author: Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aureo Rivera Rivera, Víctor Vélez Rivera, Miguel A. Pantojas et al., demandados y apelantes.

      Número: O-75-316

      Resuelto: 20 de enero de 1977

      Pedro J. Varela, Carlos Gorrins Peralta, Armando Cardona, Luis A. Suárez, María Dolores Fernós, Pedro J. Sade y Sonia A. Rodríguez, abogados de los apelantes y de Servicios Le-gales de Puerto Rico; Miriam Naveira de Rodón, Procura-dora General, y Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   SENTENCIA

Un grupo de personas, entre ellos los apelantes, comenza-ron un piquete el 4 de mayo de 1975 en las inmediaciones de La Fortaleza en San Juan, residencia oficial del Gobernador de Puerto Rico, protestando porque el Gobierno rehusaba legalizar la posesión de terrenos que los protestantes habían ocupado o invadido. El 29 de mayo de 1975 el Tribunal Superior de San Juan, a instancias del Estado, expidió un injunction que si bien salvaguardaba el derecho de protesta, prohibió a los miembros del piquete actos que interferían con o anulaban el derecho de privacidad y uso de las vías públicas por vecinos y transeúntes, dispuso que la actividad podría realizarse únicamente durante las horas del día, vedó el uso de amplificadores de sonido, instrumentos y voces ruidosas, la instalación de colchones, colchonetas y demás enseres de cama; y ordenó la eliminación de muebles y vehículos, in-cluyendo una cantina rodante que estorbaban el paso por las calles y aceras afectadas. Contra el injunction apelaron los protestantes y el 30 de mayo de 1975, por estimar razonables las condiciones regulatorias contenidas en la decisión de ins-tancia, rehusamos suspender el injunction pendiente la ape-lación. (MC-75-33.) Hoy, disuelto hace tiempo el piquete, el alegato de los apelantes no nos mueve, a alterar nuestro primer criterio de que la sentencia apelada establece un justo balance entre los derechos de los apelantes y aquéllos de las demás personas afectadas por dicha actividad. Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 486 (1975).

Con estos antecedentes y fundamentos, la apelación es por la presente, Desestimada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión en la cual concurre el Juez Presidente Señor Trías Monge.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

con la cual concurre el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 1977

Orientado por el principio de que nuestra Ley Fundamental posee la suficiente flexibilidad y los mecanismos necesarios para balancear justicieramente los conflictos que se le susci-tan a la presente y futuras generaciones, y comprometido en hacer viable en la práctica el exordio constitucional de que Puerto Rico es una sociedad erigida “ . . sobre una base plenamente democrática, [para] promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos... .”, me veo en la obligación de disentir del dictamen desestimatorio del Tribunal me-diante el cual se confirma la sentencia de injunction perma-nente dictada el 29 de mayo de 1975 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en torno a unos piquetes diurnos y nocturnos desplegados desde el 4 de mayo de 1975 contra el Gobernador de Puerto Rico en un tramo de la calle Fortaleza frente a la entrada principal de la Mansión Ejecutiva de San Juan.

Escribo esta ponencia consciente de que pueda caracteri-zarse como académica ya que el piquete finalizó hace tiempo. Dada a la realidad histórica, plasmada en ley, de que La Fortaleza es la Residencia y Oficina Oficial del Gobernador de Puerto Rico, para la cual el único acceso y entrada principal es un segmento 'limitado de la calle de igual nombre, estoy convencido de que piquetes análogos al de autos, razona-blemente surgirán nuevamente en nuestros tiempos, siendo imperativo que el Tribunal profundizara sobre varios extre-mos de la reglamentación impugnados por los apelantes.

Sostengo que lo acontecido en el caso de autos no es ma-teria muerta para la historia, ya que el ejercicio de la libre expresión es de valor contemporáneo e imperecedero en nues-tro país. La desestimación de la Sentencia negando el piquete nocturno limitado, priva al pueblo de su personalidad enér-gica debilitando su espíritu en el ejercicio de esta preciosa libertad, que es la única que en una democracia fecundiza y vivifica la libertad política. Su restricción es ponerla fuera del alcance de las clases marginadas, reduciendo a mínimos innecesarios los mecanismos de ley y protesta contra los po-deres públicos.

A los fines de fundamentar esta posición, expondré el trasfondo doctrinario constitucional que nutre este derecho.

I

La libertad de expresión garantizada en el Art. II, Sec. 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado y la Primera Enmienda de la de Estados Unidos tiene “. . . como fondo la libertad de conciencia ... y supone el intento de proteger jurídicamente el libre desenvolvimiento de la personalidad a través de los medios más eficaces y habituales de exterioriza-ción de los contenidos de conciencia.” El individuo tiene un interés legítimo en poder expresar sus opiniones, y existe también un interés social en fomentar la comunicación y el li-bre intercambio de ideas. De ahí que haya sido descrita como una de las libertades fundamentales del ser humano, go-zando de primacía en nuestro orden constitucional. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).

No obstante su importancia, su ejercicio “. . . no supone una irrestricción absoluta de forma que no pueda subordi-narse a otros intereses cuando la necesidad y la conveniencia públicas lo requieran.” Mari Bras v. Casañas, supra, pág. 21; E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976).

“La libertad de expresión protege el derecho .del individuo particular a exteriorizar como guste los contenidos de su con-ciencia, al mismo tiempo que establece la premisa indispensable para la formación de opinión pública, sobre cuyo régimen está fundado el gobierno democrático. El aspecto político de estas garantías, es, pues, tan importante, cuando menos, como el as-pecto individual, y ambos necesitan coordinarse. Si sólo hubiera de entrar en consideración el primero, la libertad de expresión podría acaso ser ilimitada en la práctica como lo es en principio; Al entrar en juego el segundo, se impone un sistema que coor-idine las 'libertades individuales de los particulares con el fin de mantener las instituciones democráticas en buenas condiciones de funcionamiento.” La Nueva Constitución, op. *cit., pág. 205.

El reconocimiento jurídico del derecho a la libre expre-sión como parte esencial e integral de la dignidad de la persona humana en nuestra democracia, rebasa su concepción tradicional de comunicación puramente oral y escrita, co-brando nuevas dimensiones a través de demostraciones como la que nos ocupa en el presente caso: el piquete. Como medio de expresión pacífica, cuyo fin sea legítimo, es una vía efec-tiva para la diseminación de ideas y goza de protección cons-titucional. A pesar de que en el pasado el piquete era gene-ralmente asociado con disputas obrero-patronales, ha servido para fomentar muchos objetivos no laborales. Representa, además, un mecanismo efectivo de protesta, accesible a mu-chos grupos que no pueden utilizar, por resultar muy cos-tosos, los medios convencionales de comunicación en masa, a saber, la radio, la prensa y la televisión.

El Estado, a su vez, tiene legítimamente el deber de velar por la paz y la tranquilidad de la comunidad, de evitar la violencia, el abuso de la propiedad y de asegurar que las fa-cilidades públicas estén al servicio de todos los ciudadanos. Le corresponde además proteger el derecho a la libre expre-sión de los que participan en el piquete y el derecho a la pri-vacidad de los otros miembros de la comunidad. La liber-tad irrestricta entraña una incapacidad para perdurar y servir a todos; lleva el germen de la anarquía que es el anti-climax de la libertad misma.

Debido a que se reconoce que el piquete envuelve elemen-tos adicionales de conducta a los de la simple expresión, se ha reconocido repetidamente la facultad del Estado a reglamen-tarlo en cuanto al número de participantes, el sitio y las horas. Igual poder prevalece respecto a otras actividades análogas tales como la repartición de hojas sueltas, el uso de altoparlantes con referencia a tiempo, hora y lugar. La clave radica en la imposición de restricciones necesarias y razona-bles con el objetivo de balancear los intereses en conflicto: la libertad de expresión de los manifestantes, el mantenimiento del orden y la tranquilidad en la comunidad y la protección de los derechos de los otros integrantes de la misma. Graymed v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972); Cameron v. Johnson, 390 U.S. 611 (1968); Cox v. Louisiana, 379 U.S. 558 (1965); Cox v. Louisiana, 379 U.S. 356 (1965); Schneider v. State, 308 U.S. 147 (1939); Haque v. CIO, 307 U.S. 496 (1939).

No existiendo una regla dorada absoluta, la razonabili-dad de las restricciones dependerá de las circunstancias par-ticulares de cada caso tomando en cuenta las características del lugar donde se celebra el piquete, la forma de llevarlo a cabo y las personas o funcionarios contra quienes se dirige. Cabe sin embargo destacar, como premisa cardinal, que un piquete es una forma de comunicación y no un medio para la intimidación legal en que predomine una amenaza real de fuerza que equivalga a fuerza ejercida mediante el uso inten-donado desmedido de palabras y actos calculados, con el pro-pósito de causar a una persona ordinaria miedo o daños a su persona, negocio o propiedad. El piquete constitucionalmente salvaguardado es aquel compatible con el principio de que la libre discusión y diálogo de ideas — aun ante grandes diferen-cias de criterios en una sociedad — representa el mecanismo mediante el cual el poder de la razón se impone sobre la pa-sión como vía pacífica de lograr acceso a la mente humana, resolver los conflictos y ganar adeptos y seguidores. “Las diferencias y los conflictos no perturban la solidaridad de los seres humanos en el bien común sino que, por el contrario la fortalece y afianza.” 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, pág. 2563 (Ed. 1961). En con-secuencia, existe el derecho de un ciudadano o grupo de ciuda-danos a protestar y exponer sus criterios de manera pacífica eontra la injusticia y la opresión — sea real, ilusoria o imagi-naria — y por ende, un piquete no puede ser prohibido o regla-mentado irrazonablemente por el simple hecho de que las ideas y opiniones expresadas no gocen del respaldo o la apro-bación de la mayoría o no sean de agrado de los miembros de la comunidad, siempre que las mismas caigan dentro de las comunicaciones protegidas constitucionalmente. Bachellar v. Maryland, 397 U.S. 564 (1970); Street v. N.Y., 394 U.S. 576 (1969); Cox v. Louisiana, supra.

Dentro del marco general de una sociedad democrática existen ciertas limitaciones inherentes a la vida en común que exige tolerancia de todos, tanto de aquellos que desean mani-festarse, como de los que por tales mensajes se sienten ofendi-dos o incómodos. Es ésta la esencia y característica medular de una sociedad libre y domocrática, rasgo que no se encuen-tra en ningún otro sistema político.

II

A la luz de estos principios generales, examinemos la reglamentación en el caso de autos. El tribunal determinó que los apelantes “podrían ejercitar su derecho a la libre ex-presión y a la protesta mediante la utilización del recurso del piquete”, pero que el mismo habría de conducirse “en forma ordenada, prescindiendo del uso de altoparlantes, me-gáfonos e instrumentos musicales de percusión o de viento con los cuales pudieran producirse sonidos ensordecedores y ofensivos a los sentidos, así como los estribillos y frases de protesta proferidos a coro y de manera ruidosa”; determinó que los apelantes podrían celebrar sus actividades durante el día solamente y “en forma tal que no tengan el efecto de per-turbar o menoscabar la salud, la paz, el sosiego, la tranquili-dad y la privacidad de las personas que residen o trabajan en el área, ni desplegarán y utilizarán colchones, colchonetas y otros artículos tales como sábanas, cartones, etc. en las de-pendencias del dominio público o en sitios de propiedad particular sin el permiso de sus dueños”; y determinó que los demandados apelantes “eliminarán del sitio cualquier vehí-culo de motor o mueble que moleste o interfiera con el libre movimiento de personas y de vehículos por las calles y las aceras incluyendo el camión cantina. ...”

El piquete, en este caso, se estaba celebrando en el tramo de la Calle Fortaleza comprendido entre la Calle del Cristo y los portones de La Fortaleza. Es esta una calle sin salida, estrecha, en la cual están ubicadas varias oficinas del Go-bierno estatal, casas de familia, un hospital y la residencia del Gobernador de Puerto Rico. Son estos factores que nece-sariamente hay que tomar en cuenta para determinar la ra-zonabilidad de la reglamentación.

Consideremos primero el factor relativo al hecho de que el piquete se estaba llevando a cabo frente a La Fortaleza. Las opiniones sobre los piquetes residenciales de oficiales públicos son muchas y diversas. Por vía de ejemplo, Alfred Kamin expone en su artículo Residential Picketing and The First Amendment, 61(2) Nw. U. L. Rev., págs. 177, 228 (1966-67) lo siguiente:

“Pero el caso contra los piquetes residenciales de funciona-rios públicos está tan firmemente arraigado que es innecesario fundamentarlo en dicta de la Corte Suprema o en un análisis legal. El propio concepto de gobierno representativo hace odiosa e ilegal tal estratagema de agitación política. Toda demostración en hogares de funcionarios públicos, por necesidad, afectará a los vecinos quienes son extraños a la controversia política. ¿El advenir tal propietario a un puesto público, acaba con su derecho a la privacidad, su familia y vecinos? La interrogante tiene un significado profundo en una sociedad democrática. Si el precio de obtener un puesto público conlleva la pérdida del último re-ducto de privacidad y reposo, sometiendo a su familia y vecinos al hostigamiento de demostraciones en las aceras, entonces el país habría perdido los servicios de sus ciudadanos más capa-citados.” (Traducción nuestra.)

En nuestra jurisdicción, debido a que el “. . . derecho a la intimidad tiene firme base en la valorativa puertorri-queña” hemos sostenido, como regla básica, el derecho a la tranquilidad del hogar de los servidores públicos, haciendo reserva sobre posibles . . casos en que por variar alguna de las circunstancias y el peso relativo de los intereses envuel-tos será necesaria la regulación del piquete y no su prohibi-ción absoluta.” E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra.

En el caso que nos ocupa, fue correcta la determinación judicial no prohibiendo el piquete por el hecho de celebrarse frente a los portones de La Fortaleza. La petición de los mani-festantes iba dirigida al Gobernador de Puerto Rico, quien reside y trabaja en dicho lugar y de ordinario, no está ac-cesible al público en ningún otro sitio. De prohibir en forma absoluta la celebración de todo piquete frente a La Fortaleza, estaríamos sin ninguna justificación dejando a los ciudadanos desprovistos de un lugar donde acudir ante el Primer Ejecu-tivo del país para expresar y exponer sus ideas, opiniones y agravios. En virtud de esta prohibición, dicho funcionario público quedaría prácticamente inmune a este tipo de activi-dad, la cual, cuando se celebra con un fin legítimo y en forma pacífica y ordenada, está protegida por nuestra Constitución bajo la cláusula que reserva al pueblo el derecho a reunirse en asamblea pacífica y a pedirle al gobierno la reparación de agravios.

Ahora bien, como expresara anteriormente, La Fortaleza, por razones históricas, está ubicada en una calle angosta y sin salida, contigua a varias oficinas del gobierno, residencias particulares y a un hospital. El tribunal de origen determinó que se estaban entorpeciendo las labores de las oficinas y del hospital y que se estaban causando molestias innecesarias a los residentes del área debido a los ruidos producidos por los altoparlantes, instrumentos musicales y cantos de los ape-lantes.

El reconocimiento del derecho a establecer un piquete frente a La Fortaleza, no significa que el mismo pueda condu-cirse en forma tan alborotada que impida el desempeño de los trabajos y la convivencia a que son acreedores los moradores de las residencias anexas. En armonía con el derecho del Estado a regular las demostraciones que interfieran sustan-cialmente con el funcionamiento de las oficinas y del hospital, y con el deber de velar por la protección del derecho de priva-cidad de los residentes del área, fue acertada la reglamenta-ción de la actividad sonora del piquete pues el poder judicial, en justo equilibrio de todos los intereses en conflicto, puede reglar y hasta prohibir las amplificaciones de sonido y que se toquen instrumentos musicales.

“Igualmente la naturaleza sonora de estas actividades no necesariamente conduce a despojar de protección constitucional a los participantes en las mismas. Ya habíamos indicado que ese tipo de actividades contienen diversos elementos de expresión en forma de discursos, arengas, vítores, aplausos, canciones al igual que expresiones de resentimiento, indignaciones y abu-cheos que de por sí no justifican necesariamente su disolución. Esto no significa que de tornarse intensamente ruidosas o escan-dalosas no pueda ser intervenida válidamente por la policía para su dispersión. Tampoco debe deducirse que en determinadas cir-cunstancias la acusticidad producida por los manifestantes no pueda rendirse a la tranquilidad perentoria de las personas o lugares afectados por la manifestación. Por ejemplo, cuando se celebran en las inmediaciones de hospitales, escuelas, cortes de justicia, oficinas, residencias y estructuras análogas y conduzca a un real entorpecimiento de las tareas ordinarias que rebase la normal desatención que alienta la curiosidad por lo que ocurre extramuros, o produzca fundado temor por la seguridad o tran-quilidad de los ocupantes en las mismas. Debe, no obstante, com-prenderse que esas actividades producen condiciones de insatis-facción, irritación o indignación en algunos oyentes o partici-pantes, y que esto también es un valor precisado de las finalida-des por esas exhortaciones públicas.”

En términos generales, merece aprobación esta línea de pensamiento. Un piquete no pierde su característica de pa-cífico y por ende su protección constitucional por el simple hecho de que los participantes canten o toquen instrumentos musicales. Ahora, esta forma de expresión está sujeta a re-glamentación y puede en casos ser prohibida, en atención al lugar en que se lleve a cabo, del disturbio público que cause, y otros factores.

En cuanto al uso de altoparlantes y megáfonos, me remito a los pronunciamientos en el caso de Mari Brás v. Casañas, supra:

“Previamente precisa establecer que el uso .de altoparlantes para la diseminación de ideas y conceptos está protegido por el derecho constitucional que garantiza la libre expresión. En efecto no es más que la emisión de la palabra mecánicamente ampliada. No sólo los adelantos tecnológicos demandan que el .derecho protegido no se limite a las usuales y proverbiales for-mas de expresión sino que las necesidades económicas así lo re-quieren con vista del control que se ejerce por un grupo limitado sobre otros medios de comunicación en masa y de que es éste un vehículo al alcance de quienes, por su costo, no pueden utilizar en forma efectiva la prensa, la radio y la televisión. Por otro lado, el derecho a la libre expresión conlleva el derecho a ser oído y el uso de medios de ampliación sólo asegura que el mensaje llegará a un número mayor de personas.

Advertimos finalmente que nada de lo expuesto significa que no pueda reglamentarse el uso de altoparlantes en cuanto a tiempo, lugar y volumen, no sólo para fines electorales sino para cualquier otro fin lícito. Sólo resolvemos que la prohibición abso-luta . . . conflige con la See. 4 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.....”

Aun cuando coincido en que el tribunal a quo actuó correc-tamente al reglamentar la actividad sonora del piquete, en-tiendo que no fue lo suficientemente específico como lo exige la doctrina jurídica que propugna la tesis de que la validez de una reglamentación de conducta bajo tutela constitucional debe ser esbozada de forma tal que sea fácil distinguir la actividad permitida de la prohibida. Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972); Kejishian v. Bd. of Regents, 385 U.S. 500 (1964); NAACP v. Alabama, 377 U.S. 288 (1964).

La sentencia se limitó a expresar que los apelantes pres-cindirían del uso de altoparlantes, instrumentos musicales, etc. “con los cuales pudieran producirse sonidos ensordecedo-res y ofensivos a los sentidos.” Esta disposición a mi juicio es muy vaga, y a pesar de no ser una prohibición absoluta, no especifica cómo se pueden llevar a cabo dichas actividades sonoras. Debió el tribunal reglamentar las mismas en cuanto a volumen, tiempo, número, etc. Pudo limitar a uno el número de altoparlantes o megáfonos y disponer que se usaran con un volumen moderado por breves minutos cada dos horas du-rante el día; y de igual modo autorizar el uso limitado de dos o tres instrumentos musicales y el canto de estribillos durante la hora de almuerzo (12:00 M. a 1:00 P.M.).

Concurro en que el tribunal de instancia estuvo justificado en ordenar a los apelantes a remover los colchones, mattresses, etc. y la cantina rodante. Si bien es cierto que las calles y aceras son de dominio público y han sido los lugares por excelencia para la diseminación de ideas, el Estado de-mostró el insoslayable interés que posee de velar por la segu-ridad y salubridad públicas y el libre fluir del tránsito que discurre por una calle tan angosta, evitando el abuso de la propiedad, pública o privada. La garantía de la libre ex-presión no confiere un derecho a los participantes a “mu-darse” al lugar donde se efectúa un piquete, colocando ob-jetos que interfieren y obstaculicen el tránsito, el movimiento de peatones en las aceras y el libre fluir en las entradas y salidas de los edificios que están ubicados en el área. Y como correctamente determinó el tribunal sentenciador, los ape-lantes no están autorizados a situar dichos objetos en propie-dad privada sin el consentimiento de sus dueños.

Disiento en que una vez reglamentada adecuadamente la actividad sonora del piquete, limitada la misma conforme ha sido expuesta, incluyendo la remoción de todos los objetos que obstaculizan el libre tránsito en la calle y acera, se haya autorizado el piquete únicamente durante el día. En el balance de intereses, soy de opinión que no se interfiere sustan-cialmente con el derecho de privacidad de los residentes del área el que por la noche, un número limitado de manifes-tantes continúen el mismo en silencio si así lo desean. En tales circunstancias, más que un piquete, el tribunal ha pro-hibido una vigilia sin causa para ello.

Modificaría la sentencia del Tribunal Superior, a los fines de reglamentar el piquete conforme los siguientes pronun-ciamientos :

A) Los demandados y aquellas personas que actúan de acuerdo o participan activamente con ellos, podrán ejercitar, si lo desean, su derecho a la libre expresión y protesta, me-diante la utilización del recurso del piquete en el tramo de la Calle Fortaleza separada por la Calle Cristo con sujeción a la siguiente reglamentación:

1 — Horas Diarias (8:00 A.M. a 6:00 P.M)

a) El piquete se conducirá en forma ordenada, par-ticipando solamente aquel número máximo de manifestantes .que permitan los límites físicos de las aceras públicas sin que se impida el libre fluir y acceso de automóviles y peatones;

b) El piquete se conducirá prescindiéndose del uso de altoparlantes, megáfonos e instrumentos musicales de percu-sión o de viento, con los cuales puedan producirse sonidos en-sordecedores y ofensivos a los sentidos; así como los estribillos y frases de protesta, proferidos individual o colectivamente (a coro) y de manera ruidosa. Queda autorizado el uso de un megáfono a volumen moderado, cuyo sonido no trascienda los límites .de diez pies desde el sitio de la persona que lo uti-liza, y ello solamente durante el período de tres minutos cada dos horas. El canto individual o colectivo, sin ampliación sonora mecánica y con tres instrumentos musicales de escasa sonoridad, queda autorizado desde las 12:00 M. a 12:15 P.M. y 12:45 P.M. a 1:00 P.M.

c) Estas actividades podrán conducirse solamente de día en forma tal, que no tengan el efecto de perturbar o menoscabar la salud, la paz, el sosiego, la tranquilidad y la privacidad de las personas que residen o trabajan en el área. No se desplegarán y utilizarán colchones, colchonetas y otros artículos tales como sábanas, cartones, y otros objetos en las dependencias del dominio público, o en sitio de propiedad particular sin el permiso de sus dueños.

d) En el curso de su manifestación, se eliminarán del sitio cualquier vehículo de motor o mueble que moleste o inter-fiera con el libre movimiento de personas y de vehículos por las calles y las aceras, incluyendo el camión-cantina esta-cionado en la Calle Fortaleza.

2 — Horas Nocturnas (6:00 P.M. a 8:00 A.M.)

Con sujeción estricta a la reglamentación antes ex-puesta, los demandados y aquellas personas que actúan de acuerdo o participan activamente con ellos, en número no mayor de diez, podrán ejercitar el derecho al piquete, si lo desean, durante las horas nocturnas de 6:00 P.M. a 8:00 A.M., de manera silenciosa. Durante dicho horario, no podrán hacer uso de ningún megáfono, instrumentos que originen ruido, cantos o expresiones.

B) Los términos de la presente Sentencia deberán ser observados bajo apercibimiento de desacato.

Para una eficaz instrumentación de la misma y conoci-miento de todos los interesados, se autoriza a la secretaria del tribunal de instancia la expedición de cuantas copias fue-ren necesarias de la parte dispositiva para entrega a la Ofi-cina del Alguacil General. Este funcionario, por conducto de las autoridades del orden público, velará por el estricto cum-plimiento de lo aquí prescrito. Tomará cualquier medida que estimare pertinente en la delineación y ejecución de este man-dato, debiendo velar porque sean protegidos los derechos de todos los concernidos.

         Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada. (3 L.P.R.A. sec. 2).

        La Nueva Constitución de P.R.; Editorial de la U.P.R., pág. 205 (1954).

       Antieau, Modem Constitutional Law, Vol. I, sec. 1:1, pág. 4 (1969).

       Entre conflictos del derecho al libre ejercicio del culto y la intimi-dad hemos expresado:
      “La protección constitucional ampara la libertad de conciencia más no la libertad de torturar. El Estado no puede intervenir con la devoción y creencia religiosa pero sí con el método de sus practicantes cuando éste hiere y lastima hasta anular el derecho de intimidad (privacy) de la fami-lia.” Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20, 27 (1974).

       Véase Kaufman, Irving, The Medium, The Message and the First Amendment, 45 N.Y.U.L. Rev. 777, 1970; Segrete, Mark, Freedom of Expression: The Mass Demonstration Under the First Amendment, 31(3) OMo St. L.J. 551, 1970.

         Picketing the Homes of Public Officials, 34 U. Chi. L. Rev., 106, 1966-67.

       Véanse, Nueva Constitución de Puerto Rico, supra, págs. 211-212; Regulations of Demonstrations, 80 Harv. L. Rev. 1773 (1966-67) y artículos citados en el escolio 6, supra.

        Regulations of Demonstrations, 80 Harv. L. Rev. swpra; Antieau, Modem Constitutional Law, supra, sec. 1:2, pág. 6; Segrete, Mark, Freedom of Expressions: The Mass Demonstration Under the First Amendment, 31(3) Ohio St. L.J., supra; Kamin, Alfred, Residential Picketing and The First Amendment, 61 N.W. U. L. Rev. 177 (1966-67).

       El autor parece entender que existe una diferencia si la residen-cia es propiedad del oficial público o si pertenece al estado y el oficial pú-blico la vive.
      Para un punto de vista distinto, véase Picketing the Homes of Public Officials, 34 U. Chi. L. Rev., pág. 106 (1966-67), en el cual el autor des-taca una diferencia en enfoque cuando la residencia y la oficina del fun-cionario están en el mismo lugar, y establece cuatro categorías de funciona-rios propietarios en escala ascendente de mayor privacidad en expectativa, a saber: (1) funcionarios públicos; (2) funcionarios cuasi públicos (dueños o propietarios de negocios o líderes de la comunidad que se aíslan del pú-blico) ; (3) funcionarios cuasi públicos y líderes comunitarios accesibles al público; y (4) personas privadas. -

       Las decisiones en las jurisdicciones estaduales norteamericanas reflejan variedad de opiniones. En Flores v. City and County of Denver, 220 P.2d 373 (1950), el tribunal revocó una sentencia condenando a un grupo de personas que piquetearon en forma pacífica la casa del Goberna-dor de Colorado. En Gregory v. Chicago, 394 U.S. 111 (1969), los peticio-narios marcharon pacífica y ordenadamente desde la alcaldía hasta la resi-dencia del alcalde y se entendió que la marcha, por ser pacífica y ordenada, estaba protegida por la primera enmienda. En Scott v. D.C., 84 A.2d 849 (1962), se tomó conocimiento judicial de que existe un área frente a la Casa Blanca en que se han celebrado muchos piquetes. En State v. Anonymous, 274 A.2d 897 Conn. (1970), se permitió un piquete frente a la resi-dencia de un jefe de una agencia de estado. En City of Wauwatosa v. King, 182 N.W.2d 530, Wis. (1971), el tribunal encontró válida una orde-nanza que prohibía piquetear la residencia de cualquier persona. Se esta-ban piqueteando los hogares de los miembros de la Junta Escolar. Ex-presó el tribunal que es constitucional la prohibición de piquetes y paradas en ciertas áreas designadas. Véanse también García v. Gray, 507 F.2d 539 (1974) y City of Brookfield v. Groppi, 184 N.W.2d 97, Wis. (1971).

      Antieau, mpra, see. 1:2, pág. 7.

        Los Derechos de Expresión y el Uso de las Vías Públicas en Puerto Rico, C.D.C. 1971, págs. 15-16.

      El insigne Juez William O. Douglas en su obra The Right of the People (Freedom of Expression), 35-65 (1958), expuso:
      “. . . la acumulación de personas juntas usualmente crea problemas que, no obstante ser incidentales a la libertad de expresión y asamblea, deben ser sujetos a algún control en el interés de la paz y silencio o de la ley y el orden.” Pág. 58.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    María Teresa Quijano Román, abogada y notario, peticionaria.

      Número: 4024

      Resuelto: 20 de enero de 1977

      Maria Teresa Quijano Román, pro se; Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Protocolos, interventor.
   RESOLUCIÓN

La notario peticionaria nos solicita autorización para tras-ladar sus protocolos notariales de su antigua oficina en el edi-ficio Chase Manhattan Bank en Hato Rey al edificio Miranda, Calle Baldorioty de Castro Núm. 703, también en Hato Rey, donde actualmente trabaja. El Director de Inspección de Protocolos fue oportunamente notificado de la petición y ha comparecido para ofrecernos sus comentarios.

El Art. 33 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1033, dis-pone como sigue:

“El protocolo no podrá ser extraído del edificio en que se custodie, a no ser por decreto judicial o por disposición de ley, debiendo ser en todo caso presentado al tribunal que lo requiera, por el notario bajo cuya custodia se halle.”

Hasta que se aprobó la Ley Núm. 19 de 30 de marzo de 1976, los notarios venían obligados, en obediencia al Art. 26 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1026, a notificar sus ín-dices notariales semanales al Tribunal Superior, sala corres-pondiente a su notaría. En armonía con dicha disposición los notarios se dirigían al Tribunal Superior para obtener la autorización que para el traslado de sus protocolos requiere el citado Art. 33. Al enmendarse por la expresada Ley Núm. 19 de 1976 el Art. 26, y disponerse que en adelante los índices notariales se notifiquen al Director de Inspección de Protoco-los, forzoso es concluir que se ha quitado al Tribunal Superior toda ingerencia en la supervisión de los notarios. Esto está en armonía con el propósito expresado en la exposición de motivos de dicha ley de relevar a los tribunales de justicia de tareas que son extrañas a la función judicial y que han im-puesto sobre estos en el pasado una sobrecarga en el trabajo que realizan. Aunque el Art. 33 de la Ley Notarial no fue expresamente tocado por la Ley Núm. 19, sus efectos deben considerarse subordinados al propósito general de dicha ley. Interpretar dicha disposición para requerir que el Tribunal Superior siga siendo quien autorice el traslado de los proto-colos notariales, o que dicha función pase al Tribunal Supremo, haría ineficaz el propósito enunciado de aliviar la sobrecarga de ambos tribunales con asuntos que no son típicos de la función estrictamente judicial. La citada Ley Núm. 19 provee la salida para la aparente encrucijada del- Art. 33 al disponer, por enmienda al último párrafo del Art. 38 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1038, lo siguiente:

“Tanto el Tribunal Supremo como el Juez Presidente podrán delegar en el Director de Inspección de Protocolos cualesquiera funciones relacionadas con la supervisión de los notarios y el ejercicio del notariado que estimen conveniente, con la excepción de la facultad de imponer sanciones disciplinarias.”

En uso de esta facultad, resolvemos y disponemos que en adelante sea el Director de Inspección de Protocolos quien en primera instancia resuelva sobre traslados de protocolos no-tariales y será a dicho funcionario a quien los notarios debe-rán dirigirse para obtener la autorización exigida por el Art. 33 de la Ley Notarial. Queda hecha reserva de nuestra facultad de revisar, en casos apropiados, cualquier decisión del Director de Inspección de Protocolos.

Refiérase la petición de epígrafe al Director de Inspec-ción de Protocolos para que resuelva sobre la misma de con-formidad con lo aquí expresado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

       La citada Ley Núm. 19 dispuso además, mediante enmiendas al comentado Art. 26 de la Ley Notarial y a la ley que creó el Registro de Poderes — Núm. 62 de 8 de mayo de 1937 — que las notificaciones sobre otor-gamientos de escrituras de testamentos y poderes, que se hacían al Secre-tario del Tribunal Supremo, se hagan a partir de su aprobación al Director de Inspección de Protocolos.


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Américo Reyes Herrans, acusado y peticionario.

      Número: O-76-75

      Resuelto: 24 de enero de 1977

      Luis Arturo Sánchez Rodríguez, abogado del peticionario; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Justo Gor-béa Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El 15 de abril de 1974 el peticionario arrolló a un niño con el vehículo que conducía. Ese mismo día se radicó denun-cia por homicidio involuntario. Se le celebró juicio, luego de varias suspensiones el 2 de septiembre de 1975. De acuerdo con la minuta de esa fecha el juez terminó de impartir las instrucciones a las once de la mañana. Después de la designa-ción del presidente, el jurado se retiró a deliberar, regresan-do a las 12:05 P.M. informando que no podía ponerse de acuerdo. . . [L] uego de investigar al presidente del jurado si era necesario una instrucción adicional y éste informar que no hay acuerdo e informar el fiscal y la defensa que lo más conveniente es un nuevo juicio. . . .” el tribunal disolvió el jurado y señaló el nuevo juicio para el 3 de noviembre si-guiente. Ese día el juicio se suspendió “sin oposición de la de-fensa”, por estar el tribunal ocupado en la celebración de otro juicio, y se señaló para el 28 de enero de 1976. El 13 de enero el acusado radicó moción de archivo fundándose en “que este caso tenía que verse en o antes del día 2 de enero de 1976, fecha en que vencían los 120 días que contempla la Regla 64 (n) (4 de las de Procedimiento Criminal vigente.”

El tribunal declaró sin lugar la moción de archivo. Ac-cedimos a revisar esa actuación.

Repetidamente hemos expresado que el derecho a un juicio rápido es fundamental, Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974); Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970); pero también se reconoce que el concepto “juicio rápido” es uno flexible que requiere tomar en cuenta las circunstancias que rodean cada reclamo de ese derecho. En Baker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), se cita Beavers v. Haubert, 198 U.S. 77 (1905), al efecto de que “El derecho a un juicio rápido es una cuestión puramente relativa. Depende de muchísimas circunstancias y debe ajustarse a los consabidos aplazamientos. Garantiza los derechos del acusado; pero no excluye los derechos de la justicia pública.”

En Arcelay Galán expresamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Baker, había rehusado “establecer procedimientos en este campo para los estados federados, a los que deja libres para fijar su definición de juicio rápido en forma consistente con ciertas normas federales mínimas.” Y apuntamos que en Puerto Rico habíamos establecido ciertas normas procesales para garantizar el derecho a un juicio rápido desde principios del sigla al incorporar en el Código de Enjuiciamiento Criminal el Art. 448 con raíces californianas. Al aprobar las Reglas de Procedimiento Criminal en el año 1963, incorporamos el mismo concepto en la Regla 64.

Sentado lo anterior, procede determinar si los hechos de este caso están previstos por la Regla 64 y de no estarlos si se le ha violado el derecho a un juicio rápido garantizado por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico.

Dispone la Regla 64 que “La moción para desestimar la acusación o denuncia . . . solo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:

(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado ó a su consentimiento:
(4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia.”

Nada dispone la regla transcrita sobre la situación presente en el caso de autos. Aquí se había sometido a juicio al acusado dentro del término de ley. Al jurado no ponerse de acuerdo se señaló un nuevo juicio. No hay término en ley para celebrar un nuevo juicio. No obstante entendemos que debe celebrarse dentro de un tiempo razonable que sea consistente con el requisito de juicio rápido que garantiza la Constitución. Lo importante es que la demora no sea irrazonable. En este caso no lo fue. Jiménez Román v. Tribunal Superior, supra.

Hace más de setenta años este Tribunal se enfrentó con unos hechos similares. En Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 9 D.P.R. 505-510 (1905), el Juez MacLeary al considerar la cuestión de si un nuevo juicio ordenado por el Tribunal Supremo debe celebrarse dentro de 120 días siguientes a la de-cisión del Tribunal, expresó:

“Esta sección no tiene referencia a una causa después que ésta haya sido llevada ante el Tribunal Supremo y revocada por el mismo, según claramente resulta de la lectura de la misma ley, que exige que el juicio se verifique dentro de los ciento veinte días después de la presentación de la acusación. Por supuesto, esto sería imposible, después de haberse llevado la causa en ape-lación ante el Tribunal más alto; y no hay autorización para insertar — como el apelante en efecto trata de hacer — en lugar de las palabras ‘después de la presentación de la acusación’, las palabras ‘después de la concesión de un nuevo juicio por el Tribunal Supremo’. Si la intención de la legislatura hubiese sido establecer disposición alguna para un caso como el de que se trata, dicho cuerpo, sin duda, habría añadido otro párrafo a la ley expresando claramente tal intención.”

Ver además Ex parte Arroyo, 15 D.P.R. 127-128 (1909); In re Alpine, 203 Cal. 731-734 (1928), resolvió en igual forma.

No estando incluida la situación planteada por el peticionario en las disposiciones de la Regla 64 (n) procede determinar, independientemente de este hecho, si se le ha violado su derecho a juicio rápido. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975). Como antes apuntamos surge de la minuta que el jurado en el juicio celebrado en septiembre de 1975 apenas estuvo deliberando durante una hora. Asimismo surge que el fiscal y la defensa informaron “que lo más conveniente es un nuevo juicio” y que se señaló para el 3 de noviembre siguiente. La vista señalada para ese día no pudo celebrarse por tener pendiente un juicio por jurado. Se pospuso el juicio para el 28 de enero de 1976 “sin oposición de la defensa.” Ver Sykes v. Superior Court of Orange County, 507 P.2d 90 (Cal. 1973), donde el Tribunal Supremo de California expresa que “La única obligación que la ley impone a un acusado para proteger su derecho a un juicio rápido consiste en presentar objeción cuando su juicio ha sido fijado para una fecha posterior al período establecido por ley y entonces proceder a presentar una moción de desestimación una vez dicho período haya expirado, o simplemente presentar una moción de desestimación si el período establecido por ley ex-pira sin que se haya fijado la fecha del juicio.” Además, mal puede un acusado a quien se le ha celebrado un juicio con todo lo que ello significa en tiempo y gastos, que opta por aceptar la disolución del jurado cuando apenas ha deliberado una hora, alegar en estas circunstancias que se le ha vulnerado su derecho a juicio rápido. Tuvo la oportunidad de que su caso se resolviera y se avino a la disolución del jurado, sin que éste hubiera agotado las oportunidades de rendir un vere-dicto. El tiempo transcurrido a partir de la fecha en que ter-minó el primer juicio no es tan largo que resulte en una dene-gación a su derecho a juicio rápido.

Recientemente en Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173 (1976), expresamos:

“El derecho a juicio rápido, garantizado por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico se cumple en reglas proce-sales, en la realidad vital y en la función práctica de ,día a día del sistema de justicia criminal. Hemos resuelto que la demora indebida en los procedimientos anteriores a la acusación contra-viene ese derecho. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975). Pero tanto los derechos del acusado, como los de la sociedad in-teresada en juzgarlo, no son prisioneros de la tiesa aritmética de la regla. Hay elementos de justa causa para la demora que recon-cilian el derecho a juicio rápido con las circunstancias reales de cada caso y los derechos del acusado han de atemperarse a la administración práctica de justicia. Beavers v. Haubert, 198 U.S. 77 (1905). La garantía constitucional es importante salvaguar-dia que evita el encarcelamiento indebido y opresivo anterior al juicio; minimiza la ansiedad y preocupación que conlleva una acusación pública; y reduce la posibilidad de que una larga tar-danza menoscabe los medios de defensa del acusado. United States v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966). Si la demora en la prosecu-ción del caso llega al punto de privación inconstitucional de dere-chos, es cuestión que depende de las circunstancias. Queda ex-cluida como justa causa aquella demora intencional u opresiva. Pollard v. United States, 352 U.S. 354 (1957).”

Que “los derechos del acusado, como los de la sociedad interesada en juzgarlo, no son prisioneros de la tiesa aritmética de la regla,” lo demuestra la propia Regla 67 que permite la radicación de una nueva acusación en casos de delitos graves. Ciertamente los acusados de estos delitos tie-nen también derecho a que se le celebre un juicio rápido. El hecho de que pueda radicarse una nueva acusación en casos de delitos graves demuestra que el término de 120 días esta-blecido en la Regla 64 no es el único factor determinante de si se le ha violado el derecho que le reconoce la Constitución.

Por otro lado, el juez no debió acceder a disolver el jurado tan prontamente. El disolver un jurado apenas ha comenzado a deliberar, plantea serias cuestiones en la administración de la justicia. Los jueces deben tener presente lo ex-presado en Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244, 251 (1970), al efecto de que “[e]l que se rinda un veredicto beneficia al Estado y al acusado por igual. El Estado se beneficia porque no tiene que incurrir en el esfuerzo y los gastos que un nuevo juicio conlleva, además de que no se aumenta la congestión del calendario. El acusado se libra de tener el agobio de una acusación pendiente y los gastos y molestias que entrar de nuevo a juicio conlleva,” y en los casos que lo ameriten debe instruir al jurado para que continúe deliberando y trate de llegar a un veredicto, y sólo deben disolverlo cuando se convenzan de que es imposible para el jurado ponerse de acuerdo. Pueblo v. Vélez Díaz, 105 D.P.R. 386 (1976); United States v. Johnson, 432 F.2d 626 (D.C. Cir. 1970).

Se confirmará la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disintió en opi-nión separada con la cual concurre el Juez Presidente Señor Trías Monge.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

con la cual concurre el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 1977

“Un estatuto debe ser interpretado de manera que no de-rrote un propósito constitucional.” Martínez v. Tribunal Su perior, 81 D.P.R. 945, 953 (Santana Becerra, 1960). La Cons-titución consagra el derecho a juicio rápido — Art. II Sec. 11 —que ha sido considerado como uno de naturaleza fundamental. Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874, 876 y 881 (Dávila, 1970). La Regla 64 (n) (4), Reglas de Pro-cedimiento Criminal, 1963, que en cuanto a lo que aquí nos concierne es idéntica al Art. 448 del Código de Enjuicia-miento Criminal, del cual procede, es la manera estatutaria de concretar en la práctica el citado precepto constitucional para que no tengan que ser los tribunales quienes dispongan su propia versión en términos de tiempo. Martínez, supra, págs. 953 y 954.

La opinión del Tribunal hace una interpretación restricti-va de dicha Regla como si el derecho a juicio rápido, conce-bido en términos de un plazo de 120 días, quedase al arbitrio de los tribunales. A mi juicio la intención legislativa está claramente estatuida en el precepto que comentamos, y en su antecesor, Art. 448, que dispone que 120 días debe ser el plazo máximo que tenga el Estado para enjuiciar a un acu-sado de delito, salvo que exista justa causa. Interrumpido dicho término, no debe quedar en el aire y sin concreción al-guna en cuanto a plazo se refiere el derecho a juicio rápido.

En línea con este criterio resolvió este Tribunal en Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 489 (1923), que si bien la suspensión del juicio solicitada por el acusado constituye una renuncia al derecho a juicio rápido, debe celebrársele juicio dentro de los 120 días siguientes. Dijo este Tribunal (pág. 490): “Si des-pués de la suspensión la corte no señala la vista para dentro de un término razonable en armonía con el espíritu de la ley, concretado en cuanto a término razonable en el artículo 448 del propio Código de Enjuiciamiento Criminal, surge necesa-riamente en el acusado de nuevo el derecho a pedir el sobre-seimiento.” El término del Art. 448 era, como ahora, 120 días a partir de “la presentación de la acusación.”

También en armonía con este principio se ha resuelto re-petidamente que el término de 120 días se aplica a las causas apeladas del Tribunal de Distrito al Superior, debiendo com-putarse a partir de la fecha en que los autos queden radicados en este último tribunal. Pennington v. Corte, 60 D.P.R. 260 (1942); Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649 (1940); Pueblo v. Ortiz, 51 D.P.R. 379 (1937); Pueblo v. Romero, 39 D.P.R. 557 (1929); Pueblo v. Correa, 34 D.P.R. 884 (1926); Pueblo v. Mercado, 27 D.P.R. 568 (1919). En Balzac resolvimos que el no oponerse el acusado a la posposición no milita contra su derecho al sobreseimiento. Es que las renuncias a los dere-chos fundamentales no se presumen. F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261 (1976). Deben ser “expresas y no pre-suntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno, conoci-miento de causa.” Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 415 (1974); Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972).

El Tribunal se apoya principalmente en lo que respecta al análisis de la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal, en los casos de Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 9 D.P.R. 505 (1905) y Ex Parte Arroyo, 15 D.P.R. 127 (1909). Estas decisiones se fundaron en lo dispuesto en las disposiciones del Art. 448, ordinal segundo, del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, derivado del Art. 1382 del Código Penal de California y fuente de nuestra Regla 64. La base de estas decisiones es hoy cuestionable. Las razones, sean de índole semántica o de orden público, para sostener que, de disolverse el jurado, resultan inaplicables los términos del antiguo Art. 448 y de la actual Regla 64 no son del todo claras y de hecho confligen con la garantía constitucional del juicio rápido.

En apoyo de la continuada validez de estas decisiones de comienzo de siglo, se alude a la enmienda que sufrió en 1951 el artículo 1382(2) del Código Penal de California para acla-rar la aplicabilidad del término allí dispuesto a situaciones en que se ha disuelto el jurado. La inferencia es que exige en-mienda la Regla 64 (n) para lograr tal propósito. La reali-dad, no obstante, es que la referida enmienda simplemente reconoció el tratamiento jurisprudencial del problema.

En People v. Cryder, 90 C.A.2d 194 (1942), ya se había resuelto que a partir de la disolución comenzaba a contar un nuevo término de 60 días. En People v. Angelopoulos, 30 C.A.2d 538 (1939), se determinó que la acusación debía de-sestimarse por no haberse presentado dentro de los 60 días a partir de la disolución del jurado. Al mismo efecto: In re Scott, 81 Cal.App. 577 (1927).

Es interesante séñalar también que en California se re-solvió desde temprano en este siglo que el derecho a juicio rápido contenido en la Constitución de California protegía al acusado que se iba a someter a un nuevo juicio después de la disolución de un jurado. Por tal razón se entendió, bajo una base distinta a los casos ya mencionados, que a partir de la disolución comenzaba a transcurrir otro término de 60 días. In re Begerow, 133 Cal. 249-354 (1901).

La doctrina de In re Begerow, supra, fue rechazada por este Tribunal en Ex parte Arroyo, supra, debido a que"el caso de Begerow no era de aplicación por haberse resuelto a la luz de una disposición constitucional específica. En vista de que ahora existe en el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución un artículo equivalente al de California queda sin fundamento, por tanto, el razonamiento de este Tribunal en Ex parte Arroyo. Lo que el caso ante nos plantea es exactamente la oportunidad de hacer en 1977 en Puerto Rico lo que las cortes de California hicieron desde 1901, ya que, como se ha visto, no es necesario intervención legislativa para ampliar el al-cance del precepto estatutario.

En él caso ante nos no se ha sometido razón alguna que pueda constituir justa causa para no celebrar juicio al acusa-do dentro de los 120 días siguientes al juicio en que el jurado no llegó a un acuerdo. El acusado compareció preparado para el juicio señalado para el 3 de noviembre. Se suspendió por estar el tribunal celebrando otro juicio. El nuevo señala-miento para el 28 de enero de 1976 — 148 días después del primer juicio — violó el derecho del acusado a un juicio rá-pido. La congestión en el calendario del tribunal no constituye justa causa. Jiménez Román v. Tribunal Superior, supra, pág. 883, y casos allí citados. Tampoco puede constituirla, como parece insinuarse en la opinión del Tribunal, que el acu-sado no protestara de que el tribunal disolviere el jurado luego de éste manifestar, tras una hora de deliberación, que no podía ponerse de acuerdo. Convengo que el tribunal debió ser más exigente y requerir esfuerzos adicionales al jurado para que tratara de llegar a un veredicto. Porque no lo fuera no debe afectarse el derecho del acusado a ser juzgado pronta-mente después de disolverse el jurado.

No creo que el término de 120 días para la celebración del juicio se considere un término demasiado largo. Desde que lo adoptamos aquí en 1902, al adoptar el Código Penal de California, lo hemos estado aplicando. Señalamos en Arcelay Galán, supra, pág. 414, que de hecho se recomiendan términos mucho más cortos. En la norma 4.10 (1) (c) del estudio publi-cado por la National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals se expresa como un objetivo de todo sistema criminal de justicia a lograrse para 1978, el hecho de que se celebre todo juicio por delito grave después de la diso-lución de un jurado no más tarde de 60 días del “Mistrial”. National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Corrections 1973, pág. 138. Aunque no se dis-ponen términos comparables, se recomienda que se impongan en la See. 2.2 de la- A.B.A., “Standards Relating Association to Administration for Criminal Justice”, 1974.

Revocaría la sentencia del tribunal de instancia.

      Así surge de la minuta correspondiente a esa fecha.

      En California se enmendó el artículo correspondiente precursor de la Regla 64 (n) nuestra, el 1382 del Código Penal, en el 1951 para incor-porar este concepto en sus disposiciones. El Art. 1382 en su parte perti-nente dispone:
      “A menos que exista justa causa para decidir lo contrario, el tribunal ordenará la desestimación de la acción en los siguientes casos:
      “1. . . .

        “2. Cuando el acusado no ha sido sometido a juicio por un tribunal superior dentro de un término de 60 días a partir de la fecha en que se presentó la acusación o denuncia, o, cuando la causa ha de ser vista nueva-mente tras haberse declarado- nulo el juicio, en caso de una orden con-cediendo un nuevo juicio, cuya orden no ha sido apelada, o en presencia de una apelación del tribunal superior dentro del término de 60 días después de haberse declarado nulo el juicio, de haberse registrado la orden de nuevo juicio, o de haberse presentado la remisión de los autos al tribunal senten-ciador; excepto que bajo las disposiciones de este inciso la desestimación de la acción no procede si el juicio se señala para una fecha posterior al tér-mino de 60 días a petición del acusado o con su consentimiento expreso o tácito, o por motivo de su negligencia o incomparecencia, y, si el acusado es sometido a juicio en la fecha señalada para ello o dentro de los diez días siguientes.”

      Lee así la minuta de ese día:
      “El Tribunal, luego de investigar al presidente del jurado si era nece-sario una instrucción adicional y éste informar que no hay acuerdo e in-formar el fiscal y la defensa que lo más conveniente es un nuevo juicio, ex-pone lo siguiente: Dada la situación que consta en récord que hay desa-cuerdo con el presidente del jurado, el Tribunal entiende que lo procedente es un nuevo juicio y se disuelve el jurado,”

      La Regla 67 de las de Procedimiento Criminal dispone:
      “Una resolución declarando con lugar una moción para desestimar no será impedimento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito a menos que el defecto u objeción fuere insubsanable, o a menos que tratán-dose de un delito menos grave (misdemeanor) dicha moción fuere declarada con lugar por alguno de los fundamentos relacionados en la Regla 64 (n).”


author: Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Senador Jesús Santa Aponte y Otros, apelantes, v. Senador Luis A. Ferré Aguayo y Otros, apelados.

      Número: MC-77-3

      Resuelto: 25 de enero de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, abogada de los apelantes; Héctor M. Laffitte, Héctor Martínez Muñoz y Santos P. Amadeo, aboga-dos de los apelados.

       Nbta. del Compilador: Véase Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 760 (1977).

   RESOLUCIÓN

Bajo el sistema democrático de gobierno que rige en Puerto Rico, la autoridad para interpretar la Constitución y las leyes del país reside exclusivamente en la Rama Judicial. Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962); Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); Roudebush v. Hartke, 405 U.S. 15 (1972). La Rama Judicial puede resolver que determinada facultad le corresponde tan solo a otra Rama, pero la interpretación al efecto es atributo exclusivo de los tribunales.

A fin de proteger debidamente la función constitucional y la jurisdicción de este foro e impedir que se torne académica la decisión que en su día recaiga y preocupado este Tribunal por los derechos constitucionales de las partes envueltas y por la garantía de debido proceso en el recuento que eventualmente se lleve a efecto, se ordena a tenor de la Regla 29 del Reglamento de este Tribunal:

1. Las papeletas y todo otro material relativo a este caso se mantendrán bajo la custodia conjunta de la Comisión Especial de Escrutinio designada por el Senado y del Tribunal Electoral.

2. Como medida provisional y sin que ello en modo alguno prejuzgue la sentencia que este Tribunal resuelva emitir en este pleito y toda vez que no existen contra el apelante.cargos por delito o inmoralidad, ni se alega fraude o irregularidad en su elección, la cual está favorecida por una presunción de regularidad como la de todos los demás legisladores, y en pro-tección del derecho de los electores del Distrito Senatorial de Humacao a tener plena representación en el Senado, deberá darse asiento en el Senado al recurrente Jesús Santa Aponte.

Las partes radicarán sus alegatos simultáneamente en o antes del 4 de febrero de 1977, Se señala vista para el 7 de febrero de 1977, a las 9:00 a„m., para la argumentación del recurso.

El Secretario expedirá el correspondiente mandamiento y notificará esta Resolución a los apelantes, al Senado de Puerto Rico por conducto de su Secretario, Héctor M. Her-nández, y de su Macero, Pablo Torres Medina, y al Tribunal Electoral.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Angel M. Martín disiente en voto separado.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 1977

En base a una moción en auxilio de la jurisdicción de este Tribunal presentada por Jesús Santa Aponte y cuatro elec-tores del Distrito Senatorial de Humacao, y sin dar oportuni-dad al Senado de Puerto Rico para expresar su posición con respecto a los planteamientos que en dicha moción se hacen, este Tribunal ha ordenado que se le dé asiento en el Senado de Puerto Rico a Jesús Santa Aponte como Senador electo por el Distrito de Humacao.

El Senado de Puerto Rico suspendió al Senador Santa del ejercicio de sus funciones como Senador, según surge de las Actas del Senado del día 12 de enero de 1977 (Apéndice III de apelantes), en vista de una “Petición de Recuento e Im-pugnación del resultado de las Actas y del Certificado de Elección” del Senador Santa como Senador por el Distrito Senatorial de Humacao.

Surge de la referida Petición de Recuento e Impugnación que la elección de Jesús Santa Aponte como Senador fue cer-tifieada por el Tribunal Electoral reflejando una mayoría de 52 votos en una elección en que participaron más de 200,000 electores. Por otro lado la Petición expresa que el resultado total original de dicha elección tomado de las Actas de Pre-cinto, incluyendo el voto adelantado, revelaba que Santa había perdido su elección por 790 votos. Surge además que el Par-tido Nuevo Progresista presentó ante el Tribunal Electoral una solicitud de recuento de 66 colegios del distrito en cues-tión en 28 de diciembre de 1976 alegando que un recuento total de los mencionados colegios podría resultar en una adju-dicación de votos suficientes para cambiar el resultado de la elección, sin que hasta el 7 de enero de 1977 hubiese sido con-testada. En adición se expresa en la Petición que un examen de algunas de las actas de Colegio efectuado el 29 de diciem-bre reflejaron errores técnicos en la unidad de estadísticas del Tribunal Electoral de 16.6% de equivocaciones que, de proyectarse al Distrito completo, alteraría el número de votos a favor del candidato Estrada. En adición se expresa que en la revisión del 29 de diciembre surgieron 28 discrepancias en las actas de 60 colegios examinados, lo que significaría una discrepancia en cada dos colegios en un distrito en el cual había cerca de dos mil colegios electorales. Por último se alega en dicha Petición que las actas de escrutinio en poder del Partido Nuevo Progresista reflejan que el Senador Santa fue derrotado por 165 votos.

El texto de la moción presentada ante el Senado por el Senador Nogueras y que resultó en la suspensión del Senador Santa es el siguiente:

“Vista la Petición de Kecuento e Impugnación del resultado de las Actas y del Certificado de Elección del señor Jesús Santa Aponte como Senador por el Distrito Senatorial de Humacao, y del escrutinio de su elección, y los serios y graves planteamien-tos que de la misma surgen, se propone que hasta tanto la Comi-sión Especial que ha sido nombrada rinda su informe al Senado, y hasta tanto este Cuerpo tome una acción final sobre el asunto, se deje en suspenso el reconocimiento de la condición de Senador por el Distrito de Humacao al señor Santa Aponte y no se le dé la continuada posesión de su escaño como tal Senador, reserván-dosele el derecho de comparecer ante la Comisión Especial que ha sido nombrada con el propósito de alegar contra la petición y sostener su derecho a ocupar dicho escaño en este Senado.”

Luego de discutida la precedente moción, ésta fue apro-bada por la mayoría del Senado, procediendo éste a designar una Comisión Especial de cinco (5) senadores, compuesta por tres senadores del Partido Nuevo Progresista y dos del Par-tido Popular Democrático, con la encomienda de efectuar un recuento total de los votos emitidos a favor del Senador Santa y a favor del candidato derrotado Francisco Estrada Bibi-loni. Y, según he dicho antes, el Senador Santa fue suspen-dido de sus funciones como Senador hasta tanto el Senado realizase el recuento.

Se cuestiona la facultad del Senado para suspender al Senador Santa en esas circunstancias.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone lo siguiente en relación con las facultades de ambas Cámaras Legislativas:

“Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elec-ción; elegirá sus funcionarios, adoptará las reglas propias de sus cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno in-terno; y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la ex-pulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21 de este Artículo. Cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos.” Art. Ill, Sec. 9.

La segunda parte de ía citada See. 9 se refiere a la ex-pulsión de cualquier miembro de una de las Cámaras por las causales de traición, soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación, para lo cual se requiere la concurrencia de 3/4 partes del número total de los miembros de que se compone la Cámara en cuestión. Dicha segunda parte no tiene relevancia con el planteamiento del apelante Santa pues no surge que existan tales causales.

Lo que sí está envuelto en este recurso es la primera parte de la See. 9 que declara que “cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección.”

De la faz de la disposición constitucional citada prece-dentemente no tengo duda alguna de que el Senado tiene el derecho de rechazar la validez de las actas del Tribunal Electoral y del escrutinio de la elección de uno de sus miembros. Y, en el ejercicio de esa facultad, puede suspender provi-sionalmente uno de sus miembros hasta tanto comprueba la validez de las actas y del escrutinio.

Entiendo que es puramente discrecional del Senado, de-pendiendo de las circunstancias presentes, el rechazar la va-lidez de las actas y del escrutinio y como consecuencia negar al miembro afectado el ejercicio de sus funciones como Sena-dor. Si el Senado, en el uso de su discreción, usó buen o mal juicio, no es de nuestra incumbencia. Solamente debe este Tribunal intervenir en las actuaciones al respecto de cual-quiera de las Cámaras cuando se hubiere demostrado abuso de poder que afecte los derechos constitucionales fundamen-tales del miembro rechazado. Claramente, este no es el caso. De acuerdo con las Actas del Senado que nos presenta la parte apelante surge palmariamente que el Senado tuvo motivos fundados para creer que estaba en cuestión la validez del es-crutinio realizado por el Tribunal Electoral y por tanto las actas de certificación de elección.

La deferencia que me merece el Senado de Puerto Rico, como parte integrante de una de las tres ramas de gobierno en nuestro ordenamiento constitucional, no me permite poner en duda su discreción especialmente cuando no he tenido oportunidad de oírle. Creo que este Tribunal se ha apartado en el día de hoy, en ausencia de los elementos de juicio nece-sarios para concluir que el Senado pueda haberse excedido de sus poderes constitucionales, de la norma fundamental de separación de poderes que es piedra angular de nuestro sis-tema de gobierno.

No obstante las expresiones que preceden deseo consignar que entiendo que es función constitucional de este Tribunal el interpretar la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el ejercicio de esa función ve-laré por la protección de los derechos fundamentales del ser humano. Las puertas de este Tribunal estarán siempre abier-tas para atender los reclamos válidos de los ciudadanos. Si en el curso de los procedimientos que realice el Senado de Puerto Rico se cometieren desmanes, atropellos o abuso de poder, defenderé con el mayor celo los reclamos de cualquier ciuda-dano que se considerare afectado por ellos.


author: Juez Presidente Señor Trías Monge.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Luis Marín Vega, acusado y apelante.

      Húmero: CR-76-70

      Resuelto: 26 de enero de 1977

      Heyda Vigil McClin, abogada del apelante; Ramón Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Ronaldo Rodríguez Osso-rio, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Se confirman las sentencias apeladas. Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el señor Secretario. El Juez Presidente Señor Trías Monge, anunció la sentencia del Tribunal y emitió una opinión a la cual se unen los Jueces Aso-ciados Señores Rigau, Dávila e Irizarry Yunqué. Los Jueces Asociados Señore Torres Rigual, Martín, Díaz Cruz y Ne-gron García concurren sin opinión.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

Opinión emitida por el

Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1977

Por hechos ocurridos antes de entrar en vigor el nuevo Código Penal se acusó al apelante de los delitos de violación, contra natura, ataque para cometer asesinato, acometimiento y agresión grave, acometimiento grave e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas.

Se redujo por el juez el cargo de violación a acometimien-to y agresión grave y el jurado rindió veredicto de culpabili-dad en todos los cargos. Se sentenció al apelante a seis meses de cárcel en los cargos de acometimiento y agresión grave y Ley de Armas, veinticinco dólares de multa en el de acometi-miento grave, de cinco a diez años de presidio en el de contra natura, a cumplirse estas penas concurrentemente entre sí y consecutivamente con la de siete a diez años de presidio que se le impuso en el caso de ataque para cometer asesinato.

El apelante cuestiona básicamente la apreciación de la prueba; la determinación de que el ataque fue para cometer asesinato y no grave daño corporal; la conclusión de que no hubo concurso de delitos en cuanto a tres de las acusaciones; y la constitucionalidad del crimen contra natura.

De la transcripción de evidencia surge prueba suficiente para condenar por cada delito.

La defensa no presentó prueba. De la prueba de cargo se desprende que la señora L. M. Rivera fue a un colmado alre-dedor de la medianoche a comprar cigarrillos. Allí se encon-traban su tío, el señor L. Rivera, el señor Elson Figueroa Rivera y el apelante, a quien ella no conocía. El apelante se dirigió a ella y le pidió que se fuera con él. Ella rehusó, salió del lugar e intentó entrar al auto de su tío. El apelante la si-guió e insistió en su requerimiento. Al intervenir el tío, el apelante sacó un cuchillo, arañó con él a la joven y la forzó a acompañarlo. Ella pudo escaparse pocos instantes después y regresó al automóvil de su tío, en el que se encontraba tam-bién ya el señor Elson Figueroa. El vehículo arrancó, se de-tuvo poco más adelante para que descendiese el señor Figueroa, pero el apelante logró darle alcance, le infirió una pu-ñalada al señor Figueroa, intentó herir al señor Rivera, pero éste pudo huir, y obligó a la joven a punta de cuchillo, a se-guirle monte arriba. Allí tuvo las relaciones sexuales con ella que se le imputaron por el Ministerio Público. Ella no les dijo nada a sus padres, mas al día siguiente se comunicó con las autoridades policiacas.

No hallamos base para intervenir con la apreciación efec-tuada de hechos. Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 372 (1974).

Tampoco tiene razón el apelante cuando alega que en cuanto al caso de ataque para cometer asesinato sólo se probó la intención de causar grave daño corporal. La víctima sufrió una herida profunda en el pecho y tuvo que permanecer re-cluido tres semanas en el hospital, inicialmente en estado de inconsciencia bajo cuidado intensivo. El acusado, según los testimonios, intentó herir a su víctima varias veces antes de lograr su propósito. Cuando se ataca a alguien con una arma mortífera de forma tal que pueda ocasionársele la muerte, puede presumirse la intención de matar. Pueblo v. Montoya Montoya, 95 D.P.R. 703, 707 (1968); Pueblo v. Tribunal de Distrito, 74 D.P.R. 838, 855-6 (1953).

El tercer planteamiento es también improcedente. No se trata aquí de un solo curso de conducta que puede ser pe-nado por distintas disposiciones de ley. González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 143 (1971). Se trata de actos inde-pendientes en tiempo que requieren prueba distinta. Pueblo v. López Carrillo, 101 D.P.R. 259, 261 (1973).

Se cuestiona finalmente la constitucionalidad del Art. 278 del antiguo Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 1118, el cual dispone:

“Toda persona culpable del infame crimen contra natura, cometido con un ser humano o con alguna bestia, incurrirá en pena de reclusión de presidio por un término mínimo de un (1) año y máximo de diez (10) años.”

Se impugna este artículo por estimarse que viola el derecho a la intimidad y por pecar alegadamente el estatuto de vague-dad e imprecisión. No hay base para discutir el primer mo-tivo de impugnación, ya que no se trata en este caso de una relación consensual y en privado entre adultos. Nos referire-mos exclusivamente a la cuestión de la alegada vaguedad de la ley.

En ocasiones anteriores este Tribunal ha sostenido el estatuto ante el mismo ataque. Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 230 (1926); Pueblo v. Santiago Vázquez, 95 D.P.R. 593 (1967). Dichas decisiones nos obligan en este caso. Es nuestro deber señalar, no obstante, que la base teórica de dichas decisiones se ha ido estrechando seriamente. Johnsen, R., Sodomy Statutes — A Need for Change, 13 S.D. L. Rev. 384 (1968). El Art. 278 de nuestro antiguo Código Penal proviene del Art. 286 del Código Penal de California. Ante la crítica creciente al artículo, California enmendó su Código en 1975 para de-finir el delito de modo más preciso e inteligible. West’s Anno. Calif. Codes (Penal), 1976 Supp., sec. 286. Otros estados de la Unión Americana han actuado de igual modo. Véanse, por ejemplo, Ill. Rev. Stat., ch. 38, Art. 11-2 (1962); N.Y. Penal Law, sec. 130.00 (1965); Conn. Penal Code, sec. 53a-65 (1975). Kansas y Minnesota han ido más lejos y han dero-gado sus leyes referentes a la sodomía. En la actualidad, tan solo la mitad aproximadamente de dichos estados cuentan con estatutos análogos al de Puerto Rico. Note, North Carolina’s Sodomy Statute — A Need for Revision, 53 N.C. L. Rev. 1037, n. 2; Barnett, Sexual Freedom and the Constitution, 23 (1973). El de Puerto Rico ha sido objeto de crítica espe-cialmente severa. García Gregory y Souss Villalobos, Infame Crimen Contra Natura: Aberración Constitucional, 40 Rev. Jur. U.P.R. (1971).

Estatutos como el que nos ocupa se han invalidado por razón de vaguedad. Franklin v. State, 257 So.2d 21 (Fla. 1971); cf. Stone v. Wainwright, 478 F.2d 390, 397 (5th Cir. 1973) (revocado en 414 U.S. 21 (1973); Perkins v. North Carolina, 234 F.Supp. 333 (W.D. N.C. 1964); Commonwealth v. Balhazar, 318 N.E.2d 480 (Mass. 1974); State v. Carringer, 523 P.2d 532 (Idaho 1974); Locke v. State, 501 S.W.2d 828 (Tenn. 1973); Harris v. State, 457 P.2d 643 (Alaska 1969).

Valga aclarar que la terminología del artículo bajo exa-men arranca básicamente de un estatuto inglés de 1533. 25 Hen. 8, c. 6 (1533). Dicho lenguaje no forma parte de nues-tra antigua tradición jurídica. El Código Penal Español de 1870, que regía en Puerto Rico desde 1879 hasta fines de siglo, no contenía una disposición análoga al artículo bajo examen. Orozco y Arascot, Código Penal de 1879 para las islas de Cuba y Puerto Rico, Habana, 1879, Art. 447 y ss., pág. 91 y ss. Para el tratamiento español del problema, véase: García Gregory y Souss Villalobos, supra, 404 et seq. En la propia Inglaterra se está proponiendo con vigor una nueva reforma de los delitos sexuales, más amplia que la efectuada en 1966, que se rija por el principio, entre otros, de que la conducta prohibida debe especificarse en lenguaje claro in-teligible a un lego alfabeto. Brazier, Reform of Sexual Offenses, Crim. L. Rev. 421 [1975].

Confirmaría las sentencias apeladas.

      Para mayor detalle sobre la prueba relativa a cada delito, véanse, en cuanto al caso G-76-1, por violación, reducido a acometimiento y agre-sión, las págs. 46 y ss. y 81 y ss. de la transcripción de evidencia. En cuanto al G-75-2, por contra natura, véanse las págs. 47 y 82 y ss. En cuanto al G-75-3, por ataque para cometer asesinato, véanse las págs. 9 y ss., 11, 23, 28, 34 y ss., 45, 76 y ss. y 110 y ss. En cuanto al M-74-3243, por acometimiento y agresión, véanse las págs. 5, 31 y ss., 41 y ss., 70 y ss., 90, 106 y ss. y 118 y ss. En cuanto al M-74-3244, también por acometi-miento y agresión, véanse las págs. 12, 45, 79 y 111 y ss. En cuanto al M-74-3242, véanse las páginas citadas. Este último delito se refiere a la violación de la Ley de Armas.

      El Art. 103 del nuevo Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4065, provee:
      “Toda persona que sostuviere relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo o cometiere el crimen contra natura con un ser humano será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un (1) año y máximo de diez (10) años.”


author: Juez Presidente, Señor Trías Monge

text:
    Gerardo Martínez Malavé et al., querellantes y recurridos, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, querellada y peticionaria; Santiago Carmona Bultrón et al., querellantes y recurridos, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, querellada y peticionaria.

      Número: O-75-427

      Resuelto: 31 de enero de 1977

      Benjamin Rodríguez Ramón, Ildefonso Mora Ramos y Teodoro Peña García, abogados de la peticionaria; Antonio Figueroa Rivera, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

Se revoca la resolución del Tribunal Superior y se de-vuelve el caso a dicho foro para la continuación de los pro-cedimientos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el señor Secretario. El Juez Presidente, Señor Trías Monge anunció la sentencia del Tribunal y emitió una opinión a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué. Los Jueces Asociados, Señores Torres Ri-gual, Martín y Negrón García concurren sin opinión. El Juez Asociado Señor Dávila disiente sin opinión.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

Opinión emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 81 de enero de 1977

Varios empleados de la Corporación de Renovación Ur-bana y Vivienda de Puerto Rico (CRUV) y de su antecesora, la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico, se querellaron de que no se les ha compensado su labor con arreglo ai salario mínimo y a la legislación correspondiente al pago de horas extras, el sétimo día, las vacaciones y la hora para almuerzo.

La CRUV interpuso básicamente dos defensas. Adujo en primer término que “Los servicios rendidos por los quere-llantes ... se rindieron en relación con programas de vivien-das públicas de renta baja . . . llevados a cabo mediante sub-sidios federales, cuya área ha sido cubierta íntegramente . .. por legislación federal, razón por la cual, cualquier interpre-tación contraria a la legislación federal aplicable levantaría una sustancial cuestión constitucional.” Como segunda de-fensa afirmativa planteó que “La querellada ... se dedica única y exclusivamente al desempeño de funciones puramente gubernamentales ... y no opera por tanto como negocio o em-presa privada de ninguna índole, razón por la cual la querella . . . no contiene alegaciones de hecho suficientes como para justificar ningún remedio a su favor...

Tras la celebración: de vistas para dilucidar estas defen-sas, el Tribunal Superior declaró sin lugar la segunda y señaló los casos para ventilación en su fondo. La CKUV ha acudido ante nos en petición de certiorari y sostiene que erre el Tribunal al no considerar su primera defensa afirmativa y al declarar sin lugar la segunda.

Usualmente este Tribunal no conocerá de ninguna cues-tión que no haya sido planteada o resuelta por el Tribunal c agencias administrativas de que se haya recurrido. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). Esta doctrina, unida a la circunstancia de que en el récord se carece de ciertos hechos básicos para que este Tribunal se pronuncie en definitiva sobre aspectos vitales de los dos erro-res señalados, obliga a la devolución del caso al Tribunal Superior. Para la debida identificación de las cuestiones a venti-larse y de la prueba necesaria para su examen es imprescin-dible, sin embargo, que sentemos ciertas normas, hasta el grado permitido por el récord, para guiar los procedimientos ulteriores en esta controversia.

I

El impacto de la legislación federal.

La doctrina del desplazamiento de los estados federados por el gobierno federal en determinadas zonas de legislación plantea problemas teóricos de gran interés respecto a su fuente y naturaleza. Se discierne en Estados Unidos notable confusión sobre los contornos de esta doctrina y su relación con la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, la teoría de la prohibición y otros esquemas. Borden, H. L., A Conceptual Refinement of the Doctrine of Federal Preemption, 22 J. of Pub. L. 391 (1973); Freeman, Dynamic Federalism and the Concept of Preemption, 21 De Paul L. Rev. 630 (1972); Note, Federal Preemption: Governmental Interests and the Role of the Supreme Court, 1966 Duke L.J. 484; Powell, T. R., Current Conflicts Between the Commerce Clause and State Police Power, 1922-1927, 12 Minn. L. Rev. 321 (1928). Los vínculos constitucionales dife-rentes que existen entre Estados Unidos y Puerto Rico natu-ralmente crean dificultades adicionales para el análisis de estas cuestiones. Véase: Reynal v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260, 265-266 (1974).

Es innecesario en este caso adentrarnos en el laberinto de los posibles cambios de enfoque que causen en este campo las relaciones especiales existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos. Bajo ninguna de las doctrinas discutidas puede resol-verse que la materia en controversia se rige exclusivamente por la ley federal. La ley que invoca la CRUV para sostener su contención es la Ley de la Vivienda de Estados Unidos de 1937, según enmendada, 42 U.S.C. see. 1401 et seq. No se aplica la teoría de la prohibición o carencia de poder, ya que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico posee claramente la facultad de legislar en el campo de la vivienda, así como en materia de legislación laboral. Tampoco puede invocarse la cuestión de supremacía porque no se ha alegado ni hemos hallado conflicto alguno entre la legislación federal y la puer-torriqueña. Examinemos en tercer término la aplicabilidad de la versión clásica de la doctrina del desplazamiento.

La aplicación de esta doctrina depende en esencia, siem-pre que exista poder en el Congreso para actuar y sujeto a otras salvaguardas, de su intención de reemplazar a los es-tados como único legislador en una materia específica. Florida Lime & Avocado Growers, Inc. v. Paul, 373 U.S. 132, 142 (1963); Huron Portland Cement Co. v. Detroit, 362 U.S. 440, 443 (1960). Las cortes son renuentes “a inferir a la ligera que el Congreso ha lesionado la soberanía tradicional de los estados con la mera aprobación de una ley.. ..” Allen-Bradley Local v. Board, 315 U.S. 740, 749 (1942). Usual-mente se exige prueba robusta de que tal fue la intención del Congreso, Rice v. Santa Fe Elevator Corp., 331 U.S. 218, 230 (1947), o de que dicha intención pueda razonablemente dedu-cirse del hecho de que la materia es de tal naturaleza que exige reglamentación uniforme por el Congreso federal. Amalgamated Assoc. of Street, Elec. Ry. & Motor Coach Employees of America v. Lockridge, 403 U.S. 274 (1971); Pennsylvania v. Nelson, 350 U.S. 497 (1956).

El examen del texto y del historial legislativo de la Ley de Vivienda de Estados Unidos no revela propósito alguno por parte del gobierno federal de suplantar a los estados en la construcción, operación o el financiamiento de la edifica-ción de hogares a bajo costo o de otra naturaleza o de dictar la compensación máxima que puede devengar un obrero en un proyecto local de construcción de viviendas a bajo costo. Se trata de legislación suplementaria. Se expresa en la Ex-posición de Motivos de la Ley, 42 U.S.C. see. 1401: Más adelante se requiere que todo contrato de préstamo, apor-tación o pareo entre la agencia federal y la estatal “conten-drá una disposición al efecto de que todos los obreros y mecá-nicos [empleados en el desarrollo de proyectos de vivienda a bajo costo] devengarán salarios no menores que los que pre-valezcan en la localidad, según se determine [tal hecho] pre-viamente por el Secretario del Trabajo de Estados Unidos conforme a la Ley Davis-Bacon.. . 42 U.S.C. sec. 1416(b). El estado queda libre para requerir el pago de salarios más altos.

“Se declara que es política de los Estados Unidos . . . ayudar a los estados y sus subdivisiones políticas ... a remediar ... la aguda escasez de viviendas seguras, sanitarias y decentes para las familias de ingresos bajos .... [L]as agencias locales de vivienda pública tendrán la máxima responsabilidad en la ad-ministración del programa de hogares a bajo costo ....”

El historial legislativo refuerza la interpretación ex-puesta. 1949 U.S. Code Cong. Serv. pág. 1550 y ss.; 1974 U.S. Code Cong. Serv. pág. 4273 y ss. Los tribunales que se han enfrentado a esta cuestión han rehusado sostener que la Ley de Viviendas de Estados Unidos cubre íntegramente el campo. Housing Authority of the City of Newark v. Sagner, 361 A.2d 565 (N.J. App. 1976); United States Constructors & Consultants, Inc. v. Cuyahoga Metropolitan Housing Authority, 300 N.E.2d 452 (Ohio App. 1973); cf. Commissioner of Labor and Industries v. Boston Housing Authority, 188 N.E.2d 150 (Mass. 1963).

Existe, por último, una cuarta situación en que tampoco es enteramente correcto hablar de la doctrina del desplaza-miento, pero que es la que verdaderamente nos ocupa aquí. Lo que ocurre en estos casos es que un estado se obliga al cumplimiento de ciertas condiciones en convenio celebrado con una agencia federal, a cambio usualmente de colaboración económica de ésta. En estas circunstancias no se trata del desplazamiento por el gobierno federal del poder estatal sobre determinada materia; se trata de la adopción por acción contractual del estado de determinadas normas federales. Esta cuarta doctrina tiene naturalmente sus límites. No podría utilizarse el instrumento del subsidio o la dádiva como arma contra el esquema básico de la federación u otras formas de relación con ésta, como método de absorción por el gobierno federal de facultades constitucionalmente encomendadas o re-servadas a los estados. Es imprescindible, además, que les asista poder al gobierno federal y al del estado para obligarse al contrato que se otorgue.

Del récord parcial con que contamos se desprende que se celebraron ciertos contratos de subsidio entre la agencia federal y la CRUV, y posiblemente con su antecesora. No se presentaron en evidencia copias firmadas de estos contratos, por lo que ignoramos cuántos se otorgaron, su fecha, los pro-yectos que cubren y aun sus disposiciones específicas. Tam-poco desfiló prueba sobre cuáles querellantes trabajaron en qué proyectos, en qué capacidad, por cuánto tiempo, bajo cuáles contratos, si algunos, y en qué fase del trabajo, ya que hay normas distintas que controlan diversas situaciones. El Tribunal Superior deberá recibir prueba sobre estos extre-mos y hacer las determinaciones de hecho correspondientes. Consta en autos, no obstante, un modelo de contrato en blanco cuyas disposiciones aparentemente se incluyen en por lo menos algunos de los contratos que se efectuaron. Esto nos permite, junto a disposiciones legislativas y reglamentarias federales, 42 U.S.C. sec. 1416(b), 24 C.F.R. see. 276.4, fijar ciertas guías que faciliten el trámite ulterior de estos casos.

La sección 115 de los Términos y Condiciones del referido contrato adopta esencialmente la disposición federal citada, 42 U.S.C. sec. 1416(b), respecto al pago de salarios no meno-res que los prevalecientes en la localidad. Véanse también las secciones 119 y 215 de los Términos y Condiciones. Estamos, por tanto, al menos en cuanto a buena parte de estos casos consolidados, ante un ejemplo de adopción por una agencia puertorriqueña de una ley federal. Tal acto es en esta instan-cia prima facie legítimo, ya que la CRUV goza de autoriza-ción legislativa expresa para celebrar convenios con agencias federales sobre los salarios y otras condiciones de trabajo en proyectos de hogares, 17 L.P.R.A. sec. 38(b). Lo que se hizo fue acordar la vigencia de los salarios prevalecientes, sin echar ahajo la legislación local, lo cual podría presentar pro-blemas constitucionales bajo determinadas circunstancias; el gobierno federal goza de poder para obligarse también al mismo efecto, Commissioner of Labor and Industries v. Boston Housing Authority, 188 N.E.2d 150 (Mass. 1968); y este contrato específico no ofende otros principios constitucionales básicos antes expresados.

En vista de las disposiciones citadas del formato de con-venio deberá también presentarse prueba sobre las determi-naciones específicas, si algunas, que ha hecho el Secretario del Trabajo de Estados Unidos bajo la Ley Davis-Bacon, 40 U.S.C. sec. 276a et seq., sobre los salarios prevalecientes en la localidad, conforme a cada contrato de subsidio envuelto en estos casos. Debe igualmente recibirse prueba sobre las ac-ciones, si algunas, tomadas por dicho funcionario bajo la sec-ción 119 citada de los Términos y Condiciones para resolver las disputas sobre clasificaciones o los salarios prevalecientes que puedan haber surgido. Deberá precisarse el impacto de la Proclama Presidencial Núm. 4031 de 23 de febrero de 1971, 29 C.F.R. 5.0 (b) (1976), en estos contratos.

Es de importancia en estos casos precisar, además, el sig-nificado del término “salarios” {Wages) en la legislación y reglamentación federal. La Ley Davis-Bacon provee que la frase “salarios prevalecientes” incluye, entre otros elementos, el salario mínimo, el pago básico por hora, las aportaciones a planes médicos, de desempleo y otra naturaleza, la compensa-ción por vacaciones y días de fiesta “u otros beneficios mar-ginales, pero solo cuando las leyes federales o estatales no le requieren al contratista o subcontratista proveer tales bene-ficios.” 40 U.S.C. sec. 276a(b). Véase también: 29 C.F.R. sees. 5.22-5.32. El Secretario viene obligado a realizar una determinación separada sobre el costo de tales beneficios mar-ginales. 29 C.F.R. see. 5.25. Debe recibirse prueba sobre este otro particular. Sobre horas extras debe recordarse que el modelo de contrato en evidencia contiene una disposición espe-cífica, aunque tampoco excluye la facultad de Puerto Rico de fijar tipos más altos. Véase la sec. 12(A) (18) del contrato.

De lo anterior surge que no podrá pagársele a ningún trabajador cubierto por un contrato de subsidio, en cuanto a los beneficios que tal contrato cubra, menos que lo acordado. La legislación federal no suplanta la puertorriqueña. Si el trabajador no está cubierto por la legislación federal, estos pleitos se regirán por la interpretación que se les imparta a las leyes locales. Igual ocurrirá si tal interpretación exige el pago de sumas mayores a los salarios prevalecientes. No afecta estas conclusiones el hecho de que la CRUV no venga obligada a observar cualquier porción de la legislación del país por razón de su alegada clasificación como parte del sector público, cuestión que en su día resolveremos. Nuestra Constitución dejó libre a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para autorizar a cualquier agencia, como ocurrió aquí, a obligarse contractualmente a pagar no menos de determi-nados salarios. Debe advertirse que las reclamaciones que aquí se hacen dependen básicamente de la aplicación de leyes locales o de disposiciones contractuales al efecto. No fluyen de la Constitución del Estado Libre Asociado, como en el caso del derecho a la huelga de ciertos trabajadores. De existir querellantes en estos casos no cubiertos por algún convenio interagencial, habría que discutir el impacto de la disposición constitucional de igual paga por igual trabajo. No podemos pronunciarnos sobre este extremo en ausencia de más hechos.

II

La aplicabilidad de la legislación puertorriqueña.

Es necesario igualmente contar con datos adicionales para resolver la segunda defensa de la CRUV. ¿Cuáles fueron los períodos de tiempo trabajados? Necesitamos esta información para saber cuáles son las leyes que debemos interpretar. Su lenguaje varía. Debemos también cerciorarnos de las leyes comprendidas en el mareo de los convenios realizados. Ello podría afectar el análisis de varios problemas presentados aquí, ya que algunas reclamaciones podrían fundarse exclu-sivamente en algunas leyes locales.

Debe argumentarse y resolverse en primera instancia la cuestión de si los criterios enunciados en A.A.A. v. Unión Em-pleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976), son de aplicación a estos pleitos o si cada ley en cuestión se guía por normas dis-tintas. En uno y otro caso, para que el récord nos llegue com-pleto, si es que se nos requiere revisar la sentencia que en su día recaiga, el Tribunal Superior deberá efectuar determina-ciones de hecho sobre las circunstancias que afectan la apli-cabilidad de cada criterio expuesto en A.A.A. o seleccionado por el tribunal de instancia.

Por las consideraciones expresadas, revocaría la resolu-ción del Tribunal Superior y devolvería el caso a dicho foro para la continuación de los procedimientos en modo consis-tente con los términos de este fallo.

En vista de que las querellas en estos casos se radicaron en 1968 y 1971 se recomienda su pronto señalamiento para vista total en su fondo, sin aguardar a la decisión previa de las defensas afirmativas.

       En Estados Unidos la prohibición de actuar entra en juego cuando un estado no puede legislar sobre determinada materia por razón del es-quema federal de distribución de poderes y no por causa de que el Con-greso apruebe válidamente una ley en conflicto (cuestión de supremacía) o resuelva legítimamente despojar al estado de una facultad de la cual éste de otro modo disfrutaría (la verdadera teoría del desplazamiento). Causa usual de la confusión entre estas últimas dos doctrinas es que tienen como fuente común en el caso de los estados la cláusula de supremacía.

      De haber mediado tal propósito habría que analizar la constitu-cionalidad de la legislación federal a la luz de National League of Cities v. Usery, 426 U.S. 833, 49 L.Ed.2d 245 (1976) y otras autoridades. El im-pacto de Usery en casos de esta naturaleza deberá analizarse en momento oportuno, cuando se cuente con un récord adecuado.

      No está envuelta en este aspecto de estos casos, conforme a los hechos ante nos, la disposición del Art. II, Sec. 16, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que reconoce el derecho de todo trabajador a recibir igual paga por igual trabajo, ya que los salarios mínimos que se exigen son los prevalecientes en la localidad. De haber trabajadores no cubiertos por convenios interagenciales estaría envuelta la aplicabilidad o no de la Sec. 16.

      Debe recordarse que en virtud de las enmiendas efectuadas en 1974 a la Ley Federal de Relaciones Razonables del Trabajo, el gobierno de Estados Unidos fijó salarios mínimos para los empleados del gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones. 29 C.F.R. sec. 700.2. Debe anali-zarse, a la luz de un récord más amplio, la constitucionalidad de esta reglamentación en vista de lo resuelto en Usery.