author: Juez Presidente, Señor Trías Monge,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Confesor Hernández de Jesús, acusado y apelante.

      Número: CR-76-210

      Resuelto: 31 de mayo de 1977

      Rafael S. Fuentes Rivera, abogado del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El Ministerio Público acusó al apelante de violar la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. see. 2101 y ss., por poseer, transportar y ocultar y distribuir marihuana. Convicto el apelante, se le sentenció a cumplir de cinco a siete años de presidio por el delito de posesión, igual condena por el delito de transpor-tación y ocultación y de cinco a nueve años por el cargo de distribución. Se dispuso que las penas se cumplieran con-currentemente en libertad a prueba.

La prueba de cargo consistió del testimonio de un agente encubierto de la policía. Para el 27 de marzo de 1974 dicho agente visitó a un antiguo conocido, Miguel Tollens Aquino, coacusado en esta causa, a quien había observado anterior-mente junto a otras personas relacionadas con el tráfico de drogas. Le preguntó a Tollens si tenía marihuana. Le respon-dió que no, pero que podía llevarlo adonde un amigo. Fueron a verlo, estacionaron el automóvil cerca de un negocio y Tollens le dijo al agente que aguardase mientras él hablaba con su amigo. Regresó poco después y le explicó al agente que el acusado podía venderle una cuarta de marihuana por ciento diez dólares. El agente aceptó y luego salió el apelante, sacó de la cintura una bolsa y la dejó sobre una baranda cerca del negocio. Tollens recogió el paquete de marihuana, se lo entregó al agente y éste pagó la suma convenida.

El apelante sostiene que la prueba desfilada es insufi-ciente para justificar su convicción. Hemos examinado la transcripción de la prueba, la que añade detalles al resumen que antecede, y hallamos que la misma cumple con los crite-rios que expusimos en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 878 (1974) y Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 708 (1966). Véase: Valldejuly Pérez, I. R., El agente encubierto y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev. Jur. U.P.R. 141, 145-154 (1975).

Otros planteamientos del apelante en torno a este único señalamiento de error son igualmente inmeritorios.

Se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez

Presidente, Señor Trías Monge, disiente en opinión separada a la cual se unen los Señores Jueces Asociados Díaz Cruz e Irizarry Yunqué.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

a la que se unen los Jueces Asociados, Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1977

Los hechos se expresan en la sentencia del Tribunal. Existe una cuestión en este caso, no discutida por las partes, que merece consideración ulterior. ¿Fue válida en las circuns-tancias descritas la imposición de tres condenas separadas? El análisis de esta cuestión exige adentrarse en la llamada teoría del concurso.

Antes de proceder importa resolver si este Tribunal puede considerar el asunto motu proprio. El Art. 44 del Código Penal de 1937, 33 L.P.R.A. sec. 90, vigente a la fecha de los hechos, dispone, en parte, que “Un acto u omisión penable de distintos modos por distintas disposiciones de este Código, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones, pero en ningún caso bajo más de una. . . .” () Dicho Art. 44 es básicamente una traducción del Art. 654 del Código Penal de California. () En dicho estado se ha decidido repetidamente que los tribunales pueden y deben examinar si se ha cumplido el vital mandato que las referidas disposi-ciones contienen, se haya o no planteado esta cuestión en etapa alguna del proceso. People v. Isenor, 94 Cal. Rptr. 746, 754 (App. 1971); People v. Solo, 86 Cal. Rptr. 829, 834 (App. 1970); People v. Richardson, 85 Cal. Rptr. 607, 613 (1970); People v. Jackson, 331 P.2d 218, 223 (App. 1958). Hallamos persuasiva la jurisprudencia de California sobre este extremo y consideramos que los tribunales tienen la obligación, aun-que haya mediado inacción de las partes, de velar por el de-bido cumplimiento del referido principio de nuestro ordena-miento penal.

La teoría del concurso es de antigua estirpe. Se le ha analizado extensamente en diversos sistemas de derecho. La literatura romanogermánica sobre el tema es abundantísima. Jiménez de Asúa, L., Tratado de Derecho Penal, Tomo II, 2a ed., Buenos Aires, 1950, págs. 534-535. El propio Código Penal de 1879 para las Islas de Cuba y Puerto Rico trataba en modo más amplio la teoría del concurso que nuestros códi-gos penales posteriores, estableciendo normas para situacio-nes no consideradas actualmente. () Su Art. 88 guardaba estrecha relación teórica con la legislación californiana que luego se adoptó aquí. Dicho artículo disponía que cuando “un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando el uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro . . . sólo se impondrá la pena correspondiente al delito más grave, apli-cándola en su grado máximo.” () El artículo anteriormente citado del Código Penal de California muestra de hecho la huella del pensamiento civilista. Los conceptos de éste son de decidido valor para el análisis del enfoque californiano, () si bien su terminología y muchos conceptos difieren conside-rablemente.

El Art. 654 del Código Penal de California ha sufrido cambios de interpretación extensos. Originalmente se enten-día que la prohibición de imponer penas múltiples se limitaba a cuando un delito está comprendido dentro de otro, o cuando para cometer éste hay necesariamente que cometer aquél. McKissack, Recent Developments in the Criminal Law: The Included Offense Doctrine in California, 10 U.C.L.A. L. Rev. 870, 883-887 (1963); Note, Double Jeopardy v. Double Punishment — Confusion in California, 2 San Diego L. Rev. 86, 94 (1965). Hace años que esta primitiva doctrina cesó de ser ley en California. People v. Kehoe, 204 P.2d 321, 322, cert. denegado, 338 U.S. 834 (1949); People v. Knowles, 217 P.2d 1, 8, cert. denegado, 340 U.S. 879 (1950). Según se ex-pone en estas decisiones y se desprende de la propia letra del estatuto, lo determinante es la unicidad del acto. A tal con-clusión se ha llegado también en Nueva York y Minnesota bajo leyes análogas. People v. Repola, 117 N.Y.S.2d 283, 288 (1953), confirmado, 113 N.E.2d 42; People v. Savarese, 114 N.Y.S.2d 816-835, 836 (County Ct. 1952); State v. Prudhomme, 228 N.W.2d 243 (Minn. 1975); State v. Krampotich, 163 N.W.2d 772 (Minn. 1968).

Como resultado de este análisis se descartó en California la llamada doctrina de Blockburger () o criterio de la misma prueba. Véase la opinión concurrente en Pueblo v. Braun, 105 D.P.R. 890 (1977). Bajo esta doctrina, si la misma prueba basta para condenar por dos o más delitos, existe en realidad un solo delito, mas si un delito exige algún elemento de prueba distinto a la requerida para la comisión de otro, se trata de delitos múltiples, condenables separadamente. Se advertirá que esta doctrina es relevante únicamente si el centro de la escena lo ocupa el esfuerzo por determinar la singularidad o pluralidad de delitos. Tan pronto se resolvió en California que el factor preeminente es la unicidad del acto, se abandonó a Blockburger. ()

Estos desarrollos culminaron en el caso clave de Neal v. State, 357 P.2d 839 (Cal. 1960). Neal establece que el tér-mino “acto”, según se emplea en el Art. 654 del Código Penal de California, comprende no sólo un acto físico único sino también, en determinadas circunstancias, un curso de acción. Expresó a continuación el Juez Traynor la norma de Neal:

“El hecho de si un curso de conducta es divisible y en con-secuencia produce más de un acto a la luz del artículo 654 de-pende de la intención y el objetivo del autor. Si todos los delitos sirven un solo propósito, puede castigarse al acusado por cual-quiera de ellos, pero no por más de uno.” 357 P.2d 839, 843-844. (Traducción nuestra.)

La doctrina de Neal no opera, según se aclara en el propio caso y en decisiones posteriores, cuando el acto genera más de una lesión. () People v. Braun, 106 Cal. Rptr. 56, 71-72 (App. 1973).

A pesar de críticas que se le han formulado, Schneider, Penal Code Section 65J¡,: The Prosecutor’s Dilemma, 17 Hastings L.J. 53 (1965); McKissack, Recent Developments in the Criminal Law: The Included Offense in California, 10 U.C.L.A. L. Rev. 870, 886-887 (1963), la norma de Neal goza hoy de buena salud. In re Adams, 536 P.2d 473, 476 (Cal. 1975); People v. Bauer, 461 P.2d 637, 642 (Cal. 1969), cert. denegado, 400 U.S. 927; People v. Bailey, 113 Cal. Rptr. 514, 518 (App. 1974).

En una etapa del pensamiento anterior a Neal, sin embargo, y con más razón después de Neal, la regla en California ha sido por largo tiempo que en los casos usuales de viola-ción a las leyes sobre sustancias controladas, el delito de po-sesión está incluido en el de transportación y ambos en el de venta. Así se resolvió en People v. Clemett, 280 P. 681 (1929), en que la prueba de posesión y transportación des-filada fue únicamente la incidental a la venta, y en muchos casos posteriores. Véanse: People v. Roberts, 254 P.2d 501, 505 (1953) (opinión unánime emitida por el autor de la opinión disidente en Neal); People v. Francis, 450 P.2d 591, 595-596 (1969); People v. Solo, 86 Cal. Rptr. 829, 834 (App. 1970); People v. Richardson, 85 Cal. Rptr. 607, 613 (App. 1970).

En González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 143-144 (1971), adoptamos la norma de Neal. Allí dijimos:

“Está aceptado por la jurisprudencia del estado de origen, que el concepto ‘acto u omisión’ a que se refiere el artículo no debe circunscribirse al sentido literal de la expresión, esto es, no necesariamente es el acto que denota una actuación específica sino que puede ser un curso de conducta con un objetivo y propósito determinado. Tampoco está limitada su aplicabilidad a delitos que están incluidos o son parte o ingrediente de otros.”

Más adelante en dicha opinión nos referimos a las palabras ya citadas del Juez Traynor en Neal.

Bastaría lo expresado para la anulación en este caso de las sentencias impuestas por los delitos de poseer y de trans-portar y ocultar marihuana. Ello procede aun bajo la teoría de Clemett. La prueba presentada aquí para sostener las condenas por dichos dos delitos fue la necesariamente incidental para demostrar la venta. Bajo González, que repre-senta un enfoque más avanzado, se llega también a la misma conclusión. El autor perseguía claramente un solo objetivo: la venta al confidente. Se violó en consecuencia el Art. 44 del Código Penal de 1937, por lo que conforme a la doctrina pre-valeciente, deben anularse las penas impuestas, mas no las convicciones, por los dos delitos menores y validar la condena por la distribución de marihuana. In re Adams, supra; People v. Díaz, 427 P.2d 505, 508 (1967); In re McGrew, 427 P.2d 161, 163 (1967); In re Ponce, 420 P.2d 224, 225-226 (1966), cert. denegado, 386 U.S. 1012; () People v. McFarland, 376 P.2d 449 (1962); People v. Jones, 27 Cal. Rptr. 429 (1963). Comment, Double Jeopardy v. Double Punishment — Confusion in California, 2 San Diego L. Rev. 86, 97 (1965).

La interpretación efectuada hasta ahora del Art. 44 hace innecesaria la consideración en términos constitucionales del resultado de imponer múltiples penas por el mismo acto. En González señalamos ya, no obstante, la tendencia existente en varios estados desprovistos de legislación comparable a la nuestra de resolver que es anticonstitucional la imposición de múltiples sentencias por un solo acto u omisión. Whitton v. State, 479 P.2d 302 (Alaska 1970); State v. Ahuna, 474 P.2d 704 (Hawaii 1970); Heldenbrand v. Mills, 476 P.2d 375 (Okla. 1970).

Si bien lo anterior sería aparentemente suficiente para la decisión del caso, debemos discutir brevemente algunos as-pectos de la teoría del concurso en los derechos romanogermá-nicos, ya que dicho ejercicio nos lleva a una elaboración ulterior de la doctrina de González. Corresponde emprender esta labor, en vista de que dichos derechos constituyen la base en este campo de la legislación californiana y de la nuestra.

Se distingue en los derechos romanogermánicos entre el concurso ideal y el real (muchos autores diferencian además entre concurso o conflicto de delitos, penas y leyes). Existe usualmente el conflicto ideal cuando con un solo pensamiento criminoso y un solo acto se ocasionan diversas violaciones jurídicas. El concurso real, el verdadero concursus délic-tuorum, se da generalmente cuando el mismo autor realiza varias acciones encaminadas a fines distintos y que ocasionan infracciones totalmente independientes las unas de las otras. Puig Peña, Derecho Penal, 5a ed., Tomo II, vol. 2o, Barcelona, 1959, págs. 307 y 310; Silving, Helen, Criminal Justice, 1971, vol. 1, pág. 516 et seq. El caso de autos representa un ejemplo de concurso ideal.

La determinación de la unidad o pluralidad de los actos es vital para precisar la naturaleza del concurso y activar mandatos como el que encierra el Art. 44. Los criterios utili-zados en Neal para realizar dicha determinación son princi-palmente, como hemos visto, de orden fáctico. En los derechos romanogermánicos se va más allá. Se atiende en éstos no sólo al propósito y plan del autor, y a veces al resultado, sino también al fenómeno jurídico. Maurach, Tratado de Derecho Penal, trad, del alemán, Barcelona, 1962, págs. 415-420. En el caso de autos lo que existió fue una pluralidad de acciones convergentes a un mismo acontecimiento antijurídico. Puig Peña, op. cit, 300 et seq. El hecho de que dicho aconteci-miento representó la infracción de varias disposiciones pe-nales es irrelevante, ya que éstas están íntimamente rela-cionadas entre sí.

Respecto a la unicidad del acto se postula, como en Neal, que diversos procesos dotados de un mismo sentido o enca-minados a un mismo propósito pueden soldarse en unidades indivisibles de acción. Ello no ocurre tan solo, como en Neal, cuando se trata de un curso de conducta dictado por un solo plan. En los derechos romanogermánicos caben dentro del concepto de un solo acto, entre otros, los delitos permanentes, los continuados y los progresivos. En el caso presente nos hallamos en esencia ante infracciones de naturaleza pro-gresiva. Se produce este género de infracción cuando se con-suman en etapas sucesivas diversos delitos, con tan estrecho ligamen causal entre cada estadio que el de rango mayor ab-sorbe las sanciones correspondientes a los otros. Jiménez de Asúa, L., Tratado de Derecho Penal, 2a. ed., Tomo II, Buenos Aires, 1950, pág. 562 et seq.; Maggiore, Derecho Penal, Vol. II, Bogotá, 1954, pág. 160 et seq. Esta es la solución a que, por otros caminos, hemos llegado antes, con la diferencia de que el análisis civilista fortalece la norma de González.

Los derechos romanogermánicos han elaborado multitud de otras reglas para resolver otros difíciles problemas que plantea la teoría del concurso. Existen las reglas relativas a la exclusividad, la alternatividad, la especialidad, la con-sunción, la homogeneidad, la heterogeneidad, la interferencia y la relación de tipos. Jiménez de Asúa, supra, pág. 542 et seq.; Maurach, supra, pág. 315 et seq.; Maggiore, supra, pág. 153 et seq.; Puig Peña, supra, pág. 306 et seq.; Cuello Calón, Derecho Penal, México, 1961, pág. 565 et seq. No es nece-sario en esta ocasión referirnos a ellas, pero su contribución no puede descartarse de suscitarse en otras situaciones la necesidad de examinar otros aspectos de la teoría del con-curso.

Por las razones que anteceden modificaría la sentencia del Tribunal Superior para anular las condenas impuestas por los delitos de poseer y de transportar y ocultar marihuana, sosteniendo tan solo la pena impuesta por el delito de distribución.

      (1)Con leves cambios de estilo, esta disposición se incorporó al Art. 63 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 3321.

      (2)La versión en inglés de este artículo, West’s Anno. Cal. Codes, Penal, sec. 654, promulgado originalmente en 1872, expresa:
      “An act or omission which is made punishable in different ways by different provisions of this Code may be punished under either of such provisions, but in no case can it be punished under more than one . . . .”

      (3) Véanse los Arts. 86 y ss.

      (4)Orozco y Arascot, A: Código Penal de 1879 para las Islas de Cuba y Puerto Rico, Concordado, Habana, 1879, pág. 19. Esta disposición se remonta al Art. 78 del Código de 1860 y a los Arts. 113 y 114 del Código de 1823.

      (5)Muy pocos estados norteamericanos, entre ellos Montana, Nueva York, Minnesota, Idaho y Dakota del Norte tienen estatutos similares al de California y el nuestro. El tratamiento federal del problema es totalmente distinto. Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932); Gore v. United States, 357 U.S. 386 (1958); Harris v. United States, 359 U.S. 19 (1959); Yancy v. United States, 362 U.S. 389 (1960). Comment, Multiple Offenses and Multiple Penalties under the Federal Narcotics Law, 28 U. Chi. L. Rev. 308 (1961). El enfoque representado por Blockburger y su progenie ha sido criticado con severidad, Caraway, Sentencing Reform, in Multiple Offense Cases: Judicial and Legislative Avenues, 7 Conn. L. Rev. 257 (1975); Comment, Consecutive Sentences in Single Prosecutions: Judicial Multiplication of Statutory Penalties, 67 Yale L.J. 916, 924 et seq. (1958). El propuesto Código Penal federal rechaza la decisión de Blockburger de permitir castigos múltiples en ciertas situaciones donde éstos se rechaza-rían en California, Caraway, op. cit., 282-283. El Código Penal Modelo preparado por el Instituto Americano del Derecho se aparta también de la solución federal, haciéndose claro eco en muchos particulares de teorías civilistas. Silving, Helen, Criminal Justice, 1971, vol. 1, págs. 519-520.

      (6) Véanse: Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932); Comment, The Protection from Múltiple Trials, 11 Stan. L. Rev. 735, 743-745 (1959).

        (7) Para la historia de este desarrollo hasta 1959, antes de la decisión de Neal v. State, 357 P.2d 839 (Cal. 1960), véase el artículo citado en la nota anterior.

      (8)En Neal, el acusado intentó asesinar a un matrimonio, incendiando su dormitorio y causándoles graves quemaduras a ambos. El Tribunal anuló la condena que se le impuso por incendio malicioso, pero validó su castigo por dos cargos separados de intento para cometer asesinato.

      (9) Según los casos citados, el hecho de que se impusieran penas con-currentes no salva la prohibición contra castigos múltiples. Véase además People v. Bailey, 113 Cal. Rptr. 514 (App. 1974).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Martín Juez Presidente, Señor Trías Monge, Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Felipe Irizarry Fernández, (Obrero), Isaac Márquez Hernández, (Patrono), v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada y recurrida, Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-76-376

      Resuelto: 31 de mayo de 1977

      José Angel Lugo Irizarry, Guillermo Figueroa Prieto y Francisco Falú Lebrón, abogados del Fondo del Seguro del Estado; Edelmiro Sordevila, abogado del obrero.
   SENTENCIA

El reclamante se cayó por las escaleras de su casa mien-tras bajaba al patio para dar de comer a unas gallinas. De-claró que la caída se debió a un fuerte dolor de cintura que hizo que se dejara caer por la escalera. Sufrió la fractura del brazo izquierdo y golpes que alegadamente le agravaron una dolencia de la espalda () que le había sido producida por un accidente del trabajo ocurrido a fines de 1974 mientras levan-taba un saco de habichuelas de cien libras. El diagnóstico de la caída original fue de esguince lumbosacral, por lo cual el Fondo del Seguro del Estado le fijó entonces una incapacidad parcial equivalente a la pérdida de un 5% de las funciones fisiológicas generales. El reclamante sostiene que el segundo accidente es el resultado natural o directo de la lesión sufrida en el primer accidente. El Fondo rechazó su alegación pero la Comisión Industrial determinó que el segundo accidente era de tipo “intercurrente” y por tanto compensable. El Fondo acudió ante nos.

Un estudio de los hechos y las cuestiones de derecho en-vueltas en este caso nos convence que debe revocarse, como por la presente se revoca, la resolución dictada por la Comi-sión Industrial de Puerto Rico en 16 de julio de 1975 en el caso C.I. 76-4-0566, Felipe Irizarry Fernández, Lesionado, que resolvió que el trabajador lesionado sufrió un accidente intercurrente y que ordenó al Administrador del Fondo del Seguro del Estado a que brindara al trabajador la íntegra protección de la Ley.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el Secretario. El Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disienten en voto separado. El Juez Asociado Señor Martín emitió un voto concurrente separado, al cual se unen los Jueces Asociados Señores Dá-vila, Torres Rigual y Negrón García. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió un voto concurrente separado, al cual se une el Juez Asociado Señor Rigau.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—0—

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Martín

al cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1977

Sabemos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico es un tribunal de apelación y no uno de casación, y que no debemos limitarnos “a infracciones de ley o quebrantamientos de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hiciera constar en sus exposiciones y excepciones sino que con el más alto fin de justicia”, podemos “entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieron en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del dere-cho, y evitar injusticias.” 4 L.P.R.A. see. 36, véanse: Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 372-3 (1974); Pérez v. Acevedo Quiñones, 100 D.P.R. 894, 901 (1972); Dávila v. Valdejully, 84 D.P.R. 101, 103-4 (1961).

Considero que el derecho a compensación del reclamante gira en torno a si su caída por las escaleras de su casa fue un resultado natural o directo de la lesión original sufrida por el reclamante. De haber sido ésa la situación estaría el accidente dentro del alcance del término “accidente inter-currente” que hemos desarrollado jurisprudencialmente. En Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 365 (1972), definimos la expresión “accidente intercurrente” en el sentido de que “una lesión subsiguiente, o sea una agrava-ción de otra anterior o una lesión distinta, es compensable, si es el resultado natural o directo de una lesión primaria com-pensable”, y ocurre en el “cuasi curso” del empleo.

Las determinaciones de hecho de la Comisión no contienen hechos que revelen que la caída por las escaleras hubiere sido el resultado natural o directo de la primera lesión. Las con-alusiones de derecho, al referirse a la prueba pericial médica, lo hacen suscintamente al expresar lo siguiente:

“El hecho de que el obrero se encontrara en su casa y hu-biera sido dado de alta, no derrota una alegación .de accidente intercurrente siempre que se establezca la regla básica de que la lesión subsiguiente sea el resultado natural o directo de una lesión primaria compensable.
A esos efectos el testimonio de nuestro Médico Consultor, Dr. Rafael Meza Donado, fue claro y convincente.”

Comoquiera que el reclamante había sufrido anterior-mente un accidente compensable, consistente de una lesión en la espalda, denominada “esguince lumbosacral”() mien-tras se encontraba levantando un saco de habichuelas de cien libras, para lo que se le fijó una incapacidad parcial equiva-lente a la pérdida de un 5 % de las funciones fisiológicas gene-rales, que es el mínimo que se fija por una incapacidad par-cial, surgen dudas de si su condición era de tal naturaleza que pudiese hacerle perder el balance e irse escaleras abajo. No hay determinación alguna de que el reclamante continuara sufriendo de los efectos resultantes de la primera lesión. Por el contrario se implica que había sido dado de alta.

Es principio reiterado el que en el ejercicio de nuestra facultad revisora tenemos amplia discreción para apreciar la prueba pericial y como consecuencia adoptar nuestro propio criterio en la apreciación o evaluación de la misma. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712 (1975) y casos allí citados.

Un examen de la prueba pericial médica que surge del récord taquigráfico de la vista pública celebrada ante la Co-misión Industrial en 8 de julio de 1976 me convence de que la conclusión del perito médico de la Comisión Industrial, Dr. Rafael Meza Donado, no explica satisfactoriamente la cone-xión entre el accidente original y el alegado accidente intercu-rrente, aparte de las expresiones generales que hizo el Dr. Meza a través del interrogatorio en el sentido de que después del segundo accidente le hicieron un electromiograma que salió positivo de hernia núcleo pulposa por lo que deduce que el accidente es intercurrente. El Dr. Meza no parece haber examinado al paciente hasta el día de la vista en que expresa: “Examinado el paciente en el día de hoy encuentro que tiene una faja ortopédica y que fue intervenido quirúrgicamente.” No hay testimonio adicional del Dr. Meza, fuera de lo que he sintetizado precedentemente, que establezca con alguna precisión que la lesión subsiguiente, o sea, la caída por los escalones del patio de la casa del trabajador lesionado, sea una agravación de la caída anterior con el saco de habichue-las. En otras palabras, si la segunda caída es el resultado natural o directo de una lesión primaria compensable, lo que colocaría al segundo accidente dentro de la definición del concepto “accidente intercurrente”.

El Dr. Meza admite que el lesionado fue dado de alta del primer accidente con una incapacidad parcial permanente de 5% de las funciones fisiológicas generales y se le hizo un diagnóstico de esguince lumbosacral relacionado, que apeló y en una vista médica celebrada siete meses después (julio) del accidente le fue confirmada la decisión por el Fondo, que no compareció a otra vista celebrada dos meses después (sep-tiembre), que compareció a una al mes siguiente al segundo accidente y como resultado fue referido al neurólogo quien encontró hernia pulposa.

Los peritos médicos deben apartarse lo más posible de la especulación y la conjetura pues hemos de rechazar toda prueba que equivalga a especulación o conjetura basada en hechos subsidiarios que no sostengan adecuadamente las con-clusiones a que llegan los peritos. En el pasado hemos dejado sin efecto conclusiones de peritos que no están sostenidas por la prueba. Alonso García v. Comisión Industrial, supra. La Comisión Industrial debe ser exigente con el testimonio de los peritos especialmente cuando no son los médicos que han intervenido directamente con el tratamiento del lesionado. Este Tribunal en su misión revisora, debe tener ante sí un testimonio médico confiable que le permita llegar a sus pro-pias conclusiones si fuere menester. En este caso el testimonio médico está huérfano de hechos probatorios que puedan con-ducir a un análisis inteligente del problema planteado.

Este Tribunal ha expresado en el pasado que el Fondo del Seguro del Estado no es un asegurador absoluto de la salud o de la vida de los trabajadores por toda clase de acci-dente que puedan éstos sufrir. La extensión de la cubierta del sistema a accidentes no protegidos afectan la estabilidad del Fondo y el encarecimiento indebido de las primas en perjuicio de patronos y empleados. Véase: Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 56, 58 (1973). Por ello debemos ase-gurarnos de la observancia de que estén presentes los tres requisitos de ley para que un accidente sea compensable, a saber: (1) provenga de cualquier acto o función del trabaja-dor, (2) sea inherente al trabajo o empleo del trabajador, y (3) ocurra en el curso de éste. 11 L.P.R.A. see. 2, Montaner v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 197 (1938) y casos allí citados.

Jurisprudencialmente hemos extendido el tercer requisito de que el accidente ocurra en el curso del trabajo para in-cluir los accidentes intercurrentes que sean resultado natural o directo de la lesión primaria. No estoy convencido con los hechos que surgen del expediente ante nos de que el accidente primario consistente de un esguince lumbosacral, para el que se fijara una compensación mínima equivalente a la pérdida de un 5% de las funciones fisiológicas generales, haya sido el motivo del segundo accidente que motiva esta reclamación. Y más aún, entiendo que este accidente cae bajo la excepción del Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 2, por haber ocurrido fuera del curso o “cuasi curso” del empleo.

Por las razones expuestas concurro con la sentencia emi-tida que revoca la resolución dictada por la Comisión Industrial de Puerto Rico en el caso de epígrafe.

—O—

Voto disidente en parte y concurrente en parte emitido por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

al que se une el Juez Asociado, Señor Irizarry Yunque.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1977

El señor Irizarry Fernández sufrió un accidente del tra-bajo hacia fines de 1974. Ocurrió la lesión al levantar un saco de habichuelas de cien libras. Se le reconoció al obrero un cinco por ciento de incapacidad general por una condición de esguince lumbosacral.

Unos seis meses después de haber sido dado de alta por el Fondo del Seguro del Estado, el señor Irizarry Fernández sufrió un segundo accidente en su hogar. Relata que cuando bajaba las escaleras de su casa sintió un fuerte dolor en la cintura y cayó por las mismas, sufriendo la fractura del brazo izquierdo y lesiones que agravaron su dolencia en la espalda, al extremo de requerir una operación de los discos.

El trabajador solicitó sin éxito compensación adicional del Fondo y luego recurrió en alzada a la Comisión Industrial. El perito médico de la Comisión expuso que a su juicio las lesiones sufridas en el accidente eran el resultado natural o directo de la lesión anterior. La Comisión le dio entero cré-dito a su testimonio, resolvió que se trataba de un accidente intercurrente o secuela compensable y en consecuencia ordenó al Fondo que le brindase al obrero la íntegra protección de la ley. El Fondo acudió ante nos en solicitud de revisión.

El Fondo del Seguro del Estado sostiene en esencia que el segundo accidente no es de índole intercurrente por haber ocurrido en el hogar y no hallarse para entonces el obrero bajo tratamiento médico. Consideramos que tal interpreta-ción es indebidamente restrictiva. No halla apoyo en la ley, la doctrina o la jurisprudencia.

En Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 365 (1972), expresamos que el término “accidente intercu-rrente” significa que “una lesión subsiguiente, sea una agra-vación de otra anterior o una lesión distinta, es compensable, si es el resultado natural o directo de una lesión primaria compensable.” Para anular el derecho a compensación tiene que mediar una causa interventora que rompa la cadena de causalidad. 1 Larson, Workmen’s Compensation Law, sec. 13.00, pág. 192-59. Expone Larson:

“Cuando se demuestra que la lesión primaria ha surgido en el curso del empleo, toda consecuencia natural que fluye de ella surge asimismo en el curso del empleo, a menos que se deba a una causa interventora independiente atribuible a la propia con-ducta intencional del reclamante.” (Loe. cit.) (Traducción nues-tra.)

Véase: 6 Schneider, Workmen’s Compensation Law, 3a ed., 1948, págs. 53-54.

Estos principios no son de aplicación fácil. En ciertas situaciones es muy sencillo determinar si la lesión subsi-guiente es el resultado directo de una lesión primaria com-pensable. La relación de causalidad es claramente discernible. 1 Larson, op. cit., sec. 13.11, pág. 192.60 et seq. En otros, el proceso se complica. La cadena de causalidad es más larga. Aumenta la posibilidad de su rotura por una causa inter-ventora independiente. Cada situación de hechos ha de exami-narse por separado.

Las situaciones a las que se ha enfrentado hasta ahora el Tribunal pertenecen a órdenes relativamente simples. Hemos resuelto que las lesiones recibidas mientras el obrero se halla bajo tratamiento o en el curso de una visita al médico para dicho fin son compensables de haber sido causadas por una lesión primaria sufrida en un accidente del trabajo. Montaner v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 233 (1940); Cordero v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 429 (1943); Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363 (1972). El Fondo del Seguro del Estado aparentemente considera que la definición de “accidente intercurrente” se limita a las cir-cunstancias de tales casos, () mas hemos visto que su ámbito es mayor, aunque no irrestricto. El hecho de que el segundo accidente ocurra en el hogar no impide compensación si el mismo es el resultado directo de una lesión primaria compen-sable. State Home & Training School v. Armstrong, 520 P.2d 1069 (Colo. App. 1974) (caída por escalera del sótano de la casa, relacionada con lesión compensable al pie derecho); Gower v. Mackes, 132 A.2d 880 (Pa. Supr. 1957) (caída en el hogar que ocasiona lesión permanente a la cadera, rela-cionada con lesión compensable a la rodilla); Unger & Mahon, Inc. v. Lindston, 9 A.2d 604 (Md. App. 1939) (caída en el hogar que ocasiona fractura de cadera relacionada con lesión compensable al tobillo); State Compensation Insurance Fund v. Industrial Accident Commission, 1 Cal. Rptr. 73 (App. 1959) (lesión sufrida con una sierra eléctrica en el hogar relacionada con lesión compensable al ojo). Tampoco es necesario que el obrero continúe bajo tratamiento médico por la lesión primaria, State Compensation Insurance Fund v. Industrial Accident Commission, supra,, o que se halle toda-vía empleado, Day v. Zenith Paper Stock & Rag. Co., 134 N.W.2d 4 (Minn. 1965); Abney & Eaves, Inc. v. Redeker, 303 P.2d 417 (Okla. 1956). Lo básico es el establecimiento de la indispensable relación causal entre las dos lesiones. La ter-minación del tratamiento médico es ciertamente un factor, junto a otros, para resolver si existe el nexo causal requerido en una situación específica, pero su presencia no derrota de por sí automáticamente un posible derecho a compensación.

El Fondo argumenta que el Art. 2 de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 2, im-pide compensación por accidentes ocurridos en el hogar. Dicho artículo dispone que los beneficios de la Ley no pueden exten-derse a “aquellas personas que trabajen en sus domicilios.” Esta exclusión se refiere a todas luces a aquellos que recla-men compensación por una lesión primaria. Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 56 (1973). No hemos apli-cado nunca tal precepto a casos de accidentes intercurrentes.

La prueba en el caso de autos sostiene la determinación de la Comisión Industrial. El médico de la Comisión expresó que a su juicio el segundo accidente fue resultado de la le-sión primaria. El obrero declaró que sintió un fuerte dolor en la cintura inmediatamente antes de caer y que nunca recu-peró del todo de la primera lesión en la espalda. No se pre-sentó prueba para refutar estos testimonios. No hay otra base en el récord que demuestre que medió una causa inter-ventora. En tales circunstancias es nuestro deber sostener la determinación de compensabilidad.

—O—

Voto separado del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al cual se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1977

Un obrero que se lastimó la cintura al levantar un saco de habichuelas fue tratado y dado de alta por el Fondo del Seguro del Estado, reconociéndosele una incapacidad del 5% de las funciones fisiológicas generales por una condición de esguince lumbosacral. No regresó al trabajo; la CRUV le dio un apartamento y se acogió al programa de cupones de ali-mentos. Diez meses después, hallándose en su casa, y mientras se dirigía a echarle maíz a tres gallinas, le dio un dolor en la cintura y “tuvo que dejarse caer” por la escalera (Resolución de la Comisión, pág. 2). Hubo de ser operado de discos. Sobre este segundo accidente fueron testigos ante la Comisión el propio lesionado, su señora esposa y un médico que calificó la lesión subsiguiente como resultado natural o directo de la lesión primaria compensable. Con esta prueba la Comisión Industrial revocó al Fondo del Seguro del Estado que había negado compensación y ordenó se compensara el segundo acci-dente como “intercurrente”. Notamos la errónea aplicación del concepto “cuasi curso” del empleo enunciado en Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 366 (1972), y expedimos orden para mostrar causa inclinados a revocar.

¿Podrá el Fondo del Seguro del Estado absorber la san-gría de una avalancha de “accidentes intercurrentes” com-pensables según la posición adoptada por el Juez Presidente? Bajo su doctrina se impone al Fondo la condición de asegura-dor ad perpetuam en incontables accidentes en la casa, en la barra, en el hipódromo, en la calle, en el avión hacia Nueva York y hasta presenciando el Desfile Puertorriqueño o la lle-gada del Concorde. El Fondo del Seguro del Estado sufre las estrecheces de nuestra economía y no debe desviar sus limi-tados recursos en detrimento de los disponibles para compen-sar las víctimas de accidentes primarios.

No veo “distinción mecánica” en restringir la compensa-bilidad del accidente intercurrente a lesiones recibidas mien-tras el obrero se halla bajo tratamiento o en el curso de una visita al médico, siguiendo los precedentes,() que es la posi-ción del Administrador. Esta clasificación responde a la nece-si dad de comprobar la legitimidad de la reclamación, () de limitar la compensación a casos cubiertos por primas impues-tas y pagadas, y a su obligación de proteger la integridad funcional del Fondo. Aquí tenemos un obrero dado de alta con mínima incapacidad (5%) que sufre un accidente casero, compitiendo en la participación de fondos digamos contra la viuda y los hijos de un obrero que muere o se incapacita total-mente en el trabajo.

La teoría de accidente intercurrente ha de contenerse dentro del propósito vital de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Se exceptúan expresamente (de sus disposiciones), Art. 2 (11 L.P.R.A. see. 2) aquellos obre-ros cuya labor sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación de su patrono y además aquellas personas que tra-bajen en sus domicilios. En puro principio de provisión de remedio social nadie podrá discutir el derecho al mismo por los trabajadores casuales y los de domicilio. En un país con tan alto índice de desempleo como el nuestro, el trabajo casual y el que se hace en la casa es fuente tradicional de subsis-tencia. Es mucho más respetable el derecho de estos trabaja-dores excluidos que el reclamo del recurrido que se cae por la escalera de su casa “cuando iba a echarle maíz a tres ga-llinas que tenía.” Esta Ley hay que interpretarla en con-frontación con las realidades socioeconómicas de nuestro medio. Ante estas realidades, y para preservar la solvencia del Fondo para atender a accidentes primarios se resignó el legislador a exceptuar los trabajadores casuales y a domicilio. No fue un discrimen desalmado contra estos obreros, fue una medida de previsión impuesta por los limitados recursos del Fondo al que no puede imponerse la carga onerosa de cubrir accidentes por los que no se han computado ni cobrado pri-mas, ni responsabilidad por accidentes ocurridos en sitios donde el Fondo no supervisa las condiciones de seguridad y sobre los cuales se dificulta la investigación depuradora. Todo ese cuidadoso diseño del legislador para que no se pierda el limitado efecto de este remedio social, () se desploma con la indebida ampliación del concepto de accidente intercurrente. El Derecho no es caldo para tubo de ensayo; es savia de bienestar y orden de la sociedad en que aflora. El Fondo del Seguro del Estado no debe estar amarrado como asegurador por vida con todo obrero a quien se le reconozca una incapa-cidad, aunque sea la nominal de 5%, obligado a hacer reservas en su presupuesto para compensar accidentes intercurrentes aunque ocurran en Disneyland o en la Torre de Pisa. Esto resultaría en la creación de una cantera de reclamaciones in-meritorias, prolífera y detrimental para el orden jurídico en general.

Los remedios sociales deben administrarse con austero sentido de proporción y de equidad. Mermar el acervo del Fondo del Seguro del Estado destinado al alivio de situaciones trágicas en la vida del trabajador y sus dependientes, desviar esos contados recursos hacia una gama infinita de accidentes “intercurrentes”, es hacer trizas la intención legislativa e ignorar nuestra realidad.

Nótese que el concepto “accidente intercurrente” se halla acogido en el Art. 3 de la Ley (11 L.P.R.A. see. 3) bajo el epígrafe “Incapacidades Preexistentes” con un lenguaje que lo enlaza al curso del empleo y al diseño integral de la Ley y ha crecido, no por disposición legislativa, sino por ampliación liberal en la jurisprudencia de lo que es “curso del empleo”. Cotto Valdés v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 409 (1976). Así lo había sostenido este Tribunal hasta ahora al resolver: “Cuando la lesión posterior a una lesión inicial compensable surge de una actividad en el ‘quasi curso’ del empleo, como es el caso de la lesión sufrida con motivo de una caída en el curso de una visita al médico para tratamiento de la lesión inicial, esta segunda lesión es compensable por considerarse que surge ‘en el curso del empleo’ o que tiene una relación causal con el accidente original.” Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 366 (1972).

Por no haber ocurrido el segundo accidente ni en el curso ni en el “quasi curso” del empleo, no es accidente intercu-rrente compensable. Mi respeto y simpatía humana por los obreros que sufren lesiones o se inutilizan, o que pierden la vida por accidentes del trabajo (Art. 2 de la Ley) no me per-miten dar paso a aspiraciones de terceras personas en erosión de este remedio social que en Puerto Rico todavía no alcanza a compensar a plenitud los trabajadores víctimas de acciden-tes primarios y a su familia.

Concurrimos sólo en el resultado de revocación de la reso-lución revisada porque la sentencia ha debido ajustarse al principio aquí enunciado, prescindiendo del aspecto casuís-tico que la ciñe al valor de la prueba presentada.

      (1) IFue operado de los discos vertebrales después del segundo accidente.

      (1) Esguince se define como “torcedura o distensión violenta de una articulación, sin luxación, que puede llegar a la rotura de algún ligamento o de fibras musculares próximas. Se caracteriza por dolor, tumefacción rápida e incapacidad para los movimientos.” Diccionario Tecnológico de Ciencias Médicas, Cardinal, 4ta. ed. 1952, Ed. Salvat. La frase “sin luxa-ción” significa que no hay dislocación permanente de una parte, especial-mente de las superficies articulares de los huesos. Id.

      (x) De aceptarse la posición del Fondo se llegaría a conclusiones curio-sas. El Fondo acepta que de ocurrir la segunda lesión rumbo al dispensario procedería a otorgar compensación. En el caso presente, la caída sucede al dirigirse el obrero a darles maíz a unas gallinas. Si hubiese ocurrido en exactamente la misma forma y el mismo lugar, pero camino al dispensario, el derecho a compensación es incuestionable. No hay cabida en un sistema jurídico justo para este género de distinciones mecánicas.

        (1)Montaner v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 233 (1940); Cordero v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 429 (1943); Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363 (1972).

      (2)Hay intercurrentes con características de “accidentes exceptuados” (11 L.P.R.A. see. 5). El Art. 4 de la Ley (11 L.P.R.A. see. 5) enmendado en 1962 declara:
      “No son accidentes compensables del trabajo y no darán por consi-guiente, derecho a compensación al obrero o empleado o a sus beneficiarios de acuerdo con este Capítulo, los que ocurren en las siguientes circunstan-cias:
      “(1) Al tratar el obrero o empleado de cometer un delito o de lesionar a su patrono o a cualquier otra persona, o cuando voluntariamente se causare la lesión.
      “(2) Estando el obrero o empleado embriagado, siempre que la em-briaguez fuere la causa del accidente.
      “(3) Cuando la imprudencia temeraria del obrero o empleado haya sido la única causa de la lesión.”

      (3)EI recurrido declaró ante la Comisión que recibe el beneficio de otro programa social: cupones de alimentos.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lucas Torres Montañez, acusado y apelante.

      Número: CR-76-246

      Resuelto: 13 de septiembre de 1977

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El 27 de setiembre de 1974 el Ministerio Público acusó a Lucas Torres Montañez de asesinato en primer grado. El jurado lo declaró culpable de dicho delito y el tribunal lo sentenció el 19 de mayo de 1975 a reclusión per-petua. El acusado plantea ante nos que la evidencia presen-tada en su contra no sostiene un veredicto de asesinato en primer grado.

El señalamiento de error es inmeritorio. Angel Dalmau, único testigo ocular de los hechos, declaró que se dirigía en la madrugada del 15 de junio de 1974 a la casa de su madre en Villa Palmeras; que oyó un disparo y miró hacia la calle Laguna sin ver a nadie; que se metió a un callejón que conduce a un negocio llamado Bala de Bronce y al alcanzar la salida de aquél escuchó un segundo disparo; que acto seguido vio al apelante y a la víctima, Juan de Jesús Márquez. (T.E. págs. 27-34.) Juan caminaba hacia atrás, de frente al acu-sado. La distancia entre ellos en ese momento era de dieci-siete pies. Escuchó a la víctima exclamar: “No tires, ‘brother’.” El acusado continuó su avance y a medida que él y la víctima se alejaban, el testigo caminaba acercándose a ambos. Finalmente el apelante le disparó tres veces a Juan de Jesús. De Jesús cayó arrodillado, recostado sobre la goma de una guagua. El apelante se acercó y golpeó a la víctima con la pierna. El testigo observó estos hechos a una distancia de aproximadamente treinta pies. (T.E. págs. 34-38.)

El apelante se dirigió inmediatamente al testigo, a quien conocía, y le pidió que hiciera “buche” (que callase). Le en-tregó un revólver, expresándole que llamaría a Félix, el her-mano del occiso, y que si Félix “se ponía guapo . . . también le tiraba.” (T.E. pág. 39.) Fueron a casa de Félix de Jesús y el acusado le expresó a éste que Dalmau tuvo que matar a su hermano, Juan de Jesús, con cinco disparos porque Juan había tratado de matar al acusado. El acusado y el testigo partieron luego para la casa de este último, donde horas más tarde el apelante le requirió al testigo “que me echara el caso que como yo era menor a mí no me hacían nada.” (T.E. págs. 39-42.)

El testigo Félix de Jesús corroboró la visita a su hogar y lo ocurrido allí. Señaló también que en ese momento el tes-tigo Dalmau llevaba un peinado afro grande y el acusado uno bajito. (T.E. págs. 175-179.)

La señora Dolores Padilla declaró que se hallaba dur-miendo cuando oyó tres disparos cerca de su hogar y una voz que le dijo: “Doña Lolita, me mataron.” Identificó la voz como la de Juan de Jesús. Se asomó por la ventana y vio una persona con pelo corto que a su juicio no podía ser el testigo Dalmau. (T.E. págs. 152-158.)

No se presentó prueba de defensa. El tribunal le impar-tió al jurado instrucciones no objetadas sobre los elementos imprescindibles para probar el delito de asesinato en los dos grados que la ley establece. ()

Como expresamos en Pueblo v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181, 184 (1961), “La diferencia entre los dos grados de asesinato consiste en que en el asesinato en primer grado la muerte se realiza con malicia premeditada y deliberada mientras que en el de segundo grado la muerte es maliciosa y premeditada pero sin que medie deliberación.” El elemento diferenciador básico de los dos grados de asesinato es la deliberación. Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767, 773-774 (1954). ()

Hemos afirmado que la deliberación es “la resolución ... de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese lapso, sostienen las autoridades, puede ser tan rápido como el pensamiento.” Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371, 375 (1947). Al mismo efecto: Pueblo v. Merced Jiménez, 100 D.P.R. 270, 281 (1971); Pueblo v. Ramos Padilla, 88 D.P.R. 384, 388 (1963). La malicia premeditada y aun la deliberación pueden concebirse en el momento mismo de la realización del ataque. Pueblo v. Román, 70 D.P.R. 50, 54 (1949).

No existe presunción de ley a base de la cual pueda demostrarse que se ha actuado con malicia premeditada y de-liberación. Ello vulneraría la presunción de inocencia que establece el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución. Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39, 53-54 (1961); Pueblo v. De Jesús Santana, 100 D.P.R. 791, 801 (1972). De las circunstancias en que se produce un asesinato puede deducirse racionalmente, pero no presumirse, la deliberación. () Pueblo v. Merced Jiménez, supra, 281; Pueblo v. Blanco, supra, 774.

La prueba necesaria para controvertir la presunción de inocencia no tiene que ser de orden directo. Art. 462 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 1885; Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R. 897, 898-899 (1974).

La presencia o ausencia de deliberación es una cuestión de hecho a ser resuelta por el jurado. Pueblo v. Merced Jiménez, 100 D.P.R. 270, 281 (1971). En el caso de autos existía prueba suficiente para que el jurado pudiese inferir que estaban presentes todos los elementos del asesinato en primer grado. Desfiló prueba sobre la existencia de cinco disparos, tres de ellos separados de los otros. Antes de los tiros fatales la víctima retrocedió un trecho considerable ante el avance del matador, implorándole que no disparase. Después de herir mortalmente a la víctima el acusado la golpeó. Una vecina declaró que la persona que había visto junto a la víctima no era el testigo ocular de los hechos y principal declarante de cargo. La conducta posterior del acusado también es relevante. Ante este conjunto de hechos, sería improcedente nuestra intervención con la apreciación de la prueba que hizo el tribunal de instancia, en ausencia de pasión, pre-juicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 372 (1974); Pueblo v. Rodríguez González, 101 D.P.R. 1, 4 (1973).

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Carlos Y. Dávila concurre en el resultado sin opinión.

      (1) El Derecho Común no reconoce grados de asesinato. 1 Wharton, Criminal Law and Procedure, Anderson, ed. 1957, sec. 263, pág. 568. Com-párese: The Homicide Act 1957, 8 Halsbury, Statutes of England, 3a ed. 1969, sec. 1 et seq. El Código Penal vigente en Puerto Rico hasta co-mienzos de siglo tampoco distinguía entre grados de asesinato. Orozco y Arascot, Código Penal de 1879 para las Islas de Cuba y Puerto Rico, Habana, 1879, Art. 414. Tal sigue siendo la situación en España. Cuello Calón, E., Derecho Penal, Tomo II, vol. 2o, 13a ed. 1972, pág. 495 et seq. Para la práctica francesa, véase: Codes et Lois Usuels (Codes d’ Audience), Dalloz, 36eme ed. 1975, “Code Penal”, Art. 295 et seq.

      En abril 22 de 1794 Pennsylvania se convirtió en el primer estado de la Unión que dividió el asesinato en grados, estableciendo a su vez diferen-cia en la pena. 4 Journal of the Senate 242 (Pa. 1794), Keedy, History of the Pennsylvania Statute Creating Degrees of Murder, 97 U. Pa. L. Rev. 759 (1949). La evidencia recopilada por este autor indica que este arreglo surgió como un resultado de la creciente preocupación por el rigor excesivo que implicaba la imposición de la pena de muerte a los convictos de cierto tipo de asesinato. Sobre la posible influencia que los dogmas eclesiásticos de la época hayan podido tener en el establecimiento de distinciones entre delitos y grados de los mismos a base del elusivo criterio del estado de la mente del autor, véase Turner, The Mental Element in Crimes at Common Law, 6 Cambridge L.J. 31 (1938) según citado en Josseff, Intent to Kill as Affecting the Degree of Murder, 24 So. Cal. L. Rev. 288, 289 (1951).
      En 1856 California añadió los términos del Código de Pennsylvania a su propio estatuto. Más tarde, en 1872, se adoptó el Código Penal incor-porando el esquema estatutario de Pennsylvania al definir el asesinato en general, tal como hacían las reglas del Common Law, y luego dividido en grados. Pike, What is Second Degree Murder in California, 9 So. Cal. L. Rev. 112, 117 (1936), Josseff, op. cit., pág. 290.
      En Puerto Eico se calcó en 1904 esta distinción del Código Penal de California. West’s Anno. Cal. Codes, Penal, sec. 189. La mayoría de los estados de la Unión Americana dividen en grados el referido delito, aun-que en varios se mantiene la Eegla del Derecho Común. 1 Wharton, Criminal Law and Procedure, supra, pág. 559. En años recientes existe una tendencia en Estados Unidos y otros países a eliminar los grados del delito de asesinato. Silving, Helen, Criminal Justice, vol. II, 1971, pág. 708. En Puerto Eico, al adoptarse el Código Penal de 1974, se mantuvo la dis-tinción existente.

      (2) Véase el Art. 201 del Código Penal de 1937, 33 L.P.E.A. see. 633, que es la disposición aplicable a este caso. El Art. 83 del Código vigente, 33 L.P.E.A. see. 4002, emplea la misma terminología en el aspecto que aquí nos ocupa, aunque efectúa otros cambios que no afectan la situación presente.

      (3) La diferencia no es una de carácter semántico solamente. Recuér-dese que tratándose de una presunción, una vez se establecen los hechos que la ley estatuye como base para lo que habrá de concluirse, el juzgador de los hechos viene obligado a decidir de acuerdo con esa presunción en ausen-cia de evidencia que la contravierta. Si es una inferencia, el establecimiento de los hechos que puedan servirle de base a la misma no fuerza de manera inevitable conclusión alguna y por lo tanto el acusado continúa en posición idéntica a la que tenía al comienzo del juicio, es decir, presumiéndosele inocente y sin ninguna obligación de proveer prueba a su favor.


text:
    Notaría del Lcdo. Miguel A. Suárez Burgos

      Número: 1760

      Resuelto: 13 de septiembre de 1977
   per curiam:

El 14 de septiembre de 1976 suspendimos permanentemente del ejercicio del notariado al abogado. Miguel A. Suárez Burgos al no responder éste a una orden sobre mostración de causa por la cual no debía ser disciplinado por su inobservancia de lo dispuesto en la See. 26 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1026. En consecuencia de ello, le ordenamos que en el término de diez días entregara los proto-colos y registros de declaraciones juradas para que fueran examinados por el Director de Inspección de Notarías. Tam-bién le ordenamos que dentro del mismo término presentara al Tribunal Superior los índices notariales que dejó de ren-dir desde la semana finalizada el 30 de marzo de 1975 hasta el 27 de junio de 1976, y los que hubiere dejado de rendir desde el 28 de junio de 1976 al Director de Inspección de No-tarías conforme lo requiere la Ley Núm. 19 de 30 de marzo de 1976, debiendo acreditar ante dicho Director el cumpli-miento de esta obligación.

El Alguacil de este Tribunal ha hecho diversas gestiones para diligenciar el mandamiento de este Tribunal pero todas han sido infructuosas para localizar al susodicho abogado. El Director de Inspección de Notarías se comunicó con los Jueces Administradores del Tribunal de Primera Instancia para in-dagar sobre si dicho abogado estaba postulando en alguna sala del Tribunal Superior. Los Jueces Administradores de las Salas de Aguadilla, Guayama, Mayagüez, Humacao y Caguas contestaron en la negativa.

En ningún momento el abogado Suárez ha dejado cons-tancia de su cambio de dirección al Director de Inspección de Notarías ni a este Tribunal, desconociéndose el paradero de los protocolos.

Tal omisión constituye un craso abandono de su responsa-bilidad con este Tribunal y con las obligaciones impuéstasle por la ley que lo inhabilita para ejercer la abogacía.

Es por ello que se ordena la separación del abogado Miguel A. Suárez Burgos del ejercicio de la profesión de aho-gadlo y la eliminación de su nombre del Registro de Abogados de este Tribunal. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Asociación de Condóminos del Condominio San Alberto, demandante y recurrida, v. Seguros Arana, Inc., Felipe Arana Román e Israel Arana Arana, demandados; Autoridad de las Fuentes Fluviales, primer interventor, The Bank of Nova Scotia, segundo interventor y recurrente, Roig Commercial Bank, tercer interventor y recurrente.

      Números: R-77-80, R-77-81

      Resueltos: 13 de septiembre de 1977

      Sweeting, Pons, González & Rodríguez y Herman Cestero Ro-dríguez, abogados de Roig Commercial Bank; Brown, Newsom & Córdova e Iván Díaz de Aldrey, abogados de The Bank of Nova Scotia; A. J. Amadeo Murga, abogado de la deman-dante y recurrida; los demandados no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Lie. Arana Arana es dueño de un condominio consis-tente en una “suite” de oficinas que ocupa 271 metros cua-drados en el edificio designado “Condominio San Alberto” en la esquina de Ponce de León y Condado, Parada 17, San-turce, y la cual dio en arrendamiento a la Autoridad de las Fuentes Fluviales por canon de $1,166.40 mensuales, luego aumentado a $1,232.01. A la fecha en que Arana compró dicho condominio a su antecesora en título, ya había una deuda del departamento a la administración del edificio por uso de elementos comunes, la cual continuó acumulándose y creciendo con el nuevo titular hasta alcanzar la suma de $18,947.79 para el Io de agosto de 1976.

Arana hizo dos cesiones de los cánones de arrendamiento, a personas distintas: primero al Bank of Nova Scotia en febrero de 1975 y el mes siguiente a Roig Commercial Bank para garantizar y amortizar préstamos que había obtenido de dichas entidades financieras. La Asociación de Condominos del “Condominio San Alberto” instó demanda en cobro de las cuotas de mantenimiento adeudadas y en aseguramiento de efectividad de sentencia obtuvo orden del tribunal para que la arrendataria Autoridad de las Fuentes Fluviales de-positara en Secretaría del Tribunal los cánones según fueren venciendo y en cumplimiento de dicha orden la inquilina ha consignado un total de $14,085.89. En el pleito entre la Ad-ministración del inmueble y el titular Arana han intervenido los bancos alegando ser dueños por cesión de las rentas de-positadas y como resultado de la doble cesión tienen reclama-ciones de preferencia entre uno y otro. El tribunal de instan-cia resolvió que el crédito de la Asociación de Condominos por gastos comunales es “preferente” a la reclamación de los bancos y en seguimiento de su sentencia ordenó la entrega a la Asociación demandante de la cantidad total de rentas con-signada.

Al recurrir los bancos interventores con el planteamiento central de que la cesión de cánones los convertía en dueños de lo cedido y sacaba los cánones del alcance de toda acción dirigida contra el cedente Arana; y que el Art. 40 de la Ley de la Propiedad Horizontal no comprende en sus prioridades o preferencias de créditos, el de la Administración del multi-pisos por cuotas de mantenimiento adeudadas, expedimos auto de revisión y hoy confirmamos, aun cuando por funda-mentos distintos, la sentencia recurrida.

La Ley de la Propiedad Horizontal (Núm. 104, aprobada el 25 de junio, 1958 — 31 L.P.R.A. see. 1291 y ss.) al esta-blecer un régimen para dicha propiedad en Puerto Rico la invistió de una subestructura económica para garantizar su subsistencia. Aspectos económicos de dicha legislación son sus preceptos disponiendo que las ganancias y los gastos comunes del inmueble se distribuirán entre los titulares de los apartamientos de acuerdo con el porcentaje que repre-sente cada uno en el valor básico del inmueble total (Art. 20); exigiendo que el Reglamento provea sobre la manera de recaudar los fondos de los titulares, para el pago de los gastos comunes (Art. 37(d)); y que la Administración lleve un libro donde asentará los gastos de reparación de los elemen-tos comunes (Art. 38); todas estas prescripciones en auxilio de la norma fundamental contenida en el Art. 39 () (31 L.P.R.A. sec. 1293c):

“Los titulares de los apartamientos están obligados a contri-buir proporcionalmente a los gastos para la administración, con-servación y reparación de los elementos comunes generales del edificio y, en su caso, de los elementos comunes limitados, así como a cuantos más fueren legítimamente acordados.
Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del apartamiento que le pertenezca.”

En su celo por evitar la evasión de pago de estas cuotas de mantenimiento y la consiguiente erosión del régimen, ordenó el legislador en el Art. 40 un crédito preferente contra cualquier titular, por su parte en los gastos comunes que sólo cede en prioridad a los créditos por contribuciones, primas de seguro e hipotecas, ninguna de cuyas excepciones es rele-vante a este caso, y declaró en el Art. 41 que el adquirente de un apartamiento será solidariamente responsable con el tras-mitente del pago de las sumas que éste adeude hasta el mo-mento de la transmisión. Estas disposiciones de seguridad económica del inmueble en condominio, base del bienestar, libre disfrute de su propiedad y paz de los titulares en con-junto, surten el efecto de sustraer a toda contratación aquella parte de la renta necesaria para cubrir las cuotas comunales del apartamiento arrendado. La afirmación dispersa por todo el estatuto de la inescapable dependencia económica del régi-men de propiedad sobre el pago oportuno de estas cuotas es suficiente expresión legislativa para excluir como nulo y con-trario a la ley y al orden público todo pacto o contrato que tienda a desviar hacia otros propósitos los dineros necesarios para sufragar los gastos comunes. (Art. 1207, Código Civil— 31 L.P.R.A. see. 3372.) La reserva de los frutos civiles del apartamiento arrendado asegura el pago de los gastos co-munes. El posible argumento de que éstos constituyen una obligación personal del titular, exigible contra todos sus bienes, choca con la realidad de que la inmensa mayoría de compradores de condominios son asalariados de clase media y que la ejecución de una sentencia contra el propio aparta-miento es problemática porque siguiendo el método de finan-ciamiento se hallará afecto a una o más hipotecas que recla-man preferencia.

Las cesiones de cánones, obtenidas por los Bancos como garantía adicional de préstamos facilitados a Arana, son atentatorias contra el orden económico del inmueble en condominio, con un potencial para destruir y obliterar este régimen legislativamente diseñado. Su ilegalidad es insalvable. () La nulidad de las cesiones de cánones de arrendamiento que comprometieron éstos en perjuicio de las cuotas de gastos comunes impagadas por los titulares del “Suite” de oficinas Núms. 421-428 en el Condominio San Alberto hace innecesario adjudicar una prelación de créditos entre el de la Asociación de Condominos y el de los bancos cesionarios de cánones, como tampoco hay que desglosar las rentas consignadas en la cantidad de $14,085.89 toda vez que no bastan para pagar las deudas de cuotas comunes acumuladas por el titular Arana y su antecesora la corporación Seguros Arana, Inc. El convenio sobre cesión de cánones es inoperante no sólo en cuanto al importe de la mensualidad corriente de gastos comunes, sino por el restante balance afecto por su destino económico a las anteriores cuotas vencidas y acumuladas.

Desde que en 1958 se aprobó la Ley Núm. 104 de la Propiedad Horizontal, hay una clara política pública en Puerto Rico sobre utilización de terrenos dirigida a estimular su uso al grado máximo de densidad que se obtiene con los multipisos bajo dicho régimen. (Exposición de Motivos, Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, pág. 484 y ss.) “El orden público es una concepción esencialmente relativa, y cuyos integrantes varían con los tiempos, los lugares y las Sociedades que van a determinar su aplicación. Puede definirse como el conjunto de principios de orden superior, no solamente jurídicos (públicos y privados), sino también políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos, absolutamente obligatorios, por ser considerados esenciales para la conserva-ción del orden social, en un pueblo y una época determina-dos.” Bonet y Ramón, Código Civil Comentado, Segunda Edi-ción (1962), pág. 950. Los contratos de cesión de cánones de arrendamiento producidos por apartamientos en condominio que absorben frutos civiles cuyo principal destino es satis-facer los gastos de conservación y mantenimiento del edificio, corrientes o acumulados, son lesivos a dicha política pública, y en consecuencia ineficaces en Derecho. Cf. Pagán v. Sucn. Padilla, 42 D.P.R. 968 (1931).

En la cuota de mantenimiento asignada a cada titular de este edificio se incluye una parte proporcional del gasto total de agua, energía eléctrica, alcantarillado y aire acondi-cionado de toda área privada por carecer el imueble de con-tadores individuales en cada departamento.() Esta condi-ción imparte a dichos servicios o facilidades naturaleza aná-loga a la de elementos comunes generales en la clasificación de “todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del edificio o necesario para su existencia, conservación y seguri-dad” y adecuado uso y disfrute, añadió la Ley Núm. 157 de 1976 (Art. 11 Ley, 31 L.P.R.A. sec. 1291Í (g)). Si el régi-men interno del inmueble le dio ese carácter de participación común y a prorrata a tan necesarios servicios, no procede el desglose y exclusión proporcional de rentas liberándolas de su destino primario y dejarlas afectas a la cesión de cánones como propone el recurrente Bank of Nova Scotia. Confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no inter-vinieron.

      (1)La importancia vital del pago puntual de gastos comunes para la integridad y solvencia del sistema ha sido destacada al enmendarse este Art. 39 por Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, cuyo nuevo texto dice:
      “Artículo 39
      “Los titulares de los apartamientos están obligados a contribuir pro-porcionalmente a los gastos para la administración, conservación y repara-ción de los elementos comunes generales del inmueble y, en su caso, de los elementos comunes limitados, así como a cuantos más fueren legítimamente acordados.
      “Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renun-cia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del aparta-miento que le pertenezca.
      “La cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los gastos comunes se determinará, fijará e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en plazos mensuales. Las cuotas que los titulares no cubran dentro del plazo fijado para su pago, devengarán intereses al tipo máximo legal. La falta de pago de tres o más plazos consecutivos conllevará una penalidad adicional equivalente al uno por ciento mensual del total adeudado.
      “El titular moroso será requerido de pago mediante correo certificado con acuse de recibo y de no verificar el pago en el plazo de quince días se le podrá exigir por la vía judicial.
      “La deuda de un titular por concepto de gastos comunes hasta la suma de quinientos (500) dólares o hasta la cantidad que represente la falta de pago de no más de seis (6) plazos, le podrá ser reclamada judicialmente con arreglo al procedimiento abreviado dispuesto bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 1958, según enmendadas.
      “Cuando se reclame la deuda por la vía judicial, el Tribunal, a instan-cias del demandante, decretará el embargo preventivo de los bienes del deudor o deudores, sin otro requisito que la presentación de una certificación jurada por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Titulares, ante un notario público u otro funcionario autorizado para tomar juramentos, en que conste el acuerdo que aprobó el gasto exigible y su cuantía, así como la gestión de requerimiento de pago a que se refiere el párrafo cuarto anterior.
      “Cuando el demandante así lo solicitare, en aquellos casos en que el titular moroso hubiere arrendado el apartamiento, el Tribunal podrá orde-nar al arrendatario que consigne judicialmente a favor del Consejo de Titulares la cantidad total por concepto de cánones de arrendamiento, según éstos vayan venciendo, hasta que se cubra totalmente la deuda del titular.
      “Aquellos titulares que adeuden tres (3) ó más plazos consecutivos, quedarán temporalmente privados de ejercer su derecho al voto en las reuniones del Consejo de Titulares hasta tanto satisfagan la deuda en su totalidad.”
      Con igual intención legislativa, la Ley Núm. 157 citada, al enmendar el Art. 41 (31 L.P.R.A. sec. 1293e) ordenó que la obligación del titular de un apartamiento por su parte proporcional de los gastos comunes consti-tuya un gravamen sobre dicho apartamiento.

      (2) Situación prevista por The Bank of Nova Scotia que en el contrato de cesión insertó cláusula de vencimiento acelerado de las obligaciones de Arana para el caso que la cesión de cánones resultase “nula, inoperante, ineficaz o inexistente en derecho.”

      (3)Determinaciones de hecho del juez sentenciador, pág. 3, párrafo 3o.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Angel Ortíz Marrero y Otros, acusados y peticionarios.

      Número: O-76-425

      Resuelto: 13 de septiembre de 1977

      Amalio S. Vega Miranda, Luis E. Vargas Soto y Héctor R. Padilla Román, abogados de los peticionarios; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Maggie Correa Aviles, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En la tarde del 3 de enero de 1975 unos agentes del orden público en gestiones oficiales en Cataño, se percataron desde un vehículo sin rotular que en el balcón de una residencia una persona entregaba a otras papeles y dinero; sospechando la realización de una transacción delictiva el agente Jaime Castro López, en unión del agente José Luis Arroyo, mantuvieron una vigilancia por aproximadamente quince minutos. Luego se acercaron y se identificaron como policías a la persona que en ese momento sostenía unas papeletas, quien soltándo-las corrió hacia la parte trasera de la residencia. Inmediata-mente el agente Castro corroboró que las papeletas contenían números de quinielas clandestinas y al penetrar en la casa encontró sentadas a otras dos personas cuadrando y cote-jando unas listas. Ocuparon una máquina de sumar, un sobre manila conteniendo listas de quinielas clandestinas y 18 listas de bolita. Como consecuencia, contra los peticionarios se ra-dicó una denuncia por infracción a la Ley Hípica ante el Tribunal de Distrito, y una acusación por infracción a la Ley de Bolita ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

Ventilado en sus méritos en el Tribunal de Distrito el caso por infracción a la Ley Hípica, el tribunal acogió el plantea-miento de la defensa sobre supresión de evidencia y absolvió a los allí acusados.

Subsiguientemente, tras varios incidentes, los peticio-narios reprodujeron la misma moción de supresión de evi-dencia formulada en el Tribunal de Distrito con relación a la infracción a la Ley de Bolita pendiente en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. En la vista al efecto se presentó como prueba de cargo el testimonio del agente Castro y los peticionarios produjeron la resolución del Tribunal de Dis-trito. La ilustrada sala de instancia al denegar la supresión se fundó en las diferencias entre los hechos expuestos en la resolución del Tribunal de Distrito y los ante ella presentados. Al reiterar en reconsideración su dictamen consignó:

“. . . que la determinación judicial que sobre la legalidad de la ocupación de la evidencia hizo el Juez Toro Pérez no puede operar como un impedimento colateral con relación a la de bolita, que es de la exclusiva competencia de esta Sala (Véase, 33 L.P.R.A., See. 1250).
El efecto de la determinación del Juez Toro Pérez se limita por ley a la exclusión de la evidencia relativa al material de quiniela, de su competencia. El Tribunal de Distrito no tiene competencia sobre la materia (bolita) que constituye una in-fracción a la Ley de la Bolita. Aunque la ocupación del material ocurrió en una misma transacción, la moción de supresión de evi-dencia no podía referirse a todo el material ocupado en la transacción.”

Al recurrir los acusados en certiorari nos instaron a ex-pedir el auto los siguientes planteamientos:

“A. Erró el Honorable Tribunal Superior al declarar no ha lugar la moción de Supresión de Evidencia ante su considera-ción, basada ésta en la irrazonabilidad del allanamiento efec-tuado en violación de la disposición constitucional sobre la mate-ria y los derechos de los acusados.
B. Erró el Honorable Tribunal Superior al declarar no ha lugar la Moción de Supresión de Evidencia así como la Moción de Reconsideración por no darle aplicabilidad a la Doctrina de Cosa Juzgada y en su variante de Impedimento Colateral por Sentencia al igual que la Doctrina de Actos Propios.”

Para la disposición del recurso limitaremos el análisis al segundo planteamiento relativo a la doctrina de impedimento colateral () (collateral estoppel by judgment).

El ordenamiento penal vigente reconoce en nuestra jurisdicción la doctrina de impedimento colateral por sentencia. En síntesis, la misma recoge la norma de que una sentencia resulta concluyente entre las mismas partes si versa y conlleva la relitigación en un caso posterior de las cuestiones de hechos esenciales, adjudicadas y determinadas previamente en tal sentencia: Pueblo v. Pagán Pagán, 100 D.P.R. 532 (1972); Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971). Se acepta que ello impide la ventilación de un segundo proceso y es motivo de desestimación, aun cuando se trate de un delito distinto, si dentro de la adjudicación del caso anterior, clara y directamente, se dilucidaron y resolvieron hechos necesariamente decisivos para el segundo. Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 559-560 (1945).

De la relación de hechos expuesta en esta opinión, así como las contenidas en los dictámenes de los foros primarios, surge indubitadamente que la ocupación de la evidencia incriminatoria contra los peticionarios en ambos delitos ocurrió en un solo evento no susceptible de fraccionamiento fáctico ni jurídico. Los hechos que produjeron la evidencia en ambas infracciones fueron declarados contrarios a las normas evidenciarías establecidas en nuestro ordenamiento constitucional y procesal en virtud de una Resolución final y firme del Tribunal de Distrito con anterioridad a que se ventilara el asunto sobre infracción a la Ley de Bolita en el Tribunal Superior.

Diferimos del razonamiento de la sala de origen respecto a que la Sentencia del Tribunal de Distrito no puede operar como impedimento colateral por faltar el requisito de compe-tencia. En armonía con el Art. V de la Constitución y la Ley de la Judicatura de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 y ss.) el sistema judicial puertorriqueño unificado y la creación de un solo Tribunal de Primera Instancia con jurisdicción original y autoridad para actuar en todo procedimiento civil o criminal —sin que la falta de competencia sea motivo para desestimar —implica unas consecuencias sustanciales que trascienden el simple aspecto administrativo según expusimos en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976), al señalar: “un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración no tolera el contrasentido de que una sala deba ignorar por completo los procedimientos habidos en otra sala relativos al mismo hecho litigioso.”

Resultando aplicable en el caso de autos la doctrina de im-pedimento colateral, se dictará sentencia revocando la Reso-lución del 27 de enero de 1976 del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, y en su lugar disponiéndose la desestimación de las acusaciones.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Sobre el primer planteamiento basta destacar que la Resolución del Tribunal de Distrito se convirtió en final y firme por el Estado no haberla revisado, sobre la cual, ante los hechos relatados, podrían existir criterios respetables distintos.


text:
    Roque, Domingo Juan y María Mercedes Pérez Cruz et al., demandantes y recurrentes, v. Manuel Fernández Martínez, etc., et al., demandados y recurridos.

      Número: R-76-181

      Resuelto: 13 de septiembre de 1977

      A. J. Amadeo Murga, abogado de los recurrentes; José Antonio Luiña, abogado de Litheda Apartments, Inc. y Harry B. Lienza, abogado del recurrido Manuel Fernández Martínez.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos nuevamente un capítulo de un pleito() sobre reivindicación, nulidad de actuaciones y daños iniciado en el año 1947 por la sucesión de Domingo Pérez Provecho ten-dente a recuperar una finca de diez y ocho cuerdas en el Barrio Cupey Bajo, Río Piedras, Puerto Rico.

Desfilada la prueba de los demandantes, la demandada Litheda Apts., Inc., solicitó la desestimación de la demanda. La ilustrada sala sentenciadora accedió en cuanto a los co-demandados Litheda y Antonio Mongil Portell por el funda-mento de que los demandantes no lograron probar dónde que-daba ubicada la finca dentro de otras propiedades de los Mongil, y de que no se había demostrado doble inmatricula-ción de la finca, ante lo cual Litheda era tercero con derecho a protección del Registro. Con relación al demandado Fer-nández Martínez, el tribunal remitió a los demandantes a los términos de la Resolución de 12 de junio de 1963 declarando nula la venta judicial mediante la cual este demandado ad-quirió la finca en controversia.

Recurren los demandantes ante nos alegando la errónea apreciación de la prueba por parte del juzgador, habiéndose radicado oposición al recurso. En virtud de la Regla 50 de nuestro Reglamento lo consideramos sometido.

La sinopsis de hechos, sostenidos en evidencia es como sigue: el 8 de diciembre de 1900 Domingo Pérez Provecho compró una finca de 18 cuerdas en el Barrio Cupey. Cabe destacar que al día de hoy continúa inscrita en el Registro de la Propiedad a su nombre con el número 471. Las colindan-cias de la misma son: Este y Oeste: Manuel Zavala; Norte: Quebrada Guaracanal; Sur: Rafael Castro. De esta finca su dueño segregó .47 cuerda que vendió a Porto Rico Railway Light & Power Co.

A su muerte en 1931, Pérez Provecho adeudaba a Manuel M. Fernández Martínez $343.41. Este instó acción en cobro contra los herederos de Pérez Provecho, sus hijos y su viuda, quienes habían continuado viviendo la finca número 471. El acreedor Fernández la embargó y anotó en el Registro. Ob-tuvo sentencia a su favor y el 31 de enero mediante subasta le fue adjudicada en pago de la sentencia. De rigor un parén-, tesis para señalar que esta venta judicial fue anulada en 1964 en Fernández Martínez v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 754 (1964), por haber carecido de facultad en ley el secre-tario del tribunal de primera instancia para dictarla.

El 21 de febrero del mismo año (1933), Fernández Martí-nez segregó y vendió una franja de .956 cuerda a la Central Vannina y el remanente de las 18 cuerdas a Antonio Mongil Portell y su esposa. Como dato importante, resulta incontrovertible que ni la venta judicial a Fernández Martínez ni el sucesivo traspaso a Mongil fueron inscritos en el Registro de la Propiedad.

Para la misma época Ezequiel Mongil Portell era dueño, entre otras, de la finca número 2823 con cabida de 57.965 cuerdas, conocida por “La Granja” con lindes al Norte, con terrenos de Emilio Peñalver, Manuel Rodríguez Serra y Que-brada Guaracanal; Este, la misma quebrada; Sur, terrenos de Domingo Pérez y Providencia Pizarro y Oeste, el camino municipal separando terrenos de Francisco García y Ezequiel Mongil y una carretera separando terrenos de Emilio Peñal-ver. La atravesaba de Noroeste a Sudeste, la vía férrea de la Porto Rico Light & Power Co. (Exh. 16-demandánte.)

Cinco años más tarde, el 28 de abril de 1938, ya muerto Ezequiel Mongil, su sucesión solicitó y obtuvo del Registro, por haber transcurrido más de cuatro años, la cancelación de la anotación de embargo lograda por Fernández Martínez allá para 1932 en la finca número 471. Pocos días más tarde, el 14 de mayo de 1938, dicha sucesión realizó otra operación relativa a varias fincas de su propiedad agrupando seis fincas para formar la 6206 con cabida de 410.48 cuerdas. Entre las seis se encontraba la 2823 (La Granja) antes descrita, mas no así la 471 que originalmente perteneció a Pérez Provecho. Sin embargo, en la escritura de agrupación Antonio Mongil Por-tell y su esposa hicieron constar su deseo de que si apare-ciese entre los terrenos agrupados algún bien de su propiedad en los cuales pudiesen tener algún derecho, cedían los mismos a la sucesión.

A través de los años, esta finca 6206 fue objeto de segre-gaciones hasta que en 1944 quedó reducida a 94.2838 cuer-das y así reducida fue vendida a dos de los integrantes de la sucesión, Luis y Bernardo Mongil. Examinado rigurosa-mente un plano de la finca 6206 así reducida, conocida por “Hacienda Los Pinos” (Exh. 18-demandante), encontramos que su contorno corresponde al formado por “La Granja” (Exh. 17-demandante), junto con la finca de Pérez Provecho (Exh. 2-demandante). () Como explicamos antes, esta última quedaba al sur de “La Granja” según surge de la descripción registral de la finca 2823.

Estos tres planos demuestran gráficamente y sin lugar a dudas que la finca 471 de Pérez Provecho quedó comprendida en la porción Sur de la finca 6206 de Luis y Bernardo Mongil. Las discrepancias entre los linderos de la finca que Pérez Pro-vecho adquirió en 1900 y los que surgen del plano preparado por Luis Yilá Andino antes de morir Pérez Provecho, con la ayuda del codemandante Domingo Pérez Cruz (hijo de Pérez Provecho), son sólo aparentes e inconsecuentes. En dicho plano el límite Norte de la finca es “La Granja” de Ezequiel Mongil; el Este la quebrada Carne Fresca o Guaraeanal, el Oeste terrenos de la Central Vannina, terminando por el Sur en un casi ángulo circundado también por la quebrada. Para esa época ya estaba construido el camino que es hoy la Carre-tera 844 que conduce a Cupey y que cruzaba la finca de Norte a Sur por su extremo Oeste. Surge del plano que Pérez Pro-vecho había construido su casa de frente a la carretera y frente al “Camino Callejones”, así como también el lugar en que cruzaba también de Norte a Sur por el extremo Oeste la vía del ferrocarril que luego se convirtió en la Carretera 845 conocida por Antigua Vía. ()

Según la escritura Núm. 8 de 21 de febrero de 1933, la franja de terreno que Fernández Martínez le vendió a la Central Vannina tiene como colindancias las siguientes: Norte, camino vecinal de Guadacanal (sic); Sur, Central Vannina; Oeste, Camino Callejones, terminando en ángulo agudo por el Este. La inferencia lógica de esta prueba docu-mental es que tanto Pérez Provecho como Fernández Martí-nez tomaron como su Norte la Quebrada Guaraeanal para establecer las colindancias, mientras que un entendido en la materia, el Ingeniero Vilá, estableció el verdadero Norte, la finca de Ezequiel Mongil. ()

Continuando con el historial de la finca 6206, se des-prende que luego de varias segregaciones adicionales y el transcurso de los años — ya incoada desde 1947 la demanda contra Fernández Martínez y Antonio Mongil, () y anotado en la finca 471 aviso de demanda desde 1949 — Bernardo Mon-gil vendió a El Lago Corp. una parcela de 36 cuerdas del remanente que le tocó de las 94 cuerdas que tenía en comuni-dad con su hermano. De esta parcela de 36 cuerdas es que eventualmente Litheda adquiere 28.40 cuerdas () cuya des-cripción surge de la “Declaración de Intención de Lotificar” radicada en la Junta de Planificación y el plano de segrega-ción preparado por Litheda (Exh. 15-demandante) del si-guiente modo:

“Boundaries:
North — Dirt Road -& £E1 Cerrito’ Corp.
South — Bernardo Mongil & Manuel Del Valle Zero [sic] (Sein’s Development)
East — Antigua Via, Road to Trujillo Alto
West — State Road #844, to Trujillo Alto
Recorded in the Registry of Property of Río Piedras at page 169, Volume 182, property No. 6,206.”

Es interesante anotar que las colindancias Este y Oeste son las dos carreteras tantas veces mencionadas. Aunque para efectos de Registro no se hace mención de la quebrada, en comunicación del Departamento de Salud al Presidente de la Junta de Planificación, de fecha 12 de mayo de 1960, el primero hace constar al segundo que como requisito para conceder permiso para urbanizar “debe canalizarse la que-brada que cruza por el lado Sureste del predio de terreno” (Expediente Litheda ante Junta de Planificación; Exh. 15-demandante). También del mencionado plano notamos el cauce de la quebrada ya canalizado como colindancia Sur-este y la colindancia Sur con Bernardo Mongil quien ad-quirió algo más de una cuerda comprendida desde esta colin-dancia hasta el ángulo donde se une la Carretera 844 con la quebrada.

Resumiendo el historial antes relacionado, apoyado en la evidencia de los demandantes recurrentes, demuestra satisfactoriamente: (1) que para efectos del Registro de la Propiedad la finca 471 y la 6206 constituyen dos fincas distintas e independientes y (2) la realidad extraregistral es otra, ya que la 471 pasó a formar parte de la 6206 cuando los Mongil agruparon en 1938 y así continuó hasta la adquisición por parte de Litheda. Nos confrontamos con un caso de doble inmatriculación aun cuando en la agrupación efectuada en el año 1938 no se hizo figurar la 471 como agrupada junto con las otras para formar la número 6206. En consecuencia, no es oponible la defensa de tercero registral en que se ampara Litheda. Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 371-372 (1973). El error fue cometido.

Tampoco podía desestimarse la demanda por el razonamiento de no haber probado la parte actora la ubicación de la finca. Si a la anterior prueba, unimos la deposición del codemandado Antonio Mongil Portell (Exh. 12-deman-dante) estableciendo como colindancias de las 18 cuerdas más o menos que adquirió en 1938, la Carretera de Cupey, la Quebrada, la Antigua Vía y “La Granja”; el testimonio de Domingo Pérez Cruz, codemandante quien vivió en la finca hasta que fue lanzado por Fernández Martínez y quien todavía vive en su cercanía a los mismos efectos; y el plano y testimonio del Agrimensor Juan S. Falú — quien realizó mensura y deslinde por orden del tribunal con citación de partes y colindantes — es forzoso concluir que también erró el tribunal al determinar que los demandantes no lograron probar cuál era la finca a reivindicarse y su ubicación física dentro del área. () Para reivindicar lo usurpado no es necesario que los bienes se conserven en un solo cuerpo ni permanezcan en manos de un solo adquirente. Ill Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 201, 8va. Ed. (1976). Prima facie los demandantes probaron su caso. Procede ahora que los demandados desvirtúen esta prueba si pretenden prevalecer.

Se dictará Sentencia expidiendo el auto solicitado y revo-cando la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de fecha 19 de abril de 1976.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no inter-vinieron.

      (1) Véanse: Pérez v. Fernández, 72 D.P.R. 260 (1961); Pérez v. Fernández, Sentencia del 15 de noviembre de 1956; Fernández Martínez v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 754 (1964); Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365 (1973).

      (2) Nótese que los colindantes Norte y Oeste tanto en el plano de “La Granja” y la finca 471 como en el de la Hacienda Los Pinos, son sustancial-mente los mismos; y los contornos de la quebrada que corre por el Este de la Granja y continúa también por el Este de la finca 471 de Pérez Prove-cho corresponden al de la quebrada que discurre por el Este de la Hacienda Los Pinos.

      (3)Los planos de “La Granja” y la finca de Pérez Provecho encajan cabalmente entre sí, como piezas de rompecabeza, al unirlos por la colin-dancia Sur de “La Granja”.

      (4) No sólo los demandantes incurrieron en este error, sino algunos miembros de la sucesión Mongil. Véanse las colindancias confusas esta-blecidas para el remanente de 94 cuerdas de la finca 6206, según escritura pública Núm. 33 de 28 de junio de 1948, mediante la cual Luis y Bernardo Mongil dividen la comunidad que tienen constituida sobre la finca. Las colindancias no coinciden con la establecida en el antes mencionado plano (Exh. 18-demandante). En este último, notamos también la quebrada por el Este, la Antigua Vía cruzando también por el Este; la Carretera de Cupey por el Oeste y el ángulo formado por esta última y la quebrada por el Sur.

      (5)La descripción de la finca a ser reivindicada según la demanda es la siguiente:
      “Finca Rústica: Terreno radicado en el Barrio Cupey de Río Piedras, compuesta originalmente de 18 cdas. pero que habiéndose segregado de ella 47 céntimos de cda. que se vendieron a la Porto Rico Railway Light & Power Co. y 956 milésimas de cda. a la Central Vannina, su cabida ha que-dado reducida a 16 y % cdas., equivalente a 61,845 metros cuadrados más o menos; colindando por el Norte, antes con terrenos de Ezequiel Mongil, hoy Cerrito Corp. y en parte con la Quebrada Guaracanal; Sur, antes Rafael Castro, después la finca Cepero propiedad de la Sucn. Fonalledas, separada por la Quebrada Carne Fresca, hoy con terrenos de Sein Enterprises, Inc.; Este, antes Manuel Zavala, hoy con la parcela segregada a la Porto Rico Railway Light & Power Co. convertida hoy en parte de la Carretera Núm. 845 que se construyó en los terrenos de la antigua vía de la Porto Rico Railway Light & Power Co. y Sein Enterprises, Inc.; y por el Oeste, antes Manuel Zavala hoy Carretera Estatal Núm. 844 (conocida también como Carretera del Cupey) la que la separa, en parte, de la par-cela vendida a la Central Vannina).”

      (6) De éstas se segregaron 15.2770 cuerdas para formar la finca 20822 donde está ubicada Litheda Apartments, Inc., propiamente. El remanente de 12.3287 cuerdas pertenece a Litheda Homes, Inc. Este predio queda con-tiguo al 20822.

      (7)Si se examina el plano Vilá Andino (Exh. 2-demandante) y el plano de segregación de Litheda (Exh; 15-demandante) junto con el plano Falú (Exh. 4-demandante), encontramos la ubicación exacta de la finca.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mariano González Barreto, acusado y apelante.

      Número: CR-76-262

      Resuelto: 14 de septiembre de 1977

      Wilfredo Figueroa Vélez, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurar dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso constituye otro ejemplo más del recurso inmeritorio que con no poca frecuencia ocupa la atención de este Tribunal. Ello nos obliga a reiterar la pauta que establecimos en Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976), al efecto de que los abogados no deben sobrecargar la tarea judicial con planteamientos y recursos frívolos en menoscabo del tiempo y la energía que se debe a los asuntos meritorios.

Los hechos son sencillos. Un jurado declaró culpable al apelante del delito de mutilación y el tribunal de instancia le condenó a sufrir una pena de dos a cuatro años de presidio bajo el régimen de libertad a prueba. No conforme interpuso el presente recurso señalando como fundamento para la revo-cación que no tuvo un proceso justo e imparcial, que el tribunal de instancia le negó un nuevo juicio y que la prueba es insuficiente para demostrar el delito de mutilación.

El primer apuntamiento se funda en que el juez que presidió el juicio, Honorable Roberto Veray Torregrosa, debió haberse inhibido por ser pariente en el sexto grado de consanguinidad del abogado José Veray. Este abogado representa al perjudicado de este caso en una acción civil separada contra el apelante reclamándole los daños causados por la mutilación. La Regla 76 (e) de Procedimiento Criminal establece como una de las causas para solicitar la inhibición del juez el parentesco de éste dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con el acusado, su abogado o el fiscal. No existe en este caso relación de parentesco alguna con ninguno de los tres. Quizás, por eso fue que el apelante no solicitó la inhibición del Juez Veray Torregrosa en el tribunal de instancia. Ello de por sí sería suficiente para desechar el planteamiento por tardío. Pero, en adición, hace más de un año, el pasado 5 de agosto de 1976, que dispusimos de este mismo planteamiento levantado entonces por el apelante en una moción informativa. En esa ocasión nuestra resolución fue al efecto de que la cuestión era irrelevante e inmaterial a la luz de la mencionada Regla 76(e). No obstante, el ape-lante, sin atenerse a lo ya resuelto, tardíamente además y sin nuevos argumentos que razonablemente justificaran su posi-ción, vuelve a insistir en su planteamiento ocupando por se-gunda vez la atención de este Tribunal. No hemos titubeado en imponer sanciones económicas a los peticionarios que han interpuesto frívolamente recursos de revisión contra senten-cias en casos civiles, Maldonado v. Pichardo, supra. En las causas criminales preferimos por el momento prevenir a los abogados contra tales prácticas advirtiéndoles de las san-ciones a nuestro alcance para disuadirlos de las mismas.

Es igualmente frívolo el señalamiento relativo a la denegación de la moción de nuevo juicio. El apelante fundó dicha moción en el descubrimiento de nueva prueba consistente en el testimonio de Jenaro Rosario Vega, operador de máquinas de películas, quien había tomado tres películas del perjudicado trabajando en su garaje. Aparece del expediente que Rosario Vega también había tomado películas del perjudicado antes del juicio y fue en efecto presentado por el apelante como testigo de defensa en la vista preliminar. Por consiguiente, el apelante pudo haberlo presentado como su testigo durante el juicio y si no lo hizo en el momento oportuno, no puede quejarse de su omisión en este recurso.

El ataque del apelante a la suficiencia de la prueba para establecer el delito de mutilación es del todo inmeritorio.

El Art. 212 del anterior Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 671, define el delito de mutilación como la privación a un ser humano de un miembro de su cuerpo o la desfiguración o inutilización de dicho miembro. La prueba pericial presen-tada por el Ministerio Público revela que el perjudicado no puede estirar el codo más de un ángulo aproximado de cien grados, que no puede doblar hacia atrás la muñeca ni doblar los dedos abriendo y cerrando la mano. El perito médico opinó que el perjudicado no puede hacer las funciones normales que una persona puede hacer con su mano, siendo dicha condi-ción de carácter permanente no susceptible de ser corregida mediante cirugía, ni operando el brazo ni operando el mús-culo. Esta prueba no aparece refutada en la exposición na-rrativa preparada por el apelante. Tampoco aduce éste funda-mento válido para rechazarlo en apelación. Es evidente, que de ser creída como lo fue por el jurado que rindió veredicto de culpabilidad, es suficiente para sostener la comisión del delito de mutilación.

Se dictará sentencia confirmando el fallo condenatorio y la pena aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.