author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Hernández Denton, Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis M. Santos Molina, acusado y apelante.

      Número: CR-89-106

      Resuelto: 21 de mayo de 1993

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, Zinia I. Acevedo Sán-chez, de la Sociedad para Asistencia Legal, y Julio M. Montalvo Meléndez, abogados del apelante; Jorge Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocura-

      dora General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante fue denunciado el 8 de diciembre de 1988 imputándosele los delitos de incesto y sodomía por los he-chos ocurridos el 9 dé junio de 1988 contra su hija J.S.R. de 13 años de edad. Fue hallado culpable en ambos casos por veredicto del Jurado, y el 9 de noviembre de 1989 el Tribunal Superior, Sala de Ponce, le impuso una pena de 16 años de reclusión, 6 años por el delito de incesto y 10 años por el delito de sodomía, que han de ser cumplidos consecutivamente.

En apelación, el acusado había planteado que el tribunal de instancia erró al declararlo culpable del delito de sodomía a base de un estatuto que adolece de vaguedad, en violación del Art. II, Secs. 7 y 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, constituyendo una restricción de su libertad sin el debido proceso de ley. Además, planteó que la prueba de cargo fue insuficiente para probar los elementos del delito imputado más alia de duda razonable.

Examinados cuidadosamente los planteamientos del apelante, determinamos que no tiene méritos el plantea-miento de vaguedad. También resolvemos que es infun-dada la alegación del apelante de que fue encontrado culpable a pesar de una prueba de cargo insuficiente.

En vista de ello, se confirma la sentencia del tribunal de instancia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Hernández Den-ton concurrió con opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

El apelante presentó solamente un planteamiento de ín-dole constitucional, a saber, que el Art. 103 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4065, violenta el debido proceso de ley toda vez que no define los actos constitutivos del delito de sodomía contra un ser humano en la modalidad de crimen contra natura.

Concurrimos con la confirmación de la sentencia por en-tender que, según aplicado a este apelante particular, el referido artículo no adolece de vaguedad que contravenga las exigencias del debido proceso de ley. Nuestra aplicación del Art. 278 del antiguo Código Penal en Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 230 (1926), y su interpretación en Pueblo v. Gutiérrez, 71 D.P .R. 840 (1950), vigente desde 1950, constituían aviso suficiente de que el acto imputado en el pliego acusa-torio, la penetración del órgano viril en el ano, era una conducta punible bajo la segunda modalidad del delito de sodomía contra un ser humano, la denominada “como cri-men contra natura”.

Por último, debe quedar claro que no hemos pasado jui-cio alguno sobre si el Art. 103 del Código Penal, supra, adolece o no de vaguedad en cuanto a otros actos que pu-dieran ser comprendidos dentro de alguna de las modali-dades del delito, o si el referido artículo violenta o no el derecho de intimidad de aquellos que practiquen, de forma consensual, los actos allí punidos. Estos planteamientos no estuvieron ante nuestra consideración.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri,

a la cual se une el Juez Presi-dente Señor Andréu García.

Se impugna ante nos la constitucionalidad del Art. 103 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4065. Al amparo de la garantía que ofrece la cláusula del debido proceso de ley, se plantea que la disposición aludida ado-lece del defecto de vaguedad, pues no informa adecuada-mente la naturaleza de la conducta penalizada por dicho estatuto. Aunque este Tribunal se ha expresado en relación con este delito en ocasiones anteriores() nunca habíamos resuelto si el estatuto en controversia adolece o no del de-fecto de vaguedad.

Hoy la mayoría del Tribunal por sentencia resuelve que el Art. 103 del Código Penal de Puerto Rico, supra, no ado-lece del defecto de vaguedad. Para descargar plenamente nuestra responsabilidad judicial, me parece indispensable explicar claramente las razones y los fundamentos que me han llevado a estar conforme con el resultado que se anun-cia en la breve sentencia emitida por el Tribunal en el pre-sente caso.

I

Nuestro sistema de derecho penal se erige sobre el prin-cipio de legalidad estatuido en el Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031. Según este principio, es necesario que la conducta por la cual se inste una acción penal esté expresamente definida por ley, quedando prohibida la crea-ción de delitos por analogía. En Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1950), resolvimos que la cláusula del debido pro-ceso de ley exige que los estatutos sean claros y precisos. En el caso de estatutos penales, hemos requerido que éstos estén redactados con un grado mayor de certeza y precisión que otros estatutos, ya que está en juego la libertad de un individuo. Una disposición de índole penal viola el requi-sito constitucional de certidumbre cuando no ofrece a una persona de inteligencia ordinaria, justa notificación de que su conducta está prohibida por dicho estatuto. No se puede hacer responsable criminalmente a ninguna persona por una conducta que ella razonablemente no podía entender que estuviese proscrita. Pueblo v. Mantilla, supra; Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 750, 751 (1970); Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 763, 787 (1960).

Por otro lado, también hemos resuelto que el hecho de que un estatuto requiera ser interpretado no implica nece-sariamente que el estatuto adolezca de vaguedad. A este respecto, en Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 788, señalamos:

No debe caerse en la superficialidad de creer que una ley penal es nula por defecto de vaguedad debido a que requiera interpretación. Como señala el maestro Jiménez de Asúa, todas las leyes, aun las “clarísimas”, requieren interpretación. Toda ley, por el hecho de aplicarse es interpretada, ya que al cotejar su contenido con el hecho real se produce un proceso de subsun-ción, al que contribuyen los órganos interpretativos (a veces el legislador y el científico y siempre el juez), por procedimientos gramaticales y teleológicos, y con resultados declarativos, res-trictivos, extensivos o progresivos. En cuanto a las leyes penales hay que armonizar la estricta legalidad del Derecho punitivo, con la imprescindible interpretación teleológica de las normas jurídicas. Reconociendo que el Derecho penal tiene caracteres de mayor certidumbre y estabilidad que las otras ramas, es imposible creer que la ley penal, sensu strictu, se basta del todo a sí misma y que sea suficiente interpretarla a la letra. No es un sistema completo y sin lagunas, de modo que con el simple procedimiento lógico, basado en los preceptos legales escritos, se puedan resolver todas las cuestiones. (Énfasis suplido y es-colios omitidos.) Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 788.

En Wainright v. Stone, 414 U.S. 21 (1973), el Tribunal Supremo federal —ante un planteamiento de vaguedad de un estatuto penal del estado de Florida similar al nues-tro— indicó que este planteamiento debía ser considerado tomando en cuenta la interpretación que el más alto tribunal de ese estado ha hecho del mismo. Señaló el Supremo federal que la interpretación que un Tribunal Supremo es-tatal haya hecho del estatuto, debe incluirse como parte de éste al momento de evaluar el planteamiento de vaguedad. Por lo tanto, en términos constitucionales, una disposición penal sólo puede considerarse defectuosa por vaguedad cuando, después de examinada la faz del estatuto y su pre-via interpretación judicial, una persona de inteligencia or-dinaria no puede entender cúal es la conducta proscrita.

El estatuto ante nuestra consideración ha sido exami-nado e interpretado por nosotros en varias ocasiones.() A través de estos precedentes, hemos establecido que la con-ducta punible se refiere a las relaciones sexuales anales, siendo suficiente la más leve penetración del ano con el órgano sexual masculino para que quede configurado el delito. Pueblo v. Díaz, supra; Pueblo v. Gutiérrez, supra; Pueblo v. Santiago, supra. Ante nuestra reiterada interpre-tación y dilucidación del estatuto sobre la sodomía, difícil-mente puede argumentarse ahora que éste adolece de va-guedad porque no se entiende cuál es la conducta penalizada. Nuestra reiterada interpretación previa forma parte del contenido del estatuto por lo que, evaluado el planteamiento de vaguedad a la luz de dicha interpreta-ción, concluimos que éste no puede prosperar. El apelante no puede escudarse en su ignorancia de la jurisprudencia para alegar que el estatuto en cuestión adolece de vaguedad. Hemos reconocido reiteradamente que la igno-rancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 512 (1984); Cabassa v. Bravo, 21 D.P.R. 185, 187 (1914). Esta norma abarca no sólo el contenido de las leyes, sino también su interpreta-ción por los tribunales. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Sega-rra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987.

Además de los fundamentos estrictamente jurídicos antes expuestos, debe considerarse que, en un país como el nuestro, la mayoría de la gente probablemente ha oído ha-blar de la bíblica ciudad de Sodoma y de las prácticas sexuales aberrantes que allí se practicaban, origen histó-rico del término “sodomía”. Más aún, el concepto “contra natura” incluido en la definición estatutaria de sodomía implica que lo que se penaliza es toda relación sexual rea-lizada en forma contraria al modo natural de hacerlo, como es una relación sexual anal. Aun las personas jóvenes o iletradas conocen la forma natural en que se realiza el acto sexual, por lo que pueden entender que cualquier acto con-trario a esa forma natural constituye conducta proscrita por el estatuto en cuestión. Véanse: Connor v. State, 490 S.W.2d 114 (1973); Verser v. State, 509 S.W.2d 299 (1974). Estas consideraciones lógicas, que están basadas en la ex-periencia común que todos compartimos, tienen verifica-ción empírica. En un estudio reciente realizado por la pe-nóloga puertorriqueña Dora Nevares-Muñiz se estudiaron las percepciones públicas respecto a una gama de delitos, incluyendo la sodomía. Mediante encuesta, se intentó me-dir la opinión del pueblo respecto a la severidad relativa de varios delitos. Uno de los hallazgos del estudio es que el público entiende que la sodomía varía en gravedad depen-diendo de la magnitud del daño físico concreto que se le cause a la víctima. Véase, D. Nevares Muñiz, La encuesta de percepción de severidad de delitos, 24 (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.A. 89, 96-98 (1989). Este hallazgo confirma que la persona corriente en Puerto Rico entiende lo que prohíbe el Código Penal en relación con el delito de sodomía.

No tiene méritos, pues, el planteamiento de vaguedad.

HH > — I

El apelante alega como segundo error que fue encon-trado culpable a base de una prueba de cargo insuficiente. Basa su alegación de insuficiencia de la prueba en que no se puede precisar a que conducta se refería la perjudicada al declarar que el acusado la “utilizaba por detrás”; alegó además que surge del testimonio del perito Erik Martínez que no hubo relación anal.

Este error tampoco fue cometido. Debe tomarse en cuenta que se trata de una jovencita de 14 años que de-claró sobre hechos que le resultaban vergonzosos y difíciles de comunicar. La testigo utilizó frases y palabras comunes y propias de su edad para relatar los actos a los que la sometía el apelante. La naturaleza de los actos envueltos —abuso sexual por parte de su padre— el bajo grado de escolaridad de la menor y los traumas causados por el daño infligido son factores que debemos considerar al momento de evaluar la manera de declarar la testigo y su forma de verbalizar lo ocurrido. Véase Pueblo v. Rivera Robles, 121 D.P.R. 858 (1988).

El perito Erik Martínez declaró que examinó rectal-mente a la perjudicada y no encontró ningún tipo de lace-ración ni evidencia de penetración evidente en el ano. Tam-bién señaló que la testigo le dijo que no hubo relación anal.() Sin embargo, el perito no descartó la probabilidad de que hubiese ocurrido penetración anal, ya que reconoció que ésta pudo ser superficial y no presentar laceraciones. Por lo tanto, la ausencia de laceraciones no descarta la posibilidad de que la perjudicada hubiese sido sodomizada. Habiendo sostenido la perjudicada que fue abusada sexual-mente “por delante” y “por detrás”, la cuestión se reduce a una de credibilidad. Reiteradamente hemos señalado que corresponde al juzgador de los hechos dirimir y adjudicar la credibilidad de los testigos, pues está en mejor posición de apreciar la prueba y aquilatarla. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974). En este caso, el Jurado le dio crédito a lo decla-rado por la perjudicada y no existe evidencia que demues-tre pasión, prejuicio o error manifiesto en la apreciación de la prueba que hizo el Jurado.

En tales casos, hemos expresado que no intervendremos con el veredicto condenatorio emitido por el Jurado. Pueblo v. Cabán Torres, supra; Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977).

Por las razones expuestas, estoy conforme con la senten-cia que confirma la convicción por el delito de sodomía.

      (1) Pueblo v. Marín Vega, 105 D.P.R. 676 (1977); Pueblo v. Santiago Vázquez, 95 D.P.R. 593 (1967); Pueblo v. Gutiérrez, 71 D.P.R. 840 (1950); Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 230 (1926), entre otros.

      (2) Véanse los casos citados en el esc. 1.

      (3) Existe contradicción entre el testimonio de la perjudicada y el del perito Martínez a este respecto, ya que la perjudicada señaló tanto en el directo como en el contrainterrogatorio que hubo relaciones anales. Véase Transcripción del testimonio de J.S.R., págs. 41 y 46-47. En este caso el Jurado resolvió el conflicto de testimonios contradictorios a favor de la perjudicada.


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license: Public Domain

text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:-

      Resuelto: 21 de mayo de 1993
   RESOLUCIÓN

Con los objetivos de hallar nuevos métodos para la re-solución rápida de disputas, establecer procedimientos de desvío de ciertos casos que hasta ahora tienen que ser atendidos por los tribunales y proponer cambios al Derecho puertorriqueño, se nombra el Comité Asesor de Medios de Resolución de Disputas. Este estará integrado por las per-sonas siguientes:

1. Hon. Ángel F. Rossy García
2. Hon. Pedro López Oliver
3. Hon. Hiram A. Sánchez Martínez
4. Ledo. Francisco Rosa Silva
5. Ledo. David Rivé Rivera
6. Ledo. José A. Cuevas Segarra
7. Ledo. José E. Otero Matos
8. Dra. Mildred E. Negrón Martínez

Este comité asesor tendrá las encomiendas siguientes:

1. Analizar y estudiar los nuevos enfoques sobre reso-lución de disputas que han surgido en otras jurisdicciones.
2. Recomendar nuevos procedimientos para una rá-pida y efectiva resolución de disputas y en los cuales la intervención de los tribunales tenga la menor injerencia posible.
3. Efectuar cualquier otra encomienda que le haga el Tribunal sobre estos extremos.

Notifique el Secretario General del Tribunal con copia de la presente resolución a las personas designadas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:-—

      Resuelto: 21 de mayo de 1993
   RESOLUCIÓN

Con el propósito de explorar las formas de lograr una justicia más rápida, aminorar la carga de casos ante los tribunales y estudiar la posibilidad de que los notarios en Puerto Rico puedan entender en casos de jurisdicción vo-luntaria, se crea la Comisión sobre Jurisdicción Voluntaria que estará adscrita al Secretariado de la Conferencia Judicial.

La encomienda de esta comisión será la siguiente:

1. Estudiar la experiencia en otras jurisdicciones de conceder áreas de jurisdicción voluntaria a los notarios.
2. Revisar el ordenamiento procesal de Puerto Rico y formular recomendaciones para la instauración de la juris-dicción voluntaria de la notaría.
3. Llevar a cabo cualquier otra encomienda que le haga el Tribunal Supremo sobre estos extremos.

La Comisión que en virtud de esta resolución se crea estará compuesta por las personas siguientes:

1. Leda. Cándida Rosa Urrutia
2. Ledo. Enrique Godinez Morales
3. Ledo. Eugenio Otero Silva
4. Leda. María Luisa B. Fuster
5. Ledo. Germán Cestero Rodríguez
6. Ledo. Govén D. Martínez Suris
7. Hon. Jeannette Tomasini Gómez
8. Leda. Leyla Sánchez
9. Hon. Pedro López Oliver
10. Dr. Pedro Silva Ruiz

Notifique el señor Secretario del Tribunal con copia de la presente resolución a las personas designadas. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Ralph Vallone, Jr., acusado y peticionario.

      Número: CE-89-9

      Resuelto: 24 de mayo de 1993

      Jorge Lora Longoria, abogado del peticionario; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de autos plantea una controversia de derecho de primera impresión, la cual nos obliga a determinar la inte-rrelación entre las disposiciones del Art. 79 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3413, y la Regla 23(c) de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En particular, debemos resolver si la determinación original de no causa probable para acusar que recayera en el caso ante nuestra consideración, y la “exoneración” a que hace referencia la citada Regla 23(c), supra, implica o conlleva la reanuda-ción del término prescriptivo del delito que se le imputara al peticionario Ralph Vallone.

HH

El 1ro de junio de 1988 se presentó una denuncia contra el peticionario Ralph Vallone y contra otras dos (2) perso-nas, por infracción a la Sec. 19 de la Ley de Bancos, 7 L.P.R.A. sec. 115. Los hechos que dieron lugar a la denun-cia ocurrieron el 7 de junio de 1983. El delito que se les imputó es uno de naturaleza grave, cuyo término de pres-cripción es de cinco (5) años. Art. 78 del Código Penal de P.R., 33 L.P.R.A. sec. 3412. El mismo día de la denuncia se determinó causa probable para el arresto del peticionario Vallone. Se le arrestó el día siguiente, y el 1ro de agosto de 1988 se celebró la correspondiente vista preliminar. En ésta, el magistrado del Tribunal de Distrito que presidió la misma determinó que no había causa probable para acusar al peticionario del delito imputado, decretando, en conse-cuencia, la exoneración de éste. Ese mismo día, el 1ro de agosto de 1988, el Ministerio Público presentó solicitud de vista preliminar en alzada, la cual fue señalada para ser celebrada ante un magistrado del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el 9 de septiembre de 1988. El 7 de septiembre del mismo año, dos (2) días antes de la fecha señalada para la vista preliminar en alzada, el peti-cionario Vallone solicitó la desestimación de dicha vista “por haber prescrito el delito sobre el cual versa dicho procedimiento”. Petición de certiorari, pág. 3.

En la solicitud de desestimación se planteó que, con-forme las disposiciones de los Arts. 78 y 79 del Código Penal, supra, el delito imputado en la denuncia prescribía a los cinco (5) años, contado dicho período de tiempo a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos delictivos, por lo que el delito imputado había prescrito el 7 de junio de 1988. Según alegó el peticionario procedía la desestimación de la solicitud de vista preliminar en alzada ya que la misma fue radicada el 1ro de agosto de 1988 —el mismo día de la determinación de no causa para acusar— cuando el delito imputado estaba ya prescrito. Alegó que, de acuerdo con las disposiciones de la Regla 23 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la determinación de no causa emitida el día 1ro de agosto de 1988 tuvo el efecto de exonerar al imputado, esto es, de ponerle fin al procedi-miento comenzado en su contra el 1ro de junio de 1988. En apoyo de su posición, señaló que conforme las disposiciones de la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra, la vista preliminar en alzada es un proceso nuevo, indepen-diente, separado y distinto, que no está condicionado ni limitado en forma alguna por la anterior vista preliminar. Señaló, en adición, que luego de la vista preliminar original, el arresto que confirió jurisdicción al tribunal sobre la persona del imputado cesó de tener toda eficacia legal y que, por consiguiente, al haber prescrito la acción penal al momento de comenzar el proceso de vista preliminar en alzada, procedía decretar la desestimación del procedimiento.

El 9 de septiembre del 1988, el magistrado del Tribunal Superior ante quien se señaló la vista preliminar en alzada declaró con lugar la moción de desestimación. El Ministe-rio Público presentó moción de reconsideración, la cual fue señalada para el 26 de septiembre de 1988, fecha en que las partes hicieron los planteamientos pertinentes. El tribunal se reservó su decisión y el 15 de noviembre del mismo año emitió resolución declarando sin lugar la mo-ción de desestimación. Se señaló la vista preliminar en al-zada para el 14 de diciembre de 1988. Luego de ser debi-damente notificados y habiendo comparecido los imputados, se celebró la referida vista durante los días 15, 19, 20 y 28 de diciembre de 1988. Esta vista culminó, en lo pertinente, con una determinación de causa probable contra el peticionario Vallone.

Radicado el pliego acusatorio, y estando pendiente el acto de lectura de acusación, el peticionario Vallone recu-rrió —vía certiorari— ante este Tribunal en revisión de la negativa a desestimar del foro de instancia.() En el re-curso que a esos efectos radicara, le imputa al foro de ins-tancia haber errado al

... concluir que la denuncia y el arresto que culminaron en una determinación de no causa probable retuvieron su vigencia legal a los efectos de interrumpir el período prescriptivo de la acción penal. Petición de certiorari, pág. 3.

Expedimos el auto de certiorari radicado mediante Re-solución a esos efectos de fecha 9 de febrero de 1989.() En el alegato que ante este Foro radicara el Ledo. Jorge E. Pérez Díaz, entonces Procurador General de Puerto Rico, éste expresó, en síntensis, que el recurso radicado por el peticionario Vallone “trata de una cuestión de derecho novel” (Informe del procurador, pág. 2) y que, aun cuando “[e]l carácter de novel justifica la expedición del auto de certiorari”, (id.) es claro que “el planteamiento del peticio-nario es totalmente inmeritorio” (id.). Estando en condicio-nes de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

h — ( f — I

De entrada, resulta importante señalar que la prescripción en el derecho penal no responde a precepto alguno de orden constitucional, sino a un acto de gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. En otras palabras, nuestra Constitución no le impone al Estado la obligación de establecer términos de prescripción para los delitos por lo que, de ordinario, el análisis de las disposiciones de ley relativas a esta figura conlleva un ejercicio de hermenéutica estatutaria que no requiere de interpretación constitucional. United States v. Marion, 404 U.S. 307, 325-326 (1971); United States v. Ewell, 383 U.S. 116, 122 (1966); 2 La Fave and Israel, Criminal Procedure Sec. 18.5, pág. 424 (1984); C. Thomas, Criminal Law, California, Sage Pubs., 1987, pág. 111.

También debemos indicar que, al precisar el con-tenido específico de las disposiciones de ley relativas a la prescripción penal, es menester hacerlo en atención a la razón de ser de esta figura. La prescripción en el derecho penal cumple el “propósito fundamental... [de informar] al [imputado] con suficiente anticipación de la intención de procesársele y de la naturaleza del delito que se le imputa, de forma que no se menoscabe su oportunidad de defen-derse antes de que la evidencia disponible para establecer su inocencia desaparezca o se oblitere por el transcurso del tiempo”. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 24, 27 (1961).

El Art. 79 del Código Penal, supra, dispone expresamente que el “término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se expide el mandamiento de arresto o citación”. (Enfasis suplido.) Del propio texto del citado artículo se desprende claramente que una determinación de causa probable para el arresto o citación del imputado realizada dentro del tér-mino prescriptivo correspondiente es suficiente para inte-rrumpir el mismo. Pero, ¿hasta cuándo? Contrario a la le-gislación criminal de otras jurisdicciones() nuestro Código Penal guarda silencio en cuanto a la posibilidad de que, una vez interrumpido el término prescriptivo del delito, este término pueda reanudarse.

III

La Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra, dispone que si a juicio del magistrado, la prueba presentada demostrare que no existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona imputada lo cometió, el magistrado “exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad”. Los hechos particulares del presente caso nos obligan a determinar la interrelación en-tre la mencionada Regla 23(c) y el Art. 79 del Código Penal, supra, y en particular, cuál, si alguno, es el efecto de la “exoneración” a que hace referencia la. Regla 23(c), supra, con respecto al término prescriptivo del delito.

No podemos definir adecuadamente el significado de la Regla 23(c), supra, sin tomar en consideración cuál es la naturaleza y propósito de la vista preliminar en nuestro ordenamiento procesal criminal. En Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985), al ofrecer una descripción general de la misma, señalamos que su objeto central no es hacer una adjudicación en los méritos en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino evitar que se someta a una persona de forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal. Véanse, también: Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974). La vista preliminar opera como un cedazo judicial mediante el cual se exige que el tribunal autorice la radicación de la acusación, sólo después de ponderar debidamente la prueba y determinar que existen suficientes fundamentos para justificar un proceso criminal. Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 765 (1974); Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700 (1970).

El peticionario nos señala, en apoyo de su posición, que conforme a las disposicines de la Regla 24(c) de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la vista preliminar en alzada es un proceso nuevo, independiente, separado y dis-tinto, que no está condicionado ni limitado en forma al-guna por la anterior vista preliminar. Aunque es cierto que hemos expresado que la vista preliminar original y la vista preliminar en alzada son dos vistas independientes, sepa-radas y distintas, Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28, 30 (1984), las dos vistas son partes de un mismo y continuo proceso judicial. Por lo tanto, la determinación de no causa probable en la vista preliminar original no equivale auto-máticamente al fin del procedimiento incoado contra el imputado. Álvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236 (1974).

Respecto al punto específico ante nuestra consideración, la profesora Olga Elena Resumil señala, en su tratado de derecho procesal penal, que en vista de que la determinación de causa probable no es una adjudicación de responsabilidad criminal, la “exoneración” a que hace referencia la Regla 23(c), supra, no es de carácter final. O. Resumil de San Filippo, Derecho Procesal Penal, Oxford, Ed. Equity, 1990, T. I, Cap. 15, Sec. 15.9, pág. 386. Esta posición fue adoptada por este Tribunal en Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468 (1991). Allí se señaló:

La exoneración adjudicada en la vista preliminar inicial al determinarse que no existe causa probable no impide que el Estado pueda continuar el proceso contra el imputado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra. Luego de la vista preliminar inicial, existen procedimientos subsiguientes que son parte integral de la acción penal seguida contra el imputado. Uno de estos procedimientos lo es la vista preliminar en alzada. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987). Pueblo v. Félix Avilés, supra, pág. 476.

Otro indicio de la existencia de una relación de continui-dad entre la vista original y la vista en alzada es el hecho de que la exoneración en la primera no deja sin vigencia la denuncia y la previa determinación de causa probable para arresto o citación. La misma denuncia que da lugar a la vistá preliminar original sirve de base para la segunda vista, sin que sea necesario, por disposición alguna de las Reglas de Procedimiento Criminal, someter nuevamente la prueba ante un magistrado para una nueva determinación de causa probable para el arresto o citación. A pesar de que el efecto de la determinación de no causa probable en la vista preliminar original es poner en libertad física al im-putado, la celebración de la vista preliminar en alzada, sin que sea necesaria una nueva denuncia, supone que la vista preliminar en alzada es parte de un mismo procedimiento judicial. Lo que ocurre es que si bien la determinación de causa probable para arresto o citación es suficiente para interrumpir el término prescriptivo del delito,() la misma es insuficiente para acusar, pues para esto se requiere una determinación ulterior de causa probable, ya sea en vista preliminar o en vista preliminar en alzada.

En resumen, resolvemos que la determinación de no causa probable para acusar recaída en la vista preliminar que originalmente se le celebró al peticionario Ralph Va-llone no tuvo el efecto, como alega dicho peticionario, de judicialmente “terminar” con el procedimiento penal in-coado en su contra y, en consecuencia, no se reactivó el conteo del período prescriptivo del delito; período prescrip-tivo que había quedado interrumpido por la determinación de causa probable para arresto realizado el 2 de junio de 1988. Ello en vista del hecho de que, si bien es correcto que dicha determinación original de no causa probable para acusar representó la culminación de una etapa en el pro-cedimiento incoado en su contra, la referida determinación no constituye el final de dicho procedimiento, el cual es uno integral que se mantiene “vivo” y sujeto a los trámites ul-teriores —Regla 24 (34 L.P.R.A. Ap. II)— establecidos por las Reglas de Procedimiento Criminal.()

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia confirmatoria de la Resolución de fecha 15 de noviem-bre de 1988 mediante la cual el Tribunal Superior, Sala de San Juan, denegó la moción de desestimación radicada por el peticionario, devolviéndose el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos consistentes con lo aquí expuesto.

Los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Fuster Berlingeri concurrieron con el resultado sin opinio-nes escritas. El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) Mediante la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980 (34 L.P.R.A. sec. 1044) el legislador enmendó el Art. 77 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3411, para incorporar la prescripción como causa de extinción de la acción penal. Antes de la referida enmienda, la cual entró en vigor el 4 de marzo de 1981, la prescripción únicamente constituía fundamento, como defensa afirmativa, para soli-citar la desestimación de la acusación o denuncia al amparo de las disposiciones de la Regla 64(m) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Luego de la enmienda, y constituyendo la prescripción causa para la extinción de la acción penal, el imputado de delito puede hacer el planteamiento al respecto en cualquier momento, aun des-pués de haberse dictado sentencia. Véase D. Neváres-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 3ra ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 110.

      (2) En atención al planteamiento del peticionario Vallone, y a pesar de que ello realmente resultaba innecesario en vista de que el auto había sido expedido, me-diante Resolución de fecha 28 de febrero de 1989 ordenamos la paralización de la vista en su fondo del caso, hasta que otra cosa dispusiera el Tribunal.

      (3) El Art. 114 del Código Penal español dispone que tan pronto como el proce-dimiento judicial sobrevenga, la prescripción se detiene, y si posteriormente el pro-cedimiento concluye sin condena, o se paraliza, la prescripción se reanuda. Véase J. Córdoba Roda, Comentarios al Código Penal, Barcelona, Ed. Ariel, 1976, T. II, pág. 688.

      (4) Debe mantenerese presenté lo resuelto en Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 D.P.R. 585, 592 (1992), a los efectos de que a “ ‘menos que existan circunstancias excepcionales que lo impidan, la falta de dilingenciamiento dentro de un período razonable puede anular los efectos de la interrupción’ ” del período prescriptivo. (Én-fasis en el original suprimido y énfasis suplido.)

      (5) La norma que estableciéramos en Pueblo v. Lugo, 58 D.P.R. 183, 186 (1941) —a los efectos de que se entiende no interrumpido, por el arresto efectuado, el tér-mino prescriptivo cuando la acusación es posteriormente sobreseída por razón de no haberse celebrado el juicio dentro del término fijado por ley— debe entenderse mo-dificada en lo pertinente.
      Dicha decisión fue una emitida con anterioridad a la vigencia de las Reglas de Procedimiento Criminal. La misma fue modificada en este aspecto por la decisión que este Tribunal emitiera en Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244 (1967); caso en que resolvimos que, decretado el archivo a nivel del Tribunal Superior bajo las disposi-ciones de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, de una acu-sación que imputa un delito grave, el fiscal puede volver a radicar dicha acusación en el Tribunal Superior sin necesidad de pasar nuevamente por los procedimientos pre-liminares de causa probable para arresto (Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II) y de causa probable para acusar (Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Ramallo Brothers Printing, Inc., demandante y recurrido, v. Guillermo Ramis, etc., demandados y peticionarios.

      Número: CE-92-108

      Resuelto: 25 de mayo de 1993

      José R. Ortiz Vélez, abogado de la codemandada y peticiona-ria The Atlantic Organization, Inc.; Harry Anduze Mon-tano y Guillermo Ramos Luiña, abogados de los demanda-dos y peticionarios esposos Ramis Arrarás y su sociedad de bienes gananciales; Yvonne M. Imbert Garratón, del Bufete Alex González, abogada del demandante y recurrido Angel Ramallo; Antonio A. Arias Barcada, de McConnell Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogado de la deman-dante y recurrida Ramallo Brothers Printing, Inc.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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The Atlantic Organization, Inc. (en adelante Atlantic) es una corporación doméstica dedicada a prestar servicios de promoción, mercadeo e investigación en el área de la publicidad. Como único accionista tenía a su Presidente y Director, Guillermo J. Ramis; su esposa, María Celeste Arrarás, fungía como Secretaria, Tesorera, y Directora.

En 1985, Atlantic solicitó a Ramallo Brothers Printing, Inc. (en adelante Ramallo) la impresión de unas cubiertas para pasajes y unas tarjetas de presentación “para anun-ciar a la compañía Arrow Air quien, en aquel momento era cliente de Atlantic”. Apéndice, pág. 2. Ramallo cumplió y facturó a Atlantic. Atlantic pagó parte de la factura y, pos-teriormente, expidió otro cheque de nueve mil novecientos treinta y dos dólares con ochenta centavos ($9,932.80) el cual fue devuelto por insuficiencia de fondos. Ante las re-clamaciones de Ramallo, Atlantic indicaba que el cheque fuera redepositado alegando errores del Banco. A pesar de que Ramallo lo depositó varias veces, nunca pudo cobrarlo. Posteriormente, Ramis cerró la cuenta bancaria de Atlantic.

Luego de ciertos eventos, entre los cuales se destaca el hecho que Ramis se asoció con otra compañía de publicidad y se llevó consigo los clientes de Atlantic, previa interpela-ción de pago, el 23 de octubre de 1986 un representante de Ramallo denunció a Ramis por el delito de expedición de cheques sin. fondos. Se determinó causa probable; después el caso fue archivado al demorarse la celebración del juicio en virtud de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Así las cosas, los esposos Ramis-Arrarás reclamaron ex-trajudicialmente por daños sufridos a Ramallo debido ale-gadas imputaciones falsas. Ramallo los demandó y, como causas de acción, adujo el cobro de los diez mil doscientos dos dólares con ochenta centavos ($10,202.80) adeudados por Atlantic; solidaridad de los esposos Ramis-Arrarás por actividades fraudulentas al firmar un cheque sin fondos; la anulación de la transferencia de los clientes de Atlantic a la nueva corporación por ser los únicos recursos de Atlantic y en fraude de sus acreedores, y un decreto judicial de que los demandados Ramis-Arrarás carecían de causa de ac-ción por persecución maliciosa.

Atlantic y los codemandados Ramis-Arrarás et al. con-testaron la demanda e instaron una reconvención. Como defensa afirmativa levantaron la prescripción y solicitaron la desestimación. Previa vista, el tribunal (Hon. Francisco A. Padilla Rodríguez, Juez) rehusó desestimar.

A solicitud de los esposos Ramis-Arrarás, expedimos el certiorari.( )

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El argumento central de los peticionarios Ramis-Arra-rás gira en torno a que la reclamación de los diez mil dos-cientos dos dólares con ochenta centavos ($10,202.80) está prescrita. Se basan en que, a pesar de que no existe con-troversia de que la compra objeto del litigio era mercantil, el ilustrado tribunal de instancia no quiso aplicar el tér-mino prescriptivo de tres (3) años. Art. 1867 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5297(4).

No tienen razón. El foro de instancia —tomando como ciertas las alegaciones de la demanda— concluyó que la compraventa era mercantil y que, por ende, no regía el aludido término prescriptivo trienal. En efecto, surge de las alegaciones que los materiales impresos comprados a Ramallo estaban destinados a promover la Compañía Arrow Air quien era cliente de Atlantic, por lo que la intención de esta última era lucrarse de la reventa de éstos a la aerolínea. No hay nada en las alegaciones de la demanda que indique que los bienes eran para el consumo de Atlantic. Estaba presente el elemento que distingue prin-cipalmente la compraventa mercantil de la civil, “el doble propósito [del comprador] de revender ulteriormente las cosas compradas y de obtener un lucro”. Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 D.P.R. 270, 276-277 (1988); Art. 243 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1701. Véanse, además: Buena Vista Dairy, Inc. v. Aponte, 108 D.P.R. 657, 659-661 (1979); Waterman Export Co. v. Valdejulli, 88 D.P.R. 499, 503-504 (1963).

Los estudiosos de la materia están contestes que en materia de prescripción, el Código de Comercio no tiene una reglamentación sistemática y completa; sólo visualiza algunos casos de prescripción, y los que carecen de término en particular los remite a la reglas del derecho civil. J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 8va ed., Madrid, 1983, pág. 38; R. Uría, Derecho Mercantil, 12ma ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1975, pág. 480. Así, su Art. 940 (10 L.P.R.A. sec. 1902), lee:

Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio, se regirán por las dispo-siciones del derecho común.

Tal es la situación en los casos de la compraventa. Como el Código de Comercio no fija un tiempo prescriptivo, la acción del vendedor en cobro del precio será quince (15) años por interacción del Art. 940 del Código de Comercio, supra, y el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294.() L. Díez-Picazo, La prescripción en el Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, pág. 214.

El plazo prescriptivo trienal del Art. 1867 del Código Civil, supra, invocado por los peticionarios no go-bierna a las compraventas estrictamente mercantiles.() Dicho precepto precisamente señala que los bienes vendi-dos son para consumo del comprador.

Si la compraventa se realiza entre dos comerciantes dedicados al mismo tráfico y sobre mercaderías destinadas a él, se trata claramente de una compraventa mercantil y queda fuera del radio del artículo. Ello nos lleva a pensar que la idea que ha presidido el artículo es la de una compra de cosas destinadas al consumo del comprador, entendiendo la expresión consumo con toda la amplitud que le da el Artículo 326 del Código de Comercio. L. Díez-Picazo op. cit., pág. 215.

Se trata de una situación que se desvía de la observación doctrinaria de que, como regla general, los términos prescriptivos en lo mercantil son más cortos que en lo civil en atención a las exigencias peculiares del tráfico comercial. Véanse: J. Garrigues, op. cit; R. Uría, op. cit.; F. Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, 7ma ed., Valladolid, Ed. Clares, 1978, pág. 376; J.M. Martínez Val, Derecho Mercantil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, pág. 448.

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Distinta conclusión se impone en cuanto a la segunda y a la tercera causa de acción; ambas están prescritas. Nos explicamos.

Tomadas como ciertas las alegaciones, estamos ante unas reclamaciones por los daños causados debido a las actuaciones alegadamente fraudulentas de Ramis. En esta etapa, es irrelevante si Ramis tendría que responder en su carácter personal o como Presidente de Atlantic y, por ende, la corporación sería la única responsable.

Sí notamos que la segunda causa de acción específica-mente imputa a Ramis haber firmado un cheque sin fondos y haber cerrado la cuenta bancaria de Atlantic en “detri-mento” de Ramallo. La tercera causa de acción es haber actuado en fraude de acreedores y haberse llevado a los clientes de Atlantic hacia una nueva corporación. Clara-mente no estamos ante unas reclamaciones basadas en un incumplimiento de contrato; tampoco en cobro de dinero, pues como hemos visto, de esto se ocupa la primera causa de acción.() Sin duda, se trata de unas reclamaciones por daños extracontractuales.

Sabido es que en este tipo de acciones, el término es un (1) año. Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298. Dicho término sería igual aunque la acción fuera contra Ramis en su carácter personal bajo la hipótesis de rasgarse el velo corporativo. Como los hechos ocurrieron en 1986, y no fue hasta abril de 1991 que Ramallo entabló la acción de epígrafe, la segunda y tercera causa de acción están prescritas y deben desestimarse.

IV

En su señalamiento final, los peticionarios Ramis-Arrarás argumentan la improcedencia de una sentencia declaratoria que solicita la adjudicación de que ellos care-cían de causa de acción futura contra Ramallo. Invocan jurisprudencia de otras jurisdicciones que así lo resuelve() y a modo de argumentación, formulan la siguiente interro-gante: “¿Qué pasaría con el sistema judicial si los potencia-les demandados bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico optasen por ‘reacci[o]nar’ a reclamaciones ex-trajudiciales mediante la radicación de demandas de sen-tencia declaratoria?” Petición de certiorari, pág. 13.

En efecto, la doctrina general es contraria a la utilización del procedimiento declaratorio en casos de negligencia. 4 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2765, págs. 729-730. Nuestra Regla 59 (34 L.P.R.A. Ap. II), sobre sentencias declaratorias, procede del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2992. En su origen fue tomada literalmente de la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias. Véanse: Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641 (1980); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978). No existen razones por las que no debamos adoptar esa misma interpretación()

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hérnández Denton no intervinieron. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso se inhibió.

      (1) El único señalamiento expone:
      “Erró el Tribunal Superior, Sala de San Juan, al denegar las solicitudes de desestimación interpuestas por los demandados peticionarios contra la Demanda y la Demanda Enmendada, ya que la desestimación de la Demanda Enmendada en su totalidad procede de pleno derecho, por prescripción o caducidad, y por constituir una utilización impropia de la Regla 59.1.” Petición de certiorari, pág. 6.

      (2) Dispone:
      “La acción hipotecaria prescribe a los veinte (20) años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince (15).” 31 L.P.R.A. sec. 5294.

      (3) El Art. 1867 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5297, en lo pertinente lee:
      “Por el transcurso de tres (3) años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
      “(4) La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolos se dediquen a distinto tráfico.”
      Nuestra jurisprudencia sobre la precitada disposición es escasa. En Dávila v. Torres, 58 D.P.R. 881 (1941), aclaramos que el término “mercader” equivalía a “co-merciante”, y se refería a la persona que con capacidad legal se dedica al ejercicio de comercio, al por mayor o al menor, sobre géneros vendibles.

      (4) En ese sentido, es inaplicable el Art. 1202 de la Ley de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 2202:
      “(a) Cuando los oficiales, directores o accionistas de cualquier corporación estén obligados a pagar las deudas, o cualquier parte de las deudas de la corporación, toda acción para exigir el cumplimiento de tal obligación será tramitada por acción de clase en beneficio de todos los acreedores, acción en la cual será parte la corporación si existiere.
      “(b) No se entablará pleito alguno contra ningún oficial, director o accionista por deuda u obligación de su corporación hasta que recaiga sentencia contra ésta res-pecto de tal pleito; ni podrá entablarse tal pleito después de los tres (3) años siguien-tes a la fecha de la sentencia. Cualquiera de tales oficiales, directores o accionistas podrá levantar cualquier defensa que la corporación hubiere podido levantar contra tal deuda u obligación. Este inciso (b) no será aplicable a los pleitos que se entablen contra oficiales o directores de la corporación que esté en proceso de disolución o liquidación por mala administración en el ejercicio de sus funciones con arreglo a las secs. 2001 a 2012 de este título.”

      (5) Cunningham Brothers, Inc. v. Bail, 407 F.2d 1165, 1168 (7mo Cir. 1969); States Steamship Company v. Featherstone, 240 F. Supp. 830, 832-833, (D. Or. 1965); UNC Resources, Inc. v. Benally, 518 F. Supp. 1046, 1049 (D. Ariz. 1981); Sun Oil Co. v. Transcontinental Gas Pipe Line Corp., 108 F. Supp. 280, 282 (E.D. Pa. 1952), confirmado en Sun Oil Co. v. Transcontinental Gas Line Corp., 203 F.2d 957 (3er Cir. 1953); Frito-Lay, Inc. v. Dent, 373 F. Supp. 771, 773-774, (D. N.J. 1974); Southern Ins. Co. v. Bennett, 680 F. Supp. 387, 389 (D.C. Ga. 1988); Bankers & Shippers Ins. Co. v. Kildow, 654 S.W.2d 600, 602 (1983).

      (6) En este extremo el error del tribunal de instancia es inconsecuente. Dicho foro tiene ante sí la reconvención formulada por los esposos Ramis-Arrarás en la que reclaman daños por alegada persecución maliciosa.