text:
    Eloy Vera (Operador) y Louis H. Lebrón (Propietario), querellados y peticionarios, v. John P. Pavesi y Señora de John Pavesi, querellantes y recurridos.

      Número: O-84-654

      Resuelto: 10 de enero de 1985

      Miguel Colón Hernández, abogado de los peticionarios; René Maldonado Villaronga, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos que dan lugar al presente recurso, en lo 'perti-nente a la cuestión legal en controversia, () se refieren a una querella que radicara ante la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico un matrimonio que se encontraba de vacaciones en Puerto Rico, referente la misma a un accidente de automó-viles en que se vieron envueltos mientras transitaban como pasajeros en un vehículo de alquiler (taxi), mediante la cual reclaman —del operador del vehículo y el dueño del mismo— los daños y perjuicios sufridos por ellos como consecuencia del accidente. ()

Contestada la querella e impugnada la jurisdicción de la Comisión para entender en la materia objeto de la misma, la referida Comisión originalmente se declaró sin jurisdicción. () Solicitada la reconsideración por la parte querellante, la Co-misión —expresando que “nos persuade el argumento de la parte Querellante a los efectos de que existe la relación de usuario y empresa de servicio público”— reconsideró el dic-tamen que había emitido y señaló el caso para audiencia pú-blica. () La parte querellada acudió, en revisión, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico. Dicho foro —citando con apro-bación a la Comisión a los efectos de que el accidente “ocu-rrió dentro de la relación de usuario y empresa de servicio público”— resolvió que “es evidente que el foro apropiado para resolver la controversia es la Comisión de Servicio Público”. ()

Inconforme, la parte querellada peticionaria acudió ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente re-curso de certiorari. Concedimos término, mediante resolución de fecha 18 de octubre de 1984, a la parte querellante recu-rrida para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía revocar la sentencia dictada por el foro de instancia por el fundamento de que la referida Comisión “no tiene juris-dicción sobre la materia objeto de la querella radicada por la parte recurrida...”. Ha comparecido. Resolvemos.

La parte querellante recurrida sostiene que la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico sobre la materia objeto de la querella presentada emana de las disposi-ciones del Art. 20 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962 () —Ley de Servicio Público— el cual, en lo pertinente, dispone:

Art. 20. —Determinación de Daños Causados
(a) Cuando la Comisión, luego de celebrada audiencia de-terminare que cualquiera tarifa cobrada, acto realizado u omitido, o 'práctica puesta en vigor ha infringido cualquier orden, fuere injusta o irrazonable, estableciere diferencias o preferencias injustificadas o indebidas o que la tarifa co- brada excede la radicada, publicada y vigente a la fecha en que se prestó el servicio, podrá ordenar a la compañía de ser-vicio público o porteador por contrato que pague al perjudi-cado, dentro del tiempo razonable que se especifique, el im-porte de los daños y perjuicios sufridos como resultado de la tarifa, acto, omisión o práctica injusta, irrazonable o ilegal. La orden que a ese efecto se expida contendrá conclusiones de hechos y la cuantía que ha de pagarse. (Énfasis nuestro.)

Expresa la parte recurrida que se trata del caso “de un pasajero que usa los servicios de taxi cuyo operador no evita un accidente y sí causa éste contra un vehículo privado”. (Én-fasis suplido.) Argumenta que la Comisión de Servicio Pú-blico, a base de las disposiciones del citado Art. 20, tiene jurisdicción en el presente caso por cuanto se trata de daños y perjuicios causados a los pasajeros “por actos u omisiones” del operador de un taxi en servicio. No le asiste la razón.

Somos del criterio que dicho precepto legal faculta a la Comisión de Servicio Público a conceder indemnización monetaria a un usuario de una compañía de servicio público, o porteador por contrato, únicamente en aquellos casos en que éste se ve afectado o sufre daños: 1— al ser “víctima” de una tarifa, práctica puesta en vigor, acto, u omisión que (a) infrinja cualquier orden de la Comisión, o (ó) resulta injusta o irrazonable, o (c) establece diferencias o preferencias injustificadas o indebidas, () y 2— cuando le es cobrada una tarifa que excede la radicada, publicada y vigente a la fecha en que se prestó el servicio.

El fundamento legal para concederle jurisdicción a la Co-misión de Servicio Público en las antes mencionadas situa-ciones es obvio: la determinación que dicha Comisión tiene que hacer respecto a si la compañía de servicio público, o el por-teador por contrato, incurrió o no en una de las “infracciones” que contempla el citado estatuto conlleva por necesidad la utilización de la experiencia administrativa (expertise) que ha adquirido a través de loá años dicho foro administrativo en esta clase de casos, la cual como sabemos, le merece gran de-ferencia a los tribunales al éstos revisar la actuación adminis-trativa. M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984).

A nuestro entender, sin embargo, el citado Art. 20 no faculta a la Comisión de Servicio Público a intervenir en casos como el presente; el mismo conlleva el dirimir unos hechos en controversia —donde, en adición a la relación de usuario y empresa pública, están envueltos los derechos, y posible responsabilidad, de terceros()— y la concesión de indemnizaciones monetarias, desde un punto de vista estrictamente de derecho civil, donde no se requiere ninguna clase de expertise administrativo, para lo cual están obviamente mejor facultados los tribunales de justicia. ()

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el presente caso.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1)Si la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico tiene o no juris-dicción sobre la querella radicada ante dicho organismo administrativo.

      (2)Se reclaman en total daños ascendentes a $60,000.

      (3) Mediante “resolución y orden” de fecha 5 de junio de 1981.

      (4) Mediante “resolución y orden” de fecha 9 de noviembre de 1981.

      (5) Mediante sentencia de fecha 24 de agosto de 1984, Hon. Ángel G. Hermida, Juez.

      (6)27 L.P.R.A. see. 1107.

      (7) Véase Rovira Palés v. P.R. Telephone Co., 96 D.P.R. 47 (1968).

      (8)E1 otro conductor envuelto en el accidente y/o sus pasajeros.

      (9)La propia Comisión de Servicio Público así lo ha reconocido. Así se puede inferir de las disposiciones del Art. 6 del “Reglamento para Taxis” —de fecha 14 de febrero de 1957— el cual establece que:

        Seguro contra accidentes

      “(a) Toda empresa deberá prestar una fianza mediante hipoteca in-mueble o póliza de seguro con una compañía de seguros legalmente autori-zada para hacer negocios en Puerto Rico, por una cantidad cuyo mínimo fijará la Comisión por cada vehículo, y que responderá de la indemnización a que tenga derecho cualquier persona que sufra lesiones, daños o perjuicios en cualquier accidente debido al uso o manejo descuidado o negligente o a defectos del taxi.
      “(e) En caso de que la Comisión revoque la licencia de taxi, la fianza continuará en toda su fuerza y vigor hasta que los tribunales resuelvan las reclamaciones que se hayan incoado por hechos ocurridos antes de dicha revocación.” (Énfasis suplido.) 27 R.&R.P.R. sec. 72-406.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Francisco Andrés Ramos Acosta y Otros, demandantes y recurridos, v. Caparra Dairy, Inc., Milk Product (Caparra) Inc., etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-84-69

      Resuelto: 14 de enero de 1985

      José A. Rivera Mercado, abogado de los recurrentes; Rodolfo Gluck, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Este caso es secuela de Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982). Allí resolvimos que la muerte del menor Francisco Ramos Jiménez fue producto de la negligen-cia combinada de la demandada, Caparra Dairy, y de su madre, la codemandante Sonia Jiménez Colón, en setenta y treinta por ciento (70% y 30%), respectivamente. En cumplimiento del mandato la sala de origen adjudicó los daños. Dicho foro evaluó en $50,000 los del padre y en $75,000 los de la madre. Finalmente concedió a sus hermanos menores Francisco y Verónica las cantidades de $10,000 y $5,000, respectivamente.

Caparra Dairy consignó estas sumas, excepto la correspon-diente a la señora Jiménez Colón, a quien sólo le satisfizo $34,171.04, que incluye intereses. Alegó que ese era el límite total de su responsabilidad hacia ella, quien era responsable en un treinta (30%) por ciento. Argumentó que al pagar la totalidad de la deuda a los demás codemandantes nació una acción de nivelación ascendente a la cantidad de $20,430.90, representativa de lo que la señora Jiménez Colón le correspon-día pagar a éstos.

El Tribunal Superior, Sala de Carolina, rechazó esa con-tención. Resolvió que tal retención no procedía pues Caparra Dairy no había formulado una reconvención contra la señora Jiménez Colón. Entendió que ello era el mecanismo adecuado para hacer valer su alegado derecho de crédito. En adición determinó que la acción estaba prescrita por no haber sido pre-sentada dentro del período estatutario de un año a partir de la fecha en que el deudor solidario fue emplazado.

A petición de Caparra Dairy revisamos.

HH

Nuestra decisión que distribuye la negligencia lleva in-mersa la premisa lógica de que existieron dos cocausantes que produjeron el daño.

Aunque frente al tercero perjudicado los cocausantes son solidariamente responsables, la determinación judicial de negligencia atribuible a uno de los cocausantes tiene como objetivo principal que ése únicamente responda por el monto de su responsabilidad en el daño causado. Según el Art. 1802 del Código Civil, 33 L.P.R.A. see. 5141, no debe imponérsele obligación por los daños en exceso del grado de su culpa cuando la misma ha sido compartida con otra persona y así se ha adjudicado.

Este principio de responsabilidad según el grado de negligencia de un cocausante, a menudo se confunde con el de responsabilidad como deudor solidario. Son principios diferentes y debemos distinguirlos. La solidaridad se define como “[l]a pluralidad subjetiva ... en vez de producir la división de la relación obligatoria en créditos o deudas separados, per-mite por el contrario a uno solo de los acreedores exigir el total importe del crédito, y obliga a cada uno de los deudores a pagar la totalidad de la deuda”. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1961, Vol. III, págs. 121-122. Esta relación obligacional es la que liga a los cocausantes de un daño ante el perjudicado. Su razón de ser y aplicación se expone así:

En primer término es preciso tener presente que el daño no se habría producido sin el concurso culpable de todos los responsables. Si uno de ellos no ha concurrido con su acción u omisión, de más está decir que nada tendrá que ver con el suceso. Este ha sido la consecuencia de la actividad conjunta de todos los obligados al resarcimiento, y si la lesión ha na-cido de la reunión de actos positivos o negativos, nada más lógico que cada uno responda por el todo, ya que individual-mente considerado es tan culpable como si hubiese actuado solo. L. A. Colombo, Culpa Aquiliana, Buenos Aires, Ed. La Ley, 1944, pág. 691.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce y establece la existencia de solidaridad entre cocausantes de un perjuicio ante el damnificado. Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922); Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167 (1923); Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825 (1950); Torres v. A.F.F., 94 D.P.R. 314 (1967). Aunque la responsabilidad pecuniaria es solidaria, una reclamación de pago dirigida hacia un cocausante no aumenta ni disminuye su responsabilidad objetiva en una actuación culposa.

Una vez el deudor solidario realiza el pago en proporción mayor a la responsabilidad que le correspondía, surge a su haber un crédito que no es otra cosa que el derecho a reclamar la cuantía satisfecha en exceso de esa responsabilidad. García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951); Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714 (1965); Serralta v. Martínez Rivera, 97 D.P.R. 466 (1969).

El nacimiento de esta causa de acción, derivada de una relación interna, ha sido denominada “de contribución,... de nivelación, de reembolso y de regreso” —Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 D.P.R. 279, 282 (1979). Tiene como fundamento último el evitar el enriquecimiento injusto.

... La doctrina resalta el carácter ex novo de esta acción, su eminente sesgo legal. Se trata, en realidad, de evitar situa-ciones de enriquecimiento injusto, reconduciendo subjetiva-mente la carga prestacional hacia quienes, en último término, corresponda. No es preciso acudir a las ideas de mandato o representación para fundar la pretensión de regreso. Basta invocar la ventaja que para los codeudores deriva del pago efectuado por uno de ellos. Como explica RUBINO, al ser tenido cada obligado como deudor del todo, cuando paga lo hace en su interés, a fin de liberarse de la obligación y sus consecuencias; pero este hecho se resuelve en un beneficio para los demás, al quedar liberados a la par. F. Soto Nieto, Caracteres fundamentales de la solidaridad pasiva, 63 Rev. Der. Privado 782, 801 (1980).

En virtud de lo expuesto no podemos coincidir con la ilus-trada sala de instancia de que el derecho de nivelación no está accesible para la demandada Caparra Dairy. () Concluir dife-rente minaría postulados cardinales que rigen nuestro sistema de adjudicación en el ámbito de las obligaciones y los daños y perjuicios.

Es a base de los principios expuestos que Caparra Dairy reclama que se le reconozca su derecho de nivelación. Invoca la figura de compensación como forma de extinción de las obligaciones, normadas en nuestro Código Civil en los Arts. 1149 a 1156. (31 L.P.R.A. sees. 3221 a 3228.) Veamos.

El Art. 1149 del Código Civil dispone que “ [t] endrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra”. (31 L.P.R.A. see. 3221.)

Según estas nociones, puede definirse la compensación como la extinción de dos obligaciones que, existentes en sen-tido inverso entre las mismas personas, repútanse pagadas, totalmente o hasta la concurrencia de la más débil, según que la cifra de la una sea igual o no a la de la otra. Compensatio est débiti et crediti inter se contributio. Cada uno de los acreedores se paga reteniendo lo que debe. Estas ideas se hallaban recogidas en las Partidas, al decir que “compen-sación es otra manera de pagamiento, porque se desata la obligación de la debda, que un orne deue a otro, e compensa-tio en latín tanto quiere decir en romance, como descontar un debdo por otro”. G. Velázquez, Las obligaciones según el Derecho puertorriqueño, Orford, New Hampshire, Ed. Equity Pub. Corp., 1964, págs. 215-216.

El término surge del concepto “cum pensare, pesar reuni-das dos cosas —significa, etimológica y muy gráficamente, una operación figurada de pesar simultáneamente dos obligaciones, para extinguirlas en la medida en que el importe de la una esté comprendido en el de la otra”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1974, T. III, págs. 371-372. O sea, “que la compensación viene a ser un pago abreviado (quia interest nostra potius non sol-vere quam solutum repetare, como decía el Digesto XVI, II, 3°) que evita el ‘vaivén’ o ‘ida y vuelta’ de sendas presta-ciones”. Véase a R. López Vilas, en Comentarios al Código Civil y compilaciones f orales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, T. XVI, Vol. I, pág. 418.

Su razón de ser la expone Diez-Picazo:

El fundamento de la compensación es muy sencillo. Se en-cuentra en la conveniencia de simplificar las operaciones de cumplimiento, sustituyendo dos o más pagos por uno solo mediante una simple operación aritmética. . . . Sin embargo, la raíz última de la compensación, desde el punto de vista jurídico, no se encuentra tanto en la simplificación de las operaciones, ni en la evitación de los medios de pago, cuanto en el carácter objetivamente injusto y desleal del comporta-miento de quien reclama un crédito siendo al mismo tiempo deudor del demandado, pues contrario a la buena fe es pedir aquello mismo que luego ha de ser restituido (dolo facit qui petit quod rediturus est). L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, págs. 642-643.

Se reconocen cuatro especies de compensación:

[L] a legal, la voluntaria facultativa, la voluntaria conven-vencional y la judicial. Legal es la que se opera de pleno de-recho, en virtud de concurrir ciertas condiciones requeridas por la ley como necesarias para ello. Facultativa es la que una de las dos partes contratantes puede reclamar levan-tando el obstáculo que, en su interés solamente, impide que se produzca Iá compensación de pleno derecho. Convencional, la que tiene lugar cuando, a pesar de no concurrir todos los requisitos de la ley, convienen los deudores y acreedores mu-tuos en compensar sus obligaciones respectivas. Judicial es la que se opera cuando el juez, en caso de demanda reconven-cional formulada por el demandante, liquida el crédito co-rrespondiente a éste, haciéndolo así compensable. Colin y Capitant notan con razón que la verdadera compensación es la legal; la convencional y la judicial son más bien operacio-nes diferentes. . . . (Escolio omitido.) Velázquez, op. cit., págs. 217-218.

En el caso de autos la compensación es de tipo legal. Como tal, posee una característica particularísima. Conforme el Art. 1156 del Código Civil, “[e]l efecto de la compensación de extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores”. 31 L.P.R.A. see. 3228. Sin embargo, la doctrina afirma que la aplicación de este artículo no es una tan categórica ni necesaria como aparenta ser. Si bien es de carácter ipso jure, su reconocimiento requiere un pronunciamiento judicial.

. . . [Nuestro artículo 1156] proclama el efecto automático de la compensación. Pero ésta, en realidad, no se produce hasta que la alega y declara, en juicio o fuera de él, una de las partes afectadas; y es en ese momento en el que la com-pensación tiene lugar “como si” la extinción de las preten-siones contrapuestas se hubiese verificado en el momento de surgir la segunda de ellas y hasta la cantidad concurrente de ambas.
La alegación de la compensación es, por tanto, el detonante obligado para poner en marcha el mecanismo de la misma, que opera, entonces, automáticamente e “ipso iure”, con lo cual los efectos compensatorios se retrotraen y sitúan en el momento de concurrencia de ambas prestaciones.
En rigor, pues, el automátimos [sic] de la compensación va referido a su eficacia, más que al modo de producirse la misma; o lo que es lo mismo, el carácter automático e “ipso iure” de la compensación ha de entenderse en relación con la retroactividad de sus efectos, los cuales hay que referirlos y situarlos en el momento en que se produjo la concurrencia de las obligaciones (“ex tune”). Y si la compensación se produce “ipso iure” y desde que se dan las condiciones legal-mente exigidas, en realidad, la parte ostenta, al no aplicarse de oficio la compensación, la facultad de hacerla valer o no, renunciándola o no invocándola. López Vilas, op. cit., págs. 496-497.

Ahora bien, una vez declarada su existencia judicialmente, la misma tiene efecto retroactivo. Surte efecto desde todos sus requisitos legales. () Ese es el verdadero sentido y significado del Art. 1156 antes referido.

Hecha la declaración de compensación, concurriendo todos sus requisitos y pudiendo, por tanto, producirse sus efectos, éstos se retrotraen,... al momento en que ambos créditos se contrapusiesen con el carácter de compensables. Este efecto retroactivo, implantado por medio de una ficción, encierra una concesión del Derecho moderno a la doctrina mantenida en el derecho común y que prevalece en el Código civil fran-cés, según la cual la compensación se produce ipso iure, en el momento en que se da la compensabilidad de ambos créditos. (Escolio omtido.) A. von Tuhr, Tratado de las Obligaciones, Madrid, Ed. Reus, 1934, T. II, pág. 170.

Resolvemos que el derecho de compensación surgió en el momento en que Caparra Dairy pagó como codeudora solida-ria de quien a su vez era su acreedora. Se cumplieron los re-quisitos exigidos a esta forma de extinción de las obligaciones prescritas en el Art. 1150 de nuestro Código Civil. ()

I — I HH HH

Reconocido el derecho de compensación de Caparra Dairy, examinemos el procedimiento para reclamarlo. El foro de instancia determinó que estaba impedida de hacerlo valer, pues no reconvino. Erró.

Primeramente, la defensa afirmativa de Caparra Dairy de que la negligencia del menor en el accidente era imputable a sus padres, fue formulada en la contestación a la demanda, () expuesta, aclarada y modificada en su teoría en el informe de conferencia preliminar entre abogados() y objeto de prueba durante el proceso judicial.() Esa prueba enmendó las ale-gaciones. Canales Velazquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757, 764 (1978); Valle v. SuC. Wiscovitch, 88 D.P.R. 86, 90-91 (1963).

Segundo, el derecho de nivelación y compensación no es-taba sujeto a una reconvención. Surgió desde el momento en que Caparra Dairy consignó el pago para satisfacer la sen-tencia. Antes no tenía crédito alguno a su favor y por ende la figura de compensación no existía. Cuando se contestó origi-nalmente la demanda, lo único que había era una reclamación de daños basada en negligencia. La cuantía no era líquida ni exigible. Era indeterminada y de carácter contingente. De-pendía del grado de culpa que oportunamente el tribunal re-conociera a base de una valoración y cuantificación de los daños según la prueba. Ante esa realidad, ¿cómo sostener en-tonces que Caparra Dairy tenía que formular una reconven-ción? Repetimos, no había surgido derecho a nivelación como tampoco a compensación. Lo único que Caparra Dairy podía reclamar o esgrimir como defensa era negligencia concurrente contra los demandantes. Así se determinó en nuestra decisión original en cuanto a la señora Jiménez Colón.

Resolvemos que el planteamiento de Caparra Dairy, una vez adjudicada la proporción de culpa y evaluados los daños, fundado en que su acreedora señora Jiménez Colón era a su vez deudora, fue en tiempo levantado. Ello es suficiente para hacer valer su derecho reconociéndole la compensación del cré-dito coincidente entre ambas partes como resultado de la dis-tribución de negligencia. A la suma de $52,500 correspon-diente a la señora Jiménez Colón era oponible, por compensa-ción, la suma de $20,430.90.

El análisis que precede refleja que el derecho de Caparra Dairy de nivelación interna utilizando la compensación como forma de extinción, no estaba prescrito. Adviértase que el derecho de nivelación interna implica una acción de reclamo pecuniario hacia la parte deudora que no hizo su desembolso correspondiente. Véase L. Puig y Ferriol, Régimen jurídico de la solidaridad de deudores, en Libro-homenaje a Ramón Maria Roca Sastre, de la Junta de Decanos de los Colegios Notariales, Madrid, Ed. Gráficas Cóndor, 1976, Vol. 2, pág. 433. Caparra Dairy realizó el pago el 19 de agosto de 1983. Inmediatamente reclamó el derecho a nivelación y adujo la compensación. ()

Se dictará sentencia en que se reconozca que la consignas-ción de Caparra Dairy fue válida y con arreglo a derecho.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (1) Ante esa solicitud de nivelación, el Tribunal Superior expresó que “[l]a pretensión de la parte aquí demandada ha sido rechazada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Security v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191”. Anejo A, pág. 5.
      Seguidamente cita el siguiente texto del referido caso, a la pág. 196:
      “En el recurso la Security alega error en la sentencia y en la resolución del tribunal inferior consistentes en habérsele responsabilizado frente a la Manhattan Dairy (su propia asegurada) y a los hermanos Ortiz (uno de los cuales, el conductor, era también su asegurado), a pesar de que nunca fue demandada ni hecha reclamación alguna en el pleito por parte de éstos; y en habérsele negado participación en los fondos consignados por la Insurance Co. of North America, a pesar de su derecho a contribución contra ésta.

      “El primer error levantado por la Security no podía ser más obvio, puesto que los interventores (Manhattan y los hermanos Ortiz) no radicaron demanda ni otro tipo de reclamación, durante el pleito, contra la peticionaria.” Anejo A, pág. 6.
      La interpretación que forja el tribunal de instancia de la citada opinión es errónea y fuera de contexto. Security Ins. planteaba dos controversias: (1) el habérsele responsabilizado frente a sus propios asegurados a pesar de no existir ningún tipo de reclamación contra ella; y (2) no habérsele recono-cido el derecho de nivelación.

        La cita reproducida por el Tribunal Superior para sostener su posición se refiere a la primera controversia planteada, sobre la responsabilidad de una parte por concepto de los daños ocasionados. En el de autos la situación es diferente. La responsabilidad de las partes envueltas por razón de su negligencia ya ha sido determinada.
      La segunda controversia en torno a la figura de nivelación, presente en este caso, fue resuelta de manera afirmativa: declaramos su existencia y procedencia.

      (2)Sobre la necesidad de la declaración judicial y sus efectos: Walla Corp. v. Banco Com. de Mayagüez, 114 D.P.R. 216 (1983). Véanse además: A. M. Borrel y Soler, Cumplimiento, incumplimiento y extinción de las obli-gaciones contractuales civiles, Barcelona, Ed. Bosch, 1954; R. Alvarez Vi-garay, El efecto automático de la compensación, en estudios de Derecho Civil en honor del Prof. Castán Tobeñas, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1969, T. IV, pág. 37; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. I, Vol. II.

      (3)Reza:
      “Para que proceda la compensación, es preciso:
      “1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro.
      “2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.
      “3. Que las dos deudas estén vencidas.
      “4. Que sean líquidas y exigibles.
      “5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notiñcada oportunamente al deudor.”

        En Porto Rico Fertilizer Company v. Gandía, 29 D.P.R. 886, 390 (1921), expresamos que tampoco puede ser objeto de compensación un “crédito liti-gioso”. Este tipo de crédito fue definido así en Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 207, 209 (1951): “Debe reputarse como litigioso ... el crédito ‘que, puesto en pleito, no puede tener realidad sin previa sentencia firme que lo declare’, ... o sea aquél que está en duda y se disputa, aquél en el que los derechos son inciertos.” (Citas omitidas.)
      Pero más que una excepción a la compensación, como forma de extin-ción lo que se instaura en esa decisión es un período de espera a su recono-cimiento. Pueden encontrarse presentes todos los requisitos en la relación obligacional, aun el de exigibilidad, pero su reconocimiento está subordinado a la decisión judicial de su existencia. De ella reconocer la concurrencia de los requisitos legales, el crédito deja de ser litigioso y la determinación se retrotrae al momento en que se contrapusieron los créditos y débitos de las partes, produciéndose la compensación legal.

      (4)La expresó así: “El accidente objeto de la demanda radicada en el presente caso, se debió única y exclusivamente a la negligencia del occiso Francisco Andrés Ramos Jiménez, cuya negligencia le es imputable a sus padres, y en la alternativa, negligencia contributoria de la ocurrencia del accidente en que perdiera la vida.” Véase la concepción de la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, in fine.

      (5) Fue consignada del siguiente modo:
      “Se niega que la parte demandada incurriera en negligencia alguna, por el contrario, se alega que la muerte del menor se debió a la sola culpa de las personas que tenían su cuidado, quienes lo dejaron desatendido y en un momento se lanzó a la carretera, sin ser visto, ni poder haber sido visto, por el conductor del vehículo de la demandada.” (Énfasis suplido.)

      (6) Nuestra decisión original, que constituye la ley del caso, estuvo ba-sada precisamente en un examen de la Exposición Narrativa de la Prueba. Revocamos a la sala de instancia que había declarado sin lugar la demanda fundado en que el chofer de Caparra Dairy había sido negligente. Sin reser-vas concluimos “que la referida co-demandante fue negligente en un treinta por ciento, el cual sólo es aplicable a ella en particular. Véase: Torres Pérez v. Medina Torres, 113 D.P.R. 72 (1982)”. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 367, 370 (1982).

      (7)Una interpretación en sentido contrario implicaría que Caparra ten-dría que desembolsar a la señora Jiménez Colón la totalidad de $52,000 para luego, en acción independiente, reclamarle $20,430.90 pagados en exceso.
      Ello atentaría no sólo contra principios elementales de justicia, sino de economía procesal. Después de todo, el derecho no existe “para exigir cosas imposibles, absurdas, ni inútiles o innecesarias”. (Escolios omitidos.) Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315, 321 (1976).


text:
    Zaida Román Vargas y Otros, demandantes y recurrentes, v. Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-84-458

      Resuelto: 23 de enero de 1985

      José Luis Velazquez Ruiz, abogado de los recurrentes; Isabel Muñoz Acosta, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El Tribunal Examinador de Médicos es un organismo en-comendado por ley para evaluar y autorizar el ejercicio de la profesión de médico cirujano y osteópata en Puerto Rico. En el descargo de esa función ofrece exámenes de reválida totales o parciales por lo menos dos (2) veces al año. El tipo de exa-men es objetivo, de selección múltiple. () Cubre dos áreas generales denominadas Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas, consistentes cada una de setenta y cinco (75) preguntas.

Los recurrentes, doctores graduados en medicina, alegaron ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que no habían aprobado algunas partes de dicho examen y que infructuosa-mente habían solicitado revisión al Tribunal Examinador. Re-clamaron que se les permitiese confrontar sus contestaciones con la clave de respuestas utilizadas para corregirlos y que se identificaran las hojas de contestaciones, en particular las suyas. Invocaron el debido proceso de ley y cuestionaron la secretividad de la adjudicación de las solicitudes de revisión. Adujeron que el Tribunal Examinador se había convertido en juez y parte en el proceso. Impugnaron la constitucionalidad del Reglamento, bajo la prédica de que el procedimiento se-guido les privaba “del ejercicio de su derecho de propiedad, sobre los conocimientos que tienen válidamente a ejercer”.

El tribunal de instancia (Hon. Wilfredo Alicea López, J., San Juan), en elaborada sentencia, evaluó la forma y mecá-nica seguida en la administración de la reválida y el trámite interno de revisión o recorrección. Además, tomó conocimiento judicial de nuestra Resolución en Pagán Astacio v. Director Ejecutivo Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía (Núm. Mc-83-30) de 3 de noviembre de 1983. A tono con ese análisis, les proveyó —con carácter de remedio supletorio— lo siguiente:

Se ordena al Tribunal examinador que en el procedimiento de revisión de los exámenes de reválida adopte las siguientes medidas que son de carácter prospectivo:
a. notifique a cada aspirante que no apruebe los exámenes de reválida un desglose de sus calificaciones por materias específicas de tal forma que éste sepa en que áreas falló para que se pueda preparar mejor para exámenes futuros.
b. en el procedimiento de revisión los aspirantes reproba-dos tendrán derecho a ver y comparar copia de su hoja de contestaciones con copia de las hojas claves del examen de selección múltiple. Esta revisión la conducirá el Tribunal Examinador individualmente o en forma colectiva en la fecha, hora y lugar que determine y utilizará los mecanismos de reproducción que le sean más económicos y viables para cumplir con el propósito y espíritu de esta orden. Los estu-diantes reprobados no podrán reproducir dichos documentos ni tomar notas de los mismos ni tendrán acceso al contenido del examen correspondiente de selección múltiple.
c. en caso de que cualquier aspirante desee formular cual-quier alegación luego de llevar a cabo la inspección, el Tribunal Examinador proveerá los formularios y el trámite que considere adecuado.
d. a los fines de identificar mejor las hojas de contestacio-nes en el momento en que suministra el examen, el Tribunal Examinador debe adoptar una oración más comprensiva que la actual que el aspirante copiará en manuscrito como por ejemplo: Esta parte comprende: Ciencias Básicas: Anatomía, Semiología, Fisiología, Bioquímica, C. Conducta, Farmacología, Patología, Microbiología, A.M. - Clave -. Esto servirá de base para identificar las hojas de contestaciones con el aspirante en caso de controversia.

Inconformes por no habérseles concedido todo, los deman-dantes argumentan ante nos que son acreedores a conocer y confrontar la clave de respuestas consideradas como correctas en las preguntas del examen. Enfatizan que únicamente de-tal modo pueden estar completa y absolutamente seguros que no se ha incurrido en errores en la confección de la clave y correc-ción. Apoyan esa tesis en el debido proceso de ley y en las Secs. 16 y 17 del Art. II de nuestra Constitución que “reco-noce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella . . y protege además contra la privación irrazonable de la propiedad, concepto que en su esencia abarca una ocupación. ()

II

Se impone una reflexión mínima en torno a los problemas jurídicos que suscita la reglamentación de profesiones u ocu-paciones por parte del Estado.

Estamos ante un área que ha emergido virtualmente con muy poca fiscalización. Ello explica por qué la doctrina no ha madurado suficientemente. Durante la mayor parte del siglo XIX, la reglamentación se limitó a profesiones clásicas, tales como Derecho y Medicina. A partir de 1890, a medida que la sociedad se tornó más compleja, el radio de acción comenzó a extenderse hacia otras ocupaciones. Nota, Due Process Limitations on Occupational Licensing, 59 Va. L. Rev. 1097 (1973).

No obstante ese lento desarrollo, los tribunales, siempre bajo la rúbrica tradicional del poder de razón de estado, ratificaron la autoridad inherente necesaria para legislar en las áreas de la salud, la seguridad, y en términos amplios, el bienestar general. No fuimos la excepción. Desde hace varios años así lo reconocimos. S. P. Amadeo, La revisión judicial de las juntas examinadoras de Puerto Rico, 9 Rev. Der., Leg. Jur. C. Abo. Puerto Rico 13-31 (1946). En síntesis, esa jurisprudencia establece que semejantes disposiciones de ley no privan a los ciudadanos de sus profesiones, sino que las regulan por razones del eminente interés público de que están revestidas. Morales v. Junta Exam, de Ing., 99 D.P.R. 84 (1970); Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308, 314 (1961); Castillo v. Tribl. Examinador, 81 D.P.R. 746, 750 (1960); Cedeño v. Junta Dental, 79 D.P.R. 549 (1956); Infante v. Junta de Médicos Exam, de P.R., 43 D.P.R. 325, 330 (1932); Pueblo v. Rodríguez Alberty, 39 D.P.R. 599, 601 (1929); Virella v. Carreras et al., 22 D.P.R. 777, 780 (1915). ()

La existencia de esa facultad ya no se discute. Hoy los planteamientos ante los foros judiciales están dirigidos a cues-tionar aspectos más complejos y sensitivos, tales como requisi-tos académicos, experiencia previa, ciudadanía y residencia, reputación y carácter, admisión directa por reciprocidad, seguro por impericia profesional, composición de los organis-mos, tipo de preguntas, métodos y criterios de medición, siste-ma de revisión y otros. () En lo que respecta al caso ante nos, y a los fines de apreciar los méritos de la contención específica de los recurrentes, es menester explorar las dimensiones doc-trinales que han ido perfilándose en época más reciente.

El primer principio claro que emerge es el reconocimiento de los tribunales sobre la extensa discreción de los estados y sus juntas examinadoras en la fijación de las normas y procedimientos a regir los procesos de admisión o certificación de personas al ejercicio de profesiones u oficios. ()

El segundo es que esa reglamentación gubernamental controla los métodos de admisión, pero no las posibilidades. En consecuencia, el Estado viene obligado a trazar objetivos racionales al cumplir con dicha función. Comentario, Commerce Clause Challenge to State Restrictions on Practice by Out-of-State Attorneys, 72 N.W.L. Rev. 737, 742-743 (1978); Nota A Constitutional Analysis of State Bar Residency Require ments Under the Interstate Privileges and Inmunities Clause of Article IV, 92 Harv. L. Rev. 1461 (1978); In re Griffiths, 413 U.S. 717, 727 (1973); Schware v. Board of Examiners, 353 U.S. 232, 239 (1957).

El tercer principio que aflora es que para prevalecer un ataque contra las reglas envueltas tiene que demostrarse que las normas aplicadas niegan arbitrariamente la admisión a los aspirantes por motivos desvinculados al propósito de la reglamentación. Application of Nort, Nev., 605 P.2d 627 (1980). El grado de interés público es tal que sólo se requiere “alguna evidencia” de que las medidas son racionales, y por ende, válidas. () Massaro, O’Brien, Constitutional Limitations on State Imposed Continuing Competency Requirements for Licensed Professionals, 25 Wm. & Mary L. Rev. 253, 274 (1983).

Cuarto, bajo este enfoque la presunción de corrección judicialmente atribuida a las determinaciones contributivas ha sido extendida al campo de autoridad de las profesiones reglamentadas por licencia. D. A. Wallace, Occupational Licensing and Certification: Remedies for Denial, 14 Wm. & Mary L. Rev. 46, 52 (1972). The Bar Examiner’s Handbook, Stuart Duhl, Litigation and Legislative Challenges to Bar Examinations and Procedures, Chicago, Dartnell Press, 1980, págs. 26, 28-29. En esta clase de casos, la revisión del foro judicial de ordinario explora y atiende la posibilidad de una violación al interés propietario del peticionario. Luego, procede a evaluar el “tipo” de procedimiento requerido. Elementos car-dinales como la notificación y el derecho a ser oído no pueden ser obviados. Special Project, Admission to the Bar: A Constitutional Analysis, 34 Vand. L. Rev. 655, 712 (1981). Mebane v. Board of Medical Examiners, N.C. App., 286 S.E.2d 112, 113 (1982); Muñoz v. Department of Registration and Ed., Ill. App., 428 N.E.2d 1137, 1138 (1981); Tomanio v. Board of Regents, Etc., 603 F.2d 255, 258-259 (1979).

Quinto, en función a la naturaleza flexible y pragmática del debido proceso de ley —Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315, 320 (1976) — , extensible a este tipo de caso, se han ponderado los siguientes factores: (a) el interés privado que pueda resultar afectado por la actuación oficial; (b) el riesgo de una privación errónea debido al procedimiento utilizado; y (c) el interés del Estado, incluyendo su función envuelta y las cargas administrativas y fiscales que conllevaría requerir garantías adicionales o sustituías. Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 335 (1976).

Así, los tribunales han rehusado reconocer la revisión absoluta del examen como un derecho constitucional. La orientación judicial, casi unánime, favorece como sustitutos a la revisión categórica, la recorrección o un sistema alterno de medición y evaluación confiables. Prevalece una norma de deferencia hacia las juntas examinadoras al seleccionar cualesquiera de esos métodos. No obstante, puede afirmarse que si se reducen restrictivamente las oportunidades para tomar el examen, la tendencia es ampliar la cobertura del debido proceso de ley. Massaro, O’Brien, op. cih, págs. 299-302. Comentario, Review of Failing Bar Examinations: Does Reexamination Satisfy Due Process?, 52 B.U.L. Rev. 286, 296 (1982). Véanse: Lavash v. Kountze, 604 F.2d 103 (1979); Poats v. Givan, 651 F.2d 495 (1981); Davidson v. State of G., 622 F.2d 895 (1980); Bailey v. Board of Law Examiners of State of Tex., 508 F. Supp. 106 (1980); Tomanio v. Board of Regents, etc., supra; Muñoz v. Department of Registration and Ed., supra; Martin v. Educational Testing Service, Inc., 431 A.2d 868 (1981); Mebane v. Board of Medical Examiners, supra; Application of Peterson, 499 P.2d 304 (1972); Tyler v. Vickery, 517 F.2d 1089 (1975); Petition of Pacheco, 514 P.2d 1297 (1973); Whitfield v. Illinois Board of Law Examiners, 504 F.2d 474 (1974); Hooban v. Board of Gov. of Wash. State Bar Ass’n, 539 P.2d 686 (1975); Newsome v. Dominique, 455 F. Supp. 1373 (1978); Huffman v. Montana Supreme Court, 372 F. Supp. 1175 (1974); Application of Stephenson, 516 P.2d 1387 (1973). Véanse además los siguientes casos según relacionados en The Bar Examiner’s Handbook, op. cit., págs. 31-32: Marshall v. Murphy, Civil Action No. B-78-873 (D. Md. 9/11/79); Durante v. Pringle, Civil Action No. 75-M-1397 (D. Col. 1978); Burge v. Committee of Bar Examiners of the State of California, No. C 74 1010 SAW (N.D. Cal. 1974).

Sexto, bajo este panorama, el debate forense e intervención judicial se centra en auscultar si la evaluación mide razonablemente en el presente la capacidad del aspirante. Así, un reclamo de vista ante el Estado está limitado a alegaciones serias de fraude, discriminación o coerción en el proceso evaluativo. Hooban v. Board of Gov. of Wash. State Bar Ass’n, supra, pág. 688; Petition of Pacheco, supra, pág. 1300; Application of Peterson, supra, pág. 307. Los aspirantes, sin embargo, no deben quedar en un estado de indefensión. Admitimos que la interposición de barreras inflexibles constituiría un trato opresivo. Comentario, Review of Failing Bar Examination, op. cit, págs. 300-301.

HH HH

En consideración a la clase de examen brindado, objetivo o ensayo y discusión, y en aras de promover mayor imparcialidad, es razonable requerir al Estado que señale a los aspirantes las materias en las que han fallado o no han demos-trado poseer un mínimo de competencia. Así pueden tratar de subsanar las “deficiencias” para futuros intentos. () Debe permitirles que otros miembros del panel revisen el examen reprobado. También que se establezca algún mecanismo de re-visión de los exámenes de aquellos que han fracasado para asegurarse que no se han cometido errores de cómputo. Massaro, O’Brien, op. cit, pág. 307; Tyler v. Vickery, supra, pág. 1104; Whitfield v. Illinois Board of Law Examiners, supra, pág. 478. La meta de este micro-sistema adversativo —que in-cluiría, entre otros, la revisión de las preguntas y una com-paración de los modelos de respuestas en pruebas de tipo en-sayo o discusión— está predicada en la posibilidad de error significativo en el proceso de evaluación. () Véanse Tyler v. Vickery, supra, pág. 1104; Poats v. Givan, supra, pág. 499.

Ahora bien, en cuanto a pruebas objetivas de preguntas de selección múltiple.o análogas, la situación y solución son distintas. De ordinario esas preguntas forman parte de un depósito al cual se recurre periódicamente. Por la naturaleza de las preguntas, se acepta que el margen de error es mínimo. Por ello, si las garantías del sistema interno adoptado en su preparación, corrección y demás extremos son razonables, un reclamo absoluto basado en que la única forma de un aspirante corroborar si hay o no errores en la clave utilizada por correc-ción (v.g. en la programación de una computadora), no es un remedio judicial favorecido.

En este sentido, frente al pedido y argumento de que un aspirante puede superarse y mejorar si se le brinda la oportu-nidad de confrontar sus contestaciones con la clave de respues-tas, es oponible a la defensa válida de que la prueba diseñada es justa y ofrece garantías contra una evaluación errónea o arbitraria. El Estado no está obligado a entregar aquellas preguntas y respuestas que proyecte o razonablemente espere utilizar en futuros exámenes. ()

Existen diversas razones de peso justificativas de esta negativa. En primer lugar, se mermarían significativamente las fuentes si el Estado comúnmente facilitara a un aspirante las preguntas y contestaciones que corresponden a la categoría de objetivas (multiple choice) y son de carácter repetitivo. Se acepta que el costo de su confección es sustancial. Un estudio reciente informa que los gastos por cada ítem en pruebas relacionadas con el licénciamiento de personal paramédico asciende a cientos de dólares. Massaro, O’Brien, op. cit., pág. 308, n. 203.

Bajo este razonamiento el Estado opone un interés finan-ciero y pragmático que amerita ser balanceado. Lo contrario implicaría que vendría obligado a descartar esas preguntas, preparar un nuevo examen o revisarlo cada vez que lo adminis-tre. Ello, unido al costo de la recorrección, es un fuerte indi-cador de que constituiría un gasto prohibitivo y una carga onerosa. Massaro, O’Brien, op. cit, págs. 308-309. Esto es, una reevaluación libre e ilimitada representaría un gravamen muy costoso para la sociedad. Lavash v. Kountze, supra, pág. 106; Whitfield v. Illinois Board of Law Examiners, supra, pág. 478; Tyler v. Vickery, supra, pág. 1105. De ahí que los tribunales no requieren al Estado que descubra rutinariamente las pre-guntas y respuestas que determine reutilizar en el futuro.

Segundo, esa solución confronta el serio riesgo de convertir a los tribunales en “superjuntas” inmersas en el complicado y especializado proceso de evaluación y calificación. En tales casos se estima que la mejor práctica es determinar si el proceso instituido para la revisión cumple con estándares mínimos de debido proceso de ley, conforme a las circunstancias particulares de la reglamentación envuelta. Lavash v. Kountze, supra, págs. 105-106; Hooban v. Board of Gov. of Wash. State Bar Ass’n, supra, págs. 689-690; Whitfield v. Illinois Board of Law Examiners, supra, págs. 477-478; Poats v. Givan, supra, pág. 497; Bailey v. Board of Law Examiners of State of Tex., supra, pág. 109; Muñoz v. Department of Registration and Ed., supra, pág. 1139; Davidson v. State of Ga., supra, págs. 896-897.

Tercero, esa medida levanta delicados problemas en el área de la igual protección de las leyes. Con buen juicio se aduce la evidente desventaja que representaría para un aspi-rante inicial competir con aquellos que, más allá del momento del examen, tienen acceso previo a las preguntas y respuestas, por el solo hecho de haberlo reprobado. Whitfield v. Illinois Board of Law Examiners, supra, pág. 478; Tyler v. Vickery, supra, pág. 1105. Esto es, los situaría en posición privilegiada que rebasa la adquisición incidental de conocimientos basada en la memoria en ocasión del examen.

Finalmente, existe el grave peligro de que se relajen irre-versiblemente los estándares de medición. Esta proposición no es pura especulación. El caso de autos es ejemplarizante. Se trata de nueve (9) aspirantes. Razonablemente el abanico de contestaciones incorrectas es variado y amplio. Todo tiende a indicar que acceder a sus pretensiones, a corto plazo conlleva-ría descubrir y exponer preguntas y respuestas de carácter re-petitivo sobre segmentos vitales de la reválida médica. Nada ni nadie podría impedirles que la información individual así obtenida fuera grupal y metódicamente acumulada, recopi-lada, compartida y circulada con el propósito legítimo de una mejor preparación. Tampoco que fuera divulgado a terceros aspirantes interesados. Es lo lógico y humano. Los resultados negativos no son difíciles de imaginar. El establecimiento de esa rutina, su natural extensión a otros aspirantes y su consa-bido efecto multiplicador incontrolable, a largo plazo anularía la confiabilidad y seriedad de la reválida para medir respon-sablemente preciados conocimientos del saber hipocrático sobre los cuales la sociedad exige excelencia profesional.

IV

A la luz de los principios expuestos, concluimos que no existe una obligación constitucional per se del Estado sumi-nistrar a los aspirantes información ilimitada e irrestricta. Bajo las coordenadas jurídicas pertinentes, ponderado el balance de intereses y perjuicios de las partes e interés público envuelto, resolvemos que el Tribunal Examinador de Médicos no está compelido a entregar las contestaciones de la clave ofi-cial solicitada por los aspirantes. La reglamentación () del Tribunal Examinador, conjuntamente con el remedio provisto por el Tribunal Superior, satisfacen adecuadamente e in ex-tenso() los criterios judiciales prevalecientes, () a tono con los derechos invocados.

Bajo la Regla de nuestro Reglamento, se expedirá el auto y se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Torres Rigual concurren en el resultado sin opinión.

      (1)La prueba o test objetivo es aquel “constituido por ítems cada uno de los cuales tiene una, o cuando mucho unas cuantas respuestas aceptables y en el que las respuestas aceptables se han establecido de antemano de manera que puedan ser calificadas a máquina, o por un empleado no especia-lizado, utilizando la clave de respuestas. A menudo, la forma requiere la selección de la respuesta escogiéndola de entre posibilidades que se le presen-tan al examinando”. R. L. Thorndike & E. Hager, Test y técnicas de medi-ción en psicología y educación, Méjico, Ed. Trillas, 1970, pág. 680.
      En el campo de la psicometría, las técnicas de medición aceptan como categorías válidas de preguntas escritas: (1) objetiva (selección múltiple, información en espacios en blanco); (2) ensayo y (3) discusión. Además se admiten las pruebas orales.

      (2)Véase Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791, 794 (1973).

      (3) Igual trayectoria se sigue en Estados Unidos. Por vía de ejemplo el Tribunal Supremo federal se pronunció así en Goldfard v. Virginia State Bar, 421 U.S. 773, 777, 792 (1975):
      “We recognize that the States have a compelling interest in the practice of professions within their boundaries, and that as part of their power to protect the public health, safety, and other valid interests they have broad power to establish standards for licensing practitioners and regulating the practice of professions.”

      (4)Esta litigación ha versado sobre los siguientes extremos:
      (1) exigencias educacionales, Douglas v. Noble, 261 U.S. 165 (1923); (2) requisito de ser graduado de institución acreditada, In re Application of Hansen, 275 N.W.2d 790 (Minn. 1978); Mann v. Board of Medical Examiners of the State, 187 P.2d 1 (1947); Savelli v. Board of Medical Examiners, 40 Cal. Rptr. 171 (1964); (3) títulos o grados de universidades de países ex-tranjeros, Ex parte Blanco Amigó, 97 D.P.R. 891 (1969); (4) experiencia, Duggins v. N.C. Bd. of C.P.A. Examiners, 212 S.E.2d 657 (N.C. 1975); O’Donoghue v. Board of Examiners, Etc., 442 N.Y.S.2d 656(1981); (5) ciudadanía, Examining Board v. Flores De Otero, 426 U.S. 572 (1976); In re Griffiths, 413 U.S. 717 (1973); (6) residencia, e.g., Piper v. Supreme Court of New Hampshire, 717 F.2d 110 (1983); Supreme Court of New Hampshire v. Piper, 53 L.W. 4238 (1985); (7) admisión sin examen por reciprocidad, Hawkins v. Moss, 503 F.2d 1171 (4to Cir. 1974); (8) seguro contra ac-ciones por impericia profesional, Jones v. State Board of Medicine, 555 P.2d 399 (1976); (9) validez de la composición del organismo, Davidson v. State of G., 622 F.2d 895 (1980).
      Respecto al examen de reválida en sí, la jurisprudencia informa sobre: (1) validez, Douglas v. Hampton, 512 F.2d 976 (D.C. Cir. 1975); Tyler v. Vickery, 517 F.2d 1089 (5to Cir. 1975); (2) utilización de una entidad privada especializada en su preparación, Ponzio v. Anderson, 499 F. Supp. 407 (N.D. Ill. 1980); (3) exámenes de ensayo y discusión y la gran subjetivi-dad que permea su corrección o calificación, Henkes v. Fisher, 314 F. Supp. 101 (D. Mass. 1970); (4) criterios utilizados para corregirlos, Bowens v. Bd. of Law Examiners, Etc., 291 S.E.2d 170 (1982); (5) asignación de peso igual a partes de ensayo y selección múltiple, In re Mead, 361 N.E.2d 403 (Mass. 1977); (6) exámenes orales, Dietz v. American Dental Ass’n., 479 F. Supp. 554 (E.D. Mich. 1979); (7) estándar para fijar la calificación que establece la línea divisoria entre aprobado y suspendido, Hoover v. Ronwin, 52 L.W. 4535 (1984) ; United States v. State of North Carolina, 400 F. Supp. 343 (E.D.N.C. 1975); (8) reclamo de que se acrediten a exámenes subsiguien-tes las partes aprobadas de uno anterior en que el aspirante obtuvo una cali-ficación de suspendido, Bailey v. Board of Law Examiners of State of Tex., 508 F. Supp. 106 (W.D. Tex. 1980); Davidson v. State of G., supra; (9) limitación del número de ocasiones en que se puede solicitar el examen, Younger v. Colorado State Bd. of Law Examiners, 625 F.2d 372 (10mo Cir. 1980); Poats v. Givan, 651 F.2d 495 (7mo Cir. 1981).

      (5)En su apoyo se han invocado, entre otras, las siguientes proposi-ciones :
      “En primer lugar, en la sociedad urbana moderna . . . las agencias gu-bernamentales se responsabilizan de asegurar que las personas encargadas de la salud y el bienestar públicos tengan el conocimiento y la competencia adecuados. Esto sólo puede lograrse definiendo las condiciones de admisión a las ocupaciones y la permanencia en las mismas.
      “En segundo lugar, la especialización intensa que caracteriza a nuestra compleja sociedad con frecuencia significa que el público podría no distinguir entre los profesionales competentes y no competentes, honestos y deshonestos. Por lo tanto, las agencias gubernamentales que se encargan de otorgar licen-cias cumplen una función vital al proteger a la gente del fraude y la des-honestidad.
      “En tercer lugar, al licenciar sólo personal competente y bien adies-trado, las agencias que otorgan licencias pueden proteger la vida y la pro-piedad. ...
      “En cuarto lugar, las juntas ‘le proveen al ciudadano promedio que cuenta con poco tiempo y dinero, una avenida administrativa rápida, sen-cilla y económica para resarcirse’ de la negligencia profesional, la deshones-tidad o la inmoralidad.
      “En quinto lugar, mediante las penalidades, impuestas por los diferen-tes estatutos —tales como la revocación de la licencia— las agencias que otorgan licencias podrían obligar a los profesionales ya licenciados a man-tener estándares altos en su profesión.
      “En sexto lugar, las juntas que otorgan licencias —compuestas por expertos— están capacitadas para mantenerse al día con los adelantos cien-tíficos y tecnológicos y asegurarse de que el estándar de servicios disponibles para las personas está en armonía con el progreso científico moderno.” (Traducción nuestra.) Nota, Due Process Limitation on Occupational Licensing, 59 Va. L. Rev. 1097, 1098 (1973).

      (6)En cuanto al requisito de validez de los exámenes, los tribunales han sido más acuciosos al escrutar si el contenido de las pruebas está ra-cionalmente vinculado a las destrezas y conocimientos que el examen pre-tende medir. Pero ese análisis riguroso ha sido reservado principalmente para exámenes de empleo público o privado. El propósito es minimizar el discrimen por razones de raza y de igual valía constitucional.
      Adviértase, sin embargo, que han declinado extender dicho criterio de análisis constitucional estricto a exámenes de admisión o certificación de profesionales, incluso a la profesión de abogado. Richardson v. McFadden, 540 F.2d 744 (4th Cir. 1976); Tyler v. Vickery, supra.

        (7) Véase Petition of Pacheco, 514 P.2d 1297, 1300 (1973). Dicho reme-dio debe ser interpretado conforme a la totalidad de los principios esbozados en el caso de autos.

      (8)Un autor ha sugerido que ese error, de ordinario, sería sumamente raro y sus posibilidades lejanas si se atienden las leyes de estadísticas. Ex-plica así su pensamiento:
      “En ausencia de prejuicio sistemático en el examen, los errores sólo serían la excepción. No es irracional (y probablemente conservador) sugerir que de cada cincuenta exámenes, sólo un examen —de otro modo aprobable— fracasaría por este tipo de error.
      “La regla de estadística es que si la probabilidad de fracaso debido a error es una de cada x personas que toman el examen, i.c., 1/x, la probabili-dad de que esto le ocurra dos veces al mismo individuo es de 1/x2; que le ocurra tres veces, 1/x3. Por lo tanto, si x=50, la razón de error es de 2%; la razón de error al tomar el examen por segunda vez es de 0.04%; y al tomarlo por tercera vez es de 0.0008%.” (Traducción nuestra.) Comentario, Review of Failing Bar Examination: Does Reexamination Satisfy Due Process?, 52 B.U.L. Rev. 286, 300-301 (1982).

      (9) Cuando un aspirante cuestiona la validez de un examen sobre bases sustantivas, lo máximo concedido como remedio singular ha sido diseñar un mecanismo en que los materiales se han puesto a disposición de un perito —sujeto a órdenes protectoras de comprobada efectividad— para preservar la confidencialidad de los distintos ítems. Véanse Martin v. Educational Testing Service, Inc., 431 A.2d 868, 874 (1981); Application of Peterson, 499 P.2d 304 (1972); Petition of Pacheco, supra.

      (10)En lo pertinente reza:
      “7.2 Revisión de Exámenes
      “Cualquier candidato tendrá derecho, si así lo solicita por escrito, a la revisión de su examen, a lo cual procederá el Tribunal en el más breve plazo. “7.3 Notificaciones, Reclamaciones; Revisión
      “Los resultados de los exámenes serán notificados a los candidatos den-tro del período de tiempo más corto posible. Las reclamaciones sobre resul-tados de exámenes serán dirigidas al Tribunal dentro de los noventa días después de recibidos dichos resultados.

        “7.4 Procedimiento de Revisión
      “a) Se revisarán los exámenes de aquellos candidatos que lo soliciten dentro de los 90 días a partir del recibo de la notificación de los resultados del examen.
      “b) Se revisarán las claves del examen.
      “c) Se localizarán las hojas de contestaciones de los que piden revisión,
      “d) Se cotejarán las hojas de contestaciones con la clave, bien por el método visual, si son pocos los solicitantes, o por máquina computadora.
      “e) La revisión se hará únicamente por miembros del Tribunal.
      “f) Las preguntas del examen son privativas del Tribunal.
      “g) La decisión del Tribunal será final.
      “7.5 Destrucción de Documentos de más de 90 días
      “Los documentos relativos a examen de reválida (Hoja de contestaciones y folletos de examen) se destruirán luego de pasados los 90 días requeridos para solicitar revisión. Únicamente se conservará una copia de la clave y una copia del examen de reválida, la cual estará bajo la custodia del Presidente del Tribunal Examinador de Médicos.”

      (11) Si el remedio excede en algunos aspectos lo que mínimamente es exigido por la Constitución, es cuestión que rebasa los límites decisorios de este recurso. El Tribunal Examinador de Médicos no recurrió. En nuestra investigación no hemos podido confrontarnos con ningún caso o razona-miento persuasivo que respalde la proposición de que el organismo examina-dor viene obligado a suministrar un desglose de las calificaciones por mate-ria. Un especialista en la materia ha sugerido que no es una buena práctica, y que en ocasiones, puede ser desorientador (misleading) para los aspirantes. S. P. Klein, On Testing III. Reporting Bar Examination Results, The Bar Examiner, Vol. 53, Núm. 2, May 1984, págs. 24-31.

      (12)Los estados deliberadamente pueden ser más rigurosos en las guías y normas que establezcan para sus juntas examinadoras. California, por ejemplo, aprobó una ley (Government Code Sec. 129AA) que requiere que todo examen de reválida de una profesión sea validado apropiadamente. En este mismo sentido, otras jurisdicciones estatales continúan legislando para regular la administración de exámenes. Estas leyes son conocidas como truth-in-testing acts. National Conference of Bar Examiners, Litigation Report, Vol. II, Núm. 3,1981, pág. 5.
      En lo concerniente a Puerto Rico, corresponde a la Asamblea Legisla-tiva estudiar la posibilidad de adoptar legislación para establecer uniformi-dad de normas en las distintas juntas y organismos examinadores de pro-fesiones, ocupaciones y oficios existentes.


text:
    Herminio Berríos Pagán, etc., demandantes y recurrentes, v. Universidad de Puerto Rico, Departamento de Salud de Puerto Rico, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-83-529

      Resuelto: 24 de enero de 1985

      Francisco Vincenty Gronau, abogado de los recurrentes; Isabel López Bras, Luis Benjamín Méndez, Eliezer Aldarondo Ortiz, de Aldarondo & López Bras, abogados del recurrido Municipio de Corozal.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Previene Soto Nieto, que el “Juez no puede limitarse a un ‘ir tirando’ en su función resolutoria, incorporándose trabajo-samente a los asuntos; al contrario, debe comprometer su ac-tuación al resultado de una meditación seria, honesta, sincera, para que sus decisiones no se vean sorprendidas por una fácil improvisación que dé al traste con ese refinamiento moral que debe ser tónica del buen Juez. Medite, remedite, vuelva a medí-tar, dé tiempo para que las ideas, los sentimientos éticos, vayan posándose en su espíritu y estratificándose según peso y densidad”. (Escolio omitido.) F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 21.

El trasfondo procesal de este recurso pone a prueba la esencia de nuestro sistema de justicia. Induce a su vez a la reflexión sobre las perspectivas que orientan el quehacer judicial. Es imperativo alertar que el deber de lealtad del abogado a la justicia y a la verdad no es menor que la debida a su cliente. Ambas fidelidades deben armonizarse. La conducta de un abogado no debe obstaculizar la función adjudicativa de un tribunal so pretexto de promover los intereses de su cliente. El éxito de su representación no puede descansar en “habilidades o destrezas técnicas” que burlan elementales principios de justicia. La gestión profesional del abogado durante todo el proceso judicial tiene que estar a la altura de su encomienda como auxiliar y colaborador de nuestros tribunales de justicia. Como elemento indispensable en la búsqueda de la verdad, su conducta debe ser franca y honesta. Su proceder, no puede apartarse de la buena fe y el trato justo al adversario sin exponer a su cliente a las consecuencias legales de tal omisión. “A nuestro modo de ver, el deber de decir la verdad existe, porque es un deber de conducta humana. Pero lo que el proceso requiere no es solamente la verdad formal; requiere la lealtad, el juego limpio y no el subterfugio.” E. J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1978, Vol. III, pág. 253. Nuestro sistema adversativo tiene límites, la justicia le sirve de norte y la ética como principio rector lo circunscribe a fines superiores sobre los cuales descansa nuestra convivencia.

I

Trasfondo e incidentes procesales

Herminio Berríos Pagán y Gloria Martínez, en unión a Guillermo Martínez presentaron demanda el 17 de febrero de 1976 contra la Universidad de Puerto Rico, Departamento de Salud, Puerto Rico Medical Center y el Municipio de Corozal. En síntesis alegaron que la negligencia de dichas entidades en el tratamiento médico causó la muerte del menor Henry Be-rríos Martínez el 30 de mayo de 1975.

Posteriormente, enmendaron la demanda e incorporaron en el epígrafe al “Estado Libre Asociado representado por el De-partamento de Salud”. La U.P.R. solicitó la desestimación a base de que carecía de vínculo alguno con la administración de las instituciones hospitalarias mencionadas en la demanda. Adujo que Puerto Rico Medical Center administraba el Centro Médico. Los demandantes se allanaron. Entonces el Departa-mento de Salud compareció y alegó que no tiene capacidad jurídica para demandar y ser demandado. Se desestimó la de-manda contra esta parte. Después Puerto Rico Medical Center compareció y también pidió la desestimación. Alegó que no administraba ninguna institución médica relacionada con los hechos alegados en la demanda. En esta etapa los demandantes se oponen y advierten con preocupación: “[e]n vista de esta situación y para que se pueda hacer verdadera justicia, lo procedente es citar a una vista . . . para que éstos diluciden y aclaren la situación y se pueda establecer cuál de estas insti-tuciones fue la que prestó los servicios al menor Henry Berríos Martínez”. Moción en oposición a la sentencia sumaria, fe-chada 28 de abril de 1977.

Ese remedio no fue concedido. El tribunal de instancia ac-cedió a la desestimación formulada por Puerto Rico Medical Center.

En esta etapa procesal sólo quedaban como demandados el E.L.A. y el Municipio de Corozal. Para una inteligente com-prensión del resultado más adelante expuesto, en lo pertinente a la evaluación de la conducta de estas dos partes, es impres-cindible dar marcha atrás y reproducir el párrafo séptimo de la demanda original, inalterado en la enmienda:

SEPTIMO: Que el día 12 de agosto de 1975 se notificó al Honorable Alcalde del Municipio de Corozal, Puerto Rico, sobre esta reclamación, tal como lo dispone la Ley, mediante correo certificado, según el acuse número 677637, ya que él Municipio de Corozal es la entidad que opera u operaba el Centro de Corozal para la fecha en que ocurrieron dichos hechos y como tal se responsabiliza de los daños causados, así como también en dicha fecha del 12 de agosto de 1975, y mediante carta certificada con acuse de recibo número 677-609 se notificó al ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, cumpliendo con lo dispuesto por la Ley. (Énfasis suplido.)

El 26 de mayo de 1976 había comparecido el municipio re-presentado por el Departamento de Justicia, y solicitó y ob-tuvo una prórroga:

Que para poder contestar juiciosa y responsablemente la presente demanda estamos realizando las gestiones necesa-rias con las agencias y/o instrumentalidades del Gobierno pertinentes, las cuales nos deberán someter dentro de los próximos días la información necesaria para hacer algún tipo de alegación responsiva en este caso.

No obstante lo anterior, el municipio contestó la demanda original el 18 de junio y curiosamente, su alegación respon-siva al párrafo séptimo de la demanda expresó: “Se acepta que se hizo la notificación al Municipio. Se niega el resto del pá-rrafo por falta de información y/o conocimiento.”

Por su parte, el E.L.A. compareció dos años después de ser notificado y emplazado con la demanda enmendada. Pidió prórroga para contestar, pues “le es indispensable obtener cierta información para presentar su contestación a la de-manda en forma responsable”. (Énfasis suplido.) Finalmente, contestó que “el párrafo séptimo se admite”. Alegó que la re-clamación estaba prescrita. En el Ínterin, el Municipio de Co-rozal, representado por un abogado privado, contestó la de-manda enmendada y adoptó por referencia “las alegaciones contenidas en la contestación a la demanda suscrita por el Estado Libre Asociado”.

El caso se ventiló en sus méritos. El tribunal desestimó, por prescripción, la acción contra el E.L.A. y la del municipio, por carecer éste de control o ingerencia en la administración del hospital situado dentro de los límites de su jurisdicción. Según la prueba, salió a relucir que el Departamento de Salud había transferido, en virtud de contrato firmado el 1ro de enero de 1975, la operación y administración del referido hospital a “la Corporación de Servicios de Salud del Área de Ba-rranqueas, Comerío, Corozal, Naranjito y Orocovis, Inc.” En-tendió además el tribunal que no se demostró negligencia contra ninguna de estas entidades.

Acordamos revisar.

1-H HH

Responsabilidad del municipio

Todo proceso adjudicativo se orienta en hallar la verdad y hacer justicia. J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879, 884 (1981). Nuestra función es darle vigencia a la norma conforme a este elemento teleológico en su aplicación a casos concretos. García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 729 (1976).

Nuestra doctrina jurisprudencial continúa avanzando hacia esa meta. Interpretando las Reglas 6.2 y 6.4 de Procedimiento Civil —que regulan los modos de negar— hemos resuelto que un demandado no puede fundar su negativa al contestar una demanda en “falta de conocimiento o información suficiente”, si el hecho contenido en la alegación a negarse es de conocimiento público o de fácil comprobación. Los abogados deben tener especial cuidado al formular sus alegaciones de no negar hechos que le consten o que pueden verificar fácilmente. P.R. Amr. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 747, 749 (1972). Cuando le consta, o pudiendo comprobarlo —como en el presente caso— se niega en la forma que se hizo, procede no considerar la contestación y dar lo así negado por admitido. Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 D.P.R. 452, 457, 458 (1978) expone claramente la razón de este enfoque:

... Y es que la contestación a una demanda impone al abo-gado el deber de actuar franca y sinceramente, y de alegar honesta, directa y abiertamente. No se le requiere que la con-testación sea jurada, pero esa misma dispensa impone al abo-gado mayor responsabilidad. Lo que aparezca bajo su firma debe ser la verdad. La negación por falta de información y creencia debe limitarse estrictamente a las situaciones en que en verdad así sea.

En causas de demandados múltiples, los abogados deben ser extremadamente cuidadosos y específicos en cuanto al lenguaje de las posiciones adoptadas por sus respectivos representados y sus admisiones o defensas, particularmente en cuanto a hechos esenciales. Brioles Aldrich v. Torres, 89 D.P.R. 815, 819 (1964). Una alegación esencial queda admitida cuando el demandado no controvierte dicha alegación en su contestación a la demanda. Pascual v. Fernández Sierra, 108 D.P.R. 426, 430 (1979). Hemos repudiado en la etapa del descubrimiento de prueba los “más sutiles intentos de acosar u obstruir al oponente, como darle respuestas inadecuadas”. Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 523 (1984).

En el caso de autos, el Municipio de Corozal no podía negar por falta de información y conocimiento que no administraba el referido centro de salud. Era un hecho que le constaba de su propio y directo conocimiento. Que no supiera quién lo admistraba es otra cosa. Eso no lo requería la alegación.() Su respuesta tenía que ser específica, clara y abierta y dejar saber si administraba o no el centro según se alegaba en la demanda. La prueba que presentó en la vista en su fondo seis (6) años después — nóminas municipales — siem-pre estuvo bajo su control. Aún así, prefirió el silencio con las consecuencias que hoy atribuimos a su conducta. Más aún, al incorporar a su contestación por vía de referencia las alega-ciones presentadas por el E.L.A., el municipio aceptó que ad-ministraba el centro, sentando las bases que apoyan la con-clusión de su responsabilidad. Esta situación se agrava por la omisión del tribunal de instancia de no ordenar la celebración de una vista conforme lo solicitaron los demandantes, a los fines de que las partes clarificasen sus contestaciones, u orde-nar una réplica contra una contestación de parte específica o resolver cualquier ambigüedad existente y definir con nitidez la cuestión litigiosa. Cía. de Desarrollo Comer. v. American Fruits, 104 D.P.R. 90, 94 (1975).

Las actuaciones procesales y extrajudiciales del Estado Libre Asociado y el Municipio de Corozal son en extremo graves. En todo momento proyectaron y se revistieron de una autoridad y control sobre el centro médico local e indujeron a los demandantes una creencia razonable de tal representación, configurada mediante el silencio, evasivas y apariencias. Coincidimos con los recurrentes en que a las personas que utilizaron los servicios del Centro de Salud de Corozal les era casi imposible saber, y no tenían forma de conocer, que estaban actuando ante otra entidad que no fuera la municipal o estatal. Todos los signos externos y aparentes así lo indicaban: ambulancias, nombre del edificio y documentos. La corporación que en propiedad administraba el centro de salud no hizo su aparición ante los parientes y familiares. Nunca se materializó. Ni siquiera los records médicos contienen o demuestran el nombre de la supuesta corporación.

En estas circunstancias, se justifica imponer responsabi-lidad al municipio. Su conducta intencional y concurrente pro-pició la creencia de que quienes operaban y administraban el centro de salud lo hacían en calidad de agentes en el ámbito de su autoridad. Pereles v. Ongay Garage & Radio Co., 60 D.P.R. 8 (1942). () Rechazamos esa práctica forense. “El proceso no es una red para que el adversario caiga en ella, ni una embos-cada para sustraer del debate la natural exposición de los he-chos y del derecho.” Couture, op. cit., pág. 253.

Los preceptos que se refieren a la buena fe en el sentido de conceder protección a la confianza en una apariencia jurídica, parten de la premisa de una creencia en que la otra parte —la que realiza el acto de disposición— ostenta una legitimación que en realidad carece. J. Puig Brutau, Introducción al Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, págs. 417-418.

La frase “buena fe”, como norma interpretativa, significa confianza, seguridad y honorabilidad basada en ella. La palabra “fe”, fidelidad, quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente a la conducta “leal” de la otra. Comentarios a las reformas del Código Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1977, Vol. I, pág. 368. La actuación contraria a los propios actos del titular es uno de los supuestos típicos del ejercicio de derechos subjetivos en contravención al principio de la buena fe. Puig Brutau, op. cit, págs. 418-419.

En nuestra jurisdicción es aceptable la norma de que bajo circunstancias apropiadas, un demandante pueda invocar contra el Estado la doctrina de los actos propios, impedimento en equidad y de la buena fe. Véase Figueroa Cancel v. E.L.A., 114 D.P.R. 684 (1983) () y autoridades allí citadas. Aquí se cumplió con el requisito de probar la mala fe. Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984). También se satisficieron los elementos constitutivos de la norma de que nadie puede ir contra sus propios actos. Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 878 (1976). Susceptibles de la sanción que hoy imponemos son, lo mismo las personas individuales y naturales, que las colectivas y jurídicas. Serra, Garabis & Co., Inc. v. Municipio, 42 D.P.R. 468, 485 (1931); García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779, 783-786 (1971). Rehusamos las normas e in-terpretaciones que conduzcan a un resultado contrario a la buena fe. Comentarios a las Reformas del Código Civil, op. cit, pág. 366. Reafirmamos que “ [e] l contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particu-lares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es pre-cepto general que abarca toda actividad jurídica”. (Énfasis suplido.) Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 588 (1981).

La responsabilidad del Municipio de Corozal dimana de sus propios actos.

h-i H-t HH

Negligencia en el tratamiento médico

Aclarado que en nuestra jurisdicción “debe considerarse vigente en cada Código procesal, un principio o un manda-miento histórico que impone el deber de decir la verdad y re-chace el proceso instituido a expensas de la mentira”, Couture, op. cit., pág. 251, analicemos el aspecto de negligencia y cau-salidad.

La exposición narrativa de la prueba establece incontro-vertidamente que para el mes de mayo de 1975 el infante Heriberto Berrios Martínez —de trece (13) meses de edad— fue atendido en el Centro de Salud del Municipio de Corozal. Pre-sentaba un cuadro de síndrome viral y una sintomatología de diarreas, vómitos y fiebre alta. Durante tres días consecutivos fue atendido y, aun cuando no presentaba mejoría, era de-vuelto a su hogar. El día 29 de mayo de 1975, ante un cuadro de emergencia, luego de ser inyectado, al decir de su madre la señora Martínez Rivera, se le “brotaron los ojos”. Por solicitud de ella fue referido al Hospital Ruiz Soler de Bayamón. Allí llegaron a las 2:45 A.M. Se le atendió practicándosele varias pruebas de laboratorio. Los records médicos son prácticamente ininteligibles. Aun así hemos podido apreciar que en dicho hospital se determinó que la condición del niño era grave. Estaba deshidratado. Le pusieron suero y estuvo en camilla donde su madre lo vigilaba. Esa madrugada, el doctor de turno, estimó que el niño estaba mejor y con el suero aún puesto optó por devolverlo al Centro de Salud del Municipio de Corozal. De-claró su madre que recibió instrucciones verbales de informar en el centro que retuvieran al niño para observación y conti-nuaran suministrándole suero. De Bayamón, el niño fue tras-ladado en una ambulancia. Continuó recibiendo el suero du-rante el trayecto. Inexplicable y lamentablemente, en el centro de salud una enfermera le removió el suero, a pesar de las pro-testas de sus padres. Envió el niño a su casa. Horas después Heriberto murió asfixiado por aspiración de contenido gástrico y como causa contributiva gastroenteritis con deshidratación severa. La madre del niño describió que lo encontró en su cuna “explotao”.

El codemandado Municipio de Coroza 1 no controvirtió esta prueba aun cuando había anunciado en la conferencia con an-telación al juicio como testigos a los doctores y enfermeras que intervinieron al menor. Estos no comparecieron. Sólo presen-taron a un oficial de nóminas para establecer que no ejercía control sobre la administración del referido centro.

Los records médicos, () y el protocolo de autopsia confieren al testimonio de la demandante, señora Martínez Rivera, garantía de confiabilidad. García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 358 (1975). Esa prueba en las circunstancias del caso es satisfactoria y produce en nuestro ánimo y conciencia certeza y convicción moral. Reiteramos que “ [e] n muy raras ocasiones es posible determinar un hecho con certeza o exaeti-tud matemática. Exigir ese tipo de prueba a un litigante equivaldría prácticamente a requerirle un imposible. Por ello, la ley y la jurisprudencia se limitan a requerir que los casos se prueben por preponderancia de prueba, que es tanto como esta-blecer como hechos probados aquellos que con mayores proba-bilidades ocurrieron. ... No es necesario probar un hecho con exactitud matemática. ... El demandante en una acción civil no está obligado a probar un caso más allá de duda razonable. Tampoco se le exige, en casos de responsabilidad por culpa o negligencia, excluir toda otra posible causa de daños”. (Citas omitidas.) Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521 (1980).

La condición del paciente, en extremo cuidado de salud, unido a la fragilidad de su edad, requerían el mayor grado de cuidado y circunspección en su tratamiento. Ciertamente, el quitar el suero y enviarlo a su hogar, sin hospitalizarlo, es conducta que se aparta de las normas prevalecientes aceptables sobre cuidado y atención en la medicina. Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598 (1984); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 230 (1973). El proceder de la enfermera de decidir cuándo el niño debía abandonar el centro viola normas elementales de prudencia y cuidado. Reiteramos que las enfermeras no pueden adjudicarse facultades que no les confiere la ley, su cargo, ni su deber. Núñez v. Cintrón, supra. La sintomatología del niño aconsejaba retenerlo para evaluación y tratamiento inmediato e ininterrumpido. Aunque limitados, el centro tenía los recursos adecuados para atenderlo de surgir alguna complicación. El daño era previsible y pudo razonablemente haber sido evitado. Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1037, 1038 (1960). La negligencia del Municipio de Corozal fue probada. () Núñez v. Cintrón, supra; Soc. de Gananciales, Etc. v. Presbyterian Hosp., 88 D.P.R. 391, 401 (1963).

Se dictará sentencia que revoque la del tribunal de instan-cia.y ordene la ventilación de daños.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión.

      (1)En modo alguno nuestras expresiones deben estimarse como censu-rables de la conducta, en la dimensión ética, de cualesquiera de los distintos abogados que participaron en las diversas etapas del proceso.
      No estamos imponiendo obligación a un demandado de proveer infor-mación a un demandante para proteger su causa de acción. Galarza v. G. Llinás & Co., 71 D.P.R. 111, 117 (1950). Nuestro dictamen debe estimarse en lo referente a que una negación de hechos sustanciales no puede estar predi-cada en evasivas u ocultaciones que frustren la causa de acción de una parte.

      (2)La tendencia norteamericana es imponer esa responsabilidad bajo la doctrina de la “autoridad aparente”. Según la misma, si una parte expresa o implícitamente hace creer que otro es su sirviente o agente, puede ser res-ponsable por los actos negligentes de aquél hasta la extensión de dicha repre-sentación o creencia. A este resultado también puede llegarse aun cuando la parte negligente sea un contratista independiente o no haya relación patronal alguna entre el actor negligente y la parte que realiza la representación. Basta que quien intente probar la autoridad aparente de una persona de-muestre: (1) que de buena fe confió en la conducta que tenía ante sí; y (2) que esa confianza lleve a una persona razonable a creer que de hecho existía una relación de principal y agente. Se enfatiza que el principal permite al “agente” asumir la representación con conocimiento del hecho de la apa-riencia de autoridad. Se considera que debe existir una notificación mínima, en alguna forma, que alerte a la persona que se enfrenta a tal situación, de que la misma no existe en realidad. W. R. Prosser, J. W. Wade y V. E. Schwartz, Cases and Materials on Torts, 7ma ed., Mineola, New York, The Foundation Press, 1982, pág. 699; Stewart v. Midani, 525 F. Supp. 843, 850-853 (1981); 2 Restatement of Torts 2d Sec. 429; 1 Restatement of Agency 2d Sec. 267; Mehlman v. Powell, 378 A.2d 1121, 1124 (1977); Luckie v. Johnson, 89 Ga. 321, 15 S.E. 459 (1892); Fitzgerald Cotton Oil Co. v. Farmer’s Supply Co., 3 Ga. App. 212, 215, 59 S.E. 713 (1907); Hill v. Citizens Nat. Trust & Savings Bank, 9 Cal. 2d 172, 69 P.2d 853 (1937); Folsom v. Miller, 102 Ga. App. 232, 234, 116 S.E.2d 1 (1960); Arthur v. St. Peter’s Hospital, 169 N.J. Super. 575, 405 A.2d 443, 447 (1979); Mduba v. Benedictine Hospital, 52 A.D.2d 450, 384 N.Y.S.2d 527 (Sup. Ct. 1976); Interstate Financial Corporation v. Appel, 134 Ga. App. 407, 411, 215 S.E.2d 19 (1975); Howard v. Park, 37 Mich. App. 496, 195 N.W.2d 39 (1972) ; Stanhope v. Los Angeles College of Chiropractic, 54 Cal. App. 2d Supp. 141, 128 P.2d 705, 708 (Cal. 1942).
      La doctrina de la autoridad aparente está arraigada en los principios del impedimento colateral (estoppel). Pereles v. Ongay Garage & Radio Co., 60 D.P.R. 8, 10-12 (1942); Interstate Financial Corporation v. Appel, supra, pág. 411; Fitzgerald Cotton Oil Co. v. Farmer’s Supply Co., supra, pág. 215; Folsom v. Miller, supra; Stewart v. Midani, supra, págs. 850-851. El principal está impedido de negar frente a un tercero, bajo tales circunstancias, que no existe en la realidad una relación de “agencia” (ostensible agency). La doctrina de los actos propios tiene algunas tangencias con la teoría del estoppel, aunque existen diferencias en su desarrollo y contenido. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 537 (1975). “‘Estoppel’ sig-nifica etimológicamente estorbo, impedimento, obstáculo, detención.” Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 877 n. 6 (1976).

      (3) Estos principios tienen profunda raigambre en nuestro ordenamiento jurídico. Su origen es casi centenario. Nuestra Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905 disponía en su Art. 101, inciso 8, lo siguiente:
      “Siempre que una de las partes hubiere, por su propia declaración, acto ú omisión, inducido intencional ó deliberadamente á otra de las partes, á creer en la verdad de una cosa y obrar en esa creencia, no se podrá en nin-gún litigio á que diere lugar dicha declaración, acto ú omisión, permitir á aquella que la refute.”

      (4) Pudimos leer, aun con las dificultades que presentan por sus deficiencias, las anotaciones que confirman la gravedad de la condición del paciente.

      (5)Este dictamen en nada prejuzga cualquier acción que el Municipio de Corozal estime puede ejercitar en derecho contra cualesquiera de las partes originales o entidades sobre las cuales carecemos de jurisdicción.


author: per curiam :

text:
    Gladys Rodríguez Ríos, demandante y recurrida, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-84-294

      Resuelto: 31 de enero de 1985

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo, recu-rrente; Miguel A. Montalvo, abogado de la recurrida.
   per curiam :

A Gladys Rodríguez Ríos, asistente dental y secretaria, se le diagnosticó una neuralgia del trigémino. El 16 de junio de 1975 se le sometió en el Centro Médico de Mayagüez a una craneotomía post occipital derecha encami-nada a cercenarle el nervio trigémino afectado.

En el curso de la operación el doctor López Lira, empleado del Centro Médico, seccionó equivocadamente la vena petrocial y el nervio auditivo derecho, lo que ocasionó una hemorragia masiva que le obligó a desistir de la intervención quirúrgica sin llegar al trigémino. Al cerrar la herida el cirujano dejó, además, algodón y fibras de hilo en el interior de la cavidad craneal, por lo que desarrolló la paciente una osteomielitis severa que pulverizó la parte operada del cráneo. La señorita Rodríguez, entonces de veintinueve años de edad, estuvo in-consciente por diecisiete días.

Al recobrar el conocimiento la paciente continuó en estado crítico. Sufría parálisis facial y de todo el lado derecho de su cuerpo, pérdida de visión, de audición y desmayos frecuentes. El 10 de septiembre de 1975 y el 17 de enero de 1976 se sometió la señorita Rodríguez a dos nuevas operaciones. Continuó en estado crítico, con pérdidas continuas del conocimiento.

Para marzo de 1977, al continuar la paciente en estado crítico, sus familiares deciden trasladarla al Massachusetts General Hospital donde permaneció hasta el 2 de mayo de 1977. Es allí donde se entera la paciente de la negligencia del doctor López Lira. El 17 de enero de 1978 la perjudicada de-mandó al Estado, previa notificación oportuna al Secretario de Justicia. La señorita Rodríguez sigue padeciendo al presente de parálisis facial y de todo el lado derecho. Su pérdida de visión y de audición en su ojo y oído derechos es de tal severidad que recibe los beneficios del Seguro Social federal por incapacidad permanente. Continúa sufriendo de intensos dolores.

El Tribunal Superior concluyó el 81 de mayo de 1984 que los daños sufridos por la demandante se debieron a la imperi-cia del cirujano empleado por el Centro Médico. Condenó en consecuencia al Estado Libre Asociado a pagarle a la deman-dante la suma de $150,000 por los daños físicos recibidos, $100,000 por sufrimientos y angustias mentales, $7,578.77 por gastos médicos y $166,322 en concepto de pérdida de ingreso y lucro cesante, más las costas y sin imposición de honorarios de abogado. En alzada ante nos el Estado alega que erró el tribunal de instancia al ignorar en su sentencia el límite de $75,000 fijado en la Ley Núm. 30 de 25 de septiembre de 1983.

Como se recordará, la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077) autorizó acciones por daños fundados en culpa o negligencia de un agente del Estado hasta la suma de $15,000. De causarse daños a más de una sola persona o cuando fuesen varias las causas de acción del perjudicado, la cantidad máxima recobrable era $30,000. En Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981), declaramos inconstitucionales estos límites económicos por violar la cláusula de la igual pro-tección de las leyes. Véase también, Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983). La Ley Núm. 30 del 25 de septiembre de 1983 (32 L.P.R.A. see. 3077) enmendó en-tonces la legislación anterior para sustituir los antiguos lí-mites por los de $75,000 y $150,000. Las cuestiones que plan-tea este pleito son, por tanto, dos: ¿Se aplica la Ley Núm. 30 de 25 de septiembre de 1983 a los pleitos pendientes a la fecha de su aprobación? De aplicarse, ¿es constitucional?

La contestación a la primera pregunta es tan evidente, dado el historial legislativo del estatuto, que no tendremos que pasar juicio en este caso sobre la segunda cuestión.

El Art. 4 del P. de la C. 1033, de 8 de agosto de 1983, que se convertiría en la Ley Núm. 30, disponía originalmente:

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y sus disposiciones aplicarán a causas de ac-ción cubiertas por sus disposiciones que estén pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico a la fecha de su aprobación. (Énfasis nuestro.)

Informe del P. de la C. 1033 de las Comisiones de lo Jurídico Civil y de Gobierno, pág. 5. El 15 de agosto de 1983 se en-mendó este artículo para suprimir la parte objeto del énfasis y llegar a la escueta redacción actual:

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Del debate que se desarrolló entonces se desprende la intención de imprimirle a la ley carácter exclusivamente prospectivo. Ésta fue la discusión pertinente en el hemiciclo de la Cámara:

Transcurrido el receso, se reanuda la sesión bajo la Presi-dencia Accidental del señor Cepeda García.
Sr. Jarabo : Señor Presidente.
Sr. Vicepresidente: Señor Representante Jarabo.
Sr. Jarabo: Señor Presidente, quedó pospuesto en su consi-deración, en una sesión anterior el Proyecto de la Cámara 1033. Vamos a proponer que se traiga a la consideración del Cuerpo, en estos momentos.
Sr. Presidente Acc. : Adelante.
Sr. Jarabo : Señor Presidente, estábamos en la consideración de la Medida y se había propuesto una enmienda por este servidor, a los efectos de que en la “Sección 4, que lee:
‘Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y sus disposiciones aplicarán a causa de acción cubierta por sus disposiciones que estén pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico a la fecha de su aprobación.’ Habíamos propuesto la eliminación de las líneas 6, 7, 8 y 9, luego de la palabra ‘aprobación’. De man ñera, que, la vigencia de esta Medida que establece los lí-mites de la responsabilidad del Estado ante demandas fuese prospectiva. Esa era la situación parlamentaria en cuanto a este proyecto, al momento en que a solicitud del compañero Granados Navedo pospusimos la consideración del mismo. En este momento, reiteramos la enmienda pro-puesta y la sometemos a la consideración del Cuerpo.”
Sr. Presidente Acc. : Ante la consideración del Cuerpo la enmienda propuesta por el Portavoz de la Mayoría al Pro-yecto de la Cámara 1083. Los que estén a favor, dirán sí. Los que estén en contra, dirán no. Aprobado.
SR. Jarabo: Señor Presidente.
Sr. Presidente Acc.: Señor Representante Jarabo.
Sr. Jarabo: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1033, según ha sido en-mendado.
Sr. Presidente Acc.: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1033. Los que estén a favor, dirán sí. Los que estén en contra, dirán no. Aprobado. (Énfasis suplido.)

Diario de Sesiones, Cámara de Representantes, 17 de agosto de 1988, transcripción mecanográfica, págs. 3-5.

A la luz de este historial es claro que la Ley Núm. 30 de 25 de septiembre de 1983 tiene tan sólo aplicación prospectiva. El tribunal de instancia no estaba obligado a observar los límites económicos fijados en ella.

Debemos observar, por último, que la situación resultante de la inaplicabilidad de la Ley Núm. 30 a casos como el presente no es abandonar la delicada labor de fijar la cuantía de unos daños a una discreción sin freno. En Torres v. Castillo Alicea, supra, pág. 804, observamos:

Eliminado el límite compulsorio en la indemnización, queda ésta moderada por el arbitrio judicial que en cada caso habrá de estimar la intensidad del agravio y la motivación del autor del acto dañoso en la totalidad de factores determinantes de la cuantía de compensación, de modo que dentro del justo principio de reparación no adquiera ésta naturaleza punitiva contra toda la sociedad que ha de absorber el costo de la ne-gligencia.

Examinados cuidadosamente los autos, estimamos que las cantidades concedidas guardan la necesaria proporción con los extensos daños sufridos. Se confirmará, en consecuencia, la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.