author: Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Partido Socialista Puertorriqueño, apelado, v. Julio César Pérez, Secretario de Hacienda; Gerineldo Barreto Pérez, Administrador de la Comisión Electoral; y su sucesora en cargo, agentes y/o empleados, apelantes.

      Número: O-80-563

      Resuelto: 21 de octubre de 1980

      Miguel A. Pagan, Eunice Sein Llompart y José A. Cario, abo-gados del Administrador General de Elecciones y de la Comi-sión Estatal de Elecciones; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, América Serra, Procurador General Auxiliar, y Yusif Mafuz Blanco, Fiscal Auxiliar, abogados del Secre-tario de Hacienda; Raúl M. Olmo Olmo y Héctor M. Collazo, abogados del Partido Socialista Puertorriqueño.
   SENTENCIA

Vistas las mociones de reconsideración, original y suple-mentarias, presentadas por la parte apelante, el Tribunal las declara sin lugar, pero ordena la devolución de los fondos con-signados en la Secretaría de este foro.

Estudiados los autos originales del presente caso, así como los alegatos presentados por las partes, se confirma la sen-tencia del Tribunal Superior. Se emitirá opinión formal opor-tunamente. Los Jueces se reservan el derecho de expresarse individualmente.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no intervinieron.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

—O—

Secretario

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunque.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 1980

Nuestra Constitución visualiza el concepto de igualdad como un ideal dinámico capaz de proyectarse en distintas dimensiones. Este recurso exige su examen con referencia a la distribución del subsidio electoral gubernamental ante los re-clamos de un partido político minoritario.

I

El Partido Socialista Puertorriqueño (P.S.P.) quedó ins-crito como partido por petición en febrero de 1980. El 7 de agosto de 1980, la Comisión Estatal de Elecciones —conforme al Art. 3.017 de la Ley Electoral de Puerto Rico — certificó al Secretario de Hacienda el cómputo correspondiente al ade-lanto del crédito adicional de los partidos políticos que com-parecerán ante el electorado el próximo 4 de noviembre. El cálculo fue hecho siguiendo fielmente la guía estatutaria, esto es, en cuanto a los tres partidos principales, Partido Nuevo Progresista (P.N.P.), Partido Popular Democrático (P.P.D.), Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.), tomando como base los votos obtenidos en las elecciones gene-rales de 1976, y respecto al P.S.P., utilizando las peticiones de inscripción. Como consecuencia, se efectuó esta distribu-ción:

Votos Cantidad
(P.N.P.) 682,607 $358,368
(P.P.D.) 634,941 $333,344
(P.I.P.) 58,556 $ 30,742
(P.S.P.) $ 38,273.

Al tener conocimiento de esa repartición, el P.S.P. radicó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una petición de interdicto provisional y sentencia declaratoria, en solicitud de que se decretara la inconstitucionalidad de los “. . . [a]rtícu-los 3.017 y 3.019 de la Ley Electoral de Puerto Rico en tanto y en cuanto discriminan contra el Partido Socialista Puertorriqueño y el Partido Independentista Puertorriqueño en la distribución del Fondo Electoral; y que se le ordene a los demandados, y en particular al Secretario de Hacienda, Hon. Julio César Pérez, que distribuya el Crédito Adicional dispuesto en los Artículos 3.017 y 3.019 en partes iguales entre todos los partidos políticos”. Alegó violación de la cláusula de igual protección de las leyes, consagrada en nues-tra Constitución.

El Administrador General de Elecciones compareció a oponerse. Levantó como defensa que la jurisdicción primaria residía exclusivamente en la Junta Revisora Electoral y que la petición no exponía hechos suficientes justificativos de la concesión de un remedio. Previa vista, la sala de instancia dictó sentencia que sostuvo la constitucionalidad del Art. 3.019, pero con referencia al Art. 3.017 resolvió que era “constitucionalmente impermisible el sistema mediante el cual se le conceder [ían] . . tales adelantos al P.N.P. y P.P.D., en contraste con el P.I.P. y el P.S.P. A tales efectos, ordenó al Secretario de Hacienda y al Administrador General de Elecciones procedieran a distribuir el crédito adicional fijado en dicho Art. 3.017 “. . . en partes iguales entre todos los partidos políticos que participarán en las elecciones gene-rales a celebrarse el día 4 de noviembre de 1980”.

No conforme, en alzada los demandados apelantes repro-ducen sus defensas de falta de jurisdicción y desestimación, y para sostener que el tribunal incidió en error al declarar inconstitucional el Art. 3.017, aducen lo siguiente: que ello es facultad exclusiva de este Tribunal; que no aplicó la doc-trina de incuria; que no reconoció que se trataba de un pleito político; que el artículo era válido de su faz; y que aprecio equivocadamente la única prueba testifical desfilada consis-tente del testimonio del Ledo. Carlos Gallisá.

hH

Antes de considerar el apuntamiento central sobre cons-titucionalidad, es imprescindible que nos concentremos en los aspectos preliminares antes relacionados. Veamos.

A. Las Defensas de Falta de Jurisdicción e Incuria

La primera descansa en la proposición de que la Junta Revisora Electoral tiene “jurisdicción primaria en el caso de epígrafe”. Dos razones de peso derrotan esta contención. Pri-meramente, del examen del estatuto creador de la Comisión Estatal de Elecciones y de la Junta Revisora Electoral no se desprende que se haya conferido tal jurisdicción primaria exclusiva. Y segundo, independientemente de ello, como acer-tadamente decidió el tribunal a quo —con apoyo en nuestras decisiones de Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552, 556 (1977), Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 681 (1978), Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 851 (1978) y Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979) — la intervención del foro judicial no está subordinada a nor-mas de jurisdicción primaria y agotamiento de la esfera ad-ministrativa, cuando concurren los siguientes factores: (a) existe un reclamo sustancial de que la actuación administra-tiva lesiona derechos constitucionales de una parte; (b) se puede trazar la línea y distinguir entre situaciones de inter-pretación estatutaria y constitucionales en que la competen-cia y destreza del foro judicial es evidente, y aquellos en que se manifiesta la especialidad o pericia (expertise) acumula-tiva; y (c) se puede tornar en ilusorio y académico el derecho reclamado.

Tampoco resulta de aplicación, en las circunstancias de autos, la doctrina de incuria. No fue hasta agosto de este año en que se adoptó la determinación administrativa y se hizo el cómputo oficial de distribución. Fue entonces que para el P.S.P. se materializó realmente y se puso de manifiesto la diferencia abismal económica dimanante del Art. 3.017 e in-mediatamente radicó esta acción.

B. El Poder del Tribunal de Instancia para Decretar la Inconstitucionalidad y la Norma de Hermenéutica

Los apelantes aducen que el tribunal de instancia carecía de autoridad para dictaminar la inconstitucionalidad del pre-cepto envuelto. Predican este argumento señalando “. . . que el único tribunal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que tiene facultad legal para declarar inconstitucional una Ley es el Honorable Tribunal Supremo por mayoría de los Jueces de que esté compuesto dicho Tribunal y no una Sala del Honorable Tribunal Superior o de Distrito”.

El planteamiento es improcedente. La See. 4 del Art. V de nuestra Constitución —preceptivo de que “ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el Tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la Ley”— no tiene el alcance que en este aspecto se pretende. Existe en el legajo de la Asamblea Constituyente evidencia clara de que dicha norma no pretendía privar a los tribunales de instancia de la facultad tradicional de decretar la inconstitucionalidad de un estatuto, Allí, en las deliberaciones, el delegado Sr. Ramos Antonini dejó constancia expresa “respecto del poder de otros tribunales para declarar anticonstitucional o inconstitucional una ley”, y el delegado señor J. Benitez puntualizó “... que la potestad de declarar una ley contraria a la constitución es una potestad consubstancial con el ejercicio de la judicatura y que no está reservada en exclusividad al Tribunal Supremo nada más que en la medida en que, claro, siendo el Tribunal Supremo el tribunal de última instancia, será su juicio el que en definitiva gobierne la situación .. .”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Ed. Equity, 1961, pág. 1639.

En suma, debe despejarse toda duda al respecto. El cri-terio de mayoría absoluta en la mecánica de votación de este Tribunal no significa ni implica que priva a los de instancia de facultad para atender válidamente, en la esfera de su competencia, reclamos de esta envergadura. Dichos foros tie-nen autoridad para decretar la inconstitucionálidad de una ley. Si ninguna de las partes ni el Estado apelan y el dicta-men adviene en final y firme, será ejecutorio en cuanto a esos contendientes. En este aspecto, tal pronunciamiento es de índole limitada e “inter sé”. Salvo su carácter persuasivo, otros tribunales de igual jerarquía no vendrían obligados por dicho pronunciamiento. Ahora bien, este ámbito limitado de-saparece, de apelarse y confirmar este Tribunal la ineonstitu-cionalidad del estatuto en cuestión. Entonces dicha ley se convierte en letra muerta. ¿Qué sucede? “[D]esde ese mo-mento ante el intento de cualquiera que pretendiera exigir cumplimiento de cualquiera de esas leyes que el propio Tribunal Supremo ha declarado nulas [, q]ueda cerrado todo. No existe. Ese es el resultado.” Diario de Sesiones, pág. 1647.

Intimamente relacionado con este apuntamiento es menes-ter aclarar el principio de hermenéutica aplicado por el tribunal de instancia. Aunque “declara que el artículo 3.017 de la Ley Electoral de Puerto Rico es inconstitucional”, cierta-mente se trata de un simple error de forma inconsecuente. Obviamente no podría subsistir tal decreto con el remedio concedido, por resultar ambos contradictorios. Si el precepto de ley es inconstitucional, ¿de qué fuente legal surgirá dicho mandato de paridad económica? El haber ordenado prorra-tear tales fondos con absoluta igualdad matemática repre-senta la opción que, a juicio de dicho foro, es más compatible y afín con el propósito de la Asamblea Legislativa.

Por todos es conocida la doctrina de que si un estatuto puede ser interpretado de dos formas —tanto constitucional como inconstitucional — , los tribunales deben propiciar y optar por lo primero y sostenerlo. Pueblo v. Andújar, 80 D.P.R. 822, 825-826 (1958); Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945, 953 (1960). A tono con este derrotero, y en materia estatutaria de índole discriminatoria, se ha desarro-llado el siguiente enfoque:

Cuando un estatuto es defectuoso por exclusión existen dos alternativas remediales: un tribunal puede declarar su nulidad y ordenar que sus beneficios no sean extendidos a la clase que la legislatura pretendió beneficiar o extender la cobertura del es-tatuto para incluir aquellos perjudicados con la exclusión. Opi-nión concurrente del Juez Harlan en Welsh v. United States, 398 U.S. 333, 361 (1970).

El criterio rector para determinar si se invalidará o no la ley en cuestión es explorar, detectar y precisar la inten-ción legislativa y bajo cuál de esas alternativas se respeta más la misma.

C. Naturaleza de la Controversia y Apreciación de la Prueba

Por último, nos referimos a los planteamientos referentes a que erró el tribunal sentenciador al no concluir que este pleito era de índole política y tenía fines políticos —según admisión del propio testigo de la parte demandante, Ledo. Carlos Gallisá— y al apreciar equivocadamente la prueba. Ambos son infundados.

El carácter del pleito —de consecuencias y móviles polí-ticos— no desvirtúa la naturaleza eminentemente justiciable de la controversia y la cualidad jurídica de los remedios in-vocados, a saber, la constitucionalidad de una distribución desigual de fondos entre partidos políticos. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).

La sala de instancia, dentro de los límites de su arbitrio, aquilató correctamente la prueba testifical. Por no haberse justificado, no habremos de intervenir con dicha función.

rH hH j.

Resueltas estas cuestiones preliminares y despe] ada la vía procesal, dirijimos nuestra atención a la médula del recurso: la validez del Art. 3.017.

A manera de introito, este precepto forma parte integral del esquema financiero legislativo trazado para lograr pari-dad económica entre los partidos políticos del país. Este plan fue originalmente descrito en la Asamblea Constituyente por el delegado Sr. Padrón Rivera, quien abogó por el día en que “si queremos unas elecciones fundamentalmente democráti-cas —tenemos que llegar a la conclusión de que los partidos políticos deben ponerse en un mismo nivel de potencialidad económica para que los candidatos tengan la misma opor-tunidad de llegar al poder.... Y el Estado debe tener la obli-gación de poner en las mismas condiciones económicas a todos los candidatos para que el proceso electoral entrañe pura-mente, el principio democrático”. Diario de Sesiones, pág. 1401. Aunque este deseo no alcanzó linaje constitucional, poste-riormente, en virtud de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957 —hoy derogada— tuvo alumbramiento estatutario. A tono con esta concepción, hoy en día la Ley Electoral reconoce a los partidos el derecho a participar en un Fondo Electoral que les provee a cada uno, en años no eleccionarios, la cantidad máxima de $100,000 y, en año de elecciones, $200,000. El uso autorizado de esos dineros es abarcador, para beneficio de los candidatos postulados y todo gasto administrativo “de cam-paña y propaganda política” razonablemente concebible y necesario. Arts. 3.016 y 3.018 (16 L.P.R.A. sees. 3116 y 3118).

De una lectura del Art. 3.016 observamos que se clasifica y trata a todos los partidos políticos por igual, ello indepen-dientemente de que sean denominados “principales o por peti-ción”. Sin embargo, en contraste, notamos que el Art. 3.017 establece: (1) un crédito adicional desigual que se les anti-cipa a todos los partidos; (2) que éste se evalúa “a base de un crédito de setenta y cinco (75) centavos por elector que figure en el Registro del Cuerpo Electoral”; y (3) que se adjudica y distribuye —en cuanto a los partidos principales— de acuerdo con los votos obtenidos en la última elección, y res-pecto a los partidos por petición, a base de las peticiones que presentó al inscribirse.

En P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 750-751 (1976) —al analizar las premisas legislativas que inspiraron la génesis del “Fondo Electoral, el cual provee a todos los partidos políticos principales y por petición, irrespectiva-mente de las prédicas e ideologías promulgadas, una capaci-dad económica inicial e igualitaria para la divulgación de ideas, y mensajes en nuestro país”— reconocimos los siguien-tes principios: (a) “[n]uestro sistema de gobierno democrá-tico se nutre del proceso político para elegir aquellos que representan al pueblo, reconociendo el derecho de los ciuda-danos a organizarse en grupos de opinión con carácter de partidos políticos y proponer candidatos de su predilección ....”; (b) [a]nte los adelantos técnicos de comunicación rápida, directa y masiva, el libre intercambio y la fluidez de ideas y la discusión en torno a los asuntos públicos y las cua-lificaciones de los candidatos, dependen en gran medida de la capacidad económica de éstos y los partidos políticos”; (c) “[e]l mensaje personal de antaño en las lides electorales puertorriqueñas es hoy la excepción, descansándose cada vez más en los medios electrónicos de difusión moderna. Ante este fenómeno, y el costo que ello exige, las contribuciones del ciudadano a sus respectivos partidos políticos son vitales para el desenvolvimiento y desarrollo del proceso democrático”; (d) “[a]un cuando no existe una correlación entre los re-sultados electorales y la capacidad económica de un partido político o candidato —ya que en adición entran en juego un sinnúmero de factores tales como naturaleza de las contro-versias, organización, liderazgo, destreza, prestigio, control y extensión de información y publicidad— las contribuciones económicas y por ende, la solvencia de los partidos políticos afectan positiva o negativamente y en gran medida los fac-tores mencionados y por ende el desenlace final”; y (e) “ [e] s-timamos que en el contexto constitucional expuesto, son cog-noscibles, como objetivos legítimos consustanciales al proceso democrático, medidas razonables tendentes a disminuir las diferencias económicas y ventajas entre los partidos y candi-datos por razón de desigualdades en riqueza, a la par que evitar contribuciones cuantiosas e irrestrictas que pudieran comprometer el curso ulterior del gobierno en orden a influen-cias indebidas o favoritismos por razón de tales aportaciones.” (Bastardillas nuestras.)

Estos principios rigen la solución del caso de autos. Adi-cionalmente, tratándose de una clasificación legislativa que toca íntimamente el ámbito político operacional y afecta los derechos de todos los electores miembros de un partido, fácil es captar que la misma resulta sospechosa y se impone un estricto escrutinio judicial. En consecuencia, el Estado tiene el peso de demostrar que existe un interés apremiante que beneficia y justifica el interés común y hace necesaria tal clasificación. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Com. Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

Bajo este enfoque, el Esta do ha fallado en cumplir esa. misión. Su único argumento de peso —la legitimidad de esta-blecer “como criterio para la utilización de fondos públicos ... el respaldo o patrocinio público del electorado a dichos partidos”— cae ante “el axioma básico que fluye en [la pro-pia Ley] Electoral de que el proceso político decisional puerto-rriqueño responda en su realidad al mandato de igualdad consagrado en nuestra Ley Fundamental”. (Énfasis suplido.) P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra, pág. 753. ¿Cómo se puede cumplir con ese propósito si la ley habilitadora que autoriza el diseño económico de subsidio electoral reparte entre los dos partidos mayoritarios principales parte sustan-cial de los fondos y permite que los partidos minoritarios in-dependentistas reciban sumas exiguas de fondos en compara-ción con aquéllos? Admitimos que para fines de computar y lograr obtener o retener una franquicia electoral resulta le-gítimo el criterio de endoso o patrocinio de votantes. Actual-mente existe un nexo de racionalidad y lógica entre ambos factores. Sin embargo, no podemos decir lo mismo sobre la distribución de fondos públicos destinados para un mismo propósito legislativo, a saber, “gastos de campaña y propaganda política”. Para este fin no existe vínculo racional justi-ficativo del trato desigual, pues todos los partidos intentan alcanzar y llevar a través de la comunicación y otros medios sus ideas, plataformas, programas y alternativas a todos los electores del país. ¿O es que porque algunos sean minoría, se espera que limiten sus campañas a sus adeptos reconocidos o a determinadas áreas geográficas? Recuérdese que una hora de transmisión por la televisión le cuesta al P.S.P. lo mismo que a las otras colectividades políticas. Es de esperarse que así también ocurra con otros servicios análogos. Si algún partido puede obtener alguna economía o reducción en la obtención de tales servicios o de materiales, son aquellos que tienen mayor poder adquisitivo y de regateo, en virtud de una fuerza económica superior.

Cuando hablamos de igualdad económica, aplica con todo rigor la noción de equivalencia aritmética. Percibimos que de prevalecer el diseño actual estatutario de disimilitud moneta-ria, se estaría derrotando el propósito legislativo por conceder precisamente subsidios gubernamentales superiores y cuan-tiosos a quienes, en un sentido, menos lo necesitan. Por contar con endosos mayoritarios, los partidos principales reciben contribuciones individuales en número considerable. Anota-mos que el criterio cuantitativo establecido en el Art. 3.017 es contrario y niega el propósito legislativo. Tiende a per-petuar la disparidad económica, y crea un círculo vicioso difícil de superar.

Contra esta conclusión no es oponible Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976). De correcta juridicidad estimamos el análisis de la ilustrada sala sentenciadora de que el pronun-ciamiento del Tribunal Supremo federal en dicho caso —en el sentido de se puede justificar lícitamente a base del patro-cinio electoral un trato diferente económico contra candidatos minoritarios— no es de aplicación ni determina al de autos. Varias razones se imponen, a saber: (1) la Ley Electoral vigente no distingue, en esencia, entre partidos mayoritarios y minoritarios; (2) en muchas áreas, nuestra realidad polí-tica es sustancialmente diferente de la norteamericana; en particular, la peculiaridad única en el debate político del tema, a veces principal y otras secundario, sobre la posible redefinición o modificación de las relaciones con los Estados Unidos: P.P.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338 (1970); (3) distinto a la jurisdicción federal, en Puerto Rico la Cons-titución expresamente consagra y encomienda una labor de fiscalización a los partidos minoritarios, reconociéndoles representación legislativa: Art. Ill, Sec. 7, Diario de Sesiones, págs. 2594-2596; (4) no existe en Puerto Rico un interés gubernamental básico que promueva un sistema a favor de dos partidos, tal y como sucede en los Estados Unidos con el Demócrata y el Republicano; y (5) ciertamente es difícil aceptar como justificación para negar igualdad económica, que exista un interés del Estado tendente a suprimir los partidos minoritarios: Tribe, American Constitutional Law, The Foundation Press, Inc., 1978, págs. 810-811.

Recapitulando, reconocida y conferida la franquicia electoral a un grupo de ciudadanos —partido político— no puede sostenerse tm trato desigual en materia de ayuda económica gubernamental. Desde esta perspectiva, el mencionado Art. 3.017 es discriminatorio por entorpecer la máxima expresión del derecho colectivo e individual del sufragio e infringir la cláusula de igual protección de las leyes. Ante la alternativa de anular in toto su texto, mediante interpretación, optamos por alcanzar la meta legislativa, y logramos mejor sus pro-pósitos, siguiendo el patrón estatutario de los restantes pre-ceptos. Por ende, procede que mantengamos su eficacia con-firmando el dictamen del tribunal sentenciador, que ordenó la equitativa distribución, por igual, entre todos los partidos políticos.

IV

Sobre el particular, es menester apuntar que el Secretario de Hacienda nos certificó que de la participación correspon-diente al Art. 3.017 de la Ley Electoral, “el 70% de los Fondos Electorales disponibles asciende a $840,000.00 de los cuales, a la fecha de hoy, se ha satisfecho a los Partidos Políticos de Puerto Rico la suma total de $497,683.00, que-dando un sobrante disponible para distribución equitativa entre dichos Partidos Políticos ascendentes a $458,014.00”. Nos indica, además, que el Partido Popular Democrático agotó su participación y adeuda al Tesoro Estatal la suma de $115,697. Lo expuesto no debe ser óbice para que se cumpla con el mandato judicial de distribución equitativa entre los partidos políticos, de la suma original de $840,000. Cualquier deuda que el Partido Popular Democrático u otro tuviera al presente, podrá ser recobrada mediante cualesquiera sumas que en virtud de cualquier otra disposición de la Ley Electoral, al presente o con posterioridad a las elecciones, fuera acreedor. Por tal razón, con anterioridad dispusimos la devo-lución del dinero consignado ante este Tribunal al Secretario de Hacienda.

Sea prédica de orientación liberal, conservadora, marxista o de otra índole —de ideología estadista, autonomista o inde-pendentista— la levadura que hace crecer nuestro sistema democrático es el libre intercambio y el choque pacífico de ideas. La igual oportunidad económica para diseminarlas es requisito indispensable y consustancial a ese postulado.

      Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 según enmendada, 16 L.P.R.A. see. 3117 et seq. Este cómputo era hasta el 31 de julio. Sería revisado para atemperarlo al número final de electores en el Registro del Cuerpo Electoral resultante de la última inscripción celebrada el 15 de septiembre de 1980.

      16 L.P.R.A. see. 3119. Contempla la concesión de un crédito por la transportación de electores el día de las elecciones, dividiendo la suma de cuatrocientos mil (400,000) dólares entre todos los partidos políticos y can-didatos independientes, a base del por ciento total de votos que los candi-datos independientes obtengan en las elecciones generales de dicho año. Se reconoce que antes de las elecciones cada partido tendrá un crédito básico de veinticinco mil (25,000) dólares para gastos de transportación de elec-tores en vehículos el día de las elecciones.
      Sobre el particular, el tribunal correctamente concluyó:
      “El propósito de esta disposición es uno particular y específico; ayudar a los partidos políticos a costear los servicios de transportar a los colegios de votación a los electores el día de las elecciones. Este propósito está íntimamente relacionado con el por ciento de apoyo electoral que reciba cada partido ya que es lógico suponer que cada partido incurrirá en gastos al transportar a sus electores en proporción al número de electores que lo respalden en la elección general. El día de las elecciones todos los partidos estarán en igualdad de condiciones para costear los gastos de transporta-ción, pues a todos se les concede la misma cantidad: $28,000.00.” (Bas-tardillas nuestras.)

      Keza:
      “(a) Crédito Adicional: En año de elecciones generales existirá un crédito adicional, que será la cantidad que resulte a base de un crédito de-setenta y cinco (75) centavos por elector que figure en el Registro del Cuerpo Electoral. Dicha cantidad se prorrateará entre los partidos polí-ticos y los candidatos independientes, a base del por ciento del total de votos que los candidatos a Gobernador de los partidos políticos y los candi-datos independientes obtengan en las elecciones generales de dicho año.
      “(b) Adelanto del Crédito Adicional: Inmediatamente después de ce-rrado el Registro del Cuerpo Electoral, la Comisión Electoral certificará al Secretario de Hacienda el número de electores inscritos en dicho Re-gistro para cada elección general.
      “El Secretario de Hacienda multiplicará el crédito por elector, dis-puesto en el inciso (a), por el número de electores que obtuvo cada partido en las elecciones generales precedentes, según la certificación de la Comi-sión Electoral al respecto.
      “Cada partido político principal tendrá derecho a recibir como anticipo hasta el setenta (70) por ciento de la cantidad así estimada. Cada partido político por petición recibirá como anticipo, con cargo a la asignación dis-puesta en el inciso (a) el setenta (70) por ciento de la cantidad que re-sulte, multiplicando el número de electores que necesitaría para acogerse a los beneficios del Fondo Electoral por la cantidad que correspondería por cada elector según se establece en el inciso (a) de esta sección.
      “(c) Reajuste Final: Luego de certificado el resultado de las elec-ciones, la Comisión Electoral ajustará los estimados a los resultados de las mismas, conforme el inciso (a) anterior, y ordenará al Secretario de Hacienda que proceda a pagar o recobrar las cantidades correspondientes, según fuere el caso.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Juan Manuel Collazo, demandante y recurrido, v. The Shell Company (P.R.), Ltd., demandada y recurrente.

      Número: R-79-64

      Resuelto: 27 de octubre de 1980

      McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria y Norberto Medina Zurinaga, abogados de la demandada-recurrente; Luis Garrastegui, abogado del demandante-recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En el año 1972 la Shell Company terminó la construcción de un puesto de gasolina en jurisdicción de Lares, Puerto Rico. Para esos fines, encontró necesario alterar el nivel del terreno, dándole un leve declive para el desagüe de las aguas pluviales. Colinda allí con la Shell Company un solar de 3,700 metros cuadrados perteneciente al demandante. Las aguas pluviales del predio de la Shell discurren hasta un muro que separa ambas propiedades, pero éste tiene unos boquetes por el cual dichas aguas pasan a la propiedad del demandante, que es más baja que el solar de la Shell. El resto de las aguas que no pasan al solar del demandante, sale a la carretera.

Con motivo de estos hechos y de los que más adelante vamos a señalar, el demandante demandó a la Shell Company en daños y perjuicios y obtuvo una sentencia de $9,000 más costas y honorarios de abogado. La Shell Company, aquí re-currente, plantea 6 cuestiones, las cuales discutiremos des-pués de completar la exposición de hechos.

Como se sabe, las estaciones de gasolina, además de las aguas pluviales que sobre sus solares discurren, emiten otras aguas y desperdicios, que son producto de su operación. Estos líquidos y desperdicios generalmente incluyen aguas sucias, aceites, otros derivados del petróleo, productos químicos, etc.

En el caso de autos, el tribunal hizo una inspección ocular. En su opinión y sentencia, el tribunal de instancia se ex-presa en la siguiente forma:

En la inspección ocular realizada por el Tribunal se pudo observar que efectivamente existían unas salidas de agua del área del lavado de automóviles hacia el solar del demandante y que había un charco de aceite, grasa y agua aún en dicho solar, a pesar de que la parte demandada testificó en la vista del caso que se habían corregido las deficiencias que ocasionaron los daños al solar del demandante.

De las conclusiones de hecho del tribunal de instancia también surge lo siguiente. En 6 de mayo de 1972 la deman-dada arrendó a Wigberto Guzmán Munet la estación de gaso-lina, mediante contrato de arrendamiento escrito. Dicho con-trato prohíbe al arrendatario realizar alteraciones en la pro-piedad arrendada. Debe el arrendatario mantener el local limpio al nivel que estipule la arrendadora, reservándose ésta el derecho de inspeccionar la propiedad y hacer las reco-mendaciones pertinentes. La demandada entregó al arrenda-tario el negocio y el equipo. La arrendadora se reservó el control del estado de servicio y de limpieza del negocio. También concluyó el tribunal de instancia lo siguiente:

CUATRO: — El diseño y construcción del garaje equipado fue responsabilidad única de la parte demandada disponiendo unos boquetes de desagüe a descargar sobre el solar de la parte de-mandante. El Tribunal pudo comprobar en la inspección ocular que las aguas sucias y aceites y desperdicios incluyendo las aguas de una bomba dañada caían por dichos desagües en el solar del demandante inundando el mismo, haciéndolos [sic] inservibles [sic].
CINCO: — Que la parte demandada con sus inspectores mantienen el control absoluto de la estructura y condiciones am-•Mentales del garaje de gasolina de su propiedad, no teniendo el arrendatario ingerencia ni poder para alterar o modificar cual-quier aspecto estructural o que implique alteraciones a lo exis-tente.
SEIS: — Que la construcción y diseño del garaje de gasolina de la parte demandada disponiendo un desagüe lateral sobre el solar contiguo del demandante fue responsabilidad única y ex-clusiva de la parte demandada y dio margen a los daños causados al demandante, ya que estas aguas anegaron e inundaron con aceites, grasas y desperdicios al solar del demandante haciéndolo inservible para cualquier uso normal y razonable.

El solar del demandante es llano, queda frente a la Urba-nización Altamira y el tribunal estimó que tiene un valor de más de $50,000. También concluyó que el demandante tuvo que invertir $9,000 en limpiar y acondicionar el solar para po-nerlo en condiciones en que pudiese utilizarse. Esta suma comprende $3,000 gastados en el uso de maquinaria para hacer limpieza y $6,000 gastados en relleno y replanteo del solar. La sentencia incluyó esos $9,000 más las costas y $2,500 en concepto de honorarios de abogado.

Las cuestiones planteadas por la demandada-recurrente pueden resumirse como sigue: En la primera, la segunda y la cuarta cuestiona parte de las conclusiones de hecho del tribunal. En la tercera sostiene que el responsable es el arren-datario y no la arrendadora. En la quinta aduce que los daños se deben al discurrir natural de las aguas y en la sexta expresa que la suma concedida por concepto de honorarios de abogados es excesiva.

Atenderemos primero los dos planteamientos contenidos en las cuestiones quinta y tercera, relativos a los deberes de los predios de recibir las aguas pluviales de los predios supe-riores y a la responsabilidad del arrendador.

Esta materia está regida por las leyes especiales que para dichas circunstancias se han legislado —Ley y Reglamentos de Planificación, la Ley de Aguas— y por el Código Civil como derecho supletorio y fundamental. En el caso de estaciones de gasolina, lavado y engrase, los reglamentos exi-gen unos interceptores que atrapen la grasa y el aceite y otras materias antes de que las aguas entren al sistema de alcantarillado. 23 R.&R.P.R. sec. 43-2057 y 22 R.&R.P.R. see. 159-139. El Art. 69 de la Ley de Aguas, 12 L.P.R.A. see. 701, dispone que cuando el dueño del predio inferior no ha concedido servidumbre, tiene derecho a^ompensación en caso de que reciba aguas de establecimientos industriales y puede negarse a recibirlas, si éstas contienen sustancias nocivas. En Fuentes v. Gulf Petroleum, S.A., 91 D.P.R. 559, 565 (1964), se trataba precisamente de aguas impuras prove-nientes de una estación de gasolina y encontramos que no había derecho a verter las mismas sobre otro predio. Véase, además, Martínez v. P.R. Coconut Industries, 68 D.P.R. 243 (1948).

El Código Civil trata esta materia en sus Secciones I y II del Capítulo 183 del Título VII de su Libro II. Dicho Capí-tulo 183 trata de las servidumbres legales, 31 L.P.R.A. see. 1701 y ss.

Establece en ese Capítulo el Código ciertas reglas sobre la posesión y aprovechamiento de los bienes reales, que desde antaño han sido necesarias para la buena convivencia social. Dispone el Código que las servidumbres impuestas por la ley tienen por objeto la utilidad pública o el interés de los par-ticulares.

Las establecidas para utilidad pública se regirán por las leyes y reglamentos especiales que las determinan y, en su defecto, por las disposiciones de dicho Título VII del Código Civil. Las servidumbres que impone la ley en interés de los particulares, o por causa de utilidad privada, se regirán por las disposiciones de dicho Título VII, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes y reglamentos sobre el particular. Éstas podrán ser modificadas por convenio de los interesados, cuando no lo prohíba la ley ni resulten en perjuicio de tercero. Código Civil, Arts. 485, 486 y 487.

Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores. El dueño del predio inferior no puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven. Código Civil, Art. 488.

Es claro que el demandante no viene obligado a recibir las aguas impuras y los desperdicios líquidos o sólidos de la estación de gasolina en cuestión.

En cuanto a las relaciones de arrendador y arren-datario, como se sabe, el arrendatario está obligado a pagar el precio del arrendamiento y a usar la cosa arrendada, desti-nándola al uso pactado. El arrendador viene obligado, además de entregar al arrendatario la cosa arrendada, a hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesa-rias, a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada. Código Civil, Art. 1444. Puede dedu-cirse que si la cosa arrendada se convierte en una amenaza para el público o para sus vecinos, el arrendador viene obli-gado a hacer las reparaciones necesarias para que cese ese peligro o para que cesen los daños que esté causando, pues, de lo contrario, no la estaría conservando en estado de servir para el uso a que fue destinada y por cuyo uso el arrenda-tario le paga. Con mayor razón es esto así en el caso de autos, en el cual el contrato —como es usual— le prohíbe al arren-datario hacer alteraciones en la propiedad arrendada.

Sobre el particular se han expresado casi unánimemente los más distinguidos comentaristas españoles. Veamos, por ejemplo, las siguientes expresiones:

[S]erá el propietario responsable, aunque la finca estuviere arrendada y aunque pueda acreditar no le corresponde culpa alguna en la falta de reparaciones, que no realizó, por ejemplo, porque no le diera el arrendatario aviso de la necesidad de las mismas ... o porque la desidia en reparar no fué suya, sino de anteriores propietarios. Sin embargo, cabrá que ejercite acción de regreso, basada en el artículo 1.902 contra los verdaderos culpables del daño. ... 31 Scaevola, Código Civil, 1961, pág. 520.
[E]l art. 1.907 hay que entenderlo en relación con el párrafo tercero del 1.559 y con la disposición general y amplísima del 1.902. Según el primero de ellos, el propietario podrá repetir contra el arrendatario, si estuviese arrendada la finca, y éste no pusiere en conocimiento de aquél, en el más breve plazo posible, la necesidad de las reparaciones precisas. . . . Resulta, pues, que la falta de noticia o la ignorancia de la necesidad de las repara-ciones no exime al propietario de la obligación de reparar los daños de que nos ocupamos, pero le da derecho para repetir contra el arrendatario que omitió el aviso necesario. . . .

Además, si la falta de reparaciones. . .dependió, no de la voluntad del propietario, sino de un tercero. . .podrá repetir contra el que le dio ocasión al daño con arreglo al principio consignado en el artículo 1.902. 12 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 1973, pág. 910.

El actor perjudicado ha de probar en este caso las siguientes circunstancias: la realidad del daño, que ha sido ocasionado por la ruina del edificio y que esta ruina ha sido debida a la falta de las reparaciones necesarias. Demostrados tales extremos, la acción ejercitada por el actor surtirá efectos con independencia de la valoración subjetiva de la conducta del demandado. . . . Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1956, T. II, Vol. II, pág. 696.

Habiendo establecido la prueba que existían desagües que descargaban el agua del lavado de carros y otras impurezas sobre el solar del demandante, éste tiene derecho a ser com-pensado. También podría exigirse que cesara tal perturba-ción. Fuentes v. Gulf Petroleum, S.A., supra, y Reyes v. Hernández, 98 D.P.R. 484 (1970).

En cuanto a las cuestiones sobre la prueba, un examen del caso y de las conclusiones del tribunal de instancia nos per-suaden de que no debemos intervenir con ella. La sexta y última cuestión sobre los honorarios de $2,500 tampoco nos mueve a intervenir con la orden del tribunal de instancia.

En vista de lo anterior, se anulará el auto expedido y se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Martín concurre con el resultado.

       Para casos no idénticos, pero in pari materia en que hemos reite-rado la obligación del dueño de hacer las reparaciones, véanse Roa v. Puig Et Al., 19 D.P.R. 386 (1913); Pérez v. Gandía, 32 D.P.R. 562 (1923); Miranda v. Méndez, 50 D.P.R. 850 (1937); Torres v. Fernández, 56 D.P.R. 482 (1940); Ortiz v. McCormick Steamship Co., 57 D.P.R. 560 (1940); Arroyo v. Caldas, 68 D.P.R. 689 (1948); Ramirez v. Hotel Condado, 68 D.P.R. 953 (1948); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961); y Corchado v. Fernández Carballo, 88 D.P.R. 100 (1963).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Martín Esteves Rosado, acusado y apelante.

      Número: O-80-316

      Resuelto: 27 de octubre de 1980

      Lorenzo O. Cabán Arocko, abogado del peticionario; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Américo Serra, Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario fue denunciado de alegadamente perpe-trar el delito de incesto contra su hija. En la vista preliminar ella se retractó de lo afirmado en una declaración jurada prestada previamente y exoneró de toda culpa a su progenitor. Su madre corroboró la variación y los motivos que la indujeron. El Ministerio Fiscal confrontó a la perjudicada con su previa declaración.

A base del contenido de la primera declaración, el juez determinó la existencia de causa probable. El acusado soli-citó la desestimación, bajo la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, aduciendo que no se había determinado causa probable conforme a derecho. Declarada sin lugar, recurrió ante nos. Expedimos orden al Procurador General para que com-pareciera a mostrar causa por la cual no debería revocarse dicha resolución.

La Regla 63 de las de Evidencia de 1979 rige la situación de autos. Su lenguaje refleja su impacto. Declara “admisible como excepción a la regla de prueba de referencia una de-claración anterior de un testigo que está presente en el juicio o vista y sujeto a ser contrainterrogado en cuanto a la declara-ción anterior, siempre que dicha declaración fuere admisible de ser hecha por el declarante declarando como testigo”.

A los fines de resolver este caso, no es necesario que pasemos juicio sobre la aplicabilidad o no de ese nuevo cuerpo de reglas a los procedimientos en vista preliminar. Nos explicamos. De estimarse que no son de aplicación, nada obstaría a que se utilizara la declaración jurada anterior de la testigo como evidencia de la verdad de lo dicho en ella para determinar causa probable, pues no aplicaría con todo rigor la regla general de la exclusión de prueba de referencia. Por otro lado, de aplicar, como veremos, entonces operaría la excepción que establece la Regla 68. Notamos, además, que el problema de la admisibilidad o inadmisibilidad de una declaración anterior de un testigo que está presente en el juicio o vista en que se quiere presentar la declaración, se centra sobre iguales consideraciones tanto en el juicio como en la vista preliminar. Por ende, no tendría sentido revocar una determinación de causa probable en vista preliminar, por haberse utilizado evidencia que sería admisible en juicio.

I

La aprobación de esta Regla 63 modifica la doctrina pre-valeciente, según la cual las manifestaciones anteriores de un testigo, incompatibles con su testimonio en el tribunal, sólo podían ser utilizadas para impugnar su credibilidad —por la parte que lo presentó o la contraria— y no podían tomarse como prueba de la verdad de lo aseverado en ellas, por esti-marse que constituirían prueba de referencia en ausencia de oportunidad de la parte contra quien se presenta de contrain-terrogar al testigo en el momento en que hizo la declara-ción, y por no haber estado el declarante sometido a jura-mento ni haber sido observado su comportamiento (demeanor). Ello requería una instrucción al jurado al efecto de que sólo se considerarán las manifestaciones ante-riores incompatibles, para fines de impugnación.

Al presente, las autoridades y jurisdicciones que han optado por ampliar el ámbito de utilización de las declaraciones anteriores de un testigo como evidencia, lo han hecho convencidos de que la disponibilidad en el juicio del testigo para ser contrainterrogado en cuanto a lo declarado anteriormente, coloca al juzgador en una posición satisfac-toria para evaluar la veracidad y confiabilidad de ambas ver-siones del testigo —en caso de ser inconsistentes— ya que puede observar su comportamiento (demeanor) al ser confrontado con la declaración anterior y oír cualesquiera explicaciones que tenga que ofrecer en cuanto a la inconsis-tencia. En este sentido, es de rigor aclarar que la Regla 63 sólo aplica cuando el declarante está ocupando la silla testi-fical, durante, o luego de haberse cubierto su testimonio directo y estando sujeto al contrainterrogatorio.

En cuanto a la declaración anterior, se resta importancia a la existencia del juramento, contrainterrogatorio y observa-ción, ya que el primero ha perdido prestigio como elemento garantizador de veracidad y se ha concluido que la oportuni-dad posterior de contrainterrogatorio más la observación del testigo, como hemos expuesto, suplen la ausencia de esos fac-tores al momento de hacerse la declaración. Se estima tam-bién que las deposiciones anteriores de un testigo tienden a ser más confiables porque, por lo general, han sido hechas en fecha más cercana a los hechos, cuando la memoria es fresca y ha habido menos oportunidad de intervención de influencias indebidas en el testimonio del testigo. Igualmente ha animado el cambio doctrinal cierta desconfianza de que el jurado, ver-daderamente, por motivo de la instrucción que se les imparte, pueda realmente limitar su consideración de la declaración anterior como evidencia impugnatoria solamente, es decir, con fines de credibilidad, sin que tome como cierta la declara-ción anterior. Entre los propósitos de admitir declara-ciones anteriores de un testigo, se ha esbozado la ventaja que representa para enfrentarse con testigos “renegados” u hostiles que cambian su declaración, desfavoreciendo a la parte que lo llamó ai estrado.

Las objeciones principales a la admisibilidad de las de-claraciones anteriores como prueba sustantiva se hacen casi siempre al amparo del derecho de confrontación. Ciertamente, toda prueba de referencia admitida, en algún grado menos-caba este derecho. Así, pues, en estricta lógica, todas las ex-cepciones a la prueba de referencia, de tan antigua estirpe, vulneran en cierta medida la confrontación. Por ende, si llevamos el argumento a su última consecuencia racional —en el sentido de que cualquier perjuicio al derecho de confronta-ción invalida la admisibilidad de la evidencia en cuestión— no habría excepciones a la regla general de exclusión de prueba de referencia.

Hemos de rechazar esta línea de pensamiento. La admisibilidad de declaraciones anteriores de un testigo que está ocupando la silla testifical, sujeto a contrainterrogatorio, es una de las instancias en que menos se vulnera el derecho de la confrontación.

HH I

Nuestra regla recoge una versión más amplia que la federal, al apartarse de la visión prevaleciente, pues admite, para probar la verdad de lo aseverado en ella, todo tipo de declaración anterior de un testigo, sin limitar tal admisión a determinada clase de declaraciones, como en la regla federal 801(d)(1). En efecto, esta última sólo reconoce la admisibilidad de cierto tipo de declaraciones anteriores inconsistentes, así como declaraciones anteriores consistentes —ofrecidas para refutar alegación de fabricación o de motivo impropio— y declaraciones anteriores con relación a la identificación de una persona. En cuanto a las declaraciones anteriores del testigo que sean inconsistentes con su testimonio ante el tribunal, el Congreso insertó el requerimiento de que la declaración anterior hubiese sido prestada “bajo juramento, so pena de perjurio y en juicio o vista u otro procedimiento formal, o en una deposición”. Regla 801(d) (1) (A). Incluso se llegó a sugerir en el seno de la Cámara, pero no prosperó, que se exigiera, además, que el declarante hubiese estado sujeto a contrainterrogatorio cuando hizo la anterior. Nuestra Regla 63 no contiene tales limitaciones. Por ende, todo lo que es admisible bajo la regla federal 801(d) (1) es admisible bajo nuestra Regla 63; pero no a la inversa.

Creemos que las limitaciones establecidas en la regla federal no son necesarias. Aparte de los problemas que ella genera respecto a la determinación de qué debe entenderse por “inconsistencia”, la adición de tales requisitos emas-culó la utilidad de la regla y con ello se negaron los propios razonamientos que llevaron a apartarse de la norma tradi-cional.

Es interesante conocer ciertos temores que motivan la regla federal. La posibilidad de fabricación o procuración de declaraciones anteriores para ser utilizadas en juicio y pre-sentar un mejor caso o “atrapar” al testigo si falla, o de que se alentaran otras “malas prácticas”, así como el convenci-miento de que de ese modo se aseguraba la mejor evaluación de la confiabilidad o veracidad de la declaración, por parte del juzgador —por tener ante sí dos versiones distintas que examinar, mientras observa al testigo explicar las inconsis-tencias o inexactitudes al ser repreguntado— llevaron al Co-mité de Reglas del Tribunal Supremo federal a limitar la permisibilidad de admitir declaraciones anteriores con fines sustantivos a las inconsistentes. La adición por el Con-greso de los requisitos vistos, conllevó aún a una mayor res-tricción, al dar paso sólo a aquellas declaraciones que hubiesen sido hechas en forma de testimonio, excepto en cuanto no se requirió que estuvieran sujetas a contrainterrogatorio al hacerse. Con ello se pretendió asegurar que no hubiera controversia respecto a que la declaración previa fue pres-tada y que el testimonio anterior estuviese rodeado de sufi-cientes garantías de veracidad.

Nos parece de mayor consistencia lógica nuestra regla, al declarar admisibles todas las declaraciones anteriores, siempre que exista la oportunidad de contrainterrogar al de-clarante en el juicio en que se ofrece la declaración. Si se confía verdaderamente en que el contrainterrogatorio en esa etapa posterior —con el testigo observado por el juzgador y sujeto a juramento (cualquiera que sea su importancia, si alguna, para garantizar veracidad)— es instrumento sufi-ciente para excluir los peligros que justifican la regla de exclusión de prueba de referencia, no vemos la necesidad de limitar la admisibilidad sustantiva de las declaraciones an-teriores a sólo las inconsistentes hechas con carácter testimonial.

Ahora bien, reconocemos lo debatible que es la premisa más importante en que descansa la regla, a saber, que el con-trainterrogatorio posterior suple la falta que hubo al mo-mento de hacerse la declaración previa. En realidad, ambas posiciones presentan buenos argumentos. Han sido fructíferas, también, las discusiones acerca de si admitir con efecto sustantivo declaraciones anteriores se presta a malas prácticas por parte de los abogados, de procurarse declara-ciones para reforzar sus testigos, de si en la transcripción y otros procesos de recoger la declaración puede haber errores, si puede mediar falsificación, alteración o fraude, y en cuanto a que las declaraciones pueden haber sido tomadas en circuns-tancias que arrojen dudas de su veracidad, como las presio-nes al testigo para que mienta o haberle llevado a decir lo que se quería, por medio de preguntas sugestivas.

Por último, notamos la contundencia de los señalamientos respecto a que no es jurídicamente aceptable como generaliza-ción, que la oportunidad de contrainterrogar en el juicio sobre la declaración anterior suple la falta de éste al prestarse la misma. En efecto, la eficacia de esa oportunidad depende en cada caso de reacciones del testigo hacia la declaración y sus respuestas sobre el particular. Aparte de la situación en que se acepta la declaración y la certeza de lo aseverado en ella, que no representaría problemas, la gama de posibilidades es significativa: (a) aceptar que se hizo la declaración, pero rechazar o negar su contenido; (b) admitir haberla prestado, pero aseverar que no se recuerdan los hechos allí vertidos o su base perceptiva; (c) reconocer que se prestó, pero alegar que parte era cierta y parte falsa, o que en aquel momento se creían esos hechos como ciertos, pero que el testigo se ha dado cuenta de que sus percepciones estuvieron erradas; y (d) negar el hecho mismo de haber prestado tal declaración. En cada una de esas posibilidades, sin pretender agotarlas, creemos que lo crucial es si la contestación del testigo per-mite preguntarle sobre sus percepciones y memoria relativa a los hechos que declaró anteriormente, para evaluar esas funciones síquicas del declarante. Claramente, esa posibilidad se reduce cuando el testigo alega no recordar o que la declara-ción es falsa, por ejemplo. Valga señalar en este punto que en la jurisdicción norteamericana los posibles excesos que bajo la Regla 801(d) (1) (A) pueden producirse atañen a la posible obstaculización de las vías o avenidas de contrainte-rrogatorio. Para tales situaciones extremas, la Enmienda Sexta de la Constitución federal, en su cláusula relativa al derecho del acusado de confrontar los testigos de cargo, puede proporcionar un freno.

I-H HH f — i

Al evaluar el caso de autos, notamos que se cumplieron cabalmente las exigencias de la Regla 63, a saber, la presen-cia y deposición de la testigo en la vista, sujeta a ser con-trainterrogada en cuanto a su declaración anterior. Ello brindó al juzgador la oportunidad de observarla narrar las circunstancias en que prestó la declaración previa y ad-vertir cuando en el contrainterrogatorio explicó también los motivos que alegadamente la llevaron a acusar falsamente a su padre, a saber, dinero que le había ofrecido quien supuesta-mente fue el causante de la pérdida de su virginidad para que imputara ese hecho a su progenitor.

Por otro lado, el abogado de la defensa tuvo y consumió su turno de preguntas. Lo dirigió a hacer más evidente la retractación de la testigo y la exculpación que hizo del acu-sado, así como a hacer constar claramente que no debía creerse la declaración anterior, pues la testigo aceptaba haber mentido en ella. Aun así, no logró convencer al juez de que descartara la declaración anterior. Si no logró tal obje-tivo, fue porque, al apreciar integralmente el cuadro que tenía ante sí el juzgador, le extrañó sobremanera las respues-tas de madre e hija a sus preguntas sobre si el acusado en algún momento les había increpado por estar cometiendo una injusticia contra él, al éstas contestar varias veces en la nega-tiva, para al final —ante su asombro— la testigo pretender decir que su padre la había regañado. Esta apreciación queda robustecida al notar que la joven, tras afirmar que el padre “no fue”, realizó una narración casi exacta de lo vertido en la declaración anterior, de forma tal que parecía estar na-rrando más bien algo que hubiese acontecido en realidad.

Nada de lo expuesto prejuzga los méritos del caso en etapa posterior. Simplemente hemos señalado factores que razonablemente pudieron llevar al magistrado a concluir que la testigo pudo haber dicho la verdad en la declaración hecha fuera del tribunal, asunto a ser dirimido en un juicio. Nues-tro fallo sólo dispone del aspecto referente a la corrección de la utilización de la declaración jurada como evidencia sustan-tiva para fines de satisfacer el grado de evidencia necesaria para una determinación de causa probable en vista prelimi-nar. Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700 (1970), y Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972). No nos pronunciamos en cuanto a la suficiencia de esa prueba, por sí sola, para sostener una convicción que como cuestión de debido procedimiento exige prueba más allá de duda ra-zonable.

Se dictará sentencia confirmando la resolución recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurren en el resultado sin opinión.

       Le instamos a que discutiera la Regla 63 de las de Evidencia de 1979.

       E1 “Proyecto de Reglas de Evidencia que presentara al Tribunal Supremo el Comité de Reglas de Evidencia de la Conferencia Judicial dis-ponía expresamente que las reglas serían aplicables en los procedimientos de vista preliminar. Consideramos que no fue accidental la exclusión de una disposición expresa de aplicabilidad a [la] vista preliminar”. Análisis Editorial, I Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, pág. 94. Sobre la aplicabilidad o no de las reglas de evidencia a procedimientos de vista preliminar, véase: Secretariado de la Conferencia Judicial, Vista Prelimi-nar: Informe, Sexta Sesión Plenaria (Nov. 1979), págs. 78-84.

       Regla 61 de Evidencia, 32 L.P.R.A., Ap. IV.

       Podría argüirse que al utilizar la Regla 63 las palabras “juicio o vista”, queda incluida la vista preliminar. Sin embargo, “vista” puede re-ferirse a cualesquiera otros procedimientos que pueden tener lugar dentro de un caso criminal o civil.

       Arts. 518 y 521 de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 2148 y 2151. Véanse: Pueblo v. Cruz, 62 D.P.R. 831 (1944); Pueblo v. Arroyo Núñez, 99 D.P.R. 842 (1971).

        Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 526, 538 (1961); Cintrón v. A. Roig, Sucrs., 74 D.P.R. 1028 (1953); Pueblo v. Colón, 52 D.P.R. 413 (1937).

       Véase: M. H. Graham, Employing Inconsistent Statements for Impeachment and as Substantive Evidence: A Critical Review and Proposed Amendments of Federal Rules of Evidence, 801(d)(1)(A), 613, and 607, 75 Mich. L. Rev. 1565, 1573 (1977).

       E.g., Pueblo v. López Reyes, 109 D.P.R. 379 (1980); Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969); Pueblo v. Verdejo Melendez, 88 D.P.R. 207 (1963).

       Wig-more, McCormick y el Profesor Morgan favorecen la admisión de tales declaraciones como evidencia de la verdad de lo manifestado en ellas. Véase 4 Weinstein’s Evidence, sec. 801(d)(1) [01], 801-77, nota 3. Dieciocho estados han adoptado reglas que admiten las declaraciones ante-riores de testigos como evidencia sustantiva, en diferente extensión. F. F. Bein, Prior Inconsistent Statements: the Hearsay Rule, 801(d)(1)(A) and 803(24), 26 UCLA L. Rev. 967, 968 (1979).

       El siguiente comentario del juez Learned Hand ha sido extensa-mente citado en apoyo de la proposición de que la observación del comporta-miento del testigo en el juicio en que se presenta la declaración anterior ofrece una base satisfactoria para la debida apreciación de esa evidencia:
      “Si, de todo lo que el jurado ve del testigo, ellos pueden concluir que lo que éste dice ahora no es la verdad, sino lo que había dicho antes, de todos modos están decidiendo sobre lo que ven y oyen de esa persona y en el tribunal.” Di Carlo v. United States, 6 F.2d 364, 368 (1925). E.g., Graham, op. cit., pág. 1569.

       C. T. McCormick, Handbook of the Law of Evidence, 2da ed., St. Paul, Minnessota, West Pub. Co., 1972, sec. 251, págs. 601-04.

       Tal ventaja fue expuesta en el comentario a la See. 1235 del Código de Evidencia de California, que admite como evidencia sustantiva las declaraciones anteriores inconsistentes. También se hizo referencia a ella al aprobarse la Regla Federal de Evidencia, 801(d)(1)(A). Véase, Saltzburg y Redden, Federal Rules of Evidence Manual, 2da ed., Charlottes-ville, Virginia, The Michie Company, 1977, pág. 478. En general, C. T. McCormick, The Turncoat Witness: Previous Statements as Substantive Evidence, 25 Tex. L. Rev. 573 (1947).

       A modo de un breve análisis comparativo, observamos: (a) las excepciones de la Regla 65 no están condicionadas a la comparecencia al tribunal del declarante y ni siquiera a la disponibilidad del declarante para comparecer, y (b) las excepciones de la Regla 64 están condicionadas a la no disponibilidad del testigo. Por el contrario, la Regla 63 requiere que el declarante comparezca como testigo. La falta de confrontación es aquí mínima.

       Para comentarios acerca de la Regla federal, véanse: E. J. Sil-bert, Federal Bule of Evidence 801(d)(1)(A), 49 Temple L.Q. 880 (1976) ; M. Reutlinger, Prior Inconsistent Statements: Presently Inconsistent Doctrine, 26 Hastings L.J. 361 (1974) ; J. M. Stalmack, Prior Inconsistent Statements: Congress Takes a Compromising Step Backward in Enacting Rule 801(d)(1)(A), 8 Loy. Chi. L.J. 251 (1977); M. H. Graham, op. cit.; W. J. Blakey, Substantive Use of Prior Inconsistent Statements under the Federal Rules of Evidence, 64 Ky. L.J. 3 (19ffB). F. F. Bein, op. cit., 26 UCLA L. Rev. 967 (1979).
      En cuanto a jurisprudencia federal reciente sobre estos tres tipos de declaraciones anteriores, véanse: United States v. Coran, 589 F.2d 70 (1978); United States v. Brighton Bldg. & Maintenance Co., 598 F.2d 1101 (1979), declaraciones inconsistentes; García v. Watkins, 604 F.2d 1297 (1979); United States v. Baron, 602 F.2d 1248 (1979), declaraciones con-sistentes; y declaraciones sobre identificación, United States v. Cueto, 611 F.2d 1056 (1980).

       Sobre el particular, consúltese el historial de la Regla, que se re-coge en Saltzburg y Redden, op. cit., pág. 470 et seq. Véanse además, Blakey, op. cit., págs. 6-10; 4 Weinstein’s Evidence, 801-11 a 801-43; Silbert, op. cit., págs. 883, 884; Reutlinger, op. cit, págs. 378-380; Stalmack, op. cit, págs. 252-255.

       4 Weinstein’s Evidence, Secs. 801(d) (1) (A) [01], 801-87 a 801-90; Silbert, op. cit, págs. 884-886; Stalmack, op. cit, págs. 260-265; Blakey, op. dt, pág. 13 y ss.

       Bein, op. cit, págs. 977-978.

       4 Weinstein’s Evidence, Secs. 801(d) (1) (A) [01], 801-79 a 801-80, 801-83; Saltzburg y Redden, op. cit, pág. 478.

       Graham, op. cit, págs. 1566, 1583.

      La eliminación del requisito de contrainterrogatorio en la decla-ración anterior respondió a la deseabilidad de que fueran admisibles tam-bién testimonios anteriores prestados ante un gran jurado, donde no se provee contrainterrogatorio, siguiendo en ello la norma trazada por el Segundo Circuito en United States v. De Sisto, 329 F.2d 929, cert. den. 377 U.S. 979 (1964), y United States v. Cunningham, 446 F.2d 194 (1971). Véanse Saltzburg y Redden, op. cit., pág. 482; 4 Weinstein’s Evidence, 801-11 a 801-13, 801-81.

        Id. Se ha argüido que tales requisitos pueden ser eficaces en cuanto a lo primero, mas no en cuanto a lo segundo. Bein, op. cit., págs. 977-78; Graham, op. cit., págs. 1582-1583.

       igual posición se expresa respecto a la anterior Regla 63.1 de las Uniformes, en Reutlinger, op. cit., págs. 378-379.

      La piedra angular sobre la cual debe girar todo debate en tomo a lo que constituye prueba de referencia, es la oportunidad de contrainte-rrogar. Reutlinger, op. cit., pág. 364; Bein, op. cit., págs. 984-85; Graham, op. cit., pág. 1569; McCormick, op. cit., 25 Tex. L. Rev. 573, 576 (1947). Nuestra Regla 60 utiliza como criterio el que la declaración se haya hecho fuera del tribunal y sea traída para probar la verdad de lo aseverado en ella. De ahí que la admisibilidad de las declaraciones que nos ocupan se establezca como excepción.

      Son múltiples los aspectos: que no es lo mismo contrainterrogar a un testigo en determinado momento, que luego, cuando puede fallarle su memoria por el paso del tiempo y ha tenido más oportunidad para forta-lecer o endurecer su testimonio, y que conviene más al contrainterrogante el testimonio “caliente”; que no tiene el mismo impacto destruir a un testigo en el tribunal y obtener su retracto ante el jurado, que ahondar sobre una retractación que ya ha ocurrido; que el abogado defensor no se encuentra en una posición deseable para contrainterrogar a un testigo que lo que ha hecho es favorecerlo con su testimonio, que si lo ataca con los mecanismos usua-les ayudará más a que no se crea la declaración en el tribunal, pero sí la anterior; que un contrainterrogatorio presupone que el que va a ser preguntado afirme algo que el contrainterrogante prefiere que niegue, o niegue algo que el contrainterrogante prefiere que afirme; que la tarea fácil que aparenta ser la que se presenta para la defensa cuando el testigo de cargo ya lo ha favorecido, más bien le hará pelear con el fantasma de la declaración anterior, que se hará indestructible.
      En contra de esos argumentos, se aducen los siguientes: que el testi-monio de un testigo que se ha retractado no se ha endurecido, sino que más bien se ha ablandado hasta ser rechazado por el testigo, que en tales cir-cunstancias la defensa no tiene que esperar mayor éxito del contrainte-rrogatorio si ya el testigo lo ha favorecido; que siempre se puede presentar evidencia extrínseca para atacar la declaración anterior o atacarla con un contrainterrogatorio que saque a relucir las inconsistencias o inexactitudes; que los casos que se ofrecen como ejemplo de lo inefectivo del contrainte-rrogatorio a posteriori, precisamente han demostrado que lo que ocurre es lo contrario; que al testigo puede preguntársele acerca de las circunstancias en que hizo la declaración; que las diferencias que señalan los ortodoxos con respecto al momento en que se realiza el contrainterrogatorio se ciernen mayormente sobre el “ideal” de contrainterrogatorio en que los testigos son destruidos espectacularmente, lo que dista de la realidad en la mayoría de los casos; que el problema de que transcurra el tiempo y falle la memoria del testigo puede siempre ocurrir en otros tipos de situaciones, pues los juicios tienden a tardar tras el acaecimiento de los hechos. Véase, Bein, op. cit., págs. 1002-1004; Graham, op. cit., págs. 1569 a 1572; Reutlinger, op. cit., págs. 370-376.

      Se podría replicar que no son precisamente malas prácticas en todo caso el procurar obtener declaraciones anteriores de un testigo propio. Más bien, podría ello tildarse de diligencia del abogado en muchos casos. Además, la posibilidad de malas prácticas está presente aun bajo el uso limitado de manifestaciones inconsistentes para fines de impugnar, pues puede ocurrir que, con esperanzas de que el jurado pueda darle valor sus-tantivo, se aproveche cualquier inconsistencia, aunque sea mínima, para presentarlas. Más aún, la fabricación podría detectarse a través del con-trainterrogatorio en el juicio en que se presenta la declaración o se puede presentar evidencia al respecto, al igual que si la declaración se ha obtenido en circunstancias sospechosas o de poca confiabilidad, cosa que negarían los que favorecen la posición ortodoxa. Además, siempre impresiona mejor un caso de una parte que lleve a un testigo a declarar personalmente sin guiarlo sobre la base de una declaración anterior. En cuanto a las circuns-tancias sobre posible alteración, falsificación o fraude, éstas también pueden ser objeto de prueba. En el caso de las declaraciones escritas, existen téc-nicas adecuadas para determinar tales anormalidades. Véanse, en general: McCormick, op. cit, secs. 251, 603; McCormick, op. cit., 25 Tex. L. Rev. 573, 586-587 (1947) ; Bein, op. cit., págs. 972-73.

      Bein, op. cit., págs. 974-75, 979-80, 995 et seq. Esta autora reco-noce, sin embargo, la posibilidad de que en algunos casos, a pesar de que el testigo alegue ser falso lo declarado anteriormente, haya alguna medida de contrainterrogatorio, como en todas las situaciones. Señala que en tales casos pueden obtenerse explicaciones del testigo en cuanto a por qué mintió en la declaración anterior y ahora la rechaza. Pág. 997. Véanse también 4 Weinstein’s Evidence, secs. 801(d) (1) (A) [01] a 801(d) (1) (A) [07] ; Stalmack, op. cit., págs. 261-262.

      En Puerto Rico, el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución provee que “[en] todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho . . . [de] carearse con los testigos de cargo [y de] obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor”. La enmienda mencionada en el texto, en cuanto garantiza el derecho de confrontación, ha sido aplicada a los Estados de la Unión en Pointer v. Texas, 380 U.S. 400 (1965).

      En California v. Green, 399 U.S. 149 (1970), el Tribunal Supremo revocó al de California, que había declarado inconstitucional la sección 1235 del Código de Evidencia de ese estado. Estimó que los requisitos exigidos en esa sección para admitir las declaraciones anteriores inconsistentes de un testigo, a saber, presencia del testigo en el juicio en que se quiere pre-sentar la declaración para que esté sujeto a contrainterrogatorio en torno a la misma, bajo juramento y observado su demeanor, hacían que la misma no fuese inconstitucional de su faz. Sin embargo, dejó en quaere si en el caso de un testigo amnésico, por no poder evaluarse sus percepciones res-pecto a los hechos que vertió en la declaración anterior, podría violarse el derecho del acusado de confrontarse con los testigos en su contra.
      El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado claramente sentado que la regla que excluye la prueba de referencia y la cláusula constitucional que establece el derecho de confrontarse con los testigos de cargo, aunque protegen valores similares, no son coextensivas, lo cual significa que no todo lo que es admisible por no constituir prueba de referencia o por cali-ficar bajo alguna excepción a la regla, necesariamente aguanta los em-bates de un planteamiento que reclama tal derecho. Véanse: Dutton v. Evans, 400 U.S. 74 (1970); y United States v. Medico, 557 F.2d 309, n. 4, cert. den. 434 U.S. 986 (1977). Respecto a la relación entre la regla de exclusión y la cláusula constitucional United States v. King, 552 F.2d 833 (9th Cir. 1976), cert. den. 430 U.S. 966 (1977). En United States v. Wright, 588 F.2d 31 (2nd Cir. 1978), se resuelve que independientemente de si una declaración o manifestación constituye prueba de referencia o cae dentro de las excepciones, hay que juzgar caso por caso si hay alguna violación al derecho de confrontación; en United States v. Papia, 560 F.2d 827 (7th Cir. 1977), se dijo que cualquier declaración que califique bajo una de las excepciones a la regla de exclusión de prueba de referencia, se admite sin problemas constitucionales; y en United States v. Haynes, 560 F.2d 913 (8th Cir.), cert. den. 434 U.S. 974 (1977), se decide que las de-claraciones que califiquen para admisión a pesar de la regla de prueba de referencia, no presentan problemas constitucionales, excepto en circuns-tancias poco usuales. Saltzburg & Redden, op. cit., pág. 188 (Supp. 1979); Graham, The Confrontation Clause, the Hearsay Bule and The Forgetful Witness, 56 Tex. L. Rev. 151 (1978); McCormick, op. tit., secs. 252, 604; Bein, op. tit., pág. 976; Silbert, op. tit., págs. 881-882; Blakey, op. cit., págs. 13-16; Stalmack, op. cit., págs. 259-263.
      En Puerto Rico, véase Pueblo v. López Reyes, supra, en donde con-sideramos la admisibilidad de la declaración anterior con fines de impug-nación, dejando sin resolver lo relativo a evidencia sustantiva. El resultado debe ser el mismo bajo la Regla 63. El tribunal debe hacer una determina-ción, en ausencia del jurado, bajo la Regla 9, en torno a si la alegada falta de recuerdo es genuina o fingida. Si decide que es genuina, la declaración anterior no debe ser admitida. Si decide que es un subterfugio para no de-clarar, la declaración anterior debe admitirse bajo la Regla 63.

      Se cumplió, además, con el requisito de que su declaración hubiese sido admisible de haber sido hecha por ella como testigo, lo cual asegura que lo atestado fue con conocimiento personal de los hechos.

      Se le hicieron unas preguntas a las que ella respondió mientras una persona transcribía lo que ella decía. Una vez preparada, se le dio para que la leyera y luego la firmó.

       Véase: Comment, Prior Inconsistent Statements as an Exception to the Hearsay Pule: An Analysis of People v. Johnson, 6 San Diego L. Rev. 92, 96 (1969). En el citado comentario se concluye en igual sentido con respecto al contrainterrogatorio realizado por la defensa en el caso a que se refiere su título. En dicho caso, de incesto, madre e hija se retractaron del testimonio prestado ante gran jurado en que se inculpa al esposo y padre. El contrainterrogatorio produjo frutos similares a los que hemos descrito.

      La distinción entre la admisibilidad y la suficiencia a estos fines ha sido destacada en contestación a la preocupación de los que se oponen a admitir con efecto sustantivo las declaraciones anteriores de los testigos de que pueda producirse una convicción tan solo sobre la base de esta clase de evidencia. Véase, del historial de la Regla federal, el Informe del Comité de lo Judicial del Senado, que se opone a los requisitos que quería incluir la Cámara, recogido en Saltzburg y Redden, op. cit., págs. 487-488. En California v. Green, supra, se reconoció que “consideraciones de debido pro-cedimiento, completamente aparte de la Cláusula de Confrontación, podrían prevenir la obtención de convicciones cuando una base evidenciaría confia-ble falta por completo. . .”. (Págs. 163-64, nota 15.)
      Véanse también, 4 Weinstein’s Evidence, sec. 801(d) (1) (A) [01], págs. 801-89; Blakey, op. cit., págs. 20 a 24; Stalmack, op. cit., págs. 267 a 271. Estos autores reconocen, sin embargo, y con razón, la imposibilidad de establecer una norma según la cual nunca una declaración anterior de un testigo admitida con efecto sustantivo pueda ser suficiente para una con-vicción. Todo dependerá de las circunstancias en cada caso. Con gran per-suasión, por otro lado, se ha señalado que no se ve el porqué de la preocu-pación de algunos de los que impulsan la admisión sustantiva de este tipo de declaraciones con que pueda ocurrir una convicción sobre la base de solo esa evidencia, si de verdad se considera que ese tipo de declaraciones, al requerirse presencia del testigo para ser preguntado y observado, no presenta los peligros de la prueba de referencia. Bein, op. cit., págs. 978-979.


author: PER curiam :

text:
    Ramona Vega Cruz, lesionada; Hogar Carmelitano, Inc., patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-80-388

      Resuelto: 28 de octubre de 1980

      Alma Osorio de Davis, Antonio Acevedo Torres, Francisco Falú Lebrón y Jorge Márquez Gómez, abogados del recurrente; ni la lesionada ni la Comisión Industrial de Puerto Rico com-parecieron en autos.
   PER curiam :

Vuelve por segunda vez este caso ante nues-tra consideración. Se trata de una reclamación de dietas. En la primera ocasión revisamos resolución de la Comisión Industrial, que ordenó su pago por el período comprendido entre el 9 de diciembre de 1972 y el 12 de junio de 1977. Notamos que se concedían dietas desde tres años antes de la fecha del accidente, error que la Comisión se había negado a corregir, no obstante habérsele solicitado mediante oportuna moción de reconsideración.

Notamos, además, conflictos en cuanto a los hechos, según las versiones vertidas ante nos por la Administradora del Fondo del Seguro del Estado, en su petición, y por la lesio-nada, en su escrito de oposición. La Administradora alegó que los médicos asesores de ambos organismos —el Fondo y la Comisión— entendieron que procedía el pago de dietas desde el 10 de febrero de 1977 al 12 de junio de 1977. La le-sionada, por su parte, alegó que dichos peritos estuvieron de acuerdo ambos en que la lesionada ameritaba el pago de die-tas por el período apelado, o sea del 9 de diciembre de 1975 al 10 de junio de 1977. La resolución de la Comisión no hizo expresión alguna sobre cuál de esas versiones es correcta. Así las cosas, y para poder estar en condiciones de resolver, dejamos sin efecto la resolución de la Comisión y le requeri-mos formular determinaciones de hechos y conclusiones de derecho conforme lo exige el Art. 10 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 11. Véase Vega Cruz v. Comisión Industrial, opinión per curiam. 109 D.P.R.290 (1979).

El caso vuelve a nuestra consideración al recurrir nueva-mente el Fondo, esta vez contra resolución de la Comisión Industrial, de 6 de mayo de 1980. Es una extensa resolución de cinco páginas a espacio sencillo, en que la Comisión hace un resumen de lo declarado ante ella por los peritos Dr. Rafael Serra, asesor médico de la Comisión, y Dr. Rolando Guz-mán, asesor médico del Fondo, y concluye que no tiene que hacer determinaciones de hechos por no haber controversia sobre los mismos. Sentimos tener que discrepar; hay contro-versia. Veamos.

Conforme al resumen que se hace de la declaración del Dr. Serra, deben pagarse dietas a la lesionada por el período del 12 de agosto de 1976 al 9 de diciembre de 1976; era igual-mente acreedora al pago de dietas entre el 13 de junio de 1977 y el 24 de enero de 1979, pero dice que ya eso se le pagó; y finalmente del 10 de febrero de 1977 al 13 de junio de 1977, período durante el cual, aunque se le aceptó “recidiva en C.T.” —quiere decir tratamiento con autorización .para tra-bajar — , concluye el Dr. Serra que no estaba en condiciones para trabajar y es acreedora al pago de dietas. En síntesis, según el Dr. Serra, deben pagarse dietas a la lesionada por dos períodos: 12 de agosto a 9 de diciembre de 1976 y 10 de febrero a 13 de junio de 1977.

El Dr. Guzmán, por su parte, concluyó “ [q] ue teniendo en consideración el tipo de trabajo que tenía la lesionada de mantenerse de pie y tenía que cargar la canasta de ropa des-pués de plancharla, no creo que estuviera capacitada para trabajar durante el periodo reclamado. . . ”. (Énfasis núes-tro.) En consecuencia, expresó “[q]ue no hay objeción a que se le otorguen las dietas solicitadas, siempre y cuando se des-cuenten las ya pagadas”. (Énfasis nuestro.) El “período re-clamado” o “dietas solicitadas” se refiere al período entre el 9 de diciembre de 1975 y el 10 de junio de 1977.

La resolución recurrida adopta, sin decirlo, la recomendación del Dr. Guzmán. Evidentemente impresionó a la Comisión el hecho de que el Dr. Guzmán es el asesor médico del Fondo. Pero esa recomendación pasó por alto numerosos trámites administrativos y decisiones sobre vistas médicas, evaluaciones, tratamientos con autorización para trabajar, etc., que pudieron variar el criterio del Dr. Guzmán. Nos parece más razonado el criterio del Dr. Serra, producto de un elaborado análisis que se recoge en la mencionada resolución. Por tratarse de prueba pericial, nos hallamos en la misma situación que la Comisión y en libertad de adoptar nuestro propio criterio.

Antes de concluir, debemos hacer la siguiente admonición. Convenimos con la Hon. Comisión Industrial en que, en casos en que los hechos se estipulen por las partes, no es necesario hacer determinaciones sobre los mismos. Basta exponerlos tal como se estipulan. Cf. Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 62, 65 (1944). Pero, siempre que haya teorías contradictorias, la Comisión tiene el deber de exponer como hechos probados aquellos necesarios que sustentan la decisión que se adopte. El informe del examinador, además de hacer un resumen de la prueba, lo cual es de gran valor tanto para la Comisión como para este Tribunal, debe exponer al final sus conclusiones sobre los hechos, que la Comisión podrá adoptar como sus determinaciones. Debe tenerse presente que una cosa es el resumen de la prueba, y otra las determinaciones sobre los hechos que se concluyen probados. Estamos obligados por ley a respetar las determinaciones de hechos probados que haga la Comisión Industrial, si están sostenidas por la prueba. Para ello, es esencial que se formulen tales determinaciones.

La Comisión tiene, además, el deber de acatar nuestras decisiones. En nuestra opinión per curiam antes citada, requerimos de la Comisión Industrial que formulase determinaciones de hecho y de derecho en este caso. No lo hizo por tener sobre ello un criterio distinto al nuestro. Independientemente de su propio criterio, el requerimiento nuestro es ley del caso, que la Comisión estaba en la obligación de obedecer. Debió atenerse la Comisión Industrial a esta regla básica en todo sistema ordenado de impartir justicia.

Se expedirá el auto, se revocará la decisión de la Comisión Industrial, y se dispondrá el pago de dietas a favor de la señora Ramona Vega Cruz por los periodos del 12 de agosto al 9 de diciembre del 1976 y del 10 de febrero al 13 de junio de 1977.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.


author: per curiam:

text:
    Gilberto Morales Rodríguez, lesionado; Policía de Puerto Rico, patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Inc., demandada; Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-79-512

      Resuelto: 29 de octubre de 1980

      Alma Osorio de Davis, Antonio Acevedo Torres, Francisco Falú Lebrón y Jorge Márquez Gómez, abogados del Fondo del Seguro del Estado, recurrente; Gilberto Cobián Aparicio y Luis Vidal Arbona, abogados del lesionado.
   per curiam:

El 31 de octubre de 1979, el último día para la presentación del recurso, el Fondo del Seguro del Estado solicitó la revisión por este Tribunal de una resolución de la Comisión Industrial sobre una reclamación de dietas. El re-currente certificó haber enviado copia del recurso por correo al representante legal de la otra parte el mismo día de su presentación en nuestra Secretaría. El lesionado-recurrido ha presentado una moción de desestimación en que alega que este Tribunal carece de jurisdicción, porque la notificación en verdad no fue enviada hasta dos días después. El recurrido nos ha remitido prueba fehaciente de este aserto, consistente en una certificación de la Sección de Correspondencia y Ar-chivo del propio recurrente.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.), guarda silencio sobre la necesidad y forma de notificar. El Art. 11 de la ley, 11 L.P.R.A. sec. 12, dispone en parte:

Cualquiera parte interesada podrá presentar copias certifica-das de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con este Capítulo, contra la cual se haya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá solicitarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro del término de quince (15) días después de su notificación; Dis-poniéndose, que dicha revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho o apreciación de prueba cuando ésta sea de carácter pericial.

Nuestra jurisprudencia no es clara sobre el efecto de la ausencia de notificación. Hay casos en que se han aplicado las normas generales de notificación que encarnan las Reglas de Procedimiento Civil y el código que las precedió, y en que el Tribunal ha declarado que no tiene jurisdicción. Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 391 (1940); Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 685 (1940); Castro v. Comisión Industrial, 64 D.P.R. 509 (1945). Tam-bién hay casos que se inclinan a la posición contraria. Diez v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 734 (1940); Maldonado v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 730 (1940); Torres Rivera v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 620 (1962). El ratio deci-dendi de varios de estos casos es confuso. En Maldonado, por ejemplo, se resuelve que el procedimiento a seguirse en estos pleitos debe asemejarse al de certiorari. Mas, si es así, la Regla 21 (i) de nuestro Reglamento exigiría hoy el resul-tado opuesto al favorecido en Maldonado.

El análisis de otras disposiciones de nuestro Reglamento nos convence que carecemos de jurisdicción en este caso. La Regla 20 de este cuerpo jurídico dispone:

(a) El auto de revisión para revisar directamente actua-ciones de funcionarios y agencias administrativas se regirá por las leyes especiales que autorizan su expedición en cada caso, y en todo lo que no sea claramente incompatible con dichas leyes especiales se regirá por las disposiciones de este Reglamento, especialmente por las Reglas 17 a la 20, ambas inclusive. Las referencias en dichas reglas al “tribunal de instancia” se enten-derán como referencias al funcionario o agencia administrativa en cuestión.

Nótese que la Regla 20 de nuestro Reglamento se refiere espe-cíficamente a recursos de revisión incoados para revisar las actuaciones de agencias administrativas. Ya que la ley que autoriza la revisión de las decisiones de la Comisión Industrial no dispone nada sobre el problema de la notificación a la otra parte, debemos atenernos a lo provisto en nuestra Regla 17(h), conforme al mandato de la citada Regla 20. La Regla 17(h) ordena que:

El recurrente notificará la solicitud de revisión a todas las demás partes, en la forma que dispone la Regla 53.8 de Pro-cedimiento Civil, y se certificará el hecho de la notificación en la propia solicitud al presentarla al Tribunal.

Adviértase que bajo la referida Regla 53.3 hay que depositar la notificación por correo certificado con acuse de recibo, dentro del término para presentar el recurso.

Por las consideraciones expuestas, se desestima el recurso.

       La Regla 21 (i) de nuestro Reglamento provee:
      “El peticionario notificará la petición de certiorari a todas las demás partes de la misma manera que para el recurso de revisión dispone la Regla 53.3 de Procedimiento Civil, y se certificará el hecho de la notifica-ción en la propia petición al presentarla al Tribunal.”