author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

text:
    Steve Parrilla Báez y otros, demandantes y recurridos, v. Airport Catering Services, Inc., codemandado y recurrido, Ranger American of P.R., Inc. y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-90-406

      Resuelto: 6 de mayo de 1993

      Teresa M. García Moll, de Bufete Irizarry & Otero, abogada de los demandados y recurrentes; Enrique Miranda Merced, abogado de los demandantes y recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Ante la creciente ola de criminalidad que azota nuestra sociedad, los ciudadanos se han visto precisados a suple-mentar la protección que brinda el Estado. Esto a su vez ha propiciado la proliferación de compañías que se dedican a ofrecer servicios de seguridad. Frente a esta inescapable realidad, hemos creído conveniente reiterar las normas y los principios legales que rigen las acciones en daños por detención ilegal, difamación y persecución maliciosa que tienden a surgir cuando un ciudadano privado, como lo es un guardia de seguridad de una compañía privada, detiene ilegalmente a una persona que no ha cometido un delito. Resulta imperativo hacer hincapié sobre la necesidad que existe de que las compañías que ofrecen servicios de segu-ridad empleen personal idóneo adecuadamente entrenado. Sólo así se podrán evitar posibles violaciones a los derechos de ciudadanos inocentes.

HH

Los hechos

A continuación haremos un resumen de las determina-ciones de hechos de la sentencia recurrida.

Allá para febrero de 1988 la Airport Catering Services, Inc. (en adelante Airport) estaba experimentando proble-mas de apropiación de mercancía por parte de sus propios empleados. Con el propósito de corregir este problema y brindar seguridad a sus facilidades, contrató a la Ranger American of Puerto Rico, Inc. (en adelante Ranger), una compañía que se dedica a ofrecer estos servicios. La geren-cia de Airport celebró una reunión con los supervisores y empleados de Ranger en la cual les indicó que interesaba se vigilara cualquier conducta de sus empleados relacio-nada con la apropiación ilegal de mercancía, tales como bebidas alcohólicas, productos alimenticios y utensilios. También les solicitó que cuando se percataran que algún empleado había sacado mercancía de las facilidades físicas de la compañía, lo detuvieran y notificaran a la gerencia de Airport para que ésta determinara la acción a tomarse.

El 5 de abril de 1988, poco antes de las 6:00 a.m., mien-tras uno de los guardias de seguridad de Ranger hacía una ronda preventiva por la parte trasera de las facilidades de Airport, escuchó un ruido parecido al que se produce cuando se lanza un paquete al pavimento. Entonces vio cuando caía un bulto blanco en la quebrada que bordea la parte exterior de las facilidades de la empresa. No pudo distinguir quién fue la persona que lo lanzó. Inmediata-mente fue a la caseta de seguridad y le contó a su compa-ñero lo que había ocurrido. Éste procedió a notificar a sus supervisores en la Ranger, mientras el otro guardia re-gresó al lugar donde había observado que lanzaron el bulto para corroborar si aún estaba allí.

Coetáneo con el incidente del bulto, los guardias de se-guridad de Ranger se habían percatado que uno de los em-pleados de Airport, William Navarro, antes de terminar su jornada de trabajo a las 6:00 a.m., había salido dos (2) o tres (3) veces de las facilidades de Airport. En estas ocasiones había ido hasta cerca de donde se encontraba el bulto blanco y, sin tocarlo, observaba el área de la caseta y la parte posterior del edificio. Poco antes de la hora de salida del trabajo, Navarro le informó a los guardias de seguridad que estaba en espera de transportación para regresar a su casa.

Poco después, los guardias de seguridad de Ranger ob-servaron que al finalizar su turno en el trabajo Navarro salió de las facilidades de la empresa, se dirigió hacia donde se encontraba el bulto blanco, lo recogió y colocó junto a él frente a uno de los vehículos que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera.

A esa misma hora también terminaron su jornada de trabajo y salieron de las facilidades de la empresa los co-demandantes Steve Parrilla y Rafael González. Estos eran amigos y viajaban juntos al trabajo y de regreso a sus ho-gares en el automóvil de Parrilla. Trabajaban en el área a cargo de las misceláneas para los vuelos; esto incluía pla-tos, utensilios y las bebidas alcohólicas en botellas en miniatura. Al salir de las facilidades de Airport, se dirigie-ron al vehículo de Parrilla, se montaron y lo pusieron en marcha. Justo cuando habían pasado la caseta de seguri-dad, Navarro los detuvo y solicitó transportación hasta su residencia. Estos accedieron y, una vez Navarro se montó en la parte trasera y colocó el bulto blanco a su lado, co-menzaron el viaje hacia sus hogares. Apenas habían trans-currido unos quince (15) minutos cuando un vehículo de la Ranger con los guardias de seguridad dentro los interceptó. Éstos les ordenaron desmontarse. Luego que obedecieron, los esposaron y procedieron a registrar el ve-hículo de Parrilla donde encontraron el bulto blanco. Una vez concluyó el registro, los llevaron esposados hasta la caseta de seguridad donde los esperaban un gerente de Airport, un representante de la unión de empleados y un supervisor de Ranger. Cabe señalar que los codemandantes Parrilla y González en todo momento pidieron que se les explicara las razones para lo que estaba sucediendo.

En la caseta de seguridad los empleados de Ranger y Airport procedieron a abrir el bulto, donde encontraron ciento cuarenta y tres (143) botellas de licor en miniatura de las que Airport suple a los vuelos. Airport inmediata-mente informó a los tres (3) empleados que los suspendía de empleo y sueldo hasta que se dilucidara el caso criminal. También le ordenó a los empleados de Ranger que retuvieran las tarjetas de identificación de éstos para que no pudieran entrar en sus facilidades. Aproximada-mente veinte (20) minutos después, les quitaron las espo-sas y les permitieron regresar a sus hogares. Mientras todo esto estaba ocurriendo, se fueron acumulando como veinte (20) empleados de Airport frente a la caseta de seguridad. Preguntaban por las circunstancias que habían motivado la detención.

Al día siguiente Airport colocó en uno de los tablones de edictos de la empresa un memorando en el cual, sin espe-cificar los nombres, se hacía un recuento de lo ocurrido con tres (3) empleados de la compañía e indicaba que éstos habían tenido que ser despedidos por haberse apropiado de unas botellas de licor en miniatura propiedad de las aerolíneas, ()

El 28 de abril de 1988 Airport presentó una querella contra los demandantes Parrilla y González. Al llamarse el caso para la determinación de causa probable, González no estaba presente por encontrarse gestionando la compare-cencia de un abogado. El tribunal determinó causa, le im-puso una fianza de diez mil dólares ($10,000) y ordenó su arresto. González permaneció en la Penitenciaría Estatal desde el mediodía hasta las ocho de la noche (8:00 p.m.), cuando sus padres pudieron tomar prestado el importe de la fianza.

En el juicio criminal por el delito de apropiación, tanto Parrilla como González fueron absueltos perentoriamente. Al cabo de cinco (5) meses, Airport los reinstaló a sus em-pleos y les reintegró los salarios dejados de percibir du-rante el tiempo en que estuvieron suspendidos.

Por estos hechos, tanto Parrilla y sus padres como Gon-zález y sus padres presentaron una demanda contra Ranger, Airport y respectivas compañías de seguros, recla-mando daños por sus sufrimientos mentales y emocionales experimenta dos como consecuencia de este incidente. A base de los hechos antes expuestos, el foro de instancia determinó que la totalidad de los daños sufridos por los demandantes fue el resultado directo de los actos de los empleados de Ranger al arrestar y restringir ilegalmente la libertad de los codemandantes Parrilla y González. Con-denó a Ranger y a su compañía de seguros, Fénix de Puerto Rico (en adelante Fénix), a pagar solidariamente veinticinco mil dólares ($25,000) a cada uno de los code-mandantes Parrilla y González, y tres mil dólares ($3,000) a cada uno de los padres, para un total de sesenta y dos mil dólares ($62,000).

En cuanto a Airport, el foro de instancia concluyó que no se había probado que ésta hubiese incurrido en acción u omisión que causara daños a los demandantes, por lo que desestimó la demanda y la demanda contra coparte pre-sentadas en su contra.

Inconforme con esta sentencia, Ranger y su compañía de seguros Fénix presentaron un recurso de revisión. Ale-garon, en síntesis, que el foro de instancia se equivocó al determinar que hubo una detención ilegal y que los daños sufridos por los demandantes se debieron a las actuaciones de Ranger; al desestimar la demanda contra coparte; al conceder una cuantía excesiva en daños, y al imponer el pago de dos mil dólares ($2,000) por concepto de honorarios de abogado.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.()

Principios generales sobre responsabilidad ex delicto en acciones por detención ilegal, difamación y persecución ma-liciosa

Reiteradamente hemos expresado que la teoría de causalidad adecuada es la que rige en nuestra jurisdicción. Conforme a ésta, nos indica el comentarista Santos Briz, “ ‘no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general.’ Santos Briz, Derecho de Daños, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, págs. 215 y ss.”. Soc. de Gananciales v. Jeronimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). Véanse: Jiménez v. Pelegrina Espinel, 112 D.P.R. 700 (1982); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1993); Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Con respecto a la respon-sabilidad vicaria de una empresa por daños causados por sus empleados, el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5142, dispone que la obligación que impone el Art. 1802, supra, es exigible no sólo por los actos o las omisio-nes propias del patrono, sino también por las de sus em-pleados cuando éstos están en gestiones de su trabajo. Mártir Santiago v. Pueblo Supermarket, 88 D.P.R. 229, 236 (1963); H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracon-tractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. XII, Sec. 12.04.

Con respecto a la procedencia de una acción en daños por detención ilegal contra una persona particular que causa o efectúa la detención de un ciudadano que no ha cometido un delito, ésta va a depender de los criterios de razonabilidad. Hay que hacer un balance adecuado “entre la obligación que toda persona tiene de cooperar en la lucha contra el crimen y el derecho que toda persona tiene a no ser privado ilegalmente de su libertad ...”. Ahora bien, “[l]a razonabilidad de las actuaciones de la persona que es demandada civilmente en daños por alegada detención ilegal del demandante y su responsabilidad por ello, deben medirse tomando en consideración los siguientes factores: la persona del demandado, su edad, preparación intelectual, condiciones morales y sus experiencias previas; la persona del detenido, incluso su edad, apariencia y comportamiento; conocimiento que en la fecha de los hechos tuviera el demandado de la persona del detenido y aquellas que con él se relacionaban; la conducta sospechosa, incluso la gravedad del delito que ella pudiera implicar, el lugar, la ocasión, y la frecuencia de dicha conducta”. Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 D.P.R. 804, 816-817 (1982).

Se han reconocido como elementos de la causa de acción de detención ilegal los siguientes: la intención de efectuar una restricción a la libertad de una persona; el que haya un acto positivo o afirmativo encaminado a producir la restricción de la libertad; que se produzca la restricción de la libertad del perjudicado; que ésta sea involuntaria; que el perjudicado sea consciente de que se le ha restringido su libertad, y que exista una relación causal adecuada entre el acto de la restricción de la libertad y el daño que reclama el demandante. Dobbins v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 87 D.P.R. 30, 34-35 (1962); Brau del Toro, op. cit., Vol. I, Cap. IV, Sec. 4.05.

En lo que respecta a la acción en daños por difamación, ésta va dirigida a vindicar el interés social sobre la reputación de la persona. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415, 423 (1977); Brau del Toro, op. cit., Vol. II, Cap. XVIII. Para que prospere hay que probar que la información o expresión fue publicada, que ésta es falsa y difamatoria, y que por causa de su publicación se sufrieron los daños que se reclaman. Recientemente, en Porto y Siurano v. Bently P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992), tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre la acción de difamación dentro del contexto de la relación patrono-empleado, donde ambas partes eran “personas privadas” y la alegada expresión difamatoria no era de interés público o general. Allí adoptamos la posición mayoritaria imperante en Estados Unidos “a los efectos de que se configura el elemento de publicación en las comunicaciones habidas entre los miembros de la corporación. La razón de ser de esta posición es que los empleados de una corporación son seres humanos y que al enterarse de la expresión difamatoria, la reputación del empleado afectado claramente se ve menospreciada en su trabajo”. (Citas y escolio omitidos.) Id., pág. 349.

En cuanto a la acción en daños por persecución maliciosa que emane de un proceso criminal, para que prospere hay que probar: que el demandado instigó la ac-ción maliciosamente sin que existiera causa probable, que la acción criminal terminó de modo favorable para el de-mandante y que éste sufrió daños a consecuencia de ha-berse instado la acción criminal. Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342, 346 (1913); Rivera v. Casiano, 68 D.P.R. 190 (1948); Jiménez v. Sánchez, 76 D.P.R. 370 (1954); Fonseca v. Oyóla, 77 D.P.R. 525 (1954); Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 103 D.P.R. 778, 781 (1975); Ayala v. San Juan Racing Corp., supra, pág. 812.

La acción por persecución maliciosa no es favorecida por los tribunales, ya que ésta tiende a desalentar el que la ciudadanía coopere con el Estado en la persecución de los delitos. Esta acción requiere que se haga un balance entre el interés de la comunidad en general en que se investigue y se persiga la comisión de delitos y el igualmente importante interés social de que no se atropelle ni se persiga, arbitraria y maliciosamente, a los ciudadanos inocentes. Tomando esto en consideración, “[reiteradamente hemos expresado que el mero hecho de informar a las autoridades la comisión de un delito no es suficiente para imponer responsabilidad, sino que debe demostrarse que el demandado instigó activa y maliciosamente la iniciación del proceso y que no fueron las autoridades quienes a base de su propia evaluación de los hechos decidieron procesar al demandante”. Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., supra, pág. 781. De igual forma, tampoco el suministrar información a las autoridades del Estado constituye, de por sí, la instigación que se requiere como elemento esencial de esta causa de acción. Id. Véase, además, Brau del Toro, op. cit., Vol. I, Cap. IV, Sec. 4.06.

Ill

La aplicación de las normas de derecho a los hechos

Con respecto a la acción de detención ilegal, atendidos los hechos particulares del caso, resulta insostenible la po-sición de los demandados recurrentes de que no incurrie-ron en responsabilidad. Los empleados de Ranger que in-tervinieron en el incidente eran guardias de seguridad quienes, precisamente por su función especial como tal, pu-dieron o debieron esperar y confirmar si en efecto la con-ducta de los codemandantes Parrilla y González era delictiva. La conducta que observaron estos guardias de seguridad no fue una conducta sospechosa. Los codeman-dantes simplemente se limitaron a salir de su trabajo, montarse en su vehículo y darle transportación a un com-pañero de trabajo, Navarro. Tampoco nos convence el ar-gumento de que se trataba de un delito grave que requiría una intervención inmediata. De otra parte, los demandan-tes eran unos jóvenes empleados de la empresa, que salían de su trabajo y se disponían a regresar a sus casas, cuyo único error parece haber sido el haberle dado transporta-ción a un compañero de trabajo. A la luz de.estas circuns-tancias concluimos que los guardias de seguridad, emplea-dos de Ranger, no actuaron razonablemente al proceder a detener y esposar a los codemandantes. No le asiste la ra-zón a Ranger al alegar que los hechos que el tribunal dio por probados no configuran una acción en daños por deten-ción ilegal.

Ahora bien, en lo que respecta a la codemandada Airport, el tribunal se equivocó al eximirla de toda responsabilidad. Según surge de las determinaciones de hecho, Airport no sólo contrató y delegó las funciones de seguridad en Ranger, sino que sus empleados participaron activamente en el incidente de detención ilegal. Airport so-licitó a los empleados de Ranger que detuvieran a todo empleado suyo que incurriese en conducta que los indujese a creer que se estaba cometiendo el delito de apropiación y que los llamasen para que fuesen ellos los que determina-ran qué hacer. Cuando los guardias de seguridad de Ranger detuvieron a los demandantes, un supervisor de Airport estuvo presente en la caseta de seguridad mientras éstos eran mantenidos allí detenidos y esposados. Este em-pleado de Airport participó en el registro del bulto que se había ocupado en el vehículo de Parrilla. Al comprobar su contenido, procedió inmediatamente a despedir a los code-mandantes y ordenar la retención de sus tarjetas de identificación. La participación de Airport en el incidente fue activa y de aquiescencia con la conducta de Ranger. No cabe la menor duda que Airport y Ranger fueron cocausan-tes de los daños sufridos por los demandantes dimanantes de la detención ilegal de los codemandantes Parrilla y González.

En lo que respecta a la acción por difamación, resulta también indiscutible que la actuación de Airport de publi-car en un tablón de edictos de la empresa información so-bre el incidente de la detención agravó los daños sufridos por los demandantes. Lo expresado en el memorando a los efectos de que los tres (3) empleados despedidos por Airport se habían apropiado de mercancía de las aerolíneas —botellas de licor en miniatura— era falso y difamatorio e iba dirigido a informar a todos los empleados de lo ocurrido y así motivarlos para que repudiasen a los codemandantes Parrilla y González por su supuesta conducta delictiva. La especificidad del contenido del memorando con respecto al incidente y el hecho de que un número considerable de compañeros de trabajo de los demandantes los habían visto esposados en la caseta de seguridad, unido al hecho de que los tres (3) fueron despedidos el día antes, según indicaba el memorando, hacía innecesario que se especificaran sus nombres para que se supiese en la empresa a quiénes se refería. Indiscutiblemente, existe una relación causal ade-cuada entre la publicación intracorporativa de estas expre-siones difamatorias y los daños reclamados por los demandantes.

Pasemos ahora a analizar la posible acción de persecu-ción maliciosa. Del Informe de Denuncia de la Policía so-metido como prueba documental surge que el querellante fue Rafael Giraud Román, Director de Recursos Humanos de Airport, y que los testigos fueron Rafael Román Burgos, Iván Correa Rivera y Antonio González García, identifica-dos como las personas que sorprendieron a Parrilla, Gon-zález y Navarro apropiándose de una caja que contenía ciento cuarenta y tres (143) botellas de licor en miniatura valoradas en cien dólares con diez centavos ($100.10). También se indica que éstos eran empleados de la compa-ñía que le ofrecía seguridad a Airport. En el Informe, ade-más, se expresa que el caso no fue sometido ante un ma-gistrado el mismo día de los hechos porque la parte perjudicada, Airport, no tenía interés en someterlo. Mas sin embargo, posteriormente, el 25 de abril de 1988, cam-biaron de parecer. Entonces el caso fue citado para el 28 de abril. La prueba se llevó primero ante un fiscal quien, luego de escuchar a las partes, ordenó someterlo por el delito de apropiación ilegal, Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4271. Entonces el caso fue llevado ante un magistrado quien determinó causa probable. En el juicio, tanto Parrilla como González, fueron absueltos perentoriamente.

De los hechos antes expuestos surge, con meridiana cla-ridad, que en el caso de autos no se probó que los deman-dados Airport y Ranger instigaran activa y maliciosamente la iniciación del proceso criminal. Del Informe de Denuncia de la Policía se desprende que fue el fiscal, quien luego de oír a las partes, decidió someter el caso por apropiación, y que un magistrado, después de oír la prueba, determinó causa probable. O sea, que las autoridades, a base de su propia evaluación de los hechos, decidieron procesar a los codemandantes Parrilla y González.

El solo hecho de querellarse ante las autoridades o de suministrar información a un agente del orden público, ya fuere éste un policía, un fiscal o un juez, no constituye el elemento de instigación que se requiere para probar perse-cución maliciosa. Para que prospere una acción en daños por persecución maliciosa tiene que mediar una imputa-ción hecha de mala fe y sin fundamento. En este caso no se probó el elemento de malicia. El foro de instancia correcta-mente resolvió que no procedía la imposición de daños por lo sucedido con relación al proceso criminal por apropiación seguido contra Parrilla y González.

Un análisis de los hechos en el caso de autos nos lleva a concluir que el foro de instancia no se equivocó al valorar los daños y que Airport y Ranger fueron cocausantes de éstos, por lo que responden ante los demandantes de forma solidaria. También resolvemos que Airport tuvo el sesenta por ciento (60%) de la culpa y Ranger el cuarenta por ciento (40%).

En cuanto a la determinación de temeridad, ésta des-cansa en la saná discreción del tribunal. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464, 468 (1983). Los hechos del caso demuestran que el foro de instancia no incurrió en abuso de discreción. Con relación a la cuantía impuesta por honorarios de abogados, reiteradamente hemos re-suelto que no intervendremos con ésta en apelación, a me-nos que la misma sea excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989).

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia de acuerdo con lo aquí resuelto, revocando en parte y modifi-cando en parte la emitida por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernán-dez Denton emitieron sendas opiniones disidentes. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado sin opinión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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Airport Catering Services, Inc. (en adelante Airport) su-ministra las comidas y bebidas de los aviones que salen del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Para febrero de 1988, su gerencia detectó un serio problema interno de apropiación ilegal de mercancía. Por tal razón, contrató los servicios de seguridad de Ranger American of Puerto Rico, Inc. (en adelante Ranger). Airport le instruyó que en la eventualidad de que se percataran de que algún empleado sacaba la mercancía, lo detuvieran cuando hubiese salido de sus facilidades físicas.

Poco antes de las 6:00 a.m. de 5 de abril de 1988, el guardia de seguridad Juan Correa observó la caída de un paquete blanco (propiedad mueble) lanzado hacia el exterior desde el edificio que alberga las facilidades de la empresa. En ese momento no vio quién lo tiró. Fue a la caseta de seguridad del portón de acceso de Airport y lo notificó a su compañero de turno. Así prevenidos, poco des-pués observaron que William Navarro, empleado de Airport, salió y entró varias veces de las facilidades. En todas esas ocasiones, Navarro se colocó frente a la caseta, miró hacia donde había caído el paquete; aunque estaba cerca, no lo llegó a tocar.

Finalizado su turno de trabajo, Navarro salió, pasó frente a la caseta y directamente fue a recoger el paquete. Una vez en sus manos, le indicó a los guardias que espe-raba transportación. Tras finalizar igualmente sus turnos, Steve Parrilla y Rafael González —empleados a cargo de preparar los platos, los utensilios y las bebidas alcohólicas en botellitas en miniatura— salieron de las facilidades de Airport y se dirigieron al automóvil de Parrilla, estacio-nado frente a la caseta aludida. Al iniciar la marcha del automóvil, Navarro les solicitó transportación hasta su residencia. Parrilla y González accedieron, y Navarro se montó en el vehículo con el mencionado paquete. Minutos después los guardias de la Ranger interceptaron el vehí-culo y procedieron a arrestar y a esposar a sus tres (3) ocupantes. Del registro realizado surgió que en el paquete había ciento cuarenta y tres (143) botellas en miniatura de licor de las usadas por la Airport. Detenidos por cierto tiempo, Airport les notificó que estaban suspendidos de empleo y sueldo hasta que se dilucidara el caso criminal que se les presentaría.

El 28 de abril Airport presentó una querella y, luego de la determinación de causa probable, los tres (3) fueron denunciados. Subsiguientemente, Parrilla y González re-sultaron absueltos perentoriamente y promovieron la ac-ción civil que nos ocupa.

HH

Distinto a la conclusión mayoritaria, aquí rige la Regla 12(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que autoriza el arresto por personas particulares “[p]or un de-lito cometido o que se hubiere intentado cometer en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente”.

A su amparo, el criterio para arrestar excluye el con-cepto de motivos fundados y “requiere certeza de la comi-sión del delito o, cuando menos, su tentativa”. D. Nevares^ Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 50. Aunque es más riguroso, no se trata de una certeza absoluta legalesto es, no significa ni se equipara con el crisol más estricto exigido para una convicción “más allá de duda razonable”. La certeza de la Regla 12(a), supra, no es otra cosa que el conocimiento seguro y claro de la persona que ha visto ocurrir un delito. Como.criterio para arrestar, sólo “requiere de la convicción por parte del arres-tante de que ha presenciado la comisión de una conducta delictiva”. (Enfasis suplido.) O.E. Resumil de Sanfilippo, Práctica jurídica de P.R.: derecho procesal penal, Ed. Equity, 1990, T. 1, pág. 180.

Los hechos antes relatados están fuera de discusión. Aclarado el prisma de la Regla 12(a), supra, no cabe duda de que ante los ojos del guardián Correa y los de su com-pañero, Navarro sustrajo propiedad mueble() de las facili-dades de Airport, y Parrilla y González —en aparente con-cierto y común acuerdo— le proveyeron transportación para sacarlo. Se trata de un comportamiento revestido de una clara apariencia de ilegalidad. Ciertamente, para fines de la Regla 12(a), supra, los tres (3) estaban come-tiendo o intentando cometer un delito. La posterior absolu-ción penal de Parrilla y de González en nada desvirtúa la legalidad inicial de sus arrestos.

Es improcedente en derecho la acción de daños. Debi-mos revocar.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Por entender que en este caso no se configuró la acción civil por detención ilegal contra Ranger American of P.R., Inc., y que era innecesario dilucidar la procedencia de las acciones civiles por difamación y persecución maliciosa contra Airport Catering Services, Inc., disiento.

Para configurar una acción civil por detención ilegal contra una persona particular que realiza un arresto es preciso: (1) que la detención haya sido ilegal conforme a la Regla 12 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y (2) que la actuación de tal persona haya sido culposa o negligente. Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 D.P.R. 804 (1982).()

Concurro con la mayoría en que la detención de los se-ñores Navarro, Parrilla y González no cumplió estricta-mente con la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra.( ) Los guardias de Ranger American of P.R., Inc. (en adelante Ranger American) no tenían entera certeza de que se hu-biese cometido un delito en su presencia, ya que descono-cían el contenido del paquete y tampoco tenían conoci-miento de la comisión de un delito grave por el cual detener a los tres (3) empleados. Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991).

Discrepo, sin embargo, de la conclusión de que procede la acción civil por detención ilegal. Como bien señala la mayoría, la determinación de culpa o negligencia ha de depender de criterios de razonabilidad y no de certeza. Ayala v. San Juan Racing Corp., supra, pág. 815. A mi juicio, la actuación de los guardias de Ranger American fue razonable a la luz de la totalidad de las circunstancias por ellos observada.

La mayoría examina la conducta de Parrilla y de Gon-zález aisladamante, sin atender las actuaciones previas de Navarro. Según la mayoría, los guardias

... debieron esperar y confirmar si en efecto la conducta de los codemandantes Parrilla y González era delictiva. La conducta que observaron estos guardias de seguridad no fue una con-ducta sospechosa. Los codemandantes simplemente se limita-ron a salir de su trabajo, montarse en su vehículo y darle trans-portación a un compañero de trabajo, Navarro. Opinión mayoritaria, pág. 274.

Esta descripción no considera cómo se veían los hechos desde el punto de vista de unos guardias que habían sido contratados precisamente para atender un problema de hurto de mercancía y que, poco antes de la detención, ha-bían observado la conducta de Navarro, a quien Parrilla y González luego recogieron en su automóvil. Para los guar-dias, todo lo acontecido parecía indicar que Navarro, Parri-lla y González estaban actuando en común acuerdo.

A diferencia de Ayala v. San Juan Racing Corp., supra, aquí los guardias no observaron un solo acto, sino las va-rias salidas sospechosas de Navarro, fuera de su turno de empleo y a altas horas de las madrugada, a vigilar la ca-seta de seguridad y el paquete que poco antes había sido lanzado fuera de las facilidades de la Airport Catering Services, Inc. (en adelante Airport Catering) por una persona no identificada.

No le detuvieron en esas ocasiones, sino que esperaron hasta que acabara su turno a las 6:00 a.m. Vieron entonces cómo Navarro recogió el paquete tan pronto como salió y se colocó junto a la caseta de seguridad en estado de espera. Acto seguido, salieron Parrilla y González y se dirigieron al vehículo de Parrilla. Al pasar por la caseta, Navarro les detuvo y se montó en el automóvil con ellos.

Desde la perspectiva de los guardias, y ante estos he-chos probados, era razonable que éstos concluyeran que los tres (3) empleados estaban actuando en común acuerdo en la comisión de una apropiación ilegal. ¿Qué debieron haber hecho? Si los dejaban ir para una detención futura por la Policía estatal, se arriesgaban a la desaparición del pa-quete y de la posible prueba inculpatoria. La detención en el acto es uno de los pasos —sino el único— curso d.e acción posible para corroborar la sospecha de que el paquete con-tenía mercancía hurtada. De hecho, el registro en este caso reveló que tal paquete contenía botellas de licor pertene-cientes a Airport Catering.

Ante este cuadro fáctico, no puedo subscribir la posición de la mayoría de que los guardias de Ranger American actuaron irrazonablemente al detener a los empleados Navarro, Parrilla y González. Si bien Parrilla y González re-sultaron absueltos perentoriamente del delito de apropia-ción ilegal, tal absolución no implica que la actuación de tales guardias haya sido irrazonable. Ante los mismos he-chos, por lo menos un magistrado determinó causa probable para el arresto.

H — i

En cuanto a las acciones civiles por difamación y perse-cución maliciosa contra Airport Catering, entiendo que era innecesario por parte de este Tribunal dilucidar su proce-dencia, ya que el tribunal de instancia no hizo conclusión de derecho alguna sobre ellas y las únicas partes con inte-rés para solicitar la revisión de tal actuación, los deman-dantes, optaron por no hacerlo.

Por los fundamentos antes expuestos, disiento.

      (1) El memorando disponía lo siguiente:

        “A Todos los Empleados de Acs

      “En el día de ayer, el personal de seguridad de Ranger American se vi[o] en la necesidad de intervenir con tres empleados de ACS que se apropiaron de 130 botellas de licores en miniaturas propiedad de las aerolíneas.
      “Esta conducta afecta la confianza y socava las buenas relaciones que deben existir con nuestros clientes más importantes de los cuales dependemos para nuestra continuidad y seguridad de empleo. Luego de evaluar los hechos ocurridos y la in-vestigación llevada a cabo, la Compañía se vi[o] en la necesidad de despedir a estos tres empleados. Lamentamos tener que tomar este tipo de acción, pero al hacerlo así, queremos llevar un mensaje claro a todos —la Compañía no tolerará la apropiación no autorizada de cualquier propiedad o equipo de las aerolíneas. Queremos orientar a todos nuestros empleados que la apropiación de miniaturas de licor, puede además conllevar la violación de leyes federales con sanciones severas. A esta situación la-mentablemente se exponen estos tres ex-empleados innecesariamente, además de haber perdido su empleo.
      “Le instamos a cuidar y proteger la propiedad de nuestros clientes ya que esto es en el mejor interés de todos en general.
      “La Gerencia.” (Énfasis en el original.) Exhibit 6.

      (2) Cabe señalar que la codemandada Airport Catering Services, Inc. no compa-reció a la continuación de la vista en su fondo en instancia. Tampoco ha comparecido ante este Tribunal a oponerse a lo solicitado por Ranger American of Puerto Rico, Inc.

      (1) “Bienes muebles. — Incluye dinero, mercancías, semovientes, servicios, vehí-culos de motor o cualquier otro objeto de locomoción, energía eléctrica, gas, agua u otro fluido, cosas cuya posesión puede pedirse en juicio, comprobantes de créditos, documentos, o cualquier otro objeto susceptible de apropiación. (Énfasis suplido.) Art. 7(8) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(8).
      Técnicamente, bajo la amplitud de esta definición, cabe el paquete (envase) por sí sólo, independientemente del valor de su contenido.

      (1) En Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 D.P.R. 804, 816 (1982), explicamos que:
      “Aparte de los requisitos de legalidad que hallamos en las Reglas 11 y 12 de Procedimiento Criminal ... debe recurrirse a la figura del hombre prudente o razo-nable, el reasonable man de la jurisprudencia angloamericana, equivalente al ‘buen padre de familia’ a que se refiere el Derecho civil.”

      (2) La Regla 12 de Procedimento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que:
      “Una persona particular podrá arrestar a otra:
      “(a) Por un delito cometido o que se hubiere intentado cometer en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente.
      “(b) Cuando en realidad se hubiere cometido un delito grave (felony) y dicha persona tuviere motivos fundados para creer que la persona arrestada lo cometió.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Atanacia Corporation, demandante y recurrente, v. Jorge M. Saldaña, Inc. y otros, demandados y recurridos; Torre de San Miguel y Asociados, S.E., interventora y recurrida.

      Número: RE-90-680

      Resuelto: 6 de mayo de 1993

      Alberto J. Picó González, de Brown, Newson & Córdova, abo-gado de la recurrente; Carmen M. Pagán Ortiz y Carlos G. Látimer, de Látimer, Biaggi, Rachid & Codreau, abogados de los interventores y recurridos; Milton J. Rúa y Alvaro R. Calderón Jr., abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

¿Cuál es el término para instar las acciones de nulidad del trámite de ejecución de hipoteca y venta judicial efec-tuadas por la vía ordinaria? ¿A partir de qué fecha co-mienza a correr dicho término? ¿Cuál es la naturaleza y el carácter del mismo? Esas son las controversias que suscita el recurso ante nos.

En un procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria el foro de instancia dictó una sentencia sumaria a favor de Torre de San Miguel y Asociados, S.E., interven-tora y recurrida, al estimar que, por analogía, el término aplicable era el de caducidad de tres (3) años dispuesto en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad para so-licitar la nulidad del ejecutivo sumario. Cometió error de derecho al decidir así.

Las razones que nos mueven a este dictamen son las siguientes: (1) el procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca es uno en el que la intervención del tribunal es más limitada que en el sumario, el cual es técnico y en éste la participación del tribunal es incisiva para garantizar que se cumplan con todos los requisitos dispuestos por ley; (2) la acción de nulidad de la ejecución de la sentencia de un proceso suscitado por la vía ordinaria no tiene término prescriptivo, salvo las excepciones señaladas aquí, y (3) la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, taxativamente no hace extensivo el término de tres (3) años al procedimiento ordinario.

I

Los hechos

En 1981, Jorge M. Saldaña, Inc. (en adelante Saldaña) presentó una acción de ejecución de hipoteca, por la vía ordinaria, y cobro de dinero contra Atanacia Corp. (en ade-lante Atanacia).() Atanacia se allanó a que se dictara sen-tencia sumaria en su contra. El 15 de junio de 1982, el foro de instancia dictó una sentencia sumaria contra Atanacia en la que la condenó a pagar cuarenta y dos mil setecientos dólares ($42,700) del principal adeudado, más los intereses vencidos, y ordenó que Saldaña vendiera en pública su-basta la propiedad de Atanacia que garantizaba la deuda.

El 23 de septiembre de 1982, Saldaña se adjudicó la buena pro en la subasta de la propiedad de Atanacia que garantizaba la deuda. Ese mismo día se otorgó la escritura de venta judicial.

El 5 de abril de 1988, más de cinco (5) años después de efectuada la adjudicación de la propiedad, Atanacia pre-sentó una demanda contra Saldaña sobre nulidad de su-basta y cancelación de asiento de inscripción.

Atanacia solicitó que se decretara la nulidad de la su-basta por Saldaña haber incumplido con los requisitos de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 y con la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre notificación de la subasta,() pues no citó a la subasta a Atanacia a través de sus abogados que habían comparecido al pleito, en violación al Art. 145 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2469). Saldaña privó así a Atanacia de com-parecer a la subasta, lo que permitió que el demandado se adjudicara los bienes únicamente por el monto del crédito. Además, el edicto de la subasta no se publicó en los dos (2) lugares públicos más cercanos al lugar donde ubica la ofi-cina de Atanacia. Tampoco se publicó en los dos (2) sitios públicos más cercanos a la residencia del agente residente de Atanacia (Demanda y Sentencia de 6 de febrero de 1990, Hon. Rafael A. Contreras Estelritz, Juez).

Tras el cumplimiento con los trámites de rigor, el foro de instancia dictó el 6 de febrero de 1990 una sentencia suma-ria parcial en la cual se decretó la nulidad de la subasta y venta judicial en la que Saldaña se adjudicó la propiedad y ordenó la celebración de una nueva subasta. Su razón de decidir se fundamentó en el incumplimiento de Saldaña con los requisitos legales de publicación de avisos y notifi-cación de la subasta.

El 9 de marzo de 1990, Torre de San Miguel y Asociados, S.E. (en adelante San Miguel) presentó una demanda de intervención en el pleito. Adujo que el 7 de abril de 1988 había adquirido por compra a los hermanos Saldaña la propiedad subastada y había presentado la correspon-diente escritura pública de compraventa al Registro de la Propiedad el 2 de mayo de 1988. Sostuvo que era parte indispensable en el pleito y tercero registral con mejor de-recho que Atanacia.

El 18 de junio de 1990, el foro de instancia dictó senten-cia en la cual, luego de admitir la intervención de San Miguel, dejó sin efecto la sentencia sumaria parcial de 6 de febrero de 1990 y el decreto de nulidad de la subasta.()

Así las cosas, San Miguel solicitó al foro de instancia que dictara sentencia sumaria a su favor. Su razón de pe-dir se fundamentó en la alegada caducidad de la acción de nulidad de subasta instada por Atanacia. En ausencia de un término expresado en la ley para instar la acción de nulidad de ejecuciones de hipoteca tramitados por la vía ordinaria, San Miguel sostuvo que le era aplicable, por analogía, el término de caducidad de tres (3) años provisto por el Art. 233 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2733, para instar dicha acción en casos de ejecución de hipoteca por la vía sumaria.

A dicha solicitud de sentencia sumaria se opuso Atanacia. Sin controvertir los hechos alegados por San Miguel en su solicitud, Atanacia sostuvo que su acción, por no tener un término dispuesto en ley y por tratarse de la nu-lidad de un acto, no prescribía ya que “l[a] prescripción] no corre contra lo inexistente”. Solicitud de revisión, pág. 5. Sostuvo, además, que cualquier intento de los tribunales de aplicar un término en este tipo de acciones, utilizando como analogía el término dispuesto en la ley hipotecaria para el ejecutivo sumario, era un acto de legislación judicial impermisible.

El 5 de noviembre de 1990, el foro de instancia dictó una sentencia sumaria mediante la cual desestimó la demanda de Atanacia. Como cuestión de derecho, la sala sentencia-dora concluyó que en casos como el de autos debía apli-carse, por analogía, el término de caducidad de tres (3) años desde que se otorga la escritura de venta judicial para instar la acción de nulidad. A tenor con esa conclusión de derecho, determinó que la acción presentada por Atanacia cinco (5) años después de haberse realizado la venta judicial había caducado.

Atanacia acude, ante nos, inconforme con tal dictamen y le imputa al foro sentenciador haber errado al determinar “que las acciones sobre nulidad de ejecuciones de hipoteca realizadas por la vía ordinaria tienen un período de cadu-cidad de tres [(3)] años a partir de la fecha en que se otor-gare la escritura de venta”. Solicitud de revisión, pág. 4.

Decidimos revisar. Las partes han comparecido. Resolvemos.

HH hH

La naturaleza de los procedimientos de ejecución de hipo-teca

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico le brinda al acreedor hipotecario tres (3) vías procesales distintas para hacer efectivo su crédito y ejecutar su garantía real. Uno es el procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria (30 L.P.R.A. sec. 2701; Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; R.F. Morales Cabranes, La ejecución de hipoteca en Puerto Rico, 43 Rev. C. Abo. P.R. 205 (1982)); otro es el procedimiento ejecutivo sumario (30 L.P.R.A. see. 2701 et seq.; H. Brau del Toro, Apuntes para un curso sobre el estado del derecho inmobiliario registral puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1873, 48 Rev. Jur. U.P.R. 113, 473-486 (1979)), y además, puede instar la acción ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca si lo desea, en aseguramiento de sentencia (Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 D.P.R. 231 (1989); C.R.U.V. v. Torres Pérez, 111 D.P.R. 698 (1981)).

A. Procedimiento por la vía ordinaria

La vía judicial ordinaria para el cobro de créditos hipotecarios es de naturaleza mixta, es decir, contiene elementos de la acción real y la personal. P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra. La acción se rige por las Reglas de Procedimiento Civil, Regla 51.3 et seq., 30 L.P.R.A. Ap. Ill, y por ciertas disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, que también regulan el procedimiento sumario. Cf. Reglas 51.3 y 51.8 de Procedimiento Civil, supra; Art. 201 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2701).() Brau del Toro, supra, pág. 473.

De suerte que en este proceso aplicarán los términos de las distintas etapas del proceso ordinario, muchas veces extensos, dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil.

En el proceso de ejecución por la vía ordinaria hay una fase previa contenciosa a la cual le sigue otra eminente-mente ejecutiva (proceso de ejecución). La primera va diri-gida a la segunda. Véase R. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. 2, pág. 1048.

En términos generales, el proceso ordinario se inicia con la presentación de una demanda ante el tribunal competente y el emplazamiento del titular registral del bien o del derecho hipotecado o sus causahabientes. Véanse: 30 L.P.R.A. secs. 2702 y 2707V-VI; Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; C.R.U.V. v. Torres Pérez, supra; Ramírez v. Registrador, 116 D.P.R. 541 (1985); Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 490 (1980); Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975); Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963). Generalmente, con dicha demanda se presenta de forma simultánea una solicitud de anotación preventiva de demanda. Regla 56.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; Art. 115.5 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2003-115.5, edición especial.

Emplazados los interesados, el pleito continúa el curso ordinario. Celebrado el juicio y notificada la sentencia, el foro sentenciador dicta una orden de ejecución de sentencia a solicitud del acreedor ejecutante, para que el alguacil del distrito —donde los bienes radiquen— proceda con los trámites para la celebración de la subasta con la debida notificación a los interesados. 30 L.P.R.A. secs. 2720 y 2724. Cf. 30 L.P.R.A. sec. 2473; Regla 51.8(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; Caguas Federal v. Martínez, 112 D.P.R. 851 (1982); Housing Investment Corp. v. Luna, 112 D.P.R. 173 (1982).

De particular importancia a la controversia ante nos resulta la limitada intervención judicial en el proceso post sentencia de la subasta, venta y adjudicación de los bienes para hacer efectivo el crédito bajo el procedimiento ordinario. Salvo contadas excepciones,() el foro judicial deja en manos del alguacil del tribunal y del acreedor ejecutante el proceso post sentencia de subasta, venta y adjudicación de los bienes ejecutados para satisfacer el crédito. Véase Regla 51.8(b), (c) y (d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. De hecho, hemos resuelto que la escritura pública de venta judicial, en la que el alguacil del tribunal interviene en representación de uno de los otorgantes, no se considera un documento expedido por autoridad judicial. C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 662, 667 (1986).

En la etapa post sentencia del procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca, las garantías que brinda la inter-vención judicial a las partes se minimizan de forma apre-ciable si lo comparamos, como veremos, con el ejecutivo sumario.

B. El procedimiento por la vía sumaria

El objetivo principal del ejecutivo sumario es la “ejecución realizadora del valor dinerario del bien hipotecado”. Roca Sastre, op. cit., pág. 1034. Véase, además, L. Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Hipotecario, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1946, T. II, págs. 192-193; Roca Sastre, op. cit., pág. 1102 y ss.

Por su naturaleza, el ejecutivo sumario es el “puro proceso de ejercicio de la acción hipotecaria”. P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra, pág. 243. Véase R. Martínez Alvarez, Naturaleza Jurídica del Ejecutivo Hipotecario, 4 Rev. Der. Leg. Jur. Abo. P.R. 25 (1939). A través de éste se ejercita la acción real hipotecaria directamente contra los bienes hipotecados, sin acción personal envuelta y sin fase previa de discusión o contención relativa al crédito. Roca Sostre, op. cit., pág. 1104. De ahí que no haya cabida en este proceso para la acumulación de la acción personal. P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra.

En síntesis, el ejecutivo sumario es un procedimiento expedito para hacer efectivo el valor dinerario del bien exclusivamente hipotecado, en cobro del crédito evidenciado en un documento público debidamente inscrito. Como medio para facilitar ese cobro, se obvia la fase contenciosa del proceso y se solicita una orden concreta para así ejecutar ese bien. Debido a ello, de ordinario, una vez iniciado el proceso sigue su curso ininterrumpido hasta la venta de la propiedad en subasta pública. La interrupción o suspensión del proceso es la excepción en este procedimiento. 30 L.P.R.A. see. 2733.

En atención a su naturaleza expedita y sumaria, la ley impone unos requisitos de estricto cumplimiento para va-lidar el proceso. Véanse: Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655 (1931); Brau del Toro, supra, pág. 473; Muñoz Morales, op. cit., pág. 256. Entre otros, como garan-tía a los derechos de las partes afectadas por la ejecución, la ley provee para la continua supervision judicial én todas las etapas del procedimiento. Veamos.

El ejecutivo sumario, por su naturaleza especial, está específicamente regulado por los Arts. 201-235 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. secs. 2701 a 2735) y por los Arts. 181.1-192.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2003-181.1 a 2003-192.1, edición especial). Este se inicia con un requerimiento de pago extrajudicial al deudor de la cantidad adeudada y no con una demanda. 30 L.P.R.A. sec. 2703.() Hecho lo anterior, el deudor, o tercer poseedor puede consignar el pago judicialmente. Si el acreedorqueda satisfecho con la consignación, otorgará la correspondiente escritura de cancelación del crédito hipotecario. También el tribunal, de entender bien hecha la consignación y en ausencia de oposición del acreedor, puede declarar extinguida la obligación principal garantizada y ordenar la cancelación total o parcial de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad. 30 L.P.R.A. sec. 2705.

De no realizarse la consignación en el plazo dispuesto por la ley, o de no estar conforme con ésta, el acreedor hipotecario puede iniciar el procedimiento judicial mediante un escrito inicial ante el Tribunal Superior competente. 30 L.P.R.A. secs. 2706 y 2707. Iniciado el proceso, la participación judicial es activa durante todas sus etapas. Véase 30 L.P.R.A. secs. 2710-2720.

El foro judicial es quien fija los términos y las condicio-nes para la subasta (30 L.P.R.A. sec. 2721), además de las reglas que fija la ley (30 L.P.R.A. secs. 2722 y 2723).

Como si fuera poco, durante los procedimientos poste-riores al remate, el foro judicial, contrario al procedimiento ordinario, juega un papel crucial al cerciorarce si durante todo el trámite se han cumplido los requisitos de ley, y al confirmar o denegar la venta. Véase el Art. 225 (30 L.P.R.A. sec. 2725). Tal requisito de confirmación es inapli-cable al procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca. 30 L.P.R.A. sec. 2701 y sec. 2003-190.6, edición especial.

En síntesis, de una lectura del Cap. 121 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2701 et seq.) y del Título XI del Reglamento se desprende que el procedimiento sumario de ejecución de hipoteca es sumamente técnico y detallado. Por su carácter sumario (que sólo se suspende en contadas excepciones y que aquí son inaplicables), éste permite un curso ininterrumpido hasta la venta en subasta pública de la propiedad hipotecada. Por esa razón, tienen que cumplirse estrictamente cada uno de los requisitos del proceso, ya que éstos sirven de medida de protección al debido proceso de ley del cual es beneficiario el deudor y las demás partes interesadas.

La intervención judicial en el procedimiento sumario es incisiva y abarcadora. Ello le garantiza al deudor y a los demás interesados que no se les privará de la propiedad o derecho sin que se siga al pie de la letra el proceso debido antes y después de dictar sentencia en ejecución de la hipoteca.

Dada la naturaleza y el funcionamiento del proceso eje-cutivo sumario, no es de extrañar que la ley hipotecaria establezca un término, relativamente corto y de caducidad, para el ejercicio de cualquier acción de impugnación de la subasta y venta judicial bajo dicho proceso.

Una intervención judicial amplia, incisiva y determi-nante, en todas las etapas del proceso sumario, le imprime garantías suficientes que salvaguardan los derechos de los afectados por éste, de suerte que se minimizan las causas que puedan viciar de nulidad el proceso.

El procedimiento ejecutivo sumario está en desuso en Puerto Rico, pues precisamente por su cumplimiento estricto es riesgoso para el demandante que no cumpla con sus requisitos. Por ello, la práctica generalizada es la de utilizar el procedimiento ejecutivo ordinario.

Vista la naturaleza de ambos procedimientos, clara-mente no se justifica aplicar un término igual en ambos para la impugnación de la subasta y venta judicial.

El adquirente de la propiedad no ha tenido en el proceso ordinario las garantías que el proceso sumario le brinda al que allí adquiere para que el foro judicial supervise, vigile y se cerciore del estricto y minucioso cumplimiento de to-dos los detalles y requisitos del proceso, de manera que se le asegure con mayor certeza que su título es válido e inatacable. La limitada participación judicial en la etapa post sentencia del proceso ordinario no justifica la limita-ción del término para impugnar la subasta y venta judicial que se impone en el ejecutivo sumario.

Tales consideraciones, y no una mera inadvertencia, propiciaron que el legislador dispusiera un término de ca-ducidad de tres (3) años para el ejecutivo sumario y nada dispusiera al respecto en el caso del procedimiento ordinario.()

I — i I — i

Los términos para instar la acción de nulidad antes de 1979

La Ley Hipotecaria de 1893, vigente en Puerto Rico hasta su derogación por la actual Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2001 et seq.), no disponía término alguno para instar la acción ordinaria de nu-lidad del ejecutivo sumario. Cf. Arts. 128 a 133 de la Ley Hipotecaria de 1893, según enmendada, 30 L.P.R.A. sees. 224 a 229, y los Arts. 168 a 176 de su reglamento, 30 L.P.R.A. sees. 1089 a 1097. El Código de Enjuiciamiento Civil, entonces vigente, tampoco disponía un término espe-cífico para instar dicha acción de nulidad de la sentencia de ejecución dictada en el procedimiento ordinario de ejecu-ción de hipoteca. Cf. Arts. 239 a 268 del Código de Enjuiciamiento Civil derogado, 32 L.P.R.A. secs. 1121-1149.

Con la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, la Regla 49.2 (32 L.P.R.A. Ap. III) vino a regular las acciones ordinarias e indepedientes para cuestionar la validez de las sentencias dictadas en todo tipo de pleito. Esta regla establecía un término de seis (6) meses para instar la acción de nulidad. No obstante, este Foro resolvió que ese no es un término de prescripción ni de caducidad que impida el ejercicio de la acción de nulidad del ejecutivo hipotecario ordinario cuando se alega una causal de nulidad absoluta de la sentencia. Véanse: Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704 (1963); B. Ortiz, Nulidad del Procedimiento Ejecutivo, 3 Rev. Der. Leg. Jur. C. Abo. P.R. 360 (1938).

Sin embargo, es sabido que la acción reivindicatoría de bienes inmuebles es imprescriptible, esto es, no prescribe en tanto el poseedor no haya completado los requisitos necesarios para usucapir, a saber, treinta (30) años. Art. 1863 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5293. Por ello, aunque teóricamente la acción de nulidad no prescribía nunca, en términos reales tenía un término de prescripción de treinta (30) años, que es el término de la acción reinvindicatoria con mala fe y sin justo título. Ello así, pues quien poseyera físicamente la finca podía adquirir el dominio por usucapión extraordinaria, Art. 1859 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5280, y en tal caso el deudor demandante no podría prevalecer sobre dicho poseedor.

Debe destacarse, sin embargo, que la protección que brinda el Art. 105 (30 L.P.R.A. sec. 2355) a un tercero de buena fe y a título oneroso sobre el dominio o cualquier derecho real que implique posesión queda amparado por la fe pública registral frente a un usucapiente, bien sea por prescripción ordinaria o extraordinaria, si desconocía la usucapión consumada o en curso a favor de una persona distinta de su transmítante, y si dentro de un (1) año luego de la adquisición interpone acción judicial adecuada para negar los efectos de la usucapión consumada antes de la adquisición o dentro de este plazo. Transcurrido dicho término, cesará la protección concedida para el tercero y se juzgará el título y contará el tiempo con arreglo a la legislación civil. Art. 107 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2357).

Habíamos resuelto, además, que cuando la propiedad ejecutada pasaba a manos de un tercero hipotecario de buena fe, protegido por la ley, el deudor o tercer poseedor podía ejercitar una acción de daños y peijuicios contractua-les contra el acreedor ejecutante basada en la nulidad del procedimiento sumario. Las bases legales para dicha ac-ción eran el Art. 169 del Reglamento Hipotecario derogado, 30 L.P.R.A. see. 1090, y el Art. 38 de la vieja Ley Hipoteca-ria de 1893 (30 L.P.R.A. ant. sec. 63). A dicha acción subsi-diaria de daños y perjuicios le habíamos aplicado el tér-mino prescriptivo de quince (15) años dispuesto en el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294, contados a partir de la adjudicación de la subasta, por considerarla como personal ex contractu. Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378 (1959). Véanse, además: Provanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663 (1971); Buil v. Banco Popular, 69 D.P.R. 254, 266 (1948); F. Rodríguez y Hnos & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525 (1946); Carmona et al. v. Cuesta, 20 D.P.R. 229 (1914).

Por otro lado, este Foro había interpretado que —frente al acreedor ejecutante— la acción de nulidad de la sentencia, en ejecución de hipoteca y venta judicial trami-tada por la vía ordinaria, no tenía término prescriptivo. Como fundamento de esta norma, esbozamos que, tratán-dose de un supuesto de sentencia nula por defectos sustan-ciales en el procedimiento, le aplicaba igual norma general que al ejecutivo sumario. Esto es, la acción contra el acree-dor ejecutante encaminada a establecer la nulidad abso-luta de un procedimiento ordinario de ejecución de hipo-teca no prescribía nunca, pues la prescripción no corre contra lo que es nulo e inexistente, salvo en los casos de las excepciones ya señaladas en el procedimiento ejecutivo su-mario, sobre si hubo usucapión extraordinaria o si el ad-quirente del bien era un tercero registral. Véanse: Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979); Sucn. Trías v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., 50 D.P.R. 91 (1936).

IV

Los términos para presentar la acción de nulidad luego de 1979

Con la aprobación de la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad en 1979, el término para instar la acción independiente de nulidad del ejecutivo sumario su-frió cambios sustanciales.

La Asamblea Legislativa aprobó el Art. 233 de la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2733). Allí el legislador dispuso que:

Todas las demás reclamaciones, principales o subsidiarias, que con motivo de procedimientos sumarios hipotecarios inicia-dos en o con posterioridad a la fecha en que entre en vigor esta ley puedan formular, tanto el deudor como los terceros posee-dores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre fraude o nulidad de las actuaciones realizadas después de los primeros veinte 20 días del requerimiento judicial de pago, se ventilarán en el juicio ordinario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento judicial sumario; pero tales reclamaciones caducarán necesaria-mente a los tres 3 años de la fecha en que se otorgare la escritura de venta o adjudicación y quedarán sujetas a lo establecido en la see. 2355 de este título en lo que respecta a terceros adquie-rentes si del Registro no constan claramente los motivos o cau-sas de la acción ejercitada. La competencia para conocer de este juicio ordinario se determinará por las reglas que rigen el mismo. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. sec. 2733.

Como se notará, la introducción de este artículo trajo cambios drásticos y sustanciales al derecho —hasta enton-ces vigente— sobre la extensión del término y su natura-leza, para instar la acción de nulidad del ejecutivo sumario ya fuera en reclamación de la reivindicación del bien hipo-tecado (reclamación principal) o de los daños y perjuicios ocasionados por el acreedor ejecutante (reclamación subsidiaria). Por disposición expresa, la Asamblea Legisla-tiva, en clara protección de los intereses del acreedor eje-cutante y del tercero registral, agrupó bajo un solo artículo toda disposición de la vieja ley que regulaba las acciones que tenía el deudor ante un ejecutivo sumario nulo (Art. 38 de la vieja ley y Art. 169 de su reglamento), así como la regulación que, por interpretación judicial, habíamos reco-nocido en este tipo de situaciones (reivindicatoría por nuli-dad del procedimiento), Sucn. Ramírez v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 357 (1959). Más aún, dispuso un término especí-fico de tres (3) años para el ejercicio de todas las acciones, cuando reiteradamente habíamos dispuesto que la acción principal no tenía término prescriptivo alguno, Sucn. Trías v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., supra, y la subsidiaria tenía un término prescriptivo de quince (15) años, Ríos v. Banco Popular, supra. Para puntualizar los intereses protegidos, cambió la naturaleza de los términos, hasta entonces vi-gentes, de unos de carácter prescriptivo a unos de caducidad.()

Esos cambios tan drásticos en cuanto al término para instar la nulidad del ejecutivo sumario no se hicieron ex-tensivos al término que nuestra jurisprudencia había fijado para instar la acción de nulidad de la sentencia del trámite de ejecución seguido por la vía ordinaria.

La Comisión de lo Jurídico Civil que redactó el proyecto de ley fue clara al establecer que la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad no intervino con el procedi-miento ejecutivo ordinario como estaba regulado bajo el estado de derecho anterior. Específicamente señaló:

La Comisión que hizo el estudio lo juzga seguro y claro, y lo endosa aconsejando que se quede intocado el procedimiento eje-cutivo ordinario por esta ley (sic) y que todas las rectificaciones que deban hacerse, se hagan como reformas al Código de Enjui-ciamiento Civil y no en la Ley Hipotecaria.

Por otro lado, las Reglas de Procedimento Civil de 1979 y aquellas disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil que quedaron vigentes y que son aplicables en el proceso ordinario, no sufrieron cambios significativos ni dispusie-ron expresamente un término para instar la nulidad del trámite de ejecución de hipoteca seguido por la vía ordinaria. Tan es así, que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, vigente quedó casi inalterada.

V

Las enmiendas introducidas a la Ley Hipotecaria en 1980

Finalmente, las enmiendas introducidas a la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, en virtud de la Ley Núm. 143 de 14 de junio de 1980 (30 L.P.R.A. sec. 2001 et seq.), claramente exceptúan la aplicación del término de caducidad de tres (3) años al procedimiento ejecutivo ordinario. El Art. 201 de dicha ley dispuso en su segundo párrafo que:

También podrá utilizar el acreedor hipotecario, a su elección, la vía judicial ordinaria para el cobro de su crédito, en cuyo caso serán aplicables únicamente las siguientes secciones de este tí-tulo: 2702, 2707 incisos V y VI, 2711, 2720 a 2724, 2726 exclu-yendo la frase relativa al requisito de confirmación, 2727 a 2729, 2731, 2732, 2734. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. sec. 2701.

Este párrafo de dicho artículo no estaba contenido en la Ley Núm. 198 de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2001 et seq.) tal como fue originalmente aprobada. Como sabemos, la Legis-latura había propuesto la vigencia de la Ley Núm. 198, supra, por el término de un (1) año. Véase Art. 256 de dicha ley, 30 L.P.R.A. see. 2822. Dentro de ese término se aprobó la referida Ley Núm. 143 para, entre otras cosas, aclarar ciertos conceptos de la -Ley Núm. 198, supra.

Se notará en la enumeración de las secciones que regu-lan el procedimiento ejecutivo sumario, que por disposición expresa de ley son las únicas aplicables al procedimiento ordinario, específicamente se excluyó la see. 2733 (Art. 233), la cual es precisamente la que establece el término de cadu-cidad de tres (3) años para instar la acción de nulidad de aquel proceso.

La mención específica de esas disposiciones implica la exclusión de lo no expresado. Véanse: Director Of. Inspec-ción Notarías v. Colón, 131 D.P.R. 102 (1992); Salgado v. Comisión Hípica Insular, 49 D.P.R. 464, 466-467 (1936); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpre-tación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 312. Por ello, no podemos extender la disposición sobre la caducidad del proceso sumario al proceso ordinario cuando el legislador específicamente la excluyó (Cf. Asociación de Padres Capuchinos v. Corte, 44 D.P.R. 973, 975-976 (1933), opinión disidente del Hon. Juez Adolph G. Wolf), menos aún ante la clara exclusión de la letra de la ley. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Cruz Fontánez v. Registrador, 126 D.P.R. 182 (1990), y los casos allí citados.

VI

Conclusión

Por todo lo anterior, concluimos que en cuanto a la acción ordinaria para pedir la nulidad de la sentencia dictada y demás trámites de ejecución de hipoteca, por la vía ordinaria, quedó vigente el estado de derecho anterior a 1979. Cuando el deudor o tercer poseedor solicite la nulidad del procedimiento de ejecución de hipoteca tramitado por la vía ordinaria, bajo los fundamentos que producen su nulidad absoluta (falta de jurisdicción sobre la persona o la materia, violación al debido proceso de ley) tal acción puede ser presentada “en cualquier época, sin sujeción a término prescriptivo” alguno; puesto que lo que es inexistente no puede tener efecto jurídico de clase alguna. Cf. Calderón Molina v. Federal Land Bank, supra, pág. 709.

Claro está, nuestros dictámenes anteriores continúan en vigor, en cuanto a que la acción de nulidad no puede prevalecer contra el que usucapió la propiedad por la vía extraordinaria y contra un tercero registral sujeto a lo dis-puesto en el Art. 107 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra. De igual forma, persiste el término de quince (15) años a partir de la subasta para la acción en daños y perjuicios ex contractu del deudor o poseedor contra el acreedor ejecutante.

VII

Aplicación a los hechos del caso ante nos

Apliquemos las normas antes expuestas a los hechos de este caso.

Aquí Atanacia instó la acción de nulidad de subasta a los cinco (5) años y siete (7) meses con posterioridad a la adjudicación de la buena pro de ésta al acreedor ejecutante Saldaña. El foro de instancia decretó la nulidad de la su-basta en vista del incumplimiento del acreedor ejecutante con los requisitos legales de publicación de avisos y su notificación. San Miguel, alegado tercero registral, solicitó la intervención en dicho pleito. Adujo que, dos (2) días des-pués de presentada la demanda de nulidad, adquirió la finca —objeto de controversia— de los hermanos Saldaña mediante compraventa y había inscrito su título en el Re-gistro de la Propiedad. Permitida su intervención, solicitó una sentencia sumaria a su favor bajo el fundamento de que la acción de nulidad de Atanacia había caducado. Así lo decretó el foro sentenciador. Erró al decidir así.

La acción de Atanacia no había prescrito. El término de tres (3) años para la caducidad de la acción principal o la subsidiaria que nace con el decreto de nulidad del ejecutivo sumario no es aplicable al caso de autos. Aquí se trata de una causa de acción por nulidad de subasta y adjudicación del bien hipotecado en el procedimiento ejecutivo ordinario.

En el caso de autos, el incumplimiento de Saldaña con los requisitos legales sobre los avisos y la notificación de subasta produce la nulidad absoluta de ésta y de la adju-dicación llevada a cabo. Tal acción puede ser presentada en cualquier momento sin sujeción a término prescriptivo al-guno (Calderón Molina v. Federal Land Bank, supra) salvo que San Miguel pruebe que es un tercero registral protegido por la Ley Hipotecaria.

En el foro de instancia queda por adjudicar si San Miguel es o no un tercero registral. Esa cuestión debe diluci-darse en un juicio plenario. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538 (1991); Calderón Molina v. Federal Land Bank, supra. Además, debe dilucidarse cuál será el remedio a concederse si queda demostrado que San Miguel es un tercero registral.

Se dictará sentencia revocatoria y se devolverá el caso a dicho foro para los trámites correspondientes compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Hernández Dentón no intervinieron. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) Pleito Civil Núm. 81-2394 ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

      (2) Pleito Civil Núm. 88-1594(505) ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

      (3) De dicha sentencia, Atanacia Corp. acudió ante este Foro vía certiorari (CE-90-516), cuya expedición fue denegada. De igual manera denegamos su moción de reconsideración por entender que, en aras de la economía procesal, San Miguel y Asociados, S.E. debía permanecer en el pleito.

      (4) Además, aplican a este procedimiento los Arts. 249 y 252 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 1130 y 1133, que aún están vigentes.

      (5) Estas excepciones, inaplicables al caso de autos, ocurren, entre otras, cuando el acreedor ejecutante desea eliminar del Registro de la Propiedad los asientos pos-teriores al crédito ejecutado, 30 L.P.R.A. sec. 2731; Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976); cuando el foro judicial interviene para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre hogar seguro, 30 L.P.R.A. sec. 2732 y 32 L.P.R.A. see. 1130, y para ordenar la administración interina de los bienes hipoteca-dos en los casos en que dicha medida sea apropiada, 30 L.P.R.A. sec. 2734, y para un acreedor posterior obtener una orden que le permita utilizar el monto de su crédito en la subasta, 30 L.P.R.A. sec. 2711.

      (6) En general, sobre las distintas fases del procedimiento sumario, véase H. Brdu del Toro, Apuntes para un curso sobre el estado del derecho inmobiliario registral puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1873, 48 Rev. Jur. U.P.R. 113, 470-488 (1979).

      (7) A los fines de resolver la controversia que tenemos ante nos es innecesario discutir la naturaleza de la acción ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca en aseguramiento de sentencia.

      (8) Sobre la naturaleza de la caducidad, véanse: Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102 (1991); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Cintron v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990); Almodovar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990).


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:-

      Resuelto: 7 de mayo de 1993
   RESOLUCIÓN

Debido a la enfermedad de carácter temporero que aqueja al Juez Presidente Señor Andréu García, se trans-fiere para el 15 y 16 de junio de 1993 la celebración de la Conferencia Judicial pautada para el 11 y 12 de mayo de 1993.

Se ordena al Secretario del Tribunal, a la Directora Eje-cutiva del Secretariado de la Conferencia Judicial y a la Oficina de Administración de los Tribunales, la publicación y difusión de esta Resolución a los miembros de la Rama Judicial, al Colegio de Abogados y a los demás medios de comunicación.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General