author: PER CURIAM:

text:
      In re Luis A. Sánchez Rodríguez, querellado.

      Número: AB-88-24

      Resuelto: 20 de junio de 1989

      Néstor Hernández Pérez, querellante, pro se; Manuel Fermín Arraiza, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

El 13 de agosto de 1988 el Ledo. Néstor Hernández Pérez presentó ante este Tribunal una querella contra el Ledo. Luis A. Sánchez Rodríguez, imputándole a este último que indujo a error al Tribunal Superior, Sala de Arecibo, y por consiguiente, obtuvo sanciones contra él y su cliente.

Oportunamente, dimos término al Ledo. Luis A. Sánchez Rodríguez para que mostrara causa por la cual no debía ser sometido a acción disciplinaria. El querellado ha compare-cido.

I

El querellante representaba la parte demandante en el Caso Civil Núm. CS-86-1950, Pedro Vargas Sánchez, et als. v. Carlos Bolet Álvarez, en una acción sobre daños y perjui-cios. A petición del querellante, la Hon. Juez Berta Mainardi Peralta del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, le concedió a la parte demandante treinta (30) días para hacer descubri-miento de prueba.

Luego de varios incidentes procesales, la vista del caso en su fondo fue señalada inicialmente para el 17 de mayo de 1988 por acuerdo de los dos (2) abogados y de la juez Mai-nardi Peralta.

Posteriormente, la juez Mainardi Peralta reseñaló la vista en su fondo para el 20 de septiembre de 1988 a las 10:00 A.M., indicándolo así personalmente en corte abierta a ambos abogados.

Debido a un error administrativo del tribunal de instan-cia, el 17 de mayo de 1988 se llamó el caso de autos para la vista en su fondo, señalamiento que no había sido notificado al querellante. El Ledo. Luis A. Sánchez compareció a dicha vista indicándole al tribunal que estaba listo para ver el caso en su fondo, cosa que éste hizo. Ante la incomparecencia del querellante, el tribunal le impuso la cantidad de trescientos dólares ($300) de sanción a favor del Ledo. Luis A. Sánchez. Además, en dicha vista el Ledo. Luis A. Sánchez presentó una moción (en corte abierta) solicitando se le eliminaran las alegaciones al codemandante Pedro Vargas Sánchez, a lo cual el tribunal accedió. La vista dél caso fue celebrada ante el Hon. Juez Juan A. Melecio, quien desconocía el error come-tido al incluir en el calendario del tribunal el caso para verse dicho día y el reseñalamiento para el 20 de septiembre de 1988 hecho por la juez Mainardi. El Ledo. Luis A. Sánchez no informó al juez Melecio de dicho reseñalamiento.

El querellante, al enterarse de la sanción impuesta, le planteó a la juez Mainardi la situación y ésta informó al juez Melecio de la misma, lo que motivó que éste dejara sin efecto todas las órdenes y decisiones dictadas en la vista celebrada el 17 de mayo de 1988.

El licenciado Sánchez, en su comparecencia ante nos, ex-presó que la vista del caso había sido señalada para el 17 de mayo a las 10:00 A.M. y que el reseñalamiento para el 20 de septiembre no fue notificado por el tribunal hasta el 1ro de junio, por lo que compareció al tribunal el 17 de mayo sin el beneficio de la minuta enmendada de la juez Mainardi. Ad-mite, sin embargo, que la fecha de 20 de septiembre de 1988 había sido acordada por ambos abogados en presencia de la juez Mainardi.

El querellado señala, además, que el 4 de abril de 1988 anotó en su calendario el reseñalamiento para el 20 de sep-tiembre del mismo año, pero que omitió tachar el que había hecho anteriormente para el 17 de mayo de 1988. Explica que no informó al juez Melecio del reseñalamiento por no recordarlo, por tener la vista de 17 de mayo todavía en su calendario y por estar el expediente del caso en sala y el caso en el calendario de ese día.

El querellado sostiene que no hubo premeditación ni in-tención reprobable en ese doloroso suceso, y que fue un error de su parte por no haber tachado ese señalamiento que se dejó sin efecto. Nos informa, además, que fue un “error de omisión sin mala fe”. Testimonio jurado, pág. 1.

Explica que su omisión de informar al juez Melecio sobre el reseñalamiento del caso fue debido al gran cúmulo de casos que tenía en los tribunales en esos días. Por último, sostiene que no se ha causado daño personal ni pecuniario a nadie.

II

Los abogados son profesionales. Por serlo, se requiere que desempeñen sus funciones con el mayor grado de competencia, responsabilidad e integridad. Ello no sólo debe pregonarse, sino hacerse de día a día con voluntad y vertica-lidad, utilizando al máximo el intelecto, la preparación y la dedicación de su ministerio. Lo anterior conlleva cultivar la sensibilidad, la franca y enriquecedora comunicación seria, digna y edificante, así como una sana convivencia. La profe-sión legal debe ser ejemplo para la sociedad de estas cuali-dades y valores humanos. Corresponde al abogado esa tarea de exaltar el honor y la dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales. Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Roldan Figueroa, 106 D.P.R. 4, 12 (1977); In re Ríos Lugo, 119 D.P.R. 568 (1987).

Los cánones de ética profesional le imponen al abogado unas responsabilidades profesionales para con la sociedad, los tribunales, sus clientes, sus compañeros y su profesión. Véase Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Estas responsabilidades profesionales no deben ser menoscabadas por el quehacer diario o por el ambiente social y valorativo dentro y alrededor del cual se desenvuelven los abogados.

La buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal. Deberes del abogado para con los tribunales, Criterio general, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. La preservación del honor, la dignidad y la buena relación entre compañeros es también responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal y, para ello, todo abogado debe observar con sus compañeros una actitud respetuosa, sincera, honrada, de cordialidad y de cooperación profesional, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal. Deberes del abogado en relación con sus compañeros y su profesión, Criterio general, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Roldán González, 105 D.P.R. 498 (1976). Como expresamos en In re Calderón Marrero, 122 D.P.R. 557, 566 (1988):

Es axiomático que entre los abogados exista fraternidad y respeto mutuo que enaltezca la profesión, sin que influya y nuble el entendimiento la animadversión de las partes o las resultantes de posiciones antagónicas en las diversas fun-ciones y cargos del quehacer jurídico. En el terreno de las relaciones profesionales habituales entre colegas, toda con-ducta malévola o injuriosa está proscrita. (Énfasis suplido.)

Por otra parte, no se es sincero ni honrado cuando se utilizan medios que sean incompatibles con la verdad o se induce a error al juzgador, utilizando como artificio una falsa relación de hechos o de derecho. Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Como expresamos en In re Ramos y Ferrer, 115 D.P.R. 409, 412 (1984), “[j]ugar al esconder con la justicia, que es jugar al esconder con la verdad, es práctica deleznable” de los abogados. Por otra parte, en su conducta como funcionario del tribunal deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de la mejor administración de la justicia —Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra; In re Vázquez Báez, 110 D.P.R. 628, 635 (1981); In re Ramos y Ferrer, supra; Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275 (1985); In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895, 903 (1986)— y observar en su práctica el “juego limpio” y no el subterfugio. Cf. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988); Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 91 (1985).

III

En el caso de autos, el reseñalamiento de la vista del caso en su fondo para el 20 de septiembre de 1988 a las 10:00 A.M. le fue indicado por la juez Mainardi personalmente y en corte abierta a ambos abogados, por lo que al Ledo. Luis A. Sánchez le constaba de propio conocimiento tal hecho. Así lo admite en su contestación ante nos. Constándole lo anterior, sabía que la vista celebrada el 17 de mayo de 1988 era un error administrativo. El Ledo. Luis A. Sánchez compareció a dicha vista y le indicó al tribunal que estaba listo para ver el caso en su fondo, aunque su compañero no había compare-cido, sabiendo que la vista había sido señalada para el 20 de septiembre de 1988. El Ledo. Luis A. Sánchez no trajo a la átención del tribunal este error, sino que, por el contrario, le indicó que estaba listo para ver el caso en su fondo y, además, solicitó del tribunal que le impusiera la cantidad de trescientos ($300) de sanción a su compañero a su favor. Fue más allá, y solicitó que se le eliminaran las alegaciones a la parte contraria y cliente de su colega.

No cabe duda de que el Ledo. Luis A. Sánchez se aprove-chó de la situación de que su compañero, abogado de la otra parte, no estaba presente en la vista que había sido señalada por un error administrativo. Muy bien pudo haber llamado la atención del tribunal sobre el error, solicitado al tribunal que llamaran a su compañero abogado a la oficina para ver por qué no había comparecido o tomado otras medidas que pro-pendieran a establecer las buenas relaciones que debe llevar a cabo un abogado con el tribunal y con sus compañeros de profesión.

Su explicación de que compareció el 17 de mayo sin beneficio de la minuta enmendada de la juez Mainardi y de que había olvidado tachar en su calendario el señalamiento para el 17 de mayo de 1988, no nos satisface. Tampoco de que no le informó al juez Melecio sobre el reseñalamiento por no recordarlo, así como que tenía un gran cúmulo de casos en los tribunales en esos días. La conducta del licenciado Sán-chez Rodríguez merece nuestra más enérgica censura. Su conducta, al tratar de sacar ventaja de errores administra-tivos, de inducir a error al tribunal y de agraviar a un compa-ñero ausente y a una parte indefensa, no adelanta la causa de la justicia, la buena práctica de la profesión ni la buena admi-nistración de los tribunales.

Los abogados, como profesionales que son, deben ser los primeros en dar el ejemplo sobre los mayores valores de crítica, respeto al prójimo y sana convivencia. La llamada “jungla legal”, donde la práctica imperante sea “salvarse quien pueda y no importa a costa de qué”, no puede ser la descripción adecuada de la práctica de la profesión legal ni la norma para ejercerla y enaltecerla. Hay valores profesionales y humanos que imponen una conducta radicalmente distinta.

El licenciado Sánchez señala que no se causaron daños personales ni pecuniarios a nadie, que no hubo premeditación ni intención reprobable en ese doloroso suceso y que fue un error de su parte no haber tachado de su calendario el señalamiento que se dejó sin efecto. Admite que fue un error de omisión sin mala fe. El récord demuestra lo contrario. El Ledo. Luis A. Sánchez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 21 de mayo de 1968. Su historial personal previo no muestra mácula que denote una desviación profesional irremediable de los cánones de ética. Pero, dadas las circunstancias particulares de este caso y en el ejercicio de nuestra función disciplinaria, lo suspendemos del ejercicio de la abogacía por el término de tres (3) meses.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Den-ton no intervinieron.

       “Urge reivindicar el concepto de Abogado. Tal cual hoy se entiende, los que en verdad lo somos, participamos de honores que no nos corresponden y de vergüenzas que no nos afectan.” A. Ossorio y Gallardo, El abogado: el alma de la toga, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1956, pág. 17.

       “La mentira degrada el carácter y envilece el espíritu y es antítesis de la conducta recta y honorable que el Código de Ética Profesional exige de todo abogado.” In re Ramos y Ferrer, 115 D.P.R. 409, 412 (1984).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Enrique Ramos Rosa, demandante y apelante, v. Víctor Maldonado Vázquez, Alcaide Cárcel Regional de Bayamón, demandado y apelado.

      Número: AC-88-695

      Resuelto: 20 de junio de 1989

      Marta S. Arvelo López, abogada del apelante; la parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Se recurre de la resolución dictada el 26 de octubre de 1988 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que deniega una petición de hábeas corpus mediante la cual el apelanté, Enrique Ramos Rosa, impugnaba la legalidad de su deten-ción en una prisión en Puerto Rico.

El apelante fue sentenciado por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico el 13 de abril de 1984 por haber violado varias disposiciones penales federales. Luego de que se dictara sentencia en su contra, el Tribunal federal ordenó su traslado a una prisión federal ubicada en el estado de Nueva York.

Mientras el apelante estaba detenido en dicha prisión, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, expidió un auto de habeas corpus ad testificandum el 20 de noviembre de 1987, en el cual se solicitaba la comparecencia del apelante a la juris-dicción local como testigo en el caso criminal seguido contra Julio César Andrades (Pueblo v. Julio César Andrades, Criminal Núm. G-87-644).

Las autoridades federales autorizaron el traslado del apelante a Puerto Rico y éste llegó el 2 de diciembre de 1987. El apelante fue encarcelado inmediatamente en la Cárcel Regional de Bayamón. Mientras estaba allí, el Ministerio Público presentó varios cargos en su contra, el 24 marzo de 1988, imputándole la comisión de los delitos de asesinato en primer grado y secuestro.

El 8 de abril de 1988 el Hon. Juez Fernando Grajales expidió el auto de habeas corpus ad prosequendum, en el que instruía al Secretario de Justicia de Estados Unidos y a cual-quier agente federal a que condujeran al apelante ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico con el propósito de en-frentarse a cargos criminales presentados en nuestra juris-dicción.

El 26 de agosto de 1988 el peticionario presento una peti-ción de hábeas corpus ante el Tribunal Superior. En la misma planteó que el tribunal de instancia había expedido el auto de habeas corpus ad prosequendum, contrario a los procedi-mientos establecidos por la legislación federal.

El tribunal señaló vista para el 12 de septiembre de 1988 y, luego de recibir la documentación y la posición de las partes, declaró sin lugar el recurso.

No conforme, el apelante presentó ante nos un escrito de apelación el 28 de noviembre de 1988. En el mismo hace constar los señalamientos de error siguientes:

Primer Error:
Erró el Tribunal Superior, Sala de San Juan, al determinar que en Puerto Rico existe el Hábeas Corpus Ad Prosequendum en virtud de la Sección 48 de la Carta Orgánica de 1917.
Segundo Error:
Erró el Tribunal al resolver que al apelante no se le violaron sus derechos constitucionales bajo las cláusulas del debido proceso de ley y la igual protección de las leyes garantizado por la Constitución Norteamericana y Puertorriqueña.
Tercer Error:
Erró al determinar que el apelante no tiene “standing” para impugnar la ilegalidad de su detención.
Cuarto Error:
Erró el Tribunal al determinar que los planteamientos del apelante son similares a los del caso número HC-88-56 instado por el Sr. [Á]ngel Luis Torres López v. Víctor Maldonado Vázquez, alcaide Cárcel Regional de Bayamón. (Énfasis suplido.) Alegato del apelante, págs. 3-4.

Por estar los errores señalados íntimamente relacio-nados, procedemos a discutirlos en forma conjunta.

El recurso de habeas corpus ad testificandum es el mecanismo a utilizarse para traer un prisionero a un tribunal cuando la prestación de su testimonio sea necesaria. Ex Parte Bollman, 8 U.S. 74 (1807); Gilmore v. United States, 129 F.2d 199 (10mo Cir. 1942). También se utiliza cuando una parte interesa la comparecencia de un prisionero a un juicio criminal para que testifique a su favor. U.S. v. Hayman, 342 U.S. 205 (1951); S.P. Amadeo, El hábeas corpus en Puerto Rico (1899-1948), 11 Rev. C. Abo. P.R. 311 (1948); 39 Am Jur. 2d Hábeas Corpus Sec. 2, pág. 180; 65 A.L.R. Fed. 321.

El habeas corpus ad prosequendum, por otra parte, constituye el remedio adecuado para traer a la jurisdicción de un tribunal a un acusado que se encuentra cumpliendo una sentencia en una prisión de otra jurisdicción para así procesarlo. Rose v. United States, 365 F. Supp. 841 (D. Ill. 1973); United States v. Schurman, 84 F. Supp. 411 (D. N.Y. 1949); State v. Heisler, 390 P.2d 846 (Ariz. 1964); J. Morales, Facultad de una corte para emitir un habeas corpus ad testificandum para traer o declarar a un confinado federal, Año 2 (Núm. 3) Factum 3 (1988).

En el caso de autos se utilizó inicialmente el hábeas corpus ad testificandum y posteriormente el habeas corpus ad prosequendum, acciones que cuestiona el apelante adu-ciendo que los mismos no proceden en nuestra jurisdicción por razón de que no existe ninguna disposición estatutaria que así los reconozca expresamente.

II

El auto de hábeas corpus es un recurso extraordinario, de naturaleza civil, mediante el cual una persona que está privada ilegalmente de su libertad solicita de la autori-dad judicial competente que investigue las causas de su detención. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, pág. 170. El mismo está garantizado en su más amplia dimensión por nuestra. Constitución (Art. II, Sec. 13, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1) y reglamentado por el. Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. secs. 1741-1780.

El Art. 48 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, Sec. 48, ed. 1982, pág. 244, también dispone, en lo pertinente, que:

El Tribunal Supremo y las Cortes de Distrito de Puerto Rico y los respectivos Jueces de los mismos podrán conceder autos de hábeas corpus en todos los casos en que dichos autos puedan concederse por los Jueces de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, y las Cortes de Distrito podrán conceder autos de mandamus en todos los casos oportunos. (Énfasis suplido.)

Como puede observarse, dicho estatuto autoriza a este Tribunal y a los tribunales de primera instancia a conceder el recurso de hábeas corpus en todos los casos en que el mismo pueda otorgarse por una Corte de Distrito federal.

Es claro que las Cortes de Distrito de Estados Unidos tienen autoridad expresa en ley para emitir los autos de hábeas corpus. 28 U.S.C. sec. 2241. Dentro de esa facultad está comprendida la de expedir tanto el auto de habeas corpus ad testificandum, como el de habeas corpus ad prosequendum. United States v. McGaha, 205 F. Supp. 949 (D. Tenn. 1962); Gilmore v. United States, supra; Rose v. United States, supra. Por ello nuestros tribunales, amparándose en lo dispuesto en nuestra Constitución y por el Art. 48 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, supra, pueden expedir tanto los autos de hábeas corpus ad prosequendum como los ad testificandum.

Sostiene el apelante que el Ministerio Público no pre-sentó la petición de habeas corpus ad prosequendum como paso previo a la presentación de los cargos criminales que pesan contra él, y que ello constituye una violación a las dis-posiciones contenidas en el Interstate Agreement on Detain ers Act, 18 U.S.C. App. 2. A la luz de esta alegación, plantea la ilegalidad de su detención. No le asiste la razón.

El apelante pierde de vista que el Interstate Agreement on Detainers Act no aplica a Puerto Rico, pues el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no ha suscrito el acuerdo o agreement ni ha aprobado tampoco legislación a los efectos de adoptar el Interstate Agreement on Detainers Act.

El propio texto de esta ley federal establece, en su Art. VIII, que los estados, el Gobierno federal, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y los territorios pueden acogerse al acuerdo si aprueban una ley a esos efectos. Puerto Rico, como ya señaláramos, no lo ha hecho.

Estamos ante la situación de una legislación especial en la que el propio Congreso de Estados Unidos delega, en las distintas jurisdicciones, la posibilidad de su aplicabilidad. Ante esta circunstancia, no incidió el tribunal de instancia al resolver que procedía la presentación de los cargos crimi-nales contra el peticionario sin que se hubiera cumplido con lo dispuesto en la ley federal.

El apelante también plantea que el Estado le ha violado sus derechos constitucionales al haberlo traído a esta juris-dicción, mediante la expedición de un habeas corpus ad testi-ficandum, para luego presentarle cargos criminales en su contra.

De la prueba desfilada en la vista de 12 de septiembre de 1988 surge que el acusado fue traído a Puerto Rico para la discusión de unos asuntos relacionados con las declaraciones que éste prestaría en un caso criminal. Mientras la presta-ción de las declaraciones se mantenía pendiente y el acusado continuaba bajo la autoridad de la jurisdicción federal, el Pueblo de Puerto Rico le presentó varios cargos criminales por violación a las disposiciones penales locales.

En Pueblo v. Castro García, 120 D.P.R. 740 (1988), sostuvimos que Puerto Rico tiene la facultad para aprobar y para hacer cumplir sus estatutos penales. Por ello tiene la jurisdicción para aplicar sus leyes penales a todas aquellas personas que cometen delitos dentro de su extensión territorial. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1988, Sec. 4.2.3., pág. 71. Como el acusado de autos se encontraba bajo la custodia de las autoridades federales, el mecanismo procesal disponible para que se le pudiera procesar en la jurisdicción local era el habeas corpus ad prosequendum.

Contrario a lo que afirma el peticionario, al Puerto Rico haber utilizado este vehículo procesal no le violó ningún derecho constitucional. Conforme a la doctrina imperante, la jurisdicción local tiene la facultad para solicitarle a las autoridades federales el traslado de un prisionero federal que ha cometido un delito local, para así poderlo juzgar en los tribunales locales. Ponzi v. Fessenden, 258 U.S. 254 (1922); 22 A.L.R. 879 (1922). El que el peticionario de autos ya estuviera en una institución penal local —aunque bajo la custodia federal— no altera esta norma y no opera como un obstáculo para la utilización del auto de habeas corpus ad prosequendum dentro del contexto en que el mismo se utilizó.

En Ponzi v. Fessenden, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que cuando un estado interesa procesar judicialmente a un acusado que ha cometido un delito en su jurisdicción —pero que se encuentra cumpliendo una sentencia federal en prisión— puede solicitarle al Procu-rador General de Estados Unidos, como cuestión de cortesía (comity), que lo traslade al tribunal estatal para poderlo pro-cesar. En dicho caso, el Tribunal advirtió que la alegación de que un prisionero federal no podía ser trasladado al foro es-tatal, por estar sometido a la autoridad de la jurisdicción federal, era improcedente y que, de ser adoptada, conllevaría una obstrucción a la justicia.

En esa dirección, por ejemplo, se ha señalado que cuando las autoridades estatales dejan de tomar las medidas necesa-rias para que el traslado del acusado se materialice, están impidiendo con ello que a éste se le pueda celebrar un juicio rápido por las acusaciones locales. Barker v. Municipal Court of Salinas Jud. Dist., 415 P.2d 809 (Cal. 1966).

En los autos consta que el tribunal de instancia ex-pidió correctamente el auto de habeas corpus ad prosequendum, mediante el cual el apelante podría comparecer ante el foro local y defenderse de los delitos que se le imputaban. Dicha acción, contrario a lo que el apelante sugiere, no le priva de ningún derecho constitucional. Ello es así, pues una vez que el Estado le presenta acusaciones a un acusado en el foro local, le cobijan las garantías y los derechos que asisten a todo acusado bajo nuestro ordenamiento penal.

De otra parte, la jurisprudencia ha sostenido que cuando un acusado es trasladado de una jurisdicción a otra mediante la expedición del auto de habeas corpus ad prosequendum, éste no puede cuestionar la acción del traslado. Derengowski v. U.S. Marshall, Minneapolis Office, Minn. Div., 377 F.2d 223 (8vo Cir. 1967); United States v. Schurman, supra. En ese sentido ha indicado también que dicha acción no constituye una violación de los derechos constitucionales del acusado. Rose v. United States, supra.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia que confírme la resolución recurrida y que devuelva el caso para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinie-ron.

       Hasta el presente los siguientes estados han adoptado legislación al suscribir el Interstate Agreement on Detainers Act: Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin, West Virgina, Wyoming y el Distrito de Columbia. Shepard’s Acts and Cases by Popular Names, 3ra ed., Colorado, McGrau-Hill, 1986, Parte 1, págs. 597-598.


author:
(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz
      Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Roberto Castro Santiago y Marcial Santiago Centeno, acusados y apelantes.

      Número: CR-87-68

      Resuelto: 21 de junio de 1989

      Carmen Ana Rodríguez, Felipe Cirino Colón y Enrique Rivera Mendoza, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados de los apelantes; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Carmen A. Bravo de Rief-kohl, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

Los acusados Roberto Castro Santiago y Marcial Santiago Centeno fueron hallados culpables de apropiación ile-gal agravada en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama.

Cuestionan los apelantes su convicción al alegar que ésta fue mediante prueba insuficiente en derecho y mediante la presentación de evidencia inadmisible por ser producto de un arresto y registro ilegales. Examinados cuidadosamente los autos originales y la exposición narrativa de la prueba, procede la revocación de la sentencia.

I

De la exposición narrativa de la prueba y del testimonio de uno de los policías que intervino con los apelantes se des-prende que el 23 de diciembre de 1986 Castro Santiago y Santiago Centeno se encontraban, a eso de las 3:30 de la ma-drugada, caminando por la carretera de Machete en Gua-yama. Dicha ruta es la salida del pueblo hacia el expreso de San Juan a Ponce. A esa hora el policía Torres Texidor y su compañero patrullaban, en un vehículo oficial debidamente rotulado, por el centro del pueblo. Al divisar a los acusados apelantes, el policía Torres Texidor le dijo a su compañero: “tenemos clientes”, porque nunca antes los había visto. E.N.P., pág. 2.

Se dedicaron a vigilarlos y, luego de varias rondas, el poli-cía Torres Texidor se percató que Castro Santiago y Santiago Centeno habían entrado en la Panadería Díaz locali-zada en la Calle McArthur, una de las principales y más tran-sitadas del pueblo, que termina en la Calle Derkes. Allí compraron varios comestibles, hablaron con los policías, pa-garon y abandonaron el lugar.

La patrulla continuó su ronda y en la Farmacia Myrna, localizada cerca de la plaza, vieron a los acusados apelantes comiendo lo que habían comprado anteriormente. Luego de varias vueltas, al bajar por la Calle Derkes, a poca distancia de la plaza del pueblo, el policía Torres Texidor vio a Santiago Centeno solo.

El policía se sorprendió y decidió inquirirle a Santiago Centeno por su compañero. Éste le dijo que Castro Santiago había regresado a la panadería. El policía Torres Texidor fue en el automóvil hasta la panadería y no encontró a Castro Santiago. Entonces decidió continuar con su patrullaje y, al pasar por la Farmacia Myrna, se percató que Santiago Cen-teno se alejaba del lugar de forma precipitada sin nada en las manos. Es entonces cuando el policía miró por el espejo retrovisor de su patrulla y vio a Castro Santiago “saliendo” del Centro de Cuidado Diurno, entidad propiedad del Estado Li-bre Asociado, que está localizado a poca distancia de la plaza. El policía Torres Texidor no intervino con Castro Santiago en esos momentos. Continuó su patrullaje para darle una oportunidad (break), E.N.P., pág. 3, y al dar otra vuelta por el pueblo decidió intervenir con el acusado apelante que se encontraba caminando solo por otra calle. Lo arrestó frente a la tienda “Visto”, le hizo las advertencias y lo registró.

El único fruto de ese registro fue un módico frasco de perfume marca “Avon” que tenía en un bolsillo. Durante el juicio, el frasco de perfume fue admitido como evidencia. A preguntas del policía Torres Texidor, el apelante afirmó que el perfume se lo habían regalado. El policía Torres Texidor, con diecisiete (17) años de experiencia en la uniformada, no realizó ninguna investigación adicional de los alrededores ni en el Centro de Cuidado Diurno. Sin ulterior información, procedió a llevarlo al Cuartel de la Policía y no ante un juez en el Centro Judicial de Guayama.

Mientras permanecía allí, llegó un individuo identificado solamente como Ortiz, que dijo que el acompañante de Castro Santiago era “un pillo del diablo” a quien le decían “Mulato” (E.N.P., pág. 3), y que éste se dirigía hacia Salinas. Con ese solo dato, y sin conocer a Ortiz, el policía Torres Texidor llamó a Salinas y ordenó su detención.

Aproximadamente tres (3) horas después del arresto, se recibió en el Cuartel de la Policía de Guayama una querella del Centro de Cuidado Diurno informando un escalamiento. Entre los artículos hurtados figuraban una grabadora, una secadora, un proyector, un pote grande de jugo de china y varios regalos que se iban a distribuir en la fiesta de Navidad de 24 de diciembre. Entre éstos había dos (2) relojes desper-tadores, un reloj digital, cuatro (4) perfumes y una (1) camisa de hombre. E.N.P., pág. 6. El policía Torres Texidor acudió a investigar la querella. Allí, la Sra. Luz D. Santiago informó sobre la mercancía hurtada y confirmó el hecho de que el perfume ocupado a Castro Santiago era similar a uno de los perfumes hurtados. Sin embargo, éste no estaba en las mismas condiciones que lo había dejado, ya que el referido perfume estaba en su caja, listo para ser regalado.

Celebrado el juicio, Santiago Centeno y Castro Santiago fueron hallados culpables de apropiación ilegal agravada. Se les sentenció a seis (6) años de reclusión. Los acusados ape-lantes nos señalan la comisión de dos (2) errores, a saber, insuficiencia de prueba para sostener la convicción y admi-sión de evidencia inadmisible por ser fruto de un registro ilegal. Resolvemos.

II

Reiteradamente hemos establecido que este Tribunal no intervendrá con la apreciación de la prueba y la credibilidad de los testigos a menos que exista error, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986). Sin embargo, el significado de la anterior proposición no es el que no podamos revisar la determinación de que se ha pro-bado la culpabilidad más allá de duda razonable como cues-tión de derecho, especialmente cuando del análisis de la prueba surge una duda seria y ponderada. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981). Es esta la duda razonable que nos lleva a revocar una convicción. Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625 (1968). “De ahí en que en muchos casos no hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio cuando un análisis de la prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador nos deja serias dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.” Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551 (1974). Probar la comisión de un delito más allá de duda razonable significa presentar prueba que, además de ser suficiente, deberá ser satisfactoria. Debe producir “certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552. Examinemos las manifesta-ciones anteriores a la luz de los hechos del presente caso.

Castro Santiago y Santiago Centeno estaban caminando por las principales calles de Guayama, cuando el policía Torres Texidor decidió vigilarlos sin ningún motivo fundado para hacerlo. En ningún momento habían exhibido una con-ducta sospechosa ni cometido un delito en presencia de los policías. Tampoco el policía Torres Texidor había recibido in-formación de alguna actividad delictiva ocurrida esa noche en ese sector de Guayama. En nuestro país no constituye conducta sospechosa el comprar comestibles en una panade-ría durante la madrugada ni comerlos en la calle principal de cualquiera de los pueblos del país.

Recordemos que se trataba de un 23 de diciembre en plena época navideña donde la orden del día son las parrandas y fiestas. Además, el pueblo de Guayama es la cabecera de ese distrito y, para 1980, tenía 40,183 habitantes. Censo de población de 1980: características generales, sociales y económicas, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Negociado del Censo, 1984, Vol. 1, Cap. C. Evidentemente no estamos hablando del pequeño pueblo de la isla durante el siglo pasado, donde todos sus habitantes se conocían entre sí. De igual manera es inconcebible e irrazo-nable pensar que por el mero hecho de que el policía Torres Texidor no conociera a los apelantes, y porque nunca los hu-biera visto, decidiera seguirlos. Si es cierto, como alega el policía, que a esa hora de la madrugada solamente están los basureros recogiendo la basura, ¿por qué había una panade-ría abierta?; ¿acaso no existe en este proceso esa duda razo-nable que nos impide tener la conciencia tranquila?

Por otro lado, el apelante Santiago Centeno no estaba en el lugar de los hechos cuando fue arrestado Castro Santiago. Tampoco se le vio salir del Centro de Cuidado Diurno. Su “actividad sospechosa” se limitó a acompañar durante un período de tiempo a Castro Santiago y comer con él en una vía pública. Su arresto se realizó días después con la única infor-mación obtenida de una persona, quien nunca fue identifi-cada. No se celebró una rueda de detenidos ni se procedió con ningún otro tipo de identificación. ¿Es acaso esta prueba suficiente para sostener una convicción? Entendemos que no.

La Regla 11(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece las circunstancias en las cuales un funciona-rio del orden público podrá hacer un arresto. Será cuando tenga motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, independiente-mente de que dicho delito se hubiese cometido en realidad. El concepto “motivos fundados” significa aquella posesión de información y conocimiento que lleven a una persona ordina-ria y prudente a pensar que el arrestado ha cometido un de-lito. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326, 331 (1980). Es sinónimo de “causa probable”, según se utiliza el con-cepto para la expedición de una orden de arresto. Los mo-tivos fundados pueden ser colectivos, es decir, a base de in-formación provista por otros agentes. Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988). Sin embargo, no basta un mero prejuicio. Es necesario un mínimo de información que indique la posible comisión de un delito.

La referida regla, al exigir la presencia de motivos fun-dados para validar un arresto a una persona que parece ha-ber cometido un delito, no autoriza todo arresto hecho por un funcionario del orden público en circunstancias poco co-munes. “Motivos fundados” no es sinónimo de libertad para intervenir irrestrictivamente o irrazonablemente. El con-junto de circunstancias presentes en cada caso debe eva-luarse de manera particular para determinar si una persona razonable y prudente hubiera creído que se había cometido el delito. Pueblo v. Alcalá Fernández, supra, pág. 330; Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70, 74 (1965). No puede tratarse de una mera sospecha o de un mero capricho. Al amparo de los “motivos fundados” no podemos convalidar todo arresto hecho por la Policía cuando se “vea” salir a una persona de un edificio público en horas de la madrugada. ¿Qué pasaría si se trata de un desprotegido y marginado social que duerme en las calles y en las entradas de los edificios públicos?; ¿y si se trata de un funcionario público que trabajó hasta altas horas de la madrugada?

La justicia que protegemos como parte de nuestra fun-ción no nos permite, como sugiere la opinión disidente, que hoy modifiquemos la doctrina sobre motivos fundados que anteriormente hemos elaborado. Reconocemos que “[pretender que el policía sólo pueda arrestar cuando se ha come-tido un delito en vez de cuando tuviera motivos fundados para creer que se ha cometido, prácticamente quiere decir que los policías tendrían que ser magistrados y tendrían que celebrar un juicio para ver si se ha cometido el delito o no y, en caso afirmativo, entonces proceder al arresto”. (Énfasis omitido.) Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966).

Sin embargo, nuestro sistema democrático y nuestro or-denamiento constitucional no nos autorizan, con el fin de resolver el problema de la criminalidad, a suprimir la protec-ción que brindan los derechos constitucionales. Recordemos que la Constitución aplica a todos por igual. No podemos per-mitir que la Policía arreste a cualquier ciudadano en cual-quier momento y en cualquier lugar a base de la más mí-nima sospecha. “El sistema democrático de vida se funda en la libertad con orden, no en el orden sin libertad o en la liber-tad que lleve al caos.” Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 435 (1976).

Definitivamente, en el caso ante nos no existía ese mínimo exigible para activar la aplicación de la Regla 11(c) de Procedimiento Criminal, supra. El arresto fue ilegal.

Por último, si hay un arresto ilegal, el registro per se es ilegal y la evidencia ocupada es inadmisible. El hecho de que se ocupe evidencia delictiva no convalida un arresto ilegal. Pueblo v. Martínez Torres, supra, que cita con aprobación a Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972). En Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986), expresamos que una vez el acusado establece que la evidencia fue ocupada sin la debida orden de arresto o registro es función del Ministe-rio Fiscal demostrar que el registro fue razonable. En el caso ante nos, el Ministerio Fiscal no demostró durante el juicio la validez del arresto ni la razonabilidad del registro. Por lo tanto, no nos puso en posición de considerar la suficiencia de éstos. Procedía la supresión de la evidencia obtenida.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia dictada por el tribunal de instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Ne~ grón García disiente con opinión escrita, a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. Los Jueces Aso-ciados Señores Rebollo López y Ortiz concurren sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Ante el Tribunal Superior, Sala de Guayama, Roberto Castro Santiago y Marcial Santiago Centeno (c/p “Mulato”) fueron acusados del delito de escalamiento agravado. Se les imputó que en la noche de 22 al 23 de diciembre de 1986, “ilegal, voluntaria y maliciosamente, mientras actuaban en concierto y de común acuerdo, penetraron al edificio Centro de Cuidad[o] Diurn[o] de Servicios Sociales propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con la intención criminal de cometer, como cometieron[,] un delito de [apropia-ción [i]legal”. Como agravantes, el Ministerio Fiscal adujo que forzaron su entrada para penetrar al interior de dicho edificio —propiedad del Estado— en horas de la noche.

Por tribunal de derecho, fueron hallados culpables de apropiación ilegal agravada (Hon. Francisco A. Padilla, Juez) y sentenciados a seis (6) años de reclusión.

En apelación, cuestionan la suficiencia de la prueba y la legalidad del arresto y registro. No tienen razón.

I

El análisis integral de los hechos según la prueba desfi-lada, de carácter directo y circunstancial, permite concluir sin dudas que las observaciones personales e inferencias del policía Héctor Torres Texidor —en la sucesión de eventos e incidentes que acaecieron— configuraron suficientes mo-tivos fundados para arrestar, registrar y encauzar válida-mente al coapelante Roberto Castro Santiago y, subsiguien-temente, a su compañero coautor Marcial Santiago Centeno. Expongámoslos.

Torres Texidor, en compañía de otro agente, patrullaba un sector de la ciudad de Guayama en un vehículo oficial ro-tulado. Durante la madrugada de 23 de diciembre de 1987, aproximadamente a las 3:15 A.M., vio a Castro Santiago en unión a Santiago Centeno. Ambos caminaban cerca del área de la plaza de mercado. Al notar su presencia, Torres Texi-dor —quien llevaba prestando servicios en la ciudad catorce (14) años, y antes nunca los había visto— comentó a su com-pañero que tenían “clientes”. Los observó por varios mi-ñutos. Continuaron sus rondas. Después volvió a verlos den-tro de la Panadería Díaz en la Calle McArthur. Ambos com-praron una (1) libra de pan, mantequilla, algo de jamón pi-cado y dos (2) pocilios. De un total de $1.23 pagaron única-mente $1.20, pues no tenían más dinero. En esa ocasión, el agente Torres Texidor conversó con ellos. Luego todos se marcharon.

Posteriormente los observó comiendo cerca de la Farmacia Myrna. Los agentes siguieron dando rondas. Al retornar de una, Torres Texidor vio a Marcial Santiago solo, leyendo El Vocero de Puerto Rico, al lado del Centro de Cuidado Diurno de Servicios Sociales situado en la Calle Derkes. Se-gún su testimonio, ello le estuvo “raro” y le preguntó por Castro Santiago. E.N.P., pág. 3. Marcial Santiago le contestó que estaba en la Panadería Díaz y, además, le pidió un cigarrillo. El policía se lo negó, pues no fumaba. Ante este com-portamiento sospechoso, el agente Torres Texidor optó por virar e ir a la panadería. Allí comprobó que Castro Santiago no estaba. En vista de esa situación regresó, y cuando pa-saba de nuevo por la Farmacia Myrna, vio a Marcial Santiago que se marchaba corriendo. “En eso mira por el espejo retrovisor y ve al acusado Roberto Castro que está saliendo por la puerta del Centro de Cuidado Diurno.” (Énfasis suplido.) íd. Para evitar que también se fuera corriendo —igual que lo había hecho Marcial Santiago- lo fue “entreteniendo”, esto es, le dio una oportunidad en lo que estacio-naba el vehículo y se situaba a su lado. Inmediatamente des-pués lo arrestó. Previo a las advertencias legales, lo registró y encontró un perfume marca “Avon”, tipo muestra de repre-sentante. Lo condujo al cuartel local. Allí lo mantuvo como dos horas y media (2V&) hasta que se recibió una querella expositiva de que el Centro de Cuidado Diurno había sido escalado. Mientras tomaba las generales de Marcial Santiago, fue informado que el compañero de Castro Santiago era Santiago Centeno (“Mulato”), de Salinas, que era “un pillo del diablo”. E.N.P., pág. 3. Con esa información adicional, notificó al Cuartel de Salinas. Marcial Santiago fue oportunamente arrestado.

La querella presentada aproximadamente a las 7:30 A.M. fue en el sentido de que esa noche el Centro de Cuidado Diurno había sido escalado. Una ventana fue rota y fueron hurtados una grabadora, una sumadora, un proyector, un pote grande de jugo de china, dos (2) relojes despertadores y un reloj digital. Además, se sustrajeron cuatro (4) perfumes y una (1) camisa de hombre, que eran regalos para intercam-bio entre los compañeros del centro.

Estos bienes fueron identificados por la testigo Luz D. Santiago. El perfume Avon ocupado a Castro Santiago era uno de los hurtados, desprovisto de su envoltura de regalo original. E.N.P., pág. 6.

II

De entrada es menester exponer varios principios ele-mentales. Primero, recoñocer que una de las funciones prin-cipales de la Policía es prevenir el delito, esto es, evitarlo. “La Policía de Puerto Rico, en protección de la ciudadanía en general, tiene perfecto derecho a patrullar las vías públicas de nuestro país.” Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985). El patrullaje motorizado o peatonal es un medio tradicional aceptado. Ese patrullaje lógicamente implica que los agentes de la Policía deben estar alertos y vigilantes. A ello respondía el tipo de patrullare nocturno del agente Torres Texidor. El descargo legítimo de esa encomienda pública, naturalmente, conlleva un ánimo prevenido de parte de la Policía para detectar situaciones y conducta poco usual, rara y de índole sospechosa. Los agentes pueden lícitamente hacer uso de toda la experiencia y conocimientos particu-lares que poseen del área y las personas, y del comporta-miento humano tipificador de la conducta aparentemente criminosa, tanto en circunstancias repetitivas como las pecu-liares diferenciadoras. La importancia de esta suscinta diná-mica es crucial para toda adjudicación judicial. Después de todo, los hechos determinan el derecho y la legitimidad de toda intervención policíaca; no a la inversa. Segundo, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, autoriza el arresto por un funcionario del orden público sin orden judicial cuando: (1) se haya cometido un delito en su presencia; (2) la persona arrestada hubiese cometido un delito grave, aunque no en su presencia, y (3) tuviese motivos fun-dados para creer que la persona ha cometido un delito grave.

Desde hace tiempo, nuestra casuística ha ido definiendo el concepto “motivos fundados”. Así, hemos resuelto que:

Pretender que el policía sólo pueda arrestar cuando se ha cometido un delito en vez de cuando tuviera motivos fundados para creer que se ha cometido, prácticamente quiere decir que los policías tendrían que ser magistrados y tendrían que celebrar un juicio para ver si se ha cometido el delito o no y, en caso afirmativo, entonces proceder al arresto. Es patente lo absurdo de esta posición. Es claro que la determinación de si se cometió un delito o no, no corresponde hacerla ni al policía ni a la persona que va a ser arrestada, sino que corresponde hacerla, en su día y mediante el debido proceso de ley, a un tribunal de justicia. La sociedad civilizada sobrevive predi-cada en la norma de que los individuos no se tomarán la justicia por su mano. Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966).

Como resultado de esta concepción, los tribunales nos abstenemos de imponerle a la Policía del país normas férreas no previstas en la Constitución, de cuestionable valor prác-tico, que restringen innecesariamente la prevensión y perse-cución del crimen. A fin de cuentas, según nuestra Ley Fundamental el concepto de motivos fundados no es teórico ni abstracto, sino esencialmente pragmático y circunstancial. No es producto de un examen o experimento a posteriori en un laboratorio aséptico, o de la discusión en el aula académica, desprovisto de la fragilidad y maldad que inherente-mente forma parte de la condición humana y que lleva a al-gunos a delinquir. Al juzgar los jueces su aplicación, hemos de evaluar las razones del policía desde una perspectiva integral y realista, tomando en cuenta ese conocimiento especia-lizado y reconociendo que muchas veces la comisión de un delito se entremezcla con actos o conducta de su faz inocentes, que no son otra cosa que el ropaje que cubre la mal-dad. Estas razones han de ser suficientes, eficaces y pruden-cialmente convincentes. Por ende, el análisis judicial sobre motivos fundados excluye certeza matemática y menos, en esa etapa extrajudicial, evidencia de absoluta culpabilidad. Cepero Rivera v. Tribunal Superior, supra. “Creer”, según el mandato de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, realmente significa “[t]enerpor cierta una cosa que el enten-dimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada”. (Énfasis suplido.) Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. I, pág. 395.

Recapitulando, en “‘nuestra jurisprudencia ha cristali-zado el enfoque que “un funcionario de[l] orden público puede efectuar un arresto sin la orden correspondiente, en-tre otros casos, cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, independientemente de que dicho delito se hubiese cometido o no en realidad. Regla 11 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 2 Práctica Forense, pág. 20 (1964). La jurisprudencia enmarca el concepto de ‘motivo fundado’ en la posesión de aquella información y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido delito. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70, 74 (1965); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966). La conducta del funcionario público se juzga pues en orden al criterio de la persona prudente y razonable, por lo que es necesario considerar las circunstancias especí-ficas del arresto para determinar su validez”. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326, 331-332 (1980); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75, 81 (1969)”’. (Énfasis omitido.) Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 515 (1988), opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García.

III

La aplicación de esta doctrina al caso de autos pone de manifiesto que la intervención del agente de la Policía Torres Texidor fue justificada, legítima y razonable, acorde con la fluidez situacional peculiar que confrontó. La prueba antes reseñada e inferencias razonables —a base del análisis tripartita de circunstancias prospectivas, concomitantes y retrospectivas, Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 D.P.R. 972, 979 (1972) — es más que suficiente para sostener las convicciones.

Ciertamente, a las 3:00 de la madrugada —todavía de noche— la errática conducta de los apelantes Castro Santiago y Santiago Centeno generó inicialmente una aprehensión justificada de parte del agente Torres Texidor. En su ánimo prevenido, ello levantó una sospecha razonable que ameri-taba su atención y vigilancia. Ninguno de ellos residía ni eran vecinos del lugar. La decisión del agente Torres Texidor de vigilarlos fue legítima y acorde con su responsabilidad de la tarea de patrullaje preventivo. Lo hizo fundamentado en la conducta rara de ellos, en consideración de la hora y el sitio. Para esa vigilancia no necesitaba tener motivos fundados. Después notó que se habían separado. Al investigar esa se-paración, el agente Torres Texidor confirmó que Santiago Centeno le había mentido al decirle que Castro Santiago es-taba en la Panadería Díaz. Esa contestación fortaleció su ánimo prevenido inicial. Así, al regresar y ver inexplicable-mente que Santiago Centeno se alejaba corriendo solo, la sospecha fundada se convirtió en motivos fundados para creer que ambos estaban en una empresa delictiva. Esta apreciación culminó, sin margen de dudas o interpretación, en motivos fundados cuando vio a Castro Santiago saliendo por la puerta del Centro de Cuidado Diurno.

No es necesaria mucha elucidación. La denominación “diurno” de la oficina de Servicios Sociales es clave y deter-minante. Ciertamente a esa hora de la noche estaba cerrada, sin sus funcionarios y completamente desocupada. Allí no se prestaba ningún servicio nocturno que justificara la entrada de Castro Santiago. ¿Cómo entonces negar validez a ese co-nocimiento directo del agente? Ante la conducta previa de Castro Santiago y Santiago Centeno —la mentira de éste y su huida— ¿fue irrazonable de parte del agente que proce-diera a arrestar al primero válidamente? A base de la rapi-dez en que acaecieron los hechos, ¿cómo imponerle al policía Torres Texidor la obligación de investigar previamente si ha-bía ocurrido algún escalamiento en el Centro de Cuidado Diurno antes de arrestar a Castro Santiago? Exigírselo, ¿no era invitarlo a que huyera como lo hizo su compañero Santiago Centeno?

Las respuestas a estas interrogantes son evidentes. In-sistimos, ¿qué justificación había a esa hora de la noche para que Castro Santiago hubiese penetrado en el Centro de Cui-dado Diurno? Salvo que convirtiéramos este Tribunal en un laboratorio aséptico o aula académica, cualesquiera de sus integrantes, ¿no hubiésemos llegado a igual conclusión si, luego de observar idéntico comportamiento, viéramos a una persona extraña salir de la entrada de este recinto a las 3:15 A.M., esto es, de madrugada, todavía de noche? ¿Tacharíamos de irrazonable y carente de motivos fundados esa aprecia-ción? Ni el espíritu judicial más liberal prevaleciente en este recinto puede descartar toda esta evidencia.

En buena hermenéutica y lógica rechazamos ese curso decisorio. La evidencia directa y circunstancial que en la flui-dez situacional de esa noche se acumuló culminó en la confi-guración de motivos fundados para que el agente Torres Te-xidor arrestara legalmente a Castro Santiago. No podemos adjudicar la legalidad de su intervención únicamente a base de actos —algunos de su faz inocentes (compra de comestibles e ingerirlos en la acera próxima)— sin tomar en cuenta la conducta errática, contradictoria, inexplicable y carente de sinceridad que apuntaba hacia otros actos criminosos menos inocentes. Sucesivamente se produjeron suficientes detalles que concatenadamente fortalecieron el ánimo preve-nido del agente Torres Texidor.

Una vez realizado el arresto, incuestionablemente el re-gistro fue legal y razonable independientemente de que el agente Torres Texidor desconociera la realidad del escala-miento previamente perpetrado. Ello era necesario en evita-ción de cualesquiera armas de fuego u objetos que pudieran usarse y poner en peligro su vida e integridad corporal. No podemos imponerle a los agentes del orden público que ex-pongan torpemente y de ese modo sus vidas.

El concepto constitucional razonabilidad no tiene ese al-cance. No es —ni debe ser— sinónimo de ingenuidad. El registro fue coetáneo, incidental y razonable. Este último ad-jetivo “‘viene del latín “rationabilis” que significa “arre-glado, justo, conforme a razón. 2. ant. racional”. Diccionario de la Lengua Española, op. cit, T. II, pág. 1147. Como tal, es obrar con discernimiento. Versa sobre realidades eminente-mente pragmáticas, de carácter relativo y flexible. No es estático. En diferentes épocas y momentos conlleva variados significados y grados. Se puede dar sobre situaciones inespe-radas, más o menos imperiosas y urgentes, en que la libertad y curso de acción para actuar de diversos modos se reduce notablemente. Lo razonable descansa en lo moderado, en la cautela, prudencia, en la acción u omisión. Por ende, la varia-bilidad en el comportamiento del ser humano involucrado en todo acto criminoso y los distintos trasfondos del acto (sitio, hora, personas, edades y naturaleza y gravedad) son factores pertinentes para evaluar la razonabilidad de un registro y allanamiento hecho sin orden judicial’ ”. Pueblo v. Martínez Torres, supra, pág. 515.

En última instancia, “la Policía de Puerto Rico, al válida-mente arrestar a un ciudadano, tiene derecho a someter a la persona arrestada a un ‘cacheo’ o registro superficial antes de conducirlo del lugar en que éste es arrestado a la presen-cia de un magistrado. Sobre ello no debe haber duda. Pueblo v. Costoso Caballero, ante, pág. 150. Dicho curso de acción resulta necesario no sólo en protección de la vida y seguridad del funcionario que efectúa el arresto, sino de todas aquellas personas presentes en el tribunal a donde se conduce el arrestado”. (Énfasis y escolio omitidos.) Pueblo v. Zagas Fernández, 120 D.P.R. 158, 165 (1987).

IV

La prueba desfilada demostró el carácter de coautor de Santiago Centeno en la empresa criminosa. Que éste no pu-diera ser arrestado en el lugar de los hechos debido a que huyó, no milita en contra.

Según el Art. 35 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3172, son coautores de un delito, entre otros, los que toman parte directa, planifican o cooperan de cualquier modo en su comisión. Pueblo v. Santos Ortiz, 104 D.P.R. 115 (1975); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716 (1981). Esta cooperación o planificación implica participación intencional. Pueblo v. Stevenson Colón, 113 D.P.R. 634 (1982). Hay que demostrarla más allá de duda razonable. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974).

Sin embargo, preciso es recordar que “[p]or ser un elemento subjetivo la prueba sobre concierto y común acuerdo o designio común, de ordinario, consiste de prueba circunstancial. Cf. Pueblo v. Torres, 81 D.P.R. 678 (1960); Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 D.P.R. 46 (1965), en cuanto a prueba respecto a la ‘intención criminal’ ”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 146 esc. 7 (1985). En este mismo caso expresamos:

Sabido es que la “mera presencia durante la comisión de un delito no es suficiente por sí sola para sostener una convicción, [citas], pero este hecho puede considerarse conjunta-mente con las otras circunstancias que rodean el hecho delic-tivo a los fines de la determinación de responsabilidad, [cita]. No es indispensable, pues, que el acusado ejecute personal-mente el acto delictivo y basta con su presencia pasiva, siem-pre que su responsabilidad como co-autor puede establecerse por actos anteriores o como el resultado de una conspiración en que participó, [citas], o de un designio común”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 519-520 (1961). Debe mantenerse presente que el elemento de “con-cierto y común acuerdo o designio común”, como cualquier otro hecho en controversia, puede ser establecido mediante prueba indirecta o circunstancial, Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977), y que la evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa. Pueblo v. Sal gado Velázquez, 93 D.P.R. 380 (1966). (Énfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, pág. 145.

Desde el primer momento, Santiago Centeno exhibió una conducta sospechosa análoga a la de Castro Santiago. Los motivos fundados que finalmente ello generó validaron su arresto posterior. Recuérdese que le mintió deliberadamente al agente Torres Texidor y después huyó del lugar. Con anterioridad siempre estuvieron juntos. La única inferencia ló-gica de su falta de sinceridad es que fue con el propósito de confundir al agente Torres Texidor y ganar tiempo para Castro Santiago, que presumiblemente ya estaba dentro del Centro de Cuidado Diurno. Su huida impidió su arresto inmediato. Como resolviéramos en Pueblo v. Espinel Pagan, 112 D.P.R. 581, 536-537 (1982):

Ciertamente debemos evitar caer en la superficialidad de atri-buirle a toda mente y conducta humana presunciones de un proceder automático. Hay delincuentes que realizan el acto delictivo a plena luz del día, sin ocultarse, y otros de manera contraria. Ante determinado reclamo policial pueden responder de distintas maneras: unos huyen; otros permanecen se-renos con la mayor naturalidad; otros se desprenden, a como dé lugar, del material delictivo; otros espontáneamente admi-ten sin reservas sus actuaciones, etc. La dinámica de la con-ducta delictiva, aunque diferente en sus protagonistas, medios y en un sinnúmero de circunstancias, presenta en el fondo ca-racterísticas básicas comunes. Lo importante es detectar cuándo esas discrepancias, producto de las diferencias hu-manas, están presentes en determinada actuación. Con esta perspectiva en mente es que hemos evaluado el testimonio de los agentes en este caso.

Una nota cautelar. Desde este estrado apelativo no po-demos livianamente descartar toda la información y el cono-cimiento que el agente Torres Texidor poseía del sector, adquirió esa noche y atestó ante el tribunal de instancia. Dicho foro aquilató y dio entero crédito a su declaración. “El Tribunal Supremo de Puerto Rico es uno de apelación que no debe anular el criterio del juez de instancia, en superior posi-ción para adjudicar credibilidad, cuando el récord descubre una cabal observancia del debido proceso de ley. No estamos aquí para sentarnos como juez de primera instancia en un nuevo juicio del acusado.” Pueblo v. Santiago Sánchez, 111 D.P.R. 379, 390 (1981).

V

Finalmente, aunque no se elabora adecuadamente, en las circunstancias de autos carece de todo mérito alegar que era necesaria la celebración de una vista de confrontación para Santiago Centeno. En primer lugar, no se cuestiona que el agente Torres Texidor tuvo amplias oportunidades y tiempo suficiente para apreciar bien su físico —y el de Castro Santiago— al extremo de que conversó con él en la Panadería Díaz. Después, en sus sucesivas rondas, lo observó y finalmente le habló poco antes de que huyera. En segundo lugar, no existe evidencia que tienda a sugerir que estamos real-mente frente a un problema de identificación, antes ni durante el juicio. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980). Menos, de sugestibilidad.

Si asumimos que su arresto fue realizado cuatro (4) días después —aserto en el alegato y no en la exposición narra-tiva certificada— ello no activaba necesariamente el requi-sito de una rueda de confrontación. La percepción que de su persona incontrovertidamente tuvo el agente Torres Texidor no quedó desvanecida por esa omisión. No estamos ante un caso de confusión, difícil percepción, recuerdo tenue, transcurso extremo de tiempo o inseguridad de testigo. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987); Pueblo v. Mattei Torres, 121 D.P.R. 600 (1988).

Por los fundamentos expuestos, disentimos. Confirmarí-amos las sentencias.

       Tomamos conocimiento judicial del mapa del pueblo de Guayama que se-ñala la forma en que discurre el tránsito en la ciudad y sus calles, y lugares más importantes. Regla 11(A)(2) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

       Según la exposición narrativa de la prueba, en el directo, el agente Héctor Torres Texidor indicó que fue un policía el que le suministró esa información. E.N.P., pág. 3. En el contrainterrogatorio aclaró que “fue un muchacho no un agente, un tal Ortiz, quien no presenció los hechos, ni tampoco los había visto esa noche”. Íd., pág. 5.

       En su alegato consigna que fue arrestado cuatro (4) días después. Alegato del apelante, pág. 11. De la exposición narrativa enmendada de la prueba, o autos originales, no hemos podido corroborar ese aserto.

       Allí indicamos lo siguiente:
      “(a) circunstancias prospectivas: hechos anteriores al crimen y que apuntan hacia su futura comisión (motivo, plan, preparativos, etc.);
      “(b) circunstancias concomitantes: hechos simultáneos al crimen que per-miten que se lleve a cabo por el acusado (presencia en el lugar del crimen, acceso a la víctima, etc.);
      “(e) circunstancias retrospectivas: hechos posteriores al crimen que sugie-ren que el acusado lo cometió (fuga, ocultación de evidencia, etc.).”

       Adviértase que el tamaño físico de alguna de la mercancía sustraída era pequeño y, por ende, susceptible de ser transportada —parcial o totalmente— por una persona sin mucha dificultad ni necesariamente en sus manos.
      La circunstancia de que los agentes no encontraron otros objetos sustraídos y la omisión de no indagar primero en el Centro de Cuidado Diurno, si la puerta estaba o no forzada, desmerecen su credibilidad. Máxime ante la evidencia in-cuestionable de que se realizó el escalamiento forzando una ventana (enfoque retrospectivo).

       Explicó que en sns catorce (14) años nunca había visto a Roberto Castro Santiago y a Marcial Santiago Centeno por el lugar. Debido a la hora, indicó que había poca gente; por lo regular, los basureros en sus gestiones de limpieza.