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license: Public Domain

text:
    Puertorriqueños en Acción Ciudadana, Inc., demandante y recurrente, v. Comisión Estatal de Elecciones, Etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-91-620

      Resuelto: 29 de noviembre de 1991

      Frank Gotay Barquet, Enrique J. Mendoza Méndez, Héctor Urgell Cuebas y Gerineldo Barreto Pérez, abogados de la recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la Solicitud de Revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López disienten por razón de los fundamentos con-tenidos en la opiniones que emitieron en el caso MC-91-70, Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 D.P.R. 402 (1991). El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
    Myriam Ramírez de Ferrer, Agripina Irizarry Hernández, Rafael Zapata Pagán y Puertorriqueños en Acción Ciudadana, Inc., demandantes y recurrentes, v. Juan R. Melecio en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Eudaldo Báez Galib, Carlos Canals Mora, Manuel Rordíguez Orellana, Ramón Bauzá Escóbales y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-91-621

      Resuelto: 29 de noviembre de 1991

      Enrique J. Mendoza Méndez y José Enrique Mendoza Vidal, abogados de los recurrentes.
   RESOLUCIÓN

A la Solicitud de Revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López disienten por razón de los fundamentos con-tenidos en la opiniones disidentes que emitieron en el caso MC-91-70, Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 D.P.R. 402 (1991). El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Reynaldo Hernández Maldonado, acusado y apelante.

      Número: CR-89-57

      Resuelto: 6 de diciembre de 1991

      Herminio Maldonado González y Enrique Rivera Mendoza, abogados del apelante; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I

Los hechos

Contra el acusado apelante, Reynaldo Hernández Maldonado, se presentó una recusación por razón de domicilio ante la Junta Local de Elecciones de Jayuya (en adelante la Junta). Se alegó que el apelante no era residente del pueblo de Jayuya y se solicitó la eliminación de su nombre de la lista de peticiones de inscripción. La Junta determinó que el apelante era residente de Jayuya, por lo que podía votar en ese municipio. De esta determinación, el Sr. Jorge L. González Otero, en representación del Partido Popular Democrático (P.P.D.), presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Distrito, Sala de Jayuya, a tenor con lo dispuesto en el Art. 1.023 de la Ley Electoral de Puerto Rico (en adelante Ley Electoral), Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. sec. 3031.

El 4 de octubre de 1988 el tribunal dictó sentencia en la que determinó que el apelante estaba domiciliado en Baya-món y no en Jayuya. Resolvió que procedía su recusación como elector del pueblo de Jayuya y ordenó que se le ex-cluyera de la lista de electores de ese municipio.

A pesar de que en el proceso ante el Tribunal de Distrito el apelante compareció mediante representación legal, la sentencia no se notificó ni al abogado ni al apelante()

Así las cosas, el 8 de noviembre de 1988, día en que se celebraron las elecciones generales en Puerto Rico, el ape-lante se presentó en el Colegio de Votación del Barrio Gri-piñas de Jayuya para emitir su voto. Allí, una funcionaría del Colegio le indicó que no podía votar debido a la existen-cia de una orden judicial da exclusión que lo eliminó de la lista de electores de Jayuya. No le mostró la orden. El ape-lante le manifestó a la funcionaría que él desconocía la existencia de esa orden, pues ésta no le fue notificada. Luego de ser informado del alegado contenido de la orden, el apelante no presentó objeción alguna a la funcionaría. Antes de marcharse del colegio se comunicó con un repre-sentante de su partido político, quien le expresó que tenía derecho a votar, por lo que debía acudir ante la Junta de Inscripción Permanente de Jayuya (en adelante la Junta de Inscripción). Así lo hizo. Una vez llegó a la Junta de Inscripción, los coordinadores de ésta revisaron el récord y otros documentos relacionados con el apelante como elector. Revisaron además la información de última hora, la más reciente contenida en el sistema de computadoras. Ninguno de los tres (3) coordinadores, miembros de la Junta de Inscripción, encontró impedimento legal alguno para que el apelante votara.() Así lo hicieron constar en un documento oficial de la Junta de Inscripción —firmado por los tres (3) coordinadores— el cual entregaron al apelante para que lo llevara al Colegio de Votación.

Documento en mano, el apelante se presentó nueva-mente en el Colegio de Votación y lo mostró a los funciona-rios electorales. Ante esta situación, los tres (3) funciona-rios del colegio se reunieron y, constituidos en Junta, a pesar de que todos tenían conocimiento de la existencia de la orden judicial de exclusión, unánimemente permitieron al apelante emitir su voto mediante el proceso de recusación. Los funcionarios de colegio retuvieron su tar-jeta electoral y el documento oficial emitido por la Junta de Inscripción. Además, le hicieron firmar otro documento que depositaron en un sobre junto con los documentos retenidos. El sobre se envió a la Comisión Estatal de Elecciones.

El 9 de febrero de 1989, tres (3) meses después de haber emitido su voto, el Estado presentó una denuncia contra el apelante, imputándole haber violado el Art. 8.025(b) de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3375(b). En la denuncia se alegó que sin tener derecho a votar el apelante intentó y logró emitir su voto.

Celebrado el juicio ante el Tribunal Superior,() Sala de Utuado, el juez de instancia encontró al acusado apelante culpable del delito imputado y lo condenó a pagar trescientos dólares ($300) de multa.

Inconforme, el acusado acudió ante nos mediante un re-curso de apelación.

HH h-H

Los elementos requeridos para que se configure el delito ti-pificado en el Art. 8.025(b) de la Ley Electoral de Puerto Rico

El Art. 8.025(b) de la Ley Electoral, supra, en su parte pertinente dispone lo siguiente:

Será sancionada con pena de reclusión por un término mí-nimo de un (1) mes y máximo de seis (6) meses, o multa mínima de cien (100) dólares y máxima de quinientos (500) dólares, toda persona que:
(b) sin derecho a votar, intentare hacerlo, o que aun teniendo derecho a votar, intentare hacerlo más de una vez ....

El Estado alega que el Art. 8.025(b), supra, es de res-ponsabilidad absoluta u objetiva, al cual el legislador le eliminó el requisito del elemento mental.

Los delitos de responsabilidad absoluta o responsabilidad penal objetiva son aquellos que, para configurarse, no requieren el elemento mental o culpabilidad. Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977); Pueblo v. Marrero, 93 D.P.R. 694 (1966); Pueblo v. Ruiz Vélez, 85 D.P.R. 483 (1962); Pueblo v. Andrades González, 83 D.P.R. 849 (1961); Pueblo v. Rivera, 75 D.P.R. 425 (1953); Pueblo v. Bou, 64 D.P.R. 466 (1945); D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, Sec. 5.9, págs. 166-167. Ahora bien, al referirnos a los delitos de responsabilidad absoluta, como muy bien señala la profesora Nevares-Muñiz en su obra, debemos tener presente que:

Se trata de un limitado grupo de delitos relacionados con actos altamente peligrosos para el bienestar general y la segu-ridad de la comunidad (e.g. alimentos adulterados, contamina-ción ambiental, algunas violaciones a la ley de armas, sustan-cias controladas, explosivos, tránsito y vehículos de motor), así como también algunos delitos que sería muy difícil probar si se requiriera establecer un elemento mental. En el caso de los últimos la pena no es severa.
Como los delitos de responsabilidad absoluta constituyen la excepción, si la ley nada dice respecto al elemento mental, se interpretará a los efectos de que tal elemento es necesario. En ese caso, la intención o negligencia deberá ser probada como cualquier otro elemento del delito. Morrisette v. United States, 342 U.S. 242 (1952). Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 167.

Un análisis del delito tipificado en el Art. 8.025(b) de la Ley Electoral, supra, refleja que éste no puede considerarse altamente peligroso para el bienestar general y la seguridad de la comunidad, ni mucho menos un delito que sería muy difícil probar si el elemento mental fuese requerido. Dicho artículo tampoco contiene lenguaje que nos lleve a concluir que el legislador haya prescindido del elemento mental como uno de los requisitos para que este delito se configure. Esto es cónsono con la regla general de que “[n]adie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley provee como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal”. Art. 14 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3061.

Sabido es que al interpretar una ley lo haremos “tomando en consideración los fines que persigue y en forma tal que la interpretación se ajuste al 'fundamento racional o fin esencial de la ley’ y a la política pública que la inspira”. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968). “Nuestra cardinal obligación es desentrañar y hacer prevalecer el propósito legislativo, imprimiéndole así efectividad.” A.R.Pe. v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793 (1991). Véanse, además; Pueblo v. Álvarez Torres, 127 D.P.R. 830 (1991); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334, 342 (1986); Art. 19 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 19; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 31, págs. 245-247.

Una correcta hermenéutica también requiere que las leyes se analicen como un cuerpo, no de forma seccionada e inconexa. Las leyes “deben ser tratadas como un todo armónico, leyéndolas en conjunto y no interpretando aisladamente sus disposiciones”. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., Cap. 73, pág. 481; Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 18; A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820 (1986); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 42 (1950).

Ahora bien, en términos generales y con relación a las violaciones del ordenamiento electoral, la propia Ley Electoral dispone, en su Art. 8.004 (16 L.P.R.A. sec. 3354), lo siguiente:

Toda persona que, a sabiendas y fraudulentamente, obrare en contravención de cualesquiera de las disposiciones de este Sub-título, o que teniendo una obligación impuesta por el mismo, voluntariamente dejare de cumplirla, o se negare a ello, será culpable de delito electoral y, de no proveerse en este Subtítulo, la imposición de una penalidad específica por tal violación, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. (Énfasis suplido.)

El Art. 8.025(b) de la Ley Electoral, supra, es precisamente una de las disposiciones a que se refiere el antes citado artículo. Por lo tanto, analizando ambos artículos en conjunto y tomando en consideración las normas de derecho antes expuestas (en específico, el hecho de que la intención legislativa es proveer un sistema que facilite y haga viable la emisión del voto a todos los electores cualificados), concluimos que para que se configure el delito tipificado en el Art. 8.025(b), supra, es necesario probar que el imputado actuó “a sabiendas” de que obraba en contravención a lo allí dispuesto. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989); Art. 15 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3062; Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 156.

Además, debemos tener presente que este delito, al igual que otros análogos, se creó con el propósito de evitar el fraude y garantizar la pureza del proceso electoral, piedra angular de nuestro sistema democrático de gobierno() Esta es una forma adicional de salvaguardar un derecho de cardinal importancia en la sociedad puertorriqueña como lo es el derecho al sufragio universal. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Si interpretásemos que el delito tipificado en el Art. 8.025(b) de la Ley Electoral, supra, es de responsabilidad penal absoluta u objetiva, estaríamos atentando contra esta garantía constitucional.

rH HH

El registro y la notificación de la sentencia: su finalidad y efecto

La supuesta ilegalidad de la actuación del acusado —el intentar votar sin derecho a ello— se fundamentó en una sentencia del Tribunal de Distrito de Adjuntas en Jayuya, mediante la cual se ordenó su exclusión de la lista de elec-tores de ese municipio. Es necesario que analicemos los principios procesales que inciden sobre la determinación de cuándo entró en vigor y, por lo tanto, si se podía hacer efectiva dicha sentencia.

Un tribunal dicta una sentencia final o definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 26 (1986); Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977); Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955). La parte dispositiva, o sea, la parte “donde se adjudican y determinan las controversias del caso y donde se definen los derechos de las partes”, es la que constituye la sentencia. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656 (1987). Una vez dictada, es deber del Secretario del tribunal notificarla, a la brevedad posible, archivando en autos una copia de ella, de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La notificación se hará al abogado de la parte, a menos que el tribunal ordene que se haga a la parte o que ésta haya comparecido por derecho propio, en cuyo caso se le notificará directamente a ella. “La notificación al abogado o a la parte se hará entregándole copia o remitiéndosela por correo a su última dirección conocida ....” Regla 67.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ahora bien, la entrega de la notificación de la sentencia se considera hecha cuando se pone en manos del abogado o de la parte, según fuese el caso, o dejándola “en su oficina en poder de su secretaria o de otra persona a cargo de la misma; o, si no hubiere alguien encargado de la oficina dejándola en algún sitio conspicuo de la misma, o si la oficina estuviere cerrada o la persona a ser notificada no tuviere oficina, dejándosela en su domicilio o residencia habitual en poder de alguna persona que no sea menor de 18 años que resida allí. La notificación por correo quedará perfeccionada al ser depositada en el correo”. Regla 67.2 de Procedimiento Civil, supra.( )

La imperiosidad de la notificación a los abogados de las partes, cuando éstas comparecen mediante representación legal, estriba en la gran responsabilidad que éstos tienen con relación al trámite del pleito. In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986). Así lo reconocimos al señalar que, únicamente “por excepción expresamente autorizada, y aun así con renuencia, puede aceptarse como suficiente la notificación a una parte ignorando a su abogado”. Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228, 230 (1974). Véanse, además: Rodríguez Febo v. F.S.E., 116 D.P.R. 31 (1984); Santiago Dávila v. F.S.E., 113 D.P.R. 627 (1982); Arroyo Moret v. F.S.E., 113 D.P.R. 379 (1982).

Las reglas específicamente disponen que una “sentencia no surtirá efecto [no será ejecutable] hasta archivarse en autos copia de su notificación ...” Regla 46 de Procedimiento Civil, supra. Los términos jurisdiccionales para utilizar los remedios postsentencia y para recurrir en alzada comienzan a transcurrir desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. La notificación y el archivo en autos de esta copia es una etapa crucial del proceso. Si no se cumple con este trámite, la sentencia no se puede ejecutar; no surtirá efecto.

Con relación a los procedimientos especiales, las Reglas de Procedimiento Civil serán derecho supletorio en tanto y en cuanto no conflijan con el propósito de la ley especial. Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, supra; Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., Cap. 69, págs. 441-443. El Art. 1.023 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3031, dispone que “[e]n los casos de recusaciones por domicilio tanto el recusado como el recusador podrán apelar dentro de los diez (10) días la determinación de la Comisión Local al Tribunal de Distrito”.() Al no disponer la Ley Electoral de un procedimiento específico para la notificación y la ejecución de la sentencia que recaiga, y al no ser las Reglas de Procedimiento Civil sobre esta materia contrarias a los propósitos de dicha ley, la notificación y la ejecución de la sentencia que dicte el Tribunal de Distrito se regirán por éstas.

IV

Conclusión

Tomando en consideración las normas de derecho pre-viamente esbozadas, pasemos a analizar los hechos del caso de autos. De éstos se desprende que la sentencia en el caso de recusación del acusado apelante por razón de su domicilio (dictada por el Tribunal de Distrito) no se notificó ni a éste ni al abogado que lo representó. La notificación se hizo exclusivamente al abogado de la parte promovente de la acción de recusación y a otro abogado que no representó a parte alguna en ese pleito.

Cuando el acusado acudió a votar el día de las eleccio-nes generales, en el Colegio de Votación le indicaron que no podía votar allí porque existía una orden judicial que lo excluía de la lista de electores elegibles. No le mostraron copia de la orden. Luego de decirle a la funcionaría electoral que él desconocía la existencia de tal orden, se comu-nicó con un representante de su partido y se marchó del lugar. Fue a la Junta de Inscripción y pidió que verificasen su status como elector, y ésta le expidió un documento ofi-cial en el que se hizo constar que no existía impedimento legal alguno para que él votara. Con este documento acu-dió nuevamente al Colegio de Votación y allí, luego de con-sultar entre sí, unánimemente los funcionarios electorales le permitieron votar, aunque mediante el proceso de recusación.

Bajo esta situación fáctica, surge con meridiana claridad que la sentencia, que eliminaba al acusado apelante de la lista de electores elegibles para el Municipio de Jayuya, no era ejecutable y, por lo tanto, no había surtido efecto alguno al momento en que el acusado apelante intentó votar. En esos momentos, éste aún no había sido válidamente excluido de la lista de electores del Municipio de Jayuya. El que la funcionaría electoral le hubiese informado la supuesta existencia de dicha orden, sin mostrársela siquiera, no podía sustituir la notificación que debió hacer el Secretario del tribunal de acuerdo con el ordenamiento procesal y nuestra jurisprudencia, ni subsanar los efectos de la falta de tal notificación.

Además, de los hechos reseñados no surge que el ape-lante actuara con la intención de violar la Ley Electoral. Por el contrario, actuó como un ciudadano responsable que, ante los impedimentos levantados por funcionarios electo-rales para evitar que ejerciera su derecho al voto, acudió con premura a los organismos gubernamentales llamados a establecer con precisión su capacidad como elector.

El Ministerio Público no probó el elemento mental de la intención ni que al momento de intentar ejercer su derecho al voto el acusado apelante estuviese legalmente impedido de hacerlo.

A la luz de todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Superior; Sala de Utuado, el 1ro de junio de 1989 y se absuelve al acusado apelante del delito imputado. Se dictará sentencia en conformidad con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión una concurrente.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

H — I

Coincidimos con la revocación decretada por el Tribunal. A todos los fines prácticos, el Procurador General se allana al expresar en su comparecencia, en cuanto al primer señalamiento, lo siguiente:

En el presente caso, la sentencia fue notificada a un abogado distinto al que representó al apelante durante el proceso, ni siquiera a la parte. La adecuada notificación al apelante le privó de su derecho a solicitar una reconsideración o la revisión de la sentencia. Podemos concluir que se afectaron sus derechos como elector. En el caso de Frente Unido Independentista vs. Comisión Estatal de Elecciones, Opinión del 30 de abril de 1990, se dijo que:
“El proceso electoral en nuestro sistema democrático está re-vestido de un alto interés público, Escalona Vicenty v. C.E.E., 115 D.P.R. 529 (1984). Ello requiere diligencia en la presenta-ción de los reclamos de los electores, de manera que se eviten dilaciones y demoras innecesarias que entorpezcan el proceso electoral y promuevan la incertidumbre de derechos.”
Esta diligencia también se requiere cuando se notifica a una persona que ha sido excluida como elector. Por lo tanto, el Tribunal de instancia erró al concluir que el apelante [Hernández Maldonado] había sido notificado de la sentencia en su contra. (Enfasis suplido.) Informe del Procurador General, pág. 4.

í — I

No existe otra ruta decisoria. Como expusimos en nues-tro disenso en Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 D.P.R. 1, 288 (1990), “[e]s principio fundamental del Dere-cho en todos sus ámbitos, incluso la rama del derecho electoral, que los actos nulos no pueden ser utilizados para conferir o quitar derechos ...”. (Énfasis suplido.) No basta la ficción forense. Sean determinaciones de las comisiones locales electorales —como lo fueron en Granados v. Rodrí-guez Estrada V, supra, o como aquí, dictámenes judicia-les— es menester una notificación real y adecuada al elector recusado para que comience a correr el término para apelar. Sin esa notificación, los trámites son nulos.

Situaciones como las de autos y los de Granados v. Ro-dríguez Estrada V, supra, cuyo resultado es confiscar ile-galmente el derecho al sufragio electoral, no deberían for-mar parte de nuestro repertorio jurisprudencial.

      (1) La sentencia fue notificada únicamente al abogado del Partido Popular De-mocrático y a otro abogado, quien no representó a parte alguna en este proceso. Este abogado participaba en otros casos de la misma naturaleza. La notificación la hizo el Tribunal de Distrito de Adjuntas en Jayuya el 4 de octubre de 1988.

      (2) La orden de exclusión del apelante de la lista de electores de Jayuya, dictada por el Tribunal de Distrito, no constaba en ningún récord de la Junta de Inscripción Permanente de Jayuya. Todo parece indicar que la misma no fue notificada a esta Junta.

      (3) El Art. 8.025 de la Ley Electoral de Puerto Rico (en adelante Ley Electoral), Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. sec. 3375, establece un delito menos grave. Este delito, sin embargo, cae bajo la jurisdicción original del Tribunal Superior de Puerto Rico. Véase el Art. 8.027 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3378.

      (4) El Art. 1.002 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3002, declara como propó-sitos de dicha ley los siguientes:
      “El Gobierno por el consentimiento de los gobernados constituye el principio rector de toda democracia. Tiene sus pilares de formación en la aspiración de los ciudadanos a una amplia participación en todos los procesos electorales que les rigen.

      “En base a esta aspiración de pueblo, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra el derecho al sufragio universal, igual, secreto, directo y libre, a través del cual cada ciudadano puede emitir el voto con arreglo a los dictados de su conciencia. Tal garantía de expresión electoral dispuesta en nuestra Constitu-ción y también enmarcada como ejemplo en otras democracias occidentales, repre-senta el más eficaz instrumento de participación ciudadana. Por ello, nuestro orde-namiento constitucional extiende, además, a los partidos políticos un reconocimiento expreso y unos derechos categóricos, sujeto a los derechos de los electores al amparo de la see. 3051 de este título, sobre Derechos y Prerrogativas de los electores.
      “Sin embargo, a pesar de dicho reconocimiento, las tendencias electorales mo-dernas exigen la capacidad de expresión con independencia de afiliación partidista para la protección de todos los ciudadanos que así lo desean. Por tal razón, nos reafirmamos en el principio de que los propósitos de existencia de un ordenamiento electoral descansan en unas garantías de pureza procesal capaces de contar cada voto en la forma y manera en que sea emitido.

        “A fin de asegurar en forma cabal esa pureza tan necesaria al desarrollo de nuestra democracia y paralelamente garantizar la confianza del electorado puerto-rriqueño en unos procesos electorales libres de fraude y violencia, adoptamos el pre-sente Subtítulo.” (Énfasis suplido.)

      (5) La Regla 12(c) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. II-A, dispone:
      “El Secretario deberá archivar en autos copias de las sentencias, órdenes o resoluciones y de la constancia de la notificación de las mismas a todas las partes afectadas, dentro de un término no mayor de 3 días laborables de haberse enviado dichas sentencias, órdenes o resoluciones a la secretaría.”

      (6) Este artículo establece que el tribunal tramitará los casos dentro de los términos dispuestos en el Art. 1.016 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3016a.


author: per curiam:

text:
      In re José J. Colón Torres.

      Número: AB-91-5

      Resuelto: 13 de diciembre de 1991

      José J. Colón Torres, pro se.

   per curiam:

Como en reiteradas instancias, un ciudadano afectado por la actitud negligente de un abogado invoca nuestra jurisdicción disciplinaria para vindicar sus reclamos. Nos encontramos nuevamente ante un abogado que, en repetidas ocasiones, ha incumplido los requeri-mientos de este Tribunal en una investigación originada por una queja de un cliente debido a deficiencias en los servicios profesionales rendidos. En este caso en particular, su incumplimiento con nuestras resoluciones justifica su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.

I — I

El 6 de febrero de 1991 se presentó en la Secretaría de este Tribunal una queja contra el Ledo. José J. Colón Torres. Esta queja fue presentada por el Sr. Rafael A. Dá-vila, antiguo cliente de Colón Torres. En ella se alegaba que el letrado había aceptado representarle a él y a un grupo de condominos que interesaban la segregación de una finca de cinco cuerdas y media (5V2) que poseían en el Barrio Malpica de Río Grande. Se acordó que se pagarían $2,000 de honorarios, los cuales debían ser pagados a la brevedad, y $700 adicionales para sellos y escrituras. Se-gún Colón Torres, el caso no planteaba mayores dificulta-des y aseguró que estaría resuelto en dos (2) o tres (3) meses. Los clientes comenzaron a realizar los pagos según lo acordado y el licenciado Colón logró que el caso se re-abriera en la Administración de Reglamentos y Permisos. Ya los condominos habían intentado infructuosamente la segregación.

Así las cosas, los condóminos pagaron las fianzas y ob-tuvieron los endosos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departa-mento de Parques y Recreos Públicos y el Departamento de Recursos Naturales.

Después de transcurrido el tiempo estimado por el licen-ciado Colón para culminar la gestión, los condominos in-tentaron infructuosamente localizarlo. Las pocas veces que lo hallaban, les prometía que pronto se firmarían las escrituras. Citó a los clientes dos (2) veces en la finca y no se presentó. Al avanzar el tiempo, el quejoso fue a la Ad-ministración de Reglamentos y Permisos a indagar en cuanto al estado del caso. Allí le informaron que el caso había sido cerrado nuevamente.

Ante la queja presentada por estos hechos, el Secretario General de este Tribunal le cursó una comunicación al li-cenciado Colón Torres en la cual le ponía sobre aviso de la queja presentada y donde le concedía diez (10) días para que notificara su versión de los hechos. Precisamente, diez (10) días más tarde el licenciado Colón Torres contestó la queja presentada en su contra. Admitió lo contenido en la queja, pero adujo que su comportamiento respondió única-mente a su falta de experiencia. En su misiva, solicitó a los clientes una oportunidad para subsanar su error. Poco tiempo después llegó a la Secretaría del Tribunal la réplica del señor Dávila. En ésta se solicitó del licenciado la devo-lución de los honorarios satisfechos y el expediente del caso, además de una carta de renuncia para poder contra-tar otra representación legal.

Mediante Resolución de 21 de marzo de 1991, ordena-mos al licenciado Colón Torres a que dentro de los siguien-tes veinte (20) días procediera a realizar lo solicitado por el señor Dávila. Le apercibimos, además, de que en futuras ocasiones debía observar estrictamente lo dispuesto en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El 16 de mayo de 1991 el licenciado Colón Torres no había devuelto el dinero ni el expediente. Ante esta situa-ción, el 31 de mayo de 1991 emitimos una segunda resolu-ción, concediéndole quince (15) días adicionales para aca-tar lo ordenado previamente; le anticipamos, además, que su incumplimiento conllevaría su suspensión automática del ejercicio de la abogacía. Ordenamos al señor Alguacil General que notificara personalmente al licenciado Colón Torres. Del expediente surge que el 23 de julio recibió, per-sonalmente, copia de las dos (2) resoluciones emitidas.

El 6 de septiembre de 1991, ante la incomparecencia del letrado, procedimos a decretar su suspensión provisional del ejercicio de la abogacía. Simultáneamente, le concedi-mos veinte (20) días para que nos mostrara causa, si al-guna tenía, por la cual no debía ser suspendido indefinida-mente del ejercicio de la profesión. El licenciado Colón Torres no ha comparecido. Su actitud es contraria a las normas éticas que requieren del abogado un comporta-miento estricto con las órdenes de este Tribunal.

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta ma-nifestación y la frecuencia con la que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presentada en su contra que está siendo investigada. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984). Con demasiada frecuencia innumera-bles miembros de la profesión arriesgan sus títulos con la actitud de dejadez y desidia que demuestran. En muchas más ocasiones que las deseables, simples amonestaciones se convierten en suspensiones indefinidas por la testaru-dez y contumacia de los abogados que no cumplen con nuestras órdenes. La situación de autos es una de ellas.

Consideramos que la “indebida, irrazonable e inexcusable tardanza” del licenciado Colón Torres, en cumplir con nuestras órdenes, constituye una falta de respeto hacia los pronunciamientos de este Tribunal. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975). La naturaleza y la importancia de sus funciones reclaman del abogado una observancia estricta de las órdenes de los tribunales. Su voluntaria desobediencia a este tipo de comunicación obstaculiza y debilita nuestra función reguladora de la profesión.

En estas circunstancias, procede su suspensión indefi-nida de la abogacía.

Se dictará la sentencia correspondiente.


text:
      In re Manuel Álvarez Meléndez.

      Número: MC-91-11

      Resuelto: 13 de diciembre de 1991

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, e Ivonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, en informe.
   per curiam:

Se invoca nuevamente nuestra jurisdic-ción disciplinaria para que sancionemos a un abogado —que se ha negado en reiteradas ocasiones a contestar los requerimientos del Procurador General y, en particular, de este Tribunal— en cuanto a una queja contra él presentada. Por la contumacia y la dejadez desplegada en su actitud, procede su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía. Veamos los incidentes que justifican que se decrete la suspensión.

I

El 31 de octubre de 1989 el Sr. Ángel Rivera Virella presentó en la Oficina del Procurador General una queja contra el Ledo. Manuel Álvarez Meléndez. Adujo que soli-citó los servicios del letrado para que le inscribiera una propiedad que había heredado a su nombre. Señaló que, a pesar de que había transcurrido aproximadamente dos (2) años, el abogado no había efectuado dicha gestión e incluso se negaba a atender sus llamadas.

A la luz de la queja presentada, al licenciado Álvarez se le cursó una carta certificada con acuse de recibo que le notificaba sobre la querella y le apercibía de que los hechos alegados podrían constituir violaciones a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Se le concedieron quince (15) días para que ofreciera por escrito sus reacciones.

Casi un (1) año más tarde se le cursó una segunda carta certificada con acuse de recibo y se le concedieron diez (10) días adicionales para que ofreciera su versión de los hechos. Esta vez se le apercibió de que el incumplimiento del requerimiento podría ser razón para rendir un informe de conducta profesional sobre su negativa. La comunica-ción fue devuelta a su remitente porque el licenciado Álva-rez no la reclamó.

Así las cosas, el 17 de enero de 1991 se le envía una tercera carta al querellado en los mismos términos que la misiva anterior. Como era su costumbre ya, tampoco contestó.

Dos (2) semanas más tarde, el Procurador General le envía una cuarta comunicación, esta vez en términos mu-cho más enérgicos que las anteriores. Se le advirtió que tendría un término improrrogable de cinco (5) días dentro de los cuales tendría que responder a los requerimientos del Procurador General. Quedó avisado, además, que “[s]u incomparecencia redundará en un Informe de Conducta Profesional al Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre su negativa”. Anejo IV. Tampoco respondió a este requerimiento.

El 6 de marzo de 1991 la Oficina del Procurador General rindió un informe sobre las alegaciones contra el licenciado Álvarez y el azaroso trámite que había ocurrido después de presentada la queja. Nos solicitó, además, que ordenáse-mos al licenciado que ofreciera su versión sobre los hechos alegados en su contra.

El 21 de marzo del año en curso, concedimos al abogado de marras un término de veinte (20) días para que, por escrito, nos brindara su punto de vista sobre los hechos alegados en la queja. Le apercibimos de que podría presen-tarse una querella en su contra y ordenamos la notificación de la orden personalmente. El licenciado Álvarez Meléndez hizo caso omiso a nuestra orden.

Ante la situación de dejadez, el 14 de junio del año en curso ordenamos al abogado que nos mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la profesión hasta que cumpliera con nuestra Orden de 21 de marzo de 1991. De acuerdo con el estilo de desidia impuesto por el licenciado Álvarez, no acató nuestra orden. El 6 de sep-tiembre del año en curso decretamos su suspensión provisional del ejercicio de la abogacía hasta tanto acreditara su disposición de “cumplir y afrontar el trámite referente a las quejas sin ulteriores dilaciones innecesarias”, según es-tablecimos en In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810, 812 (1984). Simultáneamente, le concedimos un término de veinte (20) días adicionales para que nos mostrara causa, si alguna tenía, por la cual no debía ser suspendido indefi-nidamente del ejercicio de la profesión. La resolución fue notificada el 9 de septiembre de 1991 a través de su padre, el Sr. Manuel Álvarez Quiñones. No obstante la resolución, el licenciado Álvarez Meléndez no ha comparecido. Su con-ducta se aparta diametralmente de la que debe caracteri-zar a un miembro de esta profesión, particularmente en asuntos de naturaleza tan delicada como son los que acti-van nuestra función inherente de reglamentar la profesión legal. ()

KH HH

La naturaleza de la función de abogado exige una estricta observancia de las resoluciones de este Tribunal, en especial en la jurisdicción disciplinaria. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal y de la Oficina del Procurador General respecto a una queja presentada en su contra que esté siendo investigada. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984).

Independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, él tiene la obligación ineludible de responder sin demora a los requerimientos de este Tribunal. Consideramos que “[l]a indebida, irrazonable e inexcusable tardanza del querellado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal”. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975). La naturaleza y la importancia de sus funciones, reclaman del abogado una observancia estricta de las órdenes de los tribunales, y la voluntaria desatención de este tipo de comunicación socava nuestra función reguladora de la profesión.

En estas circunstancias, y en ausencia de una excusa válida y oportuna, procede la suspensión indefinida del Ledo. Manuel Álvarez Meléndez del ejercicio de la abogacía.

Se dictará la sentencia correspondiente.

      (1) Cabe señalar, que penden contra el licenciado Álvarez y contra su esposa, la licenciada Vanessa Vergne, varias quejas por violaciones a los Cánones del Código de Ética Profesional. Se celebraron vistas los días 15 y 16 de octubre del año en curso.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Ramallo Brothers Printing, Inc., demandante y recurrido, v. Federal Express Corporation, demandado y peticionario.

      Número: CE-86-837

      Resuelto: 13 de diciembre de 1991

      Francisco Ponsa-Flores, abogado de la peticionaria; Antonio Juan Bennazar Zequeira, de González, Bennazar & Colorado, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación demandante, Ramallo Brothers Printing, Inc. (en adelante Ramallo) presta servicios de im-prenta y producción de material gráfico y publicitario. La empresa demandada, Federal Express Corporation (en adelante Federal Express), se dedica al transporte me-diante paga de correspondencia, documentos y paquetes entre distintos puntos de Estados Unidos y Puerto Rico. Durante varios meses ambas partes mantuvieron una re-lación comercial estable y más o menos continua. Mensual-mente, la demandante enviaba alrededor de cuarenta (40) o cincuenta (50) paquetes a Estados Unidos, utilizando los servicios de correo privado provisto por Federal Express. Cada envío se hacía sujeto a los términos contractuales pactados en una “carta contrato” pre-impresa que, como requisito previo a toda entrega, debía completar por escrito Ramallo. Una de las cláusulas de la misma establecía que: “LA RESPONSABILIDAD DE FEDERAL EXPRESS [POR EL VALOR DE LOS OBJETOS TRANSPORTADOS] SE LIMITA A LA CANTIDAD DE $100.00, a no ser que la remitente declare un valor mayor por el envío y pague, además, un cargo adicional de 30 centavos por cada $100.00 de valor declarado.” (Traducción nuestra y énfasis en el original.) Exhibit 9, pág. 50.

Para el año de 1983, Ramallo trabajaba en la elabora-ción del material gráfico que uno de sus mejores clientes presentaría en el comienzo de una nueva campaña publicitaria. La naturaleza de la campaña, su método de preparación y el itinerario de producción acordado con el cliente hacían imperativo que Ramallo remitiera parte de los materiales, con urgencia y absoluta seguridad, a un laboratorio fotográfico en Miami, Florida. Ramallo empacó una remesa de diapositivas a color, transparencias y otros materiales de publicidad; gestionó los servicios de entrega rápida de Federal Express para su transportación al continente. A esos efectos, y según la práctica usual, una empleada autorizada de Ramallo suscribió la “carta con-trato” Núm. 639-411-301 en la cual se expresaba, entre otras cosas, la dirección física del destinatario en Florida. En el apartado provisto para consignar el valor de los ma-teriales a transportarse no se declaró valor alguno en ex-ceso de cien dólares ($100). Estando ya en control del mismo, la empresa transportista extravió el paquete con-tentivo de los materiales anteriormente mencionados. Como resultado, el envío nunca arribó a su destino; los mencionados materiales jamás fueron localizados.

El 30 de mayo de 1984, Ramallo demandó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, a Federal Express por incumplimiento de contrato y daños. La demanda exigía la suma de ocho mil setecientos dólares ($8,700) por el valor de los materiales extraviados. Trans-currido un (1) mes desde la radicación del pleito, la em-presa transportista notificó formalmente a Ramallo una oferta consintiendo a que se dictase sentencia en su contra por la suma de cien dólares ($100), más las costas deven-gadas hasta ese momento. Ramallo no aceptó.

Posteriormente, el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria a favor de Ramallo. Mediante la misma condenó a Federal Express al pago de cien dólares ($100) en favor de la demandante Ramallo. De inmediato, Federal Express solicitó la “modificación” de la sentencia. En la moción que a esos efectos radicara, argumentó que la demandante Ra-mallo no había obtenido una sentencia “más favorable” a la oferta de sentencia que ella le había hecho al amparo de las disposiciones de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; razón por la cual Ramallo alegada-mente venía obligada a pagar las costas, gastos y honora-rios de abogado incurridos por ella con posterioridad al re-chazo de su oferta. El tribunal de instancia denegó la petición de Federal Express. En reconsideración, dicho foro se reafirmó en su denegatoria. Adujo, como fundamento principal de la misma, que:

La Regla 35.1 está diseñada específicamente para casos en que se ha hecho una oferta de sentencia y el demandante in-siste en que se celebre un juicio, con todo lo que ello implica en términos de costas para el Estado y las partes: testigos, peritos, pago de dietas, millaje, taquígrafos y funcionarios de Sala, en-tre otros. No está pensada dicha regla para casos resueltos por sentencia sumaria. Para que opere la Regla 35.1, se requiere que se haga la oferta, que la misma sea rechazada y que se entre al juicio en sus méritos. Exhibit 23, págs. 135-136.

El foro de instancia, como fundamentos adicionales de su denegatoria, señaló que “no procede la imposición de costas y honorarios bajo la Regla 35.1, porque la sentencia obtenida por la demandada fue igual, pero no más favorable, que la oferta háchale al demandante” (Exhibit 23, pág. 138) y que para que proceda la imposición de honorarios de abogado, bajo la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, debe “haber una expresa determinación previa de temeri-dad ... es decir, una conclusión específica, y ésta descansa en la discreción del tribunal juzgador” (id., pág. 137).

Inconforme, Federal Express recurrió —vía certiorari— ante este Tribunal. Expedimos el auto solicitado. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

HH

La Regla 35.1 de Procedimiento Civil, según enmendada en 1966, ante, dispone:

35.1. Oferta de sentencia
En cualquier momento antes de los diez (10) días precedentes al comienzo del juicio, la parte que se defiende de una reclama-ción podrá notificar a la parte adversa una oferta para consen-tir a que se dicte sentencia en su contra por la cantidad o por la propiedad o en el sentido especificado en su oferta, con las costas devengadas hasta ese momento. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación la parte adversa notificare por es-crito que acepta la oferta, cualquiera de las partes podrá pre-sentarla junto con la notificación de su aceptación y la prueba de su notificación, y entonces el secretario del tribunal dictará sentencia. Si no fuere así aceptada, será considerada como re-tirada y la misma no será admisible en evidencia, excepto en un procedimiento para determinar costas, gastos y honorarios de abogado. Si la sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable, ésta tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta. El hecho de que se haga una oferta y ésta no sea aceptada no impide que se haga otra subsiguiente. Cuando la responsabilidad de una parte haya sido adjudicada mediante sentencia pero queda aún por resolverse en procedi-mientos ulteriores la cuantía de los daños o extensión de dicha responsabilidad, la parte cuya responsabilidad se haya adjudi-cado podrá notificar una oferta de sentencia y la misma tendrá el mismo efecto que una oferta hecha antes de[l] juicio si se notifica dentro de un término razonable no menor de diez (10) días antes del comienzo de la vista. (Énfasis suplido.)

Como podemos notar, la transcrita disposición reglamentaria establece la forma y manera —relativa a los términos y procedimiento a seguir— en que una parte demandada puede notificar una oferta de sentencia, señalando adicionalmente las consecuencias específicas resultantes de la aceptación o rechazo de dicha oferta de sentencia por la parte demandante. La citada regla sólo contempla las ofertas que oportunamente hace “la parte que se defiende de una reclamación”. Esto es, no considera en absoluto la posibilidad de una oferta formal de sentencia, con el objetivo de ponerle fin al pleito, de parte del demandante. La disposición procesal en controversia vislumbra la formulación de ofertas de sentencia en dos (2) situaciones: (a) antes del juicio y (b) en un procedimiento bifurcado, después que la responsabilidad del demandado “ha sido adjudicada mediante sentencia”. En ambas situaciones, si el demandante acepta la oferta “cualquiera de las partes podrá presentarla ... y entonces el secretario del tribunal dictará sentencia”. Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante. Si la oferta es rechazada, se considera retirada y “la misma no será admisible en evidencia, excepto en un procedimiento para determinar costas, gastos y honorarios de abogado”. íd.

Como resulta obvio, el “propósito básico de la Regla 35.1 de Proc. Civil es fomentar las transacciones”. (Énfasis suplido.) H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., 115 D.P.R. 711, 716 (1984). Véanse: Notes of Advisory Committee on Rules — 1946 Amendment, Fed. Rules Civ. Proc., Rule 68 (28 U.S.C. App.); 12 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 3001 (1973); 7 Moore’s Federal Practice Sec. 6802 (1991). Dicho propósito u objetivo se lo-gra al proveérsele a las partes — en específico, a la parte demandada— un mecanismo procesal mediante el cual puede transigir la acción radicada antes de la celebración del juicio en aquellos casos donde existe una gran probabi-lidad de que el demandante prevalezca y al establecer una sanción para el demandante —consistente la misma en el pago de costas y honorarios de abogado— que rechaza la oferta formal de transacción, insiste en continuar adelante con su causa de acción y luego obtiene un remedio por sen-tencia que no es mas favorable que la oferta que se le hizo.

En cuanto a la parte demandada, el elemento de motivación en la referida regla resulta evidente. Éste, realmente, no tiene nada que perder y mucho que ganar al notificar formalmente una oferta de sentencia. Debido a que la oferta de transacción depende totalmente de su deseo o voluntad conciliatoria, el demandado que formula una oferta bajo la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, no es penalizado si el demandante que rechaza la oferta posteriormente obtiene una sentencia más favorable. Ahora bien, cuando la sentencia a favor del demandante no excede los términos de la oferta, la referida disposición reglamentaria reconoce o premia los esfuerzos conciliatorios del demandado, reembolsándole los costos y gastos de representación en que ha incurrido luego de la oferta. Debe mantenerse presente que la citada Regla 35.1 es aplicable, inclusive, a situaciones en que el tribunal, luego de que el demandante rechaza una oferta formal de sentencia del demandado, dicta sentencia desestimatoria de la demanda radicada. H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., ante. Ello no obstante, y conforme expresáramos en el citado caso de H.U.C.E. de Ame. v.V.&E. Eng. Const., ante, pág. 716, la referida disposición “no es operante cuando dentro del contexto de [un] caso, la oferta [hecha por el demandado] no es realista, razonable y producto de la buena fe”.

En síntesis, la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, obliga a las partes envueltas en un litigio a seriamente evaluar la posibilidad de transigir la reclamación en controversia vis-á-vis la probabilidad que tienen de prevalecer en el pleito y los costos y riesgos en que puedan incurrir como consecuencia de una litigación prolongada. Marek v. Chesny, 473 U.S. 1, 4 (1985). Bien utilizado, el procedimiento de oferta de sentencia provee un vehículo procesal efectivo para reducir los costos de la litigación civil, adelantar la pronta disposición de las reclamaciones judiciales y reducir la carga de los tribunales.

I — I I — 4

Examinamos, en primer término, la juridicidad del fun-damento principal aducido por el tribunal de instancia en apoyo de la resolución denegatoria que emitiera, esto es, que la disposición final de este caso mediante el trámite de sentencia sumaria hace inaplicable la citada Regla 35.1 al mismo. No hay duda que erró el foro de instancia al asumir dicha posición.

En primer lugar, un examen de la decisión que se emitiera en H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., ante, revela que este Tribunal, cuando menos, refrendó indirectamente la posición contraria, esto es, que el hecho de que el caso se resuelva por sentencia sumaria no es óbice alguno para la aplicación de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante. En H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., ante, nos enfrentamos a unos hechos casi idénticos, desde un punto de vista procesal, a los que hoy están ante nuestra consideración. En el referido caso, la Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de América demandó, entre otros, a Levitt & Homes, Inc. en reclamación de daños y perjuicios alegadamente sufridos como consecuencia de un supuesto incumplimiento con el convenio colectivo otorgado entre ellos. Dos (2) días después de contestar la demanda, Levitt & Homes, Inc. notificó a la Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de América una oferta para consentir a que se dictase sentencia en su contra por la cantidad de mil doscientos dólares (1,200). La oferta fue rechazada. Después de completarse el procedimiento de descubrimiento de prueba, el tribunal de instancia ante el cual se ventilaba el caso, dictó sentencia sumaria desesti-mando la demanda contra Levitt & Homes, Inc. Levitt & Homes, Inc. presentó entonces un memorando de costas y una moción bajo la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, para que le fueran concedidas las costas y honorarios de abogado incurridos por ella a partir del rechazo de la referida oferta. El tribunal de instancia declaró sin lugar la moción sobre los honorarios, así como ciertos renglones del memorando de costas. En apelación revocamos, no en-contrando obstáculo alguno para la aplicación de la Regla 35.1, ante, a un caso resuelto por sentencia sumaria. Es cierto que el ratio decidendi de la decisión emitida en H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., ante, gira en torno a otro aspecto de la referida Regla 35.1, ante;() igualmente correcto es el hecho de que las partes no plantearon el punto en sus respectivos alegatos. Ello no obstante, repetimos, el hecho de que el caso a nivel de instancia fuera resuelto por sentencia sumaria no constituyó obstáculo ju-rídico alguno que nos impidiese resolver que las disposicio-nes de la citada Regla 35.1 eran efectivamente aplicables a dicho caso. Hoy, de cualquier manera, no hallamos convin-centes los argumentos de la demandante recurrida, Rama-llo, ni los fundamentos aducidos por el tribunal de instan-cia en apoyo de la posición contraria.

A diferencia del tribunal inferior, no leemos nada en la referida Regla 35.1 que indique, como requisito para su aplicación, la necesidad de la celebración de un juicio en sus méritos. La citada regla tan sólo hace referen-cia al acto del juicio para establecer el límite de tiempo que tiene la parte demandada en un pleito para notificar a la parte demandante una oferta de transacción. Una vez se formula en tiempo la oferta de sentencia, entonces la regla es aplicable, aunque luego se resuelva la totalidad de la controversia mediante sentencia sumaria sin llegar a jui-cio, pues el único requisito adicional necesario para activar la operación de la misma es que “la sentencia que obtu-viere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable ...”.

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, define el término “sentencia” como “cualquier determinación del tribunal que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse o solicitarse revisión”. Incuestionablemente, la sentencia sumaria que Ramallo obtuvo en este caso resolvió finalmente a nivel de instancia la totalidad de la controversia litigiosa entre las partes, y de ello, no cabe duda, pudo solicitarse revisión ante este Tribunal.

De hecho, a la luz del propósito de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, resolver que el procedimiento de oferta de transacción no aplica a los casos resueltos por sentencia sumaria resulta ser un contrasentido no sólo lógico, sino práctico. Ambos mecanismos procesales —esto es, la sentencia sumaria y la oferta de sentencia— intentan, en consonancia con la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, promover “una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. “La sentencia sumaria tiene como propósito aligerar la tramitación de un caso permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de que se tenga que celebrar la vista en los méritos ....” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986); Roig Com. Bank v. Rosario Girino, 126 D.P.R. 613 (1990); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986); Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 (1963). Si procede en derecho, la sentencia su-maria evita la celebración de un “juicio [que] en su fondo es innecesario”. Padín v. Rossi, ante, pág. 263. Por su parte, la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, fomenta las transacciones entre las partes litigantes para evitar la pro-longación innecesaria y costosa de los pleitos.

Las consecuencias de sostener la posición del tribunal de instancia serían funestas para la administración de la justicia. El demandante que notifica una oferta de senten-cia realista posiblemente se abstendría de radicar una so-licitud de sentencia sumaria por cuanto ello significaría que perdería el derecho a reclamar la aplicación de la Re-gla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, esto es, recobrar los gastos en que incurrió con posterioridad al rechazo de su oferta. Ello posiblemente “obligaría” a los demandados a dilatar innecesariamente el proceso hasta que por la vía ordinaria, después de la celebración de un juicio en sus méritos, recayera sentencia. Dicha situación resultaría en un desvarío en la administración de la justicia por cuanto tendría la consecuencia de un aumento marcado e innece-sario de los costos y gastos particulares de cada litigante, del tribunal y de la sociedad en general.

HH J-H i

En el presente caso el tribunal de instancia, mediante la sentencia sumaria que dictara, condenó a la demandada Federal Express a pagarle al demandante Ramallo la suma de cien dólares ($100). Esto es, una cantidad exacta-mente igual a la suma de dinero que Federal Express le había ofrecido a Ramallo en la oferta formal de sentencia que este último rechazó. En vista a ello, el foro de instancia entendió que no le eran aplicables al caso las disposiciones de la citada Regla 35.1 de Procedimiento Civil por cuanto, conforme el razonamiento del foro de instancia, “la senten-cia obtenida por la demandada [Federal Express] fue igual, pero no más favorable, que la oferta háchale al demandan-te” Ramallo. (Énfasis suplido.) Exhibit 23, pág. 138. Erró, nuevamente, el foro de instancia al así resolver.

Como ya anteriormente hemos expresado, el propósito básico de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, es fomentar las transacciones. H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., ante. ¿Cómo “logra” este objetivo la referida disposición reglamentaria? Estableciendo o imponiéndole una sanción —consistente la misma en el pago de costas y honorarios— al demandante que, habiendo rechazado la oferta que se le hizo, finalmente no obtiene una sentencia “más favorable” que la oferta de sentencia que se le hiciera. Esta, en consecuencia, es la frase clave en dicha regla.

Nadie puede poner en duda que matemática y monetariamente un demandante que rechaza transigir un caso por cien dólares ($100), y luego obtiene una sentencia por noventa y nueve dólares ($99) o menos, no ha obtenido una sentencia “más favorable”. Asimismo, el que rechaza esta suma y con posterioridad logra a su favor una sentencia por ciento un dólares ($101) o más, sí obtuvo una sentencia “más favorable” para propósitos de la regla. En estas situaciones, aun el escaso margen económico de dos dólares ($2) provoca consecuencias totalmente opuestas en la operación de la regla. En el primer caso el demandante “tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta” (Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante) y en la segunda situación no. A simple vista, la diferencia en resultado parece ser arbitraria. Sin embargo, no lo es.

En el derecho, constantemente se trazan líneas y se fi-jan puntos para establecer distinciones legales, como por ejemplo, para determinar si es de día o de noche, o si un ciudadano es menor o adulto para fines de la aplicación de la ley penal. Vista aisladamente, sin considerar la necesi-dad detrás de su adopción, la línea trazada parece arbitraria. Pero cuando se piensa que necesariamente tiene que existir una línea o un punto que establezca una dife-rencia, y que no existe otra forma lógica de fijarla con exac-titud y precisión, la apariencia de arbitrariedad desaparece. La fijación del punto o el trazo de la línea res-ponde realmente al deseo de lograr la aplicación predecible, uniforme y, por ende, más justa de la ley.

Pero, ¿qué sucede cuando, como en el caso de autos, la sentencia que obtiene la parte demandante que rechazó una oferta es por una suma igual a la de la oferta? Somos del criterio que, dada la terminología en que está concebida la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, nunca se podría concluir que la sentencia obtenida en esas circunstancias por el demandante fue una “más favorable” que la oferta que dicha parte rechazó; razón por la cual el demandante que rechaza la oferta viene obligado, bajo ese cuadro de hechos, a sufragar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la misma.

La posición que, respecto a la mencionada situación, hoy asumimos encuentra apoyo en decisiones emitidas en la jurisdicción federal. En Liberty Mut. Ins. Co. v. E.E.O.C., 691 F.2d 438, 442 (9no Cir. 1982), el Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito condenó al pago de costas a un demandante que obtuvo por sentencia un re-medio idéntico a la oferta que, bajo la Regla 68 de Proce-dimiento Civil federal, ante, le había notificado antes la parte demandada. Por su parte, en Delta Air Lines, Inc. v. August, 450 U.S. 346, 356 (1981), el Tribunal Supremo de Estados Unidos abiertamente sugirió el mismo resultado cuando expresó:

If a plaintiff chooses to reject a reasonable offer, then it is fair that he not be allowed to shift the cost of continuing the litigation to the defendant in the event that his gambles [of an offer to settle] produces an award that is less than or equal to the amount offered. (Enfasis suplido.)

IV

Por último, abordamos la tercera de las interrogantes que, dados los fundamentos en que el foro de instancia basó la resolución que emitiera, “plantea” el presente re-curso; esto es, si la imposición de honorarios de abogado a la parte demandante —que no obtiene una sentencia “más favorable” que la oferta de sentencia que había rechaza-do— está, o no, subordinada a una determinación previa de temeridad al amparo de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Como indicáramos al comienzo de la ponencia, el foro de instancia contestó dicha interro-gante en la afirmativa. La parte demandada peticionaria sostiene la posición contraria. Somos los primeros en reco-nocer que existen válidos y variados fundamentos en apoyo de las dos posiciones. Exponemos, aun cuando brevemente, algunos de dichos fundamentos.

Las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 contienen, al menos, tres (3) disposiciones separadas y distintas referentes a la concesión post sentencia de las costas y honorarios de abogado: las Reglas 44.1, 35.1, y 35.2 (32 L.P.R.A. Ap. III). La primera de ellas, la Regla 44.1, ante, se ocupa, en términos generales, de la concesión de costas y gastos de representación legal. El inciso (a) de la misma,() como ha reiterado la jurisprudencia de este Foro, traza la política básica de que “[l]as costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito ...”. Regla 44.1 de Procedimiento Civil, ante. Véanse: Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963); Colón v. A.F.F., 112 D.P.R. 693 (1982). El inciso (d) de la citada Regla 44.1() establece la norma de que “[e]n nuestra jurisdicción ... la concesión o no de honorarios de abogado a [una de las partes] ... de-pende exclusivamente de la determinación que haga el magistrado que presidió el proceso respecto a si la parte ... o su abogado, actuaron o no en ‘forma temeraria o frí-vola’ ”. (Énfasis suprimido.) Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990). “[E]l propósito fundamental ... [de esta disposición] es ... ‘penalizar o sancionar’ a aquellas partes que por su temeridad, obstinación, con-tumacia e insistencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento, obligan a otra parte a asumir y sufrir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un litigio innecesario”. (Énfasis suprimido.) Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, ante, pág. 737; Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 842 (1983). Véanse: Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989).

De otro lado, la antes citada Regla 35.1 es un mecanismo procesal que tiene el propósito de evitar la litigación innecesaria. La imposición de los honorarios constituye uno de los medios provistos para lograr este objetivo. A tono con su aparente naturaleza independiente, los redactores de las Reglas de Procedimiento Civil colocaron el trámite de oferta de transacción, no como parte de la Sección de Costas y Honorarios de Abogado, sino como un “procedimiento especial” bajo la Sección de Procedimientos con Antelación al Juicio, lo que tiende a indicar que la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, tiene “vida propia y separada”. La imposición mandatoria de los honorarios de abogado, sin la necesidad de una determinación previa de temeridad, aparenta ser la consecuencia lógica de ello. En realidad, el mecanismo de oferta de transacción no se aleja del concepto de temeridad para la imposición de honorarios de abogado. En unión a la Regla 35.2 de Procedimiento Civil, ante, relativa la misma al procedimiento de oferta de pago en casos de cobro de dinero,() la Regla 35.1 de Proce-dimiento Civil, ante, aparentemente representa una previa determinación estatutaria de que cierto tipo de conducta es temeraria per se, resultado la misma del rechazo de una oferta razonable para poner fin a un pleito en temprana etapa del mismo.

Los proponentes de la posición contraria, esto es, de que la imposición de honorarios de abogado bajo la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, no opera en “forma automá-tica”, señalan que nuestra tradición jurídica en lo referente al aspecto de honorarios de abogado siempre ha estado pre-dicada en la determinación de temeridad, cuestión que siempre ha descansado en la sana discreción del tribunal sentenciador. Esto es, se aduce que la citada Regla 35.1 no puede ni debe ser interpretada de forma tal que neutralice totalmente la discreción judicial, facultad del magistrado que, en última instancia, evita la comisión de injusticias al atemperar, y hacer flexible, la aplicación de la letra fina de la ley.

Los promoventes de esta alternativa señalan, con al-guna razón, que a diario en nuestros tribunales de instan-cia se dilucidan casos en que la parte demandante, de buena fe, cree que su posición y reclamo prevalecerá, resul-tado que en la mayoría de las situaciones dependerá de la determinación de credibilidad que, respecto a un testigo, haga el juzgador de los hechos. Señalan, como ejemplo, los casos de mala práctica o impericia de la medicina en que, a pesar de que la cuantía de los daños puede no estar en controversia, el resultado del caso depende exclusivamente de si el tribunal acepta o no la teoría de los peritos del demandante o de la parte demandada. En resumen, se ar-gumenta que una interpretación de la Regla 35.1 de Pro-cedimiento Civil, ante, como la que propone la parte de-mandante peticionaria puede otorgarle una indebida ventaja al litigante poderoso frente al que no lo es, resul-tando la misma en un freno indebido a la litigación ge-nuina y de buena fe por cuanto puede inhibir al ciudadano que honestamente se siente perjudicado por la acción de otro y que acude al foro judicial en busca de justicia. En fin, argumentan que dicha posición es la única compatible con el mandato contenido en la Regla 1 de Procedimiento Civil, ante, a los efectos de que las mismas se “interpretarán de modo que garanticen una solución justa, rápida y econó-mica de todo procedimiento”.

La solución del dilema, no hay duda, dista mucho de ser sencilla. Ahora bien, dados los hechos particulares y específicos del caso ante nuestra consideración, realmente resulta innecesario que dilucidemos y resolvamos esta controversia. Independientemente del hecho de que la imposición de honorarios bajo la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, sea una “automática y mandatoria” o que la misma tenga que ser precedida por una determinación de temeridad, somos del criterio que resulta obvio que la parte demandante recurrida actuó en forma temeraria en el presente caso, razón por la cual procede la imposición de honorarios de abogado contra ésta. Ello así por cuanto no hay duda que dicha parte, al radicar una demanda en reclamo del valor real de la mercancía que enviara a través de Federal Express —esto es, la suma de ochomil setecien-tos dólares ($8,700)— actuó temerariamente por cuanto re-sultaba evidente que no tenía derecho a dicha suma de dinero en virtud de la “carta contrato” que suscribiera con la demandada peticionaria; “contrato” que hacía responsa-ble a Federal Express únicamente por la suma de cien dó-lares ($100) a menos que el cliente especificara un valor mayor al poner la mercancía en manos de la referida transportista. Ramallo así no lo hizo; en vista de ello, sólo tenía derecho, como correctamente resolvió el tribunal de instancia, a la suma pactada de cien dólares ($100).

En consecuencia, y por los fundamentos antes mencio-nados, procede que dejemos sin efecto la resolución recu-rrida y devolvamos el caso al foro de instancia para que éste dilucide y determine las sumas de dinero a que tiene derecho la demandada Federal Express por concepto de gastos, costas y honorarios de ahogado al amparo de las disposiciones de la antes citada Regla 35.1 de Procedi-miento Civil.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señor Negrón García y Señor Alo-nso Alonso se inhibieron.

      (1) Como expresáramos anteriormente, en H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., 115 D.P.R. 711 (1984), resolvimos que la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, era aplicable a la situación en que la acción radicada por el demandante, el cual había rechazado una oferta de sentencia, era desestimada.

      (2) En su parte pertinente, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, lee:
      “(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas.”

      (3) El inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, lee:
      “(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte haya procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado.” (Énfasis suplido.)

      (4) La Regla 35.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, lee:
      “Cuando en el pleito para obtener únicamente el cobro de dinero, el demandado alegare en su contestación que antes de presentarse la demanda ofreció al deman-dante la suma total a que tiene derecho e inmediatamente la depositare en el tribunal y resultare que dicha alegación es cierta, el demandante no podrá cobrar costas y tendrá que pagarlas al demandado, así como también los gastos y honorarios de abogados.” (Énfasis suplido.)