author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Colgate-Palmolive Company, Colgate-Palmolive Company, Distr., demandante y peticionaria, v. Mistolín de Puerto Rico, Inc., demandados y recurridos.

      Número: O-85-137

      Resuelto: 2 de mayo de 1986

      Maggie Correa Avilés, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogada de la parte recurrente; Federico Calaf Legrand, de Reichard, Colberg & Cálaf, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Este litigio suscita cuestiones importantes sobre el estado del derecho de marcas de fábrica en Puerto Rico.

Sus antecedentes fácticos se remontan al 1976. Mistolín de Venezuela, ideó la frase “Mistolín hace feliz a su nariz” para la promoción de sus productos. Posteriormente Colgate-Palmolive la copió y usó en mercados donde no habían penetrado los artículos de Mistolín. Así Colgate-Palmolive adquirió su uso exclusivo como marca de fábrica en Colombia y Uruguay, y Mistolín en Venezuela, Panamá y República Dominicana.

En 1980 Mistolín de P.R., Inc., comenzó a distribuir sus productos en la isla. Desde ese año hasta el 28 de septiembre de 1988 no utilizó en su publicidad y productos la frase. Des-conocemos los motivos.

El 7 de agosto de 1983, Colgate-Palmolive inició una costosa y agresiva campaña publicitaria. () Como distintivo anunciaba el producto Fabuloso con el “eslogan” () “Hace feliz a su nariz”. El 23 de septiembre, mes y medio después, Mistolín empezó a adherir físicamente la frase a su producto limpiador desodorante Mistolín. Este es muy similar al pro-ducto Fabuloso. Ambos son limpiadores desodorantes con. el concepto de olor y color floral y se dirigen al mismo público. El 11 de octubre Mistolín solicitó al Departamento de Estado la inscripción como marca de fábrica de la frase conforme la Ley de Marcas de Fábrica de P.R. —Núm. 66 de 28 de julio de 1923. (10 L.P.R.A. see. 191 et seq.)

Colgate-Palmolive advino en conocimiento de esa solicitud a través de edictos. El 23 de febrero de 1984 se opuso. Simul-táneamente requirió que se registrara a su favor por haber comenzado a unirla a Fabuloso ese mismo día. Luego de eva-luar la prueba documental de ambas, el Departamento' de Estado resolvió que Mistolín fue la primera en utilizarla, y que dicho uso, y no el publicitario, era el criterio determi-nante sobre la existencia de una marca de fábrica. Admitió la registración para beneficio de Mistolín. Colgate-Palmolive acudió al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para impug-nar ese dictamen. Dicho foro confirmó, e invocó la doctrina de deferencia hacia el organismo administrativo. () A solicitud de Colgate-Palmolive, revisamos.

Desde sus inicios la teoría de Colgate-Palmolive ha sido sostener que si bien Mistolín de Venezuela creó la frase, ello es irrelevante, pues lo determinante es quién fue el pri-mero en apropiársela en el territorio o mercado en particular. Aunque Mistolín fue la primera en adherirla a sus productos, Colgate-Palmolive la usó antes en publicidad en Puerto Rico y la comenzó a fijar en Fabuloso el mismo día que se opuso a la solicitud de Mistolín. Argumenta además, que el Departa-mento de Estado erró al inscribir la frase a favor de Mistolín, pues para impedirlo no tenía que demostrar un derecho superior al de Mistolín. A su juicio bastaba probar la probabili-dad: (1) del daño al opositor, y (2) de confusión en el pú-blico respecto al origen de los productos.

En su alegato suplementario Colgate-Palmolive esbozó, como nueva teoría, que tiene derecho a inscribir la frase, pues aunque ésta es descriptiva y por ende no registrable por dis-posición de nuestra Ley de Marcas de Fábrica, 10 L.P.R.A. sec. 194(e), cobró significación secundaria en. virtud de la propaganda realizada. Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372, 388 (1964).

Por su parte Mistolín defiende su derecho a inscripción y propiedad como creadora de la frase. Aduce que Colgate-Palmolive alegadamente la plagió a través de su compañía publi-citaria —que es la misma tanto aquí como en Venezuela— lo cual constituye competencia desleal. Además Mistolín recalca que fue la primera en adherir la frase a sus productos, lo cual entiende es el criterio rector que crea el derecho exclusivo de marca de fábrica y no la publicidad.

La controversia, nueva en esta jurisdicción, plantea va-rias interrogantes: ¿De qué forma se adquiere en Puerto Rico el derecho exclusivo sobre una marca? ¿Bajo qué circunstan-cias procede su inscripción? ¿Qué protección jurídica ameri-tan los símbolos y frases distintivas usadas en publicidad? Estas cuestiones nos obligan a realizar una breve incursión en el concepto de marca de fábrica y definir sus fundamentos.

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El derecho marcario versa sobre la normativa jurídica que regula y brinda protección a los símbolos comerciales conocidos como marcas. () Aunque la Ley de Marcas de Fábrica no provee definición alguna, nuestro ordenamiento penal suple, en cierto modo, esa laguna. Así el Art. 814 del Código Penal de 1902 () reza:

Marca de fábrica, definición de
La frase “marca de fábrica” [,] empleada en las tres seccio-nes anteriores, comprende toda palabra, letra, divisa, em-blema, sello, impreso, marbete, rótulo, etiqueta o cubierta, que suele fijar el artífice, fabricante, droguista, comerciante o mercader, para denotar que algún artículo o producto es importado, fabricado, producido, compuesto o vendido por él, a distinción de cualquier nombre, palabra o expresión gene-ralmente empleada para denotar determinada clase de ar-tículos. 33 L.P.R.A. see. 1314.

La definición es preponderantemente descriptiva. Esta característica responde a lo difícil que es estructurar una apuntalada en el concepto de marca. Por esta razón, se ha opinado que la mejor definición de una marca es describir su función esencial. 1 Nims, Unfair Competition and TradeMarks Sec. 187, pág. 516 (4ta ed. 1947). Este reputado tra-tadista se hace eco de una cita clásica de finales del siglo pasado del Juez Vann, quien en Waterman v. Shipman, 130 N.Y. 301, 311, 29 N.E. 111 (1891), dijo: “[l]a función de una marca de fábrica es señalar al hacedor [Nims añadiría: y al vendedor] del artículo al que está adherida”. (Traduc-ción nuestra.) Por su parte, la Ley (Lanham) Federal sobre Marcas de Fábrica de 1946 (60 Stat. 427, 15 U.S.C. see. 1051 et seq.) define marcas como “cualquier palabra, nombre, sím-bolo o medio (device) o cualquier combinación de éstos adop-tada y usada por el manufacturero o comerciante para iden-tificar sus productos y distinguirlos de los manufacturados o vendidos por otros”. (Traducción nuestra.) 15 U.S.C. see. 1127.

De un examen de estas definiciones observamos que el concepto marca de fábrica tiene perfiles muy propios. En aras de la brevedad podemos decir que una marca es un símbolo —en sentido amplísimo— mediante el cual el comerciante identifica sus productos. Esta expresión definitoria recoge la función originaria e histórica de las marcas, a saber, diferenciar. En la práctica, la marca no sólo señala el origen del producto, sino también su calidad e individualidad. Cf. Colón v. Carlos Martínez, Inc., 112 D.P.R. 846 (1982). ()

El interés adquirido sobre una marca es un derecho propietario. Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, supra, pág. 387; H. Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Ed. Civitas, 1978, págs. 95 et seq., 793 et seq.; 1 Nims, op. cit., See. 198; 1 McCarthy, Trademarks and Unfair Competition Sec. 2.6 (2da ed. 1984). La Sec. 1 de la Ley de Marcas, 10 L.P.R.A. sec. 191, así lo caracteriza al referirse al “dueño de una marca”. Sin embargo, el estatuto guarda silencio sobre cómo se adquiere la propiedad sobre una marca. Curiosamente sólo provee mecanismos para la registración de marcas ya existentes. Históricamente la normativa reguladora de las marcas era muy similar tanto en los países civilistas como en los anglosajones. Tal similitud se ha explicado de diferentes formas. La más convincente es la que postula el origen de equidad del derecho de marcas. Por esta razón ante problemas similares, diferentes países reaccionaron de forma parecida. Cf. D. M. McClure, Trademarks and Unfair Competition: A Critical History of Legal Thought, 69 T.M.R. 305 (1979); S. D. Diamond, The Historical Development of Trademarks, 65 T.M.R. 265 (1975); B. G. Paster, Trademarks — Their Early History, 59 T.M.R. 551 (1969); D. Leeds, Trademarks — Our American Concept, 46 T.M.R. 1451 (1956). Desde esta óptica nuestro derecho de marcas tiene como fundamento jurídico los conceptos implícitos en nuestra Ley de Registro de Marcas, los usos y costumbres comerciales —Art. 2 del Código de Comercio — , la protección que otorga nuestro ordenamiento a la propiedad en general, la teoría de la competencia ilícita y la equidad, Art. 7 del Código Civil.

Nuestra ley presupone un sistema de derecho sustantivo. Esta particularidad responde a que estamos ante una legislación con raíz en la Ley de Marcas federal de 1905, ya derogada, que no regulaba el aspecto sustantivo de las mareas, pues dejaba el mismo a los estados. () Encontrando nuestra legislación su ascendencia en la Ley de Marcas federal de 1905 tenemos que concluir que el legislador ha admitido en Puerto Rico el sistema marcario norteamericano. Así la jurisprudencia de esa latitud goza de un valor altamente persuasivo. Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519, 522 (1978).

En Estados Unidos la doctrina reconoce cuatro requisitos indispensables para la génesis del derecho exclusivo sobre una marca. Primero, que el símbolo sea susceptible de ser apropiado como marca —1 Nims, op. cit, See. 200 et seq. — , inmediatamente o mediante la adquisición de significación secundaria. 1 McCarthy, op. cit, Caps. 12-15. Segundo, que se adhiera físicamente al producto. Este requisito lo exige implícitamente nuestra ley al exigir que el registrante explique en la solicitud “la manera de aplicar o fijar la marca a los artículos”. 10 L.P.R.A. see. 191. Este acto se le conoce como affixation y es “un elemento esencial para una marea de fábrica válida”. 1 Nims, op. cit., See. 218, pág. 636. A modo de paréntesis, cabe señalar que la ley federal vigente ha atempe-rado este requisito para fines de la registración federal. Ley Lanham, See. 45 (15 U.S.C. see. 1127). () Tercero, que haya una distribución o venta bona fide del producto'. 1 Nims, op. cit, Secs. 214 y 218; E. Vandenburgh, Trademark Law and Procedure Sec. 2.10, pág. 53 (2da ed. 1968). Y cuarto, que el adquirente tenga prioridad y exclusividad en el uso de la marca frente a otros, aun cuando éstos no utilicen el símbolo, en rigor, como marca de fábrica. 1 Nims, op. cit., See. 217; 1 McCarthy, op. cit, Sec. 16.1 et seq. Cf. Bayuk Cigars v. Schwartz, 1 F. Supp. 283 (D.N.J. 1932); Blue Bell, Inc. v. Farah Manufacturing Company, Inc., 508 F.2d 1260 (5to Cir. 1975). Excepto en los casos en que el símbolo necesite signifi-cación secundaria, el derecho sobre una marca puede nacer en el mismo momento de su primer “uso”. () 1 Nims, op. cit., See. 218; Vandenburgh, op. cit, Sec. 2.10, pág. 54. A todos estos requisitos se le ha añadido la buena fe. ()

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Como regla general las marcas de fábrica sólo reciben protección jurídica dentro de determinado mercado y jurisdicción. () En lo concerniente a las marcas la extensión territorial del derecho es coextensiva a la extensión territorial de su uso. F. De Solá Cañizares, Tratado de Derecho Comercial Comparado, Barcelona, Ed. Montaner y Simón, 1962, T. II, pág. 438. Cf. Hanover Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916), {The TCA Rose Case) —legislativamente revocado, Foxtrap, Inc. v. Foxtrap, Inc., 671 F.2d 636 (App. D.C. 1982); United Drug Co. v. Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918)— legislativamente revocado, véase Foxtrap, Inc. v. Foxtrap, Inc., supra. () Lo verdaderamente relevante en este tipo de controversias es el uso del símbolo en la jurisdicción o mercado en que se encuentra el foro, en este caso, Puerto Rico. Solá Cañizares, op. cit., págs. 550-551. Cf. Vandenburgh, op. cit., Secs. 2.40 a 2.42. Los tribunales puertorriqueños no estamos en el sitial de los foros judiciales internacionales, vindi-cadores de la moralidad comercial a escala supranacional. Si el valor jurídico supuestamente lesionado no tiene vida en nuestra jurisdicción, en ausencia de una ley federal o tratado internacional de aplicación local para protegerla, nada pode-mos remediar.

En este aspecto no podemos refrendar la tesis propuesta por Mistolín de extender nuestro análisis jurídico al mercado internacional. No podemos emprender esa incursión, pues careceríamos de jurisdicción en esta particular situación.

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Aclarados los limites de nuestra intervención al marco jurídico del mercado local, y expuestos los conceptos funda-mentales que suscita el recurso, concentrémonos en los méritos de los planteamientos de las partes.

En primer término, examinemos la registrabilidad del “eslogan” “Hace feliz a su nariz”. De su faz, la cuestión no es sencilla. Se han elaborado distintos criterios para tal evaluación. Una de las exposiciones más precisa, y que merece nuestra aprobación, fue resumida por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito Federal de Boston:

Tanto la Ley Lanham como la jurisprudencia del “common law” diferencian cuatro categorías de términos para propósitos de análisis marcario: (1) genéricos, (2) descrip-tivos, (3) sugestivos, y (4) arbitrarios o imaginarios. Véase Miller Brewing Co. v. G. Heileman Brewing Co., 561 F.2d 75 (7mo Cir. 1977), cert. denegado, 434 U.S. 1025, 98 S.Ct. 751, 54 L.Ed.2d 772 (1978); Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2do Cir. 1976). Un tér-mino descriptivo meramente describe una característica o in-grediente del artículo al cual se refiere. Un término descrip-tivo sólo puede llegar a ser una marca de fábrica si adquiere significación secundaria, de forma tal que el consumidor aso-cie el término con los bienes de un productor en particular. Un término sugestivo sugiere, más que describe, las caracte-rísticas de los bienes a los cuales está adherido. Tal término, que evoca la imaginación, perceptiva del consumidor, puede ser protegido sin prueba de significación secundaria. Final-mente, un término arbitrario no tiene relación lógica o su-gestiva con las características reales de los productos. Tal término es casi siempre protegióle pues, a diferencia de un término sugestivo, no es susceptible de ser atacado por ser meramente descriptivo. Hasta un término imaginario puede, de todas formas, convertirse en genérico a través del uso. (Traducción nuestra.) Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 374 n. 8 (1er Cir. 1980).

Véase además, Colón v. Carlos Martínez, Inc., supra, donde definimos lo que es un vocablo general.

Notamos, pues, que la diferencia entre un término descriptivo y uno sugestivo es algo confusa. 3 Callmann, Unfair Comp., Trademarks & Monopolies Sec. 18.09 (4ta ed. 1986). Para diferenciarlos se han desarrollado varios criterios (tests). Primero, el de “grado de imaginación”. Según éste, la calificación depende del grado de imaginación que debe utilizar una persona promedio para obtener, a través del término, alguna descripción del producto. Así, mientras un término descriptivo directa y claramente transmite información sobre los ingredientes, cualidades y características del producto, el sugestivo sólo “sugiere” esas características. Segundo, el criterio de “necesidad de los competidores”. Bajo este análisis la calificación depende del grado en que los competidores necesitan del término para describir y anunciar sus propios productos. Y tercero, el “uso por los competidores”. Este enfoque se centra en el grado en que otros competidores han utilizado el término respecto a mercancía similar. 1 McCarthy, op. cit., Sec. 11.21. Aun así, se ha señalado que en la realidad y práctica cotidiana, los tribunales usan como medida (test) la intuición. 1 McCarthy, id.

Al confrontar estos criterios con la frase “Hace feliz a su nariz” se pone de manifiesto que estamos ante un término sugestivo. Según antes reseñado, el examen califica-dor está predicado esencialmente en la “relación” entre la mercadería y el término o frase. Mientras más cercana sea esa relación, más descriptivo será; a contrario sensu, mientras más lejana, más arbitraria. En algún punto intermedio se encuentran los términos sugestivos. Bajo este criterio, ¿qué relación guarda la frase “Hace feliz a su nariz” con un lim-piador desodorante? Evidentemente necesitamos cierta ima-ginación para relacionarla con su “cualidad” desodorante. Es menester meditar un poco para percatarse de que la idea que se quiere transmitir es el bienestar que causa al sentido del olfato el agradable olor del producto anunciado. En resu-men, se trata, pues, de una frase “sugestiva”, inscribible sin necesidad de significación secundaria.

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Establecido que la frase es inscribible, tócanos ver el papel que desempeña la publicidad en los procedimientos de inscripción de marcas en el Departamento de Estado a la luz del derecho marcario. De inmediato surge su importancia. () Según antes señalado, las marcas pueden realizar una importante función publicitaria. Sin embargo, la propaganda, por sí sola no crea marcas de fábrica. El uso publicitario' no es el uso necesario para que dé genesis a ese derecho. Consumers Petroleum Co. v. Consumers Co. of Illinois, 169 F.2d 153 (7mo Cir. 1948); Gray v. Armand Co., 24 F.2d 878 (D.C. Cir. 1928); cf. 3 Callmann, op. cit., Sec. 19.08. Ello no significa que la propaganda carezca de relevancia y valor jurídico. () La publicidad puede alcanzar y equivaler al uso “análogo” necesario que conforme nuestra ley impida la registration de una marca por otra persona. Veamos.

Hemos indicado que nuestra ley de marcas es de carácter registral, no sustantivo. El esquema legislativo provee para que una petición de inscripción ex parte no afecte los derechos de terceros. A tales efectos contiene como salvaguarda la publicación de edictos para notificar la petición de inscripción. 10 L.P.R.A. see. 195. En virtud de esa notificación, los derechos de cualquier tercero también interesado se pueden hacer valer a través de tres procedimientos inter partes de naturaleza contenciosa. Estos son de: (1) oposición, en que el “promovente” trata de impedir la registración a favor del “promovido”. Ibíd.; (2) cancelación, donde el promovente interesa que se cancele la inscripción. Ibid., See. 200, y (3) interferencia que acontece cuando dos marcas incompatibles buscan los beneficios regístrales. () Ibid., See. 196.

Bajo estas distintas alternativas procesales, al caso de autos podemos clasificarlo una interferencia. Colgate-Palmolive compareció al Departamento de Estado a oponerse a que se registrara la marca a favor de Mistolín, y también solicitó la inscripción a su favor. () En estas circunstancias, es aplicable la See. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica, 10 L.P.R.A. see. 196, que reza:

196. —Notificación de oposición, suficiencia; conflicto
En los casos en que se presente una oposición, el Secre-tario de Estado lo notificará al solicitante, exponiéndole los fundamentos de la misma.
Cuando se presente una solicitud para el registro de una marca de fábrica que es sustancialmente idéntica a una marca aplicada a la venta de artículos de las mismas pro-piedades descriptivas, y la cual marca se halla registrada en el Departamento de Estado a nombre de otro, o que previa-mente se haya presentado solicitud, o que se parezca a tal marca de fábrica, o a otra ya conocida que pertenezca y se use por otro, que, en la opinión del Secretario de Estado pueda inducir a engaño público, el Secretario de Estado de-cidirá quién tiene el derecho al uso de la marca, y sobre la suficiencia de las objeciones hechas al registro.
El Secretario de Estado puede rechazar el registro de una marca a que se haya hecho objeción, en vista de la suficien-cia de los fundamentos de la oposición. Cuando dos o más marcas estén pendientes de registro, y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario de Estado decidirá cuál de éstas tendrá derecho al registro, basándose en la prioridad en cuanto al uso de la misma, hecho que habrá de probársele satisfactoriamente. (Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. see. 196.

Del texto transcrito resulta que en las interferencias el Departamento de Estado deberá decidir sobre la validez y suficiencia de las objeciones hechas a la inscripción por la parte adversa, si algunas, y la prioridad en el uso legítimo (incluso la buena fe) de la marca. 2 McCarthy, op. cit, Sec. 20.25, págs. 1089-1093. En este caso la objeción de Colgate-Palmolive estuvo predicada en que ella utilizó la frase “Hace feliz a su nariz” antes que Mistolín la adhiriera a sus productos. El Departamento de Estado no otorgó valor alguno a este hecho irrefutable. Al así hacerlo, erró. La norma correcta la expone McCarthy:

[N] l uso previo de un término en publicidad y promoción análogo al uso como marca de fábrica es suficiente para im-pedir la registration por un usuario subsecuente del mismo término o uno similar. Por ejemplo, el uso previo de un tér-mino en panfletos publicitarios, catálogos y anuncios en los periódicos, o en comunicados de prensa y publicaciones co-merciales puede constituir un uso tan análogo al uso como marca de fábrica como para impedir la registración a un usuario subsecuente en un procedimiento de interferencia. XJso “análogo” a uso como marca de fábrica significa uso de tal naturaleza y extensión como para crear en la mente de los competidores una asociación entre el peticionario y sus productos. De acuerdo con la misma regla el uso previo del término como nombre comercial (tradename) o como marca sin significación secundaria dará prioridad en una interfe-rencia. (Traducción nuestra.) Ibid., Sec. 20.25, págs. 1091-1092.

La doctrina del “uso análogo” surgió a fines del siglo pasado como un imperativo circunstancial. Aspiraba a brindar protección a aquellos distintivos comerciales, que si bien no eran, strictu sensu, marcas de fábrica, ameritaban esa tutela jurídica bajo lo que hoy conocemos como competencia injusta (unfair competition). 1 Nims, op. cit., Sec. 1, pág. 9 ; G. D. Cushing, On Certain Cases Analogous to Trademarks, 4 Harv. L. Rev. 321 (1891); 2 Nims, op. cit., Sec. 230, pág. 794 n. 4; John Wood Mfg. Co. v. Servel, 77 F.2d 946 (C.C.P.A. 1935); Touraine Co. v. F. B. Washburn Co., 286 F. 1020 (C.A.D.C. 1923); The Atlas Underwear Company v. B. V. D. Company, 9 T.M.R. 222 (1919); M’Ilhenny Co. v. Trappey, 277 F. 615 (C.A.D.C. 1922). Hoy en día está firmemente afianzada. Walter Kide & Co. v. Alcon Laboratories, Inc., 162 U.S.P.Q. 412 (1969); KMC Semiconductor v. Kevlin Mfg. Co., 153 U.S.P.Q. 683 (1967); Sears Roebuck & Co. v. Mannington Mills, Inc., 138 U.S.P.Q. 261 (1963); International Tel. & Tel. Corp. v. General Instruments Corp., 152 U.S.P.Q. 821 (1967). Sobre uso análogo: Jim Dandy Company v. Martha White Foods, Inc., 458 F.2d 1397 (C.C.P.A. 1972); American Components, Inc. v. Kent Corp., 160 U.S.P.Q. 335 (1968). Para una exposición más reciente de la doctrina, consúltese Caesars World, Inc. v. On-Line Systems, Inc., 209 U.S.P.Q. 334, 336-337 (1980).

En el caso de autos existen dos hechos determinantes no contradichos. Primero, que Colgate-Palmolive inició una am-plia campaña publicitaria en la cual utilizó el “eslogan” “Fabuloso hace feliz a su nariz”. Segundo, que después de esta gestión publicitaria, Mistolín comenzó a usar el referido “eslo-gan” en calidad de marca de fábrica. Desde la óptica doctri-naria expuesta resalta con claridad que Colgate-Palmolive estaba utilizando la frase en “forma análoga” a una marca de fábrica. Poco tiempo después es que Mistolín comienza a usar-la. ()

Aparte de la aplicabilidad de la doctrina de “uso análogo”, el Departamento de Estado debió evaluar la registration a favor de Mistolín fundado en la See. 4 (f) de la ley. En lo pertinente, dispone:

Tampoco se registrará una marca de fábrica que sea idén-tica a otra marca ya inscrita o conocida que pertenezca a otro y se use en artículos de las mismas propiedades descrip-tivas, o que tanto se asemeje a la marca de fábrica pertene-ciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público, o dé lugar a engaño de los compradores; o que no haya sido usada legalmente en Puerto Rico por el solicitante o su antecesor, con anteriori-dad a la fecha de la presentación de la solicitud. 10 L.P.R.A. see. 194.

Como podrá observarse, esta sección requiere que se deniegue la inscripción de una marca si existe probabilidad de confusión en la mente del público. Véanse: Broderick v. L. Mitchell & Co., 289 F. 618 (Ct. App. D.C. 1923); California Cyanide Co. v. American Cyanamid Co., 40 F.2d 1003 (C.C.P.A. 1930); American Druggists' Syndicate v. United States Industrial Alcohol Co., 2 F.2d 942 (Ct. App. D.C. 1924). Sin prejuzgar la cuestión, es plausible que el tiempo y la extensión del uso publicitario de la frase por la Colgate-Palmolive pudiera haber creado en la mente del público una relación entre el “eslogan” y el producto Fabuloso. Debido a que el Departamento de Estado no formuló determinación es-pecífica al respecto, carecemos de elementos de juicio para considerar ese enfoque. Uno de los principales propósitos del registro de marcas es evitar la confusión sobre el origen de los productos en los compradores. Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., supra, pág. 372 n. 3. De configurarse esa confusión, procedía rechazar la solicitud de Mistolín.

En resumen, el Departamento de Estado erró al ordenar la inscripción a favor de Mistolín. El Tribunal Superior también erró al confirmar la decisión de dicho organismo. Contra las decisiones de la Oficina de Marcas del Departamento de Estado, los tribunales deben dictaminar no sólo la actuación registral de la agencia, sino también los derechos sustantivos de las partes. Este enfoque se impone como un imperativo de la economía procesal.

En el caso de autos, la sentencia recurrida limitó la con-troversia a cómo se adquiere una marca, y confirmó el dicta-men bajo la doctrina de deferencia y especialidad del foro ad-ministrativo. La sentencia no cubrió ni se extendió a los as-pectos de confusión real en la mente del público, competencia desleal y adquisición válida de la marca. La explicación ra-dica en que la fragmentación de la controversia por la recu-rrente Colgate-Palmolive lo impidió. Por esta razón, en rigor para una buena metodología, nos hemos limitado al aspecto registral. Sin embargo, evidentemente la controversia es más amplia. Ambas partes deben tener la oportunidad, en su día, de pasar prueba adicional sobre los extremos aquí elaborados que no fueron considerados por la sentencia recurrida.

Por los fundamentos expuestos, procede revocar la senten-cia y que devolvamos el caso al tribunal de instancia para que consolidado con la causa PE-8Í-1S05, continúen los trámites de rigor compatibles con lo aquí resuelto y se dilucide cuál de las partes tiene el mejor derecho sobre la frase. ()

Se dictará la sentencia correspondiente.

      (1) Desde el 7 de agosto de 1983 hasta el 23 de febrero de 1984 se invir-tieron unos $140,000 en la prensa, televisión y radio. Para 1984 y 1985 es-peraban desembolsar unos $700,000 por año. La frase es parte central de la campaña.

        Por otro lado, Mistolín sometió en el Departamento de Estado el Exhibit J consistente en unas facturas de WKAQ-TV sobre anuncios del pro-ducto Mistolín desde octubre de 1983 hasta abril de 1984, que totalizaban la suma de $190,375. Sin embargo, las facturas no especifican si en dichos anuncios se usaba la frase “Hace feliz a su nariz”, como tampoco se acreditó tal hecho por declaración jurada.

      (2)La voz “eslogan” es de origen inglés. No tiene equivalente preciso en español, se trata de un lema comercial breve y llamativo. Por esta razón nuestra lengua lo ha tomado como préstamo del inglés. M. Gili Gaya, Nues-tra Lengua Materna, San Juan, Ed. Inst. Cultura Puertorriqueña, 1965, Cap. 11, págs. 115-117. Al principio el préstamo era puro —se escribía como en la lengua original— hoy su ortografía se ha castellanizado. Véase Dic-cionario general ilustrado de la lengua española, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Bibliograf, 1976, pág. 672.

      (3) Durante el proceso Mistolín registró la frase como marca de fábrica en la Oficina Federal de Patentes. Por su parte Colgate incoó demanda por alegados daños y perjuicios contra Mistolín por competencia injusta en pleito separado ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Civil Núm. PE-84-1305.
      El trámite en ese caso se paralizó hasta la decisión en el presente. (Minuta del 6 de mayo de 1985.)

      (4)En adición a las marcas, los nombres de empresas (tradenames) —mientras no hayan adquirido significación secundaria— y los rótulos son algunos de los símbolos de comercio más conocidos.

      (5) Por disposición expresa del Art. 278 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4622), los Arts. 311-317 del viejo Código Penal continúan vi-gentes, 33 L.P.R.A. sees. 1311-1317. Estos artículos configuran el delito de copiar o falsificar una marca de fábrica perteneciente a otro.

      (6)Son múltiples las funciones de las marcas. Sirven para indicar la procedencia de los artículos. 3 Callmann, Unfair Comp., Trademarks & Monopolies Sec. 17.02 (4ta ed. 1986). Garantizan —al menos en la conciencia del vendedor y del comprador— la consistencia en la calidad del producto. Ibid., Sec. 17.03. Véanse: N. Isaacs, Traffic in Trade-Symbols, 44 Harv. L. Rev. 1210, 1220 (1931); Howard Dustless Duster Co. v. Carleton, 219 F. 913, 915 (D. Conn. 1915); Coca-Cola Co. v. State, 225 S.W. 791, 794 (Tex. Cir. 1920); M. F. Goldstein, Products Liability and the Trademark Owner: When a Trademark is a Warranty, 67 T.M.R. 587 (1977); Nota, Tort Liability of Trademark Licensors, 55 Iowa L. Rev. 693 (1970). Por último, pue-den funcionar como un distintivo que atraiga la atención del público' (fun-ción publicitaria). 3 Callmann, op. cit., Sec. 17.04; Northern, Warren Corp. v. Universal Cosmetic Co., 18 F.2d 774 (7mo Cir. 1927); United States v. Beatrice Foods Co., 344 F. Supp. 104 (D. Ct. Cir. Minn. 1972). El uso de mar-cas en esta última capacidad ha tenido fuertes opositores —R. S. Brown, Jr., Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols, 57 Yale L. J. 1165 (1948)— aunque realmente la crítica se ha concentrado no tanto en las marcas como en el uso de una propaganda persuasiva e “irracional”. 3 Callmann, op. cit., Sec. 17.04.

      (7)La razón, histórica se halla en los célebres Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879). El Supremo federal invalidó la Ley de Marcas federal de 1870 que regulaba sustantivamente la materia. Ante el planteamiento de inconstitucionalidad aducido de que se pretendía regir el derecho sustantivo de marcas más allá del poder concedídole bajo la cláusula de Comercio, el Congreso, desde ese entonces, ha optado por dejar casi todos los aspectos sustantivos a los estados. 2 Antieau, Modem Constitutional Law Sec. 12:144 (1969). Ello no quiere decir que haya una ausencia absoluta de guías sus-tantivas. El propio lenguaje y esquema de la ley implícitamente las con-tiene, aunque no de forma uniforme.

      (8) Bajo esta sección para cualificar como marca basta que el símbolo se haya exhibido (display) en relación con los productos. De esta forma la Ley Lanham reconoce cierta relevancia marcaría a la publicidad, lo que no es precisamente una novedad. Véase Oakes v. St. Louis Candy Co., 146 Mo. 391, 48 S.W. 467 (Sup. Ct. 1898).

      (9)“Uso” en rigurosa terminología marcaría significa (a) adhesión de la marca en los productos; más (b) su venta o distribución. E. Vanden-burgh, Trademark Law and Procedure Sec. 1.22, pág. 22 (2da ed. 1968).

      (10) Ubeda v. Zialcita, 226 U.S. 462 (1913); Hanover Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916); United Drug Co. v. Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918); White Tower System v. White Castle System, Etc., 33 U.S.P.Q. 573, 90 F.2d 67 (6to Cir. 1937); Aluminum Fabricating Co. v. Season-All Window Corp., 116 U.S.P.Q. 335, 160 F. Supp. 41 (S.D.N.Y. 1957), cf. 119 U.S.P.Q. 61, 259 F.2d 314 (2do Cir. 1958); Fry v. Layne-Western Company, 126 U.S.P.Q. 423, 282 F.2d 97 (8vo Cir. 1960); Pike v. Ruby Foo’s Den, 109 U.S.P.Q. 78, 232 F.2d 683 (Cir. D.C. 1956); Triumph Hosiery Mills, Inc. v. Triumph Internat’l Corp., 128 U.S.P.Q. 536, 191 F. Supp. 937 (S.D.N.Y. 1961); Merry Hull & Company v. Hi-Line Co., 146 U.S.P.Q. 274, 243 F. Supp. 45 (S.D.N.Y. 1965); O’Connor & Gordon, Inc. v. Handicraft Publications, 103 U.S.P.Q. 251, 206 Misc. 1087, 136 N.Y.S.2d 558 (1954); Langendorf United Bakeries v. General Foods Corp., 62 U.S.P.Q. 323, 125 F.2d 159 (C.C.P.A. 1942); United States Plywood Corp. v. Treib, 114 U.S.P.Q. 343 (Com. of Pat. 1957); Thompson & Sons, Inc. v. Brooks et al., 150 U.S.P.Q. 65 (T.M. Bd. 1966); Hans Holterbosch, Inc. v. Rheingauer Schaumweinfabrik Schierstein, 110 U.S.P.Q. 543 (Com. of Pat. 1956); Marina, Publications, Inc. v. Haydon, 130 U.S.P.Q. 278, 280, 281 (T.M. Bd. 1961); HMH Publishing Co., Inc. v. John Raumgarth Co., 129 U.S.P.Q. 327 (T.M. Bd. 1961). Pero véanse: Bayuk Cigars v. Schwartz, 14 U.S.P.Q. 132, 1 F. Supp. 283 (D.N.J. 1932); Potter-Wrightington v. Ward Baking Co., 288 F. 597 (D. Mass. 1923), cf. 298 F. 398 (ler Cir. 1924). Cf. Dynasty Room, Inc. v. Whiskey-A-Go-Go, Inc., 150 U.S.P.Q. 477, 478, 186 So. 2d 402 (4to Cir. 1966).

      (11) Ciertas disposiciones de la Ley Lanham y algunos tratados inter-nacionales constituyen la excepción.

      (12)En Foxtrap, Inc. v. Foxtrap, Inc., 671 F.2d 636 (App. D.C. 1982) se explica que un registrante bona fide bajo la Ley Lanham tiene protec-ción a través de todo el territorio de Estados Unidos, aunque en la realidad no cubra todos los mercados de la nación. See. 22 de la Ley Lanham, 15 U.S.C. see. 1972; cf. Sec. 33(b), 15 U.S.C. sec. 1115(b). 1 McCarthy, Trademarks and Unfair Competition Cap. 26 (2da ed. 1984). Pero Véase Oakford Company v. Kroger Company, 157 F. Supp. 453 (D. Ill. 1957); 116 U.S.P.A. 430 (1957). La protección que la Sec. 22 da al dueño de la marca y su pro-piedad se determinan por preceptos del Common Law. Armstrong Co. v. Nu-Enamel Corp., 305 U.S. 315 (1938).

      (13)No nos toca pronunciamos en este recurso sobre la responsabilidad que pueda incurrir el que indebidamente utiliza la publicidad. Nuestro in-terés gira en tomo a la publicidad como generadora de valores protegibles.

      (14) por medio de la publicidad un término descriptivo puede adquirir significación secundaria —Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964); Vandenburgh, op. cit., Sec. 4.71; 1 McCarthy, op. cit., Secs. 15.17, 18— o una plusvalía protegida por principios de competencia justa. 3 Callmann, op. cit., Sec. 17.04; 1 Nims, Unfair Competition and Trade-Marks Sec. 16 (4ta ed. 1947); 1 Callmann, op. cit., Sec. 1.11.

      (15) Nótese que en los casos de interferencia, una de las marcas puede estar ya registrada. 10 L.P.R.A. see. 196.

      (16)En las oposiciones y cancelaciones la legitimación activa del pro-movente depende del daño probable (no real) que podría sufrir si se inscribe la marca a favor del promovido. En la interferencia basta mostrar que se tiene una marca. Cf. I Seidel, Dabueff & Gonda, Trademark Law and Practice Sec. 22 et seq. (1963).

      (17)Debe recordarse que nuestro análisis está limitado a la conducta de las partes en Puerto Rico. No podemos otorgar relevancia jurídica al hecho —no cuestionado por Colgate-Palmolive— de que el “eslogan” fue ideado por Mistolín en Venezuela.

      (18) Nuestros pronunciamientos de que Colgate-Palmolive utilizaba el “eslogan” en forma análoga al uso de una marca, no prejuzga la cuestión. Tan sólo podría producir efecto en cuanto a las limitaciones que la See. 4 (f), 10 L.P.R.A. sec. 194(f), de la ley impone al Estado al admitir el registro de una marca.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Juan Díaz Marín, recurrido, v. Municipio de San Juan y Otros, recurrentes.

      Número: O-84-51

      Resuelto: 5 de mayo de 1986

      Edwin Ortiz Pietri, abogado del peticionario; Ana T. Ramírez Padilla, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver cuál es el procedimiento apelativo dis-ponible cuando un miembro de la Guardia Municipal es desti-tuido de su cargo. El conflicto surge de tres estatutos regula-torios : la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 y ss.); la Ley de la Guardia Municipal, Núm. 19 de 12 de mayo de 1977 (21 L.P.R.A. see. 1061 y ss.), y la Ley Orgánica de los Municipios, Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. sec. 2001 y ss.).

I

El recurrido Juan Díaz Marín fue declarado incurso en faltas graves y expulsado de la Guardia Municipal de San Juan. Al momento de su cesantía, el señor Díaz Marín ya ha-bía aprobado satisfactoriamente el período probatorio reque-rido por ley, por lo tanto era un empleado regular de carrera. Recurrió luego de la decisión del Alcalde, Sr. Hernán Padilla, al Tribunal Superior, donde se dictó sentencia declinatoria de jurisdicción y se remitió el caso a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.). El Municipio de San Juan, inconforme con dicha decisión, acudió ante nos con un recurso de revisión que hemos tomado como un certiorari y al notar conflicto en los estatutos expedimos el auto el 16 de febrero de 1984. Ahora confirmamos.

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La Ley de Personal de 1975 integró los municipios al sistema de personal del resto del Gobierno y los constituyó en administradores individuales, 8 L.P.R.A. see. 1343(2), reconociéndoles así autonomía gerencial. En la declaración de política pública de esta Ley de Personal se afirmó :

(2)A fin de asegurar la extensión y el fortalecimiento del principio de mérito a todos los sectores del servicio público puertorriqueño, todos los empleados públicos, sean éstos em-pleados estatales, o municipales a excepción de los excluidos en la see. 1338 de este título, estarán cubiertos por un solo sistema de personal, establecido para -hacer cumplir el ser-vicio de mérito, el cual se conocerá como Sistema de Personal del Servicio Público. (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. see. 1311(2).

La Ley confirió jurisdicción apelativa a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.) para revisar las acciones o decisiones de los administradores individuales en los “casos de destitución o suspensión de empleo y sueldo por un empleado de carrera ... o cuando alegue que una acción o decisión que le afecta viola cualquier derecho” que le concede la ley, 3 L.P.R.A. see. 1394(1). También dispuso un recurso de revisión judicial de las decisiones de J.A.S.A.P. al Tribunal Superior, 3 L.P.R.A. see. 1396.

La Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal fue creada como un organismo colegiado e independiente compuesto por un presidente y dos miembros asociados nombrados con el consejo y consentimiento del Senado. Estos nombramientos son a tiempo completo y los términos iniciales fueron escalonados por períodos de ocho, siete y seis años, y los subsiguientes por ocho años. La intención del legislador al crear una junta “enteramente independiente de la Oficina Central de Administración de Personal” y estable-cer un término fijo para cada uno de los miembros fue clara-mente la de asegurar completa independencia de criterio. La intención legislativa fue claramente la creación de un tribunal apelativo a nivel administrativo con poderes adjudicativos, especializado en asuntos de personal, que fiscalizara rápida y efectivamente las decisiones de los administradores individua-les y la Oficina Central de Administración de Personal:

En segundo lugar, se aspira a que la Junta Apelativa pueda tener suficiente tiempo para atender con rapidez el número de apelaciones que pueda llegar como resultado de haber triplicado el número de empleados bajo su supervisión directa. () Informe Conjunto sobre el P. del S. 1428 de las Comisiones de Gobierno y Derechos Civiles del Senado de Puerto Rico, 30 de septiembre de 1975, pág. 29.

Véanse también: J. R. Feijoó, La nueva Ley de Personal: pro-blemas en su implementación, 40 Rev. C. Abo. P.R. 257 (1979); F. Aponte Pérez, La Ley de Personal de Puerto Rico y el servicio de confianza y de carrera, 41 Rev. C. Abo. P.R. 99 (1980); Comisión del Gobernador para Estudiar Relacio-nes del Trabajo en el Servicio Público en Puerto Rico, Ante-proyecto de Ley Modelo e Informe Explicativo, Vol. II, párr. 3 de Segunda Parte (1974).

En Puerto Rico la Asamblea Legislativa ha utilizado en muchas ocasiones los cuerpos o tribunales administrativos a nivel apelativo. Los más conocidos son la Junta de Apelacio-nes de Construcción, la Comisión Industrial, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (C.I.P.A.), la Junta de Apelaciones del Sistema de Instrucción Pública, y la Comisión de Querellas Municipales. La creación de estos consejos con poderes cuasi-judiciales se justifica por varias razones: (1) la experiencia y especialización de cada uno; (2) la uniformidad de sus fallos y remedios, y (3) el costo tan bajo de la litigación administrativa para los afectados. En los tribunales administrativos apelativos, el litigante no necesita representación legal y usualmente se enfrenta a los asuntos en sus méritos sin enredarse en los tecnicismos que entorpecen los procedimientos en los tribunales. K. Davis, Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry, 1969, pág. 145; véase tam-bién a R. Serrano Geyls e I. García de Serrano-, El control de la discreción administrativa: La Junta de Apelaciones del Sistema de Instrucción Pública de Puerto Rico, 32 Rev. C. Abo. P.R. 397 (1971).

Finalmente, los tribunales administrativos apelativos con-tribuyen a descongestionar los tribunales al proveer un foro que en primera instancia recibe la prueba y mediante conclu-siones de hecho y derecho formula sus decisiones. Esto- evita que los magistrados tengan que celebrar juicios de novo al re-visar las decisiones administrativas. Se limita entonces su in-tervención a examinar las cuestiones de hecho y de derecho según surjan del récord administrativo. Así pueden resolver rápidamente las controversias traídas ante su consideración. Desde Crowell v. Benson, 285 U.S. 22 (1932), se ha endosado la delegación del poder judicial a organismos administrativos y se han reservado los tribunales la facultad de revisar sus decisiones como- intérpretes finales del derecho aplicable: “Parte esencial de reformas a los sistemas de justicia en mu-chas jurisdicciones, debe añadirse, es el reconocimiento de que organismos no judiciales deben atender asuntos que hasta cierto tiempo se consideraron de la competencia exclusiva de los tribunales.” Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 223 (1974).

No obstante lo anterior en el 1977, la Asamblea Legisla-tiva aprobó la Ley de la Guardia Municipal, supra. Dada la naturaleza y la importancia de su encomienda, este cuerpo de vigilancia al nivel municipal por disposición de ley tiene un sistema de personal muy parecido al de la Policía de Puerto Rico con clasificación a base de rango y con el concepto de san-ciones, de faltas leves y graves. También se estableció un pro-cedimiento disciplinario que en los casos de faltas graves pro-vee al afectado una oportunidad de ser oído con un recurso de “apelación” al Tribunal Superior de la decisión adversa del Alcalde, 21 L.P.R.A. see. 1071.

Esto significó un retroceso temporero del principio de in-tegración y uniformidad de la Ley de Personal. En el 1980, teniendo presente tanto la Ley de Personal como la de Guar-dias Municipales, el legislador en la Ley Orgánica de los Mu-nicipios de 1980 (21 L.P.R.A. see. 2001 et seq.), dispuso un solo y común recurso de revisión a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal para todos los em-pleados municipales de carrera. ()

Al no hacer excepción a esta norma procesal, quedó de-mostrada la intención de la Asamblea Legislativa de no aban-donar el propósito de uniformidad e integración destacado por este Tribunal en Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, 109 D.P.R. 5, 9 (1979):

Al aprobar la Asamblea Legislativa la vigente Ley de Personal concentró sus esfuerzos en precisar una política pú-blica de reafirmación del principio de mérito, haciéndolo ex-tensivo a todos los sectores del empleo público. Sobre las bases que ofrece esa declaración de política pública se esta-bleció en la Ley un sistema de personal “completo e inte-grado que incorpora los más modernos conceptos de la ad-ministración de personal.” Exposición de Motivos, Leyes de Puerto Rico 1975, Parte 2, pág. 801. Así pues, resultó ele-mento fundamental de la nueva legislación los conceptos de integración y de uniformidad, de suerte que los empleados públicos de una u otra entidad gubernamental vieran igual-mente garantizados los derechos y prerrogativas que son co-rolario del principio de mérito, Sec. 2.1, 3 L.P.R.A. sec. 1311.

El argumento de la recurrente, que reclama para los guardias municipales un tratamiento especial y aparte de todos los demás empleados municipales y estatales de carrera, es incompatible con toda la estructura jurídica creada por la Asamblea Legislativa para la administración del sistema de personal. La recurrente no ha señalado algún factor de calidad diferenciante de los empleados de carrera de la Guardia Municipal que nos mueva a interpretar que fue la intención legislativa el que se obviara la apelación a J.A.S.A.P. y se recurriese directamente al Tribunal Superior y así privar de esta forma al magistrado del beneficio de las determinaciones y de la experiencia en cuestiones de personal de dicho organismo especializado. A la luz de la trayectoria legislativa y del historial reseñado, no es posible inferir que el propósito del legislador fuera negar a los guardias municipales la especialización de J.A.S.A.P. en materia de apelaciones de empleados. Delbrey v. Municipio de Carolina, 111 D.P.R. 492 (1981); Franco v. Municipio de Cidra, 113 D.P.R. 260 (1982). La revisión por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal de las decisiones del Alcalde y del Comisionado de la Guardia Municipal en los casos de empleados municipales de carrera no es incompatible con el interés de la comunidad de que ese cuerpo policíaco sea autónomo en sus decisiones de personal. Por la naturaleza especial de sus funciones la ley claramente establece un período probatorio más largo para sus miembros que para los otros empleados de carrera del municipio y además faculta al Comisionado a imponer sanciones por faltas graves y leves me-diante un procedimiento disciplinario. Al igual que en el caso de la Policía de Puerto Rico esta autonomía en asuntos de personal no es incompatible con la delegación del poder de revisión a un foro administrativo como la Junta de Apela-ciones del Sistema de Personal.

Aun si aceptáramos la tesis de que la omisión de la Asam-blea Legislativa tuvo el efecto de proveer dos foros altemos de revisión, el judicial y el otro a nivel administrativo, a base de la doctrina de jurisdicción primaria, la prudencia y autolimi-tación judicial aconsejarían que la intervención judicial se pospusiese hasta que el foro administrativo apelativo espe-cializado resuelva la controversia. Se facilitaría de esta ma-nera la pronta adjudicación de las controversias y la descon-gestión de los calendarios de los tribunales. Independiente-mente de qué ruta tomemos, el empleado afectado tendría que ir primero ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Ad-ministración de Personal.

En su obligación de desentrañar y hacer que prevalezca el propósito legislativo, los tribunales deben evitar la interpretación de un estatuto que pueda conducir a resultados irrazonables o absurdos, Passalacqua v. Municipio de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); Lozada v. Antonio Roig Sucrs., 73 D.P.R. 266, 270 (1952); In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274, 278 (1959); Borinquen Furniture, Inc. v. Tribl. de Distrito, 78 D.P.R. 902, 905 (1956). El propio Juez Marshall dijo en Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 176 (1803), que cuando dos leyes estén en conflicto las cortes deben determinar cuál de las reglas conflictivas debe prevalecer, siendo esto “de la esencia del deber judicial”. Nuestra obligación fundamental, en estos casos, es imprimirle efectividad a la manifiesta intención legislativa y este estatuto debe prevalecer sobre la disposición literal de aquella ley que esté en conflicto con el objetivo del legislador. La interpretación judicial debe propiciar la realización del verdadero propósito de la ley. E. R. Bernier, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Colegio de Abogados, 1963, Cap. XLVIII, pág. 230; 2 Sutherland, Statutory Construction Sec. 4926, pág. 462 (1943); Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986, 997-998 (1953). No debe prevalecer el lapsus o la inadverten-cia al legislar sobre la idea central que dio vida al estatuto. Calaf v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 577, 583 (1954).

El desarrollo legislativo del recurso de apelación del em-pleado municipal a J.A.S.A.P., originado en la Ley de Personal de 1975 y reiterado en la Ley Orgánica de los Munici-pios de 1980, muestra suficiente afirmación de la intención del legislador de excluir cualquier otro procedimiento alterno, tal como el incorporado en la Ley de Guardias Municipales, y de reiterar la universalidad de la norma apelativa de la Ley de Personal.

Por otro lado, nuestro Código Civil en su Art. 6 dispone que “ [1] a derogación [de una ley] es, o expresa o tácita. Es ex-presa cuando se declara literalmente por una ley posterior; es tácita cuando la nueva ley contiene preceptos que son o con-trarios o irreconciliables con los de la anterior ley. La dero-gación de una ley derogatoria no restablece la primitiva ley derogada”. 31 L.P.R.A. see. 6.

La citada Ley Orgánica Municipal de 1980 al ordenar en su Art. 10.06 (21 L.P.R.A. see. 3356) un procedimiento de vista administrativa y apelación para todos los empleados, entró en abierto conflicto con la correlativa disposición en la Ley de la Guardia Municipal. En estas circunstancias, aunque no hay una abolición expresa de las disposiciones de la Ley de Guardias Municipales que son incompatibles con la Ley Orgánica de los Municipios, sí hay una derogación tácita. En tal caso “la derogación expresa es superflua, porque basta que la Ley nueva dé una regulación distinta incompatible con la de la Ley antigua para que la nueva Ley prevalezca y prive de efecto a la precedente. Entonces se habla de derogación tácita, ya que la voluntad derogatoria resulta de la nueva disciplina jurídica que viene a sustituir a la precedente, por la imposibi-lidad de que el nuevo ordenamiento coexista con el antiguo”. R. Bonet, Código Civil Comentado, Madrid, Ed. Aguilar, 1962, pág. 36; Pérez v. Sucesión Collado, 19 D.P.R. 1061, 1063 (1913). “ [C] uando los términos de una ley posterior son tan inconsistentes con los de una ley anterior que ambas no pueden subsistir juntas, se entenderá que la posterior ha enmendado implícitamente la anterior, especialmente cuando el resultado de tal interpretación es dar efectividad a la intención legisla-tiva. [Citas.] La doctrina es igualmente aplicable cuando se trata de leyes especiales y leyes generales. Si las disposiciones de una y otra ley son irreconciliables, la ley general puede enmendar la especial. La cuestión se reduce siempre a una de intención legislativa.” A. J. Tristani v. Municipio, 76 D.P.R. 758, 766 (1954). Véase: Pueblo v. Dávila, 47 D.P.R. 356, 361 (1934).

La más reciente ley reguladora del personal municipal, la Ley Núm. 146 de 1980, dispuso en su Art. 13.02 (21 L.P.R.A. see. 3502) la derogación de la anterior Ley Municipal de 1960, así como de toda ley o parte de la misma que estuviere en con-travención con el nuevo' estatuto. Resulta patente la incom-patibilidad entre los canales de apelación que ofrecen al em-pleado estas dos leyes, por lo que al producirse la abolición, no salva a la anterior su carácter especial supeditado al principio que “destaca la supremacía de la ley más reciente sobre la anterior” que además, versa sobre una materia especial que establece la política pública general del Estado respecto a cues-tiones de personal. Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884, 888 (1975).

No puede haber duda de que tomadas en conjunto' la Ley de Personal de 1975 y la Ley Orgánica de los Municipios de 1980 nos llevan a la conclusión —mantenida por la interpretación sociológica que inclina el criterio judicial hacia aquella solución que mejor capte el impacto del estatuto en términos de bienestar general y que mejor perciba la inten-ción legislativa al adoptar la norma como enfilada a propiciar el interés público— de que la Asamblea Legislativa preservó el propósito original de establecer el recurso de apelación a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal para todos los empleados municipales, inclusive los miembros de la guardia municipal.

Al aprobar la nueva Ley Orgánica de los Municipios de 1980 la Asamblea Legislativa reafirmó su intención de que prevaleciera el principio de integridad y uniformidad que con tanto esmero había elaborado anteriormente. En ese contexto histórico la Sec. 11 de la Ley de Guardias Municipales al esta-blecer un método apelativo distinto para los miembros de ca-rrera de la fuerza disciplinados, fue una anomalía temporal revocada luego por la propia Asamblea Legislativa.

En estas circunstancias el señor Díaz Marín debe agotar la vía administrativa para que así el tribunal tenga el bene-ficio de las conclusiones de hecho y de derecho de esa entidad especializada que tanto valor y deferencia merecen. Recono-ciendo el estado indefinido de nuestro derecho cuando- se ori-ginó la controversia de autos, también resolvemos trasladar el recurso a la Junta de Apelaciones del Sistema de Adminis-tración de Personal para que inmediatamente proceda a exa-minar los méritos de la revisión interpuesta por el recurrente. Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, supra.

Por las razones explicadas en esta opinión, se dictará sentencia en la que se confirme la sentencia del tribunal de instancia y se trasladará el recurso a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal para ulteriores procedimientos.

      (1) Este resultado se debió a que la jurisdicción, de J.A.S.P., en com-paración con el anterior organismo apelativo de personal fue sustancial-mente ampliada, pues se incluyó como administradores individuales y suje-tos a su jurisdicción, a los municipios y a las agencias que estaban incluidas en el servicio exento o en el servicio sin oposición bajo la anterior ley.

      (2)Bajo la anterior ley municipal que estaba vigente al momento de aprobarse la Ley de Personal de 1975, se disponía que para destituir un empleado era necesario una previa formulación de cargos y audiencia ante una Comisión compuesta de tres (3) personas nombradas por el Alcalde. De la resolución de la Comisión se podía solicitar revisión judicial ante el Tribunal Superior en un término de quince (15) días. Art. 93 de la Ley Núm. 142 de 1964 (21 L.P.R.A. see. 1553). Este procedimiento que resultaba incompatible con la Sec. 7.14 de la Ley de Personal no fue armonizado con dicho estatuto hasta la aprobación de la nueva legislación municipal en 1980.


text:
    Asociación de Vecinos de Villa Caparra, Inc. et al., demandantes y recurridos, v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto- Rico, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-84-420

      Resuelto: 8 de mayo de 1986

      José A. Fernández-Paoli de Martínez Álvarez, Fernández-Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez-Cortada & Lefranc-Romero, abogados de la recurrente; César T. Andreu Megwinoff, abo-gado de la parte recurrida; Francisco M. Troncoso, abogado de la parte compareciente como amicus curiae, Ángel Manuel de la Rosa Schuck et al.; Fernando E. Agrait, abogado de la parte compareciente como amici curiae, Asociación de Propie-tarios de Villa Caparra.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Las partes demandadas, Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico y la Academia y Parroquia de San José de Villa Caparra, recurren ante nos de una sentencia del Tribunal Superior que prohibió la construcción de un gimna-sio auditorio en un solar localizado en la Urbanización Villa Caparra que está afectado por unas servidumbres en equidad. Por la importancia pública de la controversia, expedimos el recurso y mediante esta opinión confirmamos al tribunal de instancia.

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Entre 1975 y 1979 la Iglesia Católica adquirió cuatro (4) solares en la Urbanización Villa Caparra para la construcción de una cancha auditorio para la celebración de torneos, fiestas y otras actividades de la Academia San José. Los solares que adquirieron forman parte de una urbanización establecida por la familia González-Giusti. Cada uno de los solares tiene las siguientes restricciones sobre la cabida, uso y tipo de cons-trucción :

-B. En cada uno de los solares que se deslinden, segre-guen y vendan no podrá construirse más de una casa resi-dencia, de una sola vivienda, el costo de la cual no podrá ser menor de Tres Mil Dólares; podrán sin embargo construirse edificaciones independientes para alojamiento de servidum-bre, chauffer, etc., así como también para almacenaje de automóviles privados. ()

Luego de agrupar los solares, la Iglesia obtuvo el permiso correspondiente de la Administración de Reglamentos y Per-misos (A.R.P.E.) y comenzó la construcción. Antes de la fecha de efectividad del permiso, la Asociación de Vecinos de Villa Caparra, Inc. radicó un injunction para detener la construc-ción del auditorio porque violaba las condiciones restrictivas que afectaban a todos los solares. El tribunal de instancia con-solidó la vista del injunction preliminar con la del permanente y emitió una sentencia que prohibía la construcción del audi-torio y ordenaba la destrucción de las obras iniciadas, porque violaban las servidumbres en equidad. La Iglesia recurre ante esta curia y alega que se cometió error en la apreciación de la prueba al sostener la efectividad de estas restricciones sin conocer los cambios ocurridos en el área. ()

La controversia jurídica principal que tenemos ante nues-tra consideración es la siguiente: ¿Han ocurrido en el vecin-dario de la Urbanización Villa Caparra suficientes cambios para modificar o extinguir la servidumbre en equidad que limita el uso de dichos terrenos? ¿Cuáles son los cambios en el vecindario que tienen el efecto de modificar la efectividad y la vigencia de esas restricciones?

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Las servidumbres en equidad contienen unas condiciones restrictivas constituidas unilateralmente por el urbanizado^ que limitan las facultades de los futuros adquirentes. Éstas imponen unas limitaciones en cuanto al uso y las edificaciones permisibles con el propósito de “preservar la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto residencial”. Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 D.P.R. 826, 827 (1975). Véanse también: J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Art Printing, 1983, T. II, pág. 416; Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 250 (1959); II Casner et al., American Law of Property Secs. 9.24-9.40, Cap. II, págs. 401-453 (1952); 5 Williams, Am. Land Plan. Law Sec. 154.01, págs. 311-312 (1985). Su existencia ha sido motivo de conflictos entre el derecho del propietario de ejercer pleno dominio sobre el bien inmueble y el de los vecinos de limitar el uso y las edificaciones en las fincas gravadas. Véase 4 Rathkopf, The Law of Zoning and Planning Sec. 57.02 (4ta ed. 1985).

Esta figura fue incorporada en nuestro ordenamiento ju-rídico por vía jurisprudencial mediante la decisión de Glines et al. v. Matta el al, 19 D.P.R. 409 (1913). () Conforme la jurisprudencia posterior() dicha “figura ha ido evolucio-nando hasta encontrarla hoy con sustantividad propia, pero siempre conservando la independencia que le presta su origen y procedencia de un ordenamiento foráneo”. Vélez Torres, op. cit., pág. 416. Veamos su configuración actual en nuestra jurisdicción. ()

Para su validez y eficacia se requiere que las limitaciones sean razonables, se establezcan como parte de un plan general de mejoras, consten de forma específica en el título y se inscriban en el Registro de la Propiedad. Lawton v. Rodríguez Rivera, 35 D.P.R. 487, 494 (1926); Carrillo Norat v. Camejo, 107 D.P.R. 132, 137 (1978). Una vez son inscritas en el Registro de la Propiedad, se considera que las restric-ciones constituyen derechos reales oponibles erg a omnes, lo que crea entre los predios afectados “una relación de servi-dumbres recíprocas, pues cada lote o solar es predio domi-nante, a la vez que sirviente, con relación a los demás lotes o solares de la urbanización”. Vélez Torres, op. cit., pág. 417; Carrillo Norat v. Camejo, supra, pág. 136.

Aunque en ocasiones las servidumbres son compatibles con la zonificación del estado, su propósito, creación, implantación y administración dependerá de que los dueños de los solares las hagan valer. Rathkopf, op. cit., pág. 57-7. Por otro lado, el hecho de que se obtenga un permiso de construcción de la Administración de Reglamentos y Permisos “no tiene el efecto ni el alcance de anular restricciones privadas que resultan inconsistentes con el permiso”. () Rodríguez v. Twin Towers Corp., 102 D.P.R. 355, 356 (1974); Pérez v. Pagán, 79 D.P.R. 195, 198 (1956); Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., supra, pág. 831; Colón v. San Patricio Corporation, supra, págs. 262-269. ()

Para hacer efectivos sus derechos e impedir las violaciones a las limitaciones impuestas, los dueños de predios su-jetos a servidumbres en equidad tienen disponible el recurso de injunction, Glines et al. v. Matta et al., supra. Contra tal recurso un demandado puede oponer todas la defensas que le otorgan los principios en equidad. Colón v. San Patricio Corporation, supra. Entre tales defensas encontramos: (1) consentimiento (acquiescence); (2) consciencia impura (unclean hands); (3) incuria (laches); (4) impedimento (es-toppel). Casner, op. cit., See. 9.38, págs. 440-444. Estas de-fensas son de carácter personal solamente oponibles a aquellos que han incurrido en dicha conducta.

Estas servidumbres pueden extinguirse o modificarse en los siguientes casos: (1) por acuerdo de los interesados; (2) por efecto del tiempo o por realizarse la condición si así se constituyeron; (3) por confusión; (4) por renuncia o abandono de los propietarios que reciben los beneficios de la servidumbre; (5) por expropiación forzosa si los gravámenes son incompatibles con el uso público del inmueble expropiado, y (6) “cuando cambios radicales del vecindario no sólo hacen la restricción irrazonable y opresiva para el dueño del predio sirviente, sino también destruyen el valor que la restricción tenía para el dueño del predio dominante, por lo cual resulta en verdad imposible alcanzar los fines que perseguía la servidumbre”. Colón v. San Patricio Corporation, supra, págs. 261-262. Véanse además: Casner, op. cit., Secs. 9.39-9.40, págs. 444-453; D. Hagman, Urban Planning and Land Development Control Law, St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1975, págs. 302-304; Williams, op. cit., Sec. 154.10, págs. 321-322.

La extinción de las servidumbres por motivo de cambios radicales puede ser alegada como defensa ante una acción de injunction o en una sentencia declaratoria solicitando que se declare la modificación o extinción de las restricciones. Reglas 59.1-59.6 de las de Procedimiento Civil de 1979. () Ya desde 1927 habíamos reconocido dicha defensa en el caso de Macatee v. Biascochea, 37 D.P.R. 1, 10-11 (1927), cuando expresamos que el cambio ocurrido tiene que ser “de tal naturaleza que haya dejado sin valor sustancial el convenio o restricción en cuanto a la parte dominante residencial”. En Colón v. San Patricio Corporation, supra, pág. 265, expusimos los requisitos para su configuración:

(1) convertir la restricción en una carga irrazonable y opresiva para el dueño del predio sirviente; (2) destruir el valor que de otro modo tendría la restricción para los dueños de los predios dominantes; y (3) frustrar por completo y permanentemente el propósito u objeto de la restricción.

Al examinar las alegadas modificaciones “pueden considerarse tanto los cambios acaecidos dentro del área restringida como las alteraciones sobrevenidas en los terrenos que la rodean”. () Ibid., pág. 265. Sin embargo, los cambios en los predios restringidos deben tener más peso que los ocurri-dos en los que los rodean. Si el área gravada no se ha deterio-rado, de ordinario no debemos dejar sin efecto una restricción porque han ocurrido cambios en la periferia. Semachko v. Hopko, 35 Ohio App. 2d 205, 301 N.E.2d 560 (1973). De hecho, es lógico que los cambios ocurran precisamente en la periferia. Las servidumbres en equidad protegen e impiden que se transforme el vecindario:

... si como consecuencia de variaciones en las condiciones fuera del área restringida a un lote o área se le permitiese liberarse de la cubierta protectora de restricciones residen-ciales únicamente, el dueño del lote colindante tendría en-tonces una acción igual. . . ante el Tribunal, y llegado el mo-mento, todos los demás lotes ... burlar [ían] y anular [ían] la restricción, y destruir [ían] el carácter esencialmente resi-dencial del área total. (Traducción nuestra.) Cowling v. Colligan, 312 S.W.2d 943, 946 (Tex. 1958).

Al considerar la posible extinción o modificación de las servidumbres se deben evaluar diversos factores. En primer lugar, se debe considerar el tamaño del área sujeta a las restricciones. Por ejemplo, un área pequeña es más vulnerable y sus solares están más expuestos a los embates de los cambios en la periferia que lo que ocurre en un sector más grande. También se debe considerar la localización de los cambios ocurridos con respecto al área restringida. Mientras más cerca son los cambios al área restringida, mayor el im-pacto sobre los solares afectados. Otros criterios que deben ser considerados son: el tipo de cambio; los cambios en la in-fraestructura, particularmente, en el patrón de tránsito; la extensión y naturaleza de los usos comerciales, industriales o institucionales en áreas circundantes; el valor de los terrenos residenciales en comparación con los comerciales; la conducta de las partes y sus predecesores, así como el término por el cual se impusieron las restricciones. Lebo v. Johnson, 349 S.W.2d 744, 749 (Ct. Apel. Tex. 1961); Simon v. Henrichson, 394 S.W.2d 249, 255 (Ct. Apel. Tex. 1965); Holmquist v. D-V, Inc,, 563 P.2d 1112 (Ct. Apel. Kan. 1977); Normus Realty Corp. v. Gargano, 237 N.Y.S.2d 648 (1963); Noyes v. McDonnell, 398 P.2d 838 (Okl. 1965); Hagman, op. cit. pág. 303 n. 45; Casner, op. cit., See. 9.39, págs. 444-448; Comen-tario, Termination of Servitudes: Expanding the Remedies for “Changed Conditions”, 31 UCLA L. Rev. 226 (1983). A1 evaluar todas estas circunstancias, el tribunal debe asegu-rarse de que las restricciones continuarán siendo beneficiosas para los dueños de los solares afectados.

Otro factor que se debe considerar es el cambio ocurrido en la zonificación del área y sus alrededores. En nuestras circunstancias geográficas el Estado ha elaborado unos instrumentos de planificación para un desarrollo integral del uso de terrenos e inversiones que también deben ser considerados al poner en vigor estas restricciones.() Véanse: Bard v. Rose, 203 Cal. App. 2d 232, 21 Cal. Rptr. 382 (1962); Crissman v. Dedakis, 330 So. 2d 103 (Ct. Dist. Fla. 1976); Boschelli v. Villa Park Trust & Savings Bank, 23 Ill. App. 3d 82, 318 N.E.2d 527 (1974); Rofe v. Robinson, 93 Mich. App. 749, 286 N.W.2d 914 (1980). Los reglamentos de zonificación y su instrumentación pueden ser considerados para determi-nar, junto a los otros factores, si ha ocurrido un cambio radical en el vecindario. Shuford v. Asheville Oil Company, 243 N.C. 636, 91 S.E.2d 903 (1956). Por ejemplo, en Owens v. Camfield, 1 Ark. App. 295, 614 S.W.2d 698, 700 (1981), la Corte de Apelaciones de Arkansas señaló:

El hecho de que la propiedad del apelado esté zonificada como área comercial es de primordial consideración .... Aunque la regla general es que los convenios restrictivos no se abrogan, destruyen o debilitan cuando el área es rezonifi-cada, la rezonificación es una circunstancia tendiente a de-mostrar que por lo menos, a juicio del municipio, el carác-ter del vecindario dentro de la zonifieación variaba o varió de residencial a comercial para propósitos de determinar si los convenios restrictivos ya no deben ponerse en vigor debido a que las condiciones han variado. (Traducción nuestra.)

Además, al evaluar estos cambios los tribunales no pueden ignorar que a través de las excepciones y variaciones a la zonifieación las entidades planificadoras también afectan el desarrollo del vecindario. Por lo tanto, debemos considerar cuál ha sido la política de la Administración de Reglamentos y Permisos al conceder tanto los permisos regulares como los emitidos a través de la facultad discrecional de conceder ex-cepciones y variaciones a los reglamentos vigentes. Aunque las revisiones en la zonifieación deben ser consideradas, no pueden ser determinantes. Rathkopf, op. cit, pág. 57-10. Véase St. Luke’s Evan. Luth. Ch. of Country Homes v. Hales, 13 Wash. App. 483, 534 P.2d 1379 (1975).

El objetivo debe ser una evaluación de todos estos factores para determinar si los cambios ocurridos han resultado en la imposición de unas restricciones obsoletas que sean injustas, irrazonables y opresivas para el dueño del predio sirviente.

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Las servidumbres que afectan a los solares de la Urbani-zación Villa Caparra fueron impuestas mediante escritura pública que a su vez fue inscrita en el Registro de la Propie-dad. Las prohibiciones que se imponían en cuanto a uso, ca-bida y forma de construcción eran razonables y obedecían a un plan para desarrollar y mantener dicho sector como un área estrictamente residencial. Lawton v. Rodríguez Rivera, supra, pág. 494. Los terrenos que adquirió la Iglesia Católica para la construcción del gimnasio auditorio estaban gravados con dichas prohibiciones, por formar parte de la finca original. Ade-más, al segregarse y venderse por primera vez les fueron im-puestas las mismas prohibiciones. ()

Alega la recurrente que dichas servidumbres debieron de-clararse modificadas por los cambios ocurridos en el vecinda-rio. Examinada la prueba documental,() entendemos que hay amplia base en el récord, que sostiene la determinación del tribunal de instancia que concluyó- que no hubo tales cam-bios. Dicho sector, donde ubican los terrenos de la Iglesia, es de carácter residencial, con tal propósito se inició su urbani-zación por los esposos González-Giusti y así se ha mantenido. Actualmente se encuentra clasificado como un Distrito R-l, el cual es de baja densidad poblacional, que se establece, entre otros, “para preservar el carácter residencial de áreas desa-rrolladas”, Reglamento de Zonificación, Sec. 7.01.

Un análisis de todo el expediente nos convence de que las recurrentes no han demostrado que hubo cambios radicales en el área que modificaran el carácter del vecindario tan sustan-cialmente como' para hacer injustas, irrazonables y opresivas las servidumbres. La prueba no demostró que en los solares gravados hayan ocurrido violaciones a las servidumbres o que se destinen para usos prohibidos por los dueños originales, en forma tal que pueda decretarse su modificación o extinción. Los únicos solares dentro de la finca original que se utilizan para fines no residenciales pertenecen a la Academia. Su uso ha sido conforme con los propósitos originales de la familia González-Giusti de cederle o venderle unos terrenos a la Igle-sia para la construcción de una capilla y una escuela.

Las recurrentes tampoco probaron que los desarrollos co-merciales a lo largo de la Carretera Estatal Núm. 2 y en la periferia de la urbanización, hicieran irrazonables, injustas u opresivas las condiciones restrictivas. () No se probó una alteración en el tráfico de la urbanización, o en el movimiento de personas como resultado de estos desarrollos. Tampoco se demostró que hubo una modificación significativa en la densi-dad poblacional, tanto en el sector restringido como en los pe-riferales. La única prueba ofrecida por las recurrentes es insuficiente para modificar o extinguir las servidumbres en equidad, por constituir cargas irrazonables, injustas y opre-sivas para los predios sirvientes.

Todo lo contrario, si algo se demostró, es que mediante estas condiciones restrictivas los residentes de Villa Caparra han. logrado proteger su urbanización de los azotes del desarrollo comercial de todo el sector. Por lo tanto, los vecinos continúan recibiendo los beneficios de las servidum-bres. Reiteramos, que esta defensa —cambios en el vecinda-rio — ■ requiere que los mismos “sean de carácter radical y per-manente, e impidan sustancialmente la consecución de las ventajas y de los beneficios establecidos a favor de los predios dominantes”. (Énfasis suplido.) Colón v. San Patricio Corporation, supra, pág. 264. En todo caso, es en el momento' actual cuando dichas prohibiciones cobran mayor valor, ya que pueden evitar el establecimiento de obras y usos en contra-vención de las mismas. Pudiendo todavía beneficiarse los pre-dios dominantes de las servidumbres establecidas en dicha urbanización, no procede en derecho declarar su modificación o extinción.

Por otro lado, el hecho de que se obtuviera un permiso de A.R.P.E. para la construcción del gimnasio no tenía el efecto de derogar las servidumbres que gravaban dichos terrenos, porque “la mera concesión de un permiso por la Junta de Planificación [A.R.P.E.] no tiene el efecto ni el alcance de anular restricciones privadas que resulten inconsistentes con el permiso concedido”. Rodríguez v. Twin Towers Corp., supra, pág. 356; Colón v. San Patricio Corporation, supra, pág. 267; Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., supra, pág. 832. Si se entendía que las servidumbres estaban extinguidas, se debió utilizar el recurso de la sentencia declaratoria y así “obviar la inseguridad y los peligros de ‘un salto en la oscuridad’ ”, Colón v. San Patricio Corporation, supra, pág. 263, y no iniciar las obras cuando, () como bien expresaron las propias recurrentes, existían aún “controversias latentes con respecto a tal construcción”. Con tal actuación, demostrativa de poca prudencia, asumieron los riesgos de tales actos con todas sus consecuencias. Glines et al. v. Matta et al., supra, págs. 418-419.

Aunque el propósito de la Iglesia Católica y de la Academia de construir una cancha auditorio y ampliar sus facili-dades físicas es legítimo y encomiable, el resultado es contra-rio a las restricciones que gravan estas propiedades. La parte recurrente tiene otras alternativas disponibles para lograr su objetivo. Entre éstas debe reexaminar el proyecto para satis-facer las preocupaciones de los vecinos. De esta manera po-drían convencerles de que den su consentimiento y permitan un proyecto alterno o una variación del propuesto.

Por tales razones, entendemos que actuó correctamente el tribunal a quo al emitir el injunction permanente que prohíbe la construcción del gimnasio.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Aso-ciados Señor Rebollo López y Señora Naveira de Rodón se inhibieron.

      (1)Mediante escritura otorgada en 1939 la familia González-Giusti im-puso estas restricciones sobre una finca de su propiedad que luego procedió a segregar y vender en parcelas para su urbanización.

      (2) La Iglesia también recurre para cuestionar la imposición de hono-rarios de abogado por temeridad y al declarar sin lugar una moción de re-consideración y/o relevo de sentencia. A la luz de Lawton v. Rodríguez Rivera, 35 D.P.R. 487, 495 (1926); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 685 (1979), y Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 89 (1966), estos señalamientos son inmeritorios.

      (3) Para un análisis crítico a la incorporación de esta doctrina del De-recho anglosajón véanse: J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Art Printing, 1983, T. II, págs. 399-416, y A. L. Díaz, Problemas que enfrenta el registrador ante la calificación e inscripción de los nuevos derechos reales en Puerto Rico en Ponencias y comunicaciones presentadas al III Congreso Internacional de Derecho Registral, Buenos Aires, Ed. Ta-lleres Gráficos Mundial, 1978, T. II, págs. 463-468.

        (4) Lawton v. Rodríguez Rivera, supra; Macatee v. Biascochea, 37 D.P.R. 1 (1927); Fiol v. López de la Rosa, 46 D.P.R. 749 (1934); Santaella v. Purón, 60 D.P.R. 552 (1942); Baldrich v. Registrador, 77 D.P.R. 739 (1954); Pérez v. Pagan, 79 D.P.R. 195 (1956); Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242 (1959); Castro Lund v. Registrador, 102 D.P.R. 295 (1974); Rodríguez v. Twin Towers Corp., 102 D.P.R. 355 (1974); Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 D.P.R. 826 (1975); Carrillo Norat v. Camejo, 107 D.P.R. 132 (1978).

      (5)En España, para una discusión sobre el problema de las urbaniza-ciones privadas y las servidumbres a favor del propietario, véanse: J. Sa-pena Tomás, Problemática jurídica de las urbanizaciones privadas, 58 Rev. Der. Not. 63 (1967); R. De la Rica y Arenal, La confusión de derechos en el ámbito registral en Estudios de Derecho Civil en honor del Prof. Castán Tobeñas, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1969, T. I, págs. 593-599; F. Jordano Fraga, Prehorizontalidad y Servidumbre de Propietario, 113 Rev. Der. Not. 123 (1981); R. De la Rica y Maritorena, Las Servidumbres en el Regis-tro de la Propiedad, 53 Rev. C. Der. Inmob. 749 (1977); Resolución de 2 de abril de 1980 de la Dirección General de los Registros, 35 An. Der. Civ. 863-865 (1982).

      (6) Es de notar que el Art. 16 del Reglamento de Planificación Núm. 4 de 1946, derogado por reglamentos posteriores, establecía que “cuando las disposiciones de este Reglamento resultaren en conflicto con cláusulas o limitaciones de convenios o contratos privados relacionados con aspectos de zonificación, regirán las más restrictivas”. Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 268-269 (1959).

      (7) En la jurisdicción norteamericana, ante los conflictos entre restric-ciones privadas y las normas de zonificación, generalmente prevalecen las primeras, particularmente si son anteriores en tiempo y más restrictivas. Véanse: D. Hagman, Urban Planning and Land Development Control Law, St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1975, págs. 808-309 y casos allí citados; 4 Rathkopf, The Law of Zoning and Planning Secs. 57.01-57.02, págs. 57-1 a 57-14 (4ta ed. 1985); 5 Williams, Am. Land Plan. Sec. 154.11, págs. 322-323 (1985); L. Berger, Conflicts Between Zoning Ordinances and Restrictive Covenants: A Problem in Land Use Policy, 43 Neb. L. Rev. 449 (1964).

      (8) El recurso de la sentencia declaratoria es de extrema utilidad para determinar la vigencia de las servidumbres previo al inicio de una obra en un solar sujeto a las restricciones. Como expresáramos en Colón v. San Patricio Corporation, supra, pág. 263, “sería irracional obligar al propieta-rio del predio sirviente a violar las restricciones para averiguar cuáles son sus derechos y determinar si, a pesar de los cambios en la vecindad, los tribunales pondrían en vigor mediante injunction las restricciones que impone una servidumbre en equidad. ... El propósito de la sentencia declaratoria es precisamente obviar la inseguridad y los peligros de ‘un salto en la oscu-ridad’ cuando hay una controversia jurídica genuina entre las partes”.

      (9) En la jurisdicción norteamericana, aunque existen opiniones en con-trario, se reconoce la pertinencia de considerar los cambios ocurridos fuera del sector, sujeto a restricciones:
      “Normalmente, la doctrina de cambios en el vecindario entra en juego sólo cuando hay modificaciones en el área restringida .... Sin embargo, la doctrina puede invocarse en casos de cambios fuera de los límites del área restringida que clara y seriamente afecten los márgenes del área.” (Tra-ducción nuestra.) Williams, op. cit., Sec. 154.10, págs. 321-322.
      Un tribunal estatal ha dicho:
      Por otro lado, “[a]l determinar si ha ocurrido un cambio en el carácter del vecindario, el tribunal puede considerar tanto el área circundante como la subdivisión gobernada por las restricciones del convenio. Sin embargo, cambios ocurridos dentro del sector restringido son considerados de mayor importancia que los del área circundante. . . . Evidencia de cambios en las condiciones del área circundante pueden ser relevantes para determinar si internamente el sector restringido ha cambiado. Sin embargo, si el sector restringido no ha cambiado, no debe permitirse que los cambios ocurridos fuera del área abroguen la restricción en detrimento de los dueños de solares dentro de la subdivisión que confiaron en las restricciones”. (Traducción nuestra.) Exchange Nat. Bank of Chicago v. City of Des Plaines, 336 N.E.2d 8, 17 (Ct. Apel. Ill. 1975). Véanse además: Esso Standard Oil Co. v. Mullen, 90 A.2d 192, 193 (Ct. Apel. Md. 1952) ; Talles v. Rifman, 53 A.2d 396, 398 (Ct. Apel. Md. 1947); Crissman v. Dedakis, 330 So. 2d 103, 104 (Ct. Dist. Fla. 1976); Daniels v. Notor, 133 A.2d 520 (Ct. Sup. Pa. 1957); Pollack v. Bart, 95 A.2d 864, 865-866 (Ct. Apel. Md. 1953); 4 A.L.R.2d 1111, Secs. 22-23, pág. 1170 et seq. .

      (10) Aunque estos instrumentos sirven para identificar el interés pú-blico según formulado por el Estado, éste no es el caso apropiado para esta-blecer su valor en comparación con los otros.

      (11)A1 venderse originalmente dichos solares se les impuso en cada es-critura de compraventa las mismas restricciones que a la finca original. La cláusula en cuestión en cada una de las escrituras decía lo siguiente:
      “-D. — En la parcela vendida mediante este documento solamente se podrá construir una casa residencia, de una sola vivienda, de concreto, de un precio no menor de Tres Mil Dólares; y dicha casa deberá ser construi-da a una distancia no menor de quince pies de la calle en que dé su frente.-
      “-Las anteriores restricciones se inscribirán en el Registro de la Pro-piedad para gravar el inmueble vendido y obligará al comprador, sus here-deros o cesionarios, y el cumplimiento de dichas restricciones podrá ser exigido por los vendedores o por cualquier otra persona, personas o entida-des que adquieran parte alguna de la finca principal anteriormente des-crita.” Exhibits 7-10, Parte Demandante.

      (12)La misma consistió mayormente de fotografías, copias de escrituras y planos.

      (13) Éstas no nos han colocado en posición de tomar conocimiento judicial de los cambios ocurridos en la periferia de la urbanización alrededor de la Carretera Estatal Núm. 2. Regla 11 de Evidencia.

      (14) Es preciso resaltar el hecho de que las recurrentes fueron empla-zadas un día antes de ser efectivo el permiso de A.R.P.E.


author: Juez Asociado Señor Rebollo López. (Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario Interino

text:
    Pueblo International, Inc., demandante y recurrido, v. Héctor Rivera Cruz et al., demandados y peticionarios.
    Número; CE-86-209

      Resuelto: 9 de mayo de 1986
   Voto particular individual emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El Hon. Guillermo Arbona Lago, Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, remitió a este Tribunal una resolución que emitiera el día 5 de mayo de 1986 en el Caso Civil Núm. 80-6454, referente la misma tanto a una so-licitud de inhibición que radicara el honorable Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico en dicho caso al amparo de la Regla 63 de las de Procedimiento Civil de 1979 como a “incidentes” que precedieron a la radicación del men-cionado escrito.

En lo pertinente, dicha resolución expresa:

En este momento es preciso señalar que al medio día del martes de la semana pasada, 29 de abril de 1986, compareció a mi oficina el Juez Administrador del Centro Judicial de San Juan, compañero Carlos E. Polo y me informó que con él se había comunicado el Secretario Auxiliar de Litigios del Departamento de Justicia, Lie. Felipe Algarín, para trans-mitirme un mensaje del Secretario de Justicia, Lie. Héctor Rivera Cruz, relativo a mi actuación futura en relación con el caso de epígrafe.
Por tal conducto el Secretario de Justicia me hizo saber y anticipó que de yo no inhibirme “voluntariamente” en la con-tinuación de este caso el Departamento de Justicia radicaría una Moción de Recusación predicada en dos fundamentos:
1. Que el hermano del juez que suscribe se encuentra en la actualidad sujeto a investigación por parte del Depar-tamento de Justicia.
2. Que la esposa de este juez, Lie. Diana Azizi de Arbona, es asesora legal de “El Amal”.
En relación con el señalamiento y mensaje de que el que suscribe debe abstenerse “voluntariamente” de continuar atendiendo en este caso por razón de que un hermano del que suscribe pueda o no estar bajo investigación por el Departa-mento de Justicia, entendemos [que] constituye una imper-misible amenaza de naturaleza chantajista que bajo ningún concepto el juez suscribiente puede tan siquiera considerar y por tanto, fue rechazada con indignación y la más profunda convicción, en el mismo momento y por el mismo conducto en que recibimos tan impropia y tendenciosa invitación.

Una mayoría de los Señores Jueces de este Tribunal() ha entendido procedente no actuar en estos momentos sobre la misma, por entender que la situación no está “madura”. Respetamos su decisión a esos efectos; no compartimos la misma sin embargo. Somos del criterio que el asunto plan-teado por la referida resolución amerita la más pronta y enér-gica actuación por parte de este Tribunal en el ámbito de su jurisdicción disciplinaria como consecuencia de su poder in-herente de reglamentar la profesión de abogado. La investiga-ción a ser realizada esclarecería la situación, poniéndole coto a una situación que no beneficia a nadie, fijando responsabili-dades, si es que las mismas son procedentes, sobre aquellos funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto Rico y los miembros de la judicatura que tuvieron participación en los incidentes a que hace referencia la resolución emitida. ()

La resolución en controversia fue emitida por un juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, la misma va dirigida al Señor Secretario de Justicia de Puerto Rico, y contiene graves y serias imputaciones que dependiendo del resultado final pue-den constituir violaciones a los Cánones de Ética Profesio-nal () o a los Cánones dé Ética Judicial. () Permitir que el asunto planteado permanezca en el “limbo jurídico” por un tiempo indefinido le hace un grave daño al sistema de justicia en Puerto Rico.

El Señor Secretario de Justicia es el abogado del Pueblo de Puerto Rico. Su reputación como abogado y su buen nom-bre han sido puestos en entredicho por la resolución en con-troversia. Dicho funcionario tiene derecho, si es que no come-tió los actos que se le imputan, a ser exonerado lo más rápida-mente posible con el propósito de que sus funciones no se vean afectadas y los intereses del Pueblo de Puerto' Rico, los cuales él representa, no se perjudiquen. Por otro lado, el señor Juez Arbona Lago es un funcionario de carrera que ocupa una im-portante posición dentro del Sistema Judicial puertorriqueño y tiene derecho a que sus señalamientos sean evaluados y con-siderados formalmente por este Tribunal. Por último, no de-bemos perder de vista ni descartar la posibilidad de que la investigación demuestre que todo este enojoso asunto haya sido el producto de un malentendido.

En resumen, somos del criterio que el momento para ac-tuar es ahora; el asunto así lo amerita.

Certifiqúese y notifíquese.

Certifico que el anterior es el voto particular individual emi-tido por el Señor Juez Asociado Francisco Rebollo López.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario Interino

      (1) Acuerdo tomado en el “pleno” del Tribunal. El Hon. Juez Asociado Antonio Negrón García se inhibió de participar en el caso. El Hon. Juez Asociado Federico Hernández Denton no interviene.

      (2) Hay que recordar que en este incidente participaron otras personas además del honorable Secretario de Justicia y el Hon. Juez Guillermo Ar-bona Lago. La investigación que se sugiere más adelante debe evaluar igual-mente la conducta de éstos.

      (3) Cánones 9 y 11 de los de Ética Profesional.

      (4) Cánones III, IV, XI, XV y XXIII de los de Ética Judicial.


author: per curiam:

text:
      In re Notaría de la Lic. Lynette Algarín Otero.

      Número: 5587

      Resuelto: 14 de mayo de 1986

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías; Lynette Algarín Otero, pro se.

   per curiam:

El 27 de diciembre de 1985 el licenciado Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, informó a este Tribunal que la abogada notario Lynette Algarín Otero había dejado de rendir índices nota-riales desde el 28 de julio de 1985 hasta esa fecha. Concedi-mos término para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinada, conforme lo dispuesto en la See. 26 de la Ley Notarial, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 1026, por no rendir a su debido tiempo los ín-dices notariales correspondientes al período antes indicado. Posteriormente le concedimos término para someter dichos ín-dices al Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

En su comparecencia, mediante escrito titulado Memorial de Justificación, ha expresado la licenciada Algarín Otero “que su negativa a rendir los informes no surgió de una ac-ción voluntaria” para violar la Ley Notarial, sino “como con-secuencia de unos cambios en su labor profesional y de cir-cunstancias físicas y emocionales que le han ocasionado algu-nos contratiempos”; que por razón “de su carga profesional olvidó notificar a la [Oficina de Inspección de Notarías\ su intención en aquel entonces de abandonar la práctica notarial”, la cual había sido extremadamente limitada y que a partir de la fecha en que dejó de rendir los índices no otorgó documento alguno bajo su fe notarial. Señala además, que “para evitar cualquier desviación futura de los requisitos de la ley notarial... ha resuelto abandonar la práctica notarial y así lo ha notificado” a la Oficina de Inspección de Notarías en comunicación suscrita el 7 de marzo de 1986. En esa misma fecha hizo entrega del protocolo y del libro de afidávit al Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

En un escrito informativo posterior, nos comunica la abo-gada notario Algarín Otero que ha cumplido con nuestra or-den de someter los índices notariales dejados de rendir y que ha corregido el defecto encontrado como resultado de la ins-pección a su obra notarial.

II

El notario, como técnico asesor jurídico, está obligado a cumplir con las exigencias de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 1001 et seq., cuyas disposiciones, según hemos expresado en repetidas ocasiones, son de cumplimiento estricto. In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Segarra Irizarry, 116 D.P.R. 685 (1985); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985); In re Anglade, 73 D.P.R. 1000 (1952). Una vez investido por este Tribunal de la posesión de la función pública, y luego de haber cumplido con los requisitos de prestar fianza y juramento, y de registrar su firma, signo, sello y rúbrica en el Departamento de Estado,() el notario es el único funcionario en Puerto Rico autorizado para actuar a base del ministerio de la fe pública. Los distintos supuestos excepcionales que hacen posible la terminación de dicha función los provee el Art. 35 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1035. () Una de las modalidades contenidas en el referido artículo es la dimisión voluntaria al notariado, con pleno conocimiento e in-tención de renunciar. El renunciatario es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La renuncia se hará por conducto del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, mediante notificación escrita en la cual se exprese el deseo e intención de renunciar y se asegure el subsiguiente cumplimiento es-tricto con el procedimiento establecido en el precitado artículo. La Oficina de Inspección de Notarías constituye la unidad a través de la cual el Juez Presidente canaliza la entrega, ins-pección y aprobación de los protocolos, libros de afidávit y demás documentos en poder del notario renunciante.

El “delicado y puntilloso ministerio” que implica el ejercicio del notariado, In re Pagani Rodríguez, 109 D.P.R. 831, 833 (1980), requiere el fiel cumplimiento de dichas exigencias legales. La omisión de rendir los índices notariales a su debido tiempo, sin el notario haber renunciado por escrito ni haber hecho entrega de su obra notarial, podría tener consecuencias de “ ‘naturaleza grave lesivas a la fe pública de que están investidos los notarios’ ”. In re Rivera Lassen, supra; In re Colón de Zengotita, supra.

De igual manera la custodia y conservación de los protocolos es de vital importancia para la secretividad, pro-tección e integridad, de los mismos. () El hecho de que la abo-gada notario Algarín Otero carece de oficina y despacho propio y adecuado para el ejercicio del notariado, a causa de los cambios habidos en su actividad profesional, no le permi-ten la inmediata y directa custodia, conservación y protec-ción de los protocolos, los cuales, según el Art. 34 pertenecen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ( )

Por los fundamentos antes consignados, no es posible acep-tar la explicación de la abogada notario Algarín Otero en cuanto a su intención de renunciar al notariado, al dejar de rendir los índices, pues dicha intención debió quedar plasmada en una comunicación escrita a tenor con lo antes indicado.

En atención a las circunstancias especiales que rodean este caso y debido a que el expediente personal de la licenciada Al-garín Otero refleja que ésta ha sido la única ocasión en que ha dejado de remitir los índices notariales, procede que en este caso limitemos la sanción disciplinaria a una amonestación con apercibimiento de que en él futuro, si volviera a incorpo-rarse al ejercicio del notariado, deberá dar cumplimiento es-tricto a todas las disposiciones de la Ley Notarial, supra, y se acepta la renuncia solicitada.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

      (1) 4 L.P.R.A. see. 1002.

      (2) El Art. 35 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1035, dispone:
      “En caso de fallecimiento o incapacidad mental o física de carácter permanente de un notario, o cuando cesare voluntaria o forzosamente en el desempeño de su ministerio, o en el caso de que la compañía aseguradora solicitare la terminación de su fianza, o cuando acepte un nombramiento con carácter permanente para cualquier cargo judicial o ejecutivo, el ejercicio del cual sea incompatible con el libre ejercicio de la profesión de abogado de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, será deber del notario, de sus here-deros, sucesores o causahabientes, y de sus fiadores, entregar, dentro de treinta días, sus protocolos, libros de afidávits, debidamente encuadernados, y demás documentos que tuviere en su poder como notario, a cualquiera de los inspectores de protocolos cuyos cargos se crean por la see. 1038 de este título, con el fin de que sean inspeccionados y aprobados. Si no se verificare dicha entrega voluntariamente, dentro del indicado término, el Juez Presi-dente del Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá dictar las órdenes co-rrespondientes para que el alguacil del mismo se incaute de dichos protoco-los, libros de afidávits y documentos. Una vez examinados los protocolos, libros de afidávits y documentos, serán entregados por el inspector que los examinó, al archivero general del distrito correspondiente. Si del examen practicado resultare que se han dejado de adherir las estampillas de rentas internas o las estampillas del impuesto notarial correspondientes, el fiscal del Tribunal Supremo deberá proceder a demandar el reembolso de las can-tidades pendientes, del notario, de sus herederos, sucesores o causahabientes o de sus fiadores, para beneficio del Estado' Libre Asociado de Puerto Rico y del Colegio de Abogados, debiendo informar al Juez Presidente del resul-tado de dichas gestiones inmediatamente. Cuando haya cesado la incapaci-dad del notario o cuando haya cesado en el desempeño del cargo judicial o ejecutivo que hubiere estado desempeñándo, el archivero general del distrito le restituirá sus protocolos, si volviere a incorporarse al ejercicio del nota-riado.”

        (3) Ex parte González Ramirez, 100 D.P.R. 1103 (1971).

      (4) 4 L.P.R.A. see. 1034 dispone:
      “Los protocolos pertenecen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero los notarios los conservarán como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad, con arreglo a las prescripciones de este Capítulo.
      “Los notarios son responsables de la integridad y conservación de los protocolos, y si se deteriorasen por su falta de diligencia, los repondrán a sus expensas, pudiendo el Tribunal Supremo reprenderlos o imponerles una multa que no excederá de quinientos (500) dólares, todo elto como corrección disciplinaria. Si hubiere motivo racional para sospechar que se ha cometido un delito, se procederá inmediatamente a la radicación de la correspondiente acusación en el tribunal competente.”