source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Isabel Félix Avilés, demandada; Compañía de Fianzas de Puerto Rico, recurrente.

      Número: RE-90-570

      Resuelto: 24 de mayo de 1991

      Jorge Lora Longoria, abogado de la recurrente; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procu-radora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El présente caso nos permite delimitar el alcance de la fianza prestada antes de la convicción para asegurar la comparecencia del imputado de delito cuando en la vista preliminar se determina la inexistencia de causa probable para acusar y el Fiscal no cita al imputado para que comparezca a la celebración de vista prelimi-nar en alzada.

Los hechos

El 8 de diciembre de 1988 se determinó causa probable para el arresto de la Sra. Isabel Félix Avilés por violación a las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, resultante de unos hechos alegadamente ocurridos el 6 de diciem-bre de 1988. () El 8 de diciembre se le fijó a la acusada una fianza ascendente a la suma de tres mil dólares ($3,000). Dicha fianza fue prestada por la recurrente Compañía de Fianzas de Puerto Rico (en adelante Compañía de Fianzas), quien aseguró así la compa-recencia de la acusada al proceso seguido en su contra.

El 26 de enero de 1989 se celebró la vista preliminar a la cual compareció la señora Félix Avilés. En esa ocasión el tribunal determinó que no existía causa probable para presentar acusación contra la imputada. En dicha vista el Ministerio Público no anunció intención alguna de solicitar la celebración de vista preliminar en alzada, por lo que el tribunal de instancia no citó a la imputada para que compareciera a vista ulterior alguna.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó que se celebrara vista preliminar en alzada ante el Tribunal Superior. Para ello presentó Moción sobre Nueva Vista Preliminar de 2 de febrero de 1989. Ese mismo día solicitó que se citara a la imputada. () La citación expedida nunca fue diligenciada en la persona de la imputada. Se celebró la vista preliminar en alzada el 8 de marzo de 1989. La señora Félix Avilés no compareció y, debido a que no hubo constancia de que fuera citada, el tribunal ordenó al alguacil que investigara lo ocurrido con la citación. Al día siguiente el alguacil informó al tribunal que de la orden de citación surgía que la imputada se mudó del lugar donde vivía en el pueblo de Yauco.

Así las cosas, se pospuso la vista para el 31 .de marzo de 1989. Ese día se le informó al tribunal que la señora Félix Avilés se había trasladado a Vieques. En esa vista estuvo presente el Sr. Roberto Rosario Torres, apoderado de la Compañía de Fianzas, quien solicitó del tribunal que se le concediera tiempo para conseguir la dirección .de la acusada en Vieques. Se le concedió hasta el 25 de abril de 1989. En esa ocasión la imputada tampoco compareció, por lo que el tribunal procedió a determinar la existencia de causa probable en su contra por incomparecencia.

El acto de lectura de acusación se celebró el 29 de agosto de 1989. La señora Félix Avilés tampoco fue citada para esa ocasión, por lo que no compareció al mismo. Debido a esta incom-parecencia, instancia dictó orden contra la Compañía de Fianzas para que ésta mostrara causa por la cual no debía ser confiscada la fianza prestada. En la vista celebrada a esos efectos, la Compañía de Fianzas manifestó que no pudo localizar a la imputada debido a que ésta se mudó a Vieques y, posteriormente, abandonó la jurisdicción de Puerto Rico y se trasladó a Estados Unidos. Subsiguientemente, el 2 de febrero de 1990, la Compañía de Fianzas presentó una moción en la que argumentó que la fianza quedó sin efecto o fue cancelada al quedar la imputada en libertad luego de celebrada la vista preliminar original. Argumentó, además, que en los procedimientos posteriores, vista preliminar en alzada y lectura de acusación, el tribunal carecía de jurisdicción sobre la persona de la imputada debido a que ésta no fue citada.

Insatisfecho con las razones y argumentos expuestos por la Compañía de Fianzas, el tribunal dictó sentencia el 14 de agosto de 1990 mediante la cual confiscó la fianza prestada.

De dicha sentencia recurre ante nos la Compañía de Fianzas y alega, en síntesis, que erró el tribunal de instancia al ordenar la confiscación de la fianza y no acoger su reclamo de que la referida fianza quedó extinta al momento en que se determinó la inexis-tencia de causa probable contra la imputada y ésta fue puesta en libertad.

Acordamos revisar y ordenamos al Procurador General que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia recurrida. El Procurador General compareció, por lo que estamos en posición de resolver y así lo hacemos sin ulteriores procedi-mientos.

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Naturaleza y alcance de la fianza prestada antes de que recaiga convicción con relación al proceso de vista preliminar en alzada

A. La vista preliminar en alzada

Una vez se determina en la vista preliminar inicial que no existe causa probable para acusar, el magistrado que preside la vista viene obligado a exonerar a la persona imputada y a ordenar que sea puesta en libertad. Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. “Esta exoneración no es de carácter final ya que ... la determinación de causa probable no se trata de una adjudicación de responsabilidad criminal.” O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Equity Publishing Co., 1990, T. 1, Cap. 15, Sec. 15.9, pág. 386. Véase, además, Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.PR. 653 (1985). La exoneración adjudicada en la vista preliminar inicial al determinarse que no existe causa probable no impide que el Estado pueda continuar el proceso contra el imputado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra. Luego de la vista preliminar inicial, existen procedimientos subsiguientes que son parte integral de la acción penal seguida contra el imputado. Uno de estos procedimientos lo es, la vista preliminar en alzada. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

Cuando en la vista inicial se determina que no existe causa probable para acusar, por disposición expresa de la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el Fiscal puede acudir en alzada ante un magistrado de categoría superior. () Esta segunda vista preliminar, por ser independiente, separada y distinta a la vista inicial, no se considera una apelación. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28, 30 (1984). El derecho a juicio rápido aplica igualmente a esta etapa del proceso penal (Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169-170 (1975)), por lo que hemos resuelto que la vista preliminar en alzada debe celebrarse dentro de un término de sesenta (60) días, contados a partir de la determinación de inexistencia de causa probable o de la determi-nación de causa probable por un delito inferior al imputado hecha en la vista inicial (Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246 (1976)).

En Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 325, resolvimos que “[s]i no se puede citar al acusado por haber éste cambiado su dirección sin informar al tribunal o a su abogado, y el tribunal entiende que hubo una debida diligencia para localizarlo y citarlo, entonces el término de sesenta (60) días para la segunda o subsiguientes vistas comenzará a computarse a partir de la fecha en que el acusado sea efectivamente citado”. El incumplimiento con este término por parte del Ministerio Fúblico traerá como consecuencia el archivo del caso que se siga contra el imputado.

Tomando en consideración que la determinación negativa de causa, probable en la vista preliminar inicial tiene el efecto, aunque no de carácter final, de exonerar y dejar en libertad al imputado de delito, es necesario que éste sea citado previa y adecuadamente para que en la vista en alzada el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre él. Esta citación a la vista preliminar en alzada es requisito indispensable del debido proceso de ley. Pueblo v. Méndez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987). La citación al imputado puede hacerla el tribunal de instancia en corte abierta si, luego de determinarse que no existe causa probable, el Ministerio Fúblico informa en ese momento que habrá de solicitar la celebración de una vista preliminar en alzada. Una vez citado de esta forma, el tribunal conservará su jurisdicción sobre la persona del imputado. En la citación que se haga en corte abierta, el tribunal advertirá al imputado de la intención del Fiscal de acudir en alzada, le indicará que debe asistir a dicha vista posterior y le informará, además, que si no comparece y su ausencia es injusti-ficada, la misma se entenderá como una aceptación a que la vista se celebre en su ausencia. () De no efectuarse esta citación, el tribunal no retendrá su jurisdicción sobre el imputado.

Cuando el Ministerio Público no informe en la vista inicial su intención de acudir a una vista en alzada y la solicite posteriormente, el Fiscal debe actuar con arreglo a lo dispuesto en las Reglas 24(c) y 235 de Procedimiento Criminal, 34 L.PR.A. Ap. II. () La vista en alzada no podrá celebrarse hasta que la citación correspondiente se haya diligenciado de forma adecuada. ()

Debe quedar meridianamente claro que en caso de que el imputado haya sido notificado y citado en corte abierta por el tribunal que celebró la vista preliminar inicial y éste se ausente a la celebración de la vista preliminar en alzada, no significa que el juez que preside la misma tenga facultad para determinar la existencia de causa probable contra dicho imputado por su incomparecencia. En Pueblo v. Méndez Pérez, supra, expresamos inequívocamente que una vez el imputado ha sido advertido e informado por el tribunal de que debe asistir a la vista que ha de celebrarse en alzada, su incomparecencia no será impedimento sino que, por el contrario, “constituirá anuencia a que se celebre la vista en su ausencia”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág. 143. Celebrar la vista en alzada en ausencia del imputado no es sinónimo de determinar la existencia de causa probable por su incomparecencia. Dicha insta debe celebrarse como si el imputado estuviese presente, de acuerdo con lo establecido por las Reglas de Procedimiento Criminal y por nuestra jurisprudencia. De otra parte, si como sucedió en el caso de autos, una vez se determinó inexistencia de causa, a la imputada no se le indicó en la vista preliminar inicial que se acudiría en alzada y no se le ha citado, el tribunal ni siquiera tendría jurisdicción para celebrar la vista preliminar en alzada en su ausencia.

B. La fianza prestada antes de que recaiga convicción

En lo pertinente a la controversia de autos, las Reglas 218 y 219 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, disponen lo siguiente:

REGLA 218. FIANZA Y CONDICIONES, CUANDO SE REQUIERAN; CRITERIOS DE FIJACION; REVISION DE CUANTIA, O CONDICIONES; EN GENERAL
(a) Derecho afianza; quién la admitirá; imposición de condi-ciones. Toda persona arrestada por cualquier delito tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza o bajo las condiciones impuestas de conformidad con el inciso (c) de esta regla, hasta tanto fuere convicta. La fianza, cuando se requiera, podrá ser admitida por cualquier magistrado, quien podrá imponer condiciones en lugar de, o en adición a aquélla. (Enfasis suplido.)
REGLA 219. FIANZA; CONDICIONES; REQUISITOS
(a) Antes de la convicción. Las condiciones impuestas y la fianza .prestada en cualquier momento antes de la convicción garantiza-rán la comparecencia del acusado ante el magistrado o el tribunal correspondiente y su sumisión a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de los mismos, incluyendo el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la comparecencia del acusado a la vista preliminar en los casos apropiados, y que en su defecto los fiadores pagarán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada cantidad de dinero. (Énfasis suplido.)

El contrato de fianza, como el establecido en el caso de autos, es un acuerdo entre el fiador y el Estado mediante el cual el primero se compromete a garantizar la presencia del imputado de delito ante el tribunal que celebra el proceso en su contra. De no cumplir su compromiso, el fiador viene obligado a pagar al Estado la cantidad consignada como fianza. Este contrato es formalizado a tenor con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Criminal referentes a la fianza. () Cuando la Compañía de Fianzas presentó su contrato ante el juez en el tribunal de instancia para la aceptación del mismo, se comprometió a mantener vigente dicha fianza de forma ininterrumpida a través de la duración de todo el proceso penal.

La Regla 227 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, rige el procedimiento a seguir en caso de ser necesario confiscar la fianza prestada. Dicha regla fue enmendada recientemente por la Ley Núm. 55 de 1 de julio de 1988. En su Exposición de Motivos, el legislador plasmó la naturaleza y propósito del contrato de fianza, así como la responsabilidad que asume el fiador ante el Estado. Eñ este sentido, nos señaló lo siguiente:

La función de la fianza es garantizar al Estado la comparecencia del acusado en el proceso judicial. . . .
Admitida la fianza, el fiador se obliga a garantizar la presencia del acusado en el proceso judicial que se sigue en su contra hasta que recaiga una sentencia. La incomparecencia del acusado a una de las etapas del proceso judicial es un quebrantamiento del compromiso hecho con el tribunal por lo que, en ausencia de una justificación razonable, debe ser confiscada la fianza en favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El estado tiene la responsabilidad de mantener la custodia de aquellos que son acusados de transgredir la ley. Sin embargo, ha consentido que el fiador le sustituya cuando éste así lo solicita. Por lo que el incumplimiento del fiado es el incumplimiento de[l] custodio quien debe responder con la garantía ofrecida. (Énfasis suplido.) 1988 Leyes de Puerto Rico 280-281.

Las disposiciones de ley antes citadas no establecen limitaciones a la vigencia de la fianza prestada. Por el contrario, indican que la misma estará en vigor desde que se admita por cualquier magistrado y cubrirá todo el proceso judicial hasta que el mismo culmine con el pronunciamiento y ejecución de la sentencia. Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.RR. 265 (1979). Del contrato de fianza suscrito en este caso en particular tampoco surge limitación alguna. Dicho contrato, en lo pertinente, establece que:

... la FIADORA, por la presente responde de que el susodicho acusado comparecerá a contestar al citado cargo ante cualquier tribunal en que se estuviere sustanciando y de que en todo tiempo estará pronto a acatar las órdenes y providencias del Tribunal, y que comparecerá a la vista preliminar en los casos apropiados, y si fuere declarado culpable, de que comparecerá al pronunciamiento de la sentencia y se someterá a la misma. . . . Apéndice, Exhibit II, pág. 8.

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Aplicación del derecho antes expuesto a los hechos del caso de autos

De lo anterior se colige que el propósito de la imposición de fianza antes de la convicción a un imputado de delito es, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Procedimiento Criminal aplicables, garantizar que, una vez citado adecuadamente, éste comparezca a las diversas etapas del proceso iniciado en su contra.

La fianza así prestada habrá de cobijar al imputado de delito durante todo el proceso penal y hasta que resulte convicto, se pronuncie y ejecute la sentencia en su contra o hasta que el Estado, por motivos procesales o de otra índole, esté impedido de continuar el proceso contra éste. La vista preliminar, en los casos que procede celebrarse, () es una etapa más de ese proceso penal seguido contra el imputado. Igual consideración tiene la vista preliminar celebrada en alzada, procedimiento previamente discutido.

Resolvemos, pues, que la fianza prestada y admitida antes de que recaiga convicción cubre todo el proceso judicial celebrado contra el imputado, incluso el proceso de vista preliminar en alzada, y subsiste hasta que se celebre el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia. El hecho de que la determinación de no causa en la vista preliminar inicial conlleve la exoneración y liberación del imputado, no implica que la fianza se extinga en ese preciso instante. Sencillamente el proceso penal no ha culminado y, luego de seguirse el procedimiento establecido, el imputado puede estar sujeto a cumplir las órdenes del tribunal. La fianza prestada se mantendrá vigente para asegurar la presencia del imputado una vez el Ministerio Público decida continuar el procedimiento penal en su contra y proceda a citarlo. Ello así en virtud del compromiso establecido entre el fiador y el tribunal, regido por lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal.

No obstante lo anterior, en el caso de autos procede revocar la sentencia confiscatoria dictada por el tribunal de instancia contra la Compañía de Fianzas. La confiscación de la fianza obedeció al hecho de la incomparecencia de la imputada al acto de lectura de acusación en su contra así como a la vista preliminar en alzada. El tribunal de instancia responsabilizó a la Compañía de Fianzas por dicha incomparecencia. Sin embargo, la imputada no había sido debidamente notificada de la celebración de los mismos. Según lo dispuesto por nuestra jurisprudencia y por las Reglas de Procedimiento Criminal, el tribunal de instancia carecía de jurisdicción sobre la persona de la imputada Isabel Félix Avilés. Pueblo u Méndez Pérez, supra. Estaba impedido, pues, de celebrar estos procedimientos contra la imputada. () Ambos se celebraron en su ausencia. Por lo tanto, no procedía ordenar la confiscación de la fianza. La imputada no ha violado orden alguna del tribunal. Una vez se determinó en la vista preliminar inicial que no existía causa probable en su contra, ésta fue exonerada y puesta en libertad. A pesar de que existía la posibilidad de que tuviese que asistir a una vista preliminar en alzada, su incomparecencia es atribuible únicamente al hecho de que no se le notificó adecuadamente de la celebración de la misma. Una vez exonerada en la vista preliminar inicial, mientras no sea debidamente notificada, la imputada no viene obligada a compa-recer a procedimiento ulterior alguno ni la fiadora viene obligada a gestionar su comparecencia. Pueblo v. Rivera Colón, supra.

La fianza, prestada para asegurar la comparecencia de la imputada cuando ésta ha sido debidamente citada, subsiste con todo vigor hasta que se pronuncie y ejecute la sentencia en su contra (Pueblo v. Negrón Vázquez, supra), hasta que sea absuelta en los méritos o hasta que el Estado, por motivos procesales o de otra índole, esté impedido de continuar el proceso contra la imputada. La admisión de la fianza no releva al Estado de su deber de notificarle adecuadamente a la imputada de la celebra-ción de la vista preliminar en alzada.

IV

Por todo lo antes expuesto, se expide el recurso de revisión solicitado y se dicta sentencia mediante la cual se revoca la sentencia recurrida emitida por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, el lí de agosto de 1990.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concu-rrente. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre sin opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

A pesar de que el resultado a que se-llega en la opinión mayoritaria emitida en el presente caso es uno correcto, no podemos brindarle nuestra conformidad a la misma. Ello por razón de que la mayor parte de los fundamentos que se aducen, en apoyo del resultado a que se llega, es contradictoria y errónea en derecho.

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Los hechos son de fácil comprensión. Determinada causa probable para arresto contra Isabel Félix Avilés por una supuesta infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, la mencionada ciudadana prestó —a través de documento a esos efectos expedido por la Compañía de Fianzas de Puerto Rico— la fianza de $3,000 que el foro judicial le requiriera para poder permanecer en libertad.

Señalada y celebrada la vista preliminar que contempla el inciso (c) de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.PR.A. Ap. II, el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sección de Vistas Preliminares de Ponce, determinó inexistencia de causa probable. En consecuencia, dicho foro judicial decretó y ordenó —conforme establece la citada Regla 23(c)— la “exoneración” de Isabel Félix Avilés y que ésta fuera “puesta en libertad”.

Inconforme con dicha decisión judicial, el Ministerio Fiscal acudió —acorde establece la Regla 24(c) Procedimiento Criminal, 34 L.PR.A. Ap. II— ante un magistrado del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, en solicitud de una vista preliminar “en alzada”. A pesar de que la señora Félix Avilés nunca fue informada de la acción del Ministerio Fiscal, como tampoco fue nunca citada para la celebración de la vista preliminar “en alzada”, un magistrado del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, determinó la existencia de causa probable en su contra por una supuesta infracción a la mencionada Ley de Sustancias Controladas.

Radicado el correspondiente pliego acusatorio por el Ministe-rio Fiscal, se señaló el acto de lectura de acusación ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce. El mismo no pudo ser llevado a cabo en vista de la “incomparecencia” de la señora Félix Avilés, la cual no había podido ser citada para dicho acto. Ante esta situación, el tribunal de instancia requirió de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico que mostrara causa por la cual no debía proceder a dictar sentencia conñscatoria de la fianza prestada. La Compañía de Fianzas, en la vista a esos efectos celebrada, en adición a manifestar que no había podido localizar a la mencionada ciudadana planteó, como “defensa”, el hecho de que la fianza por ella prestada había quedado extinguida al original-mente determinarse la inexistencia de causa probable y, por ende, la exoneración de la señora Félix Avilés. Ello no obstante, el tribunal de instancia dictó sentencia confiscatoria de la fianza en controversia.

Inconforme, la Compañía de Fianzas de Puerto Rico acudió ante este Tribunal en revisión de la sentencia emitida. Expedimos el auto radicado.

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El Tribunal comienza su exposición, doctrinaria aseverando que, conforme las disposiciones pertinentes de las Reglas de Procedimiento Criminal, “el propósito de la imposición de fianza antes de la convicción a un imputado de delito es . . . garantizar [la comparecencia de éste] a las diversas etapas del proceso iniciado en su contra”. (Énfasis suplido). Opinión mayoritaria, pág. 481.

Por otro lado, la mayoría del Tribunal correctamente reconoce y expone que, al amparo de lo establecido en el inciso (c) de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, ante, la determinación de no causa probable en la vista preliminar inicial tiene la consecuencia inexorable de exonerar al acusado de todo cargo o imputación que pesara en su contra y que, en consecuencia, para que el tribunal pueda tener jurisdicción sobre la persona de éste para posterior-mente poder celebrar, al amparo de lo dispuesto por la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, ante, una vista preliminar “en alza-da”, dicha persona tiene que obligatoriamente ser citada para la misma.

La Mayoría, sin embargo, incorrectamente expresa y resuelve que el “hecho de que la determinación de no causa en la vista preliminar inicial conlleve la exoneración y liberación del impu-tado, no implica que la fianza se extinga en ese preciso instante”, ello en vista de que “[sjencillamente el proceso penal no ha culminado y, luego de seguirse el procedimiento establecido [(ser citado)], el imputado puede estar sujeto a cumplir las órdenes del tribunal”. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 482.

Finalmente, la Mayoría resuelve que procede la revocación de la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, decretó la confiscación de la fianza que había prestado la Compañía de Fianzas de Puerto Rico a favor de la Sra. Isabel Félix Avilés.

Como fundamento en apoyo de dicha correcta conclusión, la Mayoría innecesariamente aduce — dados los hechos particula-res de este caso, en específico, en virtud de la determinación de inexistencia de causa en la vista 'preliminar inicial— que el tribunal de instancia, al determinar causa probable contra la referida ciudadana en la “vista” preliminar “en alzada”, carecía de jurisdicción sobre la persona de la “imputada” Félix Avilés por razón de que la misma no había sido citada para dicha vista “en alzada”.

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Las contradicciones en que incurre y los errores que comete la Mayoría del Tribunal resultan ser obvios.

Establece el inciso (c) de la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Criminal, ante, según la misma ha sido enmenda-da,() que:

(c) Procedimiento durante la vista. Si la persona compareciere a la vista preliminar y no renunciare a ella, el magistrado deberá oír la prueba. La vista será privada a menos que al comenzar la misma la persona solicitare que fuere pública. La persona podrá contrainterrogar a los testigos en su contra y ofrecer prueba en su favor. El fiscal podrá estar presente en la vista y podrá también interrogar y contrainterrogar a todos los testigos y ofrecer otra prueba. Al ser requerido para ello el fiscal pondrá a disposición de la persona las declaraciones juradas que tuviere en su poder de los testigos que haya puesto a declarar en la vista. Si a juicio del magistrado la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo cometió, el magistrado detendrá inmediatamente a la persona para que res-ponda por la comisión de un delito ante la sección y sala correspon-diente del Tribunal de Primera Instancia; de lo contrario exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad. El magistrado podrá mantener en libertad a la persona bajo la misma fianza, condiciones o ambas que le hubiere impuesto un magistrado al ser arrestada, alterar las mismas o imponer una fianza o condición de acuerdo con la Regla 218(c) si ésta no se le hubiese impuesto, y si a juicio del magistrado ello fuere necesario. No obstante lo anterior el magistrado no podrá alterar la fianza fijada o condición impuesta por un magistrado de categoría superior, a menos que en la vista preliminar se determine causa probable por un delito inferior al que originalmente se le imputó a la persona. Después de que terminare el procedimiento ante él, el magistrado remitirá inmediatamente a la secretaría de la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia .todo el expediente relacionado con dicho proce-dimiento, incluyendo cualquier fianza prestada. En el expediente se hará constar la fecha y el sitio de la vista preliminar, las personas que a ella comparecieron y la determinación del magistrado. (Énfasis suplido.)

Como podemos notar, el transcrito inciso (c) de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, ante, básicamente contempla dos situa-ciones, o determinaciones, por parte del magistrado que preside la vista preliminar: (1) determinación de causa por determinado delito —el cual puede ser el mismo delito grave por el cual originalmente se determinó causa probable para arresto, otro delito grave distinto al imputado originalmente o por un delito menor incluido— y (2) la determinación de inexistencia de causa probable para acusar, esto es, por “ningún” delito.

En la primera de ellas, una vez el magistrado determina causa por un delito en particular, procede la “detención” del imputado para que responda por dicho delito ante la sección y sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia. A todos los fines jurídicos, esta determinación de causa probable bajo la Regla 23(c), ante, suplanta totalmente la determinación que originalmente se hiciera en la vista de “causa probable para arresto”. Es precisamente debido a ello que el magistrado está autorizado: (1) a ratificar la fianza que originalmente le fuera fijada al imputado o (2) a alterar la misma, ya fuere aumentado la cuantía de la fianza, ya imponiendo una de las condiciones contempladas en la Regla 218(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.PR.A. Ap. II, o ya reduciendo la cuantía de la fianza o eliminando una condición anteriormente impuesta, ello excepto en la situación expresamente prohibida por la citada Regla 23(c). ()

En la segunda de las situaciones contempladas, esto es, en la que el magistrado determina inexistencia total de causa probable, la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, ante, específicamente dispone, en términos genéricos, que en dicha situación se “exo-nerará a la persona y [se] ordenará que sea puesta en libertad”. Dicha oración es de particular y singular importancia. Debe mantenerse presente que la misma contempla e incluye dos situaciones distintas: (1) la del imputado que comparece a la vista todavía bajo custodia, por no haber podido prestar la fianza, y (2) la del imputado en libertad bajo fianza. En relación con ambas situaciones, repetimos, la Regla 218(c) de Procedimiento Criminal, ante, establece, como consecuencia de la determinación de inexistencia de causa, que el magistrado lo “exonerará” y “orde-nará que [dicha persona] sea puesta en libertad”. (Énfasis supli-do.)

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, específicamente respecto a un imputado de delito que comparece a la vista preliminar estando en libertad bajo fianza, dicha disposición no puede tener otra consecuencia que no sea que la fianza, bajo la cual dicho imputado hasta ese momento se encon-traba en la libre comunidad, queda automáticamente cancelada o extinguida. En otras palabras, al ordenarse la “libertad” de la persona se está decretando la libertad incondicional de la misma.

Así es que, correcta y tradicionalmente, se han interpretado las transcritas disposiciones de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal a través de los años. Evidencia fehaciente de ello lo constituye lo expuesto en la publicación, intitulada El Derecho a la Fianza en Puerto Rico (Taller de Reglas de Procedimiento Criminal. Documento de Trabajo: La Fianza), realizada por el Secretariado de la Conferencia Judicial de este Tribunal Supremo en 1989.

Luego de hacer una relación de las enmiendas de que habían sido objeto las Reglas de Procedimiento Criminal relativas a la materia de la fianza hasta el mencionado año de 1989, el Secreta-riado énumera, y describe, otros proyectos de ley, relativos a la fianza, que fueron radicados durante la “década de los ochenta” y que no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

En relación a ello, copiamos literalmente lo expresado por el Secretariado en dicha ocasión.

III. OTRA LEGISLACION PROPUESTA DURANTE LA DE-CADA DE LOS 80
A continuación se hace mención de algunas medidas propuestas durante la década del 80, en relación con la materia de la fianza.
Estas medidas fueron presentadas para consideración, tanto de la Cámara de Representantes como de el Senado, y aunque no fueron aprobadas, permiten detectar tendencias y visiones filosóficas en relación con este asunto.
4. Por otro lado, en el año de 1984, se presentó el proyecto del Senado 1118, cuyo objetivo era enmendar las Reglas de Procedi-miento Criminal de 1963, para evitar la cancelación de la fianza hasta tanto no transcurra el término para revisar la determina-ción de no causa probable.
5. En el año de 1985, se presenta el Proyecto del Senado 0146/PC 209, el cual tiene el propósito de enmendar las Reglas 23 y 219 de Procedimiento Criminal, para ordenar que se mantenga vigente la fianza por el término que tiene el fiscal para revisar la determi-nación de no causa probable o causa probable por un delito inferior al imputado. Este proyecto es análogo al Proyecto 1118 de 1984. La situación que pretende remediar es obvia, toda vez que al no determinarse causa se puede retirar la fianza y el acusado queda en libertad sin más restricción. El fiscal cuenta con un período de sesenta (60) días para ir en alzada, en cuyo caso no hay nada que garantice la comparecencia del acusado a los procedimientos pos-teriores en caso de que se determine causa en alzada. (Énfasis suplido.) El Derecho a la Fianza en Puerto Rico, ante, págs. 22-25.

No debe haber la menor duda, en consecuencia, de que determinada la inexistencia de causa probable en la vista preli-minar que se celebra al amparo de las disposiciones de. la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, ante, no sólo procede que se decrete la “exoneración y libertad” de dicho ciudadano, sino que la cancelación de la fianza bajo la cual el imputado se encontraba en “libertad condicionada”, quedando el mismo incondicionalmente en libertad sin ninguna clase de “atadura”.

Ello no obstante, nuestro ordenamiento jurídico le concede al Estado una segunda y última() oportunidad para demostrar que cuenta con suficiente prueba para procesar criminalmente a dicho ciudadano. Esa oportunidad se la brinda el Estado a través de las disposiciones de la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, ante, la cual dispone que:

(c) Efectos de la determinación de no haber causa probable. Si luego de la vista preliminar, en los casos en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la determinación fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. (Enfasis suplido.)

Como correctamente se señala en la opinión mayoritaria, hemos expresado que esta “segunda vista preliminar no es una apelación sino que es vista independiente, separada, y distinta . . .”. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237, 239 (1968). Véanse, además: Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984); Pueblo v. Méndez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987).

Hemos, adicionalmente, resuelto que la persona que fue “exonerada”, y cuya “libertad” fue ordenada, como consecuencia de .la determinación de inexistencia de causa probable que hiciera el magistrado que presidió la vista preliminar iniciaí, tiene, por imperativo del debido procedimiento de ley, que ser debidamente citada para la celebración de esta segunda vista preliminar. Pueblo v. Méndez Pérez, ante.

A esos efectos hemos decidido que si, luego de que se haya decretado por el magistrado la inexistencia de causa probable, el fiscal inmediatamente informa de su intención y propósito de acudir “en alzada”, bajo las disposiciones de la citada Regla 24(c), ante un magistrado del Tribunal Superior, el tribunal podrá en ese momento citar al ciudadano para la referida “vista en alzada” y que esa citación cumple con el requisito constitucional de debido proceso de ley. Pueblo v. Méndez Pérez, ante.

El único efecto que tiene esta “citación” así realizada, sin embargo, es el de hacer innecesaria la posterior emisión de una citación oficial —y su diligenciamiento— por parte del Tribunal Superior luego de que el fiscal radique su escrito ante dicha Sección en solicitud de la “segunda” vista preliminar que contem-pla la Regla 24(c), ante. Ello no tiene el efecto, como parece sostener la mayoría del Tribunal, de hacer que permanezca vigente la fianza bajo la cual disfrutaba de libertad condicional el ciudadano.

Si ello fuera como sostiene la mayoría del Tribunal, esto es, que la fianza continúa vigente, no habría razón alguna para excarcelar a aquel imputado de delito que compareció a la vista preliminar todavía bajo custodia por no haber podido prestar la fianza exigídale, y que, luego de ser exonerado en la vista preliminar, el fiscal anuncia su intención de ir en alzada ante un magistrado del Tribunal Superior. Ello así, por cuanto “la exone-ración y decreto de libertad”, consecuencia de la determinación de inexistencia de causa, tiene que tener el mismo significado y. efecto jurídico para ambos: para el que está bajo custodia, su libertad física absoluta, y para el que está en libertad bajo fianza, su libertad incondicional.

Habiendo quedado extinguida o cancelada, ipso facto, la fianza que prestara la Compañía de Fianzas de Puerto Rico a favor de Isabel Félix Avilés, en el momento en que el magistrado determinó inexistencia de causa y ordenó su “exoneración y libertad” en la vista preliminar inicial, resulta innecesario y superfino el señalamiento —técnicamente correcto, dicho sea de paso— que hace la mayoría del Tribunal a los efectos de que el foro de instancia actuó sin jurisdicción al determinar causa probable en la “vista preliminar en alzada”.

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No obstante los erróneos fundamentos aducidos por la mayo-ría del Tribunal en apoyo de la Opinión y Sentencia emitida, no hay duda de que procede la revocación de la sentencia mediante la cual el tribunal de instancia ordenó la confiscación de la fianza prestada por la Compañía de Fianzas de Puerto Rico en el presente caso. Ello, por el fundamento de que habiéndose decre-tado lá inexistencia de causa probable en la vista preliminar inicial, la fianza prestada por dicha Compañía quedó cancelada. Es por ello que concurrimos con el resultado.

      (1) Además de los cargos presentados contra la señora Félix Avilés, el Ministerio Público presentó cargos idénticos contra los Sres. Pablo Roura Torres, Luis M. Díaz Figueroa y Jaime Pagan.

      (2) Solicitó igualmente que se citara a los demás imputados en el caso.

      (3) La Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone lo siguiente:

        “REGLA U- PROCEDIMIENTOS POSTERIORES

      “(e) Efectos de la determinación de no haber causa probable. Si luego de la vista preliminar, en los casos en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la determinación fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.”

      (4) Si el imputado es citado en conformidad con lo antes expuesto, debido a que ha sido apercibido de que el Fiscal tiene la intención de continuar los procedimientos ulteriores en su contra, podría justificarse que se le imponga la obligación de informar al tribunal sobre cualquier cambio en su dirección. Pueblo v. Méndez Pérez, 120 D.ER. 137 (1987).

      (5) La Regla 235 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece el trámite a seguir para expedir citaciones a imputados o testigos con el fin de que comparezcan ante el Fiscal o ante el tribunal para la celebración de cualquier procedimiento pendiente de vista o para el acto del juicio.

      (6) Para una exposición más detallada con relación a lo antes discutido, véase Pueblo v. Méndez Pérez, supra.

      (7) Véase 34 L.P.R.A. Ap. II, Rs. 218-228. Para los casos de fianza en apelación, véase 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 198.

      (8) A estos efectos véase lo dispuesto en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.RA. Ap. II, según enmendada. La reciente Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de 1990 enmendó nuevamente el inciso (a) de la Regla 23, supra, a los fines de garantizar a todo imputado de delito grave la celebración de una vista preliminar.
      Se deja así sin efecto la enmienda introducida por la Ley Núm: 29 de 19 de junio de 1987, que tuvo el propósito de limitar la celebración de la vista preliminar a tres (3) situaciones en particular: (a) cuando el magistrado que determinó causa probable para arrestar no examinó a ningún testigo con conocimiento personal de los hechos; (6) cuando el imputado no estuvo presente en la determinación inicial de causa probable, o (c) cuando el imputado estuvo presente en la determinación inicial de causa probable pero no estuvo acompañado de abogado.

      (9) La solicitud de vista preliminar en alzada fue hecha dentro del término establecido de sesenta (60) días. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987). Sin embargo, la señora Félix Avilés no fue informada, apercibida ni notificada de la solicitud para celebrar dicha vista. Reglas 24(c) y 235 de Procedimiento Criminal, supra. La imputada no estaba obligada a mantener al tribunal informado sobre cambios en su dirección. Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág. 143. El tribunal de instancia no podía, ante estas circunstancias, celebrar la vista en alzada.
      Debido a que la vista preliminar en alzada fue solicitada oportunamente, el diligenciamiento negativo de la citación a la imputada tendrá el efecto de interrumpir el término de sesenta (60) días para celebrar la misma, únicamente si el Fiscal demuestra que existe justa causa para no haber diligenciado la citación o que la demora es imputable a la acusada o fue consentida por ésta. Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 325; Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág. 144. De no poderse probar lo antes señalado, transcurrido el término de sesenta (60) días para celebrar la vista preliminar en alzada, carecerá el tribunal de jurisdicción, por lo que la vista no podrá celebrarse. Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág. 144.

      (1) Enmendada el 5 de junio de 1986, Art. 3 de la Ley Núm. 39 (1986 Leyes de Puerto Rico 104); el 19 de junio de 1987, Art. 6 de la Ley Núm. 29 (1987 Leyes de Puerto Rico 98), ef. 60 dias después de 19 de junio de 1987.

      (2) Esto es, en la situación en que el magistrado que originalmente fijó la fianza, en la determinación de causa probable para arresto, lo fue un “magistrado de categoría superior” al que preside la vista preliminar y este último determina causa probable por el delito originalmente imputado al acusado.

      (3) Véase, a esos efectos, Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28, 30 (1984).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Julia Fernández Vda. de Alonso, demandante, José J. Alonso Morales y otros, interventores, v. Leticia Cruz Batiz y otros, demandados; S.M.A. Life Assurance Company, tercero demandante, v. Ponce Federal Bank, F.S.B., tercero demandado, y Leticia Cruz Batiz, peticionaria.

      Número: CE-90-842

      Resuelto: 6 de junio de 1991

      Waldemar Del Valle Armstrong, abogado de la peticionaria; Félix A. Toro, Jr., abogado del tercero demandado; Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar y Miguel A. Santana Bagur, Subprocurador General Interino, abogados de la Procura-dora Especial de Relaciones de Familia en comparecencia especial.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

r-H

El Ponce Federal Bank adquirió de State Mutual Life Assurance Co. of America (S.M.A.) una póliza que aseguró la vida de José J. Alonso Fernández, ejecutivo de dicha institución. Originalmente éste designó beneficiaría a su madre Julia Fernández Vda. de Alonso. Sin embargo, después la sustituyó por su esposa Leticia Cruz Batiz.

. Al morir Alonso Fernández, su madre presentó demanda en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, contra la nueva beneficiaría y la S.M.A. Alegó que el cambio era nulo e inexistente. () Subsiguientemente, tres (3) hijos mayores de un matrimonio anterior de Alonso Fernández (Luis A., José J. y Odette A., de apellidos Alonso Morales) intervinieron en el litigio como codemandantes.

Tras numerosos incidentes, el tribunal de instancia (Hon. Luis Muñiz Argüelles, Juez) dictó sentencia parcial en la cual aceptó el desistimiento con perjuicio de la demandante e interventores contra Leticia Cruz Batiz y S.M.A. No obstante, el pleito continuó en torno a si el monto de la póliza formaba parte del caudal relicto de Alonso Fernández. De ser en la afirmativa, los intereses de la demandada Cruz Batiz estarían encontrados con los de las dos hijas (Mitzalyn A. y Layzalís, de apellidos Alonso Cruz), habidas en el matrimonio entre ella y el causante.

Oportunamente, dicho foro determinó que la póliza formaba parte del caudal relicto. En su dictamen reconoció que, si bien anteriormente el Art. 338 del Código de Comercio disponía lo contrario —e igualmente nuestra casuística— el Art. 11.300 del Código de Seguros, 26 L.ER.A. see. 1130, eliminó de su texto \a protección del beneficiario contra reclamaciones de los herederos. Interpretó esa omisión como una clara intención legislativa de no salvaguardar al beneficiario contra los reclamos de los herederos, lo que a su juicio tenía también apoyo en nuestra doctrina civilista.

A solicitud de la beneficiaría Cruz Batiz, revisamos. En síntesis, nos argumenta que el Código de Seguros es una ley especial cuyo propósito es permitir la libre disposición del pro-ducto de una póliza de seguro de vida. Aduce que dicho Código ampara al beneficiario de las reclamaciones de los herederos y que igual tratamiento provee la Ley de Contribuciones sobre Cauda-les Relictos. Procede revocar.

I — I J — I

Antes de la aprobación del Código de Seguros, la norma vigente en cuanto a las pólizas de seguros de vida estaba recogida en el Art. 338 del Código de Comercio. Disponía:

Las cantidades que el asegurador debe entregar a la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta a[u]n contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acree-dores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla. (Énfasis suplido.) Código de Comercio de Puerto Rico, San Juan, Ed. Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1932, Art. 338, pág. 108.

Dicho artículo fue derogado por el Art. 11.330 del Código de Seguros, que en lo pertinente establece que “[e]l beneficiario, cesionario o tenedor legal de una póliza de seguro de vida . . . tendrá derecho a los beneficios y ventajas de la póliza, contra los acreedores y representantes del asegurado y de la persona que efectuare el seguro . . .”. (Énfasis suplido.) 26 L.ER.A. see. 1133.

Coincidimos con el foro de instancia en que el Código de Seguros no dispuso taxativamente que el beneficiario de la póliza estaba protegido de las reclamaciones de los herederos legítimos. También, que nuestro Código Civil establece “normas del más alto orden público en protección de los herederos forzosos”. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que la norma anteriormente sentada por el Código de Comercio y la jurispru-dencia interpretativa del mismo inmunizaba al beneficiario de este tipo de reclamaciones de los herederos forzosos. Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34 (1921); Espósito v. Guzmán, 45 D.P.R. 796 (1933); Asociación de Maestros v. Corte, 66 D.P.R. 705 (1946). En consecuencia, resolvemos que el legislador —al no disponer expresamente lo contrario— quiso mantener la interpretación-prevaleciente.

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Esta decisión armoniza con la naturaleza del derecho concernido. El beneficiario de una póliza de seguro de vida adquiere un derecho propio que no es derivado del derecho del tomador del seguro. J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 8va ed. rev., Madrid, Ed. Aguirre, 1983, T. II, pág. 360. En ese sentido, “[e]l beneficiario ocupa en estos seguros una posición jurídica singular, sobre la cual discute vivamente la doctrina. No es parte en el contrato, pero adquiere derechos propios, nacidos del contrato mismo y no derivados del contratante que le designó”. (Énfasis suplido.) R. Uría, Derecho Mercantil, 4ta ed., Madrid, Imp. Aguirre, 1964, pág. 561. Así concebido, forzosa es la conclusión de que el monto de la póliza no es parte del caudal relicto, ya que el mismo no proviene de los “bienes, derechos y obligaciones” del causante —Art. 608 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 2090— sino de un negocio jurídico independiente que confiere unos derechos particulares distintos a los reconocidos por el derecho sucesoral a los herederos legítimos del causante.

El Prof. E. González Tejera —Derecho. Sucesorio Puertorri-queño, San Juan, Ramallo Bros. Printing, 1983, Vol. I, pág. 256— coincide con esta visión: “Como podrá observarse, el Código de Seguros no altera en forma alguna la norma que prevalecía tanto en el Código de Comercio de 1886 como en el Código de Comercio de 1932. El beneficiario continúa siendo la figura central en el pago de la póliza. No distingue la nueva redacción de la norma, si las primas se pagan con bienes gananciales o no,“o' si la póliza se obtuvo en detrimento de los derechos de los acreedo-res generales del asegurado.” (Enfasis suplido.)

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia revocatoria.

      (1) Posteriormente, State Mutual Life Assurance Co. of America (S.M.A.) presentó demanda de tercero contra el Ponce Federal Bank y, además, demanda de coparte contra Leticia Cruz Batiz.


author: EL Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Arnaldo Sánchez Soto et al., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados y recurridos.

      Número: RE-88-474

      Resuelto: 7 de junio de 1991

      Ciro A Betancourt, abogado de los recurrentes; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Miriam Alvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   EL Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de mayo de 1984 Concepción Rosa Serrano —agente investigador del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de la Policía, con más de catorce (14) años de experiencia— terminó de trabajar a las 8:00 p.m. Accedió a una invitación para jugar dominó. Durante el juego conoció a Juan Romero, quien lo invitó a cenar. Ambos llegaron al restaurante La Tasqueña alrededor de la medianoche. Pidieron unos tragos y algo de comer.

Subsiguientemente, el agente Rosa Serrano se levantó de la mesa y se dirigió al baño para cambiar el revólver Magnum 357 de una cartera a su cintura. Lo hizo para tenerlo más accesible por temor a ser allí reconocido, ya que había realizado antes en el área varias investigaciones y arrestos. Pasó frente a la mesa en que estaban Arnaldo Sánchez Soto y el joven Miguel Girau. En el trayecto sacó el arma y, para examinarla, abrió la recámara o “masa”. Al hacerlo, se disparó e hirió a Sánchez Soto. Aun cuando Rosa Serrano fue advertido de lo sucedido, en la confusión del momento no vio señales de la herida y se marchó del lugar.

Ninguno de estos protagonistas se conocía. Tampoco entre ellos —o terceros— había ocurrido incidente o altercado alguno; claro está, hasta el momento de la detonación.

Por estos hechos Sánchez Soto, su esposa y varios familiares demandaron al Estado Libre Asociado y al agente Rosa Serrano en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Estos negaron respon-sabilidad.

Luego de varios trámites, dicho foro (Hon. Zulma Zayas Puig, Juez) dñucidó inicialmente el aspecto de responsabilidad. Previa vista evidenciaría, concluyó que la decisión de Rosa Serrano de cambiar el arma de la cartera a la cintura fue motivada por “el temor de ser reconocido” (Apéndice, pág. 16), pues había realizado antes en el área varias investigaciones y arrestos. A juicio suyo, ello constituyó un “móvil puramente personal”. Id., pág. 18. En consecuencia, eximió al Estado de responsabilidad a base de que el agente Rosa Serrano no actuó en el cumplimiento de sus funciones como policía, según requerido por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. see. 3077 et seq., y el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5142.

A solicitud de Sánchez Soto et al., revisamos.

I — i

Incidió la ilustrada sala sentenciadora. ()

De ordinario, la obligación de reparar un daño dimana de un hecho propio. Art. 1802 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 5141. Por excepción, hay responsabilidad por actos ajenos si existe un nexo jurídico previo entre el causante del daño y el que viene obligado a repararlo. Art. 1803 del Código Civil, supra. () Vélez Colón v. Iglesia Católica, 105 D.ER. 123, 127 (1976).

La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado configura esta última situación. Mediante la misma, éste renunció a la inmunidad de ser demandado por los daños “causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”. (Énfasis suplido.) 32 L.ER.A. see. 3077.

Analicemos, pues, en el contexto de los hechos peculiares ante nos, si el agente Rosa Serrano actuó en su “capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo”.

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De entrada, es claro que la actuación generadora del daño ha de tener “alguna relación con la gestión encomendada al empleado y no [puede] respond[er] exclusivamente a motivos personales de éste”. (Énfasis suplido.) Baralt et al. v. ELA, 83 D.P.R. 277, 280 (1961). Es preciso, por lo tanto, examinar los deberes y atribuciones de los miembros de la Policía.

El Art. 3 de la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974 —Ley Núm. 26 del 22 de agosto de 1974— dispone:

Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará “Policía de Puerto Rico” y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas muni-cipales, y reglamentos que conforme a ésta se promulguen. (Énfa-sis suplido.) 25 L.ER.A. see. 1003.

Más adelante, su Art. 18(g) prescribe:

Los miembros de la Policía conservarán su condición de tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado, aun cuando estuvieren libres. A esos efectos tendrán todos los deberes y atribuciones que por este Capítulo se imponen a los miembros de la Policía. (Énfasis suplido.) 25 L.PR.A. see. 1018.

Estas disposiciones encarnan, en síntesis, la política pública gubernamental, relativa a la Policía del país. Ya sea durante un horario regular como fuera del mismo, éstas ininterrumpida-mente conservan esa condición. Ortiz Andújar v. E.L.A., 122. D.P.R. 817 (1988). No podría ser de otro modo. Y es que el crimen no tiene horario específico. Para conjurarlo, el Estado le exige al policía que esté siempre armado.

La portación y el uso del arma de fuego están regulados por el Manual sobre Uso y Manejo de Armas de Fuego de la Policía de Puerto Rico, Revisión de 1987, Cap. II F, págs. 4-5. En lo pertinente, dispone:

2. Por razones de seguridad, comodidad y conservación el revól-ver se llevará siempre en su funda o vaqueta. No se llevará nunca en el bolsillo del pantalón, ni en la cintura por dentro de la correa sin funda o vaqueta.
5. Los miembros de la Fuerza portarán el arma de reglamento en todo momento, a[u]n cuando estén fuera de servicio .... (Enfasis suplido.) Anejo I, págs. 8-9.

Apliquemos estas disposiciones a los hechos ante nos.

Primero, surge que el agente Rosa Serrano portaba lícita-mente su revólver por imperativo estatutario y reglamentario. En este extremo actuaba dentro del marco de sus funciones oficiales.

Segundo, conforme el propio tribunal de instancia —aunque dicho agente no fue advertido de la presencia de un sospechoso— el agente actuó motivado por el temor de ser reconocido. Esta determinación es crucial y determinante.

La obligación de los policías de prevenir el crimen no excluye los actos criminales contra su propia persona o propiedad. Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518 (1980). Lo contrario resultaría en la anomalía de que el policía tendría el deber de defender las vidas de sus semejantes, pero no la suya. El policía, al igual que los demás ciudadanos, tiene el derecho a convivir con su prójimo en paz, sin que impunemente se cometan en su contra actos delictivos.

Tercero, la circunstancia de que su actuación fuera también, y redundara, en un beneficio personal, no exonera al Estado de responsabilidad. “Si bien sus motivos pudieron ser combinados, si su actuación en parte cumplió con los fines de su empleo, su negligencia . . . debe imputarse a su patrono.” (Énfasis suplido.) Lloréns v. Lazada, 73 D.P.R. 271, 276 (1952). No podemos refrendar el argumento del Estado de que no es responsable debido a que el temor del agente Rosa Serrano fue consecuencia directa de haberse ubicado voluntariamente —sin serle oficialmente requerido— en un lugar donde era susceptible de ser atacado. Esa conclusión significaría limitarle —a priori— a los miembros de la Policía su libertad de movimiento.

Tampoco tiene el Estado razón al argumentar que Rosa Serrano “obró incorrectamente y contrario a la reglamentación específica sobre armas de fuego, por lo que no se justifica que el Estado responda por los daños ocasionados por su actuación ultra vires”. Informe Procurador General, pág. 12. Ciertamente esa inobservancia reglamentaria forma parte del cuadro de negligen-cia. Es obvio que de haber cargado el arma en la funda o vaqueta —tal y como lo dispone el referido manual — () no hubiese tenido necesidad de cambiarla.

No existe controversia en cuanto a que al hacerlo fue negligente. Así lo acepta el Procurador General. Que actuara en una forma expresamente prohibida por su principal no libera de responsabilidad. “Precisamente la existencia de responsabñidad de un patrono, en cuanto al pago de daños y perjuicios en virtud de la actuación de un agente, está predicada en la culpa o negligencia del agente. Por cmtodefinición, la culpa o negligencia del agente, creadora de responsabilidad patronal, conlleva una actuación injustificada y contraria a las normas legales .... Naturalmente, bajo determinadas circunstancias, la actuación delictiva, excesiva o innecesaria puede ser un factor relevante en la comprobación de si el agente ha actuado o no dentro de los límites de sus funciones. Pero no es un factor único y exclusivamente decisivo. Si el acto delictivo o el despliegue de violencia excesiva se lleva a cabo como un incidente de la protección de los intereses del patrono y no en protección de los intereses perso- nales del agente, el patrono sería entonces responsable.” (Énfasis suplido.) Rodríguez v. Pueblo, 75 D.P.R. 401, 409-410 (1953).

Si la actuación negligente de un policía —en violación de sus deberes— fuese suficiente para exonerar al Estado, éste sería virtualmente inmune. () En el caso de autos, la conducta de Rosa Serrano, en contravención a los deberes y obligaciones impuestas por ley y reglamento, conlleva responsabilidad. Indirecta pero suficientemente, su conducta estuvo relacionada con la realización del interés mayor del Estado, como patrono de la fuerza policial, en prevenir el crimen.

Aunque técnicamente fuera de servicio, el [agente] cumplía con una función que le fue específicamente impuesta por la ciudad —portar el arma de reglamento— y la realización de ese requisito, aunque negligente, adelantaba los intereses de su patrono. Conclui-mos que existe responsabilidad [por la herida causada al dispararse su revólver al caer al pavimento]. Resolver lo contrario impondría a las víctimas inocentes los daños asociados con la reglamentación que impuso en los agentes un arma de fuego a toda hora. Esa regla-mentación es para beneficio del público; por ende es razonable que el público, a través del gobierno, asuma la carga monetaria que ello genera en víctimas inocentes. (Traducción nuestra.) District of Columbia v. Davis, 386 A.2d 1195, 1204-1205 (1978).

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Aclaramos no obstante, que el deber reglamentario de portar su arma en todo momento, por sí solo, no es suficiente para imponerle responsabilidad al Estado en toda situación imaginable. La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado no visualiza esa responsabilidad absoluta. E.L.A. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 524, 531 (1970). Habrá responsabilidad si se establece suficiente nexo jurídico entre la actuación negligente del policía y los intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o implícitas.

El criterio decisorio no es si el policía estaba en sus horas de trabajo o franco de servicio, como tampoco el hecho de que la ley disponga que los policías conservan esa condición en todo mo-mento. “[E]n este campo del derecho, las diferencias en los conceptos pueden ser sutiles y de difícil aplicación en la práctica. Se trata más bien de una cuestión de grado, cuya solución depende de distintos factores, tales como la gravedad de la actuación, los móviles del agente, la ocasión inmediata de la actuación y la naturaleza de la conexión entre el hecho ilícito y la encomienda del agente.” Rodríguez v. Pueblo, supra, págs. 410-411.

Se dictará sentencia a los fines de imponer también respon-sabilidad al Estado Libre Asociado.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Examinada la transcripción de la evidencia de la vista en su fondo en el caso de epígrafe, y convencidos de que el Tribunal Superior realizó una correcta apreciación de la prueba, disentimos de la opinión del Tribunal. En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, tanto al evaluar como al aquilatar la prueba presentada ante el tribunal a quo, procedía que confirmáramos su dictamen el cual desestimó la demanda. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Sánchez Rodriguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985).

Surge de la transcripción que hubo dos (2) versiones conflic-tivas y que, después de dirimir credibilidad, el Tribunal Superior creyó la versión expuesta por el demandante. En sus determina-ciones, el foro de instancia expresamente concluyó que no le mereció credibilidad alguna el testimonio prestado por el agente Rosa Serrano y que éste decidió sacar el revólver de una bolsa para colocarlo en la cintura. Sentencia, pág. 5. Evaluados los testimonios tanto de la parte demandante como del policía, el tribunal concluyó que la negligencia del agente Rosa no era imputable al Estado porque, cuando ocurrieron los hechos, el policía no estaba actuando en beneficio del Estado:

En el caso ante nos, el policía Rosa Serrano no estaba realizando gestiones en beneficio de su patrono. El estaba actuando a base de un móvil puramente personal. No hubo prueba, que mereciera nuestra credibilidad, para concluir que el agente entendía [que] estaba protegiendo los intereses sociales de la comunidad. Tampoco hubo la más mínima prueba de que hubiese surgido algún problema que justificase la intervención del señor Rosa Serrano en su carácter .de oficial de la policía. Bajo estas circunstancias no podemos imponer responsabilidad al Estado Libre Asociado, mucho más aún, cuando no se ha traído prueba alguna sobre negligencia de éste como patrono, al faltar a un deber de adiestramiento o vigilancia de los empleados. Sentencia, pág. 7.

La transcripción de la prueba lo que realmente revela es que el día de los sucesos el agente Rosa Serrano terminó su turno de trabajo a las 8:00 de la noche y se fue con unos amigos a jugar dominó. Alrededor de la medianoche se fueron a comer al restaurante “La Tasqueña”. Allí se sentaron en una mesa y conversaron. Mientras estuvo en el lugar, el único incidente que ocurrió fue el disparo accidental de su revólver. El foro de instancia no le creyó respecto a que había un sospechoso en el lugar. De la transcripción no se desprende que hubiese ningún motivo fundado para que el agente tuviese que hacer uso de su arma de fuego o que él expresa o implícitamente estuviera en funciones de su trabajo. Su presencia en el lugar no era con propósitos investigativos y en ningún momento tuvo que interve-nir para evitar la comisión de un acto delictivo.

De hecho, de la transcripción no se desprende que al ocurrir el accidente el agente se identificara y auxiliara al herido. Todo lo contrario, esperó unos momentos, recogió el arma de fuego y, para evitar problemas, se fue del lugar. Véase T.E., pág. 14. No podemos refrendar la tesis de la opinión del Tribunal, pág. 506, de que en este caso se estableció “suficiente nexo jurídico entre la actuación negligente del policía y los intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o implícitas”.

En ausencia de una explicación adecuadamente fundamentada de cuáles son “las funciones expresas o implícitas” que en este caso establecen el nexo jurídico entre la actuación del agente y los intereses del Estado, nos preocupa que el efecto real de esta decisión sea imponerle al Estado responsabilidad absoluta en todas las situaciones en que un policía utilice su arma de regla-mento. La opinión mayoritaria adolece de criterios que faciliten la adjudicación de las múltiples situaciones en que un policía, fuera de su horario de trabajo, pueda utilizar negligentemente su arma de reglamento. Por último, al no definir las funciones “expresas o implícitas” que activan la norma, la decisión no establece unas directrices que le permitan al Estado elaborar una nueva regla-mentación sobre el uso apropiado del arma de reglamento a la luz de la normativa adoptada por este Tribunal.

Por las razones expuestas anteriormente, disentimos.

      (1) En su primer señalamiento Sánchez Soto et al. se quejan que dicho foro de instancia no creyera que Rosa Serrano fue advertido de la presencia de un sospechoso en el restaurante.
      No lo discutiremos. Bajo esa versión o la acogida por el tribunal, la responsabilidad del Estado no varía.

      (2) Dispone, en lo pertinente:
      “[L]os dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

      El Estado es responsable en este concepto en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular.” (Énfasis suplido.) 31 L.E R.A. see. 5142.

      (s) En lo pertinente, el Cap. II F3 dispone:
      “En el caso de miembros de la Fuerza que visten ropa de civil y de empleados civiles autorizados a portar arma, la ■portarán en su fu/nda o vaqueta, evitando que la misma esté visible. En el interior de las oficinas se portará siempre el arma en la funda o vaqueta y la misma puede ser visible, pero se tomarán las medidas de seguridad.” (Énfasis suplido.) Anejo I, pág. 8.

      (4) El criterio determinante para establecer la responsabilidad del patrono cuando su empleado ha actuado en contravención de sus deberes es “si, al llevarse a cabo tal actuación, o al ocurrir el accidente, el agente tenía el propósito de servir y proteger los intereses de su patrono, y no con la intención de servir los propios propósitos del agente, y si la actuación es incidental al cumplimiento de las actuaciones autorizadas, esto es, si existe una conexión razonable y pertinente entre el acto del agente y los intereses del patrono y si el acto del agente tiende razonablemente a imprimirle efectividad al objetivo final del patrono”. (Énfasis suplido.) González v. Compañía Agrícola, 76 D.P.R. 398, 401 (1954).
      En Martínez v. Comunidad M. Fajardo, 90 D.P.R. 461, 466 (1964), al señalar que el hecho de que el empleado estuviese actuando en una forma expresamente prohibida por su patrono no exonera a éste de responsabilidad, sentamos el criterio a tomarse en consideración: “[T]odo se reduce a una determinación sobre la intención que informó la actuación del empleado, pues si al llevarla a cabo tenía el propósito de servir y proteger los intereses del patrono y no -los suyos propios, se le impondrá responsabilidad al patrono.”


author: per curiam:

text:
      In re Roberto Vélez Báez.

      Número: AB-91-21

      Resuelto: 13 de junio de 1991

      Roberto Vélez Báez, pro se.

   per curiam:

El 19 de febrero 1991, en el caso Sor Ángel Torres Muñiz v. Francisca Román Cancel, Caso Núm. RE-91-102, la parte demandante presentó un recurso de revisión ante este Tribunal. El 22 de febrero denegamos la solicitud. Los Jueces Asociados Señores Negrón García, Rebollo López y Andréu García indicaron que ellos hubieran expedido el recurso.

El 8 de marzo el demandante recurrente presentó un escrito de reconsideración mediante el cual solicitó que reconsideráramos nuestra resolución en la que denegamos el recurso y procediéra-mos a expedirlo. El 20 de marzo la parte recurrida presentó una moción oponiéndose. En dicha oposición indicó que el 27 de febrero las partes habían firmado una estipulación, poniendo fin a la controversia. Acompañó copia de dicha estipulación y de la resolución del foro de instancia de 8 de marzo que acogía la misma. En la estipulación se expresó que:

4- Las partes acuerdan que cualquier sentencia[,] orden o reso-lución que se dicte en base a esta estipulación sea final y firme desde el momento en que se dicte.
5- El promovido Sor Angel Torres Muñiz, manifiesta que antes de la firma de esta estipulación había radicado un recurso en el Tribunal Supremo relacionado con esta controversia. El promovido por la presente acuerda desistir de ese recurso y se compromete a preparar y radicar inmediatamente cualquier escrito necesario para hacer efectivo ese desistimiento.
6- Los comparecientes Francisca Román Cancel y Sor Angel Torres Muñiz acuerdan que del Tribunal Supremo emitir cualquier decisión en el Recurso radicado antes o después de firmada esta estipulación, favorable o desfavorable a cualquiera de los compare-dentes, la misma no tendrá ningún efecto y las estipulaciones aquí hechas permanecerán en vigor y prevalecerán sobre cualquier decisión del Tribunal Supremo. (Enfasis suplido.) Apéndice, págs. 1-2.

En su resolución, el tribunal de instancia expresó lo siguiente:

Se le instruye a la representación legal del Sr. So[r] Angel Torres Muñiz proceda a notificar de su desistimiento del Recurso de Revisión al Honorable Tribunal Supremo. Apéndice, pág. 4.

A pesar de haber suscrito la antes mencionada estipulación y de las instrucciones específicas del foro de instancia, la represen-tación legal del demandante recurrente, el Ledo. Roberto Vélez Báez, presentó una moción de reconsideración en la cual omitió hacer mención de la estipulación y resolución que finalizaban la controversia entre las partes mediante el mecanismo procesal del desistimiento.

El 21 de marzo de 1991 emitimos la resolución siguiente:

Siendo de su faz incompatible la reconsideración presentada con lo expuesto en la oposición a la misma y los documentos que la acompañan, muestre causa la parte recurrente, dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta resolución, por la cual no se deba declarar sin lugar la reconsideración. Se ordena, además, al Ledo. Roberto Vélez Báez que dentro de ese mismo término comparezca y muestre causa por la cual, tomando en consideración los documentos presentados ante este Tribunal, no deba ser disciplinado por la conducta observada.

El licenciado Vélez Báez ha comparecido. En su escrito nos indica que “[e]l 28 de febrero de 1991, fecha en que se discutió lo acordado por la estipulación y al regresar a [su] oficina, recib[ió] por correo en la tarde de ese día, la Resolución de este Hon. Tribunal d[á]ndole un NO HA LUGAR a [la] Solicitud de Revisión por lo que se tornaba académico que radica[ra] un Escrito de Desistimiento”. Escrito en cumplimiento de mandato, pág. 2. Sin embargo, y en contradicción con esta aseveración, procedió a presentar moción de reconsideración. Adujo como razón que esto lo hizo “a los únicos efectos de lograr, para beneficio de la presente y futura clase togada, un pronunciamiento en cuanto a la primera controversia señalada” en el recurso.

Sus excusas no nos convencen. Después de todo, “[l]os jueces no debemos . . . ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería”. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

“La buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal.” Deberes del abogado para con los tribunales, Criterio general, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Un abogado tiene el deber hacia el tribunal de ser conciso-y exacto en el trámite y presentación de las causas, proveyendo toda información necesaria para resolver las controversias. Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Los abogados no deben hacer “planteamientos inmeritorios que recargan el tiempo y el esfuerzo de los tribunales”. Pueblo v. Santiago, 106 D.P.R. 1, 4 (1977).

En el caso de autos el licenciado Vélez Báez, luego de haber desistido del caso en instancia y de haber sido ordenado por dicho foro que informara a este Tribunal y desistiera del recurso de revisión que había presentado, procedió a solicitar la reconsideración de nuestra resolución que denegaba el mismo. En su solicitud de reconsideración omitió hacer mención de que había desistido del caso. El licenciado Vélez Báez incumplió con su deber de mantener a este Tribunal informado. Como funcionario auxiliar del tribunal, el licenciado Vélez Báez tenía el deber de ayudar a lograr que el caso se resolviera de manera justa, rápida y económica. Sus actuaciones contravinieron este principio cardinal en la administración de la justicia en nuestros tribunales. El hacernos perder el . tiempo atendiendo una moción de reconsideración en un caso resuelto por desistimiento, constituye un claro perjuicio a la eficiente administración de la justicia.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia en la cual se amonesta al Ledo. Roberto Vélez Báez y se le apercibe de que en el futuro deberá cumplir fielmente con su deber de informar y mantener enterados a los tribunales de los trámites y hechos que puedan afectar los casos pendientes. Así mismo, no deberá continuar litigando causas finalizadas, por lo cual se le impone una sanción de mil dólares ($1,000) a nombre del Estado que deberá consignar en la Secretaría de este Tribunal dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta opinión per curiam.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.