source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Manuel Cruz Torres, demandado y recurrido.

      Número: CE-94-97

      Resuelto: 14 de septiembre de 1994

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, abogado de El Pueblo; Héctor Aníbal Castro Pérez, abogado del de-mandado y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Revisamos, a petición del Procurador General de Puerto Rico, una resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, mediante la cual dicho foro judicial —a pesar del hecho de que le dio entero crédito al testimonio de los agentes del orden público y de determinar que el arresto de la persona del aquí recurrido Manuel Cruz Torres fue legal— resolvió que resultaba ilegal e irra-zonable el registro de una motora perteneciente a dicha persona, y por ende la ocupación de la evidencia delictiva (droga narcótica) que en uno de los compartimentos de la misma fue encontrada. Dicho foro, en consecuencia, proce-dió a declarar con lugar la moción de supresión de eviden-cia que; a esos efectos, había radicado la representación legal del acusado recurrido Cruz Torres.

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Con motivo de un plan de vigilancia, llevado a cabo por la Oficina de Humacao de la División de Drogas de la Po-licía de Puerto Rico, respecto a varios “puntos de drogas” que alegadamente operaban en dicha región, el agente Miguel Velázquez Torres se dirigió solo al pueblo de Yabucoa, situándose en las cercanías de una “pizzeria” conocida como “The Ring of Pizza”. Pudo observar que frente a dicho negocio se encontraba una persona, quien resultó ser el acusado Cruz Torres, parado al lado de una “motora” color roja y negra.

Como a eso de las 5:30 p.m., llegó al lugar un sujeto, a quien describe. Dicho sujeto, luego de hablar con Cruz Torres, le entregó a éste un dinero; Cruz Torres, de inme-diato, levantó el asiento de la motora, sacando del compar-timento allí existente un “pote”. Del interior de dicho “pote”, Cruz Torres sacó una “bolsita plástica transparente, con una sustancia blanca en su interior” —Apéndice I, pág. 1— tratándose, según la experiencia del agente Velázquez Torres, de la sustancia controlada conocida como “cocaína”. Terminada la referida “transacción”, el sujeto se alejó del lugar, procediendo Cruz Torres a guardar el “pote” en el compartimento debajo del asiento de la motora. Velázquez Torres procedió a informar de lo ocurrido, por radio, a otros agentes que se encontraban cerca del área.

Aproximadamente quince (15) minutos más tarde, esto es, como a eso de las 5:45 p.m., llegó al lugar un segundo individuo, el cual describe, conduciendo un jeep “Renegade”, color vino, la tablilla del cual Velázquez Torres no pudo anotar. Conforme el testimonio de dicho agente, sucedió, entonces, prácticamente lo mismo que en la ocasión anterior; esto es, una transacción o venta de alegada cocaína entre este segundo sujeto y el acusado Cruz Torres. Al re-tirarse el segundo sujeto en el jeep “Renegade” del lugar, el agente Velázquez Torres procedió a llamar, nuevamente por radio, a los otros compañeros que se encontraban por el área, con el propósito de que éstos interceptaran el referido vehículo, lo cual no se pudo realizar.

Posteriormente, llegó al lugar el agente Víctor Cruz Sánchez, junto a otros dos (2) agentes del orden público, con el propósito de ayudar a su compañero Velázquez Torres a arrestar al acusado Manuel Cruz Torres; persona quien, al igual que la motora, había sido objeto de vigilan-cia directa e ininterrumpida de parte de Velázquez Torres. Conforme la declaración del agente Cruz Sánchez, luego de llegar al lugar, sucedió lo siguiente:

Se baja del vehículo, estando el acusado en la entrada de la pizzeria The King of Pizza y le indica que eran policías, que se detenga y lo pone bajo arresto, le hace las advertencias de ley, lo registra y le ocupó $760.00 y posteriormente va a la motora y busca en el área debajo del asiento y ocupa un pote color blanco, el cual tenía varias bolsitas plásticas transparentes, las cuales tenía un polvo blanco en su interior que según su criterio era cocaína.
Confiscó la motora y llevó al acusado a la División de Drogas de Humacao, entregándole la evidencia al agente Rodríguez Dávila, quien practicó prueba de campo, la cual dio positivo a cocaína.
A preguntas de la defensa el agente indicó que por lo menos le acompañaban 2 agentes al momento del arresto del acusado, que el mismo al momento de ser arrestado, se encontraba como a 10 pies de la motora, que luego del arresto del acusado se procedió registrar la motora, en adición indicó que no podía ver a través del pote ocupado, teniendo que abrirse el mismo para ver lo que había en su interior. (Enfasis suplido y en el original.) Apéndice I, pág. 3.

El tribunal de instancia,, repetimos, resolvió que, aun cuando el arresto efectuado fue uno legal, el registro de la motora, sin orden judicial a esos efectos, fue uno ilegal e irrazonable por razón, en síntesis y en lo pertinente, de que en el presente caso no estaban presentes las circunstancias que nuestra jurisprudencia ha exigido para validar el re-gistro del área al alcance inmediato del arrestado; razón por la cual los agentes venían en la obligación de obtener una orden judicial para registrar la motora. Ello en vista del hecho de que, en palabras del foro de instancia, “el acusado se encontraba bajo arresto, habían por lo menos [tres] (3) agentes en el área y la motora no estaba bajo su control inmediato”. Apéndice I, pág. 4.

Inconforme, el Procurador General de Puerto Rico acu-dió ante este Tribunal —vía certiorari— en revisión de la referida resolución, imputándole al foro de instancia haber errado

... al resolver que el registro de la motora del acusado, tras su arresto, fue ilegal, con efecto de la supresión de los frutos de tal registro. Petición de certiorari, pág. 2.

Mediante Resolución de 15 de abril de 1994, le concedi-mos término al acusado recurrido para que mostrara causa “por la cual este Tribunal no debe expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución recurrida”. Dicha parte ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

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El Art. II, Sec. 10 de la Constitución del E.L.A., en lo pertinente, dispone que:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautacio-nes y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, alla-namientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirma-ción, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299.

Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución federal establece que:

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá ningún manda-miento, sino a virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar que ha de ser allanado, y las personas o cosas que han de ser detenidas o incautadas. Emda. IV, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 186.

La jurisprudencia interpretativa de la garantía contra registros y allanamientos irrazonables ha hecho ex-tensiva la misma tanto a registros, allanamientos e incautaciones de índole penal, como administrativa, y ha creado una presunción de invalidez, cuando éstos se llevan a cabo sin orden judicial previa. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984). Esto es, ante la ausencia de orden judicial que autorice la intervención, el Ministerio Público viene en la obligación de demostrar la existencia de circunstancias que hicieron innecesaria la obtención de la referida orden judicial. Véanse: Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979).

A esos efectos, la jurisprudencia ha reconocido, entre otras situaciones, que la orden judicial previa resulta inne-cesaria: cuando la evidencia se encuentra a plena vista, Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); cuando la evidencia es arrojada o abandonada, Pueblo v. Lebrón, ante; cuando la evidencia es obtenida en el transcurso de una persecución, Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); cuando la evidencia es obtenida en un registro administrativo en una actividad altamente reglamentada por el Estado, E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., ante, y cuando ha mediado consentimiento para el registro, Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

Ahora bien, hemos resuelto, adicionalmente, que el registro —sin orden judicial que lo autorice— de la persona de un ciudadano que es legalmente arrestado, y del área que está a su alcance inmediato, es completamente permisible y, por ende, legal y razonable. Ello se justifica cuando dicho registro se hace con el propósito de evitar que la persona arrestada pueda utilizar armas para atacar a los agentes del orden público, o para intentar una fuga, y para ocupar evidencia que, de otro modo, el arrestado po-dría destruir. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971). En el citado caso de Pueblo v. Costoso Caballero, no obstante resolver que era legal y razonable el registro de una “carpeta o portapapeles” que el allí arrestado llevaba en sus manos, advertimos que:

No es permisible un registro sin orden de allanamiento, aun-que sea contemporáneo con un arresto válido, de aquellos luga-res y muebles de una casa que no están al alcance inmediato de la persona arrestada. Así, al efectuarse un arresto válido no pueden registrarse sin orden de allanamiento escritorios, archi-vos, roperos y otros muebles, y closets y las habitaciones y otras partes de la vivienda o edificio en que se arresta al acusado. Esa búsqueda que no tiene por propósito evitar los riesgos antes mencionados (agresiones con armas, fuga, destrucción de evi-dencia) no son registros razonablemente hechos con motivo de un arresto y por lo tanto están proscritos por la Sec. 10 del Art. 2 de la Constitución de Puerto Rico y por la Enmienda IV de la Constitución de los Estados Unidos. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Costoso Caballero, ante, pág. 153.

En fecha mucho más reciente, tuvimos la oportunidad de expresarnos nuevamente al respecto, en específico sobre el registro minucioso y detenido de un automóvil en la vía pública, cuyo conductor había sido originalmente detenido en relación a una supuesta infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 301 et seq. Nos referimos al caso de Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). El registro realizado en dicho caso fue sin or-den judicial a esos efectos, efectuado por los agentes del orden público luego de que éstos hubieran legalmente arrestado en dicho lugar al conductor del vehículo por ra-zón de haber observado, “a plena vista”, sobre el asiento del mismo lo que aparentaba ser una sustancia controlada; efectuándose el registro minucioso del automóvil mientras el conductor del mismo se encontraba ya bajo custodia en la patrulla de la policía.

Luego de enfatizar que la Sec. 10, Art. II de nuestra Constitución, ante, pág. 474, protege a la ciudadanía no sólo contra registros ilegales, sino también contra registros irrazonables”; que la protección de la citada Sec. 10 “fue extendida específicamente a vehículos de motor”, y que, debido a la diferencia conceptual y funcional entre una re-sidencia y un automóvil, “los tribunales han concluido que la expectativa de intimidad es menor cuando se usa un automóvil”, expresamos en Pueblo v. Malavé González, ante, pág. 473, que en esta clase de casos debemos “distin-guir entre categorías de situaciones, adentrarnos en la at-mósfera total de cada caso para hallar el significado pre-ciso, dentro de unas circunstancias específicas, de un concepto tan ilusivo y volátil como es el de la razonabilidad”. (Énfasis suplido.) Íd., págs. 473-474.

Después de examinar los hechos específicos del caso, a la luz de la directriz antes mencionada, resolvimos en Pueblo v. Malavé González, ante, que el registro minucioso que la policía efectuara del vehículo detenido había sido uno “irrazonable” por razón de que dicho vehículo, en el mo-mento en que se registró, “ya no se encontraba bajo [el] control inmediato [de Malavé González] ni [éste] tenía ac-ceso” al mismo. íd., págs. 481-482. Siguiendo lo expresado en Pueblo v. Costoso Caballero, ante, adujimos que en la situación de hechos que presentaba el caso no existía razón alguna “para creer que la vida de los policías o de otras personas estuvieran en peligro, o que desapareciera la evi-dencia del delito de no efectuarse el registro sin orden”. Pueblo v. Malavé Gorizález, ante, pág. 482. En consecuen-cia, confirmamos al tribunal de instancia, el cual había su-primido la evidencia delictiva que había sido ocupada como consecuencia del registro minucioso llevado a cabo.

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Somos del criterio que los hechos del caso hoy ante nuestra consideración son distinguibles de los del antes ci-tado caso Pueblo v. Malavé González. De hecho, somos de la opinión que existe una abismal diferencia entre los he-chos de estos dos (2) casos. A diferencia del caso Pueblo v. Malavé González, en el presente caso se trata de la incau-tación de una evidencia delictiva de cuya existencia los agentes del orden público tenían pleno conocimiento con anterioridad al momento en que ocupan la misma en la motora. Dichos agentes, en adición, tenían pleno conoci-miento del lugar específico de la motora en donde se encon-traba dicha evidencia delictiva', motora y lugar específico que habían estado, continua e ininterrumpidamente, bajo observación policiaca. Esto es, no se trata aquí de un regis-tro que se lleva a efecto por la mera posibilidad de encon-trar evidencia delictiva; dicho de otra forma, no nos enfren-tamos a un registro, tipo “fishing expedition”, que se lleva a efecto “por lo que pueda aparecer”. En el presente caso, se tenía conocimiento y certeza de la existencia de la eviden-cia delictiva, ya que la misma había estado a “plena vista” con anterioridad a ser depositada por el acusado en el com-partimento de la motora; “vehículo de motor”, repetimos, que en ningún momento estuvo fuera de la vista, y obser-vación, de los agentes.

En conclusión, tratándose el presente caso de un registro, efectuado en la vía pública, de un vehículo de motor (motora) —el registro de los cuales es una intrusión mucho menor, en los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución federal y de la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución, que en casos del registro de la persona de un ciudadano y/o de la residencia de éste, Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 338 (1976); Pueblo v. Malavé González, ante— y de que en el caso ante nuestra consideración los agentes habían observado “a plena vista” la evidencia delictiva en controversia, que el lugar específico de la motora donde se “guardaba” la misma había estado, continua e ininterrumpidamente, bajo observación de dichos agentes, y que éstos tenían la certeza de la existen- da de la misma en dicho lugar, somos del criterio que la “atmósfera total” del caso y las “circunstancias específicas” del mismo demuestran que el registro, tipo incautadón, que de la motora se realizara en el presente caso fue uno razonable. Véase Pueblo v. Malavé González, ante.

En consecuencia, y por los fundamentos específicos antes expresados, procede expedir el auto de “certiorari” radicado por el Procurador General de Puerto Rico y se dictará sen-tencia revocatoria de la resolución emitida por la Sala de Humacao del Tribunal Superior de Puerto Rico en el pre-sente caso, mediante la cual ordenó la supresión de la evi-dencia en controversia en el mismo; devolviéndose el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí expuesto y resuelto.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García no intervino.

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Estamos conforme con la opinión del Tribunal, ya que entendemos que ésta se fundamenta en la doctrina de evi-dencia a plena vista. Debido a que dicha opinión, en parte, podría dar la impresión de que se está validando la incau-tación mediante la utilización de la doctrina de registro sin orden incidental al arresto, hemos decidido hacer estas breves expresiones.

La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, así como la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, garantizan la protección de las personas, sus ca-sas, papeles y efectos contra registros, allanamientos e in-cautaciones irrazonables. Ahora bien, esta garantía tendrá efecto sobre objetos y lugares sólo si están protegidos por un interés individual fundado en una expectativa legítima a la intimidad. Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 332 (1979); Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315, 326 (1982); E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 402 (1983); Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827, 830 (1984). Lo crucial y decisivo es que, bajo las cir-cunstancias del caso, sea razonable tener tal expectativa, en el sentido de lo que es socialmente justificable. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, See. 6.17, pág. 434. Por tal razón, lo que una persona expone al público, en mayor o menor grado, determinará su interés constitucional sobre el objeto, y, por lo tanto, el alcance de la protección. O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Equity, 1990, T. 1, pág. 205. La privacidad no sigue a los objetos como una sombra. Termina una vez que la persona los expone voluntariamente a la vista y conocimiento del público. Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537, 544 (1977). De ahí que los obje-tos a plena vista o percepción carecen de protección constitucional. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 435-436 (1976); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 779 (1982).

La norma general, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la Cons-titución de Estados Unidos es que no existe una protección constitucional contra la inspección de objetos que están a la plena percepción de los agentes de la Policía, siempre que la presencia de los agentes en el lugar esté justificada. Para incautarse del objeto, la incautabilidad del mismo debe surgir de la percepción de éste, y no de su registro. También hay que justificar el acceso al lugar de la incautación. Chiesa, op. cit., pág. 434.

Los requisitos para la aplicación de la doctrina en Puerto Rico, según los establecimos en Pueblo v. Dolce, supra, son los siguientes:

1. El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un registro.

2. El agente que observe la prueba debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la cual podía verse el artículo.

3. El objeto debe descubrirse inadvertidamente.

4. La naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación.

El tercer requisito mencionado en Pueblo v. Dolce, supra, fue abandonado por la Corte Suprema federal en Horton v. California, 496 U.S. 128 (1990). En dicho caso se llegó a la conclusión de que el carácter inadvertido del des-cubrimiento o percepción del objeto no es esencial. Lo que sí es esencial es justificar la presencia del agente en el lugar. La doctrina de la evidencia a plena vista o percep-ción en la jurisdicción federal está resumida en el siguiente párrafo:

... [E]s un requisito esencial para la incautación válida de evidencia incriminatoria sin orden judicial, que el agente no violara la Enmienda Cuarta al llegar a colocarse en el lugar desde el cual la evidencia pudiera ser percibida a plena vista. Hay, además, dos condiciones adicionales que deben ser satis-fechas para justificar la incautación sin orden. En primer lugar, no sólo deben estar a plena vista los objetos, sino que su carác-ter incriminatorio tiene que ser también inmediatamente apa-rente .... En segundo lugar, no sólo se requiere que el agente esté legalmente en el lugar o posición desde el cual el objeto queda a plena vista, sino que además se requiere que el agente tenga acceso legal al objeto mismo. Traducción del Profesor E.L. Chiesa, op. cit, págs. 438-439, citando a Horton v. California, supra, pág. 2308.

Al armonizar los requisitos establecidos tanto en la ju-risdicción federal como en la nuestra, encontramos que és-tos se cumplen en el caso ante nuestra consideración.

En primer lugar, el artículo —cocaína— fue descubierto por estar a plena vista. En segundo lugar, el agente tenía derecho previo a estar en la posición mediante la cual ob-servó el objeto a plena vista, ya que estaba haciendo uso de su libertad de movimiento en un lugar público, mientras realizaba una investigación relacionada con el trasiego de drogas. Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R. 244, 247 (1988). En cuanto al tercer requisito establecido en Pueblo v. Dolce, supra, ya dijimos que éste ha sido abandonado por la jurisprudencia federal, acción que consideramos atinada. Con relación al último requisito, la naturaleza de-lictiva del objeto surgió, con meridiana claridad, de la simple observación del agente, el cual, por su experiencia en la investigación del trasiego de sustancias controladas, perci-bió, a simple vista, que se trataba de cocaína.

En relación con el derecho o justificación legal para que el agente buscara en el asiento de la motora con el objeto de extraer el “pote” que contenía la cocaína, coincidimos con la opinión mayoritaria de que el registro, tipo incauta-ción, que se realizó de la motora fue razonable. Ello por razón de que los agentes habían observado a plena vista la evidencia delictiva en controversia y el lugar donde fue guardada había estado continua e ininterrumpidamente bajo la observación de los agentes, teniendo éstos la cer-teza de su existencia en dicho lugar y que, además, se tra-taba de un registro de un vehículo de motor, en los cuales existe una menor expectativa razonable a la intimidad, comparada con el hogar y otros lugares. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). También resulta signifi-cativo que la incautación se realizó dentro de un tiempo relativamente corto desde que ocurrió la observación de las transacciones, estando la evidencia a plena vista, y el mo-mento del arresto del acusado. Cabe señalar, por último, que el peticionario, en dos (2) ocasiones, llevó a cabo las transacciones de drogas, a plena vista, dándole la oportu-nidad al agente de observar claramente dichas acciones. Este prácticamente estaba “anunciando” con sus actuacio-nes la actividad delictiva que llevaba a cabo. Nos parece que, bajo esas circunstancias, el peticionario no tenía una expectativa real de intimidad y hubiese sido un tanto artificial confiscar la motora para luego registrarla para fines de inventario.

Por todo lo antes expuesto, concurrimos con la opinión que hoy emite la mayoría.

       Esto es, con el propósito de “ ‘ocupar armas que puedan ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a los agentes del orden público o para intentar una fuga, y para ocupar evidencia que de otro modo el arrestado podría destruir’ ”. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 477 (1988), citando a Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1971).


text:
      In re Constitución de Sala Especial de Verano.

      Número:

      Resuelto: 16 de septiembre de 1994
   ORDEN

Al amparo de los acuerdos adoptados por el Pleno el 10 de junio de 1994, la Sala de Verano del 19 al 30 de septiem-bre de 1994 queda constituida por el Juez Asociado Señor Negrón García, como su Presidente, la Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

Püblíquese.

Lo decretó y firmó

(Fdo.) Antonio S. Negrón García

Juez Presidente Interino

Certifico:

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Justo Torres García, acusado y apelante.

      Número: CR-93-82

      Resuelto: 19 de septiembre de 1994

      Juan Carlos Morales Girona y Víctor G. Colón Bernier, abo-gados de la parte apelante; Carlos Lugo Fiol, Procurador General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Grisel Hernández Esteces, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En las circunstancias peculiares de este caso, ¿es admi-sible, como prueba sustantiva, la grabación del testimonio del testigo no disponible, agente Sixto Febus Ocasio, pres-tada en la vista para la determinación de causa probable para el arresto, pocos días antes de su asesinato?

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El 6 de marzo de 1992, el agente Febus Ocasio fue asig-nado a prestar vigilancia en la calle San Antonio, Esq. Badé Pérez, Guayama, lugar señalado en varias querellas anónimas como “punto” en el trasiego de sustancias ilega-les, operado por Justo Torres García. Desde temprano con-dujo al sitio un vehículo confidencial preparado para la ac-tividad de vigilancia —cristales ahumados que no permitían ver su interior— se estacionó y durante, aproxi-madamente, cuatro (4) horas observó tres (3) transacciones delictivas. Como resultado, Torres García fue arrestado y se ocupó cocaína, marihuana, dinero y prendas.

Una vez arrestado, fue llevado al Tribunal de Distrito, Sala de Patillas (Hon. Manuel Rivera Lebrón, Juez), quien procedió a celebrar la vista de causa probable para el arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Antes de comenzar el desfile de la prueba, su abogado, para “perpetua[r] lo que él dice”, al igual que el agente Roberto Silva Delgado, pidieron autorización para grabar la declaración de Febus Ocasio. El juez accedió. El agente Silva Delgado dejó la máquina graba-dora en poder de su compañero Febus Ocasio, quien testi-ficó sobre los hechos observados durante su vigilancia. Dicha grabación quedó con el agente Silva Delgado, quien la guardó en su residencia hasta el 28 de marzo de 1992.

Escuchada la prueba, el Juez Rivera Lebrón determinó causa probable para el arresto por infracciones al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404 —posesión con intención de distribuir— e impuso una fianza.

Las partes quedaron citadas para comparecer a la vista preliminar el 31 de marzo de 1992. Cinco (5) días antes, el agente Febus Ocasio fue emboscado y murió por una he-rida de bala que le perforó el tórax.

Llamado ese día el caso, el Ministerio Público presentó cuatro (4) testigos, entre ellos el Juez Rivera Lebrón, quien había determinado causa probable para el arresto. Debido a la no disponibilidad del testigo Febus Ocasio, presentó como prueba sustantiva la grabación antes referida. La de-fensa objetó. El Tribunal de Distrito la admitió a tono con la Regla 64(B)(1) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, y deter-minó que gozaba de suficiente garantía circunstancial de veracidad, exactitud y autenticidad.

El 13 de abril el Ministerio Público acusó a Torres Gar-cía, en grado de reincidencia, y éste solicitó la desestima-ción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En esencia, cuestionó la admisibilidad como prueba sustantiva del testimonio de Febus Ocasio en la vista preliminar. Con el beneficio de los argumentos de las partes, la ilustrada sala de instancia (Hon. Jocelyn López Vilanova, Juez), en Resolución docu-mentada de 24 de febrero, sostuvo su admisibilidad. No conforme, Torres García nos solicitó mediante certiorari (Caso Núm. CE-92-419) que revocáramos ese decreto. El 28 de julio, la Sala de Verano integrada por su Presidente, el Juez Asociado Señor Rebollo López, la Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton denegaron el auto.’

Celebrado el juicio, un Jurado lo encontró culpable en dos (2) cargos por infracción al Art. 401 de la Ley de Sus-tancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401. El 13 de octubre, el tribunal lo condenó a cuarenta (40) años de presidio en cada caso, concurrentes entre sí.

En su apelación, reproduce su contención de que la gra-bación no era admisible, se queja de que no se impartieran dos (2) instrucciones especiales al Jurado, aduce insufi-ciencia de la prueba de cargo y cuestiona que no se autori-zara una inspección ocular. Examinémoslo.

HH HH

El apelante Torres García aduce que admitir la graba-ción del testimonio del agente Febus Ocasio violó su dere-cho constitucional a la confrontación de nuestra decisión en Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256 (1983). Argu-menta que esa vista inicial es distinta a la vista preliminar. En esta última, “se cita al acusado con no me-nos de cinco (5) días de anticipación, está presente la figura del Ministerio Público; se entregan declaraciones juradas de los testigos utilizados en dicha vista; es usualmente más prolongada y se tiene hasta el beneficio del informe de la policía. Esta sí es una vista de carácter judicial, donde el acusado tiene la oportunidad verdaderamente de carearse con los testigos en su contra”. Alegato en apelación, pág. 4. Por el contrario, en la inicial para el arresto “los abogados no damos el máximo ... se notifica al abogado aproximada-mente ... es necesario una [scintila] de evidencia ... no pro-fundizamos en el contrainterrogatorio ... no existe el bene-ficio ni declaraciones juradas de los testigos del pueblo ni el informe de la policía para poder impugnarQo]”. Id., pág. 5.

Señala que la grabación fue incompleta pues “se detuvo por bastante ratito” al no cambiarse el cassette. Formula como interrogante: ¿Cómo podemos dejar de pensar que en esos quince (15) minutos o más de testimonio del agente fenecido, no grabados, no pudo haber testimonio exculpato-rio a favor del apelante Justo Torres García? No tiene razón.

I — I hH f — I

Ciertamente nuestra Constitución —Art. II, Sec. 11, L.P.R.A., Tomo 1— así como la federal en su Sexta Enmienda, consagran el derecho de todo acusado a carearse con los testigos de cargo, lo cual está vinculado al contrainterrogatorio. Pueblo v. Ríos Nogueras, supra; Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 97 (1982). El interés tutelado es evitar los procesos criminales mediante deposiciones o declaraciones ex parte de testigos ausentes. Pueblo v. Ríos Nogueras, supra. Lo crucial es la oportunidad de contrainterrogar durante el testimonio anterior, no si efectivamente se contrainterrogó. Pueblo v. Lebrón González, supra; Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435, 441 (1981); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1.

La Regla 64(B)(1) de Evidencia, supra, gobierna la solución. Declara admisible el “testimonio dado como testigo en otra vista o una deposición tomada conforme a derecho del mismo u otro procedimiento, si es ofrecido contra una persona que en la ocasión en que se hizo la declaración ofreció la misma para su beneficio o tuvo la oportunidad de contrainterrogar al declarante con un interés y motivo similar al que tiene en la vista”. Id.

Al respecto se ha señalado que esta regla “es tal vez, la excepción más sólida a la regla de exclusión de prueba de referencia. Se juntan dos factores que unidos justifican, por mucho, la excepción. En primer lugar, el declarante no está disponible como testigo. En segundo lugar, la declaración que se recibe como prueba fue hecha bajo contrainterrogatorio —usualmente hecho por la parte contra la que se ofrece la declaración— u ofrecida como prueba por la parte contra quien luego se presenta bajo la regla, en un procedimiento formal o deposición, y bajo juramento. Lo que falta es el demeanor, en el sentido de que el juzgador no tuvo oportunidad de apreciar el demeanor del decla-rante cuando prestó el testimonio anterior. Pero la parte contra la que se ofrece la prueba de referencia de ordinario sí estuvo presente —o pudo haberlo estado— al presen-tarse el testimonio anterior”. Chiesa, op. cit.

En su obra Derecho Procesal, op. cit., pág. 620, el mismo profesor Chiesa nos da la clave:

... [E]l acusado debe haber tenido oportunidad real de interro-gar o contrainterrogar al declarante .... Si el testigo durante el testimonio anterior, no se deja interrogar o contrainterrogar ampliamente por el acusado, el problema de confrontación con-tinúa muy vivo y no es “final reposo”. Lo mismo vale decir cuando durante el testimonio anterior, el Tribunal restringe el alcance o duración del contrainterrogatorio, como podría ocu-rrir en la vista preliminar. En cuanto a la vista de determina-ción de causa probable para el arresto, habrá que examinar la oportunidad que tuvo la defensa de interrogar al testigo. (Enfa-sis, citas y escolios omitidos y énfasis suplido.)

La interpretación que nos propone el apelante Torres García sobre la jurisprudencia interpretativa de la Regla 64(B)(1) de Evidencia, supra, en torno al “testimonio dado como testigo en otra vista”, es restrictiva. La oportunidad de llevar a cabo el contrainterrogatorio durante el testimo-nio prestado en una vista anterior, repetimos, es la clave. ¿Tuvo el apelante Torres García dicha oportunidad o fue en alguna medida restringido?

Conforme la resolución de la ilustrada sala de instancia, su abogado aceptó

... que tanto la policía como él grabaron la vista. Que no es hasta esta etapa del proceso que se percata que [su] grabadora no le grabó, por lo que no pudo cumplir la orden del Tribunal de elevar ante nos su grabación. Aceptó que el Juez instructor nunca lo interrumpió en su contrainterrogatorio, que no le puso término, no le instruyó que fuera breve. Aceptó que el Juez puso a su disposición las facilidades del Tribunal para entrevistar a sus clientes. A pesar de ello, alega no tuvo oportunidad de con-trainterrogar porque se limitó a hacer “unas preguntas aclara-torias solamente”.
El término “oportunidad” de contrainterrogar que dicta la ley no lo tomamos livianamente. Es este un principio cardinal que emana del derecho a la confrontación que le asiste a éstos, y a todo acusado. Es por ello que este Tribunal ordenó una trans-cripción de la grabación tomada- por el testigo no disponible en la vista de causa probable para el arresto la cual desde la etapa de vista preliminar se encuentra bajo la custodia del Tribunal. Se ordenó al Ministerio Público entregar al Tribunal la graba-dora en que dicho agente grabó. Tenemos el beneficio de la transcripción la cual hemos constatado con la grabación. En el análisis de la misma hemos examinado entre otros los siguien-tes elementos: 1. naturaleza del contrainterrogatorio —tipos de preguntas abiertas y/o sugestivas[;] 2. alcance del contrainte-rrogatorio y su extensión[;] 3. limitaciones impuestas[; y] 4. li-mitaciones autoimpuestas.
La transcripción del testigo no disponible consta de veinti-siete y media páginas (27 1/2) tamaño legal. Las primeras tres (3) páginas constituyen el examen directo, las veinticuatro y media (24 y 1/2) restantes corresponden al contrainterrogatorio. Contrario a lo alegado, el contrainterro-gatorio no se limitó a unas “breves preguntas aclaratorias”. Se le formularon aproximadamente ciento cincuenta (150) pregun-tas a dicho agente. Lo primero que solicitó la defensa del Tribunal fue se ordenara al.Agente que preparara un diagrama ex-plicativo del lugar de los hechos. El Tribunal así lo ordenó solicitando se hiciera con copias, una para el Agente y otra para que permaneciera en el Tribunal. En forma detallada y porme-norizada preguntó al Agente sobre el lugar de los hechos, le cuestionó sugestivamente en muchas de sus partes y le con-frontó en otras. El agente describió y narró con lujo de detalles todo lo que se le preguntaba.
De dicha transcripción se desprende que el testigo no dispo-nible es el que presencia los alegados hechos, inmediatamente transfiere esa información al Agente Roberto Silva mediante radio portátil (walkie talkie) y es este último el que arresta a los acusados.
Considerando lo anterior ordenamos, además, la transcrip-ción del testimonio de dicho agente en la vista de determinación de causa probable para el arresto. La transcripción revela un extenso contrainterrogatorio y una confrontación con lo que vir-tiera el agente interventor.
Ante este cuadro de evidencia incriminatoria, el jurado en-contró probado más allá de duda razonable que el apelante co-metió el delito imputado. No se encontró el jurado ante una evidencia de breve duración, sino de una extensa en que los testimonios fueron elocuentes y detallados y hubo efectivo contrainterrogatorio. El finado agente incluso fortaleció su tes-timonio mediante un croquis, según requerido por la defensa del apelante.
“Para establecer un hecho no se exige aquel grado de prueba, que excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza; solo se exige la certeza o convicción moral en un ánimo no prevenido”. Regla 10 de Evidencia, 32 L.P.R.A., Ap. IV.
“La expresión clave es aquí certeza o convicción moral, que significa convicción en una conciencia no prejuzgada. Dicho de otro modo, una parte descarga su responsabilidad de probar un hecho persuadiendo al juzgador no prevenido o prejuiciado de que tal hecho ocurrió. De ahí que los tribunales digan que la ley no exige que un hecho se pruebe con certeza matemática, sino con razonable certeza”. Chiesa, op. cit., pág. 20. (Enfasis suplido).
Lo importante es que la prueba sea suficiente y satisfactoria en derecho. Pueblo v. Rodríguez Román, res. en 21 de febrero de 1991. Es especulativa la contención de la defensa de que pudo haber evidencia exculpatoria en los minutos que estuvo detenida la cinta. Ante una abrumadora evidencia inculpatoria es improbable que esos minutos cambiaran drásticamente un cuadro claro y consistente de culpabilidad.
En el caso ante nos el derecho constitucional a la confronta-ción con testigos adversos fue ejercido ampliamente y sin cortapisas. Fue contando con la evidencia del Ministerio Pú-blico y de la defensa que el jurado encontró probados más allá de duda razonable los delitos imputados. No encontramos indi-cios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos muevan a intervenir con el criterio del juzgador de hechos. Pueblo v. Adorno Cabrera, res. en 30 de junio de 1993; Pueblo v. Rodríguez Román, supra.
En la vista celebrada para discutir las mociones de desesti-mación, el Tribunal escuchó la grabación del testimonio pres-tado en la vista preliminar por el agente Silva. El contrainte-rrogatorio al cual fue sometido fue sumamente breve y de muchísima menor extensión al cual fue sometido en la vista de determinación de causa probable para el arresto. Prestó testi-monio ante este Tribunal el Hon. Manuel Rivera Lebrón, Juez instructor. Este identificó la grabación y las voces que corres-pondían a las partes y testigos. Atestó, y ello no fue refutado, que cuando se elevó este caso a su consideración el abogado le cursó llamada telefónica solicitándole que no celebrara la vista hasta que él llegara. Que así lo hizo y tuvieron que esperar por el abogado. Que no acostumbra interrumpir a las partes en los exámenes de los testigos. Atestó además, que cuando el testigo no disponible declaraba miraba directamente al abogado. Que el croquis que preparó el agente lo hizo en una hoja de notas suplida por la defensa. El mismo fue iniciado por el Juez y reconoció su rúbrica.
Se presentó ante este Tribunal el testimonio del agente Roberto Silva y su superior Sargento Martínez de la División de Drogas y Vicios de Guayama.'Ello para demostrar la cadena de custodia de la grabación.
Dichos testimonios ilustran al Tribunal que la referida gra-bación quedó bajo la custodia del Sargento Martínez en la caja fuerte de la División a la cual él solamente tiene acceso. El 31 de marzo de 1991, fecha de la vista preliminar, la entregó al Tribunal, y desde entonces permanece bajo la custodia de éste. (Enfasis suplido.)

Hasta aquí la Resolución. Poco podemos añadir a tan razonado y persuasivo dictamen. La lectura de las trans-cripciones de la vista de determinación de causa, de la vista en su fondo, de la exposición narrativa y de la prueba documental descartan la contención del apelante Torres García. Su contención de que la parte final del testimonio no grabada pudo ser exculpatorio, no es sólo especulativa, sino carente de toda lógica.

Tampoco tiene razón en cuanto a que la cadena de cus-todia de dicha grabación no fue establecida, pues permane-ció originalmente en poder del agente Silva Negrón, sin especial vigilancia.

No existe controversia de que dicha grabación fue rete-nida por el agente Silva Negrón en su residencia desde que se celebró la vista hasta que, ante la muerte del agente Febus Ocasio, su supervisor la requirió. El agente Silva Negrón explicó el cuidado que le brindó mientras estuvo en su poder.

Bajo nuestra doctrina establecida en Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986), el apelante Torres García no ha demostrado unas situaciones específicas que incidan o debiliten la confiabilidad de la grabación. Las identida-des de las personas fueron logradas mediante el testimonio del magistrado que presidió la vista.

IV

Segundo:
Erró el Honorable Tribunal al negarse a impartir las instruc-ciones solicitadas por la defensa sobre:
a) casos ocurridos a plena vista — Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422[;]
y b) testimonio estereotipado — Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374.
Tercero:
Como consecuencia del error anterior, el Jurado fue privado del derecho aplicable al caso de autos, y por consecuencia inci-dió al condenar al acusado con urna prueba flaca y descarnada, sin que el Ministerio Público probara su caso más allá de duda razonable y existiendo duda razonable. Escrito de apelación, págs. 1-2.

Al igual que el Procurador General, examinaremos es-tos señalamientos en conjunto.

En cuanto a las instrucciones especiales, reiteramos que debe demostrársenos que la instrucción propuesta era co-rrecta, que no se cubrió sustancialmente en las otras ins-trucciones especiales o generales, y que es pertinente a un punto vital cuya omisión privaría al acusado seriamente de una defensa efectiva. Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968). Se impone un examen integral, no aislado, de las instrucciones impartidas. Pueblo v. Najul Bez, 114 D.P.R. 493 (1983); Pueblo v. Ortiz González, 111 D.P.R. 408 (1981); Pueblo v. Claudio Serrano, 102 D.P.R. 726 (1974). Se presume que fueron adecuadas si el apelante no las eleva con los autos. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Esa es la situación en este caso; no fueron elevadas. No podemos responsablemente determinar el impacto que tuvo ante el Jurado la negativa del Tribunal de impartir-las; menos, aventurarnos a considerarlas fraccionada-mente para determinar si hubo error sustancial.

Difícilmente podemos caracterizar la prueba como floja, descarnada, estereotipada, inverosímil o insuficiente. Coincidimos con el Procurador General en cuanto a que “[desgraciadamente, la ola criminal que arropa nuestro país ha surtido en los delincuentes un efecto desafiante ante la autoridad y la sociedad, lo que ha promovido actua-ciones delictivas como las imputadas al apelante. No puede hablarse de testimonio estereotipado meramente por tra-tarse de una transacción a plena luz del día”. Informe, pág. 12.

No intervendremos con el veredicto del Jurado en “ausencia de [pasión,] prejuicio, parcialidad o error manifiesto ...”. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 129 (1991). Véanse: Pueblo v. Sánchez Molina, 134 D.P.R. 577 (1993); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).

V

SÉPTIMO:
Erró el Tribunal Sentenciador al denegar una moción solici-tando una inspección ocular del'sitio de los hechos, máxime cuando el trasladarse a dicho lugar sería relativamente fácil, y más importante aún, cuando la cuestión medular de este caso dependía del lugar donde se ubicó supuestamente el agente in-vestigador y así determinar si se podía ver y escuchar lo que alegaba en la grabación. Esa inspección además evidenciaría la improbabilidad de que allí ocurriera una transacción a plena luz del día en una calle de intenso tráfico vehicular y de personas. Esta inspección reviste una importancia crucial en este caso por no estar el testigo disponible para ser contrainterrogado. Escritorio de apelación, pág. 3.

El señalamiento es inmeritorio. Conceder una inspección ocular cae en el ámbito de la discreción. Procede si se demuestra que habrá de auxiliar al Jurado o al juez a apreciar correctamente la prueba que se proponga desfilar o haya desfilado. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Pueblo v. Cruz, 60 D.P.R. 116 (1942).

En el caso de autos, la prueba de cargo estableció con meridiana claridad las características físicas del lugar, en particular el sitio desde donde lo observó el testigo Febus Ocasio. El análisis integral demuestra que no era imposi-ble —como se sugiere— que pudiera ver las transacciones y oír.

La prueba estableció el lugar desde donde observó el agente y donde se realizaron las transacciones. Incluyó un croquis preparado por dicho agente y varias fotos del lugar y vehículos situados en posiciones similares a los indicados por el agente Febus Ocasio en su declaración. La prueba de cargo demostró que dicho “agente se encontraba tan cerca del ‘punto’ que podía escuchar lo que allí se hablaba, una inspección ocular no habría añadido elementos de prueba a considerar por el juzgador. De haber merecido crédito al jurado —como mereció — 1 lo establecido por la prueba, dicho foro poseía suficientes elementos de prueba sobre el sitio, para dilucidar y adjudicar los conflictos entre la evi-dencia de cargo y la defensa”. Informe, pág. 14.

Al igual que en Pueblo v. Lebrón González, supra, pág. 82, “[e]n el caso de autos, luego de una ponderada reflexión del proceso y las normas legales, sólo se hace cumplida justicia confirmando las sentencias apeladas. Así damos virtualidad al pensamiento moral, místico y jurídico de que ‘[l]a justicia ... es el único amigo que acompaña al hombre después de la muerte; todo lo demás perece con el cuerpo’ ”.

Se dictará la correspondiente sentencia.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado sin opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Estamos conformes con las expresiones hechas por el Tribunal respecto a la admisibilidad, como prueba sustan-tiva, de la grabación del testimonio prestado por un testigo no disponible, días antes de su asesinato, en la vista para la determinación de causa probable para el arresto del acu-sado apelante Justo Torres García.

Sin embargo, creemos importante hacer algunas expre-siones relacionadas con la cadena de custodia de dicha gra-bación y de la grabadora.

En el caso de autos, el agente Silva mantuvo la graba-dora y el casete en una gaveta de su casa desde el 6 al 28 de marzo de 1992, es decir, durante veintidós (22) días. Véase la transcripción de la evidencia (T.E.), págS; 200 y 358. Sobre los cuidados que le brindó, el agente Silva tes-tificó que le indicó a su esposa que velara de que sus hijos no tuvieran acceso a la gaveta. Además, señaló que única-mente él utilizaba esa gaveta. T.E., págs. 199-200. Esta situación representa una irregularidad en la cadena de custodia del casete y la grabadora. No es aconsejable, ni constituye una buena práctica, que la Policía permita que los agentes se lleven a sus casas u otros lugares —excepto cuando existan circunstancias extraordinarias tales como inundaciones, terremoto, fuego— efectos que constituyan o puedan constituir evidencia potencial de un caso.

No obstante, consideramos que, bajo los hechos particu-lares de este caso, debe sostenerse la admisibilidad de la grabación, aun cuando existe una situación irregular en la cadena de custodia. Coincidimos con la opinión mayorita-ria de que bajo nuestra doctrina establecida en Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986), el apelante Torres García no demostró unas situaciones específicas que inci-dieran o debilitaran la confiabilidad de la grabación. En dicho caso expresamos:

No toda interrupción en la cadena de custodia causa la exclu-sión de la prueba. La barrera de admisibilidad queda salvada cuando la apreciación del juez de la evidencia sobre la custodia es que la condición original del objeto no ha sido sustancial-mente alterada o contaminada. Corresponde al jurado, con las dudas que suscite la impugnación, dar a esta prueba el peso que les merezca. La mera posibilidad de una interrupción de la secuencia no hace la evidencia material inadmisible, sólo plan-tea una cuestión de peso de la prueba a ser adjudicada por el jurado. (Escolio omitido.) íd., pág. 495.

En el caso de autos, la identificación de las personas cuyas voces fueron grabadas se logró, con meridiana clari-dad, mediante el testimonio del magistrado que presidió la vista.

Por todo lo antes expuesto, concurrimos con la opinión mayoritaria.

       Su hermano Félix también fue arrestado y encauzado. Hemos optado por oihitir las referencias a su persona y trámite, puesto que esta apelación es única-mente de Justo.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

text:
    Sociedad de Gananciales Iván Negroni y otra, demandantes recurridos, v. Secretario de Justicia y otros, demandados y recurentes, y Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor y recurrente.

      Números: RE-89-388
    RE-89-401

      Resueltos: 19 de septiembre de 1994

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Vannessa Ramírez, Procuradora General Auxiliar, y Julio Cesar Colón Ortiz, abogados de la parte recurrente; Arcadlo Toro Goyco y Dizzy Murphy, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“Las especies silvestres no observan las leyes de los hombres ni respetan sus fronteras.... Las amenazas que se ciernen sobre los recursos naturales como resultado de ac-tividades realizadas en terrenos adyacentes, sean públicos o privados, alcanzan a todas las especies silvestres en general. Tales amenazas se agrupan en dos categorías principales: matanza directa y destrucción del hábitat. De estos dos problemas, el segundo es el más grave ” (Traduc-ción y énfasis suplidos.) Coggins, Protecting the Wildlife Resources of National Parks From External Threats, 22 Land & Water L. Rev. 1 (1987).

Esta visión ecológica cobra relieve en la controversia que tienen la Autoridad de Tierras (en adelante Autoridad) y los esposos Iván Negroni y Lavinia Cario Aymat en torno a la titularidad de 9.1365 cuerdas, debido a una discrepan-cia de colindancia. Los terrenos forman parte del Bosque Seco de Guánica, una de nuestras reservas forestales más importantes creada por Proclama Gubernamental en 1919, designada reserva natural por la Junta de Planificación. Su valor ecológico y científico motivaron que la Organiza-ción de Naciones Unidas lo clasificara, luego de El Yunque, como la segunda Reserva Biosférica Internacional en Puerto Rico. Considerado el Bosque Subtropical mejor pre-servado y menos alterado por el hombre, sirve de albergue a una gran diversidad de organismos y especímenes únicos en esa zona.

Simultáneamente, evaluamos el reclamo de una servi-dumbre de paso a favor de los Negroni-Carlo a través de ese bosque.

HH

El trasfondo fáctico se remonta a 1924, cuando la pro-piedad que hoy pertenece a los Negroni-Carlo correspondía a Valentín Paoli Antonmatei. Éste levantó un plano que hacía constar una cabida de 243.639 cuerdas, colindando por el oeste, sur y este con terrenos de la Central Guánica. En 1941 los terrenos de la Central Guánica —correspondientes al Bosque Seco de Guánica— fueron expropiados y advinieron patrimonio de la Autoridad. Pos-teriormente, la finca de Paoli Antonmatei fue adquirida por Juan Angel Tió, quien a su vez la vendió a Gregorio García el 17 de diciembre de 1947. En 1948 la Autoridad levantó un plano de mensura de su propiedad que consigna una cerca como colindancia con la finca aledaña de García.

Así las cosas, mediante la Escritura Núm. 6 otorgada ante el notario Carlos García Méndez el 26 de enero de 1952, los Negroni-Carlo compraron la finca de García. Se hizo constar una cabida de 243.639 cuerdas “por el precio ajustado y convenido de $4,000.”, y se describió así:

RUSTICA: Predio de terreno dedicado a pasto, sito en el barrio Guánica, lugar denominado “Salinas del Pastillo”, del tér-mino municipal de Guánica, de una cabida de DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES CUERDAS CON SEISCIENTAS TREINTA Y NUEVE MILESIMAS de otra, equivalentes a no-venta y cinco hectáreas y setenta y seis áreas. Colinda por el NORTE, con terrenos de Gabino Rodríguez Matos antes, hoy de don Juan Angel lió; por el SUR con los de Guánica Céntrale antes, hoy Departamento Forestal de Puerto Rico; por el OESTE, con otros terrenos de Guánica Céntrale antes, hoy De-partamento Forestal de Puerto Rico, y los de la sucesión de Luis A. Dastas, y al ESTE con más terrenos de Guánica Cén-trale antes, hoy Departamento Forestal de Puerto Rico. (Enfa-sis suplido.) Moción solicitando permiso para entrar a finca, Exhibit G, págs. 11-12.

En cuanto al acceso a la finca expresaron:

QUINTO: Se hace constar que la finca objeto de la venta que informa la presente escritura tiene su entrada por la parte SUR, por un camino a través de una finca propiedad hoy del Departamento Forestal de Puerto Rico y que ha sido utilizado a tal objeto desde tiempo inmemorial, y de cuyo hecho tiene cono-cimiento personal la compradora y su esposo. Y se conviene expresamente que la compradora y su esposo señor Negroni relevan expresamente al vendedor señor García, de toda ulterior responsabilidad en relación con la entrada de dicha finca, siendo entendido expresamente que en el futuro y si ello fuere necesario, la compradora y su esposo señor Negroni se enten-derán directamente con los dueños de la finca a través de la cual pasa el camino que da acceso a la finca objeto del presente contrato. (Énfasis suplido.) Moción solicitando permiso para en-trar a finca, Exhibit G, pág. 13.

La finca continuó siendo utilizada para la crianza y pas-toreo de ganado. En 1985, con el propósito de lotificarla para urbanizarla, los Negroni-Carlo contrataron los servi-cios del agrimensor Oscar Troche para que confeccionara un plano de mensura. A base de la cabida del plano prepa-rado en 1924, sin citar a los colindantes, determinó una disminución de aproximadamente 9.1365 cuerdas, y ex-plicó que la diferencia era en la colindancia sur con el Bosque Seco de Guánica.

Los Negroni-Carlo, sin instar una acción de deslinde, derrumbaron la cerca y desmontaron la vegetación del bos-que para colocar la colindancia donde, según ellos, correspondía. Al percatarse de esto, el Departamento de Recursos Naturales erigió otra cerca donde estaba la anterior y puso un portón que impidió el acceso a los Negroni-Carlo por la entrada sur.

El 18 de marzo de 1986 los Negroni-Carlo solicitaron del Tribunal Superior, Sala de Ponce, un injunction para remover la cerca y lograr acceso. Oportunamente, se celebró una inspección ocular. El 5 de diciembre los Negroni-Carlo desistieron del injunction y el caso continuó como una acción ordinaria de reivindicación y daños. Presentada la prueba, dicho foro (Hon. Luis Pieraldi Cappa, Juez) declaró con lugar la demanda. Ordenó a la Autoridad en-tregar la propiedad y la condenó a satisfacer quince mil dólares ($15,000) por daños y perjuicios, más diez mil dó-lares ($10,000) por los sufrimientos y angustias al verse despojados de su propiedad. En cuanto a la servidumbre de paso, reconoció la existencia de un camino por la finca de la Autoridad, el cual fue tapado con alambre eslabonado, y un portón que permaneció cerrado desde que los Negroni-Carlo desmontaron los árboles para la lotificación del te-rreno que entendían les pertenecía. Concluyó que los Ne-groni-Carlo no habían adquirido la servidumbre al no establecerse en una escritura pública, pero la reconoció, previo el pago de una justa indemnización, al quedar la finca enclavada cuando se les impidió el acceso.

A solicitud de la Autoridad y el interventor Estado Libre Asociado, revisamos.

II

De entrada, es obvio que el contrato celebrado por los Negroni-Carlo y Gregorio García en 1952 fue una venta por precio alzado. Así se desprende claramente de la escritura de compraventa, donde hicieron constar que la finca de 243.639 cuerdas de terreno se vendió “por el precio ajustado y convenido de $4,000”. Nada expresaron sobre si algo correspondía por unidad de medida. En la venta por precio alzado, el vendedor tiene que “entregar la cosa cierta que es la finca individualizada mediante la descripción de sus linderos. Todo lo que éstos comprendan ha de ser entregado a cambio del precio convenido”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 169. El fundamento son los linderos, no un tanto por unidad de medida. Cualquier diferencia entre la cabida expresada y la que efectivamente tiene la finca, no da margen a reclamación o indemnización. Ruidíaz Barrios v. Salas, 103 D.P.R. 922, 926 (1975). “La expresión de la cabida, se dice, nada signi-fica; se vende por los linderos y por un precio global; no son tantas o cuantas las unidades de medida que se transmi-ten; es un blok y por un solo precio infraccionable e indivisible. Haya más o haya menos superficie dentro de los lindes de la que se expresó en el contrato, no importa; la gana o la pierde el comprador o el vendedor, según el caso; porque lo pudo averiguar; porque fue negligente; porque se presume que quiso vender todo lo comprendido en los lin-deros, y al aceptar un precio alzado quedó expresado su consentimiento y perfecto el contrato.” Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1970, T. XXIII, Vol. 2, págs. 84-85.

Únicamente cuando el vendedor no pueda entregar todo lo que abarquen sus linderos es que el comprador puede rescindir el contrato o pedir una disminución en el precio. Art. 1360 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3820.

Según expuesto, la venta a precio alzado realizada en 1952 entre Gregorio García y los Negroni-Carlo originó este pleito. La acción de los Negroni-Carlo se ampara en la mensura de la finca hecha en 1924. Adviértase que, al ellos comprar en 1952, ya existía la cerca que establecía la co-lindancia con la Autoridad. Como García les entregó la totalidad del terreno incluido dentro de los lindes señala-dos en la compraventa a precio alzado, ellos carecían de reclamación en su contra por la diferencia en cabida. Como corolario, no podían pretender variar la cabida visualizada en el contrato de compraventa de 1952, moviendo la colin-dancia de la finca de la Autoridad para alcanzar la del plano de 1924. En las circunstancias peculiares ante nos, permitirlo sería circunvalar la ley; en ausencia de una ac-ción contra el vendedor, estaríamos avalando un remedio inexistente contra los colindantes.

Repetimos, la controversia no es que la Autoridad movió la cerca en colindancia con los Negroni-Carlo; la prueba fehacientemente demuestra que desde 1948 se encontraba eregida en el lugar donde precisamente la reconstruyó al éstos demolerla. La acción de los Negroni-Carlo se funda-menta en la discrepancia en cabida entre la declarada en el plano levantado en 1924 y la mensura que “ex parte” reali-zaron con el agrimensor Troche en 1985.

HH f — f

Aún así, los Negroni-Carlo apoyan su titularidad a base de que desde 1924 el título y el plano que reconocen la cabida de 243.639 cuerdas están inscritos en el Registro de la Propiedad. Aducen que ello demuestra que por espacio de sesenta (60) años —sumado el término de sus predece-sores en título— han poseído el terreno en disputa en cali-dad de dueños. Entienden consumada a su favor la usuca-pión secundum tabula. No tienen razón.

El Registro de la Propiedad no garantiza cabida ex-cepto cuando sea aplicable la Ley de la Propiedad Horizontal, pues no da fe de las características físicas de los inmuebles. García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120, 133 (1986).

La existencia de la cerca que establece la colindancia entre ambas propiedades desde 1948 es evidente. Contra-rio a la contención de los Negroni-Carlo, si el problema se debió al lugar donde la Autoridad la ubicó originalmente, tendríamos que concluir que la usucapión quedó consu-mada a favor de esta entidad.

Rechazamos la proposición de que no fue hasta 1983 que se levantó la cerca en disputa. Primero, los planos y la fotografías en evidencia establecen la colindancia donde se encuentra actualmente y, segundo, cabe notar que la finca de los Negroni-Carlo era dedicada al pastoreo y a la crianza de ganado. Resulta inverosímil creer que no exis-tiese la cerca, a modo de barrera, separando ambas propiedades. De un lado, el bosque hubiese estado amena-zado diariamente por el paso del ganado con el consabido daño a su vegetación; del otro, difícilmente, por no decir imposible, los Negroni-Carlo pudieron haber mantenido un adecuado control de su ganado susceptible de escapar y extraviarse en el bosque.

En conclusión, incidió el ilustrado tribunal de instancia al adjudicar la titularidad de las 9.1365 cuerdas en disputa a los Negroni-Carlo.

IV

Réstanos examinar el decreto de servidumbre de paso a través del Bosque Seco de Guánica.

Es norma establecida que la servidumbre de paso, al ser discontinua, no es susceptible de adquirirse mediante prescripción; sólo en virtud de título. La única ex-cepción es la servidumbre de signo aparente. Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 132 D.P.R. 452 (1993); Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 615, 626 (1974). No estamos ante esta excepción, al menos respecto a la Autoridad, por lo que en ausencia de título no quedó constituida una servidumbre de paso a favor de los Negroni-Carlo.

Ahora bien, la realidad es que al cerrarse el acceso por el bosque, la finca de los Negroni-Carlo quedó enclavada. El ilustrado tribunal de instancia concluyó que ese acceso era el más apropiado debido a su proximidad a la vía pública.

El propietario de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización. Art. 500 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1731. Este acceso debe ser razonable para que le permita entrar y salir del fundo al sistema general de vías públicas, y no a una carretera específica. E.L.A. v. Rodríguez, 103 D.P.R. 636, 641 (1975). El pasó debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente y, si posible, donde menor sea la distancia del predio dominante al camino público. Art. 501 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1732.

A estos efectos, Manresa señala que es necesario esta-blecer el paso

...por donde sea más breve y por donde cause menos daño. El ideal, en el establecimiento de esta servidumbre, está pues, en la mayor brevedad y en el daño mínimo. Pero la dificultad está en que esas dos condiciones no siempre concurren paralela-mente: la mayor brevedad puede ocasionar un daño mayor. En este caso, el Código impone la solución: el paso deberá estable-cerse supeditando lo de la brevedad al menor daño. El esquema de la servidumbre de paso debe ser una recta —distancia más corta— entre el camino público y el predio dominante, modifi-cada y adaptada por las exigencias del menor daño posible. Na-turalmente, corresponde al dueño del predio sirviente oponerse, bien sea al establecimiento de la servidumbre en su fundo, si puede alegar que es menos perjudicial que en el suyo, en otro, o siendo igualmente gravosa, si es por el otro más corto, bien sea al trazado que el del dominante pida .... [L]a servidumbre esta-blecida según el criterio del menor daño, beneficia indirecta-mente al dueño del dominante, toda vez que cuanto menor es el daño, más corta debe ser la indemnización. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) I.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1972, T. IV, págs. 904-905.

Siguiendo estos criterios, la determinación de dónde debe trazarse el acceso en el caso de autos nos obliga a resaltar que potencialmente el predio sirviente puede ser el Bosque Seco de Guánica. El pretendido desarrollo para urbanizar conlleva la construcción de una vía asfaltada por donde discurrirán, originalmente, equipo pesado de cons-trucción y, eventualmente, los compradores de las casas allí construidas. Por ende, las consideraciones en cuanto al menor daño requieren suma cautela dado su valor e impor-tancia ecológica, ambiental y científica. Como dijimos, éste es considerado el mejor bosque seco subtropical a nivel mundial; fue designado reserva biosférica internacional por la Organización de Naciones Unidas dada la cantidad de especies endémicas que forman parte de su hábitat.

En términos de remedios judiciales, existen varias alter-nativas que harían viable el acceso a los predios de los Negroni-Carlo sin generar mayor detrimento al ya sufrido por el bosque. De la prueba surge la existencia de un ac-ceso por la finca al norte de la de los Negroni-Carlo, iden-tificada como perteneciente a Juan Ángel Tió. Ni Tió ni su posterior adquirente fueron incluidos en el presente caso. Incluso, el Estado propone que el paso se conceda por otro sector al oeste de su propiedad para evitar la ulterior in-flicción de daños al bosque. Cualquiera que sea el remedio, no podemos permitir que el paso del hombre a través de las veredas de la muchas veces indefensa y olvidada Madre Naturaleza continúe desafiando la estabilidad de nuestro ecosistema. Estamos ante un patrimonio público de valor inconmensurable en términos de posibles daños, de difícil y compleja cuantificación.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque declare sin lugar la demanda de reivindicación y se devuelvan los autos originales, con el mandato de qug se incluyan como partes los demás colindantes, para que, pre-via vista evidenciaría, valorativa y fijación de indemniza-ción, se establezca el lugar por donde procede la servidum-bre de paso de los Negroni-Carlo conforme nuestros pronunciamientos y el criterio del menor daño.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron.

Opinión de conformidad del

Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Por considerar que el impacto ecológico es uno de los factores más importantes a considerar al determinar el lu-gar de acceso a una finca enclavada, suscribimos la opinión del Tribunal. La importancia del mencionado factor au-menta en proporción a la importancia ecológica de los te-rrenos en controversia e incluso podría sobrepasar conside-raciones de índole económica. En vista de lo anterior, es preciso evaluar controversias como la del caso ante nos con especial sensibilidad hacia el delicado balance de la natu-raleza que nos rodea y su innegable valor para la vida humana.

En el presente caso, la importancia del factor ecológico es de inigualable magnitud. El Bosque Seco de Guánica es uno de los recursos naturales más importantes de nuestro país, pues está integrado por especies típicas de bosque subtropical, en avanzado estado sucesional. De los autos surge que aproximadamente setecientas cincuenta (750) especies de plantas componen el bosque, incluyendo árbo-les de mabí, almácigo, guayacánft uvilla, tintillo, húcar, ta-chuelo y serrasuela. Cerca de cuarenta (40) de estas espe-cies están en peligro de extinción. Además, el Bosque Seco de Guánica reúne igualmente a ciento veinticinco (125) es-pecies de aves, entre ellas, el guabairo pequeño de Puerto Rico, la mariquita, el come ñame, el lagarto de rabo azul y las reinitas trepadora y mariposera.

Considerado Reserva Internacional de la Biosfera, el Bosque Seco de Guánica es el representante mundial de los bosques secos subtropicales. Los estudios realizados en el mencionado bosque permiten que el hombre aprenda sobre la interacción entre la flora y la fauna, y sobre la regene-ración de las especies. Esto permite la rehabilitación de áreas de bosque seco subtropical que han sido seriamente alteradas por la mano del hombre en otros países. De esta forma, el bosque no sólo es un patrimonio puertorriqueño; es un patrimonio de la humanidad.

Conociendo la importancia ecológica de los terrenos en controversia, resulta incomprensible la acción tomada por los demandantes. El desmonte realizado por los esposos Negroni-Carlo destruyó el cincuenta por ciento de las casi diez (10) cuerdas que reclamaban como suyas. Además de destruir los valiosos árboles y plantas que allí vivían, esta arbitraria e irreflexiva acción provocó la erosión del suelo. Esta situación retrasa el restablecimiento del bosque a su estado natural de bosque maduro y permite la invasión de especies exóticas o de sucesión secundaria. El daño cau-sado podría, muy bien, ser irreparable.

Las consecuencias del desmonte cobran mayor impor-tancia si se considera el hecho de que el tipo de vegetación que se encuentra en el Bosque Seco de Guánica es la más amenazada a nivel mundial. Su destrucción ha sido más intensa y rápida que la de la vegetación típica de los bos-ques lluviosos o húmedos, tales como los bosques de la cuenca del río Amazonas.

Es irónico pensar que siendo el hombre el más benefi-ciado por las bendiciones de la naturaleza, sea éste su mayor destructor. Recae en el ser humano la responsabilidad de desarrollar una mejor conciencia de las consecuencias de sus actuaciones sobre la ecología y de protegerla contra aquellos que sin conciencia alguna aniquilan nuestros recursos. Se hace patente la necesidad de ofrecer más y mejores recursos al servicio de conservación y vigilancia de bosques del Departamento de Recursos Naturales para for-talecer la efectividad de su función, indispensable para nuestro país y nuestro planeta.

       Este plano se unió a la Escritura Núm. 81 de 17 de marzo de 1925, otorgada ante el notario Eusebio López Acosta, y quedó inscrito en el Registro de la Propiedad.

       Originalmente, la deficiencia alegada era de 2.0 cuerdas; luego se aumentó a 9.1365 cuerdas.

       En lo pertinente, el Acta de Inspección Ocular de 2 de mayo de 1986, pág. 2, consignó:
      “Las partes hacen constar que está en controversia la cerca. Que se observa un punto clavado en el terreno de varilla de construcción de acero pintado de anaran-jado y está de sesenta a setenta metros de la colindancia real.
      “La parte demandada llama la atención en cuanto al hecho de que hay un alambre de púa que está unido o metido al tronco de un árbol de úcar [sic], que de acuerdo a su condición refleja que está ahí hace mucho tiempo; que es bastante antiguo.
      “Se pudo observar un control que se llama ‘tio’, que es una vara en el terreno que se usa como punto de referencia para hacer las mensuras. El punto ese lo puso supuestamente la Autoridad de Tierras en el 1948.
      “Hay otro punto a 427 metros de la misma manera que el otro, que es un pedazo de varilla de construcción pintado en el terreno de color anaranjado.”

       El Estado presentó como testigos peritos a Miguel Canals, Director Interino de la División de Manejo de Bosques y Director del Bosque Seco de Guánica, al guardabosque Baudilio Hernández Sanabria y al Agrimensor Hernán Lugo. Por los esposos Negroni-Carlo sirvió de perito el agrimensor Troche.

       En síntesis, adjudicó la titularidad a los Negroni-Carlo por entender que el Estado no demostró que el método de mensura utilizado en 1924 —ángulos con referencia a Norte magnético— era menos preciso al que se usó en 1948 por la Autoridad de Tierras (en adelante la AutoridadXcoordinadas Lambert). El contenido del plano de 1924 le mereció entero crédito y lo usó para la adjudicación del terreno.

       El plano levantado por la Autoridad en 1948 señala la cerca como punto de referencia. Ajuicio nuestro, las fotografías y los demás planos ratifican la existencia de la colindancia conforme ese plano.

       Por resultar innecesario, no entramos a considerar si el Bosque Seco de Guánica es un terreno baldío susceptible de prescripción adquisitiva. Para la defini-ción de “terreno baldío”, véase Ayate v. Aut. de Tierras de P.R., 116 D.P.R. 337, 343 (1985).