author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José Luis Lebrón González, acusado y apelante.

      Número: CR-80-45

      Resuelto: 3 de junio de 1982

      Raymond Cátala Fonfrías, abogado del apelante; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En el caso de autos, luego de una ponderada reflexión del proceso y las normas legales, sólo se hace cumplida jus-ticia confirmando las sentencias apeladas. Así damos vir-tualidad al pensamiento moral, místico y jurídico de que “La justicia ... es el único amigo que acompaña al hombre después de la muerte; todo lo demás perece con el cuerpo”.

El Ministerio Fiscal acusó a José Luis Lebrón González (c/p Tito Camaro) de asesinato en primer grado e infrac-ciones de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, por la muerte de Jorge Rivera León el 12 de marzo de 1979, en la Ave. Rexach, Bo. Obrero, Santurce. Un Jurado en proceso ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Luis R. Ape-llániz, J.), rindió veredictos de culpabilidad por mayoría de 9 a 3. Fue sentenciado de manera concurrente a reclusión perpetua por el asesinato y a una pena de tres (3) a cinco (5) años de presidio por el Art. 8.

No conforme apela y discute diez errores. A los fines de evaluarlos apropiadamente es menester exponer los antece-dentes tácticos y procesales que sirven de trasfondo al proceso, según la Exposición Narrativa de la Prueba y demás constancias reflejadas por los autos.

Antecedentes

El 18 de octubre de 1978, como a las 8:00 p.m., en la Avenida Rexach de Barrio Obrero, Santurce, fue asesinado a balazos José González De Jesús. Meses después, el 12 de enero de 1979, el ciudadano Jorge Rivera León prestó de-claración jurada que incriminaba al apelante Lebrón Gon-zález y a Joaquín Lugo Mercado, en virtud de la cual se determinó causa probable y se ordenó el arresto de ambos por los delitos de asesinato en primer grado e infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Éstos fueron arrestados, prestaron fianza y salieron en libertad provisional. La vista preliminar se señaló para el 13 de marzo. No pudo cele-brarse. La noche previa el testigo Rivera León fue muerto de un disparo en la región temporal izquierda del cráneo.

El asesinato del único testigo ocular logró su propósito. Los casos pendientes contra Lebrón González y Lugo Mercado por la muerte de José González De Jesús fueron final-mente archivados por carecer el Ministerio Público de prue-ba adicional suficiente para sostenerlos.

Así las cosas, el 14 de marzo de 1979 —previa entrevista con los agentes del Negociado de Investigaciones Crimi-nales (NIC) Jorge Muñiz y José Santiago Esquilín— la joven Grissette González Ortiz (c/p Jessica) declaró bajo juramento en la Fiscalía de San Juan. Reprodujo su testi-monio ante un Magistrado de la Sala de Investigaciones de San Juan, quien determinó causa probable contra Lebrón González por haber participado, en unión a otros dos indivi-duos no identificados, en la muerte del testigo Jorge Rivera León. Se ordenó y fue arrestado por el delito de Asesinato en Primer Grado e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. La vista preliminar no pudo celebrarse original-mente en ninguna de las fechas señaladas, ya que la única testigo Grissette González Ortiz había abandonado la juris-dicción. Posteriormente regresó. El caso fue reactivado y la vista preliminar se celebró el 6 de diciembre de 1979. Opor-tunamente nos referiremos en detalle a la misma. Se deter-minó causa probable contra Lebrón González. Después de la lectura de las acusaciones la defensa notificó su propósito de presentar la defensa y prueba de coartada. El caso fue objeto de otros trámites hasta que finalmente comenzó el proceso de selección del Jurado el jueves 29 de mayo, con-tinuó el viernes, el lunes 2 de junio y finalizó el día 3.

En la mañana del 2 de junio de 1980 la prensa del país publicó a grandes titulares el asesinato y hallazgo del cadáver de la única testigo del caso, Grissette González Ortiz. La defensa solicitó la disolución del Jurado y aplaza-miento de la vista, a lo cual se negó el tribunal. La publi-cidad continuó durante el proceso y los planteamientos reproducidos fueron denegados. Tras varios días de prueba, se produjo el veredicto y las sentencias apeladas. Discu-timos los errores.

HH

Publicidad del Juicio

Incidió el honorable tribunal a quo al denegar la solicitud de la defensa de disolución del jurado constituido a raíz del asesinato de la testigo Grissette González Ortiz ocurrido antes de que comenzara el desfile de prueba violando así el derecho del acusado a un juicio imparcial y justo libre de prejuicio.
Así mismo incidió el tribunal a quo al denegar las solici-tudes de disolución del jurado repetidamente y durante el tiempo que duró todo el proceso como resultado del exceso de publicidad de la prensa local en relación a la muerte de la testigo ya antes mencionada.
Así mismo incidió el tribunal a quo al negarse a la petición de la defensa de secuestrar el jurado a fines de evitar el impacto de la publicidad en ellos, violando así el derecho cons-titucional del acusado a un juicio imparcial y justo libre de prejuicio.

Siguiendo la metodología de las partes, analizaremos conjuntamente los tres primeros señalamientos de error.

Como denominador común el apelante Lebrón González plantea que la publicidad adversa de la prensa sobre su caso —comenzada supuestamente una semana antes del jui-cio por razón de una vista celebrada para entender en una moción de aumento de fianza promovida por el Ministerio Fiscal, y declarada sin lugar— constituyó “una campaña de publicidad inflamatoria”, masiva y sensacionalista. Ésta se produjo diariamente y no se refería a las incidencias del proceso, lo que a su juicio “pudo haber producido un ‘Lavado Cerebrar’ [sic] o una acción refleja del principio de Pablov [sie] en la mente del juzgador, pues lo publicado no atinaba [s¿c] a lo que sucedía en el Tribunal pero relacio-naba [szc] constantemente”. Nos argumenta que el tribunal de instancia debió corregir y subsanar los daños de esa “publicidad adversa”, ya fuera mediante la suspensión de los procedimientos por un término razonable o la incomuni-cación del Jurado. Admite que el tribunal en todo momento apercibió al Jurado de “que no habrían de formar un juicio prematuro de [su] inocencia o culpabilidad” y que “Consis-ten teniente y a preguntas del Tribunal el Jurado en pleno manifestaba en la negativa no [sic] haber ni escuchado, ni leído nada sobre el caso”.

No tiene razón. En el conflicto que surge entre el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial basado en la prueba desfilada en el recinto judicial y no en influencias extrañas, y el derecho fundamental de la prensa a publicar lo que ocurre en los tribunales, se han elaborado guías objetivas que permiten que coexistan armoniosamente ambos derechos. La doctrina reconoce que la simple publicación de noticias sobre un proceso judicial no violenta per se el derecho constitucional de un acusado, sobre quien recae el peso de la prueba para demostrar afirmativa y satisfactoriamente que las mismas fueron de tal naturaleza, impacto y exposición que le han privado de un juicio ante Jurado imparcial. Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 908 (1969). Lo contrario inhibiría el que fueran encausados acusados de gran notoriedad o casos revestidos de interés público en una sociedad democrática —que se caracteriza por el libre flujo de ideas y noticias— limitándose el derecho del ciudadano a la información. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). Únicamente mediante una prohibición absoluta que interfiera con el derecho de la prensa a publicar noticias de interés general podría lograrse ese fin. Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976). Lo expuesto cobra particular énfasis en nuestro país en “donde el territorio es reducido y la población compacta, servida por medios de comunicación y difusión de eficacia máxima, sería imposible formar un jurado totalmente ignorante y desconocedor. ... La justicia no puede por tanto depender de la ignorancia, sino de la integridad de los jurados y de la firmeza de su compromiso de resolver guiados únicamente por la prueba que se presente en juicio”. Pueblo v. Tursi, 105 D.P.R. 717, 720 (1977). Aun así, la misma doctrina admite la probabilidad de perjuicio “cuando la publicidad es parcializada, inflamatoria, derogativa o tan intensa que pueda razonablemente inferirse una atmósfera de pasión contra el acusado”. Pueblo v. Pérez Santaliz, supra pág. 15.

En el caso de autos el apelante alega que la publicidad adversa: (1) comenzó una semana antes de iniciarse el jui-cio, cuando el Ministerio Público solicitó un aumento en la fianza; (2) debió producir la disolución del Jurado y la sus-pensión del proceso a raíz del asesinato de la única testigo de cargo, Grissette González Ortiz; y (3) fue leída por el Jurado en contravención de las instrucciones específicas del tribunal, tal y como se deduce de la interlocución del presi-dente de ese cuerpo al referirse al testimonio de “Jessica” —en ocasión de solicitar que se leyera nuevamente su decla-ración— pues alegadamente ese apodo sólo se mencionaba en la prensa.

En cuanto a los dos primeros aspectos, incidentes sobre aumento de fianza y el asesinato de la testigo ocular, nota-mos que ambos acaecieron antes de que se seleccionara, juramentara y se constituyera definitivamente el panel de jurados el día 3 de junio de 1980. Ciertamente, durante la desinsaculación del Jurado, el apelante tuvo amplia oportu-nidad de examinarlos. Curiosamente, salvo la solicitud for-mulada en términos generales de disolverlo, no cuestionó allí —como tampoco ante este foro— prejuicio alguno especí-fico en la capacidad e integridad de los miembros indivi-duales para juzgarlo justamente.

Respecto a la referencia del presidente del Jurado al apodo de “Jessica”, independientemente de que es especula-tivo derivar sobre ese detalle una conclusión absoluta de que el Jurado leyera a diario reseñas de periódicos o estu-viera incapacitado para adjudicar con ecuanimidad, ese apodo había sido mencionado por el testigo de cargo, el agente José Santiago Esquilín, quien en el directo se refirió a Grissette González como “la joven llama[da] Jessica”. (E.N.P., pág. 9.)

Lo anterior bastaría para disponer de los señalamientos. Ahora bien, en nuestra misión de juzgar rectamente todo caso, hemos realizado un pausado y minucioso análisis de las noticias de la prensa del país sometidas en evidencia por la defensa durante el proceso en apoyo de sus solicitudes de suspensión y disolución del Jurado los días 3, 6 y 11 de junio de 1980. El mismo refleja lo siguiente en cuanto a fecha, periódico, página, titular, síntesis, y recoge nuestra aprecia-ción objetiva de su contenido.

Domingo 25 de mayo de 1980: El Mundo, pág. 4-A, “Juez Halla Sin Lugar Petición de Aumentar Fianza a Acusado”. La noticia relaciona fielmente las incidencias y dictamen del Juez Daniel López Pritchard, que declara sin lugar el aumento a un millón de dólares solicitado por el Ministerio Fiscal en la fianza contra el acusado. Reseña correctamente los planteamientos de las partes. No lo consideramos parcia-lizado, inflamatorio ni derogatorio.

Martes 3 de junio de 1980: El Mundo, pág. 5-B, “Ultiman a Balazos Testigo Estrella en Caso de Asesinato”. Se informa el comienzo del proceso contra el acusado, la muerte violenta de la testigo Grissette González Ortiz y el incidente previo de la negativa judicial a aumentar la fianza. El Vocero, págs. 1 y 3, “Buscan Autores Crimen Jessica — Era Testigo contra Tito Camaro”. Expone las ges-tiones de los agentes del NIC para buscar pistas del asesi-nato de la víctima Jessica, testigo contra el acusado, se informa sobre la vista anterior en que se deniega el aumento de la fianza, y que la Policía la había estado prote-giendo, pero que ella, una semana antes rehusó continuar protegida, salió rumbo a Arecibo, fue interceptada y ejecu-tada por desconocidos. El Nuevo Día, (no surge la página), “En Cerro Gordo, Policía Identifica Muchacha Asesinada”. Expresa el hallazgo del cadáver de Jessica, testigo principal contra el acusado, sus supuestas últimas palabras, dónde fue descubierto, heridas del cadáver, y su partici-pación en el caso. Ninguna de estas noticias las considera-mos inflamatorias, parcializadas ni derogatorias.

Miércoles U de junio de 1980: The San Juan Star, pág. 7, “Slain Murder — Trial Witness May Still be Heard”. Expone el asesinato, sitio y heridas de Jessica, su condición de única testigo contra el acusado, el incidente y la negativa de aumento de fianza, la protección que recibía de la Policía y su partida voluntaria, y la opinión del Supervisor del NIC, Jorge Núñez, de que su muerte —sospechosamente reali-zada para eliminar su testimonio en el caso contra el acu-sado— no afectaría la continuación del proceso, pues su tes-timonio prestado en la vista preliminar a base de una enmienda reciente en la Ley de Evidencia podía utilizarse por primera vez en Puerto Rico. Determinamos que salvo la expresión especulativa —aunque no carente de alguna lógica— de que el asesinato estuviera motivado para remo-verla como testigo, la noticia relaciona fielmente los hechos, el proceso y las alternativas forenses.

Jueves 5 de junio de 1980: El Mundo, pág. 8, Editorial, “Imperdonable Falla de la Policía”. Se critica a la Policía por no haberle prestado adecuada protección y no evitar su muerte. Específicamente se consigna que ella era “testigo estrella en el caso de homicidio que se sigue contra un noto-rio delincuente” y que el asunto deja “la impresión de impo-tencia ante la poderosa mano del hampa que vuelven a dejar las Autoridades”. Salvo la referencia a “notorio delin-cuente” y “poderosa mano del hampa” —expresiones que tienden a sugerir que el acusado se benefició con su muerte— el editorial está dirigido contra la Policía. La expresión “notorio delincuente” es derogatoria. El Vocero, págs. 3 y 59, “Sin Pista en Crimen de Jessica”. Se dá cuenta del sepelio de la testigo ejecutada, su condición de ser “tes-tigo estrella” contra el acusado; que su muerte se produjo un día antes de iniciarse el proceso; que ella había dado a las autoridades una amplia declaración; que se le había provisto protección; que la investigación estaba estancada sin lograrse la más mínima pista no obstante haberse entrevistado más de 30 testigos. El Mundo, pág. 9-B, “Tribunal Decidirá si Acepta Testimonio Occisa de Evidencia”. Expone la “batalla legal” sobre si el testimonio prestado por Jessica en la Vista Preliminar es admisible o no, y relaciona las incidencias y posiciones legales de los abogados sobre este extremo.

Lunes 9 de junio de 1980: El Vocero, pág. 3, “NIE Inves-tiga Crimen Jessica”. Consigna que el Negociado de Inves-tigaciones Especiales del Departamento de Justicia (NIE) ocupó los revólveres de reglamento del personal de la Sec-ción de Homicidios y Delitos Sexuales del NIC para examen de balística; que podría pronto esclarecerse el crimen; que la acción causó disgustos entre el personal; y que ella figu-raba como testigo estrella contra el acusado por “hechos que presuntamente presenció”. El Nuevo Día, pág. 6, “Retienen Armas a Agentes del NIC”. Relaciona la investigación de balística de armas de los agentes; que la víctima era testigo estrella contra el acusado. Se consigna que “el hombre contra quien ella debió declarar, ‘Tito Camaro’, ha sido investi-gado, o se le ha conectado con más de media docena de asesi-natos, pero las acusaciones nunca han progresado debido a que los testigos en su contra también han muerto de bala. Uno de los primeros crímenes en que fue acusado Tito Camaro correspondió al de un norteamericano, que según el pliego acusatorio entonces murió a tiros cuando se negó a discuplarse [sic\ por pisarle un pie a ‘Camaro’ ”. En la me-dida en que la noticia expone un historial de asociación delictiva del acusado y la muerte de testigos y de un nor-teamericano, ciertamente la noticia es inflamatoria y nociva. El Mundo, pág. 5-A, “NIE Busca Nuevos Ángulos Caso Asesinato Testigo Principal Crimen”. Informa gestiones del NIE para esclarecer el crimen de testigo principal “por el cual se está juzgando a un sospechoso”; que se recogieron revólveres a personal del NIC y de la Sección de Delitos Sexuales; que la autopsia reveló que tenía tres meses de embarazo; que ella temía por su vida; que se le proveyó pro-tección; dónde y cómo fue hallado su cadáver; que el juicio contra el acusado comenzó la semana pasada y que los fis-cales cuentan con su declaración previa y los abogados de la defensa la objetan.

Miércoles 11 de junio de 1980: El Nuevo Día, pág. 12, “Declararán 50 Policías Por la Muerte de Jessica”. Rela-ciona que ante el NIC, como parte de la investigación, han sido citados como 50 agentes; que ella “figuraba como tes-tigo estrella en una investigación que se sigue relacionada con un crimen que se le imputa a José Luis Lebrón Gon-zález, conocido por ‘Tito Camaro’. ‘Camaro’ ha sido investi-gado, o acusado, por más de media docena de asesinatos”. Informa la muerte, protección, embarazo de Jessica, y ter-mina señalando que empleados de la Cámara de Represen-tantes fueron también citados con “relación con la desapa-rición de tres revólveres de la Oficina, propiedad de la Cámara”. Con excepción de la referencia a que el acusado ha sido investigativamente vinculado o acusado de varios asesi-natos, la noticia no contiene material irritante. El Vocero, págs. 1 y 3, “Crimen de Jessica a Punto de Esclarecerse”. Consigna el esfuerzo de las autoridades por aclarar su ase-sinato, la investigación de 50 miembros de la Policía, dónde fue hallado el cadáver; contra quién declararía; datos sobre los objetos encontrados en el lugar del crimen y la presencia de un auto sospechoso y sus tres meses de embarazo. El Mundo, págs. 1 y 16-A, “Investigan Varios Agentes en Relación a un Asesinato”. Da cuenta sobre que el NIE investiga la posibilidad de que un agente del NIC esté invo-lucrado en la muerte de Jessica; su condición de testigo estrella; expone las razones para la investigación; que estaba bajo protección policíaca y embarazada. The San Juan Star, pág. 6, “Slain Girl to ‘Testify’ in Trial of Man Charged in Slaying of Other Witness”. Informa que el Juez Luis R. Apellániz decidió admitir la declaración jurada de Jessica en la causa contra el acusado sobre su objeción y que apelaría al Tribunal Supremo; que ella estaba bajo protec-ción, rehusó continuar protegida y fue asesinada; y que estaba embarazada. La noticia relaciona con razonable exactitud los incidentes y planteamientos de derecho de los abogados y Fiscal, y que el NIC continúa investigando.

Jueves 12 de junio de 1980: El Mundo, pág. 15-D, “Ma-drastra Cuestiona Tardanza de la Policía Informar Muerte Hijastra”. Informe de la queja de la Sra. Tomasa Borrero, madrastra de Jessica, por la tardanza de la Policía en noti-ficarle su muerte (tres días); que se enteró por la prensa; que hay algo sospechoso y el Gobernador debe exigirle al Superintendente de la Policía que lo aclare; que hace unos años compró una póliza de vida para Grissette; que se entrevistó con personal del NIC y visitó el Instituto de Medicina Forense; que ha sufrido por su muerte; que la occisa era buena e inteligente; que la investigación con-tinúa, y que no se obtuvo comentario sobre el resultado del examen balístico realizado a las armas de 87 agentes del NIC. El Vocero, pág. 4, “Madrastra de Jessica Gestiona Cobro Seguro $5 Mil”. Expone la reacción de la madrastra al enterarse de la muerte de Jessica; que visitó el Cuartel de la Policía para gestionar la documentación necesaria rela-cionada con el seguro; que se enteró de la noticia por la pren-sa; lo angustiada que estaba; y que la muerte se produjo un día antes de que Jessica compareciera al juicio contra el acusado como testigo estrella. El Nuevo Día, pág. 22, “La Madrastra de Jessica le Advirtió el Peligro”. Describe la reacción de la madrastra ante la noticia de la muerte en ocasión de visitar las oficinas del NIC; su queja de que no le informaron antes; que tenía la intención de sacar un seguro de vida; que Jessica abandonó la casa durante un año más o menos.

Martes 17 de junio de 1980: El Vocero, pág. 4, “Madras-tra Niega Jessica Tuviese Seguro de Vida”. Expone que la madrastra lo aclaró en su visita a la redacción de ese rota-tivo, pues estaba confundida en cuanto a que existiera un seguro de vida.

De las noticias relacionadas, varias observaciones se imponen. Primero, salvo las instancias aisladas que hemos subrayado, las abundantes reseñas y noticias periodísticas no son ni cuantitativa ni sustancialmente parcializadas, de carácter inflamatorio o derogatorio, de suerte que nos permitan razonablemente sostener la existencia de una con-tinuada “atmósfera de pasión contra el acusado” que no fuera susceptible de ser contrarrestada con las constantes y precisas instrucciones que el tribunal sentenciador adoptó. Segundo, la información publicada tenía como tema central el misterioso asesinato de la principal testigo en su contra, aun cuando estaba bajo protección de la Policía. Con carác-ter incidental hacía mención al proceso seguido en contra del apelante. Tercero, la expresión de su condición “de tes-tigo estrella”, es una realidad que representa más bien una adjetivación de la prensa. No es derogatoria. Cuarto, la forma en que su cadáver fue descubierto, las heridas y demás circunstancias reflejan una información fiel, asequi-ble al público, del trágico suceso. Quinto, la relación previa de estas reseñas ilustra su carácter repetitivo, pero no ofen-sivo. Sexto, la situación particular de que el crimen ocurre en el momento en que se juzgaba al apelante del asesinato de otro testigo ocular de otro caso —ambos relacionados con él mismo— es una coincidencia fáctica que naturalmente atraía la atención de la prensa del país. Séptimo, la novedad que planteaba el debate forense sobre la aplicación de nuevos principios evidenciarios en torno a la admisibilidad de un testimonio ofrecido en otra vista, en unión a la inves-tigación de que era objeto la propia Policía por el asesinato de una testigo bajo protección especial, fueron circunstan-cias que imprimieron al asesinato gran interés público. Y octavo, todos los artículos, en la medida que describen fiel-mente los incidentes del juicio, son correctos. Las expre-siones aisladas adversas fueron la excepción.

Recapitulando, del examen expuesto surge que la noticia del juicio se mantuvo en los periódicos del país, pero girando sobre el hecho incuestionable de la muerte violenta de Jessica, única testigo ocular contra el apelante en el caso por asesinato de otro testigo. A poco que reflexionamos nos percatamos de que esos hechos —muerte, condición de “tes-tigo estrella”, la acusación de asesinato previa contra el ape-lante archivada por falta de prueba (muerte del otro tes-tigo)— eran elementos de prueba que forzosamente ven-drían —como vinieron— a la atención del Jurado como parte normal de la evidencia y del proceso judicial. Difícil-mente, por no decir imposible, podían ellos juzgar en su perspectiva integral los méritos de la acusación sin conocer-los. La única información derogatoria —asociar al apelante Lebrón González con un historial delictivo e identificarlo como “notorio delincuente”— no era razón suficiente para disolver el Jurado. Las advertencias continuas del tribunal al Jurado eran remedios correctivos apropiados. Pretender inmunizar a los jurados del ambiente que les rodea es humanamente imposible. “El derecho crece y se consolida desechando ficciones y afincándose en la realidad.” Pueblo v. Pérez Santaliz, supra, pág. 23. La realidad de los hechos y proceso narrados por la prensa del país, la fidelidad sustan-cial a los sucesos del crimen y las intervenciones y adver-tencias del tribunal, no nos permiten coincidir con el ape-lante. El ejercicio de la libertad informativa por la prensa no corrompió el proceso ni constituyó una masiva campaña de publicidad hostil.

Tampoco procedía la suspensión indefinida ni la alter-nativa del secuestro o incomunicación del Jurado. Las noti-cias en cuestión no se referían única y exclusivamente al hecho concreto del asesinato y hallazgo del cadáver de la testigo de cargo Grissette González Ortiz, sino que versaba sobre la evolución de los acontecimientos e investigación que estaba realizando el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia sobre la adecuacidad de la protección policiaca. Tomamos conoci-miento judicial de que estas gestiones y el interés de la pren-sa se extendieron meses después de haber concluido el jui-cio. Claramente la suspensión indefinida de los procedi-mientos, ante esa realidad, no hubiese tenido el resultado deseado. Respecto al secuestro del Jurado no nos ha demos-trado que, en vista del carácter de las noticias, ello fuera una alternativa aconsejable que superara —debido al factor tiempo— cualesquier otros efectos negativos que pudiera esa medida generar en contra de su causa por razón de una “reacción sicológica” adversa del Jurado. Véase Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 320 (1977).

M HH I — I

Aplicabilidad de la Regla de Evidencia

Que el tribunal cometió error al admitir prueba sobre el tes-timonio de una testigo ausente al amparo de la Regla 64 de las de Evidencia.

El apelante cuestiona la decisión del tribunal de instan-cia de admitir en el juicio el testimonio de la testigo asesi-nada, Grissette González Ortiz (Jessica), según ofrecido durante la vista preliminar del caso y perpetuado en las notas taquigráficas tomadas por una fiscal asistente. Argu-menta que las nuevas Reglas de Evidencia de 1979 no esta-ban vigentes para la fecha de los hechos y, por ende, su aplicación es inconstitucional por violentar la prohibición contenida en nuestra Constitución sobre leyes ex post facto. Art. II, Sec. 12. Sostiene que de haberse aplicado la Ley de Evidencia derogada, “la posición del acusado hubiera sido más ventajosa y el resultado del proceso probablemente hubiera sido distinto”. Expone que esa prueba sobre testi-monio fue basada en “los recuerdos imprecisos de los ofi-ciales del Tribunal que actuaron en la vista preliminar y en unas notas taquigráficas tomadas por el Fiscal asistente de parte del tes[ti]monio de la testigo ausente”. Finalmente aduce que el contrainterrogatorio que se realiza en una vista preliminar no es de la misma naturaleza y extensión que el del juicio en los méritos. No tiene razón. Nos expli-camos.

La Regla 83 de las actuales Reglas de Evidencia expre-samente dispone que regirán desde el 1ro de octubre de 1979 “y se aplicarán a todos los procedimientos o acciones iniciados en o después de esa fecha”. Se establece “que un juicio comienza con la presentación de juramento del primer testigo o cuando se admite en evidencia el primer exhibit”. En el caso de autos, el juicio comenzó el 6 de junio de 1980 con la presentación del primer testigo del Ministerio Público, el patólogo doctor Sorvill. A esa fecha, y desde el 1ro de octubre de 1979, estaban vigentes las nuevas Reglas de Evidencia.

Ahora bien, en la medida en que la prohibición constitucional sobre leyes ex post facto sólo cobra virtualidad si conlleva que evidenciariamente se requiera menos prueba que la exigida por la ley al momento de la comisión del delito para castigar al acusado —en las dimensiones constitucionales de la presunción de inocencia, la garantía de que se pruebe la culpabilidad más allá de duda razonable y el derecho a juicio por Jurado, Fernández v. Rivera, Jefe del Presidio, 70 D.P.R. 900, 903 (1950)— o que “en relación con el delito o sus consecuencias, [se] altere la situación del acusado en forma desfavorable para él”, Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 539, 545 (1961), no estando presentes estas situaciones en el caso de autos, es inaplicable la cláusula sobre leyes ex post facto.

El testimonio de Jessica era válidamente admisible bajo las disposiciones del derogado Art. 397 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1678, según lo habíamos resuelto en Pueblo v. Rosado Alvarado, 89 D.P.R. 875, 881 (1964). Bajo ese artículo, al igual que bajo la Regla 64 de Evidencia, el testimonio de un testigo no disponible, que hubiese fallecido, o se hallare fuera de la jurisdicción, o estuviere imposibilitado para testificar, prestado en una causa anterior entre las mismas partes, y referente al mismo asunto, era admisible.

La Regla 64(B)(1) de las Reglas de Evidencia de 1979 reitera esa norma ampliándola al eliminar la restricción de que el testimonio anterior tiene que haber sido prestado en una causa entre las mismas partes, sujeto a que dicho tes-timonio anterior sea ofrecido ahora contra quien en aquella ocasión previa ofreció dicho testimonio para su beneficio o tuvo en esa ocasión oportunidad de contrainterrogar al de-clarante con un interés y motivo similar al que tiene ahora en la vista.

En resumen, la situación del apelante bajo la Regla 64(B)(1) no alteró ni afectó la norma evidenciaría prevale-ciente. El testimonio de Jessica fue prestado en la vista pre-liminar en un caso, referente al mismo asunto, donde el ape-lante tuvo la oportunidad —como lo hizo— de contrain-terrogarla.

En Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647 (1981), resolvimos que el testimonio escrito producto de una vista preliminar, presentado por el fiscal en el juicio en sustitución de la declaración del testigo no disponible era admisible por gozar de suficiente garantía circunstancial de veracidad, exactitud y haber estado sujeto a la oportunidad del contrainterrogatorio. Ya antes, en Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435 (1981), habíamos sostenido la validez constitucional de la Regla 64(B)(1) apoyándonos en Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980), en que se rechazó un planteamiento similar al del apelante en el sentido de que el contrainterrogatorio en la vista preliminar era de naturaleza distinta. Lo crucial, con relación al derecho de confrontación, es la oportunidad de contrainterrogar durante el testimonio anterior, y no si efectivamente se contrainterrogó.

Este mismo caso, Ríos Nogueras, supra, dispone adver-samente del señalamiento del apelante sobre la insuficien-cia y método de reproducirlo. A tal efecto allí resolvimos que el testimonio anterior puede demostrarse: “(1) por la declaración de un observador presente en la anterior vista, quien deberá dejar al Tribunal satisfecho de que puede recordar el sentido o substancia de lo que dijo el testigo, aún cuando no pueda recordar las palabras exactas; (2) por la declaración de un observador directo que ha refrescado su memoria con un memorando como las notas de un taquí-grafo, o la transcripción; (3) el récord taquigráfico oficial que tenga condición de récord público, o las notas de un observador del juicio si llena requisitos de memoria preser-vada en forma escrita. Estos métodos alternos de prueba están disponibles, pues lo que se intenta probar es el testi-monio anterior y no la transcripción oficial, y por tanto no se aplica la regla de mejor evidencia.” Pág. 654.

En el caso ante nos indudablemente se probó el contenido y confiabilidad del testimonio —directo y por contrainterrogatorio— prestado por Jessica en la vista preliminar. Se identificó y demostró la fidelidad de la transcripción de las notas taquigráficas allí tomadas por la fiscal Isabel Delgado de Rivera quien —según estipulación— posee un Bachiller en Ciencias Sociales con 30 créditos en taquigrafía y la destreza y experiencia necesarias para tomar dictados o deposiciones mediante el uso de la taquigrafía. La Juez de Distrito, Laura E. Nieves, que presidió esa vista preliminar atestó que conforme sus propias notas, la mencionada transcripción de las notas taquigráficas recogía sustancial y cuantitativamente lo mismo que ella recordaba y que eran superiores a sus notas, por ser más completas y abarcadoras.

i — 1 <1

Suficiencia de la Prueba e Identificación

Que el tribunal cometió error al denegar una solicitud de absolución perentoria basada en la insuficiencia de prueba.
Que el tribunal cometió error al denegar una solicitud de absolución basada en que no hubo una identificación ade-cuada del acusado.

Discutiremos conjuntamente estos errores que tratan sobre la insuficiencia de la prueba y la identificación del apelante como autor de los delitos y el no haberse utilizado la rueda de detenidos como método de identificación.

Resolvemos que en las circunstancias particulares, a tono con la doctrina imperante, era innecesaria la cele-bración de una rueda de detenidos. Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972). Veamos.

Jessica declaró que había visto en Barrio Obrero a “Tito Camaro” varias veces antes de los hechos; que había oído de él; y que un primo de ella se lo había señalado como un “criminal”. La fiscal Isabel Delgado de Rivera corroboró este extremo. (E.N.P., pág. 13.) La juez Laura E. Nieves expresó que en la vista preliminar Jessica “declaró que los dos autores de los hechos a Bolo [el occiso], habían sido Tito Camaro señalando a José Luis Lebrón González y al otro acusado sentado al lado de su abogado, la testigo identificó en sala al apelante como la persona señalada por la testigo Grissette González Ortiz en la Vista Preliminar ... y que además indicó que Tito Camaro y José Luis Lebrón era la misma persona”. (E.N.P., págs. 14-15.)

Finalmente, el agente José Santiago Esquilín declaró que debido a que la testigo le había dicho que conocía por mucho tiempo al autor de los hechos ocurridos en la calle Laguna, no hizo rueda de confrontación. No se cometieron los errores.

V

Solicitud de Inspección Ocular y Admisibilidad de Foto-grafías y Prueba Pericial

Que el tribunal cometió error al denegar una inspección ocular del lugar en donde ocurrieron los hechos, solicitada por la defensa con la intención de demostrar que la testigo en vista a su testimonio tenía su visión obstruida por razón del lugar en donde se encontraba.
Erró el tribunal a quo al impedir a la defensa sentar base y presentar evidencia documental basada en fotografías del lugar de los hechos y un crokis [sic] del lugar de los hechos acreditativo de que la testigo ausente contradecía su testimo-nio anterior.
El tribunal a quo cometió error al no permitir prueba de peritaje relacionada con el propósito de la defensa de esta-blecer la imposibilidad de la observación de los hechos según la testigo ausente, así como también la posibilidad de obser-vación de testigos de la defensa.

El apelante primeramente discute la procedencia de una inspección ocular del lugar de los hechos, para así constatar la “incongruencia” de la testigo ocular. Segundo, alega como error la negativa del tribunal sentenciador de admitir en evidencia una carta supuestamente enviada por la tes-tigo asesinada, González Ortiz, a la Lie. Jeanne Hoffman Maurino en la cual la testigo reiteraba lo que le había comunicado a la Lie. Hoffman y al Lie. Luis Felipe Vázquez en una supuesta visita que les hiciera a principios del año 1979 respecto a que no conocía al apelante Lebrón y que había actuado presionada por la Policía. Bajo este señala-miento se cuestiona el dictamen que deniega la solicitud de la defensa de que se le permitiera producir a la testigo Tomasa Borrero —madre de la occisa— con el fin de que verificara y acreditara la firma como la de su hija de crian-za Grissette González Ortiz.

Y en tercer lugar, se queja el apelante de no habérsele admitido: (a) ciertas fotografías; (b) un plano del lugar de los hechos; y (c) el testimonio del perito fotográfico. Esa evi-dencia tenía el propósito de demostrar la imposibilidad física de la testigo ausente de haber podido ver hacia el lugar de los hechos, así como también establecer el ángulo de visión desde una ventana que poseía uno de los testigos de la defensa, E. Sellas González.

La negativa a la solicitud de inspección ocular en el lugar de los hechos respondió, según el foro de instancia, a que se había ofrecido prueba suficiente con relación al lugar de los hechos. No erró. La concesión de una inspección ocular es función que cae en el ámbito de discreción judicial. Sólo procede si se demuestra que ello habrá de auxiliar al Jurado o al juez a apreciar correctamente la prueba que haya desfilado o que se proponga desfilar. Pueblo v. Pagán Diaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

El dictamen del tribunal fue correcto. La prueba de cargo estableció con meridiana claridad las característi-cas físicas del lugar del crimen, el sitio desde donde lo observó la testigo y el lugar donde cayó la víctima Jorge Rivera León. El análisis integral demuestra que no era imposible —como se sugiere— que la testigo pudiera ver y presenciar el suceso, o que su testimonio fuera inverosímil. De haber merecido crédito al Jurado —como mereció— dicho foro poseía suficientes elementos de prueba sobre el sitio para dilucidar y adjudicar los conflictos entre la evidencia de cargo y la defensa. No constituyó abuso la negativa de acceder a la inspección ocular.

En esta misma perspectiva debe examinarse la negativa a admitir en evidencia unas fotografías y un plano del lugar de los hechos ofrecidos por la defensa. Su propósito era demostrar la imposibilidad de que la testigo ausente pudiera ver hacia el lugar de los hechos, “. .. así como tam-bién el ángulo de visión desde la ventana del testigo de la defensa Sr. Sellas”. Sobre las fotografías apreciamos —posiblemente debido a la técnica de reproducción— unas líneas brillantes y rojas no explicadas. Ello afectó su uti-lidad y contrasta con la nitidez de las fotografías del Minis-terio Público.

Independientemente de lo expuesto, bajo el supuesto de que las mismas fueran admisibles, ello no perjudicó ni situó al apelante en estado de indefensión. Se trataba de repro-ducir escenas ya contenidas en las fotografías presentadas por el Ministerio Público —que el apelante utilizó— y reco-gían con mayor fidelidad el lugar a raíz del crimen. Con ello expuso ante el Jurado plenamente su teoría. Bajo el enfoque evidenciarlo, más favorable, resolvemos que no estamos ante un error de índole perjudicial.

En torno al plano preparado por el testigo agrimensor Rafael Carrera, aunque el apelante señala que fue prepa-rado única y exclusivamente por la información vertida por la propia testigo ausente y basado en la investigación y fotografías tomadas por la Policía, ello no surge de la Expo-sición Narrativa de la Prueba. En esas circunstancias no nos ha puesto en condiciones de evaluar su admisibilidad. Aun bajo esa hipótesis nuevamente estaríamos ante un error no perjudicial, ya que la fuente original que sirvió de base para su confección fue sometida y evaluada por el Jurado. En estas circunstancias no podemos concluir que el efecto de excluir la prueba —bajo la premisa de que fuera admisible— “fue un factor decisivo o sustancial en la sen-tencia”. Pueblo v. Franceschini Sáez, 110 D.P.R. 794, 799 (1981). Regla 5 de Evidencia.

Respecto al apuntamiento sobre la inadmisibilidad de la carta supuestamente enviada por Jessica a la licenciada Hoffman, la defensa no autenticó dicho documento pues la licenciada Hoffman no conocía ni pudo identificar la firma de su presunta autora. Tampoco se presentó prueba pericial para cumplir con ese extremo. No procedía su admisión. Regla 75 de Evidencia.

La solicitud de la defensa de paralizar los procedimien-tos hasta que se localizara y compareciera la madrastra de Jessica, Sra. Tomasa Borrero —hecha el día en que el Jurado comenzaría a deliberar— fue irrazonablemente tardía. No se nos ha explicado el porqué de la tardanza, habida cuenta del tiempo que medió previamente para dili-gentemente citarla y obtener su presencia. No obstante, el tribunal ordenó que se localizara y, solamente una vez informado por el alguacil del resultado negativo de sus ges-tiones, denegó tal pedido.

>

Corrección en la Apreciación de la Prueba

Las sentencias apeladas son el resultado del manifiesto error en la apreciación de la evidencia desfilada y como tal son con-trarias a derecho.

El apelante impugna la suficiencia y credibilidad de la prueba de cargo. Argumenta que el testimonio de la testigo Grissette González Ortiz era de “falta de credibilidad inhe-rente”. A tal efecto discute el conflicto de ese testimonio con los hallazgos de la autopsia referentes a: (1) que el cadáver evidenciaba una sola herida de bala —cuando ella indicó que el apelante le hizo “dos disparos”; y (2) el alto grado de alcohol en la sangre que tenía el occiso (embriaguez) —frente a la versión de ella de que aquél “iba caminando lo más tranquilo, lo más normal y lo más sereno”. Apunta además ser increíble, en términos del factor tiempo, que después de que ella viera el asesinato, corriera hacia la casa de su tía en la Ave. Puerto Rico y pudiera volver a suminis-trarle a la víctima primeros auxilios.

No tiene razón. En cuanto al alegado conflicto testimonial originado en la herida de una sola bala, ese hecho no excluye que en realidad se hicieran dos disparos, aunque solamente uno penetrara el cuerpo de la víctima. Nótese que el patólogo Dr. Marino Sorvill declaró que el “plomo penetr[ó] en la cavidad craneal a través del hueso temporal dirigiéndose de izquierda a derecha . . . [ y la] herida fue producida por un tiro de cerca, por el ancho del orificio, pero no fue un tiro de contacto, ya que la piel y el área alre-dedor de la herida no mostraban evidencia de pólvora”. (E.N.P., pág. 4.) En estas circunstancias no es incompatible que se dispararan dos tiros aunque uno solo impactara a la víctima y produjera la herida mortal.

Sobre el estado de embriaguez del occiso según el alto contenido de alcohol en la sangre, si bien la testigo mani-festó que la víctima iba caminando normal, tranquilo y sereno antes de ser ultimado, en el contrainterrogatorio de la vista preliminar ella aclaró:

P. ¿Ud. dice que Bolo [la víctima] caminaba normal? ¿Caminaba como yo, derecho?
—No. Bolo estaba bajo embriaguez.
Yo no puedo caminar como él porque no estoy borracha.
No puedo describir la forma en que caminaba.
P. ¿Quién le dijo que estaba borracho?
—Porque él siempre bebía para todo. Siempre pedía una caneca.
P. ¿Cuál era la forma de él caminar?
—Iba como tambaleándose pero no se caía.
—No tenía que agarrarse de nada para poder caminar.
(Énfasis suplido.) Exhibit IX, págs. 18-19.

Como correctamente expone el Procurador General, la testigo se refería al estado de “ánimo del occiso; quería señalar que el occiso iba tranquilo, sin que estuviera peleando, en riña o en discusión con alguien más, cuando Tito Camaro le disparó”. Y con referencia a que la testigo expuso que al ocurrir los hechos corrió para casa de su tía y regresó a auxiliar al occiso, no se demostró que ello fuera increíble por razón del tiempo.

Superadas las supuestas contradicciones, la presencia de la testigo en el lugar del crimen queda confirmada: (1) por la sangre que incuestionablemente mostraba su camisa, detalle que armoniza con su acción de darle “boca artificial” sin resultado o con ayudar a montarlo en la guagua para llevarlo al dispensario; y (2) con el conocimiento previo de que el apelante le disparó al occiso por la parte izquierda de la cabeza, aun cuando el propio médico de turno, Dr. José Cairido, del Dispensario Belaval al cual trasladaron la víctima, le comunicó al agente Esquilín “que la causa de la muerte fue herida o heridas de balas en la cabeza con tal magnitud de destrucción que no se pudo determinar su entrada ni salida”. (Exhibit 7 de la defensa.) Esta conclusión se robustece, además, en que ella fue la única testigo que —superado el miedo original que tenía— cooperó y prestó declaración a la Policía dos días después, frente al esfuerzo “de entrevistar a varias personas en la referida calle . . . [esfuerzo] inútil ya que nadie sabía nada”. (Exhibit O de la defensa, informe escrito del agente Santiago Esquilín.) Ello compara curiosamente con el silencio del testigo de la defensa, Miguel Báez Clemente, quien en el dispensario le dijo al agente Esquilín “que no sabía nada” (E.N.P., pág. 9); y del testigo Eduardo Sellas González.

En síntesis, el testimonio de Grissette González Ortiz (Jessica) demostró —en lo esencial— que el apelante asesinó al testigo ocular Jorge Rivera León haciéndole dos disparos; que ella trató de auxiliar a la víctima; que llegó una guagua y lo trasladaron al Dispensario Belaval, en Barrio Obrero; que allí la entrevistó el agente Esquilín y por miedo no declaró; que su madrastra sabía del caso, pues la vió a ella esa noche con la cara y la ropa cubierta de sangre; que el apelante, al dispararle a la víctima, le dijo “para que no seas chota”; que hizo dos disparos, con el arma en su mano derecha, por el lado izquierdo del occiso; que el occiso no caminaba derecho y estaba en estado de embriaguez; y que el disparo no fue por la sien, sino por detrás de la oreja. Esa prueba es suficiente en Derecho para sostener las sentencias. Los demás testigos de cargo afianzan su veracidad. Así creída por el Jurado, no existe base jurídica por la cual debamos intervenir con esa apreciación, en ausencia de pasión, prejuicio o error manifiesto. Pueblo v. Ortiz González, 111 D.P.R. 408 (1981).

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia con-firmatoria.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resul-tado sin opinión.

       Citado por Alberto V. Fernández, Función Creadora del Juez, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1970, pág. 9.

       El caso por el Art. 6 fue archivado y sobreseído posteriormente a base de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal (Minuta de 18 de mayo de 1979).

      E1 1ro de febrero de 1980, con esa misma prueba, se determinó que no existía causa probable contra Orlando Escalera.

       Consistente de varias fotografías, el testimonio del agente investigador Santiago Esquilín —quien además dibujó un croquis en la pizarra del tribunal— y la declaración de la testigo Grissette González Ortiz. La fidelidad y contempora-neidad de las fotografías reflejan datos suficientes, inclusive las manchas de san-gre todavía existentes en el pavimento.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Basil Gordon, Fitzroy Curate y Renford Crossman, acusados y apelantes.

      Número: CR-80-11

      Resuelto: 7 de junio de 1982

      Heyda Vigil McClin, abogada, Jefe División de Apelaciones, Sociedad para Asistencia Legal, abogada de los acusados; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Lorraine

      Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Tres marineros oriundos de Jamaica fueron acusados conjuntamente de violar la Ley de Sustancias Controladas. Un solo abogado asumió su defensa. Alegan que no tuvieron la representación legal adecuada que garantizan tanto la Constitución de los Estados Unidos como la de Puerto Rico. Sostienen que sus defensas, por ser incompatibles, no podía asumirlas un solo abogado.

Expondremos los hechos.

Un delincuente habitual fue arrestado y acusado de vio-lar la Ley de Sustancias Controladas. Inquirido por la Po-licía sobre información relacionada con la introducción de drogas por los barcos de turistas, convino cooperar a cambio de que lo consideraran en el caso por el cual había sido arrestado. Informó a la Policía de un barco de turistas que arribaría a puerto el 13 de marzo de 1979. Arreglaron para proporcionarle un automóvil en el que se trasladaría al muelle a recibir el contrabando.

El día señalado para la llegada del barco el confidente estacionó el vehículo que se le suministró cerca de donde estaba atracada la embarcación. La Policía se apostó cerca para observar la entrega. Observaron cuando descendieron del barco dos marineros que resultaron ser Basil Gordon y Renford Crossman. Entraron al vehículo y dejaron allí unos paquetes. Gordon regresó al barco y volvió con Fitzroy Curate. Entraron al carro para deshacerse de los paquetes. Luego el confidente cambió los paquetes al baúl.

Cuando concluyó la operación el confidente hizo la señal convenida con la Policía. La Policía se acercó y el confidente se alejó. Fueron arrestados los tres marinos y se ocupó el contrabando, que resultó ser marihuana.

La defensa presentó tres testigos. Dos agentes que nada aportaron. El otro lo fue uno de los acusados, Basil Gordon, «nien a todos los efectos admitió los hechos para tratar de establecer la defensa de entrampamiento. Manifestó que andaba junto con los dos acusados celebrando que se había casado recientemente. Se le acercó una persona que resultó ser el confidente y le pidió que le comprara marihuana en Jamaica. Primero rehusó y luego accedió. En otro extremo su declaración confirmó lo establecido por la prueba de cargo. Su testimonio implicó a los otros dos acusados.

El debido proceso de ley garantiza a todo acusado asistencia legal adecuada. Ex Parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416 (1939); Cuyler v. Sullivan, 446 U.S. 335-343 (1980); Powell v. Alabama, 287 U.S. 45, 71 (1932); Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938). Tan fundamental se considera el derecho de un acusado a estar bien asistido de abogado, que la violación de ese derecho a falta de renuncia, sin más, conlleva la revocación de la sentencia condenatoria. Chapman v. California, 386 U.S. 18, 23 (1967).

¿Gozan de adecuada defensa unos coacusados juzgados conjuntamente y representados por un solo abogado? Como ocurre siempre, no hay una contestación absoluta a esta interrogante.

Es claro que cuando varios acusados son juzgados con-juntamente, en algún momento pueden surgir o no conflic-tos en su defensa. Éstos pueden aparecer aun antes de comenzar el juicio, en la etapa del plea bargaining, ya que si uno de los acusados se declara culpable por un delito menor a cambio de cooperación con el fiscal, afecta la defensa del otro acusado. También pueden aparecer, por ejemplo, cuando los acusados tienen defensas incompatibles entre sí; cuando uno de los acusados opta por declarar en su defensa implicando a uno o más de los otros acusados, ya que el abo-gado está en los cuernos de un dilema, pues si contrainte-rroga a su propio testigo, puede afectar su defensa y si no lo hace afecta la de los coacusados; o cuando el abogado informa al jurado por qué puede hacer hincapié en la debi-lidad de la prueba presentada en contra de uno de sus clientes, lo que hace difícil establecer diferencias en la prue-ba que beneficia a uno de los acusados y como consecuencia afecta adversamente a los otros.

El hecho de que un solo abogado represente a más de un coacusado presenta serios problemas en relación con la garantía constitucional de una adecuada representación. Si surge un conflicto entre la defensa de uno y otros, se vulnera la garantía. Cuyler v. Sullivan, antes; Camera v. Fogg, 658 F.2d 80 (1981); Holloway v. Arkansas, 435 U.S. 475 (1978); United States v. Alvarez, 580 F.2d 1251, 1258 (1978); G. T. Lowenthal, Joint Representation in Criminal Cases: A Critical Appraisal, 64 Va. L. Rev. 939 (1978); J. S. Geer, Representation of Multiple Criminal Defendants: Conflicts of Interest and the Professional Responsibilities of the Defense Attorney, 62 Minn. L. Rev. 119 (1978); Note, Developments in the Law — Conflicts of Interest in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 1384-1395 (1981); Note, Conflict of Interests in Criminal Proceedings, 23 Ark. L. Rev. 250 (1969); H. Van Hoey, Conflict of Interests in Multiple Representation of Criminal Co-Defendants, 68 J. Crim. L. & C. 226 (1977); Note, Criminal Codefendants and the Sixth Amendment: The Case for Separate Counsel, 58 Geo. L.J. 369 (1969).

La tendencia vigente es al efecto de que el juez que preside la vista en casos en que un abogado asume la represen-tación de dos o más acusados tiene la obligación de hacerle saber a éstos los riesgos que corren e inquirir si han discu-tido la cuestión con el abogado. La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito expone la cuestión con suma cla-ridad en United States v. Foster, 469 F.2d 1 (1972):

El tribunal de instancia tiene el deber de informarles cuanto antes a los acusados de los riesgos que conlleva el ser repre-sentados por un mismo abogado, para asegurarse que los acu-sados están conscientes de dichos riesgos, y de manera dili-gente debe investigar si los acusados han examinado con su abogado los riesgos que su representación conjunta conlleva, y si comprenden que tienen derecho a representación legal individual, designada por el tribunal y por la cual el gobierno asumirá los honorarios.

Ver además, United States v. Donahue, 560 F.2d 1039 (1977); United States v. Waldman, 579 F.2d 649 (1978).

La Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito va más lejos al expresar en Colon v. Fogg, 603 F.2d 403, 407 (1979):

Para asegurarle a una persona defendida conjuntamente con otra, que está recibiendo la representación legal ade-cuada garantizada por la Sexta Enmienda, el juez de instan-cia tiene la obligación de explorar personalmente junto al coacusado el conflicto de intereses potencial inherente a la representación legal conjunta. [Citas.] En exploración es usualmente el único método práctico de averiguar si la repre-sentación legal conjunta podría perjudicar al acusado y, en caso afirmativo, si aun así desea hacer una renuncia cons-ciente de su derecho a tener representación legal indepen-diente. Por estas razones hemos sostenido que en ausencia de esta investigación el peso de la prueba cambia y lo tiene el Estado, quien tiene que probar que los peticionarios no se perjudicaron por la representación legal conjunta. [Citas.] Si el derecho que garantiza al acusado la Sexta Enmienda ha de ser efectivo, este curso de acción está predicado como corola-rio de este derecho constitucional.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en Cuyler, antes citado, sostiene que si el juez que preside el juicio no conoce ni razonablemente puede conocer de la existencia de conflicto por un abogado al asumir la representación dual, no tiene que inquirir sobre la cuestión. Pero una vez se determina que hay conflicto no tiene que demostrarse el perjuicio causado y procede la revocación de la sentencia. Es por eso que expresa que es deseable que el juez que preside inquiera sobre si existe conflicto y apunta que precisamente el Tribunal ha promulgado la Regla 44(c) de las de Procedimiento Criminal que copiamos al mar-gen. Ver escolio 10 a la pág. 346 y W. W. Schwarzer, Dealing with Incompetent Counsel — The Trial Judge’s Role, 93 Harv. L. Rev. 633, 653 (1980). Sin embargo, para esta-blecer una violación a su derecho a tener adecuada asisten-cia de abogado, un acusado que no objeta durante el juicio la representación conjunta tiene que demostrar afirmati-vamente que existía un conflicto de intereses y que dicho conflicto afectó adversamente su defensa. Cuyler, pág. 348. Pero precisamente para evitar toda controversia en ape-lación sobre si existía o no conflicto y sobre la necesidad de objeción oportuna es que los jueces de instancia deben siempre inquirir sobre el particular según lo contempla el procedimiento de la Regla 44(c) federal transcrita.

Expuesto el derecho, procede considerar la situación que presenta este caso. Se acusa a tres extranjeros y uno de ellos opta por declarar. En su declaración, con el propósito de establecer la defensa de entrampamiento, relata los hechos exactamente igual a como los estableció la prueba de cargo. Esto es, admite los hechos e implica a los otros dos acusados. El conflicto surge inmediatamente. El abogado defensor no contrainterroga al acusado que declaró, porque destruiría su defensa y si no lo contrainterroga, la defensa de los dos acusados que no declararon es afectada adversa-mente.

Es oportuno consignar que los casos y los tratadistas al discutir este problema sostienen que en caso de múltiple representación por un abogado, desde el momento mismo en que uno de los acusados declara e implica al otro surge un conflicto que afecta el derecho de los demás acusados a tener adecuada representación legal. United States v. Gaines, 529 F.2d 1038 (1976); United States v. Gougis, 374 F.2d 758 (1967); State v. Davis, 514 P.2d 1025 (1973); Commonwealth v. Russell, 176 A.2d 641 (1962); Lowenthal, op. cih, págs. 946-947.

Lo expresado impone la revocación de las sentencias dictadas contra Curate y Crossman. Por otro lado, la declaración de Basil Gordon a todos los efectos fue una admisión en corte abierta. En forma alguna establece la defensa de entrampment. Fue una persona particular quien le encargó el material delictivo. Aparte de que no se estableció que actuara por encomienda de la Policía, los hechos como los relata no establecen que fue inducido a delinquir en la forma que requiere la defensa que invocó. Ver Pueblo v. Verdejo Meléndez, 88 D.P.R. 207 (1963).

Por las razones antes expuestas se confirmará la senten-cia impuesta a Basil Gordon, se revocarán las impuestas a Fitzroy Curate y Renford Crossman y se ordenará la cele-bración de un nuevo juicio.

       Dispone así la Regla 44(b) de las Procedimiento Criminal federal que entró a regir el 1ro de diciembre de 1980:

        “Representación conjunta. Siempre que dos o más acusados fueren acusados conjuntamente conforme a la Regla 8(b) o se hayan consolidado sus casos para juicio conforme a la Regla 13, y fueren representados por el mismo abogado con-tratado o designado por el tribunal o contratados por abogados que pertenecen a una misma sociedad legal, el tribunal estará en la obligación de prontamente investigar sobre dicha representación conjunta y debe personalmente informar a cada acusado de su derecho a tener efectiva representación de abogado, incluso representación individual. A menos que haya motivo fundado para creer que no surgirá conflicto de intereses, el tribunal debe tomar cuantas medidas considere apropiadas para proteger el derecho de representación legal de cada acusado.”
      Debe aclararse que no hay presunción de conflicto por el hecho de que los abogados sean participantes miembros de la Sociedad para Asistencia Legal o entidad similar, toda vez que tanto su responsabilidad como su actuación son indi-viduales y no están sometidas necesariamente a un criterio corporativo común.

       La aplicación de la norma expuesta y sus efectos, necesariamente conlleva un examen de cada caso en particular.


author:
PER CURIAM: (Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano
      Secretoria General
     Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
      In re Hon. Luis G. Marrero Torres, Juez de Distrito.

      Número: O-79-246

      Resuelto: 10 de junio de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Liber-tad Díaz Ortiz, Rodolfo Cruz Contreras, R. Elfrén Bernier, José A. Cangiano, y Heriberto Febus Bernardini, abogados del querellado.
   PER CURIAM:

Previo los trámites correspondientes, el Procurador General presentó una querella en la que impu-taba al juez querellado el siguiente cargo:

El día 20 de agosto de 1978 el Juez de Distrito Luis G. Ma-rrero Torres incurrió en conducta ilegal, impropia y alta-mente reprensible, obstruyendo la justicia al llevarse con-sigo a un detenido de nombre Carlos Silva Rodríguez evitando que lo sometieran a la prueba del alcoholímetro en el Cuartel de la Policía del Municipio de Juana Díaz luego de que el patrullero Luis A. Morales detuviera a éste en la Auto-pista Las Américas bajo sospecha de que estaba guiando en estado de embriaguez.
En esa misma fecha, en el Cuartel de la Policía del Munici-pio de Juana Díaz, indebidamente el Juez de Distrito Luis G. Marrero Torres ejerció presión sobre el policía Luis A. Morales amenazándole de [sic] que le impondría un desacato si no se le complacía en su solicitud de que se le diera una oportunidad al detenido Carlos Silva Rodríguez, e impropia-mente el citado Juez influenció y presionó al teniente de la policía Luis A. De Jesús Santos para que éste, en conside-ración al hecho de que el querellado es Juez, en aquel momento se le complaciera en dicha petición. Allí en el cuar-tel, frente a varios policías, reiteradamente el Juez querellado insistió en lo anterior alegando su condición de magistrado para la exigencia y concesión de su solicitud.

En consecuencia, el Procurador General lo acusó de haber violado los Cánones I, XXI, XXIII y XXVI de los de Ética Judicial. Nos sometió la querella para que este Tribunal determinase la acción que proceda. Así haremos. Art. V, Sec. 11 de la Constitución; See. 24 de la Ley de la Judi-catura, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmen-dada, 4 L.P.R.A. see. 232; Informe de la Comisión de la Rama Judicial en la Convención Constituyente, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Ed. Equity, 1961; T. 4 L.P.R.A., pág. 2614.

El Canon I, en lo pertinente, dispone lo siguiente:

En el ejercicio de su delicada función, aquellos llamados a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y esti-mulen el respeto y la confianza en la judicatura.

El Canon XXI dispone que:

... El Juez debe evitar particularmente dar base para la sospecha razonable de que pueda estar utilizando las prerro-gativas o influencias de su cargo para su beneficio personal o de otras personas.

El Canon XXIII, en lo pertinente, dispone que:

... El Juez no debe influir ni directa ni indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano en el litigio de sus causas personales.

El Canon XXVI establece que las normas anteriormente enumeradas no son las únicas normas de ética que obligan al juez.

El Comisionado Especial que nombramos para ver la prueba en este caso, el abogado Aníbal Medina Tolentino, ex-Juez Superior, determinó como cuestiones de hecho que: (1) en la fecha de los hechos el juez querellado se llevó del Cuartel de la Policía de Juana Díaz a Carlos Silva Ro-dríguez, evitando así que éste fuese sometido a la prueba del alcoholímetro, luego de que fuera detenido en la carre-tera por el policía de patrulla Luis A. Morales, bajo sospe-cha de que estaba conduciendo en estado de embriaguez un vehículo de motor; (2) que en dicha fecha y en el mencio-nado Cuartel el querellado insistió ante varios agentes del orden público en llevarse a Silva Rodríguez, indicándole al policía Morales que él tenía autoridad para imponerle un desacato si no le permitía llevarse al referido individuo; y (3) que el querellado es una persona que goza de buena reputación. Tales determinaciones tienen base en la prueba.

Es evidente que el querellado violó los Cánones I y XXI. Una lectura de los fragmentos antes citados de dichos Cánones demuestra claramente que la acción del querellado contravino los mismos. Su acción no hizo honor a su deber como juez ni estimuló el respeto y la confianza que la ciuda-danía debe tener en la judicatura del país. La acción del querellado füe ilegal, altamente impropia y ciertamente demuestra una inhabilidad para el cargo de juez. Cuando un magistrado que está obligado a hacer respetar la ley utiliza la influencia de su cargo para impedir que ésta se cumpla no merece seguir desempeñando el alto ministerio que le fue conferido. Procede la destitución del querellado del cargo de Juez de Distrito.

Se dictará la correspondiente sentencia.

-0-

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 1982

A la moción de reconsideración presentada el 18 de junio de 1982 por el juez querellado, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretoria General

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Estoy convencido de que por falta de información crítica, como la enmienda y reducción del cargo por el señor Procurador General y el historial de 21 años de servidor público del juez querellado, es contraria a derecho y a fundamental justicia la destitución acordada en nuestro per curiam de 10 junio, 1982. Hemos usado un tanque de guerra para matar un coquí.

. . . [PJuede darse el caso en que una irregularidad por sí sola no justifique la destitución de un juez pero una serie de irregularidades sí puede justificarla, pues una serie de irre-gularidades demuestra un patrón de conducta impropio e incompatible con la función judicial. In re Jackson Sanabria, 97 D.P.R. 1, 4 (1969).

Esta aseveración accede a nuestra jurisprudencia hace más de trece años para cuya época los conceptos éticos de nuestra sociedad en general todavía ni comenzaban a ex-perimentar el derrumbe y colapso en marcha al presente, dramáticamente expuesto por un señor alcalde que hace unos días manifestó que nada malo hay en robar votos. Nos reafirmamos en que hoy, como ayer, ni los jueces ni los abo-gados sometidos a juicio de su conducta tienen derecho a invocar como atenuante el nuevo estilo de moral decadente que como agua de inundación contamina todos los resqui-cios. La magistratura tiene, frente a esta quiebra de valores, la obligación reiterada de constituirse en ejemplo y austero reducto de fundamental decencia e integridad, pues hacia ella mira el pueblo con la fe puesta en que su resistencia a la corrupción y la inmoralidad general constituya el ger-men de una restauración colectiva de los valores perdidos. Ni en aquellos mejores tiempos de In re Jackson Sanabria, supra, ni menos ahora, aun cuando mantengamos irreduc-tible el bastión moral de la magistratura, podemos exigir de nuestros jueces so pena de ser fulminados con el rayo de la destitución, la perfección del hombre santo, candidato a canonización. Las flaquezas que son parte de la morfo-logía orgánica del homo sapiens no se evaporan en el aire porque éste vista la toga del magistrado. Es con la humil-dad cristiana nacida de esta consciencia que debemos acer-carnos a juzgar a nuestros congéneres, y reservar el rayo de Zeus, el castigo devastador, para los casos de extremo agra-vio al orden social. Todavía repercuten con el vigor de pura moral cristiana las palabras de nuestro anterior Juez Pre-sidente, Señor Negrón Fernández, al disentir en In re Jackson Sanabria, supra, a la pág. 17:

Yo también, como parte del Tribunal que escuchó la extensa y conflictiva prueba pasada en este procedimiento durante cinco días consecutivos, he buscado el fondo de ver-dad que el juzgador quiere siempre descubrir en la prueba que ante él desfila, para llegar a la convicción moral de la certeza de los hechos y dejar así satisfecha su conciencia judicial.
Creo que en un procedimiento contra un juez por cargos de conducta inmoral, no debemos ser menos exigentes en la norma sobre el grado de prueba requerido para la destitución —porque el procedimiento se caracterice como sui generis— que en la norma sobre el grado de prueba requerido para una convicción en un procedimiento de naturaleza penal. La razón me parece evidente: en un procedimiento penal se puede perder la libertad, pero ésta puede recobrarse. En un proce-dimiento contra un juez por cargos de conducta inmoral, la destitución por sí misma destruye su reputación como persona humana —y esa sí que es difícil de recobrar.

El único cargo de conducta impropia contra el juez querellado se funda en haber tomado bajo su custodia el 20 agosto, 1978 —e impedir que la Policía lo retuviera por guiar en estado de embriaguez— al ciudadano Carlos Silva, persona de más de 60 años, que era uno de los participantes ese día en un juego de softball con el equipo “Old Timers” de una liga del Área Sur que presidía el querellado. Fue un equivocado acto de compañerismo deportivo. El citado Silva fue posteriormente convicto y condenado al pago de $Í00 de multa y reclusión por 15 días suspendida a condición de mejoramiento. El cargo contra el juez le imputaba haberse llevado a Silva del Cuartel de la Policía en Juana Díaz imponiéndose a los policías con la autoridad de su cargo usando influencia y presión y aun la amenaza de desacato.

El primer indicio de que ésta no es falta que inevitable-mente conlleve destitución lo tenemos en el hecho de no haberse suspendido al juez en su empleo y sueldo y sí per-mitirle continuar en su cargo por los cuatro (4) años siguientes hasta que el caso fue visto ante el Comisionado Especial, anterior Juez Superior, Sr. Aníbal Medina Tolen-tino. El segundo indicio de falta aminorada surge cuando se ofrece al Comisionado una estipulación del querellado y el Procurador en que éste enmienda el cargo al efecto de eli-minar toda imputación de obstrucción de justicia, limitán-dolo a su toma bajo custodia del acusado mediante solicitud “para que se le diera una oportunidad al detenido”, acompañada de referencia a su autoridad para imponerle un desacato si no se le complacía. El querellado no evadió la responsabilidad por sus actos y aceptó el cargo enmendado y considerablemente reducido por la eliminación del ele-mento de obstrucción de la justicia. Inadvertidamente, nuestro per curiam no captó la decisiva enmienda. Así de facilitada su labor, el Comisionado añade su final determi-nación: “El querellado es una persona de buena reputación”, que en todo su peso ha de aceptar este Tribunal por co-rrecto, y máxime cuando no ha sido impugnada. In re Pérez Pórtela, 82 D.P.R. 261 (1961).

El 10 junio, 1982 emitimos el per curiam en que orde-namos la destitución del juez. Su moción de reconside-ración, presentada ocho días después nos movió a solicitar de la Administración de Tribunales un informe respecto a “cual haya sido la conducta pública y privada del quere-llado desde agosto, 1978 hasta el presente en el desempeño continuado de sus funciones de Juez”; así como la posición del Procurador General. El Gobierno evade la cuestión central de proporcionalidad sobre el grado o magnitud de la ofensa, que redujo considerablemente al eliminar la impu-tación de obstrucción de la justicia mediante enmienda al cargo único. La Administración ratifica en su informe la conclusión del Comisionado en cuanto a ser el querellado un funcionario de buena reputación; revela que una queja contra él fue promovida por el Dr. Capella, Alcalde de Utuado, en 1978 por haber absuelto a un miembro de la Asamblea Municipal con la que el ejecutivo municipal se hallaba en pugna. La queja fue archivada. Hubo otra queja en 1978 porque actuando el juez querellado en la Sala de Comerío no quiso atender a Rosa M. Otero quien solicitaba una orden para ingresar a su hijo en el Hospital de Siquiatría. Se archivó por falta de evidencia que sostuviera la misma.

El informe de Administración señala al querellado como un laborioso juez general, con un promedio anual de 1,693 casos resueltos mantenido a través de cuatro años; a pesar de la naturaleza itinerante de su cargo, los certificados de las distintas salas a las que se le ha asignado no reflejan ausencia alguna; los jueces a quienes la Administración pidió datos sobre la conducta oficial y privada del quere-llado sostienen su idoneidad y buenas relaciones públicas: La Juez Administradora del Tribunal de Distrito de San Juan señora Nieves de Van Rhyn expresa que no se le informó de problema alguno durante los períodos que allí sirvió el querellado; la Juez Administradora de Ponce, Srta. Leída González Degró destaca la laboriosidad del quere-llado según estado comparativo y dice no haber “recibido quejas o querellas del público ni de funcionarios del Tribunal sobre la conducta del Juez Marrero” excepto que se tomaba algunas tardes; y el Juez Administrador de Caguas, Sr. Julio Berrios Jiménez dice que durante el mes que estuvo asignado allí, el trabajo del querellado fue satis-factorio. En el informe de la Administración de los Tribu-nales se anexa un estudio comparativo de la labor de los jueces de distrito por el período 1978-79 a 1981-82 según cuya estadística el querellado mantuvo un promedio de casos criminales resueltos más alto que otros jueces gene-rales y jueces de distrito; y una notable actividad en casos civiles con promedio de 21.54% que compara con el de 34.97% de los jueces de distrito con sala asignada.

Completa el historial del querellado, funcionario público durante veintiún años, su participación en el deporte de béisbol, miembro del equipo olímpico de los Centroameri-canos de Caracas, 1959; cinco años de servicio como Abo-gado de la Policía de Puerto Rico; Abogado del Municipio de Ponce; sirvió durante dos años como Oficial Probatorio de Adultos; un año como Oficial Probatorio Juvenil; cinco años en la prevención y control de la delincuencia juvenil en la ciudad de Nueva York; un año como Especialista de Emigración con el Departamento del Trabajo; cinco años como Supervisor de Trabajo Social con Acción Comunal de Puerto Rico. (Simultáneamente estudiaba en la Sesión Noc-turna de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica.)

Erramos al no considerar el historial de servicio público de este juez y al saturar de fatalidad irreversible un acto aislado, excepción única en su conducta personal, profe-sional y judicial.

Este infortunado incidente en la vida del querellado no reviste la intensidad de conducta inmoral, flagrante o poco pundonorosa que justificó la destitución de otro juez de dis-trito en In re Rivera Escalera, 75 D.P.R. 43, 57 (1953). Una carrera de servidor público dedicado, sin mancha en sus largos años de servicio, no debe ser anulada por un solo momento de flaqueza en que la severidad del magistrado cedió a su instinto deportista para evitar que el viejo com-pañero de equipo fuera encarcelado en sumaria de noche, pues sé le intervino en la Autopista Las Américas a las 9:15 p.m.

Ni aun el propio juez procesado niega haber faltado a la ética judicial. En su contestación admitió que su conducta violó el Canon XXI que sanciona aquella conducta del juez que pueda dar base a la sospecha de que usa las prerrogati-vas o influencia de su cargo para beneficio de otra persona. Mas la solución de este caso no está en la total aniquilación de este miembro de la judicatura. Durante los cuatro años que siguieron a su desgraciada noche, él ha demostrado que puede continuar sirviendo con decoro, dignidad y eficiencia. Las cortes y juntas de disciplina judicial en ambas jurisdic-ciones de los Estados Unidos cuya severidad es de conoci-miento general, no dispensan destituciones automática-mente sino que tomando el caso de cada juez en la integridad de su circunstancia, con frecuencia limitan la sanción a una suspensión en el ejercicio del cargo. Estimo que esta última debe ser la solución adecuada en el presente caso y que la destitución debe sustituirse por una suspen-sión de seis meses.

A tales fines, reconsideraría la decisión obtenida en el per curiam.

       Aun entre éstos los hubo falsos e inmerecedores a quienes la Iglesia con el tiempo ha removido de su lista de iluminados.

       Sólo hacía siete meses que se le había nombrado Juez de Distrito.

       Sabemos que en las cárceles de Puerto Rico han muerto por violencia de confinados, personas detenidas en sumaria.

       Con excepción del Sr. Rubén Hernández Rosario, Juez Superior de Utuado, quien dijo que al querellado “le perturbaba” que apelaran sus decisiones. Esto ciertamente no lo incluye en especie en peligro de extinción.

       Tampoco esto debe desencadenar el rayo de Júpiter sobre su cabeza.


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
      In re Carmelo Guzmán Géigel, querellado.

      Número: MC-78-3

      Resuelto: 15 de junio de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Fernando E. Agrait, abogado del querellado.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El Procurador General de Puerto Rico presentó un informe en el que imputa al Lie. Carmelo Guzmán Géigel conducta reñida con los Cánones 21 y 38 de Ética Profe-sional y los Arts. 1 y 3 de la Ley Núm. 110 de 12 de mayo de 1943 (3 L.P.R.A. sees. 567 y 569).

El Lie. Carmelo Guzmán Géigel se desempeñó como Subdirector de la Oficina Central de Administración de Personal hasta el 31 de diciembre de 1976. Era responsable de coordinar la fase operacional de la agencia y colaboraba con la Directora en la formulación de la política pública.

Actuando de conformidad con la Ley de Personal del Servicio Público de 1975 y, en específico, de sus Arts. 4.7 y 9, el licenciado Guzmán en el desempeño de su cargo tomó decisiones y autorizó ciertas transacciones de personal relativas a nombramientos o cambio de status de empleados tanto en la agencia en la cual trabajaba como en otras agen-cias bajo su jurisdicción.

Un mes después de la renuncia del licenciado Guzmán, el Secretario de Justicia emitió una opinión mediante la cual se validaron varias cartas normativas emitidas por la agencia mientras el licenciado Guzmán se desempeñaba como Subdirector. Como consecuencia de la opinión del Secretario de Justicia el nuevo Director invalidó las tran-sacciones de personal realizadas a tenor con dichas cartas. El licenciado Guzmán Géigel asumió la representación legal de varias de las personas afectadas por esta acción y compareció a representarlas ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal.

El licenciado Guzmán Géigel aceptó los hechos ante-riormente expuestos mas adujo que él no emitió juicio ni tuvo ante su consideración ningún caso específico de los que representó posteriormente ante la Junta de Apelaciones.

Del informe del Procurador General no surge si las transacciones de personal posteriormente anuladas fueron precisamente las que el licenciado Guzmán Géigel autorizó o aconsejó. En ausencia de este dato, no podemos inferir la existencia de asuntos específicos que hubieran sido conside-rados por el querellado como Subdirector de la agencia y que directa o indirectamente fueran objeto de controversia en los casos en que él asumió la representación. Así, pues, nuestra encuesta se circunscribe a determinar si el empleo público en una agencia del gobierno en particular implica una obligada abstención de parte del empleado de parti-cipar en asuntos de algún modo relacionados con su función cuando cese en su empleo gubernamental.

El Art. 1 de la Ley Núm. 110 de 12 de mayo de 1943 (3 L.P.R.A. see. 567) dispone:

Se declara ilegal el que los funcionarios o empleados del Gobierno de Puerto Rico, después de cesar como tales, actúen como asesores, consultores o consejeros, o representen como abogados, agentes, apoderados o en el ejercicio de cualquier profesión o especialidad, intereses contrarios a los del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en aquellos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones, que estuvieron en alguna forma sometidos al conocimiento o resolución de o en trámites ante alguna agencia, oficina o tribunal del Gobierno de Puerto Rico, mientras dichas personas fueron funcionarios o empleados en dicha agencia, oficina o tribunal, y siempre que dichos funcionarios o empleados hubieren tenido directa o indirectamente que ver con aquellos asuntos, acciones, proce-dimientos o reclamaciones sometidos para resolución o en trámite ante la agencia, oficina o tribunal del Gobierno de Puerto Rico para quien prestase servicios. Se declara asi-mismo ilegal el que dichos ex empleados o ex funcionarios cooperen en cualquier forma en la preparación o tramitación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de dichos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones, y el que usen o faciliten el uso contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de informaciones de hecho obtenidas mientras fueron funcionarios o empleados.

La infracción de esta disposición constituye un delito menos grave y, además, “haya o no convicción en un proceso criminal, constituirá mala práctica profesional y justificará la cancelación temporal de la licencia o título concedido a la persona afectada para el ejercicio de su pro-fesión o especialidad”. Art. 3 (3 L.P.R.A. see. 569). Además, los tribunales, organismos cuasi judiciales, juntas, comisiones, oficinas, etc., rehusarán la intervención de tales personas cuando intentaren actuar infringiendo las disposi-ciones de la ley en cuestión. Art. 2 (3 L.P.R.A. see. 568).

Las anteriores disposiciones no están ceñidas en su apli-cación a los abogados exclusivamente. Aplican a consejeros, asesores, consultores o personas que actúan como agentes, apoderados o en el ejercicio de cualquier otra profesión o especialidad.

Existe un gran interés en evitar que los funcionarios públicos desempeñen sus tareas teniendo en mente su posterior intervención en esos mismos asuntos en el sector privado. Ciertamente la gestión del gobierno debe estar libre de influencias ajenas al bien común y debe propender a que las decisiones se tomen teniendo presente lo que genuinamente conviene al interés público y no lo que podría ser más beneficioso a la larga para el funcionario que toma las decisiones. De lo contrario, se erosionaría la fe del pueblo en la efectividad y eficiencia de su gobierno. La legislación que consideramos es un ejercicio válido del poder de razón de estado.

La citada disposición no constituye una prohibición absoluta de representación por parte del funcionario ante su anterior patrono. La ley requiere que la intervención del funcionario en una y otra ocasión debió ser respecto al mismo asunto que tomaba en consideración mientras servía al gobierno. Aunque la ley no define lo que es asunto, a la luz de los hechos del presente caso es fácil concluir que en el mismo no hubo identidad de asunto. En la primera ocasión se trataba de la consulta que hicieron ciertos administra-dores de personal a la Oficina Central de Administración de Personal mediante la cual el querellado emitió un juicio administrativo para ser aplicado en forma general. En la segunda ocasión se trataba de procedimientos de despido respecto a empleados específicos. Tales despidos ocurrieron luego de que el querellado cesó en el desempeño de su cargo.

A los fines del estatuto en cuestión, no puede considerarse que se trata del mismo asunto cualquier intervención o participación del funcionario en la promulgación de normas o reglamentos de aplicación general o de directrices e instrucciones abstractas que no aludan a situaciones particulares o casos específicos.

Bajo la legislación federal se llegaría a una solución similar al problema ante nosotros. El Ethics in Government Act de 1978 (18 U.S.C. see. 207), ley que restringe el empleo de los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y del Distrito de Columbia luego de cesar en el empleo público, no se extiende a cualquier asunto que el funcionario consi-derara personalmente mientras desempeñó su cargo sino que se limita a asuntos que involucren partes específicas. Por consiguiente —señala el informe de la Comisión del Congreso que estudió la medida legislativa— enunciar reglas generales, formular la política o normas generales, realizar otros asuntos administrativos similares y menes-teres legislativos —ninguno de los cuales involucran típi-camente a determinados litigantes— no caen dentro del ámbito de esta prohibición.

“Por lo tanto —expresa el informe— un ex-funcionario podría presentarse ante la agencia para la cual trabajaba, representando a un cliente particular en un asunto dife-rente tocante a una norma de la agencia, aun cuando él hubiera participado en la promulgación de dicha norma.” Senate Reprt. No. 95-170, 95th Cong., 2nd Sess., reprodu-cido en U.S. Code Cong. & Adm. News 4216, 4368 (1978).

El propio Procurador General de Estados Unidos ha expresado que el término “asunto” (matter) no incluye la promulgación de reglas ni la formulación de normas y estándares generales. Memorandum of Attorney General Regarding Conflict of Interest (1963), publicado en la edición de 1976,18 U.S.C. see. 201, pág. 1027.

Esta legislación federal, como bien señala el querellado en su alegato, impide actuar de por vida al funcionario en asuntos en los cuales participó personal y sustancialmente y que ocurrieron mediante decisión, aprobación o desapro-bación, recomendación o consejo, o investigación particu-lares que involucraren partes específicas. El estatuto igualmente impide que por dos años el funcionario participe en asuntos que oficialmente hubieren estado bajo su conside-ración, siempre que estuvieren involucradas partes especí-ficas. Finalmente, la ley también impone una prohibición a que el funcionario comparezca a la agencia durante un año desde que cesa en el empleo. Como se ve, esta legislación es más explícita que la nuestra, y la reglamentación del empleo subsiguiente de los funcionarios públicos es también mucho más específica.

Por otro lado, muchos de los estados que han adoptado esta legislación han impuesto prohibiciones temporeras por períodos de tiempo que, de ordinario, fluctúan entre uno y dos años. Otros han limitado la prohibición únicamente respecto a aquellos asuntos por los que el funcionario respondía mientras se desempeñaba en el servicio público. G. P. Bollwerk, III, Conflicts of Interest and the Former Government Attorney, 65 Georg. L.J. 1025,1031-1032 (1977).

Advertimos que nuestra legislación no es modelo de pre-cisión y que, contrario a lo que sucede con la legislación federal, podría ser vulnerable a un ataque constitucional. Precisamente, el querellado ha alegado que el estatuto es inconstitucional por razón de su imprecisión (vagueness), pues no se sabe lo que quiere decir asunto, no define ade-cuadamente las actuaciones específicas que prohíbe, ni el término de proscripción, ni establece criterio alguno a tenor con el cual un servidor público pueda desempeñarse cuando cesa en su empleo.

No es necesario que nos expresemos en este momento sobre el particular, en vista del resultado al que llegamos. No obstante, conviene recordar que la suspensión, así como el desaforo, son penalidades o castigos impuestos a un abogado. In re Ruffalo, 390 U.S. 544, 550 (1968). Cualquier disposición de ley que, como la objeto del presente examen, involucre una penalidad y una sanción disciplinaria como consecuencia de su infracción, no puede estar concebida en términos tan ambiguos que no permita razonablemente inferir la conducta proscrita. Pueblo v. Santiago Vázquez, 95 D.P.R. 593, 595 (1967). Las personas de inteligencia común y corriente —hemos dicho— no deben estar obligadas a adivinar en cuanto al significado del estatuto. Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 40 (1950).

La doctrina de nulidad por imprecisión no solamente requiere que se alerte adecuadamente a la persona sobre la conducta prohibida sino que requiere de la Asamblea Legislativa que establezca guías razonablemente claras para regir la discreción que pueda tener el funcionario a cargo de la implantación del estatuto. Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972).

La doctrina de la ambigüedad o imprecisión se ha desarrollado primordialmente bajo el palio de la Primera Enmienda de la Constitución federal. Generalmente está relacionada y en ocasiones se confunde con el concepto de la sobrextensión (overbreadth).

[L]as faltas al debido proceso de ley causadas por leyes imprecisas de su faz —ausencia de advertencias claras a los demandantes; ausencia de patrones apropiados que sirvan de guía a los agentes de la ley, investigadores y tribunales de apelación— son precisamente las fallas de las [leyes “sobrex-tendidas”]. Note, The First Amendment Overbreadth Doctrine, 83 Harv. L. Rev. 844, 871-872 (1970).

En Puerto Rico hemos incorporado estas doctrinas a los estatutos de naturaleza penal, en los que el debido procedi-miento de ley adquiere especial relieve y donde el concepto de vaguedad está íntimamente relacionado con el principio de “tipicidad”.

No habiéndose demostrado que la participación del querellado en los asuntos que se le imputan pasara de ser de una mera gestión en la promulgación de hormas y directrices de aplicación general y no habiéndose señalado ningún caso específico que como tal hubiese considerado el querellado mientras ocupaba el puesto de Subdirector de la agencia, procede la desestimación de la queja por dejar de exponer hechos que justifiquen la aplicación de la medida disciplinaria contemplada por la ley.

En cuanto a la imputación de violación del Canon 38 de los de Ética Profesional el resultado es el mismo. El Canon 38 dispone que “[t]odo abogado que abandone el servicio público debe rechazar cualquier empleo o representación legal en aquellos casos particulares en relación con los cuales haya emitido juicio profesional como empleado público”..Pero ya hemos visto que de los hechos estipulados por las partes no surge que el querellado hubiese participado en un caso particular de los que posteriormente asumió la representación legal.

En este sentido nuestro Canon 38 no debe tener mayor alcance que el equivalente Canon 9 del Código de Responsa-bilidad Profesional de la Asociación Americana de Aboga-dos (A.B.A.), específicamente, de la Consideración Ética (E.C.) 9-3 y de la Regla de Disciplina (D.R.) 9-101(B) que proscribe igual tipo de conducta profesional, los cuales dis-ponen como sigue:

Canon 9: A lawyer should avoid even the appearance of professional impropriety.
E.C.9-3: After a lawyer leaves judicial office or other public employment, he should not accept employment in connection with any matter in which he had substantial responsibility prior to his leaving, since to accept employment would give the appearance of impropriety even if none exists.
D.R. 9-101: Avoiding even the appearance of impropriety.
(A).
(B) A lawyer shall not accept' private employment in a matter in which he had substantial responsibility while he was a public employee.
(C).

Se ha argumentado, con sobrada razón, que • estos cánones de la A.B.A. están limitados a las actividades de los abogados que se desempeñan como tal y no a los que lo hacen como legisladores y ejecutivos. Bollwerk, Conflicts of Interest, supra.

Los casos que hemos podido hallar, en los que, al apli-carle los cánones de A.B.A. o los estatutos similares sobre conflicto de intereses en el empleo público, determinaron que el abogado los infringió, son situaciones claras en las que no hay duda de que el abogado, mientras se desempeñó en el servicio público, participó en el caso que posterior-mente representó. Véanse, e.g., Telos, Inc. v. Hawaiian Telephone Company, 397 F.Supp. 1314 (1975); y State v. Nipps, Ohio App., 419 N.E.2d 1128 (1979).

Éste, ciertamente, no ha sido el caso del querellado Carmelo Guzmán Géigel. Se dictará sentencia en que se desestime y archive la querella.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resul-tado en voto separado. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

—0-

Voto concurrente en el resultado del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

No considero esta Ley Núm. 110 de 12 mayo, 1943 (3 L.P.R.A. sees. 567 y 569) vaga ni sobreextendida. Su texto limita la sanción a asuntos, procedimientos, reclamaciones, etc. en que intervino (“tuvo que ver”) el empleado, que equi-vale en su latitud a la frase “any matter in which he had substantial responsibility” del Código de Responsabilidad Profesional de A.B.A. Véase que el querellado no tuvo dificultad en oponer a los cargos una meritoria defensa, pre-cisamente por resultar su conducta profesional claramente excluida de la prohibición del estatuto.

Por tanto, estimo innecesario colocar esta Ley especial en capilla ardiente de inconstitucionalidad con entierro diferido.

       Prohíben ciertas actividades a los funcionarios y empleados del Gobierno en determinados asuntos luego de éstos haber cesado en sus funciones.

       Aunque la ley dispone multa de cien a mil dólares o cárcel de dos meses a un año, debe entenderse enmendada la pena a un máximo de quinientos dólares o seis meses de cárcel. Ley Núm. 9 de 7 de julio de 1971 (34 L.P.R.A. see. 1712), y Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972).

       “Toda persona que voluntariamente infrinja las disposiciones de la see. 567 de este título incurrirá en delito menos grave (misdemeanor), y será castigada con multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares, o cárcel por un término mínimo de dos (2) meses y máximo de un (1) año. Además, dicha infracción, haya o no convicción en un proceso criminal, constituirá mala práctica profesional y justificará la cancelación temporal de la licencia o título concedido a la persona afectada para el ejercicio de su profesión o especialidad. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tendrá jurisdicción original para conocer de las querellas que se establezcan de acuerdo con las disposiciones de esta sección, cuando no hubiese un organismo oficial con autoridad sobre la persona; y cuando hubiese tal organismo, tendrá el Tribunal Supremo jurisdicción apelativa en el asunto.”

      “Los tribunales, organismos cuasi judiciales, juntas, comisiones, oficinas, funcionarios o empleados del Gobierno de Puerto Rico rehusarán la intervención de los funcionarios o empleados, que habiendo cesado como tales, intentaren actuar o intervenir en asuntos infringiendo las disposiciones de la sección anterior.”

       Para una aplicación reciente de esta doctrina, véase Soto v. Srio. de Justi-cia, 112 D.P.R. 477 (1982), en que declaramos inconstitucional una ley que res-tringía absolutamente el acceso del público a los papeles del Negociado de Investi-gaciones Especiales.