source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    José Pérez Pascual, demandante y peticionario, v. Nayda T. Vega Rodríguez, demandada y recurrida.

      Número: CE-88-191

      Resuelto: 30 de junio de 1989

      Mercedes M. Bauermeister, abogada del peticionario; Roberto M. Miranda, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Recurre ante nos el Sr. José Pérez Pascual para que se revisen las determinaciones del Tribunal Superior que lo en-contró incurso en desacato criminal y le impuso el pago de costas y gastos mediante resolución sin que mediara senten-cia final.

Evaluados los escritos presentados y los autos originales del caso, procede la modificación de las determinaciones re-curridas a los fines de permitirle al recurrente una oportuni-dad para ser oído antes de hallarlo incurso en desacato y confirmar la imposición de costas y gastos.

Nayda Vega Rodríguez, puertorriqueña, y José Pérez Pascual, español, se casaron en Puerto Rico en 1983. Trasla-daron su residencia a España donde nació Anayda de las Mercedes, la única hija habida en el matrimonio. Al cabo de varios años, y debido a problemas conyugales, doña Nayda decidió regresar a Puerto Rico junto a Anayda y otro hijo suyo habido en un matrimonio anterior. José Pérez Pascual vino a Puerto Rico tras su hija y presentó en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, un hábeas corpus y una solicitud de custodia y patria potestad.

Visto el caso, las partes acordaron convertirlo a uno ordi-nario de custodia, se regularon las relaciones paterno-ñliales y se concedió la custodia provisional a la señora Vega. La representación legal del peticionario acordó someter una or-den dirigida al Superintendente de la Policía a los fines de prohibir al peticionario abandonar el país con la niña. Poste-riormente, se emitió una orden que prohibía a cualquiera de las partes trasladar de Puerto Rico a la menor. Seguido el trámite procesal del caso y estando vigente la prohibición sobre el traslado de la menor, el señor Pérez Pascual se tras-ladó a España con la niña. Es este incidente el que da funda-mento para la imposición del desacato.

Al conocer la noticia, doña Nayda se querelló en el Cuar-tel de la Policía de Bayamón y se le presentó al peticionario una denuncia por secuestro.

Ante la gravedad de la situación, el tribunal de instancia emitió una orden el 10 de noviembre de 1987 que otorga al peticionario una oportunidad para que explicara por qué no debía ser encontrado incurso en desacato. Una semana des-pués, el tribunal a quo, sin oír al peticionario, lo encontró incurso en desacato.

La recurrida decidió trasladarse a España junto a su abo-gado en busca de Anayda. Ya en España compareció al tribunal, quien decretó el traslado de la niña a la isla. Pero como condición al traslado, la orden de arresto emitida contra el señor Pérez Pascual tenía que dejarse sin efecto. Se archivó el caso de secuestro y se dejó sin efecto la orden de arresto. El señor Pérez Pascual, la señora Vega, su abogado y la me-nor regresaron a la isla. El 27 de enero de 1988 la recurrida presentó ante el foro de instancia un memorando de gastos y costas relacionado con su imprevisto viaje a España y soli-citó al tribunal que impusiera al señor Pérez Pascual el pago de $11,117.91. El peticionario se opuso. Luego de examinada la oposición, el tribunal de instancia impuso al señor Pérez Pascual el pago de las costas y condenó al peticionario a no-venta (90) días de cárcel por haber desacatado una orden del tribunal. ()

No conforme con esta determinación del foro de instan-cia, el señor Pérez Pascual recurre ante nos alegando que no se siguió el procedimiento establecido por la Regla 242 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que exige una vista antes de imponer un desacato ordinario, y que no pro-cedía la imposición de costas ante la ausencia de una- senten-cia final.

Por la importancia que reviste este tipo de caso en nues-tro ordenamiento y en la convivencia social, y por la frecuen-cia de problemas similares en nuestros tribunales, expe-dimos el auto y hoy hacemos nuevos pronunciamientos con la esperanza de disminuir este tipo de incidente que, en última instancia, perjudican a la parte más débil: los menores.

1-I HH

En primer orden, procedemos a evaluar la determinación del juez de instancia que halló al peticionario incurso en de-sacato.

El Art. 235 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4431, y la jurisprudencia han tipificado la conducta que da lugar a una imposición de desacato. Será sancionado con pena de reclusión o multa, a discreción del tribunal, aquel que desobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden legal expedida por el tribunal. Pueblo v. Escalera, 95 D.P.R. 148 (1967).

Reiteradamente nos hemos pronunciado sobre la existencia del poder inherente de los tribunales para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva su jurisdicción y sus pronunciamientos. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985).

De igual manera, la Regla 242 de Procedimiento Criminal, supra, establece el procedimiento necesario a seguir en casos donde ha habido una conducta que pudiese dar lugar a la imposición de un desacato. Se distingue entre el desacato sumario y el ordinario 'al establecerse que solamente en casos de un procedimiento sumario, donde el juez certifica que vio u oyó la conducta constitutiva de desacato, se prescindirá del requisito de vista. Sin embargo, los casos donde una parte ha desobedecido una orden emitida por el tribunal se catalogan como desacato ordinario y siempre requieren que al acusado se le dé una oportunidad para ser oído.

En innumerables ocasiones hemos reafirmado esta norma. Pueblo v. Escalera, supra; Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974). De hecho, en casos anteriores donde nos hemos enfrentado a incidentes similares en las salas de relaciones de familia, hemos establecido que la desobediencia a una sentencia de un tribunal puede ser un desacato criminal. Guzmán Vega v. Piñero Piñero, 91 D.P.R. 704 (1965); Pérez v. Espinosa, 75 D.P.R. 777 (1954).

Recientemente tuvimos la oportunidad de considerar una situación similar en el caso de Sterzinger v. Ramírez, supra. Allí la madre de una menor se trasladó con ésta a otra juris-dicción, violando así una orden de este Tribunal. En aquella ocasión expresamos:

El tribunal de instancia debe celebrar a la mayor brevedad posible una vista para determinar si la licenciada Candelario o terceras personas han incurrido en desacato criminal por de-sobedecer cualesquiera de las órdenes, resoluciones y senten-cias, particularmente el dictamen del tribunal a quo del 4 de septiembre de 1985 que prohíbe que se remueva a la niña de la jurisdicción de Puerto Rico sin previa autorización judicial. El tribunal debe celebrar una vista de acuerdo con la Regla 242 de Procedimiento Criminal y determinar si la parte recu-rrida violó el Art. 235(b) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4431(b). (Énfasis nuestro.) Sterzinger v. Ramirez, supra, pág. 787.

En el caso de autos, la conducta del peticionario puede conducir a la imposición de un desacato. Sin embargo, por una confusión del juez de primera instancia, se encontró in-curso en desacato al peticionario el 17 de noviembre de 1987 sin haberse celebrado vista. Un examen de la minuta de la vista celebrada el 10 de noviembre de 1987 revela que al se-ñor Pérez Pascual se le había citado para que mostrara causa por la cual no debía ser encontrado incurso en desacato, se-gún el procedimiento establecido por la Regla 242 de Proce-dimiento Criminal, supra. Esta era la vía correcta a seguir y así lo admite honestamente la representación legal de la re-currida.

f-H I — I I

La ley federal conocida como el Parental Kidnapping Prevention Act (P.K.P.A.), 28 U.S.C. sec. 1738A, fue promulgada para proteger la eficacia y validez que tiene un decreto de custodia emitido por un estado al ejercer válidamente su jurisdicción. Un estado está obligado a otorgarle entera fe y crédito a un decreto de custodia emitido válidamente por otro estado. Se perseguía eliminar el forum shopping y evitar el secuestro de menores por el padre a quien le habían negado la custodia. S.T. Dickens, The Parental Kidnapping Prevention Act: Application and Interpretation, 23 J. Fam. L. 419 (1984-1985).

El P.K.P.A. se hizo extensivo a Puerto Rico y a los territorios norteamericanos. 28 U.S.C. sec. 1738A. Cuando Puerto Rico es la jurisdicción de “residencia” bajo las disposiciones de dicha ley, las determinaciones de nuestros tribunales deben ser respetadas por otras jurisdicciones estatales. Sterzinger v. Ramírez, supra; Perron v. Corretjer, 113 D.P.R. 593 (1982). De igual forma, venimos obligados a otorgarle entera fe y crédito a un decreto de custodia emitido válidamente por cualquier estado norteamericano.

Como parte del esquema elaborado por el P.K.P.A., se establece la concesión de honorarios y costas a aquel padre custodio a quien le han arrebatado al niño o le han privado del derecho de visita sin autoridad para ello. Entre los gastos a compensarse se encuentran los gastos necesarios para viajes, honorarios de abogado, investigaciones privadas, arancel de testigos y otros.

Al imponer este tipo de carga económica se persigue desalentar la práctica de remover a un menor de la jurisdicción, luego que ha habido una determinación de custodia, en busca de otro foro donde se pueda obtener la custodia provisional. Cualquier traslado de un menor a Estados Unidos, violando así un decreto de custodia de un tribunal local, automáticamente activa la aplicación de este estatuto y de su disposición sobre la imposición de costas.

Los tribunales estatales norteamericanos, mucho tiempo antes de la aprobación del P.K.P.A. y bajo el Uniform Child Custody Jurisdiction Act, antecesor del P.K.P.A., habían concedido costas en situaciones similares a la de autos a aquella parte que incurría en éstas al tratar de averiguar el paradero del menor y obtener su traslado a la jurisdicción que había emitido el decreto de custodia. Montgomery v. Crum, 161 N.E. 251 (1928); Spencer v. Terebelo, 376 So. 2d 960 (1979); Brown v. Brown, 61 N.W.2d 656 (1953); Kajtazi v. Kajtazi, 488 F. Supp. 15 (D.N.Y. 1978); Lloyd v. Loeffler, 539 F. Supp. 998 (D. Wis. 1982); Etzion v. Evans, 276 S.E.2d 577 (1981); Harvey v. Harvey, 259 S.E.2d 456 (1979). Incluso se estableció que una tercera persona que imposibilita el ejerci-cio de custodia del padre que así la tiene es responsable al padre por los daños causados. Plante v. Engel, 469 A.2d 1299 (N.H. 1983).

Para evitar que un padre no custodio decidiera trasladar el menor a una jurisdicción extranjera, y así evitar la aplicación del P.K.P.A., se elaboró en 1980 un tratado internacional conocido como The Hague Convention of the Civil Aspects of International Child Abduction. Exhibit 23. Éste fue suscrito por Estados Unidos y posteriormente ratificado por España en 1986.

En términos generales, dicho tratado es similar al P.K.P.A. Prevé para el regreso de un niño que ha sido remo-vido ilegalmente del padre custodio y le otorga validez y efi-cacia a un decreto de custodia otorgado por un país partici-pante. Exhibit 23.

El propio tratado establece en su Art. 26 la imposición de costas cuando se ha incumplido con un decreto de custodia o cuando las autoridades lo estimen conveniente. Se compen-san gastos similares a los compensados por el P.K.P.A.: ho-norarios de abogado, gastos incurridos en viajes para locali-zar al menor, el costo de investigaciones privadas y cualquier otro gasto necesario.

IY

En nuestra jurisdicción normalmente la imposición de costas en un pleito está reglamentada por la Regla 44 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Éstas serán concedidas a aquella parte que resulte victoriosa concluido el proceso de imposición de sentencia. Solamente podía reclamarse como costas los gastos en que se ha necesariamente incurrido en la tramitación del pleito. Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Las expresiones de este Tribunal han sido compatibles con la anterior regla. Asoc. Pro M.P.A. v. U.S.I. Props., 115 D.P.R. 137 (1984); González v. Marvel, 58 D.P.R. 855 (1941).

Sin embargo, para conceder costas interlocutorias no es necesario apartarse de lo establecido en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, ya que nuestra Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,() que no tiene precedente en reglas locales anteriores o en la reglamentación federal, permite en su primera parte la imposición de costas interlocutorias a una parte a favor de cualquier otra cuando el tribunal, luego de determinar que la parte ha incurrido en conducta constitutiva de demora, inacción, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia, lo estime conveniente. Se pretende agilizar los procedimientos y evitar la congestión en nuestros tribunales. Véase J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, págs. 248-249.

La recurrida plantea que la referida regla solamente per-mite la imposición de costas interlocutorias a favor del Estado. A esos fines cita como precedente a Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986), y a Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679 (1987). No tiene razón.

Un examen detallado y cuidadoso de los casos citados re-vela que lo único que interpretan es la segunda parte de la regla, que sostiene la imposición de sanciones económicas siempre a favor del Estado. Nada se dice sobre la imposición de costas interlocutorias permitidas por la primera parte de la regla. Por lo tanto, aun en ausencia del tratado internacio-nal suscrito por Estados Unidos y España, procede la impo-sición al peticionario de aquellos gastos relacionados con el viaje que, al amparo de esta disposición, cualifican como costas. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963).

El señor Pérez Pascual conocía del decreto del tribunal que impedía el traslado de la menor. De hecho, fue su repre-sentación legal quien lo sometió al tribunal. A pesar de esto, se aprovechó de una de las horas de visita establecidas por el foro de instancia, al regular las relaciones paterno-filiales, y partió .con la menor hacia España. No podemos justificar ni sancionar la actitud del peticionario. De estimarlo proce-dente, éste tenía un remedio en ley para conseguir una revi-sión de las relaciones paterno-filiales. Si pensaba que los in-tereses de la menor eran mejor servidos con un nuevo de-creto de custodia provisional o con un nuevo acuerdo sobre relaciones paterno-filiales, debió plantearlo al tribunal. En estos casos son los tribunales de justicia los llamados a pro-teger los intereses de los menores. No podemos permitir que una parte en una controversia actúe al margen del procedi-miento judicial.

La inesperada ausencia de Anayda de las Mercedes pre-cipitó una cadena de eventos desgarradores para la vida de todas las personas involucradas en este conflicto familiar. La decisión del padre obligó a la madre a viajar a España y re-cuperar a su querida hija en los tribunales de ese país incu-rriendo en innumerables gastos. Si el señor Pérez Pascual hubiera trasladado la menor a Estados Unidos, la determi-nación del tribunal de instancia no podía ser cuestionada. El hecho de que la menor haya sido trasladada a España no debe ser óbice para dejar de imponer al señor Pérez Pascual el pago de costas por su incumplimiento a una orden del tribunal.

El peticionario plantea que en esta jurisdicción los honorarios de abogado no forman parte de las costas y, por lo tanto, no pueden ser concedidos a través de un memorando de costas. Aun cuando dicha aseveración es cierta —Andino Nieves v. A.A.A., 123 D.P.R. 712 (1989); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra; Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434 (1959)— la naturaleza especial de este tipo de caso y la aplicabilidad en nuestra jurisdicción del tratado internacional que concede honorarios de abogado en un caso como el de autos nos requiere que nos desviemos de las reglas establecidas. Solamente en casos excepcionales como el de autos —donde se ha privado de la custodia al padre que la obtuvo y éste ha tenido que incurrir en gastos inesperados por concepto de honorarios de abogado() para vindicar su derecho— para proteger la jurisdicción del tribunal sobre una materia de tan vital interés público para el Estado como lo son las relaciones entre los padres y sus hijos, y a la luz del tratado antes descrito, concedemos honorarios de abogado interlocutorios como parte de los gastos a compensarse. La protección de nuestros menores así nos lo exige.

Los casos donde se ha privado ilegalmente de la custodia de un menor al padre que la obtuvo válidamente requieren la comparecencia al tribunal para que, bajo el am-paro de las leyes aplicables, se haga valer el decreto de cus-todia. Esta gestión requiere la contratación de abogados que representen a la parte en el proceso. No conceder honorarios de abogado en esta situación equivaldría a penalizar al padre custodio que acudió al sistema jurídico a vindicar su derecho.

Anteriormente hemos establecido que, para cumplir a cabalidad con los propósitos de nuestro ordenamiento procesal, se requiere un enfoque integral, pragmático y creativo. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988). Las propias Reglas de Procedimiento Civil permiten adoptar nuevas directrices al establecer que, “[cjuando no se hubiere previsto un procedimiento específico en estas reglas, el tribunal podrá reglamentar su práctica en cualquier forma que no sea inconsistente con las mismas o con cualquier disposición de ley aplicable”. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 71. Hoy lo hacemos porque la naturaleza especial de este tipo de caso nos obliga a apartarnos de la norma establecida.

En vista de nuestro interés primordial por proteger a los menores y evitar incidentes —como el del caso de autos— que pueden afectar adversamente su futuro desarrollo, establecemos como norma que aquella parte que incumpla con un decreto de custodia emitido válidamente por nuestros tribunales podrá ser requerida a pagar las costas y honorarios de abogado interlocutorios incurridos por la parte a quien se le había otorgado la custodia y se vio privada de ella. Los tribunales de instancia, a base de su mejor juicio y de la prueba desfilada, determinarán la razonabilidad y necesidad de las costas y de los honorarios interlocutorios reclamados. Tomarán en cuenta que podrán ser compensados los honorarios de abogado, los gastos de transportación y viajes, los gastos de investigaciones privadas y cualquier otro gasto directamente relacionado con el incumplimiento del decreto de custodia. Recalcamos la importancia de que el juez de instan-cia evalúe los gastos reclamados para evitar la concesión de gastos excesivos.

En el caso de autos, el foro de instancia estimó que los gastos eran razonables. No procede nuestra intervención con esta determinación a menos que exista error manifiesto o que el juzgador de los hechos fue movido por prejuicio o parcialidad. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984). Ninguno de esos elementos fue probado en este caso.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirmará la resolución que impone el pago de costas y honorarios de abogado interlocutorios al peticionario, y se modificará aquella que halló al peticionario incurso en desacato a los fines de devolver el caso al tribunal de instancia para que se celebre la vista requerida por la Regla 212 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Posteriormente, la señora Vega presentó demanda de divorcio. Los la-mentables incidentes entre esta pareja continuaron y provocaron una serie de mociones de la parte demandante para pedir la regulación adecuada de las rela-ciones paterno-filiales. En vista de que el recurso de certiorari interpuesto se limitaba a pedir la revisión de las determinaciones antes descritas, este Tribunal, mediante Resolución de 21 de julio de 1988, ordenó al tribunal de instancia conti-nuar con los procedimientos referentes al acuerdo de las relaciones paterno-fi-liales y la intervención de la Procuradora para Asuntos de Familia.

      (2) La referida disposición establece:
      “El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las partes, y sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte y a favor del Estado por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de dili-gencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia.” 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.2.

      (3) Los honorarios reclamados son aquellos en los que se ha incurrido en la comparecencia al tribunal en España:
      (a) $3,959.51 por concepto de servicios prestados por el Ledo. Roberto Miranda, abogado de la recurrida, y
      (b) $2,000.00 por concepto de honorarios pagados a la Leda. Ángela Rotllán, abogada española quien representó a la recurrida en el foro español.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

text:
    Frank J. Zarelli, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Octava, recurrido.

      Número: CE-88-262

      Resuelto: 30 de junio de 1989

      Alberto E. Lugo Janer, abogado del recurrente; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Este recurso gubernativo nos permite contestar si un po-der general otorgado en Estados Unidos por un cónyuge a favor de otro constituye el mandato expreso por escrito que requieren los Arts. 1604 y 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 4425 y 3672. Contestamos en la negativa.

I-H

La Sra. Josephine Salemi de Zarelli, con residencia en Carolina, otorgó en la ciudad de Nueva York un poder de carácter general a su esposo Frank Zarelli. Este poder sus-crito bajo el statutory short form( ) y al amparo de las leyes del estado de Nueva York, N.Y. General Obligations Law Secs. 5-1501-5-1602 (McKinney 1989), permite al poderha-biente realizar cualquier transacción sobre cualquier asunto o reclamación del poderdante. El señor Zarelli protocolizó el poder otorgado por su esposa conforme los requisitos de la Ley Notarial de Puerto Rico en su Art. 38 (4 L.P.R.A. sec. 2056).

En la escritura de compraventa del inmueble objeto de controversia se hizo constar que el señor Zarelli tenía un po-der otorgado por su esposa que lo facultaba a vender el in-mueble ganancial. Finalizados los trámites de la compra-venta, los nuevos adquirientes, a través del notario que había otorgado la escritura de compraventa y la protocolización del poder, acudieron al Registro de la Propiedad, Sección Octava de San Juan, a inscribir la compraventa efectuada. Ya para esta época la señora Salemi había muerto. La Hon. Registra-dora Leda. Carmen Rocafort denegó la inscripción porque del poder acompañado no surgía el mandato expreso necesa-rio para vender el inmueble según requerido por los Arts. 1313 y 1604 del Código Civil, supra.() Apéndice 1. El notario sometió oportunamente su escrito de recalificación adu-ciendo, en síntesis, que el referido poder constituía el man-dato expreso requerido por nuestro ordenamiento. Sus argu-mentos no convencieron a la Registradora recurrida y la cali-ficación inicial se convirtió en final.

De esa calificación recurre el Sr. Frank Zarelli mediante recurso gubernativo, según permitido por la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2279. No existe controversia en cuanto a que el poder otorgado es sufi-ciente para enajenar un inmueble en el estado de Nueva York. Únicamente nos corresponde determinar si el docu-mento constituye el mandato expreso y requerido en Puerto Rico para la enajenación de bienes inmuebles gananciales. Resolvemos que no.

I — I I — I

Aunque de primera impresión este recurso aparenta plantear una controversia de derecho internacional privado, un ligero examen de los hechos revela que el inmueble objeto de la controversia está sito en Puerto Rico. En estas circuns-tancias, aplica el estatuto real del Art. 10 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 10, que establece lo siguiente:

Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos. (Énfasis suplido.)

Por otro lado, los documentos presentados ante el Registrador reflejan que la residencia de la poderdante era Puerto Rico. Así consta en el poder otorgado y en la escritura de compraventa. Sin embargo, como los documentos no aclaran cuál es el domicilio de la señora Salemi, no tenemos los elementos de juicio para adjudicar este extremo.()

Aun cuando la señora Salemi no estuviese domiciliada aquí y fuera solamente residente de la isla, el resultado sería el mismo. Tendríamos que aplicar las leyes locales porque el inmueble está sito aquí. Martínez v. Vda. de Martínez, 88 D.P.R. 443, 455 (1963); Cabrer v. Registrador, 113 D.P.R. 424, 431 (1982). El estatuto real aplica a todos los inmuebles sitos en la isla, independientemente del domicilio de sus dueños.() De manera que no existe controversia alguna de que las leyes de Puerto Rico son las aplicables al considerar la disposición del referido inmueble.

III

La figura moderna del poder tiene su origen en el man-datum, romano. Éste “era un contrato consensual por el que una de las partes prometía ejecutar gratuitamente una comi-sión que le había conferido la otra parte”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. 2, pág. 397. Desde sus inicios han existido diversas y marcadas diferencias entre el poder de representación y el mandato. Sin embargo, su evolución posterior pareció indi-car una similitud entre ambas figuras. Así, en una época la doctrina y la jurisprudencia españolas consideraron el poder de representación como característica imprescindible del mandato. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, Vol. III, pág. 657. Concluida esta etapa, un sector de lá doctrina contemporánea ha reconocido nuevamente importantes diferencias. Véase L.E. Negri Pisano, La Representación Voluntaria, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1985, págs. 33-42.

Actualmente el mandato se considera un contrato como cualquier otro, fuente de los derechos y obligaciones recíprocas de quienes lo celebraron. El poder de representación, por otro lado, es “un acto jurídico capaz de producir ‘efectos reflejos’ con relación a los terceros, que consisten en la posibilidad que les proporciona de realizar con el apoderado negocios jurídicos con eficacia a favor y en contra del poderdante”. Negri Pisano, op. cit., pág. 32. Conferir un poder de representación constituye un acto unilateral del poderdante en donde el apoderado en nada se obliga, “pero adquiere la facultad de obrar por cuenta y en nombre de aquél”. M. Albaladejo, Compendio de Derecho Civil, 5ta ed., Barcelona, Librería Bosch, 1983, pág. 253.

Aun cuando hay un sector de la doctrina que establece que el mandato puede ser o no representativo, lo cierto es que el mandatario, al cumplir el encargo, obra siempre por cuenta del mandante. Por lo tanto, podemos distinguir las figuras siguientes: el mero poder de representación y dos (2) tipos del mandato, el representativo indirecto y el repre-sentativo directo. Albaladejo, op. cit.

El mandato representativo indirecto es aquél donde el mandatario, a nombre propio, celebra el negocio con el tercero, quien nunca conocerá de la relación de mandato. El mandante nunca queda vinculado con el tercero, pues el mandatario carece de poder de representación. Por otro lado, en el mandato representativo directo el mandatario .está facultado a representar al mandante. Es decir, el tercero conoce que el mandatario actúa por cuenta y a nombre del mandante-poderdante, convirtiéndose el mandatario, además, en apoderado.

El mandatario puede realizar cualquier clase de actos jurídicos autorizados por el mandante. La identificación del objeto del mandato da lugar a dos (2) clasificaciones esenciales: (1) mandato general y (2) mandato especial.

El mandato es general cuando el objeto del mandato no está identificado. El mandante confiere al mandatario poder para realizar la gestión o gestiones encomendadas sin especificar sobre qué bien o de qué asunto se trata. Habrá un mandato especial si el mandante ha identificado con exactitud el objeto del mandato. Así, por ejemplo, si el mandato confiere poderes para gestionar todo lo relativo a bienes localizados en un lugar específico o relativos a determinada industria o comercio del mandante, se trata de un mandato especial. Sin embargo, si el mandato no delimita la ingerencia del apoderado en el patrimonio del poderdante, como cuando el mandatario puede intervenir en cualquier asunto relacionado con la persona del mandante, estamos frente a un mandato general.

Tanto el mandato general como el especial pueden subclasificarse en atención a la gestión que se autoriza en el contrato de mandato. Si el mandatario está autorizado a efectuar un negocio determinado o una gestión particularizada, se trata de un mandato “en términos específicos”. Por otro lado, si no se define en el contrato el tipo de gestión a realizarse hablamos de un mandato “en términos generales”. Un mandato que autoriza al mandatario a vender determinada propiedad o la totalidad de las propiedades del mandante es un mandato en términos específicos. No obstante, si el mandante no particulariza la gestión a efectuarse, el mandato será en términos generales, aunque el objeto del contrato sea un determinado bien o asunto del mandante o la totalidad de éstos.

A modo de resumen, el mandato puede ser: (1) mandato general “en términos generales”; (2) mandato general “en términos específicos”; (3) mandato especial “en términos generales”, o (4) mandato especial “en términos específicos”. Si se trata de un mandato (ya sea general o especial) elaborado en términos generales, solamente dará lugar a la realización de actos de administración. Art. 1604 del Código Civil, supra. Si por el contrario se trata de un mandato en términos específicos, existirá una autorización para efectuar la gestión o el negocio detallado en el contrato. Para enajenar, gravar o hipotecar un bien se necesita un mandato en términos específicos. M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, Vol. 2, pág. 356.

I — I <3

El Art. 1604 del Código Civil, supra, establece que para realizar cualquier acto de riguroso dominio se necesita un mandato expreso. Son actos de riguroso dominio o de disposición aquellos “que afectan trascendentalmente el patrimonio de una persona”, tales como gravar, enajenar o hipote-car, etc. J.R. León, Comentarios al Código Civil y compila-ciones for ales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. XXI, Vol. 2, págs. 115-116.

El mandato expreso necesita contener una declaración que revele la intención de realizar un acto de disposición específica. Se requiere una manifestación clara, concreta y determinada sobre la intención del mandante. Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637, 648 (1967). Aun así, los términos de un mandato expreso se interpretan restrictivamente para asegurar que se actúe dentro del poder otorgado:

Ordenado por el Art. 1604 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 4425), que para hipotecar, que es acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso, dicho poder debe ser interpretado restrictivamente, sin que haya margen para proposiciones y reflexiones que puedan conducir a la extralimitación del apoderado y adulteración del mandato. (Énfasis suplido y en el original.) Banco de San Juan v. Registrador, 103 D.P.R. 417, 422 (1975). Véanse, también: Lokpez v. Lokpez, 61 D.P.R. 618 (1943); González Fagundo v. Registrador, 47 D.P.R. 671 (1934).

En casos de disposición de inmuebles, el mandato debe ser lo suficientemente específico para que no haya lugar a dudas sobre el alcance de los actos permitidos y se pueda determinar cuáles son las participaciones o intereses sobre los bienes inmuebles afectados. Sin embargo, no es necesario describir exactamente los términos de los negocios jurídicos permitidos ni las propiedades específicas envueltas en las transacciones autorizadas. El mandato es válido si contiene una descripción general de los negocios autorizados y una referencia a si incluye bienes muebles e inmuebles. Ribot v. Registrador, 98 D.P.R. 497, 504 (1970). Tampoco se requiere que la expresión específica sea por escrito. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 277 (1986).

Pero en el caso particular de bienes gananciales, la definición de mandato expreso debe ser interpretada de forma compatible con el Art. 1313 del Código Civil, supra. En lo pertinente, dicho artículo requiere que para enajenar los bienes inmuebles de la sociedad legal de gananciales será necesario el consentimiento escrito de los cónyuges. Por lo tanto, un mandato expreso en este caso tendrá que ser escrito.

El requisito del consentimiento escrito para enajenar un inmueble ganancial surgió como parte de la Reforma de 1976, donde se designaron ambos cónyuges como coadminis-tradores de la sociedad legal de gananciales. Se perseguía equiparar los derechos de la esposa con los del esposo y evi-tar que el marido pudiera disponer de los bienes conjuntos sin que ella lo conociera y consintiera. La jurisprudencia postreforma reiteradamente estableció la necesidad de cum-plir con el requisito del consentimiento escrito para que la enajenación fuese válida. Aguilú v. Sociedad de Gananciales, 106 D.P.R. 652 (1977). De esta manera se cumplía con el propósito perseguido al asegurarse que la esposa conocía la transacción y estaba de acuerdo con ella.

Y

Al aplicar la anterior exposición doctrinal al caso de autos, concluimos que el mandato otorgado por la señora Sa-lemi no cumple con los requisitos de mandato expreso y es-crito que requiere nuestro ordenamiento.

El poder otorgado por la señora Salemi es un mandato confeccionado “en términos generales”, según surge de su faz, ya que autoriza al poderhabiente a manejar todos los asuntos de la poderdante y no particulariza, en el propio contrato, las gestiones o los actos autorizados. Debido a estas peculiaridades, dicho poder solamente confiere la capacidad de realizar actos de administración. El recurrente pretende que convirtamos ese poder general en uno específico recu-rriendo, para la interpretación del término real estate transactions, a la ley de obligaciones del estado de Nueva York. Tal pretensión no puede prevalecer. De hacerlo así derrotarí-amos el propósito perseguido por nuestra tradición civilista, al requerir mandato expreso y por escrito para la enajena-ción de bienes inmuebles gananciales. Aunque no es necesa-rio hacer una descripción registral de la propiedad ganan-cial, es indispensable que el poder mencione que el inmueble estaba localizado en Puerto Rico y qué tipo de negocio se puede realizar.

En vista de que aunque la poderdante falleció luego de otorgada la compraventa los herederos de ésta pueden ratificar la venta efectuada, la decisión que hoy emitimos no tiene el efecto excesivamente perjudicial que parece prever el recurrente.

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se confir-mará la calificación recurrida.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió opinión concurrente y disidente, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y la Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón.

—O—

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Concurro con el resultado a que llega la opinión del Tribunal de que el poder otorgado en Nueva York no cumple con nuestras normas jurídicas. No comparto, sin embargo, fun-damentos conceptuales e interpretaciones del Código Civil que hace el Tribunal para llegar a dicha conclusión.

Contrario a lo expresado en la opinión del Tribunal, sos-tengo que se puede otorgar un poder, bien sea general o especial, que contenga una descripción general del negocio o acto a realizarse sin tener que hacer referencia al inmueble ganancial objeto de éste.

El Art. 1604 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4425, dispone en lo pertinente que “[p]ara transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio se ne-cesita mandato expreso”. (Énfasis suplido.) Como se des-prende del Art. 1604, supra, lo que se requiere es que el mandato sobre el “acto” de dominio sea expreso. Ello no re-quiere que se identifique la exactitud del objeto o inmueble específico que se va a enajenar, transigir, hipotecar o ejecu-tar.

La regla de interpretación restrictiva del contenido del mandato, cuando el mismo es para conferir la facultad para realizar actos de riguroso dominio, es necesaria para cerrar la posibilidad de que el mandatario traspase los límites de los poderes conferidos. Banco de San Juan v. Registrador, 103 D.P.R. 417 (1975). Estos poderes específicos se refieren, sin embargo, a la mención de los actos permitidos y no al requi-sito de la descripción del bien a ejecutarse o transigirse. Por esta razón es que nuestro ordenamiento considera el que se puedan otorgar poderes sobre propiedades futuras autori-zando el acto sin especificar el bien, pues al momento de su otorgamiento éste se desconoce.

De igual manera, en el caso de bienes gananciales el Art. 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3672, no requiere que se indique el bien específico que se autoriza a enajenar, sino que medie un consentimiento escrito y expreso. Cumplidos estos dos (2) requisitos sobre el consentimiento, no es nece-sario que se señale el bien o bienes específicos autorizados a enajenarse. Aguilú v. Sociedad de Gananciales, 106 D.P.R. 652 (1977); Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982); Silva Ramos v. Registrador, 107 D.P.R. 240 (1978); Padró Collado v. Espada, 111 D.P.R. 56 (1981).

Lo expuesto en las págs. 552 y 553 de la opinión del Tribunal sobre los diferentes tipos de mandatos complica las clasi-ficaciones existentes expuestas en el Código Civil y por los tratadistas.

La economía de Puerto Rico es una abierta. Miles son las transacciones económicas que se realizan entre personas y entidades de todos los países del mundo y entre millones de compatriotas que viven en Estados Unidos y en Puerto Rico. Además, muchas de las transacciones económicas interna-cionales se hacen con personas o entidades de países cuyas disposiciones sobre el mandato son de estirpe civilista simi-lares a las nuestras, tales como: España, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Argentina y Canadá, para sólo mencionar algunos.

Dada esta realidad, la tendencia contemporánea es ajus-tar las normas jurídicas del mandato para lograr una mayor uniformidad jurídica que haga viable este tráfico económico internacional.

Nó debemos dar la espalda a esta realidad ni a unas dis-posiciones del Código Civil claras y precisas que van a tono con la misma, y hacer interpretaciones que no concuerdan con la realidad jurídica, social y económica del momento y del futuro.

Por último, me preocupa que la opinión del Tribunal no exprese si su dictamen es prospectivo a retroactivo. ¿Qué ocurre con los miles de poderes otorgados bajo las normas vigentes?

      (1) Por la importancia que tiene el poder objeto de controversia, en lo perti-nente, lo transcribimos:
      “Notice: The powers granted by this document are broad and sweeping. They are defined in New York General Obligations Law, Article 5, Title 15, sections 5-1502A through 5-1503, which expressly permits the use of any other or different form of power of attorney desired by the parties concerned.

        “Know All Men by These Presents, which are intended to constitute a GENERAL POWER OF ATTORNEY pursuant to Article 5, Title 15 of the New York General Obligations Law:
      “That I (insert name and address of the principal) JOSEPHINE ZARELLI also known as JOSEPHINE SALEMI ZARELLI residing at 64C Pine Grove Condominium, Isla Verde, Puerto Rico.
      “do hereby appoint (insert name and address of the agent, or each agent, if more than one is designated) FRANK ZARELLI, residing at 64C Pine Grove Condominium, Isla Verde, Puerto Rico.
      “my attorney(s)-in-fact TO ACT
      “(a) If more than one agent is designated and the principal wishes each agent alone to be able to exercise the power conferred, insert in this blank the word ‘severally’. Failure to make any insertion or the insertion of the word ‘jointly’ will require the agents to act jointly.
      “In my name, place and stead in any way which I myself could do, if I were personally present, with respect to the following matters as each of them is defined in Title 15 of Article 5 of the New York General Obligations Law to the extent that I am permitted by law to act through an agent:
      “[Strike out and initial in the opposite box any one or more of the subdivisions as to which the principal does NOT desire to give the agent authority. Such elimination of any one or more of subdivisions (A) to (L), inclusive, shall automatically constitute an elimination also of subdivision (M).]
      “To strike out any subdivision the principal must draw a line through the text of that subdivision AND write his initials in the box opposite.

        “(A) real estate transactions; .[ ]
      “(B) chattel and goods transactions; .[ ]
      “(C) bond, share and commodity transactions;.[ ]
      “(D) banking transactions; .[ ]
      “(E) business operating transactions; .[ ]
      “(F) insurance transactions; .[ ]
      “(G) estate transactions; .[ ]
      “(H) claims and litigation; .[ ]
      “(I) personal relationships and affairs;.[ ]
      “(J) benefits from military service; .[ ]
      “(K) records, reports and statements; .[ ]
      “(L) full and unqualified authority to my attorney(s)-in-fact to delegate any or all of the foregoing powers to any person or persons whom my attorney(s)-in-fact shall select; .[ ]
      “(M) all other matters; .[ ]” Apéndice 10.

      (2) Dichos artículos establecen:

        “Sec. 8672. Consentimiento de ambos esposos

      “No obstante lo dispuesto en la see. 284 de este título, ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.
      “Todo acto de disposición o administración que sobre dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges en contravención a esta sección, y los demás dis-puestos en este título, no perjudicará al otro cónyuge ni a sus herederos.

        “El cónyuge que se dedicare al comercio, industria, o profesión podrá adqui rir o disponer de los bienes muebles dedicados a esos fines, por justa causa, sin el consentimiento del otro cónyuge. No obstante, será responsable por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar por dichos actos a la sociedad legal de ganan-ciales. Esta acción se ejercitará exclusivamente en el momento de la disolución de la sociedad legal de gananciales. — Código Civil, 1930, art. 1313; Mayo 21, 1976, Núm. 51, p. 143, sec. 1, ef. Mayo 21, 1976.”

        “See. 4425. Mandato concebido en términos generales; mandato expreso; facul-tad de transigir

      “El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración.
      “Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de rigu-roso dominio se necesita mandato expreso.
      “La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amiga-bles componedores.- — Código Civil, 1930, art. 1604.”

      (3) La residencia y el domicilio son dos (2) conceptos distintos. Para ser resi-dente de Puerto Rico se necesita estar presente en la isla por lo menos un (1) año y tener animus revertendi (la intención de regresar al lugar de origen). El domicilio es el lugar donde reside habitualmente una persona con el ánimo de permanecer en éste. Prawl v. Lafita Delfín, 100 D.P.R. 35 (1971).

      (4) Tampoco es de aplicación al caso de autos lo resuelto en Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983). No se trata de una liquidación de bienes gananciales. Además, las partes no han cuestionado la aplicación de la ley de Puerto Rico en el caso de autos.


text:
    Colegio de Ópticos de Puerto Rico y otros, demandantes y recurrentes, v. Vani Visual Center y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-88-239

      Resuelto: 30 de junio de 1989

      Héctor M. Collazo, abogado de los recurrentes; Maritza González Ortiz, abogada de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

El Colegio de Ópticos de Puerto Rico, Inc. recurre ante este Foro y alega que el Tribunal Superior se equivocó al desestimar su petición de injunction, porque no cumplían con los requisitos de acción legitimada para acudir al foro judicial para impedir que una empresa practicara ilegal-mente la óptica. Su planteamiento es meritorio y revocamos al foro de instancia.

I

El Colegio de Ópticos de Puerto Rico, Inc. y la Asociación de Ópticos y Técnicos de Laboratorios de Ópticos, Inc., en representación de los ópticos licenciados que forman parte de sus respectivas organizaciones, presentaron petición de injunction contra la recurrida Vani Visual Center y su admi-nistrador y operador, José M. Valentín. Alegaron que dicha empresa se dedicaba al comercio de objetos de óptica sin la licencia requerida por el Art. 10 de la Ley Núm. 152 de 3 de junio de 1976 (20 L.P.R.A. see. 2760). Se expuso, además, que la práctica de la óptica sin la autorización correspondiente de la Junta de Ópticos constituye un menoscabo del valor de las licencias de aquellas personas autorizadas a practicar la pro-fesión en Puerto Rico.

Presentada la moción de desestimación por los deman-dados, el tribunal concluyó que el estatuto en cuestión no les reconocía a estas asociaciones un interés legítimo para de-mandar. De la anterior sentencia recurren los demandantes, alegando que las entidades profesionales afectadas cumplen con los requisitos de legitimación y tienen un interés válido en interponer esta acción para defender tanto el interés pú-blico como el de su agrupación y el de sus miembros.

1 — 1 1 — 1

La capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer como demandante o demandado, o en representación de cualquiera de ellos, se conoce propiamente como “legitimación en causa”. Se requiere legitimación activa para ser demandante y pasiva para ser demandado. L. Ribó Durán, Diccionario de Derecho, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, pág. 364. La persona que pretende ser parte ha de tener una capacidad individualizada y concreta “en la reclamación” procesal. “Para que haya ‘acción legitimada’ tiene siempre que existir la ‘capacidad para demandar’ pero no todo el que tiene ‘capacidad para demandar’ tiene ‘acción legitimada’ en un pleito específico. En cada pleito además de ‘capacidad para demandar’, la parte interesada deberá demostrar que tiene un ‘interés legítimo[’].” R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 132.

Su equivalente en Estados Unidos es la doctrina de standing. En ambas jurisdicciones es un instrumento de autolimitación y de prudencia judicial que tiene su génesis en la doctrina de la justiciabilidad de las controversias (véase E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958)) y ha sido objeto de una amplia discusión jurídica. Sus ingredientes han variado a través de los años reflejando en muchas ocasiones las diversas visiones particulares de la función de los tribunales en nuestro ordenamiento constitucional. Véanse: Flast v. Cohen, 392 U.S. 83, 99-100 (1968); Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 204 (1962); Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 752 (1984); L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 107-111.

Su función principal es “asegurar al tribunal que el promovente de la acción es uno cuyo interés es de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982). Véase Flast v. Cohen, supra, págs. 99-100. Corresponde al litigante en cada pleito demostrar que tiene no solamente la capacidad para demandar, sino que, además, tiene un interés legítimo en el caso. Este elemento de justiciabilidad difiere de los otros “porque gira primordialmente en torno a la parte que prosigue la acción y sólo secundariamente en cuanto a las cuestiones a adjudicarse”. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 723 (1980).

Durante las últimas décadas los requisitos de acción legitimada han sido interpretados de forma flexible, ocasionando nuevos desarrollos en las áreas de derecho ambiental, protección del consumidor y defensa de los intereses gremiales. Véanse: Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988); Solis v. Municipio de Caguas, 120 D.P.R. 53 (1987). Esta nueva visión responde a un reconocimiento de que para cumplir con nuestra responsabilidad constitucional en esta época debemos interpretar liberalmente los requisitos de legitimación activa de aquellos que acuden al foro judicial en auxilio de nuestra jurisdicción. Véase B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Ed. Little, Brown & Co., 1985, Sec. 8.11, págs. 459-461. De lo contrario, cerramos las puertas de los tribunales a personas y entidades que han sido adversamente afectadas por actuaciones del Estado o de entidades particulares y que presentan reclamaciones que pueden ser debidamente atendidas por el foro judicial. Véanse: Asociación de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., 67 D.P.R. 848 (1947); Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45 (1970); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974).

Los criterios para evaluar el interés de la parte litigante son más rigurosos si se pretende reclamar los derechos constitucionales de terceros. E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975). “No obstante, el principio rector es que el tribunal ejercitará su discreción en uno u otro sentido, dependiendo de la trascendencia del derecho afectado y la importancia de los intereses en conflicto.” Zachry International v. Tribunal Superior, supra, pág. 273.

Si la parte demandante es una asociación, ésta tiene legitimación para incoar una acción judicial por daños sufridos por la agrupación y para vindicar los derechos de la entidad. Cuando una organización esté demandando en defensa de sus intereses colectivos, le corresponde alegar un daño claro y preciso a sus actividades. Por ejemplo, en Solís v. Municipio de Caguas, supra, una unión de empleados municipales tenía legitimación activa para instar acción contra un municipio para que se le reconocieran los derechos de la entidad a recibir las cuotas descontadas de sus miembros.

Las agrupaciones también pueden demandan a nombre de sus miembros, aunque la entidad propiamente no haya sufrido daños. Para que estas organizaciones tengan legitimación para reclamar los daños ocasionados a sus miembros, tienen la obligación de alegar que los daños sufridos por uno o más de los socios dan lugar a una causa de acción justiciable que cualquiera de ellos podría incoar en los tribunales. Warth v. Seldin, 422 U.S. 490, 511 (1975). Entonces, si la naturaleza de la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual de los socios como parte indispensable, y la asociación puede represen-tarlos adecuadamente, procede que se le reconozca su in-terés en el pleito y su capacidad para acudir a los tribunales.

En Hunt v. Washington Apple Advertising Comm’n, 432 U.S. 333, 343 (1977), el Tribunal Supremo federal adoptó los criterios siguientes para determinar si una organización podía legítimamente representar y reclamar los derechos de sus socios: (1) los miembros deben tener legitimación activa para demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y (3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual de los socios en el pleito. Véanse, también: Automobile Workers v. Brock, 477 U.S. 274 (1986); Pennell v. San José, 485 U.S. 1 (1988); New York State Club Ass’n v. NYC, 487 U.S. 1 (1988).

El último de estos factores es particularmente relevante a la controversia de autos. La determinación de la legitimación para incoar el pleito depende de la naturaleza del remedio solicitado. Si la petición es de naturaleza interdictal, una sentencia declaratoria o cualquier otro remedio que beneficiara a todos los miembros realmente perjudicados, pro-cede que se le reconozca su legitimación activa. R.D. Rotunda, J.E. Nowak y J.N. Young, Treatise on Constitutional Law, Substance and Procedure, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1986, Vol. 1, Sec. 2.13, pág. 147; Tribe, op. cit., págs. 145-146.

Estos criterios formulados por el Tribunal Supremo federal constituyen una guía valiosa para nuestra jurisdicción en la determinación de si una organización tiene interés legítimo en la controversia para litigar vigorosamente su acción. Evaluada la experiencia en la jurisdicción federal con la aplicación de esta norma, y convencidos de que facilitan la delicada tarea de revisión judicial en nuestro or-denamiento constitucional, adoptamos estos criterios en Puerto Rico.

H-n H — I

No obstante, la determinación de si una parte tiene legitimación activa no es un ejercicio automático. Cuando se cuestiona la legitimación de una parte al contestar la demanda, debemos asumir que las alegaciones son ciertas y evaluar su causa de acción de la manera más favorable para el demandante. Warth v. Seldin, supra, pág. 356.

En su petición de injunction, el Colegio de Ópticos de Puerto Rico, Inc. y la Asociación de Ópticos y Técnicos de Laboratorios de Ópticos, Inc. exponen que representan a “la clase de ópticos licenciados” (apéndice II, pág. 10) por la Junta de Ópticos, adscrita al Departamento de Estado y re-glamentada por la Ley Núm. 152 de 3 de junio de 1976 (20 L.P.R.A. see. 2751 et seq.). También alegan que para sus socios esta licencia tiene un valor económico sustancial y cons-tituye “su fuente de ingreso para su sostenimiento y el de su familia”. Apéndice II, pág. 10. Sostienen que los demandados operan un establecimiento comercial que se dedica a la prác-tica de la óptica sin tener la licencia requerida por la ley. Finalmente, afirman que esta práctica ilegal menoscaba el valor de las licencias que tienen sus socios, causándoles daños irreparables sin que tengan un remedio adecuado en ley para impedir la continuación de este negocio.

De la faz de la petición se desprende que el Colegio de Ópticos de Puerto Rico, Inc. está haciendo valer los derechos y beneficios adquiridos con las licencias expedidas por la Junta de Ópticos, los cuales han sido afectados adversamente por la práctica ilegal de la óptica. Mediante el pleito incoado persiguen poner en vigor los derechos adquiridos por sus miembros al obtener una licencia para practicar la profesión. Estos intereses están relacionados con los del Co-legio de Ópticos de Puerto Rico, Inc., quien con sus recursos y su peritaje asegurará que tengamos una controversia justi-ciable. No olvidemos que “la doctrina de legitimación de las asociaciones reconoce que la razón principal para que la gente forme .organizaciones es para crear un instrumento efectivo para vindicar unos intereses que tienen en común”. (Traducción nuestra.) Automobile Workers v. Brock, supra, pág. 290. Véase, también, Anti-Fascist Committee v. McGrath, 341 U.S. 123 (1951). El remedio solicitado (el injunction) beneficia a toda la matrícula de los demandantes y no se requiere que ninguno de los socios intervenga indivi-dualmente en el pleito para probar la cuantía de los daños sufridos por cada uno.

En estas circunstancias, los demandados tienen legiti-mación activa para incoar esta petición de injunction y el asunto debe devolverse al foro de instancia para la conti-nuación de los procedimientos.

Procede la revocación de la sentencia del foro de instan-cia.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Ortiz no intervinieron.


author:
      (Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Rebo-llo López,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Luis P. Cruz Bayona y Bethzaida Droz Ausua, peticionarios.

      Número: CE-88-641

      Resuelto: 30 de junio de 1989

      Rafael Santiago Erans, abogado de los peticionarios; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El 27 de mayo de 1988, en una estructura de dos (2) ni-veles —la alta era usada como residencia— al diligenciar una orden de allanamiento, el policía Carlos Ortiz Delgado en-contró —además de dinero en efectivo— una balanza, varias bolsitas plásticas, pequeños sobres de papel color amarillo y bolsas de papel color marrón, todo material típicamente usado en el procesamiento y venta de la sustancia controlada marihuana. Subsiguientemente, observó en el patio unas bolsas plásticas. Guiado por el olor de marihuana, dentro de un recipiente metálico “dron” enterrado, halló aproximada-mente dos (2) libras. Por ello, el 28 de mayo de 1988 Luis P. Cruz Bayona y Bethzaida Droz Ausua fueron acusados de violar el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2401.

Durante la vista preliminar de 12 de julio, la represen-tante del Ministerio Fiscal presentó el análisis químico —positivo— y el testimonio del policía Ortiz Delgado. Luego de la defensa haber comenzado a contrainterrogarlo, el ma-gistrado lo interrumpió e informó a la Fiscal Cruz Vázquez que si le presentaban la orden de allanamiento encontraría causa probable. La defensa —Lie. Rafael Santiago Erans— se opuso tenazmente. Infructuosamente adujo que todavía no había terminado de contrainterrogar al testigo ni había tenido ante su consideración la orden de allanamiento ni de-claración jurada alguna con relación a la misma. Tan pronto el Ministerio Fiscal la presentó, el magistrado determinó causa probable a base de que la prueba desfilada hasta ese momento era suficiente.

Subsiguientemente, en el acto de lectura de acusación el 13 de julio ante el Tribunal Superior, los imputados Cruz Bayona y Droz Ausua solicitaron la desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Esta moción quedó señalada para el 9 de septiembre. En esta fecha, al informarse que la Fiscal Cruz Vázquez estaba convaleciendo en su hogar por unas quemaduras, el Juez Rafael Benitez suspendió la moción y le concedió al Ministerio Fiscal término para contestarla. La moción fue señalada para el 3 de octubre.

En esta ocasión, el Juez Luis F. Pieraldi Cappa llamó el caso. Presentes todos, menos el abogado defensor Santiago Erans —previo examen del expediente— declaró sin lugar la desestimación. Subsiguientemente, compareció el licenciado Santiago Erans quien pidió la reconsideración e insistió en su planteamiento. El tribunal se reiteró.

Mediante trámite de mostrar causa, atendemos el re-clamo de los imputados Cruz Bayona y Droz Ausua de que no se le celebró una vista preliminar conforme a derecho.

I — H 1 — 1

La comparecencia del Procurador General nos convence que debemos confirmar. Sabido es que el propósito de la vista preliminar es evitar someter a un ciudadano en forma arbi-traria e injustificada a los rigores de un proceso criminal. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663 (1985); Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970).

En la misma, conforme la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, tanto el Ministerio Fiscal como el denunciado pueden presentar prueba y contrainterrogar a los testigos adversos. Sin embargo, en esa etapa los ámbitos del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio no son irrestrictos. Ya en Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974), habíamos expuesto así sus horizontes:

El fiscal no viene obligado a presentar en una vista preliminar toda la prueba de que dispone para establecer en su día la culpabilidad del acusado. Le basta con. presentar aquella prueba que convenza al magistrado ante quien se celebra la vista de que se ha cometido un delito y de que hay causa probable para creer que el acusado lo cometió. El propósito de la vista preliminar es “evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal.” Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970). En la vista preliminar el fiscal no tiene que probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Esa es su obligación en el acto del juicio. Puede por tanto presentar durante el juicio la misma prueba que ofreció durante la vista preliminar, prueba adicional, y aun prueba distinta.

Al respecto, la Prof. Dora Nevares-Muñiz nos dice que se “trata, pues, de presentar evidencia sobre los elementos del delito y relacionar al imputado con ellos”. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1985, pág. 67.

En el caso de autos, la representante del Ministerio Pú-blico presentó la prueba mínima necesaria para demostrar que se había cometido un delito, y existía causa probable para creer que los imputados Cruz Bayona y Droz Ausua lo habían cometido. Es decir, presentó el testimonio de un agente de la policía del cual surgía el hallazgo de la sustancia controlada marihuana y que su análisis químico dio positivo.

Aunque en el caso de autos ciertamente a los imputados Cruz Bayona y Droz Ausua no se les permitió terminar todo el contrainterrogatorio del agente, el tribunal estaba autori-zado a regularlo razonablemente, máxime una vez había arri-bado al convencimiento judicial de que la prueba era sufi-ciente en esa etapa para encauzarlos. Aun al tachar esa limi-tación en el contrainterrogatorio como una irregularidad, no han demostrado que la misma les perjudicara sustancial-mente. En su moción, bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, éstos no pudieron demostrar lo contrario.

Recientemente, en Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684 (1988), reiteramos lo resuelto en Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459-460 (1975), a saber:

Presentada una moción para desestimar basada en la Regla 64(p), el tribunal de instancia puede, en el ejercicio de su dis-creción señalar una vista para entender y recibir prueba, o puede rechazarla de plano si de su faz y de las constancias en el expediente del caso, no resulta meritoria en cuanto al ex-tremo de ausencia total de prueba. Debe recordarse que “[l]a determinación de causa probable goza, como toda determina-ción judicial, de la presunción legal de corrección” Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973). El mejor mecanismo que tiene un acusado para revisar una de-terminación de existencia de causa probable carente de prueba suficiente para establecer una probabilidad razonable de que cometió el delito imputádole, lo constituye la pronta ventilación del juicio, trámite que conforme a la Regla 64(n)(4), salvo justa causa, debe ocurrir, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia. (Énfasis nuestro.)

Después de todo, hemos resuelto abstenernos de “inter-venir con la discreción judicial de los foros de instancia efec-tuada con ánimo de lograr un adecuado balance entre la bús-queda de la verdad y la enojosa lentitud de los procedi-mientos debido a interrogatorios prolongados e innecesarios por preguntas repetitivas. Wolff v. Hernández, 76 D.P.R. 650, 666-667 (1954); Pueblo v. Camacho, 69 D.P.R. 358, 360-361 (1948); Pueblo v. Vázquez, 68 D.P.R. 67, 83 (1948); Durán v. Sucn. Durán, 53 D.P.R. 750, 754 (1938); Pueblo v. Gómez, 45 D.P.R. 812, 813-814 (1933); Vélez v. Iturregui, 44 D.P.R. 487, 490-491 (1933); Pueblo v. Román, 42 D.P.R. 642, 645 (1931); Pueblo v. Munera, 39 D.P.R. 295, 301-303 (1929); Pueblo v. Aponte, 26 D.P.R. 604, 605-606 (1918)[,] y Pueblo v. Español, 16 D.P.R. 213, 221 (1910)”. Pueblo v. Corales Irizarry, 107 D.P.R. 481, 490 (1978).

Por último, no es persuasivo el argumento adelantado por los imputados fundamentado en que la orden de allana-miento contenía una dirección distinta. De los anexos —or-den y declaración jurada— surge claramente la dirección de la propiedad allanada. Aparte de su identificación, su ubica-ción —esquina con las calles Núm. 2 y Núm. 5— descarta toda posible equivocación. A fin de cuentas, la culpabilidad de los imputados es materia abierta que deberá el Ministerio Público demostrar en juicio plenario más allá de duda razo-nable. La determinación de causa probable no prejuzga defi-nitivamente la cuestión.

Se expide el auto y se confirma la resolución del Tribunal Superior, Sala de Ponce. Continuarán en instancia los procedimientos.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General Interino. El Juez Presidente Señor Pons Núñez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Nos vemos imposibilitados de refrendar con nuestro voto la sentencia que hoy emite el Tribunal en el presente caso. Mediante la misma, una mayoría de sus integrantes ratifica y califica, como jurídicamente correcta, una actuación del tribunal de instancia que constituye una crasa violación al de-bido proceso de ley.

Con motivo de un registro y allanamiento que fuera reali-zado por agentes de la Policía de Puerto Rico el día 27 de mayo de 1988 en una residencia localizada en el barrio Man-zanillo de Juana Díaz, Puerto Rico, se determinó causa probable para arresto contra los ciudadanos Luis P. Cruz Bayona y Bethzaida Droz Ausua por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2401, ello en relación con la droga narcótica conocida como marihuana. La vista preliminar, que contempla la Regla 28 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, fue señalada para el día 12 de julio de 1988.

Durante dicha vista —conforme el resumen de los hechos que se hace en la sentencia mayoritaria emitida— sucedió lo siguiente:

Durante la vista preliminar de 12 de julio, la representante del Ministerio Fiscal presentó el análisis químico —positivo— y el testimonio del policía Ortiz Delgado. Luego de la defensa haber comenzado a contrainterrogarlo, el magistrado lo inte-rrumpió e informó a la fiscal Cruz Vázquez que si le presen-taban la orden de allanamiento encontraría causa probable. La defensa —Lie. Rafael Santiago Erans— se opuso tenaz-mente. Infructuosamente adujo que todavía no había termi-nado de contrainterrogar al testigo ni había tenido ante su consideración la orden de allanamiento ni declaración jurada alguna con relación a la misma. Tan pronto el Ministerio Fiscal la presentó, el magistrado determinó causa probable a base de que la prueba desfilada hasta ese momento era sufi-ciente. (Énfasis suplido.) Sentencia, pág. 2.

Determinada, de esa forma, causa probable contra Cruz Bayona y Droz Ausua, el Ministerio Público procedió a radi-car ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, el correspondiente pliego acusatorio contra los mencionados ciudadanos. En el acto de lectura de acusación, los referidos imputados de delito radicaron una moción, al amparo de las disposiciones del inciso (p) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, solicitando la desestimación de la acusación radicada por razón de que no se había determi-nado causa probable contra ellos “con arreglo a la ley y a derecho”. Escrito para mostrar causa, pág. 4.

Señalada la discusión y vista de la referida moción para el día 3 de octubre de 1988,'sucedió —conforme la propia sen-tencia mayoritaria emitida— lo siguiente:

... el Juez Luis F. Pieraldi Cappa llamó el caso. Presentes todos, menos el abogado defensor Santiago Erans —previo examen del expediente-— declaró sin lugar la desestimación. Subsiguientemente, compareció el licenciado Santiago Erans quien pidió la reconsideración e insistió en su plantea-miento. El tribunal se reiteró. (Énfasis suplido.) Sentencia, pág. 570.

Inconformes, acudieron ante este Tribunal los peticiona-rios Cruz Bayona y Droz Ausua. En el recurso de certiorari que radicaran a esos efectos, le imputaron al tribunal de ins-tancia haber errado al:

. .. declarar sin lugar la moción de desestimación bajo la Re-gla 64(p) de Procedimiento Criminal sin siquiera escuchar los argumentos de las partes, —cuando de las propias alegaciones surgía claramente que a los peticionarios no se le celebró una vista preliminar de acuerdo a derecho ni se le permitió con-frontarse con sus acusadores, así como tampoco con la decla-ración jurada y orden de allanamiento como lo disponte] la ley. Petición de certiorari, pág. 5.

Mediante resolución de fecha 1ro de diciembre de 1988, le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa:

.. . por la cual no deba expedirse el auto solicitado, revocarse la resolución del Tribunal Superior, Sala de Ponce[,] de 3 de octubre de 1988 y en su lugar decretarse la desestimación de la acusación bajo las disposiciones de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal vigentes.

Dicho funcionario ha comparecido en cumplimiento de la referida resolución. Contrario a la mayoría de los inte-grantes del Tribunal, somos del criterio que la resolución re-currida debe ser revocada.

II

Coincidimos plenamente con la mayoría del Tribunal en que: la determinación de “causa probable” goza, como toda determinación judicial, de la presunción legal de corrección, Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973); en relación con una moción para desestimar fundada en el inciso (p) de la citada Regla 64 de Procedimiento Criminal, un tribunal tiene la facultad, en el uso de su discreción, para señalar una vista y recibir prueba en relación con las alegaciones de la misma, o puede rechazarla de plano si, de su faz y de las constancias que obran en el expediente del caso, dicha moción resulta inmeritoria, Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459-460 (1975); en una vista preli-minar no se requiere que el fiscal presente toda su prueba, bastando que presente aquella prueba necesaria para con-vencer al magistrado que preside la vista de que se ha come-tido un delito y que hay “causa probable” para creer que el imputado lo cometió, Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974).

El error cometido por la mayoría del Tribunal radica en la utilización de esos principios como la “razón de decidir”. Dichos principios, si bien son jurídicamente correctos, no son pertinentes para la solución de la cuestión de derecho envuelta en el caso ante nuestra consideración. El Tribunal, al así actuar, desafortunadamente ignora otros principios de derecho, igualmente válidos y vigentes en nuestra jurisdic-ción, que son los realmente determinantes y aplicables al caso.

hH hH hH

Debemos mantener presente que la celebración de la vista preliminar, establecida y regulada por las disposiciones de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, ante, no consti-tuye una “mera formalidad”. La misma es una etapa judicial procesal de contornos claramente definidos en el derecho procesal penal nuestro. Su propósito es dual: evitar que un ciudadano sea sometido a un proceso criminal formal a base de una imputación falsa, fraudulenta y sin base legal alguna, y por otro lado, evitar que casos frívolos e inmeritorios re-carguen el calendario de nuestros tribunales de instancia con la consiguiente erogación innecesaria de fondos públicos.

En su objetivo y función, dicha vista es una judicial cuyo ámbito no puede ser limitado arbitrariamente, así como tam-poco puede ser la misma obviada, desmembrada o desnatu-ralizada por este Tribunal en abierta violación de las disposi-ciones de la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal. Cf. García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53, 56-57 (1978); Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22, 29 (1967). Ello es así por cuanto si bien es cierto que la génesis u origen de la vista preliminar es estatutaria y no constitucional, una vez la misma fue incorporada a nuestro ordenamiento jurí-dico, dicha vista advino “parte integrante” del debido proce-dimiento de ley y, por ende, coartar caprichosamente la misma resulta en una violación de ese “debido proceso de ley”. Cf. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107-108 (1974); Reyes v. Delgado, 81 D.P.R. 937, 941 (1960).

A esos efectos, y en lo pertinente al caso ante nuestra consideración, conviene que recordemos que el inciso (c) de la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal dispone:

(c) Procedimiento durante la vista. Si la persona compare-ciere a la vista preliminar y no renunciare a ella, el magis-trado deberá oír la prueba. La vista será privada a menos que al comenzar la misma la persona solicitare que fuere pública. La persona podrá contrainterrogar a los testigos en su contra y ofrecer prueba en su favor. El fiscal podrá estar pre-sente en la vista y podrá también interrogar y contrainterro-gar a todos los testigos y ofrecer otra prueba. Al ser reque-rido para ello el fiscal pondrá a disposición de la persona las declaraciones juradas que tuviere en su poder de los testigos que haya puesto a declarar en la vista. Si ajuicio del magis-trado la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo come-tió, el magistrado detendrá inmediatamente a la persona para que responda por la comisión de un delito ante la sec-ción y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instan-cia; de lo contrario exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad. El magistrado podrá mantener en li-bertad a la persona bajo la misma fianza, condiciones o ambas que le hubiere impuesto un magistrado al ser arrestada, alte-rar las mismas o imponer una fianza o condición de acuerdo con la Regla 218(c) si ésta no se le hubiese impuesto, y si a juicio del magistrado ello fuere necesario. No obstante lo anterior el magistrado no podrá alterar la fianza fijada o condi-ción impuesta por un magistrado de categoría superior, a menos que en la vista preliminar se determine causa probable por un delito inferior al que originalmente se le imputó a la persona. Después de que terminare el procedimiento ante él, el magistrado remitirá inmediatamente a la secretaría de la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Ins-tancia todo el expediente relacionado con dicho procedi-miento, incluyendo cualquier fianza prestada. En el expe-diente se hará constar la fecha y el sitio de la vista preliminar, las personas que a ella comparecieron y la determinación del magistrado. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II.

Como podemos notar, el lenguaje de la transcrita disposi-ción legal es claro en lo referente al derecho que la misma le concede al imputado de delito de contrainterrogar a los tes-tigos de cargo y de ofrecer prueba en su favor. Ese derecho, naturalmente, no es irrestricto ni puede ser ejercitado ilimi-tadamente, teniendo el magistrado que preside la vista preli-minar discreción y facultad para regularlo. La concesión ex-presa del referido derecho por parte de la citada Regla 23(c), sin embargo, obliga al magistrado —antes de realizar la de-terminación de detener al imputado para que responda en juicio público por la comisión de determinado delito, o, por el contrario, de exonerarlo y ordenar que sea puesto en liber-tad— a recibir y considerar toda la evidencia que tanto el Estado como el imputado de delito hayan razonablemente tenido a bien presentar, garantizándole a ambas partes el derecho a contrainterrogar a los testigos de la parte contra-ria.

Una determinación de causa probable realizada en una vista preliminar en la cual se restringe arbitraria e irrazona-blemente el derecho que tiene el imputado de delito a con-trainterrogar los testigos en su contra y en que se priva a éste del derecho a presentar prueba en su favor es una no realizada “con arreglo a la ley y a derecho” por razón de haberse infringido el debido procedimiento de ley, siendo in-material cuán fuerte y confiable pueda haber sido la prueba presentada por el Estado durante dicha vista.

Eso precisamente fue lo que ocurrió en el presente caso. Revocaríamos, en consecuencia, la resolución recurrida me-diante la cual el foro de instancia declaró sin lugar la moción radicada al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, ante, y devolveríamos el caso para la celebración de una nueva vista preliminar.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Ana Orosia Méndez, demandante y recurrida, v. Luz Celenia Ruiz Rivera et al., demandados; Reinaldo Jiménez Román y Marcelino Soto Román, demandantes y recurrentes, v. Luz Celenia Ruiz Rivera, Gloria Ruiz Rivera, Ramón Luis Ruiz Rivera, Iris Ruiz Rivera y Ana Orosia Méndez, demandados y recurridos.

      Número: RE-89-31

      Resuelto: 30 de junio de 1989

      Luis Américo Aguila López, abogado de los recurrentes; Pedro T. Anca Marín, abogado de los recurridos; Luis A. Garrastegui, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

En ocasiones los trámites judiciales se complican innecesariamente e impiden que las controversias puedan resolverse en forma justa, rápida y económica conforme lo dis-pone la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988). El caso ante nos es un ejemplo de ello.

En los trámites de partición de herencia, al concurrir herederos de dos (2) o más matrimonios, debe realizarse la operación previa de dividir y liquidar los bienes gananciales habidos en cada matrimonio para depurar así la masa partible de cada causante y evitar complicaciones como las del caso de autos.

Ante nos los recurrentes imputan error al tribunal de ins-tancia por así no hacerlo con respecto al caudal de su cau-sante.

i — I

Doña Herminia Román (doña Herminia) contrajo matri-monio con Don Zoilo Ruiz Jiménez c/p Zoilo Jiménez (don Zoilo), sin capitulaciones matrimoniales, el 14 de junio de 1958. Previo al matrimonio con don Zoilo, doña Herminia ha-bía procreado un hijo de nombre Marcelino Soto Román. El matrimonio Jiménez-Román procreó un hijo: Reinaldo Jimé-nez Román. Don Zoilo procreó otros cuatro (4) hijos de nom-bres Luz Celenia, Gloria, Iris y Ramón, de apellidos Ruiz Rivera. De los autos no se desprende si éstos fueron procre-ados antes o después del matrimonio con doña Herminia, o si son hijos extramatrimoniales. El hecho es que a la muerte de don Zoilo fueron declarados sus hijos y herederos por el tribunal de instancia.

Doña Herminia falleció intestada el 20 de junio de 1974. A raíz de su deceso, don Zoilo instó la correspondiente declara-toria de herederos. El 3 de diciembre de 1974 el tribunal de instancia declaró como únicos y universales herederos de doña Herminia a sus hijos Reinaldo Jiménez Román (en-tonces de 10 años) y Marcelino Soto Román, y a su viudo en la cuota viudal usufructuaria. Sin embargo, ni en ese mo-mento ni posteriormente se liquidó la sociedad de ganan-ciales Jiménez-Román. Tampoco se dividieron los bienes ga-nanciales. No se realizó, por ende, la partición y adjudicación de los bienes del causante a sus herederos.

Posteriormente, en 1976, don Zoilo contrajo segundas nupcias con doña Ana Orosia Méndez (doña Ana).

Don Zoilo falleció en Lares el 22 de enero de 1982. En vida había otorgado dos (2) testamentos. En el primero, otor-gado en 1979, mejoraba a su hijo Reinaldo Jiménez Román al dejarle el tercio de mejora y de libre disposición. En dicho testamento no mencionó a ningún otro heredero. En el se-gundo, otorgado en 1980, dejaba el tercio de libre disposición a doña Ana, al otorgarle ese tercio de una parcela de terreno sita en el barrio Pueblo de Lares.() En este testamento de-claró tener un hijo llamado Reinaldo Jiménez sin mencionar otros herederos forzosos. Además, en 1981, don Zoilo suscri-bió un afidávit en el cual disponía de la finca en el barrio Pueblo de Lares y una casa allí enclavada a favor de su hijo Reinaldo Jiménez.

Luego de la muerte de don Zoilo, sus herederos tramita-ron la correspondiente declaratoria de herederos. El tribunal de instancia declaró como únicos y universales herederos del óbito a sus hijos Ramón, Iris, Gloria y Luz Celenia Ruiz Rivera y Reinaldo Jiménez Román, así como doña Ana en la cuota viudal usufructuaria.

Pero, además, su muerte produjo que sus alegados here-deros presentaran dos (2) pleitos separados, que luego fue-ron consolidados por el tribunal de instancia. En el primero, doña Ana demandó a los hijos de don Zoilo al reclamar la partición de la herencia conforme al testamento otorgado en 1980. Alegó que, aun cuando dicho testamento era nulo por no incluir la designación de herederos requerida por ley, ello no afectaba su llamamiento como legataria. Los demandados contestaron aceptando la nulidad del referido testamento, pero adujeron que el susodicho legado se limitaba a la pro-piedad mencionada en la disposición testamentaria.

Luego de los trámites de rigor, el foro de instancia dictó sentencia el 23 de enero de 1984 que declara la nulidad del mencionado testamento y hace constar que la manda o le-gado en favor de doña Ana permanecía en vigor. Ordenó, además, la división de esta comunidad hereditaria mediante la venta en pública subasta de los terrenos que componían el caudal relicto, luego de realizar el correspondiente avalúo de los mismos.

Así las cosas, el 9 de abril de 1984 los herederos de doña Herminia (sus hijos Reinaldo y Marcelino) presentaron mo-ción que solicitaba la paralización de procedimientos y/o re-levo de la sentencia emitida en el primer pleito. Solicitaron que, previo a la partición de la herencia de don Zoilo, se liqui-dara la sociedad de gananciales del primer matrimonio y se realizara la correspondiente partición de los bienes heredita-rios dejados por doña Herminia. El tribunal de instancia de-claró con lugar la referida moción y reabrió el caso.

Ante tal actuación, los recurrentes instaron el segundo pleito contra los coherederos de don Zoilo y su viuda. Solici-taron que, luego de depurar el caudal de doña Herminia, se ordenara la partición.

El tribunal de instancia procedió a consolidar los dos (2) pleitos. El 9 de diciembre de 1988 dictó sentencia que de-clara la nulidad de los testamentos otorgados por don Zoilo y ordenó la distribución de los bienes de acuerdo con la suce-sión ab intestato entre los que habían sido declarados here-deros de dicho causante. Nada dispuso en cuanto a la liquida-ción de bienes gananciales del primer matrimonio ni a la ad-judicación de la proporción de dichos bienes correspon-dientes a doña Herminia y a sus herederos (aquí recu-rrentes). Los recurrentes presentaron moción de reconside-ración, la cual fue rechazada de plano por el foro de instan-cia. Allí adujeron que el tribunal no había resuelto todas las cuestiones que le fueron planteadas.

Luego de recurrir ante nos, emitimos orden para mostrar causa por la cual no debíamos revocar la sentencia dictada por no haberse llevado a cabo la división y liquidación de la sociedad legal de gananciales del primer matrimonio, según solicitado por los recurrentes, previo a la partición del caudal de don Zoilo.

Los recurridos Luz Celenia, Gloria, Iris y Ramón Ruiz Rivera han comparecido para sostener que el foro de instan-cia no estaba en condiciones de dividir y liquidar la sociedad legal de gananciales del primer matrimonio, porque los recu-rrentes no sometieron prueba para sustentar el carácter ga-nancial de los bienes del caudal relicto de don Zoilo según habían alegado en la demanda.

La recurrida doña Ana también compareció para infor-mar a este Tribunal “que está de acuerdo que se revoque la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 por el tribunal de instancia y que entiende que debe determinarse en dicho tribunal si existió o no un caudal ganancial divisible entre Don Zoilo Jiménez Ruiz y Doña Herminia Román”. Moción infor-mativa, pág. 1. Resolvemos.

HH

Estamos ante una situación en que se solicita la partición() de dos (2) herencias distintas. Por un lado, los herederos de Doña Herminia Román() (recurrentes) y, por otro, los herederos y la viuda de don Zoilo.

En la herencia de doña Herminia, sus herederos (don Zoilo y los recurrentes) iniciaron los trámites conducentes a la partición judicial de la herencia. El trámite se detuvo con la declaración de quiénes eran los herederos, hecha por el tribunal de instancia el 3 de diciembre de 1974.

Ahora bien, con el fin de evitar la confusión de los bienes del causante con los del cónyuge supérstite, en la sociedad legal de gananciales es necesario que, previo al trámite de partición, se realicen varias operaciones que depuren la masa partible entre los herederos del de cuius. Al respecto comenta Puig Peña:

Supone el inventario una relación de bienes y deudas conve-nientemente separados.

Tal separación de bienes corresponde:

a) Todos aquellos bienes, derechos y acciones que tenía en su poder el causante y que conste fehacientemente que co-rresponden a un tercero los que quedan lógicamente excluidos del inventario, debiendo proceder aquellos que practican la partición a su devolución, según derecho.
b) Aquellos bienes respecto de los cuales el causante sólo tenía un derecho de usufructo toda vez que, dado el carácter personalísimo de este derecho, deben asimismo ser resti-tuidos.
c) Aquellos bienes poseídos por el causante conforme a un título, según el cual han de pasar a su muerte a otras personas determinadas, sean o no herederos.
d) El lecho que usaron corrientemente los esposos, así como las ropas y vestidos de uso ordinario, los cuales, con-forme al Art. 1.420 del Código Civil, deben entregarse al que de ellos sobreviva.
Verificada la separación de estos bienes, que en modo al-guno forman parte de la masa patrimonial liquidable, es nece-sario después tener en cuenta aquellos bienes que, si bien pueden estar a nombre del de cuius, sin embargo no forman parte de la masa partible. Nos referimos a los bienes que in-tegran la sociedad conyugal, ya que el cónyuge supérstite no recibe su parte en ésta por vía sucesoria, sino por liquidación de la sociedad formada por el de cuius. Por este concepto es absolutamente preciso, en la práctica de esta liquidación, la intervención del que sobrevive (20 de junio de 1932).
Verificada aquella separación y devueltos los bienes de la sociedad conyugal, entramos en lo que propiamente debe constituir la masa partible. (Énfasis suplido.) F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Sucesiones, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, Vol. VI, págs. 81-82.

El profesor González Tejera, citando a Espín, resume la norma en forma clara:

Cuando el causante fuese casado, antes de realizar la liqui-dación de su herencia hay que proceder a separar sus bienes de los de su cónyuge, y en el caso de existir la sociedad legal de gananciales habrá también que liquidar dicha sociedad, se-gún las reglas propias de la misma, atribuyendo a la mujer lo que le corresponda por razón de dote o parafernales, al ma-rido su capital propio o a ambos su mitad de gananciales. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, pág. 368. Véanse, además: J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. V Vol. III, págs. 471 y 502; J.R. Vélez Torres, Derecho de Sucesiones, Madrid, Ed. Sáez, 1974, pág. 330; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 5ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1974, Vol. V, pág. 155; E. Menéndez, Lecciones de Derecho de Familia, San Juan, Ed. Universitaria, 1976, págs. 242-243.

De suerte que, previo al trámite de partición y correspondiente avalúo y adjudicación de los bienes que integran la masa partible de don Zoilo, debió realizarse la división y liquidación de la sociedad legal de gananciales compuesta por don Zoilo y doña Herminia.()

La sabiduría de ese principio de depuración del caudal reside en que tanto el cónyuge supérstite como los herederos del causante, del matrimonio previo o matrimonios posteriores, no quedan afectados en sus derechos sucesorales por la posible confusión de bienes. Aquí, por ejemplo, el derecho de suceder a doña Herminia de su hijo del matrimonio anterior, Marcelino Román Soto, queda salvaguardado al aplicar ese principio.

La valoración de los bienes al realizar la liquidación de la sociedad legal de gananciales Jiménez-Román será aquella que tenía al momento de morir doña Herminia en 20 de junio de 1974.

Cuando resulte imposible precisar la proporción de bienes privativos y gananciales de cada sociedad legal de gananciales, aplica el Art. 1326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3701, el cual dispone la forma de hacer la liquidación de los bienes gananciales de dos (2) o más matrimonios contraídos por una misma persona. Véanse: Admon. Jud. de Vidal v. Herederos, 19 D.P.R. 631, 633-634 (1913); Santiago v. Tribl. de Contribuciones, 69 D.P.R. 305, 313 (1948). Dicho artículo ha sido objeto de extremo análisis por los trata-distas. Véanse: Menéndez, op. cit.; L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. IV págs. 272-273; A.H. Guaglianone, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1965, págs. 349-357; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, págs. 937-943; F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1953, T. II, Vol. I, págs. 344.()

El Art. 1307 del Código Civil dispone que se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio mientras no se demuestre que pertenecen privativamente al marido o a la mujer. 31 L.P.R.A. sec. 3647. Véanse: Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583, 588 (1968); Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192 (1978); García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319 (1978). Quien reclama que son privativos le incumbe destruir esa presunción por preponderancia de la prueba. Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664 (1989); Blanes v. González, 60 D.P.R. 567, 571 (1942); Vda. de Fernández v. Registrador, 98 D.P.R. 765 (1970); Menéndez, op. cit.

Por lo tanto, correspondía a los recurridos destruir, con preponderancia de la prueba, la presunción de gananciales de los bienes adquiridos por su causante vigente el matrimo-nio Jiménez-Román. Cf. Adm. Judicial de Vidal v. Vidal, 19 D.P.R. 634, 635-636 (1913).

Los aquí recurrentes alegaron que durante el tiempo en que estuvieron casados don Zoilo y doña Herminia adquirieron bienes con fondos de la sociedad legal de gananciales. En específico, que la casa dedicada a vivienda construida en el Solar A, en el barrio Pueblo de Lares, lo fue con bienes gananciales. Esa casa y el solar, valorados por el foro de instancia en $26,409, fueron adquiridos vigente el matrimonio Jiménez-Román. Esas circunstancias dan vida a la presunción de gananciales. Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641. Véanse: Vda. de Fernández v. Registrador, supra; Espéndez v. Vda. de Espéndez, 85 D.P.R. 437, 442-443 (1962); salvo prueba en contrario, García v. Montero Saldaña, supra.

La falta de depuración de la masa partible de cada uno de los causantes ha complicado el caso de autos. A la comunidad de bienes indivisa surgida con la muerte de doña Herminia compuesta por los hijos de la causante y don Zoilo, se ha unido otra comunidad de bienes indivisa sobre bienes co-munes compuesta por los herederos de don Zoilo y su viuda doña Ana. Correspondía al tribunal de instancia aclarar la situación. Para ello, le servía de norte lo dispuesto en el Art. 1326 del Código Civil, supra, con respecto a la ejecución si-multánea de la liquidación de bienes gananciales de dos (2) o más matrimonios contraídos por una persona. Por el contra-rio, emitió una sentencia que puso fin al pleito sin aclarar la situación jurídica de la comunidad de bienes indivisa creada con la muerte de doña Herminia.

No cabe duda que el foro de instancia no resolvió todos los asuntos ante su consideración, todo ello en perjuicio de los derechos hereditarios de los recurrentes.

Se dictará sentencia que expida el auto, que revoque la del tribunal de instancia y que devuelva el caso a dicho foro para continuar con los procedimientos en forma compatible con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ne-grón García no intervino.

      (1) Según las determinaciones de hecho del tribunal de instancia:
      “El caudal relicto de don Zoilo Jiménez Ruiz se compone de las siguientes propiedades, cuya descripción y valor son como sigue:
      “A. RUSTICA: Radicada en el Barrio Pueblo de Lares, P.R., con una ca-bida superficial de mil treinta y tres punto sesenta metros cuadrados de terreno (1033.60m); colinda por el Norte con Ramón Torres; por el Sur Rosa López; al Este Sucesión Enrique Gómez y al Oeste con el Solar B. Inscrita al folio 239 del Tomo 204, finca [Núm.] 8,922 de Lares, Puerto Rico.
      “El Tribunal valora esta propiedad en $26,409.00 tomando en consideración la tasación del tasador Getulio Rodríguez González y los aumentos con los costos de construcción desde el 1983 en adelante.
      “B. RUSTICA: Radicada en el Barrio Pueblo de Lares, P.R.; con una ca-bida superficial de cuatrocientos sesentioeho punto cuaren-tiuno metros cuadrados (468.41 m) de terreno; en lindes por el Norte en 24.50 metros con la Parcela [Núm.] 7; al Sur en 24.50 metros con la Parcela [Núm.] 5; al Este en 18.66 metros con el Solar B y al Oeste en 19.59 metros con te-rrenos propiedad del Departamento de Instrucción Pú-blica. Inscrita al Folio 106 vuelto, Tomo 215 de Lares, finca [Núm.] 10,026, inscripción segunda.
      “El Tribunal valora esta propiedad en $4,684.10 tomando en consideración el informe del mencionado tasador, el aumento en el costo de vida, el incremento natural en el valor de los terrenos en Puerto Rico y la devalorización del dólar.” Exhibit VI, pág. 5.

      (2) La partición de herencia está regulada por los Arts. 1005-1034 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2871-2919, y por los Arts. 600-605 del Código de Enjuicia-miento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 2621-2626. Estos artículos del Código de Enjuicia-miento Civil están vigentes. Véase la Regla 72 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La partición incluye el inventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación de los bienes del causante. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, págs. 361-375.

      (3) Uno de los herederos de doña Herminia, Reinaldo Jiménez Román, con-curre a su vez a la herencia de don Zoilo.

      (4) La operación particional de la liquidación de gananciales no conlleva ne-cesariamente la partición y adjudicación de los bienes a cada heredero del cón-yuge premuerto. Estos pueden permanecer en comunidad en cuanto a esos bienes. Sólo cuando, como en este caso, solicitan la partición de esa herencia procede la adjudicación de tales bienes (de existir los mismos) una vez depurados.

      (5) De esos tratadistas, consúltese a Guaglianone y a Manresa para obtener la fórmula matemática y práctica de hacer el cómputo para la liquidación. Estos autores discuten ejemplos prácticos. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, págs. 939-941; A.H. Guaglianone, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1965, págs. 954-955.


author:
U-J
      (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

text:
    Asociación de Doctores en Medicina al Cuidado de la Salud Visual, Inc., etc., demandantes y recurridos, v. Dra. Ivette Morales y Colegio de Optómetras de Puerto Rico, demandados, Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, peticionario, y Academia Puertorriqueña dé Oftalmología, Inc., interventora.

      Número: MC-89-59

      Resuelto: 26 de septiembre de 1989

      Abrahán Díaz González, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

U-J

Se trata de una solicitud de prórroga para presentar un certiorari, fundamentada en los contratiempos confrontados por el peticionario como resultado del huracán Hugo. To-mamos conocimiento judicial de los daños causados por dicho siniestro, particularmente sus efectos sobre el servicio de energía eléctrica, agua y alcantarillado en toda la isla.

> — I

Por trascender los efectos del huracán más allá de la si-tuación particular del caso de autos, no haberse provisto un procedimiento específico en las leyes o reglas procesales per-tinentes, y al tomar en consideración los requisitos del de-bido proceso de ley, el Tribunal estima necesario hacer un pronunciamiento respecto a la forma de computar los tér-minos vigentes y plazos acaecidos para comparecer y pre-sentar distintos escritos y argumentos ante los tribunales del país.

A tal efecto, al amparo de nuestra facultad inherente de reglamentar los procedimientos, se dispone para que en el cómputo de los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos en los trámites judi-ciales, se excluyan los días comprendidos entre el 18 de sep-tiembre y el 2 de octubre de 1989.

Se ordena la inmediata difusión de esta resolución y, además, su publicación por la Oficina de la Compiladora y Publicista de Jurisprudencia, la Oficina de la Administración de los Tribunales, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y Publicaciones J.T.S.

Notifíquese por la vía telefónica y por escrito.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General