text:
    Ana Miladys Santiago Nieves, demandante y recurrente, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, demandada y recurrida.

      Número: RE-86-266

      Resuelto: 25 de noviembre de 1987

      Flor Casiano Báez, abogado de la recurrente; Rafael Alen González y José R. León Hernández, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Pablo Galarza falleció como consecuencia de las lesiones recibidas en un accidente automovilístico ocurrido el 23 de enero de 1981. Su viuda, la demandante recurrente Ana Miladys Santiago y sus hijos menores de edad quedaron cubiertos por los beneficios de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, que rige a la Adminis-tración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.), 9 L.P.R.A. sec. 2051 et seq.

El 30 de marzo de 1981, la Directora Ejecutiva de la A.C.A.A. emitió una decisión, por conducto del Gerente de la Oficina Regional, en la cual se determinó que los demandantes recurrentes tenían derecho a recibir las cantidades máximas de compensación a tenor con la antes citada ley de la A.C.A.A. Las referidas cantidades serían satisfechas mediante pagos parciales.

La demandante recurrente Ana M. Santiago solicitó el 11 de mayo de 1981 a la A.C.A.A. que se le adjudicara un pago global para poder comprar y construir una casa para su familia. Se consiguió() y se aprobó a Servicios Pro-fesionales J.V. para la construcción de la obra. Mediante decisión de la Directora Ejecutiva, el 11 de agosto de 1981 se autorizó el pago global por la suma de $14,800. Dicha decisión en lo pertinente establecía que:

Habiéndose determinado por la investigación practicada en el caso que la inversión propuesta es beneficiosa a los fines de la Ley, la Directora Ejecutiva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles le imparte su aprobación y ORDENA al Jefe de Contabilidad a expedir (10) cheques distribuidos en la siguiente forma: (2) cheques por $4,583.32 cada uno a favor de Ana M. Santiago Nieves y Servicios Profesionales J.V. (vendedores); (2) cheques por $704.17 cada uno a favor de Jennifer Galarza Santiago (menor); (2) cheques por $704.17 cada uno a favor de Juan P. Galarza Santiago (menor); (2) cheques por $704.17 cada uno a favor de Javier Galarza Santiago (menor)[,] y (2) cheques por $704.17 cada uno a favor de Luis D. Galarza Santiago (menor). Incluir en los cheques de los menores a Ana M. Santiago Nieves (madre) y Servicios Profesionales J.V. (vendedores). El pago se efectuará en (2) etapas sujeto a presentación de facturas y verificación de la construcción.
Las partes deberán esperar que se expida el cheque y se les comuniquen las instrucciones pertinentes antes de proceder a formalizar escritura o contrato escrito si ésta fuera necesaria en el caso. Se requiere una Autorización Judicial para el desembolso del dinero de los menores y que se garanticen sus participaciones en Escritura de Acta de Edificación. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 13.

El 16 de septiembre de 1981 el Tribunal Superior, Sala de Ponce, mediante sentencia, dio la aprobación judicial a la decisión de la Directora Ejecutiva.

El 8 de octubre de 1981 la A.C.A.A. expidió diez cheques montantes a la cantidad de $14,800 a nombre de la recurrente Ana M. Santiago, de cada menor respectiva-mente representado por su madre y de Servicios Profesionales J.V. y los entregó a la recurrente Santiago Nieves y al Sr. Julio Vélez, representante del contratista, todos ese mismo día, sin alegadamente haberse verificado la construcción y tampoco visto las facturas. La recurrente endosó y entregó dichos cheques al representante de Servicios Profesionales J.V. Los contratistas comenzaron la construcción, pero no llegaron a terminarla. Estos aparentemente abandonaron la jurisdicción y al día de hoy la obra sigue sin terminar.

El 30 de julio de 1982 la recurrente presentó querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) contra el Sr. Julio Vélez, representante del contratista, por no haber terminado la obra. En dicha querella no se menciona a la A.C.A.A., ni se hace alegación alguna en su contra. Dicha querella no ha sido resuelta todavía.()

El 16 de mayo de 1984 la recurrente y los menores de edad presentaron demanda de “Injunction y Daños y Perjuicios” contra la A.C.A.A. y le imputan responsabilidad por haber incumplido los términos de la orden de 11 de agosto de 1981 y haber otorgado todos los cheques en un mismo día, sin verificar la compra y construcción de la obra. El tribunal determinó, sin objeción de las partes, que la causa se ventilaría como una de carácter ordinario.

Luego de varios incidentes procesales, la A.C.A.A. presentó moción de desestimación únicamente en cuanto a la demandante recurrente Ana M. Santiago, en la que alegó que la causa de acción de esta última estaba prescrita a tenor con el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5290, por ser ésta una acción de daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Expuso, además, que la demandante recurrente tuvo conocimiento del daño cuando menos desde el 30 de julio de 1982 (fecha de la presentación de la querella en D.A.C.O.), y que cuando presentó la demanda el 16 de mayo de 1984, ya había transcurrido más de un año.() El tribunal acogió el planteamiento de la A.C.A.A. y dictó sentencia parcial que desestimó las reclamaciones personales de la demandante recurrente Santiago Nieves. Acude ante nos dicha parte. Expedimos auto de revisión.

Presenta la recurrente tres argumentos para sostener su posición de que cometió error el tribunal de instancia al aplicar el término prescriptivo de un año. El primero de ellos es que:

La obligación de los contratistas independientes para con los demandantes era construir y entregar la casa, y la de la A CAA era supervisar y verificar la construcción antes de efectuar los pagos. Las dos partes establecieron una relación contractual y se obligaron con los demandantes e incum-plieron con sus obligaciones. (Énfasis suplido.) Solicitud de Revisión, pág. 3.

Al ser ello así, alega la recurrente que se trata de una acción derivada de un contrato, Art. 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3018, por lo que le aplicaría la prescripción general de quince años determinada en el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294. Rosario Quiñones v. Municipio de Ponce, 92 D.P.R. 586 (1965); Saavedra v. Central Coloso, Inc., 85 D.P.R. 421 (1962); Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951). No tiene razón.

La acciones derivadas de contratos tienen por objeto que se cumplan las promesas contractuales sobre las que las partes de un contrato otorgaron su consentimiento. Surgen éstas de las obligaciones que libremente han convenido los contratantes y nacen de una acción u omisión voluntaria por la que resulta incumplida una obligación anteriormente constituida. La culpa o negligencia a que se refiere el Art. 1802, supra, por su parte, es aquella no relacionada con una obligación anterior y que daba lugar a las acciones que hasta la publicación del Código Civil español se conocían con el nombre de cuasidelitos y antiguamente, en la ley común, se denominaban ex delito. Arroyo v. Caldas, 68 D.P.R. 689 (1948). Esta culpa extracontractual no nace por la voluntad de las partes, sino del incumplimiento de unas obligaciones y unos deberes impuestos por la ley. En Busó et al. v. Martínez, 18 D.P.R. 1035, 1037 (1912), señalamos que:

La diferencia que existe entre las acciones fundadas en contratos y aquellas que surgen de la culpa {tort) ha sido bien definida e interpretada. Un perjuicio {tort) consiste en la violación de un derecho que se concede o en la omisión de un deber impuesto por la ley. El incumplimiento de un contrato consiste en hacer caso omiso de un derecho que se ha concedido o de una obligación en que se incurre mediante un convenio celebrado entre las partes.

Luego en Mejías v. López, 51 D.P.R. 21, 26 (1937), expresamos que:

A veces se hace difícil distinguir entre acciones ex contractu y acciones ex delicto, pero, en líneas generales ha quedado bien establecido que las primeras se basan en el quebran-tamiento de un deber que surge de un contrato expreso o implícito y las segundas se fundan en el quebrantamiento de un deber impuesto por la ley que ordinariamente surge a virtud de algún acto negligente o culpable sin referencia a contrato alguno celebrado entre las partes, pero que puede surgir lo mismo independientemente de cualquier contrato que con ocasión de ciertas relaciones contractuales, como se alega que surgió en el caso concreto que estamos conside-rando.

No podemos coincidir con la recurrente cuando señala que la decisión de la Directora Ejecutiva de la A.C.A.A. constituye un contrato entre los beneficiarios de la víctima del accidente y dicha agencia. La decisión fue emitida en claro cumplimiento de un deber impuesto al Director Ejecutivo por la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, supra, así como por el reglamento promulgado a tenor con la misma. Dicha ley en su Sec. 5 dispone que:

(1) La Administración establecerá, mediante reglamento, las normas que habrán de regir para el pago de todos los beneficios que provee este Capítulo, tanto a las víctimas de accidentes como a sus beneficiarios, disponiéndose que:
(a) Cuando proceda el pago de un beneficio por desmembramiento, el mismo se liquidará sistemáticamente de manera que los beneficios que reciba la víctima de la Administración no excedan del equivalente de $50 semanales.
(b) Los beneficios por muerte se pagarán a razón del equivalente de $50 semanales por unidad familiar. La Administración determinará mediante reglamento qué es una unidad familiar y cómo se pagará el beneficio cuando no exista ésta.
(c) La Administración podrá autorizar pagos mayores del equivalente de $50 semanales o la liquidación del beneficio en una sola suma, cuando se demuestre que ello resultará en beneficio de la víctima o de sus beneficarios.
(d) Si el importe del beneficio a que se tiene derecho fuera mayor de dos mil dólares ($2,000), la Administración podrá requerir de la víctima o sus beneficiarios que utilicen dicho beneficio o una parte del mismo para la compra de una finca o vivienda, o para adquirir un negocio productivo o hacer alguna otra inversión lucrativa. 9 L.P.R.A. see. 2055.

El reglamento aprobado a tenor con la ley establece a su vez que:

Sección IS Procedimiento de adjudicación por reclama-ciones
(1) El Director Ejecutivo investigará y resolverá las reclamaciones que se hagan a la Administración utilizando para ello los procedimientos que considere convenientes siempre que en ellos se garantice el derecho de las partes. 9 L.P.R.A. see. 2061.

Específicamente sobre la decisión que está aquí en controversia dispone la Regla 14 de dicho reglamento que:

REGLA 14
LIQUIDACIÓN ACELERADA DE BENEFICIOS
A. Pagos Acelerados
El Director Ejecutivo determinará, a su discreción, si deben concederse en casos que considere extraordinarios, pagos semanales mayores de $50 o la liquidación de beneficios en una sola suma, cuando se demuestre a su satisfacción que ello resultaría provechoso para los beneficia-rios. Las decisiones del Director Ejecutivo a este respecto no son revisables ni apelables. (Énfasis suplido.) Anejo XI, pág. 25.

Debe quedar claro, pues, que dicha decisión no constituye un contrato ya que no existía un acuerdo de voluntades que generara una obligación, situación o estado de derecho resultante de un convenio. Como dice Puig Brutau: “[c]on criterio más estricto la palabra contrato hace referencia al acuerdo de voluntades de dos o más partes por el que se crean, modifican o extinguen relaciones pertenecientes al Derecho de obligaciones. En este sentido se ha dicho que todo contrato es un negocio jurídico bilateral, pero que no todo negocio jurídico bilateral es un contrato”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1963, T. 2, Vol. II, pág. 11. En cambio, dice Ossorio y Morales, “si los sujetos persiguen un interés común y mediante el acuerdo de voluntades colaboran los unos junto a los otros a su realización, nos encontramos ante una figura jurídica a la que no debe en puridad denominarse contrato, ni puede aplicársele la mayor parte de las normas específicas dictadas para regular la contratación”. (Énfasis del original.) J. Ossorio y Morales, Notas para una teoría general del contrato, 49 Rev. Der. Privado 1071, 1074 (1965).

En el caso de autos no hubo negociación para someter sus conductas recíprocas al establecimiento entre ellos de derechos y obligaciones. La Directora Ejecutiva actuó conforme a la discreción que le otorga la ley y el regla-mento de la agencia; no es ésta de carácter contractual.

En segundo lugar argumenta la recurrente que: “En el presente caso es aplicable el plazo decenal (10 años) que fija el Artículo 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4124, sobre responsabilidad de los daños y perjuicios por vicios de construcción, término prescriptivo que comienza a contar desde que se concluye la obra. Aplicando dicho término las reclamaciones de la recurrente no están prescritas y ACAA le es responsable solidariamente con los contratistas.” Solicitud de Revisión, pág. 4.

Carece totalmente de méritos dicha contención. Surge meridianamente claro de dicho artículo que el mismo se refiere a la responsabilidad del contratista y del arquitecto de una obra sobre los daños y perjuicios que cause la ruina de ésta debido a vicios de construcción. Dicho artículo es aplicable solamente a las personas que llevaron a cabo la obra, el contratista, los técnicos y subcontratistas en cuanto a los defectos a su cargo en la obra. Acevedo Hernández v. Viñas Sorbá, 111 D.P.R. 633 (1981); Carreras v. González Santos, 111 D.P.R. 819 (1981); Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 D.P.R. 655 (1981). El alegado acto negligente imputado a la recurrida, según surge de la demanda, consistió en violar los términos de la propia decisión de 31 de agosto de 1981, en la cual disponía que el pago se efectuara en dos etapas, sujeto a la presentación de facturas y verificación de construcción, y expedir en un mismo día los diez cheques por la totalidad del pago. Dicho acto en nada se relaciona con los vicios de construcción, tal y come se prevee en el Art. 1483 (31 L.P.R.A. sec. 4124).

Por último señala la recurrente que: “Respetuosamente se entiende que la aplicación es errónea porque a[u]n aplicando el término de un año, dicho término prescriptivo se suspende con la radicación de la querella en DACO hasta que DACO emita su decisión final y firme.” Solicitud de Revisión, pág. 5.

Sobre ésta, basta recordar, como señalamos antes, que en dicho proceso administrativo la A.C.A.A. no fue parte y tampoco se hizo alegación alguna en su contra.

Se anulará el auto expedido y se confirmará la sentencia parcial objeto de este recurso.

      (1) Existe controversia, aún no resuelta por el tribunal de instancia, sobre si fue el técnico de inversiones de la agencia o la recurrente Santiago Nieves quien gestionó a dichos contratistas.

      (2) Aparentemente los querellados no pudieron ser citados.

      (3) En sus contestaciones a la demanda y la demanda enmendada, la A.C.A.A. levantó oportunamente la defensa de prescripción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    Leopoldo Delucca Román, demandante y recurrente v. Olga M. Colón Nieves, demandada y recurrida.

      Número: RE-86-293

      Resuelto: 25 de noviembre de 1987

      Erick E. Kolthoff Benners, abogado del recurrente; Kenneth B. La Quay Rebollo, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Surge nuevamente ante la consideración de este Tribunal si la pensión bajo el Uniformed Service Former Spouses Protection Act, (U.S.F.S.P.A.), 10 U.S.C. sec. 1408, al liquidarse la Sociedad Legal de Gananciales, se considera como un bien privativo de uno de los cónyuges o un bien ganancial sujeto a división entre ambos. Contrario a lo resuelto en Torres Reyes v. Robles Estrada, 115 D.P.R. 765 (1984), después de analizar cuidadosamente el historial legislativo de la mencionada ley y nuestra jurisprudencia resolvemos que este tipo de pensión es de carácter privativo.

El Sr. Leopoldo Delucca Román, el recurrente, y la Sra. Olga M. Colón, la recurrida, contrajeron matrimonio el 20 de diciembre de 1950 y disolvieron su vínculo matrimonial mediante sentencia dictada el 7 de septiembre de 1978. En dicha sentencia se dispuso sobre la patria potestad, custodia, pensión alimenticia y relaciones paterno filiales del hijo menor que procrearon las partes. Allí nada se dispuso sobre los bienes de la Sociedad Legal de Gananciales cuya liquidación se reclamó en este litigio.

El recurrente fue miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde el 1ro de julio de 1949 hasta el 15 de abril de 1985, fecha cuando se acogió a los beneficios de retiro de las Fuerzas Armadas.

En el mes de agosto de 1984, el recurrente presentó una demanda de Liquidación de Sociedad de Gananciales ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. La recurrida contestó la demanda y reconvino. Durante la conferencia con antelación al juicio, la parte recurrida presentó su derecho a parte de la pensión por retiro del recurrente bajo lo dispuesto en el U.S.F.S.P.A., 10 U.S.C. see. 1408. El tribunal de instancia dictó sentencia parcial a favor de la Sra. Olga M. Colón Nieves a quien se le reconocía su derecho al cincuenta por ciento (50%) de la pensión por retiro del señor Delucca Román, ya que la misma se consideraba como un bien ganancial.

Recurre ante este Tribunal el señor Delucca Román y señala los siguientes errores:

Erró el Tribunal al determinar que bajo las leyes y jurisprudencia de Puerto Rico, tenga aplicación en nuestra isla el Uniformed Services Former Spouses Protection Act, 10 U.S.C. [sec.] 1408.
Erró el Tribunal al resolver que habiéndose disuelto el matrimonio entre las partes en el 1978 le sea[n] de aplicación a la demandada-recurrida los beneficios del Uniformed Services Former Spouses Protection Act, 10 U.S.C., [sec.] 1408, aprobada el día 1 de febrero de 1983 y efectiva al 25 de junio de 1981.
Erró el Tribunal al computar en un Cincuenta Porciento (50%) los beneficios de la pensión atribuibles como gananciales a la demandada. Recurso de Revisión, págs. 2-3.

Expedimos auto de certiorari para revisar la sentencia parcial.

Alega el recurrente en su primer señalamiento de error que erró el tribunal de instancia al determinar que bajo las leyes y la jurisprudencia de Puerto Rico tenga aplicación en nuestra isla el U.S.F.S.P.A., supra. Esa ley expresamente incluye a Puerto Rico al definir cuáles son los tribunales competentes. La Sec. 1408(a)(1)(A) dispone que:

See. 1408. Payment of retired or retainer pay in compliance with court orders
(a) In this section:
(1) “Court” means—
(A) any court of competent jurisdiction of any State, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, American Samoa, the Virgin Islands, the Northern Mariana Islands, and the Trust Territory of the Pacific Islands....

Ya que hemos visto que el U.S.F.S.P.A., supra, le es aplicable a Puerto Rico, veremos cuál es el derecho sustantivo aplicable para este tipo de pensión. El U.S.F.S.P.A., 10 U.S.C. sec. 1408(c)(1), dispone lo siguiente:

Subject to the limitations of this section, a court may treat disposable retired or retainer pay payable to a member for pay periods beginning after June 25,1981, either as property solely of the member or as property of the member and his spouse in accordance with the law of the jurisdiction of such court.

La antes citada sección de la Ley U.S.F.S.P.A. fue creada para permitir a los tribunales estatales aplicar la ley estatal, y así revocar legislativamente la doctrina federal que existía, establecida en el caso de McCarty v. McCarty, 453 U.S. 209 (1981). La Sec. 1408(c)(1) del U.S.F.S.P.A. no impone una forma específica de cómo ha de tratarse esta pensión en las jurisdicciones en que se le aplica^) En dicha sección se permite tanto que la pensión se considere como propiedad solamente del miembro de las Fuerzas Armadas o como propiedad de éste y su esposa, según la jurisdicción de la corte que esté viendo el caso.

Antes de que el Congreso legislara sobre el pago de este tipo de pensión, la ley era el caso de McCarty v. McCarty, supra, pág. 221, que disponía que: “that such military retirement benefits belonged exclusively to the military spouse and could not be treated as community property under state law”. O sea, que se consideraba esta pensión militar como un bien privativo siempre. Al Congreso legislar la regla cambia. Koenes v. Koenes, 478 N.E.2d 1241, 1242 (Ind. App. 1st Dist. 1985), resuelve que: “the act does not require division of military retirement funds. The act permits, but does not command, state courts to consider military retirement benefits as marital property”. (Énfasis suplido.)

El historial legislativo de la Sec. 1408(c)(1) es claro en cuanto al objetivo que perseguía la ley.

Subsection (c) of section 1408 sets forth several conditions and limitations applicable to court orders served and payments made pursuant to section 1408. Paragraph (1) of subsection (c) provides that, subject to the other limitations of section 1408, a court, as defined by paragraph (1) of subsection 1408(a), may treat the disposable retired or retainer pay payable to a member for pay periods beginning on or after June 26, 1981, either as solely the property of the member or as the property of the member and the member’s spouse, depending on the law applicable to the court in question. The purpose of this provision is to place the courts in the same position that they were in on June 26, 1981, the date of the McCarty decision, with respect to treatment of non-disability military retired or retainer pay. The provision is intended to remove the federal pre-emption found to exist by the United States Supreme Court and permit State and other courts of competent jurisdiction to apply pertinent State or other laws in determining whether military retired or retainer pay should be divisable. Nothing in this provision requires any division; it leaves that issue up to the courts applying community property, equitable distribution or other principles of marital property determination and distribution. This power is returned to the courts retroactive to June 26, 1981. This retroactive application will at least afford individuals who were divorced (or had decrees modified) during the interim period between June 26, 1981 and the effective date of this legislation the opportunity to return to the courts to take advantage of this provision. (Énfasis suplido.) S. Rep. No. 502, 97th Cong., 2d Sess. 16 (1982), 1982 U.S. Code Cong. & Admin. News 1555, 1611.

Desde que se puso en vigor esta sección de la ley que se hizo retroactiva al 25 de junio de 1981, surgieron varios casos, los cuales le brindaron a diferentes jurisdicciones la oportunidad de interpretarla. La mayoría de las jurisdic-ciones parecen coincidir en que la intención legislativa era dejar en manos del Estado este tipo de decisiones. En Casas v. Thompson, 720 P.2d 921, 929 (Cal. 1986), el Tribunal Supremo de California se expresa de la siguiente manera;

We note a basic proposition: “The whole subject of the domestic relations of husband and wife, parent and child, belongs to the laws of the states and not to the laws of the United States.” (Ex Parte Burrus (1890) 136 U.S. 586, 593-594, 10 S.Ct. 850, 852-53, 34 L.Ed. 500.) That Congress was aware of this principle and intended that state laws apply to the characterization of military pensions as community property is made abundantly clear by the legislative history surrounding the enactment of FUSFSPA.

El efecto de la Sec. 1408(c)(1) fue dejar a los tribunales aplicar la ley local y emitir decisiones compatibles con la jurisprudencia anterior a McCarty v. McCarty, supra. Savoie v. Savoie, 482 So. 2d 23 (La. App. 5to Cir. 1986); Simmons v. Simmons, 453 So. 2d 631 (La. App. 3er Cir. 1984); Koppenhaver v. Koppenhaver, 678 P.2d 1180 (N.M. App. 1984); Walentowski v. Walentowski, 672 P.2d 657 (N.M. 1983).

Recientemente en Rose v. Rose, 95 L. Ed. 2d 599, 607 (1987), se señaló que:

... “On the rare occasion when state family law has come into conflict with a federal statute, this Court has limited review under the Supremacy Clause to a determination whether Congress has ‘positively required by direct enactment’ that state law be preempted.” Hisquierdo, supra, at 581, 59 L. Ed. 2d 1, 99 S. Ct. 802, quoting Wetmore v. Markoe, 196 U.S. 68, 77, 49 L. Ed. 390, 25 S. Ct. 172 (1904). Before a state law governing domestic relations will be overridden, it “must do ‘major damage’ to ‘clear and substantial’ federal interests.” Hisquierdo, supra, at 581, 59 L. Ed. 2d 1, 99 S. Ct. 802, quoting United States v. Yazell, 382 U.S. 341, 352, 15 L. Ed. 2d 404, 86 S. Ct. 500 (1966).

Es por lo anteriormente dicho que en Puerto Rico el derecho sustantivo local es el aplicable cuando lo que está en controversia es si la pensión de retiro que le conceden las Fuerzas Armadas a sus miembros se considera como un bien privativo del miembro o un bien ganancial de la sociedad de gananciales constituida por éste y su cónyuge. En Puerto Rico ya esta controversia había sido resuelta. En un caso como el que tenemos ante nuestra consideración, resolvimos que la pensión de retiro era de carácter privativo; Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370, 375 (1972):

La doctrina considera que la naturaleza personalísima de estas anualidades determinan su carácter privativo. Se trata de créditos intuitu personae — esto es en consideración a la persona — que, por su propia naturaleza, están excluidos de la masa común.

Más adelante en la misma opinión señalamos que “hay ciertos bienes que se consideran privativos porque repugnan, por su naturaleza misma, a toda puesta en comunidad. La repugnancia, explica, puede atribuirse bien a la incesibilidad del crédito o a su carácter personal. Entre estos créditos menciona específicamente las pensiones por retiro”.() La doctrina establecida en Maldonado v. Tribunal Superior, supra, fue reafirmada posteriormente en Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 92 (1981), donde apuntamos que:

El derecho a pensión de retiro por años de servicio del empleado público tiene un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado. Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973).()

Esta fue la doctrina, incluso para casos de pensiones de retiro de las Fuerzas Armadas, hasta que en 1983 decidimos el caso de Torres Reyes v. Robles Estrada, supra, a los efectos de que la pensión de retiro militar era de carácter ganancial y por lo tanto sujeta a división cuando se establece en proceso de liquidar la sociedad legal de gananciales. Es cierto, como se expresa en la opinión, que con la creación de la ley federal 10 U.S.C. sec. 1408 se quiso revocar legislativamente el caso de McCarty v. McCarty, supra, donde se obligaba a los estados a considerar este tipo de pensión como privativa. Pero la misma ley federal en su Sec. 1408(c)(1) permite a los tribunales estatales aplicar la doctrina vigente en cada uno de los estados, ya sea que la pensión pertenecía sólo al miembro de las Fuerzas Armadas o a la sociedad de gananciales constituida por éste y su esposa. En Puerto Rico la doctrina para la fecha de esta legislación, que se hacía retroactiva al 25 de junio de 1981, era que la pensión de retiro pertenecía a la persona a quien se le concedía por los años de servicio que ésta había prestado, por lo tanto era de carácter privativo.()

Es por estas razones que, después de analizar el derecho aplicable en esta situación, reintegramos la norma que prevalecía antes del caso de Torres Reyes v. Robles Estrada, supra, el cual queda expresamente revocado. Contrario a lo allí resuelto la legislación federal no ocupó el campo ni mucho menos nos obligaba a apartarnos de la sabia norma de Maldonado v. Tribunal Superior, supra, y su progenie.

Se dictará sentencia para revocar la de instancia y declarar los derechos de las partes en forma compatible con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió.

      (1) Este inciso no fue objeto de consideración expresa en la opinión de Torres Reyes v. Robles Estrada, 115 D.P.R. 765 (1984).

      (2)En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21 de 28 de abril de 1980, se señala el por qué los beneficios y aportaciones del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico son derechos personales del empleado.
      “El Artículo 24 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, Ley de Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, dispone que los beneficios y derechos del empleado bajo el mismo, derivado de sus aportaciones, es derecho personal del empleado; también dispone que dichos beneficios no son embargables. Esta disposición protege la estabilidad del Sistema al evitar que los fondos estén sujetos a las eventualidades de liquidaciones de sociedad de bienes gananciales de sus participantes y protege la seguridad de las pensiones.” (Énfasis suplido.) 1980 Leyes de Puerto Rico 70, 71.

      (3) En Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372, 378 (1985), citamos con aprobación a Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973), utilizando el siguiente lenguaje:
      "... Como señaláramos en Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973), es ‘una retribución final y bien ganada por el empleado público que honrando una vocación de servicio, que en muchas ocasiones conlleva sacrificio y renuncia de bienes materiales, dedica los años fructíferos de su vida al bien común’. Es, no un acto de recompensa, sino ‘una obligación moral del estado’.”

      (4) Por haber llegado a la conclusión de que la pensión de retiro es de carácter privativo, resulta innecesario discutir los restantes errores señalados.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis A. Torres Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-86-27

      Resuelto: 25 de noviembre de 1987

      Pedro J. Rodríguez Santiago, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Alberto Oscar Couret Torres, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público presentó acusación contra Luis A. Torres Rodríguez por el delito de asesinato en primer grado, cometido, según el pliego acusatorio, de la manera siguiente: “dio muerte al ser humano Elizabeth Acosta Roche, infirién-dole heridas punzantes en el cuerpo, las cuales fueron la causa directa de la muerte de ésta.” Celebrado el juicio en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, el jurado rindió veredicto de culpabilidad por los delitos de asesinato en segundo grado e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas, 33 L.P.R.A. see. 414. El tribunal denegó la moción de nuevo juicio presentada por el convicto y procedió a dictar la sentencia correspondiente. Posteriormente se le señaló una fianza en apelación. En apoyo de su recurso, la represen-tación legal del apelante señala la comisión de los siguientes errores.

1. Erró el Tribunal al aceptar el veredicto del jurado y declarar convicto al acusado ya que la prueba en conjunto era insuficiente para derrotar la presunción de inocencia y probar los elementos del delito fuera de duda razonable.

2. Cometió gravísimo error de derecho el Honorable Tribunal al no transmitir al panel de jurado unas instrucciones claras, precisas, consistentes ni lógicas y al no ofrecerles instrucciones solicitadas oportunamente de Homicidio; Homicidio Involuntario; Defensa propia; Diferencia entre asesinato y homicidio.

3. Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal al impartir instrucciones de hu[i]da sin que hubiera base en la prueba.

4. El efecto acumulativo de los errores precedentemente señalados al considerarse en conjunto tienen como efecto el privar al imputado de su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial y de conformidad con el debido proceso de ley. Alegato del Apelante, págs. 16-17.

La naturaleza de los errores señalados hace imperativo resumir la prueba desfilada en el juicio, la cual fue elevada ante nos, vía exposición narrativa de la prueba, preparada por el apelante y aprobada por el tribunal.

La testigo Irma Roche declaró que era la madre de Elizabeth Acosta Roche, la cual tenía 21 años para el 21 de noviembre de 1984 y estaba casada con el acusado hacía seis años. A la fecha de los hechos, el matrimonio tenía tres hijos. El miércoles de esa semana Elizabeth llegó a la casa de su madre con el ojo hinchado y la parte izquierda del cuello en “cantos como negro”. El acusado fue a su casa el jueves y el viernes. Su hija se quedó con ella hasta el sábado 24 de noviembre. Ese día por la tarde fueron de compras a Juana Díaz. Al encontrarse con Nilo, un amigo de la familia, Elizabeth le pidió que la llevara a casa de su esposo en Santa Isabel a buscar ropa y otras cosas. En el carro de Nilo iban la testigo, su hija y un hijo de ésta de dos años. Al llegar, Elizabeth subió sola mientras los otros la esperaban. A los cinco o seis minutos salió el acusado al balcón y les dijo “v[á]yanse que yo la llevo después”. No vio ni oyó a su hija en ese momento. Al llegar a su casa, media hora después, fueron a buscarla porque la llamaban por teléfono público. Volvió a Santa Isabel donde identificó el cadáver de su hija. En la repregunta explicó que su hija fue a buscar ropa para ir a una boda esa noche. Declaró que Nilo nunca se bajó del automóvil mientras esperaban a Elizabeth. E.N.P., págs. 1-6.

Saturnino Colón De Jesús (Nilo) era agricultor. Conocía a Irma Roche y su hija desde hace cinco años. Se encontró con ellas en la Tienda Cintrón de Juana Díaz. Elizabeth le preguntó si tenía prisa, pues quería que la llevara a buscar prendas y ropa. Él sabía que Elizabeth era casada aunque no conocía a su esposo. Le dijo que si no había problemas, él las llevaba. Al ella contestar que no había problemas accedió a llevarlas. El viaje tomó cerca de quince minutos. Al llegar, Elizabeth les dijo que la esperaran. Su madre le pidió que avanzara. Luego salió una persona que le dijo: “V[á]yanse que yo la llevo después.” No sabe quién dijo eso. Durante el viaje de regreso doña Irma le comentó que el acusado no iba a dejar que su hija fuese a la boda. Luego de la llamada acompañó a doña Irma al Hospital de Santa Isabel. E.N.P., págs. 6-7.

El policía estatal Edwin García Vázquez, recibió una llamada como a las 2:30 P.M., de que había una persona herida. Al llegar al apartamento del acusado, se encontró con una hermana de éste llamada Evelyn. Ella le informó que el que tenía el problema era su hermano Luis, a quien el testigo ya conocía. Citamos de la Exposición Narrativa de la Prueba la parte pertinente de este testimonio:

Cuando entré al cuarto, o sea, frente a la puerta nos saludamos, le dije: “hola Luis[”], me dice,: “hola Garc[í]a”. “Le dije ¿qu[é] te pasó?”, y me dice: “problemas con mi mujer. Estoy leyendo la Biblia cuando llega ella acompañada de otro hombre. Éste armado de un revólver, y a la vez me dice, la bofetá que le diste a tu mujer y a Humber la vas a pagar.” A preguntas del fiscal de qui[é]n había dicho lo anterior dice que fue el señor Luis Torres que es el acusado en este caso. A la pregunta de qui[é]n acompañaba a la señora, manifestó que era un hombre y éste llevaba un revólver en la mano con el cual apuntaba a Luis y le dec[í]a, “la bofetá que le diste a tu mujer y a Humber la vas a pagar”[.] A la pregunta que qui[é]n había dicho, “la bofet[á] que le diste a tu mujer y a Humber la vas a pagar”, dice que Luis le manifestó a él que fu[e] el señor que acompañaba a la occisa e iban dirigidas a Luis[.] Continuó el testimonio declarando que Luis se levantó de la cama y cog[ió] un cuchillo que ha[bía] en una pequeña mesa que [estaba] al lado derecho de la cama y salió a defenderse del hombre del revólver. Cuando se disponía a defenderse, que aquél empujó a la occisa sobre él y ahí es donde se le espeta el cuchillo. A la pregunta de quién empujó a la occisa y contra qui[é]n, manifestó que fu[e] el hombre que acompañaba a la occisa y la empujó sobre Luis y que ahí fue que se le espetó el cuchillo.
Atestó el testigo que ante la situación decidió llev[á]rselo para el cuartel como medida de seguridad y para hacerle las advertencias. Me entregó unas anotaciones que él llevaba desde el miércoles para acá, que sacó de una pequeña gaveta. Le pregunté por el cuchillo y me dijo que con el nerviosismo lo había tirado sobre el sofá. El lo buscó pero no lo encontró.
A la pregunta de d[ó]nde había tomado el cuchillo[,] manifestó el testigo que [é]l, Luis, le había dicho que lo había tomado de la cocina minutos ant§s y lo había utilizado para mondar una china y com[é]rsela. A la pregunta de si le describió el arma le dijo: “un cuchillo de cocina.”
Preguntado el testigo de [a] qu[é] hora más o menos había llegado al apartamento de Luis[,] manifestó que 10 [ó] 15 minutos después de los hechos. A la pregunta de si había visto cáscaras, pepitas o “chupón” de china manifestó que no. Atestó que cuando llegó al apartamento llegó a la sala, a la derecha está la cocina y frente a ésta se encuentra el dormitorio. Al llegar al cuarto la occisa no se encontraba allí. S[ó]lo estaba Luis y Evelyn su hermana. Evelyn fue la que me abrió la puerta de la sala. Luis estaba en el cuarto cambi[á]ndose de ropa. Tenía en esos momentos unos pantalones cortos y una “T-Shirt” y se estaba cambiando por un pantalón largo.
Preguntado por el Fiscal si vio la [B]iblia y si estaba abierta[,] manifestó que la [B]iblia estaba en la cama abierta. La [B]iblia es una que tiene un [zipper] y la cierran; pues estaba abierta el [zipper] y la [B]iblia. Manifestó [é]l no haber cogido la [B]iblia.
Manifestó que el dormitorio estaba revuelto con la s[á]bana, unas en el piso y otras estaban en una orilla de la cama. Hab[í]a unos zapatos frente a la mesa esa y unas manchas de sangre.
A la pregunta de c[ó]mo estaba ese apartamento contestó que habí[a] dos o tres trastes en el fregadero. La sala parecía más donde habita un hombre solo. O sea que no la había ordenado como cuando hay de hecho una mujer en el hogar. Estaba desorganizada.
Preguntado si vio sangre en la cama[,] dice haber visto una mancha de sangre en la s[á]bana, no vio ninguna mancha de sangre ni en la sala ni en la cocina.
Preguntado si Luis le había descrito el hombre que había entrado con su esposa, le dijo que sí, que era un hombre alto, fuerte y de afro. Preguntado si el testigo le preguntó al acusado si él conocía a ese hombre, el acusado le contestó que no lo conocía[,] pero que s[i] lo veía podría reconocerlo. Que no lo había visto antes.
Atestó el testigo que el imputado le había manifestado a una pregunta suya que después que el hombre que tenía el revólver una vez empujó a Elizabeth salió corriendo y se montó en un vehículo gris grande y salió de allí a veloz carrera, que él sali[ó] al balcón y no pudo tomar la tablilla. El testigo manifestó no recordar si le preguntó por el revólver ni que [é]l le haya hecho manifestación alguna. El no ocupó en el apartamento o en ningún otro lugar, el revólver o el cuchillo.C) E.N.P., págs. 7-9.

También declaró que el acusado le había dicho que el miércoles anterior, al regresar de su trabajo, encontró a su esposa besándose con otro individuo, que conoce como Humber, en el sofá de la sala. Le dió un puño a Humber y dos a su esposa. Ellos salieron corriendo del apartamento pero él no los pudo alcanzar. Añadió lo siguiente:

Le muestran la identificación #8 como los papeles que Luis sacó de la pequeña gaveta y me dijo que eran los apuntes de los problemas que él había tenido con su esposa desde el día 21 de noviembre. El día 22 de noviembre manifestó que él fue a casa de la suegra con sus dos hijos ya que él tenía que trabajar y no podía atender los muchachos. En la casa de la suegra tuvo una discusión con la hermana de su esposa y ella y todos lo insultaron. Fu[e] al Tribunal de Juana Díaz a radicar una querella, como que había llevado los niños allá para que la mamá de ellos se encargara de ellos y ver si un policía iba con él y se podía resolver el problema. Logró dejar los nenes allá y alguien lo orientó para que al otro día fuera a Relaciones de Familia y presentara el problema. Manifestó el testigo que Luis le dijo que él fue el viernes al Tribunal para hablar con el juez pero éste estaba ocupado y s[ó]lo pudo hablar con un marshall, que no sabe su nombre, quien le indicó que fuera a Relaciones de Familia. A preguntas que si le informó el propósito de la visita del viernes al Tribunal de Juana Díaz, manifestó que aquél le informó que había ido para hablar con el juez a ver hasta qu[é] punto el juez lo podía orientar con relación al problema de él con su esposa y qu[é] hacer con los hijos de ellos.
A preguntas de que si el acusado le indicó si Humber y la persona que acompañó a su esposa y portaba un revólver eran la misma persona[,] manifestó que aquél le había dicho que no era la misma persona. E.N.P., págs. 13-14.

El testimonio del otro agente investigador, Luis Felipe Pérez, se circunscribió a relatar que en la búsqueda que hizo en el apartamento y sus alrededores, no localizó ningún pedazo de china, cáscaras, cuchillos, ni nada de eso.() Él estaba presente cuando el fiscal entrevistó al acusado, pero éste no dio ninguna información. E.N.P., págs. 14-16.

Edwin Rodríguez Santiago era novio de Evelyn, la hermana del apelante. El día de los hechos fue al Caserío Pedro M. Descartes. Vio un carro gris y grande, estacionado al frente: Dentro del carro vio a la suegra de Luis que estaba en la parte de atrás y otra persona que no conocía en el asiento del chofer. Luego un vecino de nombre Tito lo llamó. En esos momentos salió el apelante al balcón de su apartamento y preguntó por un hermano de él, llamado Ramón. Edwin le preguntó a Luis qu[é] había pasado y éste le contestó “la maté”. El testigo subió con Tito y fueron directamente al cuarto. En la sala no había nadie. Encontraron a Elizabeth acostada en el piso boca arriba herida por debajo de la costilla derecha. Tito y él la bajaron y la montaron en la ambulancia.() Elizabeth no habló con él, sólo se quejaba mientras él la acompañó dentro de la ambulancia. Luego declaró que cuando Luis habló con él, ya el carro gris grande no estaba allí. E.N.P., págs. 16-18.

El Dr. Fernando Valle practicó la autopsia de la occisa. El cuerpo “presentaba una herida incisa de ll/z" de longitud, dirección horizontal a la derecha de la base, [el] apéndice xifoide[s], [o sea] en el,... [punto central del tórax]”. “Esa herida incisa fue producida por un instrumento de punta y filo y penetraba en la cavidad toráxica.” E.N.P., pág. 19.

Continuó declarando que:
La segunda herida era también incisa producida por un instrumento de punta y filo. Tenía dirección igual horizontal, de una longitud de dos pulgadas en la región subc[os]tal derecha, debajo de la costilla que penetraba en la cabida abdominal. Por la herida hac[í]a propulsión, o sea había botado lo que llamamos omento mayor, que es la capa de grasa delante de la tripa. Tenía además unas contusiones pequeñas en la región orbitaria, o sea alrededor del ojo izquierdo, mejilla y cara lateral del brazo izquierdo. La cabida perit[one]al contenía la sangre que provino de la perforación [del] lóbulo izquierdo del hígado y penetró en el tórax.
El pericardio estaba repleto de sangre que provenía de una herida del vent[rí]culo derecho del corazón de su cara interior y de la cara posterior [de la aurícula] derecha del corazón. Ambas heridas de [aurícula] y ventr[í]culo fueron producidas por un instrumento cortante que penetró y perforó. La herida que penetró a la derecha del apéndice xifoide[s] atravesó el ló[b]ulo izquierdo del h[í]gado, subió al tórax y ahí fue donde produjo las dos heridas del corazón. A preguntas del fiscal aclara que una sola herida fu[e] la que perforó el corazón. La otra herida que entró por el abdomen no hizo daño mortal inmediato. La herida mortal era la que perforó el corazón y tenía una profundidad de seis pulgadas. A la pregunta del fiscal que cu[á]l era la posición del arma[,] [c]ontestó que en ambas heridas la hoja est[á] en sentido horizontal. E.N.P., págs. 19-20.

Declaró que la occisa estaba de frente al arma cuando recibió las heridas. Podía estar erguida, acostada, sentada, en cualquier posición que no fuera estar acostada boca abajo. Luego atestó que:

... A la pregunta específica de que si [son] compatible[s] las heridas recibidas con el hecho de que el cuerpo ha sido empujado hacia el arma, contest[ó] que nunca, porque el cuerpo tiene que tener dos caídas o una caída con dos cuchillos, pero no puede[n] ser dos heridas. Al preguntársele si no es posible que si a una persona la empujan y se va hacia el frente y la persona que recibe el cuerpo tiene un cuchillo en la mano y en el deseo de ayudar a esa persona, ¿no es posible que sacando el arma le haya infl[i]gido la otra herida al cuerpo irse otra vez hacia adelante? Contestó que [é]l no sabe c[ó]mo sucedieron los hechos de este caso, pero que es posible. E.N.P., pág. 21.

H — I

La anterior prueba resulta ser suficiente para establecer los elementos del delito de asesinato. Se probó que se ha sufrido un daño (la muerte) y que este daño fue ocasionado por un agente criminal. Pueblo v. Hernández, 75 D.P.R. 907 (1954). Más aún, la identidad del autor (el acusado apelante) quedó comprobada por la totalidad de las circunstancias presentes, entre éstas sus admisiones al policía García Vázquez y a su cuñado, Edwin Rodríguez Santiago.

Aparte de que la insólita versión del acusado no le mereció crédito al jurado, resolvemos que la prueba es suficiente para establecer el delito fuera de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985). Sabido es que no intervendremos con la apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad del juzgador de los hechos, a menos que haya error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Miranda Ortiz, ante; Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980). En este caso no hay base alguna para alterar los veredictos rendidos. En todo caso el jurado le dió al acusado el beneficio de la duda al rebajar la calificación del delito a uno de asesinato en segundo grado.

El apelante se queja de que el tribunal haya impartido la siguiente instrucción:

La huida o la fuga, la supresión de evidencia, el hacer manifestaciones engañosas o falsas es una circunstancia, de ente[n]der ustedes que ha sido probada, para ser apreciada y ponderada como tendiente en algún grado o modo a establecer un sentimiento de culpabilidad. El Tribunal les enfatiza que dicha prueba por sí sol[a] no es suficiente para establecer la culpabilidad del acusado. Es de la estricta incumbencia de ustedes determinar su alcance, así como el peso que merezca considerando todas las circunstancias que concurren en el caso. T. E., pág. 14.

Al objetarse dicha instrucción por haberse incluido el elemento de la huida, sin que la prueba lo justificara, el tribunal dio la siguiente explicación:

HON. JUEZ ORTIZ JUAN:
En cuanto a esa instrucción se refiere por hacerle el favor al acusado no quise subrayar manifestaciones engañosas o falsas y para no hacerlo incluí las tres cosas que el Jurado debe tomar en consideración. Si digo manifestaciones engañosas o falsas es una circunstancia, etcétera, etcétera, creo que acentuaba ese hecho ante el Jurado con una posible creencia del Juez de que había habido [sic\ manifestaciones engañosas o falsas y para evitar eso di la instrucción en su totalidad, la huida, fuga, supresión de evidencia, etcétera, etcé-tera para diluir el contenido de que no se acentúe para lo que ellos podían entender que era el pensamiento del Juez. Con esa explicación anótese la excepción del compañero. T. E., págs. 42-43.

Esa explicación es satisfactoria. Aunque la instrucción fuera innecesaria y errónea, no resulta perjudicial. No hay base para concluir que el veredicto hubiera sido distinto de no haberse impartido dicha instrucción. No se ha demostrado que la instrucción violara derechos fundamen-tales o sustanciales del acusado. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985); Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970).

HH I — I I — I

El apelante sostiene que se cometió error perjudicial al no impartir instrucciones especiales al jurado sobre los posibles veredictos de homicidio voluntario e involunta-rio y sobre los elementos de defensa propia. Alega que la prueba justificaba dichas instrucciones. No le asiste la razón. En Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815-816 (1981), expusimos la regla de derecho aplicable a este planteamiento.

Nuestro ordenamiento tiene como principio rector que las instrucciones al jurado deben cubrir, si la prueba lo justifica, no sólo los elementos de delitos inferiores al delito imputado o comprendido dentro de éste, sino también los elementos esenciales de las defensas levantadas por el acusado, así como los puntos de derecho que bajo cualquier teoría razonable pueden estar presentes en las deliberaciones, aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968); Pueblo v. Burgos, 76 D.P.R. 199 (1954). Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394 (1953); Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913 (1953); Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557 (1950). Ello es así porque corresponde al jurado y no al tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del caso, según aquél aquilate la prueba y determine los hechos. La norma a este respecto fue claramente expuesta en Pueblo v. Galarza, supra:
“No es necesario que la prueba de homicidio resulte incontrovertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya algún indicio de prueba a ese efecto, el jurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a demostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio voluntario, es al jurado que incumbe determinar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demuestra que el delito cometido fué homicidio voluntario y no asesinato.
“Para la corte la prueba puede tender a demostrar de manera abrumadora que se trata en verdad de un asesinato, y no de un homicidio o de un acto de defensa propia. Empero, mientras haya alguna prueba pertinente a la cuestión de homicidio, la credibilidad y peso de la misma es cuestión a ser determinada por el jurado, y no una de derecho a ser resuelta por el tribunal. Pueblo v. Galarza, a las págs. 561-562.”

En el caso de autos la defensa solicitó las instrucciones objeto de este señalamiento. Al concluir las instrucciones hubo el siguiente intercambio entre el abogado del acusado y el tribunal.

LIC. RODRÍGUEZ:

También, Vuestro Honor, en el día de ayer se radicó en este Tribunal una moción solicitando instrucciones especiales donde solicitamos la instrucción específica de Homicidio Voluntario, Homicidio, diferencia entre Homicidio y Homicidio Involuntario, absolución por defensa propia, diferencia entre Asesinato y Homicidio y prueba de corroboración. En cuanto a la prueba de corroboración nos satisface la que ha dado el Magistrado en relación a una prueba en cuanto a la relación del cuerpo del delito mientras estaba dando esas instrucciones. En cuanto a las demás, Vuest[r]o Honor, por los fundamentos expresados en dicha moción y lo que argumentamos ayer, lo dejamos sometido a su consideración.

HON. JUEZ ORTIZ JUAN:

Bien, el Tribunal no dio instrucciones de Homicidio Involuntario por ser improcedentes las mismas y contrarias a la prueba exculpatoria que se presentó en el Tribunal por el señor Fiscal a través del agente. Aquí la única prueba que tuvo el Tribunal en cuanto a Homicidio, obviamente, no hay prueba ninguna de arrebato de cólera, súbita pendencia, nada, y en base a eso se denegaron por ser inaplicables.
Como consecuencia, la diferencia entre Homicidio y Homicidio Involuntario no había que darla. La absolución por defensa propia, aquí no se estableció agresión, por propio abogado así lo argumentó, el acusado nunca agredió ni inició agresión alguna para defenderse al levantarse de la cama. Según versión del acusado, fue empujada la mujer de él, la esposa de él y se espetó, según las palabras que él usó, se espetó el cuchillo. No es que él la apuñaló, es que ella se espetó el cuchillo que tenía en la mano. Por lo tanto, no hay una defensa propia. Diferencia entre Asesinato y Homicidio Voluntario no había razón para darla si no se daban las instrucciones de Homicidio. La prueba de corroboración se le concedió. Estas son las razones por la cual el Tribunal, después de estudio largo y detallado de la prueba y la Ley que el compañero quería, tuvo para negar dichas instrucciones.

LIC. RODRÍGUEZ:

Vuest[r]o Honor, simplemente lo que nosostros queremos expresar es que el Honorable Magistrado[,] eh, aprecia la prueba de una manera distinta como la hemos apreciado y como ha desfilado por el Tribunal. Nosotros entendemos, muy respetuosamente, como dice del Magistrado, que se levanta de la cama y empuña un arma que está accesible a él, un cuchillo, empuña un cuchillo que está accesible a él, producto de la, del señor que lo está apuntando y en defensa de su vida es que se levanta con el cuchillo. Esto es lo que provoca esta situación. Eso es lo que provoca la defensa. Nuestro Tribunal ha dicho y ha expresado lo que nosotros, en el caso de Pueblo versus Colón González, que a[u]n bajo, es una situación de hechos que debe ir al Jurado. Que es el Jurado el que debe dilucidar esa situación. Esa es nuestra contención, Vuestro Honor.

HON. JUEZ ORTIZ JUAN:

Yo he escuchado su contención. La escribió el compañero, me la reproduce oralmente en sala de nuevo, ayer lo hizo en sala también. Yo no he evaluado la prueba en cuanto a culpa o no culpa. Esa no es mi función. La he evaluado en cuanto al proceder o no de ciertas instrucciones. El mero hecho de que un hombre est[é] aprehensivo, con razón para ello, de que lo pueden atacar, de que lo pueden matar, si es que es verdad eso, yo no voy a entrar en eso, si eso es verdad o no es verdad y tiene un arma en la mano, la coge para defenderse, no hace nada, le falta un elemento, el haber hecho alguna gestión, sea la que fuere.
La mera disposición y pensamiento de que me voy a defender, como lo expresó en una de las manifestaciones, sin hacer nada, y ahí mismo le tiran la persona encima y queda espetada, que es la palabra que [é]l usa, yo entiendo que no. T. E., págs. 45-46.

Como correctamente resolvió el juez de instancia, aquí la prueba no justificaba que se instruyera sobre los delitos menores. La prueba exculpatoria, según surge de la prueba de cargo, no contiene ninguno de los elementos esenciales del delito de homicidio voluntario; Art. 85 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4404). Por el contrario la versión del apelante excluyó la existencia de una súbita pendencia o arrebato de cólera, elementos esenciales de dicho delito. Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545, 548 (1980);() Pueblo v. Sulman, 103 D.P.R. 429 (1975). Por ello no se justifica la instrucción solicitada. Pueblo v. Prados García, ante. En Pueblo v. Serbía, 75 D.P.R. 394, 398 (1953), reiteramos que:

Indudablemente, en un caso de asesinato, el tribunal sentenciador debe darle al jurado instrucciones de homicidio si de los autos surge alguna evidencia que justifique un veredicto de homicidio. Aun cuando esa evidencia sea escasa o débil, la misma debe apreciarse por el jurado y no por la corte. Por otro lado, el tribunal sentenciador no debe transmitir instrucciones de homicidio si los autos están húerfanos de toda evidencia que justifique tal veredicto. Permitir que subsista tal práctica equivaldría en efecto a permitir al jurado a imponer un castigo diferente a aquél prescrito para el delito que de hecho se cometió. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Idéntico razonamiento nos convence que tampoco erró el tribunal al negarse a impartir instrucciones sobre homicidio involuntario. Este delito, según tipificado en el Art. 86 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4005), requiere que el autor obre con negligencia o que al realizar un acto ilegal que no constituyere delito grave, ocasionase la muerte de otra persona. En el caso de autos, la prueba no presenta ninguno de dichos elementos del delito. En cuanto al acto negligente, el mismo es inexistente. De habér-sele dado crédito a la versión del acusado, lo único que hizo fue coger un cuchillo. Si el supuesto tercero tiró la esposa del acusado encima de éste, este acto no le es atribuible. La muerte, de haber ocurrido según lo alegado, fue causada por el acto criminal o negligente del tercero, no del apelante. Claro está, el hecho de haber cogido un cuchillo en sus manos, dentro de su propia vivienda, no constituye un acto ilegal. Tenemos pues, que los hechos del caso no daban lugar a una instrucción sobre homicidio involuntario. Lo único que procedía en este caso era la instrucción sobre caso fortuito que efectivamente impartió el juez de instancia. A esos efectos le instruyó al jurado que:

. . . Siendo ello así, habiendo esa versión, el Tribunal les va a transmitir una instrucción específica sobre el particular. Tomando en consideración todas las demás instrucciones que les he dado, la de las versiones que dan las partes, los testigos, la instrucción específica que les di sobre las manifestaciones del acusado hechas fuera del Tribunal, hay una defensa en Derecho que se conoce como caso fortuito y la ley es la siguiente: La teoría no es del acusado dicha en corte, es la teoría del acusado a través del policía que declaró en el caso, que es prueba del Fiscal; consiste en que al realizar los hechos que se le imputan como constitutivos de delito él causó daño por mero accidente, desgracia o casualidad, sin mediar intención ni negligencia criminal.
La Ley dispone que no incurre en responsabilidad la persona que, en ocasión de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia, o al incurrir en una omisión, causa daño por mero accidente, desgracia o casualidad, sin mediar intención ni negligencia.
Para que prospere esta defensa la Ley requiere lo siguiente: Que el daño causado sea el resultado de un accidente, desgracia o casualidad, sin mediar intención ni negligencia criminal. Que el daño causado surgió al ejecutarse un acto lícito, con la debida diligencia o sea, mientras se actuaba conforme a la Ley. Si el acto inicial es delictivo o si no se actuó con la debida diligencia^] la defensa no puede prosperar. T. E., págs. 28-29.

Esta instrucción se ajusta al derecho aplicable. Véase el Art. 18 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3091), que dispone:

3091. Caso fortuito
No incurre en responsabilidad la persona que, en ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, o al incurrir en una omisión, causa daño por mero accidente, desgracia o casualidad, sin mediar intención ni negligencia.

Al comentar dicho principio, la profesora Dora Nevares-Muñiz nos dice que:

El artículo 18 del Código Penal incluye el caso fortuito como causa de exclusión de responsabilidad penal. Se trata de los casos en que el daño ocurre por razón de un accidente, desgracia o casualidad no provocado por el actor. En efecto, el texto del artículo 18 es una copia casi literal del artículo 8 del Código Penal Español. Comentando este artículo, QUINTANO RIPOLLES, Comentarios, 124 dice que, “la voluntad del agente no desempeña papel trascendental alguno, y el mal determinado por su acto no es más que un producto del azar”.
El segundo requisito consiste en que el acto o la omisión lícita, se ejecute con la debida diligencia. Es decir, no puede incurrirse en imprudencia, temeridad, descuido o tipo alguno de negligencia, en la ejecución de la acción u omisión de cuyo efecto la persona intenta eximirse de responsabilidad por ser un caso fortuito. A estos efectos nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Avilés Rodríguez, 95 D.P.R. 318 (1967)[,] ha dicho que la prudencia y circunspección requeridas en esta defensa no son sinónimos de predicción e infalibilidad.
Esta faceta del caso fortuito es fundamental puesto que deslinda el área que exime de responsabilidad penal de forma absoluta y la que conserva esta responsabilidad a título de imprudencia y falta de circunspección en el comportamiento.
En resumen, el daño causado debe haber ocurrido por mero accidente, desgracia o casualidad, sin mediar intención o negligencia por parte del que invoca la defensa. Nótese que, aunque existe un resultado dañoso, no hay responsabilidad penal[,] ya que el mismo no se realizó con la culpabilidad o estado mental requerido en la tipificación del delito. En la medida que el acto original fue lícito, no hay negligencia ni intención criminal, de lo que se trata es de un mero accidente. Véase por ejemplo Pueblo v. Pérez, 79 D.P.R. 487, 494 (1956) (caso de un accidente automovilístico inevitable). D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, Sec. 6.3, págs. 174-177.

La instrucción sobre caso fortuito procedía excluyendo las instrucciones de homicidio en sus dos facetas, voluntario o involuntario.

> HH

Resta por considerar si bajo los hechos del caso procedía una instrucción sobre legítima defensa, como causa de exclusión de responsabilidad. Esta defensa está expresa-mente reconocida en el Art. 22 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3095) en la siguiente forma:

3095. Legítima defensa
No incurre en responsabilidad el que defiende su persona, sus bienes o derechos, o su morada, o la persona, bienes o derechos, o morada de otros en circunstancias que hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que hubiere necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa, y no se inflija más daño que el necesario al objeto.
Para justificar el dar muerte a un ser humano, cuando se alegue legítima defensa, es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor se hallaba el agredido o la persona defendida en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal.

Veamos cuáles son los requisitos para invocar esta defensa (también conocida como defensa propia). Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 193, los resume así:

La legítima defensa como causa de justificación o eximente de responsabilidad penal puede ser invocada para defender a la persona, sus derechos o bienes, incluyendo la morada. También se puede invocar en defensa de la persona, bienes, derechos o morada de un tercero. El primero de los requisitos de esta defensa es que la persona tenga una creencia razonable de que se ha de sufrir un daño inminente. El segundo requisito es que haya necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler el daño. En estos casos, cuando se habla de necesidad racional y de creencia razonable no es la de cualquier persona, sino la del hombre/mujer prudente y razonable. El tercer requisito es que no. haya provocación de parte del que invoca la defensa. Cuarto, tampoco puede éste infligir más daño que el necesario para repeler o evitar la agresión o el daño inminente.

Es evidente que en este caso la prueba no justificaba una instrucción sobre legítima defensa. Aunque podía estar presente la creencia razonable de que se iba a sufrir un daño inminente, lo cual justificaba armarse con el cuchillo, la forma en que ocurrieron los hechos, según una de las versiones del acusado,() no justificaban la instrucción. Aquí no hubo necesidad de impedir o repeler el daño. Pueblo v. De Jesús Santana, 100 D.P.R. 791 (1972).

La admisión del acusado de que la mató porque el tercero desconocido le tiró a su esposa encima, lo único que demuestra es que la muerte fue accidental. Bajo esa prueba no era necesario que el jurado determinara si el acusado infligió a la víctima más daño que el necesario para repeler o evitar un daño inminente. Dicho de otra forma, el acusado no mató a su esposa mientras se defendía, en una forma prudente y razonable, de una agresión. Este no es un caso en que el hecho del acusado presentar prueba que contiene los elementos esenciales de la defensa, aunque ésta sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad, obliga al tribunal a impartir instrucciones pertinentes. Pueblo v. González Colón, ante. Sencillamente en este caso la prueba no estableció un caso prima facie de legítima defensa, según ésta ha sido reconocida por el legislador, Art. 22 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3095), y Pueblo v. León, 53 D.P.R. 429 (1938).

Y

Por no haberse cometido los errores señalados y por tener la certeza moral de que los veredictos están ampliamente sostenidos por la prueba, concluimos que en este caso se hizo justicia.

Se confirmarán las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

      (1) Cuando el testigo llegó al apartamento, ya se habían llevado la víctima para el hospital.

      (2) Estaba con el fotógrafo de la Policía que tomó las fotografías del sitio de los hechos, pero éstas no salieron por haberse dañado.

      (3) No hay prueba de quién llamó a la ambulancia.

      (4) En Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545, 548 (1980), en cuyo caso se examina el tratamiento estatutario del asesinato y el homicidio en Puerto Rico y se concluye que los hechos no cuadran con los requisitos que establece la ley para el delito de homicidio.

      (5) Nótese que a su cuñado y amigo Edwin el acusado sólo le informó que había matado a su esposa. No mencionó ninguno de los hechos relatados al agente investigador, que, por cierto, llegó al lugar después de Edwin haberse ido con la víctima. Esto denota que el apelante tuvo tiempo para elaborar la versión que posteriormente le dio al agente.


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ramón Bonilla Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-84-59

      Resuelto: 30 de noviembre de 1987

      Dixon Cancel Mercado, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   SENTENCIA

El apelante fue convicto ante tribunal de derecho por infracción a la See. 4 de la Ley Núm. 220 de 1948 (33 L.P.R.A. see. 1250), que consistía en poseer material relacionado con el juego ilegal de bolita. Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma la sentencia apelada.

H-1

La prueba en el caso de autos consistió en los testimonios de los agentes Beldredín Román y José A. Ramírez, y la propia evidencia ocupada. La defensa únicamente presentó en evidencia un recorte del periódico El Vocero, de 5 de abril de 1983.

El agente José A. Ramírez, de la División de Control del Vicio, declaró que lleva cinco años trabajando en dicha división, y que interviene específicamente en transacciones ilegales del juego de bolita. Durante el mes de junio de 1984 le fue asignada una investigación relacionada con el juego de “bolipool” en el pueblo de Cabo Rojo. El 23 de junio, mientras recorría el sector Monte Grande de dicho pueblo, decidió entrar. al Colmado Martínez para comprar una cerveza. Mientras conversaba con el encargado del negocio, entró un joven trigueño, delgado, de cabello rizado, conocido por el apodo de “Choclo”. Poco después llegó al colmado el apelante, quien, dirigiéndose a “Choclo”, le pidió que le entregara “las listas”. “Choclo” le contestó que las tenía en su auto; que lo acompañara. El agente Ramírez procedió a salir del negocio hacia su auto, que estaba estacionado frente al negocio, y al caminar cerca del apelante y de “Choclo” vio que este último le entregó una hoja de papel con números de tres cifras, guión y cantidades a la derecha.

Continuó declarando que el apelante abordó un automóvil marca Toyota color marrón, y se alejó del lugar. El agente decidió seguirlo hasta que el imputado estacionó el auto frente a una residencia en la calle Margarita de dicho barrio. Entró en la residencia con un maletín color negro. Minutos después entró en la casa el Sr. Felipe Troche, quien fue convicto en una ocasión anterior por infracción a la Ley de Bolita. Al otro día, el agente regresó al lugar para continuar la vigilancia. Durante veinte minutos observó entrar y salir de la residencia a algunas personas, entre ellas, a varias vinculadas con el “bolipool”, las cuales portaban sobres manila, frecuentemente utilizados por los boliteros.

El agente Ramírez declaró bajo juramento estos hechos y el 26 de junio de 1984 fue expedida una orden de allanamiento por el tribunal para registrar la referida residencia en busca de material relacionado con el juego ilegal de bolita.

La tarea de realizar el allanamiento fue encomendada al agente Beldredín Román, quien declaró en juicio que se presentó a la dirección indicada junto a varios policías. Llamaron a la puerta y mostraron al apelante la orden de allanamiento. Al registrar la casa hallaron en un gavetero de una de las habitaciones material de bolita, que consistía en una libreta (note book) color rojo en la que aparecían nombres de personas con números de tres cifras, guión y cantidades a la derecha. También fue ocupada la suma de $5,947 en efectivo. El agente Román procedió a arrestar al apelante, quien fue conducido ante un magistrado que determinó causa probable por infracción a la See. 4 de la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948 (33 L.P.R.A. see. 1250). El material delictivo ocupado fue admitido en evidencia. Fue declarado culpable del delito imputado y se le impuso $400 de multa, más costas.

M I — I

El apelante plantea los señalamientos de error siguientes:

1. Erró el Honorable Tribunal en la apreciación de la prueba.

2. Erró el Honorable Tribunal al declarar sin lugar la moción de supresión de evidencia radicada por el acusado.

3. Erró el Honorable Tribunal al declarar sin lugar la moción de absolución perentoria solicitada por la defensa.

4. Que no se estableció más allá de duda razonable la comisión del delito por parte del acusado.

5. Cometió error el Honorable Tribunal al permitir que el Ministerio Fiscal probara su caso única y exclusiva-mente utilizando la presunción controvertible a saber: la de que se presumen incorrecto[s] los procedimientos judiciales.

En su alegato, el apelante sólo discute el segundo error relativo a haberse declarado sin lugar la moción de supresión de- evidencia. Plantea que la declaración jurada prestada por el agente Ramírez no reúne los elementos suficientes para que el magistrado determinara causa probable conforme a Derecho y ordenara el registro de la residencia del apelante. Sostiene que la declaración es estereotipada, basada en información falsa, total o parcialmente, por lo que el tribunal erró al declarar sin lugar la moción de supresión de evidencia.

En síntesis, argumenta que no es creíble que “Choclo” y el apelante realizaran actividades ilegales a plena luz del día, que hablaran en alta voz sobre “la lista”, y que el agente pudiera observar el contenido del papel entregado al apelante en Una fracción de segundo. Hace referencia a una noticia publicada en el periódico El Vocero, de 5 de abril de 1983, marcada como Exhibit 1 de la defensa, en la que aparece una foto el agente Ramírez conduciendo a “Choclo” por los pasillos del tribunal luego de ser arrestado y acusado por violación a la Ley de Bolita. Arguye que conociendo “Choclo” la identidad del agente encubierto, resulta increíble que no le reconociera y se abstuviera de llevar a cabo supuestos actos delictivos. Por último, expone que el observar por veinte (20) minutos que varias personas entraban y salían de la residencia del acusado no es suficiente para inferir que se dedicaba a colectar, distribuir, o administrar material de bolita.

I — I HH

No se cometió el error. La Regia 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone los requisitos para que un magistrado expida una orden de allanamiento:

No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para allanamiento o registro, librará la orden, en la cual se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida registre inmediatamente la persona o sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada durante las horas del día, a menos que el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche.

Hemos resuelto que al determinar causa probable para la expedición de una orden de allanamiento no estamos llamados a establecer si la ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida. Sólo debe examinarse si el deponente tuvo base razonable, al momento de prestar la declaración jurada y haberse librado la orden de registro, para creer que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado, y si los hechos aparentes que se desprenden de la declaración jurada son de tal naturaleza que una persona prudente y razonable pudiera creer que se ha cometido la ofensa imputada. Reiteradamente hemos sostenido que los agentes encubiertos son imprescindibles para perseguir el juego ilegal de la bolita. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 524, 527 (1974); Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565, 570 (1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

La declaración jurada prestada por el agente Ramírez cumple con la ley y la jurisprudencia. Describió con detalle la conversación habida entre el apelante y “Choclo” en el Colmado Martínez, vio a “Choclo” cuando le entregó una hoja de papel con números de tres cifras, guión y cantidades a la derecha. Siguió el auto del apelante, el cual describió adecuadamente, hasta que lo estacionó frente a la residencia allanada. Vio entrar una persona convicta bajo la Ley de Bolita y al otro día otras relacionadas con el negocio de “bolipool”. El agente Ramírez dio bajo juramento estos detalles y las fechas y lugares precisos en los que realizó su investigación, así como también sus observaciones. Describió a las personas envueltas y ofreció sus apodos. Esto, unido a su experiencia de cinco años en casos de bolita, es suficiente para que una persona prudente y razonable pueda creer que se está cometiendo un delito.

La declaración jurada prestada por el agente Ramírez cubre tres situaciones de hecho para fundamentar la orden de registro y allanamiento.

La primera se refiere a la descripción en detalle de la conversación habida entre el apelante y “Choclo” en el Colmado Martínez, en la que en síntesis vio a “Choclo” cuando le entregó una hoja de papel con números de tres cifras, guión y cantidades a la derecha.

La segunda se refiere a la descripción también detallada que hace el agente cuando sigue el auto del apelante y éste se estaciona en la marquesina de su residencia y observa incluso que un bolitero convicto (el Sr. Felipe Troche) entró a dicha residencia. Sobre el particular la declaración jurada lee como sigue:

Yo abordé mi auto y observé que el Sr. Bonilla se echó la lista de números de bolita en el bolsillo del pantalón y abordó el auto marca Toyota color brown, de cuatro puertas, tablilla 38J706 y se marchó conduciendo el mismo y llevándose consigo el material de bolita. [É]ste se diri[g]ió hacia las Parcelas Margarita del referido pueblo y llegó hasta la Calle Margarita donde estacionó el referido auto en la marquesina de una residencia de cemento pintada de crema y alero color brown número 134. Al desmontarse del referido auto sacó del interior un maletín color negro y entró a la referida residencia. Yo me quedé cerca de la misma para prestarle una vigilancia discreta. Pasados unos minutos observé que llegó a la referida residencia el bolitero convicto Sr. Felipe Troche y éste llegó conduciendo un auto marca Buick color blanco y negro. [És]te entró a la referida y estuvo allí como 10 minutos y salió y se marchó rápidamente. Como hac[í]a rato que yo estaba allí decidí marcharme para no levantar sospechas y que no se me fuera a dañar la investigación. Regresé [al] Cuartel de Policía de Mayag[ü]ez donde le informé lo sucedido a mi Supervisor el Sgto. Eugenio Soto Ruiz quien me dió instrucciones para que le prestara otra vigilancia a la referida residencia. (Énfasis suplido.)

La tercera se refiere a la descripción que hace el agente al otro día de los hechos ocurridos en la residencia allanada. Dicho día 25 de junio de 1984, el agente observó entrar al bolitero convicto Sr. Arcángel Rodríguez Vega. De la referida declaración jurada surge lo siguiente:

Que el día 25 de junio de 1984 y en horas de la mañana re[g]resé a las Parcelas Margarita de Cabo Rojo para continuar con la vigilancia discreta a la residencia número 134 de la Calle Margarita donde el Sr. Bonilla reci[b]e material de bolita y/o bolipool. Al llegar al referido sector observé que el auto marca Toyota color brown, tablilla 38J706 se encontraba estacionado en la marquesina de la referida residencia. Me quedé cerca de la misma y observé que entraban y sal[í]an diferentes personas a la misma r[á]pidamente. [Lluego llegó el bolitero convicto Sr. Arc[á]ngel Rodr[í]guez Vega y [é]ste llevaba en sus manos un sobre tipo manila grande de los com[ú]nmente usados por los boliteros para llevar el material de bolita. Luego se me acercó un señor trigueño delgado y me preguntó que si yo esperaba a alguien a lo que yo le contesté que no, que era que se me había calentado el carro y estaba esperando a que se enfriara. Luego me marché del lugar.
Que por [lo] antes expresado tengo motivos fundados para decir que en 4a residencia numero 134 de la Calle Margarita de las Parcelas Margarita de Cabo Rojo se colecta, vende y distribuye material relacionado y conectado con el juego ilegal de la bolita y/o “bolipool”.
Que la referida residencia se describe como sigue[:] Casa de cemento pintada de crema y alero color brown localizada en la Calle Margarita de las Parcelas Margarita de Cabo Rojo P.R. Tiene marquesina al lado izquierdo. Tiene en la marquesina 5 ventanas tipo “miami” y una puerta de entrada en madera. Tiene además medio balcón con puerta de entrada en madera al lado derecho. Tiene al frente verja de cemento y alambre [cyclone] y port[ó]n de rejas negro. Tiene una escalera al lado izquierdo que da acceso al techo de la misma. En el techo tiene verja de alambre [cyclone] a vuelta redonda. Por el lado derecho colinda con residencia de cemento pintada de blanco. Por el lado izquierdo colinda con residencia de cemento pintada de crema. Por el frente colinda con la Calle Margarita.

La secuencia de observaciones personales del agente Ramírez sobre lo ocurrido en la residencia allanada son de tal naturaleza que una persona prudente y razonable puede creer que se ha cometido la ofensa imputada.

Un examen minucioso de la exposición narrativa de la prueba refleja que el agente Ramírez no contradijo en su testimonio durante el juicio lo expuesto en su declaración jurada. La defensa por su parte en ningún momento cuestionó las observaciones hechas por el agente Ramírez de la residencia del apelante Bonilla, ni de que en dos días distintos entraran a la misma dos convictos por infracción de la Ley de Bolita.

La secuencia de eventos narrados en la declaración jurada no pueden examinarse aisladamente, sino en forma integrada. El testimonio del agente Román eñ la declaración jurada y luego en el juicio no es estereotipado. No constituyó un testimonio atípico, flaco o descarnado.

En lo relativo a lo improbable de que el “Choclo” hiciera la transacción ilegal frente al agente Román supuestamente conociéndolo, citamos de la transcripción narrativa de la prueba:

Se le mostró al testigo lo que posteriormente fue marcado como [Exhibit] I de la defensa, a saber, una página correspondiente al periódico El Vocero, correspondiente al 5 de abril de 198S. Se le pidió que identificara en la fotografía que mostraba dicha página, a las personas que la misma presentaba y el testigo indicó y reconoció en ella al [“Choclo”] acompañado por él y el agente Vega; sobre el sitio que mostraba dicha fotografía señaló que era el pasillo del Cuartel de Mayag[ü]ez y que el [“Choclo”] había sido llevado allí para ser fichado por un delito de bolita y que éste fue fichado en su División por el agente Vega. Indicó el testigo que es correcto que conocía al [ Choclo ], que lo conocía antes de esa fecha por las investigaciones. Si me conoce de esa fecha[,] me conoce y que entendía que el [“Choclo”] también le tenía que conocer a él. Señaló que con respecto a la transacción presenciada por él el día 28 de junio de 198b y en la cual supuestamente estuvo involucrado el [“Choclo”] y estando éste a 5 ó 6 pies de él[,] dentro del Colmado Martíne[z] y durante diez minutos, ocurrió porque tal vez el [“Choclo”] no se acordaba de él. Si se hubiera acordado de él tal vez no lo hubiera hecho. (Énfasis suplido.)

No existe prueba en los autos de que el agente Román fue reconocido por el “Choclo” en el momento de los hechos. Del testimonio anterior no podemos hacer esa inferencia. Independientemente de ello, sus observaciones subsi-guientes de lo ocurrido durante dos días en la residencia del “Choclo”, según los hechos expuestos en la declaración jurada prestada por él, unido a su experiencia de cinco años con casos de bolita, son suficientes para que una persona prudente y razonable creyera que en la residencia del apelante se estaba cometiendo un delito. Ello era suficiente para justificar la expedición de la orden.

Vistas las circunstancias totales, no incidió el tribunal de instancia al declarar sin- lugar la moción de supresión de evidencia.

> HH

Por no haberse cometido el error señalado, se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurren con el resultado. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente con opinión escrita.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

-0-

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Sentencias como la emitida en el presente caso por una mayoría de los Señores Jueces que componen el Tribunal hace que cobre actualidad lo expresado hace veinticinco (25) años por este mismo Tribunal en el caso de Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961), a los efectos de que nosotros los “jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes cómo para creer declaraciones que nadie más creería”.

I — I .

Según la propia sentencia que se emite el alegado agente encubierto José A. Ramírez, perteneciente a la División de Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico, declaró que:

...lleva cinco años trabajando en dicha División, interviniendo específicamente en transacciones ilegales del juego de bolita. Durante el mes de junio de 1984 le fue asignada una investigación relacionada con el juego de “bolipool” en el pueblo de Cabo Rojo. El día 23 de junio, mientras recorría el sector Monte Grande de dicho pueblo, decidió entrar al Colmado Martínez para comprar una cerveza. Mientras conversaba con el encargado del negocio, entró un joven trigueño, delgado, de cabello rizado, conocido. por el apodo de “Choclo”. Poco después llegó al colmado el apelante, el cual, dirigiéndose a “Choclo” le pidió que le entregara “las listas”. “Choclo” le contestó que las tenía en su auto; que lo acompañara. El agente Ramírez procedió a salir del negocio hacia su auto, que estaba estacionado frente al negocio, y al caminar cerca del apelante y de “Choclo” vi[o] que [e]ste último le entregó una hoja de papel con números de tres cifras, guión y cantidades a la derecha. (Énfasis suplido.)

Por otro lado —y con el propósito de llevar al ánimo del juzgador que resultaba increíble que lo narrado por el agente fuera cierto— durante el juicio celebrado la defensa del aquí apelante presentó prueba irrefutable de que el acompañante de éste sabía que el testigo de cargo era miembro de la división de la Policía de Puerto Rico que brega con los supuestos infractores a la Ley de la Bolita, esto es, la División de Control del Vicio. Dicha prueba, según ello igualmente surge de la sentencia que se emite, consistió de:

.. .una noticia publicada en el periódico El Vocero de fecha 5 de abril de 1983, marcada como [Exhibit] 1 de la defensa, en la que aparece una foto [d]el agente Ramírez conduciendo a “Choclo” por los pasillos del tribunal luego de ser arrestado y acusado por violación a la [L]ey de [Blolita.

HH h-H

Ante ese cuadro de hechos, este Tribunal se limita a cuestionarse si en el presente caso se cumplió con los requisitos técnicos que para la expedición de una orden de allanamiento exige la Regla 231 de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia interpretativa de la misma. Concluyendo que la “declaración jurada prestada por el agente Ramírez cumple con la ley y la jurisprudencia”, el Tribunal rechaza la contención del apelante a los efectos de que el foro de instancia erró “al declarar sin lugar la moción de supresión de evidencia”.

h — H I — I HH

Disentimos. Somos del criterio que nuestra función revisora no se limita a examinar si en un caso en particular se cumple o no con los tecnicismos legales que establece nuestro ordenamiento jurídico. Dicha función va mucho más allá: estamos obligados a velar por que en nuestra jurisdicción se haga la mejor justicia de que se es capaz en un pueblo como el nuestro.

En el presente caso no hay duda que el acompañante del apelante tuvo la oportunidad de observar bien al supuesto encubierto. Ello surge de la propia declaración de este último. De hecho, supuestamente estuvieron tan cerca los unos de los otros como para que el agente, alegadamente, pudiera escuchar lo dicho por el apelante y ver los “números de tres cifras, guión y cantidades en la derecha” en una hoja de papel en manos del apelante y su acompañante.

¿Quién puede creer que una persona va a hacer manifestaciones en alta voz que lo señalan como violador de la Ley de la Bolita, y va a bregar con material de bolita, en presencia de una persona que él sabe es agente de la División de Control del Vicio de la Policía, agente que precisamente lo había arrestado anteriormente por infracción a dicha leyl Ciertamente nosotros no estamos dispuestos a ello.

> 1 — I

En resumen, disentimos por entender que erró el foro de instancia al no declarar con lugar la moción de supresión de evidencia que radicara el apelante en el presente caso por cuanto lo afirmado por el agente Ramírez en la “declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento” obviamente es falso, total o parcialmente. Véase Regla 234, inciso (f), de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234(f).

Disentimos, en adición, por entender que decisiones como la que se emite en el presente caso son nocivas al sistema de justicia en Puerto Rico. No hay duda que este Tribunal ha resuelto —correctamente, a nuestro entender— que la institución de agente encubierto es necesaria en la persecución y castigo de actividades delictivas que se llevan a cabo en la clandestinidad. No es menos cierto, sin embargo, que la experiencia nos ha demostrado que dicha institución necesita mejorarse. La “aprobación” por parte de este Tribunal —al confirmar la convicción— de una situación como la que plantea el presente caso, donde existe una declaración jurada obviamente mendaz, tiene el efecto indeseado y perjudicial de evitar que la Policía de Puerto Rico mejore no sólo su personal sino sus métodos de investigación, lo cual debe ser el objetivo de todos.