author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociada Señora Naveira de Rodón,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. José E. Pérez Narváez, peticionario.

      Número: CE-90-895

      Resuelto: 8 de junio de 1992

      Antonio Miguel Sagardía, abogado del peticionario; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Procu-

      radora General Interina, y Blanca A. Díaz Segarra, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El 21 de junio de 1990 el peticionario, José E. Pérez Narváez, fue denunciado por dos (2) infracciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. El 6 de septiem-bre de 1990 se celebró la vista preliminar en la cual se determinó causa probable por los dos (2) casos menciona-dos, formulándose posteriormente las correspondientes acusaciones. El peticionario presentó una moción de supre-sión de evidencia a tenor con la Regla 234 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la cual fue declarada sin lugar el 7 de noviembre de 1990. De dicha determina-ción acude el peticionario ante este Tribunal.

Vista la petición de certiorari presentada, concedimos al Procurador General (Procurador) el término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debiera revo-carse la resolución recurrida. El Procurador, efectiva-mente, ha comparecido, por lo que estamos en posición de resolver.

HH

Los hechos que dan lugar al presente recurso son los siguientes:

El 15 de junio de 1990, un tal John Bron envió desde Saint Thomas, Islas Vírgenes, a través del Federal Express, un paquete dirigido a Century Funeral Home (en adelante Century), Calle Loíza #259, Santurce. Desde dicha isla, el mencionado paquete (Air Waybill #400-7375-8801 de Federal Express) fue transportado por avión a la oficina de Federal. Express en Memphis, Tennessee. En esa oficina, el inspector de aduana, Thomas Hobach, al lle-var a cabo el registro rutinario de paquetes que provienen del exterior, encontró que el mismo contenía dos (2) libras de picadura de marihuana. El inspector Hobach, luego de dar conocimiento de tal hallazgo a sus superiores, les hizo entrega del paquete. Estos, a su vez, le enviaron el paquete a la agente Marylin García, quien se encontraba de turno en la Oficina de Aduana de San Juan. Ésta, luego de cote-jar su contenido, hizo entrega del mismo al agente Julio Alvarado de la División de Drogas de San Juan. Una vez el agente Alvarado tuvo en sus manos el paquete, lo llevó a las oficinas de dicha división y allí le realizó una prueba de campo, arrojando la misma positivo de picadura de marihuana. El mismo día, el agente corroboró la dirección de Century.

El agente Alvarado le dio instrucciones al agente Rafael Guzmán Muller de que pasara por las oficinas de Federal Express, de donde tomaría un uniforme y un vehículo para entregar el paquete a Century. Luego de que entregara el paquete, tendría que obtener una orden de allanamiento. El mismo día, el agente Guzmán se presentó a Century y le hizo entrega del paquete al Sr. José Pérez Narváez, ge-rente de la mencionada funeraria. Procedió entonces a prestar una declaración jurada sobre la entrega del pa-quete, obteniéndose de este modo una orden de allana-miento contra Century Funeral Home. Se dirigió luego a la funeraria y, una vez allí, tocó el timbre de la puerta principal. Al nadie responderle, se identificó como policía, escuchó el correr de personas en el interior y entonces de-cidió forzar la entrada. Una vez en el interior del edificio, procedió a detener a unos individuos en el primer piso y se encontró con el acusado en el lobby. Allí le entregó copia de la orden de allanamiento y, según el testimonio del agente Guzmán Muller, el peticionario le dijo: “Sube que lo que tú vienes a buscar está arriba.” Petición de certiorari, pág. 4. La evidencia fue ocupada por el agente Guzmán en el se-gundo piso de la estructura, lugar que resultó ser la resi-dencia del peticionario. En el primer piso de la estruc-tura, en el que se encuentra la funeraria, no encontró evidencia delictiva alguna.

Ante nos, el peticionario plantea cinco (5) cuestiones de derecho. En primer lugar, señala el hecho de que el agente Alvarado debió haber obtenido originalmente una orden de allanamiento para abrir el paquete cuando lo recibió de la agente Marylin García, a los fines de hacerle la correspon-diente prueba de campo al contenido del mismo. Los res-tantes señalamientos se reducen a cuestionar la suficiencia de la orden de allanamiento. Aduce el peticionario que dicha orden no confería autoridad a los agentes del orden público para allanar su residencia, la cual se encuentra en el segundo piso de la estructura.

II

El primer señalamiento del peticionario, sobre la supuesta obligación del agente de obtener una orden de allanamiento a los fines de ocupar y abrir —para examinar su contenido— el paquete "privado” de Federal Express, es inmeritorio. El Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado dispone:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautacio-nes y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, alla-namientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirma-ción, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmi-sible en los tribunales. L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299.

La citada cláusula constitucional “está orientada a proteger a la persona, pertenencias e intimidad del hogar o propiedad frente al abuso de poder por parte del Estado. Se trata, específicamente, de proteger la intimidad de las personas, así como la inviolabilidad del domicilio o propiedad (e.g., automóvil, papeles, libros, etc.), frente a cualquier irrazonabilidad del Estado al utilizar su autoridad limitada por ley para realizar registros y allanamientos”. (Énfasis en el original.) D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal puertorriqueño, 3ra ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 61. La protección constitucional se refiere a aquella propiedad sobre la cual la persona tenga una legítima expectativa de privacidad. Véanse: Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315 (1982); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Pueblo v. Ríos Colón, 129 D.P.R. 71 (1991); Pueblo v. López López, 129 D.P.R. 310 (1991).

Con el fin de determinar si dicha expectativa de priva-cidad está presente en el caso de autos, debemos examinar algunos casos normativos que discuten la doctrina sobre el registro posterior a una entrega controlada {search following controlled delivery).

En el caso United States v. DeBerry, 487 F.2d 448 (2do Cir. 1973), un supervisor de Emery Air Freight Service en Los Angeles encontró quince (15) paquetes de marihuana en el interior de una maleta que iba a ser enviada a Nueva York. La compañía avisó inmediatamente a la Policía de Los Angeles, quienes inspeccionaron el contenido de la re-ferida maleta y notificaron a los agentes federales de la División de Drogas de Nueva York. Se les describió a estos agentes las medidas y el color de la maleta, el número de recibo de descarga y el número de vuelo en el que llegaría a Nueva York. El equipaje fue mantenido bajo vigilancia hasta el momento en que llegó a su destino. Una vez allí, el apelante DeBerry presentó el recibo de descarga (receipt of lading) y, mientras un supervisor sacaba copia a dicho re-cibo, tomó la maleta y salió del terminal hacia un automó-vil estacionado cerca de allí. DeBerry fue arrestado por un oficial de la Autoridad de los Puertos, efectuándose poste-riormente un registro del automóvil y ocupándose la refe-rida maleta. La Corte Federal de Apelaciones para el Se-gundo Circuito expresó:

We have previously held that an inspection by a carrier is not a governmental search. United States v. Cangiano, 464 F.2d 320 (2d Cir. 1972). Here, making the case even stronger than Can-giano, Emery Air Freight conducted the search independently of any information or request received from government officials. We therefore accept the Government’s proposition that the search conducted in Los Angeles did not infringe upon appellants’ fourth amendment rights ....
It may be argued that the New York seizure was separate and distinct from the California search, and because there was ample opportunity for the New York officers to obtain a warrant for the suitcase’s seizure, its warrantless seizure violated the fourth amendment. (Citas omitidas). This, however, would ignore the facts and realities of the situation. The suitcase was seized initially in California by Sergeant Figelsky of the Los Angeles Police Department. That seizure although done without warrant was legal, because Emery’s legal inspection in effect put the marijuana in Figelsky’s plain view; he, therefore, could seize the contraband upon sight. (Citas omitidas). Figel-sky made the seizure by removing one of the bricks of marijuana, marking all the rest of the bricks with his initials, and finally marking the suitcase itself with his initials. He then authorized the suitcase to be shipped on. Even though the suitcase was then in transit, later in the luggage bin, and later still in the freight room, it remained legally “seized” just as much as if it were under the actual physical control of the police. ... Thus, when the agents and police in New York removed the bag from the back seat of the car appellants were in, they were not making an initial seizure, but rather were merely reasserting control of the suitcase which had already been seized for legal purposes and which was merely being used as bait. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) United States v. DeBerry, supra, págs. 450-451.

De acuerdo con las expresiones de la Corte Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito, hubo dos (2) inter-venciones del Estado con la evidencia ocupada. La primera intervención tuvo lugar cuando uno de los agentes de la Policía de Los Angeles removió uno de los paquetes de marihuana de la maleta, marcando con sus iniciales los pa-quetes. restantes y autorizando su envío a la ciudad de Nueva York. La Corte fundamentó la legalidad de esta pri-mera intervención estatal con la evidencia ocupada en el hecho de que la inspección realizada por Emery Air Freight Service no constituyó un registro protegido por la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana, ya que se trata de una persona privada cumpliendo con un propósito legítimo de la compañía para la cual se desempeña. Este registro llevado a cabo legalmente por la compañía de ser-vicio aéreo colocó la marihuana encontrada a plena vista de los agentes policíacos de California. Por lo tanto, la ocu-pación de dicha evidencia por tales agentes, aunque sin orden, constituyó una actuación legítima por parte de éstos. La segunda intervención del Estado tuvo lugar en el momento en que los agentes federales registraron el vehí-culo del apelante y ocuparon la referida maleta en el terminal aéreo de Nueva York. La legalidad de esta segunda intervención fue sostenida por el hecho de que durante su transportación y llegada a Nueva York, los agentes no per-dieron en ningún momento el control adquirido en California sobre la maleta del apelante. Al ocuparla en su vehí-culo, los agentes “reafirmaron” el control que tenían sobre dicha evidencia, por lo que no había necesidad de obtener, esta vez, una orden de allanamiento.

El caso posterior de la Corte Suprema de Alaska, McConnell v. State, 595 P.2d 147 (Alaska 1979), es suma-mente ilustrativo. En este caso, una persona envió dos (2) cajas a uno de los terminales aéreos del Aeropuerto Inter-nacional de Los Angeles para que fueran enviadas a Anchorage, Alaska, a un individuo llamado Gary McConnell. Un empleado de la compañía de servicio aéreo descubrió en el interior de las cajas lo que parecía ser marihuana. El empleado llamó inmediatamente a la subestación de poli-cía de ese aeropuerto y les informó su hallazgo. Un oficial de narcóticos (Narcotics Task Forcé) ocupó las dos (2) cajas y las trasladó al Departamento de Policía de Los Angeles. Allí, su contenido fue fotografiado y se le practicó una prueba de campo. Dos (2) de los paquetes de marihuana fueron sacados de una de las cajas y los restantes fueron devueltos a la misma, sellándose nuevamente. Los paque-tes fueron enviados a Anchorage, Alaska. Allí, un oficial telefoneó a Gary McConnell informándole que sus paque-tes habían llegado. El apelante fue a buscar las cajas y, cuando se disponía a salir en su vehículo, un oficial lo detuvo. Las cajas fueron ocupadas por los oficiales.

En apelación ante el Tribunal Supremo de Alaska, McConnell planteó que

(1) el empleado de la compañía de servicio aéreo que abrió las cajas por primera vez estaba actuando como agente del Estado, por lo que violó su protección constitu-cional contra registros y embargos bajo la Cuarta En-mienda, y

(2) los oficiales que lo detuvieron en su vehículo y ocu-paron las cajas violaron su protección constitucional bajo la Cuarta Enmienda porque no obtuvieron orden de allanamiento.

Sobre el primer planteamiento, la Corte Suprema de Alaska expresó:

In several prior decisions, we have upheld inspections conducted by airline employees because we found that the searches were conducted by private citizens acting for legitimate, employment-related purposes. The general principle of law go-veming this area was most recently announced in Snyder v. State, 585 P.2d 229 (Alaska 1978), where we stated that:
“[S]earches by airline employees, acting for an independent and legitimate airline purpose and not in conjunction with or at the direction of the police, do not violate constitutional prohibitions against unreasonable search and seizure.”
. . . . . . . .
.. .We hold that when Powledge opened the boxes to verify the contents, he was acting to fulfill a legitimate airline purpose and not in conjunction with or at the direction of the police. McConnell v. State, supra, págs. 151-152.

Sobre el segundo planteamiento hecho por el apelante en el caso de McConnell, el Tribunal Supremo de Alaska siguió la doctrina establecida en el caso United States v. DeBerry, supra, limitando, sin embargo, su aplicación a ciertas circunstancias específicas. Sobre este particular, ex-presó:

The reasoning in DeBerry mandates that its application be limited to the following narrow set of circumstances. First, contraband must be placed in transit from one person to another. Second, the contraband must be initially discovered through lawful means, such as a search by a private person. Third, law enforcement officials must come into lawfull possession of the contraband. Seizure of contraband after it is observed in plain view is one method of acquiring lawful possession. Fourth, authorities in possession must forward the parcel to authorities at the intended destination under controlled circumstances. Thus, the receiving authorities must have information enabling them to identify the parcel when it arrives, such as a description of the container and its contents. Fifth, the parcel must be under security or under reasonably continuous surveillance by authorities once it arrives at its destination. The reasonably continuous surveillance must continue after the consignee claims the container. Finally, any substantial break in the chain of custody will vitiate the lawfulness of the search. (Enfasis suplido y en el original.) McConnell v. State, supra, págs. 154-155.

En 1983, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió el caso Illinois v. Andreas, 463 U.S. 765 (1983). A pesar de que los fundamentos de la Corte Suprema se apartan un poco de los discutidos anteriormente, se llega al mismo re-sultado: la validez del registro y la ocupación de la evidencia. En este caso se envió desde Calcuta un envase de metal al apelante, quien residía en Chicago. Cuando el envase llegó al aeropuerto internacional de dicha ciudad, un inspector de Aduana federal lo abrió y encontró lo que parecía ser marihuana en su interior. De inmediato, el agente de Aduana informó su hallazgo a la Drug Enforcement Administration, de donde enviaron un agente especial. Dicho agente realizó una prueba química a la evi-dencia, confirmó que se trataba de marihuana y procedió luego a resellar el referido paquete. Al otro día, el agente enviado por la agencia se hizo pasar por mensajero y, junto a un inspector de la Policía, llevó el paquete al aparta-mento del apelante. Minutos después se dirigió a obtener una orden de allanamiento, mientras el inspector mante-nía vigilancia en el lugar. Al percatarse el inspector de que el apelante se disponía a abandonar su apartamento con el paquete que le fuera entregado, procedió a arrestarlo y a ocupar la evidencia sin haberse obtenido aún la orden. El apelante argumentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos que debió obtenerse una orden con el fin de abrir el paquete una vez entregado. Al respecto, la Corte Suprema expresó:

The Fourth Amendment protects legitimate expectations of privacy rather than simply places. If the inspection by police does not intrude upon a legitimate expectation of privacy, there is no “search” subject to the Warrant Clause. The threshold question, then, is whether an individual has a legitimate expectation of privacy in the contents of a previously lawfully searched container. It is obvious that the privacy interest in the contents of a container diminishes with respect to a container that law enforcement authorities have already lawfully opened and found to contain illicit drugs. No protected privacy interest remains in contraband in a container once government officers lawfully have opened that container and identified its contents as illegal. The simple act of resealing the container to enable the police to make a controlled delivery does not operate to revive or restore the lawfully invaded privacy rights. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Illinois v. Andreas, supra, pág. 771.

Un análisis integrado de la jurisprudencia citada nos lleva a concluir que el agente Alvarado no tenía la obli-. gación de obtener una orden de allanamiento antes de abrir el paquete que recibió de la agente de Aduana. Aunque los citados casos, U.S. v. DeBerry y McConnell v. State resultan ser ilustrativos con relación a la situación fáctica ante nos en el sentido de que en ambos casos el primer agente del Estado que intervino con la evidencia ocupada lo hizo de forma legal, por cuanto en ese momento la evidencia ocupada ya carecía de la protección constitucional que se invoca en este caso, los mismos se distinguen del presente por el hecho de que la persona que realizó el registro inicial de los paquetes en tales casos fue una persona privada y no un agente del Estado. No obstante, el análisis llevado a cabo por el Tribunal Supremo norteamericano en Illinois v. Andreas, supra, es enteramente aplicable a la presente controversia. La validez del registro llevado a cabo por el Inspector de Aduana Hobach, en virtud de su facultad en ley para registrar equipaje o paquetes provenientes del exterior de la frontera de Estados Uni-dos (border searches), derrotó la expectativa de privacidad protegida por la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana y por el ya citado Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución.

El peticionario debió haber sido consciente de la práctica rutinaria de los agentes de la Aduana federal de registrar los paquetes que provienen del exterior. La ocu-pación y el examen del contenido del paquete por el agente Alvarado después que el mismo le fuera entregado por los agentes de Aduana no constituyó un allanamiento dentro de la protección de la cláusula constitucional, por lo que no tenía que obtener previamente una orden judicial. Véanse, además: United States v. Jacobsen, 466 U.S. 109 (1984); W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, , 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 2, Sec. 5.5(e); E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Sec. 6.14(D).

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Pasemos a evaluar la suficiencia de la orden de allanamiento. El peticionario sostiene en su escrito que “el magistrado que ordenó el allanamiento limitó el diligenciamiento a la Funeraria, ya que a pesar que en la declaración que dio base al allanamiento se menciona que la estructura tenía dos niveles no hizo señalamiento a esto y sí a la Funeraria”. Petición de certiorari, pág. 10. Fundándose en tal contención, el peticionario plantea que no hubo una or-den de allanamiento contra la residencia y sí contra la funeraria, y que, por lo tanto, el Ministerio Público tiene el peso de la prueba a fin de establecer bajo qué excepción se registró la residencia. El peticionario no tiene razón. Veamos por qué.

En primer lugar, el allanamiento y registro realizados en el presente caso fueron llevados a cabo en virtud de una orden judicial. Opera, por lo tanto, la presunción de legali-dad respecto al allanamiento y al registro de la estructura. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986).

En segundo lugar, una situación particular tuvo lugar en el presente caso por razón de que el lugar a allanarse resultó ser una estructura utilizada para dos (2) fines distintos. Como hemos dicho, el primer piso está desti-nado al uso comercial y el segundo resultó ser la residencia del peticionario. Es de primordial importancia destacar el principio fundamental de que en una orden de allana-miento deben describirse “con particularidad la persona y el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse”. Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. La ausencia de una descripción específica de la estructura a ser allanada es un defecto que con toda probabilidad invalida la orden de allanamiento y lleva ine-ludiblemente a la supresión de la evidencia obtenida. En este contexto, se han presentado situaciones en la jurisdic-ción federal que pueden calificarse como análogas a las del presente caso, en las que agentes del orden público han practicado allanamientos con orden en lo que se conoce como “estructuras de ocupación múltiple” (multiple-occupancy structures). En tales situaciones, la doctrina es clara al establecer que una orden de allanamiento será insufi-ciente —de su faz— si sólo describe de forma general la totalidad de la estructura de ocupación múltiple sin hacer referencia específica a la unidad a la cual pretenden ganar acceso los agentes del orden público. No obstante, se ha reconocido una excepción a dicha regla general. A tales efectos, LaFave señala:

Some courts have recognized a significant exception to the above rule: if the building in question from its outward appearance would be taken to be a single-occupancy structure and neither the affiant nor other investigating officers nor the executing officers knew or had reason to know of the structure’s actual multiple-occupancy character until execution of the warrant was under way, then the warrant is not defective for failure to specify a subunit within the named building. LaFave, op. cit., Sec. 4.5(b).

El caso normativo respecto a la mencionada doctrina es U.S. v. Santore, 487 F.2d 448, de la Corte Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito. En este caso, agentes federales allanaron el apartamento de uno de los apelantes y ocuparon narcóticos y equipo para procesarlos. El ape-lante señaló esta Corte que la evidencia ocupada debía ser suprimida, ya que la residencia allanada era ocupada por dos (2) familias, una en el primer piso y otra en el segundo. Por esa razón, sostuvo que la orden no describía el lugar a allanarse con la particularidad requerida por la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana. Sobre tal planteamiento, la Corte Federal de Apelaciones para el Se-gundo Circuito expresó:

The house at 164 Hill Street is to all outward appearances a one-family house with a front door and a side door, and it had always been registered with the local authorities as one-family dwelling. A few years prior to the search the interior of the house was renovated and subdivided by Orlando, but, in contravention of local ordinances, no permission to do so was obtained from the proper authorities. Consequently, no notice of this subdivision was ever given to the local officials.
In view of these facts we think that the issued warrant described the premises to be searched with that practical accuracy we have held to be necessary. ... The description in the warrant was in accordance with the outward appearance of the structure ... and in view of the concealment by Orlando of the interior alteration made by him it would be absurd to say that the Government was on notice as to it. The agents were not warned of a possible dual occupancy of the house until after they had shown the copy of the warrant to Orlando and had entered inside. At that moment it was too late for them, consistent with the success of their mission, to have retreated and obtained a new warrant. (Enfasis suplido.)

Conforme la mencionada excepción, (1) si los agentes del orden público no conocían que la estructura era de ocupación múltiple, (2) no hubieran podido descubrirlo mediante una investigación razonable antes del allanamiento y (3) llevaron a cabo tal hallazgo en el momento de diligenciarse la orden, la misma será completamente válida y suficiente en Derecho. LaFave, op. cit.

En el presente caso la protección constitucional que co-bija la privacidad del hogar de un individuo se ve aún me-nos afectada ya que no se trata de múltiples residentes en una estructura, sino de un solo ocupante de un edificio des-tinado a dos (2) usos distintos. Los autos del presente caso no reflejan razón alguna para que en la orden se limitara el registro a la primera planta, ya que no había indicio exterior alguno de que sólo el primer piso de la estructura es-tuviera destinado al negocio de funeraria. Véase Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 517 (1969). Los agentes se percataron de que el segundo piso era la residencia del peticionario, una vez entraron a la misma. Resulta irrazo-nable exigir a los oficiales que en el momento en que se percatan de dicha circunstancia abandonen el lugar con el propósito de obtener otra orden de registro y allanamiento del segundo piso de la estructura. Tal exigencia hubiera puesto en riesgo los propósitos de la primera orden, ya que es razonable suponer que al abandonar los agentes el edi-fico, el recurrente hubiera destruido y desaparecido la evidencia. A la luz de los hechos y las circunstancias del presente caso, la orden de allanamiento expedida fue sufi-ciente en derecho y confirió válidamente autoridad a los agentes del orden público para registrar la totalidad del edificio.

Lina vez determinada la validez de la incautación hecha por los agentes de la evidencia cuya supresión se solicita, es innecesario entrar a considerar la doctrina del registro consentido a la cual apela el Procurador en su alegato. Dicha doctrina es aplicable como excepción en situaciones donde se ha realizado un registro y allanamiento sin orden judicial previa. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988).

La evidencia en el caso de autos fue legalmente ocu-pada, por lo que se expide el auto solicitado, se dicta sen-tencia que confirme la resolución recurrida y se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos ante el tribunal de instancia.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

— O —

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Por las razones que más adelante expondremos, concu-rrimos con el resultado a que llega hoy la mayoría de este Tribunal.

En el caso de autos, el Tribunal Superior declaró sin lugar una moción de supresión de evidencia, conforme a la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, presentada por el acusado, aquí peticionario, José E. Pérez Narváez.

Entre otros señalamientos, el peticionario cuestionó la suficiencia de la orden de allanamiento y solicitó que se suprimiese la evidencia incautada en su hogar. En el es-crito ante nos expresa que el diligenciamiento de la orden en su residencia fue ilegal, ya que el mandamiento fue ex-pedido contra la funeraria Century Funeral Home (Fune-raria) y no contra la residencia en sí.

De la orden del Tribunal de Distrito surge que sólo se hizo referencia a la Funeraria. Se expresó, además, que se expedía “una Orden de Allanamiento para dicho local Bajo la sección titulada “Colindancias y Estructuras”, se consignó lo siguiente: “Estructura de dos niveles ... En la entrada tiene terraza constru[i]da en madera, al frente tiene letras que leen Century color negras.” En ningún mo-mento se aludió a la residencia en el texto de la orden, puesto que es durante su diligenciamiento que los agentes de la División de Drogas se percatan que en el segundo piso de la estructura estaba ubicada la residencia del peticionario.

En el caso de autos existe la situación particular de que el acusado combina el uso comercial del edificio objeto del mandamiento judicial con otro uso que conlleva mayor pro-tección frente al Estado: el edificio también le servía de residencia. Los dos agentes de la División de Drogas testi-ficaron en la vista preliminar que toda la evidencia incau-tada se encontró en la residencia. En cuanto a la separa-ción de la residencia con respecto a la Funeraria, el agente Julio Alvarado, supervisor de los agentes que participaron en el allanamiento, declaró que al momento del diligencia-miento estaban cerradas las dos entradas que tiene la re-sidencia, una mediante una puerta y la otra por medio de un portón de rejas. Su testimonio coincidió con el del agente Rafael Guzmán Muller, el policía que participó en el operativo y quien entregó al acusado el paquete con pica-dura de marihuana enviado a través de Federal Express. Ambos afirmaron que desde ningún punto de la Funeraria se puede observar el interior de la residencia, así como también que para entrar a la Funeraria no hay que entrar a la residencia.

El agente Alvarado atestó que hay dos escaleras para subir a la segunda planta, las cuales se originan en un área anexa al interior de la Funeraria. Ambos agentes de la División de Drogas, así como el embalsamador de la Fu-neraria, declararon que en el segundo piso estaba ubicada la floristería de la Funeraria, por lo cual nada impedía a los visitantes subir al segundo nivel para seleccionar las coronas de flores. Sin embargo, el embalsamador aclaró que los empleados de la Funeraria no podían subir a la residencia, a menos que pidiesen permiso, y que ambas entradas de la residencia siempre se mantenían cerradas.

Si los agentes lo que observan a simple vista es una estructura comercial, y la orden de allanamiento a efec-tuarse en la estructura así como la declaración jurada en la cual está basada la orden únicamente mencionan el local comercial, ¿se puede entender que esta orden se extiende también a una residencia que esté ubicada dentro de la estructura, aún sin estar esto especificado en el manda-miento judicial? Entendemos que no. Resolver de otro modo sería concederle discreción a los agentes para allanar lugares que no están descritos específicamente en la orden. El problema se agudiza, aún más, si como ocurre en este caso, se trata de la residencia, el hogar del acusado, un lugar donde la expectativa razonable a la intimidad es aún mayor. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Secs. 6.10A(4), 6.13C y 6.14C. Después de todo, “[l]a orden de allanamiento se libra para registrar una propiedad y va dirigida contra la cosa a manera de un procedimiento in rem”. (Enfasis en el original.) O.E. Resu-mil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Orford, Equity Publishing Co., 1990, T.l, Sec. 11.12, pág. 293; Pueblo v. Pieras, 72 D.P.R. 779, 783 (1951).

I

La orden de allanamiento a la residencia

En Pueblo v. Bonilla, 78 D.P.R. 152, 156 (1955), mani-festamos que

... una orden de allanamiento, para ser válida, debe describir el lugar o los lugares a ser allanados con suficiente certeza de suerte que nada quede a la discreción del funcionario que la diligencia con respecto a qué lugar o qué lugares se le ordena que allane.

En este caso, tanto la orden de allanamiento como la declaración jurada en que se fundaba especificaban que la residencia del apelante estaba ubicada en una casa divi-dida en tres apartamentos, dos de los cuales eran comer-ciales y el del centro correspondía a la vivienda a ser allanada.

Un ciudadano no renuncia a su derecho a que su resi-dencia no sea allanada sin mediar orden judicial específica, bajo la premisa equivocada de que su vivienda está ubi-cada en una estructura que comparte con un local comer-cial contra el cual se expidió una orden judicial. Debido a la necesidad de vivienda imperante en nuestro país, particu-larmente en las zonas urbanas, abundan las estructuras que albergan un local con fines comerciales en la planta baja, pero que sirve como vivienda en la planta alta o en un área interior del edificio. Permitir que el allanamiento se extienda a toda la estructura, sin que se haya especificado que la orden también aplica a la residencia que existe se-parada del negocio, puede propiciar arbitrariedades por parte de los agentes que realizan el diligenciamiento, si-tuación que siempre ha querido evitar este Alto Foro. Véanse: Pueblo v. Cruz Martínez, 92 D.P.R. 747, 749 (1965); Chiesa Aponte, op. cit; Resumil de Sanfilippo, op. cit.

Es mandato constitucional que las órdenes judiciales que autoricen registros o allanamientos describan particu-larmente el lugar a registrarse o las cosas a ocuparse. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Este Tribunal ha reconocido que el derecho a la intimidad es de la más alta jerarquía, por lo cual hemos expresado lo siguiente:

El carácter y primacía del derecho y protección a lo privado nos ha movido a reconocer que opera ex proprio vigore .... [E]l derecho a la intimidad en nuestro país tiene un historial dis-tinto y más amplio que el plasmado en la jurisdicción federal.... Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 576 (1982).

La citada Sec. 10 de nuestra Constitución ofrece protec-ción contra invasiones a la santidad del hogar y a la inti-midad de la vida. Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 337-338 (1976); Chiesa Aponte, op. cit.

Debido a que la residencia del acusado era un lugar se-parado del local comercial de la Funeraria; que las dos puertas de la residencia se mantenían cerradas, y que ni siquiera los empleados de la Funeraria podían entrar sin permiso, es necesario concluir que el acusado tenía una expectativa razonable de intimidad en su residencia, aun-que estuviese ubicada en la misma estructura que alber-gaba la Funeraria. Véanse: Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315, 326 (1982); Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734, 738 (1981); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 332 (1979); Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Chiesa Aponte, op. cit.; Resumil de Sanfilippo, op. cit. Tampoco estamos ante circunstancias excepcionales que obligaran a los agentes a entrar a la residencia sin orden, como ocurre en los casos de allanamiento sin orden como parte de la persecución de un sospechoso o hot pursuit. Véase Resumil de Sanfilippo, op. cit., See. 9.23, págs. 250-253.

Legalidad del allanamiento en el caso de autos

El registro de la residencia del acusado en el caso de autos se efectuó con una orden que no iba dirigida a ésta. La orden no describía con particularidad el lugar a ser allanado, es decir, la residencia. Así, pues, estaba viciada de nulidad en cuanto a la vivienda, ya que le permitía al diligenciante usar la discreción en cuanto al lugar a allanarse. Pueblo v. Cruz Martínez, supra, pág. 749. Bajo estas circunstancias, no le ampara al registro la presun-ción de validez y el Ministerio Público tiene el peso de la prueba para establecer bajo qué excepción se registró el hogar del peticionario. Véase Pueblo v. Lebrón, supra, pág. 329.

Sin embargo, la prueba testifical del Pueblo fue a los efectos de que el peticionario le expresó al agente Guzmán Muller, en el momento en que éste le entregó copia de la orden, lo siguiente: “Sube que lo que tú vienes a buscar está arriba.” Las manifestaciones del testigo de cargo no fueron contradichas por la defensa, por el contrario, éstas se citan en los propios escritos del peticionario. Mediante estas expresiones dirigidas al agente Guzmán Muller, el acusado peticionario Pérez Narváez consintió voluntaria-mente al registro de su residencia sin que mediase una orden. Aún más, el acusado presenció cuando el policía Guzmán dio inicio al registro en el segundo nivel y no hizo objeción alguna. Dicho agente tuvo que registrar cada una de las tres habitaciones de la vivienda antes de ocupar el paquete que contenía marihuana enviado a través de Federal Express. También se ocupó otro material ilegal: co-caína, marihuana y dinero en efectivo.

Aquí medió, pues, el consentimiento del titular del de-recho a la intimidad. El peticionario válidamente renunció a la protección constitucional y, mediante su consenti-miento expreso, legitimó el allanamiento. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 777 (1982).

Por lo antes expuesto, concurrimos con la opinión de la mayoría en que no procede que se suprima la evidencia incautada por los agentes en la residencia del acusado. La resolución del foro de instancia debe confirmarse.

       Por acuerdo entre la Agencia Federal de Aduana y la Compañía Federal Express, todo paquete que transporte la compañía desde Saint Thomas deberá en-viarse a Memphis como primer puerto de entrada a Estados Unidos.

       Dicha evidencia consistió, además del paquete, de varios decks de cocaína, de veintiunmil dólares ($21,000) de una caja fuerte, y ciento veinticuatro (124) decks de marihuana.

       En cuanto a la facultad de los agentes de Aduana para llevar a cabo registros al correo que viene del exterior, véase United States v. Ramsey, 431 U.S. 606, 616 (1977), donde se expresó:
      “That searches made at the border, pursuant to the longstanding right of the sovereign to protect itself by stopping and examining persons and property crossing into this country, are reasonable simply by virtue of the fact that they occur at the border, should, by now, require no extended demonstration.”

       El ilustrado juez de instancia, al expresar el fundamento de su resolución, dictada en corte abierta, expuso el razonamiento siguiente:
      “El tribunal no tiene dudas de que la policía deseaba entrar a la estructura completa, ni de que el Juez haya autorizado allanar dicha estructura completa. Aquí lo que existe es una situación donde el acusado combina el uso del edifico con su residencia, pero el paquete iba dirigido a una dirección específica y era la de dicha estructura.”
      Es significativo que nada expresó el juez respecto al supuesto consentimiento del acusado para que los agentes registraran aquella parte del edificio que constituía su residencia. La ausencia de indicio alguno al efecto de que el Juez de instancia haya denegado la supresión de la evidencia fundado en la versión del agente Guz-mán Muller sobre este particular, refuerza nuestro convencimiento de no entrar a considerar este aspecto del caso por resultar superfluo.

       El paquete —que contenía alrededor de dos libras de marihuana— iba diri-gido a Century Funeral Home, Calle Loíza #259, Santurce.

       Se presentaron en evidencia dos fotografías con respecto a esto.

       En la vista de supresión de evidencia fue admitido en evidencia el permiso de uso —vencido— expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) de cuyo contenido se desprende que sólo la planta baja de las dos A

       El agente Guzmán admitió que la floristería fue lo último que observó luego de haber registrado toda la residencia. Véase Petición de certiorari, pág. 5.

       Véase Petición de certiorari, pág. 4.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociado Señor Ne-grón García. Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    José Iván Torres et als., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et als., demandados y recurridos.

      Número: RE-91-41

      Resuelto: 8 de junio de 1992

      Miguel A. Montalvo, Miguel Ciar Reyes y Carlos Carrasquillo, abogados del recurrente; Jorge É. Pérez Díaz, Procurador General, y María Adaljisa Dávila, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia presentada a nuestra consideración se reduce a determinar si el requisito de notificación conte-nido en una póliza de seguros del tipo de reclamaciones hechas (claims made) contraviene alguna política del Es-tado y, en específico, el mandato legislativo que exige a los médicos el mantenimiento y la continuidad de una póliza de responsabilidad profesional. Con el fin de llegar a una determinación es necesario aclarar algunos conceptos ge-nerales en el campo del Derecho de Seguros.

I

Mediante sentencia parcial, el tribunal de instancia, Sala de Aguadilla, declaró con lugar la moción de sentencia sumaria presentada por una de las partes demandadas, la Corporación Insular de Seguros, desestimando la reclama-ción en cuanto a esta parte. Al conceder la razón a la refe-rida corporación, el tribunal concluyó que, por ser las póli-zas en controversia del tipo de “reclamaciones hechas” o claims made, constituye un requisito indispensable notifi-car la reclamación a la compañía aseguradora dentro del período de vigencia de la póliza, lo cual no fue hecho en este caso.

Como consecuencia de la mencionada sentencia, recurre ante nos la parte demandante señalando que erró el tribunal de instancia al declarar con lugar la moción de senten-cia sumaria y desestimar la demanda en relación con la Corporación Insular de Seguros. Aduce que el tipo de cu-bierta provisto por esta clase de pólizas atenta contra la política pública del Estado.

Las pólizas de responsabilidad profesional emitidas por la mencionada corporación a favor de los médicos codeman-dados son las siguientes:

“(a) Póliza Núm. PLI 04533, “Claims Made”, expedida a favor del Dr. José R. Rodríguez Rodríguez; con período de vigencia de 8 de noviembre de 1989 y con fecha de retroactividad a 8 de noviembre de 1986; dicha póliza fue cancelada, siendo efectiva dicha cancelación a 6 de marzo de 1989 ....
(b) Póliza Núm. PLI 01881, “Claims Made”, expedida a favor del Dr. Dagoberto Martínez Maldonado; con período de vigencia de 6 de junio de 1988 a 6 de junio de 1989 y con fecha de retroactividad a 6 de junio de 1986; dicha póliza fue cancelada, siendo efectiva dicha cancelación a 5 de julio de 1988 .
. . . . . . . .
(d) Póliza Núm. RES 128389 “Claims Made”, expedida a favor del Dr. Pedro J. Martínez Collazo; con período de vigencia de 5 de agosto de 1987 a 5 de agosto de 1988 y con fecha de retroac-tividad a 5 de agosto de 1986; dicha póliza fue cancelada siendo efectiva dicha cancelación a 11 de marzo de 1987 .... (Enfasis en el original.) Apéndice, págs. 4-5.

Motivó la cancelación de estas pólizas la falta de pago de las primas convenidas.

De la solicitud de revisión presentada por los deman-dantes recurrentes surge que se enmendó por primera vez la demanda presentada originalmente para incluir a la Corporación Insular de Seguros como parte demandada el 30 de septiembre de 1988, es decir, antes del período de vigencia de la Póliza Núm. PLI 04533, expedida a favor del codemandado, Dr. José R. Rodríguez. Sin embargo, esta demanda fue enmendada nuevamente el 1ro de marzo de 1989, ya vigente la póliza. A pesar de la presentación de la demanda original y las dos demandas enmendadas, la mencionada aseguradora fue notificada, por primera vez de dicha reclamación, cuando fue emplazada con copia de la demanda; esto es, ciento cinco (105) días después de la can-celación de la póliza. A la luz de lo anterior, ordenamos a los recurridos a que mostraran causa por la cual no debía revocarse parcialmente la sentencia dictada y disponer la continuación de los procedimientos en contra de la Corpo-ración Insular de Seguros al amparo de la mencionada póliza. La parte recurrida efectivamente ha comparecido, por lo cual nos encontramos en posición de resolver.

II

Una póliza de responsabilidad profesional puede ser, de acuerdo con sus términos, de "ocurrencia" (occurrence policy) o de "descubrimiento" (discovery policy), co-münmente conocida en. inglés como claims made policy. 11 Couch on Insurance 2d (Ed. rev.) Sec. 44:256 (1982). La diferencia entre ambas pólizas estriba en que la primera protege al asegurado de responsabilidad por cualquier acto u omisión negligente incurrido durante el perIodo de vigen-cia de la póliza, independientemente del momento en que se hace la reclamacion; mientras que la ilitima protege al asegurado solo en contra de las reclamaciones hechas y traIdas a la atención de la aseguradora durante dicho pe-rtodo de vigencia. Saavedra v. JoyerIas Gordon, Inc., 120 D.P.R. 360 (1988); 7A Appleman, Insurance Law and Practice Sec. 4503 (1992); St. Paul Fire & Marine Ins. Co. v. Barry, 438 U.S. 531 (1978); Stine v. Continental Cas. Co., 349 N.W.2d 127 (1984); Zuckerman v. National Union Fire Ins. Co., 476 A.2d 820 (1984); Gulf Ins. Co. v. Dolan, Fertig and Curtis, 433 So. 2d 512 (1983); U.S. v. A.C. Strip, 868 F.2d 181 (6to Cir.1989).

Notice within an occurrence policy is not the critical and distinguishing feature of that policy type. Occurrence policies are built around an insurer who is liable for the insured's malpractice, no matter when discovered, so long as the malpractice occurred within the time confines of the policy period. Coverage depends on when the negligent act or omission occurred and not when the claim was asserted. The occurrence insurer, then, is faced with a "tail" that extends beyond the policy period itself. This “tail” is the lapse of time between the date of the error (within the policy period) and the time when a claim is made against the insured. The giving of notice is only a condition of the policy, and in no manner is it an extension of coverage itself. It does not matter when the insurer is notified of the claim by the insured, so long as the notification is within a reasonable time and so long as the negligent act or omission occurred within the policy period itself.
Claims-made policies, likewise, require that notification to the insurer be within a reasonable time. Critically, however, claims-made policies require that that notice be given during the policy period itself. When an insured becomes aware of any event that could result in liability, then it must give notice to the insurer, and that notice must be given “within a reasonable time” or “as soon as practicable” —at all times, however, during the policy period. (Enfasis suprimido.) Gulf Ins. Co. v. Dolan, Fertig and Curtis, supra, pág. 515.

Así, pues, la distinción principal entre la póliza de ocu-rrencia y la póliza claims made consiste en la diferencia entre el riesgo asegurado por una y por la otra.

El riesgo asegurado por la póliza de ocurrencia es el siniestro en sí, esto es, “la manifestación concreta del riesgo asegurado” que produce el daño garantizado por la póliza. Véase Albany Ins. Co. v. Cía Des. Comercial P.R., 125 D.P.R. 421, 429 esc. 3 (1990). Una vez el siniestro tiene lugar, entra en vigor la cubierta provista por tal póliza, aun cuando la reclamación sea hecha después de su período de vigencia. Por el contrario, la notificación de la reclamación a la aseguradora constituye el evento y riesgo asegurados por la póliza de claims made, independientemente de la fecha del siniestro. S. Kroll, The Professional Liability Policy “Claims Made”, 13 (Núm. 3) Forum 842, 843 (1978).

Así pues, la cubierta bajo una póliza tipo claims made depende de que se presente la notificación a la aseguradora dentro del término de vigencia de la póliza o dentro de cualquier otro término que puedan haber convenido las partes después de su expiración.

III

Las pólizas de reclamaciones hechas” o claims made son de origen relativamente reciente y fueron desarrolladas principalmente teniendo en cuenta aquellas situaciones en las cuales es difícil precisar el momento en que ha ocurrido un error, omisión o acto negligente. S. Kroll, “Claims Made” — Industry’s Alternative: “Pay as You Go”, Products Liability Insurance, 637 (Núm. 637) Ins. L.J. 63, 64 (1976). En el caso de una póliza claims-made, la cual tiene como objetivo el asegurar responsabilidad profesional, no tiene gran efecto en la cubierta de la póliza el hecho de que un error u omisión negligente haya podido ser ocultado discretamente o haya podido permanecer latente y sin descubrirse por un largo período de tiempo. Breaux v. St. Paul Fire & Marine Insurance Co., 326 So. 2d 891, 892-893 (1976); J.M. Brown Const. Co. v. D & M Mechanical Constr., Inc., 222 So. 2d 93, 98 (1969); Mut. Fire Marine & Inland Ins. v. Vollmer, 508 A.2d 130, 135 (1986). Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar un diagnóstico incorrecto, un encubrimiento fraudulento por parte de un abogado o el diseño defectuoso de un arquitecto. Mut. Fire Marine & Inland Ins. v. Vollmer, supra, pág. 135. En tales circunstancias, las pólizas de ocurrencia no son efectivas para cubrir los mencionados riesgos debido a la dificultad en establecer la fecha de ocurrencia de los hechos o eventos que dan margen a su reclamación. Stine v. Continental Cas. Co., supra. Como resultado de tal dificultad, las com-pañías aseguradoras se vieron expuestas al riesgo resul-tante de eventos que no podían ser fijados en el tiempo, extendiéndose tal riesgo en muchos casos más allá de la fecha de expiración de la póliza. Esta y otras consideracio-nes tales como la inflación, el aumento en espiral del monto de los veredictos, la adopción y el desarrollo de nue-vos conceptos en el campo de daños y peijuicios a través de legislación y de decisiones judiciales, tuvieron como resul-tado el que se fijaran primas más altas para este tipo de póliza.

Las pólizas claims made fueron diseñadas para contrarrestar este resultado. Bajo ellas, el asegurador está en mejor posición para vislumbrar y asegurar los riesgos, computar las primas y establecer las reservas requeridas con mayor certeza.

La consideración de tales factores descansa en el funda-mento de que su responsabilidad estará limitada a las re-clamaciones que se le notifiquen durante el período de vi-gencia de la póliza para el cual la prima fue computada. Kroll, The Professional Liability Policy “Claims Made”, supra, pág. 848. Esta limitación le permite al asegurador es-timar con más precisión las primas necesarias a los fines de acomodar los riesgos asumidos. Id., pág. 849. Ello es así porque al limitar el asegurador la duración del término al cual estará expuesto, tendrá disponible un conjunto de da-tos actuariales más precisos, lo cual le permite cobrar una prima más baja que aquella que tendría que cobrar para una póliza de ocurrencia. Stine v. Continental Cas. Co., supra, pág. 131.

Por otro lado, la póliza claims made ofrece al asegurado la oportunidad de obtener una cubierta para eventos que puedan haber tenido lugar durante un período anterior al comienzo de la póliza. Esta otra ventaja no la tiene un asegurado bajo una póliza de ocurrencia.

Como consecuencia de las ventajas reseñadas anterior-mente y debido a las peculiares características de las póli-zas claims made, generalmente se ha sostenido su validez por distintas razones de utilidad y orden público.

“Claims made” or “discovery” policies beneficially permit insurers to more accurately predict the limits of their exposure and the premium needed to accommodate the risk undertaken, with countervailing benefits to insureds in premiums lower than would be necessary for ‘occurrence’ policies. Thus, courts have held that they are valid and not against public policy.” Appleman, supra, Sec. 4504.1, pág. 98.

En el citado caso Stine v. Continental Cas. Co., supra, pág. 138, al confrontarse con un ataque similar al que se hace a la póliza en este caso, el Tribunal Supremo de Michigan se expresó del modo siguiente:

It is urged that the absence of “prior acts” or “retroactive” coverage and the absence of post-policy peril or “long tail” coverage is a violation of public policy because the insurance policy “denied [plaintiff] the primary benefit of a ‘claims made’ policy”, was contrary to his “reasonable expectation” as to coverage, and thus rendered the insurance policy “worthless”.
. . . . . . . .
The defendant sold and the plaintiff purchased a “claims made” policy. By definition, as well as by its plain terms, such a policy does not provide coverage for claims brought after the expiration of the policy period. If such coverage is desired, one must purchase, if available, an “ocurrrence” type policy or continue to renew a “claims made”policy. (Énfasis suplido.) Stine v. Continental Cas. Co., supra, pág. 138.

De lo anterior se deduce que la protección de responsabilidad profesional provista bajo una póliza claims made necesariamente conlleva la renovación de la póliza por todo el tiempo que el asegurado se dedica a la práctica de su profesión. Tal necesidad de continuidad, lejos de desvirtuar la política enmarcada en el Capítulo 41 del Có-digo de Seguros de Puerto Rico, añadido a dicho código por la Ley Núm. 4 de 30 de diciembre de 1986 (26 L.P.R.A. sees. 4101-4107), la favorece. El capítulo exige, entre otras cosas —como alternativa al requisito de radicar anual-mente prueba de la responsabilidad financiera del médico exigido por el Art. 41.050 (26 L.P.R.A. see. 4105)— la ob-tención de una póliza anual de responsabilidad por impe-ricia médica con los límites allí dispuestos.

Véanse, además: Joseph R. Loring & Assoc. v. Continental, 438 N.E.2d 875 (1982); Gereboff v. Home Indemnity Co., 383 A.2d 1024 (1978); Zuckerman v. National Union Fire Ins. Co., supra; Gulf Ins. Co. v. Dolan, Fertig and Curtis, supra; Poirier v. National Union Fire Ins. Co., 517 So. 2d 225 (1987).

IV

La cláusula de cubierta en el caso de autos lee como sigue:

I. COVERAGE AGREEMENTS

The Company will pay on behalf of the insured:

COVERAGE M-INDIVIDUAL PROFESSIONAL LIABILITY

All sums which the insured shall be legally obligated to pay as damages because of injury to which this insurance applies caused by a medical incident occuring subsequent to the retroactive date, for which claim is first made against the insured and reported to the company during the policy period, arising out of the practice of the insured’s profession as a physician, surgeon or dentist. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 35.

Además, en su parte pertinente, el párrafo VIII de la póliza dispone lo siguiente:

VIII. EXTENDED REPORTING PERIODS

(a) The company will provide one or more Extended Reporting Periods, as described below, if:
1. This insurance is cancelled or not renewed; or
2. The company renews or replaces this insurance with an insurance that does not apply to injury caused by a medical incident on a claims-made basis.
(b) A Basic Extended Reporting Period is automatically provided without additional charge. This period starts with the end of the policy period and lasts for:
1. Five years for claims arising out of an event reported to the company, not later than 60 days after the end of the policy period, in accordance with the first paragraph of the amended condition entitled “assistance and cooperation of insured”.
2. Sixty days for all other claims. Apéndice, pág. 40.

Estas cláusulas resultan claras y libres de toda ambigüedad. A tenor con ellas no basta con que se presente judicialmente una demanda en contra del asegurado o su aseguradora durante el término de vigencia de la póliza. Es preciso, además, que la reclamación contenida en la de-manda haya sido notificada a la aseguradora durante el término de vigencia de la póliza o dentro del período adi-cional de sesenta (60) días provisto por la cláusula de ex-tensión antes transcrita. Véanse: Poirier v. National Union Fire Ins. Co., supra; U. S. v. A.C. Strip, supra; National Union Fire Ins. Co. v. Talcott, 931 F.2d 166 (ler Cir. 1991); McFarland v. Sauvinet, 525 So. 2d 686 (1988); Zuckerman v. National Union Fire Ins. Co., supra; Gulf Ins. Co. v. Dolan, Fertig and Curtis, supra; Esmailzadeh v. Johnson & Speakman, 869 F.2d 422 (8vo Cir. 1989).

Un contrato de seguros, al igual que todo otro contrato, constituye la ley entre las partes siempre que en él concurran las condiciones esenciales para su validez. Art. 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3451. Ambas partes, asegurador y asegurado, se obligan, pues, a cumplir con los términos y las condiciones de la póliza. Couch, supra, Vol. 1, Sec. 1:2. En los casos en que el lenguaje de la póliza sea claro y sin ambigüedades no será de aplicación a ellos la regla de interpretación contenida en el Art. 1240 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3478, por lo que las partes deberán atenerse a sus cláusulas, dándoles efectividad y vigor de la forma en que lo manifestaron al momento de contratar. La norma que rige en nuestra jurisdicción de que los contratos de seguro, por ser de adhesión, deben ser interpretados liberalmente a favor del asegurado, no tiene el efecto de obligar a que se interprete a favor de éste una cláusula que claramente y sin ambigüedad le da la razón al asegurador en la contro-versia que se suscite entre ambos. González v. Coop. Seguros de Vida de P.R., 117 D.P.R. 659 (1986); Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1977).

A la luz de los principios expuestos anteriormente es forzoso concluir que las pólizas claims made no constituyen una violación de política pública alguna y que el requisito de notificación de la reclamación dentro del término de vi-gencia de tales pólizas o dentro de la extensión del término para notificar, pactado en éstas, es parte integral del riesgo previsto y asumido por la aseguradora. Por lo tanto, si no se cumple con dicho requisito no surge el evento asegurado y, por consiguiente, la compañía aseguradora no tiene obli-gación alguna de proveer cubierta. Stine v. Continental Cas. Co., supra, pág. 135.

A tenor con la anterior conclusión, resolvemos que la mera presentación de la demanda en este caso dentro del término de vigencia de la póliza, sin que en forma alguna se hubiera dado conocimiento de tal reclamación a la recu-rrida Corporación Insular de Seguros dentro del mencio-nado término o dentro de su extensión, privó de cubierta al asegurado.

Se expide el auto de revisión solicitado y se dictará sen-tencia que confirme la sentencia parcial recurrida dictada por la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior de Puerto Rico en el Caso TS-88-52, el 12 de diciembre de 1990.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López emitieron unas opiniones disidentes.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Ne-grón García.

I

Tres (3) razones nos impiden refrendar la opinión del Tribunal. Primero, “la extraordinaria importancia y el pa-pel evidente social de que participa el seguro de responsa-bilidad civil. Tanto para la víctima, por las razones expues-tas de la seguridad que tiene en su indemnización, caso de que a ello tenga derecho, como desde el punto de vista del asegurado, hoy verdaderamente necesitado, de este seguro por estar expuestos, por sus actividades o profesión a cau-sar a otros daños que gravarían extraordinariamente su patrimonio, conducen a afirmar la gran importancia que en la vida moderna tiene el seguro de responsabilidad civil”. L. Benitez de Lugo Reymundo, El Riesgo Jurídico, Madrid, Viuda Galo Sáez, 1961, págs. 32-33. Segundo, el “interés público del cual está revestido el seguro de responsabilidad médico-hospitalaria” en Puerto Rico. Art. 41.070 (enmen-datorio del Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 30 de diciembre de 1986 (26 L.P.R.A. sec. 4107)). Y ter-cero, la obligación legal, impuesta a todo médico e institu-ción dedicada al cuidado de la salud, de mantener un se-guro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (malpractice). Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4105.

II

Los seguros, como contratos, no pueden ser contrarios a la ley ni al orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3372. La glosa los agrupa den-tro de los contratos cuyos contornos son limitados en fun-ción al llamado “Derecho Social”, en que se reduce al mí-nimo el principio de la autonomía de la voluntad. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 15ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1988, T. III, pág. 467. Son producto de un pensamiento evolutivo que pone énfasis en la visión de que toda relación contractual no sólo es un medio de realización individual, sino cauce que propugna un interés social. “[Rlepresenta el interés público, social y de ley en el Derecho privado, lo permanente y esencial de las institu-ciones, lo que aun favoreciendo a algún individuo en quien se concrete el derecho, no puede quedar a su arbitrio.” J.M. Manresa y Navarro, Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1977, T. VIII, Vol. 2, pág. 381; E. Linde Paniagua, Derecho Público del Seguro, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, págs. 27-28.

Por esa razón, tradicionalmente, los contratos de segu-ros —que son de adhesión— han sido objeto de cuidadoso escrutinio judicial; cualesquiera dudas se interpretan a favor del asegurado con el objetivo de, por vía de una inter-pretación razonable, sostener la cubierta. González v. Coop. Seguros de Vida de P.R., 117 D.P.R. 659, 662 (1986); Roldán Medina v. Serra, 105 D.P.R. 507, 514 (1976); Ferrer v. Lebrón García, 103 D.P.R. 600, 603 (1975); Rivera v. Insurance Co. ofP.R., 103 D.P.R. 91, 93 (1974); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759, 765 (1968); Pérez Escolar v. Collado, 90 D.P.R. 806, 811 (1964); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227, 232-233 (1963); Maryland Cas’y Co. v. San Juan Rac’g Assoc., Inc., 83 D.P.R. 559, 565-566 (1961).

Ese escrutinio se inspira en que los tribunales tenemos la responsabilidad singular de velar que estos contratos de adhesión (seguros) no violen el interés público, mercadeán-dose pólizas que provean cubiertas inadecuadas o que atenten contra la realidad y la dinámica social y económica de nuestra sociedad.

El alto interés público de que están revestidos los segu-ros compulsorios de responsabilidad médico-hospitalarios opera como una limitación: la cubierta tiene que ajustarse a las leyes y al interés público. Brown-Spaulding v. Intern. Surplus Lines, 254 Cal. Rptr. 192, 194 (1988). Exploremos específicamente esta dimensión en el caso de autos.

III

Las pólizas de responsabilidad profesional pueden ser de ocurrencia (ocurrence policy) o, como la de autos, de re-clamaciones hechas (claims made). 11 Couch on Insurance 2d {Ed. rev.) Sec. 44.256 (1982). Estas últimas general-mente aseguran reclamaciones hechas y notificadas du-rante el período de vigencia de la póliza, independiente-mente de la fecha en que ocurrió el evento que genera la reclamación. Este tipo de póliza ha sido válidada, pues la mayoría de los tribunales norteamericanos ha reconocido su utilidad social. Sin embargo, requerir que la reclama-ción sea notificada al asegurador durante el período de cu-bierta o dentro del brevísimo término de gracia de sesenta (60) días, presenta serias interrogantes en cuanto a la efec-tividad de esa limitación sobre el interés público (médicos y perjudicados).

El requisito de notificación de la póliza de reclamación hecha (claim, made) limita excesivamente la extensión de la cubierta médica. Las expectativas objetivas y razonables del médico adquirente y perjudicado del seguro se desva-necen cuando le presenten reclamaciones poco antes de la fecha de su expiración, y por esa razón no pueda notificar-las al asegurador hasta después de su vencimiento o el de los sesenta (60) días de gracia.

Este tipo de póliza desvirtúa además la exigencia de continuidad de póliza compulsoria médica. El médico que al año cambie de asegurador, podría encontrarse en la in-deseable y peligrosa posición de no estar cubierto por nin-guna; resultado de la interpretación de que la notificación debe ser hecha inflexiblemente dentro del período de vigen-cia o de gracia de la póliza. Tal sería la situación en una reclamación nacida por hechos acaecidos en los últimos días de su vigencia, notificada después de comenzada la cubierta de la segunda; ninguna proveería cubierta. La pri-mera, porque la notificación no fue durante su vigencia o período de gracia, y la segunda, pues fue hecha antes de su vigencia. Bajo cualquiera de las pólizas, el efecto del requi-sito de notificación anula la cubierta.

Distinto a otras jurisdicciones, en Puerto Rico el requi-sito de notificación absoluta dentro del término de la póliza o el breve de sesenta (60) días, incide más allá de lo permi-sible sobre la libertad de contratar del médico.

IV

Pero hay más. La interpretación mayoritaria no sólo viola las legítimas consideraciones de interés público, sino que es contraria a las propias restricciones de la ley que crea el seguro para todo profesional e institución dedicada al cuidado de la salud. Nos explicamos.

El Art. 41.040(6) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4104(6), en lo pertinente, impone a las ase-guradoras que operen en el mercado libre de competencia y al Sindicato de Aseguradores proveer “a los solicitantes cualificados seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria en un formulario de póliza uniforme para to-dos los profesionales de servicios de salud a instituciones del cuidado de salud. Dicho formulario de póliza uniforme cumplirá con los requisitos exigidos en las secs. 1101 a 1137 de este título (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. see. 4104(6). A su vez, el Art. 11.190 (26 L.P.R.A. see. 1119) pro-híbe toda condición, estipulación o acuerdo “[p]ara limitar el derecho de entablar acción contra el asegurador a un período menor de un año desde la fecha en que surja causa de acción en relación con todo seguro que no sea seguro de propiedad, seguro contra siniestros marítimos y seguro de transporte; en las pólizas de seguro de propiedad, contra siniestros marítimos y de transporte, tal derecho no podrá limitarse a un período menor de un año desde la fecha en que ocurra el suceso que resulte en la pérdida.” (Énfasis suplido.)

El mandato legislativo, compatible con la protección que genera el seguro compulsorio es claro: no puede limitarse el período de un (1) año para demandar al asegurador. Esa cláusula es nula. No podría ser de otro modo, pues se anu-laría todo el esfuerzo legislativo y la doctrina jurisprudencial. Los autos originales revelan incidentes re-lacionados con la negativa de las autoridades médicas a darles a los demandantes Torres et al. acceso a los récord médicos. Sólo después de la intervención del foro de instan-cia se logró conocer los nombres de los galenos involucrados.

Por tal razón, coincidimos, pues, con el planteamiento central de los recurrentes José Iván Torres et al. de que la cláusula de reclamaciones hechas (claims made) en las tres (3) pólizas en controversia son contrarias a la ley y al orden público. La dificultad de acceso a los récord y nombres de médicos contribuye a agravar más la situación. De hecho, anula el mandato legislativo que exige el mantenimiento y la continuidad de una póliza compulsoria de responsabili-dad médica. Además, atenta contra “la realidad y dinámica humanas de que médicamente habrá ocasiones en que el acto u omisión negligente genera un daño en forma simul-tánea o coetánea; y que, en otros, el daño sobreviene y se manifiesta con posterioridad”. Rodríguez v. Barreto, 113 D.P.R. 541, 548 (1984), opinión disidente.

Ante estas realidades, ¿puede seriamente sostenerse que este tipo de póliza no afecta el interés público? ¿No es este caso un buen ejemplo? Inventario final de esa erosión: médicos y pacientes salen perjudicados. No deberíamos extender los secretos de las salas de los quirófanos a las salas de justicia.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

No obstante ser del criterio que las pólizas de seguro del tipo de “reclamaciones hechas” (claims made), interpreta-das correctamente, no contravienen política pública alguna del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disentimos por razón de entender que el Tribunal, al hacer caso omiso de varios estatutos vigentes en nuestro ordenamiento y erró-neamente interpretar la doctrina y jurisprudencia relativa al referido tipo de póliza de seguro, establece una norma de derecho equivocada que causa, naturalmente, que se llegue a un resultado erróneo en el caso específico ante nuestra consideración.

Lo verdaderamente lamentable, sin embargo, resulta ser el establecimiento en nuestra jurisdicción —en el im-portante campo de las pólizas de seguro relativas a las ac-ciones sobre “mala práctica” de la medicina— de una norma jurisprudencial que es nociva y perjudicial tanto para los médicos asegurados como para los pacientes de dichos profesionales de la salud; esto es, a quien única y erróneamente favorece la decisión mayoritaria hoy emitida es a las compañías de seguro.

I

En el presente caso, la demanda por alegada impericia médica fue radicada contra el médico codemandado y su compañía aseguradora, la Corporación Insular de Seguros, dentro del período de vigencia de la póliza que ésta había expedido a favor del referido facultativo médico. Dicha compañía de seguros fue emplazada, sin embargo, fuera del término de vigencia de la póliza expedida por ella.

A base de ello, el Tribunal resuelve que la póliza expe-dida por Corporación Insular de Seguros no cubre la recla-mación de la parte demandante por cuanto, conforme ex-presa el Tribunal, “no basta con que se presente judicialmente una demanda en contra del asegurado o su aseguradora durante el término de vigencia de la póliza. Es preciso, además, que la reclamación contenida en la de-manda haya sido notificada a la aseguradora durante el término de vigencia de la póliza o dentro el período adicio-nal de sesenta (60) días provisto por la cláusula de exten-sión antes transcrita”. Opinión mayoritaria, pág. 651.

¿.Qué significa ello? ¿Qué consecuencias tendrá dicha errónea conclusión mayoritaria en el campo de la litigación de daños y perjuicios, en específico, en relación con las ac-ciones por alegada mala práctica de la medicinal Veamos.

El paciente de un médico, de ordinario, no sabe si el médico —ante el cual acude en busca de alivio para la afec-ción que le aqueja— está o no asegurado. De saberlo, por haber extrañamente inquirido respecto a ello, no conoce el nombre específico de la compañía que asegura a dicho médico. Es debido precisamente a ello que, en un gran nú-mero de casos, la demanda que se radica identifica, e in-cluye, a la compañía aseguradora del médico como un “de-mandado desconocido” y que dicha compañía es incluida en el pleito por su nombre verdadero y específico, mediante enmienda a esos efectos, únicamente luego de que se lleva a cabo el descubrimiento de prueba.

Hasta el día de hoy, todo lo que este Tribunal le había requerido al ciudadano, alegadamente perjudicado por un acto de mala práctica de la medicina, era que radicara la demanda dentro del término de un (1) año de haber tenido conocimiento del daño sufrido o antes que transcurriera el término de un (1) año desde que interrumpió el referido período prescriptivo mediante una reclamación extrajudicial. Véanse: Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5298; Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762, 775 (1987); Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990); Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992).

De hoy en adelante, la situación ha cambiado de forma dramática. El ciudadano afectado por un alegado acto de mala práctica de la medicina deberá, en adición a lo ante-riormente expresado, conocer si el médico que alegada-mente causó el daño sufrido por él está o no asegurado; cuál es la compañía de seguros específica que expidió la póliza; si dicha póliza es una de ocurrence o de claims made; y, finalmente, el período de vigencia de dicha póliza. Todo ello con el propósito de poder notificar y emplazar a la compañía de seguros dentro del término de vigencia de la póliza so pena de perder la acción contra la compañía de seguros.

La posición hoy asumida por el Tribunal atenta contra, o violenta, varias normas estatutarias y principios firme-mente establecidos en nuestra jurisdicción en materia de daños y perjuicios.

En relación con el término de un (1) año que establece el citado Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, ante, rei-teradamente hemos resuelto que la mera radicación de la demanda interrumpe el referido término prescriptivo, esto es, que no se requiere que se emplace al demandado dentro del mencionado término de un (1) año. Véanse: Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655 (1966); Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623 (1982); Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 D.P.R. 550 (1987); Cintrón v. E.L.A., ante. Por otro lado, no debe perderse de vista que, conforme es-tablece el Art. 1874 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5304, la radicación de la demanda contra un demandado en particular interrumpe dicho término de prescripción en relación con cualquier otra persona que sea solidariamente responsable del daño causado. García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701 (1987). Una com-pañía de seguros, como es sabido, responde de manera so-lidaria por los actos de negligencia que cometa su asegurado. De hecho, y como todos conocemos, en nuestra jurisdicción existe la acción directa contra la compañía de seguros. Véanse: Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 2003; Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868 (1965).

Siendo ello así y exigiéndole nuestro ordenamiento a un ciudadano, que se ve afectado por un alegado acto de mala práctica de la medicina, únicamente que radique su acción dentro de un determinado período prescriptivo y conce-diéndole el ordenamiento a ese ciudadano, inclusive, el de-recho a radicar una acción directa contra el asegurador, ¿puede oponérsele con éxito a ese “tercero” perjudicado las cláusulas de un contrato entre dos partes privadas? Esta-mos conscientes del hecho que las compañías de seguro responden, de ordinario, conforme a los términos y condi-ciones de la póliza que expiden. Pero, cabe preguntarse, ¿puede una cláusula de un contrato celebrado entre dos partes privadas variar las disposiciones, y mandatos, de estatutos que forman parte de nuestro ordenamiento jurí-dico?

A nuestra manera de ver las cosas, si la fecha en que se radica la acción en corte contra el médico y ¡o su compañía de seguros está comprendida dentro del período de vigencia de la póliza de “claims made” expedida, la compañía de seguros tiene que brindar cubierta, independientemente del hecho de que ésta fuera notificada o emplazada fuera del término de vigencia. En otras palabras, la fecha impor-tante y determinante es la fecha de la radicación de la demanda, la cual constituye aviso jurídico, suficiente y constatable, a todas las partes envueltas del ejercicio de la acción por parte del demandante.

Así lo hemos resuelto en relación con el término pres-criptivo de un (1) año que rige la acción de daños y perjuicios. Feliciano v. A.A.A., ante. Igual razonamiento debe ser aplicado, por analogía y por imperativo de ley, al término de vigencia contenido en la póliza de seguro cono-cida como claims made.

La posición asumida por el Tribunal en el día de hoy es insostenible. La propia jurisprudencia que se cita en la opi-nión mayoritaria sostiene nuestra posición. Como habrá podido notarse, a la página número 649 de la misma, se cita el caso de Stine v. Continental Cas. Co., 349 N.W.2d 127 (1984). En el mismo se expresó, en lo pertinente, que:

The defendant sold and the plaintiff purchased a “claims made” policy. By definition, as well as by its plain terms, such a policy does not provide coverage for claims brought after the expiration of the policy period. If such coverage is desired, one must purchase, if available, an “ocurrence” type policy or continue to renew a “claims made” policy. (Enfasis suplido.) Stine v. Continental Cas. Co., ante, pág. 138.

Como podemos notar, se expresa en dicha decisión que las pólizas del tipo claims made no brindan cubierta a “re-clamaciones (claims) hechas después de la fecha de expira-ción del período de vigencia”. (Traducción nuestra.) No se habla ni se exige que se le dé notificación a la compañía aseguradora dentro, o fuera, del referido período. Se exige que la reclamación —ya sea judicial o extrajudicial— se haga dentro del período de vigencia. A esos efectos, la radi-cación formal de una demanda ante un foro judicial dentro del período de vigencia de la póliza tiene que necesaria-mente ser suficiente.

En resumen, las pólizas de seguro del tipo claims made, de por sí, no violan política pública alguna. La interpreta-ción errónea que en relación con dicho tipo de póliza hace el Tribunal es la que resulta ser violatoria de política pública; ello por razón de que la misma coarta y restringe unos de-rechos que le concede nuestro ordenamiento jurídico a los ciudadanos de este País.

II

La decisión hoy emitida no sólo afecta a los ciudadanos reclamantes, sino que a los médicos asegurados, por cuanto deja a estos últimos sin la cubierta de una póliza por la cual pagaron una prima. Unicamente favorece, repetimos, a los compañías de seguro. Dicha decisión mayoritaria, inclusive, es contraria a la reiterada norma a los efectos de que los contratos de seguros "deben ser generalmente en-tendidos en su más corriente y usual significado, sin aten-der demasiado al rigor gramatical, sino al uso general y popular de las voces. El asegurado que adquiere una póliza tiene derecho a confiar en la cubierta que se le ofrece le-yendo sus cláusulas a la luz del sentido popular de sus palabras”. Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701, 706 (1981). Además, que como contratos de adhesión, cual-quier ambigüedad en la interpretación de éstos debe resol-verse a favor del asegurado. Véanse: Morales Garay v. Roldán Coss, ante; The London Assurance v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 305 (1967); Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 D.P.R. 105 (1988), entre otros.

       El juez de instancia determinó que la Corporación Insular de Seguros fue notificada con copia del emplazamiento y de la demanda el 19 de junio de 1989. Todas las pólizas emitidas en el presente caso fueron canceladas antes de la referida fecha, por lo tanto, según el tribunal, no existe cubierta bajo ninguna de las pólizas concernidas.

       Según se desprende de la sentencia dictada por el juez de instancia, Hon. Antonio R. Barceló.

       En Albany Ins. Co. v. Cía Des. Comercial P.R., 125 D.P.R. 421 (1990), tradu-jimos del idioma ingles al vernáculo el vocablo occurrence como "siniestro". Ala vez, definimos dicho concepto como" `la manifestación concrete del riesgo asegurado, que produce imos daños garantizados en la póliza hasta determinada cuantIa' ". Id., pág. 427. A los fines de Ia discusión del problema en este caso, utilizaremos la palabra "ocurrencia" como traducción de occurrence al denominar tal tipo de pólizas, por razón de que asi es que comñnmente se les denomina en el campo de seguros en Puerto Rico.

       Reconocemos que puede haber situaciones en que la reclamación haya sido hecha en contra del asegurado o que se haya presentado una demanda en contra de la aseguradora dentro del término de vigencia de la póliza y que no haya sido razo-nablemente posible notificar, en uno u otro caso, a la aseguradora dentro de dicho término o dentro de la extensión pactada después de la expiración de la póliza. En estas situaciones habría que examinar las circunstancias presentes para determinar si tal falta de notificación constituye o no una exoneración de la aseguradora. Sin embargo, nada se ha invocado o demostrado en este caso que justifique tal ausencia de notificación.

       El Art. 41.040(6) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4104(6), exige a los aseguradores del riesgo de impericia médica que la póliza “ga-rantice el derecho del asegurado a que se le emita una cubierta de cola por un término indefinido en caso de que termine su cubierta por retiro o separación volun-taria o involuntaria de la profesión ...”.

       “La interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá favo-recer a la parte que hubiese ocasionado la obscuridad.” 31 L.P.R.A. see. 3478.