author: PER CURIAM: Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón,

text:
    William A. Rivera Rivera y Otros, demandantes y peticionarios, v. Rafael Hernández Colón y Otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-88-312

      Resuelto: 10 de junio de 1988

      Carlos Jesús Pérez Santiago, abogado de los peticionarios; Arturo L. Hernández González, abogado de la Administradora de Co-rrección.
   I

PER CURIAM:

El 20 de mayo de 1988, William A. Rivera Rivera, por derecho propio y en representación de un grupo de confinados, presentó en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, una petición denominada Injunction y Sentencia De-claratoria. Demandó al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Colón, al Secretario de Justicia, Hon. Héctor Rivera Cruz, a la Administradora de Corrección, Dra. Mercedes Otero de Ramos, y al Presidente de la Comi-sión Estatal de Elecciones, Ledo. Marcos Rodríguez Estrada.

En síntesis, alegó su condición de confinado en el campa-mento penal La Pica, Jayuya; ser presidente y miembro re-presentativo de la Comunidad de Personas Confinadas de Puerto Rico; haberse enterado por la prensa que los confi-nados no podían participar en las primarias del Partido Popular Democrático (P.P.D.) y del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) a celebrarse el próximo 12 de junio de 1988; que antes se les había permitido participar en las primarias pre-sidenciales, y con respecto a las primarias de 12 de junio de 1988 había realizado gestiones infructuosas ante la Adminis-tración de Corrección y la Comisión Estatal de Elecciones para participar. Adujo que ello constituía una violación a las leyes y a nuestra Constitución, y solicitó la paralización de dichas primarias hasta que se les permitiera participar. Pidió una orden dirigida a la Comisión Estatal de Elecciones para garantizarles ese derecho.

El 23 de mayo de 1988 el tribunal designó al Lie. Carlos J. Pérez Santiago, abogado de oficio de los demandantes. Se-ñaló y celebró una vista el 31 de mayo de 1988. Comparecie-ron todas las partes. En la misma declaró el demandante Rivera Rivera y, como testigos, los confinados Roberto Al-bizu Morales y Miguel Guadalupe. Se admitió en evidencia, como exhibit I, una lista de firmas de confinados interesados en emitir su voto en las primarias locales. Terminada de desfilar esa prueba, se desestimó la acción contra el Gober-nador de Puerto Rico y el Secretario de Justicia. El tribunal se reservó el fallo en cuanto a los restantes demandados, quienes optaron por someter el caso sin presentar prueba.

El 8 de junio el tribunal declaró sin lugar la demanda. En su ponderada sentencia, en lo pertinente, concluyó que los demandantes ni verbalmente ni por escrito —en o antes del 12 de abril de 1988— solicitaron de la Comisión Estatal de Elecciones o de los funcionarios políticos que representan a los Comisionados Electorales en la Junta Administrativa del Voto Ausente, “participar en el proceso primarista a tener efecto el día 12 del corriente mes de junio. Tampoco requirie-ron de los funcionarios o del liderato de los partidos políticos correspondientes, el que se les suministraran los formularios de solicitud de voto ausente”. Sentencia, pág. 5.

Sin embargo, encontró probado que “[p]ara el mes de fe-brero de 1988 se realizó un paro general en varias institu-ciones penales, por parte de los confinados, donde exigían reunirse con altos líderes políticos del país, lo cual no logra-ron. Se les informó por la Dra. Otero de Ramos, Adminis-tradora de Corrección, y a raíz de dicho paro, que la Administración proveería acceso a los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones para realizar sus trabajos dentro de las instituciones penales para las primarias de los partidos nacionales de los EE.UU. a efectuarse el 20 de marzo de 1988, a los fines de que aquéllos, los confinados que lo desearan y cualificaran, votaran en dichas primarias, lo cual en efecto se materializó”. (Énfasis suplido.) Sentencia, pág. 5.

Determinó, como mera alegación, que Rivera Rivera soli-citó literatura e información a la Comisión Estatal de Elec-ciones, que supuestamente no recibió. “Igualmente, manifes-tó desconocer el contenido del Reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones y en particular la sección del mismo que establece los requisitos y procedimientos para solicitar el derecho a emitir el voto ausente en las elecciones de Puerto Rico. Todo envío de documentos o comunicaciones es-critas de confinados a instituciones gubernamentales, judi-ciales, etc., se canaliza a través de los funcionarios de la Administración de Corrección. Igualmente, los confinados gozan de un sistema de correo en las instituciones penales. El demandante de epígrafe sometió personalmente el pre-sente pleito en la Secretaría de este Tribunal, a petición suya y acompañado y transportado por personal de la Administra-ción de Corrección, destacado en el Campamento La Pica de Jayuya, Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones, y la Administración de Corrección no les ha negado en forma alguna a los confinados la oportunidad de solicitar los formu-larios de referencia, ni les ha impedido a éstos el ejercicio de ese derecho, ya que éstos no radicaron en dicha Comisión, ni una sola solicitud requiriendo la entrega del formulario del voto ausente de parte de los confinados.” Sentencia, págs. 5-6.

A base de estos hechos, dicho foro analizó nuestros pro-nunciamientos respecto al derecho constitucional al “sufra-gio universal, igual, directo y secreto” encarnado en el Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 261, y los “objetivos lícitos y apremiantes” de toda reglamen-tación encaminados a lograr “un proceso electoral justo, or-denado, libre de fraude, honesto e íntegro”, “sin obstaculizar innecesariamente el voto”. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 405, 406 (1980); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976); P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988).

En armonía con las disposiciones aplicables de la Ley Electoral de Puerto Rico y su reglamentación, resolvió que la inacción y falta de gestiones de los confinados derrotaban sus pretensiones, las cuales implícitamente caracterizó como tardías.

II

Erró el ilustrado foro de instancia. El 11 de diciem-bre de 1987 se aprobó el Reglamento para los Procesos de Primarias de los Partidos Políticos. En sus Secs. 1.8 y 3.17 reconoce el derecho a votar de los confinados.

Este reglamento pauta el procedimiento a seguir y equi-para a los confinados con los electores con derecho al voto ausente. La Sec 3.19, Voto de Electores Ausentes, enumera los requisitos necesarios, a saber, “[c]on no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de la elección, solicitará de su partido, por escrito y bajo juramento, una ‘Papeleta de Votación para Elector Ausente’,” haciendo constar determi-nada informacion; la verificación por el partido concernido sobre ese derecho, y la entrega o remisión prontamente por certificado al peticionario a su dirección consignada de “una papeleta de votación, un sobre pequeño con un blanco para la identificación del precinto, y otro sobre debidamente pre-di-rigido con el número de solicitud aprobado para la devolu-ción por correo de dicho material. El partido hará constar en un registro especial la fecha del envío y recibo de todos estos materiales. Se mantendrá un inventario actualizado de todo el proceso del voto ausente”. Reglamento de Primarias, supra, Sec. 3.19.

Se advierte, pues, que la responsabilidad del proceso primarista recae en primer lugar en los partidos políticos. Claro está, ello no excluye a la Comisión Estatal de Elecciones a través de su Presidente. Éste, como figura principal, tiene la responsabilidad, por imperativo del Art. 4.020 de la Ley Electoral de Puerto Rico, “en unión al Comisionado Electoral del partido concernido, [de] diri[gir] e inspeccionar] las primarias en cada caso, pon[er] en vigor las reglamentaciones que prueben los organismos directivos centrales de cada partido que no conflijan con las disposiciones de este Subtítulo y que hayan sido radicadas ante la Comisión bajo certificación del Presidente y Secretario del partido”. 16 L.P.R.A. see. 3170.

Ese mandato legislativo significa que el razonamiento de la ilustrada sala de instancia —que impuso a los demandantes Rivera Rivera et al. la obligación exclusiva de gestionar y solicitar el voto ausente— es injusto. El diseño electoral prevaleciente conlleva el deber de diligencia no sólo de los electores interesados, incluso los ausentes, sino de los partidos políticos y de la Comisión Estatal de Elecciones por conducto de su Presidente. Aunque Rivera Rivera y sus otros compañeros tenían acceso al servicio postal, obviamente por razón de su confinamiento, sus libertades, movimientos y contactos con el mundo exterior eran y son limitados. El prisma adjudicativo judicial tiene que ser más amplio, a la par que riguroso, en atención a estas realidades peculiares y a las restricciones que éstas imponen sobre el derecho de los confinados a votar. No puede imponerse a ellos exclusivamente el peso de las diligencias.

Los derechos se plasman y cobran vida en la realidad y no en los documentos expositivos de las leyes y reglamentos. No es suficiente trasladar toda la carga a los demandantes peti-cionarios Rivera Rivera et al. A sus omisiones deben sumár-seles también las incurridas por los partidos políticos, la Comisión Estatal de Elecciones y la Administración de Co-rrección. No hay la más mínima constancia de diligencias de estos últimos. No hubo orientación ni esfuerzo para hacer viable sus participaciones. El desinterés ha sido total. Ello contrasta con la actuación y los remedios provistos a los con-finados para las primarias presidenciales.

En el cuadro peculiar expuesto, cobra mayor vigencia nuestro pronunciamiento de que el Estado puede implantar requisitos razonables, pero “de tal forma que no impongan al elector condiciones de difícil cumplimiento o exigencias que menoscaben su derecho al voto o desalienten su ejercicio”. P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 242 (1981).

En las circunstancias de autos, en atención al escaso tiempo restante para la celebración de este evento electoral, lo dificultoso que resultaría extender nuestra decisión a toda la población penal —en ausencia de reclamo individual y la certificación del pleito como de clase— procede prudencial-mente que nuestro mandato se limite a que la Comisión Es-tatal de Elecciones, los partidos políticos P.P.D. y P.N.P., y la Administración de Corrección, sin excusa, le den viabili-dad al ejercicio del derecho al voto, en el proceso primarista del domingo 12 de junio de 1988, del demandante peticiona-rio William A. Rivera Rivera y aquellos otros nombrados en el exhibit I de la parte demandante.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente sin opi-nión escrita. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón,

a la cual se une el Juez Asociado Señor , Alonso Alonso.

En el presente caso un grupo de ciento siete (107) confi-nados del campamento penal La Pica situado en el pueblo de Jayuya pretenden, luego de implícitamente renunciar su de-recho a participar en las primarias que se celebrarán el do-mingo 12 de junio de 1988, paralizar el proceso primarista y que se les conceda un privilegio especial eximiéndolos de cumplir con los requisitos del voto ausente. No podemos es-tar de acuerdo con este reclamo. Veamos.

hH

El 20 de mayo de 1988 el Sr. William A. Rivera Rivera, confinado en el campamento penal La Pica ubicado en el pueblo de Jayuya, presentó, por derecho propio, una petición de injunction en la que alegaba que se le estaban violando sus derechos constitucionales al no permitirle participar en las primarias de los partidos políticos locales a celebrarse el do-mingo 12 de junio de 1988. Solicitó la paralización del pro-ceso primarista y que se le permitiese participar en el mismo. A esta petición, mediante solicitud aparte, se le unie-ron ciento seis (106) confinados más del mismo campamento penal. Exhibit I de 24 de mayo de 1988.

El 8 de junio de 1988 el tribunal de instancia dictó senten-cia denegatoria de la solicitud de injunction. No conformes, los demandantes peticionarios recurren ante este Tribunal y plantean la comisión de los errores siguientes:

I. Erró el honorable Tribunal al declarar sin lugar la solici-tud de Injunction basándose en que las primarias son de la exclusiva responsabilidad de los partidos políticos y en que no cumplieron con el requisito de informar la intención de parti-cipar en las primarias con 60 días de anticipación, sin conside-rar que el no permitir la Administración de Corrección políti-cos en la cárcel anula la función de los partidos para lograr que ejerzan su derecho al voto los confinados y a su vez anula la posibilidad de notificar con 60 días de anticipación, que debe hacerse a través de los partidos.

II. Erró el Tribunal al no determinar que no garantiza el derecho al voto de los confinados una norma —la que asigna la responsabilidad de las primarias a los partidos políticos— que el mismo Estado no acata por vía de la agencia gubernamental que precisamente regula la vida de los confinados en las cár-celes, y que por tanto, en cuanto a los confinados es inconstitu-cional.

III. Erró el Tribunal al no establecer que las circunstancias de los confinados son unas muy especiales a quienes no nece-sariamente se aplican “todas las categorías de ciudadanos que señala la ley y el reglamento”. Petición de injunction, págs. 4-5.

H-1

En la sentencia el foro de instancia determino, como cuestión de hecho, que “[l]os mencionados demandantes no sometieron petición alguna verbalmente ni por escrito —en o antes del 12 de abril de 1988— a la Comisión Estatal de Elec-ciones como entidad, ni a los funcionarios políticos que re-presentan a cada uno de los Comisionados Electorales en la Junta Administrativa del Voto Ausente, demostrativa de su interés en participar en el proceso primarista a tener efecto el día 12 del corriente mes de junio. Tampoco requirieron de los funcionarios o del liderato de los partidos políticos co-rrespondientes, el que se les suministraran los formularios de solicitud de voto ausente”. Sentencia, págs. 4-5.

En el recurso presentado, los peticionarios a su vez indi-can que luego de un paro lograron votar en las primarias presidenciales efectuadas el 20 de marzo de 1988. Expresan también que en aquella ocasión no tuvieron que cumplir con el requisito de sesenta (60) días de solicitud anticipada.

I — I HH 1 — I

Los confinados tienen derecho a votar en las primarias de los partidos locales, pero este derecho, a pesar de ser fundamental, no es absoluto. El Estado puede imponer requisitos específicos para el ejercicio de ese voto ausente. Art. 5.035 de la Ley Núm. 3 de 8 de septiembre de 1980, según enmen-dada, 16 L.P.R.A. see. 3240; Secs. 1.8 y 3.17 del Reglamento para los Procesos de Primarias de los Partidos Políticos de 11 de diciembre de 1987 (en adelante Reglamento de Prima-rias). “[Ejstos requisitos deben [ser razonables e] implan-tarse de tal forma que no impongan al elector condiciones de difícil cumplimiento o exigencias que menoscaben su dere-cho al voto o desalienten su ejercicio.” P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 242 (1981). “Ni la potestad legislativa de reglamentar como tampoco el derecho al sufra-gio pueden operar bajo un esquema de disposiciones legisla-tivas arbitrarias o en irrestringidos reclamos de electores; no son valores que se implementan [sic] en términos abso-lutos.” (Énfasis suplido.) P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 406 (1980).

En el caso de autos la Sec. 3.19 del Reglamento de Prima-rias, supra, en relación con el voto de electores ausentes dis-pone:

Cualquier elector con derecho a votar como elector ausente, que no pudiera estar en su colegio electoral en la fecha de celebración de la misma, deberá emitir su voto mediante el siguiente procedimiento:
Todo solicitante del voto ausente cuya petición fuere acep-tada, se entenderá que votó y así le será notificado a su Cole-gio de Votación a través del partido concernido.
Con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de la elección, solicitará de su partido, por escrito y bajo juramento, una “Papeleta de Votación para Elector Au-sente”, haciendo constar en tal petición la siguiente informa-ción:
a) Nombre y apellidos paterno y materno
b) Nombr[e] del padre y de la madre
c) Sexo
d) Fecha de Nacimiento
e) Número electoral
f) Dirección exacta de su domicilio en Puerto Rico
g) Dirección del lugar donde temporeramente se encuen-tre
h) Dirección postal a la cual debe enviarse la papeleta
i) Razón que le impide ir al colegio de votación el día de la elección.
Al recibir dicha solicitud, el partido verificará si el solici-tante es elector con derecho a votar en la elección de que se trate, y en caso afirmativo, entregará o le remitirá pronta-mente por correo certificado al peticionario, a la dirección a tal fin consignada en la solicitud, una papeleta de votación, un sobre pequeño con un blanco para la identificación del pre-cinto, y otro sobre debidamente pre-dirigido con el número de solicitud aprobado para la devolución por correo de dicho material. El partido hará constar en un registro especial la fecha del envío y recibo de todos estos materiales. Se mantendrá un inventario actualizado de todo el proceso del voto ausente. (Énfasis suplido.)

No cabe duda que el requisito establecido de que para emitir un voto ausente hay que solicitar una “Papeleta de Votación para Elector Ausente” con por lo menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha en que se celebrará la primaria es razonable. Los propios peticionarios admiten que estaban familiarizados con este proceso. Apenas unos meses antes, en marzo, habían ejercido su derecho a votar en las primarias presidenciales luego de vencer una serie de obstáculos. A pesar de esta experiencia, no utilizaron los me-canismos que tenían a su disposición para cumplir con el re-quisito de los sesenta (60) días. Ni verbalmente ni por escrito manifestaron a los funcionarios políticos o a la Comisión Es-tatal de Elecciones su interés en participar en las primarias. No es hasta el 20 de mayo cuando por primera vez acuden con su reclamo ante un tribunal. La Administración de Co-rrección sin dilación les facilitó acceso al tribunal y éste les designó inmediatamente un abogado para representarlos. Resulta obvio que de haber mostrado, en tiempo, interés en participar en las primarias sus reclamos se hubiesen aten-dido. Tenían a su disposición los mecanismos adecuados para cumplir con los requisitos reglamentarios.

Al igual que en Mundos Ríos v. Gobernador, 121 D.P.R. 477 (1988), la impugnación constitucional llega a nosotros a corto plazo de la fecha para la celebración de las primarias. “La intervención judicial en el curso normal de este proceso de trascendencia y profunda significación social no debe ser obtenida en fecha tan cercana de la celebración de las prima-rias, sino sólo como urgente y extraordinario remedio ante una clara y opresiva violación constitucional.” Mundo Ríos v. Gobernador, supra, pág. 489, opinión disidente del Juez Asociado Señor Alonso Alonso. También, al igual que en ese caso, aquí no se ha demostrado que esta sea la situación.

Bajo los hechos específicos del caso no procedía el re-clamo de los peticionarios. Éstos conocían del requisito de solicitar el voto ausente con por lo menos sesenta (60) días de anticipación a las primarias. Tenían a su disposición los me-canismos para hacer constar su interés en participar y cum-plir con el esquema electoral. Se cruzaron de brazos y ahora esperan, a escasos tres (3) días de las primarias, que éstas se paralicen y se estructure un mecanismo especial que les per-mita participar. No podemos acceder a este irrazonable y tardío reclamo.

       La Ley Núm. 3 de 8 de septiembre de 1980 enmendó la Ley Electoral Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 para incluir a los confinados entre los ciuda-danos con derecho al voto ausente. Esta ley fue enmendada el 10 de enero de 1983 y el artículo renumerado como el 5.035. (16 L.P.R.A. see. 3240).
      Por los Arts. 7.004 y 5 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sees. 3304 y 1325, tienen derecho a participar en referéndum y a votar en las primarias presidenciales.

         “Serán electores capacitados para votar en las primarias los que perte-nezcan o estén afiliados al partido político que celebre las mismas, y que cumplan con los requisitos de la Ley Electoral de Puerto Rico y este reglamento. Regla-mento para los Procesos de Primarias de los Partidos Políticos, 11 de diciembre de 1987, Sec. 1.8.
      “Tendrán derecho a votar mediante el procedimiento de voto ausente de sus colegios, los electores debidamente cualificados que se encuentren:
      “g) Confinados en las instituciones penales.” Reglamento de Primarias, supra, Sec. 3.17(g).

       “(a) Nombre y apellidos paterno y materno; (b) Nombr[e] del padre y de la madre; (c) Sexo; (d) Fecha de nacimiento; (e) Número electoral; (f) Dirección exacta de su domicilio en Puerto Rico; (g) Dirección del lugar donde temporera-mente se encuentre; (h) Dirección postal a la cual debe enviarse la papeleta; (i) Razón que le impide ir al colegio de votación el día de la elección.” Reglamento de Primarias, supra, Sec. 3.19.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Presidente Señor Pons Núñez.

license: Public Domain

text:
    Partido Popular Democrático, demandante y recurrido, v. Ricardo Planadeball Poggy, demandado y peticionario.

      Número: CE-88-315

      Resuelto: 10 de junio de 1988

      Luis Benjamín Méndez Méndez y Héctor Quijano Borges, de Méndez Méndez & Quijano Borges, abogados del peticionario; el recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Ricardo Planadeball Poggy fue destituido el 28 de abril de 1975, por voto unánime de la Comisión Estatal para Venti-lar Querellas Municipales, del cargo de Alcalde de Patillas “por razón de la conducta inmoral y actuaciones ilegales en el desempeño de sus funciones como Alcalde de Patillas, al actuar en la forma y manera que se le imputan en los Cargos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo que esta Comisión considera y declara que han sido pro-bados”. Exhibit V, pág. 45.

El señor Planadeball Poggy inició y completó los trámites para figurar en la papeleta de primarias como aspirante al cargo público de Alcalde de Patillas. A esos efectos, el 21 de abril de 1988 la Comisión Estatal de Elecciones lo certificó como aspirante oficial con derecho a figurar en la papeleta de primarias de su partido.

El 9 de mayo de 1988 el Partido Popular Democrático presentó en el Tribunal Superior, Sala de Guayama, una que-rella de descalificación de candidatura. En apoyo de su con-tención, el querellante recurrido expuso que:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Municipios, los aspirantes a la posición de alcalde por cual-quiera de los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no pueden haber sido destituidos de cargo o empleo al-guno por conducta impropia en el desempeño de sus fun-ciones. 21 L.P.R.A. Sec. 3001(a)(6).

II

El aquí querellado, sin embargo, fue destituido del cargo de alcalde de Patillas mediante resolución dictada por la Honorable Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el día 28 de abril de 1975, “por razón de la conducta inmoral y actuaciones ilegales en el desempeño de sus funciones como Alcalde de Patillas”. Se acompaña fotocopia de [dicha] resolución. Exhibit VI, pág. 1.

A base de ello solicitó que se descalificara al querellado peticionario como candidato a Alcalde del Municipio de Pati-llas en las primarias a celebrarse el 12 de junio de 1988. El tribunal declaró con lugar la querella y procedió a descalifi-car al querellado peticionario como candidato a Alcalde del Municipio de Patillas.

Por entender que la sentencia llega a un resultado jurí-dica y constitucionalmente correcto, expedimos y confir-mamos la sentencia.

I

El Art. 3.01 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico vigente establece en su inciso (a)(6) que:

(a) Todo aspirante a Alcalde deberá, a la fecha de la elec-ción, cumplir con las siguientes condiciones:
(6) No haber sido destituido de cargo o empleo por con-ducta impropia en el desempeño de sus funciones. 21 L.P.R.A. sec. 3001(a)(6).

Bajo la anterior Ley Municipal, los alcaldes tenían que reunir las mismas condiciones de elegibilidad requeridas para los miembros de la Asamblea Municipal. Art. 34 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. ant. see. 1253. La ley establecía que no eran elegibles para ser asambleístas, y por extensión para alcalde, aquellos que habían sido destituidos de algún cargo o empleo mediante convicción firme por delincuencia o conducta inmoral.

Causas similares existían bajo el Art. 18 de la Ley Municipal Núm. 58 de 28 de abril de 1928. Bajo dicha ley resol-vimos en Pueblo In Re Rodríguez v. Blanco, 50 D.P.R. 591, 594-595 (1986) que:

La Sección 18 de la Ley Municipal, según quedó enmendada por la sección 4 de una Ley (núm. 98) aprobada el 15 de mayo de 1931 (Leyes de ese año, pág. 601) dispone: “para ser elegi-ble como miembro de la asamblea municipal se necesitará .no haber sufrido condena alguna por delito grave o cualquier otro delito que implique depravación moral, ni ha-ber sido destituido de cargo público por delincuencia o con-ducta inmoral.” Nada había en el presente caso que sugiriera que el querellado había sido aún convicto de ningún delito grave o de cualquier otro delito que envolviera depravación moral o de que jamás hubiera cumplido una sentencia “por delito grave o cualquier otro delito que implique depravación moral.” Había sido destituido de un cargo público por delin-cuencia y conducta inmoral. Véase Blanco v. Asamblea Municipal de Santa Isabel y Pueblo v. Blanco, supra. Por tanto, el hecho de que él nunca hubiera sido convicto por ningún tribunal competente de ningún delito grave ni de ningún otro delito que implicara depravación moral, nada tiene que ver con el caso, a menos que haya algún mérito en la contención del ape-lante de que la ley que confiere a la asamblea municipal la facultad para destituir es inconstitucional y de que la investi-gación de los cargos imputados al querellado como Secretario Auditor Municipal no constituye debido proceso de ley sino una usurpación o invasión de las facultades pertenecientes al poder judicial. El alegato del apelante deja de convencernos de que la facultad concedida por la legislatura sea inconstitu-cional.

No vemos razón para alterar el anterior enfoque en casos surgidos después de aprobarse nuestra Constitución.

En primer lugar, el legislador ha reiterado que es política pública el que una persona que ha sido destituida como alcalde por conducta inmoral o ilegal no está cualificado para regresar a desempeñar el cargo. El legislador no impuso límite de tiempo alguno para ello. Tampoco limitó la incapacidad a hechos acaecidos durante algún cuatrienio es-pecífico. Por analogía, entendemos aplicable la doctrina vi-gente que adoptamos en Rodríguez Rivera, Alcalde v. Comisión, 84 D.P.R. 68 (1961). Allí resolvimos, a las págs. 77-78, que para garantizar la pureza de las actuaciones de los alcaldes resulta válido que éste pueda ser destituido por actuaciones ilegales en un cuatrienio anterior.

Al aprobar las leyes municipales en 1980, el legislador era consciente de las anteriores doctrinas. Decidió con conocimiento de causa que la causa inhabilitadora objeto de la situación ante nos era absoluta. No tenemos fundamento para alterar la política pública vigente. Como apunta un reconocido comentarista, L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, Sec. 13-19, pág. 1098.

The states demand a variety of qualifications from potential political candidates. Since these state-enacted eligibility requirements bar certain persons from holding political office, they must satisfy the requisites of the equal protection clause. The threshold question is whether, as a rule, these eligibility requirements are evaluated by the lower tier equal protection test or whether they demand more exacting judicial scrutiny. Because candidate eligibility requirements do not, as a class, infringe upon constitutionally fundamental rights or draw suspect classifications, they are generally assessed only under the lower tier test discussed in Sec. 16-2, and are sustained so long as they rationally relate to a legitimate state interest. (Escolio omitido.)

Entendemos y opinamos que hay un fundamento racional para la limitación legislativa, especialmente si consideramos que el derecho a ser candidato a un puesto público no es ab-soluto. García v. Luciano, 115 D.P.R. 628 (1984).

II

Asumiendo que la prohibición absolutista, en términos de tiempo, tenga algún defecto constitucional, ello no favorece al peticionario. La gravedad de los cargos probados que die-ron lugar a su destitución es tal, en ausencia de prueba al-guna sobre una posible rehabilitación, que si tuviéramos discreción para obviar la prohibición la ejerceríamos en su contra.

Al así opinar, nos remitimos a la reciente expresión uná-nime de este Tribunal en Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 531-532 (1988).

La importancia de las funciones del alcalde en la estructura y funcionamiento de una célula social, tan vital como lo es un municipio, es obvia. Un alcalde es el jefe del poder ejecutivo local, jefe administrativo de los distintos departamentos y servicios municipales, colaborador de la Asamblea Municipal en el desenvolvimiento de la función legislativa y represen-tante legal del municipio en actos públicos y procedimientos judiciales, entre otros. Ley Núm. 146 [de 18 de junio de 1980, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 2001 y ss.]; E. Córdova, Curso de Gobierno Municipal, Río Piedras, Ed. Universidad, 1964.
En síntesis, el alcalde es la figura central en la administra-ción pública y la sociología política de la comunidad municipal.

Por los motivos anteriormente expuestos, se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió voto de con-formidad. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opi-nión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón disienten sin opi-nión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Hace trece (13) años, el 28 de abril de 1975, la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales destituyó al Al-calde de Patillas Ricardo Planadeball Poggy de su cargo “por razón de la conducta inmoral y actuaciones ilegales en el de-sempeño de sus funciones . . .”.

Transcurrió el tiempo. El 21 de abril de 1988 —previo cumplimiento de los requisitos necesarios, incluso el endoso afirmativo del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (P.P.D.)— el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lo certificó como candidato a alcalde de dicho municipio por el P.P.D., con derecho a participar en el pro-ceso primarista del próximo domingo 12 de junio. El dicta-men de la Comisión Estatal de Elecciones fue notificado al P.P.D. por correo el 21 de abril.

Inconforme, el 9 de mayo el P.P.D. presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Guayama, una acción para descalifi-carlo por el fundamento de que su destitución anterior impedía su candidatura. Invocó el Art. 3.01 de la vigente Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico que en lo perti-nente dispone:

(a) Todo aspirante a Alcalde deberá, a la fecha de la elec-ción, cumplir con las siguientes condiciones:
(6) No haber sido destituido de cargo o empleo por con-ducta impropia en el desempeño de sus funciones. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 3001(a)(6).

El ilustrado tribunal de instancia acogió el pedido y lo descalificó. En su dictamen dicho foro distinguió el caso de García v. Luciano, 115 D.P.R. 628 (1984), a base de que los hechos que motivaron su destitución eran más graves y el precepto municipal era mandatorio.

A solicitud de Planadeball Poggy expediríamos el auto y revocaríamos ese dictamen.

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En esencia, Planadeball Poggy se queja de que el decreto de instancia es contrario a sus derechos constitucionales. Aduce que aplicar la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico a su caso es contrario a lo resuelto en García v. Luciano, supra. Argumenta una violación al principio fundamental de la igual protección de las leyes, pues su descalifica-ción es irrazonable y constituye un castigo cruel e inusitado. Finalmente sostiene que ello coarta su derecho fundamental “a elegir y ser elegido” y que la interpretación brindada le priva permanentemente de ser candidato al puesto electivo de alcalde. Tiene razón.

HH HH

En lo procesal, la acción debió desestimarse por dos (2) fundamentos. El primero, porque el P.P.D. estaba impedido de instarla una vez su representante, el Comisionado Electoral, certificó su candidatura al Presidente de la Comisión Es-tatal de Elecciones.

Y el segundo, la cronología expuesta demuestra que el P.P.D. acudió al tribunal transcurrido el término de diez (10) días prescrito en el Art. 1.016 que, por interacción armoniosa con el Art. 4.017, ambos de la Ley Electoral de Puerto Rico, rige el caso de autos. Concluir que la acción de desca-lificación de aspirantes y candidatos no se gobierna por la regla general de diez (10) días' es contrario al principio de hermenéutica de interpretación integral. Sería contradicto-rio a la premisa que discurre en dicho estatuto, de impri-mirle pronta finalidad y adjudicación a controversias de esta índole.

III

Independientemente de lo expuesto, en sus méritos la sentencia es errónea. Como reconocimos en García v. Luciano, supra, pág. 630, ciertamente “no es ajena al espíritu y propósito legislativo la supuesta clasificación. En el contexto de la [Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico] . . . existe un nexo racional con el objetivo de disuadir a los [in-cumbentes] de violar sus disposiciones”. Después de todo, “[n]o es absoluto ni existe el alegado derecho fundamental a ser candidato a un puesto electivo”. íd.

Ahora bien, en el fondo subsiste el dilema de que la prohi-bición legislativa presenta un verdadero problema a nivel constitucional por la ausencia de término. La interpretación literal y restrictiva que acogió el tribunal de instancia im-plica que un alcalde destituido bajo la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico puede ser descalificado por este solo fundamento, en cualquier proceso electoral posterior, como candidato a todo puesto electivo municipal. Ese enfo-que es cuestionable.

Al igual que en García v. Luciano, supra, nos inclinamos a refrendar otra interpretación “a tono con el espíritu de los tiempos y las limitaciones de nuestra Constitución ...”. íd., pág. 630. Bajo este prisma, restringiríamos su aplicación temporal. La destitución debe operar como impedimento al cuatrienio en que es destituido y al posterior. Sin paráme-tros, la descalificación absoluta representa un castigo adicio-nal al ya impuesto. En lo básico, aunque la destitución e inhabilidad ulterior es de naturaleza profiláctica válida, en protección del interés público municipal no podemos negar su carácter punitivo.

Obviamente diez (10) años son más que suficientes. La tesis de inhabilidad perpetua es un castigo improcedente. Atemperarlo según expuesto evita toda incursión y choque en la dimensión constitucional. Es a los electores y sus con-ciencias a quienes corresponde determinar si su destitución hace trece (13) años inhabilitan para el cargo que aspira Pla-nadeball Poggy.

Voto de conformidad del

Juez Presidente Señor Pons Núñez.

Estamos conformes con la posición mayoritaria, pues ante la letra clara de un estatuto válido creemos que no nos corresponde sustituir nuestro criterio por el del legislador. Sin embargo, deseamos dejar constancia de nuestro criterio, de que entendemos que el juicio sobre la capacidad para ser-vir de un candidato corresponde, salvo en casos extraordina-rios, a los electores.

       Los referidos cargos tienen en común que imputan hechos constitutivos de fraude al Municipio de Patillas.

       La situación legal y táctica ante nos es claramente distinta a la presente en Hernández Cruz v. Sria. de Instrucción, 117 D.P.R. 606 (1986), donde resol-vimos que no procede la destitución automática de un empleado público por mo-tivo de una convicción por delito grave.

       El primero, en lo pertinente, lee:
      “Cualquier parte afectada por una resolución, determinación y orden de la Comisión Estatal podrá dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma recurrir ante el Tribunal Superior mediante la radicación de un escrito de revisión. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar copia del escrito de revisión a la Comisión Estatal y a cualquier parte afectada.” (En-fasis suplido.) 16 L.P.R.A. sec. 3016a.
      El segundo dispone:
      “Cualquier aspirante a ser nominado o cualquier candidato debidamente no-minado podrá ser descalificado como tal por el Tribunal Superior, cuando no hu-biere cumplido con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de este Subtítulo o de sus reglamentos.
      “Radicada una petición de descalificación ante el Tribunal Superior, se cele-brará una vista en su fondo y el Tribunal deberá resolver de conformidad con los términos establecidos en la sec. 3016a de este título.” 16 L.P.R.A. see. 3167.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Juan José Santiago González, querellado.

      Número: 4424

      Resuelto: 15 de junio de 1988

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General y Eliadís Orsini Zagas, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El 28 de octubre de 1987 el Procurador General de Puerto Rico sometió una querella contra el Ledo. Juan José Santiago González por ejercicio ilegal de la nota-ría Esta querella fue notificada el 16 de noviembre de 1987. Concedimos término de 15 días al querellado para que presentara su contestación. El 10 de diciembre, a solicitud de éste, prorrogamos el término para contestar por 30 días adicionales. Transcurrió en exceso dicho término sin que compareciera. Mediante resolución de 28 de enero de 1988, concedimos término adicional de 20 días para que mostrara causa por la cual no se debía estimar su incomparecencia como una aceptación de los hechos aducidos en la querella y quedara el asunto sometido a la consideración del Tribunal para imposición de la correspondiente sanción disciplinaria. Transcurrido el término, tampoco compareció. En vista de esta situación, por resolución de 3 de marzo de 1988, acor-damos dar por aceptados los hechos expuestos en la querella y declarar sometido él asunto a la consideración final de este Tribunal, según lo apercibido en nuestra anterior resolución.

Se imputa en la querella al Ledo. Juan José Santiago González haber ejercido ilegalmente la notaría al autorizar las escrituras número 3 de compraventa de 14 de julio de 1984 y la número 6 también de compraventa de 30 de sep-tiembre de 1985, aun cuando había sido suspendido del ejercicio de la notaría a partir del 30 de junio de 1982.

Este proceder acusa graves violaciones a los Cánones de Ética Profesional, los cuales exigen al abogado ejercer su profesión con sinceridad y honradez, así como conducirse, no sólo en el desempeño de su profesión, sino en su vida privada de manera digna y honorable. Cánones 35 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

La conducta de este abogado de hacerle creer a las partes otorgantes que él estaba autorizado legalmente para realizar las delicadas gestiones que ellos le encomendaron no sólo violenta los cánones citados, sino que incluso constituye conducta delictiva de clara depravación moral. Véanse: In re Duprey Maese, 119 D.P.R. 478 (1987); In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987); In re Malavé Ortiz, 119 D.P.R. 492 (1987).

En atención a los méritos de esta querella, así como el persistente incumplimiento de nuestras órdenes por parte del querellado, se decreta la separación permanente del Ledo. Juan José Santiago González del ejercicio de la abo-gacía y se ordena se elimine su nombre del Registro de Abo-gados.

El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

       El querellado fue suspendido del ejercicio de la notaría el 30 de junio de 1982.

       La transacción recogida en esta escritura pública fue objeto de contro-versia judicial, tanto en el foro de instancia como ante este Tribunal. Véanse: caso Civil Núm. 86-1174, Tribunal Superior de Carolina, y caso Núm. RE-86-423 del Tribunal Supremo.

       4 L.P.R.A. see. 740.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Gervacio Rivera y Otros, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-87-191

      Resuelto: 15 de junio de 1988

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de los recurrentes; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Sylvia Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente recurso cuestiona la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Humacao, sobre el fundamento de que incidió el foro primario al aplicar a los hechos de este caso la doctrina de agotamiento de remedios administrativos y desestimar la acción allí pendiente. La controversia nos permite examinar, en sus vertientes sustantiva y procesal, todo el ordenamiento promulgado por la Asamblea Legisla-tiva para vindicar los derechos de los niños con impedi-mentos.

J — I

El 19 de diciembre de 1986 el Sr. Gervacio Rivera Rivas y la Sra. Ana María Nieves Jiménez, por sí y en representa-ción de su hijo con impedimentos físicos Gervacio Rivera Nieves, presentaron acción civil sobre daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) ale-gando que éste incumplió con su compromiso de proveer educación especial al menor. Solicitaron la indemnización por razón de daños emocionales, angustias mentales y pérdida total de la capacidad productiva del menor.

El E.L.A. compareció al pleito para solicitar la desesti-mación del mismo toda vez que los demandantes no habían agotado los remedios administrativos que tenían disponibles en la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos, 3 L.P.R.A. see. 532 et seq., ni habían cumplido con los tér-minos de notificación que dispone la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077a. Especí-ficamente, el Estado señaló que la ley orgánica de dicha agencia confiere al procurador los poderes para investigar y adjudicar las querellas presentadas por las personas con im-pedimentos por razón de las deficiencias en los servicios edu-cativos que presta el Estado. La parte compareciente se opuso a la desestimación alegando que por tratarse de una acción sobre daños y perjuicios no procedía el trámite admi-nistrativo.

El Tribunal Superior acogió la solicitud del E.L.A. y de-sestimó la acción sin perjuicio de que, una vez agotados por la parte demandante los remedios administrativos ante la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos, de prevalecer, pudiera “acudir nuevamente a reclamar los daños”. Ante nos, el señor Rivera afirma que el tribunal de instancia incidió al desestimar la demanda bajo el funda-mento de que no se agotaron los remedios administrativos. Sostiene que la legislación puertorriqueña, aprobada para poner al Gobierno de Puerto Rico en condiciones de recibir la asignación federal para estos programas remediales, crea también unos derechos reclamables en los tribunales del país.

Por su parte, el E.L.A. expone que la demanda no alega una violación al debido proceso de ley al limitarse exclusiva-mente a solicitar en forma general compensación por daños, fruto de la alegada negligencia del Departamento de Ins-trucción Pública. Aduce que los demandantes no demostra-ron las gestiones realizadas ante dicha agencia para lograr que se le ofrecieran los servicios.

La controversia ante nos se circunscribe a determinar si fue correcta la aplicación de la doctrina de agotamiento de remedios administrativos utilizada por el tribunal de instan-cia. Para fijar con acierto la solución de la controversia, y con el propósito de evaluar el ordenamiento jurídico aplicable a esta controversia, examinemos inicialmente las leyes pro-mulgadas por la Asamblea Legislativa para vindicar los de-rechos estatutarios de los niños con impedimentos.

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Recientemente, en Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987), estudiamos el alcance de la Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos, Ley Pública Núm. 94-142 (20 U.S.C. see. 1401 et seq.), y de su equivalente en Puerto Rico, la Ley del Programa de Educación Especial, Ley Núm. 21 de 22 de julio de 1977 (18 L.P.R.A. see. 1331 et seq.). Ambos estatutos reconocen el derecho de los niños con impedimentos físicos a tener acceso al sistema de instrucción pública mediante un plan de enseñanza individualizada que atienda las necesidades de cada uno. Estas leyes constituyen parte de un ambicioso esfuerzo de los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico para promover la educación de niños con impedimentos. Véase Hendrick Hudson Dist. Bd. of Ed. v. Rowley, 458 U.S. 176 (1982).

La Ley del Programa de Educación Especial expresa-mente define el tipo de educación especial requerida:

“Educación Especial” significará la instrucción especial-mente diseñada para llenar las necesidades muy particulares del niño impedido, incluyendo experiencias de enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases, instrucción en educa-ción física, bellas artes, instrucción en el hogar, en hospitales e instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Departamento que llenen los requisitos establecidos por este Capítulo sin costo alguno para el padre o encargado. 18 L.P.R.A. sec. 1332(e).

Mediante este estatuto la Asamblea Legislativa acordó que correspondía al Estado ofrecer a cada niño impe-dido acceso al sistema de instrucción pública para que tu-viera la oportunidad de desarrollarse y hacer uso al máximo de sus potencialidades. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21, supra.

La ley garantiza la participación de los padres de niños impedidos en las decisiones relacionadas con la educación especial ofrecida por el Departamento de Instrucción Pública, 18 L.P.R.A. sec. 1338(a), y establece un procedimiento para objetar cualquier determinación sobre la “ubicación, identifi-cación, evaluación y tratamiento escolar” del menor. 18 L.P.R.A. sec. 1338(b). El ordenamiento impone al Departa-mento de Instrucción Pública el deber de considerar y eva-luar diligentemente la querella presentada mediante investi-gación dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de presentación de la objeción. 18 L.P.R.A. sec. 1338(c).

En junio de 1978 el Departamento de Instrucción Pública aprobó el Reglamento del Programa de Educación Especial. En el mismo se reafirma “el derecho que tiene el niño impedido al disfrute de una educación adecuada, libre y gratuita, que le permita desarrollarse y hacer uso al máximo de sus potencialidades, a tono con la naturaleza y severidad de su impedimento”. Preámbulo del Reglamento del Programa de Educación Especial, 30 de junio de 1978, pág. 1. También se requiere que cada niño que reciba una educación especial tenga “un plan individual de trabajo a base de sus fortalezas y sus necesidades educativas”, preparado con la participación de los padres. íd., Art. IX-Plan Individual, pág. 8.

El reglamento también contiene una serie de salvaguardas procesales requeridas por ley. El Reglamento del Programa de Educación Especial, Art. X-Derechos de los Padres, pág. 9, reconoce el derecho de todo padre a examinar el expediente de su hijo en las áreas de identificación, evalúa-ción y ubicación del niño (id., Art. X-A) y a ser notificado antes de que el departamento cambie el programa del menor. Por último, se dispone que todo padre o encargado tiene de-recho a objetar una decisión sobre la evaluación, diagnóstico prescriptivo, ubicación del niño o la educación ofrecida me-diante la oportuna presentación de una querella al Departa-mento de Instrucción Pública. A tenor con este esquema, las querellas deben ser consideradas dentro de veinte (20) días laborables luego de su presentación en la Oficina del Super-intendente del distrito escolar. íd., Art. XI-B.

El propio reglamento garantiza al querellante la utilización de un procedimiento que cumpla con el debido proceso de ley, id., Art. XI-C, incluso una vista ante un panel presidido por una persona que no esté “relacionadla] con la educación del niño .. .”. íd., Art. XI-D, pág. 10. Se dispone, también, que las partes tendrán derecho en la vista a representación legal así como a someter la prueba pertinente, tanto documental como pericial, y a contrainterrogar los testigos. El comité examinador deberá formular su decisión con determinaciones de hecho dentro de diez (10) días laborables contados a partir de la celebración de la vista, y se podrá solicitar al Secretario de Instrucción Pública una reconsideración de esta decisión.

De lo anterior se desprende que el Departamento de Instrucción Pública, al amparo de la Ley del Programa de Educación Especial, ha promulgado un reglamento con un procedimiento que cumple cabalmente con las normas del debido proceso de ley y que requiere que las decisiones sobre las querellas sometidas se tomen rápidamente. También garantiza que los padres tendrán una efectiva participación en el proceso decisional y una oportunidad de que sus objeciones sean oídas por los funcionarios pertinentes.

Para ratificar su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con impedimentos, la Asamblea Legislativa también promulgó la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985 (1 L.P.R.A. see. 501 et seq.) que prohíbe el discrimen contra impedidos por parte de cualquier institución pública o privada que reciba fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

Se prohíbe que cualquier persona natural o jurídica, por sí o a través de otra, impida, obstaculice, limite o excluya a otra persona con impedimentos físicos o mentales y por el mero hecho de tales impedimentos, de participar, formar parte o disfrutar en o de cualesquiera programas o actividades orga-nizadas, patrocinadas, operadas, implementadas, adminis-tradas o de cualquier otra forma dirigidas o llevadas a cabo por cualesquiera instituciones públicas o privadas que reciban fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 1 L.P.R.A. see. 502.

El estatuto proscribe que las instituciones públicas o pri-vadas adopten normas o utilicen métodos administrativos “cuyo propósito o efecto sea discriminar contra las personas con algún tipo de impedimento físico o mental”. 1 L.P.R.A. see. 503.

A los fines de poner en vigor esta extensa legislación, se creó la Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985 (3 L.P.R.A. see. 532 et seq.). Dicha instrumentalidad posee poderes para “[ajtender, investigar, procesar y adjudicar querellas ... en aquellos casos en que cualquier agencia pública o entidad privada discrimine contra una persona con impedimentos”. 3 L.P.R.A. sec. 532g.

El procurador está facultado con amplios poderes -cua-siadjudicativos para celebrar vistas y emitir órdenes de ce-sar y desistir, así como aquellas “otras órdenes correctivas” que procedan en derecho. Art. 9 de la Ley Núm. 44, supra, 1 L.P.R.A. see. 509. Cualquier parte adversamente afectada por una decisión del procurador puede solicitar la revisión judicial de la misma dentro de los términos establecidos por ley.

Mediante este ordenamiento legal compuesto por estas tres (3) leyes, la Asamblea Legislativa prohibió que las instituciones públicas discriminen contra los impedidos, requirió que el Departamento de Instrucción Pública tuviese un programa de educación especial para niños y nombró un Procurador de las Personas con Impedimentos para vindicar sus derechos y tomar acción correctiva. De esta manera se crearon los instrumentos necesarios para eliminar el discrimen contra los impedidos por parte de las instituciones que reciben fondos del Gobierno.

Aclarado el ordenamiento legal vigente, corresponde exa-minar si los tribunales deben aplicar la norma de agota-miento de remedios administrativos al considerar una acción de daños y perjuicios contra el Departamento de Instrucción Pública por su alegado incumplimiento con la Ley del Pro-grama de Educación Especial.

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La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una norma de autolimitación judicial de carácter consuetudinario y esencialmente práctica, con gran arraigo en Puerto Rico y en Estados Unidos. Véanse: Weinberger v. Salfi, 422 U.S. 749 (1975); Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976); Bowen v. City of New York, 476 U.S. 467 (1986). Mediante la misma los tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar una actuación de una agencia gubernamental hasta tanto la persona afectada agote todos los remedios administrativos disponibles y, por lo tanto, la decisión refleje la posición final de la entidad estatal. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964). Como el “objetivo [es] mantener un adecuado balance y distribu-ción de poder y tareas entre las agencias administrativas y el poder judicial”, Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 722 (1982); García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987), su aplicabilidad no depende de criterios rígidos, “sino de si a la luz de las circunstancias del caso y pericia particular de la agencia, se entiende que la intervención judicial sería prematura”. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, págs. 722-723.

El profesor Jaffe, en su conocida obra Judicial Control of Administrative Action, elocuentemente explicó el origen y la justificación de la doctrina:

El agotamiento [del remedio] tiene su analogía en el requi-sito común de la finalidad como condición para que un tribunal superior revise las decisiones de un tribunal inferior. La tradi-cional regla de finalidad cubre una variedad de situaciones hi-potéticas y es un compromiso inicial entre las consideraciones en conflicto, cuyo balance difiere de un caso a otro.
Las consideraciones que contribuyen a la regla de “finali-dad” son obviamente pertinentes a la regla del agotamiento; de hecho, son un poco más poderosas en el derecho adminis-trativo que en el derecho de apelaciones. En el derecho admi-nistrativo hay una dimensión adicional. Dentro del concepto anglo-americano, las agencias administrativas son entidades con identidad propia; no son parte del sistema judicial. El control judicial viene desde afuera. La agencia está, dentro del Poder Ejecutivo, o bajo el Humphrey’s Executor, “indepen-diente”. El Poder Judicial no intervendrá a la ligera con una labor conferida al Poder Ejecutivo hasta que esté claro que el Poder Ejecutivo ha excedido su mandato. La doctrina del ago-tamiento del remedio es, por lo tanto, una expresión de la au-tonomía ejecutiva y administrativa. Esto tiene particular pertinencia cuando, como ocurre con frecuencia, se le ha con-ferido a la agencia amplia discreción y el ejercicio potencial de esta autoridad es pertinente a la solución de la controversia cuya revisión ha sido prematuramente solicitada. (Traducción nuestra.) L.L. Jaffe, Judicial Control of Administrative Action, student ed., Toronto, Ed. Little, Brown and Company, 1965, págs. 224-225. Véanse, también: Myers v. Bethlehem Shipbuilding Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938); McKart v. United States, 395 U.S. 185 (1969).

Al invocar la doctrina y posponer la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales, se logran varios objetivos. En primer lugar, antes de la intervención judicial la agencia puede desarrollar un historial completo del asunto ante su consideración. También puede utilizar el conocimiento especializado de sus funcionarios para adoptar las medidas correspondientes de conformidad con la política pública formulada por la entidad y aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus pronunciamientos. De esta manera se evitan los disloques causados por las intervenciones inoportunas de los tribunales en distintas etapas interlocutorias y el poder judicial conserva autoridad para intervenir en los momentos en que sea necesario con el propósito de evitar un daño irreparable a una persona. Véase K.C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, K.C. Davis Pub. Co., 1983, Vol. 4, Cap. 26, Sec. 26:1, págs. 414-415.

La doctrina también facilita la revisión judicial y asegura que los tribunales tengan información más precisa sobre los fundamentos de la actuación gubernamental, y poder así tomar una decisión más informada sobre el recurso instado. Como la Asamblea Legislativa expresamente ha delegado en las agencias poderes para resolver en primera instancia los asuntos sometidos, la norma también promueve el designio legislativo así como la distribución adecuada y más eficiente de tareas entre los poderes judiciales y ejecutivos. Por último, esta doctrina libera a los tribunales de asuntos que pueden ser resueltos administrativamente. Véanse: Jaffe, op. cit., págs. 424-458; B. Schwartz, 2 Administrative Law Sec. 8.30 (1984); Ch.'H. Koch, 2 Administrative Law and Practice Sec. 10.24 (1985).

Por otro lado, también hay unos factores que inclinan el péndulo hacia la preterición de los canales administrativos. En el pasado hemos aceptado que “[s]e puede prescindir del requisito de agotar el recurso administrativo en casos en que se muestre que (1) la acción administrativa ha de causar un daño inminente material, sustancial, y no teórico o especulativo, en que el balance de conveniencias entre los daños que pueden ocasionarse y la norma en cuestión justifican una desviación de ésta; (2) el recurso administrativo constituye una gestión inútil, inefectiva y que no ofrece proveer un remedio adecuado”. Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491 (1970). También se puede omitir el trámite administrativo cuando la agencia claramente no tiene jurisdicción y la posposición conlleva un daño irreparable al afectado, o el asunto es estrictamente de derecho que no requiere unos conocimientos especiales de la agencia administrativa. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, pág. 722.

Finalmente, si la reclamación del demandante relata “un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación”, se puede utilizar el injunction para eludir el cauce administrativo. Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552, 556 (1977); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 850 (1978); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 438 (1983). Véase, también, Bowen v. City of New York, supra. Corresponde a la parte demandante alegar que se debe prescindir del requisito de agotamiento con hechos específicos y bien definidos, expuestos de una manera que le permita al tribunal evaluar la defensa del Estado.

Sin embargo, la norma se debe aplicar con flexibilidad y no debe constituir una barrera para impedir arbitra-riamente el acceso a los tribunales. La aplicación de la doc-trina generalmente depende de un análisis de estos factores que inclinan la balanza a favor o en contra de la revisión judicial. Davis, op. cit., pág. 415.

Aunque de ordinario la aplicación del principio por los tribunales conlleva la desestimación de la acción incoada y su envío al foro administrativo, cuando un litigante también reclame daños y perjuicios que la agencia no puede adjudicar, generalmente “la mejor práctica es suspender la acción judicial para que, una vez advenga final y firme el dictamen administrativo, se resuelva si proceden los daños reclamados”. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 359 esc. 7 (1988).

> ► — I

Bajo los criterios antes expuestos, de ordinario los planteamientos referentes a si un niño impedido recibió una educación individualizada en respuesta a sus peculiares necesidades es cuestión que debe ser inicialmente resuelta por la agencia. La formulación de un plan individualizado de educación para el niño impedido requiere la participación de los maestros que conocen los problemas del niño y quienes lo han evaluado a través de los años. También exige la intervención de personas con adiestramiento y experiencia previa en esta área educativa tan especializada. Precisamente por las diferencias que-se proyectan en cuanto a capacidad, física y mental, conocimiento, destrezas y trasfondo de cada niño, y por la dificultad intrínseca de la evaluación de competencias genéricas, el Congreso de Estados Unidos y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignaron recursos a los organismos estatales educativos para confeccionar planes individualizados de educación especial. Por esta misma razón se dispuso un extenso ordenamiento procesal para permitirle a los padres participar en el proceso institucional decisorio y se crearon paneles especiales de educadores para considerar las querellas de los padres.

Para que los tribunales puedan efectivamente adjudicar un reclamo legítimo de un padre de que la agencia no ha diseñado un programa que responda a las necesidades del menor, es conveniente que los educadores tengan una oportunidad de responder a la querella mediante el procedimiento administrativo provisto por la ley. Una vez procesada la querella y formuladas por escrito las determinaciones de rigor, los tribunales están en mejor posición para ejercer su función revisora y adjudicar adecuadamente los eventos del caso. Ello podría incluso conducir a que mediante ese trámite administrativo se resuelva satisfactoriamente el problema y el menor reciba los servicios que necesita para su desarrollo personal que, después de todo, es el interés plasmado en esta legislación inicial.

En estos casos la naturaleza del problema requiere de los conocimientos especializados que tienen los funcionarios del sistema educativo, así como una determinación confiable de las necesidades particulares del menor impedido. En ausencia de un planteamiento de que los remedios son inadecuados, la prudencia judicial aconseja que se remita el caso al Departamento de Instrucción Pública para que allí se ventile la controversia principal. Véanse: Ezratty v. Com. of Puerto Rico, 648 F.2d 770 (1er Cir. 1981); Doyle v. Secretary of Health and Human Services, 848 F.2d 296 (1er Cir. 1988).

Por otro lado, advertimos que si no se utilizan las salvaguardas procesales apuntadas anteriormente, de ordinario no procede una reclamación de daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Recordamos que en Bonilla v. Chardón, supra, reconocimos que la violación arbitraria e injustificada de esas salvaguardas procesales impuestas por ley es fuente de responsabilidad por los daños causados. Sin embargo, ese pronunciamiento res-pondió a que allí se probó que los demandantes utilizaron todos los procedimientos administrativos y se demostró que los funcionarios gubernamentales no cumplieron con sus propias determinaciones y compromisos, constituyendo esto una deliberada indiferencia y negligencia crasa en el desem-peño de sus deberes en violación al debido proceso requerido por la ley y el Reglamento del Programa de Educación Especial.

Al aplicar los principios esbozados al caso de autos notamos que la causa de acción está predicada en que el Departamento de Instrucción Pública incumplió su obligación de proveer educación especial al menor impedido. Aunque no con la precisión deseada, las alegaciones de la demandada exponen sucintamente un reclamo a dicha agencia por no haberle provisto a Gervacio Rivera Nieves una educación especial, y que tal omisión causó un rezago educativo y agravó sus impedimentos. En estas circunstancias peculiares y en vista de los pronunciamientos vertidos en esta opinión, en justicia, antes de aplicar con rigor en este pleito la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, procede que se le conceda a los padres la oportunidad de enmendar su demanda para especificar las gestiones realizadas en el foro administrativo y así intentar ubicar la causa de acción en la perspectiva doctrinaria que inspira esta decisión. Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763, 771 (1983); A.T.P.R. v. Padín Santiago, 104 D.P.R. 426, 428-429 (1975); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972). De esta forma el tribunal de instancia tendrá todos los elementos necesarios para determinar si debe remitir la reclamación del Sr. Gervacio Rivera al Departamento de Instrucción Pública para que, conforme con el procedimiento dispuesto por la Ley del Programa de Educación Especial y su reglamento, prontamente se ventile la querella de estos padres legítimamente preocu-pados por el bienestar de su hijo.

Si el foro de instancia determina que es aplicable la doc-trina de agotamiento de remedios administrativos, procede la paralización de los procedimientos judiciales para que, una vez advenga final y firme la decisión del Departamento de Instrucción Pública, el tribunal pueda resolver los méritos de la reclamación. Delgado v. Rodríguez, supra.

Así revocada la sentencia recurrida, se devuelve el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos conforme con esta opinión.