author: Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

text:
    Osvaldo Alsina, demandante y recurrido, v. National Medical Care, Inc. y Bio Medial Applications, demandados y recurrentes.

      Número: CE-94-194

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Guillermo J. Ramos Luiña, de Rivera Tulla & Ferrer, abo-gado de los recurrentes; Godwin Aldarondo Girald, abo-gado del recurrido.
   SENTENCIA

El demandante recurrido, Osvaldo Alsina, trabajaba como Técnico Regional para Bio Medical Applications-National Medical Care, lnc. cuando fue despedido el 21 de noviembre de 1991. Alegando que su despido fue ilegal por tratarse de discriminación por razón de su edad (cuarenta y tres (43) años para esa fecha), demandó a su antiguo patrono en julio de 1993 en el Tribunal Superior y soli-citó el pago de los daños y angustias mentales sufridas, la penalidad impuesta por la ley y la paga dejada de devengar retroactiva y prospectivamente hasta los setenta (70) años de edad. El demandante no incluyó a su esposa o a la so-ciedad legal de gananciales como parte.

En la demanda Alsina alegó que el patrono violó las leyes federales y estatales que prohíben el discrimen por razón de edad en el empleo. La ley pertinente en Puerto Rico es la Ley para Proteger a los Empleados y Aspirantes a Empleo contra Discrimen de los Patronos o de Organiza-ciones Obreras por Razón de Edad, Raza, Color, Sexo, Ori-gen Social o Nacional, Condición Social e Ideas Políticas o Religiosas, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 146 et seq.

La parte demandada, aquí recurrente, Bio Medical Applications-National Medical Care, Inc. (en adelante Bio Medical) solicitó una sentencia sumaria parcial del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Antonio L. Corretjer Piquer, Juez), para eliminar la reclamación por los salarios dejados de devengar. En la moción, Bio Medical planteó que dicha reclamación era ganancial y que, tras un (1) año de los hechos, la sociedad de gananciales aún no había re-clamado los sueldos. Añadió que al demandar, Alsina no interrumpió el término prescriptivo para reclamar el lucro cesante porque no tenía legitimación activa para solicitar por cuenta propia las partidas que correspondían a su so-ciedad de gananciales. Solicitó del tribunal de instancia que desestimase con perjuicio dicha reclamación porque había prescrito. El Tribunal Superior rechazó el plantea-miento, y sostuvo que bajo la citada Ley Núm. 100 sola-mente el empleado despedido tiene la causa de acción para reclamar al patrono y exigir de él la compensación correspondiente. Alsina, por lo tanto, actuó correctamente al demandar por cuenta propia porque su reclamación, por ser la única permitida bajo la Ley Núm. 100, supra, inte-rrumpió oportunamente el término para solicitar el lucro cesante. En reconsideración, el tribunal reiteró su determinación.

Los recurrentes presentaron ante este Foro una petición de certiotari, que expedimos. Habiendo comparecido am-bas partes, nos encontramos en posición de resolver y así lo hacemos.

I el caso de autos se nos plantea si se requiere la com-parecencia de la sociedad de bienes gananciales y/o de am-bos cónyuges para reclamar el lucro cesante bajo una causal surgida al amparo de la citada Ley Núm. 100 o si, por el contrario, basta la reclamación hecha por el obrero despedido.

La sociedad legal de gananciales es la beneficiaría de todos los bienes obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos. Art. 1301(2) del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3641. Cuando se trata de sa-larios dejados de devengar, utilizamos el término de “lucro cesante”, que no es otra cosa que una representación esti-mada de estos sueldos. Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192, 195 (1978); Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 868 (1978). El lucro cesante, por lo tanto, co-rresponde a la sociedad de gananciales. Maldonado v. Banco Central Corp. 138 D.P.R. 268 (1995); Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 D.P.R. 829 (1992); Carrero Quiles v. Santiago Feliciano, 133 D.P.R. 727 (1993); García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 330 (1978).

Entre la compensación que reconoce la Ley Núm. 100, supra, se incluyen los ingresos y beneficios que un deman-dante dejó de recibir; esto es, permite reclamar el lucro cesante que, como hemos dicho, es ganancial. Maldonado v. Banco Central Corp., supra; Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 505-506 (1985). El hecho de que una concesión de dinero por concepto de lucro cesante se obtenga dentro de un pleito fundado en la mencionada Ley Núm. 100 no altera el carácter ganancial de dicha partida. La compensación del empleado soltero es la misma que recibe el empleado casado; su procedencia no depende del estado civil del reclamante ni de su naturaleza ganancial o privativa. Maldonado v. Banco Central Corp., supra. El hecho de que sea ganancial o privativo sólo se manifiesta una vez el empleado reclamante haya recibido el dinero y haya llegado el momento de asignarlo, que en el caso que esté sometida al régimen de gananciales enrique-cerá el caudal común de su sociedad conyugal en vez del privativo propio.

Bio Medical alega que la sociedad de gananciales, como beneficiaría del lucro cesante que reclama Alsina, tenía que figurar en cualquier reclamación de dinero con carác-ter de ganancial, y que al no haber comparecido a reclamar dentro de un (1) año, dejó que el término prescriptivo expirara. Art. 1868(2) del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298. Fundamentándose en el reconocimiento a la perso-nalidad jurídica de la sociedad de gananciales, distinta y separada de la de los dos (2) miembros que la component Bio Medical sostiene que la reclamación que hizo Alsina por cuenta propia no interrumpió el término prescriptivo, y concluye que en las reclamaciones fundadas en la Ley Núm. 100, supra, el obrero y su sociedad han de aparecer en la demanda como partes individuales, cada una recla-mando lo suyo. Pretende exigir que en toda reclamación cuyo remedio pueda tener el efecto de acrecer el patrimonio ganancial, sea la sociedad la única parte legitimada para entablar la demanda.

Los recurrentes no tienen razón. La Ley Núm. 100, supra, es un estatuto específico que tiene como único y exclu-sivo propósito reglamentar las relaciones entre el em-pleado (o aspirante a empleo) y su patrono en unas circunstancias específicas en que puede surgir una discri-minación ilegal. La medida no pretende regular las relacio-nes entre el patrono y el círculo de allegados del obrero. Como tal, no permite reclamaciones al patrono por parte de terceros, sea el cónyuge de la empleada, sus familiares o la sociedad de gananciales de la que es parte. Debido a que la sociedad de gananciales no tiene acceso a una reclama-ción bajo la citada Ley Núm. 100, no había otra manera en la que Alsina hubiese podido llevar la demanda. Por dicha razón confirmamos la determinación del tribunal de instancia. Examinemos en detalle la controversia planteada.

1 — 1

El Tribunal Superior denegó la Moción de Sentencia Su-maria Parcial que presentó Bio Medical por entender que la reclamación del lucro cesante fue oportuna, al haberse incluido en la demanda que incoó Alsina. El tribunal de instancia determinó que sólo el empleado tiene una causa de acción bajo la Ley Núm. 100, supra, no su cónyuge ni la sociedad de gananciales. Al ser Alsina la única persona a quien la mencionada ley confiere legitimación, su demanda interrumpió el término para todas las reclamaciones, in-cluyendo la referente al lucro cesante.

El recurrente alega que la sociedad de gananciales es la parte legitimada para reclamar las partidas por lucro ce-sante bajo la Ley Núm. 100, supra, y que dicha interpreta-ción ha recibido el respaldo jurisprudencial. Bio Medical plantea que el caso de autos debe regirse por la norma de Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, donde impedi-mos la reclamación por lucro cesante que intentó incoar uno sólo de los cónyuges luego de transcurrido el término prescriptivo. En Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, eliminamos una partida por lucro cesante que había conce-dido el tribunal de instancia a la demandante, una mujer que cayó por una escalera sin pasamanos. El término para pedir la compensación por esos daños prescribió antes que la víctima y su marido entablasen una reclamación. La de-manda hubiese sido desestimada en su totalidad de no ha-ber sido porque la demandante fue compensada por el Fondo del Seguro de Estado (en adelante F.S.E.), lo que extendió el término prescriptivo.

Cuando el F.S.E. compensa a una persona, adquiere el derecho a subrogarse en los derechos de la misma para reclamar una compensación del causante de los daños. El F.S.E. está sujeto a un término máximo de noventa (90) días para ejercer dicha prerrogativa, periodo durante el cual se paraliza el transcurso del término prescriptivo para reclamar. Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo, 11 L.P.R.A. see. 32 et seq. Resolvimos en Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, que dicha interrupción del término sólo congela el término prescriptivo para reclamar los daños personales del empleado. Se estableció que el tér-mino prescriptivo de otras reclamaciones, como el lucro ce-sante, no se paralizaba durante el plazo de subrogación del F.S.E., por lo que había que incoarlas oportunamente.

Bio Medical sostiene que nuestra opinión en Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, estableció una división en-tre las reclamaciones gananciales y las personales, que obliga a la sociedad a reclamar para interrumpir el tér-mino prescriptivo de toda partida ganancial. No tiene razón. Contrario al caso de autos, los demandantes en Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, nunca reclama-ron antes que transcurriera el plazo; ni la mujer que sufrió la caída ni su esposo reclamaron partida alguna (incluyen-do el lucro cesante) dentro del término prescriptivo. La única razón por la cual la demanda siguió su camino fue porque por legislación especial se extendió el plazo para reclamar los daños personales mientras el F.S.E. deter-mina si se subroga. Como no extiende el término de recla-mar otras partidas no personales, como las gananciales, los reclamantes han de atenerse al término regular de un (1) año. No significa ló dicho que sólo la sociedad podía recla-mar el lucro cesante, sino que alguien legitimado —fuese la mujer, la sociedad o su esposo— tenía que haber recla-mado oportunamente. Lo que no podía hacerse, como pre-tendían los demandantes en el caso antes citado, era recla-mar las partidas prescritas, y el lucro cesante que pedían estaba prescrito porque sólo se extendió el término de las reclamaciones personales. Es evidente, pues, que Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, no estableció que sólo la sociedad podía reclamar el dinero ganancial, pues cual-quiera de los cónyuges pudo haberlo hecho en representa-ción de la sociedad con tal que lo hubiese hecho dentro del término prescriptivo.

Distinto a los hechos en Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, Alsina sí promovió la reclamación por lucro cesante dentro del término prescriptivo. La facultad repre-sentativa que confiere el Art. 93 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 286, hizo posible que Alsina interrumpiese el término a nombre de la sociedad de gananciales.

Otra diferencia crucial es que en Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, la controversia no trataba sobre una reclamación al patrono bajo la citada Ley Núm. 100, sino de una demanda contra un tercero que no tenía relación (de empleo o profesional de tipo alguno) con la peijudicada, su marido o la sociedad que ambos componían. Las deman-das amparadas en la Ley Núm. 100, supra, toman un curso particular en materia de legitimación de demandantes, por lo que nuestra determinación en Franco v. Mayagüez Buil ding, Inc., supra —aun si hubiese tenido el efecto sobre la comparecencia forzosa de la sociedad que le atribuye Bio Medical— no dispondría automáticamente del caso de autos.

La Ley Núm. 100, supra, es un instrumento específico de protección al obrero o candidato a empleo que adviene víctima de discrimen por parte del patrono. Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994); Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990). Véase D. Fernández y C. Romany, Derecho Laboral, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1987, T. I, pág. 43. Pertenece al ámbito de las leyes espe-cíficas, cuyo fin es atender una situación particular exis-tente en la sociedad. No tiene como propósito proveer re-medios a la ciudadanía en general ni proteger a terceros que no intervengan directamente en la relación laboral. Tampoco basta tener vínculos directos con el patrono para tener una causa de acción, pues incluso dentro de esta re-lación particular la ley sólo opera en determinadas situa-ciones de discriminación. La citada Ley Núm. 100 “es ex-clusivamente de índole laboral. Su objeto estricto es la relación obrero-patronal. Está dirigida a tratar única-mente los derechos de los empleados y ofrecer particular protección a sus intereses. No tiene, pues, nada que ver con terceros u otras personas que no sean empleados”. (Enfasis en el original.) Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, pág. 5. Si bien nuestro ordenamiento permite que terceros de-manden por los daños causados por el despido o discrimen injustificado, estas reclamaciones no pueden tramitarse bajo la citada Ley Núm. 100 porque “sólo el empleado [o aspirante a empleo] puede reclamar por discrimen bajo esta legislación”. (Enfasis suprimido.) Maldonado v. Banco Central Corp., supra, pág. 274. Estos terceros son todos aquellos que no sean la empleada o aspirante al empleo, no importa los vínculos que los unan con la obrera. Debido a que la Ley Núm. 100, supra, sólo interesa remediar una situación de discrimen en el empleo y sólo provee remedios para el empleado afectado, ningún tercero tendrá acceso a reclamar del patrono bajo esta ley sin importar el vínculo que tenga con el obrero.

Es evidente, por lo tanto, que el “carácter especial protector” de la citada Ley Núm. 100 no permite la entrada al pleito a nadie que no sea el trabajador o el aspirante a empleo, aun bajo la facultad de representación que sobre cualquiera de los cónyuges reconoce el Art. 93 del Código Civil, supra. Véase Maldonado v. Banco Central Corp., supra. La comparecencia en la demanda de la sociedad y/o la esposa de Alsina no sólo era innecesaria para interrum-pir el término prescriptivo, sino que era imposible bajo la Ley Núm. 100, supra.

La reclamación entablada por Alsina fue oportuna. De-bido a que era a él a quien le correspondía representar a la sociedad de gananciales, su reclamación por concepto de lucro cesante no prescribió como alega el recurrente.

El tribunal de instancia, por lo tanto, no cometió el error aludido al reconocer que la causa de acción bajo la citada Ley Núm. 100 la ejerce el empleado y no la sociedad de gananciales.

Por los fundamentos antes señalados se confirma la re-solución recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurrió y disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Opinión concurrente y disidente emitida por la

Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

El caso de autos plantea si se requiere la comparecencia de la sociedad de bienes gananciales y/o de ambos cónyu-ges para reclamar el “lucro cesante” bajo una causal sur-gida al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 junio de 1959, según enmendada, 29 L.RR.A. see. 146 y ss. (en adelante Ley 100) o si basta la reclamación presentada por el obrero despedido.

Ciertamente, como indica la sentencia que hoy emite la mayoría del Tribunal, la Ley 100 no permite que una persona que no sea el empleado o el aspirante a empleo re-clame la compensación provista por dicha ley, aun bajo la facultad de representación legal y de administración de la sociedad de gananciales dispuesta por el Art. 93 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 286. Concurrimos con el señala-miento de la mayoría en cuanto a que la comparecencia de la sociedad de gananciales y/o el cónyuge de un obrero de-mandante bajo la Ley 100 es innecesaria, más bien impo-sible, para interrumpir el término prescriptivo y que la causa de acción bajo dicha ley la ejerce el empleado y ño la sociedad de gananciales. Sin embargo, diferimos de algu-nos de los fundamentos utilizados por la mayoría del Tribunal para pronunciarse en este caso.

Primero, el carácter ganancial o privativo de los bienes de un matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad de gananciales está establecido por el Código Civil. Por lo tanto, la compensación de salarios de un empleado casado siempre se reputa ganancial. Es incorrecto expresar que el carácter ganancial o privativo sólo se manifiesta una vez el empleado realmente recibe el dinero y lo asigna al caudal de su sociedad conyugal en vez del privativo.

Segundo, como indicamos en nuestras opiniones disidentes en Martínez Campos v. Banco de Ponce, 138 D.P.R. 366 (1995), y en Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268 (1995), la indemnización provista por el Art. 1 de la Ley 100, supra, 29 L.P.R.A. sec. 146, no es un susti-tuto de sueldo o retribución por servicios. El propósito legislativo fue establecer una medida disuasiva para que los patronos no incurran en actos o prácticas discriminatorias. La ley no tiene como propósito sustituir los ingresos provenientes del trabajo como el lucro cesante. La sociedad de gananciales del empleado discriminado no tiene ningún derecho a éste y carece de capacidad para reclamarla.

Este caso es un ejemplo vivo de nuestras advertencias en los casos Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994); Martínez Campos v. Banco de Ponce, supra, y Maldonado v. Banco Central Corp., supra, en el sentido de que dichas decisiones trastocan el cuidadoso entramado legis-lativo de la citada Ley 100, así como de otras leyes labora-les que disponen unos remedios laborales similares a los que provee dicha ley. Por una parte, el Tribunal sentó el precedente de que el remedio provisto por la Ley 100 sobre salarios dejados de devengar es parte y goza del mismo carácter de ganancialidad que se le ha adjudicado al lucro cesante y, por otra parte, indica que la comparecencia en la demanda de la sociedad o del cónyuge del empleado de-mandante es imposible bajo la Ley 100.

En fin, a pesar de que la discusión plasmada en la opi-nión de la mayoría no es la más acertada, confirmaríamos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que denegó la solicitud de sentencia sumaria de la parte demandada recurrente sobre el fundamento de que en una causa de acción bajo la citada Ley 100 sola-mente el empleado despedido tiene legitimación para re-clamar al patrono y exigir de él la indemnización correspondiente.

       No emana con claridad del expediente la relación corporativa entre National Medical Care, Inc. y Bio Medical Applications, o si se trata —como parece darse a entender— de un sólo demandado.

       La demanda fue presentada por el demandante luego de éste haber presen-tado unas querellas en el Departamento del Trabajo del Estado Libre Asociado y en el Equal Employment Opportunity Commission. El Departamento del Trabajo noti-ficó mediante carta una autorización a Alsina para proceder con la demanda contra el patrono el 26 de octubre de 1992.

        Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 549 (1993); Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 867-868 (1981); Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 173, 175-176 (1963); Echevarría v. Despiau, 72 D.P.R. 472, 475 (1951); Rivera v. Casiano, 68 D.P.R. 190, 197 (1948); Ex Parte García, 54 D.P.R. 503, 507 (1939).

       94 J.T.S. 121. La opinión citada en la publicación Jurisprudencia del Tribunal Supremo omitió un segmento de la frase citada en esta opinión.

       Sobre reclamaciones de terceros bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, véanse, e.g.: Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1995); Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268 (1995).

       La mayoría expresa que la compensación que se concede al empleado u obrero por la pérdida económica, según los ingresos y beneficios que dejó de percibir, goza del mismo carácter de ganancialidad que se ha adjudicado al lucro cesante.
      Por lo tanto, aparentemente, el Tribunal entiende que la compensación que se concede al empleado por la pérdida económica no tiene como objetivo el restituir los daños ocasionados al empleado, sino sustituir los ingresos provenientes del trabajo. Quiere decir que dicha partida podría ser tributable, ya que en Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978), dejamos establecido que la indemnización por lucro cesante es un ingreso tributable.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ramón L. Rosado Figueroa, acusado y apelante.

      Número: CR-93-31

      Resuelto: 5 de julio de 1995

      Nicolás Torres Marrero, abogado del apelante; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Juzgamos un “tipo de conducta antisocial [que] mina la fe del Pueblo en el Gobierno y sus efectos nocivos permean los intersticios de la madeja social, resquebrajando el deli-cado equilibrio que debe existir entre los intereses del in-dividuo y los mecanismos de coexistencia y convivencia comunitaria”. Pueblo v. Márquez y Bermúdez, 122 D.P.R. 93, 94 (1988).

h-H

Ramón L. Rosado Figueroa —empleado de la Oficina Regional de Bayamón de la Administración de Reglamen-tos y Permisos (en adelante A.R.Pe.)— fue denunciado junto con Raúl Elias Rodríguez de soborno agravado. Art. 210 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4361. Fue asistido por el Ledo. Víctor M. Casal. Luego del trámite de la vista preliminar e incluso una en alzada, dicha denuncia fue re-ducida a soborno simple. Art. 209 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4360.

Después de unas mociones e incidentes sobre el descu-brimiento de prueba y una solicitud de supresión de testi-monio, Rosado Figueroa solicitó un juicio por separado. Oportunamente el Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Hon. Ahmed Arroyo Pérez, Juez) accedió. Transfirió el jui-cio en su fondo para el 16 de junio de 1992, y aclaró que en ese “día dispondr[í]a sobre el caso que qued[aría] y que Sala se va a trasladar y comenzar a ver uno de los dos casos ese día”. Minuta de 1ro de junio de 1992; A.O., pág. 12.

El 16 de junio comparecieron a la Sala del Juez Arroyo Pérez ambos acusados. Rosado Figueroa asistido de los Ledos. Víctor Casal y Reinaldo Arroyo Rivera; Elias Rodrí-guez, asistido del Ledo. Francisco Valcárcel Mulero, y por el Ministerio Fiscal comparecieron la Leda. Mayra E. Ló-pez Mulero y el Ledo. Wilfredo Morales. El acusado Rosado Figueroa renunció válida y concientemente al Jurado, ante lo cual el Juez Arroyo Pérez —conforme con lo anunciado en el señalamiento anterior— trasladó su caso a la Sala presidida por el Hon. Juez Hiram Torres Rigual. Cumplida esa orden, una vez ante el Juez Torres Rigual, el Ministerio Fiscal planteó que la intervención del licenciado Arroyo como coabogado de Rosado Figueroa generaba serios con-flictos de intereses por ser un fiscal delegado de la Oficina del Fiscal Independiente. Argumentada la cuestión, el tribunal lo relevó. Suspendió y transfirió la vista para el día siguiente a las 2:00 p.m., y así dar oportunidad al licen-ciado Casal de acudir ante este Foro para una petición de certiorari. Los testigos fueron juramentados y citados bajo apercibimiento.

Al otro día comenzó el juicio con la presentación de va-rios testigos y de la prueba documental. Concluido el desfile de la prueba, el tribunal emitió un fallo de culpabi-lidad, dictamen que, en reconsideración, reiteró.

Después de otros trámites, incluso la renuncia del licen-ciado Casal y la admisión del Ledo. Nicolás Torres Marrero como nuevo abogado de Rosado Figueroa, dicho tribunal lo condenó a seis (6) años de reclusión penitenciaria. Por no autorizarlo la ley, denegó la suspensión de la sentencia. No conforme, apeló.

Analizar y juzgar los méritos de su alegato ha sido difícil. No se enumeran ni discuten, en específico, los seña-lamientos de error, sino más bien se engloban y se mezclan con varios planteamientos cortos, cuya argumentación ex-cede escasamente un total de dos (2) páginas de tamaño legal. Ante esta situación, adoptamos la técnica expositiva usada por el Procurador General de “identificarlos de la lectura del apartado dedicado a la argumentación de errores”. Informe, pág. 2. .

1. Cometió error el tribunal al declarar culpable al aquí acu-sado del delito de soborno en ausencia de prueba de que tuvo una participación activa y directa en los hechos que culminaron en la acusación.” Informe, pág. 2.

El argumento del apelante Rosado Figueroa parte de la premisa errónea de que el delito de soborno sólo existe si medió de su parte y tuvo una participación activa y directa en los hechos. Decimos errónea, pues bajo el Art. 209 del Código Penal, supra, que tipifica ese delito, en interac-ción con la amplitud del Art. 35 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3172, que define a los autores, se consideran como tales los instigadores, colaboradores y cómplices, en-tre otros.

Así aclarado, basta remitirnos a la prueba no contradi-cha por voz del agente Hernández Marrero, relativa al so-borno:

Manifestó que mientra[s] conversaba con Piquín (Sr. Francisco Salgado) llegó el Sr. Rosado, que era un hombre alto y de barba blanca. Fue entonces que Raúl Elias presentó a dicho señor como Rosado. Este se sentó a su lado y participa de la evalua-ción que Piquín hacía del plano y croqui[s] que le fuera entregado. Añadió que en ese momento le dice a Rosado, que Raúl le había dicho que llevara un dinero para entregárselo; y que lo tenía encima. Rosado le dijo que no le diera el dinero allí porque los estaban velando y aquel sitio estaba caliente. Raúl interrumpe la conversación y propone que le dé el dinero a él y que luego él se lo entregaría a Rosado. Rosado reacciona con-forme con la idea y le manifiesta que Raúl es de su confianza, que le diera el dinero a él, que luego Raúl se lo entregaría. (En-fasis suplido.) E.N.P. enmendada, pág. 5.
2. “Al eliminar el tribunal al Ledo. Reynaldo Arroyo como abo-gado principal del apelante, el Tribunal [cojnculcó su derecho a una defensa efectiva, adecuada y razonable, pues dicho letrado era quien mejor conocía los hechos del caso y el que estaba preparado para su defensa.” (Escolio omitido.) Informe, pág. 2.

El señalamiento carece de méritos. Hemos transcrito, en el esc. 1, la resolución que contiene los fundamentos válidos para esa decisión judicial. Los hechos se consuma-ron el 14 de junio de 1991. Desde ese mismo mes y primer momento, el licenciado Casal compareció y lo asistió como abogado de récord. La acusación se presentó el 29 de fe-brero de 1992, pero no fue hasta el 12 de mayo de 1992 que el Ledo. Reinaldo Arroyo anunció que iba a unirse a la de-fensa mediante una moción. La resolución del Juez Torres Rigual, en la cual lo relevó, fue el 16 de junio de 1992. A esa fecha, el licenciado Casal lo había representado de manera satisfactoria y había planteado con diligencia varias cues-tiones sobre el descubrimiento de prueba, la supresión de testimonio, etc.

Los autos y la prueba descartan toda contención posible de que Rosado Figueroa no estuvo representado adecuada-mente en el proceso. No hay la más mínima scintilla de prueba en la cual se pueda apoyar que el licenciado Casal lo representó pobre o deficientemente; menos, que su de-fensa fuera perjudicial. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1986); Pueblo v. Marrero Laffose, 95 D.P.R. 186 (1967); Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964); Pueblo v. Torres, 81 D.P.R. 678 (1960).

3. “Erró el Tribunal de instancia al encontrar culpable al acu-sado-apelante sin que hubiese el Estado establecido que se so-metiera a la Oficina de Arpe en Bayamón planos y otros docu-mentos que son indispensables en las solicitudes corrientes de permiso para construcción. Tampoco hubo evidencia de que el acusado hiciera gestión legal alguna ante ARPE, o que dicha agencia tuviera que intervenir con planos y proyectos relacio-nados con el presente caso.” Informe, pág. 2.

No tiene razón. Correctamente —según resolvimos en Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985)— el Pro-curador General nos expone que el delito de soborno del Art. 209 del Código Penal, antes transcrito, equivale “al delito de cohecho en los derechos positivos Español y Argentino”. Informe, pág. 7. Al decir de Eugenio Cuello Ca-lón {Derecho Penal, Vol. I, pág. 442), según citado como autoridad por la doctora Dora Nevares-Muñiz en el Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1993, pág. 335:

El delito se configura tan pronto la persona o funcionario público acepta la proposición objeto del soborno, o cuando soli-cita el beneficio por sí o por medio de una tercera persona a cambio de llevar a cabo un acto regular de su cargo o función. No es necesario que el acto delictivo objeto del soborno se lleve a cabo.

No era, pues, necesario probar que Rosado Figueroa ha-bía hecho gestiones legales ante A.R.Pe., agencia que está encargada por ley para aprobar planos y proyectos de construcción.

4. “[E]l Tribunal de instancia cometió error de derecho al ad-mitir una confesión que hiciera el co-acusado [sic] Raúl Elias y que fuera le[í]do totalmente por el magistrado en el comienzo del proceso, aunque luego la rechazó por vía de una reconside-ración planteada por la defensa.” Informe, pág. 2.

Tampoco tiene razón. Aunque inicialmente el ilustrado tribunal sentenciador admitió la declaración jurada del coautor Elias Rodríguez, en reconsideración la rechazó. Ello no tiene el alcance que pretende atribuírsele.

Primero, según expuesto, el caso se presentó ante Tribunal de Derecho; no estamos ante la situación en que una declaración de ese tipo pueda configurar influencia inde-bida a un Jurado. A diferencia, el juez aquí es un técnico del derecho —Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983)— de vasta experiencia y ecuanimidad. Y se-gundo, la declaración, aunque más extensa y detallada, esencialmente reproduce la teoría que el Fiscal probó. En este sentido, repetimos, si bien es más específica y entra en otros extremos, su sustrato es el mismo.

5. “Erró el Tribunal de instancia al descartar el testimonio del testigo Francisco Salgado Aguedo en el sentido de que él había tratado con el co-acusado Raúl Elias y con el agente Erick Hernández. Y que el dinero en poder del agente era para ser entregado únicamente al testigo, ya que él era la persona que había pedido dinero por sus servicios en la preparación de pla-nos, el logro de la firma de un ingeniero y la aprobación de la descrita agencia del gobierno.” Informe, pág. 2.

Otra vez la premisa fáctica es errónea. Todo lo contrario, el testigo Francisco Salgado “declaró que mientras se en-contraba en la mesa y en su presencia, Manolo le preguntó a Rosado: ¿Y lo tuyo?’; y que Rosado le contestó: ‘no... lo mío dáselo a Pote’ ”. E.N.P. enmendada, pág. 9. Evidente-mente el testimonio de Salgado, junto a los demás testigos, no exime de responsabilidad penal al apelante Rosado Figueroa.

6.“[EJrró el Tribunal de instancia al aceptar la declaración del agente Erick Hernández como base para la convicción, ha-hiendo sido dicho testimonio impugnado por el propio testigo del Ministerio Público Agente Fax.” Informe, pág. 3.

La lectura de los testimonios de estos dos (2) testigos (E.N.P. enmendada, págs. 2-7 y 10-11), no revela la con-tradicción alegada. Distinto a su contención, ambos testi-gos lo situaron en el mismo lugar, hora y ante las mismas personas.

7. “Erró el Tribunal cuando declaró sin lugar la moción de la defensa interesando la reconsideración del fallo, a pesar de que el Ministerio Público ni replicó ni se opuso a dicha moción.” Informe, pág. 3.

Coincidimos con el Procurador General de que el “seña-lamiento es a todas luces inmeritorio. El Ministerio Pú-blico no viene obligado a replicar ni formular oposición a una moción de reconsideración de la defensa”. Informe, pág. 11.

8. “[E]rró en perjuicio de los derechos del apelante el Tribunal de instancia cuando denegó otra moción de reconsideración pre-sentada por el apelante al amparo de las normas de equidad.” Informe, pág. 3.

Sabido es que sólo cuando no exista una ley aplicable al caso, podemos en justicia invocar y resolver conforme con la equidad. Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650, 680 (1988); Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870, 874 (1975).

Aquí, el llamamiento en equidad del apelante Rosado Figueroa, en lo esencial, está apoyado en que se le aceptó al coacusado Elias Rodríguez una alegación de culpabili-dad por un delito menor y, subsiguientemente, cualificó y recibió una sentencia suspendida. Cuestiona con vehemen-cia “esa justicia”; se queja de que ande libre, habiendo sido aquél el autor y principal instigador del soborno.

No nos convence. Primero, quien reclame equidad, ha de tener las manos limpias. Segundo, el apelante Rosado Figueroa olvida que, distinto a Elias Rodríguez, negó los hechos. Como resultado, el Estado tuvo que poner en mo-vimiento toda la costosa y sobrecargada maquinaria judicial. Y tercero, fue él como empleado público, no Elias Rodríguez, la persona quien traicionó la confianza pública depositada por la ciudadanía. Sin él no hubiese sido posible el soborno; delito que viola “el orden moral y los valores fundamentales de la administración pública puertorriqueña”. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 755.

9. “[E]rró el Tribunal de instancia al dirigir el juicio en el pre-sente caso un juez incapacitado para serlo, ya que, según la información que el apelante considera cierta, el magistrado que presidió su caso tenía más de setenta años cuando lo hizo, lo cual lo descalificaba constitucionalmente para entender en el caso.” Informe, pág. 4.

Recientemente, en Pueblo v. Ramos Santos, 138 D.P.R. 810 (1995), al aplicar la doctrina de funcionario de facto, resolvimos contra igual planteamiento. Nada más hemos de añadir.

Se confirma la sentencia apelada.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió por los mismos fundamentos expuestos en su disenso en Pueblo v. Ramos Santos, supra. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió sin una opinión escrita.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Opinion disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Un examen del expediente y de los autos originales re-vela que el Tribunal convenientemente omite señalar, en la sentencia mayoritaria que emite, varios aspectos, sucesos o incidentes ocurridos en el presente caso que, a nuestra ma-nera de ver las cosas, demuestran que en el mismo no se le ha hecho cumplida justicia al apelante Rosado Figueroa.

En primer lugar, se omite mencionar que a las dos (2) personas originalmente acusadas en el presente caso —al apelante Rosado Figueroa y al coacusado Elias Rodrí-guez— el Ministerio Fiscal les ofreció reducirle, si se decla-raban culpables, el delito imputado de soborno a un cargo por tentativa del mismo con una recomendación de que se le concediera un sentencia suspendida; oferta que el coacu-sado Rodríguez aceptó, disfrutando hoy en día de libertad condicional. Igualmente omite señalar el Tribunal que la razón por la cual rechazó dicha oferta el apelante Rosado Figueroa lo fue que él entendía que era totalmente ino-cente del cargo que se le imputaba. Nosotros los jueces no podemos ser tan ingenuos como para creer cosas que nadie más creería. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961). Tenemos que asumir que la razón que tuvo el Es-tado para —no obstante, en palabras de la mayoría, encon-trarse ante un “tipo de conducta antisocial [que] mina la fe del Pueblo en el Gobierno” (opinión mayoritaria, pág. 914, citando a Pueblo v. Márquez y Bermúdez, 122 D.P.R. 93, 94 (1988)— ofrecer reducir la calificación del delito, con la pro-mesa de probatoria, lo fue que realmente no contaba con prueba, suficiente en derecho, para sostener y probar la acusación por el delito de soborno; situación que resulta evidente de un examen de la relación que de los hechos hacen las partes.

En segundo término, la mayoría no hace mención al-guna del hecho de que el apelante Rosado Figueroa —quien había renunciado a su derecho a juicio por jurado ante el Hon. Juez Ahmed Arroyo Pérez— infructuosamente intentó retirar dicha renuncia al percatarse de que su caso se iba a ventilar ante otro magistrado distinto; esto es, ante el Hon. Juez Hiram Torres Rigual. Aquellos que han prac-ticado la profesión en el campo de lo criminal están cons-cientes del hecho de que uno de los factores principales que tanto el acusado como su abogado toman en consideración, al decidir si renuncian o no a dicho derecho, lo es el magis-trado en particular ante quien se va a ventilar el caso. Ello, dicho sea de paso, es algo enteramente legítimo. No es lo mismo ver un caso, por ejemplo, ante un juez de mucha experiencia en la Judicatura que ante uno que lleva muy poco tiempo ocupando tan honrosa posición, como tampoco es lo mismo ver un caso ante un juez que, con anterioridad a su juramento como tal, practicó la profesión de abogado que dilucidar el mismo ante un magistrado que, por esos designios de Dios, obtuvo su nombramiento sin nunca antes haber practicado la misma antes de su nombramiento como tal. A nuestra manera de ver las cosas, el juicio por tribunal de derecho debe ser celebrado, de ordinario, ante el juez ante quien el acusado renunció el derecho constitucio-nal ajuicio por jurado.

Por último, e independientemente del hecho de que no tenemos duda alguna de que el Ledo. Víctor M. Casals es un abogado ducho y competente en esta materia, somos del criterio que el tribunal de instancia erró al descalificar, de manera sumaria, como abogado del apelante Rosado Figueroa al Ledo. Reinaldo M. Arroyo. Nada en la ley que creó el cargo de Fiscal Especial Independiente —y, por ende, el de “fiscal delegado”— impedía que esta persona actuará como abogado en el presente caso. Ello no es un error sin importancia. El apelante tenía el derecho a ser representado por el abogado, o los abogados, de su selección. El mero hecho de que el apelante contara con otro abogado competente no es suficiente, de por sí, para pri-varlo de los servicios de un sequndo abogado.

La determinación que hoy hace el Tribunal a estos efec-tos resulta ominosa para la práctica de la profesión en el campo de lo criminal. Es completamente usual y normal que un acusado sea representado por más de un abogado. Ello ocurre todos los días. De esta forma, no sólo se com-parten, y dividen, responsabilidades sino que se logra au-nar talento en defensa de los mejores intereses de un cliente.

La errónea decisión que hoy emite el Tribunal es un ejemplo más, y consecuencia, de la falta de experiencia y conocimiento de los integrantes del mismo en el campo de lo criminal. Para el apelante Rosado Figueroa, y su fami-lia, dicha situación resulta ser no sólo lamentable sino trágica.

       Esta Resolución, con la cual coincidimos, dispone:
      “El Ministerio Público ha planteado ante nos la posible existencia de un serio conflicto de intereses al comparecer el Lie. Reinaldo Arroyo como abogado del acu-sado en este caso, siendo a su vez uno de los fiscales delegados de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Concurrimos con la posición del Ministerio Público.

        “Se trata en este caso de un delito de soborno imputado a un empleado público consistente en haber solicitado y recibido dinero para llevar a cabo determinados actos relacionados con su cargo.
      “La preocupación primordial del Legislador al crear el cargo del Fiscal Especial Independiente es la de restaurar la confianza del público en su gobierno y en sus servidores públicos, penalizando cualquier conducta delictiva e indebida por un fun-cionario gubernamental.
      “El Lie. Reinaldo Arroyo en sus funciones oficiales como Fiscal delegado de la Oficina del Fiscal Especial Independiente tiene sobre sus hombros la responsabilidad ineludible de establecer la culpabilidad más allá de duda razonable en los casos que se le refieren.
      “Si bien pudiera concluirse que una lectura superficial del texto de la ley que crea el Fiscal Especial Independiente no reconoce el conflicto planteado por el Minis-terio Público, sin embargo, un examen más cuidadoso del estatuto, de sus propósitos e intereses sociales que le animan; y, tomando en consideración los cánones de ética profesional que proscriben aún la apariencia de conducta impropia por los abogados, nos convencen el planteamiento del Ministerio Público.
      “En su consecuencia, se ordena al abogado Reinaldo Arroyo que se abstenga de participar como abogado en este caso.
      “Nuestra Resolución en forma alguna pone en duda la capacidad ética y profe-sional del licenciado Arroyo, cuyas ejecutorias como fiscal conocemos, por haber par-ticipado en varios casos ante este juez. Los intereses del acusado quedan protegidos por la representación que ostenta en el juicio el Lie.'Víctor Miguel Casals, quien lo ha representado desde la vista preliminar y ha comparecido en todas las etapas de los procedimientos.
      “Los hechos de este caso, según la acusación, ocurrieron en junio de 1991 y la acusación se presentó en febrero de 1992. No es hasta el 12 de mayo pasado, que posterior al señalamiento del juicio, el licenciado Arroyo se incorpora a la Defensa.
      “El juicio puede muy bien continuar mañana miércoles 17 de junio de 1992, a las 2:00 de la tarde, sin perjuicio de los derechos del acusado.” A.O., págs. 22-23.

       Por el Pueblo declararon Erick Hernández Navarro —agente investigador del Negociado de Investigaciones Especiales (en adelante N.I.E.)— Francisco Sal-gado (Piquín), el agente del N.I.E. Rafael Fax, la Sra. Ada Guevara ■ — Directora de Personal de la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante A.R.Pe.)— el Ing. Juan De Jesús, Director de la Oficina Regional de Bayamón de A.R.Pb., y la Sra. Nydia Arroyo Fuentes, Secretaria del N.I.E.
      Por la defensa declararon Israel J. Rivera Cruz, compañero de oficina del acu-sado y Ministro Evangélico. Éste, al igual que la estipulación de las declaraciones de los testigos Ana María Elias y Cándido Reyes, fue en torno a la buena reputación del acusado.

       Dispone:
      “Todo funcionario o empleado público, o jurado, o árbitro, o cualquier persona autorizada en ley para oír o resolver alguna cuestión o controversia, que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier benefiéio, o aceptarse una proposición en tal sentido, por realizar un acto regular de su cargo o función, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo, de quince (15) años; de mediar circunstan-cias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.” (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. see. 4360.

       En su orden jerárquico, las fuentes de derecho son la Constitución, las leyes, las reglas y los reglamentos aprobados y promulgados por los organismos públicos, y las ordenanzas municipales.


text:
    Asociación de Residentes Linda Gardens, Inc., apelante, v. Municipio de Guaynabo, apelado.

      Número: AA-95-27

      Resuelto: 12 de julio de 1995

      Erick E. Kolthoff Benners, abogado de la apelante; Manuel J. Camacho Córdova, abogado del apelado.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos corresponde determinar, en armonía con el es-quema de la revisión judicial de decisiones administrativas establecido mediante la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, la competencia apelativa de los Tribunales de Primera Instancia y de este Tribunal en torno a la revisión de los dictámenes emitidos por los municipios relacionados con la concesión de permisos especiales para el control del tráfico vehicular y del uso público de las calles públicas en áreas residenciales.

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Ante nuestra consideración fue sometida la apelación de epígrafe, en la cual se solicita la revisión de una resolución dictada por el apelado Municipio de Guaynabo (en ade-lante Municipio). En dicha resolución se denegó el permiso para controlar el acceso vehicular a las calles Maga, Bambú y Caobo de la urbanización Linda Gardens en Guaynabo. La resolución referida fue emitida el 2 de marzo de 1995 y su notificación y archivo en autos se hizo el 17 de marzo de 1995.

Inconforme con el dictamen anterior, la apelante Asocia-ción de Residentes de Linda Gardens, Inc. (en adelante Asociación) acude ante nos mediante un escrito de apela-ción presentado el 28 de marzo de 1995. La Asociación ape-lante invoca la jurisdicción de este Tribunal en virtud de lo dispuesto en la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. XXI, y en el Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 1994 (4 L.RR.A. sec. 22i), el cual establece que este Tribunal revisará, mediante recurso de apelación, "las decisiones, resoluciones y providencias dictadas por or-ganismos, funcionarios y agencias administrativas y por subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hasta la vigencia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan”. 1994 Leyes de Puerto Rico 2800, 2807.

El Municipio apelado, por su parte, presentó una mo-ción de desestimación en la cual se alega, en síntesis, que a tenor con las disposiciones de la Ley de Municipios Autó-nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 4001, la Ley de Control de Tráfico en Áreas Residenciales, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 64 et seq., y la Ley de la Judi-catura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.), la competencia para la revisión de las resoluciones de las so-licitudes de control de acceso de los municipios de Puerto Rico es del Tribunal Superior de Puerto Rico, hoy Tribunal de Primera Instancia.

Luego de examinado el recurso, las disposiciones perti-nentes de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y del Reglamento del Tribunal Supremo, así como las dispo-siciones vigentes de la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., la Ley de Municipios Autóno-mos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, según enmendada, la Ley de Control de Tráfico en Áreas Residenciales, según enmendada, y nuestros recientes pro-nunciamientos en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995); Montalvo v. Mun. de Sabana Grande, 138 D.P.R. 483 (1995); Maldonado v. Supte. Policía de P.R., 138 D.P.R. 477 (1995), y Corp. Créd. Des. Com. Agrícola v. U.G.T., 138 D.P.R. 490 (1995), concluimos que la petición no cualifica para ser atendida por este Foro me-diante el recurso de apelación. El foro apropiado para aten-der la petición presentada es la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. Veamos.

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En los casos antes citados resolvimos que, a tenor con lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, »el Tribunal Supremo revisará directamente mediante recurso de apelación, además de ,las decisiones de las cuatro (4) agencias administrativas específicamente mencionadas en el Art. 3.002(d) de la ley, 4 L.P.R.A. see. 22i, sólo las decisiones de aquellas agencias administrativas que “hasta la vigencia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan”. Señalamos, además, que es necesario acudir a las leyes orgánicas de las diferentes agencias para determinar cuáles estatutos disponen que la revisión de sus dictámenes competerá ex-clusivamente a la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

A tenor con los señalamientos antes expuestos, procede que evaluemos los estatutos orgánicos aplicables a los mu-nicipios autónomos, en particular, la disposición pertinente a la revisión judicial de los dictámenes emitidos por los municipios en torno a la concesión de permisos especiales para controlar el acceso vehicular en comunidades residenciales.

La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 le otorgó a todos los municipios del país la facultad de implantar, con el asesoramiento de la Junta de Planificación de Puerto Rico, las condiciones y los requisitos necesarios para la concesión de autorizaciones para el control de acceso de vehículos de motor y de las calles, de conformidad con la Ley Núm. 21, supra. Esta ley, a su vez, estableció el procedimiento que han de seguir las personas interesadas en obtener un permiso de conformidad.

En la Sec. 3(e) de la Ley Núm. 21, supra, 23 L.P.R.A. sec. 64b(e), se estableció el derecho de revisión judicial para las decisiones o dictámenes municipales para cualquier parte que no esté de acuerdo con la decisión de un municipio sobre una solicitud de permiso de control de acceso. Específicamente dispuso lo siguiente:

Toda persona, Asociación de Residentes, urbanizador o desa-rrollador que no esté de acuerdo con la decisión del municipio sobre mía solicitud de permiso de control de acceso, podrá soli-citar su revisión judicial dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de archivo en el municipio de copia de la notificación concediendo la autorización o permiso de control de acceso o del archivo de la declaración jurada adoptando el dictamen preli-minar, según sea el caso. El Tribunal emitirá su decisión dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de revisión. (Enfasis suplido.)

Es de notar que la Ley Núm. 21, supra, a pesar de otor-gar el derecho a la revisión judicial de los dictámenes emi-tidos por el municipio, no establece en ésta ni en ninguna otra sección el procedimiento aplicable para el ejercicio del derecho de revisión judicial. Por otro lado, la Ley de Proce-dimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico no aplica porque expresamente ex-cluyó de su cobertura a los gobiernos municipales. A tales efectos, dispuso, en lo pertinente, la Sec. 1.3 de la ley, 3 L.P.R.A. sec. 2102(a)(5) lo siguiente:

A los efectos de este Capítulo los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) “Agencia” significa cualquier junta, cuerpo, tribunal exa-minador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u organismo administra-tivo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de reglamen-tar, investigar o que pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones acre-ditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar, excepto:
(5) Los gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones. (Enfasis suplido.)

En el informe conjunto que rindieran al Senado de Puerto Rico las Comisiones de Gobierno Estatal, Asuntos Municipales y de lo Jurídico de la Cámara de Representan-tes en torno al P. del S. 350 para la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se indicó en relación con la Sec-ción 1.3 lo siguiente:

La Sección 1.3 contiene el catálogo de definiciones que ha-brán de utilizarse en la medida. La definición de Agencia recoge sólo a aquellas agencias que por disposición de ley llevan a cabo funciones de reglamentar, o que emitan decisiones o tengan facultades para expedir licencias, certificados, permisos y otros.
Quedan expresamente excluidos de esta definición la Asam-blea Legislativa, la Rama Judicial, la Oficina Propia del Gober-nador, la Guardia Nacional de Puerto Rico, los Gobiernos Mu-nicipales o sus entidades o corporaciones, la Comisión Estatal de Elecciones, el Negociado de Conciliación y Arbitraje del De-partamento del Trabajo y finalmente cualquier otra agencia existente o que se pueda crear en el futuro que tenga o tuviese jurisdicción para resolver controversias a través de medios vo-luntarios de solución de disputas. (Enfasis suplido.) Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno Estatal, Asuntos Mu-nicipales y de lo Jurídico sobre el P. del S. 350 de 10 de abril de 1988, lOma Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, págs. 5-6.

De la disposición antes citada, no existe lugar a dudas que el legislador excluyó expresamente los gobiernos municipales de la agencias reglamentadas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al integrar todo lo antes expuesto con las disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y del Reglamento del Tribunal Supremo, y lo resuelto en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra; Montalvo v. Mun. de Sabana Grande, supra; Maldonado v. Supte. Policía de P.R., supra; Corp. Créd. Des. Com. Agrícola v. U.G.T., supra, podemos colegir que un municipio no es una “agencia administrativa” de las que cualifica para que sus dictámenes sean revisados por este Foro me-diante recurso apelativo. Tampoco aplican las Reglas para el Procedimiento de Revisión de Decisiones Administrati-vas ante el Tribunal Superior porque éstas se refieren úni-camente a los recursos que se insten conforme a la citada Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Regla 2 para el Procedi-miento de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. VIII-B. Véase, además, Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992). Nos confron-tamos entonces con la situación en que una ley establece el derecho de revisión judicial, pero no dispone el medio ni el procedimiento para ejercerlo.

Como la Ley Núm. 21, supra, no dispone a cual tribunal corresponde la competencia para considerar el recurso de revisión judicial, es menester recurrir a la Ley de Munici-pios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991. Esta dispone en su Art. 15.002, en lo pertinente, que corresponderá con “exclusividad” al Tribunal Superior “¡rjevisar cualquier acto legislativo o administrativo que ... sea contrario a las leyes de Puerto Rico” y “[sjuspender la ejecución de cualquier ordenanza ...déla Asamblea ... que lesione derechos garantizados por ... las leyes estatales”. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 4702.

“En los casos contemplados bajo los incisos (a) y (b) de esta sección, la acción judicial sólo podrá instarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto legislativo o administrativo se haya realizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya promulgado o comunicado a la parte querellante, a menos que se disponga otra cosa por ley.” (Énfasis suplido.)

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Concluido lo anterior, nos resta resolver entonces cuál es el tribunal competente para atender el recurso de revi-sión presentado que impugna la resolución emitida por el Municipio de Guaynabo referente al control de acceso vehicular y el uso público de las calles en comunidades residenciales.

El Art. 5.003(a)(4) de la Ley de la Judicatura de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 220(a)(4)) dispone que el Tribunal de Primera Instancia conocerá de todo asunto que con anterioridad a la vigencia de esta ley era atendido por el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito y el Tribunal Municipal. Por su parte, la Regla 3.4 de Procedimiento Civil Transitorias, Orden I de las Ordenes Administrativas del Juez Presidente para la Implantación de la Reforma Judicial de 2 de febrero de 1995, pág. 4, en lo referente a la competencia territorial dispone lo siguiente:

En todos los demás casos, el pleito deberá presentarse en la sala correspondiente a aquella en que tuvieran establecidas sus residencias los demandados, o alguno de ellos. (Enfasis suplido.)

En armonía con todo lo antes expuesto, resolvemos que el tribunal competente para atender el recurso de revisión de una resolución dictada por un municipio, que deniegue el permiso para el control de acceso vehicular y el uso público de las calles en comunidades residenciales, es la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia del municipio que dictó la resolución impugnada. Habiéndose dilucidado la controversia de autos en el Municipio de Guay-nabo, y siendo éste a su vez la parte demandada apelada, corresponde remitir el recurso a la consideración del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia me-diante la cual se- ordena remitir el recurso de apelación presentado al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió sin opi-nión escrita.

       Los Arts. 3.002(d) y 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 1994 disponen que este Tribunal atenderá:
      “d) Mediante recurso de apelación, revisará las decisiones de los siguientes or-ganismos administrativos: Junta Azucarera, Junta de Salario Mínimo, Junta de Re-laciones del Trabajo y Comisión Industrial de conformidad a lo dispuesto por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, .según enmendada, conocida como ‘Ley de Proce-dimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.
      “e) Mediante recurso de apelación revisará las decisiones, resoluciones y provi-dencias dictadas por organismos, funcionarios y agencias administrativas y por sub-divisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a la vigencia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.” (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 22i.

       Para un análisis más detallado en torno a la revisión de decisiones adminis-trativas que realiza el Tribunal de Primera Instancia, véase J. Cuevas Segarra, práctica procesal puertorriqueña: práctica apelativa, San Juan, Pubs. J.T.S., 1995, págs. 1-7.

       Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, Leyes de Puerto Rico 459, y el P. de la C. 1296.

       El propósito de esta legislación especial es autorizar a los municipios a con-ceder permisos o autorizaciones para el control del tráfico de vehículos de motor y el uso público de las calles en urbanizaciones o comunidades residenciales públicas para, de esta manera, ayudar a combatir el problema de la criminalidad que azota a nuestro país.
      Para un análisis más profundo sobre el alcance de esta medida, véase el In-forme conjunto que rindieran al Senado de Puerto Rico las Comisiones de Transpor-tación y Obras Públicas y Asuntos Municipales en torno al P. del S. 814 para la aprobación de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987.

       A modo de ejemplo, la Sec. 1 de la Ley Núm. 21, supra, 23 L.P.R.A. see. 64, dispone que toda autorización para controlar el acceso vehicular se emitirá sujeto a las condiciones y a los requisitos establecidos en dicha ley y en el reglamento que adopte la Junta de Planificación de Puerto Rico. Dicho reglamento es el Reglamento de Planificación Núm. 20 de 20 de enero de 1989, titulado Reglamento de Control de Tránsito y Uso Público de Calles Locales.
      La Sec. 3(d) de la Ley Núm. 21, supra, 23 L.P.R.A. sec. 64b(d), establece que “[e]l municipio emitirá su decisión sobre toda solicitud de permiso de control de acceso no más tarde de los diez (10) días laborables siguientes a la fecha de celebración de la última vista pública” y añade:
      “Si la determinación del Municipio favorece los controles propuestos por la Junta, Consejo o Asociación de Residentes, emitirá la implantación. Dicho dictamen será firme desde la fecha del archivo en el municipio de copia de su notificación.”

       A manera de excepción, la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 establece en el Art. 2.004(o)(3) que “[t]odo regla-mento para ejecutar e implantar la autorización y función dispuesta en este inciso se aprobará de conformidad con las sees. 2101 et seq. del Título 3, conocidas como ‘Ley Uniforme de Procedimiento Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ ”. 21 L.P.R.A. sec. 4054(o)(3). ,

       El texto del Art. 15.002 de la Ley Núm. 81, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4702, dispone lo siguiente:
      “El Tribunal Superior de Puerto Rico entenderá y resolverá, con exclusividad, a instancias de la parte perjudicada, sobre los siguientes asuntos:
      “(a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo de cualquier funcionario u organismo municipal que lesione derechos constitucionales de los querellantes o que sea contrario a las leyes de Puerto Rico.
      “(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, resolución, acuerdo u orden de la Asamblea, del Alcalde, de la Junta de Subasta o de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las leyes estatales.

      “(c) Compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios del municipio.
      “(d) Conocer mediante juicio ordinario, las acciones de reclamaciones de daños y perjuicios en exceso de cincuenta mil (50,000) dólares por actos u omisiones de los funcionarios o empleados del municipio por malicia, negligencia e ignorancia inexcusable.

       Véase Art. 5.005(b) de la Ley de la Judicatura de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22q(b)).


text:
      In re Enmiendas a Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación por Razón de Salud de los Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

      Número: ER-95-5

      Resuelto: 14 de julio de 1995
   RESOLUCIÓN

Se enmiendan las Reglas 18, 19 y 37 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación por Razón de Salud de los Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para que dis-pongan lo siguiente:

Regla 18. Determinación de causa

La Comisión designará a uno de entre sus Comisiona-dos Asociados, exjueces o abogados, para que realice la de-terminación de causa en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del recibo del informe del Director. Este término podrá ser ampliado por la Comisión.

El Comisionado Asociado, así designado, examinará el expediente y el informe del resultado de la investigación y determinará si existe causa que amerite proseguir con el procedimiento, que comprende de la presentación de la querella o de la petición de separación y del trámite dis-puesto en el Capítulo VI.

El Comisionado Asociado designado para determinar causa tendrá la facultad para requerir del Director la am-pliación de la investigación o la producción de prueba adicional.

El Comisionado Asociado designado para actuar en la determinación de causa en un caso específico deberá inhi-birse de participar en los trámites posteriores de éste.

Regla 19. Notificación de la determinación de existencia de causa

El Comisionado Asociado someterá a la Comisión en pleno su determinación de causa para que ésta inicie el trámite de rigor.

El Secretario, dentro de los diez (10) días siguientes a la determinación de causa, notificará al promovente, al juez y al Director de dicha determinación.

La Comisión requerirá del Procurador que presente la querella o la petición de separación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la determinación de causa. El escrito será presentado en la Secretaría del Tribunal.

Si por alguna causa justificada el Procurador General entendiera que se debe de abstener de intervenir en algún asunto, deberá solicitar a la Comisión que le releve de con-tinuar interviniendo. La solicitud correctamente funda-mentada se presentará dentro de los treinta (30) días si-guientes a la notificación de la determinación de causa. En caso de que proceda relevar al Procurador General, la Co-misión entonces requerirá al Director de la Oficina de Ad-ministración de los Tribunales que presente la querella o la petición de separación dentro de los treinta (30) días si-guientes a la notificación de la determinación de relevo. El Director podrá delegar esta función a cualquiera de los abogados o las abogadas de la División Legal de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Regla 37. Efecto de renuncia o expiración del término de Incumbencia

La presentación por el juez de la renuncia al cargo o la expiración del término de un nombramiento no impedirá que continúe el procedimiento disciplinario en su contra, a los efectos de determinar si la conducta imputada amerita la recomendación de que se impongan medidas disciplina-rias contra el querellado como abogado.

En los casos de petición de separación del servicio por condición de salud, física o mental, que afecte adversa-mente el desempeño de la función judicial, la renuncia del juez conllevará la desestimación del procedimiento de se-paración por académico. No obstante, tal determinación no impedirá que el Tribunal pueda dictaminar su suspensión temporal o definitiva del ejercicio de la abogacía.

Estas enmiendas entrarán en vigor de forma inmediata.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General