author: El Juez Asociado Sr. Hernández

text:
    Colberg v. El Banco Territorial y Agrícola.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte dé Distrito de Mayagüez.
    No. 95.
    Resuelto en mayo 11, 1907.
    Hipoteca en Garantía de Obligaciones Transeeribles por Endoso. — Los paga-rés librados á la orden son obligaciones transferibles por endoso, y constituida una hipoteca en garantía de tales pagarés, el derecho hipotecario se entenderá transferido con la obligación, ya se haya contraído ésta por simples particu-lares, ya por compañías de ferrocarriles, bancos ú otras corporaciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Díaz Navarro.

    Abogado del apelado: Sr. Juan Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 13 de marzo de 1906, Don Rodolfo Colberg y Pabón, vecino de Cabo Rojo, interpuso demanda ante la Corte ■de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez contra el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, con súplica de que en su día se dictara sentencia declarando la nulidad de la pos-tergación de dos hipotecas, otorgadas por Don Pedro F. Col-berg en escrituras públicas de Io. de octubre de 1901 y 21 de diciembre del mismo año para garantir obligaciones á favor de Don Severiano Ramírez trasmisibles por endoso, cuya pos-tergación respecto de otra hipoteca constituida por la Com-pañía Salinera “Candelaria y Fraternidad,” á favor del , Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, mediante escri-tura pública de 31 de enero de 1903, había sido consentida en,. esa escritura por Don Pedro F. Colberg, como apoderado de Don Severiano Ramírez, interesando además el demandante la nulidad de la inscripción de dicha postergación en el regis-tro de la propiedad, como también la cancelación de ella y la de las notas de postergación puestas al margen de las inscrip-ciones de hipotecas afectadas por la postergación.

Don Rodolfo Colberg y Pabón alegó como hechos deter-minantes de su acción los siguientes:

Io. Que por escritura pública otorgada en Mayagüez ante el notario Don José de Diego en Io. de octubre de 1901, Don Pedro F. Colberg confesó adeudar á Don Severiano Ramírez la suma de cinco mil pesos, que se obligó á pagarle con el in-terés del uno por ciento mensual, por partidas de mil pesos, en cinco plazos distintos, á vencer en los días Io. de enero, abril, julio y octubre de 1902 y enero de 1903, otorgándole por cada uno de dichos plazos un pagaré de mil pesos á la orden, y garantizando el importe total de esos pagarés y quinientos pesos más para costas y gastos, en caso de reclamación judicial, con hipoteca sobre una acción de dominio de las 31 en que se hallaban divididas las fincas salineras “Candelaria y Fraternidad, ’ ’ cuya escritura había sido inscrita en el Regis-tro de la Propiedad de San G-ermán.

2o. Que por otra escritura también inscrita en el men-cionado registro y otorgada en Mayagüez ante el notario Don Mariano Riera el 21 de diciembre de 1901, Don Pedro F. Col-berg1 confesó deber á Don Severiano Ramírez la suma de ocho mil pesos, que se comprometió á pagarle con el interés del uno por ciento mensual en-seis plazos de mil pesos cada uno, á ven-cer en los días 21 de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 1902, y en otro plazo de dos mil pesos á vencer en 21 de junio de 1903, otorgándole por cada uno de dichos plazos nn pagaré á la orden y. garantizando el impórte total de esos pagarés y quinientos pesos más para costas y gastos, en caso de reclamación judicial, con hipoteca sobre dos ac-ciones de condominio de las 31 en que estaban divididas las expresadas fincas salineras “Candelaria y Fraternidad.”

3o. Que en 2 de abril de 1902 Don Severiano Ramírez tras-mitió por endoso al demandante Don Rodolfo Colberg y Pa-bón los cinco pagarés garantizados con hipoteca por la escri-tura ya mencionada de Io. de octubre de 1901, y también los^ pagarés vencibles en 21 de octubre y 21 de diciembre de 1902' y 21 de junio de 1903, de los garantizados con la hipoteca cons-tituida por la escritura de 21 de diciembre de 1901 de que se deja hecho mérito.

4o. Que por escritura otorgada ante el notario Don Juan de G-uzmán Benitez en 31 de enero de 1903, la sociedad agrí-cola colectiva denominada Compañía Salinera “Candelaria y Fraternidad,” recibió á préstamo del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico la suma de cuarenta mil pesos, paga-deros en diez y siete anualidades iguales, divididas en treinta y cuatro semestres, con el interés del nueve por ciento anual, cuya deuda con sus intereses resultó ser de setenta y nueve mil quinientos veinte y un pesos con veinte y ocho centavos, que habían de ser satisfechos á razón de dos mil trescientos cuarenta pesos con noventa y dos centavos en 31 de julio de 1903, en 30 de enero y 31 de julio de los años siguientes hasta 1919, y en 30 de enero de 1920, pactándose que, vencido un plazo, devengaría el cuarto por ciento de interés mensual, y vencidos dos, quedaría vencida toda la obligación, la que fue garantizada con hipoteca sobre las dos predichas fincas ‘ ‘ Can-delaria” y “Fraternidad.”

5o. Que no obstante haber traspasado por endoso Don Se-veriano Ramírez al demandante Don Rodolfo Colberg y Pa--bón en 2 de abril de 1902 los ocho pagarés á que se deja hecho referencia, el propio Don Severiano Ramírez, representado por Don Pedro F. Colberg, postergó las dos hipotecas consti-tuídas' por el mismo Colberg á favor del Ramírez á la consti-tuida á favor del Banco Territorial y Agrícola, verificándose la postergación por la misma escritura pública de 31 de enero dé 1903, la que fué inscrita en el registro de la propiedad, como también se tomó nota de la mencionada postergación al margen de las inscripciones de las dos hipotecas postergadas.

6o. Que el demandante Colberg y Pabón no autorizó ni consintió semejante postergación, y que en la escritura de 31 de enero de 1903 no se hizo constar que las hipotecas que se posponían estaban otorgadas en garantía de pagarés trasmi-sibles por endoso y otorgados á la orden de Don Severiano Ramírez, ni qué pagarés de esos tenía Ramírez en su poder.

• A la demanda interpuesta opuso el Banco Territorial y Agrícola, como excepción previa, la de que aquélla no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, por cuanto no se alega que se haya otorgado escritura alguna por Don Severiano Ramírez, cediendo su derecho hipotecario á Don Rodolfo Colberg, cuya escritura debía ser inscrita en el registró de la propiedad para que produjera efecto en cuanto á tercero, como lo es la parte demandada, sin que pueda invo-carse en contrario el artículo 153 de la Ley Hipotecaria que se refiere á obligaciones transferibles por endoso y á títulos al portador garantizados con hipoteca, obligaciones y títulos, cuya expedición constituye privilegio de las compañías de obras públicas, bancos y corporaciones, que se rigen por las leyes especiales de su creación ó por estatutos que les autori-zan para tales emisiones.

Discutida por las partes la moción ante dicha, fué decla-rada sin lugar por resolución de 23 de mayo de 1906, conce-diéndose al demandado el término de diez días para contestar la demanda.

La sociedad bancaria demandada, al contestar la demanda, hizo una relación detallada de los hechos que precedieron al otorgamiento de la escritura de 31 de enero de 1903 en que se verificó la postergación de hipotecas, cuya nulidad solicita Don Rodolfo Colberg y Pabón y conchrfó con la súplica de que se desestimara la demanda, y en el caso de considerar eficaz y válido el traspaso de las hipotecas de Don Severiano Ramí-rez á favor de Colberg y Pabón, fuera condenado éste último á indemnizar al banco con la cantidad de quince mil dollars por daños y perjuicios, con las costas del pleito también á su cargo.

La misma parte demandada sintetiza sus alegaciones en las siguientes conclusiones de hecho:

Io. Que por escritura pública de 8 de enero de 1895, ins-crita en el registro de la propiedad, los dueños de las salinas de Cabo Rojo “Candelaria y Fraternidad,” figurando entre ellos Don Severiano Ramírez y Colberg, constituyeron sobre dichas salinas una hipoteca, para garantir con sus intereses el crédito de setenta mil pesos de la moneda entonces corriente que confesaron adeudar al Banco Territorial y Agrícola, siendo condición de la hipoteca que ésta había de ser primera' y preferente á todo otro gravamen extraño, según disponen los estatutos del banco, y había de subsistir hasta que fuera íntegramente satisfecha del crédito reconocido.

2o. Que por escritura pública otorgada en 12 de julio de 1901, Don Juan Colberg y Cuesta, uno de los condueños de las salinas, vendió dos de las 31 acciones de que se formaban, á Don Rodolfo Colberg y Pabón, hoy demandante, quedando en todo su vigor el contrato hipotecario á' favor del banco, cuyas condiciones, por tanto, tuvo que aceptar el adquirente Colberg y Pabón.

3o. Que por escritura pública de Io. de octubre de 1901, Don Pedro F. Colberg, otro accionista de las salinas, obligado al banco por el mismo contrato hipotecario ya expresado, hipotecó una de sus acciones á favor de su consocio en las salinas, Don Severiano Ramírez, para asegurar el pago de •cinco mil pesos, firmando á la orden del acreedor Ramírez los cinco pagarés que se mencionan en la demanda, sin que en •dicha escritura, ni tampoco en su inscripción, se consigne que la hipoteca se constituía también á favor de las personas á •quienes fueran endosados los pagarés.

4°. Que por escritura de 21 de diciembre de 1901, el mismo Don Pedro F. Colberg reconoció deber á Don Severiano Ra-mírez la suma de ocbo mil pesos, suscribiendo á favor y orden del acreedor, Ramírez, los siete pagarés que se expresan en la demanda, y constituyendo para asegurar su pago gravamen hipotecario sobre otras dos acciones que tenían en las salinas “Candelaria y Fraternidad,” sin que en dicha escri-tura ni en su inscripción se consignara que la hipoteca era extensiva á las personas á quienes fueran endosados los pagarés.

5o. Que promovida ejecución por el banco en septiembre de 1902 ante el Tribunal del Distrito de Mayagüez para el cobro de su crédito hipotecario, solicitó fueran requeridos de pago los condueños de las salinas hipotecadas, entre estos, el demandante Don Rodolfo Colberg, habiéndose verificado en el siguiente mes de octubre los requerimientos ordenados.

6o. Que para salvar la situación de las salinas y para levan-tar recursos con que satisfacer al banco su crédito hipotecario, se constituyó en 31 de diciembre de 1902 la compañía salinera “Candelaria y Fraternidad,” entre cuyos socios figuraban co-mo condueños Don Pedro F. Colberg, Don Severiano Ramírez y el mismo demandante Don Rodolfo Colberg con su esposa Doña María Castora Ramírez y Colberg, hermana de Don Se-veriano, cuyas personas, en unión de los demás socios, todos con el carácter de colectivos, declararon en la cláusula 3a. de dicha escritura que la sociedad sólo aceptaba como gravamen sobre la totalidad de las fincas la hipoteca á favor del Banco Territorial y Agrícola, y autorizaron expresamente á los ges-tores para contratar un préstamo hipotecario ó cualquiera otra operación con garantía real, á fin de proveerse de la can-tidad necesaria para salvar la situación de las salinas en el procedimiento seguido por el Banco, con el cual podrían con-certar cualquier convenio hipotecariamente garantido.

7°. Que en virtud de las facultades concedidas por dicha escritura y por los acuerdos de los socios, entre éstos, el de-mandante Don Rodolfo Colberg y Pabón, fué concertado un nuevo contrato hipotecario con el Banco Territorial y Agrí-cola, á fin ele tener más cómodo plazo para pagar la hipoteca anterior, y en ese convenio se estipuló que la hipoteca fuera primera y preferente, hasta el punto de que, de no ser así, quedaría rescindido el contrato con todas las concecuencias "que de tal rescisión se derivaran.

8o. Que como consecuencia de tales convenios, formalizóse la escritura de-préstamo con hipoteca y postergación de otras el día 31 de enero de 1903, figurando en la misma Don Pedro P. Colberg, como apoderado de Don Severiano Ramírez, en cuyo nombre postergó las hipotecas de éste á la del banco, queriendo y consintiendo que se efectuase tal postergación en el registro de la propiedad.

9o. Que el poder concedido por Ramírez á Colberg para la postergación de sus hipotecas, fué otorgado en 25 de enero de 1903, y no estimándose bastante ese poder para que la postergación pudiera inscribirse en el registro, el mismo Don Severiano Ramírez y sú esposa Doña Isolina Marín ratifica-ron dicha postergación en escritura pública de 25 de abril de 1903, con lo cual quedó inscrita la hipoteca del banco con la postergación el día 27 del mismo mes.

10°. Que el Banco Territorial y Agrícola, sin cancelar la primera hipoteca, que no está pagada mientras no se pa-gue la posteriormente constituida, cesó, sin embargo, en la eje-cución que para el cobro de aquélla seguía, por habérsele de-mostrado que la nueva hipoteca llenaba las condiciones es-tipuladas, especialmente la relativa á la preferencia de gra-vámenes, y por ese mismo motivo no utilizó el derecho que el contrato le reconoce de rescindirlo.

11°. Que habiendo dejado la compañía salinera' “Cande-laria y Fraternidad” de cumplir con las condiciones de pago estipuladas en las escritura de 31 de enero de 1903, comenzó el Banco Territorial y Agrícola procedimiento sumarísimo ante la Corte de Distrito de Mayagüez para el cobro de lo qu<? se le adeudaba, habiéndose ordenado por dicha corte que fue ran requeridos de. pago los deudores, y como resultaran de] registro dos hipotecas sobre las salinas á favor de Don Seve-riano Ramírez, cuyas hipotecas eran posteriores .á la del banco, en virtud de la postergación convenida, solicitó el Banco y decretó aquella corte que el requerimiento orde-nado en 10 de noviembre de 1905 se notificara á Don Seve-riano Ramírez en concepto de acreedor por responsabilidades. posteriores á la del banco, como así se efectuó, sin que Don Severiano Ramírez manifestase que él había transferido sus hipotecas al demandante Don Rodolfo Colberg.

12°. Que después de anunciarse por edicto la subasta de las salinas, se celebró dicho acto en'el día fijado, ó sea el 12 de febrero de 1906, encontrándose presente Don Severiano Ra-mírez, sin que tampoco entonces hiciera manifestación al-guna en el sentido de haber cedido sus hipotecas á Don Rodolfo Colberg ú otra persona.

13°. Que la existencia á favor del demandante de hipote-cas preferentes á la del Banco Territorial y Agrícola determi-naría una violación por parte de aquél del convenio celebrado por el Banco y la compañía salinera “Candelaria y Fraterni-dad” de la que era miembro Don Rodolfo Colberg, convenio consistente en que la hipoteca del banco, que se constituyó por escritura dé 31 de enero de 1903, habría de tener la condición de primera y preferente, sin más excepción que la otra hipote-ca del mismo Banco constituida por escritura de 8 de enero de 1895, determinando aquella violación un perjuicio al de-mandado valorable en quince mil dollars, ó sean nueve mil dollars que el banco habría de pagar á Don Rodolfo Colberg, á título de acreedor hipotecario preferente, y seis mil dollars más que montan los gastos y costas del presente pleito y los perjuicios derivados del mismo por entorpecerle la realiza-ción de las fincas salineras.

El demandado negó específicamente el hecho establecido en la demanda de que el endoso de los ocho pagarés de que se trata, se hiciera realmente en el día que indica el demandante, ó sea en 2 de abril de 1902.

Celebrado el juicio en 16 de agosto del año próximo pa-sado, la corte después de oir las pruebas y las alegaciones de las partes, dictó sentencia en 21 del propio mes, por la qne declara qne la ley y los hecbos están en contra del demandante, y por tanto, decreta y ordena qne éste nada obtenga de la parte demandada, la qne queda libre de toda responsabilidad respecto de la demanda, absolviendo al demandante de la reconvención establecida por el demandado é imponiendo las costas á dicho demandante.

La opinión de la corte inferior qne fundamenta sn sen-tencia dice así:

“La corte, después de oir la evidencia introducida en este caso y las alegaciones de las partes litigantes, es de opinión que la ley y los hechos están en contra de la parte demandante, pues es tal el orden natural y lógico encadenamiento de los hechos en litigación ocurridos desde la constitución del primer gravamen hipotecario á favor del banco demandado' hasta el acto jurídico de la posposición de la hipoteca establecida para garantir las obligaciones trasmisibles por endoso, ocho de las cuales lo fueron á dicho demandante por el primitivo acreedor Don Severiano Ramírez, en cuyo lugar y grado queda subrogado dicho demandante á todos los efectos legales, inter-viniendo de un modo directo en el desarrollo de aquellos hechos como condueño de las salinas, que no puede ahora volver válidamente contra actos propios solemnemente consentidos por él, ni alegar en su carácter de acreedor que ignoraba aquello que le era notoriamente conocido como condueño, y á cuya realización cooperó directamente junto con los demás condueños y á sabiendas del propósito, ñn y objeto que perseguía la nueva sociedad salinera de que formaba parte cerca del banco, de tal mo,do y en circunstancias tan críticas y apre-miantes para los intereses de dicha sociedad, que la conclusión lógica y evidente que se infiere y deduce con arreglo á la ley y á los hechos, no es otra sino la de que la voluntad deliberada del demandante y, por tanto, su consentimiento para el acto jurídico de la posposición de la hipoteca á que se acude, se encuentran, desde luego, implicadas en el desarrollo de los hechos y los actos anteriores y simultáneos realizados por dicho demandante. Siendo, pues, un hecho probado á satisfacción plena de la corte que el demandante convino, consintió y aceptó la posposición de la hipoteca, cuya nulidad se reclama, dicho demandante carece ahora de derecho para oponerse á las consecuencias' legales engendradas por sus propios y manifiestos actos, y, por tanto, se declara sin lugar la demanda, disponiéndose que el referido de-mandante Don Rodolfo F. Colberg no obtenga ni recobre nada del Banco demandado, quien, por virtud de esta sentencia, queda libre de toda responsabilidad y que dicho demandante pague las costas del juicio. Por tanto y como consecuencia de este pronunciamiento, se absuelve á dicho demandante de la reconvención establecida por el demandado, ordenándose se libre el oportuno mandamiento para la efectividad de esta sentencia. Mayagüez agosto 21 de 1906. — Isidoro Soto Nussa. — Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez.”

Contra la sentencia expresada interpuso la representación de Don Rodolfo Colberg y Pabón recurso de apelación, que hoy pende de decisión ante esta Corte Suprema, después de vistas y oídas las alegaciones escritas y orales de ambas par-tes.

Las cuestiones legales derivadas de los hechos alegados por las partes, pueden sintetizarse en las siguientes:

Ia. ¿Es de aplicación el artículo 153 de la-Ley Hipotecaria á los pagarés á la orden que en 1°. de octubre y 21 de diciem-bre de 1891 firmó Don Pedro P. Colberg á favor y orden de Don Severiano Ramírez, hipotecando para asegurar su pago acciones de condominio que le correspondían en las fincas salineras “Candelaria y Fraternidad!”

2a. ¿Deben reputarse endosados con relación al banco por Don Severiano Ramírez á favor de Don Rodolfo Colberg los ocho pagarés de que se trata en la demanda en la misma fe-cha que expresa el endoso, 2 de abril de 1902, con anterioridad á la escritura de 31 de enero de 1903?

3a. ¿En el caso de que los endosos deban reputarse hechos respecto del banco en 2 de abril de 1902 ó con anterioridad al 31 de enero de 1903, puede Don Rodolfo Colberg sostener m preferencia de su derecho hipotecario con relación al del ban-co, constituido por escritura pública de 31 de enero de 1903?

En cuanto á la primera cuestión, opinamos, desde luego, que el artículo 153 de la Ley Hipotecaria es aplicable al caso que se debate.

Ese artículo dice así:

“En la hipoteca constituida para garantir obligaciones trans-feribles por endoso ó títulos al portador, cuando se enagene ó ceda el derecho hipotecario, se entenderá éste transferido con la obligación ó con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el registro.”

Los pagarés librados por Don Pedro P. Colberg á la orden de Don Severiano Bamírez, son documentos transferibles por endoso; y constituida hipoteca en garantía de esos pagarés, es de aplicación al caso el precepto ya transcrito de la Ley Hi-potecaria, que está concebido en términos generales y no esta-blece distinción alguna entre obligaciones transferibles por endoso, ya se contraigan éstas por simples particulares, ya por compañías de ferrocarriles, bancos ú otras corporacio-nes. Esa doctrina está conforme con el fin perseguido por la Ley Hipotecaria en la redacción de dicho artículo, que no es otro sino movilizar las garantías que pueden constituirse sobre la propiedad inmueble, facilitando así su ingreso en las transacciones comerciales, y ha sido además, si no expresa, implícitamente sancionada por el Tribunal Supremo de Es-paña en sentencia de 3 de febrero de 1883 y por resolución de la dirección general de los registros de 23 de junio de 1888.

Ocioso se hace considerar la segunda cuestión, atendidos los términos en que viene resuelta- la tercera por la corte sentenciadora, la que por el resultado de las pruebas practi-cadas ha estimado que el demandante convino, consintió y aceptó la posposición de su hipoteca con relación á la del Banco Territorial y Agrícola.

Nada ha alegado la parte apelante contra la apreciación de las pruebas hechas por la corte inferior; y ante esa apre-ciación, que nosotros admitimos como ajustada á los hechos resultantes del juicio, es claro que Don Bodolfo Colberg y Ba-bón no puede ir hoy contra sus propios actos y tiene que suje-tarse á las consecuencias legales de los mismos, reconociendo la subsistencia de la postergación cuyo nulidad solicita en la demanda.

En resumen: Si bien el artículo 153 de la Ley Hipote-caria es de aplicación á los pagarés que expidió y garantizó-con hipoteca Don Pedro F. Colberg á favor y orden de Don Severiano Ramírez, quién endosó ocho de ellos al demandan-te Don Rodolfo Colberg y Pabón, tales endosos aun en el su-puesto de que se hubieran hecho en 2 de abril de 1902, según se afirma en la demanda y se niega en la contestación, no se-rían cansa de acción para que Don Rodolfo Colberg pudiera reclamar la preferencia de su hipoteca sobre la del banco,, con arreglo al axioma jurídico de que nadie puede ir contra sus propios actos.

Por las razones expuestas, procede la confirmación de la sentencia apelada con las costas del recurso al apelante Don Rodolfo Colberg' y Pabón.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Higueras, MacLeary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Jtjez PkbsideNte Sb. QuiñoNes

license: Public Domain

text:
    Altuna v. Ortíz et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 30.
    Resuelto en mayo 20, 1907.
    Hipoteca — Ejecución—Nulidad de Juicio Ejecutivo.- — Los acreedores que tu-vieran inscrito su dereclio con anterioridad á la Ley Hipotecaria, podían optar, para el cobro de su crédito, por el procedimiento sumario establecido en dicha ley ó por el juicio ejecutivo que establecía la Ley de Enjuiciamiento Civil, é iniciado este procedimiento y seguido el juicio por los trámites que dicha ley procesal ordenaba, y solicitada después la nulidad de esas actuaciones, las cuestiones relativas á esa nulidad habrán'de ventilarse y resolverse con arreglo-á los preceptos de aquella ley.
    Id. — -Falta de F-uerza Ejecutiva del Título por Defectos Extrínsecos. — Con 'arreglo á la antigua ley procesal, la nulidad de un juicio ejecutivo podía pedirse, entre otros casos, cuando el Vítulo no tuviera fuerza ejecutiva por defectos extrínsecos, pero estos defectos han de entenderse defectos externos, ó de forma, del mismo título, pero de ninguna manera pueden referirse á defectos que sólo afecten á la personalidad de la parte para pedir la ejecución, y que en modo álguno pueden afectar á la eficacia del título ejecutivo.

      Id. — Falta de Citación del Deudor. — También podía pedirse la nulidad del juicio ejecutivo, con arreglo á la antigua ley procesal, cuando el deudor no hubiera sido citado de remate, pero tal citación es válida y eficaz, y debe pro-ducir efectos legales, cuando tratándose de bienes propios de un cónyuge, en los que no tenga interés la sociedad de gananciales, se hubiera hecho al dueño de los bienes, sin intervención del otro cónyuge, atendidos los preceptos de los artículos 160 y 161 del Código Civil.
    Id.- — Personalidad de la Ejecutante. — Acreditada la personalidad de la ejecu-' tante, como adjudicataria del crédito hipotecario que se reclama, con el testi-monio de las operaciones particionales del causante, la circunstancia de que no se hubiera insertado en él la partida de su defunción, no puede afectar á la eficacia de dicho testimonio, pues al ser aprobadas por la autoridad judicial, hay que presumir que tal extremo fué acreditado y que se llenaron tales for-malidades legales.
    Id. — Inscripción—Sus Efectos. — Cualesquiera que sean los defectos de que ado-lezca el testimonio de una partición inscrita en el registro por lo que respecta á la adjudicación de derechos reales, mientras subsista tal inscripción, surte efecto legal aun en perjuicio de tercero.
    Id. — Cobro de Intereses — Tercero..—Las disposiciones del artículo 114 de la Ley Hipotecaria han de entenderse aplicables á los casos en que haya un tercero que hubiera adquirido con posterioridad algún derecho real sobre la cosa hipotecada, pues no habiendo tercero que pueda resultar perjudicado, el acreedor puede cobrar todos los intereses vencidos y no pagados hasta el total solvendo de la deuda principal.
    Id. — Prescripción—Acciones Hipotecarias. — La prescripción de que habla el artículo 1867 del Código Civil se refiere sólo á ciertas acciones personales, y no á las que se deriven del contrato de hipoteca, que duran veinte años (art. 1865), plazo de duración que debe entenderse, no sólo para el cobro de la deuda principal, sino también para el de los intereses que se cobren también por la misma acción real hipotecaria.
    Apelación — Pruebas—Admisión de Prueba sin Objeción de la Parte Con-traria. — La parte que hubiere consentido la admisión de una prueba sin objeción ni protesta alguna, no podrá después impugnarla en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Ahogado del apelado: Sr. Bernardini.

   El Jtjez PkbsideNte Sb. QuiñoNes

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en Guayama ante el Nota-rio Don José Mariano Capó y Alvarez en 7 de septiembre de 1891, Don Vicente Fernández Monjardín, propietario y vecino de aquella localidad, reconoció deber á sn convecino Don Lnis Ardura y Berdasco, la snma líquida de 17,000 pesos, moneda corriente en la fecha de dicha escritura, que le ha-bía facilitado en calidad de préstamo, comprometiéndose á devolverle dicha suma, con el interés del 9 por ciento al año, pagadero por anualidades vencidas, el día 31 de agosto de 1899; é hipotecándole en seguridad del pago, una estancia de su propiedad, radicada en el barrio de Jájome Alto, del tér-mino municipal de Cayey, de 1,255 cuerdas de extensión superficial, por los 17,000 pesos de la deuda principal, 3,060 pesos por las dos anualidades de los intereses convenidos, y por 600 pesos más para costas, en el caso de reclamación judicial; é inscribiéndose dicha escritura en el Registro de la Propiedad de G-uayama, en 20 de diciembre de 1892.

Ocurrido el fallecimiento del acreedor Don Luis Ardura y Berdasco, en la ciudad de Oviedo, en España, y practicada la partición de sus bienes, se adjudicó el crédito hipotecario de referencia, en parte de pago de su mitad de gananciales, á la viuda Doña Amalia Altuna y Yega, la que lo inscribió á su favor en el Registro de la Propiedad de Guayama, me-diante la presentación de un testimonio de la escritura de partición otorgada entre dicha viuda y sus hijos, como here-deros de su difunto padre, Don Luis Ardura en 29 de enero de 1894.

En 22 de abril de 1904, Doña Amalia Altuna y Yega, por conducto de su abogado Don Tomás Bernardini de la Huerta, ■entabló, ante el extinguido Tribunal del Distrito de Humacao, al que correspondía entonces el municipio de Guayama, y con arreglo á los trámites de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, la demanda ejecutiva origen de este pleito, contra Doña Belén Ortíz, viuda de Fernández, y su hija Doña Belén Fer-nández y Ortíz, como únicas y universales herederas de Don Yicente Fernández Monjardín, que también había fallecido, y ■en cuya demanda, haciendo relación de los antecedentes que se dejan expuestos, y acompañando la primera copia de la escritura de constitución del crédito hipotecario de que se trata, y de la partición de los bienes de la testamentaría del difunto Don Luís Ardura y Berdasco, con la nota de haber sido inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayama, pidió se requiriera de pago á las deudoras de las cantidades reclamadas, y no verificándolo en el acto, se les embargaran bienes bastantes á cubrirlas, y en su día se dictara sentencia de remate, condenándolas al pago de las mismas, y que se siga la ejecución adelante basta bacer trance y remate de los bienes embargados y con su producto íntegro pago á la acreedora de las cantidades reclamadas en la demanda y las costas del juicio.

C itadas de remate, Doña Eelén Ortíz de Fernández y Doña Belén Fernández y Ortíz se opusieron á la ejecución, alegando, por los fundamentos que estimaron pertinentes á su derecho, la nulidad de la ejecución despachada contra sus bienes ó en otro caso, no haber lugar á pronunciar la sentencia de remate y si á esto tampoco hubiere lugar y se mandara seguir la ejecución adelante, se limitara ésta á las cantidades consig-nadas en la escritura hipotecaria para intereses y costas ó que por lo menos sólo pudieran cobrarse los últimos cinco años de intereses no cumplidos, con las costas á la ejecutante.

Transferido el pleito al Tribunal de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, á virtud de la ley de marzo 10 de 1904, estableciendo la nueva organización judicial de esta Isla y seguido el pleito en adelante por los trámites del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, celebrado el juicio, y practi-cadas las pruebas, dictó sentencia el juez del Tribunal del Distrito de Guayama en 13 de diciembre de 1905, por la que declaró con lugar la demanda ordenando que la demandante Doña Amalia Altuna y Yega obtuviera y recobrara de las de-mandadas Doña Belén Ortíz, viuda de Fernández y Doña Belén Fernández y Ortíz, la cantidad de 9,690 dollars de capital más 6,849 dollars de intereses vencidos desde el 31 de agosto de 1895, hasta la interposición de la demanda, proce-dente todo de la escritura de hipoteca otorgada por Don Vicente Fernández Monjardín á favor de Don Luis Ardura; más los intereses devengados desde la interposición de la de-manda, al tipo estipulado del 9 por ciento anual, más las cos-tas ; todo lo cual se hará efectivo en moneda corriente de los Estados Unidos; y que para hacer efectiva esta sentencia se se librara ejecución contra los bienes de las demandadas, sin perjuicio de los derechos que la Ley Hipotecaria reconoce al primer hipotecario sobre la finca gravada.

Contra esta sentencia interpuso apelación la representa-ción de las demandadas Doña Belén Ortíz de Fernández y Doña Belén Fernández y Ortíz; y elevadas á esta superioridad las copias prevenidas de los autos, y presentado el alegato de las apelantes, se señaló día para la vista, que se celebró con asistencia de los abogados defensores de ambas partes.

En su alegato reproduce la representación de las apelantes sustancialmente, las mismas pretensiones que formularan en el inferior en su escrito de oposición á la demanda; que se declare nulo el juicio, ó en su defecto, que se declare no haber lugar á dictar sentencia de remate; y cuando á esto tampoco hubiere lugar y se ordenare seguir la ejecución adelante, que se entienda sólo por las cantidades consignadas en la escri-tura hipotecaria para intereses y costas, ó á lo sumo,,por los intereses de los últimos cinco años no cumplidos, con las cos-tas á la ejecutante.

Nos ocuparemos de todas estas conclusiones sometidas por la representación de las apelantes á la resolución de esta Corte Suprema, por el mismo orden en que han sido for-muladas.

La primera ó sea la de nulidad del juicio ejecutivo, se hace consistir en que, caleciendo de fuerza ejecutiva el título pre-sentado por Doña Amalia Altuna, porque ejercitando en su demanda el carácter de adjudicataria del crédito hipotecario de su difunto esposo Don Luis Ardura, á virtud de la adjudi-cación que de dicho crédito se le había hecho en la escritura de partición, de la testamentaría de su difunto esposo, ni apare-cía legalizada en forma dicha escritura de partición, como correspondía, por haber sido otorgada en país extranjero, como lo era. España á la .fecha en que fue presentada en juicio dicha escritura, ó sea en abril de 19Ó4, ni se acre-ditaba el fallecimiento del citado Ardura por medio del correspondiente certificado de defunción, ni se presentaba tampoco una copia fehaciente de su testamento, documentos todos que formaban parte integrante del título ejecutivo, era evidente que éste carecía de fuerza ejecutiva y, por consi-guiente, que la ejecución despachada contra los bienes de la sucesión deudora era nula desde su inicio, con arreglo al arth culo 1465 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que regía .á la fecha en que fué despachada la ejecución, y según el cual podía pedirse la nulidad del juicio ejecutivo, entre otros casos ■“cuando el título no tuviere fuerza ejecutiva, ya por defectos extrínsecos, ya por no haber vencido el plazo ó no ser exigible la cantidad ó ésta ilíquida. ”

Empero, no estamos conformes con esta alegación del ilus-trado defensor de las apelantes.

Convenimos con él, en que habiendo formulado la demanda Doña Amalia Altuna en 22 de abril de 1904, cuando aún estaba vigente la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada en parte por la Orden General No. 118, y habiendo optado por los trámites del juicio ejecutivo que aquella ley establecía, con preferencia al procedimiento sumario ordenado por la nueva Ley Hipotecaria de esta Isla para el cobro de los créditos de .aquella naturaleza en uso del derecho que para hacerlo le con-cedía el artículo 175 del Reglamento de la misma ley, al dis-poner que los acreedores que tuvieran inscrito su derecho con anterioridad á la nueva ley hipotecaria, podrían optar por el procedimiento sumario establecido por la misma ley, ó seguir el procedimiento ejecutivo antiguo, y encontrándose precisa-mente en este caso Doña Amalia Altuna, cuyo crédito hipote-cario había .nacido y se había inscrito con mucha anterioridad á la fecha en que comenzara á regir la ley hipotecaria en esta Isla, es claro que habiendo optado la ejecutante por los trá-mites del juicio ejecutivo que establecía la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente á la fecha de la presentación de la demanda, y seguido el juicio por los trámite^ que dicha ley ordenaba hasta el escrito de oposición á la demanda, inclusive, en el que se plantearon las cuestiones sobre nulidad del juicio y las demás que fueron propuestas oportunamente y que han sido ventiladas y resueltas por el juez del tribunal inferior en su sentencia, es claro, repetimos, que para resolver esas cuestiones en la apelación pendiente, tenemos que refe-rirnos á la antigua ley procesal, porque si hubiéramos de aco-modarnos al-nuevo Código de Enjuiciamiento Civil para la resolución de esas cuestiones, le daríamos á éste una fuerza retroactiva de que carece.

Estamos, pues, de acuerdo con la defensa de las apelantes, en que todas las cuestiones planteadas en estos autos ejecu-tivos deben ser resueltas con arreglo á las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento ■ Civil antigua y no con arreglo á la moderna, que no había comenzado á regir cuando todas aquellas cuestiones fueron propuestas y quedó planteado el problema jurídico á resolver en los presentes autos.

Ahora bien. ¿Es realmente nula, con arreglo á la antigua ley, la ejecución despachada en estos autos contra los bienes de la Sucesión de Don Vicente Fernández Monjardín? Enten-demos que nó.

Según el artículo 1465 de la antigua» ley procesal que se cita como fundamento de sus alegaciones por la defensa de las apelantes, podía pedirse la nulidad del juicio ejecutivo, entre otros casos, como ya hemos dicho, cuando el título no tuviera fuerza ejecutiva, yá por defectos extrínsecos, ó por no haber vencido el plazo, ó no ser exigible la cantidad, ó esta ilíquida.

En el presente caso no se combate la fuerza ejecutiva del título presentado por defectos intrínsecos, ó que afectaran á la obligación en su parte interna, sobre cuyo particular nada se arguye, sino por defectos extrínsecos, ó de forma, conside-rando las apelantes como tales, la falta de presentación del testamento y de la partida de defunción del acreedor Don Luis Ardura y la falta de legalización de la escritura de parti-ción que presenta la ejecutante Doña Amalia Altuna y Vega para acreditar que le había sido trasmitido legítimamente el crédito hipotecario de su difunto marido.

Empero, nosotros creemos que la' representación de las apelantes le da á ese artículo una interpretación equivocada y, por consiguiente, nna errónea aplicación.

Al decir ese artículo en su número 2o. que podía pedirse la nulidad del juicio cuando el título no tuviera fuerza ejecu-tiva por defectos extrínsecos, se refería sólo á- los defectos externos, ó de forma, del mismo título, como por ejemplo, si el título presentado consistía en nna escritura pública, si m> era primera copia, ó si era segunda copia, si no había sido' expedida mediante mandamiento judicial y previa citación dé-la persona á quien debía perjudicar, ó de su causante, como' lo exigía el artículo 1427 de la misma ley al enumerar los títu-los que traían aparejada ejecución, y los requisitos de que debían estar revestidos. A estos defectos extrínsecos del título era á lo que se refería el artículo 1465 de la antigua ley procesal al decir en su número 2o. que podía pedirse la nulidad del juicio cuando el título no tuviera fuerza ejecutiva por defectos extrínsecos; pero de ninguna manera se refería á los defectos que la defensa de las apelantes le atribuye al título presentado por Doña Amalia Altuna, que sólo afectan á la personalidad de esta señora par.a pedir la ejecución, como adjudicataria del crédito hipotecario de su difunto marido, y que en manera alguna pueden confundirse con los defectos extrínsecos del título á que se refiere el número 2o. del artículo citado de la .ley procesal antigua. En el presente caso el título ejecutivo lo constituye la escritura hipotecaria otorgada por Don Vicente Fernández Monjardín á favor de Don Luis Ardura y Berdasco, en G-uayama á 7 de septiembre de 1891, y contra esta escritura no se ha objetado, ni podía objetarse ningún defecto, ni en su parte interna, porque la obligación que contenía, era perfectamente válida y ejecutiva, por ser de plazo vencido y por cantidad líquida en dinero efectivo, que excedía de 1,000 pesetas, ni en su parte externa, ó extrínseca, puesto que la escritura presentada era primera copia, expedida por el mismo notario que la había autorizado, y que había sido inscrita en el registro de la propiedad corres-pondiente, como lo acreditaba la nota -puesta al pie de la misma escritura; defectos que de haber existido, sí que hu-bieran podido alegarse como motivos para pedir la nulidad del juicio por defectos extrínsecos del título, que lo privaban de la fuerza ejecutiva. Pero nada de esto se ha alegado en el presente caso; y por consiguiente, la nulidad pretendida no puede declararse por motivos que, de existir, sólo afectarían á la personalidad de la ejecutante, en manera alguna á la efi-cacia del título ejecutivo presentado.

Esto por lo que respecta al primer motivo de nulidad ale-gado por la representación de las apelantes.

En cuanto al segundo motivo de nulidad que también se alega, y consistente en no haber citado de remate al esposo de Doña Belén Fernández y Ortíz, una de las demandadas, tampoco es de estimarse. El artículo 1465 de la Ley Procesal antigua, del que ya nos hemos ocupado repetidas veces, esta-blecía en su número 3o. que también podía pedirse la nulidad del juicio ejecutivo, cuando el deudor no hubiera sido citado de remate, diligencia que equivalía á la citación y emplaza-miento para contestar la demanda, con las formalidades esta-blecidas por la misma ley; pero esta disposición se aplica tam-bién por la defensa de las apelantes, con manifiesto error en el presente caso.

El artículo 160 del Nuevo Código Civil, que ya regía hacía dos años cuando la diligencia de citación de remate de Doña Belén Fernández tuvo lugar en este juicio ejecutivo, confiere á cada uno de los cónyuges la libre disposición y administra-ción de sus bienes propios, y el artículo siguiente autoriza á la mujer casada para contratar por sí y comparecer en juicio por lo que se refiere »á la defensa de sus derechos ó de los bienes de su propiedad particular; y como en este juicio eje-cutivo Doña Belén Fernández y Ortíz defiende sus derechos y sus bienes propios, adquiridos por herencia de su difunto padre Don Vicente Fernández Monjardín, y en los cuales nada tiene que ver su marido, ni la sociedad de. gananciales, luego el acto de la citación de remate que se entendió sólo con Doña Belén Fernández y Ortíz sin intervención de sn marido, fue un acto perfectamente válido y eficaz y debe surtir efectos eficaces en el presente juicio.

En cuanto á la excepción de falta de personalidad de la ejecutante Doña Amalia Altuna, que se alega también subsi-diariamente, para el caso de no declararse la nulidad del juicio ejecutivo, y que se liace consistir en no liaber acreditado aquella señora la trasmisión á su favor del crédito hipotecario de su difunto esposo, con documentos fehacientes, tampoco puede ser admitida.

En primer lugar, porque Doña Amalia Altuna ha presen-tado para acreditar su personalidad, ó sea el carácter con que se presenta en juicio como adjudicataria del crédito hipote-cario de que se trata, un testimonio de las operaciones parti-eionales de la testamentaría de su difunto esposo Don Luis Ardura, aprobadas con citación y audiencia de todos los inte-resados en dicha testamentaría por el juez de primera Ins-tancia de la ciudad de Oviedo, en España, y protocoladas en el oficio del notario de dicha ciudad, Don Secundino de la Torre y Ortíz, en 29 de enero de 1894, y en cuyo testimonio obra inserto, según lo consigna en la sentencia el juez de la •corte sentenciadora, el testamento de Don Luis Ardura; y aunque no se dice que también sé hubiera insertado en él’, la partida de defunción del citado Ardura, es de presumirse que se hubiera acreditado en forma su fallecimiento, porque sin este requisito no hubiera podido el juez aprobar las opera-ciones testamentarias practicadas, y si las aprobó, es de pre-sumirse que se hubieran llenado todas las formalidades que requería la ley en tales casos.

Esto en primer lugar. En segundo lugar, que cualesquiera que fueran los defectos de que adoleciera el testimonio pre-sentado, es lo cierto, que fué inscrito en el Begistro de la Pro-piedad de G-uayama, por lo que respecta á la trasmisión del crédito hipotecario de que se trata, á favor de Doña Amalia Altuna, como lo acredita la certificación del registrador de la propiedad de aquel partido que obra en autos, y cuya inscrip-ción, mientras subsista y no se declare nnla por los tribunales de justicia en el juicio plenario. correspondiente, garantiza á favor de dicha señora la propiedad del crédito hipotecario de. referencia aún en perjuicio de tercero, con arreglo á los artí-culos 23, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria vigente en esta Isla; y en' tercero y último lugar, que habiendo sido admitida esa escritura por vía de prueba en el acto del juicio, sin excepción ni protesta alguna por parte de las demandadas, hoy ape-lantes, no pueden éstas objetar nada contra ella en el presente recurso por haber consentido su admisión y porque nadie puede ir contra sus propios actos.

La última de las excepciones opuestas por la representa-ción de las apelantes, para el caso de que se desestimara la de .falta de personalidad, y hubiera de dictarse, en consecuencia,, sentencia de remate, es la de pluspetición, que también podía, alegarse en el juicio ejecutivo, con arreglo al artículo 1464 de la misma ley procesal antigua, fundada en que, habiéndose limitado la hipoteca constituida en la escritura para asegurar el pago de los intereses, á sólo dos anualidades que el acreedor podía cobrar en perjuicio de tercero, montantes en junto á la suma de 3,060 pesos mejicanos, equivalentes á 1,744 pesos-20 centavos oro americano, sólo esta suma podía cobrar la ejecutante en concepto de interéses, y no todos los vencidos desde el año 1895 hasta el efectivo pago del capital como se ordena en la sentencia, ó á lo sumo, los correspondientes á los. cinco años últimos, por deber estimarse prescritos los ante-riores, á tenor del artículo 1867 del nuevo Código Civil, según el que prescriben por el transcurso dé cinco años entre otras las acciones para exigir cualesquiera pagos que deban hacerse por años, ó en plazos más breves.

Empero, estas alegaciones de la defensa de las apelantes,, tampoco son admisibles.

Doña Amalia Altuna tiéne perfecto derecho á cobrar á la. sucesión deudora, todos los intereses vencidos desde el 31 de agosto de 1895, en que verificó el último pago, hasta el día en que^ haga efectivo el capital, al tipo convenido del 9 por- ciento ■anual, como lo ordena la sentencia. Es cierto que, según el artículo 114 de la Ley Hipotecaria de esta Isla, sólo pueden cobrarse con perjuicio de tercero, los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente; pero esto se éntiende como lo expresa el mismo artículo, en perjuicio de tercero, es decir, en perjuicio de cual-quier persona que obtenga con posterioridad algún derecho real sobre, la cosa hipotecada; pues no habiendo tercero que pueda resultar perjúdicado, el acreedor puede cobrar todos "los intereses vencidos y no pagados, como lo establece el artí-culo 147 de la misma Ley Hipotecaria al disponer que, “el acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipote-cados por el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que deba verificarse el reintegro del capital; mas si hubiere un tercero interesado en dichos bienes á quien pueda perjudicar la repetición, no podrá exceder la cantidad que por ella se reclame, de la" correspondiente á los réditos de los dos últimos años transcurridos y no pagados, y la parte vencida de la anualidad corriente.”

Doña Amalia Altuna, pues, ha estado en su derecho al pedir, y el juez no ha cometido ningún error al concedérselo, que se le paguen todos los intereses vencí dos hasta la fecha de la demanda,, y los que se venzan después hasta el total solvendo de la deuda principal, al tipo convenido del 9 por ciento al año, puesto que no existe un tercero que haya adqui-rido posteriormente algún derecho sobre los bienes hipoteca-dos y que pueda resultar perjudicado.

En cuanto á la prescripción de los intereses que excedan de los últimos cinco años, tampoco pueden invocarla las ape-lantes ; pues aparte de que la prescripción de que habla el artí-culo 1867 del nuevo Código Civil, se refiere sólo á ciertas ac-ciones personales, en manera alguna á las que se derivan del contrato de hipotecas, que, según el artículo 1865 del propio ' Código, duran veinte años, plazo de duración que debe enten-derse, no sólo para el cobro de la deuda principal, sino también para el de los intereses, que se cobran también por la misma acción real'hipotecaria, resulta también probado en el juicio que Doña Amalia Altana ba hecho requerir diferentes veces á la sucesión deudora para el pago de los intereses vencidos desde el año de 1895, y, por consiguiente, la prescripción, caso de ser aplicable en el presente caso, quedó interrumpida con arreglo al artículo 1874 del propio Código Civil, según el cual i!la prescripción de las-acciones se interrumpe por su ejer-cicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor, y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

En mérito de todas las consideraciones expuestas, somos de parecer que la corte sentenciadora no ha cometido ningún error en su sentencia, y, por consiguiente, que debe ser ésta confirmada, con las costas á las apelantes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres*. Hernández, Figueras y Wolf.

Juez disidente: Sr. MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    El Pueblo v. Dessús et al.
    Apelación- procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 39.
    Resuelto en mayo 29, 1907.
    Delito Contra la Paz Pública — Motín—Jurisdicción.—La circulación de un periódico dentro del distrito judicial es suficiente para dar jurisdicción á la corte sobre la persona de aquéllos que se consideren responsables por la publi-cación en el mismo, de un editorial constitutivo de una infracción del artículo 359 del Código Penal, y la circunstancia de que tal periódico se imprimiera en lugar situado fuera del distrito judicial, ó que estuvieren pendientes en otra corte procedimientos de habeas corpus en relación con el mismo asunto, no es suficiente para privar de su jurisdicción á la corte ante la que se hubiere denunciado el hecho criminal.
    Id. — Aconsejar ó Ayudar á Otro en la Comisión de un Delito. — Las palabras “ toda persona que aconsejare ó-ayudare á otro en la comisión de dicho acto, incurrirá en misdemeanor,” contenidas en el artículo 47 del Código Penal, no pueden tener otra interpretación que la de que toda persona que aconsejare á otra á que cometa dicho aclo 6 le preste ayuda en la comisión del mismo
      incurre en misdemeanor; cualquiera otra interpretación, y especialmente la de agregar las palabras “en la comisión” después de la palabra “aconse-jare,” sería forzada, pues el consejo se da para que se cometa el hecho, mien-tras que la ayuda se presta durante su comisión.

    Acusación — Su Suficiencia. — Si una acusación se ajusta á los requisitos que prescribe el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dicha acusa,-eión es suficiente.
    Participation en la Comisión de un Delito Eelony ó Misdemeanor. — El aconsejar, pedir ó inducir á una persona á que cometa un delito, ya sea un felony ó un misdemeanor, constituye por sí solo un delito distinto, completo é independiente tie aquél, cuya comisión se aconseja, siendo completamente in-material el que tal consejo haya sido eficaz ó ineficaz, y resultara ó no, en. la comisión del delito aconsejado.
    Id. — Motín—Asesinato—Publicación de Artículos Tendentes A Aconsejar su Comisión.' — La publicación de un artículo aconsejando, solicitando ó in-duciendo al público en general, y especialmente á determinadas personas, á que se reúnan y formen un motín, que es un misdemeanor, ó cometan asesinato, que es un felony, constituye un delito, sin que pueda afectarle en modo al-guno, la circunstancia de que tal consejo haya sido seguido ó no, ó que las personas á quienes iba dirigido hubieran leído, ó no, el artículo en que aquél se contenía; la sola publicación del artículo constituye delito, sin que sea necesario que se ejecute hecho alguno como consecuencia de tal publicación.
    Pruebas Contradictorias — Apreciación.—El Tribunal Supremo debe aceptar la apreciación hecha por el jurado ó la corte inferior en casos de pruebas con-tradictorias, á no ser que se demuestre que al hacerla actuaran movidos por pasión, prejuicio ó parcialidad, ó que incurrieran en manifiesto error.
    Apelación — Errores de Procedimiento que no Perjudiquen los Derechos del Acusado. — El tribunal de apelación no revocará una sentencia condenatoria por meros errores de procedimiento que no hubieren perjudicado los derechos substanciales del acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel F: Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal,
   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes en el presente caso, Luis Felipe Dessús'y Carlos García Gaona, fueron acusados, juzgados y declarados culpables en la Corte de Distrito.de Arecibo, del delito de aconsejar nn motín, mediante la publicación en la ciudad de San Juan en un periódico llamado El Rumor Diario, de nn artículo, bajo el rubro “Cabeza por Cabeza”1 “Vida por Vida,” cuyo delito está previsto en los artículos 47 y 359 del Código Penal.

Aunque se interpuso inmediatamente recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, los demandados no lian prestado mayoi; atención á los puntos principales del asunto, en este tribnual, y se lian visto obligos los jueces á investi-garlo casi sin la ayuda de los abogados. Fué sometido el caso con informe oral el día 22 dé diciembre último pasado, y lia recibido como de costumbre la cuidadosa atención de todos los jueces de esta corte.

La primera cuestión que- nos ocupa es, por supuesto, res-pecto á la jurisdicción de la Corte de Distrito de Arecibo, en donde se originó el proceso y en donde se celebró el juicio, declarándose culpables á los acusados y contra cuya sentencia se lia interpuesto el presente recurso de apelación.

Es claro que la corte de distrito era competente para cono-cer del presente asunto, y no aparece en el récord nada al con-trario. Indudablemente que ni podría privar á la corte de-su jurisdicción el lieclio de que se bailaba pendiente en esta corte un procedimiento de habeas corpus después de comenzado el proceso, ni podría el becbo de que el artículo fué impreso en San Juan, fuera del distrito de Arecibo, impedir que dicba corte asumiera jurisdicción del caso en primer lugar. La publicación fué verificada en aquellos sitios en que tuvo circulación el periódico, y el consejo constitutivo del delito también fué dado en los mismos. Estos dos extremos son tan-sumamente claros que no admiten ulterior argumentación ó discusión.

Yéamos cuál es la naturaleza de la acusación según fué presentada en la Corte de Distrito de Arecibo. A la letra dice así:

“Angel Acosta Quintero, Fiscal de la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de Arecibo, respetuosamente’ y previo juramente qn» exige la ley, ante Y. H. expone.:
“Que denuncia criminalmente á los individuos Luis Felipe Des-sús y C. García Ganoa, vecinos de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, por el delito de aconsejar la comisión de un motín, cometido en la siguiente forma:
“El citado Luis Felipe Dessús y C. García Gaona, vecinos de la ciudad de San Juan, P. R., que son los redactores y directores del periódico “El Rumor Diario” que se edita en San Juan, y en su número 605 correspondiente.al día 24 de mayo de 1906, que se acom-paña y hace parte de esta denuncia, publican un artículo, bajo el rubro “Cabeza por Cabeza” “Vida por Vida” y'que ha circulado en esta ciudad, con anterioridad al -domingo 27 del actual, mes y año en el que tuvieron lugar los sucesos de Hato Viejo que causaron las heridas graves del policía insular Ramon T. Quijano, y muerte del paisano. Juan Rosado, y en que se dice “De nada valen las denuncias ante los tribunales, ni las protestas de la pluma, ni de la palabra” y aconseja “la agresión” é incita á los obreros á “sublevarse” y mani-festándose que se tendría “gusto para cojer nuestra pluma y comen-tar un choque, sangriento entre la policía y los obreros”; frases y todo el .contexto de dicho artículo, tendentes á consejar y promover en esta ciudad y término de Arecibo, y con motivo de la huelga de braceros de las haciendas de cañas, un motín. Este delito está pre-visto en el artículo 359 en relación con el 47 del vigente Código Penal, toda vez que se aconseja el empleo de fuerza y violencia.”'

El artículo del periódico que forma la base de este proceso dice sustancialmente lo siguiente:

“Cabeza por Cabeza” “Vida por Vida.” Ayer publicamos un telegrama que nos envió el Sr. Padilla, de Arecibo, sobre los com-pontes que da la policía á los obreros huelguistas de aquel departa-mento. Ya lo hemos dicho. Mientras los obreros no se defiendan con la fuerza,- los abusos no terminarán. Hay que cobrar cabeza por ca-beza, vida por vida. Dispóngase una docena de hombres á caer, y empezará una nueva era de regeneración moral para el proletario. De nada valen las denuncias ante los tribunales, ni las protestas de la pluma y la palabra. La agresión frente á la agresión. A un rotenazo de la policía, contestad con un estacazo: á un tiro con otro tiro. Y si no hay estacas ni armas de fuego, siempre hay una piedra al alcance de la mano. Tendríamos entonces gusto para coger nues-tra pluma y comentar un choque sangriento entre la policía y los obreros. Los abusos terminarán cuando no haya miedo para responder al golpe con el golpe: si no hay valor para sostener una situa-ción de rebeldía, entonces más vale nb provocar el movimiento. Es triste eso de doblar cobardemente el cuello á la espada de la plebe que nos gobierna. ¡ Sublevarse, obreros atropellados, que así cederá el déspota que ordena el asesinato y sostiene la anarquía! ¡ Sublevarse, sublevarse! ’ ’

Las leyes á que se hace referencia en la acusación son los artículos 47 y 359 del Código Penal de Puerto Rico, que á la letra dicen lo siguiente:

“Sección 47. — Si declarado “misdemeanor” determinado acto, no hubiere pena expresamente señalada en la ley por a,consejar ó ayudar á su comisión, toda persona que aconsejare ó ayudare á otra en la comisión de dicho acto, incurrirá en misdemeanor.”
“Sección 359. — Todo empleo de fuerza ó violencia que perturbare-la tranquilidad pública, ó amenace de emplear tal fuerza ó violencia, acompañada de la aptitud para realizarla en el acto, por parte de-dos ó más individuos, obrando juntos y sin autoridad de ley, consti-tuye un motín.”

Se sostiene á favor de los acusados que de acuerdo con los precedentes artículos del Código, no puede confirmarse una. declaración de culpabilidad á no ser que siga un motín como consecuencia directa del consejo dado en el artículo publicado-por los acusados en su periódico y al cual se hace referencia en la acusación que se presentó en contra de los mismos.

Debemos considerar primero, la interpretación que dan los acusados á ciertas palabras de la sección 47 del Código Penal, que dice lo siguiente: “Toda persona que aconsejare ó ayudare á otra en la comisión de dicho ’ acto, incurrirá! en misdemeanor. A mi juicio estas palabras significan que toda persona que aconsejare á otra en la comisión de dicho acto, ó ayudare á otra en la comisión del referido acto, es culpable de'-misdemeanor. Cualquiera otra interpretación, y especial-mente el agregar las palabras en la comisión á la palabra aconsejare, es una interpretación forzada, y no puede acep-tarse por una corte de apelación que trate seriamente de llevar á cabo la intención de la Legislatura, según estamos obligados á hacer de acuerdo con las regias fundamentales de la'inter-prefación adoptadas por todas las cortes del mundo. Nunca Rabiamos de que una persona aconseje á otra en la comisión de un acto, sino de aconsejar ó solicitar á otro á que cometa un acto.; ó que deje de hacerlo. El consejo queda terminado antes de comenzarse el acto; el consejo es completamente dis-tinto del acto que es la materia del consejo. No es así con respecto á la palabra ayudar._ La ayuda se presta en el acto de la ejecución ó en la comisión de un delito. Estas distin-ciones son requeridas, no sólo por la gramática sino que están indicadas por los preceptos de la razón. ¿Las aceptaremos?

¿Qué diremos de la crítica que pudiera hacerse de la acu-sación? No se tomó excepción alguna á la acusación en el acto del juicio ni se presentó ningún alegato en esta corte á nombre de los acusados. Si existen errores en la acusación no son fundamentales. Indudablemente que el procedimiento es suficiente á falta de una excepción especial, señalando sus de-fectos. Ciertamente esta acusación contiente todos los requi-sitos mencionados en la sección 82 de nuestro Código Penal, y de acuerdo con las disposiciones de dicha sección, debía aceptarse como suficiente.. Cualquier criterio al efecto de que no es suficiente la acusación, debe estar fundado en el parecer de que el delito de incitar á una persona á que cometa un misdemeanor no está completo hasta que no se haya cometido tal misdemeanor á conseceuncia del consejo dado. Tal propo-sición, en mi concepto, es contraria á las resoluciones casi uniformes que se encuentran en los numerosos tomos de opi-niones dictadas en los tribunales americano^. Vamos á exa-minar brevemente estas resoluciones, ó por lo menos, algunas de las muchas que se encuentran en los libros sobre este particular. Allá por el año 1827, un tribunal muy sabio, en el Estado de Connecticut, por medio del Juez Peters, al discutir esta misma cuestión, dice lo siguiente:

“Pero aun admitiendo que la citada carta no constituye el libelo,, es ciertamente .una instigación para que se cometa un delito más grave. Invita explícitamente á la Sra. "White para que baga una cita con él en su casa, ó en algún otro sitio, para cometer el adulterio con él. Ya he demostrado que el adulterio es un delito muy grave, ante-riormente capital, y que ahora se castiga como los demás felonies; y el intentar su comisión, ó el instigar á otro para que cometa tal delito, es por lo menos, un delito ó misdemeanor grave. Y ya hemos dicho que un delito y misdemeanor grave son muy parecidos é igual á un felony en cuanto á la culpabilidad, (State v. Knapp, 6 Conn., 415), de los cuales tiene jurisdicción la corte superior, por virtud de las leyes escritas y la ley común. (Stat. tit. 22, sec. 98; State v. Danforth, 3 Conn., 112).
“Pero se arguye que la simple intención de Cometer un acto malo no se puede denunciar sin que se haya -cometido el acto; pero ¿no se ha cometido un acto cuando se denuncia que el acusado ha instigado á otro á cometer adulterio? La instigación (ó solicitación) es un acto, y no permita Dios que no se le considere como un delito.
“Yo soy de opinión que la acusación es suficiente y recomiendo que se desestime la moción por la que se pide el sobreseimiento de la-causa. Los demás jueces eran del mismo parecer, á excepción del Juez Brainard, que estaba ausente. Suficiente la acusación.
“Estado de Conn. v. Avery, 18 Am. Dec. 107, 108; 7 Conn., 266.”

Si esto podía resolverse de acuerdo con la ley común, á falta de una ley sobre la materia, ¿cómo vamos nosotros á hacer caso omiso ó á negarnos seguir á esta respetable auto-ridad en vista de una ley como la nuestra, cuyas claras dis-posiciones nos obliga á hacerlo?

Otra vez en el año 1883, más de cincuenta años después, en el Estado de Massaehussetts, se sostiene la misma doctrina. Yamos á reproducir un extracto largo de un dictamen impor-tante emitido por el Juez Presidente Morton, en un caso algo semejante al que nos ocupa. Primero reproduciremos una copia de la acusación, y algunas observaciones de la exposi-ción del caso, y después, todo el dictamen. A la letra dicen:

“La acusación dice: Los citados jurados del Pueblo, bajo jura-mento exponen que John E. Flagg, residente en Royalston, en dicho Condado, en el día 21 de mayo del año de 1883, en Royalston, en dicho Condado, solicitó, instigo y trató de procurar á un tal Tomás Stafford, criminal, intencional y maliciosamente, para que pegara fuego y quemara cierto edificio, á saber: un granero de Ellen EL Clark, situado dicho granero en el citado pueblo de Royalston, ofre-ciéndole allí malvada, deliberada y viciosamente al citado Tomás Stafford, una gran cantidad de dinero, á saber: la suma de diez dollars, con intención por parte del repetido Juan E. Flagg, mediante dicha suma y en ese tiempo y sitio, de procurar á dicho Tomás Stafford para que, criminal, intencional y maliciosamente pegara fuego é in-cendiara al citado granero de la repetida Ellen EL. Clark.
“Y los citados Jurados, bajo juramento exponen, además, que él susodicho John E. Flagg,, del citado pueblo de Royalston, en el Con-dado antes mencionado, en el día 21 de mayo del año mencionado, en el repetido pueblo de Royalston y el Condado antes citado, malvada, deliberada y viciosamente instigó é incitó á un tal Tomás Stafford, para que, criminal, intencional y maliciosamente pegara fuego é in-cendiara un edificio á saber: un granero de Ellen EL. Clark, situado en el mencionado Royalston, con intención, por parte del repetido Juan E. Flagg, de perjudicar á la citada Ellen EL. Clark.
“En la corte superior, antes de haberse formado la lista del jura-do, el acusado hizo una moción pidiendo se desestimase la 'acusación porque “ninguno de los cargos de las misma establece suficientemente un acto evidente, encaminado hacia la comisión del delito que se alega haber sido cometido. El Juez Baker desestimó la moción, anotando una exposición del demandado.
“No había prueba de que el testigo trató jamás de pegar fuego al referido granero.
“Juez Presidente Morton. — Es una ofensa denunciada de acuerdo con la ley común el aconsejar é instigar a otra persona á cometer un felony, ú otro delito grave, aun cuando no tenga efecto, y no se realice la comisión del delito aconsejado. (Commonwealth v. Willard, 22 Pick, 476; Rex v. Higgins, 2 East, 5; Rex v. Phillips, 6 East, 464; Regina v. Ransford, 13 Cox C. C., 9; State v. Avery, 7 Conn., 266.) Los cargos primero y segundo de la acusación en el presente caso, ale-gan suficientemente que el acusado solicitó á un tal Tomás Stafford, para que incendiase el granero de Ellen H. Clark, y consignó un de-lito de acuerdo con la Ley común.
“Es claro que la prueba tendió á sostener estos cargos y, por tanto, la Corte se negó debidamente á desestimar la acusación, y .así mismo se negó debidamente á conceder la petición del demandado, pidiendo le diera instrucciones al jurado al efecto 'de que en vista de la prueba no estaba autorizado á declarar culpable al acusado bajo ninguno de los cargos que se le hacía en la acusación.
“No es necesario considerar la cuestión si los delitos mencionados en los cargos tercero y cuarto de la acusación fueron justificados por la prueba. En las instrucciones dadas al jurado se les dijo que no po-dían declarar culpable al acusado con motivo de-dichos cargos, á no ser que llegasen á la conclusión de que el acusado había pagado el dinero á Stafford para inducirle á incendiar el granero. Esto apoyó y probó los dos primeros cargos, y, por lo tanto, un veredicto general de culpabilidad fué propiamente presentado, puesto que se alega en la acusación que los varios cargos son distintas explicaciones del mis-mo acto. Bajo tal veredicto la sentencia es una convicción de un solo delito y se considera de acuerdo con el cargo que es bueno y el cual es aplicable á la prueba. (Commonwealth v. Fitchburg Railroad, 120 Mass., 372; Commonwealth v. Boston & Maine Railroad, 133 Mass., 383; Commonwealth v. Nichols, 134 Mass., 531; Commonwealth v. John E. Flagg, 135 Mass. Rep., 545.)”

También lia sido resuelto por el Juez Craneh en la Corte de Circuito del Distrito de Columbia, en el año 1834, que es un delito denunciable (por indictment) el incitar á una persona á que cometiera un misdemeanor, aún cuando en realidad no fuera cometido. (Véase el caso de United States v. Lyles, No. 15,646, 26 Fed. Cas. y 4 Cranch Circuit Court Reports, 461.)

En una nota extensa al caso del Estado de Washington v. James Butler relatado en 25 L. R. A., página 434, el Sr. Farn-ham discute la cuestión de instigar á la comisión de un delito, y expresa el criterio de que tal instigación es de por sí un delito. El expresado señor dice lo siguiente:

“La regla verdadera parece ser la propuesta por el Juez Lawrence en el caso de Rex v. Higgins, 2 East 5, según el cual, para determinar si el hecho ha de-ser motivo de acusación hay que fijarse en si es ó no perjudicial á la comunidad. Esto tendría que ser determinado por la opinión general de la comunidad que es la última fuente de toda ley humana. Por supuesto, la opinión general de distintas comunida-des se diferencia, pero no se diferencia más con respecto á esta cues-tión que otros.”

El comentarista, además, dice:

.“Sin embargo, una consideración en todos los casos es evidente, y es que la ofensa que se propone cometer por el consejo ó incitación á otro, es de carácter altamente grave, tendente á perturbaciones de la paz, ú otros graves desórdenes, ó violencia, siendo lo que general-mente se considera mala in se, ó criminales de por sí, ó en contradis-tinción á mala prohibit a, ó actos distintos prohibidos por leyes posi-tivas. ’ ’

Los casos citados en esta nota sostienen ampliamente la proposición que es inmaterial si la solicitación hecha fué ó nó eficaz, ó si resultó ó nó en la comisión del delito aconsejado.

Un caso reciente resuelto en 1892 por un eminente tribunal de un Estado, revisa casos anteriores y discute extensamente la cuestión que nos ocupa.

En ese caso la distinción entre solicitar á otra persona para que cometa un felony é intentar la comisión de un felony, se hace de un modo concluyente. En la opinión de la Corte Suprema de South Carolina, en el caso del Estado v. Bowers, relatado en el libro 15 L. R. A., en las páginas 199, 200 y 201, ■el demandado fué acusado de haber incitado á otro á que come-tiera el delito de incendiar; siendo el cargo de la acusación que:

“El acusado, intencional, ilegal y maliciosamente, solicitó, instigó y trató 'de persuadir á un tal Thompson Mayer, para que, criminal, intencional y maliciosamente, pegara fuego é incendiara á cierta casa, •á saber: la casa vivienda de un tal Anderson G-. Mayer» etc.”

El abogado del acusado presentó una moción para que se ■desestimase la acusación, habiendo sido admitido en el in-forme oral que la casa no se incendió y la moción fué conce-dida. El juez sentenciador parece haber confundido los hechos de solicitar la comisión de un delito y el intentar la •comisión de un delito. La Corte Suprema dice: '

“No se niega que el intentar la comisión de un felony es un delito ■denunciable, y por lo tanto, la cuestión aquí queda reducida á si el solicitar á otro que cometa un felony, acompañada tal solicitación del ofrecimiento de una recompensa, y la entrega á la persona solicitadá >de los medios de cometer el felony, constituye el delito de intentar la comisión de nn felony, en caso de quedar rechazado el ofrecimiento, y de no hacer uso de los medios facilitados para el objeto indicado.”

La corte dice:

“Indudablemente que existe alguna contradicción entre las autori-dades respecto á la cuestión de si una mera instigación á cometer un felony constituye de por sí un atentado de cometer el felony; ne-gando, dicha proposición uno de los más respetables autores (Wharton) de ley criminal, mientras que la sostiene otro autor eminente (Bishop). Pero no es necesario discutir aquí esta cuestión, puesto que en el presente caso el delito imputado no consiste de una mera insti-gación á cometer un felony, pero está acompañado de actos, el ofre-cimiento de una recompensa, y facilitando los medios de cometer el felony; y creemos que ha sido demostrado claramente por el análisis de las autoridades presentadas en el informe oral del fiscal, que cuando la instigación á cometer el felony se acompaña de los actos imputados, la gran mayoría de las autoridades está á favor del parecer que el delito está completo. Esto es de acuerdo con la razón, lo mismo que con las autoridades.”

Sin embargo, la corte no signe ocupándose de este extremo, y procede directamente á considerar la misma cuestión que se presenta en esta causa de la siguiente manera:

Este caso envuelve otra cuestión que sostiene igualmente las conclu-siones que hemos adoptado. Se verá que la acusación (la parte material, de la cual ya ha sido consignada), no contiene ningún cargo formal del delito llamado atentado de cometer un felony, aunque parece haber sido considerada así por el juez de circuito, y, por tanto, nosotros también la hemos considerando, bajo ese aspecto en lo que hemos con-signado ya en la presente. Al contrario, el delito imputado es de instigar á otro para que cometiera un felony, que parece se trata en algunos de los caso como un delito distinto al de atentar la comisión de un felony

La corte comenta el caso de Stabler v. Commonwealth, 95 Pa., 318, y dice:

“En una nota ál caso últimamente citado, los criterios contradic-torios de Wharton y Bishop á que se ha hecho referencia anterior-mente, se mencionan, y se citan varios casos que demuestran que el solicitar la comisión de nn delito lia sido muchas veces castigado como solicitación. También hemos visto en libros de respetáble autoridad sobre procedimiento criminal, modelos para acusaciones por el delito de solicitar la comisión de un crimen, así como modelos para acusa-ciones por atentados á cometer felonies los cuales son distintos y diferentes. (Hace referencia á autoridades.)

Entonces la corte resuelve el punto disentido en el presente caso y dice:

“Ahora bien, si la acusación en el presente caso puede considerarse como una acusación por solicitar la comisión de un felony, creemos que puede sostenerse si las alegaciones se justifican por la prueba., Rex v. Higgins, 2 East 5; People v. Bush, 4 Hill, 133,; State v. Avery, 7 Conn., 266; 18 Am. Dec., 105; y otros casos citados en 1 Bishop Crim. Law, 7 ed., sec. 767, et seq.
“Por lo tanto, somos de opinión que el juez de circuito incurrió en error al conceder la moción para desestimar la acusación.
“State v. Bowers, 15 L. R. A., p. 199, resuelto por la Corte Su-prema de Carolina del Sur en 11 de febrero de 1892. ’ ’

Indudablemente que este caso establece el principio por la razón y por la autoridad, que el aconsejar ó solicitar la comi-sión de iin delito, bien sea nn felony, bien nn misdemeanor, es una ofensa completa y determinada contra la ley, indepen-diente del hecho'de que podrá ó nó haber sido aceptado tal consejo y llevado á cabo, mediante la comisión de nn acto evi-dente por parte de lá persona aconsejada ó instigada á come-ter el delito. El escribir los apelantes Dessús y García este ar-tículo, y la publicación del mismo en el periódico El Rumor Diario, fue un consejo y una solicitación general por parte del demandante á todo el mundo y especialmente al Sr. Padilla, cuyo nombre se menciona en dicho artículo, y á las personas á quienes se refería el telegrama enviado, para que cometieran el delito de motín que es un misdemeanor, y el de asesinato, cuyo delito es un felony de acuerdo con la ley; y no importa, según las resoluciones anteriormente citadas, si obraron ó nó de acuerdo con dicho consejo, ó si lo recibieron leyendo el pe-riódico; el delito era completo desde el momento que se dió el consejo, y el castigo prescrito debe seguir el delito.

Pero el error de sostener que el delito de incitar á alguna persona á cometer un misdemeanor no es completo, á no ser que el misdemeanor se cometa á consecuencia del consejo dado, sería intensivo cuando se toma en consideración que, de acuerdo con la sección 359 del Código Penal, no es necesario para constituir el delito de motín, que cualquier acto se veri-fique, además de la amenaza de emplear la fuerza ó violencia, turbando la paz pública, si se acompaña de la facultad de eje-cutar inmediatamente el acto. Indudablemente que el artí-culo publicado en el periódico constituye una amenaza de •emplear la fuerza ó violencia, asi como consejos de Pacerlo, y en este delito,- es decir, el de motín, el crimen está completo aún bajo el parecer erróneo adoptado por algunas personas de que el acto aconsejado lia de llevarse á cabo para completar el delito denunciado en el artículo 47 del Código Penal.

Unas pocas palabras más con respecto á la acusación. Las primeras líneas de la acusación imputan el delito de aconsejar un motín y las alegaciones del documento, que siguen inme-diatamente, expresando cómo fue cometido el delito, fueron simplemente explanatorias y, por lo tanto, innecesarias para la validez de la acusación. T en las últimas líneas de la acu-sación se liace referencia á los estatutos que fueron infrin-gidos y aplicados á los lieclios que se imputan como constitu-tivos del delito. Ciertamente que no pueden los acusados alegar que no fueron debidamente notificados del delito, cuya .comisión se les imputa. La acusación, según los estatutos de Puerto Eico, debe ser considerada como suficiente.

Esta discusión es probablemente muy extensa para fijar la -aplicación de la ley al caso; ¿qué diremos respecto á los becbos? Según la ley, no era necesario que ningún acto, ni criminal ni otra clase, siguiera el consejo dado. El delito era completo sin que se verificara cualquiera otra acción, por parte de otra persona después de dado el consejo. No com-prendo como es posible que digan, y mucho menos que sos-tengan seriamente los acusados en el presente caso, que no se les imputó ningún delito en la acusación y que no se probó en el acto del juicio. Y la presentación del artículo publicado que no es y no puede ser negado, prueba completamente la imputación laeclia. Pero además de la publicación, las siguien-tes declaraciones de testigos aparecen en los autos y merecen consideración.

Los testigos de cargo declararon sustancialmente lo, que sigue:

El capitán de la Policía Insular,Francisco Cabrera, dijo que el 27 de mayo, en cuyo día se encontraba en Arecibo, hubo allí un meeting, en donde se leyó un artículo de un periódico de San Juan, en que se concitab'a á los detenidos, que lo habían sido por el hecho de estropear malamente el policía Quijano, resultando muerto un hombre llamado Posado; que cuando se conducía á los detenidos se detuvo frente á la casa de Roses, á uno que decía: “Así es como se hace, cabeza por cabeza, vida por vida,” como decía dicho periódico; el declarante leyó El Rumor Diario, que circuló profusamente, y se leía en casi todos los sitios públicos; que en la fábrica de tabacos, “La Cubana,” se armó una gritería, aplaudiendo el artículo que decía, “cabeza por cabeza, vida por vida.” Preguntado por la defensa, declaró que fué á Hato-Viejo después de terminado •el meeting y de haber pasado todo, no presenciando nada per-sonalmente.

José Inés Gómez, juez municipal de Arecibo, dijo que, con motivo de presentársele un policía herido,.fué á Hato-Viejo el 27 de mayo, en donde se celebraba un meeting; allí instruyó las diligencias concernientes á su cargo; hubo un muerto y he-ridos, entre ellos un policía; que se comentaba en todos los cír-culos, sobre todo, en una fábrica de tabacos, un artículo pu-blicado por El Rtimor Diario; pero no le consta que se leyera en Hato-Viejo; y en las diligencias que instruyó, un acusado ■dijo que se había leído en otras partes, pero no en el meeting.

Nicomedes Rivera, que es miembro de la Federación de trabajadores, que él declaró en Arecibo la huelga de trabajado-res Agrícolas, tomó parte en diferentes meetings, y en el de Hato-Viejo, en donde no se leyó ningún periódico; que fuera del meeting y en la carretera, kobo nna contienda entre pai-sanos y policías, porque unos detenidos se negaron á seguir á un policía, resultando heridos, entre ellos, un policía,. Qui-jano, y un paisano que después murió, Rosado; que circuló en Arecibo El Rumor Diario, con el artículo titulado “Vida por Vida, Cabeza por Cabeza; ’ ’ que la cuestión pasó á una distan-cia regular del sitio del meeting y sólo distinguió el momento en que el paisano Rosado se iba encima del policía Quijano; que Manatí y.Barceloneta son del distrito de'Arecibo.

Horacio G-onzález Santos, que era agente de El Rumor Dia-rio, en Arecibo, declaró que recibió el número correspondiente al 24 de mayo de este año, en paquetes de unos quince ó veinte ejemplares, que repartió á los suscritores; y que supo, por rumores, que vendía ejemplares un empleado de la Fede-ración.

Francisco G-abriel, que es jornalero, dijo que no trabajó durante la huelga que hubo en el mes de mayo; y que el 27 de ese mes, vendió el periódico El Rumor Diario, que le ha-bía dado Iglesias; y que no sabe si vendió el ejemplar que traía el artículo en cuestión, porque no sabe leer.

Ramón T. Quijano, Policía Insular, declaró que detuvo-á uno que coaccionaba á los trabajadores para que no traba-jaran; que se le armaron los detenidos que llevaba, y le hi-rieron por detrás, resultando muerto un tal Rosado; que la de-tención la hizo en el camino de Utuado, y que á la orilla de la carretera había un meeting; que al llegar á la entrada del meeting se armaron los detenidos y le atacaron; y que los de-tenidos no estaban en el meeting, sino en el camino.

Manuel de J. Boneta, secretario de la corte de distrito, declaró que, en un juicio seguido ante dicha corte contra los acusados Vendrell, Hernández, Rivera, Santana y G-enaro Torres, éstos fueron declarados culpables por el jurado, á excepción de uno, que fué declarado inocente; que en ese jui-cio había declarado el policía Quijano, por heridas que había recibido; y que el jurado declaró á los acusados culpables del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.

Los testigos de la defensa declararon sustancialmente lo siguiente:

Pedro García Andújar, tabaquero de la fábrica “La Cu-bana,” dijo que allí se leen varios periódicos, entre ellos El Rumor Diario; que en 27 de mayo estuvo en un meeting de Hato-Viejo, hablando en él, y que allí no se leyó El Rumor Diario, ni se comentó dicho periódico; que ese día, hubo en el citado barrio un revolé, llegando entonces el policía Qui-jano, que salió herido, y un tal Rosado murió; que había huel-ga en Arecibo, Manatí y Barceloneta que pertenecen al dis: trito de Arecibo, así como en Camuy, que también pertenece al mismo distrito.

Guillermo G. Rojas, tabaquero de “La Cubana,” dijo que en esa fábrica se leen varios periódicos y entre ellos, El Rumor Diario; que estuvo en el meeting de Iíato-Viejo, del 27 de mayo, en el que tomó parte; que allí no se leyó El Rumor Diario, ni se habló de ese periódico; que estaba en la oficina, recontando unos recibos, cuando oyó un disparo; pre-, guntó que pasaba, y le dijeron que era una cuestión que se ha-bía formado entre la policía; pero cuando se asomó vió la gente desparramada; que ese día lo detuvieron en Arecibo: que no estuvo en la carretera cuando los sucesos; y que habló en el meeting Nicomedes Rivera, con motivo de venir unos peones del barrio de “Don Alonso,” que se aglomeraban en un puente al doblar la carretera, ignorando por qué se aglome-raban esos peones, que no eran miembros de la Federación.

Con respecto á la cuestión que no se considera necesaria para una declaración de culpabilidad, .de si el consejo pro-dujo ó nó el motín, la prueba no es completamente satisfac-toria. Por lo menos hay una pequeña contradicción en este punto; que la prueba del fiscal era principalmente circuns-tancial. Pero con arreglo á la regla sentada por este tribunal en la causa del Pueblo de Puerto Rico v. D. Días, alias Leña Verde, resuelta en 6 de marzo de 1907, nó puede revocarse el veredicto del jurado y fallo del tribunal sentenciador, con respecto á cuestiones de hedió, por este tribunal, á menos que sea claramente erróneo ó el resultado de prejuicios ó pasión. Ciertamente no hay nada en los autos que indique que en el caso de que se trata existe tal estado de cosas. Ni el veredic-to ni la sentencia han sido objeto de impugnación por motivo semejante, ya ante este tribunal ó ante el tribunal inferior. Por consiguiente, debemos ser muy refractarios á modificar el veredicto y la sentencia por falta de prueba, aún cuando existiera tal falta que, según nuestra opinión, no existe en es-te caso.

Los hechos necesarios en el caso son pocos y concluyen-tes. En cuanto á los elementos esenciales del delito, no hay obscuridad alguna en la prueba. Se ha cometido el delito. Se ha probado de una, manera clara é inequívoca la culpa-bilidad de los acusados del delito que se les imputaba y no apa-rece error alguno en los autos.

Cualquiera objeción que pudiera surgir en la considera-ción del presente caso, sería tan sólo respecto al procedimien-to, y de acuerdo con la ley de 30 de mayo de 1904, (véase las Leyes de la Asamblea Legislativa de 1905, p..l0), á este tribunal le está prohibido revocar la sentencia de la corte inferior, cuando los derechos de los acusados no hayan sido perjudi-cados de ninguna manera. No se ha demostrado nada aquí en este sentido á favor de los apelantes, ni tampoco aparece esto de un examen cuidadoso de los autos. Todá's las quejas presentadas son simplemente técnicas y los hechos constitu-tivos del delito imputado no han sido negados ni puestos en duda, ni podrían serlo. Bajo éstas circunstancias, el fallo no debe modificarse. (Véase el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Rodriguez, resuelto por este tribunal el día 11 de mar-zo del presente año).

Estos acusados han sido debidamente encausados, juz-gados imparcialmente y declarados culpables, y la apelación en el presente caso, después de un cuidadoso examen de al-gunos meses, debe terminarse confirmando la sentencia dicta-da, por la corte inferior.

De acuerdo con la ley y los hechos del presente caso, la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo el día 28 de julio de 1906, no debe cambiarse; y queda, por lo tanto, confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciado, Figueras.

Jueces disidentes: Sres. Hernández y Wolf.

VOTO DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Creo que el tribunal inferior procedió correctamente al resolver que por estar un auto de habeas corpus pendiente de resolución ante un tribunal de apelación no queda privada dicha corte inferior de la jurisdicción que tiene para conocer de la causa.

La segunda alegación de los apelantes es que la Corte de Distrito de Arecibo no tenía jurisdicción, porque la pu-blicación por la cual los apelantes fueron denunciados se hizo en San Juan y nó en, Arecibo. El caso de In re Palliser que se encuentra en el volumen 136 de los Reports de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la página 256, parece resolver esta cuestión de jurisdicción. Si según consta de la prueba practicada en el presente caso, el periódico El Rumor Diario circuló en Arecibo, debemos considerar que los acusa-dos tuvieron la intención de que la publicación surtiera sus efectos, ó sea, que se remitiera por el correo y llegara-á, otro pueblo donde la misma fuera leída; y si se cometía un de-lito al hacer que dicha publicación circulara por la ciudad de San Juan, también se cometía circulando por. Arecibo. Además, según expresa el fiscal, la denuncia no se dirije contra la misma publicación, sino por el hecho de aconsejar ó ayudar á cometer un misdemeanor, el cual consejo ó ayuda puede darse por medio de un periódico remitido por correo ó llevado á otro pueblo, de igual modo que si la persona que esto hace estuviera en realidad presente en dicho pueblo.'

Puesto que la publicación sometida á nuestra considera-ción es de carácter sedicioso, muy pequeña duda puede haber de que una acusación formulada por insitar la comisión de un delito, basada en láley común, podría prosperar contra los apelantes en cualquiera de los Estados de la Unión-en donde dicha ley común rige. Sin embargo, en Puerto Rico estamos gobernados por nuestras leyes locales. Véase Romeu v. Todd, resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 27 de mayo de 1907, y las resoluciones referentes á Puerto Rico que en aquélla se citan. Y en cuanto á la igualdad de criterio, véase Hawaii v. Mankichi, 190 U. S., 197.

Sin embargo, aún cuando la ley común fuera aplicable á Puerto Rico,- la acusación está hecha con arreglo á las seccio-nes 47 y 359 del Código Penal, y con respecto á esto la única cuestión que verdaderamente se encuentra sometida á la' con-sideración de la corte, es la de la interpretación de aquellas secciones.

La cuestión que entonces se presenta por sí á nuestra con-sideración, es si se imputó la comisión de un misdemeanor, ó si se probó la comisión de tal misdemeanor. Debe notarse que las palabras del estatuto son “toda persona que aconse-je ó ayude á otra á cometer tal delito.” El verdadero sig-nificado del estatuto es que algún crimen se haya cometido. Las palabras “en la comisión” no son susceptibles de ninguna otra interpretación. A más de esto, nadie puede ayudar á la comisión de un delito sin cometer también un delito. Las palabras “aconseje, ó ayude” se usan de igual manera en la sentencia, por lo tanto, si se formula una acusación con arreglo á esta sección, necesariamente debe presuponerse la ejecución por otro ú otros, de algún acto, estando en la mente de los acusados la intención y el propósito de aconsejar el acto.

La sección 47 más bien parece tratar de la pena con que se castiga un misdemeanor que no de su definición, siendo dicha sección nna repetición de la 36, en la que puede verse que lo que la Legislatura tuvo presente fué la “comisión de un deli-to.”

La sección 47 se encuentra en nuestros estatutos en el Ca-pítulo que trata de “Partícipes en los Crímenes.”

Por la teoría de que la sección 47 define como crimen la incitación al crimen, la incitación que tiene lugar con arreglo á dicha sección sería aplicable solamente á un misdemeanor; el incitar la comisión de un felóny no está en absoluto defi-nido en el Código Penal. De modo que,' el efecto de interpre-tar esta sección en el sentido de que una incitación para que se cometa un delito es punible por sí, nos llevaría á la con-clusión de que una persona que aconseja á otra para que és-ta agólpee ó pegue á una tercera persona, podría ser casti-gada, pero no habría pena prescrita por incitar á cometer un asesinato. Esto prueba por sí mismo que no fué la intención de la Legislatura, al aprobar el Código Penal, hacer que la sec-ción 47 definiera el delito sustantivo de una'incitación á que se cometa un crimen.

Todas las autoridades están acordes en que la incitación á la comisión de un delito constituye por sí un delito indepen-diente y sustantivo. Algunos de estos eran castigados y otros nó por la ley común, que constituye una razón mayor, porque una ley, cuyo objeto es definir tal delito debía definirlo de una manera clara é inequívoca. Así se ha hecho en las leyes de diferentes 'localidades que definen una incitación especial para la comisión de un delito. La seción 47 trae á mi mente la misma idea que la 36, que cuando se ha cometido un crimen las personas que ayudan ó aconsejan “su comisión” pueden ser castigadas por cometer un misdemeanor. La tentativa de ambas secciones es hacer desaparecer la diferencia entre cóm-plices antes del hecho y principales, y no hacer diferencia con respecto á la pena.

Yéanse también las seciones 31, 32 y 33 del Código Penal de California.

Las secciones 47 y 18 están juntas en el índice de nuestro Código Penal, y en el Código Penal de California el “encabe-zamiento ” de la sección 659 y las referencias nmestran la mis-ma intención. En la sección 47 la misma repetición de la pa-labra “acto” dejándose aparte las palabras “en la comisión” excluye la idea de que la simple incitación independiente de alguna tentativa era la que se trataba de definir.

Abora pues, la denuncia en el presente caso no acusa á los procesados de baber ayudado y excitado á que se produ-jera un motín, ni lo que es más, que ellos ayudaran ó excitaran la formación de determinado motín, sino que la imputación es, que los mismos publicaron un artículo anterior á la reali-zación de ciertos sucesos en Arecibo, cuya publicación, con re-ferencia á la huelga, parecía tendente á producir un motín. En otras palabras, no se ba alegado que ninguno de los actos, ó la publicación de los acusados hubiera motivado el motín que se dice ocurrió en Arecibo, así como tampoco que el mis-mo fuera consecuencia de tal publicación. En la denuncia tampoco se expresan los hechos que constituyen un motín, con arreglo á la sección 359.

Es cierto que la denuncia hace referencia á ciertos suce-sos en Plato-Viejo, donde un policía y im jíbaro fueron heri-dos, pero nada dice de quién había allí, ó que aquéllos que se encontraban presente y que tomaron parte en el supuesto mo-tín tuvieran conocimiento de la publicación, ó que la misma ejerciera alguna influencia sobre ellos.

De la prueba del juicio resultó que el periódico fué leído en una fábrica. Que posteriormente tuvo lugar un meeting de trabajadores. El testigo Cabrera y otros declaran que el periódico se leyó en la fábrica, pero los testigos de ambas partes están acordes en declarar que el artículo no se leyó en el meeting. No se ha probado la relación que tuviera el meeting con la fábrica, á no ser que la misma se deduzca de la declaración de un testigo del acusado, que dice estaba presente en ambos sitios y que el artículo se leyó en el meeting y no en la fábrica. De modo que el testimonio de este testigo, que fué el único que estuvo presente en ambas partes demuestra que el artículo se leyó en la fábrica y uó eu el meeting. De mo-do que el testimonio de este testigo que era el que únicamen-te se bailaba presente en ambos lugares, demuestra que el ar-tículo no fué leído en el meeting.

También los testigos bacen referencia á un motín que ha-bía tenido lugar. Sin embargo, esto queda, sometido á meras deducciones, así como si el meeting estaba ó nó relacionado con el motín. En resumen, solamente se ha probado que el motín ocurrió después del meeting y á corta distancia’del mismo.

Dice la mayoría de la corte en su opinión, que la cuestión referente á la insuficiencia de la denuncia no fué motivo de discusión por las partes. Esta corte por iniciativa propia ha revocado casos civiles por el fundamento de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Por virtud de la Ley de 30 de mayo de 1904, siempre hemos examinado autos con motivo de errores fundamen-tales.

En el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Vicente Hernández, resuelto en 15 de diciembre de 1905, esta corte, por su propia iniciativa, revocó el caso por insuficiencia de la acusa-ción. En ese caso no había pliego de excepciones, ni moción ó excepción previa, así como tampoco las partes comparecie-ron ante este Tribunal. Lo mismo se resolvió en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Donato García, resuel-to en 28 de diciembre de 1905. Lo mismo también en el de El Pueblo de Puerto Rico v. Eloy Torrellas.

Aparece, por tanto, que no solamente no se imputó delito alguno con arreglo á la sección 47 del Código Penal, sino, que ninguno se probó, y siendo así debió haberse revocado la sentencia y ordenado la celebración de un nuevo juicio.