author: El Juez Pbesidente Señor Trías Monge

text:
    Catalino Ferrer, etc., demandantes y recurrentes, v. Edgardo Lebrón García, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-74-312

      Resuelto: 25 de marzo de 1975

      A. J. Amadeo Murga, abogado de los recurrentes; Alfonso Miranda Cárdenas, Angel R. de Corral y Guillermo Silva Janer, abogados de los recurridos.
   El Juez Pbesidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Envuelve este caso la interpretación del límite aplicable de una póliza de seguro contra accidentes de automóvil. La codemandada recurrida se obligó con el codemandado recu-rrido, en la versión original de la póliza:

“To ipay on behalf of the insured all sums "which the insured shall become legally obligated to pay as damages because of: bodily injury, sickness or disease, including death therefrom, hereinafter called ‘bodily injury’, sustained by any person. . . .” (sec. 1)

El límite de la responsabilidad se fijó en $25,000.00 por persona, hasta un máximo de $50,000.00 por accidente o evento {occurrence). Sobre este particular dispuso la póliza:

“The limit of bodily injury liability stated in the declarations as applicable to ‘each person’ is the limit of the company’s liability for all damages, including damages for care and loss of services, arising out of bodily injury sustained by one person as the result of any one occurrence; the limit of such liability stated in the declarations as applicable to ‘each occurrence’ is, subject to the above provision respecting each person, the total limit of the company’s liability for all such damages arising out of bodily injury sustained by two or more persons as the result of any one occurrence....” (sec. 7)

La demanda en este pleito se instó por el esposo e hijos de la señora J. C. de Ferrer, quien falleció instantáneamente al ser arrollada por el automóvil del asegurado recurrido mien-tras intentaba cruzar una carretera. Su esposo y dos de sus hijos estaban en las inmediaciones del lugar al ocurrir el acci-dente : Los tres experimentaron, según determinación del tribunal de instancia; “angustias físicas y mentales.” A una hija, de treinta y un años de edad, se le llevó al hospital y se le proporcionaron calmantes. Se privó a todos los demandantes de la compañía y el cariño del familiar perdido. Ninguna persona, fuera de la difunta, sufrió lesiones corporales direc-tas.

Determinada la negligencia del conductor recurrido por el tribunal de instancia, se dictó sentencia a favor de los deman-dantes por la suma de $100,000. A la compañía aseguradora se le halló responsable hasta el límite de $25,000.00, más las costas, intereses y honorarios de abogado. Se ha recurrido ante nos en súplica de que se modifique la sentencia para que la compañía aseguradora recurrida responda por la suma máxima de $50,000. El problema de interpretación planteado es novel en esta jurisdicción.

Las cláusulas que motivan esta controversia son represen-tativas de las pólizas de esta naturaleza que usualmente se expiden, con algunas variantes, en Estados Unidos. Véase el espécimen copiado en Keeton, Insurance Law, West Publishing Co., 1971, pág. 653 y ss. Si acaso, es más explícito el modelo utilizado en Puerto Rico, en cuanto aclara mediante la enumeración no taxativa de ejemplos, la frase “todos los daños” que en él se utiliza, expresando que “El límite para responsabilidad corporal aplicable a ‘cada persona’ constituye el límite de responsabilidad de la compañía por todos los daños, inclusive aquéllos incurridos por cuido y pérdida de servicios, resultantes del daño corporal sufrido por una persona como consecuencia de un accidente. . . .” (Bastardillas y traducción nuestras.)

Bajo el lenguaje empleado se hace aún más nítida una distinción central, reconocida generalmente, para la recta interpretación de la póliza que nos concierne: la diferencia entre los daños directos y los daños indirectos o resultantes. Si un automóvil arrolla a una persona, es de esperar que ello le cause grave angustia mental a sus familiares, gastos por su cuido, de no fallecer de inmediato, y daños por pérdida de servicios. Estos son daños indirectos; fluyen de la lesión corporal primaria que se le inflige a una sola persona. Para justificar la utilización del límite de $50,000.00 por cada acci-dente o evento es necesario que más de una persona. sufra daños corporales directos; no basta con la prueba de daños resultantes. Los contratos de seguro, por ser de adhesión, se interpretan liberalmente a favor del asegurado, Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759, 765 (1968), pero si el lenguaje es claro no pueden violentarse obligaciones contraídas al amparo de la ley. Rivera v. Insurance Co. of P.R., 1.03 D.P.R. 91 (1974).

El grueso de las autoridades respalda la distinción seña-lada y el análisis consiguiente de la cláusula aquí envuelta. 15 Couch, On Insurance 2d, sec. 56:44; 8 Appleman, Insurance Law and Practice, sec. 4893; 8 Blashfield, Automobile Law and Practice, sec. 345.2, págs. 458-459; New Amsterdam Casualty Co. v. Hart, 16 So.2d 118 (Fla. 1943); Clark v. Hartford Accident and Indemnity Co., 457 S.W.2d 35 (Term. 1970); Smith v. State Farm Mutual Auto Ins. Co., 477 S.W. 2d 186 (Ark. 1972).

En Puerto Rico hemos establecido hace años la recobrabilidad de daños mentales, Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 617 (1964), derecho todavía emergente en muchos estados de Estados Unidos. Comment, Negligently Inflicted Mental Distress: The Case for an Independent Tort, 59 Geo. L. Rev. 1237 (1971). Los daños mentales son daños resultantes o indirectos. Su efecto no es alterar el límite simple de la póliza y requerir el uso del límite máximo, al menos en sitúa-Clones como la presente. Commercial Union Insurance Co. v. Gonzalez Rivera, 358 F.2d 480 (1st Cir. I960). No nos pronunciamos, ya que el asunto no se plantea en el contexto de hechos que provocó la actual controversia, sobre si puede llegarse a un resultado distinto cuando los daños mentales son de tal gravedad que causen lesiones corporales constitutivas de daño directo o primario. Véase: Employers Casualty Insurance Co. v. Foust, 105 Cal. Rptr. 505 (1972).

Respecto a la concesión de intereses y costas en exceso del límite simple de la póliza, el poder de los tribunales para concederlos está establecido. 8 Appleman, op. cit. 328. Igual regla es aplicable a los honorarios de abogado que se le impusieron a la compañía aseguradora, asunto que ésta no cuestiona.

Se confirmará en consecuencia la sentencia dictada por el tribunal de instancia.

El Juez Asociado, Señor Angel M. Martín, concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado, Señor Carlos J. Iri-zarry Yunqué, disiente con opinión.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 1975

Con todo respeto disiento. A mi juicio tres factores mili-tan contra la interpretación que se da a la cláusula de la póliza que aquí nos ocupa. Son ellos, primero, la norma de hermenéutica respecto de los contratos de adhesión; segundo, el estado de nuestro Derecho en materia de la responsabilidad que nace de culpa y negligencia, y tercero, las actuales co-rrientes en las jurisdicciones estatales norteamericanas, que es donde se origina el tipo de contrato que es objeto de este caso.

I

La póliza de seguro de automóviles que aquí nos concierne es un típico contrato de adhesión. Sus cláusulas no revelan acuerdos entre las partes contratantes logrados en virtud de negociaciones y concesiones mutuas. Es un contrato impreso, en este caso en el idioma inglés, en virtud del cual la compañía aseguradora se obliga a responder por el asegurado, hasta los límites que allí se mencionan, por daños y perjuicios resul-tantes de la operación de un determinado automóvil. El ase-gurado paga la prima que la compañía fija en el contrato y asume que está protegido, hasta los máximos de cubierta especificados en la póliza. Los términos del contrato en ocasiones resultan ininteligibles para el asegurado, dificultad de que muchas veces ni los abogados están exentos. Por todo ello hemos dicho en reiteradas ocasiones que estos contratos se in-terpretan liberalmente para el asegurado y restrictivamente para el asegurador. Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91 (1974); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co., 95 D.P.R. 759, 765 (1968); Pérez Escobar v. Collado, 90 D.P.R. 806 (1964); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963).

Por supuesto, cuando las cláusulas de un contrato son claras no es necesario recurrir a reglas de hermenéutica para su interpretación. Se interpreta lo que es íalto de claridad. ¿Son claras, y exentas de ambigüedad las disposiciones que aquí nos ocupan? Para mí no lo son. De hecho, hay disparidad en la interpretación de cláusulas similares por los Tribunales del Continente, que es donde se redactan y de donde provienen estos contratos, como veremos más adelante.

—II—

En lo que respecta al Derecho civil, Puerto Rico no es una jurisdicción de la llamada common law. No lo es tampoco en el campo de la responsabilidad que nace de culpa o negligencia, no obstante que en muchas ocasiones hemos aplicado aquí doctrinas importadas de aquel sistema, como la contributory negligence, el last clear chance, el attractive nuisance, y las reglas del trespasser, del licensee y del invitee, para mencionar algunas. El Derecho patrio en esta materia nos viene de España y tiene su fuente principal en el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, que proviene del 1902 del Código Civil español.

En la common law no se concebía que fueran compensables los daños morales cuando éstos no provenían de un daño físico. Es la vieja teoría del “impacto” físico, que rechazamos expre-samente hace 30 años en Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718 (1945), en una iluminadora opinión suscrita por aquel gran jurista, Don Angel R. de Jesús. Hasta entonces, y siguiendo una larga lista de casos que se inició en 1909 con Zalduondo v. Sánchez, 15 D.P.R. 231, se habían concedido daños morales únicamente cuando conjuntamente se reclamaba por daños físicos. Rivera v. Rossi, al señalar que el Art. 1802 es la “fuente de la acción de daños y perjuicios por culpa o negli-gencia en esta jurisdicción,” resolvió que como el 1802 no dis-tingue entre daños físicos y morales, no cabe reconocer limita-ciones al derecho a recobrar los segundos por ausencia de los primeros. Esa es la doctrina vigente en Puerto Rico. Véanse Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488 (1965); Infante v. Leith, 85 D.P.R. 26 (1962); Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370 (1951).

El Derecho vernáculo nuestro ha consagrado también el principio de que todo el que sufre algún daño con motivo de la muerte de una persona a causa de la culpa o negligencia de un tercero tiene derecho a que el causante del daño le compense por ello, no importa la ausencia de parentesco entre el que sufre el daño y la persona fallecida. Cirino v. Fuentes Fluvia-les, 91 D.P.R. 608 (1964).

Siendo ese el estado de nuestro Derecho no puedo estar conforme con que se limite la cubierta de una póliza de seguro para negarle protección a un asegurado que al asegurarse tenía derecho a presumir que la protección que pagaba cubri-ría la responsabilidad que le es exigible bajo ese estado de Derecho. Ese estado de nuestro Derecho me impide conceder que cuando la póliza que aquí nos ocupa dice en su sección primera que la aseguradora se obliga a pagar “todas las sumas que el asegurado venga obligado a pagar” (all sums which the insured shall become legally obligated to pay) como consecuencia de daños corporales “sufridos por cualquier persona” (because of bodily injury... sustained by any person), deba entenderse que la compañía no responde de “todas las sumas” y sí de algunas, y que no responde por daños sufridos por “cualquier persona” y sí de los causados a una sola persona.

—III-

Los daños por los que se reclama en este caso son los sufri-dos por el esposo y los hijos de una señora que falleció al ser arrollada por un automóvil. El tribunal sentenciador valoró los daños en $100,000, y condenó al dueño del automóvil a pagarlos, limitando la responsabilidad de la compañía asegu-radora a $25,000, cantidad máxima de cubierta por daños a cualquier persona {to any person). La interpretación restric-tiva de la póliza es que “cualquier persona” significa en este caso la señora que sufrió el impacto y murió como consecuencia de ello. A mi entender “cualquier persona” es todo aquél que sufrió daños como consecuencia del accidente, no importa quien recibiera el impacto físico. Estas dos posiciones, la interpre-tación restrictiva y la interpretación liberal, han sido adopta-das por unos y otros tribunales estatales estadounidenses. Creo que es innecesario aportar citas para sostener que la póliza aquí concernida, expedida por una compañía del Hartford Insurance Group, se originó y su redacción se adoptó en una de esas jurisdicciones. Casi podemos tomar conocimiento judicial de ese hecho.

Los daños sufridos por los reclamantes en este caso son los que han sido denominados en los diferentes Estados de la Unión como consequential damages, o daños consiguientes o resultantes. Veamos lo que sobre esto dice Appleman (Insurance Law and Practice, tomo 8, see. 4893):

“Parece no haber controversia en cuanto a que los daños con-siguientes del propio reclamante están cubiertos por las pólizas de responsabilidad. Pero cuando se trata de daños consiguientes sufridos por un cónyuge o uno de los padres, no hay uniformidad en las decisiones respecto de si tales daños están cubiertos por la póliza. Se ha sostenido que una póliza que obliga al asegurador a' pagar cualquier pérdida por responsabilidad impuesta por ley sobre el asegurado por daños debidos a ‘lesiones corporales’ cubre reclamaciones por daños consiguientes. Y se llegó al mismo resul-tado bajo una póliza que cubría ‘reclamaciones basadas en lesio-nes a o muerte de una persona.’ Bajo un estatuto de Nueva Jersey, se sostuvo que un esposo a quien en sentencia se le recono-ció el derecho a recobrar separadamente en un pleito suyo y de su esposa, por daños sufridos por ella en un choque, tenía derecho a resarcirse del asegurador del causante del daño. Y en Nueva Hampshire se ha sostenido que la pérdida de consorcio está cu-bierta bajo una póliza de responsabilidad, aunque tal privación no era una lesión personal al esposo en el sentido en que tales palabras se usaban en la póliza.”

Más adelante en la misma see. 4893 señala Appleman: daños consiguientes cuando la .póliza cubre ‘pérdida debida a da-ños a cualquier persona.’ Lo mismo se resolvió en Washington respecto de una póliza que se refiere a ‘toda persona lesionada.’ Para resumir, los tribunales reconocen que el asegurado confía estar protegido contra tales pérdidas, y con toda razón; y la fra-seología que se use en la póliza es inmaterial para llegar al resul-tado de reconocer cubierta.” (Énfasis suplido.)

“. . . Luisiana ha reconocido el derecho a reparación por

Blashfield (Automobile Law and Practice, tomo 8, see. 345.2), señala que, cuando una póliza contiene un límite de cubierta por “daños corporales a una persona” (bodily injury to one person), se ha resuelto que la frase “una persona” se refiere a la persona lesionada, y a los que sufran daños como consecuencia de los causados a esa persona. Véase que se refiere a pólizas que hablan de “daño corporal” (bodily injury) . A renglón seguido dice Blashfield:

“Sin embargo, cuando la póliza limita la cantidad a pagar a daños personales en vez de daños corporales a una persona, se ha sostenido que los daños causados a la esposa y la pérdida de su consorcio por su esposo son daños personales causados a más de una persona.”

Es cierto que la póliza de este caso se refiere a “daño corporal” (bodily injury) y no a “daño personal” (personal injury). Esa diferencia, sin embargo, no tiene importancia. Así lo señala Appleman en su indicada obra, citando American Fidelity & Casualty Co. v. Mahon, 185 A. 330, 332 (Maryland, 1936). Véase Trombley v. Iowa Nat. Mut. Ins. Co., 70 So.2d 319 (Florida), citado en 15 Couch, On Insurance 2d, sec. 56:44. Allí, bajo una póliza que limitaba a $5,000 por daños corporales (bodily injuries) la responsabilidad de la aseguradora, y a $10,000 por accidente, se reconoció la obligación de ésta de pagar $5,000 al esposo, a quien se reconocieron en sen-tencia daños por $25,000 por pérdida de la compañía, servicios y consorcio de su esposa, no obstante que la esposa recobró $2,000 de la aseguradora, por sus propios daños.

El argumento frecuentemente esgrimido contra la conce-sión de indemnización por daños consiguientes a más de una persona limitando a cada una al máximo estipulado en la póliza por daños a una persona es el de evitar la multiplicidad de pleitos y desalentar el que se hagan reclamaciones fraudu-lentas. En ese mismo argumento se amparan los defensores de la teoría del “impacto físico,” es decir, los que niegan el dere-cho al resarcimiento por daños morales que no vayan acompa-ñados de lesiones corporales. En el antes citado caso de Rivera v. Rossi, nos ocupamos de ellos al decir (págs. 725-726):

“A estos argumentos podríamos replicar que las cortes no deben negar reparación por daños realmente sufridos simple-mente para evitar que haya un aumento de pleitos. Tampoco deben negar un remedio a quien en justicia lo merece sencilla-mente porque pueda presentarse un número de reclamaciones fraudulentas. Las reclamaciones fraudulentas se dan en todas las ramas del Derecho y es el deber de las cortes distinguir las reclamaciones legítimas de las falsas. La cuestión se reduciría a un problema de evidencia. Si la existencia del acto torticero, que se alega produjo el daño moral, se prueba satisfactoriamente y es de tal naturaleza que razonablemente debió causar el daño moral, queda excluida de ese modo la posibilidad del fraude y la simula-ción, y no hay motivo para negar la reparación. Concedemos que los daños morales como los del presente caso no son susceptibles de una exacta compensación, pero la misma razón podría aducirse cuando se reclaman daños físicos y a la vez daños morales.” (Citas.)

Para resumir, el asegurado no debe ser obligado en este caso a responderle a todos los demandantes por los daños que cada uno ha sufrido como consecuencia de la muerte de la señora Ferrer, interpretando restrictivamente la póliza. Su compañía aseguradora debía saber, al otorgarse la póliza, que bajo el estado de nuestro Derecho, todo el que sufre daño, no importa si son consecuencia de los daños causados a otra persona, tiene derecho a ser resarcido si al caso aplica el Art. 1802 del Código Civil. El asegurado pagó por una cubierta a base de un máximo de $25,000 por persona, pero no más de $50,000 por accidente. Varias personas sufrieron daños aquí como consecuencia de un mismo accidente. No debe interpre-tarse la póliza conforme lo han hecho jurisdicciones estatales norteamericanas que responden a un sistema de Derecho dis-tinto al nuestro, en que priva la tradición civilista del Derecho español.

      "See. 4893. Consequential Damages
      “There would seem to be no question that consequential damages to the claimant himself are covered by liability policies. But when we come to consequential damages sustained by a spouse or a parent, the decisions are not uniform as to whether such injuries are covered by the policy. It has been held that a policy obligating the insurer to pay any loss for liability imposed by law upon the insured for damages on account of 'bodily injuries' covers claims for consequential damages. And the same result was reached where a policy covered ‘claims growing out of injuries to or death of one person’. Under a New Jersey statute, a husband recovering a separate judgment in a suit by himself and his wife, for injuries sustained by the wife in a collision was allowed to recover from the tort-feasor’s insurer. And New Hampshire has stated that a husband’s loss of consortium is within the coverage of a liability policy, although such deprivation was not a bodily injury to the husband in the sense in which such words were used in the policy.”

       El texto en inglés es como sigue:
      “Louisiana has allowed a recovery for consequential injuries where the policy covered ‘loss on account of injury to any person’. And the same was true in Washington, where a policy spoke of ‘every person injured’. In short, the courts recognize that the insured expects to be protected against such a loss, and rightfully so; and the form of policy wording is now immaterial in accomplishing the result of affording coverage.”

       El texto en inglés dice:
      “Where, however, the policy limits the amount payable for personal injury rather than bodily injury to one person, it has been held that the wife’s injury and the husband’s loss of consortium are personal injuries to more than one person.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    La Iglesia de Dios Pentecostal, Inc., demandante y recurrida, v. Víctor Falú Nelson, demandado y recurrente.

      Número: R-71-255

      Resuelto: 25 de marzo de 1975

      R. V. Pérez Marchand, abogado del recurrente; Félix A. Ramos Cabán, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Este litigio surgió en torno a un contrato celebrado entre la Iglesia de Dios Pentecostal, demandante recurrida, y Víctor Falú Nelson, demandado recurrente, mediante el cual las partes concretaron sus respectivas participaciones indivisas en una finca. Víctor Falú Nelson advino dueño de su partici-pación de un 25% de una finca a título de herencia materna. El 75% restante de dicha propiedad, perteneciente al padre y a un hermano de Falú, fue comprado por la Iglesia por $120,000. La Iglesia se proponía edificar allí un templo y una escuela.

La propiedad concernida es una finca urbana de 2.03 cuerdas, sita en el barrio Sabana Llana de Río Piedras, en lindes por el norte y oeste con la quebrada Juan Méndez; por el sur, con la Avenida de Diego; y por el este con la finca de la cual se segregó. Hay en dicha propiedad cuatro edificaciones —dos de hormigón y dos de madera. Una de ellas es propiedad de Falú y allí opera, u operaba, un negocio de venta y repara-ción de equipo electromagnético automotriz.

La contratación sobre esta propiedad siguió el siguiente curso. El padre y el hermano de Falú concedieron una opción de compra a la Iglesia sobre su 75% de la finca antes de agosto de 1964. El día 15 de ese mes y año la Iglesia y Víctor Falú celebraron un contrato escrito y notarizado adjudicándose, me-diante las causas correspondientes, predios específicos de la finca que había estado indivisa. En 5 de septiembre de 1964 el padre y el hermano de Víctor Falú Nelson otorgaron la escri-tura pública mediante la cual vendieron su participación a la Iglesia.

El contrato entre Víctor Falú y la Iglesia otorgó al pri-mero una parcela de 1,584.16 metros cuadrados y a la Iglesia una parcela de 6,571.71 metros cuadrados. Los lindes de cada parcela fueron especificados en el contrato, tomando como base un plano de mensura preparado en mayo de 1964 por el Inge-niero Tomás Viner Alcázar. Víctor Falú recibió además $5,000 como compensación por haber recibido menos del 25% del terreno total de la finca, pago que hizo a Falú la Iglesia de Dios Pentecostal.

En el contrato se pactó que cada parte tendría la plena propiedad de sus respectivas parcelas y que a fin de poder otorgarse los títulos correspondientes, se sometería a la Junta de Planificación una petición para la segregación del predio ad-judicado a Víctor Falú. Convinieron además, que de buena fe harían los “esfuerzos necesarios” para que la Junta aprobase dicha segregación. También pactaron que si por razones ajenas a la voluntad de las partes la Junta no autorizaba la segrega-ción, Falú se obligaba a vender a la Iglesia la parcela que le había sido adjudicada a él. Se dispuso también que si las par-tes no llegaban a un acuerdo en cuanto al precio, cada una nom-braría un perito tasador para que éstos fijasen el precio y en caso de desacuerdo entre los peritos se nombraría a un tercero por las partes o por los peritos, quien habría de dar un laudo final sobre el valor del predio. En la valoración se tomaría en cuenta el valor de la edificación y del negocio de Falú. De realizarse la compraventa se descontarían del precio a pagarse por la Iglesia los $5,000 que ya ésta había pagado a Falú.

Desde antes de celebrarse el contrato Víctor Falú sabía que el Gobierno de la Capital de Puerto Rico estaba expropian-do parte de la finca para las obras de canalización de la que-brada Juan Méndez. A la fecha de la celebración del contrato Falú y la Iglesia sabían de la canalización de la quebrada pero no sabían con exactitud por qué parte de la finca cruzaría el canal. Las obras en la finca fueron comenzadas en diciembre de 1964, esto es, cuarto meses después de celebrado el contrato entre Falú y la Iglesia.

El canal no siguió el cauce original de la quebrada, sino que atravesó la finca aislando dos predios de aproximadamente 794 y 881 metros cuadrados, respectivamente. Esos dos predios y el terreno ocupado por el canal fueron expropiados por el Go-bierno de San Juan de Puerto Rico. Uno de esos predios forma-ba parte de la parcela de Falú y el otro formaba parte de la parcela de la Iglesia. Antes de la expropiación, la parcela de Falú tenía la forma de una franja o de un rectángulo largo. Después de la expropiación quedó con la forma de un triángulo isósceles con una base de 16 metros, lados de 92 metros y cabida de 789 metros cuadrados.

Después de hecha la canalización Falú contrató al Ingenie-ro Jaime Fuentes para que preparara un plano de mensura y segregación, el que fue terminado en abril de 1965. Falú ni el Ingeniero Fuentes consultaron a la Iglesia en la preparación del plano y el ingeniero trazó una parcela a ser segregada para Falú, siguiendo las instrucciones de éste. Dicha parcela tiene forma rectangular, cabida de 1,504.143 metros cuadrados y no coincide ni en su localización ni en su configuración con el plano original preparado por Viner Alcázar. La forma rectangular de esa parcela se obtuvo, en el plano hecho por Fuentes, tomando más de 700 metros que en el plano de Viner aparecen adjudicados a la Iglesia.

En 15 de abril de 1965 Falú escribió a la Iglesia infor-mándole que estaba terminado el plano para solicitar la segre-gación ante la Junta de Planificación y que esperaba su aviso para ambos ir a solicitarla. La Iglesia no contestó dicha comu-nicación y además sostiene que Falú nunca puso a su disposi-ción el mencionado plano.

• Posteriormente hubo ofertas de compra y venta entre las partes, pero no llegaron a un acuerdo. En 31 de mayo de 1967 la Iglesia, sin notificar a Falú, presentó en la Junta de Pla-nificación una solicitud de segregación de los 789 metros que restaban a la paréela adjudicada a Falú. La Iglesia unió a su solicitud un plano calcado por Viner en el 1967 de otro plano preparado por el Ingeniero Tejada en marzo de 1964, cuyo plano Labia sido preparado para que el Gobierno de la Capital expropiara las dos parcelas que quedaron separadas de la finca principal debido a la canalización antes mencionada. La Junta, por error, entendió que lo que se pretendía era segregar esas dos parcelas y denegó la solicitud de segregación hecha por la Iglesia en 1967.

En 26 de julio de ese año la Iglesia presentó una segunda petición haciendo claro que el predio que interesaba segregar era el remanente del que fue adjudicado a Falú, el que descri-bimos un triángulo isósceles y que tenía una cabida de 789 metros cuadrados. En agosto del mismo año la Junta denegó la segregación por las siguientes dos razones: (1) que el predio que se interesaba segregar tenía una configuración física ina-decuada porque el frente no guardaba proporción deseable con relación al fondo y (2) que parte de la finca principal estaba incluida en un Distrito M, lo que requería que la finca fuese mejorada y reclasificada, antes de que la Junta aprobase la segregación.

El Informe de la Junta desaprobando la segregación ex-presa que cualquier parte interesada puede solicitar apelación de esa decisión, pero la Iglesia no ejerció ese derecho.

En 20 de septiembre de 1967 la Iglesia escribió a Falú informándole que la Junta de Planificación había denegado la segregación, por lo que procedía, de acuerdo con el contrato, que se nombrasen los peritos tasadores para el avalúo de la parcela y de la estructura pertenecientes a Falú.

El abogado de Falú contestó a la Iglesia en 25 de septiem-bre de 1967, expresando que ésta había acudido a la Junta de Planificación sin contar con Falú y sin darle la oportunidad de intervenir, y le solicitó le remitiera copia de la resolu-ción de la Junta para examinarla antes de considerar lo relati-vo al nombramiento de peritos. Poco más de tres meses después, el 10 de enero de 1968, la Iglesia instó demanda ante el Tribunal Superior sobre “Resolución o Nulidad de Contrato y División de Comunidad.”

En su demanda enmendada la Iglesia alegó que Falú in-cumplió el contrato al negarse a nombrar los peritos tasadores; que el contrato es nulo porque el mismo proveyó para la división del terreno sin la previa aprobación de la Junta de Planifica-ción, aprobación que posteriormente fue denegada; que no es posible dividir la finca en la forma pactada; que las partes no han podido llegar a un acuerdo para que una compre a la otra su participación en la finca; y que la demandante no desea permanecer en la indivisión. Solicitó que el Tribunal decreta-se que el contrato es nulo por violar la Ley de Planificación o, en la alternativa, que decretase su resolución por incum-plimiento y, en uno u otro caso, que declarase la existencia de una comunidad entre las partes y ordenase la venta en pú-blica subasta de la finca.

También solicitó que si el tribunal entendía que el con-trato era válido y que no debía resolverse, nombrase el peri-to tasador que debió haber nombrado el demandado, para que conjuntamente con el tasador que nombrase la demandante, y si fuese necesario conjuntamente con el tercer perito, se valo-rase la parcela mencionada en el párrafo CUARTO (F) del contrato y se ordenase al demandado a otorgar la escritura de compraventa por el precio que los peritos fijasen, acreditán-dose a dicho precio los $5,000 que la demandante había adelan-tado al demandado Falú.

Falú contestó la demanda enmendada y reconvencionó por alegados daños causádosle por el pleito. Alegó, en lo esen-cial, que la segregación de la finca es factible; que él se negó a nombrar peritos porque la Iglesia violó el contrato al soli-citar unilateralmente la segregación ante la Junta de Planifi-cación ; y que la Iglesia está impedida de cuestionar la validez del contrato.

Celebrado el juicio, después de desfilada la prueba, el tribunal no emitió decisión y en cambio solicitó al abogado de la demandante que presentase un alegato porque existían áreas oscuras de hecho y de derecho y un alegato sería de ayuda al tribunal. El tribunal concedió al demandado un tér-mino para replicar si lo creyese conveniente.

Posteriormente el tribunal dictó sentencia, declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención, en la cual adoptó literalmente todos los párrafos del alegato presentado por el abogado de la demandante.

En resumen, la ilustrada Sala sentenciadora decretó la nulidad del contrato celebrado entre Falú y la Iglesia de Dios Pentecostal; condenó a Falú a devolverle a la demandante los $5,000 que había recibido; declaró a las partes dueñas en común proindiviso de la finca descrita en el párrafo primero de la demanda, con excepción de la estructura propiedad de Falú donde éste tenía su negocio; declaró que en dicho proin-diviso la demandante era dueña de tres cuartas partes de la propiedad y ordenó la liquidación de dicha comunidad mediante la venta en pública subasta de la misma por un precio mínimo de $120,000. Acordamos revisar.

Los errores planteados pueden resumirse como sigue: que la Iglesia actuó de mala fe y en violación del contrato al acudir unilateralmente a la Junta de Planificación para solici-tar una segregación que sabía que no se aprobaría; que la segregación es posible a base del plano preparado por Fuentes y que siendo posible lo que procede es que las partes concurran a la Junta para lograr la segregación; que el contrato no es nulo y procede que se nombren los peritos según lo pactado; pero aun cuando el contrato fuese declarado nulo lo que procede es la división de la finca entre las partes y no la pública subasta, por tratarse de una finca divisible.

Somos de opinión que el recurrente está en lo correcto en ciertas cosas y en otras no. Es correcto el planteamiento al efecto de que la Iglesia acudió unilateralmente a la Junta de Planificación sin notificar a Falú. Aparentemente era venta-joso para la Iglesia que su petición de segregación no fuese aprobada por la Junta, pues entonces podría, conforme al con-trato, exigir de Falú que le vendiese su parte de la finca. Por otro lado, Falú pretendía que la Iglesia aceptase la segre-gación según trazada en el plano hecho por Fuentes pero esa segregación es distinta a la que fue convenida en el contrato. La segregación convenida en el contrato fue la que la Iglesia sometió a la Junta, excluyendo las tierras expropiadas por el Gobierno de la Capital. No se justifica ordenar a las partes a que sometan conjuntamente la segregación convenida en el contrato pues, con toda probabilidad la Junta volvería a rechazarla por los mismos motivos que justificaron su rechazo anterior. Estamos, por consiguiente, ante la situación previs-ta en el contrato en el sentido de que si la Junta no aprobaba la segregación, se tasaría la parcela adjudicada a Falú median-te el contrato y éste la vendería a la Iglesia. Pero el tribunal concluyó sobre el particular lo siguiente:

“Esta ¡promesa de compraventa de una parte específica de la finca, sin haberse obtenido el permiso de segregación y, específica-mente, para surtir efecto cuando dicho permiso hubiese sido denegado es nula . . . ‘recae sobre una parcela de terreno de la cual la promitente o vendedora no podía disponer a la fecha en que se concertó el acuerdo’ (ni podría disponer a la fecha en que debería de llevarse a cabo el acuerdo; carecería de objeto lícito). E.L.A. v. De la Torre, 87 D.P.R. 800.”

Esa conclusión del tribunal de instancia es errónea. En primer lugar, se apoya en un caso que ha sido dejado sin efecto por nuestra jurisprudencia posterior y también por acción de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Nuestra jurisprudencia reciente considera válido un contrato de compraventa y segregación sujeto a la aprobación de la Junta de Planificación. Torres Negrón v. Registrador, 98 D.P.R. 822, 825 (1970); Méléndez v. Jiménez Realty, Inc., 98 D.P.R. 892 (1970); Segarra y. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60, 78-80 (1970).

Mediante la Ley Núm. 44 de 28 de mayo de 1970 se enmendó el Art. 24 de la Ley de Planificación, 23 L.P.R.A. see. 25. Esa enmienda relajó la prohibición que contenía el artículo original de otorgamiento de escrituras o contratos de lotificación si no habían sido sometidos previamente a la Junta de Planificación y aprobados por ésta. El texto vigente, según enmendado por la citada Ley Núm. 44 de 1970, permite la ratificación y convalidación si con posterioridad al otorga-miento de la escritura o del contrato la Junta aprobase la loti-ficación concernida. La sentencia que nos ocupa es posterior a dichos casos y a dicha enmienda legislativa.

En segundo lugar, la compraventa que correspondía llevar a cabo no requería aprobación de la Junta, pues no conllevaba una lotificación o segregación física del terreno, sino que, por el contrario, consolidaba en un solo dueño lo que antes pertenecía a dos. Se recordará que mediante el contrato las partes concretaron y se adjudicaron sus respectivas participaciones en el inmueble y acordaron que si no se efectuaba la segregación Falú le vendería su participación a la Iglesia.

En vista de lo anterior, se revocará la sentencia recurri-da y se concederá a las partes un término de treinta días, a partir de la notificación de la sentencia en este caso, para que nombren sus respectivos peritos tasadores a tenor con lo dispuesto en el inciso (F) del párrafo CUARTO del contrato celebrado entre ellas, cuyos peritos deberán fijar el valor de la propiedad de Víctor Falú, a tenor con lo dispuesto en el párrafo CUARTO (G) del contrato.

Si expirado dicho término de treinta días las partes no han nombrado sus peritos, o si estos no se han puesto de acuerdo sobre la valoración o sobre el nombramiento del tercer perito, el Tribunal Superior, a petición de cualquiera de las partes, nombrará él tercer perito quien dará él laudo final respecto al valor de la propiedad concernida. Una vez hecho lo anterior la escritura de compraventa se otorgará conforme al contrato entre las partes.


author: PER CURIAM:

text:
    Caguas Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, recurrido.

      Número: O-75-29

      Resuelto: 31 de marzo de 1975

      Rafael Rodríguez Erna y Tomás Céspedes, abogados de la recu-rrente; Angel González Román, Registrador de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, compareció en representación del Registrador recurrido.
   PER CURIAM:

El 29 de mayo de 1974 el señor Registrador de la Propiedad de la Sección Segunda de San Juan exten-dió al pie de una escritura de venta judicial la siguiente nota:

“Por el término legal de 120 días, queda devuelto el prese-dente [sic] documento sin practicarse operación alguna por no acreditarse que han sido publicados los edictos correspondientes para la celebración de la subasta y no se acredita además que los acreedores posteriores hayan sido notificados. Conforme a lo dis-puesto 30 LPRA, 1095 y 221 artículo 167 del Reglamento Hipo-tecario y 32 LPRA, sección 1141 a 1147. San Juan, a 29 de mayo de 1974.”

La escritura objeto de la nota fue otorgada ante el notario Rafael Rodríguez Erna, siendo los comparecientes el Caguas Federal Savings, quien era dueño del crédito hipotecario en virtud del cual se había vendido judicialmente la propiedad, y don Rafael Torres Machuca, Alguacil del Tribunal Superior de Puerto Rico.

Exponían las partes que la venta judicial se había lle-vado a cabo previa una demanda de ejecución por la vía ordi-naria que había culminado en una sentencia a favor del Ca-guas Federal Savings, lo cual posteriormente dio lugar a que el tribunal de instancia expidiera mandamiento de ejecución a su alguacil. Contenía la escritura una copia verbatim de la sentencia dictada, del mandamiento de ejecución y del acta de subasta levantada por el alguacil. En su cláusula 6a las partes otorgantes pedían al Registrador que cancelara los “gravámenes previos [sic] ” que en el Registro de la Propiedad afectaran la propiedad objeto de la escritura. No contenía dicha escritura copia del mandamiento que debió haber expe-dido el tribunal de instancia para que el Registrador pudiera cancelar los gravámenes posteriores al del Caguas Federal Savings. Tampoco se acompañó dicho mandamiento como docu-mento complementario.

Ante la nota denegatoria antes transcrita, el Caguas Federal Savings procedió a presentar nuevamente la escritura el día 29 de agosto de 1974. Esta vez la acompañó de unas de-claraciones juradas acreditativas de que el deudor hipóte-cario había sido emplazado y notificado de la sentencia en su contra mediante edictos publicados en el periódico El Día. Además acompañó otra declaración jurada acreditativa de que la subasta había sido notificada mediante un edicto dirigido al portador de un pagaré por ocho mil dólares garantizado con hipoteca sobre la misma propiedad. Este último edicto había sido publicado en el Tablón de Edictos del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan; en la Colecturía de San Juan; en el Municipio de San Juan y en una escuela pública de Hato Rey. El 2 de enero de 1975 el Caguas Federal Savings recogió el documento en el Registro de la Propiedad, enterándose en-tonces de la siguiente nota:

“Inscrito este documento que es una copia de la escritura Núm. 310 otorgada en San Juan el 8 de junio de 1972, ante el Notario Rafael Rodríguez Erna, al folio 185 vuelto del tomo 230 de Río Piedras Norte, finca #565, inscripción 8a. afecta a men-ción de servidumbre de un manantial, a condiciones restrictivas sobre edificación y a dos hipotecas en garantía de pagarés al por-tador por $8,000.00 y $5,000.00 respectivamente. San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 1974.”

El día 21 de enero de 1975 el Caguas Federal Savings re-currió ante nos por la vía gubernativa suplicando que ordená-semos la cancelación del gravamen posterior en garantía del pagaré al portador por ocho mil dólares. Un mes después compareció el Registrador alegando que él estuvo justificado en denegar la cancelación del gravamen posterior debido a que los documentos que tuvo ante sí al hacer la calificación no eran suficientes para permitirle hacer lo solicitado ya que no in-cluían un mandamiento judicial ordenando las cancelaciones de modo específico.

Debido a que el recurrente no nos ha puesto en condicio-nes de determinar lo contrario, parece surgir de autos que estamos impedidos de resolver el presente recurso en sus mé-ritos debido a que carecemos de jurisdicción para hacerlo. En 30 L.P.R.A. see. 1773, se dispone lo siguiente:

“Si el interesado recogiere el documento, podrá presentarlo ante el Tribunal dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la negativa que debió hacerle el registrador y se decidirá el recurso según dice la sección 1772 de este título.”

El término de 20 días arriba prescrito es un término jurisdiccional. Asoc. Fondo Ahorro y Préstamo v. Registrador, 51 D.P.R. 486 (1937); Rodríguez Julia v. Registrador, 99 D.P.R. 275 (1970).

Como podrá observarse, la primera nota del Registrador con fecha del 29 de mayo de 1974 contenía una referencia a 30 L.P.R.A. see. 221 lo cual corresponde al Art. 125 de la Ley Hipotecaria. Este artículo considera extinguido y autoriza la cancelación de créditos hipotecarios posteriores a aquél en virtud del cual se ha procedido a la venta judicial previo oportuno mandamiento judicial a esos efectos.

Si bien es cierto que la primera nota del Registrador es clara en cuanto a que no se había acreditado la notificación de los acreedores posteriores y muy poco clara en cuanto a cualquier defecto relacionado con el Art. 125 de la Ley Hipotecaria, también es cierto que al citar 30 L.P.R.A. see. 221 se indicó este fundamento.

No habiendo acudido ante nos la recurrente dentro de los 20 días posteriores a la notificación de la nota del 29 de mayo de 1974 ni surgiendo de autos que la recurrente hubiera tratado de subsanar ante el Registrador el defecto señalado dentro de los mismos 20 días, Autoridad de Tierras v. Registrador, 65 D.P.R. 513 (1945), debemos concluir que carecemos de jurisdicción para atender el recurso.

Se desestimará el recurso.

El Juez Asociado, Señor Marco A. Rigau, no participó.

       Recalcamos una vez más que las notas de los Señores Registradores deben ser concisas pero claras y expresas de manera que las partes afectadas puedan determinar con facilidad las objeciones señaladas. Julio Godreau Co. v. Registrador, 23 D.P.R. 65 (1915); Torres v. Registrador, 75 D.P.R. 128 (1953).


author: per curiam :

text:
    L. Dershowitz & Co., Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Número: O-73-466

      Resuelto: 31 de marzo de 1975

      Frank Carbó y Víctor J. Pagan, abogados de la recurrente; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   per curiam :

La recurrente presentó en el Registro de la Propiedad de Bayamón el 8 de agosto de 1972 documentos para anotar un embargo sobre un inmueble perteneciente a Carlos Quiñones con el propósito de ejecutar una sentencia dictada a su favor. No acompañó copia certificada de la sen-tencia. La Registradora dispuso del asunto con la siguiente nota: “Susp. la pres. por falta de doc. comp. Ley 73/58 [30 L.P.R.A. 44] Bayamón Agosto 31/72.” La Registradora, pues, suspendió la presentación por falta de documento complemen-tario. La Registradora admite que actuó erróneamente. Véase Ruíz-Sierrav. Registrador, 103 D.P.R. 578 (1975). Pero como veremos más adelante esta actuación no es factor determi-nante en la adjudicación del presente recurso. Estando suspen-dida la presentación de los documentos, se presentó en el Registro el 5 de noviembre de 1973 para inscripción la escri-tura Núm. 108 de 12 de mayo de 1972 otorgada ante el Notario Benjamín Cintrón Rodríguez, mediante la cual Carlos Quiño-nes vendió el inmueble sobre el cual se trataba de trabar el embargo a Gonzalo y Ana Jusino.

La recurrente retiró el 29 de noviembre de 1973 los docu-mentos presentados el 8 de agosto de 1972, para presentarlos nuevamente el mismo día 29 de noviembre acompañados entonces de la copia certificada de la sentencia según se lo había requerido la Registradora.

La Registradora denegó la inscripción del embargo por estar la finca inscrita a nombre de Gonzalo y Ana Jusino, personas diferentes a los demandados.

Estuvo correcta la actuación de la Registradora al dene-gar la anotación del embargo solicitada el 29 de noviembre. Habiendo retirado la recurrente los documentos presentados el 8 de agosto de 1972 la escritura de venta a favor de Gonzalo y Ana Jusino presentada al Registro el 5 de noviembre de 1973 adquirió precedencia sobre los documentos presentados por la recurrente el 29 de noviembre de 1973.

La recurrente sostiene que la Registradora debió cancelar la inscripción de la compraventa que hizo Carlos Quiñones a favor de Gonzalo y Ana Jusino. Alega que esa venta fue en fraude de acreedores por haber sido hecha con posterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia en contra de Quiñones.

Es principio reconocido de derecho hipotecario que “El Registrador al calificar no puede fundarse en lo que no conste en los títulos presentados y en el contenido del Registro, de suerte que, salvo el Derecho aplicable, en funciones de calificación no existen para el Registrador sino estos dos elementos, y ninguno más.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo 2, pág. 262 (Ed. 1968).

En Iglesia Católica, etc. v. Registrador, 59 D.P.R. 110 (1941), expresamos: “Practicada y firmada una inscripción en los libros del registro a su cargo, el Registrador de la Propiedad carece de facultad para anularla y cancelarla por ser ello facultad privativa de los tribunales.” Ver además: De la Torre v. Registrador, 57 D.P.R. 681 (1940); García v. Registrador, 33 D.P.R. 950, 952 (1925); Dávila v. El Registrador de Caguas, 28 D.P.R. 197, 200 (1920); Bolívar v. Registrador, 13 D.P.R. 375 (1907).

Se confirmará la nota recurrida.

         La recurrente sostiene que tenía que retirar los documentos y pre-sentarlos de nuevo para poder recurrir ante este Tribunal para revisar la actuación de la Registradora.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Quiñones Abreu c/p Agustín Rodríguez Abreu, acusado y apelante.

      Número: CR-74-68

      Resuelto: 31 de marzo de 1975

      Heyda Vigil McClin, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

La prueba ante el tribunal de derecho esta-bleció que mientras la joven empleada del negocio Los Parados se hallaba de espaldas acomodando unos paquetes de arroz su patrono el comerciante se le acercó, la tomó por los hombros, trató de besarla y la tiró sobre unas cajas y se abrió la bra-gueta diciéndole que tenía que ser de él, pero ella con superior fortaleza física logró rechazarlo una y otra vez hasta que pudo salir corriendo a la avenida. Al llegar llorosa a su hogar le dijo a su hermana “que el señor donde ella había empezado a trabajar había tratado de abusar de ella.” (T.E. pág. 28.)

El acusado fue convicto de tentativa de violación y senten-ciado a la pena de 1 a 3 años de presidio, suspendida en sus efectos bajo régimen probatorio.

En apelación señala como único error la insuficiencia de la prueba de corroboración para entonces exigida por la Regla 154 de Procedimiento Criminal. Descansa el apelante en el argumento de que la corroboración debió cubrir los dos elemen-tos del delito: intento de realizar el acto sexual y uso de fuerza o violencia. Acepta que el primero fue cubierto, pero no el segundo, porque al decir la ofendida a su hermana “trató de abusar de mí” ésta entendió la frase como significando que trató de “hacerle el daño” concepto este último que no implica fuerza o violencia. A los fines de corroboración lo que importa es el relato hecho por la ofendida a su hermana, refiriéndose al acto del acusado como “abuso”, voz popular que tiene conno-tación de atropello, violencia en mayor o menor grado e impo-sición del fuerte sobre el débil. Ninguna importancia tiene que la hermana no supiera o no pudiera explicar con precisión de académico el contenido del concepto. Basta para corroborar que reproduzca la expresión que oyó a la perjudicada pues ésta sí sabía del ataque libidinoso sólo frustrado por su resis-tencia, que correctamente calificó en la frase “trató de abusar de mí.”

No podrá erigirse una defensa sobre una zapata de retó-rica y semántica.

La sentencia dictada el 21 de septiembre de 1971 por la Sala de San Juan, será confirmada.

       Requisito abandonado, aunque no de un todo, en la enmienda introducida por Ley Núm. 209 de 23 de julio de 1974.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Juan Cancio Ortiz Roberts et al., demandantes y recurrentes, v. Alfredo Guillermo Ortiz Roberts et al., demandados y recurridos.

      Número: R-72-120

      Resuelto: 31 de marzo de 1975

      Vicente Santori Coll, abogado de los recurrentes; Luis F. Sánchez Vilella y Francisco Ponsa Feliu, abogados de la recurrida Sarah Torres Peralta.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Hay que decidir si un fideicomisario tiene acción de retracto legal contra un extraño que compra la participación de otro beneficiario en el fideicomiso constituido sobre finca urbana.

En el desarrollo de un fideicomiso constituido por los cón-yuges dueños de una finca urbana en el sector Miramar de San Juan, en que se designó fiduciario a su hijo Ernesto Ortiz Romeu y fideicomisarios a este mismo en cuanto al usufructo del inmueble, y a sus cuatro hijos, nietos del fideicomitente, llamados Juan Cancio, Alma Ernestina, Laura Cristina, y Alfredo Guillermo Ortiz Roberts, con participaciones iguales en el capital, el fideicomisario Ernesto vendió su interés (rentas) y otro fideicomisario llamado Alfredo Guillermo también vendió el suyo, a la Leda. Sarah Torres Peralta. Dentro del octavo día de dicha enajenación los otros tres her-manos Ortiz Roberts ejercitaron contra la compradora la acción de retracto legal de comuneros provista en el Art. 1412 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3922) cuyo texto declara:

“El copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos.

Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán ¡hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa común.”

Por entender que el fideicomiso es institución foránea in-dependiente del orden mayor de regulación de derechos por el Código Civil, el tribunal de instancia denegó la acción de retracto. Expedimos auto para revisar.

El pleito presenta tres aspectos fundamentales, a saber: 1) utilidad social del retracto; 2) tipo de copropiedad a que sirve; y 3) su viabilidad en el fideicomiso, figura jurídica incorporada a nuestro Código Civil, que trae credenciales del Derecho anglosajón.

—I—

Hay quienes ven el origen del retracto en palabras del Señor en el Capítulo XXV del Levítico: “Habló Yahvé a Moisés en el monte Sinai y dijo: ... Si se empobreciere tu hermano y vendiere algo de su posesión, vendrá su rescatador, el pariente suyo más cercano, y rescatará lo vendido por su hermano.... Si uno vendiere una casa de habitación en ciudad amurallada, durará su derecho de rescatarla hasta cumplirse el año de su venta.”

El Código Civil desalienta y repudia la comunidad, fuente de desavenencias que dificultan su administración y degenera en obstáculo al fomento de la propiedad, la industria y la riqueza. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 10, Vol. 1, págs. 508 y ss., ed. 1969; Scaevola, Código Civil, Tomo 23, Vol. 2, págs. 441 y ss., ed. 1970. Hacia el objetivo de extinguir la copropiedad se dirigen el Art. 333 (31 L.P.R.A. see. 1278) que reconoce en todo condueño la plena propiedad de su parte pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla; y el Art. 334 al declarar que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, y que cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, expresión ésta que concreta la imprescriptibilidad de las acciones para solicitar la división de la propiedad común. En línea con ese diseño legislado, el retracto busca como efecto final la extinción de la comunidad, o por lo menos la reducción del número de condominos, disminuyendo la pluralidad de derechos sobre un mismo inmueble. Scaevola, ibid., pág. 487. Castán destaca el mismo valor social del retracto de comuneros que llama fundado en la conveniencia de que no se perpetúe el estado de proindivisión y condominio, considerado como antieconómico y antijurídico, por las dificultades y pugnas a que da lugar entre los dueños. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 4, págs. 161-2, ed. 1961. Idéntica finalidad de lograr el cese del estado de indivisión, le atribuye Puig Brutau, o la más amplia de favorecer la reunión de facultades con respecto a cosas determinadas con el fin de eliminar toda ocasión para posibles conflictos de in-tereses. Puig Br'utau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 3, pág. 603, ed. 1953.

—II—

Este retracto de comuneros tiene, por tanto, su esfera de acción y aplicación en la comunidad de bienes que el Art. 326 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 1271) identifica “cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas.” La sentencia de 20 de marzo de 1929 del Tribunal Supremo de España sostiene que dicha definición de comunidad parte en todo caso de la base del derecho dominical, tipo del in re tal como lo entiende el Art. 348 Español (280 nuestro — 31 L.P.R.A. sec. lili) como facultad de gozar y disponer de la cosa, porque la comunidad de bienes no es sus-tancialmente diferente de la propiedad individual, sino sólo una variación o accidente que origina la simultaneidad de varios en el mismo derecho, o sea, una forma de manifesta-ción del dominio con los dos elementos de unidad en la cosa y pluralidad de sujetos, los cuales tengan, aparte de la porción ideal que les corresponda, iguales facultades dominicales.

El concepto de dominio hace tiempo perdió la rigidez monolítica tejida alrededor de la facultad de enajenación que al dueño le señala el Art. 280. A la desintegración del concepto unitario, impulsada por un sentido social y por el surgimiento de múltiples clases de propiedad con nuevos perfiles y rasgos peculiares, ha seguido una nueva definición del dominio, en la cual coinciden Roca, Castán y Puig Brutau como “el derecho real que atribuye a su titular el poder o señorío más amplio posible sobre una cosa corporal, dentro de límites institucionales, con carácter plenamente autónomo, perpetuo (en principio), elástico, y, en parte, de contenido discrimina-ble.” Castán, ibid., pág. 108.

La diversificación de regímenes jurídicos de la propiedad tiene como inevitable resultado la expansión de la acción de retracto de comuneros iniciada desde fines del siglo pasado por interpretación del Tribunal Supremo Español, que declara co-propietarios de cosa común al que tiene derecho de siembra y aquél a quien pertenece el arbolado, porque los derechos de ambos dueños están subordinados y relacionados de modo que el uno en las operaciones de cultivo nada puede hacer que re-dunde en menoscabo o detrimento de los árboles, ni tampoco es lícito al otro, al servirse de ellos, impedir, entorpecer o perjudicar la explotación agrícola del suelo; y dedujo de ello que, debiendo calificarse de copropietarios de cosa común al dueño del suelo y al del arbolado, es manifiesta la procedencia del retracto establecido en el Art. 1522 del Código Civil cuando alguno de ellos enajena su respectivo derecho. (S. 9 Marzo 1893); que los disfrutes de hierbas, pastos y agostaderos por un lado, y el de siembra en determinados sitios por otro, sobre una misma cosa, si no constituyen una comunidad en el sentido del Art. 392 (Art. 326 de P.R.), engendran una relación jurídica análoga entre los legítimos explotadores de la here-dad, que autoriza reputarlos, para los efectos del retracto, da-dos los fines económicos de esta institución, como condueños copropietarios de una cosa común. (S. 9 Julio 1903); principio que se reitera en Sentencia de 6 de julio de 1920. Manresa extiende a cosa mueble la acción de retracto y llama la sub-rogación su nervio y entraña al declarar:

“No encontramos nosotros resquicio alguno por donde deba limitarse en nuestro Código el sentido de la palabra cosa a las llamadas inmuebles, a pesar de la respetable opinión de García Goyena; de donde deducimos que lo prudente y acertado es inter-pretar esa palabra en toda la amplitud de su significación, y, por lo tanto, considerar que la definición legal del artículo 1521, igual-mente se refiere a los muebles que a los inmuebles . . . enten-demos que siempre que se trate de una transmisión de do-minio cuya especial naturaleza no impida la subrogación, que es sustancia del derecho que estudiamos, el retracto podrá ejercerse provechosamente.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo X, Vol. 1, Sexta ed. (1969), págs. 496 y 497. (Énfasis en el original.)

—III—

A la luz de esta evolución doctrinal del concepto de copropiedad que ha establecido la procedencia de la acción de retracto entre partes cuyas relaciones jurídicas son análogas a la comunidad de bienes, ha de estimarse el derecho de los tres fideicomisarios de la casa en Miramar a retraer la participación en el fideicomiso vendida por otro hermano a una extraña.

El fideicomiso lo define el Art. 834 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 2541) como “mandato irrevocable a virtud del cual se trasmiten determinados bienes a una persona, llamada fiduciario, para que disponga de ellos conforme lo ordene la que los trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este mismo o de un tercero llamado fideicomisario.” Salmond ve el fideicomiso como propiedad dual (double ownership) entre fiduciario y fideicomisario; Pound, a su vez dictamina: “A mi juicio la constitución de un fideicomiso crea: (1) un derecho in personam contra el fiduciario, y (2) un derecho en equidad sobre la cosa (equitable right in rem) en el beneficia-rio. El derecho in personam contra el fiduciario se funda en el principio de deber que deriva de una relación de confianza desde que por transacción legal se acepta el cargo de fiduciario. Pero la analogía de fideicomiso en el segundo sentido se ha aplicado por las cortes de equidad en términos generales a relaciones de confianza. De modo que siempre que una cosa (res) está envuelta en tales relaciones los derechos que las afectan se consideran derechos en equidad sobre la cosa (equitable rights in rem).” Pound, Jurisprudence, (1959), Tomo V, pág. 240.

Abona al concepto de copropiedad en el fideicomiso el derecho extendido tanto al dueño original fideicomitente como al fideicomisario para solicitar en procedimientos sumarios la protección de los bienes fideicomitidos contra pérdida o menos-cabo, y la sustitución o destitución del fiduciario. Arts. 858 y 870 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 2565, 2577). Esas facultades son tan peculiares al dominio como las conferidas al fiduciario por disposición del Art. 865 (31 L.P.R.A. see. 2572) situación que engendra un dominio dividido entre éste y los fideicomisarios y cuya relación entre sí resulta análoga a la comunidad de bienes. Así Pomeroy atribuye al fideicomiso la característica esencial de dominio compartido (double ownership) por fiduciario y beneficiario. Pomeroy, Equity Jurisprudence, Tomo I, sec. 149, pág. 202, ed. 1941. Scott rati-fica ese criterio de dominio dividido. 1 Scott, On Trusts, see. 1, ed. 1967. Y la relación interna entre los beneficiarios se describe como comunidad {joint tenants, tenants in common), 2 Scott, On Trusts, sec. 113; Bogert, Trusts & Trustees, sec. 181, pág. 180; Merryman, Profesor, Stanford Law School, en Ownership and Estate, 48 Tul. L. Rev. (1974), págs. 916-925. Hay en el fideicomisario un derecho de propiedad en el in-mueble, latente o diferido si se quiere, pero no menos respeta-ble, por la duración del mandato del fiduciario a quien se le prohibió por el fideicomitente vender, enajenar o gravar la casa de Miramar de modo que a su muerte se cumpla el fin último y esencial del mandato, que es a la vez destino final de la cosa: advenimiento de los hermanos Ortiz Roberts como dueños “exclusivos” de la misma.

El retracto no es recurso extraño al fideicomiso en su medio jurídico original. Se reconoce al fideicomisario una acción para recuperar la cosa objeto de fideicomiso de una tercera persona. Bogert, Trusts & Trustees, sec. 866, pág. 47 (1962).

El fideicomiso, incorporado físicamente a nuestro Código Civil como Ley Núm. 41 de 23 de abril de 1928, no ha de ser híbrido impregnable, aislado de la acción y efecto de los ordenamientos mayores que integran nuestro sistema de dere-cho civil común. Acogida dicha institución como aporte que enriquece nuestro régimen jurídico, debe despojarse de todo signo de extranjería e integrarse en total acoplamiento al Derecho Civil patrio, pues como se ha demostrado, aunque de troncos distintos, el retracto y el fideicomiso se entrelazan en las copas.

Los hermanos Ortiz Roberts tienen derecho y causa de acción para retraer la participación e interés en el fideicomiso que su hermano Alfredo Guillermo vendió a una extraña.

Se dictará sentencia declarando con lugar la demanda de retracto legal de comuneros y se remitirá el expediente al tribunal de instancia para que allí se cumplan los trámites consistentes con esta opinión.

La sentencia revisada ha de ser revocada.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado Señor Rigau, no intervinieron.

       “Atinadamente observa Josserand que ‘es preciso hablar hoy no ya de la propiedad, sino de las propiedades. Cada categoría de bienes implica una forma de aprobación especial para ella; no se tienen sobre una finca rústica los mismos derechos ilimitados que se ejercen sobre el mobiliario, un libro, un sombrero o un traje; la propiedad de una obra artística es cosa completamente distinta que la de una casa o de un cargo; el dominio público del Estado obedece a otros estatutos que los patrimonios privados. . . . No hay propiedad; hay propiedades, porque el interés de la sociedad exige que la apropiación de los bienes se sujete a estatutos en armonía con los fines perseguidos, los cuales varían mucho: el derecho de propiedad es uno de los más flexibles y de los más variables que figuran en las diferentes categorías jurídicas; su plasticidad es infinita.’” Castán, Tomo 2, Vol. 1, pág. 104, ed. 1971. (Énfasis en el original.)

      A este desarrollo jurisprudencial del retracto en su clásica misión de integrar el dominio, comenta Castán:
      “Aunque desde el punto de vista técnico la doctrina del Tribunal Supremo violente el concepto de la copropiedad, hay que reconocer que la asimilación hecha por aquél tiene, desde el punto de vista práctico, una doble ventaja, que apunta Manresa:
      1.a La de permitir que ciertas formas de explotación de la propiedad que en rigor constituyen desmembraciones o división en varias personas de las facultades propias del dominio, y que no son objeto de expresa regla-mentación legal en otros lugares del Código, encuentren preceptos por los que regirse.
      2.a La de facilitar la consolidación de la propiedad individual, poniendo término, mediante la aplicación del retracto, a esas situaciones anormales de explotación separada de un mismo terreno.” Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, To. 2, Vol. 1, pág. 342, ed. 1971.

       Salmond, Jurisprudence (1902), sec. 91, según citado por Pound, supra.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Rosalía Rodríguez y Roberto González Lago, demandados y recurridos.

      Número: R-74-12

      Resuelto: 1ro. de abril de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Magda E. Haidar de Martí, y Rolando Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del recurrente; A. Nazario Janer, abogado de Roberto González Lago; Luis E. García Benitez, Emilio Díaz Santana, José Garrido Monge y Víctor Sánchez Fernández, abogados de Rosalía Rodríguez.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

En Texaco Inc. v. Srio. de Obras Publicas, 85 D.P.R. 712 (1962), reconocimos que los colindantes con calles y caminos tienen un derecho de acceso a la vía pública. Advertimos, sin embargo, que este derecho no era absoluto y que estaba sujeto al ejercicio razonable del poder de razón de estado para regla-mentar el uso de las carreteras en beneficio del bien común. Partiendo de este principio denegamos en dicho caso la com-pensación reclamada por la eliminación del acceso directo de una estación de gasolina a la Carretera Núm. 26 al convertirse ésta en Carretera Expreso Tipo A con accesos limitados. No fue necesario en Texaco considerar el alcance de este derecho de acceso cuestión que ahora abordamos.

En el presente caso el tribunal de instancia distinguió la aplicación de lo resuelto en Texaco a base de que aquí la pér-dida de acceso advino como resultado de una expropiación forzosa, lo cual requiere una justa compensación, y no en el ejercicio del poder de razón de estado como en Texaco. En con-secuencia el tribunal concedió la cantidad de $64,496.00 en concepto de daños por la pérdida de acceso directo a la Carre-tera Núm. 1.

Veamos los hechos a continuación:

El Estado Libre Asociado inició un procedimiento de ex-propiación forzosa para adquirir varias parcelas con el propó-sito de construir el proyecto Carretera Expreso Las Américas Tramos I y II en Río Piedras. Las parcelas pertenecientes a la recurrida Rosalía Rodríguez — las números 23, 23A, 23B, 24 y 25 — formaban parte de una finca compuesta por dos predios independientes separados por la Carretera Núm. 1. Las parce-las 23A, 24 y 25 formaban parte del predio que colindaba y tenía acceso a la Carretera Núm. 1. Las parcelas 23 y 23B tenían acceso tanto a la Carretera Núm. 1 como a la antigua Carretera Núm. 1 de Río Piedras a Caguas y que hoy tiene el número 838.

Las parcelas 23C y 23D pertenecientes al recurrido Roberto González Lago formaban parte de una finca que tam-bién colindaba y tenía acceso a las Carreteras Núms. 1 y 838.

Como resultado de la conversión de la Carretera Núm. 1 a una de accesos controlados los remanentes de las parcelas de los recurridos perdieron su acceso directo a dicha carretera. Los predios del recurrido González Lago continuaron teniendo acceso directo a la Carretera Núm. 838, al igual que el rema-nente de las parcelas 23 y 23B de la recurrida Rosalía Rodrí-guez. En cuanto al remanente de las parcelas 23A, 24 y 25 el Estado proveyó un acceso de cuatro metros de ancho por cin-cuenta metros de largo el cual conduce hasta una de las calles de la Urbanización San Ignacio y de ahí, a la' Carretera Núm. 1.

Las partes admiten que todos los predios retienen acceso indirecto a la Carretera Núm. 1 a través de carreteras cer-canas. No obstante, el tribunal de instancia concedió un quince por ciento de daños por la pérdida de acceso directo a la Carretera Núm. í los que estimó en la cantidad de $64,496.00, a saber: $42,307 para la recurrida Rosalía Rodríguez y $22,189.00 para el recurrido González Lago. Como ya diji-mos, el tribunal de instancia distinguió el caso de Texaco señalando que la pérdida de acceso en dicho caso no surgía como consecuencia de una expropiación forzosa y sí como ejer-cicio del poder de reglamentación del Estado. Al respecto expresó:

“.. . Debemos considerar <que uno de los atractivos principales del predio expropiado antes de la expropiación era que tenía frente a estas dos carreteras con acceso a ambas en toda la extensión de estos frentes. Al perder en su totalidad el acceso que daba a la carretera Núm. 1, el hecho de retener los accesos indicados no salva la pérdida en atractivo para un comprador del remanente lo que evidentemente tiene que reducir su valor en el mercado.
Esta pérdida de valor del remanente es la que hemos determi-nado debe ser compensada a la parte demandada por surgir como consecuencia de la expropiación que es una situación de hechos distinguible del caso de Texaco v. Srio. de Obras Públicas (85 D.P.R. 712) antes referido.”

El tribunal justifica la compensación por la pérdida de acceso estableciendo una distinción doctrinal sobre la frágil base de una dicotomía de poderes, el de dominio eminente y el de reglamentación para la protección del bienestar general. No se puede abordar esta cuestión en forma tan conceptual y legalista. Hay que enfocarla en forma pragmática, es decir, como lo que es, como un área más de intereses en conflicto. Por un lado el interés de una sociedad que reclama válidamente carreteras más seguras, cómodas y de tránsito más acelerado, y por otro lado, el derecho individual al disfrute de su pro-piedad sin restricciones injustificadas. La función judicial con-siste aquí en establecer un balance razonable entre esos intereses, dándole debido peso a diversos factores, tales como la naturaleza de la obra, su necesidad e importancia en la protección del bien común, el impacto fiscal de la compensación frente a la magnitud del daño y la posibilidad de proveer otros accesos.

El Estado no puede actuar en forma arbitraria o irrazonable, no importa la naturaleza del poder que ejercite. Aun el poder de reglamentación para protección del bienestar general está sujeto a criterios de razonabilidad. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973); E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393,403 (1966). Se sabe, que una reglamentación irrazonablemente onerosa puede constituir una confiscación que obligue al pago de compensación. Goldblatt v. Hempstead, 369 U.S. 590 (1961); Penna. Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393 (1922), Sax, Joseph L.: Takings and the Police Power, 74 Yale L.J. 36.

Por otro lado, el ejercicio del poder de dominio eminente no supone el pago de compensación por cualquier disminución del valor del remanente. Penna. Coal Co. v. Mahon, supra, 413. Stoebuck, William: The Property Right of Access versus The Power of Eminent Domain, 47 Texas L. Rev. 733-739. “El Gobierno” — apuntó sabiamente el Juez Holmes— “apenas podría funcionar si los valores en relación con la propiedad no pudieran disminuir en alguna medida sin el pago de compensación. Por largo tiempo se ha reconocido que algunos valores se disfrutan bajo una limitación implícita y deben ceder ante el poder de razón de estado.” Penna. Coal Co. v. Mahon, supra, 413.

La cuestión entonces se plantea en términos de si la pérdida de acceso es de naturaleza compensable y no si la pérdida disminuyó el valor del remanente. Planteada así, no tiene importancia la dicotomía de poderes, ya que la compen-sación no depende meramente del ejercicio del poder de domi-nio eminente, depende de la naturaleza de la disminución de valor, de si es ésta compensable o no lo es.

Hay prácticamente unanimidad de criterio en que debe compensarse la destrucción total del derecho de acceso. Texaco Inc. v. Srio. de Obras Publicas, supra, a la página 726; Clarke, Owen: The Limited-Access Highway, 27 Wash. L. Rev. Ill, 123; York, James : Eminent Domain v. Police Power as Related to the Abutting Owner’s Right of Access, 14 Baylor L. Rev. 70. Ello constituye para todos los efectos una confiscación {taking), ya que una propiedad enclavada pierde su valor económico, y por lo tanto, el dueño debe ser compensado. De otra manera, la garantía constitucional que protege contra el despojo de propiedad sin el debido proceso de ley no tendría efecto práctico. Y ello es así, independientemente de que la privación total de acceso sea consecuencia de una expropiación forzosa o de una reglamentación del Estado en protección del bienestar general.

Las diferencias de criterio propiamente surgen, no ya con respecto a la pérdida total, sino en relación con las restriccio-nes o limitaciones al acceso. Texaco v. Srio. de Obras Públicas, supra; 2A Nichols: On Eminent Domain, sec. 6.4442, pág. 6-243; Cromwell, Gardner: Loss of Access to Highways: Different Approaches to the Problem of Compensation, 48 Ya. L. Rev. 538; Johnston: Developments in Land Use Control, 45 Notre Dame Law. 399, 422. Anotación: Abutter’s Access— Direct Regulation, 73 A.L.R.2d 652.

La regla predominante en las diversas jurisdicciones de los Estados Unidos es al efecto de que el propietario sólo tiene derecho a un acceso razonable a su propiedad; definién-dose este derecho como la facultad de entrar y salir del fundo al sistema general de vías públicas y no a una carretera espe-cífica. Clarke, op. cit. supra pág. 124; Stoebuck, op. cit. supra págs. 735, 736, 754, 765; Covey, Jr., Frank: Frontage Roads: To Compensate or not to Compensate, 56 Nw. U.L. Rev. 587, 593; Moore, Peyton H.: Nature and Compensability of Access, Institute of Eminent Domain (1961), pág. 10, Anotación: Access to Highway — Compensable Limitation, 42 A.L.R.3d 13, 24, y sig.

Generalmente, cuando se convierte una carretera convencional en una de tipo expreso se provee acceso a los predios colindantes a través de una calle marginal. También puede proveerse acceso, como se hizo en el presente caso, construyendo un tramo que conecte con una calle cercana que a su vez conecte con el sistema general de vías públias. El hecho de que estos accesos resulten más largos e indirectos no da base a compensación pues se presume que éstas son las molestias e inconveniencias que los propietarios vienen obligados a compartir con el resto de la comunidad.

En la consideración del problema no puede soslayarse que la tierra en Puerto Rico es un recurso natural escaso y de con-tinuo incremento en valor, resultado natural del aumento po-blacional y el desarrollo industrial. Torres Rigual: Control of Land Value Through Taxation, 23 Rev. C. Abo. P.R. 419. Tampoco se puede esquivar la realidad de que los recursos fiscales no son ilimitados y sería en extremo gravoso para el fisco extender el derecho de acceso más allá de lo razonable pues ello afectaría adversamente el desarrollo del programa de construcción de carreteras de accesos controlados, que son esenciales para la mayor seguridad, comodidad y celeridad del tránsito interurbano. \

En el caso de autos, como ya vimos, el tribunal de instancia concluyó que los predios pertenecientes a los recurridos retienen acceso indirecto a la Carretera Núm. 1 a través de carreteras cercanas. Los predios del recurrido González Lago tienen acceso directo a la antigua Carretera Núm. 1, hoy Núm. 838, al igual que el remanente de las parcelas 23 y 23B de la recurrida Rosalía Rodríguez. En cuanto al resto de los predios, el Estado proveyó un acceso de cuatro metros de ancho por cincuenta metros de largo el cual conduce hasta una de las calles de la Urbanización San Ignacio y de ahí, a la Carretera Núm. 1.

Consideramos que los anteriores son accesos razonables y, por tanto, concluimos que erró el tribunal de instancia al conceder a los recurridos compensación en concepto de pérdida de acceso.

Se dictará sentencia modificando la sentencia recurrida a los fines de eliminar las partidas de $1¡,2,807 y $22,189 con-cedidas a los recurridos Rosalía Rodríguez y Roberto González Lago, respectivamente, en concepto de daños por pérdida de acceso. Así modificada se confirma.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Raúl H. Urrutia et al., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-73-351

      Resuelto: 4 de abril de 1975

      Vicente Santori Coll y Jaime Sifre Rodríguez, abogados de las partes recurrentes; Quetglas, Vázquez & Subirá, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 30 de marzo de 1971, mientras la codemandante Alba M. Bernart de Urrutia conducía su automóvil hacia el trabajo, un compresor propiedad de la recurrente, Autoridad de Acue-ductos y Alcantarillados de Puerto Rico, se desprendió de su remolque e hizo contacto leve por la parte lateral en que ella estaba. Durante el incidente sintió la sensación natural de que iba a ser aplastada por el compresor, aun cuando en definitiva no sufrió daño físico alguno. La prueba sobre su comporta-miento posterior fue conflictiva, no obstante resulta incontro-vertido que se comunicó telefónicamente con su esposo, el co-demandante Raúl H. Urrutia, quien luego de trasladarla a una oficina gubernamental, la condujo finalmente a su trabajo hasta que pasó a recogerla a su salida por la tarde.

Debido a su estado de intranquilidad e insomnio durante la noche y haber sufrido un mareo en el trabajo en horas de la tarde del otro día, fue examinada en las oficinas de la Dra. María Teresa Berio quien en vista del estado catatónico o le-tárgico que evidenciaba, recomendó su hospitalización inme-diata; siendo ingresada en el Hospital San Jorge con síntomas principales de parálisis en las piernas y dolor de cabeza. En dicha institución fue examinada y tratada por varios faculta-tivos concluyéndose ausencia de lesión física o neurológica y diagnosticándose una Reacción de Conversión Histérica o Reacción de Conversión reflejada físicamente en la parálisis de las extremidades, caídas al piso acompañadas de episodios de mareo, inconsciencia, insomnio y fuertes dolores de cabeza. Fue dada de alta el 12 de abril de 1971 sin mejoría, conti-nuando bajo tratamiento de psico-terapia con el Dr. José H. Rivera Maldonado hasta fines de junio. Con anterioridad al 4 de mayo se había reintegrado a su trabajo secretarial. Desde el inicio del espisodio de conversión y durante dicho período mantuvo un estado de dependencia total hacia su esposo, no pudiendo valerse por sí sola en las gestiones del hogar — como madre y esposa — ni en su cuidado personal. No hay evidencia que sugiera que al presente no se encuentra recuperada.

En sentencia por daños y perjuicios reclamados en causa de acción fundada en los hechos antes relacionados, el Tribunal Superior, Sala de San Juan condenó a la Autoridad recu-rrente a satisfacerle $7,000.00; $3,000.00 a su esposo, $565.80 en daños especiales y $1,000.00 en concepto de honorarios de abogado.

En sus escritos y en la vista oral celebrada el 17 del mes pasado se señalan y se argumentan por las partes cinco (5) errores que giran esencialmente sobre la relación causal, el monto de daños y la concesión de honorarios.

Un análisis sereno de la prueba testifical y documental presentada, nos convence de que la codemandante recurrida había padecido de episodios de conversión histérica con ante-rioridad al accidente y de que éste sólo propició que se agra-vara su condición mental. No podemos descartar la evidencia escrita en récords médicos — consignada en virtud de declara-ciones e información contemporánea al suceso acaecido, brindada por su esposo a varios facultativos — indicativa de que ella somatizaba con anterioridad al accidente debido a deficiencias de su personalidad y conflictos emocionales pre-existentes que se manifestaban en padecimientos de dolores de cabeza semanales desde hacía años, carácter fuerte y escenas tirándose al piso, moviéndose y gesticulando durante discu-siones. Tales episodios no constituían una somatización leve, como erróneamente los caracterizó el tribunal recurrido, sino más bien síntomas serios y dramáticos del estado de conversión que ella manifestaba como historial previo al 30 de marzo de 1971.

Aun cuando la prueba aportada por los peritos de cada una de las partes en algunos extremos fue conflictiva, su estudio integral nos convence de la existencia de relación causal entre el episodio por lo cual la codemandante fue hospitalizada y el incidente a que estuvo expuesta; ello constituyó el factor básico que precipitó su estado catatónico inicial y la reacción de conversión aguda manifestada en la parálisis. Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488, 501 (1965).

Sin embargo, no podemos compartir el criterio del tribunal a quo, como tampoco compensar pecuniariamente la condición física y mental que éste considera probada, al consignar que ella “... luego del accidente, padece de insomnio, irritabilidad, intranquilidad y nerviosismo constante así como dolores de cabeza.” No podemos atribuir causalidad al incidente habido por síntomas idénticos existentes con anterioridad manifesta-dos desde hacía años. Concepción Guzmán, supra, pág. 504. Lo expuesto nos lleva a la determinación de la compensación que debemos reconocer a los demandantes recurridos por daños físicos y mentales.

Es difícil, por no decir angustioso, la gestión judicial de estimación y valoración de daños, evidenciado ello en muchos dictámenes judiciales del pasado y los disensos que esporádicamente se producen en foros adjudicativos colegiados, como este Tribunal, animados todos sus integrantes por realizar con excelencia y a cabalidad la misión encomendádale de impartir justicia. Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada en el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5141), no existe una tabla o computadora electrónica que recoja todos los elementos y premisas inarticuladas que nutren la valoración del dolor físico y mental humano y permita, mediante la aplicación de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener el resultado final apropiado. Esta función descansa sobre el ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador de hechos animado por un sentido de justicia y de conciencia humana. El contacto con la prueba presentada en el proceso judicial de primera instancia y las impresiones derivadas de la apreciación visual del juez, es la razón básica para que en ausencia de un dictamen imponiendo una cuantía ridiculamente baja o exageradamente alta, a la luz de la prueba sobre daños presentada, en nuestra función apelativa, implementemos la norma de abstención judicial fundada en criterios de estabilidad y de respeto a los tribunales de pri-mera instancia. Empero, señaladas y sometidas a nuestra consideración circunstancias comprobadas que ameritan una modificación de la cuantía, procederemos a ello siguiendo los criterios antes mencionados.

■Tratándose de un caso en que los peritos producidos por cada parte sostienen divergencia de criterios en cuanto al origen, causalidad y extensión de la condición de la codeman-dante recurrida, de fácil percepción resulta en el caso de autos, la dificultad del tribunal a quo de fijar daños, recono-ciendo en su sentencia original una cantidad para luego aumentarla mediante resolución en reconsideración.

Tomando como base el daño realmente atribuible a la demandada recurrente y en vista de la condición preexistente, estimamos razonable disminuir su compensación a la cantidad de $5,000.00 que se reduce a $4,000.00 por disposición de la See. 8 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles de Puerto Rico (9 L.P.R.A. see. 2058). Respecto a su esposo Raúl H. Urrutia, consideramos la cantidad de $1,000.00 razonable, sin que le sea aplicable deducción alguna de la ley especial citada, como erróneamente concluyó el tribunal sentenciador, en virtud de nuestros pronunciamientos en el caso de Coira Luquis v. De Jesús Rosas, 103 D.P.R. 345 (1975).

Igualmente se cometió error al condenarse a la Autoridad recurrente a satisfacer $565.80 en concepto de gastos médicos probados luego de deducida la suma de $2,000.00 que como reducción dispone la See. 8(3) (c) de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles antes mencionada. El lenguaje de la ley provee que la deducción .. será la suma de $2,000.00 o el importe de los beneficios totales pagados por la Administración, si dicho importe fuere mayor de $2,000.00.” Su interpretación lógica implica que cuando un reclamante no se acoge a dicho sistema, teniendo derecho a ello, le es oponible válidamente la cuantía mayor en gastos médico-hospita-larios incurrida fuera del sistema debiendo deducirse la suma total en exceso de $2,000.00.

Concluir lo contrario sería dejar al arbitrio de un recla-mante la fijación de indemnización por este concepto al poder optar, sin consecuencia jurídica alguna, el acudir a trata-miento ajeno al sistema de compensación social diseñado haciendo inoperante una de las deducciones fijadas en la ley. Resulta necesario que nuestras decisiones propicien la canali-zación de agravios y la obtención de remedios a través de los sistemas administrativos establecidos para toda la ciuda-danía, descongestionando a los tribunales del proceso de dirimir controversias cuyas soluciones están previstas fuera del ámbito judicial. Quiñones v. A.C.A.A., 102 D.P.R. 746 (1974).

Respecto a la concesión de honorarios de abogado, la recurrente no incurrió en temeridad, demostrado ello al admitir negligencia luego de utilizados los mecanismos de descubrimiento de prueba y la existencia de la controversia legítima sobre causalidad. Debe eliminarse la suma de $1,000.00 de honorarios de abogado impuesta.

El dictamen vertido dispone de los errores apuntados por la recurrente. Sin embargo, la discusión de tales errores sobre daños se deriva de la pugna de testimonio pericial reflejada en el proceso — que se repite periódicamente en los tribunales del país dilatando y aumentando los costos gubernamentales y de los litigantes relacionados con el trámite judicial, a la par que dificulta la búsqueda de la verdad — nos mueve a adoptar sin mayor dilación una norma jurídica de mayor rectitud y efectividad en el procesamiento judicial puertorriqueño de causas civiles en lo concerniente al testimonio pericial.

La situación no es nueva, pues tiene viejos antecedentes en nuestro sistema de administrar justicia. Un ilustre miem-bro de este Tribunal, Don Emilio Del Toro Cuebas, compendió elocuentemente hace medio siglo los efectos negativos que experimenta la adjudicación de controversias bajo la hipótesis controvertida que postula el esclarecimiento de la verdad a base del sistema adversativo pericial:

“Es la eterna historia de la prueba .pericial. Testigos instrui-dos que generalmente ponen su inteligencia y sus conocimientos técnicos al servicio de la ¡parte que los presenta y que constituyen en muchas ocasiones uno de los riesgos mayores que un juez en-cuentra para impartir justicia.” Voto disidente en Vidal v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 32 D.P.R. 769, 786 (1924).
No obstante el tiempo transcurrido, tales expresiones con-tinúan teniendo eco ininterrumpido en las salas de justicia en los casos en que la determinación de responsabilidad o de daños se hace depender, por la naturaleza de los mismos, en el testi-monio versado de peritos en determinada materia. Así, en Bahr v. Am. Railroad Co., 61 D.P.R. 917, 926 (1943) seña-lamos: “El perito forense, seleccionado por y bajo el control de la corte es sin duda alguna el medio más efectivo para llegar al conocimiento de la verdad.”

La literatura en otras jurisdicciones sobre el problema no sólo es abundante sino demostrativa de la necesidad que se establezca un medio efectivo de evitar y eliminar la situación de que los peritos sean o se conviertan en testigos particulares de las partes. Coincidimos con la conclusión del comentarista Wigmore de que el remedio básico descansa en remover la característica de que el perito pertenezca a una parte logrando que su comparecencia y testimonio ante el tribunal sea sin endoso previo a cualesquiera de los litigantes. Tal posición es la única compatible con la función que debe esperarse del hombre de ciencias, la cual, de la obra de Lord MacMillan Law and Other Things, reproduce lo siguiente: ha contratado para que lo sostenga. Hacerlo es prostituir la ciencia y perpetrar un fraude a la administración de justicia.” II Wigmore, Op. Cit.; pág. 647 (traducción nuestra).

“De algo estoy seguro, y es que ningún científico debe jamás ser partidario de una de las partes; puede ser partidario de una opinión en su propia ciencia, si la defiende honestamente;- pero jamás debe aceptar pago -por abogar un punto de vista particular meramente porque éste representa el interés del litigante que le

Aun cuando reconocemos la respetabilidad de muchos pro-fesionales, estimamos que el sistema adversativo desalienta la comparecencia de muchos testigos periciales capacitados y honestos cuyos testimonios contribuirían en mayor grado a la corrección y certeza de los fallos judiciales.

La facultad inherente que posee todo tribunal de compeler la citación de testigos periciales ajenos a los de las partes, con sujeción a aquellas condiciones que discrecionalmente considere apropiadas — incluyendo el disponer su compensación por uno o ambos litigantes — está ampliamente reconocida jurisprudencialmente :

“No obstante, a causa de necesidad, los tribunales tienen algún poder inherente en el campo del procedimiento; es decir, el poder de suplir tal procedimiento bien cuando éste no existe o bien cuando inadecuadamente se fija por estatuto, siempre y cuando que el mismo no sea inconsistente con las disposiciones de ley. Y este Tribunal ha resuelto que en Puerto Rico los vacíos de procedimiento pueden cubrirse mediante decisiones judiciales a virtud de los artículos 7 del Código Civil y 36 del Código de Enjuiciamiento Civil.” González v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585, 619 (1953).

Véanse además: 95 A.L.R.2d: Anno: Expert Witness — Appointment by Court, págs. 390-407; Sink, John M.: The Unused Power of a Federal Judge to Call His Own Expert Witness, 29 So. Cal. L. Rev. 195-214 (1956); Wigmore, op. cit. pág. 270, sec. 2484.

Emana de una obligación que trasciende la concepción arcaica y desacreditada de que el juez es un mero espectador de la pugna judicial comparable al inexpresivo rostro del juga-dor de cartas (poker face), que se nutre del respeto y la estima propia que deben poseer los jueces en el empeño de cumplir cabalmente con el precepto moral y ético de que en “. . . todo momento y por sobre toda otra consideración, sus actuaciones han de auspiciar el descubrimiento de la verdad como base esencial para impartir la justicia que de él se espera.” Canon V de Etica Judicial; Pueblo v. Pábón, 102 D.P.R. 436 (1974).

Irrespectivamente de que resulta inaplazable la adopción y aprobación final de unas nuevas reglas de evidencia en las cuales se incorporen los principios modernos sobre el particular y se disponga un cuerpo de normas integradas aplicables a causas civiles y criminales, la consecución de un sistema justo, rápido, económico y eficiente nos compele a establecer la norma de que los tribunales de instancia, en casos civiles apropiados, previa oportunidad a las partes de seleccionar un perito común, procedan a designar el perito o los peritos necesarios para que rindan los informes y presten testimonio sobre aquellas controversias legítimas existentes, cuya presentación de prueba dejada exclusivamente al arbitrio de las partes, demoraría la solución de casos y aumentaría sus costos en detrimento de una pronta adjudicación.

Confrontado el poder inherente que posee este Tribunal en su función rectora, de pautar y darle contenido máximo al Derecho puertorriqueño, con el principio expuesto en la Regla 71 de Procedimiento Civil de que los tribunales podrán regla-mentar procedimientos específicos en cualquier forma que no sea inconsistente con las reglas vigentes u otra disposición de ley, la facultad de nombrar peritos de los tribunales de ins-tancia, podrá ser implementada conforme a los criterios ex-puestos en las Reglas 403 a 410 del Proyecto de Reglas de Evi-dencia de 1958. ()

Por los fundamentos expuestos, se dictará Sentencia modi-ficando la compensación concedida condenando a la recurrente Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico a satisfacer únicamente las sumas de $J¡,,000.00 y $1,000.00 res- pectivamente a Alba Bernart de Urrutia y Raúl H. Urrutia, las costas del proceso, sin especial condena de honorarios de abogado. Así modificada, se confirma la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan de fecha de abril de 1973.

       Consúltese García, v. A.F.F., 103 D.P.E. 356 (1975).

      T.E. fechada 20 de diciembre de 1972, págs. 85 y 86. El término “somatizar” es reconocido en la psiquiatría moderna como sinónimo de conversión, descriptivo de aquella sintomatología física o corporal con géne-sis en una causa neurótica profundamente acentuada. 2 Schmidt’s Attorney’s Dictionary of Medicine, pág. 768 (1974); Salvat: Diccionario Termino-lógico de Ciencias Médicas, pág. 1122 (Octava edición); Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, pág. 1267 (vigésimotercera edición). Sobre el tema de 'Reacción de Conversión Histérica la literatura es prolífera; con-súltese: XI The Cyclopedia of Medicine, Surgery, Specialties, 647 (rev. ed. 1974), P. A. Davis Company.
      Además véase el escolio 1, pág. 495 del caso Concepción Guzmán, supra.

      II Wigmore, Evidence, págs. 644, 656, see. 563 (tercera edición); McCormick, Evidence, págs. 34-39, sec. 17 (1954).

       Véase: 3 Práctica Forense Puertorriqueña: Evidencia, págs. 199 a 208 (1964).


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Angel Luis Bon Matos, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Guillermo Gil Rivera, Juez, demandado.

      Número: O-73-218

      Resuelto: 9 de abril de 1975

      Carlos R. Noriega y Manuel A, Duran, abogados del peticionario; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario fue acusado y convicto del delito de homi-cidio involuntario al arrollar con su vehículo de motor a un peatón. Se dictó sentencia condenándolo a sufrir dos años de cárcel. Se le suspendió el uso de su licencia de conducir por el término de un año a ser contado desde que cumpliese la sen-tencia de cárcel según lo requiere la ley. La sentencia fue sus-pendida concediéndosele libertad a prueba con la condición de que no manejase vehículos de motor durante el período de libertad a prueba. Apeló y radicó “Moción sobre devolución de licencia” ante el Tribunal Superior en la cual adujo que la radicación de la apelación tenía como resultado la suspen-sión de los efectos de la sentencia y que como la condición especial de revocación del uso de la licencia era parte de la sentencia, al ésta quedar sin efecto, también quedaba en sus-penso la prohibición de conducir. El tribunal de instancia ordenó la devolución de la licencia pero sólo para ser usada como identificación por ser la prohibición de manejar la condi-ción impuesta por el tribunal de instancia para conceder al peticionario su libertad. Por considerar errónea esta determi-nación, el peticionario radicó solicitud de certiorari ante este Tribunal. El peticionario basa su contención en la Regla 197 (a) de las de Procedimiento Criminal y en el caso de Arana Rodriguez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 145 (1965).

La Regla 197 inciso (a) establece el principio de que la apelación de una sentencia suspende la ejecución. El inciso (b) contempla la situación en que se haya concedido una sen-tencia suspendida y ésta se haya apelado al Tribunal Supremo. Se establece que “una apelación ante el Tribunal Supremo de una sentencia condenatoria, no suspenderá los efectos de una orden disponiendo que el acusado quede en li-bertad a prueba.” Seguidamente enuncia que “Mientras se sustancia la apelación, el tribunal sentenciador conservará su facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla.”

El inciso (b) de la Regla 197 codifica la doctrina expuesta por este Tribunal en Pueblo v. Vélez, 76 D.P.R. 142 (1954). En Vélez resolvimos que la mera interposición de una apela-ción no dejaba sin efecto una sentencia cuya ejecución se sus-pendiese. Se estableció que el radicar una apelación en nada afectaba la orden y condiciones de la libertad a prueba que ha sido otorgada a un convicto, ya que la libertad a prueba solo podrá ser revocada si el acusado viola las condiciones bajo las cuales ésta se le ha concedido. Como allí expresamos: .. una cosa es la sentencia condenatoria y otra lo es la orden poniendo bajo libertad a prueba a la persona sentenciada. El hecho de que se apelara la sentencia en sí en nada tenía que ver con dicha gracia....” Pueblo v. Vélez, supra, pág. 150. Si la interposición de un recurso de apelación no afecta la con-cesión de libertad a prueba tampoco afecta las condiciones que se impusieron para concederla.

El peticionario alega que el cumplimiento de la referida condición mientras se tramita la apelación es contrario a lo expresado por el caso de Arana Rodríguez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 145 (1965). Arana envuelve la situación de un acusado convicto por el delito de manejar vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. Se le sus-pendió la licencia de conducir por un término de dos años, en adición a una condena de dos meses de cárcel. En estos casos la suspensión de la licencia es parte de la sentencia (Ley de Vehículos y Tránsito Sec. 5-802 (d), 9 L.P.R.A. see. 1042 (d)). El acusado apeló al Tribunal Supremo. La apelación suspendió los efectos de la sentencia. Por eso se ordenó la entrega al peticionario de su licencia de conducir mientras se sustanciaba la apelación.

La situación de hechos del caso de autos es distinta. Aquí el peticionario fue objeto del beneficio de sentencia suspendida y, por lo tanto, el tribunal sentenciador no podía concederle el uso efectivo de la licencia de conducir mientras se sustanciaba la apelación ya que la prohibición de su uso fue la condición misma de la concesión de libertad a prueba. Como antes ex-presamos, si la apelación no afectaba la concesión de la liber-tad a prueba necesariamente no podía afectar las condiciones que se impusieron para concederla.

Por los fundamentos antes expuestos, se anulará el auto expedido y se confirmará la resolución recurrida.