author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Ponce Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Enrique Gómez Monagas y su esposa, Otilia Fas e Isla Development Investment & Management Corporation, demandados y recurridos.
    Número: R-78-246

      Resuelto: 28 de marzo de 1979

      Raúl Matos, abogado de la recurrente; Biaggi & Landrón, aboga-dos de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El presente pleito se originó mediante demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Ponce Federal Savings and Loan Association la instó contra los esposos Enrique Gómez Monagas y Otilia Fas y contra la corporación Isla Development Investment and Management. El precio de tasación que había de regir en la primera subasta fue pac-tado por las partes en la suma de $25,000.00. El tribunal con-denó a los esposos demandados y a Isla al pago de la suma reclamada. Les ordenó satisfacer a la demandante las si-guientes cantidades: $24,482.13 de principal; $5,804.00 por concepto de intereses hasta el 27 de marzo de 1978 y $3,800.00 de honorarios de abogado acordadas en la escritura de hipo-teca.

En la sentencia dispuso que:

“. . . para satisfacer la presente sentencia una vez firme la misma, se procederá en primer lugar a vender en pública su-basta el apartamiento hipotecado objeto de la demanda, sir-viendo como precio mínimo el importe total que se adeuda sobre esta obligación para la fecha de la subasta, la cual deberá lle-varse a cabo en la forma dispuesta por ley, aclarándose además, que de hacer el banco demandante alguna oferta en la subasta, la misma deberá ser por una suma no menor del importe total del crédito que se ejecuta.”

La recurrente sostiene que tratándose de un procedi-miento de ejecución por la vía ordinaria no rige el precio mí-nimo de $25,000 pactado, por ser dicho precio aplicable ex-elusivamente a los casos de ejecución por la vía sumaria. Alega, además, que el tribunal de instancia carecía de poder para fijar como precio mínimo el importe total de la obliga-ción a la fecha de la subasta.

I

Discutiremos primeramente la contención de la recurrente en el sentido de que el precio mínimo pactado por las partes en la escritura de hipoteca rige solamente en los casos de ejecución por la vía sumaria. Para ello cita la recurrente nuestro pronunciamiento en Font v. Registrador, 52 D.P.R. 850 (1938), a la pág. 855 donde expresamos que “el restable-cimiento de dicho artículo [Art. 127 de la Ley Hipotecaria] sólo puede afectar y afecta al procedimiento especial suma-rísimo regulado por la propia Ley Hipotecaria. El ordinario en ejecución de hipoteca sigue igual, debiendo satisfacerse la sentencia por los trámites de la ley de 1905.”

Para analizar adecuadamente el problema que presenta el caso de autos resulta necesario enmarcarlo en su contexto his-tórico.

Una de las reformas fundamentales realizadas por la Ley Hipotecaria para las Provincias de Ultramar, que comenzó a regir en Puerto Rico el 5 de octubre de 1893, fue la adopción del procedimiento ejecutivo sumario para hacer efectivos los créditos hipotecarios. Uno de los elementos básicos del pro-cedimiento, el requisito de previa tasación de la finca por las partes, quedó establecido en el Art. 127 de la Ley.

El procedimiento ejecutivo sumario vino a suplementar, no a sustituir, al procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Este último se regía por los Arts. 1483 y 1494 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Por la vía ordinaria no era necesaria ni pertinente la previa tasación de la finca por las partes en la escritura de hipoteca. La subasta, sin embargo, estaba sujeta a un tipo mínimo obte-nido de otra forma: mediante el avalúo pericial de los bienes a ser subastados. Tenemos, por lo tanto, que antes del cambio de soberanía toda subasta de bienes inmuebles resultante de una acción de ejecución de hipoteca estaba sujeta a un tipo mínimo, cuya frente dependía del método de ejecución utili-zado por el acreedor hipotecario.

Después del cambio de soberanía este Tribunal inter-pretó en 1906 que la Ley Relativa a las Sentencias y la Manera de Satisfacerlas, de 9 de marzo de 1905, 32 L.P.R.A. sec. 1141 y ss., derogó el Art. 127 de la Ley Hipotecaria, supra, por lo que el procedimiento sumario sólo estaba vi-gente desde la presentación del escrito inicial hasta la consu-mación del requerimiento de pago. Giménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128 (1906). A raíz de esta interpretación se descon-tinuó la previa tasación de los bienes en las escrituras de hipo-teca y las subastas surgidas de los procedimientos sumarios se celebraron sin tipo mínimo. Bolívar v. Registrador, 13 D.P.R. 375 (1907); Cintrón v. Banco Territorial, 15 D.P.R. 507 (1909); Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 23 D.P.R. 507 (1916). Véase Toledo Alamo, De la Previa Tasación en la Hipoteca, 2 Rev. Jur. U.P.R. 1 (1932).

La ausencia de justiprecio como tipo mínimo para las subastas dio lugar a numerosos abusos, lográndose las adjudi-caciones por cantidades irrisorias. Como consignamos en Arroyo v. Registrador, 86 D.P.R. 362, 368-69 (1962), “[d]ebido a los numerosos abusos a que dio lugar la ausencia de justiprecio, con la consiguiente adjudicación o remate por cantidades irrisorias, la Asamblea Legislativa, mediante la Ley Núm. 69 de 2 de mayo de 1931 (Leyes, pág. 433) . . .”, restableció el Art. 127 de la Ley Hipotecaria, en una nueva versión.

En Font v. Registrador, como antes apuntamos, resolvi-mos que la previa tasación de la finca sólo tenía pertinencia en cuanto al procedimiento ejecutivo sumario, mas no en cuanto al ordinario, el cual se regiría por la ley de 1905. Justificamos la decisión expresando que “en el procedimiento sumarísimo no tiene [el] deudor oportunidad de defenderse. Se le requiere y si no paga dentro del término de ley se pro-cede sin más trámite a la venta. Pero si el acreedor no re-curre a ese procedimiento especial y va a un juicio, en el juicio tiene el deudor la oportunidad de alegar cuanto a su derecho conduzca.” Id., a las págs. 855-56. (Énfasis en el original.)

Este razonamiento no sólo no guarda relación alguna con el problema del tipo que debe regir en la primera subasta para garantía del deudor sino que es contrario al propósito que inspiró al legislador a restablecer el requisito de previa tasación. El remedio contra los “numerosos abusos” y “rema-te [s] por cantidades irrisorias” a que aludimos en Arroyo v. Registrador, supra, a las págs. 368-69, no podía consistir en fijar un tipo mínimo para solo uno de los procedimientos eje-cutivos sino para ambos. Sólo a través de la fijación de un tipo mínimo para la subasta, independientemente de la vía ejecutiva adoptada, podía corregirse la situación. Si se acu-diere a un juicio ordinario según lo expresado en Font, supra, lo que habría de discutirse no es el valor del inmueble hipo-tecado sino los derechos del deudor frente al acreedor hipo-tecario. La posibilidad de abusos y remates por cantidades irrisorias permanece inalterada y no ha de variar por mucha oportunidad de defenderse que se le brinde al deudor hipo-tecario en el procedimiento ordinario, si no existe un tipo para regir en la primera subasta a celebrarse en ejecución de la sentencia que se dicte en dicho pleito.

Limitar el requisito de previa tasación al procedimiento sumario era razonable y coherente mientras regía en nuestro país la Ley de Enjuiciamiento Civil española, con su procedimiento de avalúo pericial del bien a ser subastado. El cambio de sistema de derecho alteró esta situación. Mal podía nuestro legislador corregir la injusticia que le preocupaba en 1981 a base del esquema cuya vigencia este Tribunal reconoció en Font. El fiel cumplimiento del mandato legislativo requiere que la previa tasación acordada por las partes en la escritura de hipoteca debe servir de tipo mínimo en toda subasta de un inmueble que se celebre como consecuencia de la ejecución de un crédito hipotecario, independientemente de la vía que para ello elija el acreedor, y así lo resolvemos. Todo pronunciamiento contrario en Font v. Registrador, supra, queda revocado.

Parece pertinente consignar que Roca Sastre es del cri-terio que la previa tasación de los bienes hipotecados consig-nada en el documento constitutivo de la hipoteca en muchos casos no resulta suficiente protección para el deudor. A ese efecto expresa: . . El sistema de fijación convencional del tipo de subasta tiene sus peligros, muchas veces nacidos de la ligereza con que se producen generalmente los contratantes en este punto, ligereza alimentada por la circunstancia de considerar, al tiempo de otorgar la escritura de constitución de hipoteca, que la posible subasta es un suceso improbable o remoto. Esto, unido al posible cambio del precio en venta de la propiedad inmueble al tiempo de la licitación, hace que casi siempre el tipo de tasación, al llegar el tiempo de actuar, se halla lejos de la realidad, lo cual puede dar lugar a desa-gradables sorpresas en el trámite de la subasta.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo IV, Vol. 2, pág. 1033 (6ta. ed., 1968).

II

Lo anterior no resuelve completamente la controversia de autos. El tribunal recurrido en su sentencia dispuso un tipo mínimo para la subasta, mayor del acordado por las partes en la escritura de hipoteca. Al así actuar se excedió en su autoridad. Careciendo nuestro ordenamiento jurídico de una disposición equivalente al Art. 1494 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española no hay base en derecho para sostener la actuación del tribunal recurrido. Véase J. Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Madrid, Ed. Reus, 1930, Vol. 4, a las págs. 95-96. Cf. R. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta. ed., Barcelona, Bosch, 1968, Tomo IV, Vol. 2, a las págs. 1032-33. Pero cf. Fernández Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 629 (1966).

Por consiguiente, se modifica la sentencia recurrida a los solos efectos de disponer que el tipo mínimo para la subasta del bien inmueble en este caso será el pactado por las partes, $25,000.00. Así modificada, se confirmará. La norma aquí establecida se aplicará a los procedimientos de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria que se inicien a partir de la fecha de este dictamen.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Díaz Cruz no intervinieron.

      E1 alcance de este extremo de la sentencia queda explicado así en un escolio a la misma: “Constituirá un enriquecimiento injusto el permi-tirle al banco que ofrezca menos de su crédito por el apartamiento, cuando el mismo se vendió hace solo cuatro años a los deudores originales por $35,000.00 sin haberse establecido que hubiese desmerecido de valor, para permitirle al banco adquirir el apartamiento por un precio mucho menor y ejecutar además otros bienes de los deudores originales.”

      Disponía dicho artículo:
      “En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la única subasta que se debe celebrar en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el Registro de la Propiedad el pago de dicho préstamo.”

      Dispone actualmente este artículo:
      “En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la primera subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el registro de la propiedad el pago de dicho préstamo.
      “Si no produjere remate ni adjudicación la primera subasta, en la segunda que se celebrare servirán de tipo las dos terceras partes del precio en que hayan tasado la finca los contratantes, pero cuando esas dos ter-ceras partes no excedieren de la cuantía de las responsabilidades preferen-tes, esa cuantía señalará el mínimo de las posturas admisibles.
      “Si tampoco hubiere remate ni adjudicación en la segunda subasta, regirá como tipo en las otras subastas que pudieran celebrarse el valor total a que ascienden los créditos preferentes.” 30 L.P.E.A. see. 223.

       Este también es el esquema que contienen los más recientes proyectos de ley para un nuevo Código Hipotecario. Véase Art. 328 del Proyecto de Código Hipotecario de 1967, P. de la C. 782 de 1967; Art. 175 del Proyecto Sustitutivo del P. de la C. 564, de 5 de marzo de 1974; Art. 179 del Anteproyecto Sustitutivo del P. del S. 443, de 9 de enero de 1978 y Art. 179 del P. del S. 792 de 22 de noviembre de 1978.
      Por otra parte, la aplicación de la tasación pactada por las partes a las subastas posteriores a una ejecución por la vía ordinaria parece haber sido implícitamente reconocida por este Tribunal en Autoridad de Tierras v. Registrador, 82 D.P.R, 338 (1961) y Fernández Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 629 (1966).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    Edgardo Pacheco Negrón, Félix F. Rodríguez, demandantes y recurridos, v. Dr. Ramón A. Cruz, Secretario Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-76-278

      Resuelto: 28 de marzo de 1979

      Carlos E. Ríos, Secretario de Justicia, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, Justo Gorbea Varona, Subpro-curador General Interino y José Antonio Tulla, abogado del Departamento de Justicia, abogados del recurrente; Roberto Buso Aboy, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley Núm. 25 de 3 de junio de 1960 dispone como sigue en su See. 6 (18 L.P.R.A. sec. 249d):

“Sec. 249d. —Maestros candidatos a cargos por elección.
Cuando un maestro de instrucción pública en servicio activo sea oficialmente nominado para un cargo de elección popular por un partido político y decida aceptar su candidatura, quedará automáticamente relevado del servicio diurno y nocturno a par-tir de la fecha en que su candidatura quede definitivamente ra-dicada en la Secretaría de Estado hasta pasadas las elecciones generales en Puerto Rico; Disponiéndose que en tal caso el Secre-tario de Instrucción Pública concederá una licencia especial con paga al maestro concernido, desde la fecha de la radicación defi-nitiva de su candidatura en el año de elecciones hasta un día después de celebradas las mismas. Esta licencia no será descon-tada de ningún otro tipo de licencia. En adición a dicha licencia con sueldo tendrá derecho a solicitar y disfrutar de licencia sin sueldo hasta la terminación del primer semestre escolar. De no salir electo podrá reintegrarse, si así lo deseare, a su antiguo cargo con los mismos derechos y prerrogativas que tuviere al momento de su separación. Si su plaza estuviere ocupada o si no hubiere una plaza vacante de la misma categoría en su distrito escolar el Secretario de Instrucción Pública prorrogará la licen-cia especial con paga hasta la iniciación oficial del segundo se-mestre escolar. De salir electo, el Secretario de Instrucción Pú-blica deberá concederle licencia sin sueldo por el período de su incumbencia en el cargo, si el maestro lo solicitare.” (Énfasis nuestro.)

Plantea el presente recurso si viene obligado el Secretario de Instrucción Pública a contratar como maestros a aquellas personas que se hubieren estado desempeñando como maestros provisionales, sustitutos o temporeros a base de contratos de año en año, y que a su vez figuraren oficialmente como candi-datos de partidos políticos para puestos de elección popular en un año de elecciones. Por entender que tales maestros no pueden considerarse “en servicio activo” resolvemos que no tienen derecho a ser nombrados para a su vez acogerse a los beneficios de dicha ley.

La cuestión ante nos se plantea a base de la situación de hechos que a continuación exponemos. En noviembre de 1976 se celebraron elecciones generales en Puerto Rico. Para agosto de dicho año alrededor de ochocientos maestros de instrucción pública habían indicado su intención de acogerse a los beneficios de la transcrita See. 6 de la mencionada Ley Núm. 25. De éstos, 356 habían sido debidamente certificados como candidatos a cargos electivos. En julio el Secretario de Instrucción impartió instrucciones para que no se contratara para el curso escolar que comenzaría el 2 de agosto a aquellos maestros que no ocupasen plazas en propiedad como maestros permanentes o probatorios y que hubieren aceptado nominaciones a cargos electivos en las elecciones de noviembre. Afectaba dicha directriz a los maestros contratados de año en año, cuyos contratos habían expirado al terminar el curso escolar inmediatamente precedente. Estos son los llamados maestros provisionales, sustitutos y temporeros.

Los aquí recurridos, candidatos postulados por diferentes partidos políticos, instaron demanda de injunction ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para que, entre otras cosas, se ordenara al Secretario de Instrucción Pública a otorgar contratos a todos los maestros que para el 30 de junio de 1976 figuraban en listas de turnos para nombramien-to, independientemente de que fueran o no candidatos a car-gos electivos. El Secretario compareció y aceptó que los maestros permanentes y probatorios tenían derecho a los beneficios de la citada ley, pero no así los provisionales, sustitutos y temporeros, que trabajaban por contrato de año en año. Ar-gumentó el Secretario que éstos no son maestros “en servicio activo” por haber expirado sus contratos al terminar el año escolar, y que sería absurdo otorgarles contrato para comen-zar el 2 de agosto si en esa misma fecha vendría obligado el Secretario a relevarles y colocar en lugar de ellos maestros sustitutos para ocupar sus plazas por el tiempo dispuesto por la citada ley, con el impacto económico adverso para el erario público de que se estarían pagando dos sueldos por un solo trabajo.

El tribunal de instancia concluyó, sin embargo, que la interpretación dada por el Secretario al citado estatuto “tiene el efecto de crear unas clasificaciones entre las distintas categorías de maestros” y que, “ [cuando] estas clasificaciones afectan derechos constitucionales .... las mismas están sujetas a un escrutinio judicial estricto,” siendo el Estado “el que tiene el peso de demostrar que la clasificación es permisible constitucionalmente y que su propósito es razonablemente necesario.” Convenimos en que toda clasificación que afecte derechos constitucionales debe ser examinada con rigurosidad, particularmente en atención a la cláusula sobre igual protección de las leyes. Pero aunque todo ciudadano tiene derecho a participar en los procesos democráticos que se activan en cada período eleccionario, cuando tal participación es solventada por el Estado mediante paga y beneficios especiales a determinados empleados públicos — como es el caso de la ley que nos ocupa — se crea un privilegio para una clase en particular que debe a su vez ser examinado y aplicado a base de un estricto escrutinio judicial.'

El historial legislativo de la citada Ley Núm. 25 ninguna luz arroja sobre la intención legislativa al incorporarse la frase “en servicio activo” al proyecto que quedó finalmente redactado como la See. 6 que nos ocupa. Dicha frase fue adi-cionada por enmienda de la Cámara de Representantes, sin que se explicara el propósito de la enmienda en el informe que sobre ello se hizo. Véase el Diario de Sesiones, Vol. 13, Tomo 4. Es razonable pensar que dicha frase se tomó de la legislación que fuera derogada por la citada Ley Núm. 25. La Ley Escolar Compilada de Puerto Rico de 12 de marzo de 1903 disponía en su Sec. 52, según enmendada por la Ley Núm. 82 del 19 de agosto de 1925:

“See. 52. — Todos los maestros serán considerados como fun-cionarios o empleados del Gobierno Insular mientras estuviesen en servicio activo, mediante contrato debidamente firmado por el Comisionado de Instrucción, y no tomarán parte activa en las campañas políticas en ninguna forma; disponiéndose, sin embargo, que cuando un maestro fuese nominado para un cargo público de elección popular y deseare defender su candidatura, deberá renunciar inmediatamente su cargo en el magisterio.” (Énfasis nuestro.)

Al añadirse al proyecto que se convirtió en la Ley Núm. 25 de 3 de junio de 1960 el requisito de que estén “en servicio activo” los maestros favorecidos por dicha ley, tuvo necesariamente que tenerse en mente la See. 52 de la ley dero-gada que, como hemos visto, señalaba a renglón seguido de la frase “en servicio activo”, la frase “mediante contrato debida-mente firmado por el Comisionado de Instrucción.” Es decir, que para estar en servicio activo el maestro tenía que estar contratado. Como secuela razonable se deduce que un maestro cuyo contrato ha expirado no está en servicio activo mientras está pendiente de que se le extienda un nuevo nombramiento y no tiene derecho a que se le extienda contrato para inmedia-tamente acogerse a una licencia con paga bajo las disposicio-nes de la mencionada ley. El maestro cuyo contrato ha ex-pirado no está ocupando plaza alguna a la cual reintegrarse de no salir electo, según dispone la transcrita See. 6.

Estar en lista de turnos no equivale a estar en servicio activo. Quien está en lista de turnos no ha sido contratado aún. La alternativa para los maestros en tal situación es clara: optar por el aula mediante un contrato, u optar por la postulación y la campaña política.

La Ley Núm. 25 reconoce a los maestros de instrucción pública el derecho a participar en las contiendas democráticas que se activan en cada período eleccionario. Al mismo tiempo confiere a los que estén en servicio activo y opten por ser candidatos a elección el derecho de acogerse a licencia con paga desde la fecha en que sus candidaturas queden definitivamente radicadas en la Secretaría de Estado hasta pasadas las elecciones. Este derecho es de naturaleza privilegiada, por lo que su alcance debe interpretarse restrictivamente. Rosario Cartagena v. E.L.A., 101 D.P.R. 620, 630-631 (1973).

Antes del 1976 no se había suscitado el problema con que ahora nos confrontamos porque las nominaciones para cargos electivos no se hacían hasta septiembre. Para dicho mes, ya los maestros habían sido contratados y los cursos escolares habían comenzado. Los maestros contratados estaban por tanto en servicio activo al optar por ser candidatos y ser nominados en septiembre. La situación cambió para las elec-ciones del 1976, en que el Código Electoral vigente requería la celebración de primarias el segundo domingo de julio del año de elecciones (Art. 6.007), debiéndose certificar sus re-sultados por el Tribunal Electoral “dentro de los diez días si-guientes. (Art. 6.028.) En cuanto a los candidatos indepen-dientes, éstos tenían que presentar sus peticiones ante el Tribunal Electoral por lo menos quince días antes de la fecha de las primarias, y si no cualificaban, tenían hasta el mediodía del día de las primarias para presentar nuevas peticiones de nominación. (Art. 4.005.) Las candidaturas eran, por tanto, oficiales con antelación al comienzo del curso escolar, lo cual daba oportunidad al Secretario de Instrucción Pública de conocer cuales maestros serían candidatos a elección popular y desarrollar los planes educativos para el nuevo curso a base del presupuesto asignádole.

Bajo la Ley Electoral actualmente en vigor—Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. secs. 3001 a 3383)—la situación seguirá siendo igual que bajo el Código Electoral vigente en 1976. La nueva ley dispone que las primarias se celebren “el último domingo del mes de mayo del mismo año en que se celebren elecciones generales” (16 L.P.R.A. sec. 3158), y los candidatos nominados en primarias serán certi-ficados por la Comisión Electoral dentro de los diez días si-guientes. (16 L.P.R.A. sec. 3174.) En cuanto a candidatos independientes, la vigente ley les requiere “radicar todas sus peticiones en la Comisión no más tarde de los ciento ochenta (180) días de antelación a la fecha señalada para la elección a que aspire.” (16 L.P.R.A. sec. 3177.) Como las elecciones generales se celebran “el primer martes después del primer lunes” de noviembre (16 L.P.R.A. see. 3201), el Secretario de Instrucción podrá conocer desde fines de mayo o principios de junio en un año de elecciones la situación de los maestros postulados a cargos electivos, y tomar las providencias que estime necesarias en relación con los maestros a ser contrata-dos. El número de maestros que puedan acogerse a los bene-ficios de la Ley Núm. 25 podría tener un impacto económico perjudicial respecto a los fondos disponibles para el Departa-mento de Instrucción, lo cual es de la incumbencia del Secre-tario de Instrucción. La obediencia de dicha ley resultaría en un costo doble por la labor de cada maestro acogido a sus beneficios: la paga al maestro que esté en campaña política, y la paga a quien le sustituya en el salón de clases.

Ninguna persona tiene un derecho absoluto a que se le nombre en un cargo público. Véase Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408 U.S. 564, 577-578 (1972). Los maestros contratados para un determinado curso escolar están en servicio activo mientras estén vigentes sus contratos, como están en servicio activo los maestros contratados permanentemente y los probatorios durante los dos años de servicio continuo para los que son nombrados. Al expirar el contrato de un maestro nombrado por un año, deja éste de estar en servicio activo hasta que se le extienda un nuevo contrato. El Secretario de Instrucción Pública tiene la obligación de “vigilar por la instrucción en Puerto Rico”, y “deberá intervenir en todos los desembolsos hechos para propagarla.” 3 L.P.R.A. sec. 142. En el descargo de esas funciones actuó correctamente el Secretario aquí recurrente al impedir que se contrataran como maestros de instrucción pública a personas que no iban a actuar como tales por haber optado por ser can-didatos a elección popular.

Por no estar planteado ante nos el aspecto de validez constitucional de la See. 6 de la tantas veces mencionada Ley Núm. 25 de 3 de junio de 1960, no estamos justificados en pronunciarnos sobre el particular. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 271 (1975); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972). Además la controversia ante nos se centra en la determinación de si los maestros contratados de año en año están en servicio activo. Resuelto esto, resulta académico explorar otros aspectos constitucionales.

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió en opinión separada.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 1979

Al pasar juicio sobre la constitucionalidad de la See. 6 dé ia Ley Núm. 25 de 3 de junio de 1960 (18 L.P.R.A. see. 249d), lo hacemos bajo la hipótesis de que la norma tradi-cional de abstención no aplica al caso de autos por estar su-bordinada debido al usufructo histórico que ata esta ley a los partidos políticos y maestros, y la creencia honesta de que por ésta y otras razones el Departamento de Instrucción Pública y los maestros cobijados bajo la misma nunca la im-pugnaran. En este sentido, el caso plantea crudamente el uso y erogación ilegal de fondos públicos con la conformidad y auspicios de una clase — magisterio—de gran ascendencia e influencia en el panorama político del país.

Con absoluta respetuosidad a criterios distintos, reite-ramos nuestra convicción judicial — anticipada desde el 3 de agosto de 1976 — de que el subsidio específico a los maestros por participar en campañas políticas, no resiste la prueba de estricto escrutinio judicial formulado en Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277-278 (1975), y es inconstitucional. Apoyamos esta conclusión en varios fundamentos.

Se establecen distinciones discriminatorias, no solo entre dicha clase, sino con referencia a los demás funcionarios gu-bernamentales, algunos de los cuales les está vedado postular sus candidaturas en las lides electorales. Hermina González v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978). En este último caso, una mayoría del Tribunal suscribió el siguiente lenguaje, aplicable al de autos:

“[E]l discrimen y la erosión política no deben estar al ser-vicio del empleado público-político activo. El interés del Estado en conservar un cuerpo de seguidores públicos diestros compe-tentes y objetivos, posterga toda consideración del reclamo personal del empleado para hacer campaña o lanzar su candidatura a cargo electivo desde la plataforma de su empleo. La incom-patibilidad entre servir al pueblo y servirse a uno mismo hiere la retina. La fundamental igualdad ante la ley impugna y excluye esta doble personalidad de servidor público y político, con ven-tajas y mecanismos de fomento del provecho personal que no tienen ni otros candidatos ni tampoco otros empleados.” (Bas-tardillas nuestras.)

Someto al sentido común del lector que esta disposición de ley, en lugar de aislar la política partidista de las escuelas, la fomenta y promueve, desvirtuando el propósito legislativo de “mantener un ambiente docente libre de banderías, prejuicios y pasiones de toda clase.” El estímulo y mensaje son claros, a saber: “maestro entra en política, que mientras se decide si eres o no electo, continuarás devengando tu sueldo sin que rindas servicio pedagógico alguno.” Ello es así pues para un maestro beneficiarse de la licencia con paga tiene que ser certificado como candidato de manera oficial. Esto implica que previamente habrá realizado activamente una campaña como aspirante de un partido político o como candidato indepen-diente en el proceso primarista o de pre-candidatura, cuando todavía labora como maestro.

Esta ley ilustra como en una sociedad erigida sobre bases democráticas, el péndulo puede oscilar a extremos irrazo-nables y peligrosos, a saber, desde una prohibición estatutaria al magisterio de participar activamente en la política (See. 52 de la Ley Escolar Compilada aprobada en 12 de marzo de 1903) hasta la eliminación de este interdicto legislativo con el exceso de una licencia especial con sueldo sin rendir servi-cio alguno.

Confirmaría el decreto de inconstitucionalidad del tribunal de instancia.

      Los maestros permanentes gozan de contratos con carácter perma-nente. 18 L.P.R.A. see. 214. Todos los maestros, excepto los especiales, caen bajo la clasificación de probatorios durante los primeros dos años de servicio continuo. 18 L.P.R.A. sec. 218, Reglamento para reclutamiento, selección, traslado y reasignación de maestros de instrucción pública, 28 de mayo de 1975, Art. XI. Los maestros probatorios son nombrados para ocupar una plaza por dicho período de prueba. (Reglamento, supra, Art. Id.)

       Maestro sustituto es aquél que posee un certificado regular de maestro y que ocupa una plaza de la misma categoría del certificado que posee por el período de un año escolar o fracción de éste por estar su incumbente dis-frutando de licencia. (Reglamento, supra, Art. le.) Maestro temporero es aquél nombrado para ocupar una plaza por un período independientemente de que posea certificado regular o no de maestro. (Reglamento, supra, Art. If.) Maestro provisional es el que se nombra para ocupar una plaza en una categoría para la que no tiene certificado regular. (Reglamento, supra, Art. Ig.) Todo nombramiento con carácter sustituto o provisional se extenderá por todo o parte del período que comprende el curso escolar. (Reglamento, supra, Art. XII, Sec. 5.)

      La acción se instó como una para beneficio de una clase, es decir, los maestros que se encontraban en dicha situación.

       Señala el tribunal de instancia que según cálculos del Departa-mento de Instrucción, la paga por licencia a maestros candidatos a cargos electivos en las elecciones de 1976 habría de costar “alrededor de tres millones de dólares en sueldos.”

       En ocasión de nuestra primera Resolución, en que se hizo constar que los jueces “. . . Díaz Cruz, Irizarry Yunqué y Negrón García expedi-rían por entender que la Ley ... es inconstitucional”, criterio compartido también por el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

       El defecto constitucional apuntado prevalecería aun bajo los tér-minos de la opinión allí minoritaria, en el sentido de que “El derecho a ser candidato a un cargo público electivo es un derecho de importancia indisputable, mas no absoluto. El Estado puede legalmente subordinar ese derecho, siempre que el estatuto que se diseñe a tal fin no peque de vague-dad, amplitud excesiva, discrimen u otras fallas constitucionales conocidas, al propósito de establecer un servicio civil desventajado.” (Bastardillas nuestras.)

      En el Informe de la Comisión de Carta de Derechos de la Asam-blea Constituyente, al comentar el establecimiento de un sistema de instruc-ción pública, se consigna la existencia de “. . . una íntima correspondencia entre la cultura y la ley.” Diario de Sesiones, Tomo 4, 2564 (ed. 1961). En momentos en que en el país se debate públicamente la crisis y el estado de deterioro físico y académico de las instituciones educativas, y la escasez de medios económicos para afrontar tales problemas y mejorar los sueldos del magisterio, resulta una falta de civilidad la vigencia de la ley que nos ocupa.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Manuel A. Rivera, demandante y recurrido, v. Samaritano & Co., Inc., peticionaria.

      Número: O-77-375

      Resuelto: 29 de marzo de 1979

      Mario Canales Delgado, abogado de la peticionaria; César A. Hernández Colón y Fernando Barnes Vélez, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Con frecuencia surgen conflictos que pueden ser fácil-mente dirimidos por la aplicación de principios generales de derecho, pero que se demoran en el trámite y disposición final del caso porque una de las partes honestamente sigue un en-foque equivocado. Tal es el caso que hoy confrontamos. El principio de derecho que dispone del mismo es uno fundamental en el derecho de obligaciones y aparece preceptuado en el Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2994, al efecto de que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contra-tantes.

Se trata de la impugnación de un laudo de arbitraje sobre la interpretación de varias cláusulas de un contrato de construcción a la luz de los motivos de revocación establecidos por la Ley de Arbitraje Comercial, Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. see. 3222.

El peticionario Samaritano & Co., Inc., solicitó en instan-cia la desestimación de la demanda de impugnación de laudo instada por el recurrido Manuel A. Rivera fundándose en que el tribunal no tenía facultad para determinar si el laudo se adjudicó conforme a derecho ya que el Art. 22 de la ley que regula los convenios de arbitraje comercial, supra, preceptúa los motivos de révocación de un laudo y no incluye entre ellos el error de derecho. Sostiene el peticionario que ello es así aun cuando en el Pacto de Sumisión las partes hayan acordado que los asuntos sometidos a arbitraje se resolverán “con arreglo a derecho” pues es preciso atenerse al texto del men-cionado Art. 22 que limita la revisión judicial a los motivos de revocación allí señalados. Es decir, que la voluntad de las partes libremente expresadas en el Pacto de Sumisión es superflua, ineficaz y carente de fuerza vinculante. Por su-puesto, el tribunal de instancia no admitió el argumento, y, en consecuencia, denegó la desestimación de la demanda y se reservó la facultad de considerar los méritos jurídicos del laudo para darle así vigencia a la propia voluntad de las partes.

Es cierto que no se trata aquí de un arbitraje obrero-patronal regido por normas jurisprudenciales, según la doctrina establecida en Junta v. New York & Puerto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949), sino de un arbitraje comercial regulado por la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, supra. Pero tal distinción en la fuente de reglamenta-ción no altera la común naturaleza contractual de ambas ins-tituciones. Tanto el arbitraje obrero-patronal como el comer-cial surgen de un convenio y, en uno y en otro, los árbitros vienen obligados a respetarlo. En su defecto, queda franca la vía judicial para dar vigencia a la voluntad de las partes.

El arbitraje convencional estuvo en sus orígenes regulado por los Arts. 1719 y 1720 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 4841 y 4842, aunque en forma muy sobria porque dichos artí-culos remitían el contrato de compromiso al capítulo del mismo Código relativo al régimen de los contratos de transac-ción, 31 L.P.R.A. sees. 4821-4830; .y en cuanto al modo de proceder y a la extensión y efectos de estos a la Ley de En-juiciamiento Civil, Arts. 204-211, Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (derogados por Regla 72 de las de Procedi-miento Civil, 1958).

Un ilustre procesalista español denomina el arbitraje como un contrato de solución o de liquidación propiamente regulado en España en el libro IV del Código Civil dedicado a las obligaciones y contratos. Guasp, Ignacio : El Arbitraje en el Derecho Español, pág. 27.

El derecho común anglo-americano también considera el arbitraje de naturaleza contractual. Eager, Samuel: The Arbitration Contract & Proceedings, pág. 3 (Dennis & Co. Inc. Buffalo, N.Y., 1971); Mentschikoff, Soia: The Significance of Arbitration—A Preliminary Inquiry, 17 Law & Contemp. Prob., 698.

El arbitraje puede surgir de una cláusula accesoria a un contrato principal mediante la cual las partes acuerdan someter a arbitraje sus desavenencias futuras o puede surgir de un convenio por escrito para resolver una controversia existente. La Ley Núm. 376 cubre ambas situaciones. Art. I, 32 L.P.R.A. see. 3201. Las partes tienen amplia libertad para incorporar en el convenio de sumisión las cualificaciones que consideren propias al caso y el árbitro viene obligado a darles cumplimiento. El convenio de sumisión es el que confiere la facultad decisional al árbitro y delimita su esfera de acción; siendo nulo el laudo si se excede de los poderes delegados en dicho convenio de sumisión.

Es por eso que si la sumisión dispone, como en este caso, que los asuntos sometidos a arbitraje sean resueltos con arreglo a derecho, el tribunal tiene facultad para revisar los méritos jurídicos del laudo. Esta es la doctrina establecida en Junta v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, y que prevalece en las diversas jurisdicciones. Phillips, Rules of Law in Arbitration, 47 Harv. L. Rev. 590, 603; Some Problems Relating to Enforcement of Arbitration Awards Under the New California Arbitration Act, Comentarios, U.C.L.A. L. Rev. 422, 446; Judicial Review of Arbitration Awards on the Merits, 63 Harv. L. Rev. 688, 6 C.J.S. Arbitration sec. 108, 154; Eager, op. cit., supra, a la pág. 288.

El argumento del peticionario de que la facultad decisio-nal del árbitro no está limitada por la condición de que el laudo sea con arreglo a derecho no es atendible porque niega la fuerza vinculante del convenio de sumisión y hace ineficaz la voluntad de las partes. Autoridad sobre Hogares v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344 (1961), no favorece su posi-ción porque la sumisión en dicho caso no fue cualificada, como lo ha sido en el.de autos, y, además, porque allí seguimos la norma adoptada en Junta v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, que le es completamente adversa, según puede verse a continuación :

“La situación sería diferente si el convenio colectivo o la sumisión a arbitraje hubieran provisto que el Comité de arbitraje deberá decidir las cuestiones sometídasle de acuerdo a derecho. Cuando las partes así lo disponen, los árbitros deben seguir las reglas de derecho, y rendir sus laudos a tenor con las doctrinas legales prevalecientes. Si el convenio de arbitraje nada dice en cuanto a esto, de conformidad con la Ley Común y bajo la mayoría de las leyes de arbitraje, los árbitros pueden declarar cuál es la ley, y ningún laudo será anulado a causa de sus errores de derecho. (Citas.) Una de las primeras autoridades sobre arbi-traje es de la creencia que este sería más efectivo si las cortes pudieran revisar los laudos sobre cuestiones de derecho sustan-tivo. Pero en ausencia de una disposición en tal sentido en el convenio de arbitraje o en un estatuto, el árbitro tiene autoridad para hacer caso omiso de las reglas de derecho sustantivo.”

No obstante, aun cuando fuere permisible en este caso la revisión de los méritos jurídicos del laudo, el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo pactaran las partes. Cf. Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470 (1946). Debe tenerse presente que una discrepancia de criterio con el laudo no justifica la intervención judicial pues destruye los propósitos fundamentales del arbitraje de resolver las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial.

Se dictará sentencia devolviendo el caso al tribunal de instancia para que se continúen los procedimientos sobre la impugnación del laudo.

El Juez Asociado Señor Martín concurre sin opinión. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 1979

Este caso ameritaba una pronta adjudicación sobre la premisa de la finalidad del arbitraje contractual. Dicha solu-ción a tenor de la Regla 50 se fortalece con la realidad reve-lada por examen de los autos de que el laudo no adolece de error de derecho por lo que no existe base para que la sala de instancia altere la decisión de los árbitros. Mas la acción de la mayoría en gesto fútil, devolviendo a instancia, prolonga la litigación y pospone innecesariamente la decisión final. No creo que haya equidad ni justicia en esta manera de resolver. Obliga a una parte que tiene dos veces razón: (1) en la finali-dad contractual del arbitraje; y (2) en los méritos adjudi-cados por el laudo, a continuar un litigio a manera de un segundo día en corte para el inconforme con el arbitraje al que se sometió de su libérrima voluntad, y hasta invita a un fra-caso de justicia si el juez de instancia encuentra “error de derecho” en el laudo.

Aun en derecho laboral, donde la susceptibilidad del arbi-traje a errores de derecho es de grado mayor que en el arbi-traje contractual, se ha sostenido y promulgado la siguiente doctrina: (1) la función del tribunal se limita a “determinar si la parte que acudió al arbitraje plantea una reclamación que de su faz está regulada por el contrato.” (United Steelworkers v. American Mfg. Co., 363 U.S. 564, 568 (1960)) ; (2) las dudas respecto al ámbito de la cláusula de arbitraje deben resolverse en favor del arbitraje. (United Steelworkers v. Warrior & Gulf Navigation Co., 363 U.S. 574 (1960)) ; (3) el laudo arbitral, aun cuando debe descansar en el pacto de las partes, debe ponerse en vigor por los tribunales aun cuando la interpretación del contrato en aquél difiera del cri-terio del tribunal o sea ambigua. (United Steelworkers v. Enterprise Wheel & Car Corp., 363 U.S. 593 (1960).) El Supremo de los Estados Unidos funda esta deferencia al arbitraje tanto en el historial legislativo como en el texto del estatuto. El resultado final de estos desarrollos nos ha traído a la decisión de la mayoría de conflictos entre el árbitro y las cortes en favor del arbitraje. The Developing Labor Law, Morris, Editor (1971), pág. 482.

Planteada la nulidad del laudo basada en la alegada con-sideración de prueba inadmisible en derecho por parte de los árbitros, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió en Burchell v. Marsh, 17 How. 344 (1855), que los árbitros son jueces seleccionados libremente por las partes para de-cidir las controversias sometídales. Como método para transi-gir diferencias el arbitraje debe ser alentado por los tribu-nales y si el laudo está dentro de los límites de la sumisión, y contiene la decisión honrada de los árbitros luego de oír a las partes, no debe ser echado a un lado por el tribunal por meras diferencias de criterio en cuanto al resultado final sobre errores de hecho o derecho. Lo contrario sería considerar el arbitraje como el principio de la litigación en vez del final.

La revisión de un laudo de arbitraje convencional no debe proceder automáticamente por haber las partes pactado que el mismo se daría “conforme a derecho”. Tal práctica desnatu-ralizaría y derrotaría la eficacia del arbitraje como instru-mento preferente para la decisión de controversias. Confron-tada la sala de instancia en este caso con una moción sobre falta de jurisdicción, el tribunal debe hacer lo que hemos hecho en revisión: evaluar la sustancialidad del alegado “error de derecho” y únicamente de estar convencido de que existe cuestión justiciable, asumir jurisdicción y entrar en los méritos de la controversia. Si dicha evaluación previa sólo demuestra que la parte perdidosa en el laudo lo que pretende es relitigar en foro judicial lo que ya fue adjudicado en el foro de arbitraje, procede acoger la moción declinatoria y de-clararse sin jurisdicción.

Hacer depender la revisión judicial del laudo de que éste se emita dentro de un convenio de sumisión que dispone pro-cedimientos “conforme a derecho”, es un artificio. Todo arbi-traje contractual debe sujetarse a derecho y de haber un seña-lado perjuicio o lesión a una parte en la conducción irregular de los procedimientos no creo que pueda cerrarse el foro judicial porque no se insertó la frase mágica. A estas alturas no vamos a encerrar la justicia en fórmulas de farmacia. Los resultados contrarios a ley, moral u orden público no pueden subsistir en ningún área de nuestro derecho positivo. Nues-tra propia Ley de Arbitraje provee sobre el particular facul-tando al tribunal a revocar el laudo cuando los árbitros . . incurrieren en cualquier error que perjudique los dere-chos de cualquiera de las partes.” 32 L.P.R.A. sec. 3222 (c). (Énfasis nuestro.)

La previa determinación de cuestión sustancial digna de revisión judicial, y no el automatismo de unas palabras, es lo que debe dirigir la discreción judicial en la decisión de asu-mir o no jurisdicción para conocer de la controversia ya adju-dicada por el árbitro. Considero que cualquier precedente en contrario a esta solución, por su evidente fragilidad en lo que respecta al arbitraje contractual, no debe obligarnos.

      E1 Art. 1044 lee:
      “Las obligaciones qne nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”

      E1 Art. 22 de la ley que regula los convenios de arbitraje comercial lee:
      “En cualquiera de los casos siguientes el tribunal podrá a solicitud de cualquiera de las partes y previo aviso y vista dictar orden revocando el laudo:

        “(a) Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro medio indebido.
      “(b) Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o cualquiera de ellos.
      “(c) Cuando los árbitros actuaren erróneamente al rehusar posponer la vista luego de mostrarse causa justificada para ello, o al rehusar oir evidencia pertinente y material a la controversia, o cuando incurrieren en cualquier error que perjudique los derechos de cualquiera de las partes.
      “(d) Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y definitiva la controversia sometida.
      “(e) Si no hubo sumisión o convenio de arbitraje y el procedimiento se inició sin diligenciar la notificación de intención de arbitrar . . . .”

      Los Arts. 1719 y 1720 disponen:
      Artículo 1719: “Las mismas personas que pueden transigir pueden comprometer en un tercero la decisión de sus contiendas.” 31 L.P.R.A. see. 4841.
      Artículo 1720: “Lo dispuesto en el capítulo anterior sobre transaccio-nes es aplicable a los compromisos.
      “En cuanto al modo de proceder en los compromisos y a la extensión y efectos de estos, se estará a lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil.” 31 L.P.R.A. see. 4842.

      E1 Art. I, lee:
      “Dos o más partes podrán convenir por escrito en someter a arbitraje de conformidad con las disposiciones de este Capítulo, cualquier controversia que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del con-venio de someter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para el arreglo mediante arbitraje de cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo. Tal convenio será válido, exigible, e irrevocable salvo por los funda-mentos que existieran en derecho para la revocación de cualquier convenio.”


author: Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Luis Santiago Agricourt, acusado y apelante.

      Número: CR-78-29

      Resuelto: 30 de marzo de 1979

      Pedro A. Otero Fernández, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante fue convicto por tribunal de derecho en tres delitos menos graves consistentes en infracciones de los Arts. 6, 7 y 32 de la Ley de Armas de Puerto Rico, y sentenciado a seis meses de cárcel en cada caso a cumplirse consecutiva-mente en dos de los casos y en concurrencia con el tercero, para un total de 12 meses, o sea un año de cárcel.

Apeló y el 15 de enero de 1979 oímos argumento en vista oral por la defensa y el Procurador General, quedando el caso sometido para decisión.

En su alegato el apelante fragmenta sus planteamientos en sendos señalamientos de error que pueden sintetizarse así: (1) violación del derecho a juicio rápido; (2) “conducta an-tiética y corrupta” del fiscal que fue causa de demora del juicio; (3) infracción del debido proceso de ley durante el juicio por (a) no requerir la comparecencia del testigo Mar-tínez Purcell, renunciado por el fiscal; (4) eliminación del fiscal como testigo de cargo en el juicio; (5) “no poner a dis-posición del acusado apelante la oportunidad de ver su juicio por jurado”; (6) imposición de una sentencia ilegal (a) por ser contraria a las Leyes Núms. 8 y 9 de 1971 sobre penas en los delitos menos graves, y (b) al Art. 63 del Código Penal y teoría de concurso de delitos; y (7) pasión y prejuicio en el juez sentenciador que lo llevó a condenar con prueba increíble e insuficiente.

(1) El planteamiento de tardanza por el acusado se li-mita a la vista preliminar en segunda instancia, o sea, ante el Tribunal Superior. La vista preliminar ante el Tribunal de Distrito tuvo lugar el 3 de diciembre de 1974 y el 5 de diciem-bre siguiente la juez que intervino dictó la resolución de no-causa probable. Sesenta y seis (66) días después, el 10 de febrero de 1975, el fiscal solicita nueva vista en segunda ins-tancia, que tuvo lugar el 11 de marzo siguiente, o sea en un mes.

La Regla 24(c) de Procedimiento Criminal que autoriza al fiscal a “someter el asunto con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior” no fija plazo, pero en Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246, 248 (1976), consideramos razonable a tales fines un término de 60 días. El dere-cho a juicio rápido “es una cuestión puramente relativa . . . que no excluye los derechos de la justicia pública ... y que el hecho de que pueda radicarse una nueva acusación en casos de delitos graves demuestra que el término de 120 días esta-blecido en la Regla 64 no es el único factor determinante de que se ha violado el derecho que reconoce la Constitución.” Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658, 664 (1977); confirmando a Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173 (1976), donde sostuvimos que este derecho fundamental evade “la tiesa aritmética de la Regla.” Teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en este caso esta norma de razonabilidad no aparece vulnerada en ausencia de alegación y prueba de que la tardanza en celebrar la vista hu-biese derrotado los medios de defensa del acusado, colocán-dolo en situación de indefensión.

Tampoco se violó el derecho a que se ventilara el juicio en la acusación por Art. 6, Ley de Armas, dentro de los 120 días siguientes a la presentación de la acusación. (R.P.C. 64 (n) (4). El récord es elocuente sobre el particular. A las págs. 6 y ss. T.E. IV, [sic] se recogen los procedimientos de comienzo del juicio el día 19 de mayo de 1975, cuya suspen-sión pide el abogado defensor fundada primero en que “tengo imperiosa necesidad de firmar las escrituras en el día de hoy” (L 12-14) y luego porque “no nos sentimos bien” (Pág. 7 L 20). Al denegar la suspensión manifiesta el juez:

“Compañero, el compañero el 13 de febrero del ‘75 el com-pañero no compareció y se señaló para el 7 de abril del ‘75. En dicha fecha, que fue llamado el caso para vista, el compañero tampoco compareció a esa vista. Si no hicimos gestiones de que el compañero compareciera para verlo ese día es porque además el Fiscal manifestó no estar preparado. Pero ya es una vez adi-cional que la defensa no comparece. Se llama para hoy y hoy tampoco comparece el abogado. Me dice que ha radicado una moción hace unos días así que No Ha Lugar. Se va a ver el caso en el día de hoy. Llámese. Lectura de la acusación y alegación. ¿ Cuál es la alegación ? ¿ Desea que se den lectura a las acusaciones o se dan por leídas?” T.E. IV, pág. 7.

(2) A la fecha de celebración del juicio en 19 de mayo de 1975, no se había resuelto Vélez Castro ante, por lo que el tribunal ni las partes podían guiarse por el término de 60 días para el fiscal solicitar vista preliminar en segunda instancia. El fiscal, explicando por qué no había ido antes en alzada, se expresó así:

“No, Vuestro Honor. Las Reglas de Procedimiento Criminal no disponen término. Y la regla que se aplicaría en este caso y en esta moción es aquella que indica que el Fiscal podrá apelar de una determinación de no causa probable o podrá ir en alzada a cualquiera determinación por un delito distinto o más bajo del que le imputan. El legislador no señaló término. Al no señalar término le da al Fiscal y al Pueblo la facultad de radicar dentro de los términos prescriptivos de los delitos. No es término de la regla 64. Si la regla no me prohíbe ni me pone una camisa de fuerza, el Fiscal tiene que hacer una serie de evaluaciones pos-teriores, como se hicieron en este caso, para determinar su curso de acción. Y quiero llevar al récord que hubo una conversa-ción porque había un acusado, donde este acusado fue perjudi-cado y había cierta relación entre todas estas partes y estuvo en el pensamiento de ver cómo se compaginaban los hechos. En la teoría de ‘latshes’ [sic] es requisito de ley y la jurisprudencia que se demuestre perjuicio causado. Aquí no se ha demostrado y Su Señoría se ha podido dar cuenta que la Vista Preliminar se celebró el 5 de diciembre del ‘74.” T.E. IV, págs. 15-16.

Todo cuanto se deduce de esta expresión es el propósito del fiscal de examinar en conjunto la prueba de este caso con la de otro relacionado en que el apelante era a su vez el perjudi-cado. No a otra cosa puede referirse la frase “ver cómo se compaginaban los hechos.” Es injusta la imputación del ape-lante al fiscal de que al así actuar “estaba utilizando la ma-quinaria judicial para ayudar a unos y perjudicar a toda costa a otros” y la calificación de “conducta antiética y co-rrupta.” La amplísima libertad del abogado para defender a su cliente no comprende derecho alguno a formular tan grave acusación sin fundamento en el récord.

(3) El testigo José Luis Martínez Purcell, anotado al dorso de la acusación como testigo del Pueblo, no compareció a juicio y el fiscal procedió con su caso prescindiendo de su testimonio. El acusado alega error porque no fue obligado a comparecer para “entrevistarlo” y otra vez el récord sostiene la corrección de la decisión del juez. Veamos:

“Hon. Fiscal:
Vuestro Honor, queremos informar al Tribunal que el testigo Purcell, el cual es testigo de El Pueblo, no se encuentra presente en el día de hoy porque no hemos logrado citarlo, sin embargo, estamos preparados para ver el caso.
Hon. Juez:
Bien.
Lcdo. Otero:
Honorable Juez, vamos a pedir al Tribunal que se citen esos testigos entonces y se hagan comparecer al Tribunal, que se cite a este testigo y se haga comparecer al Tribunal.
Hon. Fiscal:
¿Como testigo de defensa?
Hon. Juez:
¿Como testigo de defensa?
Lcdo. Otero:
No, como testigo de El Pueblo. Está señalado como testigo de El Pueblo y no está aquí presente.
Hon. Juez:
El compañero Fiscal ve los casos con los testigos que quiere. Si lo quiere como testigo de defensa el Tribunal lo trae.
Lodo. Otero:
Hay una incomparecencia del señor que fue legítimamente ci-tado y lo menos que el Tribunal puede hacer es citarlo por desa-cato por su incomparecencia.
Hon. Juez:
Eso lo determina el Tribunal. ¿No lo desea como testigo de defensa?
Lodo. Otero:
Lo que deseo es entrevistarlo como testigo de El Pueblo. Si lo voy a entrevistar o no, no lo sé en este momento.
Hon. Juez:
Pues, no ha lugar a la solicitud de la defensa. Juramento a los testigos de El Pueblo.” T.E. III, págs. 10-11.

(4) El hecho de que el Fiscal Méndez Correa declarara como testigo en la etapa inicial ante el juez instructor, no imponía su inclusión automática como testigo en el juicio. No surge de autos que el fiscal tuviera conocimiento directo de los hechos que le permitiera aportar evidencia admisible en el juicio. Ya hemos resuelto que el fiscal puede limitar el número de testigos a los que considere suficiente para sostener la acusación. Pueblo v. Flores Berty, 92 D.P.R. 577 (1965).

(5) Es innecesario considerar si el apelante tenía derecho a que los casos menos graves se vieran ante un jurado por haber determinado el juez sentenciador que dos de las sen-tencias se cumplieran consecutivamente, ya que entendemos que procede modificar las sentencias apeladas en el sentido de que todas se cumplan concurrentemente.

(6) En Pueblo v. Fonseca, 79 D.P.R. 36, 38 (1956), sostuvimos que el Art. 44 (hoy 63) del Código Penal no opera en la acusación simultánea por portación y posesión de un arma de fuego y Art. 32 de la Ley de Armas porque son “violaciones de ley distintas y separadas” que se “consu-ma [n] bajo circunstancias y normas de ley distintas que excluyen la posibilidad de confusión (merger) de los mis-mos.” Se ajustan a derecho, por tanto, las sentencias impues-tas al apelante, en ninguno de cuyos delitos separados la pena excede de seis meses.

(7). La prueba de cargo, correctamente resumida por el Procurador, es la siguiente:

“El testigo Jesús Ramos Ayala, a pregunta del Ministerio Público, declaró que es director del Hogar Crea en Trujillo Alto. Conoce al apelante y el día de los hechos, 4 de septiembre de 1974, lo vio en la Fiscalía de San Juan en horas de la tarde (de 1:00 a 1:30 P.M.).
Añade que acompañó al señor Juan José García a la Fiscalía, quien se encontraba acompañado de la señora Rosaura Medina Rivera ex-esposa del apelante, y mientras esperaba se presentó el apelante. Después de hablar con el fiscal, se dirigieron hasta el automóvil el cual estaba estacionado cerca del Teatro Tapia y vuelve a ver al apelante.
Declara que el apelante llamó al señor García y le dijo que quería hablar con él. Fue entonces que el apelante comenzó a insultar a la señora Medina y a proferir palabras obscenas. Luego introdujo su mano en maletín negro que traía consigo y sacó una pistola negra.
Manifiesta el testigo que el apelante le dijo a la señora ‘hija de la gran puta te voy a matar’ (T.E., Tomo 4, pág. 6) y él oyó un sonido de ‘click’. Cuando oyó este sonido el apelante tenía la pistola en la mano y apuntaba a la señora Medina quien trató de ocultarse detrás del señor Purcell. Vuelve a oír el mismo sonido de ‘click’ y el señor Purcell trata de abalanzarse sobre el apelante mientras que García hace un intento de sacar su re-vólver, el cual se quedó trabado en su gabán. Añade que el ape-lante huyó hacia el Teatro Tapia.” Informe del Procurador General, págs. 22-23.

No se justifica intervenir con su apreciación por el juez sentenciador. Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125 (1977).

La imputación de pasión, prejuicio y parcialidad al juez porque se negó a suspender el juicio, rehusó mantener al acusado bajo fianza antes de dictar sentencia y tardó en resolver una moción de reconsideración, no merece más análisis del señalamiento y sí un recordatorio de que la grave atribu-ción de prejuicio y parcialidad a un juez, que implica desleal-tad a los principios fundamentales que gobiernan su minis-terio, debe ser cuidadosamente ponderada frente a la grave responsabilidad de quien la formula gratuitamente. (Cánones 9 y 29, Ética.)

Por todo lo anterior se confirman las sentencias apeladas, pero modificándolas en el sentido de que las tres serán cumpli-das concurrentemente.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Martín emitió voto disidente en parte al cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto disidente, en parte, del

Juez Asociado Señor Martín

al cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 1979

Confirmaría la sentencia del tribunal de instancia que condenó al apelante a seis meses de cárcel por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, y revocaría la que lo condenó a seis meses de cárcel en cada una de las infrac-ciones a los Arts. 7 y 32 de la misma Ley. ■

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “en todos los procesos criminales el acusado disfrutará del derecho a un juicio rá-pido y público.” El derecho a juicio rápido es pues fundamental en nuestro enjuiciamiento criminal, por ser corolario, como reconocimos en Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169-170 (1975), del derecho de todo ser humano “a sentirse libre de la opresión y la preocupación martirizante que genera una acusación injusta.”

Con el propósito de regular estatutariamente el derecho a un juicio rápido, las Reglas de Procedimiento Criminal han dividido el procedimiento en dos estadios. Uno, que parte del arresto o citación, hasta la presentación del pliego acusa-torio y otro, que parte de dicha presentación y se proyecta hasta el sometimiento a juicio. La Regla 64 (n) de las de Pro-cedimiento Criminal ofrece los plazos que han de orientar ambas instancias, los cuales deben interpretarse con laxitud de suerte que “garanticen los derechos del acusado sin excluir los derechos de la justicia pública.” Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658, 660 (1977).

Nada disponen las Reglas, sin embargo, en cuanto al plazo con que cuenta el ministerio público para acudir ante un juez de superior jerarquía cuando en primera instancia el juez que celebra una vista preliminar bajo la Regla 23 hace una determinación negativa, lo que sugería incertidumbre en estas instancias. Para cubrir el vacío existente en la Ley, en Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246, 248 (1976), establecimos término con el siguiente lenguaje:

“A tenor con lo expuesto, es evidente que la vista preliminar en alzada ante el Juez Superior debió celebrarse dentro de un término razonable a partir de la resolución del Juez de Distrito determinando que no había causa probable. Consideramos razo-nable un término máximo de 60 días.” (Énfasis suplido.)

Así determinamos que el plazo razonable con que cuenta el ministerio público para conseguir la celebración en alzada de una nueva vista preliminar no debe exceder 60 días. Cierto es que al momento de procesarse el caso de autos no habíamos nosotros resuelto el caso Vélez Castro. No obstante, la ce-lebración en tiempo razonable de una vista preliminar en alzada, incidente que puede resultar en menoscabo del derecho a juicio rápido, es obligación procedente de la Constitución que se impone al ministerio público. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169 (1975). Contra esa norma el fiscal puede oponer válida justificación.

En el caso de autos el fiscal no ha excusado cumplida-mente la dilación de noventiseis días para la celebración de la vista ante el Tribunal Superior, que excede por treintiseis días el plazo que estimamos razonable. Su argumento de que no se fijaba entonces un plazo determinado es claramente in-suficiente. Su escasa diligencia quedó de manifiesto el día señalado originalmente para la vista preliminar ante el Tribunal Superior, al expresar que no estaba preparado para presentar su prueba. Ello, a pesar de que ochenta días antes había comparecido ante el Tribunal de Distrito con el mismo propósito.

El que no se hubiera precisado a la fecha del señalamiento de la vista preliminar cuál era el plazo razonable para acudir ante una sección superior del Tribunal de Primera Instancia luego de una determinación negativa de causa probable para acusar, no justifica una dilación total de más de tres meses desde la determinación negativa original. El estado de dere-cho entonces no sugería tal liberalidad.

Con respecto al caso por violación al Art. 6 de la Ley de Armas la situación es distinta. El acusado reclama que se le violó su derecho a juicio rápido, pero esta vez en la modalidad que prescribe que se celebre juicio dentro de los 120 días de radicada la acusación. No tiene razón. El día en que final-mente se señaló el caso para vista, el propio abogado del aeu-sado solicitó posposición, por razón de no hallarse preparado. Más aún, el apelante nunca solicitó en el tribunal de instancia que se desestimara la acusación por dicho cargo bajo la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal. Su planteamiento ante nos resulta pues, tardío. Pueblo v. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977).

Por estos fundamentos revocaría las sentencias del Tribunal Superior que condenaron al apelante por violar los Arts. 7 y 32 de la Ley de Armas y confirmaría aquella que le condenó por violación del Art. 6 de la misma Ley.

       Ordena el Art. 43 de la Ley de Armas (26 L.P.R.A. see. 453):

        Proceso como impedimento para otra acción

      “El proceso y castigo de cualquier persona por cualquiera de los delitos definidos y castigados por este Capítulo no impedirá el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cual-quiera de las demás disposiciones de este Capítulo, del Código Penal, Título 33, o de cualquiera otra ley.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Departamento de Asuntos del Consumidor, demandante y recurrido, v. Miguel A. Quiñones, querellado-recurrente y peticionario; José Benjamín Rivera Rivera, interventor.

      Número: O-79-80

      Resuelto: 2 de abril de 1979

      Carmelo Avila Medina, abogado del peticionario; Myrna S. Bo-nilla Acosta, Reynaldo Rodríguez Pagan, Eugenio Gil de La-madrid, Lucia Ferreira de Morales, Matilde Acevedo Moli-nary, Lourdes López Soba y Angel M. Villamil Rodriguez, abogados del recurrido; el interventor no compareció.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En mayo de 1964 el peticionario Miguel A. Quiñones ad-quirió por compra un edificio de concreto, de dos plantas radi-cado en el barrio Sabana Llana del municipio de San Juan, consistente en parte de locales comerciales ocupados por arrendatarios; entre éstos uno destinado a barbería cuyos muebles y equipos pertenecían al vendedor y le fueron trans-feridos por éste al comprador peticionario según disposición expresa del contrato de compraventa. En octubre de 1976 el barbero inquilino solicitó del Departamento de Asuntos del Consumidor la fijación de alquiler máximo al local por el que pagaba $120.00 mensuales según convenio desde agosto de 1972. La agencia desestimó la alegación declinatoria de su jurisdicción basada en tener dicho negocio todas las carac-terísticas de una empresa en marcha, y redujo el alquiler a $44.95 por mes. Al así decidir se fundó DACO en que “el casero . . . compró también el equipo existente en dicho local, pero no el negocio [síc] de barbería que se venía operando en el mismo.”

El Tribunal Superior a su vez desestimó el recurso de revisión del casero citando de Texaco P.R. Inc. v. Peñagarícano, Admor., 94 D.P.R. 49, 55 (1967), una aparente contradicción doctrinaria al efecto de que para excluir un “negocio en marcha” de la regulación arrendaticia es requisito esencial que hubiese estado “en operación por un dueño del mismo con anterioridad al arrendamiento que da lugar a la queja”, en-contrando el juez de instancia que todos los anteriores opera-dores de la antigua barbería eran inquilinos, y ninguno dueño del inmueble. (Énfasis nuestro.)

La naturaleza esencial que define una unidad arrendaticia como “negocio en marcha” está integrada por elementos objetivos como el tiempo durante el cual ha venido operando, persona a quien pertenecen los equipos, muebles e instrumentos necesarios para explotar el negocio y estado de actividad contemporánea o reciente del mismo, al tiempo de su transferencia. La posición de DACO afirmando que no hay “negocio en marcha” porque el peticionario sólo había comprado el local y los equipos, mas no el negocio, nos mueve a ponderar sobre qué negocio tiene para vender un barbero que no es dueño del local ni del mobiliario y equipos necesarios para su operación. Esta es la realidad contractual que inclinó a Castán Tobeñas y al Tribunal Supremo de España a separar la figura de negocio o industria de su previa explotación por el dueño arrendador, dictamen incorporado en Texaco, ante, en la siguiente forma:

“En España se halla excluido del ámbito de la Ley de Arren-damiento Urbano el arrendamiento de industria o negocio. Dice Castán: (Castán, Tratado Práctico de Arrendamiento Urbano, Tomo 1, pág. 212.)
‘No es necesario, en cambio:
(a) Que la industria esté directamente explotada por el arrendador, lo que se opondría al concepto de industria que se desnaturalizaría en la primera cesión arrendaticia, con olvido de lo que en sí es objetivamente considerada (sen-tencia de 10 de mayo de 1955). De aquí que sea indiferente que el negocio viniera explotado por personas distintas del arrendador (sentencia de 20 de junio de 1955), aunque aqué-llas lo explotaran en régimen de empresa (sentencia de 21 de noviembre de 1952), y, que el arrendador no hubiere ejercido formalmente el negocio, si estuvo a cargo de per-sonas que obraron en su nombre o como arrendatarios de los titulares de la propiedad (sentencias de 27 de septiembre de 1949 y 13 de enero de 1958).’ ”

De lo contrario, estaríamos sancionando una indebida restricción del derecho del dominio, obligando a todos los su-cesivos dueños de este inmueble arrendado que reclamen su derecho a pactar libremente el canon de un local de barbería, a dedicarse también al respetable oficio de la tonsura.

El Departamento de Asuntos del Consumidor carece de facultad y jurisdicción para reglamentar el canon de alquiler de este local de barbería.

Se expedirá el auto y las actuaciones administrativas y judiciales recurridas serán, anuladas.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Martín concurrió en el resultado.


author: PER CURIAM:

text:
    Rolando Cruz, en su calidad de Comisionado de Seguros, peticionario, v. Builders Insurance Company, demandada; Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases, Etc., interventora y recurrida.

      Número: O-78-370

      Resuelto: 10 de abril de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados del Comisio-nado de Seguros; Cando, Nadal & Rivera, abogados de la Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto de Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico.
   PER CURIAM:

El recurrente, Rolando Cruz, Comisionado de Seguros de Puerto Rico, al amparo de la See. 40.010 y ss. del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4001 y ss., está llevando a cabo la liquidación de Builders Insurance Co. El procedimiento de liquidación de un asegurador se realiza mediante orden del Tribunal Superior al efecto, 26 L.P.R.A. see. 4002, y sujeto a las instrucciones de dicho tribunal, 26 L.P.R.A. see. 4008 (5).

En el presente caso el tribunal ordenó, que toda moción para la disposición de activos de dicho asegurador, o para transigir respecto a los mismos, fuese notificada a la Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto de Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico, concediéndole un plazo de 10 días para oponerse a dichas mociones. El Comisionado de Seguros presentó recurso de certiorari objetando a dicha orden. Resolvemos queda misma debe ser dejada sin efecto.

La Asociación interventora fue creada al amparo de la Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974, Art. 38.010 y ss. del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 3801 y ss. Se trata de una asociación compulsoria por ley compuesta por todos los aseguradores autorizados a tramitar seguros en Puerto Rico, excepto seguros de vida, incapacidad y salud. Esa Asociación se crea con el propósito principal de satisfacer reclamaciones exigibles bajo pólizas de seguros contra aseguradores miem-bros, declarados insolventes por el Tribunal Superior, evitando así dilación y pérdidas a los reclamantes. La Aso-ciación viene obligada a satisfacer reclamaciones que se le presenten entre $50 y $150,000. Los dineros para el pago de dichas reclamaciones provienen de un fondo creado mediante derramas que a los aseguradores miembros se imponen en proporción a las primas anuales que cada uno haya suscrito en Puerto Rico, hasta un máximo de un 2 % de dichas primas. Los aseguradores miembros pueden recobrar hasta un 75% de dichas derramas, mediante aumentos en las primas de se-guro. La Asociación es mecanismo mediante el cual las recla-maciones contra un asegurador insolvente se absorben por la industria de seguros, en primera instancia, y por los compra-dores de seguros a la larga.

El procedimiento para obligar a la Asociación se inicia mediante notificación que el Comisionado de Seguros le cursa de la declaración de insolvencia de un miembro insolvente. El Comisionado, o su representante, debe también notificar a la Asociación una lista de las reclamaciones pendientes. La Asociación se subroga en los derechos y obligaciones del ase-gurador insolvente en relación con dichas reclamaciones y en los derechos de reclamantes a quienes satisfaga sus reclama-ciones. La Asociación debe informar al Comisionado, o a su representante, de las reclamaciones satisfechas y tiene res-pecto a las mismas, la misma preferencia en la liquidación, que hubiese tenido el reclamante.

La Asociación puede transigir, ajustar y pagar reclama-ciones que se le presenten y puede revisar, para objetar, re-clamaciones transigidas, relevos y sentencias contra el asegu-rador insolvente. Puede también presentar defensas contra acciones pendientes en los tribunales contra dicho asegurador y a tales fines esas acciones se suspenden durante 60 días desde la fecha de la declaración de insolvencia.

Mediante la Ley Núm. 30 de 11 de julio de 1978, se le concedieron a la Asociación derechos adicionales en el proce-dimiento de liquidación de un asegurador insolvente. Uno de esos derechos consiste en conceder a las reclamaciones de la Asociación preferencia sobre los acreedores generales del ase-gurador. Art. 40.120 del Código de Seguros.

Otro derecho, más pertinente a la cuestión aquí envuelta, es el derecho que el nuevo Art. 40.121 del Código de Seguros concede a la Asociación sobre los activos del asegurador in-solvente. Dicho Art. 40.121 provee para que dentro de los 120 días a la orden de liquidación, el administrador someta al tribunal una propuesta para distribuir a la Asociación los activos del asegurador insolvente. La distribución está sujeta a que la Asociación devuelva activos que sean necesa-rios para pagar reclamaciones, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Art. 40.120. La distribución debe hacerse a base de las reclamaciones que se estime habrá de satisfacer la Asociación, o de los activos disponibles, si estos son insu-ficientes.

Ante lo anterior es evidente el interés que la Asociación tiene sobre los activos de un asegurador insolvente. Bajo el citado Art. 40.121 la Asociación tiene derecho a recibir los activos del asegurador insolvente hasta el límite de las reclamaciones a ser satisfechas por dicha Asociación, pero bajo condición de devolverlos para satisfacer reclamaciones contra el asegurador.

En cuanto al propósito de la distribución de activos el Informe Conjunto de las Comisiones de Comercio e Industria y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes expresa que:

“Se propone la presente enmienda para que las asociaciones de garantía tengan derecho a usar los activos existentes del ase-gurador insolvente como un balance inmediato a los dineros adelantados por la Asociación, por concepto del pago de recla-maciones por ésta a los tenedores de pólizas y reclamantes, teniendo éstos prioridad sobre las reclamaciones de acreedores generales.”

También expresa dicho informe que:

“Resulta equitativo y justo que el fondo de garantía reciba un adelanto del caudal del asegurador insolvente para facilitar la operación inmediata de los diversos fondos de las asociaciones de garantía y para reducir los potenciales daños y el costo a los tenedores de pólizas de los diversos fondos de garantía. Se evi-tará a su vez cargas inequitativas a diferentes generaciones de tenedores de pólizas.

A estos efectos se adiciona el Artículo 40.121.” — Vol. 16 Servicio Legislativo de Puerto Rico, pág. 856.

El Art. 40.121 añadido al Código de Seguros mediante la Ley Núm. 30 de 11 de julio de 1978 ya estaba en vigor cuando el tribunal ordenó la intervención de la Asociación, a fines de que pudiera objetar a la disposición de activos del asegurador insolvente. Como explicaremos más adelante, la ley no provee esa intervención por parte de la Asociación. Correspondería al Tribunal aprobar o no la propuesta del administrador, si éste la formulase, para, de los activos clasificados de dicho asegurador, “distribuir activos, de cuando en cuando y según dichos activos se encuentren disponibles, a la Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico y/o la Asociación de Garantías de Seguros de Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico. La Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico y la Asociación de Garantía de Seguros de Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico se denominarán colectivamente, de aquí en adelante, ‘las Asociaciones’ ”, según reza el citado Art. 40.121 (1). No surge de los autos que se hiciese tal propuesta ni que se aceptase o rechazase.

La Asamblea Legislativa fue minuciosa al disponer sobre los detalles del procedimiento de liquidación relacionados con la intervención de la Asociación, pero en ninguna disposición del procedimiento anterior ni del actual surge la autorización a la Asociación a intervenir para objetar la disposición de activos de un asegurador insolvente. Esa intervención tendría el efecto de prolongar y hacer más costoso el procedimiento de liquidación. La rapidez y economía fueron los principales fac-tores que motivaron la legislación disponiendo que la liquida-ción de aseguradoras se encomendara a los comisionados de seguros y no a liquidadores nombrados por los tribunales. Appleman, 19 Insurance Law and Practice (1949) pág. 573. La intervención de la Asociación en el sentido expresado es contraria a esos propósitos.

La intervención de la Asociación en la disposición de activos tampoco está autorizada como medio fiscalizador dirigido a asegurar que los negocios que realice el Comisionado, o su representante, sean acertados u honestos. La supervisión del tribunal sobre el proceso de liquidación cubre ese propósito. Además, la fianza oficial del Comisionado responde de su “debida administración” de dicho activo, pudiendo el tribunal exigir a él o a sus auxiliares fianza adicional, si la considera deseable. 26 L.P.R.A. see. 4008(5).

La Ley Núm. 134, creadora de la asociación interventora, creó también la Asociación de Garantía de Seguros de Vida, Incapacidad y Salud, con propósitos similares. Hay diferen-cias entre los poderes y facultades de esas dos asociaciones, que surgen de las clases de seguros envueltos. La Asociación de Garantía de Seguros de Vida, Incapacidad y Salud tiene la obligación adicional de garantizar la continuidad de las cu-biertas. 26 L.P.R.A. see. 3902. Siendo sus responsabilidades distintas, también lo son sus facultades. Dicha Asociación, a petición del Comisionado, puede asesorarlo en relación a la rehabilitación, pago de reclamaciones, continuidad de cubier-tas y cumplimiento de obligaciones del asegurador y puede comparecer al tribunal en lo relacionado con sus poderes y deberes, incluyendo propuestas para reasegurar o garantizar las pólizas del asegurador y determinar las pólizas cubiertas y obligaciones contractuales. 26 L.P.R.A. see. 3908, incisos (7) y (8). Obsérvese, sin embargo, que los poderes adiciona-les que tiene la Asociación mencionada, la de Garantía de Seguros de Vida, Incapacidad y Salud, no incluyen el de in-tervenir en la disposición de activos del asegurador insol-vente.

Ante tan minuciosas disposiciones de ley forzoso es concluir que la Asamblea Legislativa no tuvo el propósito de conferir a las asociaciones de garantía de seguros poderes de intervención en la disposición de activos de aseguradoras insolventes. Esa intervención no estaría en armonía con un rápido y económico procedimiento de liquidación. Corresponde a la Legislatura permitir esa intervención, si luego de considerar los intereses envueltos, la estima apropiada.

No estamos expresando juicio sobre si la Asamblea Legis-lativa debe o no hacer eso. Sólo señalamos que hacerlo o no es su prerrogativa y no la nuestra.

Se dejará sin efecto la orden recurrida.

El Señor Juez Presidente disintió.

       El administrador es el Comisionado de Seguros, V. 26 L.P.R.A. secs. 4007(12) y 4008(1).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Cooperativa de Viviendas Rolling Hills—Junta de Directores, peticionaria, v. C. P. Aníbal Rodríguez Colón, recurrido.

      Número: O-78-252

      Resuelto: 11 de abril de 1979

      Alejandro Torres Rivera, abogado .de la peticionaria; Miguel T. Morales Adames, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El 29 de septiembre de 1977 la Junta de Directores de la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills notificó por escrito al socio de dicha cooperativa, Sr. Aníbal Rodríguez Colón, una citación a vista para ventilar los siguientes cargos formulá-dosle:

' “a. Amenazas: Amenazar con interrumpir violentamente la celebración de la Asamblea Anual mediante declaraciones hechas días antes de la misma a socios y residentes de nuestra Coopera-tiva. Crear un ambiente de inseguridad y desasosiego en la Cooperativa a través de su conducta agresiva y violenta, la cual afecta la atmósfera de paz y tranquilidad que debe prevalecer en esta comunidad.
b. Agresión agravada: El agravante consiste en haber ata-cado a una mujer (Sra. Laura Santiago) el día 11 de septiembre de 1977.
c. Agresión agravada: El agravante consiste en haber ata-cado por la espalda al Sr. John Peña, utilizando ventaja inde-bida, el día 11 de septiembre de 1977.
d. Difamación.
e. Alteración a la Paz: Uso indebido de un arma de fuego el día 11 de septiembre de 1977.”

Celebrada la vista, a la que compareció el querellado asis-tido de abogado, la Junta halló probados los cargos y deter-minó que se violaron los incisos (C) y (D) del Art. 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 5 L.P.R.A. see. 890(C) y (D), que en lo aquí pertinente disponen:

“(C) Separación involuntaria. Cuando la junta considere que un socio está actuando en contra del interés de la sociedad o de sus fines y propósitos o ha violado o ha incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la socie-dad, podrá separar el socio y privarlo de sus derechos y bene-ficios en la sociedad a partir de la fecha de remoción, previa notificación escrita de los cargos dirigida al socio afectado a quien se le concederá una oportunidad razonable de defenderse mediante audiencia ante la junta. El socio así separado podrá apelar de la decisión de la junta dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se le notifique su separación, ante la próxima asamblea de socios que se celebre con posterioridad al acuerdo de la junta.
La asamblea por mayoría de los presentes, previa la corres-pondiente audiencia, podrá ratificar la decisión de la junta u ordenar la reinstalación del socio, inclusive la restitución de sus derechos y privilegios.
(D) En el caso de las Cooperativas de Viviendas, [sicj cuando la Junta de Directores determine que un socio se encuen-tra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la cooperativa, deberá proceder contra el socio en la forma y conforme al procedimiento que aquí se establece.
(a) La Junta deberá concederle al socio la oportunidad previa de ser oído en una vista celebrada ante ellos mediante notificación previa hecha con por lo menos 10 días de antelación a contarse desde la notificación. La notificación se efectuará personalmente o por correo certificado a la última dirección cono-cida del socio.
(b) La notificación incluirá:
(1) la fecha, sitio y hora de la audiencia
(2) una declaración de la autoridad legal para cele-brar la audiencia
(3) una declaración corta y sencilla de los asuntos en-vueltos o cuestiones en controversia.
(c) La audiencia se llevará a cabo de [s¿c] una forma sencilla e informal. No se seguirá estrictamente el procedimiento que señala la ley de evidencia para el sistema judicial.
(d) El socio podrá ir representado o asistido por un abogado.
(e) Si el socio no compareciere a la audiencia, pero de-mostrare justa causa para su ausencia, la Junta de Directores deberá citar a otra audiencia dentro del plazo más breve posible. De no justificarse la ausencia, la Junta podrá proceder a sepa-rarlo como socio, privándole en su totalidad de los derechos que tenga como tal y concederle un término de 30 días para que se desaloje la unidad.
Si el socio no compareciere a esta segunda audiencia y no justificare su ausencia a satisfacción de la Junta, ésta podrá proceder a separarlo como socio, privándole en su totalidad de los derechos que tenga como tal y concederle un término de 30 días para que se desaloje la unidad.
(i)Revisión
(1) Toda persona que resulte perjudicada por la deci-sión final de la Junta de Directores, y haya agotado todos los recursos ante la Junta, tendrá derecho a que el Tribunal Superior revise dicha decisión.
(2) Los procedimientos para la revisión judicial ha-brán de iniciarse radicando en el Tribunal revisador la peti-ción correspondiente dentro de los 15 días de haberse noti-ficado por correo certificado la decisión final de la Junta. Copia de la petición se enviará a la Junta y a las partes envueltas.
(3) La radicación de la petición de revisión judicial no impedirá que se pongan [sic] en efecto la decisión de la Junta a menos que el tribunal revisador ordene la suspensión de la misma mientras esté pendiente la revisión, previa justi-ficación de causa para ello.
(4) Cualquier parte que resulte perjudicada por la sentencia del Tribunal Superior podrá solicitar la revisión de dicho fallo mediante certiorari, dentro de los 15 días de ar-chivo en autos de la decisión del Tribunal Superior.”

La Junta decretó la separación del querellado como miem-bro de la Cooperativa y le ordenó desalojar el apartamiento que ocupaba como socio. Entendió la Junta que desde el punto de vista procesal era de aplicación el inciso (D) a que nos hemos referido y conforme a su subinciso (i) informó en su resolución al querellado que podía solicitar revisión al Tribunal Superior dentro de los quince días siguientes a la noti-ficación de su decisión. El querellado así lo hizo y contra la sentencia que oportunamente dictó el Tribunal Superior, en que declaró nulas las actuaciones de la Junta, ésta recurrió ante nos mediante el recurso que aquí consideramos. Basó el tribunal su sentencia en que a su juicio el inciso aplicable era el (C) y que, además, la Junta estaba impedida de actuar porque conforme al Reglamento de la Cooperativa se reque-rían tres violaciones para que el socio tuviera que comparecer a responder de su conducta ante la Junta de Directores. En consecuencia declaró que el querellado nunca dejó de ser socio de la Cooperativa y se negó a decretar su lanzamiento, que le fue pedido por la Junta. Atendida la petición ante nos, ex-pedimos la siguiente orden para mostrar causa:

“Vista la solicitud de certiorari presentada en este caso se concede al recurrido un plazo de 30 días a partir de la notifica-ción de la presente resolución para que muestre causa por la cual no deba expedirse el auto solicitado, a los fines de modificar la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, civil número 77-8486 para disponer que el recurrido pueda, conforme al inciso (C) del artículo 10 de la Ley núm. 291 de 9 de abril de 1946, según enmendada, apelar de la decisión de la Junta de Directores de la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills, para ante la pró-xima asamblea de socios de dicha cooperativa.”

La comparecencia del recurrido en obediencia a esta reso-lución no nos persuade para que variemos el criterio inti-mado. Entendemos que procede la revocación de la sentencia recurrida.

Al examinar el primer párrafo de cada uno de los incisos (C) y(D), antes transcritos, nótese que ambos señalan la “mora en el cumplimiento de las obligaciones” de un socio como razón para mover a la Junta de Directores a tomar medidas correctivas o disciplinarias. Se notará, sin embargo, que el inciso (C) da como razón adicional — la primera que menciona — “que un socio está actuando en contra del interés de la sociedad o de sus fines y propósitos.” Se explica la dualidad en la expresión de la “mora” en ambos párrafos porque el inciso (C) se refiere a toda clase de sociedades cooperativas, mientras que el (D), adicionado en 1976 por la Ley Núm. 4, de 11 de febrero de ese año, se refiere exclusivamente a Cooperativas de Viviendas. La exposición de motivos de esta ley da la pauta para interpretar, como así lo hacemos, que la “mora en el cumplimiento de las obligaciones” a que el inciso (D) se refiere es la falta de pago de las aportaciones mensuales que deben hacer los socios. Copiamos de dicha ex-posición de motivos:

“La crisis económica por la que atraviesan estas cooperativas la produce el alto índice de morosidad en que incurren muchos de sus socios. Estos socios al incumplir sus obligaciones con la cooperativa llevan a ésta a incumplir a su vez los compromisos contraídos con el acreedor hipotecario, hasta el punto que obliga-rán al tenedor de la hipoteca a ejecutar la misma.
El agente administrador, la Junta de Directores y los repre-sentantes legales de las cooperativas de viviendas, se han per-catado que los mecanismos legales existentes para el cobro de estas aportaciones, son inadecuadas para resolver este problema tan particular.
La enmienda que aquí se propone, crea, dentro del marco de la Legislación Cooperativa en vigor, un procedimiento que simul-táneamente protege los derechos adquiridos por los socios y per-mite a la Cooperativa cobrar en un corto período de tiempo, las sumas adeudadas, o disponer de la unidad que disfruta en pre-cario el socio moroso.”

Esta disposición del inciso (D) no impide que la Junta de Directores de una sociedad cooperativa de viviendas tome acción bajo el inciso (C), aplicable a todas las sociedades cooperativas, no importa su clasificación, contra un socio que incumple otras obligaciones o que observa conducta contraria al interés, fines y propósitos de la cooperativa. Cuando de este tipo de conducta se trata, el procedimiento disciplinario aplicable a todas las cooperativas, incluyendo las de viviendas, es el establecido por dicho inciso (C). Cuando la falta atribuida al socio es la falta de pago de las aportaciones que periódicamente deba hacer a su cooperativa, llámese cuotas, rentas o como se quiera, aplica el inciso (D) si se trata de una cooperativa de viviendas y el (C) en el caso de todas las otras clases de cooperativas.

Comoquiera que los cargos imputados al querellado no se refieren a mora en el pago de aportaciones y sí a conducta reñida con los fines de la cooperativa, debió aplicarse el inciso (C), en virtud del cual el querellado debió apelar ante la próxima asamblea de la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills y no recurrir mediante procedimiento de revisión al Tribunal Superior. Este segundo procedimiento — la revisión ante el Tribunal Superior — es aplicable exclusivamente a cooperativas de viviendas, pero solamente en el caso de mora en el pago de las aportaciones económicas que el socio debe hacer.

No obstante lo expresado, el recurrido fue inducido erró-neamente en este caso por la Junta de Directores, a acogerse al procedimiento establecido en el inciso (D), al señalarle la Junta su derecho a recurrir al Tribunal Superior dentro de quince días de notificádale su decisión. Concluyó correcta-mente el tribunal de instancia que el recurso disponible al querellado era la apelación a la próxima asamblea de socios y así debió disponer en su sentencia en aras de una cumplida justicia.

Concluyó, sin embargo, el tribunal de instancia que fue nula la actuación de la Junta en este caso porque el inciso aplicable era el (C), y porque conforme a los Reglamentos de la Cooperativa se requerían tres violaciones para que un socio tuviera que comparecer ante la Junta. Discrepamos. La actuación de la Junta no es nula, ni es anulable, por el hecho de haberse acogido, en cuanto al procedimiento seguido, a lo dispuesto por el inciso (D). Este procedimiento es substancialmente igual al del inciso (C) en cuanto a requisitos de notificación de cargos, oportunidad de defenderse y ser oído, asistencia de abogado, y demás exigencias del debido proceso de ley. De hecho, es más específico que el otro. En lo que difieren es en los medios prescritos para revisar la actuación de la Junta una vez ésta ha hecho una determinación final del caso. El hecho de que la Junta orientara mal al querellado en cuanto a su derecho de apelación no anula su dictamen. Su efecto ha de ser más bien dilatar su ejecución si es que éste se sostuviere eventualmente luego de darse oportunidad al querellado de acogerse al procedimiento revisor aplicable. Véase, por vía de comparación, García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978).

En cuanto al aspecto de las tres violaciones a que se refirió el Tribunal de instancia, ciertamente el “Manual de Socio” de la Cooperativa, al que se alude como parte de “los Reglamentos”, señala que “tres violaciones de los reglamentos.. . resultarán en que el socio tendrá que comparecer ante la Junta de Directores.” (Penúltimo párrafo de dicho “Manual”.) No nos parece juicioso requerir que las tres violaciones ocurran en tres ocasiones distintas o separadas para que se consideren como tales. Aquí se imputó al querellado que en una misma fecha — 11 de septiembre de 1977 — atacó a una mujer, que era persona relacionada con la Cooperativa; agredió por la espalda, haciendo uso de una navaja, a otra persona que también estaba relacionada con la Cooperativa; y alteró la paz mediante el uso de un arma de fuego; tres vio-laciones separadas, ocurridas en una misma fecha. Y se le imputó, además, amenazar con interrumpir mediante la vio-lencia, días antes de su celebración, una asamblea de socios y residentes de la Cooperativa, y haber hecho manifestaciones difamatorias. No podemos convenir en que no se le imputaron tres o más violaciones.

El cooperativismo está inspirado en los más bellos prin-cipios de convivencia humana. Leemos en la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A., anotación a la See. 881, frases como las siguientes: “Hay la necesidad de forjar en las masas de nuestro pueblo un gran sentido de solidaridad humana y de unión en el esfuerzo común .... crear un nuevo concepto de la vida en la reorganización social y económica que dé un valor más alto a la civilización y que realice las aspiraciones más puras de una verdadera democracia cristiana.... desarrollar ... un verdadero sentido de responsabilidad .... cultivar ... [las] facultades creadoras de [nuestro pueblo] ... combatir el llamado individualismo y la honda división social existente entre los distintos grupos económicos de nuestro pueblo.” La filosofía cooperativista requiere de cada socio, particularmente si se trata de una cooperativa de viviendas, un espíritu de tolerancia, de respeto, y de consideración a los demás socios. Exige de cada uno, en fin, hacer de su quehacer, respecto a los demás, una diaria vivencia en el cristiano mandamiento del amor. Cuando la conducta de un socio es de tal naturaleza que vulnera y hace peligrar la consecución de esos nobles princi-pios, la actuación de la Junta de Directores no debe hacerse esperar, aun si fuese la primera ofensa del infractor.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia recurrida, y se dispondrá que el querellado y aquí recurrido Aníbal Rodrí-guez Colón quede autorizado para apelar de-la decisión de la Junta de Directores de la Cooperativa, de Viviendas Rolling Hills, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se notifique el mandato de este Tribunal, para ante la próxima asamblea de socios que con posterioridad al vencimiento de dicho plazo de diez días celebre la mencionada Cooperativa.

      E1 recurrido ha señalado que este Tribunal carece de jurisdicción porque el recurso de certiorari instado por la Cooperativa fue presentado pasado el plazo que para ello fija el inciso (D) de la ley. Este problema jurisdiccional es inexistente, precisamente porque el inciso (D) no es el que aplica al caso de autos.