author:
      (Fdo. ) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ramón L. Saliva Valentín, acusado y apelante.

      Número: CR-89-1

      Resuelto: 19 de junio de 1992

      Aurelio Saliva Mattei, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Iván F. Fuster, Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Por adolecer la acusación de un defecto sustancial in-subsanable y por estar basada la convicción en prueba in-suficiente, fundada en la detención ilegal del acusado Ra-món L. Saliva Valentín, revocamos la sentencia impuesta por el tribunal de instancia por alegada violación del Art. 168 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4274. Veamos.

I

El 7 de agosto de 1988 ocurrió un escalamiento en la escuela Segundo Ruiz Belvis, localizada en la Avenida Hos-tos en el sector de la Playa de Ponce, durante el cual fue sustraída ilegalmente una balanza propiedad de dicho plantel escolar. La investigación de dicho escalamiento re-cayó en el agente de la Policía de Puerto Rico Sr. Vladimir Salcedo.

Tres (3) días después de ser efectuado el escalamiento y la apropiación ilegal, el 11 de agosto de 1988, el agente Salcedo, a eso de las 11:40 de la noche, se encontraba de ronda por la Calle Padre Noel del referido sector. Fue en-tonces cuando pasaron frente a él y a un sargento que lo acompañaba dos (2) individuos en una bicicleta cargando una caja. Según surge de la exposición narrativa de la prueba, atestó el agente Salcedo que instantes más tarde “una persona lo detuvo y le dijo que el objeto que cargaban los susodichos individuos en la bicicleta posiblemente era un objeto hurtado” (énfasis suplido), por lo cual “siguió la dirección que le indicó la persona y llegó a la Avenida Padre Noel[, ] intersección con la 65 de Infantería de la Playa de Ponce ...”. E.N.P., pág. 1. Allí detuvieron al que iba guiando la bicicleta, quien resultó ser el acusado y quien les mostró el contenido de la caja, que resultó ser una balanza.

Atestó el agente Salcedo que en esos momentos inquirió al acusado sobre la procedencia de la balanza y éste le indicó que se la había encontrado. Así, se procedió a orde-narle al detenido que se personara al Cuartel de la Policía de la Playa de Ponce. Una vez allí, se le detuvo por un período de alrededor de dos (2) horas mientras se le some-tía a interrogatorio. Los agentes procedieron a ocupar la balanza que se encontraba dentro de la caja y que carga-ban el acusado y su acompañante.

En fecha posterior, el 1ro de septiembre de 1988, luego de haber confrontado el número de identificación de la ba-lanza incautada con el de la balanza que fuera ilegalmente apropiada en el comedor de la escuela, y luego de haber sido ésta identificada por la empleada Gloria E. Alfonso Archeval, se presentó acusación contra el señor Saliva Va-lentín por alegada violación al Art. 168 del Código Penal, supra, sobre recibo y transportación de bienes apropiados ilegalmente.

Durante el acto del juicio, celebrado el 19 de octubre de 1988, el fiscal presentó el testimonio del agente Salcedo, según aquí relatado, y el testimonio de Doña Gloria E. Alfonso, quien atestó sobre el referido escalamiento y sobre el valor del objeto apropiado ilegalmente. En síntesis, según surge de la E.N.P., pág. 2, la testigo declaró lo siguiente:

• • • [Q]ue el 7 de agosto de 1988 ocurrió un escalamiento en el plantel donde trabaja y sustrajeron una balanza del comedor escolar; que identificó la balanza que le llevó el agente de la Policía de Puerto Rico Vladimir Salcedo como la que había sido sustraída en el referido escalamiento; que dicha balanza tenía un valor de $204.00; que ella no tenía conocimientos periciales sobre el valor de objetos tales como la balanza en cuestión. (En-fasis suplido.)

Finalizada la prueba de cargo, la defensa del apelante presentó una moción de absolución perentoria la cual le fue denegada.

La defensa no presentó prueba alguna para derrotar la inferencia permisible en cuanto a que los bienes ilegal-mente apropiados habían sido recibidos a sabiendas de este hecho. En cuanto al valor del bien, la única prueba de la defensa consistió en intentar introducir una carta de 29 de agosto de 1988, suscrita por el Sr. Angel Goitía, Gerente de la empresa Hobart de Ponce, y dirigida al abogado de-fensor, de la cual se desprenden los precios de dicha firma de balanzas similares a la que fue objeto de la acusación en el caso. El tribunal sostuvo la objeción levantada por el Ministerio Fiscal a la admisión de dicha prueba, por lo que quedó como prueba ofrecida y no admitida.

Terminados los procedimientos, el tribunal de instancia (Hon. Luis F. Pieraldi Cappa, Juez) emitió el fallo de cul-pabilidad ese mismo día 19 de octubre de 1988. El 21 de diciembre de 1988 el tribunal impuso sentencia condenato-ria de seis (6) meses de reclusión sobre el apelante, conce-diéndole los beneficios de una sentencia suspendida. No conforme con tal dictamen, el acusado interpone recurso de apelación ante este Foro y plantea los siguientes señala-mientos de error.

A. Err[ó] el tribunal de instancia al desestimar nuestro plan-teamiento de que la acusaci[ó]n no imputaba delito y de que la prueba fue insuficiente.
B. Err[ó] el tribunal de instancia al desestimar nuestro plan-teamiento de que para la ocupaci[ó]n de la balanza en el caso de autos se efectu[ó] un arresto y un registro ilegal. Alegato del apelante, pág. 3.

Vistos los alegatos sometidos por el apelante y el Hon. Procurador General, resolvemos.

HH ¡ — i

El Art. 168 del Código Penal, supra, lee de la manera siguiente:

“Recibo y Transportación de Bienes Apropiados Ilegalmente
Artículo 168.—
Toda persona que compre, reciba, retenga, transporte, cargue o disponga de algún bien mueble, a sabiendas de que fue obte-nido mediante apropiación ilegal, robo, extorsión, o cualquier otra forma ilícita, será sancionadía] con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinien-tos dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, si el valor del bien apropiado ilegalmente no llegare a doscientos dólares. Si llegare o excediere este valor, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar cir-cunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser au-mentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circuns-tancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adi-ción a la pena de reclusión establecida o ambas penas.” (Enfasis suplido.) 1984 Leyes de Puerto Rico 38-39.

Concede el apelante que el elemento de “a sabiendas”, por ser de naturaleza subjetiva, puede ser válidamente in-ferido por el juzgador dadas las circunstancias particulares del caso. Sin embargo, alega que la prueba presentada al respecto, la cual se limitó al testimonio del agente Salcedo, que señaló que el acusado le dijo que se había encontrado el objeto, no es suficiente para activar razonablemente dicha inferencia. No le asiste la razón.

La permisibilidad de la adjudicación de conocimiento so-bre la procedencia ilegal del bien poseído, en ausencia de una explicación plausible, lógica y razonable sobre el ori-gen de los mismos por parte del acusado, está firmemente establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Véanse: Pueblo v. Vélez Matos, 90 D.P.R. 9, 14 (1964); Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 157,161 (1964); Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625, 628 (1968); Pueblo v. Batista Maldonado, 100 D.P.R. 936, 938-939 (1972); Pueblo v. Álvarez, 105 D.P.R. 475, 477 (1976).

El apelante no presentó prueba alguna que controvir-tiera el hecho inferido. El que se trate de una inferencia permisible y no de una presunción, Pueblo v. Gagot Mangual, supra, pág. 628, no releva al apelante de presentar prueba controvirtiendo los hechos sobre los cuales des-cansa la misma. De no hacerlo, podrá válidamente el juz-gador adjudicar responsabilidad criminal en cuanto al co-nocimiento del apelante sobre el origen ilegal de los bienes encontrados en su posesión, si entiende que inferirlo lo per-mite razonablemente la prueba desfilada. Pueblo v. Álva-rez, supra.

III

Sin embargo, le asiste la razón al apelante en su plan-teamiento en cuanto a que incidió el tribunal de instancia al no conceder la desestimación de la acusación por el he-cho de que no imputaba delito.

Según consta en los autos, la acusación sometida contra el apelante leyó de la manera siguiente:

El referido acusado, RAMON L. SALIVA VALENTIN, allá en o para el día 11 de agosto de 1988, en Ponce, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción, del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal-mente, retuvo un bien mueble consistente en una balanza pro-piedad del Departamento de Instrucción Pública producto de un escalamiento ocurrido en la Escuela Segundo Ruiz Belvis de la Playa de Ponce, siendo el valor del bien apropiado ilegal-mente $204.95. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. V.

Plantea el apelante que existe un defecto sustancial en la referida acusación por no imputar el elemento delictivo de “a sabiendas”.

El Art. 168 del Código Penal, supra, tipifica el delito de comprar, recibir, retener, transportar, cargar o disponer de algún bien mueble “a sabiendas de que fue obtenido me-diante apropiación ilegal, robo, extorsión, o cualquier otra forma ilícita ...”. (Enfasis suplido.) De su mera lectura surge claramente que “es elemento de este delito que la conducta se lleve a cabo ‘a sabiendas’ o con el conocimiento, de la obtención ilícita original del bien mueble”. D. Neva-res-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 295. Como se advertirá, este es un delito especial de intención específica.

De acuerdo con el Art. 7(1) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(1), el término “a sabiendas” implica conocimiento personal. No requiere el conocimiento de la ilegalidad del acto u omisión.

El hecho de que de las circunstancias del caso el juzga-dor pueda válidamente inferir el elemento mental de “a sabiendas”, según discutiéramos con anterioridad, no re-leva al Estado de su responsabilidad de imputar el mismo en la acusación. Esto es así, pues, para que tales inferen-cias puedan considerarse en un caso específico, la denuncia o querella presentada contra el imputado tiene que impu-tarle el elemento mental de “a sabiendas”.

Reiteradamente hemos resuelto que en nuestro ordena-miento jurídico procesal penal la denuncia y eventual acu-sación tienen como propósito notificar, a toda persona im-putada de delito, la naturaleza y causa por la cual será procesada. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Reglas 5, 34 y 35(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985). Ello es así ya que el debido proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente informado de la natu-raleza y extensión del delito que se le imputa para que pueda preparar adecuadamente su defensa. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977). Este requisito se cumple con una acusación o denuncia que incluya una ex-posición de los hechos esenciales constitutivos del delito re-dactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, para que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989). En esa empresa no se le exige al Ministerio Público ningún len-guaje estereotipado, técnico o talismánico en su redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el estatuto. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981). Sólo se le exige que el contenido, no el epígrafe, de la acusación o denuncia exponga todos los hechos constitutivos del tipo delictivo.

El examen de la acusación presentada contra el ape-lante demuestra que al mismo no se le imputó el elemento mental de “a sabiendas” requerido por el delito en cuestión. La referida acusación sólo imputa al acusado la retención ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal de un bien mueble producto de un escalamiento.

“Ilegalmente” significa todo acto en contravención a al-guna ley, reglamento u orden. Art. 7(17) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(17). “Maliciosamente” denota “la co-misión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo”. Art. 7(19) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(19). Véase Pueblo v. Castañón Pérez, 114 D.P.R. 532, 536 (1983). “Vo-luntariamente”, por último, “implica simplemente propó-sito o voluntad de cometer el acto, o de incurrir en la omi-sión a que se refiere”. Art. 7(27) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(27). “Criminalmente” significa actuar en contravención a la ley penal; es decir, la comisión de una “ofensa muy grave contra la moral o la ley, castigada por la ley o reprobada por la conciencia”. I. Rivera García, Diccio-nario de Términos Jurídicos, New Hampshire, Equity Publishing Corp., 1976, pág. 57. Ninguno de estos adjetivos es sinónimo del término “a sabiendas” ni imputa el conoci-miento específico de la procedencia ilegal del bien en el contexto del Art. 168 del Código Penal, supra.

La acusación no le imputó al apelante que poseía la ba-lanza con conocimiento personal de que fue obtenida me-diante apropiación ilegal. Cf. Pueblo v. Díaz Breijo, 97 D.P.R. 64 (1969). ¿Es ello un defecto de forma o uno subs-tancial del pliego acusatorio?

La ausencia de imputar el elemento constitutivo de “a sabiendas” en la acusación y no subsanarla durante todo el proceso, hace nula la medida dispositiva del foro sentencia-dor en cuanto a dicho delito. Como se sabe, contrario al procedimiento civil, en el procedimiento criminal (o en el sui géneris de la Ley de Menores) la prueba no puede en-mendar las alegaciones del Estado en tales circunstancias. El debido proceso de ley al cual es acreedor el imputado impide tal enmienda. Mucho menos cuando ya el tribunal sentenciador dictó sentencia en cuanto al referido delito.

IV

Resta examinar el segundo señalamiento de error plan-teado por el apelante en el sentido de que erró el tribunal de instancia al resolver que la ocupación de la balanza no fue producto de un arresto y registro ilegal por ausencia de motivos fundados para arrestar conforme a la Regla 11(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

La referida Regla 11 dispone que puede efectuarse un arresto válido sin orden judicial por un funcionario del or-den público bajo las circunstancias siguientes:

(c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito se hubiere come-tido o no en realidad. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11(c).

Según surge del propio testimonio del agente Salcedo, éste vio pasar a los dos (2) individuos en la bicicleta car-gando una caja y no sintió motivación de intervenir con éstos sino hasta que un alegado desconocido le llama la atención sobre el detalle de que en la caja “posiblemente” cargaban un objeto hurtado. En estas circunstancias, re-sulta irrazonable sostener que el señalamiento de un des-conocido al respecto —de que en la caja posiblemente car-gaban un objeto robado— sea suficiente para abundar y activar una determinación válida de motivos fundados por parte del agente, más aún cuando tal “confidencia” nada añadió a lo previamente observado por el agente.

El transitar en bicicleta portando una caja es un acto totalmente legal. Es responsabilidad del Estado probar la existencia de causa probable del policía para intervenir en estas circunstancias y derrotar la presunción de invalidez de la detención y el registro realizado sin previa orden judicial. Reglas 1 y 15 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Ríos Colón, 129 D.P.R. 71 (1991); Pueblo v. Rosario Igar- túa, 129 D.P.R. 1055 (1992). El comentario traído a la aten-ción del policía por el desconocido no cumple ni siquiera mínimamente con los requisitos establecidos por este Tribunal en cuanto a la naturaleza, precisión y veracidad re-queridas para que una “confidencia” pueda servir de base a una determinación razonable de causa probable, por parte de un agente de la uniformada, para arrestar. Pueblo v. Flores Valentín, 88 D.P.R. 913 (1963); Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971); Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

No surge del testimonio del agente Salcedo prueba so-bre la confiabilidad del informando o que “confidencia” se relacionara o dirigiera a un acto, que no fuera el previa-mente observado por el agente, de dos (2) individuos en bicicleta cargando una caja.

La confidencia, sumada a la observación del agente de los dos (2) individuos cargando una caja en la cual era po-sible que hubiese un artículo robado, no es suficiente para sustentar razonablemente una alegación de motivos funda-dos para detener al imputado al amparo de la Regla 11(c) de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326 (1980); Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973); Pueblo v. Rosario Igartúa, supra. La probabilidad de que en la caja se cargara un objeto robado, igual a la probabilidad de que en alguna de las casas del vecindario, en el interior de algún vehículo que por allí transitara o de que en los bolsillos de un transeúnte hubie-sen objetos robados, era infinitamente menor a la probabi-lidad de que en cualquiera de esos lugares se encontrasen objetos lícitos y de procedencia honrada. La mera sospecha nunca ha sido suficiente para aprobar la intervención con un ciudadano por parte de un funcionario del Estado. Pueblo v. Ríos Colón, supra.

Bajo tales circunstancias, resolvemos que no existieron motivos fundados para sancionar, bajo un mínimo de razo-nabilidad, la detención del imputado al amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra. W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 3, Cap. 9, Secs. 9.2 y 9.3.

Nótese, además, que la detención se realizó tres (3) días después y en un lugar distante de donde ocurrió el escala-miento investigado por el agente Salcedo. Dado los hechos del caso, no hubo siquiera la observación de una articula-ción inusual de actos específicos que razonablemente pu-dieran sustentar una sospecha particular y objetiva de probable actividad delictiva. Siendo esto así, la detención realizada por el agente sin que concurriera el elemento re-querido de suficiencia de motivos fundados vició cualquier registro subsiguiente. Pueblo v. Rosario Igartúa, supra.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia apelada,

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión escrita.

(Fdo. ) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

Otra vez prevalece una injusticia. Sub silentio, se deja sin efecto la decisión de Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1971), en que rechazamos el planteamiento de insuficiencia de una acusación por omitir la palabra “a sabiendas”. Allí, al igual que aquí, “[e]l apelante fue ade-cuadamente informado de los delitos por los que sería enjuiciado. Las alegaciones de la acusación, a los efectos de que éste actuó ‘ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmen-te’, son suficientes en derecho para imputar los delitos, aun en ausencia de la frase ‘a sabiendas’. El contenido esencial de tal expresión está comprendido en las alegaciones citadas”. íd., pág. 342.

Como dijimos recientemente en nuestro disenso en Pueblo en interés menor R.F.C., 130 D.P.R. 100, 114 — 115 (1992):

Por definición del Código Penal, a sabiendas “implica conoci-miento personal. No requiere el conocimiento de la ilegalidad del acto u omisión”. 33 L.P.R.A. see. 3022(1). Ilegalmente es “[t]odo acto en contravención de alguna ley, reglamento u or-den”; voluntariamente aplica “a la intención con que se ejecute un acto, o se incurre en una omisión, implica simplemente pro-pósito o voluntad de cometer el acto, o de incurrir en la omisión a que se refiere” (énfasis suplido), y maliciosamente significa “la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo”. (Enfasis suplido.) Art. 7(17), (27) y (19) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022.
En buena lógica, el vocablo “voluntaria” conlleva una actua-ción por voluntad propia, espontánea. Y la palabra “intencio-nalmente” describe cualquier acto “[d]eliberado, de caso pen-sado, hecho a sabiendas”. (Énfasis suplido.) Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 780.

II

En el caso de autos, la acusación leía así:

El referido acusado, RAMON L. SALIVA VALENTIN, allá en o para el día 11 de agosto de 1988, en Ponce, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal-mente, retuvo un bien mueble consistente en una balanza pro-piedad del Departamento de Instrucción Pública producto de un escalamiento ocurrido en la Escuela Segundo Ruiz Belvis de la Playa de Ponce, siendo el valor del bien apropiado ilegalmente $204.95. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 5.

¿Puede sostenerse que Saliva Valentín (o su abogado) no entendieron de qué se acusaba? Con meridiana claridad, el Ministerio Público imputó que “ilegal, voluntaria, mali-ciosa y criminalmente, retuvo un bien mueble consistente en una balanza ... producto de un escalamiento ocurrido en la Escuela Segundo Ruiz Belvis de la Playa de Ponce ...”. (En-fasis suplido.) Apéndice, pág. V. En virtud de la Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y de la juris-prudencia mencionada, estas alegaciones comunicaron un mensaje de igual significado al de la frase “a sabiendas de que era un objeto sustraído ilegalmente durante un escalamiento”. Así lo revela la prueba.

III

El 7 de agosto de 1988 ocurrió un escalamiento en la escuela Segundo Ruiz Belvis de la Playa de Ponce de la cual se sustrajo una balanza. E.N.P., pág. 2. El policía Vladimir Salcedo Aguilera estaba a cargo de la investigación. íd.

Tres (3) días después, el 11 de agosto, Salcedo Aguilera daba rondas por la Calle Padre Noel de la Playa de Ponce. Como a las 11:40 p.m., pasaron frente a él dos (2) individuos en una bicicleta cargando una caja. En ese instante, una persona detuvo al agente Salcedo Aguilera y le informó que el objeto que cargaban dichos individuos posiblemente era hurtado. Salcedo Aguilera decidió investigar. Siguió la dirección indicada por el informante y llegó a la intersección con la 65 de Infantería de la Playa de Ponce. E.N.P., pág. 1. Vio a los individuos, se les acercó y detuvo a Saliva Valentín. Sin que surgiera reparo alguno, éste le mostró el contenido de la caja. E.N.P., pág. 2. Salcedo Aguilera ob-servó una balanza, le preguntó su procedencia y Saliva Va-lentín le contestó que “se la había encontrado”. E.N.P., pág. 2. Entonces, el sargento allí presente le ordenó que se per-sonara al Cuartel de la Policía de la Playa de Ponce. E.N.P., pág. 2.

Fue interrogado por espacio de dos (2) horas. Los agen-tes examinaron y ocuparon la balanza. E.N.P., pág. 2. Des-pués, el policía Salcedo Aguilera pudo verificar que su nú-mero de identificación coincidía con la sustraída en el escalamiento de la escuela. Así lo confirmó la Sra. Gloria Alfonso Archeval, empleada del comedor escolar.

Como sostiene la mayoría del Tribunal, esta prueba fue “suficiente para activar razonablemente” la inferencia de conocimiento sobre la procedencia ilegal de la balanza. Sentencia, pág. 5. Y es que la explicación de Saliva Valen-tín de que se la “había encontrado” es increíble, por no decir ridicula. Las fotografías en evidencia reflejan una ba-lanza de pesar que luce casi nueva, brillosa y en excelente estado. La parte superior del mecanismo es de aproxima-damente una circunferencia de seis (6) a ocho (8) pulgadas, con un “plato” más grande.

> i — I

Esa misma prueba derrota la contención de que en la ocupación de la balanza en el caso de autos se efectuó un arresto y un registro ilegal.

La Regla 11(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, autoriza a un policía a efectuar un arresto sin orden judicial “[cjuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave {felony), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad”.

A su amparo hemos sostenido arrestos basados en con-fidencias si se establece una o más de las circunstancias siguientes: (a) que el confidente ha suministrado informa-ción correcta previamente; (b) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y de tiempo; (c) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente o por información proveniente de otras fuentes, y (d) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos o en proceso de cometerse. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 354 (1977); Pueblo v. Flores Valentín, 88 D.P.R. 913 (1963).

Esa es la situación de autos. La intervención policiaca estuvo justificada por razón de la hora (casi medianoche), se observaron dos (2) individuos en una bicicleta cargando una caja y una persona les comunicó que “el objeto que cargaban los susodichos individuos en la bicicleta posible-mente era un objeto hurtado ...”. (Énfasis suplido.) E.N.P., pág. 1. Esa confidencia, unida a las observaciones previas, fue suficiente para configurar, en un ánimo prevenido y razonable, motivos fundados para creer que se había come-tido un delito grave. ¿Podría el policía Salcedo Aguilera ignorarlas?

La expresión “posiblemente” denota “que puede ser o suceder”. Y esa eventualidad precisamente recoge la psico-dinámica del concepto de motivos fundados. Ni la Consti-tución ni las leyes le exigen a la Policía certeza matemática ni don de profesías; sólo un conocimiento básico de esa po-sibilidad fundado en una apreciación razonable de sus ob-servaciones o información que se le suministra. Lo contra-rio sería imponerle a la Policía unas normas utópicas, producto más bien de una asepsia bibliotecaria judicial. Bajo este prisma, el agente Salcedo Aguilera tuvo motivos fundados y procedió a investigar. Se dirigió hacia donde le indicó el confidente. Allí, se le acercó a los individuos y detuvo a Saliva Valentín, quien conducía la bicicleta. Sin mediar mas palabras, éste le mostró el contenido de la caja y expuso a plena vista la balanza. El que la observación del agente fuera el resultado de una conducta deliberada no altera su legalidad. La exigencia de que el descubrimiento se haga “inadvertidamente” ha cesado de ser una condición necesaria de la doctrina de plena vista. Y es que en la “pre-vención e investigación del crimen la Policía no es una es-finge egipcia obligada a adoptar una actitud reservada o enigmática”. Pueblo v. Conde Pratts, 115 D.P.R. 307, 341 (1984).

Como Salcedo Aguilera conocía y estaba a cargo de la investigación sobre una balanza sustraída tres (3) días antes en la escuela del sector, le preguntó su procedencia. La explicación de Saliva Valentín de “que se la había encon-trado” despejó cualesquiera dudas. La identificación posterior de que era hurtada simplemente demostró cuan opor-tuna, razonable y apropiada fue la intervención y apreciación del agente Salcedo Aguilera.

       Adviértase que el hecho de que el apelante pueda haber cumplido la medida dispositiva no convierte este recurso en académico. El interés del apelante en que dicho delito y medida dispositiva desaparezcan de su expediente es suficiente para hacer esta controversia justiciable. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975). Por lo tanto, aun cuando la apelación aquí instada no interrumpió los efectos de la sentencia del juez sentenciador, 34 L.P.R.A. see. 2236, los intereses en juego hacen esta controversia justiciable y no académica.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    Rurico S. Díaz Aponte, Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, en representación de Juan R. Torres Cruz, demandantes y apelados, v. Comunidad San José, Inc., demandada y apelante.

      Número: AC-89-80

      Resuelto: 23 de junio de 1992

      José A. Gallart, abogado de la apelante; Iván Ortiz Monroig, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy, de manera principal, resolvemos la interrogante de si en nuestra jurisdicción resulta ser jurídicamente procedente la imposición de desacato civil a un ciudadano por el incumplimiento de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor —consecuencia la misma de una controversia de índole privada— ordenando, en última instancia, el pago de una deuda dineraria. Decidimos que dicho procedimiento es incompatible con la prohibición contra encarcelamiento por deuda contenida en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

I

Mediante Escritura Pública de 20 de marzo de 1981, el Sr. Juan R. Torres Cruz (el Comprador) adquirió de la Co-munidad San José, Inc. (la Corporación o la Vendedora) un predio de terreno por la cantidad de once mil dólares ($11,000). Al acto de compraventa, en representación de la Corporación, compareció el Sr. Emilio Montilla Fullana en su calidad de Secretario Ejecutivo de la misma. Subsi-guientemente, el comprador acudió a la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) con el propósito de soli-citar un permiso de construcción, mas éste se le denegó ya que el terreno vendídole no estaba segregado y se encon-traba en una zona inundáble. El Sr. Torres Cruz exigió, entonces, de la Corporación la devolución del importe pagado. Al no obtener respuesta a su petición, el Compra-dor radicó querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) el 27 de junio de 1983.

El 21 de febrero de 1984 se celebró una vista adminis-trativa en las oficinas de D.A.Co. a la cual comparecieron los señores Torres Cruz y Montilla Fullana. Esta vez, este último compareció en calidad de Presidente de la Corporación. Las partes estipularon que dentro de los ciento diez (110) días siguientes la Corporación readqui-riera el predio en controversia por la suma pagada por el Comprador; de no cumplirse con lo estipulado, se acordó que la Corporación pagaría al señor Torres Cruz la canti-dad de once mil quinientos dólares ($11,500) a los diez (10) días de expirado el término original. El 27 de junio de 1984, D.A.Co. emitió resolución aprobando la referida esti-pulación y ordenando su estricto cumplimiento.

La Corporación no honró su compromiso. Ante el re-clamo del señor Torres Cruz, la Vendedora se comprometió por escrito a devolver la suma acordada para el 20 de julio de 1984. Una vez más, sin embargo, la Corporación incumplió. Así las cosas, D.A.Co. acudió al Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, donde, luego de numerosos trámi-tes que no ameritan exposición detallada. el tribunal de instancia dictó sentencia el 9 de diciembre de 1988 orde-nando a la Corporación a cumplir con la obligación acor-dada so pena de desacato. El tribunal señaló vista de se-guimiento para el 12 de enero de 1989 disponiendo que, de la Corporación haber incumplido con la orden anterior, Montilla Fullana debía comparecer para ser ingresado a la cárcel “por desacato civil hasta tanto cumpl[iera] con lo ordenado”.

Llegado el día 12 de enero sin la Corporación haber cumplido con la orden por alegadamente no tener dinero, el tribunal dictó sentencia ordenando a Montilla a compare-cer para ser ingresado a la cárcel el 23 de febrero. El 25 de enero, Montilla Fullana radicó moción de reconsideración, la cual fue rechazada de plano. El 10 de febrero radicó escrito de apelación en el tribunal de instancia y el 17 de febrero moción en auxilio de jurisdicción ante este Tribunal. En los referidos escritos, se le imputó al foro de instancia haber errado

1 ...al dictar Sentencia en el presente litigio ya que carecía de jurisdicción sobre la materia”
2 ...al dictar Sentencia ordenando la prisión por desacato civil del presidente de la apelante porque viola las disposiciones del mandáto expreso de la Sección 11[, ] Artículo 2, de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al efecto de que nadie será encarcelado por deuda[;]
3 ...al dictar Sentencia ordenando la prisión por desacato civil del presidente de la apelante porque viola las disposiciones o mandato expreso de la Sección 7 del Artículo 2 de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico menoscabando el derecho al debido proceso de ley de éste[, y]
4 ...al dictar Sentencia ordenando la prisión por desacato civil del presidente de la apelante porque constituye una desigual aplicación de la ley violando la Sección 7 del Artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Escrito de apelación, pág. 4.

Considerado el recurso radicado como uno de revisión, concedimos término a la parte demandante recurrida para que mostrara causa por la cual no debiera expedirse el auto solicitado y dictarse sentencia revocatoria de la emi-tida por el Tribunal Superior. Se ordenó asimismo la para-lización de los procedimientos a nivel de instancia hasta tanto otra cosa se dispusiera por este Tribunal. La parte recurrida ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

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Como claramente surge de una lectura de la relación de hechos, y de los señalamientos de errores que hace la parte recurrente, realmente son tres (3) las controversias o inte-rrogantes que plantea el recurso ante nuestra consideración. Es nuestra encomienda, en primer lugar, determinar si D.A.Co. tiene, en términos generales, la fa-cultad en ley para solicitar el auxilio del tribunal de ins-tancia con el fin de que se ordene el fiel cumplimiento de una estipulación pactada por las partes —la cual contem-pla el pago de una suma de dinero por una parte a la otra— estipulación que dicho organismo administrativo re-frendó mediante la emisión de una resolución administra-tiva a esos efectos. En segundo término, debemos dilucidar la procedencia y juridicidad de la imposición de un des-acato civil a un oficial de una corporación, en su capacidad personal, por la desobediencia en que incurrió la corporación. Por último, debemos determinar la constitu-cionalidad de una orden de reclusión, emitida por un tribunal por vía del desacato civil, de quien no satisface una suma de dinero impuesta mediante una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor.

Es norma de derecho firmemente establecida que este Tribunal no juzgará la constitucionalidad de un estatuto si existe fundamento alterno que permita disponer del caso. Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649, 652 (1956); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Pueblo ex rel M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 140. Los primeros dos (2) de los señalamientos de error promulgados por el recurrente se presentan como posibles avenidas de disposición alterna; razón por la cual pasamos a evaluar los mismos en primer término.

HH H-! I — !

El primer señalamiento del recurrente —mediante el cual cuestiona la jurisdicción del tribunal de instancia para entender en un recurso de revisión relativo a una resolución emitida por D.A.Co. mediante la cual se le or-dena a una parte pagarle una suma de dinero a otra— es claramente inmeritorio.

Señala el recurrente que la ley habilitadora del D.A.Co. —Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. see. 341 et seq.)— únicamente faculta al Secretario de dicho organismo administrativo a “recurrir al Tribunal Superior de Puerto Rico en solicitud de que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida o cualquier orden correctiva”. (Enfasis suplido.) A base de ello argumenta, erróneamente a nuestro juicio, que una resolución mediante la cual se ordena el pago de una suma de dinero no constituye una “orden de cesar o desistir” ni una “orden correctiva”; razón por la cual, alagadamente, el tribunal de instancia carecía de jurisdicción para entender en el recurso administrativo radicado.

No tiene razón. Una simple lectura de las disposiciones del Art. 6(i) de la citada Ley Núm. 5 (3 L.P.R.A. see. 341e(i)) es todo lo que se requiere para poder uno percatarse de ello. El mismo dispone que el Secretario de D.A.Co. tendrá facultad para:

Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesa-rios para hacer efectivos los propósitos de este Capítulo y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento.

Esto no debe sorprender a nadie. Una agencia como D.A.Co., que naturalmente carece del poder coercitivo que ostentan los tribunales para exigir el cumplimiento de sus órdenes y resoluciones, sólo podría cumplir los propósitos para los cuales fue creada si goza del poder de acudir a los tribunales invocando su auxilio para el ejercicio efectivo de sus facultades. El legislador así lo reconoció y así le facultó por medio de la citada sec. 341(e)(i).

Por otro lado, aun cuando no cabe duda que la orden del Secretario es, en última instancia, una orden obligando el pago de una deuda dineraria, no vemos razón alguna por la cual este hecho impida que la misma sea considerada, a su vez, como una “orden correctiva”. No debemos perder de vista que este litigio surge como consecuencia de la venta fraudulenta de un predio de terreno inservible por parte de la Corporación recurrente al recurrido señor Torres Cruz. Durante el curso de los procedimientos ante D.A.Co., las partes acordaron que se devolverían las prestaciones co-rrespondientes (tanto la suma de dinero pagada como el “título” sobre el terreno en controversia) en reconocimiento de la práctica engañosa de la cual fue objeto el Comprador. Al aprobar la estipulación y ordenar su estricto cumpli-miento, el Departamento en efecto determinó que los dere-chos de un consumidor fueron violentados y que la forma de rectificar esa injusticia era ordenando la devolución de las prestaciones. Su resolución fue, de hecho, una orden que perseguía la corrección de una situación que represen-taba un ataque a los derechos de un consumidor o, en otras palabras, una orden correctiva. El hecho de que hubiera dinero envuelto es sólo un elemento particular de ese liti-gio, como lo es en la inmensa mayoría de los casos resuel-tos por la referida agencia. Cuando D.A.Co. acudió al tribunal en el caso de autos lo hizo para exigir el cumplimiento de una resolución administrativa, final y firme, emitida por esa Agencia que ordenaba a ambas par-tes devolver ciertas prestaciones; el hecho de que al pasar por el tamiz de la Agencia la misma se convirtió en una orden obligando a solo una parte a pagar una suma de dinero (ya que la otra parte había cumplido con su obliga-ción) no desvirtúa su carácter de orden “correctiva”.

La posición que tomamos en el día de hoy es cónsona con la letra y el espíritu de la ley que creó el Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5, ante. De su “exposición de motivos” se desprende que el propósito del legislador fue el de crear un organismo de la más alta jerarquía, dotado de poderes amplios y efectivos para la protección del consumidor. Es principio de fuerte arraigo en nuestro derecho que a las leyes debe dársele el signifi-cado que valide el propósito que tuvo el legislador al aprobarlas. Rivera Maldonado v. Autoridad Sobre Hogares, 87 D.P.R. 453, 456 (1963); ESSO Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 784 (1968); P.P.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338, 429 y 468 (1970); Rodríguez Maldonado v. E.L.A., 114 D.P.R. 446, 448 (1983). Negarle al D.A.Co. la facultad de acudir a los tribunales con el fin de solicitar su “poder coercitivo” para que se cumplan sus re-soluciones simplemente porque ésta al fin y al cabo se con-virtió en una orden para que se pague una deuda moneta-ria, le restaría toda eficacia al esquema diseñado por el legislador. En reiteradas ocasiones hemos resuelto que este Tribunal rehusará atribuirle futilidad a los actos legislativos. Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884, 888 (1975); PR. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 344 (1983); Passalaqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618, 631-632 (1985).

IV

Determinado que D.A.Co. en efecto tenía facultad para solicitar el auxilio del tribunal de instancia, procede que nos enfrentemos a la segunda interrogante que plantea el presente caso, esto es, la juridicidad de la imposición del desacato civil a un oficial de una corporación por el incum-plimiento en que incurre el ente corporativo.

La doctrina reconoce que las corporaciones, como personas jurídicas, pueden ser halladas incursas en desacato. 10A Fletcher Cyc. Corp. See. 5069 (Perm. ed.). Sin embargo, dados los principios de que la personalidad jurídica de las corporaciones es separada y distinta a la de sus directores, oficiales y accionistas, y de que éstos gozan de una responsabilidad limitada, Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240, 243 (1968), las órdenes vin-dicadoras de la dignidad de los tribunales (entre las cuales existe la posibilidad de la encarcelación) deben ir dirigidas, en primera instancia, al ente corporativo. Siendo las corpo-raciones entidades incorpóreas que carecen de configura-ción física y que, por lo tanto, su encarcelación resulta im-posible, los tribunales han desarrollado un sinnúmero de doctrinas con el fin de balancear los intereses envueltos.

En primer lugar, recordamos que hemos resuelto reiteradamente que no se sostendrá la ficción jurídica de una corporación si ello equivale a sancionar un fraude, promover una injusticia, evadir una obligación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la inequidad, proteger el fraude o defender el crimen. Cruz v. Ramírez, 75 D.P.R. 947, 954 (1954); J.E. Caudal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508, 513 (1962); South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88 D.P.R. 43, 56 (1963); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 48 (1967); Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., ante; Mill Factors Corp. v. Registrador, 97 D.P.R. 379, 384 (1969); González v. San Just. Corp., 101 D.P.R. 168, 172 (1973); Ab Intestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670, 680-681 (1980); J.R.T. v. Asoc. C. Playa Azul I, 117 D.P.R. 20, 29 (1986). Para "descorrer el velo corporativo” se requiere, naturalmente, que se presente evidencia suficiente que justifique la imposición de responsabilidad, más allá del ente corporativo, a los directores, oficiales o accionistas de la corporación. San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 D.P.R. 424, 430 (1967).

Existe en el derecho corporativo un segundo fundamento bajo el cual un tribunal efectivamente está facultado para encarcelar por desacato a un oficial de un ente corporativo. La doctrina ha reconocido que cuando un oficial de una corporación tiene pleno conocimiento de una orden emitida por un tribunal y no toma acción, bajo sus poderes, para gestionar el cumplimiento de la obligación corporativa, éste puede ser encontrado incurso en desacato en su capacidad personal. Ocho (8) décadas atrás el Tribunal Supremo federal expresó al respecto:

A command to the corporation is in effect a command to those who are officially responsible for the conduct of its affairs. If they, apprised of the writ directed to the corporation, prevent compliance or fail to take appropriate action within their power for the performance of the corporate duty, they, no less than the corporation itself, are guilty of disobedience and may be punished for contempt. Wilson v. United States, 221 U.S. 361, 376 (1911).

Mas recientemente, el prestigioso comentarista corporativo Fletcher se expresó así:

A duty imposed by an order of court of competent jurisdiction upon a corporation applies to the officers, agents and employees of that corporation, and takes effect, as to them, as soon as they have been served with the writ, or in fact have actual notice of the nature and scope of the order; it is not necessary to make them parties.
... If, after they have knowledge of the writ directed to the corporation, they prevent compliance or fail to take appropiate action within their power for the performance of the corporate duty, they, no less than the corporation itself, are guilty of disobedience and may be punished for contempt. But mere failure or refusal of the corporation to comply with the order of the court does not render the officer guilty. He must have neglected or refused to perform his part in carrying out the act required by the order of the court; if he lacked authority or opportunity to perform the act or any part of it, he is not guilty of contempt.
The managing officers cannot shield themselves from individual liability upon the plea that what they did was done by them as officers and agents of the corporation, and not in their own behalf as principals. So the president is a proper person to punish for contempt, providing there is a duty resting upon him in respect to the thing commanded or enjoined. He is not subject to contempt for default in performing an act which he cannot himself, without authority from others, perform. (Enfasis suplido.) Fletcher, ante, Sec. 5073.

El peso de la prueba recae, naturalmente, sobre la parte que solicita el desacato para establecer un caso prima facie de que la persona que desobedeció la orden tenía la capacidad para cumplirla; una vez establecido el caso prima facie, corresponde al oficial levantar la ausencia de facultades dentro del esquema corporativo para procurar el cumplimiento de la orden o la incapacidad de la corporación misma para cumplir con lo ordenado. Cf. Combs v. Ryan’s Coal Co. Inc., 785 F.2d 970, 984 (11mo Cir. 1986).

Resulta pertinente señalar que, de ser imposible determinar qué oficial de la corporación es responsable por el incumplimiento, el tribunal tiene a su disposición el mecanismo dispuesto por la Ley de Corporaciones en su Art. 1201, que dispone:

Cuando cualquier corporación se negare a cumplir cualquier orden de un tribunal competente, o dejare de cumplir tal orden o desatendiere su cumplimiento dentro del término que el tribunal fije para su observancia, tal negativa, falta de cumpli-miento o desatención será causa suficiente para que se designe un administrador judicial de la corporación. 14 L.P.R.A. see. 2201.

V

Habiendo determinado que D.A.Co. tenía la facultad de acudir ante el tribunal de instancia para solicitar que éste ordenara el cumplimiento de la resolución en controversia y que los tribunales tienen el poder de imponer desacato civil a un oficial de una corporación por la negativa de la corporación a cumplir con lo ordenado, sólo nos resta deter-minar si el tribunal podía constitucionalmente imponer desacato civil a un oficial de una corporación que no cum-plió con una orden emitida por éste que se reducía al pago de una deuda monetaria.

El precepto constitucional que se alza como posible impedimento a que se utilice el desacato civil en relación con el incumplimiento de una resolución de D.A.Co. ordenando el pago de una cantidad de dinero —cual es el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1— es claro y terminante. El mismo reza simplemente así:

“Nadie será encarcelado por deuda.”

Su importancia fue recalcada, en su génesis, en la Convención Constituyente, la cual expresó:

La [cláusula] que impide la encarcelación por deudas coloca la seguridad y la libertad de la persona por encima de los valores materiales, rechazando la posibilidad de que alguien pueda ser castigado en esta forma por no tener recursos con que atender sus obligaciones económicas. 4 Diario de Sesiones de la Conven-ción Constituyente 2571 (1961).

A pesar de su lenguaje explícito, éste no ha estado inmune a la erosión jurisprudencial de los tiempos. Bajo la premisa de que prácticamente ninguna disposición constitucional goza de un carácter inflexible y absoluto ante el cúmulo de intereses públicos con los que periódica-mente confligen, este Tribunal ha atemperado el man-dato del Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, ante, al señalar:

La determinación de lo que constituye una “deuda” para los fines del Art. II, Sec. 11 de la Constitución, así como bajo el Art. 1811 del Código Civil, no es un ejercicio en puro razonamiento abstracto. La tabla de valores de la comunidad concernida es la que provee la clave. Si una obligación privada tiene un carácter tan acentuado de deber social que lo segundo ahoga o sobrepasa lo primero, como en el caso de las pensiones alimenticias, la vía del apremio personal puede estar disponible. Las excepciones a la norma general contraria a la prisión por deuda son contadas, tanto en el Derecho Civil como en el común. (Énfasis suplido.) Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, 115 D.P.R. 703, 710 (1984).

Para determinar hasta qué punto la situación del caso de autos puede ubicarse dentro de las “contadas” excepcio-nes en las que el interés adelantado por la vía del apremio personal sobrepasa aquel representado por la prohibición constitucional contra el encarcelamiento por deudas, es ne-cesario que examinemos, aun cuando brevemente, la situa-ción jurídica actual de ambas figuras.

La prohibición contra el encarcelamiento por deudas en Puerto Rico proviene de dos (2) fuentes: el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante —donde se incorpora el antiguo lenguaje del Acta Jones de 1917 (3 L.P.R.A. see. 2)— y el Art. 1811 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5171, donde se incorpora a nuestro ordenamiento el principio de la responsabilidad patrimonial. El principio de la responsabilidad patrimonial “no es más que el término final de una larga evolución ... [respecto a] la condición del deudor, [que] ha sustituido la ejecución [de] la persona por la ejecución [de sus] bienes”. Véase J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 13ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. III, pág. 260. En el pasado hemos sido enérgicos en la observancia de esta prohibición constitucional. Así, en Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, ante, págs. 710-711, expresamos:

...[E]l incumplimiento de una orden judicial conlleva usual-mente la sanción del desacato, mas no puede utilizarse la resis-tencia al mandato de una corte como medio para lograr la pri-sión por deudas, inasequible por otras vías. De ser ello posible bastaría con que un tribunal ordenase, bajo apercibimiento de desacato, que se pagase cualquier deuda ordinaria. Hace ya casi un siglo que el Código Civil les cerró este camino a los acreedores y a los propios tribunales al adoptar el principio de la responsabilidad patrimonial, norma que adquirió en 1952 rango constitucional. (Enfasis suplido.)

Ante tan enérgica postura, no es sorprendente el hecho de que a lo largo de nuestra historia jurídica sólo hallamos reconocido una excepción a la prohibición al encarcelamiento por deudas, y ello en una situación revestida del más alto interés público: los casos de alimentos. Véase López v. Corte de Distrito de Guayama, 31 D.P.R. 137, 145 (1922).

La importancia de esta única y singular situación nos mueve a examinar brevemente el desarrollo de la misma. Originalmente, este Tribunal se negó a reconocer la alternativa del desacato civil en los casos de incumplimiento de la pensión alimentaria. Frau v. Canals, 8 D.P.R. 120 (1905). No fue hasta varios años más tarde que se reconsideró esta postura a la luz de nueva legislación, reconociéndose la vía del apremio personal para aquellas instancias en que se incumplía con las obligaciones alimentarias. López v. Corte de Distrito, ante. A partir de entonces reiteradamente se reconoció esta doctrina, Villa v. Corte, 45 D.P.R. 879 (1933); Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901 (1951); ello así aún después de haberse elevado a rango constitucional la prohibición contra el encarcelamiento por deuda, Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518 (1976).

Con relación a la figura del desacato civil, observamos que el poder inherente de todos los tribunales para obligar al cumplimiento de sus órdenes es de antiguo linaje. Ex parte Robinson, 86 U.S. 505, 513 (1873); Ex Parte Bird, 4 D.P.R. 234, 240 (1903). El mismo se basa en el sano principio de que la observancia de las órdenes de los tribunales por parte de aquellos contra quienes van dirigidas es de cardinal importancia para la administración de la justicia. Cf. Maness v. Meyers, 419 U.S. 449, 458 (1975); Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U.S. 418, 450 (1911). El desacato civil debe distinguirse del desacato criminal:

La verdadera distinción entre el desacato criminal y el civil estriba en la naturaleza y propósito del remedio. Si la intención es reparadora, a inducir a alguien a cumplir con una obligación, el desacato es de naturaleza civil. Shillitani v. United States, 384 U.S. 364 (1966). Si el objetivo es vindicar la autoridad del tribunal, el desacato es de orden penal. United States v. Mine Workers, 330 U.S. 258 (1947). Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79, 81 (1982).

Esta distinción resulta de singular importancia, ya que es precisamente la naturaleza reparadora del desacato civil lo que ha dado paso a que se le reconozca como excepción a la prohibición constitucional contra el encarcelamiento por deuda en los casos de alimentos. Es importante señalar que, aun en los casos de alimentos, no procederá la imposición del desacato cuando el obligado logra demostrar una causa justificada para su incumplimiento, situación en relación a la cual el alimentista carga con el peso de la prueba. Villa v. Corte, ante, pág. 900; Munet v. Ramos, 69 D.P.R. 353 (1948); Rivera v. Torres, 56 D.P.R. 583, 585 (1940); Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901, 906 (1951). Es decir, aun en los casos de alimentos existen situaciones en que la prohibición constitucional prevalecerá; en esas situaciones, el desacato civil ha perdido su razón de ser y la balanza de intereses se inclina a favor de la prohibición constitucional.

De lo que antecede podemos discernir un principio fundamental. La determinación del efecto que debe dársele a la prohibición constitucional contenida en el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, ante, dependerá en primera instancia de un balance en el que se antepondrán intereses de “[l]a tabla de valores de la comunidad concernida Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, ante, pág. 710. Al sol de hoy sólo hemos encontrado una “obligación privada [que] tiene un carácter tan acentuado de deber social que ... sobrepasa” (id.) el valor protegido por la prohibición constitucional, es decir, “la posibilidad de que alguien pueda ser [encarcelado] por no tener recursos con que atender sus obligaciones económicas”. Diario de Sesiones, ante.

La determinación de si las resoluciones emitidas por D.A.Co. obligando al pago de una deuda dineraria consti-tuirán una excepción a la citada prohibición constitucional dependerá, pues, de cómo comparan los valores represen-tados por la referida agencia administrativa con aquellos protegidos por los Constituyentes. Nos toca hoy determinarlo.

V

El Departamento de Asuntos del Consumidor acudió ante el tribunal de instancia en solicitud de que se pusiera en vigor la orden que emitiera en el presente caso. Como sabemos, el Art. 13(e) de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, ante, establece, en lo pertinente, que el incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá desacato al Tribunal”. (Énfasis suplido.) La “ejecución” de dicha disposición estatutaria por parte del foro judicial, la cual puede desembocar en una orden de reclusión de la persona en la cárcel, es la que se alega “choca” con la disposición constitucional que prohíbe la encarcelación por deuda en situaciones, como la presente, en que la orden administrativa se circunscribe a ordenar el pago de una deuda dineraria. Resulta forzoso, en consecuencia, cuestionarnos si la política pública que encarna el D.A.Co. es tan fundamental que supera la prohibición constitucional de cárcel por deuda.

El Departamento de Asuntos del Consumidor, no hay duda, tiene a su cargo instrumentar una vasta gama de legislación, Art. 6(d) de Ley Núm. 5, ante, 3 L.P.R.A. sec. 341e(d). El elemento común entre estas es la relación consumidor-empresario sobre la cual se erige práctica-mente todo el andamiaje de la Agencia. No hay duda de que D.A.Co. como agencia administrativa, recoge una polí-tica pública importante en nuestra sociedad de consumo. Ello no significa, sin embargo, que todas las leyes que tiene dicha Agencia a su haber administrar en-cierren un fin público lo suficientemente importante como para equipararlas a un interés de rango constitucional. No podemos perder de vista que en la amplia gama de intere-ses públicos protegidos también suelen haber sus gradaciones. Las leyes que tiene D.A.Co. bajo su jurisdic-ción varían en el grado de política pública que encierran.

Dentro de este contexto no debemos perder de perspec-tiva que de aplicarse automáticamente el Art. 13(e) de la Ley Núm. 5, ante, procedería la reclusión por vía de des-acato, á petición de la Agencia, por la violación a cual-quiera de las legislaciones que instrumenta dicha Agencia y que conlleve la imposición de una “orden correctiva” re-lativa al pago de una deuda dineraria.

Pretender polarizar en términos absolutos la relación proveedor-consumidor equivale a perder de perspectiva los hechos particulares de cada caso, so pretexto de solucionar el contemporáneo problema de las sociedades consumeristas. No dudamos de que puedan existir instancias donde D.A.Co. podría convincentemente argumentar que el interés a ser vindicado por la Agencia amerita el uso del apremio personal; no obstante el mandato constitucional es tajante y las excepciones tienen que necesariamente ser contadas. Aún en los meritorios casos de reclamaciones de alimentos, este Tribunal ha señalado que el desacato civil debe utilizarse con prudencia, Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518, 522 (1976). Una exclusión de la magnitud que se pretende adoptemos en el día de hoy sometería el mandato constitucional a tantas excepciones que lo desvirtuaría.

Un análisis comparativo entre la excepción a la prohibición constitucional que ha legitimado este Tribunal y la que se pretende que validemos hoy de forma automática, resultan del todo incompatibles. El presente caso resulta el mejor ejemplo de lo anteriormente expresado. No empece cuán dramático la parte apelada quiera presentar el cuadro fáctico que da lugar a este recurso, difícilmente pueda equipararse la devolución de la suma de Once Mil Quinientos Dólares ($11,500) por la venta de un terreno con una reclamación de alimentos de unos hijos menores necesitados.

Una sentencia de alimentos comprende una necesidad imperiosa que por su propia naturaleza no admite pró-rroga, contrario a la devolución de un dinero en virtud de una negociación contractual. Para el consumidor existen alternativas como los métodos tradicionales de ejecución de sentencia, inapropiados para el alimentista dada la na-turaleza imperiosa de su necesidad, La fuente de la obliga-ción que se persigue vindicar suele ser un fiel indicador de la magnitud del interés envuelto. En el caso de las pensio-nes alimentarias la obligación nace de un deber legal ma-tizado por un imperativo moral; contrario al caso de autos que surge en virtud de la libre voluntad de las partes con-tratantes permeada, sin embargo, por la desigualdad eco-nómica que pretende atemperar D.A.Co.

Es factible imaginarnos múltiples instancias en las que una sentencia, resultado de un procedimiento ventilado en su totalidad ante un tribunal, envuelva un interés mucho más apremiante que una querella radicada ante D.A.Co. y llevada al foro judicial para su implantación y, sin embargo, a estos dictámenes exclusivamente judiciales no les cobija el mecanismo del desacato. Es por ello que resulta verdaderamente irónico que las sentencias producto de un procedimiento radicado en primera instancia ante una agencia administrativa (D.A.Co.) tengan accesible la vía del apremio personal independientemente del interés pú-blico protegido. Tan es así que una adjudicación de daños y peijuicios emitida por D.A.Co. gozaría del mecanismo coer-citivo del desacato, contrario al dictamen de un tribunal concediendo daños.

En el inevitable balance de intereses, la balanza necesariamente se inclina hacia la prohibición de cárcel por deuda. Sin intención de menospreciar el gran interés público que representa la protección del consumidor en nuestra sociedad, resulta difícil visualizar un dictamen de este Tribunal reglamentando la cuestión en la forma en que el recurrido solicita. El interés público que esgrime el apelado no es lo suficientemente agudo para penetrar los dos (2) escudos que en Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, ante, reconocimos. La inconstitucionalidad del Art. 13(e) de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, ante —en la medida que se utilice para encarcelar a quien no satisface una deuda monetaria, producto la misma de una controversia netamente privada, ordenada por D.A.Co.— resulta por tanto inevitable. Estamos cons-cientes de que nuestra decisión tendrá el efecto de restar cierta rapidez a los procedimientos administrativos de D.A.Co., particularmente en su etapa de ejecución; decidir lo contrario, sin embargo, implica pagar un precio muy alto en nuestra sociedad contemporánea.

Lo anteriormente expresado no debe ser interpretado como que le hemos cerrado completamente a D.A.Co. la vía del desacato civil que le provee el Art. 13(e) antes citado. El alcance de nuestra Opinión se limita a impedir que se utilice el referido Art. 13(e) para ordenar la reclusión, como medio coercitivo, con el fin de obligar a satisfacer a una parte una suma de dinero decretada por la Agencia, consecuencia la misma de una controversia de naturaleza estrictamente privada.

El mecanismo coercitivo de la vía del apremio personal que establece el mencionado Art. 13(e) de la Ley Núm. 5, puede, y debe, ser aplicado por los tribunales de instancia en aquellas situaciones relativas al poder de reglamentación de la Agencia, las cuales surgen de la enumeración de facultades y poderes que se hace en el Art. 6 de la citada Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, ante, en que dicho organismo administrativo actúa bajo la jurisdicción primaria que le concede dicha ley en beneficio de la ciudadanía en general o de un gran sector de la misma. Esto es, situaciones tales como la reglamentación, fijación, control, congelación y revisión de los precios, márgenes de ganancias y tasas de rendimiento (3 L.P.R.A. sec. 341e(a)); la reglamentación y fiscalización de los anuncios y las prácticas engañosas en el comercio (3 L.P.R.A. sec. 341e(J)), etc. Como es sabido, en estas situa-ciones las resoluciones que emite el D.A.Co. contra los in-fractores de sus decretos o decisiones se circunscriben, de ordinario y desde un punto de vista monetario, a la impo-sición de multas. Aún en el supuesto de que se entendiera que la utilización del mecanismo del desacato civil contra el “infractor”, por el no pago de la multa, constituye una. “reclusión por deuda”, dichas situaciones “tiene[n] un ca-rácter tan acentuado de deber social”, Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, ante, pág. 710, que las mismas son acreedoras a ser consideradas como una de las “contadas” excepciones a la prohibición constitucional en controvérsia.

En toda aquella otra situación —la cual, independientemente del hecho de que el D.A.Co. actúe en virtud de jurisdicción primaria o no, envuelva la dilucidación de una controversia entre dos (2) partes privadas que desemboca en el pago de una deuda monetaria por una parte a otra— cabe señalar que, a pesar de que el mecanismo del desacato no podrá ser utilizado, el consumidor que acudió originalmente al D.A.Co. no quedará desprovisto de remedios. En primer lugar, debe recordarse que el D.A.Co. está facultado para interponer, en representación del consumidor, cualquier remedio legal necesario para que se cumplan sus resoluciones, 3 L.P.R.A. sec. 341e(i), por lo que es factible que D.A.Co. represente al consumidor en los mecanismos ordinarios tradicionales de ejecución de sentencia. Por otro lado, el foro judicial, como parte de su poder inherente para reglamentar los procedimientos que se ventilan ante el mismo, está facultado para poner en vigor y ordenar la ejecución, por la vía procesal ordinaria, de cualquier resolución del D.A.Co., así como implantar cualquier otro remedio que estime pertinente ante el in-cumplimiento de sus órdenes.

En conclusión, el citado Art. 13(e) de la ley habilitadora del Departamento de Asuntos del Consumidor, en tanto y en cuanto permite la encarcelación de aquel que no cumple con una resolución de la referida Agencia ordenándole a satisfacer una suma de dinero, producto la misma de la dilucidación por dicha Agencia de una controversia de ín-dole estrictamente privada, es inconstitucional por contra-venir las disposiciones del citado Art. II, Sec. 11 de la Cons-titución del Estado Libre Asociado que prohíbe el encarcelamiento por deuda en nuestra jurisdicción. Resolver lo contrario implicaría regresar a una filosofía medieval hace mucho tiempo superada por nuestra sociedad.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

Estoy conforme con los pronunciamientos normativos y doctrinales de las partes III y IV de la opinión del Tribunal, pero no estoy de acuerdo con algunos de los señalamientos en la parte V, particularmente en cuanto a la interpreta-ción que se hace del alcance del apremio personal a la luz de lo dispuesto en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

No cabe duda de que en nuestro ordenamiento jurídico, como norma general, el encarcelamiento no se permite para vindicar intereses primordialmente privados. La pro-hibición de prisión por deudas tiene rango constitucional desde 1952, y antes existía igualmente en virtud de lo dis-puesto tanto en la Ley Orgánica Jones de 1917 como bajo el Art. 1811 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5171. Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, 115 D.P.R. 703 (1984). Sin embargo, nuestra jurisprudencia ha reconocido desde hace mucho tiempo la validez del uso del desacato civil, bajo ciertas condiciones, en determinados casos en los que es-taba presente el pago de deudas. Se ha permitido el apre-mio personal, por ejemplo, para provocar el cumplimiento de pensiones alimentarias. Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901 (1951); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518 (1976). También se ha permitido en casos de deudores fugitivos, cuando el deudor ha tra-tado de defraudar a sus acreedores. Ex Parte Carreras, 39 D.P.R. 488 (1929).

El alcance preciso del desacato civil en estos casos fue intimado por este Tribunal en Villa v. Corte, 45 D.P.R. 879 (1933), y fijado de manera clara y expresa por voz del en-tonces Juez Asociado Señor Negrón Fernández en Espi-nosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, supra. Se alude en esta jurisprudencia a casos donde la parte favorecida por una sentencia quedaría burlada en sus derechos por la inefec-tividad de los procedimientos ordinarios de ejecución. Se trata de situaciones en las que el deudor trata de decla-rarse fraudulentamente insolvente, en las que el deudor oculta sus bienes o en las que, obstinadamente, evade el pago de la deuda teniendo medios para satisfacerla. En tales casos, procede acudir a las facultades inherentes de los tribunales para buscar un remedio adecuado como lo es el apremio personal. Como bien se indicó en Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, supra, pág. 906, “cuando el desacatador no ha intentado justificar su desobediencia a la orden que le impone el acto afirmativo que viene obli-gado a realizar y caprichosamente se niega a cumplir con ella, el tribunal tiene la facultad —y aún más, el deber— de ofrecer a la parte que tiene derecho a la reparación, el medio coercitivo de que dispone para hacer cumplir sus propias órdenes”.

En las situaciones aludidas coinciden dos (2) elementos esenciales. La parte requerida: (1) debe tener capacidad económica para cumplir con la orden judicial que le insta a pagar lo que debe, pero (2) obstinada y repetidamente in-cumple con su deber. La presencia de estos dos (2) elemen-tos es de crucial importancia porque de ellos precisamente depende que pueda obviarse el mandato constitucional que prohíbe la prisión por deudas. El historial de la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, supra, claramente demuestra que el mal a evitarse es de privar a una persona de su libertad por carecer de bienes materiales para responder de sus deudas. Como bien se señala en el Informe Sobre la Carta de Derechos, nadie puede ser en-carcelado “por no tener recursos con que atender sus obli-gaciones económicas”. (Enfasis suplido.) 4 Diario de Sesio-nes de la Convención Constituyente 2571 (1951). Si el deudor a quien se le requiere el pago tiene medios, no cae bajo el ámbito de la protección de la Sec. 1 del Art. II de nuestra Constitución, supra, sobre todo si se trata de un deudor que reiteradamente ha obviado el pago de la deuda, Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, supra, pág. 522, ya que en tales casos la prisión se decreta por la resistencia a la orden judicial, por la conducta obstinada, y no simple-mente por haber dejado de pagar el dinero. Villa v. Corte, supra, págs. 890-891.

En el caso ante nos tenemos una situación que no cae bajo el mandato constitucional que prohíbe el encarcela-miento por deuda. El demandado fue ordenado a pagar lo que debía en numerosas ocasiones tanto por un dictamen del Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) como por varias sentencias y resoluciones judiciales. Por espacio de más de cinco (5) años estuvo evadiendo el pago, e incluso trató de acogerse a la protección de la Ley Federal de Quiebras, sin éxito. En ninguna de las varias vistas judiciales celebradas en este caso acreditó que carecía de medios para satisfacer la obligación. Aparentemente tenía recursos para atender su deuda pero no lo hizo por obsti-nación, desobedeciendo reiteradamente las órdenes judiciales. En tales casos procede el desacato civil, y no hay nada en el historial o el sentido propio de la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, supra, que lo impida.

Al formular el criterio que se expresa en esta opinión disidente hemos tenido muy en cuenta algunas de las de-plorables realidades del creciente materialismo que aflige a nuestra sociedad. Con demasiada frecuencia se preconiza hoy día la conducta del individuo listo, que astutamente se desentiende de sus obligaciones. Con demasiada frecuencia se menosprecia una viejísima cualidad de las personas de-centes que es la de pagar lo que deben cuando existen medios. La decisión de la mayoría en este caso tiene irre-mediablemente el efecto de permitir que se perpetúen es-tos males sociales. Con arreglo a ella, una persona acauda-lada, que logre proteger su patrimonio con artimañas legales o de otra índole, puede burlarse impunemente de cumplir con el deber de pagar sus deudas, no importa cuán injusto ello sea. No cabe atribuir tal dislate a un supuesto mandato de nuestra Constitución, sobre todo cuando la única fuente directa que existe para interpretar la cláusula constitucional en cuestión, el Informe Sobre la Carta de Derechos, expresamente limita la prohibición del encarce-lamiento por deudas a aquellos casos de personas que no tienen recursos para atender los mismos. La mayoría del Tribunal no toma en cuenta esto. Tampoco examina cabal-mente el historial de la cláusula aludida, que tiene su ori-gen indiscutible en la Ley Orgánica Jones legislada por el Congreso en 1917. Siguiendo bien conocidos preceptos de hermenéutica, la mayoría pudo haber examinado las fuen-tes pertinentes relativas a la norma originaria y así tam-bién precisar el alcance de la cláusula constitucional en cuestión, pero tampoco lo hace. Esencialmente la mayoría se limita a repetir lo que ya se había dicho en Viajes Le-sana, Inc. v. Saavedra, supra, sin aplicar a la situación de marras el tipo de análisis utilizado en esa decisión, que está enraizado en el extenso historial de la norma originaria.

En resumen, pues, respecto a la cuestión concreta ante la consideración del Tribunal no se siguen enteramente los métodos de análisis e interpretación que propiamente de-ben usarse cuando se examina un mandato literal de la Constitución, y por ello la mayoría termina negándose a reconocer la excepción a ese mandato planteada en este caso. En la nota al calce Núm. 13 de la opinión, sin embargo, la mayoría se apresura a reconocer otra excepción a lo que antes había calificado como el “terminante” mandato de la Sec. 11, Art. II de nuestra Constitución, supra. La no requerida admisión de esta nueva excepción es sorpren-dente no sólo por la manera algo sigilosa en que se hace y por la virtual ausencia de fundamentos propios que la jus-tifique sino, además, porque antes en el texto de la opinión todos los señalamientos de la mayoría habían estado diri-gidos precisamente a negar que hubiesen excepciones al mandato constitucional aludido, que no fuese la única que “al sol de hoy” había encontrado el Tribunal, la de las deu-das alimenticias, que es distinta a la que apuradamente se reconoce en la nota al calce. Como consecuencia de estas y otras lagunas en su análisis del texto constitucional, la ma-yoría llega a un resultado que podría permitir incluso in-munizar jurídicamente conductas dolosas de sujetos taimados. Por todo ello, disiento.

       En el curso de la investigación realizada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.), oficiales de la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) informaron que el proyecto de la Corporación era clandestino, ya que ésta había estado desarrollando dichos terrenos sin la correspondiente aprobación de A.R.Pe.

       Entre otras cosas, el 3 de septiembre de 1985 el Tribunal Superior celebró una vista donde concedió hasta el 16 de diciembre de 1985 para que se efectuara el pago. Vencido este plazo sin que se cumpliera con la obligación, el tribunal concedió un nuevo término que se extendió hasta el 1ro de mayo de 1986. Posteriormente se decretó la paralización de los procedimientos debido a que el señor Montilla, su esposa y la Corporación se habían acogido a la protección de la Ley Federal de Quiebras. Sin embargo, el Tribunal de Quiebras desestimó la petición de los esposos y de la Corporación el 24 de febrero de 1984 y el 29 de diciembre de 1987 respecti-vamente, lo que dio lugar a que se continuaran los procedimientos en el Tribunal Superior.

       Véase Escrito de Apelación, Minuta de 9 de diciembre de 1988, pág. 7.

       Art. 13(e) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341l(e)).

       Entre las jurisdicciones en las cuales se ha impuesto desacato a los oficiales o directores de una corporación que, teniendo la facultad para procurar el cumpli-miento de una orden judicial no acatan el mandato, se encuentran: NLRB v. International Shoe Corporation of P.R., 423 F.2d 689, 691 (1er Cir. 1984), cert. denegado, 106 S.Ct. 1458 (1986); United States v. Seetapun, 750 F.2d 601, 607 (7mo Cir. 1984); Donovan v. Trinity Industries, Inc., 824 F.2d 634, 638 (8vo Cir. 1987); U.S. v. Laurins, 857 F.2d 529, 535 (9no Cir. 1988).

       Una vez nombrado el administrador, éste podrá ser hallado responsable del incumplimiento de la corporación si se cumplen las condiciones expuestas en el texto.

       Este Tribunal ha establecido que los derechos constitucionales no son abso-lutos y en ocasiones pueden quedar subordinados cuando la necesidad pública así lo requiera. Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 D.P.R. 1, 25 (1978) (Derecho de Asociación); Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172, 177 (1979) (Separación Iglesia y Estado); Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255 (1979) (Libertad de Expresión); Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989) (Libertad de Culto); Pueblo v. Andréu González, 105 D.P.R. 315, 320 (1976) (Debido Proceso de Ley); Pueblo v. Santos Vega, 115 D.P.R. 818, 821 (1984) (Libertad de Expresión); Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 115 (1987) (Juicio Rápido), y E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 401 (1983) (Derecho a la Intimidad).

       La distinción entre desacato civil y criminal ha generado mucha jurisprudencia (Oronoz v. Montalvo et. al., 21 D.P.R. 347 (1914); Paniagua y El Pueblo, 33 D.P.R. 902, 909 (1925); Dubón v. Casanova, 65 D.P.R. 835, 846 (1946); Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982)) y literatura (D.B. Dobbs, Contempt of Court: A Survey, 56 (Núm. 2) Cornell L.Rev. 183 (1971); 11 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2960 (1973); Civil and Criminal Contempt in the Federal Courts, 57 Yale L.J. 83 (1947).
      En Hicks v. Feiock, 485 U.S. 624 (1988), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció una distinción entre desacato civil y criminal dentro del contexto del incumplimiento de una pensión alimentaria. A estos efectos señaló que el de-sacato es de naturaleza civil cuando su naturaleza es remedial y para el beneficio del demandante, contrario al desacato criminal donde la sentencia es esencialmente punitiva.

       Una vez determinada la legitimidad del desacato civil, el obligado tiene a su haber la facultad de evitar ser encarcelado indefinidamente si logra demostrar una causa justificada para su incumplimiento, Villa v. Corte, 45 D.P.R. 879, 900 (1933), paga el importe adeudado o se encuentra detenido por un tiempo suficientemente largo como para que demuestre que mediante su reclusión no pueden obligarle a cumplir la orden, Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901 (1951); United States ex rel. Thom v. Jenkins, 760 F.2d 736, 740 (7mo Cir. 1985).

       Ley Insular de Suministros, Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 731 et seq.; Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, según enmendada; 17 L.RR.A. see. 181 et seq.; Administración de Estabilización Económica, Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953, según enmen-dada, 23 L.RR.A. see. 701 et seq.; Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financia-miento, Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see, 731
        et seq.; Ley para Regular el Negocio de Áreas para el Estacionamiento Público de Vehículos de Motor, Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973 (23 L.P.R.A. see. 805 et seq.); Ley para Proteger a los Compradores de Vehículos de Motor en P. R., Ley Núm. 77 de 31 de mayo de 1972 (23 L.P.R.A. see. 1021 et seq.); Ley de Pesas y Medidas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 145 de 27 de junio de Í968 (23 L.P.R.A. see. 901 et seq.).

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973.

       De forma similar el Tribunal Supremo federal, en Hicks v. Feiock, ante, pág. 637, recientemente recalcó la precaución en que debe enmarcarse el uso del desacato civil:
      “What is true of the respondent in this case is also true of any such convicted criminal: as long as he meets the conditions of his informal probation, he will never enter the jail. Nonetheless, if the sentence is a determinate one, then the punishment is criminal in nature, and it may not be imposed unless federal constitutional protections are applied in the contempt proceeding.”

       Se ha comentado respecto al desacato civil y su relación con las reclamacio-nes de alimentos:
      “Civil contempt should only be utilized in child support and alimony proceedings where few, if any, viable alternative exist.” (Enfasis suplido.) Nota, Modern Discussion of a Venerable Power: Civil Versus Criminal Contempt and its Role in Child Support Enforcement: Hicks v. Feiock, 22 (Núm. 1) Creighton L. Rev. 163, 184 (1988).

       Lo expresado no constituye obstáculo para que si en la investigación o ad-judicación de una querella de índole estrictamente privada, el D.A.Co. descubre y determina que existe una práctica cuyo impacto trasciende los intereses particulares de las partes, esto es, que afecta a otros consumidores, y que la misma es contraria a la política pública, la Agencia pueda utilizar el Art. 13(e) de la Ley Núm. 5, ante, para solicitar como remedio coercitivo la reclusión de la persona envuelta, atacando así la raíz del problema. En los casos en que el D.A.Co. estime que están presente las antes mencionadas circunstancias, dicha Agencia deberá presentar prueba al res-pecto, pudiendo entonces el foro judicial, de entenderlo procedente, ordenar el reme-dio excepcional de la reclusión. Véase, a modo de referencia, Pierce v. Vision Investments, Inc., 779 F.2d 302, 309 (5to Cir. 1986).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Marta M. Ríos Román, recurrente, v. José A. Cacho Cacho, Registrador de la Propiedad, recurrido.

      Número: RG-90-361

      Resuelto: 23 de junio de 1992

      Edilberto Galarza Vale, abogado de la recurrente; el Registra-dor de la Propiedad compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Para acreditar ante el Registrador de la Propiedad la capacidad de unos cónyuges divorciados al enajenar sus bienes e inscribir la escritura de compraventa correspon-diente, ¿es necesario complementarla con la sentencia de divorcio?, ¿existe una relación racional entre dicha senten-cia y el documento que ha de inscribirse?

La contestación a estas dos (2) interrogantes exige una exposición suscinta del trasfondo fáctico.

I

José A. Figueroa Díaz y Juanita Román Torres adquirie-ron una parcela rústica situada en el Bo. Florida Afuera, Barceloneta, de la Administración de Programas Sociales. Conforme a la certificación otorgada por el Director Ejecu-tivo de dicha administración, estaban casados entre sí. Así quedó inscrita en el Registro de la Propiedad, Sección de Manatí, el 19 de julio de 1978. El 28 de octubre de 1989 ambos, por conducto de sus apoderados individuales, Juan Antonio Ríos Román —a nombre de José— y María Esther Agosto Maldonado —en representación de Juanita— mediante la Escritura Núm. 10 ante el notario Edil-berto Galarza Vale, vendieron a Angel L. Maldonado Díaz y a su esposa Marta M. Ríos Román la antedicha parcela. Al presentarse dicha escritura al Registro de la Propiedad se incluyeron, como documentos complementarios, las es-crituras de protocolización de poder, de los cuales surgía que al ser otorgados, los mandantes y vendedores, José y Juanita, se habían divorciado. El Registrador (Hon. José A. Cacho Cacho) se negó a inscribir y exigió la “sentencia de divorcio de los vendedores. Artículos 57[, ] 64, 68 y 87 Ley Hipotecaria[;] Alameda vs. Registrador[,] 76 D.P.R. 230.” Recurso Gubernativo, pág. 1.

Inconforme, Ríos Román pidió recalificación. El Regis-trador de la Propiedad reafirmó su negativa y anotó pre-ventivamente por sesenta (60.) días.

II

Ante nos Ríos Román cuestiona ese requerimiento. Lo tacha de irrazonable. Argumenta que es injusto y perjudi-cial a los intereses económicos de los compradores, pues los vendedores están fuera de Puerto Rico y su cumplimiento requeriría su autorización y otras gestiones. En contra, el Registrador de la Propiedad aduce que de la inscripción previa del inmueble surgía que los vendedores —José y Juanita— adquirieron siendo casados y ahora venden como solteros. No puede calificar responsablemente el do-cumento de compraventa sin dicha sentencia, pues no po-dría determinar la capacidad de los otorgantes vendedores y la validez del acto o contrato.

III

En su función calificadora, un Registrador de la Propiedad puede pedir documentos complementarios, “notariales, judiciales o administrativos”, con los títulos o documentos principales. Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. see. 2267. Los “documentos complementarios y aquellos que acrediten el cumplimiento de formalidades requeridas no causarán un asiento de presentación en el Li-bro Diario sino que acompañarán al título principal”. Art. 58.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2003-58.1, edición especial. Omitir su presentación o no acreditar las formalidades impide la inscripción. Art. 68(4) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2271(4).

El requerimiento de documentos complementarios se da cuando: “(1) por ley o por reglamento así se requiera para la inscripción de un documento; (2) del documento presentado al Registrador surja causa para creer que pueda ser inválido (Preciosas V. Del Lago v. Registrador, [110 D.P.R. 802 (1981),] y (3) el propio documento no refleje su entera validez”. Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110, 129 (1986). Véase Figueroa Pesante v. Registrador, 126 D.P.R. 209 (1990). La autoridad legal para exigir que se produzcan estos documentos —limitada a esas tres (3) situaciones— “no supone la realización de indiscriminadas expediciones de pesca. El documento debe ser de tal naturaleza o contener la información que razo-nablemente pueda ayudarlo a realizar la más diligente y acertada calificación”. Esto significa que “entre el docu-mento solicitado y las dudas u objeciones del Registrador debe existir una relación racional”. U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448, 464 (1989); Casa Blanca Properties v. Registrador, 130 D.P.R. 609 (1992).

Después de todo, la finalidad o el propósito de este tipo de documento es complementar aquellos aspectos necesa-rios para hacer viable e inscribible el principal. Alameda Tower Associates v. Muñoz Román, 129 D.P.R. 698 (1992).

Finalmente, no podemos olvidar el principio de tracto sucesivo, Art. 57 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2260, que persigue que el historial registral del inmueble aparezca sin saltos ni lagunas, y la necesidad de que las inscripciones subsiguientes, según el Art. 87(a)(4) de la Ley Hipotecaria, contengan “[e]l nombre del titular de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse”. 30 L.P.R.A. sec. 2308(a)(4). Apliquemos estos preceptos.

> H-I

En esta instancia registral existe una inscripción de la parcela a nombre de José A. Figueroa Díaz y Juanita Román Torres, casados entre sí. Ambos forman la sociedad legal de gananciales Figueroa-Román, entidad jurídica se-parada, con personalidad propia y distinta. Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591 (1984), y Cruz Viera v. Registrador, 118 D.P.R. 911 (1987). “Los cónyuges, vigente el régimen legal de gananciales, no pueden tener cuotas separadas e independientes, sino que es la sociedad la dueña de los bienes que la componen.” Cruz Viera v. Registrador, supra, pág. 914. La sociedad legal de gananciales no absorbe la personalidad individual de los cónyuges. Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981).

En Alameda v. Registrador, 76 D.P.R. 230 (1954), sostuvimos que unos cónyuges divorciados eran las personas realmente interesadas en la liquidación de su sociedad legal de gananciales y que podían proceder, de común acuerdo, a la enajenación de sus derechos en la sociedad. Aclaramos, además, que si no existía ese acuerdo, debería prevalecer el principio de que la inscripción de la enajenación estaría sujeta a la resultancia de la liquidación de la sociedad.

No cuestionamos, pues, que los ex cónyuges, de común acuerdo, puedan vender, ceder o hipotecar cualesquiera de-rechos, participación, título o interés en los bienes gananciales. Sin embargo, la particularidad de este re-curso es que no se sometió documento alguno que realmente confirme que hubo el divorcio. La escritura de compraventa no hace mención del trámite de divorcio ni de su correspon-diente sentencia. Sencillamente comparecen los vendedo-res como solteros: sin explicación se pasa de un status civil a otro. ¿Cómo puede el Registrador de la Propiedad verifi-car esa información?

Como la sociedad legal de gananciales Figueroa-Román, entidad jurídica distinta, es la que aparece titular registral de la propiedad en cuestión, es ineludible concluir que la inscripción del documento principal (Escritura de Compra-venta Núm. 10) exige la presentación de la sentencia de divorcio de los vendedores José y Juanita. Art. 87 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2308. Solo así el Registrador de la Propiedad podrá calificar el documento a cabalidad; ciertamente existe una relación racional entre dicha sen-tencia y la laguna del nuevo estado civil que sirve de duda a la objeción levantada por el Registrador a la luz de las leyes vigentes. U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, supra.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Folio noventa (90), Tomo cien (100) de Barceloneta, Finca número cinco mil noventa y siete (5,097), inscripción primera.

       Escritura Núm. 9 de 2 de octubre de 1989 ante el notario Edilberto Galarza Vale por Juan Antonio Ríos Román, y Escritura Núm. 26 de 21 de septiembre de 1988 ante el notario Manuel Torres Delgado, Bayamón, por María Esther Maldonado.

       Ríos Román se queja de que el Registrador de la Propiedad, en contravención al Art. 77 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. see. 2280, esgrimió en su alegato fundamentos legales no mencionados ni incluidos en su denegación. No tiene razón.
      El Registrador de la Propiedad no alteró el motivo fundamental que provocó su nota. El Art. 69 de la Ley Hipotecaria, en lo pertinente, dispone:
      “La notificación [de la certificación] deberá contener todos los motivos legales en que se basa la calificación.” (Enfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2272.
      Por razones obvias, la práctica prevaleciente permite al Registrador de la Pro-piedad notificar las faltas mediante una nota escueta. Aquí los argumentos legales fueron ampliados para demostrar lo indispensable que resulta la presentación de la sentencia de divorcio como documento complementario.
      Advertimos que en Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636 (1990), resolvimos que, en cuestiones meritorias, permitiríamos a un Registrador de la Propiedad incluir, por vez primera, una falta o deficiencia no incluida originalmente en su nota. Queda a nuestra discreción aceptarlos.