author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Frente Unido Independentista, peticionario, v. Comisión Estatal de Elecciones, recurrida.

      Número: CE-89-597

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Felipe Cirino Colón y Herminia Rodríguez Córdova, abogados del peticionario; Agustín Mangual Hernández, abogado de la recu-rrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si al término de diez (10) días dispuesto en el Art. 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico (en adelante Ley Electoral), Ley Núm. 3 de 10 de enero de 1983 (16 L.ER.A. see. 3016a), para recurrir al Tribunal Superior en revisión de las determinaciones administrativas de la Comisión Estatal de Elec-ciones (Comisión), le es aplicable el término adicional de tres (3) días provisto por la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, 32 L.RR.A. Ap. III, cuando la determinación final de la Comisión se notifica por correo o si dicho término es de naturaleza jurisdiccional.

I.

Un grupo de ciudadanos del Municipio de Río Grande deno-minado “Frente Unido Independentista” (el Frente) solicitó a la Comisión que lo certificara como partido político local, por peti-ción, para los precintos noventa y cinco (95) y noventa y seis (96) de ese municipio.

La Comisión denegó tal petición al sostener que estaba en contravención a lo dispuesto en la See. 2.4.2 del Reglamento para la Inscripción de Partidos Políticos por Petición, al haber utilizado parte del nombre de un partido político previamente inscrito, a saber, el Partido Independentista Puertorriqueño.

Dicha determinación fue certificada por el Secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (Secretario) y notificada al recu-rrente, por correo ordinario, en 30 de marzo de 1989.

Inconformes con la determinación de la Comisión, los ciuda-danos acudieron al Tribunal Superior, Sala de Carolina, en solicitud de revisión en 12 de abril de 1989. Fundamentaron la jurisdicción del tribunal sobre su petición, en lo dispuesto por el Art. 1.016 de la Ley Electoral, supra.

El tribunal de instancia determinó que carecía de jurisdicción sobre el recurso por entender que el término de diez (10) días dispuesto en el citado Art. 1.016 para revisar la determinación de la Comisión era jurisdiccional y que por haber sido presentado el recurso de autos fuera de dicho término procedía su desestima-ción. Entendió, además, que a los recursos instados bajo el Art. 1.016 de la Ley Electoral, supra, no le era aplicable el plazo adicional de tres (3) días que provee la Regla 68.3 de Procedi-miento Civil, supra, cuando la notificación de la determinación de la Comisión se efectúa por correo ordinario, como se hizo en autos.

No conforme con tal dictamen, el Frente acude ante nos para señalar como único error del foro de instancia el no haber considerado el plazo adicional de tres (3) días que concede al recurrente la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, cuando la notificación se realiza por correo.

Oportunamente ordenamos a las partes que se expresaran al respecto. Las partes han comparecido. Resolvemos.

r-H I — I

Hemos sostenido reiteradamente que las Reglas de Procedimiento Civil aplican, como regla general, a las acciones civiles ordinarias y no a las de carácter especial. Lucchetti v. Corte, 66 D.P.R. 103, 104 (1946). Las acciones de carácter especial se tramitan, como regla general, de acuerdo con el estatuto correspondiente. Regla 61 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Como excepción, hemos reconocido que las Reglas de Procedimiento Civil pueden utilizarse supletoriamente en algunas acciones incoadas al amparo de un estatuto especial —Regla 61 de Procedimiento Civil, supra; Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321 (1975); Corujo Collazo v. Viera Martínez, 111 D.P.R. 552, 556 (1981); Disdier Pacheco v. García, 101 D.P.R. 541, 545 (1973)— siempre y cuando no se desvirtúe la naturaleza del procedimiento —Díaz v. Hernández, 75 D.P.R. 514, 517 (1953); Corujo Collazo v. Viera Martínez, supra; Díaz v. Hotel Miramar Corp., supra— ni la ley disponga expresamente su inaplicabilidad. Cf. Art. 3C de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A. sec. 2873. Recuérdese que algunas leyes especiales expresamente disponen para la aplicación de dichas reglas en todo aquello que no esté en conflicto con sus disposiciones específicas o con el carácter y naturaleza del procedimiento establecido por dicha ley especial. Cf. Sec. 1 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118 (sobre reclamaciones de salarios).

Al amparo de las anteriores Reglas de Procedimiento Civil de 1958 hemos resuelto que la Regla 68.4 anterior, que equivale a la vigente Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, sobre extensión de términos, no aplica a aquellos términos para presentar algún escrito en el Tribunal (como apelación o revisión) ni a ningún término que se cuente a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, orden o resolución. Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 82 (1962).

Luego de un análisis cuidadoso del historial legislativo de la Ley Electoral concluimos que la intención legislativa fue expresamente la de eliminar la aplicación de las Reglas de Frocedimiento Civil a los procedimientos electorales ante la Comisión, en especial en cuanto al cómputo de los términos provistos por dicha ley para la revisión judicial. Veamos.

I — i I — I 1 — I

Originalmente, el Art. 8.032 de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley Electoral de 1977), Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, disponía, en cuanto a los términos para la apelación de las decisiones de la Comisión ante el foro judicial, que:

En el cómputo de los términos expresados en esta ley se seguirán las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1958, enmen-dadas, excepto para los fijados en los Artículos 1.015 y 1.023, los cuales serán taxativos. 1977 Leyes de Puerto Rico 741.()

El Art. 1.023 de la Ley Electoral de 1977 (16 L.P.R.A. ant. sec. 3023), es el antecesor del Art. 1.016 de la Ley Electoral vigente, 16 L.P.R.A. sec. 3016a. Claro está, con la variante de que el Art. 1.023, supra, se refería a la revisión de las decisiones de la comisión ante la Junta Revisora Electoral (hoy eliminada), y el actual Art. 1.016, supra, se refiere a la revisión ante el Tribunal Superior.

Nótese que originalmente el término de cinco (5) días para apelar las decisiones de la Comisión, dispuesto en el citado Art. 1.023 era de carácter taxativo, esto es, por disposición del Art. 8.032 de la Ley Electoral de 1977, supra, no podía ser extendido por las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil.

En virtud de la Resolución Conjunta Núm. 21 de 2 de julio de 1981 se creó una Comisión Especial para la Revisión del Proceso Electoral de Puerto Rico (Comisión Especial), compuesta por representantes de los tres (3) partidos políticos inscritos en el país, con el propósito de reexaminar los procedimientos electora-les para promover enmiendas a la legislación existente, de manera que se perfeccionaran dichos procedimientos. Se consideró, en-tonces, que la introducción de procedimientos nuevos así como la experiencia adquirida en los comicios electorales anteriores así lo exigían.

El informe de esa Comisión Especial dio fundamento para la aprobación de la Ley Electoral vigente (comúnmente conocida como la Reforma Electoral de 1983). Esta ley enmendó sustancialmente la Ley Núm. 4, supra. Véanse: Informe de la Comisión Especial para la Revisión del Proceso Electoral de Puerto Rico de 17 de mayo de 1982; S. Quiñones García, Los antecedentes de la distribución interpartidista del poder en la estructura administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones, 57 Rev. Jur. U.ER. 317 (1988).

La Sec. 21 de la Ley Núm. 3, supra, derogó el anterior Art. 1.023 de la Ley Núm. 4, supra. Sin embargo, dispuso en su See. 27 que:

En el cómputo de los términos expresados en este Subtítulo se seguirán las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, enmendadas, excepto para los fijados en las sees. 3015 y 3023 de este título, los cuales serán taxativos. (Énfasis suplido.) 16 L.ER.A. see. 3380.

Por un lapsus, el legislador dispuso que las Reglas de Procedimiento Civil no aplicarían a los términos del Art. 1.023 de la Ley Electoral de 1977, supra, artículo que la propia ley había derogado. Para dar efectividad racional al propósito legislativo, debe entenderse que la referencia a la see. 3023 en la See. 27 de la Ley Núm. 3, supra, se hizo por inadvertencia y debe referirse al Art. 1.016 de la Ley Electoral vigente, supra, aquí en contro-versia. Ello es así ya que, como vimos, el derogado Art. 1.023, supra, es el antecesor inmediato del mencionado Art. 1.016. Ambos artículos, aunque se refieren a distintos foros, tratan de la misma materia: la regulación del procedimiento y los términos para revisar las determinaciones de la Comisión.

El alto interés público en este tipo de procedimiento nos permite corregir este error involuntario del legislador mediante la interpretación antes expuesta. Tal regla de hermenéutica legal no es nueva. En ocasiones anteriores hemos interpretado el estatuto frente a una omisión que hacía figurar una palabra en singular cuando debía ser en plural (Ortiz et al. v. Rivera et al., 26 D.P.R. 332 (1918)); suplantamos unas palabras omitidas en la ley por considerar que se trataba de un error oficinesco contrario a la voluntad del legislador (F. Bacó Soria & Hno. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 87 (1944)), y en otra ocasión indicamos que era una inadvertencia que debía curarse para que adquiriese efectividad racional el verdadero propósito legislativo (Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 16 (1954)). Más aún, recientemente hemos corregido errores involuntarios; entre es-tos, los casos siguientes: Cancora Marina, Inc. v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 248 (1983); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); Xerox Corp. v. Srio. de Hacienda, 115 D.P.R. 668 (1984); Bucaré Management v. Arriaga García, 125 D.P.R. 153 (1990). Véase, además, R. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Fubs. J.T.S., 1987, Vol. I, págs. 311-313.

IV

For ser ello así, concluimos que al término de diez (10) días fijado en el Art. 1.016 de la Ley Electoral, supra, no le aplican las Reglas de Frocedimiento Civil en lo relativo al cómputo de los términos y, en especial, la citada Regla 68.3 de Frocedimiento Civil sobre la extensión del término por tres (3) días cuando la notificación de la resolución administrativa se realiza por correo. Esto es así, pues la Ley Electoral es un estatuto especial cuya Sec. 27, supra, expresamente dispone la inaplicabilidad de dichas reglas en cuanto al cómputo de los términos a la revisión de las decisiones de la Comisión. Art. 1.016 de la Ley Electoral vigente, supra.

Además, abona a nuestra conclusión la naturaleza del proce-dimiento de revisión de las determinaciones administrativas de la Comisión ante el Tribunal Superior y los términos cortos que allí se establecen. Cf. Hosp. San Pablo v. Hosp. Hnos. Meléndez, 123 D.P.R. 720 (1989). Veamos.

El Art. 1.016 de la Ley Electoral vigente, supra, dispone:

“Artículo 1.016. —Revisión de las decisiones de la Comisión.—
Cualquier parte afectada por una resolución, determinación y orden de la Comisión Estatal podrá dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma recurrir ante el Tribunal Superior mediante la radicación de un escrito de Revisión. La parte promovente tendrá la responsabñidad de notificar copia del escrito de Revisión a la Comisión Estatal y a cualquier parte afectada.
El Tribunal Superior celebrará una vista en su fondo, recibirá evidencia y formulará las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que correspondan. El Tribunal deberá resolver dicha Revisión dentro de un término no mayor de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de sometida la misma.
Dentro de los treinta (30) días anteriores a un evento electoral el término para radicar el escrito de Revisión será de veinticuatro (2f horas y aquél para resolverla no mayor de cinco (5) días, luego de sometido el caso.
Todo asunto o controversia que surja dentro de los cinco (5) días previos a la celebración de una elección deberá resolverse no más tarde del día siguiente a su radicación.
Los casos de impugnación de una elección, se verán ante un Juez Superior, en el distrito judicial correspondiente. Disponiéndose, que para las elecciones generales el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico designará al Juez Superior, ante el cual se verán dichos casos, con tres (3) meses de antelación a la fecha de las elecciones de que se trate, debiendo dar una notificación escrita de dicha designación con especificación del distrito judicial a que correspondan, a la Comisión Estatal de Elecciones.
Los términos dispuestos en este artículo serán mandatorios.” (Énfasis suplido.) 1983 Leyes de Puerto Rico 405-406.

La ley, al establecer estos términos cortos para recurrir al Tribunal y para que éste resuelva las revisiones de las determi-naciones de la Comisión, dispone para la pronta tramitación de las cuestiones electorales.

Desde la aprobación de nuestras primeras leyes electorales, el legislador ha dispuesto términos cortos para salvaguardar los derechos de cualquier elector o agrupación de electores y vindicar los derechos que entienda que el organismo electoral le ha violado. R. Schmidt Monge, Notas sobre Derecho Electoral Puertorriqueño, 40 Rev. C. Abo. P.R. 535 (1979).

El proceso electoral en nuestro sistema democrático está revestido de un alto interés público. Escalona Vicenty v. C.E.E., 115 D.P.R. 529 (1984). Ello requiere diligencia en la presentación de los reclamos de los electores, de manera que se eviten dilaciones y demoras innecesarias que entorpezcan el proceso electoral y promuevan la incertidumbre de derechos.

V

Lo anterior nos lleva a examinar, además, si el término de diez (10) días que tiene una parte afectada por una determinación de la Comisión para revisarla es o no de carácter jurisdiccional.()

Para determinar el carácter jurisdiccional del término dis-puesto en ley para revisar judicialmente una determinación administrativa o judicial debemos acudir, en primer lugar, a la letra del estatuto. Cf. González Santos v. Bourns P.R. Inc., 125 D.P.R. 48 (1989); Rodríguez Juliá v. Registrador, 99 D.P.R. 275 (1970); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1964).

El Art. 1.016 de la Ley Electoral vigente, supra, dispone que “[l]os términos dispuestos en este Artículo serán mandatorios”. (Enfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, supra.

La utilización de dicho lenguaje, unido al propósito de resolver con prontitud las controversias electorales cobijadas por este artículo, nos hace concluir que la intención legislativa consistió en disponer que el término de diez (10) días para la revisión judicial de las decisiones de la Comisión fuera de carácter jurisdiccional. Cf. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit, págs. 249-253. Mandatorio es sinónimo de mandato, orden o precepto. Véase Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española, España, Ed. Ortells, 1985, pág. 644. Por ello, a la parte afectada por una determinación de la Comisión, el Art. 1.016 de la Ley Electoral vigente, supra, le ordena y manda que presente su escrito de revisión, dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de tal determinación, ante el Tribunal Superior so pena de desestimación por falta de jurisdicción.

3

En el caso de autos, el Frente presentó su recurso de revisión de la decisión administrativa de la Comisión ante el Tribunal Superior el miércoles 12 de abril de 1989, o sea, doce (12) días luego de que le fuera notificada la determinación donde se le negaba su certificación como partido político local para los pre-cintos noventa y cinco (95) y noventa y seis (96) del Municipio de Río Grande. El foro de instancia determinó que no tenía jurisdic-ción por entender que el término de diez (10) días dispuesto en el Art. 1.016 de la Ley Electoral vigente, supra, era jurisdiccional y no podía ser ampliado por la extensión de los tres (3) días que provee la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, cuando la notificación de la determinación se efectúa por correo. No cometió error al así actuar.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) El Art. 1.015 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. see. 3015), se refería a los términos de los procedimientos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, y el Art. 1.023 (16 L.ER.A. ant. see. 3023) se refería al término para apelar las decisiones de dicha comisión ante la Junta Revisora Electoral existente bajo dicha ley.

      (2) En Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988), se planteaba si el término de treinta (30) días provisto por el Art. 5.05 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.ER.A. see. 3015), era de carácter jurisdiccional o si por el contrario podía ser ampliado cuando se notificaba la decisión por correo. Allí resolvimos que el término de treinta (30) días dispuesto en el citado Art. 5.05, para recurrir al Tribunal Superior en revisión de una decisión de la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, era de carácter jurisdiccional. Al respecto expresamos: “el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal Superior de la decisión de la Comisión es de naturaleza jurisdiccional, es ineludible concluir que éste no puede ser ampliado tres (3) dias cuando la notificación es enviada por correo. Regla 68.3 de Frocedimiento Civil, supra. La razón es sencilla. Cuando un término es de naturaleza jurisdiccional, dicho término no puede ser ampliado tres (3) días cuando la notificación se realiza por correo. En esas circunstan-cias no es aplicable la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra. Esta norma de carácter

        procesal general no puede ampliar un término jurisdiccional dispuesto por una ley especial.” (Énfasis suplido.) Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, supra, pág. 532.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García,

license: Public Domain

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. La Asociación de Empleados de Obras Públicas Municipal, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-86-12

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Rafael Ortiz Camón, Procurador General, Dora T Peñagarícano, Procuradora General Auxiliar, y Bruno Cortés Tñgo, Secretaño Auxiliar de Asesor amiento, abogados del Estado Libre Asociado; Máximo R. Ruidiaz, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) ha recu-rrido ante nos de una sentencia dictada el 7 de noviembre de 1985 por el Tribunal Superior, Sala de Carolina. Dicha sentencia desestimó la demanda en cobro de dinero presentada por el Estado contra los recurridos de epígrafe para cobrar una apor-tación de cincuenta mil dólares ($50,000) hecha por el entonces Alcalde de Carolina (el recurrido Fernández Corujo) a la Asocia-ción de Empleados de Obras Públicas Municipales (la Asociación) de dicha municipalidad.

I

Con el fin de “alcanzar unas relaciones armoniosas entre la Asociación y el Municipio”, el 21 de agosto de 1973 el entonces alcalde del Municipio de Carolina, Sr. Manuel Fernández Corujo (en representación del municipio), firmó un “Acuerdo Adminis-trativo” con la Asociación (representada por su presidente, José Luis Ortiz Cortijo). Apéndice de la petición de revisión, pág. 9. La Asociación es una agrupación bona fide de empleados públicos debidamente acreditada por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961 (3 L.P.R.A. sec. 755 et seq.).

Posteriormente, las mismas partes firmaron un documento denominado “Addendum a Carta Contractual” el cual disponía en su segunda cláusula que el municipio aportaría la suma de cincuenta mil dólares ($50,000) para fondos de bienestar de los empleados de Obras Públicas Municipal. Este dinero se pagaría a la Asociación en dos (2) partidas de veinticinco mil dólares ($25,000) durante el año económico 1975-1976.

El 15 de octubre de 1975 la Asamblea Municipal del Municipio de Carolina aprobó, con el voto afirmativo de once (11) de sus dieciséis (16) asambleístas, la Ordenanza Núm. 9, serie 1975-1976. Dicha ordenanza creó la partida nueva siguiente:

3066 — Aportación en Beneficios Marginales a Empleados de la Asociación de Empleados Municipales.$50,000. Apéndice de la Petición de revisión, pág. 29.

Esta ordenanza fue firmada por el Presidente de la Asamblea Municipal y por el Alcalde Fernández Corujo.

Mediante los libramientos de cheques Núms. 1258 y 3016 de 30 de octubre de 1975 y de 24 de febrero de 1976, el Municipio de Carolina, a través del ex Director de Finanzas, Edwin Quiñones Conde, autorizó el desembolso por la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000) en cada libramiento a favor de la Asociación. Se estableció como concepto de aportación municipal en beneficios marginales a empleados de la Asociación de Empleados Munici-pales. Apéndice de la Petición de revisión, págs. 38-41. Se expidieron los correspondientes cheques, que fueron cobrados por la Asociación.

El 27 de septiembre de 1976 el Contralor de Puerto Rico rindió un informe sobre el Municipio de Carolina en el cual concluyó que el acuerdo entre el Municipio y la Asociación era ultra vires y, por consiguiente, nulo. El 23 de mayo de 1979, unos dos años y medio (21A) después de rendido dicho informe, el Secretario de Justicia de Puerto Rico, en representación del E.L.A., instó la demanda en cobro de dinero contra los recurridos. En la misma alegó que el pago de cincuenta mil dólares ($50,000) constituyó un desembolso ilegal de fondos del municipio y que, por lo tanto, los recurridos venían obligados a restituirlos a las arcas del Municipio de Carolina.

Al contestar, los recurridos Fernández Corujo y Quiñones Conde negaron las alegaciones que les imputaban el desembolso ilegal de fondos. Adujeron que los contratos realizados con la Asociación estaban autorizados por ley y que actuaron en su carácter oficial, de buena fe y sin ánimo de lucro personal. Al mismo tiempo instaron reconvención en daños y perjuicios por alegados daños a la imagen política del recurrido Fernández Corujo. Dicha reconvención fue desestimada por el foro de instancia al no aportarse prueba ni estipulación que la sostuviera en derecho.

Ante estos hechos el foro de instancia dictó sentencia para desestimar la demanda en cobro de dinero en todas sus partes. Concluyó que siendo la Asociación una bona fide de servicios públicos, podía gestionar beneficios para sus afiliados a través de contratos como el de autos con el municipio y que éste podía asignarle fondos por ser una asociación que promovía el interés general de la comunidad.

Concluyó, además, que tanto el alcalde como el director de finanzas estaban inmunes de la reclamación al actuar en su capacidad oficial y de buena fe. En cuanto a la Asociación y su presidente, sostuvo que no venían obligados a devolver el dinero al aplicar la doctrina de pago bajo un error de derecho.

Finalmente concluyó que el Estado no acreditó que la orde-nanza que autorizó el desembolso era nula. Por lo tanto, se presumía su validez y, por haber transcurrido el término para impugnarla, la acción del Estado había caducado. Art. 95 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. ant. sec. 1602.

H — I H-1

Ante nos el Estado levanta, como señalamientos de error de la sentencia, la inaplicabilidad del Art. 96 de la anterior Ley Municipal, supra, al caso de autos; el no determinar que el acuerdo administrativo y su addendum eran nulos, y el no ordenar a los recurridos la restitución de los fondos ilegalmente desembolsados a la Asociación. Decidimos revisar.

Discutiremos los señalamientos de error en la forma que nos han sido planteados. El primero, por tratar sobre una cuestión jurisdiccional, requiere nuestra atención prioritaria.

> — 1 I — ! I — I

El Procurador General sostiene que a las acciones instadas por el Departamento de Justicia, al amparo de la Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973 (3 L.ER.A. see. 136), no le aplica el término de “caducidad” dispuesto en el Art. 96 de la Ley Municipal, supra, porque se estaría frustrando la política pública —de dimensión constitucional— de que los desembolsos del erario se lleven a cabo conforme a la ley. Concluimos que le asiste la razón.

El Contralor es un cargo creado constitucionalraente para fiscalizar todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si fueron hechos conforme a la ley. Su perfil y contornos constitucionales están plasmados en la See. 22 del Art. Ill de nuestra Constitución, L.ER.A., Tomo 1.

La Asamblea Constituyente de nuestra Constitución tuvo la preocupación especial de separar las funciones de contabilidad de las de auditoría en el cargo de Contralor. 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 750, 920-921 y 925 (1951).

Por ello, la propuesta sustituía aprobada por la Convención Constituyente adoptó el modelo que le confiere al Contralor la función de auditoría (post intervención), siguiendo en términos generales el esquema de la Constitución de once (11) estados de Estados Unidos. Notes & Comments on the Constitution of the Commonwealth of P.R., Washington, D.C., 1952, pág. 78.

El cargo de Contralor quedó enmarcado dentro del Poder Legislativo de nuestro sistema de gobierno.

Para implantar el mandato constitucional, la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 2 L.P.R.A. sec. 71 et seq., creó la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado, confiriéndole facultades investigativas y mecanismos para llevar a cabo las investigaciones sobre las cuentas y los desembolsos de fondos públicos.

Además, dicha ley le proveyó al Contralor un poder altamente disuasivo: dar publicidad a sus informes. 2 L.P.R.A. sec. 83.

Sin embargo, ni la Constitución ni la legislación vigente facultan al Contralor para aplicar o tramitar directamente las sanciones por aquellas violaciones de ley que surjan de sus investigaciones. Su encomienda se limita a informar estas irregularidades a la Asamblea Legislativa, al Gobernador y al Secretario de Justicia.

La facultad de encauzar acciones criminales e instar acciones civiles ante los tribunales de justicia que surjan como resultado de cualquier intervención del Contralor en relación con los ingresos, cuentas y desembolsos de los municipios fue conferida mediante la Ley Núm. 17, supra, 3 L.P.R.A. secs. 136(a) y 136(b), a la Oficina de Asuntos del Contralor adscrita al Departamento de Justicia. () Para el Secretario de Justicia de Puerto Rico llevar a cabo las facultades conferidas por dicha ley puede utilizar las disposiciones sustantivas y procesales de nuestro ordenamiento civil y criminal. 3 L.P.R.A. sec. 136(b). Cf. 3 L.P.R.A. secs. 82 y 82a; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988).

Las acciones civiles o criminales instadas por el Secretario de Justicia bajo las disposiciones de la Ley Núm. 17, supra, son acciones independientes de las acciones contra las actuaciones del alcalde, de la Asamblea Municipal o de la Junta de Subastas o funcionarios municipales a tenor con la Ley Municipal. Con ello se persigue el objetivo de la Ley Núm. 17, supra, de “dotar al Contralor de Puerto Rico de aquellos remedios procesales adicionales a los ya establecidos en su Ley Orgánica [y en la Ley Municipal] que le hagan posible el cumplimiento efectivo de las funciones y responsabilidades que la Constitución delegó en él para salvaguardar la honestidad administrativa y la legalidad en el manejo de fondos públicos”. Véanse: Informe de las Comisiones de Hacienda y Gobierno del Senado sobre el E del S. 401; Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sobre el E de la C. 440.

Por otro lado, el referido Art. 95 de la Ley Municipal de 1960,() concedía un remedio para cuestionar la legalidad de las actuaciones de la Asamblea Municipal o del Alcalde. El mismo disponía:

See. 1602. Revisión por parte perjudicada; jurisdicción del Tribunal Superior
El Tribunal Superior de Puerto Rico tendrá jurisdicción, a instancia de parte perjudicada:
(a) Para revisar o anular cualquier acto legislativo o administra-tivo de la asamblea municipal, de la junta de subasta, del Alcalde o de cualquier funcionario de los municipios que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a las leyes de Puerto Rico.
(b) Para suspender la ejecución de cualquier ordenanza, acuerdo, resolución u orden de la asamblea municipal, de la junta de subasta, del alcalde y de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico o por las leyes estatales.
(c) Para compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios de los municipios.
(d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios o empleados de los municipios por malicia, negligencia o ignorancia inexcusable.
En los dos primeros casos la parte perjudicada sólo podrá establecer la correspondiente demanda dentro del plazo de veinte (20) días a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o administra-tivo haya sido realizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden hayan sido promulgados o comunicados a la parte quere-llante, a menos que se disponga otra cosa por ley.

La facultad conferida por dicho artículo al Tribunal Superior para suspender la ejecución de una ordenanza, acto legislativo, administrativo o ejecutivo del Alcalde o de la Asamblea Municipal se refiere expresamente a partes perjudicadas.() Nuestra jurisprudencia interpretativa del Art. 95 o sus anteceso-res ha reconocido que son “partes perjudicadas” los ciudadanos particulares (Porras v. Concejo de Administración, 37 D.P.R. 741, 746 (1928); Sosa v. Cabán Alcalde, 72 D.P.R. 836, 841 (1951); Berríos v. Asamblea Mun. de Yabucoa, 30 D.P.R. 414 (1922); Chapel v. Asamblea Municipal, 49 D.P.R. 607, 611 (1936); Benítez Rexach v. Municipio, 43 D.P.R. 734 (1932)) y los funcionarios municipales cuyo interés particular se ve afectado por las actua-ciones del Alcalde o de la Asamblea Municipal (Banuchi v. Asamblea Municipal, 37 D.P.R. 946, 952 (1928); Centeno Rivera v. Pacheco de Algarín, 94 D.P.R. 528 (1967); Caballero v. Romero Barceló, 103 D.P.R. 1 (1974)).

El remedio provisto al ciudadano particular() o al funcionario municipal es exclusivo. 6 McQuillin Mun. Corp. Sec. 20.15 (3ra ed.). Sin embargo, ésta no es la situación cuando se trata de una acción instada por el Secretario de Justicia para hacer valer una recomendación del Contralor sobre la legalidad del manejo de fondos públicos.

Los municipios, criaturas de la Asamblea Legislativa—Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692 (1988); Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988); Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan, 123 D.P.R. 496 (1989)— están sujetos a la auditoría del Contralor. Véanse: Art. Ill, Sec. 22, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; 2 L.P.R.A. sec. 71. Dichas investigaciones están revestidas del más alto interés público y van dirigidas a depurar la administración de nuestros municipios.

Al aprobarse la Ley Núm. 17, supra, la Asamblea Legislativa le concedió al Contralor unas acciones, civiles y criminales, adicionales e independientes a las provistas por el Art. 95 de la Ley Municipal, supra, como medio de vindicar ese interés público y descargar debidamente su función constitucional. De no ser así, sus facultades constitucionales se verían seriamente afectadas.

Claro está, las acciones civiles o criminales que tramite el Contralor a través del Secretario de Justicia y a tenor con la Ley Núm. 17, supra, tendrán las limitaciones (términos prescriptivos, etc.) de la acción escogida para encausar a los funcionarios municipales, quienes según dichas investigaciones hayan incurrido en violaciones a la ley en el manejo y en la administración de fondos públicos.

La encomienda constitucional del Contralor, la naturaleza, los poderes y las facultades de su cargo, así como las consideraciones de interés público justifican la diversidad de acciones disponibles al Contralor para cuestionar las actuaciones del Alcalde y de la Asamblea Municipal y el trato diferente con la acción que tienen los ciudadanos particulares y los funcionarios municipales. De suerte que por no ser el citado Art. 95 el remedio exclusivo del Contralor para encausar a los funcionarios municipales que según sus investigaciones incurren en violación a la ley en el manejo de fondos públicos, el término de caducidad dispuesto en el referido artículo no opera ni obstaculiza tales reclamaciones.

La acción en cobro de dinero instada en el caso de autos a tenor con la Ley Núm. 17, supra, no había prescrito —Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294; J. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, 1981, T. IV, Vol. I, pág. 200— por lo que el foro de instancia tenía jurisdicción sobre la misma.

IV

Por su íntima relación, discutiremos los señalamientos de error segundo y tercero conjuntamente.

El Procurador General y el Contralor sostienen que la Carta Contractual y su addendum es nula por estarles vedado a los municipios negociar colectivamente. Siendo nulo el contrato, sostienen que el pago de cincuenta mil dólares ($50,000) fue hecho indebidamente, por lo que corresponde a la Asociación devolver el mismo.

A nuestros municipios les está vedado negociar colectivamente con organizaciones obreras sobre los términos y las condiciones de trabajo de sus empleados. Art. II, Secs. 17 y 18, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697 (1983). La proscripción se extiende a prohibir la organización de los empleados a través de las uniones obreras.

El acuerdo sobre beneficios marginales en autos, por el contrario, busca promover el progreso social y económico de la Asociación certificada como “bonafide” por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y las relaciones armoniosas entre ésta y el municipio en pro del bienestar común. Tal Asociación fue creada en virtud de la autorización conferida por la Ley Núm. 139, supra, como una organización bonafide de empleados públicos.

Bajo tales circunstancias, el Art. 8.14 de la Ley Municipal, 21 L.ER.A. see. 3264, autoriza al Municipio a hacer la aportación en controversia.

En ausencia de prueba demostrativa de beneficio personal, fraude o malversación de dichos fondos, tal acuerdo es válido y se ajusta a la ley.

V

Al presente caso no le aplica la doctrina de pago por un error de derecho como sostiene el Procurador General.

Las obligaciones contractuales contraídas por los municipios se rigen por la teoría general de los contratos, excepto en aquellas situaciones donde rigen ciertos estatutos especiales que modifican tal relación. Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, supra, pág. 699. De ahí que la doctrina de cobro de lo indebido les sea aplicable a sus relaciones contractuales. Según tal doctrina, el que recibe alguna cosa que no tenía el derecho a cobrar y que por un error de hecho ha sido indebidamente entregada, tiene la obligación de restituirle a quien la pagó. Art. 1795 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5121; Sucn. Choisne v. Municipio, 100 D.P.R. 501 (1972); A.C.A.A. v. Bird Pinero, 115 D.P.R. 463 (1984); Cartagena v. E.L.A., 116 D.P.R. 254 (1985).

Fara que se configure este cuasicontrato es necesario que se haya pagado indebidamente y que dicho pago se haya hecho por error o equivocación, y no por mera liberalidad. Silva v. Sucn. Caratini, 51 D.P.R. 778 (1937); Sucesión Marín v. Municipio de Arecibo, 28 D.P.R. 515 (1920); American R.R. Co. of P.R. v. Wolkers, 22 D.P.R. 283 (1915); Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388 (1914).

Este cuasicontrato requiere que quien recibe el pago no tenga derecho a recibirlo. J. Castán Tobefias, Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, pág. 866. Establecido que la aportación del Municipio a la Asociación no fue un acto ultra vires y sí la válida prestación en un acuerdo válido, la Asociación tenía derecho a recibir dicho pago. For lo tanto, no venía obligada a restituir nada por no configurarse el cuasicon-trato de pago de lo indebido.!)

Se dictará sentencia confirmatoria de la del foro de instan-cia.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disi-dente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

-0-

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

I

Luego de reflexionar profundamente, hemos decidido interve-nir y plasmar por escrito nuestro criterio jurídico concurrente y disidente. La importancia del presente recurso, revestido de un gran interés público, en conciencia así lo amerita.

Suscribimos el análisis mayoritario del Tribunal de que el término de caducidad establecido en el Art. 95 de la Ley Municipal (21 L.ER.A. ant. sec. 1602)() -para cuestionarse ante los tribunales la validez de un acto legislativo o administrativo del Alcalde, Asamblea Municipal u otro funcionario municipal- no aplica al ejercicio de acciones independientes, encauzadas por la Oficina de Asuntos del Contralor adscrita al Departamento de Justicia. Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 136(a) y (b)). Véase los pronunciamientos en Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988).

II.

Sin embargo, disentimos de la conclusión que sostiene la validez de la aportación de cincuenta mil dólares ($50,000) en concepto de “beneficios marginales” hecha a la Asociación de Empleados de Obras Públicas Municipales (Asociación) por el Alcalde del Municipio de Carolina, Manuel Fernández Corujo, según la Ordenanza Núm. 9, Serie 1975-1976 de la Asamblea Municipal y su addendum. LA MISMA ES NULA. NO EXISTE DISPOSICIÓN EN LEY QUE AUTORICE O PERMITA ESTE DESEMBOLSO. Nos explicamos.

Primeramente, un análisis de la ley municipal revela que no hay precepto que regule la situación. Por el contrario, destacamos que la propia ley reglamenta las relaciones con los empleados y obreros, la implantación de sus sueldos, vacaciones, etc. y no visualiza ni permite una aportación de este género.

La única disposición estatutaria que autoriza a los municipios a ceder fondos a entidades o agrupaciones “legalmente constitui-das sin fines pecuniarios que no fueren partidistas ni fueren agrupaciones con fines políticos” —Art. 8.14 (21 L.ER.A. sec. 3264)— es claramente inaplicable. Ségun la misma, la cesión de fondos públicos sólo puede hacerse si la entidad o agrupación está dedicada “a actividades de interés público que promuevan el interés general de la comunidad, siempre y cuando esta cesión no interrumpa las funciones propias del municipio”. íd.

Obviamente, una asociación de empleados de obras públicas municipales no encuadra en esta concepción legislativa. Aparte del argumento teórico, in abstracto, de que una Asociación indirectamente puede promover el bienestar general comunitario, lo cierto es que su génesis y razón de ser son los intereses primarios de sus miembros.

Segundo, la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961 (3 L.ER.A. see. 755 et seq.), que reconoce a los empleados municipales la facultad de organizarse en agrupaciones bonafide, sólo autoriza que —previa autorización por escrito— se le descuente al em-pleado de su salario una cuota razonable y uniforme, y que oportunamente se le remita al oficial designado de la Asociación.

Y tercero, la única aportación permitida por la Asamblea Legislativa a los municipios es el pago “del cincuenta por ciento (50%), de las primas individuales correspondientes a los planes de servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización” de los emplea-dos municipales como miembros de la agrupación bonafide. Ley Núm. 98 de 25 de junio de 1962 (3 L.ER.A. see. 756).

Ill

La premisa mayor que sostiene el dictamen mayoritario es sumamente frágil. Se apuntala, esencialmente, en que la Asocia-ción fue debidamente certificada como bona fide, al amparo de la Ley Núm. 139 antes mencionada, y que la cesión de cincuenta mil dólares ($50,000) “busca promover el progreso social y económico de la Asociación . . . y las relaciones armoniosas entre ésta y el municipio en pro del bienestar común”. Opinión mayoritaria, pág. 332.

El argumento es circular y erróneo. HEMOS VISTO QUE NI LA LEY MUNICIPAL NI LA REFERIDA LEY NÚM. 1S9 AUTORIZAN EXPRESAMENTE ESTE DESEMBOLSO. LA RAZÓN DE EXISTIR DE LA ASOCIACIÓN SON SUS MIEM-BROS. SEGÚN DICHA LEY, TALES ASOCIACIONES SE CREAN PRECISAMENTE “PARA PROMOVER SU PRO-GRESO SOCIAL Y ECONÓMICO”. De ese s[o]lo propósito, en buena lógica, no es posible colegir autoridad legal, ni menos, dar un salto conceptual y concatenar un razonamiento para validar el desembolso.

El otro argumento que se aduce, al decir mayoritario —la “ausencia de prueba demostrativa de beneficio personal, fraude o malversación de dichos fondos” (opinión mayoritaria, pág. 332)— tampoco es convincente. La inexistencia de esos elementos vicio-sos o de corrupción no son suficientes. Nunca la legalidad de los desembolsos públicos ha estado atada exclusivamente a fines públicos provechosos. Precisa del imperativo constitucional de que sólo se dispondrá de los fondos públicos para esos fines, y “en todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 9, Const. E.L.A., L.ER.A., Tomo 1. Repetimos, el único “beneficio marginal” que un municipio está legalmente autorizado a hacer es la mitad de la prima para servicios médico-quirúrgicos de los miembros de una asociación.

En resumen, bajo el derecho vigente —salvo el pago de la mitad de las primas para planes médicos— no existe autoridad en ley para el desembolso por un municipio de suma alguna de dinero a una asociación de sus empleados en concepto de “beneficios marginales”. Por ende, la ordenanza municipal que nos ocupa, creadora de la partida de cincuenta mil dólares ($50,000) y su addendum —posteriormente suscrito por el Alcalde— son nulos.

La opinión mayoritaria abre una puerta peligrosa. La sabidu-ría y legalidad de la autorización de aportaciones de este tipo por parte de los municipios a sus empleados o asociaciones es materia que corresponde a la Asamblea Legislativa. El inventario deciso-rio crea un desbalance económico en un área crucial de la sana administración pública. A la vez inyecta en la dimensión de las relaciones obrero-patronales en los municipios un elemento no-civo, susceptible de generar desembolsos fundamentados exclusi-vamente en motivaciones político-partidistas.

Estamos ante un dispendio ilegal de los fondos públicos municipales. Debió revocarse la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Carolina, y declararse con lugar la demanda.

      (1) Esa ley entró en vigor el 1ro de julio de 1973, por lo que aplica al caso de autos.

      (2) Este artículo proviene del Art. 83 de la Ley Municipal de 1928 que, a su vez, provenía del Art. 65 de la Ley Municipal de 1919. Actualmente es el Art. 11.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.ER.A. see. 3402). Los artículos anteriores a la ley de 1960 concedían un término de treinta (30) días.

      (3) Del examen conjunto de sus incisos y párrafo final se desprende que al mismo tiempo que se le concedía a la parte perjudicada un remedio frente a los actos del gobierno municipal se le brindaba a dicho gobierno la salvaguarda de un término de caducidad para conferir estabilidad a sus actuaciones. De ahí que en Centeno Rivera v. Pacheco de Algarín, 94 D.P.R. 528, 530 (1967), expresáramos que “[e]l término de veinte días anteriormente mencionado es claramente un período de caducidad, que no solamente compete a la parte interesada invocarlo sino que es función del tribunal hacerlo valer a instancia propia”. (Cita omitida.)
      Según nuestra decisión, ese término no aplica en el caso del inciso (c), esto es, “[piara compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios de los municipios”. 21 L.P.R.A. sec. 3402. Véase, además, Caballero v. Romero Barceló, 103 D.P.R. 1 (1974).

      (4) Hemos resuelto que el ciudadano no puede instar una acción ordinaria con el fin de anular una ordenanza (La Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D.P.R. 86 (1908); Truyol v. Municipio de Guayama, 19 D.P.R. 541 (1913); S.J. Hippodrome Co. v. Com. Hípica Insular, 21 D.P.R. 1 (1914)), sino que tiene que recurrir al remedio concedido en la ley municipal (San Millán v. Asamblea Municipal de Arecibo, 32 D.P.R. 279 (1923); Yabucoa Sugar Co. v. Yabucoa, 33 D.P.R. 360 (1924)).

      (5) El recurrente reconoce que mediante el addendum a la carta contractual de 16 de julio de 1975, el entonces Alcalde de Carolina y aquí recurrido, Manuel Fernández Corujo, se comprometió a aportar ‘“la suma de $50,000 para fondos de bienestar de los empleados públicos municipales, los cuales serán pagados a la Asociación . . Petición de revisión, pág. 10. Reconoce, además, que “en virtud del Artículo Núm. 7 de la Ley Municipal de 21 de julio de 1960, supra, el Alcalde tenía las facultades de llevar a cabo acuerdos con la Asociación de Empleados que redundaran en beneficio del progreso del Municipio de Carolina”, id., pág. 11, y que “el pago [en cuestión] se hizo [precisamente] con la clara intención de extinguir la obligación [preceptuada en la Ordenanza Núm. 9]”, id., pág. 15.

      (6) Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, según fue enmendada por la Ley Núm. 114 de 27 de junio de 1964. Posteriormente fue enmendada en 1980, Ley Orgánica de los Municipios, Art. 11.02 (21 L.ER.A. see. 3402). La enmienda mantuvo el término de caducidad de veinte (20) días dispuesto por el Art. 95 (21 L.E R.A. ant. see. 1602).


text:
    Agnes B. Colón Vázquez, José R. Pesquera García, Ex parte, peticionarios; Ennio Colón García y María Teresa Vázquez Díaz, promoventes y recurridos, v. Agnes B. Colón Vázquez y José R. Pesquera García, promovidos y peticionarios.

      Número: CE-89-167

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Teresita Picó Vidal, abogada de los peticionarios; Luis E. Mártir Lugo, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

I.

Agnes B. Colón Vázquez y José R. Pesquera García contraje-ron nupcias el 22 de diciembre de 1975. Fruto de esa relación nació el menor Ennio José Pesquera.

El matrimonio Pesquera-Colón fue disuelto mediante senten-cia de divorcio por mutuo consentimiento el 18 de marzo de 1981. Dicha sentencia concedió la patria potestad sobre el menor a ambos peticionarios y la custodia a la señora Colón Vázquez. Estableció, además, relaciones paterno-filiales durante fines de semana alternos.

Así las cosas, el 8 de septiembre de 1988 los abuelos maternos del menor (aquí recurridos) instaron moción para solicitar rela-ciones abuelo-filiales con su nieto.

Los padres del menor se opusieron a dicha solicitud y esencialmente alegaron que la misma atentaba contra los térmi-nos de la sentencia de divorcio sobre las relaciones paterno-filiales y los derechos de patria potestad y custodia de los padres.

El foro de instancia refirió el caso al Programa de Relaciones de Familia para que los trabajadores sociales y psicólogos de dicho programa evaluaran la solicitud de los abuelos recurridos. Mien-tras, dejó en vigor las relaciones paterno-filiales y los términos de la sentencia de divorcio.

Sin que se hubiera hecho una evaluación, los abuelos recurri-dos solicitaron al foro de instancia que ordenara a los padres peticionarios entregarles el niño para llevárselo a Guánica du-rante el receso de Semana Santa.

Los padres peticionarios se opusieron y alegaron similares fundamentos a los expuestos en su oposición a la solicitud de los abuelos recurridos sobre derechos de visita.

El foro de instancia emitió una resolución mediante la cual autorizaba a los abuelos a llevar consigo al menor al campamento de Semana Santa en Guánica.

De esa resolución acudieron los padres ante nos. Ello motivó nuestra intervención mediante trámite de mostrar causa y la paralización de los procedimientos en instancia.

Las partes han comparecido en apoyo de sus respectivas posiciones.

Estamos ante una sentencia de divorcio que concede la patria potestad compartida por ambos padres y la custodia del menor a la madre. No se nos han justificado circunstancias especiales que requieran nuestra intervención para variar tal dictamen judicial que perdura, sin alteraciones, con todos sus efectos legales.

Visto, además, que en nuestro derecho positivo no existe expresión legislativa ni jurisprudencial que le reconozca capaci-dad jurídica a los abuelos para solicitar derechos de visita sobre sus nietos cuando ambos padres están vivos y aptos para ejercer la patria potestad y custodia sobre aquéllos, se expide el auto y se revoca la resolución del foro de instancia.

Se dicta sentencia y se desestima la acción de los abuelos en reclamación de derechos de visita, dentro de este pleito de divorcio, por carecer de capacidad jurídica para instar la misma.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió un voto particular y de conformidad. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Voto particular y de conformidad del Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

¿Tienen los abuelos derechos de visita sobre sus nietos aun cuando ambos padres están vivos y aptos para ejercer la patria potestad y custodia sobre sus hijos? En ausencia de una expresión legislativa que conceda tal derecho, la respuesta es en la negativa.

H-l

Los esposos Agnes B. Colón Vázquez y Jose R. Pesquera García contrajeron matrimonio el 22 de diciembre de 1975. Durante el matrimonio procrearon un hijo de nombre Ennio José Pesquera Colón (aún menor de edad).

Mediante Sentencia de 18 de marzo de 1981 se decretó el divorcio de los esposos Pesquera-Colón por la causal de mutuo consentimiento. En cuanto a la patria potestad, custodia y rela-ciones paterno-filiales sobre el menor Ennio José, la sentencia dispuso:

Se otorga la patria potestad a ambos peticionarios para ejerci-tarla conjuntamente y la custodia de los hijos menores a la peticionaria Agnes B. Colón Vázquez.
Las relaciones filiales se regularán de la siguiente manera:
Los peticionarios tendrán en su compañía al referido hijo menor en fines de semana alternos. Durante los restantes días de la semana el peticionario podrá relacionarse con dicho hijo menor cuando así lo desee, previo acuerdo con la peticionaria. (Enfasis suplido.) Apéndice IV pág. 7.

El 8 de septiembre de 1988 los recurridos, abuelos maternos del menor, instaron moción para solicitar relaciones abuelo-filiales y alegaron que la madre del menor impedía que ellos se relacio-naran con su nieto. Fundamentaron su alegado derecho de visita sobre su nieto en que supuestamente su hija dejó que el menor residiera y compartiera con ellos desde los dos (2) años hasta que el menor cumplió los ocho (8) años. Sostuvieron, además, que han provisto de ropa, de alimentos y de las necesidades básicas al menor por contar con solvencia económica.

Los recurridos solicitaron al foro de instancia una orden para poder relacionarse con el menor todos los días, o los que el tribunal estimase necesarios, después de salir de la escuela. Pidieron, además, que un trabajador social rindiera un informe sobre el caso.

La peticionaria expuso al foro de instancia la necesidad de la presencia del padre en la vista, dado que los intereses de éste podrían verse afectados con lo que se resolviera en la controver-sia.

Los peticionarios, padre y madre del menor, presentaron réplica a la moción de los recurridos. Alegaron que el cambio ocurrido en las relaciones del menor con sus abuelos obedecía a las evaluaciones y recomendaciones de maestros, psicólogos y facultativos médicos que atendían al menor, quienes diagnostica-ron que éste tenía problemas de comportamiento, de aprendizaje y de desarrollo emocional, entre otros. Según los peticionarios, la psiquiatra del niño encontró que debía fortalecerse la identidad de éste con el hogar primario y sus relaciones afectivas con sus padres.

De acuerdo con los peticionarios, en beneficio del bienestar del menor, la psiquiatra recomendó interrumpir las relaciones abuelo-filiales como medida indispensable del plan de tratamiento del menor.

Por otro lado, señalaron los peticionarios que la solicitud de tener relaciones abuelo-filiales todos los días después de salir de la escuela confligía con los términos provistos por la sentencia de divorcio, en cuanto a las relaciones paterno-filiales, y atentaba contra los derechos de patria potestad y custodia de los padres del menor.

Los peticionarios suplicaron al foro de instancia que declarara sin lugar la solicitud de relaciones abuelo-filiales y que cualquier informe o evaluación ordenada por el tribunal fuera realizada por un profesional clínico.

El 12 de diciembre de 1988 el foro de instancia refirió el caso al Programa de Relaciones de Familia para que una trabajadora social y unos psicólogos evaluaran la solicitud de los abuelos recurridos. En el ínterin dejó en pleno vigor las relaciones paterno-filiales de la sentencia de divorcio.

Mientras estaba el caso bajo el Programa de Relaciones de Familia, los abuelos recurridos solicitaron al foro de instancia que aclarase un pronunciamiento hecho en cámara sobre si el menor pasaría el Día de Reyes de 1989 con ellos. Luego de varias mociones de oposición al respecto, el incidente quedó resuelto cuando el foro de instancia ordenó a los peticionarios llevar al menor a casa de los abuelos el Día de Reyes para que permane-ciera allí, sólo con los abuelos, hasta la tarde de ese día.

Nuevamente en 8 de febrero de 1989 los abuelos recurridos solicitaron al tribunal de instancia que ordenara a los padres entregar al niño para llevárselo a Guánica durante las vacaciones de Semana Santa.

Los peticionarios volvieron a oponerse a tal solicitud y alega-ron que era contraria a las recomendaciones de la psiquiatra que atendía al niño y que atentaba contra lo dispuesto en la sentencia de divorcio en torno a la patria potestad y custodia de los padres, y que era la situación legal imperante según lo dispuesto por la orden del foro de instancia de 12 de diciembre de 1988.

El foro de instancia emitió, el 7 de marzo de 1989, una resolución medíante la cual autorizaba a los abuelos a llevarse el menor al campamento de Semana Santa en Guánica desde el 22 al 24 de marzo; luego los abuelos lo regresarían al hogar materno.

De esa resolución acuden ante nos los peticionarios y nos señalan que:

Erró el tribunal de instancia al declarar con lugar la solicitud de los abuelos maternos autorizando a llevarse consigo a su nieto menor, sin el consentimiento y en contra de las objeciones de los padres con patria potestad y custodia sobre el menor, por constituir dicha decisión un claro abuso de su discreción.

El 17 de marzo de 1989 emitimos una orden para que los recurridos mostraran causa por la cual no debíamos ordenar una vista en el foro de instancia para que se ventilara toda la controversia. Paralizamos, además, los procedimientos en el foro de instancia.

Los recurridos han comparecido.

i-H 1 — i

Nuestro Código Civil dispone que “[l]a patria potestad sobre los hijos no emancipados corresponde, a ambos padres conjunta-mente . . . Art. 152 del Código Civil, según enmendado, 31 L.P.R.A. sec. 591. Esta regla general aplica cuando está vigente el matrimonio y puede ser variada por el tribunal mediante decreto de divorcio. Art. 107 del Código Civil, según enmendado, 31 L.ER.A. see. 383. Aun después de decretado el divorcio no existe impedimento legal para conceder la patria potestad y la custodia compartida a los ex cónyuges. Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469, 480 (1987).

La patria potestad es la autoridad que el Estado le reconoce a los padres sobre el patrimonio y la persona de sus hijos no emancipados para que aquéllos puedan cumplir los deberes que la ley le impone sobre éstos. Tal autoridad la ejercen los padres para beneficio del menor. Arbona v. Torres, 24 D.P.R. 450 (1916); Álvarez v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 16, 50-51 (1957). El interés de los padres en la patria potestad de los hijos es fundamental para el derecho a la libertad protegido constitucio-nalmente —Mallen v. Vidal et al., 25 D.P.R. 669 (1917); May v. Anderson, 345 U.S. 528 (1953); Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645 (1972)— y cuya privación, suspensión o limitación requiere de circunstancias especiales que justifiquen la intervención del Es-tado (e.g. abandono, maltrato, etc.). Véase Art. 166 del Código Civil, según enmendado, 31 L.P.R.A. sec. 634. De ahí, por ejemplo, que al padre del hijo no emancipado a quien la sentencia de divorcio le otorga la patria potestad y la custodia puede perderla si voluntariamente abandona al hijo por un período mayor de seis (6) meses. Fara ello debe seguirse el procedimiento establecido por ley. Véanse: Art. 164 del Código Civil, según enmendado, 31 L.P.R.A. sec. 632; Rojas v. Colón, 27 D.P.R. 882, 884-885 (1919).

Al mismo tiempo la custodia, atributo inherente a la patria potestad, es la facultad y al mismo tiempo la obligación legal de los padres de tener diariamente en su compañía a los hijos no emancipados en pos de su bienestar. Art. 153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 601. Es, como expresamos en Torres, Ex parte, supra, pág. 477, “la tenencia o control físico que tiene un progenitor sobre sus hijos”.

En el caso de autos la sentencia de divorcio dispuso que ambos padres compartirían la patria potestad sobre el menor. La madre tendría la custodia.

Tal dictamen judicial, con todos sus efectos legales, no ha sido alterado. El récord tampoco demuestra la existencia de circuns-tancias especiales que requieran la intervención del Estado para privar o limitar el ejercicio de la patria potestad concedida a ambos padres y la custodia concedida a la madre.()

Tampoco se trata en este caso de la acción que hemos reconocido a los padres psicológicos (abuelos) que solicitan la custodia de los hijos psicológicos (nietos). N.N.N. v. N.N.N., 95 D.P.R. 291 (1967); Rosell v. Meléndez, 101 D.P.R. 329, 330 (1973), opinión disidente del Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio; Feliciano v. Guzmán, 102 D.P.R. 246 (1974); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976); Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523 (1977).

Aparte de que los recurridos no solicitan la custodia del menor, en el récord no existe prueba que permita seguir ese curso de acción ni se indican las circunstancias que justificarían la concesión de la custodia a los abuelos. El reclamo de los abuelos se limita a exigir alegados derechos de visita.

Hay que recordar que el derecho de visita se justifica como medio de mantener el vínculo filiatorio o emocional entre el menor y otras personas para beneficio de aquél. De ahí que reconocemos el derecho del cónyuge no custodio a visitar a sus hijos. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985). Ya en Centeno Alicea v. Ortiz, supra, habíamos expresado que el derecho a las relaciones paterno-filiales debía extenderse lo más liberalmente posible sin escatimar el tiempo que el menor pueda estar con el progenitor que no tenga su custodia.

Sin embargo, en nuestro derecho positivo no existe expresión legislativa ni jurisprudencial que reconozca a los abuelos el derecho de visitar a sus nietos, menores no emancipados, cuando sus padres están vivos y aptos para ejercer la patria potestad y custodia que les reconoce la ley.

En 1987 se presentó a la consideración del Senado de Puerto Rico el E del S. 1245 para enmendar el Art. 107 del Código Civil, supra, a fin de facultar a los tribunales a conceder derechos de visita razonables a los abuelos luego de decretado el divorcio de los progenitores. Tal enmienda no ha sido aprobada.

En las jurisdicciones de tradición civilista, si bien encuentra su génesis en la jurisprudencia,!) el derecho de visita de los abuelos está recogido estatutariamente. Así en Francia, el Art. 371-4 del Código Civil le reconoce capacidad jurídica a los abuelos para instar acción judicial para hacer valer sus derechos de visita sobre sus nietos. En España, la reforma del derecho de familia de 1981 reconoció que “[n]o podrá impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el hijo y otros parientes y allegados”. Art. 161 del Código Civil español, párrafo segundo. Véase Comen-tarios a las reformas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. II, págs. 1.074-1.076. Se ha sostenido que los abuelos caen entre los más calificados de los “otros parientes” a los que se refiere el artículo. F. Rivero Hernández, El derecho de visita: teoría y praxis, 2da ed., Pamplona, EUNSA, 1982, págs. 78-80. Su capacidad jurídica para instar la acción, según dispuesta estatutariamente, se fundamenta en el abuso del derecho por parte del titular de la patria potestad,!) como el derecho propio de los abuelos, en consideración a los derechos y a las obligaciones que según el Código Civil relacionan a los abuelos con sus nietos —e.g., alimentos, tutela legítima, derechos sucesorios— en el parentesco leal en línea directa que les une o en el parentesco biológico o comunidad de sangre. Rivero Hernández, op. cit., pág. 80.

Este reconocimiento estatutario de derechos está fundado en una concepción sociológica de un grupo familiar extendido, esto es, donde conviven tres (3) generaciones inmediatas en la misma vivienda o próximos en la comunidad.

Por otro lado, bajo los principios del common law no se le reconoce a los abuelos un derecho a visitar a sus nietos si los padres con patria potestad y custodia se oponen a tales visitas. El fundamento de tal norma general es que si los tribunales pusieran en vigor tal derecho estarían socavando la autoridad que la patria potestad le concede a los padres sobre los menores no emancipa-dos.

Al mismo tiempo, se entiende que perjudicaría los mejores intereses del menor al ponerlo en medio del conflicto de autori-dades y de las rencillas sentimentales entre los padres y los abuelos.

Por ello, los tribunales estatales de Estados Unidos han sostenido que la obligación, si alguna, de los padres de permitir que los abuelos visiten a sus nietos es moral, no legal y, por lo tanto, los tribunales no pueden ponerla en vigor a menos que se demuestre la incapacidad de los padres para ejercer la patria potestad y custodia sobre los menores no emancipados. Succession of Reiss, 15 S.O. 151 (La. 1894); Smith v. Painter, 408 S.W.2d 785 (Tex. 1966); Kay v. Kay, 112 N.E.2d 562 (Ohio 1953); People ex rel. Schachter v. Kahn, 269 N.Y.S. 173 (1934); Jackson v. Fitzgerald, 185 A.2d 724 (D.C. 1962); P.C. Borzi, Statutory Visitation Rights of Grandparents—One Step Closer to the Best Interest of the Child, 26 Cath. U.L. Rev. 387, 388-392 (1976); Anotación, Grandparents’ Visitation Rights, 90 A.L.R.3d 222 (1979).

Ahora bien, a través de sus legislaturas estatales cuarenta y dos (42) estados de Estados Unidos les conceden capacidad jurídica a los abuelos para instar una acción independiente mediante la solicitud de derechos de visita sobre sus nietos. H.D. Krause, Family Law: Cases, Comments and Questions, 2da ed., West Publishing Co., 1983, págs. 792-798; E. González Tejera, Bienestar del menor: señalamientos en torno a la patria potes-tad, custodia y adopción, LIV (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 409, 458 (1985); Borzi, supra, págs. 392-395; Gault, Grandparent Grandchild Visitation, 37 Tex. B.J. 433 (1974). En general, estos estatutos conceden discreción a los tribunales para otorgar dere-cho de visita a los abuelos en diversas circunstancias y cuando se demuestra que ello beneficia los intereses del menor. Los mismos suplen a los abuelos de capacidad jurídica necesaria, que no le reconoce el common law, para instar la acción. Pero no les conceden automáticamente a los abuelos el derecho de visitar o tener de visita a sus nietos. Siempre será necesario demostrar que reconocerle tal derecho a los abuelos redunda en beneficios para el menor.

En Puerto Rico, en ausencia de expresión legislativa, no hemos reconocido tales derechos a los abuelos.() Estando vivos y aptos los padres para ejercer la patria potestad y custodia que les reconoce la ley, y en este caso por la sentencia de divorcio, los abuelos carecen de capacidad jurídica para reclamar derechos de visita sobre sus nietos bajo el estado de derecho vigente.

En nada desvirtúa lo aquí resuelto con nuestros pronunciamientos en Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246 (1988). Allí reconocimos que los abuelos tienen la obligación legal —Arts. 143 y 144 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 562 y 563— de alimentar a sus nietos, pero dejamos claro que tal obligación es subsidiaria a la de los padres, es decir, surge cuando los padres no pueden proveerlos, ya sea por incapacidad física o mental o por no contar con suficientes recursos económicos.

El reconocimiento de tal obligación de los abuelos no esta-blece, automáticamente, un derecho recíproco a visitar a los nietos.()

El Prof. Efraín González Tejera, luego de reconocer que en cuarenta y dos (42) estados de Estados Unidos se les reconoce a los abuelos capacidad jurídica para instar la acción en que reclaman derechos de visita, expresa:

Sería conveniente que se establezcan normas, preferiblemente por la Legislatura. En nuestra opinión un ascendiente del menor, vivo el ascendiente intermedio, no debe tener derecho a visitar su descendiente. Concebimos, sin embargo, situaciones donde sería conveniente al bienestar del menor permitir que el abuelo o bisabuelo tenga acceso al niño. Muerto uno de los padres, incapa-citado mental o físicamente o encarcelado, el abuelo puede llenar un vacío importante en la vida del menor, pero vivos y aptos para la custodia los padres, creemos que las visitas de los ascendientes de ulterior grado deben hacerse depender de la total discreción de quien ejerce la custodia. En otras palabras, creemos que la última palabra sobre estos asuntos debe ser suya y no de los tribunales. Nos parece que permitirle visitas como cuestión de derecho a los abuelos, y otros parientes, nos llevaría a sobre-legalizar las relacio-nes de familia en áreas tan delicadas, donde la excesiva litigación produce más costos que beneficios. (Énfasis suplido.) González Tejera, supra, págs. 458-459.

El hecho de que no se les reconozca un derecho de visita a los abuelos maternos en el caso de autos no les impide a los actores de esta controversia que cooperen entre sí en pro del bienestar del menor, que debe ser el objetivo más importante que debe lograrse. Nada ganan los abuelos si se les reconoce el derecho de visita por un poder externo a la voluntad de su hija. Nada ganan los padres del menor con que se les deje de reconocer tal derecho a los abuelos si con ello el menor continúa en “la angustia de hallarse entre dos partes en entendible, pero dañina competencia por su afecto . . . [d]e la armonía y la abnegación de las partes, más de lo que pueda hacerse en ley, es que en realidad depende el bienestar [del] menor”. Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, págs. 107-108.

Réstanos señalar que por el hecho de que la resolución del tribunal de instancia se circunscribe a conceder a los abuelos el derecho a tener de visita a su nieto durante el fin de semana de 22 a 24 de marzo de 1989, no convierte en académico lo aquí resuelto. La controversia planteada es recurrente o repetitiva. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

Por estos fundamentos, expreso mi conformidad con la sen-tencia dictada en el caso de autos.

      (1) Tampoco estamos ante las circunstancias de emergencia que permiten al Tribunal Superior privar a los padres de la custodia de un menor que es objeto de maltrato o negligencia. Véanse los Arts. 31 a 37 de la Ley de Protección a Menores, Ley Núm. 76 de 28 de mayo de 1980 (8 L.P.R.A. secs. 431 a 437).

      (2) Véase la sentencia de la Cour de Cassation francesa de 8 de julio de 1857, donde se sostuvo que el padre no puede oponerse injustificadamente a las relaciones de sus hijos con sus abuelos.

      (3) Las sentencias del Tribunal Supremo español Núm. 77 de 9 de junio de 1909,115 Jurisprudencia Civil 397, 399; Núm. 171 de 24 de junio de 1929,189 Jurisprudencia Civil 1048,1051; Núm. 104 de 14 de octubre de 1935,220 Jurisprudencia Civil 414, 433-434 y el Acuerdo del Tribunal Tútelar de Menores de Valencia de 15 de diciembre de 1939 reconocieron en España, antes de las reformas de 1981 al Código Civil, que los abuelos tenían derecho de visitar y comunicarse con sus nietos y que los padres no podían, arbitrariamente, limitar ese derecho so pena de incurrir en abuso de su autoridad de patria potestad. Los hechos de esas sentencias, los cuales distan mucho de los de autos, justificaron esa solución jurisprudencial. Los hechos en autos nos permiten arribar a distinta solución.

      (4) Nada impide que la Asamblea Legislativa le conceda, mediante legislación al respecto, capacidad jurídica a los abuelos para instar la acción para solicitar derecho de visita a sus nietos en las circunstancias que estime pertinente.

      (5) Tampoco creemos que lo justifique su potencial capacidad de ejercer la tutela legítima —Art. 178(1) del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 701— ni de ser los posibles causantes mortis causa de sus nietos.