author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Dr. Mario R. García Palmieri y otros, demandantes y recurridos, v. Dr. José Soler Zapata y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-93-408

      Resuelto: 13 de febrero de 1995

      Edmee Vicenty, abogada de los recurrentes; Rafael Rivera Rosa, abogado de los recurridos; Emilio Peña Fonseca, abo-gado del Dr. José L. Jiménez Vélez, Rector Interino del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, quien sustituye al codemandado Dr. Francisco Her-nández Oquendo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (Hon. Gilberto Gierbolini, hijo, Juez Superior), al concluir que eran válidas la asam-blea y votación realizadas el 22 de septiembre de 1992 por unos médicos que ostentaban unos nombramientos admi-nistrativos temporeros en la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (en adelante Cen-tro Cardiovascular), a los efectos de elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de la Facultad Médica. Revocamos el dictamen del tribunal de instancia que determinó que dicha votación era válida.

HH

Mediante la Ley Núm. 51 de 30 de junio de 1986, fue creada la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. El 2 de octubre de 1991, la Junta de Directores del Centro Cardiovascular aprobó los Estatutos Generales para la Organización de la Facultad Médica del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, el cual fue objeto de revisión el 16 de octubre de 1991. Así las cosas, el 30 de enero de 1992 fue aprobado por la Junta de Directores el Manual de Proceso para la Evaluación y Otorgamiento de Nombramientos y Privilegios a la Facul-tad Médica de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, en el cual, entre otras, se esta-blece una serie de categorías en su Facultad Médica y se determinan los privilegios que han de concederse.

El 31 de julio de 1992 se otorgó un acuerdo de filiación entre el Centro Cardiovascular y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a los efectos de que los servicios de medicina y de cirugía cardiovascular, que la Facultad del Recinto había estado ofreciendo en las Unidades de Cirugía e Intensivo Cardiovascular de la Ad-ministración de Servicios Médicos, serían realizados en las nuevas facilidades del Centro Cardiovascular. Se reconoció en dicho acuerdo que los nombramientos otorgados y la concesión de privilegios se concederían según la reglamen-tación y la política institucional establecida por la Junta de Directores del Centro Cardiovascular. Según se hizo cons-tar en dicho acuerdo, el Centro Cardiovascular comenzaría a prestar los servicios médico-hospitalarios el 3 de agosto de 1992.

Mediante una Carta de 31 de agosto de 1992, la Decana del Recinto de Ciencias Médicas, Dra. Nilda Candelario, sometió al Director Médico del Centro Cardiovascular, Dr. Félix Cortés, una lista de los facultativos disponibles de la Facultad de la Escuela de Medicina, para solicitar que se le concediesen unos privilegios temporeros. Por medio de Cartas de 31 de agosto y de 4 de septiembre de 1992, el Director Médico del Centro Cardiovascular concedió unos nombramientos administrativos temporeros de noventa (90) días a los médicos disponibles de la Facultad de la Escuela de Medicina.

Así las cosas, mediante Carta de 17 de septiembre de 1992, el Director Médico del Centro Cardiovascular notificó a los médicos de una reunión que habría de celebrarse el 22 de septiembre de 1992 a los fines de discutir la organi-zación de la Facultad Médica.

Llegada dicha fecha, se celebró una asamblea en la cual los médicos del Centro Cardiovascular eligieron a los miembros de su Comité Ejecutivo. Fueron elegidos el Dr. Mario R. García Palmieri como Presidente, el Dr. Carlos E. Girod como secretario-tesorero y los Dres. Rubén Díaz, José E. López y Rafael Cox como vocales. A ese momento, todos los médicos ostentaban sólo nombramientos adminis-trativos temporeros.

Dicho proceso de elección no fue reconocido por la Junta de Directores del Centro Cardiovascular por razón de que los médicos, que habían participado en ésta, no eran miem-bros de la Facultad Médica de la institución hospitalaria, ya que ostentaban únicamente unos nombramientos admi-nistrativos temporeros, por lo cual no se les había conce-dido privilegios. Como consecuencia, la Junta determinó que no eran miembros de la facultad activa y, por lo tanto, no tenían derecho al voto en los asuntos de la Facultad Médica. A esos efectos, la Junta de Directores emitió la Certificación Núm. 11 de 29 de septiembre de 1992, la cual se ratificó mediante la Certificación Núm. 14 de 23 de no-viembre de 1992.

En atención a lo anterior, se convocó para una nueva reunión que habría de celebrarse el 7 de diciembre de 1992, a los efectos de que los médicos que ya ostentaban privile-gios a esta fecha, participaran en la elección del Comité Ejecutivo de la Facultad. Llegada esa fecha, varios médicos solicitaron ante el Tribunal Superior la expedición de una orden de injunction provisional contra los miembros de la Junta de Directores del Centro Cardiovascular, así como contra dicha corporación, a los efectos de que se abstuvie-ran de celebrar la asamblea pautada para esa fecha. El Tribunal Superior no expidió el entredicho provisional, por lo que se celebró la asamblea con la participación de los médicos que ostentaban privilegios y, por lo tanto, miem-bros de la Facultad Activa. Efectuada la votación, fueron elegidos el Dr. José Martínez Toro como Presidente, el Dr. Etienne Otaño como secretario-tesorero y los Dres. José E. López, Carlos Girod y Rubén Díaz como vocales.

Luego de ello, la petición de injunction fue enmendada a los fines de incluir a los médicos elegidos en la Asamblea de 7 de diciembre de 1992, con excepción de los Dres. José E. López y Carlos Girod, quienes figuran como demandantes en la petición. Así las cosas, las partes estipularon los he-chos y sometieron sendos memorandos de derecho en apoyo a sus respectivas posiciones. Considerados los memoran-dos de las partes, así como los hechos estipulados y la prueba documental sometida, el tribunal de instancia emi-tió una sentencia, en la cual resolvió que la elección habida el 22 de septiembre de 1992 era válida, al concluir que los médicos que poseían los nombramientos temporeros po-dían votar a los fines de seleccionar un Comité Ejecutivo de la Facultad Médica del Centro Cardiovascular, por ser dichos médicos miembros de la Facultad. Asimismo concluyó que no había reglamento de la Facultad Médica para la fecha de la Asamblea; esto es, el 22 de septiembre de 1992, puesto que se había anulado la aprobación del reglamento de la Facultad que hicieron el Director Médico y los tres (3) directores interinos del departamento del Centro Cardiovascular. Por último, nombró una comisión para que, entre otras cosas, resolviera cualquier duda en cuanto a la composición de la Facultad Activa.

No conformes, acuden ante nos los codemandados Dres. José Martínez Toro, Etienne Otaño y Rubén Díaz, me-diante solicitud de revisión, en la cual solicitan la revoca-ción de la sentencia recurrida. Básicamente alegan que el tribunal de instancia erró al no desestimar la petición, por tratarse de una solicitud para impedir que la Junta de Directores hiciera uso de las facultades que le confiere la ley. Éstas no han sido impugnadas por ser inconstitucionales; al reactivar motu propio los procedimientos del caso luego de cuatro (4) meses de inactividad; al hacer caso omiso a los hechos estipulados por las partes, y al hacer referencia a unos hechos sobre los cuales no se presentó prueba alguna. Al igual, plantean que el tribunal de instancia erró al determinar que los médicos, que participaron en la votación de 22 de septiembre de 1992, constituían una fa-cultad autónoma y al nombrar una comisión con la facul-tad para determinar y resolver dudas en cuanto a la com-posición de la facultad activa. Además, en la discusión de los señalamientos de error plantean que la doctrina de los actos propios aplica, por lo que, luego de haber participado los demandantes en la segunda asamblea e, incluso, ha-berse nominado para puestos, no pueden proseguir con la petición de injunction por estar en contra de sus propios actos.

Concedimos a los demandantes recurridos —Dr. Mario R. García Palmieri y otros— un término para que mostra-ran causa por la cual no debamos revocar la sentencia re-currida y sostener las decisiones de la Junta de Directores del Centro Cardiovascular, a saber: (1) la cual declaró que la elección de los oficiales de la Facultad Médica, que se llevó a cabo el 22 de septiembre de 1992, es nula, y (2) que la elección de 7 de diciembre de 1992 es válida, conforme a la autorización expresa que le confiere la Ley Núm. 51, supra, en particular los incisos (d), (f), (j) y (1) del Art. 3 de dicha ley, 24 L.P.R.A. see. 3436. En auxilio de nuestra ju-risdicción, paralizamos los procedimientos en el foro de instancia, incluyendo su dictamen que creaba una Comi-sión, paralizamos la celebración de nuevas elecciones pau-tadas para el 25 de agosto de 1992 y ordenamos que se mantuviera en sus funciones el Comité Ejecutivo según electo el 7 de diciembre de 1992.

Ante nos comparecieron en escrito conjunto como oposi-tores los demandantes recurridos y el Dr. José L. Jiménez Vélez, Rector Interino del Recinto de Ciencias Médicas, en sustitución del Dr. Francisco Hernández Oquendo. Éstos alegan que, por no haber recurrido ante nos el Centro Cardiovascular, los codemandados recurrentes no tienen legi-timoción activa para reclamar derechos ajenos. Asimismo, alegan que la institución hospitalaria, a la fecha de la pri-mera asamblea, ya había ejercido su facultad de conceder nombramientos y privilegios, por lo que no podía interve-nir ni anular los mecanismos adoptados por los facultati-vos, para organizarse internamente entre sí y elegir a sus representantes, por ser la Facultad Médica autónoma e independiente. Alegan que no existe autogobierno alguno en una Facultad Médica que no posee siquiera autoridad suficiente para determinar quiénes serán sus representantes.

Habiendo comparecido las partes, estamos en posición de resolver. De un examen minucioso de los escritos de las partes, las estipulaciones de hechos y la prueba documen-tal sometida ante el tribunal de instancia, concluimos que aquí no se cuestiona el poder de la Facultad Médica para elegir sus representantes, según argumentan los recurri-dos, sino que la controversia versa sobre quienes componen dicha Facultad Médica y quienes ostentan el derecho al voto. Asimismo, la controversia gira en cuanto a la autori-dad de la Junta de Directores para establecer unos pará-metros y unas definiciones que regulen la organización de la Facultad Médica. Sobre dichos aspectos concentraremos nuestro análisis.

II

Cuestionan los recurridos la legitimación activa de los codemandados recurrentes para acudir ante nos mediante una solicitud de revisión a reclamar derechos ajenos. No le asiste la razón a los recurridos. No se trata de derechos ajenos sino que, al haber sido elegidos los codemandados para ocupar unas posiciones en el Comité Ejecutivo de la Facultad Médica en la asamblea celebrada el 7 de diciem-bre de 1992 y al haberse decretado como válida la primera asamblea y resultante elección celebrada el 22 de septiem-bre de 1992, quedan los codemandados recurrentes priva-dos de ocupar los puestos para los cuales fueron seleccionados. Todo ello, en unión al hecho de que se esta-blece un precedente que, a largo plazo, tiene la consecuen-cia de que se le reconocen unos derechos a los médicos con nombramientos administrativos temporeros, en contra de los reglamentos y las normas establecidos y en detrimento de los médicos que posean nombramientos y privilegios au-torizados por la institución hospitalaria. Aclarado lo anterior, discutamos los méritos del caso.

HH HH

Mediante la Ley Núm. 51, supra, fue creada la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, con el propósito de proveer al Pueblo de Puerto Rico, el Caribe y América, los tratamientos y equipos más avanzados para atender sus problemas cardiovasculares; eliminar o mitigar las dolencias de los pacientes cardiovasculares; así como fomentar la enseñanza, el estudio, la investigación y el desarrollo intelectual de los profesionales de la salud en esta área altamente especializada de la medicina. Véase Exposición de Motivos de la referida ley, 1986 Leyes de Puerto Rico 175. Se trata de una corporación pública que funciona como una entidad independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dirigida por una Junta de Directores. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 51, supra, 24 L.P.R.A. sec. 343a. La Corporación, por medio de su Junta de Directores, según disposición ex-presa del Art. 3 de esta ley, supra, tiene, entre otros, los poderes siguientes: “(d) Establecer e implantar mecanismos apropiados para la evaluación de credenciales y para la aprobación, suspensión o revocación de los privilegios para ejercer en las facilidades de la Corporación. ...(f) Estable-cer su propia estructura administrativa. ... (j) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos necesa-rios para su funcionamiento”. (Enfasis suplido.)

La autoridad de la Junta de Directores de los hospitales para establecer las diversas categorías y privilegios de su Facultad Médica, así como su concesión, obedece a poderosas razones de política pública. Existe un alto interés público en la protección de la salud; en proveer unos servicios hospitalarios de calidad y eficiencia a nuestra población, y, por consiguiente, una efectiva administración que las haga viables. No estamos ante corporaciones comunes no dedicadas a prestar servicios hospitalarios, sino que se trata de entidades hospitalarias altamente reglamentadas tanto a nivel local como federal, exigiéndose incluso una licencia para operar como tal.

Más aún, en el caso que nos ocupa se trata de una cor-poración creada por ley, en el área de la salud pública y sumamente especializada en la prestación de sus servicios médico-hospitalarios.

A estos efectos, véase Johnson v. Misericordia Community Hospital, 294 N.W.2d 501, 508 (1980), en el cual se señaló que “[t]he standards of hospital accreditation, the state licensing regulations, and the respondent’s bylaws demonstrate that the medical profession and other responsible authorities regard it as both desirable and feasible that a hospital assume certain responsibilities for the care of the patient”. (Citas omitidas). Véase, además, Beeck v. Tucson General Hospital, 500 P.2d 1153, 1157 (Ariz.1972); Darling v. Charleston Community Memorial Hospital, 33 Ill.2d 326, 211 N.E.2d 253 (1965).

Asimismo, en HA Hospital Law Manual, Governing Board, Sec. 3.1, págs. 25-26 (1990), se señala que “[t]he Joint Commission addresses general governing board responsibility as follows: ‘An organized governing body, or designated persons so functioning, is responsible for establishing policy, maintaining quality patient care, and providing for institutional management and planning* ”. De igual manera, véase IIB Hospital Law Manual, Medical Staff, Sec. 3, pág. 27 (1990), el cual se señala que “Hospitals have both the right and the duty to establish reasonable requirements for admission to the medical staff. It is important that the requirements bear a reasonable relationship to the provision of quality patient care. This necessitates that hospitals provide in their bylaws, rules and regulations for adequate professional screening of staff applicants”. (Énfasis suplido.) Más adelante, en la See. 5.2 se advierte:

The governing body of a hospital has a duty to see that the medical care provided in the institution is of suitable quality, and may be found liable for failure to exercise its authority appropriately to have each medical staff member’s performance reviewed for assessment of competence, or to enforce standards of competence against individual staff members in the interest of protecting the well-being of the institution’s patients. ... Authority follows responsibility, and hospitals have long been held to have abroad authority to impose conditions on medical practice in the hospital, in order to maintain the quality of care, including the power to remove practitioners, or curtail their privileges. Id., pág. 64.

De todo lo anterior surge con meridiana claridad la autoridad de la Junta de Directores para establecer las diversas categorías y los privilegios de su Facultad Médica. Ello, además, encuentra apoyo en lo dispuesto en el Code of Federal Regulation, 42 C.F.R. sec. 488.22(b)(1) (1992), a los efectos de que “[t]he medical staff must be organized in a manner approved by the governing body”. En adición, en nota al calce con relación a la norma MS. 1.1 del Accreditation Manual for Hospitals (1991) se indica que “clinical privileges are based on criteria established by the hospital”. (Énfasis suplido.) Asimismo, la norma MS.3.5 dispone que “[t]here is an executive committee of the medical staff whose members are selected by the medical staff or appointed in accordance with governing body bylaws”. (Énfasis suplido.)

Robert D. Miller, en Problems in Hospital Law, 5ta ed., Florida, Ed. Aspen Pub., 1986, Cap. 7, pág. 117, señala:

Before a physician may practice in a hospital, the physician must obtain an appointment to the medical staff and be granted clinical privileges by the hospital governing board. ... The governing board has the responsibility to exercise discretion in deciding whether to grant an appointment and what scope of clinical privileges to grant. (Enfasis suplido.)

Asimismo, en IIA Hospital Law Manual, Governing Board, Sec. 3.7, pág. 35 (1990), se señala:

The governing board has the ultimate responsibility for the selection of the hospital medical staff. Acting on the advice and recommendations of the medical staff, the governing board must see that all physicians who are granted medical staff membership and clinical privileges are fully qualified for them. (Énfasis suplido.)

La autoridad de la Junta de Directores para establecer las diversas categorías y los privilegios de su Facultad Médica, así como su concesión, alcanza tal importancia que el hospital sería responsable de encontrarse que no ejerció dicho deber apropiadamente. A dichos efectos, véase lo expresado por Miller:

Hospitals have been found liable for the actions of physicians when they failed to evaluate the physicians properly prior to the medical staff appointment or failed to monitor physician performance properly after appointment. Miller, op. cit, pág. 118.

IV

Dentro del ejercicio de sus facultades, La Junta de Directores del Centro Cardiovascular promulgó el Manual de Proceso para la Evaluación y Otorgamiento de Nombramientos y Privilegios a la Facultad Médica de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, págs. 5-7, aprobado el 30 de enero de 1992, para establecer una serie de categorías en su Facultad Médica, a saber:

A. Facultad Activa
Se considerará miembro de la Facultad Activa aquel médico que regularmente admite o evalúa pacientes, ya sea los que acuden en estado de emergencia o los que le refieren a manera de consultas otros médicos. ... Un facultativo activo no debe estar nombrado dentro de un departamento específico, debe asistir a las reuniones periódicas de la facultad, en las cuales tendrá derecho al voto, y debe servir en los comités de Facultad.
B. Facultad de Cortesía
Se considerará miembro de la Facultad de Cortesía aquel mé-dico que está siendo considerado para su nombramiento a la Facultad Activa del Hospital y que cumple con los requisitos mínimos para el nombramiento. Un facultativo de cortesía debe estar adscrito a un departamento específico.
Para que un facultativo de cortesía pueda ser considerado para admisión a la Facultad Activa, deberá admitir y/o atender regularmente ... pacientes, ya sea los que acuden en estado de emergencia o los que le refieren a manera de consultas otros médicos. Deberá cumplir un mínimo de un año como facultativo de cortesía y permanecer a un Comité de la Facultad Médica, según lo disponga el Presidente de la Facultad o el Director Médico.
Los miembros de cortesía no serán elegibles para jefaturas de departamentos o secciones, pero deberán asistir a las reuniones de departamento o de facultad.
C. Facultad de Consulta
Se considerará miembro de la Facultad de Consulta, aquel médico de reconocida habilidad profesional o de reputación ex-traordinaria, que no pertenece a alguna otra de las membre-sías, pero que ha manifestado su interés en pertenecer a la Facultad de Consulta.
La Facultad de Consulta no admite pacientes regularmente y su nombramiento se extiende como un gesto de reconocimiento por su prominencia en la comunidad médica.
El facultativo de consulta no podrá ejercer jefaturas de de-partamentos ni comités y no se le asignarán responsabilidades relacionadas con el cuidado de pacientes.
D. Facultad de Profesionales de la Salud
Se considerará Facultad de Profesionales de la Salud aque-llos recursos profesionales, no médicos, cuyos servicios son esenciales para ofrecer un cuidado completo y de excelencia a los pacientes, tales como terapistas, psicólogos clínicos, y otros.

Así, la controversia en este caso se reduce a determinar si, al 22 de septiembre de 1992, los médicos demandantes recurridos eran miembros de la Facultad Activa, pues según el citado Manual de Proceso para la Evaluación y Otorgamiento de Privilegios a la Facultad Médica de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, éstos son los únicos que poseen derecho al voto y derecho a ocupar un puesto en el Comité Ejecutivo. De un examen de las estipulaciones de las partes, así como de la prueba documental sometida ante el tribunal de instancia, podemos notar que los demandantes recurridos poseían meramente nombramientos temporeros, por lo que no for-maban parte de la Facultad Activa. Veamos.

En una Carta de 31 de agosto de 1992 de la Decana de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, Dra. Nilda Candelario, diri-gida al Director Médico del Centro Cardiovascular, Dr. Fé-lix Cortés, surge con claridad que ésta sometió una lista de los facultativos disponibles de la facultad de la Escuela de Medicina, y que se les orientó para que solicitasen los pri-vilegios del Centro Cardiovascular, así como que se solici-taba que se les concediese unos privilegios temporeros. Asi-mismo, mediante Cartas de 31 de agosto y de 4 de septiembre de 1992, el Dr. Félix Cortés notificó a los facul-tativos que, a tono con su solicitud, se le extendía un nom-bramiento administrativo temporero de noventa (90) días. Véase, además, la Estipulación de Hechos Núm. 8 a los efectos de que “[a] todos los facultativos [m]édicos citados se les había extendido privilegios, los cuales el Centro Cardiovascular denominaba ‘temporeros’ por un término de no-venta (90) días, hasta que la Junta de Directores del Cen-tro tomara una decisión final”. (Énfasis suplido.) Moción informativa de 11 de mayo de 1993, pág. 3. Además, de una lista presentada ante el tribunal de instancia cuyo conte-nido indica la fecha cuando se concedió el nombramiento administrativo temporero, así como la fecha cuando final-mente se concedieron los privilegios correspondientes a la categoría involucrada en cada caso, surge que al momento de la primera asamblea, esto es, 22 de septiembre de 1992, ningún facultativo tenía privilegios concedidos para la Fa-cultad Activa, quienes son los únicos con derecho al voto y ostentaban meramente nombramientos temporeros.

De todo lo antes expuesto, surge con claridad la improcedencia de la asamblea celebrada el 22 de septiembre de 1992, pues al no haberse otorgado los nombramientos para la Facultad Activa, no había médico alguno con derecho al voto. A dicha fecha, no había Facultad Activa constituida, pues la Junta de Directores no había evaluado los expedientes de los médicos para poder extenderles nombramientos como miembros de la Facultad Activa. Recordemos que según correctamente se señala en la parte introductoria de los Estatutos Generales para la Organización de la Facultad Médica del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, pág. 2, aprobado el 2 de octubre de 1991 y revisado el 16 de octubre de 1991: “La facultad de la Junta de Directores, para otorgar privilegios o nombramientos es indelegable ya que es dicho cuerpo quien tiene la responsabilidad por la calidad, eficiencia y aceptación de los servicios médicos-profesionales que se ofrecen en la institución, así como por la adecuacidad de los servicios que ofrecen sus médicos y demás personal del hospital.”

Por lo tanto, a tenor con todo lo anterior, resulta nula la Asamblea celebrada el 22 de septiembre de 1992 y, en con-secuecia, los resultados de la elección allí efectuada. La elección celebrada el 7 de diciembre de 1992 es válida.

Se emitirá la sentencia correspondiente.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López, y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

       Ley de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, 24 L.P.R.A. sec. 343 et sea.

       Dichos errores no serán discutidos por ello ser innecesario dado al resultado llegado en la discusión de los demás errores planteados.

       Ello resulta incorrecto, ya que se hizo constar en la minuta de la asamblea que se continuaría con la petición presentada en el Tribunal Superior al no haber objeción alguna sobre ello, por lo que no renunciaron a continuar con su acción legal.

       A pesar de que el Rector del Recinto de Ciencias Médicas figura como parte demandada, por ser miembro de la Junta de Directores del Centro Cardiovascular desde los inicios de la controversia, éste asumió la misma posición que los deman-dantes recurridos; esto es, que la elección celebrada el 22 de septiembre de 1992 es válida.

       Citando a Joint Commission, Accreditation Manual for Hospitals, Governing Body, Standard GB.l (1990).

       Véase, además, lo señalado por D.D. Fraiche en D.G. Langsley y M.M. Singer, Hospital Privileges and Specialty Medicine, Illinois, Ed. American Board of Medical Specialties, 1986, pág. 69, en cuanto a que “[t]he governing body bylaws should reference medical staff membership and delineation of clinical privileges”. Por ultimo, véase IIB Hospital Law Manual, Medical Staff, Sec. 3, pág. 27 (1990), a los efectos de que “Hospitals make rules relative to the criteria and procedures to be used in making initial appointment to the medical staff ... Hospitals have both the right and the duty to establish reasonable requirements for admission to the medical staff’.

       Alegan los demandantes recurridos que, de haber una clasificación aplicable, ésta sería la contenida en los bylaws de la Facultad Médica. Con relación a ello, basta con señalar que, para que entren en vigor los referidos bylaws, es necesario que la Facultad Médica los adopte. Resulta entonces que los bylaws no aplican ya que no podrán ser adoptados a falta de una Facultad Médica debidamente constituida. Ello es así, debido a que para el 22 de septiembre de 1992 sólo había nombramientos temporeros, los cuales no constituyen parte de la Facultad Activa, quienes son los únicos con derecho al voto.

       En IIB Hospital Law Manual, supra, Sec. 4.2, pág. 56, se definen los privi-legios temporeros como que “may be granted applicants for membership on the medical staff whose appointment to one of those categories has not yet been considered by the governing body. Temporary privileges in this case are granted for such period as is necessary for the governing body to act on the recommendation of the medical staff. ... Temporary medical staff privileges also may be granted for a limited period to practitioners who have not applied for medical staff memberships”.


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text:
    Carmen N. Santiago, demandante y peticionaria, v. Francisco J. Echegaray, demandado y recurrido.

      Número: CE-93-399

      Resuelto: 13 de febrero de 1995

      Víctor M. Rivera Torres y José M. Aponte Jiménez, abogados de la parte peticionaria; Luis F. Hernández Vélez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

I

Nos corresponde resolver si un abogado-notario, que haya autenticado la firma de una parte en una contesta-ción a un interrogatorio en un pleito contencioso, está im-pedido de asumir la representación legal de la parte en dicho caso, posterior a la autenticación del referido documento. Resolvemos que erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (Hon. Manuel J. Vera Vera, Juez Superior), al determinar que no se admitía la repre-sentación del Ledo. Víctor Rivera Torres por haber proble-mas evidenciarios y de conflicto potencial ético.

1 — ! I — !

En julio de 1991, la Sra. Carmen N. Santiago, por con-ducto de los Ledos. Alfredo Cardona Alvarez y Vidal Rodrí-guez Amaro, presentó una demanda en daños y perjuicios por persecución maliciosa contra su ex cónyuge, el Dr. Francisco Echegaray. Se alegó en la demanda que el de-mandado, sin causa probable, instó activa y maliciosa-mente la iniciación de un proceso criminal de tentativa de asesinato agravado contra la demandante. El demandado contestó la demanda y, luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de 1992 notificó un interrogatorio a la demandante.

El 6 de marzo de 1993, la demandante juramentó ante el notario Víctor M. Rivera Torres la contestación a un in-terrogatorio que le había sido notificado previamente. El 24 de marzo de 1993 la representación legal de la deman-dante, Ledo. Alfredo Cardona Alvarez, presentó una mo-ción de renuncia de representación legal. El 25 de marzo de 1993 la parte demandada presentó una moción informa-tiva y solicitud de desestimación para alegar que la de-mandante no había contestado el interrogatorio que le ha-bían notificado.

El 8 de abril de 1993, el tribunal dictó una resolución y orden que imponía a la demandante una sanción de qui-nientos dólares ($500) a favor del E.L.A. por no haber con-testado el interrogatorio, autorizó la renuncia del Ledo. Alfredo Cardona Alvarez y apercibió a la demandante que debería comparecer con su nueva representación a la con-ferencia sobre el estado de los procedimientos señalada para el 4 de mayo de 1993. Dicha resolución y orden fue notificada al Ledo. Víctor M. Rivera Torres.

El 14 de abril de 1993 la demandante presentó, por de-recho propio, una oposición a la moción informativa y en solicitud de desestimación, para señalar que ya el interro-gatorio había sido contestado y cursado al demandado, ju-ramentado ante el Ledo. Víctor M. Rivera Torres mediante el Afidávit Núm. 3855 de 6 de marzo de 1993. Además, sometió por derecho propio una solicitud de reconsidera-ción para solicitar que se dejaran sin efecto la sanción de quinientos dólares ($500) y el señalamiento fijado para el 4 de mayo de 1993, y solicitó que se le concediese un término de treinta (30) días para comparecer con una nueva repre-sentación legal.

El 4 de mayo de 1993, el tribunal celebró la vista sobre el estado de los procedimientos; la demandante compareció sin representación legal. El tribunal dejó sin efecto las san-ciones y le concedió a la demandante un plazo de treinta (30) días para contratar los servicios de un abogado adicio-nal al licenciado Rodríguez Amaro. El tribunal hizo constar que había notificado sobre las órdenes emitidas al Ledo. Víctor Rivera Torres, a los efectos de que tuviera conoci-miento acerca de que existían unas alegaciones de que era un abogado contratado y que, al no ser el abogado de expe-diente —que había juramentado una contestación a inte-rrogatorio de la demandante— ello impide su entrada al caso como una cuestión de controversia ética-profesional. Ordenó a la Secretaría que una vez notificada la minuta al Ledo. Víctor Rivera Torres, no expidiera otra notificación adicional al abogado.

Mediante Moción de 3 de junio de 1993, compareció el Ledo. Víctor Rivera Torres para aclarar que al momento de juramentarse la contestación al interrogatorio no era abo-gado de la demandante en dicho caso. Expuso que la de-mandante contrató sus servicios profesionales para que asumiera su representación en este caso después de haber notarizado la contestación al interrogatorio. Argumentó que haber juramentado la contestación referida, cuando no era abogado del caso, no crea el conflicto al que alude el tribunal y que tan sólo participó en autenticar la firma de la demandante. Añadió que de ningún modo participó en la redacción, preparación o análisis del interrogatorio o sus contestaciones.

El 24 de jimio de 1993 el tribunal dictó una resolución a los efectos de que “[n]o se admite la representación del Ledo. Rivera Torres. La problemática evidenciaría y de conflicto potencial ético, queda latente ante la juramenta-ción del interrogatorio. Cualquier efecto impugnatorio fu-turo, lo colocaría en posición de declarar a favor o en contra de la declarante, aquí demandante”. Apéndice, pág. 1.

No conforme, acude ante nos la demandante, mediante petición de certiorari, para solicitar la revocación de la re-solución recurrida. Plantea como único señalamiento de error que:

A. Cometió error el Tribunal de instancia al prohibir al abo-gado, Víctor M. Rivera Torres, asumir la representación legal de la parte demandante-recurrente por razón de éste haber au-tenticado su firma, bajo juramento, en la contestación a un in-terrogatorio sometido por la parte demandada-recurrida, evento éste que ocurrió antes de que el Ledo. Rivera Torres asumiera la referida representación legal de la demandante-recurriente]. Solicitud de certiorari, pág. 6.

Concedimos al demandado recurrido, Dr. Francisco Echegaray, un término de veinte (20) días para que mos-trara causa por la cual no debíamos revocar la resolución dictada el 24 de junio de 1993 por el tribunal de instancia.

Habiendo comparecido el demandado, estamos en posi-ción de resolver.

1 — 1 1 — I 1-4

En In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993), tratamos una situación en que un abogado-notario, ante el cual se otorgó una escritura, con posterioridad reclamó judicialmente en representación de una de las partes otorgantes para exigir las contraprestaciones contenidas en el documento. Resolvimos que “[u]n abogado-notario que reclama judicialmente en representación de una de las partes otorgantes de un documento, para exigir la contraprestación a la que se obligó la otra parte en el documento, da la falsa impresión de que siempre estuvo parcializado con la parte en representación de la cual reclama. Ello, claro está, cuando se trata de reclamaciones de índole contenciosa. De permitirse tal práctica estaríamos ocasionándole un grave daño a la institución del notariado y, sobre todo, a la fe pública notarial”. íd., pág. 567. Asimismo sostuvimos que en “toda acción en la que un instrumento notarial sea el objeto de la controversia, el notario siempre es testigo silente” (íd., pág. 568) y que “[a]unque la notaría y la abogacía, como regla general, no son incompatibles, en ciertas ocasiones ... el simultanear ambas funciones con relación a un mismo asunto sí resulta incompatible por la apariencia de conducta parcializada impropia que se produce”. Id., pág. 569.

Posteriormente, en In re Cardona Álvarez, 133 D.P.R. 588 (1993), tratamos una situación en la cual un abogado-notario, ante quien se firmó un pagaré para garantizar un préstamo, reclamó judicialmente el cobro del pagaré en re-presentación del acreedor prestamista y en contra de la es-posa del deudor, a pesar de que tenía conocimiento de que ante él sólo había comparecido a firmar el deudor, mas no su esposa. Allí distinguimos dicho caso de la situación pre-sente en In re Colón Ramery, supra, toda vez que se tra-taba de una declaración en la cual el notario sólo daba fe de la autenticidad de la firma del compareciente; el notario no asumía responsabilidad alguna por el contenido del docu-mento privado cuyas firmas legitima. No obstante, resolvi-mos que el abogado-notario debió abstenerse de represen-tar los intereses del acreedor prestamista en el pleito toda vez que él sabía que se cuestionaría el documento, ya que precisamente él era el mejor testigo del hecho de que la es-posa del deudor no había comparecido ante él a firmar.

En el caso de autos, al igual que en In re Cardona Álva-rez, supra, se trata de una declaración, en la cual el notario sólo daba fe de la autenticidad de la firma del compareciente. No obstante, a diferencia de In re Cardona Álvarez, supra, no está en controversia la firma de la parte ni el documento es el objeto principal de la reclamación, por lo que no procedía la descalificación del abogado. Nos explicamos.

Aquí se trata de una declaración de autenticidad de la firma de la demandante en una contestación a un interrogatorio cursado por la parte demandada. El notario no participó en la redacción, preparación o análisis del interrogatorio y sus contestaciones. Según señalamos en In re Cardona Álvarez, supra, pág. 594, en las declaraciones sobre la autenticidad de firmas

...“[e]l notario no asume responsabilidad alguna por el conte-nido del documento privado cuyas firmas legitime”. Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. sec. 2091); E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, 2da ed., Pamplona, Ed. Univ. de Navarra, 1976, Cap. LIV, págs. 801-803. Por lo tanto, “[l]a certificación de la autentici-dad de las firmas en un pagaré bajo la fe notarial, ‘... simple-mente constituye un certificado o fórmula que acredita que el documento se suscribió ante un funcionario (notario autorizan-te)’ ”. S. Torres Peralta, La Nueva Ley Notarial de Puerto Rico, 48 (Núm.3) Rev. C. Abo. P.R. 3, 119 (1987). Bajo ninguna cir-cunstancia el notario califica y garantiza el contenido de la de-claración de autenticidad. P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 142; Rodríguez Vidal v. Benvenutti, 115 D.P.R. 583, 587 (1984).

Tampoco aquí se reclama en representación de una de las partes otorgantes de un documento para exigir la contraprestación contenida en éste, toda vez que la contestación al interrogatorio no es el objeto de la reclamación. Por lo tanto, no existe el peligro de dar la falsa impresión de que el abogado-notario siempre estuvo parcializado con la parte en representación de la cual reclama. Recordemos que se trata de una declaración de autenticidad de la firma y que, siendo así, el notario no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento.

Por último, aquí no existe la representación de “una de las partes otorgantes de un documento”, toda vez que esta-mos ante una declaración de autenticidad de una firma en una contestación a interrogatorio, a la cual sólo la deman-dante compareció ante el notario.

En conclusión, en el caso de autos no procede la desca-lificación del abogado-notario, licenciado Rivera Torres, por no tratarse aquí de una autorización de un instrumento, en que luego el notario representa como abogado a uno de los otorgantes en la litigación civil contenciosa contra el otro u otros otorgantes para reclamar judicialmente las contra-prestaciones contenidas en el instrumento.

Se expide el auto y se revoca la resolución recurrida. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para la continua-ción de los procedimientos.

Se emitirá la sentencia correspondiente.

       El 10 de noviembre de 1993, la demandante presentó una solicitud en auxilio de jurisdicción para señalar que el tribunal de instancia había autorizado la renun-cia de la otra representación legal de la demandante, Ledo. Vidal Rodríguez Amaro; le concedía treinta (30) días a la demandante para comparecer con una nueva repre-sentación legal, al excluir al licenciado Rivera Torres, bajo apercibimiento de sanciones. Dado a ello, el 15 de noviembre de 1993 este Tribunal paralizó los proce-dimientos en el foro de instancia. [001a]


text:
    Edwin Rivera Flores, demandante y recurrido, v. Compañía ABC H/N/C McGaw of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: CE-94-568

      Resuelto: 15 de febrero de 1995

      Lidia González Figueroa y Víctor Maldonado Gómez, de Mu-ñoz, Boneta, González, Arbona, Benitez & Peral, abogados de la peticionaria; Pedro J. Tejada Rivera, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

La presente controversia versa sobre la aplicación e in-terrelación entre el Americans with Disabilities Act (en adelante A.D.A.), 42 U.S.C. sec. 12101 et seq., y su contra-parte en la esfera local, la Ley Núm. 44 de 2 de junio de 1985 (1 L.P.R.A. see. 501 et seq.).

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Hechos

El 3 de junio de 1994 el Sr. Edwin Rivera Flores pre-sentó una demanda contra su patrono, McGaw of Puerto Rico (en adelante McGaw), por alagadamente negarse a concederle un acomodo razonable en el lugar de trabajo a pesar de tener conocimiento de que el señor Rivera Flores sufría de un padecimiento de la espalda. El demandante Rivera Flores amparó su acción en lo dispuesto por la A.D.A. y solicitó la suma de ciento cincuenta mil dólares ($150,000) por concepto de daños y angustias mentales.

McGaw presentó una moción de desestimación predi-cada en la doctrina de agotamiento de remedios adminis-trativos, toda vez que el demandante no cumplió con los trámites administrativos de rigor según dispuesto por la A.D.A. y la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1981 et seq. El foro de instancia denegó la desestimación. Inconforme, la demandada McGaw acude ante nos, me-diante petición de certiorari, solicitando que revoquemos la resolución recurrida.

Luego de analizar la petición, ordenamos al recurrido señor Rivera Flores que mostrara causa por la cual no de-beríamos expedir el auto solicitado y revocar la resolución del foro de instancia. El recurrido ha comparecido. Proce-demos a resolver sin ulteriores procedimientos.

II

Legislación antidiscrimen federal y estatal

Actualmente en Puerto Rico una persona con impedi-mento posee dos (2) remedios contra actuaciones discrimi-natorias de un patrono: uno estatal y otro federal. El reme-dio federal está contenido en la A.D.A. mientras que el remedio estatal lo provee la Ley Núm. 44, supra.

El Art. 13 de la Ley Núm. 44 (1 L.P.R.A. see. 511), incorporó a dicho estatuto los remedios, facultades y procedimientos establecidos en la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. see. 146 et seq.). Es por esta razón que una reclamación al amparo de la Ley Núm. 44, supra, podrá tramitarse por vía judicial mediante acción ordinaria o mediante el procedimiento de querella según el Art. 4 de la Ley Núm. 100, supra, 29 L.P.R.A. see. 149. Las agencias ante las cuales el empleado puede presentar una querella son el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos. Art. 13 de la Ley Núm. 44, supra, 1 L.P.R.A. sec. 511. El Departamento del Trabajo ejerce jurisdicción sobre los patronos privados y las corporaciones públicas; mientras que la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos la ejercerá sobre las demás agencias gubernamentales. De esta manera, si el empleado escoge la vía judicial para presentar una acción bajo la Ley Núm. 44, supra, no es necesario agotar los remedios administrativos disponibles.

Distinta es la norma cuando la acción se presenta al amparo de la A.D.A. La sec. 12117(a) de la A.D.A. establece específicamente que los remedios que han de concederse y el procedimiento a seguir en acciones incoadas al amparo de dicho estatuto son los provistos por las sees. 2000e-4, 2000e-5, 2000e-6, 2000e-8 y 2000e-9 del Título VII de la Ley de Derechos Civiles, supra. Según la citada sección, una persona que presente una querella recla-mando una violación al Título VII debe agotar la vía admi-nistrativa antes de acudir al foro judicial. Matos Molero v. Roche Products, Inc., 132 D.P.R. 470 (1993); Love v. Pullman, 404 U.S. 522 (1972). La doctrina de agotamiento de remedios ha sido adoptada específicamente para acciones incoadas bajo la A.D.A. 42 U.S.C. sec. 12117(a). Véanse: Kent v. Director, Mo. Dept. of Elem. & Sec. Educ., 792 F. Supp. 59 (E.D. Mo. 1992); Sherman v. Optical Imaging Systems, Inc., 843 F. Supp. 1168 (E.D. Mich. 1994).

El trámite de una reclamación por violación a la A.D.A. es, pues, el mismo trámite que se debe seguir al incoarse una querella por violación al Título VII. En Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, págs. 477-478, ex-presamos sobre dicho procedimiento lo siguiente:

Como regla general, un querellante debe presentar un cargo por discrimen ante la [Equal Employment Opportunity Commission] E.E.O.C. dentro de los ciento ochenta (180) días de la ocurrencia del alegado acto discriminatorio. Si la persona inicialmente instituye procedimientos ante una agencia estatal o local que tenga autoridad para ofrecerle un remedio, el tér-mino para presentar el cargo se extiende a trescientos (300) días, 42 U.S.C. sec. 2000e-5(e). El cargo debe ser notificado al querellado para que entonces se proceda a una investigación encaminada a determinar si existe causa razonable para creer que lo alegado en el cargo realmente sucedió. Si la E.E.O.C. no encuentra causa para proceder con el cargo, debe desestimarlo y notificar al querellante, el cual entonces tiene noventa (90) días para presentar una acción judicial. De otra parte, si la E.E.O.C. determina que existe causa para proceder, primera-mente tratará de conciliar a las partes. Si no tiene éxito en eliminar la alegada práctica discriminatoria, la E.E.O.C. puede instar una acción judicial, pero si no lo hace dentro del término de ciento ochenta (180) días de haberse radicado el cargo, el querellante puede solicitar una autorización para instar de-manda (right to sue letter). Luego de obtener dicha autoriza-ción, el querellante tiene noventa (90) días desde que la recibe para instar la acción judicial. 42 U.S.C. secs. 2000e-5(b) y (f)(1). (Enfasis en el original y escolio omitido.)

Ahora bien, la legislación federal contiene una política pública de darle oportunidad al foro local de considerar en primera instancia las querellas por discrimen. A estos efectos, la E.E.O.C. contrata con la agencia estatal, en este caso el Departamento del Trabajo. De esta manera los organismos estatales y federales se dividen la responsabilidad de investigar y procesar las querellas instadas bajo la legislación antidiscrimen correspondiente. Estos acuerdos se conocen como Worksharing Agreements y mediante el actual acuerdo suscrito entre el Departamento del Trabajo y la E.E.O.C. se incluyó la A.D.A. Así, cuando se presenta una querella ante la E.E.O.C., ésta procederá a referirla a la agencia estatal, la cual contará con el término de sesenta (60) días para procesarla bajo la disposición estatal.

Concluimos, pues, que un empleado que presente una acción al amparo de la A.D.A. está obligado a agotar los remedios administrativos ante el Departamento del Trabajo, mientras que si elige el remedio provisto por la Ley Núm. 44, supra, puede escoger entre tramitar su reclamación mediante la vía judicial directamente o presentar una querella ante las agencias administrativas facultadas para ello.

h-i I — (

Aplicación del derecho a los hechos

Apliquemos esta norma a la situación que nos ocupa. En la demanda presentada, el señor Rivera Flores alegó que fue discriminado por su patrono debido a su padecimiento de la espalda, que su patrono no le proveyó el acomodo razonable y que había tomado represalias contra él. Espe-cíficamente el demandante alega que la conducta de la de-mandada era contraria a la disposición de la A.D.A., cita el Título I de la A.D.A. como la disposición bajo la cual nacía su causa de acción.

La norma que impera en nuestra jurisdicción es que mediante las alegaciones sólo se tiene que notificar a la otra parte, a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones y defensas que se tienen en su contra. Las partes deben bosquejar la controversia de manera que de ella surja la naturaleza general de las reclamaciones. cite Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972); Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). La Regla 6.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que las alegaciones deberán ser sencillas y sucintas. En ellas no hay que especificar bajo qué disposición legal se reclama, basta con que de los hechos que esquemáticamente se alegan surja una causa de acción bajo cualquier ley. El tribunal concederá lo que en derecho proceda de acuerdo con los hechos que queden probados. A esos efectos, la Regla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que se concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte la sentencia, independientemente de que ésta lo haya o no solicitado en sus alegaciones.

El Art. 9 de la Ley Núm. 44, supra, 1 L.P.R.A. sec. 507a, establece, en lo pertinente, la obligación del patrono de “llevar a cabo acomodos razonables en el lugar de trabajo para asegurar que se les permita a las personas con impedimentos cualificadas, trabajar efectivamente al máximo de su productividad”. El citado artículo fue añadido mediante la Ley Núm. 105 de 20 de diciembre de 1991 (1 L.P.R.A. sees. 501-510), con el propósito de atemperar nuestro estatuto con la A.D.A. Surge, pues, del citado Art. 9 de la Ley Núm. 44, la obligación de proveer el acomodo razonable, según alegara el señor Rivera Flores en su demanda.

A tenor con lo anteriormente expuesto, en la alegación referente a la A.D.A. el demandante no excluye la aplicación de cualquier otro remedio que proceda en derecho. Es decir, aun cuando menciona que las actuaciones de la demandada fueron contrarias a la A.D.A., esto no excluye que dicha conducta también sea incompatible con otras legislaciones aplicables. El señor Rivera Flores no tenía que citar en su demanda la disposición legal bajo la cual reclamaba. Bastaba con que bosquejara en las alegaciones la controversia. Cabe señalar, además, que al resolver una moción de desestimación, el tribunal debe tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda y al ejercer su discreción debe hacerlo de la manera más favorable para el promovido, en este caso, el señor Rivera Flores. Véanse: Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992); González Camacho v. Santos Cruz, 124 D.P.R. 396 (1989); Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989).

Los hechos alegados en la demanda del señor Rivera Flores, analizados de la manera más favorable para éste, contienen una reclamación bajo el estatuto local. No proce-día la desestimación de la demanda en esta etapa ya que éste podía presentar ante un tribunal su reclamación sin la necesidad de agotar remedios administrativos.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto solicitado y se dictará sentencia en la cual se confirma la resolución recurrida y devuelve el caso para que continúen los procedimientos de manera compatible con lo expuesto en esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

       La sec. 12117(a) de la Americans with Disabilities Act dispone:
      “The powers, remedies, and procedures set forth in sections 2000e-4, 2000e-5, 2000e-6, 2000e-8, and 2000e-9 of this title shall be the powers, remedies, and procedures this subchapter provides to the Commission, to the Attorney General, or to any person alleging discrimination on the basis of disability in violation of any provision of this chapter, or regulations promulgated under section 12116 of this title, concerning employment.” 42 U.S.C. sec. 12117(a).

       Por no ser necesario no entraremos a discutir en esta etapa los planteamien-tos del señor Rivera Plores relacionados con su reclamación al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141.


author: Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Juan Santiago Vázquez et al., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-92-372

      Resuelto: 15 de febrero de 1995

      Jorge Ortiz Brunet, de Ortiz Toro & Ortiz Brunet, abogados de la parte recurrente; Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino y Subprocurador General, y Laura G. Ydrach Vi-voni, Procuradora General Auxiliar, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Evaluados los planteamientos de las partes, los autos originales y la transcripción de la evidencia, el Tribunal concluye que la caída del árbol —que causó la muerte a la niña Damaris Santiago Ríos— se debió a la negligencia del Estado al no tomar las medidas adecuadas de manteni-miento, que las circunstancias exigían, y oportunamente eliminarlo.

Se revoca la Sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, de 16 de junio de 1992, se declara con lugar la demanda y remiten los autos originales para los trámites correspondientes.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente, a la cual se unen el Juez Pre-sidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri. El Juez Asociado Señor Rebollo López emi-tió opinión disidente. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

(Fdo. )Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unieron el Juez Presidente Señor An-dréu García y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

I

El 24 de agosto de 1989, aproximadamente a la 1:30 p.m., los niños Damaris Santiago Ríos, Elvin Morales Her-nández, Juan Padilla Colón y Lillian Molina estudiaban sentados en un banco de cemento ubicado bajo un árbol de goma (ficus elástica), en la Escuela Intermedia Julián Ma-rrero, Bo. Palmarejo, en Corozal. Repentinamente, luego de oírse un estruendo que se originó en el árbol, su tronco y sus ramas cayeron. Damaris fue golpeada y quedó atra-pada entre una de las ramas; su compañero Elvin trató de ayudarla pero la niña no reaccionó. Damaris fue llevada al hospital de Corozal y, posteriormente, trasladada al Hospital Regional de Corozal, donde falleció. Elvin se fracturó el codo derecho; Juan sufrió múltiples golpes en su brazo iz-quierdo y Lillian en su pierna derecha.

El 31 de octubre de 1989 Juan Santiago Vázquez, et al. demandaron al Estado Libre Asociado por negligencia al alegadamente no dar el debido mantenimiento al árbol. El Estado negó tener responsabilidad. Oportunamente se ce-lebró la vista en sus méritos. El Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Hon. Zulma Zayas Puig, Juez), concluyó que el defecto del árbol caído “no fue notificado, no era visible y no surge como parte de la omisión o acto culposo de algún funcionario estatal en sus labores”. Apéndice, Exhibit 3, pág. 16. Dictaminó no “imponer al Estado la onerosa tarea de inspeccionar todos los árboles existentes en las áreas públicas, si éstos no reflejan síntomas externos de enfermedad”. íd., págs. 16-17.

A solicitud de los demandantes Santiago Vázquez et al. revisamos.

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Inicialmente la cuestión ante nos se reduce a analizar el valor de la prueba pericial y documental —para lo cual estamos en igual posición que el ilustrado foro de instan-cia— y, luego, pautar el derecho aplicable.

Al respecto, el perito de los demandantes recurrentes, John Sevier, sostuvo que la fotografía (Exhibit I-A) del ár-bol revelaba su enfermedad por el “enfajamiento o collar” que lo estranguló y provocó su caída.

Por el contrario, Roberto Vélez Orengo, perito del Es-tado, testificó que el árbol carecía de signos externos de enfermedad y que, de la fotografía aludida, resultaba muy difícil apreciar la existencia de dicho collar. Aclaró, sin embargo, que de haber tenido un collar, éste hubiera aprisio-nado al árbol y a sus células, y se hubiera mostrado enfermo. Sostuvo que como carecía de esos signos visibles de enfermedad no era menester recurrir al examen técnico, esto es, taladrar su tronco para extraer tejido interno (vi-ruta) y saber si realmente lo estaba. A juicio suyo, proba-blemente la caída se debió a la falta de oxígeno en el sis-tema de raíces ocasionado por el asfalto alrededor del árbol.

El tribunal acogió la tesis pericial de Vélez Orengo. De-terminó que de la fotografía no podía percibirse el referido collar. Concluyó que los daños causados se debieron a un suceso fortuito, no predecible por los funcionarios del Es-tado, ya que el árbol se veía saludable y no mostraba sin-tomatología de enfermedad.

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Tomamos nota de los pronunciamientos en Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 D.P.R. 192, 201 (1994), donde, en el contexto de unas inundaciones, dijimos que

... no podemos convertir al Estado en un garantizador absoluto del bienestar público, al extremo de tener que velar constante-mente, como en este caso, por los actos de terceras personas que puedan provocar inundaciones. Requerirle al Estado [que mantenga] limpios en todo momento de escombros y basura —depositados por terceras personas en fincas aledañas— no sólo en la quebrada “Los Puercos” sino en todos los ríos y que-bradas de Puerto Rico y terrenos colindantes resulta no sólo irrazonable, sino imposible. Las limitaciones económicas y hu-manas del Estado impiden semejante curso decisorio.

Igualmente entendemos que sería una carga muy one-rosa para el Estado tener, de manera absoluta, que dar mantenimiento y velar por las condiciones de todos los ár-boles ubicados en predios públicos.

Ahora bien, adelantamos que existen ciertos tipos de actividades, tales como las llevadas a cabo por las escuelas, que por su naturaleza esencial vienen “obligad[as] a ofre-cer un grado de protección y seguridad independiente del que puedan proveer las agencias de seguridad pública”. Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852, 856 (1980). “Es el incumplimiento con este deber unido al he-cho de que el daño sea previsible y su incumplimiento la causa adecuada, lo que responsabiliza a la institución. El grado de seguridad que viene obligada a ofrecer una insti-tución educativa depende de la naturaleza de la institu-ción, de su localización y de la manera en que funciona y ofrece sus servicios”. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 314 (1990).

Así aclarado, recordamos que para que la omisión negli-gente de funcionarios o empleados del Estado genere res-ponsabilidad es imperativo el nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente. Rodríguez v. Colón Colón, 103 D.P.R. 493, 499-501 (1975); Negrón v. Orozco Rivera, 113 D.P.R. 712 (1983); Hernández v. E.L.A., 116 D.P.R. 293 (1985).

“La culpa consiste en la omisión de la diligencia exigible, me-diante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso.” C. Rogel Vide, La Responsabilidad Civil Extracontractual, Ed. Civitas, 1976, pág. 90. La diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano medio, el buen pater familias. Si el daño es previsible por éste hay responsabilidad. Si no es previsible estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. Rogel Vide, op. cit., pág. 91. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 (1982).

IV

¿Incurrieron el Estado y sus funcionarios en conducta negligente al no percatarse de las condiciones y no cortar el árbol que causó la muerte de Damaris? El ilustrado foro de instancia indicó que en la fotografía no aparecía la existen-cia de un collar de estrangulación que provocara su caída. Así acogió la apreciación del perito del Estado. “Como Foro apelativo no estamos obligados ‘a seguir indefectiblemente la opinión, juicio, conclusión o determinación de un perito o facultativo Estamos en libertad para adoptar nuestro criterio propio. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 (1989). Véase, además, Ramos, Escobales v. García, González, 134 D.P.R. 969 (1993).

Distinto al respetable criterio del Tribunal Superior, un examen detenido de las fotografías del árbol en evidencia revela el efecto de articulación o de enfajamiento descrito por el perito de los demandantes Santiago Vázquez et al. del modo siguiente:

Usando la fotografía, Vuestro Honor, yo lo que le estoy diciendo es que a través de los años las raíces mismas iban for-mando como un tipo de articulación, como una bola. Y mientras se va formando esa articulación, esa bola, durante muchos años que toma formarse, forma una línea muy notable alrededor del árbol que parece una grieta que tiene una punta como b[is]elada. Y esa grieta o el collar que se forma es muy obvia porque se forma sobre el nivel de la tierra. Y yo quiero que conste claramente, que aunque es parte del sistema de raíces, el sistema de raíz en este tipo de árbol se forma sobre el nivel de la tierra y es muy visible, obvio. Y la grieta, el collar que se forma cuando existe este tipo de condición también es visible. (Énfasis suplido.) T.E., pág. 13.

No podemos, pues, coincidir con el Estado en cuanto a que, como el árbol se veía saludable, no era razonable ha-cer la prueba de taladrar su tronco para ver si estaba necrósico. El propio tribunal sentenciador reconoció que dicha condición de necrosis por falta de oxígeno "no se refleja en las ramas u hojas del árbol; éstas pueden estar aparen-temente saludables, aún con la condición de necrotización del tronco”. Apéndice, Exhibit 3, pág. 14.

En ningún momento el perito Vélez Orengo refutó que el accidente no hubiera ocurrido realmente debido a la existencia de un collar de enfajamiento; antes bien con-signó que de las fotografías no podía arribar a esa conclusión. Asimismo sostuvo que la técnica para determi-nar si el árbol estaba necrósico no era costosa ni compli-cada:

P. O sea, ¿que a base de la foto usted no puede excluir, como no lo vio parado, a base de la foto usted no puede excluir que había, que se cayó debido a un collar que estaba alrededor del árbol?
R. Sí exacto. O sea, es...
P. Está bien, pues, vamos a seguir adelante. Las pruebas especiales que la compañera le preguntó a usted que habría que hacer, por ejemplo, usted nos dijo que era taladrar el tronco. ¿Esa es una de las pruebas especiales que se podía hacer?
R. Que se pueden hacer para determinar...
P. ¿Y eso es una prueba muy complicada?
R. No.
P. ¿Es una prueba muy costosa?
R. No.
P. Es cuestión de meter un taladro y sacar...
R. Sacar...
P. ...examinar...
R. Sacar madera y examinarle la, la...
P. ¿La viruta?
R. La viruta, la cachipa, el maderamen.
P. Muy bien, muchas gracias, no tengo más preguntas. T.E., págs. 122-123.

Ciertamente la prueba desfilada demostró que con el paso del tiempo el “ficus elástica” tiende a estrangularse. “Este era un árbol adulto, sembrado allí por el primer director de la escuela, hacía más de 40 años” (Enfasis suplido.) Apéndice, Exhibit 8, pág. 32.

Ello nos lleva a la interrogante siguiente: ¿la caída del árbol fue fortuita?

Este concepto amplio, que por estar basado en la equidad puede operar en todo el campo de derecho, tiene como su apli-cación más importante la de eximir de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido puede defi-nirse como aquel suceso no imputable al deudor que impide el cumplimiento de la obligación. Nuestro Código Civil, igual que el español, recoge dicho concepto —caso fortuito o fuerza mayor— al tratar de la naturaleza y efecto de las obligaciones. En ese contexto su Art. 1058 (31 L.P.R.A. sec. 3022) dispone que fuera de los casos mencionados en la ley o en la obligación, “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables”. Rivera v. Caribbean Home Const. Corp., 100 D.P.R. 106, 110 (1971).

En las circunstancias expuestas, concluimos que la caída del árbol no era el tipo de suceso impredecible o que, previsto, fuera inevitable. La negligencia del Estado en no brindar un adecuado mantenimiento al susodicho árbol queda reflejada en que otros árboles fueron atendidos y podados en época cercana al accidente. No hizo lo mismo con el árbol de goma, el cual por las características del lugar en que se encontraba —esto es, escuela intermedia, con un banco de cemento que invitaba a los niños a efec-tuar actividades de recreo— requería mayor medida cautelar. Al así determinarlo, otra vez nos hacemos eco de la apreciación del perito Sevier:

...un árbol que está en una finca abierta dónde solo hay vacas puede que tenga un tronco agrietado, enfajado, y una copa pe-sada que no se haya podado y no hace diferencia. Sin embargo, este mismo árbol en un patio de una escuela con un banco de-bajo del. árbol donde se reúnen niños todo el tiempo el sentido común me dicta y mi experiencia me dicta que ese árbol en ese patio de la escuela con un' banco debajo del árbol debería ins-peccionarse y darle mantenimiento por si existe una condición como ésta de enfajamiento para que se detecte. Y qué se tome en consideración el podar el árbol o reemplazar ese árbol si fuera necesario. T.E., pág. 17.

Recapitulando, el Estado es responsable por los daños producidos por la caída del árbol, pues existía una visible condición de enfajamiento que causó su necrosis. La evi-dencia demostró que con el paso de los años el “ficus elás-tica” tiende a dicho estrangulamiento —había sido sem-brado hacía más de cuarenta (40) años— no empece a que el árbol pudiera lucir saludable. La prueba, consistente en barrenar para sacarle la viruta y averiguar la condición del tronco, no era complicada ni costosa. En las reuniones de padres y maestros se había discutido sobre el peligro que dicho árbol representaba para los niños; no se trata de un lugar público más, en que el libre transitar dependa exclu-sivamente de la voluntad de los ciudadanos, sino de una institución pública que responde a unos propósitos especí-ficos, que habita en un espacio restringido y desempeña unas funciones escolares con un horario, también limitado, donde acude una comunidad que brinda servicios especia-lizados y otra los recibe. Por su naturaleza y peculiarida-des, el Estado tenía un deber de vigilancia mayor y obliga-ción de brindar medios cautelares. No los descargó en este caso.

Por los fundamentos expuestos, concurrimos con la sen-tencia revocatoria.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Como surge de la opinión concurrente emitida por el Juez Asociado Señor Negrón García, la cual le sirve de apoyo a la sentencia emitida por el Tribunal en el presente caso, el testimonio contradictorio de los dos (2) peritos que testificaron a nivel de instancia —uno presentado por la parte demandante y el otro por la parte demandada— so-bre el hecho de si el árbol accidentado presentaba, o no, el “enfajamiento o collar” que alegadamente lo estranguló y causó que el mismo se cayera, se basó en fotografías que se le tomaron al árbol en controversia luego de la ocurrencia del accidente.

La mencionada opinión concurrente —no obstante reco-nocer y aceptar que, previo a la caída, el árbol en contro-versia se “veía saludable”— basa su errónea conclusión de que procede la revocación de la sentencia recurrida en la determinación que hace, a nivel apelativo, de que el refe-rido árbol en efecto mostraba el “enfajamiento o collar”; determinación que hace basándose en “un examen dete-nido de las fotografías” que fueron admitidas en evidencia a nivel de instancia.

No estamos de acuerdo con ese proceder; ello por varias razones. En primer lugar —e independientemente de la trillada norma a los efectos de que, en relación con la apre-ciación de prueba pericial o documental, este Tribunal está en la misma posición que los tribunales de instancia — tenemos serias dudas sobre la “capacidad pericial” de los integrantes de este Tribunal para llegar a tal conclusión meramente a base de la observación de unas fotografías.

En segundo lugar, la carga o responsabilidad que se le impone al Estado es una totalmente improcedente e irrazonable. Nada más y nada menos se está “resolviendo” en el presente caso que el Estado, so pena de imposición de responsabilidad civil, viene en la obligación de realizar “pruebas de taladraje” en relación con todos y cada uno de los árboles que existen en las escuelas públicas del País; ello independientemente de que dichos árboles luzcan en-fermos o saludables.

En fin, y a pesar de que el accidente ocurrido es uno ciertamente lamentable y trágico, disentimos de la senten-cia mayoritaria y de la opinión concurrente emitidas en el presente caso por razón de entender que la misma con-vierte al Estado en “garantizador absoluto del bienestar público” en esta clase de situaciones; decisión que es con-traria a la norma jurisprudencial vigente en nuestra jurisdicción.

       Existía una condición visible de estrangulamiento que causó su necrosis y posterior caída y, además, estaba plantado en un lugar en que se habían puesto unos bancos donde los niños acostumbraban a sentarse durante horas de recreo. Por la naturaleza y las peculiaridades involucradas, el Estado tenía el deber de brindar tales medidas cautelares.

       Discuten:
      “1. Erró el Tribunal al concluir que el árbol objeto de este pleito no evidenciaba sintomatología externa de enfermedad.
      “2. Erró el Tribunal al concluir que para descubrir la enfermedad del árbol objeto de este pleito, hubiese sido necesario barrenar el mismo y corroborar la viruta para determinar que el mismo estaba necrotizado.
      “3. Erró el Tribunal al concluir que mantenimiento preventivo no hubiese evi-tado la caída del árbol.
      “4. Erró el Tribunal al no concluir que el deber de cuidado de la escuela es mayor que el de otras entidades.
      “5. Erró el Tribunal al no concluir que la causa adecuada de la tragedia en este caso fue la omisión del ELA de no dar mantenimiento al árbol objeto de este litigio, permitiendo que el mismo se pudriese y cayese sobre niños inocentes.” Solicitud de revisión, pág. 2.

       Sin ser contradicho, el perito Sevier dijo que “esta condición se menciona en el [i]nforme de perito de la parte demandada donde yo leí una nota referente a que esa especie de árbol tiende a esa condición, a estrangular”. T.E., pág. 15
      Al igual, la literatura de la Estación Experimental Agrícola, con la cual concurre Vélez Orengo (T.E., págs. 69-70) sobre el llamado palo de goma, dice:
      “Se informa que las ramas grandes y pesadas se rompen fácilmente por el viento. En su estado natural las plantas por lo general empiezan como plantas aé-reas (epífitas). Estas se originan de semillas que germinan en otros árboles y luego producen raíces aéreas hacia la tierra hasta que se establecen bien y estrangulan y matan el árbol que las ha sostenido.” (Enfasis suplido.) E.L. Little, Jr., F.H. Wadsworth y J. Marrero, Arboles comunes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1977, pág. 66.

       Carta de Roberto Vélez Orengo a la Leda. Edna Evelyn Rodríguez, de la División de Litigios Generales del Departamento de Justicia.

        Además, aparece que el Sr. Justo Ríos Rosado, abuelo de Damaris, testificó que asistió a varias reuniones en la escuela donde estaban presentes padres, maestros y principal, y se acordó que el árbol era muy grande y representaba un peligro para los niños. Aunque su testimonio no fue contradicho, el tribunal concluyó que: “[n]unca se verificó en el Departamento de Recursos Naturales queja alguna del personal esco-lar, referente a algún problema relacionado con este árbol.” Apéndice, Exhibit 3, pág. 4.

       Véanse: Fernández v. Hosp. San Carlos, Inc., 113 D.P.R. 761, 773 (1983); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981).

       Véase Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 D.P.R. 192 (1994).


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor M.A.G.O.

      Número: AC-92-538

      Resuelto: 22 de febrero de 1995

      Máximo R. Ruidíaz, abogado del apelante; Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión

del Tribunal.

El menor M.A.G.O. apela la resolución dictada por el Tribunal Superior que lo ha declarado incurso en una falta Tipo II y le ha impuesto como pena la entrega de su custo-dia por un (1) año al Hogar Juvenil de Humacao. Se cues-tiona únicamente ante nos la validez de la pena impuesta. El caso de autos se perfeccionó para nuestra revisión des-pués de que el foro de instancia decretara el cese de custo-dia, cierre y archivo de éste. El Procurador General en su informe sostiene que el caso es académico. Le asiste la razón.

I — I

El Procurador de Menores presentó una querella contra el menor M.A.G.O. que le imputa una infracción al Art. 15 de la Ley Núm. 18 de 5 de agosto de 1988 (9 L.P.R.A. see. 3214) consistente en que de forma ilegal, voluntaria y ma-liciosa, al obrar en concierto y mutuo acuerdo con un adulto, poseyó, retuvo y dispuso de un vehículo de motor marca Datsun, a sabiendas de que era hurtado. Este per-tenece al Sr. Gonzalo Torres González y está valorado en siete mil dólares ($7,000).

El Tribunal Superior celebró Tina vista adjudicativa a la que compareció el menor acompañado por su madre y re-presentado por un abogado. A través de su abogado, el me-nor hizo alegación de no incurso en la falta imputada. Luego de que el Ministerio Público desfiló la prueba y la defensa contrainterrogó a los testigos presentados, el tribunal de instancia declaró al menor incurso en falta.

Como medida dispositiva, el tribunal a quo ordenó que la custodia del menor fuese entregada al Departamento de Servicios Sociales por un término de un (1) año para que fuese ubicado en un centro de tratamiento social de la Ad-ministración de Instituciones Juveniles y le brindasen ser-vicios de rehabilitación.

Oportunamente, el menor presentó una moción de re-consideración ante el Tribunal Superior que solicitaba la modificación de la pena impuesta. El tribunal la declaró sin lugar.

Posteriormente, el menor presentó ante esta Curia un escrito de apelación en el cual planteó que no estaba con-forme con la pena que le fue impuesta y expuso cuatro (4) señalamientos de error que se refieren a ésta. En esen-cia, alegó que la pena fue arbitraria, inadecuada y capri-chosa y que, además, no respondía a los mejores intereses del menor ni de la comunidad, ya que no conducía a la rehabilitación.

El 6 de mayo de 1993, luego de un sinnúmero de trámi-tes procesales relacionados con la preparación de la expo-sición narrativa de la pena imputada, el apelante sometió su alegato ante nos. Pendientes los procedimientos ante nos, el foro de instancia llevó a cabo una vista el 27 de mayo de 1993 para revisar la pena impuesta. En dicha vista se dispuso que el menor continuase bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles en pase extendido en la comunidad, residiendo con sus padres y bajo la supervisión de la Oficina Local de Carolina. Poste-riormente, el 27 de agosto de 1993, se celebró otra vista para revisar dicha pena y, luego de examinar el informe social presentado en el expediente y al escuchar a las par-tes en Sala, el tribunal de instancia decretó el cese de cus-todia, cierre y archivo del caso.

Así las cosas, el 1ro de noviembre de 1993 se elevaron los autos originales del caso a esta Curia. A esa fecha este tribunal no tenía ante sí el informe del Procurador General. El 4 de marzo de 1994 emitimos mía resolución que le concedía a éste un término improrrogable de veinte (20) días para presentar su informe correspondiente. El Procurador General sometió una moción informativa en la cual adujo que el alegato sometido por el apelante el 6 de mayo de 1993 no le había sido notificado.

El 28 de marzo de 1994, el Procurador General presentó ante nos una moción de desestimación por haberse tomado académica la apelación, la cual decretamos sin lugar. En esta ocasión le concedimos veinte (20) días para que pre-sentase su informe. Finalmente, el 15 de abril de 1994 el Procurador General presentó dicho informe. No fue hasta esa fecha que el caso quedó perfeccionado para nuestra revisión.

En su informe el Procurador General atendió los seña-lamientos de error que presentó el apelante y sostuvo que la pena que le fue impuesta al menor se encuentra dentro de los límites establecidos por el ordenamiento. Añadió que el menor no había demostrado que el tribunal de instancia abusara de su discreción al imponer la pena de custodia durante un (1) año.

Por otro lado, el Procurador General planteó que la pre-sentación del recurso de apelación tuvo como propósito cambiar o modificar la pena impuesta que ya había sido cumplida. Al haber ordenado el foro de instancia el cierre y archivo del caso, el recurso se tornó académico, por lo que —alega el Procurador— debe ser desestimado.

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La controversia que hoy nos toca resolver consiste en si es académico un recurso que cuestiona únicamente la pena impuesta, luego de haber sido cumplida.

La autoridad de los tribunales proviene del principio elemental de que éstos existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tengan un interés real en obtener un remedio que afectará sus relaciones jurídicas. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

Nuestra jurisprudencia ha establecido que un caso puede convertirse en académico cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia tomen en ficticia su solución, para convertirse así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractas de derecho. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Noriega v. Hernández Colón, supra.

En E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958), expusimos lo que constituye un caso académico:

...“uno en que se trata de obtener un fallo sobre una contro-versia disfrazada, que en realidad no existe, o una determina-ción de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”.

Existen, sin embargo, una serie de excepciones a la aplicación de la doctrina de academicidad. Por ejemplo, no es necesariamente académico un caso criminal en él cual la pena bajo ataque sea tan breve que por lo regular ha expirado antes de que pueda ser revisada. En aquellos casos cuando el fallo condenatorio acarree consecuencias legales colaterales, la apelación no se considerará académica. El Vocero v. Junta de Planificación, supra.

El Tribunal Supremo federal se expresó sobre este particular en el caso de Sibron v. New York, 392 U.S. 40 (1968). En este caso, el señor Sibron cumplió con la pena de seis (6) meses que le fue impuesta antes de que le fuese físicamente posible apelar el fallo condenatorio en su caso. El Ministerio Fiscal planteó que al haber cumplido la pena su caso se había convertido en académico. La Corte federal concluyó que el mero hecho de que el apelante hubiera cumplido con la pena que le fue impuesta no tornaba la apelación del fallo de culpabilidad en académica.

Citando a St. Pierre v. United States, 319 U.S. 41 (1943), el tribunal expuso dos (2) posibles excepciones a la doc-trina de academicidad en lo criminal. Exceptuó, en primer lugar, aquellos casos en que no resulta aparente que el peticionario hubiera podido someter el caso para ser revi-sado antes de que expirase la pena impuesta. En segundo lugar, excluyó aquellos casos criminales en que el convicto podría quedar expuesto, bajo leyes federales o estatales, a más penalidades o restricciones como resultado del fallo cuya pena impuesta ya fue cumplida. Es decir, siempre que puedan surgir consecuencias legales colaterales del fallo condenatorio, a pesar de que la pena ya fue cumplida por el convicto, la apelación no será académica.

Posteriormente, en Lane v. Williams, 455 U.S. 624 (1982), el Tribunal Supremo fedéral ratificó la doctrina ex-puesta en Sibron v. New York, supra, y concluyó que cuando la apelación de un convicto sólo ataca la pena im-puesta y ésta haya expirado mientras se llevan a cabo los procedimientos en instancia, el recurso será académico. Esa es precisamente la situáción del caso de autos.

Examinada cuidadosamente la normativa ex-puesta en Sibron v. New York, supra, y en los casos poste-riores, hoy adoptamos la doctrina allí expuesta. Un caso criminal en que se apele el fallo condenatorio, cuando la pena impuesta ha sido cumplida por el convicto, es acadé-mico si se demuestra que no hay posibilidad de que se im-pongan consecuencias legales colaterales a base de dicho fallo. En segundo lugar, sería académica la apelación de un fallo condenatorio si resulta aparente que el peticionario hubiera podido someter el caso para ser revisado antes de que expirase la pena. En tercer lugar, un caso es académico cuando el convicto sólo apela la pena impuesta y ésta ha sido cumplida al momento cuando se perfecciona la apelación.

HH HH •HH

En esencia, lo que apela el menor ante nos es única-mente la pena que le fue impuesta por el foro de instancia luego de que ésta había sido cumplida, por lo que es inne-cesario discutir si surgen o no consecuencias legales cola-terales del fallo condenatorio. El caso de autos fue perfec-cionado ante esta Curia para nuestra revisión después de que el foro de instancia decretó el cese de custodia del me-nor y el cierre y archivo del caso. Veamos.

El apelante presentó su alegato ante nos en mayo de 1993. Así las cosas, en agosto de 1993 el menor cumplió con la pena que impugnaba y el tribunal de instancia decretó el cierre y archivo del caso. No fue hasta abril de 1994 que el Procurador General sometió su informe ante esta Curia y el caso quedó perfeccionado para nuestra revisión. En otras palabras, al momento cuando el caso quedó perfeccio-nado ante nos, ya el menor había cumplido con la pena impugnada.

Del expediente no surge que le fue físicamente imposible al menor someter su caso para ser revisado antes de que expirase la pena. Por el contrario, el apelante no sometió su alegato reglamentario hasta el 6 de mayo de 1993. Como el Procurador General no recibió una copia del alegato del peticionario, el recurso no pudo ser perfeccio-nado hasta abril de 1994. Ya para esa fecha el menor había cumplido con la pena impuesta y el Tribunal había cerrado el caso. Recordemos que un caso queda perfeccionado ante nos cuando todas las partes hayan sometido sus escritos. Véase Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre las apelaciones.

En conclusión, el caso de autos es académico pues el menor sólo apeló la pena que le fue impuesta como resul-tado del fallo condenatorio en su contra y al momento cuando el caso quedó perfeccionado ante nos ésta ya había expirado. Los cambios fácticos y judiciales acaecidos du-rante el trámite del caso en cuestión convirtieron en ficticia su solución.

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a des-estimar el recurso.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

       En su resolución, el Tribunal Superior expuso que:
      “ ‘La medida dispositiva de entrega de custodia por un año (menos del máximo de dos años autorizado por ley para falta clase II) se impuso tomando en considera-ción la naturaleza de la falta, la participación del joven, el impacto adverso de sus actos en la comunidad y en el perjudicado, así como la situación social del joven. La custodia de un año es la consecuencia y la responsabilidad que deberá asumir.’ ” Informe del Procurador General, pág. 3.

       “A: Cometió error el Honorable Tribunal de Menores, Sala de Carolina, al no celebrar vista dispositiva conforme al Artículo 23 de la Ley de Menores y las Reglas 18.1 y 8.2 del Reglamento para Asuntos de Menores violando con ello el debido proceso de ley.
      “B. Cometió error el Honorable Tribunal de Menores al utilizar su propio y personal criterio ignorando su deber de aplicar los criterios que establece el Artículo 25 de la Ley de Menores para imponer medidas dispositivas.
      (2 ) “A. Cometió error el Honorable Tribunal de Menores, Sala de Carolina, al imponer una medida dispositiva que no se ajusta a los hallazgos y recomendaciones del informe social, resultando la misma en una inadecuada, arbitraria y caprichosa, que no responde a los mejores intereses del menor y de la comunidad, ni propende la rehabilitación del menor.
      “D. Cometió error el Honorable Tribunal al no expresar fundamento alguno que sostenga la medida dispositiva impuesta según lo requiere [la Ley y el Reglamento].” Informe del Procurador General, pág. 2.

       Entre éstas se encuentran los pasos en los cuales aun cuando la decisión del tribunal no afecta a las partes involucradas, ésta presenta una cuestión recurrente o repetitiva del asunto planteado; Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Moore v. Ogilvie, 394 U.S. 814 (1969); So. Pac. Terminal Co. v. Int. Comm. Comm., 219 U.S. 498 (1911); los casos en que la propia parte demandante termina voluntariamente su conducta ilegal; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); City of Mesquite v. Adaddin’s Castle, Inc., 455 U.S. 283 (1982), y los casos en que la situa-ción de hechos ha sido cambiada voluntariamente por el demandado, pero que no tiene visos de permanencia, United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629 (1953). De igual manera, se plantea una excepción cuando en un caso se ha certificado por el tribunal una piase, en conformidad con la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la controversia se torna académica para un miembro de la clase, mas no para su representante. Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975); Franks v. Bowman Transportation Co., 424 U.S. 747 (1976).


text:
      In re Luis García Pagán, querellado.

      Número: AB-94-133

      Resuelto: 24 de febrero de 1995
    Querella presentada por el Sr. Héctor I. Ayala contra el Ledo. Luis García Pagán por alegado incumplimiento de su ges-tión profesional. Se suspende al licenciado García Pagán del ejercicio de la abogacía por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo.

   RESOLUCIÓN

En vista de que el Ledo. Luis García Pagán no ha cum-plido nuestra Resolución de 15 de diciembre de 1994, en la cual se le apercibía de que su incumplimiento conllevaría las sanciones correspondientes, se le suspende indefinida-mente de la práctica de la abogacía.

Se ordena al Alguacil General del Tribunal que proceda a la incautación de la obra notarial del Ledo. Luis García Pagán. Notifíquese a la Directora Administrativa de los Tribunales, al Director de la Oficina de Inspección de No-tarías de este Tribunal y al Colegio de Abogados de Puerto Rico sobre esta resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.

(Fdo.)Francisco R. Agrait Liado

Secretario General