text:
    Juan Pérez Colón, hoy Federico Hernández Denton, etc., demandante y recurrente, v. Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: O-73-268

      Resuelto: 14 de marzo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Héctor González Blanes, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 12 de setiembre de 1968, luego de debida notificación y vista, a la que no compareció la recurrida, se le impuso a ésta una multa de veinticinco dólares por vender paquetes de café molido de peso menor que el rotulado, en violación de lo dis-puesto en la Sec. 19 de la Ley Núm. 35 de 13 de junio de 1958, 10 L.P.R.A. sec. 154r(4). Notificada de la resolución, la recu-rrida no solicitó la reconsideración administrativa de la misma ni acudió al Tribunal Superior en súplica de revisión. 23 L.P.R.A. see. 1009.

Procedió entonces la Administración de Estabilización Económica a demandar a la recurrida ante el Tribunal de Dis-trito en cobro de dinero conforme al procedimiento especial que fija la Regla 60 de las de Procedimiento Civil para recla-maciones de cien dólares o menos. Luego de diversos inciden-tes, se declaró con lugar la demanda, lo cual revocó el Tribunal Superior.

Las cuestiones que plantea el recurso son esencialmente tres. Debemos determinar en primer término si la demandante recurrente tiene facultad para imponer multas administrati-vas; segundo, si la ley le confiere poder para incoar acciones civiles en su cobro, de ser dichas multas válidas; y, por último, si cabe la utilización en este caso del procedimiento establecido por la Regla 60.

El fallo del Tribunal Superior se emitió antes de nuestra decisión en Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974). En Quiñones Desdier resolvimos que la Administración de Servicios al Consumidor, hoy Departa-mentó de Asuntos del Consumidor y sucesores ambos de la Administración de Estabilización Económica, disfrutaba, así como sus sustitutos gozan, de facultad bajo la legislación vigente para adjudicar querellas entre constructores y adqui-rentes de viviendas defectuosas. Determinamos allí que tal delegación de poder no adolece de vicios constitucionales y expresamente nos referimos a la antigua práctica de autorizar legislativamente la imposición de multas por organismos ad-ministrativos como fuente del poder más amplio de imponer sanciones administrativas dentro de determinados límites. La validez de esta práctica está sólidamente establecida. 1 Davis, Administrative Law Treatise, sec. 2.13, pág. 138 (1958); United States v. Grimand, 220 U.S. 506 (1911); Gellhorn, W., Administrative prescription and imposition of penalties, 1970 Wash U. L.Q. 265.

Respecto a la primera cuestión envuelta lo que debe precisarse, por tanto, es solamente si la Asamblea Legislativa le ha conferido debidamente a la agencia concernida la facultad de imponer multas. No está involucrado en este caso el ejercicio de poderes adjudicativos de orden tan extremo que, como apuntamos en Quiñones Desdier, puedan trascender el ámbito de la función administrativa.

La Ley de Pesas y Medidas en vigor al tiempo de cometerse la infracción específicamente facultaba al Administrador de Estabilización Económica “para imponer y cobrar multas ad-ministrativas ; Disponiéndose, que cada multa administrativa no excederá de $100.00. . . .” Ley Núm. 35 de 13 de junio de 1958, Art. 21; 10 L.P.R.A. see 154s. La ley vigente, la Núm. 145 de 27 de junio de 1968, Art. 26, 23 L.P.R.A. see. 926, le confiere igual poder al Administrador, excepto que la multa puede alcanzar a $500.00 en casos de no reincidentes, como el de autos. Véase también el Art. 2(c) de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 733 (O.

Consideremos ahora si la parte recurrente puede incoar acciones civiles en cobro de las multas que imponga. Aun en ausencia de estatuto se 'hace difícil imputarle a la Asamblea Legislativa el brutum fulmen de autorizar la imposición de multas administrativas y negarle a su vez a la agencia concer-nida la oportunidad de cobrarlas a través de los tribunales. Adviértase, no obstante, que la citada disposición de los Arts. 21 y 26 de la Ley de Pesas y Medidas expresa que la recu-rrente tiene poder “para imponer y cobrar multas adminis-trativas.” (Bastardillas nuestras.) 10 L.P.R.A. sec. 154s y 23 L.P.R.A. see. 926. No existe fundamento válido en contra de que “cobrar” significa dentro de este contexto la utilización de todos los remedios legales que estén al alcance del orga-nismo administrativo La ley creadora de la Administración de Servicios al Consumidor recalca esta interpretación al dis-poner en su Art. 5(b), 23 L.P.R.A. sec. 1005(b), que la Ad-ministración podrá “Interponer cualesquiera remedios legales que fueren necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órde-nes y determinaciones de la Administración.”

Queda, por último, examinar la accesibilidad a la recurrente del procedimiento que fija la Regla 60. La Regla 60 no deriva de las federales, sino de la Ley Núm. 10 de 29 de abril de 1921, según enmendada, 32 L.P.R.A. sees. 3031-3034. Véase el Informe de 13 de octubre de 1954 del Comité Consultivo sobre las Reglas de Enjuiciamiento Civil, inédito, pág. 157. Ni se deduce de este Informe, ni hemos hallado otra documentación referente a la Regla 60, que indique que se intentó excluir a los organismos del Estado de los beneficios que concede la referida regla, aparte de que los términos del Art. 5(b) citado, 23 L.P.R.A. sec. 1005(b), sobre los poderes de la Administración son suficientemente latos para exigir igual conclusión.

Nuestra ley de 1921 fue de las primeras en aprobarse en nuestra parte del mundo para simplificar los procedimientos en causas de menor cuantía o, en ciertos casos, crear un tribunal para dichos efectos. La primera de alcance estatal fue la de Massachusetts en 1920. La de California, de donde se calcaba usualmente nuestro procedimiento, se aprobó en el propio 1921. Comment, Courts: Jurisdiction of Small-Claims Courts, 11 Calif. L. Rev. 276, 277 (1923). Estos tribunales o procedimientos se crearon principalmente para facilitarle el acceso al proceso judicial al litigante pobre. Loe. cit. Su radio de acción se amplió rápidamente por los tribunales, sin embargo, y su constitucionalidad se ha sostenido, Prudential Ins. Co. v. Small Claims Courts, 173 P.2d 38 (Cal. 1946). Los organismos del estado han tenido acceso tradicional a estos tribunales y procedimientos, así como las agencias de cobro y otros intereses mercantiles, factor este último que especial-mente ha provocado en la actualidad considerable crítica a este género de tribunales en Estados Unidos. Moulton, B.A., The Persecution and Intimidation of the Low-Income Litigant as Performed by the Small Claims Court in California, 21 Stan. L. Rev. 1657 (1969); Note, Small Claims Courts as Collection Agencies, 4 Stan. L. Rev. 237, 238-242 (1951).

No consideramos que exista base en el contexto de este caso para fallar que se privó a la recurrida, que estuvo asis-tida de abogado, de su derecho al debido proceso de ley. La recurrida pudo haber obtenido la revisión directa de la deci-sión administrativa bajo la oportunidad que le provee nuestra legislación y conducir su caso bajo otros procedimientos. Optó por no hacerlo. Con ello dejó libre a la recurrente, al conver-tirse en firme la decisión administrativa, para acudir, en faci-litación del trámite de cobro, a la Regla 60. La Regla 60 dis-pone que “Si se demostrare al tribunal que el demandado tiene alguna reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, el tribunal podrá ordenar que el pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento prescrito por estas reglas.”, caracterís-tica que la distingue de la legislación típica en este campo. No se desprende de los autos que exista tal reclamación sustancial en este pleito ni tal interés de justicia que justifique negarle a la agencia recurrente el modo más expedito para hacer cumplir sus órdenes, particularmente cuando se les desacata en forma tan abierta.

Se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior y se confirmará la emitida por el Tribunal de Distrito.

El Juez Asociado, Señor Angel M. Martín, no participó.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Julia Rivera de Vincenti, demandante y recurrente, v. Roberto Colón y/o Francisco Hernández, demandado y recurrido.

      Número: O-73-250

      Resuelto: 14 de marzo de 1975

      Benjamín Acevedo Dejillo y Angel Alfonso Colón, abogados de la recurrente; Héctor M. Laffitte, abogado de Francisco Her-nández.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Francisco Hernández, empleado público, en un esfuerzo por mejorar su hogar contrató con el señor Roberto Colón la construcción de unas mejoras a su residencia por las cuales desembolsó los pagos anticipadamente. El contratista Colón se había comprometido a sufragar los salarios del personal que contratase y subcontrató al querellante Eulogio Hernández’ para realizar el trabajo de plomería. No obstante, Colón aban-donó la obra sin pagarle, por lo que el querellante, represen-tado por el Secretario del Trabajo, reclamó de ambos el pago adeudado por la parte del trabajo de plomería realizado.

El Tribunal de Distrito sentenció en rebeldía al contratista a pagarle la suma de $275.00, más una suma igual por con-cepto de daños y perjuicios y, en sus méritos, desestimó la querella en cuanto al propietario. En apelación ante el Tribunal Superior la sentencia fue confirmada, ante lo cual expedimos auto de certiorari.

Ante nos, el querellante sostiene que el propietario de la obra le responde por la totalidad de los salarios adeudados independientemente de que haya o no saldado su cuenta con el contratista, mientras que el querellado argumenta la tesis, que encontró apoyo en los tribunales de instancia, de que su res-ponsabilidad cesó al pagarle al contratista por ser de aplica-ción el Art. 1489 (31 L.P.R.A. see. 4130) del Código Civil, que reconoce la causa de acción contra el dueño de la obra que poseen los que suplen trabajo y materiales al contratista en obra ajustada alzadamente, hasta el límite que el dueño adeude al contratista.

La regla de hermenéutica de que una ley especial sobre determinada materia prevalece sobre cualquier otro precepto de carácter general expuesta en nuestro desarrollo doctrinal, nos lleva a modificar los dictámenes de los tribunales de instancia, por ser de estricta aplicación al caso de autos el Art. 10 de la Ley Núm. 379 de 15 de -mayo de 1948, según enmendada (29 L.P.R.A. see. 279), que dispone:

“En las obras de construcción, reconstrucción, reparación o mejora de propiedad, por ajuste o -precio alzado, y en cualquier trabajo en que intervengan contratistas, subcontratistas, ajusta-dores, maestros de obra o cualquier agente o representante del patrono, el empleado también tendrá derecho a la compensación adicional a base de tipo doble de salario que fija esta ley para, horas extras de trabajo.

En estos casos, el propietario, o la persona para quien se haga la obra o realice el trabajo, con el contratista, subcontra-tista, ajustador, maestro de la obra, agente o representante del patrono, serán solidariamente responsables del pago de los sala-rios devengados en horas regulares y horas extras de trabajo; Disponiéndose, que ninguna acción o reclamación podrá estable-cerse contra el -propietario o cesionario de la obra un año después de haber concluido el trabajo cuyo pago se reclama, excepto cuando la obra se efectúe -por administración en el cual caso regirá lo dispuesto sobre prescripción en Jos casos de reclama-ciones de salarios en la Sección 32 de la Ley núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada.” (Bastardillas nuestras.)

La transcrita disposición de ley establece la solidaridad y responsabilidad del propietario por los salarios devengados por los obreros, aun en las -circunstancias en que éste haya satisfecho al contratista la compensación pactada. La decisión del tribunal sentenciador equivale a sostener que el texto de la ley especial es inoperante e implica que todo caso se regirá por el Art. 1489 del Código Civil. Dicho dictamen no es armonizable con el propósito de la ley como tampoco lo son ambas disposiciones de ley; únicamente la ley especial puede prevalecer.

Fue errónea la conclusión del tribunal de instancia soste-niendo la interpretación del querellado Hernández a los efectos de que, armonizando ambos artículos, el propietario sólo es responsable solidariamente por lo que le adeuda al contra-tista.

En nuestra función básica y última de hacer justicia no podemos pasar por alto el aspecto relacionado con el pago de una suma líquida en concepto de penalidad, que de ordinario procede en casos de reclamaciones de obreros al amparo del Art. 13 de la ley especial que nos ocupa (29 L.P.R.A. see. 282) y la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de 1956 (29 L.P.R.A. sec. 246b).

Hemos resuelto que las penalidades no se presumen y su imposición sólo se justifica en las situaciones en que el Legislador claramente las ha previsto. Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974). En el caso de autos, la responsabilidad del dueño de la obra nace únicamente en virtud de un precepto que la caracteriza como solidaria, y no está basada propiamente en una relación obrero-patronal. Ello exige un enfoque judicial distinto, compatible con aquel que ha tenido eco en la Asamblea Legislativa al establecerse diferencias al término prescriptivo fijado en el artículo en cuestión.

Imponer en este caso la penalidad conduciría a resultados injustos, carentes de finalidad social o correctiva.

Se dictará Sentencia modificándose la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan de fecha 8 de junio de 1973 confirmando la del Tribunal de Distrito, Sala de Rio Piedras del 14 de mayo de 1970 a los fines de imponer responsabilidad al señor Francisco Hernández. Su responsabilidad será la suma de $275.00, las costas del 'proceso sin especial condena de honorarios de abogado y sin imposición de penalidad adicio-nal alguna. Así modificada, se confirma.

         Suárez Fuentes v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 984, 992 (1971); París v. Canety, 73 D.P.R. 403, 406 (1952).

      E1 historial legislativo demuestra un interés del Legislador de proveer protección adicional a los obreros de la industria de la construcción. Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 68 (1964); Ferrer v. Alliance Company of P.B., Inc., 93 D.P.R. 1 (1966).

      E1 caso de C. Armstrong e Hijos v. Diaz, 95 D.P.R. 819 (1968) citado por el tribunal sentenciador no es sólo distinguible por tratarse de una reclamación de un suplidor de materiales sino que expresamente seña-lamos, en lo pertinente: “Conforme a los principios generales de la contra-tación, y en ausencia del citado Art. 1489 6 de otras disposiciones especiales, los obreros y los suministrantes sólo tendrían contra el dueño de la obra la acción subrogatoria.. ..” 824.

       Vol. 17: Diario de Sesiones; Tomo 2, pág. 762 (1963).


author: per curiam :

text:
    Gregorio Santos Ocasio et al., demandantes y recurridos, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-70-303

      Resuelto: 18 de marzo de 1975

      José Antonio Arabia y Luis A. Lugo, Jr. abogados de la recu-rrente; Angel Manuel Ciordia, abogado de los recurridos.
   per curiam :

En horas tempranas de la madrugada del 24 de julio de 1965 murió electrocutado el joven Gregorio Santos Ramos, de 18 años de edad, al venir en contacto con líneas conductoras de energía eléctrica pertenecientes a la Autori-dad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico. Los padres de dicho joven demandaron a la Autoridad y a William Fuertes Gar-zot, dueño de una finca en Cataño en que ocurrieron los hechos mencionados. Posteriormente desistieron de proseguir su causa de acción contra Fuertes Garzot, fue el pleito a juicio y el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dictó sentencia el 17 de septiembre de 1970 en que, luego de concluir que la muerte de Gregorio Santos Ramos fue causada por la negligen-cia de la Autoridad, determinada en un 66%%, combinada con la negligencia del propio Santos Ramos, equivalente a tin 3314%, condenó a la Autoridad a pagar $13,334 a la madre y $10,000 al padre de Gregorio, las costas y $2,800 por concepto de honorarios de ahogado. La Autoridad recurrió ante nos ale-gando la comisión de varios errores que pueden resumirse en dos: concluir que la Autoridad fue negligente y que su negli-gencia fue causa próxima del accidente, e imponerle el pago de honorarios de ahogado.

Hemos examinado con detenimiento las determinaciones de hechos del tribunal sentenciador y la transcripción de las pruebas practicadas durante el juicio, así como la prueba do-cumental y en particular dos fotografías del lugar del acci-dente. Convenimos con la recurrente que dicha prueba no justifica la conclusión de que la Autoridad incurrió en negli-gencia que fuera causa próxima del accidente.

Las pruebas revelan que la noche del 23 de julio de 1965 cinco jóvenes, uno de 13, tres de 15, y uno de 18 años de edad obtuvieron permiso del Sr. William Fuertes Garzot para acampar en un ranchón de su propiedad que junto a otras estructuras estaban en parte de su finca en Cataño. Entre dichas estructuras había un tanque de agua cuyos bordes su-periores se elevaban a 914 pies sobre el nivel de la tierra y el cual era de forma cuadrada y mide aproximadamente 9 pies por cada lado. A una altura de entre 12 y 31 pulgadas sobre el borde superior del tanque y a una distancia horizontal de entre 9 y 20 pulgadas del tanque discurrían cuatro alam-bres propiedad de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de un voltaje de 110 y 220 voltios. Gregorio Santos Ramos, el mayor de los jóvenes del grupo conocía la existencia de dichos alambres y su proximidad al tanque de agua. La situación era también conocida de por lo menos otro de los jóvenes, quien era hijo del dueño de la finca. A eso de las 9:30 de la noche los jóvenes se subieron al tanque para bañarse y fueron repren-didos por el dueño de la finca, Sr. Fuertes Garzot, y advertidos de que debían de descontinuar esa práctica. No obstante dicha advertencia, Gregorio se subió al tanque a eso de la 1:30 de la madrugada y mientras se encontraba sobre uno de sus bordes perdió el equilibrio, se inclinó sobre las líneas conductoras de energía eléctrica y al venir en contacto con ellas se electrocutó. Gregorio era un joven fuerte y saludable, estudiante de escue-la intermedia nocturna y durante el día operaba un taller de mecánica de su propiedad. No era un niñito desconocedor de los peligros evidentes que implican el agua, la altura, y la electricidad. Véanse Díaz Colón v. Autoridad de Tierras, 96 D.P.R. 42 (1968); Santiago v. A.F.F., 96 D.P.R. 558 (1968). Para poder subirse al tanque tuvo necesariamente que hacer uso de una escalera. No era por tanto un lugar fácilmente accesible. En el caso de un joven de las condiciones generales de Gregorio es inescapable la conclusión de que asumió volun-tariamente el riesgo con pleno conocimiento del peligro que implicaba.

El tribunal de instancia concluyó que la Autoridad fue negligente debido a la cercanía de sus líneas a la estructura. Concluyó además que habiendo sido instaladas dichas líneas en el 1961, el mismo año en que se construyó el tanque, puede inferirse ausencia de adecuado mantenimiento de las mismas. Partiendo del supuesto de que efectivamente hubiese sido negligente la Autoridad, falta en este caso el elemento de causalidad, es decir, que dicha negligencia fuera causa próxima del accidente. Dijimos en Ramos v. A.F.F., 86 D.P.R. 603 (1962) que no obstante el carácter inherentemente peligroso de líneas conductoras de energía eléctrica, la empresa que se dedica a generar y distribuir electricidad no tiene por ese hecho la responsabilidad de un asegurador y no responde por tanto en cualquier caso en que se cause un perjuicio a menos que el daño haya sido producido por su culpa o negligencia. Por no tratarse de una situación de responsabilidad absoluta, no es indispensable que se protejan las líneas en forma tal que se elimine toda posibilidad de causar daños. La obligación consiste en tomar aquellas precauciones que aseguren contra las posibilidades de riesgos y peligros sin que haya la obligación de anticipar toda circunstancia fortuita que pueda resultar en causar perjuicio. Al mismo efecto véanse Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834 (1967); Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170 (1966); Vda. de Dávila v. A.F.F., 90 D.P.R. 321 (1964).

Se revocará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón y se ordenará la desestimación de la demanda.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Cámara de Comerciantes Mayoristas, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: O-73-312

      Resuelto: 18 de marzo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del Secretario de Hacienda; Benjamín Rodríguez Ramón y Teodoro Peña García, aboga-dos de la Cámara de Comerciantes Mayoristas, Inc.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La Cámara de Comerciantes Mayoristas de Puerto Rico se organizó por término indefinido en el 1932 bajo las disposi-ciones de la Ley Núm. 22 del 9 de marzo de 1911, ya derogada. (6 L.P.R.A. secs. 1-6.) El 29 de julio de 1968 la Cámara solicitó del Secretario' de Hacienda una opinión sobre si debía ser considerada una agencia de cobros a tenor con la “Ley de Agencias de Cobros”, Ley Núm. 143 del 27 de junio de 1968 (10 L.P.R.A. see. 981 et seq., Suplemento 1973). Dicha ley reglamenta las entidades “dedicadas al negocio de cobrar para otro cualquier cuenta, factura o deuda. . . .” (Art. 2, 10 L.P.R.A. sec. 981a (b).) El Secretario de Hacienda, conside-rándola como una agencia de cobros, le expidió una licencia con fecha de 29 de enero de 1969. La Cámara, bajo protesta, abonó los derechos de la licencia ya que no se consideraba una agencia de cobros reglamentada por la mencionada ley. Debido a esta actitud, el Departamento de Hacienda decidió investi-gar sus operaciones de cobro. Esta se negó. El Secretario de Hacienda citó la Cámara a una vista administrativa para que ésta expusiera los motivos por los cuales no debía dictarse orden requiriéndola a que cumpliera con los preceptos de la Ley Núm. 143. Celebrada la vista, el Secretario determinó que la Cámara de Comerciantes era una agencia de cobros y que había incurrido en varias violaciones. No estando de acuerdo con la determinación del Secretario, la Cámara acudió al Tribunal Superior, Sala de San Juan, el cual concluyó que la Cámara no era una agencia de cobros sino un “agente, una mandataria, un conduit o alter ego de sus asociados para la protección de éstos, particularmente en lo que concierne al cobro de sus cuentas morosas.” Accedimos a revisar.

La Ley Núm. 143 del 27 de junio de 1968 describe las agen-cias de cobros como individuos, sociedades, asociaciones, fidei-comisos, corporaciones y otras entidades jurídicas (Art. 2, 10 L.P.R.A. sec. 981a (a)) dedicadas al negocio de cobrar para otro cuentas, facturas a deudas (Art. 2, 10 L.P.R.A. see. 981a (b)). Cubre dicho término también aquellas organiza-ciones, corporaciones, “que operando bajo un nombre que simule ser el de una agencia de cobros, provee a sus clientes de sistemas de cobro y cartas circulares en las cuales se inste al deudor a hacer sus pagos, ya sea directamente al acreedor o a la agencia de cobros ficticia.” (Art. 2, 10 L.P.R.A. see. 981a (b) supra.) Por otro lado el Art. 3 establece que el término “no incluirá aquellas personas cuyas actividades de cobro se concreten y estén directamente relacionadas con la operación de un negocio o profesión ....”

El Art. 4(a) de las Cláusulas de Incorporación de la Cámara de Comerciantes Mayoristas de Puerto Rico estable-ce que es su propósito fomentar la unión y cooperación entre sus asociados en el desarrollo de sus intereses, especial-mente en lo referente al otorgamiento y extensión de créditos y la quita, espera y suspensión de pagos. Uno de los medios para lograr este propósito es a través del cobro de cuentas morosas cedidas por sus asociados. Esta gestión cae clara-mente dentro de la definición de agencia de cobros estable-cida por la ley. Esta dispone que una agencia de cobros es aquella entidad dedicada al negocio de cobrar para otro. “Negocio”, según la Real Academia Española, es cualquier ocupación, quehacer o trabajo. Es todo lo que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés. (Dicciona-rio de la Lengua Española, Ed. 1970.) Tal es la actividad de cobro de la Cámara que también maneja cuentas fuera de Puerto Rico (T.E. Vista Administrativa de 24 de mayo de 1971, pág. 31, Folleto de Propaganda, pág. 5, núm. 8, Cap. 16, Art. 21, Reglamento de la Cámara). En el cuestionario del Oficial de Agencia de Cobro del Departamento de Hacienda (Area de Asuntos Financieros, Negociado de Exámenes de Instituciones Financieras), de agosto de 1971, en contestación a la primera pregunta, el Sr. Nieves, Administrador de la Cámara, certificó que ésta era una agencia autorizada por escrito por los clientes para realizar ges-tiones de cobro en relación a cuentas, facturas o deudas. La Cámara ofrece el servicio de cobro de cuentas de asociados a través de cartas del Administrador de la Corporación o ges-tiones personales de sus abogados y cobradores (Folleto de Propaganda, pág. 5, inciso Núm. 3). También trata de cobrar en cualquier parte cuentas de sus asociados después de que los primeros esfuerzos directos de éstos se hayan agotado. (Folleto, supra, núm. 1.)

El servicio de cobro de cuentas morosas de asociados, en algunas situaciones, se extiende a cuentas de no asociados cuando éstos son acreedores de un deudor de alguno de los clientes asociados (Transcripción de Vista Administrativa, celebrada el 24 de mayo de 1971, pág. 26). El no asociado es aceptado con el consentimiento del Presidente de la Junta Directiva de la Cámara. El cliente no asociado al cual se le presta el servicio de cobro tiene las mismas responsabili-dades y obligaciones que un asociado (Cap. 16, Art. 22, Reglamento) y por esto, al igual que el cliente asociado, abonará algunos derechos por el servicio prestado {supra, Art. 23(a)). El no asociado que intervenga y concurra en una Junta de Acreedores deberá abonar “por concepto de derechos treinta y cinco porciento (35%) y el cuarenta porciento (40 %) cuando la cantidad envuelta es menor de $100.00 del importe líquido que le corresponda en vez del 20% señalado para acreedores asociados....” (Cap. Sexto, Art. 23 (a)).

Debido a la cesión de cuentas que los clientes hacen a la Cámara se establece taxativamente que los asociados no podrán llevar pleitos en cobro de dinero por su cuenta. (Art. 9(m), Reglamento.) Sólo la Cámara podrá llevarlos y llegar a transacciones y arreglos, ya que un cliente al uti-lizar los servicios de la Cámara se despoja de tal derecho. Como corolario a la anterior prohibición también se les veda requerir y admitir devolución o entrega alguna de mercancía en pago o abono de cuentas pendientes de pago. (Art. 9(f), supra). El incumplimiento de alguna de estas disposiciones acarreará la expulsión del cliente asociado de la Cámara. (T.E. Vista Administrativa celebrada el 24 de mayo de 1971, pág. 2.) Estas disposiciones reglamentarias evidencian y en-fatizan un control casi absoluto por parte de la Cámara de las actividades de cobro de sus asociados. Tal control la convierte en una organización que actúa en forma idéntica a la agencia de cobros que la Ley Núm. 143 se propone regla-mentar. Se cumple, pues, el primer requisito establecido por la ley.

El Sr. Miguel Angel Nieves declaró, en la vista adminis-trativa celebrada el 24 de mayo de 1971, que la Cámara en su procedimiento de cobro incluye cartas de cobro del Adminis-trador y sistemas de pago para el deudor que no puede pagar la totalidad de lo adeudado. El procedimiento comienza con el envío de una carta del Administrador de la Cámara al deu-dor dándole un tiempo razonable para pagar su deuda directa-mente a la Cámara. Cuando el deudor acude a las oficinas de la Cámara o contesta la carta, se le prepara un plan de pago de acuerdo a sus posibilidades pecuniarias. Si el deudor paga su obligación, el dinero se distribuye proporcionalmente entre sus acreedores comunes, asociados o no asociados.

En la situación en que el deudor no apareciese, la Cá-mara lo trata de localizar y procura que firme un pagaré en el cual se comprometa a pagar lo adeudado en determinado término. Si al vencer el término el deudor no cumple con lo pactado, se procede a hacer una investigación para determinar si el deudor tiene alguna propiedad embargable para así pro-ceder a radicar una demanda en cobro de dinero (T.E. Vista, supra, págs. 6, 7 y 10). Es la Cámara la que tiene el dere-cho exclusivo de llevar a cabo los procedimientos de embargo (Art. 3(a), Cláusulas de Incorporación) y de quiebra. (Art. 4(a), Cláusulas, Art. 2(a) supra.)

Es pertinente apuntar que un asociado deberá informar al Presidente de la Cámara de Comerciantes cualquier arreglo concertado con un deudor por el cual se establezca un plan de pago. El asociado vendrá en la obligación de traspasar su acreencia, si ésta es solicitada por la institución.

Otro servicio, muy semejante al de una agencia de co-bros, que provee esta organización es el de publicar listas de deudores y el estado de sus deudas. Se publica informa-ción confidencial sobre clientes cuyos casos han sido radi-cados en los Tribunales (Folleto, supra, pág. 5, núm. 5). También la Cámara ha establecido un Departamento de In-formación de Crédito el cual envía informes confidenciales de sus deudores a los asociados de la Cámara.

En cuanto al requisito de “que la actividad de cobro no esté directamente relacionada con la operación de un negocio o profesión” también se cumple por la Cámara. Esta corporación tiene como operación principal el cobro de deu-das y claramente, no es ésta una función que se concrete y que esté “directamente relacionada con la operación de un negocio o profesión que no sea el de una agencia de co-bros. . . Esa es precisamente su actividad principal: agen-te cobrador de sus asociados. Tal actividad la enmarca den-tro de las disposiciones reguladoras de la Ley de Agencias de Cobro. Su propio lema lo sostiene, tal como aparece en su folleto de propaganda: “Use sus vendedores para vender Y LA CÁMARA PARA COBRAR.”

Como palabra final diremos que hay suficiente identidad separada entre la Cámara y sus asociados que impide que la primera sea considerada como simple brazo de éstos. Singu-larizada la Cámara como empresa aparte del grupo de mayo-ristas para quien cobra, ha de considerársele agencia de co-bros, extendiendo a sus deudores toda la protección provista por la citada Ley Núm. 143. La solución no es opresiva para la Cámara mientras no incurra en las prácticas que el legislador se propuso corregir con dicho estatuto. Sus deudores tendrán un amparo que no arranca de la bondad de su acreedora, sino de la fuerza coactiva de la Ley.

Procede, por tanto, revocar la sentencia recurrida y se dictará otra en el sentido de que la Cámara de Comercian-tes es una agencia de cobros sujeta a la reglamentación dis-puesta por la Ley Núm. US de 27 de junio de 1968.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

      O Entre los servicios que ofrece la Cámara se encuentra:
      “8. Servicio legal completo y representación eficiente y especializada en las Cortes todas de Puerto Rico y fuera del país, con propósitos de cobros.”

       Textualmente lee:
      “1. ¿Ha sido la agencia autorizada por escrito por los clientes para realizar gestiones de cobros con relación a cuentas, facturas o deudas en todas y cada una de las cuentas vigentes y cerradas de las que existen expedientes en la oficina?
      Si. Véase además reglamento vigente, de esta asociación de FINES NO PECUNIARIOS QUE NO ES UNA AGENCIA DE COBROS.”

       “Entre los servicios que . . . ofrecemos, se cuentan . . .
      3. Servicio efectivo de cobros a través de Cartas del Administrador, de nuestros abogados y/o gestiones personales de agentes, cobradores pro-fesionales de gran experiencia.”

       Así reza el servicio designado como número 1:
      “1. Recobrar en cualquier parte, cuentas de los asociados después de que los primeros esfuerzos directos de ellos, se hayan agotado.”

       A tenor con el Capítulo IV, Art. 9(g) los cargos a los clientes asociados serán:
      5% — -Cuando sea una cuenta cedida que se cobre con una carta de la Oficina del Administrador
      20% — Cuando la Cámara tiene que usar todas las medidas para cobrar a través de cartas, telegramas, cobradores, etc., con

        excepción de demandas por cuentas cedidas hasta $100.00
      15% — Por cuentas cedidas de $101.00 a $1,000.00
      10% — Cuentas cedidas desde $1,000.01
      20% — Como cargo fijo cuando hay que preparar demandas, embargos, registros de reclamaciones de quiebras, etc.

       El Art. 9(m) del Reglamento de la Cámara de Comerciantes Mayoristas dice textualmente:
      “Los asociados no podrán llevar por sí solos pleitos en cobro de dinero ni ejecutar embargos contra deudores en los cuales estén afectados otros asociados, debiéndose iniciar dicho procedimiento solamente a través de la Cámara.” (Énfasis suplido.)

       Dice el servicio denominado número 5:

        “5. Información confidencial sobre clientes cuyos casos hayan sido radicados.”


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Edgar Merced Carrasquilla, demandante y recurrido, v. Administración de Parques y Recreo Públicos, demandada y recurrente.

      Número: R-72-326

      Resuelto: 19 de marzo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz y Carmen Celinda Ríos, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de la recurrente; José Luis Rodríguez Jiménez, abo-gado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso es una secuela de Flores v. Meyers Bros. of P.R., Inc., resuelto en 10 de octubre de 1973, 101 D.P.R. 689. Se recordará que allí, en vista de la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964 (23 L.P.R.A. see. 801 y ss.), la cual autorizó al Administrador de Estabilización Económica a reglamentar los negocios de aparcamiento de vehículos de motor, impusimos responsabilidad civil a los demandados. La letra de la ley así lo hizo necesario. Dicha ley cubría los negocios de la clase antes dicha, esto es, operaciones con ánimo de lucro. Excluía sin embargo, los solares y locales de aparcamiento que no se operan con ánimo de lucro, sino como facilidades accesorias a los parroquianos de algún negocio o empresa. Sobre el particular nos extendimos en Flores v. Meyers Bros, of P.R., Inc., supra. Véase también Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974) y P.R. Parking Corp. v. ASERCO, 103 D.P.R. 65 (1974).

La ley vigente sobre esta materia es la Núm. 120 de 7 de junio de 1973, 23 L.P.R.A. see. 805 y ss., la cual derogó la antes citada Ley Núm. 107, pero como los hechos de este caso ocurrieron durante la vigencia de la Ley Núm. 107, esta es la que gobierna la situación y a sus términos debemos remitirnos.

El 5 de abril de 1970, como a las 10:00 de la mañana, el demandante estacionó su automóvil en el área destinada para aparcamiento de vehículos de motor en el Balneario de Luquillo. Pagó los 25 centavos requeridos para la entrada de automóviles al Balneario y se le entregó un boleto. Alre-dedor de las tres de la tarde, cuando regresó a buscar su vehículo éste había desaparecido. Informó lo ocurrido al encargado del estacionamiento del Balneario, quien se comunicó con la Policía. Al poco tiempo el automóvil apareció, pero totalmente desmantelado.

El Sr. Merced Carrasquillo incoó demanda contra la Ad-ministración de Parques y Recreo Públicos. La ilustrada Sala sentenciadora responsabilizó a la Administración. Entendió que aquella fue negligente al no tomar “las medidas más usua-les y elementales que se siguen en áreas de estacionamiento mediante paga . . . .” Condenó a la demandada al pago de $2,200.00 por los daños materiales sufridos, $200 por los daños morales y $200.00 para honorarios de abogado.

La Administración de Parques y Recreo Públicos solicitó la revisión de dicha sentencia aduciendo la comisión de varios errores los cuales pueden resumirse así: (1) Erró el tribunal al convertir a la recurrente en un asegurador absoluto de la seguridad de los vehículos que se estacionan en sus facilida-des públicas; (2) Erró el tribunal al imponer responsabilidad en un caso en que no se probó la negligencia de la demandada; y (3) Erró el tribunal al equiparar las obligaciones de una agencia pública a aquellas que tiene una empresa comercial con fines de lucro. Acordamos revisar.

Los negocios de aparcamiento, estaban reglamentados por la citada Ley Núm. 107 y por su Reglamento. 23 R.&R.P.R. see. 801 y ss. En su Sec. 801-6 el Reglamento disponía que el operador de un negocio de aparcamiento de vehículos de motor respondería del hurto o robo del vehículo o de sus accesorios y de los daños que sufriese, y exigía al operador mantener un seguro para responder de esos daños. Sin embargo, como dijimos antes, la ley no cubría a los solares o locales de aparcamiento “operados sin ánimo directo de lucro.” Como definición adicional de esos solares disponía la Ley Núm. 107 lo siguiente: “los operados principal y esencialmente como un servicio para conveniencia de los clientes, parroquianos, o personas relacionadas con algún negocio o actividad que se lleve a cabo en dicho solar o local o en determinado lugar cercano al mismo.” See. 4 de la Ley; 23 L.P.R.A. see. 804.

El área de aparcamiento del Balneario Público de Luquillo existe y se opera como una conveniencia para los usuarios del balneario; no constituye una operación comercial. Lo cobrado allí por la entrada de los vehículos tiene el propósito de sufragar solo parte de los gastos de operación del balneario.

Esta naturaleza no lucrativa del aparcamiento de dicho Balneario Público lo situaba fuera del ámbito de la Ley Núm. 107. Determinado ésto, procede que consideremos si existe responsabilidad civil bajo otra teoría de derecho.

Como se sabe, para que prospere una demanda de daños y perjuicios es necesario que se pruebe la negligencia, el daño sufrido y la relación causal entre ambas cosas. Para sostener su imputación de negligencia el demandante arguye que la de-mandada no ofreció custodia y vigilancia en el aparcamiento del balneario. Por el contrario, la prueba estableció que la Administración tomó precauciones diligentes. Mantiene el balneario cercado con una verja de alambre eslabonado, mantiene un vehículo de seguridad patrullando el área durante el tiempo en que el balneario está abierto al público y además la policía mantiene una patrulla que ronda el área de apar-camiento. También lo hacen policías no uniformados y en automóviles no identificados como oficiales.

Es cierto que toda entidad a cargo de un área recreativa debe tomar medidas por la seguridad de aquellos que utilizan sus facilidades, Texidor v. Administración de Parques, 85 D.P.R. 877, 879 (1962), pero no podemos exigir medidas irrazonables ni podemos convertir a los operadores de esas áreas en aseguradores absolutos de los usuarios de las mismas. En el derecho en general, y especialmente en el derecho de daños y perjuicios, es importante contrapesar los intereses en conflicto. En este caso hay dos intereses que reclaman y merecen protección legal; uno es el interés de la seguridad de los usuarios del balneario y de sus propiedades y el otro es el interés, también de los usuarios, de que haya playas públicas y de que éstas tengan lugares de aparcamiento.

Como resolvemos, en cuanto a este segundo punto, que no hubo negligencia de parte de la Administración de Parques, no es necesario discutir el aspecto de los daños ni el de la relación causal. Procede revocar la sentencia recurrida.

      En la contestación a un interrogatorio la Directora de la Administración de Parques y Recreo Públicos expresó que el balneario no se operaba con fines de lucro.

      Es justo para con la ilustrada Sala sentenciadora, consignar aquí que a la fecha en que decidió este caso no tenía disponible nuestra decisión de Flores v. Meyers, supra, pues ésta es de octubre de 1973.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Josefina F. Ruiz-Sierra, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Sec. I de Caguas, recurrido.

      Número: O-74-393

      Resuelto: 19 de marzo de 1975

      Calixto Ruiz-Sierra Fernández, abogado de la recurrente; El Re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Presentado al Registro de la Propiedad, Sección Primera, de Caguas, un mandamiento de embargo de finca urbana originado en el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, para asegurar la efectividad de la sentencia sobre cobro de dinero, ya firme y ejecutoria, en el pleito civil Complete Service Corporation v. Magda García Dávila y Frank del Río Colón, se negó el Registrador a anotarlo fundando su rechazo en la siguiente nota: “Se suspende la inscripción del documento relacionado en el epígrafe porque falta la copia de la demanda. No surge que el demandado Frank del Río lo es en represen-tación de la sociedad de gananciales que compone [síc] Ana Delia García o que esta última ha sido emplazada o que tra-tándose de deuda privativa se ha hecho excusión de los bienes del demandado.”

Rompiendo una lanza por lo que considera un discrimen perjudicial a la mujer en la esfera registral, el Registrador invoca como fundamento de su nota el Art. 19 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 44) que le faculta para requerir documentos complementarios indispensables únicamente cuando la falta de éstos constituya defecto insubsanable. Su posición tendría el efecto de pasar sobre el Art. 18 de la Ley que le ordena calificar la legalidad de los documentos expedidos por autoridad judicial ajustándose a lo que resulte de los mismos. Extiende indebidamente dicha facultad e invade el campo de decisión judicial, exigiendo elementos de prueba cuya relevancia, admisibilidad y suficiencia propiamente son de la competencia del juez sentenciador. Al Registrador le está vedado considerar los fundamentos intrínsecos de la sentencia o sustituir su criterio por el del tribunal en cuanto concierne a sus determinaciones de hecho. Bermúdez v. Registrador, 74 D.P.R. 151, 155 (1952). La calificación no ha de estar gobernada por el ardor del reformista sino por la mesura del jurista. Banco de San Juan v. Registrador, 103 D.P.R. 417 in fine, (1975).

La deseabilidad del requisito al efecto de que para inscribir un embargo originado en juicio ejecutivo sobre finca ganancial haya sido dirigida la demanda contra ambos cónyuges, no es suficiente para enmendar la Ley Hipotecaria. Hasta que se enmiende la Regla 15.3 de Procedimiento Civil o por la Asamblea Legislativa se modifique el esquema de derecho ordenado por el Art. 72 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 121), y el concordante Art. 97 de su Reglamento (30 L.P.R.A. see. 977), ha de prevalecer la norma de Banco San Germán v. Reg. San Germán, 31 D.P.R. 189 (1922), que aplicada al presente caso admite la inscripción del mandamiento de embargo toda vez que la falta de acompañar la sen-tencia, documento este que ha dado lugar a la orden de embargo, sólo constituye defecto subsanable.

Se dictará sentencia ordenando la anotación del embargo con el defecto subsanable apuntado, y la nota del Registrador será revocada.

      La encomiable preocupación del Registrador por el derecho de la mujer a ser oída en una acción que afecte su haber en la sociedad de gananciales fue atendida en Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974), donde este Tribunal anuló una sentencia en rebeldía contra el marido obtenida por la concubina que no había hecho parte a la esposa de aquél. Tanto el alegato del Registrador presentado el 1ro de noviembre de 1974 como su carta al Secretario de este Tribunal presentada el 5 del mismo noviembre acompañando una certificación (esta última sin constancia de su notificación al recurrente), son anteriores a nuestra opinión en Carrero Suárez, supra.

      La Regla 15.3 de Procedimiento Civil enumera los casos en que la mujer podrá demandar o ser demandada sin concurso del marido.
      El Art. 72 de la Ley Hipotecaria dispone que las anotaciones que deban su origen a providencia de embargo o secuestro expresarán la causa que haya dado lugar a ellas. El Art. 97 del Reglamento ordena que toda anota-ción preventiva que no pueda hacerse sino por providencia judicial, se verificará en virtud de la presentación en el registro de mandamiento del juez o tribunal, en el que se insertará literalmente el particular de la providencia en que se haya dictado, su fecha y documento o documentos que hayan motivado dicha anotación.
      Llegado el momento, habrá de ponderarse el efecto de la modificación sobre el tráfico jurídico desarrollado alrededor de la figura del marido como administrador de la sociedad de gananciales, en el acelerado comercio de nuestros días integrado en gran medida por un sistema de crédito y déficit del presupuesto familiar propiciado e implementado por miles de transac-ciones diarias con tarjetas de crédito, ventas condicionales, préstamos pequeños, arrendamiento de servicios y otros no clasificados en que el esposo obliga la sociedad de gananciales con su sola firma. Podría resultar a la postre que el régimen de gananciales todavía es útil y conveniente para el matrimonio y que la excepción de algunos malos y deshonestos maridos administradores no debe prevalecer contra el sistema, máxime cuando la mujer puede protegerse contra esa eventualidad dictando las reglas de su elección en capitulaciones matrimoniales, prefiriendo azahares de Minerva a los de Eros.


author: per curiam:

text:
    Puerto Rico Telephone Company, demandante y recurrida, v. Municipio de Mayagüez, demandado y recurrente.

      Número: R-72-206

      Resuelto: 21 de marzo de 1975

      Celedonio Medin Lozada y Eugenio Sánchez Ruiz, abogados del recurrente.
   per curiam:

Para el año fiscal 1970-71 el Municipio de Mayagüez impuso a la Puerto Rico Telephone Company por concepto de patentes municipales la suma de $9,350. La Tele-fónica pagó dicha suma pero estableció que pagaba $5,406.00 bajo protesta por considerar que no venía obligada a pagar esa cantidad, sino solamente la diferencia entre ambas sumas. Solicitó reintegro por la vía judicial. El Tribunal Superior declaró con lugar el recurso sobre reintegro de la Telefónica.

La ley aplicable al caso es la Núm. 26 de 28 de marzo de 1914, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 621 y ss. Surge de la prueba que la Telefónica mantiene, o mantenía a la fecha de los hechos, oficinas en Mayagüez pero no en los pueblos de Aguadilla, San Sebastián, Aguada, Moca, Añasco, San Ger-mán, Hormigueros, Sabana Grande, Lajas, Maricao, Lares, Las Marías, Cabo Rojo y Rincón. La oficina de Mayagüez era una oficina central donde se atendían las actividades comer-ciales de la recurrida en relación con los mencionados pueblos.

En cada uno de dichos pueblos la recurrida tiene un edificio donde está instalado un equipo automático que hace posible las comunicaciones telefónicas en esos lugares. Dicho equipo fun-ciona sin ayuda de personal alguno. Empleados de la recurrida visitan periódicamente esos edificios para obtener información, la cual pasan a sus libros. La recurrida tiene en cada uno de esos pueblos uno o más agentes, usualmente farmacias, los cuales están autorizados a recibir pagos de los usuarios. La re-currida compensa a dichos agentes por sus servicios mediante comisión. Los usuarios pueden pagar allí localmente o directa-mente en la oficina central en Mayagüez.

La ley aplicable facultaba a los municipios a cobrar paten-tes municipales a negocios e industrias a base del volumen de negocios. La propia ley, en lo aquí pertinente, definía este término en la siguiente forma:

“Se entenderá por volumen de negocios para los efectos de esta ley, los ingresos brutos que se obtengan de un negocio o in-dustria en el municipio donde la casa principal realiza sus opera-ciones, o los ingresos brutos que se obtengan por la casa principal en el municipio donde ésta mantenga oficina de ventas, almacén, o cualquier tipo de organización comercial o industria para reali-zar negocios a su nombre, sin tener en cuenta sus ganancias o beneficios; esto es, . . . el importe de lo recaudado por servicios telefónicos o eléctricos, en cada municipio donde mantenga ofici-nas, tratándose de empresas de esta índole, y en general el mon-tante de los ingresos habidos por cualquier negocio hecho o servicio prestado, de acuerdo con la naturaleza del negocio o industria establecido.” — See. 4 de la Ley Núm. 26 de 28 marzo 1914, según enmendada por la Ley Núm. 93 de 25 junio 1962.

Í1] Conforme a la citada sección la patente debía impo-nerse sobre los ingresos brutos de la casa principal obtenidos en el municipio donde dicha casa mantenía oficina y, tratán-dose de empresas de servicios telefónicos, los ingresos brutos serían el importe de lo recaudado por dichos servicios en el municipio donde la compañía tuviese oficina. A la luz de los hechos de este caso debemos resolver que la Telefónica no tenía oficinas, a los efectos de la ley que interpretamos, en los pueblos antes mencionados pero sí la tenía en Mayagüez. Desde luego, lo recaudado por los agentes de cobro — en las farmacias —en los distintos pueblos mencionados debe considerarse parte del importe de lo recaudado en la oficina central en Mayagüez, pues es allí donde se llevaban a cabo los negocios de la Telefó-nica para dichos fines.

La recurrida no venía obligada a pagar patentes en los municipios mencionados en que no tiene oficinas para llevar a cabo negocios. Dicho requisito de tener oficinas lo fija la propia ley que hemos citado.

En vista de lo anterior, se revocará la sentencia recurrida.

      Esa Ley Núm. 26 fue derogada por la Núm. 27 de 12 de junio de 1971, 21 L.P.R.A. see. 641 y ss. y esta última fue a su vez derogada por la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, que es la vigente Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. see. 651 y ss.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Kermit Construction Corporation, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Séptima de San Juan, recurrido.

      Número: O-72-221

      Resuelto: 24 de marzo de 1975

      Francisco García, abogado de la recurrente; El Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante-recurrente Kermit Construction demandó ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior a Ramírez de Arellano Construction Corp. y Río Grande Developers Corp. mediante escrito conteniendo varias causas de acción, alegando que Ramírez de Arellano le adeudaba ciertas sumas que repre-sentaban el balance no pagado en relación con servicios y tra-bajos de construcción efectuados por la recurrente en el desa-rrollo de la Urbanización Villas de Río Grande. En la tercera causa de acción, la cual es objeto de este recurso, alega la demandante-recurrente que al encontrarse Ramírez de Are-llano en dificultades económicas, la recurrente había exigido de aquélla que le garantizara hipotecariamente las sumas adeudadas y/o le traspasara libre de cargas parte de los terre-nos sobre los que se construiría la Urbanización ya mencio-nada, a lo que Ramírez de Arellano había accedido, pero que ésta ahora “niega y rehúsa traspasar el título a la deman-dante-recurrente y/o garantizar hipotecariamente las sumas adeudadas o a pagar la deuda contraída por motivo de desa-rrollo y mejoras efectuadas” (Énfasis suplido.) En la súplica de la demanda la demandante-recurrente solicita en síntesis que se condene a Ramírez de Arellano (a) a pagar la suma adeudada y los intereses correspondientes; (b) a pagar cierta suma por daños y perjuicios; o (c) a realizar el traspaso de título y/o a garantizar hipotecariamente la deuda.

Amparándose en lo dispuesto por el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 455, la demandante-re-currente presentó copia de la demanda aludida al Registrador de la Propiedad solicitándole que anotara un aviso de demanda al margen de las inscripciones de dos fincas que describió en la solicitud y en la demanda.

El Registrador denegó la anotación por el fundamento de no ser inscribible una acción en cobro de dinero ni tampoco la promesa de constituir un derecho real sobre un inmueble por participar dichos actos de la naturaleza de un derecho personal y no de un derecho real. Solicita la demandante-recurrente que revisemos la denegatoria del Registrador solamente con res-pecto a la tercera causa de acción que se expone precedente-mente.

La cuestión principal a resolver es si la demanda instada por la demandante-recurrente afecta al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble y por tanto susceptible de ser anotada en el Registro de la Propiedad dentro de la autoriza-ción del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El texto español del Art. 91 no concuerda con el texto inglés del cual proviene, pero ya hemos resuelto que la tra-dueción correcta es la que hicimos en Manrique de Lara v. El Registrador, 23 D.P.R. 864 (1916), que reza como sigue:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anota-ción al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción.” Manrique de Lara, supra, págs. 865-866. (Énfasis suplido.)

En Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 539 (1929) dijimos que no se puede precisar del texto del Art. 91 el exacto sentido del verbo “afectar” ni la época o tiempo a que el artículo se refiere. Pero nuestra jurisprudencia ha establecido que el criterio principal que debe informar la determinación de si una acción puede ser objeto de una anotación de aviso de demanda lo es si el título o el derecho de posesión del inmueble sobre el que se pretende anotar quedaría afectado de triunfar la parte promovente en su reclamación, o sea, si el verdadero y principal propósito de la acción es el de obtener una modificación del título o del derecho de posesión. Martínez v. Registrador, 101 D.P.R. 308 (1973); Vda. de Iturregui v. Registrador, 102 D.P.R. 161 (1974); Pueblo v. The Fajardo Sugar Co. of P.R., 51 D.P.R. 893 (1937); Atiles Moréu v. Registrador, 51 D.P.R. 651 (1937); Alvarez et al. v. El Registrador, 24 D.P.R. 427 (1916).

Es conveniente señalar que el hecho de que la acción presentada sea una de naturaleza personal, por sí solo, no determina si la anotación de demanda bajo el Art. 91 es proce-dente. En Escalera v. Lokpez, 68 D.P.R. 227 (1944), no permitimos que se anotara un aviso de demanda en una acción de daños y perjuicios. En Olivera v. Registrador, 51 D.P.R. 413 (1937), por el contrario, permitimos anotar una demanda de filiación. En ambos casos la acción era de carácter personal, pero en Olivera surgían derechos de propiedad inherentes a la condición de hija natural alegada por la demandante, entre los cuales figuraba el de la herencia, por lo que de triunfar la promovente en su reclamación, quedaba afectado el título de la propiedad en cuestión. Olivera, supra, pág. 416.

La acción de la demandante-recurrente en el recurso de autos es una acción personal que va encaminada a un cobro de dinero, aunque en la alternativa solicite el cumplimiento de una alegada promesa verbal de Ramírez de Arellano para garantizar hipotecariamente una deuda existente con una parte incierta de los terrenos desarrollados por la demandante y/o de traspasarle libre de cargas una parte incierta de dichos terrenos. La aludida promesa de garantía o traspaso resulta ser especulativa, vaga e imprecisa. La totalidad de la propiedad sobre la que se pretende hacer la anotación es una finca con una cabida de 37.7737 cuerdas dentro de la cual se están construyendo unas viviendas en solares presumible-mente lotificados pero no segregados aún, y en cuyos terrenos se están llevando a cabo la construcción de calles, aceras, facili-dades de agua y de electricidad, y otras obras propias de una urbanización de viviendas. Aun aceptando como ciertos todos los hechos alegados en la demanda, resulta imposible determi-nar con certeza qué parte de los terrenos aludidos es la que habría de garantizar la deuda o habría de ser objeto del tras-paso prometido. Una condena obligando al pago de la suma reclamada satisfaría igualmente al reclamante y así lo acepta éste en las alegaciones de la demanda. Tal es la verdadera obligación principal que alegadamente contrajo Ramírez de Arellano. La solicitud de la demandante-recurrente para que éste constituya una obligación hipotecaria para asegurar el cumplimiento de dicha obligación principal, que es de natura-leza personal y no real, es realmente una acción contingente o accesoria que surge por la negativa de la parte demandada a pagar la deuda alegadamente contraída.

En el caso de Martínez, ante, se trataba de una pro-mesa de vender, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, lo que daba derecho al optante, por disposición del Art. 1340 del Código Civil, a reclamar el cumplimiento del contrato. En el caso de autos, por el contrario, la parte de los terrenos sobre los que se pretende obtener un gravamen o traspaso es de naturaleza indeterminada, por lo que ni siquiera sería posible una acción por cumplimiento específico de contrato. Es aún aplicable lo que dijéramos hace algún tiempo en Fajardo Sugar Co. v. Porrata Doria, 37 D.P.R. 747 (1928) al efecto de que no puede decretarse el cumplimiento específico a menos que los términos del contrato sean definidos o por lo menos susceptibles de ser así interpretados. En su consecuencia estando el actor imposibilitado de obtener sentencia de cumplimiento específico contra el demandado obligándole a gravar o traspasar una parte cierta de la finca en cuestión con sus mejoras no podemos concluir que la acción vaya encaminada a obtener una modificación jurídica de carácter real, esto es, su finalidad primaria no es la de afectar o alterar el título inscrito de un inmueble. Véase Pizá Blondet v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 466 (1975).

El aviso de demanda que autoriza el Art. 91 no pasa por el tamiz de la discreción judicial. Es un acto voluntario del demandante, el cual cuando es procedente, ni siquiera puede ser dejado sin efecto por el demandado mediante la pres-tación de fianza. Es por ello que los Registradores deben ser exigentes en su calificación asegurándose que de la propia faz de la demanda surja claramente que la acción afecta el título o la posesión de la propiedad que se pretende gravar. Aun en el caso de las anotaciones preventivas de demanda que autoriza el Art. 42 de la Ley Hipotecaria, de las que puede librarse un demandado mediante prestación de fianza, veamos el siguiente comentario del comentarista español Morell que estimamos, por las razones que lo fundamentan, aplicable con mayor razón a los avisos de demanda:

“Dados los efectos de las anotaciones preventivas y la mancha . . . que representan respecto al inmueble o derecho anotado, se comprende que no deban concederse con extrema facilidad, y que la ley exija la presentación de documento que se estime bas-tante . . . precepto que supone dos requisitos necesarios: uno, la existencia de documento que excluye toda reclamación fundada en contratos verbales, información testifical u otros medios más o menos informales; y otro que el documento sea bastante para obtener la anotación, llevando al ánimo cierta convicción de ver-dad y de probable éxito, . . . .” Morell, Legislación Hipotecaria, 1928,2da. Ed., T. III, pág. 39.

El Registrador de la Propiedad, por lo tanto, en el descargo de su función de calificación debe analizar en conjunto la demanda presentádale para determinar si la naturaleza de la acción incoada se refiere solo a derechos de obligación sin trascendencia directa real. De permitirse la anotación de un aviso de demanda ante los hechos presentes en el caso de autos, hechos que no presentan con debida certeza que el título de una propiedad inmueble esté afectado, constituiría una libera-lización injustificada del procedimiento de aseguramiento de sentencia. Ello se prestaría a la coacción, amenaza y conmi-nación de un deudor mediante una reclamación incierta y vaga que no persiga la obtención o modificación del título de un inmueble, sin que se cumpla con el requisito de prestación previa de fianza; que es garantía esencial para responder al dueño de los daños que puedan irrogársele a consecuencia de una anotación ilegal. La demandante-recurrente tiene a su alcance los remedios que le brinda la Regla 56 de las de Pro-cedimiento Civil de 1958 y la Ley de 1ro. de marzo de 1902, 82 L.P.R.A. sees. 1069 a 1084, para asegurar la efectividad de la sentencia que en su día podría obtener a su favor, previa la prestación de fianza. Véanse Pizá Blondet v. Tribunal Superior, supra; Suárez Martínez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 544, 550 (1962).

Por los motivos expresados se confirmará la nota del Regis-trador recurrido.

       El Art. 91 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil fue tomado del Art. 409 del Código de Procedimiento Civil de California, West’s Ann. C.C.P., sec. 409. Para un texto similar, véase Idaho Code of Civil Procedure, Título 5, sección 505, Bobbs-Merill, Idaho Code Annotated, 1932, sec. 5-505.

       Surge de la propia demanda que tampoco hay certeza en cuanto a la procedencia de las sumas reclamadas; unas constituyen un remanente del precio de trabajos ya facturados que alegadamente son líquidas y exigibles, otras por trabajos alegadamente realizados pero no facturados, y otras por trabajos de naturaleza extraordinaria alegadamente realizados y pendientes de negociación cuyo valor lo estima la demandante en una suma que a su juicio es líquida y exigible.

       Véase Martínez v. Registrador, supra, para una discusión sobre el alcance de la diferencia entre el aviso de demanda a que se refiere el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil y la anotación preventiva de demanda provista en el Art. 42 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 91.


text:
      In re Carlos Roberto Vélez, querellado.

      Número: O-72-360

      Resuelto: 25 de marzo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, J. F. Rodrí-guez Rivera, Procurador General Interino, Roberto Armstrong, Jr., Candita Orlandi y Héctor R. Orlandi Gómez, Pro-curadores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Carlos Roberto Vélez, por propio derecho, José Francisco Aponte Pérez y Juan S. Pagan Rodríguez, abogados del querellado.
   per curiam :

La Procuradora General de Puerto Rico pre-sentó querella de desaforo contra el abogado-notario Carlos Roberto Vélez formulándole los siguientes cargos:

“PRIMER CARGO: El día 21 de julio de 1969 Doña María Báez Rodríguez y Don José Collazo López otorgaron la escritura de compraventa número 16 ante el notario querellado Lie. Carlos Roberto Vélez, cuyo objeto fue la finca número 2,567 de Río Piedras, inscrita en el Registro de la Propiedad, Sección Quinta de San Juan, al folio 61 del tomo 240 de Río Piedras. Dicha es-critura fue retenida por el notario y luego presentada al Regis-tro de la Propiedad el día 23 de julio de 1969, asiento de presen-tación número 393 del diario 37 de dicha sección. Dicho docu-mento fue retirado del Registro de la Propiedad el día 24 de septiembre de 1969. No empece su participación como notario en la anterior transacción el propio querellado, a sabiendas e inten-cionalmente compareció en 31 de octubre de 1969 junto con la misma Doña María Báez Rodríguez para otorgar entonces ante el notario Felipe Benicio Sánchez Rivera una escritura de com-praventa sobre la misma finca descrita anteriormente, apare-ciendo ahora el querellado como comprador. Dicha escritura fue presentada al Registro de la Propiedad por Jesús M. Roja el día 9 de diciembre de 1970, asiento de presentación número 423 del diario 50 de dicha sección, quedando la propiedad inscrita a nombre del querellado todo ello en perjuicio del primer compra-dor y a sabiendas del querellado.

El primer comprador, Sr. José Collazo López, no había re-nunciado ni transferido los derechos por él adquiridos según la referida escritura número 16 otorgada ante el querellado, ni había autorizado a éste a que retirara dicho documento del Regis-tro de la Propiedad ante el cual había sido presentado.

SEGUNDO CARGO: En o alrededor del 30 de julio de 1969 y en fechas posteriores, el querellado, Lie. Carlos Roberto Vélez, observó una conducta impropia e ilegal, consistente en lo si-guiente. Siendo abogado del Sr. José Collazo López, dirigió una carta a la firma comercial González y Serra, instruyéndola para que ciertos pagos que debían hacerse al Sr. Collazo López fueran enviados a o entregados en la Oficina del querellado. En o alre-dedor del día 25 de agosto de 1969 y a tenor de lo anterior, dicha firma envió por correo a la Oficina del querellado el cheque número 8-67 por la suma de $300.00 pagadero a la orden del Sr. Collazo López. El día 9 de septiembre de 1969 el referido cheque fue depositado en la cuenta corriente bancaria del Bufete Vélez y Vélez (El querellado era para las fechas pertinentes al cargo uno de los abogados de la referida firma legal) habiendo el querellado o la firma de la cual era parte dispuesto de los fondos para su propio o personal beneficio. Al ser depositado dicho cheque, el nombre del Sr. Collazo López aparecía escrito, a mano, al dorso del mismo en forma tal que constituía un endoso.

El Sr. Collazo López nunca autorizó al querellado a requerir de la firma González y Serra que enviara los pagos adeudados al Sr. Collazo López, según se expresa en la precitada carta ni tam-poco autorizó a que su nombre fuera escrito al dorso del cheque, ni endosó el mismo ni autorizó que fuera depositado en la aludida cuenta bancaria.

El Sr. Collazo López requirió reiteradamente del querellado la entrega del importe en efectivo del cheque descrito, negándose a ello dicho querellado, en perjuicio económico del Sr. Collazo López.

TERCER CARGO: El querellado Lie. Carlos Roberto Vélez, al terminar sus relaciones profesionales con el Sr. José Collazo López, retuvo varios expedientes y evidencia documental de casos en que había representado a éste como abogado. Al ser requerido por el Sr. Collazo López para que devolviera dichos documentos, se negó a ello.

En o alrededor del día 29 de marzo de 1972 el querellado exi-gió del Sr. Collazo López, como condición previa a la devolución de .dichos documentos, que éste firmara una declaración jurada exonerando al querellado de la conducta relatada en los dos cargos anteriores. Esta declaración fue suscrita en San Juan ante el notario, Lie. Samuel Maduro, affidavit núm. 2772 de fecha 29 de marzo de 1972.

El Sr. Collazo López declaró bajo juramento en esta Oficina que la declaración a que se hace referencia en el párrafo anterior es falsa en su contenido y fue instigada por el querellado y fir-mada bajo la exigencia de éste, como condición indispensable para la entrega de los expedientes y documentos retenidos, pro-piedad del declarante y retenidos por el querellado.

CUARTO CARGO: En o alrededor del 10 de abril de 1963 y subsiguientemente, el querellado, Lie. Carlos Roberto Vélez, observó una conducta negligente y altamente impropia de un abogado, consistente en lo siguiente. Convino en asumir la repre-sentación legal de José M. Seguí, Jr., Isabelita M. de Seguí, Zaida Rodríguez de Carrión y Josefina Vera en una reclamación por daños y perjuicios sufridos por ellos en un accidente de auto-móvil. El querellado radicó una demanda en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Caso Civil 63-1397 el .día 10 de abril de 1963, José Miguel Seguí v. Valencia Service Co. Inc. Faltando a sus obligaciones con estos clientes y con el tribunal el querellado no compareció a las vistas señaladas, no mantuvo a sus clientes informados de los incidentes del caso ni tomó medidas reparadoras y como resultado de ello la demanda fue desestimada por incomparecencia de los .demandantes a varios señalamientos que fueron notificados al querellado por el tribunal.

La conducta del querellado descrita en los anteriores cargos es impropia e ilegal y contraria a los cánones de ética profesional que regían la conducta de los abogados y notarios de Puerto Rico a la fecha de los hechos relatados.”

El querellado presentó su contestación exponiendo lo siguiente:

: CONTESTACION A PRIMERO, SEGUNDO Y TER-CER CARGOS : — El compareciente acepta haber firmado y com-parecido en las escrituras que se mencionan en estos cargos, ne-gando los demás hechos imputados, con la aclaración de que el Sr. José Collazo López convino con la Sra. María Báez Rodríguez en actuar como testaferro de ésta en una transacción de préstamo para cancelar ciertos créditos hipotecarios vencidos que gravaban la propiedad objeto de dichas escrituras, y contrario a lo acor-dado, el Sr. José Collazo López, sin haber desembolsado dinero alguno al adquirir título sobre dicha propiedad, en abierto incum-plimiento y perjuicio hacia la Sra. Báez Rodríguez, intentó vender a terceras personas la mencionada propiedad, todo ello a espaldas de su legítima propietaria y de su abogado, el suscri-biente.

Se aclara además que en el acuerdo convenido entre la Sra. Báez Rodríguez y el Sr. José Collazo López, que era al solo efecto de utilizar el nombre y crédito de este último para poder con-certar la transacción del préstamo ofreciendo en garantía hipo-tecaria la propiedad en cuestión ya que la Sra. Báez Rodríguez no cualificaba por sus escasos recursos para ese tipo de transacción, que las rentas de alquiler derivadas de dicha propiedad continua-rían siendo de la exclusiva propiedad de su legítima dueña, la Sra. Báez Rodríguez, cuyos pagos deberían efectuarse a nombre del Sr. José Collazo López para remitirlos a la oficina del suscri-biente para que éste se los entregara a la Sra. Báez Rodríguez, o, si por cheque, se los endosara, a la Sra. Báez Rodríguez. Nueva-mente, contrario a lo pactado, y en abierta traición y perjuicio a la Sra. María Báez Rodríguez, el Sr. José Collazo López no solamente se apoderó de las rentas devengadas, privando así a su legítima dueña de su aprovechamiento y disfrute, sino que sin autorización ni consentimiento alguno procedió a arrendar algu-nos apartamientos de dicha propiedad que se hallaban desocupa-dos, concertando contratos de arrendamiento con sus inquilinos y cobrando y reteniendo para sí el importe de las rentas cobradas, todo ello en perjuicio de la Sra. Báez Rodríguez.

Se aclara además que el suscribiente retuvo varios expedien-tes de casos ya terminados y/o resueltos del Sr. José Collazo López porque éste le adeudaba al suscribiente honorarios en exceso de cuatro mil dólares originados por varias gestiones y representaciones profesionales, incluyendo litigios en los tribu-nales y ante esta Honorable Superioridad, cuyo importe el Sr. José Collazo López se negó a pagar hasta que el suscribiente quedó convencido que jamás recuperaría siquiera parte de dichos honorarios ¡e hizo entrega voluntaria de los expedientes al nuevo abogado del Sr. José Collazo López. La retención de dichos expe-dientes por el suscribiente en forma alguna afectó derecho alguno del Sr. José Collazo López.

—: CONTESTACION A CUARTO CARGO El Quere-llado acepta haber tramitado el caso civil número 63-1897 ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, negando enfáticamente haber faltado en sus obligaciones con los clientes que representaba y hacia leí Tribunal. Afirmativamente alega que para la fecha en que se tramitaba dicha reclamación, el suscri-biente formaba parte de la firma legal del Ledo. Benicio Sánchez Castaño y que le notificó todas las vistas y señalamientos a sus representados. En las ocasiones en que el caso estuvo señalado para vista en su fondo, luego de haber sido notificadas las partes que representaba el Querellado, una de las demandantes que era testigo indispensable para la presentación de la prueba siempre se hallaba en estado de embarazo y a última hora el suscribiente se veía obligado a solicitar la suspensión del caso por tal motivo. Esto ocasionó que en dos (2) ocasiones el Tribunal ordenara el archivo del caso por la incomparecencia inexcusable de la parte demandante, habiendo el suscribiente solicitado y obtenido por dos (2) ocasiones su re-apertura. Posteriormente se señalaron nuevas vistas en su fondo las cuales les fueron notificadas a las partes representadas por el suscribiente, habiendo recibido las dos (2) notificaciones el suscribiente devueltas por el correo, perdiendo así todo contacto con las partes que representaba quienes no hicieron gestión alguna por restablecer contacto con el Querellado, hasta aproximadamente dos (2) años después de haberse ordenado el archivo del caso por tercera vez, en cuya ocasión el Querellado nada pudo hacer porque ni siquiera conocía el paradero de la parte que representaba.

POR TODO LO CUAL, el Querellado respetuosamente solicita se declare sin lugar la querella interpuesta en su contra y quede exonerado de todos y cada uno de los cargos imputados.”

Designamos al Juez Superior Hon. Francisco Collazo Lizardi Comisionado Especial, quien celebró varias vistas recibiendo prueba testifical y documental y oportunamente rindió un elaborado y excelente Informe. El caso quedó some-tido a nuestra consideración el 24 de enero de 1975 al presen-tar el querellado su escrito denominado Señalamientos al Informe del Comisionado Especial.

Hemos examinado y confrontado detenidamente el Informe del Comisionado Especial con la prueba testifical y documental presentada y consideramos exactas y fieles las determinaciones de hechos allí consignadas, las cuales relevan al querellado totalmente de los cargos segundo y cuarto imputádosle. Igual-mente estimamos correctas las determinaciones relacionadas con el primer y tercer cargo que reflejan actuaciones indebi-das, impropias y antiprofesionales del querellado Carlos Roberto Vélez interviniendo, primero como notario autorizante y luego como parte compradora, en dos escrituras de compra-venta simuladas. Los motivos detrás de tales actuaciones sur-gen de los siguientes hechos:

“Las versiones ofrecidas por los protagonistas del drama de las idos escrituras están reñidas entre sí — la de Collazo y la del querellado — y, por otro lado, la Sra. Báez, quien coincide con la versión del querellado, ofreció a su vez dos declaraciones contra-dictorias respecto a si hubo o no entrega de dinero al otorgarse la primera escritura. La versión a la que concedemos crédito es la ofrecida por el querellado en el sentido de que ambas ventas fueron simuladas y obedecían a los propósitos de (a) poder obte-ner crédito para el pago de las hipotecas que gravaban la pro-piedad, por lo que era necesario utilizar a Collazo como testa-ferro en la primera escritura ya ique por ser éste un comerciante de recursos económicos y la Sra. Báez una persona insolvente, tenía la viabilidad de obtener el financiamiento requerido, no así la Sra. Báez y (b) el traspaso simulado de la Sra. Báez a favor del querellado obedeció al mismo propósito de ganar tiempo para tratar de salvar la propiedad. No concedemos crédito alguno a la versión de Collazo en el sentido de que, ‘a los varios días de otorgada la escritura de compraventa, pagó en efectivo y sin exigir recibo' la cantidad de $4,000 a la Sra. Báez como el precio de la compraventa.
Es claro, a nuestro entender, que ;el propósito detrás de todo este andamiaje era el de lucrarse los tres concernidos adquiriendo una propiedad con un valor de tasación de $75,000-$80,000 con una inversión de $20,000 y pico de ¡dólares y no meramente el del cobro de la sentencia de triple daño, como repetidamente alegó el querellado en el curso de su testimonio. Así fue admitido por la Sra. Báez ante el Procurador y así también lo llegó a admi-tir el querellado en un extremo de su declaración. Como cuestión de realidad, la parte demandada en el Tribunal de Distrito, con posterioridad a la sentencia y a la ejecución, consignó en el Tribunal el total adeudado y la demandante no aceptó retirar la suma consignada oponiendo una serie de objeciones a la moción de nulidad, incluyendo entre ellas la defensa del tercero regis-tral.” (Escolios omitidos.)

En el pasado, nuestro enfoque doctrinario jurisprudencial sobre escrituras simuladas trataba el asunto sobre una base jurídica más bien de tipo evidenciario, omitiendo nuestras decisiones el pasar juicio sobre la conducta ética per se de un abogado como parte, o actuando en capacidad de notario autorizante, excepto cuando ello se planteaba mediante que-rella de desaforo por haberse cometido fraude o perjudicado económicamente a tercera persona. In re Pagan, 71 D.P.R. 761, 772 (1950); In re Vergne, 67 D.P.R. 30, 31 (1947); In re Buiz de Val, 43 D.P.R. 265 (1932); In re Torregrosa, 25 D.P.R. 637 (1917). Se partía de la premisa inarticulada de que tales transacciones eran inevitables, habiéndose pronun-ciado este Tribunal del siguiente modo:

“No deben alentarse las simulaciones. La verdad es el camino. La experiencia demuestra cuán caros se pagan los desvíos de esa ruta central que facilita y afianza todas las transacciones, rpero muchas veces de buena fe, por una mal entendida bondad hacia familiares y amigos, por el deseo de poner a salvo intereses de personas débiles o por otros motivos más o menos explicables dentro de un campo de acción compatible en cierto modo con la honradez y la verdad última, se realizan actos simulados que no debe permitirse que tengan luego consecuencias tales que resulten opresivas.” Puig v. Sotomayor 55 D.P.R. 250, 260-261 (1939).

En nuestra indelegable función de imprimirle contenido a los valores éticos que acompaña el ejercicio de la profesión de abogado, en tal rol o como notario, a la par que contribuir al enaltecimiento público de tal ministerio, fijamos otro rumbo o derrotero y rechazamos y condenamos enérgica-mente en nuestra sociedad la participación consciente de un abogado, como funcionario o parte, en el asesoramiento, redac-ción u otorgamiento de documentos simulados, irrespectiva-mente del propósito que anime tal conducta. Lo simulado, sinó-nimo de falso y fingido, en esencia es contrario a la verdad; virtud que constituye el ideal más alto al cual debemos aspirar en nuestra comunidad que se rige al amparo del imperio de la ley. Constituye una negación de lo verdadero y el medio para conferir presuntivamente estado de legitimidad a actos falsos, permitiendo una gama de actuaciones en fraude de acreedores, el erario público y derechos entre partes privadas.

La conducta del querellado Carlos Roberto Vélez en parti-cipar en dos transacciones simuladas — como notario y poste-riormente como parte — eonflige con los atributos de sinceridad y honradez que deben caracterizar a todo abogado recogidos en el anterior Canon 22, no siendo excusa el celo profesional desplegado hacia su cliente que se argumenta, pues “[l]a misión del abogado no le permite, y mucho menos exige, en defensa de un cliente, la violación del derecho o ponerse al amparo de cualquier linaje de fraude o engaño. Debe obedecer su propia conciencia y no la de su cliente.” Canon 15. No puede curarse lo que es simulado, con otra simulación.

El principio ético expuesto sobre la gravedad per se de lo simulado y la participación de un abogado en tal acción, cobra mayor vigencia y validez cuando éste se desempeña como notario ya que en tal situación se está atentando contra la propia naturaleza de lo que la fe notarial y pública representa en una sociedad que ha depositado confianza en manos de dicho funcionario.

Resolvemos que la validez de los actos y documentos públi-cos no puede dejarse al arbitrio de una norma ética débil, y que la participación de un abogado como tal o como notario en negocios simulados es conflictiva con los mejores postulados de conducta que deben regir a los miembros de nuestra profe-sión de abogado y en su consecuencia ello de ordinario consti-tuye suficiente base para el desaforo.

Respecto al tercer cargo, el ilustre Comisionado Especial concluyó lo siguiente:

“Concluimos en cuanto a este cargo respecta que indepen-dientemente de que Collazo adeudare dinero al querellado por motivo de gestiones profesionales de éste, a nuestro juicio, el Lie. Yélez retuvo los documentos en represalia por las maquina-ciones insidiosas de Collazo al querer éste apropiarse de una pro-piedad que en realidad no le pertenecía.” (Escolio omitido.)

Resulta oportuno reafirmar la regla de que en Puerto Rico un abogado no tiene derecho de retención de los documentos y papeles del cliente, como tampoco existe un gravamen (attorney’s lien) sobre el producto de una sentencia obtenida, Cornier v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 253, 255 (1968), aun cuando medien controversias respecto a determinados honorarios. Esta norma es corolario de la libertad de selección que tiene todo ciudadano de encomendar a un abogado una gestión profesional, y de estimarlo conveniente, retirarle la misma; en última instancia la protección y búsqueda de la justicia no puede estar sujeta ni detenerse por el fundamento de no haberse satisfecho los honorarios pactados.

En la querella ante nuestra consideración, la retención del abogado Yélez de ciertos documentos pertenecientes a Collazo fue una represalia indebida que no nos es posible condonar. La condición de abogado en la comunidad no da ni quita ningún derecho, aun cuando el ministerio que anima nuestra profesión exige la mayor prudencia y ponderación en todas las actuaciones.

El comportamiento ético de un abogado implica el recono-cimiento de la existencia de unas opciones disponibles y la aceptación de responsabilidad con respecto a la opción esco-gida. En ningún caso deberá un abogado subordinar sus juicios éticos a los intereses de su cliente, y en igual medida debe actuar con relación a sus propios intereses.

Resolvemos que el querellado actuó impropia, indebida e ilegalmente por su participación en las transacciones simuladas descritas precedentemente y al retener indebidamente los documentos aludidos, siendo tal conducta motivo de desaforo.

Se dictará Sentencia decretando la suspensión del quere-llado Carlos Roberto Vélez del ejercicio de la profesión de Abogado-Notario por el término de seis (6) meses.

         Enmarcadas primordialmente en la controversia de si determinada prueba era o no admisible según el Art. 25 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 1668). Véanse: Alvarado v. Bonilla, 86 D.P.R. 490, 500-501 (1962); Bossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729, 749 (1958); Ramírez v. Ramírez, 65 D.P.R. 544, 547-548 (1946); Ochoteco, Jr. v. Córdova, 47 D.P.R. 554, 556-561 (1934); Morales v. Franco, 44 D.P.R. 66, 70 (1932).

      En lo pertinente dispone: “No es profesional ni honorable no ajustarse a la sinceridad de los hechos . . . al redactar affidavits u otros documentos . . . .” Práctica Forense Puertorriqueña, Tomo 1, pág. 444, párrafo 8.