author: per curiam:

text:
      In re Iván L. Pagán Hernández, querellado.

      Número: O-76-155

      Resuelto: 4 de marzo de 1977

      Iván L. Pagan Hernández, pro se; Roberto Armstrong, Jr., Pro-curador General Interino, Maggie Correa Avilés y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxiliares, aboga-dos de El Pueblo.
   per curiam:

El 9 de abril de 1976, el Procurador General de Puerto Rico, en cumplimiento de nuestra resolución fe-chada 27 de febrero de 1976, formuló querella contra el abogado Iván L. Pagán Hernández, imputándole conducta impropia profesional y altamente censurable consistente de los siguientes cargos que a continuación transcribimos:

“Primer Cargo
El querellado incurrió en conducta impropia como abogado al referirse de [sic] forma irrespetuosa a las actuaciones del Honorable Tribunal Superior, Sala de San Juan, en su escrito titulado Alegato de la Parte Apelante, radicado en el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha del 11 de agosto de 1975, referente al caso de Ana L. Ildefonso de Latorre v. Manuel Fernández Coruja, Núm. 0-75-379, donde exprésó lo siguiente a la página 4 de dicho escrito:
‘Al negarle a la apelante el derecho a un procedimiento justo, rápido y económico protegido por las leyes de Puerto Rico y los Estados Unidos, de manera que ha agigantado anárquicamente el tiempo y el expediente de este caso, hasta rendir por cansancio a esta parte.’
Más adelante dice el querellado en el citado escrito: ‘Contra dicha sentencia interpusimos apelación ante esta Honorable Su-perioridad, pero la misma, como hemos dicho, quedó paralizada, durante el paseo de la danza jurídica del tribunal a quo.’
Todo lo anterior constituye una insinuación de que el Tribunal de instancia con premeditación interrumpió el recurso de apelación instado por el apelante.
Al así expresarse, el querellado incurrió en violación del mayor respeto que debe observar todo abogado en su relación con los tribunales en concordancia con lo expresado en el Preám-bulo, Criterio General y Cánones 9 y 38 del Código de Etica Profesional
Segundo Cargo
El querellado incurrió en conducta impropia al dirigirse al Honorable Tribunal Supremo usando un tono y comentarios alta-mente irrespetuosos y despectivos hacia este Honorable Tribunal, cuando en su Moción de Reconsideración radicada el día 25 de noviembre .de 1975 por el querellado ante este Honorable Tribunal en el caso de Ana Lydia Ildefonso de la Torre vs. Manuel Fernández Corujo, Núm. 0-75-379, expresó lo siguiente:
‘. . . El Tribunal Supremo en forma preadmítica subordinó, contrario a lo dispuesto en nuestra constitución, los derechos del hombre (de la apelante) al orden político.’
En la misma Moción .de Reconsideración, el querellado hace una relación de los derechos ‘teóricamente protegidos por la constitución’ y que fueron violados en el referido caso. Entre otros menciona que: ‘. . . No se aplicó el principio de Justa Causa que debe imperar en un país supuestamente civilizado y cristiano como el nuestro; levantando una efigie con pies de barro (sin base constitucional) nuestro Tribunal Supremo.’
El 21 de enero de 1976 se volvió a dirigir el querellado al Honorable Tribunal Supremo en escrito entitulado [s¿c] Carta Abierta al Tribunal Supremo Solicitando Nueva Reconsidera-ción en el referido caso de Ana Lydia Ildefonso de la Torre vs. Manuel Fernández Corujo, supra. En esta ocasión señala el que-rellado que el Honorable Tribunal Supremo dió ‘. . . vigencia jurídica a la muy desacreditada doctrina del ‘puesto de confianza’, incorporando a la Ley Municipal una tercera clasificación, que constituye una nueva promulgación de la Ley Municipal que so-terra la necesidad de la misma y la cláusula constitucional del debido procedimiento de ley que la inspira, enervando así pre-vias decisiones del Tribunal Supremo de los E. U.’ Más adelante añade el querellado en dicha Carta Abierta que: ‘El tribunal usa el oprobio personal para enervar la disidencia y la defensa de unos legítimos derechos sin señalar siquiera específicamente los actos o expresiones que socavan su sensibilidad.’
Luego señala en la referida Carta Abierta que el Honorable Tribunal Supremo creó una nueva clasificación de empleado en la Ley Municipal y expresa que: ‘El propósito es subvertir con esta “creación” el requisito tanto constitucional como de ley de Justa Causa y la previa formulación de cargos y audiencias su-jetándola sólo a los vaivenes políticos.’ Añade que la referida clasificación era ‘pura invención’ de este Honorable Tribunal. Expresa que: ‘El uso del término puesto de confianza (me su-pongo que todos lo son) es una frase pueblerina para privar a la Secretaria de la Asamblea Municipal del requisito de justa causa.’ El querellado expresa que este Honorable Tribunal no ‘parece convencido’ de la doctrina usada al hacer una determinación.
Posteriormente, en un escrito entitulado [sic] Carta Circular del 14 de febrero de 1976, radicado ante este Honorable Tribunal Supremo en el mencionado caso de Ana Lydia Ildefonso de la Torre vs. Manuel Fernández Corujo, supra, el querellado llama las actuaciones del Tribunal Supremo ‘fasañas’ y define las mismas como ‘fallas sin sujeción a las leyes escritas’. Luego insinúa que los jueces del Honorable Tribunal Supremo han cons-pirado criminalmente y se dirige a éstos diciendo: ‘Señores que conspiran a diario contra el orden legal. Señores que han tras-oído ese derecho y creían que este había convertido en una frá-gil e inerme figura quijotesca al abogado. Los invito: procedan.’ ”

Concedimos término al querellado para que presentara su contestación. Luego de varios planteamientos y prórrogas, designamos al Ledo. Alfonso García Martínez Comisionado Especial, con la encomienda de que recibiera la prueba y nos la certificara bajo juramento con sus conclusiones de hecho.

Subsiguientemente, previo varios incidentes, se cele-bró vista en la cual las partes presentaron prueba de carác-ter documental.

Durante dicha vista, el Comisionado Especial admitió la anterior prueba documental consignando que el querellado so-licitó la desestimación perentoria del primer cargo . . porque la Procuradora Lie. Correa Avilés no tenía ‘standing’, ya que las personas afectadas por sus manifestaciones a saber los jueces de instancia, no están presentes”; y que con rela-ción a los prolongados trámites habidos en primera instancia . . se refirió como ‘danza jurídica’, que es un término hueco, sin contenido, que se usó para llamar la atención del tribunal.” En torno al cargo número 2, se expone que el quere-llado argumentó que nuestra Opinión del 13 de enero de 1976, Exhibit 5 de la parte querellante, es posterior al cargo “.. . y que el cargo número 1 es anterior a la opinión, crono-lógicamente hablando.”

A la luz de un detenido y cuidadoso estudio de la prueba documental coincidimos con el Comisionado y con la con-elusion de que el querellado utilizó en los distintos escritos antes relacionados lenguaje impropio, indeseable y ofensivo, no sólo a la dignidad y respeto de los tribunales, sino poco decoroso e inadecuado al ejercicio de la abogacía. Los cargos han sido satisfactoriamente probados.

El comportamiento del querellado está reñido con los prin-cipios de ética profesional y evidencian una línea de con-ducta impropia, incompatible con el ejercicio de la profesión de abogado. In re Padilla, 87 D.P.R. 236 (1963); In re Mejias Santana, 92 D.P.R. 804 (1965). En mérito de lo ex-puesto, nos vemos compelí dos a suspenderlo del ejercicio de la práctica de abogado por el término mínimo de seis (6) meses. Al final del mismo, podrá formular una solicitud de rehabilitación como abogado ante este Tribunal, la cual será evaluada y resuelta conforme a las circunstancias que existan en dicho momento.

Se dictará la correspondiente Sentencia.

      El 28 de abril de 1976, nos presentó — por propio derecho — una moción denominada Escrito Impugnando Jurisdicción solicitando se le con-cediera una prórroga de 30 días para someter un memorándum en apoyo del referido Escrito, al cual accedimos. Sometido oportunamente dicho memorándum, mediante Resolución de 10 de junio de 1976 proveimos no ha lugar al planteamiento jurisdiccional y le concedimos un plazo que expira-ría el 30 de junio para contestar.
      Subsiguientemente presentó una Segunda Comparecencia Especial Im-pugnando la Jurisdicción, fechada 22 de junio de 1976, la cual declaramos sin lugar y extendimos, con carácter improrrogable un término de 20 días para contestar. El 10 de agosto de 1976 formuló una Moción Solicitando la inhibición del Tribunal, la cual declaramos sin lugar el 2 de septiem-bre de 1976.

       El Comisionado concedió a las partes un plazo de cinco días para que le indicaran si estimaban necesario o conveniente la celebración de una conferencia preliminar a la de presentación de prueba. El querellado, me-diante carta fechada 28 de septiembre de 1976 reiteró su posición de que el Tribunal Supremo carecía de jurisdicción solicitando que se celebrara la vista pública. La Oficina del Procurador General se mostró favorable a la celebración de la conferencia, ante lo cual se optó con el señalamiento para el 26 de octubre de 1976 a las 9:00 A.M. El querellado formuló una Moción Solicitando Traslado de Vista e Impugnando Lugar de Vista ha-ciendo constar que había sometido un interrogatorio al querellante, indispensable para su defensa. El Comisionado mantuvo el señalamiento y re-solvió dilucidar cualquier cuestión planteada durante la vista. A la misma, por la parte querellante comparecieron la Lie. Maggie Correa Aviles y el Lie. Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxiliares, ha-biendo comparecido el Lie. Iván L. Pagán Hernández, por derecho propio.

      Para sostener el primer cargo la parte querellante presentó en evidencia el Alegato de la Parte Apelante de 11 de agosto de 1975 en el Tribunal Supremo en el caso 0-75-379 (Exhibit 1, parte querellante). El querellado ofreció varias piezas de prueba más adelante relacionadas, que según su posición y argumentación, justificaron sus actuaciones y expre-siones: Minuta del Tribunal Superior de San Juan de 18 de abril de 1974 (Exhibit 1). Según el querellado esta minuta debiera tener la fecha de 17 de abril de 1974; Orden de señalamiento de 20 de marzo de 1974 (Exhibit 2); Notificación de fecha 28 de mayo de 1974 (Exhibit 3); Notificación de fecha 2 de julio de 1974 (Exhibit 4); Orden de señalamiento de 9 de agosto de 1974 (Exhibit 5); Notificación de 8 de julio de 1974 (Exhibit 6); Minuta de 5 de febrero de 1975 (Exhibit 7) y Notificación de 4 de junio de 1975 (Exhibit 8). Los exhibits del querellado forman parte del expe-diente PE-73-635 del Tribunal Superior, Sala de San Juan.
      Con referencia al segundo cargo, la parte querellante presentó en evi-dencia: Moción de reconsideración del querellado dentro del recurso 0-75-379 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que aparece fechada 24 de enero de 1975 pero radicada 25 de noviembre de 1975 (Exhibit 2); Escrito del querellado titulado Carta Abierta al Tribunal Supremo soli-citando Nueva Reconsideración de fecha 21 de enero de 1976 (Exhibit 3); Escrito del querellado titulado Carta Circular de fecha 14 de febrero de 1976 (Exhibit 4); Opinión Per Curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1976 (Exhibit 5). Estos exhibits se encuentran en el expediente 0-75-379 del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      Con posterioridad a haberse recibido el Informe del Comisionado e ilustrativo de su línea de pensamiento, el querellado radicó el escrito que transcribimos más adelante y al cual proveimos “no ha lugar”.
      “Moción Solicitando Rectificación :
      “El abogado que suscribe recibió fechado 28 de diciembre de 1976 una resolución donde se resuelve que no procede enmendar informe. A con-tinuación exponemos brevemente al Honorable Comisionado porqué procede 1976.”

        “1. Importancia, de la cronología de los hechos—
      “El Honorable Comisionado aparece haciendo una conclusión de de-recho, cuando manifiesta: (cito a la página 9) — ‘no tiene méritos esta contención ni consecuencia para la dilucidación de los méritos de esta ac-ción.’ Tenía entendido que el Honorable Comisionado entraría en los hechos únicamente y no en cuestiones o conclusiones de derecho. Esta conclusión de derecho nos obliga a entrar en una cuestión de derecho fundamental: que en las relaciones humanas el respeto es una cuestión mutua. Y no nos esta-mos apoyando ya en la cuestión de derecho de que la acción de epígrafe es ajena y extraña a nuestro derecho y que la misma, y que la misma (el desaforo), es una transculturación jurídica de la common law en PR.
      “Pero nosotros sí señalamos específicamente los hechos y no nos limi-tamos a mera generalizaciones. Veamos:
      “Pecha del cargo 1: 11 de agosto de 1975

      “Pecha de la censura del TS: 13 de enero de 1976

      “Pecha del cargo 2:14- de febrero de 1976

      “Entre el 13 de enero de 1976 y el 14 de febrero de 1976 medió una moción de este abogado solicitando del Tribunal Supremo le señalara espe-cíficamente los hechos en que se basaba para llamar a este abogado incom-petente, etc. La respuesta fue una amenaza de desacato o desaforo. Luego de esto se produce el cargo 2 y la acción de epígrafe.
      “2. Importancia de la prueba de la verdad

      “Si se prueba la verdad de lo dicho por el Tribunal Supremo, no ha-bría consecuencia alguna, pues nadie puede ser penalizado por decir la verdad. Por ende, viene obligado a probar que este abogado es un incom-petente.

      “Por otro lado, este abogado sí puede probar todo lo dicho. El derecho civil en Puerto Rico (a continental como le decían los del Common Law) ha sufrido una transformación y caída, que cuando los europeos miran a E.U., hacen soma y mofa de que 9 personas quieran regir el destino de 210 millones de almas. ¿Donde es que está la democracia?, dicen. Tomemos por ejemplo España, donde se dice que no la hay: hay 150 jueces en el tribunal más alto. En cada caso se emite una opinión fundamentada y refinada (tan refinada, que solo los abogados la entienden).
      “En cuanto al derecho nuestro y fundamentar las decisiones, ahí están Scaevola y Manresa levantando el dedo acusador: ¿Qué le hemos hecho a ese derecho?
      “El artículo 7 del Código Civil es claro: si el tribunal responde de sus acciones negligentes e intencionales a la parte; los abogados no pode-mos ser unos sometidos dejando sin validez alguna dicha disposición y principio fundamental del derecho constitucional (el de Europa).
      “Respetuosamente sometida, en Carolina, PR a 30 de diciembre de dicha enmienda:

      (*)NOTA DEL COMPILADOR: Con fecha 31 de mayo de 1977, el Tribunal Supremo aprobó la siguiente Resolución:
      “Visto el escrito del Ledo. Iván L. Pagan Hernández en que ofrece sus disculpas al Tribunal y retira sus palabras impropias, a la luz de las circunstancias concurrentes, se modifica nuestra sentencia de 4 de marzo de 1977 que suspendió a dicho abogado del ejercicio de la profesión por el término de seis meses, y se reduce la medida disciplinaria impuéstale a un término de tres (3) meses a vencer el 8 de junio de 1977, en cuya fecha quedará rehabilitado como abogado con todos sus derechos.
      Notifíquese al Colegio de Abogados de Puerto Rico, al Secretario de Estado, al Secretario de Hacienda, al Director de Inspección de Notarías y al Director Administrativo de los Tribunales.
      Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado Señor Dávila se inhibieron. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual no intervinieron.
      (Fdo.) Ernesto L. Chiesa

        Secreta/rio”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

license: Public Domain

text:
    Avon Products, Inc., peticionaria y recurrente, v. Secretario del Trabajo, demandado y recurrido.

      Número: O-75-425

      Resuelto: 7 de marzo de 1977
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos decidir en este recurso si el servicio prestado por las vendedoras de casa en casa de los productos Avon constituye empleo, según este término se define en la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. see. 702(k) (5) (A), (B), (C). El Secretario del Trabajo resolvió afirmativamente la cuestión determinando que la recurrente Avon Products, Inc., estaba sujeta al pago de la contribución impuesta por dicha ley a los patronos. Al confirmar el tribunal de instancia esta determinación, Avon Products, Inc., recurrió ante nos solicitando la revisión de la sentencia. Expedimos el auto para considerar la cuestión.

Son hechos establecidos en el caso que Avon Products, Inc., no vende sus productos en establecimientos comerciales, sino que los mercadea a través de vendedores que van de casa en casa por zonas previamente asignadas; aunque también pueden venderlos en otras zonas. Generalmente estos vende-dores son amas de casa o empleados de otras firmas, que se dedican a vender los productos Avon en su tiempo libre sin que tengan que ajustarse a un horario fijo. También pueden vender otros productos distintos o competitivos o dedicarse a otras actividades. Están organizados en grupos bajo la direc-ción de supervisores que se conocen con el nombre de promo-toras. El contrato suscrito por las partes se limita a prescri-bir que las vendedoras: a), venderán únicamente a consumi-dores; b) pagarán $8.00 por los formularios de órdenes y por literatura de ventas; c) no pueden incurrir en deudas u obligaciones por cuenta de la Compañía; d) pagarán por cada nueva orden la cantidad adeudada bajo la orden anterior dentro de 20 días del recibo de la mercancía; y e) pagarán $2.00 por concepto de gastos de entrega o cobro por cualquier orden, entendiéndose que las órdenes de venta están sujetas a aprobación de la Compañía. La Compañía, por su parte, se compromete a pagar una comisión de 30% de los precios de venta.

El término empleo ha sido objeto de consideración por este Tribunal en contextos muy variados como en el campo de las compensaciones por accidentes del trabajo, Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 6 (1973); Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 597 (1944) y Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 285 (1941); en el de las relaciones obrero patronales; Bengochea v. Ruiz Torres, 103 D.P.R. 68 (1974); Nazario v. Vélez, 97 D.P.R. 458 (1969) y Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963); para la aplicación de decretos de salarios mínimos, Fernández v. A.T.P.R., 104 D.P.R. 464 (1975); Nazario v. González, 101 D.P.R. 569 (1973); Sierra Berdecía v. Pedro A. Piza, 86 D.P.R. 447 (1962); Sierra, Comisionado v. Llamas, 73 D.P.R. 908 (1952); Hospital San José v. Junta Salario Mínimo, 63 D.P.R. 747 (1944), y reclamaciones de daños por el hecho ajeno bajo el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142; Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 100 D.P.R. 882 (1972); Padilla v. Municipio de Manatí, 88 D.P.R. 18 (1963) y Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782 (1952).

En el presente caso, sin embargo, el término empleo tiene bajo la Ley de Seguridad de Empleo una configuración propia cuyo propósito es precisamente obviar las dificultades y el curso azaroso que ha seguido la jurisprudencia al considerar la diversidad de criterios que delimitan el ámbito de esta relación.

La Ley de Seguridad Social de los Estados Unidos, 42 U.S.C.A., Cap. 7, que estableció el patrón seguido por los Estados y por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la adopción del Programa de Seguridad de Empleo, no con-tiene una definición específica del término empleo. La omi-sión llevó a los tribunales a definir la relación de empleo en términos del criterio de control desarrollado en el derecho común para la aplicación de la doctrina de responsabilidad por el hecho ajeno. Texas Co. v. Higgins, 118 F.2d 636 (1941); Broden: Law of Social Security and Unemployment Insurance, pág. 36 (Callaghan Company Illinois).

En el derecho común la responsabilidad del principal por los actos de sus empleados o agentes se fundaba en el control que aquél ejercía o podía ejercer sobre los actos de éstos para aminorar el riesgo de daño. El propósito era imponer respon-sabilidad como un medio para reducir los riesgos ya que teniendo facultad el principal de controlar los actos de sus empleados o agentes muy bien podía tomar providencias ade-cuadas para evitarlo. Willcox W. Alanson: The Coverage of Unemployment Compensation Laws, 8 Yand. L. Rev., 245, 247; Asia, Benjamin: Employment Relations: Common Law Concept and Legislative Definition, 55 Yale L.J. 82; Teple, Edwin: The Employer-Employee Relationship, 10 Ohio St. L.J. 153, 155. Quizás pudiera justificarse en algunos casos el criterio de control como medida de responsabilidad por el hecho ajeno. Pero no le vemos conexión lógica alguna con el riesgo de desempleo que es consecuencia de múltiples y com-plejos factores socio-económicos, y, que no depende de lo que el principal pueda hacer en determinado momento para redu-cirlo, salvo los casos específicos de despido sin causa justifi-cada. Esta discrepancia fundamental en los propósitos de ambos preceptos legales requiere la aplicación de criterios más afines eon la política pública de la Ley de Seguridad de Empleo, supra.

En Board v. Hearst Publications, 322 U.S. 111 (1944) y en United States v. Silk, 331 U.S. 704 (1947), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos adoptó un enfoque más realista estableciendo como punto de partida el criterio de realidad económica como línea de demarcación. El nuevo en-foque propugna que existe la relación de empleo si como cues-tión de realidad económica la persona que presta el servicio depende de la empresa para la cual trabaja. Entra aquí la consideración de varios factores que incluyen no sólo el grado de control sino, además, las oportunidades de pérdidas o ganancias, inversión en facilidades, permanencia de la rela-ción y destrezas requeridas en el servicio prestado. Pero nin-guno de estos factores es de por sí determinante de la rela-ción. United States v. Silk, supra. En Rutherford Food Corp. v. McComb, 331 U.S. 722 (1946), se adicionó el factor de hasta dónde el servicio prestado es parte integral del ne-gocio del patrono.

Este nuevo enfoque supera el rigor de los conceptos ar-caicos del derecho común para dar paso a soluciones que lo-gren concretar en casos específicos los propósitos reparadores del estatuto. Acogimos este enfoque en Hospital San José v. Junta Salario Mínimo, supra, para extender la Ley de Salario Mínimo, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, 29 L.P.R.A. sec. 245 y sig., a los empleados de las clínicas y hos-pitales de Puerto Rico. Pero no fue hasta Sierra Berdecía v. Pizá, supra, que expresamente rechazamos los conceptos tra-dicionales del derecho común en la interpretación de la Ley de Salario Mínimo, cuyos objetivos sociales guardan estre-cha relación con la Ley de Seguridad de Empleo que aquí in-terpretamos. Posteriormente en Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, 94 D.P.R. 137, 147 (1967), afirmamos defi-nitivamente la pauta de interpretación liberal que debe se-guirse al interpretarse la Ley de Seguridad Social de manera que provea protección al mayor número posible de empleados.

Partiendo de este trasfondo en el cual se destaca la tendencia de los tribunales a interpretar liberalmente el ámbito de estatutos remediales como es la Ley de Seguridad de Empleo, .consideramos ahora la definición que expresamente provee dicha Ley al término empleo. La See. 702(k) (5) (A), (B), (C) dispone al efecto:

“(5) El servicio prestado por una persona será considerado como empleo bajo este Capítulo independientemente de si existe o no una relación obrero-patronal, a menos y hasta que se de-muestre a satisfacción del Secretario que...
(A) En relación con la prestación de su servicio, tal persona ha estado y continuará actuando sin sujeción a mando o supervisión, tanto como cuestión de hecho como bajo su con-trato de servicios; y
(B) Tal servicio es prestado bien fuera del curso usual del negocio para el cual se trabaja o fuera de todos los sitios de negocio de la empresa para la cual se trabaja; y
(C) Dicha persona está usualmente ocupada en algún trabajo, profesión o negocio independientemente establecido de la misma naturaleza de aquel comprendido en el servicio pres-tado.” 29 L.P.R.A. see. 702(k) (5) (A), (B), (C).

La recurrente sostiene que el legislador no tuvo la intención de incluir dentro de la Ley de Seguridad de Empleo a las vendedoras Avon por no ser éstas parte de la fuerza trabajadora, ya que son amas de casa que se dedican en forma transitoria a las actividades de venta sin que tengan en dicha actividad un interés básico y continuo. No estamos de acuerdo. La intención del legislador hay que deducirla de los propósitos reparadores del estatuto y de su amplio texto.

La definición formulada en la ley establece con meridiana claridad la presunción de que todo servicio prestado por una persona constituye empleo aun cuando no exista una rela-ción de empleo tradicional u ortodoxa. Inequívocamente el legislador subraya el propósito de que no se excluya de la protección de la ley a ninguna persona, aun las que pudieran considerarse contratistas independientes de acuerdo con las restricciones técnicas tradicionales. Cf. Landrón v. J.R.T., supra. Esta definición se formuló por primera vez en la Ley de Wisconsin, 17 W.S.A. 108.02 y fue recomendada a los es-tados por el Comité de Asuntos Legales de la Conferencia Xn-terestatal de Agencias de Compensación por Desempleo. La preocupación original del Comité fue evitar que se limitara el ámbito de la ley a los términos técnicos de la relación de patrono y empleado. Asia, op. cit., supra, pág. 83, texto y es-colios 21-23.

La presunción de inclusión se reafirma en este caso cuando consideramos que el tipo de servicio prestado por las vende-doras aquí envueltas no aparece en la relación de activida-des excluidas de la ley. Véase See. 702(k) (6) (A). La recu-rrente arguye que al enmendarse en el 1971 la Ley de Se-guridad de Empleo para extender expresamente el ámbito a varias categorías de servicio no se incluyó el servicio pres-tado por las vendedoras Avon, de lo cual se infiere la inten-ción de que éstas quedaran excluidas. El argumento es de dos filos pues también es razonable inferir que no se incluye-ron expresamente en las enmiendas del 1971 por estar ya in-cluidas en la definición general.

La presunción de inclusión, sin embargo, es rebatible co-rrespondiendo el peso de la prueba al que la impugna. El es-tatuto requiere para ello que se demuestre a satisfacción del Secretario del Trabajo la existencia de los criterios men-cionados en la definición. El tribunal de instancia concluyó que la recurrente había demostrado a satisfacción el criterio (A) y el criterio (C) pero no el (B). Tuvimos duda si efecti-vamente también se había cumplido con el (C) y solicitamos a las partes un alegato adicional sobro este punto.

El criterio (A) se refiere a la ausencia de control en la prestación del servicio. No es necesario considerarlo porque estamos de acuerdo que se cumple satisfactoriamente en este caso. Las vendedoras son amas de casa que en su tiempo libre se dedican a vender los productos Avon sin horario fijo y sin límite de ruta.

El criterio (B) requiere en la alternativa que el servicio sea prestado fuera del curso usual del negocio para el cual se trabaja o fuera de todos los sitios de negocios de la em-presa. De acuerdo con la prueba presentada Avon fabrica cosméticos para venderlos directamente a los consumidores por medio de vendedoras que van de casa en casa. No vende directamente a distribuidores o a otros comerciantes. Ese es el curso usual del negocio de Avon. El servicio que prestan las vendedoras es parte integral de la empresa ya que sin ese servicio la fábrica Avon no tendría significación alguna. Cf. Sierra, Comisionado v. Llamas, 73 D.P.R. 908 (1952). Las ventas se efectúan de casa en casa y, por consiguiente, cada casa constituye el sitio de negocio de Avon. Al respecto se ha resuelto en otras jurisdicciones que la frase “sitio de nego-cio” se refiere no solo a oficina o cuarteles generales de la empresa sino a todo el territorio en que opera la empresa. In re Bargain Busters, Inc., 287 A.2d 554.

El criterio (C) requiere que la persona que presta el ser-vicio esté “usualmente ocupado” en algún trabajo, profesión o negocio “independientemente establecido” de la misma na-turaleza de aquél comprendido en el servicio prestado. Aquí nuestro estatuto va más lejos que el de Wisconsin al requerir que el trabajo, profesión o negocio sea de la misma natura-leza del comprendido en el servicio prestado. Véase 17 W.S.A. 108.02.

El requisito dual de estar “usualmente ocupada” e “inde-pendientemente establecido” presume la existencia de una empresa separada y aparte que no depende únicamente de una relación particular de servicios. Spahn v. Department of Labor, 185 N.E.2d 281; Asia, op. cit, supra, pág. 92. La em-presa debe de ser una permanente y estable a la cual se dedi-que regular o habitualmente la persona que presta el servicio. Vermont Securities v. Vermont Unemploy. Comp. Com’n, 104 A.2d 915; Commonwealth Bureau of Emp. Sec. v. Hecker & Co., 185 A.2d 549.

Asia expresa el alcance de este criterio en los siguientes términos:

“El tercer criterio que requiere demostrar que ‘dicha persona está usualmente ocupada en algún trabajo, profesión o ne-gocio independientemente establecido’ es a un mismo tiempo una radical desviación de los criterios del derecho común y el más pertinente de los tres criterios a los fines del programa de com-pensación por desempleo. Al determinar donde se debe tirar la línea de inclusión del seguro de desempleo es muy propio distin-guir entre la persona que mantiene su propio negocio, que no de-pende ordinariamente de una relación particular de negocios con otra persona para su supervivencia económica, y, otras personas que dependen de la continuidad de su relación con un principal para su sustento económico. Bajo la definición estatutaria las palabras ‘independientemente establecido’ se alejan del concepto técnico ‘independiente’ que define al contratista independiente del derecho común y requiere que la persona que presta el servi-cio esté ocupada en un trabajo, profesión o negocio establecido independientemente de la relación particular que pueda tener de tiempo en tiempo con un principal. Las palabras ‘usualmente ocupado’ requieren que la persona habituaimente se mantenga en disposición de rendir servicios en el curso de tal trabajo, ocupa-ción o negocio a otras personas que interesen ocuparlo, y no se satisface este criterio cuando el trabajo, profesión o negocio existe solamente en orden a una relación particular con un principal que desaparecería cuando esa conexión termine.” Asia, op. cit., supra, pág. 87.

La prueba en este caso fue insuficiente para demostrar que las vendedoras Avon se dedicaban habitualmente a un negocio propio independiente. Ellas no tienen inversión de clase alguna, no corren riesgo de pérdida, no obtienen bene-ficio del valor del nombre comercial (good will), elementos típicos de un negocio propio. Tampoco se demostró que ellas se mantuvieran en disposición de rendir servicio en el curso de un trabajo, ocupación o negocio a otras personas que lo interesaran. Por el contrario, puede inferirse del conjunto de la prueba que las actividades de ventas de estas vende-doras existían en orden de una relación particular con Avon. Conviene advertir que el término “trabajo” no responde a la traducción del término “trade” del inglés, cuya acepción co-rriente es de ocupación en el comercio, en el tráfico de mer-caderías. Black’s Law Dictionary, pág. 1665 (Ed. 1951); Velázquez, Follet Dictionary, pág. 696 (Ed. Rev. 1967).

Hemos examinado las copiosas decisiones administrativas y judiciales citadas por la recurrente en su alegato y en el memorando complementario para sostener su posición. Las decisiones sobre estas materias en las jurisdicciones estatales son conflictivas y han seguido un curso vacilante que hacen imposible formular una norma de aplicación uniforme. A este respecto puede compararse a Schomp v. Fuller Brush Co., 12 A.2d 702 en que se resuelve que los vendedores de produc-tos Fuller son empleados bajo la Ley de Compensación de Desempleo de Nueva Jersey y Fuller Brush Co. v. Industrial Commission of Utah, 104 P.2d 207, en que se resuelve que estos mismos vendedores no son empleados bajo la ley de Utah. Ambas jurisdicciones contienen la misma definición, que es similar a la que provee nuestra ley.

La corriente de pensamiento mayoritaria en los Estados Unidos sigue una pauta de interpretación liberal que es la reconocida por nuestro propio estatuto al preceptuar inequí-vocamente que la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico será liberalmente interpretada. 29 L.P.R.A. see. 701. Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, supra. Esa es la pauta que aquí seguimos.

Señala la recurrente que en el 1958 el Negociado de Seguridad de Empleo hizo una determinación al efecto de que los servicios prestados por las vendedoras de productos Avon no constituían empleo y, por tanto, el Secretario del Trabajo no tenía facultad para hacer una determinación distinta catorce (14) años después. Funda su contención en que el Art. 8 de la ley, 29 L.P.R.A. see. 707, establece un trámite administrativo que fija en un año el término dentro del cual puede reconsiderarse una determinación. El mencionado Art. 8 meramente regula el trámite administrativo pero en forma alguna impide al Secretario del Trabajo corregir una inter-pretación administrativa cuando la considere equivocada. La doctrina del impedimento colateral en sus diversas formas es. de limitada aplicación en las relaciones del ciudadano con el Estado. Cf. Mendoza Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 D.P.R. 564 (1967); Licorería Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 270 (1967). No obstante, en vista que desde el 1958 Avon Products, Inc., ha venido operando en la fase de distribución de sus productos en Puerto Rico descansando en la determinación administrativa de que sus vendedoras están excluidas de la Ley de Seguridad de Empleo, la interpretación que hoy hacemos de las disposiciones de dicha ley tendrá efec-tos prospectivos.

Se dictará sentencia anulando él auto expedido y confir-mando la recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      En el 1948 el Congreso aprobó la llamada “Resolución Gearhart” H.J. Res. 296, Pub. L. No. 80-642, 80th Cong.; 2d Sess. (1948) reafir-mando su intención de que se continuaran aplicando los conceptos restric-tivos del derecho común.


author: per curiam :

text:
    María Liciaga Horta, demandante y recurrida, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, demandada y recurrente.

      Número: O-77-24

      Resuelto: 9 de marzo de 1977

      Juan José Santiago González, Carlos M. Soler Calderón, Elliut Rodríguez Santana y Raúl Barrera Morales, abogados de la recurrente; Gilberto Acosta Ayala, Federico Comas Montalvo, Néstor Ruiz Díaz y Gabriel García Maya, abogados de la re-currida.
   per curiam :

La Junta de Directores de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) denegó la solicitud de compensación que para beneficio de seis hijos menores de edad hizo la madre de éstos, cuando su padre murió a consecuencia de un accidente vehicular, dando como razón que dichos niños no eran beneficiarios de la víc-tima toda vez que no dependían de su padre para su subsis-tencia. De la decisión administrativa recurrió la madre me-diante solicitud de revisión que radicó ante la Sala de Maya-güez del Tribunal Superior. Allí presentó la ACAA moción para desestimar “por falta de jurisdicción” invocando el Art. 11 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968 (9 L.P.R.A. sec. 2061(3)) que dispone: “La decisión de la Junta será final a menos que el reclamante o el Director Ejecutivo soli-cite su revisión judicial radicando una petición al efecto en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dentro de quince (15) días de haberse notificado por correo a ambas partes de la decisión dé la Junta, o de haberse entregado copia de la misma a éstas o a sus respectivos abogados. La jurisdic-eión del Tribunal Superior estará limitada a cuestiones de derecho y las conclusiones de hecho de la Junta, de estar sos-tenidas por evidencia sustancial, serán finales.”

La Sala de Mayagüez denegó la desestimación y en su lugar ordenó el traslado del caso a la Sala de San Juan. Re-curre la ACAA en c&rtiorari insistiendo en la desestimación y afirma que el citado Art. 11 de la Ley hace de la Sala de San Juan foro exclusivo para conocer de esta revisión especial. Se funda en que por ser la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles una de carácter especial y posterior a la Ley de la Judicatura de 1952 que es un estatuto general, prevalece aquélla en cuanto difiera de ésta (Art. 12, Código Civil); y en A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 518, 521 (1973). La teoría de la Administración re-currente contraviene el claro mandato constitucional: “Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no re-sulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y su-primir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y de-terminará su competencia y organización.” Constitución del Estado Libre Asociado, Art. V, Sec. 2. La designación de la Sala de San Juan en el Art. 11 de la Ley Núm. 138 es inope-rante y carece de eficacia, pues la Constitución no tolera la existencia de islas de jurisdicción dentro del mayor diseño unificado. La expresión de este Tribunal en A.C.A.A. v. Tribunal Superior, supra, en aparente contradicción a lo aquí sostenido, es dictum innecesario, pues la razón de decidir en aquel caso fue la inobservancia por la parte del procedimiento administrativo previo al recurso ante el Tribunal Superior. Ibid., pág. 523.

A la solicitud de certiorari, no ha lugar.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

       Titulada “Ley de Protección Social por Accidentes de Automó-viles.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    WAPA T.V. Broadcasting Corporation, apelante, v. Secretario de Hacienda, apelado.

      Número: O-76-421

      Resuelto: 9 de marzo de 1977
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La apelante WAPA T.V. Broadcasting Corporation opera una estación de televisión en San Juan con licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). WAPA T.V. advino dueña de la estación y licencia cuando la F.C.C. aprobó la venta pactada el 4 de octubre de 1961 entre WAPA y Ponce de León Broadcasting, Inc., en virtud de la cual ésta tras-pasó a la apelante el control de la compañía, inclusive la li-cencia para trasmitir que fue elemento esencial del contrato.

En 1972 el apelado Secretario de Hacienda tasó la propie-dad mueble de WAPA en $2,483,990.00 y le impuso una con-tribución de $57,876.97 para el año fiscal 1970-71. Incluyó en este total la cantidad específica de $20,354.93 impuesta como contribución a la licencia de televisión sobre un valor tasado de $873,600.00. Igual imposición hizo el Secretario respecto a la licencia para los ejercicios fiscales 1971-72 y 1973-74. Para el 1974-75 dicha contribución aumentó a $32,497.99. La contribuyente impugnó la legalidad de la con-tribución sobre su licencia para transmitir en cuatro deman-das que fueron consolidadas, ventiladas y declaradas sin lu-gar en el Tribunal Superior. En su recurso de apelación que reviste con alternativa de revisión hace la apelante ocho seña-lamientos de error que resume en dos planteamientos cen-trales: (1) que una licencia para transmitir concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) no es propiedad mueble sujeta a tributación; y (2) que la contribución es en efecto una imposición a una instrumentaíidad del Gobierno Federal cuya propiedad está exenta de tributación.

I

Respecto a propiedad mueble imponible ordena el Art. 290 del Código Político (13 L.P.R.A. see. 443):

“Toda propiedad no exenta expresamente del pago de con-tribuciones será tasada como imponible.. ..
Los bienes muebles comprenderán . . . derechos de privile-gio marcas de fábrica, franquicias, concesiones y todas las demás materias y cosas susceptibles de ser propiedad privada, no comprendidas en la significación de la frase ‘bienes inmue-bles’_”

La licencia para transmitir que concede la F.C.C. no está comprendida en la enumeración de propiedades exentas de tributación listadas en el Art. 291 del Código Político (13 L.P.R.A. see. 551). El Tribunal Superior determinó correctamente que dicha licencia es propiedad privada tributable.

La licencia de WAPA representa para ésta un bien va-lioso, sin el cual se reducirían a un valor nominal las estructuras, equipos e instalaciones que en conjunto dan relieve económico a esta empresa en marcha. La apelante así lo reconoció desde un principio cuando en el contrato de 1961 que viabilizó su adquisición de los activos de Ponce de León Broadcasting Company hizo constar que incluían las licencias y todos los derechos de ésta como concesionaria de una licen-cia para operar una estación de televisión y supeditó el cumplimiento y ejecución del contrato a la aprobación del traspaso por la Comisión Federal de Comunicaciones. La función reguladora de esta agencia que principalmente con-siste en asignar frecuencias o canales de televisión y man-tener aquellas normas de transmisión que mejor sirvan el interés, la necesidad y la conveniencia pública, no es in-cidencia aislada en la extensa modificación que en nuestros tiempos muestra el derecho de propiedad.

La posición de la apelante negando que su derecho de li-cencia tenga características de propiedad porque carece de libre disposición de la misma es un regreso al concepto unitario e indivisible del dominio, de señorío pleno, suplan-tado aun en el Derecho Civil moderno que no considera las limitaciones del dominio como anomalías raras e insólitas de un derecho por naturaleza absoluto, sino constitutivas precisamente del Derecho común de la propiedad. E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 516, 524 y ss. (1967). “El concepto de dominio hace tiempo perdió la rigidez monolítica tejida alre-dedor de la facultad de enajenación que al dueño le señala el Art. 280 [del Código Civil]. A la desintegración del con-cepto unitario, impulsada por un sentido social y por el sur-gimiento de múltiples clases de propiedad con nuevos per-files y rasgos peculiares, ha seguido una nueva definición del dominio, en la cual coinciden Roca, Castán y Puig Brutau como ‘el derecho real que atribuye a su titular el poder o señorío más amplio posible sobre una cosa corporal, dentro de límites institucionales, con carácter plenamente autónomo, perpetuo (en principio), elástico, y, en parte, de contenido discriminable.’ Castán, ibid, pág. 108.” Ortiz Roberts v. Ortiz Roberts, 103 D.P.R. 628 (1975).

Mas el poder del Estado y los derechos de la persona en el campo tributario no se rigen por el Código Civil ni por la Ley Hipotecaria, sino por el estatuto fiscal. Albanese v. Srio. de Hacienda, 76 D.P.R. 324 (1954). La jurisprudencia norteamericana sostiene que aun cuando las licencias para usar frecuencias designadas de radio y televisión están limitadas a términos de tres años, su renovación por iguales períodos sucesivos está descontada mientras el usuario cumpla las condiciones que en protección del interés público dicta la Comisión Federal de Comunicaciones, lo que crea en el com cesionario la expectativa de continuada renovación y de disfrute de la licencia y de sus ventajas económicas por tiempo indefinido. Richmond Television Corp. v. United States, 354 F.2d 410, 412. La limitación a tres años y la interven-ción de la agencia reguladora, en el curso normal de los nego-cios y empresas no afectan el disfrute del poseedor de la licencia la cual ingresa en su activo, se acrecenta con las fuer-zas económicas de incremento y plusvalía, genera beneficios y entra al comercio de los hombres porque el usuario podrá transferirla previa aprobación de la F.C.C,, y llegado ese momento percibirá su valor comercial como precio ajustado en el convenio de compraventa. Las frecuencias y canales de trasmisión lucrativos no son infinitos por lo que tiene superior valor comercial una estación televisora en operación con licencia y plusvalía de canal conocido, frente a la alternativa de comenzar por solicitar una licencia nueva y construir la planta. En el eminentemente práctico campo de las contribu-ciones cuenta más el claro interés propietario identificado en el contenido patrimonial, el valor, la utilidad y el provecho que para el concesionario representa esta licencia que la aca-démica integración de elementos clásicos en el hoy renovado concepto de propiedad. Maristani v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 291, 300 (1967). No puede sobreponerse la forma a la sustancia. El interés del poseedor en el bien cuando tenga todos los atributos prácticos de dominio, se tendrá como interés propietario. Cf. De la Haba v. Tribl. de Contribuciones, 76 D.P.R. 923 (1954); United States v. County of Fresno, 97 S.Ct. 699 (1977), op. de 25 de enero, 1977-45 L.W. 4131. La licencia de transmisión de la apelante es en sí un bien mueble con los atributos típicos del derecho de propie-dad, pues tiene un valor económico, es exclusiva y transferi-ble, y es por tanto una de las “materias y cosas susceptibles de ser propiedad privada” sujeta a tributación a tenor del Art. 290 del Código Político (13 L.P.R.A. see. 443); y por ser la apelante una corporación dicha licencia deberá tasarse como propiedad mueble de la corporación, revestida como está de la naturaleza de derecho, franquicia o concesión. Art. 317, Código Político (13 L.P.R.A. sec. 464). No se cues-tiona la razonabilidad de la contribución por lo que este caso es uno en que el Gobierno del Estado Libre Asociado ha ejer-cido su poder tributario en proporción adecuada a las activi-dades de la apelante y al consiguiente disfrute por la apelante dentro de las oportunidades y protección que el Estado le ha brindado. General Motors v. State of Washington, 377 U.S. 436 (1964).

II

La contención de la apelante al efecto de que la imposición de contribución sobre propiedad a su licencia para transmitir menoscaba y obstruye la política pública del Gobierno Federal y de su Comisión Federal de Comunicaciones y que por tanto invade los predios de la supremacía del Congreso, es insostenible. El Congreso no creyó necesario extender exención contributiva a tales licencias; el poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para allegar recursos mediante la imposición de contribuciones es incuestionable, aun prescindiendo de la autorización contenida en la See. 3 de la Ley de Relaciones Federales en cuanto a que “podrán im-ponerse contribuciones e impuestos sobre la propiedad, in-gresos, rentas internas, y por licencias, franquicias, privi-legios y concesiones, cuando dichas contribuciones sean para los fines de los gobiernos insular y municipal, respectiva-mente, y se impongan según las disposiciones y prescripciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico” (R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964)); y finalmente la F.C.C., y no la licencia en sí, es la instrumentalidad con-cernida que no recibe impacto contributivo alguno en este caso. Lo dicho sería suficiente para sacar los hechos de la regla de McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat) 314, 427 y ss. (1819), considerando especialmente, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de validar una contri-bución impuesta por el estado de California sobre el uso o in-terés posesorio (possessory interest) de los guardabosques en la casa propiedad del Gobierno que el Servicio Forestal federal les provee como parte de su salario, reiterando la regla de que “un estado puede recaudar rentas gravando propiedad de los Estados Unidos por el tiempo que dicha propiedad sea usada por una persona particular o una corporación, y siem-pre que la contribución se limite a la posesión o uso por el ciudadano privado.” United States v. County of Fresno, supra.

El recurso de apelación no plantea cuestión constitucional substancial, y como revisión no ha conmovido la bien fundada decisión del Tribunal Superior. Confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Traducción de ‘patent-rights que en González Chemical v. Secretario de Hacienda, 86 D.P.R. 72 (1962), se virtió como “derechos de patente”.

       “Privilegio de gran valor” lo llama la apelante en su alegato, en sí representa en el libre comercio.

      El texto de dicha parte del acuerdo, a la pág. 40 reza:
      “The Buyer shall purchase from the Company, and the Company shall sell to the Buyer, all of the Company’s assets and business as a going concern including, without limitation, all of the Company’s good will, leases and contracts, licenses and all of its rights as a licensee of television station WAPA-TV at San Juan, Puerto Pico, for the sum of One Million Five Hundred Thousand Dolla/rs ($1,500,000), plus the value, ... of the account identified ‘Deferred Film Rental’ exclusive of the value of the film series ‘MAVERICK’, ‘PANIC’, and ‘PHILLIP MARLOW’_” (Bastar-dillas nuestras.)

      El contrato en su Art. 11(b) (ii) dispone:
      “(ii) It is specifically understood and agreed that the consummation of this Agreement in all respects shall be subject to the Federal Communications Commission’s prior consent to the transfer of control of the Company.”

      “The statute mandates the issuance of licenses if the ‘public convenience, interest or necessity will be served thereby’. 47 USC 307(a).” Red Lion Broadcasting Co. v. F.C.C., 395 U.S. 367, 394 (1969).

       Los casos de F.C.C. v. Sanders Bros., 309 U.S. 470 (1940), Ashbacker Radio Corp. v. F.C.C., 326 U.S. 327 (1945) y Red Lion Broadcasting Co. v. F.C.C., 395 U.S. 367 (1969), niegan propiedad al concesionario de una licencia en los canales de transmisión y en las frecuencias asignadas, de modo que no podrán alegar “derechos adquiridos” a la F.C.C., siguiendo los Arts. 301 y 304 de la Ley Federal de Comunicaciones (Título 47 U.S.C.A.). Dichas decisiones no anulan el interés propietario que la licencia en sí representa en el libre comercio.

      “. . . in the absence of misconduct, what reason could arise to cause the Commission to deviate from its consistent practice and refuse renewal? . . . The taxpayer has furnished its own appraisal of the insub-stantiality of any such conjecture. It has in fact proceeded in 1956 and 1957 and in the succeeding years ... on the only reasonable assumption— that its license, while technically granted for only three yea/rs at a time is in economic operation one of indefinite duration.” (Bastardillas nues-tras.) Richmond Television Corp., supra.

      La propiedad tributable no responde al concepto tradicional de dominio individual e indivisible recogido en un dictum de González Chemical v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 72 (1962). El concepto de propiedad imponible ha evolucionado hacia la teoría de la divisibilidad, que reconoce la propiedad como un conjunto de derechos sobre una cosa, considerándose dueño a los fines contributivos quien posea uno de esos derechos. Ibid., pág. 76. El propio autor Keesling citado en González Chemical, supra, sostiene que en materia de contribuciones sobre la propiedad, la doctrina de divisi-bilidad es la que impera. Keesling, Conflicting Conceptions of Ownership in Taxation, 44 Calif. L. Rev. 866, 868 (1956).

       “Franquicia” y “licencia” son términos aledaños en retórica y con-tenido, reiteradamente usados como sinónimos. City of Griffin v. First Federal Sav. & Loan Assn. of Griffin, 55 S.E.2d 771, 773 (1949); American States Water Service Co. of California v. Johnson, 88 P.2d 770, 773 (1939); Nebraska Telephone Co. v. Lincoln, 121 N.W. 442 (1909). La franquicia es también propiedad. Long Island Water Supply Co. v. Brooklyn, 166 U.S. 685, 41 L.Ed. 1165; West River Bridge Co. v. Dix, 6 How 507, 12 L.Ed. 535. Una licencia concedida para operar un negocio investido de un interés pú-blico tal que justifique su reglamentación por el estado, es una franquicia. New State Ice Co. v. Liebman, 285 U.S. 262, 273 (1932). Las franquicias constituyen propiedad y por lo tanto están sujetas a tributación. 1A Thompson, Real Property, sec. 295, pág. 508, ed. 1964; 14 Fletcher, Cyclopedia of Corporations, sec. 6950, pág. 555; Joyce, Franchises, sec. 26, pág. 80.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Hon. Luis A. Morales, en su carácter de Alcalde del Municipio de Ponce, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez, demandado; Julio Domínguez Torres y Otros, interventores.

      Número: O-75-250

      Resuelto: 10 de marzo de 1977

      Alfredo Siberón Rosado, abogado del peticionario; José Enrique Ayoroa Santaliz y Julio Eduardo Torres, abogados de los in-terventores.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitid la opinión del Tribunal. '

A solicitud del Municipio de Ponce expedimos auto de certiorari para revisar una resolución que se negó a desesti-mar una querella presentada contra dicho Municipio en que se reclamó el pago de trabajo realizado por empleados dedi-cados a limpieza y mantenimiento en el muelle de Ponce “en exceso de la jornada legal de ocho horas, durante el día se-manal de descanso, durante la hora para tomar alimentos y días feriados, sin que fueran compensados por este trabajo adicional,” y en que se alegó, además, que no fueron compen-sados a base del salario mínimo a que tenían derecho con-forme a “las leyes y reglamentos aplicables a la labor que realizaban,” reclamándose lo adeudado por este concepto. La solicitud de desestimación estuvo predicada en que por ser los querellantes empleados del Municipio — así se alega en la que-rella — no tienen causa de acción bajo la Ley de Horas y Días de Trabajo (Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. sees. 271 a 288), ni bajo la Ley de Salario Mínimo (Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, 29 L.P.R.A. sees. 245 a 246m, y su antecesora, derogada por ésta, que era la Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941), ni bajo la Ley de Normas Razonables del Trabajo de los Estados Unidos (Fair Labor Standards Act, 52 Stat. 1060, 29 U.S.C.A. sees. 201-219), cuyas leyes — alegó el Municipio — excluyen de su aplicación, por sus propias disposiciones, a los empleados de los munici-pios.

Se suscitó durante el debate que antecedió a la resolución del tribunal recurrido, y en ello se centró la controversia, que el muelle de Ponee, para cuya dependencia municipal trabaja-ron los querellantes, es una “agencia o instrumentalidad” de dicho Municipio que funciona con fines de lucro o como una empresa privada. Entendió el tribunal a quo que este plantea-miento suscita una cuestión de hechos que no puede adjudi-carse en la etapa en que se pasa sobre la suficiencia de las alegaciones. Estamos de acuerdo por las razones que pasamos a exponer.

Ciertamente, la querella presentada en esta causa no es un modelo de precisión de detalles sobre la razón de pedir. Se limita a alegar, en cuanto a la relación obrero-patronal, que los querellantes “fueron empleados del querellado, en el Muelle Municipio de Ponce [sic], Puerto Rico” durante los períodos que se detallan a continuación del nombre de cada querellante. La cuestión de si el Muelle de Ponce es una de las llamadas agencias o instrumentalidades municipales que opera como empresa privada o con fines de lucro surge al dis-cutirse la moción de desestimación y, como hemos señalado, en ella se centra la controversia. Como veremos más adelante las citadas leyes, como principio general, excluyen de su apli-cación a los empleados de los municipios. De haberse circuns-crito el debate a lo expresado en la querella, sin más, forzosa era su desestimación. Al extenderse a la naturaleza de las funciones y al modo de operar del muelle de Ponce entran en juego cuestiones no planteadas en las alegaciones pero que no pueden ser pasadas por alto al considerar si bajo cualquier supuesto de hechos, cónsono con sus alegaciones, y vistas las citadas leyes, tendrían derecho a prevalecer las pretensiones, o algunas de las pretensiones, de los querellantes. Véanse Rivera Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972); Martin Santos v. C.R.U.V., 89 D.P.R. 175, 186 (1963); Figueroa v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 122, 124 (1963); Figueroa Pinero v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554 (1961).

De entrada es menester señalar que el muelle de Ponce no estaba constituido, durante los períodos a que se contrae la querella, como una corporación pública, ni era adminis-trado ni operado por una corporación pública. Si bien la Ley Núm. 98 de 25 de junio de 1958, en su Art. 2, 23 L.P.R.A. sec. 523, creó en el municipio de Ponce “una entidad pública corporativa y política” que,se conocería como Comisión del Puerto y operaría en forma similar a las corporaciones, el mismo Art. 2 dispuso, sin embargo, que dicha Comisión “no conducirá negocio alguno ni ejercerá los poderes que por la presente se le confieren hasta que, o a menos que, el cuerpo del gobierno del municipio de Ponce declare en cualquier mo-mento mediante la resolución correspondiente y hasta que dicha resolución sea aprobada por el Gobernador de Puerto Rico el funcionamiento de la Comisión en dicho municipio.” Seguidamente el artículo enumera ciertos detalles que la men-cionada resolución debía determinar. El municipio de Ponce nunca adoptó resolución alguna para dar vigencia a la crea-ción de la Comisión del Puerto a que se refiere la citada ley, por lo que el muelle de Ponce, que debía ser administrado por la Comisión del Puerto, siguió operando como una depen-dencia municipal bajo una ordenanza del año 1911, aprobada por el Gobernador y por el Consejo Ejecutivo, en que se con-cedió a dicho municipio la franquicia en virtud de la cual ha estado operando dicho muelle. Véase Junta Rel. Trabajo v. Junta del Muelle, 71 D.P.R. 154, 158 (1950).

No está en controversia tampoco el Hecho de que los tra-bajadores del muelle de Ponce son empleados municipales. Así se alega en la querella y así ha sido admitido por los querellantes interventores en sus alegatos. Tampoco se cues-tiona que el muelle, o la Junta Administrativa que lo opera, nombrada por el alcalde con la confirmación de la Asamblea municipal, es una dependencia o agencia del municipio de Ponce.

La Ley de Salario Mínimo — Núm. 96 de 26 de junio de 1956 — dispone en su See. 33, 29 L.P.R.A. sec. 246e, como sigue:

“ (a) Las secs. 245 a 246m de este título no serán aplicables a:
(1) personas empleadas en el servicio doméstico en una residencia de familia, con excepción de los chóferes;
(2) personas empleadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América o por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con excepción de aquellas agencias o instrumen-talidades de éste que operen como negocios o empresas priva-das; y
(3) personas empleadas por los gobiernos municipales.
(b) Las disposiciones de las sees. 245 a 246m de este título no serán aplicables a los administradores, ejecutivos y profe-sionales. La Junta definirá mediante reglamento dichos tér-minos.”

Como puede verse, cuando dicha ley se refiere al go-bierno estatal hace excepción de las “agencias o instrumen-talidades” de dicho gobierno que operen como negocios o em-presas privadas, de suerte que la referida ley es aplicable a los empleados estatales que trabajan para dichas “agencias o instrumentalidades.” Pero cuando dicha ley se refiere a las “personas empleadas por los gobiernos municipales” no hace excepción. Así, es forzoso concluir que los empleados del muelle de Ponce, no importa que el muelle sea una “agencia o instrumentalidad” del municipio de Ponce, caen bajo la clasificación de “personas empleadas por los gobiernos muni-cipales” y no están por tanto cubiertos por la Ley de Salario Mínimo.

En cuanto a la aplicabilidad de la Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941, antecesora de la Ley de Salario Mínimo actualmente vigente, se había resuelto en Municipio de San Lorenzo v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 205 (1962), que sus disposi-ciones no excluían a los empleados de los municipios en los hospitales de beneficencia, hasta el 11 de mayo de 1945, en que se aprobó la Ley Núm. 217 de ese año que específicamente excluyó de las disposiciones de la citada Ley Núm. 8 de 1941 “a personas empleadas por Estados Unidos de América, El Pueblo de Puerto Rico o sus municipios, sin que en ellas se entiendan comprendidas, en cuanto a los reglamentos y decre-tos ya emitidos o que emita la Junta, las que trabajan en el servicio de hospitales, clínicas y sanatorios, o con corporacio-nes, autoridades u otros organismos análogos creados o en parte controlados por dichos gobiernos.”

No obstante, no nos parece necesario determinar si aque-llos querellantes que trabajaban en el Muelle de Ponce antes de la expresada enmienda de 1945 tendrían derecho a re-clamar compensación por salario mínimo en vista de la limi-tación decenal dispuesta por la Ley Núm. 96 en su Sec. 82, 29 L.P.R.A. 246(d). La citada disposición establece un pe-ríodo prescriptivo de tres años a contar desde que el empleado cesa en su empleo, pero dispone que “la reclamación sola-mente incluirá los salarios a que tuviere derecho el empleado, por cualquier concepto, durante los últimos diez años anterio-res a la fecha en que estableciere la acción judicial.”

Respecto de la ley que prescribe lo que son horas y días regulares de trabajo — Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. sees. 271 a 288 — la situación es distinta. El último párrafo del Art. 16 de dicha ley, 29 L.P.R.A. see. 285, dice:

“No se aplicarán las disposiciones de las sees. 271 a 288 de este título a los empleados del Gobierno Estadual, de los gobier-nos municipales, ni del Gobierno de la Capital ni a los de las agencias o instrumentalidades de dichos gobiernos, con excep-ción de aquellas agencias o instrumentalidades que se dediquen a empresas agrícolas, industriales, comerciales o de servicio público.”

Véase que, a diferencia de la Ley de Salario Mínimo, la Ley Núm. 379 no distingue entre los gobiernos estatal y municipales cuando se refiere a las “agencias o instrumentalidades.” Los empleados tanto estatales como municipales que trabajen en “agencias o instrumentalidades de dichos gobiernos” están fuera del alcance de la Ley de Horas y Días de Trabajo — Ley Núm. 379 — y sólo están cubiertos por dicha ley si la agencia o instrumentalidad en que trabajan se de-dica a alguna empresa agrícola, industrial, comercial o de servicio público.

En la etapa de alegaciones, es decir, cuando no se ha llegado a la aportación de pruebas, a falta de admisiones o de estipulaciones de las partes, no se puede adjudicar si el muelle de Ponce opera como una empresa comercial ,6 como una empresa de servicio público, que serían las aplicables a la función típica de un muelle. Ya en Junta Rel. Trabajo v. Junta del Muelle, antes citado, resolvimos — pág. 159 — que la operación del muelle municipal de Ponce, visto lo dispuesto por la Ordenanza de 1911 ya mencionada, es de la misma categoría de las “instrumentalidades corporativas” del gobierno estatal dedicadas a “transportación, electricidad y acueducto donde el consumidor está supuesto a pagar sustancialmente lo que vale el servicio, no obstante ser de naturaleza pública.”

Obra en los autos originales de este caso copia de la reso-lución Núm. 5, serie 1968-1969, de la Junta Administrativa del Muelle de Ponce, en que dicha Junta reconoce que “. . . el muelle Municipal de Ponce, es una criatura legal, y una instrumentalidad del Municipio de Ponce organizado para funciones como negocio privado. . . .” Debe darse a las partes oportunidad de probar si esa afirmación era correcta, par-ticularmente durante el período cubierto por las reclama-ciones que informa la querella. Así lo hicimos en Sánchez v. Municipio de Cayey, 94 D.P.R. 92 (1967) al resolver, frente a un planteamiento como el que ahora nos ocupa respecto de empleados de una planta eléctrica del Municipio de Cayey, que no debía desestimarse la demanda, ni declararse sin lugar las defensas del Municipio, sin oír prueba que determinara si la planta eléctrica en cuestión era una empresa de servicio público, y si operaba con fines de lucro o beneficio o sin tales fines, “. . . y como esta actividad o función del Municipio de Cayey se integra o se relaciona con aquellas otras propia-mente gubernamentales sobre las cuales la Ley Núm. 379 y otras mencionadas pudieran no ser aplicables.” (Véanse págs. 103-104 de la opinión.) Compárese A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976).

En cuanto a la Ley de Normas Razonables del Trabajo — Fair Labor Standards Act — su definición del término “patrono” (employer) no deja lugar a dudas de su inaplicabilidad a empleados municipales. Dice así su See. 3, 29 U.S.C.A. see. 203, como esta regía para las fechas a que se refiere la querella, en lo aquí pertinente:

“Según se usa en esta ley:
(a) .......
(c) ‘Estado’ significa cualquier Estado de los Estados Uni-dos o el Distrito de Columbia o cualquier territorio o posesión de los Estados Unidos.
(d) ‘Patrono’ incluye a cualquier persona que actúe directa o indirectamente en interés de un patrono en relación con un empleado pero no incluirá a los Estados Unidos o a un Estado o subdivisión política de un Estado, o a una organización obrera ....

(Traducción nuestra.)

Se anulará él auto expedido y se devolverán los autos ori-ginales al tribunal recurrido para ulteriores trámites con-sistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado.

      La See. 9 de la Ordenanza Municipal de 1911, en lo pertinente, dispone:
      “El ingreso neto derivado de la operación del muelle y malecón, des-pués de pagarse los salarios y los gastos de operación, será separado por la junta administrativa y el tesorero municipal para pagar los intereses anuales y para aportar la cuota proporcional al fondo de amortización del empréstito municipal tomado a El Pueblo de Puerto Rico, con el propósito de la construcción de estas mejoras, y luego de haberse pagado los intere-ses y la cuota proporcional al fondo de amortización, la junta adminis-trativa, con la aprobación del consejo municipal, podrá invertir la cantidad del balance sobrante como fuere necesario para la reparación y manteni-miento del muelle y sus dependencias, y para remover cualquier obstáculo al libre uso del mismo. Después que se hayan hecho tales asignaciones, el sobrante será puesto a la libre disposición del consejo municipal para ser legalmente invertido en aquellas mejoras de la ciudad según fuere necesa-rio.”

      E1 texto en inglés dice:
      “As used in this chapter:

        “(a)
      “(c) ‘State’ means any State of the United States or The District of Columbia or any territory or possession of The United States.
      “(d) ‘Employer’ includes any person acting directly or indirectly in the interest of an employer in relation to an employee but shall not include The United States or any State or political subdivision of a State, or any labor organization ....”
      En 1974 se enmendó esta definición de employer para incluir en ella a las agencias públicas. Posteriormente, en el caso de National League of Cities V. Usery, 426 U.S. 833, 44 L.W. 4974 (1976), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América declaró esta enmienda inconstitucional. La querella en el caso que nos ocupa fue presentada en 1970.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    S.I.U. de Puerto Rico et al., demandantes y recurrentes, v. Otis Elevator Company, demandada y recurrida.

      Número: R-76-231

      Resuelto: 10 de marzo de 1977

      López-Lay & Vizcarra, abogados ¡de los recurrentes; Nigaglioni, Palou & Ledesma, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso exige que analicemos la validez de un Laudo obrero-patronal impugnado por fundamentos de índole cons-titucional.

Santos Ernesto Rosarlo — mecánico durante 19 años de la Otis Elevator y miembro y delegado electo de la Unión S.I.U. de P.R. — fue despedido el 23 de noviembre de 1973. Sometida tal acción a arbitraje, se determinó que durante su incumben-cia como delegado, desarrolló una actitud de grave hostilidad contra el personal de supervisión y ejecutivo de la compañía, hostigando e incitando infundadamente a sus compañeros a objetar los planes de ésta y a formular querellas, en su mayo-ría originadas o sugeridas por él, creando un clima de desaso-siego en toda la empresa, al extremo de manifestar enérgica-mente que ciertos supervisores eran unos ineptos y deberían ser reemplazados, incurriendo en prácticas de insubordina-ción. En una ocasión, de una jornada semanal de 40 horas, abandonó el trabajo sin permiso durante 32 horas. A juicio del árbitro, se estableció, además, que Rosario había sido un buen empleado y mecánico; que su actitud negativa comenzó y se manifestó al ser nombrado delegado de la unión; que en su expediente personal no constaba ninguna reprimenda; y que antes del despido no se le había llamado la atención por escrito aunque sí verbalmente. Basado en los anteriores he-chos el árbitro concluyó que si bien el despido no se debió a causas gremiales ni fue caprichoso, como sanción fue injus-tificado, modificando la misma en el sentido de disponer que fuera reintegrado al trabajo, sin paga atrasada, y ello sujeto a que fuera sustituido como delegado.

No conforme, Rosario y la Unión instaron demanda denominada “Acción de Inconstitucionalidad de Laudo’’ ale-gando violaciones a los Arts. 12,16 y 17 de la Carta de Dere-chos de la Constitución del Estado Libre Asociado e inexis-tencia de prueba para sostener el Laudo. El Tribunal Superior declaró sin lugar la misma.

En revisión discuten los siguientes errores:

“Erró el Tribunal a quó [sic] al adoptar las determinaciones de hecho del árbitro no estando estas sostenidas sustancialmente en el récord en su totalidad, con lo cual se violó el debido procedi-miento de ley al condicionar la resposesión [sic] de Rosario.
Erró el Honorable Tribunal a quó [sic] al sostener un laudo contrario a derecho ya que viola la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con lo que se viola implícitamente tam-bién la política pública. Dicho laudo viola los Artículos 12, 17 y 19 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al disponer como condición para la re-posesión [aie] del recurrente la sustitución como delegado de la Unión.”

Los procedimientos de arbitraje y laudos emitidos en el campo laboral gozan ante los tribunales de justicia de una especial deferencia por constituir el trámite ideal para resolver disputas obrero-patronales de modo rápido, cómodo, menos costoso y técnico. La experiencia en Puerto Rico en las últimas décadas ha demostrado que el arbitraje es un mecanismo que tiende a mantener la estabilidad y paz industrial, propósitos cardinales en nuestras leyes laborales.

Esta deferencia brindada y la confianza que los laudos representan, han servido como fundamentos para el desarrollo de nuestra doctrina de que serán respetados a menos que se demuestre la existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión de resolver todas las cuestiones en disputa, o que sea contrario a la política pública. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976); Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974) y casos allí citados. En consecuencia, como regla general el foro judicial no está accesible para que se reproduzcan y diluciden las controversias adjudicadas en un Laudo.

Como excepción, presente en el caso de autos, los tribu-nales pueden intervenir y revisar si el convenio o acuerdo de sumisión, según sea el caso, consigna expresamente que el Laudo sea resuelto conforme a derecho, y ello con referencia al derecho aplicado. Colón Molinary v. A.A.A., supra; J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498 (1963).

Del análisis de los autos y: de la Exposición Narrativa de la Prueba, se desprende que la ilustrada sala sentenciadora resolvió correctamente que los procedimientos seguidos durante el arbitraje fueron justos y razonables, ajustándose a las normas que nutren el debido proceso de ley, a saber: notificación y conocimiento de los cargos, vista y oportunidad de someter evidencia. Abona a esta conclusión, la existencia de evidencia sustancial que sostiene las determinaciones de hecho formuladas por el árbitro.

Es principio establecido que no es motivo para revisar, cambiar, modificar o variar un laudo y sus determinaciones de hecho, la sola alegación de apreciación y evaluación errónea de la evidencia. De igual modo, los tribunales no deben sustituir el criterio del árbitro, aun bajo la hipótesis de que hubiesen provisto un remedio distinto de haberse sometido la controversia al foro judicial. Ambos principios, a la luz de la prueba desfilada, nos mueven a concluir que las determinaciones de hecho consignadas en el Laudo son correctas. El primer error no fue cometido.

Resta considerar el señalamiento en el segundo error, a saber, que el Laudo es contrario a derecho por violar la Cons-titución y la política pública. Con tal fin es menester dejar sentado que este error lo elaboran los recurrentes básica-mente sobre la tesis de que el árbitro concluyó que el despido fue “injustificado”.

Aun cuando tal expresión se hizo constar en la parte dis-positiva del Laudo, un examen detenido de todas las deter-minaciones contenidas y expuestas en dicha decisión demues-tra que tal conclusión no tiene apoyo en la prueba y que re-sulta incompatible con la misma.

En consecuencia, no podemos convenir con la proposición de los recurrentes de que el despido “no estuvo justificado”.

Aclarado el anterior extremo, veamos el Convenio Colec-tivo. Conforme su Art. XV la cláusula pertinente dispone:

“(4) El árbitro tendrá jurisdicción en los casos en que la Unión alegue que un empleado o grupo de empleados ha(n) sido suspendido (s) o despedido (s) sin justa causa, y si en tal caso el árbitro determinare a base de la preponderancia de la prueba sometida que el empleado o grupo de empleados fue (ron) sus-pendido (s) o despedido (s) sin justa causa, él árbitro podrá orde-nar a la Compañía que tome aquella acción afirmativa, inclu-yendo la reposición del empleado o empleados afectados, con o sin paga atrasada.” Pág. 39. (Bastardillas nuestras.)

Su lectura pone de manifiesto dos aspectos de importancia. Primero, que el concepto preciso envuelto es “justa causa”, sinónimo de “causa” o “causa apropiada”. En palabras de un entendido en la materia este concepto se ha definido como “. . . excluyendo el despido por mero capricho o antojo . . . [pero incluyendo como razones] ... el derecho a despedir por robo, ausencias o tardanzas repetidas, destrucción de la propiedad de la compañía, reyertas, y situaciones análogas.” Benewitz, Discharge, Arbitration and the Quantum of Proof, 28 Arb. J. 96 (1973).

Y en segundo lugar, la cláusula posee un lenguaje, que por su contenido, tanto expresa como implícitamente, confiere al árbitro el poder de ordenar que se adopten aquellas acciones afirmativas apropiadas que las circunstancias exijan en los casos de despido o suspensión. Ello sigue la trayectoria de nuestros pronunciamientos en Colón Molinary, de que los árbitros están facultados para disponer remedios que sean consustanciales y afines a los propósitos de la ley y el convenio. Reafirmamos la autoridad de un árbitro de variar una sanción disciplinaria si considera que la misma es muy severa y drástica.

¿Es contrario a la Constitución y a la política pública el Laudo que nos ocupa?

Para formular la contestación adecuada debemos tener presente que la condición de delegado de una unión,

;per se, no da ni quita ningún derecho. Así, se ha resuelto que los delegados también pueden ser despedidos: Firestone Tire & Rubber Co. v. N.L.R.B., 539 F.2d 1335 (1976); N.L.R.B. v. Ogle Protection Service, Inc., 375 F.2d 497 (1967) y Corriveau & Routhier Cement Block, Inc. v. N.L.R.B. 410 F.2d 347 (1969). Y a nivel de arbitraje: Int’l Telephone & Telegraph Corp., 54 L.A. 1110 (1970); y McDonell Douglas Corp., 53 L.A. 646 (1969). Véase además: Leahy, William H., Arbitration and Insubordination of Union Stewards, 27 Arb. J. 18-28 (1972).

En el caso de autos, hemos visto cómo la prueba y con-clusiones del árbitro establecieron que al asumir su rol de delegado, Rosario trascendió los límites de lo permisible in-curriendo en acciones que justificaban su despido.

El árbitro, con el propósito de atenuar dicha sanción, la modificó imponiendo como condición de que renunciara al cargo de delegado. Varios casos anteriores de arbitraje, giran sobre el punto en controversia. En Sinclair Refining Co., 6 L.A. 965 (1974), con relación al despido de Reed, el árbitro determinó que “éste era muy buen empleado hasta que fue electo y nombrado delegado siendo la causa de sus problemas sus actuaciones indebidas y el celo extremo en la implementación del convenio.” Consideró, que habiendo sido buen empleado y nunca antes penalizado, el despido era una medida extrema, disponiendo que fuera repuesto a su trabajo bajo condición de que dejara su puesto de delegado. En Bauman Bros. Furniture Mfg. Co., 10 L.A. 78 (1968), el delegado de la unión fue despedido por conducta impropia, encontrando el árbitro que su falta de control, temperamento y ausencia de tacto no eran causa suficiente y justificada para sostener el despido, decretando no obstante, que dejara su puesto de delegado por un período de dos años como condi-ción a su reintegro. Y en Locheed Aircraft Line, Inc., 32 L.A. 690 (1959), el delegado de la unión fue despedido por insu-bordinación. El árbitro determinó que su posición y falta de control eran algunas de las causas principales de su conducta, sustituyendo el despido por una suspensión cualificado su reintegro a que renunciase a su puesto sindical y no actuase en capacidad alguna como representante de la unión por un período de un año.

Ante la alternativa de mantener el despido — y como con-secuencia Rosario perder, no ya su derecho a continuar en el cargo de delegado de la unión, sino todos los derechos cons-titucionales, legales y contractuales dimanantes de su condi-ción de empleado — inspirado en estos casos y en consideración a la clara relación causal existente entre el puesto de delegado de la unión y la conducta negativa y carácter de Rosario (de extremada importancia para el adecuado desempeño de sus responsabilidades como delegado) el árbitro optó por modi-ficar la sanción de despido disponiendo su reposición sin paga retroactiva pero descualificándolo para tal posición. Si váli-damente podía sostener el despido, no vemos razón para que no pudiera decretar tal remedio.

El derecho constitucional consagrado en el Art. II, Sec. 17 de la Carta de Derechos, preceptuando que los trabajadores podrán organizarse y negociar colectivamente con sus patronos . . por mediación de representantes de su propia y libre selección”, y otros no son absolutos. “[L]os derechos individuales tienen que entenderse dentro del cuadro general de la sociedad con arreglo a las limitaciones inherentes a la vida en común.” 4 Diario de Sesiones de la Conven- ción Constituyente de Puerto Rico, 2576 (1961); Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 123-124 (1963). El Poder Legislativo puede imponer condiciones necesarias para el ejercicio razonable de tales derechos. De igual modo, en el ejercicio de la función judicial o en un procedimiento de arbitraje, los jueces y árbitros están en la obligación de resolver y reconocer los derechos de las partes, incluyendo el delimitar los mismos. La política pública constitucional no es “. . . fomentar huelgas o disensiones en las relaciones obrero-patronales. Antes por el contrario, el propósito es facilitar esas relaciones dentro de un clima de respeto mutuo y reconocimiento recíproco de su esencial interdependencia productiva.” Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, op. cit, 2575. En las circunstancias es-pecíficas del caso, el haberse condicionado la reposición de Rosario a que renunciara su puesto de delegado de la unión, es una medida válida, razonable y necesaria en la consecu-ción de los fines enunciados.

La sentencia será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau no intervinieron.

       Antes de acudir al foro judicial Rosario radicó un cargo de prác-tica ilícita ante la Junta Nacional alegando despido por causas gremiales. 29 U.S.C.A. 158(a)(3). La Junta pospuso su decisión hasta que la con-troversia fuese adjudicada a través del procedimiento de arbitraje, y des-pués de revisar el laudo, concluyó que el despido no se debió a causas pro-hibidas en la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo sino debido a las numerosas ocasiones en que abandonó el trabajo para atender querellas. Apelada la decisión al “General Counsel” en Washington, éste confirmó dicha decisión.

      En amparo de tales determinaciones de hecho, el récord refleja prueba sobre los siguientes extremos: que las relaciones obrero-patronales en la empresa fueron catalogadas como inquietantes por el Gerente General Martin S. Gouyd, en ocasión de éste llegar a Puerto Rico; que habían muchos casos en arbitraje; que Rosario le comunicó a Gouyd que nunca habría paz industrial a menos que accediera a sus demandas; que Rosario le expresó a De Santiago que si suspendía algún empleado iba a haber guerra; que a tales efectos llevaría mil casos a arbitraje; que De Santiago estimó el concepto guerra como que Rosario habría de imposibilitarle a la compañía el realizar normalmente las labores que hasta entonces se estaban realizando; que con posterioridad a una suspensión de empleados, Rosario comenzó a formular una serie de demandas y a poner reparos a prácticas establecidas de la compañía tales como: el despido de varios supervisores; llamar a algunos supervisores ineptos; demandar que los empleados se personasen a las oficinas todas las mañanas — antes de comenzar las labores —y todas las tardes — al salir — con el objeto de que se marcara e¡n un reloj una tarjeta sobre horas de entrada y salida; indujo a los mecánicos a no trabajar horas extras, sujeto a la compensación adicional como había sido la práctica; indujo a los empleados a no aceptar los turnos irregulares; formuló objeciones a los itinerarios de trabajo negándose a fundamentarlas; reclamó para todos los empleados el pago de la hora de almuerzo (12:00 M. a 1:00 P.M.), no obstante no fueran trabajadas; reclamó el pago de una mesada para todos los empleados que habían sido suspendidos por un período de tiempo en exceso de un (1) año; incitó a los mecánicos a que abandonaran la práctica de llevar a sus hogares los cargadores de los radios y a no utilizar los vehículos personales para atender llamadas, ello contrario a la práctica previamente establecida; amenazó continuamente con parar la compañía; e indujo a los mecánicos con experiencia a que se ne-garan auxiliar a los mecánicos recien contratados por la recurrida.
      Obviamente, esta conducta como delegado, unida a la desplegada como empleado — negándose en una ocasión a ejercitar funciones asignadas de trouble shooter o call back y el tomar tiempo considerable de su jomada laboral para tramitar quejas y agravios — trascienden los límites de la tolerancia que se espera en el ámbito sindical.

      “La prueba demuestra que durante este período de tiempo defendió los derechos de sus representados con un celo desmedido y en ocasiones no esperaba que le trajeran las querellas; él las iniciaba a nombre de los empleados. Demostró un grado tal de obstinación y aferramiento que no hacía viable la solución amistosa de la querella, razón por la cual muchas de éstas fueron sometidas a arbitraje. ... El delegado, señor Santos E. Rosario, llegó al extremo de manifestar abiertamente que el Arbitro que emitió una decisión desfavorable a la Unión se había equivocado, ‘que eso había que cambiarlo'. Continuó activamente el ‘dale que dale’ entre la matrí-cula fomentando una situación general de desasosiego contra la Com-pañía. La gerencia en cambio, nunca se negó a dialogar ni a negociar con el delegado. Todo esto está patente en el caso de instancia. No obstante, es meridianamente claro que el despido del querellante no se debió a una actitud antigremial de parte de la Compañía. Lo cierto es que en una situa-ción como la que aquí se describe procedía la sustitución del delegado. El querellante llegó al extremo de manifestar enérgicamente que los super-visores de la Compañía eran ineptos y que deberían ser relevados. No con-cebimos un grado de hostilidad y hostigamiento mayor de parte de un delegado frente a los supervisores de una Compañía. Por otra parte, los supervisores que prestaron declaración en el presente caso, manifestaron francamente que el Sr. Santos Ernesto Eosario era un mecánico compe-tente e hicieron demostraciones de aprecio personal hacia Eosario.
      “Es bien sabido que el Presidente de una Unión, o el delegado, no están inmunes a las acciones disciplinarias en general, ni al despido, como resultado de su proceder equivocado. No pueden ausentarse sin permiso del sitio de trabajo, so color de estar tramitando asuntos de la Unión. Esto ocurrió en el caso de instancia hasta el punto de que durante una semana en particular el señor Eosario abandonó el trabajo por un total de treinta y dos horas en una semana de cuarenta horas. No obstante, no se le llamó la atención por escrito. Ni se impuso una sanción disciplinaria de suspen-sión temporera, para respaldar la acción final de despido, de ser necesario recurrir a ese extremo. Se le llamó la atención verbalmente. . . .

        “Por otra parte, estamos convencidos de que el despido del querellante no fue caprichoso ni festinado. Confrontado con el proceder militante, hostil y controversial del delegado general, la Gerencia se reunió con altos ofi-ciales de la Unión, con el propósito de lograr que el querellante modificara su actitud. El resultado fue negativo. La actitud del querellante no cambió. La Unión tampoco trató de hacer que el querellante cambiara o modificara su proceder. La situación creada por el delegado se agravó. Este se mostró recalcitrante. Indujo a sus representados a desobedecer las órdenes y a no seguir los procedimientos establecidos por la Compañía, algunos de los cuales eran de larga duración. El caso del delegado se convirtió prácticas-mente en uno de insubordinación.”

      Luego de un análisis de toda la prueba, el árbitro formuló las siguien-tes conclusiones:
      “El proceder del querellante [Eosario] justifica que se le imponga una sanción disciplinaria, razón por la cual la acción tomada por la Compañía no fue caprichosa ni arbitraria, ni festinada y está totalmente exenta de discrimen gremial. Sin embargo, un tratamiento remedial escalonado pudo haber sido aplicado como solución intermedia al caso, antes del despido, lo cual no se hizo. Procedía, por lo menos, que se diera al señor Eosario una o varias advertencias escritas, lo cual tampoco se hizo. Además, se trata de un trabajador diestro que desempeñó en forma excelente sus funciones de mecánico por 19 años, aproximadamente, con un alto grado de lealtad a la Compañía. En consecuencia, procede que modifiquemos la acción de despido que es objeto del presente arbitraje. Procede, además, que el que-rellante sea sustituido en la posición de delegado general.”

      Y es la parte dispositiva del laudo que inexplicablemente consigna:

        “El despido del Sr. Santos Ernesto Rosario, no estuvo justificado. Sin embargo, su proceder amerita que se le imponga una sanción disciplinaria severa. Se ordena la reposesión [sic] del empleado a su posición de me-cánico, sin derecho a recibir paga retroactiva de clase alguna, con la con-dición de que el señor Santos Ernesto Rosario sea sustituido como delegado de la Unión en la planta. La reposesión [sie] será efectiva tres (3) días después de que la Unión notifique por escrito a la compañía la sustitución del señor Rosario como delegado.” (Bastardillas nuestras.)

       En el caso de Alexander v. Gardner-Denver, 415 U.S. 36 (1974), citado por los recurrentes, en síntesis, el Tribunal Supremo federal re-suelve que los derechos garantizados por la Ley Sobre Derechos Civiles de 1964 no forman parte de un convenio colectivo laboral, y por ende, aun cuando una Unión puede renunciar ciertos derechos estatutarios rela-cionados en el convenio, no puede abdicar los derechos de los empleados bajo el Título VII de la referida ley. Tales empleados, individualmente son acreedores a un juicio ante el foro judicial (de novo) en virtud de la mencionada ley que no puede ser restringido por haberse sometido a arbi-traje una reclamación por alegado discrimen según un Convenio Colectivo.
      El examen crítico de la decisión de Alexander y los distintos comen-taristas sobre la materia nos convencen, que no es aplicable al de autos pues . . su alcance está limitado a disputas laborales que alegadamente conllevan violaciones a la Ley Sobre Derechos Civiles de 1964, y aun en dicha área, el impacto actual de la decisión sobre el proceso de arbitraje es incierto.” Cohen & Eaby, The Gardner-Denver Decision and Labor Arbitration, 27-1 Lab. L. J. 23 (Jan. 1976) ; Siter, The Gardner-Denver Decision: Does it Put Arbitration in a Bindl 25 Lab. L. J. 708-717 (Nov. 1974); Yarowsky, J., Judicial Deference to Arbitral Determinations: Continuing Problems of Power and Finality, 23-5 U.C.L.A. L. Rev. 936-962 (1976). No estamos ante un caso de despido por discrimen racial, político o laboral.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Carmen Sutliff, demandante y recurrente, v. Cecilio Olavarría Franco, demandado y recurrido.

      Número: O-76-528

      Resuelto: 15 de marzo de 1977

      Leopoldo C. de l/uccas, abogado de la recurrente y peticionaria; Víctor J. Pagan, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante Carmen Sutliff opera un negocio de res* torán en un local de su propiedad en el Condominio Verde Mar, en Isla Verde, Puerto Rico. En 7 de enero de 1976 compró un local, también comercial, contiguo al suyo. Al efectuarse la compraventa dicho local estaba ocupado por el inquilino Cecilio Olavarría, aquí demandado, quien opera allí un negocio de pizzeria.

La nueva dueña instó demanda de desahucio basada en que necesita el local para su uso propio. De tratarse de un arrendamiento de mes a mes, o por un plazo ya vencido, la cuestión sería muy sencilla. Asumiendo que se hubiesen cum-plido las disposiciones de la Ley de Alquileres Razonables bas-taría la expiración del plazo fijado, o del plazo mensual en su caso, y el nuevo dueño podría exigir la entrega del local. Colón Vélez v. Lebrón, 97 D.P.R. 154, 159 ab initio (1969). Pero la situación de autos no es tan simple.

Aclaremos para comenzar que no se niega que el local en cuestión está sujeto a la Ley de Alquileres Razonables. Es un local comercial y el canon es de $300 mensuales. 17 L.P.R.A. see. 184.

El demandado, al oponerse al desahucio, se basa en que (1) no se le hizo la notificación que exige la Ley con seis meses de antelación a la demanda; (2) que la demanda no alega que la propiedad de alquiler está inscrita en el De-partamento de Asuntos del Consumidor; y (3) que existe un contrato de arrendamiento a su favor por el término de cinco años, el cual no ha expirado.

Si bien es cierto que la demanda se instó unos pocos días antes de vencerse el plazo de notificación previa de seis meses (la carta es de 9 enero 1976 y la demanda se presentó en 4 junio 1976) la resolución y orden del Tribunal Superior es de 16 de noviembre de ese año y el Tribunal curó ese defecto al suspender el procedimiento hasta tanto transcurriera el término de la notificación previa que exige la ley, a tenor con la autoridad que le confiere el Art. 12-B de la Ley de Al-quileres Razonables, 17 L.P.R.A. sec. 194(e).

El segundo planteamiento tiene más sustancia porque la Ley de Alquileres Razonables expresamente exige que todo propietario deberá inscribir la propiedad de alquiler en la Administración de Estabilización Económica, ahora Departamento de Asuntos del Consumidor (se entiende, desde luego, si la propiedad está cubierta por la Ley de Alquileres Razonables), 17 L.P.R.A. see. 189, y la ley también exige que en toda demanda de desahucio basada en que el propietario necesita para sí el local de negocio, “deberá alegarse específicamente que la propiedad de alquiler está inscrita en la Administración.” Léase 17 L.P.R.A. see. 194 (a) conjuntamente con 17 L.P.R.A. see. 193(6). La demandante no cumplió con este requisito de alegar específicamente que la propiedad adquirida estaba inscrita. Este defecto también es corregible porque bastaría con que la demandante inscribiese la propiedad de alquiler ya que el juez de instancia paralizó los procedimientos hasta que se cumpliese con los requisitos de la ley. Pero como el demandado alega que solicitó la inscripción del local, le bastaría a la demandante obtener una certificación del Departamento de Asuntos del Consumidor en el sentido de que dicho local está inscrito y enmendar la demanda.

El tercer planteamiento va a la médula del caso. Es una cuestión de hecho y será determinante para la solución del mismo. El inquilino demandado alega que tiene un contrato de arrendamiento sin expirar por el plazo de cinco años. El Art. 15 de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. see. 205, dispone en su párrafo (a) que “Toda persona que ad-quiera una propiedad arrendada quedará sujeta a los tér-minos de las sees. 181 a 214a de este título y no podrá re-clamar otros derechos que aquellos que en la misma se esta-blecen en favor del propietario original.”

El mismo artículo en su párrafo (b) dispone que “En todo caso de venta, cesión o enajenación de propiedad arren-dada, el contrato de arrendamiento que el inquilino tuviera con el dueño anterior se entenderá subsistente y sujeto a la prórroga que especifica la see. 192 de este título.”

Tampoco podrá, dispone el párrafo (c) del citado artículo, la persona que adquiera una propiedad arrendada promover contra el inquilino acción alguna de desahucio o para reco-brar la posesión de la propiedad a no ser bajo las condiciones que se expresan en las Sees. 193 a 202 del Título 17 de L.P.R.A. De dichas secciones la pertinente al caso que nos ocupa es la 193, que es el Art. 12-A de la Ley de Alquileres Razonables. En virtud de dicha sección el dueño original y el nuevo dueño pueden negar la prórroga del contrato de arren-damiento y promover la acción de desahucio por las causas allí taxativamente relacionadas. El apartado 6 de dicho artí-culo permite hacerlo cuando el dueño necesita para sí de buena fe el local y bajo las condiciones que allí se especifican. Pero en vista del Art. 15 de la Ley, 17 L.P.R.A. see. 205, el nuevo dueño, igual que el dueño anterior, viene obligado a respetar el contrato de arrendamiento ya sea éste de mes a mes o por un término mayor, si en efecto así se ha pactado.

De manera que si se probase que el inquilino demandado tiene un contrato de arrendamiento por cinco años la nueva dueña compró sujeto a esa condición y viene obligada a respetar dicho contrato. 17 L.P.R.A. secs. 205 y 192. Vázquez v. Molini Arbona, 97 D.P.R. 373 (1969). De no ser así sería muy fácil para un propietario arrendador echar a su inquilino antes del vencimiento del contrato si así le conviniese. Bastaría con traspasar la propiedad a un testaferro y este nuevo dueño podría irrespetar el contrato y lanzar al inquilino. Obviamente no es ese ni el espíritu ni la letra de la Ley de Alquileres Razonables. No estamos diciendo que el caso de autos sea un caso de esta naturaleza, pero esa es una protección que la ley le dio a los inquilinos que tienen contrato a plazos fijos. Una vez expirado el contrato el nuevo dueño queda en las mismas condiciones que el dueño anterior y puede negar la prórroga y promover la acción de desahucio a tenor con las cláusulas especificadas en el Art. 12-A de la Ley, 17 L.P.R.A. sec. 193.

En vista de lo anterior, se expedirá el auto y se confirmará la resolución recurrida. La cuestión de hecho de si existe un contrato a plazo fijo o uno de mes a mes, deberá ser resuelta por el tribunal de instancia luego de vista la prueba.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual disiente. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.


text:
      In re Eugenio Sánchez Ruiz, querellado.

      Número: O-74-403

      Resuelto: 24 de marzo de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Américo Serra y Lirio Bernard de González, Procuradores Generales Auxi-liares, abogados fiel Estado; Wilfredo Pérez Candelaria, Ya-mil Galib Frangie y Eduardo Báez Galib, abogados del que-rellado.
   per curiam :

Contra el Notario Eugenio Sánchez Ruiz se formuló querella imputándole que alegadamente notarizó veinte (20) declaraciones juradas relacionadas con solici-tudes para tener y poseer armas de fuego sin que los decla-rantes comparecieran personalmente ante el mencionado no-tario.

Í1] El Comisionado Especial rindió su Informe, el cual está sostenido por la prueba desfilada. Es incontrovertible el hecho de que todas las solicitudes para tener y poseer armas de fuego notarizadas por el Notario Eugenio Sánchez Ruiz fueron firmadas por las personas que hicieron tales solici-tudes, sin embargo, ninguna de ellas lo hizo en su presencia.

La actuación del Notario Eugenio Sánchez Ruiz es manifiestamente contraria a lo requerido por la Ley Notarial. Repetidamente hemos advertido a los notarios de su obligación de cumplir estrictamente con lo preceptuado en la Ley Notarial. Deben ser exigentes y abstenerse de dar fe notarial de declaración jurada si la persona que va a otorgar el documento o la declaración jurada no ha comparecido personalmente.

En las circunstancias que concurren en el presente caso, habiéndose hecho constar que: “[djurante el curso de 41 años de ejercicio profesional el querellado, Ledo. Eugenio Sánchez Ruiz, nunca fue sometido a investigación de índole alguna sobre su conducta profesional, como tampoco ha reci-bido reprimenda, prevención, castigo o amonestación de clase alguna relacionada con el ejercicio de la Notaría”, estimamos de rigor como única sanción suspenderle del ejercicio del no-tariado por el término de seis meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual no intervinieron. El Juez Asociado Señor Negrón García es del criterio que debe suspenderse permanentemente al querellado del ejercicio del notariado.