author:
      (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Hernández Denton. Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

text:
    Juan Sifontes Ramos et al., demandantes y recurrentes, v. Oliver Exterminating Services Corporation, demandada y recurrida.

      Número: RE-85-557

      Resuelto: 5 de abril de 1991

      Rafael A. Oliveras López de Victoria, abogado del recurrente; Jorge R. Dávila, abogado de la recurrida.
   SENTENCIA

Expedimos el auto de revisión radicado ante este Tribunal por el demandante recurrente Sifontes Ramos con el propósito de revisar una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante la cual se desestimó una demanda que el recurrente había radicado ante dicho foro judicial sobre “despido ilegal y daños y perjucios”. Procede la confirma-ción de la mencionada sentencia desestimatoria. Veamos por qué.

f — I

El demandante recurrente Sifontes Ramos trabajaba como gerente de la demandada recurrida Oliver Exterminating Services Corporation. Éste se vio afectado, el día 19 de noviembre de 1982, por una condición de “aneurisma cerebral”. El asunto fue reportado al Fondo del Seguro del Estado como un “accidente del trabajo”. Sifontes Ramos se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fue operado. Se reintegró a su trabajo con Oliver Exterminating Services Corporation el 1ro de febrero de 1983. Transcurridos seis (6) meses de haberlo así hecho, Sifontes Ramos tuvo que ausentarse nuevamente de su trabajo el 26 de septiem-bre de 1983, trasladándose a Nueva York, donde fue operado por segunda ocasión. El 20 de diciembre de 1983, el Fondo del Seguro del Estado emitió decisión en el caso. Resolvió que no se trataba de un “accidente del trabajo”. Sifontes Ramos acudió en revisión ante la Comisión Industrial de Puerto Rico. Dicho recurso de revisión no ha sido aún resuelto por dicha Comisión. Oliver Exterminating Services Corporation, mediante carta de fecha 2 de abril de 1984, le informó a Sifontes Ramos que había dado por terminado su relación de patrono-empleado. Dicha actuación patronal fue la causa de la acción judicial radicada por Sifontes Ramos. El tribunal de instancia, al declarar con lugar una moción de desestimación radicada por Oliver Exterminating Services Corporation, resolvió que el período de un año que establece el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. see. 7 —término máximo durante el cual viene un patrono obligado a reservarle el empleo a un obrero que ha sufrido un accidente del trabajo— es uno que no puede ser interrumpido.

Independientemente del hecho de que el “accidente” sufrido por el recurrente Sifontes Ramos pueda ser considerado como uno del trabajo, o, por el contrario, uno no ocupacional, lo cierto es que procede la confirmación de la sentencia recurrida. Esto es así ya que no cabe la menor duda de que transcurrió tanto el término de seis (6) meses que establece la Sec. 3(q) de la Ley de Beneficios por Incapacidad de 1968 (11 L.P.R.A. sec. 203(q)), como el período de un (1) año que prescribe el Art. 5a de la Ley de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo, ante, sin que el recurrente Sifontes Ramos cumpliera con los requisitos que claramente establecen los referidos artículos de ley.

Por los fundamentos antes expresados, se dicta sentencia confirmatoria de la dictada por el tribunal de instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton emitieron opiniones concurrentes. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió opinión disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Conforme surge de la demanda que ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, radicara el demandante Juan Sifontes Ramos/) éste comenzó a trabajar con la demandada Oliver Exterminating Services Corp. (en adelante Oliver Exterminating), en calidad de gerente, el día 19 de junio de 1981. El demandante Sifontes Ramos sufrió —alegadamente como consecuencia de una aneurisma cerebral— un “accidente del trabajo” el día 19 de noviembre de 1982. Ello causó que el demandante, luego de que el asunto fuera reportado al Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo), se ausentara de su trabajo para recibir tratamiento médico para su condición. Sifontes Ramos se. trasladó al estado de Nueva York, Estados Unidos de América, donde fue intervenido quirúrgicamente. Habiendo regresado a Puerto Rico, el demandante Sifontes Ramos se reintegró a su trabajo con la demandada el 1ro de febrero de 1988. Al cabo de aproximadamente seis (6) meses, facultativos médicos que le atendían le recomendaron al deman-dante Sifontes Ramos una segunda intervención quirúrgica, au-sentándose éste de su trabajo con la demandada el día 26 de septiembre de 1983. Fue operado, nuevamente en Nueva York, tres días más tarde.

El 20 de diciembre de 1983, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado emitió decisión en el caso. Determinó que procedía ordenar el cierre y archivo de la reclamación radicada ante dicho organismo administrativo por razón de que el “acci-dente” alegadamente sufrido por el recurrente Sifontes Ramos no cualificaba como un “accidente del trabajo” al amparo de las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. La referida decisión o conclusión se basó en que las “aneurismas cerebrales” son “condiciones congénitas cuya ruptura es espontánea y nada tienen que ver con el trabajo”. Apéndice a Solicitud de revisión, pág. 58. De la decisión emitida por el Administrador no surgen los fundamentos científicos en que se basa la antes mencionada aseveración.. Inconforme, el señor Sifontes Ramos acudió, en revisión de la decisión antes mencionada, ante la Comisión Industrial de Puerto Rico, Caso Núm. 84-[ XXX-XX-XXXX ]-1. El mismo se encuentra actualmente pendiente ante dicho organismo administrativo.

El 2 de abril de 1984., no habiéndose reintegrado Sifontes Ramos a su trabajo, la demandada Oliver Exterminating le notificó, a éste, mediante carta a esos efectos, que debido a su prolongada ausencia se había decidido que no podía seguir reservándole su empleo. El 11 de abril de 1984, Sifontes Ramos radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, demanda sobre “despido ilegal y daños y perjuicios”. En la misma se alegó, en síntesis y en lo pertinente, que la actuación de la demandada Oliver Exterminating violaba las disposiciones del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 7, teniendo él derecho, en consecuencia, a recibir de parte de la demandada todos los “beneficios” que establece dicha disposición legal.

Luego de los tramites legales correspondientes, la demandada Oliver Exterminating radicó una moción de desestimación ante el tribunal de instancia. En la misma alegó, en síntesis, que el citado Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no era aplicable al caso de autos por cuanto, habiendo sufrido el demandante el alegado accidente del trabajo el día 19 de noviembre de 1982, éste había estado ausente de su empleo por un período de tiempo en exceso de un año, cual es el término máximo que dicha disposición legal requiere que se le reserve el empleo a un trabajador que se ha ausentado del mismo debido a un accidente del trabajo. Por su parte, el demandante Sifontes Ramos, al oponerse a la desestimación solicitada, sostuvo que el término de un año al que alude el referido Art. 5a fue “interrum-pido” al él haber regresado a trabajar el 1ro de febrero de 1983.

El tribunal de instancia, mediante sentencia de fecha 25 de octubre de 1985, desestimó la demanda radicada. Resolvió, en síntesis, que el lenguaje del citado Art. 5a de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo respecto al período de un año era uno “claro y específico... y libre de ambigüedad”, Exhibit A, pág. 8; esto es, que el referido período no era susceptible de ser interrumpido.

Inconforme, el demandante Sifontes Ramos acudió en revisión ante este Tribunal. En el recurso que a esos efectos radicara le imputó al foro de instancia haber errado al así resolver. Expedi-mos el auto de revisión solicitado.

Dados los hechos particulares del caso ante nuestra conside-ración —en especial, en vista del hecho de que la decisión del Administrador del Fondo es una que no es final y firme, razón por la cual todavía no se puede precisar si se trata de un accidente no ocupacional o, por el contrario, un accidente del trabajo— nos enfrentamos a una situación sumamente particular, ya que a la misma pueden ser aplicables una de dos disposiciones esta-tutarias distintas, a saber: la Sec. 3(q) de la Ley de Beneficios por Incapacidad de 1968 (11 L.P.R.A. sec. 203(q)) o el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, ante.

Dispone la citada Sec. 3(q) que:

(q) Reinstalación después de la incapacidad.
En los casos de incapacidad para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reser-var el empleo que desempeña el trabajador al momento de comen-zar la incapacidad y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
(1) que el trabajador requiera al patrono que lo reponga en su empleo dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos seis (6) meses desde la fecha de comienzo de la incapacidad;
(2) que el trabajador esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono dicha reposición; y
(3) que dicho empleo subsista al momento en que el trabajador solicite su reposición. Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o lo ocupe otro trabajador. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro trabajador dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición. (Énfasis suplido.)

En Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50 (1984), tuvimos la oportunidad de interpretar la transcrita disposición legal. Resolvimos en dicho caso, en síntesis y en lo pertinente, que para que el empleado temporalmente incapacitado por razón de inca-pacidad o accidente no ocupacional tenga derecho a ser reinstalado en su antiguo empleo éste viene obligado, además de cumplir con los demás requisitos que exige la Ley de Beneficios por Incapacidad de 1968, a requerir su reinstalación en o antes de que transcurra el término de seis meses desde la fecha en que se incapacitó.

No debe haber duda alguna, en consecuencia, de que en la alternativa de que prevalezca la decisión emitida por el Adminis-trador del Fondo —a los efectos de que no se trata de un accidente del trabajo y sí de una incapacidad no ocupacional— el recurrente Sifontes Ramos no tiene derecho a ser reinstalado en su antiguo empleo con la recurrida Oliver Exterminating. Ello por razón de que, conforme las disposiciones de la antes citada See. 3(q) de la Ley de Beneficios por Incapacidad, dicho patrono sólo venía en la obligación de reservarle el empleo al recurrente por un período de seis meses desde la fecha en que éste se incapacitó. Rojas v. Méndez & Co., Inc., ante. Ello, como hemos visto, no dispone totalmente del caso.

Existiendo la posibilidad en el presente caso, sin embargo, de que la decisión emitida por el Administrador del Fondo sea revocada —y, en consecuencia, se determine finalmente que se trata de un accidente del trabajo— venimos en la obligación de examinar el asunto a la luz de las disposiciones del citado Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

I 1 — (

El Art. 5a de la citada Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo —Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada— dispone:

See. 7. Reinstalación después de incapacidad
En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones: (1) que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente-, (2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición; y (3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presu-mirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición.)
Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la correspondiente reclama-ción de reinstalación y/o de daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, establecido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32. (Énfasis suplido.)

El transcrito Art. 5a forma parte de toda una legislación de índole remedial vigente en nuestro ordenamiento, legislación que no hay duda debe ser interpretada liberalmente y de conformidad con el propósito que la inspiró. Véanse: Sec. 1 de la Ley de Beneficios por Incapacidad, 11 L.P.R.A. see. 201; Correa v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 816, 818 (1940); Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R. 196, 215 (1961); Torres García v. F.S.E., 111 D.P.R. 469 (1981); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Fubs. J.T.S., 1987, págs. 458-459; Industrial Comm’n v. McCartin, 330 U.S. 622, 628 (1946). Dicha disposición legal, en específico, tiene un propósito loable por demás. Mediante la aplicación del mismo se le garantiza al trabajador, que se incapacita temporalmente como consecuencia de un accidente o enfermedad ocupacional, tranquilidad de espíritu por cuanto, cumplidos ciertos requisitos, ese trabajador tiene el derecho a ser reinstalado en su empleo.

Ello no obstante —y como expresáramos en Rojas v. Méndez y Co., Inc., ante, al interpretar la Sec. 3(q) de la Ley de Beneficios por Incapacidad de 1968, ante— () consciente nuestro legislador de la carga y el gravamen económico que podría resultar para un patrono la aplicación indiscriminada de esta clase de disposicio-nes, éste estableció mediante lenguaje claro y preciso unos requisitos para el ejercicio por parte del trabajador de ese “derecho” a la reposición.

Una simple lectura del citado Art. 5a revela cuáles son esos requisitos:

(1) que se trate de un accidente o enfermedad ocupacional que inhabilite al empleado para trabajar;

(2) que dentro de los quince (15) días de haber sido dado de alta, el empleado solicite del patrono que lo reponga a su empleo;

(3) que dicho requerimiento de reposición sea hecho, en adición, dentro de los doce (12) meses de haber ocurrido el “accidente del trabajo”;

(4) que en el momento en que se hace el referido requeri-miento el empleado esté física y mentalmente capacitado para realizar las funciones de su empleo, y

(5) que el empleo o posición que ocupaba el empleado “sub-sista” al momento en que éste solicita su reposición.

No hay duda que, prima facie, en el caso del demandante recurrente Sifontes Ramos no se cumple con, cuando menos, tres de los antes enumerados requisitos. No se cumple con el segundo de ellos, esto es, haber solicitado la reposición dentro de los quince días de haber sido “dado de alta”, por la sencilla razón de que el demandante Sifontes Ramos no sólo nunca solicitó formalmente la reposición sino que nunca fue dado de alta dentro del año siguiente a sufrir el accidente del trabajo. Por otro lado, una simple operación matemática es todo lo que se necesita para poder uno percatarse de que se incumple con el tercer requisito, ya que no hay duda de que si el “accidente del trabajo” ocurrió el día 19 de noviembre de 1982, a la fecha de la carta que a Sifontes Ramos le enviara Oliver Exterminating, ya había transcurrido en exceso de un año. Por último, resulta obvio que al momento de la referida carta, el demandante Sifontes Ramos todavía no se encontraba física y mentalmente capacitado para realizar el trabajo de gerente de la demandada recurrida por cuanto todavía no había sido dado de alta.

Ello no obstante, argumenta el demandante recurrente que el hecho de que él regresara a trabajar, luego de sufrir la primera intervención quirúrgica, el día 1ro de febrero de 1983 y que estuviera desempeñando sus funciones hasta el 26 de septiembre de 1983 efectivamente “interrumpió” el período de un año pres-crito por el referido Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, ante, causando que dicho término “co-menzara” a contarse de nuevo. Ello, conforme la teoría del demandante recurrente, tuvo la consecuencia de hacer “prematu-ra” la carta de la demandada Oliver Exterminating, de fecha 2 de abril de 1984, prescindiendo de sus servicios por cuanto tenían la obligación de reservarle su empleo hasta septiembre de 1984.

No podemos refrendar dicha posición. En primer lugar, cuando “la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 14. Véanse: Irizarry v. Registrador, 61 D.P.R. 74 (1942); Caguas Bus Line v. Sierra, Comisionado, 73 D.P.R. 743 (1952); Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101 (1964); Rodríguez v. Fidelity Bond Mortg. Corp., 108 D.P.R. 156 (1978). Somos del criterio que estamos ante una de esas situaciones; esto es, la terminología en que está redactado el citado Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es una clara y libre de ambigüedades. Ello nos obliga, no obstante el propósito reparador del estatuto en sí, a interpretar el mismo conforme al significado común y corriente de sus términos. Debe mantenerse presente que el texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, ante. Y es que, como expresáramos en Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 331 (1975), “[e]n aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley”.

En segundo lugar, la “interpretación” que propone el deman-dante recurrente es una que nos puede llevar a una situación insostenible. Si determináramos que un empleado que sufre un accidente del trabajo, que se ha reportado al Fondo y que, en consecuencia, se encuentra recibiendo tratamiento médico, puede interrumpir el término de un año prescrito en el citado Art. 5a meramente reportándose, aun cuando no haya sido “dado de alta” por el Fondo, a trabajar por un corto período de tiempo, estaría-mos judicialmente enmendando el citado Art. 5a y permitiendo que dicho término se pueda extender ad infinitum-, esto es, estaríamos incurriendo en un ejercicio indebido de nuestra fun-ción judicial.

En el ejercicio de sus prerrogativas, el legislador entendió que el término de un año dispuesto en el Art. 5a, ante, hace justicia tanto a los intereses del patrono como a los del trabajador. Por un lado, como expresáramos anteriormente, se le proporciona una gran tranquilidad de espíritu al trabajador que sufre un accidente ocupacional; éste sabe que, cumplidos ciertos requisitos, su ausencia en el trabajo por un año no le priva de su derecho a ser reinstalado en el empleo. De otro lado, el patrono no soporta la carga, que sin duda puede ocasionar un disloque total de su actividad empresarial, de verse obligado por ley a congelar un sinnúmero de plazas por un período irrazonablemente largo de tiempo. Tal ha sido el juicio legislativo y no le corresponde a este Tribunal enmendar el mismo mediante un acto manifiesto de “legislación” judicial.

Somos del criterio, en consecuencia, que para que un em-pleado que se ha incapacitado temporalmente, por razón de enfermedad o accidente ocupacional, tenga derecho a ser repuesto en el empleo que desempeñaba al ser víctima del accidente del trabajo, éste viene obligado —en adición a cumplir con los demás requisitos que exige el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, ante— a requerir su reposición en o antes de que transcurra el período de un año, contado el mismo a partir de la fecha de la ocurrencia del accidente del trabajo. ()

Por los fundamentos antes expuestos, es que concurrimos con el resultado de la sentencia emitida por el Tribunal, confirmatoria la misma de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el caso de epígrafe.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Debido a que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado concluyó que el aneurisma cerebral sufrido por el Sr. Juan Sifontes Ramos no era un accidente del trabajo, y de los autos originales no se desprende que después del accidente de noviem-bre de 1982 el peticionario recibió los servicios de la agencia, confirmaría el dictamen recurrido sin ulteriores pronunciamien-tos.

I

Para una mejor comprensión de la controversia ante nos, expongamos sucintamente los hechos según se desprenden del expediente y los autos originales del recurso.

El 19 de noviembre de 1982 el Sr. Juan Sifontes Ramos sufrió lo que eventualmente fuera diagnosticado como ruptura de un aneurisma arterial. Por motivo de esta lesión acudió a médicos privados en el Hospital Auxilio Mutuo, y el 3 de diciembre de ese año se sometió a una operación en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. De los documentos que obran en autos no surge prueba acreditativa de que el empleado solicitó los servicios del Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo) ni de que la agencia le ofreció tratamiento en esa etapa inicial de su lesión.

Una vez recuperado de la operación, el 1ro de febrero de 1983, el peticionario regresó a su empleo donde se desempeñaba como Gerente de la sucursal de San Juan y Gerente de Ventas de toda la isla para Oliver Exterminating Services Corporation (en ade-lante Oliver). Posteriormente, los galenos privados que lo aten-dían le recomendaron una segunda intervención quirúrgica para reparar un defecto osteoplástico de la región frontal izquierda del cráneo. Así las cosas, en septiembre de 1983 Sifontes Ramos viajó de nuevo a Estados Unidos a someterse a una segunda operación. Al regresar a Puerto Rico, solicitó que el Fondo le pagara los gastos en-que incurriría en una próxima visita a su médico privado en Estados Unidos.

Con motivo de esa petición, el 20 de diciembre de 1988, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado (en adelante Administrador) determinó que el aneurisma sufrido por Sifontes Ramos hacía trece (13) meses, el 19 de noviembre de 1982, no fue un accidente del trabajo. En su decisión el Administrador con-cluyó que “no existe el eslabón que une la incapacidad resultante con los hechos que sirvieron de base a la reclamación del peticionario. No hubo accidente o incidente alguno”. Apéndice a Solicitud de revisión, pág. 58.

Además, sostuvo que los “aneurismas, especialmente de las arterias cerebrales, son condiciones congénitas cuya ruptura es espontánea y nada tienen que ver con el trabajo. La posible excepción pudiera ser un trauma en la cabeza, fuerte[, h]echo que aquí no ocurrió”. (Énfasis suplido.) Apéndice a Solicitud de revisión, pág. 58.

A raíz de esta determinación del Administrador, Sifontes Ramos apeló ante la Comisión Industrial y hasta la fecha ese foro apelativo no ha resuelto la petición.

Cinco (5) meses después de la decisión del Administrador, y dieciocho (18) meses después de la lesión, el 10 de mayo de 1984 el peticionario incoó demanda sobre despido ilegal y daños y perjuicios contra Oliver; alegó que el 19 de noviembre de 1982 sufrió un accidente del trabajo y que su despido el 2 de abril de 1984 violó el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 7.

Tras una solicitud de desestimación hecha por Oliver, el foro de instancia desestimó la demanda. De esa sentencia acude ante nos Sifontes Ramos.

l — i I — I

En primer lugar, coincidimos con el análisis procesal expuesto por la compañera Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. Un examen riguroso de los autos revela claramente que el foro de instancia realmente resolvió la controversia, considerando que se estaba frente a una moción de sentencia sumaria y no a una moción de desestimación. Evidentemente, el tribunal de instancia actuó bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 111, y consideró materias no incluidas en las alegaciones impug-nadas como si se tratara de una moción de sentencia sumaria. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982). En su réplica a la moción, los peticionarios no cuestionaron la extensa prueba documental sometida por el patrono. Sus comparecencias reflejan que entendieron que la controversia era de derecho y no de hechos. Torres Ponce v. Jiménez, supra, pág. 62. Por último, al adjudicar sumariamente la controversia de autos, el foro de instancia tomó en consideración “los exhibits presentados en apoyo de dichos escritos y los argumentos presentados en la vista del 5 de marzo de 1985” (Apéndice, Exhibit A, pág. 3), y no habiendo controversia sustancial sobre hechos materiales resolvió las cuestiones de derecho a base de los documentos y no de las alegaciones. Aclarado estos extremos, examinemos la controver-sia ante nos.

El Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, impone la obligación a los patronos puertorrique-ños de reservar el trabajo a sus empleados por un (1) año a partir del día en que éstos sufren un accidente del trabajo.()

En modo similar, la Sec. 3(q) de la Ley de Beneficios por Incapacidad de 1968 (11 L.ER.A. sec. 203(q)) impone a los patronos la obligación de reservarle el trabajo a sus empleados durante seis (6) meses a partir del día en que éstos sufran un accidente no ocupacional. ()

El Art. 5a, supra, otorga al obrero bajo tratamiento médico del Fondo un remedio adicional que le permite “instar y tramitar la correspondiente reclamación de reinstalación y/o de daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios . . .”. 11 L.ER.A. see. 7. Este remedio es separado del procedimiento administrativo y del programa de beneficios concedidos por el Fondo, y su propósito principal es proteger al obrero contra un despido tras haberse acogido a los beneficios de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Véase 2A Larson’s Workmen’s Compensation Law Sec. 68.36(a), pág. 13-167 (1990). Su protección dependerá de que la ausencia del obrero haya sido autorizada por el Fondo mediante una determinación preliminar de que el accidente lo inhabilita para trabajar. Para acogerse a los beneficios el obrero no sola-mente tiene que solicitar los servicios del Fondo, sino que también debe estar bajo tratamiento por la agencia hasta la fecha en que se le da de alta o se determine que no fue un accidente compensable.

Sin embargo, este derecho a incoar una reclamación judicial se activa únicamente cuando el Fondo o la Comisión Industrial ha determinado que el obrero ha sufrido un accidente del trabajo y, dentro del término de doce (12) meses desde la fecha de la lesión, la agencia oportunamente notifica al patrono que el empleado fue “dado de alta” del tratamiento por el accidente ocupacional que le impidió trabajar mientras recibía la asistencia del Fondo y se recuperaba de la lesión.

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En el caso de autos el señor Sifontes Ramos sufrió un accidente el 19 de noviembre de 1982. Del expediente no surge que durante el primer año de su enfermedad el peticionario se acogiese a los beneficios concedidos por el Fondo a los obreros con incapacidad transitoria provocada por un accidente del trabajo. Tampoco se desprende que durante ese período de doce (12) meses, contados a partir del accidente, un médico del Fondo determinara que estaba temporeramente incapacitado para tra-bajar ni que durante ese período recibiera pago alguno por concepto de incapacidad transitoria. Véase Reglamento sobre Derechos de Obreros y Empleados Núm. 3966, Fondo del Seguro del Estado, 8 de agosto de 1989, Sec. 14.

Tampoco surge del expediente y ni hay prueba o alegación de que, durante los meses en que el peticionario regresara a su trabajo, el Fondo lo autorizara a trabajar o que se le hubiera dado de alta con derecho a tratamiento (CT). En otras palabras, de los autos de este caso no surge que el peticionario hubiese estado oficialmente bajo tratamiento por el Fondo por haber sufrido un accidente del trabajo. No fue sino hasta el décimo primer mes desde que ocurriera la lesión que el ejecutivo de ventas solicitó al Fondo la cobertura de los gastos en que incurriría el peticionario por viajar a Estados Unidos para una visita de seguimiento de una operación efectuada por cirujanos privados.()

En estas circunstancias, el peticionario no podía cumplir con el primer requisito del Art. 5a, supra: “que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta . . .”. (Énfasis suplido.) Como el Fondo concluyó que su enfermedad no era ocupacional, tampoco podía “darlo de alta” del tratamiento ofrecido a los obreros que han tenido un accidente del trabajo.

En vista de la determinación del Fondo de que la incapacidad de Sifontes Ramos se debió a una enfermedad que no estaba relacionada con el trabajo y de que el peticionario no recibió durante ese tiempo los servicios de la agencia, el patrono sólo venía obligado a reservar el trabajo del empleado por el término de seis (6) meses desde la fecha de comienzo de la incapacidad al amparo de la Sec. 3(q) de la Ley de Beneficios por Incapacidad, supra. Véase Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 52 (1984). Para el 2 de abril de 1984, fecha del despido alegadamente injustificado, el patrono ya no estaba obligado a reservar el empleo del señor Sifontes Ramos. El período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del accidente, expiró el 20 de mayo de 1983. Sólo hasta esa fecha el patrono estaba obligado por ley a reservarle su trabajo.

Como la revisión es de la sentencia y no de sus fundamentos —El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 695 (1983); Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111, 114 (1969); Rodriguez v. Serra, 90 D.P.R. 776, 777 (1964)— en correcta metodología adjudicativa lo que procede en derecho es confirmar el dictamen recurrido sin pronunciamientos adicionales. En estas circunstancias, cual-quier interpretación sobre si el término de doce (12) meses del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, puede ser interrumpido constituye un ejercicio acadé-mico con las características de una opinión consultiva, vedada por nuestro ordenamiento. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Véase, también, Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986).

Sin embargo, aun asumiendo que en este caso la Comisión Industrial revocara la decisión del Administrador y decidiera que el aneurisma sufrido por Sifontes Ramos tenía origen ocupacional, esta determinación sólo tendría el efecto de permitir el reembolso de gastos médicos y dietas a que tiene derecho un obrero que sufre un accidente del trabajo. Como la decisión del Fondo fue emitida el 20 de diciembre de 1983, ya para esta fecha había expirado el período deun(l) año durante el cual el patrono venía obligado a reservar el empleo de Sifontes Ramos.

Bajo las normas prevalecientes de derecho administrativo, nada tiene que ver en nuestro curso decisorio el hecho de que la determinación del Fondo haya sido apelada a la Comisión Industrial. Extender el período de reserva de empleo hasta que la Comisión Industrial resuelva finalmente la apelación sería enmen-dar por fíat judicial el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. Este artículo es claro en cuanto limita el período de reserva a un (1) año desde la fecha del accidente, independientemente del curso administrativo que pueda tomar un caso.

Recordemos que una apelación ante la Comisión Industrial no tiene el efecto de suspender o paralizar los efectos de una decisión del Administrador. Su decisión de denegar los beneficios de la ley-es final. Mientras se considera la apelación, esta determinación continúa en vigor. Por lo tanto, para efectos del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, al concluir el período de doce (12) meses de la lesión sin una decisión de la Comisión Industrial que revocara al Administrador, el peticiona-rio no podía reclamar los beneficios de este remedio especial, concedido únicamente a los obreros que durante esos doce (12) meses estuvieran incapacitados temporeramente y bajo trata-miento por un accidente ocupacional.

Por otro lado, el peticionario ni alegó ni probó que el 29 de septiembre o el 26 de octubre de 1983 —días en que fue operado por segunda vez y en que padeciera una subida de presión sanguínea, respectivamente— hubiera sufrido un nuevo accidente ocupacional o un accidente intercurrente, Admor, F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 365 (1972); Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 480 (1964), o uno que agravara una condición preexistente, 11 L.P.R.A. see. 3. En estos casos, el peticionario tenía el derecho a que el Fondo determinara si estos incidentes eran accidentes ocupacionales. De sus alegaciones se desprende que, en el caso del peticionario, la segunda lesión tenía las características de una recidiva, y habiéndose determinado que el primer accidente era no ocupacional, la segunda intervención no era compensable. Por lo tanto, estas lesiones adicionales tampoco lo hacían acreedor a los beneficios concedidos por el citado Art. 5a de ía Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Por las razones expuestas anteriormente, concurro.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Por no estar de acuerdo con la posición adoptada por la mayoría, disentimos. Veamos cuáles son los hechos procesales en este caso, según estos surgen de los autos originales.

El 7 de agosto de 1984.1a demandada recurrida Oliver Exterminating Services Corporation (en adelante Oliver) pre-sentó una moción titulada “Solicitud de Desestimación y Parali-zación de Procedimientos”. Alegó que la demanda dejaba de exponer una reclamación que justificase la concesión de un remedio a favor de la parte demandante y que, por lo tanto, procedía en derecho que se desestimara. Esta moción la acom-pañó con seis (6) exhibit: (a) una (1) declaración jurada de 3 de agosto de 1984 del Sr. Raúl Ferrer Colón, Vicepresidente de Oliver; (b) dos (2) certificaciones médicas del Dr. Juan Luis Duquela; (c) una (1) carta del Sr. David Oliver, Presidente de Oliver, al demandante Sifontes Ramos de 2 de abril de 1984, y (d) dos ■ (2) consultas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Consulta Núm. 11056 y Consulta Núm. 10995).

A tenor con lo dispuesto en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, cuando en una moción de desestimación fundada en que la reclamación no justifica la concesión de un remedio se expusieren materias no contenidas en la demanda, y éstas no fueren excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites posteriores provistos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, hasta su solución final. Todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a dicha moción bajo la citada Regla 36.

Cuando se presenta una moción de esta naturaleza se le conoce como speaking motion to dismiss o speaking demurrer. Nuestra Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, transforma este tipo de moción de desestimación “en lo que verdaderamente es: una moción sobre sentencia sumaria; y dispone que sea considerada como si fuera tal”. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Hato Rey, Ed. Equity, 1981, Sec. 2602, pág. 195. Véanse: Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58, 61-62 (1982); 5A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d See. 1364 (1990); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, págs. 187-188.

Sobre la moción de sentencia sumaria se ha dicho lo siguiente:

A summary judgment motion is often said to “pierce the pleadings r” it says in effect “granted that you have alleged a state of facts upon which you might win, I can prove that no such facts exist. Here are the facts and there is no conflict as to them, so trial is unnecessary. The legal consequences of these facts is that I win.” R. Brousseau, Civil Procedure, Nueva York, Ed. Mathew Bender, 1982, pág. 10-42.

Ahora bien, nuestra Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, proviene de la Regla 12(b) de Procedimiento Civil federal. Con relación a la regla federal, los comentaristas Wright y Miller han expresado lo siguiente:

A wide range of material may be introduced in conjunction with a Rule 12(b) motion, subject, of course, to the court’s discretion to reject the evidence if it feels that it is not substantial or comprehensive enough to facilitate the disposition of the action. Illustrative of the type of evidence that has been used on a Rule 12(b)(6) motion are the following: admissions of counsel, affidavits, answers to interrogatories, collective bargaining agreements, contracts, copyrighted material, depositions, exhibits, hearsay, issues of a magazine, court judgments and orders, judicial notice of prior pleadings, leases, letters, oral arguments, prior pleadings, transcripts of prior court proceedings, and matters of public record. Memoranda and briefs also may be submitted to support or oppose a Rule 12(b) motion, although their content probably does not qualify as evidence. (Escolios omitidos.) Wright and Miller, supra, págs. 475-481.

Cabe señalar que “[l]os memoriales de derecho no se consi-deran materias exógenas a las alegaciones . . . pero sí lo consti-tuyen documentos y apéndices que las partes presenten”. Cuevas Segarra, op. cit, Cap. V, pág. 187.

No habiendo el tribunal de instancia excluido la materia nueva incluida con la moción presentada por Oliver, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, la jurisprudencia interpretativa de la misma y lo expresado por los comentaristas, no cabe duda que ésta tenía que ser considerada como una moción de sentencia sumaria. () Esto quiere decir que el tribunal tenía que resolverla a base de los documentos, no a base de las alegaciones. James and Hazard, Civil Procedure, 2da ed., Boston, Ed. Little, Brown & Co., 1977, Sec. 4.14, pág. 149.

Habiendo establecido que estamos frente a una moción de sentencia sumaria, resulta necesario examinar con gran detenimiento, además de los exhibit que se acompañaron con la moción, todos los documentos que se presentaron con las distintas mociones relacionadas con la solicitud de desestimación y cuales-quiera otros que obraren en autos. () Veamos.

Con la contestación a la demanda, Oliver acompañó la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado (Administra-dor) de 20 de diciembre de 1983, relacionada con el accidente sufrido por el demandante Sifontes Ramos el 19 de noviembre de 1982, Caso Núm. 83-64-02089. A la oposición a la moción de desestimación, Sifontes Ramos unió una carta de 29 de octubre de 1983 que él le enviara a Oliver, relacionada ésta con un incidente que ocurrió cuando, según él, trató de regresar a su trabajo luego de la segunda operación.

El 27 de diciembre de 1984 el foro de instancia concedió la desestimación. El 8 de enero de 1985 el demandante Sifontes Ramos presentó una moción de reconsideración la cual acompañó con los siguientes nuevos documentos: (a) una (1) carta fechada 6 de junio de 1984 del Dr. Modesto Fontánez González dirigida al demandante Sifontes Ramos relacionada con el aneurisma que sufrió Sifontes Ramos; (b) notificación de vista pública ante la Comisión Industrial para el 11 de marzo de 1985 sobre relación causal en el Caso Núm. 83-64-02089, y (c) una (1) declaración jurada del demandante Sifontes Ramos de 4 de enero de 1985.

A continuación resumiremos los hechos que surgen incontrovertiblemente de los documentos presentados por las partes que obran en los autos originales del caso y señalaremos los que sí se pusieron en controversia.

El 19 de noviembre de 1982 el demandante Sifontes Ramos sufrió un fuerte dolor de cabeza a consecuencia del cual fue llevado de emergencia al Hospital Auxilio Mutuo. De allí lo refirieron a Estados Unidos, donde el 23 de diciembre de 1982 fue operado en Nueva York de un aneurisma cerebral. () Sifontes Ramos tuvo que ausentarse de su trabajo desde “[e]l día 19 de noviembre de 1982 hasta el 1ro de febrero . . . ese tiempo se [le] consideró parte del tiempo como vacaciones acumuladas”. () Luego de esta intervención quirúrgica, Sifontes Ramos regresó a trabajar desde el 1ro de febrero de 1983 hasta el 26 de septiembre de ese mismo año. ()

Sifontes Ramos tuvo que someterse a una segunda interven-ción quirúrgica (due to bone flap difficulty cranioplasty). En cuanto a la fecha en que se efectuó esta operación, no la podemos precisar con certeza, pues en distintos documentos aparecen diferentes fechas. Sí se puede colegir que ocurrió después del 26 de septiembre de 1988 y antes de diciembre del mismo año. ()

Sifontes Ramos le informó a Oliver que esta segunda inter-vención era necesaria para resolver varios problemas médicos resultantes de su enfermedad y de la primera operación. ()

El 14 de octubre de 1983, Sifontes Ramos le envió una comunicación al Director Médico del Dispensario Regional me-diante la cual le solicitaba autorización para que el Fondo del Seguro del Estado (el Fondo) cubriera los gastos de su próximo viaje a Estados Unidos a fines de noviembre o principio de diciembre. El propósito de este viaje era hacerse un examen médico postoperatorio. El Fondo denegó la solicitud por estar estos servicios disponibles en Puerto Rico. Con relación a lo que ocurrió en noviembre de 1982, el Fondo determinó que no hubo relación causal entre el incidente y el trabajo. () De esta decisión Sifontes Ramos apeló a la Comisión Industrial y esta apelación aún se encuentra pendiente. () El 2 de abril de 1984 Oliver'le envió una carta a Sifontes Ramos en la cual le indicaba que ya no podía retener su empleo. ()

De los documentos surge que existe controversia sobre si Sifontes Ramos trató o no de reincorporarse a su trabajo el 26 dé octubre de 1983. En la declaración jurada que prestara el 4 de enero de 1985, Sifontes Ramos indica que se reincorporó a trabajar el 26 de octubre de 1983, pero que fue informado por un ejecutivo de Oliver que sólo trabajaría hasta el 28 de octubre de 1983, fecha en la cual sería separado de la empresa. La misma versión la ofreció en la carta de 29 de octubre de 1983 que Sifontes Ramos le envió a Oliver. De otra parte, en la declaración jurada del Vicepresidente de Oliver de 3 de agosto de 1984, éste expresó que luego de ausentarse el 26 de septiembre de 1983 Sifontes Ramos no regresó a su trabajo con la empresa.

En los autos no existe documento alguno que avale la conten-ción de que Sifontes Ramos fuese atendido en algún momento, después del primer o segundo accidente, por el Fondo. Claro está, como corolario de esto, tampoco existe documento alguno que sustente el hecho de que Sifontes Ramos fue dado de alta del Fondo.

Al analizar todo lo antes reseñado, debemos tomar en consi-deración, ’ como principio cardinal que guíe la actuación del tribunal, que la sentencia sumaria tiene como objetivo conseguir la terminación de un pleito sin la celebración de un juicio. Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990). Por lo tanto, al resolver una moción, el tribunal no puede dirimir credibilidad; tiene que presumir que son ciertos todos los hechos no controvertidos que se hacen constar en los documentos y las declaraciones juradas admisibles en evidencia, y tiene que verlos de la forma más favorable para la parte que se opone a la moción, concediéndole a ésta el beneficio de toda inferencia razonable qne se pueda derivar de ellos. El tribunal, además, debe tener en cuenta que, por ser la sentencia sumaria un remedio extraordi-nario, sólo debe ser concedido cuando el promovente ha estable-cido su derecho con que reclama bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de los hechos no controvertidos o de las alegaciones no refutadas con evidencia. La norma es que la sentencia sumaria sólo se dictará cuando el tribunal esté conven-cido de que tiene ante sí la verdad de todos los hechos materiales sustanciales y que, por lo tanto, una vista evidenciaría no es necesaria. Proeesalmente no se amerita un juicio plenario. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989).

Un análisis integral de los documentos sometidos con las distintas mociones relacionadas con la solicitud de desestimación de la demanda refleja que el demandante Sifontes Ramos puso en controversia una serie de hechos materiales sustanciales. Me-diante la declaración jurada suscrita por Sifontes Ramos el 4 de enero de 1985 y la comunicación que le enviara éste a Oliver el 29 de octubre de 1983, puso en controversia el hecho de que “[djurante el período comprendido entre la fecha en que el demandante se ausentó de su empleo para someterse a su segunda intervención quirúrgica, el 29 de septiembre de 1983, y el 2 de abril de 1984, fecha en que la demandante le imputa a la demandada haberle despedido, el [señor] Sifontes [Ramos] no regresó a su trabajo con Oliver Exterminating” (Determinación de Hechos Núm. 6 de la Sentencia, Apéndice 1, Exhibit A, pág. 5) y el hecho de que esta ausencia se debió, exclusivamente, a la segunda intervención quirúrgica que sufriera Sifontes Ramos.

Mediante estos documentos, Sifontes Ramos también trajo a colación que la continuada ausencia durante este segundo período se debió al mal rato que pasó al regresar al trabajo el 26 de octubre de 1983. Al estar en controversia estos hechos, también se pone en controversia la conclusión esencial para la desestimación de la demanda de que el despido ocurrido en abril de 1984 no fue injustificado. Despúes de todo, si el mal rato que pasó Sifontes Ramos al reincorporarse a su trabajo agravó una condición preexistente, podríamos estar ante un segundo accidente aparen-temente relacionado con el trabajo. Si la actuación del patrono fue la que provocó la agravación de una condición preexistente y esto fue lo que le impidió a Sifontes Ramos reincorporarse a sus labores en octubre, podríamos estar ante un accidente laboral independiente del que originó la ausencia inicial de Sifontes Ramos en noviembre de 1982.11 L.P.R.A. see. 3; Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 367 (1972).

Claro está, para cualificar para los beneficios que dispone el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 7, Sifontes Ramos tendría que probar, al devolverse el caso al foro de instancia, que efectivamente se trataba de un accidente del trabajo; o sea, la agravación de una condición preexistente causada por el patrono y que estaba bajo el Fondo al ser cesanteado. Si logra probar esto, habría que concluir que el despido de Sifontes Ramos en abril de 1984 fue prematuro.()

For lo tanto, estando hechos reales, materiales y sustanciales en controversia, no procedía dictar sentencia sumaria que deses-timara la demanda. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra; Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117 (1990); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, supra.

For todo lo antes expuesto, procedería revocar la sentencia recurrida y devolver el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos.

      (1) A los fines de la resolución de la moción de desestimación que ante el tribunal de instancia radicara la parte demandada, ésta “aceptó” la veracidad de lo alegado en la demanda por el demandante Sifontes Ramos. A esos efectos, véase Cervecería Corona, Inc. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 698, 701 (1971).

      (2) Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, conocida la misma por “Sinot”, 11 L.P.R.A. sec. 203(q).
      La citada Sec. 203(q) es una disposición sustancialmente igual al antes citado Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 7, pero relativa la misma a accidentes o enfermedades no ocupacionales.

      (3) Distinta es la situación del empleado al que, luego de ser reinstalado por el patrono al empleo que desempeñaba antes de sufrir el accidente del trabajo —por razón de haberse recuperado del mismo, haber sido dado de alta por el Fondo del Seguro del Estado (Fondo) y haber solicitado en tiempo su reinstalación'— le surge una condición relacionada con ía del accidente anterior que nuevamente le inhabilita para realizar su trabajo.
      En esta situación no hay duda que ese empleado tendrá el término (completo) de un año para solicitar nuevamente reposición a su empleo. Ello, no por razón de que el referido término haya sido “interrumpido”, sino por el fundamento de que habiendo sido dado de alta por el Fondo y autorizado a regresar al trabajo, el incidente surgido se considera un nuevo accidente del trabajo aun cuando tenga relación con el original, esto es que haya “agravado” la lesión originalmente sufrida.

      (1) El Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. see. 7, dispone:
      “En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones: (1) que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente; (2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición; y (3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que,el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición.)
      “Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la correspondiente reclamación de reinstalación y/o de daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, establecido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32.” (Énfasis suplido.)

      (2) “En los casos de incapacidad para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeña el trabajador al momento de comenzar la incapacidad y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
      “(1) que el trabajador requiera al patrono que lo reponga en su empleo dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos seis (6) meses desde la fecha de comienzo de la incapacidad;
      “(2) que el trabajador esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono dicha reposición; y
      “(3) que dicho empleo subsista al momento en que el trabajador solicite su reposición. Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o lo ocupe otro trabajador. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro trabajador dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición.
      “Si el patrono no cumpliera con las -disposiciones de este inciso, vendrá obligado a pagar al trabajador o a sus beneficiarios los salarios que dicho trabajador hubiere devengado de haber sido reinstalado; además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El trabajador o sus beneficiarios podrán instar y tramitar la correspondiente reclamación de reinstalación y/o daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, establecido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32. — Enmendada en Julio 26, 1979, Núm. 191, p. 558, art. 2, ef. Julio 26, 1979; Junio 3,1985, Núm. 23, p. 78, ef. Julio 1,1985; Junio 28,1985, Núm. 38, p. 148, arts. 1 a 3, ef. Julio 1,1985; Julio 1, 1988, Núm. 51, p. 256, art. 3, ef. Julio 1,1988.”

      (3) En esta ocasión no solicitó el reembolso de los gastos en que incurriera con motivo del tratamiento que recibió de sus médicos privados en la primera o en la segunda operación.

      (1) Con relación a la aseveración que hizo Oliver Exterminating Services Corporation (en adelante Oliver) en la moción para solicitar desestimación de que “[piara los solos propósitos del presente escrito, se asume la veracidad de lo alegado en la demanda” (Apéndice, Exhibit I, pág. 22), resulta claro que esto no obliga al tribunal. Además, el propio Oliver en una nota al calce relacionada con esta aseveración indica lo siguiente: “Para los solos propósitos de este escrito se asume la veracidad de la alegación de la parte demandante a los efectos de que el demandante, Juan Sifontes Ramos, sufrió un accidente del trabajo. Para cualquier otro propósito, la demandada niega que el señor Sifontes Ramos, haya sufrido un accidente del trabajo o una enfermedad ocupacional; por el contrario, es la posición de la demandada que el demandante, Juan Sifontes Ramos, lo que sufrió en este caso fue una enfermedad no ocupacional.” (Enfasis suplido.) Apéndice, Exhibit I, págs. 22 y 23 n. 1.

      (2) El tribunal de instancia, al resolver dicha moción, parece haber mezclado los conceptos de la “moción de desestimación” y los de la “moción de sentencia sumaria”. En la Sentencia expresó lo siguiente:
      “Examinadas las alegaciones de las partes, la solicitud de desestimación y paraliza-ción de procedimientos presentada por la parte demandada, la oposición presentada por la parte demandante, las mociones suplementarias presentadas posteriormente por ambas partes, los exhibits presentados en apoyo de dichos escritos y los argumentos presentados en la vista del 5 de marzo de 1985, resolvemos que no existe controversia real sustancial sobre lo siguiente.” (Énfasis suplido.)
      Al así expresarse, parece estar acogiendo la moción presentada como una de sentencia sumaria. Sin embargo, cuando vamos a la parte de las determinaciones de hecho de la Sentencia, encontramos que muchas de dichas determinaciones se refieren exclusi-vamente al contenido de las alegaciones. Los hechos, o no se encuentran apoyados por documentos o han sido puestos en controversia por documentos que sí aparecen en autos.

      (3) Decisión del Fondo del Seguro del Estado de 20 de diciembre de 1983 y carta del doctor Fontánez al demandante Sifontes de 6 de julio de 1984. Apéndice, Exhibit A, pág. 56.

      (4) Declaración jurada del demandante Sifontes Ramos de 28 de noviembre de 1986. Apéndice, Exhibit R, pág. 87.

      (5) Declaraciones juradas del Vicepresidente de Oliver y del demandante Sifontes Ramos.

      (6) Carta de 6 de junio de 1984 del doctor Fontánez, Decisión del Fondo del Seguro del Estado y carta del demandante Sifontes Ramos a Oliver de 29 de octubre de 1983.

      (7) Declaración jurada del Vicepresidente de Oliver.

      (8) Decisión del Fondo del Seguro del Estado de 20 de diciembre de 1983.
      A pesar de la determinación del Fondo de que el supuesto accidente no estaba relacionado, en autos obran documentos de los cuales se podría concluir lo contrario; o sea, este hecho se puso en controversia. Veamos. En la carta que el doctor Fontánez le envía a Sifontes Ramos, éste expresa que Sifontes Ramos le indicó lo siguiente: “At work in the morning of november 1982, [Sifontes], after a heated discussion with directors of the firm where he worked, subsequently developed persistently severe headaches which did not improve with analgesics and by evening of that day they were exeru[c]iating.” Sobre la aneurisma en particular, indicó esto: “It is certain that cerebral aneurysms are congenital in nature, although recent literature is starting to contest this concept. It is highly probable that as a result of [Sifonte’s] discussion he underwent intracranial hemodynamic changes including a possible rise in blood pressure leading to his aneurysmal rupture. So that the possibility of an aggravated situation is highly probable.”
      Claro está, de confirmarse la determinación del Pondo y advenir éste a ser final y firme, dicha determinación no podría ser atacada colateralmente; sería res judicata.

      (9) Notificación sobre vista pública ante la Comisión Industrial.

      (10) Carta de 2 de abril de 1984.

      (11) Con relación a la consideración de hechos que aparece en los documentos pero no constan en las alegaciones, Moore nos dice:
      “Affidavits going beyond the pleadings may be considered if facts appear in the affidavits which would justify an amendment.” 6 Moore’s Federal Practice Sec. 5611[3] págs. 56-132 (1991).
      Wright y Miller nos indican que:
      “[The judge] may evaluate the pleadings both in terms of their content at the time of their submission and as they might be amended at some later date.” 5a Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1364 (1990).
      En la nota al calce Núm. 5 relacionada con esta cita, incluye, del caso Seaboard Terminal Corporation v. Standard Oil Co., 104 F.2d 659 (1939), lo siguiente:
      “On motion for summary judgment, if facts appear in the affidavits which would justify an amended complaint, there may be ground for -treating the complaint as though it were already amended . . . .”


source: Caselaw Access Project

author:
      (Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Subsecretario General
     Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

license: Public Domain

text:
    Luis Velázquez Ortiz, Olga María Umaña y otros, demandantes y recurrentes, v. Universidad de Puerto Rico, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-91-57

      Resuelto: 5 de abril de 1991

      Tomás Correa Acevedo, de Correa Acevedo, Mainardi & Rivera Santana, abogado de los recurrentes; los recurridos no comparecie-ron.
   SENTENCIA

(Regla 50)

Comparecen ante nos los peticionarios, hermanos y abuelos del infante Richard Velázquez Umaña para impugnar, por insufi-cientes, las cuantías de las compensaciones concedidas a ellos por los sufrimientos resultantes de la muerte del mencionado niño a consecuencia de la negligencia de la parte demandada.

Los codemandantes Luis Velázquez Ortiz y Olga María Umaña procrearon durante su matrimonio dos (2) varones y una (1) niña. Esta última, de nombré Daisy Velázquez Umaña, a la fecha de la muerte de su hermanito Richard tenía catorce (14) años de edad. Su otro hermano, el codemandante Luis A. Velázquez Umaña, tenía nueve (9) años y el occiso tenía tres (3) años y cuatro (4) meses. Eran los abuelos paternos de dichos menores los esposos codemandantes, Don Laureano Velázquez Torres y Doña Marcelina Ortiz Rivera.

El nacimiento del finado Richard Velázquez Umaña fue pre-maturo. El niño pesó al nacer dos y media (21/2) libras y midió dieciséis (16) pulgadas. Durante su primer año, el desarrollo de éste fue sumamente lento y difícil. Estuvo en varias ocasiones al borde de la muerte. Caminó tarde, empezó a hablar después del año y, por su condición, durante los primeros meses de vida requirió de cuidados especiales y de mayor atención y cariño de los miembros inmediatos de su familia. Los sufrimientos padecí-dos por los hermanos y los abuelos de dicho menor fueron descritos por el tribunal de instancia del modo siguiente:

El menor codemandante Luis A. Veláquez Umaña, quien nació el 26 de diciembre de 1976, tenía buenas relaciones con su hermanito Richard. Luis tenía 9 años al morir Richard. Practicaban juegos y se divertían juntos; a veces en unión a los demás miembros de la familia. Sufrió mucho Luis por la muerte de su hermanito y recriminaba por ello a la madre, diciéndole que por qué no lo dejó como estaba. Después de la muerte a veces se pasaba mirando el techo. Sufrió lo que se espera que sufra un hermano por la muerte de otro hermanito, en las circunstancias en que falleció Richard Velázquez Umaña. (Esta última parte de esta determinación de hecho fue estipulada por las partes).
La menor Daisy Velázquez Umaña, quien nació el 2 de octubre de 1972, quería mucho a su hermano menor. Tenía ella 14 años y medio cuando él murió. El cariño era más de lo usual por razón de que Richard nació después de 5 años del nacimiento del otro hermano y vino como a llenar un vacío. Ella lo atendía en la cuna; a veces “lo dormía en la cama”. El le decía “Titi”. Sufrió ella lo que se espera que sufra una hermana por la muerte de un hermanito, conside-rando las circunstancias particulares en que falleció Richard Velázquez Umaña. (La última parte de esta determinación de hecho fue estipulada por las partes.)
Los codemandantes Laureano Velázquez Torres y Marcelina Ortiz Rivera son los abuelos paternos del finado menor Richard Velázquez Umaña. Viven en un sector cercano al lugar donde residía dicho menor con sus padres. Se relacionaban con él, ya que el niño iba con los padres semanalmente a visitarlos. Era el último de los nietos. Cuando el niño murió lo llevaron a velar a la casa de estos abuelos y allí ellos compartieron el dolor con los demás familiares. Sufrieron ambos por la pérdida de este nieto lo que se espera que sufran unos abuelos al ver perder un nieto, considerando las circunstancias particulares en que falleció Richard Velázquez Umaña. (Esta última parte de esta determinación de hecho fue estipulado por las partes). Exhibit I, págs. 12-13.

Por tales sufrimientos y angustias, el tribunal concedió la cantidad de $7,500 a Daisy Velázquez Umaña y de $5,000 a su hermano Luis A. Velázquez Umaña. Concedió la suma de $3,500 a cada uno de los abuelos del menor.

De ordinario, este Foro apelativo guardará deferencia y no entrará a variar la valorización de los daños hecha por el foro de instancia, ya que son estos magistrados los que vienen en contacto directo con la prueba testifical y, por ende, son los que están en mejor posición de emitir juicio en torno a los mismos. Dicha tarea es difícil y compleja, toda vez que “no existe una tabla o computadora electrónica que recoja todos los elementos y premisas inarticuladas que nutren la valorización del dolor físico y mental humano y permita, mediante la aplicación de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener el resultado final apropiado. Esta función descansa sobre el ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador de hechos animado por un sentido de justicia o de conciencia humana”. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647-648 (1975). No obstante, de este Tribunal apelativo entender que la cuantía concedida en instancia es ridiculamente baja o exageradamente alta, podría intervenir y ajustarla. Urrutia v. A.A.A., supra.

Si bien es cierto que no existen dos (2)' casos exactamente iguales y que cada caso es distinguible según sus propias circuns-tancias, nuestra casuística ha pautado “que es aconsejable que los tribunales de instancia utilicen como guía o punto de partida las cuantías concedidas por este Tribunal en casos ‘similares’ ante-riores [pero] la decisión que se emita en un caso en específico en relación con esta materia no puede ser considerada como prece-dente obligatorio para otro caso”. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 452 (1985), y casos allí citados. Véase Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990).

Expuesto este marco doctrinario y vistas las circunstancias particulares del caso de epígrafe, es nuestro entender que erró el tribunal de instancia en su valorización de los daños sufridos por los abuelos y hermanos del occiso. La suma concedida a éstos es injustificadamente baja; no guarda relación con los daños sufridos y no cumple adecuadamente con su función reparadora. En justicia procede que la aumentemos a la suma de $10,000 a cada uno de los hermanos y abuelos del menor fallecido, aquí recurren-tes.

Sostiene la parte demandante que la conducta observada por los demandados fue temeraria y que el hecho de que hayan aceptado su responsabilidad luego de haber negado la misma en la contestación a la demanda no les hace inmunes a la imposición de honorarios. Solicita que dicha partida se aumente a $30,000. La Universidad de Puerto Rico, por su parte, señala que fue después de un extenso trámite de descubrimiento de prueba cuando se cercioró de que hubo impericia médica profesional por parte de los galenos del Hospital Pediátrico. En vista de ello, presentó una Moción Conjunta para Limitar Controversias en la que aceptó su responsabilidad. Sostiene que la partida de honorarios concedida por el tribunal a quo debe eliminarse.

Nuestra Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.PR.A. Ap. III, consagra el principio general de que “en caso de que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta”. Si bien nuestras reglas procesales no han definido este concepto, es sabido por todos que la temeridad es “una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la adminis-tración de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la contratación de sevicios profesionales, incluyendo abogados, con gravamen a veces exhorbitantes para su peculio”. H. Sánchez Martínez, Rebelde sin costas, Año 4 (Núm. 2) Boletín Judicial (abril-junio 1982). La casuística, por su parte, se ha encargado de ir perfilando sus contornos.

Se ha señalado que:

El propósito principal de autorizar la imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad, es la de establecer una penalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, contuma-cia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito. Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954). Hemos señalado que la acción que amerita la condena de honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar, McCormick v. Vallés, 55 D.P.R. 226, 233 (1930); que lo prolongue innecesariamente, Stella v. Bonilla, supra [65 D.P.R. 542 (1946)]; Ortiz v. Viera, 59 D.P.R. 358 (1941), o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables. San Antonio v. Jiménez & Fernández, Sues., 63 D.P.R. 215, 220 (1944). (Enfasis suplido.) Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718-719 (1987).

En el reciente caso de Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 738 (1990), este Tribunal señaló como factores a sopesar al imponer una cuantía de honorarios por temeridad “la naturaleza del litigio, las cuestiones de derecho envueltas en el mismo, la cuantía en controversia, el tiempo invertido, los esfuerzos y actividad profesional que hayan tenido que desplegarse, y la habilidad y reputación de los abogados envueltos . . . deberá mantenerse presente que el grado o intensidad de la conducta temeraria o frívola es el criterio o factor determinante y crítico . . .”. (Enfasis suprimido.)

Visto el trámite procesal habido en el caso de autos, a la luz de los parámetros previamente expuestos, es nuestro entender que la parte demandada incurrió en conducta temeraria. La sentencia del foro de instancia le dedica varias páginas al pedregoso trámite procesal sufrido debido a la conducta de la parte demandada. En la medida en que la parte demandada hizo necesario un litigio que se pudo evitar y obligó a la parte demandante a incurrir en gastos innecesarios y a sufrir molestias, en igual grado su conducta fue temeraria. Si bien las partes aceptaron su negligencia, lo hicieron tres años y medio (31/2) después de haberse iniciado este litigio. Ello no subsana la conducta temeraria observada. En consecuen-cia, es nuestro parecer que erró el foro de instancia al conceder la módica cifra de $1,500 por concepto de honorarios. La misma debe ser aumentada a la suma de $5,000.

Por los fundamentos expuestos se dicta sentencia que modifi-que la dictada por la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico a los fines de conceder a los recurrentes las partidas de $10,000 a cada uno de los abuelos y hermanos del finado, y que aumente a $5,000 la cuantía concedida por concepto de honorarios de abogado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Subsecretario General;

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso, a quien se ha unido la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, concurre mediante opinión escrita aumentando aún más dichas partidas.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Subsecretario General

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Concurro con la Sentencia (Regla 50) dictada por el Tribunal en la medida en que aumenta las indemnizaciones a los hermanos y abuelos del finado y la cuantía por concepto .de honorarios de abogado. Sin embargo, el aumento no es suficiente. Los hechos del caso de autos requieren un aumento mayor. Veamos.

En autos se trata de un núcleo familiar especial donde, por la condición lamentable del finado en vida, toda la familia —padres, hermanos y abuelos— logró hacer de una tragedia un ambiente familiar de cariño, de apoyo y de ayuda mutua para lograr que el finado fuera lo más feliz posible dentro de sus circunstancias. Logró excelentes relaciones interpersonales y de cariño. () Bajo estas circunstancias, el dolor y el sufrimiento por la pérdida de la persona que generó esas relaciones es mucho mayor que bajo otras circunstancias.

Hace apenas un mes señalábamos en nuestra opinión disidente en parte y de conformidad en parte en Saurí Rodriguez v. Colón Martínez, 127 D.P.R. 900, 906 (1991), que:

La cantidad que el foro de instancia concede al perjudicado depende de muchas y variadas circunstancias que concurren en el caso. Entre éstas podemos señalar la gravedad de los daños sufridos, la existencia de sufrimientos (tanto físicos como mentales), el ajuste de la compensación a las realidades sociales y económicas, la pérdida de ingresos provenientes del trabajo y los altos costos médicos del tratamiento de lesiones.
Estos y otros factores convergen en la valorización que en definitiva obtiene quien acude al foro judicial en busca de justicia e indemnización por el agravio sufrido. (Énfasis suplido.)

En el caso de autos se trata de valorizar los daños mentales de los seres humanos que compartían la realidad social de pertenecer a una familia puertorriqueña extendida pero unificada. () Entra en juego y se activa el sentido de justicia de quien valoriza el dolor ante el quebrantamiento de los lazos afectivos, sentimentales y emocionales de este grupo familiar particular.

La determinación de hechos del foro de instancia estipulada por las partes en cuanto al menor codemandante Luis A. Velázquez Umaña fue la siguiente:

El menor condemandante Luis A. Velázquez Umaña, quien nació el 26 de diciembre de 1976, tenía buenas relaciones con su herma-nito Richard. Luis tenía 9 años al morir Richard. Practicaban juegos y se divertían juntos; a veces en unión a los demás miembros de la familia. Sufrió mucho Luis por la muerte de su hermanito y recriminaba por ello a la madre, diciéndole que por qué no lo dejó como estaba. Después de la muerte a veces se pasaba mirando el techo. Sufrió lo que se espera que'sufra un hermano por la muerte de otro hermanito, en las circunstancias en que falleció Richard Velázquez Umaña. (Énfasis suplido.)

El sufrimiento de este menor a la temprana edad de nueve (9) años por la pérdida de su hermano, con el cual vivía y tenía relaciones interpersonales excelentes, obviamente le ha causado un trauma de tal naturaleza que “se pasaba mirando al techo” y, sobre todo, recriminaba a su madre por la muerte de su hermano. Antes de la muerte de su hermano vivía en un ambiente familiar lleno de cariño, no sólo demostrado a su hermano, sino también a sus padres y hermana. Ese ambiente ha cambiado con la muerte del finado. Por ello, aumentaría su indemnización a veinte mil dólares ($20,000).

La determinación de hechos del foro de instancia estipulada por las partes en cuanto a la menor Daisy Velázquez Umaña fue la siguiente:

La menor Daisy Velázquez Umaña, quien nació el 2 de octubre de 1982, y quien es hermana del finado Richard Velázquez Umaña, quería mucho a su hermano. Tenía ella 14 años y medio cuando él murió. El cariño era más de lo usual por razón de que Richard nació después de 5 años del nacimiento del otro hermano y vino como a llenar un vacío. Ella lo atendía en la cuna; a veces “lo dormía en la cama”. El le decía “Titi”. Sufrió ella lo que se espera que sufra una hermana por la muerte de su hermanito, considerando las circuns-tancias particulares en que falleció Richard Velázquez Umaña. (Énfasis suplido.)

El sufrimiento de esta menor a los catorce (14) años por la pérdida de su hermano con el cual vivía, al cual atendía en forma especial, a la cual el finado le llamaba “Titi” y con la cual tenía unos lazos personales especiales, requieren que proveamos una indemnización mayor. La fijaríamos en veinte mil dólares ($20,000).

La determinación de hechos del foro de instancia estipulada por las partes en cuanto a los abuelos fue la siguiente:

Los codemandantes Laureano Velázquez Torres y Marcelina Ortiz Rivera son los abuelos paternos del finado menor Richard Velázquez Umaña. Viven en un sector cercano al lugar donde residía dicho menor con sus padres. Se relacionaban con él, ya que el niño iba con los padres semanalmente a visitarlos. Era él el último de los nietos. Cuando el niño murió lo llevaron a velar a la casa de estos abuelos y allí ellos compartieron el dolor con los demás familiares. Sufrieron ambos por la pérdida de este nieto lo que se espera que sufran unos abuelos al ver perder un nieto, considerando las circunstancias particulares en que falleció Richard Velázquez Umaña. (Enfasis suplido.)

Obsérvese que se trata de unos abuelos que tenían una particular relación con el finado; vivían cerca de él, lo veían semanalmente y el velorio fue en su casa.

Los abuelos eran parte integrante del núcleo familiar inme-diato. Eran una familia muy unida. Su indemnización la fijaríamos en quince mil dólares ($15,000) a cada uno.

Si bien no existe “computadora electrónica que recoja todos los elementos y premisas inarticulados que nutren la valorización del dolor físico y mental”, Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647-648 (1975), nuestro sentido de justicia, conciencia, compasión y sensibilidad humana nos mueve a considerar que en este caso procede una indemnización mayor para los seres humanos que componen este particular grupo familiar como medio de reparar los daños manifiestos ocasionados con la pérdida del pequeño Richard. Cf. Ruiz Guardiola v. Sears Roebuck, 100 D.P.R. 817 (1972). Corresponde al humano juez valorar ese dolor. Cf. Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972).

For último, la Universidad de Fuerto Rico negó por tres años y medio (31/2) la negligencia. Su temeridad es patente. El Hospital Fediátrico está adscrito a la Universidad; los récord médicos del menor siempre estuvieron a su disposición desde el comienzo de su tratamiento. Su conducta hizo necesario un litigio extremadamente largo que pudo incluso evitarse y que obligó a la parte demandante a incurrir en gastos y a sufrir molestias innecesarias. Este es un caso en que la demanda se presentó el 21 de enero de 1986 y la sentencia se dictó el 28 de diciembre de 1990: unos cuatro (4) años después. Tal dilación por temeridad amerita que impongamos diez mil dólares ($10,000) de honorarios de abogado a la Universidad de Fuerto Rico.

No podemos tolerar que en casos como éste en que el demandado sabe o debió saber a tiempo que era responsable, éste complique y dilate los procesos judiciales innecesariamente y que la justicia se haga tardíamente. Sobre el impacto de ello en el funcionamiento de los tribunales, véase el Informe Final del Councñ on the Role of Courts, The Role of Courts in American Society. The Final Report, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984.

      (1) La existencia de relaciones de cariño y afecto dentro de la familia es un factor perceptible cuyo rompimiento es compensable. En el pasado hemos considerado que se puede reducir la indemnización a los padres de un menor fenecido por la negligencia del demandado, pues éstos no eran casados ni vivían juntos al momento de ocurrir los hechos. González v. Municipio de Loíza, 108 D.P.R. 204 (1975). ¿Por qué no aumentar significativamente la indemnización a los miembros de una familia tan unida y armoniosa como la del caso de autos?

      (2) Esta realidad la hemos reconocido en otros casos. Así, por ejemplo, en Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985), concedimos indemnización a los padres, hermanos y abuelos paternos de un menor que quedó inválido por la negligencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.). Nótese que allí se concedió quince mil dólares ($15,000) a cada uno de los hermanos del menor y treinta y cinco mil dólares ($35,000) y veinticinco mil dólares ($25,000) al abuelo y abuela, respectivamente, aun cuando dicho menor quedó con vida. ¿Es que acaso la incapacidad permanente debe ser indemnizada con mayor cuantía que la pérdida permanente producida por la muerte?


author: El Juez Asociado Señor Andréu García

text:
    Petra Márquez Estrella, Ex parte, peticionaria.

      Número: CE-90-655

      Resuelto: 12 de abril de 1991

      Juan F. Esteres, abogado de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

Por razón de su propia esencia, el principio de soberanía conduce al rechazo de la efectividad automática de las sentencias y órdenes dictadas por los tribunales de un estado o país extranjero. Cónsono con este principio, el derecho público de las naciones del mundo civilizado requiere el reconocimiento y la convalidación de la sentencia extranjera por los tribunales del foro donde se pretende hacer efectiva la misma. El procedimiento para dicho reconocimiento y convalidación ha sido tradicionalmente denominado como “exequátur”.

Aunque la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886 fijaba los casos en que las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrían efectividad en Cuba y Puerto Rico y, a la vez, prescribía el procedimiento para el juicio de exequátur, el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 no reprodujo las disposiciones del anterior estatuto a tales fines ni estableció normas para el reconocimiento de dichas sentencias. En igual omisión hemos incurrido hasta hoy con las subsiguientes adopciones y enmiendas de nuestras Reglas de Procedimiento Civil. Ramírez v. Registrador, 96 D.P.R. 342 (1968).

Por otro lado, debido al grado de cosmopolitismo alcanzado por nuestra sociedad, no sólo por razón del movimiento poblacional hacia otras ciudades fuera de Puerto Rico y viceversa, sino por el incremento de nuestra actividad económica en general, la cual se ha extendido a varios países en y fuera del continente norteamericano, la práctica de la acción de exequátur se ha intensificado cobrando así mayor importancia en nuestro medio jurídico.

Conscientes de que la concurrencia de las anteriores dos (2) circunstancias han contribuido a causar cierta confusión en el ánimo de nuestra comunidad jurídica respecto al propósito y trámite de dicha acción, la presente opinión nos permite arrojar luz una vez más sobre dicho procedimiento y adoptar las reglas procesales que han de regir su práctica de ahora en adelante. Al así hacerlo, actuamos al amparo de nuestra facultad inherente para pautar normas procesales cuando estas sean necesarias para hacer viable la tramitación de los casos. Véanse, además: Regla 71 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III; () Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989).

Los esposos Doña Petra Márquez Estrella y Don Manuel Oblites se divorciaron el 7 de abril de 1989 ante la Corte Superior de California, Condado de los Ángeles. En virtud de una estipu-lación de las partes presentada a dicho tribunal, la sentencia de divorcio adjudicó a la señora Márquez Estrella una parcela de terreno en el Barrio Guzmán Arriba de Río Grande y una propiedad en la Urbanización Brisas del Mar en Luquillo.

Posteriormente, interesada en inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico las propiedades a ella adjudicadas por la sentencia de divorcio, la señora Márquez Estrella presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una petición ex parte mediante la cual solicitó la convalidación de dicha sentencia a los fines de cumplir con las disposiciones del Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2208,() y del Art. 59.1 de su reglamento. ()

Así las cosas, el 27 de junio de 1990 el tribunal de instancia (Hon. Angel D. Ramírez Ramírez, Juez) no dio curso a la petición presentada por la señora Márquez Estrella. Exigió a ambos ex cónyuges suscribir personalmente la petición o, en la alternativa, la presentación de una demanda por la señora Márquez Estrella en contra de su ex esposo por medio de la vía ordinaria.

Inconforme, presentó esta Moción de Reconsideración seña-lando, entre otras cosas, que en un procedimiento anteriormente presentado () por el abogado de la peticionaria ante la misma Sala del Tribunal Superior no se habían exigido ninguno de los dos (2) requisitos ordenados por el tribunal de instancia en el presente caso, por lo que tales requisitos resultaban ser improcedentes. A esta Moción de Reconsideración el tribunal de instancia dictó la resolución siguiente:

El hecho que otro Honorable Magistrado haya resuelto distinto al suscribiente no es obligatorio, más cuando es otro juez de igual jerarquía. No Ha Lugar la reconsideración.

• Inconforme, recurre la señora Márquez Estrella a este Tribunal. Señala como error, en síntesis, el que se le haya ordenado utilizar cualquiera de los procedimientos dispuestos por el tribunal a quo sin que los mismos tengan fundamento en reglamenta-ción alguna, lo cual acarrearía innecesarias dilaciones e inconve-nientes.

“Las sentencias a que se refiere el artículo 45 de la Ley[, 30 L.ER.A. sec. 2208,] se inscribirán siempre que estén contenidas en una resolución ejecutoria del Tribunal Superior recaída en un procedimiento ordinario del cual será notificado el Ministerio Fiscal.”

En Ef. Litográficos v. Nat Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982), enumeramos las normas de Derecho Internacional Privado que regirán, en ausencia de tratado o legislación especial, el reconocimiento y la convalidación de las sentencias extranjeras () en Puerto Rico. Dichas normas pueden ser .resumidas del modo siguiente: ()

1. Que la sentencia extranjera haya sido dictada por un tribunal con jurisdicción sobre la persona y el asunto que sea objeto de la misma.
2. Que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente.
3. Que se haya observado el debido proceso de ley por el tribunal que emitió la sentencia.
4. Que el sistema bajo el cual se dictó la sentencia se distinga por su imparcialidad y ausencia de prejuicio contra los extranjeros.
5. Que la sentencia dictada en el extranjero no sea contra-ria al orden público del foro requerido o local, que no sea contraria a los principios básicos de la justicia y que no haya sido obtenida mediante fraude.

En el mencionado caso advertimos que las referidas normas se aplicarán principalmente a casos en que la sentencia extranjera imponga el pago de una suma de dinero, por lo que en otros tipos de casos puede que se justifiquen ciertas variaciones a las mismas. Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., supra, pág. 405.

Un (1) año más tarde encaramos otro aspecto del problema en Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983): los efectos, si alguno, de la cláusula de la entera fe y crédito contenida en el Art. W, Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos, L.ER.A., Tomo 1, y de la See. 2 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, sobre las disposiciones del Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, y del Art. 59.1 de su reglamento, 30 L.P.R.A. sec. 2003-59.1, edición especial, cuando se trata de una sentencia procedente de un estado norteamericano.

Al resolver la cuestión, así nos expresamos:

Las disposiciones concernidas de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico y su Reglamento no chocan con la Constitución de Estados Unidos ni con la legislación federal citada. La Sec. 1 del Art. IV de la Constitución no prescribe el procedimiento para dar entera fe y crédito a los actos públicos, documentos y procedimientos judiciales de otras jurisdicciones domésticas. Tal sección no exige que un Registro de la Propiedad en Puerto Rico le dé directamente entera fe y crédito a una sentencia extranjera, haciendo caso omiso de las disposiciones de nuestras leyes que exigen la previa intervención de los tribunales. No opera ex proprio vigore.
La razón para tal regla es clara. La cláusula de entera fe y crédito está sujeta a excepciones. Las sentencias emitidas en un estado no tienen derecho a entera fe y crédito en otro estado, por ejemplo, si la sentencia se dictó sin jurisdicción sobre alguna parte o sobre la materia. Williams v. North Carolina, 317 U.S. 287 (1942); Underwriters Assur. Co. v. N.C. Guaranty Assn., 455 U.S. 691 (1982); Restatement Second, Judgements Sec. 81, pág. 251 (1982). Es legítimo que un estado requiera que las sentencias extranjeras no sean ejecutables a menos que sus tribunales lo ordenen, lo cual ofrece la necesaria oportunidad para que una parte interesada pueda interponer alguna de las defensas reconocidas a la aplica- ción de la cláusula de entera fe y crédito. (Énfasis suplido.) Roseberry v. Registrador, supra, págs. 746-747. ()

Aceptado el principio de que las sentencias extranjeras no operan en forma directa o ex proprio vigore, sino que requieren el reconocimiento de los tribunales locales, nos corresponde determinar cómo habrá de obtenerse tal reconocimiento.

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Como se ha visto, a través de nuestra casuística hemos adoptado ya las normas con las cuales tienen que cumplir las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros, incluso aquellas dictadas en las jurisdicciones norteamericanas, a los fines de que puedan ser reconocidas y convalidadas por nuestros tribunales mediante la acción de exequátur. Con la única excepción de lo dispuesto por el Art. 59.1 del citado reglamento, supra, no contamos en estos momentos con legislación que establezca la forma en que habrá de conducirse dicha acción. Así fue reconocido por este Tribunal en Ramírez v. Registrador, 96 D.P.R. 342, 354-355 (1968), en el cual, ante esta ausencia de reglamentación, adoptamos en forma esquemática ciertos requisitos mínimos que deben ser observados en este tipo de procedimiento. Ramírez v. Registrador, supra, págs. 358-360.

Hoy, en aras de la uniformidad, al ratificar y ampliar tales requisitos, procedemos a armonizar los mismos con las disposi-ciones del citado Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y las del Art. 59.1 de su reglamento, supra, así como con nuestros pronunciamientos en Ef. Litográfícos v. Nat. Paper & Type Co., supra, y en Roseberry v. Registrador, supra.

Al así hacerlo tenemos que tomar en consideración, por supuesto, el requisito contenido en el mencionado Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y los dos (2) requisitos procesales contenidos en el citado Art. 59.1 de su reglamento. Según ya ha quedado expuesto, el primero de dichos artículos exige que se decrete la ejecución de la sentencia extranjera por un tribunal local con jurisdicción, y el segundo exige que tal decreto recaiga “en un procedimiento ordinario del cual será notificado el ministerio fiscal”. El propósito de estos requisitos es el de ofrecer una razonable oportunidad a cualquier parte interesada en interponer alguna de las defensas reconocidas por el derecho internacional privado en contra de la ejecutoria cuyo reconocimiento y convalidación se persiga en el foro local. Tales defensas se derivan de las normas que adoptamos en Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., supra. A la misma vez, mediante el procedimiento ordinario exigido por el citado Art. 59.1 del reglamento hipotecario, se aportará la evidencia demostra-tiva de que la sentencia extranjera cumplió con las mencionadas normas.

En ausencia de alguna otra legislación sobre el particular resolvemos, pues, que a todos los fines legales pertinentes, para el reconocimiento y convalidación de toda sentencia extranjera o proveniente de las jurisdicciones estatales norteamericanas, se observarán las reglas siguientes: ()

1. El mismo se iniciará mediante la presentación de una demanda en la sala correspondiente del Tribunal Superior de Puerto Rico en contra de todas las demás personas afectadas por dicha sentencia.

2. En lugar de dicha demanda se podrá admitir una solicitud ex parte cuando comparecen en la misma todas las personas afectadas por la sentencia cuyo reconocimiento y ejecución se pretenda. Dicha solicitud deberá ser suscrita bajo juramento por todos y cada uno de los comparecientes.

3. El procedimiento se tramitará en la forma ordinaria pro-vista por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

4. La demanda o la solicitud ex parte que se presente deberá estar acompañada de una copia certiñcada de la sentencia cuya convalidación se solicita y de una traducción fiel y exacta de la misma al idioma español en caso de que no haya sido original-mente redactada en este idioma o en el idioma inglés. La copia certificada de la sentencia debe ser legible, estar completa y deberá cumplir con los requisitos pertinentes establecidos en la Regla 79 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.PR.A. Ap. IV

5. En todo caso en que, a los fines de lograr su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, se solicite la convali-dación de las sentencias a las cuales se refiere el Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, deberá notificarse al Ministerio Fiscal.

6. En todo caso en que puedan ser afectados los intereses de menores o incapacitados, deberá incluirse en la demanda o en la solicitud ex parte que se presente a los padres y/o al tutor del menor o incapacitado, y se notificará de la misma al Procurador o Procuradora Especial de Relaciones de Familia para que dicho funcionario pueda defender los intereses del menor o incapaci-tado.

7. Cuando, a juicio del tribunal, se trate de un asunto de orden o interés público, se notificará con copia de la demanda o de la solicitud ex parte al Secretario de Justicia de Puerto Rico a los fines de que éste pueda comparecer en el procedimiento en representación del Estado Libre Asociado.

8. Para la revisión de las resoluciones, sentencias u otras providencias del tribunal de instancia, se seguirán los procedi-mientos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil y en el Reglamento del Tribunal Supremo.

9. Una vez decretado el reconocimiento o convalidación de la sentencia extranjera, la fase de su ejecución se regirá por las disposiciones contenidas en nuestro ordenamiento procesal vi-gente para la ejecución de nuestras sentencias.

En resumen, en Puerto Rico, al igual que en las demás jurisdicciones foráneas, las sentencias extranjeras, incluso las provenientes de las jurisdicciones estatales norteamericanas, no operan en forma directa o ex proprio vigore, sino que requieren el reconocimiento de los tribunales locales antes de que puedan ser ejecutadas o en alguna otra forma hacerse efectivas en el Estado Libre Asociado. El propósito de la acción de reconocimiento o de exequátur es el de garantizar el debido proceso de ley a las partes afectadas por la ejecutoria extranjera y conceder a éstas una oportunidad razonable para presentar sus defensas y ser escuchadas. Pero el tribunal ante el cual se practique dicho procedimiento no podrá entrar a considerar los. méritos de la sentencia extranjera. Dicho tribunal se concretará, luego de resolver los planteamientos de índole procesal que sean pertinentes, a determinar si la sentencia extranjera cumplió con todas las normas del Derecho Internacional Privado que expusimos en Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., supra.

En cuanto a este punto cabe señalar que la validez de la sentencia extranjera y el reconocimiento de la misma por el foro donde se pretende hacerla efectiva son dos (2) conceptos distintos. La validez constituye, según se infiere de lo expresado anteriormente, un requisito para el reconocimiento. Pero el hecho de que una sentencia sea válida no conlleva necesariamente el reconocimiento de la misma, ya que ello implica la aceptación de las leyes del estado o país del foro de origen en cuanto a las personas y a la materia que quedará afectada por la ejecutoria. Por lo tanto, esta aceptación estará limitada por consideraciones de orden público, orden constitucional, los intereses, principios y valores del estado o país del foro donde se promueve el reconocimiento. Véase J.L. de Passalacqua, El exequátur en el Derecho puertorriqueño, Año XVI (Núm. 63) Rev. Der. Pur. 193, 210-212 (1977). No obstante, es necesario advertir que en el caso de las sentencias dictadas en las jurisdicciones estatales de Estados Unidos, los tribunales del Estado Libre Asociado, al igual que los de los demás estados, territorios o posesiones federales, tendrán que darle entera fe y crédito a las mismas independientemente de lo que sean la política pública y las disposiciones legales de Puerto Rico sobre la materia o asunto de que se trate, siempre y cuando tales sentencias hayan sido dictadas por un tribunal con jurisdic-ción sobre la persona y el asunto que sea objeto de la misma, mediante el debido proceso de ley y no hayan sido obtenidas por fraude. Además del Art. IY Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, véanse: 28 U.S.C. see. 1738; Roche v. McDonald, 275 U.S. 449 (1928); Fauntleroy v. Lum, 210 U.S. 230 (1908).

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Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto solicitado y, de acuerdo con las disposiciones de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, se dictará sentencia mediante la cual se modifique conforme a lo resuelto la resolu-ción recurrida y, así modificada, será confirmada.

      (1) Dicha regla dispone:'

        “REGLA 71. CASOS NO PREVISTOS POR ESTAS REGLAS

      “Cuando no se hubiere previsto un procedimiento específico en estas reglas, el tribunal podrá reglamentar su práctica en cualquier forma que no sea inconsistente con las mismas o con cualquier disposición de ley aplicable.”

      (2) La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2208), dispone del modo siguiente:
      “También se inscribirán en el Registro los títulos, actos y contratos expresados en la sección 2201 de este título otorgados en los Estado Unidos de América, o en país extranjero, que tengan fuerza en Puerto Rico con arreglo a las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por tribunales de los Estados Unidos de América, o extranjeros, a que deban darse cumplimiento en Puerto Rico según las normas legales vigentes, siempre que se disponga su ejecución por un tribunal local con jurisdicción.”

      (3) El Art. 59.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2003-59.1, edición especial, dispone así:

      (4) Elizabeth Ann Roseberry, Ex parte, Civil Núm. 84-237, presentada el 12 de enero de 1984 y resuelta por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 2 de febrero de 1984 (Hon. William Fred Santiago, Juez). Véase, con relación a dicha petición, Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983), discutido más adelante.

      (5) Es una sentencia extranjera aquella dictada por un tribunal ajeno al Estado Libre Asociado, por lo que serán consideradas sentencias extranjeras tanto aquellas dictadas por los tribunales de países extranjeros como por los tribunales estatales de Estados Unidos. Las sentencias dictadas por los tribunales federales se ejecutan mediante un mandamiento de ejecución expedido por la corte de distrito de Estados Unidos para el distrito donde se pretende hacer efectiva la misma, siguiendo el procedimiento dispuesto en la jurisdicción estatal para la ejecución de sus propias sentencias, a menos que exista un estatuto federal que sea aplicable, conforme lo dispone la Regla 69 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.

      (6) Estas normas fueron ratificadas en Silva Oliveras v. Duran Rodríguez, 119 D.P.R. 254 (1987).

      (7) Véanse, además, Figueroa Pesante v. Registrador, 126 D.P.R. 209 (1990), y Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142 (1980), donde se interpreta el alcance del Art. 426 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1798, a la luz de dicha cláusula.

      (8) Para una excelente discusión de los antecedentes del aspecto formal de este tipo de acción, véase J.L. de Passalacqua, El exequátur en el derecho puertorriqueño, Año XVI (Núm. 63) 63 Rev. Der. Pur. 193 (1977).