author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Manuel Riego Zúñiga, demandante y recurrente, v. Líneas Aéreas Costarricenses Sociedad Anónima (LACSA), demandada y recurrida.

      Número: RE-93-226

      Resuelto: 14 de noviembre de 1995

      Carlos J. Morales Bauza, abogado de la parte recurrente; Orlando Fernández García, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante un recurso de revisión, comparece ante nos Manuel Riego Zúñiga y solicita la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. María M. Pérez de Chaar, Juez), que desestimó la acción de daños incoada por éste por falta de jurisdicción sobre la persona. Revocamos.

H-I

A mediados de 1990, el recurrente Riego Zúñiga compró en San Juan un boleto para transporte aéreo a la compañía recurrida, Líneas Aéreas Costarricenses, Sociedad Anó-nima (en adelante LACSA) para viajar de San Juan a San Pedro Sula, Honduras. El vuelo hacía escala en San José, Costa Rica.

Mientras aguardaba en el aeropuerto de San José para subir a bordo del avión hacia San Pedro Sula, Riego fue objeto de amenazas, insultos e intimidaciones por parte de un empleado de LACSA. Según consta en las determina-ciones de hecho del tribunal de instancia, dicha conducta tuvo como motivo el hecho de que el empleado quería que Riego pagara una cantidad de dinero adicional para cubrir un alegado exceso de equipaje, cosa que este último se negó a hacer. A pesar de que Riego trató de convencer al em-pleado de que LACSA no tenía derecho alguno a reclamarle el pago de ese dinero, puesto que no lo solicitó de primera intención cuando subió a bordo del avión en Puerto Rico, éste último insistió en requerirle el dinero y acudió a la oficina de inmigración del aeropuerto para solicitar el arresto de Riego.

Como resultado, Riego fue detenido por las autoridades de inmigración del aeropuerto y llevado a donde un oficial quien, luego de escuchar a ambas partes, lo dejó ir en vista de que entendía que las autoridades de inmigración no eran agencias de cobro de LACSA. No obstante ello, el em-pleado de LACSA continuó desplegando la misma conducta vengativa hacia Riego, al punto que le indicó que no le iba a dejar que subiera a bordo del avión hacia San Pedro Sula. Finalmente, en un último intento por detenerlo, el empleado trajo un policía y lo instó a detener a Riego cuando éste se disponía a subir a bordo de su avión. Al igual que antes, tan pronto como el policía escuchó la ver-sión de ambas partes, dejó en libertad a Riego.

Oportunamente, Riego presentó una acción de daños y peijuicios contra LACSA, en la cual alegó que las actuacio-nes del empleado de LACSA constituían una violación al contrato entre la línea aérea y el pasajero, y que, además, daban fundamento a la responsabilidad extracontractual al amparo de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5141 y 5142. LACSA fue emplazada a través de su representante autorizado en Puerto Rico.

Por su parte, LACSA presentó una moción de desesti-mación en la cual alegó, en esencia, que los tribunales de Puerto Rico no tenían jurisdicción in personam sobre LACSA. Riego se opuso a dicha moción sobre la base de que estaban presentes los requisitos de contactos mínimos expuestos en A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883 (1970), puesto que LACSA realizaba negocios significativos en Puerto Rico; mantenía un itinerario de vuelos fijo desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y tenía oficinas y empleados dentro y fuera de dicho aeropuerto para vender y mercadear su producto. Además, alegó que había un nexo entre las actividades de LACSA en Puerto Rico y el daño causado debido a la relación contractual existente entre la línea aérea y el pasajero, por lo que no se violaban las doctrinas de “trato imparcial” y “justicia sustancial” al ventilar el caso en Puerto Rico.

El tribunal de instancia desestimó la acción al concluir que, si bien no cabía duda de que LACSA realizaba nego-cios significativos en Puerto Rico, faltaba el requisito de “que la reclamación surg[iera] de las transacciones que propiamente realiza la demandada en Puerto Rico”. Apén-dice, pág. 8. Inconforme, Riego recurre ante nos y alega que dicho tribunal erró al determinar que la reclamación del demandante no había surgido de las transacciones que realiza LACSA en Puerto Rico y al concluir que, por lo tanto, no existía jurisdicción in personam sobre ésta. Por entender que existe jurisdicción in personam sobre LACSA y los mecanismos apropiados para el emplazamiento de corporaciones extranjeras autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico, revocamos.

rH

A. En reiteradas ocasiones hemos señalado la importancia de que se satisfagan las exigencias del debido proceso de ley para el ejercicio de la jurisdicción in personam sobre las partes. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 D.P.R. 15 (1993). Este principio tiene una particular pertinencia en el caso de personas, naturales o jurídicas, que residan fuera de Puerto Rico. El debido proceso de ley limita el ejercicio de nuestra jurisdicción en estos casos. Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548, 558-559 (1983). Este tipo de controversia requiere de una atención especial en vista de que “[l]a función judicial de los tribunales como parte del ejercicio del poder soberano del Estado se circunscribe generalmente a personas presentes o bienes ubicados dentro de los límites territoriales del Estado”. Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346, 348 (1975).()

Como norma general, un tribunal no posee jurisdicción sobre un no residente. Sin embargo, existen excepciones a esta norma; entre éstas se encuentra el caso de cuando haya habido sumisión o consentimiento expreso o tácito de la persona a la jurisdicción del foro. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 789 (1985).

De estar ausente una sumisión o un consentimiento, el debido proceso de ley también permite el ejercicio de la jurisdicción sobre un no residente si se cumple con los requisitos de contactos mínimos entre el demandado y el foro local. Véanse: A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, supra, donde expusimos la norma según adoptada en Internat. Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945).

B. Para asegurar la existencia de la jurisdicción in personam, el debido proceso de ley requiere que todo demandado en un pleito civil sea notificado adecuadamente de la demanda en su contra, a través del procedimiento de emplazamiento establecido por ley. Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; Arts. 301 y 1404 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sees. 1301 y 2404; Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986); Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963). Dicho procedimiento varía dependiendo, entre otras cosas, de si el demandado reside o no en Puerto Rico o si se trata de una persona natural o jurídica.

Cuando la parte demandada es una corporación doméstica, el emplazamiento se diligencia mediante su entrega personal, junto con la demanda, a un oficial, agente administrativo o agente general autorizado para recibir emplazamientos. Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 D.P.R. 58 (1983). Véase, además, el Art. 301 de la Ley General de Corporaciones, supra. Como en estos casos las probabilidades de que el demandado pueda comparecer y defenderse adecuadamente son altísimas, el único requi-sito con que tiene que cumplir el demandante, para obte-ner jurisdicción sobre el demandado, es demostrar que el demandado fue emplazado personalmente a través de una persona autorizada.()

En el caso de una corporación extranjera, la adjudicación por nuestros tribunales requiere que se atiendan las circunstancias según las cuales sea posible ejercer jurisdicción in personam: la presencia de la persona o su consentimiento y la existencia de contactos mínimos. Véase, en general, Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487 (1995).

Nuestras leyes proveen dos (2) procedimientos por los cuales puede ser emplazada una corporación extranjera demandada. La utilización de uno u otro dependerá de si la corporación está o no autorizada para hacer negocios en Puerto Rico de acuerdo c.on la Ley General de Corporaciones. Veamos.

En el caso de las corporaciones que no hayan cumplido con los requisitos de la Ley General de Corporaciones, se trata de un demandado no residente y el emplazamiento puede hacerse al amparo de nuestro estatuto general de largo alcance, Regla 4.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, siempre y cuando se cumplan los requisitos, de contactos mínimos. Hemos establecido que, para que exista jurisdicción in personam sobre este tipo de corporación, el debido proceso de ley exige el cumplimiento de dos (2) requisitos: (1) que haya contactos mínimos entre el foro y la corporación demandada y que la causa de acción suija o esté relacionada con estos contactos, y (2) que el método utilizado para emplazarla tenga una probabilidad razonable de notificar e informar a la corporación sobre la acción en su contra, para que ésta tenga oportunidad de defenderse adecuadamente. Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991). El emplazamiento se diligencia, en tal caso, conforme a la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (emplazamiento mediante edicto).

De otro lado, cuando la corporación demandada es extranjera pero está autorizada para hacer negocios en Puerto Rico según el Art. 1401 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 2401, el emplazamiento se hace por medio de un agente residente designado por la corporación, Art. 1404 de la Ley General de Corporaciones, supra,() o según lo dispone la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra.

Al igual que en la mayoría de las jurisdicciones estata-les norteamericanas, Puerto Rico regula la admisión de corporaciones extranjeras con interés en hacer negocios en la isla. Nuestra Ley General de Corporaciones impone re-quisitos tales como la presentación de una copia certificada de su carta constitutiva o su certificado de incorporación en el Departamento de Estado y la conservación de expedien-tes corporativos con información relacionada a la contabi-lidad de la corporación, además de documentos que reflejen el estado de las inversiones, la propiedad y el capital em-pleado por la corporación en su negocio en Puerto Rico. Entre las condiciones para recibir la autorización se des-taca la designación por la corporación de un agente resi-dente en Puerto Rico, persona que por disposición de ley está autorizada para recibir emplazamientos, órdenes judi-dales y toda regla o notificación que deba hacerse o entre-garse a la corporación.

La corporación extranjera que quiera hacer ne-gocios en el país deberá seguir estas reglas. Por este medio se asegura la regulación de entes jurídicos de otras juris-dicciones en relación con sus actividades dentro de Puerto Rico, actividades que por su potencial impacto fiscal, entre otros, poseen interés para nuestro Gobierno.() El incum-plimiento con los requisitos puede conllevar la revocación de la autorización y la imposición de penalidades. 14 L.P.R.A. sees. 423 y 2406. Véase Op. Sec. Just. Núm. 1973-19.

En Pou v. American Motors Corp., supra, tuvi-mos la oportunidad de examinar a grandes rasgos la natu-raleza de los requisitos que la Ley General de Corporacio-nes impone a las corporaciones extranjeras para hacer negocios aquí. Dijimos allí:

El estado puede imponer requisitos que deben cumplir las corporaciones foráneas que interesan ser admitidas a hacer ne-gocios en el mismo. El propósito de estos requisitos o condicio-nes, de cuyo cumplimiento depende el que puedan “hacer nego-cios” en dicha jurisdicción, es colocar a las corporaciones foráneas en la misma posición en que se encuentran las corpo-raciones domésticas. De este modo estarán sujetas a ser inspec-cionadas de forma tal que se conozcan las condiciones bajo las cuales operan. El estado puede además, proveer a sus residen-tes mecanismos relativamente sencillos para emplazar a dichas corporaciones foráneas. Fletcher Cyc. Corp. See. 8446 (Perm. Ed.). (Enfasis suplido.) Pou v. American Motors Corp., supra, págs. 825-826.

Al momento de determinar el poder de los tribu-nales locales sobre las corporaciones extranjeras autoriza-das para hacer negocios, estos objetivos guardan una especial relevancia. En virtud de solicitar la autorización que dispone la Ley General de Corporaciones para registrarse y designar a un agente residente, la corporación extranjera se somete expresamente a nuestra jurisdicción.() Pou v. American Motors Corp., supra.

La designación, por una corporación extranjera, de un agente para recibir emplazamientos es indicativa de un consentimiento para ser demandada en los tribunales de Puerto Rico. Esta norma está predicada en la teoría del consentimiento. El tratadista Fletcher lo expone del siguiente modo: las corporaciones extranjeras que hayan cumplido con los estatutos que regulan la realización de negocios en un estado estarán, por definición, presentes en ese estado y típicamente habrán designado a un agente residente para recibir emplazamientos; por lo tanto, la presencia de éstas en un foro podrá interpretarse como un consentimiento al ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales de ese estado. 18 Fletcher Cyc. Corp. See. 8637.10, págs. 76-77 (1991). Esta postura ha sido acogida con aprobación por varios tribunales federales en decisiones en las cuales estaba en juego la interpretación de leyes estatales que exigen una autorización para hacer negocios a las corporaciones extranjeras. En tal sentido, véanse: Sondergard v. Miles, Inc., 985 F.2d 1389, 1396 (8vo Cir. 1993); General Contracting & Trading v. Interpole, Inc., 940 F.2d 20 (1er Cir. 1991); Ytuarte v. Gruner + Jahr Printing and Pub. Co., 935 F.2d 971 (8vo Cir. 1991); Knowlton v. Allied Van Lines, Inc., 900 F.2d 1196 (8vo Cir. 1990); Cowan v. Ford Motor Co., 694 F.2d 104 (5to Cir. 1982).

Según esta jurisprudencia, cuando una corporación ex-tranjera está autorizada para hacer negocios en un estado se le considera presente en éste, por lo que no es necesario que el demandante demuestre que existe un nexo causal entre las actividades que realiza la corporación en ese es-tado y el daño sufrido. En un caso en que una corporación que hacía negocios en un estado, bajo la ley de corporacio-nes de dicho foro, alegó falta de jurisdicción in personam por falta del nexo causal antes aludido, el tribunal estatal dispuso que su contención “rayaba en lo frívolo”, puesto que “[e]stá establecido que una corporación extranjera, que voluntariamente se registre en [un estado] para hacer ne-gocios, estará sujeta a ser procesada por los tribunales de [ese estado], sin importar la naturaleza de la acción ni su alegada falta de ‘nexo’ con las actividades realizadas por la corporación con [ese estado]”. (Traducción nuestra.) Ranger Nationwide, Inc. v. Cook, 519 So.2d 1087, 1088 (1988). Véase, además, Rose's Stores, Inc. v. Cherry, 526 So.2d 749 (1988). Otros estados han dado al asunto un tratamiento idéntico. Rykoff-Sexton, Inc. v. American Appraisal, 469 N.W.2d 88 (1991); Sternberg v. O’Neil, 550 A.2d 1105 (1988).

Valga aclarar que tampoco se trata de que toda autorización para hacer negocios y para la designación de un agente residente confiera una jurisdicción in personam a los tribunales del estado. El alcance en términos jurisdiccionales, que pueda tener el susodicho requerimiento estatutario para designar un agente residente, es un asunto que compete a cada estado interpretar de acuerdo con sus leyes. Esta es la postura adoptada en el Restatement (Second) of Conflicts Sec. 44 (1971), y los comentarios que la acompañan. A modo de ejemplo, véanse: Ytuarte v. Gruner + Jahr Printing and Pub. Co., supra, en el cual se sigue la interpretación del Tribunal Supremo de Minnesota; White v. Pepsico, Inc., 866 F.2d 1325 (limo Cir. 1989), en que la corte federal certificó el asunto del alcance de un estatuto de Florida al Tribunal Supremo de ese estado.

Existen algunas decisiones, sin embargo, que cuestio-nan que el registro y la designación de un agente resi-dente, sin más, pueda otorgar jurisdicción sobre una corpo-ración extranjera. Tal posición descansa en que todo caso, que suponga el ejercicio de una jurisdicción in personam sobre un no residente, debe ser examinado a la luz de la doctrina de los contactos mínimos. En su defecto, la teoría del consentimiento, en la medida que no explora la relación entre las actividades de la corporación extranjera en el es-tado con la reclamación presentada, no satisface el debido proceso de ley. En tal sentido, véanse lo decidido en: Wenche Siemer v. Learjet Acquisition Corp., 966 F.2d 179 (5to Cir. 1992); Ratliff v. Cooper Laboratories, Inc., 444 F.2d 745 (4to Cir. 1971); Follete v. Clairol, Inc., 829 F.Supp. 840 (W.D. La. 1993); Leonard v. USA Petroleum Corp., 829 F. Supp. 882 (S.D. Tex. 1993); Riordan v. W.J. Bremer, Inc., 466 F. Supp. 411 (D. Ga. 1979).

Estos casos sostienen que desde Internat. Shoe Co. v. Washington, supra, todo intento de ejercer jurisdicción so-bre un no residente, incluyendo una corporación, debe cumplir con el requisito de contactos mínimos y que la teo-ría del consentimiento no satisface este requisito constitucional. Esta posición, sin embargo, no reconoce una distinción entre dos (2) tipos de consentimiento: el expreso y el implícito. En Medina v. Tribunal Superior, supra, abordamos el tema del consentimiento implícito y su rela-ción con el ejercicio de la jurisdicción in personam sobre corporaciones.

El encierro de la jurisdicción en moldes tan restrictivos hizo necesaria la elaboración de otros enfoques [además de la teoría de la presencia física] para atender la ficción corporativa. Sur-gió así la teoría del consentimiento. Como la corporación ex-tranjera no podía hacer negocios en otras jurisdicciones sin la autorización del Estado, éste podía imponer como condición para ello que la corporación consintiera a ser demandada y que designara un agente para recibir emplazamientos dentro de la jurisdicción. The Lafayette Insurance Co. v. French, 59 U.S. 404 (1855). Si la corporación extranjera no cumplía con este requi-sito se asumía que había consentido implícitamente a ser demandada. Simon v. Southern Railway, 236 U.S. 115 (1915). El mero hecho de hacer negocios dentro de la jurisdicción cons-tituía consentimiento implícito. Connecticut Mutual Life Insurance Co. v. Spratley, 172 U.S. 602 (1898). Para una discusión de este interesante tema puede verse Development in the Law: State-Court Jurisdiction, 73 Harv.L.Rev. 909.
La teoría del consentimiento implícito se extendió más tarde a la conducción de vehículos de motor dentro de la jurisdicción por personas no residentes. [Citas omitidas.]
En Puerto Rico incorporamos la teoría del consentimiento en la Ley Núm. 433 del 14 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. see. 463, requiriendo de las corporaciones extranjeras que dieran expre-samente su consentimiento irrevocable a ser demandadas ante los tribunales de Puerto Rico y autorizar al Superintendente de Seguro para recibir emplazamientos a nombre de ellas. Medina v. Tribunal Superior, supra, págs. 350-351.

Las expresiones anteriores se circunscriben al papel ju-gado por la teoría del consentimiento implícito dentro del desarrollo del tema de la jurisdicción in personam sobre corporaciones no residentes. A la luz de Intemat. Shoe Co. v. Washington, supra, el consentimiento implícito repre-senta una etapa primitiva del desarrollo hacia la teoría de los contactos mínimos. Es así como llegamos a Ind. Sidedúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, pág. 561, donde dijimos que, en cuanto a las corporaciones extranjeras, las “teorías de la ‘presencia física’ primero, y del ‘consenti-miento’ después, ... llegaron a su ocaso en Intemat. Shoe Co”.

Es menester, pues, distinguir la obsolescencia del con-sentimiento implícito, del consentimiento expreso que su-pone solicitar una autorización para hacer negocios según nuestra Ley General de Corporaciones. En tal caso, la cor-poración extranjera se somete a la jurisdicción de los tribunales locales. Según un análisis similar a éste, la Corte Suprema de Delaware determinó que, en el caso de las corporaciones extranjeras, el consentimiento expreso es un fundamento válido para el ejercicio de jurisdicción, aun en la ausencia de contactos mínimos. Sternberg v. O’Neil, supra, págs. 1109-1113.()

Según esta tesis, el ejercicio de la jurisdicción in personam sobre una corporación autorizada para hacer negocios aquí descansa en el consentimiento voluntario del ente corporativo y no ofende, por lo tanto, el debido proceso de ley.()

Finalmente, aunque es cierto que el Tribunal Supremo federal no ha pasado juicio sobre un caso en que se im-pugne la teoría del consentimiento según aquí aplicada a una corporación extranjera autorizada a hacer negocios en un estado, en varias ocasiones ha hecho expresiones que parecen avalar el ejercicio de la jurisdicción in personam sobre este tipo de demandado.

En Penna. Fire Ins. Co. v. Gold Issue Mining Co., 243 U.S. 93, 96 (1917), el Juez Holmes concluyó lo siguiente respecto a la designación de un agente residente:

... cuando se ha conferido un poder a través de un documento, la parte que lo otorga asume el riesgo de la interpretación que las cortes le den. El otorgamiento fue un acto voluntario del demandado. (Traducción nuestra.)

Más recientemente, al resolver Bendix Autolite Corp. v. Midwesco Enterprises, 486 U.S. 888 (1988), el Tribunal Supremo federal asumió, sin discutir el asunto, que la exis-tencia de la jurisdicción general, fundamentada en la de-signación de un agente residente, es constitucional. ()

Veamos, a la luz de lo dispuesto anteriormente, cuál es el derecho aplicable al caso de marras.

HH HH I — I

Al adjudicar la controversia originada por la compra del boleto para transporte aéreo en Puerto Rico, tomamos co-nocimiento judicial, según nos lo permite nuestra Regla 11 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, de que LACSA es una corporación extranjera autorizada para hacer negocios en Puerto Rico según dispone el Art. 1404 de nuestra Ley General de Corporaciones, supra.( )

Considerando los hechos particulares de este caso, al solicitar y obtener permiso del Estado para hacer negocios en este foro, conforme al Art. 1404 antes mencionado, LACSA consintió a ser demandada en los tribunales de Puerto Rico.

Por los fundamentos que anteceden, procede que se re-voque la sentencia recurrida y se devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, para la continua-ción de los procedimientos.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opinión escrita.

      (1) Véase, al respecto, M.A. Velázquez Rivera, Jurisdicción y competencia de los tribunales de Puerto Rico, 48 Rev. Jur. U.P.R. 27, 52 (1979).
      La autoridad judicial, descrita arriba, ha sido denominada por comentaristas estadounidenses como “jurisdicción general”. A.T. von Mehren y D.T. Trauten, Jurisdiction to Adjudicate: A Suggested Analysis, 79 Harv. L. Rev. Í121 (1966). Un tribunal puede atender una controversia aun cuando ésta no se relacione con la presencia o los contactos del demandado en el foro donde se presente la demanda. Esto es, que los tribunales locales pueden atender un caso donde se demande a un residente de Puerto Rico por hechos acontecidos fuera del país. Es su presencia aquí lo que nos otorga la autoridad. La “jurisdicción general” contrasta con la “jurisdicción específi-ca”, según la cual la autoridad judicial descansa en que la controversia surge o está vinculada a los contactos del demandado con el foro local. Esta distinción fue acogida por el Tribunal Supremo federal en Helicópteros Nacionales de Colombia v. Hall, 466 U.S. 408, 414 (1984).

      () Si la persona se encuentra fuera de Puerto Rico, o estando aquí no pudiera ser localizada, se oculte o sea una corporación extranjera sin agente residente, de-berá ser emplazada mediante un edicto. Regla 4.5 de Procedimiento Civil, según enmendada por la Ley Núm. 196 de 12 de agosto de 1995 (32 L.P.R.A. Ap. III). •

      (3) En adelante nos referiremos a la Ley General de Corporaciones vigente al momento de los hechos, la Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956, según enmendada, 14 L.P.R.A. sec. 1101 eí seq. Recientemente, se adoptó la Ley General de Corporaciones de 1995, Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995 (14 L.RR.A. see. 2601 eí seq.).

      (4) Cf. L.M. Negrón Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, [s. 1., s. ed.], 1995, pág. 343.

      (5) Cf. J.J. Santa-Pinter, Corporaciones Foráneas en Puerto Rico, XXXIX (Núm. 96) Revista de Derecho Mercantil 351 (1965): “hay ciertas jurisdicciones que estable-cen todo régimen para que la corporación foránea sea admitida para hacer negocios en el estado respectivo, con todas las consecuencias legales.”
      Las disposiciones relacionadas a este asunto contenidas en la Ley General de Corporaciones de 1995 no son incompatibles con la normativa descrita anteriormente. De acuerdo con el Art. 13.12(a) de dicho estatuto, “[e]l agente resi-dente de urna corporación foránea autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado será el agente de la corporación para fines de cualquier emplazamiento a la corporación foránea o entrega a tal corporación de toda orden, notificación o recla-mación requerida o permitida por ley”. 14 L.P.R.A. sec. 3172(a). En la parte (B) del artículo se proveen otros métodos para emplazar a las corporaciones foráneas.

      (6) Sternberg v. O’Neil, 550 A.2d 1105, 1115 (1988):
      “The Delaware statutory scheme with respect to foreign corporations is consistent with the distinction we have found between a state court’s power to exercise general jurisdiction over a corporation based upon express consent and its ability to exercise jurisdiction over a foreign corporation as a result of implied consent.” Véase, además, E.F. Scoles y P. Hay, Conflict of Laws, 2da ed., St. Paul, Ed. West Publishing Co., 1992, Sec. 9.5, págs. 331-332:
      “Although the theories of implied consent are no longer considered to be an appropiate rationalization for exercising jurisdiction, actual consent given by a foreign corporation continues to be effective to confer jurisdiction over it as it does over an individual. ... Consent to jurisdiction may also be given by designating an agent for the service of process within the forum. ... Effective designation of an agent for a service of process may also be accomplished by the affirmative designation under a statute by which a corporation is licensed or by which it qualifies to do business in the forum.” (Escobos omitidos.)

      (7) Hace algún tiempo expusimos un criterio similar al expresar en sentido ne-gativo que:
      “Sería contrario a la cláusula constitucional que garantiza un debido proceso de ley el dictar una sentencia contra una corporación organizada bajo las leyes de otro estado, cuando esa corporación no efectúa negocios en la jurisdicción donde se im-pone la sentencia, o no tiene bienes en esa jurisdicción o no tiene allí un agente debidamente autorizado a quien se pueda emplazar y notificar la demanda.” (Énfasis suplido.) Schwartz v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 856, 863 (1952).

      (8) Adviértase que, incluso un comentarista quien sostiene la inconstitucionali-dad del ejercicio de jurisdicción por medio de la teoría del consentimiento, coincide en que la premisa bajo la cual se resuelve Bendix Autolite Corp. v. Midwesco Enterprises, 486 U.S. 888 (1988), es más que un mero dictum. D. Craig Lewis, Jurisdiction over Foreign Corporations Based on Registration and Appointment of an Agent: An Unconstitutional Condition Perpetuated, 15 Del. J. Corp. L. 1 (1990).

      (9) Ello consta en el archivo Núm. 7417-F del Departamento de Estado de Puerto Rico. El tribunal de instancia determinó que LACSA era una corporación que realizaba transacciones de negocios en Puerto Rico. Resulta pertinente recalcar que, para efectos de la jurisdicción in personam, no es lo mismo realizar transacciones de negocios según la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que hacer negocios en Puerto Rico bajo la Ley General de Corporaciones. Véase Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991).


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text:
    José Francisco Arrieta Barbosa, demandante y recurrente, v. Josefa Chinea Viuda de Arrieta y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-94-553

      Resuelto: 1ro de diciembre de 1995

      Elizabeth Álvarez de Barbosa, abogada de la parte recu-rrente, S.L. Largarde Garcés y José A. Bravo Abreu, abo-gados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos ante nos la oportunidad de pautar, por pri-mera vez, varios asuntos relativos a la acción de petición de herencia.

( — i

El recurrente José F. Arrieta Barbosa, hijo natural de José N. Arrieta Ríos y de Francisca Barbosa, fue recono-cido judicialmente como tal el 17 de noviembre de 1944. Entonces tenía 17 años de edad. El reconocimiento fue el resultado de una acción filiatoria presentada por el menor contra su padre ante el Tribunal de Distrito, Sala de Baya-món, adjudicada en rebeldía por dicho foro. Al momento del nacimiento de Arrieta Barbosa, ambos padres eran solte-ros, pero a la fecha del reconocimiento judicial de su filia-ción, su padre Arrieta Ríos estaba casado con Josefa Chi-nea y había tenido con ella dos hijos, José Edgardo y Rudy Tomás, nacidos el 30 de marzo de 1931 y el 31 de octubre de 1932, respectivamente.

Arrieta Ríos falleció el 2 de enero de 1952, cuando el recurrente tenía 25 años de edad. Poco tiempo después, al enterarse de la muerte de su padre, Arrieta Barbosa se comunicó con un abogado para iniciar gestiones relativas a la reclamación de su herencia. Para esa época, se enteró de que no aparecía inscrito en el Registro Demográfico como hijo de Arrieta Ríos. También surge de los autos del caso que el recurrente declaró que, tanto él como su abogado, intentaron localizar entonces las propiedades dejadas por su padre, sin tener éxito en dicha búsqueda, a pesar de que una finca de 40 cuerdas aparecía inscrita en el Registro de la Propiedad de Bayamón a favor de Arrieta Ríos y Josefa Chinea desde el 12 de noviembre de 1936. El recurrente no realizó entonces ninguna otra gestión en relación con su herencia.

Por otro lado, el 7 de marzo de 1952, el Tribunal de Distrito, Sala de Bayamón, en un procedimiento de decla-ratoria de herederos instado por Josefa Chinea, declaró a José Edgardo y Rudy Tomás Arrieta como únicos y univer-sales herederos del causante, y le reconoció a Chinea, como su viuda, la cuota usufructuaria que le correspondía. Pos-teriormente, Josefa Chinea tramitó la planilla de herencia requerida por ley y obtuvo una carta de exención contribu-tiva del Departamento de Hacienda. Conforme con estos documentos, el único activo del caudal hereditario era la mitad indivisa de la finca de Bayamón antes mencionada. Dicha finca fue valorada y tasada por el Departamento de Hacienda en $19,350, pero estaba afectada por deudas as-cendentes a $22,028.16.

La mitad indivisa de la finca aludida fue eventualmente inscrita a favor de José Edgardo y Rudy Tomás Arrieta, a título de herencia intestada, gravada dicha porción indi-visa con la cuota usufructuaria perteneciente a la viuda Josefa Chinea. Dicha inscripción se realizó conforme con los documentos pertinentes que fueron presentados ante el Registro de la Propiedad el 20 de marzo de 1954. Posterior-mente, en varias ocasiones, durante los años 1960, 1961, 1963 y 1965, la señora Chinea y sus hijos José Edgardo y Rudy Tomás realizaron varias transacciones en relación con la finca en cuestión, como sus dueños, incluyendo se-gregaciones, ventas, permutas y el desarrollo de un pro-yecto de viviendas. Una de estas transacciones consistió en una permuta de una parte de la finca, a cambio de un edi-ficio localizado en Santurce, que entre 1964 y 1986 produjo una renta bruta de $1,034,419. Mientras Josefa Chinea y sus dos hijos realizaban la mayor parte de las transaccio-nes aludidas, la sentencia de filiación en favor del recu-rrente aún no había sido inscrita en el Registro Demográfico. Ello se hizo el 17 de septiembre de 1964.

Así las cosas, el 30 de marzo de 1984, transcurridos ya 32 años desde la muerte de Arrieta Ríos, el recurrente pre-sentó una acción ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Reclamaba su herencia por primera vez. En sín-tesis, Arrieta Barbosa alegó que había sido deliberada-mente excluido del caudal relicto de su padre por los de-mandados Josefa Chinea, José Edgardo y Rudy Tomás Arrieta; que eran nulas todas las actuaciones de éstos, des-critas antes, relativas a la herencia en cuestión, y que ha-bía sufrido graves daños como resultado de las actuaciones de los demandados. Reclamó su participación en el caudal hereditario y en los frutos de éste, más una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

En su contestación a la acción judicial referida, los de-mandados negaron que hubiesen actuado de mala fe o de-liberadamente para excluir a Arrieta Barbosa de la heren-cia en cuestión. Alegaron que, hasta el inicio de este pleito, no tenían conocimiento alguno de la existencia del deman-dante y que, por lo tanto, desconocían la relación paterno-filial del demandante con Arrieta Ríos. Como defensa afir-mativa, plantearon, además, que al momento de la muerte del causante, las deudas del finado sobrepasaban su activo, por lo que no había caudal relicto que distribuir, habién-dose saldado dichas deudas posteriormente con dinero pri-vativo de Josefa Chinea. También alegaron los demanda-dos que la acción del demandante estaba prescrita y que ésta se había presentado —después del descuido, la negli-gencia o la omisión del demandante de no peticionar su herencia por más de 30 años— con el único propósito de enriquecerse injustamente de los esfuerzos, las inversio-nes, los trabajos y los logros realizados por los demandados para incrementar el valor del inmueble, que constituía el único patrimonio del causante.

Luego de un extenso y complicado proceso judicial, el 29 de junio de 1994 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dictó sentencia a favor de los demandados. En lo esencial, el foro a quo determinó que los demandados habían adve-nido en conocimiento de la existencia del demandante y de su relación paterno-filial con el causante al ser emplazados en este caso; que Arrieta Barbosa no había realizado ges-tión alguna para la reclamación de su herencia hasta la presentación de su demanda el 30 de marzo de 1984, y que, a esa fecha, la acción de petición de herencia del deman-dante estaba prescrita. El tribunal de instancia, pues, des-estimó la demanda sin la imposición de costas, gastos u honorarios de abogado. Posteriormente, el 2 de agosto de 1994, el foro a quo emitió una sentencia titulada Nunc Pro Tune. Reconocía que en la anterior erróneamente no había impuesto costas, gastos ni honorarios de abogados, y dispo-nía que la parte perdidosa los pagaría.

El 4 de agosto de 1994, Arrieta Barbosa acudió ante nos. Solicitó la revisión de la sentencia de instancia. El 21 de octubre de ese año decidimos revisar y expedimos el auto solicitado. Las partes sometieron sus alegatos finalmente el 21 y 30 de junio de 1995. Pasamos a resolver.

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En síntesis, el recurrente alega que el foro de instancia erró al desestimar la demanda por prescripción. Aduce, que los demandados continúan, aún al presente, disfru-tando de los bienes hereditarios en común proindiviso, ya que no ha habido división del caudal relicto. Alega, por ende, que conforme con lo dispuesto en el Art. 1865 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5295, la acción para pedir la partición de la herencia no ha prescrito ni puede prescribir. También alega que el Código Civil de Puerto Rico no fija un término para la acción de petición de herencia y que la tendencia más progresista en la doctrina española apunta hacia su imprescriptibilidad. Examinemos los méritos de estos planteamientos.

A. En Puerto Rico, conforme con la tradición ro-mánica que aquí prevalece —Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 D.P.R. 464 (1986)— con la muerte del causante se produce la apertura de su sucesión, y con ella nace, para determinados parientes del difunto, el derecho a adquirir la propiedad y la posesión de los bienes que constituyen el caudal hereditario. El patrimonio relicto queda a disposi-ción de los referidos parientes, quienes sólo pueden adqui-rir la titularidad sobre éste si aceptan la herencia de su causante. Personas como el recurrente en este caso, falle-cido el causante, tienen vocación sucesoria, pero no han consolidado aún plenamente el carácter de heredero.()

E. González Tejera, en su obra Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, págs. 143-144, explica lo anterior en los términos siguientes:

... la condición de heredero no se produce en forma automá-tica con la muerte del causante. Lo que se produce con el deceso es el llamamiento del heredero potencial para que decida cuál opción seleccionará dentro de las varias que el ordenamiento le abre a su disposición.

Por otra parte, J.R. Vélez Torres, en su obra Curso de Derecho Civil: derecho de sucesiones, 2da ed. rev., San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1992, T. IV, Vol. III, pág. 443, lo explica de la forma siguiente:

En nuestro sistema de Derecho sucesoral no existe el llamado heredero necesario. El Código nuestro dispone, sobre este particular, que ... la titularidad de [las] relaciones jurídicas patri-moniales no entran efectivamente al patrimonio del nuevo titular sino desde que éste acepta la herencia. Es decir, rige en nuestro sistema de Derecho sucesoral la regla procedente de los romanos, al efecto de que la herencia no se adquiere, contrario a la regla germánica, sino desde que el llamado acepta la he-rencia, ya sea en forma expresa o implícita.

La distinción entre la vocación sucesoria y el pleno carácter de heredero, explicada antes, ayuda a en-tender las diferencias fundamentales que existen entre las dos acciones judiciales relativas a la herencia, invocadas por el recurrente. En el derecho sucesorio puertorriqueño existe tanto la acción de petición de herencia (hereditatis petitio) como la acción de partición de herencia {familia erciscundae). Se trata de dos procedimientos judiciales dis-tintos que persiguen finalidades diferentes. G. Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 2da ed., Hato Rey, Ed. Equity, 1968, pág. 80; Vélez Torres, op. cit., págs. 500-502 y 540-542; González Tejera, op. cit., págs. 217-228 y 293-303. Véase, además, Alonso v. Muñoz, 76 D.P.R. 549 (1954). Nuestro derecho, pues, sigue a cabalidad la tradición civilista, en la cual las dos acciones aludidas están claramente diferenciadas. Véase J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. V, Vol. I, págs. 344-354, y 3ra ed. rev., 1983, Vol. III, págs. 396-415.

La acción de partición de herencia está expresamente contemplada o reconocida en los Arts. 1005, 1006, 1012 y 1865 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 2871, 2872, 2878 y 5295. Es el procedimiento judicial que se insta para ponerle fin al estado de indivisión de una herencia. Esta acción se ejerce con el único propósito de obtener la terminación de la comunidad hereditaria, y provoca así la transformación de las cuotas abstractas de los coherederos sobre el caudal relicto en titularidades concretas sobre bienes determinados. Puig Brutau, op. cit., Vol. III, pág. 397; R.M. Roca Sastre, Estudios de Derecho Privado, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1948, Vol. II, pág. 371; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1970, Vol. V, pág. 134. Es, pues, la acción mediante la cual los herederos reconocidos del patrimonio relicto convierten su cotitularidad común sobre todo ese patrimonio en títulos únicos propios sobre bienes singulares. Esa, y ninguna otra, es la naturaleza esencial de la partición. No se trata, pues, de una acción para reclamar, dilucidar o establecer el carácter de here-dero de alguna persona. Guaroa Velázquez, op. cit. Por el contrario, para que una persona pueda incoar dicha acción, debe tener ya la condición de heredero.

Es menester insistir en que la acción de partición de herencia no es la vía judicial disponible a un descendiente del causante para que reclame su carácter de heredero frente a los que están en posesión de la herencia. La acción de partición sólo es ejercitable por aquellos cuya condición de heredero ya esté establecida y sean partícipes en una comunidad hereditaria. Manresa señala que,

[l]a acción de división de herencia no es un derecho concedido a las personas llamadas a suceder por el testador o por la ley, sino a los que realmente lleguen a ostentar el título y la cualidad de herederos ....

También explica Manresa que para poder ejercitar tal acción son “condiciones precisas” las siguientes:

1ro. Haber aceptado la herencia, teniendo un derecho actual y definitivo sobre la misma.
2do. Que el heredero tenga la libre administración y disposi-ción de sus bienes. J. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1955, T. VII, pág. 695.

Finalmente, indica Manresa, que cuando un heredero no posee los bienes hereditarios de ningún modo, no procede pedir la división del caudal, sino más bien la acción de petición de herencia (Manresa, op. cit., pág. 694), y hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de España que resuelve que la imprescriptibilidad de la acción de partición “está subordinada a que, en tiempo hábil, se haya ejercitado lapetitio hereditatis”. Manresa, op. cit., T. XII, pág. 1191.

El eminente comentarista Joaquín Puig Peña ex-plica las circunstancias particulares que deben concurrir para que los herederos puedan pedir la partición de la herencia, en los siguientes términos:

... la naturaleza de este acto particional ha determinado que no todos los herederos puedan pedir la práctica de las operacio-nes particionales. Para ello es necesario:
a) Que tengan un derecho definitivo a la herencia. — No basta, pues, que una persona se crea heredero para que pueda pedir la partición: es necesario que efectivamente lo sea; y, ade-más, que lo sea en toda la extensión e intensidad de la palabra, estando ligado por la relación jurídica de comunidad hereditaria. Por ello, si todavía no ha aceptado la herencia, no podrá pedir la partición, sino que deberá adir la herencia, si ha sido admitida por los demás, o ejercitar la acción de petición de herencia, en caso contrario.
c) Que el heredero tenga la libre disposición de bienes. J. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T. VI, págs. 40-41.

En vista de la naturaleza de la acción de partición de herencia, es evidente que el recurrente no tiene razón en su planteamiento, fundamentado en dicha acción. Es cierto que mientras exista una situación de total proindivisión respecto al caudal hereditario, la acción de partición de herencia no prescribe, conforme con lo dispuesto en el Art. 1865 del Código Civil, supra (“[n]o prescribe entre coherederos, ... la acción para pedir la partición de la herencia”). Alonso v. Muñoz, supra. Pero ello no le da fundamento alguno a la reclamación de Arrieta Barbosa, ya que él propiamente no ha instado, ni en sus circunstancias puede instar, una acción de partición de herencia. Sencillamente, tal acción no aplica a su caso. Como el recurrente no había aceptado la herencia de modo alguno, ni era partícipe en la comunidad hereditaria, sino que, por el contrario, como lo que persigue es establecer por primera vez su condición de heredero frente a los que retienen el patrimonio hereditario, en el caso ante nos no procede la acción de partición, sino la de petición de herencia, que no está ex-presamente incluida entre las que no prescriben, conforme a la citada disposición del Código Civil.

La acción de petición de herencia, que es la que el recurrente realmente ejerció en el caso de autos, no se encuentra reglamentada de forma específica en el Código Civil, pero su vigencia es indiscutible. Guaroa Velázquez, op. cit.; Vélez Torres, op. cit.; González Tejera, op. cit.; Puig Brutau, op. cit, Vol. I, pág. 348. Está claramente dispuesta en los Arts. 264 y 970 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1044 y 2807;() y, como se señala más adelante, ha sido reconocida en nuestra jurisprudencia en varias ocasiones.

Conforme con la doctrina civilista, la actio petitio hereditatis es la acción mediante la cual una persona reclama el reconocimiento de su condición de heredero y la consiguiente restitución de lo que le corresponde del caudal hereditario. Responde a la necesidad de proteger el derecho hereditario, y se ejerce contra quien posea la herencia en todo o en parte. Puig Brutau, op. cit; González Tejera, op. cit. Roca Sastre la define como la acción “que compete al heredero real contra quienes posean todo o parte de los bienes hereditarios a título de herederos del mismo causante, o sin tener título alguno, a fin de obtener dicho heredero la restitución de tales bienes, a base de la comprobación o reconocimiento de que a él corresponde la cualidad de heredero”. ()

La cuestión medular que debemos resolver, en cuanto a esta acción de petición de herencia, es si dicha acción prescribe. Veamos.

B. No cabe duda alguna que nuestro Código Civil, igual que el de España, contempla que la acción de petición de herencia, a diferencia de la acción de partición, prescribe. Dice el Art. 970 del Código Civil, supra:

Fuera de los casos a que se refieren las dos anteriores seccio-nes, si no se hubiese presentado ninguna demanda contra el heredero, podrá éste aceptar a beneficio de inventario o con el derecho de deliberar, mientras no prescriba la acción para re-clamar la herencia. (Enfasis suplido.)

Más aun, en virtud de lo expresamente dispuesto en el Art. 264 de nuestro Código Civil, supra, la actio petitio hereditatis se considera como inmueble, por razón del objeto al cual se aplica, y el Art. 1863 de dicho Código, 31 L.P.R.A. see. 5293, dispone que las acciones reales sobre inmuebles prescriben a los treinta (30) años.

Además, el Art. 65 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 183, relativo a los derechos del ausente, señala que:

Lo dispuesto en la sección anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente .... Estos derechos no se extinguirán sino por el lapso de tiempo fijado para la prescripción. (Enfasis suplido.)

Finalmente, el Art. 1865 del Código Civil antes citado, que enumera específicamente varias acciones que no prescriben, incluyendo la de la partición de herencia, no incluye la acción de petición de herencia.

Un análisis contextual de las diversas disposiciones alu-didas de nuestro Código Civil hace inevitable llegar a la conclusión de que la acción de petición de herencia prescribe. Así lo hemos intimado antes varias veces. Aun-que nunca lo resolvimos de modo expreso, en varias deci-siones previas de este Tribunal hemos hecho mención de que la acción de petición de herencia es prescriptible. Véanse: Alonso v. Muñoz, supra, págs. 558-559; Penne González, y de la Guerra, Opositor, 46 D.P.R. 264, 273 (1934); Sucesión Alfonso v. Rosso, 20 D.P.R. 478 (1914); Escalona v. Sucesión Castro, 17 D.P.R. 774, 784 (1911).

Por otro lado, los comentaristas del derecho sucesorio puertorriqueño, al igual que la mayor parte de las figuras más sobresalientes de nuestra tradición civilista, están contestes en que la acción en cuestión prescribe a los treinta (30) años. Véanse: Guaroa Velázquez, op. cit.', Vélez Torres, op. cit., págs. 541 — 542; González Tejera, op. cit., págs. 220-222; Puig Brutau, op. cit, Vol. I, págs. 351-354. Este último, en el texto citado, no sólo señala que en la doctrina predomina el criterio de estimar que la hereditatis petitio se extingue por prescripción, sino que cita, además, como conformes con ese criterio a Roca Sastre, Castán, Gu-llán y Simó. Véanse, además: Espín Cánovas, op. cit., pág. 218; “7 Manresa 616 (sexta ed. rev.)”, citado en Alonso v. Muñoz, supra, pág. 558. Esta postura es, asimismo, la que el Tribunal Supremo de España ha asumido reitera-damente. Véanse: Puig Brutau, op. cit.', Vélez Torres, op. cit.', González Tejera, op. cit.

Al ponderar la cuestión ante nos, debemos tener muy en cuenta que en nuestra jurisdicción, como en tantas otras, existe un gran interés público en dotar de certeza las relaciones jurídicas y en que los pleitos se atiendan con la debida celeridad. Por ello, hemos afirmado antes que la prescripción existe por motivos de necesidad y utilidad social. Por medio de esta tan arraigada figura jurídica, se asegura la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Como ha señalado L. Diez-Picazo, en su obra La prescripción en el Código Civil, (1964), con la prescripción se protege sobre todo el interés de la persona de no verse expuesta a reclamaciones muy antiguas, de las cuales se haya perdido memoria. Se evita así la ominosa sorpresa que produce la resucitación de reclamaciones viejas, cuando se ha perdido la prueba y no se pueden encontrar ya testigos de hechos necesarios para dirimir las controversias. Como bien ha señalado Castán, la economía y la vida jurídica sufrirían un grave quebranto si el estado de hecho, representado por el ejercicio o no ejercicio de un derecho, no viene a convertirse, por el transcurso del tiempo, en un estado de derecho inatacable.() Conforme con estos conceptos, hemos afirmado reiteradamente cuán importante es que las reclamaciones jurídicas tengan un término prescriptivo, para evitar que el poder público pro-teja indefinidamente los derechos no exigidos por su titular, lo que permite la presunción jure de jure de que esos derechos han sido abandonados. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137 (1994); Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, 130 D.P.R. 683 (1992); Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Olmo v. Young & Rubican of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981);Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244 (1975); Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378 (1959).

Resolvemos, pues, que la acción de petición de herencia prescribe a los treinta (30) años. Conforme al criterio prevaleciente entre la crítica erudita, ese término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el heredero aparente entró en la posesión de los bienes de la herencia.() Véanse: Puig Brutau, op. cit., pág. 352; Gon-zález Tejera, op. cit., pág. 222; R. Roca Sastre, Anotaciones al Derecho de Sucesiones, Barcelona, 1951, T. I pág. 397.

C. Al examinar los hechos de este caso, a la luz de la normativa reseñada antes, es evidente que cuando el recu-rrente instó su acción de petición de herencia, ésta había prescrito. Ya habían transcurrido 32 años desde el falleci-miento del causante y poco más de 30 años desde que los herederos demandados habían presentado en el Registro de la Propiedad los documentos acreditativos de sus res-pectivos títulos sobre el caudal hereditario, que de hecho ya poseían. El recurrente sencillamente no actuó a tiempo para hacer valer los derechos que tuviese como hijo del causante. El tribunal sentenciador determinó, con arreglo a la prueba presentada en el caso, que “no hubo impedi-mento físico ni mental que obstaculizara al demandante reclamar lo que en derecho le correspondía, o que de otro modo justificara el abandono voluntario de sus derechos, toda vez que éste conocía la existencia de los otros herede-ros, a diferencia del desconocimiento de éstos últimos de la existencia del demandante”. Por ello, correctamente deses-timó la demanda. El recurrente no ha presentado razón válida alguna que justifique intervenir con esta parte de la decisión a quo, por lo que procede que ésta se confirme.

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En cuanto al asunto de las costas, los gastos y los hono-rarios, que el recurrente también ha impugnado ante nos, debe observarse que el tribunal de instancia no hizo ni intimó de modo alguno que hubiese mediado temeridad de parte del demandante, por lo que no procede la imposición de honorarios de abogado.

En cuanto a la imposición de costas, en nuestra jurisdicción la norma que las impone a la parte vencida es mandatoria. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 D.P.R. 456 (1992). Ahora bien, la compensación de peritos por vía de costas no es automática. Deben concederse si el testimonio pericial presentado por la parte que los reclama era necesario para que dicha parte prevaleciera. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797 (1976); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967). En el caso ante nos, la cuestión medular en torno de la cual giró el pleito fue la de si la acción del demandante estaba prescrita. Para llegar al dictamen determinativo que dispuso del caso, el foro sentenciador no necesitaba prueba pericial. Por lo tanto, no pro-cede la imposición de costas por tal concepto, como hizo el foro a quo en su segunda sentencia titulada nunc pro tune.

IV

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para confirmar la del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, de 29 de junio de 1994, y para revocar la de 2 de agosto de 1994 en cuanto impone al recurrente costas por los gastos de peritos y honorarios de abogado.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita.

      (1) Véase el esc. 5 de esta opinión.

      (2) El Art. 264 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1044, enumera las cosas incor-porales consideradas como inmuebles e incluye en su inciso (3) la acción “para recla-mar el todo de una herencia”. El Art. 970 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2807, dispone que un heredero puede aceptar a beneficio de inventario “mientras no pres-criba la acción para reclamar la herencia”. (Enfasis suplido.)

      (3) R.M. Roca Sastre, Estudios de Derecho Privado, Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1948, pág. 376.

      (4) J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1971, T. I, Vol. 2, pág. 834.

      (5) En la doctrina erudita, se ha discutido la cuestión de si la investidura de la posesión de los bienes hereditarios ocurre automáticamente desde el momento del fallecimiento del causante o si, por el contrario, ello sólo puede ocurrir una vez la herencia haya sido aceptada. En Puerto Rico, Guaroa Velázquez expresó su criterio de que la posesión se transmite desde el momento del fallecimiento del de cuius. G. Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 2da ed., Hato Rey, Ed. Equity, 1968, págs. 51-52. Sin embargo, el Prof. Alberto Blanco rebatió tal tesis. Expresó su opinión de que, en Puerto Rico, debe prevalecer la doctrina dominante entre los comentaristas españoles, también sostenida por el Tribunal Supremo de España, de que la adquisición de la herencia no ocurre ipso jure, siño que requiere la aceptación del heredero. A. Blanco, La adquisición de la herencia en el Derecho Civil de Puerto Rico, 34 Rev. Jur. U.P.R. 5 (1965). Por otra parte, el profesor González Tejera coincidió con esta última postura. Resaltó que, conforme con lo dispuesto en el Art. 369 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1443, la posesión de los bienes se transmite desde el fallecimiento del causante, pero sólo en el caso de que llegue a adirse la herencia; esto es, que ha de aceptarse ésta. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, págs. 143-144. Tal es también la opinión de J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 2da ed. rev., San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1992, págs. 443-444, y la que este Foro adoptó, en general, en Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 D.P.R. 464 (1986).

        En el caso ante nos, los demandados presentaron ante el Registro de la Propie-dad los documentos pertinentes para inscribir a su nombre el único bien hereditario, el 20 de marzo de 1954, lo que constituyó una aceptación tácita de la herencia. Véanse: González Campos v. González Mezerene, 139 D.P.R. 228 (1995); Burgos Orellano v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 647 (1973). Por ello, su posesión común del caudal relicto se retrotrae a la fecha de fallecimiento del causante.


author: per curiam:

text:
      In re José R. González Albarrán, querellado.

      Número: AB-95-82

      Resuelto: 1ro de diciembre de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, parte querellante.
   per curiam:

El pasado 22 de septiembre de 1995 emiti-mos la resolución siguiente:

Bajo apercibimiento de ser suspendido de la abogacía tempo-ralmente, se ordena al Ledo. José R. González Albarrán que dentro del término de veinte (20) días comparezca ante el Pro-curador General a exponer su posición en torno a la queja del Sr. Tomás Torres Maldonado.
Notifíquese por el Alguacil personalmente al Ledo. González Albarrán de esta Resolución.
Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Resolución de 22 de septiembre de 1995.

Surge del expediente que el licenciado González Alba-rrán fue notificado por conducto de su secretaria, Sra. Carmen Montecino. Mediante una moción de 1ro de noviembre de 1995, el Procurador General nos informó que el quere-llado no ha comparecido a exponer su posición en torno a la queja del señor Torres Maldonado.

A la luz de lo antes expuesto, conforme nuestro aperci-bimiento, se le suspende temporalmente del ejercicio de la abogacía hasta tanto este Foro, mediante dictamen al efecto, lo reinstale.

Se ordena al Alguacil General de este Tribunal que pro-ceda a incautarse de su obra notarial para ser entregada a la Oficina de Inspección de Notaría.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton no intervinieron.


text:
      In re Andrés Villanueva Laguer.

      Número: 5069

      Resuelto: 1ro de diciembre de 1995

      Carmen H. Carlos de Dávila, Directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

Examinada la comunicación de 1ro de noviembre de 1995 de la Leda. Carmen H. Carlos de Dávila, Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, se suspende temporal-mente, y hasta que otra cosa disponga el Tribunal, del ejer-cicio de la notaría al abogado Andrés Villanueva Laguer. Se le ordena al Alguacil General de este Tribunal que pro-ceda a incautarse, de inmediato, de la obra notarial del abogado Andrés Villanueva Laguer y que entregue la misma, para el correspondiente examen e informe, a la re-ferida Oficina de Inspección de Notarías.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
      In re Luis García Pagán, querellado.

      Número: 6694

      Resuelto: 6 de diciembre de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Procurador General, y Elba Evelyn Rodrí-guez Benitez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria para separar temporal-mente de la abogacía al Ledo. Luis García Pagán en un caso en el cual él y su representante legal han ignorado nuestros múltiples requerimientos para que compareciera a exponer su posición sobre una queja en su contra. Es sorprendente que a pesar de todas las decisiones nuestras en casos análogos todavía persista la práctica de algunos abogados de arriesgar un título, obtenido después de mu-chos años de trabajo y estudio, al no contestar unas órde-nes de este Tribunal para conceder una oportunidad de exponer su versión de la conducta antiética que se le imputa.

I

El pasado 14 de junio de 1995 emitimos una sentencia en el caso Julián Pérez v. Serafín Wholesale Distributors, Caso Civil Núm. RE-94-383, en la cual revocamos una re-solución del tribunal de instancia que denegó la petición de relevo de sentencia. Además, dejamos sin efecto la senten-cia en rebeldía emitida anteriormente por dicho tribunal porque la anotación fue ocasionada por la negligencia crasa del abogado, quien desobedeció “todos los señala-mientos del tribunal, sin tener conocimiento de ello los peticionarios”. En dicha sentencia expresamos que existía una declaración jurada del licenciado García Pagán en la que admitía que había incurrido en negligencia crasa en el trámite del caso en el foro de instancia.

Posteriormente, el 11 de julio de 1995, concedimos al licenciado García Pagán un término de diez (10) días para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado. Una vez vencido el término, el 25 de agosto concedimos un plazo adicional a García Pagán para que contestara los re-querimientos, bajo apercibimiento de sanciones disciplin-arias. Para asegurar que fuera debidamente notificado se le notificó personalmente a través de las oficinas del Algua-cil General.

Una vez recibe esta resolución a través de los alguaciles del Tribunal, García Pagán comparece y nos informa que no se encontraba capacitado emocionalmente para contes-tar la resolución en ese momento. También nos informó que el Ledo. Luis A. Garrastegui lo representaría en los trámites disciplinarios y solicitó treinta (30) días para contestar. Poco tiempo después concedimos el término solicitado.

A la fecha de hoy, han transcurrido dos (2) meses desde nuestra última resolución y todavía ni García Pagán ni el Ledo. Luis A. Garrastegui han comparecido.

HH ( — I

Hemos resuelto en muchas ocasiones que ignorar las órdenes de esta Curia conlleva sanciones disciplinarias muy severas. El incumplimiento con nuestras órdenes, a pesar de haber sido notificadas personalmente por nuestros alguaciles, denota una indiferencia y dejadez intolerable en el ejercicio de la abogacía. En decisiones anteriores hemos expresado nuestra preocupación con el incumplimiento de nuestras órdenes y hemos advertido a los abogados que seremos muy rigurosos con esta conducta tan lesiva a la abogacía. In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

Preocupados con el número de casos que hemos tenido en los que abogados que son investigados por alegadas violaciones a los cánones de ética no comparecen para exponer su posición, hemos expresado que:

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con la que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. To-dos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja pre-sentada en su contra que está siendo investigada. In re Colón Torres, supra, págs. 493-494. (citado también por In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992), y por In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992).

A pesar de nuestras advertencias, todavía persiste esta práctica. Este caso es un ejemplo de que en nuestra profe-sión todavía hay abogados que pretenden evitar nuestras sanciones disciplinarias ignorando nuestras órdenes y es-perando que su falta de diligencia sea olvidada en el trá-mite judicial.

Del historial previamente narrado se desprende que el Ledo. Luis García Pagán ha demostrado una intolerable obstinación en incumplir con las órdenes de este Tribunal. Si, además, tomamos en consideración su negligencia crasa en los trámites del caso que origina esta querella, es claro que ni tiene interés ni ha demostrado tener la capa-cidad necesaria para representar responsablemente a sus clientes.

Por todo lo anterior, se le suspende temporalmente del. ejercicio de la abogacía y la notaría hasta tanto acredite su disposición de cumplir estrictamente con las órdenes de este Tribunal y con el ordenamiento legal. El Alguacil General de este Tribunal deberá incautarse de la obra notarial del abogado suspendido y entregarla a la Oficina de la Direc-tora de Inspección de Notarías para la correspondiente in-vestigación e informe a este Tribunal.

Se dictará la sentencia correspondiente.