author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Tomás Carlo del Toro, demandante y recurrido, v. Hon. Secretario de Justicia, demandado y peticionario.

      Número: O-78-69

      Resuelto: 17 de mayo de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Candita B. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Miguel A. Montalvo, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrido Carlo del Toro fue procesado ante la Sala de Mayagüez del Tribunal Superior por infracción de la Ley de Bolita (Ley Núm. 220 de 15 mayo, 1948 — 33 L.P.R.A. see. 1247 y ss.) y resultó absuelto luego de ventilado el juicio en sus méritos el 9 enero, 1978. En relación con dicho caso, el Secretario de Justicia había confiscado un automóvil Ford, propiedad del acusado, valorado en $500.00 porque alegada-mente se usó para transportar material de bolita, acción to-mada por autoridad de la propia Ley Núm. 220 citada.!) El acusado y dueño del vehículo tenía radicada en tiempo una demanda de impugnación de confiscación, a tenor del Art. 2(a) de la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bes-tias y Embarcaciones (84 L.P.R.A. sec. 1722(a)), la cual fue llamada para juicio ante la misma Sala de Mayagüez el 20 enero, 1978 y en dicho acto planteó el acusado su absolu-ción como determinante, sin ulterior procedimiento, de su derecho a la restitución del vehículo. El juez de instancia acogió el planteamiento y dictó la siguiente

“SENTENCIA
Al llamarse hoy este caso para juicio, planteó el abogado del demandante que en el juicio criminal contra el aquí demandante por los mismos hechos que motivaron la confiscación del vehículo envuelto en esta demanda, visto ante este mismo Tribunal el día 9 de este mes (caso M-77-22), el demandante fue absuelto luego de un juicio en sus méritos, y que por tal razón, debía tenerse como cosa juzgada el hecho de que el demandante no usó el ve-hículo para transportar ese material de bolita.
El abogado del demandado aceptó como un hecho cierto la absolución del demandante en el juicio en sus méritos celebrado en la causa criminal, pero alegó que por exigirse un mayor grado de prueba en el juicio criminal para una convicción del acusado, la absolución del demandante no debía afectar el resultado de esta acción.
Las partes envueltas en esta acción de impugnación son las mismas partes envueltas en la acción criminal, y si en la vista criminal desfiló la prueba de ambas partes en torno a la posesión por el demandante del material delictivo que motivó su acusa-ción y la confiscación de su vehículo, y el demandante fue ab-suelto, entendemos que hubo una adjudicación en sus méritos del hecho de que el demandante no usó su vehículo para trans-portar material de bolita, y que no se justifica volver a oír toda la prueba de estas mismas partes para resolver esta demanda. Pueblo v. Angel Ortiz Marrero, resuelto por nuestro Tribunal Supremo el 13 de septiembre de 1977.
Por lo tanto, consideramos como un hecho juzgado y esta-blecido que el demandante no transportó material de bolita en el vehículo objeto de esta demanda el día 19 de julio de 1976, y que la confiscación de dicho vehículo fue improcedente.
Por todo lo cual, se declara con lugar la demanda, decretán-dose la nulidad de la confiscación del vehículo objeto de esta de-manda, que lo es un automóvil Ford de 1969, tablilla 12 W 044, valorado en $500.00, ordenándose la devolución al demandante de dicho vehículo.
NOTIFÍQUESE.
En Mayagüez, Puerto Rico, a 20 de enero de 1978.
(Fdo.) FRANK VIZCARRONDO VIVAS
Juez Tribunal Superior.”

Al certiorari del Secretario de Justicia expedimos el 21 marzo último, orden para mostrar causa por la que no deba revocarse la sentencia, y ha comparecido la parte recurrida mediante escrito de oposición a la expedición del auto.

Con apreciables cambios en consistencia la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha adherido al pronunciamiento del Juez Story al resolver en el caso del barco pirata The Palmyra, 12 Wheat. 1, 6 L.Ed. 531 (1827), que en materia de confiscación la cosa es el ofensor primario, trátese de un delito malum prohibitum o malum in se, y que el procedimiento in rem tiene existencia independiente de, y no afectada en modo alguno por el procedimiento criminal in personam. La extremosa regla, () producto de la legítima preocupación del Estado con la práctica de la piratería y el contrabando a principios del siglo XIX, ha sido atemperada en el decurso del tiempo por el recio surgimiento y difusión de las garantías de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contra más de un juicio por el mismo delito, la autoincriminación, la falta del debido proceso y la toma de propiedad privada para uso público, sin justa com-pensación; () así como por la regla excluyente de evidencia ile-galmente obtenida. One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693, 696 (1965). La evolución del criterio jurídico se refleja en United States v. U.S. Coin & Currency, 401 U.S. 715 (1971) donde se dice: “Tradicionalmente, las acciones de decomiso se han proseguido sobre la ficción de que los objetos inanimados por sí pueden incurrir en conducta ilegal-Sim-plemente la teoría ha sido que si la cosa es ‘culpable’, caerá en decomiso [pág. 719] .... Se nos ha de convencer de que una ley de confiscación de tanto alcance no levanta serias cues-tiones constitucionales bajo aquella parte de la Quinta En-mienda que ordena que ninguna persona será ‘privada de su propiedad sin el debido proceso de ley; ni se tomará propie-dad privada para uso público, sin mediar justa compensación.’ [Ibid. pág. 720]. . . . Cuando los estatutos de confiscación se miran en su totalidad, es manifiesta la intención de impo-ner una penalidad únicamente a aquéllos claramente impli-cados en una empresa criminal, de lo que sigue... que en dicho procedimiento puede propiamente invocarse el privilegio de la Quinta Enmienda.” Ibid. pág. 721.

En Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, 688 (1974), a pesar de que excluye de aplicación la doc-trina de U.S. Coin & Currency, supra, al distinguir hechos, reitera el Supremo de Estados Unidos:

“No quiere esto decir, sin embargo, que el ‘largo alcance’ (broad sweep) de los estatutos de confiscación a que alude Coin & Currency, no puedan, en otras circunstancias, suscitar serias cuestiones constitucionales. Otro tanto intimó el Juez Presidente Marshal hace más de siglo y medio en su observación de que ‘el decomiso puede sólo aplicarse en aquellos casos en que los medios prescritos para impedir la confiscación puedan emplearse.’ Peisch v. Ware, 4 Cranch, 347, 363 (1808). Por lo tanto queda implícito que sería difícil rechazar el reclamo constitucional de un dueño cuya propiedad sujeta a confiscación le ha sido quitada sin su concurso o consentimiento. Ibid. pág. 364 [2 L.Ed. 643]; Goldsmith-Grant Co. v. United States, 254 U.S., pág. 512 [65 L.Ed. 376]; United States v. One Ford Coupe Automobile, 272 U.S., pág. 333 [71 L.Ed. 279, 47 A.L.R. 1025]; Van Oster v. Kansas, 272 U.S., pág. 467 [71 L.Ed. 354, 47 A.L.R. 1044]. De igual modo, lo mismo podrá decirse de un dueño que prueba no sólo que él estaba desconectado y desapercibido de la actividad delictiva, mas también que él había hecho todo cuanto razonable-mente podía esperarse para impedir el uso prohibido de su pro-piedad; porque en tal caso sería difícil concluir que la confisca-ción servía a propósitos legítimos y que no era indebidamente opresiva.”

La jurisprudencia de Puerto Rico ha seguido la misma ruta de cautelosa atenuación de severidad en la aplicación del principio () que Blackstone llamó superstición heredada de “los días ciegos” del feudalismo, hacia la vindicación del derecho de la persona inocente de la actividad criminal que da lugar a la confiscación. En Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 517 (1963), anulamos la confiscación de-un auto-móvil Chevrolet que confiado por su dueño a un empleado para entrega de una orden de persianas, fue usado por éste en compañía de amigos y de parranda, y en cuyo vehículo, al ser detenidos por una infracción de Ley de Tránsito ocupó la Policía dos armas de fuego. Consideramos que las “expresas instrucciones” del dueño a su empleado sobre el uso del ve-hículo “exclusivamente” para el fin lícito de entrega de mer-cancía al día siguiente, y la prohibición de aue no lo usara durante la noche, tuvieron el efecto de aislar al dueño de la empresa delictuosa de un empleado al punto de conversión de la posesión original de éste en una ilegal. Allí expresamos que “una generalización así de la norma de derecho aplicable [que la acción va dirigida a la cosa res, por lo que los derechos de terceros inocentes, ni están envueltos, ni están protegidos] no es en todos los casos procedente. Cada caso debe verse y pesarse a la luz de sus hechos, ya que la naturaleza in rem de la acción no la desviste de su condición esencialmente puni-tiva y de infligir castigo .... [N]o toda entrega de la pose-sión de un vehículo tiene iguales motivaciones, ni idéntica justificación, ni la misma necesidad, ni similares propósitos.” Ibid. pág. 528.

Los procedimientos instados con el propósito de confiscar la propiedad de un individuo, por razón de un delito por él cometido, aunque civil en su forma, tienen naturaleza criminal a los fines de la Quinta Enmienda. Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 634 (1886), según citado en U.S. Coin& Currency, supra. Su objetivo es castigar por la comisión de una ofensa contra la ley. One 1958 Plymouth Sedan, supra, pág. 700. En Pueblo v. González Cortés, 95 D.P.R. 164, 168 (1967), reconocimos la naturaleza punitiva de la confiscación razón por la cual sostuvimos que “ [1] as confiscaciones no son favorecidas por las cortes y los estatutos autorizándolas son interpretados restrictivamente ... de suerte que resulten consistentes con la justicia y los dictados de la razón natural.”

En el presente caso el acusado recurrido es dueño del automóvil Ford confiscado. La See. 5 de la Ley Núm. 220 (Escolio 1) en cuanto ordena la confiscación de vehículos uti-lizados en relación con el juego de la bolita opera como san-ción adicional contra el infractor, que por otras secciones de la misma ley puede ser condenado a pena de reclusión o multa. De hecho la confiscación del vehículo equivale a una penalidad pecuniaria que en muchas ocasiones excede por mucho la multa fluctuante entre $350 y $1,000 dispuesta en la See. 4 de la Ley. ¿Resulta “consistente con la justicia y los dictados de la razón natural” que la persona absuelta en juicio quede todavía expuesta al castigo que implica la pérdida de su pro-piedad?

La absolución en los méritos adjudica con finalidad irrevisable el hecho central, tanto del caso criminal como el de confiscación, de que el vehículo no se utilizó para transportar mercancía ilícita. Daría lugar a una anomalía resolver bajo estas circunstancias que no habiéndose probado en el primer caso que el acusado utilizara el vehículo para transportar material relacionado con el juego, hubiese de enfrentarse todavía a la misma cuestión en la demanda de impugnación. One Plymouth Sedan, supra, pág. 701. La doctrina de impedimento colateral por sentencia exige la desestimación del segundo proceso, aun cuando tenga por objeto un delito distinto, si al resolverse el caso anterior se adjudicaron y determinaron hechos necesariamente decisivos para el segundo. Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 559-560 (1945). Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977). No podrá disminuirse el valor y consecuencia de la sentencia absolutoria recaída so-bre el hecho medular de ambos procedimientos — que el acu-sado no transportó objetos prohibidos en su automóvil — por lo que la confiscación debe anularse, toda vez que no puede po-nérsele en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito (Const., Art. II, Sec. 11), y la subsistencia de la confiscación vulneraría los preceptos constitucionales que excluyen la pri-vación de propiedad sin debido proceso (Art. II, Sec. 7); o su toma sin mediar justa compensación (Art. II, Sec. 9).

En términos de vindicación de derechos del acusado y su restitución al pleno disfrute de su libertad personal, nada su-pera la absolución decretada en juicio en los méritos, pro-ducto de la depuración de hechos por el juzgador. En Downs v. Porrata, Fiscal, 76 D.P.R. 611, 617-619 (1954), resolvi-mos que un acusado convicto y sentenciado por infracción de los Arts. 7 y 29 de la Ley de Armas, a quien se le confiscó la motocicleta en la que transportaba el arma y a quien el Go-bernador de Puerto Rico concedió un indulto total, pleno e incondicional, restituyéndolo al disfrute de todos los derechos civiles de los que fue privado por la referida convicción y sen-tencia, tenía derecho a la devolución de su vehículo. Al recha-zar la defensa del fiscal demandado de que siendo el procedi-miento de confiscación uno in rem, dirigido contra el ve-hículo mismo y no contra su dueño, cualquier indulto conce-dido al dueño no alcanza la cosa, dijimos que “[l]a algunas veces útil ficción que la culpabilidad puede recaer sobre la cosa que sirve de instrumento para la comisión de un delito, ha-ciendo abstracción de la voluntad criminal que la dirige, no tiene un valor absoluto . . . .” Ibid. pág. 618. Tampoco ha de tenerlo para enervar el contenido ético y la eficacia de la ab-solución pronunciada en este caso. Sánchez v. Tesorero de P.R., 72 D.P.R. 133, 136 (1951).

La decisión que hoy tomamos está estrictamente ceñida a la situación de derecho que se produce al concurrir circunstancias determinantes, a saber: que el acusado es dueño del vehículo confiscado; que su absolución en los méritos inevi-tablemente comprende la adjudicación de la cuestión central de que no utilizó el vehículo para transportar material pro-hibido; que la sentencia absolutoria en juicio tiene un valor y trascendencia que amparan no sólo la libertad, sino tam-bién el derecho de propiedad del absuelto, y que el automóvil no es por su naturaleza instrumento de crimen y sí un bien mueble destinado al aprovechamiento por su dueño en activi-dades lícitas. El diseño legislativo prevaleciente en Puerto Rico dentro del cual se complementan las disposiciones con-fiscatorias de leyes especiales con el procedimiento ordenado en la Ley Uniforme de Confiscación (34 L.P.R.A. see. 1721 y ss.) mantiene una distancia y una separación de campos entre la conducta del poseedor de la propiedad utilizada en la empresa criminal y el interés del dueño inocente, y una con-centración en la cosa o instrumento del crimen en sí como ob-jetivo abstracto del decomiso, indispensables para proteger la seguridad y el bienestar del pueblo contra el crimen y el fraude. La vinculación de procedimientos y la introducción del interés particular del dueño inocente en contraposición al legítimo interés de orden público al que sirve la confiscación, es rara excepción que sólo se concreta en circunstancias de extrema exigencia revestidas de irrecusable validez constitu-cional, aquí presentes.

La sentencia recurrida será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

      O) Art. 5 (33 L.P.R.A. see. 1251). — Confiscación y venta o destruc-ción de enseres, vehículos, etc.

      “Todos los artefactos, vehículos u otros medios de transportación, monedas y demás enseres o implementos ocupados y utilizados en relación con los juegos prohibidos de la ‘bolita’, ‘bolipul’, combinaciones clandestinas en relación con los ‘pools’ o bancas de los hipódromos de Puerto Rico, y loterías clandestinas, que hayan sido ocupados en relación con dichos jue-gos, serán confiscados por el Secretario de Justicia en favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, excepción hecha de los vehículos, bestias o embarcaciones marítimas o aéreas, vendidos por orden del tribunal co-rrespondiente a través del alguacil del mismo en pública subasta, al mejor postor, y el importe de la venta con la suma que fuere ocupada pasará al Secretario de Hacienda de Puerto Rico para ser utilizados por los munici-pios de segunda y tercera clases, para distribuirse en proporción al nú-mero de habitantes respectivos. Los vehículos de motor confiscados serán puestos bajo la custodia de la oficina de Transporte. Aquellos artefactos y demás enseres que a juicio del tribunal correspondiente, no tengan otro uso que el relacionado con las infracciones a las sees. 1247 a 1257 de este título, serán destruidos.
      “Para la confiscación y disposición de vehículos, bestias y embarca-ciones marítimas o aéreas se seguirá el procedimiento establecido por la ley conocida como ‘Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones’, sees. 1721 y 1722 del Título 34.”

      (2)Aun Blackstone, quien no fue crítico mordaz de la tradición jurí-dica inglesa, consideraba la confiscación de propiedad del inocente como basada en “superstición” heredada de la época ciega del feudalismo. 1 W. Blackstone, Commentaries, c. 8 *300.

      (s) Estos derechos están declarados y protegidos en el Art. II, Secs. 11, 9 y 7 de nuestra Constitución.

      (o) En su análisis del trasfondo histórico de la acción confiscatoria, Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, 683, resume el principio así: “. . . [T]he innocence of the owner of property subject to forfeiture has almost uniformly been rejected as a defense. . . .” Y citando del Juez Story (1827): “The practice has been, and so this Court understand [sic] the law to be, that the proceeding in rem stands independent of, and wholly unaffected by any criminal proceeding in personam.” The Palmyra, 12 Wheat. 1 (1827).


source: Caselaw Access Project

author: el Juez Aso-ciado Señor Martín.

license: Public Domain

text:
    Carmen G. Rodríguez González, demandante y recurrida, v. Jenaro Collazo Collazo et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-78-63

      Resuelto: 17 de mayo de 1978

      José Ramón Pérez Hernández, abogado de los recurrentes; Maymí y Guzmán Géigel, abogados de la recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración en el recurso de epígrafe no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. Él Juez Presidente, Señor Trías Monge, y los Jueces Asociados Se-ñores Dávila y Martín hubieran concedido autorización para elevar la transcripción de evidencia solicitada por los deman-dados-recurrentes en apoyo de la moción de reconsideración. El Juez Asociado Señor Martín emitió voto separado expli-cando su posición. El Juez Asociado Señor Rigau se inhibió.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto disidente en reconsideración emitido por

el Juez Aso-ciado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 1978

Se trata del despido de la demandante de su puesto de Trabajadora Social VI en el Departamento de Servicios Sociales. () El tribunal de instancia ordenó su reposición al determinar como cuestión de hecho: (1) que la deman-dante comenzó a ejercer su profesión de trabajadora social en el Departamento de Instrucción hasta marzo de 1973 en que fue nombrada Directora Ejecutiva II del Departamento de Servicios Sociales, primero como representante del Secretario y luego como Directora de la Región de Guayama, hasta diciembre 31 de 1976 que pasó a ocupar un puesto de Trabaja-dora Social VI en la misma región de Guayama hasta el 21 de marzo de 1977 en que fue suspendida; y (2) que la can-celación del nombramiento se debió a razones políticas única-mente, considerando que reúne los requisitos necesarios para ocupar el puesto de Trabajadora Social VI por lo que tiene derecho a continuar en el mismo.

El Secretario de Servicios Sociales acudió ante nos en re-curso de revisión en el que hace los siguientes señalamientos: (1) que el mero hecho de pertenecer a un partido político distinto al de la autoridad nominadora no debe utilizarse como inferencia para probar discrimen político, especial-mente cuando las actuaciones de los funcionarios actores es-tán dentro del marco legal y reglamentario de la ley que se implementa; (2) que el Secretario solicitó, en 17 de enero de 1977, dos meses antes del despido, una reevaluación de la solicitud que sometiera la demandante para que se le inclu-yera en el registro de elegibles para la plaza de Trabajadora Social VI, lo cual indicaba que estaba dispuesto a acatar la reevaluación; (3) que la demandante no podía utilizar para acreditación la experiencia de unos nombramientos previos de Director Ejecutivo I y II que no solamente eran provi-sionales y probatorios, a tenor con la Circular 1-73 de la Ofi-cina de Personal, sino ilegales por no cumplir con los requisi-tos de dichos puestos, por haberse' obviado las normas de re-clutamiento sin que la demandante pasara por los diferentes niveles de ejecución de su clase, y sin haber participado en ninguna clase de competencia para ser nombrada, y que más bien gozaban de la naturaleza de autorizaciones especiales— de emergencia, y (4) que el nombramiento de la demandante como Trabajadora Social VI es inválido por haber sido efec-tuado contra la prohibición expresa de la Sec. 1387 del Título 3 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas que invalida cual-quier transacción de personal que envuelve las áreas esen-ciales al principio de mérito efectuadas dentro del período de dos meses antes y dos meses después de las elecciones genera-les en Puerto Rico.

Al solicitar el Secretario de Servicios Sociales la revisión de la sentencia del tribunal de instancia nos pidió autoriza-ción para elevar la transcripción de la prueba desfilada para ponernos en condiciones de examinar la prueba. Al denegar el auto solicitado quedó denegada automáticamente la trans-cripción de la prueba.

El Secretario acude nuevamente ante nos en solicitud de reconsideración de nuestra resolución denegatoria del auto. Yo reconsideraría a los fines de permitir la transcripción de la evidencia. Un somero examen de dicha petición revela que está debidamente fundamentada, y demuestra su empeño en demostrar que ciertas determinaciones de hecho adicionales que le fueron solicitadas y negadas están sostenidas por la prueba. A los fines de un mejor entendimiento de la necesi-dad de examinar la prueba me permito copiar las determina-ciones adicionales solicitadas:

“1. La demandante ocupó un puesto de Trabajador Social Escolar en el Departamento de Instrucción con status provisional y probatorio por un período de 3 años y 7 meses (hasta marzo de 1973).
2. Efectivo al 1 de marzo de 1973, mediante las disposiciones de la Circular 1-73 de la Oficina Central de Administración de Personal, la Sra. Rodríguez fue nombrada con status transitorio en un puesto de Director Ejecutivo II (Director Regional de Guayama). Al 1ro. de julio de 1974 le extendieron un nuevo nombramiento en el Servicio sin Oposición en la misma clase.
3. El 1ro. de octubre de 1974 la Oficina Central de Personal denegó el nuevo nombramiento porque entendió que la Sra. Ro-dríguez no reunía los requisitos mínimos para la clase de Director Ejecutivo.il al 1ro. de julio de 1974, ni al primero de marzo de 1973.
4. Conforme a la carta del 29 de noviembre de 1974 (Exhibit IV), el Departamento de Servicios Sociales también entendió que la Sra. Rodríguez no reunía los requisitos del puesto de Director Ejecutivo II al que fue nombrada, aceptando que dicho nombramiento se debió a un ‘error involuntario’ como resultado del asesoramiento recibido. Dicha comunicación solicitaba, sin embargo, que se reconsiderara el caso, lo cual, fue denegado pos-teriormente por la Oficina Central de Personal.
5. El 1ro. de julio de 1974 la Sra. Rodríguez fue nombrada en un puesto de Director Ejecutivo I en el Servicio sin oposi-ción. Este reclutamiento se formalizó en base a una reclasifica-ción del puesto y en base a la convalidación de la experiencia adquirida en el puesto de Director Ejecutivo II, al cual ella no cualificaba y del cual fue separada.
6. Efectivo el 1ro. de octubre de 1975, el puesto de Director Ejecutivo I que ocupaba fue reclasificado a Director Ejecutivo II. Este puesto corresponde funcionalmente al de Director Regional de Servicios Sociales en Guayama.
7. La Oficina de Personal Central evaluó la solicitud de exa-men de la demandante en base a la información adicional sobre experiencia que indicó en su résumé adjunto con su solicitud de examen de fecha 3 de diciembre de 1976 y la ingresó al regis-tro de elegibles de Trabajador Social VI, el 13 de diciembre de 1976.
8. El Departamento de Servicios Sociales sometió la Certifi-cación Elegible (OP-8) para autorización de nombramiento provisional en relación a la demandante Rodríguez González a la Oficina Central de Administración de Personal con fecha 28 de diciembre de 1976 y se recibió en la Oficina Central de Personal el 30 de diciembre,, en cuya fecha la demandante fue certificada para cubrir el puesto número 112 como Trabajadora Social VI, efectivo al 1ro. de enero de 1977.
9. El Informe de Cambio de la demandante fue devuelto al Departamento de Servicios Sociales con fecha 2 de enero con-juntamente con todos aquellos nombramientos sometidos por la agencia que estaban pendientes de aprobación o acción por razón de haber sido sometidos durante el período de prohibición.”

En la exposición de la teoría de la demandante presentada al tribunal de instancia ésta afirma (1) que obtuvo acceso válido al Registro de Elegibles como Trabajadora Social VI; (2) que al conocer que terminaba en el puesto sin oposición que ocupaba como Directora Ejecutiva II, dirigiendo la Ofi-cina Regional de Guayama, solicitó ingreso al Registro de Elegibles; (3) que entendió que al ocurrir el cambio de gobierno por virtud de que el Partido Popular Democrático perdió las elecciones generales de noviembre de 1976, su puesto, que era de confianza y de fácil selección y remoción según la See. 1350 (Empleados de Confianza) del Título 3 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, habría de ser declarado vacante por el nuevo Secretario; (4) que poseía los requisi-tos necesarios para ingresar al Registro de Elegibles de Tra-bajadora Social VI y (5) que tiene derecho a seguir ocupando este puesto.

El demandado por su parte expuso su teoría en la forma siguiente: (1) que la demandada no había cumplido con los requisitos para sus anteriores nombramientos' de Director Ejecutivo I y II; (2) que por tanto no procedía ía convalida-ción de la experiencia adquirida en dichos puestos; y (3) que la tramitación del nombramiento de Trabajadora Social VI fue ilegal por haber sido efectuado en violación de 3 L.P.R.A. see. 1337 durante el período prohibido que com-prende los dos meses siguientes a las Elecciones Generales.

El tribunal de instancia hizo caso omiso del argumento de la parte demandada relativo al trámite ilegal, del nombra-miento de la demandante, cuya resolución es crucial para la disposición del caso. Si se determinare que el nombramiento fue ilegal no podría ordenarse la reposición al puesto para el que fue ilegalmente nombrada, o sea, Trabajadora Social VI.

De las propias conclusiones del tribunal sentenciador surge que el nombramiento de la demandante fue tramitado durante el período de prohibición establecido por el legislador para garantizar que no se tomaren determinaciones sobre las “áreas esenciales al principio de mérito” en el período crítico ante y post eleccionario por motivaciones político-partidistas. La referida See. 1337, copiada textualmente, reza como sigue:

“A los fines de asegurar la fiel aplicación del principio de mérito en el servicio público durante períodos pre y post elec-cionarios, las autoridades deberán abstenerse de efectuar cual-quier transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito, tales como nombramientos, ascensos, des-censos, traslados y cambios de categoría de empleados.
Esta prohibición comprenderá el período de dos meses antes y dos meses después de la celebración de las Elecciones Gene-rales en Puerto Rico....
Se podrá hacer excepción de esta prohibición por necesida-des urgentes del servicio, previa la aprobación del Director, con-forme a las normas que se establezcan mediante Reglamento.”

El período de prohibición comenzó el 2 de noviembre de 1976, día de las elecciones, y terminó el 1 de enero de 1977. Por tanto, cualquier transacción de personal en relación con “las áreas esenciales al principio de mérito”, tales como nom-bramientos y cambios de categoría de empleados, entre otras áreas, debían posponerse hasta el día 2 de enero de 1977 fecha en que tomaba posesión la nueva administración de gobierno. Esto quiere decir que competía a la nueva adminis-tración desde esa fecha realizar las transacciones de personal en relación con las áreas esenciales al principio de méritos. Es significativo que el demandado quiera demostrarnos con la transcripción de evidencia que todas las transacciones de personal radicadas en la Oficina Central de Personal durante el período de prohibición fueron devueltas sin aprobar a las agencias. Tal actuación revela un patrón seguido por la Ofi-cina Central de Personal y no una actuación particular en el caso de la demandante.

De todas maneras las conclusiones de hecho del tribunal de instancia definitivamente establecen que todos los trámites relacionados con el nombramiento de la demandante se hi-cieron durante el período de prohibición. La demandante ocupó el puesto de Directora Ejecutiva II, puesto de con-fianza, hasta el 31 de diciembre de 1976, pero los trámites del nuevo nombramiento comenzaron dentro del período crítico según las palabras de la demandante vertidas en su memo-rando explicativo de 3 de junio de 1977 radicado ante el Tribunal Superior:

. . al conocer que terminaba en el puesto sin oposición que ocupaba como Directora Ejecutiva II, dirigiendo la Oficina Regional de Guayama del Departamento de Servicios Sociales, so-licitó ingreso al Registro de Elegibles para Trabajadora Social VI que estaba abierto mediante la convocatoria de Reclutamiento continuo vigente desde 1974.
Entendió la demandante que al ocurrir el cambio de Go-bierno por virtud de que el Partido Popular Democrático perdió las Elecciones Generales de noviembre de 1976, su puesto que era de confianza y de fácil selección y remoción según la Sección 1350 del Título 3 de Leyes de Puerto Rico Anotadas, habría de ser declarado vacante por el nuevo Secretario del Departamento de Servicios Sociales, quedando ella cesante y sin empleo.”

La prueba más contundente de que la transacción se hizo durante el período de prohibición queda de manifiesto al exa-minar el Exhibit 6 que es el “Aviso de Certificación al Ele-gible” cursado a la demandante en 28 de diciembre de 1976. Aunque el Aviso indica que “no constituye oferta de nombra-miento”, es de sorprender que entre esa fecha y el 31 de diciembre, o sea en el lapso de tres días, se efectúa el nombra-miento para ser efectivo el 1 de enero, o sea, el día antes de tomar posesión el nuevo Gobierno, pero aún dentro del pe-ríodo de prohibición.

Es evidente que el legislador quiso evitar precisamente lo que sucedió en este caso, el que los jefes de gobierno tomaran determinaciones con respecto a las “áreas esenciales al prin-cipio de mérito” en el período ante y post eleccionario en pre-visión de que no se tomaran ventajas ni represalias por ra-zones político-partidistas, que indudablemente van a la esen-cia de las garantías protectoras del sistema de mérito del personal público.

Comoquiera que la demandante puede aún acudir ante la Oficina Central de Administración de Personal para que se le certifique como elegible para el puesto para el cual cualifique (que no necesariamente sería el de Trabajadora Social VI) y de no estar conforme con lo allí resuelto tiene un recurso legal ante la Junta de Apelaciones, es evidente que no se le han cerrado las puertas del remedio administrativo. La Junta sería el organismo apropiado para dilucidar su derecho en primera instancia. 3 L.P.R.A. see. 1394, Sup. Acum. 1977.

No siendo válido el nombramiento de Trabajadora Social VI, la demandante no tendría ningún derecho en ley a per-manecer en ese puesto. Es posible, sin embargo, que la de-mandante tenga algún derecho a ser reinstalada al servicio público en algún puesto de carrera igual o similar al que ocu-para en el servicio de carrera al momento en que pasó a ocu-par el de confianza — 3 L.P.R.A. see. 1350, Sup. Acum. 1977 —pero esta posibilidad no fue objeto del recurso instado.

El planteamiento constitucional sobre discrimen político puede tener validez, pero en vista de que las circunstancias señaladas precedentemente, indican la existencia de razones válidas para la suspensión de la demandante, es mi criterio que debemos examinar cuidadosamente los testimonios pres-tados ante el tribunal de instancia con respecto a la cuestión de discrimen político-partidista, según nos lo solicitan los de-mandados. La mera alegación o declaración sobre la discre-pancia entre ideologías políticas entre el empleado afectado y los funcionarios gubernamentales que toman las decisiones no debe utilizarse para encubrir la verdadera razón que im-pele a las autoridades nominadoras a efectuar cambios de personal. Debe requerirse prueba sustancial de que el motivo de la acción tomada se debe a razones políticas. De lo contra-rio habría que asegurar un empleo, aun contra los principios que rigen el sistema de mérito, todo aquel que no comparte las ideas políticas de su jefe. Esta discrepancia de criterio de ideología política sería la mejor garantía para conservar un puesto público.

Consistente con lo expresado por mí al concurrir en la opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Martínez Muñoz en el caso de Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972), soy de opinión que aun “los empleados irregulares, no permanentes, del gobierno y de sus agencias y de los municipios están constitucionalmente protegidos en sus empleos contra el despido discriminatorio por razón de ideas políticas. La larga tradición de discrímenes por motivo de ideas políticas en el empleo . . . [público] . . . requiere que los tribunales escudriñen la prueba para asegurarse que ver-daderamente no ha habido discrimen en la actuación de la autoridad nominadora.” A la pág. 992. Pero cuando hay ra-zones válidas que sostengan la determinación de la autoridad nominadora para efectuar cambios en el personal público con-forme lo dispone la ley, deben los tribunales escudriñar con sumo cuidado las alegaciones de discrimen político que po-drían utilizarse más bien como una espada y no como escudo protector de derechos constitucionales.

Comoquiera que el tribunal de instancia concluyó como cuestión de hecho que en este caso hubo discrimen político sin que dicha conclusión esté basada en otros hechos que no sean las declaraciones de la demandante tendientes a demostrar su ideología política contraria a la de la parte demandada estimo que debimos, por lo menos, haber autorizado la transcripción de la prueba oral y documental, para asegurarnos si real-mente la autoridad nominadora discriminó inconstitucional-mente contra la demandante, a la luz de todas las circunstan-cias presentes en este caso y determinar si el trámite que culminó en el nombramiento de la demandante está viciado de nulidad por haber sido efectuado durante el período de prohibición que dispone la Ley de Personal del Servicio Pú-blico para garantizar la pureza del proceso administrativo en relación con los servicios públicos. Tan discriminatorio puede ser un nombramiento hecho durante el período crítico ante y post eleccionario en que está prohibido por la ley, por afectar éste el derecho de otro candidato apto y cualificado para el mismo puesto, que una destitución efectuada por mo-tivos políticos. Ambas actuaciones adolecen del mismo vicio. Ello merece y requiere la eterna vigilancia de los tribunales.

      O) Aparentemente la Junta de Apelaciones del Sistema de Administra-ción de Personal no estaba aún constituida para la fecha en que fue radi-cada la acción — 4 de abril de 1977. Surge del expediente que la deman-dante acudió a la Junta el 15 de abril de 1977 solicitando orden de reposi-ción, pero no fue hasta el 5 de agosto de 1977 que la Junta pidió a las partes un memorando explicativo sobre sus contenciones respectivas. En vista de que su petición de injunction solicitando reposición por alegado discrimen político estaba ya ante el tribunal de instancia, la demandante parece haber abandonado su apelación ante la Junta, por lo que fue deses-timada en 6 de octubre de 1977.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué del Juez Asociado Señor Negrón García. del Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se unen los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín.

text:
    Balbino Negrón Morales, Elizabeth Nazario, Ralphie Negrón, rep. por su padre con patria potestad Balbino Negrón Morales; Guadalupe Morales, demandantes y recurridos, v. Municipio de San Juan y Reserve Insurance Company, demandados y recurrentes.

      Número: R-78-31

      Resuelto: 26 de mayo de 1978

      Géigel, Silva, Soler Favale & Arroyo y Gilberto L. Irizarry Gon-zález, abogados de los recurrentes; Agustín Mangual Her-nández, Plinio Pérez Marrero y Osvaldo Pérez Marrero, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Municipio de San Juan y su aseguradora Reserve Insurance Company recurren de sentencia que les impuso res-ponsabilidad por alegados daños y perjuicios y les condenó a indemnizar a Balbino Negrón Morales en las cantidades de $16,000 por sufrimientos físicos y angustias mentales y en $2,000 por pérdida de ingresos; a su esposa Elizabeth Naza-rio la suma de $2,000 y a su hijo Ralphie, de ocho años de edad, $1,500 por sufrimientos y angustias mentales; más costas y $1,500 para honorarios de abogado de los deman-dantes. La parte recurrida ha comparecido a oponerse a la solicitud de revisión y estamos en condiciones de disponer del caso y así lo hacemos en virtud de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

El tribunal de instancia halló probado que Balbino Ne-grón Morales fue atendido de emergencia la noche del 3 de diciembre de 1971, por una doctora que comenzaba su primer año de residencia en cirugía en el Hospital Municipal de San Juan. Había recibido una herida punzante en el costado de-recho. Radiografías tomádasle revelaban la existencia de un área de opacidad en la región afectada. No se investigó ni se hizo determinación alguna sobre ello, siendo dado de alta a las 10:00 de la mañana siguiente. Como continuara sintiendo dolor, hincadas y molestias no obstante seguir el tratamiento ambulatorio que le fue prescrito, se le hicieron nuevas radio-grafías el 18 de febrero de 1972 que revelaron la misma con-dición, es decir, la existencia de un cuerpo extraño en la re-gión. Intervenido quirúrgicamente, se le extrajo un pedazo de la hoja de un cuchillo, de tres y media pulgadas de largo. La prueba pericial médica estableció que de haberse extraído el pedazo de cuchillo al ser atendido originalmente, el pa-ciente hubiese recuperado de su herida en una o dos semanas. No obstante, la recuperación se retardó hasta una o dos se-manas después del 18 de febrero, cuando pudo Negrón Morales volver a trabajar. Mientras tanto él, su esposa y su hijo se vieron afectados al tener que depender de la poca ayuda que recibían de un seguro. Normalmente el deman-dante trabajaba seis días a la semana y devengaba un in-greso neto promedio de $30.00 diarios.

Los demandados, ahora recurrentes, impugnan la deter-minación sobre responsabilidad y las cuantías concedidas. No tienen razón en cuanto a lo primero. Debemos revisar, sin embargo, las cuantías concedidas.

No estamos ante un caso de error de juicio honesto, sino ante uno de incumplimiento con la norma que requiere que a un paciente, sea en un hosiptal público o privado, se le dé el mejor tratamiento posible consistente no con una práctica médica pobre, y sí con aquella práctica que llena las exigencias profesionales generalmente reconocidas por la profesión médica. Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973). La doctora que atendió al paciente en el caso ante nos y examinó las placas explicó que “pensó que se podía tratar de una de varias posibilidades, entre ellas, de que la placa estaba sucia o un engrosamiento de la caja toráxica o una anormalidad congénita, pero no pensó que fuera un pedazo de metal del cuchillo con que fue herido su paciente.” (Determinación de hecho Núm. 6.) Y admitió que no hizo gestión alguna para clarificar qué realmente era el área opaca, que estaba precisamente donde el paciente recibió la herida. Es obvio que no tuvo en cuenta el historial del paciente, ni el hecho de que el metal es opaco a los rayos X, circunstancia que es de conocimiento general y no necesita de pericia profesional. No hubo “un esfuerzo concienzudo del médico para enterarse de los síntomas y de la condición del paciente,” que señalamos en Oliveros, supra, pág. 227, como parte de la buena práctica profesional.

Bajo una norma menos estricta que la reconocida en Oliveros, fallamos en Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1968), que se incurrió en negligencia profesional al no localizar y extraer a tiempo un cuerpo extraño alojado en el tracto respiratorio de una niñita, a saber, un grano de habichuela que obstruía la tráquea y que no se revelaba en radiografías tomadas a la niña, lo cual causó su muerte por asfixia, y señalamos, citando de Hayt & Hayt, Legal Aspects of Medical Records (1964), lo siguiente:

“El médico que acepta un paciente debe ir más allá de un examen del mismo. Si el historial y los síntomas sugieren más de un diagnóstico, es su deber hacer diagnósticos diversos (‘differential diagnosis’) y emprender un proceso de eliminación me-diante los exámenes conocidos y prevalecientes en la profesión.”

En cuanto a las cuantías, consideramos exagerada la suma de $16,000 por sufrimientos físicos y mentales. El se-ñor Negrón Morales, joven de 32 años de edad, no ha resul-tado con incapacidad física alguna, no tuvo que permanecer en cama ni estuvo impedido de caminar y moverse. Cierta-mente sintió dolores y molestias por un tiempo de ocho sema-nas en exceso del que normalmente debió tomarle recuperarse totalmente de la herida que recibió. Nos parece que $5,000 son razonables por estos conceptos. En cuanto a su esposa y su hijo, no se ofreció prueba de sufrimientos extraordinarios, habiéndose estipulado que éstos fueron los que normalmente se tienen en esas relaciones de familia y parentesco. Estima-mos razonable conceder por ello $1,000 a la esposa. Con res-pecto al niño, aunque los hijos no están por naturaleza ajenos a los sufrimientos de sus padres, tales debieron ser mínimos en este caso si consideramos su edad — 8 años — y que no hubo prueba de que se viera afectado, que tuviera que cambiar sus hábitos de alimentación, de estudios y de juego. Debe eli-minarse la partida de $1,500 coneedídale. ()

La partida de lucro cesante — $2,000—está sostenida por la prueba. El argumento que ante nos hace la parte recurrente de que no debió creerse al demandante Negrón Morales de que ganaba $30 diarios como taxista por el hecho de no rendir planillas de contribución sobre ingresos es insostenible. Ciertamente es censurable que el señor Negrón Morales no haya cumplido con su obligación ciudadana de rendir planillas, pero su admisión de este hecho a riesgo de la acción que en su contra pueda tomar el Secretario de Hacienda, robustece en vez de debilitar su credibilidad. La sanción por omitir cumplir la Ley de Contribuciones sobre Ingresos no puede ser la pretendida por la parte recurrente. Correspondería ser determinado dentro del proceso administrativo o el judicial que pudiera iniciar en su contra el Departamento de Hacienda.

La cuantía de honorarios, bajo las circunstancias de este caso, se reducirá a $1,000.

Se modificará la sentencia del tribunal de instancia en los términos indicados en esta opinión y así modificada será con-firmada.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente y disidente en parte.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente a la que se unen los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín.

—O—

Opinión concurrente y disidente

del Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 1978

Coincido con el dictamen del Tribunal sobre responsabili-dad y reduciendo a sus grados de razonabilidad las cuantías relacionadas con los daños físicos y mentales de los recla-mantes. Disiento respecto a que deja intacta la suma de $2,000.00 adjudicada por la sala sentenciadora en concepto de pérdida de ingresos, impugnada ante nos, por el funda-mento de que la prueba demostró que el recurrido Negrón Morales no rindió planillas de contribución sobre ingresos, aun cuando estaba obligado hacerlo por haber alegado un ingreso neto diario de $30.00 como conductor de taxis, i )

Nos confrontamos con un mal de fondo en nuestro país producto de unas actitudes ciudadanas indebidas que cons-tantemente burlan el principio de. equidad subyacente en nuestro sistema de justicia de que todos los derechos están equilibrados por deberes; ante los tribunales se acude con las manos limpias. Recordamos la frase célebre de Lammennais, “el derecho y el deber son como dos palmeras que no dan fruto sino crecen la una al lado de la otra.” Es inconcebible que sin sanción ni consecuencia jurídica alguna se invoque ante la majestuosidad de la ley un derecho a resarcimiento, y por otro lado se vulnere y niegue eficacia al deber correla-tivo de rendir planilla de contribución sobre ingresos. Frente a este hecho, la sola declaración del demandante Negrón Morales sobre sus alegados ingresos, sin apoyo en otra prueba testifical ni documental, hacen su testimonio uno indigno de crédito alguno e insuficiente para sostener dicha partida.

Respetuosamente someto a la lógica y sentido común de todos que sobre este extremo, la decisión de hoy constituye un vivo ejemplo de paternalismo judicial — que aunque bien in-tencionado — resulta equivocado.

—O—

Opinión disidente

del Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se unen los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 1978

Disiento por entender que la equivocación de la doctora que atendió al demandante en emergencia la noche del 3 de diciembre de 1971, no se debió a negligencia, sino a error de diagnóstico. Ella era una residente de cirugía sin conoci-miento especializado en radiología, que es una de las ramas de especialización de la medicina. El Municipio de San Juan, dentro de sus limitaciones fiscales, no puede proveer servicios médicos altamente especializados en sus salas de emergencia, que produzcan al instante un diagnóstico correcto. La Ciudad no descuidó la salud del demandante. A sólo seis semanas de haberse producido la herida, se le tomaron nuevas radiogra-fías que descubrieron la presencia de un pedazo de metal que le fue extraído sin demora.

Nuestra sociedad necesita ser ilustrada en el principio de que la mano que cura no alcanza el grado de agravio social de la mano que hiere. Este es el caso del ciudadano víctima de la violencia de un agresor que recupera su salud por la inter-vención de los servicios médicos del Municipio. No tiene más queja contra el hospital público que el argumento de que pudo haber sanado unas semanas antes si aquella doctora que lo atendió en emergencia hubiese sido una experta en lectura de radiografías.

Su acción de daños y perjuicios va en detrimento y dismi-nución de los recursos totales de la Ciudad para proveer aten-ción médica de emergencia a todos los que después de él y en circunstancias críticas que no eran las suyas, lleguen noche tras noche en las ambulancias. Estimo que la medida de res-ponsabilidad de un hospital público debe atemperarse al diseño integral en que dicha institución 'sirve a la preservación de la vida y la salud de todos los residentes de la Capital. No considero que un hospital del pueblo, sin propósito alguno de lucro, deba enfrentarse, encima de sus grandes dificultades, a una puntillosa revisión sobre lo que en cada caso pudo o debió hacer cada uno de sus médicos y empleados, como si funcionaran en el sosiego de un laboratorio de investigación científica; ni que sus errores de juicio, producto muchas veces de la simple extenuación, deban sancionarse con el rigor que la acción torticera reserva para el común causante de daño. El trabajo abrumador que pesa sobre el personal de estos hos-pitales, el interminable tráfago de casos en que peligra la vida del paciente, la demanda y exigencia de los pacientes so-bre la capacidad intelectual y física, no es precisamente lu-gar para exigir infalibilidad. Es en contraposición a esta realidad circunstancial que hemos de evaluar la conducta de la médica en sala de emergencia y ésa es la razón por la que considero su error uno de diagnóstico, y no de negligencia. Creo que la práctica de la medicina en el ritmo vertiginoso de la emergencia no debe ser penalizada porque se tomó, o no se tomó una radiografía (pues también se demanda por no tomarlas), si el resultado final ha sido la restitución al pa-ciente a su vida saludable y laboriosa.

Debe imponerse el peso del reproche jurídico a la mala práctica médica sólo donde ésta asome con claros relieves.

La responsabilidad de un hospital por un descuido de su empleado no ha de medirse con la severidad con que se juzga un asesinato o un atentado a la vida. “Para que pueda ser estimada la responsabilidad civil extracontractual es necesa-ria la concurrencia de diversos requisitos o supuestos, inte-grados por la acción u omisión, la lesión o daño, la antijuridi-cidad o ilicitud, la culpa del agente y la relación de causalidad entre el daño y la falta, siendo indudable, por lo que a la ili-citud y la culpa se refiere, que su valoración o calificación suscita una cuestión de Derecho que puede ser discutida en [revisión].” Bonet Ramón, Código Civil Comentado, Art. 1.902, pág. 1499, Segunda Edición, 1962.

El motivo o propósito del demandado es elemento deter-minante de su responsabilidad, al punto en que existiendo un claro choque de intereses entre las partes, el valor social del objetivo puede preponderar el daño inferido y prevalecer a costa de la reclamación del demandante. Prosser, Law of Torts, pág. 26, Cuarta Edición, 1971. En la legislación sobre daños y perjuicios hay que buscar un ajuste entre el interés social en la vida del individuo y el interés social en la seguri-dad de todos, que es el general. Ni la teoría de culpa como base de responsabilidad ni una de responsabilidad sin culpa pueden apurarse hasta sus límites lógicos. Radbruch, Rechts-philosophie, See. 9, 3a Ed., según citado en Pound, Jurisprudence, Tomo 1, pág. 173 (1959).

Los comprometidos recursos de la Ciudad en estos tiempos difíciles, deben sufrir merma únicamente cuando su inexcusable negligencia sea la causa de un daño que en su magnitud pueda equipararse a la necesidad que de esos recursos tiene la humanidad que fluye constantemente a los hospitales pú-blicos. El presente caso no tiene esa dimensión.

      (*) Valga señalar que la reclamación por daños que se sugiere en la demanda está por debajo de las cuantías concedidas por el tribunal de ins-tancia. Su párrafo tercero alega lo siguiente:
      “3. Los demandados fueron negligentes en el tratamiento, diagnóstico y atención prestado al demandante Balbino Negrón Morales, quien en efecto tenía en el interior de su cuerpo una parte metálica de una hoja de arma blanca que quedó en su cuerpo causándole dolores físicos, aprensión, angustias mentales, privaciones, especialmente de las festividades del pe-ríodo navideño que constituyen para él y su familia la parte más impor-tante del año, pérdida de ingresos y gastos cuyos daños se valoran en más de $10,000.00. Como resultado de la condición de su hijo, padre y esposo, respectivamente, los demás demandantes sufrieron aprensión, angustias mentales, privaciones y alteración de su vida social y familiar, daños éstos que se valoran en más de $5,000.00 para cada uno.”

      O La See. 58 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954— Núm. 91 de 29 de junio de 1954 según enmendada — impone a toda persona casada con ingresos mayores a $2,000.00 la obligación de rendir. (13 L.P.R.A. see. 3058.) Este deber es irrespectivo de que en última instancia el contribuyente no venga obligado a pagar contribución alguna, por razón de otros factores.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué a la cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Rafael Rivera Rodríguez y María I. Ortiz Melendez, demandantes recurridos, v. Las Vegas Development Co., Inc., demandada peticionaria.

      Número: O-77-423

      Resuelto: 30 de mayo de 1978

      Hermenegildo Colón Vázquez y Federico Rodríguez Gelpí, aboga-dos de la peticionaria; Alejandro Torres Rivera y Luis F. Abréu Elias, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Plantea este litigio un importante aspecto de la responsa-bilidad decenal de los empresarios de obra. La cuestión se ha debatido largamente en los países donde todavía prevalecen, como en Puerto Rico, códigos civiles de antigua factura. Los ordenamientos modernos proveen usualmente una solución específica al problema.

He aquí los hechos. La recurrente, Las Vegas Development Co., Inc., construyó una urbanización en Cataño. La casa objeto de esta controversia fue originalmente vendida por la constructora el 27 de abril de 1966. Los recurridos ad-vinieron dueños de la vivienda el 15 de mayo de 1972. En 1975 aparecieron grietas en el piso. Desde entonces hasta mayo de 1976 los nuevos propietarios le reclamaron extra-judicialmente a la constructora la reparación de las grietas. Varios meses más tarde, ante la inacción de la recurrente, los recurridos demandaron a la constructora en el Tribunal de Distrito, exigiendo dos mil dólares como indemnización.

La constructora recurrente interpuso moción de desesti-mación fundada en el hecho de que la demanda se había pre-sentado transcurridos diez años a partir de la recepción de la obra. Sostuvo la recurrente que el referido plazo es tanto plazo de garantía como término de caducidad para la radi-cación de la demanda. El Tribunal de Distrito declaró sin lugar la moción de la constructora. El Tribunal Superior con-firmó esta determinación. Acordamos revisar.

El Art. 1483 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124, dispone:

“El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.”

La disposición citada es copia del Art. 1591 del Código Civil Español, el que a su vez deriva de los Arts. 1792 y 2270 del Código Civil Francés. En Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46 (1962 ), se traza su historia.

La doctrina española está dividida en cuanto a si el ar-tículo en cuestión establece un plazo único tanto para que sur-jan los vicios como para interponer la acción legal o si exis-ten dos plazos, uno para que se manifiesten los defectos y otro para incoar la demanda correspondiente. A favor de la segunda teoría se pronuncian Manresa, Código Civil Español, tomo X, vol. II, ed. 1969, pág. 708; Scaevola, Código Civil, tomo XXIV, vol. II, ed. 1951, págs. 108-109; Cadarso Palau, La Responsabilidad Decenal de Arquitectos y Constructores, Madrid, 1976, pág. 333; Bonet Ramón, Derecho Civil Común y Foral, tomo II, ed. 1940, pág. 114; Fernández Hierro, La Responsabilidad Civil por Vicios de Construcción, 1976, pág. 146, y varios otros autores. Cadarso Palau, loe. cit. Los parti-darios de esta posición difieren entre sí respecto a la duración del término para incoar la acción. Muchos estiman que, trans-curridos los diez años de garantía, el propietario disfruta de quince años adicionales, el término de prescripción dispuesto para las acciones personales, para interponer la demanda co-rrespondiente. Otros consideran que el plazo adicional es de un año. Manresa, op. cit., 708; Scaevola, op. cit., 108 — 109; Fernández Hierro, op. cit., 148-149; y Diez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho Civil, vol. II, 1976, págs. 342-343, favo-recen el término de quince años. Cadarso Palau, op. cit., 339-342, se pronuncia a favor de un término más corto.

El sistema del plazo único ha sido adoptado por Traviesas, Contrato de Arrendamiento, 6 Rev. Der. Privado 1 (1919), a quien citan con aprobación Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo 4o, 10a ed., 1977, pág. 492; Puig Bru-tau, Fundamentos de Derecho Civil, tomo II, vol. II, 1956, pág. 396, n. 11; Santamaría, Comentarios al Código Civil, tomo II, 1958, pág. 639; y Puig Peña, Compendio de Derecho Civil, tomo IV, 3a ed., 1976, pág. 171, n. 19.

La jurisprudencia española no ha resuelto definitiva-mente los conflictos reseñados. Véanse: S. de 29 de marzo de 1966, 33 Aranzadi 1045-1046; S. de 22 de noviembre de 1971, 38 Aranzadi 3613; y S. de 28 de noviembre de 1970, 30 Aran-zadi 3598. La S. de 11 de octubre de 1974, 41 Aranzadi 2903, y algunas de las opiniones citadas parecen favorecer la teoría de los dos plazos, inclinándose a la posición de que el segundo es de quince años.

En tres ocasiones diferentes este Tribunal se ha expresado a favor de la doctrina del plazo único. En González v. Agostini, 79 D.P.R. 510, 521, n. 9 (1956), dijimos: “En cuanto a los vicios ocultos ... el demandante, podrá, de arruinarse el edificio por vicios ocultos de la construcción, reclamar los daños dentro del plazo decenal fijado por la ley.” En Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50 (1962), citando a Traviesas, Cas-tán y Santamaría, declaramos: “La obligación de indemnizar es una obligación establecida a favor de cualquier propietario que adquiera el edificio, siempre que la reclamación se efec-túe en el tiempo que señala el artículo 1483.” Reiteramos esta expresión de Géigel en Coop. de Viviendas v. Villas de Navarra, 104 D.P.R. 718, 719 (1976).

Los propietarios recurridos atacan esta serie de decisio-nes a base de Bartolomei v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 495, 497 (1970), donde señaló el Tribunal:

“No debe confundirse el término legal que para el ejercicio de la acción tenga el dueño del edificio arruinado, con el plazo decenal de garantías. La acción puede prescribir si no se acude en tiempo al tribunal. El otro término, el de los diez años, es uno dentro del cual debe ocurrir la ruina del edificio por vicios de construcción, para que el contratista sea responsable.”

La única cuestión verdaderamente planteada y resuelta en Bartolomei era si en la demanda debía alegarse que la ruina había ocurrido dentro del plazo decenal. Aun así, exa-minemos cuál debe ser la norma que rige en esta jurisdicción, si la consignada en González, Géigel y Villas de Navarra o la aludida en Bartolomei.

Hace casi un siglo que la cuestión que nos preocupa aquí fue definitivamente resuelta por la Corte de Casación del país cuyo código fue base del español. La Corte de Casación de Francia optó en 1882 por la teoría del plazo único, bajo ata-que entonces por muchos comentaristas defensores de la doc-trina de los dos plazos. Cass. Chambres réunies, 2 de agosto de 1882. D. 83-1-5. La jurisprudencia francesa actual sos-tiene la misma posición. 3 Dalloz, Répertoire de Droit Civil, 2eme ed., mise á jour 1977, “Contrat D’Entreprise”, pág. 339 et seq. Los comentaristas franceses modernos son del mismo parecer. Soinne, B., La Responsdbilité des Architectes et En trepreneurs aprés la Reception des Travaux, 2 vols., Paris, 1969, pág. 558 et seq.; Peter, P., La Responsabilité Décennale des Architectes et Entrepreneurs, Paris, 1963, pág. 21. Para las citas sobre la posición idéntica de Planiol y Ripert, Ma-zeaud y Tunc, Colin y Capitant, Liét-Veaux y otros autores, véase: Soinne, loe. cit.

Adviértase que el histórico fallo de la Corte de Casación de Francia ocurre precisamente en los últimos años de la redac-ción definitiva del Código Español. De haberse deseado re-chazar la interpretación francesa era de esperarse que el lenguaje del Art. 1591 español hubiese sido distinto. El nuevo código habló de la duración de la acción de indemnización y no del plazo de garantía. El segundo párrafo del Art. 1591 dispuso expresamente, como se recordará, que “Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.”

Se ha criticado la doctrina del plazo único por razón de su rigurosidad. Puede caducar fácilmente la acción si la ruina del edificio ocurre o el vicio se manifiesta a punto de expirar los diez años de garantía. La contestación a este ar-gumento es que la concepción estricta dé la responsabilidad decenal como término de garantía y plazo de caducidad para instituir la acción se debe precisamente al deseo de deter-minar el momento exacto en que expira la responsabilidad, evitando las querellas que pudiesen surgir a gran distancia de la entrega sobre el origen preciso del perjuicio alegado. Soinne, op. cit., 560. i) La doctrina del plazo único lo que produce en la práctica es un acortamiento del plazo de garan-tía, pero tal es la tendencia generalizada en los códigos mo-dernos. La nueva legislación se inclina abrumadoramente a favor de recortar sustancialmente el plazo de garantía, a la par que fija en muchos casos términos de caducidad para la denuncia del vicio y el ejercicio de la acción. Nuestro Código Civil se halla en este sentido en lamentable rezago frente a lo que está ocurriendo en muchos otros países.

El Código Civil Italiano de 1942 distingue entre tres plazos: uno de garantía — se mantiene todavía aquí el plazo de diez años — otro de un año para efectuar la denuncia y otro término de un año para radicar la acción. Cuneo, Appalti Pubbliche e Privati, 6a ed., Padova, 1962, pág. 680; Cianflone, UAppalti di Opere Pubbliche, 4a ed., Milano, 1971, pág. 797 y ss.; Scialoja e Branca, Dell’ Appalti, arts. 1655 — 1677 (por Rubino), 1969, pág. 277 y ss. El Art. 1225 del Código Civil Portugués, de redacción más reciente, reduce el plazo de ga-rantía a cinco años, manteniendo un año para el plazo de denuncia y otro para el ejercicio de la acción. En adición, la doctrina establece que el referido plazo garantiza tan solo las construcciones destinadas a durar considerable tiempo. Se excluyen las de orden más provisorio. Pires de Lima y An-tunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra, 1968, vol. II, págs. 578-579.

En Suiza el plazo de garantía es igualmente de cinco años. Scyboz & Gilliéron, Code Civil Suisse et Code des Obligations Annotés, ed. Payot Lausanne, 1972, Art. 821 del se-gundo código, pág. 156. El patrón de cinco años se sigue, entre otros países, en Alemania (Art. 638 del B.G.B. — el plazo es menor en trabajos de cierta índole); Brasil (Art. 1245 del Código Civil Brasileño); Bolivia (Art. 1195 del Có-digo Civil); Chile (Prat, Nociones sobre el Contrato de Cons-trucción Privada, 1940, págs. 100-101,125-126); Costa Rica (Vincenzi, Código Civil, 1966, pág. 199); Perú (Art. 1556 del Código Civil); y Marruecos (Art. 769 del Código de Obli-gaciones y Contratos — la acción debe interponerse en los treinta días siguientes al descubrimiento de la ruina o vicio). En Japón fluctúa el plazo de garantía entre dos y diez años, dependiendo del tipo de construcción (Art. 985 del Código Civil).

En Estados Unidos el plazo de garantía, fijado usual-mente por legislación, fluctúa generalmente entre cuatro y diez años. En California, Illinois y Tennessee el plazo es de cuatro años. En muchos estados es de siete años o menos. Sweet, Legal Aspects of Architecture, Engineering and the Construction Process, St. Paul, 1977, págs. 734, 844-845.

En Rusia el plazo es menor que en muchos países. La ga-rantía del empresario de obra expira a los tres años. (Art. 229 del Código Civil.)

Consideramos irreal y poco sabia la teoría de añadirle a un plazo de garantía ya largo de por sí — fijado bajo otras circunstancias en el siglo .XIX y conocido desde el Estatuto de Módena de 1327 A.D. — un plazo de quince años para el ejercicio de la acción, conforme el Art. 1864 de nuestro Có-digo. Aun si se quisiese añadir por jurisprudencia tan solo el plazo de un año, se estaría actuando en contra de la doctrina repetidamente enunciada por este Tribunal desde 1956, con la posible excepción de Bartolomei, y, aún más grave, tendría que construirse la nueva doctrina sobre la endeble base de que la acción en estos casos es de naturaleza cuasidelictual. Véanse: Sánchez Fontáns, El Contrato de Construcción, Montevideo, vol. II, 1953, págs. 241-242; González v. Agostini, 79 D.P.R. 510, 518 (1956). La aconsejable tarea de moderni-zar nuestro código, utilizando el método de la creación de tres plazos al modo italiano, el portugués, el que ilustra el nuevo proyecto francoitaliano de Código de Obligaciones u otro análogo, está por necesidad en manos de la Asamblea Legis-lativa.

Se reafirma nuestra posición en Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50 (1962) y casos señalados. Se deja sin efecto toda otra expresión en contrario.

Por las razones expuestas se revoca la resolución recu-rrida y se desestima la demanda en este caso.

El Juez Asociado Señor Carlos J. Irizarry Yunqué disin-tió en opinión separada a la cual se une el Juez Asociado Señor Antonio S. Negrón García. Los Jueces Asociados Se-ñores Marco A. Rigau y Angel M. Martín no intervinieron.

—O—

Opinión disidente

del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué a la cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 1978

Este Tribunal decide hoy que el plazo decenal de garan-tía del Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124, equivale al plazo dentro del cual tiene que ejercitarse la ac-ción por daños y perjuicios causados como consecuencia de la ruina de un edificio. Las discrepancias entre los comentaris-tas permiten que halle apoyo en algunos de ellos la norma que este Tribunal adopta. Creo, sin embargo, que no es la mejor norma ni la más justa y por eso discrepo.

La primera regla de hermenéutica que debemos observar es aquella que atiende primero a la letra de la ley y a su sig-nificado ordinario y corriente. Dice el Art. 1483:

“El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.”

El texto, en su primer párrafo, responsabiliza al contra-tista y al arquitecto “si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción.” No dice que son diez años para ejercitar la acción. Una cosa es el plazo de garantía de diez años dentro del cual tiene que ocu-rrir la ruina, y otra el plazo dentro del cual tiene que ejerci-tar la acción quien sufre daños. Ese plazo no puede ser de quince años, porque el segundo párrafo se encarga de fijar ese término cuándo la acción se basa en “falta del contratista a las condiciones del contrato,” es decir, cuando la acción es ex contractu. Si el plazo para el ejercicio de la acción, en cuanto al primer párrafo, fuera quince años, sería innecesa-ria la especificación que hace el segundo párrafo. Como algún plazo tiene que haber para el ejercicio de una acción, éste no puede ser otro, en cuanto al primer párrafo, que el término prescriptivo de un año que para las acciones ex delicto señala el Art. 1868, 31 L.P.R.A. see. 5298. ()

La opinión de este Tribunal enfatiza que nuestro Art. 1483, que es copia del 1591 del Código Civil Español, deriva de los Arts. 1792 y 2270 del Código Civil Francés, y acoge el sistema de plazo único postulado por Traviesas, Contrato de Arrendamiento, 6 Rev. Der. Privado 1 (1919), basado a su vez en la interpretación de los citados artículos del Có-digo Francés. El comentarista Gabriel García Cantero niega tal proposición y encuentra los antecedentes del Art. 1591 (1483 nuestro) en la Constitución dictada el año 393 por Graciano, Valentiniano y Teodosio, y en la Ley 21, Título 32 de la Partida Tercera. García Cantero, La respon-sabilidad por ruina de los edificios, 16 Anuario de Derecho Civil, 1054 (1963). Al mismo efecto véase Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 48-49 (1962).

Hubo un intento en España de adoptar el estatuto del Código Francés mediante el Proyecto de Código Civil de 1851, que en su Art. 1532 decía textualmente:

“El arquitecto o empresario de un edificio responde durante diez años, si se arruinare por vicio de la construcción o del suelo. Esta responsabilidad tiene lugar, respecto del arquitecto, aun cuando no haya contratado la obra por un ajuste alzado.”

Véase el parecido con los Arts. 1792 y 2270 del Código Francés, que disponen:

Art. 1792: “Si el edificio construido a tanto alzado perece en todo o en parte por vicio de la construcción, o por vicio del suelo, el arquitecto y el empresario responden de ello durante diez años.”
Art. 2270: “Después de diez años, el arquitecto y los empre-sarios quedan liberados de la garantía por las grandes construc-ciones que han hecho o dirigido.”

El Proyecto de 1851 redujo a diez años el plazo de respon-sabilidad — que en la Ley 21 era de quince, al igual que en el antiguo Derecho Romano — imitando en esto al Código Francés. García Cantero, supra, pág. 1090. Pero no pasó de ser un proyecto. El legislador español redactó el actual Art. 1591 (1483 nuestro), apartándose del Proyecto y del Código Francés. La diferencia es palpable. Mientras el Código Fran-cés y el Proyecto de 1851 responsabilizan al empresario (con-tratista en nuestro caso) y al arquitecto “durante diez años,” el nuestro les responsabiliza “si la ruina tuviere lugar dentro de diez años.” Es claro que en el Código Francés hay un plazo único, que es de diez años, durante el cual el contratista y el arquitecto responden y dentro del cual tiene que haber ocu-rrido la ruina. En nuestro caso el contratista responde una vez ha ocurrido la ruina, si ésta ocurre dentro de diez años. La redacción del precepto nuestro no excluye, a diferencia del Código Francés y del Proyecto de 1851, un plazo distinto para el ejercicio de la acción para reclamar responsabilidad al contratista y al arquitecto.

Sobre la duración de la acción, dice García Cantero, op. cit, págs. 1107-1108.

“e) La duración de la acción.
Esta cuestión es una de las cruciales en la interpretación del artículo 1.591. Para los autores que defienden el carácter contractual de la acción de responsabilidad fundamentado en el mismo (Manresa, Mucius Scaevola, De Buen, Valverde), en de-fecto de una norma especial, se ha de aplicar el plazo de quince años de prescripción de las acciones que no tienen otro señalado en la ley. Traviesas, en cambio, lo hace coincidir con la duración de la garantía, aceptando con ello la doctrina francesa predomi-nante. Bonet Ramón dice que la prescripción de la acción contra el constructor o el arquitecto dura diez años, sin que se aclare si es un plazo coincidente con el de duración de la garantía, o es dis-tinto, y en este caso cuál es el punto de arranque del mismo.
No cabe duda que la aplicación del plazo de quince años hace mantener por demasiado tiempo en estado de pendencia la liqui-dación de las consecuencias jurídicas de la ruina; mientras que hacer coincidir el plazo de duración de la acción con el plazo de garantía conduce a la consecuencia poco equitativa de que el per-judicado tendrá a su disposición un plazo variable, que será el máximo de diez años cuando la ruina ocurre inmediatamente des-pués de la conclusión de la obra, y que será mínimo si acaece en las postrimerías de dicho período legal, pudiendo ser nulo si el edificio se derrumba la víspera de cumplirse el mismo. La juris-prudencia no ha tenido, que sepamos, oportunidad de pronun-ciarse sobre la cuestión.
Por mi parte, entiendo que el problema tiene fácil solución si se concibe como de naturaleza extracontractual dicha responsa-bilidad, y se aplica, en consecuencia, al plazo de un año que esta-blece el artículo 1.968, 2do. . .; en virtud de esta prescripción corta, el período de pendencia del ejercicio de la acción contra los presuntos culpables es más razonable, ya que una vez producida la ruina dentro del período legal, no será necesario esperar a que transcurra éste íntegramente para que empiece a correr el plazo de prescripción. Pero el punto de arranque de ésta no se coloca en el momento de producción del daño sino — de conformidad con el artículo 1.968, 2do. — desde que lo supo el agraviado, conoci-miento que debe extenderse también a la persona del culpable, pues de otra suerte no puede interponerse la demanda. La aper-tura del sumario interrumpe la prescripción, y por ello la sen-tencia de 12 de mayo de 1960 aplica el artículo 1.969 a un su-puesto en que se siguió sumario, razón por la cual la acción civil no podía ejercitarse hasta que se declaró extinguida la acción penal.”

La aplicación del plazo prescriptivo de un año de las ac-ciones ex delicto, surge precisamente de que la acción con-templada en el primer párrafo del Art. 1483 es ex delicto, basada en culpa y negligencia, y no en violación de las condi-ciones del contrato, que es a la que se refiere el segundo pá-rrafo de ese artículo, cuyo plazo prescriptivo es de 15 años, igual que el de las acciones personales que no tienen plazo señalado. Una vez más cito a García Cantero, págs. 1104-1105:

“El párrafo 1ro. del artículo 1.591 es una aplicación de la norma general del artículo 1.902; por ello, aunque no se diga expresamente, se requiere la culpabilidad del contratista y del arquitecto. Se responde por una actuación culposa o negligente desarrollada a propósito de la edificación de un inmueble, pero cuyos resultados no se manifiestan de momento, sino en un tiempo posterior que la ley fija en un máximo de diez años.
La exclusión del caso fortuito y de la fuerza mayor aparece con claridad en los precedentes romanos y españoles del artí-culo 1.591, se aceptó sin discusión por la doctrina del siglo XIX y es la opinión más autorizada en la doctrina extranjera. . . . También se excluyen las causas sobrevenidas con posterioridad a la construcción; así, si el dictamen pericial demuestra que la única causa de la ruina estriba en la falta de las reparaciones necesa-rias, entrará en aplicación el artículo 1.907_
Lo que ocurre es que el párrafo 1ro. del artículo 1.591 viene a establecer una presunción inris tantum de culpabilidad en el contratista y en el arquitecto. Arruinado un edificio y demos-trado por una sumaria investigación que la ruina ha obedecido a vicio de la construcción, la ley presume la culpabilidad del con-tratista, o bien la del arquitecto si se debe a vicio del suelo o de la dirección; esta presunción, que viene a fortalecer la postura procesal de los perjudicados, se fundamenta en el interés pú-blico que inspira esta norma y en la dificultad de la prueba si, conforme a las normas generales de la responsabilidad extra-contractual, correspondiese al actor la carga de la prueba de la culpa del autor del daño.
En la Ley 21, Tít. 32, Partida 3ra. ya se encuentran rastros de esta presunción legal al decirse: ‘E si por aventura la labor que fuese fecha de nuevo se derribase, o se moviese ante que se acabase, o quince años después que fuese fecha, sospecharon los Sabios antiguos que por mengua, o culpa, o por falsedad de aque-llos que eran puestos para fazerlas, aconteciera aquel fallezi-miento’; lo cual se corrobora por la interpretación o comentario de Gregorio López ... y de la doctrina del siglo XIX.”

García Cantero alude al Art. 1907 del Código Español, equivalente al 1807 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 5146, que dice textualmente:

“See. 5146. Ruina de edificio
El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias.”
El 1909 del español, 1809 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 5148, dispone:
“See. 5148. Defectos de construcción
Si el daño de que tratan las dos secciones anteriores resul-tare por defecto de construcción, el tercero que lo sufra sólo podrá repetir contra el arquitecto, o en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal.”

El “tiempo legal” a que se refiere este precepto no puede ser el de 15 años, pues defecto de construcción no es necesa-riamente significativo de violación de contrato, que es a lo que se refiere el segundo párrafo del Art. 1483. Además, se refiere este Art. 1809 al tercero que sufra el daño, y sólo puede tener condición de tercero quien no fue parte en el con-trato ni trae causa de quien lo fue. De esta suerte, es inescapable que el tercero que sufre daños como consecuencia de la ruina de un edificio — un visitante lesionado al desplomarse parte del techo, para ejemplo — tendría un año para reclamar contra el arquitecto o contra el constructor, a partir del mo-mento en que sufra el daño, siempre y cuando que la ruina ocurriera dentro de los diez años de garantía que establece el primer párrafo del 1483. Dice sobre el particular García Cantero, págs. 1094-1095:

“d) La tesis de la responsabilidad extracontractual es la única que permite una interpretación sistemática de los artículos 1.591 y 1.909, que atribuya a ambos plenitud de sentido. Acertó en este punto García Goyena cuando, con referencia al párrafo 2do. del artículo 1.903 del Proyecto de 1851,... decía que era más justo y humano que el Código francés y los demás extranjeros de su época, los cuales únicamente hacen responsable al propie-tario de la ruina de un edificio, aunque ocurra por vicio de la construcción: con razón decía dicho autor: ‘acuda el vecino dañado contra el solo culpable.’
Como antes indiqué, el primer párrafo del artículo 1.591 supone un tratamiento favorable, bajo ciertos aspectos, para constructores y arquitectos. En efecto, si prescindiéramos de dicho párrafo, no hubiéramos suprimido la responsabilidad ex-tracontractual de estas personas, las cuales seguirían respon-diendo conforme al artículo 1.902 sólo que sin límites tempo-rales; así, probado el daño, la culpa o negligencia del constructor o del arquitecto, y la relación de causalidad, su responsabilidad era inevitable aunque la construcción del edificio datase de más de diez años....
El mero hecho de que el citado'precepto se halle situado den-tro de la sección que regula las obras por ajuste o precio alzado no parece ser un argumento decisivo para definir la naturaleza de la responsabilidad en él regulada. En ello han influido, sin duda, los precedentes de las legislaciones extranjeras y del Proyecto de 1851, pero sin que — a diferencia de otras legisla-ciones — el mero dato de su colocación sistemática tenga aquí un valor absoluto.”

Para mayor abundamiento de la tesis aquí sustentada, una vez más cito a García Cantero, págs. 1091-1092:

“Entiendo que la acción de indemnización basada en el primer párrafo del artículo 1.591 del Código civil español es de naturaleza distinta que la enunciada, tan esquemáticamente, en el segundo.
En efecto; en cuanto a aquella, y con relación al contratista, se trata de una sanción por incumplimiento de un específico deber de no dañar el patrimonio ajeno, en forma directa o in-directa . . . formulado con carácter general en el artículo 1.902 y aludido por remisión en el artículo 1.909; respecto del arquitecto, representa una sanción por incumplimiento de un deber de peri-cia profesional, consistente en la observancia de las reglas de su arte, tal como lo ha venido exigiendo la tradición jurídica es-pañola, aun cuando no esté expresamente recogido por ninguna disposición legal.
Hay que observar que la mención del arquitecto en el primer párrafo del artículo 1.591 ha sido conscientemente querida por el legislador, de modo que la expresión legal ‘igual responsabili-dad y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere’ viene a significar una acumulación, y no una yuxtaposición alter-nativa como en el artículo 1.582 del Proyecto de 1851.
Los deberes aquí contemplados son deberes legales por su origen, que el legislador ha estimado oportuno sancionar expre-samente, con independencia y al margen de toda relación contractual. La responsabilidad se basa en un actuar culposo o negligente, por lo cual constituyen supuestos concretos de la res-ponsabilidad por culpa extracontractual o aquiliana del artículo 1.902. No representan, en cambio, casos de responsabilidad ob-jetiva; ni tampoco, pese a las apariencias, de responsabilidad por riesgo. El artículo 1.591, como luego expondré, viene a establecer una presunción inris tantum de culpabilidad, a cargo del con-tratista y del arquitecto.
La responsabilidad expresada tiene su fundamento en el in-terés público, ya que a la comunidad interesa que las edifica-ciones destinadas a tener una duración prolongada estén cons-truidas con arreglo a las reglas de la técnica, cuyo conocimiento se presume dentro del ámbito de su respectivo obrar en el con-tratista y en el arquitecto....
La naturaleza jurídica que aquí se propugna de la responsa-bilidad ex párrafo 1ro. del artículo 1.591 tiene, respecto de la contractual, que es la predominante en la doctrina, las carac-terísticas siguientes: Representa una agravación para los obli-gados en cuanto que está legitimado para invocarlo cualquier perjudicado (haya o no contratado el arrendamiento de la obra) y, asimismo, porque establece una presunción inris tantum de culpabilidad en su respecto. Pero, bajo otro aspecto, implican un trato de favor para los obligados — como lo hacía notar García Goyena . . . respecto del artículo 1.532 del Proyecto de 1851 — en cuanto que limitan en el tiempo la duración de la garantía (que con base en el artículo 1.902 no tendría ninguna cortapisa temporal), así como reduce extraordinariamente la duración de la acción para hacer efectiva aquella responsabilidad (un año, al ser extracontractual, en lugar de quince años, de ser contractual)

Dice la opinión de este Tribunal que “[en] tres.ocasiones diferentes este Tribunal se ha expresado a favor de la doc-trina del plazo único.” Y cita González v. Agostini, 79 D.P.R. 510 (1956); Géigel v. Mariani, supra; y Coop, de Viviendas v. Villas de Navarra, 104 D.P.R. 718 (1976). Discrepo. No creo que resolviéramos eso en estos tres casos. Veamos.

(1) En González v. Agostini, se instó demanda por ale-gados vicios de construcción a los 6 meses y 9 días de entre-gado el edificio por el contratista. Este invocó la defensa de prescripción a base de que en el contrato suscrito con el de-mandante se estipuló un plazo de 30 días a partir de la en-trega como plazo de garantía del contratista. () La cuestión a resolver por este Tribunal era si podía pactarse la libera-ción del plazo decenal de garantía del Art. 1483. Resolvimos que no, por estar afectada una cuestión de interés público, y que por estar envuelta la seguridad pública, la renuncia a dicho plazo es nula. Contrario a lo que ahora interpreta la opinión de este Tribunal, se distinguió en González v. Agos-tini entre el plazo de garantía y el plazo para instar la acción, señalándose que la garantía del contratista por vicios ocultos de la construcción dura diez años, es decir, que responde si se manifiestan dentro de ese plazo que es irrenunciable, mien-tras que la duración del plazo para formular reclamación, una vez se manifiesta la ruina del edificio, puede pactarse. Como sabemos, los plazos prescriptivos son renunciables. Dijimos, pág. 521:

“La cuestión que discutimos tiene importancia en la decisión de este caso porque como se recordará, cuando el demandante recibió el edificio ya conocía los vicios de construcción que moti-van esta reclamación de daños y perjuicios. Si la recepción se hubiera hecho a plena satisfacción o sin reservas, el contratista, conforme a la doctrina expuesta anteriormente, hubiera que-dado libre de responsabilidad por los vicios manifiestos que eran conocidos por el propietario ya que dicha aceptación implicaba una renuncia a reclamar por tales vicios. No así en cuanto a los vicios ocultos. Pero según hemos visto, el demandante protestó de los vicios ostensibles que conocía e hizo la recepción del edifi-cio sujeto a esa reserva. Ante esta situación, ¿cuál era el plazo que tenía para establecer su reclamación por los daños sufridos a causa de los vicios de construcción aparentes y conocidos por él? A nuestro juicio, el de 30 días convenido por las partes. El pacto fijando un término de 30 días para reclamar por los vicios aparentes no es contrario a la ley ni al orden público. Por su naturaleza, ese pacto regula los derechos e intereses privados del propietario y el contratista. Por consiguiente, debe sostenerse la validez del pacto en lo referente a los vicios aparentes. En cuanto a los vicios ocultos, el pacto es nulo.”

La expresión que se cita en la opinión del Tribunal en el caso ante nos, está fuera del contexto de la opinión en González v. Agostini, como parte de un escolio, y no pasa de ser un dictum, pues en dicho caso la acción se instó a los seis meses y días de terminada la obra. El plazo decenal de garantía no jugaba ningún papel.

(2) En Géigel v. Mariani, tampoco se planteó cuál es el término para instar la acción a que ahora nos referimos. Allí el contratista que construyó una casa para residencia del Dr. Mariani demandó a éste en cobro de dinero que alegó que se le adeudaba por motivo de la construcción. El Dr. Mariani reconvino por una cantidad mayor, en que valoró el costo de reparar determinados desperfectos que surgieron en la obra poco después de entregada, particularmente filtraciones en el techo. La acción que ambos ejercitaron se inició poco después de concluida la obra y remotamente antes de cum-plirse los diez años.

La aplicación y exégesis que hizo este Tribunal del Art. 1483 obedeció a que el contratista reclamó que no era respon-sable de las filtraciones del techo, que era la partida mayor de daños, porque durante la construcción se varió a requeri-miento del Dr. Mariani la estructuración del techo. Resolvi-mos, en línea con lo resuelto en González v. Agostini, que el contratista no podía evadir la responsabilidad que le impone el Art. 1483 ya que “[su] deber era no construirlo si creía que el techo no era adecuado.” (Pág. 56.) Hicimos un re-cuento histórico del origen del Art. 1483 y concluimos que, a diferencia del Código Francés, donde se establece una presun-ción de culpa contra el contratista y el arquitecto de una obra que se arruina total o parcialmente, si la obra fue construida por precio alzado, en nuestro sistema tal presunción aplica por igual tanto si la obra se construye a precio alzado como cuando se efectúa según presupuesto. Dijimos, pág. 54:

“Y en verdad nos parece arbitrario el que se sostenga que existe una presunción de culpa de parte del contratista cuando la obra se construye a precio alzado y no cuando se efectúa se-gún presupuesto. Nos parece arbitraria porque la razón de la presunción indudablemente es que el contratista está en mejor posición para demostrar cuál es la verdadera razón de la ruina.”

No se planteaba en Géigel la aplicabilidad de plazo alguno ni tenía que resolverse. Tampoco resolvimos qué plazo tiene el dueño o el que sufre daños como consecuencia de la ruina de un edificio para formular reclamación. La opinión de este Tribunal en el caso que ahora nos ocupa cita la siguiente ex-presión hecha en Géigel, pág. 50, para sostener su teoría del plazo único: “la obligación de indemnizar es una obligación establecida a favor de cualquier propietario que adquiera el edificio, siempre que la reclamación se efectúe en el tiempo que señala el artículo 1483.” Precisamente eso es lo que tene-mos que resolver aquí y que no teníamos que resolver ni resol-vimos en Géigel v. Mariani: cuál es el plazo para ejercitar la acción que reconoce el Art. 1483. Interpretar tal expresión de Géigel como que adopta la teoría del plazo único es a mi juicio una incorrección.

Importante de Géigel v. Mariani es que adopta precisa-mente la postura que postula García Cantero de que el Art. 1483 establece una presunción inris tantum de culpa del con-tratista y del arquitecto, lo que está en consonancia con la doctrina que establece que es el Art. 1802 el origen de la acción, ex primer párrafo del 1483, con base en culpa o negli-gencia.

(3) En Coop. de Viviendas v. Villas de Navarra, tam-poco se plantea en forma alguna, ni tenía que resolverse, ni se resolvió la cuestión del plazo. Allí se planteó si la Coopera-tiva de Viviendas, para quien se construyeron 28 unidades de vivienda por una empresa constructora, tenía causa de acción contra el arquitecto contratado por la constructora para reclamarle por vicios de las construcciones. El arqui-tecto alegaba que tratándose de una acción ex contractu bajo el Art. 1483, no tenía causa de acción en su contra la ad-quirente de las casas por no existir nexo contractual alguno entre ellos, es decir, entre adquirente y arquitecto. Nos nega-mos a aceptar esta contención y resolvimos que la acción que reconoce el Art. 1483 puede ser ejercitada por cualquier pro-pietario. Dijimos, pág. 719:

“Se ha establecido en el derecho civil español que la responsa-bilidad que le impone al arquitecto el Art. 1591 del Código Civil Español, equivalente al Art. 1488 del nuestro, beneficia a cual-quier propietario de la construcción, siempre que la acción se inste dentro del plazo señalado por el código.” Sigue entonces una cita de Manresa.

Como se ve, Cooperativa de Viviendas no establece tér-mino alguno para el ejercicio de la acción, y lo que hace es mencionar, de paso, que la persona que la ejercite debe ha-cerlo “dentro del plazo señalado por el código,” sin decir cuál es ese plazo.

Dos cosas son significativas, sin embargo, en esta decisión de Cooperativa de Viviendas. En primer lugar, que al decir que la acción debe ejercitarse “dentro del plazo señalado por el código” cita a Manresa, quien, como se reconoce en la opinión de la mayoría de este Tribunal en el caso ante nos, no postula la teoría del plazo único y defiende, por el contra-rio, que aparte del plazo decenal de garantía, el reclamante tiene quince años para instar su acción. Manresa, Código Civil Español, tomo X, vol. II, pág. 708 (ed. 1969). Esta misma tesis es defendida por Guaroa Velázquez, Responsa-bilidad por los defectos en las edificaciones, 20 Rev. Jur. U.P.R. 13, 31 (1950).

En segundo lugar, al reconocer que cualquier propietario tiene derecho a instar acción contra el arquitecto, sin que exista nexo contractual alguno entre aquél y éste, se apartó este Tribunal de la doctrina que defiende que la acción que reconoce el primer párrafo del 1483 es ex contractu, lo que está acorde con la posición aquí sostenida de que es una ac-ción ex delicto, basada en culpa o negligencia.

En resumen, la trilogía de González v. Agostini, Géigel v. Mariani, y Cooperativa de Viviendas v. Villas de Navarra, no puede citarse como autoridad en que sostener que en Puerto Rico hemos adoptado la doctrina del plazo único. Cuando más cerca, antes de ahora, ha estado este Tribunal de tener que resolver sobre el plazo para el ejercicio de la acción fue en Bartolomei v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 495 (1970). Se planteó en Bartolomei si aducía hechos una de-manda por vicios de la construcción de un edificio, instada contra el contratista, en que no se alegó la fecha de la cons-trucción, la de adquisición, ni la fecha en que se manifestaron los vicios o ruina de la construcción. Como el Art. 1483 limita la garantía del contratista a que “la ruina tuviere lugar den-tro de diez años, contados desde que concluyó la construc-ción,” resolvimos que la demanda no aducía hechos al no ale-gar hechos que determinaran que la ruina ocurrió dentro de los diez años de terminada la obra. Dijimos, pág. 497:

“No debe confundirse el término legal que para el ejercicio de la acción tenga el dueño del edificio arruinado, con el plazo decenal de garantías. La acción puede prescribir si no se acude en tiempo al tribunal. El otro término, el de los diez años, es uno dentro del cual debe ocurrir la ruina del edificio por vicios de construcción, para que el contratista sea responsable. Ven-cido dicho término sin que dentro del mismo haya ocurrido la ruina, termina la responsabilidad del contratista por los vicios de la construcción por razón de haber expirado el plazo legal de garantía. Véase, González v. Agostini, 79 D.P.R. 510 (1956). Para que haya causa de acción debe alegarse en alguna forma, que la ruina por vicios de la construcción ha tenido lugar dentro de los 10 años, contados desde que concluyó la construcción.”

El hecho de que en Bartolomei se cite a González v. Agos-tini, como aparece en el transcrito párrafo, enerva el argu-mento de que González v. Agostini sostiene la teoría del plazo único. En ambos casos fue ponente el Señor Juez Pérez Pi-mentel. Es insostenible que Bartolomei y González v. Agostini sostengan posiciones encontradas.

Para concluir, la decisión que hoy adopta este Tribunal respecto al primer párrafo del Art. 1483 implica que hay un plazo único de diez años dentro del cual debe ocurrir la ruina del edificio y dentro del cual debe instarse la acción para re-clamar por los daños que ello ocasione, a contar dicho plazo decenal desde la conclusión de la construcción. Quiere ello de-cir que si, para ejemplo, al año de concluirse y entregarse un edificio, se desploma su techo y ello ocasiona daños, el dueño y quienes sufran daños tendrían nueve años para ejercitar la acción. Por otra parte, si el desplome del techo ocurriese el mismo día que se cumple el plazo de diez años, aunque sería responsable el contratista, prácticamente sería inejercitable la causa de acción de los damnificados, pues a lo sumo ten-drían horas o quizás minutos para presentar demanda judicial para reclamar por los daños. En el primer supuesto, me parece que el término sería excesivamente largo. En el se-gundo, sería un absurdo.

Resumo mi posición en la forma siguiente:

1. Sin necesidad de que exista el Art. 1483, el contratista y el arquitecto de una edificación responden bajo el Art. 1802 de aquellos daños que se ocasionen al arruinarse la edifica-ción, si la ruina se debe a su culpa o negligencia; e igual-mente responden si la ruina se debe a incumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato, conforme al Art. 1054 y si-guientes del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3018 y ss.

2. El Art. 1483 establece en su primer párrafo un límite a la responsabilidad ex delicto del contratista y del arquitecto a partir de la conclusión de la obra, límite que consiste en el plazo decenal de garantía dentro del cual tiene que ocurrir o manifestarse la ruina; y en su segundo párrafo establece un plazo prescriptivo de quince años para el ejercicio de la acción contra el contratista si su causa se basa en incumpli-miento de contrato.

3. Siendo ex delicto la responsabilidad del contratista y del arquitecto en el caso del primer párrafo del Art. 1483, la causa de acción por daños que allí se reconoce tiene un plazo prescriptivo de un año conforme al Art. 1868 del Código Civil. Así, si la ruina se produce, digamos a los 6 meses de con-cluida la obra, la acción para reclamar por daños debe ins-tarse antes de que transcurra un año y no en cualquier mo-mento antes de que pasen diez años.

4. El Art. 1483 establece una presunción iuris tantum contra el contratista y el arquitecto, teniendo éstos la obliga-ción de probar que la ruina no se ha debido a su culpa o negli-gencia o que se debió a caso fortuito o fuerza mayor.

Confirmaría la sentencia recurrida.

      O Para otros argumentos sobre este particular, véase: Léonce-Eichard, Étude sur la Responsabilité Décennale, s.f., Paris, pág. 51.

      (1)“Sec. 5298. Acciones que prescriben al año
      Prescriben por el transcurso de un año:
      1. La acción para recobrar o retener la posesión.
      2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calum-nia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la see. 5141 de este título desde que lo supo el agraviado.”

      (2) Decía el contrato: “El contratista garantiza la obra a construirse por el contrato, cualquier defecto sea de materiales o de mano de obra y a requerimiento del propietario remediará cualquier falta que se desarrolle en la obra si dicha falta se debiera a defectos de materiales suplidos por el contratista o mano de obra suplida por el contratista, sin costo alguno para el propietario, por un término de treinta días después de ser entre-gado.” González v. Agostini, supra, pág. 514.