author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Roberto Pagán Rodríguez, Héctor García y William Rodríguez, demandantes y recurridos, v. Fundación Hospital Dr. Pila, demandada y peticionaria.

      Número: O-82-455

      Resuelto: 28 de abril de 1983

      Luis F. Antonetti, de Goldman & Antonetti, abogado de la peticio-naria; Jorge Tantao Echevarría, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia aquí planteada gira sobre la relación entre dos importantes principios de orden público: la nece-sidad de proteger el derecho constitucional y estatutario de cada trabajador a recibir compensación extraordinaria por trabajo en exceso del límite diario y la deseabilidad de fomentar el uso del arbitraje laboral. En términos más específicos, se nos presenta la cuestión del impacto de Bar rentine v. Arkansas-Best Freight System, 450 U.S. 728 (1981), si alguno, sobre la doctrina que establecimos en Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963), y, en consecuencia, la necesidad de determinar si las recla-maciones de salarios solo pueden ventilarse ante los tribu-nales.

Los querellantes recurridos, los señores William Rodríguez, Héctor García y Roberto Pagán Rodríguez (“los obreros”), eran técnicos de laboratorio empleados por la Fundación Dr. Pila (“el patrono”). Todos pertenecían a la Unión de Técnicos y Profesionales del Hospital Dr. Pila, afi-liada al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (“la unión”). En noviembre de 1979 los obreros le solicitaron al presidente de la unión que gestionase la compensación de horas trabajadas por ellos en exceso de la jornada regular. El patrono se negaba alegadamente a pagar a tiempo doble las horas adicionales.

Poco después los representantes de la unión y el patrono se reunieron. Acordaron que el patrono haría un estudio. El informe correspondiente nunca se rindió. No se completó el procedimiento de quejas y agravios pactado por ellos en el convenio colectivo que consta en autos.

En el curso del 1980 el patrono transó la reclamación de algunos obreros. En ningún caso pagó la doble indemni-zación requerida. La compensación fue a tiempo simple, total en algunos casos y parcial en otros. Varios obreros se negaron a firmar. Las transacciones no fueron sometidas a la aprobación del Secretario del Trabajo.

Los tres obreros querellantes, dos de los cuales “tran-saron” su reclamación, incoaron demanda en el Tribunal Superior el 11 de septiembre de 1981, bajo el procedimiento especial establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.), para reclamar salarios alegadamente adeudados bajo la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 271 et seq.

El patrono presentó moción de sentencia sumaria. Alegó que el convenio entre las partes requería que cualquier queja entre ellas se sometiese a arbitraje compulsorio. Invocó a Pérez y solicitó que se declarase sin lugar la que-rella, por no haber acudido los obreros al procedimiento de quejas y agravios provisto en el convenio.

Los obreros se opusieron a la moción de sentencia suma-ria. Expusieron que las “dilaciones y violaciones de dicho Convenio y la Ley 379, por parte de la Unión y la Fun-dación, los obligaron a recurrir a este Foro”. Alegaron que acudir al foro contractual era ya insatisfactorio, que la norma de Pérez tiene excepciones y que Barrentine ampara su derecho a invocar directamente la vía judicial.

El Tribunal Superior denegó la moción de sentencia sumaria por estimar que los obreros “tenían justa causa para obviar el procedimiento de quejas y agravios y de arbi-traje” en este caso y que Barrentine permite de todos modos que las querellas basadas en derechos conferidos por ley se diluciden por la vía judicial.

El patrono acudió en alzada ante nosotros y alega, en esencia, que la resolución de instancia viola la norma sen-tada en Pérez, la cual, a su juicio, no queda afectada por Barrentine.

En Pérez, supra, el obrero acudió directamente al tribunal en reclamación de salarios por concepto de horas extras bajo la Ley Núm. 379. El patrono sostuvo que, por disponer el convenio que se someterían a arbitraje “todas aquellas querellas o reclamaciones que puedan surgir en relación con las disposiciones de este convenio”, el obrero tenía que acudir antes a tal procedimiento. El obrero argumentó, en contrario, que su querella se fundamentaba en la Consti-tución y la ley, no en el convenio, por lo que podía hacerse caso omiso de la cláusula de arbitraje. Resolvimos “que un patrono y una organización obrera pueden acordar válida-mente en un convenio colectivo que las controversias sobre salarios y horas extra se ventilen y decidan mediante el procedimiento de arbitraje acordado en el convenio”. Pág. 129. En Pérez dijimos, además:

El peticionario alega que si se le obliga a arbitrar a tenor con lo que pactó en los convenios colectivos, se le derrota su derecho constitucional a reclamar judicialmente el pago de compensación extraordinaria por horas extra. No estamos de acuerdo. Su derecho constitucional a dicha compensación extraordinaria garantizado por la Sec. 16 del Art. II de la Constitución no deroga su derecho también constitucional a organizarse y a negociar colectivamente con su patrono, dere-cho que le garantiza la Sec. 17 del mismo artículo. Fue preci-samente en el ejercicio de su derecho constitucional a nego-ciar colectivamente que el peticionario contrató los convenios y las cláusulas de arbitraje que ahora quiere repudiar. Págs. 123-124.

Después de expresar que “el arbitraje es un medio más apropiado y deseable para resolver las disputas que surgen de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos, que la litigación en los tribunales”, pág. 127, afirmamos:

Si sostuviésemos la posición del peticionario en el sentido de que los derechos que surgen de los convenios se pueden arbi-trar pero no los que surgen de la ley o de la Constitución, destruiríamos la negociación colectiva ya que casi todos los derechos que surgen de los convenios colectivos ... se pueden conectar en una forma u otra con la Constitución o con las leyes. Pág. 129.

Desde 1949 lamentamos la ausencia de legislación en Puerto Rico que gobierne el arbitraje laboral. En Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 810 (1949), expresamos:

. . . sugerimos que habría más certeza en este campo tan controversial y estaría más afín con las tradiciones del dere-cho civil, si la Asamblea Legislativa aprobara una ley de-tallada, igual que lo han hecho tantos estados en relación con esta materia.

Esto no ha sucedido, lo que fuerza a este Tribunal a llenar el vacío existente.

Pérez fue duramente criticado. D. Fernández, El Arbitraje Obrero-Patronal en Puerto Rico, 35 Rev. Jur. U.P.R. 7, 80-88 (1966). Entre muchos otros temores se apuntó al riesgo de que el arbitraje vulnerase derechos concedidos al trabajador directamente por la Constitución o la ley. Deci-siones posteriores nuestras han aclarado muchas de las dudas formuladas entonces. Repasémoslas brevemente antes de examinar el alcance de Barrentine.

En Martínez v. Com. Oil Ref. Co., Inc., 92 D.P.R. 693 (1965), nos enfrentamos a la situación singular, no presen-tada aquí, de una ley, la de la hora del almuerzo, aprobada con posterioridad al convenio. No alteramos la norma de Pérez en Martínez, sino que rehusamos extenderla a la situa-ción descrita. Hicimos, sí, en Martínez, expresiones adicio-nales de interés al rehusar desestimar la demanda, por no haberse acudido previamente al procedimiento de arbitraje. Dijimqs que “Ni el Comité de Quejas y Agravios, ni un árbi-tro podrían válidamente dictaminar que a estos obreros no se les pague doble por la hora de alimentos según manda la Ley Núm. 121” (pág. 697), y señalamos nuestra preocu-pación por la dilación de tres años y medio sufrida por el litigio.

En Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633 (1970), precisamos un aspecto vital de la doctrina de Pérez en forma aún más tajante que en Martínez. En Beauchamp se había emitido un laudo a favor del obrero, pero el mismo denegaba su reclamación por una suma igual a la suma no pagada. El obrero reclamó la cantidad adicional. El Tribunal Superior dictó sentencia sumaria en su contra. Resolvimos que Pérez no significa que por recurrir al arbitraje el obrero renuncia a los derechos que le reconoce la ley. Afirmamos:

Ni las partes podían pactar en contra de la disposición de ley que ordena la suma adicional, ni el árbitro podía fallar en forma que la hiciese inoperante pues los laudos no pueden vio-lar la política pública ... y las disposiciones de ley sobre horas y salarios encarnan la política pública del país sobre esas cuestiones. Pág. 636.

Añadimos que el trabajador en Pérez “confundió el medio, o sea, el mecanismo, con la sustancia. No vio que el Comité y el arbitraje eran mecanismos para determinar si el patrono en efecto le debía las horas extras, pero que la forma de pagarlas está dispuesta por la ley”. Pág. 638.

Beauchamp reiteró, a la par que elucidó una de sus li-mitaciones, la vigorosa política puertorriqueña a favor del arbitraje. Para la misma época, en Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846, 854 (1970), rechazamos la conten-ción del Departamento del Trabajo de que, mediante el recurso de acudir a sus abogados, un obrero podía evadir su obligación contractual de someterse a arbitraje. Véase: San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86 (1975).

En Sria. del Trabajo v. Hull Dobbs, 101 D.P.R. 286, 289 (1973), señalamos:

Sin que adelantemos bajo qué circunstancias pueda justifi-carse una desviación de la norma de agotamiento establecida en Pérez, en beneficio de un unionado en particular que por justa causa se vea obligado a ignorar el procedimiento de arbitraje acordado en el convenio y recurrir a la vía judicial, parece propio señalar que en la consideración de las mismas debemos actuar con suma cautela en no correr el riesgo de desvirtuarla, pues “[rjecurrir al arbitraje no es un peligro del cual hay que huir sino una buena práctica obrero-patronal que hay que fomentar”.

En J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 102 D.P.R. 774 (1974), extendimos la doctrina de Beauchamp a los laudos emitidos por la Junta de Relaciones del Trabajo.

En Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 154-155 (1974), reafirmamos, citando a Pérez, “nuestra trayectoria judicial —con mayor razón y justificación en casos de arbi-traje compulsorio legislativo— de sancionar tales procedí-mientos por constituir un medio apropiado y deseable para resolver las disputas obrero-patronales. Abona a esta con-clusión razones de economía procesal y de tipo pecuniario, menos tecnicismos, mayor flexibilidad y la experiencia acumulada”. Aclaramos también una duda surgida a partir de Pérez y validamos la facultad arbitral para imponer, como sucedió en Beauchamp, penalidades, intereses, costas y honorarios de abogado. Así siguió allanándose el camino para acudir a procedimientos de arbitraje sin sacrificio de supuestas ventajas asequibles tan solo por la vía judicial.

En S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 836 (1977), aludimos una vez más al papel especial que juega el arbitraje en la resolución de las disputas obrero-patronales. Recalcamos allí:

Los procedimientos de arbitraje y laudos emitidos en el campo laboral gozan ante los tribunales de justicia de una especial deferencia por constituir el trámite ideal para resolver disputas obrero-patronales de modo rápido, cómodo, menos costoso y técnico. La experiencia en Puerto Rico en las últimas décadas ha demostrado que el arbitraje es un meca-nismo que tiende a mantener la estabilidad y paz industrial, propósitos cardinales en nuestras leyes laborales.

Véanse también: Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624, 631 (1967); J.R.T. v. A.C.A.A., 107 D.P.R. 84, 90-91 (1978); J.R.T. v. A.F.F., 111 D.P.R. 837 (1982); cf. K. Stone, The Post-War Paradigm in American Labor Law, 90 Yale L.J. 1509 (1981). La norma específica de Pérez fue reiterada recientemente en Rivera v. Coop. Ganaderos de Vieques, 110 D.P.R. 621 (1981).

Del otro lado, hemos reconocido excepciones limitadas a la regla de cumplimiento previo de la obligación de arbitrar. F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 505 (1981) (cuando una unión falta a su deber de proveer a sus representados una justa representación); Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 D.P.R. 51 (1982) (cuando acudir al arbitraje constituye un gesto fútil o vacío). Véanse: Sria. del Trabajo, supra, pág. 289; J.R.T. v. A.C.A.A., supra, pág. 91.

De la jurisprudencia citada pueden extraerse los si-guientes principios:

1. En Puerto Rico existe una vigorosa política pública que favorece el arbitraje obrero-patronal, excepto en las situaciones en que la jurisprudencia establece que media justa causa para obviarlo.

2. No puede desecharse el procedimiento de arbitraje pactado en un convenio, aun en casos en que el derecho del trabajador a compensación extra derive directamente de nuestra Constitución o las leyes aprobadas a su amparo.

3. En este último género de disputas, la función del árbitro es determinar, por ejemplo, si se trabajó en exceso de la jornada acordada. La forma de pagar las horas extras, sin embargo, está dispuesta por ley. Nuestra Constitución no autoriza, como tampoco nuestra legislación laboral, que se mermen los derechos de los trabajadores una vez se determine su existencia y alcance por el procedimiento arbitral.

Veamos si estas normas, incorporadas a nuestro orde-namiento jurídico desde hace años en Pérez, Beauchamp y otros casos, deben alterarse por razón de Barrentine.

En Barrentine una unión sometió al procedimiento de arbitraje acordado en el convenio una reclamación por compensación adicional a que algunos de sus representados tenían derecho presuntamente bajo la Ley de Normas Ra-zonables del Trabajo. Se rechazó la reclamación. El conve-nio disponía que los laudos que se emitiesen serían obligato-rios y finales. Los obreros acudieron de todos modos a los tribunales, donde alegaron que tenían derecho a la compen-sación reclamada por derivarse aquél directamente de la Ley de Normas Razonables del Trabajo y porque la unión no los representó debidamente. El Tribunal de Distrito dis-cutió este último asunto únicamente y falló que la represen-tación había sido adecuada. La Corte de Apelaciones con-firmó, mas examinó también el primer punto. Al efecto resolvió que los trabajadores renunciaron voluntariamente a todo derecho que pudieran tener a recurrir a la vía judicial al someterse voluntariamente al procedimiento de arbitraje. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó la sen-tencia.

El Tribunal resolvió, contrario a la doctrina en Pérez y Beauchamp vigente en esta jurisdicción, que cuando el derecho del obrero no deriva del convenio sino de un esta-tuto diseñado, como la Ley de Normas Razonables del Tra-bajo, para proveerles garantías a los trabajadores indivi-duales, se puede hacer caso omiso del procedimiento de arbitraje y acudir a los tribunales para un juicio de novo. El Tribunal expresó que el peso que se le diese al laudo se determinaría discrecionalmente en cada caso, a la luz de los hechos y circunstancias presentes.

Barrentine representa una expansión del principio sentado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace algunos años en Alexander v. Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36 (1974), un caso de discrimen racial bajo la Ley federal de Derechos Civiles de 1964.

Barrentine tiene tan solo valor persuasivo en esta jurisdicción. El caso ha sido objeto tanto de comentarios favorables como desfavorables. Véanse: Comment, 1980-1981 Annual Survey of Labor Relations and Employment Discrimination Law, 23 B.C.L. Rev. 82, 225-234 (1981); W. Gould, The Supreme Court’s Labor and Employment Docket in the 1980 Term: Justice Brennan’s Term, 53 U. Colo. L. Rev. 1, 22-28 (1981); R. Coulson, Justice Brennan on Wheels: “Complete Auto Transit”, “Best Freight” and “Clayton v. UAW”, Proceedings of N.Y.U. Thirty-fourth Annual National Conference on Labor (R. Adelman, ed.), New York, Matthew Bender, 1982, págs. 139-146; J. Sands, The “Collyer” Doctrine: The State of Play, Proceedings of N.Y.U. Thirty-fourth Annual National Conference on Labor (R. Adelman, ed.), New York, Matthew Bender, 1982, págs. 97-118.

Fuera de si Barrentine en realidad autoriza a la luz de sus hechos a desatender del todo el procedimiento de arbitraje, estimamos que los principios que rigen en esta jurisdicción a partir de Pérez y Beauchamp resuelven en modo más armonioso en esta comunidad la tensión existente en este género de controversias entre el interés por defender los derechos de los trabajadores bajo la Constitución y las leyes y el interés por mantener una vigorosa política a favor del arbitraje como método alterno para la solución de disputas. De nosotros aceptar, por razón de Barrentine, el argumento que rechazamos desde Pérez al efecto de que las controversias laborales fundadas en la Constitución o las leyes pueden ser ventiladas directamente ante los tribunales, ,sin antes acudir al procedimiento pactado en los convenios, le estaríamos asestando un golpe de muerte al arbitraje laboral en Puerto Rico e inundaríamos nuestro sistema judicial de litigios que pueden resolverse más rápidamente y en modo no menos justo por procedimientos más flexibles. Las normas imperantes en Puerto Rico, antes reseñadas, mantienen el proceso arbitral en todo su vigor al reqúerir que se agote inicialmente el remedio que el convenio disponga en tal sentido, a menos que exista justa causa para obviarlo. Se protege al trabajador, del otro lado, en cuanto el árbitro no puede violar la política pública y fijar la compensación en una cuantía menor que la ordenada por la Constitución y las leyes.

En consecuencia resolvemos que Pérez, Beauchamp y casos relacionados se mantienen en todo su vigor en esta jurisdicción. En ausencia de justa causa, no puede obviarse en el género de casos que nos ocupa el procedimiento que se haya pactado en un convenio, aunque el derecho a la compensación extra se funde en la Constitución o la ley. El laudo que se rinda será final en cuanto a las determinaciones que se hagan respecto al tiempo adicional trabajado, si alguno, y hechos análogos. Únicamente podrá impugnarse el laudo ante los tribunales por las razones expuestas en Junta de Relaciones del Trabajo v. N. Y. & P.R. S/S. Co. y casos posteriores. Según establecimos en Beau-champ, se considerará una violación de la política pública y, por ende, motivo de impugnación del laudo, fijar para el tiempo extra trabajado una compensación menor que la ordenada por la Constitución o las leyes. En tal caso el tribunal no tendrá facultad para celebrar un juicio de novo, sino que se limitará a hacer valer el mandato constitucional o legislativo.

El tribunal de instancia erró en este caso al denegar la moción de sentencia sumaria por razón de Barrentine. Resta examinar si surge de los autos justa causa para obviar el arbitraje.

Los obreros señalaron en su contestación a la moción de sentencia sumaria que se acudió al procedimiento de quejas y agravios en noviembre de 1979. Las partes comenzaron conversaciones que desembocaron en el cambio para agosto de 1980 de las prácticas objetadas. Entre setiembre y noviembre de 1980 dos de los querellantes y otros obreros transaron sus reclamaciones sin obtener la aprobación del Secretario del Trabajo. El 11 de setiembre de 1981 los obre-ros acudieron a los tribunales, donde alegan que se ha dila-tado el arbitraje.

Este magro cuadro de hechos no presenta, a nuestro entender, una situación que justifique descartar el arbi-traje. Adviértase que no se trata aquí, como en J.R.T. v. U.T.I.G., 110 D.P.R. 237 (1980), y Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967), de una querella contra la unión por represen-tación indebida. No sería fácil fundarla, de todos modos, pues las uniones no están impedidas de intentar lograr acuerdos informales en circunstancias apropiadas. Los tra-bajadores se quejan de que no se completó el procedimiento de quejas y agravios. La unión quizás pudo pensar, al trans-currir, tras el cambio de prácticas por el patrono y la tran-sacción de casi todas las reclamaciones, casi un año hasta que se incoa la acción judicial en este caso, que la querella se había desvanecido. Adviértase también que nadie está reclamando que las “transacciones” efectuadas son válidas. En tales circunstancias los obreros pueden reclamar del patrono y la unión que se complete con la requerida pron-titud el procedimiento que el convenio dispone. De negarse las partes o interponer objeciones, que no admitiremos, a alguna supuesta expiración de términos, o de irrespetar el árbitro las disposiciones de la Ley Núm. 379, los trabaja-dores podrán acudir directamente a los tribunales.

Se expedirá el auto, se revocará la resolución recurrida del honorable Tribunal Superior y se declarará con lugar la sentencia sumaria presentada por la Fundación peticio-naria.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Hato Rey Electroplating, Inc., demandante y recurrente, v. Pertanio Rodríguez et al., demandados y recurridos.

      Número: O-82-753

      Resuelto: 28 de abril de 1983

      Patrick Duffy O’Neill, de Colorado, Martínez, Odell, Calabria & Sierra, abogado de la peticionaria; Arnaldo Villamil, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El demandado recurrido le arrendó un negocio de su propiedad a la demandante recurrente. Ésta le entregó al primero la suma de $20,000 para responderle, en la even-tualidad de daños, por uso indebido de la propiedad que re-cibía en arrendamiento. En relación con dicha suma de dinero, y como evidencia de la entrega de la misma, el arrendador (demandado recurrido) suscribió ante notario público un pagaré a favor de la arrendataria (demandante recurrente). Al efectuarse dicho contrato de arrendamiento se hizo un inventario de toda la propiedad que se recibía en arrendamiento, comprometiéndose la arrendataria, al fina-lizar el contrato, a devolver la misma en el mismo estado de conservación que la recibió, salvo desgaste por uso normal.

Finalizado el arrendamiento y habiendo entrado el arrendador en posesión del negocio, éste pretendió entre-garle personalmente una carta a la arrendataria donde se detallaba la propiedad que, según el arrendador, faltaba, la cual valorizó en la suma de $11,657.26. Simultáneamente pretendió entregarle un cheque de gerente, pagadero a favor de la arrendataria, por el balance hasta los $20,000, o sea, por la suma de $8,342.74. La arrendataria se negó a recibir la carta y el cheque. Al otro día, 15 de julio de 1982, el arrendador le envió a la arrendataria la referida carta y el cheque por correo certificado con acuse de recibo, reci-biéndolos la arrendataria, según certificación al efecto de la Oficina de Correos de los Estados Unidos, el día 19 de julio de 1982.

La arrendataria, mediante demanda de fecha SI de agosto de 1982, en la cual hace una sucinta relación de los hechos antes reseñados, reclama del arrendador el pago de la suma de $20,000, evidenciada dicha “deuda” por el pagaré antes mencionado. Simultáneamente presenta ante el tribunal de instancia una Moción Depositando Fondos, referente la misma al cheque oficial por la suma de $8,342.74, en la cual expresa y solicita que “desea depositar dicha suma en la Secretaría de este Hon. Tribunal y que la misma sea retenida en dicha Secretaría hasta que concluya el pleito, para garantizar la Sentencia que pueda recaer en favor de la parte demandante”.

Recurrió ante este Tribunal la arrendataria demandante en revisión de una orden que emitió, referente a la Moción Depositando Fondos, el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, la cual en lo pertinente expresa que:

No ha lugar. La Secretaria no está autorizada al embargo de fondos en su cuenta. El cheque de referencia lo es a la orden del demandante y aquí promovente por lo tanto no puede reputarse como bienes del demandado. Véase además norma del caso de A. Martínez v. Long Const., 101 D.P.R. 830. Devuélvase cheque al demandante.

Emitimos orden para mostrar causa dirigida a la parte demandada recurrida. Ha comparecido; estando en condi-ciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo. Como podemos notar, la transcrita orden aduce tres funda-mentos, a saber:

1— Que la Secretaria del tribunal de instancia no está autorizada al embargo de fondos en su cuenta;
2— Que el cheque que se pretende depositar no puede reputarse como propiedad del arrendador deman-dado, por cuanto el mismo es a la orden de la arren-dataria demandante; y
3— Que la norma establecida en el caso de A. Martínez & Co. v. Long Const., 101 D.P.R. 830 (1973) —refe-rente la misma a la doctrina sobre el contrato de acuerdo y pago” y/o “aceptación como finiquito” {accord and satisfaction)— es de aplicación al caso de epígrafe.

HH

Por razón de que de ser aplicable a los hechos del pre-sente caso la doctrina sobre “aceptación como finiquito” (accord and satisfaction) ello le pondría fin al presente li-tigio, resulta necesario el que primeramente resolvamos si ello efectivamente es así.

En López v. South P.R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238, 243 (1943), expresamente resolvimos que dicha doctrina, “conocida en la Ley Común desde tiempo inmemorial”, rige en nuestro Derecho. Expresamos, a las págs. 244 y 245, que:

Para que exista accord and satisfaction precisa el concurso de los siguientes elementos: (1) Una reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia bonafide; (2) un ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor. Cruze v. Life Insurance Company of Virginia [184 So. 735 (1938)], y autoridades citadas; Berger v. Quintero [127 So. 356 (1930)]. Siendo requisito sine qua non para que la doctrina de accord and satisfaction sea aplicable, que la reclamación sea ilíquida o que sobre la misma exista controversia bona fide, parece obvio que cuando el acreedor en las circunstancias indicadas recibe del deudor y hace suya una cantidad menor que la que él reclama, el acreedor está por ello impedido de reclamar la diferencia entre lo recibido y lo por él reclamado. El acreedor, al hacérsele el ofreci-miento de pago sujeto a la condición de que al aceptarlo se entenderá en saldo de su reclamación, tiene el deber de devolver al deudor la cantidad ofrecida, si no está conforme con dicha condición. Pero él no puede aprovecharse de la oferta de pago que de buena fe le hace el deudor, para des-pués de recibirla, reclamar el balance. De no haber aceptado la oferta de pago, el acreedor hubiera tenido que litigar en los tribunales su reclamación, con el riesgo de no poder probar quizá todo lo que el deudor estuvo dispuesto a pagar. Además, privaría con su conducta al deudor, en caso de litigio, del derecho que tendría de acogerse a lo prescrito en el artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil. (Énfasis suplido.)

En el caso citado por el tribunal de instancia en la orden emitida, A. Martínez & Co., supra —caso en que un contra-tista de una obra, ante el reclamo del subcontratista por trabajo extra realizado que no estaba comprendido en las especificaciones del contrato original, emite un cheque cer-tificado por una cantidad menor que la reclamada por el subcontratista, con un concepto de endoso al dorso a los efectos de que constituía pago total, endoso que fue tachado y sustituido por el subcontratista, al cambiar y depositar el cheque, por otro que hacía constar que se aceptaba única-mente como pago parcial— modificamos el primer requisito exigido en el caso de López, supra, al exigir no sólo la ili-quidez de la deuda sino la “ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del deudor” sobre su acreedor. Pag. 834. En adición, expresamos en el citado caso, a la pág. 835, que:

Es obvio que el acreedor que acepta dinero con claro enten-dimiento de que representa una propuesta para la extinción de la obligación, no puede desvirtuar el acuerdo de pago fra-seando a su gusto el recibo o el endoso en el cheque. El con-trato de acuerdo y pago {accord and satisfaction), al igual que su paralelo de mayor solemnidad la transacción, es accesorio, consensual, bilateral y oneroso. Scaevola, Código Civil, ed. 1953, tomo 28, págs. 272 y ss. Se perfecciona con la simple retención del cheque por el acreedor que con ello expresa su consentimiento, sin que el acto unilateral de éste tendiente a modificarlo, una vez aceptado el cheque, produzca consecuen-cias jurídicas. No incidió la sala de instancia al conceder la sentencia sumaria solicitada por la parte recurrida. (Énfasis suplido.)

Un examen de los hechos del presente caso nos convence de que se cumple con los primeros dos requisitos que exige nuestra jurisprudencia para que opere la doctrina de “aceptación como finiquito”. En cuanto al primero de ellos —iliquidez de la deuda y ausencia de opresión del deudortenemos que al momento de firmarse el contrato se estipuló que la arrendataria, aquí demandante recurrente, le entregaría la suma de $20,000 al arrendador, aquí demandado recurrido, para responder de los posibles daños que se causara al negocio. No se acordó, sin embargo, cómo y quién haría el inventario de los daños, cómo y quién determinaría el valor de los mismos, etc. El arrendador ahora alega —lo cual niega la arrendataria— que se causaron unos daños y valoriza los mismos en una determinada suma de dinero. Somos del criterio de que existe una “reclamación ilíquida o sobre la cual existe controversia bona fide”. En cuanto al segundo requisito, entendemos que —no empece el hecho de que de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia dicho ofrecimiento de pago tiene que ir acompañado por declara ciones o actos que claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al acreedor es en pago total, completo y definitivo de la deuda existente entre ambos y de que, como surge de los escolios número uno y dos, ante, ello no se consignó en el cheque, como tampoco se hizo claro en la carta que se envió— se cumple con dicho segundo requisito por cuanto la propia acreedora, aquí demandante recurrente, así lo entendió. Ello surge del párrafo sexto de la Moción Depositando Fondos que ésta presentó, en donde expresa que “la parte demandante se niega a aceptar dicho cheque como pago total de la obligación”.

En cuanto al tercer requisito —la aceptación por parte del acreedor— la situación es distinta. El tribunal de instancia aparentemente al interpretar de una forma ais-lada nuestra expresión en el caso de A. Martínez & Co., supra, a los efectos de que “Se perfecciona [el contrato de acuerdo y pago] con la simple retención del cheque por el acreedor que con ello expresa su consentimiento” y ante el hecho de que la demandante recurrente había retenido el cheque, antes de recurrir al tribunal, por unas semanas, entendió erróneamente que la demandante recurrente (la acreedora) había “aceptado” la oferta hecha por el deudor.

La citada expresión, sin embargo, debe ser ubicada en el contexto dentro del cual se expresó. Recordemos que en el caso de A. Martínez & Co., supra, el acreedor no sólo retuvo el cheque recibido, sino que lo endosó y lo cambió; en otras palabras, en adición a la mera retención hubo unos actos afirmativos, posteriores al recibo del cheque, que clara-mente indicaban la “aceptación de la oferta” por parte del allí acreedor. Allí se configuró y tuvo lugar una retención que surtió efecto de pago al convertir el acreedor el cheque en su propio y permanente provecho. El mismo efecto ten-dría una retención inexplicada por tiempo inusitado.

En el presente caso, por el contrario, la situación es totalmente distinta. Recordemos, en primer lugar, que cuando el deudor originalmente pretende hacerle entrega de la carta y el cheque a la acreedora, ésta no sólo no acepta la oferta, sino que inclusive rehúsa recibir la carta y el cheque. Al serle éstos enviados por correo, acude al tribunal en claro rechazo de la oferta. Es cierto que entre el momento que recibe, por mediación del correo, la carta y el cheque y el momento en que acude al tribunal transcurren unas semanas. Dicho término, sin embargo, no fue irrazo-nable.

Somos del criterio que cuando una persona o ente corpo-rativo se encuentra en una situación de esta naturaleza lo lógico y razonable es que investigue y consulte sobre cuál es el camino a seguir, lo que necesariamente conlleva el trans-curso de algún tiempo, la razonabilidad del cual, por nece-sidad, tendrá que ser determinado según las circunstancias particulares de cada caso.

Resolvemos, en consecuencia, que en ausencia de actos por parte del acreedor claramente indicativos de la acep-tación de la oferta que se le ha hecho, la mera retención por su parte del pago ofrecido, durante un período razonable no implica que éste haya aceptado la oferta y, por lo tanto, no entra en vigor la doctrina de aceptación como finiquito.

II

El tribunal de instancia resolvió que el cheque de gerente aquí en controversia por ser “a la orden del deman-dante y aquí promovente” no podrá “reputarse como bienes del demandado”. Incidió al así resolver.

Como expresamos en Herrera v. First National City Bank, 103 D.P.R. 724 (1975), el cheque de gerente, distinto al cheque normal y corriente, “es uno en que el propio banco que lo expide es librador y librado”, en relación con el cual, el banco al expedirlo “garantiza que los fondos representados por el cheque han sido reservados para beneficio del tomador”, y cuyos “atributos especiales . . . son los que han determinado que [circule] en el tráfico bancario como si [fuera] dinero en efectivo”. Pág. 728. Desde el punto de vista de la titularidad, la doctrina señala que el titular del cheque de gerente es quien lo compra hasta tanto lo entregue o lo negocie. El Art. 383 de Código de Comercio de Puerto Rico —19 L.P.R.A. sec. 61— establece que:

Un documento se negocia cuando se traspasa por una persona a otra de modo tal que constituya al cesionario en tene-dor del mismo. Si es pagadero al portador, queda negociado por la entrega; si a la orden, queda negociado por el endoso del tenedor completado con la entrega. (Énfasis suplido.)

En el caso que nos ocupa el “deudor”, aquí demandado recurrido, compra un cheque de gerente a la orden de su “acreedor”, aquí demandante recurrente, el cual instrumento es “traspasado” de' uno a otro al ser enviado por correo. Se trata, en consecuencia, de un instrumento “a la orden” que, según la Ley de Instrumentos Negociables, se “negocia” mediante el endoso del “tenedor” completado con la entrega.

Bajo los hechos específicos del presente caso el “tenedor” lo es la acreedora, aquí demandante recurrente, y ésta nunca “endosó” el cheque. Procede, sin embargo, que nos 'preguntemos si hubo “entrega”. El citado Art. 543 del Código de Comercio de Puerto Rico dispone que dicho término “significa transferencia de posesión verdadera o por efecto de la ley, hecha por una persona a otra”. A su vez “transferencia” se define en el ámbito comercial como el acto que transmite un “interés” en un instrumento de una persona a otra. En el caso que nos ocupa el “interés” en cuestión es el de “propiedad”. Según la doctrina, para que pueda entenderse transmitido el dominio es necesario que se configure la tradición.

En palabras de Manuel Albaladejo, “En principio, la tradición consiste en la entrega de la posesión de la cosa con ánimo del que da (tradens) y del que recibe (accipens) de transmitir y adquirir, respectivamente, el derecho (propiedad, usufructo, u otro que sea) sobre ella. Se distinguen, pues, en la tradición, dos elementos: uno corporal, la transferencia de la posesión; otro espiritual, el acuerdo de ambas partes sobre el traspaso del derecho”. (Énfasis suplido.)

En el presente caso, como expresamos en la Parte I de la ponencia, la actitud de la acreedora, aquí demandante recu-rrente, siempre ha sido de rechazo en cuanto al cheque en controversia, expresada dicha actitud originalmente al rehu-sar recibir personalmente el mismo, y luego al acudir al tribunal de instancia. Puesto que no ha mediado, por lo tanto, ni endoso ni “entrega” del cheque, la titularidad del mismo continúa dentro de la esfera patrimonial del deudor, aquí demandado recurrido.

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La Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil de 1979 dispone:

Regla 56.1. Principios generales
En todo pleito antes o después de sentencia, por moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición de ena-jenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindi-catura, una orden para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal con-siderará los intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial.

En vista de las disposiciones de la transcrita Regla 56.1 y en vista de que la parte demandada recurrida es el “titular” del cheque de gerente aquí en controversia, somos del criterio de que nada impide que el tribunal de instancia provea de conformidad con lo solicitado por la parte demandante recurrente en su Moción Depositando Fondos.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se dictará sentencia mediante la cual se revoque la orden emitida por la Sala de San Juan del honorable Tribunal Superior de Puerto Rico en el caso Civil Núm. 82-5015 con fecha de 8 de septiembre de 1982; y se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con la presente Opinión y Sentencio.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió y el Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

       La carta, en lo pertinente, expresa que:
      “Después de haber hecho un inventario del material y equipo dejado en la Empresa y lo que aparece, adjunto le envío una lista con la diferencia.
      “Si en los próximos diez (10) días a partir de la fecha de esta carta se repone este material, muy gustosamente se le devolverá la diferencia.”

       En ningún sitio de dicho cheque aparece consignado que el cheque es un “pago total” o “pago final”, o palabras a esos efectos, de lo adeudado.

       En Pagán Fortis v. Garriga, 88 D.P.R. 279 (1963), nos negamos a aplicar la norma por razón de que entendimos que no estaba presente el primero de los requisitos señalados en López v. South P.R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238 (1943): el de la iliquidez de la deuda.

       1 Am.Jur.2d Accord and Satisfaction, Sec. 14 (1962); Gulfport Wholesale Lumber Co. v. Boeckeler Lumber Co., 287 S.W. 799 (1926); Work v. Associated Almond Growers, 282 P. 965 (1929); Dudley v. Adams, 298 S.W.2d 701 (1957); Pidcock v. Williams, 259 S.W. 899 (1924); Clay v. Rossi, 108 P.2d 506 (1940).

       1 Am.Jur.2d Accord and Satisfaction, Sec. 23 (1962).

       1 Am.Jur.2d, supra, Sec. 23; American Nat. Bank v. Bradford, 188 S.W.2d 971 (1945); contrástese Curran v. Bray Wood Heel Co., 68 A.2d 712 (1949).

        Curran, supra, pág. 718.

        Wheeler & Motter Mercantile Co. v. Kitchen, 169 P. 877 (1917); Hoeppner Construction Co. v. United States, 273 F.2d 835 (1960).

       “The purchaser of a cashier’s cheek remains the ‘owner’ thereof until such time as he delivers or negotiates it to the payee and until such delivery, the purchaser retains the right to cancel.” (Énfasis suplido.) 5B Michie on Banks and Banking, Cap. 9, Sec. 251 (Supl. 1982).

       Distinto al caso del cheque ordinario y corriente, donde “ha de entenderse que el librador sigue siendo dueño de la provisión, incluso después de emitido el cheque: no pasa la propiedad o el derecho de crédito al tenedor, sino que continúa perteneciendo al librador, hasta que el cheque es pagado. Si el crédito pasase al portador, éste ostentaría acción directa contra el librado, y no la ostenta”. (Énfasis suplido.) A. Majada, Cheques y talones de cuenta corriente, en sus aspectos banca-rio, mercantil y penal, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1977, pág. 125.

       El Art. 543 del Código de Comercio —19 L.P.R.A. see. 381— define “tene-dor” como el “tomador o endosatario de una letra o pagaré que estuviere en posesión de éste, o el portador del mismo”. Tratándose en el caso presente de un instrumento en la “primera entrega” es aplicable el concepto de “tomador” y no el de endosatario. Véase: B. Santiago, Tratado de Instrumentos Negociables, 2da ed., Puerto Rico, Ed. Universitaria, 1981, pág. 810.

       “Indorsement. The act of a payee, drawee ... or holder of a bill, note, check ... in writing his name upon the back of the same, with or without further or qualifying words, whereby the property in the same is assigned and transferred to another.” (Énfasis suplido.) Black’s Law Dictionary, 5ta ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1979, pág. 696.
      “When an instrument is payable to order (including one which has previously been specially endorsed) and an indorsement is necessary to transfer title, the indorsement must be in writing and the proper place for it is on the back of the instrument.” Brady on Bank Checks, 5ta ed., Boston, Warren, Gorham & Lamont, 1979, Sec. 7.3.

        Black’s Law Dictionary, supra, pág. 1342.

       Véanse, en general: J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. Ill, Vol. I, págs. 339-360; M. Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, Vol. I, T. Ill, págs. 144-161.

        Op. cit, págs. 144-146.


author: PER CURIAM:

text:
    Cancora Marina, Inc., demandante y recurrente, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-82-464

      Resuelto: 29 de abril de 1983

      Eddie Ramírez Vale y Luis E. Vázquez Santos, abogados de la recurrente; Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados del Secretario de Hacienda; Ramón Morán Loubriel como amicus curiae.

   PER CURIAM:

En procedimiento de expropiación forzosa seguido por el Estado contra una finca propiedad de la demandante, ésta retiró en 1966 la suma de $75,400 depo-sitada como estimado de justa compensación y la reinvirtió ese mismo año, lo cual informó en su planilla de contri-bución sobre ingresos, que le fue aceptada por el Secretario de Hacienda. La contribuyente no solicitó prórroga para reinvertir la compensación adicional que estaba recla-mando. Por sentencia notificada el 22 de octubre de 1969 le fue adjudicada una compensación adicional de $188,939.12, que también reinvirtió según escritura de compraventa otorgada el 3 de noviembre de 1970, dentro del año siguiente al “primer año contributivo en que cualquier parte de la ganancia en la conversión sea realizada” a tenor de la See. 112 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 (13 L.P.R.A. see. 3112), que en lo pertinente dispone:

(f) Conversiones Involuntarias.— Si la propiedad, como resultado de su destrucción en todo o en parte, robo, incau-tación o del ejercicio de poder de requisición o expropiación forzosa o de la amenaza o inminencia de ello, fuere compul-soria o involuntariamente convertida.—
(1).
(2)..
(A) No Reconocimiento de Ganancia.— Si el contri-buyente, durante el período prescrito en el inciso (B), con el fin de reponer la propiedad de ese modo convertida, com-prare otra propiedad localizada en Puerto Rico similar o relacionada en servicio o en uso con la propiedad de ese modo convertida ... a opción del contribuyente, la ganancia será reconocida solamente hasta el monto en que la cantidad rea-lizada en dicha conversión (sin considerar si dicha cantidad es recibida en uno o más años contributivos) excediere del costo de dicha otra propiedad, acciones, u obligaciones. Dicha opción se ejercitará en el tiempo y en la forma que el Secre-tario mediante reglamentos prescriba.
(B) Período Dentro del Cual la Propiedad Deberá Ser Repuesta.— El período a que se refiere el inciso (A) será el período que comience con la fecha de la disposición de la pro-piedad convertida, o con la fecha más temprana de la ame-naza o inminencia de requisición o expropiación de la propie-dad convertida, cualquiera de estas fechas que sea la anterior, y que termine—
(i) un año después del cierre del primer año contribu-tivo en que cualquier parte de la ganancia en la conversión sea realizada, o
(ii) sujeto a los términos y condiciones que el Secreta-rio especifique, en aquella fecha posterior que el Secretario fije previa solicitud del contribuyente. Tal solicitud será hecha en el tiempo y en la forma que el Secretario me-diante reglamentos prescriba.

La contribuyente no incluyó la compensación adicional en su planilla de 1969 ni en la de 1970 bajo el supuesto de que habiendo reinvertido, no venía obligada a declarar este ingreso. El Secretario de Hacienda le notificó deficiencia en la planilla de 1969 fundado en que la recurrente había per-dido su opción de reinvertir en 1970 esta segunda parte de la compensación, por no haber obtenido prórroga del plazo ad hoc en 1966, año en que realizó la primera parte de la ganancia. La contribuyente impugnó la deficiencia, y el Tribunal Superior falló a favor de Hacienda y sostuvo la deficiencia. Expedimos auto de revisión y el caso quedó sometido finalmente el Io de marzo de 1983.

El diferimiento del concepto y concreción de “ganancia realizada” hasta que la corte dicta sentencia final en el pleito de expropiación por la que fija el precio del inmueble expropiado (Iriarte Miró v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 171, 175, 179 (1961)) es lo que permite el otorgamiento pleno de este alivio, que “sin considerar si [la] cantidad es recibida en uno o más años contributivos” se extiende hasta su equiparación con el costo de la nueva propiedad adquirida. Es de todo punto indispensable conocer la compensación final por sentencia para que pueda el contribuyente disfrutar el no reconocimiento de ganancia, pues solo con esa información previa estará en condición de invertir en una propiedad cuyo costo absorba la ganancia. No podrá hablar de precio con su vendedor hasta que sepa con qué dinero cuenta.

Toda vez que la realización de la ganancia en su totalidad no se concreta hasta dictada sentencia final, y que el pago y depósito de la compensación estimada es “provisional” (Iriarte Miró, supra, pág. 175); que el “principio general por el cual se requiere que se determine la base sobre la cual ha de computarse el ingreso obtenido en la disposición de propiedad, es el de tributar la ganancia habida una sola vez” (Iriarte Miró, supra, pág. 180), la Ley no contempla la desintegración del evento contributivo en las dos etapas que deslinda la sentencia revisada, primera, el depósito por el expropiante y retiro por el contribuyente en 1966 de la compensación estimada en $75,400; segunda, adjudicación por sentencia final en 1969 de la compensación adicional por $188,939.12. Como el contribuyente realizó una ganancia en 1966 al disponer de la suma consignada, la transacción en cuanto a ese pago se considera cerrada y hasta el monto que representa una ganancia es tributable cuando se recibe, Olazábal v. Srio de Hacienda, 90 D.P.R. 601, 604 (1964). No por eso se interrumpe o anula el dere-cho del contribuyente al alivio completo que representa la reinversión de la totalidad de la cantidad realizada que habrá de determinarse por sentencia, ni hay solución de continuidad que requiera una solicitud de prórroga del período dentro del cual la propiedad deberá ser repuesta. La solicitud de prórroga es requisito exigible una vez que conocido el importe total de la compensación adjudicada por sentencia u otro medio, necesite el contribuyente más tiempo que el de “un año después del cierre del primer año contributivo en que cualquier parte de la ganancia en la conversión sea realizada . . .” (Sec. 112(B)(i), supra) para concertar la reinversión. (Énfasis nuestro.)

La acción de la recurrente al reinvertir parte de la ganancia cuando la realizó por consignación en 1966 y la otra parte cuando la realizó en 1969 por sentencia, simplemente siguió lo ordenado en la Ley, que específicamente provee para este caso en dicha Sec. 112(A) al reglar que el no reconocimiento de ganancia de la cantidad realizada en la conversión involuntaria procede “sin considerar si dicha cantidad es recibida en uno o más años contributivos”. La recurrente opera bajo el sistema de “incurrido-devengado” (accrual) y es claro que ella no tuvo acción, ni derecho, ni disposición de la parte de ganancia por compensación adi-cional antes del año 1969 en que se dictó sentencia final en el pleito de expropiación. Ella no ha tomado la compen-sación adicional —según le atribuye la sentencia recu-rrida— como evento tributable independiente de la expro-piación y del pago inicial de 1966. Por el contrario, su posición está acorde con el estatuto que identifica la impo-nibilidad con el momento de realización de la ganancia aun cuando dicho evento se desplace por distintos años. En fin, se trata de un solo evento que tributa en dos partes. No hay que hacer derroche de liberalidad para llegar a estas conclu-siones, mas en todo caso la interpretación liberal del citado artículo es la indicada en vista de que el contribuyente viene sujeto a tributo sobre una ganancia que no ha bus-cado, a la que ha sido llevado involuntariamente; y que el remedio de no reconocimiento de la misma se extiende hasta restaurar su patrimonio intervenido a la situación original alterada por la expropiación. Estaría reñido con este propósito y con la realidad práctica del proceso contri-butivo resolver que la primera ganancia realizada establece el punto de prescripción para toda la que se realice poste-riormente. Contrario a Feinberg v. C.I.R., 377 F.2d 21 (1967), y Conlorez Corp. v. Commissioner, 51 T.C. 467 (1968), cuyos razonamientos no persuaden, el período para ejercitar la opción de no reconocimiento de ganancia se renueva con cada realización de la misma hasta “un año después del cierre del primer año contributivo en que cual-quier parte de la ganancia en la conversión sea realizada” (Sec. 112(B)(i)); y la prórroga por el Secretario también debe estar disponible para cada una de las realizaciones de ganancia. Agota la imaginación la otra alternativa, que obligaría a solicitar prórroga para reinvertir lo descono-cido, y aun lo inexistente, pues quien depende de una acción judicial para concretar su derecho a compensación adi-cional carece de recurso a la previsibilidad para anticipar la adjudicación final. El orden racional de operación de este alivio contributivo dicta que cuando se divide en partes la cantidad realizada, cada parte tenga el mismo grado de beneficio hasta cumplir el propósito legislativo de una repo-sición total de la propiedad afectada. No puede ser otra la intención si la expropiación forzosa, en su consecuencia de lesión a la propiedad privada, se mezcla y confunde en dicha See. 112 —en sus incisos (f)(4) sobre definiciones, y (f) sobre conversiones involuntarias— con sucesos catastróficos como “destrucción, robo, incautación, requisición ...”.

Hay que atribuir siempre a la ley el sentido que mejor responda a la realización del resultado que por ella se quiere obtener y evitar situaciones injustas y onerosas para los contribuyentes. García Commercial v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 765, 774 (1958). El propio texto de la ley muestra el propósito de “librar lo más posible” al contri-buyente del impacto lesivo de la expropiación. Cf. Buscaglia, Tes. v. Tribl. de Contribuciones, 67 D.P.R. 57, 60 (1947).

Es norma asentada en nuestra jurisprudencia que todo conflicto, aparente o real, entre disposiciones de un mismo estatuto será resuelto para beneficio del propósito legislativo en su integridad y en armonía con el más eficaz cumplimiento y pleno efecto del mismo. “Nuestra obligación fundamental, en estos casos, es la de imprimirle efectividad a la intención legislativa, aun hasta el punto de sustituir o eliminar judicialmente alguna frase específica estatutaria que, con diáfana claridad, haya sido incorporada a un estatuto por inadvertencia o error, hasta el punto de que esa frase derrote obviamente la intención legislativa que surja de la totalidad de la ley, ya que, en esos casos, debe prevalecer la manifiesta intención del legislador sobre la disposición literal del estatuto que esté en conflicto con esa intención.” Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986, 997-998 (1953); seguido en Calaf v. Sec. Hacienda, 76 D.P.R. 577, 584 (1954); Descartes, Tes. v. Tribl. Contrib. y Sucn. Cautiño, 71 D.P.R. 248, 253 (1950).

Concluimos, por tanto, que la compensación adicional de $188,939.12 recibida por la contribuyente en virtud de sen-tencia de 1969 no ha de ser tratada como ganancia tributa-ble.

Se revocará la sentencia revisada.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual y Rebollo López no intervinieron.

       Citando de J. Mertens, Jr., The Law of Federal Income Taxation, Chicago, Callaghan and Co., 1961, Vol. 2, Sec. 12.65, págs. 182-183. (En la edición de 1967, pág. 239.)

       Aparte de la dificultad que plantea solicitar prórroga, mediante prestación de fianza, para reinvertir algo tan indefinible e inasible como lo que se obtenga en un pleito, exigir tal prórroga 3 años antes de conocerse el resultado va contra el principio general de pago al corriente de nuestra Ley de Contribuciones sobre Ingresos.


text:
      In re José R. Fournier Grau, querellado.

      Número: MC-83-15

      Resuelto: 29 de abril de 1983

      Edilberto Berrios Pérez y Jorge Luis Córdova Díaz, abogados del querellado; José R. Fournier Grau, por sí.
   PER CURIAM:

Por resolución de 15 de marzo de 1983 requerimos del Ledo. José R. Fournier que mostrara causa por la cual no debía decretarse su separación del ejercicio de la abogacía.

Se basó dicha resolución en que conforme surge de los autos en el caso civil núm. 81-3530-502, Carmen Sánchez Rodríguez, por su propio derecho y como cónyuge supérstite de Obdulio Correa Rodríguez, etc. v. Antonio López Jiménez y su esposa Margot Felices Sáenz, etc., sobre Acción Declarativa, Reivindicatoria y Divisoria de Comunidad, que se ventila ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dicho abogado admitió en una deposición que le fue tomada que para el año 1955, actuando como notario, hizo figurar como otorgante vendedor, en una escritura de compraventa, a una persona que había fallecido para la fecha del otorga-miento de dicha escritura, falsificando la firma e iniciales de dicho otorgante.

En respuesta a nuestro requerimiento el Ledo. José R. Fournier se allana a que se le separe inmediatamente del ejercicio de la abogacía, sin que con ello se prejuzguen los motivos que tuvo para actuar en la forma en que lo hizo.

Es lamentable que habiendo cometido los hechos que hemos expuesto, no se tuviera conocimiento de ello hasta transcurridos más de veinticinco años, período durante el cual el licenciado Fournier continuó desempeñándose como abogado y disfrutando de las prerrogativas que el ejercicio de la profesión implica. El transcurso de esos años, no importa que la práctica del abogado durante los mismos pudiera haber sido conforme a la ética profesional, no puede borrar la grave falta cometida, que le descalifica para con-tinuar desempeñando la abogacía.

Se decretará la separación permanente del Ledo. José R. Fournier del ejercicio de la profesión de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Henry Ríos Nogueras, acusado y apelante.

      Número: CR-82-16

      Resuelto: 2 de mayo de 1983

      Rafael Santiago y Margarita, Carrillo, de la Sociedad para Asis-tencia Legal, abogados del apelante; Miguel Pagan, Procura-dor General Interino, y Rose Mary Corchado Lorent, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante Henry Ríos Nogueras fue acusado de parti-cipar en los actos que dieron fin a la vida de Miguel Fernán-dez. Fue acusado, además, de dos violaciones a la Ley de Armas. Convicto en los tres casos, fue condenado a prisión perpetua en el caso de asesinato y en los otros delitos fue condenado a cumplir de 10 a 15 años de presidio, condenas concurrentes entre sí, pero consecutivas con la pena im-puesta en el caso de asesinato.

En la perpetración del crimen participaron otras dos personas: Luis Otero Alejandro y Francisco Lassen Sánchez. En Pueblo v. Otero Alejandro, 110 D.P.R. 34 (1980), y Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647 (1981), se expresan los hechos en detalle. En los casos seguidos contra Otero Alejandro declaró Lassen Sánchez como testigo de cargo. Se le había otorgado inmunidad a cambio de su testimonio. El acusado fue convicto.

El día antes de la vista señalada para ver el caso contra Henry Ríos Nogueras, Lassen Sánchez, el testigo principal, fue muerto en la cárcel de Bayamón. El Ministerio Público, al enfrentarse con esta situación, presentó el testimonio del fiscal que intervino en la vista preliminar donde había de-clarado Lassen Sánchez, el testigo que no estaba disponible por haber sido asesinado. Tenía el propósito de relatar lo que en la vista había declarado Lassen Sánchez. En instancia se dictó resolución en que se denegó la admisibilidad de la declaración del fiscal. El Ministerio Público recurrió para revisar y en Ríos Nogueras, supra, revocamos. Sostuvimos que: “Cuando el método usado por razón de necesidad para introducir en el juicio el testimonio anterior vertido en la vista preliminar es el de reproducción oral, la decla-ración de un testigo presente que lo escuchó, es suficiente si de modo substancial reproduce los hechos esenciales en la declaración del testigo ausente del juicio.” Pág. 654.

Celebrado el juicio, Ríos Nogueras fue convicto de los tres delitos imputados. En el juicio el fiscal no sólo presentó la declaración del fiscal que sancionamos en el anterior Ríos Nogueras, sino que presentó además la declaración jurada prestada por Lassen Sánchez en la investigación llevada a cabo por la fiscalía y en la cual el apelante no tuvo oportu-nidad de contrainterrogarlo.

Para sostener su recurso apunta sendos errores.

En primer lugar, sostiene que el tribunal de instancia lo sentenció erróneamente bajo el Art. 5 de la Ley de Armas por posesión de un rifle, cuando a la fecha de los hechos dicha arma no estaba incluida en el texto del estatuto. Tiene razón.

Los hechos del presente caso ocurrieron el 22 de julio de 1978. Para esa fecha, el texto del mencionado estatuto re-zaba:

Toda persona que posea o use sin autorización de ley una ametralladora, carabina, o escopeta de cañón cortado así como cualquier modificación de éstas, será culpable de delito grave. (Énfasis nuestro.)

El texto transcrito nada disponía sobre la posesión de un rifle. No fue sino hasta el 1980 que dicho artículo fue enmendado para incluir esta arma entre las proscritas. El Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031, que consagra en nuestra jurisdicción el principio de legalidad, prohíbe el que una persona pueda ser castigada por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como un delito. Véase, Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 659 (1964). Por lo tanto, como el rifle no es una de las armas cuya posesión prohibía el Art. 5 a la fecha de los hechos, no podía ser el apelante válidamente condenado por una vio-lación a este artículo. Se cometió el error señalado.

Como segundo error, alega el apelante que el tribunal de instancia permitió la reapertura del turno de ofrecimiento de prueba del Ministerio Público en tres ocasiones. No tiene razón.

Normalmente el juez de instancia goza de una amplia discreción para alterar el orden de la presentación de la prueba y para permitir el reexamen de testigos que ya han declarado. Regla 43(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Regla 128 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551, 553-554 (1978), expresamos:

Un cambio en el orden de la prueba, excepto cuando prive en forma claramente perjudicial de un derecho legal o consti-tucional específico al acusado, no es razón para revocar. Aun cuando se trate de hechos no relacionados, que normalmente deben traerse en la etapa de refutación, los tribunales tienen facultad discrecional para alterar el orden de la prueba, si no se cae en el vicio antes señalado. Estamos más interesados en los méritos de los casos que en las meras artes de la esgrima forense. Buscamos justicia y no brocárdicos.

Véase también, 2 Wharton’s Criminal Evidence Sec. 453 (1972).

En ocasiones anteriores hemos sostenido la discreción del tribunal de instancia al permitir que se llame nuevamente a un testigo luego de haber sido interrogado por ambas partes. Pueblo v. Rodríguez, 62 D.P.R. 894 (1944); Pueblo v. Lorenzano, 52 D.P.R. 888 (1938); y Pueblo v. Gómez, 45 D.P.R. 812 (1933). En el presente caso hemos examinado los incidentes señalados por el acusado. La evidencia presentada en cada ocasión no fue de tal naturaleza que alterara decisivamente el balance de la controversia. Su admisión no fue perjudicial. Véase la Regla 4 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, y Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981).

Como último error señala el apelante que incidió el tribunal de instancia al permitirle al fiscal Rodríguez Figueroa declarar sobre lo que le refiriera Lassen Sánchez en el curso de la investigación del caso. Si bien en Ríos Nogueras, supra, pág. 655, sancionamos que el fiscal Rodríguez Figueroa testificara sobre lo relatado por Lassen Sánchez en la vista preliminar, nada dispusimos sobre la admisibilidad de lo relatado por este testigo en la declaración jurada que prestó ante este fiscal durante la investigación del caso.

Tanto la Constitución de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 11, como la Constitución de los Estados Unidos en su Enmienda Sexta consagran el derecho de todo acusado a carearse con los testigos de cargo. El interés protegido por este derecho es el de evitar que una persona pueda ser vicio-samente sometida a los rigores de un proceso criminal mediante deposiciones o declaraciones ex parte de testigos ausentes. Mattox v. United States, 156 U.S. 237, 242 (1895). En palabras del juez Harlan, es “evitar el juicio por afidávit”. Dutton v. Evans, 400 U.S. 74, 94 (1970), opinión concurrente.

Históricamente en los Estados Unidos el derecho a carearse con los testigos de cargo ha estado estrechamente asociado al derecho al contrainterrogatorio. Mattox, supra, págs. 242-243; Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 406-407 (1965); Douglas v. Alabama, 380 U.S. 415, 418 (1965); Barber v. Page, 390 U.S. 719, 725 (1968); Roberts v. Russell, 392 U.S. 293, 294 (1968); Bruton v. United States, 391 U.S. 123, 126 (1968); Davis v. Alaska, 415 U.S. 308, 315 (1974); Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56, 63 (1980); véase además, 5 Wigmore, Evidence Sec. 1395 (Chadbourn rev. 1974). Así también lo hemos reconocido nosotros. Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435, 442 (1981); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 97 (1982).

Por esta razón hemos admitido, a tenor con la Regla 64(B)(1) de Evidencia, las declaraciones anteriores de testigos ausentes el día del juicio, cuando se le ha brindado al acusado la oportunidad de contrainterrogarlos. Lebrón González, supra, págs. 96-97; Ruiz Lebrón, supra, pág. 439. Véanse también, California v. Green, 399 U.S. 149 (1970), y Ohio v. Roberts, supra. Por otro lado, este derecho se entiende renunciado cuando es el propio acusado el que provoca la ausencia del testigo en el juicio. Reynolds v. United States, 98 U.S. 145, 158 (1878); Steele v. Taylor, 684 F.2d 1193 (6th Cir. 1982); United States v. Thevis, 665 F.2d 616 (5th Cir. 1982); United States v. Balano, 618 F.2d 624 (10th Cir. 1979); cert. den. 449 U.S. 840 (1980); United States v. Carlson, 547 F.2d 1346 (8th Cir. 1976); State v. Olson, 291 N.W.2d 203 (1980); State v. Black, 291 N.W.2d 208 (1980). Es razonable que así sea. Mal puede reclamar el derecho a contrainterrogar un testigo quien ha sido responsable de que no comparezca al juicio.

Lo expuesto no significa que toda declaración en que el acusado no ha tenido oportunidad de contrainterrogar al declarante es por ello automáticamente inadmisible. Mattox, supra, pág. 243. La doctrina ha reconocido situaciones excepcionales en que existen suficientes garantías de la veracidad del testimonio. Estas situaciones han sido codificadas en gran medida por las reglas de evidencia dentro de las excepciones a la prueba de referencia. La historia del desarrollo de la cláusula de confrontación es la historia del balance entre estos dos extremos. Cf. Ohio v. Roberts, supra pág. 64. Véanse, F. Read, The New Confrontation—Hearsay Dilemma, 45 S. Cal. L. Rev. 1 (1972); I. Younger, Confrontation and Hearsay: A Look Backward, a Peek Forward, 1 Hofstra L. Rev. 32 (1973).

En el presente caso se admitió la declaración presentada por Lassen Sánchez ante el fiscal durante el curso de la investigación. Este tipo de declaración, por su naturaleza, carece de las garantías mínimas exigidas por la cláusula de confrontación. Se toma en ausencia del acusado, y frente a la parte que precisamente está encargada de promover el proceso. Su énfasis no recae en la precisión, sino en la reve-lación de otras pistas que permitan adelantar la investi-gación. Ante esta realidad, permitir su admisión en un jui-ció equivaldría a consagrar el mal que la cláusula de confrontación pretendió prevenir.

No obstante, en algunas situaciones excepcionales, una declaración anterior prestada durante la etapa investigativa por un testigo no disponible el día del juicio es admisible bajo la Regla 64(B)(5) de Evidencia si existen suficientes garantías circunstanciales de su confiabilidad, aunque no hubiera habido oportunidad de contrainterrogarlo. Véanse, Louisell y Mueller, Federal Evidence Sec. 491 (1980); 4 Weinstein’s Evidence Cap. 804(b)(5)[01] (1981). En United States v. West, 574 F.2d 1131 (4th Cir. 1978), por ejemplo, se trataba de una declaración prestada ante un Gran Jurado federal por un informante en un caso de drogas, quien había sido posteriormente asesinado. Esta declaración —que de por sí difiere esencialmente de la del caso de autos— estaba ampliamente corroborada por otra evidencia independiente que consistía en fotografías, grabaciones, etc., que confirmaban la veracidad de cada una de las transacciones informadas. En estas circunstancias se decidió que la declaración era admisible. Véanse también, United States v. Blakey, 607 F.2d 779 (7th Cir. 1979); United States v. Boulahanis, 677 F.2d 586 (7th Cir. 1982); Tolbert v. Jago, 607 F.2d 753 (6th Cir. 1979); State v. Beam, 292 N.W.2d 302 (1980); y la anotación en 50 A.L.R. Fed. 848 (1980).

Ahora bien, en forma alguna esto quiere decir que pro-cede el uso indiscriminado de esta clase de evidencia. United States v. Love, 592 F.2d 1022 (8th Cir. 1979); y United States v. Cain, 587 F.2d 678 (5th Cir. 1979). No debe olvi-darse que en casos criminales el derecho a la confrontación es garantía insustituible. Por esta razón otros tribunales apelativos han rehusado adoptar el resultado de West. Véanse, United States v. Gonzalez, 559 F.2d 1271 (5th Cir. 1977); y United States v. Fiore, 443 F.2d 112 (2nd Cir. 1971). Véase además, Garner v. United States, cert. den. 439 U.S. 936 (1978), opinión disidente del juez Stewart. La de-claración que nos ocupa en el presente caso no cumplía ni remotamente con los criterios señalados.

Habiendo establecido que el contenido de la declaración jurada prestada ante el fiscal por el testigo Lassen Sánchez era inadmisible, debemos ahora determinar si su admisión ocasionó algún perjuicio al acusado. Es forzoso concluir que no fue así. En efecto, el contenido de la declaración jurada de Lassen era idéntico al de su testimonio directo en la vista preliminar, según se puede apreciar de la transcripción de la vista evidenciaría celebrada por el tribunal sentenciador. Este último sí era admisible, a tenor con nuestro dictamen de Ríos Nogueras, supra. Así pues, el error del fiscal se reduce en última instancia a haber advertido erróneamente al jurado que el testimonio de Lassen ya había sido prestado de forma idéntica en la investigación preliminar del caso.

Ahora bien, la Regla 67 de Evidencia permite que la credibilidad del que presta una declaración que constituya prueba de referencia sea atacada y, de ser así, sea sostenida por cualquier evidencia que fuera admisible para esos fines si el declarante hubiera prestado testimonio como testigo. Por lo tanto, aunque la declaración jurada de Lassen era inadmisible para fines sustantivos, sí era admisible para corroborar la veracidad de su testimonio en la vista preliminar, a tenor con la Regla 44(B)(5). El ape-lante así lo acepta, pero señala que la presentación de esta evidencia es impropia si antes no se ha impugnado al tes-tigo. Tiene razón. Louisell y Mueller, op. cit., T. 4, Sec. 501, pág. 1254; Wharton, op. cit, T. 2, Sec. 500; Wigmore, op. cit., T. 4, Sec. 1124 (1972); McCormick on Evidence, Sec. 49 (1972); Annot., Admissibility, for Purpose of Supporting Impeached Witness, of Prior Statements by Him Consistent with His Testimony, 75 A.L.R.2d 909 (1961), y casos allí citados; cf. Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975). Sin embargo, en el presente caso esto no es determinante. Lo cierto es que la credibilidad del testigo Lassen Sánchez fue posteriormente impugnada, a base de su transacción con el fiscal Rodríguez. En estas circunstancias su decla-ración anterior era pertinente para demostrar que no. había variado su testimonio. La impugnación convalidaba el uso de la evidencia corroborativa. El mero hecho de que fuera hecha a destiempo no es suficiente para revocar la decisión. Castillo Torres, supra. Cf. United States v. Lopez, 584 F.2d 1175 (2nd Cir. 1978); United States v. Simmons, 567 F.2d 314 (7th Cir. 1977); State v. Herrera, 386 P.2d 448 (1963); Louisell y Mueller, op. cit., T. 4, Sec. 420, pág. 199; Annot., Effect of Rule 801(d)(1)(B) of the Federal Rules of Evidence upon the Admissibility of a Witness’ Prior Consistent Statement, 47 A.L.R. Fed. 639 (1980), Sec. 7, y casos allí citados.

Por los fundamentos consignados, se revocará la senten-cia dictada en el caso por infracción al Art. 5 de la Ley de Armas. Se confirmarán las demás sentencias.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

       Al presente, el texto del Art. 5 es el siguiente:
      “Toda persona que posea o use sin autorización de ley una ametralladora, carabina, rifle o escopeta de cañón cortado así como cualquier modificación de éstas, o cualquiera otra arma de fuego que pueda ser disparada automáticamente y que pueda causar gran daño corporal, será culpable de delito grave.” (Énfasis nuestro.)

       Dispone el Art. 8 del Código Penal:
      “No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
      “No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad.”

      8) Los incidentes señalados fueron los siguientes: (1) al finalizar la presen-tación de la prueba del Pueblo, y luego de que la defensa presentara una moción de absolución perentoria, el fiscal solicitó reabrir su caso para que el testigo Ro-dríguez Figueroa, quien había declarado sobre el interrogatorio directo del testigo Lassen Sánchez en la vista preliminar, también declarara sobre el eontrainterro-gatorio celebrado en dicho proceso; (2) con posterioridad a que declarara el primer testigo de la defensa, el fiscal solicitó reabrir su turno para presentar evidencia sobre la autenticidad de una fotografía de ficheo del acusado; (3) luego de haber presentado la defensa evidencia que impugnaba la credibilidad de Lassen, a base de una acusación presentada en su contra a pesar de su acuerdo con el fiscal de archivarle sus casos, el fiscal solicitó presentar de nuevo a Rodríguez Figueroa para que declarase que esta acusación se había radicado sin su consentimiento. El tribunal de instancia concedió las tres peticiones.

       Dispone así:
      “(B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia:
      “(1) Testimonio anterior: Un testimonio dado como testigo en otra vista o una deposición tomada conforme a derecho del mismo u otro procedimiento, si es ofrecido contra una persona que en la ocasión en que se hizo la declaración ofreció la misma para su beneficio o tuvo la oportunidad de contrainterrogar al decla-rante con un interés y motivo similar al que tiene en la vista.”

      Esta regla dispone:
      “Cuando se admite en evidencia, conforme a este Capítulo, una declaración que sea prueba de referencia, la credibilidad del declarante puede ser atacada, y si atacada, puede ser sostenida por cualquier evidencia que sería admisible a esos fines si el declarante hubiera prestado testimonio como testigo. Evidencia de de-claraciones o conducta del declarante —en cualquier momento— inconsistente con su declaración admitida a pesar de ser prueba de referencia, no estará sujeta a requisito alguno de confrontación previa, para dar oportunidad al declarante de explicar o negar la declaración o conducta inconsistente. Si la parte contra la cual se ha admitido prueba de referencia llama al declarante de ésta como testigo, éste queda sujeto a ser examinado por dicha parte como si estuviera bajo contrainte-rrogatorio.” (Énfasis nuestro.)

      “(B) Medios de impugnación. La credibilidad de un testigo podrá ser impugnada o sostenida mediante cualquier evidencia pertinente al asunto de su credibilidad, es decir, a la veracidad o mendacidad, incluyendo los siguientes aspectos:
      (5) Manifestaciones anteriores del testigo.


author: per curiam:

text:
    Digna M. Santiago Matos, querellante y recurrida, v. Commonwealth Oil Refining Co., Inc., querellada y peticionaria.

      Número: O-82-757

      Resuelto: 4 de mayo de 1983

      Harold Toro y José A. Silva Cofresí, de Fiddler, González & Ro-dríguez, abogados de la peticionaria; Arnaldo Granados Estrada, abogado de la recurrida.
   per curiam:

La recurrida Digna M. Santiago Matos presentó una querella en el Tribunal Superior de Puerto Rico por despido injustificado y en reclamación de salarios y doble penalidad al amparo de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. see. 271 y ss.). Se acogió al procedimiento especial de carácter sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 y ss.). La recurrente Commonwealth Oil Refining Co. solicitó sentencia sumaria parcial por el fundamento de que la recurrida, durante el tiempo cubierto por la querella, se desempeñó como enfermera graduada, y que por tal razón se consideraba una profesional conforme la legislación y reglamentación vigentes.

El tribunal de instancia declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria parcial por considerar que existía entre las partes una genuina controversia en torno a si la quere-llante reunía concurrentemente todos y cada uno de los requisitos contenidos en el Art. V del Reglamento Núm. 13 de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, Segunda Revisión (1969), que define el término “Profesional”.

Concedimos término a la recurrida para que mostrara causa por la cual no se debía expedir el auto y una vez expedido dictar sentencia sumaria parcial a los fines de desestimar la reclamación de salarios y doble penalidad por ser ella una profesional.

Ha comparecido la querellante y procedemos a resolver.

Como se sabe, la Ley de Salario Mínimo, 29 L.P.R.A. see. 245 y ss., excluye de sus disposiciones a los administradores, ejecutivos y profesionales, y delega en la Junta de Salario Mínimo la definición de dichos términos. Matos Velázquez y. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45, 54 (1964). Mediante el Reglamento Núm. 13, Segunda Revisión (1969), la Junta definió los términos ejecutivo, administrador y profesional. Es a dicho reglamento que deben acudir para determinar si la recurrida es una profe-sional y no al significado o uso común que tenga este término. Véanse, Phillips Co. v. Walling, 324 U.S. 490, 493 (1945); Legg v. Rock Products Manufacturing Corporation, 309 F.2d 172, 174 (1962); Brennan v. South Davis Community Hospital, 538 F.2d 859, 865 (1976); Sexton v. Beatrice Foods Co., 630 F.2d 478, 486 (1980); Schoenhals v. Cockrum, 647 F.2d 1080, 1081 (1981); Annot., Who is employed in “professional capacity” within exemptions from minimum wage and maximum hours provisions of Fair Labor Standards Act, 72 A.L.R.2d 1156 (1969). Véanse además, López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325, 330 (1970); y Sánchez v. Best Price Co., Inc., 102 D.P.R. 379, 381 (1974).

Dicho reglamento define el término “profesional” como sigue:

Artículo V— Definición de “Profesional”
A los fines de la Sección 30(b) [sic] de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 96 de 26 de junio de 1956, enmendada) el término “profesional” significa cualquier empleado:
(a) cuyo deber primordial consista en realizar trabajo:
(1) Que requiera conocimiento de tipo avanzado en el campo de la ciencia o del saber, usualmente adquirido a través de un curso prolongado de instrucción y estudio inte-lectual especializado, a diferencia de una educación acadé-mica general, de un aprendizaje y de entrenamiento en el desempeño de procesos mentales, manuales o físicos, rutina-rios; o,
(2) de carácter original y creador en un campo recono-cido de esfuerzo artístico (en contraposición a trabajo que pueda ser realizado por una persona que posea habilidad y entrenamiento general de naturaleza manual o intelectual), y cuyo resultado dependa primordialmente de la inventiva, imaginación o talento del empleado; y
(b) cuyo trabajo requiera el uso de discreción y juicio para llevarlo a cabo; y
(c) cuyo trabajo sea de carácter predominantemente inte-lectual y variable (en contraposición a trabajo rutinario de carácter mental, manual, mecánico o físico) y de tal natura-leza que la producción total o el resultado obtenido no pueda ser medido en relación con determinado período de tiempo; y
(d) que no dedique más del 20 por ciento de las horas trabajadas en la semana de trabajo a actividades que no sean parte esencial y necesariamente incidental al trabajo descrito en los Apartados (a) al (c), inclusive, de este Artículo V; y
(e) que reciba por sus servicios una compensación fija o a base de por ciento u honorarios, equivalente a un sueldo semanal no menor de cien dólares ($100.00), excluyendo alimentos, vivienda y otros servicios; disponiéndose que este Apartado (e) no será aplicable en el caso de un empleado que tenga una licencia o certificado válidos que le permita dedicarse a la práctica de la abogacía o de la medicina o de cualquiera de sus ramas, y cuyo trabajo consista en la práctica activa de una de tales profesiones.
También significa cualquier empleado cuyo trabajo cumpla con los requisitos dispuestos en el Apartado (a), Inciso 1 ó 2 de este Artículo V, y que reciba por sus servicios una compen-sación fija o a base de por ciento u honorarios que equivalga a un salario semanal no menor de ciento cincuenta dólares ($150.00), excluyendo alimentos, vivienda y otros servicios. (Énfasis suplido.)

Examinemos los hechos que surgen del expediente y sobre los cuales no hay controversia, para determinar si procedía la sentencia sumaria solicitada por ser la recu-rrida una profesional.

Surge de la deposición que acompaña la solicitud de sen-tencia sumaria parcial que cuando la querellante comenzó a trabajar en CORCO en 1965 recibía más de $200 mensuales y que al quedar cesante en 1981 su salario ascendía a $1,113 mensuales. Así, al quedar cesante, la querellante cumplía con el requisito de salario de la prueba corta para la cate-goría de profesional con altos salarios, que exige un salario no menor de $600 mensuales, o sea, $150 semanales.

Revela, además, la deposición que la querellante estudió enfermería por tres años; que en 1956 se graduó del Hospital de Distrito de Aguadilla, cuando había escuelas de enfermeras en hospitales; que tiene licencia para ejercer como enfermera graduada; que pertenece al Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico; y que ha tomado otros cursos y seminarios de educación continuada, de enfermera industrial, salud pública, quemaduras y aten-ción de pacientes con enfermedades cardiovasculares, todo lo cual nos lleva a concluir que la querellante recurrida tiene una alta preparación académica con conocimiento avanzado en uno de los campos de la ciencia. A este respecto conviene señalar que en la jurisdicción federal, como regla general, a las enfermeras que poseen licencia otorgada para ejecer como tales por la Junta Examinadora del Estado se les reconoce que cumplen el requisito de conocimiento o preparación avanzada. 29 CFR 541.3(a)(1), 541.302(e)(1).

No obstante, para ser profesional no basta con tener ese tipo de conocimiento avanzado. Es indispensable que el trabajo realizado por la recurrida requiera como deber primordial el utilizar el conocimiento avanzado adquirido en el desempeño de sus labores. Conforme la deposición de la recurrida, aparece que su trabajo con la peticionaria consistía en atender emergencias, dar primera ayuda a los empleados, ayudar al médico, atender enfermedades no ocupacionales de los empleados, hacer requisiciones de medicinas, administrar electrocardiogramas, dar tratamientos de diatermia, hacer exámenes de la vista, y hacer exámenes del oído, entre otras tareas. No tenemos duda de que este trabajo realizado por la recurrida requiere poner en práctica el conocimiento adquirido a través de su preparación académica especializada.

Como puede verse, la recurrida reúne los requisitos reglamentarios de una profesional y, como tal, está exenta del pago de horas extras.

Se expide el auto, se deja sin efecto la resolución recurrida y se dicta sentencia sumaria parcial en que se desestima la reclamación de salario y doble penalidad.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibieron.

       La ley federal también niega a ejecutivos, administradores y profesionales el derecho a compensación por horas extras. Fair Labor Standards Act, Sec. 13(a)(1), 29 U.S.C. sec. 213(a)(1).

       Nuestros reglamentos fueron adoptados de los federales con algunos cam-bios. Véase, 29 CFR 541.0 et seq.

       La correspondiente definición para el término “profesional” en el ámbito federal se encuentra en 29 CFR 541.3.

       En 1982 el Reglamento Núm. 13 fue revisado nuevamente, pero, en lo que concierne a este artículo, sólo se alteraron los límites mínimos de sueldo semanal: de $100 a $150 y de $150 a $200.


text:
    Arsenio Vázquez, en representación de Juana Díaz Mangual, peticionaria, v. Idalie Caraballo, Alcaide Cárcel de Vega Alta, demandada.

      Número: JO-83-8

      Resuelto: 9 de mayo de 1983

      Harry N. Padilla Martínez y Jaime Márquez Torres, abogados de la peticionaria; Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La peticionaria Juana Díaz Mangual fue condenada por apropiación ilegal agravada a raíz de su participación en un fraude perpetrado por ella y otros individuos contra la firma Primitivo Grau e Hijos. Su sentencia fue suspendida bajo ciertas condiciones. 34 L.P.R.A. sec. 1026 et seq. Entre éstas, se le impuso que restituyera a la firma perjudicada la cantidad de $36,000, a razón de $500 mensuales. Esta can-tidad constituía el monto total de lo apropiado por la peti-cionaria. La peticionaria cumplió de manera irregular con esta obligación hasta el mes de abril de 1982, fecha para la cual fue cesanteada de la empresa en que trabajaba, por motivo de problemas económicos. Ante estas circunstancias, la peticionaria acudió al tribunal para que se rebajara la cantidad de sus pagos mensuales y para que se permitiera amortizar su balance atrasado de $1,500 mediante pagos mensuales adicionales. El tribunal concedió esta solicitud. La peticionaria efectuó dos pagos más y, después, debido a su precaria situación económica, dejó de cumplir por com-pleto la condición señalada.

Mientras tanto, la firma perjudicada había presentado una acción civil en contra de la peticionaria y de las otras personas envueltas en el fraude, en la que solicitó la indem-nización de la pérdida sufrida. En diciembre de 1982 obtuvo una sentencia favorable, donde se condenaba a los demandados a resarcir solidariamente a la demandante esta cantidad.

Posteriormente la perjudicada remitió una carta al tribunal de instancia señalándole el incumplimiento de la peticionaria y solicitándole que obligara a la señora Díaz Mangual a cumplir con lo ordenado. El tribunal señaló una vista. Durante ésta el oficial probatorio declaró que la peti-cionaria había dado cumplimiento a todas las condiciones con excepción de las relativas a la restitución a la firma perjudicada. La peticionaria testificó sobre su situación económica, señalándole al tribunal que estaba desempleada; que el ingreso de su marido también había disminuido debido a ajustes económicos en la empresa para la cual tra-bajaba; que entre ambos tenían un sinnúmero de deudas que afrontar, que había ofrecido sus bienes a la perjudicada como medio de saldar su deuda sin que ésta hubiera acep-tado dicha oferta; que en todo momento había estado dis-puesta a pagar su deuda con la perjudicada y que si no lo había hecho era tan solo porque no contaba con los recursos para hacerlo. Después de escuchar este testimonio el tribunal de instancia revocó la libertad a prueba. La peticionaria acudió ante nosotros. Concedimos término a la demandada para que compareciese a mostrar causa por la cual no debía revocarse la resolución recurrida. Ésta compareció por escrito.

La Ley de Sentencias Suspendidas provee un mecanismo alterno para que un convicto pueda cumplir su sentencia sin tener que ser recluido en una prisión. La anima un propósito preeminentemente rehabilitador —Alcalá v. Corte, 66 D.P.R. 430, 433 (1946); Pueblo v. Vélez, 76 D.P.R. 142, 148 (1954)— dando énfasis a la aptitud del individuo de convertirse en un miembro útil de la sociedad.

La concesión de este beneficio es discrecional. Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620, 624 (1972); Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568, 575 (1971); Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834, 839 (1971); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95, 98 (1969). Mas esta discreción no puede ser ejercitada de manera arbitraria por el juez sentenciador. Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964); Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 880, 882 (1957).

La ley faculta al tribunal sentenciador para que imponga condiciones al conceder la probatoria. En específico, el Art. 2 de la ley provee, en su parte pertinente que:

.. . [L]a corte sentenciadora podrá, a su discreción, además de poner a prueba a la persona sentenciada, imponer una multa cuya cuantía quedará a discreción del tribunal; dispo-niéndose, además, que la persona puesta a prueba podrá ser requerida para que, mientras estuviere en libertad a prueba, resarza a la parte perjudicada de los daños que le hubiere ocasionado o para que asuma la obligación de corregir el mal causado por su acto delictivo.

Así pues, se faculta al tribunal para que, como condición para la probatoria, exija el resarcimiento por parte del pro-bando de los daños ocasionados a la víctima del delito.

Esta restitución prevista por la Ley de Sentencias Suspendidas no debe ser confundida con la incorporada al Código Penal por la Ley Núm. 111 de 4 de junio de 1980. Véase principalmente el Art. 49A del Código, 33 L.P.R.A. see. 3212. A tenor con este último, la restitución es tam-bién una de las penas disponibles para castigar un delito, la cual puede ser impuesta por sí misma o en adición a alguna otra de las penas establecidas. En su modalidad punitiva, tiene como fin el procurar la indemnización como medida de trato justo a la víctima, más bien que lograr la rehabili-tación del criminal. Véase la Exposición de Motivos de la Ley en Leyes de Puerto Rico, Ed. Equity, 1980, págs. 387-388. Véase además, S. Schafer, Restitution to Victims of Crime, London, Stevens & Sons, 1960, págs. 117-129. Por esta razón se encuentra sujeta a varias limitaciones, tanto en su cuantía como en la forma de su pago.

Ahora bien, al adoptarse la Ley Núm. 111, la Asamblea Legislativa estaba consciente de que la restitución ya existía en nuestra jurisdicción como posible condición para conceder la libertad a prueba, bajo la Ley de Sentencias Suspendidas. El historial legislativo indica de forma inequívoca que la intención de la Asamblea Legislativa al adoptar la Ley Núm. Ill no fue de suplantar una modalidad de restitución por otra, sino de complementar el mecanismo existente con una en el cual la restitución no excluyera otras penas. Véase el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado y el Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes, ambos sobre el P. del S. 1388. Por lo tanto, los requisitos de la res-titución, según dispuestos en el Código Penal, son inaplica-bles a la restitución permitida por la Ley de Sentencias Suspendidas.

Hemos señalado que aunque la concesión de la probatoria es discrecional, no puede ser arbitraria. Igualmente es necesario reconocer que las1 condiciones que debe cumplir el probando deben estar razonablemente dirigidas hacia su rehabilitación. Véanse: United States v. Consuelo-González, 521 F.2d 259, 263-264 (9th Cir. 1975); Higdon v. United States, 627 F.2d 893, 897 (9th Cir. 1980); 4 Wharton’s Criminal Procedure Sec. 614, pág. 231 (1976); A. Campbell, Law of Sentencing, New York, Lawyers Co-operative Pub. Co., 1978, Sec. 20, pág. 83; A.B.A. Standards Relating to Probation, 2da ed., 1980, T. III, Sec. 18-2.3(e); E. DiCerbo When Should Probation Be Revoked?, 30 Fed. Prob. 11, 12 (junio 1966); J. Best y P. Birzon, Conditions of Probation: An Analysis, 51 Geo. L.J. 809, 810 (1963); Note, Limitations upon Trial Court Discretion in Imposing Conditions of Probation, 8 Ga. L. Rev. 466, 470 (1974); Note, Judicial Review of Probation Conditions, 67 Colum. L. Rev. 181, 198 (1967). En particular, se ha señalado que la validez de una condición que exija del probando que resarza a la víctima de los daños que le ha ocasionado tiene que forzosamente depender de su capacidad económica para llevar esto, a cabo. Campbell, op. cit, See. 23, pág. 89; A.B.A. Standards for Criminal Justice, 2da ed., Boston, Little, Brown and Co., 1980, T. III, Sec. 18-2.3(e)(i); DiCerbo, op. cit, pág. 13; Best y Birzon, op. cit, pág. 827; Limitations upon Trial Court Discretion, supra, pág. 486; Annot., Ability to Pay as Necessary Consideration in Conditioning Probation or Suspended Sentence upon Reparation or Restitution, 73 A.L.R.3d 1240 (1976) y casos allí citados.

En el presente caso la condición impuesta no fue origi-nalmente irrazonable, en vista de que la peticionaria pudo cumplirla mientras estuvo empleada, si bien lo hizo de forma irregular. Sin embargo, esto no dispone de la contro-versia. Es menester determinar si su incumplimiento posterior era motivo suficiente para revocar su libertad a prue-ba, si el mismo se debió exclusivamente a su falta de recursos.

La Ley de Sentencias Suspendidas dispone que la corte sentenciadora podrá revocar la libertad a prueba en cualquier momento en que a su juicio ésta sea incompatible con “la debida seguridad de la comunidad o con el propósito de rehabilitación del delincuente”. Véase, 34 L.P.R.A. sec. 1029. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973) —y siguiendo su decisión anterior en Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972), con respecto a la libertad bajo palabra— aclaró que la probatoria constituye en interés libertario limitado que ho pué'de ser suprimido sin conceder ciertas garantías de debido procedimiento. Y en los casos de Williams v. Illinois, 399 U.S. 235 (1970); Morris v. Schoonfield, 399 U.S. 508 (1970); y Tate v. Short, 401 U.S. 395 (1971), el Tribunal Supremo federal declaró que someter a un convicto indigente a una penalidad mayor que la que generalmente afrontaría una persona que tuviera medios económicos es incompatible con la garantía constitucional de la igual protección de las leyes.

Siguiendo esta interpretación, un gran número de jurisdicciones ha resuelto que la probatoria no debe revocarse por incumplir la condición de restitución u otras condiciones análogas, cuando el incumplimiento no ha sido voluntario, sino que se ha debido a las limitaciones econó-micas del probando. Véanse: United States v. Barrington, 662 F.2d 1046, 1055 (4th Cir. 1981); United States v. Boswell, 605 F.2d 171, 174 (5th Cir. 1979); United States v. Wilson, 469 F.2d 368, 370 (2nd Cir. 1972); United States v. Taylor, 321 F.2d 339, 341-342 (4th Cir. 1963); People v. Romero, 559 P.2d 1101, 1102 (1976); Cephas v. State, 412 So. 2d 935 (1982); State v. Huggett, 525 P.2d 1119, 1124 (1974); People v. Bullard, 367 N.E.2d 1017, 1019 (1977); People v. Ford, 301 N.W.2d 831 (1981). Igual postura rige entre los trata-distas y comentaristas: C. Fricke, Sentence and Probation, California, Legal Book Store, 1960, pág. 90; A.B.A. Standards for Criminal Justice, supra, T. III, Sec. 18-7.4; DiCerbo, op. cit, págs. 13-14.

Por otro lado, si el probando no demuestra su falta de recursos o si por el contrario se prueba que tenía los medios para cumplir y que aun así no lo ha hecho, entonces ha de entenderse que la violación es intencional y procede la revocación de la probatoria. Véanse: Boswell, supra, pág. 175; Hensley v. United States, 257 F.2d 681, 684 (5th Cir. 1958); Polk v. Com., 622 S.W.2d 223, 225 (1981); Burke v. State, 611 P.2d 203, 204 (1980); Fong v. State, 254 S.E.2d 460 (1979); People v. Vaughn, 394 N.E.2d 19, 20 (1979).

En el presente caso la peticionaria presentó prueba de que su incumplimiento se debía exclusivamente a su estre-cha situación económica y de que había hecho un esfuerzo de buena fe para no incumplir. Su oficial probatorio tam-bién testificó que había dado cumplimiento al resto de las condiciones. En estas circunstancias quedaba excluido el que la violación de la condición fuera intencional. Por lo tanto, no procedía la revocación de la probatoria, sino, por el contrario, lo apropiado era una nueva revisión de la con-dición impuesta.

Por los fundamentos expresados, se revocará la reso-lución recurrida y se devolverá el caso a la sala de instancia para que modifique, en el grado en que estime conveniente, las condiciones de la probatoria.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

       A esos efectos, se dispone en 34 L.P.R.A. see. 1031:
      “Durante el término de cualquier sentencia que haya sido suspendida, el acu-sado quedará sujeto a la autoridad del tribunal en que se impuso la sentencia, y el juez de dicho tribunal tendrá facultades para prescribir las condiciones para la suspensión de la sentencia, y, cuando esté convencido de la mala conducta del acu-sado, ordenar su arresto por el tiempo que falta para terminar su sentencia.”

       Dispone:
      “See. 3212. Pena de restitución

      “En adición a la pena que se le imponga al convicto por el delito cometido, el tribunal podrá imponer la pena de restitución.
      “La pena de restitución consiste en la obligación impuesta al convicto por el tribunal de pagar a la parte perjudicada daños y pérdidas que le hubiere ocasio-nado a su persona o a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo. La pena de restitución no incluirá sufrimientos y angustias mentales.
      “La pena de restitución podrá ser impuesta para ser satisfecha en dinero, mediante la prestación de servicios, o mediante la entrega de los bienes ilegal-mente apropiados o su equivalente.
      “En el caso de que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, el importe de la pena de restitución será determinado por el tribunal dentro de los límites establecidos por este Capítulo para la pena de multa, teniendo en cuenta el total de daños que habrán de restituirse, la participación prorrateada del ofensor en cues-tión si fueron varios los delincuentes que participaron en el acto delictivo, la capa-cidad del ofensor para pagar y toda otra circunstancia que permita una fijación adecuada a las circunstancias del caso y al penado mismo.
      “En delito menos grave la pena de restitución no excederá de quinientos (500) dólares. En delito grave, la pena de restitución no excederá de cinco mil (5,000) dólares.
      “La pena de restitución será satisfecha inmediatamente. No obstante, a soli-citud del penado, y a discreción del tribunal sentenciador, podrá pagarse total-mente o en cuotas dentro del término de 30 días a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia.
      “El tribunal, a solicitud del penado, después de dictada sentencia imponiendo el pago de restitución, discrecionalmente, podrá autorizar el pago o amortización de la restitución o de la parte insoluta de la misma mediante la prestación por el convicto de trabajo libre bajo la supervisión y jurisdicción del sistema correccional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se abonarán $10.00 por día de trabajo, cuya jornada no excederá de 8 horas diarias.
      “La Administración de Corrección y la Administración de los Tribunales de-berán aprobar la reglamentación pertinente para poner en ejecución las disposi-ciones de la presente sección, entre otras, en cuanto a normas, condiciones y lugares de trabajo y supervisión. Dicha reglamentación tomará en cuenta la ru-tina normal de trabajo del convicto.
      “El tribunal conservará jurisdicción sobre el convicto a los fines del cumpli-miento de la orden de amortización así dictada, incluyendo, en los casos apropia-dos, la facultad de dejar sin efecto dicha orden, exigir el pago total de la resti-tución, o en su caso, el balance insoluto de la misma.”

       Cf. Fuller v. Oregon, 417 U.S. 40 (1974), donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo la validez de un estatuto que imponía la obligación de pagar los gastos del abogado provisto por el Estado a aquellos probandos que fue-ran indigentes al momento del juicio, pero que posteriormente gozaran de una mejor situación económica.