author: PER CURIAM : Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jorge Matías Báez, acusado y apelante.

      Número: CR-66-281

      Resuelto: 12 de octubre de 1972

      Santos P. Amadeo, Máximo Ortiz Ortiz y Domingo Ríos Román, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   —En Moción de Reconsideración—

PER CURIAM :

El apelante fue convicto de incesto y senten-ciado a cumplir de uno a tres años de presidio. Tuvo rela-ciones sexuales con una sobrina suya por parte de madre. A la fecha de los hechos él tenía 24 años y cuatro meses de edad y ella 17 años y cuatro meses.

Los hechos ocurrieron en la siguiente forma, según la declaración en el juicio de la joven: Ella fue a casa del apelante a lavarle la ropa. Cuando terminó de lavarla subió a la casa (aparentemente la lavó en el patio) y fue a la habitación del apelante. Este se encontraba sentado en su cama leyendo una revista. La joven se le sentó al lado y él la invitó a tener relaciones sexuales con él. Ella contestó que no se atrevía. El apelante comenzó a acariciarla, a lo cual ella no hizo objeción, y finalmente accedió a tener relaciones sexuales con él.

Mediante Sentencia de 8 de mayo de 1969 confirmamos la sentencia apelada. Vista una moción de reconsideración pre-sentada por el apelante, instruimos al Procurador General que discutiese los siguientes dos puntos: (1) Si el Art. 275 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1115, es inconstitucional-mente indefinido o impreciso, y (2) si en esta jurisdicción la relación entre tíos y sobrinos de un solo vínculo crea la rela-ción incestuosa penada por el Art. 275 antes citado. En esa fecha, 10 de febrero de 1970, pusimos al apelante bajo fianza en apelación.

Este caso nos hace examinar cuál es la situación en cuanto a si una relación entre tío y sobrina de un solo vínculo cae dentro de lo preceptuado por el Art. 275 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1115. Dicho artículo, el cual procede del Código Penal de 1902, dispone lo siguiente:

“Las personas que hallándose dentro de los grados de con-sanguinidad en que los matrimonios son declarados nulos por la ley, se casaren o cometieren concúbito o adulterio entre sí, incu-rrirán en pena de presidio por un término máximo de diez años.”

Si los jóvenes aquí concernidos, hubiesen sostenido su relación amorosa en Puerto Rico en alguna fecha antes del primero de julio de 1902, fecha en que comenzó a regir el Código Penal de ese año, dicha relación no hubiese constituido delito público. Regía en Puerto Rico antes de la aludida fecha el Código Penal español reformado del año 1870, hecho exten-sivo a Cuba y Puerto Rico por Real decreto de 23 de mayo de 1879, a propuesta del Ministro de Ultramar Don Salvador de Abacete, de acuerdo con el Consejo de Ministros y en virtud de la autorización otorgada al Gobierno por el Art. 89 de la Constitución española de 1876. Dicho Código Penal español, vigente entonces en este país, no hacía delito público las relaciones amorosas o sexuales entre tíos y sobrinas o entre tías y sobrinos aunque, antes como ahora y allá como acá, el Código Civil prohibía y prohíbe el matrimonio entre ellos. Véanse Art. 459 del Código Penal de 1879 para Cuba y Puerto Rico, Art. 84 del Código Civil español, Art. 71 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A. see. 233.)

Más aún, si los hechos hubiesen tenido lugar en el presente en España, tampoco hubiesen constituido delito público pues aunque el Código Civil español, igual que el nuestro, como dijimos, prohíbe el matrimonio entre tío y sobrina, la relación amorosa entre ellos no constituye delito. En España cons-tituye incesto sólo la relación sexual de varón con su hermana o descendiente. Véanse el Art. 435 del vigente Código Penal español revisado en 1963; Puig Peña, Derecho Penal, Tomo 4, 6ta. ed. (1969), p 78; Quintano Ripolles, Comentarios al Código Penal, 2da. ed. 1966), pág. 799.

Como se sabe, nuestro Código Penal procede de California. Pues en California la relación amorosa de la cual tratamos en este caso tampoco constituye incesto, según explicamos más adelante. De manera que tanto a la luz de nuestro derecho histórico — el Código Penal español vigente en Puerto Rico antes del cambio de soberanía — como a la luz de los orígenes californianos de nuestro actual Código Penal, los hechos de este caso no constituyen incesto. Exponemos a continuación por qué eso es así y también por qué la sentencia apelada no puede sostenerse.

Recuérdese lo que dispone el Art. 275 de nuestro vigente Código Penal, el cual hemos citado verbatim anteriormente en esta opinión. Es cierto que el Código Civil en su Art. 71, 31 L.P.R.A. see. 233(2), dispone que no podrán contraer matrimonios entre sí “los colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado.” Sin resolverlo ahora, podemos asumir, como propone el Procurador General, que esa prohibición de contraer matrimonio contenida en el Código Civil comprende tanto a tíos y sobrinos de doble vínculo como a los de un solo vínculo, pero hay que tener presente que esa interpreta-ción extensiva es permisible en el derecho civil. Sin embargo, aquí se trata de un caso de derecho penal y antes de trasladar una interpretación extensiva de aquel ámbito al ámbito penal es necesario examinar de nuevo el citado Art. 275 del Código Penal.

Dicho artículo, como hemos dicho, procede del Código Penal de 1902, y aparece en dicho Código con un escolio Núm. 1, el cual dice literalmente como sigue:

“(1) Matrimonios incestuosos — los matrimonios entre padres e hijos, ascendientes y descendientes en todos los grados, entre hermanos de padre y madre y medio hermanos, y entre tíos y sobrinas o tías y sobrinos, son incestuosos y nulos desde su origen, ya fuere legítimo o ilegítimo el parentesco.”

De manera que, como puede verse, el legislador definió expresamente las situaciones que quiso declarar incestuosas a los fines del Código Penal. El texto de ese escolio, que no parece que fue tomado de nuestro Código Civil ni del de España, Pueblo v. González, 26 D.P.R. 424, 425 (1918), casi seguramente procede de una anotación que aparecía bajo el Art. 285 del Código Penal de California, edición del 1901— artículo que corresponde al 275 de nuestro Código — y cuya anotación en la citada edición del Código de California leía como sigue:

“Incestuous marriages. — Marriages between parents and children, ancestors and descendants of every degree, and between brothers and sisters of the half as well as the whole blood, and between uncles and nieces, or aunts and nephews, are incestuous and void from the beginning, whether the relationship is legitimate or illegitimate: Civ. Code, sec. 59.”

Nuestro legislador pudo haber omitido el citado escolio al adoptar en nuestro Art. 275 el 285 de California. En ese caso probablemente hubiese sido necesario recurrir al antes citado Art. 71 de nuestro Código Civil para completar el Art. 275 del Código Penal. Sin embargo, como hemos señalado, nuestro legislador optó por definir en nuestro Código Penal las rela-ciones incestuosas, conforme lo había hecho el legislador de California al aprobar en el 1872 el Art. 285 del Código Penal califomiano.

La citada definición de lo que constituye una relación incestuosa tomada por nuestro legislador de la nota que acompañó el legislador de California al Art. 285 de aquel estado y trasladada al escolio de nuestro Art. 275, dispone que son incestuosos los matrimonios entre ascendientes y descendientes en todos los grados, entre hermanos de padre y madre y medio hermanos, y entre tíos y sobrinas o tías y sobrinos. Esto es, incluye y declara en forma expresa incestuosas las relaciones entre hermanos de doble vínculo y hermanos de un solo vínculo, pero sin embargo, no incluye las relaciones entre tíos y sobrinas y tías y sobrinos de un solo vínculo. De manera que declaró incestuosas a los fines penales las relaciones entre hermanos de doble vínculo o de un vínculo pero en cuanto a tíos y sobrinas no las incluyó cuando el parentesco es de un solo vínculo.

La situación que nos ocupa fue resuelta por el Tribunal Supremo de California. En People v. Baker, 442 P.2d 675 (1968), se trataba de un individuo que yació con la hija de un hermano suyo de un solo vínculo, esto es, con una sobrina de un solo vínculo, como en el caso de autos. Se le acusó de violación y de incesto, pues en aquel caso, contrario a éste, hubo alguna violencia y coacción. Parece que a juicio del Tribunal la violencia no fue suficiente para hallarlo convicto de violación, pero fue convicto de incesto por el tribunal de instancia. El Tribunal Supremo de California, haciendo un análisis del Art. 285 del Código Penal de aquel estado y del escolio ya tantas veces mencionado, llegó a la conclusión de que el Tribunal no podía presumir que esa definición de la rela-ción incestuosa dispuesta por el propio legislador en el Código Penal constituía un mero error sino que constituía su volun-tad expresa. En consecuencia resolvió que al incluirse en forma expresa dentro de la sanción penal la relación entre hermanos de un solo vínculo y al no incluirse en igual forma la relación entre tíos y sobrinas de un solo vínculo, esta última situación había quedado fuera de la definición de relación incestuosa. El Tribunal revocó la convicción apelada. Al así hacerlo el Tribunal de California, además de por razonamiento propio, siguió el caso de State v. Bartley, 263 S.W. 95 (1924) que interpretó en igual forma disposiciones iguales de Missouri, y revocó un caso anterior de California, People v. Womack, 334 P.2d 309 (1959), en el cual se había resuelto lo contrario.

El razonamiento del Tribunal Supremo de California y el nuestro están acordes con lo que expresamos en Rodríguez v. Díaz, 65 D.P.R. 285, 293 (1945), citando un caso de Louisiana, en el sentido de que “la mera prohibición del matrimonio no crea el delito de incesto.” Esto debe ser claro. Señalamos en Rodríguez v. Díaz, supra, que no podemos por implicación abarcar dentro de una disposición penal otros casos que no están comprendidos en ella. Esa misma es la situación del caso de autos. No hay duda de que el Estado tiene — dentro de los límites constitucionales — el ius puniendi, pero si lo ejerce debe hacerlo por escrito y en forma expresa.

Nuestra decisión en este caso y la del Tribunal Supremo de California en People v. Baker, supra, están de acuerdo con las corrientes internacionales modernas. V. Ploscowe, “Report to the llague: Suggested Revisions of Penal Law Relating to Sex Grimes and Crimes Against the Family,” en 50 Cornell L. Q. 425,431-432 (1965).

No quedan sin protección las jóvenes pues, como se sabe, cuando la mujer es menor de 14 años, aunque consienta, la relación constituye el delito grave de violación. Y si tiene 14 años o más y media fuerza o violencia también lo consti-tuye. Arts. 255 y 258 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 961 y 964, respectivamente. Las citadas disposiciones cubren tanto a extraños como a parientes de doble o de un solo vínculo pues no distinguen, salvo en el caso del marido.

En vista de lo anterior, se dejará sin efecto nuestra sen-tencia de 8 de mayo de 1969, se revocará la sentencia apelada y se absolverá al acusado.

El Juez Asociado, Señor Martín, disintió por opinión separada, con la cual concurren los Jueces Asociados, Señores Ramírez Bages y Martínez Muñoz. El Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervino.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín

en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Ramí-rez Bages y Martínez Muñoz

San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 1972

Me permito disentir. La cópula camal entre el apelante y la hija de su medio hermano es precisamente la relación entre tío y sobrina que constituye delito bajo el Art. 275 del Código Penal de Puerto Rico por hallarse ellos en el tercer grado de consanguinidad, o sea, dentro de los grados de consanguinidad en que los matrimonios son declarados nulos por nuestra ley. 33 L.P.R.A. see. 1115; 31 L.P.R.A. see. 233 (2).

Dicho Art. 275 de nuestro Código Penal dispone que:

“Las personas que hallándose dentro de los grados de con-sanguinidad en que los matrimonios son declarados nulos por la ley, se casaren, o cometieren concúbito o adulterio entre sí, incurrirán en pena de presidio por un término máximo de diez años.”

Y, nuestro Código Civil, de origen español, declara nulos ciertos matrimonios, y en lo que es pertinente a este caso dispone en su Art. 71, lo siguiente:

“§ 238 — Impedimento para contraer matrimonio
Tampoco podrán contraerlo entre sí:
2. Los colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado.” 31 L.P.R.A. sec. 238 (2).

Como dijimos antes el acusado y la perjudicada eran tío y sobrina — tercer grado — y no medió matrimonio sino que mantuvieron relaciones carnales entre sí. La causa que es objeto de esta opinión va sólo dirigida contra el tío.

El Art. 275 de nuestro Código Penal es casi copia y trasunto fiel del Art. 285 del Código Penal de California, que reza así:

“Las personas que hallándose dentro de los grados de con-sanguinidad en que los matrimonios son declarados incestuosos y nulos por la ley, se casaren entre sí, o cometieren fornicación o adulterio el uno con el otro, serán castigados con prisión que no excederá de diez años en una prisión estatal.” (Énfasis suplido.)

En California, los matrimonios incestuosos y nulos, los define el Art. 59 de su Código Civil como sigue:

“Matrimonios incestuosos — Los matrimonios entre padres e hijos, ascendientes y descendientes en todos los grados, entre hermanos de padre y madre y medio hermanos y entre tíos y sobrinas o tías y sobrinos son incestuosos y nulos desde su origen, ya fuere legítimo o ilegítimo el parentesco.” (Énfasis suplido.)

Ahora bien, al adoptarse en Puerto Rico el Código Penal de California en 1902, se copió a manera de escolio al calce de nuestro Art. 275 (pero sin formar parte integrante del texto de dicho artículo), lo que constituye a todas luces un lapsus legislativo, una anotación que aparecía en el Código Penal Anotado de dicho estado, cuya anotación es copia textual de la disposición del Código Civil de California refe-rente a matrimonios nulos e incestuosos que hemos citado precedentemente. Dicha anotación no formaba parte del Código Penal de California sino que constituía una mera referencia, en la edición anotada de dicho Código Penal, a la definición de lo que constituía un matrimonio incestuoso en el referido estado de acuerdo con el Código Civil.

Las disposiciones citadas comprendidas en los Códigos Civiles de Puerto Rico y de California sobre la nulidad de matrimonios habidos entre personas que se hallen en ciertos grados de consanguinidad son sustancialmente similares. La diferencia de mayor importancia radica en que en nuestro Código Civil se extiende la nulidad hasta el cuarto grado, mientras que en California llega hasta el tercero. Toda vez que el escolio incorporado en nuestro Código Penal prohíbe el matrimonio entre tíos y sobrinas y tías y sobrinos, y asumiendo que su propósito fue el de limitar el castigo penal a relaciones entre parientes hasta el tercer grado, el mismo es de aplicación en este caso, quedando fuera de su ámbito las relaciones entre primos hermanos. Ambas disposiciones tienen en común la prohibición del matrimonio entre tíos y sobrinas y tías y sobrinos.

La médula de la cuestión a resolver es si al mencionarse tíos y sobrinas, tanto en el referido escolio, como en nuestro Código Civil, cabe distinguir entre tíos y sobrinas de doble vínculo y de vínculo sencillo.

Nos parece que como se dijo en State v. Reedy, 44 Kan. 190, 24 Pac. 66, y se sostuvo en People v. Womack, 334 P.2d 309, el lenguaje del estatuto cuando se refiere a tíos y sobrinas debe interpretarse de acuerdo a su significado común y ese significado común claramente incluye la relación aquí presente, tanto bajo el texto del ya mencionado escolio de nuestro Código Penal como del Art. 71 de nuestro Código Civil.

Ninguna de dichas disposiciones hace distinción alguna entre la doble o sencilla vinculación entre tíos y sobrinas. TJbix lex non distinguit, nec nos distinguiere débemus.

El caso de People v. Baker, 442 P.2d 675 (1968) citado como antecedente persuasivo por la mayoría para sostener que el lenguaje de la anotación no incluye la relación de este caso, a mi juicio, no ha debido haberse seguido. La con-elusion a que se llega en ese caso representa la opinión mino-ritaria en los Estados Unidos en esta materia y así lo recono-ció allí el propio Tribunal. Véase además Sexual Intercourse between Persons Related by Half Blood as Incest, anotación, 72 A.L.R.2d 706. Si bien como se señala en el caso de Baker, supra, las relaciones comprendidas dentro del delito de incesto dependerán del estatuto particular del estado, aun dentro de las decisiones de estados en donde el delito de incesto está definido en forma similar al estatuto civil de California y, por ende, similar al escolio de nuestro Código Penal, la deci-sión de Baker, supra, resulta ser minoritaria. En los casos de State v. Reedy, supra; State v. Guiton, 51 La. Ann. 155, 24 So. 784; State v. Harris, 149 N.C. 513, 62 S.E. 1090, en donde el estatuto distinguía entre hermanos de doble vínculo y hermanos de un solo vínculo pero no así entre tíos y sobri-nas o tías y sobrinos, tal y como lo hace nuestro escolio, se resolvió que la relación sexual entre un tío y la hija de un medio hermano de éste estaba contenida en la definición de incesto.

El caso de Rodríguez v. Díaz, 65 D.P.R. 285, 293 (1945) en que se apoya la mayoría de este Tribunal para dictar la opinión que es objeto de este disenso en el que está envuelta la relación entre primos hermanos, así como la cita que en dicho caso se hace de la doctrina juiciosa adoptada en el caso de State v. Couvillion (1906 La.) 42 So. 431 tienen nuestra aprobación. Pero el caso de Couvillion es distinguible del caso de autos. Allí se trataba de la aplicación de un estatuto penal de 1884 que castigaba el incesto entre personas dentro de ciertos grados de consanguinidad consignados en el Código Civil entonces vigente en Louisiana pero que no incluían a los primos hermanos. Al enmendarse en 1900 el Código Civil de dicho estado se incluyeron los primos hermanos entre las relaciones prohibidas y el citado caso de Couvillion, cuyos hechos ocurrieron luego de la enmienda al Código Civil, resol-vió que la disposición penal de 1884 nunca contempló incluir a los primos hermanos. Era de rigor y aplaudimos la inter-pretación restrictiva que dicho caso adoptó. El principio de interpretación restrictiva seguido en los casos de Rodríguez v. Díaz y Couvillion, supra, no es aplicable al caso de autos por las razones ya explicadas en el curso de este disenso.

La prohibición contra la relación incestuosa, desde Aristóteles, se considera que era un valladar contra la con-cupiscencia lujuriosa, que, de no existir tal prohibición, transformaría el puro amo'r familiar en ocasión de práctico y frenético libertinaje. Véase Diccionario de Derecho Privado, pág. 1114, Editorial Lalor, 1954. Compete a la Legisla-tura y no a este Tribunal, la función de modificar legislación que comprende medidas de orden público, como la aquí envuelta, que responde a la tradición moral de la institución familiar puertorriqueña. La sentencia apelada ha debido confirmarse.

       Del Código Penal español reformado de 1870 extendido a Puerto Rico en 1879, aparece su texto completo en el tomo 122 de la Colección Legislativa de España, imprenta del Ministerio de Gracia y .Justicia, Madrid (1880), págs. 986 y ss. El Real decreto que lo hizo extensivo a Puerto Rico aparece en la página 927 de dicho tomo y allí comienza el Informe de la Comisión remitiendo el proyecto de Código Penal para Cuba y Puerto Rico. También hay un texto publicado con el nombre de Código Penal de 1879 para las Islas de Cuba y Puerto Rico publicado en La Habana en 1879.

       No era desconocido en el siglo XIX en España, ni en el resto de Europa, el matrimonio entre tíos y sobrinas y sobrinos y tías. El Rey de España Fernando VII casó en segundas nupcias con su sobrina María Isabel y más luego casó en cuartas nupcias con su sobrina María Cristina de Borbón. De este enlace nació la que luego fue Reina de España, Isabel II. Una sobrina de Fernando VII, la Infanta Luisa Carlota, casó con su tío Francisco de Paula.

       A principios del siglo XIX regían en España en materia penal las ya arcaicas y no codificadas disposiciones de la Novísima Recopilación (1805) y, como derecho supletorio, las Partidas. La Constitución española de 1812 ordenó la formación de un Código Penal. El cambio político de 1814 frustró de momento ése y otros proyectos, pero restablecido el régi-men constitucional en 1820 fue posible aprobar el Código Penal de 1822. La vida de este Código fue brevísima — un año y tres meses — pues la reacción de 1823 derogó la labor anterior, volviendo a quedar otra vez en vigor la Novísima Recopilación. Esta situación, desde luego, no fue satisfactoria y tras el nombramiento de varias Comisiones sucesivas final-mente se presenta a las Cortes y se aprueba el Código Penal de 1848, el cual vuelve a decretarse reformado en 1850. Bajo la Constitución de 1869 se aprueba un nuevo Código, el de 18Y0. Desde esa fecha al 1928 se elaboraron más de una docena de proyectos que intentaron reemplazar al Código de 1870. Finalmente, el proyecto redactado por la Comisión de Codificación en 1926 fue sancionado como Código Penal en el 1928. Suceden a éste el Código de 1982, el de 1944 y finalmente el Código Penal español vigente revisado en 1963. Véase F. Puig Peña, Derecho Penal, Tomo 1 (1969), págs. 81-72.

        Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico (1902), pág. 587.

       De una disposición idéntica consiste la See. 59 del Código Civil de California. West’s Anno. California Code, Civil Code, sec. 59.

       El Tribunal Superior con justa causa podrá dispensar, a instancia de parte, el matrimonio entre parientes de cuarto grado de consanguinidad —primos hermanos. 31 L.P.E.A. see. 234.

       El Art. 559 de nuestro Código Penal, 38 L.P.R.A. sec 11, defini-ción 11, dispone que las palabras y frases se interpretarán según el con-texto y el significado sancionado por el uso común y corriente. (Énfasis suplido.)

       En nuestro ordenamiento jurídico los grados de parentesco se esta-blecen en el Código Civil en sus disposiciones sobre la sucesión intestada. 31 L.P.R.A. sees. 2601 a 2609.
      Al explicar los artículos del Código Español sobre parentesco equiva-lentes a los nuestros, en lo que es pertinente, dice Manresa que el paren-tesco es el vínculo o relación que une entre sí a varias personas, y añade que cuando se establece por la comunidad de origen entre las personas a quienes alcanza por correr en sus venas la misma sangre, por proceder de un tronco o progenitor común; se le llama “natural” o de consanguinidad; puede ser legítimo o ilegítimo y pueden clasificarse, uno y otro en paren-tesco de doble vínculo o de vínculo sencillo. Manresa, Código Civil Español, Arts. 915-919, págs. 94-95 (ed. 1955).
      A los fines de la computación de los grados de parentesco comenta Manresa que “en la línea colateral hay siempre dos ramas, y en ambas han de contarse las generaciones, subiendo en una del causante al tronco común, y bajando en la otra desde ese tronco hasta el que aspira a suceder.” “Así”, dice Manresa, “los hermanos proceden de un mismo padre o madre'; el padre o la madre es, pues el tronco común, de un hermano a su padre media una generación o grado; los hermanos se hallan pues, en segundo grado de parentesco .... Entre tío y sobrino hay tres grados.” (Manresa, ante, págs. 96, 97.)
      La computación en cuanto a los grados de parentesco rige para todas las materias sin excepción según provee específicamente el Código Civil. 31 L.P.R.A. see. 2605. Esto significa naturalmente que a los fines de establecer la relación entre las personas cuyos matrimonios están prohi-bidos por ley se aplica obligatoriamente el método cómputo de los grados contenido en el articulado del Código Civil que hemos explicado.

       Las decisiones de la Corte Suprema del estado de California dictadas con posterioridad a la fecha en que adoptamos de dicho estado nuestro Código Penal tan sólo tienen fuerza persuasiva en esta jurisdic-ción. Véanse, Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 526 (1961); Corretjer v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 754 (1951).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

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text:
    Carmen Eladia Reyes et al., demandantes y recurridos, v. Phoenix Assurance Company y Dr. Hugo Ramírez Torres, demandados y recurrentes.

      Numero: R-71-123

      Resuelto: 16 de octubre de 1972

      Vicente Santori Coll, abogado de los recurrentes; Román & Landrón, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión principal que plantea el presente recurso es si la muerte de la menor María de los Angeles Rodríguez fue causada por la negligencia de un médico o del personal del Dispensario Municipal Borinquen de Santurce, el cual per-tenece al Municipio de San Juan. Plantea además la suficien-cia de prueba para demostrar los daños sufridos por los demandantes.

El tribunal sentenciador expone claramente lo acontecido en sus determinaciones de hechos:

“1 — El día 8 de febrero de 1966 la niña de 7 años María de los Angeles Rodríguez tropezó con otro estudiante en el patio de la escuela donde cursaba estudios primarios. Al sufrir la caída la menor quedó atontada y fue asistida por el conserje de la escuela, Miguel Resto Bermúdez, y por su madre, quien todos los días la llevaba al plantel y la recogía. Al caer la niña se dio un golpe en la cabeza en el lado izquierdo al nivel de la oreja y sufrió una laceración frente a la misma oreja. La maestra le administró los primeros auxilios y ordenó a la madre que llevase a la niña al Dispensario Borinquen de Barrio Obrero. En ese momento la niña estaba medio atontada. La madre tomó un taxi y llevó la niña al dispensario.
2 — Después de esperar un poco en el dispensario, la niña fue pasada por la enfermera a la Sala de Emergencia donde la aten-dió el Dr. Hugo Ramírez Torres. El Médico examinó los oídos de la niña con el otoscopio sin que notara una hemorragia en ellos. También examinó los ojos de la niña con el mencionado instru-mentó, que se convierte en oftalmoscopio, y no notó nada anor-mal. Le palpó el cráneo y no pudo detectar fractura. También hizo la prueba de Babinski que resultó negativa. El médico entendió que no se trataba de nada grave, a base del examen y de la conversación que tuvo con la madre, pero, no obstante, le advirtió rutinariamente a la madre que si observaba vómitos o inconsciencia en la niña la trajera de nuevo. Le recetó tres dosis de penicilina a ser administrada en tres días consecutivos. La primera dosis se administró en ese momento. La enfermera curó el rasguño frente a la oreja con un antiséptico. No se tomaron radiografías del cráneo, que hubieran descubierto la fractura, ni se anotaron los hallazgos negativos del examen. La prueba que tuvo ante sí el tribunal demuestra que esa es la práctica en los dispensarios públicos. Es una práctica deficiente según el testimonio del propio demandado y así también la cali-ficó el perito médico del demandante. La madre se llevó la niña para su hogar.
3 — En la casa la madre notó que su hija no estaba bien. Vomitó esa noche. Al día siguiente la madre llevó a la niña a ponerse la segunda inyección, le dijo a la enfermera lo del vómito y pidió ver al médico pero fue desalentada en su empeño por el personal del dispensario que solo le puso la inyección. Resultado neto fue que por acción y omisión del personal del dispensario no pudo ver al médico. El tribunal entiende que las enfermeras en este segundo día no se percataron de la seriedad de la situación, como debieron y pudieron percatarse y esas actuaciones y omisiones sellaron la suerte de la niña.
4 — Al tercer día la niña volvió a vomitar. Fue llevada de nuevo al dispensario donde la vio otro médico, que se alarmó. Inmediatamente fue llevada al hospital donde se le sacaron radiografías que demostraron que había sufrido una fractura en el cráneo; ya era muy tarde, el estado de coma había sobrevenido y la niña falleció pocas horas después. La autopsia demostró que la causa de la muerte de la menor María de los Angeles Rodrí-guez fue una hemorragia en el espacio epidural cuyo hematoma produjo compresión sobre el hemisferio cerebral izquierdo. En la autopsia no hubo hallazgos de otorragia (hemorragia en el oído). No había evidencia externa de la fractura. En vida pudo haberse descubierto mediante la toma de buenas radiografías. Se trataba de una fractura por separación o dehiscencia en la unión del parietal y la escama del temporal. Esta fractura según el patólogo probablemente produjo la hemorragia de la rama de la arteria meníngea media que se encuentra en ese sitio.”

En base a las precedentes determinaciones de hechos el tribunal concluyó que tanto la negligencia del médico como la del personal del dispensario (fijando en 50% la responsabili-dad del primero y en 50% la de los últimos) fueron la causa próxima de la muerte de la menor.

Los demandados Phoenix Assurance Company y Dr. Hugo Ramírez Torres fueron condenados a satisfacer a los demandantes las siguientes sumas: $20,000 a Carmen Eladia Reyes, madre de la menor; $5,000 a Joaquín Rodríguez, esposo de Carmen Eladia; $2,000 respectivamente a Doña Enriqueta Rodríguez y a Don Alfonso Rodríguez, abuelos de la niña y $2,000 en concepto de honorarios.

El tribunal de instancia concluyó, como cuestión de derecho, que la negligencia del médico consistió en la omisión de tomar una radiografía a la niña al llegar ésta al dispen-sario por vez primera teniendo en cuenta el atontamiento que sufrió la niña al darse el golpe, cuya omisión impidió el diagnóstico correcto; y al no dar instrucciones adecuadas a la madre analfabeta para impresionarla de las consecuencias fatales que podían sobrevenir si no traía “insistentemente y a todo trance” a la atención de un médico cualquier episodio de vómito que sufriera la niña.

En cuanto a la negligencia del personal del dispensario el tribunal de instancia concluyó, como cuestión de derecho, que su actuación había sido negligente al desalentar o impedir que la madre entrara la niña a la oficina del médico del dispensario el día siguiente, después de haberles explicado la madre que la niña había vomitado la noche anterior.

Los demandados-recurrentes señalan' ocho errores. Los primeros cinco impugnan la determinación del tribunal en cuanto a la negligencia del médico y del personal del dispen-sario. El sexto y séptimo cuestionan la suficiencia de prueba demostrativa de los daños y el octavo señala la improcedencia de la suma impuesta en concepto de honorarios.

Por estar los cinco primeros errores interrelacionados pasamos a discutirlos conjuntamente. Hemos sostenido que existe una presunción, rebatible, en casos de responsabilidad profesional médica, al efecto de que el médico ha ejercitado un grado razonable de cuidado y de que la administración del tratamiento al paciente ha sido adecuada. Corresponde al demandante presentar evidencia suficiente para controvertir esta presunción y para ello la prueba debe demostrar algo más que una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento por parte del médico de su obligación profesional. Si la evidencia señala más de una causa probable del daño, no puede imponérsele responsabilidad a éste a menos que del conjunto de la prueba surja que la actuación negligente atribuida a éste es la que con mayores probabilidades la causó. Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890 (1971); Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962). El médico debe tener latitud en el ejercicio de un juicio razonable y no es responsable por un error de juicio a menos que el error sea obvio o sustancial de acuerdo con la práctica prevaleciente en la comunidad. Si el médico ejerce el cuidado y presta la debida atención al diagnóstico del paciente conforme a la práctica profesionalmente aceptable en la comunidad y actúa de acuerdo con las mismas, no incurre en responsabilidad aunque su diagnóstico constituya un error de juicio. Rivera v. E.L.A., supra; Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1968). Ya este Tribunal ha establecido que la práctica profesional de la comunidad, o prevaleciente en la comunidad, cuando ese término se usa como norma contra la cual medir el cuidado ejercido y el tratamiento administrado en un caso específico, no quiere decir la práctica pobre sino la práctica que llena las exigencias profesionales reconocidas, o sea, la práctica aceptable profesionalmente hablando. Pérez v. E.L.A., supra. Lo que constituye una práctica profesional adecuada se determina generalmente a través del testimonio de los expertos médicos. Guzmán v. Silén, 86 D.P.R. 532 (1962); Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819 (1952). Véase: Necessity of Expert Evidence to Support an Action for Malpractice against a Physician or Surgeon, anotación en 81 A.L.R.2d 597.

Tomando las anteriores normas generales como punto de partida examinemos la conducta del médico codemandado en el caso ante nos. El Dr. Ramírez hizo un diagnóstico que resultó luego estar equivocado. Lo que en realidad resultó ser fractura en el cráneo según reveló la autopsia practicada, fue diagnosticado por dicho médico como una simple lacera-ción. Siendo la norma general que un médico no es respon-sable por un error en el diagnóstico siempre que ejerza el cuidado y siga las normas de buena práctica profesional que se practican en la comunidad, según hemos expuesto prece-dentemente, la cuestión ante nos se reduce a determinar si de acuerdo a la prueba pericial, aportada en la evaluación y reconocimiento de la menor el Dr. Ramírez se ajustó a dicha práctica profesional o si por el contrario hubo una desviación de la misma.

Como perito de los demandantes testificó el neurocirujano Dr. Rafael Longo Cordero. El interrogatorio a que fue some-tido dicho perito consistió principalmente de una serie de preguntas hipotéticas basadas en los hechos que las partes intentaban probar. Gran parte de los hechos que luego estimó probados el tribunal de instancia respecto al trata-miento de la niña por el Dr. Ramírez están contenidos en una de dichas preguntas hipotéticas. A base de los hechos que se le pidió que asumiera, que como puede verse son sustancialmente los que estimó probados el tribunal, el Dr. Longo concluyó que no había habido desviación alguna del tratamiento adecuado a suministrarse a un paciente en el estado de la niña afectada. El único elemento que falta en dicha pregunta hipotética y que obviamente fue de gran peso en la determinación del tribunal sentenciador fue la circuns-tancia del “atontamiento” de la menor. Hemos exami-nado detenidamente la transcripción de evidencia en este caso y debemos concluir que el récord está huérfano de evidencia alguna que demuestre que la menor estuviese atontada cuando fue vista por el Dr. Ramírez. El propio Dr. Longo indicó que a pesar de que la niña sufriera los traumas que en efecto tuvo, no necesariamente debía presentar síntomas anormales. Más aún, un estudio del conjunto del testimonio del Dr. Longo demuestra que el atontamiento, contrario a la inconsciencia, no es factor determinante por sí sólo en el diagnóstico.

Es conveniente señalar que la determinación de negligencia como consecuencia de la omisión de tomar radiografías, depende de la necesidad de ella según las circunstancias de cada caso. Véanse, Floyd v. Walls, 168 S.W.2d 602; Bickford v. Lawson, 81 P.2d 216; Ross v. Hatchette, 251 So.2d 820. No puede exigirse que todo golpe en la cabeza requiera la toma de radiografías. El médico debe tener latitud dentro de un juicio razonable. A esos efectos el Dr. Longo opinó que el médico debe tener discreción para decidir si la magnitud del golpe requiere el uso de radiografías. El testimonio del Dr. Ramírez, que fue corroborado por el patólogo Dr. Juan Velázquez, revela que la niña no demostraba evidencia externa de trauma excepto una raspadura de la piel a nivel e inmediatamente delante de la oreja izquierda. No fue hasta abrir las cavidades, que el patólogo encontró evidencia de trauma cráneo-cerebral, la cual no era palpable al examen. El análisis de la prueba demuestra que no había razón para tomar radiografías de acuerdo a la condición que presentaba la niña al ser examinada por el Dr. Ramírez.

El testimonio pericial, y especialmente la contestación del perito a la pregunta hipotética a que hicimos referencia anteriormente, revelaron que las advertencias hechas a la madre de la menor por el médico fueron las apropiadas.

En vista del precedente análisis resolvemos que la con-clusión del tribunal de instancia al efecto de que el Dr. Ramí-rez fue negligente en el tratamiento de la niña María de los Angeles Rodríguez no está sostenida por la prueba presen-tada.

Aunque el Dr. Ramírez no incurrió en negligencia al examinar y hacer el diagnóstico del paciente es conveniente señalar que nos preocupa su omisión de hacer las debidas anotaciones en el récord de la paciente sobre el resultado de las varias pruebas que efectuó y sobre las advertencias que hizo a la madre de la niña en relación con los síntomas que debía observar. Convenimos con el perito médico en que constituye buena práctica el hacer dichas anotaciones en el récord para beneficio de cualquier otro médico que tuviese que intervenir en el caso posteriormente. En esa forma puede seguirse la trayectoria de la dolencia o enfermedad, facilitando la evaluación de los cambios habidos entre un examen y otro. Como resultado de esto el paciente queda protegido.

Aunque la falta de dichas anotaciones en el récord no necesariamente constituye negligencia per se, dicha omisión puede ser un factor a considerarse en la credibilidad que el médico merezca al tribunal con respecto al tratamiento que dio al paciente. La clase médica puede protegerse contra algunos pleitos injustificados con un récord médico completo y adecuado.

Por la importancia que ello tiene nos parece propio señalar que las entidades pertinentes deben hacer un esfuerzo tendiente a que los récords de hospitales y dispensarios sean llevados en forma uniforme y que en los mismos se anoten las pruebas o exámenes que los médicos lleven a cabo así como los resultados de lo's mismos, aun si éstos fueren negativos, como también las advertencias u observaciones que se le hagan a los pacientes o a sus familiares. Ello puede ser tan importante como el tratamiento a que son sometidos los pacientes. Sobre el contenido de récords médicos y sobre la necesidad de que los mismos sean llevados adecuadamente, véase: Hayt & Hayt, Legal Aspects of Medical Records, 1964, cap. 1, pág. 1; University of Pittsburg, Health Law Center, Hospital Law Manual, Medical Records, pág. 1; Chayet, Legal Implications of Emergency Care, 1969, pág. 54; Louisell and Williams, Medical Malpractice, Vol. I, pág. 183 et seq.

Lo dicho no dispone del presente recurso. Resta por determinar la alegada negligencia de los otros empleados del dispensario. Surge del testimonio de la madre de la menor y de las determinaciones de hecho del tribunal que luego de ver al Dr. Ramírez la niña vomitó por la noche. Al día siguiente la madre llevó a su hija al Dispensario Municipal Borinquen a ponerle la segunda inyección que le había recetado el Dr. Ramírez e informó a las enfermeras que su hija había vomitado. No surge con claridad de su testimonio que ella insistiera en ver al médico. Tampoco surge que ella llamara la atención a las enfermeras de que el médico le había advertido sobre la importancia del vómito, sino por el contrario alega que el médico no le había hecho advertencias de clase alguna. Tampoco contenía el récord médico indicio alguno de que la condición de la niña podía revestir seriedad. Por el contrario, el récord demostraba que la niña había tenido sólo una laceración de la cual fue curada, y por ello el médico sugirió una inyección anti-tetánica y tres dosis de penicilina. No había nada en el récord que alertara las enfermeras. Tampoco hay evidencia de que la niña, en ese ■ segundo día, demostrara anormalidad alguna. La imprecisión del testimonio de la madre al respecto de que no la dejaron pasar a ver al médico, unido al hecho de que las alegaciones de la demanda imputan exclusiva negligencia al médico, debilitan la posición de la parte demandante quien viene obligada a probar su caso por la preponderancia de la evidencia. En nuestra opinión no fue probada negligencia alguna de las enfermeras.

A pesar de la conclusión a que hemos llegado, aprove-chamos la ocasión que nos presenta este caso para advertir a las enfermeras que rinden servicios en los dispensarios u hospitales que éstas no deben atribuirse las facultades de los médicos. Estamos obligados a censurar la práctica de que aquéllas asuman tales facultades a espaldas de éstos. Su obligación hacia el paciente y con el médico es llamar la atención a éste de los síntomas o quejas de aquéllos. Los pa-cientes se merecen el cuidado esmerado y responsable de las enfermeras de dichas instituciones. En muchas ocasiones la enfermera es el único medio de comunicación entre el médico y el paciente. No puede permitirse que el paciente quede exclusivamente a merced de los caprichos o deseos de las enfermeras.

En vista de las conclusiones a que hemos llegado se hace innecesario considerar los otros errores levantados por la parte demandante.

Se revocará en todas sus partes la sentencia recurrida.

El Juez Asociado, Señor Hernández Matos, disintió. El Juez Asociado, Señor Torres Rigual, concurrió en el resultado.

       El Municipio de San Juan nunca fue demandado en el caso de autos. Los abogados de dicho municipio, sin embargo, comparecieron en representación del co-demandado Dr. Hugo Ramírez Torres por la reclama-ción que excede la cuantía de la póliza expedida por la codemandada Phoenix Assurance Company aunque hubo una comparecencia de los abogados del Municipio en representación de éste, la misma fue retirada posteriormente por dichos abogados, confirmándose ésta por resolución tribunal.

       En dicha pregunta se le pidió al Dr. Longo lo siguiente: “¿ . . . asuma que esta niña de siete años sufrió una caída, sufrió un golpe en la cabeza, no sufrió inconcieneia, la llevaron al dispensario médico por la mañana, el doctor la ve en el dispensario esa mañana, la niña no está desorientada, no se queja de dolor de cabeza ... no tenía vómitos ni náusea, estaba actuando normal ante el médico. Se le hace examen del oído con otoscopio y está normal, se le hace examen de reflejos y es nega-tivo, se le hace examen de la pupila y también es negativo y entonces se le nota una laceración en la oreja, se le lava, se le da tratamiento para la herida y se le manda a la casa con la madre, se le apercibe de que si tiene vómitos, si se ve soñolienta, dolor de cabeza, que inmediatamente la lleve nuevamente al dispensario. Asuma que lo que se vacía en el récord médico es esta información que aparece en esta hoja que le estoy mostrando en estos momentos, que es el Récord Médico de la Sala de Emergencia, asuma además, doctor, que a los dos días la llevan a la niña al Hospital Municipal en estado de emergencia y en estado ‘de inconsciencia y la niña muere debido a un hematoma epidural, le pregunto si a base de esa información, de esos hechos, si en su opinión ha existido una desviación en el tratamiento adecuado a suministrarse a un paciente en ese estado en que fue atendida?
      “R Basándome en eso no, no ha habido desviación ninguna.”

      E1 tribunal concluyó que la menor quedó atontada inmediatamente después del golpe pero no hace determinación alguna en cuanto a si en el momento en que el médico la vio existía dicha condición. Y, aunque concluye que dado el atontamiento de la niña se le debió haber tomado radiografías, no hay prueba - que sostenga dicha conclusión.

       Por el contrario, el Dr. Ramírez testificó que la madre le había indicado que la niña no había perdido el conocimiento y que traía la niña a instancia de la maestra porque ella no le notaba nada. Además, las determinaciones de hecho del juzgador son al efecto de que “el médico entendió que no se trataba de nada grave, a base del examen y de la conversación que tuvo con la madre.”


author: El Juez Asociodo Señor Ramírez Bages Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Felipe Pérez Díaz, etc., demandante y recurrido, v. Hato Rey Building Company, demandado y recurrente; Elmer Valladares, co-demandado y recurrido.

      Número: R-69-202

      Resuelto: 17 de octubre de 1972

      Emilio De Aldrey, Polo, Rivera Mercado & Lasa y Ulpiano Falcón Matos, abogados de la recurrente; Ernesto Juan Fon-frías y Enrique Leo Henríquez, abogados de los recurridos; José H. Picó, abogado del co-demandado recurrido.
   El Juez Asociodo Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es si la recurrente, Hato Rey Building Company, una contratista de obras, es responsable de los daños causados a un niño al ser éste arro-llado por un camión del co-demandado-recurrido, Elmer Valladares, conducido por Juan Oquendo, mientras trans-portaba relleno para dicha recurrente.

Contrario a lo resuelto por el tribunal de instancia, con-cluimos que bajo las circunstancias de este caso, Oquendo, no era un empleado de la recurrente al ocurrir el accidente y, por lo tanto, ésta no es responsable de los daños al menor que causó la actuación negligente de dicho conductor. A continua-ción exponemos los fundamentos en que basamos esta conclu-sión.

La cuestión gira primordialmente alrededor de los hechos del caso según aparecen de la prueba aducida. Es por lo tanto necesario relacionar los hechos pertinentes en todos sus detalles.

La Hato Rey Building Company, la recurrente, se dedi-caba a la preparación de terrenos para fines de urbanización. El demandado recurrido, Elmer Valladares, era dueño de un camión Mercury que conducía Juan Oquendo. Concluyó el tribunal de instancia que:

“4. — Para la fecha del accidente, 20 de diciembre de 1968, el camión se dedicaba a cargar relleno para Hato Rey Building Company. Hato Rey Building Company pagaba a Valladares de acuerdo con el número de metros cúbicos de relleno que trans-portase el camión durante el día. Valladares le pagaba al chófer y asimismo pagaba los gastos de mantenimiento y operación del camión.
Hato Rey Building Company fijaba la ruta que debería seguir el chofer del camión en el acarreo del relleno. El chofer no podía abandonar esa ruta. Asimismo señalaba el sitio donde se iba a trabajar en cada día en particular. Fijaba la hora de entrada al trabajo por la mañana y la hora de salida en la tarde. Determinaba también la hora de almuerzo y asimismo también fijaba en que momento durante la mañana se detenía el trabajo por un cuarto de hora para que los operarios pudiesen tomar café. Si el chofer faltaba o llegaba tarde era sustituido y entonces tenía que esperar que se presentase una nueva opor-tunidad para conseguir trabajo.
5. — En la tarde del día 20 de diciembre de 1968 el menor Roberto Eduardo Pérez de Jesús se encontraba hablando con Manuel Torres Huertas en el paseo de la carretera que conduce al Cementerio Nacional. Mientras allí se encontraba fue arro-llado por el camión antes descrito, sufriendo las lesiones que más adelante se describen.”

Como cuestión de derecho concluyó el tribunal de instancia que:

“III. — Dado el grado de control y dominio que Hato Rey Building Company ejercía sobre los movimientos del camión envuelto en este caso, ni Elmer R. Valladares ni el conductor Juan Oquendo pueden ser considerados como contratistas inde-pendientes. Se trata más bien de un camión alquilado fijándose el canon de arrendamiento por la unidad de trabajo realizada. Aunque el chofer del camión, era pagado por Elmer R. Valla-dares éste estaba bajo el completo control y dominio de Hato Rey Building Company, por lo que existía una- verdadera relación de patrono y empleado entre esta empresa y el chofer del camión.”
En tal virtud el tribunal de instancia en su sentencia declaró con lugar la demanda y la demanda de coparte, con-denando a la recurrente y a Valladares a pagar los daños causados al menor los que fueron estimados en $10,000 más $500 de honorarios de abogado y condenó a la recurrente a rembolsar a Valladares cualquier suma que éste venga obli-gado a pagar como consecuencia de dicha sentencia.
No conforme con dicha sentencia, la Hato Rey Building Company recurrió ante nos apuntando que el tribunal de instancia incidió al concluir que en la fecha del accidente el camión en cuestión estaba siendo utilizado más bien como un camión alquilado “cuando la prueba demuestra que Valla-dares en ese momento era un contratista independiente.”

La prueba demuestra otros elementos de la relación de las partes en cuestión a los que el tribunal de instancia no hizo referencia específica en sus conclusiones pero que hay que considerar a los fines de determinar si de acuerdo con el Art. 1803 del Código Civil en vigor Oquendo se había convertido, en efecto, en un empleado de la recurrente al ocurrir el accidente. Estos elementos son los siguientes:

(1) El dueño del camión decidía en qué proyecto iba a trabajar el camión. Si quería llevarlo a otro proyecto podía hacerlo.

(2) La recurrente no disponía del camión de Valladares como lo hacía de sus propios camiones.

(3) Sólo existía una ruta disponible para transportar el relleno en cuestión de manera que en efecto la recurrente no designaba la ruta que debía seguir el camión.

(4) La recurrente no le exigía al camionero un número específico de viajes diarios ni que acarreara un número espe-cífico de métros cúbicos de relleno.

(5) La recurrente tampoco podía utilizar el camión para otro uso que no fuera el acarreo de relleno.

(6) Valladares testificó que Oquendo era conductor suyo; que no trabajaba para la recurrente; que él, Valladares, le daba el camión a Oquendo “al por ciento” pudiendo éste trabajar a su discreción donde quisiera; podía cargar arena, piedra, donde él mejor beneficio obtuviera; que cuando Oquendo quería tomar vacaciones o se enfermaba entregaba el camión o buscaba otro conductor que lo remplazara o Valla-dares “podía poner otro chofer y seguir recogiendo tierra.”

Con respecto a la sustitución del camión (el tribunal de instancia erróneamente hizo referencia a la sustitución del conductor) cuando faltaba o llegaba tarde el conductor al lugar de trabajo designado por la recurrente, la prueba fue la siguiente:

“P. Si un camionero faltaba un día, podía volver al otro día a trabajar?
R. Si no se había sustituido el camión él venía, si se había cogido otro camión para reemplazarlo, pues tenía que irse hasta que hubiera una nueva oportunidad.
P. O sea, si él faltaba un día o más de un día el poder volver a trabajar dependía de si no había conseguido otro. Si hacía falta el camión de él o no; si hacía falta volvía y seguía trabajando.
R. Sí, señor Juez, exactamente.”

La disposición del presente recurso depende, en consecuencia, de una determinación a los efectos de si existía o no al momento del accidente una relación de contratista independiente entre la Hato Rey Building Company y Elmer R. Valladares o Juan Oquendo, ya que un propietario, por regla general, no responde por los actos negligentes de un contratista independiente ni de un empleado de éste. Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782 (1952); Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552, 561 (1969). Para determinar si las relaciones entre dos partes de un contrato de servicios son de patrono y empleado o de principal y contratista independiente se ha recurrido invariablemente al criterio de la retención de control. Mariani v. Christy, supra, Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963); Sierra Berdecía v. Pedro A. Pizá, Inc., 86 D.P.R. 447 (1962). Así se estableció en Mariani, supra, en cuyo caso se dijo a las págs. 798-799:

“El criterio más importante se refiere al control que se pueda reservar al patrono sobre el trabajo. Independientemente de si se ejercita o no, lo importante es la existencia del derecho o la autoridad para intervenir o controlar, que convertiría la otra persona en empleado y no en contratista independiente, al igual que es importante determinar si las instrucciones dadas tendrían, que ser obedecidas. Ese mismo control puede ser ejercitado en distintas formas, y la relación entre las partes se podría determinar por la forma en que se ejercite ese control a la luz de las circunstancias de cada caso. Si se controlan los medios y la manera de hacer el trabajo, la persona a cargo de la labor sería un empleado y surgiría la relación de contratista independiente cuando la persona que haga el trabajo está sometida a la voluntad del patrono solamente en cuanto al resultado pero no en cuanto a los medios y manera de cumplimentarlo. La retención por el dueño del derecho de inspeccionar y supervisar es compatible con el status de contratista independiente. El control de los trabajadores que realizan el trabajo manual es un elemento importante, pero si el dueño se reserva el derecho para despedir a los empleados de un supuesto contratista, ello implica que este último no es independiente. Además, es importante determinar si el dueño suministra los trabajadores y el equipo ■para hacer el trabajo, aunque ello no es decisivo. En cuanto al pago surge la relación de contratista independiente cuando el contratista se obliga a hacer el trabajo en su totalidad a base de una suma específica, y cuando su remuneración se computa con referencia a la cantidad de trabajo realizado por él. Sin embargo, el hecho de que el pago se verifique sobre la base de cantidad de trabajo no implica de por sí que exista la relación de contratista independiente cuando el resto de la evidencia demuestra que la persona utilizada es un empleado. La identidad de la persona que paga los empleados es una circunstancia a ser considerada, aunque no se puede ignorar la posibilidad de que una persona haga los pagos a los fines de obtener un reembolso posterior. Otro elemento importante se refiere al poder de terminar el contrato en cualquier momento ya que de existir tal poder la persona utilizada no sería un contratista independiente. También es posible que una persona sea un contratista indepen-diente para ciertos fines y que al mismo tiempo sea un empleado de la otra persona para otros fines, y la decisión dependería en cuanto a cuál sería la situación en el momento en que se produce el daño.”

Tales principios no son sino una elaboración in extenso del pronunciamiento hecho posteriormente en Landrón, supra, a la pág. 102, de “. . . que el enfoque correcto es considerar el conjunto de circunstancias, pues salvo en raras ocasiones, no puede establecerse con certeza infalible una tajante distinción entre el empleado y el contratista independiente. Normalmente en esta clase de relaciones se acusan indistintamente características de una y otra clasificación. Es por eso que es preciso recurrir al análisis de todas las circunstancias, para lograr formar el juicio que se acerque más a la realidad.”

En la determinación específica de si el operador de una máquina o vehículo arrendado va a obligar con sus actos negligentes al arrendador o al arrendatario del equipo, los tribunales en las jurisdicciones norteamericanas han considerado los siguientes factores: el derecho a seleccionar el operador; el derecho a despedirlo (y a éste se le ha dado gran peso); el derecho a supervisar y dirigir no meramente el trabajo a realizarse, sino el método por el cual ha de realizarse y la manera en que el operador es pagado, si por el arrendador directamente, por el arrendatario indirecta-mente a través del arrendador (el primero compensando al segundo por el sueldo del operador), o por el arrendatario directamente. Liability Under Respondeat Superior Doctrine for Acts of Operator Furnished With Leaded Machine or Motor Vehicle, 17 A.L.R.2d 1388 (1951).

La prueba en este caso no demuestra que la recurrente ejerciese tal grado de dominio sobre el conductor del camión al extremo de que se justificase concluir que en efecto era su empleado. Los únicos elementos de tal dominio eran la fijación de los sitios de carga y descarga y las horas de tra-bajo. Pero es que a los fines de que Valladares y su conductor Oquendo pudieran dar el servicio de acarreo contratado era indispensable que la recurrente le informase de tales sitios y horas. En cuanto a la ruta, en realidad la recurrente no la fijó pues en el momento del accidente en lugar de haber rutas alternas del lugar de carga al de descarga sólo existía una la cual Oquendo necesariamente tenía que utilizar. Por el con-trario, la prueba demuestra que Valladares recibía de la recurrente el precio convenido por el servicio de acarreo que su camión prestaba a aquélla, y Valladares a su vez pagaba al conductor del camión la participación convenida por sus ser-vicios después de deducir los gastos de gasolina y otros gastos de mantenimiento del vehículo. El convenio del servicio de acarreo era tan informal que cualesquiera de las partes podía terminarlo en cualquier momento y, además, lo reanudaban a la conveniencia de cualesquiera de ellas.

No es posible aceptar, a nuestro juicio, la tesis de control que incorporan los casos de H. E. Wolfe Const. Co., supra, y Western Express Co., supra, ya que el Art. 1803 de nuestro Código Civil requiere una relación de patrono y empleado entre el empresario y el causante del daño. El tribunal inferior responsabilizó a la Hato Rey Building Company fundándose en que se trataba más bien de un camión alquilado que de una relación de contratista independiente. El hecho de que se trate de un camión alquilado, sin embargo, no establece, ipso jure, la responsabilidad del arrendatario. Meramente establece, distinto a otras jurisdicciones previamente señaladas, una presunción juris tantum, de que el conductor es empleado o agente del arrendatario y de que actuaba en el curso del desempeño de sus atribuciones si, como en el presente caso, en el momento del accidente el camión era usado en relación con los negocios del arrendá tario. Rodríguez v. Pérez, 65 D.P.R. 683 (1946). La prueba desfilada en el presente caso, sin embargo, destruyó esa presunción.

Las circunstancias del caso son distinguibles de las de Rodríguez v. Pérez, supra, pues en éste el dueño del vehículo sólo suplía el vehículo el cual conducía un empleado del con-tratista. También se distingue del de Hernández v. De Jesús, 70 D.P.R. 1 (1949), pues allí el arrendatario del camión con-ducía el vehículo cuando ocasionó el accidente. Por razones obvias así mismo es distinguible el caso de Pereles v. Ongay Garage Radio Co., 60 D.P.R. 8 (1942).

Nuestra conclusión encuentra apoyo en los casos de González v. San Luis Transport Co., 77 D.P.R. 942 (1955) y Colomé v. Guánica Centrale, 16 D.P.R. 466 (1910).

En Jesús Rivera v. Víctor Cruz y Amrex Construction Co., R-63-155, Sentencia de 15 de febrero de 1965, bajo cir-cunstancias similares a las del caso que nos ocupa, concluimos que el contratista no era responsable de la negligencia del chófer de un camión de una empresa que contrataba la carga de piedras desde la cantera del contratista supliendo la empresa a esos efectos el camión y su conductor.

Por las razones previamente relacionadas debe revocarse en parte la sentencia y a esos efectos debe desestimarse la demanda así como la demanda de coparte en tanto en cuanto responsabilizan a la recurrente por los daños sufridos por el menor en cuestión así como por el pago de honorarios de abogado. Así modificada la sentencia, debe confirmarse.

El Juez Asociado, Señor Rigau, emitió opinión concu-rrente. El Juez Asociado, Señor Torres Rigual, concurre en el resultado.

—0—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau

San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 1972

Concurro con el resultado. El caso es muy fronterizo. Compárense las determinaciones de hechos del tribunal de instancia en este caso y lo dicho por nosotros en Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782, 798-799 (1952) y en Landrón v. Junta, 87 D.P.R. 94, 102 (1963). Por eso me reservo la opción de expresarme sobre esta situación en una oportunidad futura.

Creo que desde el punto de vista social en una situación como ésta, que envuelve la responsabilidad civil de los dueños y operadores de camiones, cabe preguntar si ese riesgo tan considerable y diario en que esos camiones ponen a la pobla-ción debe estar o no cubierto obligatoriamente, ya sea por exigencia de la ley o de la Comisión de Servicio Público, mediante una póliza económicamente adecuada.

En ausencia de una protección como esa, al elaborar nuestra jurisprudencia sobre este asunto tendremos que considerar esos factores que he mencionado y colocar la res-ponsibilidad donde debe recaer. Probablemente dicha respon-sabilidad debe situarse primariamente en los dueños y opera-dores de los camiones y en su defecto en la industria de la construcción que es la que directa o indirectamente pone diariamente esa flota de camiones en movimiento por nuestras calles y carreteras. Comprendo que dicho riesgo es uno inevitable para que la industria de la construcción pueda funcionar —por lo menos dentro de la presente tecnología — pero el mismo es minimizable conduciendo los camiones con sumo cuidado. De todas maneras, dicho riesgo no debe continuar descubierto.

       El párrafo cuarto del Art. 1803 (31 L.P.R.A. see. 5142) dispone que:
      “Lo son igualmente [responsables] los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.”

       “Un empleado que es instruido por su patrono para que rinda servicios a otro puede convertirse en el empleado de este otro al prestarle los servicios. Puede convertirse en el empleado del otro con respecto a determinados actos y no en cuanto a otros actos.” Restatement of Agency, 2d, Sec. 227 (1958).

        H. E. Wolfe Const. Co. v. Fernsner, 58 F.2d 27 (4th Cir. 1932), sin embargo, acepta como criterio indicativo de control suficiente por parte del arrendatario, el hecho de que éste o sus agentes dirigían la carga y descarga del camión en los puntos inicial y final de la ruta, pese a que el arrendador, quien recibía un precio acordado por cada carga de material, proveía los camiones con operadores, se ocupaba de la reparación y del mantenimiento de los camiones y pagaba y ejercía el poder de despedir a los operadores. Dobson v. Baxter Chat Co., 85 P.2d 1 (Kansas 1938), da especial énfasis al hecho de que el dueño de los camiones no fue contratado para realizar determinado número de viajes de carga, sino que era pagado por aquellos que realizase, razón por la cual se dice que no era un contra-tista independiente, ya que éste es aquél contratado para realizar un trabajo determinado (a certain piece of work). Es decir, que el patrono tenía un derecho no restringido a terminar el empleo. También Western Express Co. v. Smeltzer, 88 F.2d 94 (6th Cir. 1937), cert. denegado 302 U.S. 698, impone responsabilidad al arrendatario pese a que el arrendador pagaba al operador, que no había órdenes de agente alguno del arrendatario durante el arrastre y que el pago se hacía por el viaje. Enfatiza el tribunal el hecho de que el operador cargaba exclusivamente para el demandado, que éste fijaba la hora para realizar el arrastre y supervisaba el método por un sistema de informes escritos, que “permitía” al operador seguir una de dos rutas y que indicaba la carga, la hora para tomarla, el procedimiento y la ocasión para el regreso.
      A los principios así resumidos es preciso añadir que lo importante no es el ejercicio real del control, sino la determinación de dónde radica el derecho a controlar el empleado. Southern Cement Co. v. Patterson, 122 So.2d 386 (Ala. 1960); Dobson v. Baxter Chat Co., supra. Se presume que al manejar y operar el vehículo alquilado, el operador permanece sujeto al control y es empleado del arrendador para quien realiza dicho trabajo regularmente pero esta presunción es controvertible. Antonelly v. Adam, 221 N.W. 716 (Minn. 1928). Véanse, también, Malifski v. Indemnity Ins. Co. of N.A., 135 F.2d 910 (4th Cir. 1943); Baltimore Transit Co. v. State, 40 A.2d 678 (Md. 1945); Pennsylvania Smelting & Refining Co. v. Duffin, 70 A.2d 270 (Pa. 1950). Pero, véase, Rodríguez v. Pérez, infra.

       Valladares no descontaba seguro social a los conductores de sus vehículos por considerarlos camioneros independientes.

       Véase la monografía de Rafael Vizcarrondo, titulada Responsabilidad Extracontractual del Arrendatario por Daños Causados por Vehí-culos o Máquinas Arrendadas de un Contratista Independiente, 23 Rev. C. Abo. 161 (1962-63).


author: El Juez Asociado Señor Hernández Matos Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Martín

text:
    Olga Iris Pérez, demandante y recurrente, v. José Acevedo Quiñones, demandado y recurrido.

      Número: R-69-118

      Resuelto: 20 de octubre de 1972

      Néstor A. Rodríguez Escudero, abogado de la recurrente; José Ver ay, Jr., abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Matos

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, dictó sentencia desestimando la demanda instada por Olga Iris Pérez contra su padre José Acevedo Quiñones, en pleito de filiación.

La prueba de la actora consistió en su testimonio y el de su señora madre, Gregoria Pérez Moreno.

Doña Gregoria declaró que vive en el Barrio Ensenada de Rincón desde que nació; que empezó a vivir maritalmente con el demandado en abril de 1942, naciéndole una hija, producto de estas relaciones, el 8 de febrero de 1943 y quien es la demandante Olga Iris Pérez; que el demandado la ayudó para el parto, dándole dinero para la comadrona y después del nacimiento de la niña, ella y el demandado continuaron sus relaciones hasta que ella empezó a pedirle el apellido para su hija, entonces él se retiró; que cuando el demandado creyó que a ella se le había olvidado “eso” volvió a “rondear” su casa y siempre ayudaba a la niña dándole dinero para vestirla.

Manifestó también que cuando comenzó a vivir con el demandado, hacía cuatro años que estaba sola y durante el tiempo que vivió con él no vivió con otro hombre; que él la visitaba dos o tres veces en semana en su casa, donde vivía con sus otros hijos y tenían relaciones sexuales. Al pregun-társele si tenía alguna duda que la demandante es hija del demandado, contestó: “porque voy a tener duda, si es mi hija, nació de mí y del señor José Acevedo, porque voy a tener duda.”

En contrainterrogatorio declaró que tiene ocho hijos; la demandante; cinco hijos de su matrimonio con Miguel Mar-tínez; y otros dos producto de sus relaciones con Alfredo Guay, con quien vivió sin casarse en 1937 y 1939. Los dos hijos que tuvo con Guay están reconocidos.

Conocía a José Acevedo Quiñones desde que ella tenía como diez años. Ya él estaba casado con una mujer llamada Sara. No fue hasta abril de 1942 que ella comenzó a vivir con él, quedando encinta como desde el mes de mayo de ese año. Su comadrona fue Juana Bonet, quien a la fecha de la vista tenía alrededor de tres años de fallecida.

Desde que nació la niña comenzó a pedirle el apellido para ésta. A él le daba coraje y se iba, pero luego regresaba y con-tinuaban sus relaciones. No tuvo más hijos del demandado pues después del nacimiento de la niña utilizaron contracep-tivos. Cuando Olga Iris tenía como tres años y medio, ella lo llevó a la corte. En 1947 cuando la niña tenía como cuatro años, como ella continuaba pidiéndole el apellido, el deman-dado “cogió coraje” y se fue definitivamente. Cuando la de-mandante tuvo seis años, comenzó a ir a la escuela y el demandado le pasaba alimentos. Para esa época fue que le in-formó a su hija que el demandado era su padre, “cuando ya tenía conocimiento, que ya podía saber.”

A la fecha del juicio, sus otros hijos se encontraban en Nueva York. Aunque sus vecinos sabían que el demandado vivía con ella, no vinieron a declarar porque “están muertos y otros están embarcados y el que iba a venir está con una fatiga que por eso no pudo venir.”

La demandante declaró que a la fecha del juicio estaba casada, tenía 26 años, y vivía en el Barrio Ensenada de Rincón; que vivió con su mamá, Gregoria Pérez, hasta la edad de quince años. Conoce al demandado y supo que era su padre desde la edad de seis años; que cuando su mamá la llevaba para la escuela, vio al demandado y le dijo a ella “mira, ese es tu padre”; que fue donde el demandado y le pidió la bendi-ción ; el le echó la bendición y le pasó la mano por la cabeza; a cada rato que iba al pueblo, lo veía y hablaba con él, le pedía la bendición y él se la echaba; que a veces le pedía un centavo o dos para dulces y él le decía: “Ahora no tengo pero mañana te lo doy.”, y al otro día se los daba; que una vez le llegó a dar hasta tres o cuatro dólares para zapatos; nunca vio que le diera dinero a otros muchachos, sólo a ella. También mani-festó que cuando ella se casó no fue donde él.

En su repregunta declaró quería última vez que él le echó la bendición fue cuando ella estaba como en séptimo grado, pues ya después ella no se la pedía. Anteriormente él la cogía de la mano al salir de la escuela y le decía: “Dios te bendiga y coge la orilla que no te pase nada.” Cada vez que su madre veía al demandado le decía a ella que él era su padre, que le pidiera la bendición. Nunca le dijo papá, y nadie que no fuera su madre le dijo que ése era su padre, pero recuerda que cuando ella era pequeña el demandado siempre iba por su casa.

El demandado José Acevedo Quiñones, muñí cipe de Rin-cón, declaró que conocía a la demandante y a doña Gregoria. Negó que Olga Iris fuese su hija y que viviese en ocasión alguna con doña Gregoria, que nunca le echó la bendición a la demandante ni le ha dado dinero; que en 1947 doña Gregoria lo llevó a la corte por abandono de menores y salió absuelto y que desde la fecha del juicio, ni la demandante, ni su madre le han requerido para que la reconozca.

En el contrainterrogatorio declaró que vive en la calle Sol de Rincón que colinda con el Barrio Ensenada, en el cual vive doña Gregoria. Viven como a tres kilómetros uno del otro. El se dedicaba a la agricultura y al comercio. Tenía su finca como a 15 ó 20 hectóirietros de la casa de doña Gregoria. Sabía exactamente donde ella vivía y que le decían “Goya”. El no sabe por qué doña Gregoria se antojó de denunciarlo a él ante el Tribunal de Distrito, por Abandono de Menores. Como vivían en el mismo barrio hablaba con ella y “podría ser que en alguna época ella pasara y me dijera adiós o qué pasa, como que la conocía yo.” Él nunca se detuvo en la casa de ella pues él siempre estaba en su comercio. Para 1942 cerraba a las 6 de la tarde y se quedaba sacando cuentas. A las nueve de la noche estaba acostado en su casa. No salía pues siempre ha sido hombre de su casa. Tiene diez hijos y se ha casado tres veces.

En sus conclusiones de hecho el juez de instancia expresa que la prueba de la parte demandante no fue satisfactoria ya qué no hubo corroboración alguna del testimonio de doña Gregoria sobre la supuesta relación de concubinato con el demandado, y que habiendo admitido la testigo que las rela-ciones sexuales entre ambos eran esporádicas y se llevaban a cabo en su propio hogar donde residía con sus siete hijos ninguno de dichos hijos compareció a testificar, alegándose que todos son residentes de la ciudad de Nueva York.

Resultó “significativo” para el juzgador que doña Gregoria esperase hasta que su hija tuviese más de cuatro años para instar la acción penal cuando, según su propia declaración, el demandado “se retiró”, al solicitarle ella su apellido para la niña y tan sólo muy ocasionalmente le daba $3.00 ó $4.00 para ropa y zapatos de ésta.

El juez de instancia concedió mucho peso al hecho de que vientiún años después de la sentencia absolutoria del deman-dado en el caso de Abandono de Menores es que se insta la acción filiatoria. Confundió lamentablemente quién era la parte demandante en el caso. En la determinación de hechos cuarta se expresa así: “4 — Veintiún años más tarde se instó la presente Acción de Filiación. La causa de la demora no fue explicada. En el contrainterrogatorio admitió la demandada [sic] que muchos de los vecinos que supuestamente tenían conocimiento de la relación de concubinato entre ella y el demandado habían fallecido. Eso incluía la comadrona que atendió el parto de su hija, a quien alegadamente el deman-dado había dado dinero para dicho parto, y quien falleció hace tres años.”

“Tanto la demandante como su hija han residido durante casi toda su vida en el pueblo de Rincón, Puerto Rico y no ha existido impedimento alguno para no haber ejercitado la pre-sente acción en fecha anterior.”

Concluye que “En el presente caso no se ha probado satis-factoriamente la paternidad de la demandante, concediendo el Tribunal entero crédito a la declaración del demandado.”

Desde Ocasio v. Diaz, 88 D.P.R. 676 (1963) todo lo que se requiere para hacer una declaración judicial del status de hijo es la comprobación del hecho de la paternidad natural o biológica, sin importar la fecha ni demás circunstancias del nacimiento, bastando que dicha paternidad se pruebe satisfactoriamente, bajo las normas usuales de evidencia, de acuerdo con la preponderancia de las pruebas y conforme a conclusiones que, tomando en consideración las circunstancias concurrentes en el caso, representen el balance más racional, justiciero y jurídico en la resolución del pleito.

Es norma básica de la Ley de Evidencia que la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito, es prueba suficiente de cualquier hecho. Para desestimar la demanda el juez de instancia le concedió entero crédito al testimonio del demandado y consideró que la demandante no había probado satisfactoriamente la paternidad. De sus conclusiones manifiestamente surge que las circunstancias que así inclinaron su ánimo fueron: (a) su firme y positivo criterio, expresado en términos y sentido jurídicos, de que era necesaria la corroboración del testimonio de doña Gregoria; (b) su estimación de que la filiación era tardía y (c) su aparente confusión en cuanto a quién es la parte demandante; las relaciones sexuales esporádicas entre Doña Gregoria y el demandado; la espera por parte de la madre hasta que su hija tuvo cuatro años de edad para denunciar al demandado por abandono de menores, y luego de la denuncia, la espera de veintiún años para instar la presente acción; el hecho de que el demandado le daba muy ocasionalmente tan sólo $3.00 ó $4.00 para ropa y zapatos de la niña; y, que el demandado era un comer-ciante próspero de la localidad y doña Gregoria no tenía otros bienes de fortuna.

Precisamente todo esto es lo que nos inclina más a creer en el testimonio sencillo y honesto de doña Gregoria y su hija, que en el del demandado. Primeramente hay que considerar que la ley, como ya antes indicamos, no requiere corroboración del testimonio de los testigos en este caso. El solo testimonio de doña Gregoria es suficiente para probar la paternidad.

Luego debemos considerar que la demanda no fue pre-sentada por doña Gregoria, sino por su hija. A ésta última es a la que le pertenece el derecho de demandar reclamando su filiación. La demandante no incoó la demanda tardíamente ya que el Art. 126 del Código Civil dispone que las acciones para el reconocimiento de hijos naturales, solo podrán ejer-citarse en vida del presunto padre, o un año después de su muerte. Nada tiene que ver el hecho de que esperase veintiún años desde que su madre denunciara a su presunto padre por abandono de menores. No se debe penalizar a la demandante por los actos de otros. La acción es de ella, no de su madre y la radicó en tiempo. No tenía que dar explicaciones de por qué decidió demandar cuando lo hizo.

Tampoco puede perjudicarla el que doña Gregoria esperara hasta que ella cumpliese cuatro años para denunciar al presunto padre por abandono de menores. En primer lugar, nada tiene que ver en derecho esta denuncia de 1947 con la demanda de filiación de 1968 y, en segundo lugar, este hecho escueto no debe necesariamente implicar sospechas adversas a la paternidad. Este caso en particular surgió cuando la niña tenía cuatro años. Según el testimonio de doña Gregoria fue para ese tiempo que el padre demandado se retiró definitivamente, y no es ilógico suponer que una vez desligado de la madre se olvidara de su obligación para con su hija.

De autos claramente se desprende que en la evaluación de las pruebas de la parte demandante la Sala sentenciadora actuó a base de criterios valorativos adversos a ella y mani-fiestamente erróneos; empero, respecto al testimonio del padre demandado, no hizo lo mismo. Si bien manifestó que le daba entero crédito a tal testimonio, no dijo que se lo negaba a los prestados por la demandante y por su señora madre. Nece-sariamente, no tenemos también que entender, en el presente caso, que no los creyó. Probablemente no les reconoció valor probatorio alguno porque: No fueron corroborados y se trataba de una acción filiatoria instada “veintiún años más tarde [del caso penal sobre abandono de menores] y la causa de la demora no fue explicada.”

Por lo general, no alteramos las conclusiones de hecho del tribunal de instancia basadas en testimonio oral. Pero nuestra misión revisora no está limitada a infracciones de ley o quebrantamientos de forma, sino que, como reza la Sec. 1 de la Ley del 12 de marzo de 1903 (4 L.P.R.A. see. 36), podemos “también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.”

Para evitar mayor dilación en esta acción filiatoria con-sideramos que lo más justo es que dictemos la sentencia que debió haber dictado el tribunal de instancia.

A la luz de todas las circunstancias concurrentes en esta acción filiatoria, principalmente la preponderancia de las pruebas en favor de la parte demandante — sin que haya necesidad legal de corroboración de testimonios en estos casos — concluimos que en la misma quedó satisfactoria y sufi-cientemente probado que la demandante Olga Iris Pérez es hija del demandado José Acevedo Quiñones, habida en sus relaciones sexuales con doña Gregoria Pérez Moreno.

Por todo lo cual se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, dictaremos otra declarando con lugar la acción filiatoria ejercitada con los otros pronunciamientos que proce-dan.

El Juez Asociado, Señor Dávila, concurrió en voto separado con el cual concurrieron los Jueces Asociados, Señores Rigau, Ramírez Bages, Torres Rigual y Martínez Muñoz. El Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel, disintió sin opi-nión. El Juez Asociado, Señor Martín, disintió en voto separado, con el cual está conforme el Señor Juez Presidente Interino, Pérez Pimentel.

—O—

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Dávila

con el cual concurren los Jueces Asociados Señores Her-nández Matos, Ramírez Bages, Torres Rigual y Martínez Muñoz

San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 1972

He concurrido en el dictamen que revoca la sentencia dictada por el tribunal sentenciador porque éste al aquilatar la prueba usó unos criterios que este Tribunal nunca ha exigido en estos casos: la necesidad de corroboración de la prueba que establece la paternidad. Ver Ortiz v. Viera, 61 D.P.R. 514-515 (1943). Cuando este Tribunal revocó la doctrina que requería en estos casos prueba “robusta y convin-cente” echó por la borda los obstáculos que la jurisprudencia había establecido contra los que reclamaban el reconocimiento de la paternidad. La “comprobación del hecho” de que ha-blamos en Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963) no tiene el alcance que le pretende dar la opinión disidente, aparente-mente queriendo revivir doctrinas ya abandonadas por este Tribunal. No es correcto yuxtaponer el concepto de “corrobora-ción” que utilizó el juez sentenciador con el de “comprobación del hecho de la paternidad” a que aludimos en el caso de Ocasio. Lo que Ocasio dejó claramente establecido es que lo único que se requería es que la “paternidad se pruebe satis-factoriamente bajo las normas usuales de evidencia.”

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín

con la cual concurre el Juez Presidente Interino Señor Pérez Pimentel

San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 1972

Disiento de la opinión emitida por el Tribunal en el día de hoy en este caso. La doctrina sentada en el caso de Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963) citada por el tribunal en su opinión de hoy y por el juez de instancia en sus conclusiones de derecho, es como sigue:

“Toda declaración judicial del status de hijo se fundará en la comprobación del hecho de la paternidad natural o biológica, sin importar la fecha ni las demás circunstancias del nacimiento, bastando que dicha paternidad se pruebe satisfactoriamente, bajo las normas usuales de evidencia, de acuerdo con la preponderancia de las pruebas y conforme a conclusiones que, tomando en con-sideración las circunstancias concurrentes en el caso, representen el balance más racional, justiciero y jurídico en la resolución del pleito.” (Énfasis suplido.)

Aplicando la norma jurídica del caso de Ocasio el juez de instancia determinó como cuestión de hecho que la comproba-ción del hecho de la paternidad no fue satisfactoria. Y, por ello dice que la prueba que tuvo ante sí de la parte demandante no le satisfizo. Se refiere a los testimonios de la demandante y de su madre. El conjunto de la prueba oída me hace creer que el juez de instancia encontró que la prueba de doña Gregoria debió haber sido fortalecida por no haberle conven-cido la que tuvo ante sí. La redacción de las determinaciones de hecho no es la más feliz, pero del conjunto de ellas no puedo llegar a otra conclusión de qué cuando el juez de ins-tancia habla de que “[N]o hay corroboración alguna al testimonio de doña Gregoria sobre la supuesta relación de concubinato con el demandado.”, se refiere a la comprobación del hecho de la paternidad a que se refiere el caso de Ocasio. (Énfasis nuestro.)

El propio juez de instancia al hacer sus conclusiones de derecho expone la norma del caso de Ocasio la cual permite que se compruebe la paternidad satisfactoriamente bajo las normas usuales de evidencia. De acuerdo con la Ley de Evi-dencia la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 L.P.R.A. see. 1661. La premisa en que se basa la referida disposición es que el testigo debe merecer entero crédito al juzgador. La prueba no tiene que ser robusta y convincente según hemos dicho antes. Sanabria v. González, 82 D.P.R. 885 (1961). Pero, debe ser creída. Y, el juez de instancia creyó al deman-dado en el caso de autos.

Un análisis del testimonio de dicho demandado y los de la demandante y su madre, revela que el del primero es irreconciliable con los de aquéllas. Al tribunal darle entero crédito al testimonio del demandado rechazó los de la deman-dante y su madre. Exigir que hiciera pronunciamiento sobre la credibilidad que le merecían estas últimas sería absurdo, ya que no podría creer a un mismo tiempo las versiones con-tradictorias de ambas partes, constituyendo la una la negación de la otra. El tribunal de instancia dirimió pues el conflicto de la prueba en contra de la demandante aplicando la norma del caso de Ocasio.

Repetimos, según lo hemos hecho en el pasado, las claras disposiciones de la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil:

“. . . [1] as determinaciones de hecho basadas en el testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erró-neas y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testi-gos. ...”

Una determinación es “claramente errónea” cuando aun ha-biendo evidencia que la sostenga, el tribunal de apelación, en base a la totalidad de la evidencia, queda con la firme y cierta convicción de que se ha cometido error. Véanse United States v. Gypsum, Co., 33 U.S. 364, 395 (1947); McCallister v. United States, 348 U.S. 19, 20 (1954); 5A Moore, Federal Practice, 2d ed. 1971, par. 52.03.

Las determinaciones del juzgador en este caso no son claramente erróneas ni arbitrarias y tienen apoyo suficiente en la prueba creída por el tribunal de instancia. Tampoco se demuestra que haya habido pasión, prejuicio o parcialidad. Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970).

En un caso de naturaleza distinta al de autos la Corte de Apelaciones de Nueva York hace unas manifestaciones que podemos adoptar para sostener la razón que fundamenta nuestra Regla 43.1, a saber:

“Cara a cara ante los testigos de carne y hueso el juzgador de los hechos está colocado en una posición de ventaja de la cual los jueces de apelación están excluidos. En casos dudosos, el ejercicio de su poder de observación frecuentemente resulta ser el método más cabal para hallar la verdad. . . . ¿ Cómo podríamos decir que el juez está errado? Nunca vimos los testigos. ... La ley confía a la sofisticación y sagacidad del juzgador el deber de la pondera-ción.” Boyd v. Boyd, 252 N.Y. 422, 169 N.E. 632, 634.

La situación planteada en este caso no justifica que se amplíe nuestra doctrina en las acciones filiatorias.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Rosado Rosado y Anicasia Dávila Hernández, acusados y apelantes.

      Número: CR-72-8

      Resuelto: 20 de octubre de 1972

      Enrique Miranda Merced, abogado de los apelantes; Gilberto Gierbólini, Procurador General, y Rurico E. Rivera Rivera, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El apelante, Jesús Rosado Rosado, fue con-victo de poseer y de ocultar y transportar heroína y con tal motivo fue sentenciado a cumplir consecutivamente dos penas de 7 a 10 años de presidio. La apelante Anicasia Dávila Her-nández fue sentenciada a cumplir de 6 a 8 años de presidio por el mismo delito. El juicio de ambos se celebró por tribunal de derecho. José Luis López, acusado de los mismos cargos que los apelantes y que iba en el mismo vehículo que conducía el apelante en el momento de los hechos que dieron lugar a las acusaciones en contra de los tres, fue encontrado no culpable de los dos cargos que se le imputaron.

Apuntan que la prueba fue insuficiente, y que no se estableció que la apelante Anicasia Dávila Hernández poseyera la droga voluntaria, maliciosa y criminalmente.

La única prueba, la de cargo, se resume correctamente así, por la defensa:

“Por el Ministerio Público declaró el detective Domingo Rentas, que trabaja en la División de Control del Vicio, del Area Metropolitana. Conoce a J. Rosado ya que éste reside en el barrio Ingenio de Toa Baja, y él (el testigo) reside en el barrio Sabana Seca de Toa Baja. El va con frecuencia al barrio Ingenio. Hace como 7 u 8 años que conoce al acusado, quien es barbero. El día 26 de mayo de 1970 se encontraba dando una ronda en un auto oficial en compañía de los agentes Soler, Carlos Figueroa y Víctor M. París. Al pasar por la Calle Concepción final, en la parada 20:
‘. . . pude ver que delante de nosotros pasaba un auto marca Hillman 566-121 y de súbito se detuvo delante de nosotros. Pude ver que el conductor era Jesús Rosado que yo conocía. Le indiqué al Agénte Carlos Figueroa que se detu-viera para prestarle ayuda.
P. ¿Qué vió que le hizo pensar que necesitaba ayuda?
R. Se paró de momento el auto y el motor dejó de funcio-nar. Ya que él era de un sitio lejos yo pensé que había algún problema. Cuando me le acerqué por el lado del chofer y notó mi presencia cogió un sobre, paquete color azul y se lo pasó a la joven Anicasia aquí presente. [Énfasis en el original.]
P. ¿ Quién es Anicasia ?
R. La joven que está con la falda amarilla y la chaqueta brown.
Fiscal:
Señala a la acusada.
P. ¿Cómo era el paquete que Rosado Rosado le pasó a la acusada Anicasia?
R. Azul. Ella lo tiró fuera del auto en que viajaba. Ella viajaba en la parte delantera al lado del chofer. Procedí a dar la vuelta por el frente del auto y cogí el paquete que ella tiró. Lo inspeccioné y dentro de ese paquete habían 15 envolturas a manera de deck y papel amarillo de las que se usan para envolver la heroína, un gotero y aguja hipodér-mica. Procedí a identificarme como agente de la policía y le informé que estaban bajo arresto y sometí la evidencia antes mencionada al agente de la policía Edwin Medina, quien me informó el resultado y de ahí les llevé a la sala de investiga-ciones siendo acusados de drogas. [Énfasis en el original.]
P. ¿Quién iba en la parte del frente del carro?
R. Jesús Rosado guiando y Anicasia al lado.
P. ¿Había alguna otra persona?
R. El joven de la camisa azul en la parte de atrás y el Agente Víctor M. París intervino con él.’
Más adelante declaró que:
‘Cuando Jesús Rosado le pasó a Anicasia ella lo ocupó y lo dejó caer en esa forma en la parte derecha del automóvil y cayó casi pegado a la rueda delantera del automóvil.
P. ¿ En qué posición se encontraba a usted ?
R. Frente a frente a Jesús Rosado Rosado cuando vi que él le pasó ese paquete que ella lo cogió del automóvil, yo di la vuelta por el frente del auto y ocupé el paquete.
P. ¿Tomando por referencia el frente del auto, donde se encontraba usted ?
R. El frente mirando hacia Hato Rey y yo estaba por la parte izquierda mirando hacia el frente. Ahí vi que él le pasó el paquete a la joven y yo di la vuelta y lo ocupé. El agente Figueroa se paró frente a Jesús Rosado.’ [Énfasis en el original.]

A preguntas de la Defensa declaró que el agente Carlos Figueroa era el que conducía el automóvil. Nunca había visto a la acusada. El automóvil en que él viajaba era uno no rotulado. Jesús Rosado Rosado no le dijo nada a la acusada en el momento de pasarle el paquete. Ella lo tiró fuera del auto. El (el testigo) andaba vestido de civil, sin corbata, en camisa. No llegó a hablar con Jesús Rosado, ya que al ver esa acción abandonó el sitio donde estaba parado y dio la vuelta por el frente del vehículo a ocupar lo que había tirado. En ese momento el agente Figueroa salió del auto y se paró frente a frente a la puerta donde estaba Rosado frente al guía. Conocía al acusado Jesús Rosado como barbero. No conocía su vida privada.

A preguntas del Ledo. Maldonado declaró que:

‘Yo me desmonté, me dirigí hacia Jesús Rosado Rosado, le dije al Agente Figueroa que yo lo conocía. Fui donde él y después se desmontó el Agente Figueroa y los otros agentes también.
P. ¿Cuándo se percató que Jesús manejaba el Hillman?
R. Conozco perfectamente que era él. Conocía el auto.
P. ¿ Conocía la tablilla ?
R. 566-121.’ [Subrayado en el original.]
El agente Víctor M. París, declaró que trabajaba en Control del vicio. El 26 de mayo de 1970, como a las 11:30 se encontraba trabajando como agente encubierto por el sector de la parada 20, en relación con una investigación de bolita. Estaba acompañado por Domingo Rentas, Figueroa y Soler. Conoce a José Luis López. Lo vio en esa ocasión. Continuó declarando que:
‘Esa noche ellos, Figueroa y Rentas se apearon a tratar de ayudarlos a ellos y vieron cuando el chofer que iba guiando lanzó un paquete hacia la persona que queda a la parte derecha del chofer y Soler y yo vimos que la persona que iba detrás se iba apeando hacia afuera del vehículo, inmediatamente nosotros nos apeamos, me apee yo, yo que voy detrás del asiento de Figueroa, me apee y veo cuando se mete la mano en el bolsillo delantero derecho del pantalón y saca algo y lo suelta al piso..Inmediatamente yo lo detengo y en unión al agente Soler y trato de ver lo que soltó y era un sobre manila con dos decks de supuestamente heroína.’ [Su-brayado en el original.]
En relación con los acusados- Jesús Rosado y Anicasia Dávila se desarrolló el siguiente incidente, a preguntas de la Defensa:
T. ¿Usted dijo que vio una persona entregando un sobre a otra?
R. Correcto.
P. ¿Cómo era el sobre?
R. Un sobre legal.
P. ¿Qué color?
R. Azul.
P. Don Víctor, qué es esto que le muestro, es su firma?
R. Correcto.
P. La leyó ?
R. Correcto.
P. Mire a ver si en esa declaración jurada es o no cierto que una persona le pasó un sobre manila a otra y esa persona lo dejó caer, era manila o azul?
R. Era azul, lo único que dentro del sobre manila estaba ese azul.
P. ¿O sea, no era azul?
• R. Al caer al piso se vió que era azul.
P. ¿ Cuál estaba dentro, el azul dentro del manila o el manila dentro de azul?
R. Azul dentro del manila.
P. Por esa razón dice vió pasar un sobre manila y al caer era azul ?
R. Al caer se salió un poquito, no salió completo.’ [Énfa-sis en el original.]
El químico Edwin Medina Vázquez declaró que recibió la evidencia de manos del agente Domingo Rentas, la analizó y dió positivo de heroína.”

Testificó, en contrainterrogatorio, el agente Domingo Ren-tas, primeramente, que no conocía la vida privada del apelante Rosado. Luego testificó que “Tenía otros conocimientos de su persona también.” pero que no había dicho o escrito o hecho referencia a otra cosa que no sea el hecho de que era barbero.

Las partes estipularon que el policía Víctor París le entregó al químico dos envolturas de papel amarillo con-teniendo polvo blanco y se determinó la presencia de heroína en los dos decks.

Apunta la defensa que de los dos agentes que testificaron, uno no le mereció credibilidad en absoluto al tribunal de instancia mientras que creyó la del otro que era de similar naturaleza “. . . tan improbable . . . tan claramente . . . inventada que . . . resultaba insuficiente para establecer la culpabilidad de los acusados fuera de duda razonable.” El récord no indica que el juez sentenciador relacionara las razones que tuvo para creer a un agente y al otro no.

Arguye el Procurador General en contrario que:

“No hay nada de inverosímil en la historia relatada por el agente Domingo Rentas. Este conocía al acusado-apelante quien igual que él residía en el mismo pueblo — Toa Baja — y conocía la ocupación de aquél — barbero—. Su presencia en Santurce, lejos de su residencia, con problemas del automóvil, motivó razona-blemente al agente Rentas a ofrecerle ayuda debido a dichas dificultades. No era tampoco irrazonable que al ser lanzado el sobre fuera del vehículo se aprestara a recogerlo y procediera a su examen y que como consecuencia de dicha inspección se produjera [sic] a la ocupación de la droga.
No se trata tampoco de un conflicto de prueba, ya que la defensa no presentó ninguna. Todo descansaba en la sana dis-creción del tribunal sentenciador en cuanto a la apreciación de la prueba. A los fines de resolver el caso de autos en la forma en que lo hizo bastaba la declaración del agente Rentas.”

Es necesario señalar que este es uno de una serie de casos recientes en que el testimonio del agente es al efecto de que, al acercarse al acusado por determinada razón, éste tiró, lanzó, o dejó caer al piso un paquete o sobre que, al ocuparse, se determinó que contenía heroína. La similitud en los testimonios sobre este particular en estos casos se presta a la inferencia razonable de que los agentes de la policía, en casos de droga, han adoptado esta táctica de testimoniar por las razones que señala la defensa en este caso.

De lo expuesto concluimos que, en ausencia de una expli-cación satisfactoria del juez sentenciador de porqué creyó un testimonio y no otro que era similar a aquél en un caso que constituye uno de una serie en que la prueba de cargo es similar al efecto de que el acusado ha arrojado, tirado o dejado caer un paquete o sobre que resulta contener heroína, ha debido absolver, como por la presente se absuelven, a los apelantes de los cargos que en este caso se le formularon, así como se absolvió al acusado López Gómez de los mismos cargos.

En tal virtud, se revocarán las sentencias dictadas en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en k de mayo de 1971.

El Juez Asociado, Señor Martín, disintió.