source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Dizzy Murphy Rodríguez.

      Número: 6019

      Resuelto: 3 de diciembre de 1993

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Dizzy Murphy Rodríguez, pro se.

   per curiam:

El 1ro de noviembre de 1991 emitimos una resolución ordenándole al abogado notario Dizzy Murphy Rodríguez corregir las deficiencias señaladas por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (Director)'en Comunicación de 16 de octubre de 1991. Le apercibimos, además, que de no cumplir con la resolución dentro del término de sesenta (60) días, podría ser disciplinado. El 14 de enero de 1992 el licenciado Murphy Rodríguez nos in-formó, mediante moción, que había dado cumplimiento a nuestra resolución corrigiendo todas las deficiencias. El 31 de enero de 1992 le solicitamos al Director se expresara sobre lo informado por el licenciado Murphy Rodríguez.

En Comunicación de 4 de marzo de 1992 el Director nos indicó lo siguiente:

(1)Con relación al año 1982 — nada ha corregido el notario.!)
(2)Con relación al año 1983 — corrigió las dos deficiencias que había.
(3)Con relación al año 1984 — nada ha corregido el notario.!)
(4)Con relación al año 1985 — corrigió cuatro (4) deficiencias, quedando cinco (5) por corregir.
!5)Con relación al año 1986 — corrigió tres (3) deficiencias y quedaron seis (6) por corregir.
(6)Con relación al año 1987 — nada ha corregido el notario.!)
(7)Se encuadernaron los protocolos de 1988, 1989 y 1990.()

El 20 de marzo de 1992 concedimos nuevamente tér-mino de treinta (30) días al licenciado Murphy Rodríguez para corregir las deficiencias y reiteramos nuestro aperci-bimiento de que de no cumplir sería sancionado.

El 4 de mayo el licenciado Murphy Rodríguez presentó moción informativa en la cual nos informó “que las defi-ciencias notariales, según señaladas por el Inspector de Protocolos, fueron corregidas”. Nuevamente le solicitamos al Director que se expresara sobre lo aseverado en la mo-ción informativa. El 12 de junio de 1992 nos informó que el licenciado Murphy Rodríguez no había hecho corrección al-guna con relación a las deficiencias señaladas.

El 24 de julio de 1992 concedimos al licenciado Murphy Rodríguez término de veinte (20) días para expresarse so-bre lo informado por el Director. También le ordenamos mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado. El 27 de agosto compareció solicitando prórroga por estar pade-ciendo de diabetes mellitus crónica y sufriendo mareos y desmayos. Alegó, además, un aparente mal entendido en-tre el Inspector de Protocolos y él, ya que nunca se habían reunido para discutir las faltas, “pues las veces que ha vi-sitado [la] oficina ha sido sin cita previa, así no encontrá-dome [sic] en ésta”.

El 9 de septiembre de 1992 el Director nos informó so-bre las dificultades que estaba teniendo para inspeccionar la obra del licenciado Murphy Rodríguez y para reunirse con él. El 18 de septiembre de 1992 le concedimos al nota-rio hasta el 5 de octubre para cumplir con nuestra Resolu-ción de 24 de julio de 1992.

El 8 de octubre el Director nos informó que estaba en proceso de reinspeccionar la obra notarial del licenciado Murphy Rodríguez para informar su condición final. El 30 de octubre emitimos resolución indicando que luego de exa-minar el informe final, el Tribunal determinaría la imposi-ción de las sanciones correspondientes. El 16 de octubre de 1992 el Director rindió informe final en el cual nos indica que aún subsisten deficiencias para 1984, 1985, 1986 y 1987. También se expresa que él licenciado Murphy Rodrí-guez estuvo presente en todo momento durante la verifica-ción y que se discutieron con él las deficiencias y que éste estuvo de acuerdo con su veracidad.

El 18 de noviembre de 1992 el licenciado Murphy Rodrí-guez solicitó reconsideración de nuestra Resolución de 30 de octubre. El 4 de diciembre ordenamos al Director ins-peccionar toda la obra notarial del licenciado Murphy Rodríguez. Indicamos específicamente que éste debería in-formarle a dicho notario de todas las deficiencias encontradas.

El 29 de diciembre de 1992 el Inspector de Protocolos informó que aún subsistían deficiencias para 1982, 1984, 1985, 1986 y 1987. Con respecto a los protocolos de 1988, 1989, 1990 y 1991, se encontraron numerosas deficiencias.

El 12 de febrero de 1993 ordenamos al licenciado Murphy Rodríguez mostrar causa por la cual no se le debía suspender indefinidamente del ejercicio de la notaría por razón de las deficiencias informadas, “algunas de las cua-les subsisten desde el 1982, sin que hayan sido corregidas por dicho notario a pesar de las amplias oportunidades que [se le han] concedido para ello”.

El licenciado Murphy Rodríguez compareció mediante dos (2) mociones en las cuales, entre otras cosas, nos soli-citó una prórroga para corregir las deficiencias que aún subsistían. El 12 de marzo de 1993 concedimos hasta el 31 de mayo para corregir todas las deficiencias.

El 3 de noviembre de 1993 el Director nos rindió un informe de reinspección del cual surge que aún subsisten deficiencias para 1982 y 1984; que no pudo reinspeccionar los protocolos de 1988 y 1989 por no estar disponibles, y que en el protocolo de 1992 existen varias deficiencias. También informó que los protocolos de 1983, 1985, 1987, 1991 y el Registro de Affidávit estaban correctos.

Los hechos anteriormente reseñados reflejan una acti-tud de dejadez y total menosprecio hacia el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la notaría. Han trans-currido más de dos (2) años desde que se le ordenó corregir deficiencias en su obra notarial que aún subsisten.

Hemos concedido amplia oportunidad al licenciado Murphy Rodríguez para cumplir con nuestras resoluciones y órdenes. Ya desde el 1ro de noviembre de 1991 le habíamos apercibido que si no corregía las deficiencias señaladas po-dría ser disciplinado. El 24 de julio de 1992 concedimos término al licenciado Murphy Rodríguez para que se ex-presara sobre lo informado por el Director, que contradecía su aseveración de que las deficiencias señaladas habían sido corregidas. Le ordenamos, además, mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado. En su comparecencia el licenciado Murphy Rodríguez simplemente solicitó pró-rroga aduciendo problemas de salud y adujo como excusa un “aparente mal entendido” entre el Inspector de Protoco-los y él, pues nunca se habían reunido para discutir las faltas. No explicó ni justificó su incumplimiento.

El 30 de octubre le indicamos al licenciado Murphy Ro-dríguez que luego de examinar el informe final del Director determinaríamos las sanciones correspondientes. Dieci-nueve (19) días más tarde solicitó reconsideración de esta resolución.

El 3 de noviembre de 1993 el Director rindió su informe final. Este refleja que a pesar de las numerosas prórrogas y oportunidades concedidas para cumplir con su deber de co-rregir todas las deficiencias señaladas, aún subsisten algunas. El licenciado Murphy Rodríguez tampoco ha ex-plicado ni ha justificado su incumplimiento con nuestras órdenes. Procede que decretemos la suspensión temporera del ejercicio de la notaría del Lcdo. Dizzy Murphy Rodríguez. In re Silva Julbe, 132 D.P.R. 970 (1993); In re Osorio Díaz, 131 D.P.R. 1050 (1992).

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia sepa-rando temporeramente al licenciado Murphy Rodríguez del ejercicio de la notaría.

      (1) En 1982 se le habían señalado como deficiencias, entre otras, “falta de firma y sello en nota de apertura, falta de sello en nota de cierre” en ciento seis (106) escrituras, falta de setenta y nueve dólares ($79) en sellos de rentas internas y setenta y cinco centavos (.75) en sellos notariales.

      (2) En 1982 se le señalaron como deficiencias “falta de sello en nota de apertura, aclarar nota de cierre con números repetidos (71 escrituras)”, además de faltar cinco dólares ($5) en sellos de rentas internas, entre otras.

      (3) Se le señaló “falta de firma y sello en nota de apertura” en setenta y cinco (75) escrituras, además de aproximadamente diecisiete (17) señalamientos de diversas otras deficiencias.

      (4) Estos protocolos no habían sido examinados.


text:
    Esteban Rosas González y otra, demandantes y recurrentes, v. Nelson Acosta Pagán y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-89-140

      Resuelto: 3 de diciembre de 1993

      Federico Lora López, abogado de los recurrentes; Edwin Toro Goyco, abogado del recurrido licenciado Martínez Ramírez.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hechos

Los esposos Esteban Rosas González y Eligia Rodríguez Lebrón vendieron al matrimonio compuesto por Nelson Acosta Pagán y Alma Figueroa Mercado una finca ubicada en el barrio Jaguitas de Hormigueros. Dicha finca tenía, al momento de la venta, una cabida superficial de poco más de ocho cuerdas (8.2371). El precio de venta acordado fue la suma de cuarenta y siete mil dólares ($47,000), pagade-ros en cinco (5) años al ocho porciento (8%) de interés. El 15 de septiembre de 1973 las partes otorgaron la Escritura Núm. 279 de Segregación, Venta e Hipoteca ante el aboga-do-notario Jovino Martínez Ramírez.() Mediante esta Es-critura se constituyó Hipoteca Voluntaria, con el rango de Primera, a favor de los vendedores.() El abogado-notario Martínez Ramírez se comprometió a inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad.()

El mismo día en que se otorgó la Escritura Núm. 279, los vendedores, esposos Rosas González y Rodríguez Le-brón, le prestaron a los compradores Acosta Pagán y Figueroa Mercado la suma de veinticinco mil dólares ($25,000). Por tal razón, los compradores suscribieron ante el aboga-do-notario Martínez Ramírez un pagaré a favor de los es-posos Rosas González y Lebrón Rodríguez por la cantidad antes mencionada más intereses al ocho porciento (8%) anual. La fecha de vencimiento del pagaré era el 15 de septiembre de 1975. En el susodicho pagaré se incluyó una cláusula que establecía que la deuda sería satisfecha me-diante el pago de dos mil quinientos dólares ($2,500) por cada solar que se segregara y vendiera de la finca adqui-rida por los compradores.

El 19 de septiembre de 1973 fue presentada la Escritura Núm. 279 al Registro de la Propiedad para inscripción por el Sr. Pedro Osorio. A éste le fue encomendada dicha tarea por el abogado-notario Martínez Ramírez. En la fecha antes mencionada quedó inscrita la compraventa, pero no así la hipotecad) Ni las partes, ni el abogado-notario Martínez Ramírez se percataron de inmediato de que la hipoteca por la suma de cuarenta y siete mil dólares ($47,000) no quedó constituida.

Posteriormente, los vendedores, esposos Rosas González y Rodríguez Lebrón, le prestaron adicionalmente a los compradores Acosta Pagán y Figueroa Mercado la suma de diez mil dólares ($10,000). Por tal razón, el 21 de febrero de 1974, los compradores suscribieron ante el abogado-notario Martínez Ramírez un pagaré al portador por la. suma antes mencionada.. Se constituyó una segunda hipo-teca para garantizar el nuevo préstamo sobre la finca de poco más de ocho (8) cuerdas. La Escritura Núm. 68, que se otorgó por las partes para constituir Hipoteca en Garantía de Pagaré Hipotecario, hacía referencia al gravamen hipo-tecario por la suma de cuarenta y siete mil dólares ($47,000) que afectaba la finca en virtud de la compraventa de 15 de septiembre de 1973. Esta segunda hipoteca sí quedó debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, pero a todos los efectos con rango de primera. Para enton-ces, ni las partes ni el abogado-notario Martínez Ramírez se habían percatado de que la primera hipoteca no se había constituido.

Así las cosas, a partir de mayo de 1974 las partes com-parecieron ante el abogado-notario Martínez Ramírez para el otorgamiento de trece (13) escrituras de segregación, venta y liberación de solares de la finca original. Cabe se-ñalar que, entre estas escrituras, las números 161, 195, 196 y 231 liberaban once (11) solares. En las mismas se expresaba que los vendedores recibían dos mil dólares ($2,000) por cada solar para abonar mil dólares ($1,000) a cada hipoteca, la primera hipoteca constituida en virtud de la Escritura Núm. 279 y la hipoteca con rango de segunda constituida en virtud de la Escritura Núm. 68. De manera que, al liberarse los primeros diez (10) solares, se satisfizo la deuda de diez mil dólares ($10,000) garantizada por la segunda hipoteca. Ésta era la única que quedó debida-mente inscrita, por lo que la propiedad en cuestión quedó libre de gravámenes.()

En mayo de 1976 se otorgó la última escritura de segre-gación, compraventa y liberación. En dicha escritura el abogado-notario Martínez Ramírez requirió la compare-cencia de testigos instrumentales al supuestamente perca-tarse, por primera vez, del hecho de que el señor Rosas González estaba ciego.() Este requerimiento aparente-mente incomodó a los esposos Rosas González y Rodríguez Lebrón, quienes entonces optaron por utilizar los servicios de otro notario para negocios posteriores.

En un momento dado, los compradores-deudores se atrasaron en el pago de la deuda con los vendedores-acreedores. Esto propició una serie de negociaciones que culminaron en un reconocimiento de deuda por la suma de cincuenta y ocho mil novecientos treinta y un dólares con cincuenta y ocho centavos ($58,931.58) en enero de 1977. Debido a que el incumplimiento persistió, los esposos Ro-sas González y Rodríguez Lebrón presentaron demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, el 15 de enero de 1979.

El pleito estuvo paralizado por algún tiempo debido a que los demandados habían acudido al Tribunal de Quie-bras el 3 de mayo de 1979.() Como parte de la solicitud presentada ante el Tribunal de Quiebras, los esposos Acosta Pagán y Figueroa Mercado informaron que los se-ñores Rosas González y Rodríguez Lebrón eran acreedores asegurados por la cantidad de cuarenta y siete mil dólares ($47,000). Esto, obviamente, bajo la creencia equivocada de que la hipoteca constituida mediante la Escritura Núm. 279 había sido inscrita en el Registro de la Propiedad.

A tales efectos, se sometió el plan de reorganización ante el Tribunal de Quiebras. Éste fue aprobado por el Tribunal el 22 de febrero de 1980, por lo que el caso fue ce-rrado el 24 de marzo de 1980.()

Cuatro (4) años más tarde, los demandantes contrata-ron nueva representación legal. A base de las gestiones realizadas por sus nuevos abogados es que se enteran los demandantes de que la hipoteca constituida por la Escri-tura Núm. 279 no había sido inscrita. Esto le fue infor-mado al abogado-notario Martínez Ramírez. Ante tal situa-ción, los demandantes presentaron una moción el 24 de noviembre de 1984 en el Tribunal de Quiebras solicitando la reapertura del caso bajo la teoría de que se cometió fraude por parte de los compradores-deudores al indicar que los venderos-acreedores tenían una acreencia asegu-rada durante el proceso de reorganización. Insistieron en que si se hubiese revelado el valor real de la propiedad, esto hubiera demostrado que la deuda no era asegurada. Esta solicitud de reapertura fue denegada por el Tribunal de Quiebras el 6 de diciembre de 1984. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal de Distrito federal el 1ro de abril de 1986. Concluyó el foro federal que hubo incuria por parte de los demandantes.()

Así las cosas, el 3 de junio de 1985 los demandantes presentaron una moción ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, para que se continuaran los procedimientos. Argüyeron que habiéndose cerrado el caso en el Tribunal de Quiebras, el acreedor podía continuar cualquier acción que tuviera disponible. Además, solicitaron permiso para enmendar la demanda y traer como demandado al aboga-do-notario Martínez Ramírez por haber incumplido sus funciones como notario con relación a los hechos de este caso. El 10 de septiembre de 1985 el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, declaró con lugar la solicitud de los demandantes. ()

Básicamente en la demanda enmendada se alegaba que la hipoteca para garantizar la venta de la propiedad, por la cantidad de cuarenta y siete mil dólares ($47,000), no fue inscrita en el Registro de la Propiedad debido a la negli-gencia del abogado-notario Martínez Ramírez. Además, se alegó que dicha hipoteca quedó finalmente inscrita en 1985, mediante gestiones del abogado-notario Martínez Ramírez, habiendo transcurrido doce (12) años desde el otorgamiento de la escritura.

Por su parte, el abogado-notario Martínez Ramírez con-testó la demanda negando las imputaciones e instó reconvención. Al poco tiempo solicitó permiso para renun-ciar a la representación legal de los codemandados, esposos Acosta Pagán y Figueroa Mercado pues, según lo alegado por los demandantes, se planteaba un posible conflicto de intereses con sus representados. Sostuvo, además, que los codemandados habían abandonado la jurisdicción por lo que él ya no tenía comunicación con ellos.O()

Posteriormente, el codemandado Martínez Ramírez pre-sentó una segunda moción de desestimación y/o paraliza-ción de procedimiento por descargo de deuda, alegando que la deuda de los codemandados había sido exonerada por el Tribunal de Quiebras. Planteó, a su vez, que la reclama-ción en su contra estaba prescrita. El Tribunal Superior declaró sin lugar la moción.

Finalmente se celebró la vista evidenciaría y, luego de desfilada la prueba, se le concedió a las partes la oportuni-dad de presentar memorandos de derecho.() El asunto quedó entonces ante la consideración del Tribunal.

El 20 de enero de 1989 el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, dictó sentencia en la que declaró con lugar la demanda contra los codemandados Acosta Pagán y Figueroa Mercado. Los obligó a satisfacer a los demandantes la suma de cincuenta y ocho mil novecientos treinta y un dó-lares con cincuenta y ocho centavos ($58,931.58), más inte-reses al doce por ciento (12%) anual desde la radicación de la demanda. Asimismo, les impuso la cantidad de quince mil dólares ($15,000) para costas, gastos y honorarios de abogado. No obstante, declaró sin lugar la reclamación contra el abogado-notario Martínez Ramírez, así como la re-convención instada por éste. Ordenó, a su vez, que se ven-diera en pública subasta la propiedad que dio base al presente litigio.

Inconforme con esta determinación del tribunal de ins-tancia, los demandantes presentaron recurso de revisión antes nos planteando la comisión de cuatro (4) errores:()

A. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al resolver que las violaciones incurridas por el Ledo. Martínez Ramírez, si bien ameritan la investigación del Procurador General de Puerto Rico, se limitan a deberes estrictamente notariales su-jetos á responsabilidad disciplinaria, pero no así a responsabi-lidad civil debido al principio de prescripción.
B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia en su interpre-tación y aplicación del derecho a los hechos del caso.
C. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al excluir evi-dencia pertinente.
D. Erró el Honorable Tribunal de Instancia en su aprecia-ción de la prueba.”()

Decidimos revisar y expedimos el auto de revisión solicitado.

II

Por estar íntimamente relacionados, procederemos a discutir conjuntamente los dos (2) primeros señalamientos de error. Debemos señalar que no es correcta la conclusión del tribunal de instancia a los efectos de que esté prescrita la reclamación en daños contra el abogado-notario Martí-nez Ramírez por negligencia profesional. Tal conclusión se basa en la interpretación errónea del derecho vigente. Vea-mos por qué.

El tribunal de instancia determinó que “[l]as omisiones cometidas por el Ledo. Martínez según las alegaciones de los demandantes y la prueba desfilada ante este Tribunal, constituyen violaciones a deberes estrictamente notariales. Fuera de éstas, la parte demandante no demostró la exis-tencia de un compromiso contractual que hubiese sido in-cumplido por el codemandado. Toda vez que según la prueba vertida ante este Tribunal, lo que se imputa al Ledo. Martínez es el cumplimiento defectuoso de sus debe-res como notario, es menester concluir [sic] la aplicabilidad del período prescriptivo de 1 año dispuesto por el Art. 1868 del Código, 31 L.RR.A. 5298”. Tal determinación está re-ñida con lo dispuesto en la Ley Notarial de Puerto Rico, vigente al momento de los hechos, y el caso normativo de Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984). Expliquémonos.

Un notario puede responder civilmente por los daños causados debido a su negligencia profesional. El término prescriptivo para instar la acción dependerá de si la obligación contraída por el notario es contractual o extracontractual. Es decir, si la obligación es contractual, el término prescriptivo para instar la acción en daños es de quince (15) años. Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294. Por el contrario, si se limita a sus deberes nota riales y como resultado de ello causa un daño, entonces le será aplicable el plazo de un (1) año asignado a las acciones extracontractuales. Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298. De manera que la naturaleza de la responsabilidad civil del abogado-notario estará supeditada a la valoración que se haga de los hechos.

A tales efectos, en Chévere v. Cátala, supra, págs. 441-442, endosamos las siguientes conclusiones del. trata-dista Giménez-Arnau sobre la responsabilidad civil:

“[N]os parecen aceptables ... la responsabilidad civil del Notario puede ser de naturaleza contractual o extracontractual. El mero dato de haber obtenido del Notario la prestación de sus funciones no permite presumir el carácter contractual de la res-ponsabilidad; por el contrario, es preciso adoptar como criterio general la responsabilidad de origen extracontractual siempre que la labor del Notario se haya limitado a la esfera de sus deberes como funcionario; quien pretenda que la responsabili-dad es de otra naturaleza tiene la carga de probar la existencia de un contrato de tipo determinado.” (Énfasis en el original suprimido.)

Tras examinar la Ley Notarial vigente al ocurrir los hechos, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. sec. 1001 n.) y la actual Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 etseq.), no encontramos en éstas disposición alguna que imponga al notario la obligación de presentar los documentos al Registro de la Propiedad como parte de sus funciones inherentes al ejercicio del notariado. Sin embargo, el notario, como parte de sus funciones, tiene el deber de informarle al cliente la necesidad de presentar inmediatamente la escritura de hipoteca ante el Registro de la Propiedad. En especial, deberá llamarle la atención acerca de las consecuencias que para él podría tener el no hacerlo. In re Flores Torres, 119 D.P.R. 578, 585-586 (1987).

Surge con meridiana claridad que la presentación de documentos al Registro de la Propiedad constituye una obligación contractual convenida por las partes, la cual no forma parte de las responsabilidades inherentes al ejercicio del notariado. En otras palabras, se acuerda y se cons-tituye un contrato de mandato.() Debemos entonces deter-minar si en el presente caso surgió dicho convenio.

La parte demandada, licenciado Martínez Ramírez, aceptó en todo momento que él se comprometió a presentar para inscripción en el Registro de la Propiedad la Escritura Núm. 279. Así también lo hace constar el tribunal de ins-tancia en sus determinaciones de hecho. Por lo tanto, la parte demandante probó la existencia del contrato de mandato. La propia parte demandada recurrente así lo aceptó. De manera que habiéndose constituido un contrato de mandato entre las partes, la acción contra el licenciado Martínez Ramírez no había prescrito.

En virtud de lo anteriormente expresado, se dictará sen-tencia modificando en parte la sentencia emitida por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, el 20 de enero de 1989, a los únicos efectos de determinar que no está prescrita la causa de acción contra el licenciado Martínez Ramírez y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que conti-núen los procedimientos, según lo aquí dispuesto.i )

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opinión escrita.

      (1) El Ledo. Jovino Martínez Ramírez había ofrecido sus servicios como notario en ocasiones anteriores a los esposos Esteban Rosas González y Eligía Rodríguez . Lebrón.

      (2) La Escritura Núm. 279 de Segregación, Venta e Hipoteca incluía una cláu-sula a los efectos de que los acreedores hipotecarios se obligaban a firmar cualquier documento de liberación parcial de la finca para la segregación y venta de solares de ésta, previo el pago de una suma de dinero, la cual se determinaría por las partes al momento de hacerse la liberación.

      (3) Así consta en las determinaciones de hecho del tribunal de instancia. Ade-más, tal hecho fue aceptado por el abogado-notario Martínez Ramírez en la moción solicitando reconsideración a la sentencia emitida por el tribunal de instancia, el 20 de enero de 1989, y en el alegato sometido ante este Tribunal.

      (4) En las determinaciones de hecho del tribunal de instancia se hace constar que “[p]or razones desconocidas, no se inscribió la hipoteca, expresándose en este sentido en la certificación registral expedida el 25 de septiembre de 1985 que de dicha hipoteca ‘no se solicita inscripción’. En el Registro permaneció únicamente la mención de la misma”. (Escolio omitido.)

      (5) En las determinaciones de hecho del tribunal de instancia se dice que:
      “En el otorgamiento de dichas escrituras el Ledo. Jovino Martínez actuó en su capacidad de notario público, cobrando los honorarios que estipula la ley, los cuales fueron satisfechos por los codemandados Nelson Acosta Pagán y Alma Figueroa Mercado. Si bien durante este período, el Ledo. Martínez brindó asesoramiento de carácter financiero a los demandantes en su capacidad de contable; y prestó servicios de índole personal, tal y como la custodia de un arma de fuego durante una disputa matrimonial entre los codemandantes, no surge que el codemandado hubiera ac-tuado en otra capacidad que la de notario con respecto a los negocios jurídicos mencionados.
      “Durante este período, sin embargo, el Ledo. Martínez sí actuaba como abogado de los codemandados Nelson Acosta Pagán y Alma Figueroa Mercado con relación a varias gestiones de cobro de dinero. Adicionalmente, el Ledo. Martínez efectuaba abonos a la deuda con los codemandantes en representación y por instrucciones de dichos codemandados. En virtud de dichos pagos, llegaron a saldarse los préstamos por $10,000.00 y $25,000.00, quedando pendiente el balance de la deuda original de $47,000.00 más sus intereses.”

      () El abogado-notario Martínez Ramírez testificó que, hasta ese momento, no se había dado cuenta de que el señor Rosas González estaba ciego, a pesar de que compareció a casa de éste cada vez que se otorgaba una de las escrituras.

      (7) En ese entonces presentaron una solicitud bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras.

      (8) Según los compradores-deudores, como los vendedores no eran realmente acreedores asegurados debido a que la hipoteca no se inscribió, la decisión del Tribunal de Quiebras tuvo el efecto de exonerarlos de la deuda.

      (9) El Juez del Tribunal de Distrito federal expresó lo siguiente:
      “We cannot overlook the fact that as early as June 14, 1974 appellants were aware of the bankruptcy proceedings from the motion to stay filed by the debtors in the state court. Also, the December 1, 1980 letter from debtor’s attorney informed the appellants that the discharge order had already been entered. This letter alone should have indicated to appellants there was need for haste. Despite this, appellants waited until November 26, 1984, a period of almost four years, before requesting the reopening of the bankruptcy proceedings.
      ‘‘We note that equity assists the vigilant and diligent, not those who sleep on their rights. Appellants’ actions after receiving notice of the bankruptcy constitute dilatory behavior under the circumstances. Given the size of appellants’ claim, the length of time which has transpired since the original filing of the bankruptcy proceedings and the closing of the case in that forum, together with their knowledge that debtors were in the process of reorganization, appellants’ efforts were clearly insufficient. We find that having delayed so long, their claim is barred by laches.” (Citas omitidas).

      (10) Cabe señalar que anteriormente se había denegado una moción de desesti-mación presentada por los demandados, pues no se incluyó la documentación refe-rente al plan de reorganización sometido ante el Tribunal de Quiebras ni la disposi-ción del caso por dicho foro.

      (11) El 19 de marzo de 1987 el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, relevó al abogado-notario Martínez Ramírez de la representación legal de los codemandados, esposos Acosta Pagán y Figueroa Mercado. Como éstos no pudieron ser localizados, se les notificó la demanda enmendada y la renuncia de su representación legal me-diante edicto.

      (12) No comparecieron a los procedimientos los codemandados, esposos Acosta Pagán y Figueroa Mercado.

      (13) Cabe señalar que los dos (2) primeros señalamientos de error van dirigidos a cuestionar la conclusión del tribunal de instancia a los únicos efectos de que las actuaciones irregulares del abogado-notario Martínez Ramírez no generan responsa-bilidad civil debido al principio de prescripción.

      (14) Debido a la conclusión a la que llegamos, no es necesario que discutamos los dos (2) últimos señalamientos de error.

      (15) El contrato de mandato se define como aquél en que “se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”. Art. 1600 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4421.

      (16) La alegada conducta irregular del notario Martínez Ramírez requiere que ordenemos al Procurador General que realice una investigación e informe sobre la misma.


text:
      In re José R. Rojas Jiménez, querellado.

      Número: CP-89-826

      Resuelto: 3 de diciembre de 1993

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Felipe Cirino Colón, abogado del querellado.
   per curiam:

El Ledo. José R. Rojas Jiménez fue convicto por violar los Arts. 168 y 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4274 y 4591 (recibo de bienes apropiados y falsifica-ción de documentos), así como por infracción al Art. 93 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956 (13 L.P.R.A. see. 4093). El 27 de octubre de 1989 fue sentenciado a penas concurrentes de dos (2) años, seis (6) años y de seis (6) meses, respectivamente, a ser cumplidas bajo el régimen de sentencia suspendida()

Por ello, el Procurador General presentó querella ante este Tribunal y solicitó el desaforo del licenciado Rojas Ji-ménez debido a tales convicciones. 4 L.P.R.A. see. 735. El licenciado Rojas Jiménez contestó el escrito formulado por el Procurador General solicitando dejáramos pendiente dilucidar la querella hasta tanto terminaran los procedi-mientos judiciales iniciados en su contra en los casos pen-dientes en apelación.

El 1ro de febrero de 1990 pospusimos discrecionalmente la consideración de la querella hasta tanto terminara el trámite de las causas penales instadas contra él.

El pasado 18 de junio de 1993 el Tribunal de Apelacio-nes de Puerto Rico, Sección Norte, confirmó las sentencias de las cuales se apeló.

El pasado 2 de agosto de 1993 denegamos el recurso de certiorari radicado por el apelante cuestionando la senten-cia confirmatoria del Tribunal de Apelaciones. Procede que ejerzamos nuestra jurisdicción disciplinaria.

Habiendo sido el querellado encontrado culpable de de-litos que implican depravación moral, separamos indefini-damente al Ledo. José R. Rojas Jiménez de la profesión legal en Puerto Rico. Véanse: In re Bobet Ruiz, 132 D.P.R. 881 (1993); In re Rúa Cabrer, 132 D.P.R. 431 (1992); In re Ríos Ruiz, 129 D.P.R. 666 (1991); In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987); In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735).

Se decreta la separación indefinida del licenciado Rojas Jiménez del ejercicio de la abogacía y se ordena que se borre su nombre del Registro de Abogados del Tribunal Supremo.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Las acusaciones correspondientes imputaban que:
      Los referidos acusados, JUAN CUBILETE BAEZ y JOSE RAFAEL ROJAS JIMENEZ, allá en o para el día 29 de diciembre de 1986, en Mayagüez, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, actuando en concierto y común acuerdo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, recibieron, retuvieron, transportaron, cargaron o dispusieron de un bien mueble consistente de un automóvil marca Nissan Máxima, modelo de 1987, a sabiendas de que el mismo fue obtenido mediante apropiación ilegal, o cualquier otra forma ilícita, siendo el valor del bien apropiado ilegalmente $21,000.00.
      Los referidos acusados, Juan Cubilete Báez y José Rafael Rojas Jiménez, allá, en o para el día 29 de diciembre de 1986, en San Juan, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, actuando en concierto y común acuerdo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, con la intención de defraudar al señor Glauco Vaillant Espinoza y/o al Dealer motorama, hicieron, en todo o en parte, un documento o escrito falso, mediante el cual se creó, transfirió, terminó o de otra forma afectó cualquier derecho, obligación o interés.

        Los referidos acusados, JUAN CUBILETE y JOSE RAFAEL ROJAS JIMENEZ, allá en o para el día 29 de diciembre de 1986 y en Mayagüez, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, actuando en concierto y común acuerdo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal-mente, tenían en su posesión un automóvil marca Nissan Máxima, Modelo 1987, al cual se le alteró y removió el número de serie del manufacturero. Sentencia de 18 de junio de 1993.