author: per curiam: Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Jaime B. Fuster y Otros, demandantes y apelados, v. Walter Busó y Otros y Partido Independentista Puertorriqueño, demandados y apelantes.

      Número: O-73-469

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      Francisco De Jesús Schuclc, Secretario de Justicia, Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz y Américo Serra, Procuradores Generales Auxiliares, Duprey Tacoronte, Fiscal Auxiliar, abogados de la Junta Estatal de Elecciones; Carlos Gallisá, abogado del apelante Luis Angel Torres; Roberto Busó y Angel Pabón Mediavilla, abogados del Partido Independentista Puertorriqueño; Benny Frankie Cerezo, por derecho propio; Gerardo A. Carlos y Arturo Trias, abogados de Benny Frankie Cerezo; Jaime Fuster, por .derecho propio; María Luisa León Valiente, por la parte apelada excepto Benny Frankie Cerezo; Juan M. García, abogado del amicus curiae, Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

Es controvertible si los demandantes tienen capacidad jurídica (standing) para traer este pleito. Son ellos tres ciudadanos y dos personas imaginarias: “Fulano de Tal” y “John Doe.” Fulano de Tal es la versión española del John Doe del idioma inglés.

Decimos que es controvertible la capacidad jurídica de los demandantes porque este pleito tiene el propósito nominal de sentar en la Cámara de Representantes de Puerto Rico al señor Roberto Sánchez Vilella pero el señor Sánchez Vilella quien sería la persona realmente interesada no es deman-dante ni es parte en el litigio. Sin embargo, debido al interés público del asunto y a que están envueltas en él varias dispo-siciones constitucionales, una disposición de la Ley Electoral y una actuación de la Junta Estatal de Elecciones, hemos decidido entrar en los méritos.

Este no es un casó de gerrymandering, práctica que implica pequeñez de espíritu en la contienda política; ni de su correctivo la norma de un hombre un voto (one man one vote).

En Baker v. Carr se atacaba un estatuto electoral de Tennessee del año 1901, el cual resultaba injusto en el 1961 debido a los cambios ocurridos en el transcurso de 60 años en el tamaño y en la ubicación de la población de aquel estado. Y. 369 U.S. a la pág. 192. Diez años antes de Baker v. Carr la Constitución de Puerto Rico, en 1952, dispuso que en este país la división en distritos senatoriales y representativos hecha a los fines de la elección de los miembros de la Asam-blea Legislativa sería revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960 y también dispuso que dichos distritos “estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios de comunicación.” — Constitución de Puerto Rico, Art. Ill, Sec. 4. Tomo 1, Leyes de Puerto Rico Anotadas, ed. 1965, pág. 244. En el caso de autos no se levanta cuestión alguna sobre la validez de dicha división' en distritos senatoriales y representativos.

Tampoco se trata en este caso de manejos electorales motivados por perjuicio racial.

Veamos de qué se trata realmente en este caso. El Partido. Popular Democrático se fundó en el año 1938. A las elecciones del 1940 concurrieron cinco partidos pero de esos solamente tres tenían suficiente fuerza electoral como para tener una probabilidad real de ganar aquella elección. El Partido Popular Democrático obtuvo el 38 por ciento del total de votos emitidos. En las elecciones siguientes, las de 1944, obtuvo el 64 por ciento. En las elecciones de 1948 obtuvo el 61 por ciento y en las de 1952, el 65 por ciento. En dichas elecciones de 1948 el Partido Popular ganó en todos los 78 municipios de la isla.

En cuanto a la composición de la Asamblea Legislativa, el resultado de esas victorias electorales del Partido Popular fue el siguiente. En el cuatrienio de 1944 al 1948, 17 de los 19 senadores pertenecían a dicho partido y dos a la oposición, y en la Cámara de Representantes el partido ma-yoritario obtuvo 37 escaños y la oposición solamente dos. En el cuatrienio de 1948 al 1952 la situación en el Senado fue idéntica a la antes mencionada y en la Cámara de Representantes el Partido Popular obtuvo 38 de los escaños y la oposición solamente uno.

El alto liderato del Partido Popular, presidido por Don Luis Muñoz Marín, se preocupó ante esa situación de tan escasa representación de los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa del país. Dicho liderato llegó al con-vencimiento de que era necesario garantizar representación sustancial a los partidos minoritarios en la Asamblea Legis-lativa aunque sus candidatos no obtuviesen en las elecciones los votos necesarios para salir electos.

Igual pensamiento prevaleció entre los mencionados dirigentes políticos cuando se redactó y se aprobó la ley que autorizó la elección de los delegados a la Convención Cons-tituyente de Puerto Rico, Convención que habría de aprobar la Constitución de Puerto Rico. Por esa razón dicha ley, la Ley Núm. 1 de 3 de julio de 1951, dispuso expresamente como sigue:

“La Convención Constituyente estará integrada por no más de noventa y cinco (95) delegados que serán electos en la siguiente forma: No más de veintitrés (23) delegados electos ‘at large,’ de los cuales ningún partido político podrá postular o elegir más de catorce (14) delegados; y nueve (9) delegados en representación de cada uno de los ocho (8) distritos rela-cionados en el párrafo anterior, no pudiendo ningún partido político postular o elegir más de siete (7) delegados en cada uno de dichos distritos.” — Leyes de Puerto Rico (1951), pág. 9. (Bastardillas nuestras.)

En efecto, en la elección especial celebrada en 27 de agosto de 1951 para elegir los delegados a la Convención Constituyente, se eligieron 92 delegados y de éstos 70 fueron electos por el Partido Popular, 15 por el Partido Estadista y 7 por el Partido Socialista.

Debido a la preocupación antes mencionada de los líderes del partido de la mayoría en relación con la escasa repre-sentación de los partidos de minoría en la Asamblea Legis-lativa, la mayoría Popular Democrática en la Convención Constituyente propuso, y logró su aceptación, la idea de incluir en la Constitución medidas para garantizar repre-sentación minoritaria en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aunque los candidatos de los partidos minoritarios no obtuviesen los votos para salir electos.

Ya hemos mencionado la See. 4 del Art. Ill de la Constitución de Puerto Rico, la cual ordena la revisión cada diez años de la división de la isla en distritos senatoriales y representativos, a base del censo decenal y cuya disposi-ción también ordena que dichos distritos estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y organizados sobre la base. de población y de medios de comunicación. Puede de-cirse que esa Sec. 4 incorporó la norma de un hombre un voto en nuestra Constitución.

Es en la See. 7 de dicho Art. Ill de la Constitución en donde se encuentran las disposiciones específicas que garan-tizan la representación de los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa. Se dispone allí, en esencia, que cuando en una elección general resultaren electos más de dos ter-ceras partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras por un solo partido, se aumentará el número de los miem-bros de la Cámara en cuestión declarando electos candidatos del partido o partidos de minoría en número suficiente hasta que el total de los miembros del partido o partidos de mi-noría alcance el número de nueve en el Senado y de 17 en la Cámara de Representantes.

También dispone dicha See. 7 que para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, bajo las circunstancias que esta sección supone, se considerarán en primer término sus candidatos por acumulación que no hu-bieren resultado electos, en el orden de los votos que hubieren obtenido y, en segundo término, sus candidatos de distrito que tampoco hubiesen resultado electos.

Dispone además dicha See. 7 que la Asamblea Legislativa determinará el número mínimo de votos que deberá depo-sitar un partido de minoría para tener derecho a la repre-sentación adicional que por dicha See. 7 se provee.

Se dispuso en la Constitución que la Asamblea Legisla-tiva fijaría el número mínimo de votos que debe depositar un partido de minoría para participar en esos escaños no conquistados en las urnas sino concedidos por la Constitu-ción, a tenor con la citada See. 7 del Art. Ill porque, como surge claramente del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, los constituyentes quisieron desalentar la formación de muchos partidos políticos peque-ños y rechazaron, por considerarla indeseable, la representa-ción proporcional. Véase, por ejemplo, el intercambio entre el delegado Sr. Parkhurst y el delegado Sr. Gutiérrez Fran-qui en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, ed. Equity 1961, Tomo 3, págs. 2025-2056.

A tenor con el mandato constitucional de que la Asam-blea Legislativa fijase el número mínimo de votos antes mencionado, dicho cuerpo aprobó y el Gobernador firmó la Ley Núm. 18 de 22 de agosto de 1952 (16 L.P.R.A. sec. 276), la cual adicionó a la Ley Electoral vigente entonces la Sec. 89(a). Los últimos dos párrafos de dicha Sec. 89(a) disponen lo siguiente:

“Ningún partido de minoría tendrá derecho a candidatos adicionales ni a los beneficios que provee esta sección, a no ser que en la elección general obtenga a favor de su candidato a Gobernador un número de votos equivalentes a un cinco (5) por ciento o más del número total de votos depositados en dicha elección general a favor de todos los candidatos a Gobernador votados en la misma.
Bajo las disposiciones de esta sección los partidos de mi-noría nunca tendrán, entre todos ellos, más de 9 senadores ni más de 17 representantes.” — Leyes de Puerto Rico (1952), pág. 205. (Bastardillas nuestras.)

La Constitución de Puerto Rico comenzó a regir el 25 de julio de 1952, luego de un proceso cuyo comienzo in-mediato fue la presentación en marzo de 1950 en el Con-greso de los Estados Unidos, por iniciativa puertorriqueña, de un proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley Pú-blica 600, aprobada en 3 de julio de 1950, 64 Stat. 319. Para un resumen de dicho proceso constitucional puede verse el que aparece en 98 D.P.R. págs. 437 a la 440.

En el 1964, luego de haber sido electo Gobernador de Puerto Rico cuatro veces consecutivas, Luis Muñoz Marín rehusó postularse para un quinto término. Explicó que creía que no era bueno para la democracia puertorriqueña que él fuese electo por quinta vez.

Como resultado de las elecciones de 1964, en las cuales venció el Partido Popular Democrático, salió electo Goberna-dor el señor Sánchez Vilella. En el curso de los próximos dos años Sánchez Vilella rompió con su partido, posteriormente ingresa en el Partido del Pueblo y concurre a las elecciones de noviembre de 1968 como candidato a Gobernador por dicho partido. El Partido del Pueblo había sido inscrito en enero de 1968. En esas elecciones vence el Partido Nuevo Progresista y sale electo Gobernador el señor Luis A. Ferré. Obtuvo el segundo lugar el señor Luis Negrón López, candi-dato a Gobernador del Partido Popular y el señor Sánchez Vilella obtuvo el tercer lugar como candidato del Partido del Pueblo.

En las elecciones generales de 1972 vuelve a vencer el Partido Popular Democrático, queda en segundo lugar el Partido Nuevo Progresista, en tercer lugar el Partido Inde-pendentista Puertorriqueño y en cuarto lugar el Partido del Pueblo. Para esta elección de 1972 Sánchez Vilella no se postuló para Gobernador, sino para Representante por Acu-mulación por el Partido del Pueblo.

A tenor con nuestra Constitución, el Poder Legislativo se ejerce en Puerto Rico por una Asamblea Legislativa com-puesta por dos Cámaras — el Senado y la Cámara de Repre-sentantes. El Senado se compone de 27 senadores y la Cámara de Representantes de 51 representantes, excepto cuando dicha composición resultare aumentada a virtud de lo que dispone la citada See. 7 del Art. Ill de la Constitución.

Para los fines de la elección de los miembros de la Asam-blea Legislativa, Puerto Rico está dividido en ocho distritos senatoriales y cuarenta distritos representativos. Cada dis-trito senatorial elige dos senadores y cada distrito represen-tativo elige un representante. Pero, también por disposición constitucional, se eligen además once Senadores y once Repre-sentantes por Acumulación (at large). Ningún elector vota por más de un candidato a Senador por Acumulación ni por más de un candidato a Representante por Acumulación. Art. Ill, Constitución de Puerto Rico.

La elección de once Senadores por Acumulación y de once Representantes por Acumulación da oportunidad a los parti-dos de minoría a tener representación en la Asamblea Legis-lativa aun cuando, debido a su poca fuerza electoral, no logran elegir ningún legislador en los respectivos distritos.

Como resultado de las elecciones de 1972 el Partido Popular Democrático eligió 37 Representantes a la Cámara (nú-mero que es mayor que las dos terceras partes de los miem-bros de esa Cámara; See. 2, Art. Ill de la Constitución) y el Partido Nuevo Progresista eligió 14. Habiendo obtenido el Partido Popular Democrático menos de las dos terceras partes del total de los votos emitidos por todos los partidos para el cargo de Gobernador, se produjo la situación que supone el inciso (a) de la See. 7 del Art. Ill de la Constitu-ción, el cual da lugar a que se aumente el número de Repre-sentantes a la Cámara para otorgarle representación adi-cional a los partidos de minoría.

Son también de cardinal importancia para el entendi-miento y solución de este litigio las siguientes dos disposi-ciones, una constitucional y la otra estatutaria: La antes mencionada See. 7 del Art. Ill de la Constitución, que esta-blece en su último párrafo que la Asamblea Legislativa dis-pondrá el número mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a Gobernador para tener derecho a la representación adicional que en dicha See. 7 se establece.

La segunda disposición es la antes citada Sec. 89 (a) de la Ley Electoral entonces vigente, 16 L.P.R.A. sec. 276, sección que, como hemos señalado, fue incorporada a la Ley Electoral por la Ley Núm. 18 de 22 de agosto de 1952. Dicha disposición dispone que ningún partido de minoría tendrá derecho a candidatos adicionales a no ser que en la elección general obtenga a favor de su candidato a Gobernador el cinco por ciento o más del número total de votos depositados a favor de todos los candidatos para ese cargo.

También dispone esa sección que en virtud de sus disposi-ciones los partidos de minoría nunca tendrán, entre todos ellos, más de 9 Senadores ni más de 17 Representantes. La razón de esas cifras es que la Ley quiere evitar el resultado anómalo de que mediante la donación de escaños adicionales las minorías resulten tener más de una tercera parte de los miembros de una o ambas Cámaras Legislativas cuando el partido de la mayoría haya obtenido esas dos terceras partes o más. Esto es así porque hay asuntos que requieren las dos terceras partes o más de los votos y de lo contrario los es-caños adicionales donados podrían frustrar el mandato electoral.

La Junta Estatal de Elecciones, organismo público que ad-ministraba la Ley Electoral, en cumplimiento de la citada Sec. 7 del Art. Ill de la Constitución y de la Sec. 89(a) de dicha Ley, adicionó tres escaños en la Cámara de Repre-sentantes, correspondiendo dos de ellos al Partido Indepen-dentista Puertorriqueño y uno al Partido Nuevo Progresista, ambos partidos de minoría.

A dichos efectos la Junta Estatal de Elecciones deter-minó que debían declararse electos, y así se declararon, a los señores David Urbina por el Partido Nuevo Progresista y Carlos Gallisá y Luis Angel Torres por el Partido Inde-pendentista Puertorriqueño.

El señor Sánchez Vilella, quien, como hemos señalado antes, se postuló para Representante por Acumulación por el Partido del Pueblo, partido que en esa elección de 1972 obtuvo menos de un tercio del uno por ciento de los votos emitidos, no salió electo a cargo alguno.

En marzo de 1973 los demandantes presentaron una peti-ción de mandamus en la cual solicitaban que el Tribunal ordenase a la Junta Estatal de Elecciones a certificar a Roberto Sánchez Vilella como candidato electo al cargo de representante por acumulación. Basan esencialmente los de-mandantes su posición en que Sánchez Vilella obtuvo 59,855 votos (de un total de 1,308,950 votos emitidos) mientras que los señores Urbina, Gallisá y Torres habían obtenido considerablemente menos votos que Sánchez Vilella. Luego de unos trámites procesales que no es necesario relatar aquí los peticionarios obtuvieron en el Tribunal Superior una sen-tencia declaratoria favorable a ellos.

Los demandados apelantes, miembros de la Junta Estatal de Elecciones, señalan en apelación seis errores pero no es necesario mencionarlos todos porque entendemos que para disponer de este caso basta con mencionar los errores nú-meros 2, 3, 4 y 6 los cuales se cometieron y cuya comisión hace necesario revocar la sentencia apelada.

El señalamiento número 2 es al efecto de que el tribunal de instancia erró al resolver que existe un conflicto irrecon-ciliable entre las Sees. 2 y 7 del Art. II y la See. 4 del Art. VI, de una parte, y la See. 7 del Art. Ill, de la otra parte, todos de la Constitución de Puerto Rico.

El señalamiento número 3 es al efecto de que el tribunal de instancia aplicó a este caso en forma errónea la doctrina de “un hombre un voto.”

El señalamiento número 4 es al efecto de que el tribunal de instancia erró al resolver que la Junta Estatal de Eleccio-nes debió prescindir de la See. 89(a) de la Ley Electoral.

El señalamiento número 6 es al efecto de que el tribunal de instancia erró al no aplicar en este caso la See. 7 del Art. Ill de la Constitución y la Sec. 89(a) de la Ley Electoral.

Vamos a referirnos al señalamiento número 2. Se alega en él que el tribunal erró al sostener que varias secciones del Art. II y del Art. VI de la Constitución son incompatibles con la See. 7 del Art. Ill del mismo documento. Las consti-tuciones se hacen previo trabajosos esfuerzos y con cuidadosa redacción. No puede livianamente presumirse que en ella se incurre en contradicciones y mucho menos de naturaleza tan importante como de lo que aquí se trata. Se trata nada menos que del proceso eleccionario, proceso mediante el cual se eligen los gobiernos. Las constituciones no son autodestruc-tivas. Billings v. United States, 232 U.S. 261, 282 (1914). Excepto que el lenguaje lo haga inevitable, no debe pre-sumirse que una cláusula de la Constitución no tiene sentido alguno o que destruye el propósito de otra cláusula del mismo documento.

Basta con examinar las citadas cláusulas para ver que no existe en las mismas el conflicto irreconciliable que le supuso el tribunal de instancia. La See. 2 del Art. II, en síntesis, dispone que las leyes garantizarán la expresión de la volun-tad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de sus derechos electorales. La See. 7 de ese mismo artículo reconoce el derecho del ser humano a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. Garantiza el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. Prohíbe la aprobación de leyes que menoscaben las obligaciones contrac-tuales. La See. 4 del Art. VI, en lo pertinente, ordena la celebración cada cuatro años de elecciones generales. Dispone que en dichas elecciones se elegirá el Gobernador, los miem-bros de la Asamblea Legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley. Dispone que nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad. Autoriza a la Asamblea Legislativa a legislar sobre todo lo concerniente al proceso electoral y a los partidos políticos. Dispone también que todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y que se declarará electo aquel candidato que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por los demás candi-datos para el mismo cargo.

Ya anteriormente hemos reseñado lo pertinente de la See. 7 del Art. Ill, que es la sección que dispone para aumen-tar el número de Senadores o de Representantes cuando un partido elija más de dos terceras partes de los miembros de dichas Cámaras, con el objeto de garantizarle representa-ción en las Cámaras Legislativas a los partidos minoritarios aunque éstos no logren elegir candidatos en las elecciones.

Como puede verse, no hay nada incompatible entre nin-guna de las anteriormente mencionadas cláusulas y artículos de la Constitución. El Art. II contiene nuestra Carta de Derechos, la See. 4 del Art. VI contiene disposiciones gene-rales sobre las elecciones y la See. 7 del Art. Ill es el vehículo que utilizaron los constituyentes para hacer realidad su deseo de garantizar representación en la Asamblea Legislativa a los partidos minoritarios. Nótese que esa See. 7 opera sola-mente en el caso extraordinario de que un partido elija más de dos terceras partes de los miembros de una o de las dos Cámaras Legislativas. En otras palabras, dicha See. 7 no quita nada a los electores ni a los partidos minoritarios sino que, por el contrario, les da lo que no tendrían en su ausen-cia, esto es, les concede determinados escaños legislativos a los partidos de minoría cuando éstos, todos juntos, no logran elegir más de una tercera parte de los senadores o de los representantes.

Los otros señalamientos que hemos mencionado los vamos a discutir conjuntamente pues están muy relacionados entre sí. Estos son los señalamientos números 3, 4 y 6. En primer lugar, es necesario tener en mente el dato de que si el Par-tido del Pueblo hubiese obtenido en la elección de 1972 a favor de su candidato a Gobernador cinco por ciento o más del número total de votos emitidos en dicha elección a favor de todos los candidatos a Gobernador que a dicha elección con-currieron, su partido, y por consiguiente él, hubiesen tenido derecho a optar en la distribución de escaños adicionales en las Cámaras Legislativas, ya que el partido de la mayoría eligió más de dos terceras partes de los miembros de dichas Cámaras. Pero la realidad es que el partido del señor Sánchez Vilella — el Partido del Pueblo — obtuvo el 0.24 del uno por ciento de los votos. Se recordará que ese mínimo del cinco por ciento de los votos fue dispuesto por ley por la Asamblea Legislativa en obediencia al antes mencionado mandato cons-titucional expresado en el último párrafo de la See. 7 del Art. Ill de la Constitución. Nótese también que ese párrafo constitucional dispone que dicho número mínimo de votos de-berá ser depositado por un 'partido de minoría, no por una persona individual. Esto es así porque la Convención Consti-tuyente rechazó la representación proporcional, asunto que mencionaremos más adelante.

Es cierto que el señor Sánchez Vilella obtuvo 59,855 votos para el cargo de Representante por Acumulación por el Partido del Pueblo en las elecciones de 1972. También es cierto que el señor Sánchez Vilella no salió electo pues en dicha elección trece candidatos obtuvieron un número mayor de votos que Sánchez Vilella para el cargo de Representante por Acumulación. De esos trece, como es natural, resultaron electos los once que obtuvieron el mayor número de votos. Estos fueron:

(1) Luis E. Ramos Yordán. 110,835 votos
(2) Severo E. Colberg . 107,777 “
(3) Roberto Rexach Benitez . 102,004 “
(4) José R. Jarabo . 101,751 “
(5) José G. Izquierdo Stella . 98,882 “ '
(6) Olga Cruz Jiménez de Nigaglioni .... 98,732 “
(7) Angel Viera Martínez . 94,525 “
(8) Hernán Padilla . 93,740 “
(9) Luis Ayala del Valle. 89,530
(10) Antonio Sagardía Sánchez . 89,306 “
(11) José Granados Navedo. 87,705 “

Debido al resultado de la elección, antes mencionado, se produjo la situación que supone el apartado (a) de la See. 7 del Art. Ill de la Constitución, el cual da lugar a que se aumente el número de Representantes a la Cámara para otorgarle representación adicional a los partidos de minoría. Nótese que tanto dicha See. 7 como la ley que por mandato de la misma se aprobara, Sec. 89(a) de la Ley Electoral, se refieren expresa y específicamente a partidos de minoría, por la razón antes dicha.

También dispone la citada See. 7 que para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría se conside-rarán en primer término sus candidatos por acumulación que no hubiesen resultado electos, en el orden de votos que hubie-ren obtenido. De manera que la Junta Estatal de Elecciones venía obligada por disposición constitucional a recurrir en primer término a los candidatos por acumulación de los par-tidos de minoría que habían obtenido cinco por ciento o más del total de votos depositados para todos los candidatos a Gobernador en la elección. Los partidos de minoría que cuali-ficaban en ese momento para participar de esos escaños adi-cionales eran el Partido Nuevo Progresista y el Partido In-dependentista Puertorriqueño porque dichos dos partidos ob-tuvieron más del cinco por ciento de los votos antes menciona-dos.

Erró, pues, el tribunal de instancia al fallar que había un conflicto entre las disposiciones de las Sees. 2 y 7 del Art. II de la Constitución y la See. 7 del Art. III. Dichas disposiciones son perfectamente armonizables, y más aún, se complementan entre sí. Garantizan “la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal” — el gobierno por la mayoría electo — (See. 2 Art. II) y a la vez garantizan la existencia efectiva de las minorías, elemento indispensable en un gobierno democrático constitucional como el nuestro (See. 7 Art. III).

Erró también el tribunal de instancia al fallar que existe un conflicto entre la See. 7 del Art. Ill y la See. 4 del Art. VI de la Constitución. Vamos a explicarnos. En el Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales de la Convención Constituyente se dijo lo siguiente en torno a la See. 4 del Art. VI:

“Para la elección de un funcionario de elección popular no será necesario mayoría absoluta, sino que se declarará electo aquel candidato para un cargo que, con sujeción a la constitución o a la ley, obtenga de los votos depositados un número de votos mayor que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. Para declarar electo a un ciudadano para un cargo no será necesario que ese candidato obtenga la mitad más uno de todos los votos depositados a favor de todos los candidatos para ese mismo cargo en una elección. Bastará con que obtenga mayoría simple, bastará con que sea electo a base de pluralidad de votos. Es decir: que se declarará electo el can-didato que obtenga un número de votos mayor que cualquier otro de los candidatos para el mismo cargo; o sea, el candidato que obtenga el número de votos que sea mayor comparado con el número de votos obtenido por cada uno de los otros candidatos para el mismo cargo.” — Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Vol. 4 (1952), pág. 2621. (Bastardillas nuestras.)

Sobre el particular es correcto lo expresado por el en-tonces Secretario de Justicia de Puerto Rico y hoy Juez Presidente del Tribunal Supremo, Honorable José Trías Monge, en su opinión de 8 de enero de 1953, dirigida al Pre-sidente de la Junta Estatal de Elecciones, en la cual se ex-presó como sigue:

“Tampoco puede aducirse que la Ley 18 [de 22 de agosto de 1952] está reñida con la sección 4 del Artículo VI de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado al efecto de que ‘se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás can-didatos para el mismo cargo.’ Este argumento es en realidad equivalente al argumento, ya examinado, de que la intención de la Convención Constituyente fue regir la elección de candidatos adicionales por el principio de representación proporcional, principio considerado y expresamente rechazado por la Conven-ción. Desde luego, que puede chocar, a primera vista, el hecho de que, como en el presente caso, el requisito de que los partidos de minoría obtengan un mínimo dado de votos para poder parti-cipar en la distribución de candidatos adicionales puede operar en forma de permitir en ciertas circunstancias la elección de candidatos adicionales con menos votos que otros. La única forma de evitar esta discrepancia era abstenerse de disponer, como en la versión original de la Proposición Substituía sobre el Poder Legislativo, mínimo alguno de votos como requisito para participar en la distribución de candidatos adicionales. Hacer esto, sin embargo, en la opinión de la Convención Consti-tuyente, exponía la democracia puertorriqueña a los males de la proliferación de partidos y de la conservación artificial de par-tidos que no contaban con suficiente fuerza electoral, con el consiguiente fraccionamiento de la responsabilidad política ante el pueblo. La Convención Constituyente claramente estimó que era de orden más fundamental evitar lo segundo y la Ley 18 de 22 de agosto de 1952 responde al mandato expreso de nuestra Constitución en dicho sentido.
En vista de las disposiciones terminantes del último párrafo de la sección 7 del Artículo III, el principio de mayoría de votos depositados no puede operar en tal forma que anule la intención de la Convención Constituyente de requerir un porcentaje mí-nimo de votos para la elección de candidatos adicionales. El único alcance de la sección 4 del Artículo VI, según se desprende del informe de 22 de enero de 1952 de la Comisión de Disposi-ciones Transitorias y Asuntos Generales, fue simplemente el de reiterar el principio general de elección por mayoría de los vo-tos depositados en vez del principio de decisión por mayoría de votantes inscritos. No hay evidencia en la historia constitucional de esta sección que sostenga la proposición que su efecto es el de echar a un lado las disposiciones de la propia Constitución sobre la elección de candidatos adicionales.” (Bastardillas nuestras.)

El problema de la representación existe desde el momento en que el hombre comenzó a pensar sobre la legitimidad del Gobierno y en su deber de obediencia al gobernante. Antigua-mente predominó la idea de que se le debía total obediencia porque el rey gobernaba en nombre de Dios. Pronto fue evi-dente que esa teoría dejaba al hombre en situación en extremo precaria y éste comenzó a buscar — y encontró — salidas teóri-cas de esa encerrona. En la Edad Media cobra preeminencia la noción del constitucionalismo. Aunque, desde luego, el con-tenido de ese concepto se ha desarrollado considerablemente a través de los siglos, su idea central sigue siendo la misma. Esta es que el gobernante, o el gobierno, no son absolutos, sino que su poder tiene límites, está limitado. Se le opone al rey una ley más alta que la suya (a higher law) llamada el dere-cho natural, el cual unos basan en el derecho divino y otros en la razón humana o en el derecho natural laico.

Como se sabe, el siglo 16 fue un período de incubación de las ideas políticas que más tarde han de desarrollarse en los siglos 17 y 18 y que han de plasmarse en las constituciones modernas. En ese proceso de llevar esas ideas de los panfletos políticos hasta las constituciones, le cortaron la cabeza a un rey en Inglaterra y a otro en Francia, y hubo que pasar por la revolución americana, la francesa y por lo menos por media docena de otras revoluciones en Europa en el siglo 18 y pri-mera mitad del 19.

En dicho siglo 16 se publica el extraordinario libro Vindiciae Contra Tyrannos (1579). Supone Vindiciae la existencia de dos pactos. Uno en el cual Dios es una parte y el rey y el pueblo constituyen la otra, y otro pacto en el cual las partes son el rey y el pueblo.

En el primer pacto, el rey se obliga con Dios a sostener la fe y en el segundo el rey se obliga con su pueblo a gober-nar bien y justamente. En ambos contratos el poder del rey es delegado o conferido; en el primero, por Dios y en el segundo, por el pueblo. El poder se confiere para ciertos propósitos públicos y se ejercerá condicionado a que se cumplan dichos propósitos. Por lo tanto, explica Vindiciae, Dios y el pueblo son los superiores, el rey es un servidor. En vista del segundo contrato — el celebrado entre el rey y su pueblo — se justifica la resistencia a la tiranía. El autor de Vindiciae aparente-mente toma del derecho romano el concepto del contrato, el cual se resuelve si una parte no cumple. Si el rey no cumple su parte del contrato — gobernar bien — el contrato termina y no obliga al pueblo. Los reyes son realmente electivos, sos-tiene Vindiciae, aunque por costumbre se ha seguido la tradi-ción hereditaria. Pero el derecho del pueblo a escoger su rey no prescribe a pesar de la larga tradición hereditaria. Cuando el poder no se ejerce justa y responsablemente el gobernante se ha convertido en tirano y se justifica la resistencia, admite el autor de Vindiciae.

El autor distingue entre dos situaciones. Una es cuando el tirano es un usurpador sin derecho a gobernar. En esa situación está permitida su eliminación, aun por un ciudadano privado. La segunda situación supone que el gobernante legí-timo se torna en tirano. Entonces, sostiene el autor, solamente los magistrados, cuya posición los hace los guardianes de la comunidad, pueden resistir al rey. A la luz de la moderna teoría constitucional estadounidense y puertorriqueña, la cual permite la declaración por el Poder Judicial de que determina-dos actos del Poder Ejecutivo pueden ser nulos, es realmente extraordinaria esa aseveración en Vindiciae. Modernamente el término ha variado de guardianes de la comunidad a “guardianes de la constitución”.

Como se sabe, la teoría del contrato reaparece en forma distinta en los filósofos de los siglos 17 y 18. — Locke, Rousseau y otros.

En los estados contemporáneos, debido a su gran exten-sión física y a su mucha población, se hace inevitable que la democracia se ejerza indirectamente a través de represen-tantes. Ya no es posible gobernar mediante el ágora de la Grecia clásica o el town meeting de la Nueva Inglaterra del siglo 17. La democracia moderna funciona mediante los parti-dos políticos. Estos presentan al electorado una síntesis de ideas y programas de gobierno — lo que se llama la plataforma —y también un grupo de hombres que ofrece gobernar en consonancia con esas ideas y programas. Generalmente el electorado tiene ante sí dos o tres alternativas, y al votar endosa la de su preferencia. Como es imposible que varios programas, contradictorios entre sí, sean realizados a la vez, universalmente se acepta que gobernará la mayoría. La mi-noría fiscaliza para mantener al gobierno dentro de la moral, la ley y la Constitución y espera su turno o su oportunidad de convertirse en mayoría mediante la persuasión del electorado. Ese sistema coloca la responsabilidad política en un partido— el partido del gobierno — y en un grupo de hombres — el que preside el gobierno y sus colaboradores más destacados.

En el presente litigio los demandantes han revivido en cierta forma el gran debate que en el siglo 19 sostuvieron en Inglaterra John Stuart Mill y Walter Bagehot. Ambos eran economistas, teóricos políticos, liberales y correligionarios, pero sobre la cuestión de cómo debía organizarse la represen-tación legislativa estaban en desacuerdo. Mili defendió la re-presentación proporcional en forma elocuente. Creía que nin-gún elector debía ser representado por alguien a quién él no había elegido; que la representación proporcional permitía elevar hombres de gran capacidad al Parlamento, evitando así lo que llamó la “mediocridad colectiva”; y que ese era el sistema que permitía a la elite educada del país llegar al Parlamento.

Pero desgraciadamente Mili se olvidó del propósito fundamental del Parlamento, el cual es, en Inglaterra sostener al Primer Ministro y a su gabinete en el poder y gobernar a través de ellos. Aunque nosotros no tenemos el sistema parla-mentario, sino el de tipo presidencial, sin embargo, la Asam-bleá -Legislativa participa en la función de gobernar pues tiene la importante facultad de aprobar o no la legislación y el poder de aprobar o no el presupuesto del gobierno. Aun-que es muy deseable que al Poder Legislativo concurran mentes brillantes, su propósito no es el de un club de debates.

Nuestro sistema, como hemos visto, permite y garantiza la existencia de las minorías y su función de fiscalizar y cri-ticar al gobierno. Bagehot señaló que el sistema de represen-tación proporcional al fraccionar en exceso al Parlamento en partidos, facciones y grupos, prácticamente lo incapacita para gobernar. Señaló Bagehot que los defectos del plan que pro-ponía Mili sobrepasaban en mucho sus virtudes.

En La Nueva Constitución de Puerto Rico, un valioso tomo que contiene los Informes a la Convención Constituyente de Puerto Rico, preparados por la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, publicado en 1954, contiene unos comentarios sobre este tema de la representación proporcional que tal parece que fueron escritos para la situación que dio motivo al pleito de autos. En lo pertinente, al discutir las bases de la representación se dice allí lo que sigue:

“El primer argumento en contra de la representación propor-cional consiste en que falsea los principios de la representación política que son base del Estado moderno. La teoría demo-crática hace, tanto al parlamento como a cada uno de sus miem-bros en particular, representantes del pueblo, con una repre-sentación de carácter político. Lo representado ahí es una totali-dad indivisible, a diferencia de la representación de los antiguos estamentos medievales que estaba concebida a la manera del derecho privado, y en la cual cada representante o ‘procurador’, hablaba en nombre de sus comitentes, quienes podían darle instrucciones concretas y retirarle la representación en todo mo-mento. . . .
Este falseamiento del principio representativo va acompa-ñado de otras ideas políticas inadmisibles: la de que, dentro del cuerpo político, puede haber divisiones irreductibles, y la de que éstas deben tener su reflejo exacto en el cuerpo legislativo. Por efecto de esta concepción errónea, el sistema de representación proporcional contribuye a enconar los conflictos internos, a perpetuar las disensiones de opinión y a fomentar lealtades par-tidarias hasta un extremo dañino para la unidad sustancial del cuerpo político, transformando sus diferencias transitorias en divisiones permanentes, ....
La representación proporcional, en efecto, contribuye a ato-mizar la representación política, estimulando la proliferación de los pequeños grupos en detrimento de los grandes partidos, úni-cos capaces de llevar a la práctica un programa de gobierno.” (Bastardillas nuestras.) [Págs. 259-261]

Como hemos indicado, en las elecciones de 1972 el Partido del Pueblo, partido por el cual estaba postulado Sánchez Vilella para Representante por Acumulación, no cualificó como partido de minoría. Su candidato a Gobernador obtuvo un 30.8 del uno por ciento del total de votos emitidos para el cargo de Gobernador. La See. 89 (a) antes citada disponía que para tener derecho a candidatos adicionales, a tenor con la See. 7 del Art. Ill de la Constitución, un partido de minoría debía obtener cinco por ciento o más del número total de votos depositados a favor de todos los candidatos a Gobernador. Como dijimos antes, la Junta Estatal de Elecciones certificó once Representantes por Acumulación y además dos representantes adicionales del Partido Independentista y uno del Partido Nuevo Progresista. Estos últimos dos partidos cualificaron como partidos de minoría por haber obtenido más del cinco por ciento de los votos depositados para el cargo de Gobernador y, en obediencia a la ley, la Junta Estatal de Elecciones así lo determinó.

El tribunal de instancia en ningún momento determinó que la See. 89 (a) de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 276, fuese nula o inconstitucional. Sin embargo, concluyó que la Junta Estatal de Elecciones debió “prescindir” de esa dispo-sieión de ley. Es asombroso el hecho de que un juez, quién al ejercer su ministerio encarna la ley, instruya a un organismo público a prescindir de una disposición estatutaria perfecta-mente válida y en vigor.

A la luz de los hechos antes relatados y del derecho puerto-rriqueño aplicable resulta inescapable concluir que el tribunal de instancia cometió también los errores 3, 4 y 6. Habiéndose cometido esos errores y también el número 2 y bastando ello para hacer necesaria la revocación de la sentencia apelada, no creemos necesario discutir los errores número uno y nú-mero cinco.

Los demandantes hacen en sus alegatos extensas incursio-nes en la jurisprudencia (case law) de los Estados Unidos. No tenemos querella alguna con eso pero encontramos que ese derecho, excelente como lo es, no hace necesario que modifique-mos nuestro fallo según aquí expresado.

Se revocará la sentencia apelada.

El Señor Juez Presidente y el Juez Asociado Señor Dávila, no intervinieron. Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín concurren en el resultado. El Juez Asociado Señor Martín emitirá una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz además de votar a favor de la opinión del Tribunal emitió también un voto concurrente.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1974

Concurro con el resultado de la opinión del Tribunal por entender que al no lograr el Partido del Pueblo obtener cinco por ciento o más del mínimo de votos emitidos para todos los candidatos a Gobernador perdió el Sr. Sánchez Vilella el derecho de representación que le otorga a los partidos de mi-noría la disposición contenida en la See. 7 del Art. Ill de nuestra Constitución, conforme la misma ha sido implemen-tada por la Sec. 89 (a) de la Ley Electoral (16 L.P.R.A. sec. 276).

La representación que provee la Constitución para los partidos políticos minoritarios constituye uno de los adelantos más notables en el proceso electoral puertorriqueño. El al-cance de esa disposición, a mi modo de ver, contribuye a dar cierta estabilidad al régimen político, ya que un partido polí-tico que domine totalmente las cámaras legislativas, en un momento dado, sin que existan voces en su seno para amino-rar los excesos en que pueda incurrir dicho partido mayorita-rio, puede llevar a un gobierno a la tiranía o a la corrupción. Esto es, tal dominio absoluto, aun siendo producto de la volun-tad popular, puede llevar dentro de sí la semilla que, de ger-minar, puede dar al traste con la razón de ser de la demo-cracia. Es por ello que los miembros de la Asamblea Consti-tuyente, con gran sabiduría, otorgan el derecho de represen-tación de los partidos minoritarios en el evento, y solamente en tal evento, de que un partido eligiese más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o de ambas cámaras legislativas. Tal derecho otorgado a los partidos de minoría, al lograr rango constitucional, fortalece el proceso democrá-tico, y no puede dejarse sin efecto sin que la voluntad del pueblo, que es la fuente del poder público, así lo determine.

Los peticionarios alegan que la Sec. 7 del Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es vaga e imprecisa en tanto en cuanto no define lo que consti-tuye un partido y una candidatura. Arguyen, pues, que al referirse a “candidatura” y “partido político de minoría” los miembros de la Constituyente quisieron decir “sectores o cri-terios de opinión pública”, por lo que la cláusula constitucio-nal sobre minorías era una “. . . garantía para que los distin-tos criterios de opinión pública estén representados en la Asamblea Legislativa.” (4 Diario de Sesiones de la Conven-ción Constituyente, pág. 2596.) Y, refiriéndose al Informe de la Comisión Legislativa de dicha Asamblea Constituyente, citan la siguiente expresión:

“Esta fórmula de garantía a las minorías se ha producido y recomendado por la Comisión como un medio de dar justa interpretación a la voluntad del pueblo y no como una concesión a partidos políticos.” 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 2596.

Una lectura de las citas que hacen los peticionarios sobre las manifestaciones vertidas por algunos de los miembros de la Constituyente, a la luz del lenguaje utilizado en los párrafos primero y último de la See. 7, no deja lugar a dudas que los términos “candidatura” y “partido” habrían de ser defi-nidos por ley, y que para cualificar como partido de minoría habría de requerir que éste obtuviera un mínimo de votos a favor de su candidato a Gobernador, cuyo mínimo habría de ser fijado por ley. Luego, la Sec. 89(a) de la Ley Electoral (16 L.P.R.A. sec. 276) delineó el mecanismo necesario para que un partido de minoría lograra la representación de mino-ría que otorgó la Sec. 7 del Art. Ill, sin hacer mención al-guna de los “sectores” o “criterios” de opinión, ya que estos conceptos se referían a partidos políticos. Más aun, la Sec. 89(a) de la Ley Electoral deja aclarado que “candidatura” es el conjunto total de los candidatos postulados por un solo partido en su propia columna en la papeleta electoral, y en el caso de “partidos” que fueron coligados para las elecciones generales inmediatamente precedentes, o que serán coligados para las inmediatamente siguientes, el conjunto total de los candidatos de dichos partidos postulados en sus propias colum-nas en la papeleta electoral. En resumen, la Sec. 89 (a) le da vigencia a la ya mencionada disposición constitucional que se refería a “un solo partido” o “bajo una sola candidatura”. El término “candidatura” incluye tanto el conjunto total de los candidatos postulados por un solo partido como los postulados para dos o más partidos coligados. Cualquier imprecisión o vaguedad de la disposición constitucional en cuestión quedó aclarada con la legislación que al efecto la Asamblea Legisla-tiva aprobó “por delegación expresa de la Constitución.”

El requisito impuesto por la See. 89 (a) de la Ley Electoral con respecto al porcentaje de votos que debe obtener el candi-dato a Gobernador de un partido de minoría para tener dere-cho a la representación minoritaria otorgada por la See. 7 del Art. Ill es razonable y por tanto constitucionalmente per-misible. Véase Jenness v. Fortson, 403 U.S. 431 (1971). El Estado tiene un derecho a exigir la existencia de un respaldo sustancial del electorado a un partido político en aras de pro-tegerse de candidaturas frívolas o numerosas. Durante las reuniones de la Asamblea Constituyente hubo expresiones en. el sentido de que la proliferación de partidos y la conservación artificial de partidos que no contaban con suficiente fuerza electoral, con el consiguiente fraccionamiento de la responsa-bilidad política ante el pueblo, debilitan la democracia, toda vez que la multiplicación de partidos políticos pequeños les hacen endebles para expresar sus criterios. 3 Diario de Sesio-nes, págs. 2026, 2028. Coincide este criterio con el expresado por Madison en los escritos publicados en los años en que se debatía la formación de los Estados Unidos de América al decir que los partidos en astillas y el faccionalismo desen-frenado podían causar grave daño al tejido gubernamental, The Federalist, No. 10 (Madison).

No se trata de un candidato independiente que ante la encrucijada de optar por ser candidato independiente sin atarse a un partido político, encuentre que los requisitos de ley para así hacerlo son en extremo onerosos. Se sabe que en esos casos el Estado debe proveerle una oportunidad ase-quible. Storer v. Brown, No. 72-812, resuelto en 26 de marzo de 1974. Véase Williams v. Rhodes, 393 U.S. 23 (1968).

Por los fundamentos aquí consignados, concurro con el resultado de la opinión del Tribunal.

Voto particular del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de Mayo de 1974

Concurro enteramente con la opinión mayoritaria.

Hay considerable argumento entre las partes en cuanto al propósito de la Asamblea Constituyente de dar representación en la Legislatura a los llamados grupos de opinión minoritaria. No existe mejor criterio conocible para percibir un grupo de opinión que su consolidación en partido político lo que induda-blemente llevó la Constituyente a vincular la representación de minorías al concepto “partido” en vez de “candidato” al escribir el Art. Ill, Sec. 7 de nuestra Constitución.

El tribunal de instancia declaró la citada See. 7 inope-rante y postergada por disposiciones de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado por entender que vulnera el principio de que cada voto debe tener el peso equi-parable a la plena participación del elector que lo emite. La Constitución es un todo y deberá interpretarse respetando la integridad de todas y cada una de sus disposiciones. Los derechos civiles del Pueblo que con sus votos aprobó la Consti-tución, quedaron no sólo garantizados sino también regulados por la propia voluntad popular que en forma espontánea apro-bó el método de elección de legisladores de minoría bajo el Art. Ill, Sec. 7. No encuentro en ello erosión de derechos superiores a otros, sino una restricción autoimpuesta, libremente con-sentida por el Pueblo mismo al aprobar su Constitución.

       Se conoce como gerrymandering en la literatura política de los Estados Unidos la práctica de diseñar o establecer la demarcación de uno o más distritos electorales con el fin premeditado de favorecer a deter-minado partido político. Se le dio ese nombre popularmente debido a que fue el Gobernador Elbridge Gerry, de Massachusetts, quien en el 1811 firmó una ley que tenía ese efecto. Algunos autores creen que tal notoriedad es injusta para con Gerry pues él se oponía a dicha práctica. Gerry fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y luego fue Vicepresidente de aquel país. — Safire, The New Language of Politics (1968); Smith y Zurcher, A Dictionary of American Politics (1946).

         Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962); Gray v. Sanders, 372 U.S. 368 (1963).

       Dichos cinco partidos y el número de votos que obtuvieron en las elecciones de 1940 fueron los siguientes: Popular Democrático 214,857; Unión Republicana 134,582; Unificación Puertorriqueña 130,299; Partido Socialista 87,841 y Agrícola Puro 1,272.

       De dichos 92 delegados 32 eran abogados, 13 agricultores, 9 lí-deres obreros, 6 maestros, 6 comerciantes, 5 industriales, 4 médicos, 3 pe-riodistas, 2 jueces, un banquero, un dentista, un ingeniero, un farmacéu-tico y un contable. — Oficina del Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, Notes and Comments on the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico (1952) pág. 25.

       Otros ejemplos de acción tomada en la Constitución y en las leyes de Puerto Rico bajo el gobierno del Gobernador Muñoz Marín y del Partido Popular, en los cuales se le restaron importantes poderes al Gobernador que anteriormente dicho funcionario tenía bajo la Carta Orgánica 'de 1917 y bajo leyes anteriores son los siguientes: (1) Ley Marcial: Bajo la Carta Orgánica el Gobernador podía decretar la Ley Marcial. Bajo la Constitución de Puerto Rico si el Gobernador decreta la Ley Marcial la Asamblea Legislativa se reunirá inmediatamente por iniciativa propia para ratificar o revocar esa acción del Gobernador. (2) Hábeas Corpus: Bajo la Ley Orgánica el Gobernador podía suspender el auto de Hábeas Corpus. Bajo la Constitución sólo la Asamblea Legis-lativa puede hacerlo, en caso de rebelión, insurrección o invasión. (3) Poder Judicial: El Art. V de la Constitución creó una Judicatura indepen-diente. Bajo la Ley Orgánica la administración de los tribunales estaba en manos de la Rama Ejecutiva (Departamento de Justicia). Ahora es función del Juez Presidente de Puerto Rico. La Ley de la Judicatura y la Ley de Retiro de los jueces dan completa independencia a los jueces para el cumplimiento de sus deberes. Para variar el número de jueces del Tribunal Supremo, tiene que ser a propuesta del propio Tribunal. (4) Elecciones: Anteriormente cuando en la Junta de Elecciones no había acuerdo se apelaba al Gobernador. Se enmendó la ley para que se apelase al Juez Presidente. Bajo la ley anterior, para las elecciones el Gobernador nombraba representantes suyos en los distintos pueblos. Se enmendó la ley para que fuese el Superintendente de Elecciones el que nombrase representantes suyos.

       La anterior Ley Electoral ha sido recientemente sustituida por una nueva Ley Electoral llamada Código Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974.

       Sánchez Vilella obtuvo más votos que su propio partido, el Partido del Pueblo.

       La Convención Constituyente de Puerto Rico que aprobó nuestra Constitución y sus asesores trabajaron desde comienzos de septiembre de 1951 hasta el 6 de febrero de 1952. Véase Gutiérrez Franqui y Wells, The Commonwealth Constitution; Carl J. Friedrich, The World Significance of the New Constitution; Fernós, From Colony to Commonwealth; todos estos trabajos aparecen en The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 285 (1953); Notes and Comments on the

        Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico (1952) publicado por la Oficina del Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington; y La Nueva Constitución de Puerto Rico, Informes a la Convención Consti-tuyente, preparados por la Escuela de Administración Pública de la Uni-versidad de Puerto Rico (1954).

       «[i]f the King is without a bridle, that is, without law, they ought to put a bridle on him.” — Bracton, siglo 13. Citado en C. H. Mcllwain, Constitutionalism and the Changing World, 1939, reimpreso en 1969.

       Desde luego, la idea del pacto como base del gobierno es mucho más antigua que eso; recuérdese el Viejo Testamento.

       J. S. Mill, Representative Government, capítulo 7 (1860); W. Bagehot, English Constitution, 2da ed. (1873), cap. 5; Hermens, Europe Between Democracy and Anarchy (1961); C. J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy, 4ta. ed. (1968), cap. 15.

       “La Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas garantías, y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección, así como el número mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a Gobernador para tener derecho a la representación que en la presente se provee.”

       Al tomar ese curso la Asamblea Constituyente y subsiguientemente el Pueblo enaltecieron una de las básicas libertades de la democracia, la de asociarse en agrupaciones políticas. “No puede ya ponerse en duda que la libertad de asociarse con otros para el común impulso de postulados e ideas políticas es una forma de ‘ordenada actividad de grupo’ protegida por las Enmiendas la. y 14a. [citas]. El derecho a asociarse con el partido polí-tico de su preferencia es parte integrante de esta básica libertad constitu-cional. [citas]” Kusper v. Pontikes, 414 U.S. 51 (1973), 38 L.Ed.2d 260. Igual protección ofrecen el Art. II, Sec. 4 (derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y pedir reparación de agravios) y el Art. II, Sec. 7 (nadie será privado de su libertad ni le será negada la igual pro-tección de las leyes) de la Constitución del Estado Libre Asociado.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    Frank Rodríguez García et al., demandantes y recurrentes, v. Twin Towers Corp. et al., demandados y recurridos.

      Número: R-73-291

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      Antonio Zapater Cajigas, abogado de los recurrentes; José Angel Cangiano, Héctor Lugo Bougal y Alfredo J. Mora Mercado, abogados de los recurridos.
   per curiam:

Twin Towers Corporation sometió por es-critura pública un edificio de 15 pisos al Régimen de Pro-piedad Horizontal. En dicha escritura se hizo constar que todas las unidades del edificio se utilizarían únicamente para propósitos residenciales y que los dueños no realizarían mo-dificaciones estructurales en sus unidades sin antes notificar a la Asociación de Condómines.

A pesar de conocer estas restricciones, los corecurridos David J. Vagnetti y Juan F. Rodríguez ocuparon el apartas-miento número once instalando una oficina de ingenieros-arquitectos para dar servicio al público y realizaron cam-bios estructurales en el apartamiento sin notificar debida-mente a la Asociación de Condómines. Varios residentes del edificio instaron ante el tribunal de instancia una demanda de injunction para impedir estas violaciones a las restric-ciones aludidas.

El tribunal de instancia a petición de los recurridos de-sestimó la demanda negándose a darle eficacia a las restric-ciones. Se basó en que la Junta de Planificación había auto-rizado el uso del apartamiento residencial como oficina pro-fesional y que no se había demostrado que tal actuación fuera ilegal o inválida, por lo que era de aplicación la prohibición contenida en el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3524.

Reiteradamente hemos resuelto que la mera concesión de un permiso por la Junta de Planificación no tiene el efecto ni el alcance de anular restricciones privadas que resulten inconsistentes con el permiso concedido. Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 267 (1959); Pérez v. Pagán, 79 D.P.R. 195 (1956).

La prohibición contenida en el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil a los efectos de que no podrá otorgarse un injunction para impedir el cumplimiento de cualquier actuación de una agencia pública, a menos que se hubiere determinado por sentencia que dicha actuación es inválida o inconstitucional, no es de aplicación. No se impugna aquí la facultad de la Junta de Planificación para conceder un permiso de uso sino las actuaciones de personas privadas de usar un apartamiento residencial en violación de las restricciones privadas impuestas al uso del apartamiento e inscritas en el Registro de la Propiedad.

La decisión del tribunal de instancia desestimando la de-manda quebranta el régimen de propiedad horizontal del edificio al cual voluntariamente se sometieron los condómines destruyendo así el propósito común y legítimo de dedicar los apartamientos al uso residencial exclusivamente.

Se dictará sentencia revocando la sentencia recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para que celebre a la mayor brevedad una vista y disponga sobre la solicitud del interdicto provisional solicitado por los recurrentes y continúe con los procedimientos del caso.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué, no intervino.

       E1 Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone en lo perti-nente :
      “No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho:
      3. Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actua-ción autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable, que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida.”


text:
      In re: Luis Gonzalo de Jesús Rivera, querellado.

      Número: MC-73-52

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Subprocurador General, Candila R. Orlandi y Justo Gorbea Varona, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Luis Gonzalo De Jesús Rivera, por derecho propio, y Miguel E. Herrero Frank, abogado del querellado.
   per curiam:

El abogado Luis Gonzalo de Jesús Rivera hizo publicar un anuncio en uno de los periódicos del país en el que apareció su fotografía con un texto en el que él participa haber logrado la absolución de cierto acusado de homicidio involuntario, ello en violación de los cánones 13 y 36 del Código de Ética Profesional. Luego de una investiga-ción del Procurador General ordenada por este Tribunal y comprobada la actuación del joven abogado, éste admitió los hechos en un escrito explicativo que revela que sus actos fueron motivados por su juventud e inexperiencia y ciertos deseos de reconocimiento que tienen un trasfondo en las vicisitudes experimentadas en los albores de su vida.

Atendidas las circunstancias relatadas por el abogado Luis Gonzalo de Jesús Rivera y teniendo en consideración la admisión que éste hace de su estado emocional a través de toda la zozobra experimentada por él desde que se inició nuestra gestión y en vista especialmente de que se trata de un joven abogado que comienza a encaminarse por el azaroso y difícil sendero de la profesión de abogado, y habiéndonos convencido de haber adquirido plena conciencia de la grave-dad de sus actuaciones, el Tribunal no le impondrá sanción alguna pero le advierte de la estricta observancia futura de los cánones del Código de Ética Profesional.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José L. López Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-73-70

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      Wilfredo Figueroa Vélez, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Ruth Tentori de Lebrón-

      Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El Ministerio Público formuló acusación contra José L. López Rivera imputándole tres infracciones en grado subsiguiente al Art. 29 de la anterior Ley de Narcóti-cos consistentes en la posesión, ocultación y transportación y venta de heroína, 24 L.P.R.A. sec. 974z, por hechos ocurridos el 16 de octubre de 1971. Después de haber renunciado a su derecho a juicio por jurado se celebró la vista de todos los cargos el 7 de febrero de 1973 por tribunal de derecho. El tribunal de instancia declaró al acusado culpable de los delitos imputados y le impuso una condena de diez (10) a quince (15) años de presidio en cada uno de los primeros dos cargos y de quince (15) a veinte (20) años de presidio en el tercer cargo para ser cumplidos consecutivamente. Inconforme con el fallo del tribunal sentenciador, el acusado radicó el recurso de apelación que nos ocupa.

El apelante, por su representación legal, apunta cuatro errores de derecho que alegadamente cometió el tribunal de instancia.

En el primer error ataca en forma general la suficiencia de la prueba y de manera específica el testimonio del principal testigo del Pueblo — un agente encubierto.

Dentro de dicho error el apelante señala que “no hay garantía de veracidad en el testimonio del agente encubierto porque no ofreció el Estado una explicación de la tardanza del Agente para prestar la declaración jurada.”

No tiene razón el apelante. El agente Vicente Rivera Nazario sí explicó por qué prestó una declaración jurada ante un fiscal luego de transcurridos tres meses desde la ocurrencia de la alegada transacción ilegal. Declaró el agente que entendía que bajo la “vieja” Ley de Drogas no estaba obligado a prestar una declaración jurada dentro de determi-nado límite de tiempo (T.E. Parte 1, págs. 88-89.) No es este el caso de un testimonio estereotipado acompañado de una dilación irrazonable en la prestación de la declaración ju-rada para la determinación de causa probable (véase Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966) ni la atestación de “falsedad transparente” que recientemente nos hizo revocar la sentencia condenatoria del tribunal de instancia en Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973). Esta precisa-mente es la situación que excepcionamos en nuestro dictamen de Rosario Torres, supra, en el que el “agente ignora que lo propio es dar en breve plazo una declaración al fiscal y de buena fe cree que ha cumplido con entregar la evidencia en el cuartel.”

Señala además la representación legal del apelante que el Ministerio Público no trajo prueba sobre el resultado de la investigación de los hechos de este caso y de los otros casos asignádoles al agente. Se queja además, el apelante de que el tribunal de instancia limitó irrazonablemente su contrain-terrogatorio del agente encubierto al no permitirle obtener detalles sobre otras transacciones de drogas en las cuales se vio envuelto dicho agente en fecha cercana a la de los hechos del presente caso.

Si bien es cierto que el Pueblo no presentó prueba sobre los resultados de la investigación asignada al agente, esta omisión fue subsanada por la propia defensa ya que como resultado de su contrainterrogatorio, el testimonio del agente encubierto se ajustó a las guías mínimas que estable-cimos en Pueblo v. Ayala Ruiz, supra (T.E. Parte 1, págs. 20-40; págs. 65-73) para la atestación de un encubierto.

Examinemos la parte pertinente del contrainterrogatorio de la defensa al agente encubierto que reproducimos a con-tinuación, a los fines de determinar si el juez de instancia abusó de su discreción al restringir el mismo:

“P. Oiga, el día 18, lunes, a dónde fueron ustedes a comprar?
R. Fuimos a Country Club porque el confidente conocía . . .
P. Dónde fueron a comprar, no me diga quién conocía.
R. A Country Club.
P. ¿A quién le compraron?
R. No le compramos a nadie.
P. En Country Club no le compraron a nadie. ¿ En algún otro sitio ese día lunes 18 de octubre que usted hiciera alguna com-pra?
R. Lunes 18, sí, el 18 en Puerta de Tierra.
P. ¿Ah?
R. En Puerta de Tierra.
P. ¿En Puerta de Tierra el 18 de octubre?
R. Sí, señor.
P. ¿A quién compró usted?” (T.E. Parte 1, pág. 83.)

Al levantar el fiscal una objeción se desarrolló una discu-sión sobre la admisibilidad de la pregunta, la que resolvió el tribunal permitiendo la pregunta, continuando el inci-dente en la forma siguiente:

“R. Es que yo no le puedo decir el nombre de la persona, ya que el individuo no ha sido arrestado.

Hon. Juez:

Bien, ésa es la contestación del testigo.

Lie. Figueroa Vélez:

P. ¿Qué usted quiere decir, que hay una orden de arresto contra él pero que no ha sido arrestado?

Hon. Juez:

Ya él contestó. El Tribunal entiende que es responsiva la contestación.

Lie. Figueroa Vélez:

Sí, S.S., es para aclarar que no ha sido arrestado.

Hon. Juez:

El Tribunal entiende que es responsiva.

Lie. Figueroa:

Sí, es responsiva, S.S., no cuestionamos eso. Lo que quiero, por ejemplo, que me aclare eso de ‘No ha sido arrestado’, si es que hay una orden de arresto contra el individuo.

Hon. Juez:

Para los efectos y propósitos de la pregunta es suficiente la contestación del testigo a los efectos de impugnar su credibilidad. Hasta ahí es responsiva la pregunta y el Tribunal la permitió.

Lie. Figueroa Vélez:

Fíjese, V.H., mire dónde yo voy. Es fácil ahora, el testigo que ve que S.S. le ha ordenado contestar, decir: ‘No ha sido arres-tado’. Fíjese V.H., y puede ser que ni siquiera exista un caso en corte contra nadie acusada de haberle vendido a este señor- el 18 de octubre de 1971. Por eso es que yo le pregunto si hay una orden de arresto porque entonces nosotros 'podríamos veri-ficar si hay algún caso pendiente de arresto, que esté en la sala de vista preliminar o que esté radicado en el Tribunal Superior, a base de lo que él diga o declare de que hay una orden de arresto. Pero si no se me permite la pregunta, él se escuda detrás de eso. (Énfasis suplido.)

Hon. Juez:

A la reconsideración, no ha lugar.” (T.E. Parte 1, págs. 86-88.)

El tribunal de instancia, al limitar el contrainterrogatorio del testigo Rivera Nazario en la forma reseñada, no cometió tal abuso de discreción que amerite la revocación. Véase Pueblo v. Gómez, 45 D.P.R. 812, 814-815 (1933). El abogado defensor no demostró adecuadamente la pertinencia de la pregunta. Por el contrario el carácter del contrainterrogatorio revela su intención de efectuar una “exploratoria de pruebas” (fishing expedition) sobre información que pudo haber obtenido con antelación al juicio. El tribunal sentenciador debe evitar la dilación injustificada de los procedimientos judiciales, naturalmente sin que ello vaya en perjuicio de los derechos sustanciales del acusado.. Estamos con-vencidos de que no hubo tal perjuicio en el caso de autos. Véanse 32 L.P.R.A. see. 2143; Pueblo v. Gómez, supra, pág. 814; Pueblo v. Camacho, 69 D.P.R. 358, 360-61 (1948); Pueblo v. Vázquez, 68 D.P.R. 67, 83 (1948).

En cuanto a la suficiencia de la prueba presentada por el Pueblo, basta un somero examen de la transcripción de la evidencia para concluir que todos los elementos esenciales de los delitos imputados fueron cubiertos. No tenemos duda que la prueba de cargo, creída, como resultó ser, por el juz-gador de los hechos, fue suficiente para establecer la certeza de las imputaciones.

El tercer error apuntado está íntimamente relacionado con el que hemos discutido precedentemente. Sugiere que al impugnar la defensa la veracidad del principal testigo del Ministerio Público, surge la existencia de duda razonable y por ende debe absolverse al acusado. No es necesario repro-ducir aquí el incidente impugnatorio. Basta decir que el agente encubierto se contradijo en dos ocasiones: primero, al declarar que había hecho una descripción física de la persona que “le vendió drogas” en la declaración jurada que prestó ante un fiscal y luego al afirmar que tal descripción constaba, en el “informe de delito” preparado por él sin que apareciera tal descripción en ninguno de los dos documentos menciona-dos. El testigo explicó a satisfacción del tribunal que recor-daba haber incluido la descripción pero que al transcribirse los documentos había quedado ésta fuera sin haberse aperci-bido de ello.

La Ley de Evidencia, en su Art. 162, Art. 524 del Código de Enjuiciamiento Civil, párrafo tercero, (32 L.P.R.A. see. 1679), al expresar que: “Un testigo que hubiere faltado a la verdad en una parte de su declaración, deberá ponerse en dudas respecto a otras.”, sirve de guía al juzgador de los hechos, en su determinación sobre la credibilidad de un testigo, pero no constituye una camisa de fuerza. De suerte que al faltar un testigo a la verdad en una parte de su testi-monio no lleva la implicación absoluta de que deba rechazarse el resto de su declaración. Pueblo v. Nazario, 87 D.P.R. 130 (1963); Pueblo v. Nieves, 57 D.P.R. 784 (1940). Hemos sos-tenido que una contradicción en el testimonio de un testigo sobre cuestiones que no son fundamentales, sino más bien sobre sucesos posteriores a los hechos delictivos, no obligan al juez a descartar el resto de su testimonio. Pueblo v. Pacheco Betancourt, 92 D.P.R. 698 (1965). (Énfasis suplido.) Sa-bido es que la máxima falsus in uno, falsus in omnibus no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque se haya contradicho o faltado a la verdad respecto a uno o más particulares. En otras palabras, es imprescindible armo-nizar toda la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso que ha de concedérsele a la prueba en su totali-dad. García v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 823 (1968).

Estando las alegadas contradicciones del testigo del Pueblo relacionadas con prueba sobre eventos ocurridos con posterioridad a la transacción delictiva, corresponde al juez que oye y ve los testigos sopesar tal impugnación frente a toda la prueba que desfiló en el proceso. Pueblo v. Rodríguez González, 101 D.P.R. 1 (1973). En ausencia de error manifiesto o arbitrariedad en la apreciación de la prueba, este Tribunal no intervendrá con el dictamen del tribunal sentenciador. Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973); Pueblo v. Santos Vázquez, 89 D.P.R. 88 (1963).

El segundo error señalado por el apelante plantea la ocul-tación del paradero del confidente participante “para que no pudiera ser citado por la defensa.” El incidente que motiva este planteamiento surge del contrainterrogatorio al Sargento Cotto, supervisor del agente Rivera Nazario, en la siguiente forma:

“P. Oiga, y el confidente ése, de dónde salió?
R. El confidente es del pueblo de Arecibo.
P. ¿Dónde está?
R. Que yo sepa, de momento ahora no sé porque desde el ’71 dejé de verlo, no sé dónde pueda estar ese joven ahora.
P. ¿Usted quiere decir al Señor Juez que usted no sabe por qué él no está en Arecibo ya, o qué le ocurrió a él? ¿Usted no sabe o usted sabe ?
R. Yo no he dicho que no esté en Arecibo, yo no sé dónde está ahora, desde el ’71 no lo veo.
P. ¿ Usted no sabe si está en Arecibo ?
R. No sé.
P. ¿Y el nombre completo de él?
R. El me parece que era Rafael Rivera Correa, algo así.
P. ¿Rafael?
R. Rivera Correa, me parece que es.
P. ¿Le parece?
R. Sí, no estoy seguro porque eso fue en el ’71, pero más o menos creo que ése es el nombre.
P. ¿Le parece, cree, o usted sabe que ése es el nombre de él?
R. Creo que es el nombre de él.
P. ¿Está seguro?
R. Estoy casi, pero no puedo decir seguro porque puede haber algún apellido que esté equivocado, por eso digo que casi estoy seguro.
P. ¿Y sabe la dirección?
R. No, señor; vive en un barrio de Arecibo.
P. ¿Pero ese barrio no tiene una dirección?
R. No, señor.
P. ¿Cuál es el barrio?
R. En cuanto a la dirección específica de él no puedo decirle porque no sé.
P. ¿Cuál es el barrio?
R. No sé, sé que es un barrio de Arecibo, pero no sé.
P. Usted que era el que le pagaba, lo contrató, que lo usaba, no sabe el barrio.
R. No, señor.
P. ¿Nunca lo fue a buscar allá?
R. No, señor.” (T.E. Parte 1, págs. 104-106.)

En Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693, 702 (1965), dijimos . . al acusado solicitar la información en el acto del juicio y luego de obtener el nombre completo del confidente ... el acusado no solicitó tiempo alguno para citar o hacer citar al confidente. ... No solicitó una posposición del caso ni solicitó del tribunal que citase al confidente.. .Tam-poco en el presente caso se trató de obtener la comparecencia en corte del confidente, por lo que no puede ahora, en apela-ción, quejarse de que se le ocultó su paradero para obstruir su citación.

El último señalamiento de error es al efecto de que el tribunal no permitió al acusado “llevar al récord como prueba ofrecida y no admitida parte de la declaración del acusado.”

La norma general es que objetada una pregunta a un testigo, la parte que lo presenta debe hacer constar én el récord, con toda la amplitud posible, lo que el testigo, a quien no se ha permitido contestar, hubiera declarado; u obtener que se haga un récord completo de la evidencia que trata de elucidarse por medio de la pregunta objetada, con el fin de que este Tribunal pueda determinar si la prueba, de haber sido creída por la corte inferior, hubiera justificado un resultado distinto del caso. Vicenty v. Corona Brewing Corporation, 73 D.P.R. 135 (1952); El Pueblo v. Diodonet, 22 D.P.R. 751 (1915). Así, hemos dicho que: “Una corte de justicia carece de facultades para impedir que un litigante ofrezca cualquier evidencia que estime relevante. Si la corte cree que la evidencia no es admisible por cualquier razón legal, su deber es denegar su admisión, pero no puede impedir que el taquígrafo tome razón de la prueba ofrecida, para que este tribunal, al recurrir se a él, pueda determinar si fue o no errónea la negativa del tribunal inferior, y si el perjuicio que pudo haber sufrido el recurrente justifica una revocación de la sentencia.” Pueblo v. Gelpí, 55 D.P.R. 750, a las págs. 755-56 (1939). (Énfasis suplido.)

Veamos el incidente que originó el planteamiento que dis-cutimos : El acusado declaraba:

“R. Entonces, él viene y se estaciona y se me queda mirando y me dice, cómo te llamas y le dije, Fulano de Tal y me dice, dónde trabajas y saqué la tarjeta de identificación y se la di y le dije, yo trabajo en los muelles y así y así y me dijo, no te asustes que no es nada, es que estamos haciendo una investigación con rela-ción a (T.E. Parte 2, pág. 28.)

Aquí se produjo la objeción oportuna del fiscal, la cual fue sostenida por el tribunal de instancia. El abogado del apelante trató insistente pero infructuosamente de dejar constancia en el récord de la prueba que pretendía introducir a través del objetado testimonio del apelante.

La declaración del apelante con respecto a lo que le dijo un tal agente Vizcarrondo (quien ni había testificado ni era testigo en el caso) sobre el propósito de una investigación es claramente prueba de referencia. La negativa del juez al no permitir que fuera al récord esa evidencia ofrecida y no admitida, no ha impedido que este Tribunal pase juicio sobre la admisibilidad de la evidencia ofrecida; por lo tanto su negativa no conlleva la anulación de la sentencia.

Se confirmarán las sentencias recurridas.

       Para la fecha de los alegados hechos punibles (16 de octubre de 1971) la nueva Ley de Sustancias Controladas ya había sido aprobada pero no era aún efectiva la disposición de dicha ley que obliga a los agentes en-cubiertos que intervengan o participen en una venta de drogas y sustancias controladas a prestar una declaración jurada ante un Fiscal dentro de las 120 horas siguientes a haberse consumado la transacción, a menos que se demuestre justa causa para la demora en someterla dentro del término indicado. Véase 24 L.P.R.A. see. 2523 y el Art. 608 de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4, pág. 553, de 23 de junio de 1971.

       E1 nombre completo del confidente fue revelado; no hay pues ale-gación de privilegio de parte del Estado para no revelar la identidad del confidente.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Colón Obregón, acusado y apelante.

      Número: CR-73-82

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      R. N. Ponce de Sánchez-Rivoleda, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 17 de junio de 1966 de dictó sentencia contra Andrés Colón Obregón, condenándosele a cumplir una pena de cinco a diez años de presidio con trabajos forzados en cada uno de los cargos consistentes en la alegada posesión y dominio, transportación y ocultación y venta de heroína. El caso no se somete a este Tribunal hasta el 17 de abril del corriente año debido a extraordinarias tardanzas en la solicitud de la preparación del récord, en la transcripción del mismo y en otros trámites. El caso ilustra en este respecto la necesidad de acelerar notablemente los procedimientos para impedir de-moras que afectan los derechos del acusado y perjudican la administración de la justicia y su buen nombre. La ventila-ción en grado apelativo de los asuntos criminales debe suje-tarse a las normas de premura requeridas en buena civiliza-ción por toda cuestión que envuelva la libertad de un ser humano.

El único error imputado fue que no se demostró la culpa-bilidad del acusado más allá de toda duda razonable.

La prueba de cargo fue brevemente como sigue. El testigo principal fue el agente encubierto José Francisco Barreto. Barreto trabajaba con la Oficina de Investigaciones Especia-les del Departamento de Hacienda por contrato y su compen-sación dependía de la aceptabilidad de sus servicios en cada caso en particular. El día de los hechos, Barreto y el agente Gerardo Mendoza, quien murió antes del juicio, se dirigieron a un barrio de Mayagüez donde encontraron al acusado, a quien Barreto conocía. Le preguntaron si tenía heroína y él contestó que sí. Según Barreto, Mendoza le pidió entonces dos sobres al acusado, obteniéndolos y pagando por ellos. Al día siguiente, Barreto y Mendoza entregaron la evidencia a las autoridades correspondientes, colocando Mendoza sus inicia-les en los sobres comprados, junto a las de su supervisor Reyes Soto Ortiz. Barreto firmó entonces una declaración jurada ante el supervisor Soto Ortiz relatando lo anterior. Como dato adicional debe señalarse que Barreto confesó haber usado drogas como hasta el 1960, algunos años antes de la transacción.

También declaró el Sr. José Núñez Barber, Director de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Hacienda, quien constató la contratación del agente Barreto. Se presentó igualmente el testimonio del señor Reyes Ortiz, quien confirmó el status de los agentes Gerardo Mendoza y José Francisco Barreto, así como la entrega de la heroína, la colocación de las iniciales y el pago a Barreto.

La prueba de defensa consistió principalmente en el testi-monio del propio apelante, quien negó haber estado en el sitio de los hechos en la fecha señalada, ni haberle vendido heroína a Mendoza, ni ser adicto o traficante. Explicó que la transac-ción que llevó a cabo con Mendoza y Barreto fue la venta de un automóvil. También señaló el apelante que Barreto se había comprometido con él alegadamente a testificar en su favor, antes de la muerte de Mendoza.

Los otros dos testigos de la defensa declararon básica-mente que el acusado tenía un Volkswagen a la venta y que en junio dos hombres se lo fueron a comprar. No se iden-tificó a tales hombres. También señaló uno de dichos testigos, Juan de la Cruz Acosta González, que él estaba preso en la cárcel de Aguadilla por infracción a la ley de narcóticos y que el testigo Barreto, preso entonces allí, le había dicho que él era adicto y que no sabía nada de la transacción de Colón Obregón.

En el proceso de instrucciones al jurado, no se solicitó por la defensa instrucción alguna relativa a la alegada adicción a drogas del testigo de cargo Barreto, ni sobre los hechos probados relativos al pago del informante Barreto.

En vista de los hechos expuestos concluimos que no se cometió un error claro o manifiesto en la apreciación de la prueba que justifique que este Tribunal intervenga con la apreciación de la misma efectuada por el juzgador de instancia. Pueblo v. Rodríguez González, 101 D.P.R. 1 (1973).

No podemos, sin embargo, dejar de expresarnos sobre una importante cuestión que suscita la controversia presente. La cuestión se refiere a las precauciones, si algunas, que deben tomarse en la emisión de las instrucciones al jurado en casos en que el informante es un adicto o recibe paga por la información que suministra. Nos pronunciamos sobre este asunto a pesar de no haberse requerido instrucciones al efecto durante el juicio ni haberse hecho planteamiento de error ante este Tribunal sobre el problema, por la facultad que nos. asiste de no limitarnos a examinar solamente in-, fracciones de ley o quebrantamientos de forma según fueren señalados, en casos en que pueda haberse cometido un error de extrema sustantividad. Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39, 61 (1961); cf. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174, 179 (1964).

Algunos comentaristas sobre el tema consideran que debe examinarse cautelosamente por el jurado el testimonio de cualquier informante en la categoría de adicto a drogas o con-fidente a sueldo. Berkau, Thomas S.: Evidence — Testimony of Government Informers in Narcotics Cases, 51 N.C. L. Rev. 911 (1973). A juicio de estas autoridades, es obligatorio instruir al jurado sobre este particular, se solicite o no por la defensa. United States v. Kinnard, 465 F.2d 566, 574 (D.C. Cir. 1972).

No compartimos el anterior criterio. Los confidentes, informantes o agentes encubiertos son parte esencial de todo esfuerzo para combatir el tráfico de drogas. The Presidents Commission on Law Enforcement and Admission of Justice, Task Force Report: Narcotics and Drug Abuse, 1967, pág. 8. En las circunstancias señaladas, en que se trata de informantes adictos o a sueldo, especialmente cuando es contingente su pago, su testimonio debe escudriñarse para determinar su confiabilidad, mas la doctrina prevaleciente es al efecto de que las instrucciones al jurado sobre dicho particular deben solicitarse expresamente. De no requerirse la transmisión de las mismas por la defensa, no constituye error su omisión. Sartain v. United States, 303 F.2d 859 (9th Cir. 1962); Orebo v. United States, 293 F.2d 747 (9th Cir. 1961). Debemos reiterar también que el testimonio de un informante pagado, siempre que su testimonio no sea básicamente increíble o de otro modo insustancial, no exige prueba de corroboración. Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974). Tal es la regla prevaleciente también en muchas otras jurisdicciones. United States v. House, 471 F.2d 886 (1st Cir. 1973); United States v. Strauss, 443 F.2d 986 (1st Cir. 1971), cert. den. 404 U.S. 851; Davis v. United States, 411 F.2d 1126 (5th Cir. 1969); United States v. Smith, 459 F.2d 12 (4th Cir. 1972). La prueba de cargo en el caso de instancia fue coherente y la cadena de la evidencia se esla-bonó lo suficientemente bien para no justificar nuestra in-tervención con el criterio del juzgador o exigir prueba corroborante.

Por los fundamentos expuestos, se confirmará la senten-cia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Egidio González del Valle, acusado y apelante.

      Número: CR-73-135

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      Miguel A. Velázquez Rivera, Jorge L. Chaar Cacho y C. R. Urrutia de Basora, abogados del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Candila R. Orlandi, Procurar dora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El testimonio del agente que intervino con el apelante es idéntico al presentado en una serie de casos que recientemente hemos revocado. Declaró el agente que había un grupo de per-sonas reunidas en el Parterre en Aguadilla y que al darse cuenta que se acercaba a ellos, uno del grupo exclamó: “Ahí vienen los camarones”; que el apelante entonces “. . . Metió la mano derecha al bolsillo izquierdo de la camisa y sacó una cajetilla de cigarrillos Winston y la tiró debajo de un carro, de un Chevrolet del 1961, colorado, la caja de cigarrillos dio abajo, en el filo del guardalodo trasero, cayendo abajo del vehículo. Yo recogí la caja, la abrí y dentro de la caja habían tres cigarrillos, tres envolturas a manera de cigarrillos, lo que comúnmente se usa en el tráfico ilegal de marihuana. Yo al ver esa envoltura procedí a arrestar a Egidio [el acusado].”

El caso aquí planteado exige que reiteremos las reglas referentes al testimonio estereotipado en casos de narcóticos y bolita. La necesidad de utilizar agentes, encubiertos o no, para atacar el nocivo tráfico de drogas, así como la admisibili-dad de su testimonio en circunstancias adecuadas, se ha re-conocido en ésta y otras comunidades. Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 352 (1967); Note, Probable Causé and the Confidential Informer in the United States Supreme Court, 37 U.M.K.C. L. Rev. 352 (1969); Comment, Present and Suggested Limitations on the Uses of Secret Agents and Informers in Law Enforcement, 41 U. Colo. L. Rev. 261 (1969). Los agentes encubiertos del orden desempeñan una .tarea delicada y difícil en la campaña contra el crimen. Obran usualmente a riesgo de su vida-y debe reconocerse la impor-tancia de su labor. Del otro lado, es doctrina establecida en Puerto Rico y otras localidades que el uso del testimonio de ágentes encubiertos y confidentes o el uso de declaraciones estereotipadas por cualquier otro tipo de testigo, debe ser objeto de escrutinio riguroso para frenar el celo excesivo que pueda, vía declaraciones inexactas o falsas, vulnerar los derechos de ciudadanos inocentes. Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966); Donnelly, Judicial Control of Informants, 60 Yale L.J. 1091, 1093 (1951). Estamos ante una instancia más de la necesidad de equilibrar los intereses en juego, de permitir y estimular la defensa de la comunidad contra un mal corrosivo y la de proteger también los derechos de la ciu-dadanía, base de toda democracia.

Uno de los testimonios más susceptibles a ataque y causan-tes de duda en el ánimo judicial es el de la naturaleza indi-cada. El incremento advertido en otros lugares respecto a for-mas estereotipadas de declarar arranca particularmente de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). Comment, Police Perjury in Narcotics “Dropsy” Cases: A New Credibility Gap, 60 Geo. L.J. 507 (1971). La misma situación es objeto de comentario por este Tribunal en Ayala Ruiz, supra. Mapp, como se re-cordará, prohibió la admisión en los tribunales estatales de evidencia obtenida en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, referente a allanamientos o registros irrazonables. Esto era así en Puerto Rico desde 1952 por disposición expresa de la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución y aun desde mucho antes. Véase: Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548 (1941) y casos allí citados.

El testimonio estereotipado, mediante el cual en caso tras caso se declaraba en modo casi idéntico, limitándose el fiscal a probar los elementos mínimos del delito, constituyó a todas luces una manera tentadora de esquivar los rigores de Mapp y de la parte citada de la Carta de Derechos de la Constitu-ción de Puerto Rico. Pueblo v. Soto Zaragoza, supra, 354, escolio 2.

Hemos hecho alusión en varias ocasiones a una de las modalidades más conocidas del testimonio estereotipado: al de la-evidencia-abandonada-o-lanzada-al-suelo. Pueblo v. Rosado Rosado, 100 D.P.R. 905 (1972); Pueblo v. Maysonet Laureano, 90 D.P.R. 497 (1964). A esta forma de atestiguar es que se le conoce en la jurisprudencia de Estados Unidos como “dropsy testimony”, Comment, Police Perjury in Narcotics “Dropsy” Cases: A New Credibility Gap, 60 Geo. L.J. 507 (1971).

Existen, sin embargo, otras modalidades, a veces no re-conocidas como tales, del testimonio estereotipado, particu-larmente la del acto-ilegal-a-plena-vista en transacciones que normalmente se amparan en la clandestinidad. Police Perjury; An Interview with Martin Garbus, 8 Crim. L. Bull. 363, 372 (1972). Hemos señalado en otras ocasiones los peli-gros de este modo de declaración con relación específica a casos de narcóticos y bolita. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961); Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966).

Estimamos que a la luz de lo expuesto en la jurisprudencia y la doctrina debemos señalar una vez más los criterios para evaluar la credibilidad del testimonio estereotipado. Estas pautas, la mayoría de las cuales, si no la totalidad, se han suscrito por este Tribunal, pueden ayudar a armonizar los diversos intereses envueltos.

En primer término, reiteramos que todo testimonio este-reotipado debe escudriñarse con especial rigor.

Segundo, tanto los casos de la-evidencia-abandonada-o-lanzada-al-suelo como los casos del acto-ilegal-a-plena-vista deben, en ausencia de otras consideraciones, inducir sospecha de la posible existencia de testimonio estereotipado.

Tercero, si el testimonio es inherentemente irreal o improbable debe ser rechazado.

Cuarto, el testimonio estereotipado puede perder su con-dición de tal si, yendo más allá de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el agente, el término de su investigación, los resultados obtenidos fuera del caso en trámites y otros detalles. Se exhorta en este sentido a re-cordar los factores mencionados sobre este particular en Pueblo v. Ayala Ruiz, supra y casos subsiguientes.

Quinto, por el contrario, la presencia de contradicciones, lagunas o vaguedades en el testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase de declaraciones.

Sexto, no debe olvidarse que el peso de la prueba de librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en el fiscal. Tal peso no se descarga con la extracción del testimonio flaco y descarnado a que se refirió Ayala Ruiz. Police Perjury in Narcotics “Dropsy” Cases: A New Credibility Gap, supra, págs. 509, 523; People v. McMurty, 64 Misc.2d 63, 314 N.Y.S.2d 194 (N.Y.C. Crim. Ct. 1970).

Si examinamos la evidencia en este caso a la luz de estos criterios puede observarse que estamos claramente ante una de las versiones más manidas del testimonio estereotipado. Es difícil creer que una persona que tiene una caja de cigarrillos Winston en su bolsillo, que es legal poseerlos, arroje al suelo la cajetilla cuando ve un agente que se acerca para que éste la pueda ocupar y encuentre en ella tres cigarrillos de marihuana. La prueba de cargo fue también flaca y descarnada a la luz de los criterios expuestos en Ayala Ruiz. Véase: Pueblo v. Rosado Rosado, supra.

Se revocará por tanto la sentencia que dictó el Tribunal Superior.

El Juez Asociado Señor Martín, disintió.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Angel Sánchez, demandante y recurrente, v. Best Price Company, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-73-215

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      José Alberty Orona, abogado del recurrente; Ramón Lloverás Otero y Carlos A. Schime, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El querellante tenía a su cargo una tienda operada por la querellada en el Centro Comercial Norte. Alega que tra-bajó en exceso de ocho horas diarias y cuarenta semanales. Recibía un sueldo fijo de $275.00 mensuales más una comi-sión indeterminada de acuerdo al volumen de ventas cada mes. Reclamó el importe de las horas extras trabajadas de noviembre de 1968 a noviembre de 1970. La querellada le-vantó la defensa afirmativa de que el querellante era un “ejecutivo”, excluido de la protección de la Ley Núm. 379 por su Art. 19 (29 L.P.R.A. sec. 288), según se define dicho término en el Reglamento del Secretario del Trabajo sobre Horas y Días de Trabajo, 29 R.&R.P.R. sec. 286-11. Se esti-puló la aplicabilidad de la Ley Federal de Normas Razona-bles, 29 U.S.C.A. sec. 201 et seq. a la empresa querellada, y que el querellante reunía todos los requisitos del Reglamento para cualificar como “ejecutivo” excepto el relativo a la com-pensación semanal.

El tribunal de instancia declaró con lugar la querella solo en cuanto a los meses en que la retribución total del quere-llante (sueldo básico más comisión) no excedía el mínimo del Reglamento para cualificar como “ejecutivo”. A petición del querellante, expedimos un auto para revisar esa determi-nación.

La Ley Núm. 379 de 1948 no define el término “ejecu-tivo”. No fue hasta el 15 de enero de 1952 que comenzó a regir un Reglamento aprobado por el Secretario del Trabajo definiendo los términos “ejecutivo”, “administrador” y “pro-fesional”, excluidos del término “empleado” por el Art. 19 de la Ley Núm. 379 (29 L.P.R.A. sec. 288), Piñán v. Mayagüez Sugar Co., Inc., 84 D.P.R. 89 (1961). En dicho Regla-mento, según enmendado, se incorporó, entre otros, el si-guiente requisito para ser “ejecutivo”:

“(V) que reciba por sus servicios una compensación fija equivalente al sueldo semanal de $115, excluyendo alimentos, viviendas u otros servicios.”

La exclusión de un empleado de los beneficios de la legisla-ción laboral debe ser clara y debe interpretarse restrictiva-mente. Municipio de Guaynabo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 545 (1969); Phillips Inc. v. Walling, 324 U.S. 490 (1945). Hemos sostenido en repetidas ocasiones que es pre-ciso que concurran todos los requisitos que enumera el Regla-mento para cualificar como ejecutivo. Piñán v. Mayagüez Sugar Co., supra; Calderón v. Esso Standard Oil Co., 92 D.P.R. 129 (1965); López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325 (1970).

Es de rigor señalar que tratándose, según estipularon las partes, de una empresa cubierta por la Ley Federal de Nor-mas Razonables, es aplicable la denominada “regla de mayor beneficio” elaborada al amparo de la Sec. 18 de dicha ley, 29 U.S.C.A. sec. 218, Marrero Cabrera v. Caribbean Refining Co., 93 D.P.R. 250 (1966); Laborde v. Eastern Sugar Associates, 81 D.P.R. 478 (1959).

La ley federal, en su Sec. 13, 29 U.S.C.A. sec. 213, ex-cluye de su protección a “ejecutivos”, “profesionales” y “ad-ministradores”. Estos términos aparecen definidos en 29 Code of Federal Regulations, sec. 541 et seq. Para cuali-ficar como “ejecutivo” bajo dicho reglamento es necesario que el empleado reciba un salario de $115 por semana. Esta cifra coincide con la establecida en el Reglamento promul-gado por el Secretario del Trabajo, 29 R.&R.P.R. sec. 286-11, supra. Esta disposición del Reglamento Federal ha sido in-terpretada en el sentido de que un empleado queda exento de la ley si recibe un sueldo fijo y garantizado de por lo me-nos $115 semanal. McReynolds v. Pocahontas Corp., 192 F.2d 301 (4th Cir. 1951); Anotación—Sueldos y Horas—Ejecutivos, 40 A.L.R.2d 332. Ver Retail Store Employees Union v. Drug Fair-Community Drug Co., 307 F.Supp. 473 (1969).

En Castro v. Lykes Lines Agency, 145 F.Supp. 94 (1956) (Ruiz Nazario, J.), la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico sostuvo que bajo la Sec. 286-11, supra, un empleado que reciba una compensación variable dependiendo del turno de trabajo que le toque, no cualifica como ejecutivo, siendo necesario para ello que reciba la misma compensación en cada período. Concurrimos con este criterio. El hecho de que el querellante recibiera comisiones en adición a su sueldo predeterminado, cuyas comisiones son proporcionales al volumen de ventas realizadas en cada período de paga, no satisface el requisito del sueldo fijo mensual para convertir a éste en un “ejecutivo”. La realidad es que al querellante se le pagaba un sueldo básico mensual por sus servicios; para efectos de determinar su status bajo la Ley Núm. 379 de 1948 y sus reglamentos, este sueldo fijo y garantizado es el único que debe utilizarse.

En los otros señalamientos alega el recurrente que en los cómputos que le sometió al tribunal se equivocó al determinar el tipo por horas al utilizar una fórmula de una semana regular de 48 horas cuando procedía, por ser aplicable la ley federal, utilizar una fórmula de 40 horas. En Srio. del Trabajo v. Fajardo Eastern Sugar, 97 D.P.R. 226 (1969), resolvimos que la frase “horas que se trabaje” contenida en el Art. 5 de la Ley Núm. 379 debe leerse como horas regulares sujetas a ser trabajadas. Como bajo la legislación federal las horas regulares sujetas a ser trabajadas son 40 semanales, éste debe ser el divisor.

Finalmente alega el recurrente que: “los honorarios de abogado concedidos no guardan razonable proporción con la suma adjudicada, ni con la naturaleza del pleito o causa de acción instada, ni con la labor desplegada por el abogado.”

Visto lo expresado en Feliciano v. P.R. Express Co., 67 D.P.R. 377 (1947), resolvemos que debe aumentarse los honorarios de abogado a $1,500.

Por las razones antes indicadas, se revocará la sentencia del tribunal de instancia y se devolverá el caso para que se vuelva a calcular el salario adeudado al recurrente a la luz de las anteriores determinaciones.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual, concurre en el resultado. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz, no intervinieron.