author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
      In re Félix Nevárez Zavala, querellado.

      Número: O-84-810

      Resuelto: 23 de marzo de 1989

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Am'érico Serra, Pro-curador General Interino, Norma Cotti Cruz, Subprocura-dora General, Rosa Negrón de Quiñones y Eliadís Orsini Zagas, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Félix Nevárez Zavala, pro se; Alcides Oquendo, abo-gado del querellado; Fausto Ramos Quirós, Comisionado Especial.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Afirma C. De La Vega Benayas, en su obra Moral, Estilo y Función Judicial —Cap. VI “Del Juez y la Sociedad”— 5 Rev. Der. Judicial 145 y ss., que el “juez no sólo está inserto en el mundo más estricto de su función, sino en otro más amplio: el de la sociedad, en general. Dentro de ésta, el Juez, con cualquier otro, si bien distinto en su función, cumple y representa un papel. Para los otros, para los demás, él es el Juez; dentro y fuera del juzgado es el Juez. El carácter que imprime la función no le abandona —salvo en la gran ciudad— ya nunca, excepto —y no totalmente— en el círculo estrecho de las amistades que pueda tener y conservar sin merma de su independencia, cosa difícil, pero posible”. (Énfasis suplido.) Citado por L. Martínez-Calcerrada, Interpretación del Poder Judicial, Madrid, Ed. Rev. Derecho Judicial, 1970, pág. 75. No puede ser de otro modo. A fin de cuentas, “[u]n juez no mide su moral por la seriedad física de su gesto, por su empaque o por el aislamiento de la vida social. La mide por la rectitud de su conducta, que puede permitirle la convivencia con los ciudadanos sin que nadie sospeche de su presencia o de su ausencia”. (Énfasis suplido.) L.M. Boffi Boggero, La función judicial y la abogacía, 115 Rev. Jur. Arg. La Ley 1097, 1103 (1964).

f — I

Félix Nevárez Zavala fue nombrado y tomo posesión del cargo de Juez Municipal el 11 de mayo de 1983. El 25 de mayo fue asignado Juez regular en el Municipio de Naguabo, donde se desempeñó hasta el 31 de agosto del mismo año, fecha en que fue asignado al Municipio de Vieques.

Posteriormente, el 14 de mayo de 1984, recibió del Primer Ejecutivo nombramiento de receso como Juez del Tribunal de Distrito. Juró y tomó posesión el 22 de mayo.

En el descargo de sus funciones, Nevárez Zavala prestó servicios en Vieques desde el 1ro de septiembre de 1983 hasta el 27 de junio de 1984, esto es, diez (10) meses. Los primeros nueve (9) meses como Juez Municipal y el último como Juez de Distrito.

El 18 de octubre de 1984, en vista de un informe investi-gativo del Director Administrativo de los Tribunales, el en-tonces Juez Asociado de este Tribunal, Hiram Torres Rigual, determinó la existencia de causa contra Nevárez Zavala y, en consideración a la gravedad de los hechos imputados, lo sus-pendió de empleo y sueldo.

Ese mismo día el Tribunal ordenó al Procurador General formular querella en su contra. La misma fue presentada el 26 de noviembre de 1984. Oportunamente Nevárez Zavala contestó y negó los hechos esenciales. Designamos Comisio-nado Especial al Ledo. Fausto Ramos Quirós. Previo varios trámites, el caso quedó sometido con la prueba presentada por el Procurador General. El querellado Nevárez Zavala no produjo ninguna.

El 19 de diciembre de 1988 el Comisionado Especial rin-dió su informe. Notificadas las partes, el Procurador General compareció para exponer que no tenía objeciones y reiterar su solicitud de destituir. El querellado Nevárez Zavala no compareció. El informe del Comisionado Especial relaciona separadamente cada cargo y, a renglón seguido, expone los hechos probados. A base de esa metodología, formuló las determinaciones siguientes:

PRIMER CARGO: La prueba sobre el primer cargo señala que el día 1ro. de abril de 1984 entre la 1:00 A.M. a 1:30 A.M., el querellado se personó a la barra “El Toro Sediento” del Hotel Duffy Highland House en la Isla de Vieques y allí, dirigién-dose en forma agresiva e insistente profirió palabras insul- tantes y vocabulario impropio contra el Sr. Luis Leguillou Parrilla, residente y natural de Vieques, quien se encontraba allí acompañado del Sr. Richard López, encontrándose además presentes Doña Ada Díaz, Don Dionisio Pérez, el se-ñor Simmons, el Representante, Hon. Samuel Cepeda y el Sr. Edwin Sherman.
La prueba incontrovertida señala que el querellado, F[é]lix Nevárez Zavala, Juez de Distrito de Vieques, al entrar al esta-blecimiento —bar “El Toro Sediento” di{ó] un fuerte puño sobre la mesa en la barra y comenzó a expresar entre otras cosas que el señor Leguillou (allí presente) era un “cabron-cito” quien se pasaba escribiendo cartas al Senado de Puerto Rico y quien le tenía “enfogonao” que le iba a pegar cinco tiros en la cabeza por “hijo de puta”.
El señor Leguillou optó por abandonar el sitio, montó [en] su vehículo y al parar frente al establecimiento requiriendo al señor Richard “Junior” López para que le acompañara, ya que llegaron allí juntos, se acercó al querellado y volvió a proferir las mismas palabras señalándole al Representante Cepeda, quien se encontraba en el establecimiento, que aquél (Legui-llou) era “hijo de puta” que se pasaba escribiendo al Senado cartas sobre él.
Expresó el querellado en presencia del Representante Ce-peda, “lo que sucede es como yo he acabado con la poca verg[ü]enza aquí en Vieques a ustedes los comunistas les ha molestado eso y me han hecho varios reportes y me alegro de que aquí haya un Legislador, para que se entere de cómo están sucediendo las co[sa]s aquí en Vieques[.]
El Representante Cepeda se levantó y le indicó al quere-llado que a los servidores públicos no les convenía ese tipo de discusión en público. El querellado entonces optó por reti-rarse.
El testimonio del Sr. Leguillou sobre el incidente en el bar fue en esencia corroborado por la declaración del testigo Richard López Díaz.
TERCER CARGO: El tercer cargo imputa al querellado ha-ber incurrido en conducta inmoral, ilegal e impropia consis-tente en ingerir bebidas alcohólicas en horas laborables y antes de asumir funciones judiciales como Juez del Tribunal de Distrito, Sala de Vieques.
Sobre este cargo hay tanto prueba directa como prueba que por inferencias permisibles indican la costumbre o inclina-ción del querellado a ingerir bebidas alcohólicas bien du-rante horas del mediodía antes de asumir funciones judi-ciales como en horas de la alta noche y/o madrugada en sitios públicos.
Del testimonio del Ledo. Carlos L. González Reyes ofrecido por la parte querellante y en ocasión de que el Juez Zavala estaba ejerciendo como Juez del Tribunal de Distrito de Vie-ques, Puerto Rico, el 21 de octubre de 1983 en horas del me-diodía, a eso de las 12:00 meridiano se trasladó éste al Pueblo de Vieques desde Fajardo coincidiendo en ese Viaje con el Honorable Juez Bernardo Colón Barbosa. Al llegar al aeropuerto de Vieques el Honorable Juez Nevárez Zavala se encontraba en el aeropuerto y ofreció transportación tanto al Juez Colón Barbosa como a dicho testigo. En el trayecto del Aeropuerto a Vieques [ejstas tres personas entraron a un negocio que hay en la misma área, cerca de la misma área del aeropuerto a darse un trago. Esto en horas de entre las 12:00 y 1:00 de la tarde y desde allí se dirigieron a las oficinas del Ledo. Gonzá-lez donde el Juez Barbosa fue a saludar a la esposa de dicho testigo. Tanto el Juez Nevárez como el Juez Colón Barbosa salieron para un Café-Bar frente a las oficinas del Ledo. Gon-zález y allí fueron a darse un trago, ello durante las horas que podría haber sido de 1:15 a 1:30 del mediodía. Informa el tes-tigo que en el aeropuerto pudieron haberse dado un máximo de dos tragos y en el próximo negocio frente a la oficina igual medida, de uno a dos tragos máximo.
Igualmente cabe señalar que el incidente causante de la for-mulación del primer cargo ya antes discutido ocurre en horas de la madrugada en el “Bar El Toro Sediento.”
Se desprende además, de la Declaración Jurada admitida en evidencia por el testigo Miguel [Ájngel Adams Herrera ([Exhibit] 10 del querellante) que el Hon. Juez Nevárez Zavala fue visto por dicho testigo la mayoría de las veces en el pueblo de Vieques en las barras que frecuentaba el testigo, en barras públicas como también en barras privadas de hoteles, tales como, Barra Boricua en el Hotel Bananas, y la Barra [“El Toro Sediento”].
QUINTO CARGO: Sobre el cargo número 5 no pudo ofre-cerse la prueba directa para sostener el mismo por las oficinas del Procurador General de Puerto Rico por razón de que el testigo y perjudicado, Sr. Miguel A. Adams, se encontraba y se encuentra reclu[i]do en una institución penal de los Es-tados Unidos y no empece las diligencias para traerlo ante la presencia de este Comisionado Especial, ello no fue posible. Por tal razón, y probadas todas las diligencias hechas por el Alguacil Vázquez para citar al señor Miguel A. Adams Herrera, dicho cargo fue sometido por Declaración Jurada pres-tada por éste durante la investigación del caso ante el Fiscal Rivera por dicho señor Miguel A. Adams Herrera, y por el testimonio a los efectos del Juez Juan B. Colón Barbosa.
El cargo número cinco imputa al querellado que para el 20 de octubre de 1983, a eso de las 9:30 de la noche intervino en el “Bar Bananos” con el Sr. Miguel A. Adams a quien allí le citó para que compareciera el próximo día en horas de la mañana al tribunal. El señor Adams objetó la citación y así se lo mani-festó al magistrado por entender que éste estaba borracho. El querellado le indicó que “lo iba a meter preso.”
Se alega que el señor Adams se alejó del lugar y luego re-gresó en ánimo de disculparse, pero que el Juez Zavala se tornó agresivo, le apuntó con un rev[ó]lver, que él levantó las manos y luego “el juez se metió el revólver en la cintura” lla-mándole “plaga mala” “picaro” y repitiendo que “le iba a meter preso.”
De la declaración jurada prestada por el testigo, Sr. Adams ante el Ledo. Federico Díaz Ortiz, Asesor Legal de la Admi-nistración de los Tribunales, el día 1ro. de agosto de 1984, se desprende que la conducta observada por el querellado en el ambiente de un “Bar” en horas de la noche y en presencia del público no fue una propia de un magistrado, surge si[n ejmbargo, de todo el incidente que el señor Adams actuó en forma impropia y agresiva por demás al increpar al quere-llado públicamente llamándole “vaquero borrachón, que era un charlatán”, ello ante terceras personas.
Sobre este incidente el Sr. Adams fue denunciado por el Juez Nevárez Zavala, se encontró causa probable ante el Juez Colón Barbosa y luego en juicio asistido el Sr. Adams (acu-sado) por abogado, se declaró culpable de haber alterado la paz al haber pronunciado las palabras antes citadas, hecho admitido por el propio señor Adams en su declaración.
D[É]CIMO CARGO: En el cargo número 10 se imputa al Juez [Féjlix Nevárez Zavala haber incurrido en conducta ile-gal e impropia, consistente en que allá para el día 16 de abril de 1984 se personó frente a los portones del Campamento Garc[í]a en Vieques cuando un grupo alrededor de medio cen-tenar de ciudadanos celebraba una demostración o “piquete” a favor de la paz en contra de la militarización frente a los portones de dicho campamento. Se personó el Juez Nevárez Zavala conduciendo un Jeep, lo estacionó y durante aproxima-damente 45 minutos se dedicó a fotografiar a los manifes-tantes y las tablillas de algunos de sus vehículos que estaban estacionados allí y a su vez los anotaba. Que dicha conducta es una que viola los [C]ánones 1 y 13 de [É]tica Judicial.
Para sostener dicho cargo se admitió la Declaración Jurada prestada por el señor Rafael Mercado León ante el Ledo. Federico Díaz Ortiz, Asesor Legal de la Oficina de Asuntos Le-gales de la Administración de los Tribunales, allá para el 2 de agosto de 1984. Dicha declaración fue admitida como [.Exhibit] Y de la parte querellante, habiéndose a tales fines ex-puesto por el Sr. Alguacil las diligencias que hizo para la cita-ción de dicho testigo, sin éxito alguno[,] por lo que se radicó un diligenciamiento negativo por encontrarse dicho testigo fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.
Declaró dicho testigo que allá para el 16 de abril de 1984 mientras se encontraba frente a los portones del Campamento García en Vieques, Puerto Rico[,] participando en la celebra-ción de un “piquete a favor de la paz y en contra de la militari-zación de nuestra tierra.”
Que allí habí[a] un[a]s cuarenta y cinco a sesenta y cinco personas, en celebración de una actividad que había sido anunciada al público. Declaró el testigo que durante la cele-bración de dicha actividad tuvo oportunidad de ver allí al Hon. Juez Nevárez Zavala quien llegó allí en un Jeep Suzuki color azul, sólo, que sacó una cámara de su vehículo y comenzó a fotografiar a los que asistían a la manifestación e inclusive, fotografiaba a los vehículos de los manifestantes. No sólo to-maba fotos a los vehículos sino que pudo observar el testigo que el Juez Nevárez se añangotaba como para fotografiar las placas de los vehículos estacionados, no a todos sino a uno que otro. Que éste tomaba fotos, regresaba a su Jeep, estaba un rato y volvía a producirse la misma operación. Que el Juez se veía un poco intranquilo, se veía un poco molesto, pero que la actitud que más i[e] extrañó fue la de toma de fotografías por el Juez. Declaró igual el testigo que después del día 18 de abril a las 10:00 A.M. por razón de citación que recibió para ir a la corte. La citación iba dirigida del Pueblo de Puerto Rico contra P/C Vieques Air Link, compañía en que trabajaba el testigo en calidad de aviador. Señalaba la misma como dato acerca del delito anunciado “Investigación de Que-rella”; Querellante, Jonás Vélez en representación de Fo-mento Recreativo. Dicha citación estaba firmada por Irma Colón, Secretaria del Tribunal de Distrito de Vieques y expe-dida el día 17 de abril de 1984, o sea, un día después de la celebración del acto ya antes relacionado. Ese día el testigo compareció al Tribunal conforme la citación y luego de una espera, pudo entrar a la oficina del Juez F[é]lix Nevárez donde se encontraba también Don Jonás Vélez así como un salvavidas del Balneario Público Bahía del Sol. Que en ese momento allí se le tomó juramento a él solamente y se entró en conversación no relacionada con el caso siendo el Juez Ne-várez la persona que comenzó a hablar asuntos que no se rela-cionaban con la citación. El Juez expresó en tono de regaño: “Lo traigo aquí porque estoy harto de usted, ya le hemos per-mitido que desordene con su Jeep, con su motora, con su caba-llo por el pueblo.” Afirmó el testigo que nunca en su vida había montado un caballo en el pueblo de Vieques. El testigo se mantuvo callado ante las expresiones del Juez quien siguió hablando y repitiendo lo antes dicho, haciendo además alu-siones al piquete que se había celebrado el día anterior, el 16 de abril de 1986. Específicamente diciendo: “Y no te creas que yo fui allí a tomarles fotografías a ustedes” y en un tono en voz alta, hasta se veía medio furioso y nervioso decía: “Yo fui allí a tomarles fotografías a los policías de la base y a los policías estatales para que constara que allí toda la actividad era en paz”, y yo por pimera vez pronuncié] la palabra inqui-riendo sobre las razones por lo cual fui citado, y él seguía en el mismo tema, en el mismo tema, o sea en el mismo tema de lo señalado.” Se le dijo luego que hab[í]a estado caminando por donde no deb[í]a con su Jeep. Allí no se le preguntó nada a Don Jonás quien estaba presente, ni al policía. Preguntó el testigo cu[á]l era la querella de Don Jonás interrumpiendo el Juez Nevárez, expresando “por ahí es donde voy, no vamos a permitir que también en el Balneario Público Sun Bake, que es un sitio pacífico, etc. etc. Entonces pregunté al señor Jonás Vélez que qué conocimiento tenía de lo por m[í] hecho, y el señor Jonás le responde al Juez que él no estaba allí, que no era testigo de nada, que él simplemente había sido informado por un salvavidas que yo andaba por el área de la arena en “Sun Bake”. Entonces el Juez pregunta que quién sabía y el señor Jon[á]s Vélez señala al supuesto salvavidas. Que todo dicho procedimiento culminó en que el señor Nevárez ex-presó: “Est[á] bien,.. [.] este ..[.], váyase, váyase.” El testigo entonces le pide al Juez que si podía tener una cita con él a lo que el Juez le dijo que no tenía tiempo. (Énfasis suplido.) In-forme del Comisionado Especial, 19 de diciembre de 1988, págs. 3-16.

II

“Hay profesiones que no se compadecen con los términos medios’, con las ‘medias tintas’ en su ejercicio; es tal la excelsitud de su ministerio, la delicadeza de su cometido, la trascendencia de su profesión, que ni la más leve nota de humana parcialidad puede empañar la fulgencia de su prestigio.” F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1987, págs. 29-30. No siempre es así. A veces la fragilidad humana opaca ese prestigio, y nos vemos compelidos a intervenir disciplinariamente.

Tal es el caso de autos. Los hechos expuestos reflejan que, lamentablemente, el querellado Nevárez Zavala infringió importantes normas deontológicas judiciales. Incurrió en conducta lesiva a la integridad, independencia y respeto que debe caracterizar el proceder de todo magistrado dentro y fuera del estrado. Al hacerlo puso en entredicho la imagen de imparcialidad de la justicia en el Municipio de Vieques. Cánones XI y XII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

Reiteradamente observó en público un comportamiento que trascendió los límites de lo prudentemente permisible. La vocación judicial requiere sacrificios y autolimitaciones. Ello implica “una convivencia social que, sin ig-norar la acrisolada posición que se ostenta, facilite y permita la relacionabilidad con los demás órganos públicos en los actos señalados, y comporte para el interesado una reputa-ción, prestigio y opinión populares, de ciudadano normal, al que socialmente ni hay que temer, ni hay que huir, pero tampoco desconocer”. (Escolio omitido y énfasis suplido). Martínez-Calcerrada, op. cit., pág. 75.

Su conducta repetitiva, es demostrativa de un patrón recurrente, impropio e incompatible con el cargo de juez. Cuando este proceder va acompañado, como en el caso de autos, de lenguaje impropio o conducta agresiva, beligerante y abusiva, la única vía decisoria es la destitución.

Se dictará sentencia que decrete la destitución del quere-llado del cargo de Juez de Distrito.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Nuestra decisión está predicada en los cargos incontrovertidamente pro-bados. Así, hemos prescindido de considerar los cargos segundo, cuarto, sexto, séptimo, octavo y noveno, debido a que no fueron probados, y uno fue desistido por el Procurador General.
      Reproducimos estos cargos.

        “SEGUNDO CARGO: La prueba ofrecida relacionada con el cargo #2 impu-tado al querellado se limitó a indicar que allá para el mes de marzo o abril de 1984 estando la testigo, Sra. Helga Monell de Campos con su esposo en el Bar ‘El Toro Sediento’ en el Hotel La Esperanza de Vieques, Puerto Rico, tuvo [é]sta oportu-nidad de conversar con el Juez Nevárez quien se encontraba o llegó a dicho bar y dicho querellado le informó a la testigo que en la noche del apagón (noche en que se fue la luz en el pueblo, incluyendo el bar y Hotel La Esperanza), ‘Peinilla’ le había pateado su carro. La testigo preguntó al Juez que cómo era posible que él supiera que fue ‘Peinilla’ el autor de la patada a su carro, si esa noche estaba a oscuras, a lo que el Juez le ripostó ‘si, yo sé que fue “Peinilla” yo eso lo tengo seguro, esto no se va a quedar así.’ Y continúa, Además esa misma noche del apagón él había entrado al baño (refiriéndose a “Peinilla”) del Bar El Toro Se-diento’ y que allí él había encontrado que luego de ‘Peinilla’ salir del baño él (el Juez) encontró una jeringuilla y que esa jeringuilla él suponía y estaba seguro que era de ‘Peinilla’. La testigo rechazó dicha imputación defendiendo al tal apo-dado ‘Peinilla’ quien se refiere al señor Luis Leguillou Parrilla, que es esposo de la prima de dicha testigo y la testigo le dice al querellado que si tenía el poder y la prueba que siguiera el caso, pero que el Juez le contestó ‘No, yo no voy a estar conforme para meterle un año ni dos, yo quiero 99 años dentro.’ El Juez insistió en que él tenía la jeringuilla para su ex[a]men dando a entender que iba a hacer una investigación sobre el particular. La testigo, sin embargo, no sabe si se tomó acción contra el señor ‘Leguillou’ por la posesión de dicha jeringuilla y/o que se tomara acción de naturaleza alguna por dicho hecho. Ninguna otra prueba fue ofrecida para sustanciar el señalamiento a nuestro juicio de conducta ilegal por parte del querellado Juez Nevárez Zavala. Se trata de una legitima actuación sobre la posible omisión de acto delictivo, pero la cual puede informarse que fue conducida con carencia de tacto y de sana administración de justicia.

        “CUARTO CARGO: El cargo número 4 imputa al querellado haber incurrido en conducta ilegal e impropia consistente en utilizar la autoridad de su cargo y los recursos del Tribunal General de Justicia para realizar ‘una investigación de ru-tina’ sin que existiere caso o querella en la cual estuvieran envueltos o fueran parte los ciudadanos Luis Leguillou Parrilla y Richard Willmont. No existe prueba en el record por razón de no haberse ofrecido, para probar el cargo como imputado, surgiendo por el contrario, que la investigación si alguna, que se es-taba llevando a cabo por el Tribunal dirigido por el querellado se trataba de una querella del propio testigo Richard Willmont que fue investigada y que para gra-bar su testimonio se le citó a la sala del Tribunal. Dicha investigación fue practi-cada igualmente por fiscal.
      “La querella del señor Willmont fue eventualmente referida a la Policía Es-tatal y siguió su curso normal ante las autoridades.

        “SEXTO CARGO: Se le imputa al Juez Nevárez Zavala en el Sexto Cargo que éste incurrió en conducta ilegal e impropia al gestionar, obviando a la Oficina del Juez Administrador de Fajardo la presencia en Vieques de otro Magistrado, Juez Colón Barbosa, para que entendiera en el procedimiento de causa probable contra el señor Miguel Adams Herrera, siendo el propio Juez Nevárez Zavala presuntamente el perjudicado en el caso.
      “Se imputa, además, al querellado, que una vez el Juez Colón Barbosa se personó en Vieques a los fines antes requeridos el querellado le invita a un ‘trago’ y le previene de las circunstancias en que presuntamente ocurrieron los hechos que habían de estar ante la consideración de dicho magistrado.
      “Sobre dicho extremo se presentó el testimonio del Juez Colón Barbosa, quien refiere y declara que para dicho d[í]a 21 de octubre de 1983 él estaba ac-tuando como Juez Municipal en la región de Humacao asignado a Fajardo y Lu-quillo. Que dicho día prestó servicios en el Municipio de Luquillo, así como en Vieques. Que estando en Luquillo, recibió una llamada del Juez Nevárez Zavala, quien le necesitaba porque tenía un caso que quería que yo, (o sea el Juez Colón Barbosa) atendiera. Indica el Juez Barbosa que él recibió la llamada del Juez Nevárez como a eso de las 9:00 A.M. de dicho día y que una vez terminó de hablar con el Juez Nevárez Zavala se comunicó con el Juez Gabriel García Rosario, Juez Administrador y le indicó sobre el pedido del Juez Nevárez Zavala. El Juez Admi-nistrador se molestó inquiriendo al Juez Barbosa que cómo estaba en su sala, la cual estaba llena, por lo que el Juez Administrador le indicó que él podría ir a Vieques una vez terminara con su sala y vaciara su calendario.
      “Indica el testigo que él volv[i]ó a llamar al Juez Nevárez y le explicó que le era imposible ir en el curso de la mañana, pero que tan pronto terminara su trabajo podía ir a Vieques. La molestia del Juez García Rosario respondía a que el Juez Nevárez Zavala no había canalizado su comunicación a través de la Adminis-tración. Una vez terminó el Juez Barbosa en su sala en Luquillo se trasladó a eso de las 12:00 en un avión hacia Vieques. El Juez Nevárez le esperó en el Aero-puerto con el Teniente de la Policía de apellido Marrero.
      “En el transcurso del aeropuerto hacia el Pueblo, indica el testigo qu[e e]l Juez Nevárez le explicó la razón por la cual no podía intervenir en el caso y le explicó sobre el caso que se le requería a dicho Juez que atendiera. El Juez Nevá-rez le indicó que el caso que le iba a someter era uno por alteración a la paz en la cual él era el perjudicado y que el acusado lo sería el señor Michael Adams. El Juez Nevárez le invitó a darse un trago a lo que el Juez Colón Barbosa se negó, pero que siempre el Juez Nevárez se di[o] un trago con el Ledo. González Reyes, quien coincidió en el vuelo del Juez Barbosa a Vieques.
      “Si bien el querellado solicitó directamente los servicios del Juez Colón Bar-bosa para que entendiera en el procedimiento de causa probable contra el señor Miguel Adams, acusado por el propio Juez Nev[á]rez de desacato, sin recurrir a los trámites administrativos, lo cierto es que el propio Juez Colón Barbosa in-formó de la Petición del Juez Nevárez al Juez Administrador del Distrito de Fa-jardo, quien autorizó al testigo, Juez Colón Barbosa, a trasladarse a Vieques una vez terminara sus trabajos en Luquillo el día 21 de octubre de 1983. Dicho tras-lado del Juez Barbosa a Vieques no afectó los trabajos del Tribunal de Distrito de Luquillo, permitiendo que se sometiera el caso contra el señor Adams ante un juez distinto al Juez perjudicado.
      “El propio Juez Colón Barbosa indica que el querellado Juez Nevárez Za-vala, s[í] le indicó y le previno de las circunstancias en que habían ocurrido pre-suntamente los hechos que habían de estar ante su consideración y así como la razón por la cual se encontraba detenido y preso el acusado en dicho caso antes de ventilarse el procedimiento de causa probable.

        “La declaración del propio Juez Barbosa no surge ni hay indicio que el querellado pretendiera en modo alguno influenciar indebidamente a éste.

      “Cabe señalar que habiéndose determinado causa probable contra el señor Adams el proceso se celebró ante otro Magistrado y medió una alegación de cul-pabilidad del señor Adams.

        “SÉPTIMO CARGO: El cargo #7 fue desistido por la Oficina del Procura-dor General durante la vista celebrada el 6 de m[ay]o en horas de la mañana cuando el testigo y supuesto perjudicado por una actuación del Juez Nevárez irrumpió en un incontrolable estado de histeria de llantos lo que ocasionó [que] se excusara a éste por el Comisionado Especial y por los abogados de las partes. Se anunció que dicho testigo estaba bajo tratamiento [por] incapacidad mental y del corazón. Accedimos al desistimiento del cargo por la parte querellante.

        “OCTAVO CARGO: En el cargo número 8 se le imputa al Juez F[é]lix Nevá-rez Zavala, haber incurrido en conducta ilegal e impropia consistente la misma en sugerirle al señor Buenaventura Torres Martínez hacerse testigo del pueblo en los casos de [Pueblo vs. José L. Hernández y Enrique de Jesús] por el delito de escalamiento agravado, ‘porque si no lo hacía l[e] iba a meter $25,000.00 de fianza y lo iba a meter a la cárcel.’
      “Para sostener dicho cargo se ofreció el testimonio de Don Buenaventura Torres Martínez, quien informa ser un residente del pueblo de Vieques por 23 años y conoció al Juez Nevárez Zavala desde que éste fue juez en Vieques. Que para el 22 de diciembre de 1983 él fue citado a la vista de un caso en Fajardo sobre robo de una ternera a un tal Román Cruz, caso en el cual éste Buenaventura Torres Martínez aparecía como testigo de cargo.
      “Sobre dicho caso, el testigo había prestado una declaración jurada en Vie-ques y al mostrársele la misma reconoció su firma, la que informa haber prestado ante un Policía en el Cuartel de Vieques.
      “Informa el testigo que estando solo en el Cuartel de Vieques, el Policía conocido por ‘Tinsi’ estando solo con él, le di[o] en la cara exigiéndole que se hiciera testigo del pueblo. El testigo insistió en que él no podía decir lo que se pretendía que él dijera ya que él no sabía nada de lo que ellos decían. Que luego vino el Juez Nevárez Zavala y le dijo que si no se hacía testigo del pueblo lo metería preso. El testigo declara haberse asustado, siendo ésta la primera vez que estaba en el cuartel, y acepta que entonces firmó la declaración imputándole la comisión del delito a un ciudadano en Vieques por robo de dos'vacas. Posterior-mente, el testigo comparece ante el Tribunal de Distrito de Fajardo a la vista del caso y allí declara en las circunstancias que prestó su declaración jurada en Vie-ques declarando que lo que él había expuesto allí no era cierto, ya que él no conocía nada del referido incidente.
      “Se ofreció además, el testimonio del Fiscal Miguel [Á]ngel Rivera, Fiscal de Distrito de Humacao, quien declaró que fue el Fiscal que intervino en la vista de causa probable en el caso en que estaba envuelto como testigo Don Buenaventura Torres Martínez. Que ese día el Ledo. Pedro Baigés Chapel en representación del acusado, solicitó que se hiciera o se llevara dicho procedimiento en sala y con la grabación de los procedimientos, aduciendo como razón para ello que el testigo que tenía la Fiscalía (Don Buenaventura) para probar su caso era un c[oa]utor a quien se le había agredido, y se le había obligado a hacerse testigo del pueblo. Antes de entrar a la vista, el Fiscal Miguel [Á]ngel Rivera se entrevistó con el señor Buenaventura Torres quien le indicó que el Policía investigador de apodo ‘Tinsi’ le había dado en un pómulo, le había dado en las costillas, que lo había golpeado para que sirviera de testigo del caso. En ese instante intervino el Ledo. Baigés indicándole al Fiscal que de eso tenía conocimiento el Hon. Juez Nevárez. Testificó, sin embargo, el señor Buenaventura Torres que no, que el Juez había salido que no estaba presente cuando ocurrió la agresión, que fue durante la ausencia del Juez que el policía lo agredió. El Fiscal Miguel [Á]ngel Rivera entonces le informó al Ledo. Baig[é]s que él preferiría que hubiesen mil culpables en la calle que un inocente adentro y que por esa razón indicó que pediría el archivo del caso bajo la Regla 247(a). El Ledo. Baigés[,] sin embargo, insistió en que él quería ver su caso. El caso se vi[o] ese día ante el Juez Bernardo Colón Barbosa y fueron grabados los procedimientos. Ese día mientras el Fiscal inte-rrogaba al testigo del pueblo, Buenaventura Torres, el Administrador del Tribunal, Garc[í]a Rosario, se comunicó con el Juez F[é]lix Nevárez indicándole el Juez García Rosario al fiscal Miguel [Ájngel Rivera que el Juez F[é]lix Nevárez quería que se le citara a él para ser testigo y que a través del Juez García Rosario estaba solicitando al Juez Nevárez que si se podía posponer la vista a los efectos de él estar presente. El Fiscal Miguel [Ájngel Rivera no accedió a dicha solicitud, ya que ese día vi[o] efectivamente al testigo con unos moretones[,j además de unos retratos en manos del Ledo. Baigés que allí fueron presentados, y que entonces tomando en consideración que siendo el testigo un e[oa]utor y único testigo de cargo, no valía la pena suspenderse la vista a los efectos de visualizar si las impu-taciones que se le hacían al Juez F[é]lix Nevárez eran ciertas o no, y se siguió con el procedimiento.

      “El Juez Colón Barbosa no encontró causa probable para radicar acusación a lo que el Juez F[é]lix Nevárez entonces le indicó al Fiscal que apelara la misma, porque ya eso era costumbre en Vieques que una vez que se prestaban decla-raci[o]nes juradas se re[v]elaban aseverando que la Policía los había obligado.

        “NOVENO CARGO: Se imputa en el cargo número 9 al Juez Fféjlix Nevárez Zavala haber incurrido en conducta ilegal e impropia al tomar declaraciones ju-radas por escrito a testigos en fechas posteriores a él haberlos examinado oral-mente en procedimiento de causa probable en un caso de escalamiento en la Mueblería Nueva propiedad del señor Teófilo Bermúdez Garay, ocurrido el 4 de noviembre de 1983. Alegó que él las tomaba por instrucciones de la Fiscalía de Humacao. El Hon. Fiscal Miguel [Ájngel Rivera negó que la versión del quere-llado fuera cierta y que, por el contrario, el Fiscal de Distrito había impartido [ójrdenes en contrario.
      “El testimonio ofrecido por el Fiscal Miguel A. Rivera, no se desprende prueba directa relacionada con las imputaciones de este cargo ni se ofreció prueba adicional por testimonio otro alguno que nos permita hacer una conclu-sión de hecho sobre los extremos apuntados.” (Énfasis suplido.) Informe del Co-misionado Especial, 19 de diciembre de 1988, págs. 4-13.

       “No es necesario ni deseable que el Juez viva en el aislamiento. Sin embargo, ha de ser escrupuloso en evitar actuaciones que razonablemente puedan dar lugar a la impresión de que sus relaciones sociales, de negocios, de familia o de amistad influyen en alguna forma en sus determinaciones judiciales.
      “Dentro del significado y espíritu de la norma anterior, y sin que la siguiente enumeración excluya otras actividades impropias, el Juez no debe:
      “(c) Ingerir bebidas alcohólicas inmoderadamente en sitios públicos.” Canon XXIV de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    Manuel Hawayek, demandante y recurrido, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: RE-86-280

      Resuelto: 29 de marzo de 1989

      Ángel Luis Mayol, abogado de la recurrente; Alberto Santiago Villalonga, de Nachman & Fernández Sein, abogado del recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La Autoridad de las Fuentes Fluviales (Autoridad) —hoy Autoridad de Energía Eléctrica— recurre de la sentencia que le ordenó satisfacer los daños y perjuicios causados mientras hacía unos trabajos de excavación en la acera que discurría frente al edificio del demandante recurrido. Ve-amos los hechos que originaron el pleito.

El demandante recurrido Manuel Hawayek era propieta-rio de un edificio localizado en la Ave. Ponce de León en San-turce, en el cual operaba un negocio de joyería ubicado en la primera planta del referido edificio. Los restantes pisos los mantenía alquilados a diversos arrendatarios como Sears Roebuck & Co., Alvaro Calderón Inc., American International Corp. y al Dr. Roberto Buso.

El 14 de junio de 1966 la Autoridad llevaba a cabo unos trabajos de excavación en la acera frente al reférido edificio y rompió la tubería soterrada que allí se encontraba. Especí-ficamente, se averió el tubo múltiple o manifold que suplía agua potable al sector y varias tomas individuales que su-plían agua potable al edificio del demandante recurrido. Pos-teriormente, la demandada recurrente hizo reparaciones en el manifold y el demandante recurrido contrató los servicios de un plomero, Sr. Guillermo Febres, quien reparó las tomas individuales. Sin embargo, quedó un escape de agua en el manifold, por lo que la presión de agua potable del edificio bajó considerablemente afectando adversamente el sistema sanitario y el de agua potable.

El 24 de octubre de 1967 el señor Hawayek presentó de-manda contra la Autoridad en la cual alegó que, como conse-cuencia de sus actuaciones negligentes, el sistema de agua del edificio se afectó de tal manera que los inquilinos cancela-ron sus contratos de arrendamiento. Reclamó compensación por concepto de rentas que dejó de percibir, por los gastos incurridos en la reparación a las tuberías averiadas y por los contratiempos causados.

Tras varios incidentes procesales, la demandada recu-rrente contestó la demanda el 13 de agosto de 1968. Alegó como defensa especial la prescripción de la acción. El 23 de enero de 1976 se celebró vista, en la cual se presentó prueba por ambas partes para dilucidar la cuestión de la prescrip-ción. El 20 de mayo de 1977 el tribunal resolvió que la de-manda no estaba prescrita por haberse interrumpido el tér-mino prescriptivo.

En febrero de 1981 concluyó el desfile de prueba y, final-mente, el 10 de febrero de 1984 el tribunal emitió sentencia en la cual concluyó que la Autoridad fue negligente al des-truir la tubería que suplía agua potable al edificio del deman-dante recurrido y al no restituirla adecuadamente. Deter-minó que el demandante recurrido tenía derecho a $12,000 por concepto del costo de las reparaciones necesarias en el manifold, $568.25 por concepto de un arreglo parcial hecho por el plomero señor Febres, $20,000 por concepto de los daños sufridos por la cancelación de contratos de arrenda-miento, más las costas, gastos, intereses legales desde la presentación de la demanda, y $2,500 por concepto de hono-rarios de abogado. La demandada recurrente presentó soli-citud de determinaciones de hecho adicionales y de una mo-ción de reconsideración. Al efecto, se celebró una vista el 7 de diciembre de 1984 y las solicitudes fueron rechazadas el 16 de mayo de 1986.

En apoyo de su recurso, la Autoridad plantea que erró el tribunal al concluir que la presente acción no estaba pres-crita; asimismo, que erró al conceder las partidas siguientes: $12,000 por la reparación del manifold, $568.25 por concepto de pago al plomero por un arreglo parcial y $20,000 por los daños sufridos por la cancelación de los contratos de arren-damiento; que erró al imponerle a la demandada recurrente el pago de intereses legales desde la presentación de la de-manda, porque conforme a la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, éstas sólo aplican a causas de ac-ción que surjan con posterioridad al 26 de mayo de 1967, y que erró el tribunal al imponer $2,500 por concepto de hono-rarios de abogado, pues el historial del caso demuestra que la demandada recurrente no fue temeraria.

Consideraremos en primer lugar el planteamiento sobre prescripción de la acción.

Los hechos que dieron lugar al presente pleito ocurrieron el 14 de junio de 1966. La demanda se presentó el 24 de octu-bre de 1967, dieciséis (16) meses después. El demandante recurrido alegó que había interrumpido el término prescrip-tivo mediante cartas de 12 de julio de 1966 y de 20 de noviem-bre de 1966 dirigidas al entonces Director Ejecutivo de la Autoridad, señor Urrutia, y mediante carta de 15 de diciem-bre de 1966 enviada al señor Castro Martínez, empleado de la demandada recurrente. También alegó que el término prescriptivo se había interrumpido mediante conversaciones con el señor Castro Martínez y con el licenciado Lube, Ase-sor Legal de la Autoridad durante 1966 y 1967.

En la vista celebrada para considerar la defensa especial de prescripción, la parte demandante recurrida presentó prueba testifical consistente de los testimonios del Sr. Manuel Hawayek y del Sr. Félix Vega, y prueba documental con-sistente de copias de las cartas de 20 de noviembre y de 15 de diciembre de 1966. La parte demandada recurrente presentó prueba testifical consistente de los testimonios del señor Castro Martínez y de la Sra. María Teresa Ocasio, oficinista de la Autoridad, y prueba documental consistente de una hoja de trámite, una hoja de ruta y una carta de 12 de julio de 1966. Mediante Resolución de 20 de mayo de 1977, de la cual no se acudió ante nos, el tribunal resolvió que la demanda no estaba prescrita.

El foro de instancia concluyó que las conversaciones del señor Hawayek con el licenciado Lube ocurrieron en oca-siones de reuniones sociales y que las mismas fueron de ca-rácter informal, por lo que no dieron fundamento a una inte-rrupción del término prescriptivo. Señaló el tribunal que en agosto de 1966 el señor Hawayek sostuvo conversaciones para realizar un convenio con el señor Castro, por lo que de contarse el término de un año a partir de esa fecha la recla-mación estaría prescrita.

En lo referente a la carta de 12 de julio de 1966, quedó establecido que se envió y que fue recibida por la Autoridad, interrumpiendo así la prescripción y dando paso a un nuevo período prescriptivo que finalizó el 12 de julio de 1967, por lo que la demanda presentada en octubre de 1967 estaría pres-crita.

La controversia se centró en determinar si las cartas de 20 de noviembre de 1966 y de 15 de diciembre de 1966 tuvie-ron el efecto de interrumpir la prescripción. El foro de ins-tancia concluyó que esas cartas interrumpieron el período prescriptivo y que, por lo tanto, la acción no estaba prescrita.

La reclamación extrajudical hecha por medio de una carta interrumpe la prescripción de la acción si la misma llega a su destino. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110. D.P.R. 471 (1980). El interrumpir la prescripción de la acción tiene como efecto que el término prescriptivo comience a contarse nuevamente por entero. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. 2, Cap. X, pág. 568. Por lo tanto, si la carta de 20 de noviembre de 1966 interrumpió la prescripción, comenzaría a contarse un nuevo período que finalizaría el 20 de noviembre de 1967, por lo que la demanda no estaría prescrita.

La presentación de copia de las cartas, unida al testimo-nio del demandante recurrido a los efectos de que él envió las cartas de 20 de noviembre y de 16 de diciembre de 1966 a los funcionarios de la Autoridad, estableció la presunción controvertible de que la carta llegó a su destino. Regla 16(24) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Una vez establecido el hecho básico de que las cartas se enviaron, correspondía a la parte demandada recurrente presentar prueba para persuadir al juzgador de la no existencia dél hecho presumido: que las cartas llegaron a su destino. En ese sentido, señala el profesor Chiesa:

Así, pues, la parte contra quien va dirigida la presunción no sólo tiene la obligación de presentar evidencia —so pena de que el juzgador quede obligado a inferir el hecho presumido— sino que, además, tiene el peso de la prueba para persuadir al juzgador de que no ocurrió el hecho presumido.
Si el demandado presenta prueba en apoyo de que no ocurrió el hecho presumido, entonces el juzgador resolverá la cuestión a la luz de toda la evidencia, pero teniendo presente que el peso de la prueba lo tiene la parte que pretende establecer que el hecho presumido no ocurrió. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, pág. 44.

La demandada recurrente presentó prueba testifical que consistió en la declaración del señor Castro Martínez de que no había recibido correspondencia del señor Hawayek y la declaración de la oficinista María Teresa Ocasio de que no se recibió correspondencia dirigida al señor Urrutia en noviem-bre de 1966 y que tampoco se recibió carta alguna dirigida al señor Castro en diciembre de 1966. Al juzgador de los hechos no le persuadió el testimonio de dichos testigos. Al evaluar la evidencia que tuvo ante sí le dio entero crédito a las declara-ciones del demandante recurrido y concluyó que las cartas habían interrumpido el término prescriptivo. Citamos de la resolución emitida el 20 de mayo de 1977,por el juez de instancia:

Dado el interés demostrado por la parte demandante du-rante todo el proceso desde que ocurrió el accidente que mo-tivó la demanda, las cartas escritas a la Autoridad de las Fuentes Fluviales con anterioridad a las de noviembre de 1966, las conversaciones con el Ledo. Lube, aunque en un plano de amistad y las conversaciones con el señor Castro Martínez donde se llegó a un entendido entre el señor Hawa-yek y el señor Castro Martínez, le damos crédito al testimonio del señor Hawayek en el sentido de que las cartas de noviem-bre de 1966 y 15 de diciembre del mismo año fueron enviadas a la parte demandada. Apéndice, pág. 22.

En Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., supra, resolvimos que el foro de instancia erró en la apreciación de la prueba presentada por el demandado para rebatir la presunción de que la carta llegó a su destino. La situación allí era distingui-ble a la que tenemos ante nuestra consideración. Allí la prueba era de naturaleza documental, lo que nos colocó en la misma situación del tribunal de instancia y nos permitió ha-cer nuestra propia determinación de que la carta no se reci-bió por la parte demandada.

Aquí se trata básicamente de la credibilidad que el juzga-dor dio a los testigos y, según señaláramos en Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975): “‘La verdad es que el tes-tigo debe ser oído, y visto, interrogado y mirado.’” No hay fundamento en los autos que nos mueva a alterar la conclu-sión del tribunal de instancia, ya que la apreciación que el tribunal hizo de la prueba no denota que haya actuado con parcialidad. Por lo tanto, no erró al concluir que la demanda no estaba prescrita.

II

En el primer, segundo y tercer señalamiento de error, el recurrente alega que erró el tribunal al conceder $12,000 para reparar el manifold, $568.25 por concepto de pago al plomero contratado por el demandante recurrido y $20,000 por los daños causados por la cancelación de los contratos de arrendamiento.

Un examen minucioso de la transcripción de la prueba desfilada ante el foro de instancia, aprobada y certificada el 3 de diciembre de 1986, nos mueve a concluir que erró el tribunal al conceder $12,000 por la reparación del manifold y que no erró al conceder $568.25 por el arreglo parcial de la tube-ría y $20,000 por los daños ocasionados por la cancelación de los contratos.

En lo referente al manifold, la prueba demostró que dicho tubo pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcanta-rillados (A.A.A.) y que fue reparado por funcionarios de esa agencia. El propio señor Hawayek, en el contrainterrogato-rio hecho por el abogado de la demandada recurrente, con-firmó que la A.A.A. hizo las reparaciones al manifold.

En síntesis, el señor Hawayek declaró que para agosto de 1966 hizo una reclamación ante la A.A.A. en la que solicitaba que se reparara el manifold y, en efecto, las brigadas de la A.A.A. lo repararon.

Igualmente, en el contrainterrogatorio hecho al plomero señor Febres, éste respondió que no intervino con el manifold, ya que la reparación de este tubo es responsabilidad de la A.A.A. Explicó que él no podía intervenir con el manifold porque por esa tubería discurre la línea de agua que sirve a las acometidas. Para trabajar en él es necesario cerrar la línea y eso sólo puede hacerlo la A.A.A., ya que el manifold le pertenece a ellos y es su responsabilidad reparar el mismo.

El Ing. Carlos Irizarry, de la A.A.A., en el interrogatorio directo hecho por el abogado de la demandada recurrente, confirmó que en efecto a la A.A.A. le corresponde reparar las averías en el manifold. Declaró que originalmente la instala-ción de servicio de agua y de alcantarillados que hubiera hasta los límites de la propiedad pertenecía a la A.A.A. Pos-teriormente surgieron inconvenientes, ya que los abonados demandaban a la A.A.A. por los daños que sufrían cuando el personal de dicha agencia arreglaba las tuberías. Ante esta situación, la A.A.A. adoptó la norma de asumir la responsabi-lidad del servicio desde la tubería matriz hasta el contador, por lo que del contador en adelante es responsabilidad del abonado. De esta manera, cualquier avería que ocurra del contador hacia la línea matriz le corresponde repararla a la A.A.A.

Ciertamente erró el foro de instancia al conceder $12,000 al señor Hawayek para reparar el manifold cuando la prueba sostuvo que dicho tubo pertenece a la A.A.A. y fue reparado por la propia agencia, y que el señor Hawayek no incurrió en dichos gastos de reparación.

En lo referente a la concesión de $568.25 por concepto del pago al plomero por una reparación parcial, no erró el tribunal de instancia. Las declaraciones del señor Hawayek, del señor Febres (plomero) y del propio ingeniero de la Autori-dad establecieron que estas tuberías fueron reparadas por el plomero contratado por el demandante recurrido.

En lo referente a la concesión de $20,000 por los daños ocasionados por la cancelación de los contratos de arrenda-miento, no erró el tribunal en su determinación. El Ing. Carlos Irizarry, de la A.A.A., traído al pleito como testigo de la parte demandada recurrente, declaró que la avería que sufrió la tubería pudo afectar la presión de agua en el edificio del demandante recurrido. A su vez, quedó probado que los inquilinos del edificio enfrentaban problemas con el servicio de agua potable y con los servicios sanitarios en sus respec-tivas oficinas. Aunque éste no fue el factor determinante para que se mudaran del edificio, en efecto contribuyó al to-mar su decisión.

El tribunal de instancia valorizó en $20,000 los daños ocasionados al señor Hawayek. Un examen del expediente del caso demuestra que dicha valorización no es errónea ni exagerada, por lo que no alteraremos el monto de la indemnización concedida. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917, 924 (1971); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Prado v. Quiñones, 78 D.P.R. 322, 338 (1955).

III

Alega el recurrente en su cuarto señalamiento de error que erró el tribunal de instancia al conceder el pago de inte-reses desde la presentación de la demanda, ya que a tenor con la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, supra, éstos sólo son aplicables a las causas de acción que hayan surgido con posterioridad al 26 de mayo de 1967. Le asiste la razón.

La imposición de intereses por temeridad fue producto de una enmienda hecha por la Ley Núm. 68 de 26 de mayo de 1967 a la entonces vigente Regla 44.4 de Procedimiento Civil de 1958 (32 L.P.R.A. Ap. II). Mediante dicha enmienda se le añadió el inciso (e) y expresamente se dispuso que el mismo sólo sería aplicable a las causas de acción que surgieran con posterioridad a la fecha de su aprobación, 26 de mayo de 1967. Citamos el inciso (e) de la Regla 44.4:

Sección 1.— Se adiciona el párrafo (e) a la Regla 44.4 de la [sic] Reglas de Procedimiento Civil de 1958, que leerá como sigue:
“(e) El Tribunal también impondrá a la parte que haya pro-cedido con temeridad el pago de interés legal desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y perjui-cios a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, las corporaciones públicas o los municipios de Puerto Rico, disponiéndose que las disposi-ciones de esta ley solamente serán aplicables a las causas de acción que surgieren con posterioridad a la fecha de su apro-bación.
Sección 2.— Esta ley entrará en vigor inmediatamente des-pués de su aprobación.
Aprobada en 26 de mayo de 1967. (Escolio omitido.) 1967 Leyes de Puerto Rico 276-277.

Posteriormente, al adoptarse las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, se estableció el mismo principio de la Regla 44.4(e) de 1958 en la Regla 44.3(b), supra, y se conservó el lenguaje que dispone que la aplicación de intereses por temeridad sólo será para aquellos casos en que la causa de acción hubiese surgido en fecha posterior al 26 de mayo de 1967. Citamos la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, supra:

(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya pro-cedido con temeridad el pago de interés legal desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y perjui-cios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte de-mandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial. Las diposiciones de este inciso serán aplica-bles a las causas de acción que hayan surgido a partir del 26 de mayo de 1967.

El lenguaje de la ley es claro al disponer que se impon-drán los intereses por temeridad en aquellas causas de ac-ción que surjan con posterioridad al 26 de mayo de 1967. En el caso de autos, los elementos constitutivos de la causa de acción que vienen a ser el daño, el acto negligente y el nexo de causalidad entre ellos ocurrieron el 14 de junio de 1966, es decir, con anterioridad al 26 de mayo de 1967. Por tal razón, no le aplican las disposiciones referentes a los intereses por temeridad. Erró el tribunal de instancia al imponerle el pago de los mismos.

Finalmente, alega el recurrente que erró el tribunal de instancia al imponerle el pago de honorarios de abogado. No tiene razón.

Los honorarios de abogado proceden cuando el tribunal de instancia determina que la parte perdidosa actuó con temeridad. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464 (1983); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962). En Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987), señalamos que la acción que hace necesario un pleito que se pudo evitar o la indebida prolongación del mismo es conducta que amerita la imposición de honorarios de abogado.

Esa precisamente es la situación ante nos. La parte de-mandante recurrida llevó a cabo varios intentos para llegar a un acuerdo, el cual no se pudo lograr por la falta de atención de la Autoridad a sus reclamos. Igualmente, una vez iniciado el pleito, la Autoridad fue persistente en la presentación de mociones de prórrogas y suspensiones que prolongaron in-necesariamente el pleito.

Por los fundamentos expuestos, se modificará la senten-cia del tribunal de instancia para eliminar la concesión de $12,000 para reparar el manifold y el pago de intereses por temeridad. Así modificada, se confirmará.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Aso-ciados Señor Negrón García y Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

       El comentario a la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) reafirma los términos de aplicabilidad de la ley:
      “(e) El inciso (b) corresponde con la vigente Regla 44.4(e) que fue producto de una enmienda introducida en 1967 mediante la Ley Núm. 68 de 26 de mayo de 1967, la cual se hizo aplicable a las causas de acción que surgieran con posterio-ridad a la fecha de su probación. Con motivo de ello, la propuesta regla contiene una disposición a los efectos de que la aplicación de la misma será a partir de dicha fecha. Solamente se adiciona que el cómputo del interés legal por temeridad se hará hasta la fecha en que se dicte sentencia. Roldán Medina v. Serra, 105 D.P.R. 507 (1976).”


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Federico Román Pizarro, peticionario.

      Numero: CE-89-205

      Resuelto: 4 de abril de 1989

      Sylvia Juarbe, abogada del peticionario.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de certiorari, no ha lugar.

Notifíquese por teléfono y por correo.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto disidente. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton expedirían.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Mediante recurso de certiorari, radicado el 3 de abril de 1989, se nos solicita la revisión de una resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina —Hon. Crisanta González de Rodríguez, Juez— mediante la cual dicho foro le ordenó al peticionario Federico Román Pizarro y a su abogado cumplir, so pena de desacato, con los términos de una “reglamentación” establecida por la men-clonada juez mediante la cual se regula el ejercicio del de-recho constitucional a juicio por jurado del peticionario.

Mediante resolución a esos efectos, en el día de hoy una mayoría de los integrantes del Tribunal se niega a expedir el auto de certiorari radicado. Disentimos. No obstante las li-mitaciones de tiempo, pasamos a exponer los fundamentos en que descansa nuestro disenso.

El Ministerio Público radicó contra el aquí peticionario un pliego acusatorio donde le imputó un supuesto delito de apropiación ilegal agravada. En el acto de lectura de acusa-ción el peticionario, por conducto de su representación legal, expresó que daba por leído el pliego acusatorio y soli-citó se le concediese el término de diez días para hacer alega-ción; entendiéndose que de no hacer alegación, dentro del mismo se entendería hecha una de “no culpable” y solicitud de juicio por jurado.

El tribunal de instancia, luego de conceder la antes men-cionada solicitud de la defensa y de señalar el acto del juicio para el día 5 de abril de 1989, ordenó se le entregara al acu-sado y su abogado —para la lectura y firma de éstos— un documento intitulado “Advertencias y Requerimientos”. Dicho documento, en lo pertinente al recurso radicado, con-tiene en su párrafo tercero la siguiente “advertencia y re-querimiento”:

3. Usted tiene derecho a que su caso sea juzgado por ju-rado. Si va a ejercer ese derecho, le solicitamos que lo notifi-que al Tribunal con diez (10) días de antelación al juicio para que se puedan realizar los arreglos administrativos nece-sarios para tener disponibles los candidatos a jurado. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 6.

La representación legal del acusado, luego de argumen-tar específicamente sobre la improcedencia de dichas “ad-vertencias y requerimientos”, le informó al foro de instancia que se negaba a firmar el citado documento y que, igual-mente, aconsejaba a su representado que no lo hiciera. El tribunal, luego de ordenarle al alguacil de sala que leyera en alta voz el documento en controversia, advirtió tanto al acu-sado como a su abogada que dichas “advertencias y requeri-mientos” deberían ser cumplidos por ellos “bajo apercibi-miento de desacato”. Petición de certiorari, pág. 3.

En el recurso que radicara, el peticionario hace el si-guiente señalamiento de error:

Erró la Honorable Juez Crisanta González De Rodríguez ál aprobar — en alguna de sus funciones como Juez Administra-dora de la Región Judicial de Carolina, Juez Administradora del Centro Judicial de Carolina o Juez Administradora Auxi-liar para Asuntos de lo criminal del Tribunal Superior de Carolina — unas reglas para reglamentar el ejercicio del dere-cho a juicio por jurado, y el descubrimiento de prueba en el ámbito de lo criminal, y al pretender imponerlas en todas las Salas de dicho Tribunal, excediéndose en sus funciones admi-nistrativas; erró en su función judicial al presidir una Sala de dicho Tribunal Superior — al pretender imponer dichas reglas al peticionario de epígrafe, y a su abogada, siendo las mismas contrarias a derecho; y erró también al pretender compeler al peticionario, y a su abogada, a cumplir con dichas reglas y renunciar a derechos que las Reglas de Procedimiento Criminal debidamente aprobadas reconocen a todo acusado, invo-cando en su contra el recurso intimidante del apercibimiento de desacato. Petición de certiorari, pág. 3.

II

Dispone el Art. V, Sec. 6, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 357, que:

El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menos-caben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regi-rán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual ten-drá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto. (Énfasis su-plido.)

La Ley de la Judicatura, por su parte, dispone en lo pertinente:

El Tribunal Supremo adoptará para el Tribunal General de Justicia reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal, así como reglas para la administración de los tribunales, de conformidad con lo provisto por la Constitución del Estado Libre Asociado.

La correcta y ordenada tramitación de los asuntos que se ventilan a diario ante nuestros tribunales exige que, de ordi-nario, los mismos se lleven a cabo en forma uniforme con-forme las Reglas de Evidencia y las Reglas de Procedi-miento Civil y Criminal que estén vigentes en ese momento determinado. Esto es, no se puede permitir que en cada Sala de los tribunales de instancia se apliquen reglas de procedi-miento distintas, ello sujeto a la discreción del magistrado que presida la misma. Aceptar dicha situación nos conduciría a un caos judicial. Sucn. Carderaros v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 721 (1975).

Lo anteriormente expresado no quiere decir ni significa que los tribunales no tengan poder o facultad inherente para establecer o suplir en un caso determinado un “procedi-miento especial” para lidiar con una situación en particular. Dicha facultad, sin embargo, se le reconoce cuando el proce-dimiento “no existe o bien cuando inadecuadamente se fija por estatuto” y “siempre y cuando que el mismo no sea in-consistente con las disposiciones de ley . . .”. (Enfasis suplido.) González v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585 (1953).

La última ocasión en que este Tribunal tuvo la oportuni-dad de expresarse respecto a esta materia lo fue en Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989). En dicho caso —al resolver que los señores jueces de las Salas de Me-nores del Tribunal Superior de Puerto Rico tenían facultad para aprobar unas reglas de procedimiento para asuntos de menores ante la situación de que no existían reglas algunas que regularan dichos procedimientos— expresamos que resolver “lo contrario significaría no sólo la denegación del po-der inherente de todo tribunal, en ausencia de un procedi-miento específico, de reglamentar y encausar un asunto ante su consideración, Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., [104 D.P.R. 797 (1976)], sino que resultaría en la absurda situa-ción de tener en vigor una ley de menores que no hubiera podido implantarse por razón de existir un ‘vacío proce-sal’” . (Énfasis suplido.) Pueblo en interés menor R.G.G., ante, págs. 453-454.

De lo reseñado surge, con meridiana claridad, que son dos los requisitos para que un tribunal pueda establecer, o suplir, nuevos procedimientos “en el ejercicio de su facultad inherente” a esos efectos: (a) cuando no existe procedimiento alguno, o el previsto por estatuto es inadecuado, y (b) siem-pre y cuando que el nuevo procedimiento establecido no sea inconsistente o contrario a las disposiciones de ley o de re-glamento vigentes.

III

En cuanto al caso que hoy ocupa nuestra atención, pro-cede que nos preguntemos en consecuencia, en primer lu-gar, si las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes con-tienen unas “lagunas o deficiencias” respecto a la materia de la solicitud de juicio por jurado y, en segundo lugar, si los procedimientos establecidos por el tribunal de instancia en el presente caso son inconsistentes o contrarios a las normas reglamentarias vigentes.

La primera interrogante es de fácil contestación. No cre-emos que exista un cuerpo de reglas en el mundo en que vivimos que sea tan completo que no contenga alguna que otra laguna o deficiencia y, en consecuencia, que no admita una que otra bien pensada enmienda. La interrogante verda-deramente importante es la segunda. Tenemos que tener sumo cuidado que en nuestro afán individual por mejorar el sistema judicial nuestro —el cual, definitivamente, lo nece-sita— no cometamos el error de tratar de incorporar nuevos procedimientos que, por más convenientes que resulten, sean contrarios a los establecidos por ley y, en consecuencia, violatorios del debido procedimiento de ley.

Conforme al Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, toda persona que sea acusada en nuestra jurisdicción de la supuesta comisión de un delito grave tiene el derecho a que el juicio en su contra se ventile ante un Jurado, esto es, ante doce personas vecinas del distrito judicial donde se cometieron los hechos, los cuales serán los que decidirán si el acusado es inocente o culpable mediante vere-dicto al efecto, en el cual concurran no menos de nueve de ellos. Por su parte, la Regla 111 de Procedimiento Criminal de 1963 (34 L.P.R.A. Ap. II) ratifica'ese derecho ajuicio por jurado en casos de delito grave y lo amplía a los casos de delitos menos graves que fueren también de la competencia del Tribunal de Distrito, y en que se presente originalmente el pliego acusatorio ante el Tribunal Superior, excepción he-cha por lo dispuesto en leyes especiales.

Como hemos visto, el tribunal de instancia requiere de los acusados que éstos, si es que interesan ver los casos por ju-rado, así lo notifiquen “al Tribunal con diez (10) días de ante-lación al juicio para que se puedan realizar los arreglos admi-nistrativos necesarios para tener disponibles los candidatos a jurado”. Apéndice, pág. 6.

¿Resulta ser dicha exigencia una válida en derecho? Sos-tenemos que no; ello por razón de que la misma no sólo es inconsistente con, y contraria a, las disposiciones expresas de la Regla 111 de Procedimiento Criminal de 1963, ante, sino porque dicha exigencia constituye, a todos los efectos, una “condición impermisible” al ejercicio del derecho consti-tucional a juicio por jurado.

La citada Regla 111 de Procedimiento Criminal de 1963 —luego de ser enmendada en el 1986 — dispone:

REGLA 111. DERECHO A JUICIO POR JURADO Y SU RENUNCIA
Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave siempre que originalmente se presentare la acusación en el Tribunal Superior y fueren también de la competencia del Tribunal de Distrito habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa, inteligente y perso-nalmente al derecho a juicio por jurado. Antes de aceptar la renuncia de un acusado a su derecho a juicio por jurado, el juez de instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa la renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias del mismo.
El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cual-quier fecha posterior a la lectura de la acusación. Si la renun-cia al jurado se produce una vez comenzado el juicio, es discre-cional del juez que preside el juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho con el consentimiento del Ministerio Público. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II.

¿Qué significado o consecuencia tiene el hecho de que la transcrita disposición legal disponga que el tribunal podrá conceder al acusado el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la lectura de la acusación? En nuestra opinión ello tiene, cuando menos, dos consecuencias: (1) que el acu-sado, a su vez, tiene el derecho a solicitar juicio por jurado en cualquier fecha posterior al acto de la lectura del pliego acusatorio, y (2) que ello significa e incluye el derecho a soli-citar el juicio por jurado el mismo día del juicio.

La razón de ser de lo antes expuesto no necesita mucho pensamiento ni mucha elaboración. Se trata de un derecho garantizado por la Constitución. La reglamentación razona-ble de dicho derecho compete, en primer término, a la Asam-blea Legislativa. Al así hacerlo, y en el descargo de su res-ponsabilidad, la Legislatura tuvo a bien establecer —me-diante la citada Regla 111 de Procedimiento Criminal de 1963— que ese derecho podía ser reclamado y solicitado por los acusados aun el día del juicio. Los tribunales de instan-cia ciertamente no tienen la facultad o el poder para regla-mentar ese derecho en forma contraria a lo dispuesto por la referida Asamblea Legislativa.

Eso es, precisamente, lo que intenta hacer el tribunal de instancia al exigir que los acusados le notifiquen, con diez días de anticipación a la fecha del juicio, de su intención de ver el caso por jurado. Dicha exigencia no puede prevalecer por cuanto es contraria a, e inconsistente con, las disposi- dones expresas de la citada Regla 111 de Procedimiento Criminal de 196S y limita, arbitrariamente, el ejercicio del derecho a juicio por jurado garantizado por la Constitu-ción. La misma constituye un subterfugio o intento solapado de condicionar y presionar, de manera impermisible, el ejer-cicio del derecho a juicio por jurado. No debe perderse de vista el hecho de que, siendo el alegado propósito de dicha “notificación” el garantizar que haya suficientes candidatos a jurados disponibles el día del juicio, la consecuencia lógica e inescapable de no cumplir con la notificación requerida será que el tribunal no contará con suficientes jurados en dicho día, por lo que podría verse afectado el derecho de éste a juicio por jurado, su derecho a juicio rápido y hasta su liber-tad.

Es por ello que disentimos.

       El peticionario Federico Román Pizarro fue acusado por el Estado de la supuesta comisión de un delito grave, esto es, el de apropiación ilegal agravada.

       La orden o resolución que se pretende revisar fue emitida por el foro de instancia en corte abierta el 7 de marzo de 1989. Como expresáramos anterior-mente, el recurso de certiorari fue radicado en la Secretaría de este Tribunal el día 3 de abril de 1989. La vista en su fondo del caso está señalada para el 5 de abril de 1989.

       La Leda. Sylvia Juarbe, abogada de la Sociedad para Asistencia Legal.

       A pesar de que nos preocupan varias de las “advertencias y requeri-mientos” que contiene el documento en controversia, centralizamos nuestra aten-ción en la que atañe al derecho constitucional a juicio por jurado.

       4 L.P.R.A. sec. 2.

       Conforme la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 86 de 9 de julio de 1986, la enmienda realizada tuvo el propósito de incorporar al texto de la regla la jurisprudencia de este Tribunal a los efectos de que, una vez comenzado el pro-ceso, el juez goza de discreción para aceptar o no la renuncia.al derecho a juicio por jurado y para que, en esta situación, el fiscal tenga que dar su consentimiento.

       El documento sobre “Advertencias y Requerimientos” (apéndice, págs. 6-7) no especifica qué consecuencias tendrá el hecho de que el acusado no cumpla con el requisito de notificación en controversia; esto es, si se entendería ineurso en desacato, ejerciéndose de esta forma indebida presión sobre el acu-sado para que tome una decisión de tan trascendental importancia como lo es el que se vea su caso ante tribunal de derecho o ante Jurado, lo que causaría que la renuncia que de dicho derecho se llevare a cabo sea nula por no ser ésta una libre y voluntariamente realizada; si se entendería que ha habido una renuncia tácita al derecho a juicio por jurado, lo cual a nuestro entender sería claramente inconsti-tucional, y si al tener que posponerse la vista por el incumplimiento del acusado, se entendería renunciado su derecho a juicio rápido.


author: El Juez Presidente Señor Pons Núñez

text:
    Roda Development Corporation, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Barranquitas, recurrido.

      Número: RG-89-25

      Resuelto: 6 de abril de 1989

      Arturo Aponte Pares, abogado de la recurrente; el Registrador de la Propiedad recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Pons Núñez

emitió la opinión del Tribunal.

Roda Development Corporation presentó una instancia jurada en la que solicitó la cancelación, por haber caducado, de una anotación de embargo por contribuciones a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la cantidad de $367,723.73. Dicha instancia fue acompañada por un compro-bante de pago de arancel por la cantidad de $4.00, otro de $2.00 por el derecho de presentación y un sello de $0.50 de rentas internas. El Registrador de la Propiedad de Barran-quitas, Ledo. Ovidio Quezada, actuando interinamente en sustitución del Registrador de la Propiedad titular, se negó a aceptar la presentación del reférido escrito, tanto el 27 como el 28 de diciembre pasado, bajo el fundamento de que la ins-tancia debía estar acompañada por comprobantes de rentas internas por la suma de $1,422. Para ello se amparaba en 30 L.P.R.A. sec. 1767d, que según su interpretación, le autori-zaba a denegar la presentación en el Registro de la Propie-dad de un documento que no estuviere acompañado por los correspondientes comprobantes del pago total de los dere-chos. Ante esta situación, Roda Development Corporation acudió ante nos mediante recurso gubernativo, solicitando se ordene la aceptación y calificación del documento.

Por su parte, el Registrador de la Propiedad presentó una moción de desestimación en la que sostiene que este Tribunal carece de jurisdicción para entender en este recurso, toda vez que conforme a 30 L.P.R.A. sec. 1767d es menester que el Registrador de la Propiedad deje constancia escrita de la denegatoria al pie del documento, lo cual no se hizo en este caso.

Aun cuando a base de las comparecencias de las partes no se puede precisar con certeza si Roda Development Corporation solicitó la constancia escrita al pie del documento a que se refiere 30 L.P.R.A. sec. 1767d, ni por qué el señor Registrador de la Propiedad dejó de hacerlo, lo cierto es que ambas partes en sus comparecencias coinciden en cuanto al monto de los derechos exigidos por el señor Registrador de la Propiedad y en que éste se negó a aceptar la presentación de la instancia a base de lo dispuesto en esa sección. Ante esta situación prescindimos de la constancia escrita.

Bajo los términos de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, sin la necesidad de ulteriores procedi-mientos, disponemos de la anterior controversia.

La situación que nos atañe no se trata de una mera discrepancia en cuanto al monto del arancel que devengue la operación registral, sino que en su fondo se trata de una determinación sobre la procedencia de la cancelación del embargo por haber transcurrido su término de ley. De la propia faz de la instancia que se intentó presentar surge que, prima facie, ha transcurrido el término de seis (6) años (Art. 144 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2468) después del cual un embargo por razón de contribuciones puede cancelarse sin necesidad de providencia judicial o certificación del Secretario de Hacienda. Ante esa situación, corresponde al señor Registrador de la Propiedad determinar, mediante el examen de los libros pertinentes del Registro de la Propiedad, la procedencia de la cancelación del embargo por haber transcurrido el término de seis (6) años previsto en el Art. 144 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra. Esa es una función eminentemente calificadora de la instancia, y para llevar a cabo la misma, el Registrador de la Propiedad tiene que aceptar la presentación del documento.

No puede el señor Registrador de la Propiedad exigir el pago de la cantidad de $1,422 para aceptar la presentación de la instancia, pues como hemos indicado, de la faz de la misma surge que se trata de la cancelación de un embargo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por razón de con-tribuciones por la cual los Registradores de la Propiedad “no cobrarán derechos de ninguna clase ..Sec. 5 de la Ley de 15 de marzo de 1909 (30 L.P.R.A. sec. 1845). Véase Sucn. Landrón v. Registrador, 49 D.P.R. 38 (1935). No se trata de una diferencia aritmética o la manera de realizar el cómputo de los derechos que acarree la falta de acompañar compro-bantes de pago por el total de los derechos, pues Roda Development Corporation acompañó comprobantes de pago por una cantidad mayor de lo que correspondería si en definitiva la calificación que se haga de la instancia da lugar a la cance-lación del embargo. De entender el señor Registrador de la Propiedad que no procede la cancelación, entonces lo que procedería es denegar la misma y el interesado podrá va-lerse de los remedios que para ese caso la ley provee.

El poder que concede 30 L.P.R.A. sec. 1767d a los señores Registradores de la Propiedad debe utilizarse con mucho cuidado y sólo en casos en que surjan discrepancias entre el interesado y el Registrador de la Propiedad por razones aritméticas o en la forma de realizar el cómputo del arancel de las operaciones regístrales que se requieran de la faz de los documentos presentados. Nótese que el propósito legislativo perseguido por esta sección fue “acelerar las operaciones en el Registro, ya que una de las causas de atrasos es la radicación de documentos sin acompañarse la cantidad exacta por concepto de derechos arancelarios”. 24 (Núm. 63) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), Parte III, pág. 1184 (1970). La posición asumida por el señor Registrador de la Propiedad en este caso desvirtúa precisamente el objetivo señalado. Debe siempre recordarse que el propósito registral es proveer publicidad a los negocios inmobiliarios. Para lograr ese fin, el acceso al Registro de la Propiedad es absolutamente necesario. Art. 23 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2101; Roca v. Banco Territorial y Agrícola, 6 D.P.R. 164 (1904).

II

En vista de lo anterior, el señor Registrador de la Propiedad de Barranquitas aceptará la presentación de la instancia de Roda Development Corporation, debidamente fundamentada en derecho, y calificará la misma a tenor con lo dispuesto en los Arts. 64 al 69 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2267-2272. La parte interesada, a su vez, de estimarlo necesario, podrá recurrir de la calificación en cuestión a este Tribunal mediante el correspondiente recurso gubernativo, bajo los términos del Art. 76 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2279.

Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí ex-puesto.