entre los esposos cuando la conexión con este foro sea, como aquí, sólida y dominante.

Respecto a las necesidades de los sistemas interestatal o internacional, no hay nada en los principios expuestos que las ofenda. En cuanto al sistema interestatal, hemos visto que California y Nuevo Méjico, entre otros estados, le extienden a la mujer a través del concepto de propiedad cuasiganancial aun mayor protección que la que le brinda su sistema de comunidad de bienes. La regla del centro de intereses que hemos reconocido es, además, esencialmente análoga a la de los contactos dominantes, adoptada por el Restatement para los bienes muebles poseídos por el matri-monio. Green Giant Co. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 489 (1975) (opinión del J. Torres Rigual). En lo que respecta al sistema internacional, el principio motor de la igualdad del ser humano es parte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Si examinamos el interés de otros estados en la decisión de este asunto difícilmente puede argumentarse que Nueva York tenga lazos más estrechos que Puerto Rico con el matrimonio en este pleito. Los contactos con Puerto Rico, ya analizados, son claramente dominantes.

Los otros .factores relacionados anteriormente tampoco logran, según se desprende de autos, inclinar la balanza hacia el otro lado. ¿En dónde radica la justicia, en casos como el presente, de extraer del caudal matrimonial los bienes muebles para sujetarlos a un régimen distinto al prevaleciente en el lugar con vínculos más estrechos con el matrimonio?

Respecto al problema del conflicto móvil, no puede decirse que el domicilio conyugal estuvo localizado inicial-mente en Nueva York. Consta en autos que aun antes de la boda se anunció que la pareja residiría en Puerto Rico. En lo que toca al traslado a Nueva YoXk en 1970, lo que ocurre a todas luces es, a lo sumo, un cambiq de residencia o domi-cilio, lo cual no basta necesariamente liara alterar de por sí el centro de los intereses matrimoniales, conforme los fac-tores que hemos analizado. Si se atiende únicamente la regla un tanto rígida del Convenio de La Haya, antes ci-tada, tampoco se dan en este caso las circunstancias que permitan concluir que hubo un cambio en la ley que gover-naba el régimen matrimonial. El establecimiento en 1970 de un posible domicilio conyugal en Nueva York fue por un término demasiado corto para poder resolver, dentro de las circunstancias específicas de este caso, que hubo un cambio de régimen matrimonial.

Se revocará en consecuencia la sentencia recurrida. El patrimonio matrimonial está sujeto al régimen puertorri-queño de sociedad legal de gananciales. Tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles, tangibles o intangibles, adquiridos durante el matrimonio se distribuirán conforme a las normas que rigen la liquidación de tal género de sociedad.

La conclusión alcanzada afecta el resultado o, a veces, el razonamiento tan solo de algunas decisiones nuestras. Quedan afectadas especialmente las de Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688 (1943); Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615 (1968); y Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970). Se les revoca en cuanto sean incompatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

       El término “conflicto móvil” se utiliza en esta opinión para designar aque-llos casos en que ha habido cambios en el domicilio conyugal o del centro de inte-reses del matrimonio.

       Respecto al Art. 10 existen diferencias entre losados códigos que no son pertinentes a este caso. En 1902, Puerto Rico omitió las referencias en el Código Civil español a las sucesiones legítimas y a las testamentarias y a la situación de los sometidos al fuero de Vizcaya.

       El Art. 7 dispone:
      “The law applicable under the Convention continues to apply so long as the spouses have not designated a different applicable law and notwithstanding any change of their nationality or habitual residence.
      “Nonetheless, if the spouses have neither designated the applicable law nor concluded a marriage contract, the internal law of the State in which they both have their habitual residence shall become applicable, in place of the law previously applicable—
      “1 when that habitual residence is established in that State, if the nationality of that State is their common nationality, or otherwise from the moment they become nationals of that State, or
      “2 when, after the marriage, that habitual residence has endured for a period of not less than ten years, or
      “3 when that habitual residence is established in cases when the matrimonial property regime was subject to the law of the State of the common nationality solely by virtue of sub-paragraph 3 of the second paragraph of Article 4.”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Martín Crespo Pérez et al., demandantes y recurridos, v. Hato Rey Psychiatric Hospital, Inc., demandado y recurrente.

      Número: R-83-193

      Resuelto: 16 de noviembre de 1983

      Jaime Otero, abogado del recurrente; Neftalí Fuster González, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso versa sobre la última paradoja sicológica de un semejante: el suicidio. Con ese acto lamentable, el deseo de autodestrucción prevalece sobre el instinto vital y universal de conservación. La dificultad de anticiparlo y prevenirlo se pone de manifiesto en función a la gama de factores variables e individuales que intervienen. “El suici-dio, como todo acto humano, es la resultante de factores endógenos y exógenos: si el predominio es de los primeros, de ello se podrá tener idea a través de la anamnesis, de la conducta anterior, del diagnóstico de los médicos que lo asistieron, del concepto de parientes y amigos que compar-tieron con el suicida hábitos de vida, y del desarrollo de la enfermedad que lo llevó a la muerte.

Si, por el contrario, el influjo de los factores exógenos ha sido preponderante, el conocimiento de ese influjo, rela-cionado con la personalidad del individuo, nos dirá si esos factores podían tener un poder trastornador tan terrible.” E. Altavilla, Sicología Judicial, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1970, Vol. II, pág. 716.

I

Miguel Crespo Pérez, de 34 años y divorciado, fue ingre-sado por primera vez en el Hato Rey Psychiatric Hospital por su madre la Sra. Marta Pérez Ayala y su hermana Elba para tratamiento siquiátrico el 24 de febrero de 1981. Su comportamiento extravagante y agresivo lo había tornado inmanejable para sus familiares. Desde el 1974 tenía un his-torial de paciente de clínica externa y diez hospitalizaciones previas en el hospital siquiátrico del Estado. A pesar de que en estas ocasiones anteriores había dado innumerables pro-blemas, llegando incluso a fugarse, su anterior récord médico refleja que nunca había mostrado tendencias suicidas.

Admitido a análisis iniciales, el examen mental demos-tró que estaba desorganizado, oía voces, tenía ideas de referencia y persecución, que mostraba desorden afectivo y estaba deprimido. Reveló tener ideas homicidas, pero no manifestó ni demostró tener instintos suicidas. Del récord médico surge que en esa ocasión no pudo realizarse un examen sicológico debido a su falta de cooperación. Se le diagnosticó tentativamente esquizofrenia crónica. Sus fami-liares informaron de sus hospitalizaciones anteriores. No hicieron advertencia sobre posibles inclinaciones hacia el suicidio.

Una vez ingresado, fue referido a un pabellón de custodia bajo los efectos de medicamentos. Cinco (5) días más tarde evidenció una discreta mejoría y fue transferido a un pabellón abierto. Allí permaneció durante diez (10) días hasta que el 12 de marzo fue devuelto al pabellón de custo-dia al agredir con sus puños a otro paciente. En total, estuvo hospitalizado por 69 días. Durante ese período fue exami-nado en once (11) ocasiones por cuatro facultativos distintos. Era descrito como totalmente desorganizado, con alucina-ciones, en regresión de la realidad, y continuamente sicó: tico, concluyéndose que no podía ser cuidado en su hogar. Los intentos para efectuar el examen sicológico fueron infructuosos.

El 3 de mayo de 1981, a las 12:50 de la madrugada, Miguel Crespo Pérez fue hallado muerto. Estaba colgando por el cuello de una sábana amarrada a una ventana del comedor del pabellón SB3. Se certificó que la causa de su fallecimiento había sido asfixia por estrangulación (suicidio).

Por estos hechos sus familiares presentaron demanda. El tribunal de instancia, mediante sentencia parcial, con-cluyó que el hospital había sido negligente al no tomar me-didas para prevenir el suicidio. Dejó pendiente la evaluación de los daños. A solicitud de la institución, mediante trámite de mostrar causa, revisamos.

II

Nuestro derecho vigente exige que los hospitales ejerzan el cuidado y las medidas previsoras que un hombre prudente y razonable desplegaría ante determinadas cir-cunstancias y que ofrezcan la atención médica requerida. Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1037-1038 (1960); Soc. de Gananciales, Etc. v. Presbyterian Hospital, 88 D.P.R. 391, 399 (1963); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197, 213 (1978). Para determinar cuál ha de ser esta atención, puede servir de índice la práctica generalmente reconocida por la propia profesión médica. Cf. Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973). La responsabilidad no es absoluta. El hospital no tiene la obligación de prever todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad del paciente. Sólo aquellos riesgos que con algún grado de probabilidad serían previstos por un hombre prudente y razonable. Hernández v. La Capital, supra.

Respecto a las instituciones mentales, la norma establecida es que responden por negligencia si han omitido adoptar las medidas para prevenir el suicidio de un paciente, a pesar de haber conocido sus tendencias suicidas. Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947); Pietrucha v. Grant Hospital, 447 F.2d 1029 (7th Cir. 1971); Herold v. State, 224 N.Y.S.2d 369 (1962); Collins v. State, 258 N.Y.S.2d 938 (1965); Vistica v. Presbyterian Hospital and Medical Center, 62 Cal. Rptr. 577 (1967); A. Holder, Medical Malpractice Law, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1975, pág. 117; D. Dawidoff, The Malpractice of Psychiatrists, Illinois, C. C. Thomas, Publisher, 1973, pág. 129 et seq.; Shapiro y Zimerly, Current Medicolegal Issues in Psychiatry, publicado en C. Wecht, Legal Medicine Manual: 1977, New York, Appleton-Century-Crofts, 1977, págs. 327, 336; Annot., Lia bility of Mental Care Facility for Suicide of Patient or Former Patient, 19 A.L.R.4th 7 (1983), Sec. 3 y casos allí citados.

Igual conclusión se impone, aun cuando el hospital las hubiera ignorado, si tal desconocimiento se ha debido a su omisión en llevar a cabo los exámenes correspondientes para realizar un diagnóstico adecuado. Batista v. Juliá, 71 D.P.R. 823 (1950); Hignite’s Adm’x v. Louisville Neuropathic Sanitorium, 4 S.W.2d 407 (1928); V. Schwartz, Civil Liability for Causing Suicide: A Synthesis of Law and Psychiatry, 24 Vand. L. Rev. 217, 249 (1971). Por otro lado, no existe responsabilidad si el paciente nunca antes había dado indicios de una disposición suicida y el hospital o los facultativos no han podido detectarlos. Rawdin v. Long Island Home, Ltd., 251 N.Y.S.2d 756 (1964); Schwartz v. United States, 226 F.Supp. 84 (1964); Dalton v. State, 308 N.Y.S.2d 441 (1970). Dawidoff, op. cit, pág. 132; Holder, op. cit, pág. 117; Liability for a Patient’s Suicide, 215 JAMA 1879 (1971); Liability of Mental Care Facility, supra, Sec. 5 y casos allí citados.

III

En el caso de autos, las partes estipularon que el paciente Crespo Pérez no había manifestado tendencias sui-cidas durante sus hospitalizaciones anteriores ni dürante el período en que estuvo recluido en el hospital demandado. El récord médico apoya esencialmente esta estipulación. No obstante, el tribunal de instancia determinó negligencia fundado exclusivamente en que no se le hicieron los exámenes sicológicos y, además, padecía de esquizofrenia crónica. Ante ambas circunstancias, razonó que el hospital venía obligado a prever la posibilidad de un suicidio. Erró.

Los tribunales no podemos abstraemos del estado actual y desarrollo de la siquiatría contemporánea. La ciencia médica reconoce, y así también este foro, lo complejo y enigmático del problema que representa predecir un sui-cidio. “Es una de las causas de defunción más frecuentes y como tal plantea un grave problema de salud pública.” E. M. Brooke, El suicidio y los intentos de suicidio, Ginebra, Ed. OMS, 1976, pág. 15. En los Estados Unidos y otros países desarrollados es la décima causa de muerte. C. Miles, Conditions Predisposing to Suicide: A Review, 154 J. Nervous and Mental Disease 231 (1977); R. Tilleard-Cole, The Fundamentals of Psychological Medicine, Lancaster, England, Medical and Technical Publishing Co. Ltd., 1975, pág. 223. Según las estadísticas anuales del Departamento de Salud en Puerto Rico, para el afio 1982 se produjeron 300 suicidios. En general, consúltese, R. Cavan, Suicide, New York, Russell & Russell, 1965. Como acto voluntario, es susceptible de ser cometido tanto por personas en buen juicio como por enfermos mentales. Es unánime el parecer de que resulta verdaderamente difícil frustrar el propósito de un suicida determinado.

A pesar de los innumerables estudios llevados a cabo en diversas épocas, todavía la comunidad médica no ha podido precisar un prototipo definido del suicida. Se apunta la “necesidad de un mayor rigor en el diseño de los estudios y más satisfacción en los análisis estadísticos”. N. Farberow et al., Suicide Prevention in the 70’s, Resink & Hathorne eds., 1973, pág. 45. Aun así, como criterio empírico, las esta-dísticas revelan varios factores que pueden estar asociados a un suicida en potencia y han dado margen a diversas teo-rías. Así, se reconoce mayor incidencia de suicidios en hombres que mujeres, en una proporción que oscila de 2, 3 ó 4 a 1. 3 Lawyer’s Medical Cyclopedia (Rev. Vol.) Sec. 17.13(b), Supl. 1980; Cavan, op. cit, pág. 306. Otro factor es la edad. Se observa un número sustancial de suicidios a medida que las personas avanzan en años. Tilleard-Cole, op. cit., pág. 223; D. O. Topp, The Stepping-Stones to Current Knowledge on Suicide, 11 Medicine Science and the Law 131 (1971); Cavan, op. cit, pág. 310. Además, factores tales como desempleo, divorcio, drogas o alcoholismo, pueden influir en la decisión de una persona de terminar su vida. Cavan, op. cit., pág. 317 et seq.; Topp, op. cit., pág. 134.

Respecto a la incidencia de suicidios entre pacientes de instituciones mentales, las investigaciones han establecido que existe una relación entre cierto tipo de padecimientos y desórdenes y la posibilidad de que el paciente posea instin-tos suicidas. En particular, se observa que un número considerable de pacientes que sufren de desórdenes afectivos y de depresión terminan suicidándose. Borg & Stahl, Prediction of Suicide, reportado en Acta Psychiatrica Scandina-vica, Vol. 65, Munksgard, Copenhagen, 1982, págs. 221-232. Un dato curioso es que en casos de pacientes deprimidos el peligro de suicidio es mayor cuando el paciente ha superado la crisis de su depresión y empieza a mostrar mejoría. W. Curran et al., Modern Legal Medicine, Psychiatry and Forensic Science, Philadelphia, F. A. Davis Co., 1980, pág. 180; A. Roy, Risk Factors for Suicide in Psychiatric Patients, 39 Arch. Gen. Psychiatry 1089, 1094 (1982); 12 Am. Jur. Proof of Facts 133-134 (1962).

Otro grupo estadísticamente propenso al suicidio lo cons-tituyen los esquizofrénicos. Los estudios reportan una inci-dencia de aproximadamente 10%. Miles, op. cit., pág. 236; Roy, op. cit., págs. 1089, 1093. La más alta proporción está asociada a las etapas incipientes de la enfermedad. Miles, op. cit., pág. 240. La incidencia “no es tan alta como parece, si tomamos en cuenta que la mayoría de pacientes crónicos hospitalizados son esquizofrénicos”. Arrieti, Interpretation of Schizophrenia, 2da ed., New York, Basic Book Inc., 1974, pág. 309. Este reputado autor expone que las estadísticas no son confiables debido a la multiplicidad de variantes en-vueltas, tales somo la severidad de la vigilancia en el hospital; la política sobre disponer admisiones y dar de alta; y la diferencia entre los que son tratados en una institución y en la comunidad. Id.

La literatura consultada nos mueve a consignar una aclaración. A pesar de que los estudios han logrado correla-cionar de manera estadística los factores señalados con un posible suicidio, repetimos, la ciencia moderna todavía no ha conseguido definir un prototipo suicida que permita esclarecer todos los fenómenos y misterios de la mente, y así anticipar un suicidio con alguna exactitud. Miles, op. cit., pág. 231; N. Farberow, A Suicide Prediction Schedule for Neuropsychiatric Hospital Patients, 158 J. Nervous and Mv... Disease 408 (1974). Ante esta realidad, ¿cuál debe ser la norma judicial para fines de responsabilidad? Los adelantos logrados más bien implican que la presencia o ausencia de los factores mencionados exigirá del facultativo y hospital, mayor o menor agresividad en su diagnóstico y tratamiento. En ausencia de un hallazgo positivo de que el paciente tiene instintos suicidas, o desconociéndose un diagnóstico que arroje esa posibilidad, necesariamente, no se requiere que se le brinde una vigilancia constante para evitar ese desenlace. Según las autoridades, el único factor que inequívocamente establece la posibilidad de ese curso de acción son las propias manifestaciones del paciente de que desea terminar con su vida, o más aún, una previa ten-tativa de suicidio. Roy, op. cit., pág. 1093; A. Beisser y J. Blanchette, A Study of Suicides in a Mental Hospital, 22 Disease of the Nervous System Núm. 7, pág. 365 (1961); 3 Lawyer’s Medical Cyclopedia Sec. 17.13b(A); A. Brooks, Law, Psychiatry and the Mental Health System, 4ta ed., Boston, Massachusetts, Little, Brown and Co., 1974, pág. 707; Liability for a Patient’s Suicide, 215 JAMA 1879 (1971).

Estos dos indicadores de suicidas potenciales han de con-jugarse con las nuevas técnicas y teorías preferidas por los siquiatras, tendentes a lograr una pronta mejoría a través de los variados tratamientos disponibles y una política de “puertas abiertas”. “Un aumento en la liberalidad de la forma en que se tratan los pacientes hospitalizados, la práctica de psicoterapia y el uso extenso de las drogas tera-péuticas, con rápido alivio de los síntomas, aumenta indi-rectamente la posibilidad del suicidio — riesgo aumentado que tiene que aceptarse en el contexto más amplio de todos los beneficios que se obtienen con el tratamiento moderno.” (Énfasis suplido.) Arrieti, op. cit. Mediante la política “de puertas abiertas” se evita aislar al paciente de la sociedad lo menos posible, de acuerdo con la premisa reconocida de que tal incomunicación es adversa a su probable curación. En la práctica, esto significa que los médicos muchas veces se ven confrontados con el dilema de decidir retornar al paciente a un ambiente de condiciones más normales, aun corriéndose el riesgo de que no pueda adaptarse y recurra a la alterna-tiva del suicidio. Los estudios reflejan que a través de este enfoque se ha logrado curar un mayor número de pacientes, pero también ha aumentado la incidencia de suicidios. Holder, op. cit., págs. 117-118; Schwartz, op. cit., págs. 249-250; Dawidoff, op. cit, pág. 129; 12 Am. Jur. Proof of Facts 132-133. Arrieti, al citar el estudio de Bleur comenta: “Cree que la vigilancia a que están sujetos los pacientes de esqui-zofrenia les ‘despierta, aumenta y mantiene el deseo sui-cida’.” Y añade, “Solo en casos excepcionales algunos de nuestros pacientes se suicidarían si les permitiéramos obrar como quisieran. Y aun cuando unos cuantos más se suicidan, ¿justifica ello que torturemos y agravemos la enfermedad de cientos más de ellos?” Op. cit. Ello se debe a que, con apoyo en la ciencia, se ha dicho que es muy difícil impedir el suicidio de quien realmente se lo propone. Broussard v. State Through Div. of Hosp., 356 So. 2d 94 (1978), cert. den. 358 So. 2d 639 (1978); Hartman v. Memorial Hosp. of So. Bend, 380 N.E.2d 583 (1978). La indisponibilidad de otros medios causantes de daño, explica el alto número de suici-dios por estrangulación o ahorcamiento (90%). “Todo parece indicar que la necesidad del paciente matarse a sí mismo es más importante que el simbolismo del método seleccionado. La intensidad del deseo de morir es dramática en los pa-cientes hospitalizados, quienes privados de venenos, instru-mentos cortantes, armas de fuego, y hasta de cordones de zapatos o cinturones, recurren a sus camisas para ahor-carse.” Beisser y Blanchette, op. cit., pág. 368.

En resumen, en casos como el de autos en que no existe historial previo de intento de autodestrucción, la responsabilidad del hospital tiene, necesariamente, que depender de la razonabilidad del diagnóstico realizado por el facultativo y de si ese. diagnóstico conlleva que se descarte o no la posibilidad de que el paciente pueda suicidarse y la adecuacidad del tratamiento y medidas adoptadas para evitar tan trágico fin. Véase, Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983). Esta determinación judicial sólo puede llevarse a cabo a la luz de los factores enunciados y demás circunstancias particulares envueltas.

IV

La responsabilidad de Hato Rey Psychiatric Hospital, la fundó el foro de instancia en que no se le hicieron exámenes sicológicos a Crespo Pérez al momento de su admisión y en que era un esquizofrénico.

El hospital argumenta que es debatible si este tipo de examen es eficaz para predecir un posible suicidio. Cierta-mente, las autoridades no han podido establecer y desarro-llar estos exámenes como un método preciso de predicción. C. Thomas et al., A Prospective Study of the Rorschachs of Suicides: The Predictive Potential of Pathological Content, 132 Johns Hopkins Medical J. 334 (1973); Farberow, op. cit., pág. 408.

En su sentencia, el tribunal de origen prestó particular énfasis a nuestra decisión de Batista v. Juliá, supra. Allí impusimos responsabilidad al hospital por el suicidio de un paciente mental. Sin embargo, en ese caso se trataba de uno recién recluido, que tenía conocidas tendencias suicidas pre-vias, además de que el hospital no le hizo el examen de ingreso correspondiente.

La situación del presente caso es claramente distingui-ble. Aquí, no existía ese historial. Se llevaron a cabo los exámenes correspondientes de ingreso, los cuales no arro-jaron que el paciente tuviera esas tendencias al suicidio. El único examen que no se hizo fue el sicológico. Hemos visto que la confiabilidad de sus resultados dependía de la recopi-lación de datos e información que directamente brindara el propio paciente, y de su ulterior análisis. En las ocasiones en que se intentó, no fue posible realizarlo, debido a su falta de cooperación y pobre condición mental.

Notamos que su muerte no ocurrió a los pocos días del ingreso al hospital, sino después de transcurridos más de dos meses. Para entonces, el paciente había sido observado diariamente y entrevistado en once (11) ocasiones por dis-tintos médicos. Durante la evolución de los síntomas, en momento alguno hizo gestos, verbalizó o incurrió en acto específico que comunicara la idea de que se proponía suici-darse. Ninguno de los galenos la detectó. Tampoco las enfermeras y personal paramédico.

Excluida la ausencia del examen sicológico inicial como fundamento de responsabilidad, el hecho de que el paciente padeciera de esquizofrenia crónica, por sí solo no es sufi-ciente para validar la decisión del tribunal de instancia. “La sintomatología de la esquizofrenia asume numerosas y amplias formas clínicas.” Arrieti, op. cit., pág. 30. Tradicio-nalmente, se clasifican en cuatro grupos básicos: la para-noide, hebefrénica, catatónica y simple. La Asociación Americana de Psiquiatría, diferencia, además, los siguientes tipos: latente, residual, psico-afectiva, de niñez y de tipo crónico no diferenciado. Id., pág. 34. Presumiendo que la proporción de diez por ciento (10%) de suicidios asociados con esta enfermedad imponga al hospital y sus facultativos prestar particular atención a la posibilidad de que el paciente tuviera deseos suicidas, así fue hecho. El récord clínico —cuya autenticidad e integridad no ha sido cues-tionada— contiene varias observaciones específicas, indica-tivas de una total ausencia de signos hacia esa morbosa inclinación.

Ante este trasfondo fáctico particular, resolvemos que el hospital demandado no incurrió en mala práctica institu-cional ni profesional que genere responsabilidad.

Se dictará la correspondiente sentencia en que se declare sin lugar la demanda.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asocia-do Señor Rebollo López concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz se inhibió.

       Estos hechos esencialmente fueron estipulados por las partes. Sin embargo, un examen meticuloso del récord del Centro Médico demuestra que el 25 de julio de 1979 un médico no identificado, entre trece instrucciones, consignó la siguiente: “Vigilancia estrecha (instintos suicidas).” Aparte de esta referencia aislada y pa-sajera no existe en el voluminoso récord de casi trescientas páginas, otra indica-ción expresa sobre la existencia de tendencias suicidas en el paciente, a pesar de que el mismo fue tratado por numerosos facultativos durante sus diez hospitaliza-ciones. Entendemos, por lo tanto, que la misma no es suficiente para establecer de manera incontrovertible la existencia de esta disposición en el paciente.

       Véanse entre otros, W. Curran et al., Modern Legal Medicine, Psychiatry, and Forensic Science, Philadelphia, F. A. Davis Co., 1980, pág. 176 et seg C. Miles, Conditions Predisposing to Suicide: A Review, 164 J. Nervous and Mental Disease 231 (1977); N. Farberow et al., A Suicide Prediction Schedule for Neuropsychiatric Hospital Patients, 158 J. Nervous and Mental Disease 408 (1974); A. Pokorny, Suicide Rates in Various Phychiatric Disorders, 139 J. Nervous and Mental Disease 499 (1964); A. Roy, Risk Factors for Suicide in Psychiatric Patients, 39 Arch. Gen. Psychiatry 1089 (1982); M. Tsuang, Suicide in Schizophrenics, Maníes, Depressives, and Surgical Controls, 35 Arch. Gen. Psychiatry 153 (1978).

       Un estudio realizado por el Dr. Norman Farberow y otros, estableció que el 91% de los pacientes que cometieron suicidio lo habían intentado antes. Véase, N. Farberow et al., Case History and Hospitalization Factors in Suicides of Neuropsychiatric Hospital Patients, 142 J. Nervous and Mental Disease 32 (1966).