text:
    Pedro Sánchez González, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Barranquitas, recurrido.

      Número: O-77-202

      Resuelto: 11 de octubre de 1977

      Roberto Holvino, abogado del recurrente; el Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

■El caso de autos suscita cuestiones de sumo interés res-pecto al concepto de fiducia testamentaria y otros aspectos de nuestro sistema jurídico. Esta es la segunda ocasión en que este Tribunal resuelve un litigio que gira alrededor del testa-mento del ilustre puertorriqueño don Federico Degetau.

1. Los Hechos

Don Federico Degetau otorgó testamento el 4 de octu-bre de 1913. Falleció el 20 de enero de 1914, sin tener descen-dientes ni ascendientes. Dispuso en el testamento dos legados. La cláusula sétima del mismo, copiada a continuación, regía la distribución de los bienes restantes:

“Que no teniendo herederos forzosos por ascendencia ni des-cendencia, de su libre y por espontánea voluntad, instituye como tales de todos sus restantes bienes, derechos y acciones, a su referida esposa doña Ana Moreno Vilariño y a don Bonifacio Sánchez y Giménez, en la siguiente forma: Sus bienes se dividan de por mitad entre ambos herederos: El usufructo de todos los inmuebles corresponderá de por mitad a ambos. A la muerte de cualquiera de los dos herederos, se destinará por el sobreviviente la parte del usufructo del que haya fallecido, a la creación, sos-tenimiento o fomento de una institución de cultura o beneficencia en esta Isla de Puerto Rico, como una Biblioteca, Museo, Asilo de niños escrofulosos y raquíticos; creación de una cátedra en el Ateneo de San Juan, o, a cualquier otro objeto u objetos de naturaleza semejante que el sobreviviente decidiera. La otra mitad del usufructo de dichos bienes inmuebles, a la muerte del otro heredero tendrá igual o semejante destino.
Para el cumplimiento del propósito de crear la institución a que se refiere esta cláusula séptima, asigna el testador especial-mente su colección de pinturas y libros formada con este objeto y los terrenos destinados al mismo en Aibonito y encarga y solicita de sus amigos Don Francisco Parra Capó y Don José Tous Soto, de Ponce, Don Manuel Fernández Juncos, Don Antonio Alvarez Nava, Don Emilio del Toro, y Don Luis Sánchez Morales, de San Juan, y de los señores James L. Slayden, Henry Allen Cooper, George Cabot Ward, George J. Moore y William A. Wilbur, que presten su cooperación a la realización de este propósito al ser solicitados para ello por sus citados herede-ros ...

Doña Ana Moreno Vilariño murió en 1918 y el 17 de se-tiembre de 1923 se otorgó el correspondiente cuaderno parti-cional. En la escritura de protocolización comparecieron don Bonifacio Sánchez y don Manuel Fernández Juncos, como apoderado este último de don Fernando Pignet, hijo único y universal heredero de doña Ana. En la escritura se consignó, entre otras disposiciones, la siguiente:

“NOVENA: RENUNCIA DE LA NUDA PROPIEDAD DEL SEÑOR PIGNET — Don Manuel Fernández Juncos con el carácter que ostenta de apoderado de Don Femando María Pig-net y Moreno, renuncia expresamente a favor de Don Bonifacio Sánchez y Giménez el derecho de nuda propiedad que según la interpretación dada al testamento de don Federico Degetau, ha-bría de corresponder a su señora madre, Doña Ana Moreno, y que por fallecimiento de ésta vendría a recaer en el renunciante, como su único heredero.
Tal renuncia se hace con el solo fin y propósito de que el expresado Don Bonifacio Sánchez y Giménez adquiera en pleno dominio los bienes que solo en usufructo parece haberle dejado el causante, Don Federico Degetau; pero constituye la causa e intención de tal renuncia que los bienes que en virtud de la misma adquiriera el señor Sánchez, como procedentes del señor Pignet, queden en él y se le adjudiquen in trust para cumplir la voluntad y obligaciones impuestas por el causante, Don Federico Degetau....
DECIMA: RENUNCIA DE LA NUDA PROPIEDAD DEL SEÑOR SANCHEZ — El compareciente, don Bonifacio Sánchez y Giménez, hace igual renuncia y a los fines antes indicados de la parte de la nuda propiedad que pueda corresponderle por virtud del fallecimiento de la citada doña Ana Moreno, esposa del señor Degetau.
DECIMA-CUARTA: HABER DEL CAUSANTE DON FEDERICO DEGETAU — De todo lo anteriormente expuesto resulta que el haber que por todos conceptos correspondía al causante, Don Federico Degetau, pasa a ser de don Bonifacio Sánchez y Giménez en concepto de heredero voluntario de aquél y en la siguiente forma: una mitad en usufructo, y la otra mitad del usufructo y toda la nuda propiedad del expresado haber de dicho causante, constituye un fideicomiso o ‘trust’ y así se adju-dicará al expresado señor Sánchez Giménez, para cumplir el pensamiento humanitario del testador señor Degetau, según reza su testamento.” (Bastardillas nuestras.)

En virtud de la partición acordada, ciertos inmuebles fueron inscritos a nombre de don Bonifacio Sánchez, entre ellos la finca Rosa Cruz en Aibonito, parte de la cual está envuelta en este pleito. La inscripción en el Registro de la Propiedad reza así:

“El adjudicatario, señor Sánchez y Giménez, tendrá el usu-fructo de esta finca, en cuanto a la mitad de la misma, es decir: que podrá disponer libremente, para sí, de la mitad de sus pro-ductos y rentas y de su aprovechamiento; pero en cuanto al resto de dichos productos y rentas y toda la nuda propiedad, será con-siderado como ‘Trustee’, y deberá dar a los mismos el destino a que se refiere el testamento.”

Don Bonifacio falleció el 17 de abril de 1944. En su testa-mento, otorgado cinco días antes de su muerte, hizo diversos legados a entidades de fines no pecuniarios. Respecto a la finca Rosa Cruz dispuso la segregación de veinte cuerdas para la American Baptist Home Mission Society, ordenando que el remanente “pase a ser propiedad del sobrino del testa-dor, don PEDRO SANCHEZ GONZALEZ . . . como recom-pensa por su cariño y paciencia en ayudarme y cuidarme con el esmero con que lo ha venido haciendo durante tantos años, y como caridad para que él pueda ayudar a su madre para-lítica, residente en España . . . Del legado a don Pedro, don Bonifacio expresó que debía entregarse a la Iglesia Apostólica Romana una parcela de tres cuerdas.

Las escrituras sobre el pago de legados a don Pedro Sán-chez González y a la Iglesia Católica fueron presentadas al Registro de la Propiedad en Guayama. El Registrador de-negó la inscripción por el fundamento de que “si bien la finca principal de donde se segrega la parcela adjudicada consta inscrita a favor del testador Bonifacio Sánchez Gimé-nez, ésta lo está como heredero y fideicomisario [síc] de su causante don Federico Degetau González fin trust’ para darle el destino dispuesto ... en la cláusula séptima de su testa-mento ... y no puede el heredero así instituido . . . disponer de los bienes dejádosle, para beneficio y lucro de personas o instituciones ajenas a las nombradas por el testador don Federico Degetau González en su citado testamento.”

Tanto la Iglesia Católica como don Pedro Sánchez Gonzá-lez instaron el correspondiente recurso gubernativo. Este Tribunal confirmó el 31 de enero de 1946 la nota denega-toria del Registrador en Iglesia Católica v. Registrador, 65 D.P.R. 604 (1946). Resolvimos entonces que el testador, don Bonifacio Sánchez, en su calidad de fiduciario, no podía desa-tender la obligación que le impuso don Federico Degetau en la cláusula sétima de su testamento respecto al destino de sus bienes.

Don Pedro Sánchez González decidió de todos modos con-tinuar en posesión de la finca y el 2 de junio de 1975 inició un procedimiento de expediente de dominio para que se re-conociera su título. Por resolución de 31 de octubre de 1975 el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, ordenó la inscrip-ción de la finca en el Registro de la Propiedad. El Registra-dor de Barranquitas la rechazó por tres fundamentos: por-que no procedía iniciar un expediente de dominio cuando la finca de que se trata consta inscrita en el Registro; porque el bien concernido no podía dedicarse para el beneficio de personas o instituciones ajenas a las nombradas por don Federico Degetau; y porque la prescripción extraordinaria no podía invocarse, ya que se había comenzado a poseer a tal fin sólo a partir de la sentencia en Iglesia Católica.

Don Pedro Sánchez González, también litigante en Igle-sia Católica, es quien insta este recurso. Su contención básica es que esta vez tiene derecho a la inscripción del pleno dominio por haberlo adquirido mediante usucapión.

2. Las Cuestiones Centrales

Este caso plantea diversas interrogantes: ¿Representa el expediente de dominio seguido en este caso el procedimiento indicado para cancelar un asiento registral contradictorio? ¿A qué figura jurídica corresponde el testamento de don Federico Degetau? ¿Cuál es la relación entre tal figura y la usucapión? ¿Son prescriptibles los bienes objeto de este litigio? De serlo, ¿quién puede invocar la prescripción ad-quisitiva? De poder reclamarla un litigante en las condicio-nes del recurrente, ¿se cumplieron los requisitos que el Código Civil impone para ampararse en ella? Por último, ¿dónde reside el poder de velar por el fiel cumplimiento de legados para fines benéficos y caritativos de orden análogo a los con-tenidos en el testamento de don Federico Degetau? Veremos que la contestación a algunas preguntas hace innecesario que nos pronunciemos definitivamente en cuanto a otras.

3. La Improcedencia de la Información de Dominio

Es doctrina sentada en Puerto Rico que no procede inscribir la resolución aprobatoria de una información de dominio cuando existe un asiento contradictorio cuyo titular, si bien ha sido citado, no ha consentido a la cancelación ni ha sido vencido en juicio. Rodríguez v. Registrador, 65 D.P.R. 653, 655-656 (1946); Mercado v. Registrador, 68 D.P.R. 138 (1948); Bermúdez v. Registrador, 74 D.P.R. 151 (1952). Véanse: los Arts. 20, 82, 393 y 395 de nuestra Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. secs. 45, 156, 735 y 737; Morell y Terry, Comentarios a la Ley Hipotecaria, 2a ed., Tomo 5, Madrid, 1934, págs. 573-578; Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6a ed., Tomo III, Barcelona, 1968, pág. 319 et seq. El expediente de dominio es inaplicable cuando se trata de obtener la ex-tinción de asientos definitivos sin la garantía del juicio con-tencioso. Morell y Terry, op. cit., 576; Resolución de 26 de marzo de 1923 de la Dirección General; Roca Sastre y Molina Pujol, Jurisprudencia Registral, Tomo V, pág. 805. En Benítez v. Registrador, 71 D.P.R. 563, 568 (1950), expresamos:

“Mientras no se suscite contienda entre partes conocidas y determinadas, no pierde el expediente su carácter de procedi-miento ex parte — ni la resolución, por lo tanto, adquiere la auto-ridad de cosa juzgada, González v. El Pueblo, 10 D.P.R. 483. Cuando existe asiento contradictorio en el Registro y comparece el titular del asiento a oponerse al expediente y a la cancelación del mismo es que entonces el procedimiento ex parte adquiere el carácter de contencioso y sólo entonces es que, oído y vencido en juicio el titular, puede ordenarse la cancelación del asiento si se declara justificado el dominio a favor del promovente.”

La información de dominio no es el procedimiento más adecuado para controvertir el título de beneficiarios in-nominados, excepto de modo genérico, en fideicomisos y otras instituciones aquí discutidas. La notificación rutinaria al fiscal y su acostumbrada comparecencia por escrito no están particularmente diseñadas para proteger los intereses de estos beneficiarios. Para el logro del debido respeto a la voluntad de testadores que encomienden bienes a fiduciarios para propósitos caritativos es imprescindible, aplicando la norma de Benitez, que se venza en juicio contencioso al titular del asiento, así como a los beneficiarios de la liberalidad o sus representantes. La ausencia de oposición formulada por el fiscal en el expediente de dominio que nos ocupa no le restó al mismo su carácter de procedimiento ex parte. Nunca llegó a alcanzar éste categoría de juicio. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo I, 6a ed., Barcelona, 1968, pág. 882.

Procede sin más, por la razón expuesta, la confirmación de la nota recurrida. Dada nuestra obligación, no obstante, de fomentar la conclusión de los litigios y aclarar en lo posible el derecho del país, resulta indispensable que nos expresemos sobre otro motivo que justifica la confirmación de la nota, aun asumiendo la procedencia del expediente de dominio. De otro modo se corre el riesgo de que continúe frustrándose por años la voluntad testamentaria de don Federico Degetau y de que el fideicomiso de fines no pecuniarios e instituciones aná-logas sufran daño irreparable al relegarse a similar limbo jurídico.

A los efectos de considerar en forma debida este segundo fundamento para la denegación del recurso presente importa examinar algunas cuestiones preliminares.

4. La Figura Jurídica Creada por el Testamento de Degetau

Don Federico otorgó testamento, como hemos señalado, en 1913 y falleció un año más tarde. Nuestra ley de fideicomisos data de 1928, Ley Núm. 41 de 23 de abril, 31 L.P.R.A. see. 2541 et seq. El llamado fideicomiso de fines no pecuniarios se incorporó a nuestra legislación en virtud de la Ley Núm. 211 de 8 de mayo de 1952. Para identificar la figura jurídica que el testamento de Degetau intentó establecer cabe acudir únicamente al Código Civil, que al menos hasta entonces no mostraba indicio alguno de recepción del trust norteamericano en la materia que nos ocupa.

Nuestro Código Civil proveía para aquellos años diversas instituciones jurídicas a través de las cuales podía concebi-blemente realizarse la voluntad testamentaria de Degetau: la fundación,() la disposición modal o con carga,() la sus-titución fideicomisaria,() el fideicomiso de herencia y el perpetuo.() La selección de la figura o combinación de figuras aplicables a este caso no está exenta de dificul-tades. ()

El empleo de la fundación en particular está muy genera-lizado en países donde impera el derecho civil para lograr fines análogos a los realizables por el charitable trust () del derecho común y a los consignados por Degetau en su testa-mento. Albaladejo, Derecho Civil, vol. I, 3a ed., Barcelona, 1973, pág. 371 et seq.; Canet, Le Régime des Fondations en France, ( ) 1952; Fondazione Agnelli, ed., The Fiscal and Juridical Status of Foundations, Torino, 1972; Neuhoff, I. y Pavel, U., ed., Trust and Foundations in Europe, London, 1971; De Wulf, C., The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussels, 1965. No es imprescindible, sin embargo, para propósitos de este recurso, calificar definitiva-mente la figura o figuras jurídicas que encierra el testamento de don Federico Degetau. Todas las aquí mencionadas están comprendidas en el concepto de fiducia testamentaria. () Basta con señalar que el testamento de Degetau le impuso a don Bonifacio Sánchez una obligación fiduciaria respecto a los bienes del caudal relicto cuya nuda propiedad pasó a sus manos. Don Bonifacio Sánchez nunca poseyó bien alguno de don Federico Degetau a título de dueño del pleno dominio. Don Bonifacio Sánchez no podía traspasarle a persona o enti-dad alguna lo que nunca tuvo. Ese es el significado central de nuestra decisión en Iglesia Católica v. Registrador, 65 D.P.R. 604 (1946).

La Ley Núm. 211 de 8 de mayo de 1952, () de aplicarse al caso presente, refuerza nuestra conclusión en Iglesia Católica. Tal ley creó el “fideicomiso con fines no pecuniarios” y a la vez convalidó todo fideicomiso de esa índole creado con anterioridad a la vigencia del estatuto. “El fideicomiso con fines no pecuniarios”, expresa la ley, 31 L.P.R.A. see. 2541, “es una relación fiduciaria respecto a bienes, que surge como resultado de la declaración del propósito de crearlo, e impone a la persona en posesión de los bienes deberes en equidad de explotar los mismos para un fin no pecuniario.” Esta definición es una traducción literal de la utilizada en el Restatement of the Law, Trusts, Second, sec. 348, para describir el charitable trust. Aun de estimarse que la voluntad testamentaria de don Federico Degetau no es realizable por institución civilista alguna y que la única figura jurídica aplicable es la del charitable trust, llegamos, por tanto, a conclusiones idénticas a las expuestas. La posesión de don Bonifacio Sánchez a partir de 1923 fue en calidad de fiduciario de la totalidad de los bienes de don Federico Dege-tau y usufructuario de parte. Nunca disfrutó de ellos a título de dueño.

Queda por ver, no obstante, si las conclusiones consig-nadas impiden que don Pedro Sánchez haya adquirido por usucapión el inmueble que le fue legado.

5. El Problema de la Prescripción Adquisitiva

Don Pedro Sánchez alega que advino titular dominical del inmueble por prescripción extraordinaria. Esta conten-ción suscita tres interrogantes. ¿Son prescriptibles los bienes envueltos? ¿Quién puede usucapir? ¿Se cumplen en este caso los requisitos que el Código Civil impone para que opere la prescripción extraordinaria? Exploremos estos temas.

a) La prescriptibilidad o no de bienes dedicados a fines benéficos

En derecho común norteamericano el corpus de un charitable trust no puede ser objeto de prescripción de tipo alguno. 4 Scott, On Trusts, 3a ed. 1967, see. 327.2; Mosk v. Summerland Spiritualist Association, 37 Cal. Rptr. 366 (1964); Hicks v. City of Providence, 113 Atl. 791 (R.I. 1921); Brown v. Memorial National Home Foundation, 329 P.2d 118 (Cal. 1958); Davenport v. Attorney General, 280 N.E.2d 193 (Mass. 1972); Mount Vernon Mortgage Corp. v. United States, 236 F.2d 724 (D.C. Cir. 1956).

Existe diferencia de criterios sobre este tema entre países de tradición civilista. Francia se inclina a favorecer la im-prescriptibilidad. Popesco, T. R., UAdaptation des Fonda-tions aux Nouvelles Circonstances en Droit Comparé, París, 1940, pág. 60 et seq.; 3 Encyclopédie Dalloz, 2a ed. 1977, “Fondation”, párs. 15-16, 27. En Alemania la violación de la relación fiduciaria da lugar meramente, por regla general, a una acción de daños. Immenga, M. F., “Outlines of the Juridical and Fiscal Status of Foundations in Germany”, en Fondazione Agnelli, The Fiscal and Juridical Status of Foun dations, Torino, 1972, págs. 58-59. En España la situación es confusa. Alas, De Buen y Ramos, De la Usucapión, Madrid, 1916, págs. 114-140.

De resolverse que nuestra legislación creadora del fideicomiso de fines no pecuniarios en 1952 tuvo el efecto de adoptar la totalidad del régimen jurídico que gobierna el charitable trust norteamericano aquí terminaría el caso pre-sente. La cuestión es debatible. El historial de la Ley Núm. 211 de 8 de mayo de 1952 no es del todo claro. De un lado se define el fideicomiso de fines no pecuniarios, como hemos visto, en forma análoga al charitable trust, pero del otro la Asamblea Legislativa eliminó del anteproyecto de ley una expresión específica al efecto de que la institución del fidei-comiso de fines no pecuniarios sería “equivalente al término charitable trust de la ley común norteamericana.” () Debe también recordarse que la recepción por vía de la juris-prudencia de la doctrina angloamericana de los fideicomisos implícitos no ha impedido que este Tribunal, contrario a la regla del derecho común, les imponga plazo de prescripción a las acciones para exigir su cumplimiento. Rossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729, 751-752 (1958). La Ley Núm. 211, además, no es de evidente aplicación al caso ante nos. ¿Nece-sitaba convalidación retroactiva un testamento como el de don Federico Degetau, perfectamente otorgable, en 1913 al menos, bajo instituciones reconocidas del derecho civil?

Dada la existencia dentro del marco del derecho civil de un fundamento () para decidir que no puede invocarse en este caso la prescripción extraordinaria, consideramos innecesario expresarnos en esta ocasión sobre el problema de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de bienes sujetos a un fideicomiso de fines no pecuniarios o a otro género de rela-ción fiduciaria encaminada a su dedicación a fines benéficos.

b) Quién puede usucapir

Está firmemente establecido en el derecho civil que el usufructuario de bienes inmuebles no puede usucapir. Borrell y Soler, Derecho Civil Español, Tomo II, 1955, Barcelona, pág. 265. Tampoco el que posee en concepto de fidu-ciario. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 12, 6a ed. rev., 1973, Madrid, pág. 1076; Sentencia de 10 de noviembre de 1958, Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, Tomo XXY, vol. II, pág. 4190. Tampoco el colono, el como-datario, el apoderado “y, en general, todos los que poseen en nombre o en representación de otro no pueden adquirir el dominio de lo poseído por ellos, ni ningún otro derecho, por virtud de prescripción, no ya ordinaria, sino ni aun por la extraordinaria.” Dávila v. Córdova, 77 D.P.R. 136, 141 (1954). Al precarista también le está vedada la condición de usucapiente. Weill, Droit Civil, Les Biens, 2a ed. Dalloz, 1974, pág. 380, nota 1. Don Bonifacio Sánchez nunca poseyó a título de dueño, sino sólo en calidad de usufructuario y fiduciario. Examinemos ahora la naturaleza de la posesión de don Pedro Sánchez.

c) Incumplimiento del requisito de posesión en concepto de dueño

Para que pueda invocarse con éxito la prescripción extraordinaria tiene que poseerse la propiedad en concepto de dueño y en modo ininterrumpido, público y pacífico. Art. 1841 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5262; Dávila v. Córdova, supra, 150-151. Don Pedro Sánchez nunca poseyó a título de dueño. Heredó sujeto a una obligación fiduciaria, según se desprende de nuestra decisión en Iglesia Católica. Véase: Alas, De Buen y Ramos, De la Usucapión, Madrid, 1916, págs. 220-221. Allí advertimos al propio promovente de este recurso que, por tratarse de bienes fideicomitidos, no adquirió a título de dueño. Ahora bien, ¿logró don Pedro Sán-chez, quien si no era fiduciario era simple precarista, llegar a poseer la finca Rosa Cruz en concepto de dueño?

En Puerto Rico rige la doctrina civilista de inversión o interversión de título. Vélez Cordero v. Medina, 99 D.P.R. 113, 120 (1970). La inversión de título no se presume. Art. 365 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1426; Velázquez, G., Los Derechos Reales Principales, mimeo., Río Piedras, 1937, pág. 289. El estado de precariedad no se transforma por la simple voluntad del detentador. Marty et Raynaud, Droit Civil, Tomo II, vol. 2, Sirey, París, 1965, pág. 34; Carbonnier, Droit Civil, Les Biens, vol. 3, París, 8a ed., 1975, pág. 158 et seq.; De Martino, F., Del Possesso, 4a ed., 1970, pág. 86 et seq. (parte de la obra general: Scialoja e Branca, Commentario del Codice Civile).

No surge de autos prueba demostrativa de acto alguno o nuevo título que pudiese haber dado lugar a la aplicación de la referida doctrina conforme los criterios expuestos en Vélez Cordero v. Medina, supra. Don Pedro Sánchez no puede reclamar el título dominical del inmueble a base de la pres-cripción extraordinaria.

6. Facultad del Registrador para Negarle Efecto Hipotecario a la Resolución Judicial Emitida en el Expediente de Do-minio

Repetidamente hemos expresado la regla general que un Registrador no puede intervenir con las determinaciones judiciales. Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 D.P.R. 578 (1975); Caballero v. Registrador, 35 D.P.R. 617 (1926). Si esto es así, ¿podía el Registrador negarse a inscribir el título a favor de don Pedro cuando el Tribunal Superior le había ordenado hacerlo? Sí.

Están presentes aquí los elementos de una excepción reconocida a la regla general. Barrachina ha afirmado que “si bien no tienen facultad los Registradores para calificar los fundamentos de las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales, a los efectos de su inscripción, la tienen para examinar la naturaleza del mandato judicial y la del juicio en que hubiesen recaído, así como para examinar los libros del Registro y ver si pugnan con el derecho de tercero que no haya sido parte en el pleito, debiendo denegar aquella cuando exista algún obstáculo legal procedente de asiento no cance-lado . . . Barrachina, Derecho Hipotecario y Notarial, Tomo I, 1910, pág. 201. Al mismo efecto, Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, 6a ed., 1968, págs. 254-257; Sanz, Derecho Hipotecario, Tomo II, Madrid, 1953, págs. 159-160. En el caso presente, surge del Registro y de los documentos sometidos al Registrador que el inmueble cuya inscripción se ordenó es un bien fideicomitido; que los terceros fideicomisarios no han sido vencidos en pleito contencioso; que de hecho no ha habido juicio alguno, ya que se trata de un expediente; y que la resolución recaída está en pugna con la realidad registral. En tales circunstancias es permisible denegar la inscripción por las razones expuestas en la parte que antecede de esta opinión. Es innecesario en consecuencia discutir el tercer fundamento aducido por el Registrador.

7. Futuro del Testamento de don Federico. Quién Vela por su Fiel Cumplimiento

De limitarnos a confirmar la nota denegatoria es enteramente posible que la última voluntad de don Federico Degetau quede incumplida o que su testamento prosiga ad aeternam su triste peregrinación por las cortes. Caben por tal motivo unas observaciones finales. Tanto en el derecho civil como en el común se le reconocen al Estado poderes de supervisión respecto a bienes dedicados a fines caritativos o benéficos vía la creación de fundaciones, fideicomisos, charitable trusts e instituciones análogas. Pomey, M., “Le Régime Juridique des Fondations Privées, Culturelles et Scientifiques en Droit Francais”, en Fondazione Agnelli, ed., The Fiscal and Juridical Status of Foundations, Torino, 1972, pág. 4; Conviser, R. J., The Modern Philanthropic Foundation in America and Germany, Cologne, 1964, págs. 81-82; 4 Scott, On Trusts, 3a ed., 1967, see. 391. En el Secretario de Justicia de Puerto Rico, como defensor del interés público de que están revestidas las instituciones de que hemos hablado, reside la facultad para requerir de los tribunales el nombramiento de un fiduciario para cumplir la voluntad testamentaria de don Federico Degetau. Para evitar que en casos futuros puedan debilitarse las instituciones disponibles para la dispensa de liberalidades con gravamen, nuestra Asamblea Legislativa puede considerar legislación encaminada a proteger el inte-rés público en situaciones como la presente. Como ejemplo, véase: The Charities Act 1960, 3 Halsbury, Statutes of England, 3a ed., pág. 589 et seq.

Por las consideraciones expuestas se confirma la nota del Registrador recurrido.

El Juez Asociado Señor Rigau no participó. Los Jueces Asociados Señores Martín y Negrón García concurren con la confirmación de la nota recurrida por ser improcedente la información de dominio.

      (1) Véanse los Arts. 27, 28, 29 y 31 del Código Civil de 1902, sorpren-dentemente enmendados por la Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930 para eliminar las fundaciones de nuestro derecho a pesar de que la Ley de Fidei-comisos de 1928 no proveía para fideicomisos de fines benéficos, error que se trata de curar de otro modo en la Ley Núm. 211 de 8 de mayo de 1952.

      (2)Véanse: Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo V, vol. II, 2a ed., Barcelona, 1977, pág. 459 et seq.; Castán Tobeñas, El modo en los actos jurídicos, Rev. Der. Privado, Tomo 8, 1921, pág. 212 et seq.; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VI, vol. I, Madrid, 1973, pág. 391; y, entre otros, el Art. 726 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2338.

      (3)Art. 703 y ss. del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2301 et seq.; Puig Brutau, op. cit., 523 et seq.; Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, vol. V, 3a ed., Madrid, 1974, págs. 313-314.

      (4) Puig Brutau, op. cit., 531.

      (5) Véase: Sánchez Vilella, Luis F., El Fideicomiso Puertorriqueño V: las Vicisitudes del Fideicomiso de don Federico Degetau, 38 Rev. C. Abo. P.R. 159 (1977).

      (6) Esta frase no es traducible strictu sensu, ya que la institución del trust difiere marcadamente de la del fideicomiso civilista. Puig Brutau, op. cit., 526-530.

      (7)Es interesante anotar que el derecho francés reconoce la funda-ción, a pesar de que, distinto a España y otros países, la institución no tiene allí base estatutaria alguna. Su recepción ocurrió a través de la jurisprudencia. 3 Encyclopédie Dalloz, 2a ed. 1977, “Fondation”, pár. 3.

      (8) Puig Brutau, op. cit., 531.

      (9) Véase la nota (1), supra.

      (10) véase el cambio que sufre el P. del S. 12 de 13 de febrero de 1952. En la versión impresa del proyecto según aprobada finalmente por ambas cámaras consta, por tachadura, el cambio ocurrido. Archivos de la Secretaría del Senado. Consúltense también las Actas de la Cámara de 1952, págs. 1174-1175.

      (11) Véase el apartado (c) de esta sección, infra,.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José de la Cruz Maceira, acusado y apelante.

      Número: CR-76-235

      Resuelto: 13 de octubre de 1977

      Jaime Rivera Torres, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Roberto Armstrong, Jr., Procura-dor General Interino, y Maggie Correa Aviles, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público formuló acusación en 1975 contra José de la Cruz Maceira c/p Papo imputándole tres alegadas infracciones al Art. 401(a) (1) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. sec. 2401(a), consistentes en po-seer con intención de distribuir, transportar u ocultar y dis-tribuir marihuana. Hallado culpable se le sentenció a cumplir concurrentemente penas de cinco a siete años de presidio en cada caso.

El apelante nos plantea que la prueba es insuficiente para sostener los veredictos; que un incidente en la vida personal de un testigo de cargo destruyó necesariamente la veracidad de su testimonio; y que la orden de arresto fue ilegal.

HH

La suficiencia de la prueba.

Las determinaciones del jurado hallan amplia base en la prueba. Un agente encubierto de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía, Agustín Pujols, declaró que el 16 de enero de 1975 vio en Lares al acusado, a quien conocía por el nombre de “Papo” desde noviembre de 1974. En un encuen-tro anterior en Lares el acusado había prometido que le con-seguiría marihuana. El referido día Papo y Pujols se trasla-daron en el automóvil de éste hasta el parque de pelota del pueblo y allí el acusado le vendió al agente dos cajitas de fósforos que contenían marihuana. Pujols pagó por ellas y partió solo para Mayagüez, donde ese mismo día entregó las cajitas a su supervisor, Hiram Ayala Zaragoza. Bastantes días después, -Pujols le señaló a su supervisor la persona de Papo desde un auto en marcha. Pujols no supo el verdadero nombre del acusado hasta después de su arresto.

En escrupuloso cumplimiento de las normas sentadas en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 707-708 (1966) y Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374-378 (1974), el testimonio del agente encubierto fue ejemplarmente deta-llado. Hemos expuesto aquí tan solo la esencia de su declara-ción. El agente Pujols no se limitó a testificar sobre los elementos mínimos de los delitos imputados, sino que describió minuciosamente las circunstancias y resultados de su enco-mienda; las veces, lugares y fechas en que habló con el acu-sado; las circunstancias particulares de la transacción y sus acciones posteriores a ésta.

El supervisor Hiram Ayala Zaragoza testificó que el mismo día de los hechos Pujols le había entregado la marihuana en Mayagüez. Un químico de la Policía declaró que las dos cajitas que le entregó en un sobre Ayala Zaragoza, con las iniciales del agente denunciante, contenían marihuana. En ausencia de error manifiesto, prejuicio, parciali-dad o pasión, no existe fundamento en derecho para que inter-vengamos con la apreciación de la prueba efectuada por el jurado. Pueblo v. Rivera Santiago, 95 D.P.R. 584, 586 (1967); Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 372 (1974).

II

El ataque a la veracidad, del testimonio del agente supervisor.

En moción de nuevo juicio, el acusado trajo prueba de que el supervisor Hiram Ayala Zaragoza había contraído nuevas nupcias antes de que su sentencia de divorcio fuese final y firme. Entiende el apelante que ello destruyó la veracidad del testimonio del supervisor, convirtiéndolo per se en persona mendaz y corrupta.

Estimamos que no excedió el tribunal de instancia los límites de su discreción al no acceder a la moción de nuevo juicio. Véase Regla de Procedimiento Criminal 188(a). La conducta impropia que se le imputa al testigo, además, no ataca frontalmente la veracidad de su declaración. La acción del tribunal no viola los principios que sentamos en Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118, 124 (1974). En Dones criticamos la antigua regla de Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182 (1966), pero advertimos:

“. . . No estamos abriendo una compuerta al derrame indis-criminado de evidencia impertinente, extraña al asunto justi-ciable. La prueba para impugnar al testigo deberá fundarse en actos y hechos específicos y deberá limitarse a las materias rela-cionadas con veracidad o falsedad. Tampoco habrá de permitirse la introducción en evidencia de incidentes triviales e intrascen-dentes pues con ello se desnaturalizaría el juicio convirtiéndolo en una pesquisa biográfica del testigo.”

HH HH H — I

La impugnación de la orden de arresto.

La orden de arresto en este caso se expidió para el arresto de John Doe c/p Papo. Se incluyó el lugar de su residencia. No se insertaron otras señas particulares. Al conocerse el nombre del sospechoso, la acusación se formuló contra José de la Cruz Maceira c/p Papo y en todos los procedimientos subsiguientes se utilizó el nombre correcto del acusado. El acusado no cuestionó la validez del arresto en el tribunal de instancia. Ante nos argumenta que todo el andamiaje pro-cesal del caso carece de sostén por ser nulo el arresto y que por consiguiente debe revocarse la sentencia.

La Regla 6(b) de Procedimiento Criminal expresa que la orden de arresto “deberá especificar el nombre de la persona o personas a ser arrestadas y, si los nombres son desconocidos, designará a dichas personas mediante la des-cripción más adecuada posible que las identifique con razona-ble certeza . . . La Regla 6 (b) obedece el mandato del Art. II, Sec. 10, de la Constitución de Puerto Rico () y de la cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos. La parte citada de la Regla 6(b) proviene básicamente del Art. 815 del Código Penal de California y de la Regla 4 federal de Procedimiento Criminal.

Se admite generalmente que una orden para el arresto de “John Doe”, a secas, es nula. 1 Wharton, Criminal Procedure, 12a ed., 1974, see. 55, pág. 153; 1 Wright, Federal Practice and Procedure, 1969, sec. 54, pág. 48; West v. Cabell, 153 U.S. 78 (1894). El conflicto de autoridades emerge al intentar determinar el grado de particularidad que la orden de arresto debe satisfacer.

. En United States v. Swanner, 237 F.Supp. 69 (E.D. Tenn. S.D. 1964), se invalidó una orden para el arresto de “John Doe, alias Bud Ferguson”, al establecerse que nunca se había conocido al acusado por el nombre de Bud Ferguson. El tribunal rechazó por irrelevante la cuestión de si la persona que efectuó el arresto intentaba de hecho aprehender al supuesto Bud Ferguson. Véase: West v. Cabell, supra, donde se declaró nulo el arresto de Vandy M. West bajo una orden que leía “James West”.

En People v. Montoya, 63 Cal. Rptr. 73 (App. Cal. 1967), se fue aún más lejos. Se anuló una orden para el arresto de “John Doe”, a quien se le describió como “blanco, de 30 a 35 años de edad, 5' 10" de estatura, 175 libras, pelo negro, contextura mediana”. Estimó el Tribunal, citando abundante jurisprudencia, que la orden pudo ser más específica.

Del otro lado, en United States of America v. $1,058 in United States Currency, 210 F.Supp. 45, 49 (W.D. Penn. 1962), confirmado por otras razones en 323 F.2d 211 (3d Cir. 1963), se declaró suficiente una orden para el arresto de “John Doe, c/p Piggy”. Witkin y Alexander también san-cionan esta práctica. Witkin, California Criminal Procedure, 1963, sec. 100, págs. 100-101; 1 Alexander, The Lazo of Arrest, 1949, sec. 62, págs. 402-404. Al mismo efecto: McCoy v. State, 535 S.W.2d 439 (Ark. 1976). Moore estima que en casos de narcóticos, cuando el agente encubierto o el confi-dente ignora el nombre verdadero del traficante, debe poder emplearse una orden de tipo “John Doe”, con la descripción que se tenga disponible, y sustituirse luego con una orden que especifique el nombre correcto. 8 Moore, Federal Practice, 2a ed., 1976, sec. 4.04 [1], pág. 4-23. Caveat: United States v. Curtis, 427 F.2d 630, 632, n. 2 (C.A.D.C. 1970) (en banc).

Cada caso presenta en efecto una situación diferente. Puede distinguirse entre tipos de órdenes de arresto como la que nos ocupa, dependiendo de la información disponible. Véase: Perkins, The Tennessee Law of Arrest, 2 Vand. L. Rev. 509, 542-544 (1949). En actividades criminales am-paradas en la clandestinidad, no es a menudo amplia la infor-mación que puede obtenerse en el curso de la operación encu-bierta, pero la que esté disponible debe incluirse en su totali-dad. Existe un mínimo irreducible que la Constitución re-quiere.

En el caso de autos, la orden de arresto debió ser más precisa. El agente había visto al traficante varias veces. Su descripción debió haberse incluido en la orden. Surge, además, de la prueba que el agente Pujols admitió que “Papo” no era el nombre del acusado, que lo que el acusado le había dicho cuando se conocieron era “a mí me dicen el Papo de esto aquí.”

Aun de determinarse que la orden de arresto fue inadecuada, en estas circunstancias no se afecta el resultado del litigio. La Regla 9(b) de Procedimiento Criminal dispone:

“Si al llevarse ante el magistrado a la persona arrestada o citada se demostrare que la denuncia o la orden de arresto o citación no nombran o describen con certeza a la persona o al delito que se le imputa, pero hay fundamentos razonables para creer que la persona ha cometido el delito u otro delito, el magis-trado no libertará ni exonerará a la persona, sino que hará que se presente una nueva denuncia o expedirá una nueva orden de arresto o citación, según proceda.”

En el caso presente no se ordenó la expedición de una nueva orden de arresto, pero se incluyó en el certificado de diligen-ciamiento, según apunta el Procurador General en su alegato, el nombre exacto del sospechoso. La acusación se formuló también contra José de la Cruz Maceira c/p Papo. El acusado no formuló objeciones contra la orden o la acusación. No se ha demostrado que en la situación descrita se haya incurrido en error perjudicial al acusado. People v. McCrae, 32 Cal. Rptr. 500 (App. Cal. 1963); People v. Johnson, 24 Cal. Rptr. 471 (App. Cal. 1962); People v. Erving, 11 Cal. Rptr. 203 (App. Cal. 1961). Véase: Pueblo v. García Millán, 89 D.P.R. 550 (1963).

IV

El 'problema de la multiplicidad de las penas.

Por las razones expuestas en Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977), se violó' el Art. 63 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 3321, al imponerse más de una pena por un mismo acto de orden continuado. Bajo la teoría del concurso, que dicho artículo adopta, se anulan las penas impuestas, aunque no las convicciones, por los delitos de poseer con intención de distribuir y por transportar u ocultar marihuana.

Asi modificada, se confirma la sentencia.

El Juez Asociado Señor Rigau no participó. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado.

      (1) “. . . Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allana-mientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particu-larmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. ...”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Asunto: Lic. Omar Cancio Sifre, notario.

      Número: 1432

      Resuelto: 14 de octubre de 1977

      Ramón A. Cancio, Hiram R. Cancio y José Angel Rey, abogados del Ledo. Omar Cancio Sifre.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso tiene la particularidad de ser uno en el cual la práctica notarial de un abogado ha quedado sujeta a evaluación ética, y al ejercicio de la facultad inherente de este Tribunal para regular la abogacía sin queja promovida por parte perjudicada, sino a instancias () del propio abogado.

El promovente Lie. Cancio es accionista principal y “prác-ticamente el único accionista” de Legal Finance Corporation, corporación que se dedica a la tramitación y concesión de préstamos hipotecarios y que actúa como banco hipote-cario debidamente autorizado mediante licencias concedidas por el Estado Libre Asociado, la Administración Federal de Hogares (FHA) y la Administración de Veteranos.

En declaración jurada el promovente describe así la rela-ción entre bufete y corporación:

“La corporación no tiene junta de directores. Su negocio lo dirige y atiende un gerente general con personal subalterno a su cargo. No ocupo posición alguna en la corporación ni inter-vengo en su administración diaria. Soy su consejero legal, pero no cobro sueldo por estos servicios aunque ocasionalmente se me ha concedido un bono anual. Recibo los dividendos a que tengo derecho como accionista.
Actúo también como notario en la preparación y otorga-miento de las escrituras relacionadas con los préstamos con-cedidos por la corporación y ésta me paga por cheques, previa autorización escrita del prestatario, los honorarios correspon-dientes por el trabajo de abogado y notario que realizo en cada caso. Mi oficina profesional está enteramente separada de las oficinas de la corporación aunque están ubicadas en el mismo edificio. En mi oficina no hay anuncio alguno de la corporación, ni en las de ésta aparece mi nombre ni anuncio alguno referente a mis servicios profesionales.
Como siempre me ha preocupado que pueda malinterpretarse mi condición de accionista casi único de Legal Finance Corporation y los servicios que le presto como abogado y notario, siem-pre me he mantenido desligado de la administración cotidiana de su negocio. Por este mismo motivo, luego de aprobado en 1970 el Código de Ética Profesional vigente, discutí con varios com-pañeros abogados los alcances del Canon 37 y aunque el mismo es algo ambiguo llegué al convencimiento de que sus disposicio-nes no proscribían mi relación profesional con Legal Finance Corporation en la forma en que yo mantenía esa relación y Legal Finance Corporation operaba su negocio.. ..
Es de conocimiento general que todas las instituciones finan-cieras que se dedican en Puerto Rico al negocio de préstamos hipotecarios utilizan a sus propios abogados para que hagan el estudio de cada caso y autoricen como notarios las escrituras correspondientes. Esto se debe al hecho de que las instituciones financieras confían en sus propios abogados para asegurarse de la legitimidad del negocio jurídico antes de desembolsar el prés-tamo. Es por esta razón que yo le he servido a Legal Finance Corporation como abogado y notario, manteniendo mi práctica profesional separada de su negocio. Siempre he considerado que mi condición de accionista de dicha corporación, de la cual no soy oficial ni funcionario, no añade en verdad a mi actuación pro-fesional más conflicto que el que tiene el abogado o el abogado y accionista de cualquier otra institución financiera que a la vez actúa como notario en el otorgamiento de las escrituras en que su cliente es parte. Para evitar este posible conflicto y salva-guardar el derecho de los prestatarios de Legal Finance Corporation a consultar el asunto con sus propios abogados, siempre les advierto de este derecho antes del otorgamiento y les digo que pueden llevarse copia de las escrituras para consultar con su abogado y que éste puede acompañarlos el día del otorgamiento. Así lo han hecho algunos, aunque la gran mayoría de los pres-tatarios no ha ejercitado este derecho.”

El veterano José Juan Rivera Hernández obtuvo de Legal Finance Corporation un préstamo de $47,500.00 para com-prar una casa() y para viabilizar la operación el 11 de junio de 1976 comparecieron a la notaría del Lie. Cancio los vendedores del inmueble que eran Rafael Nieves Díaz y una mujer que él presentó como su esposa Ana María Rodríguez; y el comprador prestatario Rivera Hernández acompañado de una mujer que identificó al notario como su esposa Myrta Yolanda Rodríguez. En dicho acto el notario concernido auto-rizó la escritura Núm. 224 de compraventa, en la que no fue parte la corporación; y la Núm. 225 de “Primera Hipoteca” constituida en garantía de pagaré por $47,500.00 de principal, interés al 8 1/2% anual y créditos accesorios, amortizable en plazos mensuales de $365.28 desde agosto de 1976 hasta julio de 2006, en cuyo documento suscrito por el pres-tatario Rivera Hernández y su presunta esposa, compareció en representación de la acreedora Legal Finance Corporation, su gerente general Thelma A. Paz.

Legal Finance Corporation cedió el crédito hipotecario mediante endoso del pagaré a James T. Barnes of P.R. Inc., y como no pagara el comprador y deudor hipotecante ni aun el primer plazo mensual, presentó demanda en ejecución del crédito contra él y su esposa Myrta Yolanda quien al ser emplazada no tardó en acudir a la oficina de Legal Finance donde informó a su gerente Paz y al Lie. Cancio que ella era la esposa separada del veterano Rivera Hernández y que no había firmado ni la escritura de compraventa ni la de hipo-teca. La corporación citó a los otorgantes de dichos documen-tos para depurar la situación y se presentó Luis Viera con su esposa Sonia Ivette Rivera declarando ésta ser hermana de Rivera Hernández y la persona que firmó las escrituras su-plantando a Myrta Yolanda. También se presentó una hija del vendedor Nieves Díaz quien dijo haber firmado como esposa de éste con el nombre de Ana María Rodríguez, quien era su señora madre fallecida() hacía un año. Se comprobó un caso de doble suplantación de otorgantes de cuyo conoci-miento personal da fe el notario en ambas escrituras. Legal Finance Corporation asumió la pérdida recomprando el pa-garé de James T. Barnes y el notario promovente ha sido diligente en tramitar una acción sobre nulidad de escrituras en virtud de la cual ya se han cancelado los asientos de Regis-tro a que dio lugar este negocio espúreo y se restituyó el título del inmueble afectado a su condición original, sin per-juicio para los hijos herederos de la extinta Ana María Rodríguez.

El Lie. Cancio dirigió una carta al Juez Presidente el Io de abril último en la que informa que ha sido “víctima de un doble engaño, aparentemente urdido . . . para defraudar a la corporación de la cual soy principal accionista” y le pide que proceda “según estime apropiado.” Eventualmente el asunto fue llevado a la atención del Pleno que el 26 de mayo último emitió Resolución que en lo pertinente dice:

“Vistos la carta y documentos anejos dirigida el Io de abril de 1977 al Sr. Juez Presidente por el notario Lie. Omar Cancio Sifre en relación con el otorgamiento por éste de las Escrituras Núms. 224 y 225 de 11 de junio de 1976, y vistos los Arts. 16 y 27 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. sees. 1016 y 1027) en su exi-gencia de que los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conocimiento por el dicho de testigos, tenga dicho Notario plazo hasta el 17 de junio de 1977 para informar bajo afidávit lo siguiente:
A. Carácter y extensión del perjuicio, si alguno, ocasionado a tercera persona como resultado del otorgamiento de dichas escrituras, expresando si ha sido subsanado, acompañando decla-ración .de la persona afectada y resarcida en su caso.
B. Posible conflicto entre su condición de accionista de Legal Finance Corp. y su actuación como Notario en documentos en que dicha corporación es parte otorgante.”

Esta última cuestión de incompatibilidad fue originada por el Tribunal. El promovente Lie. Cancio ha contestado sosteniendo su posición de que no ha infringido la Ley Notarial ni incurrido en falta de ética, y ahora resolvemos:

I

Identidad, de Partes

Instruye el Art. 16 de la Ley Notarial que es la Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. see. 1016) que los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conocimiento por el dicho de testigos, y que también darán fe acerca de la edad, estado, profesión y vecindad de los otorgantes, con relación al dicho de los mismos. La falta de este requisito aparece sancionada en el Art. 20 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 1020) que declara anulables los instrumentos públicos en que el notario no certifique sobre el conocimiento de los otorgantes o no supla esta diligencia con un testigo o testigos de conocimiento, a menos que por medio de una escritura pública o acta notarial, o por nota a continuación de las firmas en el instrumento, el mismo notario que autorizó la escritura defectuosa, dé fe de que conocía a los otorgantes al tiempo de su otorgamiento. La omisión de tal requisito se consideró vicio de nulidad en Diez de Andino v. Registrador, 25 D.P.R. 477, 479-80 (1917).

En su comparecencia escrita el promovente Lie. Cancio señala la imposibilidad para los notarios de cumplir con el citado Art. 16 de la Ley Notarial porque el crecimiento poblacional, la movilidad de la gente y el desarrollo de gran-des núcleos urbanos les impide conocer o identificar a través de testigos a los otorgantes que ante ellos comparecen. Ha podido añadir que la identificación de los otorgantes no per-tenece a lo formal del documento, que deba exigírsele al Notario, ni siquiera al mundo de lo jurídico, sino al del exterior que aquél no puede captar ni por su vista, ni por su oído, ni por sus sentidos. Siendo el otorgante, únicamente, quien sabe si dice o no la verdad, al declarar ser determinada persona, es él quien únicamente puede aportar los medios para su identificación; está fuera de la función y de las posibilidades del Notario como tal y como individuo. Escobar de la Riva, Tratado de Derecho Notarial, pág. 384 (1957). El problema lo es solo en apariencia inducida por la retórica. La Ley no exige el conocimiento “personal” de otorgantes por el notario en el concepto de una relación previa a su llegada a la notaría. Basta el conocimiento que el notario deriva de su observación de los otorgantes identificándose mutuamente en las etapas preliminares del acto jurídico notarial, toda vez que, con rarísimas excepciones en que dos partes se ponen de acuerdo para defraudar, los otorgantes tienen tanto in-terés como el notario en la trasmisión de un título válido, y debe suponerse que en los contratos bilaterales el que con-trata con una persona obligándose a su favor y estipulando derechos, le conoce perfectamente. El notario no está restrin-gido en sus medios para identificar otorgantes al uso de testigos de identificación. Su profesión de abogado le provee variados recursos para asegurarse de tal identidad. Quizás el notario al observar la patente diferencia en edad entre el vendedor Nieves Díaz y la hija que presentó como esposa pudo con una pregunta ingenua abortar la trama de que fue víctima.

La transformación de nuestra economía, el incremento poblacional concentrado en grandes ciudades sin duda hacen más laboriosa para el notario la identificación de otor-gantes, pero no justifican degradar la fe pública y el valor de legitimación que tan pesadamente descansan en esa dación de fe de conocimiento de las personas y de haberse el notario asegurado de su identidad. Temprano en el Derecho notarial afloró el mandato: “e debe ser muy acucioso el Escribano de trabajarse de conocer los ornes a quien faze las cartas, quién son y de qué lugar, de manera que non pueda ser fecho nin-gún engaño.” (Ley 68, título 18, Partida 3a.) La garantía que para el tráfico jurídico y legitimación de actos representa el citado requisito del Art. 16 de la Ley bien vale que el notario sea acucioso y esforzado en revelar la identidad de quienes ante él contratan o actúan.

II

La Incompatibilidad,

Como se ha indicado anteriormente, el Lie. Cancio es para todo fin práctico, el único accionista de Legal Finance Corporation y desde el 1968 viene autorizando escrituras en las que no podemos pasar por alto que dicha corporación tiene de hecho dos figuras interesadas en el bienestar económico y el mayor provecho de la financiera: su gerente y su único accionista. En el historial del Sr. Cancio no hay constancia de que durante tantos años esa dualidad de dueño y notario haya tachado en modo alguno su práctica notarial. Mas las normas de ética en su vigencia no distinguen, ni pueden discriminar entre los que en situación de conflicto tienen fortaleza para resistir la humana tentación de adelantar sus intereses personales, y los débiles de voluntad que sucumben en la oportunidad pecaminosa. La incompatibilidad va más allá de la prohibición del Canon 37 de Ética (4 L.P.R.A. Ap. IX) () sobre el uso por el abogado de negocios y actividades comerciales para “alimentar” su práctica profesional. El Art. 8 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 1008) prohíbe al notario autorizar contratos en que él intervenga como parte, que contenga disposición en su favor, o en que alguno de los otorgantes sea pariente suyo dentro del cuarto grado de con-sanguinidad o segundo de afinidad. Y el Art. 20 (4 L.P.R.A. see. 1020) declara nulos los instrumentos públicos en que haya intervenido como parte el notario que los autorice o con-tengan alguna disposición a favor de éste. Estos artículos responden al propósito de preservar la figura del Notario como funcionario imparcial, que recibe, expone y legitima la voluntad de los que ante él comparecen sin tomar bando, sin inclinarse a un lado u otro. Su inteligencia y su lealtad están comprometidas con una función ilustrativa que sirva y pro-teja a todas las partes por igual. “Cuando en 1906,” ha dicho este Tribunal, () “la Asamblea Legislativa derogó la Ley del Notariado declarando que ‘solo podrán en lo sucesivo ejercer dicha profesión [notarial], los abogados que hayan sido admitidos a practicar como tales ante las Cortes de Jus-ticia por la Corte Suprema’ (Ley de 8 de marzo de 1906, Leyes de ese año, pág. 141), se propuso fortalecer los re-cursos intelectuales del notariado y enriquecer su función social, poniendo a disposición de la sociedad un notario que es además un técnico conocedor del Derecho. Por tradición, y en nuestra patria además por expresión legislativa, el notario no es simple observador del negocio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la iden-tidad de partes y autenticidad de las firmas. Su función, que no es privada, sino pública, trasciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se concreta. ¿Cómo guardar silencio ante una situación lesiva para cualquiera de los otorgantes, si su entrenamiento legal le hace testigo de la irregularidad? ¿Para qué otra cosa sirve su profesión de abogado por ley puesta a disposición de las partes en su despacho notarial? En su deber de ilustrar, y dar consejo legal a las partes con-tratantes, no hay guardarraya que separe al notario del abogado. El notario que impasible ve consumarse en su pre-sencia un pacto cuyas consecuencias legales ignora alguna de las partes o que pudiendo hacerlo, por ser abogado, rehúsa explicar a los menos informados del significado y proyeccio-nes de cláusulas para ellos poco menos que ininteligibles; el notario que limita su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identi-dad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes, está con su desidia derrotando los fines y propósitos que le hicieron de-positario de inapreciable confianza pública.”

“[L]a parte más digna y más noble de la actuación notarial es la que no queda registrada en la escritura, porque el más perfecto ensamblamiento de los derechos y obligaciones de las partes no está en la simple enunciación de sus volun-tades, sino en la interpretación previa de sus propósitos y hasta en la captación lógica de sus intenciones; y esto, tanto como el consejo oportuno o la opinión jurídica o económica o social, la explicación leal y honesta de la ley, el patrocinio moral y hasta la misma autoridad personal del Notario, son elementos imponderables e intraducibies en el acto autorizado, que en su forma externa jamás acusará el más leve indicio de esa intervención, infinitamente más importante, más tras-cendente y más decisiva antes de la concertación del contrato, que en el entretejido posterior de sus cláusulas.” Negri, según citado por Pelosi en La unidad, de acto en el Derecho Notarial argentino, págs. 185-186.

Reconocemos la importancia que para los bancos y demás entidades financiadoras representa que un notario de su confianza autorice los documentos que constituyen la garantía de su dinero y no encontramos conflicto en que el abogado del banco actúe como notario en tales negocios. El abogado no es empleado de su cliente y mantiene una independencia () en sus determinaciones profesionales que propicia su intervención como notario en actos y contratos en que su cliente de asesoría es parte. De ahí que esa relación no esté proscrita en la Ley Notarial.

El caso que nos ocupa, sin embargo, es el de un notario único accionista de la corporación que autoriza instrumentos en que ésta es parte. La ficción legal que tipifica la corporación como persona jurídica distinta () de sus accionistas, si bien es suficiente para excluir las escrituras autorizadas por el Lie. Cancio de la sanción de nulidad dictada por el Art. 20 de la Ley Notarial, pues la razón de nulidad no debe extenderse más allá de sus propios términos legislados, no lo es para satisfacer la norma ética sobre incompatibilidad. Concedido que en estricto derecho el notario promovente al autorizar una de estas escrituras no tiene la calidad de “parte” a cuyo favor se establecen disposiciones en el instrumento, en el más profundo sentido ético es inescapable la realidad de que actúa en un ámbito que concierne y toca muy de cerca a sus propios bienes. La ética es una en su integridad, indemne al fraccionamiento que en ley separa la corporación de su accionista. “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacri-ficios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.” Canon 38.

Un notario no deberá autorizar documentos públicos en que es parte una corporación por él controlada económica-mente como accionista mayoritario. La norma no está especí-ficamente definida en los Cánones de Ética Profesional, pero aun así es inherente a la responsabilidad social y profesional de los juristas y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión. (Código de Ética — Preámbulo). La incompatibilidad del notario se funda no sobre su inten-ción de aprovecharse, “sino sobre que esta ventaja se pro-duzca efectivamente.” Escobar de la Riva, opus cit. págs. 211-212.

En el caso de la suplantación este notario fue víctima de personas inescrupulosas y él actuó sin pérdida de tiempo para corregir las consecuencias de su inadvertencia, restableciendo la titularidad afectada por la anomalía. Estos hechos no re-quieren ulterior acción del Tribunal más allá de una reitera-ción de la obligación del notario de establecer la identidad de los otorgantes. En el caso de incompatibilidad la ausencia de prohibición específica tanto en la Ley como en los cánones, bien pudo inducirlo a seguir una práctica notarial que como antes hemos señalado no acusa deshonestidad, aun cuando ha coexistido con un conflicto de intereses que debe cesar. Su acción originando sua sponte este procedimiento en busca de estricta depuración de su conducta profesional, sin que persona alguna la hubiera impugnado, es la más reciente mues-tra de su preocupación ética.

Se resuelve con carácter prospectivo que un Notario no deberá autorizar documentos públicos en que sea parte una corporación de la cual tenga control económico en su condición de accionista mayoritario.

Se dictará resolución ordenando él archivo de este asunto, previa intimación al Lie. Omar Cancio Sifre a que en obser-vancia de la norma de incompatibilidad aquí declarada, cese en su intervención como Notario autorizante de documentos ;públicos en que la Legal Finance Corporation sea parte, mientras mantenga el control económico de dicha corpora-ción en su calidad de accionista mayoritario.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)L'a naturaleza inherente de la facultad del Tribunal Supremo para admitir o destituir ahogados lo libera de toda rutina procesal y le permite seleccionar el procedimiento conveniente, sin más limitación que la garan-tía de un debido proceso. Art. 9, Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735); In re Pagán, 71 D.P.R. 761 (1950); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961); In re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922). En el aspecto notarial la legislación orienta la facultad reguladora en el último párrafo del Art. 38 de la Ley Notarial de 1956, según enmendado. 4 L.P.R.A. see. 1038.

      (2)La propiedad se describe como rústica consistente en predio de media cuerda y casa de concreto en el barrio “Achiote” de Naranjito.

      (3)Ana María Rodríguez falleció en el Barrio “Achiote” de Naranjito, el 6 de noviembre de 1975.

        (4) Canon 37. Participación del abogado en actividades comerciales

      “La participación del abogado en negocios o actividades de venta de bienes, agencias de cobro, fianzas u otros servicios comerciales propios o pertenecientes a otras personas no es una actividad propia de la buena práctica de la profesión si tal negocio o actividad tiene el fin directo o indirecto de proporcionarle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido.”

        (5)In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 774 (1976).

      (6) La misión de un abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. Canon 18 (4 L.P.R.A. Ap. IX).

      (7)Toda corporación tendrá facultad para subsistir jurídicamente, aun a perpetuidad. 14 L.P.R.A. see. 1202.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Horacio Daubón Belaval y Otros, demandantes y recurridos, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-77-114

      Resuelto: 17 de octubre de 1977

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Justo Gorbea Va-rona, Procurador General Interino y Reina Colón de Rodrí-guez, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrente; Elpidio Arcaya, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La presente controversia permite el examen de las normas y criterios legales pertinentes para distinguir una “socie-dad”() de una “comunidad de bienes” () en materia de derecho contributivo, área en la cual — debido a la fluidez de situaciones y variantes fácticas — resulta difícil pautar y manifestar sistemática y consistentemente el pensamiento jurídico correspondiente dimanante de nuestra doctrina juris-prudencial que fija la línea divisoria entre ambas institucio-nes. Expongamos los hechos.

Durante el año 1971, los hermanos Daubón Belaval radi-caron varias demandas contra el Secretario de Hacienda im-pugnando su negativa a reintegrar el monto de contribucio-nes pagadas desde el 1961 a 1969, ambas inclusives, y la caracterización de su relación como una sociedad para efec-tos contributivos. Consolidadas las acciones, el tribunal de instancia recibió prueba sobre la relación fiduciaria entre los hermanos, así como la siguiente estipulación:

“Horacio, Druso y Vasco Daubón Belaval, Ramón Daubón Morales y Esther Belaval Vda. de Daubón heredaron varias propiedades de Ramón L. Daubón Cabrera, fenecido el 10 de diciembre de 1948.

Constituida la Sucesión de Ramón L. Daubón Cabrera, los herederos vendieron dos de las propiedades que habían heredado, al Sr. Francisco Rahola, por precio de $85,000 y procedieron a distribuirse el importe de la venta, en la siguiente forma:

a. Esther Belaval Vda. de Daubón $36,776.23
b. Horacio, Druso y Vasco Daubón Belaval $31,567.47
c. Ramón Daubón Morales $16,656.30

Con el monto de sus participaciones (31,567.47) en las dos propiedades vendidas, más con el importe de dos préstamos tomados, Horacio, Druso y Vasco Daubón Belaval construyeron un edificio de hormigón armado, de tres plantas, en la Avenida Ponce de León Núm. 1510. Uno de los préstamos, por la suma de $65,000, se tomó al Banco Popular de Puerto Rico, a pagarse solidaria y mancomunadamente por los tres hermanos en plazos de $634.00 mensuales. El otro préstamo, por la suma de $85,000, se tomó a Esther Belaval Vda. de Daubón. El edificio construido ubica en un solar de 963.45 m/c que les había sido donado por su señora madre en 1948.

Durante el año 1960 los hermanos Horacio, Druso y Vasco Daubón Belaval levantaron tres plantas adicionales sobre el edi-ficio que habían construido. El dinero para esta segunda cons-tracción provino de la venta de otra de las propiedades por ellos heredadas y de otro préstamo que tomaron al Banco Popular de Puerto Rico.

Con posterioridad a la muerte del causante Ramón L. Dau-bón Cabrera, los hermanos Horacio, Druso y Vasco Daubón Belaval radicaron sus respectivas planillas individuales de in-gresos, informando en ellas sus ingresos provenientes, entre otras fuentes, de sus participaciones en las rentas del edificio que poseían en comunidad.

En septiembre de 1962 recibieron de la Secretaría de Hacienda notificación preliminar de deficiencia, 'dirigida ésta a la razón social ‘Hermanos Daubón Belaval’, imputándole a la socie-dad ‘Hermanos Daubón Belaval’ deficiencias para los años 1952, 1953, 1957, 1958 y 1960 por un monto ascendente a $33,848.43. Inconformes con las notificaciones de deficiencias, solicitaron re-consideración y vista administrativa. La vista administrativa se celebró y como resultado de ella se sostuvo por el Negociado de Contribuciones sobre Ingresos la existencia de la sociedad. El .monto de las deficiencias se redujo, como consecuencia de la vista, a $29,602.54.

Las deficiencias para los años anteriores, a saber, 1952, 1953, 1957, 1958 y 1960, se litigaron ante este mismo Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, bajo el Número Civil 63-1668. En 6 de marzo de 1964, este Tribunal, siendo Juez el Hon. Angel M. Umpierre, declaró sin lugar la demanda radicada por los Hermanos Daubón Belaval. Contra dicho fallo se radicó recurso de revisión ante el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico (Horacio Daubón Belaval y otros v. Secretario de Hacienda, R-64-212). El 17 de febrero de 1965 el Tribunal Supremo denegó la expedición del auto de revisión de los de-mandantes, quedando así confirmada la decisión del Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso Civil Núm. 63-1668.

DESPUES DE LAS DEFICIENCIAS

Litigadas y resueltas adversamente las deficiencias de los años 1952 al 1960, los contribuyentes, acatando el dictamen, prepararon y radicaron las planillas posteriores de 1961 en ade-lante, como sociedad.

No obstante ello, dentro del período estatutario de su pago— 15 de abril de 1966 — los hermanos Daubón Belaval solicitaron formalmente el reintegro de las contribuciones pagadas para los años 1961 al 1965, ambos inclusives.

A tales solicitudes de reintegro, el Negociado de Contribucio-nes sobre Ingresos, en 7 de noviembre de 1968, escribió una carta que en lo esencial lee así:

'Con referencia a sus reclamaciones de reintegro arriba indicadas, radicadas en 15 de abril de 1966, se le informa que no se tomará acción en relación con las mismas hasta tanto se resuelva el caso de las deficiencias de los años 1964 y 1965 que le estamos notificando separadamente.’

Entendían entonces y entienden hoy los hermanos Druso, Horacio y Vasco Daubón Belaval, que ellos no constituían, ni constituyen actualmente una sociedad y sí una comunidad, no ya tanto en cuanto a los años contributivos litigados y finiquitados, sino con respecto a los años desde 1961 en adelante y hasta el 1969, inclusive. Las razones que los hermanos Daubón Belaval aducen para así entender, son las siguientes:

(a) Los contratos de arrendamiento de sus propiedades exi-gen y requieren el consentimiento, intervención y las firmas de todos y cada uno de los tres hermanos.

(b) Toda cuenta bancaria corriente exige el registro de las firmas de todos y cada uno de los tres hermanos, requiriéndose dos firmas, cuando menos para girar.

(c) Nadie podrá tomar, ni gestionar préstamo, bancario o de otra índole, sin autorización, concurrencia ni aprobación individual e independiente de los tres hermanos Horacio, Druso y Vasco Daubón Belaval.

(d) Ninguno de los hermanos individualmente podrá en manera alguna subrogarse, expresa ni implícitamente, una rela-ción fiduciaria a nombre de los demás hermanos.

(e) Desde 1961 en adelante los tres hermanos, individual-mente llevan su propia contabilidad, bajo la dirección y super-visión de un Contador Público Autorizado.

De la otra parte, el Secretario de Hacienda alega que la de-mandante ha venido operando durante los años en controversia como una sociedad y no como una comunidad; al efecto, el de-mandado alega:

(a) Que para facilitar la administración de la construcción de su negocio y más tarde el control de ingresos de rentas y de-sembolsos de gastos de dicho negocio, se abrió una cuenta co-rriente en el Banco Popular a nombre de la razón social Her-manos Daubón Belaval, conviniendo que la acción de dos de ellos responsabilizaba a los tres, bien al depositar o al girar contra esa cuenta;

(b) que todos los gastos relacionados con el edificio eran pagados de las rentas percibidas;

(c) que las rentas netas eran depositadas en partes iguales para cada uno de los tres hermanos, siendo este hecho así desde el 1952 hasta el presente;

(d) que en el caso Núm. 63-1668 — Hermanos Daubón Bela-val — años 1952 al 1960, resuelto el 6 de marzo de 1964, el Tribunal determinó probado lo siguiente:

‘Los demandantes adquirieron el solar por donación de su señora madre, construyeron el edificio y perciben rentas cuyos pagos se efectúan a nombre de Hermanos Daubón Belaval, tienen una cuenta de banco común, un interés común en las ganancias, operan con fines de lucro, responsabilidad común en las deudas y pérdidas, responsabilidad común en la direc-ción y administración de los negocios, contribución común para la adquisición o construcción del edificio que produce rentas, trabajo común de los socios.’

Mientras se encontraban pendientes de resolverse adminis-trativamente las reclamaciones de reintegro radicadas por los Hermanos Daubón Belaval, el 16 de febrero de 1968, el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió el caso de Comunidad de José Fernández vs. Secretario de Hacienda, 95 D.P.R. 728 (1968). Los demandantes alegan que este caso es de aplicación al problema que nos confrontamos. El Secretario de Hacienda aduce el hecho de que se ha establecido una diferencia considerable entre este caso y el Comunidad de José Fernández, 95 D.P.R. 728 ...."

A la luz de tales hechos, la ilustrada sala sentenciadora concluyó que la sentencia dictada en el caso 63-1668, cu-briendo los años contributivos desde el 1952 al 1960, no cons-tituía impedimento colateral para la adjudicación de aquellos años posteriores ante su consideración y, sostuvo además, que no había una relación fiduciaria entre los hermanos, y por ende, existía una comunidad de bienes y no una sociedad según lo resuelto en el caso de Com. J. Fernández v. Srio. de Hacienda, 95 D.P.R. 728 (1968).

A solicitud del Secretario de Hacienda acordamos revisar.

) — I

El primer error impugna la negativa del tribunal de ins-tancia en aplicar la doctrina de cosa juzgada a los años con-tributivos de 1961 a 1965 y de 1966 a 1967.

Tiene razón. Reiteradamente hemos reconocido que la defensa de Cosa Juzgada puede ser invocada exitosamente en pleitos contributivos — Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 90 D.P.R. 149 (1954); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160, 166 (1961) y Tesorero v. Tribunal de Contribuciones, 72 D.P.R. 617, 622 (1951) — en su modalidad denominada Im-pedimento Colateral por Sentencia (Collateral Estoppel by Judgment) cuando el litigante intenta relitigar el hecho o asunto previamente dictaminado en una acción judicial entre las mismas partes, bajo el fundamento de que se trata de una causa de acción diferente a la ejercitada en el pleito original.

La sentencia dictada en el primer pleito el 6 de marzo de 1964 (Civil Núm. 63-1668), en lo pertinente consignó:

“Los demandantes adquirieron el solar por donación de su señora madre, construyeron el edificio, y perciben rentas cuyos pagos se efectúan a nombre de Hermanos Daubón Belaval, tienen una cuenta de Banco común, un interés común en las ganancias, operan con fines de lucro, responsabilidad común en las deudas y pérdidas, responsabilidad común en la dirección y administración de los negocios, contribución común para la adquisición o cons-trucción del edificio que produce rentas, trabajo común de los socios, Suárez v. Descartes, 85 D.P.R.; Rodríguez Viera vs. Secretario de Hacienda — Revisión 343 de diciembre 31, 1963 . . . .
A los efectos de las rentas que produce el edificio en la Ave-nida Ponce de León #1510 los demandantes constituyen una sociedad o empresa común (joint venture) para fines contribu-tivos.”

Y advino final y firme al negarse este Tribunal a expedir un auto de revisión. A tono con la misma el Secretario con-tinuó dándole tratamiento de sociedad a los recurridos her-manos Daubón Belaval en lo concerniente a los ingresos provenientes del negocio de rentas producidas por el edificio. A partir del año 1961 en adelante, los hermanos Daubón Bela-val radicaron planillas como sociedad en lo referente a dicho negocio. Es en el año 1966 que solicitan del Secretario el re-integro de las contribuciones pagadas por los años 1961 al 1965, ambos inclusive.

En 16 de febrero de 1968 este foro resuelve el caso de Comunidad J. Fernández v. Secretario de Hacienda, y en el año 1971 los recurridos radican las restantes acciones que nos ocupan.

Aun cuando reconocemos que en el Caso Civil Núm. 63-1668, la causa de acción era en “cobro” de contribuciones, y la de autos una de “reintegro” de contribuciones, resalta a la vista de que se trata de relitigar la misma acción so color de otra distinta, por lo cual es aplicable la doctrina del Impedi-mento Colateral por Sentencia. ()

La tesis de la Sala de instancia determinando que la doc-trina de impedimento colateral por sentencia no es de aplica-ción a litigios contributivos que envuelven años diferentes cuando el principio legal aplicable ha variado — en virtud de una enmienda a la ley o por decisiones judiciales — si bien encuentra apoyo en Commissioner of Internal Revenue v. Sunnen, 333 U.S. 591 (1948), no obstante, pasa por alto que una variación en el derecho vigente tendrá, como regla general, validez y efectos prospectivos. Sunnen, supra, 598-599. En consecuencia resolvemos que la doctrina de impedimento colateral por sentencia resulta de estricta aplicación y debe prosperar respecto a las impugnaciones relacionadas con los años 1961 al 1967. Resta analizar en el próximo señalamiento, la corrección de la sentencia a los fines de los años contribu-tivos 1968 al 1969.

II

El segundo error cuestiona la determinación de que la relación entre los demandantes-recurridos, en lo que respecta al negocio de rentas que explotan con fines de lucro en el edificio ubicado en la Avenida Ponce de León #1510, no es una sociedad o empresa común (joint venture) para fines contributivos.

El marco conceptual que rige este tipo de controver-sia no se determina a base de que haya una absoluta corres-pondencia de la entidad en cuestión con los requisitos dis-puestos en el Código Civil, o en los campos del Derecho Mer-cantil o Corporativo, aun cuando sus preceptos son auxilia-dores en el esclarecimiento de la relación existente. El princi-pio fue expuesto en Descartes, Tes. v. Tribl. de Contribuciones, 79 D.P.R. 866, 876 (1957).

“No es función del derecho contributivo establecer las normas legales determinantes de la existencia válida de las entidades que somete a tributación; ésa es función del derecho civil, mercantil o corporativo; pero el derecho contributivo sí reconoce, y clasi-fica conforme a sus propias normas — en la esfera práctica en que se desenvuelve — la existencia de esas entidades como criaturas contributivas.
Independientemente de los requisitos o limitaciones que el derecho civil o mercantil imponga para que de la asociación de dos o más personas surja la personalidad jurídica de una socie-dad o compañía, el derecho contributivo — en su función de reali-dades — provee la solución necesaria, afrontando el problema con criterio objetivo: sea o no una entidad cuya existencia jurídica se ajuste a las formalidades del derecho civil o mercantil, el estatuto especial le asigna el descargue de su responsabilidad contributiva de conformidad con su propia clasificación. Es por eso que en el término sociedad la ley incluye todo tipo de socie-dad, conste o no su constitución en escritura pública, y la llamada empresa común (joint venture) con fines de lucro; y que en el término corporación incluye, además de las corporaciones pri-vadas propiamente dichas, otras entidades que específicamente nombra — entre éstas las compañías limitadas.”

Subsiguientemente, en Suárez Fuentes v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 388 (1962), hicimos un recuento desde Vías v. Trib. de Contribuciones, 67 D.P.R. 491 (1947) e indica-mos:

“Sin que ninguna de las normas aquí formuladas pueda con-siderarse como esencial al establecimiento de una sociedad, en Derecho contributivo estricto, las siguientes pueden conside-rarse como indicativas de la existencia de tal sociedad: (1) interés común en la ganancia; (2) responsabilidad común en las deudas y en las pérdidas, aunque un acuerdo expreso para no compartir la pérdida no es esencial a la constitución de la socie-dad; (3) responsabilidad común en la dirección de los negocios de la sociedad, pero está bien reconocida la excepción que una sociedad puede existir aunque la dirección de la misma esté con-fiada en mayor proporción a un solo socio; (4) contribución común para la adquisición de la propiedad social, pero esta indi-cación tiene escaso valor, pues se considera que puede consti-tuirse una sociedad aunque uno solo de los socios sea el dueño de la propiedad y el capital social consista meramente en el derecho del otro socio de usar la propiedad del primero, como es el caso de los socios industriales en Puerto Rico; (5) el trabajo común de los socios, aunque se admite la posibilidad del socio que no trabaje (inactive partner), como es el caso de los socios comanditarios en Puerto Rico; (6) que no exista prohibición de enajenar o traspasar cualquier propiedad o interés de la socie-dad, aunque la inclusión de tal restricción no debe considerarse como que equivalga a negar la existencia de la sociedad.
Se considera como prueba pertinente a la constitución de la sociedad, la forma de contabilizar sus operaciones de negocio aunque no se considere prueba concluyente; la forma de presen-tarse (representation) ante el público; la forma como se ha in-formado a los agentes del gobierno los negocios de la sociedad; a nombre de quién se realizan las compras y cómo se ha conse-guido crédito en la plaza; el nombre utilizado para otorgar con-tratos y asumir obligaciones; a nombre de quién se ha abierto una cuenta bancaria; a nombre de quién se han presentado las acciones judiciales o reclamaciones ante los organismos del Estado; la existencia de contratos sociales. En cuanto a este últi-mo medio de prueba, aunque en los contratos se diga que las partes no han tenido la intención de constituir una empresa común o una sociedad, si los acuerdos y las motivaciones de las partes, así lo demuestran, se considerará que tal empresa común o sociedad quedó establecida a los fines contributivos correspon-dientes: 6 Mertens — The Law of Federal Income Taxation 111 et seq., Secciones 35.08 y 35.04.
En el suplemento correspondiente al año 1956 de la obra antes citada, se recoge el caso de Tate v. Knox, 131 F.Supp. 514, (Donovan), (1955), cita precisa a la pág. 517, en el cual se re-suelve que existe una empresa común tan pronto se prueban los siguientes hechos: (a) aportación (contribution) de dinero, propiedad, tiempo o destreza en un empeño común (common undertaking); (b) un interés propietario conjunto y un manejo mutuo del negocio; (c) participación en las ganancias, aparte de cualquier retribución recibida en concepto de sueldo, y aunque no haya participación en las pérdidas; (d) un contrato expreso o implícito que demuestre, como cuestión de hecho, el estableci-miento de una empresa común.” 401-402 (Bastardillas nues-tras.)

Y más reciente, en Com. J. Fernández, supra, destacamos que ninguno de los factores enumerados era determinante, dejando entrever que el cúmulo de los mismos constituía la clave esencial para distinguir la simple comunidad de bienes de una sociedad. A tal efecto, por vía de recapitulación expusimos:

“. . . de acuerdo con Puig, Vías, Appleby y Powell, ni la pro-cedencia de los fondos utilizados en la construcción de la edifica-ción, ni el hecho de que tengan un apoderado, así como que mantengan una cuenta bancaria común, en modo alguno es deter-minante para resolver si la relación entre dos o más personas es social o de mera comunidad de bienes. Tampoco lo es el que dis-fruten de los solares en usufructo. La Ley Núm. 53 de 1928 en su Art. 70 autorizaba a conceder el usufructo a perpetuidad al concesionario y a sus sucesores en título. Ver Jiménez v. Alvarez, 69 D.P.R. 323-330 (1948).” 737. (Bastardillas nuestras.)

A las normas consignadas preciso es abonar que el paralelismo existente entre una comunidad de bienes y una sociedad, y la dificultad que entraña su diferenciación ha sido enfocado por los autores españoles en el campo civil en atención a los siguientes factores: (1) naturaleza jurídica, (2) distinto fundamento y (3) fin u objeto. Sobre su naturaleza, Manresa advierte que “la comunidad es un estado de hecho o de derecho del que nacen derechos y obligaciones previamente establecidos y reglamentados como sucede cuando varios herederos o legatarios poseen proindiviso la herencia o el legado común, o cuando varios propietarios son dueños de una misma cosa indivisa; y por el contrario, la sociedad es el producto de la convención, y los derechos y obligaciones propios de ella no están preconcebidos ni regulados con anterioridad por la ley, sino que tienen su origen en la voluntad de las partes contratantes.” II Manresa, Comentarios, 375 (6ta. Ed.). Por su fundamento, ya que la sociedad es el resultado de la libre voluntad de sus socios; y por su finalidad, pues su objeto es “obtener lucro, mientras que el de la indivisión es sólo mantener en su integridad la cosa común y favorecer su conservación; o, lo que viene a ser igual, que la comunidad constituye un estado -pasivo, ajeno a toda acción concertada y que se mantiene por inercia, mientras que la sociedad constituye un estado activo, basado en la voluntad de aunar esfuerzos para obtener un lucro partible.” Scaevola, Código Civil, Tomo 25, 514 (Ed. 1933). Dicho autor reproduce la opinión de Carnelutti en el sentido de que “[a]mbas especies se diferencian por la presencia o por la ausencia de la finalidad de ganancia, la cual modifica el contenido del derecho del comunero. El patrimonio de la comunidad (stricto sensu) es un patrimonio en conservación; el patrimonio de la sociedad es un patrimonio en transformación. Por esto el comunero tiene derecho a la cuota de las cosas comunes, es decir, de aquello que ha puesto en común; el socio tiene derecho a la cuota de la ganancia, es decir, de aquello en que se ha conver- tido lo que se puso en común por efecto del empleo social.... La comunidad es una sociedad en reposo; la sociedad es una comunidad en movimiento.” Op. cit., 514-515. Consúltese ade-más: Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo II, Vol. I, 329 (10a Ed.); Diego Espín, Manual de Derecho Civil Español, Vol. III, 587 (4ta. Ed.).

Aplicadas al caso de autos las normas reseñadas, estimamos que el negocio de rentas de los recurridos Hermanos Daubón Belaval es una empresa común al amparo de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos pues concurren acumulativamente, tanto cualitativa como cuantitativamente, los siguientes factores demostrativos de una acción concertada activa fundada en la unión expresa de voluntades y esfuerzos cuya finalidad básica es el incremento y lucro de un patrimonio social o común: (a) Contribución o aportación de dinero, propiedad y tiempo en una causa común. De los cuatro hermanos que formaban originalmente la sucesión, tres deciden realizar la gestión mutua de construir un edificio para dedicarlo al negocio lucrativo de alquiler, haciendo una aportación común en dinero, suplementado por unas sumas adicionales, mediante obligaciones a satisfacer mancomunada y solidariamente; (b) Desarrollo de un interés propietario combinado y un manejo mutuo del negocio evidenciado a través del otorgamiento de contratos y el recibir las rentas a nombre de su razón social (Hermanos Daubón Belaval). Con dicho nombre mantienen una cuenta bancaria que viabiliza el financiamiento ulterior de la ampliación del edificio; (c) Distribución de las ganancias. Ello lógicamente implica que los Hermanos Daubón Belaval se distribuyen entre sí no sólo los beneficios, sino cualesquiera pérdidas que hubiere; (d) Existencia de un contrato implícito que de hecho refleja el establecimiento de una empresa común; () (e) Relación fiduciaria entre los hermanos Daubón Belaval. Es menester aclarar que el criterio doctrinario que carecteriza la sociedad como un convenio de confianza “se contrae intuitu personae”. () Ello significa una prohibición de los asociados a ingresar un tercero a la entidad sin el consentimiento unánime de los socios — Art. 1587, Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4358) — pues la base de la sociedad es la confianza mutua de las personas que la componen empeñadas en el éxito de la empresa. () La relación fiduciaria no queda desvirtuada, como lo entendió la sala sentenciadora, por el solo hecho de que los hermanos Daubón Belaval fijaran reglas internas respecto a poderes individuales o combinados. El que ninguno fuera mandatario de los demás no tiene el alcance atribuídole, pues precisamente el propio Código Civil faculta la designa-ción de uno o varios apoderados sin que se desnaturalice la esencia de la sociedad.() Arts. 1583 a 1587 (31 L.P.R.A. secs. 4354 a 4358).

Finalmente, con respecto a los años contributivos en controversia 1968-69, no se nos escapa el hecho real de que han transcurrido dos décadas del fallecimiento del causante Daubón. El transcurso del tiempo es un elemento a considerar en unión a los factores previamente apuntados. La suma total de los mismos señala indefectiblemente como única conclusión jurídica la existencia de la Sociedad Hermanos Daubón Bela-val para fines contributivos. El caso de autos es claramente distinguible del de Com. J. Fernández, supra.

Se revoca la sentencia.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.

      (1) “Sociedad — El término . . . incluirá además a dos o más personas que se dediquen, bajo nombre común o no, a una empresa común con fines de lucro.” (13 L.P.R.A. sec. 3411(a) (3).)

      (2)“Está bien establecido que la mera comunidad de bienes no consti-tuye una empresa común para fines de lucro. . . . Para que la constituya es preciso que sin formarse una verdadera sociedad, los dueños de los condo-minios los aporten para dedicarse, con fines de lucro, a una determinada operación; que participen todos en las pérdidas y ganancias; que haya entre ellos la relación fiduciaria que existe entre los socios, de suerte que cada uno sea mandatario de los demás en lo que respecta a cualquier gestión com-prendida dentro del ámbito de la empresa común, teniendo así cada uno voz y voto en su administración, si bien pueden convenir que uno o más de ellos asuman la gestión del negocio en representación de los demás tal y como sucede con las sociedades.” Puig v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 734, 739 (1946).

      (3)En adición a nuestra jurisprudencia citada, véanse: Blackmon & Assoc., Inc. v. United States, 409 F.Supp. 1264, 1265 (1976); Adolph Coors Co. v. C.I.R., 519 F.2d 1280, 1283 (1975); Jones v. United States, 466 F.2d 131, 134 (1972).

      (4) Con acierto, el Secretario nos señala que “en este caso la gestión de los demandantes-recurridos no se limita como en el de Vías v. Tribunal de Contribuciones, supra, el de Puig v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 734 (1946) y el de Comunidad J. Fernández v. Secretario de Hacienda, supra, a percibir los beneficios correspondientes a sus respectivas aporta-ciones, sino que todos tienen voz y voto en la administración de los bienes de la comunidad. Pero hay más; desde el mismo instante de haber los de-mandantes-recurridos acordado fabricar, se evidenció la intención de llevar a cabo una empresa común con fines de lucro. Al efecto, tomaron grandes cantidades a préstamo para la razón social Hermanos Daubón Belaval, se obligaron mancomunada y solidariamente en el pago de los préstamos re-cibidos, abrieron cuenta en el Banco Popular de Puerto Rico a nombre de la razón social, y cualquiera de los demandantes podía girar contra esa cuenta, siendo suficiente sólo dos firmas. Vemos establecida así una rela-ción fiduciaria entre todos. Dicha empresa nunca cesó sus funciones, y con posterioridad al año 1960, construyeron tres plantas adicionales sobre el edificio bajo los convenios verbales de los demandantes; y los contratos de arrendamiento se hacían a nombre de los Hermanos Daubón Belaval. En fin, vemos claramente que el propósito fundamental de los Hermanos Daubón Belaval al dedicarse al referido negocio es el de obtener ganancias pecuniarias a través de una empresa común.”

      (5)Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, 405 (1956).

      (6) Cabe anotar que la limitación convenida por los recurridos, en el sentido de que los contratos de arrendamiento “exigen y requieren el consentimiento, intervención y las firmas de todos”, es un indicio claro de-mostrativo de una sociedad, en contraposición a una comunidad de bienes en que los condueños están en libertad de enajenar sus derechos a terceros, sin más limitaciones que las que dispone la institución de retracto.

      (7) Independientemente de lo expuesto, en el campo de las realidades, no albergamos duda que la confianza existe según lo evidencia la norma de que la firma de dos hermanos es suficiente para girar contra la cuenta bancaria. Ello supone que, en todo momento, cada uno de los hermanos tiene plena confianza en los otros dos.