author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor F.R.F.

      Número: CE-88-443

      Resuelto: 22 de abril de 1993

      Ada López Santiago, de Pro-Brono, Inc., Servicios Voluntarios del Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogada del peti-cionario; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Por hechos alegadamente ocurridos el día 9 de febrero de 1986, en los cuales perdió la vida un ser humano, se pre-sentaron unas “quejas” contra el menor F.R.F. por las “fal-tas” de asesinato, robo e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 418. Celebrada la correspondiente vista, al amparo de las dis-posiciones de la Regla 2.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores de 1986 (34 L.P.R.A. Ap. I-A), el tribunal ordenó la citación del menor para la vista de de-terminación de causa probable para radicar querella esta-tuida por la Regla 2.10 de dicho cuerpo de reglas, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Procede señalar que, para la fecha de la alegada ocurrencia de los hechos, el menor F.R.F. contaba con quince (15) años de edad.()

La referida determinación de causa probable, se llevó a efecto en ausencia del menor F.R.F.; ello por razón de que éste, no obstante haber sido puesto bajo la custodia de sus padres en relación con otras querellas anteriormente radi-cadas contra él, había “abandonado” la residencia de sus progenitores y no había podido ser localizado.

En consecuencia, el menor nunca fue citado para la vista de determinación de causa probable para radicación de querella, que es regulada por las disposiciones de la referida Regla 2.10 de 1986.() Dicha vista fue original-mente señalada para el día 6 de diciembre de 1987. Desco-nociéndose todavía el paradero del menor F.R.F., la vista fue suspendida por ausencia del referido menor. En dicho día, el tribunal apercibió a los padres del menor de que debían comparecer asistidos de abogado. La referida vista fue suspendida en varias ocasiones debido a la continuada incomparecencia del menor F.R.F.

No obstante el hecho de que el menor nunca pudo ser localizado, citado ni aprehendido, el tribunal resolvió cele-brar la vista dispuesta por la citada Regla 2.10 el día 21 de enero de 1988; ello en presencia de los padres del menor en controversia. Adujo el tribunal, en apoyo de su actuación, las disposiciones de la Regla 2.14 de las Reglas de Procedi-miento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.() En esa ocasión, el tribunal de instancia advirtió a los padres del menor del derecho de su hijo a tener asistencia de abogado. Luego de esta advertencia, la madre del menor “renunció” al derecho de su hijo a tener representación legal. El Procurador de Menores presentó la prueba y, a base de ésta, el tribunal encontró causa probable para ra-dicar querella contra el menor F.R.F. por las faltas de ase-sinato, robo y por infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, ordenándose la detención del menor. El Procurador de Menores procedió, entonces, a ra-dicar las correspondientes querellas contra el menor F.R.F. ante la Sala de Asuntos de Menores de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico.()

Así las cosas, el Procurador de Menores solicitó del re-ferido tribunal que renunciara a su jurisdicción sobre el menor F.R.F., conforme establece la Ley de Menores de 1986,() en relación con las querellas relativas a los hechos ocurridos el 9 de febrero de 1986. En la solicitud que a esos efectos radicara, alegó el Procurador que el menor F.R.F. constituía una amenaza para su propio bienestar y/o el de la comunidad.

Estando pendiente de celebrarse la vista sobre renuncia de jurisdicción en relación con las querellas antes mencio-nadas, se presentaron unas nuevas quejas por infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, contra el referido menor en relación con hechos supuesta-mente cometidos por éste el día 28 de octubre de 1987; esto es, ya siendo el menor F.R.F. mayor de dieciséis (16) años de edad. Se determinó, en su ausencia, causa probable y se ordenó nuevamente la citación del menor, señalándose la “vista preliminar” que establece la citada Regla 2.10 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, ante. El menor, quien no había sido citado para la misma, no compareció. En la referida vista el menor estuvo, sin embargo, representado por. abogado. Nuevamente, el tribunal determinó que existía causa probable para radicar quere-lla, lo cual hizo el Procurador de Menores ante la referida Sala de Asuntos de Menores de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico.()

En la vista señalada sobre renuncia de jurisdicción, el tribunal de instancia hizo constar que consideraría la soli-citud a esos efectos radicada por el Procurador de Menores en relación con todas las querellas pendientes; esto es, tanto en cuanto a los hechos de 9 de febrero de 1986 como en relación con los hechos ocurridos el 28 de octubre de 1987. En dicha ocasión, la representación legal del menor planteó que en la primera vista para la determinación de causa probable para radicar querella —celebrada la misma el 21 de enero de 1988 sobre los hechos alegadamente ocu-rridos el 9 de febrero de 1986— se había incurrido en va-rios errores y/o violaciones al debido proceso de ley,() y que el tribunal carecía de facultad para renunciar su jurisdic-ción sobre el menor en relación con las querellas sobre ase-sinato, robo e infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico, esto es, las faltas alegadamente cometidas cuando el me-nor contaba con menos de dieciséis (16) años. El foro de instancia, mediante resolución a esos efectos, declaró sin lugar los referidos planteamientos.

Inconforme, la representación legal del menor F.R.F. re-currió ante este Tribunal —vía certiorari— alegando que:

PRIMER ERROR
La vista de determinación de causa [para la radicación de la querella] celebrada el 21 de enero de 1988, está viciada de nu-lidad, ya que la Ley vigente al momento de los hechos, Ley 97 del 23 de junio de 1955, no disponía para la celebración de la misma en ausencia tal como se celebró.
La vista de determinación de causa probable en ausencia según celebrada no satisfizo los requisitos del debido proceso de ley al no nombrarle al menor un abogado [y autorizarle a la madre del menor a qué renunciara a un derecho de éste]; al no asig-narle un defensor judicial, ya que existía conflicto de intereses entre el menor y su señora madre; al no consignarse en autos los fundamentos para la celebración de una vista de determi-nación de causa probable en ausencia; al no justificarse las diligencias razonables para la localización del menor y al no co-rroborarse que la renuncia por parte de la madre a derechos fundamentales fuese con pleno conocimiento de las consecuen-cias de dicha renuncia.
SEGUNDO ERROR
El Tribunal Superior, Asunto de Menores, Sala de San Juan, no tiene autoridad para entender en la Renuncia de Jurisdicción del caso de epígrafe por razón de que no ha mediado una Vista de Determinación de Causa conforme a derecho.
En atención a la edad del menor a la fecha de los hechos impu-tados, el Tribunal carece de autoridad para entender en la re-nuncia de jurisdicción, ya que de así hacerlo, violaría la cláu-sula de prohibición de leyes ex post facto y la disposición expresa de la propia Ley de Menores. Petición de certiorari, pág. 3.

Expedimos el auto de certiorari. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

HH

El recurso plantea, básicamente, dos (2) interrogantes. La primera de ellas, traída ante nuestra atención me-diante el segundo señalamiento de error, relativa a la au-toridad en ley del tribunal de instancia para renunciar a la jurisdicción que sobre el menor F.R.F. le concede nuestro ordenamiento. Acometemos la solución de esta interro-gante manteniendo presente que se pretende que el tribunal de instancia renuncie su jurisdicción tanto sobre los hechos alegadamente cometidos por el menor F.R.F. el día 9 de febrero de 1986, cuando contaba con quince (15) años de edad, como sobre los supuestamente cometidos por éste el día 28 de octubre de 1987, cuando ya era mayor de die-ciséis (16) años.()

Reiteradamente hemos resuelto “que el poder o autoridad del tribunal sobre un menor depende de la fecha en que se cometió la falta y no de aquella en que comenzó el proceso o en que dicha corte adquirió jurisdicción sobre el niño delincuente”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Andújar, 80 D.P.R. 822, 826 (1958). Véanse: Irizarry v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 189 (1951); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114 (1980). En este último citado caso, específicamente resolvimos que si la conducta antisocial o “delictiva” imputada se comete cuando el imputado —“el niño”— era menor de dieciocho (18) años de edad, era la entonces vigente ley de menores —Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955 (34 L.P.R.A. secs. 2001-2015)— la que regía los procedimientos en el caso. Pueblo ex rel. L.V.C., ante, pág. 120.

A la fecha en que el menor F.R.F. alegadamente comete las faltas de asesinato, robo e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante —esto es, el 9 de febrero de 1986— estaba vigente la citada Ley de Menores de 1955, la cual establecía:

Cuando se impute a una persona mayor de 16 años de edad y menor de 18 años de edad la infracción de una ley estatal, el juez, después de investigar el ca'so y concluir que entender en dicho asunto bajo las disposiciones de las sees. 2001 a 2015 de este título sería contrario al bienestar del menor o de la comu-nidad, podrá renunciar la jurisdicción del tribunal y darle tras-lado para que se tramite el caso como si se tratara de un adulto, ante la Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia. Ninguna resolución u orden dictada por el tribunal, o evidencia aducida en contra del menor ante este tribunal, po-drá ser ofrecida ni admitida como medio de prueba en ningún otro caso civil o criminal, o en cualquier otro procedimiento judicial establecido con cualquier fin contra dicho menor. (Én-fasis suplido.) 34 L.P.R.A. sec. 2004.

A la luz de las transcritas disposiciones, resulta obvio que, en relación a los hechos alegadamente ocurridos el 9 de febrero de 1986, el tribunal de instancia no puede renun-ciar a su jurisdicción sobre el menor F.R.F. ya que la ley entonces vigente, Ley de Menores de 1955, no permitía la renuncia de jurisdicción en relación con menores de quince (15) años de edad.

No hay duda que la nueva Ley de Menores de 1986, Ley Núm. 88 de 9 de junio de 1986, ante, establece —en su Art. 15 (34 L.P.R.A. sec. 2215)- que:

El Tribunal, a solicitud del Procurador, podrá renunciar la jurisdicción sobre un menor que sea mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), a quien se le impute la comisión de cualquier falta clase II ó III. El Procurador deberá efectuar dicha solicitud mediante moción fundamentada cuando considere que entender en el caso bajo las disposiciones de este Capítulo no responderá a los mejores intereses del menor y de la comunidad. ... (Enfasis suplido.)

Si aplicáramos la Ley de Menores de 1986 a los hechos ocurridos el 9 de febrero de 1986, ello equivaldría a la aplicación ex post facto de una ley en detrimento del menor, habida cuenta que se le estaría juzgando bajo términos y condiciones más onerosos que los impuestos por la ley vigente a la fecha en que alegadamente se perpetraron los hechos, lo cual es constitucionalmente impermisible. Art. II, Sec. 12, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo l.() A esos efectos, resulta relevante, pertinente y concluyente la de-cisión que emitiéramos en Pueblo v. Andújar, ante. En dicho caso nos enfrentamos a la disyuntiva de que la Ley de Menores de 1915 no permitía la renuncia de jurisdicción por parte del Tribunal de Menores, mientras que la Ley de 1955 contenía disposiciones a esos efectos. Al rechazar la contención de que el tribunal podía renunciar a la jurisdic-ción sobre el menor allí en controversia en relación con unos hechos cometidos vigente la Ley de 1915, expresamos que el imputado “no podía ser procesado bajo términos y condiciones más onerosos que los impuestos por la ley vi-gente. a la fecha en que se prepetraron los hechos imputa-dos en la acusación”. Pueblo v. Andújar, ante, pág. 824.

Distinta conclusión, sin embargo, se impone con res-pecto a los hechos acaecidos el 28 de octubre de 1987, a saber: infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante.() Para esta fecha ya había entrado en vigor la Ley de Menores de 1986. En esta ocasión, el menor había cumplido dieciséis (16) años de edad y se le impu-taba la comisión de una falta tipo I y tipo II.() Esta ley de 1986, como expresáramos anteriormente, permite la solici-tud por parte del Procurador de Menores de la renuncia de jurisdicción por una falta tipo II, cometida por un menor entre las edades de catorce (14) a dieciséis (16) años.

HH HH

Resuelta la primera, nos enfrentamos a la segunda de las interrogantes ante nuestra consideración. Aun cuando por distintos fundamentos, entendemos que le asiste la ra-zón a la representación legal del menor F.R.F. en su plan-teamiento de que la vista celebrada el 21 de enero de 1988, en la cual se determinó causa probable para radicar que-rella respecto a los hechos acaecidos el 9 de febrero de 1986, es una viciada de nulidad.()

Somos del criterio que ambas determinaciones de causa probable para radicar querella —esto es, la referente a los hechos de 9 de febrero de 1986 como la relativa a los he-chos ocurridos el 28 de octubre de 1987— son nulas. Ello, llana y sencillamente, por razón de que el menor F.R.F. nunca fue citado para la celebración de las mismas, lo cual constituye una crasa violación al debido procedimiento de ley.

Reiteradamente hemos expresado que, no obstante el hecho de que los procedimientos de menores gozan de una naturaleza sui generis, por lo que los mismos no constituyen propiamente causas criminales, el menor al que se le imputa conducta constitutiva de delito puede reclamar aquellas garantías constitucionales que le aseguren un trato justo y un debido procedimiento de ley. Véase Pueblo en interés menor R.G.G., ante; Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993). Hemos resuelto, adicionalmente, que el ejercicio de un derecho por parte de un menor presupone, o parte de la premisa, de que éste ha sido informado del mismo de manera previa, adecuada y oportuna. Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497 (1983).

Dichos principios permean la vigente Ley de Menores de 1986. La misma exige que al menor se le notifique de las quejas o querellas que pesan en su contra, ya sea cuando se le aprehende (arreste) o se le cita. El funcionario que efectúa la aprehensión tiene el deber de conducir al menor, sin demora, ante un juez, quien le informará a éste y a sus padres sobre la queja presentada, su derecho a permanecer en silencio, su derecho de abogado y le advertirá sobre la renuncia de jurisdicción en su ausencia. El juez lo deberá citar para que comparezca a la vista de determinación de causa probable para la radicación de la querella que regula la Regla 2.10 de 1986, ante. Véase: Regla 2.9(a), (b) y (c) de las Reglas de Procedimiento de Menores de 1986 (34 L.P.R.A. Ap. I-A).

Si la comparecencia del menor se requiere por citación, ésta deberá ser por escrito y la misma deberá ser firmada por el menor y sus padres, Regla 2.8(c) de Menores de 1986 (34 L.P.R.A. Ap. I-A). Conforme a la antes mencio-nada disposición reglamentaria, la citación “requerirá que el menor comparezca ante el tribunal acompañado de sus padres o encargados con expresión del día, hora, sitio, e informará al menor que, de no comparecer se expedirá una orden de detención provisional y que, de no poder ser loca-lizado, se podrá determinar causa probable en ausencia ...”. Regla 2.8(c) de 1986, ante. Ambos métodos de notifica-ción al menor requieren que se le informe sobre sus dere-chos y las consecuencias de su incomparecencia en etapas posteriores del proceso.

Somos del criterio que una adecuada notificación a todas las vistas debe ser dada a los menores y a sus padres o guardianes como parte del debido proceso de ley. El derecho a notificación cumple con el propósito de informar al menor y a sus padres o encargados de la falta que se le imputa al menor, con suficiente antelación para la preparación adecuada de su caso. S. Davis, Right of Juveniles, 2da ed., Nueva York, Ed. Clark Boardman Co., 1980, pág. 30. La Regla 12.4 de Menores de 1986 (34 L.P.R.A. Ap. I-A) exige que la citación a los menores y a sus padres se haga personalmente.

El Art. 20 de la Ley de Menores de 1986 (34 L.P.R.A. sec. 2220), de igual manera, dispone que “[n]o se ordenará la detención de un menor antes de la vista adjudicativa a menos que ... 6) habiéndose citado al menor para la vista de determinación de causa probable [para la radicación de la querella], él no comparezca y se determine causa probable en su ausencia”. (Enfasis suplido.)

La citación para la vista de determinación de causa probable para radicar querella, Regla 2.10 de 1986, ante, se debe entender como parte intrínseca del debido proceso de ley, esto es, a tener conocimiento de los procesos que son conducidos en su contra. En el procedimiento objeto del certiorari ante nos, la ausencia del menor no ha permitido que al menor se le cite y, por consiguiente, éste desconoce totalmente de los procesos que se han llevado a cabo en su contra. Contra éste hay sólo una orden de detención. Ello únicamente tiene el efecto de interrumpir el término prescriptivo de las faltas que cometió. D. Nevares-Muñiz, Derecho de Menores, Hato Rey, Inst. Desarrollo del Derecho, 1987, pág. 50. En vista de lo expresado, somos del criterio que el Estado no puede continuar adelante con el proceso, en ausencia del menor, cuando éste desconoce de la existencia de las quejas en su contra.

A modo de analogía, en los procedimientos de adultos, hemos resuelto que en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal la denuncia y eventual acusación tienen como propósito notificar a toda persona imputada de delito de la naturaleza y causa por la cual será procesado. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., ante; Reglas 5, 34 y 35(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617 (1985). Ello es así ya que el debido proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito imputádole para que pueda preparar adecuadamente su defensa. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977).

La vista de determinación de causa probable para radi-car la querella en el procedimiento de menores que regula la Regla 2.10 de 1986, ante, es una vista preadjudicativa, equivalente a la vista preliminar en los casos de adulto. Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Con relación a esta última, las Reglas de Procedimiento Criminal disponen que si el imputado “no comparece a ella, luego de haber sido citadlo] debidamente, el magistrado lo detendrá para que responda por la comisión de un delito ante la sala correspondiente del Tribunal Superior”. (Énfa-sis suplido.) Regla 23(b), 34 L.P.R.A. Ap. II.

Esto significa que la incomparecencia voluntaria e in-justificada del imputado a la vista preliminar, Regla 23 de Procedimiento Criminal, ante, después de haber sido debi-damente citado, no tiene meramente el efecto de autorizar la celebración de la vista preliminar en ausencia del acu-sado, sino el efecto mucho mayor de una determinación automática de causa probable para acusar; esto es, se pres-cinde de la vista preliminar y se señala el caso para juicio en su fondo. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y de Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, Vol. II, 1992, págs. 267-268. Como se puede observar el único requisito para que dicho “mecanismo” entre en vigor es que el imputado sea citado. En Pueblo v. Méndez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987), al expresarnos sobre la ausencia de un imputado a la vista de determinación de causa probable en alzada, Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, ante, ex-presamos que “la determinación de causa probable sin no-tificación alguna ni oportunidad de oir al imputado contra-dice los principios más elementales de debido proceso”. (Enfasis suplido.) El apercibimiento de que se podrán con-tinuar los procedimientos, en caso de ausencia, es esencial. Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515 (1987).() Igual tratamiento o solución se impone en el caso de los menores de edad.

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Como señaláramos anteriormente, en el caso ante nues-tra consideración no se citó al menor F.R.F. a ninguna de las vistas de determinación de causa probable para la ra-dicación de querella. Este nunca adquirió conocimiento de los procesos que se habría de llevar en su contra. No pode-mos catalogar su ausencia en éstos como una renuncia vo-luntaria a estar presente ya que éste desconoce la radica-ción de los cargos y de su derecho y obligación de estar presente durante la vista. Cf. Pueblo v. Laurido Pérez, 115 D.P.R. 798 (1984). Somos del criterio que no satisface el debido proceso de ley la “notificación” al menor de las que-jas en su contra, a través de sus padres, cuando éstos en corte abierta han declarado que desde hace meses descono-cen el paradero de su hijo.() En consecuencia, erró el tribunal de menores al llevar a cabo las dos (2) vistas para la determinación de causa probable para radicar querella en ausencia del menor F.R.F. El menor F.R.F., luego de ser aprehendido, deberá ser citado para la celebración de las referidas vistas.()

Por los fundamentos antes expuestos, procede dictar sentencia revocatoria de la resolución recurrida, devolvién-dose los casos al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin una opinión escrita.

      (1) Según información suministrada por el Registro Demográfico, el menor F.R.F. nació el 27 de enero de 1971.

      (2) La vista de determinación de causa probable para radicar la querella es equivalente a la vista preliminar en los casos de adultos. Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989); D. Nevares-Muñiz, Derecho de Menores, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1987, pág. 56.

      (3) “Regla 2.14. Determinación de causa probable en ausencia

      “Cuando se presente ante el juez prueba de que se hicieron gestiones razonables para lograr la comparecencia del menor y de sus padres o encargados a la vista de determinación de causa probable y que ello no fue posible, el juez, oída la prueba, podrá determinar causa probable en ausencia y procederá a expedir una orden de detención. En tal caso, el juez consignará en los autos los fundamentos que existen para determinar causa probable en ausencia.” 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

      (4) Querellas Núms. J-88-17 (asesinato); J-88-18 (robo); J-88-19 (Art. 8); y J-88-20 (Art. 6).

      (5) Ley Núm. 88 de 9-de julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 2201 et seq.

      (6) Querellas Núms. J-88-72 (Art. 8) y J-88-73 (Art. 6).

      (7) En específico, se alegó que
      “se violó el debido proceso de ley al no proveérsele asistencia de abogado; no se hicieron las diligencias razonables para localizar al menor; tampoco se consignaron en autos dichas diligencias; se aceptó la renuncia de derechos fundamentales cons-titucionales y dispuestos por ley sin hacer constar las advertencias y si la madre del menor las entendió y si ésta podría tener algún conflicto con relación a los mejores intereses de su hijo.” Petición de certiorari, pág. 2.

      (8) El foro de instancia, mediante Resolución de 17 de marzo de 1988, expresa-mente hizo constar que entendía que tenía facultad para renunciar su jurisdicción sobre todas las querellas pendientes contra el menor F.R.F.

      (9) La prohibición de aprobar leyes ex post facto surge de la Sec. 12 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Ésta lee:
      “No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.” Art. II, Sec. 12, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed.1982, pág. 323.
      Cónsono con este precepto constitucional, la Regla 1.2 de las Reglas de Proce-dimientos para Asuntos de Menores de 1986 establece:
      “Estas reglas regirán todos los procedimientos que se inicien a partir de la vigencia de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, denominada “Ley de Menores de Puerto Rico” incluyendo aquellas que estén pendientes a la fecha de la vigencia de estas reglas siempre que su aplicación no perjudique derechos sustantivos ...” (Énfa-sis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. I-A.
      A través de los años, se ha entendido que la esencia de la protección contra leyes ex post facto se refiere a la ley penal sustantiva: delito, pena y medidas de seguridad. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y de Estados. Unidos,
        Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 549. También se ha entendido como “ex post facto” aquella ley procesal que afecta derechos sustantivos del acusado. Pueblo v. López, 70 D.P.R. 790 (1950), citando a Thompson v. Utah, 170 U.S. 343 (1898). En Collins v. Youngblood, 110 S.Ct. 2715, 497 U.S. 37 (1990), el Tribunal Supremo federal aclaró que la protección contra leyes ex post facto sólo aplica a derechos sustan-tivos y no a leyes procesales. Según la doctrina ahí expresada, aplicará la prohibición de las leyes “ex post facto” sólo cuando
      1) se castigue como delito una acción que no constituya delito en el momento de su comisión;
      2) se aumente la pena o las consecuencias penales de un acto con posterioridad a su comisión;
      3) se elimine una defensa de un acusado, que estaba disponible en el momento de la comisión de la conducta delictiva imputada.
      El caso Thompson v. Utah, ante, fue revocado por el caso Collins v. Youngblood, ante. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 554.
      Una ley resulta ser ex post facto en su aplicación a un imputado de delito cuando: (1) considera delictivo y castiga un acto que al ser realizado no era punible; (2) si agrava un delito y lo hace mayor de lo que era al momento de ser cometido; (3) altera las normas de evidencia y exige más prueba o prueba distinta a la exigida por la ley vigente a la fecha de la comisión del delito, y (4) en relación con el delito o sus consecuencias, altera la situación del acusado en forma desfavorable para él. Pueblo v. Álvarez Torres, 127 D.P.R. 830 (1991); Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 539 (1961); Fernández v. Rivera, Jefe del presidio, 70 D.P.R. 900 (1950).

      (10) Según la aplicación del Art. 3 de la Ley de Menores de 1986 (34 L.P.R.A. sec. 2203), el Art. 6 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 416, es una falta tipo I, y el Art. 8 de dicha ley es una falta tipo II, por ser este último un delito grave. 25 L.P.R.A. sec. 418.

      (11) Conforme al Art. 3 de la vigente Ley de Menores, ante, falta clase I es toda conducta que incurrida por un adulto constituiría delito menos grave; falta clase II es la conducta que incurrida por un adulto constituiría delito grave, excepto las inclui-das en la falta clase III, y una falta clase III es aquella conducta que incurrida por un adulto constituiría delito grave, específicamente cualesquiera de las siguientes: ase-sinato cometido por un menor que no haya cumplido catorce (14) años de edad, homicidio, agresión agravada en su modalidad grave, violación, robo, distribución de sustancias controladas, incendio agravado, restricción ilegal de la libertad, secues-tro, mutilación, incesto, sodomía, robo de menores, estragos, escalamiento y apropia-ción ilegal en la modalidad de hurto de vehículos. 34 L.P.R.A. sec. 2215.

      (12) Como expusiéramos anteriormente, la-representación legal del menor F.R.F. sostiene que dicha vista es nula debido a que:
      “La vista de determinación de causa probable en ausencia según celebrada no satisfizo los requisitos del debido proceso de ley al no nombrarle al menor un abogado [y autorizarle a la madre del menor a que renunciara a un derecho de éste]; al no asignarle un defensor judicial, ya que existía conflicto de intereses entre el menor y su señora madre; al no consignarse en autos los fundamentos para la celebración de una vista de determinación de causa probable en ausencia; al no justificarse las diligencias razonables para la localización del menor y al no corroborarse que la renuncia por parte de la madre a derechos fundamentales fuese con pleno conoci-miento de las consecuencias de dicha renuncia.” Petición de certiorari, pág. 3.

      (13) En Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880, 886 (1977), expresamos que:
      “Establecido el hecho de que un acusado debidamente citado y apercibido de las consecuencias de su evasión, desaparece sin explicación de la jurisdicción donde tiene juicio pendiente, su conducta debe tomarse como renuncia voluntaria a las garantías constitucionales provistas para quien se enfrenta en juicio a su acusador.” (Énfasis suplido.)

      (14) En Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497, 505 (1983), expresamos que:
      “... la cuestión primaria por resolver es si dentro del procedimiento observado en el caso en específico, a la luz de la totalidad de las circunstancias presentes, el menor fue adecuadamente informado de los derechos que le asisten y de la falta que se le imputó, y si tuvo una razonable oportunidad de defenderse de la misma y de presen-tar su versión de los hechos.” (Énfasis suplido.)

      (15) Es a partir de ese momento que entrarán en vigor las garantías procesales que configuran el derecho a un juicio rápido.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Plaza del Rey, Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, recurrido.

      Número: RG-91-567

      Resuelto: 27 de abril de 1993

      José R. Gómez Alegría, abogado de la recurrente; Oscar O. Olivencia Font, Registrador recurrido; Raúl J. Tous Bobo-nis, Vicepresidente de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, Inc., y Margarita E. García Cárdenas, quienes com-parecen en calidad de amicii curiae.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Plaza del Rey, Inc. y el Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan (Hon. Oscar O. Olivencia Font, R.), solicitan la reconsideración parcial() de la sen-tencia recaída en el presente recurso el 23 de junio de 1992, avalada por los pronunciamientos de Casa Blanca Properties v. Registrador, 130 D.P.R. 609 (1992). Nos piden, además, que la norma que se adopte tenga efectos prospectivos. La Asociación de Notarios, como amicus curiae, ha sometido un memorándum.

Conviene reproducir los hechos, así como la parte dispo-sitiva de este recurso gubernativo según nuestra senten-cia:

Mediante Escritura Núm. 101 otorgada en San Juan el 29 de abril de 1991 ante el notario José R. Gómez Alegría, la corpo-ración recurrente Plaza del Rey, Inc. individualizó y vendió a Jorge Estarellas y esposa el último apartamento Núm. 2,202 en multipisos sometido al régimen de propiedad horizontal. R & G Federal Savings Bank, tenedora de dos pagarés —uno por $3,350.00 y otro por $270,000.00 garantizados por hipotecas sobre el edificio — , compareció a liberarlas del referido aparta-mento, y en pago de arancel por dicha liberación sólo consignó en el Registro comprobantes por $8.00. El Registrador denegó la inscripción por entender que faltaban $14,372.00 del arancel por cancelación de hipoteca.
La situación la gobierna Cas[a B]lanca Properties, Inc. v. Registrador, (en circulación). Allí, al enfrentarnos a una situación análoga resolvimos: “La estructura jurídica de la hipoteca re-presentada por título al portador o endosatario impone como único medio [de] liberación —en protección de tercero y del pro-pio adquirente de apartamento individualizado— la cancela-ción parcial o total del gravamen por el método y procedimiento ordenado en el Art. 138 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2462.”
Dar paso a la contención de la recurrente Plaza del Rey, Inc. al efecto de que la acreedora R & G Federal Savings Bank no viene obligada a cancelar las hipotecas e inutilizar los pagarés representativos de las mismas, implicaría darle permanencia en el Registro a hipotecas desnaturalizadas, sin garantía inmo-biliaria y en el mercado de valores, dos pagarés no menos engañosos.
Cuando el valor del crédito está representado por títulos al portador o transferible por endoso, la vía exclusiva para liberar de gravamen el apartamento individualizado es la cancelación total o parcial ordenada así en el Art. 138 de la Ley Hipotecaria del que citamos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en la see. 2460 de este título sobre la cancelación de gravámenes posteriores, las inscripcio-nes de hipoteca constituidas para garantizar obligaciones re-presentadas por títulos transferibles por endoso o pagaderos al portador, cualquiera que sea la denominación que se les asigne, se cancelarán total o parcialmente mediante escritura otorgada por los tenedores legítimos de los títulos expresados. En todo caso deberá hacerse constar en la escritura la identificación de los títulos y su inutilización o reducción parcial en el acto del otorgamiento.” (30 L.RR.A. see. 2462).
Se confirma la nota recurrida. Sentencia de 23 de junio de 1992.

Se objeta el pronunciamiento relativo a que el “único medio de liberación [de una hipoteca en garantía de títulos al portador o a la orden es mediante] la cancelación parcial o total del gravamen por el método o procedimiento orde-nado en el Art. 138 de la Ley Hipotecaria”.

Consideran que lá opinión está fundada en una aplica-ción incorrecta del concepto de la indivisibilidad de la hi-poteca (Arts. 174 y 138 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2570 y 2462, respectiva-mente) y que atenta contra el principio de la autonomía contractual y elimina la posibilidad de las liberaciones gratuitas. Examinemos la validez de estos planteamientos.

II

En el planteo del problema, nos confrontamos con una controversia jurídica que tiene como marco fáctico una práctica seguida por los desarrolladores de urbanizaciones, condominios y obras comerciales y turísticas de gran ex-tensión, con los auspicios de la banca. Para garantizar el . préstamo de construcción, de ordinario constituyen una hi-poteca menor que el costo total de la obra. Se nos apunta que dicha hipoteca “usualmente se constituye en garantía de un préstamo rotativo, que permite que la misma se pueda seguir usando en las diferentes etapas del Progreso del proyecto, sin tenerse que incurrir en el pago de gastos arancelarios y honorarios de nuevas hipotecas o sus am-pliaciones, cuyos gastos en última instancia, los paga el consumidor”.( ) (Énfasis suplido.) Alegato del amicus curiae, págs. 10-11. La cuestión está entrelazada al principio de la indivisibilidad de la hipoteca.

Este principio persigue asegurarle al acreedor hipotecario que su garantía se mantendrá íntegra independientemente de los cambios físicos que sufra la finca. Sin embargo, las partes pueden pactar en contra de dicha indivisibilidad y lograr liberación de cierta parte de la finca gravada o la cancelación parcial de la hipoteca.

Esa libertad contractual o el principio de la voluntad de las partes significa que “[l]os contratantes pue-den establecer los pactos, cláusulas y condiciones que ten-gan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Véanse: Ab Intestato Saldaña Candelario, 126 D.P.R. 640 (1990); Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 D.P.R. 401 (1990); Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 D.P.R. 337 (1982). La libe-ración de una finca por parte del acreedor fue validada en el caso Federal Land Bank v. Registrador, 70 D.P.R. 983 (1950).()

Frente a esta normativa, aceptamos que la norma de Casa Blanca Properties v. Registrador, supra, puede pres-tarse a interpretaciones contradictorias. Por un lado, pa-rece establecer que el único medio de liberación de una hipoteca es la cancelación parcial onerosa o cancelación total del gravamen; por otro, en el último párrafo del esc. 6 dispusimos que “[mjientras quedase un solo apartamento por liberár, podía tomarse la liberación como reducción de la garantía hipotecaria, al exclusivo arbitrio del acreedor ...”.Íd., pág. 617.

Aclaramos que la vía del Art. 138 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, no es única y que dependerá de la voluntad acordada entre el acreedor y deudor hipotecario. Será necesario, como vía exclusiva, solamente cuando la finca no pueda ser dividida; es decir, cuando se trate del remanente de la finca principal sobre la cual se aplica el gravamen hipotecario. Será menester entonces acudir primeramente a lo dispuesto en el Art. 174 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 31 L.P.R.A. sec. 2570, que dispone:

Si una finca hipotecada se dividiere en dos (2) o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando volun-tariamente lo acordaren el deudor y el acreedor. No verificán-dose esta distribución, podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma garantizada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera o contra todas a la vez. (Énfasis suplido.)

Claro, cuando también el acreedor y el deudor hipotecario acordasen que para liberar una finca registralmente se pagará determinada cantidad onerosa de dinero, y que será abonada al principal de la hipoteca, entonces será necesario acudir al Art. 138 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra; de lo contrario, no es necesario, pues se trata de una reducción en el pagaré sin efectos sobre la hipoteca. Así lo resolvimos en Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 62 D.P.R. 753 (1944), ci-tado además en Federal Land Bank v. Registrador, supra, pág. 987:

En cuanto al defecto subsanable consignado por el recurrido por el hecho de no haber el notario hecho constar en el pagaré la liberación de la finca como garantía hipotecaria, en el caso de Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 62 D.P.R. 753, resolvimos que no tratándose en casos de esta naturaleza de una cancelación total o parcial de la obligación, no es aplicable el artículo 82 de la Ley Hipotecaria citado por el recurrido en su nota, y que bastaba que el notario otorgante de la escritura de liberación se le muestre el pagaré para que pueda dar fe de que el Banco es el tenedor del mismo. (Enfasis suplido.)

En definitiva, procede reconsiderar nuestros pronunciamientos en Casa Blanca Properties v. Registrador, supra, relativos a reconocer las liberaciones gratuitas entre partes que, dependiendo del acuerdo y el propósito, pueden o no ser gratuitas. Cf. Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 436 (1967).

rH HH HH

A los fines de salvaguardar o evitar que se defraude a terceros, procede modificar el pronunciamiento de Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, supra, a los únicos efectos de que se actualice el pagaré con respecto a las garantías que lo respaldan, que prospectivamente siempre se haga constar al dorso del pagaré o mediante “allonge” los casos de liberación.

      (1) No se cuestiona la corrección de la norma que exige el pago total de los aranceles correspondientes al valor de la hipoteca, en ocasión de liberársele de gravamen del último apartamento individualizado.

      (2) Este esquema de financiamiento y constitución de garantía podría en ciertos casos suscitar situaciones de extinción de la hipoteca debido a la desaparición total del crédito garantizado.
      Los planteamientos de los comparecientes traslucen cierta inconformidad con el sistema arancelario dispuesto por el legislador. Compete a éste corregir o enmendar la alegada rigidez o falta de claridad de las disposiciones legales que gobiernan el asunto. A este Foro judicial, sin embargo, le corresponde velar por el fiel cumpli-miento de la legislación vigente.
      Ciertamente, una cosa es que en el terreno de la voluntad de las partes y la libre contratación sea viable y permisible la liberación gratuita; otra diferente es que dicho mecanismo se pretenda utilizar para el fraude y la evasión del pago de aranceles.

      (3) De esta manera el acreedor hipotecario acuerda con su deudor dirimir la garantía hipotecaria mediante su reducción parcial sin que necesariamente ocurra una reducción simultánea del crédito o derecho hipotecario. Es decir, se reduce la extensión del inmueble mediante su segregación (o mediante la liberación de porcio-nes ya segregadas), sin que necesariamente se reduzca el principal de la hipoteca, y se libera de la hipoteca la porción segregada. Tal acuerdo es un ejercicio válido de la autonomía de la voluntad salvaguardada por el Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372.
      Como afirma Chico y Ortiz, “[l]a renuncia de la hipoteca es un acto puramente voluntario que extingue la misma en base del principio de autonomía de la voluntad”. J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Co-meta, 1982, T. II, pág. 1028.
      En Federal Land Bank v. Registrador, 70 D.P.R. 983, 985-986 (1950), expresa-mos:
      “Admitiendo éste que a virtud de la enmienda introducida al artículo 119 de la Ley Hipotecaria por la Ley núm. 62 de 21 de julio de 1923 ((1) pág. 407), en las hipotecas eonstitu[i]das a favor del Federal Land Bank no se distribuye la responsa-bilidad aunque sean gravadas varias fincas, sino que cada una responde de la tota-lidad del préstamo, es obvio que al liberarse una de las fincas en este caso como garantía, no pudo tener el efecto de constituir una donación.

        “Si el Banco tenía a su favor hipotecas sobre varias fincas para garantizar la deuda contraída por el Sr. Lugo Arce y, sin cancelar o condonar parte alguna de dicha deuda, se limita a liberar como garantía una de las fincas hipotecadas, es forzoso concluir, sin que fuera necesario decirlo expresamente en la escritura, que el Banco considera que las demás fincas hipotecadas constituyen suficiente garantía de su crédito. De no haber sido así el Banco no hubiera hecho tal liberación. Nada hay en el lenguaje usado en la escritura que pueda interpretarse en el sentido de que fue la intención del Banco donarle a su deudor parte del préstamo que le hizo en el año 1925. La deuda subsiste en su integridad.
      “Empero, ni bajo las disposiciones del artículo 560 del Código Civil ni bajo la sección 1(a), supra, puede sostenerse que la liberación parcial de una garantía hipo-tecaria pueda constituir una donación. Como hemos dicho, el Sr. Lugo Arce continúa adeudando al Banco la misma suma que adeudaba antes de otorgar la escritura núm. 221. El pagaré original no ha sido cancelado en forma alguna y lo único que ha hecho el Banco es aceptar una garantía menor a la que antes tenía.” (Énfasis suplido.)


text:
    Efraín, Ana Rosa, Luis F., Ilia y José G. Maeso, etc., demandantes y recurridos, v. The Chase Manhattan Bank (National Association), demandado y recurrente.

      Número: RE-90-98

      Resuelto: 29 de abril de 1993

      Roberto López García, abogado del recurrente; Melvin Rosario Rodríguez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitio la opinion delTribunal.

I marzo de 1961, Gerardo Maeso Birriel y otros familiares vendieron a Haydée Llabrés Vda. de Muxwor-thy sus participaciones en común pro indiviso() en unas fincas por $452,900 con sus edificaciones. Como el total de los condominios y las participaciones de los vendedores as-cendía al 81.66%, les correspondió $369,838.14. El precio se pagó de la manera siguiente: $14,700 que recibieron en el acto; $9,800 el 30 de septiembre de 1961, y $34,300 el 30 de marzo de 1962. El balance de $311,038.14 quedó apla-zado a ser satisfecho en un término no mayor de diez (10) años, constituyéndose sobre las fincas un gravamen hipo-tecario por igual suma a favor de los vendedores.

En la décima cláusula de la escritura se acordó:

“DECIMO: Es parte de las obligaciones y condiciones de esta compraventa que los comparecientes DOÑA AMPARO MAESO BIRRIEL Y DON GERARDO MAESO BIRRIEL recibirán cada uno un solar segregado de aproximadamente Dos Mil Metros (2,000 m.) los cuales se designará, DIGO, los cuales no colinda-rán entre sí, y cuya ubicación se designará mutuamente por cada uno de ellos y la Compradora.” Recurso de revisión, pág. 2.

La cláusula vigésimo octava aclaró que esas parcelas tendrían una cabida de 2,161.50m. La compradora Doña Haydée se comprometió a gestionar en la Junta de Plani-ficación su segregación en un mes. Trataría que la parcela correspondiente a Doña Amparo Maeso Birriel ubicara en el lugar de su residencia. En cuanto a Don Gerardo, dispo-nía la escritura que “su parcela sería asignada en el área que abre a la carretera de Trujillo Bajo, y lo más cerca posible de donde tiene una casa de su propiedad”. Cláusula décimoquinta.

Se convino, también, que la compradora Doña Haydée, a su opción, podía resolver la compraventa (perdiendo el dinero pagado), si en el término de dos (2) años no obtenía la reclasificación de los terrenos. Se consignó, como condición especialísima, que la compraventa era a $2,500 por cuerda, resultando así que se trataba de una venta a razón de un tanto por unidad de medida. Se acordó que la obligación del precio aplazado quedaría garantizada únicamente con lá hipoteca constituida.

Por último, la cláusula vigésimo tercera de la escritura dispuso:

“Los derechos y obligaciones que se contienen en este instru-mento continuarán en existencia en cuanto a cualquier cesio-nario o sucesor en interés de cualquiera de las partes comparecientes.”

La escritura se inscribió en el Registro de la Propiedad. La compradora Doña Haydée cumplió con Doña Amparo, mas no con Don Gerardo.

Así las cosas, el 1ro de julio de 1963 Doña Haydée agrupó las fincas adquiridas con otra (Núm. 305) y las ven-dió a James T. Barnes de Puerto Rico, Inc. A su vez, esta corporación la vendió a Lomas de Carolina Corporation el 23 de noviembre de 1968. Más adelante, el 14 de julio de 1980 el Chase Manhattan Bank advino titular del rema-nente de la finca, al adjudicársela como resultado de una ejecución de hipoteca.

El 9 de noviembre de 1984, los sucesores de Don Gerardo solicitaron del Tribunal Superior, Sala de Carolina, el cumplimiento específico de la obligación que Doña Ha-ydée había contraído con su causante. La demanda se diri-gió contra el Chase Manhattan Bank (Chase), titular de la finca, a base de que el derecho pactado era de naturaleza real.

Oportunamente, el tribunal de instancia (Hon. Benigno Dapena Yordán, Juez) dictaminó que las disposiciones de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad consti-tuían un derecho real sobre la referida propiedad. Con-cluyó que ese derecho dotaba a los demandantes Maeso de una acción real de treinta (30) años que no estaba prescrita. Declaró con lugar la demanda y ordenó al Chase entregar la parcela reclamada. Acordamos revisar este dictamen.()

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Precisar qué constituye la naturaleza del derecho real es una tarea compleja cuya conclusión definitiva sigue elu-diendo a la doctrina científica.() A primera vista, la solu-ción de este recurso parecía requerir que nos expresáramos sobre la naturaleza del derecho adquirido por el causante Don Gerardo, esto es, la naturaleza jurídica del derecho real distinguible del personal o de crédito. No es necesario. Podemos precisar la naturaleza del derecho aquí involu-crado sin entrar en ese interesante debate.

Como indicáramos, el ilustrado tribunal de instancia re-solvió que el derecho de Don Gerardo a recibir el solar, según la escritura, era real. Añadió que podía determi-narse con certeza la cantidad de terreno objeto de esa obli-gación y la forma de cumplirla. Erró.

Básicamente existen dos (2) posibilidades para que Don Gerardo, causante de los demandantes Maeso, hubiese ad-quirido un derecho real. La primera, que el negocio reali-zado le hubiera transmitido el derecho de propiedad sobre el solar y, la segunda, que las partes hubiesen tenido la intención de constituir una nueva figura de derecho real.

Al respecto, la fuente de la cual surgiría él derecho real pretendido sería la cláusula décima. En lo pertinente, dis-puso que era parte de las obligaciones y condiciones de esta compraventa que los comparecientes recibirían cada uno un solar segregado los cuales no colindarán entre sí, y cuya ubicación se designará mutuamente por cada uno de ellos y la compradora Doña Haydée.

De inmediato, es claro que el solo acuerdo de Don Gerardo con la compradora Doña Haydée sobre la posible ubicación del solar —faltando su segregación— no le trans-firió su dominio. Para adquirir la propiedad no bastaba el contrato, era menester su entrega. El Art. 549 de nuestro Código Civil dispone:

La propiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se ad-quieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión tes-tada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos me-diante la tradición.
Puede también adquirirse por medio de la prescripción. 31 L.P.R.A. sec. 1931.

Este precepto incorpora en nuestro ordenamiento la teoría que exige que concurran los requisitos de título y modo para la adquisición por contrato de la propiedad. Vázquez Bote, op. cit., págs. 119-120; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1987, T. 2, Vol. I, págs. 287-291; L. Diez Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. III, págs. 69-70; J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. II, págs. 175-177. Se denomina “título” al “fundamento o causa jurídica de la adquisición”, mientras que “modo” se refiere a “la transferencia de la posesión” del objeto de la adquisición. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 289. Esa transferencia no es otra cosa que la tradición.

En sentido corriente, la tradición se refiere a un hecho físico como lo es la entrega de la cosa. La nomenclatura del derecho civil trasciende ese significado y se em-plea para señalar un efecto jurídico: la entrega de la posesión con ánimo de transmitir la propiedad. Esa entrega puede ser simultánea y, por lo tanto, responder al concepto de pago en el sentido amplio, como una solutio de una obligación preexistente o asumida de manera coetánea con el acto que ejecuta la tradición. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. III, Vol. I, págs. 339-340.

El Código Civil, en su Art. 1351, alude a dos (2) de las formas que puede asumir la tradición: real e instrumental.() Esta última forma es la que aquí nos ocupa. En la tradición instrumental el otorgamiento de la escritura equivale a la entrega. El consentimiento al contrato conlleva implícitamente la anuencia a que la entrega se realice mediante el otorgamiento. Claro está, esta equivalencia entre escritura y entrega no está presente cuando “de la misma escritura resulta o se deduce claramente que no ha habido entrega”. (Énfasis suprimido.) Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 73.

De acuerdo con la teoría del título y el modo, si única-mente hay título, habrá una obligación personal. Si sólo hay tradición, sin estar fundamentada en un título, habrá una transferencia de posesión pero no del derecho real. Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 68. Véase Vázquez Bote, op. cit., págs. 355-356.

Según expuesto, la cláusula décima de la escritura dis-pone que recibirán un solar cuya ubicación se designará. Resulta, pues, de la propia escritura que no hubo el con-sentimiento para que el contrato equivaliese a la entrega. No hubo tradición y, por ende, el pacto sólo generó una obligación personal, un título, y no un derecho real. Esta cláusula definitivamente no se hizo con el propósito de transmitir un derecho real sobre los solares. La compradora Doña Haydée simplemente se obligó a entregar los solares, acto que se realizaría después por medio de una efectiva entrega con el ánimo de transmitir la titularidad. No hubo tradición por medio de la escritura.

l-H I — 1

Sabido es que en Puerto Rico rige, en materia de creación de derechos reales, la doctrina de numerus apertus que admite la posibilidad de crear derechos reales fuera de los previstos por el Código Civil. Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, 132 (1964); Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 260 (1959). Distinto a lo que sucede respecto a la creación de derechos de crédito, nuestro ordenamiento no contiene un precepto análogo al Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372, que delimite el ámbito de la autonomía de la voluntad al crear derechos reales no previstos por el Código.

Díez-Picazo y Gullón distinguen las dificultades del problema —determinar si en un caso específico las partes han querido o no constituir un derecho real— y provee el siguiente critero para su solución:

Ahora bien, reconocida la eficacia de la autonomía de la vo-luntad para la creación de los derechos reales,' es claro que tiene que contar con unos límites al igual que los pone la ley en materia de derechos de obligación (art. 1.255). Cuestión dis-tinta es la de resolver si en un determinado supuesto las partes han querido o no la constitución de un derecho real. Entende-mos que si expresamente así lo han manifestado, lo que hay que ver es si se respetan los límites de la autonomía de la voluntad. Pero si lo único que han hecho ha sido la manifesta-ción de unos propósitos empíricos y la instrumentación jurídica adecuada, sin puntualizar que los efectos que se quieren deben ser o no reales, la interpretación ha de ser restrictiva en orden a los efectos reales y favorecedoras de los efectos meramente per-sonales u obligacionales. Es doctrina jurisprudencial reiterada, de aplicación en la órbita de los iura in re aliena, que la propie-dad se presume libre de toda carga, o limitación, y que ha de hacerse uso de una interpretación restrictiva en caso de duda sobre su existencia. (Énfasis suplido.) Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 54.

Procede, pues, examinar desde esta perspectiva el con-trato celebrado entre el causante de los demandantes Maeso y la compradora Doña Haydée.

Contrario a la conclusión del foro sentenciador, a los efectos de que la cláusula vigésimo tercera elevó a catego-ría de derecho real la obligación contraída por la compra-dora en la cláusula décima, nada hay en los términos del contrato que sostenga que esa haya sido la intención de las partes. Dicha cláusula únicamente dispone que los dere-chos y las obligaciones en la escritura continuarían exis-tiendo en cuanto a cualquier cesionario o sucesor en inte-rés de las partes. Se trata de una cláusula genérica cuya referencia es el contrato en su totalidad. Difícilmente puede servir para precisar cuáles de los derechos u obligaciones contraídas por la partes tendrían efectos reales. En esta materia —elevar una obligación a la categoría de derecho real— hemos de insistir en un lenguaje claro y terminante, no ambiguo, susceptible de diversas interpretaciones. No hay una manifestación expresa y clara en la escritura de que el derecho reclamado por los demandantes Maeso, en virtud de la cláusula décima, fuera a tener efectos reales.

En el contexto integral de todo el contrato, el alcance de la cláusula vigésimo tercera era informar a cualquier ce-sionario o sucesor en interés de las partes contrantes que su transmitente tenía una obligación personal contraída a favor del señor Maeso. Era parte del contrato entre la com-pradora original Doña Haydée y cualquier cesionario o su-cesor en interés de ésta. Quienes adquiriesen los intereses de la compradora Doña Haydée en el contrato lo harían considerando esta cláusula, por lo que no podrían oponerse a su efecto mientras estuviese vigente.()

En resumen, estamos ante una situación en la que los solares que habrían de recibir los covendedores eran parte del precio de la compraventa. El pago del precio sólo es una obligación personal en la que incurre el comprador al rea-lizarse una compraventa.

IV

Finalmente, anotamos que la deuda de la compradora Doña Haydée era exigible a partir del mes del otorga-miento de la escritura. Por ser una acción personal, tenía un término prescriptivo de quince (15) años.() Transcu-rrido en exceso, la acción estaba prescrita.()

Por los fundamentos que anteceden, se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) Según la Escritura Núm. 3 otorgada en San Juan ante el notario público Elmer Toro Lucchetti, dos (2) de las codueñas eran incapaces jurídicamente para efectuar el negocio. En la escritura, los vendedores se comprometieron a realizar todo “acto que fuere necesario de cualquier índole para ayudar a la Compradora a obtener judicialmente y por compraventa los condominios adicionales de las incapacitadas

      (2) El Chase Manhattan Bank (Chase) argumenta como errores: (1) determinar que una mención en el Registro de la Propiedad tiene efectos contra terceros; (2) que la obligación de constituir un derecho real es un derecho real y no personal; (3) imponerle la obligación de cumplir con una obligación personal pactada por un pre-decesor en título; (4) que la acción no estaba prescrita; (5) que no eran partes indispensables en el pleito los titulares de porciones de terrenos segregados de la finca sobre la cual se constituyó la obligación personal; (6) que el demandado recurrente era más responsable que otros titulares de cumplir con una obligación personal pac-tada por un predecesor en título, y (7) que el hecho de que el causante de los deman-dantes hubiese seleccionado el predio de terreno deseado no hacía improcedente la demanda.

      (3) En palabras del profesor Vázquez Bote:

        “Así como un gran número de instituciones jurídicas ofrecen a los ojos de la doctrina unanimidad en punto a la determinación de su significado, variando las opiniones y tendencias en orden a circunstancias de carácter secundario, o en conse-cuencias más o menos relevantes pero siempre de orden subsiguiente, existen otras que, por el contrario, ofrecen una inprecisión entre los estudiosos que alcanza incluso el criterio definidor, provocando con ello serias dudas y vacilaciones en cuestiones básicas. Esto es lo que ocurre con el derecho real, que ofrece como problema primario el de la determinación de sus naturaleza jurídica, la fijación de ésta; y no sólo con finalidad sistemática, de distinguir el derecho real de otras figuras jurídicas, sino previamente para saber que es el derecho real (Puig Peña).” E. Vázquez Bote, Tratado teórico práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, New Hampshire, Ed. Equity, 1991, T. VII, pág. 101.

      (4) Este artículo, equivalente al 1462 del Código Civil español, dispone:
      “Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
      “Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.” 31 L.P.R.A. sec. 3811.
      El primer párrafo alude a la tradición real, el segundo a la instrumental. Váz-quez Bote, op. cit., págs. 361-362; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1987, T. 2, págs. 337-338; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. III, págs. 71-72; J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. II, pág. 200.

      (5) La publicidad del registro no se extiende a la obligación plasmada en la cláusula décima. Recuérdese que el Art. 101 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2351, dispone:
      “La publicidad del Registro no se extenderá a la mención de derechos suscepti-bles de inscripción separada y especial. Y tanto dichos derechos como los personales que carezcan de especial aseguramiento no tendrán condición de gravámenes, a ex-cepción de los efectos correspondientes a las condiciones suspensivas y resolutorias inscritas, así como la trascendencia real de las causas que consten explícitamente del Registro sobre la naturaleza y extensión de los derechos inscritos.
      “Los derechos personales que carezcan de especial aseguramiento y las mencio-nes de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, serán cancelados por el registrador de oficio o a instancia de parte interesada.”

      (6) A igual solución arribaríamos si resolviéramos que el Chase “no es cualquier cesionario o sucesor en interés” de la compradora Doña Haydée.

      (7) Este resultado hace innecesario considerar los restantes señalamientos de error.


author: per curiam:

text:
      In re Farinacci García.

      Número: 4299

      Resuelto: 30 de abril de 1993
   per curiam:

Jorge Farinacci García fue admitido al ejer-cicio de la profesión de abogado el 3 de enero de 1974 y prestó juramento como notario el 29 de abril de 1974.()

El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Connecticut nos notificó, a través de nuestra Secretaría General, sobre una sentencia criminal recaída en contra del li-cenciado Farinacci García en esa jurisdicción el 14 de julio de 1992 —Caso Núm. H-85-50-06— por la comisión de de-litos graves (transportación al extranjero de dinero robado y conspiración).

Considerada la naturaleza de dicha convicción, en vir-tud de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), y en nuestra facultad inherente para reglamentar la profesión de abogado, se decreta su suspen-sión inmediata del ejercicio de la abogacía y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autoriza-dos para ejercer en esta jurisdicción. In re Rúa Cabrer, 132 D.P.R. 431 (1992); In re Ríos Ruiz, 129 D.P.R. 666 (1991); In re Dalmau Gómez, 122 D.P.R. 360 (1988); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); In re Zamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987); In re Malavé Ortiz, 119 D.P.R. 492 (1987); In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Alonso Alonso no intervinieron.

      (1) Renunció voluntariamente a la notaría, según surge de nuestra Resolución de 18 de noviembre de 1992.


text:
      In re Roberto José Maldonado Rivera.

      Número: 2923

      Resuelto: 30 de abril de 1993
   per curiam:

El abogado Roberto José Maldonado Rivera ejerce su profesión en esta jurisdicción, desde que fuera admitido por este Tribunal el día 7 de junio de 1967.

El Secretario General de este Tribunal ha traído, ante nuestra consideración, una comunicación del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito del estado de Connecticut, Estados Unidos de América, en la cual se informa que el mencionado Roberto José Maldonado Rivera fue convicto del delito de “conspiración” (delito grave) en dicho foro judicial, 18 U.S.C. Sec. 371, y sentenciado a sufrir la pena de cinco (5) años de prisión en una institución penal federal.

Considerada la naturaleza de dicha convicción, atendi-das las disposiciones de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735) y nuestra facultad inherente para reglamentar la profesión de abogado, se decreta su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía y se or-dena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer en esta jurisdicción. In re Rúa Cabrer, 132 D.P.R. 431 (1992); In re Ríos Ruiz, 129 D.P.R. 666 (1991); In re Dalmau Gómez, 122 D.P.R. 360 (1988); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); In re Zamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987); In re Malavé Ortiz, 119 D.P.R. 492 (1987); In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Alonso Alonso no intervinieron.


author: PER curiam: Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

text:
      In re Wilfredo Rodríguez Mercado, querellado.

      Número: CP-90-27

      Resuelto: 30 de abril de 1993

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Procuradora General Interina, José Roberto Vega Díaz e Iván F. Fuster, Procuradores Generales Auxiliares, aboga-dos de El Pueblo; Víctor M. Ramírez, Comisionado Especial; Wilfredo Rodríguez Moreno, pro se.

   PER curiam:

HH

El 28 de julio de 1988 la Sra. Alice López presentó, en la Oficina del Procurador General, una queja por conducta profesional contra el Ledo. Wilfredo. Rodríguez Mercado.

En síntesis, la querellante informó que había contra-tado los servicios profesionales del querellado para que le preparara unas escrituras y lograra su correspondiente inscripción; que le había pagado por los servicios contrata-dos; que habían transcurrido 5 años, y que a pesar de múl-tiples gestiones con el abogado, a la fecha de la presenta-ción de su queja ante la Oficina del Procurador General, el querellado no le había entregado las copias certificadas de las escrituras. Alegó la querellante que el licenciado Rodrí-guez Mercado le ofreció información falsa al decirle que las escrituras habían sido presentadas ante el Registro de la Propiedad y que estaban en vías de ser inscritas.

La Oficina del Procurador General notificó al querellado de la queja en su contra. El 19 de septiembre de 1988, éste le contestó que había presentado, ante el Registro de la Propiedad, las escrituras objeto de la queja y que la quere-llante podía pasar por su oficina a buscar copias simples de éstas y los boletos de presentación. Dicha información, a su vez, fue comunicada a la querellante por el Procurador General el 9 de marzo de 1989. Se le recomendó a la quere-llante que obtuviera del querellado los correspondientes boletos de presentación y recogiera personalmente las es-crituras en el Registro de la Propiedad o investigara su status en dicho Registro.

Alegadamente la querellante, entonces, intentó comuni-carse con el licenciado Rodríguez Mercado en numerosas ocasiones, resultando infructuosas todas sus gestiones. Fi-nalmente, la secretaria del querellado le informó que en su oficina no había boletos de presentación, ya que las escri-turas en cuestión no habían sido presentadas.

El 17 de noviembre de 1989, la Oficina del Procurador General solicitó a este Tribunal que en vista de los hechos anteriormente narrados se ordenara al abogado querellado cumplir a la mayor brevedad posible con las gestiones a él encomendadas e informar a la querellante el resultado de las mismas.

Visto el informe del Procurador General, emitimos una Resolución el 14 de diciembre de 1989 ordenándole a dicho funcionario presentar una querella que contuviera los co-rrespondientes cargos contra el referido abogado.

El 9 de enero de 1990 el Procurador General Interino presentó una querella contra el Ledo. Wilfredo Rodríguez Mercado, en la cual se le imputaron al querellado los si-guientes cargos:

Cargo I y II
El Ledo. Wilfredo Rodriguez Mercado actuó en forma impro-pia y antiética en su relación profesional con la Sra. Alicia Ló-pez cuando, luego de contratársele para la preparación, autori-zación e inscripción de una escritura, de haber cobrado por las antes mencionadas gestiones y haber transcurrido, al presente, en exceso de siete (7) años, aún no ha realizado las gestiones para las que fuera contratado, ni ha mantenido informada a su cliente de su disposición o falta de disposición para realizar su encomienda, acción que viola el canon 18 y el canon 19, respec-tivamente, de los de Etica Profesional.
Cargo III
El Ledo. Rodríguez Mercado también violó el canon 26 de los de Etica Profesional al ofrecer información falsa a su cliente y a esta Oficina conducente a establecer que las gestiones enco-mendadas estaban en proceso de ser concluidas, información cuya falsedad fuese posteriormente corroborada, todo ello con la intención de que fuese desatendido el asunto de referencia. Querella, pág. 1.

El querellado contestó la querella el 7 de febrero de 1990, negando que hubiese violado canon alguno.()

El 7 de marzo de 1990 designamos al Ledo. Alfonso L. García Martínez como Comisionado Especial para enten-der en este caso, quien, mediante orden de 14 de enero de 1990, señaló para el 1ro de agosto de 1990 una conferencia con antelación a la vista del caso. Posteriormente, dicha conferencia fue suspendida y los abogados de las partes sometieron un informe de conferencia entre abogados.

En vista del delicado estado de salud del licenciado Gar-cía Martínez, el 16 de octubre de 1990 designamos al Ledo. Víctor Ramírez Morell como Comisionado Especial para que continuara con los procedimientos del caso.

Durante la conferencia con antelación a la vista, cele-brada el 27 de diciembre de 1990, se discutió el informe de conferencia entre abogados y una moción que había pre-sentado el Procurador General el 7 de diciembre de 1990, para solicitar enmiendas a dicho escrito. Las partes acor-daron estipular la prueba documental adicional según so-licitó el Procurador General.

El querellado informó haber contratado los servicios de un abogado como su representante legal, y se le concedie-ron 10 días para notificar nombre y dirección del abogado. Se señaló una vista, para la querella en su fondo, para el 25 de febrero de 1991.

Llegado ese día, se celebró la vista de la querella en su fondo. Prácticamente, toda la prueba documental fue ad-mitida y estipulada por las partes.

Durante la vista, declararon bajo juramento, y fueron contrainterrogados, la Sra. Alice López Goitía, por la que-rellante, y la Sra. María E. Aponte y el Ledo. Wilfredo Ro-dríguez Mercado, por el querellado.

Considerada la prueba testifical presentada durante la vista del caso y examinada la prueba documental, el 21 de agosto de 1991 el Comisionado Especial presentó ante nos su informe, que en lo pertinente contiene las siguientes determinaciones de hecho:

[1.] Para enero de 1983, luego de haber fallecido la [Sra. Amparo Goitía Torres,] madre de [la Sra. Alice López,] ésta requirió los servicios del querellado para la preparación, otorgamiento e inscripción en el Registro de la Propiedad, de los siguientes documentos:
a) Escritura de cesión de participación en sociedad legal de gananciales y usufructo viudal.
b) Escritura de cesión derechos hereditarios y acciones.
c) Instancia al Registrador de la Propiedad, solicitando la inscripción de la sentencia declaratoria de los herederos de Am-paro Goitía Torres.
d) Los mencionados documentos legales fueron otorgados: el primero, el 19 de enero de 1983, el segundo el 28 de agosto de 1986, y el tercero el 28 de enero de 1988, todos ante el [n]otario querellado.
[2.] La querellante pagó al [n]otario querellado la suma de $700.00 el 20 de mayo y el 28 de agosto de 1986.
[3.] Los ... documentos ante[s] mencionados no fueron presentados para [ser] inscri[tos] en el Registro de la Propiedad sino hasta el 7 de diciembre de 1989, o sea seis años once meses luego de otorgarse el primer documento.
[4. Luego de]l otorgamiento de los documentos, la quere-llante trató de comunicarse con el querellado en varias ocasio-nes y no logr[ó] conseguirlo. Solamente lograba comunicarse con la [s]ecretaria del [n]otario, quien le informaba que el [licenciado] Rodríguez Mercado no estaba disponible. La quere-llante le dej[ó] mensaje[s] al querellado y nunca recibió llamada alguna.
[5.] La querellante, al verse imposibilitada de comunicarse con el querellado [para solicitarle] información sobre la inscripción de los tres documentos legales [aludidos], decidió presentar querella ante el Procurador General de Puerto Rico, quien posteriormente, y luego de investigar las alegaciones de la querellante, radicó la presente querella ....
[6.] El día 1ro de septiembre de 1988 la Oficina del Procurador General... [le informó] al Ledo. Wilfredo Rodríguez Mercado que la Sra. Alice López había presentado ante ... su Oficina una queja alegando que el querellado no había cumplido con el contrato de servicios profesionales convenido con ella.
[7.] El 19 de septiembre de 1988 el querellado envió una comunicación al Procurador General informándole que los documentos legales a que hacía referencia la señora López, habían sido presentados en el Registro de la Propiedad de Bayamón. A su vez indic[ó] que la señora López podía pasar por la Oficina a buscar copia simple de los documentos y los boletos de presentación. Esta información provista por el querellado al Procurador General es incorrecta. Los documentos fueron presentados al Registro de la Propiedad el 7 de diciembre de 1989, casi un año después.
[8.] El 9 de marzo de 1989, el Procurador General ... envió carta a la querellante, Sra. Alice López, informándole lo expre-sado por el [n]otario querellado sobre la presentación de los documentos [sic] en el Registro de la Propiedad, y que podía acudir a la [o]ficina del [n]otario a recoger los boletos de presentación.
[9.] El 12 de abril de 1989 la querellante, Alice López, [le informó] al Procurador General que siguiendo las instrucciones contenidas en la carta del 9 de marzo de 1989, acudió a la [o]ficina del [n]otario querellado para que le entregara los boletos de presentación y poder retirar los documentos del Registro de la Propiedad. [L]a querellante [alegó] que gestionó tres citas con el notario por [medio] de su secretaria y [que] en [ninguna de esas] tres ocasiones ... pudo hablar o ver al [querellado. Esta información le fue comunicada al querellado el 8 de agosto de 1989, por la oficina del Procurador General].
[10.] El 23 de agosto de 1989 la querellante ... [le] escribió ... nuev[amente] al Procurador General [y le] infor[mó] que hasta esa fecha no había logrado comunicación con el Ledo. Wilfredo Rodríguez Mercado, y que la [s]ecretaria del [n]otario le había informado que no había boleto de presentación alguno en su poder, ya- que los documentos no habían sido presentados en el Registro de la Propiedad.
[11.] Posteriormente, el Procurador General requirió del Registro de la Propiedad, [s]ección [s]egunda de Bayamón, información sobre la[s] present'acione[s], si alguna, que se verificaron durante el per[í]odo comprendido del 29 de enero de 1988 hasta el 28 de febrero de 1988, con referencia a la propiedad envuelta en el problema, certificando el Registrador de la Propiedad que de sus diarios de presentación de [dichos] días ... no aparecía inscrito documento alguno ... relacionado] a la ... propiedad [en cuestión],
[12.] De la prueba documental presentada y estipulada, surge que los tres documentos legales descritos anteriormente fueron presentados al Registro de la Propiedad, [s]ección [s]egunda de Bayamón, el 7 de diciembre de 1989, por lo que la información ofrecida por la [secretaria del [n]otario querellado a la querellante, Alice López, era errónea. También era errónea la información ofrecida por el [n]otario querellado al Procurador General ... en su carta ... de 19 de septiembre de 1988.
[13.] El querellado confió en su secretaria, Sra. María E. Aponte, delegando en ella la responsabilidad de presentar los documentos legales de la querellante al Registro de la Propiedad y no verificó posteriormente dentro de un tiempo razonable si la gestión se había realizado.
[14.] La Sra. María E. Aponte admitió bajo juramento durante la vista, su error y su olvido al no presentar los documen-tos en el Registro de la Propiedad dentro de un término razo-nable, proveyendo información errónea al querellado.
[15.] El querellado bajo juramento durante la vista, admitió que era su responsabilidad como notario cualquier error, acción u omisión de su secretaria en gestiones ante el Registro de la Propiedad.
[16.] El querellado no cumplió con su deber de realizar diligentemente las gestiones que la querellante le encomendó, confiando erróneamente en su secretaria.
[17.] Es impropio del querellado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones negligentes en su gestión profesional que le encomendara su cliente, la Sra. Alice López Goitía. Informe y determinaciones de hechos, págs. 4-8.

HH HH

Luego de examinar el informe rendido por el Comisionado Especial y la prueba documental que obra en autos, concluimos que el querellado incurrió en conducta impropia y antiética al faltar a su deber de diligencia hacia su cliente y a su deber de mantenerle informado de todo asunto importante relacionado a su caso. Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.()

Las razones que adujo el licenciado Rodríguez Mercado para justificar el incumplimiento de dichos deberes son in-suficientes para eximirlo de ser sancionado.

Como bien señaláramos en In re Porrata-Doria Harding, 128 D.P.R. 416, 418 (1991), “[e]n todas sus fases, la práctica de la notaría es una gestión de mucho esmero y cuidádo; sobre todo, es de carácter intransferible y personal”.

En vista de que el Ledo. Wilfredo Rodríguez Mercado había delegado en su secretaria la responsabilidad de presentar ciertos documentos en el Registro de la Propiedad, era su deber supervisar a dicha empleada de manera que ésta realizara la gestión encomendada diligentemente. No fue hasta que el licenciado Rodríguez Mercado recibió las comunicaciones escritas de la Oficina del Procurador General que se ocupó de verificar el status del caso y se enteró de que su secretaria no había podido presentar los documentos en cuestión al Registro de la Propiedad..

Por las razones anteriormente expuestas y examinados los cargos formulados contra el Ledo. Wilfredo Rodríguez Mercado, se disciplina al notario querellado ordenándose su separación del ejercicio de la notaría por el término de seis meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió me-diante opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió mediante opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Opinión disidente del Juez

Asociado Señor Negrón García.

I

“Los principios deontológicos siguen palideciendo.” In re Ocasio Arriaga, 132 D.P.R. 61 (1992), opinión disidente. En esta ocasión, con referencia al ejercicio fiel, diligente y res-ponsable de la notaría, que es de carácter intransferible. La leve sanción disciplinaria impuesta no guarda propor-ción con la gravedad de las faltas.

Se admite que los tres (3) instrumentos notariales otor-gados por el querellado Rodríguez Mercado no fueron pre-sentados para su inscripción en el Registro de la Propiedad hasta el 7 de diciembre de 1989, es decir, seis (6) años once (11) meses después del primero. También, que las gestio-nes de la Sra. Alice López Goitía para comunicarse con el notario Rodríguez Mercado fueron infructuosas. Aún des-pués que se quejó a través de la Oficina del Procurador General, no pudo obtener los boletos de presentación de tales instrumentos pues, contrario a lo informado por el querellado, no habían sido presentados.

Obviamente el notario falló en el deber que tenía como mandatario de su cliente. P. Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, pág. 403. Lo ocurrido denota una negligencia inexcusable y una falta de supervisión sobre el personal clave secretarial, que sirve de auxiliar en el descargo de sus funciones notariales. Si verdaderamente vamos a exigir que la práctica notarial sea de excelencia, no podemos promover semejante laxitud. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). Los errores de las secretarias de un notario no constituyen defensas. In re Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990).

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Por entender que la sanción impuesta al Ledo. Wilfredo Rodríguez Mercado es demasiado laxa, disentimos.

Del informe del Comisionado Especial se desprende que el abogado no solamente se tardó casi siete (7) años en presentar unos documentos en el Registro de la Propiedad, sino que suministró información falsa al Procurador General sobre las gestiones realizadas para cumplir con sus de-beres éticos hacia su cliente.

Para el 1ro de septiembre de 1988, cuando el querellado recibió la primera carta de la Oficina del Procurador General en que se le informaba de la queja presentada en esa oficina por su cliente, y requiriéndole que expresara su po-sición por escrito en torno a ésta, ninguno de los tres (3) documentos, para cuya tramitación fue contratado el que-rellado, había sido inscrito en el Registro de la Propiedad() De hecho, los documentos no fueron presen-tados sino hasta el 7 de diciembre de 1989, más de un (1) año después del primer requerimiento de la Oficina del Procurador General.

Sin embargo, el 19 de septiembre de 1988 el querellado escribió a la Oficina del Procurador General y le aseveró que los documentos en cuestión sí habían sido presentados al Registro de la Propiedad para su inscripción. Esa aseve-ración era falsa y ocasionó perjuicio a su cliente, quien hizo numerosas gestiones infructuosas para comunicarse con el querellado y obtener los boletos de presentación correspon-dientes, que en realidad no existían.()

Ante las circunstancias particulares del caso de autos, no podemos permitir que el abogado incumpla con sus obli-gaciones éticas amparándose en la excusa de que su secre-taria fue la responsable de no presentar los documentos en el Registro de la Propiedad dentro de un término razonable. La indiferencia y el descuido del querellado en torno a los intereses de su cliente demostró un grave me-nosprecio de sus deberes como abogado bajo los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véanse: In re Rosario, 116 D.P.R. 462, 467 (1985); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 844 (1982).

Esos deberes y las responsabilidades que acaecieron no pueden abdicarse tan livianamente como pretende el querellado. La responsabilidad última de la tramitación de los asuntos de un cliente la lleva el abogado. Tampoco po-demos ignorar que el notario suministró información falsa a su cliente sobre las gestiones realizadas ante el Registro de la Propiedad, y así relevarlo de sus obligaciones de man-tener a su cliente informada del desarrollo del caso. Al pro-veer información falsa a su cliente sobre el caso encomen-dado, el abogado incurrió en un incumplimiento craso del Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Por último, el haber suministrado información falsa tanto a su cliente como a la Oficina del Procurador General, es patentemente contrario al decoro y a la honestidad con que debe llevarse la profesión legal, y a todas luces contraviene el Canon 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véanse: In re Ramos y Ferrer, 115 D.P.R. 409 (1984); Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 752, 755 (1974).

Por cuanto antecede, suspenderíamos al querellado del ejercicio de la notaría por el término de un (1) año.

      (1) En el informe de conferencia entre abogados, la parte querellada presentó la teoría siguiente:
      “[Que] la Sra. Alice López [había] contratado] los servicios del querellado para que éste llevara a cabo lo relacionado a petición de declaratoria de herederos de su difunta madre, Doña Amparo Goitía.
      “Una vez terminado el proceso de declaratoria de herederos, se preparó Instan-cia al Registrador de la Propiedad de Bayamón, la cual fue suscrita por la [señora] López el día 28 de enero de 1988.
      “[Que] posteriormente [se envió] a la Sra. María Elena Aponte, secretaria de [la] oficina, a presentar dicho documento al Registro de la Propiedad.
      “[Dado] el tiempo que transcurre en la inscripción de documentos en el Registro de la Propiedad de Bayamón, cuando se nos escribió de la Oficina del Procurador, le informamos que se habían presentado al Registro [e invitamos a la querellante] a que pasara a recoger copia simple de los documentos y copia de los boletos.
      “Cuando le preguntamos a la Sra. Aponte, ésta nos informó que iba a investigar el status de la inscripción. Luego fue que nos informó que recordaba que no la acep-taron en el Registro porque de la misma se desprendía una división de herencia!, por lo que no pudo ser inscrita].” Informe de conferencia entre abogados, pág. 2.

      (2) En lo pertinente, dichos cánones señalan lo siguiente:

        “Canon 18. Competencia del abogado y consejo al cliente

      “Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.

        “Canon 19. Información al cliente

      “El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto im-portante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (1) El primero de los documentos había sido otorgado ante el querellado el 19 de enero de 1983, el segundo el 28 de agosto de 1986 y el tercero el 28 de enero de 1988.

      (2) Para el 12 de abril de 1989, cuando la cliente se vio forzada a acudir nueva-mente a la Oficina del Procurador General ante lo inútil de sus gestiones para re-unirse con el querellado, ya ésta sospechaba que las escrituras nunca se habían presentado. En una tercera carta a esa oficina el 23 de agosto siguiente, ésta informó que la secretaria del querellado le reveló que las escrituras no habían sido presentadas.


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Iraida y Santa Martínez, etc., demandantes, v. Alberto Ramírez Tió, etc., demandado; Angie Arlene Martinez Burgos, peticionaria.

      Número: CE-92-508

      Resuelto: 3 de mayo de 1993

      Raúl Ramos Torres, abogado de la menor peticionaria; Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Laura G. Ydrach Vivoni, Procuradora General Auxiliar.

   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver un asunto que no había sido conside-rado directamente por este Foro antes: ¿Cuándo puede un tribunal declarar nula e inexistente la emancipación de un menor efectuada por concesión de los padres?

r — i

El 21 de abril de 1977 la menor Angie Arlene Martínez Burgos fue compensada mediante sentencia por los daños sufridos por la muerte de su padre, recibiendo la suma de dieciocho mil dólares ($18,000) que fueron consignados en el tribunal de instancia. Desde esa fecha hasta 1989, la menor, por conducto de su madre y con la debida autoriza-ción judicial, retiró fondos anualmente por un total de ocho mil cuatrocientos diez dólares ($8,410). Posterior al 1989, la menor se fue a Estados Unidos a vivir con su abuela por algún tiempo.

El 11 de febrero de 1992, de vuelta ya en Puerto Rico, la menor, quien ya tenía más de dieciocho (18) años, fue emancipada por su madre Ada Iris Burgos mediante escri-tura otorgada ante notario, debidamente registrada. Diez (10) días más tarde, el 21 de febrero de 1992, la menor emancipada, representada por su abogado, presentó ante el tribunal a quo una solicitud de retiro de todo el rema-nente más los intereses de los fondos que tenía consigna-dos en el tribunal, ascendentes a un total de diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos dólares ($19,472). La solicitud aludida fue firmada tanto por la menor como por su madre, conforme a lo dispuesto por el Art. 237 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 915.

El tribunal de instancia refirió la solicitud al Procurador Especial de Relaciones de Familia, solicitando su interven-ción, a pesar de que en Miranda v. Mun. de Barceloneta, 122 D.P.R. 619 (1988), claramente establecimos que un me-nor emancipado puede retirar del tribunal los fondos que tenga consignados allí por concepto de sentencia judicial sin tener que justificar la utilidad o conveniencia del retiro y sin que apliquen las disposiciones del Código de Enjui-ciamiento Civil sobre la autorización judicial para actos referentes a los bienes de menores.

El 31 de marzo de 1992 se celebró una vista judicial relativa a la solicitud de la menor emancipada, a petición del Procurador Especial de Relaciones de Familia. Allí la menor testificó que fue ella quien promovió la emancipa-ción, luego de que su madre le hablara sobre dicho proce-dimiento, a fin de poder retirar los dineros consignados a su nombre, los que necesitaba para sus estudios universi-tarios y su subsistencia. La menor se había graduado de escuela superior con calificaciones sobresalientes.

Mediante Resolución de 23 de junio de 1992, el tribunal de instancia denegó el retiro de los fondos solicitado por la menor emancipada. Distinguió el caso del de Miranda v. Mun. de Barceloneta, supra, aduciendo que en éste lo que se cuestionó fue el retiro .de los fondos, mientras que en el que nos ocupa el asunto era “la validez de la emancipación como tal ...”. Apéndice II, pág. 11. Dicho foro determinó entonces que la emancipación era nula e inexistente “por adolecer de causa lícita, ser contraria al uso y orden pú-blico, ser contraria a la buena fe, y en fraude , al Tribunal”. Id. Razonó el tribunal que la emancipación había sido he-cha para “evadir el tener que recurrir ante el Tribunal con el rigor de una autorización judicial sobre retiro de fondos (id.), y concluyó señalando que “[rjepudiamos la práctica de emancipar menores con el objetivo de evitar y evadir la intervención judicial en este tipo de asuntos” (íd., págs. 11-12).

La joven Angie Martínez acudió en certiorari ante nos impugnando la referida resolución, y el 23 de octubre de 1992 le dimos un término a la Procuradora General para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el recurso solicitado y revocar la aludida resolución del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. La Procuradora General compa-reció brevemente y aceptó que, en su criterio, no procedía que se hubiera referido la solicitud de la menor emanci-pada al Procurador Especial de Relaciones de Familia “ni que se inquiriera sobre los motivos y razones que dieron base a la referida Emancipación debidamente inscrita”. Escrito en cumplimiento de orden, pág. 3. Pasamos a resolver.

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La emancipación es la institución jurídica mediante la cual se libera a un hijo de la patria potestad de sus padres, y se amplía extraordinariamente su capacidad de obrar, adquiriendo la persona un estado intermedio entre la incapacidad del menor de edad y la plena capacidad del mayor de edad. L. Muñoz Morales, Reseña histórica y anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1947, Libro Primero, págs. 657-662; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. 3, Vol. II, pág. 183; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1957, T. II, págs. 741-743; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, Vol. V, pág. 466; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, T. IV, Vol. 2, pág. 255. Es un medio, pues, para adelantar la ca-pacidad de obrar, una anticipación de la mayoría de edad, si bien con ciertas limitaciones. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 8va ed. rev., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, Vol. I, pág. 274; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Edersa, 1978, T. IV, pág. 386.

Conocido es que nuestro Código Civil configura cuatro (4) clases de emancipación, siendo una de ellas la que nos ocupa en este caso: la concedida por el padre o la madre que ejerza la patria potestad. Art. 232 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 901. Véase, también, Miranda v. Mun. de Barceloneta, supra.

La emancipación por concesión del padre o de la madre es un acto discrecional por parte del titular de la patria potestad, que no requiere explicación; es decir, donde el efecto procede de la mera expresión de la voluntad del titular, sin tener que justificar el otorgamiento. Albaladejo, op. cit., pág. 393; Manresa, op. cit., págs. 744-760; C.E. Mascareñas, La emancipación en el Derecho puertorriqueño, 7 (Núm.8) Rev. Der. Pur. 45, 48 (1963); Puig Peña, op. cit., págs. 465-466. Aunque esta modalidad de la eman-cipación necesita como requisito para su eficacia el consen-timiento o la anuencia del menor, no se trata de un con-trato sino de un negocio jurídico unilateral, del tipo familiar. F. De Castro y Bravo, Derecho Civil de España, Madrid, Inst. Estudios Políticos, 1952, T. II, págs. 207-214; E. Menéndez, Lecciones de Derecho de Familia, España, Ed. Universitaria, 1976, pág. 102; Mascareñas, supra, págs. 47-48.

La doctrina civilista es unánime en cuanto a los requisitos de validez de la emancipación por concesión del padre o de la madre. Los requisitos en cuestión son cuatro (4), y solamente cuatro (4), a saber:

(1) que la otorgue quien tenga la patria potestad;
(2) que el menor tenga dieciocho (18) años cumplidos;
(3) que el menor consienta, y
(4) que la concurrencia de las dos (2) declaraciones de voluntad conste ante notario público. Véanse: Albaladejo, op. cit., pág. 394; Puig Peña, op. cit., pág. 468; Q.M. Scae-vola, Código Civil, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1893, T.V, pág. 582; Manresa, op. cit., págs. 757-758; Espín Cánovas, op. cit., pág. 276; Puig Brutau, op. cit., págs. 260-261; Muñoz Morales, op. cit., págs. 265-268; Mascare-ñas, supra, págs. 48-51. Véase, también, Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914 (1967).

La emancipación por concesión del padre o de la madre que no cumpla con estos cuatro (4) requisitos carece de validez y es anulable. Si cumple con ellos, la emancipación es enteramente válida y no puede ser anulada judicial-mente por razón alguna.

Para que tenga efecto contra terceros, también se requiere que la emancipación aludida deba anotarse en el Registro Demográfico. Travieso v. McCormick, 54 D.P.R. 328 (1939); Córdova v. Registrador, 55 D.P.R. 739 (1939); Art. 233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 911.

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A la luz de los esenciales principios antes señalados, es evidente que el tribunal de instancia erró al decretar la nulidad de la emancipación de Angie Arlene Martínez Burgos. Esa emancipación cumplía cabalmente con los cuatro (4) requisitos aludidos antes, que determinan su validez. Aún si hubiese sido indudablemente cierto que el único motivo de la madre con patria potestad para emancipar a su hija, y el de ésta al consentir, fue evitar acudir al tribunal cada vez que necesitaban retirar fondos, ello no le daba autoridad al tribunal para invalidar la emancipación. Hemos reconocido que el interés del menor está revestido en nuestra jurisdicción del más alto interés público y que los tribunales, en protección de ese interés y en el ejercicio del poder de parens patriae, tienen amplias facultades y discreción. Ortiz v. Vega, 107 D.P.R. 831 (1978); Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985). Pero esas facultades no son absolutas, Fernández v. Martínez, 59 D.P.R. 548 (1941), y ciertamente no llegan al extremo de permitirle a un tribunal obviar el claro mandato de la ley y de la doc-trina, como sería en este caso la acción de anular una emancipación enteramente válida.

Nótese que uno de los efectos indiscutibles de la emancipación es precisamente el de dotar al emancipado de la facultad de administrar sus bienes con independencia de terceras personas. Manresa, op. cit., págs. 764 — 765. En Miranda v. Mun. de Barceloneta, supra, interpretamos que esta facultad incluye la de poder “retirar sin limitación alguna los fondos consignados en el tribunal”. En vista de esto, es un contrasentido considerar que una emancipación es nula porque se hace con el propósito de lograr libremente el retiro de fondos consignados en un tribunal. No tiene lógica jurídica alguna decidir que es ilegal un acto jurídico porque se realiza para lograr precisamente uno de los efectos u objetivos de ese acto. Más aún, la determinación del tribunal de instancia tiende a soslayar y a dejar sin efecto práctico nuestra decisión en Miranda v. Mun. de Barceloneta, supra, cosa que claramente rebasa la autoridad del tribunal de instancia. Da la impresión de que dicho foro trató de circunvenir lo que allí determinamos.

Por las razones antes expuestas, resolvemos que la deci-sión del tribunal de instancia en el caso de marras fue cla-ramente “ultra vires”, por lo cual se dictará sentencia revo-cándola, y se ordenará la entrega inmediata de los fondos consignados.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió mediante opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

La opinión que emite una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso nos hace recordar el término “camisa de fuerza”; término que pensábamos era única-mente aplicable en el campo de la siquiatría. La norma hoy implantada por el Tribunal no sólo hace añicos el poder de parens patriae que tiene el Estado en casos de menores de edad, ejercitado el mismo a través de los tribunales, sino que socava ía facultad discrecional que tradicionalmente le hemos reconocido a los jueces en esta clase de situaciones; ello en loable protección de los intereses de los menores.

El Tribunal, con la extraña cooperación de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,( ) establece “un sis-tema automático”, o prima facie, de cotejo de los requisitos exigidos en este tipo de situación; sistema que tendrá el perjudicial efecto de inhibir a los jueces de instancia de ejercer su facultad discrecional en protección de los intere-ses de los menores.

En fin, la norma jurisprudencial hoy implantada por el Tribunal es una que erróneamente restringe, o reduce al mínimo, la función judicial en casos de esta índole; casos que están revestidos del más alto interés público.

      (1) Resulta, cuando menos, sorprendente la posición que respecto al presente caso ha asumido la oficina del Procurador General de Puerto Rico, según la misma se reseña en la-opinión mayoritaria.