author: El Juez Asociado Se. MacLeaby

text:
    Hernaiz v. Cruz.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 46.
    Resuelto en enero 29, 1907.
    Nulidad de Expediente Posesorio. — El demandado, en el caso de autos, tramitó un expediente posesorio de dos fincas distintas, una de 120 y la otra de 16 cuerdas, las que inscribió á su nombre; el demandante solicitó la nulidad de ese expediente alegando ser dueño de más de cincuenta y dos cuerdas de terreno, de la finca de ciento veinte cuerdas, y el demandado, reconociendo el derecho del demandante sostiene que el expediente posesorio debe declararse válido y subsistente y lo mismo su inscripción, por lo que respecta al resto de la finca de 120 cuerdas, deducidas las que correspondan al demandante, y pol-lo que respecta á la otra finca de diez y seis cuerdas, que no es objeto de dis-cusión: se resolvió que no siendo el demandado dueño de toda la finca de 120 euerdas, la declaración de nulidad del expediente t’ene que afectar á toda la finca en su totalidad, pues además de otras razones, no estando identificadas las respectivas porciones de las partes, sería imposible hacer una declaración parcial de nulidad; y por lo que respecta á la parcela de 16 cnerdas, que ro ha sido objeto de discusión, el expediente y su inscripción deben deciarse válidos.
    Los hediós están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Guzmcm Benitez.

    Abogado de los apelados: Sr. Sarmiento.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby

emitió la opinión del tribunal.

Este caso empezó en la Corte de Distrito 'de San Juan por demanda de fecha 13 de enero de 1904 que, por sn importancia para la decisión del recurso pendiente, conviene que inserte-mos literalmente; dice así:

"Don Antonio Sarmiento y Porras, .abogado, en nombre de Juan Brígido Rufino y Justo Hernáiz y Ramos y Concepción y Francisco Harnáiz y Filomeno, en su calidad de herederos de su padre legítimo Don Juan Bautista Hernáiz, como más proceda en derecho comparezco y digo:
“Que entablo contra Prudencio de la Cruz, vecino de Río Piedras, demanda sobre nulidad de un expediente posesorio y oposición á que se convierta en inscripción de dominio la inscripción que aquél causa-ra, fundándola en los siguientes hechos:
“1. En dos de septiembre de mil ochocientos sesenta y seis por ante el notario de esta capital Don Mauricio Guerra los herederos de José de la Cruz otorgaron escritura de división de caudal hereditario que consistía en ciento diez y ocho cuerdas de terreno, sito en el barrio de Sabana Llana del término municipal de Río Piedras.
“2. Dichas ciento diez y ocho cuerdas fueron adjudicadas en la mencionada escritura en la forma siguiente:'
“A Prudencio de la Cruz, hijo natural de Polonia y Francisco. Luís Coto, marido legítimo de ésta, treinta y una cuerdas y un cuarta de otra; á María, Concepción, Práxedes, Paula, Petrona, y Dionisia de la Cruz, treinta y tres cuerdas y tres cuartos de otra. Y para bajas, cincuenta y tres cuerdas.
“3. Una vez hecha la división de las ciento diez y ocho cuerdas, Juan Bautista Hernáiz, padre de mis constituyentes, adquirió de ellas noventa cuerdas en la siguiente forma:
“ (ffl) Veinte y cuatro cuerdas por escritura pública que por veinte y ocho le otorgara Prudencio de la Cruz como facultado para ello por la escritura de división de bienes, ante el Notario Sr. Guerra en ca-torce de septiembre de mil ochocientos sesenta y seis.
“(&) Trece cuerdas por escritura que ante el mismo Sr. Notario le otorgara el Juez de. Paz de Río Piedras, Don José Manuel Acosta, en dos de septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho, como conse-cuencia del juicio verbal que Juan Bautista Hernáiz siguiera contra Prudencio de la Cruz y Práxedes, Concepción, Dionisia, Paula y Pe-trona de la Cruz para que le entregaran cuatro cuerdas de terreno que por disposición del citado Juzgado de Paz le fueron segregadas de las vendidas en la anterior escritura y nueve cuerdas más por compra que hiciera á las últimamente citadas.
“ (c) Diez cuerdas por compra que hiciera á Prudencio de la Cruz por escritura otorgada ante el mismo Notario Sr. Guerra en veinte y cuatro de enero de mil ochocientos setenta y dos.
“ (d) Otras diez cuerdas por compra á Francisco Luís Coto, por escritura otorgada ante el propio notario en diez y seis de febrero, de mil ochocientos setenta y dos.
“ (e) Diez cuerdas por escritura de cinco de abril de mil ochocien-tos setenta y dos otorgadas por el Alcalde Mayor del Distrito de San Francisco, de esta capital, Don Francisco de P. Acuña, ante el mismo notario en autos contra Práxedes, Concepción y Dionisia de la Cruz, sobre que dejasen á la libre disposición de Juan Bautista Hernáiz las treinta y siete cuerdas á que se refieren las dos primeras adquisiciones.
“ (/) Cuatro cuerdas por compra hecha ante el Juzgado de Paz de Río Piedras en veinte y seis de junio de mil ochocientos setenta y dos, como albacea de Polonia de la Cruz.
“ (g) Cuatro cuerdas por compra hecha en 19 de octubre de mil ochocientos setenta y cuatro á Isabel Clemente, que las hubo de Po-lonia de la Cruz.
“(7¡.) Quince cuerdas por compra hecha á Francisco Luís Coto en diez y ocho de febrero de mil ochocientos setenta y uno.
“4. No obstante, estas trasmisiones en la mayor parte de las que intervino personalmente Prudencio de la Cruz, éste tramitó en el Juzgado Municipal de Río Piedras expediente posesorio de todo el caudal hereditario como herencia de su madre Polonia de la Cruz é inscribió á su nombre la posesión de dos fincas, una de ciento veinte cuerdas de terreno, en el barrio de Sabana Llana, sitio de Honduras, lindante por el E. con Don Juan José Marién, por el N. con Valeriano Benitez, por el S. con la sucesión de Don Vicente Ruiz y por el O. con Don Bartolomé Cussó y Salada y otro trozo de diez y seis cuerdas en el mismo barrio, lindante por el E. y S. con Don Bartolomé Cussó y Salada, por el N. con Juliana Andino y por O. con Doña Laura García, en el tomo ciento del Archivo octavo de Río Piedras, folios .199 y 201, fincas 423 y 424, inscripciones primeras.
“5. Recientemente Prudencio de la Cruz se ha dirigido al Juz-gado Municipal de Río Piedras, solicitando la conversión en inscripción de dominio de las de posesión que tan ilegalmente consiguiera, habién-dose publicado edictos en el Heraldo Español, convocando con fecha treinta de diciembre último á cuantos se crean perjudicados con dicha conversión para que se opongan á ella dentro del término de quince días.
“6. En cinco de junio de mil ochocientos setenta y seis falleció Juan Bautista Hernáiz, bajo disposición testamentaria que otorgara ante el Notario Don Mauricio Guerra, en dos de noviembre de mil ochocientos setenta y dos, dejando por universales herederos á mis representados, Juan Brígido, Rufino y Justo Plernáiz y Ramos habidos en su matrimonio con Isidora Ramos, y Concepción y Francisco Her-náiz y Filomeno, habidos en su matrimonio con Aquilina Filomeno.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
“1. Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la Ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez. (Artículo 4 del Código Civil.)
“2. Para facilitar la inscripción en el registro de la propiedad de los bienes, cuyos propietarios, título de dominio escrito, se faculte á los propietarios de dichos bienes para inscribir su déreeho previa justificación de la posesión de dichos bienes. Artículo 393 de la Ley Hipotecaria. Es de evidencia que esa facultad solo.se concedió á los propietarios.
“3. En la instrucción del expediente posesorio se observarán las siguientes reglas:
‘ ‘ Primera. El escrito en que se pida la admisión de la información expresará.
“3. El nombre y apellido de la persona de quien se haya adquirido el inmueble ó derecho.
“Tercera. Los testigos.
‘1 Contraerán sus declaraciones al hecho de poseer en nombre pro-pio de los bienes el que promueva el expediente.
“4. El expediente posesorio de Prudencio de la Cruz adolece,' por consiguiente, del vicio de nulidad, de ser falso que sea el propietario de los terrenos, cuya posesión acreditó y que los adquiriera por heren-cia de su madre Polonia de la Cruz, pues que de ésta sólo heredó y eso en unión de Francisco Luís Coto, treinta y uiía cuerdas y un cuarto de otra.
“5. La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores. (Artículo 1840 del Código Civil.)
“6. El dominio y los demás-derechos reales sobre bienes inmue-bles prescriben por la posesión durante seis años entre ausentes y presentes con buena fe y justo título. (Artículo 3 de la Orden Judicial de 4 de abril de mil ochocientos noventa y nueve.) Cuyos dos últi-mos requisitos le faltará siempre al dominio que desea inscribir Pru-dencio de la Cruz.
“7. Las costas se impondrán siempre á la parte, cuyas preten-siones sean totalmente desestimadas. (Artículo 63 de la Orden General, número 118, serie de 1899.) Por lo expuesto, suplico al tribunal que, teniendo por presentada en forma esta demanda y á mí por parte en las diligencias que han de producirse con la representación con que me persono, se sirva admitirla y acordar se cite á Prudencio de la Cruz y se le emplace para que dentro del término de veinte días com-parezca y la conteste y en definitiva dictar sentencia, declarando nulo y sin ningún valor ni efecto el expediente posesorio á que se refiere esta demanda, nula así mismo la inscripción que causó en el Kegistro de la Propiedad de esta Capital, la que deberá ser cancelada y sin lugar, consiguientemente, la conversión de dicha inscripción de posesión en inscripción de dominio, con las costas, por ser todo de justicia.”

Esa demanda se contestó por el demandado Prudencio de la Cruz, consignando que los hechos alegados sominciertos en cuanto á su esencialidad y en cuanto á sus accidentes y por esta razón negó su exactitud y pidió al tribunal que declarase sin lugar la demanda y le absolviese libremente.

Siguió el juicio por sus trámites, practicándose las pruebas que cada parte produjo, consistente en documental y testifical, y el juez en 31 de enero de 1906 pronunció sentencia “siendo de opinión que los hechos y la ley están en favor de la parte demandante y en su virtud declara nulo y sin ningún valor ni efecto el expediente posesorio tramitado en el Juzgado Municipal de Río Piedras á instancia del demandado Prudencio de la Cruz, referente á dos fincas, una de ciento veinte cuerdas de terreno en el barrio de Sabana Llana, sitio de Honduras, Río Piedras, lindante por el Este, con Juan José Marién; por el Norte, con Valeriano Benitez, por el Sur, con la sucesión de Vicente Ruíz y por el Oeste, con Bartolomé Cussó y Salada y otra de diez y seis cuerdas, en el mismo barrio; lindante por el Este y Sur, con Don Bartolomé Cussó y Salada; por el Norte, con Juliana Andino y por el Oeste, con Laura García; nulas de igual modo las inscripciones de posesión de dichas fincas obrantes en el tomo 100 del archivo 8o. de Río Piedras, folios 1’99 y 201, fincas 423 y 422, 424 dice la exposición, ins-cripciones primeras, cuyas inscripciones deberán ser can-celadas en la forma procedente, y sin que haya lugar por tanto á convertir las dichas inscripciones de posesión en inscrip-ciones ■ de dominio, con las costas á la parte demandada y líbrese ejecución para cumplir esta sentencia que se registrará en el libro de sentencias de esta Corte.”

Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación el demandado Prudencio de la Cruz y á esta Corte Suprema se ha traido el récord, constando en él una exposición del caso preparada ya con las enmiendas introducidas por los deman-dantes y que aceptó el demandado, cuya exposición fué en su oportunidad aprobada por el Juez de la Corte de Distrito de San Juan.

En esa exposición se relaciona sucintamente toda la prueba practicada que junto con la demanda, la contestación y la sentencia, ha-de servirnos para formar juicio y decidir este recurso pendiente hoy de nuestra consideración.

El demandado y apelante, apoyándose más que en otros datos, en su propia declaración rendida en el juicio, reconoce en su alegato escrito ante esta Corte Suprema que los deman-dantes han acreditado que son dueños de “treinta y ocho cuerdas que le vendió el mismos demandado, de cuatro más que su madre había vendido á Isabel Clemente y de diez más que entregó á la sucesión Hernáiz para transar un pleito en que le cobraban veinte cuerdas por Francisco Luis Coto,” que forman en conjunto un total de cincuenta y dos cuerdas y que deducidas de las ciento diez y ocho á que se refiere la demanda, quedan á favor del apelante sesenta y seis cuerdas contra las que no ha debido hacerse pronunciamiento alguno de nulidad ni tampoco contra las diez y seis cuerdas de la otra parcela de terreno á que se refiere el expediente pose-sorio y la inscripción consiguiente, porque contra esta porción nada se reclamó en la demanda.. Y como la sentencia no reco-noce ésto, sino que, por el contrario, declara nulo el expediente posesorio y las inscripciones en su totalidad, dice que se han infringido por el fallo apelado, en cuanto á las sesenta y seis cuerdas de que está en posesión el 'apelante, el artículo 433 y siguientes del Código Civil, 394 y sus concordantes de la Ley Hipotecaria, el 24 de la misma y la doctrina establecida por esta Corte Supr,ema en el caso de José Estevez Torres contra Alonso del Río y Ramón Montano y en chanto á las diez y seis cuerdas, el principio de que los tribunales no pue-den ir más allá de lo solicitado por las partes litigantes y por todo ello concluye, pidiendo la revocación de la sentencia ape-lada y que se declare que las sesenta y seis cuerdas adquiridas y poseídas por Prudencio de la Cruz no han debido incluirse, bajo el pronunciamiento de nulidad, así como tampoco las diez y seis cuerdas contra las que nada en la demanda se ha soli-citado.

La parte apelada impugnó el recurso y los pedimentos quo se consignan en el alegato del apelante á que nos liemos referido.

La demanda nó se funda en defectos del expediente pose-sorio ni tampoco se pide la nulidad de la inscripción, s.egún el artículo 30 de la Ley Hipotecaria, porque carezca de las cir-cunstancias que exige el-artículo 13 de la misma, sino que la nulidad se solicita porque contiene el expediente y la inscrip-ción correlativa un defecto capital, cual es, el de que no siendo el demandado Prudencio de la Cruz propietario de cierta parte de los terrenos á que el expediente se refirió y que á su nombre inscribió en el registro, no pudo, bajo ningún con-cepto realizar, esos actos porque es un derecho que solo está reservado (artículo 390 de la Ley Hipotecaria) al propietario que carezca de título escrito de dominio y Prudencio de la Cruz sabía que no tenia-tal carácter porque él mismo vendió á Juan Bautista Hernáiz, padre de los individuos demandantes, mucha parte de los terrenos en cuestión y los otros fueron adquiridos por éste de individuos copartícipes con dicho de-mandado Prudencio de la Cruz en la herencia de qué los terre-nos proceden.

No favorece al demandado la declaración que prestó como testigo en el juicio, diciendo que promovió el expediente é ins-cribió á su nombre porque así lo convino con Hernáiz para que éste luego pudiera inscribir á su nombre y sin dificultades las compras que de cierta parte de los terrenos había, realiza-do. Pero hemos dicho que esta manifestación no le favorece porque ya muerto Hernáiz pretendió el demandado Prudencio de la Cruz convertir en inscripción de dominio esa inscripción dé posesión. De modo que trató de consolidar un derecho que no tenía sin contar para nada con los herederos de Juan Bau-tista Hernáiz que son hoy lo's que solicitan que se restablezca el imperio de la justicia.

■ La prueba documental de los demandantes revela que éstos son dueños por compra de más de cincuenta y dos cuer-das de terreno de las ciento diez y oclio cnerdas que se adju-dicaron á los herederos de José de la Cruz.

La prueba testifical del demandado trata de convencer de que éste está poseyendo sesenta y seis cuerdas al parecer pro-cedente de las ciento diez y ocho á que la demanda se refiere y otras diez y seis cuerdas que no son objeto de la discusión establecida.

Es lo cierto que el asiento de inscripción en el registro, según la exposición del caso, y la misma demanda, trata de dos fincas ó parcelas diferentes ó sea una de ciento veinte cuerdas, y otra de diez y seis, numeradas en el registro con los números-423 y 424 y con colindancias cada uná, diferentes entre sí.

En este pleito no tratan los demandantes de obtener á su favor una declaratoria de dominio de -los terrenos en cuestión, ni de la reivindicación de los mismos por estar detentados por el demandado. Se trata solamente de obtener la declaratoria de nulidad del expediente posesorio promovido por Prudencio de la Cruz y su inscripción consiguiente en el registro de la propiedad y que se declare también sin lugar la conversión de dicha inscripción de posesión en inscripción de dominio, como ya la tenía solicitada el demandado Prudencio de la Cruz.

De modo, que planteado el debate en tales condiciones no es factible acceder á todo lo que solicita el apelante p'orque nu ■hay términos hábiles para ello.

El demandado Prudencio de la Cruz no pudo promover el expediente posesorio ni inscribir á su nombre la posesión, porque no era el propietario de todas las ciento diez y ocho ó ciento veinte cuerdas á que la demanda se refiere como él mismo lo ha reconocido en su declaración que dió como testigo en el juicio. Luego por este fundamento capital el posesorio y la inscripción consiguiente de las ciento diez y ocho ó ciento veinte cuerdas es nulo, y por consiguiente, sin ningún valor ni efecto en derecho.

Sería de todo punto imposible que nosotros declarásemos nulo en una parte y válido en otra dicho expediente é inscrip-ción correlativa como lo pretende el apelante por lo que res-pecta á la parcela de 118 ó 120 cnerdas, porque entre otras razones no se identifican debidamente las porciones compra-das por- los demandantes ni tampoco se identifican las por-ciones que dice el demandado que le pertenecen y de las cuales afirma que está boy en posesión. La inscripción adolece, en cuanto á esta finca, de un vicio de nulidad y la demanda se refiere á ella de un modo concreto y categórico. A ella, pues, en totalidad, debe alcanzar el pronunciamiento de nulidad por-que como liemos dicbo no es fácil, dado el récord que tenemos á la vista, precisar donde están las cuerdas de terreno de los de-dandantes ni donde se ballap las que dice que está poseyendo el demandado, ni creemos tampoco que sea posible para el registrador hacer una distinción acabada y perfecta entre unas y otras.

Pero también estamos obligados á guardar la debida con-gruencia entre lo pedido y lo que baya de concederse.

La demanda no afecta bajo ningún concepto á la parcela de diez y seis cuerdas á que se refirió el posesorio y que tam-bién inscribió á su nombre el demandado Prudencio de la Cruz. Esa finca aparece en el registro con número distinto y con eolindancias distintas á la anterior. No lia sido objeto de contienda y debemos presumir boy que Prudencio de la Cruz es el propietario y que por no tener título escrito de dominio, inscribió á su nombre la posesión en el registro de la propiedad. Sobre esta finca no se ba demostrado que tam-bién concurra el mismo vicio de nulidad y debe declararse en cuanto á ella válido y eficaz el expediente posesorio y sub-siguiente inscripción.

De modo que á nuestro entender, debe declararse nulo el expediente posesorio en cuanto á la finca de 120 cuer-das y su inscripción en el registro con los demás pronuncia-mientos del caso y válido el posesorio y la inscripción de la finca ó parcela de diez y seis cuerdas, consignándose así en la sentencia que se dicte, sin bacer expresa condenación de las costas del inferior ni las de este recurso.

Resuelto ele conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Figueras no intervino en la resolu-ción de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Figueras

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Barnes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 100.
    Resuelto en febrero 4, 1907.
    Apelación — Excepciones Previas. — lina resolución desestimando excepciones previas no tiene el carácter de definitiva, y no es, por lo tanto, apelable para ante el- Tribunal Supremo.
    Id. — Resolución Excepcionada por Ministerio be la Let. — Las resoluciones desestimando excepciones previas se consideran exeepcionadas por ministerio de la ley, y pueden ser revisadas en la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Figueras

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha veinte y nueve de agosto de 1906, “El Pueblo de Puerto Rico, ’ ’ representado por el fiscal J. Henry Brown, pre-sentó demanda ante la Corte Municipal de Ponce contra Francisco Barnes y otros como herederos de Doña Antonia Plaja y Acosta y alegó que esta señora falleció en Ponce el día diez y seis de septiembre de mil novecientos cuatro, dejando bienes muebles é inmuebles en Puerto Rico por valor de treinta y un mil seiscientos treinta dollars; que por su testamento esos bienes se trasmitieron á sus hijos legítimos, que son los de-mandados ; que esa herencia está pro-indivisa y no se ha nom-brado albace.a; que en diez y seis de septiembre de mil nove-cientos cinco los demandados debían á “El Pueblo de Puerto Rico” por concepto de contribución sobre la dicha herencia la suma de trescientos diez y seis dollars, treinta’ centavos, y tal suma ya está debida y no pagada y además los intereses sobre la misma desde el diez y seis de septiembre basta el, pre-sente, á razón del diez por ciento anual ascendente á la canti-dad de treinta dollars y concluye suplicando á la corte que se dicte sentencia á favor del demandante y en contra de los. demandados, condenándoles á pagar la suma de trescientos cuarenta y seis dollars treinta centavos, intereses que se de-venguen y las costas que origine este' pleito.

Los. demandados, por medio de su abogado, Don José Tons Soto, opusieron excepción previa á la demanda por el funda-mento de que no aducía lieclios suficientes para constituir una buena causa de acción y después de argumentada la excepción, por las partes en que parece que se discutió la interpretación que debe darse á los artículos 368 y párrafo Io. del 369, ambos del Código Político, el juez municipal en 27 de septiembre del año próximo pasado, resolvió que la ley y los becbos están á favor de los demandados, bijos de Doña Antonia Plaja y en contra del demandanté “El Pueblo de Puerto Rico” y declara con lugar la excepción previa de no existir una buena causa de acción, sobreseyendo el caso con costas de oficio.

La representación de “El Pueblo de Puerto Rico” estable-ció recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce á la que las partes sometieron el caso sin argumenta-ción y en 19 de noviembre de 1906 se declaró sin lugar la ex-cepción revocando la providencia apelada y se concedieron diez días á los demandados para que contestasen la demanda, imponiéndoles las costas.

Contra esta resolución de la Corte de Distrito de Ponce apelaron los demandados y aquí se lia presentado el récord y ban alegado por escrito las partes la interpretación que en su sentir debe darse á las disposiciones ya citadas del Código Político.

“Examinada la índole de la resolución recurrida no la en-contramos comprendida en caso alguno de los que taxativa-mente enumera el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil al determinar las resoluciones de las Cortes de Distrito contra las que puede establecerse apelación para ante la Corte Suprpma, pues declarada sin lugar la excepción previa alega-. da, aquella resolución no puede calificarse de definitiva, y por el contrario se deja vía abierta para la celebración del juicio basta llegar á la resolución final, siendo entonces cuando si se interpusiere apelación contra la sentencia que recaiga, aquella resolución se estimará excepcionada por ministerio de la ley al tenor de lo que dispone el artículo 213 del Código citado, y á ella se fiará extensiva también la jurisdicción del tribunal para confirmarla ó revocarla.”

Esto dijo esta Corte Suprema de acuerdo con la opinión del Juez Sr. Hernández, en el caso número 102 dé Francisco Escalona cqntra Gavino Alvaro Dordal y otros, procedente de la Corte de Distrito de San Juan y fallado el 12 de febrero de 1906.

Y como el caso de apelación que nos ocupa es por su índole exactamente igual al que nos referimos, procede que por las mismas razones se declare como entonces, no fiaber lugar á resolver este recurso con las costas á la parte apelante.

Denegado.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary, y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Wole

text:
    Ex Parte Martínez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 85.
    Resuelto en febrero 4, 1907.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 79, de Ex parte Hernández, página 1.
    Los fiecfios están expresados en la opinión.'
    Abogado del apelante: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Avelino Martínez Mercado hizo solicitud á la Corte de Dis-trito de Mayagüez para que declarase justificado el título de clominio que tenía sobre una parcela de terreno. El fiscal com-pareció y se opuso á dicha petición por el fundamento de que los linderos habían sido descritos muy ligeramente, sin des-cribirlos en forma tal que no pudieran confundirse con nin-guna otra; alégando además, que no s.e expone el historial de la trasmisión del dominio. El promovente ha cumplido en su ■escrito inicial con todo lo necesario., La descripción fué en-mendada y finalmente leía así:

“Rústica: fracción de siete cuerdas de terreno á café y pasto, equi-valente á dos hectáreas, setenta y cinco áreas y doce centiáreas, con .su casa de madera de tres metros treinta y cuatro centímetros de frente por cuatro metros diez y ocho centímetros de fondo, sita en ei barrio de Palma Escrita del término municipal de Las Marías, colin-dante al norte, con finca rústica á pasto y café de Francisco Rosa; al saliente y poniente, con finca de igual naturaleza de Don Isaac F. Martínez, al sud, con otra á café y pasto de Saturnino Rosa. ’ ’

Esta descripción es suficiente para los fines de la solicitud, y por las razones consignadas en la opinión de este tribunal ■en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Agustín Hernández Mena, debe confirmarse la resolución apelada,

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figureras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sb. Wole

text:
    Ex Parte Hocking.
    ApelaciÓN procedente de la Corte- de Distrito de Mayagüez.
    No. 76.
    Resuelto en febrero 4, 1907.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 79, de Ex parte Hernández, página 1.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Wole

emitió la opinión del tribunal. Ricardo Hocldng solicitó de la Corte de Distrito de Maya-güez que declarases justificado el título de dominio que tenía sobre una parcela de terreno. El fiscal compareció oponién-dose' á dicha solicitud por el fundamento de que en'ella no se describía la forma del solar, ni el valor de sus ángulos ó longi-tud alguna de sus diagonales ni se expresaban tampoco las distancias á los ángulos de la manzana de que ese solar forma parte. La descripción de dicho terreno es como sigue:

“Urbana: solar situado en el barrio de la Marina Septentrional, calle San Juan, de esta ciudad, de 24 metros, 20 centímetros de fren-te, por 40 metros 35 centímetros de fondo; y colinda al Norte, con un solar de la sucesión de Mateo Jorge, que la componen su viuda Pilar Aguillé; al Sur y al Oeste, con terrenos de Clara Cristy; y al Este, con la calle de San Juan, donde radica. En dicho solar se ha-lla edificada una casa de madera, terrera de 10 metros 30 centíme-tros de frente, por 18 metros 20 centímetros de fondo; y existen ade-más dos ranchos de madera, dedicados á taller de fundición. ’ ’

Esta descripción es suficiente para los fines de la solicitud y por las razones expresadas en la opinión de este tribunal en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Agustín Hernández Mena, debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras, y MacLeary.


text:
    Amorós v. La Corte dé Distrito de Guayama et al.
    Solicitud para que se expida un mandamiento inhibitorio.
    No. 6.
    Resuelto en febrero 5, 1907.
    urisdicción — Casos en que el Demandado Sea Entrangero — Auto Txin::i-torio. — La circunstancia de que el demandado en una acción ó procedimiento’ entablado en nna Oorte inferior, sea extrangero, y pueda por esta razón solicitar el traslado del pleito á la Oorte de Distrito de los Estados Unidos, no le da derecho para negar la jurisdicción de la Oorte Insular y obtener contra esta un auto inhibitorio, pues aun en el caso de que el traslado sea procedente, la Oorte Insular tiene jurisdicción, aunque no sea exclusiva.
    Abogado del peticionario: Sr. López Lanclrón.

   RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.

Considerando: que el hecho alegado por el peticionario Don Mateo Amorós, que es nno de los demandados en el pleito iniciado ante la Corte .de Distrito de Gruayama,' de ser aquél, español, no le da derecho para negar la jurisdicción de dicha, corte, pues en el supuesto que no discutimos, de que le asis-tiera razón para pedir que su causa fuese trasladada á la Corte Federal, no por eso puede sostenerse que carezca de ella la Corte de Gruayama, aunque su jurisdicción no sea exclusiva.

No há lugar á dictar el auto inhibitorio solicitado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. HeRNÁudez

text:
    Ex Parte Pantaleona et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayag'üez.
    No. 87.
    Resuelto en febrero 5, 1907.
    Dominio — Esckito Inicial de la Finca. — Cuando en el escrito inicial de una in-formación de dominio se hiciere la descripción de la Anca objeto del mismo, con expresión de su naturaleza, situación, medida y linderos, y la naturaleza de las fincas colindantes, y se exprese, además, correctamente, la equivalencia en el sistema métrico decimal de la medida usada en el país, el escrito es suficiente para promover la información, sin que sea necesario hacer referen-cias á puntos determinados de la localidad para identificar la finca, núes aunque esto sea conveniente, no es obligatorio.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. HeRNÁudez

emitió ia opinión del tribunal.

María Pantaleona y Nemesio Feliciano, conocidos también por Pérez, promovieron ante la Corte de Distrito de Maya-güez expediente para acreditar el dominio de una finca,- que describen en la forma siguiente:

“Solar ó porción de tierra de media cuerda,’equivalente á 19 áreas ‘65 centiáreas, á café, árboles frutales y guineos, radicada en el barrio ■de Maricao-Afuera, término municipal de Maricao, partido judicial •de San Germán, conteniendo una casa de maderas cubierta de zinc, ■de diez y ocho varas de frente por ocho y media de fondo; un horno de cocer pan, de manipostería que mide tres y tres cuartas varas de frente é igual medida de fondo, colindando todo por el Este, Sud y Oeste, con terreno de Don Pablo Coronado; y por el Norte, con el ca-mino real de Maricao.”

Los promoventes expresan que adquirieron dicha finca por compra privada á Don Bruno Pérez fallecido en 29 de agosto de 1903,. quien á su vez la hubo de Antonio Castillo en el año de 1893, sin que en esos contratos de compra-venta mediara título escrito de dominio, no pesando carga ni gravamen alguno sobre la finca en cuestión, la que tiene un valor de 220 dollars.

El fiscal de la expresada corte formuló oposición al expe-diente mencionado, alegando como únicas razones que la rela-ción de la medida métrica de la superficie de la finca con la usual vigente estaba equivocada en la solicitud y que no sólo no se describían los linderos de dicha finca en forma precisa, sino que tampoco se hacía referencia á .puntos determinados de la localidad, que pudieran conducir á la identificación de aquélla, infringiéndose por tanto la regla Ia. del artículo 9 de la Ley Hipotecaria y la regia 2a. del artículo 63 del Reglamen-to para la aplicación de la misma.

El juez por auto de 17 de septiembre de 1906, declaró acre-ditado por las pruebas practicadas, el dominio en los bienes de que se trata á favor de los promoventes María Pantaleona y Nemesio Feliciano y ordenó se les expediera testimonio de dicho auto tan luego fuera firme para su inscripción en el re-gistro de la propiedad; y contra este auto interpuso el Fiscal de la Corte de Mayagüez recurso de apelación que ha sosteni-do ante esta Corte Suprema el fiscal de la misma por las pro-pias razones alegadas ya en la primera instancia.

Hemos examinado los textos legales que se suponen in-fringidos, ó sean la regia Ia. del artículo 9 de la Ley Hipote-caria y la regia 2a. del artículo 63 del Reglamento para su aplicación y no encontramos justificada la oposición hecha por el fiscal al expediente de dominio, pues en el escrito ini-cial de su promoción se expresan la naturaleza de las fincas, cuyo dominio se trata de justificar, su situación, medida y linderos, y la naturaleza de las fincas colindantes, sin que tampoco aparezca que se haya cometido error al determinar la equivalencia de la medida del terreno, no habiendo además precepto alguno, legal que ordene se haga referencia á puntos determinados para mejor identificar una finca, lo cual podrá ser conveniente, pero no obligatorio.

Casos análogos en que hemos establecido igual doctrina son el número 79 de Agustín Hernández Mena contra El Pueblo de Puerto Pico y el número 87 de Juan Antonio'Pesante también contra El Pueblo de Puerto Rico, ambos resueltos por esta corte en 19 de enero próximo pasado.

Por las razones expuestas debe confirmarse la resolución dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez en 17 de setiem-bre de 1906.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Figueras, MacLeary, y Wolf.


author: El Juez Asociado Sb. MacLeaby

text:
    El Pueblo v. Fernández.
    ApelaoiÓN en procedimiento sobre aprobación de un pliego de excepciones y relación de heclios presentado á la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 63.
    Resuelto en febrero 5, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Apbobación.—El procedimiento para la aprobación de un pliego de excepciones ó de una rela-ción de hechos, es el mismo en materia civil que en materia criminal, y una. apelación interpuesta en procedimientos de esta naturales a debe ser notificada, al fiscal ó al juez del distrito, pero la comparecencia del Fiscal del Tribunal Supremo, en la apelación, subsana la falta.de notificación al fiscal del distrito ó al juez de la corte inferior.
    Id. — La parte que recurre al Tribunal Supremo en solicitud de que se apruebe un pliego de excepciones ó una relación de hechos, debe insertar en la petición el pliego ó relación tal y como se presentara á la corte inferior, expresando las enmiendas hechas por'dicha corte y la forma en que ésta lo hubiere aprobado definitivamente, é indicando, además, uno por uno los errores en que hubiera incurrido el juez del inferior ai impartirle su aprobación, justificando por declaraciones juradas ó de otro modo, que el pliego redactado por ól es co-rrecto, y no el aprobado por el juez.
    Id. — En procedimientos de esta naturaleza, no puede esperarse que el. Tribunal Supremo asuma las funciones de la corte inferior y proceda á aprobar de nuevo un pliego de excepciones ó una relación de hechos, como si ante aquella corte no hubiera ceñido lugar procedimiento alguno en relación con los mis-mos, siendo únicamente el' deber del tribunal, examinar los documentos y la resolución de la corte inferior, y hacer las correcciones procedentes en aquellos particulares en que se hubiera incurrido en algún error.
    Id. — Gasos en qtje -el Juez se Niegue en Absoluto A Apkobab el Pliego de Ex-cepciones ó Relación de Hechos — Mandamus.—La doctrina contenida en los párrafos enteriores, es aplicable 4 aquellos casos en que en juez de "dis-tritc se niegue á aprobar el'pliego de excepciones ó relación de hechos en la forma presentada, é introduzca enmiendas en los mismos ó apruebe un pliego' completamente distinto, pero no es aplicable al caso en que el juez se niegue de modo absoluto á aprobar un pliego dé excepciones ó relación de hechos, pues entonces el recurso no es el que indica el estatuto civil ó criminal, sino el procedimiento de mandamus.

    Id. — Si en la contestación á un auto alternativo de mandamus, el juez demostrare haber aprobado un pliego de excepciones ó una relación de hechos, el auto de mandamus perentorio deberá denegarse; pero cualquiera que sea el caso, solamente puede obligarse al juez á que actúe, no pudiendo indicársele la forma en que debe proceder en la aprobación del pliego de excepciones ó rela-ción de hechos.
    Abogado del recurrente: Sr. López Landrón.

      Abogado del recurrido: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. MacLeaby

emitió la opinión del tribunal.

Los procedimientos que tenemos á la vista ban sido pro-movidos por Felicia Fernández, representada por el Letrado' Don Rafael López Landrón, para que en grado de apelación y á virtud de la correspondiente justificación ofrecida al efecto se aprueben los pliegos de excepciones y de relación de becbos que el Juez Don Emilio del Toro, por resoluciones de 16 y 17 de noviembre del año próximo pasado, se negó á apro-bar en los términos en que habían sido presentados, pues lejos de hacerlo así, hizo de nuevo virtualmente dicho pliego de ex-cepciones, mediante innumerables é injustificadas supresiones, omisiones, enmiendas y adiciones y se. negó á admitir la rela-ción de becbos, disponiendo que en su lugar se hiciera otra nueva.

Después de prórroga concedida para la justificación del pliego de excepciones, tal como había sido presentado á la corte inferior, y después de señalado día para dicha justifica-ción, sin que ésta se haya presentado aún por razones que no es necesario consignar, el fiscal ha solicitado en moción escrita de cinco de enero último, se desestime el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la acusada, por no haber se-guido los procedimientos propios para que este tribunal revise y apruebe el pliego de excepciones y la exposición de hechos, y al efecto, alega los siguientes fundamentos:

“1. Que de los autos no aparece que se haya notificado acerca de este procedimiento al juez ni al fiscal de la corte de distrito.
“2. Que de la simple lectura de la solicitud se ve que el procedi-miento no podía prosperar.”

El fiscal muy propiamente sostiene que esta clase de pro-cedimientos son iguales en asuntos civiles como en criminales, y hace referencia á los artículos 218 del Código de Enjuicia-miento Civil y 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, los que son substancialmente copias del artículo 652 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. Puede que haya una simple diferencia en la redacción de estos artí-culos, pero esta no es de importancia en la consideración del presente caso. El fiscal hace también referencia á numerosos casos resueltos por la Corte Suprema de California, dos por la Corte Suprema de Massachusetts, dos por la Corte Su-prema de Louisiana, y uno por la Corte Suprema de Ohio. Llama también el fiscal la atención al hecho de que en la dis-cusión de este caso se presentan dos cuestiones distintas. Primero. El procedimiento para que se apruebe el pliego de excepciones que ha sido enmendado por el juez de distrito, y segundo, un procedimiento para que se apruebe una exposi-ción de hechos la cual se negó á aprobar el juez.

Esta cuestión se presentó ante la Corte Suprema de California hace cuarenta y nueve años, en el caso de El Pueblo contra Galvin, anotado en 9 California, página 19, 20, 21. Se desestimaron los procedimientos al certificar el juez de dis-trito á la Corte Suprema que él había firmado un verdadero pliego de excepciones y que se negó á firmar el pliego presen-tado por el abogado, porque el mismo no se ajustaba á los hechos. ■ La corte al discutir el caso hace las siguientes indi-caciones :

“La facultad para resolver una cuestión litigiosa entre partes debe estar consignada en alguna parte. Toda controversia debe tener un fin ó el sistema debe llenar cumplidamente el propio objeto que se pro-ponía. Las cortes de distrito son cortes de jurisdicción originaria, de la categoría más alta que reconoce nuestra Constitución. Son cortes de gran dignidad y se les exige que guarden una constancia {record) de todos sus procedimientos; y después que ellas lian hecho eso, ¿pueden sus récords ó autos ser corregidos por cualquier otra autoridad reconocida por nuestra ley? Estas cortes tienen conoci-miento de los procedimientos porque tienen lugar á su presencia. ¿Puede convocarse á un jurado para que resuelva con respecto á lo que haya ocurrido en presencia de la corte? Los jurados se utilizan como instrumento para determinar hechos que los Tribunales descono-cen. Pero no se exige el veredicto de un jurado para que el tribunal quede informado de hechos que ocurren en presencia del mismo tribunal. La misma naturaleza del caso exige que se dé fe á los tribunales que tienen una jurisdicción tan extensa ys una responsabilidad tan grande como las que tienen las cortes de distrito en cuanto á la veraci-dad de sus propios récords. Si por una vez se estableciera el principio de que su veracidad podía ser discutida se destruiría la confianza con respecto á la fidelidad ó exactitud de los récords de estas cortes. Pronto nos veríamos en el caso de ordenar que un jurado resolviera cues-tiones de hecho para determinar si los hechos consignados en las expo-siciones aprobadas por los jueces de distrito, en asuntos civiles con-tienen ó nó toda la verdad. Todos los criminales convictos de asesi-nato en primer grado podrían fácilmente conseguir una larga suspen-sión de la ejecución, estableciendo una cuestión ó discusión sobre los hechos con -el juez de distrito.”

Se presentó de nuevo la cuestión ante la Corte Suprema de California unos dos años después, en el caso del Pueblo contra Lee, que está anotado en 14 California, páginas 510-512. En aquel caso dice la corte que en cuanto á lo que se refiere á este procedimiento, no hay diferencia entre un'pliego de excep-ciones y una exposición de fieclios y que cuando el juez no sea hallado, debe entregarse la supuesta exposición de hechos ó pliego de excepciones al secretario de la corte para que la en-tregue al juez, debiendo dicho secretario anotar en el docu-mento la fecha de su recibo y entregarlo al juez lo más pronto posible. En este caso se expidió una orden de mandamus á la corte, primero, para que aprobase el pliego de excepciones, y lo firmara cuando el mismo fuera aprobado debidamente.

De nuevo en 49 Cal., página 510, en el caso de Gallardo contra La Compañía de Telégrafos del Atlántico y del Pací-fico, la Corte Suprema al tratar sobre el artículo 652, dice:

“No es el objeto del artículo el exigir que esta corte desempeñe los deberes del juez de la corte inferior, sino solamente prescribir la forma para la aprobación de un pliego, cuando el juez de la corte inferior, al hacérsele solicitud para que apruebe dicho pliego, se niega á aprobar un pliego que esté de acuerdo con los hechos. Esta corte no procederá á aprobar un pliego, cuya aprobación fué debidamente denegada por el juez de la corte inferior.”

El siguiente caso de California en orden cronológico, al cual se nos lia llamado la atención, es el del Pueblo contra Hewitt, anotado en 56 Cal., página 117-119, en el que se re-suelve que:

“No es necesario que los acusados en causa criminal al bacer soli-citud para que se celebre nuevo juicio, tengan preparado con ante-rioridad un pliego de excepciones ó una exposición; ni al argumentar y someter sus mociones sin dicho pliego de excepciones ó exposición, renuncian á sus derechos para que se apruebe el pliego de excepciones después que se resuelva la moción; sino que ellos tienen derecho á un récord de todo aquello que de la prueba, procedimientos y decisiones dictadas en el juicio sea necesario para explicar los fundamentos de su moción.”

Eu el caso Del Pueblo contra Crane, 60 Cal., 279, en el qué el juez de distrito se negó á aprobar el pliego de excepciones, porque el mismo había sido titulado indebidamente con las palabras “Exposición (del caso) beclia por el demandante con motivo de la apelación”, en vez de “Pliego de excepciones del demandante”, como debió hacerse, la corte resolvió que no había diferencia sustancial alguna entre un pliego de excep-ciones y una exposición en apelación, con la exposición de que esta última va después de la moción presentada pidiendo nuevo juicio. Se ordenó al juez de distrito que aprobara el pliego de excepciones, según se pedía en la súplica de la soli-citud.

En el caso de In re Guardianship de Horace Hawes, 68 Cal., 414, la corte dice:

“Esta es una solicitud hecha con arreglo al artíeulo 652 del Código de Enjuiciamiento ■ Civil, basada en el fundamento de que el juez de la corte inferior se niega á aprobar un pliego de excepciones en el caso. El Código prescribe que esta clase de solicitudes se harán de la manera y forma y según las reglas que aquella corte (Corte Suprema) prescriba.
“Esta corte aún no ha hecho ningunas reglas sobre la materia y la práctica adecuada en tales casos no está establecida.
‘ ‘ Se alega en contra de la solicitud, que deben expresarse en la solicitud las excepciones tomadas y la prueba que haya en apoyo de la misma. Creemos que esta es la verdadera práctica, y como la soli-citud, en el presente caso, no muestra ninguno de estos hechos, debe denegarse.
> “Somos también de opinión que debe notificarse al'juez, de la pre-sentación de la solicitud.”

En el caso Del Pueblo contra Bitancourt, 74 Cal., 188, la corte discute una solicitud que fué presentada de acuerdo con el artículo 1174 del Código Penal de aquel Estado, en la que se pedía á la corte permiso para probar los lieclios que había en apoyo del pliego de excepciones; dicha corte dice:

“Sin embargo, cuando como en el presente caso el pliego ha sido aprobado por el juez, la solicitud hecha á esta corte interesando permiso para probar los hechos en apoyo del pliego de excepciones, debe expresar de una manera clara, en qué consiste la incorrección del pliego, y especificar los hechos que desean probarse, así como la importancia de los mismos.”

En el caso de Anschlag contra La Corte Superior del Condado de Los Angeles, relatado en 76 Cal., 513-514, el acusado hizo una solicitud, interesando que se expidiera un auto de mandamus, obligándose á la corte inferior .á que aprobara él pliego de excepciones. Con respecto á esa solicitud la Corte Suprema hace las siguientes observaciones:

“La solicitud presentada para que se expida el auto es claramente insuficiente. En ella no se muestra que sé presentara al juez un pliego de excepciones, al ser notificado, según la ley, el fiscal de distrito. Verdaderamente no hay declaración alguna en la solicitud por la que se vea si siquiera fué presentado el pliego de excepciones al juez, ó si lo recibió el secretario para entregarlo al juez. Las afirmaciones de la solicitud deben expresar hechos que muestren que el estatuto con respecto á la presentación y aprobación de pliegos de excepciones ha sido atendido, ó hechos que muestren una razón suficiente por la cual no se ha cumplido con el mismo. (Véase Código Penal, artículo 1171.)
“La solicitud es- una alegación importante y debe expresar los hechos necesarios por los que tenga el solicitante derecho al auto. Si concediéramos el auto, según la solicitad que se nos ha presentado, estaríamos entonces sancionando una práctica demasiado vaga é inde-terminada para que la misma pudiera recibir la aprobación de nin-guna corte.”

En el caso de Landers contra Landers, anotado en 82 Cal., página 480-482, es uno muy importante, y en el resumen del mismo está condensada en forma clara y completa, la opinión de la corte, que es como sigue:

“El artículo 652 del Código de Enjuiciamiento Civil no es apli-cable al caso en que el juez sentenciador se ha negado á aprobar alguna, exposición (del caso) ó pliego de excepciones. El remedio para tal denegación, si fuere errónea, es un mandamus, obligándole á que pro-ceda. El artículo 652 es aplicable á un caso en que el juez sentencia-dor, al aprobar un pliego de excepciones, se niega á permitir que se hagan una ó más excepciones que deben ser permitidas. No se han prescrito por esta corte reglas específicas, según es el fin de aquella, sección; pero á falta de tales reglas, el peticionario debe expresar clara-mente la misma excepción ó excepciones presentadas al juez, y la. prueba sobre la cual funda la veracidad de las mismas, de modo que-esta corte pueda ver el perjuicio que se alega de la simple lectura de la solicitud.”

En el caso de Hyde contra Thorton, 83 Cal., 83, encontra-mos un procedimiento original para aprobar el pliego de ex-cepciones formuladas á favor de los peticionarios que también eran apelantes en el caso. En el presente caso la corte hace-referencia y aprueba el caso de Landers contra Landers que-se encuentra en el tomó anterior, haciendo las siguientes, observaciones:

“Pero esta corte, celebrando sesión, ha declarado recientemente en el caso de Landers contra Landers, 82 Cal., 480, que este no es el reme-dio adecuado en un caso como el que se ha presentado aquí; que esta, corte no puede colocarse como sustituía de la corte inferior para la. aprobación de un pliego general de excepciones. Bajo la autoridad de aquel caso, debe denegarse esta solicitud y dejarse á las partes; que ejerciten el, remedio que aquí se indica, si el juez de la corte inferior todavía persiste en su denegación á aprobar el pliego.”

En el caso del Pueblo contra Seoti, se encuentra la opi-nión de la corte condensada en el siguiente resumen, á saber:

“Al celebrarse la vista de una moción presentada á la Corte Su-prema, solicitando permiso para probar una excepción que se alega baber sido formulada por el peticionario, en el acto del juicio y la que se dice se negó el juez á admitir, en donde aparece que el juez sostuvo primeramente la objeción, á cuya resolución tomó excepción el pe-ticionario, pero que dicha resolución fué después revocada por el juez, permitiendo que se hiciera esa pregunta y otras de naturaleza análoga, la solicitud será denegada, puesto que el peticionario no pudo haber sido perjudicado por la denegación á permitir la excepción con arreglo á los hechos.”

. El fiscal de esta corte en su alegato liace referencia par-ticularmente al caso de Tibbets contra Riverside Banking Company, anotado en 97 Cal., 258-259. La opinión de la corte es corta, y la citaremos en su totalidad. Es como sigue:

“Los apelante han presentado una solicitud en esta corte que se dice ha sido hecha con arreglo al artículo 652 del Código de Enjuicia-miento Civil.
“Dicen los peticionarios que prepararon una exposición del caso y pliego de excepciones, dando copia de ellos al abogado de los deman-dados, los que fueron presentados al juez de la corte superior para su aprobación; “que el referido juez se negó á firmar el mencionado pliego de excepciones’•, y todavía se niega á firmar dicho pliego ó cual-quiera otro, según los hechos del caso. Por lo tanto ellos (los peticio-narios) suplican “que esta corte firme y selle dicho pliego de excep-ciones, según lo prescribe el artículo 652 del Código de Enjuiciamiento Civil.” Los peticionarios han confundido las prescripciones de la, referida sección. Esa sección solamente prescribe que, cuando al apro-barse un pliego de excepciones ó una exposición del caso se niegue el juez á permitir una excepción, la parte puede hacer una solicitud á esta corte para probar dicha excepción. Pero en el caso presente los peticionarios simplemente demuestran que ellos presentaron una larga exposición al pedir al juez de la corte superior que se celebrara nuevo juicio, y que dicho juez se negó á firmarla así como á firmar cualquier otro pliego de excepciones. En tal caso puede obligarse al juez por’ medio de mandamus á que apruebe el pliego de excepciones ó la exposi-ción del caso; pero esta corte no tiene la facultad, ni. es su deber, el hacer las veces del juez de la corte inferior ejercitando el deber de aprobar la exposición. Se deniega la solicitud.”

Con arreglo á estas decisiones, vemos que la opinión del fiscal de esta corte, primeramente, de que ya el juez ó el fiscal de la corte de distrito debieron haber sido citados ó notifi-cados de los procedimientos establecidos ante esta corte para que se aprobase el pliego de excepciones y exposición de hechos, está sostenida por las autoridades, pero como el peti-cionario equivocó el verdadero procedimiento, citando en su lugar al fiscal de esta tribunal y como éste contestó amplia-mente, representando al Pueblo de la misma manera que hu-biera sido representado por los funcionarios de la corte de distrito, creemos que la citación al juez y al fiscal del distrito puede considerarse renunciada, y el caso puede tramitarse de la misma manera que si hubieran sido debidamente citados. El fiscal de esta corte es ex oficio un auxiliar del attorney general, y el Attorney General por su mediación y por la de sus fiscales de distrito, representa al Pueblo de Puerto Eico en todos los casos, civiles ó criminales que se presenten á este tribunal. Si él comparece ante esta corte por medio del ver-dedero funcionario, es decir, el fiscal, renuncia al derecho de ser representado por el fiscal del distrito. El caso pudiera ser distinto si se tratara de una solicitud de mandamus contra el juez de distrito. Indudablemente que en este caso debe ser notificado personalmente, porque, en sustancia, es un procedi-miento personal contra él, en el que se exige su presencia.

Yernos también que la segunda alegación del fiscal de que la petición para que se apruebe el pliego de excepciones no está en propia forma, y de que no ha sido presentada en forma debida está perfectamente establecida por las autoridades. En su petición el solicitante debe insertar el pliego de excep-ciones que fué presentado al tribunal, y las enmiendas que le hubiere hecho el tribunal, mostrando la forma en que e1 pliego de excepciones ha sido definitivamente aprobado por el juez de distrito, é indicando uno por uno los errores en que hubiere incurrido el juez en la aprobación de dicho pliego -r presentando á la vez pruebas, ya por declaraciones juradas ó de otro modo, de la exactitud de sus manifestaciones en opo-sición al pliego de excepciones en la forma que lia sido firmado por la corte. De acuerdo con las resoluciones de California, y con razones de buena lógica, no puede esperarse que esta corte, por virtud de una solicitud hecha en términos generales por un abogado que no esté satisfecho con un pliego de excep-ciones ó exposición de hechos en la forma en que hubieren sido aprobados por el tribunal inferior, se ponga en el lugar del tribunal sentenciador y proceda á aprobar de nuevo el pliego de excepciones ó exposición de hechos, como si nada hubiera sido hecho en este sentido ante el tribunal inferior. Tal no es el objeto de la ley. El objeto de la ley es que este tribunal, ó uno de sus jueces, ó un árbitro nombrado por el mismo, revi-sen el pliego de excepciones ó exposición de hechos presen-tados al juez de distrito, y su resolución sobre los mismos, y haga correcciones en cuestiones determinadas si se hubiere cometido algún error. Estos supuestos errores deben indi-carse distintamente, y debe aducirse alguna prueba para basar las alegaciones de que no se ha seguido el verdadero procedimiento para la aprobación ó denegación del pliego de excepciones ó de la exposición de hechos.

Estas observaciones tienen aplicación á casos en qpe el tribunal sentenciador ó el juez de distrito se han negado á firmar el pliego de excepciones ó la exposición de hechos pre-sentados por el abogado, habiendo hecho enmienda á los mis-mos, ó á aquéllos en que hubieran firmado un pliego ó exposición enteramente nuevo, preparado por él mismo ó por el abogado de la parte contraria. En tales casos pueden seguirse los procedimientos que indica el estatuto para hacer correcciones en determinados puntos que sean objeto de queja. Cuando el juez se niega completa y terminantemente á firmar un pliego de excepciones ó exposición de hechos, como parece que él ha hecho en este caso, por lo menos, por lo que respecta á la exposición de hechos, el procedimiento adecuado aquí, ante este tribunal, no sería por medio de una petición hedía de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni de acuerdo con la sección 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sino por medio de una solicitud de mandamus. Si al contestar un auto alternativo de mandamus el juez de distrito probara que él ha aprobado una exposición de hechos ó un pliego de excep-ciones de acuerdo con los hechos probados en el juicio ó con los procedimientos habidos en el tribunal inferior, entonces no podría expedirse el auto perentorio. Y en cualquiera de estos casos solamente podía ordenarse que el juez procediera. La forma en que él debería proceder á aprobar un pliego de excepciones ó una exposición de hechos, siendo asunto enco-mendado á su discreción, la dejaría este tribunal á su criterio, de acuerdo con las resoluciones dictadas en los casos de California arriba citados.

De acuerdo con estos hechos la moción presentada por el fiscal de esta corte para que se desestimen los procedimien-tos seguidos aquí en representación de la acusada, debe ser sostenida.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández y Figueras.

El Juez Presidente Sr. Quiñones y Asociado, Sr. Wolf, no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado . Se. Hernández

text:
    El Pueblo v. Colón.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 60.
    Resuelto en Febrero 8, 1907.
    Apelaoióíí — Pliego be Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No existiendo pliego de excepciones, ni íelación de hechos, y no apareciendo que se haya cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado . Se. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el acusado contra sentencia de la Corte de Distrito de Guayama, que por el delito de acometimiento y agresión, con circunstan-cias agravantes, le condenó en veinte y seis de septiembre del años próximo pasado, á seis meses de carel y al pago de las costas.

No existe en el récord pliego de excepciones, ni exposición de ñeclios, y tampoco se ña lieclio ante esta Corte Suprema alegación alguna en apoyo del recurso.

No encontramos defecto alguno sustancial que pueda ser-vir de fundamento á la revocación del fallo' apelado, y en su consecuencia, procede su confirmación con las costas á cargo del apelante Tomás Colón.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary, y Wolf.


author: El Juez Peesidente Se. Quiñones

text:
    El Pueblo v. Esteves et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 43.
    Resuelto en febrero 12, 1907.
    Oblisaciones — Eianza para Responder del Cu.uplimiento de .las Leyes de Rentas Internas — Daños y Perjuicios — Causa de Acción. — Las fianz as otorgadas para garantizar el cumplimiento de las leyes de rentas internas, constituyen una obligación civil totalmente independiente de los perjuicios que pueda sufrir El Pueblo de Puerto Rico por el incumplimiento del obli-gado y de las responsabilidades de carácter criminal en que pudiera incurrir en el ejercicio de su industria, y por consiguiente, no es necesario expresar en la demanda para exigir el importe de tal obligación, los perjuicios que hubiere sufrido El Pueblo de Puerto Rico, ni que el obligado dejara de satisfacer la multa y demás responsabilidades que le fueran impuestas, en una acción criminal.

      Id. — Responsabilidad de los Fiadores. — Con arreglo 4 las disposiciones de los artículos 1104 y 1723 del Código Civil, la responsabilidad de los fiadores es subsidiaría, ó sólo para el caso de que el principal obligado resulte insolvente después de hecha excusión de todos sus bienes, á no ser que los fiadores se hubieren obligado solidariamente con el deudor principal, en cuyo caso pueden ser demandados en unión de éste, siendo por consiguiente, necesario, cuando la demanda se dirija contra el deudor y sus fiadores, expresar en la misma que éstos se obligaron solidariamente con el deudor, pues de lo contrario, no contendrá hechos suficientes para constituir una causa de acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Franco Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy,- Fiscal.

   El Juez Peesidente Se. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Oorte de Distrito del Distrito Judicial de Agua-dj.Ha, formuló El Pueblo de Puerto Pico, representado por el fiscal del mismo distrito, demanda en juicio civil contra Don J. F. Esteves, Ulderico Amell y viuda y herederos de Antonio de la Posa para que se les condenara á pagar la suma de setecientos cincuenta dollars [$750], importe de una fianza prestada por J. F. Esteves, como principal,-y Ulderico Amell y Antonio de la Posa, causante de la expresada sucesión, como fiadores (sureties), para responder de que el mencionado J. F. Esteves cumpliría con todas y cada una de las prescrip-ciones de la Ley de Pentas y sus Reglamentos, en la industria de destilería de ron á que pensaba dedicarse, expresando como fundamentos de hecho de su demanda, que dicha fianza fué extendida con fecha 19 de abril de 1901, y que entre las esti-pulaciones de la misma existe la expresa de que si el citado J. F. Esteves

“Pagase ó mándase pagar, como queda previsto por las leyes de rentas internas de Puerto Rico, de acuerdo con un acta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada en 31 de enero de 1901, y titu-lada “un proyecto de ley para proveer de rentas al Pueblo de Puerto Rico y para otros fines” la suma de (sesenta) sesenta centavos por cada galón ó fracción de galón de ron, ó ron de malagueta, y la suma de (ochenta) ochenta centavos por cada, galón ó fracción de galón de otros líquidos alcohólicos destilados, manufacturados y despachados de dicha destilería para la venta ó consumo en Puerto Rico, por medio1 de la fijación y cancelación ■ de sellos de rentas internas ó facturas: talonarias en la cantidad suficiente para pagar el impuesto en cada, galón de ron ú otros líquidos destilados despachados de dicha destilería al tiempo de ser despachados, en la manera ya prevista ó que sea pre-vista por el Tesorero de Puerto Rico en los Reglamentos redactados: para el gobierno de los fabricantes, en el adherimiento de sellos de rentas internas á las facturas, y en el despacho del ron ú otros líquidos: alcohólicos destilados, etc., etc., entonces cumplidas estas prescrip-ciones, esta obligación será nula, en caso contrario, permanecerá en pleno vigor.”

que dicho J. F. Esteves faltó abiertamente á las estipulaciones de la fianza ameritada y especialmente á la que se deja trans-mita, pues en 22 de agosto de 1904 la Corte Municipal de Aguadilla condenó á dicho J. F. Esteves á la pena de cien dollars de multa y al pago de trecientos veinte y dos dollars ochenta y seis centavos en sellos de Rentas Internas que de-jara de usar, ó prisión en defecto, cuya sentencia fué dictada en una causa que se le siguiera en unión de otros, por haber fabricado y dispuesto de quinientos treinta y ocho galones.de ron sin pagar la contribución correspondiente, infringiendo por este hecho las estipulaciones de la fianza y haciéndose responsable del importe de la misma en unión de los otros demandados que la suscribieron como fiadores; y por esos fundamentos terminó con la súplica de que se condenara á los demandados al pago de la suma reclamada, intereses legales desde la fecha de la demanda y costas del juicio. Emplazados los demandados para contestar la demanda, adujeron contra ésta, excepciones previas, expresando que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y que la de-manda es ambigua y dudosa, contéstando al mi™ tiempo que admitían el hecho de que el demandado Esteves fué sen-tenciado por la Corte Municipal de Aguadilla á las penas indicadas en la demanda por infracción de las leyes de rentas internas, pero que alegaban como nueva materia de oposi-ción que todas las penas y multas á que se refiere dicha senten-cia fueron satisfechas al Pueblo de Puerto Rico, resultando éste totalmente indemnizado sin sufrir perjuicio ni daño algu-no ; la corte inferior desestimó las excepciones previas con las costas, y celebrado el juicio oral dictó sentencia en veinte y dos de marzo de mil novecientos seis, declarando que la ley y los lieclios están á favor del demandante y ordenando que El Pueblo de Puerto Rico recobre de J. F. Esteves, IJlderico Amell y viuda y herederos de Antonio de la Rosa, ó de cual-quiera de ellos, la cantidad de setecientos cincuenta dollars ($750), y las costas del pleito, debiendo librarse ejecución contra los bienes de los demandados para satisfacción de la sen-tencia. Los demandados presentaron ante la corte de distrito que conoció de este caso una solicitud para que se acordara la celebración de un nuevo juicio, fundándola en que la senten-cia dictada es contraria á ley y en error de derecho cometido en el juicio, al cual opuso excepción la parte demandada; para esa petición se formuló la debida exposición de hechos ó resu-men de la prueba, y después de debida consideración fué desestimada por la corte inferior. Contra la sentencia dic-tada en el pleito y contra la resolución denegatoria del nuevo juicio, interpusieron los demandados apelación para ante este tribunal, habiendo informado ambas partes por escrito y oralmente ante esta corte, en apoyo de sus respectivas pre-tensiones. .

El problema jurídico planteado y sometido á la considera-ción del tribunal en este caso, tal como lo plantean los ape-lantes en su alegato, se reduce á determinar, si la Corte de Distrito de Aguadilla ha incurrido en error al desestimar las excepciones previas opuestas á la demanda por los deman-dados J. F. Esteves, Ulderico Amell y la sucesión de Antonio de la Rosa, ó en otro caso, si la sentencia pronunciada por dicha corte sobre el fondo de la cuestión que se ventila, está ó nó ajustada á los preceptos legales.

Planteada la cuestión en esta forma, debemos comenzar por ocuparnos de las excepciones previas.

Estas, como ya hemos dicho, fueron dos: La de que la demanda no aduce hechos suficientes .para determinar una. causa de acción, y la de ser ininteligible, ambigua y dudosa.

• Descartando esta última de la cuestión, porque el sentido de la demanda en todos sus extremos es perfectamente inteli-gible y correcto, y no ofrece dudas ni ambigüedad, pasemos á ocuparnos de la otra excepción que se alega, y que se funda en los tres motivos siguientes: Io. Que en la demanda no se expone en ninguna de sus alegaciones, que el demandante, ó sea El Pueblo de Puerto Rico, haya sufrido perjuicios por los actos llevados acabo por J. E. Esteves. 2o. Que en la de-manda se expresa que el Sr. Esteves faltó á las.estipulaciones de la fianza y que fué condenado por la Corte Municipal de Aguadilla; pero no se expresa que dejara de satisfacer la mul-ta que le fuera impuesta y el importe de los sellos que dejara de usar, y siendo esto así, no existe cansa de acción para co-brar dicha fianza, pues solo en el caso de que hubiera dejado de satisfacer dichas responsabilidades sería razonable perse-guir la fianza;)y por último, que no expresándose en la de-manda que los fiadores se hubieran obligado solidariamente con el deudor principal, no puede existir causa de .acción contra los mismos, puesto que sólo responden de la fianza cuando se obligan insolidum con el deudor principal, ó cuando hecha i excusión previa en los bienes de éste hubiere resultado insolvente.

De estos motivos que se alegan como' fundamentos de la excepción propuesta, los dos primeros no son admisibles; toda vez que, habiéndose prestado la fianza para responder del exacto cumplimiento por parte del Sr. Esteves de las pres-cripciones de la Ley de Rentas y de sus Reglamentos, en la industria de la fabricación del ron, á que pensaba dedicarse, es una obligación civil totalmente independiente de los perjui-cios que pudiera sufrir El Pueblo de Puerto Rico por el in-cumplimiento del obligado Sr. Esteves, y de las responsabili-dades de carácter criminal en que pudiera incurrir en el ejercicio de su industria, como así lo ha declarado esta Corte Suprema en sus resoluciones de 24 de noviembre y 4 de di.ciembre de 1905, en los casos respectivamente del Pueblo de Puerto Rico v. Juana y Pascual Borrás y El Pueblo de Puerto Rico v. Osvaldo Laborde y otros; y por consiguiente, aunque no se exprese en la demanda que El Pueblo de Puerto Rico sufriera perjuicios á consecuencia del incumplimiento del Sr. Esteves, ni su cuantía, ni que dejara de satisfacer la multa y demás responsabilidades que le fueran impuestas por la Corte de Aguadilla, no por eso sería defectuosa la demanda.

No sucede así respecto del tercer motivo en que se funda la excepción previa que nos ocupa.

Con arreglo á los preceptos combinados de los, artículos 1104 y 1723, del Código Civil Revisado, idénticos á los artí-culos 1137 y 1822, del antiguo, la responsabilidad de los fia-dores es subsidiaria, ó solo para el caso de que el principal obligado resulte insolvente después de lieclia excusión en sus bienes, á no ser que se hubieren obligado solidariamente con el deudor principal, en cuyo caso pueden ser demandados en unión de éste; y como en el presente caso la demanda se dirige simultáneamente contra el obligado principal y los fiadores, y no se expresa en la demanda que los fiadores se hubieren obligado solidariamente con el deudor principal, es claro que la demanda no expresa causa suficiente de acción contra los fiadores, y por consiguiente, que es defectuosa y debe desesti-marse por ese motivo.

Por cuyos fundamentos somos de opinión que, con revoca-ción de la sentencia apelada y de la resolución también apelada de la negativa del nuevo juicio solicitado por los demandados, se desestime la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción en el con-cepto expresado en el presente dictamen.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Figueras y Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. Hernández y MacLeary no-intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaba JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

text:
    López Zárate v. Villavaso.

      Certiorari contri la Corte de Distrito de San Juan..
    No. 21.
    Resuelto en Febrero 13, 1907.
    Apelación Procedente de la Corte Municipal — Presentación de la Trans-cripción de Autos. — La transcripción de autos en apelaciones procedentes de las cortes municipales, debe presentarse en las cortes de distrito dentro de los diez días que fija la regla 34 de las dictadas para estas cortes, que tienen fuerza de ley por liaber sido debidamente promulgadas.
    Id. — Deberes del Apelante — Desestimación de la Apelación. — Aun cuando la regla 34 dispone que el secretario de la corte municipal preparará y remitirá la transcripción de autos á la corte de distrito, dentro de los diez días siguien-tes al perfeccionamiento de la apelación, sin embargo, la parte apelante está en el deber de hacer que el secretario cumpla con esta disposición, ejerci-tando los recursos que sean necesarios para ello, pues de lo contrario, la parte apelada tiene el derecho de solicitar y obtener la desestimación de la apela-ción.
    Id. — Si bien no existe una disposición legal' que expresamente autorice la desestima-ción de la apelación en los casos á que se refiere el párrafo anterior, las dis-posiciones del artículo 7 del Código Civil, que tienen aplicación no sólo á las cuestiones de derecho -¡ubstanrivo, sino también á las de derecho adjetivo, y especialmente, las del artículo 3(5 del Código de Enjuiciamiento Civil, son suficientes para justificar este procedimiento ante las cortes de distrito.
    Certicfari — Sentencia.—En los casos de'certiorari el tribunal superior puede dictar sentencia, confirmando el procedimiento seguido ante la corte inferior, ó casando el mandamiento expedido y dejando á dicha corte en libertad de proceder como si tal mandamienU ao se hubiera dictado, siendo ésta última la resolución adoptada por el tul.' - il en ei caso de autos.
    Los hechos están exprimido en la opinión.
    Abogado del promoventu: *SY. Antonsanti.

    La parte contraria no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaba

emitió la opinión del tribunal.

-El caso presente se inició en la Corte Municipal de San Juan. Se dictó sentencia favorable para López y en contra de Yillavaso el día 17 de octubre de 1906, por la suma de ciento sesenta y cinco dollars. Contra esta sentencia interpuso Yillavaso apelación para ante la Corte de Distrito de San Juan, en 22 del mismo mes. En diez de noviembre último el demandante López presentó una moción para que se deses-timase la apelación interpuesta por el demandado porque no había presentado los antos (récords) en] la oficina del secreta-rio de la corte de distrito, y no había depositado suma alguna como garantía para las costas. En veintitrés del mismo mes la corte declaró con lugar la moción, desestimando la apela-ción, dictando al efecto la siguiente resolución:

“La corte declara abandonada la apelacióp en-este caso, con costas al demandado y apelante, refiriéndose á la opinión en el caso de Forteza Alonso v. Esteban Montañez.”

El caso de Alonso v. Montañez á que la corte ha hecho referencia, fué resuelto por la corte de> Distrito de San Juan en 17 de agosto de 1906, siendo la opinión emitida en tal caso como sigue:

“Seguido juicio en el Juzgado Municipal de Vega-Baja por For-teza Alonso y (Ja., contra Esteban Montañez en cobro de pesos y dic-tada sentencia contra el demandado, éste apeló en 28 de mayo último, quedando perfeccionada dos días después con la notificación á Forteza Alonso y Ca.; estos señores presentan abora una moción para que se tenga por desestimada la apelación, toda vez que hasta la fecha, no se ha presentado en esta corte la transcripción de los autos para que la apelación pudiera ser resuelta, ni documento alguno relativa á ella.
‘ ‘ Oída la moción con asistencia, de los abogados de las partes por-que^ fué notificada Esteban Montañez, aquéllos alegaron lo que á su derecho convino.
. “En el Código de Enjuiciamiento Civil no contiene disposición alguna especial respecto al caso; pero la regla 34 de las de esta corte establece que una vez perfeccionada la apelación deberá el secretario hacer una transcripción de los autos y remitirla á la Corte Superior dentro de los diez días de perfeccionada la apelación. Así, pues, el que el secretario cumpla con ese deber, afecta al apelante para que su recurso pueda ser oído y resuelto; y si el apelante no utiliza los medios legales para compeler al secretario al cumplimiento de esa obligación, cuando no fuera cumplida indudablemente que implica un abandono de sus derechos que no pueden traer como consecuencia que el apelado pierda su derecho á que la apelación sea resuelta. De otro modo sería muy fácil eludir una sentencia, dejando que el secretario no remitiese la transcripción ordenada.
“Por analogía puede aplicarse á éste caso el artículo 303 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil sobre apelaciones para ante el Tribunal Supremo por el que se desestima la apelación y se tiene por abando-nada, cuando el apelante no presenta los documentos que le exige la ley.
“Por estas razones, la corte, es de opinión que los hechos y la ley están á favor de la moción de Porteza Alonso y Ca. y en consecuencia, declara desestimada y abandonada la apelación que estableció Estéban Montañez con las costas.”

Por las razones expresadas en esta opinión, este tribunal está convencido de que la resolución dictada en dicha causa y contra la cual se interpuso -apelación, es correcta - pero las^ siguientes razones adicionales pueden darse en apoyo de dicha resolución.

Se ha dicho que la resolución de la corte de distrito, deses-timando la apelación en el presente caso, es arbitraria por cuanto no hay término especial marcado dentro del cual los autos procedentes de la corte municipal deben ser presentados en la oficina del secretario. Esta objeción se ha contestado satisfactoriamente á nuestro juicio, citando la regia 34 de la corte de distrito, que es como sigue:

“Cualquiera parte podrá apelar á esta corte de distrito contra una resolución final rendida en un pleito civil por una corte inferior, dentro de este distrito judicial y el pleito así apelado se juzgará de nuevo en esta corte. La parte apelante, ó su abogado, dentro de los diez días, á partir de la fecha del fallo de la corte inferior, podrá en-tregar al secretario de dicha corte un escrito de apelación y una copia de tal escrito deberá ser notificada á la parte contraria, y la prueba de tal notificación, será la misma que se requiere para la prueba de la notificación de citaciones. Cuando la prueba de tal notificación, ha sido entregada en la corte inferior, la apelación se considerará per-feccionada, y será el deber del secretario de dicha corte hacer una transcripción, conteniendo copias verdaderas de todas las órdenes y procedimientos registrados en el juicio del caso, y certificarlas oficial-mente, y dicho secretario deberá trasmitir tal transcripción junta con los documentos originales del pleito, así como también con una copia de la relación de costas, tomada del libro de costas, al secretario de esta corte, dentro de los diez días, contados á partir de la fecha en que la apelación quedó perfeccionada. En cualquier tiempo después de los diez días del recibo del récord de la corte inferior esta corte pro-cederá á juzgar y disponer del caso.”

Esta regla fué adoptada con arreglo al estatuto de Puerto Rico que confiere al Attorney General cón el asentimiento de ios jueces de distrito, el derecho de hacer reglas de procedi-miento para las cortes de distrito y cortes inferiores; estando así modelada por el Attorney General y promulgada por él, dicha regia tiene fuerza de ley en todo á lo que sus estipula-ciones hagan referencia. Así, pues, el apelante debió haber presentado los autos del caso en la corte de distrito dentro de diez días á partir de la fecha en que la apelación fué perfeccio-nada. Esto es, allá por el día dos de noviembre. No habién-dolo hecho así, ¿qué remedio debió haberse buscado? Si no pudo el apelante solicitar los autos del secretario, debió haber presentado una moción en la corte de distrito para que el secretario hiciera la transcripción y la entregara al apelante ó á su abogado. Indudablemente esto hubiera sido bastante, pero si no lo hubiera sido, todavía le quedaban otros remedios. No se ha probado de modo alguno que mostrara el apelante diligencia para la presentación de los autos de acuerdo con la regla 34. Habiendo vencido el tiempo para la presentación de los autos, el apelado que había obtenido sentencia á su favor en la corte inferior tenía derecho para presentar la moción que hizo á la corte, la que fué debidamente sostenida.

Se alega que no hay estatuto específico con arreglo al cual la corte pudiera actuar al tomar tal procedimiento. Siendo este el caso, puede hacerse referencia á la sección 7 del Código Civil, que es .como sigue:

“El tribunal que rehúse fallar á pretexto de silencio, obscuridad ó insuficiencia de la ley ó por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.
i* Cuando no baya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá con-forme á equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

Si se objetara que esta sección Lace referencia solamente á la ley sustantiva y nó á cuestiones de procedimiento, contes-tamos que no vemos razón por la cual debe estar limitada de •ese -modo, pero que indudablemente fue la intención el que se aplicara á todos los estatutos aprobados por la Legislatura de esta Isla.' Según su lectura se ve claramente que tiene tanta aplicación á la ley sustantiva como á las cuestiones de proce-dimiento. Pero si es necesario invocar un estatuto que se refiera especialmente al procedimiento, puede hacerse refe-rencia á la sección 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice lo siguiente :

“Cuando por este Código ó por otra ley se confiera jurisdicción á una corte ó funcionario judicial, se le confieren también todos los medios necesarios para hacerla efectiva; y en el ejercicio de ella, si el procedimiento no estuviere especialmente señalado en este Código ó en otra ley, podrá adoptarse cualquier otro procedimiento ó modo adecuado que parezca estar más en harmonía con el espíritu de este Código. ’ ’

Esto verdaderamente es suficiente para terminar el asunto, y creemos que la corte de distrito obró de acuerdo con dicha sección en los procedimientos de este caso que ante dicha corte se establecieron.

Según la opinión emitida en el caso de Montañez, á la que hace referencia la corte inferior, este estatuto sirvió de norma á aquella corte al dictar esta resolución. Tomando en consi-deración todas esths cuestiones, vemos claramente que la reso-lución de la corte de distrito al desestimar la apelación era correcta.

Surge además otra cuestión en cuanto á la forma de sen-tencia que debe adoptar esta corte al resolver en definitiva, después de la vista, los casos de certiorari. Se enuncia en el tercer volumen de la Enciclopedia de Leyes Americanas é Inglesas, página 66, que:

“La sentencia después de la vista es que los procedimientos ha-bidos en la corte inferior sean anulados ó confirmados en todo ó en parte. A menos que el estatuto lo autorice, la corte de revisión no tiene facultad para dictar una sentencia ó resolución diferente, basadaen los méritos del caso.”

En apoyo ele esta proposición se liace referencia en las-notas, á los siguientes casos:

McAlliley v. Horton, 75 Ala., 491.
Baxter v. Brooks, 29 Ark., 173.
Barnet v. Jacksonville, 18 Fla., 523.
Hamilton v. Harwood, 113 Ill., 154.
Taylor v. Gay, 20 Gar., 77.
Commissioners v. Turnpike Corp., 5 Mass., 420.
Dudley v. Staples, 15 Johns, (N. Y., 195).
Hopkinton v. Smith, 15 N. H., 152.
Peacock v. Leonard, 8 Nev., 157.
White v. Commonwealth, 3 Brewst (Pa.), 30.
Wooton v. Manning, 11 Tex., 327.
Bandlow v. Thieme, 53 Wis., 57.
Kelly v. Story, 2 Heisk. (Tenn.), 202.
Commissioners v. Bridge, 13 Pick., Mass., 195.
Lowell v. Commissioners, 6 Allen (Mass.), 131.
Thompson v. School Dist. 25 Mich., 483.

Algunos de estos casos que hemos tenido la oportunidad de examinar, con excepción quizás del caso de Illinois, sos-tienen completamente el principio anunciado en el texto, y según nuestra opinión la sentencia que se dicte por esta'corte debe ser una que confirme los procedimientos de la corte inferior. Sin embargo, ha sido la práctica de esta corte, al dictar sentencia en casos de certiorari después que la vista de los mis-mos ha tenido lugar, anular el auto de certiorari, dejando que la corte de distrito proceda de igual modo que si no se hubie-ra expedido el auto de certiorari. El efecto de tal sentencia es, desde luego igual á si se confirmaran los procedimientos. No hay duda de que la forma fué adoptada para hacer una distinción entre casos de certiorari y apelaciones. Sin embargo, un procedimiento adecuado al dictar tales sentencias sería, posiblemente, la negativa á anular la sentencia, deján-dola vigente. Se ban preparado resoluciones, según ambas formas indicadas las que. se someterán junto con este dic-tamen.

Gasado el mandamiento.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández y Figueras.

Juez disidente: Sr. Wolf.

VOTO PARTICULAR DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

El fundamento principal de mi voto particular es que aunque la regia de la corte de distrito exige que la apelación se formule dentro de diez días á partir de la época en que se perfeccione la apelación, no bay nada en la ley que exija al apelante la presentación de la misma.

No entiendo que el apelante tuviera necesidad de insistir con el secretario para que dicbo funcionario cumpliera con su deber en este caso. Era al apelado á quien interesaba dar prisa sobre el caso y exigir al secretario que remitiera el ré-cord. De cualquier modo, si bay un defecto en. la regia de la corte de distrito, debe la misma ser enmendada, no debiéndose leer en ella como que existe un deber por parte del apelante que no ba sido impuesto por la ley.

La sección 36 del .Código de Enjuiciamiento Civil tiene escasa aplicación al presente caso. Dicha sección no autoriza á la corte para convertir una regia que obliga al secretario de la corte municipal en un deber impuesto al apelante ó para declarar abandonada una apelación en que no se probó por el apelado que el apelante se había declarado en rebeldía.

■ Por las razones expresadas, me veo obligado á disentir de la opinión emitida por la mayoría del tribunal en el pre-sente caso.


text:
    El Pueblo v. Haddock.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de' Distrito de Guayama.
    No. 59.
    Resuelto en febrero 13, 1907.
    ApelaciÓN — Pliego de Excepciones — Relación de Heci-iqs — ’Errores Mani-fiestos. — No existiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no apareciendo que se haya cometido algún error que justifique la revocación de ,1a sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal.

La presente fué un proceso contra Jorge Haddock por el delito de perturbar la paz pública. Es evidente que el recurso fué interpuesto tan sólo para obtener una demora, y no com-pareció la defensa del apelante. No sé ba presentado tampoco ni pliego de excepciones, ni alegato alguno.

Hemos examinado el récord, y no encontramos error de ningún clase; por lo que debemos confirmar la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas

text:
    El Pueblo v. Valentín.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 61.
    Resuelto en febrero 13, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No existiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no apareciendo que se haya cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueeas

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn recurso de apelación interpuesto por el acusado contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de-Gruayama en una causa de agresión con intención de cometer homicidio.

El juicio se celebró ante el tribunal de derecho y en 29 de-septiembre de 1906 con vista del artículo 223 del Código Penal,, se condenó al acusado Ramón Valentín á la pena de un año'de-cárcel que sufrirá en la de dicho distrito y al pago de las. costas.

No consta en el récord exposición de hechos, ni pliego de-excepciones, ni el apelante -ha alegado ante esta Corte Su-prema los motivos en que funda su recurso de apelación.

Después de un cuidadoso exámen de los procedimientos dé-la corte de distrito, resulta que no se ha cometido error fundamental y por lo tanto, la sentencia apelada debe confirmarse-con las costas á la parte apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se.. Pigueeas

text:
    El Pueblo v. Reyes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 51.
    Resuelto en febrero 14, 1907.
    Procedimiento — Procesos Criminales — Delitos Cometidos Bajo el Régimen de la Legislación Penal Anterior. — Todo acto ú omisión penable como de-lito, cometido bajo el régimen de la legislación penal anterior á los Códigos Penal y de Enjuiciamiento Criminal, que empezaron á regir, en julio de 1902, debe ser investigado, .perseguido y castigado con arreglo á aquella legislación.
    Id. — Apelación—Errores de Procedimiento. — Los errores de procedimiento que-no perjudiquen los derechos sustanciales del acusado, no pueden ser alegados como motivo para la revocación dé la sentencia.
    Asesinato — Veredicto—Grado del Delito. — El Código Penal antiguo al definir el delito de asesinato, no reconoce los dos grados que establece el Codigo Penal vigente en su-artículo 201, y por tanto, en una causa de asesinato que haya • de ser penado con arreglo á aquel Código, el jurado no tiene que establecer en su veredicto distinción alguna con respecto al grado del delito de que haya de declarar culpable al acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se.. Pigueeas

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo en causa por asesinato.

La acusación fué formulada en 22 de septiembre de 1899 por el fiscal de dicha corte, y está concebida en los términos siguientes:

“El fiscal, vista la causa seguida contra Juan Arroyo y otros, por asesinato, formula las siguientes conclusiones:
Ia. El sábado, cinco de noviembre del año próximo pasado, estando Don Carlos María Alvarez en la casa de Tomás Colón Sánchez, situada en el barrio de Hato-Viejo, término de Cíales, á donde había entrado á pasar un aguacero, se puso á conversar con éste, su esposa y Chilo Fernández , que á la sazón se encontraba allí; llegaron los procesados Juan Arroyo Adorno, Prisco Padilla, y Simeón Reyes, quienes la em-prendieron á golpes contra dicho Alvarez, incluso Colón, tirándolo abajo y amarrándolo por el cuello con una soga, lo arrastraron hasta un cafetal, en donde le dispararon tres tiros; y encontrándosele muerto al día siguiente; presentó varias heridas producidas por un cuerpo duro, arma de fuego y arma blanca.
“El procesado Tomás Colón Sánchez falleció el día cuatro de maxzo del corriente año, y Simeón Reyes no ha sido capturado aún.
“2a. Los hechos constituyen un delito de asesinato comprendido en el número 5°. del artículo 414 del Código Penal.
“3a.» Los procesados son autores.
“4a. No concurren circunstancias.
“5a. Corresponde imponer á Juan Arroyo Adorno, Prisco Padilla y Simeón Reyes la pena de cadena perpétua á cada nno, accesorias co-rrespondientes y pago de costas por iguales partes; declarando extin-guida la acción penal respecto de Tomás Colón Sanchez, y suspendién-dose el procedimiento en cuanto al Simeón Reyes, hasta que sea habido. Responsabilidad civil. — Es de cinco mil pesetas que se deben por los procesados á los herederos del interfecto.”

En el acto del juicio, después de hacerse lectura de la .acusación, el abogado de Simeón Eeyes solicitó que fuera desestimada en la forma en que había sido presentada; y denegada tal moción, pidió aquél que se le concediera término para formular sus conclusiones provisionales de igual manera que el fiscal, lo que también denegó la corte, habiendo la de-fensa tomado excepción de una y otra resolución.

En vista.del resultado de las pruebas practicadas, el jurado ante quien se celebró el juicio en 20 de julio de 1906, declaró culpable á Simeón Reyes del delito de asesinato de que era acusado; y señalado día para pronunciar sentencia, el abo-gado presentó moción, solicitando la celebración de un nuevo juicio, por ser el veredicto contrario á derecho, en atención á que no se ajusta á lo preceptuado en el artículo 284 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente.

A esa moción recayó decisión en 28 de julio citado, la que textualmente dice así:

“1. Oportunamente se declaró -por esta corte que la acusación sería vista y fallada con arreglo á las disposiciones del Código Penal vigente antes del año 1902, por haberse cometido el hecho en época anterior, si bien amoldándose, en lo posible, para la celebración del juicio, á la tramitación vigente en la actualidad.
“2. El jurado no podía dar otro veredicto, pues al comenzar el juicio se le dió lectura de la acusación en la que se consigna que no existen circunstancias modificativas y, no habiéndose acusado por el fiscal la existencia de circunstancias agravantes ni atenuantes, y no habiéndose tampoco alegado, éstas por la defensa del reo, por lo que no fueron materia de discusión, siéndolo sólo la existencia ó nó de la cualificativa de ensañamiento, el juez instruyó al jurado del delito de •asesinato sin circunstancias, determinado por la existencia de la expre-sada cualificativa, y, á petición de la defensa, del delito de homicidio, ■para el caso de no apreciarse probada dicha cualificativa.
113. La Ley Penal aplicable no establece la presunción de que existan siempre circunstancias modificativas del delito, por lo que,, si ellas no son alegadas, no resulta indispensable hacer declaraciones, sobre su no existencia, como se establece en el párrafo tercero, regla cuarta del artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Cuba y Puerto Rico de enero primero de 1889, y para aplicación de la pena no puede tener duda el tribunal, ni perjudicarse el acusado, puesto que se ha hecho constar en la acusación la no existencia de dichas circuns-tancias modificativas y el veredicto del jurado es conforme á la expre-sada acusación.
“4=: Por estas razones, entendiendo la Corte que el veredicto es conforme á derecho, deniega la concesión de un nuevo juicio que soli-cita el acusado.”

De la denegatoria de nuevo juicio tomó excepción la de-fensa de Simeón Reyes y la corte, por sentencia del mismo día,, le condenó á la pena de cadena perpétua, equivalente, según expresa, á treinta años de presidio con trabajos forzados y á pagar las costas de la causa.

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el acusado, y para su decisión ha sido elevada á esta Corte Su-prema una transcripción de autos, que sólo comprende el escrito de acusación, el acta del juicio expresiva de las excep-ciones de que se deja hecho mérito, el veredicto del jurado, la moción, solicitando la celebración de nuevo juicio, la resolu-ción de esa moción, la sentencia pronunciada y el escrito de apelación, sin que haya en el récord pliego de excepciones y exposición de hechos, ni tampoco se haya presentado ante esta corte alegato alguno en apoyo del recurso, cuya desestimación solicita el fiscal.

Examinados los méritos que ofrece el récord, no encontra-mos fundamento alguno para la revocación de la sentencia apelada.

La acusación fué formulada con arreglo al artículo 650 de la Ley Enjuiciamiento Criminal que regía en la fecha en que fué presentada, y por tanto, no hay términos hábiles para exigir que llene los requisitos que demanda el Código de En-juiciamiento Criminal, que posteriormente empezó á regir en 1". de julio de 1902.

Es verdad que no se permitió al acusado formular un escrito de conclusiones provisionales en contestación al del fiscal, infringiéndose así el artículo 652 del antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal; pero esa infracción no perjudica los derechos sustanciales del reo, y por tanto no puede ale-garse como motivo para la revocación de la sentencia.

En cuanto al veredicto del jurado, lo estimamos arreglado-á derecho, teniendo en cuenta que Simeón Reyes debe ser juzgado con sugeeión al Código Penal antiguo, atendida la cláusula de reserva que contiene el artículo 558 del moderno, que dice así:

“Todo acto ú omisión que empezare antes de la promulgación de este Código, podrá investigarse perseguirse y castigarse, como si no se hubiere aprobado dicho Código.”

El Código Penal antiguo al definir el delito de asesinato en su artículo 414 no admite la calificación de asesinato de Io. y 2o. grado que establece el Código Penal vigente en su ar-tículo 201; y por tanto, si Reyes había de ser penado con arre-glo al Código antiguo, no puede ser exigible que el jurado que le declaró culpable, diera cumplimiento al precepto del artículo 284 del Código de Enjuiciamiento Criminal que actualmente rige, pues no había que hacer distinción entre varios grados de culpabilidad al apreciar el delito, y por tanto holgaba de-terminar el grado del delito cometido.

Por las razones expuestas procede se confirme la sentencia apelada con las costas del juicio y del recurso á cargo de la parte apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.