text:
    Empire Life Insurance Company, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.

      Número: O-76-229

      Resuelto: 15 de septiembre de 1976

      Pieros & Esteves, abogados de la recurrente; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente tenedora de un pagaré a la orden por $7,000,000.00 garantizado con primera hipoteca sobre un inmueble en la Avenida Ashford del Condado, San Juan, procedió a la ejecución de su crédito por la vía ordinaria que terminó en subasta y adjudicación de la referida finca a la acreedora por su licitación de $150,000.00. Por este precio se otorgó escritura de venta judicial que es la Núm. 5 de 12 de marzo de 1976 ante el notario Lie. Juan P. Esteves, quien unió a la escritura un documento que titula “acta notarial”, con su sola firma, en el cual dicho notario certifica que ha cancelado el pagaré “trazando una equis (X) sobre el mismo y poniendo la anotación ‘cancelado’, procediendo a unir el original a la referida escritura número cinco (5) [sobre venta judicial], para así formar parte del protocolo notarial . . . No hay constancia de haberse cancelado sello alguno de rentas in-ternas. Coetáneamente la recurrente obtuvo un mandamiento expedido por la Secretaria del Tribunal Superior de San Juan, en que dicha funcionaría “ordena la cancelación” de gravámenes posteriores al crédito ejecutado de conformidad con el Art. 125 de la Ley Hipotecaria. No se identifican dichos gravámenes en la orden secretarial, que según el Registro de la Propiedad consisten de una hipoteca por $1,500,000 y dos por $500,000 cada una, para un total de $2,500,000. La acree-dora ejecutante presentó esta documentación y complementa-rios en el Registro de la Propiedad acompañando compro-bantes de rentas internas en pago de derechos de $276.00 por la venta judicial y $7.50 por cancelación de gravámenes pos-teriores. La Registradora le exigió derechos por $13,976.50 y $4,926.50 por la adjudicación y cancelación respectivamente y como rehusara la recurrente consignar la deficiencia de $18,619.00, devolvió los documentos sin practicar operación con notas fundadas en que la Registradora justifica la dene-gación en la apuntada insuficiencia de derechos de arancel y además en la invalidez del acta notarial sobre cancelación del pagaré a la orden- y del mandamiento para cancelación de gravámenes posteriores. Ha recurrido la acreedora adjudi-cataria y antes de entrar en los méritos del recurso guber-nativo hemos de dejar nota de la vaguedad e imprecisión de la documentación de este caso. La escritura de venta judicial en su parte expositiva consta de cinco párrafos contentivos de cuatro referencias a otros documentos en una hoja y media de papel notarial; la certificación o “acta” de cancelación del pagaré, también lacónica, consta de hoja y cuarto principal-mente dedicada a referencias a otros títulos; y la “orden” de cancelación de gravámenes posteriores que firma una subset cretaria del Tribunal Superior quien no la entera de su faz de lo que estaba cancelando pues no se indica ni la naturaleza ni el importe de dichos gravámenes. En nuestro sistema registral el notario ejerce una previa calificación de la legali-dad y suficiencia de los documentos que ha de presentar al Registro y debe esforzarse por alcanzar la mayor claridad y certeza en los mismos facilitando la labor del Registrador con algo más que una lista de referencias a otros papeles que impone una extenuante labor de búsqueda y coordinación. La notaría es faena de tiempo y paciente integración de todos los elementos documentales, que sufre en su calidad con la festinación y la atracción de los atrechos fáciles.

h-í

Sostiene la recurrente, contrario a lo resuelto en Balbás v. Registrador, 45 D.P.R. 804 (1933), cuya revocación propone, que los derechos de arancel por inscripción de la escritura de venta judicial han de calcularse tomando como base el precio de $150,000 que figura en la escritura de venta judicial, y la Registradora insiste en computar derechos sobre la cantidad de $7,000,000, valor de la hipoteca ejecutada y del derecho de dominio transferido. En lo pertinente, dispone la vigente Ley de Arancel del Registro de la Propiedad, que es la Núm. 91 aprobada el 30 de mayo de 1970 (30 L.P.R.A. sec. 1767a) en su Art. 1:

“El arancel de los derechos que se han de pagar en lo sucesivo por las operaciones en el Registro de la Propiedad, en la forma que las secs. 1767a a 1767e de este título disponen, será el si-guiente:
Número Dos: Por la inscripción, anotación, cancelación, libe-ración, respecto a cada derecho en una finca, se pagarán los siguientes derechos:
(a) Si la finca o derecho vale mil (1,000) o menos, se pagará un (1) dólar.
(b) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de mil (1,000) dólares se pagará un (1) dólar por cada mil dólares o fracción de mil dólares del valor nominal de la finca hasta un valor máximo de veinticinco mil dólares.
(c) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de veinti-cinco mil dólares se pagarán veinticinco (25) dólares por los primeros veinticinco mil dólares y dos (2) dólares por cada mil dólares o fracción de mil dólares adicionales.” (Bastardillas nuestras.)

Históricamente el criterio determinante de aplicación del arancel ha sido “el valor de la finca o derecho”, expresión mantenida en el arancel Número Dos, supra, preservada de los anteriores estatutos regulatorios de esta materia, a saber: Ley de marzo 10, 1904, pág. 144; Ley Núm. 32 de noviembre 30, 1917, pág. 309; Ley Núm. 113 de mayo 6, 1941; Ley Núm. 101 de mayo 12, 1943; Ley Núm. 67 de junio 20, 1963. En 1929 resolvió este Tribunal, que es el valor de las fincas o derechos que se transmitan, y no el precio del remate, lo que ha de tomarse para calcular los derechos de inscripción. Schlüter v. Registrador, 39 D.P.R. 462 (1929). En 1933 volvió este Tribunal a descartar el precio de adjudicación en subasta por el valor del derecho ejecutado, o sea, el principal de la hipoteca, para fijar los derechos de inscripción. Balbás v. Registrador, supra. Esta norma responde al propósito que infiltra el arancel de aproximar en lo posible la base imposi-tiva al valor real del derecho objeto de la operación registral. El arancel que hoy rige sigue el mismo patrón al proveer que en las donaciones y otras trasmisiones a título gratuito no se aceptará la valoración hecha por los contratantes, sino la que apruebe el- Secretario de Hacienda; y cuando remite al Registrador, faltando en el título constancia del valor de cada finca o derecho, a la tasación oficial para el pago de contribución sobre la propiedad. (Normas Primera y Sexta, Art. 2, Ley Núm. 91 de 1970.)

No encontramos razón en la contención de la recurrente que propone reducir la base de cómputo del arancel a 2 % del principal de la hipoteca, elemento representativo del verdadero valor del inmueble ejecutado que consiste en 3.22 cuerdas bordeadas por el Atlántico y la Laguna del Condado en el lado Norte de la Avenida Ashford del Condado, San Juan, solar sobre el que se ha edificado un hotel de turismo de 320 habita-ciones, para entonces llamado “San Gerónimo”, ni se cumple el principio de legalidad ajustando el cobro de derechos a la desproporción resultante de pagar $150,000 por lo que fue buena garantía de $7,000,000.00.

La operación del Registro de la Propiedad se confronta en la práctica con dos realidades: la realidad registral y la extraregistral. Cuando surge discrepancia entre estos campos tenemos un vivo indicio de que una ficción ha ganado o está en vías de ganar acceso al Registro. La facultad de calificación del Registrador debe usarse dentro de su ámbito funcional, para negar legitimación registral a actos y contratos artificiosos y para promover la fidelidad óptima en los libros del Registro que acerque su realidad a la externa. La instrucción del Art. 18 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sec. 43) para que el Registrador califique bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción, y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras, se lee y aplica en Puerto Rico como más claramente expresa la Ley Hipotecaria Española: calificarán los títulos presentados por lo que resulte de los mismos y de los asientos del Registro con ellos relacionados. La calificación se extiende a toda clase de documentos pertinentes para apreciar la procedencia del asiento, en una conjunción de todos los elementos del título presentado y contenido del Registro. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Sexta Ed. (1968), Tomo II, pág. 260; Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 71 D.P.R. 847 (1950); Berlingeri v. Registrador, 96 D.P.R. 706 (1968).

Al examinar los títulos y constancias del Registro refe-rente al inmueble rematado, la Registradora recurrida en-contró que “el valor de la finca objeto de inscripción” no es $150,000 importe de licitación y adjudicación en subasta sino el mayor de $7,000,000 principal de la hipoteca ejecutada y siendo la calificación función de raciocinio correctamente con-cluyó que la cifra mayor es más representativa del valor en-vuelto en la operación de Registro y por tanto sujeto a aran-cel. No hay en los títulos calificados datos que hagan del presente un caso de excepción a la conocida práctica comercial de que el principal' de la hipoteca es inferior al valor del in-mueble afecto a la misma. Al así calificar la Registradora sólo cumplió el deseable objetivo de excluir la ficción y abrir el Registro a la realidad del verdadero valor del inmueble o derecho inscrito.

Al calificar un título para inscribir, el Registrador no tiene obligación de examinar todos los asientos del Registro, ni aun los referentes a la persona que trasmite o adquiere, pero puede hacerlo dentro de este último límite. Y si, casualmente o con intención, encuentra datos contradictorios que tal vez le conste que existen, sería absurdo admitir una inscripción a todas luces improcedente, con arreglo al contenido del mismo Registro. Morell y Terry, Legislación Hipotecaria, Tomo 2, Segunda Edición (1927), págs. 260-61.

{5] Al aplicar el arancel del Registro de la Propiedad, el Registrador, a tenor del título y los asientos relacionados, puede descartar el valor aparente, convenientemente ex-presado en la escritura de venta judicial, por el valor real que satisface la razón y el entendimiento.

En la ejecución de hipoteca, a diferencia de acciones en cobro de obligaciones que no tienen esa garantía, el valor de la finca o derecho trasmitido en venta judicial (Arancel

Número Dos, Ley Núm. 91 de mayo 30, 1970) es el valor del crédito hipotecario y no la oferta que obtuvo la buena pro en subasta. Balbás, supra. Así lo determinan no solo el texto de la citada Ley de Arancel, y la consistente interpretación judicial, sino la correlativa operación de cancelación de hipo-teca que ha de practicarse de oficio a tenor del Art. 79 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 153) y de cuya total cancelación se beneficia el adquirente en subasta, especial-mente cuando es persona distinta al acreedor. La escritura de constitución del crédito hipotecario es en este caso el “tí-tulo” a que ha de atenerse el Registrador para aplicar el aran-cel a la venta judicial, en cumplimiento del Art. 63, inciso 6, Reglamento Hipotecario (30 L.P.R.A. sec. 921(6)) en cuanto ordena que para dar a conocer con exactitud las fincas y los derechos que sean objeto de las inscripciones, el Registrador expresará el valor de la finca o derecho en la misma forma que apareciese en el título. Esta solución que reitera los pre-cedentes en Balbás y Schlüter, supra, es la más armónica con el contexto general de la vigente Ley de Arancel, Núm. 91 de 1970, pág. 254, que en su Art. 2, Norma Duodécima ordena:

En caso de enajenación, cesión o compraventa de fincas gra-vadas con hipotecas según el Registro de la Propiedad, de no constar del documento la inclusión de dichas hipotecas en el precio de venta, se tomará como base el precio de la enajenación, cesión o compraventa o la suma total de las hipotecas, lo que resulte mayor a los efectos de la cancelación de los correspondien-tes derechos de inscripción.”

rH 1 — I

El pagare garantizado con la hipoteca objeto de ejecución era un documento negociable, trasmisible por endoso cuya cancelación se exige, bien en la propia escritura de venta judicial o en documento público aparte a tenor del párrafo 4o del Art. 82 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sec. 156) que ordena: “Las inscripciones hechas para responder de cantidades representadas por títulos al portador o trasmisi-bles por endoso, se cancelarán presentándose la escritura otor-gada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables o al portador.” Porras v. Registrador, 59 D.P.R. 595, 597-98 (1941). En vez de seguir la clarísima disposición de Ley y de jurisprudencia, el recurrente se des-vió en dos aspectos fundamentales: en lugar de escritura optó por un “acta” o apéndice a la de venta judicial en que el propio notario, sin la comparecencia de la acreedora que había cobrado el crédito, certifica haber cancelado la obligación, y como antes anotamos, sin indicio alguno de haberse satisfecho los derechos del arancel notarial.

El método de cancelación ordenado en el Art. 82 de la Ley Hipotecaria está dirigido a sacar de circulación en el comercio el pagaré transmisible, bien por entrega o endoso, en protección de terceras personas ajenas a la extinción de la garantía hipotecaria que le impartía valor de título asegu-rado. A tales fines el otorgamiento de escritura pública por el poseedor legal del título transmisible por endoso es re-quisito indispensable de legalidad. Dominici v. Registrador, 59 D.P.R. 764, 767 (1942). La confusión de derechos al ad-venir el acreedor dueño del inmueble hipotecado es una de las causas de extinción de la hipoteca (Art. 1146, Código Civil) mas cuando se da en aquéllas constituidas para garan-tir títulos endosables o al portador, la regla especial del Art. 32 4o citado que exige cancelación por escritura, ha de cumplirse. La letra de dicha disposición excluye la cancelación “automática” provista en el párrafo 2o del mismo artículo para cuando el derecho inscrito quede extinguido por declaración de la Ley, o resulte así de la misma escritura inscrita.

HH

Como se ha dicho, el inmueble ejecutado estaba afecto a otras tres hipotecas: una por $500,000 a favor de San Jerónimo Hotel Corp.; otra de $1,500,000 a favor de René Aponte Caratini y otra de $500,000 a favor de este último. En la sentencia de dispuso, con prematuridad lo siguiente:

“5. — Una vez comprobado por la Secretaria, que la subasta produjo una cantidad que no igualó o superó el importe del crédito hipotecario objeto de ejecución, y que se notificó por la parte demandante a los titulares de dichos gravámenes posterio-res cuyos créditos o derechos resultan del Registro para que pudieran concurrir a la subasta si lo creyeran necesario, se ordena la cancelación de cualquier gravamen posterior a la hipoteca que se ejecutó, conforme a lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley Hipotecaria [y] del Artículo 172 del Reglamento para su ejecución, para lo cual expedirá el correspondiente man-damiento de cancelación dirigido al Registrador de la propiedad de cuya demarcación se trate.”
La sentencia no especifica cuáles son esos gravámenes poste-riores y delegó por anticipado en la Secretaria la comproba-ción de haberse notificado la subasta a los acreedores titu-lares de los mismos.

En su párrafo 2o, el Art. 125 de la Ley Hipotecaria (SO L.P.R.A. sec. 221) dispone:

“En los casos de que sobre una o varias fincas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse o adjudicarse para el pago al primer acreedor, en términos de que el valor de lo vendido o adjudicado o no iguale o no supere al crédito hipotecario que se realice, los créditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancelados. Y se cancelarán en el registro, previa presentación del oportuno mandamiento judicial en que consten la venta o la adjudicación y sus causas, con expresión del acto que constituya la solvencia del crédito preferido, todas las inscripciones posteriores de censos e hipote-cas y las anotaciones de embargo hechas también con posteriori-dad, dejando libres de todo gravamen por estos conceptos la finca o fincas enajenadas o adjudicadas.”

El mandamiento judicial de cancelación que exige la ley no puede originarlo el Secretario. Ha de estar precedido de una orden del juez dictada una vez satisfecho de haberse cumplido el requisito de notificación de subasta y con conocimiento de la naturaleza de los créditos posteriores a cancelarse. No es éste un simple trámite de papeles, sino actuación que demanda el uso de criterios legales reser-vado al juez de derecho. El juez, no el secretario, es el guarda-dor del debido proceso de ley. Cf. Montes de Oca v. Baéz, 23 D.P.R. 707, 711, in fine, 712; y Arts. 2, 2o y 8, Ley Hipote-caria. Es correcta la posición de la Registradora recurrida así expresada: “El juez no podía ordenar la cancelación de los gravámenes posteriores antes de haberse celebrado la subasta. Dependiendo la cancelación de los gravámenes posteriores de dos cosas que, necesariamente, tenían que haber ocurrido antes de la subasta (notificación a los titulares de los gravá-menes posteriores) o en el acto de la subasta (que la subasta produjera una cantidad que no superara al crédito objeto de ejecución), es enteramente claro que, en el orden natural y lógico de las cosas, la cancelación de los gravámenes posterio-res no podía solicitarse, ni debía ordenarse, en ningún mo-mento antes de que tuviera efecto la subasta que es cuando únicamente el Juez podía tener ante sí los hechos o elementos que necesariamente tenía que considerar para resolver la cuestión.”

IV

La cancelación de los gravámenes posteriores devenga derechos de arancel. Al disponer el Art. 125, párr. 2o de la Ley Hipotecaria que “los créditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancelados, y se cancelarán en el registro, previa presentación del oportuno mandamiento judicial. . . no se dice que la cancelación se hará de oficio, término utilizado en el Art. 79, inciso 5o (30 L.P.R.A. sec. 153) con expresa limitación a la cancelación del crédito ejecutado.

Las notas denegatorias de inscripción han de ser confir-madas.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       En base” es modismo en boga, de oscuro linaje oficinesco enajenado del buen decir propio del habla forense.

       Al Art. 79 de la Ley Hipotecaria se le adicionó nn inciso 5o por Ley Núm. 18 de julio de 1986 que dice:
      “5. Las inscripciones de hipoteca serán canceladas de oficio, cuando de sucesivas inscripciones de la finca resultase que el dereeho inscrito fue ejecutado y vendida en pública subasta la finca o derecho real sobre que se constituyera la hipoteca, a favor del acreedor o de otra persona; o cuando de sucesivas inscripciones resultase que la finca o derecho real hipotecado fue transferido por cualquier título a favor del acreedor según el registro.”

      No corresponde resolver ahora sobre la aplicación de esta Norma XII a ventas judiciales que para la recurrente representaría aumentar de $7,000,000 a $9,500,000 la base para cómputo de derechos arancelarios pues la finca ejecutada soporta gravámenes hipotecarios posteriores que montan a $2,500,000. El aumento todavía no sería oneroso para la recurrente que entre los créditos accesorios obtuvo sentencia por $700,000 para “costas, gastos y honorarios de abogado” (véase edicto de subasta) como suma líquida que fue pactada en el pagaré no sujeta a determinación judicial. Advertimos, sin embargo, que en las ventas judiciales hay un elemento de colapso económico que no está presente en las ventas voluntarias o con-vencionales, en las que se pacta con pleno conocimiento de todos los gravámenes los cuales entran en la graduación del precio, característica que levanta una pared de diferenciación entre las ventas forzosas y las acordadas.

       En Porras v. Registrador, supra, dijo este Tribunal:
      “El lenguaje del estatuto es claro y no deja en nuestro ánimo duda alguna en cuanto a la corrección de la nota recurrida. Una vez inscrita en el registro una hipoteca constituida en garantía de un pagaré transmisi-ble por endoso o al portador, el registrador puede cancelar la inscripción solamente cuando se cumplan los siguientes requisitos: (a) presentación de la escritura otorgada por la persona que ha cobrado el crédito, y (b) en la escritura deberá constar que en el acto de su otorgamiento se inuti-lizó el título endosable o al portador. El estatuto no establece distinción alguna entre el cobro del crédito por el acto voluntario de las partes y el cobro por la vía judicial. Y como donde la ley no distingue a nosotros nos está vedado distinguir, tenemos que llegar a la conclusión de que tanto en la escritura de cancelación otorgada por el acreedor a favor del deudor, al recibir de éste el importe del pagaré negociable, como en la escritura de venta judicial o de adjudicación que otorga el niárshal a favor del acreedor hipotecario en pago de la totalidad o de parte de su crédito, deberá hacerse constar que el título representativo de la obligación y garan-tizado por la hipoteca ha sido inutilizado. El propósito evidente del legis-lador ha sido el de proteger a todas aquellas personas a quienes pudiera serle endosado o entregado el pagaré después de haber sido satisfecho y cancelada la hipoteca que lo garantizaba.”

       Reiteración de la regla general que exige, para que puedan ser inscritos los títulos en que se extingan derechos de hipoteca, su consigna-ción en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial. Arts. 2, 2o, y 3, Ley Hipotecaria.

       “Si se sigue el procedimiento ordinario o común para el cobro de un crédito hipotecario, la ley de 9 de marzo de 1905 relativa a las senten-cias y la manera de satisfacerlas, nada dispone con relación a los segundos y posteriores acreedores hipotecarios, pero su silencio no puede autorizar que sin haber tenido ellos noticia prévia de la subasta se dé cumplimiento respecto de los mismos, al artículo 125 de la Ley Hipotecaria. Están intere-sados en la subasta por tener un derecho real sobre la finca que se va a enajenar, y convenirles que se obtenga el mayor precio en la venta. La noticia previa es indispensable para que la cancelación se lleve a efecto mediante debido procedimiento de ley.” Montes de Oca v. Báez, 23 D.P.R. 707, 711 (1916).

      El mandamiento para cancelación de gravámenes posteriores, sin hacer referencia alguna a orden o providencia judicial que lo autorice, dice en lo pertinente:
      “Por cuanto: Habiéndose celebrado la subasta y apareciendo del Acta de la misma, librado por el Alguacil de este Tribunal con fecha de 12 de marzo de 1976, que la misma produjo una cantidad que no igualó o superó, el importe del crédito hipotecario objeto de ejecución y que se notificó por la parte demandante a los titulares de los gravámenes poste-riores cuyos créditos y derechos resultan del Registro para que pudieran concurrir a la subasta si lo creyeran necesario;
      “Por tanto, se ordena la cancelación de cualquier gravamen posterior a la hipoteca que se ejecutó, conforme a lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley Hipotecaria, conforme a derecho.
      “Y para que ASÍ conste, expido el presente Mandamiento bajo mi firma y sello del Tribunal, en San Juan, Puerto Rico, hoy día 25 de marzo de 1976.
      (FDO.) Belén Bonit
      (FDO.) Por P. Santiago
      Sub-Secretaria.”
      Contrario a lo que expresa, el acta de subasta nada dice respecto a la notificación del remate a los titulares de gravámenes posteriores.

       Entre los gravámenes posteriores puede haber hipotecas legales inscritas que por mandato del Art. 164 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sec. 288) “subsistirán hasta que se extingan los derechos para cuya seguridad se hubiesen constituido.” Cf. Buxó v. Alvarez & Zavala, Inc., 104 D.P.R. 678 (1976).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Ida M. Hernández y Otros, demandantes y recurridos, v. Méndez & Associates Development Corp. y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-75-383

      Resuelto: 15 de septiembre de 1976

      Bubón & Bubón, abogados de los recurrentes; B. Quiñones Elias y S. Quiñones Elias, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos no cuestionados que han dado lugar a solicitud de sentencia sumaria por ambas partes, son que los recurridos compradores de viviendas de la Urb. Reparto El Maestro, de Camuy, suscribieron en el año 1970 contratos con la urbanizadora Méndez & Associates Development Corp. en virtud de los cuales ésta se obligó a construir y vender a Ida M. Hernández, casa en solar de 315 m/c por precio de $14,350, del cual depositó $950 con la vendedora; a Cecilio W. Hernández casa en solar de 315 m/c por precio de $15,000 del cual depositó $1,000; a Jesús M. Quiñones casa en solar de 315 m/c por precio de $14,300 del cual depositó $4,300 y a Enrique Díaz (por cesión de Angel Rivera), casa en solar de 361.93 m/c por precio de $15,500 del cual depositó $1,500. La Constructora Méndez & Associates Development fracasó en el proyecto sin haber cumplido dichos contratos, y Berens Mortgage Bankers, Inc., acreedora de Méndez & Associates, salió al rescate del proyecto a cuyos fines organizó una cor-poración llamada Stargus Properties, Puerto Rico Inc., que por escritura pública de 18 de marzo de 1970 compró sin transferencia de dinero, figurando como precio obligaciones hipotecarias de la vendedora por más de $500,000.00. Nin-guna mención se hizo en dicha escritura respecto a los con-tratos de promesa de venta con los recurridos que Méndez & Associates no había cumplido. Cuando los compradores de vivienda exigieron a Stargus y Berens el cumplimiento de dichos contratos, amparándose ambas en que ninguna rela-ción contractual tienen con dichos compradores, Berens negó que se hubiera hecho cargo de continuar y terminar las obras de la Urbanización Reparto El Maestro, y Stargus les informó que les entregaría las viviendas bajo condiciones y términos distintos a los pactados originalmente con Méndez & Associates. La sala de instancia estimó probado que existe completa identidad entre Berens y Stargus, siendo ésta una criatura de la primera, que ninguna puede levantar su con-dición de tercero registral para derrotar la eficacia de los contratos no inscritos de los compradores de casas recurridos “dado el conocimiento que tenían, o que venían obligados a tener, de la realidad sobre el terreno ... [ya que] al momento de hacer la adquisición la Stargus Properties, Puerto Rico Inc., existían signos evidentes sobre el terreno que no podían ignorar; [que] [la] Berens Mortgage Bankers, Inc. era la institución financiadora de Méndez & Associates, y cuando surge la transacción con la Stargus Properties, Puerto Rico Inc., ya existían casas y carretera en los terrenos, y tenían que saber, o deberían haber investigado, los compromisos Usuales y corrientes que se llevan a cabo en esta clase de desarrollo de terrenos.” Y añade el juzgador “No nos cabe duda que al momento de hacerse la adquisición, o sea, al momento de manifestarse el consentimiento entre la Stargus Properties, Puerto Rico Inc. y Méndez & Associates Corporation, no existía el elemento de buena fe esencial a la defensa de terceros regístrales.” Ruidíaz Barrios v. Salas, 108 D.P.R. 922 (1975).

Con dichos fundamentos, el Tribunal Superior dictó sen-tencia declarando con lugar la moción de sentencia sumaria de los compradores de casas demandantes, imponiendo a Berens y Stargus, como continuadoras del proyecto de urba-nización, responsabilidad por los contratos o compromisos de construcción y venta de casas suscritos por Méndez & Asso-dates. Recurrieron Stargus y Berens y expedimos auto de revisión.

No hay indicio alguno en la prueba de que Stargus adqui-riera el proyecto de urbanización en un plan para defraudar a los compradores que tenían contratos con Méndez & Associates. La cesión y traspaso sobreviene después de un pleito en que Berens reclamaba de Méndez cuantiosas sumas de dinero prestado. La realidad de ser dicha transacción una genuina y de buena fe pesa en la solución que damos al recurso.

En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como en toda sociedad civilizada, hay un eminente interés social en prote-ger y fomentar la adquisición por cada familia de una vi-vienda segura, cómoda y adecuada. Ese interés social, instru-mentado por una consistente política pública, tiene claros perfiles en la profusa legislaeión aprobada a lo largo de los años en la que figuran con significativo relieve leyes creando el Departamento de la Vivienda, implementando programas para distribución de parcelas, construcción de casas y otorgamiento de títulos de propiedad; de rehabilita-ción o eliminación de arrabales y construcción de caseríos y multipisos, regulando la propiedad en condominio, concedien-do exención contributiva al dueño de vivienda e incentivo mediante un período de exención a los nuevos adquirentes y a los constructores.

La libertad de contratación privada no es irrestricta. Está atemperada y refrenada en el propio Art. 1207 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3372) cuando declara que “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” “Orden público” es el conjunto de valores eminentes que guían la existencia y bienestar de una sociedad. El concepto orden público recoge y ampara un interés social dominante por su trascendencia, por el número de personas que afecta y por la valía de los derechos que tiende a proteger. Wiley v. Livingston, 376 U.S. 543, 549-50 (1964). En gran medida el orden público es acopio de normas de moral y de ética pública que en ocasiones alcanzan su exposición en ley, pero que aun sin esa expresa declaración legislativa, constituyen principios rectores de sabio gobierno nacidos de la civilización y fortalecidos por la cultura, la costumbre, por la manera de ser, en fin por el estilo de una sociedad. Castán ve tanto en la costumbre como en la ley el modo de manifestación de la voluntad social predominante. Derecho Civil, Tomo 1, Vol. Io, Décima Edición (1962), pág. 335.

El principio de autonomía de la voluntad de los contra-tantes está consagrado en el Art. 1207 del Código Civil pero con las limitaciones que establece. “El orden público [dice Manresa] que no significa [cuando se habla de contratos] el material mantenimiento de la paz pública, representa el interés público, social y de ley en el Derecho privado, lo per-manente y esencial de las instituciones, lo que aún favore-ciendo a algún individuo en quien se concreta el derecho, no puede quedar a su arbitrio .... La evolución jurídica camina decididamente hacia una infiltración cada vez mayor de ele-mentos éticos y sociales, de tono imperativo que de modo general en absoluto disciplinaran las relaciones de derecho privado, imprimiéndoles carácter público a expensas del prin-cipio de autonomía de la voluntad que, de esta suerte, va per-diendo volumen en su clásica y amplia esfera de acción. (S. 2 de abril de 1946.)” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 8, Vol. 2, Sexta Ed. (1967), págs. 381 y 383.

Ya este Tribunal rechazó como inválida, por ser contraria al orden público la modificación o renuncia al plazo decenal de garantía fijado por el Art. 1483 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 4124) aun cuando por no prohibirla la ley pareciera una convención propia de intereses privados. Al así decidir, coincidimos con el criterio de los comentaristas, entre ellos Scaevola así resumido: “. . . [L]a libertad de estipular está coartada por los fueros de la moral y el interés públicos. Si el pacto a que nos estamos refiriendo fuese válido por él resbalarían todas las complacencias de un arquitecto despreocupado para con un dueño codicioso, y la seguridad y el interés públicos quedarían faltos de la garantía que implica la responsabilidad personal de un técnico director y de un empresario constructor. Por esta consideración, pensamos que el pacto por el cual el dueño renuncia al plazo de garantía es inmoral, contrario al público interés, y, por consiguiente, nulo, pudiendo ejercitar la acción de nulidad los obligados principal o subsidiariamente en virtud del contrato de obra. (24 Scaevola, págs. 109 a 111.)” González v. Agos- tini, 79 D.P.R. 510, 516-17 (1956). Esa presencia de un in-terés público dominante en los contratos entre constructores y compradores de casas fue reconocida recientemente por este Tribunal al dictaminar: “Debemos tener presente que el Art. 1485 [del Código Civil], al igual que otros que tratan de la responsabilidad del contratista, hay que analizarlo . . . en armonía con la tendencia filosófica plasmada en las leyes promulgadas para proteger al consumidor de prácticas y sutilezas, aparentemente legales, pero que entrañan el germen y vicio de la ilegalidad y la inmoralidad.” Hernández Denton v. Western Pines Corp., 103 D.P.R. 741 (1975).

La cesión y traspaso del proyecto por Méndez & Associates a Stargus, sin hacer reserva respecto a los derechos de los compradores de vivienda con contratos firmados y anticipos de precio entregados en depósito, es contraria al orden público pues alienta el incumplimiento de obligaciones contractuales y propicia la especulación en busca de mayor precio por unidades de vivienda ya comprometidas. Los compradores de casa estarían en riesgo no ya de ser burlados en su legítima ambición de tener un hogar propio, sino de perder el anticipo o inversión original que se le exige con el compromiso de venta por la constructora, si al fracasar ésta, o aun sin fracasar, decidiera vender a un tercero que pretendiera desentenderse'de toda obligación hacia aquéllos porque no fue parte de los contratos originales ni asumió responsabilidad por los mismos; y culminar esta operación con barniz legalista de libertad de contratación, en oferta de entregar' las casas bajo nuevas condiciones y términos. El desenlace repugna a los principios de moral y orden público que enaltecen nuestra sociedad. Cf. Hernández Denton v. Western Pines Corp., supra. El comprador, cesionario o ad-quirente sucesor de un proyecto de viviendas en urbanización o condominio, por razón de orden público, se subroga por el vendedor en todos los contratos en vigor para la venta de viviendas y viene obligado por sus términos. Cf. Wiley v. Livingston, supra.

Procede ahora analizar dichos pactos originales. No había impedimento para la cesión o transferencia de los contratos de compraventa por la urbanizadora original Méndez & Associates a Stargus, pues a ello consintieron los compradores de casas en la Cláusula Séptima que transcribimos:

“Queda convenido entre las partes que el Contrato es personal e intransmisible, y que no podrá ser enajenado, pignorado, cedido, vendido, ni en forma alguna transferido a favor .de ter-ceras personas, excepto con el expreso consentimiento por escrito de la VENDEDORA.”

En lenguaje amplio dichos contratos limitaron la res-ponsabilidad de Méndez & Associates, en caso que no le fuere posible entregar las viviendas en plazo de un año, a la devo-lución de los depósitos o anticipos de precio hechos por los compradores recurridos. Dicha cláusula que tiene virtualidad y efecto de resolución pactada, provee:

“Decimotercera: Si dentro del término de un año a partir de la fecha de este Contrato no le fuere posible a la vendedora entregar al comprador la propiedad a que se ha hecho referen-cia; o si la terminación de la construcción es impedida por una emergencia nacional, o por restricciones o reglamentaciones gubernamentales, o por actos de la naturaleza fuera del control de la vendedora, como por ejemplo, inclemencias del tiempo o por falta de materiales de construcción; por razones ajenas a la vendedora tales como huelgas, etc., o por dificultades especiales que surjan con el personal de la vendedora, o por cualquier otra razón de naturaleza similar, la vendedora podrá devolver al comprador la suma depositada por éste, entendiéndose que aparte de la devolución del depósito no habrá responsabilidad ulterior alguna por parte de cualquiera de los contratantes, inclusive no habrá responsabilidad en lo referente al cumplimiento específico de este Contrato y/ daños y perjuicios.”

La prueba no demuestra que Stargus fuera una compradora ávida de hacer un buen negocio. Por el contrario, su entrada en esta relación contractual, y hasta su creación misma como entidad corporativa, respondió al legítimo interés de Berens en proteger su acreencia de más de medio millón de dólares en una entidad al borde del colapso económico. No es equitativo imponer a la sucesora Stargus el cumplimiento de contratos que son parte del plan general o diseño económico que causó el fracaso de Méndez & Associates y que le impidió honrar el compromiso de entregar las casas en término de un año. La subrogación en igualdad de condiciones da a Stargus la opción que los compradores concedieron a Méndez & Associates de resolver los contratos mediante devolución de los depósitos. Coincide esta alternativa con la resolución autorizada mediante restitución total de la inversión de los compradores de casas con defectos insalvables que exigen demolición de las estructuras y construcción nueva. De Jesús v. Ponce Housing Corp., 104 D.P.R. 885 (1976).

Bajo dicha cláusula resolutoria, las recurrentes quedan relevadas del cumplimiento específico de los contratos de compraventa concertados por su antecesora y cedente Méndez & Associates pero deben devolver a dichos compradores de viviendas el importe de sus depósitos e intereses al tipo legal.

Se eliminará la disposición de la sentencia revisada que impuso el cumplimiento específico, ahora sustituido por reso- lución de contrato y restitución de inversión, y así modificada dicha sentencia será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado.

      “En la adquisición de un bien inmueble por un precio cierto es menester ejercer cierto grado razonable de diligencia en el acto de comprar. ‘[L]a Ley presume, y no sin lógica, que el comprador pudo, antes de per-feccionar el contrato, cerciorarse de la extensión y de la calidad del in-mueble que trataba de adquirir. Si no lo hizo, si aún haciéndolo nada objetó y consintió en la adquisición, a nadie podrá imputar su propia culpa . . . .' Scaevola, Código Civil, Tomo XXIII, Volumen II, Madrid (1970), pág. 82.” Ruidíaz Barrios v. Salas, 103 D.P.R. 922 (1975).

      En el extenso cuerpo de legislación se destacan la Ley de Tierras de Puerto Rico (Núm. 26 de 12 de abril, 1941); Ley Núm. 27 de 12 de abril, 1941, estableciendo la política pública en protección del hogar seguro; Ley Núm. 264 de 14 de mayo, 1945, para eliminar arrabales; Ley Núm. 90 de 22 de junio de 1962, autorizando a la CRUV a adquirir terrenos para desarrollo de condominios de bajo costo; Ley Núm. 130 de 13 de junio, 1967, creando la oficina del oficial de construcción; Ley Núm. 35 de 14 de junio, 1969, concediendo título de propiedad a parceleros; Ley Núm. 97 de 10 de junio, 1972, creando el Departamento de la Vivienda; Ley Núm. 1 de 11 de julio, 1972, asignando fondos para el desarrollo de un plan de comunidades rurales mediante distribución gratuita a personas de escasos recursos, de solares y materiales de construcción; Ley Núm. 10 de 5 de julio, 1973, estableciendo un subsidio de intereses de hipotecas sobre hogares; Ley Núm. 3 de 14 de noviembre, 1974, concediendo exención total de contribu-ción sobre la propiedad por tres años para adquirentes de viviendas; Ley Núm. 24 de 8 de junio, 1962, eximiendo de contribución sobre la propiedad toda vivienda hasta la cantidad de $15,000 dentro de su valor tasado.

      Y por el Art. 1069 (31 L.P.R.A. sec. 3044) que declara; “Las con-diciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley, anularán la obligación que de ellas dependa. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.”

      E1 Siglo XIX que influido por Hegel experimentó la eclosión de la libertad individual encaminada a fronteras invisibles, por un tiempo relegó a segundo plano los intereses sociales y llamó la política pública “caballo indómito que una vez usted lo monta no sabe a dónde lo llevará.” Y apunta el Prof. Pound que en realidad esa actitud hacia la política pública no era en sí otra cosa que la expresión de una política pública. Pound, Jurisprudence, Tomo III, pág. 272.

       Tanto el Art. 1485 del Código Civil, como la ley del oficial de cons-trucción, que es la Núm. 130 de 13 de junio de 1967, en su Art. 10(c) (1) (17 L.P.R.A. see. 510) prohíben el aumento del precio ajustado o convenido.

       Sólo el consumidor quedaría desamparado. Las acreencias de las financieras están bien garantizadas con hipotecas que persiguen el inmueble sin que el nuevo adquirente pueda sacudirse de ellas. También están ase-gurados por fianza los salarios de trabajadores y los créditos de suplidores de materiales.

       La condición resolutoria acordada por los contratantes es válida. Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89, 94-95 (1937). La Ley del Oficial de Cons-trucción (Núm. 130 de 13 de junio de 1967) dispone en su Art. 10(g)(4), (17 L.P.R.A. sec. 510(g) (4)) que en los casos de resolución de contratos de opción por parte del urbanizador o constructor, los contratantes se atendrán a lo dispuesto en el contrato en cuanto a la penalidad o daños líquidos se refiere.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Al Kravitz, acusado y apelante.

      Número: CR-76-20

      Resuelto: 15 de septiembre de 1976

      Benjamín Ortiz, abogado del apelante; Miriam Naveira de Bo-dón, Procuradora General, y Maggie Correa Avilés, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Sentenciado por tribunal de derecho a cumplir de 10 a 15 años de prisión por una infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, el apelante plantea en su recurso de apelación la comisión de doce errores que a su juicio ameritan la revocación de la sentencia. Examinados los mismos, concluimos que ninguno fue cometido. Veamos.

El primero está relacionado con la alegación de la defensa de que el acusado no estaba mentalmente capacitado para en-trar a juicio argumentando la negativa del tribunal de ins-tancia a suspender el inicio del juicio en lo que llegaba de Nueva York un récord psiquiátrico de éste. A tal efecto la defensa señala que el hermano del acusado le llamó desde Nueva York el día antes del juicio y le informó que el acusado había estado internado en un hospital de esa ciudad y que necesitaba una declaración o autorización escrita de éste para que le entregaran el récord psiquiátrico allí guardado.

El planteamiento no puede prosperar. El tribunal no le negó la oportunidad al acusado de demostrar cuál era su condición mental; por el contrario, a tales fines declaró con lugar, el 30 de octubre de 1974, una moción de su abogado para que se le examinase sobre el particular, tras lo cual, en vista celebrada al efecto, el 11 de noviembre de 1974, el Dr. Fernando Tejedor y el Dr. Alfredo Hurtado de Mendoza le informaron que el acusado se hallaba en estado procesable.

Estamos satisfechos de que el tribunal cumplió con su deber de someter el asunto a discusión y análisis. En consi-deración a la opinión pericial de los facultativos no erró al decretar la continuación de los procedimientos. Pueblo v. Báez, 67 D.P.R. 301 (1947).

Los errores dos, cinco y seis plantean la incomparecencia a la vista del confidente que participara activamente en la alegada compraventa. Sostiene el apelante que erró el tribunal sentenciador al no ordenar la comparecencia de este tes-tigo; al encontrarle culpable a pesar de que se presumía que su declaración sería adversa al Ministerio Fiscal; y de que por tales razones, la declaración del agente encubierto debía considerarse con sospecha y cautela.

No tiene razón. Se trataba de un confidente participante, conocido del acusado. Ni su nombre, ni su paradero se le ocultaron. Ni siquiera hubo alegación de privilegio por parte del Estado. De hecho, el agente encubierto declaró el nombre de éste desde el estrado e indicó conocer el sitio donde se le podría localizar. (T.E. págs. 40-42; vista del 13 de noviem-bre de 1974.)

La defensa tuvo oportunidad de citarlo y no lo hizo, a pesar del interés que anteriormente había manifestado por investigarlo, y haber obtenido una posposición del caso por tal motivo. No puede ahora, en grado de apelación, quejarse de su ausencia; Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974).

La defensa planteó ante el tribunal de instancia que de la ausencia del confidente participante debía presumirse que su testimonio perjudicaría la posición de El Pueblo. (T.E. pág. 52; vista del 14 de noviembre de 1974.) Sobre el particular debemos señalar que se trata de una advertencia que representa un elemento o circunstancia a considerar al sope-sar y evaluar toda la prueba desfilada por el Estado tendente a establecer el delito imputado, en especial el testimonio del único testigo de la transacción. Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974); Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973). En si, no constituye una norma que obligue a absolver, a menos que se trate de un testimonio “flaco y descarnado”, Pueblo v. Ayala Ruíz, 93 D.P.R. 704 (1966), o uno de “falsedad transparente”, Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974).

Hemos estudiado el testimonio del agente encubierto y creemos que el mismo, de merecerle crédito al juzgador de los hechos era suficiente por sí solo para condenar.

En resumen, el agente explicó la ocurrencia de la trans-acción del siguiente modo: En compañía del confidente llega al Restaurant China Doll, el 13 de febrero de 1974 y se en-cuentran con el acusado. El confidente le presenta al acusado y le dice a éste que su amigo necesita material — refirién-dose a cocaína — para vendérsela a unos clientes. El acusado tras preguntarle al confidente si su amigo era de fiar, le pidió y obtuvo un billete de veinte dólares, se fue y regresó al rato, trayéndoles un poco de cocaína, envuelta en el billete de veinte dólares y dentro de una caja de fósforo. Les pidió que la probasen, lo cual éstos simularon hacer en el servicio sanitario del local, manifestándoles luego su satis-facción con la misma. Acordaron entonces la cantidad a com-prar, el precio y reunirse la noche siguiente para la entrega. Esa misma noche le entregó la evidencia obtenida a su agente de contacto, lo cual fue corroborado por éste.

El 14 de febrero de 1974 la transacción no se completó por no asistir el acusado a la cita acordada.

El 15 de febrero de 1974 coincidieron las partes en el China Doll y tras un breve intercambio de palabras, el agente le preguntó al acusado por el material, a lo que éste respon-dió que lo había conseguido pero no haría negocio con él directamente, sino por medio del confidente. El agente le ripostó que no compraría una cosa sin saber lo que era, por lo que el acusado les pidió que lo esperaran y se retiró de la barra momentáneamente. Al regresar, trajo consigo un poco de cocaína, envuelta dentro de un papel de Mastercharge y se lo dio al confidente para que lo probasen. El confidente lo entregó seguidamente al agente y salieron del local.

En esos momentos pasó en un automóvil el supervisor del agente, quien estaba al tanto de la investigación y del por qué de su presencia en el China Doll, por lo que éste, tras decirle al confidente que lo esperara en lo que hacía una llamada telefónica, se montó en su carro y lo siguió hasta un sitio cercano donde el supervisor se detuvo a esperarlo. Allí le explicó el problema que había surgido y el supervisor le instó a buscar la manera de que el negocio se hiciese en su presencia. Tras esta corta conversación, regresó a buscar al confidente y juntos entraron al negocio. Al verlos, el acusa-do les preguntó si el material estaba bien y si iban a reali-zar el negocio; respondiéndosele en la afirmativa. Les pidió el dinero por adelantado y el agente se lo suministró al con-fidente y éste se lo entregó a el acusado, quien se dirigió hacia la parte posterior del negocio. Al retornar, introdujo el material por debajo de la falda de la camisa al confidente y se retiró otra vez. Seguidamente, el confidente dijo tener el material, que ya podían irse y a petición del agente se levantó la camisa para que éste mirara, tras lo cual salieron a reunirse con el supervisor, quien los estaba esperando en el Centro Comercial de Laguna Gardens. Allí mismo, le entre-garon la evidencia adquirida.

El supervisor corroboró el testimonio del agente en el juicio, y en adición, como testigo del Pueblo, asistió un químico de la policía a los fines de la identificación y del análisis de las sustancias objeto de la compraventa.

No hubo testigos de defensa.

La relación de la prueba expuesta establece indubitada-mente los elementos básicos del delito imputado. El tribunal la aquilató y adjudicó la credibilidad, por lo que no hemos de intervenir en apelación con su apreciación. Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).

El tercer y el décimo error plantean, básicamente, como error que el tribunal de instancia declaró sin lugar las obje-ciones de la defensa a aquella parte del testimonio del agente en que éste habla o repite manifestaciones del confidente, quién no era testigo de El Pueblo en el juicio y a quien, por tanto, la defensa no pudo contrainterrogar.

El error no fue cometido. Se trataba de actuaciones o manifestaciones vistas o escuchadas por el agente, esto es que le constaban de propio conocimiento, y que eran admisi-bles, no por la veracidad de su contenido y sí a los fines de explicar la conducta y motivación de los agentes o la del acusado en ciertos momentos así como para narrar el pro-greso y culminación de la transacción realizada.

En ningún momento se le dio valor probatorio a estas expresiones o actuaciones y la prueba directa desfilada por sí sola fue suficiente, al ser creída, para sostener el fallo emitido.

El cuarto y noveno error también están relacionados, alegándose en ambos que era necesario se registrase al confi-dente, con anterioridad a la transacción, para asegurarse que el material que le entregó al agente, no se lo había colocado él mismo bajo la camisa, para luego hacerlo aparecer como que le fue entregado por el acusado. Tal contención se basa en los casos de California, People v. Basler, 31 Cal. Rep. 804; People v. Castedy, 15 Cal. Rep. 413; People v. Wilkins, 2 Cal. Rep. 908, alegándose que de dicho registro y del testimonio del confidente, la convicción no puede prevalecer.

La jurisprudencia, citada resuelve que cuando la transac-ción se realiza a solas entre el confidente y el acusado y el primero no comparece a juicio, debe demostrarse mediante registro previo a la transacción del confidente, que éste no tenía ni tuvo oportunidad de obtener el material delictivo que alega el acusado le suministró.

En el caso de autos, la transacción se llevó a cabo en presencia del agente encubierto, por lo que, los referidos casos no son de aplicación. La cadena de identificación de la prueba no fue interrumpida. Su testimonio es suficiente, de ser creído, para establecer la realidad de los hechos, sin necesidad de que declarase el confidente.

El agente atestiguó que el apelante le colocó “algo” de-bajo de la camisa al confidente, a cambio de mil ochocientos dólares que él le suministrase para la compra del material y que realizado ese intercambio, salieron seguidamente del negocio y el confidente le entregó la cocaína.

Como expresáramos anteriormente, el agente estuvo pre-sente en las dos ocasiones en que el apelante les dio cocaína a probar; la primera vez, el 13 de febrero, envuelta en un billete de veinte dólares, dentro de una caja de fósforos y la segunda, el 15 de febrero, envuelta en un papel con el nombre Mastercharge impreso.

En estas circunstancias la ausencia del confidente en la vista y el que no fuera registrado previamente por el agente, constituían factores ordinarios, y no excepcionales, a ser evaluados por el tribunal sentenciador como parte de la apreciación total de la prueba; aspecto sobre el cual como tribunal apelativo no intervendremos.

Como séptimo error se argumenta la omisión del agente encubierto de llevar a juicio la libreta de apuntes o notas en que había escrito o anotado lo relacionado con esa y otras transacciones en que había participado para esa fecha, privó al apelante de una parte esencial de su defensa ya que los mismos pudieron servir de base para impugnar al agente. Señala que tal omisión debe acrecentar o intensificar la cautela y sospecha con que debe ser considerado ese testimo-nio ya que podría ser equivalente a una supresión de eviden-cia en contra del acusado.

El agente encubierto declaró que él acostumbraba hacer anotaciones en una libreta sobre los casos en que intervenía, pero que la libreta con la información sobre el apelante se le había extraviado con posterioridad al arresto de éste. Esos apuntes, los más inmediatos al momento de los hechos, le servían de base para la redacción del informe de delito y después para la declaración jurada ante un fiscal que exige el Art. 52B de la ley, las cuales no se alega que no estu-viesen disponibles para la defensa.

El propósito evidente de la defensa era examinarlos, a ver si de alguna manera podían servir para impugnar la cre-dibilidad del testigo. Se trataba de una expectativa, ya que, por otro lado, tal vez hubiesen robustecido la versión del agente.

No obstante, independientemente de lo deseable de que se hubiese producido la libreta, tal cosa no era posible. El agente afirmó haberla perdido y el tribunal de instancia no entendió que se le estaba ocultando evidencia; por el con-trario, le dio crédito a su testimonio. No creemos que errara al así hacerlo.

El octavo error señalado consiste en la alegación de que no hubo prueba de que se hubiese prestado una declaración jurada sobre los hechos, por parte del agente encubierto o del confidente, dentro de las ciento veinte (120) horas de la transacción de la venta, según lo exige el Art. 523 de la ley (24 L.P.R.A. see. 2523).

El error no se cometió. Si el apelante entendía que ni la declaración jurada del agente, ni su testimonio, podían ser presentados en evidencia, debió plantearlo ante el tribunal de instancia para que éste resolviese sobre su admisibilidad, ya que el Art. 523 le confiere facultad de determinar si hubo o no justa causa para la demora.

En ausencia de controversia oportuna y debidamente planteada, no estamos convencidos de que deba exigírsele al Ministerio Fiscal que alegue y pruebe que la declaración se sometió en tiempo o que de haber una demora, la misma fuese razonable.

El undécimo error señalado plantea la defensa de entrapment. El señalamiento es tardío e inmeritorio.

En el caso ante nos, el confidente le presentó al agente al acusado, le manifestó que éste tenía muchos clientes y necesitaban material, refiriéndose a cocaína, pidiéndole que le consiguiera alguna. El acusado tras preguntarle al con-fidente si podía confiar en su acompañante, produjo una muestra de cocaína y entonces quedaron en reunirse al día siguiente para completar la compraventa de cocaína.

Al acusado solo se le brindó la oportunidad de cometer un delito, no fue instigado a ello. Ya en Pueblo v. García, 92 D.P.R. 573 (1965) “ [a]ntes de que el problema de entram-pamiento pueda justamente decirse que se ha presentado en un proceso criminal debe haber habido por lo menos alguna demostración del tipo de conducta por parte de agentes del gobierno que muy bien han podido inducir al acusado a cometer el delito imputado.” Aquí no hay prueba en tal sentido. Sería ilógico que pueda caracterizarse como en-trampamiento una transacción como la de autos, mediante la cual un agente simplemente ofrece comprar cocaína a una persona y ésta se la suministra.

Finalmente, se imputa como error un alegado estado de predisposición en contra del acusado por el tribunal sen-tenciador.

El señalamiento es inmeritorio. El tribunal a quo se limitó a exponer las razones por las cuales no podía acceder al pedido de la defensa de posponer el inicio del juicio en lo que se recibía el récord médico antes mencionado. Entendió correctamente que el pedido era tardío y que si el acusado no había cooperado en la preparación de su propia defensa, informándole a su abogado en tiempo de su historial médico, esa era su responsabilidad. Hemos leído la totalidad de la transcripción de la evidencia y no hemos encontrado indicio de parcialidad o prejuicio judicial en contra del acusado.

Después del incidente relatado, el acusado no hizo plan-teamiento respecto a una posible inhibición del juez de ins-tancia; por el contrario, renunció válidamente a su derecho constitucional a un juicio por jurado, lo cual resulta incompatible con la alegación de que dudaba de poder obtener un juicio justo e impareial. Tampoco representan señal de pre-disposición o prejuicio las siguientes manifestaciones del tribunal, a las cuales alude el apelante le fueron hechas luego de encontrarlo culpable:

“Se cancela cualquier derecho de fianza que tenga el acusado en la jurisdicción local, ya que el Tribunal toma conocimiento de que el acusado se encuentra bajo custodia por los agentes federales.”

No hay constancia de que dicho conocimiento que surgía de los autos del caso, le hubiese afectado adversamente. Tales expresiones no se referían a su culpabilidad en el caso que tenía ante sí el magistrado, ni desvirtúan el hecho de que la prueba presentada, creída como fue, era suficiente para sostener una convicción por el delito imputado.

Se dicta Sentencia confirmando la del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secre-taria Interina. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió mediante Opinión con la cual están conformes el Juez Presi-dente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

(Fdo.) Carmen Lesbia Colón

Secretaria Interina

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz en la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 1976

La decisión mayoritaria confirma una sentencia de 10 a 15 años de prisión basada en prueba inaceptable. La transacción de venta se describe como hecha con un confi-dente, no con el agente encubierto a pesar de que se dice que este último estaba presente. El encubierto declara que el acusado “le metió algo por debajo de la faldeta de la ca-misa al confidente” (T.E. pág. 31 y ss.) pero luego se con-tradice al declarar que “el confidente me dijo que nos fuéra-mos, que ya tenía el material y yo por corroborar si era cierto le dijo que me lo enseñara.” Primero dice que vio y seguido añade que demandó que se lo enseñara. Entonces no vio.

Ya en algunas jurisdicciones se excluye este tipo de evi-dencia de confidente si no se demuestra que éste ha sido registrado momentos antes de la transacción para cerciorarse de que no fue el confidente quien suplió y produjo la droga para beneficiarse del precio, en este caso $1,800. Agrava la nublada credibilidad en este caso el hecho de haberse extra-viado la libreta de apuntes del encubierto en que hizo la entrada original sobre su intervención. Declaró el agente que se le perdió dicha libreta después del arresto del acusado.

Hemos tenido infortunadas experiencias con agentes en-cubiertos a pesar de que tienen una formación moral superior a la de los confidentes. Aquí se trata de una larga condena de presidio, equivalente a la que se impone a un reo de ase-sinato en segundo grado, descansando en prueba sospechosa. Nuestro sentido de justicia no nos permite anular la libertad del apelante dependiendo de tan cuestionable evidencia.

Revocaríamos la sentencia apelada.

       Art. 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. sec. 2401).

       No se hizo constar la fecha para la cual estuvo recluido el acusado a los fines de considerar los factores de contemporaneidad y relevancia del expediente a la cuestión de su procesabilidad.

       )El testimonio de un agente encubierto no requiere corroboración. Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974). Véase sobre las normas a seguirse para librar su testimonio del calificativo de “flaco y descarnado” a Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974).

       T.E. págs. 18, 19, 21, 30 y 31; vista del 13 de noviembre de 1974.

       T.E. pág. 31; vista del 13 de noviembre de 1974. En el contrainte-rrogatorio, el agente explicó dicha expresión de la siguiente manera, la cual copiamos a los fines de rebatir el argumento de que la transacción no se realizó en su presencia:
      “P. En relación a los hechos de febrero 15, usted habló aquí de que supuestamente se le entregan unas muestras en primera instancia por el señor Kravitts, usted dice al confidente ?
      “B. Sí, señor.
      “P. ¿Correcto?
      “B. Sí, señor.
      “P. ¿ Y que eso fue como a qué hora de la noche ?
      “B. Eso fue como a las 8:45 P.M.

        “P. ¿Y después usted dice que usted ve cuando el confidente se levanta la camisa y usted ve, entonces un paquete que lo tenía y que al cinto, el confidente?
      “R. Eso fue a las 10:45.
      “P. Ahora, ¿usted no vió nada en las manos del señor Kravitts?
      “R. Yo lo vi dándoselo a él.
      “P. ¿ Usted vió el paquete ?
      “R. Yo vi cuando él se acercó al lado de él y cuando se lo estaba metiendo por el lado de la camisa.
      “P. ¿ Qué si usted vió el paquete ?
      “R. Si, señor, yo vi lo que le estaba dando.
      “P. ¿ Usted prestó una declaración sobre los hechos del 15 de febrero ? “R. Sí, señor.
      “P. ¿Mire a ver si es esta declaración que yo le muestro a usted aquí?
      “R. Sí, señor. Esta misma es.
      “P. Léala, tenga la bondad y busque precisamente en la parte que usted habla....
      “Hon. Juez:
      “Deje que la lea primero.
      “Testigo :
      “R. Que como quince minutos más tarde....
      “Hon. Juez:
      “¿La terminó de leer?
      “Testigo :
      “Sí, la leí.
      “Abogado:
      “La joven era la misma estenotipista que estuvo en la vista anterior? “Hon. Juez:
      “Ese estenotipista vino hoy?
      “Según me informa la Srta. Ortíz, él no vino hoy.
      “Abogado:
      “P. Mire, lo que usted dice aquí y que fue lo que usted declaró cuando el señor fiscal lo interrogó, ‘que como quince minutos más tardes, después de sentarse al lado del confidente, le metió algo por debajo de la faldeta de la camisa al confidente.’
      “¿Eso es lo que usted dice?
      “R. (no contesta).

        “P. Usted no dice, le metió el paquete ni le metió un paquete de cocaína.
      “R. Porque en ese momento yo no estaba seguro que era cocahína, [sic] tenía que examinarla antes de ver si era algo.
      “P. ¿ Usted dice, le metió un paquete forrado de ‘Selofan’, o dice le metió algo?
      “R. Le metió algo debajo de la camisa.
      “P. El algo ese, usted no lo vió?
      “R. Yo vi que le metió algo, pero no podía apreciar lo que era.
      “P. Entonces, como si fuera poco usted dice más alante, como ya el Tribunal admitió esta parte que voy a leer, sin renunciar al planteamiento, voy a leer lo que dice él sobre esto, ‘que el confidente me dijo que nos fué-ramos, que ya tenía el material y yo por corroborar si era cierto le dije que me lo enseñara’. ¿ O sea, que usted no lo había visto ?
      “R. Yo no sabía qué era el material.
      “P. Usted para corroborar que era cierto lo dijo al confidente que se lo enseñara, que le enseñara el material? En otras palabras, que usted no sabía si tenía el material el confidente ? ¿ Es o no cierto ?
      “R. Yo sabía que el confidente. . .’ yo sabía que le había quedado [síc] algo.
      “P. Pero usted no sabía qué era el material ?
      “R. Yo no sabía qué era el material, por eso le dije que me lo dejara ver.”

       24 L.P.R.A. sec. 2523.

      En el expediente ante nos, no aparece la declaración jurada ni la fecha en que el agente encubierto la prestó. La Oficina del Procurador informa en su alegato que luego de realizada la venta el 15 de febrero de 1974, la declaración jurada se prestó el 19 de febrero de 1974 a las 6:15 P.M., dentro del término prescrito.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Carmelo Díaz Díaz, acusado y recurrido.

      Número: O-76-262

      Resuelto: 16 de septiembre de 1976

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Maggie Co-rrea Aviles, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticionario; Ismael Cuevas Velázquez, abogado del convicto.
   per curiam:

El Tribunal Superior, Sala dé Caguas, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Carmelo Díaz Díaz, emitió fallo de culpabilidad por infracción a los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas (25 L.P.R.A. secs. 416 y 418) y fallo absolutorio en el delito de tentativa de robo. Sentenció al acusado a penas de 2 a 4 años de presidio en cada caso grave de infracción al Art. 8 y de 6 meses de cárcel en los menos graves de infracción al Art. 6, a ser cumplidas concurrente-mente. No conforme, el acusado radicó escrito de apelación y simultáneamente solicitó fianza para permanecer en libertad.

El 23 de marzo de 1976, el tribunal de instancia acce-dió, pese a la oposición del Ministerio Fiscal, a la petición de fianza; decisión que ratificó el 14 de abril de 1976.

Entablado por el Pueblo el presente recurso de certio-rari, el 15 de julio de 1976 expedimos orden sobre mostra-ción de causa por las cuales no debía dejarse sin efecto dicha resolución. El apelante ha comparecido, pero sus argumentos no nos convencen.

La Regla 198 de Procedimiento Criminal, tras disponer que la concesión de fianza en apelación en todos los delitos graves que no aparejen pena de reclusión perpetua, es una cuestión discrecional, “. . . prohíbe el ejercicio de esa discreción cuando el recurso entablado no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se sustancie el recurso.”, Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1, 6-7 (1974), (énfasis suplido). En dicho caso indicamos que la discreción no es absoluta, pues de conformidad con la Regla citada, el ejercicio del discernimiento judicial debe estar basado “. . . en la interpretación de los conceptos ‘cuestión sustancial’, ‘naturaleza del delito’, ‘carácter y antecedentes penales del acusado’ y ‘protección de la sociedad’, cuyos conceptos tiene que considerar el tribunal para el ejercicio al conceder o negar la fianza en apelación.”

En el caso de autos, según se desprende de las resolucio-nes en que se concede la fianza y en la que se deniega la re-consideración, el tribunal a quo dio gran peso a las cuestiones sustanciales que a su juicio plantea la apelación inter-puesta.

No obstante, su dictamen relega a segundo plano el his-torial penal del apelante, a saber: anterior convicción por el Art. 6 y por el Art. 8 de la Ley de Armas; ocho deli-tos menos graves; y trece violaciones a la Ley de Tránsito. De igual forma, no considera que por los hechos imputados al apelante, éste fue denunciado y arrestado el 7 de septiem-bre de 1973 y los procedimientos se dilataron indebidamente por su incomparecencia lo cual motivó que fuera declarado “prófugo de la justicia”. También descarta la evidencia de material delictivo ocupada al momento del arresto consis-tente de tres revólveres cargados, cuatro pares de gafas os-curas, tres pares de guantes, cajas de balas adicionales, una boina color negra y un sombrero de paja.

Ya en Pérez Aldarondo, supra, dijimos que aunque las cuestiones planteadas fueran sustanciales, no debe fijarse fianza si los antecedentes penales o la naturaleza del delito así lo aconsejen:

“Tampoco se admitirá fianza si la naturaleza del delito o el carácter o antecedentes penales del acusado mueven al tribunal a concluir que el acusado constituye un peligro para la sociedad, independientemente de que el recurso pueda plantear una cues-tión sustancial.”

En vista del historial antisocial y de menosprecio a la ley del apelante, en unión a los delitos por los cuales fue convicto, abusó de su discreción el tribunal de instancia al concederle fianza en apelación.

Se dictará sentencia dejando sin efecto la Resolución del Tribunal Superior, Sala de Caguas que concedió fianza en apelación.

      ". . . median en estos casos cuestiones sustanciales que deberá resolver nuestro Honorable Tribunal Supremo en su oportunidad y to-mando en consideración las condiciones económicas y relaciones del acusado y convicto y el hecho de que no creemos que éste sea un peligro para la protección de la sociedad y pueda abandonar la Isla para de esa manera burlar la justicia.”


text:
    Pablo Hernández Pacheco, demandante y peticionario, v. [Marcelino] Flores Rodríguez, Juez de Distrito, demandado y recurrido.

      Número: O-76-186

      Resuelto: 16 de septiembre de 1976

      Ramón Antonio Hernández Feliciano, abogado del peticionario; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, j Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El acusado recurrente fue uno de dos conductores envuel-tos en choque entre automóviles el 10 de junio de 1975. Ese mismo día el policía Ramón Berlingeri hizo la investigación y dio al acusado Hernández Pacheco una nota informal para que compareciera al Cuartel de la Policía de Río Piedras el 18 de junio siguiente, fecha en que habría de someter el caso a un magistrado para determinación de causa. El acusado se personó con su abogado al Cuartel ese día, mas no así los testigos, por lo que el policía no sometió el caso. Ocho meses después, el 18 de febrero de 1976, previa cita al acusado, el juez Flores Rodríguez del Tribunal de Distrito (Río Piedras) desestimó la solicitud del acusado para que se archivara el caso invocando su derecho a juicio rápido que alega anulado por haber transcurrido más de 60 días desde que se le citó por primera vez sin haberse presentado denuncia (Regla 64 (n) (2)); y dicho magistrado encontró causa probable y ordenó denuncia por infracción al Art. 5-201 de la Ley de Tránsito, dejando al acusado en libertad sin fianza hasta el día del juicio. Acudió éste en certiorari al Tribunal Superior (San Juan) que el 14 de abril de 1976 confirmó lo actuado por el juez de distrito y devolvió los autos a instancia para vista del juicio. Contra esta última resolución ha recu-rrido el acusado mediante certiorari cuya solicitud ha reba-tido el Procurador General con fundamentado informe. En conocimiento el tribunal de la posición de las partes, nos hallamos en condición de resolver por la vía expedita de la Regla 50 de nuestro Reglamento. Se expide el auto, pues se justifica una plena consideración de la cuestión suscitada a la luz del orden procesal impuesto por las Reglas de Pro-cedimiento Criminal y del aspecto funcional del juicio rápido según administrado por los tribunales.

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, en cuanto con-cierne a este caso, dispone:

“La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstan-cias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
(2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta días de su arresto o citación (Bastardillas nuestras.)

Toda vez que el acusado recurrente no fue arrestado, toca decidir si el papel dejado por el policía en poder del acusado tiene el valor conminatorio, de obediencia compulsoria que caracteriza la citación autorizada como alternativa del arresto por la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal. La “cita” dada por el policía Berlingeri al acusado consiste de una hoja rasgada de una libreta pequeña que tiene como único texto el siguiente: “Pase el día 18 de junio 1975 hora 1 Pm. al Cuartel Policía Río Piedras vea Pol. Berlingeri 4106 someter caso.” Carece de firma y de todo signo impreso de autenticidad oficial. Incumple los requisitos de la citación que autoriza la citada Regla 7(a) que faculta al funcionario de orden público (en determinados casos) para “citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistrado”, añadiendo que “la citación informará a la persona que si no compareciere se expedirá una orden de arresto en su contra.” El policía está facultado para expedir esta citación como alternativa al arresto y en casos menos graves (misdemeanors) cuando pudiere arres-tar sin orden de un magistrado (RPC(a)); cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363 (1975). La Regla 11 de Procedimiento Criminal lo autoriza a arrestar sin orden de magistrado únicamente cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona ha cometido un delito en su pre-sencia. Los hechos presentan al policía constituyéndose en el lugar del accidente a investigarlo, luego no tuvo suficiente percepción directa del accidente en qué basar creencia fun-dada de que el acusado había cometido un delito en su pre-sencia. Faltando esos motivos fundados, no podía arrestarlo, pues se trata de un misdemeanor y no tenía orden de arresto consigo. Tampoco, como hemos visto, podía expedir citación válida en sustitución del arresto. Optó el policía por invitar al acusado al Cuartel el 18 de junio para someter el caso. Al entregarle tal citación sui géneris le daba al acusado oportunidad de estar presente en la vista sobre determina-ción de causa (RPC 6) y tiempo para gestionar fianza ante la posibilidad de que se ordenara su arresto. Fue un recurso irregular, pero práctico, redundante en beneficio del acusado frustrado por la ausencia dicho día de los testigos de cargo. No están comprendidas en dicha actuación, ni la privación de libertad física que conlleva el arresto, ni la efectiva inter-vención con la libertad derivada de una citación formal, firmada, compeliendo la comparecencia bajo prevención de arresto, por lo que carece de eficacia dentro del debido proceso de ley, como punto de partida en el procedimiento criminal. Para realizar su propósito, un sistema de justicia penal requiere un grado de formalidad, de certeza y de orden en sus procedimientos y de ahí las exigencias mínimas para la citación dictadas por la Regla 7(a) de Procedimiento. La nota informal dejada al recurrente por el policía Berlin-geri que tiene el concepto de “invitación”, no es la citación que pone en marcha el término de sesenta días para presen-tar la acusación.

El derecho a juicio rápido, garantizado por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, se cumple en reglas procesales, en la realidad vital y en la función práctica de día a día del sistema de justicia criminal. Hemos resuelto que la demora indebida en los procedimientos anteriores a la acusación contraviene ese derecho. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975). Pero tanto los derechos del acusado, como los de la sociedad interesada en juzgarlo, no son prisioneros de la tiesa aritmética de la regla. Hay elementos de justa causa para la demora que reconcilian el derecho a juicio rápido con las circunstancias reales de cada caso y los derechos del acusado han de atemperarse a la administración práctica de justicia. Beavers v. Haubert, 198 U.S. 77 (1905). La garantía constitucional es importante salvaguardia que evita el encarcelamiento indebido y opresivo anterior al juicio; minimiza la ansiedad y preocupación que conlleva una acusación pública; y reduce la posibilidad de que una larga tardanza menoscabe los medios de defensa del acusado. United States v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966). Si la demora en la prosecución del caso llega al punto de privación incons-titucional de derechos, es cuestión que depende de las cir-cunstancias. Queda excluida como justa causa aquella de-mora intencional u opresiva. Pollard v. United States, 352 U.S. 354 (1957). Contrapuestos a esta doctrina, los hechos en que funda el recurrente su reclamo no acusan erosión de su derecho constitucional a juicio rápido.

La sentencia del Tribunal Superior denegando certiorari, ha de ser confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado.

       El Tribunal Superior correctamente estimó la denuncia presen-tada dentro del término prescriptivo de un año. Art. 78(b) Código Penal, 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3412(b)).

      En lo pertinente, ordena la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal: “(a) Citación. ........

        En aquellos casos en que un funciona/rio del orden público pudiere arrestar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un delito menos grave (misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistrado, en vez de arres-tarla. La citación informará a la persona que si no compareciere se expe-dirá una orden de arresto en su contra.” (Bastardillas nuestras.)

       Regla 11 de Procedimiento Criminal. — “Un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente:
      “(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente o dentro de un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario, el funcionario deberá solicitar que se expida una orden de arresto.”

       Así lo admite el recurrente a la pág. 2 de su petición de certiorari y lo corrobora la denuncia por infracción a la Sec. 5-201, Ley de Tránsito que j'ura el Pol. Berlingeri “por investigación.”


author: per curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Winston Garrick, acusado y apelante.

      Número: CR-76-51

      Resuelto: 17 de septiembre de 1976

      Rubén Segundo Faura, abogado del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

El 19 de febrero de 1974 se formuló acusa-ción contra el apelante por diversas infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El 16 de abril de dicho año el apelante solicitó la desestimación de los cargos a base de lo prescrito en los incisos 2, 3 y 4 de la Regla 64 (n) de las de Procedimiento Criminal. El 17 de abril de 1974, fecha seña-lada para la vista del caso en su fondo, se discutió primera-mente la moción de desestimación, denegándose la misma y posponiéndose la vista del caso en sí para el 8 de mayo si-guiente. El 7 de mayo el apelante reprodujo su moción de desestimación anterior, añadiéndole otros fundamentos. Visto el caso, el jurado halló culpable al apelante y lo con-denó a cumplir concurrentemente tres sentencias de siete a doce años de prisión.

El apelante sostiene que se cometió error al no declarar con lugar su moción en lo que toca a las alegadas violaciones del segundo y tercer incisos de la Regla 64 (n). Argumenta también el apelante que no se identificó adecuadamente por el químico la marihuana objeto de las transacciones.

La Regla 64 (n) (2) dispone:

“La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstan-cias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento
(2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta días de su arresto o citación. . . .”

El Ministerio Público expresa en su alegato que “Luego de examinar nuestro expediente y los expedientes que obran en la Secretaría de este Honorable Tribunal, no hemos ha-llado constancia fehaciente de la fecha en que el apelante fue arrestado. El apelante expresó durante el juicio y en su alegato en apelación que fue arrestado el 9 de diciembre de 1973. No obstante, dada la ausencia de documentación que establezca la certeza de esa fecha, carecemos de fundamento para aceptar o rechazar la veracidad de esa aseveración.” Sostiene el Estado que “La mera alegación de un acusado de que fue arrestado en determinada fecha — en ausencia de prueba fehaciente sobre la exactitud de dicha fecha — no debe dar lugar a la revocación de la sentencia . . . máxime cuando dicho planteamiento fue declarado sin lugar en dos ocasio-nes por un juez de instancia que presumiblemente tenía todos los elementos de juicio necesarios para resolver justiciera-mente tal planteamiento.”

El argumento es sorprendente. La fecha de un arres-to no es conocimiento privativo del arrestado, ni son las per-sonas arrestadas las depositarías de los récords oficiales per-tinentes. Si un acusado alega que se le arrestó en determi-nada fecha, el Estado tiene la obligación de refutar su testi-monio con la amplia prueba a su disposición, si es que con-sidera que la declaración presentada al efecto es inexacta. De cruzarse de brazos el Ministerio Público queda en pie la presunción de verdad que asiste el testimonio de todo testigo. Art. 21 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1664.

Conturba señalar, en adición, que el argumento del Esta-do se basa en hechos incompletos. No fue únicamente el acu-sado quien afirmó que su arresto ocurrió el 9 de diciembre de 1973. La transcripción de la prueba revela que el Poli-cía Leonardo Cruz, quien participó en el arresto, afirmó categóricamente que “El día del arresto a eso de las once, el 9 de diciembre de 1973, a eso de las once aproximada-mente, se arrestó al aquí acusado frente a la Y.M.C.A. en San Juan. . . .” (T.E. pág. 71.) En adición al agente Cruz, el fiscal tenía en el momento del juicio a su disposición otros agentes que presenciaron el arresto. No se contradijo el referido testimonio del agente Cruz, ni el prestado a los mismos efectos por el acusado.

Hay constancia en autos de que el arresto tuvo lugar el 9 de diciembre de 1973 y que la acusación no se presentó hasta el 19 de febrero de 1974, transcurridos 71 días del arresto, en aparente exceso del término de sesenta días a que se refiere la RPC 64 (n) (2). Sin embargo, tratándose de un delito grave (felony) en el que no puede presen-tarse acusación hasta cumplido el trámite de vista preli-minar ordenado por la Regla 23 de Procedimiento Criminal para el cual señalamos un término de 60 días en Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975), la acusación presentada 11 días después de vencido este último plazo está en tiempo, en ausencia de circunstancias extraordinarias y excepciona-les demostrativas de abuso del término para celebración de la vista preliminar.

Aun bajo el supuesto de que hubiese mediado tardanza en la radicación de la acusación en este caso, procede confirmar la sentencia dictada. La Regla 63 de las de Procedimiento Criminal ordena:

“Regla 63. DEFENSAS Y OBJECIONES; CUANDO SE PROMOVERAN;RENUNCIA
Excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá pro-mover mediante moción presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un período posterior razonable....”

En este caso la lectura de la acusación ocurrió el 12 de marzo de 1974. El apelante compareció asistido de abogado, hizo alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado. La moción de desestimación no se produjo hasta poco más de un mes después, el 16 de abril de 1974. Del récord no se des-prende la razón de la demora.

En Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796 (1973), resolvimos que el acusado renunció a su defensa bajo la Regla 64 (n) (2) al formular su moción de desestima-ción cerca de dos años y medio después del acto de lectura de la acusación. A igual conclusión llegamos en Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975), en que la dila-ción montó a unos dieciocho meses.

En este caso la demora de la defensa fue corta, pero lo cierto es que no se ha puesto a este Tribunal en condiciones de pasar juicio sobre si existió o no justificación para la misma, como tampoco, según hemos indicado, sobre si hubo justa causa para la dilación del Ministerio Fiscal en presentar la acusación. Las reglas procesales no se han dictado para ahogar la voz de la justicia, pero ello no significa que se puede ignorar libremente el fin que entrañan. Opinamos que tanto el Ministerio Público como la defensa tienen el deber afirmativo de velar por que el récord incluya en casos de este género la razón necesaria para que este Tribunal pueda revisar las determinaciones que se efectúen sobre si la demora de una u otra parte estuvo o no justificada. Al presentarse una moción de desestimación bajo la Regla 64 (n), el Ministerio-Público debe, en buena práctica, explicar por escrito la razón de la tardanza a que se aluda en la moción de la defensa. La defensa, a su vez, debe ex-poner en toda moción de desestimación basada en fundamento renunciable los hechos en que se apoya la misma y, de radicarse tardíamente, las razones que impidieron su formulación antes de alegar.

A la luz de lo anterior, resolvemos que, aun en ausencia de explicación para la demora de unos días en la presentación de la acusación, se renunció en este caso a las defensas basadas en la Regla 64 (n) (2) y (3). No se ha aducido circunstancia alguna que pueda servir de apoyo para que este Tribunal exima al acusado bajo la Regla 63 de los efectos de su renuncia.

Respecto al último argumento del apelante, concerniente a la identificación de la marihuana, el mismo es inmeritorio. El testimonio del químico (T.E. págs. 75-93) es amplia-mente suficiente para sostener el veredicto.

Se confirmará la sentencia.

       La Regla 64(p) de Procedimiento Criminal declara fundamento de desestimación de la acusación el haberla presentado sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado.