text:
    Consejo de Titulares del Condominio McKinley Court, recurrente, v. Salvador Rullán et al., recurridos.

      Número: RE-86-619

      Resuelto: 7 de mayo de 1990

      Ángel L. Calero, abogado del recurrente; Rafael Santos Del Valle, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

En el presente recurso se solicita que revisemos la sentencia del tribunal de instancia que declara sin lugar una petición de injunction presentada por los recurrentes contra los recurridos, donde aquéllos solicitaron la demolición de ciertas construcciones en los elementos comunes de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Los hechos que tuvo ante sí el tribunal de instancia se exponen a continuación.

1 — I

Durante enero de 1967, los esposos Rullán-Bigles (recurridos) adquirieron de los esposos Ballester-Tió un solar en Miramar, Santurce. Los vendedores eran, a su vez, dueños de un juego de planos para la construcción de un edificio de apartamentos que estaría localizado en el referido solar. Los compradores (aquí recurridos) adquirieron los planos junto con la propiedad.

Los mencionados planos habían sido sometidos a la Junta de Planificación (Junta) para la aprobación del proyecto. Ya para el 29 de septiembre de 1965 la Junta había expedido un permiso de construcción del anteproyecto del edificio.

Una vez adquirido el solar y los planos, los recurridos sometieron a la Junta unas enmiendas al proyecto original para ajustarlo a sus gustos y necesidades. La Junta autorizó las enmiendas solicitadas. Según dicha autorización, luego de las modificaciones, el edificio constaría de las facilidades siguientes:

1. Primer piso — un estacionamiento

2. Nueve apartamentos de cuatro (4) cuartos en las plantas restantes.

En las modificaciones introducidas a los planos, el ingeniero Rullán diseñó un área de terraza localizada en el nivel once (11) o “roof plant” del edificio, denominada en los planos como “porch”.( ) Esta era un área techada con piso de quarry tile, con un bar, de aproximadamente veintiún (21) pies x trece (13) pies. Las demás estructuras de este nivel (janitor room y machine room plant) permanecieron inalteradas.

El ingeniero Rullán alteró también el décimo (lOmo) piso o penthouse, al que le diseñó sólo tres (3) cuartos en vez de cuatro (4).

En 1969 los recurridos otorgaron una escritura de cesión y traspaso mediante la cual cedieron y traspasaron a la Corporación McKinley Development el solar de su propiedad, sujeto a deter-minadas condiciones. Dicha escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad. La condición tercera disponía:

. . . que al constituirse el edificio en régimen de propiedad horizontal se proveerá clara y definitivamente que la azotea del edificio no será un elemento común del inmueble, sino que . . . será del uso particular y exclusivo del . . . (penthouse) y/o sus ocupantes. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 37.

El 23 de diciembre de 1969 la Junta expidió el permiso final de construcción del proyecto.

La Junta expidió el correspondiente permiso de uso una vez finalizada la obra en 1970. Este permiso describe la estructura como un edificio con facilidades para un total de nueve (9) apartamentos residenciales de cuatro (4) cuartos dormitorios cada uno. El certificado de construcción lo describe como: “Edificio residencial de diez (10) plantas de hormigón armado y bloques.” El proyecto de construcción ya autorizado por la Junta fue enmendado en 1970 a los fines de que se permitiera la instalación de un incinerador.

El 30 de abril de 1971 la Corporación McKinley Development otorgó la escritura matriz que establecía el régimen de propiedad horizontal del edificio conocido como “Condominio McKinley Court”.

En la referida escritura matriz se describe el penthouse así:

Los Pisos Décimo y Undécimo del Edificio, están ocupados por el Penthouse de dos (2) niveles, que se marca como EH.
En su primer nivel (Piso Diez (10)) tiene: Sala comedor, con dos closets, hall, cocina con su closet y gabinetes, incinerador con su boca de alimentación, master bedroom, con sus closets y un baño; dos habitaciones de dormir con sus closets y un baño; closet de aire acondicionado.
En el segundo nivel (Piso Undécimo (11)), un cuarto con su baño y closets, hall, bar con un counter y terrazas a todo alrededor. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 54.

La escritura matriz dispuso, además, que

[e]l área de la terraza del Piso Once (11), nivel superior del Penthouse es de la exclusiva propiedad del dueño del Penthouset que éste tendría] el derecho de cubrir tod[a] el área de terrazas, en el momento que lo deseare, todo ello sin la necesidad del consen-timiento de los condueños del Edificio, toda vez que ese consenti-miento se considerará irrevocablemente dado al momento de suscribirse por ellos las correspondientes Escrituras Públicas de adquisición de apartamientos. (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 59 y 60.

La escritura matriz le confirió al dueño del penthouse “la facultad de cerrar con una puerta la salida de la escalera” en dicho nivel once (11), lo que lo independizaría totalmente, ya que el elevador no tiene salida a ese nivel. Por otro lado, dispuso:

La porción de la Escalera que se extiende desde el Piso Diez (10) al Piso Once (11) queda reservada como elemento común limitado para el uso de los propietarios del Penthouse con la excepción de aquellas personas que por razones de mantenimiento del Edificio tengan que subir al cuarto de máquinas del elevador o al techo del Edificio. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 60.

Como elementos comunes generales es pertinente apuntar que aparecen: la caja de la escalera y la escalera, desde la planta baja hasta el cuarto de máquinas del elevador en el nivel once (11); la caja del elevador en los pisos diez (10) y once (11); el cuarto de máquinas del elevador, y las escaleras y la caja de las mismas en todas las plantas, la salida y la terminación de la escalera del edificio.

El techo del edificio, según la escritura matriz, era el techo del cuarto de máquinas del elevador que tiene un área de ciento noventa y ocho (198) pies cuadrados en el nivel decimotercero (13ro).

En 1971 los recurridos adquirieron la propiedad del penthouse mediante la correspondiente escritura pública de segregación y compraventa.

h — I I — !

Posteriormente al 1981, el ingeniero Rullán decidió realizar algunas modificaciones a las estructuras localizadas en la azotea del edificio. Así lo comunicó a los demás condominos mediante carta de 2 de noviembre de 1981. En la carta les informó que techaría la terraza de su apartamento para darle uso completo al mismo. La misma circuló y la firmaron los propietarios y/o ocupantes de los apartamentos tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7) y ocho (8). El señor Rullán encomendó la construcción de la terraza a su yerno, el Arq. Manuel De Lemos.

El arquitecto De Lemos presentó a la consideración de la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.RE.) una solici-tud de permiso de construcción. El proyecto fue descrito en la solicitud como necesario para “techar terraza existente para uso propio”. El trabajo sería realizado en madera y combinaciones. El costo estimado de la obra fue de $14,120. En los encasillados de la solicitud referentes a cambios en área de solar, etc., todos fueron marcados como que permanecerían igual, sin cambio o altera-ciones y en los que requerían que se especificara la cantidad de dormitorios que tendría la edificación, se marcó con las iniciales N/A, lo cual indicaba que no era de aplicación. Así propuesto, el proyecto fue aprobado por A.R.P.E.

En el plano que acompañó la solicitud de permiso de cons-trucción no se hizo referencia a los cuartos dormitorios ni a otro elemento que indicara que sería utilizado como vivienda.

La estructura se construyó en madera y combinaciones, techada y cerrada con ventanas y cubría un área adicional de ochocientos cuarenta (8J¡,0) pies cuadrados del nivel once (11) del Condominio McKinley Court. Lo edificado consta de sala come-dor, cocina con facilidades de estufa con horno, nevera, gabinetes, closet de incinerador y fregadero, tres (8) cuartos: un dormitorio master con baño que correspondía a la estructura original exis-tente (janitor room) y dos (2) habitaciones pequeñas con su baño.-La estructura construida en el nivel once (11) es una edificación permanente que constituye un piso o apartamento nuevo.

El propósito del proyecto de cubrir las terrazas fue para que el arquitecto De Lemos y la hija del señor Rullán lo utilizaran como vivienda. Originalmente, éstos ocupaban el apartamento del piso nueve (9) y en el verano de 1982 se mudaron a la nueva edificación en el nivel once (11).

I — i I — i HH

Los recurridos hicieron otras alteraciones que también son objeto de controversia. Entre éstas están los cambios realizados a las escaleras comunales entre el piso nueve (9) y diez (10); diez (10) y once (11), y once (11) y doce (12), mediante la instalación de rejas y portones.

En un informe rendido por el Departamento de Bomberos, a raíz de una inspección realizada en el condominio en 1982, se requirieron varias correcciones al edificio. Entre ellas, se dispuso que las rejas en las escaleras y otros medios de salida de emergencia fueran eliminadas, así como las alfombras en las escaleras, por constituir riesgo en un incendio.

Ante esta situación los condominos del edificio, en reunión del Consejo de Titulares en agosto de 1982, acordaron recurrir al tribunal de instancia y presentaron la presente acción de injunction.

El tribunal de instancia llevó a cabo dos (2) inspecciones oculares del edificio y, además, ordenó varias medidas provisiona-les. A base de la evidencia presentada y de las inspecciones oculares, el tribunal de instancia declaró sin lugar la solicitud de injunction para eliminar las ampliaciones hechas por los recurri-dos en la azotea del nivel once (11). Pero ordenó a los recurridos entregar a los recurrentes una copia de las llaves de los portones que se hallan instalados en los vestíbulos de las escaleras de los niveles diez (10), once (11) y doce (12), de tal forma que puedan subir al nivel doce (12) y descender sin impedimentos. Ordenó, además, remover cualquier obstáculo que impida subir o descender del nivel doce (12) y prohibió permanentemente instalar cualquier barrera que prive a los condominos de ese derecho.

De esa sentencia recurre el Consejo de Titulares y alega que los recurridos en el caso de autos se apropiaron del techo, vuelo y derecho de sobreelevación del condominio; alteraron la fachada lateral oeste del edificio; instalaron portones de rejas que han obstruido la única salida de escape hacia el techo en caso de fuego; construyeron una edificación permanente la cual han dedicado a vivienda sin ningún permiso de uso que impide el salvamento aéreo en caso de fuego o desastre; alteraron los planos de construcción, y violaron los permisos originales de construcción. Alegan que en el proceso los recurridos violaron la Ley de la Propiedad Horizontal; la ley y el reglamento de los bomberos y el Código Nacional de Incendios; los reglamentos de planificación y el Código de Ética del Colegio de Ingenieros.

Expedido el recurso de revisión, las partes han presentado sus respectivos alegatos en apoyo a sus posiciones. Resolvemos.

IV

En Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 236-237 (1978), definimos el Régimen de Propiedad Horizontal (Régimen) como la coexistencia de diversos pisos de dominio exclusivo con el condominio forzoso e inseparable de elementos comunes para facilitar a los individuos la disponibilidad de disponer de un hogar propio al agrupar distintas viviendas bajo un mismo techo y reglamento. Dijimos, además, que alcanzar ese objetivo presuponía la existencia de diversos pisos o apartamentos susceptibles de aprovechamiento independiente con acceso directo a la vía pública; unos elementos o áreas comunes generales necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edifi-cio y que están destinados al uso y disfrute de todos los aparta-mentos, y otras áreas o elementos comunes limitados que se destinan al servicio exclusivo de cierto número de pisos.

Para someter una propiedad particular a este régimen, el titular debe hacer constar expresamente su voluntad de así hacerlo en escritura pública e inscribir ésta en el Registro de la Propiedad. Art. 2 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.ER.A. see. 1291; García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120 (1986). La inscripción en el Registro de la Propiedad es constitu-tiva del Régimen.

La escritura pública de constitución del Régimen (a la que se refiere el citado Art. 2 de la Ley de la Propiedad Horizontal) es un estatuto privado —al cual se adhieren los titulares cuando compran sus respectivos apartamentos— que gobierna a los condominos o titulares y a cuyas disposiciones debemos acudir para dirimir cualquier conflicto, a menos que tales disposiciones violen la ley, la moral o el orden público. 31 L.P.R.A. sec. 3372; Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 582 (1973).

Junto con la escritura matriz deben agregarse “copias com-pletas y fieles de los planos de dicho inmueble . . . para que queden archivados en el [R]egistro de la [P]ropiedad. Dichos planos . . . indicarán de modo gráfico los particulares del inmue-ble . . .”. (Énfasis suplido.) Art. 24 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1292b. El propósito de ello es auxiliar la tarea registral de describir mejor el inmueble. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., supra, pág. 256.

Así que, además de la escritura matriz, los planos del proyecto consagran gráficamente los derechos de los interesados. Aplica-mos el derecho reseñado al caso de autos.

V

La primera controversia que debemos dirimir es la relativa a las ampliaciones realizadas por los recurridos en el nivel doce (12) del edificio. Esta controversia presenta dos (2) aspectos diferen-tes.

En primer lugar, debemos analizar si los recurridos tenían derecho a construir en la azotea del condominio de acuerdo con los planos y la escritura matriz.

En segundo lugar, si por tener ese derecho podían construir una edificación permanente dedicada a vivienda.

En cuanto al primer aspecto, debemos aclarar que es en la escritura matriz del Condominio McKinley Court donde por primera vez se describe el edificio con un penthouse de dos (2) niveles que ocupaban las plantas décima y decimoprimera. Según la escritura matriz, el piso diez (10) estaba ocupado por un apartamento con sala comedor, cocina, dos (2) habitaciones, etc. El piso once (11), o segundo nivel del penthouse, estaba ocupado por un cuarto con baño, closets, hall, bar con counter y terrazas alrededor.

La escritura matriz reservó a los recurridos el área de la terraza del piso once (11) como elemento común limitado. Los recurridos sostienen que ese nivel corresponde, por exclusión, a la azotea del edificio ya que el techo del edificio fue definido por la escritura matriz como “[e]l techo del cuarto de máquinas del elevador es el techo del Edificio . . .”. Apéndice, pág. 55.

La azotea se considera un elemento común general susceptible de pacto o disposición que limite su uso a ciertos apartamen-tos. 31 L.P.R.A. sec. 1291i(c); Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861, 867 (1980). Ese elemento ha sido definido como “la cubierta llana de un edificio dispuesta para poder andar por ella . . .”. Consejo de Titulares v. Vargas, supra, pág. 583.

La ley considera el techo como un elemento común general no susceptible a regularse por acuerdo de los titulares individuales. 31 L.P.R.A. sec. 1291i(b); Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra. En Consejo de Titulares v. Vargas, supra, pág. 583, lo definimos como ‘“la parte inferior y superior de un edificio que lo cubre y cierra . .

Concurrimos con el tribunal de instancia en que el nivel doce (12) del Condominio McKinley Court es el techo del edificio. Sobre ese nivel enclava y sobresale el cuarto de máquinas del elevador. La azotea es el nivel once (11) del edificio. Es un área llana donde se encuentran la terraza, él janitor room y el bar, así como un área originalmente abierta (que luego fue cerrada para vivienda) para poder andar por ella.

Ello nos lleva a concluir que, como cuestión de derecho, los recurridos podían construir en la azotea por disposición expresa de la escritura matriz. Cf. Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, 122 D.P.R. 46 (1988).

Debemos decidir, por lo tanto, si lo edificado por los recurridos se ajusta al derecho concedido en la escritura matriz. Consejo de Titulares v. Vargas, supra, pág. 585.() La escritura matriz concedió a los recurridos el “derecho de cubrir tod[a] el área de terrazas, en el momento que así lo deseare”. Apéndice, pág. 60.

Según el tribunal de instancia, la estructura construida por los recurridos en la azotea es una edificación permanente que constituye un piso o apartamento nuevo. Fundó dicha determi-nación en las dos (2) inspecciones oculares realizadas que le permitieron describir la obra así:

20. Conforme a las inspecciones oculares llevadas a cabo, en particular la segunda, el área ocupada por la construcción original en el nivel once tiene un ancho de 22' X 40' de largo para un área total de 880 pies cuadrados. Después de la ampliación las medidas aproximadas son de 30' X 57', respectivamente para un área total de construcción de 1,710 pies cuadrados. Las áreas abiertas sobran-tes en dicho nivel son tres: al norte una de 6.5' X 40', al este otra de 2' de ancho por 66' de largo, aproximadamente y otra al sur de 6.5' de ancho por 32' de largo.
De la observación llevada a cabo se desprende que el nivel once está prácticamente todo ocupado por la edificación, excepto las áreas abiertas indicadas que son pequeñas y de difícil acceso especialmente la del lado sur. Para tener acceso a las áreas abiertas, aún antes de la ampliación, había que atravesar la misma, pues se llega a dicha edificación a través de las escaleras del edificio. Apéndice, pág. 14. (Enfasis suplido.)

Los recurridos admiten que el propósito de cubrir las terrazas era proveer de vivienda a su hija y yerno.

La ampliación realizada por los recurridos fue catalogada por el Director Regional de A.R.EE. para el área de San Juan, Ing. Jorge L. Montes Ayala, como una construcción clandestina para la cual no se ha obtenido el permiso de uso requerido por el Reglamento de Planificación Núm. 4 en su Sec. 3.02.

El ingeniero Montes Ayala, luego de realizar una inspección ocular del piso once (11) del edificio, testificó que cuando A.R.EE. autorizó la solicitud de construcción lo hizo ya que, de acuerdo con la solicitud, no se iba a utilizar el área como vivienda familiar de tres (3) habitaciones. Si tal información le hubiera sido sometida, la solicitud habría sido referida a un comité de asesoramiento, consulta y revisión para que determinara si lo solicitado aumen-taba la densidad por pie cuadrado en el área.

El permiso de construcción aprobado por A.R.EE., de acuerdo con lo solicitado por los recurridos, fue concedido con el limitado propósito de autorizar que se techara la terraza existente para uso propio. Esa solicitud presentada por los recurridos disponía que no se alteraría el área del solar, que permanecería igual y que la obra proyectada no tendría dormitorios.

Los recurridos alteraron los planos y construyeron una edificación permanente, totalmente independiente del penthouse y con todas las facilidades para ser utilizada como una unidad de vivienda separada. Para lo realizado no existen permisos de ninguna clase. El derecho que tenían los recurridos para cubrir las terrazas del edificio no es, ni remotamente, el derecho para construir un nuevo piso o apartamento.

La actuación de los recurridos de construir lo que para efectos prácticos es un nuevo piso, contraviene el Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.ER.A. sec. 1291p, que exige el con-sentimiento unánime de los titulares para la construcción de nuevos pisos. Esto con más razón cuando los recurridos carecen de autorización alguna de A.R.EE. de la Junta para el tipo de obra realizada (Consejo de Titulares v. Vargas, supra, pág. 586).

De los términos de la escritura matriz no se desprende que los recurridos hayan reservado para sí todo el área de azotea como elemento común limitado. Sólo reservaron el área original de veintidós (22) pies de ancho x cuarenta (40) pies de largo del área de terrazas, esto es, ochocientos ochenta (880) píes cuadrados. El área total de la azotea era de treinta y dos (32) pies de ancho x setenta y dos (72) pies de largo ó 2,100 pies cuadrados aproxima-damente. De esa área total los recurridos ocuparon aproximada-mente 1,710 pies cuadrados (treinta (30) pies de ancho x cincuenta y siete (57) pies de largo) con la ampliación.

Prácticamente ocuparon todo el nivel once (11) tras dejar sólo unas áreas abiertas que son pequeñas y de difícil acceso, aun en caso de emergencia. Tales circunstancias atentan contra la segu-ridad del edificio. En caso de un siniestro en las plantas bajas, las familias residentes en el edificio sólo contarían con el espacio reducido del techo del edificio (ciento noventa y ocho (198) pies cuadrados) para ser rescatados.

VI

Con relación a la controversia sobre las escaleras, la prueba en autos demuestra que los recurridos instalaron rejas y portones a las escaleras entre los pisos nueve (9) y diez (10), y pasamanos y alfombras entre el pasillo y la escalera del piso diez (10) al once (11); que controlaban, mediante un portón, el acceso desde el piso once (11) para llegar hasta el cuarto de máquinas y la cámara del incinerador localizados en ese piso.

En su sentencia, el tribunal de instancia ordenó a los recurri-dos entregar a los recurrentes una copia de las llaves de los portones, remover cualquier obstáculo que limitara el acceso al nivel doce (12) y prohibió permanentemente instalar cualquier barrera que privara a los condominos de sus derechos.

Las escaleras y vías de entrada y salida son, por disposición de la ley, elementos comunes que no están sujetos a estipulación en contrario. 31 L.P.R.A. sec. 1291i(b); Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra, pág. 867.

El Reglamento de Prevención de Incendios adoptado en virtud de la Ley Núm. 158 de 9 de mayo de 1942 (25 L.ER.A. sees. 311 a 322), que creó el Servicio de Bomberos de Puerto Rico, dispone en cuanto a esto lo siguiente:

Sección 10.01. Obstrucción de medios de salida

A-Ninguna persona pondrá en ningún momento impedimento alguno delante de, ni en ninguna escalera de escape, balcón o escalera destinada a salida de incendios. Apéndice, pág. 100.

Ese reglamento es aplicable, según lo dispone el Art. 4 de la Ley Núm. 158, supra, 25 L.P.R.A. sec. 314, a los apartamentos residenciales.

Al interpretar la citada Sec. 10,01 del reglamento, dijimos en De la Cruz v. Toro Sintes, 112 D.P.R. 650, 656 (1982):

Como puede verse, esta sección no contempla específicamente obstrucciones del acceso a las azoteas de los edificios, pero no podemos abstraemos a la realidad de que las azoteas pueden ser en un momento dado la única vía de escape de los residentes y ocupantes de un edificio de varios pisos, que se encuentren en los pisos superiores al ocurrir un incendio en los pisos más bajos. Dijimos en Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 586 (1973), escolio 7:
“Una azotea abierta y despejada que permitió el descenso de helicópteros fue elemento decisivo entre la incineración y la vida de cientos de ocupantes en el incendio de julio pasado en el multipisos de Avianea en Bogotá, Colombia.”

En De la Cruz v. Toro Sintes, supra, pág. 658, aclaramos que aun cuando se haya dispuesto en la escritura matriz que la azotea será un elemento común limitado al uso de determinado aparta-mento

... no implica conceder al titular de dicho apartamento un derecho irrestricto en perjuicio del bienestar y la seguridad de todos los condominos. Impedir el acceso a la azotea a discreción del titular de dicho apartamento es contrario a la seguridad de los ocupantes del condominio en caso de un incendio, y el llamado derecho exclusivo de uso tiene que ceder en este caso al interés general de los condominos y a la seguridad de todos. Igual solución se impone respecto a cualquier obstrucción a los medios o vías de acceso como son los pasillos, las escaleras y los ascensores.

Ahora bien, los recurrentes solicitaron que los portones y las rejas instaladas en los vestíbulos y en las escaleras del piso diez (10), once (11) y doce (12) fueran removidos. El tribunal de instancia ordenó, como solución al problema, que se le entregaran las llaves de esos portones a cada uno de los condominos. Además, en De la Cruz v. Toro Sintes, supra, luego de señalar las distintas soluciones que se podrían adoptar, dejamos a la discreción del tribunal de instancia la decisión final. Aquí el foro de instancia realizó dos (2) inspecciones oculares y llegó a la conclusión de que la solución adecuada era poner a disposición de los condominos las llaves de los portones y de las rejas. En ausencia de error manifiesto, no intervendremos con tal determinación. En el caso de autos los recurrentes no señalan error alguno que amerite la revocación de la determinación del tribunal de instancia en cuanto a la controversia sobre los portones y las rejas en las escaleras. Por lo tanto, no intervendremos con tal determinación del foro de instancia.

Por los fundamentos expuestos, se dicta sentencia que ordena a los recurridos eliminar y remover aquella parte de las amplia-ciones hechas en la azotea del Condominio “McKinley Court” que se extiendan más allá de cubrir el área de terrazas de dicha azotea, según el límite del derecho que se reservaron en la escritura matriz. Así modificada, se confirma la sentencia del foro de instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con las Partes I a V y disiente de la Parte VI de la Sentencia, pues ordenaría la remoción de las rejas y los portones instalados en las escaleras.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto particular y de conformidad del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Procede que exprese el marco conceptual que me mueve a dar mi conformidad a la Sentencia del Tribunal.

HH

En nuestro país, una de las alternativas que se ha utilizado para atender el problema de la vivienda frente a la escasez de terrenos, al desparramamiento urbano y al creciente costo de la infraestructura es, entre otras, fomentar la densidad poblacional en los centros urbanos mediante la construcción de edificios para usos residenciales que en algunos casos incluyen facilidades comerciales en sus primeras plantas.

En su gran mayoría, tales edificios están sujetos a la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq. Los condominos que adquieren dichas propiedades lo hacen confiados en la estabilidad que le brinda a sus derechos y expectativas lo dispuesto por dicha ley, la escritura matriz y las otras disposicio-nes de ley y reglamentos aplicables, como son las leyes que crean la Junta de Planificación (Junta) y la Administración de Regla-mentos y Permisos (A.R.EE.).

Estos condominos no pueden estar sujetos a que se haga caso omiso de dicha reglamentación y se altere sin la autorización correspondiente la estructura o uso de la propiedad sometida al Régimen de Propiedad Horizontal.

Ello, además de violentar sus derechos y expectativas, vulnera la planificación urbana de nuestro país, la calidad de vida de nuestras ciudades y puede convertir los centros urbanos con alta densidad poblacional y múltiples condominios en áreas en decadencia. Las alteraciones ilegales en los apartamentos, elementos comunes, áreas comerciales y recreativas de los edificios someti-dos al Régimen de la Propiedad Horizontal afectan, además, la calidad de vida, la sana convivencia, la interacción social y el respeto que se debe tener a la vida privada. Nuestros centros urbanos, que crecen vertiginosamente en forma vertical, necesi-tan cada vez más que se salvaguarden y fomenten estos valores.

El caso ante nos es un vivo ejemplo de actuaciones ilegales que socavan los esfuerzos que hace el puertorriqueño por lograr una mejor calidad de vida y una sana interacción comunitaria enmarcada en los más nobles valores de una civilización de excelencia. La ley y nuestra jurisprudencia han condenado reite-radamente estas actuaciones.

I — I i — i

En Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 585 (1973), expusimos, como un principio del Régimen de Propiedad Horizontal, que al condomino limitar el uso de un elemento común general susceptible de pacto para limitar —como es la azotea— tiene que ceñirse al derecho así reservado en la escritura matriz constitutiva del régimen. No puede, bajo ninguna circunstancia, extralimitarse del derecho así reservado, so pena de violentar el estatuto habilitador del régimen de propiedad horizontal.

Si la reserva de derechos permite la construcción o modifica-ción de estructuras, el condomino debe obtener previamente los permisos requeridos por A.R.EE. o la Junta, según sea el caso. Después de todo, ese régimen no queda exento de la planificación y zonificación del país. Véase A. Ferrer, Law of Condominium, New Hampshire, Equity Publishing Co., 1967, Vol. 1, pág. 289.

Además, debe existir correspondencia entre lo autorizado por la escritura matriz, la Junta y/o A.R.EE. y lo permitido por la Ley de la Propiedad Horizontal. Así, si lo construido es una edificación permanente que constituye un nuevo piso, debe obtenerse el consentimiento unánime de los condominos. Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.ER.A. sec. 1291p, y el permiso de uso requerido por el Reglamento de Planificación Núm. 4 en su Sec. 3.02. Claro está, ello presupone que la escritura matriz concede la facultad para construir un nuevo piso. El cumplimiento de estos requisitos garantiza al resto de los condominos sus derechos como tales.

La inobservancia de estas normas justifica que en el caso de autos se le ordene a los recurridos eliminar y remover las ampliaciones hechas en la azotea del Condominio McKinley Court que se extralimitan del derecho reservado por éstos en la escritura matriz de constitución del Régimen de la Propiedad Horizontal de dicho edificio.

Un examen cuidadoso de los hechos en autos refleja que la terraza en controversia no está en el techo del edificio y no afecta el vuelo del mismo. Por consiguiente, el recurrido podía reser-varse su uso limitado sin que la construcción constituyera una sobreelevación. Si hubiera sido una sobreelevación, tal cláusula de reserva en la escritura matriz sería nula. Art. 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291i; Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861 (1980); Soc. de Gananciales Manzanares v. Suárez, 122 D.P.R. 46 (1988).

H-i 1 — 4 hH

En De la Cruz v. Toro Sintes, 112 D.P.R. 650 (1982), nos enfrentamos a un problema similar al de los portones y rejas aquí planteado. Allí, luego de explorar varias alternativas, indicamos que no estábamos en posición de señalar cuál de ellas era la más adecuada. Expresamos, además, que la solución requería prueba y posiblemente una inspección ocular del foro de instancia y que éste estaba en mejor posición que nosotros para hacer una decisión al respecto. íd., págs. 659 y 660.

Sobre esta controversia de las escaleras y los portones, el tribunal de instancia ejercitó su discreción en vista de los intere-ses en conflicto luego de evaluar la prueba que desfiló ante él y de realizar dos (2) inspecciones oculares. Por un lado, les aseguró a los condominos su derecho a la intimidad y seguridad en sus respectivos apartamentos. Además, al proveerle a todos las llaves de los portones y las rejas, les proveyó acceso a éstos en caso de emergencia. No tenemos ante nos prueba de que el tribunal de instancia abusó de su discreción al así actuar.

      (1) Esta área ocupaba el cuarenta por ciento (40%) del nivel once (11) o roof plant.

      (2) En Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 583 (1973), dispusimos, cuando citamos a Borja Martínez, que si bien es cierto que en la escritura matriz se puede limitar el uso de la azotea a uno o varios dueños de apartamentos, cuando esto suceda, los derechos y las obligaciones de dicho usuario se regirán por lo estipulado al concederse el uso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor R.H.M., apelante.

      Número: CE-87-391

      Resuelto: 14 de mayo de 1990

      Jaime L. Rivera Suárez, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado del apelante; Rafael Ortiz Camón, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Anabelle Rodríguez y Awilda Irizarry Pardo, Procura-doras Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso es un ejemplo dramático de los serios problemas sociales que tenemos en Puerto Rico a causa de los actos delictivos perpetrados por jóvenes y la disyuntiva entre el deber estatal de rehabilitación y la aplicación de una sanción coercitiva contra delincuentes juveniles. Ante nos el peticionario impugna los criterios utilizados por el Tribunal de Menores para renunciar a su jurisdicción luego de que el Procurador para Asuntos de Menores (Procurador) le presentara varias querellas por faltas graves acompañadas de circunstancias agravantes. El recurso nos per-mite expresarnos sobre los criterios a seguir cuando se ventile un proceso de renuncia de jurisdicción al amparo de la nueva Ley de Menores de Puerto Rico.

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Contra el menor R.H.M. se presentaron querellas por asesi-nato, robo y violaciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 418. Se le imputó haber dado muerte a otro adolescente, Natalio Bayonet Tartak, utilizando un revólver que portaba y poseía ilegalmente. También se alegó en su contra haber despojado de un auto por medio de intimidación y violencia a los jóvenes Juan Ramón Pérez Pérez y Carmen Milagros Lucca. Se determinó causa probable en todas las querellas y el Procurador le solicitó al Tribunal de Menores la renuncia de su jurisdicción sobre el imputado a tenor con el Art. 15(a) de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.PR.A. see. 2215(a).

Recibida toda la prueba, el tribunal de instancia renunció a la jurisdicción sobre el menor imputado y ordenó el traslado de los casos a la jurisdicción ordinaria para que se ventilaran allí como si se tratara de un adulto. De dicha resolución el menor apela ante este Tribunal() y nos señala la comisión de una serie de errores que, en síntesis, van dirigidos a cuestionar los criterios utilizados por el tribunal de instancia para renunciar a la jurisdicción del menor, así como a requerir un quantum de prueba mayor al de preponderancia de la prueba. Por los fundamentos que se exponen a continuación, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior.

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La Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. sec. 2201 y ss.), parte de un criterio filosófico ecléctico por el cual armoniza la responsabilidad de parens patriae del Estado en cuanto a la rehabilitación de los menores ofensores y la responsabilidad de éstos por sus actos. En conformidad con esa visión, el estatuto utiliza el enfoque de quantum de responsabilidad para excluir a los menores que realizan un acto de tal naturaleza que, en unión a una serie de circunstancias, hace imprescindible que respondan ante las auto-ridades con todo su rigor. Véase J.L. Morán, Sistema de justicia juvenil, exclusión de jurisdicción, renuncia de jurisdicción, 49 Rev. C. Abo. P.R. 105 (1988).

El mecanismo de renuncia de jurisdicción está dispuesto en el Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, que provee:

Artículo 15.-Renuncia de jurisdicción
a) Solicitud por Procurador.-El Tribunal, a solicitud del Pro-curador, podrá renunciar la jurisdicción sobre un menor que sea mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años, a quien se le impute la comisión de cualquier falta Clase II ó III. El Procurador deberá efectuar dicha solicitud mediante moción funda-mentada cuando considere que entender en el caso bajo las dispo-siciones de esta ley no responderá a los mejores intereses del menor y de la comunidad.
El Procurador vendrá obligado a promover la solicitud cuando, previa determinación de causa probable, se le impute al menor una de las siguientes faltas: asesinato, violación, robo, secuestro, muti-lación, sodomía, escalamiento agravado y agresión agravada en su modalidad de delito grave. Deberá promoverla además, cuando se impute al menor una falta Clase II ó III y se le hubiere adjudicado previamente una falta Clase II ó III, incurrida entre los catorce (14) y dieciocho (18) años.
(b) Vista.-El Tribunal, previa notificación, celebrará una vista de renuncia de jurisdicción.
(c) Factores a considerar-Para determinar la procedencia de la renuncia a que se refiere el inciso (a) de este artículo, el Tribunal examinará los siguientes factores:
(1) Naturaleza de la falta que se imputa al menor y las circunstancias que la rodearon.
(2) Historial legal previo del menor, si alguno.
(3) Historial social del menor.
(4) Si el historial socioemocional y sus actitudes hacia la autoridad hacen necesario establecer controles respecto a su com-portamiento que no se le pueden ofrecer en los centros de custodia o en las instituciones de tratamiento social a disposición del Tribunal. 1986 Leyes de Puerto Rico 292-293.

Este Art. 15, supra, le otorga al Procurador la responsabili-dad de solicitar la renuncia de jurisdicción en dos (2) modalidades. Primero, cuando un menor de catorce (14) a dieciocho (18) años cometa una Falta Clase II o Clase III.() En este caso la facultad del Procurador es discrecional. Por otro lado, el Procurador vendrá obligado, previa determinación de causa probable, a solicitar la renuncia de jurisdicción cuando se le impute al menor la comisión de las faltas de asesinato, robo, secuestro, mutilación, sodomía, escalamiento agravado y agresión agravada en su mo-dalidad grave. También cuando el menor sea reincidente en la comisión de Faltas Clase II y Clase III.()

Los Arts. 3 y 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. secs. 2203 y 2215, son los que regulan una etapa crítica del procedimiento en el cual se traslada a un menor de una jurisdicción cuyo fin es rehabilitador a otra que lo juzga como adulto con la probabilidad de la pérdida de la libertad por tiempo prolongado. Por la magnitud de ese traslado, por los efectos serios que puedan surgir y para cumplir con las garantías de un debido proceso de ley, el Art. 15 de la citada ley, supra, establece unos criterios que los tribunales tienen que considerar al evaluar una solicitud de renuncia de jurisdicción. Este recurso nos permite examinar estos criterios y definir sus contornos a la luz de nuestra experiencia con la legislación anterior.

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Antes de la promulgación de esta ley, y bajo el estado de derecho anterior, existía una ambigüedad causada por la ausencia de criterios a considerarse para renunciar a la jurisdicción de menores. Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferen-cia Judicial de 1980, pág. 95. El enfoque que se utilizaba era el del bienestar del menor o de la comunidad. ELA en interés R.M.R., 83 D.P.R. 242 (1961); Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98 (1967). A la luz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966), el panorama varió. Se estableció en ese caso que la renuncia de jurisdicción era una etapa crítica y que debían considerarse los factores siguientes al tomar la decisión:

1. La gravedad del alegado delito contra la comunidad y si la protección de la comunidad requiere una renuncia de jurisdicción.
2. Si el delito alegado se cometió de manera agresiva, violenta, premeditada o intencional.
3. Si el delito alegado se cometió contra personas o contra la propiedad; deberá atribuirse mayor gravedad a los delitos contra las personas, en especial si éstos provocan daños corporales.
4. Los méritos de la querella, es decir, si existe prueba suficiente a base de la cual sea probable que un Gran Jurado formule una acusación (lo cual se decidirá en consulta con el Procurador de los Estados Unidos).
5. La conveniencia de juicio y procesamiento del delito en un solo tribunal, cuando los cómplices del menor en la comisión del delito alegado sean adultos contra quienes se presentáran cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
6. El grado de sofisticación y madurez del menor, según se determine a base de la situación de su hogar, el ambiente en que se desenvuelve, su actitud emocional y sus patrones de vida.
7. El expediente y el historial previo del menor, incluso sus contactos anteriores con la División de Ayuda a Menores, con otras agencias para el cumplimiento de la ley, tribunales de menores y otras jurisdicciones; períodos anteriores en probatoria ante este Tribunal, o estadías previas en instituciones para menores.
8. Las probabilidades de brindar protección adecuada al público y las posibilidades de lograr una rehabilitación razonable del menor (si se le halla culpable de haber cometido el delito alegado) por medio de procedimientos, servicios e instalaciones que estén actual-mente a la disposición del Tribunal de Menores. (Traducción nuestra.) Kent v. United States, supra, págs. 566-568.

En un estudio realizado en las distintas jurisdicciones juveniles de Estados Unidos se encontró que los tribunales le daban especial consideración a la naturaleza de la falta y al historial social y emocional del menor. Se consideraba, entre otras cosas, el tipo de ofensa, la madurez y actitud emocional, la edad, las posibilidades de rehabilitación, el efecto de un encarcelamiento prolongado y la actitud de la comunidad con respecto al crimen. The President’s Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice, Task Force Report: Juvenile Delinquency and Youth Crime, Appendix B, Table 5,1967, pág. 78, citado en S. Davis, Rights of Juveniles, 2da ed., Nueva York, Ed. Clark Boardman Co., Sec. 4.3, págs. 4-17. Véase Kalogerakis, Legal Issues, 5 Ann. Rev. Am. Psychiatric Assoc. 497 (1986).

Por otra parte, la jurisprudencia en Estados Unidos ha reflejado la utilización de rigurosos criterios en las renuncias de jurisdicción que fundamentalmente giran en torno a la seriedad de la falta (Summers v. State, 230 N.E.2d 320 (Ind. 1967)) y la capacidad del menor de distinguir entre el bien y el mal (S.H. v. State, 555 P.2d. 1050 (Okla. 1976)). De esa forma la gran mayoría de esas jurisdicciones han establecido guías claras y precisas para la renuncia de jurisdicción. Miller y Dawson: The Juvenile Justice Process, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1976, pág. 333; B. Valliere, The Transfer of Juvenile Offenders to Adult Courts in Massachusetts: Reevaluating the Rehabilitative Ideal, 20 (Núm. 3) Suffolk U. L. Rev. 989 (1986); A. Johnson, The Waiver of Juvenile Court Jurisdiction, 16 (Núm. 2) Akron L. Rev. 324 (1982); Davis, op. cit, Sec. 4.1, págs. 4-5.()

En Puerto Rico exploramos por primera vez este problema en Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925 (1971), y al amparo de la legislación anterior nos pronunciamos sobre la aplicabilidad de los factores de Kent v. United States, supra. Recientemente en Pueblo ex rel. R.S.R., 121 D.P.R. 293 (1988), expresamos que al dilucidar una petición de renuncia de jurisdicción le corresponde al Estado presentar prueba sobre la naturaleza de la falta que se imputa al menor y las circunstancias que la rodean. Sin embargo, esta es la primera ocasión en que los errores expuestos en esta apelación nos permiten pronunciarnos sobre todos los factores enumerados en la nueva ley.

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Para determinar la procedencia de una petición de renuncia de jurisdicción formulada por el Procurador, la ley requiere que mediante una resolución fundamentada examine cuatro (4) factores antes de encausarlo como adulto. 34 L.P.R.A. sec. 2215(c).

El primer elemento requiere que se considere la “[njaturaleza de la falta que se imputa al menor y las circunstancias que la rodearon”. 34 L.P.R.A. sec. 2215(c)(1). En este primer factor se debe considerar el tipo de delito cometido y la forma en que se cometió, además del grado de violencia utilizada, la peligrosidad del acto y el uso de armas de fuego. Hay que determinar: ¿Es este el tipo de falta que demuestra un ánimo perverso y maligno que caracteriza propiamente a un adulto? ¿Demuestra su conducta una indiferencia hacia la vida humana y hacia las normas básicas de convivencia social? También hay que considerar cuál fue el grado de participación del menor en el acto delictivo y si la gravedad del acto presenta un riesgo para la comunidad.

En segundo lugar, se deben estudiar sus antecedentes legales para evaluar los tipos de faltas en las que ha incurrido anteriormente y los resultados de las medidas dispositivas impuestas por el tribunal. 34 L.P.R.A. sec. 2215(c)(2). Estudios sociológicos sobre la delincuencia juvenil revelan que la severidad y el número de incidentes de conducta antisocial son un buen indicador de la capacidad de los jóvenes para adaptarse a la sociedad una vez son adultos: “la conducta durante la niñez predice la conducta del adulto, mejor que cualquier otra variable”. Kay, Adolescent Conduct Disorders, 5 Ann. Rev. Am. Psychiatric Assoc. 488. Su historial delictivo le permitirá al tribunal analizar si el menor presenta rasgos de delinquir frecuentemente, así como su capacidad para corregir su conducta a tenor con las medidas tomadas. El tribunal también debe considerar si el menor ha estado recluido en instituciones de servicios para menores y si ha evadido o incumplido los tratamientos requeridos.

Los últimos dos (2) factores que dispone el estatuto se refieren al historial social y socioemocional del menor. 34 L.P.R.A. sec. 2215(c)(3) y (c)(4). La intervención de los profesionales de la conducta humana (entiéndase trabajadores sociales, sicólogos y siquiatras, entre otros) es necesaria en esta etapa ya que es de ayuda al Tribunal de Menores en el examen de una serie de aspectos relacionados con la conducta, comportamiento social y controles externos e internos del menor. La evaluación debe concluir si el menor tiene o no un potencial rehabilitador en las instituciones diseñadas para menores.

Sobre el historial social corresponde examinar, como regla general, las relaciones familiares del menor y su comportamiento social. En particular debe estudiarse su núcleo familiar. Se debe identificar la composición familiar, con quién vive el menor y el tipo de controles que tiene en su hogar. Sobre este último aspecto es importante examinar si los padres o custodios presen-tan los mismos problemas que el menor. Véase Kay, supra, págs. 484-486.

En la interacción del menor con su ambiente familiar es aconsejable considerar aspectos tales como desempleo, alcoholismo, drogadicción, conflictos maritales, maltrato conyugal, enfermedades mentales o físicas, así como otros problemas familiares. Si tiene fuentes de ingreso propio es prudente explorar si se originan en actividades delictivas tales como la distribución de drogas. El examen de estos asuntos tiene el propósito de determinar si tales problemas han influenciado en la conducta del menor. Véase Merton, Social Theory and Social Structure, 1957.

Sobre la conducta social del menor también procede un examen de su comportamiento escolar y funcionamiento académico, evaluando si hay problemas de ausentismo, indisciplina y falta de interés en sus estudios así como en sus relaciones con la comunidad y con las personas con quienes acostumbra confraternizar. Para completar el cuadro social es aconsejable inquirir sobre su capacidad para enfrentarse a situaciones adversas y si refleja un historial de agresividad y violencia en sus relaciones interpersonales que le permitan al tribunal determinar si es una, persona rehabilitable dentro del sistema de justicia juvenil. Kay, supra, págs. 487-488.

El factor relacionado al historial socioemocional del menor va dirigido a evaluar las actitudes del menor hacia la autoridad y los controles internos respecto a su comportamiento de manera que se pueda establecer si en su caso particular el sistema de rehabilitación disponible podría ayudarlo a corregir su comportamiento social. Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22 de mayo de 1985, pág. 9. Davis, op. cit, págs. 4-18. Para alcanzar este propósito se deben considerar unos indicadores de conducta sobre la peligrosidad del menor —consigo mismo y hacia otros— a la luz del acto cometido y de la probabilidad de que actos similares o de mayor peligro ocurran en el futuro. Entre otros, procede evaluar las reacciones del menor ante provocacio-nes y el grado de impulsividad que caracteriza su conducta. Se debe investigar si tiene desórdenes emocionales o enfermedades orgánicas o si es adicto a alguna sustancia controlada.

Todos estos indicadores nos ayudan a determinar si el menor tiene suficientes controles internos como para enfrentarse y desempeñarse en una sociedad, así como para predecir las probabilidades de que responda a las medidas dispositivas del sistema juvenil. Véase Kay, supra, págs. 480-484.

La vista de renuncia de jurisdicción tiene como objetivo que el tribunal pueda considerar las posibilidades de rehabilitación del menor y si el interés de la sociedad se beneficia con el hecho de mantenerlo bajo su tutelaje. Véase A.B.A. Standards Relating to Transfer Between Courts Sec. 2.1B, pág. 80 (1980).

Los tribunales tienen que tener en cuenta en todo momento que la filosofía de nuestro ordenamiento es rehabilitar al menor por ser éste un miembro más del grupo de personas que requieren la protección y asistencia del Estado. Bajo el esquema de la ley, el tratamiento rehabilitador para un menor es la regla general y el juicio como adulto debe ser la excepción a ser utilizada cuando el tribunal entienda que no existen alternativas para tratar al aprehendido bajo su jurisdicción.

Ninguno de los factores antes interpretados es determinante por sí solo y ninguno prevalece sobre los demás. Corresponde, sin embargo, un análisis riguroso y fundamentado a base de una completa investigación que le permita a los tribunales resolver a la luz de la totalidad de las circunstancias de cada caso si el menor es rehabilitable y, por ende, acreedor a los servicios ofrecidos por el sistema de menores o si debe responder por sus actos ante los tribunales ordinarios. Para ello es necesario que la particular atención que reciba el menor se determine no sólo a base del acto cometido, sino de sus necesidades psíquicas, intelectuales y sociales. Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial, supra, pág. 229.

V

En el caso de autos la exposición narrativa de la prueba revela que en la vista de renuncia de jurisdicción se recibió abundante prueba pericial de psicólogos, siquiatras y trabajadoras sociales a los fines de que el tribunal tuviera un cuadro más abarcador sobre todos estos elementos.

En esa audiencia declararon los señores Eduardo López y Juan Ramón Pérez sobre los hechos alegadamente cometidos por el menor. Con relación al mismo asunto se recibió también el testimonio estipulado() de la Sra. Norma Tartak, madre del joven muerto.

Para establecer el historial social y socioemocional del menor declararon: el psicólogo clínico Antonio Rodríguez Posada; el Dr. Jaime Acevedo Maldonado, psiquiatra; la trabajadora social Marilyn Vargas López, que trabaja en el Hogar Juvenil de Humacao donde estuvo el menor aprehendido antes de la vista; las señoras Avelina Domingo y Rafaela Saldaña, trabajadoras socia-les del tribunal; la Dra. Ana Luisa González Cabrera, psicóloga clínica del Departamento de Servicios contra la Adicción (De.S.C.A.) y el Sr. Roberto L. Torres, técnico de esa agencia estatal.

El primer testigo fue el psicólogo clínico Antonio Rodríguez Posada, quien testificó que evaluó al peticionario y encontró que era una persona de conducta antisocial, agresiva e irritable y que reaccionaba violentamente a las frustraciones. También afirmó que aunque el menor conocía lo que había hecho, no le importaban las consecuencias de sus actos y presentaba rasgos de indiferencia y desprecio hacia el valor de la vida humana. Además, en el último año había usado distintos tipos de drogas. Finalmente, expresó reservas con las posibilidades de su rehabilitación en las insti-tuciones juveniles. Véase E.N.P, págs. 3-13.

Por su parte, el Dr. Jaime Acevedo, perito en psiquiatría, también señaló que el menor tenía una conducta social muy agresiva con un patrón recurrente de abuso de drogas. A pregun-tas hechas en el contrainterrogatorio por el representante legal del menor, testificó que el menor tenía pocos controles internos y no valoraba las consecuencias de sus actos. Finalmente, concluyó que el menor se encontraba capacitado para distinguir entre el bien y el mal, por lo que recomendaba la renuncia de jurisdicción. Sobre el aspecto de la rehabilitación dijo que “era cuesta arriba” ya que requería controles externos muy rígidos que no estaban disponibles en los hogares juveniles. Véase E.N.E, págs. 13-22.

Concluido el testimonio del psiquiatra, se admitió una evalua-ción hecha por la psicóloga clínica Dra. Ana Luisa González Cabrera y el coordinador Sr. Roberto Luis Torres, profesionales adscritos al ÜE.S.C.A. En su testimonio, la doctora González ratificó que el menor era un adicto compulsivo (E.N.E, pág. 44) y que consumía marihuana desde los trece (13) años, a razón de cinco (5) o seis (6) cigarrillos diarios, y cocaína desde los quince (15) años, utilizando de una (1) a dos (2) bolsas diarias. La doctora informó que el menor confesó haber usado diversos tipos de sustancias controladas, tales como crack, valium, artane, heroína y hashish. Ambos testigos corroboraron que el menor carecía de controles internos, que tenía un patrón de abuso de drogas y que sus posibilidades de rehabilitación en el sistema de hogares juveniles eran mínimas. Véase E.N.E, págs. 43-48.

For otro lado, las trabajadoras sociales del Tribunal Superior, Avelina Domingo y Rafaela Saldaña, confirmaron que el menor era agresivo y no tenía los controles necesarios para convivir en una comunidad. También reafirmaron que la adicción a drogas era determinante en su vida y que habían recibido información de haber visto al menor con personas vinculadas al bajo mundo consumiendo drogas en la escuela y tratando de introducirla para la venta en los planteles. Véase E.N.E, págs. 34-38.

For último, el tribunal de instancia recibió unos informes sobre un electroencefalograma y una evaluación neurológica practicados al menor en los cuales se apreciaba que éste gozaba de buena salud física. A la luz de esta amplia prueba pericial, el tribunal evaluó los factores pertinentes y mediante una resolución debidamente fundamentada renunció a su jurisdicción.

El magistrado de instancia elocuentemente formuló sus con-clusiones sobre la naturaleza de la falta y la forma dramática en que ocurrieron los hechos delictivos. “Los hechos alegados en las querellas . . . señalan a la comisión por el menor de un acto agravado, atroz e impío, al disparar a otro ser humano con un arma de fuego desde corta distancia, de frente y de arriba hacia abajo, ocasionando la bala laceraciones múltiples en los órganos internos, lo que motivó la muerte. La prueba acusa también a otros actos, casi coetáneos con el asesinato, de premeditación y de despojo de propriedad mediante la intimidación armada, y a una escalofriante fuga en el vehículo así apropiado ilegalmente que fue, eventualmente, terminada por la valiente y peligrosa inter-vención de una de las víctimas del robo.” Resolución de renuncia de jurisdicción, pág. 3.

Por otro lado, el tribunal a quo consideró que aunque R.H.M. no tenía antecedentes delictivos, su perfil social reflejaba un menor con graves problemas de disciplina en el hogar y en la escuela, una condición crónica de adicción a drogas y utilización de armas de fuego. De nuevo las palabras del ilustrado juez reflejan la magnitud del problema social del menor: “[E]l carácter y el comportamiento del menor se deterioraba en forma progresiva y los padres no lograron imponerle controles y disciplina; [es un] menor [que] retaba su autoridad, permanecía fuera del hogar en malas compañías y, en ocasiones, se desaparecía del hogar por varios días sin que los padres supieran d[ó]nde se encontraba.” Resolución de renuncia de jurisdicción, pág. 4. La comunidad donde vive lo asociaba por sus compañías con personas vinculadas a la distribución de drogas. A partir de 1986 la conducta escolar se tornó esquiva y huraña, se ausentaba de la escuela y, finalmente, la abandonó. No empece tal abandono, fue observado en los predios escolares con armas de fuego y consumiendo masiva-mente desde los trece (13) años sustancias controladas,() lo que le ha creado una dependencia compulsiva tanto física como sicológica. Como consecuencia, no tiene capacidad de análisis para comprender su problemática relacionada con las drogas. Id.

Finalmente, el tribunal evaluó la condición socioemocional del menor considerando en particular sus actitudes hacia la autoridad y las posibilidades de rehabilitación y tratamiento individualizado en los centros o instituciones para menores. Sobre este factor el tribunal concluyó, luego de un ponderado análisis de la prueba ante sí, que el menor reflejaba una “conducta infra-socializada agresiva” con unos rasgos de “personalidad que presentan peligro para él y para la comunidad”, así como una total incapacidad para adaptarse a la sociedad y convivir en una comunidad. Resolución de renuncia de jurisdicción, págs. 6-7. Los estudios realizados por las trabajadoras sociales y psicólogos demostraron una persona carente de los valores básicos de nuestra sociedad y “sin sentido de arrepentimiento por los actos cometidos”. Id.

Tomadas todas esas conclusiones de los factores que la Ley de Menores de Puerto Rico exige para la determinación de renuncia de jurisdicción, el tribunal acertadamente concluyó:

Ante la gravedad y efectos de las faltas imputadas al menor, la estructura de su personalidad, el patrón de conducta antisocial manifestado por éste, la expectativa razonable de recurrencia de actos similares o parecidos a los imputados al menor, y el efecto acumulativo de los factores antes considerados, entendemos y resolvemos que se hace imperativo que sea el sistema de adultos el que entienda con el menor. No responde a los mejores intereses del menor ni de la comunidad el atender su caso bajo las disposiciones de la Ley de Menores. Dentro del contexto del sistema de menores no es posible brindarle para su propio bienestar, o el de la comunidad, o en conjunción para ambos, la supervisión, los contro-les necesarios y la exigencia de responsabilidad para dirigir sus actos y responder por ellos. Resolución de renuncia de jurisdicción, pág. 9.

Del examen de la exposición narrativa de la prueba concluimos que las determinaciones de hecho realizadas por el ilustrado foro de instancia están sostenidas por la prueba y, por lo tanto, merecen deferencia en ausencia de error manifiesto, prejuicio o parcialidad —Pueblo ex rel. F.J.M.R., 111 D.P.R. 501 (1981)— y claro abuso de discreción. ELA en interés R.M.R., supra, pág. 251. Las conclusiones antes mencionadas también satisfacen el criterio de la totalidad de las circunstancias que exigimos en Pueblo ex rel. R.S.R., supra, y los que exponemos en el caso de autos.C)

VI

En su segundo señalamiento de un escrito bien fundamentado, el apelante nos insta a que le impongamos al Estado un quantum de prueba más riguroso para poder lograr una determinación judicial de renuncia de jurisdicción sobre un menor. Citando de Kent v. United States, supra, pág. 553, nos apunta que esta etapa adjudicativa es de importancia crítica ya que determinar derechos estatutarios es de vital importancia para el menor.

Con una analogía de P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 223-227 (1981), el apelante sostiene que no se trata del caso civil típico en donde una mera preponderancia de la prueba es suficiente, sino que es un procedimiento de naturaleza inter-media en donde el Frocurador deberá establecer su caso con prueba clara, robusta y convincente. Declinamos su invitación.

La Regla 4.4 de Frocedimiento para Asuntos de Menores/) 34 L.ER.A. Ap. I-A, es diáfanamente clara. Le impone al Frocu-rador la carga de la prueba para establecer la necesidad de la renuncia jurisdiccional y le concede al menor el derecho a rebatir y a cuestionar la evidencia ofrecida. Por último, la regla señala que “[e]l tribunal resolverá a base de la preponderancia de la prueba”. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Véanse, además: D. Neváres-Muñiz, Derecho de Menores, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, págs. 28-29; M.L. Colón, Comentario a las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores, 3 (Núm. 1) Forum 20 (1987).

El caso Kent v. United States, supra, pág. 562, no requiere un criterio de prueba más riguroso. Por el contrario, lo imprescindi-ble es que el procedimiento cumpla con los requisitos esenciales del debido proceso de ley y el trato justo. Ya en ELA en interés R.M.R., supra, págs. 242, 247-248, lo habíamos así reconocido.

Aunque en R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974), resolvimos que es necesario probar más allá de duda razonable la comisión de una falta imputada a un menor, esta norma sólo es aplicable al procedimiento en su etapa estrictamente adjudicativa.

Una vez se encuentra a un menor incurso en falta, “está sujeto, al igual que el adulto, al estigma resultante ... de que ha violado un estatuto criminal, y asimismo está expuesto a la posibilidad de reclusión en una institución disciplinaria . . .”. R.A.M. v. Tribunal Superior, supra, pág. 273. Por entender que era injusto exponer al menor a las consecuencias señaladas a base de un criterio de prueba menor al que sería suficiente para condenar a un adulto, en R.A.M. v. Tribunal Superior, supra, lo equiparamos, pero lo dicho allí no aplica al proceso de renuncia de jurisdicción.

La renuncia jurisdiccional no constituye una determinación de culpabilidad ni prejuzga la vista en su fondo por la falta imputada o el juicio criminal ordinario. Aunque el procedimiento es dispo-sitivo, no es adjudicativo de unos hechos ni le imparte estigma negativo que afecte sus derechos a un juicio justo e imparcial. Véanse: State v. Piche, 442 P.2d 632, 635 (Wash. 1968); Davis, op. cit., Sec. 4.20(1). Abona a esta teoría el hecho de que el legislador dispuso como propósito y base de la Ley de Menores de Puerto Rico, que los procesos estatuidos bajo esta ley no se consideren de naturaleza criminal y sí como procedimientos civiles sui géneris. 34 L.P.R.A. sec. 2237; ELA en interés R.M.R., supra; Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497 (1983).

Por estas razones, resolvemos que el debido proceso de ley y el trato justo no requieren que se le imponga al Estado un criterio de prueba más riguroso para la determinación judicial de renuncia de jurisdicción.

VII

El apelante nos apunta como tercer error que el tribunal de instancia erró al interpretar que su silencio o falta de expresión constituía una actitud de indiferencia o falta de arrepentimiento y que tal apreciación viola la prohibición constitucional a que se comente el silencio del acusado. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.ER.A., Tomo 1.

El apelante también argumenta que se le violó su derecho a no incriminarse y a estar asistido de abogado, cuando se le permitió al Procurador someter al menor a evaluaciones hechas por peritos en conducta humana contratados por el Estado sin previa notifi-cación a su defensa y sin las debidas advertencias. Sus argumen-tos no nos convencen.

En primer lugar, los derechos constitucionales que puede reclamar un menor en un procedimiento bajo la Ley de Menores de Puerto Rico surgen de los principios del debido proceso de ley y trato justo. Pueblo ex rel. J.L.D.R., supra, pág. 505; ELA en interés R.M.R., supra, pág. 248; R.A.M. v. Tribunal Superior, supra, pág. 273.

Como parte del trato justo y el debido proceso de ley, a los menores se les ha reconocido la protección de la garantía cons-titucional contra la autoincriminación. Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98 (1967); Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551 (1989); In re Gault, 387 U.S. 1, 55 (1967).

El apelante cuestiona las conclusiones siguientes hechas por el juzgador y aduce que éstas son producto del comentario del silencio del menor y que las mismas son autoincriminatorias:

[1.] A base de las apreciaciones y los testimonios de los psiquiatras, sicólogos, trabajador social y técnico de servicios sociales que han entrevistado o evaluado al menor, el Tribunal encuentra y concluye que en el menor existen algunas cualidades de personalidad que presentan peligro para él y para la comunidad.
[2.] La capacidad de introspección del menor, eso es, la observación interna del yo y de sus actos, es pobre. No muestra sentido de culpa o de arrepentimiento o de remordimiento por sus actos. Sí le importa lo que le pueda ocurrir a él pero no le importa lo que le ocurrió a la otra persona. Resolución, supra, pág. 7.

Estas conclusiones son el producto de un análisis de la prueba presentada —en términos de la credibilidad que le dio el tribunal a los informes sociales y psiquiátricos que requerimos como parte del debido proceso de ley— en los casos de renuncia de jurisdicción. Esas evaluaciones psiquiátricas, sicológicas y de trabajo social son para poner al juzgador en posición de evaluar si el menor se mantiene o no bajo la jurisdicción del Tribunal de Menores.

Tales informes no representan una violación al derecho cons-titucional a no incriminarse debido a que éstos giran en torno a las actitudes, emociones y sensaciones de la personalidad del menor que no están directamente relacionadas con los hechos específicos por los cuales ha de ser juzgado. El propósito es elaborar un cuadro general para poner en posición al juzgador de declinar el ejercicio de su jurisdicción, conforme a los factores del Art. 15 de la Ley de Menores de Fuerto Rico, supra, según antes interpre-tados.

For otro lado, la Regla 4.4 de Frocedimiento para Asuntos de Menores, supra, provee al menor el derecho a rebatir y a cuestionar la prueba presentada por el Procurador en casos de renuncia de jurisdicción. A esos efectos, la representación legal del menor tuvo amplia oportunidad de contrainterrogar sobre el aspecto del arrepentimiento del menor, y así lo hizo al doctor Acevedo Maldonado. E.N.P., págs. 19-20. Finalmente, la Ley de Menores de Puerto Rico, en su Art. 37(d), 34 L.P.R.A. sec. 2237(d),() provee para que dentro del marco de confidencialidad —en beneficio del menor— se prepare un expediente separado al cual tendrá acceso la representación legal del menor antes de la vista.

Por las razones antes expresadas, se dictará sentencia que confirma que la resolución del tribunal de instancia por la cual se renuncia a la jurisdicción sobre el menor apelante para que sea juzgado como adulto por la acusación de asesinato, robo y violación de los Arts. 6 y 8 déla Ley de Armas de Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) También solicitó mediante moción en auxilio de jurisdicción que paralizáramos los procedimientos para evitar que se siguiera el trámite judicial como adulto. Mediante Resolución de 11 de junio de 1987, nos negamos a concederle el remedio solicitado.

      (2) En el Art. 3 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.ER.A. see. 2203, se define lo que son Faltas Clase II y Clase III. La Falta Clase II es aquella conducta tipificada como delito grave en la jurisdicción ordinaria y que no está clasificada como Falta Clase III. 34 L.ER.A. sec. 2203(k). La Falta Clase III es aquella conducta tipificada en la jurisdicción ordinaria como los delitos graves siguientes: asesinato, homicidio, agresión agravada en su modalidad grave, violación, robo, distribución de sustancias controladas, incendio agra-vado, restricción ilegal de la libertad, secuestro, mutilación, incesto, sodomía, robo de menores, estragos, escalamiento y apropiación ilegal en su modalidad de hurto de vehículos. 34 L.ER.A. sec. 2203(1).
      El 19 de junio de 1987 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 34. Ésta provee para que en los casos que se impute al menor la comisión del delito de asesinato, o que participe en una transacción o evento que culmine en asesinato o en la comisión de un delito luego de haber sido juzgado por asesinato, se le prive al Tribunal de Menores de su jurisdicción y se juzgue al menor en el tribunal ordinario para adultos. 34 L.RR.A. see. 2204(a), (b) y (c). Dicha ley no estaba en vigor al momento de los hechos de este caso. Sin embargo, la doctrina que hoy establecemos será de aplicación a los casos donde se solicite la renuncia de jurisdicción en conformidad con la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.ER.A. see. 2201 y ss.) por la comisión de las otras faltas expuestas.

      (3) Esta parte del Art. 15 de la Ley de Menores de Fuerto Rico, 34 L.E R.A. see. 2215, fue enmendada por la Ley Núm. 94 de 13 de julio de 1988 a los fines de eliminar el concepto de obligatoriedad.

      (4) Por otro lado, en las jurisdicciones europeas, asiáticas y latinoamericanas, la legislación sobre tratamientos a jóvenes que delinquen se funda en tres (3) tipos de investigaciones: el tipo de delito, el historial familiar y las probabilidades reales de rehabilitación. Es importante señalar que en la gran mayoría de estas jurisdicciones se exige un informe detallado sobre la personalidad y el desarrollo físico y psicológico del joven, preparado por profesionales dedicados a esas materias. T. Sabater, Los Delincuentes Jóvenes, Barcelona, Ed. Hispano Europa, 1976, págs. 152-153.

      (5) Se estipuló únicamente para propósitos de la vista de renuncia a la jurisdicción.

      (6) El testimonio de los peritos en corte reflejó que el apelante hacía uso excesivo de las siguientes sustancias controladas: marihuana, cocaína, crack, valium, artane, heroína, hashish. E.N.P., págs. 4, 11, 14, 17, 30, 35, 39 y 51.

      (7) En términos generales, los estudios más recientes han concluido que los jueces del Tribunal de Menores están utilizando adecuadamente su discreción al renunciar a su jurisdicción y al sentenciar. Véase D. Neváres-Muñiz y M.E. Wolfgang, Delincuencia juvenil en Puerto Rico: cohorte de personas nacidas en 1970, Senado de Puerto Rico de 1988, pág. 274.

      (8) La Regla 4.4 de Procedimiento para Asuntos de Menores dispone:
      “Durante la vista, el Procurador presentará la prueba con que cuente en apoyo de su solicitud. El menor podrá rebatir la prueba y cuestionar el contenido de los documentos presentados en evidencia, así como interrogar a las. personas que suscriban informes periciales.
      “El tribunal resolverá a base de la preponderancia de la prueba.” 34 L.ER.A. Ap I-A.

        (9) El Art. 37(d) de la Ley de Menores de Puerto Rico dispone:
      “(d) Confidencialidad del expediente. — Los expedientes en los casos de menores se mantendrán en archivos separados de los de adultos y no estarán sujetos a inspección por el público, excepto que estarán accesibles a inspección por la representación legal del menor previa identificación y en el lugar designado para ello. Tanto los expedientes en poder de la Policía como aquéllos en poder del Procurador están sujetos a la misma confidencialidad. No se proveerán copias de documentos legales o sociales para ser sacadas fuera del Tribunal.
      “No se suministrará información sobre el contenido de los expedientes excepto que, previa muestra de necesidad y permiso expreso del Tribunal, se conceda a funcionarios del Tribunal General de Justicia en sus gestiones oficiales, y aquellas personas de acreditada reputación profesional o científica que por escrito prueben su interés en obtener información para la realización de sus labores oficiales, estudios o trabajos, y siempre bajo las condiciones que el Juez estipule.” (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. sec. 2237(d).