author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Alicia Vega Vda. de Torres y Otros, demandantes y recurridos, v. Administración de Servicios Médicos y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-85-249

      Resuelto: 31 de marzo de 1986

      Alex González y Bufete Alex González, Eduardo Méndez Cabrán, abogados de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico; Ana M. López Prieto, abogada del Municipio de San Juan, recurrentes; Jesús M, Rivera Arvelo, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La Administración de Servicios Médicos solicitó ante nos que revisáramos una sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que le impuso responsabilidad solida-ria en unión al Municipio de San Juan por concepto de daños y perjuicios. La importancia que suscitan los planteamientos de las partes en torno al complejo estructural del Centro Mé-dico y las entidades allí participantes y la responsabilidad civil dimanante en casos de impericia médica acaecidos en dicho lugar, nos mueve a expresarnos mediante opinión.

I

El 8 de mayo de 1977, Gerson Torres Soto, de 27 años de edad, se laceró la garganta al atravesársele el hueso de “la suerte” de un pollo que comió en un restaurante. En la Sala de Emergencia del Centro Médico fue atendido por un doctor que le indicó que tenía una irritación en la garganta, y le re-cetó antibióticos. Al otro día amaneció con fiebre, fuerte dolor en la garganta y con mucha dificultad al tragar. Fue al Cen-tro de Diagnóstico de San José, perteneciente al Municipio de San Juan, y desde allí fue referido de nuevo a la Sala de Emergencia donde lo vio un cirujano, y le tomaron unas pla-cas de Rayos X. De la Sala de Emergencia lo refirieron a la clínica externa de oído, nariz y garganta del Centro Médico. Cómo persistió el dolor intenso en la garganta y la dificultad para tragar, regresó en dos ocasiones adicionales a la Sala de Emergencia. En ninguna de estas ocasiones lo hospitalizaron. El 19 de mayo tuvo un vómito de sangre y fue llevado a la Sala de Emergencia. Por primera vez desde el accidente se ordenó su hospitalización y fue internado en la Sección de Coronaria del Hospital Municipal. Falleció esa tarde.

El Tribunal Superior concluyó que la muerte de Torres se debió a la negligencia en el tratamiento médico que recibió en la Sala de Emergencia y en el Centro de Diagnóstico de San José. El tribunal a quo resarció a los familiares de Torres por los daños y perjuicios sufridos, e impuso responsabilidad solidaria a los codemandados, Municipio de San Juan y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. (En adelante denominada, la Administración.) La Administra-ción cuestiona la determinación del foro de instancia de que dicha corporación respondía solidariamente por el daño oca-sionado. Alega que no se presentó prueba alguna que “estable-ciera la relación causal necesaria entre el daño sufrido por la parte demandante y las actuaciones u omisiones del personal de la Administración de Servicios Médicos”. Aduce que no es responsable porque era el Municipio de San Juan el único encargado de la administración de la Sala de Emergencia del Centro Médico.

Mediante trámite de mostrar causa, el 27 de junio de 1985 concedimos veinte (20) días a los recurridos para comparecer a exponer fundamentos por los cuales “no debe expedirse [el] auto y modificar la sentencia para eximir de la responsabili-dad total a la Administración de Servicios Médicos”. Los re-curridos han comparecido y argumentado según intimamos en nuestra orden. Luego de examinar cuidadosamente los es-critos de las partes, la legislación aplicable y su historial, al amparo de la Regla 50 de este Tribunal confirmamos la sen-tencia recurrida.

Una evaluación responsable de las alegaciones de ambas partes requiere que primero examinemos la ley habilitadora de la Administración de Servicios Médicos y su historial legis-lativo.

II

La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico es una instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que funciona independientemente del Departamento de Salud y sus otros organismos. La Ad-ministración tiene a su cargo la responsabilidad de organizar, operar y administrar los servicios centralizados del Centro Médico y de coordinar los servicios básicos de cuidado médico y hospitalario. 24 L.P.R.A. sec. 342c. La Administración es la sucesora jurídica de la Corporación de Servicios del Centro Médico de Puerto Rico, entidad encargada de los servicios centralizados para la fecha de la muerte de Gerson Torres. Art. 6 de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978. (24 L.P.R.A. sec. 342e.) Como tal, viene obligada a satisfacer las senten-cias contra la desaparecida Corporación. Art. 7. (24 L.P.R.A. sec. 342f.)

A la Corporación de Servicios del Centro Médico de Puer-to Rico, la Legislatura le asignó, entre otros, los siguientes poderes:

[Ojrganizar, dirigir y administrar los servicios centrali-zados, así como nombrar, contratar y designar personal mé-dico para dar tratamiento directo a pacientes en los servicios médicos auxiliares centralizados así como también, nombrar, contratar y designar personal médico en los servicios médico auxiliares centralizados, previa autorización de la Junta de Directores. Esta contratación debe limitarse a servicios auxi-liares. Disponiéndose, que se entenderá por servicios mé-dico auxiliares, los servicios de laboratorio existentes, y que se creen en el futuro, incluyendo patología, radiología, salas de emergencia y servicios de anestesia. (Énfasis suplido.) Ley Núm. 73 de 18 de junio de 1974.

La Administración ha retenido esos poderes, deberes y obligaciones. Art. 8 de la Ley Núm. 66. (24 L.P.R.A. sec. 342g.)

Los servicios centralizados () comprendían todos aquellos servicios médicos auxiliares, servicios de tipo comercial y ser-vicios administrativos que las entidades participantes acor-daran integrar para ser usados en común por las instituciones miembros que componen el Centro Médico. Art. 2(5) (24 L.P.R.A. sec. 342a (5)). Las “entidades participantes” son aquellas que operan una o más instituciones en el Centro Mé-dico con personalidad jurídica propia e independiente de la Administración. Estas “entidades participantes” contribuyen proporcionalmente a sufragar los gastos de la operación de los “servicios centralizados”.

No existe controversia en cuanto a que el Hospital Municipal de San Juan era una entidad participante de los servicios centralizados bajo el control de la Administración. Así lo admitió el recurrido Municipio de San Juan en una moción de sentencia sumaria presentada ante el tribunal de instancia. Igualmente, la recurrente admite tal hecho en su Solicitud de Revisión. Tampoco fue controvertido el hecho crucial de que hubo negligencia en el cuidado y atención médica desplegado en la Sala de Emergencia.

Un análisis cuidadoso del historial legislativo, tanto de la creación de la Corporación como de su sucesora, revela que el legislador puertorriqueño quiso proteger a la ciudadanía en aquellos casos de negligencia médica ocurridos en las facilida-des centralizadas del complejo hospitalario mediante la crea-ción de una persona jurídica contra quien dirigir la causa de acción. Para ello le fue conferida la facultad de demandar y ser demandada. Art. 5(r) de la Ley Núm. 106 (24 L.P.R.A. sec. 49e(r)); Vda. de López v. E.L.A., 104 D.P.R. 178, 181 (1975); Art. 8 de la Ley Núm. 66 (24 L.P.R.A. see. 342g(a)). Tal conclusión refleja el examen de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 106 de 26 de junio de 1962:

Por otro lado, se acerca ya la fecha en que comenzarán a operar los Servicios Centralizados a ser administrados por la Junta de Directores para servir a los pacientes de cada uno de los hospitales miembros del Centro. En casos de liti-gio en que una persona haya sufrido daño al recibir tales ser-vicios, ésta se econtraria en una situación complicada para determinar la entidad a quien reclamar, ya que hay seis agen-cias que prestan estos servicios conjuntamente. No está cla-ramente definida la personalidad jurídica del actual Centro Médico de Puerto Rico.
[E]s necesario la creación de una corporación pública, cuyo organismo de dirección debe ser la Junta de Directores del Centro Médico de Puerto Rico, originalmente creada por la Ley de 1957, según enmendada, capacitándola por dis-posición de Ley con ciertos poderes tales como poseer terre-nos, hacer empréstitos para la construcción de facilidades de vivienda para ciertas categorías de personal, a recibir ren-tas y a aplicar las mismas al pago de sus empréstitos, a de-mandar y a ser demandada y a operar los servicios centrales del Centro Médico de Puerto Rico de acuerdo con la estruc-tura administrativa que la misma se provea y de los siste-mas administrativos de personal, presupuesto, contabilidad, compras y otros que ella misma organice y administre. (Én-fasis suplido.)

Esta visión recogió expresamente la recomendación con-tenida en el Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cá-mara de Representantes, presidida entonces por el Hon. Ben-jamín Ortiz, en el sentido de que “al centralizar la adminis-tración del Centro Médico en una sola entidad jurídica, fija en ella la responsabilidad de la operación facilitando así sus relaciones con el público que sólo tiene que entenderse con una sola persona jurídica para todo lo relacionado con dicho Cen-tro Médico”. 15 Diario de Sesiones de la Asamblea Legisla-tiva, Vol. 3, pág. 1185 (1962). La Comisión de Salud y Bene-ficencia de la Cámara suscribió el proyecto sujeto al cumpli-miento de las condiciones enumeradas por la Comisión de lo Jurídico. Más significativo aún resulta el hallazgo de que fue la propia Junta de Directores del Centro Médico la que pro-puso el 6 de marzo de 1962 este concepto de responsabilidad:

Conviene señalar, además, que se acerca la fecha en que comenzarán a operar los servicios centralizados. Estos servi-cios serán operados, administrados y financiados, según se dispone en la legislación en vigor, por las entidades partici-pantes en el Proyecto del Centro Médico, constituidas en una Junta de Directores en la cual están representadas cada una de dichas entidades. En caso de litigio presentado por una persona que hubiera sufrido daño al recibir tales servicios, ésta se encontraría en una posición difícil para determinar a quién habría de hacer la reclamación correspondiente y las propias entidades participantes tendrían igual confusión.
Se considera también que, debido a la naturaleza, comple-jidad y magnitud de los servicios centralizados y a que estos serían administrados y financiados por siete (7) entidades diferentes, cada una con personalidad jurídica distinta y fun-cionando bajo legislación y reglamentación diferentes, con-viene operar los servicios centralizados en la forma más semejante posible a la de un negocio privado. Por esta razón se propone [que] se constituyan los servicios centralizados en una corporación pública. Memorando Explicativo a la Cá-mara de Representantes de Puerto Rico, P. de la C. 558, sometido por el Dr. Francisco Berio, Presidente Interino, Junta de Directores del Centro Médico, págs. 3 y 4.

Cuando se enmendó la ley que creó la Corporación y ésta pasó a ser la Administración, se mantuvo el mismo esquema jurídico. En el informe de las Comisiones de Salud, de Bienes-tar y de Hacienda, referentes al Proyecto del Senado 580 que se convirtió en ley, se recalcó la conveniencia de “la integra-ción de la administración del nuevo organismo en una sola fuente de responsabilidad”. P. del S. 580, pág. 4. Asimismo, en el informe conjunto de las Comisiones de Salud, Bienestar y Calidad Ambiental y de Gobierno del 9 de mayo de 1978, se concluyó que era beneficioso que los servicios que se prestaban en el Centro Médico fueran “reorientados y se consoliden en una sola fuente de responsabilidad”. íd., pág. 1.

Todavía tiene vigencia la preocupación del legislador. En fecha reciente, tuvimos ocasión de confrontarnos con una si-tuación que reflejó el grave peligro para los ciudadanos re-clamantes de que se frustrara su causa de acción debido a la confusión existente en tomo a este complejo médico hospitala-rio. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985). Constatamos entonces, tal como lo visualizó el legislador, la necesidad de la existencia de una persona jurídica contra quien dirigir la causa de acción por los daños causados en este servicio centra-lizado. Después de todo “[e]l Estado, como una corporación, es una figura jurídica que se compone de personas, bienes, de-rechos y deberes, pero por necesidad tiene que actuar, y actúa, a través de personas que son sus agentes”. García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779, 788 (1971).

Ante la comunidad se ha proyectado la idea de que el Centro Médico ofrece unos servicios comunes a todos los usuarios. Por eso el legislador dispuso que cuando se actúa negligentemente en uno de los servicios centralizados se pueda demandar a una sola entidad, la Administración. Se creó de esta manera una persona jurídica contra quien proceder judicialmente por los daños ocasionados, tanto en los servicios médicos auxiliares ofrecidos directamente por ésta, como en aquellos ofrecidos por agentes o contratistas independientes. Sin embargo, la naturaleza de su responsabilidad dependerá del tipo de servicio suministrado, la relación contractual entre la Administración y la entidad participante, y el grado de control efectivamente ejercido sobre la contratación y supervisión del personal. Una vez es demandada, corresponde a la Administración establecer la relación contractual con las otras entidades y radicar las acciones pertinentes contra sus auxiliares, agentes o contratistas independientes para que el tribunal pueda dirimir la responsabilidad de cada uno frente al demandante.

Cuando el servicio lo ofrece una de las entidades partici-pantes y no es uno de los servicios centralizados, esa depen-deneia responde directamente al demandante en forma ex-clusiva por sus actos propios bajo las disposiciones jurídicas pertinentes.

Finalmente, en ciertas circunstancias la Administración también podría responder bajo la doctrina de “responsabilidad o autoridad aparente”. Anteriormente definimos el alcance de esta doctrina y concluimos que quien intente pro-bar la responsabilidad aparente de una persona debe demostrar: “(1) que de buena fe confió en la conducta que tenía ante sí, y (2) que esa confianza lleve a una persona razonable a creer que de hecho existía una relación de principal y de agente”. Berríos v. U.P.R., supra, pág. 97, n. 2; Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 408 (1985).

III

Así nos adentramos en el complejo estructural de la Ad-ministración a los fines de desentrañar su mecánica funcional y detectar su fuente de responsabilidad particular en este caso. Conforme las disposiciones de leyes citadas y su histo-rial legislativo, la Corporación era responsable de planificar, coordinar, operar y administrar, directa o indirectamente, tales servicios provistos por las instituciones miembros del Centro Médico.

Para 1965, la Corporación de Servicios del Centro Médico de Puerto Rico promulgó una guía de funciones básicas y ámbitos de los servicios centrales. Mediante la misma, los servicios centralizados se clasificaban en tres categorías: 1) servicios totalmente centralizados, donde había absoluto control de la Administración; 2) servicios centralizados en lo que concierne a facilidades físicas y personal auxiliar, que esta-ban bajo la administración de la Corporación, reteniendo las instituciones participantes la responsabilidad por el servicio médico, y 3) servicios centralizados bajo la administración de una de las instituciones miembro del Centro Médico, en el cual la entidad central no intervenía en la administración per se. En todos estos servicios centralizados, la Corporación ejer-cía un grado de control de diversa índole.

Los servicios ofrecidos en la Sala de Emergencia estaban comprendidos entre los servicios auxiliares centralizados del Centro Médico, que diariamente atiende a miles de puertorri-queños, en su gran mayoría personas de escasos recursos. En tal esquema de organización la Sala de Emergencia era un servicio centralizado de uso común por todas las instituciones miembros de la Corporación.

Para todos los usuarios indigentes de este complejo, la Sala de Emergencia siempre se ha proyectado y ha actuado como un servicio auxiliar de todo el complejo, a través del cual se atienden las emergencias de los hospitales de las enti-dades participantes. Con excepción del Hospital Industrial, desde esta sala se atienden por primera vez todas las emer-gencias para luego ser referidas a los distintos hospitales de las entidades participantes.

En Vda. de López v. E.L.A., supra, pág. 180, tuvimos la oportunidad de examinar la operación de la Sala de Emergencia y mediante dictum afirmamos que era un servicio centralizado administrado directamente por la Corporación del Centro Médico. Un examen de los autos de este caso confirma esta conclusión. El Dr. Luis Ramón Irizarry, Director Médico del Hospital Municipal, y el Sr. Jorge De Jesús Rojas, Administrador del Hospital, declararon bajo juramento que para la fecha de los hechos la Corporación de Servicios del Centro Médico administraba la Sala de Emergencia. El Dr. Juan F. Jiménez, Director Médico del Hospital Municipal en 1982, por su parte, también confirmó los testimonios anteriores y a su vez aclaró que el Municipio de San Juan sólo pagaba los gastos de atención médica de emergencia de los pacientes que vivían en el área geográfica del municipio mientras que la Corporación sufragaba los servicios ofrecidos a los pacientes de los otros municipios. Finalmente, de la prueba documental admitida se desprende que todos los formularios utilizados por la Sala de Emergencia en este caso eran de la Corporación de Servicios del Centro Médico de Puerto Rico.

En este caso la Administración responde no solamente por disposición de ley, sino porque el servicio de emergencia era ofrecido directamente por ellos a todos los usuarios. Tanto nuestra jurisprudencia como la prueba desfilada en este caso, demuestran que la Corporación administraba directamente estas facilidades de emergencia.

El planteamiento central de la recurrente, de que el mu-nicipio tenía el control de la Sala de Emergencia, se desvanece y tropieza con la realidad allí existente. Del análisis anterior se desprende que la Administración responde, porque operaba directamente la Sala de Emergencia.

Por lo tanto, coincidimos con el juez de instancia en torno a que hubo daños indivisibles causados por unas actuaciones combinadas del Municipio de San Juan y de la Administra-ción como sueesora jurídica de la Corporación de Servicios Médicos.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce y establece la existencia de solidaridad entre cocausantes de un perjuicio ante el damnificado. Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985); Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167 (1923); Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922). Frente al tercero perjudicado los cocausantes son solidariamente responsables, aunque entre ellos cada uno responda únicamente por el grado de su responsabilidad en el daño causado. Serralta v. Martínez Rivera, 97 D.P.R. 466 (1969); Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714 (1965); García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951).

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Nos resulta difícil comprender la posición asumida por la Administración. La tragedia de los recurridos, una humilde familia que pierde al padre por una actuación negligente de los empleados de varias instituciones médicas hospitalarias públicas, se ha prolongado por más de ocho años de litigación debido a problemas procesales y porque las entidades respon-sables se han aprovechado del complejo estructural del Centro Médico para dilatar la resolución final de esta controversia. La recurrente, encargada de los servicios médicos auxiliares que se ofrecen en el Centro Médico, se niega a reconocer su responsabilidad no solamente con esta familia, sino con el pú-blico en general que allí acude, en abierta contravención con su ley habilitadora y con la realidad existente en esa institu-ción pública. En el caso de autos, la Administración no podía negar que el servicio de emergencias que se ofrecía en el Cen-tro Médico era, para la fecha del suceso, un servicio centra-lizado de esa instrumentalidad 'pública.

El Tribunal Superior todavía no ha fijado la proporción en que responderán de los daños el Municipio de San Juan y la Administración de Servicios Médicos. Para que se efectúe esa determinación, ambos tienen a su disposición el mecanismo de la acción niveladora. En dicha acción pueden dirimir sus respectivos grados de responsabilidad. De esta manera se ga-rantiza una compensación y un procedimiento justo a los dam-nificados y a su vez se le ofrece a los cocausantes del daño la oportunidad de ajustar sus respectivas responsabilidades in-ternas de acuerdo con sus relaciones corporativas y los hechos particulares del caso.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de revi-sión solicitado y se dicta sentencia confirmatoria.

      (1) E1 Diccionario de la Lengua Española en su vigésima edición define “centralizar” de la siguiente manera:
      “1. Reunir varias cosas en un centro común.

        “2. Hacer que varias cosas dependan de un poder central.” Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. 1, pág. 304.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Lic. Aníbal Flores Betancourt.

      Número: MC-85-37

      Resuelto: 4 de abril de 1986

      Aníbal Flores Betancourt, pro se; Héctor Rivera Cruz, Secreta-rio de Justicia, Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El abogado Aníbal Flores Betancourt fue admitido a la práctica de la abogacía por este Tribunal el 29 de octubre de 1964, y al ejercicio del notariado el 16 de no-viembre de 1964.

El 20 de mayo de 1985 la Juez de Distrito, Hon. Lourdes V. Velázquez Cajigas, nos remitió copia de una resolución emitida por ella el 15 de mayo de 1985 que, en lo pertinente, disponía lo siguiente:

Contra la Sra. Noemí Nieves Pérez, se radicaron cargos por apropiación ilegal agravada y por posesión y traspaso de documentos falsificados. Según los hechos imputados en la denuncia y la prueba desfilada en la vista preliminar por el Ministerio Público, la señora Nieves, con conocimiento de su falsedad, traspasó un documento de los especificados en el Artículo 272 del Código Penal como genuino o verdadero. El documento en cuestión, es el de traspaso de vehículo de motor (el dorso de la licencia de vehículo de motor) cuya licencia dice que el dueño del mismo lo es Víctor Martínez Hernández (se incluye copia de las denuncias y del docu-mento de traspaso). Declaró como testigo de cargo el Ledo. Aníbal Flores Betancourt. En medio del contra-interroga-torio del Ledo. Malavé, le indicó al Tribunal que le iba a hacer una pregunta al Ledo. Flores, para la cual solicitaba [que] se le hiciesen las advertencias de ley, porque entendía que la respuesta que podía dar el Ledo. Flores, podía incri-minarle. Esta juez, le preguntó al Ledo. Flores, sobre el particular a lo que éste manifestó que no necesitaba [que] se le hicieran las advertencias de ley y que deseaba contestar la pregunta. La pregunta que le hizo el Ledo. Malavé, fue la si-guiente: ¿Si él (Ledo. Flores) había firmado el documento de traspaso de vehículo de motor en lugar del vendedor; do-cumento en que a su vez él había sido el notario suscribiente ?
El Ledo. Flores, contestó que sí. Esto significa que el Ledo. Flores Betancourt, además de ser el notario ante quien se juramentó el documento, fue quien estampó la supuesta fir-ma de Víctor M. Martínez Hernández. Este último declaró en la vista preliminar que nunca suscribió documento de traspaso ante el Ledo. Flores Betancourt, que vendió su ve-hículo a una persona de nombre Carlos M. López Nieves.

Ordenamos al Procurador General investigar la conducta, profesional del licenciado Flores Betancourt y rendirnos un informe con sus recomendaciones. El 21 de junio de 1985 el Procurador General rindió su informe de donde surge que el querellado admite haber cometido el error señalado por la Juez Velázquez Cajigas. El 3 de julio de 1985 concedimos tér-mino al notario para mostrar causa por la cual no deba ser separado permanentemente de la notaría. Ha comparecido y admite la falta, añadiendo que “en la práctica muchas veces uno se aparta de las normas por mejorar y ayudar a otros. En este caso pude hacer traspaso ex parte o sea una declara-ción jurada donde la declarante declara [sic] que desconoce el paradero del vendedor y Obras Públicas lo acepta; pero te-niendo conocimiento este notario que no se debe obligar a una persona a mentir, fue que [op] té por firmar el affidavit”.

La impropiedad e ilegalidad de la conducta del notario es evidente. Acusa un menosprecio total de los valores que debe tener todo notario al ejercer esta función pública. Si grave es autenticar unas firmas tomadas ante otra persona, aunque de la confianza del notario, () más grave aún es estampar su propia firma en sustitución de otra.

La conducta señalada revela que el licenciado Flores Be-tancourt es indigno de ser notario.

Se dispondrá la separación inmediata del querellado, Lie. Anibal Flores Betancourt, del ejercicio del notariado. Se or-denará al Alguacil General de este Tribunal que proceda sin dilación a incautarse de los protocolos y obra notarial del que-rellado.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Alonso Alonso no intervinieron.

        (1) In re Echevarría González, 116 D.P.R. 423 (1985).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Efraín Santiago, etc., demandantes y recurridos, v. Maggie Bobb y El Mundo, Inc., demandados y peticionarios.

      Número: O-84-621

      Resuelto: 7 de abril de 1986

      G. Rivera Cestero de Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogado de los peticionarios; Víctor E. Báez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 13 de febrero de 1984, el periódico El Mundo publico un artículo de la periodista Maggie Bobb denominado “Vin-culan senadores con manejos ADT”, que en lo pertinente, im-putaba al entonces senador Efraín Santiago haber utilizado sus influencias políticas para sacar provecho personal de fon-dos para adiestramiento de la Administración de Derecho al Trabajo (A.D.T.). En síntesis, el reportaje giraba principal-mente en torno a la información recibida por esta periodista de dos personas que oyeron una grabación en poder del De-partamento de Justicia. Según esas fuentes, la grabación era el resultado de una pesquisa conjunta entre las autoridades locales y federales sobre la malversación de fondos en A.D.T. y fue tomada por un confidente mientras dialogaba con dos participantes del esquema fraudulento en el estado de Florida, E. U. En la conversación supuestamente se hacía referencia al senador Santiago y a la forma en que como miembro del con-sejo que asignaba fondos del Plan CETA aprobó algunos fon-dos a unas corporaciones en las que tenía fuertes intereses, con el objetivo de lucrarse personalmente.

El 6 de marzo el señor Santiago, su esposa e hijos deman-daron por libelo a dicha reportera y al periódico y solicitaron resarcimiento en daños y perjuicios. Alegaron que la noticia era falsa y fue publicada a sabiendas de ello, con malicia y grave menosprecio de la verdad.

Se contestó la demanda y se negó responsabilidad. En el trámite ulterior, los demandantes iniciaron descubrimiento de prueba.

Fue citado a una deposición el Lie. Héctor Reichard Car-dona, ex Secretario de Justicia. Su deposición se concentró en una entrevista que sostuviera la señora Bobb antes de publi-car el artículo con él en su oficina privada después que renun-ciara a esa Secretaría. En el directo, explicó que ella real-mente no le pidió que confirmara la información y que él tam-poco tuvo intención de hacerlo o negar su relato. En el con-trainterrogatorio señaló que durante la conversación se cubrieron diversos temas. La periodista le mencionó sobre la supuesta grabación, subsiguientemente aludida en el artículo publicado, y lo que a su juicio contenía. Específicamente ella no le inquirió si existía o si él conocía esa grabación.

El licenciado Reichard estimó que estaba impedido legal-mente de contestar y comentar las preguntas sobre la existen-cia o no de esa grabación según se lo había informado a ella durante la entrevista. Aunque admitió que durante su incum-bencia había ordenado una investigación general en cuanto a la A.D.T. —desarrollándose conjuntamente con las autori-dades federales— y que ya se habían encausado a algunas personas, desconocía si la investigación había culminado. Como ex funcionario expuso que lamentablemente estaba im-posibilitado de divulgar ese tipo de información por descono-cer si la investigación estaba terminada, y de estarlo, entonces formaría parte del sumario fiscal que debería ser protegido. Indicó que la persona idónea para declarar sobre el estado de la investigación sería el actual Secretario de Justicia. ()

En resumen, el licenciado Reichard explicó que la señora Bobb le había narrado personalmente lo que subsiguiente-mente publicó, pero que en dicha ocasión ella no le preguntó, ni tampoco él negó o afirmó, la existencia de la grabación. In-dicó que sólo se limitó a decirle que era un “buen sabueso” y que debería trabajar para el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Entonces los demandados insistieron en la deposición que respondiera si existía la grabación y si había una investigación al efecto. El licenciado Reichard reiteró su posición y adujo que era materia privilegiada. ()

La parte demandante también intervino para argumentar en favor de la posición del licenciado Reichard. Ante tal nega-tiva, los demandados acudieron al Tribunal Superior, Sala de San Juan, y solicitaron que le ordenara contestar. Dicho foro, sua sponte, rechazó el pedido. A solicitud de los demandados, revisamos.

HH

Ha quedado rezagada la época en que el Estado podía cubrir con el manto del misterio y el silencio sus asuntos arbitraria y caprichosamente. La erosión a la inaccesibilidad de información en manos del Gobierno y sus funcionarios fue precipitada por imperativos constitucionales y de justicia, inherentes a un verdadero sistema democrático apuntalado en el libre fluir de las ideas. “Es lógico, pues, concluir que existe una estrecha correspondencia entre el derecho a la libre expresión y la libertad de información. La premisa es sencilla. Sin conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se pueden exigir remedios a los agravios gubernamentales me-diante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años.” Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 485 (1982). En ese desiderátum, la prensa cons-tituye “un vehículo de información y opinión [para] infor-mar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como un sustituto para ob-tener noticias e información para sus lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean compilarla”. (Traduc-ción nuestra.) B. F. Chamberlain y J. Brown, The First Amendment Reconsidered, Nueva York, Longman, 1982, pág.

HH HH

Nuestra doctrina jurisprudencial ha fortalecido este esquema constitucional. Hoy día la seeretividad en los asuntos públicos es excepción y no norma. Un reclamo de confidencialidad por el Estado sólo puede prosperar en un limitado número de supuestos, a saber, cuando: (1) una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos —Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959) — ; (3) revelar la información pueda lesionar derechos fundamentales de terceros —E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983) — ; (4) se trate de la identidad de un confidente — Regla 32 de Evidencia— y (5) sea información oficial conforme la Regla 31 de Evidencia.

Bajo este enfoque, los tribunales son cautelosos en conceder livianamente cualquier pedido de confidencialidad del Estado. A éste le corresponde probar precisa e inequívocamente, la aplicabilidad de cualesquiera de las excepciones antes enunciadas. No bastan meras generalizaciones. De otra forma retrocederíamos los pasos avanzados en favor del de-recho de acceso a la información gubernamental y a la igual-dad —en el ámbito contencioso— entre el Estado y los ciuda-danos particulares. Soto v. Srio. de Justicia, supra.

Hoy día se reconoce que el medio más efectivo de salvaguardar información sensitiva recopilada por el Estado en su gestión oficial, cuya divulgación pudiera lesionar el interés público, es mediante legislación especial. E. Rivera Ramos, La libertad de información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, XLIV Rev. Jur. U.P.R. 67, 69 (1975). En Puerto Rico no existe un estatuto integral que provea nor-mas y requisitos para la retención de información gubernamental dentro de nuestro particular marco constitucional. () En su ausencia es apropiado acudir supletoriamente a la Regla 31 de Evidencia sobre información oficial. Aunque limitadamente, la misma es un reflejo del sentir del Poder Legislativo y su propósito es “evitar que se lesione el interés público por indebida divulgación de lo que hasta entonces es información oficial confidencial”. Proyecto de Reglas de Evidencia del Secretariado de la Conferencia Judicial, San Juan, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 1978, pág. 129. E. Morgan y J. Weinstein, Basic Problems of State and Federal Evidence, 5ta ed., Filadelfia, ALI-ABA, 1976, pág. 13. La Regla 610 reza:

(A) Según usada en esta regla, “información oficial” sig-nifica información adquirida en confidencia por un funcio-nario o empleado público en el desempeño de su deber y que no ha sido oficialmente revelada ni está accesible al público hasta el momento en que se invoca él privilegio.
(B) Un testigo tiene el privilegio de no divulgar una materia por razón de que constituye información oficial, y no se admitirá evidencia sobre la misma si el Tribunal con-cluye que la materia es información oficial y su divulgación está prohibida por ley, o que divulgar la información en la acción sería perjudicial a los intereses del gobierno del cual el testigo es funcionario o empleado público. (Traducción nuestra. Énfasis suplido;)

A modo de una breve incursión sobre sus antecedentes y casuística, sólo es menester señalar que esta regla tiene su génesis en la 508 del Código de Evidencia Modelo del Instituto Americano de Derecho (American Law Institute), según adoptada en la See. 1040 del Código de Evidencia de California en 1965, Proyecto de Reglas, op. cit, pág. ii. Cf. Cal. Evidence Code Sec. 1040 (West Supl. 1986); Model Code of Evidence Rule 508 (1974); F. Bonilla, El privilegio sobre información oficial y el derecho a la información, LV Rev. Jur. U.P.R. 97 (1986). Por ende, la jurisprudencia interpretativa en esa jurisdicción es persuasiva. Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 D.P.R. 265 (1971); Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 526 (1961).

El caso cimero es Shepherd v. Superior Court of Alameda County, 17 Cal. 3d 107 (1976); 130 Cal. Rptr. 257 (1976); 550 P.2d 161 (1976). Un joven perdió la vida en un altercado con la Policía. El fiscal investigó el incidente. Decidió no for-mular cargos criminales a los agentes.

Los padres del menor demandaron a la ciudad y a los oficiales en resarcimiento por daños y perjuicios por muerte ilegal. Obtuvieron un subpoena del tribunal para que el fiscal produjera la información acumulada durante la investigación. Éste objetó y adujo, entre otros fundamentos, que la información era privilegiada. El Tribunal Supremo al devolver el caso al tribunal de origen, expuso el siguiente procedimiento para evaluar mociones sobre descubrimiento de información oficial. Primeramente, debe indagarse si el peticionario ha cumplido con los requisitos estatutarios requeridos para el descubrimiento de prueba. Segundo, el juez debe determinar si la información fue adquirida en confidencia se-gún la Sec. 1040(a) del Código de Evidencia de California correspondiente a nuestra Regla 31(a). Y finalmente, de ser en la afirmativa el carácter confidencial, el juzgador debe so-pesar los intereses en conflicto a fin de resolver si aplica o no el privilegio. ()

Para dictaminar si cierta información fue adquirida en confidencia, el tribunal puede considerar el tipo de documento en cuestión, tales como memorandos internos, el testimonio de las partes, los trámites usuales de la agencia al recibir. tal tipo de información e inclusive la propia naturaleza de la información. Nota, California Evidence, loe. cit, pág. 377. No existe consenso sobre si uno solo es determinante. Cf. Brotsky v. State Bar, 57 Cal.2d 287, 302-303 (1962); 19 Cal. Rptr. 153, 161 (1962); 368 P.2d 697, 705 (1962). Contra: In re Muszalski, 52 Cal. App. 3d 475, 479-481 (1975); App. 125 Cal. Rptr. 281, 283-284 (1975). Favorecemos la visión judicial de que la confidencialidad de la información se determina mediante un análisis de la totalidad de las circunstancias que rodean la comunicación, así como su propia naturaleza. En esta gestión el tribunal puede hacer un examen en cámara de los documentos o información que el Estado alega son privilegiados, como condición previa al reconocimiento del privilegio. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983), Soto v. Srio. de Justicia, supra.

IV

Aunque ninguna de las partes litigantes directamente envueltas lo han planteado expresamente ante este foro o el de instancia, nos hemos percatado de que la posición del deponente licenciado Reichard en torno a la confidencialidad de las preguntas se proyecta en dos dimensiones. La primera en calidad de ex Secretario de Justicia poseedor de una información a juicio suyo no susceptible de ser divulgada. Y la segunda, por desconocer si la investigación criminal ha concluido, cuestión que remite al actual incumbente. En cuanto al primer extremo, prima facie hemos de reconocerle, como ex funcionario público, capacidad para invocar bajo la Regla 31 la confidencialidad de la información recibida durante el cargo. No podemos refrendar la tesis de que la dinámica de dicha regla opera únicamente mientras un funcionario lo ocupa. Adviértase que la información se adquiere durante el desempeño de un cargo público y por razón de sus gestiones oficiales. La misma no es de carácter personal. Por ende, el privilegio pertenece al Estado y no cesa automáticamente con su renuncia. E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., Inc., Evidencia — Vol. I, pág. 137. () Nos explicamos.

A base del alegado contenido de la grabación según relacionada en el artículo periodístico, de existir, formaría parte del material relacionado con una investigación de carácter penal. Tal grabación gozaría del mismo carácter de las declaraciones juradas y constituiría evidencia acumulada en el sumario fiscal, cuya secretividad, como regla general, debe mantenerse. Cf. Regla 95 de Procedimiento Criminal; Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974). Es válido suponer que cierta información recopilada en el curso de una investigación criminal goza de la confianza de que no será divulgada, al menos hasta culminar la investigación y co-menzarse el proceso acusatorio público en los tribunales u otros foros, ante las exigencias intrínsecas y dimanantes co-rrespondientes al propio procedimiento.

No hay duda que revelar la información que contienen ciertos expedientes, inclusive la confirmación de su existencia, podría acarrear serias y graves consecuencias. Se pueden “sustraer del escrutinio público determinados documentos e informes que estén ligados a la fase investigativa o preventiva del crimen y que por su naturaleza pongan innecesariamente en riesgo los resultados de una investigación en curso, la vida de informantes, confidentes y testigos, así como la de los propios empleados y funcionarios del Estado, o que de cualquier otro modo afecten verdaderamente la seguridad pública”. Soto v. Srio. de Justicia, supra, pág. 495. También podrían quedar al descubierto los objetivos, métodos o técnicas investigativas especiales. Esto alertaría a los violadores de ley. Ellos, conociendo anticipadamente la naturaleza de la causa proyectada en su contra, prepararían mejor sus defensas o provocarían la destrucción de evidencia, o abandonarían la jurisdicción. Véanse: Ferri v. Bell, 645 F.2d 1213 (1981), modificada en 671 F.2d 769 (1982); Murphy v. F.B.I., 490 F. Supp. 1138 (D.D.C. 1980). Por otro lado, en lo posible, debe evitarse arrojar sospechas sobre personas susceptibles de ser finalmente exoneradas al finalizar la investigación. N. Dorsen y J. Shattuck, Executive Privilege, The Congress and the Courts, 35 Ohio St. L.J. 1 (1974). En resumen, estos son los intereses detectables en el caso de autos que pueden subsistir todavía. Favorecerían que no se divulgara la información. Bajo este análisis entendemos que dicha información fue obtenida y “adquirida en confidencia” por el licenciado Reichard según el lenguaje de la regla de evidencia aquí referida.

Se cumple, pues, el primer requisito de la regla. En vista de que no existe ley especial que regule la materia y por ende, guías legislativas en cuanto a los extremos de las objeciones a las preguntas formuladas al licenciado Reichard en la deposi-ción, () de ordinario procedería realizar el balance de intere-ses mencionados según requerido por nuestra Regla 31(b). Sin embargo, ello nos obliga a examinar antes la segunda dimensión planteada por el licenciado Reichard, a saber: si el asunto puede dilucidarse sin que sea citado como deponente el presente Secretario de Justicia o su representante. Veamos.

Notamos que los derechos de libertad de expresión, asociación y al debido procedimiento de ley, y por ende, el de-recho de los individuos y la prensa al acceso de información bajo control gubernamental, son fundamentales en la bús-queda de la verdad. No obstante, frente a los mismos están los intereses públicos importantes antes esbozados. El privi-legio pertenece al Estado. De inmediato surge, pues, que sin la citación y presencia del actual Secretario de Justicia, o su representante, es imposible adjudicar en quién recae el inte-rés superior, bajo los criterios expuestos. ¿El revelar la limi-tada información solicitada al licenciado Reichard. —única en esta etapa— lesiona algún interés público y gubernamental? No sabemos. Sólo conocemos que durante la deposición se in-quirió si tenía conocimiento de la grabación y además si había ordenado una investigación al respecto. De responder en la afirmativa, ¿quedaría algún interés gubernamental adicional perjudicado? ¿Han desaparecido las razones que de ordinario justifican la secretividad del sumario fiscal? ¿Qué intereses se esgrimen a favor de la no divulgación de esa informa-ción específica? ¿Han perdido por completo su razón de ser? Por el contenido total de la noticia, ¿es razonable suponer que las supuestas personas, mencionadas o no, pero realmente in-volucradas y bajo investigación quedaron avisadas? ¿Los ob-jetivos básicos de la pesquisa gubernamental quedaron sus-tancialmente al descubierto por la prensa? ¿Es suficiente que el público en general se haya enterado de una alegada corrup-ción en la Administración del Derecho al Trabajo y de la exis-tencia de esa investigación?

Estas interrogantes demuestran que sin la comparecencia del Estado en este incidente, y otros análogos en que se intente descubrir información adquirida durante el desempeño del cargo de un ex funcionario, es imposible emprender el balance de intereses que es menester realizar bajo la Regla 31. A esta fecha podrían subsistir razones fundadas para no revelar pú-blicamente el asunto, inclusive la existencia o no de la graba-ción y si el licenciado Reichard ordenó una investigación so-bre ésta. La citación del Estado, a través de los funcionarios correspondientes, es un imperativo procesal.

En virtud de los fundamentos expuestos, 'procede confir-mar el dictamen del foro de instancia sin menoscabo de que, a solicitud de parte y previa citación del Secretario de Justi-cia, de acuerdo con la Regla SI de Evidencia y lo aquí pautado, resuelva si existe o no el privilegio de información oficial y su extensión.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

      (1) A tal efecto contestó:
      “R. Le acabo de manifestar que si esa información, generalmente ha-blando, sobre una investigación, que es una investigación en proceso, y en el caso específico de ADT, yo desconozco si esa investigación está terminada y no es una investigación solamente que yo haya estado participando como Secretario de Justicia, sino es una investigación conjuntamente con autori-dades federales. Yo no sé en qué etapa está eso. O sea, la persona que mejor podría declarar sobre lo que hay en esa investigación seria el Secretario de Justicia incumbente, quien sabría si está terminada esto o no, yo lo desco-nozco.” (Énfasis suplido.)

      (2) La siguiente respuesta la ilustra adecuadamente:
      “R. Fíjese, compañero, yo en el día de hoy, al igual que el día que hablé con Maggie Bobb, no puedo ni aceptarle ni negarle la existencia de una cosa, porque el negarlo o aceptarlo conlleva a revelar una información, de existir, que yo obtuve como parte de una función de Secretario de Jus-ticia, y una información que yo desconozco, se lo digo de buena fe, en este momento y al momento en que hablé con la periodista, si esa investigación estaba terminada o no, yo lo desconozco, lo desconozco de ese día y lo des-conozco hoy. Por lo tanto, tengo una obligación, creo yo, de un funcionario responsable, de no divulgar la información. Como le dije, ella me narró a mi lo que ella entendía tenía esa cinta, eso es lo que ella me narra a mí. Y déjeme decirle, y conversamos largo rato, no sólo sobre eso, sino sobre la investigación en términos generales de ADT, cosas generales que sí yo estoy en disposición de conversar con ella y con cualquiera, porque cuando era Secretario las discutí con los periodistas. De igual manera recuerdo que hicimos, o sea, yo le hice el comentario, le dije, ‘Maggie, tú eres un buen sabueso, deberías ser agente del NIE’, recuerdo haberle dicho eso. Lo que ella interpretara por eso, solamente ella puede decirlo.
      “P. Y usted no puede contestar, basado en lo mismo que nos ha dicho, si usted había escuchado o no esa grabación.
      “R. Es así.” (Énfasis suplido.)

      (3) En Estados Unidos, en el ámbito federal, el “Freedom of Information Act” (FOIA), 5 U.S.C. sec. 552 (1982).

      (4) California distingue entre el privilegio de información oficial abso-luto y el condicional. El primero cuando una ley prohíbe la diseminación de la información solicitada. No es necesario entonces hacer el balance de inte-reses cuando es absoluto, pues rigen los términos de la ley. Nota, California Evidence Code, Section, 10\0; Discovery of Governmental Information After Shepherd v. Superior Court, 10 U.C.D. L. Rev. 367, 379-383 (1977). En cuanto a la validez de una ley que prohíbe la divulgación de información en poder del Estado, véase Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).
      Cuando el privilegio es condicional, “el balance de intereses requerido por la Regla 31 (b) debe realizarse de forma estricta a favor del reclamante de la solicitud y en contra del privilegio reconocido en dicha regla”. F. Bo-nilla, El privilegio sobre información oficial y el derecho a la información, LV Rev. Jur. U.P.R. 97 (1986).

      (5) Obsérvese que bajo la Regla federal 509(b) —propuesta y no apro-bada— que corresponde a la Regla Uniforme 508 de 1975, el privilegio es del Estado. El testigo sólo lo invoca a nombre de aquél.

      (6)Los recurridos invocan el Código de Ética para regir la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, de 25 de junio de 1968. En su parte ID (6) dispone:
      “6. El servidor público actúa como órgano o agente de una persona pública (El Estado Libre Asociado o sus Instituciones Públicas) cuando rea-liza actos de servicio. En las restantes esferas de su actividad actúa como persona privada. Deberá tener buen cuidado en distinguir ambas activida-des de modo que no estén presente intereses o criterios privados en su acti-vidad pública, ni utilizar en su actividad privada derechos, poderes, privi-legios, preeminencia, o ascendencia, recursos materiales ni información, ori-ginados o derivados de su situación pública.” Hon. R. Sánchez Vilella, Bole-tín Administrativo Núm. 1381.
      Esta disposición no es aplicable. La prohibición del Código de Ética va dirigida a impedir la divulgación de información oficial para lucro personal. Éste no es el caso de autos.
      Recuérdese que la ley que impedía la divulgación del contenido de los expedientes investigativos del Negociado de Investigación Especial (NIE) fue declarada inconstitucional en Soto v. Srio. de Justicia, supra.


author: per curiam :

text:
      In re Antonio Luis Ortiz Gilot.

      Número: CE-86-222

      Resuelto: 8 de abril de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Rosa Negrón de Qui-ñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

El abogado Antonio Luis Ortiz Gilot fue ad-mitido al ejercicio de la profesión legal el 26 de junio de 1973 y se le autorizó para ejercer como notario el 13 de julio de 1973. El 27 de enero de 1985 el abogado Ortiz Gilot fue sen-tenciado por el Tribunal Superior, Sala de San Juan a cum-plir siete (7) años de presidio en forma concurrente en cua-tro casos por apropiación ilegal agravada de vehículos perte-necientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Recientemente hemos reiterado que “la misión de los abogados en la sociedad es altamente noble, pues están llamados a auxiliar a la recta administración de justicia. En ellos confían no sólo las partes interesadas en los pleitos, sino las cortes mismas’'. In re Díaz, 16 D.P.R. 82, 92 (1910); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985); In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986).

Una sentencia de convicción, final y firme contra ün abogado, por un delito que implica torpeza o deformación moral, inhabilita al convicto para ser miembro de la profesión legal y procede que este Tribunal decrete su separación permanente de la abogacía. In re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922); In re Arreche Holdun, 114 D.P.R. 680 (1983); In re Núñez López, 115 D.P.R. 702 (1984); In re Boscio Monitor, supra.

Hemos resuelto que “ [1] a depravación moral, tratándose de abogados, consiste... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral .... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preo-cuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, in-moral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983); In re Boscio Monllor, supra.

Al amparo de lo dispuesto por la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) y el poder inherente de este Tribunal para reglamentar el ejercicio de la profesión de abogado, procede la separación de un abogado del ejercicio de la abogacía por haber incurrido en conducta delictiva que implique depravación moral. In re Sánchez Gómez, 115 D.P.R. 74 (1984); In re Boscio Monllor, supra.

En casos como el de autos en que el abogado ha incurrido en conducta de la naturaleza antes descrita que implica depravación moral, la ley reguladora del ejercicio de la abogacía dispone que el abogado así convicto cesará “de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión [y a] la presentación de una copia certificada de la sentencia” este Tribunal ordenará que se borre su nombre del registro de abogados. () El Procurador General acompañó con la que-relia presentada contra el abogado Ortiz Gilot copia certifi-cada de la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, donde se encontró culpable a éste por el delito de apropiación ilegal agravada y se le condenó a cumplir la pena de siete (7) años de presidio. En virtud de lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, y de nuestra facultad in-herente, se decreta la separación inmediata del abogado nota-rio Antonio Luis Ortiz Gilot del ejercicio de la abogacía y de la notaría. () Se ordena que su nombre sea borrado del regis-tro de abogados autorizados para ejercer la profesión en esta jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

      (1) Sec. 9, Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. Y35) :

        “Desaforo o suspensión temporal — Engaño, conducta inmoral, convic-ción criminal

      “El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice) , delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por la Corte Suprema de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará con-victa que fuere, de ser abogado o de ser competente para lá práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada •a la Corte Suprema, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden de la Corte, del registro de abogados. Al ser revocada dicha senten-cia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gober-nador de Puerto Rico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión.”

      (2)E1 abogado notario Ortiz Gilot hizo entrega del protocolo y registro de afidávit al Director de Inspección de Notarías, los cuales fueron exami-nados y aprobados-por éste y entregados al Archivo General de Protocolos dé San Juan.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Carmelo Vázquez Méndez y Otro, peticionarios.

      Número: O-85-138

      Resuelto: 8 de abril de 1986

      Miguel A. Chaar Cacho, abogado de los peticionarios; Américo Serra, Procurador General Interino, Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de autos nos brinda la oportunidad de aclarar a qué parte le corresponde el “peso de la prueba” en relación con una solicitud de supresión de evidencia presentada por el acusado al amparo de las disposiciones de la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal. ()

I

Los peticionarios se encontraban pescando, junto a otras personas, en una de las playas del pueblo de Arecibo, Puerto Rico. Un grupo de agentes de la División de Drogas y Narcó-ticos de la Policía de Puerto Rico, quienes se encontraban en labor de “ronda preventiva”, intervinieron con los mismos, procediendo al arresto de los peticionarios, luego de registrar-les y ocuparles a éstos tres (3) cigarillos de marihuana y material relacionado con dicha droga narcótica.

Los peticionarios radicaron una moción de supresión de evidencia donde alegaron que la evidencia arriba indicada había sido ocupada en “violación de los derechos constitucio-nales de los imputados, con motivo de la realización de un registro ilegal sin razón ni justificación para el mismo”. El día de la vista señalada para la discusión de la referida mo-ción, los peticionarios presentaron tres (3) testigos. El tes-timonio de los mismos —según ello surge de la resolución enmendada que emitiera el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo— en la mencionada vista fue a los efectos de que:

Los promoventes presentaron como testigo, para sostener sus alegaciones, al Agente Wilfredo Juan Feliciano — Placa #1223, quien básicamente declaró que en unión a otros agen-tes de la División de Drogas y Narcóticos de Arecibo, reali-zaron una ronda preventiva cerca del paseo Víctor Rojas, conocido también como El Fuerte. Que al llegar a dicha área, mientras dicho agente conducía un auto Nova azul, el resto del personal realizaba ronda a pie. Que ve cuando el agente Rafael Camacho — Placa #2529, interviene y pone bajo arresto a dos individuos. Que el agente Camacho procede a registrar al otro co-acusado, Víctor M. Mendoza Heredia y el testigo, a ruegos del agente Camacho, registra al otro co-acusado, Carmelo Vázquez Méndez, ocupándole en el bolsillo izquierdo delantero de su pantalón mahón azul una bolsa plástica transparente conteniendo anzuelos, un estuche de papel para enrolar cigarrillos y una envoltura de papel perió-dico conteniendo picadura de supuesta marihuana. Al inter-venir el agente Wilfredo Juan con el peticionario Carmelo Vázquez, éste último se encontraba al otro lado de la ba-randa que da hacia el mar en el paseo Víctor Rojas #2. El peticionario Carmelo Vázquez, había sido previamente pues-to bajo arresto por el agente Rafael Camacho, adscrito a la sección de drogas y narcóticos de Arecibo, Puerto Rico, por razones que desconocía el agente Wilfredo Juan. Que la evi-dencia ocupada la entregó al agente José L. González, quien realizó la prueba de campo dando positivo a marihuana.
Que en el contrainterrogatorio del agente Wilfredo Juan, el Fiscal no le hizo pregunta alguna.
•Como segundo testigo la defensa sentó al co-acusado Carmelo Vázquez Méndez, quien declaró que los agentes irrum-pieron en el área donde él, junto a otros compañeros pesca-ban, y procedieron a registrarlo ocupándole la evidencia antes indicada. El peticionario, Carmelo Vázquez, declaró que se encontraba al otro lado de la baranda pescando cuando los agentes intervinieron con él. Declaró, además, que los agentes registraron a Víctor M. Mendoza, ocupándole dos cigarrillos de marihuana. Que desconoce porqué [sic] razón lo registraron, pues sólo estaban pescando como de costumbre. Presentó, además, al señor Ramón Ruiz López, quien básica-mente testificó de que conoce a Carmelo Vázquez Méndez hace alrededor de cuatro o cinco años en la pezca [sic]. Que conoce también al otro imputado hace siete años porque tra-bajó con él en el garage de hojalatería y pintura, propiedad de Ruiz. El día de los hechos, cuando los agentes del orden público intervinieron con ellos, él estaba como a diez o quince pies de los imputados y que no pudo precisar o ver lo que se les ocupó. Declaró, además, el señor Ramón Ruiz López, que los agentes lo registraron a él y a su vehículo sin ocu-parle evidencia alguna y que no sabe porqué los registraron.

Terminado el interrogatorio directo y el contrainterroga-torio de los referidos testigos, el Ministerio Público “anunció que no iba a presentar prueba alguna”. No obstante ello, surge de la resolución enmendada antes mencionada que el magistrado que presidió la vista expresó y resolvió:

Escuchados los argumentos finales de la defensa, el repre-sentante del Ministerio Público, Hon. Fiscal Norberto Iri-zarry Blasco, solicitó del Tribunal declarara No Ha Lugar la Moción sobre Supresión de Evidencia, pues la defensa no había colocado al Tribunal en posición de aquilatar los moti-vos fundados que pudo haber tenido o no haber tenido él Agente Rafael Camacho, Placa — #2529, para intervenir con los acusados. Que la defensa sentó al Agente Wilfredo Juan Feliciano, Placa — #1223, cuya única participación fue registrar al co-acusado Vázquez Méndez luego de haber sido pues-to bajo arresto por el Agente Camacho.
Entendemos que le asiste la razón al Ministerio Público. La defensa no ha colocado a este Tribunal en posición de conocer qué motivos o razones, si alguna, llevo al Agente Camacho a intervenir con los co-acusados, al no sentarlo como testigo. (Énfasis suplido.)

HH h-H

La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone, en lo pertinente, que no se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, cosas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y alla-namientos irrazonables; que sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial y ello, únicamente, cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo el lugar a registrarse y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse, y que la evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales de justicia.

De fundamental importancia para la cuestión aquí en consideración resulta ser la norma establecida por este Tribunal a los efectos de que “una incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez sujeta a ciertas y limitadas excepciones”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 329 (1979). ()

Cobran importancia, en su consecuencia, las disposiciones pertinentes de las Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979 relativas a lo que constituye una presunción y a los efectos de éstas en los procedimientos le-gales ante los tribunales de Puerto Rico.

La Regla 13 del citado cuerpo de reglas establece que:

Regla 13. Definiciones
(A) Una presunción es una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción. A ese hecho o grupo de hechos previamente establecidos se le denomina hecho básico; al hecho deducido mediante la pre-sunción se le denomina hecho presumido.
(B) La presunción es incontrovertible cuando la ley no permite presentar evidencia para destruir o rebatir la pre-sunción, o sea, demostrar la inexistencia del hecho presu-mido. El resto de las presunciones de [sic] denominan con-trovertibles.
(C) Este Capítulo se refiere sólo a presunciones contro-vertibles.

La Regla 15, en lo pertinente, dispone que:

Regla 15. Efecto de presunciones en casos criminales
(A) En una acción criminal, cuando la presunción perju-dica al acusado, su efecto es imponer a éste la obligación de presentar evidencia para rebatir o refutar el hecho presu-mido, salvo disposición estatutaria en contrario. La presun-ción no tendrá efecto alguno de variar el peso de la prueba sobre los elementos del delito o refutar una defensa del acu-sado.
(B) Cuando la, presunción beneficia, al acusado ésta ten-drá el mismo efecto que lo establecido en la Regla 14. (Én-fasis suplido.)

Por su parte la Regla 14 estatuye que:

Regla 14. Efecto de las presunciones en casos civiles
En una acción civil, una presunción impone a la parte contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se establece la presunción no ofrece evi-dencia para demostrar la no existencia del hecho presumido, el juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se pre-senta evidencia en apoyo de la determinación de la no exis-tencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la presun-ción debe persuadir al juzgador de que es más probable la no existencia que la existencia del hecho presumido. (Énfasis suplido.)

De manera pues, que siendo la ley en nuestra jurisdicción que una incautación sin orden judicial produce una 'presunción de invalidez, Pueblo v. Lebrón, ante, favoreciendo obviamente dicha presunción al acusado en un caso criminal, Regla 15 de Evidencia, ante; hay que acudir a lo dispuesto por la Regla 14, la que a su vez dispone que la parte contra la cual se establece la presunción —en este caso el Ministerio Fiscal— viene obligada a ofrecer evidencia so pena de que el juzgador acepte la existencia del hecho presumido, o sea, la irrazonabilidad de la incautación efectuada.

Dicha conclusión encuentra apoyo en lo expresado por el comentarista W. R. LaFave en su obra Search and Seizure, Minnesota, West Pub. Co., 1978, Vol. III, págs. 137-138, a los efectos de que:

If warrantless seizures and searches are disfavored, then as a matter of policy it may make sense to allocate the burden of proof accordingly. Thus, when the police have proceeded without a warrant, the prosecution certainly should have the burden to which the Court has so frequently referred —that of showing exigent circumstances excusing the obtaining of a warrant. But if the preference for warrants is to be taken seriously, the prosecution’s burden should extend beyond this and include, in a without-warrant case, the burden of showing that the police acted upon probable cause. This is consistent with the Court’s position in United States v. Ventresca “that in a doubtful or marginal case a search under a warrant may be sustainable where without one it would fail.” Because “the principal significance of the burden of persuasion is limited to those cases in which the trier of fact is actually in doubt”, it would seem that if the Ventresca pronouncement is to have any vitality the prosecution should have the burden in without-warrant. cases and the defendant should have it in with-warrant cases.

Por los fundamentos antes expresados, resolvemos que una vez el acusado establece el hecho de que la evidencia objetada fue ocupada sin orden judicial previa de arresto o sobre registro y allanamiento, le corresponde al Ministerio Fiscal demostrar que el registro realizado —y por ende, la ocupación de la evidencia impugnada— fue uno legal y razonable. A contrario sensu, establecido el hecho de la existencia de una orden de arresto o de registro y allanamiento previa a la ocupación de la evidencia, la obligación anteriormente señalada le corresponde al promovente de la moción, o sea, al acusado.

La posición asumida por la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos apoya la sabiduría de la norma que hoy reconocemos. La misma es la norma prevaleciente en la juris-dicción federal. Véanse: United States v. Dart, 747 F.2d 263 (4to Cir. 1984); United States v. Impson, 482 F.2d 197 (5to Cir. 1973); United States v. Berick, 710 F.2d 1035 (5to Cir. 1983), cert. denegado 104 S.Ct. 255; United States v. Morgan, 743 F.2d 1158 (1984); Schnepp v. Hocker, 429 F.2d 1096 (9no Cir. 1970); United States v. Finefrock, 668 F.2d 1168 (10mo Cir. 1982); United States v. Bachner, 706 F.2d 1121 (1983); LaFave, Search and Seizure, op. cit., pág. 499. Ver además W. E. Ringel, Searches and Seizures, Arrests and Confessions, 2da ed., Nueva York, Clark Boardman Co., Ltd., 1985, Vol. I, págs. 20-20 a 20-20.1.

Aun cuando algunos estados le imponen el peso de la prueba al Ministerio Fiscal en todos los casos (), y otros, por el contrario, le imponen dicha obligación al acusado en forma uniforme!), la inmensa mayoría de las jurisdicciones esta-tales siguen la regla vigente en la nuestra. Véanse: Sawyer v. State, 456 So. 2d 114 (Ala. 1984); People v. Sommerhalder, 508 P.2d 289 (Cal. 1973); De La Cruz v. People, Colo. 492 P.2d 627 (Colo. 1972); Malcolm v. United States, 332 A.2d 917 (D.C. 1975); Mann v. State, 292 So. 2d 432 (Fla. 1974); Johnson v. State, 313 N.E.2d 542 (Ind. 1974); State v. Eubanks, 355 N.W.2d 57 (Iowa 1984); State v. Fauria, 393 So. 2d 688 (La. 1981); State v. Morales, 176 N.W.2d 104 (Minn. 1970); Gordon v. State, 426 P.2d 424 (1967); State v. Schneider, 470 A.2d 887 (N.H. 1983); State v. Brown, 333 A.2d 264 (N.J. 1975); State v. Willcutt, 526 P.2d 607 (Or. App. 1974); Lalande v. State, 676 S.W.2d 115 (Tex. Crim. App. 1984); State v. Mathe, 688 P.2d 859 (Wash. 1984); Morales v. State, 170 N.W.2d 684 (Wis. 1969); LaFave, op, cit., pág. 499.

Estas jurisdicciones —tanto estatales como en el foro federal— donde prevalece la regla mayoritaria, justifican la diferencia que se establece en cuanto al peso de la prueba a base de que a la actuación o determinación independiente del magistrado que expide la orden de arresto o de registro y allanamiento, le cobija una presunción de legalidad; mientras que en los casos en que no media orden judicial, son las agen-cias del orden público concernidas quienes están en control, y en conocimiento, de las circunstancias que justificaban la in-tervención e incautación de la evidencia. Véase Malcolm v. United States, ante. Esta posición encuentra apoyo en unas expresiones vertidas en varios casos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a los efectos de que siendo válido un regis-tro sin orden sólo en circunstancias excepcionales, compete a la parte que alega la circunstancia excepcional demostrar su existencia. Véanse: United States v. Jeffers, 342 U.S. 48 (1951); Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969); Vale v. Louisiana, 399 U.S. 30 (1970), y Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971). Merece destacarse, por último, que dicho tribunal en el caso de Bumper v. North Carolina, 391 U.S. 543 (1968), resolvió que en casos donde no media una orden judicial previa, pero el Estado alega que el registro fue “con-sentido” por el acusado, le corresponde siempre el peso de la prueba al Ministerio Fiscal.

HH I — I HH

A la luz de lo antes expresado, la resolución emitida por el foro de instancia en el presente caso declarando sin lugar la moción de supresión de evidencia radicada por el acusado-peticionario no puede prevalecer. En vista de la norma esta-blecida, una vez el acusado-peticionario demostró que los agentes habían actuado sin que mediara orden judicial previa para el arresto o registro, le correspondía al Estado demos-trar la legalidad y razonabilidad de la actuación de los agen-tes del orden público. El aquí peticionario, como hemos visto, no sólo presentó prueba de lo antes mencionado sino que —sin tener obligación legal de así hacerlo— adujo evidencia ten-dente a demostrar que él y sus acompañantes se encontraban en el lugar dedicándose meramente a la pesca, en otras pala-bras, que no existía circunstancia alguna que pudiera llevar a un agente del orden público a tener los motivos fundados de que habla la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal para proceder a efectuar un arresto sin orden judicial previa. No habiendo cumplido el Ministerio Público con la obligación antes mencionada, procedía que se declarase con lugar la mo-ción de supresión radicada.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide él auto so-licitado, y se dictará sentencia revocatoria de la resolución recurrida emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, en él presente caso.

      (1) La única ocasión anterior en que este Tribunal ha tenido la oportu-nidad de expresarse al respecto lo constituye el caso de Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964). A esos efectos, véase escolio 10, a la pág. 810 de la referida decisión.

      (2)En Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972), citando ex-clusivamente jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se-ñalamos, a las páginas 656-657, cuáles eran esas excepciones. Dijimos en-tonces que:
      “Entre las pocas excepciones señaladas por aquel alto tribunal, figu-ran el registro incidental a un arresto legal, Agnello v. United States, 269 U.S. 20, 70 L.Ed. 147; Preston v. United States, 376 U.S. 364, 11 L.Ed.2d 777; el registro de un vehículo de motor, barco o vagón cuando existe causa probable para creer que se transporta mercancía de contrabando o prohi-bida por ley. Carrol v. United States, 69 L.Ed. 542; Hasty v. United States, 75 L.Ed. 624; Brinegar v. United States, 93 L.Ed. 1879, cuando el vehículo ha sido confiscado y el registro posterior del vehículo está relacionado con la razón por la cual se arrestó a su ocupante, Cooper v. California, 386 U.S. 58, 17 L.Ed.2d 730, cuando la propiedad a ser incautada está en proceso de destrucción o en inminente riesgo de ser destruida, Johnson v. United States, 92 L.Ed. 436; McDonald v. United States, 93 L.Ed. 155, o cuando las exi-gencias de las circunstancias hacen imperativo proceder a un registro pre-vio al arresto como cuando de no efectuarse el registro se pone en peligro la vida de los agentes o de otras personas. Maryland Penitentiary v. Hayden, 387 U.S. 294, 18 L.Ed.2d 782; y cuando se da consentimiento para el regis-tro o se renuncia al derecho constitucional contra registros y allanamientos irrazonables, Zap v. United States, 328 U.S. 624, 90 L.Ed. 1477.”

      (3)Véanse: State v. Heald, 314 A.2d 820 (Me. 1973); Canning v. State, 226 So. 2d 747 (Miss. 1969); Pa. Rules Crim. Proc. Sec. 323(h); Kan. Stat. 22-3216. Ver además W. E. Ringel, Searches and Seizures, Arrests and Confessions, 2da ed., Nueva York, Clark Boardman Co., Ltd., 1985, Vol. I, págs. 20-20 a 20-20.1. En esos estados se explica la regla a base de que, dado que es el estado quien interesa utilizar la evidencia, es a él que le co-rresponde demostrar su admisibilidad por haberse obtenido legalmente, W.R. LaFave, Search and Seizure, Minnesota, West Pub. Co., 1978, Vol. III, pág. 499.

        (4)E.g. People v. Ikerd, 188 N.E.2d 12 (Ill. 1963); State v. Holt, 415 S.W.2d 761 (Mo. 1967); State v. Mckenzie, 608 P.2d 428 (Mont. 1980), cert. denegado, 449 U.S. 1050. Comúnmente se explica esta regla a base de que: a) el peso de la prueba debe estar sobre la parte que solicita la actua-ción del tribunal; b) le asiste una presunción de legalidad a las actuaciones de los agentes del orden público; c) la regla general es que evidencia perti-nente es admisible, y las excepciones deben ser probadas por el que las re-clama; d) tal regla sirve de disuasivo al uso innecesario del tiempo de los tribunales, LaFave, op. cit., pág. 500.


author: El Jüez Asociado Señor Negrón García

text:
      In re Lic. Samuel Pagán Ayala, querellado.

      Número: O-84-530

      Resuelto: 9 de abril de 1986

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Miguel Pagan, Subprocurador General, Eliadis Orsini Zagas, Procuradora

      General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Benjamín Ortiz Be-laval, abogado del querellado.
   El Jüez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“El abogado debe ir más allá que el común de las gentes; el carácter de que está investido y la dignidad y decencia que deben presidir todos sus actos, le obligan a responder en forma tal a la confianza que se ha depositado en él, que producido por su culpa o negligencia un hecho que genere su responsa-bilidad, debe ponerlo en conocimiento del damnificado, decla-rándole lealmente su obligación de indemnizar y haciendo efectiva su responsabilidad.” A. E. Parry, Ética de la Abogacía, Buenos Aires, Ed. Jur. Argentina, 1940, T. I, pág. 159.

H-I

El Procurador General de Puerto Rico formuló querella por conducta profesional impropia contra el Lie. Samuel Pa-gán Ayala. En el primer cargo le imputó conducta “antiética al no realizar ninguna gestión profesional en beneficio de su cliente al Sr. Aracelio Ramos González, quien lo contrató para que lo representara en una acción de daños y perjuicios y quien se enteró de dicha representación profesional negligente del querellado a través de otro abogado, luego de varios años, pues aquél, el querellado, nada le informaba”. En el segundo cargo, adujo infracción ética consistente en haber ofrecido in-demnizar a Ramos González con la suma de $12,000 por los daños sufridos a cambio de que éste no procediese éticamente en su contra, para lo cual le entregó inicialmente $5,000 y el balance de $7,000 en dos (2) pagarés que no honró.

El Comisionado Especial designado, Lie. Ramón Pérez De Jesús, ex Juez Superior, oportunamente rindió su informe. En el mismo consigna que en la vista evidenciaría los abogados de las partes anunciaron la siguiente estipulación:

1. El querellado se compromete a compensar al señor Ara-celio Ramos González, persona alegadamente perjudicada según la querella, con la suma de $12,000.00 de la cual éste recibió $5,000.00 con anterioridad a la presentación de la querella ante el Tribunal. Los restantes $7,000.00 para ser pagados a razón de $2,000.00 dentro de los cinco días siguien-tes al día de la vista —22 de febrero de 1985— y los restan-tes $5,000.00 en el curso de los setenta y cinco días, también a partir de la indicada fecha. (A la fecha del presente in-forme ya se hizo el pago de los $2,000.00). El pago final de los $5,000.00 se vencerá en el curso de la segunda semana de mayo de 1985.
2. Cumplidos los compromisos de resarcimiento econó-mico asumidos por el querellado, la parte querellante —el Procurador General de Puerto Rico— accederá a que se dé por retirada o desistida la querella. (Énfasis suplido.)

Además expuso lo siguiente:

Oída la estipulación antes transcrita, el Comisionado Especial consideró conveniente oir [sic] los testimonios del perju-dicado y el querellado respecto a los acuerdos anunciados en la misma. Ambos hicieron constar su conformidad plena al contenido de la estipulación por entender que ésta hacía jus-ticia a todas las partes. Igual juicio emitió el Licdo. [sic] Juan F. Pérez Colón, abogado personal del perjudicado y tes-tigo citado por ambas partes. Así las partes dieron el caso por sometido.
Por constituir una cuestión de derecho, tanto el Comisio-nado Especial como las partes están conscientes de que el primero fue designado con el limitado propósito de recibir la prueba practicada, hacer determinaciones preliminares sobre admisibilidad de evidencia, certificar la prueba y ren-dir un informe con determinaciones de hecho. Sobre el particular, véase la REGLA 13(h) y (k) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Resolución del Tribunal, fechada el día 24 de septiembre de 1984, designando al Comisionado Especial en este caso. No compete, pues, a éste hacer conclusiones de derecho ni determinaciones finales en el caso, aunque sí puede hacer recomendaciones.
Ante lo antes consignado, todos estamos de acuerdo en que, aunque el querellado ha continuado haciendo los pagos que inició con anterioridad a la presentación formal de la quere-lla, corresponde al propio Tribunal hacer toda determina-ción final en el caso, incluyendo las consecuencias atinentes a la situación. Ante este estado de cosas, entendemos que, in-dependientemente de los antecedentes que obran en el expe-diente del querellado, conocidos por el Honorable Tribunal, debe considerarse —al tomarse una decisión final— el sacri-ficio económico notable que constituye para el querellado la obligación asumida por él de pagar una considerable suma de dinero para compensar al perjudicado por los daños que alega haber sufrido lo que, a la vez, podría considerarse como una admisión tácita de haber incurrido en la falta que se le imputa. (Énfasis suplido.)

El Procurador General ha sometido el asunto. El quere-llado Pagán Ayala sostiene que la estipulación adoptada no conllevó admisión expresa o tácita de los cargos. Además nos acredita documentalmente haber satisfecho al presente el re-manente de la deuda surgida de los dos pagarés que suscribió. Solicita el archivo de la querella.

HH H-i

A los fines de evaluar si procede o no el archivo, en buena lógica, () es menester resolver las siguientes interrogantes: ¿Prohíben los Cánones de Ética que un abogado —en circuns-tancias análogas a la de autos— pueda lícitamente transigir extrajudicialmente una causa de acción dimanante precisa-mente de una alegada incompetencia profesional? ¿Cuáles son sus efectos en el ámbito de la jurisdicción disciplinaria? ¿Qué criterios son determinantes para acceder a un archivo?

En la querella, con referenda al segundo cargo, el Pro-curador General alegó que la oferta de indemnización violaba el Canon 26 in fine, preceptivo de que es “impropio de un abo-gado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones ne-gligentes en su gestión profesional”.

El canon transcrito no prohíbe que un abogado informe y acepte ante su cliente responsabilidad por errores y omisiones atribuibles a su persona. Se estima que ese es un deber deontológico que forma parte del honor del abogado. H. Viñas, Ética y derecho de la abogacía y procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1977, págs. 136-137. () Véase In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 547 (1984). No cabe otra conclusión. Después de todo, en el ámbito de su responsabilidad civil “(deber de responder) se configura a base de los elementos típicos de toda acción en daños contra un profesional”. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). La estricta reglamentación a que está sometido el abogado no es impedimento para que se le reconozca, como a cualquier otro profesional, todos aquellos derechos armonizables con la naturaleza pública que reviste su gestión.

Los antecedentes del Canon 26 ilustran su verdadero sig-nificado. Está dirigido a evitar que el abogado limite o se exonere contractualmente, o de otro modo, evada su respon-sabilidad por mala práctica profesional. () El entonces presi-dente de la Comisión para revisar los Cánones de Ética Pro-fesional del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Lie. Francisco Agrait Oliveras —cuyas labores y recomendaciones sirvieron de base para el actual Código de Ética— expuso ante su Junta de Gobierno:

El Canon 26 incorpora una nueva disposición prohibiendo relevo de responsabilidad profesional. Yo no conozco ningún caso de esto. Esto lo hemos adoptado de la American Bar Association. Yo nunca he sabido que esto haya sucedido en Puerto Rico, pero decidimos poner en el [C] anón 26, estable-cer una disposición, pues usted no puede hacer contrato con el cliente diciéndole “bueno mire me libro de responsabilidad, yo no soy responsable frente a usted por cualquier negligen-cia en el desempeño de mis funciones como abogado repre-sentándolo”. Lo que se está prohibiendo es que usted pacte con el cliente librándose de responsabilidad, relevándose usted como abogado de antemano por su negligencia. Minuta Núm. 12, Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 22 de junio de 1970.

En resumen, el Código de Ética Profesional no impide al abogado que en el desempeño de sus funciones haya incurrido en negligencia, indemnizar extra judicialmente al perjudicado. Simplemente prohíbe que a priori o mediante recursos posteriores indebidos se libere de esa responsabilidad.

Nos resta examinar los efectos de esa indemnización y qué criterios deben regir para archivar o no una querella como la que nos ocupa. Ciertamente una vez satisfecho el perjuicio privado de la persona afectada, en ausencia de un interés público mayor, de ordinario el asunto no debe trascender ni penetrar los recintos de este foro o los de la Oficina del Procurador General.

Aclaramos, sin embargo, que en ninguna forma podrá el abogado transigir con su cliente la acción civil en daños por mala práctica profesional, al establecer como condición para ello que no se presente querella por violación ética en su contra. () Tal decisión de presentar la querella, aun cuando haya sido satisfecho y reparado el daño, descansa en el sano y prudente criterio del cliente perjudicado. El ejercicio final de nuestra jurisdicción disciplinaria, como en el caso de autos, no puede ser precluido en virtud de tal acuerdo. La admisión de responsabilidad civil y resarcimiento por el abogado a su cliente, constituirá un atenuante, o podrá ser determinante para su archivo, si es que finalmente se insta querella.

El archivo no será favorecido en aquellas situaciones en que la negligencia profesional haya ido acompañada de un comportamiento que atente contra el prestigio y la dignidad pública que debe caracterizar al abogado, que envuelven lesiones éticas graves que impliquen depravación moral, fraude, ilegalidad, falsificación, apropiación indebida, o conductas nocivas análogas, o un continuado y repetido curso acumulativo de dejadez, indiferencia y negligencia profesional demostra-tivo de ineptitud para el ejercicio de la abogacía.

HH I — I

En el contexto del trámite y hechos del caso ante nos, re-solvemos que el querellado Pagán Ayala no violó canon alguno al acordar indemnizar a Ramos González en la suma de $12,000. Su única falta consistió en no haberlo honrado a tiempo y condicionado a la no radicación de querella. Ese hecho no contradicho motivó la queja y lo sujetó a este proce-dimiento disciplinario, por resultar materia legítima refe-rente a “conducta profesional que nos toca regular”. Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845, 850 (1980).

Desde que quedó este asunto sometido ante nos, el quere-llado Pagán Ayala satisfizo cabalmente su obligación. Su comparecencia refleja que su decisión de compensar a Ramos González fue en parte el resultado del trámite que se seguía en su contra y que culminó en In re Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980). La lección ha sido dolorosa: fue suspendido y tuvo que indemnizar a sus representados. En estas circuns-tancias, en justicia merece que aprobemos la estipulación de archivo.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

      (1) Se impone este análisis independientemente de que en virtud del trámite peculiar habido ante el Comisionado Especial, no haya prueba para sostener el primer cargo. La única admisión es que el compromiso del que-rellado Pagán Ayala de pagar a Ramón González fue motivado por el temor de la radicación de una querella y su deseo de evitarla. (Contestación a la querella, pág. 4.)

      (2)H. Viñas, Ética y derecho de la abogacía y procuración, bajo el sugestivo título de Deber de Reconocer su Responsabilidad, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1977, pág. 136, resume así el tratamiento argentino:
      “El honor del abogado obliga a observar lo preceptuado en los últimos apartados de la regla 14: ‘No es aceptable que el abogado se exculpe de los errores y omisiones en que incurra en su actuación, pretendiendo descargar-los en otras personas; ni de actos ilícitos, atribuyéndolos a instrucciones de sus clientes.’ Lamentablemente es frecuente el proceso de ‘justificación ética’, proyectiva que suele darse en algunos profesionales. Y: IV) El abogado debe adelantarse a reconocer la responsabilidad derivada de su negligencia o actuación inescusable, allanándose a resarcir los daños y perjuicios causa-dos por su cliente.”

      (3) El Código Modelo de Responsabilidad Profesional de la Asociación del Poro Norteamericano (American Bar Association), 1979, reza:

        “LIMITING LIABILITY TO CLIENT

      “EC 6-6 A lawyer should not seek, by contract or other means, to limit his individual liability to his client for his malpractice. A lawyer who handles the affairs of his client properly has no need to attempt to limit his liability for his professional activities and one who does not handle the affairs of his client properly should not be permitted to do so. A lawyer who is a stockholder in or is associated with a professional legal corporation may, however, limit his liability for malpractice of his associated in the corporation, but only to the extent permitted by law.
      “DR 6-102 Limiting Liability to Client
      “(A) A lawyer shall not attempt to exonerate himself from or limit his liability to his client for his personal malpractice.”

      (4) Advertimos que conforme el Art. 1207 del Código Civil, “[l]os con-tratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 31 L.P.R.A. sec. 3372. A su vez, “los contratos . . . con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”. Art. 1227 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3432. Véanse: Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Hernández Usera v. Secretario de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 18-25 (1962).