author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Re-bollo López, a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Rexco Industries, Inc., demandado y recurrente.

      Número: RE-90-511

      Resuelto: 6 de diciembre de 1994

      Ramón Lloverás Otero, abogado del recurrente; Anabelle Ro-dríguez, Procuradora General; Juan R. Reliz Román y Héctor Clemente Delgado, Procuradores Generales Auxilia-res, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — H

El 24 de noviembre de 1986, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicitó judicialmente la incautación de una parcela de 1.126 cuerdas y la expropiación de un edificio multipisos destinado al arrendamiento de oficinas. Para esa fecha, el edificio estaba ocupado por la Puerto Rico Telephone Company y el Chase Manhattan Bank. Como justa compensación, consignó $6,000,000 en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, conforme a la tasación realizada por los peritos de la Puerto Rico Telephone Company.

Luego de varios incidentes procesales, el Estado en-mendó y aumentó esa cuantía a $6,447,000. El 2 de diciem-bre de 1986, el tribunal (Hon. Carlos Polo, Juez) decretó la expropiación y que el título de esas propiedades quedaba investido en el Estado. En ese dictamen señaló que la cuantía de justa compensación estaba sujeta al resultado de la prueba que había de presentarse.

En una vista previa al efecto, el 15 de jimio de 1990 dicho foro emitió una sentencia y concluyó que la justa compensación ascendía a $7,094,570.20. Impuso al Estado la obligación de pagar $647,570.20, que era la diferencia entre el valor real del inmueble expropiado y la cantidad de $7,094,570.20 consignada, más los intereses al seis por ciento (6%) anual a tenor con el Art. 4 de la Ley de Expro-piación Forzosa, Ley de 12 de marzo de 1903, según enmen-dada, 32 L.P.R.A. see. 2905 et seq.

No conforme, a solicitud de Rexco Industries, Inc., acor-damos revisar el señalamiento de que el tribunal erró al no imponer intereses en virtud de la Regla 44.3 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y que esa negativa representa una incautación no compensada.

HH hH

El Art. II, Sec. 9 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 296, dispone que “[n]o se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”. Como parte integral de la justa compensación a concederse, la Ley de Expropiación Forzosa ordena el pago de “intereses al tipo anual de seis (6) por ciento sobre la cantidad finalmente concedida como valor de la propiedad a contar desde la fecha de la adquisición, y desde dicha fecha hasta la fecha del pago”. 32 L.P.R.A. sec. 2907. Ese límite en la tasa de interés anual es el que Rexco Industries Inc. cuestiona hoy.

Inicialmente, este tipo de legislación no proveía para el pago de interés por esa diferencia. La Ley Núm. 2 de 1ro de abril de 1941 (32 L.RR.A. sees. 2905 y 2907) lo incluyó por la tardanza del Estado en compensar en su totalidad. En lo pertinente, disponía:

... dicha compensación deberá determinarse y adjudicarse en dicho procedimiento, y decretarse por la sentencia que recaiga en el mismo, debiendo la sentencia incluir, como parte de la justa compensación concedida, intereses al tipo anual de seis (6) por ciento sobre la cantidad finalmente concedida como valor de la propiedad a contar desde la fecha de la adquisición, y desde dicha fecha hasta la fecha del pago; pero los intereses no debe-rán concederse sobre aquella parte de dicha cantidad que haya sido depositada y pagada en [la corte]. (Enfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 2907.

Actualmente la Ley de Expropiación Forzosa visualiza el mismo tipo. 32 L.P.R.A. sec. 2908.

El trasfondo de la legislación federal que implantaba en Estados Unidos el mandato constitucional sobre la expro-piación forzosa —Declaration of Taking Act, 40 U.S.C. sec. 258(a)— en su origen, tenía un lenguaje sustancialmente igual al de las Secs. 5(a) y 5(b) de nuestra ley incluso el interés al seis por ciento (6%).

Sin embargo, en época reciente los tribunales federales resolvieron que dicha tasa tenía que ser razonable; con el tiempo decidieron que era un mínimo. Kirby Forest Industries, Inc. v. United States, 467 U.S. 1 (1984); United States v. 125.2 Acres of Land, 732 F.2d 239, 244-245 (1er Cir. 1984); Washington Metro. Area T.A. v. One Parcel of Land, 706 F.2d 1312, 1322 (4to Cir. 1983); U.S. v. 329.73 Acres, Grenada and Yalobusha Ctys., 704 F.2d 800 (5to Cir. 1983); United States v. 50 Acres of Land, 706 F.2d 1356, 1364 (5to Cir. 1983); Antoine v. United States, 710 F.2d 477, 480 (8vo Cir. 1983); United States v. 2,175.86 Acres of Land, Etc., 696 F.2d 351, 354 (5to Cir. 1983); United States v. 429.59 Acres of Land, 612 F.2d 459 (9no Cir. 1980); Miller v. United States, 620 F.2d 812 (Ct. Cl. 1980); Georgia-Pacific Corp. v. United States, 640 F.2d 328 (Ct. Cl. 1980); Phelps v. United States, 274 U.S. 341, 344 (1927); Seaboard Air Line Ry. v. U.S., 261 U.S. 299, 304 (1922); United States v. 319.46 Acres of Land More or Less, 508 F. Supp. 288, 290 (W.D.Okl. 1981); United States v. Blankinship, 543 F.2d 1272, 1275 (9no Cir. 1976).

Como resultado, el 27 de septiembre de 1986, el Congreso derogó la tasa del seis por ciento (6%) dispuesta en el Declaration of Taking Act, Pub.L. No. 99656. A1 contrario, nuestra Asamblea Legislativa no ha modificado aún ese tipo.

HH H-1 WH

De entrada, reiteramos la norma de un siglo de vigencia en cuanto a que la determinación de la justa compensación es esencialmente un ejercicio judicial. El Tribunal Supremo federal resolvió:

[La justa compensación] es una controversia judicial y no legislativa. La legislatura puede determinar qué propiedad pri-vada se necesita para propósitos públicos —ésta es una contro-versia de carácter político y legislativo; pero cuando se ha orde-nado la expropiación, entonces la controversia sobre la compensación es judicial. ... La constitución ha declarado que se tiene que pagar justa compensación y que su determinación es lina cuestión que le compete a los tribunales. (Traducción nuestra.) Monongahela Navigat’n Co. v. United States, 148 U.S. 312, 327 (1893); U.S. v. 50.50 Acres of Land, 931 F.2d 1349 (9no Cir. 1991).

Con esta perspectiva en mente, la jurisprudencia federal recalca el principio equitativo de que la compensación por una propiedad expropiada es aquella “que ponga al dueño en una posición pecuniaria tan buena a la que estaría si la propiedad no se hubiese expropiado”. (Traducción nuestra.) Seaboard Air Line Ry. v. United States, supra, pág. 304. El pago de intereses es una parte integral de la justa compensación al amparo del mandato constitucional de justa compensación. United States v. 125.2 Acres of Land, supra; Antoine v. United States, supra; Washington Metro Area T.A. v. One Parcel of Land, supra; United States v. 319.46 Acres of Land, supra; United States v. Blankinship, supra; Catlin v. United States, 324 U.S. 229, 240 (1945); Burns v. United States, 274 U.S. 328 (1926).

Como la economía no es estática, cuando la tasa preva-leciente en el mercado sobrepasa este límite legal del seis por ciento (6%), se menoscaba la compensación pagada al dueño. Por otro lado, si la tasa del mercado es menor a la legal, se le impone al Estado satisfacer una suma mayor a la que, constitucionalmente, tiene que pagar. Ambas situa-ciones reflejan graves incongruencias entre la ley y la Constitución. No encontramos argumentos de peso que jus-tifiquen al Estado compensar una cantidad mayor o menor a la que el dueño sería acreedor si se hubiese pagado la totalidad de la justa compensación al iniciarse los procedi-mientos judiciales.

Frente a esta realidad, el Estado nos argumenta que la Ley de Expropiación Forzosa es especial y sus disposiciones deben prevalecer sobre cualquier otro precepto de ley general como lo es la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra. Aunque en principio coincidimos con ese enfoque, cuando existen deficiencias en la ley especial, núes-tro deber es acudir a las disposiciones de ley general para subsanarlas. Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 12. Con ese objetivo en mente, es ineludible concluir que la tasa de seis por ciento (6%) en nuestra Ley de Expropia-ción Forzosa tiene que interpretarse en conjunto con otras disposiciones in pari materia de carácter general.

IV

Al respecto, para fines adjudicativos la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, en cuanto incorpora el Reglamento Núm. 78-1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre intereses sobre sentencias finales y firmes, es crucial. Dicho reglamento visualiza los intereses a base de las “fluctuaciones en el mercado” local, fenómeno dinámico que por experiencia prima facie se apuntala en criterios razonables.

En consecuencia, hasta tanto la Asamblea Legislativa enmiende la ley de acuerdo con estos pronunciamientos, resolvemos que la diferencia entre la cantidad que se determine finalmente como justa compensación en una ex-propiación y la que consignó inicialmente el Estado, hay que sumárseles los intereses que surjan del aludido Reglamento 78-1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Así cumplimos el mandato constitucional de justa compensación consagrado en el Art. II, Sec. 9 de nuestra Constitución, supra. Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); E.L.A. v. Registrador, 111 D.P.R. 117 (1981); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 536 (1967); M. Mercado e Hijos v. Tribl. Superior, 85 D.P.R. 370, 375-376 (1962).

Finalmente, esta decisión y el Reglamento 78-1, supra, aplicarán a todo caso de expropiación en trámite ante los tribunales y en el cual aún no haya recaído sentencia final y firme. Así seguimos el mismo enfoque doctrinario ex-puesto en Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987), y Monrozeau v. Srio. de Justicia, 121 D.P.R. 885, 889 (1988), en torno al historial legislativo de la enmienda a la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, que aplicó el Reglamento 78-1, supra, a las sentencias dictadas no finales ni firmes.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López, a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Como surge de la opinión mayoritaria, las Secs. 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa —32 L.RR.A. sees. 2907 y 2908— disponen que cuando la suma de dinero que finalmente establece el foro judicial como “justa compensa-ción” de una propiedad expropiada por el Estado es mayor que la cantidád de dinero que éste originalmente consignó en el tribunal al instar el procedimiento de expropiación, el Estado viene en la obligación de pagar intereses, a razón del seis (6) por ciento anual, sobre la diferencia entre am-bas sumas de dinero.

En el día de hoy, una mayoría de los integrantes del Tribunal —sin hacer determinación expresa alguna sobre inconstitucionalidad respecto a las mencionadas Secs. 5(a) y 5(b)— resuelve que los foros de instancia deben hacer caso omiso de lo dispuesto por las citadas secciones de ley y que, por el contrario, deben aplicar a dicha suma de dinero el por ciento de interés contemplado en la Regla 44.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III); esto es, los intereses que surjan del Reglamento 78-1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

No estamos de acuerdo. Ello por varias razones, las cua-les pasamos a exponer.

HH

Es norma reiterada, y trillada, que una sección o artí-culo de una ley de índole o carácter general no puede pre-valecer, o derogar, una sección o artículo de una ley especial a menos que tal derogación se consigne expresamente o esa sea la clara voluntad legislativa^ McCrillis v. Aut. Na- vieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 130 (1989); Sierra v. Tribl. Superior, 75 D.P.R. 841, 846-847 (1954); Vázquez v. Corte, 65 D.P.R. 598, 603 (1946); Tilén v. Mena, 24 D.P.R. 815, 817 (1917); mucho menos, naturalmente, cuando se trata de una disposición reglamentaria, de índole general, frente a un estatuto especial.

Debe mantenerse presente que, en relación con la situa-ción hoy ante nuestra consideración, la Asamblea Legisla-tiva, al enmendar la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, ante, en 1988 con el propósito de incorporar a la misma el concepto de “tasa de interés por sentencia”, no hizo constar expresamente el propósito de enmendar a esos efectos la Ley de Expropiación Forzosa, 32 L.P.R.A. see. 2901 et seq.; tampoco surge que esa fuera la clara voluntad legislativa.

Ante esta situación, y debido a que las derogaciones tá-citas no son favorecidas, puede concluirse que resulta claro que, en principio, el interés a imponerse por sentencia en casos de expropiación forzosa en nuestra jurisdicción debe regirse por las propias disposiciones de la Ley de Expropiación Forzosa y no por lo dispuesto por la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, ante. Director I.C.P. v. Fitzgerald, etc., 130 D.P.R. 46 (1992); Aponte v. Srio de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante. Véase, en adición, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 421.

h-H h — i

Conocido es que la sabiduría o conveniencia de una ac-tuación legislativa es algo que no está sujeto a nuestro po-der de revisión judicial. Véase Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). Dicho de otra forma, en esta clase de situaciones nuestra determinación tiene que, por necesidad, ceñirse a declarar válido o inconstitucional el estatuto en controversia. Esto es, dependiendo de la de- terminación judicial que a esos efectos se haga, el estatuto será o no puesto en vigor por el foro judicial.

Resulta, qn consecuencia, curioso que el Tribunal, sin hacer determinación expresa alguna sobre la validez cons-titucional de las citadas Secs. 5(a) y 5(b) de la Ley de Ex-propiación Forzosa, le ordene a los foros de instancia hacer caso omiso de las disposiciones de las mismas. ¿Puede este Tribunal, sin hacer determinación alguna sobre la incons-titucionalidad de una ley, ordenar que no se obedezcan en absoluto las disposiciones de un estatuto en particular? Creemos que no.

Resulta, en consecuencia, mandatorio cuestionarnos si las referidas Secs. 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa son inconstitucionales por violar las mismas las disposiciones sobre “justa compensación” contenidas en la See. 9 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, y las de la Quinta Enmienda de la Constitución federal.

t — I (-H h-H

La facultad de tomar, o expropiar, propiedad privada para fines públicos es uno de los poderes inherentes que posee el Estado. Dicha facultad, sin embargo, está “limita-da” por la obligación que la Constitución le impone al Es-tado de pagar una justa compensación, o valor, por la pro-piedad privada y por el deber de actuar, al ejercitar dicha facultad, conforme al procedimiento provisto por ley. E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e Industrial, 104 D.P.R. 392 (1975).

Nuestro ordenamiento, con el propósito de garantizar el pago de una justa compensación, establece que cuando la cantidad determinada por el foro judicial, como justa com-pensación, es mayor que la suma originalmente estimada, y depositada en corte, por el Estado, éste debe pagar adi-cionalmente, como parte de ese justo valor, intereses sobre la diferencia entre ambas sumas de dinero, al tipo anual del seis (6) por ciento. 32 L.P.R.A. secs. 2907 y 2908.

Dicho pago de intereses, como correctamente se dice en la opinión mayoritaria, pág. 689, “es una parte integral de la justa compensación al amparo del mandato constitucio-nal ...”. (Enfasis suplido.) Ahora bien, ¿cuál tasa de interés es “necesaria” desde un punto de vista constitucional? Esto es, ¿cuál tasa de intereses cumple con el requisito constitu-cional de justa compensación?

En nuestra opinión, y así se ha resuelto en la jurisdic-ción federal, se satisface el requisito de justa compensación —exigido tanto por nuestra Constitución como por la Cons-titución federal— pagando aquella tasa de intereses que resulte ser “razonable”; determinación judicial de “razona-bilidad” que dependerá de las circunstancias particulares económicas y financieras que prevalezcan en el momento en que el foro judicial hace dicha determinación y sobre la cual dicho foro vendrá obligado a recibir prueba en cada caso. Véanse: Confederated Salish and Kootenai Tribes v. United States, 437 F.2d 458 (Ct. Cl. 1971); United States v. 100 Acres of Land, Etc., Marin Cty., Cal., 468 F.2d 1261 (9no Cir.), cert. denegado, 414 U.S. 822 (1972); Pitcairn v. United States, 547 F.2d 1106, 1120-1124 (Ct. Cl. 1976), cert. denegado, 434 U.S. 1051 (1978). Véase, en adición: R.I. Mirvis, Method of Determining Rate of Interest Allowed on Award to Owner of Property Taken by United States in Eminent Domain Proceeding, 56 A.L.R. Fed. 477, 481 (1982). En cuanto a nuestra jurisdicción, ello significa que el foro judicial viene en la obligación de determinar, en re-lación con el caso específico ante su consideración, si el seis (6) por ciento que establecen las Secs. 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa, ante, es o no “razonable”; ello a la luz de las condiciones financieras imperantes en ese mo-mento determinado.

La mayoría, por su parte, así no piensa. Descarta total-mente la aplicación de las secciones pertinentes de la Ley de Expropiación Forzosa por razón de que:

Como la economía no es estática, cuando la tasa prevale-ciente en el mercado sobrepasa este límite legal del seis por ciento (6%), se menoscaba la compensación pagada al dueño. Por otro lado, si la tasa del mercado es menor a la legal, se le impone al Estado satisfacer una suma mayor a la que, consti-tucionalmente, tiene que pagar. Ambas situaciones reflejan graves incongruencias entre la ley y la Constitución. (Enfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 689.

Lo expresado, como resulta obvio, no es enteramente correcto. Unicamente la primera de las alternativas, o si-tuaciones, resulta contraria a la Constitución; esto es, cuando el seis (6) por ciento resulta ser menor a la tasa de interés “razonable”. Ello por razón de que se infringe, en esa situación, el requisito de “justa compensación”. En la segunda de las situaciones, aquella en que el seis (6) por ciento que dispone la Ley de Expropiación Forzosa resulta mayor que el por ciento “razonable”, el estatuto es consti-tucional ya que se puede, válidamente, argumentar que la situación o “incongruencia” responde a la voluntad del le-gislador, la cual venimos obligados a obedecer e implantar. P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988).

Por otro lado, sabido es que los “intereses” han sido de-finidos como “el precio que se paga por el uso del dinero”; ese “precio” ha sido comparado a la renta de la tierra con-cebida como ingreso neto procedente de ésta y a la del sa-lario como remuneración del trabajo.

Ello no obstante, debe mantenerse presente que el dere-cho constitucional a recibir renta sobre la propiedad no implica, de por sí, el derecho a recibir determinada renta en particular, ni el derecho a que la misma esté exenta de reglamentación por parte del Estado. Véanse: Pennel v. San José, 485 U.S. 1 (1988); Bowles v. Willingham, 321 U.S. 503, 516-518 (1944); Euclid v. Amber Co., 272 U.S. 365 (1926). Véanse, en adición: Blanes v. Tribunal de Distrito, 71 D.P.R. 325 (1950); Cintrón v. Corte Municipal, 67 D.P.R. 793 (1947).

De todas maneras, tenemos serias dudas en cuanto a la “consistencia” del argumento de la mayoría de los inte-grantes del Tribunal respecto a este punto. El mismo re-sulta ser, a nuestro juicio, circularmente erróneo. Ajuicio de la Mayoría, la imposición de una tasa de interés “estatuta-ria” que es distinta a la tasa prevaleciente en el “mercado” resulta ser improcedente por cuanto, precisamente, no re-fleja el interés prevaleciente en el “mercado”. Conforme a la Mayoría, la tasa prevaleciente en el “mercado” es la que surge del Reglamento 78-1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Se olvida el Tribunal que esa tasa de interés que surge del citado Reglamento 78-1 es una que no responde exclu-sivamente a las “fuerzas del mercado”. Ello así surge de la See. 2 del referido Reglamento 78-1, la cual claramente es-tablece que, debido a que la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, ante, tiene “el propósito de desalentar los pleitos frí-volos e incentivar el pago de las sentencias”, procede —al fijar la tasa de interés— añadirle a ésta “un ‘margen puni-tivo’ al costo de fondos para el deudor por sentencia, de manera que la tasa resultante mueva a dicho deudor al pago de la misma”.

Dicho de la manera más sencilla, la tasa de interés que periódicamente fija la Oficina del Comisionado de Institu-ciones Financieras, a través del citado Reglamento 78-1, no representa fielmente la tasa de interés prevaleciente en el mercado, pues dicha Oficina le añade a la misma un "mar-gen punitivo”. Por lo tanto, si utilizamos dicha tasa de in-terés en casos de expropiaciones, le estaríamos concediendo al dueño de la propiedad expropiada una tasa de interés mayor a la que tiene derecho; ello en vista del hecho de que el propósito detrás del pago de intereses en casos de expro-piaciones lo es, en palabras de la mayoría, pág. 689, citando a Seaboard Air Line Ry. v. United States, 261 U.S. 299, 304 (1922), poner “ ‘al dueño en una posición pecunia-ria tan buena a la que estaría si la propiedad no se hubiese expropiado’ ”, y no la de penalizar al Estado.

En resumen, tenemos que la tasa de interés —el seis (6) por ciento— que establecen las Secs. 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa, ante, puede, o no, resultar in-constitucional en su aplicación; ello por violar el mandato constitucional de “justa compensación”. Dicha tasa será constitucional, y obligatoria, en aquellas ocasiones en que, a la luz de las condiciones financieras imperantes en el mercado en un momento determinado, sea mayor que la tasa de interés "razonable”. Por otro lado, será inconstitu-cional, e inoperante, cuando el referido seis (6) por ciento resulte ser menor que dicha tasa de interés "razonable”.

La acción del Tribunal, de aplicar siempre a dichas si-tuaciones la tasa de interés que en un momento determi-nado establezca el Reglamento 78-1 de la Oficina del Co-misionado de Instituciones Financieras, resulta ser totalmente errónea. Ello por razón de que, como hemos visto, dicha tasa de interés no refleja fielmente la tasa de interés prevaleciente en el mercado por razón de que la misma contiene un “margen punitivo”.

En fin, somos del criterio que el curso de acción correcto sería el de que este Tribunal determinara que la tasa de interés que el Estado debe pagar, sobre la diferencia entre la suma originalmente consignada por el Estado en rela-ción con una propiedad que ha expropiado y el justo valor que finalmente determine el foro judicial, debe ser aquella que, conforme testimonio pericial competente, sea “razona-ble” en el momento en que el foro judicial determine el justo valor de la propiedad expropiada. Véanse: Confederated Salish and Kootenai Tribes v. United States, ante; United States v. 100 Acres of Land, Etc., Marin Cty., Cal., ante; Pitcairn v. United States, ante. Ello, naturalmente, reque-rirá la celebración de una vista evidenciaría a esos efectos.

Una vez se determine cuál es el por ciento de interés “razonable”, el foro judicial decidirá si aplica, o no, al caso ante su consideración el seis (6) por ciento de interés que establecen las antes citadas Secs. 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa. Esto es, el referido seis (6) por ciento únicamente podrá aplicarse en la situación en que el mismo resulte mayor que la tasa de interés “razonable” y no podrá aplicarse en la situación en que el mismo resulte menor que la referida tasa de interés razonable.

       En su revisión planteó tres (3) señalamientos adicionales, a saber:
      “A. Erró el Tribunal al valorar en $7,094,570.20 la propiedad expropiada sin expresar fundamento de hecho alguno, siendo suma tan precisa, contraria a la pre-ponderancia de la prueba presentada. Tres de los cuatro peritos (dos de ellos de la propia Puerto Rico Telephone Company), testificaron contrario a esta suma. Todos ellos testificando un valor de sobre $9,000,000.00 para la propiedad expropiada.
      “B. Erró el Tribunal al no conceder costas y gastos a pesar de Orden de una compensación de $647,570.20 mayor que la consignada.

        “D. Erró el Tribunal al no compensar a la parte con interés por daños tortice-ros causados por la parte expropiante ascendentes a $200,000.00.” Escrito en cum-plimiento de orden, pág. 3.
      Nuestra resolución aclaró que la expedición del auto era únicamente para eva-luar el señalamiento de los intereses. En reconsideración —Resolución de 27 de marzo de 1992— así lo reiteramos; ahora lo reafirmamos.

       Dispone:
      “(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la senten-cia y hasta que ésta sea satisfecha incluyendo costas y honorarios de abogado. El tipo de interés se hará constar en la sentencia.
      “La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por sentencia tomando en consideración el movimiento en el mercado y con el objetivo de desalen-tar la radicación de demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el cum-plimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo posible.
      “(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta sección y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desdé la radicación de la demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalida-des o funcionarios en su carácter oficial. El tipo de interés se hará constar en la sentencia.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Del historial congresional surge:
      “Actualmente, la tasa de interés aplicable a las expropiaciones de propiedad inmueble es establecido por ley en seis por ciento. Los tribunales generalmente han considerado esa tasa del 6 por ciento como un mínimo, y usualmente aplican una tasa de interés mayor (basada en las tasas del mercado). Esta ley establecería explícita-mente este uso de las tasas del mercado y haría su aplicación uniforme y consistente, entre los tribunales. Además, dominaría el que se tratara la tasa de interés como una controversia de hechos a determinarse por los tribunales.” (Traducción nuestra y énfasis suplido.) U.S. Code Congressional and Administratives News, 99th Congress, 2d Sess., T. 6, pág. 6205.
      Posteriormente, el Congreso dispuso que la tasa de interés a pagarse se deter-minaría utilizando una fórmula que incluye bonos federales vencederos a un (1) año. 40 U.S.C. Sec. 258e-l.

       Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras Intereses Sobre Sentencias

       Consistentemente hemos reconocido “los últimos desarrollos en la jurispru-dencia del Tribunal Supremo federal que establece el contenido mínimo de las ga-rantías constitucionales en situaciones análogas”. Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593, 602 (1993).
      Aunque la Quinta Enmienda no aplica directamente a los estados —Barron v. Baltimore, 32 U.S. 242 (1833)— desde finales del siglo pasado el Tribunal Supremo federal resolvió que el debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda prohíbe que éstos expropien propiedades privadas sin el pago de una compensación justa. Chicago, Burlington & c. R’D v. Chicago, 166 U.S. 226, 241 (1897); Missouri Pacific Railway v. Nebraska, 164 U.S. 403, 417 (1896).

       El referido principio de “justa compensación” también lo exige el Art. 355 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1113, el cual establece que:
      “Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente, por causa justificada de utilidad pública o beneficio social, y mediante el pago de una justa compensación que se fijará en la forma provista por ley.”

       Véase la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García en Gallardo v. Petitóny V.T.N., Inc., 132 D.P.R. 39 (1992).

       La referida See. 2 del citado Reglamento 78-1 establece, en lo pertinente, que:
      “La Regla 44.3, según enmendada, dispone que la Junta Financiera fijará la tasa de interés pagadera sobre la cuantía de toda sentencia (incluyendo costas y honorarios de abogado) considerando las fluctuaciones en el mercado y con el propó-sito de desalentar los pleitos frívolos e incentivar el pago de las sentencias. Este mandato legislativo solo se cumple añadiendo un “margen punitivo” al costo de fon-dos para el deudor por sentencia, de manera que la tasa resultante mueva a dicho deudor al pago de la misma.” (Enfasis suplido.)

       Hemos resuelto que una ley, constitucional de su faz, puede resultar incons-titucional en su aplicación. Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 D.P.R. 617 (1993).

       No debe perderse de vista que, aun cuando la tasa de interés del Reglamento 78-1, ante, no tuviera ese margen punitivo, el foro judicial no podría ignorar total-mente, como hace la Mayoría, las disposiciones de las Secs. 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa, 32 L.P.R.A. sees. 2907 y 2908; esto es, en aquella situación en que el seis (6) por ciento provisto fuera mayor que la tasa de interés que se promul-gara a través del citado Reglamento 78-1, venimos en la obligación de implantar el mandato estatutario. Véase P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Sharon Marie Miranda y otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado, y Autoridad de Carreteras, recurrente.

      Números: RE-93-381
    RE-93-356
    RE-93-363

      Resueltos: 7 de diciembre de 1994

      E. Vázquez Otero, de Vázquez & Suárez, abogado de la recu-rrente Autoridad de Carreteras; Virgilio Méndez Cuestas, abogado de la recurrente Autoridad de Acueductos y Alcan-tarillados; Adaljisa Díaz de Collazo, abogada de los de-mandantes recurridos; Pedro A. Delgado Hernández, Pro-curador General, y Vannessa Ramírez, Procuradora General Auxiliar, abogados del demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

La noche de 21 de abril de 1986, Dennis O. Gutiérrez Cortés, quien manejaba su automóvil a velocidad excesi-va por el carril izquierdo de la Carretera Estatal Núm. 165 que va de Toa Baja a Dorado, impactó la parte posterior de un camión de arrastre estacionado. Este, que era propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, llevaba una excavadora y carecía de luces traseras encendidas.

La colisión fue devastadora; Gutiérrez Cortés murió de-capitado instantáneamente. El vehículo quedó incrustado totalmente debajo de la plataforma hasta el espaldar del asiento trasero desplomado. El lugar estaba oscuro, ya que los postes de alumbrado público no funcionaban.

Ala fecha del accidente, Gutiérrez Cortés tenía treinta y cuatro (34) años, estaba casado, trabajaba como Gerente de Producción en Emulex del Caribe, Inc. y devengaba un sa-lario anual de treinta y cuatro mil dólares ($34,000). Ade-más, era padre de dos (2) hijos menores de edad.

El 15 de abril de 1987 su esposa Sharon Marie Miranda, por sí y en representación de sus hijos, demandó en daños y perjuicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla-dos, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus aseguradoras. Adujo que la Autoridad de Acueductos y Al-cantarillados fue negligente al estacionar el camión sin las luces, y el Estado al no mantener el alumbrado en condi-ciones funcionales. Ambos negaron responsabilidad y ale-garon afirmativamente que el accidente se debió exclusiva-mente a la negligencia de Gutiérrez Cortés al conducir a una velocidad exagerada. Posteriormente, incoaron recí-procamente sendas demandas contra coparte.

El 6 de abril de 1990 el Estado formuló una demanda de tercero contra el Municipio de Toa Baja, la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico y sus aseguradoras por no pro-veer alumbrado en la carretera. El 20 de agosto los de-mandantes Miranda et al. enmendaron su demanda para incluir a esos terceros y, posteriormente, a sus aseguradoras. Todos negaron responsabilidad.

El 27 de abril de 1993 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Hon. Benigno Dapena Yordán, Juez), declaró con lugar la demanda y condenó solidariamente a la Auto-ridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Carreteras y a sus aseguradoras a compensar a los deman-dantes Miranda et al. Dictaminó que la indemnización que había de pagarse sería reducida en un cincuenta por ciento (50%) por la negligencia concurrente de Gutiérrez Cortés. Declaró sin lugar la demanda enmendada contra el Municipio de Toa Baja y la demanda de tercero formulada por el Estado, a quien condenó a pagar las costas por haber traído al pleito al Municipio. Finalmente, declaró con lugar la demanda de tercero del Estado contra la Autoridad de Carreteras, más las costas.

No conformes, la Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados, la Autoridad de Carreteras y los demandantes Miranda et al. pidieron una revisión. No así el Estado; éste compareció en apelación con el único propósito de sostener la reducción en un cincuenta por ciento (50%) de las cuan-tías de daños concedidas a los recurrentes Miranda et al.

Consolidamos y acordamos revisar.

r-H hH

De entrada, en este caso están presentes los elementos constitutivos de una causa de acción bajo el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, a saber, un daño; su relación causal con la acción u omisión del demandado, mediando culpa o negligencia. Ramos Escóbales v. García, González, 134 D.P.R. 969 (1993); Rivera Jiménez v. Garrido & Co., Inc., 134 D.P.R. 840 (1993); Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993); J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1993); Torres Maldonado v. J.C. Penney Co., 130 D.P.R. 546 (1992); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988); Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94 (1986).

“El estándar de conducta para determinar si un acto es o no negligente es la diligencia exigible a la figura mítica del hombre prudente y razonable. Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960). ... ‘[L]a culpa o negligencia es la falta de debido cuidado, que a la vez consiste, esencialmente en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias. Ramos v. Carlo, supra, a la pág. 358/ ” Oca- sio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 D.P.R. 410, 418 (1990).

Por otro lado,

[e]n nuestra jurisdicción rige la doctrina de causalidad adecuada. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127 (1974). De conformidad con esta teoría no es causa toda condición sin la cual no se hubiese producido el resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce según la experiencia general. Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990); H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 696 et seq. Al amparo de esta doctrina la cuestión se reduce a determinar si la ocu-rrencia del daño era de esperarse en el curso normal de los acontecimientos 6 si, por el contrario, queda fuera de ese posi-ble cálculo. J. Santos Briz, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XXTV, pág. 267. Según explicáramos en Arroyo López v. E.L.A., supra, pág. 690:
"... para que exista relación causal la acción u omisión tiene que ser idónea para producir el efecto operado; tiene que deter-minarlo normalmente. A fin de establecer esa vinculación de causa y efecto entre esos dos (2) sucesos, tenemos que realizar un análisis retrospectivo de posibilidad. En vista de ello, no es suficiente que un hecho aparezca como condición de un evento si regularmente no trae aparejado ese resultado. La causalidad está necesariamente limitada por el ámbito de la obligación, pues es infinita la serie de daños que, en interminable encade-namiento, pueden derivarse del incumplimiento de una obligación. Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 D.P.R. 852, 857 (1980).”
El propósito de utilizar criterios como el de causa adecuada o causa próxima es limitar la cadena de responsabilidad y evitar que se extienda a límites absurdos. Brau del Toro, op. cit., págs. 709-710. Si se ha incurrido o no en responsabilidad civil resul-tante de una omisión hay que considerar dos (2) factores: la existencia o inexistencia de un deber jurídico de actuar por el alegado causante del daño cuyo incumplimiento constituye un acto antijurídico, y si de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94 (1986). (Énfasis suprimido.) Rivera Jiménez v. Garrido & Co., Inc., supra, págs. 852-853.

hH hH

Por su aplicación multidimensional en este caso, es menester recordar que la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 301 et seq., exige que los conductores utilicen las luces delanteras y posteriores de los vehículos y, en algunos casos, lleven reflectores para facilitar la visibilidad nocturna de sus dimensiones. Este deber legal cobra mayor trascendencia cuando un vehículo se estaciona de noche en la vía pública.

Además, consagra la regla básica de la “velocidad relativa”. Recoge el principio elemental de que un conductor debe regular con sumo cuidado la velocidad del vehículo y tomar en cuenta el volumen del tránsito, las características de la vía y sus usos y condiciones. Ningún conductor debe manejar a una velocidad mayor a la que le permita dominar el vehículo y reducirla o parar cuando sea necesario, para así evitar accidentes.

Este principio adquiere mayor importancia cuando se acerca a una intersección, a la cima de una pendiente, en carreteras estrechas o cuando existan peligros especiales respecto a los peatones o por razón de las condiciones del tiempo o de la vía. 9 L.P.R.A. sec. 841(a); Vda. de Vila v. Guerra Mondragón, 107 D.P.R. 418 (1978). Examinemos, pues, la conducta de los protagonistas principales y su negligencia.

Coincidimos con el ilustrado foro de instancia en cuanto a que Gutiérrez Cortés fue negligente en un cincuenta por ciento (50%) al manejar a exceso de velocidad y que ello fue una de las causas que provocaron su muerte.

Al respecto, la prueba documental demuestra que debido a la velocidad que iba, Gutiérrez Cortés no tuvo la oportunidad de desviarse del carril y evitar la colisión; además, las fotografías, sin margen de duda, revelan los graves y sustanciales daños a su automóvil y lo aparatoso del accidente. Notamos, además, que al ocurrir el accidente, llevaba encendidas las luces delanteras que exige la ley, “capaces de alumbrar hacia el frente la carretera por un trecho de 500 pies”, 9 L.P.R.A. sec. 1272(a)(1), lo cual tiende a evidenciar ese alto grado de negligencia al mane-jar a exceso de velocidad. Vale recordar que “[e]l hecho de que por ley se señale un máximo de velocidad para deter-minada zona no significa que esté autorizado un conductor a ir a ese máximo todo el tiempo”. Vda. de Vila v. Guerra Mondragón, supra, pág. 424.

Por otro lado, se admite que la carretera no tenía funcionando el sistema de alumbrado público. Aunque el tribunal sentenciador concluyó que, en teoría, el Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.Á. see. 422, convertía al Estado en responsable, lo relevó de esa responsabilidad debido a que había delegado su instalación a la Autoridad de Carreteras. Si bien las partes estipularon que las Carreteras P.R. 165, P.R. 865 y P.R. 22 son estatales, la Certificación Núm. 511-88 del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 20 de septiembre de 1988, reveló que la Carretera Núm. 165, donde ocurrió el accidente, “estaba bajo la jurisdicción y supervisión de la Autoridad de Carreteras”. Por disposición legal, “la Autoridad puede convenir con el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas para estudiar, diseñar, construir, reparar y mantener las facilidades de tránsito. Esta es la verdadera razón por la cual la Autoridad puede hacer mejoras y reconstrucciones en carreteras estatales”. (Enfasis suplido.) 9 L.P.R.A. see. 2006. Véase Rivera Jiménez v. Garrido & Co., supra, pág._

En estas circunstancias, el Estado no tenía el deber pri-mario y directo de brindar el cuidado y mantenimiento re-queridos, ya que la vía no estaba bajo su control y jurisdicción. Por tal razón, el tribunal de instancia acerta-damente resolvió que, “[a]l aplicar el Art. 404 del Código Político y su jurisprudencia interpretativa y al delegar el Estado en su agenda Autoridad de Carreteras para ilumi-nar la carretera donde ocurrió este accidente, es proce-dente la demanda de tercero del Estado contra Carreteras”. Opinión y sentencia, pág. 12.

Ciertamente, la Autoridad de Carreteras tenía el deber legal de brindar iluminación dentro de un período de tiempo razonable, una vez el municipio solicitó su instala-ción y consintió pagar el consumo de electricidad. La prueba demostró que casi tres (3) años antes del accidente, con carácter urgente, la Asamblea Municipal de Toa Baja así lo había pedido mediante la Resolución Núm. 14 de 15 de septiembre de 1983.

La Autoridad de Carreteras preparó los planos y llevó a cabo la subasta. Terminada la reconstrucción de la vía, la reinstalación del alumbrado fue aceptada el 14 de mayo de 1987 por la Oficina Regional de Arecibo del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Esto es, aproximada-mente un (1) año después del accidente y cuatro (4) años desde que la Asamblea Municipal había solicitado, con ur- gencia, la reinstalación de los postes y del alumbrado público. Ello derrota la contención de la Autoridad de Carreteras.

Es norma reiterada que “ ‘[l]a culpa consiste en la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso.’ C. Rogel Vide, La Responsabilidad Civil Extracontractual, Ed. Civitas, 1976, pág. 90. La diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano medio, el buen paterfamilias. Si el daño es previsible por éste hay responsabilidad. Si no es previsible estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. Rogel Vide, op. cit., pág. 91”. (Enfasis suplido.) Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982) .

En resumen, ante este peculiar trasfondo fáctico, con vista a que el Estado delegó en la Autoridad de Carreteras la instalación del alumbrado, al pedido de la Asamblea Municipal y la disponibilidad de fondos para satisfacer el con-sumo eléctrico, es obvio que la Autoridad de Carreteras incurrió en una tardanza irrazonable y no justificada. La falta de iluminación, a la fecha del accidente, fue una de las causas del accidente. Ratificamos su negligencia.

IV

También coincidimos con el foro sentenciador al impo-nerle responsabilidad a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico requiere que los arrastres del tipo de plataforma lleven, en la estructura permanente del vehículo y de forma tal que indiquen su ancho, dos (2) luces color ámbar al frente y dos (2) rojas en la parte posterior. Sec. 6-205 de la Ley de Ve-hículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 1275. También obliga a llevar dos (2) reflectores rojos a cada lado para indicar el ancho del vehículo; pueden instalarse como parte de los faroles posteriores o por separado. Además, exige dos (2) reflectores a cada lado para indicar el largo total del vehículo; al frente, color ámbar; atrás, rojo. See. 6-207 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 1277.

Por otro lado, ninguna persona puede estacionar de noche su vehículo en una vía pública si ésta carece de alumbrado público y el vehículo no tuviese encendida sus luces de estacionamiento, luces posteriores y cualesquiera otras que pueda exigir el Secretario de Transportación y Obras Públicas por ley o por reglamento. 9 L.P.R.A. see. 1021.

La prueba refleja incontrovertiblemente que el camión de arrastre de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla-dos estaba estacionado en la vía de rodaje durante la noche y desprovisto de las luces traseras, exigidas por la ley. In-cumplir con este precepto legal constituyó un acto negli-gente causante, en parte, del accidente; tiene que responder. Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39, 46 (1982). Además, de las fotografías presentadas en eviden-cia notamos que el camión de arrastre estaba totalmente enlodado, incluso sus reflectores, de tierra y material típico relacionado con las construcciones para las cuales de ordi-nario se utilizan las excavadoras.

En síntesis, confirmamos la sentencia del foro de instan-cia en cuanto impuso responsabilidad solidaria a los code-mandados Autoridad de Carreteras, Autoridad de Acueduc-tos y Alcantarillados y sus aseguradoras en un cincuenta por ciento (50%); de igual forma la indemnización a pa-garse será reducida en un cincuenta por ciento (50%), por la negligencia concurrente de Gutiérrez. Avalamos la des-estimación de la demanda de tercero y la demanda enmen-dada contra el Municipio de Toa Baja, que condena al Es-tado al pago de las costas.

V

Aclarados estos extremos, examinemos si el tribunal de instancia incidió al reducir la compensación concedida a los demandantes en la proporción de la negligencia del occiso.

En lo pertinente, el Art. 1802 del Código Civil, supra, proclama que “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”.

Los demandantes recurridos Miranda et al. invocan a Torres Pérez v. Medina Torres, 113 D.P.R. 72, 79 (1982), como precedente dispositivo de esta controversia. Revisitémoslo. Se recordará que allí se cuestionó si el grado de negligencia de uno de los progenitores se aplicaba para reducir la compensación por daños a su hija menor de edad y a su cónyuge, quien no había contribuido a la ocurrencia del accidente. Resolvimos que “[l]a negligencia de la madre no puede, sin embargo, ser imputada a la niña, ni al padre de ésta y no procedería, por tanto, reducirse su indemniza-ción en proporción a la imprudencia concurrente de la madre”. íd., pág. 73.

Al así resolver, el Tribunal revocó expresamente, en el esc. 1, la normativa siguiente de Quintana Martínez v. Valentín, 99 D.P.R. 255 (1970):

El derecho del padre y de los hermanos del niño fallecido a reclamar indemnización contra los demandados surge exacta-mente del mismo acontecimiento que daba también derecho a la madre a reclamar. Así, al determinar la Sala sentenciadora que la negligencia de los demandados fue responsable del acci-dente en sólo un 60%, los demandados no vienen obligados a responder por dicho accidente en cantidad alguna en exceso del 60% de los daños determinados, conforme al criterio reparador del Art. 1802 del Código Civil, ed. 1930. La base para aplicar la norma de imprudencia concurrente es el conjunto de daños pro-ducidos por un accidente mediante la culpa o negligencia del Art. 1802, restándole a dicho conjunto de daños aquello que no es imputable al actor cuando la culpa no es sólo del actor, y se divide entre éste y la parte reclamante. La base no es la parte alícuota que pueda corresponder, en ese conjunto de daños, a distintos demandantes con derecho a reclamar. Es sobre el daño causado en un accidente, no sobre tal parte alícuota, que opera la norma de la concurrencia de culpas.

Posteriormente, en Molina, Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362 (1988), el Tribunal en votación de cuatro (4) a tres (3), aplicó Torres Pérez v. Medina Torres, supra, y concluyó que la madre codemandante de una joven de diecisiete (17) años, víctima y cocausante de un accidente, estaba en una situación similar a la de la madre de la niñita, inimputable en Torres Pérez v. Medina Torres, supra, por lo que su com-pensación tampoco podía reducirse.

En Molina, Caro v. Dávila, supra, la opinión mayoritaria no diferenció entre la situación cuando un cocausante y víctima de un accidente es imputable y aquella cuando no lo es. En la primera, quienes se benefician de la compensación, incluso la víctima, tienen que reducir de la compensación que reciban la proporción de la negligencia imputada a la víctima. En la segunda, no se le imputa negligencia a la víctima directa, por lo que la compensa-ción a sus padres o causahabientes no se afecta.

Sin embargo, la opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López, a la cual se unieron la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y quien suscribe, examinó esa crucial diferencia y, a base de una documen-tada exposición doctrinaria, sostuvo que procedía la reducción. Se dijo:

“[S]¿ bien ... se trata de una acción personal del causaha-biente, esto no significa que esta acción sea totalmente indepen-diente de la víctima directa. La acción es personal en el sentido de que ella no figura en el patrimonio dejado por la víctima; que no es a título de sucesor que el causahabiente dispone del de-recho de obtener la indemnización de un daño que repercute en su patrimonio. Pero, desde otro punto de vista, dicho derecho ‘permanece atado al difunto, en el sentido de que los valores de los que los suyos se ven privados son los que se ligaban a su existencia, y que habrían recibido de él, no de su propio fondo’. Así, los daños son personales, pero existe una independencia con los que ha sufrido la víctima directa.
Es porque la víctima ha sufrido un perjuicio que el causaha-biente sufre también otro perjuicio. Si aquélla no hubiera pere-cido, de nada habría podido quejarse este último.” (Enfasis en el original.) J. Bidart Hernández, Sujetos de la acción de respon-sabilidad extracontractual, Chile, Ed. Jurídica de Chile, 1985, pág. 104, citado en la opinión concurrente y disidente en Molina, Caro v. Dávila, supra, págs. 407-408.

Hoy con el beneficio de esa opinión concurrente y disi-dente decidimos que, en justicia, no debe permitirse que los parientes de un damnificado invoquen la solidaridad familiar para ser compensados por el autor del accidente y, a su vez, nieguen aceptar las consecuencias resultantes de la negligencia de la víctima.

Santos Briz consigna que “a los terceros titulares de in-demnizaciones se les podrá oponer la culpa concurrente del directamente perjudicado, y les afecta también la obliga-ción de disminuir los daños”. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 280.

Atinadamente, la Autoridad de Carreteras nos cita a Ta-mayo Jaramillo, quien concluye que “[s]i los demandantes, por ejemplo, son los herederos del difunto, pero reclaman el perjuicio personal que sufrieron, el demandado también podrá oponer a ellos la culpa de la víctima ... todo el que como heredero a título universal ejerza su acción personal, tendrá que someterse a sufrir la influencia de la culpa de la víctima directa del dañó”. (Énfasis suplido.) J. Tamayo Ja-ramillo, De la Responsabilidad Civil, 2da ed., Bogotá, Ed. Temis, 1986, T. I, pág. 261.

Brau del Toro nos expone:

La negligencia concurrente de' una persona que resulta lesio-nada o muerta en un accidente es imputable a sus causahabien-tes que reclamen, ya por la acción patrimonial hereditaria del occiso o ya por su acción personal, por daños propios derivados de la muerte o de las lesiones sufridas por el perjudicado. Esta norma deriva del principio que dicta que los herederos y otros causahabientes se colocan en la posición de su causante. (Énfa-sis suplido.) Brau del Toro, op. cit., pág. 415.

En consecuencia, revocamos la interpretación y aplicación errónea que se le dio a esta doctrina en Molina, Caro v. Dávila, supra, y reinstalamos la expuesta en Quintana Martínez v. Valentín, supra. La norma revocada trastoca el precepto legal del Art. 1802 del Código Civil, supra, que permite reducir la compensación de un demandante en la proporción de la negligencia que se le imputa. Como corolario, en casos en los cuales los codemandantes sean los causahabientes, parientes o terceros de un perjudicado, que incurrió en negligencia, sus compensaciones se reducirán en esa proporción.

Este cambio doctrinario jurisprudencial aplicará a todo caso en trámite ante los tribunales y en los cuales aún no haya recaído sentencia final y firme. Compárense: Riley v. Rodríguez de Pacheco, supra; Monrozeau v. Srio. de Justicia, 121 D.P.R. 885, 889 (1988).

VI

Tiene razón la recurrente, Autoridad de Carreteras, en que el tribunal de instancia incidió al no hacer las deducciones de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (en adelante Ley de la A.C.A.A.), Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968 (9 L.P.R.A. see. 2051 et seq.). Dicho estatuto provee una deducción de diez mil dólares ($10,000) al “dependiente primario” en caso de muerte en un accidente automovilístico. A tono con su definición legal, aquí “dependiente primario” es Sharon M. Miranda, viuda de la víctima. 9 L.P.R.A. sec. 2054(4)(h)(c). Además, de la compensación a su hijo Shajan (de nueve (9) años a la fecha del accidente) debe deducirse cuatro mil dólares ($4,000). Al otro hijo Dennis Fernando, de cuatro (4) años al momento del accidente, se le deducirán cinco mil dólares ($5,000). 9 L.P.R.A. sec. 2054(4)(a)(3).

La Ley de la A.C.A.A. también exige la reducción de mil dólares ($1,000) para gastos funerales —9 L.P.R.A. sec. 2054(4)(a)— y de dos mil dólares ($2,000) por razón de la compensación por lucro cesante. 9 L.P.R.A. see. 2058. Por último, a las indemnizaciones concedidas a Sharon e hijos en concepto de “daños morales” le restarán el importe de los beneficios que hayan recibido de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, excluyendo las deducciones anteriores. Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 D.P.R. 324, 330 (1977). 9 L.P.R.A. sec. 2058(3)(d). Todas estas deducciones se harán conforme lo establecido por nuestra jurisprudencia. Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757, 774-775 (1978).

VII

Finalmente, los demandantes Miranda et al. solicitan los honorarios de abogado e intereses por temeridad contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Coincidimos.

En su contestación, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados negó en términos generales la ocurrencia del accidente, la fecha, la hora, el lugar, la muerte por decapitación del occiso y su responsabilidad por carecer de luces el camión. Cuando hizo esa alegación responsiva había transcurrido un (1) año y cuatro (4) meses del accidente, por lo que es razonable concluir que la veracidad de esos hechos había sido investigada y verificada. Los abogados no deben “negar hechos que les constan o pueden verificarse fácilmente y que negar las alegaciones indiscriminadamente, aun con la muletilla de ‘por falta de información’, es una práctica indeseable que los abogados deben tener especial cuidado en evitar”. (Énfasis suprimido.) Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 720 (1987).

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tardó nueve (9) meses en contestar el interrogatorio sometido. Los demandantes Miranda et al. tuvieron que presentar tres (3) mociones para solicitar al tribunal que ordenara la contestación. En dos (2) ocasiones, la Autoridad de Acue-ductos y Alcantarillados ignoró las órdenes judiciales. Ante ese desinterés y renuencia al descubrimiento, el tribunal eliminó sus alegaciones responsivas a tenor con la Regla 34.2(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Pos-teriormente, a su solicitud, reconsideró y sustituyó esa sanción por unas económicas conforme la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; le amonestó “contra futuros incumplimientos y dilaciones en el trámite”.

Además, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se negó a entregar los informes de sus dos (2) peritos. Hubo que recurrir a otra orden judicial. Aún así, no los entregó. Ante esa negativa, los demandantes Miranda et al. presen-taron una segunda moción para solicitar una orden al efecto. El tribunal la emitió para apercibir a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que su incumplimiento conllevaría sanciones económicas. Luego de toda esta inne-cesaria demora, los entregó.

Pero hay más. La Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados obstaculizó la toma de deposición del chofer del ca-mión accidentado, Raúl Cancel Pérez. Aunque compareció, ordenó al deponente a que no contestara las preguntas de los demandantes Miranda et al., a base de que había pre-sentado una oposición a dicha toma de deposición y ésta no había sido resuelta. Frente a esta actuación, se levantó un acta y, posteriormente, los demandantes Miranda et al. tu-vieron que presentar dos (2) mociones para requerir la pre-sencia del testigo a la deposición. Sólo después de ser de-negada la oposición se efectuó la deposición.

Reafirmamos que “[l]a determinación sobre si una parte ha procedido con temeridad o no descansa en la sana discreción del tribunal”. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349 (1989). “La partida de honorarios de abogado concedida no variará en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción.” Id., pág. 350.

Además, su propósito fundamental es “ ‘penalizar o sancionar’ a aquellas partes que por su temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento, obligan a otra parte a asumir y sufrir las molestias, gastos, trabajo e inconsecuencia de un litigio innecesario”. (Énfasis suprimido.) Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 737 (1990). Véase Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, pág. 718. Mediante este mecanismo, los tribunales protegen a los litigantes honestos de imposiciones, dilaciones y gastos innecesarios. E. Bernier, El derecho de accesión en Puerto Rico: El ahogado y su cliente, Barcelona, Imp. Vda. de Daniel Cochs, 1970, pág. 31; Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992).

Del trasfondo procesal antes consignado, resulta que, contrario al criterio del foro sentenciador, fue evidente la forma temeraria de litigar de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Causó una dilación innecesaria en la pronta solución de este caso. Procede la imposición de tres mil dólares ($3,000) en honorarios e intereses. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., supra; Corpak Art Printing v. Ramallo Brothers, supra; Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464, 468 (1983); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962).

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión de conformidad. Los Jueces Asociados Señores Her-nández Denton y Alonso Alonso concurrieron con el resul-tado por estimar que debió imponérsele sólo un veinticinco por ciento (25%) de negligencia a Dennis O. Gutiérrez Cor-tés, y consideran que es injusto atribuirle al señor Gutié-rrez Cortés un grado mayor de negligencia en vista de las circunstancias particulares del caso siguientes: (1) el ca-mión y su arrastre estaban estacionados en el carril iz-quierdo de una carretera de dos (2) carriles en cada direc-ción, donde el máximo de velocidad permitido es cincuenta (50) millas por hora; (2) tanto el camión como la excava-dora que arrastraba carecían de luces traseras, y (3) la carretera estaba totalmente oscura, por lo que la visibili-dad del conductor dependía totalmente de las luces de su auto.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

Acogemos, con beneplácito, el hecho de que el Tribunal en el día de hoy haya entendido procedente revocar la de-cisión mayoritaria que se emitiera en Molina, Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362 (1988), y establecer, como norma ma-yoritaria, lo expuesto por nosotros en la opinión disidente que en dicho caso emitiéramos; a la cual, en aquel enton-ces, se unieron los Jueces Asociados Señor Negrón García y Señora Naveira de Rodón.

Conforme expresáramos en la ponencia disidente que entonces emitiéramos, la aplicación de la norma estable-cida en el citado caso de Molina, Caro v. Dávila, nos lleva al absurdo; situación que un tribunal de justicia siempre tiene la obligación de evitar.

Resulta, cuando menos, alentador que el Tribunal haya tenido la valentía de revocar dicha errónea norma. La ac-tuación del Tribunal en el día de hoy nos brinda ánimo para continuar nuestra labor. La misma constituye prueba fehaciente de que la posición disidente que en un momento determinado podamos propulsar tiene posibilidades de convertirse en la norma mayoritaria en el futuro.

       La investigación y el análisis del especialista de seguridad y tránsito de la Policía, Juan M. Arroyo, reveló que el automóvil de Gutiérrez Cortés corría a una velocidad de sesenta millas por hora (60 m/p/h). Indicó que no se reflejaron “huellas de patinazos, marcas o señal... para determinar si el conductor intentó alguna acción evasiva antes de impactar el arrastre”.

       Con motivo del ensanche de la Carretera Núm. 165, la Autoridad de Carre-teras había removido los postes que, en ese momento, no funcionaban. A la fecha del accidente no habían sido instalados.

       Ordenó el pago de doscientos mil dólares ($200,000) por lucro cesante; tres mil trescientos cincuenta dólares ($3,350) por gastos de enterramiento; setenta y cinco mil dólares ($75,000) por daños mentales, angustias y sufrimientos de la es-posa Sharon Marie; cuarenta mil dólares ($40,000) por daños psicológicos, angustias y sufrimientos del hijo Shaján, y treinta mil dólares ($30,000) por angustias y sufri-mientos del menor Dennis Femando.

       Los demandantes Miranda et al. argumentaron:
      “Erró el tribunal de instancia al no imponer honorarios de abogado e intereses por temeridad contra la demandada Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y su compañía aseguradora.
      “Erró el tribunal de instancia al reducir a la mitad las cuantías adjudicadas a los demandantes en base al porcentaje de negligencia que determinó correspondía al fenecido como cocausante del daño.”
      Por su parte, la Autoridad de Carreteras alegó:
      “A. PORQUE LA CAUSA PRÓXIMA, RECIENTE Y PRODUCTORA DEL DAÑO FUE LA VELOCIDAD EXAGERADA A QUE MANEJABA SU VEHÍCULO GUTIÉRREZ UNIDO A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO DE ACUEDUCTOS SIN LUCES TRASERAS, Y NO LA AUSENCIA DE ILUMINACIÓN A MÁS DE QUE CARRETERAS NO TENÍA OBLIGACIÓN DE PROVEER LA MISMA.
      “B. PORQUE SIENDO MAYOR LA NEGLIGENCIA DE GUTIÉRREZ QUE CUALQUIER NEGLIGENCIA QUE PUDIESE SERLE IMPUESTA A CARRETE-RAS, LA NEGLIGENCIA DE AQUÉL ABSORBIÓ LA DE ÉSTA.
      “C. PORQUE LAS COMPENSACIONES SON EXAGERADAS Y NO GUAR-DAN PROPORCIÓN CON LOS DAÑOS SUFRIDOS Y NO SE HICIERON LAS DE-DUCCIONES DE LEY.
      “D. PORQUE EL TRIBUNAL SE NEGÓ A NIVELAR LAS CULPAS, A PESAR DE HABÉRSELE REQUERIDO.” Alegato de la recurrente Autoridad de Carreteras, pág. 5.
      Finalmente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados señaló:

        “A. PORQUE LA CAUSA PRÓXIMA, EFICIENTE Y PRODUCTORA DEL CASO FUE LA VELOCIDAD EXAGERADA A QUE MANEJABA SU VEHÍCULO GUTIÉRREZ.
      “B. PORQUE SIENDO MAYOR LA NEGLIGENCIA DE GUTIÉRREZ QUE CUALQUIER NEGLIGENCIA QUE PUDIESE SERLE IMPUESTA A ACUEDUC-TOS, LA NEGLIGENCIA DE GUTIÉRREZ ABSORBIÓ LA NEGLIGENCIA DE ACUEDUCTOS, SI ALGUNA.” Solicitud de revisión de 3 de agosto de 1993, Pág. 3.

       Disponía:
      “POR CUANTO:
      “La Carretera 165 de Toa Baja es una de las Carreteras principales de nuestro Municipio.
      “POR CUANTO:
      “La Carretera 165 consta de 4 carriles los cuales invitan a nuestros ciudadanos a usar al máximo de velocidad.

      “POR CUANTO:
      “La Carretera 165 se encuentra desprovista del alumbrado necesario convirtién-dose en una seria amenaza a la seguridad de los transeúntes tanto vehiculares como peatonales.
      “POR CUANTO:

        “Es urgente y necesario que se proceda a la mayor brevedad a reinstalar los postes y el alumbrado que fueron removidos durante el ensanche de la carretera 165 hasta la entrada del Pueblo de Toa Baja.

      “POR TANTO:
      “RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE TOA BAJA COMO POR LA PRESENTE SE RESUELVE:
      “Sección Ira: Solicitar del Departamento de Transportación y Obras Públicas que reinstalen el alumbrado público durante el ensanche de la Carretera 165 hasta la entrada al pueblo de Toa Baja.
      “Sección 2da: Esta Resolución por ser urgente y necesaria entrará en vigor in-mediatamente de su aprobación.” (Énfasis suplido.) Resolución Núm. 14, Serie 1983-1984, Asamblea Municipal de Toa Baja, pág. 1.

       En su sentencia y parte dispositiva, el tribunal de instancia no hizo mención alguna a las demandas de coparte incoadas entre sí por el Estado y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Es obvio que sus pronunciamientos, en estos extremos confirmados, tornaron esas demandas en académicas.

       Aunque en la parte dispositiva de su sentencia el foro de instancia no le impuso responsabilidad al Estado, en sus conclusiones de derecho dispuso que el Estado era solidariamente responsable por el accidente. Ciertamente, estos dictáme-nes son contradictorios.

        No puede, por un lado, concluirse que el Estado es solidariamente responsable y, por otro, resolver que, por haber delegado el control de la vía a la Autoridad de Carreteras, no responde. La solidaridad en materia extracontractual es una condi-ción jurídica dimanante de una previa determinación de cocausalidad. Si el Estado no fue cocausante, tampoco puede ser solidariamente responsable.

       Como indicamos, el Estado no apeló. Resulta inexplicable, pues, la parte dispositiva de la sentencia que declaró con lugar la demanda de tercero del Estado contra la Autoridad de Carreteras, pues contra aquél no se dictó sentencia. Hemos visto que el Estado no tenía el deber legal de dar mantenimiento a la vía pública en cuestión, pues lo había delegado a la Autoridad de Carreteras y es ésta quien res-ponde frente a los demandantes. La Autoridad de Carreteras argumenta que estas compensaciones son exageradas.
      De ordinario, el tribunal de instancia está en mejor posición para evaluar los elementos visibles e intangibles que nutren toda determinación de daños. Sin embargo, esta norma cede cuando las sumas concedidas son exageradamente altas o ridiculamente bajas. Sanabria v. E.L.A., 132 D.P.R. 769 (1993); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647 (1975).
      Consideramos razonables, justas y con apoyo en la prueba la estimación del ilustrado foro sentenciador sobre daños; no la alteraremos.

       Anteriormente expresamos que “los daños morales deben ser de evidente repercusión patrimonial, en cuyo caso son indefectiblemente resarcibles como si se tratara de daños materiales, pero esto no quiere decir que los daños morales, strictu sensus, aquéllos que pertenecen al mundo sensible del ser humano, dejen de com-pensarse siempre y cuando se pruebe cómo dichos daños han afectado la salud, el bienestar, la felicidad del damnificado: Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93 (Saldaña) (1957) cita precisa a la pág. 103, en el cual resolvimos que ‘en cuanto a los daños morales es imprescindible probar sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría una pena pasajera como base de la acción’ ”. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828, 831 (1964).“[E]stán inclu[i]dos en el concepto de angustias mentales ...” Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 D.P.R. 707, 730 esc. 12 (1993), citando a Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890, 896 (1942).


text:
    Integración de Sala Especial.

      Número: -

      Resuelto: 9 de diciembre de 1994
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 3(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. I-A, se consti-tuye la Sala Especial de Despacho de Misceláneas si-guiente que funcionará durante el período comprendido entre el 19 de diciembre de 1994 y el 13 de enero de 1995.

Juez Presidente, Sr. José A. Andréu García

Juez Asociado, Sr. Antonio S. Negrón García

Juez Asociado, Sr. Federico Hernández Denton

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Peter Lorio Ormsby y Wildie Sánchez Pérez, acusados y apelantes.

      Número: CR-89-34

      Resuelto: 13 de diciembre de 1994

      Carlos M. Del Campo Alomar, abogado de los apelantes; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

HH

Los hechos

Los apelantes Peter Lorio Ormsby y Wildie Sánchez Pé-rez fueron acusados de dos (2) violaciones, cada uno, al Art. 401(a)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmen-dada, 24 L.P.R.A. sec. 2401(a)(1). La apelante Sánchez Pé-rez fue acusada, además, de violar el Art. 179 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4285. Se les im-putó a los apelantes el poseer, con la intención de distri-buir, las sustancias controladas conocidas por heroína y marihuana. Los daños imputados a la apelante Sánchez Pérez consistieron en que, alegadamente, le rompió varias cadenas al agente que la arrestó.

Una vez seleccionado el Jurado, dio inicio el juicio contra los apelantes. La prueba de cargo estableció que el 28 de mayo de 1991, mientras se encontraba patrullando en un vehículo oficial no rotulado y en compañía de otros agentes, el agente David Romero Bonilla intervino con los apelantes, en horas de la tarde, en la playa Texidor del barrio Jauca de Santa Isabel. El agente observó al ape-lante Lorio Ormsby fumando públicamente un cigarrillo de marihuana. Luego de un forcejeo, lo arrestó y le ocupó el cigarrillo.

En ese momento, la apelante Sánchez Pérez se levantó del lugar donde se hallaba y, cuando el agente Romero Bo-nilla le dijo que estaba bajo arresto, se abalanzó sobre él y, mientras forcejeaban, le rompió unas gafas y varias cade-nas, así como otras prendas. Finalmente, los agentes la pusieron bajo arresto.

El agente Romero Bonilla observó, entre el asiento y la puerta abierta de un vehículo marca Pontiac, color verde, que estaba en el lugar, una bolsa plástica que contenía envolturas blancas en forma de cigarrillos. Vio, además, cerca del asiento donde estaba sentada la apelante Sán-chez Pérez, una bolsa plástica transparente que tenía en su interior varias envolturas de papel aluminio rojo en forma de “decks”. La evidencia así ocupada resultó ser diez (10) cigarrillos de marihuana, una (1) colilla de cigarrillo de marihuana y nueve (9) “decks” de heroína.

Durante el contrainterrogatorio del agente Romero Bo-nilla, la defensa le preguntó si consideraba que los “.30mgs.” de heroína ocupada era una dosis relativamente pequeña. El agente contestó que no sabía. A insistencia de la defensa aceptó que en el mercado dicha cantidad no tendría un valor superior a los doscientos dólares ($200).

La defensa presentó una prueba abundante dirigida a desvirtuar la prueba de cargo. El Sr. Mario Ortiz Molina, técnico del Departamento de Servicios contra la Adicción (en adelante el Departamento), indicó que hacía unos doce (12) o trece (13) años que trabajaba como consejero y téc-nico de tratamiento psicosocial para el Departamento. Este ofrece servicios a personas que confrontan problemas de adicción a drogas, especialmente heroína, además de marihuana y cocaína. A los clientes se les practican pruebas de orina para verificar el tipo de sustancia que utilizan o han utilizado. Declaró que un mismo cliente ha dado posi-tivo, en una misma muestra de orina, a más de un tipo de sustancias controladas. Señaló que tiene clientes que son usuarios de más de un tipo de sustancias controladas a la vez. Informó que "el perfil del adicto en Puerto Rico es que son usuarios de más de un tipo de drogas, que usan he-roína, cocaína y además fuman marihuana”. A preguntas del fiscal contestó que no puede decirse que “siempre” un adicto use más de un solo tipo.

Luego del desfile de la prueba, las partes rindieron sus informes y el juez impartió las instrucciones al Jurado. La defensa le solicitó al juez que impartiera instrucciones adi-cionales referentes a la modalidad de posesión de sustan-cias controladas; petición que fue denegada.

Así las cosas, el Jurado encontró a los acusados culpa-bles de los delitos imputados. Fueron condenados a cum-plir la pena de diez (10) años de presidio por cada uno de los delitos de posesión de sustancias controladas con inten-ción de distribuirlas. Ala apelante se le condenó, además, a la pena de seis (6) meses de cárcel por el delito de daños. Las penas se impusieron concurrentes entre sí.

Inconformes, los acusados comparecieron ante nos me-diante escrito de apelación. Entre otros errores, alegaron que incidió el tribunal de instancia al negarse a impartir instrucciones al Jurado sobre la modalidad de posesión de sustancias controladas a pesar de ser “un delito menor, comprendido en el delito imputado”. Alegaron, además, que la prueba fue insuficiente para sostener la culpabili-dad de los acusados más allá de duda razonable y que el juzgador de los hechos se equivocó en su apreciación de la prueba.

hH HH

Las instrucciones al Jurado

Los apelantes alegan que erró el tribunal de instancia al negarse a impartir las instrucciones al Jurado sobre el de-lito de posesión de sustancias controladas a pesar de tra-tarse de un delito menor incluido dentro del delito impu-tado de poseer, con intención de distribuir, marihuana y heroína.

En reiteradas ocasiones nos hemos expresado en tomo a la importancia de las instrucciones que el juez debe transmitir al Jurado. En casos como el de autos, nuestro esquema constitucional garantiza que toda persona, que así lo desee, sea juzgada por un Jurado compuesto por sus pares. Son éstos los llamados a aquilatar la prueba desfilada y, a base de ella, rendir el veredicto. “Para que el Jurado pueda desempeñar y llevar a cabo tan delicada función, los miembros del mismo —que, de ordinario, son completamente legos en la materia— deben ser instruidos adecuadamente sobre el derecho aplicable por el magistrado que preside el proceso” (Enfasis en el original.) Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 439 (1989).

Las instrucciones impartidas deben incluir no sólo los elementos del delito o los delitos imputados sino, además, cuando la prueba así lo justifique, los elementos de delitos inferiores al imputado o comprendidos dentro de éste. Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625, 626 (1968); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 228 (1968); Pueblo v. Burgos, 76 D.P.R. 199, 201 (1954). “Aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad, el acusado tiene derecho a que su teoría sea presentada al [Jjurado mediante [las] instrucciones apropiadas.” Pueblo v. Burgos, supra, págs. 202-203.

En el caso de autos, luego de que el juez impartió las instrucciones al Jurado, la defensa solicitó que impartiera instrucciones adicionales referentes al delito de posesión de sustancias controladas. Regla 137 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. La defensa argumentó que le correspondía a ese Cuerpo dirimir si encontraba a los acu-sados culpables del delito de posesión únicamente o de po-sesión con intención de distribuir las sustancias controladas. El tribunal de instancia denegó la petición de la defensa y no impartió las instrucciones solicitadas. Erró al así hacerlo. Como ya señaláramos, la defensa le pre-guntó al agente Romero Bonilla, principal testigo de cargo, si la heroína ocupada, “.30 mgs.”, era una dosis relativa-mente pequeña. Este indicó que no sabía pero, a insisten-cias del abogado, aceptó que no tendría un valor en el mer-cado de más de doscientos dólares ($200). A los acusados les ocuparon, además, diez (10) cigarrillos de marihuana y una (1) colilla de cigarrillo de marihuana. Como parte de la prueba de descargo, la defensa presentó, además, al Sr. Mario Ortiz Molina, consejero y técnico de tratamiento psi-cosocial, adscrito al Departamento de Servicios contra la Adicción. Entre otras cosas, declaró que el perfil de la ma-yoría de los adictos a sustancias controladas es que son usuarios de más de un tipo de drogas a la vez.

Ciertamente el delito de “posesión” de sustancias controladas está incluido dentro del delito mayor de “posesión con intención de distribuir” dichas sustancias. Fuentes Morales v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 705, 708 (1974). La cantidad de sustancias controladas ocupadas a los apelantes no era lo suficientemente grande como para inferir, sin más y con exclusión de otros delitos, la intención de distribuir. Regla 10(H) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Batista Maldonado, 100 D.P.R. 936, 940 (1972); Pueblo v. Picó Vidal, 99 D.P.R. 708, 711-713 (1971). Por la cantidad ocupada es posible que se configurara, únicamente, el delito de posesión. Cf. Pueblo v. Rosa Burgos, 103 D.P.R. 478 (1975). Es necesario señalar, también, que no estamos ante el típico caso de distribución en el que el agente encubierto “compra” al acusado las sustancias con-troladas o, como parte de un proceso investigativo, lo observa llevar a cabo transacciones de venta y distribución de estas sustancias.

No tenemos la menor duda de que, a base de la prueba desfilada y con arreglo a la norma de derecho aquí ex-puesta, era meritorio que el juez impartiera la instrucción al Jurado sobre el delito de posesión de sustancias controladas. Pueblo v. Burgos, supra. Es al Jurado a quien le corresponde decidir si le da crédito o no a la prueba desfilada. No puede el juez usurpar esta función. Pueblo v. Bonilla Ortiz, supra; Pueblo v. Fernández, 49 D.P.R. 586 (1936).

El error cometido por el tribunal a quo, al negarse a impartir la instrucción solicitada, es perjudicial y viola la garantía fundamental de un juicio justo. Ello amerita que se revoquen las sentencias apeladas en los casos de viola-ción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y se ordene la celebración de un nuevo juicio. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 817 (1981).

HH HH

La suficiencia y apreciación de la prueba

Debido al resultado alcanzado con la discusión del error sobre las instrucciones al Jurado, no es necesario que, en relación con los delitos imputados bajo la Ley de Sustan-cias Controladas de Puerto Rico, pasemos a discutir el error referente a la suficiencia y apreciación de la prueba.

En cuanto al delito de daños imputado a la apelante Sánchez Pérez, Art. 179 del Código Penal, supra, de los errores señalados el único que se dirige a cuestionar la determinación hecha sobre éste, es precisamente el de la suficiencia y apreciación de la prueba. Un análisis detallado y desapasionado de la exposición narrativa de la prueba nos lleva a concluir que la prueba fue suficiente en derecho para sostener la convicción por dicho delito. Además, la apelante no nos ha convencido de que el juzgador de los hechos, quien está en mejor posición al respecto, haya incurrido en pasión, prejucio, parcialidad o error manifiesto al aquilatar la prueba desfilada. Por lo tanto, no intervendremos con dicha apreciación. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 (1990); Pueblo v. Torres Ramos, 121 D.P.R. 747, 751-752 (1988); Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369, 375-376 (1987); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 105 (1982).

A la luz de lo antes expuesto, se dictará sentencia para revocar las sentencias apeladas emitidas por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, el 31 de marzo de 1989, mediante las cuales se condenó a los apelantes Lorio Ormsby y Sán-chez Pérez por las violaciones a la Ley de Sustancias Con-troladas de Puerto Rico, y se devuelve el caso para que, respecto a estos delitos, se celebre un nuevo juicio. La sen-tencia apelada mediante la cual se condenó a la apelante Sánchez Pérez por la violación del Art. 179 del Código Penal, supra, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opi-nión escrita.

       El Art. 401(a)(1) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 2401(a)(1), establece:
      “(a) Excepto en la forma autorizada en est[a Ley], será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente:
      “(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte, o posea con la inten-ción de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada.”
      Por su parte, el Art. 179 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4285, dispone:
      “Toda persona que destruyere, inutilizare, alterare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare un bien mueble o inmueble ajeno, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.”

       La defensa y el Ministerio Público estipularon el informe pericial de sustan-cias controladas certificado por el químico del Instituto de Ciencias Forenses, no así la evidencia ocupada.

       De la exposición narrativa de la prueba surge que la dosis de heroína ocu-pada ascendía a .30 miligramos. E.N.P., pág. 11. Del Informe Pericial de Sustancias Controladas se desprende que la cantidad ocupada fue de .33 gramos.

       Debido al resultado a que llegamos, al considerar estos errores —sexto y séptimo, octavo y noveno, respectivamente— resulta innecesario considerar los res-tantes errores, los cuales podemos resumir de la forma siguiente: (1) los primeros cuatro (4) señalamientos imputan error al tribunal de instancia al negarse a permitir que la defensa utilizara el expediente profesional del agente Romero Bonilla para impugnarlo por sus actuaciones como miembro de la Policía, y alegan los acusados que esto procedía pues, durante el interrogatorio directo del fiscal, el agente habló sobre su experiencia en la Policía lo que llevó al juzgador de hechos a darle mayor veracidad a la declaración del agente; (2) el quinto señalamiento de error se dirige a establecer la falta de confiabilidad de la cadena de custodia, y (3) el décimo señala-miento de error plantea que el testimonio del agente Romero Bonilla fue estereoti-pado, carente de toda veracidad.


author: PER curiam:

text:
    Sucn. Manuel Díaz García, Ex parte, peticionaria.

      Número: CE-94-470

      Resuelto: 20 de diciembre de 1994

      Belén M. Guerrero Calderón, de Pérez Orama & Guerrero Cal-derón, abogada de la peticionaria.
   PER curiam:

I — l

Ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, Néstor Mon-serrate presentó una petición para adverar y protocolizar el testamento ológrafo de Manuel Díaz García. Alegó que el causante carecía de herederos forzosos y lo había desig-nado como su único y universal heredero.

Oportunamente, dicho foro celebró la vista en su fondo, a la cual compareció Monserrate a través de su represen-tación legal y el Ministerio Público. Como parte de la prueba, se sometió un informe pericial para establecer que el causante había firmado el testamento ológrafo y la prueba testifical, y varias muestras de unos edictos publi-cados en el periódico. El tribunal (Hon. Rafael E. Castro Pérez, Juez) declaró adverado y legitimado el testamento ológrafo.

En el ínterin, aparentemente desconociendo la existen-cia de dicho testamento ológrafo, Rubén Díaz García, her-mano del causante, fue designado por sus hermanos res-tantes para iniciar las gestiones pertinentes en relación con un testamento abierto que el causante había otorgado previamente. Así las cosas, al comenzar esas gestiones, se enteraron de que no sólo existía un testamento ológrafo, sino que el tribunal había ordenado protocolizarlo.

El 19 de mayo de 1994, los hermanos del causante Díaz García presentaron una solicitud bajo la Regla 49.2 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Alegaron que el Tribunal Superior carecía de jurisdicción para atender el asunto por no haber sido citados. El tribunal denegó ese pedido. Inconformes, acudieron ante nos; mediante una or-den de mostrar causa, evaluamos esa contención.

rH H-1

Procede revocar. El ilustrado tribunal de instancia no podía ordenar la protocolización del testamento ológrafo de Díaz García. Conforme al Art. 642 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2166, dicho foro estaba obligado a constatar que los peticionarios hermanos Díaz García fueran citados personalmente, de forma que pudieran comparecer y pre-senciar las diligencias de adveración y protocolización del testamento ológrafo, y así tener la oportunidad de poder exponer su posición al respecto. Nos explicamos.

En lo pertinente, el Art. 641 del Código Civil dis-pone:

Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el falleci-miento del testador, el Tribunal Superior procederá a su lectura en audiencia pública ... comprobando acto continuo su identi-dad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del testador, y declaren que no abrigan duda racional de hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia del mismo. 31 L.P.R.A. see. 2165.

Y, a renglón seguido, el Art. 642 del Código Civil, .supra, dispone en lo pertinente:

Para la práctica de las diligencias expresadas en la sección anterior, serán citados con la brevedad posible, el cónyuge so-breviviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes legítimos del testador, y en defecto de unos y de otros, los hermanos.
Los citados podrán presenciar la práctica de dichas diligen-cias y hacer en el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre la autenticidad del testamento.

Este último precepto exige, como primera alternativa, la citación personal de los hermanos, aunque sea en defecto de descendientes y ascendientes, para “reconocer que lo allí escrito [en el testamento] es letra y firma del testador, y dado el conocimiento que estas personas tienen del mismo por su próximo grado de parentesco son, sin duda, las más adecuadas para poder aportar datos sobre si la letra corresponde por sus rasgos caligráficos y la firma es la suya habitual; de ahí el derecho que se le reconoce expresamente en la realización del reconocimiento de hacer cuantas observaciones crean oportunas”. (Enfasis suplido.) M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, T. IX, V. 1-A, 1990, pág. 469.

H-H HH Í-H

En el caso de autos, el tribunal actuó sin jurisdicción. No se citó personalmente a los peticionarios para el proce-dimiento de adveración del testamento. La citación me-diante edictos era improcedente en derecho, ya que el peti-cionario Monserrate, heredero designado en el testamento ológrafo, conocía la existencia de esos familiares.

Ciertamente, el Código Civil requiere la presencia de los hermanos del causante en el procedimiento de adveración. La ausencia por falta de trámite de las personas nombradas en el Art. 642 del Código Civil, supra, vicia de nulidad los procedimientos de protocolización, pues afecta la jurisdicción del tribunal. No se cumpliría a cabalidad el propósito de dicho procedimiento si se prescindiese de aquellos parientes cercanos del causante a comparecer y hacer las observaciones oportunas sobre la autenticidad del documento. Recuérdese que los peticionarios tienen un interés especial en participar en el procedimiento de adveración, pues habían sido designados como herederos del causante en un testamento abierto otorgado previamente.

En conclusión, vistas las disposiciones del Código Civil, resolvemos que los procedimientos de adveración y protoco-lización del testamento ológrafo de Díaz García son nulos, pues no se ajustaron a derecho.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Éstos, en ausencia de descendientes y ascendientes, serán los herederos del causante.