author: El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez,

text:
    Bothwell v. The San Juan Light & Transit Co.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 123.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Mandamus — Su Objeto — La expedición de un auto de mandamus debe tener por objeto el cumplimiento de algún acto que la parte demandada esté en el deber de ejecutar por razón de un empleo, cargo ó función pública.
    Id. — Corporaciones de Servicio Público — Reglas para el Suministro de Co-rriente Eléctrica. — Una corporación de servicio público, dedicada al sumi-nistro de corriente eléctrica para luz y fines industriales, tiene facultades para imponer como condición para el consumo de corriente, la interrupción del suministro de la misma en el. caso de que no se le pague oportunamente la cuota mensual, y puede exigir á los abonados, la constitución de un depósito previo para garantir el pago de la corriente eléctrica que consuman mensual-mente.
    Id.' — Casos en que la Compañía Abuse de sus Eacultades. — Si la compañía abusare de las facultades á que se refiere el párrafo ante'rior, la parte agra-viada puede acudir á la corte competente y obtener la reparación de su dere-cho mediante un auto de mandamus, y si la corte, en vista de las pruebas practicadas, estimare que ha habido tal abuso, reintegrará en su derecho á la parte agraviada, pero si no se demuestra que la compañía esté en el deber d» suministrar corriente al demandante, procede denegar el auto.
    Id. — Consignación.—En el caso de autos, el demandante se negó á satisfacer 4 la compañía el importe de un recibo por corriente eléctrica consumida en la casa de aquél, por estimarlo excesivo, y la compañía suspendió el suministro de la misma. Se alegó en la petición que el aparato para marcar la corriente 1 funcionaba mal y que-el demandante estaba dispuesto á pagar lo que real- . mente adeudara por corriente consumida, habiendo consignado ante la autori-dad judicial el importe de otro recibo pendiente de pago, sobre el que no había discusión, solicitando se obligara á la compañía á restablecer el sumi-nisti’o de corriente. Se resolvió: Que no habiéndose demostrado que el con-tador funcionara mal, ni justificado que el demandante no debiera' la suma cobrada por la compañía, y no habiendo base para estimar la fecha en que se hiciera la consignación, ni si ésta era ó no eficaz, procedía denegar el auto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonscmti.

    Abogado del apelado: Sr. Hord.

   El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la sección Ia. de la Corte de Distrito Judicial de San Juan presentó Don Samuel C. Bothwell, en veinte y cinco de enero del corriente año, petición jurada, interesando se expi-diera un auto de mandamus perentorio contra The San Juan Light & Transit Go., para que procediera inmediatamente á restablecer la conexión de los alambres que suministraban luz eléctrica á'la casa donde vive, en la calle Cerra, en Santurce, y á cambiar por otro que funcione debidamente el contador ó aparato que dicha compañía tiene instalado en dicha casa para registrar la corriente eléctrica consumida mensual-mente, condenándose, además, en costas á la corporación de mandada.

La expedición del auto de mandamus perentorio fué dene-gada por resolución del propio día 25 de enero citado, y esa resolución fué revocada en grado de apelación por esta Corte Suprema, con fecha .cuatro de febrero siguiente, en razón á que si bien los hechos alegados por el peticionario no demos-traban la procedencia del expresado auto, eran bastantes para que la corte inferior expediera un auto condicional de mandamus, como así lo hizo el juez de la Sección Ia. de la eorte de San Juan, ordenando al demandado llevar á efecto inmediata-mente lo solicitado por el demandante, ó en otro caso, com-pareciera á mostrar causa por la cual no- debiera expedirse el auto definitivo, señalando al efecto para la comparecencia el día 8 de febrero citado. .

• Llegado ese día,"el peticionario, Doil Samuel G. Bothwell, enmendó la solicitud de auto de mandamus, sin variar los' términos de la súplica anteriormente formulada, siendo los hechos consignados en la demanda enmendada los siguientes:

“Io. Que el demandante es ciudadano de los Estados Unidos, con residencia en Puerto -Rico, y la parte demandada es una corporación debidamente incorporada, con arreglo á las leyes del Estado de New York, que se dedica entre otros negocios á suministrar corriente eléc-trica para fines del alumbrado á los vecinos de San Juan y del barrio de Santurce.
‘ ‘ 2o. Que la Sociedad demandada verifica el suministro de luz eléc-trica por medio de alambres conectados desde su planta eléctrica á las diferentes casas, teniendo informes el peticionario de que la capaci-dad de la compañía para suministrar luz no está agotada.
“3o. Que durante el mes de diciembre de 1906, y por espacio de muebo tiempo antes de esa fecha, el demandante era abonado de la corporación demandada, la que le suministraba luz, según erá su obli-gación para con él y el público en general, pagando el demandante mensualmente el importe de los recibos que le pasaba por consumo de luz, según contador, y que los alambres, lámparas y demás enseres propios para suministrar luz, que se encuentran instalados en la casa, excepto el contador, son del dueño de la misma,' quien se los arrendó con la casa.
“4o. Que hasta el día Io. de diciembre último dicho contador apa-rentemente funcionaba bien, descomponiéndose después de tal manera que marcaba mucha más luz de la consumida' en realidad; por lo que solicitó de la compañía que lo cambiara, y ésta lo desmontó, pero en vez de colocar uno nuevo ó diferente, colocó' el mismo, que aun se encuentra en mal estado.
“5o. Que habiendo marcado el contador en el mes de diciembre citado, más corriente de la que realmente se había consumido, el de-mandante se negó á satisfacer el recibo de ese mes, y el día 23 de enero siguiente, la corporación demandada, faltando á su obligación y promesa, cortó la corriente que comunicaba con la casa del deman-dante; alegando éste, además, que las cuentas por consumo de luz, durante los meses de noviembre y diciembre de 1906, le fueron co-bradas con presentación del mismo recibo, y deseando pagar la del mes de noviembre ofreció su importe á la compañía, la que se negó á aceptarlo, por lo que acudió el demandante á la corte municipal de San Juan é hizo la consignación del ñhporte de la referida cuenta del mes de noviembre ante dicha corte; todo lo cual se verificó con anterioridad á la presentación de la solicitud de mandamus.
“6°. Que el demandante está dispuesto, y siempre lo ha estado, á satisfacer á la parte demandada lo que pudiera adeudarle por luz realmente consumida durante el expresado mes de diciembre, pero nó lo que ésta pretende arbitrariamente cobrarle.
“7o. Que ha sufrido perjuicios por la acción de la compañía de-mandada al cortar la corriente y dejarlo sin luz, y que el único recurso adecuado que le asiste es el de mandamus, pues habiendo solicitado de la compañía la conexión de alambres y cambio de contador, con el fin de obtener luz y un buen registro del consumo de la misma, dicha compañía, por medio de su empleado Mr. Freese, rehusó acceder á su pretensión.
‘ ‘ 8o. Que el peticionario se ve obligado á recurrir al procedimiento de mandamus, porque carece de otro recurso ordinario que sea rápido, adecuado y eficaz.”

A la demanda de auto de mandamus opuso The San Juan Light & Transit Go., excepciones previas, consistentes en que de los hechos relatados en dicha demanda no se deduce que la corte de San Juan tenga competencia para conocer del pleito, y en que la demanda es ambigüa é ininteligible, por no especi-ficar con claridad ni de modo alguno los daños que ha sufrido el demandante.

Al mismo tiempo, la compañía demandada contestó la demanda haciendo las siguientes alegaciones:

“Ia. Que acepta como ciertos los hechos relatados eu los párra-fos Io. y 2o. de la demanda.
“2a. Que también acepta como ciertos los hechos del párrafo 3o. con excepción de que la compañía tenga y haya tenido jamás la obligación de suministrar luz á los abonados que dejasen de pagar con regularidad sus cuentas mensuales, como' sucede respecto del de--mandante, quien no ha pagado con regularidad, pues debe las canti-dades de noviembre y diciembre de 1906 y enero de 1907, y las debía cuando se cortaron los alambres.
“3a. Que no es cierto que el contador instalado en la casa del de-mandante funcionara mal en tiempo alguno, pues por el contrario siempre ha funcionado bien y ha registrado solamente la corriente eléctrica consumida en dicha casa; como tampoco es cierto que el demandante haya solicitado de la parte demandada que le cambiara dicho contador, aunque es verdad que habiendo el -demandante re-husado pagar sus cuentas de diciembre, por supuesto mal estado de! contador, la compañía mandó inspeccionarlo y lo encontró en buena condición, sin que haya prometido instalar otro nuevo.
“4a. Que el demandante no ha satisfecho las mensualidades que debe á la parte demandada, pues hasta la fecha no ha pagado y debe las mensualidades de noviembre y diciembre de 1906 y la de enero de 1907, que arrojan la cantidad de trece dollars noventa y tres centavos.
“5a. Que la compañía cortó los alambres y rehúsa suministrar corriente eléctrica al demandante, por la razón de que éste no paga el precio de tarifa que por dicha corriente cobra aquélla á sus abona-dos.
“6a. Que el demandante no ha estado dispuesto á satisfacer las mensualidades que adeuda, sino que por el contrario ha rehusado muchas veces pagarlas, y solo ofreció pagar la de noviembre con la condición de que la compañía volviera á conectar los alambres, pero sin ofrecer pagar al mismo tiempo las cantidades que debía y debe por los meses de diciembre de 1906 y enero de 1907.
“7a. Que si el demandante ha sufrido perjuicios por falta de corriente eléctrica, debe culparse así mismo, por no haber pagado lo que adeuda á la compañía, y no á ésta, que no tiene obligación de suministrar corriente á las personas que no satisfacen las cuotas fijadas en tarifa.”

La corte de San Juan, después de discutidas las excep-ciones previas propuestas, las declaró sin lugar, y procedió á la celebración de la vista, dictando resolución final en 13 de febrero último, por la que denegó la expedición del' auto de mandamus perentorio solicitado, con las costas al deman-dante, contra cuya resolución interpuso éste recurso de apela-ción, que boy pende de decisión ante esta Corte Suprema, después de vistas y oídas las alegaciones escritas y orales de ambas partes.

Examinada la Ley de 12 de marzo de 1903 estableciendo el auto de mandamus, aparece claramente que éste debe tener por objeto el cumplimiento de algún acto que la parte deman-dada esté en el deber de ejecutar por razón de un empleo, cargo ó función pública.

The San Juan Light & Transit Go. admite como cierto el deber de suministrar luz eléctrica á- sus abonados, pero no reconoce ese deber como absoluto, sino afectado por la condi-ción de que sus abonados paguen con regularidad sus cuentas mensuales, y "efectivamente, esa condición se establece por dicha compañía en la regla Ia. de su Reglamento, consignán-dose, además, en la cuenta, que mensualmente pasa á cada uno de sus adonados, la nota de que si dicha cuenta no es pagada para el día 15 del mes, el servicio será suspendido.

A esa regla dió cumplimiento la compañía demandada por no haber satisfecho el demandante las cuentas correspondien-tes á los meses de noviembre y diciembre del año próximo pasado, que montaban ocho dollars con treinta y seis centavos, alegando como razón que la de diciembre era excesiva por haber marcado el contador más corriente que la que real-mente había consumido.

No ha probado el demandante, según afirma, que el con-tador establecido en su casa vivienda por la compañía fun-cionara mal, y debido á esa circunstancia marcara en el mes de diciembre más corriente de luz que la que realmente había consumido, pues no suministró prueba alguna sobre el mal estado del contador, mientras que los testigos de la compañía demandada Joaquín Cañizal, empleado que fue de dicha com-pañía y Mackenzie, ingeniero electricista de la misma, decla-ran que en 13 de noviembre de 1906 y en 17 de enero de 1907, respectivamente, examinaron el contador y lo encontraron en. buenas condiciones.

Ciertamente que la corriente eléctrica consumida en la casa vivienda del demandante Bothwell durante el mes de noviembre representaba la suma de dos dollars ochenta y siete centavos, y cinco dollars con ocho centavos la consumida en diciembre, cuyas partidas, en unión de veinte centavos, car-gados mensualmente por razón del uso del contador, arrojan la cantidad de ocho dollars treinta y cinco centavos, montante de la cuenta cobrada á Bothwell por los meses, de noviembre y diciembre, y también es cierto que Bothwell y su cocinera, Juana Maldonado, están contestes en afirmar que en la casa del primero hubo siempre las mismas lámparas, las que esta-ban. encendidas durante el año el mismo espacio de tiempo, próximamente; pero esas declaraciones, en cnanto al segundo extremo, aparecen desvirtuadas por el documento llamado bitácora, que figura como parte de la prueba de la parte de-mandada, cuyo documento, que muestra la corriente eléctrica consumida durante el año de 1906 en la casa del demandante, en cuanto á las cantidades que éste debía pagar, dice así:

Jan. 4. 28; Apr. 3. 68; July 2. 84; Oct. 3, 26.

Feb. 4. 12; May 3. 53; Aug. 2. 61; Nov. 2, 87.

Mar. 3. 35; June 3. 36; Sep. 3. 33; Dec. 5. 8.

Obsérvase que, si bien en los meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre debió pagar Bothwell la misma cantidad de tres dollars con algunos centavos más, y en los meses de julio, agosto y noviembre dos dollars con algunos, centavos más, en los meses de enero y febrero debió pagar, respectivamente, la suma de cuatro dollars veinte y ocho centavos y cuatro dollars doce centavos, habiendo sólo una dife-rencia de ochenta centavos entre la primera de dichas partidas y la de cinco dollars ocho centavos que la compañía cobraba á Bothwell por luz consumida durante el mes de diciembre úl-timo, sin que conste en autos que Bothwell hiciera reclamación alguna contra las partidas que se le cobraron en enero y febrero, no obstante, ser superiores en más de un dollar á la de los meses de julio, agosto y noviembre.

En visto del resultado que ofrece el documento expresado, parécenos muy posible que el mayor consumo de luz eléctrica x en el mes de diciembre fuera debido á la circunstancia de ser en'ese mes los días más cortos y las noches más largas, como sucede también en los meses de enero y febrero, en que la llamada bitácora reza mayor consumo de luz eléctrica por Bothwell que el ordinario.

Aún más; en el supuesto de que la suma de cinco dollars ocho centavos que por consumo de luz eléctrica en el mes de diciembre último fuera excesiva, y por tanto, no. debida por razones que no constan de autos, no vemos la razón poi; qué Bothwell no pagara la suma de tres dollars siete centavos correspondiente al mes de noviembre por consumo de luz eléc-trica en ese mes y uso del contador, cuando recibió la carta ■de 22 de enero en que se le conminaba con. privarle de la co-rriente eléctrica, si al día siguiente, 23 de enero, al mediodía, no babía pagado los ocbo dollars treinta y cinco centavos que .adeudaba por los meses de noviembre y diciembre.

En autos aparece una certificación expedida con fecba 30 de enero por el secretario de la corte municipal de San Juan, justificativa de que Botbwell consignó en dicha corte la suma ■de tres dollars siete centavos, á disposición de The San Juan Light & Transit Go., por luz consumida por el mismo durante •el mes de noviembre último, habiéndose notificado á dicba ■compañía; pero aunque admitamos que la consignación fué hecha antes de que se solicitara el auto de mandamus en veinte y cinco de enero, nunca sería admisible que tuvo lugar antes ■del día 23 de enero en que fué cortada la corriente eléctrica ■que comunicaba con la casa del demandante, pues éste sólo alega que la consignación se hizo con' anterioridad á la pre-sentación de la petición de mandamus y no con anterioridad al hecho de habérsele cortado la corriente eléctrica, aparte de ■que dicba certificación es defectuosa y poco expresiva para ■que este tribunal pueda apreciar la fecba precisa en que se hizo la consignación y con qué formalidades para determinar ;su verdadero alcance legal. Esa prueba incumbía al deman-dante, dada la negativa del demandado de que se le hubiera pagado la cuenta del mes de noviembre.

Conviene que traigamos á discusión la legalidad de la con-dición impuesta por la compañía á sus abonados de que si la cuenta mensual no es pagada inmediatamente, según expresa la regla Ia. de su -Reglamento, ó á los quince días, según dice la nota puesta en cada recibo, será cortada la corriente eléctrica ó el servicio suspendido.

Nosotros creemos que dicba regla es legal y puede, por lo tanto, llevarse á debido cumplimiento. (Véase el artículo' 1222 del Código Civil; el caso de Sam Mackin v. Portland Gas (Ore., 49 L. R. A. p. 596), los casos citados en la opinión de la corte, página 598; y especialmente el caso Jacoma Hotel Co. v. Jacoma Light & Water Co., 14 L. R. A. p. 669, y las notas de la misma página.)

Bien lia podido la expresada compañía exigir la constitu-ción de nn depósito previo para garantir el pago de la co-rriente eléctrica consumida mensualmente por sus abonados, y también ña podido, con el mismo fin, establecer como condi-ción para el consumo de la luz eléctrica la interrupción de la corriente para el caso de que no se le pague oportunamente la cuota mensual. Esa regla garantiza los intereses de la com-pañía y no perjudica los del público, que está en el deber de pagar en el tiempo convenido y aceptado las cuentas de la compañía.

Si la compañía abusare en el ejercicio de la facultad que le reconoce la regia primera de su Eeglamento, la parte agra-viada puede acudir al tribunal competente para obtener la reparación de su derecño, mediante el recurso del auto de mandamus, y si el tribunal estimare, en vista de las pruebas, que ña ñabido aquel abuso, reintegrará en su derecño á la parte agraviada; pero si como sucede en el caso de autos, no se demuestra que la compañía esté en el deber de suministrar corriente eléctrica al demandante, procede denegar el recurso de mandamus ejercitado. (Yéase el caso de Sam Mackin v. Portland Gas antes citado, á la página 599.)

Este recurso ña sido interpuesto, no solamente para que la compañía inmediatamente conecte los alambres que sumi-nistran la corriente de luz eléctrica, á su casa, sino para que inmediatamente cambie el contador por otro que funcione •debidamente.

En cuanto al primer extremo, la pretensión, según se deja expuesto, es de desestimarse; y respecto del segundo, como no se ha demostrado que el contador se encuentre .en mal es-tado, no hay motivo para que se cambie por otro que funcione debidamente.

Por las razones expuestas, procede sé confirme la resolu-ción apelada, con las costas del recurso también á cargo de la parte apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Higueras y. "Wolf, disintiendo el Sr. MacLeary.

VOTO PARTICULAR DEL JUEZ, SEÑOR MACLEARY.

No puedo estar de acuerdo con el fallo dictado por la ma-yoría, del tribunal, en el presente caso.

Según los principios enunciados en el caso de The State of Nebraska v. The Nebraska Telephone Co., que ha sido publi-cado en 52 American Reports, y empieza en la página 404, y en otros autoridades americanas fácilmente accesibles, ba debido concederse el auto de mandamus que se solicita en el presente caso. En mi opinión el negarlo es un error. Ha debido revocarse la sentencia de la corte inferior, y dictarse en este tribunal un fallo á favor del demandante y apelante.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Cancel.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 66.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Violación — Instrucciones Erróneas al Jurado. — En una causa de violación fun-dada en el inciso 3o. del Art. 255 del Código Penal, ó sea en la ejecución del acto carnal habiendo sido embriagada la ofendida por el violador, el Juez Sentenciador, entre otras instrucciones, dió al Jurado, la siguiente: “Una ofendida de buenas costumbres que sea embriagada y aquella embriaguez sea causada por el acusado con el propósito de excitar en ella deseos lujuriosos, y que, aprovechándose de aquel estado de embriaguez de la ofendida, y del estado ese lujurioso, consigue el individuo realizar su propósito, se encuentra comnrendido ese coito dentro del caso de la mujer que lo sufre sin su consenti-miento, porque una mujer en esas condiciones, no puede consentir legalmente. ’f
      La Corte resolvió, qne esa instrucción es errónea y que, "la embriaguez que impide á la víctima del violador, hacer resistencia, debe ser tal, que no solo excite deseos lujuriosos en la mujer ofendida, sino que ésta resulte incapaci-tada para hacer resistencia. ’ ’
    Violación — Embriaguez, de la Ofendida — Incapacidad para Consentir. — Una simple excitación causada por algún licor que produzca deseos de tener con-tacto carnal, no hace á la ofendida incapaz para dar su consentimiento al acto carnal. La embriaguez de la violada, no lleva consigo la presunción de incapacidad para consentir, á- no ser que se pruebe que su embriaguez haya llegado al extremo de perder el conocimiento, ó que no se dé cuenta de lo que pasa.
    Instrucciones Ininteligibles. — Las instrucciones que un Juez dé al Jurado deben ser claras y referirse concretamente á los hechos que son objeto de prueba, y su falta de claridad es causa bastante para no poder considerarlas como una expresión correcta de la ley.
    Violación — Penetración.—El crimen de violación queda consumado con la más ligera penetración del miembro del ofensor, aunque no se efectúe la emisión por parte del hombre, y el efecto de esa penetración no depende de si la ofendida hace ó no resistencia, ó está incapacitada para hacerla.
    Violación — Declaración de la Ofendida — No es Necesaria su Corrobora-ción. — En los casos de violación, lo mismo que en los de seducción, puede ser condenado el ofensor con la sola declaración de la ofendida, sin ser indis- • pensable su corroboración, ni ser aplicable á estos casos las disposiciones del Art. 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Violación — Instrucciones al Jurado — Peligros de Condenar k un Acusado bou la Sola Declaración de la Ofendida. — En todos los casos de violación el Juez sentenciador debería seguir la práctica de instruir al Jurado advirtién-dole lo peligroso que resultaría dar un veredicto de .culpabilidad fundado únicamente en el testimonio de la ofendida, sin estar corroborado por hechos y circunstancias que Jo sostenga.
    Duda Razonable — Su Definición. — Por duda razonable en derecho penal, no es meramente una duda posible, sino que es aquel estado del caso, que después de una detenida comparación y consideración de todas las pruebas, deje los ánimos de' los jurados en tal condición, que ellos no pueden decir que tienen una convicción firme, ni una certeza moral, de la veracidad de la acusación formulada contra el procesado.
    Veredicto — Su Revisión. — Este Tribunal no revisará el veredicto del jurado con respecto á una cuestión de hecho, á menos que dicho veredicto sea claramente erróneo, ó el resultado de parcialidad, apasionamiento ó prejuicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado en el presente caso fué declarado culpable del delito de violación cometido con una joven de catorce á quince años de edad que vive en Utuado, y condenado á seis años de prisión en el presidio. Se alega que el delito se cometió en la. casa del acusado, situada en dicha ciudad, durante el mes de julio de 1906.

, El acusado fué juzgado por un jurado, que después de haber recibido amplias instrucciones del tribunal, dió un vere-dicto de culpabilidad, de acuerdo con cuyo veredicto se pro-nunció y dictó debidamente la sentencia.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación ante este tribunal, y se presentaron alegatos, tanto á favor del acusado, como á favor del Pueblo de Puerto Rico, y se trata de conseguir la revocación de la sentencia por dos motivos, siendo el primero, errores en las instrucciones dadas al ju-rado ; y el segundo, insuficiencia de la prueba. Estos motivos serán considerados y discutidos por su orden.

Durante el curso de este dictamen conviene llamar la aten-ción sobre el hecho de que el artículo 255 del Código Penal de Puerto Rico, que define el delito de violación, y señala la pe-na para el mismo, corresponde casi exactamente con el artí-culo 261 del Código Penal de California, el 4911 del Código Penal de Idaho, y el 450 del Código Penal de Montana.

Las instrucciones dadas al jurado por el juez de la corte de distrito, fueron las siguientes:

“Señores Jurados: En las instrucciones que voy á daros, pro-curaré ser lo más conciso posible. Mis instrucciones han de ser' refe-rentes .al acusado y al delito imputado, después á la apreciación de la prueba, y al modo de dictar vuestro veredicto. Respecto al acusa-do he de decir, que todo hombre se supone ó presume inocente, mien-tras no se pruebe lo contrario: que la prueba corresponde al Minis-terio Fiscal que acusa; y en caso de duda, debe ser absuelto el acusado. La duda á que se refiere la ley es el estado de suspensión del entendi-miento cuando oída la prueba, no halla el juicio que la razón establece motivo bastante para afirmar la culpabilidad del acusado. La certeza que require la ley para un fallo, no es lo certeza absoluta que. excluye la posibilidad de equivocarse, sino la convicción en un ánimo no prevenido. El delito imputado al acusado, es el de violación, que se comete cuando yace un individuo con una mujer que no sea la propia, en cualquiera de los casos que establece el artículo 255 del Código Penal. T en esta acusación se dice que: “En Utuado, Territorio de la Corte de Distrito de Arecibo, y en época anterior á esta acusación, ó sea una mañana'del mes de julio último, el acusado, Francisco Can-cél G-uzmán, que es de cincuenta y dos años de edad, voluntaria y maliciosamente invitó á almorzar á su casa, á la joven Enriqueta Virella y Rivera, de 14 á 15 años de edad, dándole á beber vino y cer-veza que produjeron mareos y náusea, conduciéndola á una habita-ción de la casa, en donde á la fuerza y contra su voluntad, y abusando del estado de embriaguez en que dicha joven se encontraba, por lo que, no pudiendo oponer resistencia, yació con ella, no siendo su mujer propia y perdiendo en dicho acceso carnal su virginidad la expresada joven.” En esta clase de delitos de violación (exceptuando aquellos en que se trata de mujeres menores de 14 años, ó si se cometieren en la creencia de que el acusado era su marido,) los demás casos quedan reducidos á dos: uno, que se refiere á coitos ejecutados contra la volun-tad expresa y manifiesta de la mujer; y otro, que se refiere á coitos verificados sin el consentimiento de la mujer. En aquellos comprendi-dos dentro del primer caso, están las violencias que tienen su origen en el ejercicio de una fuerza material que vence otra fuerza material opuesta.por la mujer; y en los.segundos, aquellos que se refieren á la imposibilidad en.que se encuentra una mujer 'de resistir, y, sin embargo, se realiza el coito, sabiendo que es sin su voluntad. No es necesario, señores Jurados, que una persona esté en el uso absoluto de la razón, para que se halle comprendida dentro de este segundo grupo en el caso de que se realize con ella un coito. No es necesario que la mujer esté impedida de la razón de tal manera que esté privada de ella de tal modo que solo en estado letárgico se pueda cometer el hecho delictivo. Basta que la mujer esté privada, esté impedida de oponer resistencia, y esto, si bien puede nacer en determinados casos de la falta de la razón, en otros puede nacer de la posición material en que se encuentra la víctima con respecto al agresor, que impida por la dicha posición que ocupe, hacer resistencia de ninguna especie. En el caso en que una mujer no haga resistencia, por encontrarse in-capacitada para hacerla, la mera penetración á que da lugar el coito, es fuerza bastante apreciable para fundar un veredicto. El delito de violación esencialmente consiste en el ultraje inferido á la persona y á los sentimientos de la mujer; de aquí que en ese caso, á que me referí antes, exista esa dualidad, pudiendo ser contra la voluntad de la mujer, y pudiendo ser sin el consentimiento de la mujer; porque sin el consentimiento de la mujer también es ultraje cometer ese acto, que debe ser con claro consentimiento de ella y conforme á su senti-miento. Esta violación es lo que no quiere la ley y es lo que la ley castiga. Una ofendida .de buenas costumbres que sea embriagada y aquella embriaguez sea causada por el acusado con el propósito de excitar en ella deseos lujuriosos, y que aprovechándose de aquel estado de’ embriaguez de la ofendida, y del estado ese lujurioso, consigue el individuo realizar su propósito, se encuentra comprendido ese coito dentro del caso de la mujer que lo sufre sin su consentimiento, porque una mujer'en esas condiciones no pueden consentir legalmente. De-beis tener muy presente, señores jurados, la prueba que ante vosotros se ba desarrollado. Yo no voy á entrar en estudio de ella, pero yo os encargo que tengáis presente que resulta peligrosa una declaración de culpabilidad por solo el testimonio de una violada no sostenido por beebos y circunstancias que lo corroboren. Debeis, por tanto, ver la prueba practicada, ver el testimonio de la mujer ofendida, y si el testimonio de la mujer ofendida está sostenido por circunstancias y hechos que lo corroboren. Es claro que esta corroboración no ha de ser de tal forma que todo el testimonio, parte por parte, tenga que ser absolutamente corroborado; porque entonces sobraría ese testimonio, y se exigiría solo ese testimonio de los corroborantes. Lo que la ley quiere al buscar la corroboración, (ésta no exige, sino advierte el peligro de dar un veredicto por el solo dicho de una ofendida que no esté corroborado), lo que la ley busca, es la mayor amplitud posible, lo que busca es una guía para el que aprecia la prueba; una guía que le indique si puede ó no confiar en la veracidad de la persona ofendida. Y teniendo presente, que la corroboración debe ser en aquellos hechos y circunstancias que rodean al delito, porque el acto material del mismo delito, ó sea el coito, es natural que no ha de realizarse ante testigos, y que ese acto no puede ser corroborado, porque solo tam-bién en casos especiales puede haber testigos de ese acto. De modo que, en todo lo que rodea la acusación, en todo lo que se expone, como sucesos anteriores y posteriores al delito, ó sea al hecho del coito, en todo eso debeis buscar la corroboración para tener mayor seguridad al dar vuestro fallo. No teneis obligación de seguir á unos testigos con preferencia de otros, -ni teneis obligación de seguir al mayor número en preferencia al menor. Un sólo testigo, si os merece entera y absoluta confianza para formar una conciencia moral, un solo testi-go es bastante para dar el fallo. Apreciad la prueba en su conjunto, teniendo presente las contradicciones en que hayan incurrido los testigos al presentar sus declaraciones; pero teniendo presente■ tam-bién que solo los hechos esenciales que constituyen el delito es lo que el Fiscal, el acusador, está obligado á probar: que en todo lo que no sea, esencial á la constitución del delito, no está en su obligación traer á prueba. Prueba que no haya podido traerse respecto á extremos que no son esenciales, no debeis tenerlas en cuenta, si esa prueba no conduce á la apreciación de hechos y circunstancias que vengan á corroboraros las.declaraciones aquí vertidas; y con ese extracto, con ese resumen de la prueba, formad vuestro criterio y dad un veredicto con arreglo á conciencia. No debeis apreciar la prueba caprichosa-mente, debeis apreciarla ejercitando todas vuestras, facultades para acertar. El veredicto tiene que ser por unanimidad. En él debeis declarar al acusado inocente si lo creeis así,' ó la declaración de cul-pabilidad si lo creeis culpable. T también os advierto que el vere-dicto debe ser por escrito, expresando el delito.”

Aceptando la definición del delito de violación tal como se halla consignada en el artículo 255 del Código Penal, es evi-dente que se ha tramitado esta causa .en el supuesto de que el acusado había realizado un acto carnal con la joven agra-viada, mientras ésta se hallaba impedida de ofrecer resisten-cia por el efecto de una sustancia embriagadora, á saber: vino y cerveza, que le había dado el acusado.

Violación se define,. en las obras más autorizadas sobre el derecho criminal, como consistente en la realización por parte de un hombre, de un acto carnal con una mujer, cuyo acto se realice violenta é ilegalmente, y contra la voluntad de dicha mujer; pero nuestra ley, ó sea el artículo 255 del Código Penal añade otras calificaciones á dicha definición. El citado artículo dice lo que sigue:

“Se comete violación al tener contacto carnal con una mujer que no fuere la propia, en cualquiera de los casos siguientes:
“1. Si la mujer fuere menor de catorce años.
“2. Si por demencia ú otro defecto mental, temporal ó perma-nente, estuviere incapacitada para consentir legalmente.
“3. Si estuviere impedida de oponer resistencia á causa de amena-zas de grave é inmediato daño corporal acompañadas de la aparente aptitud para ejecutarlas ó por efecto de cualquier narcótico ó anes-tésico administrado portel reo, ó con conocimiento de este.
“4. Si opusiere resistencia, pero ésta fuere vencida por fuerza ó violencia.
“5. Si al tiempo de cometerse el acto, no tuviere ella conciencia de su naturaleza, y esta circunstancia fuere conocida por el acusado.
“6. Si se cometiere en la creencia de que el acusado era su marido, debido á alguna treta, simulación ú ocultación puesta en práctica por el acusado para inducirla en tal creencia.”

Como se lia dicho anteriormente, está claro que se ha for-mulado y presentado esta acusación, con arreglo al párrafo 3o. de este artículo. En el lenguaje medical, se llama “anesté-sico” aquello que produce insensibilidad, como el cloroformo ú otra droga de igual carácter. Según la definición de la pa-labra “narcótico,” ésta significa una medicina que tomada en dosis medicinal, alivia el dolor y produce sueño, pero que en cantidades perniciosas, produce estupor, letargo ó con-vulsiones, y que causa la muerte de la persona á quien se la den en dosis suficiente para ello. Sustancias embriagadoras son aquellas que poseen cualidades que producen embriaguez, por ejemplo, licores embriagadores. Yino ó cerveza pue-den calificarse como licores embriagadores, con tal que se ad-ministren en cantidades suficientes (para producir embria-guez). Embriaguez significa borrachera, que á su vez, expre-sa ó indica el estado de una persona que se halla dominada por el efecto de licores alcohólicos. El término “borrachera” se refiere más bien á la costumbre (de beber licores alcohó-licos hasta llegar á emborracharse ó embriagarse); las .pala-bras “embriaguez” y “ebriedad” tienen referencia á casos específicos.

No se tomó excepción, en el acto del juicio, contra las ins-trucciones del tribunal, ni se pidió por el abogado del acusado instrucción alguna por la cual se hubiesen corregido los erro-res en que había incurrido el juez en las instrucciones dadas al jurado; pero dichos errores son de tal naturaleza, que debe-mos considerarlos como fundamentales; y es preciso revi-sarlos en esta apelación.

La supuesta exposición de la ley hecha por el juez senten-ciador en las instrucciones dadas al jurado, no está sostenida por las autoridades. . Dicha exposición es errónea en varios puntos. Las autoridades han sido comparadas y discutidas por los Tribunales Supremos de California, Montana é Idaho, en las notas que se encuentran añadidas á las respectivas sec-ciones de los Códigos citados anteriormente.

Véanse el Código Penal de California, pp. 122, 123, 124, 125 y 126; también los Códigos de Montana, pp. 834, 835 y 836; y los Códigos Comentados de Idaho, Tomo IV, pp. 134, 135, 136, 137 y 138.

La embriaguez que impide á la víctima del violador, de hacer resistencia, debe ser tal que no sólo excite deseos luju-riosos en la mujer ofendida, sino que ésta resulte incapaci-tada para hacer resistencia. Una simple excitación causada por algún licor que produzca deseos de tener contacto carnal, no la hace incapaz para dar su consentimiento á tal con-tacto. Por el simple hecho de que una mujer esté embria-gada, no se presume que se encuentra incapacitada para dar su consentimiento, á menos que su embriaguez haya llegado á tal extremo que ella se halle privada de sentido, hasta cierto punto á lo menos ó no tenga conciencia de lo que está pasando. No está muy claro lo que el juez sentenciador quiere decir al hablar de la imposibilidad en que se encuentra la mujer de oponer resistencia á la violencia ó fuerza, á consecuencia de la posición material que ocupe con respecto á su agresor. Si él quiere decir que la posición en que se encontraba su cuerpo, impidió que la mujer hiciera resistencia alguna, entonces lo dicho no es aplicable á las pruebas, porque no hay prueba que lo sostenga. Ella dice en su declaración, según los detalles consignados en los autos, que el acusado colocó un lío pequeño encima de una silla, y la obligó á sentarse en la misma, y que en esta forma realizó su propósito. No aparece de la declara-ción que, en esta posición una mujer se hubiera encontrado más impedida de hacer resistencia que si hubiese estado acos-tada en la cama. En efecto, parece que al ocupar una mujer semejante' posición, sería más difícil para un hombre efectuar la penetración; y la declaración de la ofendida es algo con-tradictoria en cuanto á los pormenores de este punto. Si el juez no se refería á esta posición física de la ofendida, enton-ces nos parece ininteligible la instrucción y demasiado oscura para poder considerarla como una correcta exposición de la ley.

En las instrucciones dadas por el tribunal, se dice también que en el caso de que la mujer no. hiciera ninguna resistencia, por encontrarse incapacitada para hacerla, la mera penetra-ción á que da lugar el coito, es fuerza bastante apreciable para fundar un veredicto. Aún una ligera penetración ha sido declarada suficiente en casi todos los casos, sin efectuarse una emisión por parte del hombre, para consumar el delito de violación; y el efecto de penetración no depende, como lo in7 dica la corte inferior, de si la mujer hace ó no resistencia, ó de si se encuentra ó no incapacitada para hacerla. Esta ex-posición .de la ley hecha por el tribunal inferior con respecto á penetración, no puede aceptarse como correcta.

Además, el tribunal, en sus instrucciones al jurado, dice, en efecto, que la declaración de la mujer ofendida debe ser sostenida por hechos y circunstancias que la corroboren. Esto es erróneo; y aunque el error puede haber resultado á favor del acusado, no se puede aprobar una sentencia- que ha sido basada en instrucciones tan palpablemente erróneas.

La instrucción del tribunal, que á pesar de ser un poco vacilante sobre el punto, declara que la corroboración sea ne-cesaria para sostener, á lo menos, una parte de la declaración de la mujer ofendida, para hacerla digna de ser considerada por el jurado, es enteramente incorrecta. People v. Maye, 66 Cal., 597. Los tribunales han declarado que es peligroso hacer una declaración de culpabilidad, fundada en la eviden-"era del testimonio no apoyado dé la mujer que se alega haber sido violada. Puede ser que el tribunal baya incurrido en el error de exponer con demasiada energía la regia con respecto á este punto por la lectura del artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal que se refiere al delito de promover ó intentar la promoción de un aborto, ó por contribuir ó ayu-dar en su perpetración, por seducir con engaño, corromper por medio de halago, ó apoderarse de una mujer soltera, me-nor de veinte y cinco años, basta entonces reputada por casta, con objeto de prostituirla. En tales casos el acusado no puede ser declarado culpable sólo en virtud de la declaración de la mujer ofendida, á menos que la declaración de ésta sea corro-borada por otras pruebas. Pero esta limitación no es apli-cable á violación y ñi siquiera á seducción, según se lia resuelto por este tribunal en el caso de Angel Santos y Santos, en cuyo caso se redactó y emitió el dictamen de lá corte el 28 de abril de 1905. Todo el asunto fué discutido en dicbo dictamen, y se hizo referencia á la sección 1108 del Código Penal de California, y á las decisiones dé los tribunales de California que in-terpretan dicba sección. Es solamente necesario bacer refe-rencia á dichos casos, para demostrar el error en que ha in-currido el tribunal, al instruir al jurado en el presente caso, sobre la cuestión de Corroboración en relación al testimonio de la acusadora.

Sin embargo, como se ha dicbo por este tribunal, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Vidal, fallado en 5 de diciem-bre de 1904 en que se hace una cita de la causa de The People v. Benson, 6 Cal., 223, la regla correcta ha sido enunciada por el Tribunal Supremo de California en una causa muy cono-cida, en cuya causa el tribunal al discutir el delito de viola-ción, dijo lo siguiente:

“No hay acusaciones que vengan rodeadas de mayor neligro, ó ciue presten más amplia oportunidad para poner en juego libremente los resortes de que disponen la malicia y el deseo de satisfacer una ven-ganza particular, que la,s formuladas en causas de esta naturaleza. En estos casos el acusado está casi indefenso, y en vista dé la facilidad con que pueden inventarse y sostenerse acusaciones de esta índole, las cortes han sido muy rígidas al formular las reglas que deben gobernar al jurado al dictar su veredicto.
“Desde la época de Lord Hale basta la fecha presente, no se ha sometido ninguna causa á la deliberación del jurado, con el solo testi-monio de la denunciante, no sostenido por hechos y circunstancias que lo corroboren, sin que el tribunal le haya advertido lo peligrosa que resultaría una convicción ó declaración de culpabilidad, qué tuviera por base un testimonio de esa naturaleza..
‘ ‘ El caso de que se trata, está sostenido únicamente por la declara-ción de la acusadora, que es una muchacha, joven é ignorante, de trece años de edad, y cuya declaración es tan improbable de por sí, que nos justifica en creer que el veredicto era más bien el resultado de pre-juicio ó excitación popular que de la tranquila y desapasionada con-clusión á que habían llegado en vista de los hechos, doce hombres que' habían sido juramentados para desempeñar fielmente su deber. En efecto, esto queda demostrado por la opinión emitida por el Tribunal, al resolver la moción por la cual se pidió un nuevo juicio, en cuya opinión el Juez Presidente no puede menos de expresar graves dudas con respecto á la corrección del veredicto; y nosotros creemos que, á no ser por alguna equivocación con respecto á la regla establecida por este Tribunal para regular la concesión de un nuevo juicio en los tribunales inferiores, no se hubiera jamás permitido que dicho vere-dicto subsistiera. Una declaración de culpabilidad basada en tales pruebas sería una mancha para la jurisprudencia del país, 'y un descrédito para los juicios por jurado.”

Con esta doctrina, enunciada por el Lord Hale, y seguida por el Tribunal Supremo de California, y por este Tribunal^en el caso de Yidal anteriormente mencionado, estamos comple-tamente de acuerdo, y unas instrucciones que, en palabras adecuadas, contuvieran la parte sustancial de la decisión de California, deberían darse al jurado, en todos los casos de esta índole, y no serían desaprobadas.

Las instrucciones del Tribunal con respecto á una duda razonable, aunque se aproximan á la corrección, no están del todo exentas de la crítica. Sin reproducir especialmente las. palabras usadas por el Juez sentenciador, basta decir que una duda razonable no es meramente una duda posible, porque no Nay nada qne se relacione con asuntos humanos que no esté sujeto á alguna duda posible ó imaginaria; pero una duda razonable en la administración del derecho criminal, es aquel estado del caso, que después de una detenida comparación y consideración de todas las pruebas, deje los ánimos de los jurados en tal condición, que ellos no pueden decir que tienen una convicción firme, una certeza moral, de la veracidad de la acusación formulada contra el procesado. La dificultad que muchos tribunales y jueces tienen en definir lo que es una duda razonable, debía impulsarlos á buscar las definiciones adopta-das por los mejores lexicógrafos legales y adherirse á las mismas, con una precisión razonable, al dar las instrucciones al jurado.

Los errores manifiestos y fundamentales en las instruccio-nes indicados anteriormente, son ampliamente suficientes para justificar la revocación de la sentencia en el presente caso, y la devolución de este último para la celebración de un nuevo juicio. *

Examinemos en parte el otro motivo en que se funda el apelante para pedir la revocación de la sentencia, es decir, la insuficiencia de la prueba.

La prueba en el presente caso, está muy lejos de ser satis-factoria. Dicha prueba consiste principalmente en la declara-ción de la joven con la cual se alega haber sido cometido el ultraje. Su declaración es sustancialmente como sigue:

“Enriqueta Virella, declara á preguntas del Fiscal, que tiene catorce años, lleva dos de residencia en TJtuado, y hace cuatro ó cinco meses que es mujer, y conoce al acusado Cancél: que estando de visita en casa del maestro Cirilo, fué llamada por la hija de crianza de Cancél, la convidó á almorzar, y en la mesa le dió cerveza, tomando dos copas, y después del almuerzo Cancél cogió una botella del seibo y le dió dos dedos de vino en una copa que tomó la declarante sin que tomara vino ni Cancél ni Bienvenida, que eran las otras dos perso-nas que almorzaron con ellos; que todos tomaron cerveza; que Bien-venida le pidió también vino, y él le dijo no podía tomarlo, porque era delicada; después se fueron á la sala los tres, y las sirvientas á su trabajo; Cancél fué al cuarto, abrió el ropero, y llamó á la declarante para enseñarle unas cadenas, figuras postales, y unas cuantas ton-terías, y ella fué al cuarto; empezó á cerrar las puertas, y la declarante le preguntó por qué bacía eso, y él contestó que por nada; llamó á Bienvenida; preguntándole qué hacía, y ella le contestó que cosiendo; luego preguntó á la declarante si tenía novio, y le respondió que no; entonces dijo que había que hacer esto. . . . puso una silla en la pared, y encima un lío pequeño, y sentó de golpe á la declarante la que le preguntó que para qué era: antes le había dicho que se subiera á una cama, y como ella no quisiera, la sentó en la silla; que quiso meterla en la cama para hacerle daño; ella se sentía mala, con náuseas, ma-reada, dolor de cabeza, y cambiaba de color; el acusado se le fijó en el semblante y le preguntó por qué cambiaba de color; sentado encima del lío que había en la silla, el acusado le levantó el traje, se le echó encima y le hizo el daño; no se dió cuenta del hecho porque no estaba en su conocimiento; quería gritar y no le dejaba el acusado y acu-dieron las dos sirvientas, María Vélez y Natalia Rosa, preguntando qué pasaba, y él les contestó que nada, que se retiraron; después fué la declarante á la letrina á ver si arrojaba, porque tenía 'náuseas y con-vulsiones en el estómago y salió para su casa, y como se sentía mala le contó á su abuela lo que el acusado le había hecho, y su abuela le dijo que le había hecho un daño; el padre de la declarante estaba en Jayuya y la madre en cama dando á luz; nada le contó á su nadre cuando regresó de Jayuya; no visitaba la casa de Cancél; había almorzado en ella tres ó cuatro veces, estaba en la .misma escuela á donde iba Bienvenida; y solo en ese almuerzo del día del suceso, tres de julio, tomó cerveza y vino. Preguntada por el abogado del acu- ■ sado, declaró: ‘ ‘ que en el almuerzo había dos medias botellas de cerveza Americana Pabst, y tomaron cerveza los tres, la declarante, el acusado, y Bienvenida, la cerveza primero, y después del almuerzo tomó la declarante el vino; era la primera vez que tomaba licor y lo tomó porque el acusado le dijo que era saludable; era un vino como tinto y de gusto desagradable; después del almuerzo fué la declarante á la sala y Bienvenida * * # salió; la sirvienta Natalia servía la mesa, y la otra,-María., estaba por allí: lo primero que cerró el acusado cuando lá declarante estaba dentro del cuarto fueron unas ventanas que daban á la casa vecina, y luego juntó la puerta; ella buscaba la manera de salir porque comprendía la intención, y andaba, aunque tenía la cabeza mala, pero el .acusado le preguntó á quién le huía; no dió voces, ni pidió auxilio; la niña de la casa se fijó en algo y se lo dijo á la sirvienta y cuando las sirvientas se asomaban, ya estaba el acusado cometiendo el hecho, y ellas preguntaron qué era, y Cancél respondió que nada; no podía llamar á las sirvientas porque el acusado la tenía oprimida, teniendo su cuerpo encima del de ella, y eso le impedía hablar; cuando el acusado quiso que la declarante se acostara en la cama ella estaba de pie y no llamó á nadie y retro-cedió buscando por donde salir; ■ el acusado la cogió por los brazos y la sentó en la silla y le echó el cuerpo encima, y las piernas, una por cada lado, quedando en medio las de la declarante; fué á su casa por sus pies y no se acostó. Preguntado otra vez por el Fiscal, dice que sus piernas las'tenía abiertas, y preguntado otra vez por el abogado del acusado, dice que cuando se sentó en la silla trató de cerrar sus piernas, pero el acusado las abrió porque tenía- más fuerza que ella, y se le tiró encima. Preguntada por el juez, contestó que se le tiró encima después de abrirle las piernas, y las del acusado tocaban las suyas, quedando por fuera las del acusado, y por dentro las de la declarante.1 ’

Este estado de hechos que se encuentra aislado, es apenas suficiente para justificar una declaración de culpabilidad. En vista de unas instrucciones erróneas como las que se han dado en el presente caso, el jurado tal vez se creyó autorizado para dar un veredicto de culpabilidad, pero si se hubiera dado el mismo veredicto, en virtud de instrucciones adecua-das, probablemente se habría considerado la prueba tan débil é insuficiente que la deducción que necesariamente se hubiera hecho de la mismá, hubiera sido que el veredicto era el resul-tado de parcialidad, apasionamento ó prejuicio, como ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Crompton, que sé halla relatado en 138 U. S., 36.

Pero nosotros no .queremos basar nuestra decisión en este motivo, sino que preferimos seguir la regla sentada en el caso de Leña Verde que es como sigue: “Se puede decir general-mente que este tribunal no revisará el veredicto del jurado con respecto á una cuestión de hecho, á menos que dicho vere-dicto sea claramente erróneo, ó el resultado de parcialidad, apasionamiento ó prejucio,” P. P. R. contra D. Días, resuelto el 6 de marzo de 1907.

Por los errores en que ha incurrido el Tribunal en las ins-trucciones dadas al jurado y que se han señalado anterior-mente, debe revocarse-la sentencia, y devolverse la cansa para la celebración de nn nuevo juicio, de acuerdo con los corres-pondientes principios de derecho consignados en la presente.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y Wolf, que manifestó estar con-forme con la parte dispositiva.


author: El Juez Pbesidente Sr. Quiñones,

text:
    Menéndez v. El Registrador de la Propiedad.
    Plegues o gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez.
    No. 1.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Contribuciones — Inscripción—Certificado de Venta. — Los certificados de venta expedidos por los colectores de rentas internas deben expresar el nombre de todas aquellas personas contra las cuales se hubiera seguido el procedimiento de apremio, á fin de que el Registrador pueda determinar si son las mismas, á cuyo favor aparecen inscritos los bienes en el registro. La falta de ese requisito en el certificado de venta constituye un defecto insubsanable que impide su inscripción.
    Bienes de Menores — Autqrización Judicial. — La madre con patria potestad sobre sus hijos, necesita autorización judicial para representar á éstos en el otorgamiento de un documento público que afecte al dominio de los bienes inmuebles de los mismos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Ramírez.

   El Juez Pbesidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Rodolfo Ramírez Yigo, á nombre de Don Ricardo Menéndez Monsegur contra nota denegatoria del Regis-trador de la Propiedad de Mayagüez á inscribir un certificado de venta de una finca rústica.

Resultando: Que seguido expediente de apremio por el colector de rentas internas de Mayagüez contra Elena Rivera, y otros en cobro de contribuciones atrasadas, se embargó á los deudores un predio de 58 cuerdas de terreno, sitas en el barrio Legisamos, del término municipal de aquella ciudad, y que sacado á pública subasta se adjudicó á Don Ricardo Me-néndez como el mejor postor que se presentó en la subasta; y .que expedido á favor del comprador el correspondiente certi-ficado de compra por el colector de rentas y presentado que fué al Registro de la Propiedad de Mayagüez para su inscrip-ción, la denegó el registrador por los fundamentos que ex-presa la nota que se ve al pie de dicho documento, la que copiada literalmente dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento con vista de un escrito de nota .adicional, firmado por Don Ricardo Menéndez, en el que hace constar que la finca rematada se compone de dos frac-ciones de terreno. Una de 50 cuerdas y otra de 8, radicadas en el barrio de Río Cañas, de este término, las que describe, por los defectos de no haberse consignado en documento auténtico la aclaración hecha en el escrito de nota adicional; de no identificarse en manera alguna la finca.de 58 cuerdas, objeto del remate con las dos fracciones que se describen en dicho escrito; y por el de hallarse, las dos referidas fincas inscritas á favor de Da. Elena Rivera'y sus dos hijas Da. Lo-renza y Da. Elena Traval y Rivera, y haberse seguido el procedimiento de apremio contra Da. Elena Rivera y otros, sin que se exprese en el certificado de vénta el nombre de éstos, habiéndose tomado la corres-pondiente anotación preventiva por 120 días, desde esta fecha á los folios 7 y 13 vueltos, del tomo 64, del ayuntamiento de Mayagüez, fin-cas números 2298-y 2299, duplicado, anotaciones letras C., las que quedan sujetas al resultado de las anotaciones letras A. y B. de las mismas fincas. Habiéndose consignado además, el defecto subsanable de expresarse en el escrito de nota adicional, que las dos fracciones de que se dice se compone la finca rematada, radican en el barrio de Río Cañas, apareciendo, según el registro, en el de Legisamos. — Ma-yagüez, P. R., noviembre 16, de 1906. — José E. Benedicto, Registrador de la Propiedad.”

Resultando: que para subsanar el defecto consignado por el registrador en su nota y acreditar que las personas contra las que aparecía dirigido el expediente de apremio, bajo el título de Elena Eivera y otros, eran Doña Elena Eivera Yda. de Traval y sus bijas Doña Elena y Doña Lorenza Traval y Eivera, á cuyo favor aparecían inscritos los terrenos en el registro de la propiedad en dos fracciones, una de 50 cnerdas y la otra de 8, se presentó al registro copia de un acta notarial otorgada en Mayagüez ante el abogado y notario de la misma Don Eodolfo Eamírez Vigo, en 7 de diciembre de 1906, por la que Doña Elena Eivera Vda. de Traval así lo bacía constar para que se convirtiera en inscripción definitiva la anotación tomada del certificado de venta, á lo que se negó el registrador por los motivos que expresa la nota puesta al pie de dicbo certificado, la que copiada á la letra dice así:

“No admitida la conversión en inscripción definitiva de las ano-taciones tomadas, en virtud del precedente documento, la que se ba solicitado, presentando en esta oficina el anterior certificado de venta, y un acta notarial otorgada en siete del corriente mes, ante el No-tario Don Eodolfo Eamírez, por la que Da. Elena Eivera por sí y en representación de sus menores bijas Da. Lorenza Traval y Eivera y Da. Elena de los propios apellidos, bace algunas aclaraciones referen-tes al precedente certificado de venta, por los defectos de no estar la referida Da. Elena Eivera autorizada para aclarar ó enmendar un documento otorgado por un funcionario del Gobierno, ni para repre-sentar á sus menores hijas en el otorgamiento de un documento público que afecte al dominio de los bienes inmuebles de las mismas, sin la debida autorización judicial, habiéndose tomado la correspondiente anotación preventiva á los folios 8 y 14 vueltos, del tomo 64 de este ayuntamiento, fincas números 2298 y 2299 duplicados, anotaciones letras D, las que quedan sujetas al resultado de las anotaciones letras A, B y C, de las mismas fincas. — Mayagüez doce de diciembre de 1906. — José E. Benedicto, Eegistrador de la Propiedad.”

Resultando: que contra esta nota ba interpuesto Don Ei-earclo Menéndez Monsegur, por conducto de su abogado Don Eodolfo Eamírez Vigo, el presente recurso- gubernativo para que se revoque dicha nota y se ordene al registrador que teniendo por subsanados con el acta notarial de 7 de diciembre de 1906 otorgada por Doña Elena Rivera, los defectos que hizo constar en la nota de 16 de noviembre último y que moti-varon la anotación de suspensión, proceda á inscribir á nom-bre de Don Ricardo Menéndez las dos fracciones de te-rreno, una de 50 cuerdas y la otra de 8, que aparecen á favor de Doña Elena Rivera y sus hijas Elena y Lorenza Traval y Rivera, toda vez que resulta debidamente identi-ficado que la finca que en 27 de julio de 1906 compró Don Ricardo Menéndez al Tesoro de Puerto Rico para el pago de las contribuciones adeudadas por Elena Rivera y otros, es la misma y se compone de las indicadas dos fracciones de te-rreno.

Resultando: Que en este estado se presentó ante esta Corte Suprema Don José Antonio Fernández, diciéndose apo-derado de la Sociedad Pérez Hermanos, sin acreditarlo de nin-guna man'era, para que se desestimara el recurso interpuesto por Don Ricardo Menéndez, por no pertenecer á éste los te-rrenos de que se trata y sí á sus representados Pérez Her-manos.

Aceptando los fundamentos de la resolución impugnada.

Se confirma la nota puesta por el Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez á la vuelta del certificado de venta ex-pedido á favor de Don Ricardo Menéndez y por la que se declara no haber lugar á convertir en inscripción definitiva la anotación preventiva tomada á favor de dicho Sr. Menén-dez; y devuélvanse los documentos presentados al registra-dor de Mayagüez, con copia de la presente resolución, para su■ conocimiento y demás efectos; y en cuanto al escrito pre-sentado en este recurso por Don José Antonio Fernández, no há lugar á proveer, y devuelvánsele á éste sus documentos.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juay, PrustdeNte Sr. Quiñones,

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Cagnas.
    No. 4.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Inscripción — Mandatario—Defecto Subsanable. — No habiéndose acreditado en forma legal que el presidente de la compañía recurrente en este caso, esté autorizado para contratar y aceptar á nombre de dicha compañía, la escritura de venta á que se refiere este recurso, constituye ello un defecto subsanable que debe hacerse constar en la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Hernández Usera.

   El Juay, PrustdeNte Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don José Hernández Usera, á nombre de la Sociedad Porto Rican Leaf Tobacco Go. contra resolución del Registra-dor interino de la Propiedad de Caguas, admitiendo la ins-cripción de una escritura de compra-venta de un terreno, con defecto subsanable.

Resultando: que por escritura pública otorgada en esta ciudad ante el abogado y notario de la misma Don José Her-nández Usera, en 19 de julio de 1906, Don José Costas Palol, con autorización expresa de su esposa Doña Marcolina Morales y Rodríguez, vendió á la sociedad Porto Rican Leaf Tobacco Co. un pedazo de terreno de cuatro cuerdas y 69 cénti-inos de otra, situado en el barrio del Mamey, del término municipal de Juncos, compareciendo la sociedad compradora- al otorgamiento de la' escritura representada por el presidente de la misma, Don Luis Toro Pasarell, cuyo nombramiento acreditó por certificación librada por el mismo notario autori-zante con vista del libro de actas de la expresada sociedad; y que llevada dicha escritura al Registro de la Propiedad de Oaguas para su inscripción, la inscribió el registrador con el defecto subsanable de no acreditarse legalmente que el Sr. Don Luis Toro Pasarell, en el carácter que ostentaba, tuviera facultades para contratar á nombre de la compañía Porto Pican Leaf Tobacco Go., según consta de la nota puesta por el registrador de la propiedad al pie de dicha escritura.

Resultando: que contra esta nota ha interpuesto la citada sociedad, por conducto de su abogado Don José Hernández Usera, el presente recurso gubernativo, para que se revoque dicha nota y se deje sin .efecto la calificación de defecto subsa-nable hecha por el Registrador de la Propiedad de Caguas en la inscripción de la citada escritura.

Aceptando el fundamento de la resolución impugnada.

Se confirma la nota puesta por el Registrador de la Pro-piedad de Caguas al pie de la escritura de que se trata, y por la que se declaró inscribible dicha escritura, con el defecto subsanable de no acreditarse legalmente que el Sr. Don Luis Toro Pasarell, en el carácter que ostentaba, tuviera faculta-des para contratar á nombre de la compañía Porto Pican Leaf Tobacco Co., y devuélyase al registrador la escritura presen-tada con copia certificada de la presente resolución, para su conocimiento y demás efectos.

G on firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. HeRuáudez,

text:
    El Pueblo v. Paz.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 82.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Multa — Prisión Subsidiaria. — La prisión subsidiaria que se imponga al acusado en defecto de pago de multa no debe exceder de un día por cada dollar que dejare de satisfacer.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Possy, Fiscal.

      La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. HeRuáudez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Manuel María Paz contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez, que en grado de apelación y en treinta de enero último le condenó como culpable de delito de acometimiento y agresión á la pena de cincuenta dollars de multa ó noventa días de cárcel y pago de costas.

No hay en el récord pliego de excepciones, ni exposición del caso, ni tampoco el apelante lia hecho alegación alguna escrita ú oral en apoyo del recurso.

Empero como el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal ordena que la-prisión que la corte de distrito ha de imponer en el caso de que no se pague una multa, no debe exce-der de un día por cada dollar, y como en el presente caso la multa impuesta es de cincuenta dollars, entendemos que la pri-sión alternativa ó subsidiaria no puede exceder de cincuenta días.

Esa doctrina ha sido ya establecida por esta Corte Su-prema en el caso de habeas corpus de Guadalupe Andino, en el caso de Gabriel Díaz por portar armas prohibidas, y en el de José Maiz, por hurto, decididos, respectivamente, en 22 de mayo de 1905, en 6 de mayo próximo pasado y en 21 de junio corriente.

Por las razones expuestas, procede se confirme la sentencia apelada, con la modificación antedicha.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asociados, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    El Pueblo v. Rivera.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.

      No. 92.

    Resuelto en octubre 11, 1907.
    Apelación- — Sentencias en Causas Criminales. — Las sentencias dictadas por las cortes de distrito en las apelaciones procedentes de las cortes municipales, no deben ser en el sentidp de confirmar la dictada por la corte inferior, sino que, celebrándose de nuevo el juicio, deben proceder á dictar nueva sentencia con arreglo á sus resultancias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado : Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado en el presente caso fué procesado mediante una denuncia por hurto de menor cuantía, y en apelación ante la Corte de Distrito de Pohce fué condenado á la pena de quince días de cárcel. En esta corte no compareció el apelante el día de la vista. La prueba no nos fué certificada en ninguna forma, y no encontramos nada que nos justificaría la revoca-ción de la sentencia apelada, la que debe confirmarse.

En vista de que el juicio ante la Corte de Distrito- fué un proceso de novo, la sentencia de dicha corte no ha debido ser en forma de confirmación de la sentencia de la corte inferior, y la sentencia de este tribunal confirmará meramente la impo-sición de la pena y de las costas.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado ’Se. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Rivera.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce..
    No. 94.
    Resuelto en octubre 11, 1907.
    Apelación — Sentencias en Causas Criminales. — Las sentencias dictadas por las cortes de distrito en las apelaciones procedentes de las cortes municipales, no deben ser en el sentido de confirmar la dictada por la corte inferior, sino que, celebrándose de nuevo el juicio, deben proceder á dictar nueva sentencia, con arreglo á sus resultancias.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado ’Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado en el presente caso fué procesado ante la corte municipal de Coamo y Juana Díaz, bajo una denuncia por hurto de menor cuantía, es decir, por haber robado 6 ó 7 cuar-tillos de café y en apelación ante la Corte de Distrito de Ponce fué condenado á la pena de tres meses de cárcel.

En este tribunal no compareció el apelante y no tuvo repre-sentación en el acto de la vista. La prueba no nos fué certi-ficada, ni mediante pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no encontramos nada en el récord- que justificaría la completa revocación de la sentencia apelada, y por lo tanto, debía confirmarse la misma.

Las cortes de distrito no son realmente cortes de apelación, puesto que la ley no les exige revisar las causas que se presen-tan ante ellas, procedentes de los tribunales inferiores, ni las sentencias que se hayan dictado en las mismas, sino que deben juzgar nuevamente dichas causas sin referencia alguna á las resoluciones dictadas por los tribunales inferiores.

En vista de que el juicio ante la porte de distrito fué nece-sariamente un proceso completamente nuevo, la sentencia de dicha corte no ha debido ser en forma de confirmación de la sentencia de la corte inferior, y la sentencia de este tribunal debía confirmar meramente la imposición de la pena de encar-celamiento y el pago de las costas.

'Una causa parecida á la presente, seguida contra el mismo individuo, fué resuelta por esta corte el viernes último pasado, y la resolución dictada en esa ocasión será seguida en el pré-nsente caso. La sentencia confirmatoria debería dictarse de acuerdo con lo expuesto.

Confirmada.,

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    El Pueblo v. Ayala.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 88.
    Resuelto en octubre 17, 1907.
    Acusación" — Perjurio.—Una acusación por perjurio que contenga una alegación expresa con respecto á la esencialidad y materialidad de los hechos que el , acusado jurara como ciertos' conociendo su falsedad, es suficiente, sin que sea necesario alegar ningún otro hecho tendente á mostrar esa esencialidad ó materialidad.
    Id. — Excepción Previa — Apelación.—La excepción de que la acusación no ha sido jurada por el Fiscal, debe interponerse al formularse la acusación, pues de lo contrario se entenderá renunciado el derecho á presentarla, y no podrá impugnarse después la acusación, por ese motivo.
    Los fiechos están expresados en la, opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Figueeas,

emitió la opinión del tribunal.

El caso sometido á la decisión de esta Corte Suprema es un recurso de apelación interpuesto por Genaro Ayala contra el fallo que por perjurio dictó la corte arriba expresada en ■ 2 de febrero del año corriente, condenándole á la pena de nn año de presidio con trabajos forzados y al pago de las costas.

Contra ese fallo se interpuso recurso de apelación.

No se lia presentado pliego de excepciones, ni exposición del caso, ni alegato escrito ante esta Corte Suprema. Pero en el acto de la vista el Letrado Bossy, qne compareció á nombre del acusado, alegó oralmente dos razones en pró de la revoca-ción de la sentencia.

Fué una qne la acusación no estaba suficientemente clara y otra que el Fiscal no babía jurado la acusación.

La acusación dice así:

“El citado Genaro Ayala, con feolia 29 de agosto de 1906, pre-sentó ante el juzgado de paz del Pueblo de Sabana Grande, que forma parte de este distrito judicial, una denuncia jurada por habérsele incendiado, en la noche del 28 de agosto de este año, un ranchón que habitaba en el barrio de Santana del referido pueblo. En dicha de-nuncia el dicho Gena.ro Ayala maliciosamente y conociendo su false-dad juró como cierto “Que la noche del suceso Don Emilio Pietri y D. Manuel Peralta regresaron del barrio de Santana, serían las 10 de la noche, siendo éste un hecho importante y esencial á dicha de-nuncia. El juramento fué prestado ante Calixto Carreras, juez de paz de Sabana Grande que es un funcionario competente para tomar juramentos. Este hecho es contrario á la ley para tal caso prevista y á la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico. (Firmado) Martín Travieso Jr., Fiscal del Distrito. La acusación que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento, cre-yendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al Tribunal. (Firmado, Martín Travieso Jr., Fiscal del Distrito.) ”

La simple lectura de dicha acusación basta para convencer de su claridad y de que se ajusta al artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Pero la defensa objeta que, si bien se expresa el hecho de que se juró, no basta que el fiscal alegue que ese hecho es material ó esencial, sino que es preciso que también se expres'e el hecho tendente á mostrar esa esencialidad ó materialidad.

Pero el Tribunal Supremo de California lia dicho, inter-pretando el estatuto de ese Estado sobre perjurio, que es igual al nuestro, lo siguiente:

“Cuando existe una alegación expresa en la acusación, con respecto á la esencialidad ó materialidad del juramento,, la acusación es sufi-ciente, á menos que de una manera categórica aparezca de las alega-ciones que dicho juramento era inmaterial. Con respecto á la alega-ción de que la declaración del acusado versara sobre una cuestión esencial, no podemos decir que la misma se refiera á un asunto in-significante, porque las otras alegaciones contenidas en la acusación no lo demuestran.
“People v. Marks Brilliant, 58 Cal. Rep., 218.
“En el caso de Pueblo v. Kelley, 59 Cal., 372, se declaró que la materialidad de la prueba no tenía que ser afirmada de una manera expresa, cuando dicha materialidad aparecía de los hechos expuestos; y en Pueblo v. Brilliant, 58 Cal., 214, se declaró que una alegación expresa con respecto á la materialidad es suficiente, á no ser que aparezca lo contrario de las otras alegaciones.
“People v. Ah Bean, 77 Cal. Reps., 15.”

Es cierto, como dice el defensor, que no consta en el récord que el fiscal jurase la acusación, pero hay que tener en cuenta que se trata de un delito grave (felony) y en tal caso sólo puede desestimarse la acusación por ese defecto cuando es á instancia del acusado “hecha al formularse la misma,” según el artículo 145 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmen-dado por la Ley de la Asamblea Legislativa aprobada en 30 de mayo de 1904.

Si esto no se hizo á su debido tiempo, no se puede ahora hacer esa objeción, porque á ello se opone el artículo 146 del referido Código de Enjuiciamiento Criminal.

En" tales circunstancias y como no consta del récord que se haya cometido ningún error fundamental, debe confirmarse la sentencia apelada con las costas del recurso al apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Heenández,

text:
    El Pueblo v. Negroni.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 93.
    Resuelto en octubre 24, 1907.
    Apelación — Sentencias en Causas Criminales. — Las sentencias dictadas por las cortes de distrito en las apelaciones procedentes de las cortes municipales, no deben ser en el sentido de confirmar la dictada por la corte inferior, sino que, celebrándose de nuevo el juicio, deben proceder á dictar nueva sentencia, con arreglo á sus resultancias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por An-drés Negroni contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, que en grado de apelación contra sentencia de la corte municipal de Yanco y mediante la celebración de nuevo juicio, le condenó como culpable del delito de alteración de la paz publica por sentencia de 25 de marzo del corriente año, á la pena de multa de cien dollars, y en defecto de pago, á cien días de prisión en la cárcel de dicho distrito y al pago de las costas, confirmándose así parcialmente Id sentencia apelada, según expresión de la corte inferior.

No encontramos en el récord pliego de excepciones, ni ex-posición de hechos, ni tampoco el apelante ha hecho alegación alguna escrita ú oral en apoyo del recurso, ajustándose, ade-mas, la pena al precepto del artículo 368 del, .Código Penal.

Empero tratándose de sentencia dictada mediante la cele-bración de nuevo juicio, dicha sentencia no puede estimarse basada en los méritos del juicio que originó la apelación, y por tanto, bajo concepto alguno, puede ser confirmatoria parcial-mente de la apelada. Es sentencia nueva, como nuevo es el juicio en que se dicta.

Así lo Remos dicho ya en los casos números 92 y 94 de El Pueblo de Puerto Rico contra Pascasio Rivera, decididos, respectivamente, en los días 11 y 14 del presente mes.

Por las razones expuestas, procede se confirme la sentencia apelada, menos en cnanto expresa ser confirmatoria parcialmente de la otra sentencia apelada de la corte municipal de Y anco.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Pigueras, MacLeary. y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Rodríguez.
    Apelación procedente de la Corte de Distritq de Ponce.
    No. 91.
    Resuelto en octubre 24, 1907.
    Apelación — Errores Manifiestos. — No apareciendo de los autos que se baya cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado Acisclo Rodríguez fue acusado en la Corte de Distrito de Ponce del delito de perjurio, y después del jui-cio, fuá condenado á un año y seis meses de presidio con tra-bajos forzados, y al pago de las costas.

La causa fué elevada á este Tribunal Supremo en apela-ción, pero no nosjba sido certificada la prueba en manera al-guna, y puesto que no hemos encontrado en el récord ningún error, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández,. Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. -Figueras,

text:
    El Pueblo v. Vélez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 97.
    Resuelto en octubre 29, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones- — Relación de I-Iechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no apareciendo de los autos que se haya cometido error alguno que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. -Figueras,

emitió la opinión del tribunal.

Esta cansa se originó en la corte municipal de San Germán y pasó á la Corte de Distrito de Mayagüez, en virtud de re-curso de apelación que interpuso el acusado Esmeraldo Vélez. Celebrado ante esta última corte un nuevo juicio se le condenó en primero de febrero de 1907 por un delito contra el derecho electoral á la pena de cincuenta pesos de multa ó, en su de-fecto, á un mes de cárcel y costas.

También contra esta sentencia se interpuso recurso de ape-lación. Pero no se ha presentado aquí pliego de excepciones ni exposición del caso, ni siquiera alegato escrito.

La sentencia se ajusta al artículo 322 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, y del récord no aparece que se haya come-tido ningún error fundamental.

Por cuyo razón, el fallo apelado debe confirmarse con las costas del recurso á cargo del apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


text:
    El Pueblo v. Torres.
    ApelaoxóN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 98.
    Resuelto en octubre 29, 1907.
    Multa — Prisión Subsidiaria — Costas—Cortes Municipales — Cortes de Dis-trito. — La prisión subsidiaria que por defecto del pago de multa y costas ' pueden decretar las cortes municipales, lia de imponerse á razón de un día por cada cincuenta centavos 'de la multa y costas que dejaren de satisfacer, sin que tengan dichas cortes discreción alguna para reducir ese término de prisión. Las cortes de distrito tienen facultades para imponer prisión por defecto de pago de multa que 110 excederá de un día por cada dollar que el acusado dejare de satisfacer, pudiendo ser un término menor.
    Apelación — Pruebas—Relación de Hechos. — Para que el Tribunal Supremo pueda considerar en una apelación las pruebas practicadas en el juicio, deben incluirse en un pliego de excepciones ó relación de hechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el acusado fné declarado culpable de nn delito contra el derecho electoral. Aparece de los autos que el acusado falsamente juró tener veinte y un años de edad, cuando efectivamente no tenía sino diez y siete, con objeto de ser inscrito como elector en el Precinto Rosario y el pueblo de San G-ermán.

Se presentó denuncia contra él en el juzgado municipal de San Germán, imputándosele en la misma, con suficientes ale-gaciones, dicho delito, y fué declarado culpable en 12 de diciem-bre de 1906 por dicha corte, condenándole á. pagar una multa de ($50) cincuenta dollars y las costas, ascendentes á ($7.85) siete dollars ochenta y cinco centavos, ó en su defecto, á un mes de prisión en la cárcel municipal de San Germán. La pri-sión alternativa debió haber sido de (115) ciento quince días, de acuerdo con el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Las cortes municipales deben imponer prisión al-ternativa á razón de un día por cada medio dollar de la suma, en la cual lia sido fijada la multa y las costas; y no es discre-cional en dichas cortes la facultad de rebajar este tiempo. Yerdáderamente que el castigo impuesto al acusado es muy benigno para el delito del cual se le declaró culpable. Estos cielitos afectan á la raíz misma de un gobierno' libre, debiendo por consiguiente, ser castigados severamente de modo que de una manera efectiva se extingan en la Isla. Pero nosotros nada tenemos que ver con los errores de la corte municipal.

Se estableció apelación celebrándose nuevo juicio en la Corte de Distrito de Mayagüez, dictando dicha corte igual sen-tencia que la municipal. Y, cosa rara, esta sentencia era co-rrecta. Por alguna razón concede la legislatura el ejercicio de su facultad discrecional á los jueces de distrito al fijar el tér-mino de prisión alternativa en defecto de pago de multa. El radíenlo 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal exige que la prisión alternativa, al fijarse por las cortes de distrito no excederá de un día por cada dollar de la multa impuesta. En •el presente caso la prisión pudo haberse fijado hasta por cin-cuenta días, pero la corte tenía facultad para rébajarla; como lo hizo, fijándola en un mes ó treinta días de cárcel. Esta sen-tencia fué dictada en Io. de febrero, 1907. Se interpuso re-curso de apelación en 4 de febrero último. Esta apelación realmente tuvo por objeto demorar el procedimiento. No se perfeccionó hasta 13 de junio, más de cuatro meses después de haberse presentado el escrito de apelación. Las demoras ■que necesariamente se han ocasionado en esta corte y las vacaciones de verano de la misma han ocasionado mayor tar-danza, de modo que la vista del caso no tuvo lugar hasta el 25 ■de octubre.

En los autos no aparece exposición ó relación de hechos, ni pliego de excepciones, no habiéndose tampoco presentado ale-gato alguno á favor del apelante, ni estuvo éste representado por abogado durante la vista de la causa. Sin embargo, prestó fianza por ($100) para gozar de libertad mientras se resolvía ■el recurso de apelación.

De alguna manera se lian incluido en los autos dos docu-mentos : el certificado de bautismo del acusado y un certificado de A. M. Lyons, superintendente de elecciones, creditiva de que el acusado fué inscrito como elector. Con objeto de colo-car tales documentos en los autos y fiaceiúos formar parte de los mismos, deben incorporarse á una relación de hecRos ó un pliego de excepciones, los que deben venir autorizados por el jüez de distrito en la forma ordinaria.

Habiendo examinado cuidadosamente los autos, según fian sido presentados á esta corte, creemos que no existe error al-guno en la sentencia condenatoria dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez en el presente caso, en Io. de febrero de 1907; debiendo ser confirmada la misma, con las costas al apelante.

Confirmada.

Juer'es concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Higueras y Wolf.