text:
    Universidad de Puerto Rico, demandante y apelada, v. Roberto Alejandro Rivera y Otros, demandados y apelantes.

      Número: O-81-599

      Resuelto: 3 de noviembre de 1981

      Hiram hozada Pérez, Alejandro Torres Rivera, Angel Raúl Pérez Muñiz y Félix J. Cristiá, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogados de los apelantes; la apelada no compareció.
   PER CURIAM:

El 20 de octubre de 1981 el Tribunal Superior, Sala de San Juan, a solicitud de la Universidad de Puerto Rico emitió un entredicho provisional contra los estudiantes universitarios Roberto Alejandro Rivera, Ramón Bosque Pérez, José Luis Rivera Quiñones, Iván Maldonado Cotto, Rafael Arroyo Mercado, Héctor Gil de Lamadrid Orlando, Carlos Molina Bernazar, José Rivera Santana, Eric Alvarez Feliciano, Luis Figueroa Martínez, Felipe Muñoz Rodríguez —además de Fulano de tal y Zutano de Tal— ordenándoles que se abstuvieran de entrar a los te-rrenos y dependencias que componen el Recinto de Río Piedras y de desobedecer y desacatar los reglamentos y normas establecidos por dicha Universidad, basándose en una moratoria a la celebración de marchas, mítines, piquetes, asambleas y otras actividades extracurriculares similares decretadas por el Rector del Recinto, Arq. Antonio Miró Montilla, con motivo de un movimiento huel-gario estudiantil contra el alza uniforme en las matrículas.

El 26 de octubre la Universidad presentó contra los demandados apelantes Moción de desacato alegando que éstos habían desafiado el entredicho provisional entrando al campus universitario. El 28 de octubre el Hon. Tribunal Superior inició la vista de desacato, la cual culminó el 29, en que los demandados comparecieron voluntariamente y admitieron que habían entrado al Recinto. El tribunal los encontró incursos en desacato y sobre la base expresa del Art. 687 del Código de Enjuiciamiento Civil sentenció a Roberto Alejandro Rivera y Ramón Bosque Pérez a no-venta (90) días de cárcel, declarando que así lo hacía “por haber violado una orden similar en 1977” y a José Rivera Santana e Iván Maldonado Cotto a treinta (30) días de cárcel.

No conformes, acudieron en alzada a este Tribunal señalando como errores falta de jurisdicción sobre sus per-sonas —por no haber sido citados personalmente, sino a través de abogado— y habérseles impuesto una pena de cárcel fija sin las garantías procesales mínimas.

La urgencia del asunto y el reclamo de los derechos invocados nos mueven a resolver prontamente el caso en virtud de nuestra Regla 50 del Reglamento.

HH

El primer señalamiento es inmeritorio. Aparte de la citación válida a través de sus abogados, los peticionarios comparecieron y se sometieron a la jurisdicción del tribunal de instancia. (Minuta, 29 de octubre de 1981.) Más aún, admitieron haber desacatado la orden dictada. Bajo estas circunstancias, no es necesario pronunciamiento adi-cional alguno.

Ahora bien, la argumentación en torno a las penas de cárcel impuestas es atendible. El tribunal de instancia los sentenció a base del Art. 687 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 3533). Mediante resolución del 2 de noviembre reiteró el ejercicio de su facultad bajo ese pre-cepto. El mismo reza:

La desobediencia a un auto de injunction, es penable como desacato, por el tribunal.
El tribunal puede dictar una orden de arresto, al quedar convencido, por declaración jurada, de la violación del injunction contra la persona que sea culpable de dicha vio-lación, y, a discreción del tribunal, puede dicha persona ser sentenciada a pagar una multa que no exceda de quinientos dólares, (500) y a hacer inmediata restitución a la persona perjudicada, y a prestar mayor fianza para obedecer al injunction, o, en defecto de ello, podrá ser encarcelada por un tiempo que no exceda de seis meses. (Énfasis suplido.)

La facultad estatutaria conferida a un tribunal para castigar la desobediencia de un auto de injunction, como desacato —cuando un tribunal opta por proceder así al amparo del transcrito Art. 687, como sucedió en el caso de autos— se circunscribe, en primer lugar, a una penalidad de multa máxima de $500, restitución inmediata a la persona perjudicada y a una fianza en caución para garantizar el fiel cumplimiento del decreto judicial. Es a falta del cumplimiento de la multa, remedio de restitución o fianza dispuestos, que entonces procede, de forma subsidiaria —“en defecto de ello” dice el precepto cuyo significado es “a falta de”— la encarcelación por un término que no excederá de seis (6) meses. La frase “en defecto de ello” del citado Art. 687, es una traducción del texto original en inglés “in default of which”. Véase la Sec. 13 de la Ley de 8 de marzo de 1906, Laws of Puerto Rico, 1906, pág. 89. Default, se define en la acepción que aquí nos concierne: “To fail in fulfilling or satisfying an engagement, claim, contract, or agreement.” The Diving Webster Encyclopedic Dictionary, 1975. Así, la imposición de cárcel por un término no mayor de seis meses a que se refiere el aludido artículo procede, como alternativa, si la persona que comete el desacato incumple alguna de las condiciones que el tribunal puede imponer, a saber “multa que no exceda de quinientos dólares, (500) y a hacer inmediata resti-tución a la persona perjudicada, y a prestar mayor fianza para obedecer al injunction”.

II

Independientemente de la facultad inherente de los tribunales para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva su jurisdicción y pronunciamientos —sea mediante el trámite tipificado como desacato criminal (Art. 235 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4431), el desacato civil o el desacato por desobedecer un auto de injunction (Art. 687 ante), en los casos apropiados y con las salvaguardas establecidas por nuestra jurisprudencia— el ilustrado juez sentenciador escogió este último curso de acción. No obstante, al así hacerlo y ordenar en primer lugar, como medida punitiva, el ingreso inmediato de los peticionarios a la cárcel, no tuvo el beneficio de una guía jurisprudencial interpretativa de ese precepto. Procede la modificación de la sentencia dictada por dicho foro a la brevedad posible. A tales efectos deberá excarcelar y requerir hoy la inmediata presencia de los peticionarios a los fines de imponerles en su discreción la multa que correspondiere, la prestación de fianza para obedecer el injunction, y demás condiciones que estimare procedentes.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La legalidad y constitucionalidad de esa orden pende de una apelación (0-81-530) en trámite ante este foro de una sentencia dictada en el caso civil núm. PE-1484 (907), Elsie González Galoffin y otros v. Arq. Antonio Miró Montilla.

       Vigente por no haber sido derogado, según se desprende de la Regla 72 de Procedimiento Civil de 1979.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Lighterage Co. y Port San Juan Towing Co., querellados, recurrente la segunda y aquí peticionaria, v. Caribe Tugboat Corporation, interventora; Autoridad de las Navieras de Puerto Rico, etc., querellantes recurridas.

      Número: O-80-399

      Resuelto: 3 de noviembre de 1981

      Saldaña & López-Baralt, abogados de los peticionarios; Cando, Cuevas & Mayo y Fernando A. Delgado, abogados de las interventoras Autoridad de Navieras de Puerto Rico y Trans-american Trailer Transport, Inc.; la interventora-recurrida Caribe Tugboat Corporation no compareció.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Transamerican Trailer Transport solicitó de la Comisión de Servicio Público que interviniera para corregir y reglamentar alegadas tarifas irrazonables y arbitrarias que cobraban la Puerto Rico Lighterage Co. y la Port San Juan Towing Company (hoy McAllister Brothers, Inc.), por servicios de remolque que estas compañías venían prestando en el área portuaria de San Juan. La Comisión decidió investigar. Los querellados atacaron la jurisdicción de la Comisión. Alegaron que la Ley de Servi-cio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1001 et seq., no autoriza la reglamentación de este tipo de actividad. En la alternativa, de reglamentarla, confligiría con la jurisdic-ción del Congreso de los Estados Unidos en áreas maríti-mas, por estar ocupado el campo {'preempted).

La Comisión sostuvo que tenía jurisdicción para regla-mentar lo concerniente a tarifas por los servicios de remolque que cobraban las compañías querelladas, por ser éstas porteadores públicos dedicados al transporte de bienes por agua.

Una de las querelladas solicitó la reconsideración de la resolución y una oportunidad de presentar prueba adi-cional. La Comisión ordenó entonces la celebración de una nueva vista. Permitió la intervención de otra compañía de remolque.

Posteriormente la Comisión declaró sin lugar la moción de reconsideración. Los querellados recurrieron al Tribunal Superior en solicitud de revisión. El Tribunal Superior denegó el recurso. Acordamos revisar.

El propósito que anima la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1001 et seq., es reglamentar los costos y servicios de empresas que el legislador ha señalado como “Compañía de servicio público”, y cuya definición “. . . incluye todo porteador público, empresa de conducción por tuberías, empresas de gas, empresa de energía eléctrica, empresa de teléfonos, empresa de telégrafos, empresa de dique para carenar, agencias de pasajes, corredor de transporte, operador de muelle, almacenista, empresa de puentes de pontazgo, empresa de fuerza nuclear, empresa de antena comunal de televisión y empresa de mudanzas que se ofrecen a prestar o prestan sus servicios u ofrecen a entregar o entregan productos, mediante paga, al público en general, o a una parte del mismo, en Puerto Rico. No incluye a personas que prestan el servicio para su uso exclusivo o de sus inquilinos”.

De acuerdo con los incisos (d) e (i) de la See. 1002 de la ley, son porteadores públicos, entre otras, aquellas empresas de transporte de bienes por agua. De ahí la Comisión concluyó, basándose en una definición de diccionario, que los barcos remolcados por las querelladas son “bienes” y, por tanto, están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la ley.

No hay controversia en cuanto a que las querelladas son las únicas dos empresas en Puerto Rico que se dedican a prestar servicio de remolcadores en la zona portuaria de San Juan. Las actividades y operaciones de ambas empre-sas, excepto las. tarifas a cobrar, están reglamentadas por varias agencias federales. Así, por ejemplo, la Guardia Costanera de Estados Unidos tiene poder de reglamen-tación en lo concerniente a la tripulación, mantenimiento, inspección, certificación y licencias de los remolcadores.

Los remolcadores de las querelladas no transportan pasajeros ni tienen espacio disponible para carga. Su fun-ción estriba primordialmente en proveer fuerza adicional o auxiliar a otras embarcaciones que, aunque poseen fuerza motriz propia, necesitan de aquélla para realizar con seguridad las maniobras de atracar y desatracar del puerto. Las peticionarias tampoco ofrecen servicio de alijo o gabarraje (lighterage). Dicho servicio consiste en trans-portar carga desde el puerto hacia un barco o viceversa por medio de lanchones sin fuerza automotriz halados por remolcadores. Procede determinar si la actividad a que se dedica la peticionaria la convierte en un porteador público.

Las actividades en que generalmente puede participar un remolque son dos: (1) halar a una embarcación sin fuerza motriz propia y (2) suplir fuerza motriz adicional a una embarcación con fuerza propia para facilitar la ges-tión de atracar y desatracar. Resulta determinante esta-blecer la diferencia entre estos dos tipos de gestiones, pues es decisiva para clasificar la actividad.

En Estados Unidos se ha reconocido tradicionalmente que la actividad de remolcar barcos no constituye trans-portación y que las empresas dedicadas a prestar servicios ordinarios de remolque no son porteadores públicos. Para que puedan ser consideradas como porteadores públicos, el servicio que presten las empresas debe ser el de remolcar carga inmóvil.

En su opinión concurrente en Bisso v. Island Waterways Corp., 349 U.S. 85, 96 (1955), el Juez Douglas aludió a esta distinción del siguiente modo:

En el caso de Sun Oil [287 U.S. 291 (1932)] el remolcador no era un porteador público o por contrato. Tan solo estaba prestando ayuda a una embarcación que se movía por sus propios medios. Aquí se trata de remolques inmóviles, donde el remolcador y solamente el remolcador tiene control, donde los remolques no tienen energía ni tripulación.
En esa situación, los remolcadores son porteadores públi-cos ... cuando realizan toda la labor.

En Stimson Lumb’r. Co. v. Kuykendall, 275 U.S. 207, 211 (1927), se sostuvo que la actividad de remolcar troncos de árboles por un río convertía a los remolcadores en por-teadores públicos, pues “[e]n todos los detalles esenciales, ese servicio es igual al de transporte de carga en una embarcación”. Cf. Cornell Steamboat Co. v. United States, 321 U.S. 634 (1944).

La segunda variante de la actividad de remolque se suscitó en Sun Oil Co. v. Dalzell Towing Co., 287 U.S. 291, 293-294 (1932), donde el Tribunal expresó:

No se demostró que el demandado tendría o que en algún momento tuviera control del buque cisterna o que acordara o se comprometiera a hacer más que proporcionar remolca-dores para ayudar al buque mientras éste utilizaba su pro-pia fuerza motriz. Su capitán, sus oficiales y su tripulación se encontraban en sus puestos de servicio, y su fuerza motriz y el mecanismo de gobierno de la nave se utilizaron para llevarla a su destino.
En lo que concierne al servicio que se ofrecería según el acuerdo, el demandado no era un porteador público o un depositario, ni se había comprometido a prestar servicio ni estaba obligado a ello. Para remolcar no se exige un depó-sito, y los servicios cubiertos por el contrato incluían menos que remolcar. (Énfasis suplido.)

En igual sentido se resolvió The M’Caldin Brothers, 213 F. 211, 212 (1914).

Más aún, Hermann, Briggs & Co. v. Western Marine & Fire Ins. Co., 13 La. 516, 523 (1839), estableció una distin-ción más tajante:

El negocio de remolcar barcos está completamente sepa-rado y es completamente distinto de todo aquello que tiene que ver con o es incidental a la navegación de los buques de vapor por el río, o del transporte de carga y pasajeros. (Énfasis suplido.)

La distinción del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Stevens v. The White City, 285 U.S. 195, 200 (1932), es sumamente persuasiva.

El remolcador no tiene control exclusivo sobre el re-molque; sólo es necesario para que el remolcador y los que están a su cargo puedan cumplir con su obligación. Ellos no tienen control como los porteadores públicos y los depo-sitarios. No tienen más autoridad sobre el capitán o sobre los tripulantes de la embarcación remolcada que la nece-saria para gobernar el movimiento de la flotilla. En todo concepto y para todos los demás propósitos, la embarcación que se remolca, su carga y tripulación permanecen bajo la autoridad de su capitán; y, en caso de apuro, a él le toca determinar lo que deberá hacerse por la seguridad de su embarcación y la carga que lleva. En casos como éste, el derecho de decidir pertenece al capitán del remolque y no al capitán del remolcador. Un contrato para remolcar solamente, no requiere ni contempla la misma transferen-cia que de ordinario se considera esencial al depósito.

No podemos interpretar la actividad de remolque de una embarcación de carga con fuerza motriz propia como una de transporte de carga. El transporte lo lleva a cabo la embarcación principal que goza de fuerza motriz pro-pia, y no el remolcador, que sólo suple la fuerza motriz auxiliar requerida para atracar o desatracar seguramente del muelle. Ciertamente hay una diferencia entre una embarcación que remolca de un destino a otro una barcaza cargada y una embarcación capitaneada por un experto (práctico) que ayuda a atracar o desatracar un buque luego de realizar la travesía.

Una lectura de la ley demuestra que la Asamblea Legislativa no se pronunció a favor de incluir la gestión de remolque que plantea este caso como una actividad de servicio público sujeto a la jurisdicción de la Comisión; tanto ésta como la Rama Judicial están en la obligación de seguir ese dictamen. Ni la Comisión ni los tribunales pueden añadir tipos de empresa a las que define la Asamblea Legislativa como de servicio público. State v. Carolina Telepone and Telegraph Co., 148 S.E.2d 100, 109 (N.C. 1966). La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico no puede asumir jurisdicción sobre clase alguna de actividad que no esté claramente autorizada por ley para ello. En el presente caso la Comisión ha asumido jurisdic-ción sobre las tarifas que cobran las empresas de remolque en el puerto de San Juan, sin estar claramente autorizada para ello.

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibieron. El Juez Asocia-do Señor Díaz Cruz disintió en opinión separada.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

A solicitud de Transamerican Trailer Transport en que se querella de las tarifas irrazonables y arbitrarias de dos compañías que controlan el servicio de remolque en el Puerto de San Juan, la Comisión de Servicio Público abrió una investigación. Las querelladas Port San Juan Towing Co. y Caribe Tugboat Corp. impugnaron la jurisdicción de la Comisión sobre la base de no hallarse la actividad de remolque comprendida entre los porteadores públicos suje-tos a reglamentación en la Ley de Servicio Público de Puerto Rico. 27 L.P.R.A. sec. 1001 y ss. La Comisión desestimó dicha moción declinatoria y por resolución de 25 junio, 1976 ordenó a Port San Juan Towing que cumpla los requisitos para obtener autorización para operar el servicio de remolcadores y dispuso que una vez recibida la información, y de ser necesario, iniciaría un procedimiento para fijación de tarifas. Denegada la reconsideración, Port San Juan Towing acudió en revisión a la Sala de San Juan del Tribunal Superior que en 9 junio, 1980 dictó sentencia en la que resuelve que la legislación federal de cabotaje (Shipping Act de 1916 — 46 U.S.C.A. 801 párrafo 2 y ss.) no ocupa el campo ni desplaza la legislación de Puerto Rico según A.P.St. Phillip, Inc. v. Atlantic Land & Improvement Co., 13 Federal Maritime Com. Reports 166 (1969); y que la Comisión tiene jurisdicción. Al recurso de San Juan Towing Co. expedimos certiorari el 9 octubre, 1980 y ahora resolvemos.

La peticionaria describe el servicio de remolque me-diante paga y al público en general que tanto ella como la Caribe Tugboat ofrecen con exclusividad en el Puerto de San Juan, como operación consistente en suplir fuerza motriz adicional a un barco para guiarlo y asistirlo a llevar a cabo con seguridad las maniobras de atraque y desatraque en los muelles del puerto. Según la termino-logía explicada en la Parte III de nuestra Ley de Servicio Público, 27 L.P.R.A. see. 1002, la pre-descrita actividad constituye transportación, y quien la realiza es un “por-teador público” cuya figura incluye una empresa de trans-porte por agua (sec. 1002(d)(5)) y de ésta dice en el inciso (i) que incluye “toda persona que en su carácter de portea-dor público fuere dueña, controlare, explotare o adminis-trare cualquier clase de embarcación que se utilice para el transporte de pasajeros o bienes por agua entre puntos en Puerto Rico” (énfasis suplido); definiéndose finalmente en el inciso (o) la actividad “transporte de bienes” como “todo servicio relacionado con el transporte de bienes o carga, incluyendo su . . . desvío, conducción. . .”. Esta termino-logía coincide con la Parte III de la Ley de Comercio Inter-estatal que en Cornell Steamboat Co. v. United States, 321 U.S. 634, 636 (1944), fue interpretada como aplicable a un servicio de remolcadores mediante paga dentro de y alrededor del Puerto de New York.

En su Art. 14 (27 L.P.R.A. sec. 1101) declara la Ley de Servicio Público de Puerto Rico que “[e]n el ejercicio de sus facultades de reglamentación la Comisión velará por el interés público, de manera que bajo tarifas justas y razo-nables se presten servicios públicos seguros, cómodos y eficientes. . .”. En 1974 dicho Art. 14 fue ampliado para extender los poderes y facultades de la Comisión a toda persona o entidad cuyas actuaciones afecten o puedan afectar la prestación de algún servicio público; a toda persona o entidad que lleve a cabo cualquier actividad para la cual sea necesaria obtener una autorización o endoso de la Comisión; y también a aquellas cuyas actuaciones u omisio-nes resulten en perjuicio de las actividades, recursos o interés en relación con los cuales la Comisión tiene poderes de reglamentación, supervisión o vigilancia. Los poderes y facultades de la Comisión de Servicio Público como órgano del Gobierno de Puerto Rico, en materia de puertos, deri-van de los estatutos fundamentales del E.L.A.: el Art. 7 de la Ley de Relaciones Federales declara que todas las ori-llas de los puertos, muelles, y embarcaderos quedan bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para ser adminis-trados a beneficio del Pueblo de Puerto Rico; y el siguiente Art. 8 ordena que “La superficie de los puertos y los cur-sos y extensiones de aguas navegables y los terrenos sumergidos bajo ellos dentro y alrededor de la Isla de Puerto Rico y de las islas y aguas adyacentes que ahora pertenecen a los Estados Unidos y no han sido reservados por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la presente colocados bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico”. Correlativamente dispone el Art. VI Sec. 13 de nuestra Constitución de 1952: “[Franquicias, derechos, privilegios y concesiones] El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y concesiones de carácter público o cuasi público será determinado por ley, pero toda concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el Gobernador o por el funcionario ejecutivo en quien él delegue. Toda franquicia, derecho, privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o revocación según se determine por ley.”

Consistente con esta básica encomienda de adminis-tración de puertos, tanto en la superficie como en los te-rrenos sumergidos bajo ellos; y de muelles y embarcade-ros, para beneficio del Pueblo de Puerto Rico se aprobó por la Asamblea Legislativa la Ley de Servicio Público de Puerto Rico (Núm. 109 de 28 junio, 1962, enmendada —27 L.P.R.A. sec. 1001 y ss.), que en su Art. 73 instruyó: “Las disposiciones de esta ley deben ser interpretadas en el sen-tido de permitir a la Comisión el uso amplio de sus poderes mediante la formulación de normas que puedan enfrentarse a condiciones cambiantes y hacer mejor uso de la experiencia adquirida siempre que ello sea en beneficio del interés público.”

Aquí tenemos a dos compañías que monopolizan el ser-vicio de remolcadores en el Puerto de San Juan, dictan las tarifas e imponen ellas solas todas las condiciones econó-micas de la operación, en grave perjuicio del Pueblo, tra-tando de imponer su derecho de propiedad contra todo interés público y en abierta contravención de las citadas disposiciones del Congreso de los Estados Unidos, de la Constitución de Puerto Rico y de nuestra Asamblea Legis-lativa. Como se dijo en Cornell, ante, de dispensar el método particular de transporte de Port San Juan Towing y Caribe Tugboat de toda reglamentación, en un país donde existe una política pública definida y un plan general para la regulación de porteadores, se frustraría el propósito tanto del Congreso como de la Asamblea Legisla-tiva, resultando en una excepción anómala. Cornell, supra, pág. 637.

Frente a principios tan preciados, y con un texto tan claro en nuestro estatuto, no parece que haya necesidad de interpretación mediante recurso a otras fuentes ajenas a su propio lenguaje. Aparte de ostentar las características de empresa de transporte de bienes por agua señaladas en el Art. 2 (27 L.P.R.A. see. 1002), estas compañías de remolcadores son en esencia, y por la naturaleza de su empresa, un porteador público desde el momento en que se presentan como dedicadas a un negocio de transportación de propiedad ajena, mediante paga, ofreciendo sus servi-cios al público en general. Stimson Lumb’r Co. v. Kuykendall, 257 U.S. 207 (1927). “[S]i un barco de carga que des-pega del mismo muelle transportando mercancía mediante paga según tarifa, a determinados puertos de ruta, es un porteador público, no vemos razón para que un remolca-dor, que despega del mismo muelle, que lleva en remolque toda clase de propiedad por paga estipulada en tarifa . . . dentro una zona determinada, no sea también un portea-dor público. . . .” State v. Kuykendall, 243 P. 834, 838 (1926).

La distinción que propone la recurrente entre remolque de carga inmóvil, sin fuerza motriz propia; y el remolca-dor que auxilia con fuerza motriz adicional una embar-cación que la tiene propia, para facilitar las operaciones de atraco y despegue, carece de validez en Puerto Rico en vista de que nuestro estatuto no incorpora esos elementos de peso muerto y nave con movilidad propia. Por el con-trario, su terminología es específica en cuanto a incluir en su reglamentación cualquier clase de embarcación que se utilice para el transporte de bienes por agua, comprendido en el concepto “transporte de bienes” todo servicio de desvío y conducción, que es precisamente la función del remolcador: desvía y conduce el barco por los accesos más seguros hacia y desde el muelle. (27 L.P.R.A. sec. 1002(j) y (p)). Reiteramos que es nuestro estatuto lo que este Tribunal ha de interpretar. Con incuestionable poder para reglamentar el negocio de la recurrente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha dado su propia definición de las actividades de Port San Juan Towing y Caribe Tugboat, en lenguaje que literalmente las incluye. A esa ope-ración así definida hemos de atenernos, sin que vengan al caso elementos o circunstancias descriptivas que el legis-lador dejó fuera de su definición. Cornell, supra, pág. 637. Por la misma razón hay que rechazar el argumento de que el remolcador no es porteador porque la tripulación man-tiene el control del barco; no vemos diferencia entre des-viar y conducir un barco con o sin el mando de su capitán. Aunque éste retenga el mando, siempre necesitará el remolcador para maniobrar en el puerto. La opinión con-currente en Bisso v. Inland Waterways Corp. 349 U.S. 85, 96 (1955), y la del Tribunal en Sun Oil Co. v. Dalzell Towing Co., 287 U.S. 291 (1932), en que descansa la opinión de mayoría, no tienen como razón de decidir la naturaleza del remolcador como porteador; son casos de daños y perjui-cios en que se fija la responsabilidad entre el remolcador y el remolque.

Esta actividad de remolque en el Puerto de San Juan no está reglamentada por el Gobierno Federal en cuanto a tarifas. Mas aun cuando las tarifas de Puerto Rico tengan algún impacto en el comercio interestatal, queda a salvo la facultad para imponerlas siempre que no sean confiscato-rias, discriminatorias o irrazonables en detrimento de dicho tráfico. South P.R. Sugar Corp. v. Com. Servicio Pub., 93 D.P.R. 12, 16-17 (1966); Cities Service Co. v. Peerless Oil Gas Co., 340 U.S. 179 (1950).

Con estos antecedentes y fundamentos, anularía el auto expedido y devolvería el caso a la Comisión para continua-ción de procedimientos compatibles.

       El uso de servicio de remolques en el puerto de San Juan es obligatorio para ciertas embarcaciones, conforme a 23 R.&.R.P.R. see. 336-201, que ordena lo siguiente:
      “Todo operador de cualquier barco de carga o pasajeros de 8,000 toneladas o más de desplazamiento deberá hacer uso de remolcadores para las maniobras de atraque o desatraque de dicho barco dentro del Puerto de San Juan. Las disposi-ciones de esta sección no aplicarán a barcos equipados con hélices laterales o a proa (bow or side-thrusters).”

      La Comisión en su resolución y orden de 25 de junio de 1976 se limitó en términos generales a ordenar a los querellados radicar las tarifas que cobran y las normas que pactan a seguir con los usuarios de estos servicios de remolque. La Comisión se reservó para un futuro el fijar las tarifas a cobrar.

      Transportation Act (49 U.S.C.A., see. 902). En la parte que destaca la si-milaridad entre estatutos, dice el Tribunal Supremo de E.E. U.U.:

        “First. Cornell argues that its towboats are not ‘water carriers’ within the meaning of Part III of the Act. Looking at Part III, we find that, read together, §§ 302(c), (d) and (e) define a ‘water carrier’ as any person who engages in the ‘transportation by water . . . of . . . property ... for compensation.’ Section 302(h) defines ‘transportation’ as including ‘all services in or in connection with transportation,’ as well as ‘the use of any transportation facility’. Any ‘vessel,’ which means any ‘watercraft,’ § 302(f), is such a facility. § 302(g). Congress has thus carefully and explicitly set out the conditions which in combination describe the kinds of carriers it intended to subject to regulation. Cornell’s tugboats fall squarely within the description.”

      Ley Núm. 104 de 27 junio, 1974 pág. 371.

       Las cortes sí están prestas a sostener los derechos de propiedad privada, pero jamás al precio de abandonar la protección del público en general del uso de la propiedad privada, cuantas veces parezca afectar el interés público. State v. Kuykendall, 243 P. 834 (1926).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    La Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, demandante y peticionaria, v. Ramón Torres Pérez e Inés Cubano Reyes, Etc., demandados y recurridos.

      Número: O-81-285

      Resuelto: 3 de noviembre de 1981

      Martínez Alvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menén-dez Cortada & Lefranc Romero, y José Ramón Quiñones Coll, abogados de la peticionaria; Antonio Pérez Bayón, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación recurrente presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, demanda titulada como “Eje-cución de Hipoteca por la Vía Ordinaria” que termina solicitando la venta en pública subasta de un solar en Barceloneta perteneciente a los deudores recurridos y gra-vado con la hipoteca que se ejecuta para satisfacer el balance impagado de principal de $4,570.17, intereses y créditos accesorios. A solicitud de los demandados que caracterizó el pleito como uno en cobro de dinero en que la cuantía en controversia no excede de diez mil dólares, 4 L.P.R.A. see. 181(2), la juez de instancia trasladó el caso al Tribunal de Distrito, Sala de Arecibo.

Al recurso de la demandante, el 11 de junio, 1981 dic-tamos la siguiente resolución:

Considerando que la acción ejercitada por la acreedora C R U V es la especial en cobro o ejecución de su crédito hipotecario por la vía ordinaria, dirigida tan solo contra el inmueble gravado con la hipoteca, y no la acción civil ordi-naria en cobro de dinero; vistos los arts. 201 y 202 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sees. 2701 y 2702) y nuestras decisiones en Vda. de Carlo v. Toro, 99 D.P.R. 200 (1970); Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94 (1938), y Brunet v. Sucn. Nin, 57 D.P.R. 804 (1940); los demandados recurridos tendrán de término hasta el 10 julio, 1981 para mostrar causa por la que no deba anularse el traslado decretado del Tribunal Superior al de Distrito, de la Sala de Arecibo.

El escrito contestación de la parte recurrida nos con-vence de que toda esta controversia sobre competencia de sala tiene su origen en la inadvertencia por los promo-ventes del traslado y en consecuencia por el Tribunal, de la enmienda introducida al Art. 201 de la Ley Hipotecaria por Ley Núm. 143 de 14 junio, 1980 que más adelante analizamos.

Nuestro Derecho inmobiliario provee tres medios para la realización del crédito hipotecario: el ejecutivo sumario, la acción civil hipotecaria y la acción civil ordinaria en cobro de dinero. La acción ejercitada en este caso es la de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, que es de naturaleza mixta real y personal, como tal clasificada en Vda. de Carlo v. Toro, 99 D.P.R. 200, 217 (1970), pues así lo determina la solicitud de remedio en la demanda que no es otro que la venta en pública subasta del inmue-ble gravado. Brunet v. Sucn. Nin, 57 D.P.R. 804, 809 (1940). Se dirige tan solo contra el inmueble afecto a la hipoteca y está, por tanto, regulada por el Art. 201 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2071, cuyas disposiciones aplicables al procedimiento sumario así como al de vía ordinaria, en lo pertinente ordenan:

Vencido en todo o en parte, un crédito hipotecario, o sus intereses, el procedimiento para su ejecución y cobro, en cuanto se dirija tan sólo contra los bienes gravados con la hipoteca, se ajustará a las disposiciones de esta ley.
También podrá utilizar el acreedor hipotecario, a su elec-ción, la vía judicial ordinaria para el cobro de su crédito, en cuyo caso serán aplicables únicamente los siguientes artícu-los: 202. ...

En la Ley Hipotecaria original de 1979 el segundo párrafo transcrito se limitaba al siguiente texto:

También podrá utilizar el acreedor hipotecario, a su elec-ción la vía judicial ordinaria para el cobro de su crédito.

Mas por Ley Núm. 143 de 14 junio, 1980 se le añadió la cláusula “en cuyo caso serán aplicables únicamente los siguientes artículos: 202 . . .” (supra). Este Art. 202 (30 L.P.R.A. see. 2702) trata exclusivamente de jurisdicción y en forma taxativa declara:

Tendrá jurisdicción y competencia exclusiva para conocer del procedimiento sumario hipotecario, cualquiera que sea la cuantía de la obligación, la Sala del Tribunal Superior en cuya circunscripción territorial radiquen todos los bienes hipotecados, sin que se admita, en forma alguna, sumisión en contrario.

El efecto de esta enmienda fue remitir la acción civil hipotecaria a la competencia exclusiva del Tribunal Superior, y a tal extremo mantener los criterios históricos de legislación anterior que admitía la cuantía como índice determinante de jurisdicción (entonces) entre el Tribunal de Distrito y el Municipal únicamente en la acción civil en cobro de dinero, y excluía la competencia de las Cortes Municipales, cuya jurisdicción no es general, sino limitada, para conocer de asuntos regulados por la Ley Hipotecaria. Valdivieso v. Rivera, 19 D.P.R. 702, 707 (1913); Cruz v. Sucesión de Gregorio Kuinlan, 29 D.P.R. 877, 879 (1921); Muriente v. Yumet, 58 D.P.R. 617, 621 y ss. (1941); Nazario v. Muñiz, 54 D.P.R. 51, 54 (1939).

A tenor de la vigente Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, el Tribunal Superior es foro de competencia exclusiva para conocer, tanto del procedi-miento sumario hipotecario como de la acción civil ordina-ria sobre ejecución de hipoteca.

Con estos antecedentes y fundamentos se expedirá el auto de certiorari, la resolución de traslado recurrida será anulada, y el caso remitido al Tribunal Superior para con-tinuación de procedimientos compatibles.

      A esta acción se le llamó acción real hipotecaria en Brunet v. Sucn. Nin, 57 D.P.R. 804 (1940), y acción quasi in rem en Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94, 100 (1938).

       Procedimiento ejecutivo ordinario lo llama Roca Sastre. Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. II, pág. 1047.

      Hoy Superior y de Distrito. 4 L.P.R.A. sees. 121 y 181 (Ley de la Judica-tura de 1952). Respecto al término “jurisdicción” que el legislador utiliza en el Art. 202 de la Ley Hipotecaria, recordamos que a partir de la Ley de la Judica-tura este vocablo usado con especialidad, no tiene otro significado que el de com-petencia, toda vez que la más importante orientación procesal de dicho estatuto orgánico fue eliminar las distinciones jurisdiccionales mediante la unificación del sistema judicial. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140, 145-146 (1961).


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Ovidio Lozada Torres, demandante y peticionario, v. Agustín Collazo, demandado y recurrido.

      Número: O-80-717

      Resuelto: 6 de noviembre de 1981

      Alberto O. Lozada Colón, abogado del peticionario; Nelson Bassatt Álvarez, abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Para febrero de 1973 el demandante recurrente le alquiló al recurrido una máquina para lanzar relleno. Según los autos, se convino el alquiler por nueve días. El demandante describió así el total a pagarse por tal tér-mino: “Acordamos a razón de $175.00 diarios por día de trabajo más la transportación de la máquina que fueron $75.00 por la ida y $75.00 por el regreso, en total se con-trató por $1750.00.”

El 9 de febrero de 1979 el recurrente demandó por la referida cantidad al recurrido, quien interpuso la defensa de prescripción. Tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal Superior sostuvieron la defensa. Acordamos revisar.

Los hechos descritos plantean importantes cuestiones de derecho, algunas de naturaleza novel en esta jurisdic-ción. La transacción ocurrida, ¿se rige por el Código de Comercio o por el Código Civil? De regir el Código Civil, ¿cuál es el plazo prescriptivo aplicable? ¿El quinquenal? ¿El de quince años? ¿Se extiende el plazo quinquenal a los arrendamientos de bienes muebles? ¿A qué propósitos obedece el establecimiento del plazo quinquenal? ¿Qué papel juega la periodicidad de los pagos en la determina-ción del plazo prescriptivo? ¿Existen figuras superfi-cialmente análogas a la actual las cuales sea prudente distinguir para que no se entienda que las normas que aquí se sienten las gobiernan de por fuerza?

1. El código aplicable

El Código de Comercio español, según enmendado indirectamente por la Ley de Arrendamientos urbanos, protege especialmente el arrendamiento de locales de negocio. El arrendamiento del negocio en sí, no obstante, queda fuera del ámbito del Código de Comercio y está sometido al régimen del Código Civil. Igual ocurre, en España y Puerto Rico, con el arrendamiento común de bienes. El Código de Comercio no regula arrendamientos como el presente. R. Uría, Derecho Mercantil, lima ed., Madrid, 1976, págs 40, 71; J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, Vol. 3, pág. 85; Blanch v. Sucn. Del Moral, 57 D.P.R. 23, 27 (1940). Nuestra Ley de Arrendamiento de Propiedad Mueble, Ley Núm. 20 de 8 de mayo de 1973 (10 L.P.R.A. see. 996 y ss), tampoco dispone un plazo especial de prescripción. Hay que acudir, por tanto, al Código Civil.

2. Naturaleza de la prescripción extintiva de cinco años.

El Art. 1866 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5296, dispone:

Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1. La de pagar pensiones alimenticias.
2. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.
3. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.

En estas disposiciones se funda la sentencia recurrida. El recurrente sostiene que la acción en este caso no prescribe hasta los quince años.

El recurrente argumenta que el artículo citado se aplica únicamente al arriendo de bienes inmuebles. La doctrina actual rechaza esta posición. En L. Diez Picazo, La Prescripción en el Código civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, págs. 185-186 se expresa, por ejemplo:

El número segundo del artículo 1.966 [idéntico al 1866 nuestro] alude expresamente a los arrendamientos de fincas rústicas y de fincas urbanas. ¿Quiere ello decir que los demás arrendamientos quedan fuera del ámbito del pre-cepto? Parece claro que no. La regla se aplica a los arren-damientos cualquiera que sea su objeto. Por lo tanto, lo mismo a los arrendamientos de bienes inmuebles que a los arrendamientos de muebles.

Véanse: L. Diez Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1976, Vol. I, pág. 444; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, Vol. IV, pág. 56. El principio en que se funda esta norma es el de la analogía. ¿Qué razón justi-ficaría, por ejemplo, utilizar el plazo quinquenal para el arrendamiento de una vivienda y el de quince años para el alquiler separado de unos muebles para esa misma vivienda? Puig Peña, loe. cit. Al no fijarse el término pres-criptivo, hemos expresado, debe emplearse el más análogo. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981).

Los antecedentes de la prescripción quinquenal, tal como ésta se introdujo en el Código Civil español y en el nuestro se encuentran en una antigua ordenanza francesa de 1510 sobre la constitución de renta, que era el préstamo a interés de entonces. Las razones que la motivaron reve-lan el propósito de este género de prescripción extintiva, factor que es imprescindible precisar para su recta inter-pretación. Casado Pallarés nos dice sobre esta ordenanza:

Esta ordenanza hacía constar que a causa de estos contra-tos de constitución de renta, muchos son reducidos a la pobreza y la ruina por los grandes atrasos que los compra-dores dejan correr sobre ellos, que ascienden a menudo a más que el capital, para el pago de los cuales necesitan vender y distraer todos sus bienes, cayendo ellos y sus hijos en la mendicidad y en la miseria. . . . J. M. Casado Pallarés, La Prescripción de los Intereses, 6 Rev. Crít. Der. Inmob. 458, 461 (1930).

Esta preocupación, extendida a otras circunstancias, llevó a la versión del plazo quinquenal en el código napoleó-nico. Casado Pallarés, op. cit, págs. 461-464. En la propia España, con gran anterioridad al Código Civil, se expresó igual deseo de proteger a los deudores contra los acree-dores que dejasen acumular sus créditos. Véase: Ley 10, Tit. IV, lib. III, de la Novísima Recopilación. El mismo propósito animó la redacción del Art. 1971 del proyecto de Código Civil de García Goyena, el cual anticipa la versión que había de aprobarse en España décadas más tarde. F. García Goyena, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, reimpresión de la edición de 1852, Zaragoza, Ed. Cometa, S.A., 1974, pág. 1013.

Otras autoridades han añadido fundamentos a la res-ponsabilidad quinquenal. Scaevola comenta:

Se preocupa el legislador por estimular la actividad de los acreedores a que este artículo se refiere, cuando se trata de créditos que tienen plazos específicos para su reclamación, amenazándoles con la prescripción de las correspondientes acciones si éstas dejan de ejercitarse dentro de los cinco años que se señalan....
El fundamento de esta especialidad del plazo, general-mente más breve que el concedido a las restantes acciones personales, es visto por Bonel, quien dice que hay que evitar que por la antigüedad de estas obligaciones se haga difícil probar que se cumplieron ya que, por su constancia casi perenne, ni se guardan resguardos, ni es fácil que se dejen pasar los términos cortos y precisos en que han de abonarse, sin su justa reclamación. . . . Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. 32, Vol. II, pág. 833.

En Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975), afirmamos, con referencia específica a los arriendos de viviendas, que “Las acciones prescriben porque no se debe dejar a las personas expuestas por toda la vida, o por largo tiempo, a ser demandadas cuando ya creen que ha sido aceptada o curada la situación que podía dar lugar a un litigio. Pasado largo tiempo generalmente han encauzado su vida y sus asuntos sin tener en mente y sin preveer [sic] la catástrofe que un pleito significa”. Tanto Agulló, págs. 249-250, como Scaevola, loe. cit., recalcan también la importancia del propósito de evitar el empobrecimiento de los deudores. Véanse: P. Engel, Traité des Obligations en Droit Suisse, Neuchatel, 1973, pág. 253; Encyclopédie Da-lloz, Prescription Civile, suplemento de 1981, par. 342.

3. El problema de la periodicidad

La periodicidad de los pagos parece ser un denomina-dor común de las acciones sujetas al plazo quinquenal. Ello ha llevado a algunos autores a exigirla indiscrimina-damente como condición imprescindible para aplicar el plazo quinquenal en vez del de quince años. L. Diez Picazo y A. Gullón, op. cit., pág. 444. Tal norma es generalmente aceptable cuando no choca con los objetivos de la acción quinquenal, mas no debe aplicarse mecánicamente, sin relación con los objetivos de este género de prescripción extintiva. En los arrendamientos se pacta usualmente el pago del precio por fracciones periódicas, pero también es habitual hacerlo al final del término, particularmente cuando éste es corto. J. L. Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 91. Cuando se alquila un automóvil por un plazo fijo de tres días, a tanto por día, pagadero el total de la suma al final del arriendo, ¿puede en justicia al historial reseñado decre-tarse que la acción para el cobro de la deuda no prescribe hasta los quince años porque no se pactó el pago diario? ¿Acaso no es típico, o al menos común, cuando se arrienda un bien mueble por un término corto, proveer para el pago al final o parte al final y parte al comienzo, sin exigir pagos periódicos que son inconvenientes a menudo, cuando no imposibles, cuando se trata de una máquina y un deu-dor que van a estar lejos del acreedor?

En el caso de autos hay base de todos modos en el récord para interpretar que el arriendo se convino por una cantidad diaria, pagadera al final. Tal fue la conclusión del Tribunal de Distrito. El Tribunal Superior determinó que la máquina se arrendó por nueve días, pero sobre la base de una cantidad por día de uso, más el transporte. Aun en este último caso, los propósitos que inspiran la prescripción quinquenal nos impiden establecer en este pleito una distinción entre tales dos conclusiones. Se soca-van los objetivos de la prescripción quinquenal si esta-blecemos que ésta solo puede invocarse, en el caso de arriendos breves de bienes muebles, cuando se exijan pagos periódicos. Haríamos depender la prescripción en tal caso de la fórmula puramente verbal que se utilice.

Resolvemos en consecuencia que la prescripción extintiva de cinco años se extiende al arrendamiento de bienes muebles y que puede invocarse, al menos en el caso de arriendos por términos breves, aunque no medie la condición de pagos periódicos.

Debemos apuntar, por último, que las normas aquí expuestas se refieren estrictamente al tipo de contrato que nos ocupa, en las situaciones en que aquellas se producen. No nos estamos pronunciando sobre figuras afines al arrendamiento pero distintas a él, tales como el contrato de leasing, palabra intraducibie, en que se arrienda un bien con opción de compra, devolución o continuado arrenda-miento bajo otras bases al final. Veánse: J. M. Martínez Val, Derecho Mercantil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, pág. 554 y ss.; Santos Briz, Reflexiones en Torno al Leasing, Rev. Der. Mercantil 533 (1970).

Se confirmará la sentencia recurrida.


author: PER CURIAM:

text:
    The Chase Manhattan Bank, N.A., peticionario, v. Miguel Emmanuelli Bauzá y Otros, recurridos.

      Número: O-81-348

      Resuelto: 10 de noviembre de 1981

      Leopoldo J. Cabassa Saurí y Julio M. Rodríguez, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados del peticionario; Angel M. Villamil Rodríguez, Wilfredo López Irizarry, Elba Luisa Rico, Lourdes López Sobá y Héctor Febo Serrano, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

La Urbanizadora Romi, Inc. (en adelante “la urbanizadora” o “Romi”) construyó el proyecto Sagrado Corazón en Ponce. La Trust Mortgage Corporation (“Trust Mortgage”) financió la obra. Bajo un contrato complemen-tario, Trust Mortgage le proveyó a la urbanizadora, en calidad de préstamo, para completar el proyecto y efec-tuar ciertas reparaciones, la suma adicional de $1,030,000 con la garantía prendataria de un pagaré hipotecario por tal suma. La hipoteca otorgada al efecto grava treinta y dos solares de la referida urbanización.

Para facilitar esta transacción, Trust Mortgage le tomó prestado al Chase Manhattan Bank, N.A., (“el Chase” o “la financiera interina”) la misma cantidad, bajo un contrato denominado “Loan and Pledge Agreement” (“el contrato de financiamiento parcial interino”). En virtud de este contrato Trust Mortgage transfirió al Chase, en garantía del préstamo y en calidad de prenda, el mencionado pagaré hipotecario por $1,030,000.

La urbanizadora y Trust Mortgage contrataron con Manuel Fidalgo y Asociados (“Fidalgo”) para que efec-tuase las reparaciones necesarias en las viviendas y las vendiese.

Diversos compradores de las casas instaron querellas, respectivamente, el 29 de julio de 1976, el 12, 14, 17 y 19 de enero de 1977 y el 4 de abril de 1977 contra Romi y Fidalgo. El 13 de septiembre de 1977 se añadió al Chase como co-querellado. El 9 de noviembre de 1979, el Depar-tamento de Asuntos del Consumidor (“DACO”) les ordenó a Romi, Trust Mortgage y al Chase, así como a otros ban-cos que habían participado en el financiamiento del proyecto, que procediesen a reparar los vicios ocultos sur-gidos. DACO desestimó las querellas contra Fidalgo. Con-firmada la orden de DACO por el Tribunal Superior, acordamos revisar a solicitud del Chase, quien pide la revocación de la orden en lo que a él respecta.

Tiene plena razón el peticionario. En las propias determinaciones de hecho en que se fundó la orden administrativa se reconoce que el Chase sólo intervino en el financiamiento interino de la obra. No hay prueba en autos de que haya promovido, participado en la construcción o en la venta de las casas. No se nos ha citado, ni hemos podido hallar, sentencia o comentario alguno en que se extienda la responsabilidad decenal, la cuantiminosa o la redhibitoria al caso de una entidad financiera que se haya ceñido a su función usual.

DACO sostiene, no obstante, que el Chase es un “urba-nizador” bajo las disposiciones del Art. 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1976 (17 L.P.R.A. see. 502). El apar-tado (d) de este artículo dispone, en parte, que:

“Urbanizador o constructor” significará toda persona que se dedique al negocio de la construcción en calidad de empresario o principal responsable de la promoción, diseño, venta, construcción de obras de urbanización para vivienda, o de la construcción en grande escala de viviendas, bien del tipo individual o multipisos.

Esta disposición es inaplicable al Chase bajo la actual situación de hechos. No hay constancia en el expediente de que este banco se dedique al negocio de la construcción o, como hemos dicho antes, que haya rebasado en este caso las funciones normales de una financiera interina. En United Fed. Savings & Loan Assoc. v. D.A.C.O., 111 D.P.R. 424 (1981), nos enfrentamos a una contención de DACO parecida a la planteada en el caso presente, con el agravante de que la entidad financiera vendió las propiedades concernidas. Tales propiedades fueron adquiridas por United Federal al verse obligada a ejecutar una hipoteca. Resolvimos que United Federal no era una urbanizadora o constructora bajo los términos de la Ley Núm. 130 citada. United Fed. Savings no permite la utilización del Art. 2(d) de la Ley Núm. 130 para imputarle responsabilidad a la financiera en este caso.

DACO alega que el Chase actuó en conjunto con Trust Mortgage y los otros dos bancos querellados para vender los inmuebles concernidos mediante “el artificio corpora-tivo de la Urbanizadora Romi, Inc. y José M. Fidalgo— José M. Fidalgo & Associates”. Argumenta que Chase montó un “tinglado financiero” para evadir su responsabi-lidad bajo la Ley Núm. 130. No existe prueba en los autos que sostenga estas aseveraciones y determinaciones.

La “prueba” en que se apoya DACO deriva de una interpretación equivocada de los documentos que constan en autos. DACO apunta, por ejemplo, al hecho, que estima muy significativo, de que al Chase se le “asignaron” cier-tas casas. De los documentos se desprende que tal asig-nación respondió a la simple necesidad de constituir la garantía hipotecaria requerida. No hay nada en autos que indique lo contrario. Se le imputa al Chase adelantar dinero para las reparaciones vía Trust Mortgage. Se acusa también el banco de prohibirle a Trust Mortgage declarar dividendos, adquirir, comprar o redimir acciones de capital, vender sus activos, disolverse y efectuar ciertos otros actos. No hay prueba alguna de que estos actos se desvíen de las transacciones típicas de este género de financia-miento. Se alega que la financiera interina se iba a “lucrar totalmente”, “a percibir todos los beneficios” de la venta de las casas que le fueron “asignadas”. No surge de autos que la entidad financiera fuese a recibir más fondos que los correspondientes al préstamo que efectuó. De todo lo anterior, así como de otras “pruebas” igualmente endebles, se concluye que el Chase controlaba a Romi y a Trust Mortgage. Estas determinaciones y alegaciones de DACO no están sostenidas por la prueba.

La Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. see. 341 y ss.) dispone en su Art. 341p(e) que:

El Tribunal revisará las resoluciones u órdenes del Secre-tario con base al récord administrativo sometídole y sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; las determinaciones de hecho del Secretario serán concluyentes para el Tribunal si estuvieren sostenidas por evidencia sustancial.

Las disposiciones de la Ley Núm. 130 sobre el alcance de la revisión judicial son comparables. 17 L.P.R.A. see. 513.

Al examinar determinaciones administrativas a la luz del criterio citado este Tribunal no ha vacilado en descartarlas cuando carecen de base sustancial en el récord. Sucn. A. Bernat v. Peñagarícano, Admor., 84 D.P.R. 526, 531-533 (1962). En lo que respecta la evaluación de documentos, hemos señalado repetidamente que este Tribunal ocupa igual posición que la de los foros primarios. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 261-262 (1975). Cuando se trata, por último de organismos administrativos, como DACO, a los que se ha facultado para adjudicar querellas, la revisión judicial debe ser especialmente rigurosa para servir de contrapeso a la amplitud de la discreción administrativa. Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 223-224 (1974). En el caso presente no existe base sustancial en el récord para apoyar las determinaciones administrativas, adopta-das por el tribunal de instancia.

Bajo la situación de hechos que presenta el caso de autos no puede considerarse a la entidad financiera interina una “urbanizadora” bajo la Ley Núm. 130 o una constructora o vendedora para fines del Código Civil. Ello no significa que dentro de otras circunstancias no pueda imponérsele a un banco o a una financiera que rebase sus funciones usuales la responsabilidad decenal, la cuantiminosa, la redhibitoria, la cuasi delictual u otras derivables de nuestro ordenamiento jurídico.

Se revocará la sentencia recurrida en lo que afecta a la financiadora interina aquí peticionaria.


text:
    Amador Bermúdez Cintrón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, Sección I, recurrido.

      Número: O-81-280

      Resuelto: 10 de noviembre de 1981

      Gilberto R. Padró Díaz, abogado del recurrente; el Registrador recurrido compareció pro se.

   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente presentó el 16 enero, 1981 al Registro copia certificada de la escritura #131 otorgada en Arecibo el 9 agosto, 1912 ante el notario Sr. Manuel Paz Urdaz, mediante la cual Juan Dionisio Carrión y esposa vendieron una finca de 25 cuerdas en la municipalidad de Arecibo a Juana Conrada Cintrón Vélez, casada con Ramón Bermú-dez Vélez. Tiene al calce nota de su inscripción, firmada por el Registrador de la Propiedad el 23 febrero, 1915, al fol. 98 del t. 48 de Arecibo, finca # 2.444 e Inscripción 2da. Dicho documento es parte de la solicitud de reinscripción del título formulada por el recurrente Amador Bermúdez Cintrón quien para acreditar su condición de actual dueño titular de la finca acompañó también copia certificada de resolución del Tribunal Superior de Arecibo que lo de-clara único y universal heredero de los cónyuges que figu-ran como compradores de la finca en la citada escritura de 1912. Se interesa la reinscripción porque el libro del Registro que debe contener la inscripción del referido inmueble se halla deteriorado a extremo inservible.

El Registrador denegó la reinscripción del título por faltar los documentos que motivaron las otras inscripcio-nes del inmueble y porque desconoce la cabida; descrip-ción, distinto titular, cargas y gravámenes que pueda tener la finca. Tomó anotación preventiva, y el interesado recurrió.

De los fundamentos de calificación del Registrador aparece que ha tratado la solicitud de reinscripción, que se limita a la rehabilitación de un asiento, como la reconstrucción del historial completo de la finca antes y después de 23 febrero, 1915 fecha en que se practicó la inscripción segunda que nos ocupa. Los Arts. 203.3 y 203.4 y siguientes del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, que establecen este procedimiento de reinscripción o rehabilitación de títulos, los individualiza, con el manifiesto propósito de propiciar la reinscripción dentro de posibilidades reales, que asoma a través de todo este articulado del Reglamento: así el Art. 203.7 prohíbe a los Registradores “negar la reinscripción de los títulos que hubiesen sido ya inscritos”; el Art. 203.6 permite a falta del documento con la nota de inscripción, otra prueba fehaciente justificativa del asiento practicado anteriormente; el Art. 204.1 retrotrae la fecha de la reinscripción, a aquella de la anterior nota de inscripción; el Art. 205.1 dispensa el requisito de tracto sucesivo para estas nuevas inscripciones, y el 207.1 las exime de derechos de arancel. El Reglamento no dicta que deje de reproducirse un asiento susceptible de reinscripción, porque no puedan reproducirse también otros asientos relacionados. Sin embargo, la fe pública registral dimanante de estos asientos reconstruidos queda severa-mente restringida por la suspensión ordenada en el Art. 205.1 del Reglamento, de varios artículos de la Ley refe-rentes a efectos de la inscripción, precaución que se rei-tera en el Art. 206.1 en su restricción de perjuicio de tercero desde la fecha de reinscripción, si ésta se lleva a efecto transcurrido el plazo para rehabilitación de asientos que según el Art. 203.3 deberá fijar y promulgar el Secre-tario de Justicia. El propio Reglamento provee seguridad contra perjuicio a tercero, válida preocupación que se per-cibe en las exigencias del recurrido.

Con estos antecedentes y fundamentos se revocará la calificación recurrida, y se ordena la reinscripción del inmueble y reproducción del asiento objeto de este recurso, con expresa referencia a la suspensión del efecto de artícu-los de la Ley Hipotecaria ordenada en el Art. 205.1 de su Reglamento.

       Art. 203.3 — “Los asientos extendidos en los libros del Registro que hubiesen sido destruidos total o parcialmente por virtud de cualquier causa, podrán rehabilitarse presentando nuevamente los documentos a que dichos asientos se refieran, dentro del plazo que fije el Secretario de Justicia quien determinará la fecha en que habrá de empezar a correr tal plazo, anunciándola si a su juicio fuese necesario en uno o más periódicos de circulación general en la isla.”
      Art. 203.4 — “Deberán presentarse en todo caso los títulos que contengan la nota expresiva de haberse verificado el correspondiente asiento en los libros des-truidos. También se presentarán los demás documentos relativos a la finca o derecho cuya reinscripción se pretenda y que se encuentren en poder de los interesados siempre que los mismos hubiesen sido registrados o tenidos a la vista por el Registrador al practicar algún asiento y muestren las oportunas notas.
      “Reproducido el asiento, el Registrador extenderá y firmará en el mismo título y demás documentos las debidas notas que así lo expresen.”