text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Freddie Borrero Robles, acusado y apelante.

      Número: CR-81-86

      Resuelto: 22 de octubre de 1982

      Margarita Carrillo, de la División de Apelaciones, Sociedad para Asistencia Legal, abogada del apelante; Miguel Pagan, Pro-curador General Interino, y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público acusó a F. Borrero Robles de cometer robo (Art. 173 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4279), restricción de libertad agravada (Art. 131 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4172) y portación y uso de arma (Art. 4 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951 (25 L.P.R.A. sec. 414)).

Llamado el caso para juicio, la defensa solicitó que éste se ventilase ante jurado. Se ordenó la separación de un panel de jurados para el día siguiente. Se desinsaculó el jurado el próximo día o parte significativa del mismo —el récord no está claro— y, antes de su juramentación defini-tiva, la defensa solicitó que el caso continuase por tribunal de derecho. No consta de autos la razón, si alguna; que impulsó al acusado a cambiar de parecer sobre el ejercicio de su derecho a juicio por jurado. El tribunal denegó la soli-citud.

Se celebró el juicio por jurado y el acusado fue hallado culpable de todos los cargos. En apelación alega que erró el tribunal al no permitir su renuncia al jurado. Impugna también la apreciación de la prueba. La Regla 111 de Procedimiento Criminal dispone:

Las cuestiones de hecho en casos de delito grave (felony) y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave (misdemeanor), siempre que originalmente se presen-tare la acusación en el Tribunal Superior y fueren también de la jurisdicción del Tribunal de Distrito, habrán de ser juzga-das por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa y personalmente el derecho a juicio por jurado. El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la lectura de la acusación.

Los precedentes inmediatos de esta regla son el Art. 178 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal y la Regla federal 23(a).

En los estados de Estados Unidos existe una gran varie-dad de normas sobre la renuncia al jurado. Algunos no la permiten bajo circunstancia alguna; otros la admiten tan solo en juicios por delitos menos graves; otros la condicionan en multitud de maneras. S. H. Hutzelman, Note, Constitutional Law: Criminal Procedure: Waiver of Jury Trial: Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965), 51 Cornell L.Q. 339, 342-344 (1966). En Connecticut, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska y Ohio es donde se reconoce en forma más tajante el derecho de los acusados a renunciar a que se les juzgue por jurados. La regla general en éstos y otros estados que aceptan la renuncia, trátesele como dere-cho o privilegio, es, sin embargo, que de producirse ésta, no sobrevive un derecho absoluto a cambiar de opinión y reclamar luego que se ventile la causa ante jurado. La con-cesión o no de juicio por jurado en tales circunstancias des-cansa en la sana discreción del tribunal. State v. Biller, 369 A.2d 1123 (1976); People v. Branscomb, 254 N.E.2d 126 (1969) (ya se habían seleccionado cuatro miembros del panel de jurados); Countess v. State, 408 A.2d 1302 (1979); Wallace v. State, 319 So.2d 117 (1975). En el foro federal se ha resuelto que no existe un derecho constitucional a renunciar el derecho a juicio por jurado. Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965). Al mismo efecto, 3 Wharton’s Criminal Procedure, 12ma ed., Rochester, New York, The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1975, Sec. 436, págs. 209-213; 2 Wright Federal Practice and Procedure: Criminal 2d, St. Paul, West Publishing Co., 1982, sec. 372, págs. 297-304; 3 Orfield, Criminal Procedure under the Federal Rules, Rochester, New York, The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1966, secs. 23:39-23:40, págs. 61-64; III American Bar Association Standards for Criminal Justice, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1980, Standard 15-1.2, págs. 15.15-15.17.

En Puerto Rico hemos comentado en varias ocasiones el problema de la posibilidad de renunciar el derecho a juicio por jurado después de comenzado el juicio. En Pueblo v. Plata, 43 D.P.R. 464, 467 (1932), el acusado intentó inútil-mente renunciar a su derecho a juicio por jurado después de la desinsaculación y juramentación de éste, pero antes de comenzar a desfilar la prueba. Se denegó su solicitud. En alzada, expresamos:

No comprendemos por qué no se le permitió al acusado renunciar al juicio por jurado para ser sometido [s-ic] su causa al tribunal de derecho. Si fué por temor de que alegase des-pués haber estado expuesto por el mismo delito (former jeopardy), como manifestó el fiscal de este tribunal en la vista ante nosotros, ya ha sido resuelto que tal alegación no es sos-tenible cuando el jurado ha sido disuelto a moción del acusado y con su consentimiento.

No dijimos más sobre el problema.

En Pueblo v. Hernández, 55 D.P.R. 954 (1940), anticipa-mos por veinticinco años la decisión en Singer y quedó indi-rectamente afectada la ratio decidendi de Plata, a pesar de que se trataba de una situación de hechos a la inversa. En Hernández, el acusado renunció su derecho a juicio por jurado. En la fecha del juicio, desprovisto para entonces de representación legal, el acusado anunció que se represen-taría a sí mismo, pero que solicitaba juicio por jurado. El tribunal denegó la solicitud y en apelación confirmamos. Dijimos en tal ocasión:

... si después de haber renunciado al juicio por jurádo o haber prescrito el derecho a solicitarlo, el acusado demuestra a la corte que existen justas razones para que se le conceda juicio por jurado, la corte puede, en cualquier momento des-pués de la lectura de la acusación, ejercitar su discreción a favor del acusado. ¿Abusó de su discreción la corte a quo al denegar la petición del acusado? De la parte del récord ante-riormente transcrita resulta que no fue hasta el preciso momento de empezar el juicio que el acusado formuló su petición. De acceder a ella, hubiera sido necesaria la suspen-sión del juicio, pues no aparece del récord que hubiera un jurado citado para aquel día, y una suspensión en tales condi-ciones significaba no solamente la consiguiente dilación en la administración de justicia, si que también todos los gastos que conlleva una suspensión y citación para nuevo juicio. Págs. 959-960.

En Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510 (1967), con-sideramos nuevamente la situación que nos ocupa. El acu-sado solicitó allí juicio por jurado. Luego de presentada la prueba de cargo y de comenzar a desfilar la de la defensa, el acusado solicitó que se continuara el juicio por tribunal de derecho. Se denegó el pedido y al aprobar tal acción afirmamos:

La práctica prevaleciente en esta jurisdicción ... en virtud de lo dispuesto en la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, no obliga a un acusado a que su caso se vea por jurado. Distinto a la tradición imperante en los Estados Unidos, hemos visto que en nuestro medio el juicio por jurado, si bien actualmente es un derecho garantizado constitucionalmente, no es un ingrediente esencial en nuestro procedimiento. Siempre se ha reconocido el derecho del acusado a renun-ciarlo.
Ahora bien, esa renuncia debe hacerla el acusado antes de comenzar el juicio. En ese momento es un derecho que el acu-sado tiene y al ejercitarlo debe ser sostenido por el tribunal. Pero la situación es distinta cuando luego de optar porque el caso se vea ante jurado y comenzado el mismo cambie de parecer y opte por renunciar a ello. En ese caso ya se ha movido la maquinaria de la justicia de acuerdo con lo pedido por el acusado, y es discreción de la corte concederlo o no. Pueblo v. Hernández, 55 D.P.R. 954 (1940) y ver además Pueblo v. Plata, 43 D.P.R. 464 (1932). En el presente caso el acusado pretendió renunciar al jurado en el momento en que lo hizo, evidentemente influido por las manifestaciones del juez transcritas anteriormente. Las mismas podían interpre-tarse en el sentido de que el juez favorecía la posición de la defensa. El juez posiblemente entendió que el acusado así lo interpretaba y que inducido por esa interpretación, tal vez equivocada, fue que solicitó que el juicio continuara por tribunal de derecho. El juez actuó prudentemente al denegar lo pedido. Por situaciones como éstas u otras análogas, es que debe ser discrecional del juez que preside un juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho una vez comenzado a ventilarse ante un jurado. Págs. 515-516.

En Pueblo v. Guzmán Vélez, 100 D.P.R. 198, 203 (1971), nos negamos a revocar a Rivera Suárez y expresamos:

No perdamos de vista que el derecho que garantiza nuestra Constitución es el de juicio por jurado, no el de la renuncia al jurado, y aunque taxativamente la Constitución no expresa este último derecho es claro que la Convención Constituyente quiso que pudiera ejercerse. Tal intención no significa que el acusado tenga derecho a insistir en un juicio por tribunal de derecho una vez haya ejercido el derecho a que se ventile por jurado y que, como cuestión de hecho el juicio haya comen-zado. Reiteramos que siendo el juicio por jurado un derecho con rango constitucional, no constituye violación del mismo el que el juzgador en el uso de su sana discreción se niegue a aceptar la renuncia a ese derecho luego de comenzada la vista del caso y la presentación de la prueba. Tal actuación del juez de instancia no viola el debido procedimiento de ley. Por el contrario, su negativa conlleva el disfrute del derecho que precisamente le garantiza la Constitución.

Véanse también: Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976); Pueblo v. Salamán Sebastián, 101 D.P.R. 903 (1974); Pueblo v. Torres Cruz, 105 D.P.R. 914 (1977).

Estimamos oportuno resumir los principios que rigen en esta jurisdicción sobre la renuncia al jurado después de haberse reclamado tal derecho, así como reiterar las nor-mas que deben guiar la discreción del juez de instancia sobre este particular.

1. No existe un derecho constitucional a renunciar al jurado. Pueden concebiblemente surgir circunstancias, sin embargo, en que la no concesión de un juicio por tribunal de derecho entrañe la violación del derecho a un juicio imparcial garantizado por la Constitución de Puerto Rico (Art. II, Sec. 11) y la de Estados Unidos (Sexta Enmienda). Wharton, op. cit, pág. 213; United States v. Ceja, 451 F.2d 399 (1971); Singer, supra, págs. 34-35.

2. Una vez que haya comenzado el juicio, el juez goza de discreción para permitir o no que el proceso continúe ante tribunal de derecho.

3. En el contexto de la situación que nos ocupa, la frase “el comienzo del juicio” significa que se haya movido la maquinaria de la justicia en la fecha señalada para la celebración del proceso. No hay que aguardar necesariamente a la desinsaculación y juramentación final de todos los jurados para afirmar que se ha iniciado el juicio. Basta con que se haya tomado el juramento preliminar que Ordena la Regla 119. Respecto al comienzo del juicio para fines de la doctrina de la doble exposición, véase: Crist v. Bretz, 437 U.S. 28 (1978).

4. Algunos factores que el juez tomará en consideración para conceder o denegar la solicitud serán los posibles trastornos a la administración de la justicia, la tardanza en formular las posibles motivaciones de la defensa, el peso de las razones que la defensa deberá aducir para justificar su petición, las contenciones del Ministerio Público sobre el particular y, muy especialmente, la existencia o no de condiciones que puedan amenazar el derecho a un juicio imparcial.

5. En ausencia de pasión, prejuicio o ejercicio manifiestamente irrazonable de discreción, este foro no intervendrá con la determinación del juez de instancia sobre este particular. Debe distinguirse al efecto, en lo que respecta al grado de nuestra intervención, entre la situación presente y aquella en que se solicita juicio por jurado tras haberlo renunciado. Torres Cruz, supra, pág. 919.

Si examinamos el caso de autos a la luz de lo anterior, hallamos que el récord está desprovisto de razones que deban inclinar a este Tribunal a revocar las sentencias dic-tadas. Se había comenzado a mover la maquinaria de la jus-ticia. No hay indicio alguno de que se estuviese violando el derecho del acusado a un juicio imparcial. No fue manifies-tamente irrazonable la actuación del tribunal de instancia.

El segundo señalamiento de error carece de méritos. El principal testigo de cargo declaró que el acusado lo amenazó, poniéndole una cuchilla al cuello. Al determinar que el testigo no tenía dinero, el asaltante forzó al testigo a llevarlo a su casa en su propio automóvil para buscarlo. Al llegar a la casa del testigo, éste pudo retener la llave de su hogar tras forcejear con el acusado. El acusado huyó en el vehículo del declarante, a quien ya había despojado de su reloj. Esta prueba es claramente suficiente para sostener los veredictos. El apelante presenta únicamente problemas de apreciación de esta prueba y credibilidad de los testigos. En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba tampoco se justifica nuestra intervención. Pueblo v. Rodríguez Ocaña, 88 D.P.R. 335 (1963); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

Se confirmarán las sentencias apeladas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

license: Public Domain

text:
    Carlos Whitmarsh Valdés, etc., demandantes y recurridos, v. Federico J. Maestre y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: O-82-212

      Resuelto: 22 de octubre de 1982

      Luis F. Montijo, de Miranda Cárdenas, Francisco De Corral & Rodríguez, abogado de los peticionarios; Francisco Ariel Avilés Rodríguez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante sufrió un accidente del trabajo el 8 de febrero de 1979. Lo atendió un médico privado. Éste, luego de tratar al demandante, lo refirió al Fondo del Seguro del Estado el 7 de marzo de 1979.

En el Fondo fue tratado y le informaron, según se alega en la demanda, que ya era tarde y que había perdido la visión por el ojo derecho, debido a un tratamiento inade-cuado. Se le indicó que le habían suministrado drogas y medicamentos inaplicables al tipo de lesión sufrida, lo que le ocasionó tal pérdida de visión y, a la postre, la enucleación del ojo. EÍ Fondo del Seguro compensó como accidente del trabajo dictando su decisión final el 21 de noviembre de 1979.

El 20 de noviembre de 1980 radicaron demanda para resarcirse el obrero lesionado, la esposa y la sociedad de gananciales compuesta por el obrero y su esposa.

El codemandado doctor Maestre solicitó la desesti-mación de la demanda por estar prescrita la acción.

Es evidente que la acción incoada por la sociedad de gananciales está prescrita al igual que la de la esposa. Tuvieron conocimiento del daño desde el mes de marzo de 1979 y nada les impedía radicar la demanda correspon-diente. Alvarado Calaiño v. Romero, 104 D.P.R. 127 (1975).

Ahora bien, la acción del empleado perjudicado contra el doctor Maestre presenta una situación distinta. Se alega que la actuación negligente del médico privado motivó la pérdida del ojo. ¿Procede considerar la intervención del médico privado como la de un tercero co-causante o como agravante del daño que da lugar a la aplicación del Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32? Si así se considerara, la acción del empleado no estaría prescrita, pues fue interpuesta dentro de los términos establecidos en esa disposición legal. El Fondo dictó la resolución final el 21 de noviembre de 1979 y la demanda fue radicada el 20 de noviembre de 1980. El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 149 (1975).

El Art. 31 dispone que “[e]n los casos en que la lesión, enfermedad [ocupacional] o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con esta ley le hubiere provenido bajo circunstan-cias que hicieren responsables a tercero de tal lesión, enfer-medad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus bene-ficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte .. (Énfasis nuestro.)

Generalmente se acepta en jurisdicciones con estatutos parecidos o similares al nuestro que un médico que interviene con un obrero que ha sufrido un accidente compensable y su intervención negligente agrava el daño sufrido es el “tercero responsable” de que habla el Art. 31 contra quien puede instar acción el asegurador en los casos en que el estatuto, como el nuestro, concede la oportunidad de subrogarse en la causa de acción del obrero, y si el asegurador no la inicia el obrero lesionado puede entonces incoar su acción para resarcirse. Baker v. Wycoff, 79 P.2d 77 (1938); Steeves v. Irwin, 233 A.2d 126 (1967); Hancock v. Halliday, 150 P.2d 137 (1944); D’Angona v. County of Los Angeles, 613 P.2d 238 (1980); German v. Chemray, Inc., 564 P.2d 636 (1977); DeHaven v. Caulfield, 314 F.2d 269 (1963); Nota: Malpractice Actions and Workmen’s Compensation, 36 Va. L. Rev. 781 (1950); P. A. Leidy, Malpractice Actions and Compensation Acts, 29 Mich. L. Rev. 568 (1931); Anotación, Right to Maintain Malpractice Suit Against Injured Employee’s Attending Physician Notwithstanding Receipt of Workmen’s Compensation Award, 28 A.L.R.3d 1066 (1969).

En Hancock v. Halliday, supra, se estudia cuidadosamente la cuestión que ahora nos ocupa, citando distintas autoridades. Se hace referencia al hecho de que las leyes de compensaciones a obreros por accidentes del trabajo limitan la indemnización a concederse en aras de cubrir un área más extensa de responsabilidad, concediendo inmunidad al patrono, pero se expresa que sería altamente irrazonable que la inmunidad cubriera a una tercera persona agravante del daño originalmente sufrido. En ésta se incluye específicamente a los médicos que intervienen con el obrero y que por su impericia o negligencia agravan la con-dición. Tampoco se señala razón alguna por la cual el médico no responda al Fondo de los gastos incurridos en la atención del obrero lesionado. Este razonamiento es clara-mente aplicable a la situación prevaleciente en Puerto Rico. Nada hay en nuestra ley que justifique hacer esa excepción. El hecho de que en este caso el Fondo no se subrogara en la acción del obrero no altera la situación. Cf. Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1963), donde impusi-mos responsabilidad al Estado por practicar una operación sin el consentimiento del obrero que sufrió un accidente del trabajo y donde expresamos, a la pág. 208, que “[e]l hecho de que el obrero [fuera] compensado por el Fondo en forma alguna derrota su derecho a que se le indemnice por la intervención quirúrgica que se le practicó sin su consenti-miento. La exclusividad del remedio provisto por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, es por la lesión sufrida en el trabajo; y a ese efecto se dispone que ‘el dere-cho . .. establecido para obtener compensación será el único remedio contra el patrono’ . . . mientras que la acción ejer-citada en el presente caso se origina en la actuación del Fondo en someter al recurrente a una operación sin su con-sentimiento”. En este caso nada hay en la ley que justifique conceder al médico que agravó la condición del ojo del obrero una inmunidad que la ley no le concede.

Siendo esto así es evidente que la acción ejercitada por el obrero no está prescrita.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia que modifique la resolución recurrida en el sentido de determinar que la acción incoada por la sociedad de gananciales y por la esposa del demandante están prescritas, y así modificada se confirmará.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente.

—0—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Al obrero demandante le cayó tierra en un ojo en el curso de su trabajo el día 8 febrero, 1979. Se lavó y continuó la labor, mas como el ojo le siguiera molestando acudió por iniciativa propia al dispensario de emergencia del Hospital del Maestro donde le atendió el oftalmólogo demandado doctor Maestre. Por un mes —de 8 febrero a 7 marzo, 1979— se trató con dicho médico de práctica privada y como no mejorara, éste lo refirió al Fondo del Seguro del Estado, en cuyo hospital le informaron en marzo de 1979 que perdería el ojo por no haberse descubierto a tiempo un hongo causante de la infección. A dicho diagnóstico siguió la pérdida del ojo derecho afectado por enucleación qui-rúrgica. El Fondo del Seguro del Estado aceptó el accidente como compensable y otorgó la compensación que corres-pondía a la incapacidad parcial permanente antes dicha. Con conocimiento del daño por supuesta negligencia del médico privado desde marzo de 1979, no es hasta el 20 noviembre, 1980 —transcurridos un año y 8 meses— que radicó la demanda contra el peticionario doctor Maestre. La defensa de prescripción opuesta por éste fue desestimada en instancia al decidir que por ser la acción una contra tercero causante del daño bajo el Art. 31 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32, el término para reclamar no corre hasta pasados los 90 días siguientes a la fecha en que fuere firme y ejecutoria la decisión administrativa durante los cuales tiene prioridad el Administrador del Fondo para promover la acción sub-rogatoria.

No fue éste caso de emergencia en que podía el obrero prescindir de la asistencia o servicio médico provisto por el Fondo. El obrero no fue “referido” al oftalmólogo de práctica privada, sino que aquél lo escogió libremente para que le tratara. Su iniciativa le expuso a perder toda com-pensación, pues la Ley dispone esa sanción para el lesionado que no se presentare al médico del Asegurador dentro de los cinco (5) días laborables después de la ocurrencia del acci-dente. Art. 5 (11 L.P.R.A. see. 6). Esto explica por qué el Fondo no se subrogara —a pesar del apreciable costo de servicios médicos y compensación— al no considerar al médico demandado como tercero responsable del daño, den-tro del concepto del citado Art. 31.

Consecuentemente, la que tenía el obrero lesionado era una acción bajo el Art. 1802 C.C. que debió ejercitar dentro del año de conocido el daño, que le fue informado como hemos dicho en marzo de 1979 en el Hospital Industrial. Como el Fondo no tenía derecho a subrogarse y demandar, el obrero no venía obligado a esperar que transcurrieran 90 días desde que la decisión administrativa fuera firme y eje-cutoria, de lo que resulta que su demanda presentada el 20 noviembre, 1980 es tardía, y su causa de acción está pres-crita.

La intervención del médico demandado no puede con-siderarse como parte del accidente del trabajo que por defi-nición expresa en el Art. 2 (11 L.P.R.A. see. 2), lo limita a aquella lesión, incapacidad o muerte “que [provenga] de cualquier acto o función inherente [al] trabajo o empleo y que [ocurra] en el curso de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muertes derivadas de la ocu-pación ...”.

Se extiende compensación de accidente laboral al agra-vamiento de una previa condición, mas no hemos encon-trado precedente o criterio en las autoridades que atribuya condición de tercero responsable a un médico de práctica privada cuyos servicios solicita el lesionado y que por su intervención produce una agravación post-accidente.

En ausencia de legislación especial como la de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4101 y ss., se ha sostenido que un médico que agrava negligentemente la lesión producida por el accidente es tercera parte responsable sólo cuando presta servicios dentro del sistema de seguro especial para obre-ros, esto es, cuando es médico provisto por el Asegurador. 2A Larson’s Workmen’s Compensation Law, Secs. 72.60-72.65(e), págs. 14-196-14-224; 3 Schneider’s Workmen’s Compensation (Text), Secs. 841, 842(b), págs. 209, 212; Blair, Reference Guide to Workmen’s Compensation Law, Sec. 24:10, pág. 24-35. Estas mismas autoridades ofrecen un criterio en decadencia (seguido en algunas decisiones) al efecto de que el médico del sistema es un co-empleado del patrono, y por tanto, inmune a la acción de daños.

Hancock v. Halliday, 150 P.2d 137 (1944), una extensa decisión de Idaho que recoge los criterios de responsabi-lidad bajo un estatuto similar al nuestro, en la que descansa la opinión como autoridad, es adverso a la norma pro-puesta en varios aspectos esenciales: 1) Al igual que Larson, Schneider y Blair considera al médico tercera persona responsable por su mala práctica que agrava el accidente, si es médico bajo contrato con el asegurador. (El aquí recu-rrente no era tal, y sí un médico de práctica privada esco-gido por el lesionado.) 2) Rechaza la proposición de que el médico sea absuelto por no ser propiamente el tercero responsable que contempla el estatuto, pero deja la acción por negligencia enteramente en manos del perjudicado, quien deberá ejercitarla sin más restricción que la impues-ta por el Derecho civil común. (El lesionado Whitmarsh no estaba cohibido por el período de espera que nuestro esta-tuto provee para iniciar la acción subrogatoria.) 3) Hancock sostiene que si la compensación concedida al obrero incluye el daño sufrido como consecuencia de la negligencia del médico —privado o bajo contrato— el asegurador puede recuperar del médico lo pagado al obrero, no para beneficio de éste, que ya está pagado, sino para resarcirse de su ero-gación, y advierte que en tal caso el obrero ninguna acción tendría contra el médico pues conllevaría un doble pago por éste. (En el caso de autos el daño original fue insignificante, y prácticamente toda la compensación concedida por pérdida del ojo está vinculada a la negligencia del médico. Hancock considera que en tales circunstancias, el obrero que reclamó y recibió del asegurador compensación por el daño originado en mala práctica médica eligió el remedio y está impedido de gestionar doble indemnización, aun cuando estuviere dentro del término prescriptivo para accionar.) Esta conclusión de Hancock en que busca apoyo la opinión de mayoría —si bien disocia y separa correcta-mente las dos causas de daño— es particularmente opresiva para el trabajador lesionado que usualmente no tiene medio de separar o identificar los distintos conceptos de resarci-miento en la compensación que le otorga el Fondo. Es de mayor justicia acoger la demanda del lesionado, si está en tiempo y de prosperar la acción por cuantía mayor a la ya pagada por el asegurador, restituir a éste la porción determinable de compensación por negligencia médica, a cuyos fines tendría el Asegurador derecho a intervenir en la acción civil personal del compensado contra su médico. Cf. Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, 107 D.P.R. 797, 803 (1978).

La causa de acción del demandante contra su médico prescribió —cuanto más tarde— el 16 marzo, 1980 día en que se cumplió el año de enucleación por cirugía de su ojo derecho, evento que del modo más convincente hubo de llevar a su ánimo y conocimiento la realidad del daño sufrido y que él atribuye a negligencia del médico.

Procede la moción para desestimar formulada por el médico y cuya denegatoria por la sala de instancia motivó nuestra orden para mostrar causa.

La acción de daño por negligencia del médico (malpractice) en el aspecto de término para su ejercicio está regulada no por el Art. 1868(2) C.C., sino por ley especial titulada Ley de Profesionales en el Cuidado de Salud, Núm. 74 de 30 mayo, 1976 inserta en el Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4101 y ss., que en su Art. 41.090 ordena:

Términos de prescripción
(1) Los términos de prescripción contenidos en esta sección serán los únicos aplicables a las acciones de daños por culpa o negligencia (malpractice) que se inicien contra profesionales en el cuidado de salud e instituciones para el cuidado de salud.
La acción por alegados daños por culpa o negligencia (malpractice) comenzará, independientemente de lo dispuesto en otra ley, dentro de un año a partir de la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la acción, o dentro de un año desde el momento en que el daño fue descubierto o debió haber sido des-cubierto con la debida diligencia. En ningún caso se podrá iniciar la acción más tarde de dos años, desde la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la causa de acción. (Énfasis nuestro.)

El transcrito texto no deja dudas de que su norma ocupa, con exclusión de toda otra, la regulación del término prescriptive en acciones por negligencia médica.

El escaso debate que ha merecido esta cuestión entre comentaristas y tribunales norteamericanos, como hemos visto ha sido adjudicado por legislación en Puerto Rico. Pre-senta este caso dos relaciones o escenarios completamente aislados e identificados aparte: el contrato privado de servi-cios médicos entre el lesionado y el oftalmólogo recurrente; y el seguro obligatorio que cubre los accidentes laborales. El simple hecho de que el obrero, en vez de reclamar en el término de cinco días los servicios médicos del Fondo del Seguro del Estado, optara por tratarse con un médico de práctica privada, no ingresa a éste automáticamente en la órbita del seguro compulsorio, ni puede de ningún otro modo privarle de sus derechos bajo el estatuto de prescrip-ción que con claridad extrema ordena que independiente-mente de lo dispuesto en otra ley la acción de daños comenzará dentro de un año a partir de la fecha en que el daño fue descubierto o debió haber sido descubierto con la debida diligencia. 26 L.P.R.A. see. 4109(1). Esa protección del estatuto especial de prescripción de la acción por negli-gencia contra el médico no desaparece por la simple magia del contacto con un caso de accidente del trabajo, ni puede el derecho del recurrente a la seguridad y certeza que le brinda la ley especial, sucumbir y encontrarse de pronto envuelto por succión en un orden de seguro compulsorio establecido no para médicos en la práctica privada sino para empleados que se lesionan en el curso de su trabajo. Según la ponencia, el médico de práctica privada, para pre-servar su estatuto de prescripción, deberá negar sus servi-cios a un obrero que los solicita en circunstancias de emer-gencia. Un anacrónico y lastimoso regreso a la figura del intocable hindú que nadie quería tener cerca.

La insistencia de la mayoría en convertir al médico pri-vado en parte del accidente porque no rechazó a quien a él vino en busca de alivio, hay que tomarla como imponiendo al médico particular la obligación de rechazar y alejar de sí al obrero que solicita sus servicios, como único modo de pre-servar el estatuto de prescripción del médico.

La posición de la mayoría reclama apoyo, no en Larson, Schneider y Blair, citados en la opinión disidente, sino en unas decisiones de cortes locales norteamericanas que no sabemos qué estatutos interpretan ni se expresa razón para su discrepancia con las autoridades citadas. Insisto en que debemos guiarnos por nuestros propios razonamientos, por el vigor intelectual nativo, con prioridad a expresiones de oscuro origen. Reiteramos que la prescripción en los casos de negligencia médica se rije por Ley de 1976 que con len-guaje explícito desplaza la de Compensaciones a Obreros, tanto por razón de cronología como por su naturaleza de ley especial. Y con ser esta premisa tan ineluctable y final, no dudo que algún magistrado de las Rocallosas o Apalaches cuya jurisdicción tiene un ordenamiento legal distinto, diga lo contrario. Yo prefiero descansar en los recursos propios aplicados al estado de derecho conocido.

Toda vez que estamos en conocimiento de todos los hechos del caso, especialmente de que no hubo “referido” por el patrono ni por el Fondo al médico privado, y sí selec-ción de éste como su médico particular, (extremo crítico aseverado por el propio actor a la pág. 2 de su demanda; y vuelto a admitir a la pág. 7 de su escrito-contestación a orden para mostrar causa) no hay necesidad de ulterior depuración de hechos relevantes. Procede seguir el curso intimado en nuestra orden para mostrar causa, anular la resolución de instancia, y desestimar la demanda por razón de prescripción.

La acción tardía debe ser desestimada no sólo por la inercia e inactividad del demandante, sino porque la pres-cripción es parte de la protección de ley y del debido proceso que corresponde al médico demandado bajo el esta-tuto especial citado.

Con estos antecedentes y fundamentos, consistente con el criterio intimado en la orden para mostrar causa, expediría el auto y desestimaría la demanda.

       Ordena el Art. 31: “En los casos en que la lesión, enfermedad [ocupacional] o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficia-rios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren responsable a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjui-cios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción....”

       La sentencia descarta a Larson, Schneider y Blair aquí citados.

       Con igual fundamento podría sostenerse la fecha anterior de 7 marzo, 1980 como final del plazo para accionar, pues el demandante Whitmarsh admitió en deposición tener conocimiento del daño desde el 7 marzo, 1979 en que el doctor Velasco, del Hospital Industrial le dijo que la condición del ojo se debía a que no había recibido tratamiento adecuado, deficiencia que se intentó corregir —sin éxito— mediante un trasplante de córnea el 15 marzo, 1979.

       Recuérdese que la citada Ley de Responsabilidad Profesional Médico-Hos-pitalaria ordena que sus términos de prescripción serán los únicos aplicables a las acciones por negligencia contra médicos.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Delbert D. Dumont, demandante y recurrido, v. Inmobiliaria Estado, Inc., demandada y recurrente; Caribbean Properties Ltd., Inc., tercera-demandada-recurrida.

      Número: O-82-439

      Resuelto: 22 de octubre de 1982

      Héctor Saldaña Egozcue, abogado de la demandada-recurrente; Igor Domínguez, abogado del demandante-recurrido; Carlos V. J. Dávila, abogado de la tercera-demandada-recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos en el presente caso no están en controversia: La corporación Inmobiliaria Estado, Inc. —aquí demanda-da-recurrente— es la dueña de un edificio de apartamentos para alquiler ubicado en la Calle Estado, Miramar, San-turce, Puerto Rico, el cual consta de nueve (9) pisos; en los primeros ocho hay dos apartamentos por piso y en el piso nueve hay un solo apartamento donde ha residido por varios años el demandante-recurrido Delbert D. Dumont. La referida Corporación resolvió someter dicho edificio al régimen de propiedad horizontal; ordenó una tasación a una compañía que se dedica a esos menesteres, la cual tasó cada uno de los apartamentos localizados en los primeros ocho pisos en la suma de $66,000 y el único apartamento del noveno piso en la suma de $160,000. Inmobiliaria contrató a la firma de corredores de bienes raíces, la tercera deman-dada-recurrida Caribbean Properties Ltd., para que ven-diera los apartamentos por el precio de tasación con instrucciones de que ofreciera los mismos, en primer término, a los inquilinos actuales de los apartamentos.

Con fecha 18 de agosto de 1981 la Sra. Carmen Drouyn, vice-presidente de Caribbean, le envía la siguiente carta al Sr. Delbert D. Dumont:

martes 18 de agosto de 1981
Sr. Delbert Dumont Edificio Estado #656, Apt. PH Calle Estado Miramar, P. R. 00907
Re: Venta apartamentos Edificio Estado #656, Miramar, P.R.
Estimado Sr. Dumont:
Según autorización del dueño de edificio arriba mencio-nado se nos ha encomendado la venta de los apartamentos.
El motivo de esta carta es notificarle a cada uno de los inquilinos que estuvieran interesados en comprar el aparta-mento que alquilan actualmente, se comuniquen con nosotros para informarle los detalles de la venta.
El precio de venta es $66,000.00, según reciente tasación por Carlos Gaztambide y Asociados.
Para más detalles llame a nuestro teléfono 725-7365 y gus-tosamente le informaré cualquier pregunta sobre la venta de estos apartamentos. (Énfasis suplido.)
Atentamente,
CARIBBEAN PROPERTIES LIMITED
(firmado)
Carmen Drouyn Vice Presidente

Mediante carta dirigida a la señora Drouyn de fecha 27 de agosto de 1981, el señor Dumont acusa recibo de la carta de fecha 18 de agosto de 1981 y acepta “la oferta de venta” que le hiciera ésta por la suma de $66,000 en relación con el apartamento que él ocupa en el referido edificio y le informa que está procediendo a levantar “los fondos corres-pondientes” en espera de que se le indique el día y lugar en que se otorgarán los documentos pertinentes.

Mediante carta de fecha 31 de agosto de 1981, recibida por el señor Dumont en los primeros días del mes de sep-tiembre de 1981, la señora Drouyn le expresa a éste que por un “error involuntario de parte nuestra se le envió equivo-cadamente la carta correspondiente a los apartamentos y no al Penthouse” y le informa que el precio de venta del apar-tamento que el señor Dumont ocupa es de $160,000.

Así las cosas y no pudiendo llegar las partes menciona-das a un acuerdo, el Sr. Delbert D. Dumont radica una demanda sobre Sentencia Declaratoria ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra Inmobi-liaria Estado, Inc., en la cual después de hacer una sucinta relación de los hechos antes relatados, solicita, en lo perti-nente, del tribunal el que declare la existencia de un con-trato entre “las partes” y le ordene a Inmobiliaria Estado, Inc., a otorgar las correspondientes escrituras de compra-venta con la parte demandante por la suma de $66,000. Inmobiliaria Estado, Inc., en su contestación a la demanda niega el tener responsabilidad u obligación alguna hacia el demandante y trae al pleito, mediante la radicación de una demanda contra tercero, a Caribbean Properties Ltd., ale-gando que en la alternativa de que el tribunal entienda que la demanda radicada es procedente en derecho la responsa-bilidad debe recaer sobre la citada tercera-demandada.

La tercera-demandada Caribbean Properties Ltd. ra-dica, con fecha de 28 de enero de 1982, una bien fundamen-tada Moción de Desestimación y/o de Sentencia Sumaria. En la Súplica de la misma solicita del tribunal de instancia que “.. . por los fundamentos aquí expuestos, y aquellos que estime de rigor, desestime la acción instada por la parte demandante Delbert D. Dumont, imponiéndole a éste el pago de las costas, gastos y honorarios de abogados que envuelva este litigio para las otras partes; y en su consecuencia deses-time la demanda contra tercero instada por la parte deman-dada contra la aquí compareciente, Caribbean Properties Ltd.”. (Énfasis suplido.)

El tribunal de instancia (Wilfrido Roberts, J.) con fecha de 19 de febrero de 1982 emitió una orden que en lo perti-nente expresa:

De no formularse oposición a la solicitud del tercero demandado, dentro del término de cinco días, se accederá, a lo solicitado. (Énfasis suplido.)

Con fecha de 1ro de marzo de 1982 la parte demandante Delbert D. Dumont solicita del tribunal de instancia el que le conceda hasta el 15 de marzo de 1982 para radicar su oposición a la citada Moción de Desestimación y/o de Senten-cia Sumaria. La prórroga le fue concedida. Expirado dicho término sin que el demandante hubiera radicado su opo-sición, la tercera-demandada solicitó del tribunal de instan-cia que desestimara la demanda radicada por la parte demandante y en su consecuencia la demanda contra tercero.

El día 12 de abril de 1982 el tribunal de instancia dicta una sentencia parcial —notificada la misma con fecha de 14 de abril de 1982— la cual, en lo pertinente, lee como sigue:

SENTENCIA PARCIAL
No habiéndose formulado oposición alguna a la moción de desestimación del tercero demandado, se declara con lugar la citada moción y de conformidad, se dicta sentencia desesti-mando la demanda y decretando el archivo de este caso. (Énfasis suplido.)

Ese mismo día 12 de abril de 1982 la parte demandante radica, tardíamente, su oposición a la referida Moción de Desestimación. El tribunal de instancia, con fecha de 20 de abril de 1982, dicta la siguiente Orden:

Sin lugar, véase nuestra sentencia de 12 de abril de 1982, declarando sin lugar la demanda contra tercero. (Énfasis suplido.)

En palabras de la propia parte demandante, “[e]n vista de que la Sentencia dictada el 12 de abril de 1982 ... no estaba clara”, esta parte radica una Moción de Reconside-ración. El tribunal de instancia, con fecha de 27 de abril de 1982 —notificada a las partes el 29 de ese mes y año— y en relación con dicha Moción de Reconsideración, dicta la siguiente orden:

Sin lugar. El demandante pudo haber incluido como demandados en su demanda original al tercero demandado y no lo hizo; pudo haberse opuesto a la moción de desestimación del tercero demandado dentro del término reglamentario o de la prórroga que concedimos pero esperó hasta después de ser notificado de nuestra sentencia para radicar su escrito de oposición, sin méritos. Nuestra sentencia de 12 de abril de 1982 sólo tuvo la intención de desestimar la demanda contra tercero, no la demanda original. Así debe entenderse enmen-dada y corregida, nunc pro tune. (Énfasis suplido.)

Inmobiliaria Estado, Inc., con fecha de 11 de mayo de 1982, radica una Moción de Reconsideración en la cual solicita del tribunal de instancia que reconsidere su orden de fecha 27 de abril de 1982 mediante la cual enmendó nunc pro tune la sentencia del 12 de abril de 1982; el tribunal de instancia declara sin lugar la referida moción el día 4 de junio de 1982.

Con el propósito de que este Tribunal revise la Reso-lución emitida el 27 de abril de 1982 por el tribunal de instancia, Inmobiliaria Estado, Inc. radica, el 8 de julio de 1982, el presente recurso de certiorari.

Este Tribunal, mediante resolución de fecha 29 de julio de 1982, le concedió a la parte demandante Delbert D. Dumont y a la tercera-demandada Caribbean Properties Ltd., el término de veinte días para que mostraran causa por la cual no debía revocarse la orden emitida el 27 de abril de 1982 por el tribunal de instancia y no se debía dic-tar sentencia en que se desestimara la demanda original radicada por Delbert D. Dumont.

Ambas partes han comparecido. Caribbean Properties Ltd. alega que este Tribunal no tiene jurisdicción por cuanto la demandada-recurrente Inmobiliaria Estado, Inc., dejó pasar el término jurisdiccional para revisar la senten-cia dictada por el tribunal de instancia y pretende hacerla revisar ahora mediante la radicación de un recurso de cer-tiorari. La parte demandante Delbert D. Dumont igual-mente levanta el punto de falta de jurisdicción; en adición, argumenta el caso en los méritos.

Antes de entrar propiamente en la discusión sobre si tenemos o no jurisdicción para entender en el presente caso, consideramos procedente el hacer los siguientes señala-mientos: No hay la menor duda de que la Moción de Deses-timación y/o Sentencia Sumaria que radicó la tercera-de-mandada iba dirigida, principalmente, a la demanda original que radicó el demandante Dumont y, en segundo término, a la demanda contra tercero; ello surge claramente de una lectura de la argumentación contenida en la referida Moción y de la Súplica de la misma, la cual copiamos ante-riormente. La demandada Inmobiliaria Estado, Inc. no tenía por qué oponerse a la citada Moción por cuanto la misma era en beneficio de ella. La parte contra quien se dirigía la misma, el demandante Dumont, se dio por alu-dida al solicitar prórroga para oponerse a la misma y, de hecho, radicó una Oposición.

Tampoco hay duda en que el tribunal de instancia en la orden que emitió con fecha de 19 de febrero de 1982 y en la sentencia parcial que dictó se refería a la demanda que radicó la parte demandante y no a la demanda contra tercero radicada por Inmobiliaria Estado, Inc.; y es que tenía que ser así, ya que en adición a que la moción de desestimación radicada, repetimos, iba principalmente dirigida a lograr la desestimación de la demanda original, si alguna parte le es responsable al demandante lo sería, si alguna, la tercera demandada Caribbean Properties Ltd. y no la demandada Inmobiliaria Estado, Inc.

Por lo tanto, entendemos que no es correcto el argu-mento de la parte demandante a los efectos de que Inmobi-liaria Estado, Inc. se cruzó de brazos ante la primera orden y la sentencia parcial, emitidas por el tribunal de instancia.

Sí tiene razón en parte el demandante al argumentar que Inmobiliaria Estado, Inc. fue un tanto indolente al no acudir ante este Tribunal cuando el tribunal de instancia enmendó su sentencia mediante la orden de fecha 27 de abril de 1982. Al así no hacerlo, se corrió un riesgo que pudo haberle resultado fatal.

¿Tienen razón, entonces, los recurridos al alegar que no tenemos jurisdicción en el presente caso? Resolvemos que no; veamos por qué.

Es claro que la enmienda efectuada por el tribunal de instancia fue de carácter sustancial; tan sustancial es, que mediante ella reinstala una causa de acción que había desestimado y desestima una que aparentemente había dejado en vigor. No empece ello, no hay duda de que el tribunal de instancia tenía facultad para así hacerlo por cuanto la sentencia que enmendó no era final y firme en esos momentos y actuó con motivo de una moción de reconsideración radicada en tiempo por la parte demandante. Véase, además, Castro v. Rexach Racing & Sporting Corp., 60 D.P.R. 301 (1942).

Alega la parte demandante-recurrida que, realizada la enmienda por el tribunal de instancia, la parte demandada venía en la obligación, de no estar de acuerdo con ella, de revisar dicha sentencia enmendada mediante la radicación de un recurso de revisión dentro del término para ello pro-visto en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes; ello no es correcto.

Este Tribunal tiene jurisdicción para entender en el presente recurso de certiorari por cuanto la sentencia que emitió el tribunal de instancia —tanto la original como la enmendada— fue “parcial”, y debido a que al emitir la misma el tribunal de instancia no cumplió con los requisitos exigidos por la Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil según la expusimos en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982).

Resolvimos en dicho caso que la referida Regla 43.5 debe leer de la siguiente forma:

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra co-parte o demanda contra tercero o figuren en él partes múlti-ples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la tota-lidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales recla-maciones o partes hasta la resolución total del pleito, y siem-pre que ordene expresamente. que se registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53.
En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa cómo se denomine, que adjudique menos del total de las reclamaciones o los derechos y obligaciones de menos del total de las partes, no terminará el pleito con respecto a nin-guna de las reclamaciones o partes y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando todas las reclamaciones y los derechos y obliga-ciones de todas las partes. (Énfasis suplido.) Págs. 39-40.

En el citado caso de Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., supra, se radicó una demanda contra varios demandados; el tribunal de instancia desestimó la demanda contra dos de los demandados; el demandante recurrió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari; los recu-rridos alegaron que dicha determinación no era revisable por cuanto no se cumplió con los requisitos requeridos por la referida Regla 43.5.

Resolvimos precisamente que:

... En nuestra jurisdicción no existe una política judicial contra la apelación de decisiones interlocutorias. Prueba de ello la encontramos en el fecundo desarrollo jurisprudencial del recurso apelativo de certiorari clásico. Como remedio extraordinario de ámbito abarcador y sin sujeción a tecni-cismos procesales permite, en casos apropiados y meritorios, la intervención de un tribunal de superior jerarquía para con-jurar los errores procesales cometidos.
Teniendo presente la existencia de este recurso somos de opinión que la Regla US. 5 no tiene el efecto de impedir toda intervención del Tribunal Supremo con una sentencia parcial adjudicando la totalidad de una reclamación en particular en un pleito de reclamaciones múltiples o la totalidad de los derechos y obligaciones de una parte en un pleito de partes múltiples, cuando dicha sentencia no es final por no contener la certificación requerida. Sólo impide que se vea por ape-lación o revisión, mas no obsta que pueda examinarse me-diante certiorari como cualquier otra resolución interloeutoria. La referida regla no puede interpretarse de forma tal que limite la facultad que la ley otorga a este foro.
Recapitulando, la Regla 43.5 no impide el ejercicio de la facultad jurisdiccional discrecional apelativa. El efecto prác-tico de la interpretación de la regla que adoptamos en nuestra jurisdicción es permitir que el tribunal de instancia motu proprio o a petición de parte proceda, expresamente y en casos apropiados, a concluir que no existe razón para pos-poner dictar su sentencia, ordene certificar la finalidad de su dictamen parcial y con ello obligue a la parte perdidosa, si lo estima procedente, a iniciar los trámites posteriores apelati-vos contra la sentencia, so pena de que ésta advenga firme. Con ello se evita dilatar y posponer la solución del pleito. (Énfasis suplido.) Págs. 42-43.

En el día de hoy resolvemos, en virtud de las disposiciones expresas de la citada Regla 43.5, que en un caso como en el presente en donde el tribunal de instancia al desestimar, mediante la orden de fecha 27 de abril de 1982 enmendatoria de la sentencia parcial de fecha 12 de abril de 1982, la demanda contra tercero no concluyó expresamente que no existía razón para posponer el dictar sentencia sobre las partes afectadas por la sentencia y al no disponer expre-samente que se registrara la misma, dicha sentencia parcial enmendada nunca advino final y firme y, por lo tanto, puede ser objeto de un recurso de certiorari. Este recurso no tiene término fijo dentro del cual deba interponerse. Véanse: Sierra v. Pedro A. Pizá, Inc., 82 D.P.R. 303 (1961); Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., supra; y Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904 (1960).

Tomando en consideración que el tiempo transcurrido no es excesivamente largo y, por lo tanto, la parte demandada, a nuestro juicio, no ha incurrido en incuria y en vista de las circunstancias y los hechos específicos del presente caso, ejercemos nuestra discreción y resolvemos entender en el recurso radicado.

Como sabemos el demandante Delbert D. Dumont en la demanda que radicara sobre sentencia declaratoria solicita del tribunal que “declare la existencia de un contrato entre las partes” y “ordene a la parte demandada [la dueña del edificio, Inmobiliaria Estado, Inc.] a otorgar las escrituras de compraventa con la parte demandante”; en otras pala-bras su posición es a los efectos de que se llegó a perfec-cionar un contrato válido entre él e Inmobiliaria Estado, Inc. y solicita el cumplimiento específico de dicho contrato.

¿Quedó obligada con el demandante Dumont la deman-dada Inmobiliaria Estado, Inc. por la actuación errónea y/o ultra vires de la tercera-demandada Caribbean Properties Ltd.? Resolvemos que no.

La carta de fecha 18 de agosto de 1981 que le envió la señora Drouyn, vicepresidenta de la tercera-demandada Caribbean Properties Ltd., al demandante Delbert D. Dumont aparenta ser, más que una oferta de venta formal como alega que lo es la parte demandante-recurrida, una carta tipo circular de carácter informativa y preliminar, según la posición que sostiene la demandada-recurrente.

Vemos, por ejemplo, que en dicha carta se dice que el motivo de la misma es el notificarle a aquellos inquilinos que estén interesados en comprar, que se van a vender los apartamentos y se les pide a éstos que, en la eventualidad que estén interesados, se comuniquen con Caribbean Properties Ltd. para informarle los detalles de la venta. Es cierto, sin embargo, que se indica en dicha carta que el pre-cio de venta es de $66,000; pero, por otro lado, se habla de “apartamentos” y no del “apartamento”.

Nos parece que, como en tantas ocasiones sucede, en relación con ambas posiciones se pueden esgrimir buenos y válidos argumentos; ello-quizás sea la razón principal por la cual nuestra profesión de abogado sea tan interesante y atractiva.

No es necesario, sin embargo, en el presente caso el entrar en la discusión y eventual solución de dicho punto. Es de rigor señalar que el contrato celebrado entre la demandada Inmobiliaria Estado, Inc., y la tercera-demandada Caribbean Properties Ltd., es el que corrientemente se denomina como “contrato de corretaje”. Este es un contrato sui géneris que no está regulado expresamente en nuestro Código Civil. Castán en su obra Derecho Civil Español, Común y Foral expresa que:

El contrato de corretaje se ha de regir por las normas esta-blecidas por las partes (sentencia de 18 de octubre de 1956), y, en su defecto, como el Código civil no lo regula en particular, habrá que suplir el vacío legal aplicando las disposiciones generales contenidas en los títulos I y II del libro IV del mismo Código (sentencias de 10 de enero de 1922 y 28 de febrero de 1957), los usos y costumbres propios de su natura-leza, cual se previene en los arts. 1.258 y 1.287 de dicho Cuerpo legal (sentencia de 28 de febrero de 1957), y, en cuanto en cada caso puedan ser oportunas, las reglas que le sean afines de aquellos contratos típicos con los que guarda íntima relación, como el mandato, la comisión mercantil y el arren-damiento de obras y servicios (sentencias de 8 de febrero y 18 de octubre de 1956). (Énfasis suplido.)

En Torres v. Arbona, Jr., 72 D.P.R. 769, 776 (1951), este Tribunal expresó que: “El contrato de corretaje no es sino una figura jurídica, una especialidad comprendida en el mandato, por cuyas genéricas disposiciones ha de regirse.”

Siendo ello así, cobran singular importancia en la solución de este caso los Arts. 1605 y 1618 del Código Civil de Puerto Rico.

Disponen dichos artículos lo siguiente:

Art. 1605 — El mandatario no puede traspasar los límites del mandato. 31 L.P.R.A. see. 4426.
Art. 1618 — El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato.
En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obli-gado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácita-mente. 31 L.P.R.A. see. 4461.

De manera, pues, que, aun en la alternativa de que consideremos la carta enviada por la señora Drouyn al demandante Dumont como una oferta formal de venta, Inmobiliaria Estado, Inc. no quedó obligada con el referido demandante por la actuación errónea y ultra vires de Caribbean Properties Ltd., por la sencilla razón de que esta última se excedió en los límites del “mandato” y/o encomienda recibida de parte de Inmobiliaria, y ésta no queda obligada al no haber ratificado dicha actuación ni expresa ni tácitamente.

Sólo resta el considerar la responsabilidad, si alguna, de Caribbean Properties Ltd., para con el demandante Du-mont por razón de haberse excedido en el “mandato” reci-bido en virtud de las disposiciones del Art. 1616 de nuestro Código Civil. Dispone el citado artículo que:

Art. 1616 — El mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes. 31 L.P.R.A. see. 4448.

El comentarista Scaevola expresa que:

... si el mandante contesta o impugna el negocio jurídico concluido por el mandatario con el tercero, aduciendo el exceso de los límites impuestos, es justo que el mandatario, que ha tratado con engaño al tercero, sea responsable perso-nalmente respecto de él de las consecuencias de tal falta de aceptación por parte del mandante. Tal responsabilidad del mandatario se informa en el principio de la falta de garantía de la existencia del mandato y de la cualidad del mandatario, garantía impuesta coactivamente por la ley, que quiere que aquel que contrata como mandatario esté obligado a garan-tizar al tercero la efectiva existencia de los poderes que afirma se halla investido, siempre que el tercero mismo sea de buena fe. Efecto de tal garantía es el resarcimiento de los daños causados al tercero como consecuencia de la negativa del mandante a reconocer lo actuado por el mandatario. (Énfasis suplido.)

De manera, pues, que resulta necesario determinar, primero, si el demandante Dumont es un “tercero de buena fe” y, en segundo lugar, qué daños, si algunos, sufrió éste como consecuencia de la actuación ultra vires de Caribbean Properties Ltd.

Sin ánimo de prejuzgar la cuestión de la buena fe —en vista de que por las razones que expresaremos más adelante el tribunal de instancia tendrá que pasar sobre ello— nos llama la atención el hecho de que, como dijéramos ante-riormente, la carta de la señora Drouyn al demandante Dumont habla de “apartamentos” y no del “apartamento”. Nos parece lógico el argumento a los efectos de que una persona razonable ha podido percatarse de que existía la posibilidad de un error en la carta en cuanto al precio de venta mencionado, dado el caso de que el apartamento del demandante Dumont es único y muy distinto a los demás, ya que su cabida es de casi el doble de los demás aparta-mentos, ello debido a que dicho apartamento ocupa todo el noveno piso del edificio en cuestión cuando en los demás pisos hay dos apartamentos. Siendo ello así, el precio del apartamento ocupado por el señor Dumont no podía ser el mismo que el de los demás apartamentos.

Entendemos, sin embargo, que la cuestión de la buena fe y la de los daños, si algunos, sufridos por el señor Dumont con motivo de la actuación no autorizada de Caribbean Properties Ltd., deben ser dilucidados, en primera instan-cia, por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, por cuanto consideramos que al señor Dumont se le debe brindar la oportunidad de presentar la prueba que tenga respecto a ello.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dictará sentencia en que se revoque la orden y/o resolución emitida por el tribunal de instancia de fecha 27 de abril de 1982 mediante la cual enmendó nunc pro tune la sentencia parcial de fecha 12 de abril de 1982; se desestima la demanda original radicada por Delbert D. Dumont contra Inmobiliaria Estado, Inc., imponiéndole a la parte deman-dante el pago de la suma de $3,000 por concepto de honora-rios de abogado, más las costas y gastos en que haya incu-rrido la referida demandada; y se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con la presente opinión y sentencia.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibió. Concurren en el resultado sin opinión los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Negrón García.

       Inmobiliaria Estado, Inc., mediante carta de fecha 22 de septiembre de 1981 dio por terminado el contrato de arrendamiento del apartamento; la repre-sentación legal del señor Dumont, mediante carta de fecha 14 de octubre de 1981 dirigida a la señora Drouyn, exigió el otorgamiento de las correspondientes escri-turas de compraventa; y la corporación Inmobiliaria Estado, Inc., radicó demanda de desahucio contra él señor Dumont.

       El señor Dumont consignó en el tribunal un certificado de ahorro del Banco Central y Economías por la suma de $68,651.75.

       Decimos que “aparentemente había dejado en vigor” la demanda contra tercero, ya que la sentencia parcial no es clara en ese sentido: La misma, en lo pertinente, expresa: “... se dicta sentencia desestimando la demanda y decretando el archivo de este caso”. (Énfasis suplido.)

       Debemos recordar, sin embargo, que la facultad de un tribunal para enmendar nunc pro time una sentencia que ha dictado se refiere a enmiendas para corregir errores de forma. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191, 205 (1973).

       Este hecho, el cual discutiremos más adelante, debió poner sobre aviso al señor Dumont, pues es un hecho patentemente claro que su apartamento no es igual que los demás y, por lo tanto, no era lógico que se vendiera al mismo precio que los demás apartamentos.

       lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, T. IV, pág. 543.

       El resultado a que llegamos hace innecesario la discusión del “error como vicio del consentimiento”. Arts. 1217 y 1716 del Código Civil de Puerto Rico.

       Q. M. Scaevola, Código Civil, T. 26, Vol. II, 1951, págs. 358-359.

       Caribbean Properties Ltd. fue traída al pleito por Inmobiliaria Estado, Inc. para “. .. responder directamente a la parte demandante ...”. En virtud de ello y de las disposiciones de las Reglas 1 y 12.1 de las de Procedimiento Civil es proce-dente la devolución del caso al tribunal de instancia.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Ramón Navedo y Otros, peticionarios, v. Municipio de Barceloneta, recurrido.

      Número: O-82-228

      Resuelto: 25 de octubre de 1982

      Evaristo Maldonado Rodríguez y José Aulet, abogados de los peti-cionarios; Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado de la parte recu-rrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal se negó a asumir jurisdicción para entender en la apelación interpuesta por los recurrentes, quienes habían sido despedidos sumariamente por el Alcalde del Municipio de Barceloneta durante el período comprendido entre el 24 de enero de 1977 y el mes de mayo de ese año. El tribunal de instancia confirmó la actuación de la Junta por entender erróneamente que la Ley de Personal de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 y ss.) no es de aplicación a los empleados irregu-lares. Concedimos término al recurrido Municipio de Barce-loneta para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia recurrida.

En Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822 (1982), resolvimos que los empleados irregulares municipales son empleados públicos cubiertos por la Ley de Personal de 1975. Señalamos que conforme lo dispuesto en la See. 4.6(6) de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 1336(6), y la See. 9.3 del Reglamento de Personal, Áreas Esenciales al Principio de Mérito, el despido de empleados públicos por falta de fondos —que fue la razón aducida por el alcalde para el despido de los aquí recurrentes— requiere la adopción previa de un plan de cesantías que tome en cuenta la eficiencia y tiempo en el servicio público. Dicho plan deberá notificarse a los empleados y a los que sean cesanteados se les cursará comunicación a esos efectos con 30 días de antici-pación. El Reglamento de Personal dispone, además, que el incumplimiento del requisito de notificación hará la cesan-tía inefectiva.

En el presente caso no se cumplió con estos requisitos. De los autos surge que el alcalde no estableció previamente un plan de cesantías y que tampoco notificó las cesantías a los empleados afectados con 30 días de anticipación, sino que las mismas fueron efectivas inmediatamente. En consecuencia, las cesantías son nulas y procede que los empleados sean restituidos con los beneficios estatuidos en la Ley de Personal. Delbrey v. Municipio de Carolina, 111 D.P.R. 492 (1981); Pizarro v. Municipio de Carolina, supra.

La misma solución se impone en cuanto al caso del recurrente Eugenio Santiago, Encargado de Caminos Mu-nicipales, quien era empleado de carrera. Sus funciones no eran de empleado de confianza, pues no intervenía o cola-boraba sustancialmente en la formulación de política pública ni asesoraba o prestaba servicios directos al alcalde. Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40 (1980). Al igual que a los empleados irregulares su cesantía fue efectiva inmediatamente.

El recurrente Ramón Navedo, Director Municipal de Defensa Civil, podía, sin embargo, ser despedido sin formulación de cargos ni vista previa por ser un empleado de confianza, conforme la Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 23 de junio de 1976 (25 L.P.R.A. see. 171 y ss.) y la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1350; Guerra v. Srio. Servicios Sociales, 113 D.P.R. 50 (1982). No obstante, hemos establecido que si el empleado alega y prueba que su despido fue por motivos políticos le corresponde al Estado demostrar que la afiliación partidista del empleado es un requisito apropiado para el desempeño del cargo. Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).

En el caso del recurrente Navedo la Oficial Examinadora de la J.A.S.A.P. rechazó la alegación de discri-men político porque no fue sostenida por prueba “convin-cente y robusta”. Tal determinación es errónea, pues impone a los empleados despedidos un quantum de prueba más exigente del que requieren las Reglas de Evidencia para sostener una alegación. Procede, por tanto, que se devuelva el caso de este recurrente a la J.A.S.A.P. para que se le dé la oportunidad de probar que se discriminó en su contra por razones políticas y, de así demostrarlo, que resuelva el mismo conforme a la norma establecida en Ramos v. Srio. de Comercio, supra.

Se dictará sentencia en que se revoque la del Tribunal Superior y se ordene la reinstalación de los empleados recurrentes con los beneficios establecidos en la Sec. 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1397, excepto en cuanto al recurrente Ramón Navedo, cuyo caso se devolverá a la J.A.S.A.P. para la continuación de los proce-dimientos.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente en el caso del Director Municipal de Defensa Civil, empleado de con-fianza, por los fundamentos de su disenso en Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982). En cuanto a los demás empleados, concurre con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Gladys R. Cabrer y Agustín Cabrer, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.

      Número: O-81-366

      Resuelto: 25 de octubre de 1982

      Luz E. Santana Peña, abogada de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

En testamento otorgado en el estado de Connecticut, la testadora legó su anillo de compromiso a una de sus dos hijas, allí nombrada; legó gran parte de lo que produjera la venta de la propiedad en que residía, a los fiduciarios de dos fideicomisos (trusts) que constituyó en documentos separa-dos para beneficio, respectivamente, de cada una de sus dos hijas; legó otra propiedad a sus “descendientes” (to my issue), por estirpes; dispuso otros legados a favor de dos hermanas y de sus nietos; y dispuso que el remanente de sus bienes correspondería a su esposo. A su fallecimiento, la tes-tadora era dueña de una mitad indivisa en un inmueble sito en Puerto Rico, inscrito en el Registro de la Propiedad, no mencionado en el testamento. Presentada al Registro la co-rrespondiente documentación para la inscripción de la transmisión del dominio de dicha participación a favor del esposo y de una segunda adquirente, el Registrador denegó la inscripción bajo el fundamento de que el testamento es nulo por haberse preterido a las dos hijas de la testadora, sus herederas forzosas en línea recta, según nuestras leyes. No estamos de acuerdo. Examinaremos la naturaleza jurí-dica y los efectos de la autoridad calificadora del Regis-trador de la Propiedad, la aplicación del estatuto real, y finalmente el aspecto de la preterición.

h — I

Los esposos C. Wilson Chamberlin y Mary Marr Cham-berlin, de Westport, Connecticut, compraron un solar en Palmas del Mar, jurisdicción de Humacao, que fue debida-mente inscrito a nombre de ellos en el Registro de la Pro-piedad. La señora Chamberlin falleció en 1977 bajo testa-mento otorgado ante notario en Westport, Connecticut, el 9 de abril de 1975, en que dispuso de sus bienes en la forma siguiente:

(1) Legó (bequeath) a su hija Janice Gay Saxby su anillo de compromiso de diamantes;
(2) legó (bequeath) a su esposo C. Wilson Chamberlin sus bienes personales (tangible personal property), excepto dinero en efectivo o en depósito o valores (securities), si le sobrevivía, estableciendo determinadas disposiciones para el caso de que no le sobreviviese;
(3) dijo ser dueña de una propiedad inmueble en Westport, Connecticut, en que tenía establecida su residencia, y dispuso que su esposo podría seguirla ocupando por dos años y por el tiempo adicional necesario para venderla, en cuyo caso el producido de la venta debía distribuirse así: cinco por ciento para su hermana Doris Preble McSorley, si le sobrevivía, y en su defecto a su hermana Louise Hampton Marr si le sobre-vivía; nueve por ciento a su referida hermana Louise y, en defecto de que ésta no le sobreviviese, a su otra mencionada hermana Doris, si le sobrevivía; cuarentitrés por ciento a los fiduciarios (trustees) de un fideicomiso (trust) que convino en la misma fecha del testamento, 9 de abril de 1975, para bene-ficio de su hija mencionada Janice Gay Saxby; treintiocho por ciento para los mismos fiduciarios de otro fideicomiso conve-nido también en la misma fecha del anterior para beneficio de otra hija suya, Marylin Bell; y el restante cinco por ciento para los descendientes (the issue of) de su mencionada hija Marylin que estuvieren vivos, por estirpes;
(4) legó (devise) a sus hermanas Louise y Doris, por partes iguales, todo derecho o interés en una propiedad inmueble radicada en Great Cranberry Island, estado de Maine;
(5) legó (devise and bequeath) a los descendientes que la sobrevivieran (to my issue who survive me), por estirpes, todo derecho o interés en una residencia de veraneo llamada Luck Grove en el pueblo de Bridgton, condado de Cumberland, estado de Maine, y el mobiliario de la misma, “excepto el bote que allí se guarda y sus accesorios”;
(6) legó (devise and bequeath) todo el remanente de sus bienes, de la naturaleza que fueren y dondequiera que se ha-llaren (of whatever nature and wheresoever situated) a su mencionado esposo C. Wilson Chamberlin, si le sobrevivía y, en defecto de ello, a distribuirse en las mismas proporciones y a favor de las mismas personas y fideicomisos a que se hace referencia en el apartado (3) que antecede.

Como puede notarse, el inmueble radicado en Palmas del Mar no fue mencionado por la testadora y debe conside-rarse incluido en el apartado (6) como parte del “remanente de sus bienes”, que legó a su esposo. Éste convino vender dicho inmueble a la aquí recurrente, Sra. Gladys R. Cabrer, pero falleció el 28 de diciembre de 1978, también bajo tes-tamento otorgado en Westport, Connecticut, antes de poderse otorgar la correspondiente escritura de compra-venta. Así las cosas, la Sra. Louise Hampton Marr, en su carácter de albacea o representante legal de la sucesión de C. Wilson Chamberlin, otorgó poder especial en el estado de Maine, a favor del Sr. Julio C. Rivera, de Humacao, para que a su nombre y en su referida capacidad otorgase la escritura de compraventa de la finca de Palmas del Mar a favor de la señora Cabrer. Se otorgó dicha escritura el 27 de marzo de 1981.

Los testamentos de los esposos Chamberlin y la mencio-nada escritura de compraventa fueron presentados al Registro de la Propiedad para su inscripción. Dichos docu-mentos fueron debidamente acompañados de los comple-mentarios correspondientes. No hay controversia en cuanto al otorgamiento de los testamentos y su guarda y autenti-cidad, el fallecimiento de los testadores, la autoridad de la poderdante Louise Hampton Marr para vender, y la liqui-dación del aspecto contributivo.

La controversia se centra en la negativa del Registrador a aceptar como válido el testamento de la señora Chamber-lin. Aduce el Registrador que surge del propio testamento que la testadora tenía dos hijas, Janice Gay Saxby y Marylin Bell, que fueron preteridas. La recurrente argu-menta en contrario que no hay preterición, pues se men-ciona en el testamento el legado que la testadora hizo —apartado (3), parte I, ante— a favor de fideicomisos constituidos en la misma fecha del testamento para benefi-cio de sus mencionadas hijas. Dice además la recurrente que el Registrador carece de autoridad para declarar nulo un testamento. Veamos estas cuestiones por separado.

I — I h — <

Consideramos en primer lugar la naturaleza jurídica y el efecto de la función calificadora del Registrador de la Propiedad. Sobre el particular señalamos en Muller Vergara v. Registrador, 101 D.P.R. 587, 595 (1973), citando de Roca Sastre, que nuestro sistema registral inmobiliario excluye “ ‘toda idea de que el Registrador es un Juez ...,’ ni tiene por objeto ‘[djeclarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso....’ La calificación registral está limitada a los solos efectos de extender, suspender o negar la inscripción o anotación, nota marginal o cancelación solicitada”. Véase Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, 509 (1943), citado y seguido en Muller Vergara, supra. Dicha doctrina se basó en el Art. 18 de la entonces vigente Ley Hipotecaria y en el Art. 78 de su Reglamento.

La Ley Hipotecaria de 1979, vigente al presentarse para inscripción los documentos objeto del presente recurso, derogó a la anterior Ley (de 1893) y su Reglamento, y dio nueva redacción a los citados Arts. 18 y 78 en sus equiva-lentes bajo la nueva Ley, que son sus Arts. 64 y 67. El Art. 64 (30 L.P.R.A. see. 2267) dispone en su primer párrafo, aquí pertinente, como sigue:

Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad la legalidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. Los Registradores fundamentarán su calificación de los actos y contratos a registrarse en los docu-mentos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes. (Énfasis suplido.)

Esta redacción sigue en líneas generales la del Art. 18 de la Ley Hipotecaria española, adoptada por Decreto de 8 de febrero de 1946, que dice así:

Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositi-vos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. (Énfasis suplido.)

Sin que invada el campo del Tribunal, al que corresponde dirimir controversias y adjudicar derechos, el Registrador ha de comprobar si el caso jurídico en sí, o sea el contenido de la escritura pública, es válido o nulo, tanto como tal como en sus condiciones. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T.II, págs. 254-255. Esta facultad calificadora del Registrador es la que nutre el principio de legalidad, base de la legitimación en que descansa el sistema.

El Art. 67 de la Ley, 30 L.P.R.A. see. 2270, dispone:

La calificación hecha por el Registrador de los documentos presentados será a los únicos efectos de extender o denegar la inscripción, anotación, nota o cancelación solicitada, y no impedirá ni prejuzgará el juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la validez de los documentos calificados, debiendo atenerse el Registrador a lo que en aquél se resuelva.

Este artículo corresponde, aunque no en idéntica redac-ción, pero sí en igual substancia, al Art. 100 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria española de 1946, que dice así en parte:

La calificación de los documentos presentados en el Regis-tro se entenderá limitada a los efectos de extender, suspender o negar la inscripción, anotación, nota marginal o cancelación solicitada; y no impedirá el procedimiento que pueda seguirse ante los Tribunales sobre la validez o nulidad del título, o sobre la competencia del Juez o Tribunal, ni prejuzgará los resultados del mismo procedimiento.

La incorporación en la Ley Hipotecaria española de 1946 y en la nuestra de 1979 de la facultad del Registrador para calificar la validez de los actos dispositivos comprendidos en las escrituras no ha producido, en efecto, cambio alguno. Lo que se ha hecho es recoger en los nuevos textos lo que la jurisprudencia y la doctrina habían reconocido. Véase Váz-quez Bote, Elementos de Derecho hipotecario puertorriqueño, Ed. Lex, 1973, pág. 304 y ss., y en particular la nota 6 en la pág. 306, en que se refiere al Art. 159 del Proyecto de Código Hipotecario que estaba siendo considerado en 1973, muy similar en su redacción al Art. 18 de la vigente Ley española y al Art. 64 de la nuestra de 1979, donde dice: “Como puede comprobarse, el precepto ha recogido como principios de su contenido toda la doctrina jurisprudencial existente al efecto sobre los distintos problemas que la regu-lación actualmente vigente ha venido planteando.”

En resumen, la nueva Ley Hipotecaria no ha convertido al Registrador en un juez cuyos decretos sean determi-nantes erga omnes de la validez de los actos o contratos con-tenidos en los documentos sometidos a su calificación. Esa autoridad queda reservada a los tribunales de justicia mediante juicios plenarios en que oyen testigos y reciben pruebas aportadas por partes en contienda. La función del Registrador tiene, como señala Roca Sastre, Derecho Hipo-tecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, pág. 284, la naturaleza propia de los llamados actos de jurisdic-ción voluntaria. Indica también, pág. 265: “No tiene la cali-ficación registral por objeto declarar la existencia o inexis-tencia de un derecho dudoso o controvertido entre partes contendientes, sino simplemente publicar, mediante su inscripción, un derecho real o situación jurídica inmobilia-ria.” (Énfasis en el original.)

La importancia de que tanto en nuestra Ley de 1979 como en la española de 1946 se haya reconocido expresa-mente la autoridad del Registrador para calificar la validez de los actos o contratos contenidos en los documentos que se le presenten radica, como apunta Roca Sastre, op. cih, pág. 266, en que entre los efectos de la inscripción está “integrar el contenido de los Registros de la propiedad, con los efectos derivados del principio de legitimación y, sobre todo, los del principio de fe pública registral, para comprobar la tras-cendencia que ofrece el hecho de que un título pueda o no inscribirse según sea la decisión calificadora del Registra-dor de la propiedad, confirmada por las resoluciones que recaigan en los recursos interpuestos contra la misma. Cuanto más enérgicos sean los efectos que un sistema inmo-biliario registral atribuya a la inscripción, tanto más será importante la función calificadora del Registrador”. Señala, además, Roca Sastre:

Aparte de este punto de vista procede observar que la fun-ción calificadora del Registrador constituye uno de los dispo-sitivos básicos dirigidos a dar efectividad al principio de lega-lidad, que, dado el amplio alcance que en nuestro sistema registral adopta, es expresión exacta de la importante tras-cendencia que reviste la función calificadora del Registrador en nuestro sistema inmobiliario registral. Op. cit., pág. 266.

Examinemos lo relativo a la validez del testamento de la Sra. Mary Marr Chamberlin.

A.

No está en discusión en este caso si en, el otorgamiento del testamento se observaron las formalidades y solemnidades requeridas por ley en el estado de Connecticut, donde se otorgó. De conformidad con el Art. 11 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 11, “[l]as formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen”. Cabe tener presente, no obstante, que para que se inscriba en Puerto Rico un testamento otorgado fuera de esta jurisdicción, compete a la parte interesada en ello acreditar que se cumplieron en su otorgamiento las formas y solemnidades requeridas por las leyes del lugar de su otorgamiento. Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914, 921 (1967); Esteves, Comisionado v. Registrador, 43 D.P.R. 7 (1932); Rojas, Randall & Co. v. El Registrador, 27 D.P.R. 21 (1919). No hacerlo constituye un defecto subsanable según se resol-vió en este último caso.

El Art. 10 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 10, dis-pone, por otra parte, como sigue:

Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos.

De conformidad con este precepto, es harto conocido el principio de que la transmisión de bienes inmuebles sitos en Puerto Rico se rige por nuestras leyes. Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704, 714 (1970); Martínez v. V. de Martínez, 88 D.P.R. 443, 455 (1963); Lókpez v. Sotelo, 70 D.P.R. 501 (1949); Rojas, Randall & Co. v. El Registrador, supra; Bracons v. Registrador de San Juan, 24 D.P.R. 753 (1917); Colón et al. v. El Registrador, 22 D.P.R. 369 (1915); Amadeo v. El Registrador, 3 D.P.R. 141 (1903).

Es de notarse que en su redacción original el Art. 10 de nuestro Código Civil seguía en su totalidad la redacción del artículo del mismo número del Código Civil español, que disponía:

Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos.
Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testamentarias, así respecto al orden de suceder como a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de sus disposi-ciones, se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren.
Los vizcaínos, aunque residan en las villas, seguirán some-tidos, en cuanto a los bienes que posean en la tierra llana, a la ley 15, tít. 20 del Fuero de Vizcaya.

Al hacerse la revisión del 1902, se eliminaron de este artículo sus dos últimos párrafos, quedando su redacción limitada al primer párrafo, que es como está vigente desde entonces. De esta suerte, la excepción que se hacía en mate-ria de las sucesiones legítimas y testamentarias en cuanto a la aplicación del estatuto real quedaron eliminadas. Según se expresó en Bracons v. Registrador de San Juan, supra, pág. 757, la Comisión Codificadora que preparó el proyecto del Código Civil revisado dio la siguiente razón para el cambio:

“La reforma más importante hecha al Título Preliminar del Código ha sido la relativa a restringir la doctrina de los estatutos personal y real, tomando en cuenta y aplicando el principio general del derecho civil americano de que los dere-chos respecto de los bienes inmuebles han de regularse total-mente, así en cuanto a la contratación como en cuanto a los derechos hereditarios, por la ley del país en que están sitos.”

Para resumir, y en lo que toca específicamente a un testamento otorgado fuera de Puerto Rico en que opere la transmisión de bienes inmuebles sitos aquí, será válido en cuanto en su otorgamiento se observen las formas y solemnidades requeridas por las leyes del lugar de su otorgamiento, pero no será válido en cuanto sus disposiciones estén en conflicto con disposiciones substantivas de nuestras leyes. Veánse Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R. 404 (1962); y Quiñones v. Escalera Irizarry, 99 D.P.R. 962, 966 (1971).

B.

La nota denegatoria del Registrador, de que aquí se recurre, señaló que el testamento de la señora Chamberlin es nulo por haberse preterido a sus hijas Janice y Marylin, quienes conforme a nuestras leyes son herederas forzosas de la testadora en línea recta. Cabe señalar, antes de considerar esta cuestión, que no es correcto afirmar que la preterición de un heredero forzoso produce la nulidad del testamento. El efecto de la preterición de un heredero forzoso en línea recta es la nulidad de la institución de heredero, que no debe ser confundida con la nulidad del testamento, según señalamos en Díaz Lamoutte v. Luciano, 85 D.P.R. 834, 857-858 (1962). Véase al mismo efecto, Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, 106 D.P.R. 471, 478 (1977). Así se desprende del Art. 742 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2368, que dispone:

La preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento o sea que nazcan después de muerto el testador, anulará la insti-tución del heredero; pero valdrán las mandas y mejoras cuando no sean inoficiosas.
La preterición del viudo o viuda no anula la institución; pero el preterido conservará los derechos que le concede este título.
Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador, la institución surtirá efecto.

Si Janice y Marylin fueron preteridas, sería nula la institución de herederos recaída en beneficio del viudo de la testadora y, por tanto, no inscribible a su favor la participación que a ella correspondía en la propiedad sita en Palmas del Mar. Art. 46, Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2209) en su apartado primero. Como vere-mos, no fueron preteridas.

La preterición consiste —según señalamos en Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, supra, pág. 476, citando de Manresa, Comentarios al Código Civil español— en omitir al heredero en el testamento. O no se le nombra siquiera, o aun nombrán-dole como padre, hijo, etc., no se le instituye heredero ni se le deshereda expresamente, ni se le asigna parte alguna de los bienes, resultando privado de un modo tácito de su derecho a legítima.

J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. II, al comentar sobre el concepto de la preterición en el Art. 814 del Código Civil español, equivalente al Art. 742 nuestro, antes transcrito, señala, pág. 654, entre los requisitos para que exista preterición en su sentido legal o técnico, “[q]ue la omisión sea completa o total, pues la institución en cantidad insuficiente sólo da derecho a pedir el complemento de legítima conforme al artículo 815 [743 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2369]”. Si en el testamento se menciona al legitimario, al que se le reconoce su condición familiar y se le deja algo, “[n]o cabe sombra de duda de que no hay preterición”. Castán, op. cih, pág. 655, citando a Vallet de Goytisolo. Véase, al mismo efecto, Sosa v. Sosa, 66 D.P.R. 606, 618 (1946).

La recurrente limita su argumentación de que las hijas de la testadora no fueron preteridas al hecho de que se. las menciona como beneficiarías en los dos fideicomisos a que se hace referencia en el testamento. No tenemos que resolver específicamente este punto, es decir, si la mención de ellas como beneficiarías de los fideicomisos existentes equivale a su no preterición. Valga señalar, sin embargo, que si bien en un fideicomiso el título de propiedad de los bienes fideicomitidos queda investido en el fiduciario, “la ‘propiedad en equidad’ descansa en los beneficiarios”. Álvarez v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 16, 20 (1957).

Han pasado por alto, tanto la recurrente como el Regis-trador, que aparte del fideicomiso hay disposiciones en el testamento equivalentes, cuando menos, a legados a favor de las hijas de la testadora. Específicamente se lega a Janice el “anillo de compromiso de diamantes”. No es necesario embarcarnos en disquisiciones sobre el posible valor de la alhaja, pero “algo” debe valer desde el punto de vista material. Y si a un heredero forzoso se le deja “algo”, “[n]o cabe sombra de duda de que no hay preterición”. Castán, y Vallet de Goytisolo, supra.

Esto en cuanto a Janice. En cuanto a ambas hijas, Janice y Marylin, no puede ignorarse el apartado quinto del testa-mento, que copiado a la letra en su texto en inglés, dice:

I give, devise and bequeath to my issue who survive me, per stirpes, all my interest in a summer residence at Luck Grove, so-called, in the Town of Bridgton, County of Cumberland and State of Maine, together with my interest in all the furniture, furnishings and other tangible personal property belonging thereto (excepting the boat kept there, and its accessories).

La frase clave es “to my issue who survive me, per stirpes”. La palabra issue puede significar que incluye a todos los descendientes, o que se limita a los hijos. Véase Black’s Law Dictionary, 5ta ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1979, pág. 746. Pero, al añadir “per stirpes”, es inequívoca la intención de la testadora de hacer el legado a sus dos hijas, quedando reservado el derecho de representación de los nietos si alguna hija o ambas le pre-murieran. Véase G. Velázquez, Teoría del Derecho sucesorio puertorriqueño, 2da ed., Ed. Equity, Sec. 15, págs. 16-17; y el Art. 889 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2623. El término “per stirpes” tiene en el idioma inglés y en el Dere-cho anglosajón el mismo significado que en nuestro Dere-cho. Véase Black’s Law Dictionary, ya citado, pág. 1269.

h-H <1

Ordena el Art. 1009 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2875, que cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por última voluntad, la partición de sus bienes, se pasará por ella en cuanto no perjudique la legítima de los herederos forzosos. Dispone el Art. 1021 del mismo Código, 31 L.P.R.A. see. 2901, que la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados; y el Art. 1028 (31 L.P.R.A. see. 2913), que la partición hecha por el difunto no puede ser impugnada por causa de lesión, sino en el caso que perjudique la legítima de los herederos forzosos; y finalmente declara el Art. 743 (31 L.P.R.A. see. 2369), que el heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma. La testadora Mary Marr Chamberlin hizo una distribución o partición testamentaria que en su aplicación al inmueble radicado en Puerto Rico creó un estado de derecho nacido de su voluntad, que subsiste mientras no se lleve a los tribunales, directamente y en debida forma, la cuestión de haberse lesionado la legítima, por lo que los Registradores no pueden rechazar la titulación bajo el pretexto de posibles extralimi-taciones en la partición. J. Morell y Terry, Legislación Hipotecaria, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1927, T. 2, pág. 523. Aquí tenemos resuelto que no es de la competencia del Registrador denegar la inscripción fundado en la anulabi-lidad de la partición, pues ésta es determinación que co-rresponde a “una corte de justicia a instancia de parte inte-resada”. Rodríguez Hnos. v. El Reg. de San Juan, 29 D.P.R. 1064, 1065 (1921). Cf. Castán Tobeñas, op. cit., T. VI, Vol. II, pág. 307; y T. VI, Vol. I, pág. 271.

Por los fundamentos expresados, se revocará la califi-cación recurrida, y se ordenará la inscripción.

       El Art. 18 de la Ley, 30 L.P.R.A. see. 43, disponía en su primer párrafo, que es lo aquí pertinente, lo siguiente:
      “Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.”
      El Art. 78 del Reglamento, 30 L.P.R.A. see. 936, decía así:
      “La calificación que hagan los registradores, o en su caso el presidente de la audiencia, de la legalidad de las escrituras presentadas, de la capacidad de los otorgantes o de la competencia de los jueces o tribunales que ordenen las cancela-ciones, según lo prevenido en las sees. 43, 174 y 175 de este título, se entenderá limitada para el efecto de negar, suspender o admitir la inscripción, y no impedirá ni prejuzgará el juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la nulidad de la misma escritura, o la competencia del mismo juez o tribunal, a menos que llegue a dictarse sentencia de casación.
      “Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, resultare que fue mal califi-cada la escritura, la capacidad de los otorgantes o la competencia del juez o tribunal, el registrador hará la inscripción o cancelará la que hubiere hecho, según el caso, tomando el nuevo asiento la fecha del de presentación del título que hubiere dado lugar al incidente.”

       El Art. 46 de la Ley Hipotecaria vigente (1979), 30 L.P.R.A. see. 2209, se aparta de la redacción de su equivalente de la legislación anterior (Art. 52 del anterior Reglamento Hipotecario de 1893 (30 L.P.R.A. sec. 882)) y recoge las dis-posiciones de los Arts. 10 y 11 del Código Civil al disponer:
      “Los documentos otorgados fuera de Puerto Rico podrán ser inscritos si reúnen los requisitos siguientes:
      “Primero: Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes de Puerto Rico.
      “Tercero: Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y solemni-dades del territorio o país donde se han verificado los actos o contratos, o las de Puerto Rico.
      “Quinto: Que dicho documento haya sido protocolizado por un notario en Puerto Rico si para su eficacia no requiere trámite judicial.

       Aparece transcrito en el escolio núm. 2, ante.

       Dice, al referirse a la acepción de dicha palabra en relación con testamen-tarías:

        “But, when used in wills, it is, of course, subject to the rule of construction that the intention of the testator, as ascertained from the language used by him; and hence issue may, in such a connection, be restricted to children, or to descendants living at the death of the testator, where such an intention clearly appears.

        “The term ‘issue’ and ‘descendants’ have been held to be co-extensive and interchangeable. In re Radt’s Will, 6 Misc.2d 716, 167 N.Y.S.2d 817, 818.”

       Dispone:
      “Siempre que se herede por representación, la división de la herencia se hará por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su representado si viviera.”

       Notamos que la testadora afectó extensamente la legítima de sus hijas imponiéndoles un fideicomiso. En Puerto Rico tal fideicomiso es nulo, según resuelto en Clavell Rodríguez v. Registrador, 95 D.P.R. 348 (1967).

      “E1 art. 1.056 [1009 del Código Civil nuestro] y menos el 1.075 [1028 de nuestro Código Civil], no exigen una demostración a priori de que la partición no perjudica a los herederos legitimarios, sino que ordenan se pase por ella, reser-vando las acciones de impugnación a los lesionados (resolución de 16 de noviembre de 1922).” (Énfasis suplido.) J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1960, T. VI, Vol. I, pág. 271, esc. 1.
      “Claro está que en la partición el testador no puede perjudicar las legítimas, pero a los efectos regístrales, de acuerdo con la doctrina de la resolución de 16 de noviembre de 1922, no cabe exigir una demostración a priori de que no existe este perjuicio legitimario, habida cuenta además de que dicho art. 1.056 del Código Civil ordena que se pase por la partición hecha por el testador, siempre con la reserva de las acciones de impugnación derivadas de la posible lesión legitimaria.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Ed. Bosch, 1979, T. III, pág. 743.