text:
      In re Miguel A. Chaar Cacho, querellado.

      Número: CE-86-372

      Resuelto: 12 de mayo de 1989

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orsini Zayas, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Manuel Mar-tínez Umpierre, abogado del querellado; Plinio Pérez Ma-rrero, Comisionado Especial.
   PER CURIAM:

En cumplimiento de nuestra Orden de 20 de mayo de 1986, el Procurador General presentó querella contra el querellado de epígrafe y le imputó los cargos si-guientes:

CARGO I

El Lie. Miguel Chaar Cacho violó la Ley Notarial y la Fé Pública Notarial depositada en él, así como los Cánones de Ética, cuando autorizó que ante él se otorgara la Escritura Núm. 51 de 29 de septiembre de 1978, sobre compraventa, compareciendo como otorgante vendedor, don Israel Candela-ria Galán y como compradora doña Fructuosa Rodríguez Ro-sado.
El notario querellado no verificó, ni investigó, ni corroboró, ni tampoco discutió con las partes otorgantes el negocio jurí-dico allí concretado, pues el texto completo de la escritura ob-jeto de este cargo fue redactado y preparado por el Lie. Pedro Pérez Rodríguez, hijo de doña Fructuosa Rodríguez Rosado, siendo éste último, quien en realidad adquiriría el bien “ven-dido”, aunque se trata de una porción abstracta de una heren-cia.
CARGO II
El Lie. Miguel Chaar Cacho violó la Ley Notarial y la Fé Pública Notarial depositada en él, así como los Cánones de Ética Profesional, cuando consintió que en dicha escritura Núm. 51 —redactada en su totalidad por el Lie. Pedro Pérez Rodríguez— uno de los otorgantes, don Israel Candelaria Ga-lán, firmara ante el Lie. Pedro Pérez Rodríguez, quien en rea-lidad configuró todo el negocio jurídico objeto de la escritura 51, pero luego autorizada, por el notario querellado. Querella de 5 de junio de 1986, pág. 2.
El querellado alegó en su contestación que:
CARGO I
Se niega el cargo I por cuanto: ni la ley notarial (4LPRA1001), ni el código de ética profesional (Título 4, Apéndice IX) exigen en sus disposiciones que el notario actúe de conformidad con lo imputado en el cargo. En tal sentido, véase además In Re: Laboy 113-DPR-476 (1982) en el que se exonera al querellado Florentino Machargo Barreras por una actuación idéntica a la imputada en este cargo.
CARGO II
El querellado niega por ser total y absolutamente falso el que su escritura número 51 del 29 de septiembre de 1978, no hubiese sido otorgada y firmada en su presencia por el compa-reciente Israel Candelaria Galán. Se alega específicamente que el señor Israel Candelaria Galán compareció a la oficina del notario querellado y en su presencia firmó la escritura mencionada. Contestación a la querella, 30 de julio de 1986, pág. 1.

El 3 de septiembre de 1986 designamos al Lie. Plinio Pérez Marrero para que actuara de Comisionado Especial. Una vez concluido el trámite con antelación al juicio, la vista evidenciaría se celebró el 25 de noviembre de 1986. Al iniciar el interrogatorio del querellante original, Sr. Israel Candela-ria, la delegada del Procurador General, licenciada Orsini Zayas, procedió a retirar el segundo cargo por entender que todas las circunstancias que rodearon la autorización del do-cumento que firmó, autorizó y consintió el señor Candelaria la convencían de que efectivamente firmó la escritura ante el notario querellado. El querellado no presentó objeción, por lo que se procedió a excusar al testigo.()

En cuanto al primer cargo, la abogada del querellante lo sometió por la transcripción del testimonio del querellado en el Caso Núm. Cs-80-2072, Fructuosa Rodríguez Rosado v. Candelaria Galán y otros, del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, y el expediente de dicho caso.() El querellado es-tuvo de acuerdo con someter el caso, aunque hizo algunas observaciones sobre el uso del expediente.() El Comisionado Especial validó la posición de las partes y dio el caso por sometido según lo ofrecido.

Luego de detallar la secuencia de hechos que surge de las constancias del expediente en el Caso Núm. Cs-80-2072, el Comisionado Especial estimó como razonables las conclu-siones de hecho siguientes:

1. El señor Israel Candelaria Galán y la madre de éste, Doña Monserrate Galán comparecieron ante el notario Pedro Pérez Rodríguez a otorgar un pagaré, el cual se utilizó como prenda para tomar dinero a préstamo del Banco de San Juan. Se hicieron acompañar por una persona que impersonó a la hermana de Israel, de nombre Aida Candelaria Maldonado, y firmó por ésta el pagaré, falsificando su firma. Confrontado con la falsificación, el notario pagó al banco la suma adeudada bajo el pagaré ($15,051.03) y, en un esfuerzo por recobrar lo desembolsado, negoció con Israel Candelaria que éste le “ven-diera” a su señora madre, Doña Fructuosa Rodríguez Rosado, la propiedad a que se refiere la escritura número 51 de 29 de septiembre de 1978. Esto se hizo mediante el pago de la suma adicional de $7,500, recibidos por Candelaria Galán en el acto del otorgamiento de dicha escritura.
2. Dicha escritura fue preparada por el notario Pedro Pérez Rodríguez y el querellado convino en que se otorgase ante él.
El día del otorgamiento le leyó la escritura al señor Candela-ria, le tomó la firma y las iniciales, vio que éste recibió y contó en su presencia los $7,500 que expresa la escritura, le pre-guntó el nombre de su esposa y al éste ofrecerlo se puso el mismo en el documento; se le adviritió [sic] de su derecho a que figurasen testigos en la misma y se le inquirió sobre su conformidad con el documento. Todo esto ocurrió en la oficina del notario en el Arecibo Shopping Center. Luego el notario se trasladó con el Lie. Pedro Pérez Rodríguez a la casa de la madre de éste, Doña Fructuosa Rodríguez Rosado, donde se procedió a completar las firmas en el documento.
3. Habiéndose limitado el notario Miguel A. Chaar Cacho al otorgamiento de la escritura según expresado anteriormente, expresa que no vio la finca ni verificó las colindaneias, no sabía si se había hecho la partición y adjudicación entre los here-deros (era un haber hereditario), no hizo estudio de título ni cotejó la existencia del embargo que se menciona y, en tér-minos generales, actuó en base a la información que le trans-mitió el Lie. Pedro Pérez Rodríguez, quien era su amigo. No cobró por sus servicios como una deferencia a su amigo.
4. En un aparente esfuerzo por proteger o recobrar la suma en exceso de $22,000 que había desembolsado a Israel Cande-laria Galán, se radicó una demanda —80-2072, Fructuosa Ro-dríguez Rosado y Pedro Pérez Rodríguez v. Israel Candelaria Galán y Aida Candelaria Maldonado, en la que se solicita se inscriba de la propiedad objeto de la escritura número 51 otor-gada ante el querellado a favor de Doña Fructuosa Rodríguez una participación equivalente a la mitad de la misma. Luego de la vista en los méritos del caso, la parte demandante desis-tió con perjuicio y se le impuso el pago de $500 por concepto de honorarios de abogado y las costas.
5. El notario Miguel Chaar Cacho fue admitido a la profe-sión de abogado en el año 1965 y salvo dos años que trabajó en la Oficina de Asistencia Legal, ha estado dedicado a la prác-tica privada con oficina en el Arecibo Shopping Center. Goza de magnífica reputación en la comunidad de Arecibo, tanto en lo personal como profesional.
6. Luego de despejado el humo de estos hechos tenemos que Don Israel Candelaria Galán conservó intacta su propie-dad, además recibió $7,500 en efectivo, se benefició en $15,051.03 que el Lie. Pedro Pérez Rodríguez pagó por él al Banco de San Juan, se le resarció en $500 de honorarios que el Tribunal impuso a su favor, motivó una sanción al licenciado Pérez Rodríguez (In Re Pérez Rodríguez, 115 DPR 5[47] (1984) y este proceso de querella al Lie. Miguel A. Chaar Ca-cho y la génesis de todos estos acontecimientos con el conse-cuente accésit al señor Candelaria y cilicio a otros, lo fue cuando dicho señor trató de defraudar a su hermana logrando que otra persona se hiciera pasar por ella para tomar un dinero a préstamo al Banco de San Juan. Informe del Comisio-nado Especial, 14 de enero de 1987, págs. 8-10.

Ambas partes han comparecido ante nos para comentar el informe del Comisionado Especial. La Procuradora General Auxiliar sostiene que el primer cargo quedó probado to-talmente. Entiende que la intervención del querellado fue la de un autómata legalizador de firmas y cita a In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 396-397 (1977), y a In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976). El querellado sostiene que no hubo conducta lesiva a los principios y normas que rigen la práctica de la notaría y que de haberla sus actuaciones fue-ron hechas sin el beneficio de la norma que establecimos en In re Laboy, 113 D.P.R. 476 (1982). Resolvemos.

Hemos hecho un examen independiente de la documenta-ción que tuvo ante sí el Comisionado Especial. Una lectura cuidadosa del testimonio del querellado, de los autos del Caso Núm. Cs-80-2072 y de los antecedentes de la controver-sia() nos convence de que las conclusiones de hecho tienen apoyo en dichas constancias.

El querellado fue laxo en el cumplimiento de su función al depender demasiado de la confianza que le tenía a su compañero, amigo y vecino licenciado Pérez Rodríguez, lo que le movió a ser un autómata de la notaría. De ordinario ello daría lugar a una severa sanción disciplinaria, In re Ríos Rivera, 119 D.P.R. 586 (1987), pero hay dos (2) factores que favorecen al querellado.

Las fallas incurridas por el notario fueron hechas antes de que se resolvieran en In re Laboy, ante, págs. 481-482, donde dijimos que:

En torno al primer cargo, se impone de inmediato la exone-ración del querellado Florentino Machargo Barreras. Ex-cepto por haber depositado erróneamente su confianza en un compañero abogado y prestarle gratuitamente sus servicios notariales, no incurrió en falta que amerite sanción disciplina-ria alguna. Ciertamente todo el proceso sirve de ejemplo —extensivo al resto del notariado puertorriqueño— de que es menester evitar, en lo posible, este tipo de intervención notarial urgente e incidental, más bien ad hoc, en la cual se cae en la superficialidad y en el peligro potencial de convertirse en un simple observador de un negocio jurídico —función que re-chazamos en In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976)— y, claro está, según la naturaleza de la transacción y las conse-cuencias perjudiciales que resulten de la misma, el conoci-miento directo o constructivo, corre el riesgo de incurrir en serias faltas profesionales que ameriten medidas correctivas. In re Lavastida, et al., 109 D.P.R. 45 (1979).

Ello, de por sí, no lo exime de responsabilidad. La omi-sión de analizar la situación y hacer las advertencias perti-nentes viola el deber de ilustración y consejo que es inhe-rente a la práctica del notariado. Dicho deber es aplicable por lo menos desde que resolvimos In re Meléndez Pérez, ante, págs. 774-776. Así lo señalamos en In re Flores Torres, 119 D.P.R. 578 (1987).

Pero debemos considerar que en este caso, lejos de perjudicarse, el querellante resultó beneficiado de todos los actos irregulares que su conducta motivó. El que realmente resultó perjudicado fue precisamente quien contrató los servicios del querellado, el licenciado Pérez Rodríguez. No hay indicio de que el licenciado Chaar Cacho actuara de mala fe.

Por las circunstancias presentes, limitamos la sanción disciplinaria a una fuerte amonestación y reprimenda, y apercibirle de que en su conducta futura guarde una total deferencia y respeto a los postulados que rigen la profesión de abogado-notario. El sufrimiento y trauma que ha recibido durante todo este proceso no amerita castigo adicional.

El Juez Asociado Señor Negrón García hace constar que suspendería al querellado, Ledo. Miguel A. Chaar Cacho, del ejercicio del notariado en Puerto Rico por un periodo de seis (6) meses.

      (1) El procedimiento correcto hubiera sido solicitar permiso del Comisio-nado Especial y éste referir la petición a este Tribunal para que procediéramos a archivar dicho cargo. No obstante lo anterior, aceptamos, en esta etapa, el retiro del cargo.

      (2) Los hechos que dieron lugar a dicho caso y otros procedimientos judi-ciales fueron los que motivaron el desaforo del Lie. Pedro Pérez Rodríguez —In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 547 (1984)— que tiene tangencia con este proceso disciplinario.

      (3) Expresó que:
      “Vuestro Honor, nosotros con respecto a ese ofrecimiento del expediente naturalmente tenemos que tener reparos en primer término porque no se dio cumplimiento por la distinguida compañera a la orden que dictó su Señoría en el acta de “pirtraya”. La Orden específicamente decía de que ella tenía la obligación dentro del término de 7 de días de manifestarnos que documentos de ese expe-diente se habrían de utilizar. Ese expediente tiene alrededor de noventa folios y el documento a que se refiere la compañera pues no hace otra cosa que un índice o un inventario de todos los documentos. Pero recordará, su Señoría, y surge de la transcripción del acta de “pirtraya” de la conferencia preliminar se dispuso que ella tenía la obligación de informarnos que documentos habría de utilizar y con que propósito se iba a utilizar tal documento. De manera que entonces nosotros poder presentar cualquier evidencia en contra respecto al documento, si es que había evidencia en contra, o allanarnos al contenido de este documento si era que lo expresaba el documento la realidad del asunto en que se quería probar con dicho documento. Así es que si se admite dicho expediente y sabemos que proce-salmente su Señoría va a tener que admitirlo pero hacemos esta objeción para el récord. Procesalmente pues estamos en este momento en las misma condiciones que estábamos en el acta de “pirtraya” pidiéndole que nos dijera de esas 90 pá-ginas que tiene ese expediente cuales se iban a utilizar y a que propósito para nosotros poder presentar prueba en contra. El expediente como se ha dicho es un caso que duró varios años en el Tribunal, tiene alrededor de 90 folios, tiene un gran número de alegaciones de diversas partes, manifestaciones, admisiones de hecho y nosotros entonces en estos momentos que vamos a refutar de eso. Preci-samente por eso le pedimos en el acta de “pirtraya” y su Señoría lo ordenó que se nos dijera que documentos, vamos a llamar la atención a su Señoría del docu-mento que nos notificó la compañera con fecha del 14 de noviembre y verá su Señoría que en ningún momento se expresa, simplemente tiene una enumeración de los documentos y en ningún momento se expresa que documentos de esos se van a utilizar. Queremos consignar esa objeción para récord.” Transcripción de vista, 25 de noviembre de 1986, págs. 14-15.

      (5) Recogidos en In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 547, 549-550 (1984), donde hallamos probado qne:
      ‘“1. El 12 de febrero de 1975 comparecieron cuatro personas ante el quere-llado, quien actuando como notario, en el documento notarial 25,850, manifiesta que el titulado Pagaré Colateral, que es el Exhibit Ig fue reconocido por Aida Margarita Candelaria ante él. La prueba desfilada demuestra fuera de toda duda que Aida Margarita Candelaria no compareció en forma alguna a hacer tal reco-nocimiento, ni el contrato de prenda que es el Exhibit V; este último reconoci-miento lleva el número 25,851. Una persona que no era Aida Margarita Candelaria compareció y firmó como si fuera Aida Margarita Candelaria.

        “ ‘2. La persona que se hizo pasar como Aida Margarita Candelaria fue iden-tificada con pleno conocimiento del engaño por Israel Candelaria que también reconoció los documentos y tal identificación también la hizo el gerente del banco, Elíseo Serrano Reyes, irresponsablemente porque él no conocía a doña Aida.
      “‘3. El querellado dependió de estas poco confiables identificaciones para desempeñar su función notarial y no utilizó las normas confiables y fehacientes de identificación de personas desconocidas para el notario que están prescritas por nuestro ordenamiento jurídico.
      ‘“4. El querellado no presentó el pleito 78-1309 a que se alude en el segundo cargo y eventualmente pagó la deuda evidenciada por el pagaré —Exhibit IV y que obligaba a Aida Margarita Candelaria.
      “ ‘5. El pleito 80-2072 fue instado por el querellado y su señora madre para reclamar unos derechos que según se asevera en la demanda se originaron en una venta de participación hereditaria en un inmueble que hizo Israel Candelaria por escritura 51, de 29 de septiembre de 1978, ante el notario Miguel A. Chaar. La otra heredera es Aida Margarita Candelaria. Posteriormente y en virtud de sen-tencia judicial se otorgó una escritura de Partición y Adjudicación de Bienes He-reditarios, la núm. 13 de 4 de octubre de 1979 ante el notario Domingo Pillot Resto. Como puede observarse por la secuencia de las fechas, cuando, según se asevera en estos documentos, se adquiere la participación hereditaria en 1979, ésta no es un bien litigioso.
      ‘“6. Por los hechos expuestos en la quinta determinación se dispone, en cuanto hechos, del tercer cargo. El bien adquirido no era litigioso.’”


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Alicia Echevarría Jiménez, demandante y recurrida, v. Sucesión de Teodorico Pérez Meri, Compuesta Por Rayda Pérez de Cabanillas y Rafael Pérez Colón, demandados y peticionarios.

      Número: CE-87-814

      Resuelto: 15 de mayo de 1989

      Gerardo Pavía, de Moreda & Moreda, abogado de la peticionaria Rayda Pérez de Cabanillas; José Juan Nazario De la Rosa, de Nazario, Santiago, De León, abogado del peticionario Rafael Pérez Colón; Milagros Acevedo Colón, abogada de la recu-rrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El 21 de abril de 1988 consolidamos los recursos Alicia Echevarría v. Sucesión Pérez Meri, et als., CE-87-814 y CE-88-150, que versan sobre incidentes procesales ocurridos en el mismo caso.

En el Recurso CE-87-814 comparece la codemandada Rayda Pérez de Cabanillas para cuestionar dos (2) resolucio-nes emitidas por el tribunal de instancia. En la primera, el tribunal decretó la anotación de aviso de demanda en el Re-gistro de la Propiedad sobre una propiedad sita en la Calle Siracusa B-4 de la Urbanización Town Park en Río Piedras. Mediante la segunda resolución el tribunal ordenó, en rela-ción con esta propiedad, la anotación de pleito pendiente en el Registro de la Propiedad. En dicha resolución el tribunal, además, se negó a desestimar el caso.

En relación con este recurso, la codemandada Pérez de Cabanillas plantea la comisión de tres (8) errores que pue-den resumirse de la manera siguiente: (1) que erró el tribunal de instancia al no desestimar la demanda; (2) que erró al permitir la anotación de aviso de demanda en el Registro de la Propiedad, y (3) que erró al no autorizar la venta de dicha propiedad.

En el Recurso CE-88-150 comparece el codemandado Rafael Pérez Colón y cuestiona una resolución que autorizó el emplazamiento mediante edictos y la publicación de éstos. Además, cuestionó otra resolución mediante la cual se de-claró sin lugar su moción para solicitar desestimación por falta de jurisdicción e inactividad por un período de seis (6) meses.

En este recurso el codemandado Pérez Colón plantea la comisión de dos (2) errores que podemos sintetizar de la ma-nera siguiente: (1) que erró el tribunal al no desestimar la demanda por inactividad, falta de diligencia y desinterés, y (2) que erró al ordenar un nuevo emplazamiento mediante edicto.

I

Los hechos procesales

A continuación procedemos a detallar los hechos proce-sales pertinentes. El 3 de mayo de 1982 la Sra. Alicia Eche-varría Jiménez presentó demanda sobre división de ganan-ciales contra Teodorico Pérez Meri, representado por su tu-tora Rayda Pérez de Cabanillas. En dicha demanda se men-cionó específicamente una propiedad sita en la Calle Sira-cusa B-4 de la Urbanización Town Park en Río Piedras. Luego de una serie de mociones de las partes y órdenes del tribunal, el 14 de mayo de 1982 se emplazó al demandado Pérez Meri y a su tutora, su hija, la señora Pérez de Cabani-llas.

El 25 de octubre de ese mismo año se le informó al tribunal que el demandado Pérez Meri había fallecido el 19 de octubre. El 13 de diciembre de 1982, una vez el tribunal aceptó la sustitución de parte, la representación legal de la codemandada Pérez de Cabanillas comenzó a comparecer a nombre de la parte demandada. Anteriormente las compare-cencias las había hecho a nombre solamente de la codeman-dada Pérez de Cabanillas. En las Minutas de 13 de enero y de 17 de septiembre de 1984 se hizo constar que este mismo abogado compareció también a nombre de la parte deman-dada. Sin embargo, el 5 de marzo de 1985 el tribunal, motu proprio, ordenó el emplazamiento del codemandado Pérez Colón por considerar que éste no había comparecido ni había sido emplazado. La demandante estuvo de acuerdo con esta apreciación.

Desde la referida fecha hasta el 3 de abril de 1986, no consta gestión procesal alguna, ante lo cual el tribunal emitió una orden para mostrar causa al amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por inactividad por un período de seis (6) meses. En contestación a la orden, la demandante indicó mediante moción que estaba en con-versaciones de transacción y explicó los problemas confron-tados. Dos (2) días después, el tribunal ordenó emplazar o informar si desistía de la demanda.

Nuevamente, el 7 de enero de 1987, el tribunal emitió or-den para mostrar causa al amparo de la Regla 39.2(b), supra, por inactividad por más de seis (6) meses. El 20 de enero la parte demandante compareció para mostrar causa. El 26 de enero de 1987 el tribunal desestimó la demanda. El 29 de enero la demandante solicitó reconsideración y al otro día, el 30 de enero, el tribunal dejó sin efecto la sentencia y le con-cedió término para emplazar mediante edictos.

El 20 de febrero de 1987 el tribunal ordenó a la parte demandante acreditar las gestiones realizadas para conse-guir la dirección del codemandado Pérez Colón. El 25 de marzo la codemandada Pérez de Cabanillas presentó moción de desestimación fundamentada en el incumplimiento de dicha orden por la parte demandante. En la moción hizo refe-rencia a todas las tardanzas habidas en la tramitación del caso. El 30 de marzo el tribunal ordenó mostrar causa por la cual no debía reinstalar la sentencia desestimatoria dictada el 26 de enero de 1987 e impuso al abogado de la demandante una sanción de $200. El 9 de abril la parte demandante com-pareció a mostrar causa, consignó la sanción impuesta, in-formó sobre la dirección del codemandado Pérez Colón, soli-citó la anulación de la autorización de la codemandada Pérez de Cabanillas para actuar como administradora de la propie-dad involucrada en el litigio y solicitó permiso para enmen-dar la demanda y añadir una causa de acción por daños y perjuicios.

Cuatro (4) días más tarde, la codemandada Pérez de Ca-banillas presentó una segunda moción de desestimación. El 28 de abril de 1987 se opuso a la moción para mostrar causa de la demandante, a la solicitud de permiso para enmendar la demanda y, por último, a que se anulase su autorización para administrar la propiedad. El 23 de abril de ese mismo año el tribunal autorizó la demanda enmendada y el emplazamiento mediante edicto; además, declaró sin lugar la moción de de-sestimación de la codemandada Pérez de Cabanillas.

El 8 de junio de 1987 se celebró una conferencia sobre el estado del caso, a la cual no compareció la representación legal de la parte demandante. El tribunal impuso a dicho abogado una sanción de $150 y ordenó a la parte demandante mostrar causa por la cual no debía archivar el pleito. El 8 de junio la codemandada Pérez de Cabanillas contestó la de-manda enmendada y el 23 de junio la demandante compare-ció para mostrar causa.

Luego de una serie de mociones relacionadas con la pro-piedad involucrada en el litigio y el emplazamiento del code-mandado Pérez Colón, el 14 de agosto de 1987 el tribunal nuevamente emitió una orden para mostrar causa por la cual el caso no debía ser archivado por inacción. En esta ocasión, por primera vez, la orden para mostrar causa se notificó tanto a la demandante como a su representación legal. El 21 de agosto de 1987 la demandante, señora Echevarría Jimé-nez, compareció por derecho propio e informó al tribunal que no estaba satisfecha con la labor realizada por su abogado, que entendía que éste no había cumplido con sus responsabi-lidades en el caso, que esto motivó que el tribunal tuviera que imponerle sanciones económicas en dos (2) ocasiones y que en vista de todo lo anterior ella le pidió la renuncia. En dicha moción solicitó un término para obtener nueva repre-sentación legal. El 31 de agosto el tribunal la concedió. El 16 de septiembre la nueva representación legal presentó una moción relacionada con las gestiones realizadas para empla-zar al codemandado Pérez Colón Meri.

El 2 de octubre de 1987, mediante comparecencia especial, el codemandado Pérez Colón solicitó que se dejara sin efecto el emplazamiento mediante edicto por insuficiencia en el diligenciamiento. El 20 de octubre la demandante pre-sentó una moción relacionada con un nuevo emplazamiento y solicitó la anotación de aviso de demanda en el Registro de la Propiedad. El 28 de octubre el tribunal autorizó el .emplaza-miento y la anotación de aviso de demanda. El 6 de noviem-bre, en relación con el permiso para vender la propiedad ob-jeto del litigio, el tribunal emitió una resolución mediante la cual indicó, simplemente, que sobre ésta se había anotado aviso de demanda pendiente en el Registro de la Propiedad. El 15 de diciembre de 1987 la demandante contestó la recon-vención de la codemandada Pérez de Cabanillas. El 28 de enero de 1988 el codemandado Pérez Colón presentó moción para solicitar la desestimación del caso por falta de jurisdic-ción e inactividad por un período de más de seis (6) meses. El tribunal la denegó el 11 de febrero de 1988.

H — t

Desestimación por inactividad — Regla 39.2(b) de Procedi-miento Civil

Por versar esencialmente sobre lo mismo, discutiremos conjuntamente el tercer error planteado en el Recurso CE-87-814 y el segundo error del Recurso CE-88-150, que cuestionan la negativa del tribunal de instancia a desestimar la demanda por inactividad, por falta de diligencia y por de-sinterés.

A pesar de la azarosa trayectoria procesal de este caso, luego de hacer un balance racional y justiciero de la totalidad de los autos originales, concluimos que no debemos intervenir con la discreción del tribunal de instancia al denegar las mociones de desestimación.

Aunque de una primera lectura de los autos originales podría pensarse que el tribunal a quo fue demasiado flexible en su determinación de denegar las mociones de desestima-ción, un análisis más ponderado demuestra que a pesar de las tardanzas de la parte demandante ésta mostró en todo momento gran interés en la dilucidación del caso. También refleja dicho expediente que la demandante recurrida, se-ñora Echevarría Jiménez, sólo fue notificada de la orden para mostrar causa del tribunal dictada el 14 de agosto de 1987. En esta ocasión se le notificó a través de su represen-tante legal y directamente a ella a su residencia. Entonces la demandante recurrida, con diligencia e inmediatamente des-pués de enterarse de las actuaciones de su abogado, compa-reció al tribunal por derecho propio e informó que había pe-dido la renuncia de éste y que estaba en trámites de obtener una nueva representación legal.

Existe una política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Ya, desde Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823,829 (1962), señalamos que la desestimación de un caso sin ir a los méritos, como un medio de sanción, debe ser de los últimos recursos a utilizarse. Véanse, además: Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305 (1976); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 822-823 (1980).

En Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982), se señaló:

Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de sanciones, éste debe, en primer término, imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la imposición de la severa sanción de la desestimación de la demanda o la elimi-nación de las alegaciones, tan s[ó]lo después que la parte haya sido debidamente informada y/o apercibida de la situa-ción y de las consecuencias que puede tener el que la misma no sea corregida. La experiencia señala que en la gran mayo-ría de los casos que presentan esta clase de dificultades —el presente caso es un ejemplo de ello— las partes no están ente-radas de la actuación negligente de sus abogados y, al adve-nir en conocimiento de ello, la situación es corregida de in-mediato. Una parte que haya sido informada y apercibida de esta clase de situación y no tome acción correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún foro, de que se le despojó injusti-ficadamente de su causa de acción y/o defensas. (Énfasis su-plido y escolio omitido.)

Reiteramos estos principios en Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 814 (1986).

Aunque la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, no exige que se notifique la orden para mostrar causa a la parte propiamente (por ser ésta una regla de naturaleza punitiva en relación con el manejo del caso por parte de la representación legal de la parte promovente) el hecho de la falta de conocimiento de la parte debe tomarse en cuenta al evaluar las razones ofrecidas para justificar la inactividad por seis (6) meses. Este es un factor a considerar al “balancear los intereses envueltos: de un lado, la necesidad del tribunal de supervisar su calendario, el interés público en la resolución expedita de los casos y el riesgo de p[er]juicio al demandado por la dilación; por otro lado está la política judicial de que los casos se ventilen en los méritos, por lo que ... de no demostrarse p[er]juicio verdadero con la dilación es irrazonable ordenar el archivo”. J.A. Cuevas Segarra, Prác-tica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, Cap. VI, pág. 206.

Examinada la totalidad de las circunstancias procesales, concluimos que no estamos ante un “caso extremo” de aban-dono a los que alude la jurisprudencia para imponer la drás-tica medida de privar al litigante de su día en corte. Máxime si tomamos en consideración que, a menos que el tribunal en su orden de desestimación disponga lo contrario, una deses-timación por inactividad bajo la Regla 39.2(b) de Procedi-miento Civil, supra, tiene el efecto de una adjudicación en los méritos. Después de todo, “[t]odo proceso adjudicativo se orienta en hallar la verdad y hacer justicia”. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 94 (1985).

Los señalamientos de error Núm. 3 del Recurso CE-87-814 y Núm. 2 del Recurso CE-88-150 no se cometieron.

H-1 H-1 1 — 1

Anotación preventiva de demanda —“Documento Bas-tante”— Art. 11S de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad

Procedemos a discutir el primer señalamiento de error del Recurso CE-87-814 que versa sobre la autorización de la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Pro-piedad.

La anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad se rige por lo dispuesto en los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, 30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402. Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563, 573 (1982); E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, 117 D.P.R. 566, 570 (1986).

El Art. 112 de la Ley Hipotecaria, supra, en su parte pertinente, lee como sigue:

Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos dere-chos en el Registro:
1ro. El que reclamare en juicio la propiedad de bienes in-muebles o la constitución, declaración, modificación o extin-ción de cualquier derecho registrable o el que reclamare en alguna acción que afecte al título de propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos registra-bles.

El Art. 115.1 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Reglamento Hi-potecario) dispone:

Quien entablare alguna reclamación comprendida en el nú-mero uno del artículo 112 de la Ley [30 L.P.R.A. see. 2401, inciso 1ro.], podrá solicitar del tribunal, conjuntamente con la radicación de su demanda, o posteriormente, que se ordene la anotación preventiva de su demanda sobre el bien inmueble afectado. 30 L.P.R.A. sec. 2003-115.1, edición especial.

De otra parte, el Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, expresa:

En el caso del número uno [del Art. 112] anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzga-dor, excepto cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente para su anotación en el Registro la presentación de copia certifi-cada de la demanda. (Énfasis suplido.)

El Art. 115.4 del Reglamento Hipotecario, a su vez, esta-blece:

Se exime del requisito de presentación de mandamiento judicial en el caso en que la acción interpuesta tenga como base para su ejercicio un derecho real inscrito.
En este caso será suficiente para su anotación en el Regis-tro la presentación de copia certificada de la demanda radi-cada, en la cual deberá indentificarse con claridad el derecho real inscrito sobre el cual basa su acción y la descripción de la finca afectada. 30 L.P.R.A. sec. 2003-115.4, edición especial.

En el presente caso la demandante presentó una moción para solicitar anotación de demanda en el Registro de la Pro-piedad, con la cual no acompañó documento alguno.

Alegó en dicha moción lo siguiente: que se casó con el causante, Don Teodorico Pérez Meri, en 1955; que durante el tiempo en que estuvieron casados adquirieron bienes, entre los cuales se encuentra la propiedad sobre la cual se pide anotación preventiva; que aún no se ha hecho una división de gananciales; que durante el matrimonio Don Teodorico rea-lizó transacciones con bienes inmuebles “como si no estu-viera casado y en forma privativa, habiéndose realizado tran-sacciones en el Registro de la Propiedad compareciendo él solamente” (exhibit XIX, pág. 24), y que tenía evidencia para probar su participación en dichos bienes.

A base de esta moción, el tribunal decretó la anotación de aviso de demanda sobre la propiedad sita en la Calle Sira-cusa B-4 de la Urbanización Town Park en Río Piedras. En consecuencia, se expidió un mandamiento sobre anotación de aviso de demanda dirigido al Registrador de la Quinta Sec-ción de San Juan.

La anotación preventiva de demanda es un asiento provisional que asegura transitoriamente ciertos derechos; “es una advertencia a los posibles adquirentes de los bienes anotados. Su efecto consiste ‘en asegurar un rango al derecho real que como consecuencia del litigio pueda constituirse, asegurando la retroactividad del mismo al momento de la anotación de la demanda frente a los terceros que hayan inscrito en el intermedio algún derecho’ (COSSÍO). En principio, carece de los demás efectos, defensivos y ofensivos, de una inscripción”. J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho Inmobiliario RegistraI, Barcelona, Librería Bosch, 1977, pág. 269.

El Art. 112(lro) de la Ley Hipotecaria, supra, per-mite la anotación preventiva de demanda únicamente respecto a acciones que, de acuerdo con sus propios términos, pueden concluir con una ejecutoria inscribible. Art. 114.1 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sec. 2003-114.1, edición especial. S. Torres Peralta, La anotación preventiva de demanda y el aviso de pleito pendiente al amparo del Art. 112(1) de la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 42 Col. Abo. P.R. 407, 412-413 (1981);L. Mojica Sandoz, Apuntes sobre el origen, efectos y extinción de las anotaciones de demanda y de embargo, 52 Rev. Jur. U.P.R. 451-458 (1983).

El Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, adoptó como norma la interposición de la figura del juez para la anotación preventiva de demanda que permite el Art. 112(1ro) de la Ley Hipotecaria, supra. Sólo, a manera de ex-cepción, la autoriza sin intervención judicial cuando la causa de acción se funda en un derecho real inscrito como fundamento para su ejercicio.

Del historial legislativo surge que el propósito fundamental para las limitaciones introducidas por los Arts. 112(lro) y 113 de la Ley Hipotecaria, supra, fue el “evitar las anota-ciones de demandas viciosas ... [alejando así] la posibilidad de perjuicio indebido por acciones fraudulentas y alige-rando] el trámite en las ejecuciones de hipoteca”. Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el alcance del P. del S. 792, 8va Asamblea, 3ra Sesión Ordinaria de 1979, pág. 11; Torres Peralta, supra.

Aunque la Ley Hipotecaria no exige fianza para la autorización de la anotación preventiva, el tribunal puede exigirla de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 D.P.R. 583, 588-590 (1975); Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773, 778-780 (1981); Mojica Sandoz, supra, pág. 454. Además, a tenor con lo resuelto en Rocafort v. Álvarez, supra, pág. 572, el demandado que sufre la anotación de sus bienes puede, al amparo del párrafo segundo de la Regla 56.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, liberarlos de este gravamen interino mediante la prestación de fianza.

En Rocafort v. Álvarez, supra, también tuvimos la opor-tunidad de comentar sobre la intervención judicial al amparo del Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra, y sobre la natura-leza de los documentos que el tribunal debía tomar en consi-deración al emitir su orden. Allí recogimos, con aprobación, las expresiones de Morell y Terry de que esta norma entraña necesariamente lo siguiente:

Uno, la existencia de documento que excluye toda reclama-ción fundada en contratos verbales, información testifical u otros medios más o menos informales; y otro, que ese docu-mento sea bastante para obtener la anotación, llevando al ánimo cierta convicción de verdad y de probable éxito, y ha-liándose desde luego comprendida por el carácter real de la reclamación y afectar a derechos reales inscritos.... El docu-mento no es necesario que sea público; pero su naturaleza y circunstancias han de apreciarse debidamente por la autori-dad judicial. (Énfasis suplido.) J. Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Madrid, Editores Hijos de Reus, 1917, T. 3, pág. 41.

La apreciación crítica de lo que constituye “documento bastante” en el cual se fundamente la procedencia de la anotación preventiva de demanda queda “al prudente arbitrio del juzgador . .Art. 113 de la Ley Hipotecaria, supra. Este documento, aunque puede ser público o privado, tiene que tener la característica esencial de ser suficiente como para inducir al juzgador a pensar que efectivamente podría existir el derecho que se reclama; que “existe razón fundada para considerar la posibilidad de que la reclamación habrá de prevalecer; es decir, el señor Juez que entienda en el caso determinará la existencia de una especie de ‘causa probable’ R. Yélez Torres, Las anotaciones preventivas y las notas marginales, (capítulo de obra inédita), pág. 158; R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. II, pág. 864; Mojica Sandoz, supra.

El hecho de que se exija “documento suficiente” sobre el cual se fundamente la determinación de si procede o no la anotación preventiva de la demanda no significa que, necesariamente, el tribunal tenga que denegarla si con la solicitud no se acompañan estos documentos cuando si de un examen de los autos del caso surge que allí consta dicha información. Después de todo, no podemos interpretar que la ley requiere actos innecesarios.

Procede, pues, examinar los documentos que obran en los autos del presente caso. Un análisis de la demanda enmen-dada de 6 de abril de 1987, junto con la contestación de la codemandada Pérez de Cabanillas a la misma, refleja que tanto la demandante como la codemandada Pérez de Cabani-lias aceptaron los hechos siguientes: (1) que el causante, Don Teodorico Pérez Meri, contrajo matrimonio con la deman-dante, Doña Alicia Echevarría Jiménez, el 9 de enero de 1955 y se divorciaron el 31 de agosto de 1976, y (2) que durante el matrimonio con Doña Alicia, Don Teodorico “realizó ventas de bienes inmuebles en las cuales comparecía él solamente”. Contestación a la demanda enmendada, Apéndice, pág. 69.

También obra en autos una fotocopia del Acta de Edifica-ción Núm. Diecinueve de 17 de febrero de 1965, otorgada por Don Teodorico Pérez Meri ante el notario Ángel F. Vélez Pozo. De este documento, que fue sometido por la codeman-dada Pérez de Cabanillas, surge lo siguiente: (1) que al otor-garlo, Don Teodorico estaba casado con Doña Alicia; (2) que compareció solo a su otorgamiento; (3) que Don Teodorico aseveró haber adquirido la propiedad objeto de la anotación preventiva en pago de una hipoteca, el 31 de octubre de 1964, mientras aún estaba casado con Doña Alicia, y (4) que en dicha propiedad construyó, también, durante el matrimonio con Doña Alicia, una estructura residencial.

El Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641, establece una presunción de ganancial para los bienes adquiridos durante el matrimonio. Cuando surge una controversia sobre la naturaleza —privativa o ganancial— de bienes adquiridos durante el matrimonio, recae sobre el que sustenta la naturaleza privativa del bien el peso de la prueba. García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 335-336 (1978); Espéndez v. Vda. de Espéndez, 85 D.P.R. 437, 444-445 (1962).

Cuando uno de los cónyuges comparece solo al Registrador de la Propiedad y solicita que el título de un bien presuntivamente ganancial sea inscrito como de su exclusiva pertenencia, dicho asiento no prejuzga la naturaleza priva-tiva o ganancial de la propiedad. El principio de inscripción tiene como axioma que “el hecho de que se tenga inscrito un derecho real, no ... hace [a la persona] titular si de acuerdo con las reglas del Código Civil realmente no lo es”. D. Martí-nez Irizarry, Los principios hipotecarios bajo la nueva le-gislación en Puerto Rico, 50 Rev. Jur. U.P.R. 195, 197 (1981); D. Martínez Irizarry, El principio de inscripción y el principio de legitimación en Puerto Rico, 88 Rev. Jur. U.P.R. 198 (1969); Roca Sastre, op. cit., T. I, págs. 563-567.

Según las circunstancias antes descritas y el estado de derecho aplicable, el tribunal de instancia ejerció correcta-mente su discreción al evaluar la suficiencia de los docu-mentos y al conceder la anotación preventiva solicitada. De los documentos que obran en autos razonablemente podía concluir que en efecto podría existir el derecho que se re-clama. No estamos ante una demanda viciosa. El primer se-ñalamiento de error del Recurso CE-87-814 no se cometió.

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Prohibición de enajenar

Como su segundo señalamiento de error en el Recurso CE-87-814, la codemandada Pérez de Cabanillas plantea que el tribunal de instancia abusó de su discreción al negarse a autorizar la venta de la propiedad sita en la Calle Siracusa B-4 de la Urbanización Town Park en Río Piedras.

De los autos surge que el 21 de mayo de 1982 la parte demandada, en ese entonces el causante Don Teodorico, se comprometió a no enajenar el inmueble sin la previa autori-zación del tribunal. También acordó voluntariamente que “[d]e realizarse dicha venta, el producto de la misma se de-posita[ría] en el tribunal para que en su día el tribunal [dis-pusiera]”.

El 20 de julio de 1987 la codemandada solicitó autoriza-ción para vender el inmueble y el 2 de noviembre reiteró su solicitud. El 6 de noviembre el tribunal dispuso de .dichas mociones mediante resolución en la que simplemente señaló lo siguiente: “Aviso de pleito grava la propiedad que se pre-tende vender.” Apéndice, pág. 6.

El tribunal no negó la autorización de venta. Meramente se limitó a dejar bien establecido que la propiedad quedaba sujeta al resultado de este caso, ya que mediante la anota-ción preventiva de aviso de demanda en el Registro de la Propiedad se le estaba advirtiendo a terceros del litigio que existía sobre la titularidad del inmueble. “Por lo tanto, todo aquel que pretenda adquirir el derecho que se anuncia está en litigio, o que, de alguna otra forma interese negociar con relación al mismo, no puede adquirir sin el riesgo que consti-tuye la anotación al efecto de que el derecho o titularidad en cuestión puede desvanecerse en su perjuicio.” Vélez Torres, op. cit., pág. 163.

El segundo error señalado en el Caso Núm. CE-87-814 no se cometió.

V

Sustitución de partes —Regla 22.1(a) de Procedimiento Civil— y el término para emplazar

Arguye el codemandado Pérez Colón, en su Recurso CE-88-150, que el tribunal de instancia erró al ordenar un nuevo emplazamiento mediante edicto para traerlo al caso como parte sustituida.

La Regla 22.1(a) de Procedimiento Civil dispone:

(a) Si una parte falleciere y la reclamación no quedare por ello extinguida, cualquiera de las partes en el procedimiento o sus abogados notificarán de su fallecimiento al tribunal y a las otras partes dentro del término de treinta (30) días contados desde la fecha en que se conozca tal hecho. El tribunal, a soli-citud hecha dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de dicha notificación, ordenará la sustitución de la parte fa-llecida por las partes apropiadas. Si la sustitución no se hi-ciere, según se dispone anteriormente, el pleito será sobrese-ído en cuanto a la parte fallecida. Podrán presentar la solici-tud de sustitución los sucesores o representantes del finado o cualquiera de las partes, y dicha solicitud se notificará a las partes en la forma dispuesta en la Regla 67, y a las que no lo fueren en la forma que dispone la Regla A (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

La actual Regla 22.1(a) de Procedimiento Civil, supra, tiene su génesis en la anterior Regla 22.1 y en la Regla 25 de Procedimiento Civil federal. Mediante la nueva Regla 22.1(a), supra, se estableció un término de treinta (30) días, contados desde la fecha en que se conozca del fallecimiento, para notificar al tribunal y se redujo a seis (6) meses el tér-mino para solicitar la sustitución.

El propósito de la Regla 22.1(a) de Procedimiento Civil, supra, es el de establecer un mecanismo procesal mediante el cual, cuando una parte falleciere y la acción no quedare por ello extinguida, dicha acción se pueda continuar a favor o en contra de la parte realmente interesada. Esta regla, al igual que la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, al establecer los términos de treinta (30) días para notificar del fallecimiento de la parte y sesenta (60) días para solicitar la sustitución, atiende el interés público de que los asuntos en los tribunales se solucionen de forma expedita para evitar el perjuicio que la dilación pueda causar a las partes. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Estos términos, claro está, podrán ser prorrogados a tenor con lo dispuesto en la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 679 (1981); Banco Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721 (1981).

La Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra, distinto a su contraparte en la esfera federal, específicamente impone el deber de notificar sobre el fallecimiento de la parte, en el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se conozca el hecho, no sólo a las partes en el procedimiento, sino también a sus abogados. También, contrario a lo dispuesto en la regla federal, la sustitución no es discrecional; procede si en relación con la solicitud de sustitución se ha cumplido con el trámite procesal provisto en la Regla 22.1, supra.

A distinción de una enmienda a la demanda para traer una nueva parte, “en la substitución, la parte substituida, en todo, excepto en el nombre, ocupa la misma posición con relación a la causa de acción que se continúa contra él ... . [L]a causa de acción con relación a la cosa litigiosa permanece inalterada”. Carrasco v. Auffant, 77 D.P.R. 156, 160-161 (1954). “La realidad es que el trámite procesal de sustitución en nada afecta los derechos sustantivos de las partes.” Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 66 (1967).

La moción sobre sustitución de parte deberá notificarse a las partes ya incluidas en el pleito en la forma dispuesta por'la Regla 67 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Sin embargo, cuando se requiera sustituir a una parte por otra que no está en el pleito, será necesario adquirir jurisdicción in personam sobre esta nueva parte. En este caso habrá que emplazar a la parte y notificarle de la solicitud de sustitución de partes de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre emplazamiento. 7C Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d. Sec. 1951, págs. 523-524 (1986). La parte sustituida tiene derecho a que se le notifique siguiendo el trámite de estricto cumplimiento provisto por la Regla 4, supra, de manera que tenga la oportunidad de ser oído y defenderse si así lo desea. Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986). Claro está, si la nueva parte comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya en parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del tribunal y esto hace innecesario el trámite de notificación y emplazamiento de la Regla 4, supra. Claudio v. Casillas Mojica, 100 D.P.R. 761, 773 (1972).

En relación con la comparecencia de una parte en un pleito, los abogados que representan a una o más personas en casos de partes múltiples deben ejercer gran cuidado al suscribir los escritos que presenten al tribunal y al comparecer a las vistas, indicando específicamente a las personas que representan. Si un abogado hace constar que está compareciendo a nombre de la parte demandada, esto significa que está representando a todas las personas que han sido incluidas como demandadas. Su actuación, si entraña un acto sustancial en el proceso, establece una presunción de que todos estos demandados se han sometido voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. “En causas de demandados múltiples, los abogados deben ser extremadamente cuidadosos y específicos en cuanto al lenguaje de las posi-ciones adoptadas por sus respectivos representados y sus admisiones o defensas, particularmente en cuanto a hechos esenciales.” Berrios v. U.P.R., supra, pág. 95.

Por ser el codemandado Pérez Colón miembro de la sucesión Pérez Meri y quien sustituiría al demandado, éste es una parte indispensable que tiene que ser traída al caso para que el tribunal pueda resolver la controversia. Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 987 (1952); Cuevas Segarra, op. cit., Cap. IV págs. 86-87 y 91-95.

En el presente caso, el 25 de octubre de 1982 el abogado del demandado fallecido notificó al tribunal sobre el falleci-miento de Don Teodorico el 19 de octubre de 1982. El 1ro de diciembre de ese mismo año la demandante presentó moción para solicitar la sustitución de Don Teodorico por “sus here-deros, la antes tutora Rayda Pérez de Cabanillas y su her-mano Rafael Pérez Colón”. Esta moción la notificó solamente a la entonces representación legal de la codemandada Pérez de Cabanillas. Regla 67 de Procedimiento Civil, supra.

El 8 de diciembre de 1982 el tribunal emitió una resolu-ción mediante la cual aceptó la sustitución de parte. Luego de esto se suscitaron una serie de incidentes procesales rela-cionados con la propiedad objeto del litigio, incluso la pre-sentación de una moción por la codemandada Pérez de Caba-nillas en la que informó al tribunal lo siguiente:

1. Mediante Orden notificada el pasado 3 de marzo de 1983 este Honorable Tribunal requiere de esta parte que manifieste “si accede a que la demandante habite la casa luego de poner al día la hipoteca hasta tanto se resuelva el pleito y/o se acepte la transacción ofrecida”.
2. La compareciente ha ponderado detenidamente esta al-ternativa desde que la parte demandante la anunció en su Mo-ción de 10 de enero de 1983, y ha consultado la misma con su hermano, Don Rafael Pérez Colón, residente del estado de Florida, y cuyo consentimiento para lograr este acuerdo re-sultaría indispensable por resultar ser heredero forzoso de Don Teodorico Pérez Meri. Luego de dicha consideración han determinado que el acuerdo en cuestión no conviene a sus mejores intereses y que lejos de simplificar este pleito po-dría complicarlo y por tanto entiende que debe rechazar, como rechaza, el mismo. (Énfasis suplido.)

Así las cosas, y sin que la codemandada Pérez de Cabani-llas hubiese planteado al tribunal la necesidad de emplazar al codemandado Pérez Colón o hubiese solicitado el sobresei-miento del pleito a tenor con lo dispuesto por la Regla 22.1(a), supra, el 19 de abril de 1983 comparecieron las partes —en esta ocasión el entonces abogado de la codeman-dada Pérez de Cabanillas suscribió la moción a nombre de la parte demandada— en una moción conjunta para informar al tribunal que se habían reunido para una conferencia con antelación al juicio y que:

2. Durante dicha reunión los abogados suscribientes se percataron que por lo extenso de la evidencia documental y el período de tiempo envuelto cerca de 30 años necesitan evaluar la misma con más detenimiento y previa consulta con sus re-presentados por lo que no estarían listos para celebrar la Con-ferencia con Antelación al Juicio señalada.
3. Existe una gran posibilidad que después del análisis antes mencionado las partes lleguen a un acuerdo que evita-ría la celebración de un juicio extenso y complicado por lo que esta solicitud va encaminada hacia una economía proce-sal. (Énfasis suplido.)

Desde este momento en adelante, tanto de las minutas del tribunal como de las mociones presentadas surge que la entonces representación legal de la codemandada Pérez de Cabanillas compareció a nombre de la parte demandada. Cabe señalar que anteriormente había comparecido sólo a nombre de la codemandada.

El 1ro de marzo de 1985 la parte demandante solicitó se-ñalamiento para conferencia con antelación al juicio. El 5 de marzo, inexplicablemente, el tribunal ordenó motu proprio “emplazar a la Sucesión Teodorico Pérez Meri conforme a derecho”, e indicó que el caso no estaba listo; a esto se allanó la demandante. Esta orden del tribunal dió lugar a una serie de mociones y órdenes relacionadas con el emplazamiento y la enmienda a la demanda para llevar a cabo la sustitución. Estos trámites culminaron en la Resolución de 28 de octubre de 1987 que ahora se encuentra ante nuestra consideración. Los autos originales también reflejan que se llevaron a cabo gestiones para lograr una transacción y las dificultades de la parte demandante con su anterior representación legal.

Un análisis de la totalidad de las circunstancias de este caso y su trayectoria procesal, según surge de los autos ori-ginales, demuestra que el tribunal de instancia no abusó de su discreción al prorrogar el término para llevar a cabo la sustitución de parte, permitiendo el emplazamiento del code-mandado Pérez Colón. Así se sirve mejor los fines de la justi-cia.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia me-diante la cual se confirme las resoluciones recurridas y se devuelva el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para que continúen los procedimientos deforma compatible con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

       El tribunal expresó lo siguiente: “Aviso de pleito pendiente grava la pro-piedad que se pretende vender.” Apéndice, pág. 6.

       Esta resolución se dictó el 28 de octubre de 1987. Aunque el peticionario hace alusión en su recurso a una orden de 28 de septiembre de 1987 y acompaña fotocopia de la misma en el apéndice, de los autos originales surge que esta orden realmente se dictó el 28 de octubre de 1988.

       La sucesión quedó compuesta por Rayda Pérez de Cabanillas y Rafael Pérez Colón, hijos del finado demandado.

       Cabe señalar que el abogado de la codemandada Pérez de Cabanillas fa- • Ueció, por lo que se presentaron una serie de mociones durante el período com-prendido entre el 19 de junio de 1986 al 7 de enero de 1987.

       En los autos originales aparece también como presentado ante el tribunal de instancia por la demandante un escrito titulado “Anotación de Aviso de De-manda”, dirigido al Registrador de la Propiedad, Sección Quinta, San Juan. Con este escrito acompañó una copia certificada de la demanda enmendada.
      No estamos pasando juicio, por no estar planteado en este caso, sobre si bajo las circunstancias específicas del mismo procedería la anotación preventiva de la demanda bajo la excepción que establece el Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2402, es decir, la anotación sin intervención judicial si la acción tiene un derecho real inscrito como fundamento para su ejercicio.

       El P. del S. 792 se convirtió en la actual Ley Hipotecaria.

       Don Teodorico también hizo constar en el acta de edificación que tanto la propiedad como la edificación las adquirió con bienes privativos.

       Minuta de 21 de mayo de 1982; Escrito Informativo y solicitud de vista de la codemandada Pérez Cabanillas de 8 de junio de 1982.

       La Regla 42 del Reglamento del Tribunal Supremo es la que rige la susti-tución en este Tribunal. Dicha regla dispone:
      “Si estando pendiente una apelación ante este Tribunal alguna de las partes falleciere, podrán los herederos o el representante legal de la persona fallecida comparecer voluntariamente al Tribunal y ser admitidos como partes en el pleito; y si no lo hicieren voluntariamente, la otra parte podrá entonces solicitar que se haga constar en los autos el hecho de la muerte y el pleito seguirá en sus trámites en la forma que el Tribunal ordene.” 4 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 42.

       En relación con la Regla 25 de Procedimiento Civil federal, véase 7C Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Secs. 1951-1962 (1986).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Heriberto Carrasquillo Morales, c/p Roberto Rivera Nieves, apelante.

      Número: CR-86-86

      Resuelto: 23 de mayo de 1989

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, Ivette Aponte Nogueras y Enrique Rivera Mendoza, de la Sociedad para Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogados del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Nilda P. Fuentes Ortiz, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante Heriberto Carrasquillo Nieves, c/p Roberto Rivera Nieves, solicita la revocación de una sentencia de diez (10) años de reclusión que le fuera impuesta por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, luego de que fuera declarado culpable y convicto por dicho foro —en juicio celebrado por tribunal de derecho— en relación con un pliego acusatorio en que el Estado le imputó una violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2401, esto es, poseer con la intención de distribuir la sustancia controlada conocida como heroína.

En apoyo de la solicitud de revocación de la sentencia apelada, se le imputa al foro de instancia haber errado “al admitir prueba sobre la cual no se estableció la cadena de evidencia” y al declararlo culpable “sin que se estableciera su culpabilidad más allá de duda razonable . Alegato, pág¡ 16.

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El primer señalamiento de error hace necesario que se analicen, en detalle, los testimonios prestados durante el proceso celebrado a nivel de instancia por los testigos de cargo, José R. Velázquez Sánchez y Ernesto Laboy Escobar —ambos agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Drogas y Narcóticos— en específico, el vertido por el agente Laboy Escobar.

Conforme la declaración de Velázquez Sánchez —quien para la fecha de los hechos hacía dos (2) años que trabajaba en la citada División de Drogas— como a las 4:00 P.M. del día 7 de marzo de 1985 pudo observar, desde un automóvil oficial no rotulado en que viajaba en compañía de otros tres (3) agentes, a dos (2) individuos que estaban parados, frente a frente, en la calle Cisne del Residencial López Sicardó, Río Piedras, Puerto Rico, mientras llevaban a cabo una transac-ción que, según su experiencia, envolvía narcóticos. El agente Velázquez Sánchez específicamente observó, a una distancia de diez (10) a doce (12) pies, a una de las personas entregándole dinero a otra —el apelante— la cual tenía en sus manos una bolsa plástica transparente que contenía va-rias envolturas en papel blanco que normalmente se utilizan en el trasiego de narcóticos. Al percatarse de lo anterior, el agente Velázquez Sánchez le solicitó al conductor del ve-hículo que lo detuviera, se bajó del mismo, procediendo a identificarse como agente del orden público. Tanto el ape-lante como la otra persona “emprendieron carrera” persi-guiendo el agente Velázquez Sánchez al apelante, logrando darle alcance como a una distancia de veinticinco (25) a treinta (30) pies del lugar desde donde originalmente se en-contraban, () El agente del orden público procedió al arresto del apelante, ocupando la bolsa plástica transparente de re-ferencia; dentro de la misma, a su vez, ocupó quince (15) envolturas de papel celofán encerado, “a manera de ‘decks”’, los cuales tenían “unos diseños en colores” y conte-nían un polvo blanco en su interior. () El arrestado se identificó como Roberto Rivera Nieves.

El agente Velázquez Sánchez testificó que inició —con las iniciales J.R.V.— tanto la bolsa grande transparente como las quince (15) envolturas pequeñas, procediendo a entre-garle toda dicha evidencia al agente Laboy Escobar en las oficinas de la División de Drogas y Narcóticos como a eso de las D-hO P.M. del día de los hechos.() Declaró, en adición, que luego de que el agente Laboy Escobar hiciera la “prueba de campo” en la División, la cual arrojó positivo de heroína, procedieron a colocar dicha evidencia en un sobre —el cual tenía el número de identificación 25966— y ambos firmaron dicho sobre, permaneciendo el mismo en poder de Laboy Es-cobar. El agente Velázquez Sánchez identificó en corte abierta, tanto la bolsa grande transparente, como las quince (15) envolturas, como el sobre en que se guardaron las mismas, principalmente a base de sus iniciales.

Por su parte, el agente Laboy Escobar, al ser interrogado por el Ministerio Público sobre los hechos del 7 de marzo de 1985, declaró, en síntesis y en lo pertinente, que:

. .. [E]n relación a este caso honestamente no sabe, que no recuerda la fecha exacta. Que con relación a este caso recibió una evidencia, pero que como no ha revisado su declaración jurada y hace tanto tiempo, no recuerda la fecha. . . . [Q]ue recibió la evidencia del Agente José R. Velázquez [y] le prac-ticó la prueba de campo[,] la cual dio positivo, y luego la llev[ó] al laboratorio de la Policía.... [L]e hizo la prueba de campo a la evidencia y el resultado se plasm[ó] en un documento. Que este documento él lo pone en un sobre junto con la evidencia ocupada. Dice que llev[ó] el sobre de evidencia al laboratorio de la policía pero no'recuerda a qui[é]n se lo dio. Señala que se lo dio a un químico, pero no recuerda su nombre.
. . . [N]o recuerda la fecha de los hechos .... Tampoco recuerda la fecha en que le entregaron la evidencia relacio-nada con el caso de autos.
[R]econoee el documento [el de la prueba de campo] po[rq]ue es su letra .... No recuerda la fecha en que preparó el documento. Recuerda que la prueba dio positivo .... No se acuerda si fue positivo a cocaína, honestamente] no se acuerda.
... Que de las quince envolturas s[ó]lo le hizo la prueba de campo a una de ellas.
. . . [Q]ue una vez cerró el- sobre de evidencia lo coloc[ó] en un “locker”, pero que no recuerda sifué en el “locker” de él o en el del mismo compañero, ya que para aquel tiempo no recuerda si le habían asignado “locker”. No recuerda si en este “locker” había otra evidencia. Pero que el sobre fue de-jado en un “locker” en la División de Drogas. Allí permaneció la evidencia, no sabe si hasta el otro día o durante esa se-mana hasta que la pudo Ueva[r] al laboratorio. Llev[ó] la evi-dencia al laboratorio ... y se la entreg[ó] al [q]uímico. No recuerda qui[é]n es el [q]uímico. (Énfasis suplido y en el original.()

A pesar de que el agente Laboy Escobar identificó en corte abierta el documento donde plasmó el resultado de la prueba de campo y el sobre donde alegadamente se guardó la evidencia —por contener ambos su firma— a preguntas de la defensa declaró:

Que el procedimiento normal es que el agente que recibe la evidencia hace la prueba de campo, deposita la evidencia en el sobre y luego llena la car[á]tula del sobre.
. . . [L]o escrito en la parte del sobre donde se describe la evidencia ocupada no es su letra.( )
... Que el que echa la evidencia en el sobre se supone que es el que llene la información en el sobre, pues tiene que estar seguro de lo que las cantidades que indica el sobre y la que esté en su interior concuerden. Que en este caso no fue así. (Énfasis suplido.()

Debe señalarse, por último, que según ello surge de la exposición narrativa de la prueba certificada como correcta por el tribunal de instancia en el presente caso las partes, con la anuencia del tribunal de instancia, estipularon “el aná-lisis químico en el sentido de que de venir a declarar el quí-mico declararía el contenido del documento. Pero no se esti-puló] la cadena de evidencia”. ()

Surge del informe suscrito por el Químico Rafael Martí-nez Rosa, el cual fuera admitido en evidencia, que:

Memorando A: Mariano Maeso González
Director Laboratorio Criminal DE: Rafael Martínez Rosa Químico
ASUNTO: ANALISIS DE MUESTRA SOMETIDA
Siguiendo sus instrucciones he realizado un análisis a la muestra sometida por el Agente Ernesto Laboy 7921. Esta muestra fue sometida el día 8 de marzo de 1985, a las 2:30 P.M.
Análisis solicitado por el Agente José R. Velázquez 1584.
A continuación se describe la misma y se indica el resultado del análisis practicado:
DESCRIPCION DE EVIDENCIA:
Una (1) bolsa plástica transparente, con cierre de presión, que contiene quince (15) bolsas de celofán, cogidas con cinta adhe-siva transparente; once (11) de estas con el dibujo de una ca-rita de color azul, dos (2) con el dibujo de un león de color anaranjado, una (1) con el dibujo de un mono de color rojo y la última con el dibujo de un león de color anaranjado y un came-llo de color violeta, todas ellas conteniendo polvo blanco.
Sobre: 25966
RESULTADO DEL ANALISIS:
Mediante análisis químico practicado al polvo blanco de cada una de las bolsas de celofán, se determinó la presencia de HE-ROINA. Peso total del polvo: .2425 gramos.
Caso: ROBERTO RIVERA NIEVES
Exhibit IV del Pueblo, Informe de 8 de marzo de 1985.

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De entrada debemos señalar que la llamada cadena de evidencia” no es más que una forma de satisfacer el requisito de autenticación que, como una condición previa a la admisibilidad de evidencia, establece la Regla 75 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. LV(() “mediante el testimonio de testigos con conocimiento personal sobre la custodia o trayectoria del objeto desde su ocupación hasta su presentación en el juicio o vista”. (Énfasis suplido y en el original.) E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. 1, Cap. X, pág. 489. P.C. Giannelli, Chain of Custody and the Handling of Real Evidence, 20 Am. Crim. L. Rev. 527, 532 (1983). Su “propósito es evitar error en la identificación del objeto y demostrar que la evi-dencia presentada no ha sufrido cambios sustanciales desde que fue ocupada el día de los hechos”. Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484, 490 (1986).

Nuestras Reglas de Evidencia, al igual que las reglas federales de donde fueron tomadas, tratan la autenticación o identificación como un asunto de “pertinencia condicionada”. () Giannelli, ante, pág. 532. Es decir, la autenticación o identificación es una condición de hecho que es necesario establecer para demostrar la pertinencia de la evidencia real demostrativa que se ofrece en evidencia. De ahí que la evidencia demostrativa real requiera una determinación de pertinencia preliminar a su admisión en evidencia bajo la Regla 9 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Pueblo v. Bianchi Álvarez, ante, págs. 490-491. El tribunal hace la determinación preliminar de admisibilidad a base del “testimonio de base” que se le presente, por lo cual es necesario que el proponente de la evidencia real demostrativa demuestre, mediante dicho “testimonio de base”, la autenticidad y, por ende, la pertinencia de la evidencia en cuestión como condi-ción previa a su admisión. Pueblo v. Bianchi Álvarez, ante, pág. 491.

En relación al quantum de prueba necesario para establecer esta condición preliminar de pertinencia, en Pueblo v. Bianchi Álvarez, ante, pág. 492, señalamos que la misma “debe probarse con certeza razonable, con evidencia que produzca ‘convicción moral en un ánimo no prevenido’ ” y que “[n]o es necesario que se excluya toda posibilidad de error” pues lo importante es que se pueda razonablemente “concluir que la evidencia ha sido adecuadamente custodiada y salvaguardada”, y que convencido el tribunal de que no ha habido anormalidad que afecte la adecuada custodia de la evidencia, debe admitir la misma pues la cuestión de si el proponente de la evidencia ha probado una adecuada cadena de custodia “se dirige al peso [mejor que] a la admisibilidad de la prueba” y queda por tanto reservada para el juzgador de los hechos. (Énfasis suplido.)

Conviene aclarar, sin embargo, que no todo tipo de evidencia real demostrativa requiere que se establezca su autenticidad por medio de una “cadena de custodia” como condición previa a su admisibilidad. Cuando se ofrecen en evidencia objetos que son fácilmente identificables, ya sea porque poseen unas características distintivas o porque tienen un número o marca particular, no es imprescindible establecer la cadena de custodia para su admisión en evidencia. Así, por ejemplo, cualquier objeto que tenga un número de serie, como un arma() o un billete,() puede ser identificado por el número; un objeto inscrito con las iniciales o marcas de un policía u otra persona puede ser identificado por dicha marca, ya que la misma tiene el efecto de convertir el objeto en uno distinguible de los demás; una obra de arte puede ser identificada por sus características propias/) En otras pa-labras, el proponente de la evidencia podrá demostrar la au-tenticidad —y la pertinencia— de la misma sin que sea abso-lutamente necesario, o aunque no pueda, demostrar la custo-dia o trayectoria exacta y precisa que tuvo dicha evidencia.

Por otro lado, existen situaciones en que, como regla general, el proponente de la evidencia vendrá obligado a probar la “cadena de custodia” para lograr la admisibilidad de la misma. A manera de ejemplo, podemos mencionar las siguientes: (1) cuando se ocupan objetos que contienen evidencia de naturaleza fungible —líquidos,() polvos() píl-doras,() etc.— cuyo contenido está en controversia y, a dife-rencia del envase o envoltura en que se encuentra, resulta imposible de marcar o identificar; (2) cuando, no obstante no ser fungible, la evidencia ocupada no tiene características únicas que la distingan de objetos similares y resulta, igual-mente, imposible de marcar o, pudiendo ser marcada, ello no se hizo, y (3) cuando la condición del objeto es lo relevante —películas, grabaciones,() etc.— y el mismo es fácilmente susceptible de alteración. E.W. Clearly, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, Cap. 21, Sec. 212, págs. 667-668;() J.A. Tarantino, Trial Evidence Foundations, Santa Ana, James Publishing, 1986, Sec. 570, págs. 5-23. En todas estas situaciones, se requiere del proponente de la evidencia algo más que una “simple identificación” en corte abierta para establecer la autentici-dad y pertinencia de la misma y lograr su admisión en evi-dencia; dicho objetivo se alcanza probando la cadena de cus-todia. ()

El caso que nos ocupa es uno demostrativo de la primera de las situaciones antes mencionadas, ya que el objeto o evidencia ocupada contiene una sustancia (polvo) que es objeto de análisis y cuyo resultado pretende presentarse en evidencia. Dependiendo la pertinencia de dicha evidencia de que la sustancia analizada haya sido la misma que fue incautada, no es suficiente una mera identificación, ya sea por medio de marcas, iniciales, etc., en la envoltura donde estaba contenida la misma, hechas por la Policía al ser ocupada, pues ello solamente establecería que el objeto presentado en corte fue incautado por la Policía pero no que su contenido al momento de la incautación fue la evidencia analizada en el laboratorio. Así lo sostuvimos en el citado caso de Pueblo v. Bianchi Álvarez, ante, pág. 493, donde expresamos que, en relación con la admisión en evidencia del resultado de la prueba científica practicada, era necesario que el proponente estableciera que la sustancia contenida en la evidencia ocupada era la misma que fue objeto de análisis; esto es, que dicha sustancia o contenido no fue cambiada, ni alterada, ni contaminada antes de que se sometiera al correspondiente análisis. A esos efectos, específicamente resolvimos que ello requiere que se presente prueba de la “adecuada custodia y cuidado” de la evidencia y su contenido desde su ocupación al momento de los hechos hasta que ese contenido es “analizado en el laboratorio de la Policía”. (Énfasis su-plido. )()

HH I — I I — I

Con lo anteriormente expresado en mente, analicemos los hechos del presente caso. No cabe la menor duda de que el sobre y las quince (15) envolturas que el agente Velázquez Sánchez ocupara en la persona del apelante, el día 7 de marzo de 1985, es el mismo sobre y las quince (15) envol-turas que fueron presentadas en evidencia durante el pro-ceso que fuera celebrado a nivel de instancia. Ello es así por cuanto el agente Velázquez Sánchez, luego de ocupar dicha evidencia, inició tanto el sobre como cada una de las quince (15) envolturas, y éste, en el proceso celebrado, reconoció sus iniciales en dicha evidencia, despejando así cualquier duda sobre ese hecho.

La controversia surge en cuanto a la admisibilidad en evidencia del resultado del análisis químico que practicara el químico de la Policía de Puerto Rico, Rafael Martínez Rosa, en relación con el contenido de las quince (15) envolturas que, según su informe, fueron recibidas por él, de manos del agente Laboy Escobar, el 8 de marzo de 1985 a las 2:30 P.M.; controversia debida, principalmente, al testimonio “vacilante y evasivo” prestado por el agente Laboy Escobar sobre el “paradero o ubicación” de dichas envolturas desde el momento en que las recibió de manos del agente Velázquez Sánchez hasta que hizo entrega de las mismas al químico Martínez Rosa. A la luz de lo resuelto en Pueblo v. Bianchi Álvarez, ante, debemos resolver si el Estado demostró satisfactoriamente que el contenido de la evidencia en controversia fue objeto de una “adecuada custodia y cuidado” desde que la misma fuera ocupada el día de los hechos hasta el momento en que dicho contenido fue objeto de análisis con el propósito de llegar a la conclusión o “convicción moral en un ánimo no prevenido” de que se trata de la misma evidencia, esto es, que dicho contenido no fue cambiado, alterado o con-taminado.

La declaración, que sobre este aspecto del caso prestara el agente Laboy Escobar durante el proceso que se le cele-brara al apelante a nivel de instancia, resulta ser de vital importancia en la solución de la referida interrogante. Dicha declaración deja mucho que desear. Realmente resulta difícil aceptar que un agente del orden público de cierta experien-cia, como lo es el policía Laboy Escobar, pueda declarar en la forma y manera en que lo hizo. Su testimonio causa inquie-tud y preocupación en nuestro ánimo sobre la razón o motivo que pueda haber estado tras semejante conducta y actitud de parte de un agente del orden público.

Como surge de la exposición narrativa de la prueba, cer-tificada como correcta por el tribunal de instancia, el agente Laboy Escobar:

(a) no sabía ni recordaba la fecha exacta de los hechos, a pesar de que él participó en los mismos (E.N.P., pág. 19);

(b) no recordaba la fecha en que le entregaron la eviden-cia relacionada con el presente caso (E.N.P., pág. 20);

(c) de las quince envolturas, sólo le hizo la “prueba de campo” a una de ellas (E.N.P., pág. 22);

(d) sabe que dio positivo la misma porque tuvo que llevar la evidencia al laboratorio (E.N.P., pág. 21);

(e) no se acordaba de qué dio positivo la evidencia, si co-caína o heroína (E.N.P., pág. 21);

(f) no recordaba la fecha en que preparó el documento sobre la prueba de campo realizada (E.N.P., pág. 20);

(g) no fue la persona que “llenó” la información que se requiere en el sobre en el cual se deposita la evidencia a pe-sar de que así se supone que se haga (E.N.P., pág. 26);

(h) no sabe de quién era la letra que aparecía en dicho sobre (E.N.P., pág. 22);

(i) colocó dicho sobre en un locker, pero no sabe si fue en su locker o en el de otro compañero, ya que no recordaba si para esa fecha le habían asignado locker (E.N.P., págs. 23-24);

(j) no recordaba si en el locker donde colocó el sobre ha-bía otra evidencia (E.N.P., pág. 24);

(k) no sabe por cuánto tiempo permaneció la evidencia en dicho locker, que pudo ser por un día o muchos días (E.N.P., pág. 24);

(l) no recordaba si sobre este caso rindió o no un informe a la División de Drogas (E.N.P., pág. 20);

(m) llevó el sobre con la evidencia al Laboratorio de la Policía pero no recuerda a qué persona se lo entregó (E.N.P., pág. 20), y

(n) recuerda que se lo dio a un químico pero no recuerda su nombre (E.N.P., pág. 20).

Estamos plenamente conscientes de la ola de criminali-dad que actualmente azota a nuestro Puerto Rico y de que la misma constituye una de las preocupaciones mayores de nuestra ciudadanía. Reconocemos que una de las causas principales de esa ola de criminalidad lo es el negocio ilícito de narcóticos; el uso de los cuales está destruyendo, literal-mente, a nuestra ciudadanía, especialmente a nuestra juven-tud.

Ello, no obstante, no estamos en disposición de confirmar sentencias condenatorias que privan a una persona de su libertad, logradas las mismas a base de testimonios como el prestado por el agente Laboy Escobar, el cual es uno incompleto, evasivo e irresponsable. De así hacerlo, estaríamos aprobando dicha conducta. El Estado tiene el deber de proteger a la ciudadanía de la mencionada ola de criminalidad. Ese deber no puede ser descargado, sin embargo, en forma negligente. El Estado tiene la obligación de reclu-tar personal idóneo para la lucha contra el crimen y de brin-darle al mismo el entrenamiento necesario para que ese personal pueda llevar a cabo esa difícil y ardua labor.

Entendemos que en el presente caso el Estado no cumplió con su obligación de demostrar que el “contenido” de la evidencia que alegadamente le fuera ocupada al apelante —el cual, por su naturaleza fungible, no podía ser objeto de marca de identificación directa, razón por la cual el mismo pudo haber sido alterado o cambiado— fue objeto de una “adecuada custodia, y cuidado” durante el período de tiempo comprendido entre el momento en que dicha evidencia fue ocupada y el momento en que se llevó a cabo dicho análisis químico. No se sabe, repetimos, en qué locker fue guardada la evidencia, qué personas tuvieron acceso a la misma y, conforme la declaración del agente Laboy Escobar, en relación con esta evidencia no se siguió el procedimiento usual en estos casos.() En resumen, la prueba de cargo en el presente caso contiene una “laguna o anormalidad” en cuanto al paradero y control de la evidencia en controversia por un período de veinticuatro (2f) horas que hace que dicha prueba sea fatalmente defectuosa. Siendo ello así, resulta evidente que el Estado no aportó aquella prueba en cuanto a la cadena de custodia que produce “convicción moral en un ánimo no prevenido” respecto a si el contenido de las envolturas que le fueran ocupadas al apelante fue el mismo que en su día examinara el químico Martínez Rosa. Dicha situación acarrea la inadmisibilidad en evidencia del resultado del análisis químico realizado por Martínez Rosa,

Pueblo v. Bianchi Álvarez, ante, por cuanto la prueba, en relación con la cadena de evidencia, resulta ser insuficiente en derecho.

Este Tribunal no puede permitir que en esta jurisdicción se prive de su libertad a uno de nuestros conciudadanos a base de testimonios vacilantes, evasivos e incompletos vertidos por agentes del orden público, los cuales se supone estén entrenados no sólo para lidiar con la comisión de los delitos públicos en sí sino para testificar con veracidad y responsabilidad ante nuestros tribunales de justicia. Se dictará sentencia revocatoria de la emitida por el tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

I — I

Disentimos. Los hechos no contradichos que dieron mar-gen a la acusación y convicción del apelante Heriberto Ca-rrasquillo Morales, c/p Roberto Rivera Nieves, aparecen consignados en la opinión del Tribunal.

Su análisis integral refleja, en esencia, que el 7 de marzo de 1985, aproximadamente a las 4:00 P.M., los agentes José R. Velázquez Sánchez y Emérito Laboy Escobar intervinie-ron válidamente y arrestaron a Carrasquillo Morales cuando realizaba una transacción de sustancias controladas. E.N.P., págs. 8-5. Ocuparon $115 en billetes de varias denomina-ciones y una bolsa plástica transparente que contenía quince (15) envolturas de papel celofán encerados —a ma- ñera de “decks”— clipeados, los cuales tenían unos diseños en colores y polvo blanco en su interior. E.N.P., pág. 5.

Luego de Velázquez Laboy poner sus iniciales en la bolsa plástica transparente y en todas las envolturas, a las 4:40 P.M. las entregó a su compañero Laboy Escobar en la Oficina de la División de Drogas y Narcóticos. E.N.P., págs. 6 y 17. A las 4:45 P.M., Laboy Escobar —debidamente cualificado para realizar prueba de campo y detectar sustancias contro-ladas— en presencia de Velázquez Sánchez hizo dicha prueba en una de las quince (15) envolturas y obtuvo como resultado positivo heroína. E.N.P., págs. 6-7 y 20-21. De su puño y letra, en el original del documento, describió así su contenido:

Una bolsa plástica transparente con un cierre de presión con una línea azul (y una amarilla en su parte superior que contiene 15 envolturas de papel celofán cogidas con un tape transparente las cuales contienen un polvo color blanco en su interior. Once (11) envolturas de éstas con el emblema de una carita alegre y otras 2 de éstas con el emblema de un camello y un león, otra con el emblema de un león y la otra con un em-blema de un mono. Exhibit I del Pueblo, 7 de marzo de 1985.

Inmediatamente después, puso todo ese material —in-cluso tres (3) copias del documento sobre la prueba de campo realizada— en el Sobre de Evidencia Núm. 25966. Lo cerró y escribió el nombre del acusado, el lugar de los hechos y el suyo en calidad de agente que realizó la prueba de campo. E.N.P., pág. 22. También Velázquez Sánchez firmó dicho so-bre. E.N.P., pág. 7. Así sellado, el agente Laboy Escobar lo colocó en un “locker” —no recordó si el de Velázquez Sán-chez o el suyo propio— existente en la Oficina de la División de Drogas y Narcóticos, donde permaneció. E.N.P., págs. 22 y 24. Al otro día, a las 2:30 P.M., llevó y sometió al Laborato-rio Criminal de la Policía el Sobre de Evidencia Núm. 25966. Exhibit IV del Pueblo. El material fue sometido ese mismo día a análisis. Dispone:

Una (1) bolsa plástica transparente, con cierre de presión, que contiene quince (15) bolsas de celofán, cogidas con cinta adhesiva transparente; once (11) de estas con el dibujo de una carita de color azul, dos (2) con el dibujo de un león de color anaranjado, una (1) con el dibujo de un mono color rojo y la última con el dibujo de un león de color anaranjado y un came-llo de color violeta, todas ellas conteniendo polvo blanco. So-bre: 25966.
RESULTADO DEL ANALISIS: Mediante análisis químico practicado al polvo blanco de cada una de las bolsas de celo-fán, se determinó la presencia de HEROINA. Peso total del polvo: .2425 gramos.
Caso: Roberto Rivera Nieves.

Lo expuesto nos mueve a coincidir con la conclusión del Tribunal de que inequívocamente “el sobre y las quince (15) envolturas que el agente Velázquez Sánchez ocupara en la persona del apelante, el día 7 de marzo de 1985, es el mismo sobre y las quince (15) envolturas que fueron presentadas en evidencia durante el proceso que fuera celebrado a nivel de instancia. Ello es así por cuanto el agente Velázquez Sán-chez, luego de ocupar dicha evidencia, inició tanto el sobre como cada una de las quince (15) envolturas, y éste, en el proceso celebrado, reconoció sus iniciales en dicha evidencia, despejando así cualquier duda sobre ese hecho”. (Énfasis en el original.) Opinión del Tribunal, pág. 703.

I — I I — I

En estas circunstancias no cabe sostener que el testimo-nio defectuoso del agente Laboy Escobar genere dudas en torno a si dicha evidencia fue cambiada, alterada o contami-nada. Aunque su testimonio nos permita concluir que en el tribunal observó una conducta laxa, susceptible de crítica judicial, ello no altera la realidad de que el Ministerio Fiscal probó indubitadamente que la sustancia ocupada era la misma. Rehusamos evaluarlo aisladamente y sin tomar en consideración el resto de la prueba testifical y documental no contradicha. Admitidamente dicho agente declaró no recor-dar varias fechas y extremos importantes. E.N.P., págs. 19-24, 26 y 29. Sin embargo, explicó que ello se debió a que no había revisado su declaración jurada, a que no tenía ante sí copia del análisis y al transcurso de tanto tiempo. E.N.P., págs. 19-20. Esa aseveración explica satisfactoriamente sus lagunas. Al juzgar su credibilidad —al igual que al Jurado— ayuda a comprender su falta de memoria. Como cuestión de realidad, al mostrársele los documentos sobre la prueba de campo y el Sobre de Evidencia Núm. 25966, los reconoció inmediatamente. E.N.P., págs. 20 y 22. Su testimonio demos-tró que era el mismo sobre que llevó al laboratorio (E.N.P., pág. 22) y que parte de la información apuntada en su exterior —que describe la evidencia ocupada— pudo ser llenada por un compañero. E.N.P., pág. 25. Ello coincide plenamente con la declaración de Velázquez Sanchez de que ambos lo se-llaron y firmaron. E.N.P., pág. 7. También, de que estuvo así guardado hasta llevarlo al laboratorio. Además indicó que si el sobre sellado era abierto dejaba alguna marca. E.N.P., págs. 24 y 26.

El residuo probatorio del testimonio de Laboy Escobar, conjuntamente con la propia evidencia documental que iden-tificó, es suficiente para suplir las lagunas en su recuerdo. Sin dificultad, identificó la prueba de campo que con su puño y letra consignó. Con vista a ese documento atestó que esa prueba reveló que el polvo en una de las envolturas era hero-ína. Ello, unido al examen integral del testimonio del agente Velázquez Sánchez, despeja cualesquiera reservas en cuanto a la custodia y autenticidad de la sustancia ocupada.

Abonan a esta conclusión las características físicas del sobre plástico y las quince (15) envolturas de celofán, cogidas con cinta adhesiva y con dibujos peculiares. Si bien la hero-ína es de naturaleza fungible, descartamos la posibilidad de que así resguardadas y empaquetadas pudieran contami-narse, aun cuando fueran provisionalmente depositadas en un locker con otros sobres de evidencia. Repetimos, la bolsa plástica y sus envolturas quedaron físicamente separadas dentro del Sobre de Evidencia Núm. 25966 en dicho locker. No hay la más mínima evidencia de que fuera abierto mien-tras estuvo allí.() Antes de que transcurrieran escasamente veinticuatro (24) horas, el agente Laboy Escobar lo llevó y entregó al laboratorio. El informe del químico Rafael Martí-nez Rosa acredita fehacientemente el recibo de ese material y concuerda en cuanto a sus características exteriores gene-rales y peculiares, y con la calidad de la sustancia. Cuales-quiera dudas al efecto quedan disipadas del propio análisis. Éste confirmó —en cuanto a todas las envolturas (decks)— la existencia de la sustancia heroína, tal y como inicial-mente había revelado la prueba de campo en cuanto a una de las envolturas.

Como dijimos en Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484, 492 (1986):

El proponente de la evidencia no viene obligado a excluir toda imaginable oportunidad de alterar la identidad o carác-ter de la prueba. Convencida la sala de instancia que no ha habido anormalidad que afecte la adecuada custodia de la evi-dencia, es al jurado a quien compete considerarla y evaluarla a la luz de las circunstancias que la rodean. United States v. Lane, 591 F.2d 961 (D.C. Cir. 1979). Una vez que el propo-nente de la evidencia cumple el requisito previo de demostrar que “con razonable probabilidad el objeto no ha sufrido cam-bio en ningún aspecto importante de su estado original”, United States v. Albert, supra, pág. 290; United States v. Alston, 460 F.2d 48 (5to Cir. 1972), cert. denegado, 409 U.S. 871 (1972), cualquier duda que surja respecto a la posible adulte-ración o contaminación de la evidencia se dirige al peso y no a la admisibilidad de la prueba. Ballou v. Henri Studios, Inc., supra, págs. 1154-1155. (Énfasis suplido.)

En resumen, las lagunas y fallas de memoria en el testi-monio del agente Laboy Escobar, producto del tiempo trans-currido, fueron superadas y esclarecidas por el testimonio del agente Velázquez Sánchez. Los eslabones de la cadena evidenciaría fueron probados. Sobre todo, la propia prueba documental concluyentemente demostró que el sobre plás-tico y las quince (15) envolturas ocupadas al apelante Ca-rrasquillo Morales —que contenían heroína— no sufrieron cambios sustanciales ni fueron alteradas ni contaminadas. Pueblo v. Bianchi Álvarez, supra. Con razonable certeza el Estado probó que las medidas cautelares que adoptó para preservar su condición original fueron suficientes.() En estas circunstancias, en buena juridicidad, rehusamos inter-venir con la decisión del foro de instancia admitiéndola.

Confirmaríamos la sentencia apelada.

      (1) La otra persona —con quien alegadamente el apelante realizaba la tran-sacción de drogas— no pudo ser arrestada.

      (2) Al apelante le fue ocupada, en adición, la suma de $115 en efectivo.

      (3) El agente Laboy Escobar era uno de los tres (3) agentes que acompaña-ban al agente Velázquez Sánchez el día 7 de marzo de 1985.

      (4) Véase E.N.P., págs. 19-24.

      (5) Véase E.N.P., págs. 24-25.

      (6) Véase E.N.P., pág. 26.

      (7) Véase E.N.P., pág. 27.

      (8) Dispone la Regla 75 de Evidencia: “El requisito de autenticación o identi-ficación como una condición previa a la admisibilidad se satisface con la presenta-ción de evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que el proponente sostiene.” 32 L.P.R.A. Ap. IV.
      La Regla 76 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. Ig enumera varios ejemplos de autenticación.

      (9) La Regla 9(B) de Evidencia (equivalente a la Regla 104(b) federal) que se refiere a “pertinencia condicional” dispone: “Cuando la pertinencia de evidencia ofrecida depende de que se satisfaga una condición de hecho, el tribunal la admi-tirá al presentarse evidencia suficiente para sostener la conclusión de que la con-dición ha sido satisfecha; el tribunal puede también admitir la evidencia sujeto a la presentación posterior de la evidencia suficiente para sostener la conclusión de que la condición ha sido satisfecha.” (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. IV.
      Comentando la Regla federal de Evidencia 901(a) equivalente a nuestra Re-gla 75 expresó el Comité Asesor de las Reglas federales lo siguiente: “This requirement of showing authenticity or identity falls in the category of relevancy dependent upon fulfillment of a condition of fact and is governed by the procedures set forth in Rule 104(b).” Véase P.C. Giannelli, Chain of Custody and the Handling of Real Evidence, 20 Am. Crim. L. Rev. 527, 532 esc. 20 (1983).

      (10) Wolfe v. State, 383 N.E.2d 317, 318 (Ind. 1978).

      (11) State v. Conley, 288 N.E. 296, 300-301 (Ohio 1971); Calderón v. United States, 269 F.2d 416, 419 (10mo Cir. 1969).

      (12) Para una discusión general de las circunstancias en que se requiere y no se requiere establecer una cadena de evidencia, véase Giannelli, ante, págs. 535-538.

      I(13) Véase State v. Limerick, 169 N.W.2d 538, 542 (Iowa 1969). Se señala que en el caso de líquidos y otras sustancias que pueden ser fácilmente alterados es necesario demostrar la continua custodia de los mismos para lograr su admisión en evidencia.

      (14) Graham v. State, 255 N.E.2d 652, 655 (Ind. 1970). En este caso un infor-mante entregó a agentes de la Policía una envoltura de papel metálico conte-niendo -un polvo blanco que recibiera de manos del apelante. Los agentes marcaron la envoltura con sus iniciales inmediatamente y la llevaron al cuartel de la Policía. Un análisis químico realizado posteriormente del contenido de la envol-tura dio positivo de heroína. El apelante cuestionó la admisión en evidencia del resultado de dicho análisis aduciendo que no se probó adecuadamente la cadena de custodia desde el momento en que la evidencia fue depositada en el almacén de la Policía hasta que fue analizada. Acogiendo dicho planteamiento y revocando la convicción expresó el Tribunal:
      “The danger of tampering, loss, or mistake with respect to an exhibit is greatest where the exhibit is small and is one which has physical characteristics fungible in nature and similar in form to substances familiar to people in their daily lives. The white powder in this case could have been heroin, or it could have been for example, baking powder, powdered sugar, or even powdered milk. The burden on the state in seeking to admit such evidence is clear. Unless the state can show by producing records or testimony, the continuous whereabouts of the exhibit at least between the time it came into their possession until it was laboratory tested to determine its composition, testimony of the state as to the laboratory’s findings is inadmissible.” (Énfasis suplido y en el original.)

      (15) State v. Conley, 288 N.E.2d 296, 300 (Ohio 1971). Se trataba de unas píldoras cuyo análisis químico reveló eran “LSD”. Al considerarse la admisibili-dad en evidencia de las píldoras así como el resultado de su análisis químico se señaló:
      “• • .[W]here the objects are more or less interchangeable and have no special characteristics, the problem of establishing identity usually involves some evidence as to a chain of custody.... One white pill looks much like any other white pill and hence positive identification simply by observation is usually impossible. To identify a particular item of this t[y]pe as being part of a pertinent incident in the past usually requires the showing of a continuous chain of custodians up to the material moment.” (Énfasis suplido.)

      (16) Véase United States v. Johnson, 696 F.2d 115, 124 (Cir. D.C. 1982), donde se discute la facilidad con que las cintas magnetofónicas pueden ser alte-radas o editadas y la dificultad de detectarlo. También United States v. Gigante, 538 F.2d 502, 505 (2do Cir. 1976).

      (17) En cuanto a la necesidad de establecer una “cadena de custodia” para la admisiblidad de evidencia señala McCormick en términos generales lo siguiente:
      “If the offered item possesses characteristics which are fairly unique and readily identifiable, and if the substance of which the item is composed is relatively impervious to change, the trial court is viewed as having broad discretion to admit merely on the basis of testimony that the item is the one in question and is in a substantially unchanged condition. On the other hand, if the offered evidence is of such a nature as not to he readily identifiable, or to be susceptible to alteration by tampering or contamination, sound exercise of the trial court’s discretion may require a substantially more elaborate foundation. A foundation of the latter sort will commonly entail testimonially tracing the ‘chain of custody’ of the item with sufficient completeness to render it improbable that the original item has either been exchanged with another or been contaminated or tampered with.” (Énfasis suplido y escolios omitidos.) E.W. Clearly, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, Cap. 21, Sec. 212, págs. 667-668.

      (18) Giannelli, ante, pág. 537.

      (19) Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484, 493 (1986).

      (20) Según señaláramos en la pág. 5 surge de la declaración del agente Laboy Escobar que no se siguió el procedimiento normal en estos casos pues la persona que guardó la evidencia en el sobre no fue la misma que llenó la información en el mismo. Desconocemos qué persona fue la que suplió dicha información y tuvo por tanto acceso a la evidencia.

      (1) En ausencia de prueba indicativa de que el material depositado fue alte-rado o contaminado, se ha rechazado la contención de que es inadmisible por el hecho de que varias personas puedan haber tenido acceso a la caja de seguridad usada para guardarlos. United States v. Santiago, 534 F.2d 768, 769 (7mo Cir. 1976); United States v. Bailey, 277 F.2d 560, 565 (7mo Cir. 1960); United States v. Fletcher, 487 F.2d 22, 23 (5to Cir. 1973).

      (2) El mero hecho de que falte un eslabón no impide la admisibilidad, siem-pre y cuando exista prueba suficiente de que la evidencia es lo que pretende ser y no ha sido alterada en su aspecto material. United States v. Jackson, 649 F.2d 967, cert. denegado, 454 U.S. 801, 1034 (1981); United States v. Mullins, 638 F.2d 1151 (8vo Cir. 1981); United States v. Howard-Arias, 679 F.2d 363, 366, cert. denegado, 459 U.S. 874 (1982).