text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, etc., peticionaria, v. U.S.M. Precision Products, Inc., demandada.

      Número: O-71-168

      Resuelto: 28 de septiembre de 1971

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, José E. Rodríguez Rosály, Miguel A. Rivera Arroyo, abogados de la peticionaria.
   PER CURIAM:

Se trata de una petición de la Junta de Relaciones del Trabajo, al amparo del Art. 9(2) (c) de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 70(2) (c), para que pongamos en vigor un laudo de arbitraje. Dicha petición fue notificada por correo certificado a la demandada en 16 de julio de 1971.

Una riña entre dos empleados de la demandada dio lugar al despido por ésta del empleado Ángel Luis Espinosa. Obser-vando lo pactado en el convenio colectivo la Unión concer-nida y el patrono sometieron el asunto a arbitraje. El acuerdo de sumisión fue en el sentido de que el. árbitro determinase si el despido del empleado estuvo o no justificado.

El árbitro determinó que el despido del empleado fue injustificado y ordenó su reposición a su empleo con derecho a la paga atrasada desde la fecha en que fue despedido. El patrono repuso al empleado en su antiguo empleo pero se ha negado a satisfacer el pago dispuesto en el laudo.

El convenio colectivo pertinente dispone en el inciso “C” de su Art. VII que el árbitro “tendrá autoridad para resolver final y obligatoriamente” los asuntos a él sometidos y que en caso de suspensiones o despidos el árbitro, en caso de deter-minar que éstos han sido injustificados, ordenará a la Com-pañía la reposición del empleado con o sin sueldos atrasados.

. El árbitro actuó dentro de sus facultades y el acuerdo de sumisión es claro. No podemos entrar a evaluar el razonamiento que utilizó el árbitro para llegar a su con-clusión. Debidamente sometido el asunto, como lo fue, su decisión es final. Corresponde, pues, que la pongamos en vigor. Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633 (1970); Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846 (1970); J.R.T. v. Presbyterian Hospital, Inc., 96 D.P.R. 569 (1968); J.R.T. v. Executive House, Inc., 91 D.P.R. 798 (1965).

Se ordenará a la demandada a hacer efectivo, dentro de los cinco días de haberle sido notificada esta orden, al empleado Ángel Luis Espinosa los salarios atrasados que le correspon-den por motivo de este asunto, so pena de incurrir en desacato al Tribunal.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Esteban Lozada Merced, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.

      Número: O-70-240

      Resuelto: 28 de septiembre de 1971

      Orlando A. Disdier, abogado del recurrente; el Registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente presentó en el Registro de la Propiedad, Sección Segunda de Caguas, Puerto Rico, una escritura de cancelación de mención de hipoteca constituida en garantía de un pagaré. En dicha escritura el compareciente, Don Esteban Lozada, luego de expresar que en determinada fecha adquirió por compra de los esposos Jorge L. Rodríguez y Aida A. Rodríguez Colón la finca urbana que allí se describe, expone:

“Segundo: Que por la escritura mencionada en el hecho PRIMERO anterior el compareciente don Esteban Lozada y doña Octavia Morales Quiñones constituyeron hipoteca voluntaria en garantía de un pagaré a favor de don Jorge L. Rodríguez y doña Aida A. Rodríguez Colón de Rodríguez por la suma de cuatro mil CIEN dolares ($4,100.00), pagadero el día treinta de junio de mil novecientos setenta.
Tercero: Que el mencionado pagaré a que se ha hecho referencia me ha sido entregado por el compareciente para su cancelación y yo, el notario hago constar que he cancelado con una nota y mi firma y sello el mencionado pagaré.”

Solicita el compareciente la cancelación total de la hipoteca y la cancelación de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

El Registrador denegó la cancelación solicitada:

“[P]or observarse que en el documento no se acredita que el pagaré transferible por endoso haya sido endosado o trans-ferido en forma legal a favor del compareciente Esteban Lozada Merced; y tratándose de un pagaré a la orden de los esposos Jorge L. Rodríguez y Aida A. Rodríguez, los acreedores hipotecarios, transmisible solamente por endoso para cancelar la hipoteca que le garantiza, es necesario que los tenedores le-gales del pagaré lo endosen y lo entreguen al deudor quien podrá entonces entregarlo al notario para su cancelación, y en él presente caso no consta que se haya presentado al notario ni del documento se desprende constancia alguna que los esposos acreedores hayan recibido el importe del referido crédito hipo-tecario, todo ello en conformidad con la doctrina sentada en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos Hau v. Regis-trador, 58 D.P.R. 805 y Dominici v. Registrador, 59 D.P.R. 764, tomándose en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor de Esteban Lozada.”

El recurrente nos pide que revoquemos la nota del Regis-trador y ordenemos la inscripción de la escritura. Sostiene el recurrente que:

“Lo que tenemos ante nos es si el notario autorizante debe continuar entrando en detalles en cuanto a procedimientos que claramente competen a dicho notario, por los cuales responde él, o si es tiempo de que el Registrador le conceda la emancipación que como profesional merece y bastar con que el notario haga constar haber actuado sin entrar en detalles de cómo lo hizo, sujeto a la discreción del Registrador.”

Cita en su apoyo en primer término el último párrafo del Art. 82 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 156, el cual, como veremos, no le favorece en nada. Luego cita el Art. 1143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3202, el cual no gobierna esta situación y finalmente nos pide que interpretemos liberal-mente la Ley Hipotecaria para permitir lo que pretende.

Antes de seguir adelante observemos que en la escritura en cuestión no se expresa si el pagaré fue librado al portador o a la orden. Allí se expresa que se constituyó hipoteca vo-luntaria en garantía de un pagaré a favor de don Jorge L. Rodríguez y su esposa. En cada una de esas tres situaciones, las consecuencias a los efectos de esta controversia serían distintas. Pero tanto el recurrente como el Registrador nos informan en sus escritos que la realidad es que se trata de un pagaré a la orden de los esposos Rodríguez. Así hemos de tratarlo.

Discutamos brevemente primero los planteamientos del recurrente antes- de expresar nuestro razonamiento y nuestra decisión. En primer lugar, el último párrafo del Art. 82 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 156, citado por el recurrente, dispone en lo pertinente que:

“Las inscripciones hechas para responder de cantidades re-presentadas por títulos al portador o trasmisibles por endoso, se cancelarán presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables o al portador.” (Bastardillas nuestras.)

En la escritura en cuestión no comparece el que cobró los créditos sino el que los debe o los debía. Regresaremos a esto más luego, pero baste por ahora señalar que por lo antes indicado dicho precepto de ley no cubre la situación que este caso plantea. Tampoco lo gobierna el Art. 1143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3202. Es cierto que allí, al tratar de la extinción de las obligaciones, el Código expresa que “siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, a no ser que se pruebe lo contrario.” pero esa es una presunción controvertible. También un contrato verbal es un contrato pero no puede acudirse con él al Registro de la Propiedad. El régimen del Registro de la Propiedad tiene el propósito de dar certeza a las transacciones y dicho Art. 1143 por sí solo no basta, como veremos más adelante, para cancelar la hipoteca cuando el pagaré garantizado por ésta es uno a la orden y no al portador.

Lo que ocurre es que el derecho hipotecario, sin derogar los preceptos del Código Civil, los particulariza y afina al aplicarlos al régimen registral. Esto es así porque el derecho hipotecario es en gran medida una especialidad del derecho civil; “constituye una parte o aspecto del derecho •civil,” ha escrito Roca. Carece de sustantividad propia; no le interesa la estructura y contenido de los derechos reales, sino su dinámica, esto es, su adquisición, transmisión y pérdida. El derecho hipotecario toma del derecho civil los conceptos ya elaborados acerca del dominio y de los demás derechos reales, pero llega a veces a conclusiones diferenciadas de las civiles. Sobre su petición de que interpretemos la Ley Hipotecaria liberalmente para permitir lo que solicita, más adelante quedará explicado en esta opinión porqué no podemos acceder a ello.

El Registrador tiene razón. El pagaré en cuestión no es uno al portador, los cuales se transfieren por la mera entrega, sino que es uno a la orden, el cual se transfiere por endoso. Garantiza dicho pagaré un crédito hipotecario. No aparece de la escritura que el pagaré fue endosado por los acreedores a la orden de los cuales fue librado, ni se expresa en ella que los acreedores han recibido el importe del mismo. ¿De dónde surge, pues la certeza que necesita el Registrador para cancelar la hipoteca? Efectivamente, los casos de Hau v. Registrador, 58 D.P.R. 805 (1941) y Dominici v. Registrador, 59 D.P.R. 764 (1942) sostienen la posición del Registrador. Entendemos que allí se expresa la doctrina correcta sobre el particular y no vemos razón alguna para revocarla. Nos ex-plicamos a continuación.

Si el pagaré de que se trata fuese un título al portador, bastaría para la cancelación de la garantía hipotecaria la constancia notarial de que el documento había sido presentado por el deudor al notario y que éste lo había inutilizado en el acto del otorgamiento de la escritura de cancelación. Si ese fuese el caso el deudor podría solicitar la cancelación por confusión de los derechos del deudor y acreedor, y ni el notario ni el Registrador estarían justificados al exigir al deudor que probase en qué forma él había adquirido el documento. Tratándose, en ese supuesto, de un título al portador la mera entrega bastaría para trasmitirlo.

Pero en este caso se trata, sin embargo, de un pagaré a la orden, trasmisible solamente por endoso. Para cancelar la hipoteca que lo garantiza, es necesario que el tenedor legal del pagaré lo endose y lo entregue al deudor, quién podrá entonces presentarlo al notario para ser inutilizado. Habiéndose convertido el deudor, en virtud de tal endoso, en dueño de su propia obligación, puede válidamente consentir en solicitar la cancelación de la inscripción hipotecaria, por confusión de derechos. De sostener nosotros lo contrario equivaldría a abolir las diferencias legales existentes entre los títulos al portador y los transmisibles por endoso.

Distinto a lo que ocurre con hipotecas otorgadas a favor de personas determinadas, cuya cancelación requiere el consentimiento de la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos, Art. 82, Ley Hipotecaria, hipotecas que garantizan obligaciones negociables pueden ser canceladas a instancia de las personas que hayan cobrado los créditos. Se permite esa excepción toda vez que en estos casos no tiene que surgir del Registro el nombre del acreedor hipotecario o el del cesionario del mismo, en su caso. El propósito de esta excepción al principio hipotecario de especialidad, Ro sario v. Registrador, 89 D.P.R. 850 (1964), fue extender al campo del crédito territorial instrumentos del ámbito comer-cial que facilitaran la cesión y transferencia de créditos garantizados con bienes inmuebles. Correspondiendo a este propósito también se quiso impartir seguridad a dichas tran-sacciones proveyendo para que la garantía hipotecaria no se cancelara en el Registro sin que también se destruyera la negociabilidad del instrumento garantizado por la misma. A tales fines el notario viene obligado a hacer constar en la escritura de cancelación de hipoteca, que ha inutilizado el título endosable o al portador. Porras v. Registrador, 59 D.P.R. 595, 598 (1941); Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo IV, Vol. 2, 6ta. ed., Bosch, Barcelona (1968), pág. 739; Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Hipotecario, Tomo II (1946), pág. 139.

¿Qué garantía ofreció el legislador al tenedor legal de un instrumento garantizado con hipoteca de que la hipoteca no se cancelaría sin su autorización? A tales fines dispuso el legislador en el citado Art. 82 de la Ley Hipotecaria que la cancelación se haría a instancia de la persona que haya cobrado el crédito. Esto implica que el legislador tuvo en mente que sería el acreedor y no el deudor quien acudiría al notario para otorgar la escritura de cancelación y que el notario daría fe de que conoce a la persona del acreedor y de que ésta fue la persona que cobró el crédito hipotecario. Claro, una vez satisfecha la obligación principal garantizada, tiene el hipotecante el derecho de pedir y obtener del acree-dor ya pagado la cancelación y liberación de la finca hipo-tecada.

Pero teniendo en cuenta que en la práctica notarial puertorriqueña no es, por lo común, el acreedor que ha cobrado el crédito el que otorga la escritura de cancelación de la garantía hipotecaria, sino que generalmente la otorga el hipotecante que ya pagó, a quién para esos fines el acreedor hizo antes entrega del instrumento transferible, se ha per-mitido que sea el hipotecante quien otorgue la escritura de cancelación de hipoteca como tenedor legítimo del instrumento. El que era deudor hipotecario y ya pagó tiene, desde luego, natural interés en la cancelación de la hipoteca. Navedo Torres v. Registrador, 87 D.P.R. 794, 797-798 (1963).

Pretender que se dispensen estos requisitos tendría el efecto de poner en riesgo de ser destruidos derechos garantizados por el Registro en perjuicio de sus titulares, a base de la mera presunción de que el notario autorizó una escritura de cancelación por persona con capacidad para otorgarla. Al establecerse mediante jurisprudencia una práctica no comprendida en el Art. 82, tenía la jurisprudencia que establecer también las necesarias salvaguardas. La seguridad y certeza que el Registro de la Propiedad debe garantizar no permite que sus asientos descansen en meras presunciones controvertibles. Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 62 D.P.R. 753, 756 (1944); Banco de Ponce v. Registrador, 72 D.P.R. 128, 132 (1951).

Se confirmará la nota recurrida.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.

       Hay una anomalía que pasamos por alto ya que no tiene impor-tancia sustantiva sino meramente de forma, y es que en los hechos primero y segundo de la escritura expone el compareciente y en los hechos tercero y cuarto expone el notario.

      Roea Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo 1, 5ta. ed. (1954), págs. 9-13.

       Casso Romero, Derecho Hipotecario o del Registro de la Propiedad, 4ta. ed., Madrid (1951), págs. 8-9.


text:
    Ángel Daniel Rivera et al., demandante y recurridos, v. Caribbean Home Construction Corporation, demandada y recurrente.

      Número: R-66-303

      Resuelto: 28 de septiembre de 1971

      Carlos A. T'odd y Octavio Jiménez, abogados de la recurrente; Carmelo Ávila Medina y Roberto Ávila Rivera, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso comprende varias acciones consolidadas de daños y perjuicios instadas por ocho demandantes residentes todos en la Urbanización Ponce de León en Guaynabo. La prueba es común a todas y se vieron conjuntamente en el tribunal de instancia. La demandada es la constructora de la mencionada urbanización. Las demandas se basan en daños materiales y morales sufridos por los demandantes con motivo de haberse inundado sus casas con agua y lodo el día 5 de junio de 1964 debido a defectos de construcción de la urbanización, específicamente en la calle en que los demandantes residen.

El tribunal sentenciador declaró con lugar la demanda en cuanto a cinco de las causas de acción; la desestimó en cuanto a dos; y por inadvertencia dejó de proveer en cuanto a una. El tribunal concedió daños a cuatro matrimonios deman-dantes por valor de $6,000.00 a cada uno y $3,300.00 a otro, para un total de $27,300.00. También concedió $2,500.00 para honorarios de abogado. La demandada ha construido ocho urbanizaciones en el área metropolitana de Puerto Rico, las cuales comprenden “alrededor de seis o siete mil viviendas” según declaró su Ingeniero Jefe, el Sr. José L. del Campillo.

La demandada-recurrente señala cuatro errores. En el primero le imputa error al tribunal de instancia al hallar a la demandada responsable por los daños causados, cuando —argumenta—los planos de esa urbanización fueron apro-bados por la Junta de Planificación de Puerto Rico y por la Federal Housing Administration y por otras oficinas pú-blicas tales como las Autoridades de Acueductos y de Fuentes Fluviales.

En el segundo error argumenta que los daños no pueden atribuirse a la demandada sino a un caso de fuerza mayor consistente en lluvias fuertes que cayeron en aquel lugar los días 4 y 5 de junio de 1964. En el tercer señalamiento se imputa error al tribunal por no aceptar la defensa de que las calles y el sistema de alcantarillado pluvial de la urbaniza-ción Ponce de León son responsabilidad del Municipio de Guaynabo. En el cuarto señalamiento se impugnan las cuan-tías concedidas.

Antes de discutir los errores señalados parece necesario aclarar que en español y en Derecho civil no debe utilizarse el barbarismo “acto de Dios” cuando está disponible la frase del Derecho civil, que es también correcta en español, de fuerza mayor, expresión que viene del latín vis major. Vis en latín quiere decir fuerza. La expresión francesa equivalente es “force majeure” y la italiana “forza maggiore.” Black en su diccionario, Law Dictionary, 4ta. ed., luego de definir la expresión iglesa “act of God” como un suceso ocasionado exclusivamente por las fuerzas naturales y sin que medie intervención humana alguna, dice que en el Derecho Civil se llama vis major y define esta locución en igual forma que “act of God.”

Existe, sin embargo, una generalizada confusión en el uso de los términos caso fortuito y fuerza mayor. Como se sabe, se puede incurrir en responsabilidad civil por culpa contractual y por culpa extracontractual, llamada también esta última culpa aquiliana porque fue sancionada en Roma por la Ley Aquilia. Pero como para que haya culpa — en el sentido lato de la palabra — tiene que haber intención de dañar (actos dolosos) o por lo menos negligencia (actos culposos), cuando el suceso que causa el incumplimiento de la obliga-ción o el daño, según sea el caso, no se puede prever o si previsto es inevitable, generalmente no se incurre en res-ponsabilidad. Decimos generalmente porque el derecho de daños y perjuicios no es tan sencillo que pueda aprisionarse en unas breves normas, aunque éstas sean, en principio, co-rrectas. Por ejemplo, la básica relación causal culpa-daño-responsabilidad admite excepciones, como lo es el caso de la responsabilidad sin culpa, llamada también responsabilidad absoluta y responsabilidad objetiva. También, como ve-remos, no todo suceso inevitable pero previsto o que se pueda prever, exime necesariamente de responsabilidad.

Regresando al pensamiento que en este momento queremos exponer, ese suceso eximente de responsabilidad — por razón de que no puede preverse o que previsto no puede evitarse — se llama caso fortuito o fuerza mayor. Este concepto amplio, que por estar basado en la equidad puede operar en todo el campo del derecho, tiene como su aplicación más importante la de eximir de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido puede definirse como aquel suceso no imputable al deudor que impide el cumplimiento de la obligación. Nuestro Código Civil, igual que el español, recoge dicho concepto — caso fortuito o fuerza mayor — al tratar de la naturaleza y efecto de las obligaciones. En ese contexto su Art. 1058 (31 L.P.R.A. see. 3022) dispone que fuera de los casos mencionados en la ley o en la obligación, “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.”

Tanto de antiguo como en relación con los códigos mo-dernos se ha discutido si los términos caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos o si tienen significado diferente. El tratamiento del asunto por los códigos no es uniforme. Entre los tratadistas, la falta de unanimidad de criterio es más acusada. La mayor parte de ellos ve en las expresiones “caso fortuito” y “fuerza mayor” términos sinónimos. Así, por ejemplo lo entiende Val verde. Por su parte, Manresa opina que dentro del concepto general de caso fortuito están comprendidos éste propiamente dicho y el de fuerza mayor. También cree que tanto uno como otro pueden ser ordinarios o extraordinarios. Castán señala que en derecho español la opinión dominante rechaza la distinción entre esos dos términos, pero algunos, dice, creen que a veces la distinción es necesaria en vista del articulado del Código. Da como ejemplos los Arts. 1784 y 1905 del Código Civil Español. El primero releva de responsabilidad a los fondistas y meso-neros por la pérdida de los efectos introducidos por los viajeros en las fondas y mesones cuando la misma provenga de fuerza mayor. El segundo, en parte, exime de responsa-bilidad al poseedor de un animal por los perjuicios que éste causare si el daño proviene de fuerza mayor. Los artículos equivalentes del Código puertorriqueño son idénticos a los españoles. Véase el escolio 6. Salvo esos casos particulares que menciona Castán parece estar de acuerdo con la mayoría de los autores en que la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor, en sus propias palabras “puede considerarse irre-levante, ya que ambos fenómenos producen la liberación del deudor.” Badenes Gasset, luego de señalar, lo que en nuestro estudio hemos comprobado, que los autores que dis-tinguen el caso fortuito de la fuerza mayor no están acordes en cuanto al criterio diferencial, opina que tal distinción no tiene interés práctico (pues a ambos la ley les reconoce o asigna igual consecuencia: la liberación del deudor).

Entre los tratadistas que han ejercido la peligrosa función de definir existen contradicciones, como antes dijimos. Algunos opinan que el caso fortuito incluye los fenómenos naturales como el rayo, terremoto, inundaciones y la tempestad y que la fuerza mayor comprende hechos de un tercero. Otros escritores lo entienden a la inversa; esto es, que la fuerza mayor comprende los fenómenos naturales y que el caso fortuito comprende la acción de un tercero por la cual el deudor no debe responder. Y, como vimos por la anterior cita de Manresa, éste opina que el caso fortuito comprende el de fuerza mayor.

En el año 1920 este Tribunal, en Vidal v. American Railroad Co., 28 D.P.R. 204, 210 (1920), luego de utilizar ambos términos como sinónimos al decir que “aunque el incendio puede ser considerado como fortuito o fuerza mayor, sin embargo no todo incendio tiene ese carácter, sino cuando no se pudo precaver ni resistir,” (subrayado nuestro) intentó dis-tinguir entre fuerza mayor y caso fortuito y se expresó como sigue:

“Fuerza mayor es el acontecimiento que no hemos podido precaver ni resistir; como por ejemplo la caída de un rayo, el granizo, la inundación, el huracán, la irrupción de enemigos, el acometimiento de ladrones ... y es caso fortuito el suceso inesperado o la fuerza mayor que no se puede precaver ni resistir .... Tales son las inundaciones, torrentes, naufragios, incendios, rayos, violencias, sediciones populares, ruinas de edi-ficios causadas por alguna desgracia imprevista y otros aconte-cimientos semejantes.” (Bastardillas nuestras.) (Citas omitidas.)

Tenemos que admitir que la diferencia entre ambos tér-minos no quedó allí muy claramente establecida.

Los citados autores Coustasse e Iturra (véase el escolio 3) al discutir sobre la distinción entre el caso fortuito y el de fuerza mayor señalan que la jurisprudencia española ha identificado ampliamente el caso fortuito con el de fuerza mayor y citan la sentencia de 10 de noviembre de 1924 en la cual el Tribunal Supremo de España afirma que el caso fortuito es, en el orden jurídico, aquel suceso inopinado o fuerza mayor que no se puede prever o que, aún previsto no puede ser resistido en sus efectos. Concluyen dichos auto-res que “En realidad, la discusión sobre este particular solo constituye una controversia de matiz escolástico, sin asiento alguno en la realidad jurídica.”

Sobre una serie de distinciones que se han tratado de establecer, Giorgi observa que “carecen de exactitud científica y de importancia práctica.” En Puerto Rico, el Profesor Guaroa Velázquez ha escrito: “A la falta o culpa se opone el caso fortuito o la fuerza mayor — distinción que, es opor-tuno decirlo, apenas tiene interés práctico, ya que a ambas nociones la ley le asigna idénticos efectos.”

Castán, al discutir las transgresiones jurídicas y sus con-secuencias en el ámbito civil menciona el caso fortuito entre los supuestos en que no surge la obligación de resarcimiento y expresa:

“Caso fortuito (casus) es todo suceso no culposo. Nuestro Código lo considera como suceso imposible de prever, o que, previsto, fuera inevitable (art. 1.105).

No sólo es caso fortuito un acontecimiento natural, pues también los actos humanos pueden tener la consideración de casos fortuitos respecto del agente o de un tercero cuando ni sobre aquél ni sobre éste pese culpa alguna.”

Puig Brutau, a nuestro juicio, con muy buen, sentido escribe:

“En realidad, más que la especulación acerca de las dife-rencias entre caso fortuito y fuerza mayor, según lo que sean por sí tales fenómenos, que es una tarea bastante irreal y arbi-traria, habría que atender a lo único que en Derecho tiene razón de ser: al distinto grado de fuerza con que deba imponerse y mantenerse la responsabilidad del obligado según criterios de política jurídica.”

Por no ser necesario no vamos nosotros a tomar bando ahora en esa discusión “escolástica,” “irreal” y “arbitraria.” A los efectos del segundo error señalado por la recurrente vamos a entender que sostiene que está exenta de responsa-bilidad por tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor. Así quedan cubiertos todos los matices posibles de ambas expresiones.

Como indicamos antes, el primer señalamiento de error es al efecto de que los planos de la Urbanización Ponce de León fueron aprobados por las oficinas públicas competentes y que ello exime de responsabilidad a la demandadarecurrente. No tiene razón. En Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961) examinamos una contención igual— que el Negociado de Permisos había aprobado los planos— y allí dijimos, a la pág. 898:

“La aprobación del Negociado de Permisos significa que el plano aprobado cumple con los requisitos mínimos que exige la ley (y la reglamentación hecha por autoridad de ley) pero en modo alguno es una capa de inmunidad contra responsabilidad civil.” (Bastardillas nuestras.)

Es fácil entender por qué esto es así. La autoridad pú-blica, la cual tiene que velar por la seguridad y el bienestar general, tiene que exigir ciertos requisitos mínimos a los constructores pues de no hacerlo es concebible que haya quién se propusiese hacer, e hiciese, casas y urbanizaciones sin ellos, como de hecho ocurría antes de que se incorporaran a nuestro ordenamiento jurídico los principios básicos del urba-nismo y la planificación. Pero esos requisitos mínimos que exigen las autoridades estatales y federales son solamente eso: requisitos mínimos y no constituyen una garantía de la obra ni conceden inmunidad a los constructores, como indi-camos en Santaella Negrón v. Licari, supra. En otras juris-dicciones se ha resuelto en forma igual. Girard v. Fine, 85 N.Y.S.2d 418, 419 (1948); Montgomery v. Kimbrough Homes, 59 So.2d 273, 276 (1952); Fox v. Webb, 105 So.2d 75, 80 (1958).

Discutiremos conjuntamente los señalamientos de error segundo y tercero. En cuanto al segundo señalamiento la posición de la demandada es que un suceso natural no imputable a ella — unas fuertes lluvias que produjeron una inun-dación — ocasionó los daños y que por consiguiente ella no ha incurrido en responsabilidad civil pues no se le puede suponer culpa o negligencia.

Es necesario considerar los hechos — tarea imprescindible para decidir — para ver si dicho suceso natural, las fuertes lluvias y sus consecuencias, eran o no previsibles en el lugar en donde se construyó la Urbanización Ponce de León y en el lugar en donde se hicieron las casas de los demandantes. Eso y la construcción original del alcantarillado pluvial en aquel sitio nos contestará la interrogante de si se le puede imputar o no culpa o negligencia a la demandada.

Los hechos, en breve, son los siguientes. Ubicación de la urbanización: Las casas de los demandantes están sitas en la Calle 20 de la Urbanización Ponce de León. Dicha urbanización está en jurisdicción de Guaynabo. Guaynabo, localizado cerca y al sureste de Bayamón, cerca y al suroeste de Río Piedras y al norte de Aguas Buenas, está, como ve-remos, en una de las áreas en que más llueve en Puerto Rico. Volveremos más adelante a este asunto de las lluvias.

Topografía de los terrenos: La prueba demostró que los terrenos en donde se construyó la Urbanización Ponce de León no se inundaban antes de ser “desarrollados” y “replan-teados” por los constructores. El agua de lluvia tenía ma-neras naturales de drenar, especialmente vía la Quebrada Dos Frailes. Al “replantear” los terrenos con las máquinas, bajaron los sitios altos y llenaron los bajos. Esto alteró los medios de drenaje natural que los terrenos tenían.

La Calle 20: La Calle 20 solo tiene 300 metros de largo; es el sitio más bajo de las urbanizaciones Ponce de León y Muñoz Rivera, que son contiguas y ambas fueron hechas por la recurrente; y dicha Calle 20 por ser el lugar más bajo de ambas urbanizaciones mencionadas recibe o puede recibir agua pluvial de ambas urbanizaciones, especialmente si llueve fuerte. Vista la situación física de los terrenos antes y después de desarrollados y la de la Calle 20, pasemos a examinar lo relativo a las lluvias en aquel sector.

Incidencia de las lluvias en aquel lugar: Sobre las lluvias la prueba fue de lo más confiable posible. Declaró un clima-tólogo del Negociado del Tiempo, el Sr. Calvesbert, presentado por ambas partes. Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 1964. No hay estación del Negociado en Guaynabo, pero para los efectos del caso es como si la hubiese pues hay una en Mona-cillos, como a milla y media al norte de la Urbanización Ponce de León. También hay otra en Cataño y otra en el aeropuerto en Isla Verde. No hay duda de que en Guaynabo y Río Piedras llovió fuerte el día de los hechos. “Sobre lo normal” declaró el perito. De las 8 A.M. del 5 de junio de 1964 a las 8 A.M. del día 6 cayeron 2.41" de lluvia en Río Piedras. En los días junio 4 y 5 cayeron 4.00" en Monacillos. ¿Es esa cantidad de lluvia en ese sector imprevista, o insólita, o inaudita? No lo es; y esto es determinante para juzgar si los constructores incurrieron en culpa o negligencia, como más adelante explicamos. Veamos la incidencia de lluvia en aquel lugar. En otra ocasión, de las 8 A.M. del 16 de mayo de 1965 a las 8 A.M. del día 17 cayeron en Río Piedras 4.23" de lluvia. El 8 de mayo de ese año cayeron 2.66". Del 1o al 2 de julio del mismo año cayeron 3.22".

De la anterior prueba suministrada por el climatólogo se deduce claramente que en aquel sector las lluvias fuertes y “sobre lo normal” no son imprevistas ni insólitas, sino que por lo contrario son previsibles y son de esperarse con relativa frecuencia. Lo cual le quita a esas lluvias en ese lugar la naturaleza de caso fortuito o fuerza mayor. No se trata de lluvias fuertes que ocurren una o dos o tres veces en una generación. Por el contrario, en aquel lugar ocurren con bas-tante frecuencia. De hecho, ocurrieron dos veces en un solo mes: La Calle 20 se inundó el 5 y el 14 de junio de 1964. Pero una vez que, luego de la segunda inundación, los cons-tructores corrigieron el drenaje pluvial de esa calle al abrir varios tragantes adicionales en el piso de la calle, la misma no se volvió a inundar. Todo lo anterior demuestra que allí las lluvias fuertes son previsibles y la inundación era evitable. También surge del récord que en Garden Hills, en donde también se inundaba, luego de que los mismos constructores instalaron un tubo más grande para el desagüe no han habido más inundaciones.

Como bien señalan Coustasse e Iturra, ante los hechos naturales, su cualidad de imprevistos no es absoluta sino que es relativa y varía en cada caso según lo acostumbrado o desacostumbrado del suceso. Eso y la actitud que tenga ante ellos el ente responsable, esto es, la prudencia y diligencia, o falta de ellas, que ante la posibilidad de que ocurran de-muestre quién puede ser responsable civilmente, son elemen-tos que hay que considerar antes de imputar responsabilidad o eximir de ella. El constructor no sabe si dentro de un año exacto va a llover, o va a soplar viento, o va a ocurrir un temblor de tierra. Eso no lo puede prever. Pero sí sabe que esos fenómenos ocurren con relativa frecuencia y es su deber al construir tomar las medidas que aconseja la prudencia y la ciencia para precaver desgracias y ruinas. Claro, eso se entiende dentro de razón. Hay fenómenos naturales tan vastos o tan fuertes cuyos terribles efectos la ciencia humana no puede evitar, pero la razón y los propios hechos demues-tran que el caso de autos no es uno de esos.

Los antes citados autores escriben:

“Lo que configura lo fortuito no es el hecho mismo sino la manera cómo él se presenta. Tomemos el ejemplo de una inun-dación: producida ésta en Santiago de Chile, constituye un hecho insólito, desacostumbrado, inopinado, en suma imprevisible, ya que tal suceso no acaece en esta región ni siquiera en forma irregular. En cambio, la inundación ocurrida en ciertas regiones de China es un acontecimiento frecuente y de ordinaria ocu-rrencia y, por lo tanto, previsible. En consecuencia, el hecho inopinado “inundación” es caso fortuito en Chile y no lo es en la China, y le da o no este carácter la forma como el suceso se presenta. . . .

La calificación de fortuito que un hecho reciba en determina-das circunstancias no es absoluta ya que, si éstas cambian, puede ocurrir que el mismo evento no tenga ya los requisitos suficientes como para aplicarle dicha calificación, y vice-versa. En efecto, ‘puede ocurrir muy bien que un determinado género de acci-dentes pueda revestir en ciertas circunstancias el carácter de fortuito y en otras no, pero, es preciso que cambien las circuns-tancias de hecho. El incendio es caso fortuito, si depende de la caída de un globo aerostático encendido, si procede de la casa contigua o del fuego impulsado por el viento. No es fortuito si se debe a imprudencia en encender las luces o los combustibles; siendo así, es culpa, cualquiera que sea el tenor de la relación obligatoria’.”

Así, pues, puede concluirse que los fenómenos na-turales no siempre eximen de responsabilidad a título de caso fortuito o fuerza mayor pues para calificarlos de eximentes de responsabilidad, o de no eximentes, es necesario considerar las otras circunstancias que concurren en cada caso, como por ejemplo, el carácter frecuente o probable del fenómeno, o por el contrario su carácter inopinado o insólito; si se tomaron las medidas que aconseja la prudencia y la ciencia para evitar el daño o si no se tomaron, etc.

En el caso de autos las lluvias fuertes en ese lugar no son de por sí sucesos imprevisibles ni inopinados y los hechos demostraron que una vez que se tomaron las medidas necesarias — la construcción de los tragantes adicionales en la Calle 20 — la situación se corrigió. No se cometió el segundo error señalado.

En cuanto al tercer error basta decir que si bien pudiera concluirse que el Municipio de Guaynabo es el responsable del debido funcionamiento del alcantarillado pluvial en la Urbanización Ponce de León una vez que dicho alcantarillado le fue entregado por los constructores, eso supone un alcantarillado bien construido y adecuado para la situación de aquel lugar. Como hemos visto, el alcantarillado original, antes de ser corregido, de la Calle 20 no era adecuado. En el juicio se mencionó que la inundación pudo haber sido causada por razón de que los tragantes entonces existentes pudieron haber estado tapados con. basura y se le trató de imputar por eso culpa al Municipio. Lo que hay en el récord sobre eso son conjeturas pero no prueba. De los demás elementos, como dejamos expresado, sí hubo prueba no contradicha. Tampoco se cometió el tercer error señalado.

En el cuarto y último error se impugnan las cuantías con-cedidas por el Tribunal Superior. No creemos que las mismas sean improcedentes o exageradas. Posiblemente podrían va-riarse unos cientos de dólares para aumentarlas o rebajarlas pero no creemos que estamos justificados para intervenir con la apreciación que hizo el magistrado sentenciador.

En cuanto a la demandante Zenaida Soto Longo, quién operaba un negocio de nursery con una matrícula de 30 niños, quién perdió equipo del negocio y un automóvil Corvair del año 1960; cuyo negocio tuvo que cerrar, quién pasó prueba y a quién, aunque la demanda fue declarada con lugar, el juez sentenciador por inadvertencia no le fijó compensación; y dado el caso que los hechos ocurrieron hace siete años y que el juez que entendió en el juicio ya renunció su cargo, para no contribuir a mayor dilación en este caso, y dado el caso que tenemos ante nos la transcripción de evidencia, le fijamos nosotros la compensación de mil dólares.

Se confirmarán las sentencias dictadas en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 6 de septiembre de 1966, con la modificación antes dicha.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.

       Sobre responsabilidad sin culpa véase Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 1, Vol. 2, 10ma. ed. (1963), págs. 612-619. En 1a 9na. ed., mismo tomo y vol. págs. 484-497.

       Sobre la función rectora de la equidad en el derecho véase Castán, La Formulación Judicial del Derecho, 2da. ed., Reus, Madrid (1954), capítulos II y III y Allen, Law in the Making, 7ma. ed. (1964), capítulo V, especialmente las págs. 394-399. También Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 898-904 (1965) y Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19 (1971).

      Para un estudio de derecho comparado sobre esto y para una amplia discusión del tema en sí véase el luminoso trabajo El Caso Fortuito Ante el Derecho Civil de los autores Coustasse e Iturra, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile (1958).

         Tratado de Derecho Civil Español, Tomo 3, 4ta. ed. (1937), pág. 95.

        Comentarios al Código Civil Español, Tomo 3, Vol. 1, 5ta. ed. (1950), pág. 205.

       Equivalentes a los Arts. 1684 y 1805 de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 4694 y 5144.

       Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 3, 10ma. ed. (1967), pág. 180.

         El Riesgo Imprevisible, Bosch, Barcelona (1946), pág. 103.

       Coustasse e Iturra, obra citada, pág. 69.

        Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno, Vol. 2, pág. 34 y ss., citado por Coustasse e Iturra, pág. 70.

         G. Velázquez, Las Obligaciones Según el Derecho Puertorriqueño, Equity Publishing Corp. (1964), pág. 150.

      Obra citada, Tomo 1, Vol. 2, lOma. ed. (1963), pág. 618.

         Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 1, Vol. 2, Bosch, Barcelona (1959), pág. 444.

       Coustasse e Iturra, obra citada, págs. 60-51.


author: PER CURIAM:

text:
    Josefina Colombani, etc., demandantes y recurrentes, v. Gobierno Municipal de Bayamón, Manuel Cruz Denis, Insurance Company of Puerto Rico, demandados y recurridos.

      Número: R-69-263

      Resuelto: 1ro. de octubre de 1971

      Jaime Escanellas, abogado de los recurrentes; Vicente Santori Coll, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

El día 14 de mayo de 1965 un vehículo conducido por el demandante-recurrente Carlos J. Zayas intentó salir de la marquesina de una propiedad privada hacia la calle. En esos momentos una ambulancia propiedad del co-demandado, Municipio de Bayamón, transcurría frente a esa marquesina, por la izquierda, al evadir un camión que estaba estacionado a la derecha de esa calle que es solamente de dos carriles. Al encontrarse ambos vehículos se produjo una colisión que dio lugar a la reclamación del demandante.

La parte demandante presentó como único testigo al propio demandante. Luego de terminado su testimonio el demandado presentó una moción de desestimación bajo la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil. El tribunal la declaró con lugar y dictó sentencia desestimando la demanda. Concluyó el tribunal de instancia que el accidente se debió únicamente a la súbita aparición del automóvil del deman-dante al salir e interceptar el carril por donde discurría la ambulancia de la demandada.

Se señala como único error que erró el tribunal de ins-tancia en la apreciación de la evidencia, especialmente con-siderando que se trataba de una moción de desestimación.

En una moción de desestimación bajo la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, luego de presentada la prueba del demandante el tribunal está autorizado en esa etapa a aquilatar la prueba presentada y a formular su apreciación de los hechos según la credibilidad que le haya merecido la evidencia. Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416 (1966). Pero esa facultad debe ejercitarse después de un escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba y en caso de duda, es preferible requerir al demandado para que presente su caso. Irizarry, supra, pág. 421.

En Torres v. A.F.F., 96 D.P.R. 648 (1968) distinguimos el caso de Irizarry al señalar que en éste la demandante no explicó cómo se produjo el daño, ni probó negligencia del demandado. El caso de autos, al igual que el de Torres, es distinguible del caso de Irizarry. En el de autos el deman-dante declaró que la ambulancia abandonó su carril derecho al evadir un camión estacionado y es en el carril izquierdo donde ocurre el accidente. No se mencionó la existencia de obstrucciones a la visibilidad por lo que, haciendo una infe-rencia favorable al demandante surge la duda de si la ambu-lancia había tomado las debidas precauciones.

La prueba presentada revela que el conductor de la ambulancia pudo haber incurrido en alguna negligencia, sin el demandante venir obligado a excluir toda otra posible causa del suceso y mucho menos en esa etapa de los procedimientos. Como dijimos en Torres, supra, pág. 661, el Tribunal debió de tomar en consideración el caso de Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411 (1965) donde dijimos que el demandante no tiene que probar su caso con exactitud matemática mediante evidencia directa, ni de modo concluyente, ni que produzca un grado tan perfecto de convicción que no admite la posibilidad de prueba en contrario, pudiendo probar su caso con prueba indirecta.

El tribunal de instancia erró al desestimar la demanda en esa etapa de los procedimientos al concluir que el demandante había sido negligente ya que la prueba tendía a demostrar que en algún grado el demandado pudo haber sido negligente. La duda que surge del testimonio del deman-dante requiere que aquél presente su caso, lo que dará al tribunal una visión más completa de los hechos envueltos.

Se revoca la sentencia del 22 de septiembre de 1969 y se devuelven los autos para que se continúen los procedi-mientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

      Para un interesante estudio sobre la materia, véase Roscoe Steffen, The Prima Facie Case in Non Jury Trials, 27 U. Chi. L. Rev. 94 (1959).


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Arzuaga & Santana, Inc., demandante y recurrido, v. Francisco Ramos Rivera, h/n/c Ramos Electric Co., etc., et al., y United States Casualty Co., demandados y recurrente la última.

      Número: R-70-309

      Resuelto: 4 de octubre de 1971

      Fiddler, González & Rodríguez y Julio M. Rodríguez, abogados de la United States Casualty Cor, Rodríguez Erna, Rodríguez Ramón, Benitez Gautier & Zequeira, D. Padín Mimoso y A. Emanuelli, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Una firma que suplió tres transformadores a un sub-contratista de una obra pública reclamó el valor de éstos al fiador del contratista principal. Lo adeudado ascendía a $1,859.72. La Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. sec. 47 et seq., requiere de todo contratista de obra pública la prestación de una fianza para garantizar el pago de los materiales usados en la obra tanto por el contratista principal como por un subcontratista. Dispone así el Art. 5 de la citada ley:

“Toda persona, natural o jurídica, que haya trabajado como obrero o empleado en, o que haya suplido, vendido o entregado materiales, equipo y herramientas para la obra a que hace referencia la see.' 47 de este título, respecto a la cual se haya prestado la fianza que por las sees. 47 a 58 de este título se exige, y a quien no se haya pagado en total o en parte, según las sees. 47 a 58 de este título lo requieren, sus sueldos o jornales, o el importe de materiales, equipo y herramientas vendidos, entregados o suplidos para la obra, tendrá derecho a instar acción judicial, sin necesidad de previa notificación o requerimiento, contra el contratista, contra la fianza del contratista, contra los fiadores del contratista, o contra cualquiera de ellos, en cobro de la cantidad que por tal concepto pueda adeudárseles. Cualquier persona o personas que tengan una relación contractual directa con un subcontratista de la obra y que tengan o no tengan rela-ción contractual expresa o ■ implícita con el contratista de la obra que haya prestado la fianza, tendrán una causa de acción contra el contratista, la fianza del contratista, los fiadores del contratista, o contra cualquiera de ellos, para recobrar la totali-dad o cualquier parte de: (1) cualquier cantidad que pueda adeudársele por el subcontratista de la obra por concepto de sueldos o jornales devengados como empleados u obreros del subcontrato de la obra; y (2) cualquier cantidad que pueda adeudársele por concepto de materiales, equipo y herramientas suplidos, vendidos o entregados para el subcontrato de la obra. Los suplidores o vendedores de materiales, equipo y herramien-tas del subcontrato vendrán obligados antes de instar acción judicial contra el contratista, su fianza o sus fiadores a notificar al contratista, por correo certificado, de su reclamación. Trans-curridos 30 días del envío de dicha notificación podrán instar la acción que aquí se autoriza. Los obreros o empleados del subcontrato podrán instar la acción en cualquier momento sin notificación o requerimiento previo de su reclamación al con-tratista. En todo lo demás se atendrán a los derechos y remedios que las sees. 47 a 58 de este título conceden a los obreros, empleados y suplidores de materiales, equipo y herramientas del contratista; y sobre el contratista, su fianza y sus fiadores pesarán las mismas responsabilidades que las sees. 47 a 58 de este título les imponen.”

La ley concede una causa de acción al suplidor de materia-les de un subcontratista, contra el contratista, la fianza del contratista o los fiadores de éste, pero requiere como condi-ción previa al ejercicio de la acción que se notifique de la reclamación al contratista.

En el presente caso no se cursó esa notificación. Sostiene la firma suplidora que la notificación es requisito previo para demandar al contratista principal pero que no lo es para demandar a la fiadora. El tribunal de instancia concurrió con ese criterio. Siguió el precedente establecido en García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965) al interpretar la disposición de la Ley Municipal que requiere se notifique al municipio de la ocurrencia de un accidente dentro de los noventa días de ocurrido.

En García resolvimos que la condición impuesta por el Art. 96 de la Ley Municipal es únicamente para , el ejer-cicio de la acción contra el municipio pero que la compañía fiadora no puede levantar como defensa la falta de notifica-ción al municipio. El Art. 96 de la Ley Municipal, específi-camente dispone que “no podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra una corporación municipal por daños causados por la culpa o negligencia de aquella si no se hu-biese efectuado la notificación escrita . . . .” Yernos pues que mientras en la Ley Núm. 388 se dispone que antes de radicar la acción contra la compañía fiadora se debe notificar al contratista, en la Ley Municipal lo que se establece es que no se podrá iniciar la acción contra el municipio, si no se ha cumplido con el requisito de notificación a éste.

Lo requerido por uno y otro estatuto es distinto. Es por eso que al interpretar la disposición de la Ley Municipal, teniendo en cuenta, además, el hecho de que el Código de Seguros autoriza la acción directa contra el asegurador, concluimos que la defensa de no haber notificado al municipio no aprovechaba a la compañía aseguradora.

La situación en los casos de las fianzas prestadas para garantizar el pago de los materiales utilizados en una obra pública es distinta. La ley, como hemos visto, específica-mente requiere, como condición para reclamar judicialmente de la fiadora por materiales suplidos a un subcontratista, que se notifique previamente al contratista principal. Esto es así porque independientemente del hecho de que el pro-pósito principal de la Ley Núm. 388 es garantizar el pago a los obreros y materialistas, la ley establece un procedi-miento mediante el cual el contratista tiene la oportunidad de conocer con tiempo lo adeudado por el subcontratista y así poder retener de lo que todavía le adeude por el trabajo realizado, lo suficiente para pagar a los materialistas. Es de suma importancia para el contratista recibir esta notifi-cación porque distinto a las fianzas por responsabilidad pú-blica en las cuales la fiadora no puede reclamar del asegu-rado lo que ha tenido que pagar por daños, en el tipo de fianza que se presta para garantizar el pago a los materia-listas, el fiador por ser solidario puede resarcirse reclamán-dole al contratista lo pagado. De hecho normalmente la prác-tica es que la fiadora no expide la fianza hasta tanto el con-tratista no le proporcione suficiente garantía para cubrir lo que la fiadora tenga que pagar. Las cortes federales han interpretado la disposición del Miller’s Act, que como expre-samos en Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965) fue el modelo de la Ley Núm. 388 en el sentido de que no procede la acción contra la fiadora si no ha mediado previamente la notificación al contratista. Fleisher Engineering Co. v. United States, 311 U.S. 15 (1940); Liles Construction Company v. United States, 415 F.2d 889 (5th Cir. 1969); Noland Company v. Allied Contractors, 273 F.2d 917 (4th Cir. 1969); United States v. Continental Casualty Company, 230 F.Supp. 557 (U.S.D.C.W.D. Pen. 1964). Y la realidad es que no se le está exigiendo nada extraordinario al suplidor de materiales. Simplemente que treinta días antes de radicar la demanda notifique al contratista lo adeudado por el subcontratista.

Procede, por lo tanto, revocar la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Matos disintió.

       Dispone así el Art. 96:
      “(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra una corporación municipal, por daños personales o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de la corporación municipal, deberá presentar al jefe ejecutivo de ésta una notificación escrita, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, la cuantía de la compensación monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
      (b) Dicha notificación se entregará al jefe ejecutivo de la corpora-ción municipal remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
      (c) La referida notificación escrita se presentará al jefe ejecutivo municipal dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del término prescrito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dis-puesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.

        (d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligada a notificar la reclamación dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que tuvo conoci-miento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificación dentro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo hiciere.
      (e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra una corporación municipal por daños causados por la culpa o negligencia de-aquella si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y, manera y dentro de los plazos prescritos en este Subtítulo. Lo anterior.: es aplicable únicamente a los daños .causados por cualquier corporación municipal con posterioridad a la vigencia de este Subtítulo.
      (f) El término corporación municipal incluye todos los municipios de Puerto Rico y la Capital de Puerto Rico; y el término jefe ejecutivo incluye al alcalde de cualquier municipio de Puerto Rico y el Administrador de la Capital de Puerto Rico.
      (g) Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo, fijado por el inciso 2 del art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, edición. de 1930, see. 5298 del Título 31.”

       El Art. 20.030 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 2003 (ed... 1958), dispone así:
      “(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente. La responsabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en' la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del. asegurador, si que también la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado.
      (2) Si el perjudicado entablara demanda contra el asegurado sola-mente, no se estimará por ello que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme contra el asegurado.”


text:
    Joaquín Gallart Mendía et al., demandantes y recurrentes, v. Puerto Rico Telephone Company, demandada y recurrida.

      Número: R-68-144

      Resuelto: 5 de octubre de 1971

      Martin Almodovar Acevedo y Justino Ferrer, abogados de los recurrentes; Pier as & Torruella, abogados de la recurrida.
   PER CURIAM:

En este recurso el recurrente, demandante en el pleito original, impugna la cuantía de daños fijada por el tribunal sentenciador como resultado de las lesiones que sufrió en un accidente en que se vio envuelto mientras conducía una motocicleta en servicio como Policía Estatal, por considerarla inadecuada y que no guarda proporción con los daños sufridos, según surge de las propias conclusiones del tribunal. Señala, además, que dicho tribunal incurrió en error al concederle sólo $1,000.00 por concepto de honorarios de abogado.

A la fecha del accidente, el recurrente tenía cuarenta y nueve años de edad con veintiún años de servicio como Policía Estatal, diecinueve de los cuales los había servido como moto-ciclista. Percibía un sueldo de $250.00 mensuales. El acci-dente ocurrió una noche al enredarse la rueda delantera de la motocicleta con un cable tensor de las líneas telefónicas de la recurrida que se encontraba tendido sobre la carretera entre Naguabo y Humacao, ocasionando que el conductor perdiera el control y fuera a estrellarse contra el pavimento. La siguiente determinación de hecho del tribunal a quo recoge, aunque sólo a grandes rasgos, la evidencia aportada sobre la naturaleza, extensión e incapacidad resultante de las graves lesiones que sufrió el recurrente con motivo del accidente:

“4. Como consecuencia del descrito accidente, el policía Mendoza perdió el conocimiento y tuvo que ser recluido primeramente en la Clínica Oriente de Humacao, sufriendo los siguientes daños físicos: fracturas de la vértebra dorsal núm. 12 y de las lum-bares 3 y 4, con estrechamiento entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. La superficie de estas vértebras se hundió, debido a penetración o socavación. El demandante mantenía cierta rigidez en la columna dorsal y lumbar. También persistió en el demandante un espasmo o dureza en los músculos, y la lordosis lumbar, varios meses después del accidente, mostraba cierto aplastamiento- de las vértebras que producía una cifosis. De la Clínica Oriente el demandante fue trasladado al Hospital del Fondo del Seguro del Estado, donde permaneció aproximada-mente mes y medio. Luego, en forma ambulatoria, fue sometido a diversos tratamientos de fisioterapia. Apreciando en conjunto todo el testimonio médico ofrecido por ambas partes el Tribunal concluye que el policía Mendoza sufrió una incapacidad de un 40% a un 50% de las funciones generales del cuerpo.”

El tribunal sentenciador fijó en $15,000.00 la indemniza-ción por los daños físicos, angustias mentales, incluyendo la incapacidad sufrida por el recurrente. De esa suma le dedujo $6,412.75 que representa los desembolsos del Administrador del Fondo del Seguro del Estado, quien los reclamó en esta acción en subrogación, en la hospitalización, tratamiento, die-tas, compensación y otros gastos incurridos para beneficio del recurrente por ser éste un obrero asegurado con el Fondo del Seguro del Estado.

En Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828, 831 (1964), dijimos que “. . . [1] a indicación más segura para aumentar la compensación es la perdurabilidad del daño sufrido . . . .” El tribunal sentenciador consideró la incapacidad del recu-rrente como factor, entre otros, para fijar la cuantía. Con-siderando las circunstancias de este caso se justifica, a nues-tro juicio, un aumento en la indemnización. El demandante fue retirado, del servicio por .incapacidad física; depende ahora de una modesta pensión' que le pasa el Gobierno men-sualmente y del pequeño ingreso que pueda producir como porteador público, con las limitaciones de su incapacidad física, en la ruta de .Humacao a Fajardo; y existe la pro-babilidad de que aumente su incapacidad funcional resultante de las lesiones sufridas.

Tomando en consideración estos factores, los $15,000.00 fijados por el tribunal como indemnización no compensan justa y razonablemente las graves lesiones recibidas y la seria incapacidad funcional que sufre el recurrente. Se au-mentará- la indemnización a $25,000.00, la condena de hono- ratios de abogado a $2,000.00 y así modificada se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado Señor Martín no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Puerto Rican International Paper Company Limited, demandante y recurrente, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrido.

      Número: R-70-344

      Resuelto: 5 de octubre de 1971

      McConnell, Valdés, Kelley & Sifre y Abelardo Ruiz Suria, abo-gados de la recurrente; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente opera en Areeibo una industria, exenta bajo las leyes de Incentivo Industrial. Se dedica a la producción de papel en rollos. Para .el año 1967 adquirió dos montacar-gas, para uso en su planta manufacturera. Pagó bajo protesta los arbitrios en relación con dicho equipo y reclamó oportunamente su reembolso. Acordamos revisar la sentencia del Tribunal Superior declarando sin lugar la acción de reintegro.

No existe controversia en cuanto a los hechos. Estos fueron estipulados. La cuestión que se plantea es si el equipo en cuestión está exento del pago de arbitrios a tenor con las disposiciones del Art. 46 de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956, según fuera enmendado por la Ley Núm. 36 de 31 de mayo de 1963; 13 L.P.R.A. see. 4046(b)(1)(a).

De conformidad con la estipulación de hechos los monta-cargas se utilizan única y exclusivamente dentro de los lí-mites de la fábrica de la recurrente. La función que realiza consiste en recoger y conducir los rollos de papel, que es el producto terminado, a un almacén dentro de la misma fábrica y en algunos casos directamente a la plataforma de camiones estacionados en el patio de la propiedad de la recurrente.

Un breve examen de la sentencia recurrida, a la luz de la letra y del propósito de Ley Núm. 36 de 31 de mayo de 1963, nos. convence que la misma no debe prevalecer. Al declarar sin lugar la demanda de reintegro, el Tribunal Superior descansó en el inciso (b) (1) (b) del Art. 46 de la referida Ley de Impuestos, el cual no fue enmendado por la Ley Núm. 36, y que lee así:

“(1) Artículos Exentos del Impuesto. Cualquiera de los si-guientes artículos cuando se usan en una planta manufacturera:
(b) la maquinaria, camiones o montacargas (hoisting units) que se utilicen exclusiva y permanentemente en la conduc-ción de materia prima dentro del circuito de la planta manu-facturera.”

Sostuvo el Tribunal Superior que la enmienda introducida por lá Ley Núm. 36 de 1963 en nada alteró la condición de que, en relación con el equipo aquí envuelto, para tener de-recho a la exención, es menester que el mismo se utilice exclusiva y permanentemente en la conducción de la materia prima dentro del circuito de la planta manufacturera. Los montacargas no se utilizan para conducir materia prima de la operación de la recurrente, y sí en el manejo del artículo terminado: rollos de papel. Resolvió que “. . . [a] 1 dejar el legislador subsistentes los párrafos (b) al (i) del apar-tado (b) párrafo (1), del Artículo 46 de la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, dejó confirmada su intención de que quedaran sujetos a tributo los artículos que allí se mencionan.”

Ese no fue el propósito de la enmienda. El Art. 46 de la Ley de Impuestos fue enmendado en el año 1963. Mediante la Ley Núm. 36 la maquinaria o equipo adquirido con poste-rioridad a su aprobación y usado en una planta manufactu-rera quedó exento del pago de arbitrios. Al definir el término “planta manufacturera” incluyó:

“(3) una fábrica que esté exenta bajo la Ley de Incentivo Industrial de 1954, la Ley de Exención Industrial de Contri-buciones de 1948, y cualquier otra ley de exención, aprobada subsiguientemente para los mismos fines.”

La fábrica de la recurrente es “. . . [u]na comprendida dentro de la definición de ‘planta manufacturera’ que aparece en la Ley Núm. 36 de 31 de mayo de 1963”. Este es un hecho estipulado por las partes.

La letra de la Ley Núm. 36 no ofrece duda alguna que el equipo que, como en el caso de autos, se utilice en una planta manufacturera comprendida dentro de una de las definiciones de dicho término que ofrece la ley, como lo es la recurrente, está exento de tributo. Esa es la letra de la Ley. Ese fue el propósito de la legislación que enmendó el inciso (1) (a) del Art. 46 de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo.

Bajo las disposiciones del referido inciso, antes de su enmienda, la exención sobre maquinaria y equipo se limitaba al usado en la fase fabril del proceso de manufactura que interviniera con las materias primas entre el comienzo y la terminación del proceso de manufactura.

El Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda y Comercio de la Cámara de Representantes en relación con el proyecto 825 allí originado, que luego se convirtió en la Ley Núm. 36 aprobada el 31 de mayo de 1963 al recibir la firma del Gobernador, expresa claramente el alcance y propósito de esta legislación. Allí se dice (Diario de Sesiones, Vol. XVII, T. 3, págs. 1117-1118) :

“El P. de la C. 825 tiene el propósito de armonizar la admi-nistración de la exención, dispuesta en el Artículo 46(b) (1) de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico sobre materia prima, maquinaria y equipo usado en plantas manufactureras y en astilleros, con el nuevo impulso del desarrollo industrial de Puerto Rico.
La eliminación del impuesto constituiría un alivio directo para la industria, no tan solo de índole económica, sino que imparte solidez y facilita la promoción. Sería un factor favorable para lograr futuras expansiones y nuevas instalaciones creando así nuevos empleos directos y derivados que habrán de beneficiar grandemente la economía general del país.
El P. de la C. 825 facilitará al Departamento de Hacienda la administración de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo y le evitará trastornos y dificultades a los indus-triales ya que lo único que tienen que probar es que la maqui-naria y equipo serán usados en una planta manufacturera. Por otra parte, el Departamento de Hacienda solo deberá cercio-rarse que la maquinaria y equipo se utilizarán en una planta manufacturera.” (Énfasis nuestro.)

En igual sentido se expresaron las Comisiones del Senado al informar el propósito de dicho proyecto:

“El propósito de este proyecto es enmendar el párrafo (1) (a) del apartado (b) del Artículo 46 arriba citado para dejar clara-mente expresado que también gozará de exención la maquinaria y equipo que utilice una fábrica que esté exenta bajo la Ley de Incentivo Industrial de 1954, la Ley de Exención Industrial de Contribuciones de 1948 y cualquiera otra ley de exención aprobada subsiguientemente para los mismos fines.”

La interpretación que del Art. 46 de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo hiciera el tribunal sen-tenciador no cumple la intención legislativa en su esfuerzo de armonizar la administración de la exención contributiva de equipo usado en plantas manufactureras con el nuevo impulso del desarrollo industrial de Puerto Rico y crear un factor favorable adicional para lograr futuras expansiones y nuevas instalaciones. Creemos oportuno repetir lo dicho en Textile Dye Works, Inc. v. Srio. de Hacienda, 95 D.P.R. 708, 713 (1968):

“. . . [l]as exenciones industriales de contribuciones deben interpretarse en forma consonante con su propósito creador. Solo así se cumple la intención legislativa y además esa inter-pretación fiel y razonable es la interpretación beneficiosa al interés público. La exención industrial de contribuciones no es una gracia, en el viejo sentido de la frase, que el Gobierno de Puerto Rico confiere, sino que es un instrumento que utiliza Puerto Rico, para fomentar la industria y la inversión pro-ductiva, todo con el objetivo final de hacer posible una vida civilizada, material y espiritual, para los habitantes del país.”

Se revocará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y en su lugar se dictará otra declarando con lugar la demanda y ordenando el reintegro de los arbitrios recla-mados.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado Señor Martín no intervinieron.

       El equipo se denomina en Inglés “tow-motor forklift truck with clamp”.

      Disponía en dicho inciso: (13 L.P.R.A. sec. 4046(b) (1) (a)) :

        “(b) Maquinaria y Equipo Usados en Plantas Manufactureras y en Astilleros:
      (1) Artículos Exentos de Impuesto. Cualquiera de los siguientes artículos cuando se usen en una planta manufacturera:
      (a) la maquinaria o equipo usado en la fase fabril del proceso de manufactura que intervenga con las materias primas entre el comienzo y la terminación del proceso de manufactura incluyendo el ensanblaje o integración de artículos tributables a que se refiere la see. 4004 de este título.”

       Véase el Informe de las Comisiones de Hacienda y de Industria y Comercio del Senado, marcado Anexo B, acompañado al recurso.


text:
    Milton González Zayas, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Gerardo Carreira Más, Juez, demandado; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.

      Numero: O-70-105

      Resuelto: 8 de octubre de 1971

      Luis A. Maldonado Soto, abogado del peticionario; Gilberto Gier-bolini, Procurador General, y Cándita R. Orlandi, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Milton González compareció a la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito con el propósito de servirle de fiador a dos personas acusadas de delito y a quienes se les había señalado una fianza de $1,000 en cada una de cinco causas. Para lograr su propósito simuló ser Juan Reyes Torres y con ese nombre firmó y juró las fianzas exigidas, en las cuales manifestó que era dueño de un inmueble, siendo todo falso.

Al descubrirse la falsedad se juraron cinco denuncias por el agente Negrón Ramos del Cuerpo de Investigaciones Cri-minales de la Policía contra Milton González, el 3 de julio de 1969, por falsa representación, ante la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito. El 24 de septiembre siguiente hizo alegación de culpabilidad en los cinco casos. La Corte de Distrito le impuso $1,000 de multa, $200 en cada caso ó 90 días de cárcel. Satisfizo las multas impuestas. El 16 de octubre de 1969 el fiscal de San Juan radicó acusación contra Milton González por cinco delitos de perjurio que acumuló en un solo pliego acusatorio. Al dorso de la acusación un agente del Cuerpo de Investigaciones de la Policía de Puerto Rico aparece como uno de los testigos de cargo.

Al dar comienzo la vista del caso de perjurio la defensa plantea al Tribunal “que por estos mismos hechos el acusado fue ya juzgado.” Luego de las partes someter extensos memo-rándums, el juez que presidió la vista declaró sin lugar el planteamiento de la defensa. Acordamos revisar esa resolución.

No estamos ante el caso usual de exposición anterior protegido por la garantía constitucional enmarcada en la Sec. 11 de la Carta de Derechos. Milton González no se declaró culpable del mismo delito por el cual se le acusó ante el Tribunal Superior. Se declaró culpable de falsa represen-tación y ahora se le está acusando de perjurio. Pero hay una disposición en el Código Penal aplicable a la situación de hechos que este caso presenta. El Art. 44 (33 L.P.R.A. sec. 90) dispone así:

“Un acto u omisión penable de distintos modos por distintas disposiciones de este Código, podrá castigarse con arreglo a cual-quiera de dichas disposiciones, pero en ningún caso bajo más de una; la absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas, impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera de las demás.”

La disposición que acabamos de transcribir vino a nuestro ordenamiento del Estado de California. Corresponde al Art. 654 del Código Penal de dicho Estado. Esta dispo-sición tiene un alcance mayor que el de proteger a un acusado de la doble exposición que veda la Constitución del Estado Libre Asociado, sino que lo protege de que por un solo acto punible se le castigue más de una vez. No debe ser confundida con la garantía constitucional. People v. Tideman, 370 P.2d 1007, 1009 (Cal. 1962). Por eso el artículo establece que si se ha incurrido en “un solo acto u omisión penable” no podrá castigársele por más de un delito; ni procesársele nuevamente una vez absuelto o convicto y sentenciado por cualquiera de los delitos. Así se evita que a un acusado por los mismos hechos pueda imponérsele una pena que en efecto sea exce-siva, sin que necesariamente resulte cruel e inusitada, y se evita además que pueda hostigársele y perseguírsele, acusándolo de distintos delitos, luego de haber sido ya pro-cesado por uno, en circunstancias en que no procede la defensa de exposición anterior por tratarse de delitos distintos. Kellett v. Superior Court, 409 P.2d 206 (1966); Neal v. State of California, 357 P.2d 839 (1961); People v. Hartfield, 90 Cal. Rptr. 274, 277 (1970); Nota, 2 San Diego L. Rev. 86 (1965); Applying Section 654, of the Penal Code, 32 Calif. L. Rev. 50 (1958); Kahn, Double Jeopardy, Multiple Prosecution and Multiple Punishment: A Comparative Analysis, 50 Calif. L. Rev. 853 (1962).

Es necesario apuntar la diferencia existente entre la defensa de exposición anterior que garantiza la Constitución y lo estatuido en la segunda cláusula del Art. 44. La defensa de exposición anterior requiere que la segunda acusación sea por el mismo delito, pero no requiere para su aplicación una absolución o una condena. Basta que haya estado expuesto. El Art. 44 exige que el caso anterior haya terminado, bien por absolución o por convicción y sentencia.

La situación que trata de proteger el Art. 44 no presen-taba problema fundamental alguno cuando se redactó la enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que proscribe la doble exposición por el mismo delito. En aquel tiempo existían relativamente pocos delitos, claros y definidos. Las acusaciones eran sencillas y precisas. Según pasaban los años y la sociedad rural se convertía en una sociedad urbana e industrializada se multiplicaron los delitos y los estatutos penales se hicieron más abarcadores y técnicos, pudiendo un solo acto violar varias disposiciones penales. Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436 (1970), Nota, 39 Cincinnati L. Rev. 590 (1970). Esto podría resultar injusto y opresivo para el ciudadano. Los tribunales fueron desarrollando varias doctrinas para proteger al acusado del rigor excesivo de la ley. Ver el abar-cador estudio sobre esta cuestión en Lugar, Criminal Law Double Jeopardy and Res Judicata, 39 Iowa L. Rev. 317 (1964); Cohen, Deadly Weapons Act, 31 U. Pitt. L. Rev. 476 (1970). Una de las doctrinas adoptadas es la del impedi-mento colateral por sentencia (collateral estoppel by judgment) .

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436 (1970) hace referencia a la práctica desarrollada por los fiscales de imputar más de un delito por un solo acto delictivo y al hecho de que los tribunales federales hace más de cincuenta años aplicaron la doctrina de impedimento colateral (collateral estoppel) para proteger al acusado. A ese efecto consignó en el escolio 10 a la pág. 445:

“Es cierto, como expresó este Tribunal en Hoag v. New Jersey, supra, que nunca hemos sostenido específicamente que la doctrina de impedimento colateral es una exigencia constitu-cional. Hasta hace quizás un siglo, pocas situaciones surgieron que requerían su aplicación, ya que, bajo la ley común y bajo antiguos estatutos criminales federales las categorías de delitos eran relativamente pocas y específicas. Un solo curso de conducta criminal probablemente producía un solo delito. Véase Comment, Statutory Implementation of Double Jeopardy Clauses: New Life for a Moribund Constitutional Guarantee, 65 Yale L.J. 339, 342. En tiempos más recientes, con el advenimiento de la por-menorización en la redacción y la extraordinaria multiplicación de delitos estatutarios que coinciden en parte y se relacionan entre sí, se hizo posible a los fiscales el producir una sorpren-dente y numerosa serie de delitos derivados de una sola tran-sacción criminal. Véase, Note, Double Jeopardy and the Multi/ple-Count Indictment, 57 Yale L.J. 132, 133. A medida que el número de delitos estatutarios se multiplicaba, la posibilidad de multiplicidad de acusaciones injustas y abusivas por una misma alegada conducta criminal- se pronunció más. Comment, Twice in Jeopardy, 75 Yale L.J. 262, 279-280; Note, Double Jeopardy and the Concept of Identity of Offenses, 7 Brooklyn L. Rev. 79, 82. Las cortes federales pronto reconocieron la necesidad de evitar tales abusos por medio de la doctrina de impedimento colateral y ésta se convirtió en una protección firmemente esta-blecida en la ley federal. Véase n. 6, supra . . . .”

Tan fundamental consideró el tribunal la aplicación de esta doctrina que en Ashe v. Swenson, la incorporó a la garantía consignada en la Enmienda V de no ser expuesto dos veces por el mismo delito y la aplica a los estados a través de,la Enmienda XIV. Ver los comentarios sobre Ashe v. Swenson en 50 B.U.L. Rev. 604 (1970); 39 Cincinnati L. Rev. 590 (1970); 71 Colum. L. Rev. 321 (1971); 84 Harv. L. Rev. 140 (1970); 69 Mich. L. Rev. 762 (1971); 49 N.C.L. Rev. 351 (1971); 49 Texas L. Rev. 148 (1970); 7 Tulsa L. Rev. 68 (1971); 39 UMKC L. Rev. 225 (1971).

Procede aclarar que este Tribunal no ha emitido dictamen alguno sobre el Art. 44 que pueda servir de norma para su interpretación. La disposición que estudiamos se ha mencio-nado insignificativamente en los casos de Pueblo v. Rivera Ramos, 88 D.P.R. 612 (1963); Pueblo v. Fonseca, 79 D.P.R. 36 (1956); Pueblo v. Pérez, 58 D.P.R. 539 (1941); Pueblo v. Padilla, 56 D.P.R. 144 (1940) ; Pueblo v. Cortés, 56 D.P.R. 164 (1940); Pueblo v. Rodríguez, 12 D.P.R. 212 (1907); Ex Parte Torres, 11 D.P.R. 101 (1906); Pueblo v. Laborde, et al., 9 D.P.R. 447 (1905); Ex Parte Correa, 8 D.P.R. 251 (1905). En Pueblo v. Rodríguez, supra, se dispuso sin un estudio adecuado, un planteamiento sobre la aplicación del referido artículo. En Pueblo v. Fonseca, supra, al resolver el planteamiento sobre la aplicabilidad del Art. 44 en rela-ción con las distintas violaciones de la Ley de Armas, ex-presamos lo siguiente:

“El apelante, invocando el art. 44 del Código Penal sostiene que tanto el art. 8 que prohíbe la portación de un arma de' fuego cargada, como el art. 32 que prohíbe el que se dispare un arma, castigan el mismo acto, esto es, la portación de un arma de fuego cargada.

El art. 44 ya citado no se aplica en este caso. La portación ilegal de un arma de fuego, cargada, es un delito en el que se incurre independientemente de que se dispare o no el arma.' El acto de disparar ilegalmente es un delito en el que se incurre independientemente de que la persona que lo ejecuta, en las circunstancias indicadas en el art. 32, tenga o no licencia para portar el arma. Son por lo tanto, violaciones de ley distintas y separadas. Cf. Pueblo v. Albizu, 77 D.P.R. 896, 907.”

La cuestión principal que la interpretación del Art. 44 plantea es el alcance del concepto “un solo acto u omisión.”

Está aceptado por la jurisprudencia del estado de origen, que el concepto “acto u omisión” a que se refiere el artículo no debe circunscribirse al sentido literal de la expresión, esto es, no necesariamente es el acto que denota una actua-ción específica sino que puede ser un curso de conducta con un objetivo y propósito determinado. Tampoco está limitada su aplicabilidad a delitos que están incluidos o son parte o ingrediente de otros. Ex Parte Hayes, 451 P.2d 430 (1969); In Re McGreen, 427 P.2d 161 (1967); Neal v. California, 357 P.2d 839 (1960); People v. Bauer, 461 P.2d 637 (1969) ; People v. Jackson, 140 N.E.2d 282 (N.Y. 1957); People v. Kelly, 270 N.Y.S.2d 127 (1966); People v. Repola, 117 N.Y.S.2d 283 (1952); People v. Baker, 278 N.Y.S.2d 309 (1967); People v. Christman, 244 N.E. 703 (N.Y. 1969); ver además State v. Balley, 427 P.2d 125 (Ariz. 1967) y State v. Vallejos, 358 P.2d 178 (Ariz. 1960).

En People v. Bauer, supra, el Tribunal Supremo de California resume la jurisprudencia de aquel estado sobre lo que se entiende por “un solo acto u omisión” a los efectos de la aplicación de la disposición estatutaria que estamos conside-rando. A ese efecto expresó:

“Se ha establecido firmemente que la prohibición contra el doble castigo no está limitada a delitos necesariamente incluidos en otro o a delitos idénticos o a casos donde ocurre, en el sentido corriente, un solo acto.

La prohibición contra el doble castigo de la sección 654 es aplicable donde existe un curso de conducta que infringe más de un estatuto y comprende una transacción indivisible casti-gable bajo más de un estatuto dentro del significado de la sec-ción 654. La divisibilidad de un curso de conducta depende de la intención y propósito del actor, y si todos los delitos son incidentales a un propósito, puede castigarse al acusado por cualquiera de ellos, pero no por más de uno.”

Ver Neal v. State, 357 P.2d 839 (Cal. 1960). Y ver especí-ficamente In Re Hayes, 451 P.2d 430 (Cal. 1969) donde se considera la aplicación de estas normas.

En California se ha dejado sentado que siendo el propósito de la disposición que estamos considerando proteger al ciudadano contra el hostigamiento y persecución irrazonable del gobierno, ésta no puede ser utilizada para frustrar la administración de la justicia. In Re Hayes, supra. En People v. Hartfield, 90 Cal. Rptr. 274 (1970) el acusado, estando pendiente la vista del caso grave, compareció al tribunal inferior precipitadamente y se declaró culpable del delito menos grave. El tribunal resolvió que en esas circuns-tancias no le protegía el Art. 654. Y en In Re Ford, 424 P.2d 681 (Cal. 1967) se resolvió que la disposición estatu-taria no se aplicaba cuando la conducta proscrita por la ley afecta a más de una persona. Ver además People v. Taylor, 93 Cal. Rptr. 257 (Cal. 1971).

Es evidente la tendencia de los tribunales estatales en extender la protección que el Art. 44 establece aun sin existir una disposición estatutaria como la nuestra. El Tribunal Supremo de Alaska, en una muy bien razonada y con-vincente opinión, en Whitton v. State, 479 P.2d 302 (1970), concluye que la disposición de la Constitución estatal que protege contra la doble exposición por un mismo delito, protege también al ciudadano de múltiples sentencias por un solo acto u omisión. A igual conclusión llegan las cortes de Hawaii y Oklahoma en State v. Ahuna, 474 P.2d 704 (Hawaii 1970) y Hilderbrand v. Mills, 476 P.2d 375 (Okla. 1970). Ver además: Statutory Implementation of Double Jeopardy Clause: New' Life for a Moribund Constitutional Guarantee, 65 Yale L.J. 339 (1956); Nota: Consecutive Sentences in Single Prosecution Judicial Multiplication of Statutory Penalties, 67 Yale L. Rev. 916 (1958); Grant, The Lanza Rule of Successive Prosecutions, 32 Colum. L. Rev. 1309, 1323 (1932); Kirchheimer, The Act, the Offense and Double Jeopardy, 58 Yale L. Rev. 513 (1949); Comment: Twice in Jeopardy, 75 Yale L. Rev. 262 (1965); Lugar, Criminal Lato, Double Jeopardy and Res Judicata, 39 Iowa L. Rev. 317 (1964); The Protection from Multiple Trials, 11 Stan. L. Rev. 735 (1959).

Antes de considerar los hechos de este caso debe dejarse establecido lo expuesto en People v. Branch, 260 P.2d 27 (1957) al efecto de que: “. . . es indispensable, para poder imponer castigos separados, que haya evidencia de actos separados y divisibles que no sean incidentales uno al otro. Al determinar esta cuestión los tribunales se han negado a pormenorizar la evidencia en un intento para encontrar deli-tos separados, sino que, por el contrario, han sostenido que debe hacerse un amplio enfoque de la transacción.” Esta norma fue adoptada por el Tribunal Supremo de Arizona donde existe una disposición similar. State v. Vallejos, 358 P.2d 178 (1960). Y ver además State v. Sulen, 485 P.2d 826 (Ariz. 1971) y State v. Mendoza, 481 P.2d 844 (Ariz. 1971).

Expuesta la ley aplicable, procede considerar los hechos específicos del presente caso. Un individuo se presenta a la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito para servir de fia-dor a dos personas. Manifiesta que es Juan Reyes Torres y procede a firmar y jurar la fianza. Como se expresa en la denuncia por falsa representación: “simulando ser y ha-ciéndose pasar por el Sr. Juan Reyes Torres y bajo tal carácter usurpado, solicitó, obtuvo y prestó una fianza” y en la de perjurio: “Compareció ante la Hon. Juez . . . certificó, firmó y juró como cierto ser la persona de Juan Reyes y ser dueño de un bien inmueble . . . conociendo tanto la falsedad de que no poseía dicho bien inmueble y que no era el ver-dadero Juan Reyes Torres con el propósito de que dicho fun-cionario autorizara una fianza.”

Como se observará de la lectura de los hechos esenciales alegados en la denuncia por falsa representación y en la acusación por perjurio, se le imputa un solo e indivisible hecho esencial: simulando ser Juan Reyes Torres “solicitó”, “firmó”, “juró”, “obtuvo” y “prestó” una fianza. Todos estos vocablos que aparecen en los pliegos acusatorios describen un solo curso de conducta con el propósito único de obtener ilegalmente la libertad de dos personas. Es una sola transacción. Y recuérdese, según se expresó en Branch, supra, que al apli-car el Art. 44 no deben desmenuzarse los hechos para tratar de establecer delitos separados. Si así se hiciera se frustraría el propósito que dio vida al Art. 44: evitar que se persiga irrazonablemente al ciudadano radicándose acusaciones por 'delitos distintos que tienen su origen en un solo acto u omisión es el propósito del ameritado artículo; impedir que sea con-victo de violar varias disposiciones del Código con una serie de penas que podrían resultar excesivas. El Estado tenía en sus manos acusar al peticionario de perjurio (delito grave) o de falsa representación. Pero prefirió que un agente del C.I.C. radicara primero la denuncia por falsa representación. Esperó que terminara el proceso por el delito menor para entonces radicar la acusación por el delito grave. Esto no lo permite el Art. 44.

Por las razones expuestas se anulará la resolución recu-rrida y se dictará otra ordenando el archivo de la acusación por perjurio.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.

      Una de las cinco denuncias se copia a continuación:
      “El referido acusado Milton González Zayas, allí y entonces, ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal de defraudar como al efecto defraudó valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, al Tribunal de Distrito de Carolina en la fecha, hora y sitio arriba indicado en una Orden de Fianza con la intención de fiar al señor Pedro Pérez Pérez, quien había sido acusado por el Artículo 419 del Código Penal de Puerto Rico el día 22 de enero de 1969, con fianza de $1,000, y lo hizo simulando ser y haciéndose pasar por el Sr. Juan Reyes Torres y bajo tal carácter usurpado, solicitó, obtuvo y prestó la fianza indicada, defraudando de este modo al Tribunal de Distrito de Carolina.”

      Uno de los cinco cargos que contiene la acusación lee así:
      “El referido acusado Milton González Z¡ayas, allá en o para el 13 de mayo de 1969, y en Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, compareció ante la Hon. Juez de Distrito Ana D. Sánchez de Morales, quien es un funcionario del Tribunal General de Justicia autorizada a tomar juramentos, certificó, firmó y juró como cierta ser la -persona de Juan Reyes Torres y ser dueño de un bien inmueble valorado en $37,000.00 situado en la Ave. Roosevelt #1121 de Santurce, conociendo tanto la falsedad de que no poseía dicho bien inmueble y de que no era el verdadero Juan Reyes Torres, con el propósito de que dicho funciona/rio autorizara una fianza a favor de Pedro Pérez Pérez, acusado en una infracción al Art. 419 del Código Penal de P.R., incu-rriendo de esta forma en el delito de Perjurio tal como se define en el Artículo 117 del Código Penal.” (Bastardillas nuestras.)

       Dispone así la Sec. 11:
      Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.”

       Lee así el Art. 654 de California:
      “ACTS MADE PUNISHABLE BY DIFFERENT PROVISIONS OF THE CODE. An act or omission which is made punishable in different ways by different provisions of this Code may be punished under either of such provisions, but in no case can it be punished under more than one; an acquittal or conviction and sentence under either one bars a prosecution for the same act or omission under any other. In the cases specified in Sections 648, 667, and 668, the punishments therein prescribed must be substituted for those prescribed for a first offense, if the previous conviction is charged in the indictment and found by the jury.”

       Aunque no se consideró en forma amplia el alcance del Art. 44, es evidente que la aplicación que se hizo de sus disposiciones es correcta ya que no se trataba de un solo acto penable por más de un estatuto, sino que se trataba de dos actos penables distintos: uno, portar un arma de fuego cargada sin estar autorizado; el otro, disparar un arma de fuego.

       Arizona Penal Code 13-1641.