author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    Arame Falcón Padilla, Milady Carrillo Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales constituida por ambos, demandantes y recurridos, v. Luis Maldonado Quirós, Iris Domínguez Maldonado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandados y recurrentes.

      Número: RE-93-250

      Resuelto: 31 de julio de 1995

      Frank Carbó, abogado de la parte recurrente; Arlene Zam-brana Ortiz, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia que se ha de resolver en este caso es en cuanto a si una persona que haya sido emplazada me-diante la publicación de edictos al amparo de la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y que nunca haya comparecido en autos, deberá ser notificada del mismo modo de la sentencia en rebeldía recaída en el pleito. La situación fáctica del caso de autos nos brinda la oportunidad de establecer la norma al efecto.

h-H

El 18 de abril de 1984 la Sra. Iris Domínguez de Maldonado y su esposo el Sr. Luis Maldonado Quirós otorgaron un contrato de compraventa con los aquí recurridos para la compra de una propiedad por la suma de cincuenta mil dólares ($50,000). Éstos pagaron parte del precio estipu-lado, quedando a deber la suma de dieciocho mil dólares ($18,000). A esos efectos el Sr. Luis Maldonado Quirós otorgó un pagaré por la suma restante, la cual sería satis-fecha en plazos anuales de dos mil dólares ($2,000). Poste-riormente, los compradores incumplieron con la obligación referida al cumplirse el primero de dichos plazos.

Con motivo de estos hechos, el 18 de diciembre de 1985 los vendedores —la parte aquí recurrida— presentaron una demanda para el cobro de dinero ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina. Incluyeron, como parte deman-dada, a los esposos Maldonado-Domínguez y a la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. Alegaron que los demandados no habían satisfecho el plazo anual ven-cido a la fecha de la demanda, por lo cual, en virtud de las cláusulas del pagaré, la totalidad de la deuda resultaba vencida y exigible.

Una vez expedidos los emplazamientos correspondien-tes y con el propósito de diligenciarlos, el emplazador Juan Ramón Rivera Martínez visitó la residencia propiedad de los demandados. En dicha ocasión, el codemandado Luis Maldonado Quirós le informó que su esposa, Iris Domín-guez de Maldonado, se encontraba fuera de Puerto Rico y que desconocía su dirección. Un vecino de los codemanda-dos confirmó que hacía algún tiempo no veía a la Sra. Iris Domínguez En consecuencia, el emplazador procedió a emplazar al codemandado Luis Maldonado Quirós en su carácter personal y en representación de la sociedad legal de gananciales.

Con posterioridad a dichas diligencias, y a tenor con la declaración del emplazador, el tribunal autorizó el empla-zamiento de la codemandada Iris Domínguez mediante la publicación de edictos. Ello al amparo de la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ésta nunca com-pareció al pleito, por lo cual, a solicitud de la parte deman-dante, le fue anotada la rebeldía.

El codemandado Luis Maldonado Quirós compareció al pleito por sí y en representación de la sociedad legal de gananciales. Su abogado presentó una moción ante el tribunal de instancia en la cual hacía constar que la code-mandada Iris Domínguez no estaba siendo representada por dicho abogado durante el procedimiento llevado a cabo.

Celebrados los trámites correspondientes, el 4 de julio de 1989 el tribunal de instancia dictó una sentencia que declaraba con lugar la demanda y condenaba a los code-mandados a satisfacer la suma de ocho mil dólares ($8,000). El 6 de marzo de 1992 dicho foro dictó una sen-tencia enmendada nunc pro tune, al único efecto de susti-tuir la cantidad de ocho mil dólares ($8,000) por la de die-ciocho mil dólares ($18,000), cantidad realmente adeudada. Según surge de los autos, ni la sentencia original ni la sentencia enmendada nunc pro tune fueron noti-ficadas en forma alguna a la codemandada Iris Domínguez.

La sentencia recaída fue ejecutada sobre el inmueble propiedad de los codemandados. El 2 de diciembre 1992 la propiedad referida fue llevada a subasta pública, que fue adjudicada, la buena pro y venta judicial, al licitador Marve, Inc. El 9 de marzo de 1993 la codemandada Iris Domínguez solicitó al tribunal de instancia que decretase la nulidad de la subasta. Como fundamento de nulidad adujo el hecho de que no fue hasta febrero de 1993 cuando advino en conocimiento de la sentencia dictada, y de que su propiedad había sido enajenada mediante subasta pública y venta judicial. Alegó que advino en tal conocimiento cuando uno de los inquilinos de la propiedad referida le informó que otra persona pretendía cobrarle el canon de arrendamiento

El foro a quo dictó una resolución que declaraba sin lu-gar la referida solicitud de nulidad de subasta. Oportuna-mente, la codemandada solicitó reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el foro sentenciador.

Inconforme con dicha determinación, la codemandada acudió ante nos para solicitar la revocación de la resolución y, por consiguiente, la anulación de la venta en subasta pública. Señala la comisión de los errores siguientes:

A. Erró el tribunal de instancia al permitir la ejecución de la sentencia y la subasta, sin la debida notificación de la sen-tencia a la codemandada-recurrente.
B. Erró el tribunal de instancia al aceptar como suficiente la publicación del aviso de subasta en la alcaldía de Carolina, el Centro Judicial de Carolina y la Colecturía de Carolina.
C. Erró el tribunal de instancia al permitir la subasta y adjudicación de la propiedad, aún cuando el aviso de subasta no informaba el precio mínimo de venta y aún cuando notificada tres fechas para subastar, se remató en la primera subasta por el importe de la sentencia.
D. Erró el tribunal de instancia al permitir la subasta y adjudicación de la propiedad por un precio que violenta los me-jores intereses de la justicia. Solicitud de revisión, pág. 4.

Examinado el recurso presentado, decidimos conside-rarlo como una solicitud de certiorari. A esos efectos, el 25 de junio de 1993 concedimos un término al demandante recurrido para que mostrase causa

... por la cual no deba revocarse la resolución recurrida y dic-tarse sentencia en su lugar, anulando la venta judicial efec-tuada en ejecución de sentencia, por no haberse notificado de tal sentencia a la recurrente (en rebeldía) mediante la publica-ción de edictos, o sea, de la misma forma en que se le notificó de la demanda y fue emplazada. (Énfasis en el original.) Resolu-ción de 25 de junio de 1993.

Habiendo comparecido ambas partes, y estando en posi-ción de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

HH HH

El planteamiento medular formulado por la parte recu-rrente lo es la falta de notificación de la sentencia original dictada en rebeldía y la posterior sentencia enmendada nunc pro tune. En vista de ello, entiende que dicha senten-cia no podía surtir efecto alguno ni podía ser ejecutada. Coincidimos con la parte recurrente en que la omisión ale-gada fue cometida, por lo cual procede revocar la resolu-ción recurrida.

En una sentencia se adjudican las controversias habidas en un pleito y se definen los derechos de las partes involucradas. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656 (1987). Una vez dictada una sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil imponen al secretario del tribunal la obligación de notificarla cuanto antes a todas las partes afectadas y de archivar en autos una copia de la constancia de dicha notificación. Este deber de notificar las sentencias no constituye un mero requisito impuesto por las Reglas de Procedimiento Civil. Su imperiosidad radica, además, en el efecto que tiene dicha notificación sobre los procedimientos posteriores a la sentencia.

A esos efectos, la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone lo siguiente:

Será deber del secretario notificar a la brevedad posible den-tro de las norma que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de Pleitos y Pro-cedimientos constituye el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notifi-cación y el término para apelar o solicitar revisión empezará a correr desde la fecha de su archivo.

Los remedios postsentencia son provistos por el ordenamiento procesal civil mediante estatutos. Es por ello que forman parte del debido proceso de ley. Berrios v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228 (1974); Arroyo Moret v. F.S.E., 113 D.P.R. 379 (1982). En consecuencia, la falta de una notificación adecuada podría afectar el derecho de una parte a cuestionar la sentencia dictada, enervando así las garantías del debido proceso de ley.

En adición, la Regla 46 de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que si no se cumple con el trámite de notificación de las sentencias, éstas no surtirán efecto alguno ni podrán ser ejecutadas. Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 D.P.R. 472 (1991). Ello resulta ser una forma adicional de proteger los derechos de las partes, y nos de-muestra una vez más la importancia de notificar las sen-tencias dictadas por el tribunal.

De otra parte, resulta pertinente señalar que los intereses sobre ciertas sentencias, que ordenan el pago de dinero, se computan a partir de la fecha cuando se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha. 32 L.P.R.A. Ap. III. Ello abona a la necesidad de garantizar el que las partes advengan en conocimiento de que se ha dictado la sentencia lo antes posible y de la manera más eficaz. De otro modo las partes involucradas podrían verse afectadas de forma adversa.

Por su parte, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, también establece el requisito de notifi-cación del archivo en autos de la sentencia dictada. Deter-mina, además, el procedimiento que se ha de seguir para llevar a cabo dicha notificación. A esos efectos, en su parte pertinente, dispone lo siguiente:

(a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de una orden o sentencia, el secretario notificará tal archivo a to-das las partes que hubieren comparecido en el pleito en la forma preceptuada en la Regla 67. El depósito de la notificación en el correo será aviso suficiente a todos los fines para los cua-les se requiera por estas reglas una notificación del archivo de una orden o sentencia.
(b) El secretario notificará el archivo de una orden o sentencia a las partes en rebeldía por falta de comparecencia remitiéndo-les, cuando su identidad fuere conocida, copia de la notificación a la última dirección conocida, y, si su identidad fuere descono-cida o figurare con un nombre ficticio a los fines de la tramita-ción del pleito, publicando una copia de la notificación en un periódico de circulación general una vez por semana durante dos semanas consecutivas. La notificación se considerará hecha en la fecha de la última publicación.
(c) El secretario hará constar en la copia de la constancia de la notificación que una a los autos originales la fecha y forma en que se hizo la notificación y la persona o personas notificadas. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 65.3.

Un examen de la disposición citada revela que en los casos de sentencias dictadas en rebeldía también existe la obligación de notificar el archivo en autos de dichas sentencias a todas las partes involucradas. Esto incluye a las partes que se encuentren en rebeldía por falta de comparecencia.

De la referida Regla 65.3 se pueden colegir dos (2) situaciones. Primero, cuando la parte en rebeldía por in-comparecencia fuese de identidad desconocida o figurase con nombre ficticio, se efectuará la notificación de la sen-tencia mediante la publicación de edictos. En segundo lu-gar, cuando la identidad de la parte en rebeldía por incom-parecencia fuese conocida, se remitirá la notificación de la sentencia a su última dirección conocida.

Es de notar, sin embargo, que existen diferentes situaciones de hecho que pueden dar lugar a que se dicte una sentencia en rebeldía por la incomparecencia de una parte cuya identidad fuese conocida. Entre estas situaciones se encuentran las siguientes: (1) cuando la parte ha sido emplazada personalmente, sin embargo, no presenta alegación alguna contra el remedio solicitado y nunca comparece en autos; (2) cuando la parte ha sido emplazada conforme lo dispone la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra, sin embargo, no presenta alegación alguna contra el remedio solicitado y nunca comparece en autos; (3) cuando la parte, en algún momento del procedimiento, deja de comparecer, luego de haber comparecido en autos originalmente.

No empece, la citada Regla 65.3 no distingue entre esta diversidad de situaciones, sino que otorga un trato igual a todas las partes de identidad conocida que se encuentren en rebeldía por falta de comparecencia en el pleito. Somos del criterio que éstas resultan ser circunstancias muy dis-pares que requieren tratamientos diferentes.

Debemos distinguir la situación especial en que la sen-tencia en rebeldía haya sido dictada contra una parte que nunca ha comparecido en autos, cuya identidad resulta co-nocida, pero que tuvo que ser emplazada mediante un edicto (al amparo de la Regla 4.5, supra), debido a que no pudo ser localizada personalmente en su última dirección conocida y se desconoce su paradero. En estos casos, el método de notificar la sentencia, remitiéndola a la última dirección conocida de tal persona, resulta ser un meca-nismo completamente inadecuado e inoperante. Ello en vista de que si dicha persona no pudo ser localizada en su última dirección conocida al momento de diligenciar su em-plazamiento y se desconoce su paradero, es lógico concluir que esa persona tampoco va a recibir la notificación de la sentencia en dicha dirección.

Ante tal situación, y a la luz de todos los fundamentos previamente esbozados, establecemos como norma que en los casos cuando una parte haya sido emplazada por edictos a tenor con la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra, por razón de que no pudo ser localizada en su última dirección conocida y se desconoce su paradero, dicha parte deberá ser notificada de la sentencia recaída en rebeldía por falta de comparecencia mediante la publicación de edictos, es decir, de la misma forma como fue notificada de la demanda en su contra. Debe advertirse que al adoptar dicha norma se fortalece el debido cumplimiento del requisito de notificación de las sentencias, lo cual garantiza las exigencias del debido proceso de ley.

No hay duda de que, como indicáramos en Pueblo v. Hernández Maldonado, supra, la notificación y el archivo en autos de una copia de la notificación de una sentencia, resulta ser una etapa crucial del proceso adjudicativo. “La correcta y oportuna notificación de las órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el proceso judicial.” J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 436.

Ante tales expresiones, entendemos que la normativa antes expuesta resulta lógica y necesaria, ya que de esta manera logramos un equilibrio razonable entre los dere-chos de las partes involucradas en el pleito. En ese sentido, proveemos a la parte que nunca ha comparecido en autos, y que haya sido emplázada a tenor con Regla 4.5 de Proce-dimiento Civil, supra, una mayor oportunidad de advenir en conocimiento real de los términos de la sentencia dictada. Evitamos, además, que se lleve a cabo la ejecución de una sentencia adversa sin que esta haya sido notificada adecuadamente.

HH HH f-H

Tomando en consideración las normas de derecho antes expuestas, pasemos a analizar los hechos del caso de epígrafe.

De éstos se desprende que el tribunal de instancia dictó sentencia que declaraba con lugar la demanda en cobro de dinero y condenaba a los codemandados a satisfacer la can-tidad reclamada. Posteriormente dicho foro dictó una sen-tencia enmendada nunc pro tunc. No obstante, de la copia que obra ante nos, que notifica el archivo en autos de las referidas sentencias, no surge que éstas hubiesen sido no-tificadas en forma alguna a la codemandada Iris Domínguez. Por el contrario, surge que la notificación se hizo exclusivamente al abogado de la parte demandante recurrida y al abogado del codemandado Luis Maldonado Quirós, ninguno de los cuales representaba a la codeman-dada en el pleito de cobro de dinero.

Ala luz de los hechos aludidos, es forzoso concluir que ni la sentencia que condenó a los codemandados a satisfacer lo adeudado, ni la posterior sentencia enmendada nunc pro tune pasaron a ser finales y firmes y por ende ejecutables. La comparecencia de los recurridos no nos . persuade a va-riar dicha determinación, toda vez que éstos no han demos-trado que se hubiese cumplido con los requisitos de notifi-cación exigidos por el ordenamiento procesal civil.

La contención de los recurridos es a los efectos de haber enviado copia de las sentencias dictadas al abogado, quien representó a la codemandada durante el pleito de divorcio iniciado por ésta en 1989. Sin embargo, ello no puede sus-tituir la notificación que exigen las Reglas de Procedi-miento Civil. La razón es obvia, la parte codemandada no estaba siendo representada por dicho abogado durante el pleito para el cobro de dinero.

En adición, alegan los recurridos haber enviado una co-pia de la sentencia dictada a cierta dirección informada por la recurrente durante el pleito de divorcio como una de las propiedades pertenecientes a la sociedad legal de ganan-ciales compuesta por ésta y su excónyuge. Sin embargo, ello tampoco satisface los requisitos de notificación. El he-cho de que dicha dirección correspondiese a una de las pro-piedades de la sociedad legal de gananciales no significa que ésta fuese, en efecto, la última dirección conocida de la recurrente.

Ante este cuadro de circunstancias, aun si inter-pretamos la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, de la manera más favorable a los recurridos, y omitiéramos la aplicación de la normativa aquí establecida a este caso, procede revocar la resolución recurrida. Ello en vista de que las sentencias dictadas en el caso de autos no fueron notificadas a la parte recurrente de manera alguna y, por lo tanto, no eran ejecutables, siendo la venta judicial efec-tuada en ejecución de éstas. A fin de cuentas, la parte —a quien beneficie la sentencia— debe ser la más interesada en que ésta sea notificada a la parte perdidosa. Para que no existan situaciones como la de autos, la parte victoriosa debe velar para que se dé el debido cumplimiento al requi-sito de notificación de las órdenes y sentencias. Véase Valiente & Co. v. Sucn. Fuentes, 51 D.P.R. 327, 331 (1937).

En síntesis, y a la luz de todo cuanto antecede, se revo-cará la resolución recurrida y se anulará la venta judicial efectuada en ejecución de la sentencia dictada por el foro a quo. Habiendo ya comparecido la codemandada en este caso asistida de abogado, y atendidas las normas interpre-tativas de las reglas procesales contenidas en la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, se notificará a su abogado de las sentencias dictadas por él foro de instancia de forma tal que tenga la oportunidad de agotar los reme-dios postsentencia a su alcance, de así interesarlo. Esta de-terminación hace innecesaria la discusión de los restantes errores alegados por la parte recurrente.

       Según se desprende de los autos ante nos, desde 1986 los codemandados habían iniciado los trámites de divorcio. El 8 de septiembre de 1989 la codemandada presentó una demanda de divorcio, en la cual alegaba la separación ininterrumpida durante más de cuatro (4) años.

       La propiedad es una residencia situada en la Calle Leticia Núm. 4 ES-13, Urb. Villa Fontana, Carolina.

       Según consta de los autos del caso ante nos, la Autoridad de Energía Eléc-trica tenía constituida la primera hipoteca sobre el inmueble ejecutado. Fue por ello que solicitó la intervención en el pleito de impugnación de subasta. Dicha interven-ción fue concedida por el foro a quo.

       Aparentemente no resultaba difícil ni oneroso averiguar la dirección de la recurrente para -notificarle personalmente acerca de la sentencia, lo cual es la ma-nera más efectiva de cumplir con el debido proceso de ley.

       La Regla 12(c) para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 L.P.R.A. Ap. II-A, dispone, además:
      “El Secretario deberá archivar en autos copias de las sentencias, órdenes o resoluciones y de la constancia de la notificación de las mismas a todas las partes afectadas, dentro de un término no mayor de tres (3) días laborables de haberse enviado dichas sentencias, órdenes o resoluciones a la secretaría.”

       Dicha regla no tiene contraparte en las Reglas federales de Procedimiento Civil.

       La Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en su parte perti-nente, dispone:
      “Cuando la persona a ser emplazada estuviere fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico, no pudiere ser localizada después de realizadas las diligencias per-tinentes, o se ocultare para no ser emplazada, o si fuere una corporación extranjera sin agente residente, y así se comprobare a satisfacción del tribunal mediante decla-ración jurada, con expresión de dichas diligencias, y apareciere también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un diligen-ciamiento negativo como condición para dictar la orden disponiendo que el emplaza-miento se haga por edicto.”

       Adviértase que en el Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, Informe Final del Comité Asesor Permanente, Secretariado de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, se propuso enmendar el texto vigente de la Regla 65.3(b), supra, para que en situaciones como las de autos se realice la notificación de la sentencia dictada mediante la publicación de edictos. A esos efectos el texto propuesto, en su parte pertinente, dispone lo siguiente:
      “(c) El Secretario notificará a las partes en rebeldía el archivo en autos de copia de la notificación de una sentencia remitiéndoles, cuando su identidad fuere conocida y en algún momento compareciere en autos, copia de la notificación a la última dirección conocida y, si fuere emplazado conforme disponen las reglas 4.5 y 4.6 de Procedimiento Civil y nunca hubiere comparecido en autos, independientemente de que su identidad fuere conocida, desconocida o figurare con un nombre ficticio a los fines de la tramitación del pleito, publicando una copia de la notificación en un periódico de circulación general una sola vez. La notificación será considerada efec-tuada en la fecha de la publicación del edicto.”
      En el comentario a dicha regla se indica como propósito para tal enmienda dispensar un trato igual al demandado de identidad conocida que es emplazado por edicto y no ha comparecido en autos, y al demandado cuya identidad se desconoce o figure con nombre ficticio. Se indica, además, que ello robustece el debido proceso de ley al garantizar que, en el peor de los casos, el demandado quedará notificado de la sentencia de la misma forma como fue notificado de la demanda.

       Nótese que el inciso (c) de la Regla 65.3, supra, impone el deber al secretario del tribunal de hacer constar en la copia de la constancia de la notificación y el archivo los nombres de las partes notificadas.

       Adviértase que el abogado del codemandado hizo constar expresamente ante el foro a quo que la codemandada Iris Domínguez no estaba siendo representada por él.

       La Regla 67.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en su parte per-tinente, dispone lo siguiente:
      “Siempre que una parte haya comparecido representada por abogado, la notifi-cación se hará al abogado, a menos que el tribunal ordene que la notificación se haga a la parte misma.”


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Jaime Castrillón Ramírez.

      Número: 5999

      Resuelto: 4 de agosto de 1995

      Jaime Castrillón Ramírez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Mediante Opinión Per Curiam de 17 de noviembre de 1994 decretamos la suspensión de la notaría por el período de seis (6) meses del Ledo. Jaime Castrillón Ramírez.

El 5 de julio de 1995, el licenciado Castrillón Ramírez presentó una Moción Solicitando Reinstalación en Carác-ter de Notario Público. Examinada la misma, se le reins-tala en el ejercicio de la notaría, sujeto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, especí-ficamente lo dispuesto en el Art. 7 (4 L.P.R.A. sec. 2011). Además, se le apercibe contra futuros incumplimientos de la Ley Notarial de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Subsecretaría General.

(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaría General


author: Juez Asociado Señor Corrada del Río.

text:
    Ángel Luis Santiago, recurrente, v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, recurrida; Tomás Pérez, recurrido, v. Administración de Reglamentos y Permisos, recurrida, Jorge Rodríguez Serrano, interventor peticionario; Reinaldo Meléndez, peticionario, v. Administración de Reglamentos y Permisos, recurrida.

      Números: CE-95-123
    CE-95-156
    CE-95-158

      Resueltos: 15 de agosto de 1995

      Juan Manuel Adorno Pena y Enrique Dávila Torres, abogados de los peticionarios.
   SENTENCIA

Ante nuestra consideración fueron sometidos los recur-sos siguientes: Núm. CE-95-123, Ángel Luis Santiago v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones; Núm. CE-95-156, Tomás Pérez v. Administración de Regla-mentos y Permisos, y Núm. CE-95-158, Reinaldo Meléndez v. Administración de Reglamentos y Permisos. En todos es-tos casos se impugna la determinación en alzada que hi-ciera el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en torno a unas resoluciones emitidas por la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones.

En vista de que en estos recursos la controversia se ori-ginó ante la misma agencia administrativa y provienen de una determinación final del Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de San Juan, y en aras de la economía procesal, hemos resuelto consolidarlos, a los únicos fines de rémitirlos al foro competente. Por lo que una vez en dicho foro, cada recurso deberá seguir su trámite y ser atendido individualmente.

Aclarado lo anterior, procedemos a dilucidar cuál es el foro competente para atender los recursos instados.

I-H

En el caso Núm. CE-95-123 surge que el 22 de agosto de 1994 el peticionario, Sr. Angel Luis Santiago, solicitó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la revisión de una resolución emitida por la Junta de Apelaciones sobre Cons-trucciones y Lotificaciones (en adelante Junta de Apelacio-nes) con relación a una solicitud de permiso de uso para operar un taller de hojalatería y pintura que fuera dene-gada por la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante A.R.Pe.). Mediante la referida resolución, se or-denó la devolución del caso a la dependencia administra-tiva en la cual se originó el caso, para que el peticionario sometiese el correspondiente anteproyecto de construcción, en que solicitase la legalización de las estructuras clandes-tinas y el uso existente de la pertenencia como se propuso establecer el taller. A su vez, requirió a la agencia referir el Formulario de Impacto Ambiental 15.85 para la evaluación por la División de Asesoramiento Científico de la Junta de Calidad Ambiental. De dicha resolución de la Junta de Apelaciones el peticionario solicitó una reconsideración el 8 de julio de 1994, la cual fue acogida en esa misma fecha y posteriormente declarada no ha lugar mediante una orden notificada el 23 de agosto de 1994. Luego de varios trámi-tes procesales, el 28 de diciembre de 1994 el tribunal de instancia dictó una sentencia que denegaba el auto de re-visión solicitado al resolver que el recurso instado resul-taba prematuro, ya que al momento de su presentación, 22 de agosto de 1994, la Junta de Apelaciones conservaba ju-risdicción sobre el asunto, en virtud de haber acogido y no haber resuelto a tal fecha la reconsideración sometida ante su consideración. Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2165. Oportunamente, el peti-cionario presentó, en un mismo escrito, una Moción al am-paro de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil y Moción de Reconsideración, la primera de las cuales fue declarada no ha lugar por el tribunal mediante Resolución de 20 de enero de 1995 y notificada el 24 de enero de 1995.

Xnconforme con el dictamen de instancia, el peticionario acude ante nos mediante una solicitud de revisión presen-tada el 22 de febrero de 1995. El peticionario invoca la jurisdicción de este Tribunal en virtud de lo dispuesto en los Arts. 670 y 671 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 3491 y 3492, así como lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.) y en el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.

De otra parte, en el Caso Núm. CE-95-156, el 9 de no-viembre de 1994 el peticionario, Sr. Jorge Rodríguez Serrano, solicitó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la revisión de una resolución emitida por la Junta de Ape-laciones, mediante la cual se autorizó en apelación un an-teproyecto de construcción de una estación de gasolina pro-puesta por el recurrido Tomás Pérez, y se denegó la solicitud de intervención instada por el peticionario. De dicha resolución de la Junta de. Apelaciones el peticionario solicitó la reconsideración el 19 de julio de 1994, la cual, tras ser acogida, fue declarada no ha lugar mediante Or-den de 14 de octubre de 1994. Tras varios trámites proce-sales, el 21 de febrero de 1995 el tribunal de instancia dictó una sentencia que declaraba sin lugar el recurso presentado. El archivo en autos de copia de lá notificación de dicha sentencia se efectuó el 28 de febrero de 1995.

Inconforme con tal dictamen, el peticionario acude ante nos mediante una petición de certiorari presentada el 30 de marzo de 1995. El peticionario invoca la jurisdicción de este Tribunal en virtud de lo dispuesto en el Art. V, Secs. 1 y 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, así como lo dispuesto en la dero-gada Sec. 14A[C] de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada por la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993 (4 L.P.R.A. sec. 37-1), y en la See. 4.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2177.

Por último, en el caso Núm. CE-95-158, el 3 de noviem-bre de 1994 el peticionario, Sr. Reinaldo Meléndez, solicitó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la revisión de una resolución emitida por la Junta de Apelaciones relacio-nada a una solicitud de permiso de construcción para lega-lizar una ampliación de una estructura residencial que fuera denegada por A.R.Pe. Mediante la referida resolución se desestimó el recurso de apelación instado por el peticio-nario al resolver que éste había sido presentado fuera del término estatutario establecido para ello. Art. 31(a) de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. see. 72c(a)). De dicha resolución de la Junta de Apelaciones, el peticionario solicitó una reconsideración, la cual, tras ser acogida, fue declarada no ha lugar mediante una orden notificada el 5 de octubre de 1995. Luego de varios trámi-tes procesales, el 13 de febrero de 1995 el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de San Juan, dictó una sen-tencia que denegaba la expedición del auto de revisión solicitado. Oportunamente, el peticionario presentó una re-consideración de dicha sentencia el 27 de febrero de 1995, la cual fue declarada no ha lugar mediante Resolución de 2 de marzo de 1995 y notificada el 6 de marzo de 1995.

Inconforme con el dictamen del tribunal de instancia, el peticionario acude ante nos mediante una petición de cer-tiorari presentada el 5 de abril de 1995. El peticionario invoca la jurisdicción de este Tribunal en virtud de lo dis-puesto en el Art. V, Secs. 1 y 3 de la Constitución del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, así como lo dis-puesto en la derogada Sec. 14A[C] de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada por la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993, supra, y en la See. 4.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.

Luego de un análisis ponderado de los recursos presen-tados, así como de las disposiciones pertinentes de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, el Reglamento del Tribunal Supremo, el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, la Orden Administrativa Núm. XII de 23 de enero de 1995, la ley que creó y estableció a la Junta de Apelaciones como organismo apelativo de las decisiones de la Administración de Reglamentos y Permisos en cuestio-nes como las de autos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.), y nuestro reciente pronuncia-miento en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995), concluimos que el tribunal apropiado para atender estos recursos es el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

En Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra; Montalvo v. Mun. de Sabana Grande, 138 D.P.R. 483 (1995); Maldonado v. Supte. Policía de P.R., 138 D.P.R. 477 (1995), y Corp. Créd. Des. Com. Agrícola v. U.G.T., 138 D.P.R. 490 (1995), ampliamos lo dispuesto en la Orden Ad-ministrativa Núm. XII. Así pues, en armonía con dicha or-den, resolvimos que a tenor con la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, el Tribunal Supremo revisará directamente, mediante un recurso de apelación, además de las decisiones de las cuatro (4) agencias administrativas específicamente mencionadas en el Art. 3.002(d) de la ley, 4 L.P.R.A. sec. 22i, sólo las decisiones de aquellas agencias administrativas que “hasta la vigencia de esta ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan”. Señalamos, además, que es necesario acudir a las leyes orgánicas de las diferentes agencias para determinar cuá-les estatutos disponen que la revisión de sus dictámenes competerá exclusivamente a la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

En cuanto a la revisión de las resoluciones emitidas por todas las demás agencias administrativas resolvimos, en los casos antes citados, que éstas continuarían tramitán-dose en el Tribunal Superior de la misma forma y manera que se hacía antes de entrar en vigor la ley. Finalmente, dispusimos que las sentencias que sobre éstas emita el Tribunal Superior podrán ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Regla 18(b)(2)(C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII. Véase, además, el Co-mentario a la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.

Conforme a lo anterior, no encontrándose la Junta de Apelaciones entre las agencias administrativas incluidas en el Art. 3.002(d) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, nos corresponde examinar el estatuto habilitador de la agencia, en particular, la disposición re-ferente a la revisión judicial de sus decisiones.

El Art. 31(e) de la Ley Núm. 76, supra, según enmen-dada, 23 L.P.R.A. sec. 72c(e), dispone con respecto a la re-visión judicial de la decisiones emitidas por la Junta de Apelaciones lo siguiente:

(e) La ^Junta de Planificación la Administración de Regla-mentos y»Permisos, o cualquier parte interesada o afectada por una actuación ó resolución de la Junta de Apelaciones [sobre Construcciones y Lotificaciones] en relación con la cual una pe-tición de reconsideración hubiese sido formulada y denegada, podrá establecer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan o en la sala cuya jurisdicción comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración. (Enfasis suplido.)

De la disposición antes transcrita surge que el estatuto habilitador de la Junta de Apelaciones brinda la opción a cualquier parte interesada o afectada por una actuación o resolución de la Junta de Apelaciones de escoger el foro competente para interponer su recurso de revisión. Esta puede presentar el recurso en el Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Superior de San Juan, o en la sala competente conforme a la ubicación del proyecto. Es claro que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, no es el foro exclusivo para interponer los recursos de revisión de las decisiones finales de la Junta de Apelaciones.

HH HH

Concluido lo anterior, nos resta resolver entonces cuál es el tribunal competente para atender los recursos de epí-grafe presentados, que impugna la determinación en al-zada del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en torno a las resoluciones emitidas por la Junta de Apelaciones.

El caso Núm. CE-95-123, Ángel Luis Santiago v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, trata de una sentencia dictada el 28 de diciembre de 1994 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en su competencia apelativa, sobre la revisión de una resolución de la Junta de Apelaciones que ordena la devolución del caso a su ori-gen para que el peticionario solicite la legalización de unas estructuras clandestinas en la pertenencia en cuestión y el envío por la agencia del Formulario de Impacto Ambiental para una evaluación. El archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia se efectuó el 30 de diciembre de 1994. Oportunamente, el peticionario presentó en un mismo escrito una Moción al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil y Moción de reconsideración el 10 de enero de 1995. El 20 de enero de 1995 el tribunal de ins-tancia emitió una resolución que denegó la moción inter-puesta al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Dicha resolución fue notificada el 24 de enero de 1995, fecha en que entró en vigor la Ley de la Judicatura de 1994.

De otra parte, el caso Núm. CE-95-156, Tomás Pérez v. Administración de Reglamentos y Permisos trata de una sentencia emitida el 21 de febrero de 1995, también por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, sobre la revisión de una resolución de la Junta de Apela-ciones que autorizaba en apelación un anteproyecto de construcción de una estación de gasolina y denegaba la so-licitud de intervención del peticionario, Sr. Jorge Rodrí-guez Serrano. El archivo en autos de la copia de la notifi-cación de la sentencia se efectuó el 28 de febrero de 1995, por lo que el término para revisar la sentencia comenzó a decursar con posterioridad al 24 de enero de 1995, fecha en que entró en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.

Finalmente, el Caso Núm. CE-95-158, Reinaldo Meléndez v. Administración de Reglamentos y Permisos, trata de una sentencia dictada el 13 de febrero de 1995 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, sobre la révisión de una resolución emitida por la Junta de Apelaciones que desestimó el recurso de apelación incoado por el peticionario por éste haberse presentado transcu-rrido en exceso del término estatutario establecido para ello. El archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia se efectuó el 15 de febrero de 1995. Oportuna-mente, el peticionario presentó una Moción de Reconside-ración, la cual fue declarada no ha lugar mediante Resolu-ción de 2 de marzo de 1995. Dicha resolución fue notificada a las partes el 6 de marzo de 1995, por lo que el término para revisar la sentencia impugnada comenzó a decursar con posterioridad al 24 de enero de 1995, fecha en que en-tró en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.

A tenor con lo dispuesto en el Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, y el Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra, las resoluciones finales de la Junta de Apelaciones no cualifican para ser revisadas directamente por este Foro mediante el recurso de apelación, ya que en su ley habilitadora no se dispone específicamente que los recursos contra estas determinaciones administrativas se presentarán en la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

De otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 3.002(e) y 5.003(a)(5) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. secs. 22i y 22o) y en la Regla 18(b)(2)(C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra, y lo resuelto en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-Mart Corp., supra, el foro apropiado para revisar estas sentencias es el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El recurso que se tiene disponible es el recurso discrecional de certiorari. Posteriormente, las sentencias dictadas por dicho tribunal podrán ser revisadas por el Tribunal Supremo, también mediante el recurso discrecional de certiorari. Regla 20(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.

Por todo lo antes expuesto, se dicta sentencia que ordena que se remitan los recursos presentados al Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, Circuito Regional I, foro competente para atenderlos.

Lo pronuncia, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Corrada del Río emitió una opinión concurrente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Corrada del Río.

I

I Concurro con el resultado de la sentencia de estos casos consolidados. No obstante, debo hacer constar la preocupa-ción de que, a pesar. del esfuerzo de este Alto Foro para llenar lagunas y resolver incompatibilidades entre los Arts. 3.002(e), 5.003(a)(5) y 9.004(a) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. secs. 22i(e), 21o(a)(5) y 23f(a)), entre sí y con la See. 4.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2177, así como con la Regla 18(b)(2)(C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII. El procedimiento para la revisión judicial de decisiones, resoluciones y providencias dictadas por organismos, funcionarios y agencias adminis-trativas es confuso e insatisfactorio por falta de uniformi-dad y coherencia.

Frente al esfuerzo de este Tribunal para resolver, sobre la marcha, los problemas procesales jurisdiccionales en los casos que hoy resolvemos y en los recientes pronuncia-mientos de este Tribunal de 10 de mayo de 1995 —en los casos de Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., 138 D.P.R. 497 (1995); Maldonado v. Supte. Policía de P.R., 138 D.P.R. 477 (1995), y Corp. Créd. Des. Com. Agrícola v. U.G.T., 138 D.P.R. 490 (1995)— persiste aún un estado de derecho incongruente para la revisión judicial de casos que se originen en las agencias administrativas, el cual no res-ponde a los más sanos principios de administración de la justicia y a la política pública establecida por la Legisla-tura de Puerto Rico. Veamos.

f — í HH

La política pública establecida por la Legislatura de Puerto Rico está encaminada a lograr unos procedimientos administrativos uniformes y eficientes. La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., fue apro-bada precisamente con ese propósito.

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 170, supra, se expresa lo siguiente en la parte que nos atañe:

La legislación establece, además, un procedimiento uniforme de revisión judicial a la acción tomada por la agencia al adoptar un reglamento o adjudicar un caso. 1988 Leyes de Puerto Rico 825, 826.

Para lograr ese fin, la See. 4.2 de la Ley Núm. 170, supra, dispone:

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo ape-lativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revi-sión ante el Tribunal Superior con competencia dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia. 3 L.P.R.A. see. 2172.

Más adelante, la See. 4.7 de la misma ley, supra, dis-pone que “[cjualquier parte adversamente afectada por la resolución del Tribunal Superior podrá solicitar la revisión de la misma mediante la presentación de un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo”.

La Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992 (4 L.P.R.A. sees. 1, 35, 37-37-1, 61-61a, 121, 191 y 231), que creó el extinto Tribunal de Apelaciones, dispuso en su Sec. 14(b), 4 L.P.R.A. ant. sec. 37, que dicho tribunal revisaría mediante un auto de certiorari, que sería expedido de forma discre-cional, las sentencias que dictase el Tribunal Superior en los pleitos para apelar o revisar las decisiones, órdenes o resoluciones de organismos administrativos. 1992 Leyes de Puerto Rico 135.

Dicha ley dispuso, además, en su Sección 14-A (e) que las decisiones emitidas por la Junta de Relaciones del Tra-bajo, la Junta de Salario Mínimo, la Comisión Industrial y la Junta Azucarera serían revisadas ante el Tribunal de Apelaciones, Sección Norte. 1992 Leyes de Puerto Rico 137.

Dispuso, también, la Sec. 14-A(f) de la Ley Núm. 21, supra:

Serán revisables ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, las decisiones de una agencia administrativa sujeta a revisión hasta ahora bajo la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada. 1992 Leyes de Puerto Rico 130, 137.

Posteriormente, la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993 (4 L.P.R.A. secs. 1, 2n., 35, 37n., 31-1, 61a n., 121, 231 y 301 n.) que, entre otras cosas, derogó el Tribunal de Apelacio-nes creado por la Ley Núm. 21, supra, dispuso en su Art. 4, que enmienda la Sec. 13(a)(1) de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, que el Tribunal Superior conocerá

[d]e todo recurso de revisión contra decisiones, reglamentos, órdenes y resoluciones de agencias administrativas, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada; así como toda soli-citud para poner en vigor las referidas determinaciones admi-nistrativas o los laudos arbitrales en materia laboral, excepto en aquellos casos en que la ley disponga la competencia en el Tribunal de Distrito. 1993 Leyes de Puerto Rico 32, 36.

Dicha ley dispuso que el Tribunal Supremo podría revi-sar mediante certiorari, que había de ser librado a su dis-creción, las sentencias que dicte el Tribunal Superior, entre otros, “en los casos para revisar las decisiones, órdenes o resoluciones de los organismos administrativos”. 1993 Le-yes de Puerto Rico 38.

Finalmente, la Ley de la Judicatura de 1994 dispone, en su Art. 3.002(d), 4 L.P.R.A. sec. 21i(d), que este Alto Foro revisará, mediante un recurso de apelación, las decisiones de la Junta Azucarera, de la Junta de Salario Mínimo, de la Junta de Relaciones del Trabajo y de la Comisión Industrial. Dicha ley dispone, además, en su Art. 3.002(e), supra, que mediante un recurso de apelación, revisaremos “[l]as decisiones, resoluciones y providencias dictadas por organismos, funcionarios y agencias administrativas y por subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hasta la vigencia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan”.

Como señalamos en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra, entre las agencias comprendidas en el Art. 3.002(e), supra, se encuentran la Comisión de Servicio Pú-blico, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóvil, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelaciones y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales.

El Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22i), lleva el título siguiente: “Competencia del Tribunal Supremo; revisión de las decisiones de las agencias administrativas y del Tribunal de Circuito de Apelaciones y de Primera Instancia”. No obstante, bajo dicho extenso artículo nada se dispone sobre cuál debe ser el recurso para la revisión judicial de una decisión adminis-trativa de los funcionarios, los organismos o las agencias administrativas no comprendidas en el Art. 3.002(d) y (e) de la citada ley, supra.

De ahí que este Tribunal, en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra, haya tenido que suplir la laguna re-curriendo a los Arts. 5.003(a)(5) y 9.004(a) de dicha ley, supra. El Art. 5.003(a)(5), supra, dispone que el Tribunal de Primera Instancia conocerá “[d]e todo asunto que con anterioridad a la vigencia de esta ley era atendido por el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito y el Tribunal Municipal” —1994 (Parte III) Leyes de Puerto Rico 2800, 2815— y el Art. 9.004(a), supra, lo que dispone es que

[t]odo recurso de revisión pendiente ante la consideración del Tribunal Superior sobre decisiones de agencias administrati-vas, dentro de su jurisdicción apelativa, deberá resolverse den-tro del término de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta ley; disponiéndose que una vez transcurrido dicho término los asuntos pendientes se referirán para su trámite y resolución al Tribunal Supremo de Puerto Rico. (Enfasis suplido.) Id., pág. 2829.

Este último artículo no puede dar base para interpretar la Ley de la Judicatura de 1994 en el sentido de que las decisiones administrativas de agencias, no comprendidas en el Art. 3.002(d) y (e), supra, deben atenderse por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Viendo las lagunas en el citado Art. 3.002 y en el resto de las disposiciones de la Ley de la Judicatura de 1994, al no establecer expresa y específicamente cómo deben revi-sarse judicialmente las decisiones administrativas de fun-cionarios, organismos o agencias administrativas no com-prendidas en el Art. 3.002(d) y (e), supra, y al tomar en consideración el principio de hermenéutica legal recono-cido de inclusio unius est exclusio alterius, debemos con-cluir, como lo hicimos en Farmacias Moscoso, Inc. v. Kmart Corp., supra, que las decisiones en los asuntos administrativos que nos ocupan no son revisables en ape-lación directamente por este Tribunal.

En Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra, re-currimos a la Regla 18(b)(2)(C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra, aprobado por este Tribunal el 13 de enero de 1995, con vigencia el 24 de enero de 1995, para concluir que el remedio para la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, en un caso proveniente de funcionarios, organismos y agencias admi-nistrativas, es el recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

La Regla 18(b)(2)(C) aludida dispone:

El recurso de certiorari de cualquier sentencia del Tribunal de Primera Instancia para la cual no se hubiese establecido procedimiento específico en este Reglamento o en la Ley de la Judicatura, deberá presentarse ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del término de treinta (30) días del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.

Como la Ley de la Judicatura de 1994 no estableció, de manera expresa, un procedimiento específico sobre la revi-sión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia proveniente del nivel administrativo, este Tribunal suplió la laguna al aprobar el citado inciso de la Regla 18.

El Art. 1.002 de la Ley de la Judicatura de 1994 reco-noce que “[e]l Tribunal Supremo, a tenor con la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá apro-bar la reglamentación interna necesaria para la implantación de esta Ley”. 1994 (Parte III) Leyes de Puerto Rico 2800, 2803.

A la vez, este Tribunal entendió, según se expone en el Preámbulo del Reglamento del Tribunal de Circuito de. Apelaciones y, posteriormente, en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra, que con excepción de los casos en-marcados dentro del Art. 3.002(d) y (e), “[t]odos los demás recursos provenientes de agencias administrativas se con-tinuarán revisando por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior”. Así se dispuso, igualmente, en la Regla 18 del Reglamento de este propio Tribunal, al expresarse en el Comentario a dicha regla que “[l]a revisión de las decisio-nes de todas las demás agencias administrativas continua-rán tramitándose en el Tribunal Superior de la misma forma y manera que se hacía antes de entrar en vigor la Le/’. El resultado de lo anterior es que se han tenido que mantener funciones apelativas o de revisión judicial en el Tribunal de Primera Instancia para estos casos, cuando el claro propósito de la Ley de la Judicatura de 1994 fue es-tablecer un sistema vertical con un Tribunal de Primera Instancia consolidado, un nivel apelativo intermedio y el Tribunal Supremo como máximo tribunal estatal, según lo dispone la Constitución del Estado Libre Asociado.

En la Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura de 1994 se expresa, en lo pertinente:

A los fines de lograr la pronta consecución de las metas seña-ladas, esta Ley, mediante un enfoque integral, adopta un sis-tema vertical que consiste de un Tribunal de Primera Instancia consolidado, de jurisdicción original con competencia unificada para atender todo tipo de casos y causas; de un tribunal inter-medio apelativo y, del Tribunal Supremo como tribunal de úl-tima instancia. (Enfasis suplido.) 1994 (Parte III) Leyes de Puerto Rico 2800, 2802.

A la luz de las incongruencias señaladas, y reconociendo que las acciones de este Tribunal al aprobar la Regla 18 del Reglamento de este Alto Foro, 4 L.P.R.A. Ap. XXI, y la Re-gla 18(b)(2)(C) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra, así como al decidir el caso de Farma-cias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra, responden a la necesidad de suplir las lagunas existentes en la Ley de la Judicatura de 1994 en esta materia, concurrimos con el resultado de la sentencia en los casos consolidados que aquí atendemos.

Corresponde a la Rama Legislativa examinar y determi-nar si debe o no enmendarse la Ley de la Judicatura de 1994 para resolver interrogantes tales como si el Tribunal de Primera Instancia debe o no ejercer funciones apelati-vas o de revisión judicial en los casos que procedan de agencias administrativas; si debe o no, a la luz del sistema vertical creado por dicha ley, establecerse la apelación o revisión judicial de casos procedentes de las agencias ad-ministrativas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones; en caso afirmativo, qué remedio debe proveerse para la re-visión por este Alto Foro de las decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones en estos casos; si amerita o no re-visar el Art. 3.002(d) y (e) de la ley, supra, y si la deroga-ción tácita de la See. 4.7 de la Ley de Procedimiento Admi-nistrativo Uniforme, supra, que acordamos en Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corp., supra, requiere o no un re-examen de dicha disposición, así como de otras disposicio-nes de la Ley Núm. 170, supra.

Por las razones antes expuestas, concurrimos con el re-sultado de la sentencia en estos casos.


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.

      Número: EC-95-6

      Resuelto: 15 de agosto de 1995
   CONVOCATORIA

Por la presente se convoca a todos los jueces del Tribunal General de Justicia y a los miembros de la Conferencia Judicial para la Decimoctava Sesión Ordinaria de la Con-ferencia Judicial que habrá de celebrarse el 28 y 29 de septiembre de 1995, en el Hotel Condado Plaza, en San Juan.

Los señores Jueces Administradores, en consulta con sus compañeros magistrados, tomarán las medidas necesa-rias para que el mayor número de jueces pueda asistir a la Conferencia Judicial, sin afectar los calendarios de asuntos urgentes que deban ser atendidos durante el período de la Conferencia. También tomarán las medidas de rigor para que la labor de investigación y de determinación de causa probable sea atendida de forma adecuada. El sistema de turnos correspondientes a este período deberá ser notifi-cado con suficiente antelación a los señores Fiscales de Dis-trito y a los Comandantes de Zona de la Policía. Cualquier problema en relación con estas asignaciones deberá ser lle-vado a la atención de la Directora Administrativa de los Tribunales para que ésta adopte las providencias necesarias.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.

      Número: EC-95-7

      Resuelto: 15 de agosto de 1995
   RESOLUCIÓN

Los trabajos de la Decimoctava Sesión Ordinaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, convocada para el de 28 y 29 de septiembre de 1995, en el Hotel Condado Plaza, San Juan, Puerto Rico, se regirán por la agenda siguiente:

Jueves, 28 de septiembre de 1995
Sesión de la mañana
8:30 Registro de participantes
9:15 Mensaje Hon. José A. Andréu García Juez Presidente
10:00 Apertura de los trabajos designados Leda. Mercedes M. de Bauermeister, Secretaria de la Conferencia Judicial
10:15 Presentación del Informe de la Comi-sión Jurídica Especial que Investiga el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales de Puerto Rico, Hon. Jeannette Ramos Buonomo, Presi-denta de la Comisión
12:00 Almuerzo
Sesión de la tarde
1:30 Sesiones de discusión en grupo
3:30 Sesión plenaria
5:00 Resumen del día y presentación de la agenda del próximo día
Viernes, 29 de septiembre de 1995
Sesión de la mañana
8:30 Registro de participantes
9:00 Presentación de dramatización
9:30 Reacciones a la presentación
10:30 Discusión de las conclusiones y reco-mendaciones del informe
12:00 Almuerzo
Sesión de la tarde
2:00 Presentación del Informe del Comité Asesor de Asignación de Abogados de Oficio en Causas Criminales, Hon. Jorge Segarra Olivero, Presidente del Comité
5:30 Actividad social auspiciada por el Co-legio de Abogados

Las sesiones de trabajo y los procedimientos de la Con-ferencia Judicial se regirán por las reglas siguientes:

1. El Juez Presidente llamará al orden y declarará constituida, para comenzar sus trabajos, la Decimoctava Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico.

2. El Tribunal designará Secretaria de la Conferencia Judicial a la Directora Administrativa de los Tribunales, Leda. Mercedes Marrero de Bauermeister. La Directora Administrativa de los Tribunales, como Secretaria de la Conferencia Judicial, presentará la agenda de trabajo.

3. Conforme con la agenda aprobada, cada ponente hará una exposición del tema que le haya sido asignado, dentro del tiempo establécido.

4. Con el propósito de que los trabajos de la Conferen-cia se desarrollen con normalidad, sin dilaciones, distrac-ciones ni interrupciones, los participantes deberán evitar las conversaciones dentro del salón y en sus alrededores inmediatos, así como las entradas y salidas del salón que no sean estrictamente necesarias.

5. Podrán participar en la discusión de los temas los jueces y otros miembros de la Conferencia Judicial. Los turnos, en la discusión de los temas presentados, serán consumidos primero en el orden que hayan sido solicitados al Secretariado de la Conferencia Judicial en sus oficinas del Tribunal Supremo, y concedidos por éste con anticipación. La duración de los turnos será conforme con las circunstancias y con el propósito de que el mayor nú-mero de participantes pueda expresar su criterio.

6. El Juez Presidente o los miembros de la Conferen-cia, en quienes éste delegue, podrán declarar fuera de or-den cualquier planteamiento que no forme parte de la agenda o que no sea pertinente a los temas de la Conferen-cia Judicial.

7. Las ideas expuestas por los ponentes y las sugeren-cias que formulen los miembros de la Conferencia Judicial en sus escritos y durante las discusiones plenarias, serán objeto de ulterior análisis por el Secretariado de la Confe-rencia Judicial, la Oficina de Administración de los Tribu-nales y el Tribunal Supremo.

8. El Secretario General y el Alguacil General del Tribunal Supremo, al igual que el personal del Secretariado de la Conferencia Judicial y el equipo de apoyo de la Comi-sión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Gé-nero en los Tribunales, auxiliarán al Tribunal Supremo y a la Secretaria de la Conferencia Judicial en la planificación y el desarrollo de todo lo referente a esta sesión plenaria.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General