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author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Víctor Gómez Morales, querellado.

      Número: CP-89-94

      Resuelto: 23 de junio de 1989

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Víctor Gómez Morales, pro se.

   PER CURIAM:

El 16 de febrero de 1989 el Procurador General presentó querella contra el abogado notario Víctor Gó-mez Morales al indicar que éste fue encontrado culpable, convicto y sentenciado a cumplir una pena de dos (2) años de prisión bajo el régimen de sentencia suspendida por viola-ción al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (en adelante Ley de Sustancias Controladas), Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 2404(a). Acompañó con la querella copia certifi-cada de la sentencia. Expresó, además, que por la naturaleza de la convicción y en consideración a la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), que dispone que “[l]a persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave . . . que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la prác-tica de su profesión”, se decretase la inmediata separación del licenciado Gómez Morales del ejercicio de la abogacía y del notariado, y se borrase su nombre del Registro de Abo-gados. Citó, en amparo de esta contención, el caso In re Santiago Casanova, 122 D.P.R. 489 (1988).

El 29 de marzo del año en curso el licenciado Gómez Morales contestó la querella aceptando los hechos y levantando como defensa que la sentencia estaba siendo apelada, y que en su opinión, por las distintas razones expresadas en la con-testación, estimaba que ésta sería revocada. Argüyó, ade-más, que el caso In re Santiago Casanova, supra, no era de aplicación, ya que en ese caso el licenciado Santiago Casanova había hecho alegación de culpabilidad y la sentencia no había sido apelada. Indicó, también, que no estaba postu-lando para no afectar a algún ciudadano con la representa-ción legal suya, ya que tenía en su contra una acusación y convicción por delito grave. Continuó expresando que el pre-sente caso lo había afectado física y emocionalmente.

El 20 de abril de 1989 emitimos la resolución siguiente:

Hemos examinado el expediente criminal Núm. G86-2668, Pueblo v. Víctor Gómez Morales, y del mismo surge que el 5 de agosto de 1988, el licenciado Víctor Gómez Morales fue sentenciado por infracción al Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.]. De dicho expediente también surge que en el 1973, el licenciado Gómez Morales gozó del beneficio que provee el Artículo 404(b)[(1)] de la Ley de Sustancias Controladas, [supra]. Tomando en conside-ración los hechos antes expuestos, muestre causa el licenciado Gómez Morales, dentro de un término de veinte (20) días, con-tados a partir de la notificación de esta resolución, por la cual no deba ser disciplinado como abogado, por haber violado los Cánones de [É]tica Profesional, en especial el Preámbulo de los mismos. El licenciado Gómez Morales también deberá ex-presarse sobre si su convicción por infracción al Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, supra,] implica deprava-ción moral, a tenor con lo dispuesto en la Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 L.P.R.A. sec. 735[;] In re Boscio Monitor, 116 D.P.R. 692 (1985).

El licenciado Gómez Morales compareció y, luego de rei-terar que entendía que la sentencia sería revocada, expresó en relación con lo ocurrido hace dieciséis (16) años (en el 1973) que esto fue una conducta aislada y que entre esta si-tuación y la actual medió “arrepentimiento y rehabilitación, pero lamentablemente también hubo recaída”. Moción, pág. 2. Entiende que la convicción por infracción al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra, no im-plica depravación moral. Catalogó su condición como una en-fermedad crónica de adicción a una sustancia controlada (he-roína) que no debe implicar depravación moral. Expresó que “[qjuizás, actuó irresponsablemente con relación a su condi-ción ... [y que] no está postulando en los tribunales del país, para evitar que de ninguna manera se pueda afectar la profe-sión de abogado ni ningún ciudadano, por razón de lo ocu-rrido ... [y que] le ha afectado mucho emocionalmente su presente situación, con relación a todo lo ocurrido por causa de su [enfermedad] de adicción”. Íd., pág. 3.

Estamos de acuerdo con el licenciado Gómez Morales en que el caso In re Santiago Casanova, supra, no es de aplicación. En dicho caso el entonces licenciado Santiago Casanova se declaró culpable y fue convicto por violar los Arts. 403(c), 404 y 406 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. secs. 2403(c), 2404 y 2406. En relación con la violación al Art. 406, supra, al ex licenciado Santiago Casanova se le acusó de “ilegal, voluntaria, maliciosa y a sabiendas con intención criminal, actuando en concierto y común acuerdo [conspirar con Héctor Santiago Santiago y José Sáez Acevedo, c/p Cheo] con el propósito de distribuir la cantidad de seis (6) kilos de la sustancia controlada conocida por cocaína, sin ser personas autorizadas para ello, por la cantidad de ciento sesenta y dos mil dólares ($162,000.00)”. De otra parte, en cuanto a la violación al Art. 403(c), supra, se le imputó que “ilegal, vo-luntaria, maliciosa, a sabiendafs] con intención criminal, uti-lizó el teléfono 793-0906, como medio de comunicación[,] para facilitar una transacción de la sustancia controlada co-, nocida como cocaína sin ser persona autorizada para ello”. En cuanto a la violación al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas,, supra, según enmendada, originalmente se le acusó por violación al Art. 401 de la misma ley, 24 L.P.R.A. see. 2401. Se le imputó que “ilegal, voluntaria, maliciosa[,] a sabiendas, con intención criminal y actuando en concierto y común acuerdo [con José Sáez Acevedo c/p Cheo] distribuye-ron la sustancia controlada cocaína sin estar autorizado para ello”. Este delito se rebajó a infracción al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra, según enmendada, y el ex licenciado Santiago Casanova se declaró culpable.

Como podrá observarse, los hechos en el caso In re Santiago Casanova, supra, se referían a convicciones por la distribución de la sustancia controlada conocida por “cocaína”. En el caso del licenciado Gómez Morales, los hechos reflejan que a éste se le encontró culpable sólo por la posesión de sustancias controladas. No cabe duda que la distribución de sustancias controladas (cocaína) en el caso del ex licenciado Santiago Casanova implica depravación moral y está comprendida dentro de las disposiciones de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra. La mera posesión de sustancias controladas sin que estén presentes otras circuns-tancias agravantes o indicativas de depravación moral, no está cubierta por la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra.

Sin embargo, al aceptar el licenciado Gómez Morales que padece de una condición crónica de adicción a una sustancia controlada conocida por heroína, que no postula ante los tribunales para evitar que de manera alguna se pueda afectar la profesión de abogado y a alguna persona, y que su condición de adicción le ha afectado mucho emocionalmente, se le suspende temporeramente del ejercicio de la profesión de abogado y notario. Se ordena, además, al Procurador General que inicie los procedimientos al amparo de la Regla 13.1 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, para determinar si la condición de adicción crónica a una sustancia controlada del licenciado Gómez Morales lo incapacita para ejercer la profesión de abogado y notario. Se ordena, además, la incautación de los protocolos.

Se nombra al Lie. Enrique Rivera Santana para que, en calidad de Comisionado Especial, lleve a cabo el procedi-miento establecido por la Regla 13.1 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebo-llo López y el Juez Asociado Señor Ortiz no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Lincoln Savings Bank, recurrido, v. Efraín Figueroa Ramírez y Rosa C. Lugo, demandados y peticionarios.

      Número: CE-86-511

      Resuelto: 26 de junio de 1989

      Alberto O. Lozada Colón, abogado de los peticionarios; Antonio Roselló Rentas, de Rúa & Mercado, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Lincoln Savings Bank presentó demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. El tribunal dictó sentencia el 12 de fe-brero de 1985 en la que declaró con lugar la demanda.

El 8 de abril de 1985 Lincoln Savings Bank presentó mo-ción, solicitando ejecución de sentencia, que se declaró con lugar el 18 de abril de 1985 y se expidieron los correspon-dientes mandamientos el 22 de abril de 1985. El Alguacil se-ñaló la celebración de la subasta para el 4 de junio de 1985 a las 11:00 A.M. en su oficina.

A esos efectos, se publicó el edicto de subasta en el perió-dico El Reportero el 14 y el 21 de mayo de 1985 y se fijó copia del mismo en el tablón de edictos del Tribunal Superior, Casa Alcaldía y Colecturía de Rentas Internas de Mayagüez.() A la venta acudió como único postor Olympic Mortgage Bankers, a quien se le adjudicó la buena pro por la suma de $18,625.01, y el 6 de junio de 1985 se otorgó ante notario la escritura sobre venta judicial.

El 10 de julio de 1985 la demandada presentó moción en la cual solicitaba que la subasta se declarara nula. Alegó, en síntesis, que la moción sobre ejecución de sentencia no fue notificada a la parte demandada; que el demandante no dio cumplimiento a las disposiciones de la Regla 51.8 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; que los demandados desco-nocían la fecha de la subasta y no pudieron tomar medidas necesarias para proteger sus intereses, y que de haber sa-bido la fecha de la subasta, entre otras cosas, se hubiera po-dido presentar a tiempo una petición de quiebra.

El 4 de octubre de 1985 el tribunal celebró vista para la discusión de la moción y, mediante Resolución de 26 de junio de 1986, la denegó.

De dicha resolución acudieron ante nos los demandados mediante recurso de apelación en el cual alegaban, funda-mentalmente, que el procedimiento de ejecución de senten-cia, la publicación de edictos y la subasta de la propiedad se llevaron a cabo sin cumplir con los requisitos del debido pro-ceso de ley.

Él 6 de noviembre de 1986 declaramos no ha lugar al recurso de apelación por no plantear una cuestión constitu-cional sustancial. Acogimos el mismo como una petición de certiorari y le concedimos veinte (20) días al demandante recurrido para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto que solicitaba revocar la resolución objeto del recurso y anular la venta judicial. Ordenamos discutir si se-gún la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra, y la decisión en C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 662 (1986), el hecho de no haberse publicado el aviso de subasta en la co-lecturía y en la escuela pública de San Germán —lugar de residencia del demandado— dio lugar a la nulidad de la su-basta. La comparecencia del recurrido no nos persuade a va-riar lo intimado. Estamos en posición de resolver, expedimos el auto y revocamos la resolución del tribunal de instancia.()

H-f

La publicación de los avisos de venta con anterioridad a la celebración de la subasta en venta judicial es un requisito fundamental íntimamente ligado al debido proceso de ley. Así, en Dapena Quiñones v. Vda. de Del Valle, 109 D.P.R. 138, 141-142 (1979), al resolver que la omisión de especificar la oficina del alguacil como el lugar en que iba a celebrarse la venta no era un defecto sustancial que anulara la subasta, expresamos que:

La omisión no tiene el gravamen ni genera la erosión de dere-chos presentes en defectos fundamentales del edicto de su-basta como lo son, entre otros, la falta de notificación a acree-dores posteriores, error en la fecha de subasta, insuficiente publicación o deficiente descripción de la propiedad a reali-zarse. Tales vicios o defectos substanciales, inextricablemente ligados al debido proceso de ley, niegan validez jurídica al edicto, independientemente de que se demuestre perjuicio a alguna parte y se hallan, por tanto, dentro del campo de depu-ración en que se ejercitan la acción supervisora y la iniciativa del tribunal.

En consonancia con este principio, la Regla 51.8(a) de Procedimiento Civil, supra, establece con carácter obligatorio la manera en que han de publicarse los avisos de venta, y expresamente dispone que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva la nulidad de la subasta. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1988, Vol. II, Cap. VIII, pág. 287. La citada regla, en lo pertinente, dispone:

Será nula toda venta judicial que se realice sin dar cumpli-miento al aviso de venta en la forma indicada, sin perjuicio de la responsabilidad de la parte que promoviere la venta sin cumplir con tal aviso. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 51.8(a).

De ahí la importancia de evaluar si en el caso de autos se hizo una adecuada publicación del aviso de venta. En lo referente a la publicación del edicto, la citada Regla 51.8(a) dispone:

(a) Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución, deberá publicarse la misma por espacio de dos (2) semanas mediante avisos por escrito visi-blemente colocados en tres sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse dicha venta, tales como la alcaldía, el tribunal y la colecturía. Se publicará, además, dicho aviso en la colecturía y en la escuela pública del lugar de la residencia del demandado, cuando ésta fuera conocida, o en un diario de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por espacio de dos (2) semanas y por lo menos una vez por semana. 32 L.P.R.A. Ap. III.

Surge de la declaración jurada de 9 de marzo de 1985 suscrita por el señor Mauras y del Acta de Subasta suscrita el 4 de junio de 1985 por el Alguacil Martínez que el aviso de venta se publicó en la Alcaldía, en el Tribunal Superior y en la Colecturía del Municipio de Mayagüez, por lo que se cum-plió cabalmente con el primer requisito de la regla que exige publicar el edicto en tres (3) lugares públicos del municipio en que se ha de efectuar la venta.

Sin embargo, no es suficiente cumplir con este requisito. La regla establece un segundo requisito al disponer que:

Se publicará, además, dicho aviso en la colecturía y en la es-cuela pública del lugar de la residencia del demandado, cuando ésta fuera conocida, o en un diario de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por espacio de dos (2) semanas y por lo menos una vez por semana. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 51.8(a).

Para cumplir con este requisito, el recurrido publicó el aviso de venta en el periódico El Reportero el 14 y el 21 de mayo de 1985. Conocía, según consta en los autos, que la parte demandada residía en el Municipio de San Germán, pero no puso aviso de venta ni en la colecturía ni en la escuela pública en este municipio. Alega en su comparecencia que tenía la opción de publicar dicho aviso en un diario de circu-lación general por espacio de dos (2) semanas o de publicarlo en la colecturía y en la escuela pública del lugar de residen-cia del demandado. No le asiste la razón.

En C.R.U.V. v. Registrador, supra, pág. 665, interpretamos la referida Regla 51.8(a) de Procedimiento Civil y concluimos que, en cuanto a este segundo requisito, la ley no establece esa opción, sino que sus disposiciones son de aplicación a dos (2) situaciones distintas. Resolvimos precisamente que:

Del texto de la regla transcrita surge que al recurrente no le asiste la razón. Ésta no le ofrece la alternativa —además del requisito mandatorio de la publicación en tres lugares pú-blicos del municipio en que se efectuará la venta— de escoger entre los dos supuestos indicados en la segunda oración de la regla. Estos aplican a dos situaciones posibles distintas entre sí. De conocerse la residencia del demandado, el aviso por lo menos debe colocarse en dos lugares públicos. De no cono-cerse, existe la obligación de notificar la venta mediante aviso en un periódico de circulación general. (Escolio omitido.) C.R.U.V. v. Registrador, supra, pág. 665.

El recurrido alega que la decisión en C.R.U.V. v. Registrador, supra, no es de aplicación al caso de autos, ya que la misma tiene efectos prospectivos y sólo aplica en aquellos casos de ejecución de hipoteca donde se celebra la venta judicial a partir de la fecha en que se decidió en adelante. No tiene razón.

Aunque la resolución objeto de este recurso fue dictada por el tribunal de instancia el 26 de junio de 1986 y posteriormente, el 30 de junio de 1986, resolvimos C.R.U.V. v. Registrador, supra, allí no alteramos la regla ni su interpretación. Por el contrario, resolvimos que “[l]a Regla 51.8 es clara y de cumplimiento estricto”. íd., pág. 666.

En estricto derecho no tenemos por qué resolver este caso según los criterios de retroactividad o prospectividad de una nueva norma o ley.

Debemos tener presente que reiteradamente hemos resuelto que en ausencia de disposición expresa que declare su prospectividad, las normas de carácter procesal tienen efecto retroactivo. Esto significa que las mismas son de aplicación a los casos que en ese momento estén pendientes y a los que se presenten con posterioridad a esa fecha. Ortiz v. Fernós López, 104 D.P.R. 851, 852 (1976); Reyes v. Mayagüez Transport, 86 D.P.R. 273, 281 (1962); Fuentes v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 203 (1958); Pueblo v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 535 (1953); Pagán v. Otero, 69 D.P.R. 507 (1949); Fajardo v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 476 (1949); López v. South P.R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238, 243 (1943); White Star Bus Line v. Corte, 60 D.P.R. 356, 357 (1942); Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337 (1938); Zayas Pizarro v. Molina, 50 D.P.R. 647, 651 (1936); López v. American Railroad Co. of P.R., 50 D.P.R. 1 (1936); Ojeda v. Gavilán, 46 D.P.R. 399, 401 (1934). Véase, también, el esc. 2 en la reciente opinión Medina v. Inter’l Basic Economy Corp., 121 D.P.R. 890 (1988).

La norma seguida en C.R.U.V. v. Registrador, supra, tiene efecto retroactivo, ya que allí no hicimos señalamiento alguno a los fines de declarar su prospectividad.()

Según señalamos anteriormente, la subasta celebrada se realizó sin que se cumpliera con la adecuada publicación de los avisos de venta, lo que constituye un defecto substancial ligado al debido proceso de ley que conlleva la nulidad de la subasta. Dapena Quiñones v. Vda. de Del Valle, supra.

Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí ex-puesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente por los fundamentos que expusiera en la opinión disidente que emitiera en C.R.U.V. v. Registrador, supra, pág. 669.

      (1) Según consta del Acta de Subasta suscrita el 4 de junio de 1985 por el Alguacil Ángel Luis Martínez.

      (2) En su comparecencia, el recurrido presentó moción de desestimación en la cual alegó que este Tribunal carece de jurisdicción para considerar el recurso ya que el escrito de apelación se interpuso a los treinta y tres (33) días de haberse notificado la resolución. No tiene razón. Aunque se denominó “apelación”, no lo acogimos como tal. Se trata realmente de un recurso de certiorari que cuestiona la corrección de la resolución del tribunal de instancia. Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700, 702 (1985). El mismo no tiene un término específico dentro del cual deba ser presentado. Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R. 406 (1982); Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77 (1961).

      (3) Mediante Resolución de 2 de octubre de 1986, reiterada en la Resolución de 24 de octubre de 1986, declaramos no ha lugar las mociones de reconsideración presentadas en dicho caso que solicitaban se declarara la prospectividad de la decisión.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Luis A. González Camacho et al., demandantes y peticionarios, v. José R. Santos Cruz et al., demandados y recurridos.

      Número: CE-89-13

      Resuelto: 28 de junio de 1989

      Félix A. Ramos Gabán, abogado de los peticionarios; Jaime Ro-dríguez Rivera, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

Mediante trámite para mostrar causa, revisamos la sen-tencia parcial del Tribunal Superior, Sala de Humacao, que desestimó la demanda de 22 de junio de 1988, promovida por los esposos Luis A. González Camacho y María M. Fiol contra José R. Santos Cruz y su esposa Andrea Vázquez.

Los demandantes alegaron haber adquirido de los es-posos Santos-Vázquez —el 22 de junio de 1987— un inmueble en Humacao. Adujeron que Santos Cruz, por sí y a través de los demás codemandados, los contratistas y subcontratistas José Gómez y Santos Beltrán, habían realizado una amplia-ción de hormigón y acero durante 1979. Expusieron que la construcción adolecía de serios vicios que amenazaban su ruina, porque las vigas de acero utilizadas para apoyar el techo resultaron insuficientes para mantener el peso, lo que generó una depresión de doce (12) pulgadas de profundidad. Expresaron que los vendedores Santos-Vázquez conocían el defecto; que lo ocultaron al rellenar la depresión con ce-mento y al utilizar un plafón acústico; que aún así lo vendie-ron; que ellos —los compradores— no conocían ese vicio hasta el momento en que realizaron unas obras de decora-ción, y que para evitar su desplome instalaron provisional-mente unas columnas de acero que costaron $10,000. Alega-ron que la reparación de las columnas permanentes conlleva gastos ascendentes a $35,000. Invocaron la responsabilidad de los esposos Santos-Vázquez bajo la tesis de que ambos fueron los dueños de la obra y que Santos Cruz actuó como su director. Reclamaron, además, compensación por daños mentales.

Santos Cruz, por sí y a nombre de la sociedad Santos-Vázquez, solicitó la desestimación de la demanda fundamen-tándose en que él no fue el contratista ni el arquitecto de la obra —solamente su dueño— y que la acción en su contra había prescrito. El tribunal de instancia desestimó.

II

Al examinar la juridicidad de dicho dictamen, y en vista de que se trata de una moción de desestimación, exami-namos las alegaciones de la demanda de la manera más favorable a los demandantes peticionarios. Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 D.P.R. 227, 230-231 (1982); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305 (1970); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. II, Cap. III, págs. 63-64. En esencia, y según enmendada, en la moción se alega afirmativamente que Santos Cruz fue director de la obra y no simplemente un vendedor, esto es, que por sí y bajo su dirección y control directo se construyó la ampliación mencionada.()

En este sentido es incorrecta la proposición de Santos Cruz en cuanto a que “[e]n ninguna de las alegaciones de la parte demandante se ha establecido que el c[od]emandado José R. Santos Cruz sea el contratista del edificio ni el arqui-tecto que dirigió la obra...”. Apéndice Y, pág. 22. Ese aserto crea una distinción tajante entre el dueño y el contratista de la obra, que descarta a priori la posibilidad real de que el dueño sea, a su vez, el encargado de la construcción; esto es, que coincidan en una misma persona ambas figuras. Lo re-chazamos.

Aclarado este extremo, no obstante, advertimos que el tribunal de instancia interpretó la moción de desestimación como una mocióñ de sentencia sumaria. A tal efecto hizo de-terminaciones de hecho en los extremos en que a su entender no existía controversia. Luego discutió si era aplicable o no el Art. 1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3843, sobre la obligación de saneamiento por vicios ocultos de todo vende-dor. Determinó que esa acción prescribió por haber transcu-rrido el término de seis (6) meses desde la entrega de la pro-piedad. Seguidamente analizó la posibilidad de que el “dueño-vendedor” respondiera bajo el supuesto de haber ac-tuado como contratista del inmueble vendido. Sobre el particular concluyó que “[p]ara que se considere a un dueño-ven-dedor como contratista se requiere, no sólo que [é]ste inter-venga directa o indirectamente en la construcción del mue-ble, sino que el objetivo en su construcción sea la venta a [un] tercero”. (Énfasis nuestro.) Apéndice XX pág. 48.

i — l I — I 1 — 1

El Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4124, en lo pertinente a la controversia, expone:

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez (10) años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.

En Acevedo Hernández v. Viñas Sorbá, 111 D.P.R. 633, 637 (1981), resolvimos que la Asociación de Maestros —quien vendió unas ciento cincuenta (150) unidades de vi-vienda a los allí demandantes— no respondía como promo-tor, pues para ello resultaba necesario que fuese un “profe-sional de la construcción . . . que se dedique usualmente al negocio de urbanizar o hacer construir para otros . . .”. Sin embargo, al evaluar otros posibles fundamentos de respon-sabilidad, examinamos si la Asociación de Maestros podía responder como contratista. Rechazamos esa posibilidad bajo la hipótesis —allí presente— de que ella “[n]o cons-truyó ni asumió responsabilidad contractual por la construc-ción” (id.) y tampoco se había alegado “la intromisión cul- posa del dueño en el diseño o construcción de la obra”. (Én-fasis suplido.) íd.

Finalmente dijimos que “[e]n el régimen de la responsabilidad decenal existe una presunción rebatible de culpa por parte de todo interventor en el diseño y construcción de la obra”. (Énfasis suplido.) Acevedo Hernández v. Viñas Sorbá, supra, pág. 638.

En el caso de autos, los demandantes alegaron que Santos Cruz, como dueño, intervino de tal manera en la construcción que se convirtió de facto en su constructor. Por otro lado, en Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 D.P.R. 655, 660 (1981), ya habíamos expuesto que “[n]o existe disputa entre las partes sobre el hecho de que CRUV responde como vendedora .... La controversia versa, en parte, sobre si CRUV es también contratista”. Con el fin de poder contestar adecuadamente esa interrogante fue necesario que devolviéramos el caso al tribunal de instancia para que dilu-cidara si al efectuar unas reparaciones esa entidad “se con-virtió en contratista”. íd. De estos pronunciamientos se co-lige, implícitamente, que en determinadas circunstancias a un dueño puede considerársele contratista a los fines de es-tar sujeto a la responsabilidad decenal.

I — I <¡

Según este enfoque doctrinario, la responsabilidad final del binomio dueño-contratista dependerá de las peculiaridades de su intervención, la naturaleza de la construcción y su conocimiento de que la obra adolecía de graves defectos. Acevedo Hernández v. C.R.U.V., supra, pág. 662. De rigor es notar que esa responsabilidad está sujeta al propósito de venta inmediata de la construcción.

Al respecto, Juan Cadarzo Palau discute la Sentencia Núm. 182 de 27 de octubre de 1974 del Tribunal Supremo de España, ilustrativa de lo siguiente:

. . la situación del dueño del terreno que se convierte en su propio constructor o contratista y concierta contratos se-parados con los diferentes gremios que han de intervenir en la construcción, para vender seguidamente de concluida la obra —e, incluso, a la vista del plano— los locales y viviendas que la integran; no podrá alegar que como no ha celebrado un con-trato de obra con un único empresario, ya no puede hablarse de contratista responsable, pues ello equivaldría a permitir un fraude de ley, porque, en supuestos tales, aquel primitivo propietario del terreno, que construye indirectamente por medio de los múltiples gremios que él coordina, asume, en realidad, la cualidad de contratista, con las obligaciones y responsabilidades que a éste le impone el mencionado pre-cepto, frente a quienes por compra posterior adquirieren de él toda o parte de la obra construida, y no queda exonerado de ellas por tal enajenación, ya que, con semejante tesis y .la argumentación de que el comprador no tenía contra él más acción que la de saneamiento por vicios ocultos del artículo l.Jp90 del Código Civil, resultaría que se habrían extinguido las responsabilidades que determinadamente establece el re-ferido artículo 1.591 para el constructor o contratista y el arquitecto, con tal de que la ruina de la obra se manifestase después de los seis meses siguientes a la compraventa, aunque no hubieren transcurrido diez años desde la conclusión de la obra”. Por último, y recordando la doctrina sentada por la sen-tencia de 5 de mayo de 1961 en orden a la transmisión de la acción de responsabilidad decenal a los subadquirentes, agrega el 5.° considerando que, “háyase realizado la obra por medio de un contratista único que haya pactado con el propie-tario del terreno o háyase ejecutado por éste mediante con-tratos separados con los distintos gremios ques intervienen en la construcción, los adquirentes de los pisos y locales del edi-ficio tienen a su favor las acciones de resarcimiento que espe-cíficamente señala el artículo 1.591 del Código Civil, bien contra el contratista único —si ha existido — , o bien contra el propio dueño del edificio que realizó su construcción coordi-nando los diferentes gremios que en ella intervinieren”. J. Cadarzo Palau, La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, págs. 243-244.

En lo esencial coincidimos con esa línea de pensamiento. Por analogía conceptual y táctica no podemos ignorar el hecho de que si el dueño actuó como contratista, con el objeto de una venta inmediata, debe estar sujeto a la responsabilidad decenal. Bajo este prisma, es válida la dicotomía del tribunal de instancia de que esa responsabilidad —bajo la figura dueño constructor-vendedor— depende de si tenía la intención de vender prontamente cuando construyó.

Nuestro Código Civil se orienta hacia la protección del comprador, que de otro modo podría verse privado de resarcimiento luego de transcurrido el corto período de seis (6)meses para el saneamiento. La interpretación más justi-ciera, compatible con el interés público que late en nuestra legislación, es que de probarse que los hechos conforman la llamada figura del dueño constructor-vendedor, puede impo-nerse responsabilidad decenal si se demuestra la intención o se realiza una venta inmediata. De este modo armonizamos nuestra doctrina jurisprudencial con Acevedo Hernández v. C.R.U.V., supra.

V

En el caso de autos, confrontada la determinación de que Santos Cruz construyó en 1979 con la realidad de que la venta a los esposos González-Fiol se realizó en 1987, esto es, ocho (8) años después, queda derrotada la causa de acción contra Santos Cruz bajo el supuesto de dueño constructor-vendedor.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia me-diante la cual se expida el auto y se confirme la sentencia parcial del tribunal de instancia. Continuarán los procedi-mientos contra los restantes demandados.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) De la demanda enmendada surge la alegación de que Santos Cruz, “por sí, como dueño y director de la obra y a través de los codemandados Santos Beltrán y José Gómez; actuando éstos como contratistas o sub-contratistds . .. construyó una ampliación en hormigón y acero ...”. Apéndice II, pág. 15. De esas alegaciones surgen ambas alternativas, esto es, que el dueño no se limitó a sus prerrogativas de dueño, sino que actuó como “director de la obra”. íd. Conce-bimos este término como sinónimo de “contratista” y, por ende, los otros deman-dados actuaron como sus contratistas o subcontratistas. De las restantes alegaciones surge que tanto Santos como Gómez “no corrigieron”, sino que se “limitaron a rellenar ... la parte superior”. íd., pág. 16.


text:
      In re Carlos Vélez Valentín, querellado.

      Número: CE-88-446

      Resuelto: 30 de junio de 1989

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, e IvánF. Fuster, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Rolando Emmanuelli Sepulveda, de Bufete Emmanuelli, abogado del querellado; Carlos Vélez Valentín, pro se; Enrique Rivera Santana, Comisionado Especial.
   PER CURIAM:

La Sra. Virgenmina García Rivera pre-sentó una queja ante la Oficina del Procurador General contra el aquí querellado, Ledo. Carlos Vélez Valentín, impután-dole actuaciones negligentes cometidas por el letrado en el desempeño de la representación legal que ella le encomendó en un caso civil ante la Sala de Ponce del Tribunal Superior. Una vez examinamos el Informe del Procurador General, or-denamos la formulación de los cargos correspondientes y nombramos un Comisionado Especial.

El 12 de agosto de 1988 el Procurador General presentó dos (2) cargos contra el querellado, en los cuales le imputaba violaciones a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profe-sional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, relativos a los deberes de compe-tencia e información al cliente. El querellado inicialmente negó los cargos, por lo que nombramos al Ledo. Enrique Rivera Santana, un ex juez del Tribunal Superior, para que en presencia de las partes y en calidad de Comisionado Especial oyera y recibiera la prueba pertinente.

El 7 de febrero de 1989, antes de celebrarse la vista en su fondo, la señora García Rivera compareció ante este Tribunal, por derecho propio, y alegó bajo juramento que había sido resarcida en su totalidad de los daños ocasionados por la conducta en que incurrió el licenciado Vélez Valentín. Nos expresó, además, que su deseo era retirar la querella y nos instaba a archivar el asunto si lo creíamos procedente.

En esa misma fecha compareció el querellado a través de su abogado y aceptó los cargos imputados. Suplicó benevo-lencia, “ya que su actuación no [fue] una que implic[ara] de-pravación moral o comisión de delito alguno”. Moción de 7 de febrero de 1989.

Ante la aceptación de los cargos, en la vista celebrada por el Comisionado Especial testificó únicamente la perjudicada, quien reafirmó que había sido totalmente compensada por los daños sufridos y que no había sido presionada en forma alguna para que desistiera de la querella.

Del Informe del Procurador General y sus apéndices, así como del Informe del Comisionado Especial, se desprende que el licenciado Vélez Valentín fungió como representante legal de la señora García Rivera en el Caso Núm. 84-1180, Efraín Oliveras Díaz v. Virgenmina García Rivera, ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce. En dicho pleito recayó sen-tencia contra la demandada, aquí querellante. Ella le requi-rió al querellado que instara el correspondiente recurso para revisar el dictamen judicial, a lo cual él accedió.

El licenciado Vélez Valentín, en lugar de presentar el es-crito de revisión ante la Secretaría de este Foro, lo hizo en la Sala de Ponce del Tribunal Superior. El escrito le fue de-vuelto y se le informó que debía presentarlo ante el Tribunal Supremo. No obstante, el querellado envió el recurso al Tribunal Supremo por correo certificado a la dirección postal correspondiente al Centro Judicial de San Juan en Hato Rey. La Secretaría de dicho Centro Judicial devolvió el escrito() al Tribunal Superior, Sala de Ponce, con la desafortunada consecuencia de que expiró el término jurisdiccional para presentarlo ante este Tribunal.()

Luego de haber transcurrido tres (3) meses desde el ven-cimiento del término y en vista de que el abogado no se había comunicado con ella, la señora García Rivera acudió a sus oficinas y allí se enteró de que el escrito se había “extra-viado” y que había transcurrido el período para instar la re-visión.

La querellante, entonces, acudió al Ledo. Guillermo J. Godreau para que le reclamara al licenciado Vélez Valentín por los daños sufridos por su conducta. No se llegó a instar la correspondiente acción civil al aceptarse una transacción por $3,500.

Los cánones de ética profesional establecen las normas básicas que deben regir en la relación abogadocliente. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, en lo aquí pertinente señala:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse ade-cuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazona-bles a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

Esta disposición le impone a los letrados un deber de diligencia en la tramitación de los asuntos que se le han encomendado “con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez”. (Énfasis suplido.) In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 602 (1987).

En Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 238 (1984), dijimos, citando de Borrell Macía, que:

“El que ejerce una profesión liberal, sea de la clase que sea, y ofrece y presta sus servicios al público, está obligado a tener los conocimientos suficientes para ello, además de poner de su parte cuanto sepa para cumplir su cometido. No es suficiente poseer un título académico, a pesar de ser, en muchos casos, elemento indispensable para el ejercicio de la profesión, por-que el progreso de las ciencias en unos casos, y las nuevas complicaciones que con el tiempo van surgiendo, en otros, hace precisa la diligencia debida, con posterioridad a la pose-sión del título académico. . .

Estos principios de responsabilidad ético-profesional le aplican a los abogados, tanto en sus comparecencias a los foros de instancia y organismos administrativos como en sus presentaciones en los foros apelativos, particularmente ante este Tribunal.

Aunque un abogado no tiene la obligación de conocer todo nuestro ordenamiento legal, el incumplimiento de un precepto jurídico no puede escudarse ni justificarse en su ignorancia, máxime cuando se trata de un requisito jurisdiccional cuya infracción puede acarrear la pérdida de un derecho. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 512 (1984). Esto implica que los abogados deben demostrar “‘celo, cuidado y diligencia’” en la tramitación de todos los asuntos judiciales. Colón Prieto v. Géigel, supra, pág. 240; In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976).

Al comparecer ante este Tribunal debe estar adecuadamente familiarizado con el reglamento de este Foro y con las Reglas de Procedimiento Civil y con las de Procedimiento Criminal. Un abogado que acepta una encomienda apelativa sin tener los conocimientos procesales y sustantivos necesarios para realizarla responsablemente y sin la preparación y dedicación que usualmente requieren los recursos apelativos refleja una falta de diligencia y de conocimiento que lo coloca al margen del Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, y de reclamaciones por negligencias profesionales. Colón Prieto v. Géigel, supra, pág. 239.

Las actuaciones del licenciado Vélez Valentín en este caso sin duda denotan una falta inexcusable de conocimiento del trámite apelativo que no satisface las competencias profesio-nales mínimas. No se trata aquí de un error de juicio o de interpretación del derecho. Estamos ante el desconoci-miento e incumplimiento de las reglas de este Tribunal que todo abogado que postula ante nos debe conocer.

Luego de haber cometido los descritos actos de imperi-cia, el licenciado Vélez Valentín no le informó a su cliente sobre el resultado de sus gestiones. No fue hasta que la se-ñora García Rivera fue a su oficina a inquirir sobre el estado de su caso, tres (3) meses después de haber transcurrido el término jurisdiccional, que se le “informó” que nada se podía hacer porque el recurso se había “extraviado” como resul-tado de su desconocimiento sobre el trámite apelativo.

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, le impone a los abogados la obligación de mantener informados a sus clientes de todo asunto importante que se desarrolle en el curso de su gestión profesional. Creemos que el haber fallado en su encomienda era un asunto impor-tante a ser comunicado a su cliente, aun cuando ya nada se podía hacer para salvaguardar el derecho de apelar. Cf. Colón Prieto v. Géigel, supra, pág. 240. Por lo tanto, el abogado infringió también el Canon 19, supra.

hH h-H h — I

Nos resta considerar la sanción disciplinaria. Aun-que el querellado aceptó los cargos imputados, esta circuns-tancia no es eximente (In re Díaz Alonso, Jr, 115 D.P.R. 755, 765 (1984)), máxime cuando inicialmente negó responsabili-dad, obligándonos a nombrar un Comisionado Especial.

Sin embargo, su expediente profesional no refleja previas actuaciones reñidas con la ética. In re Calderón Marrero, 122 D.P.R. 557 (1988). La perjudicada también fue re-sarcida. Por otro lado, no estamos ante actuaciones que cons-tituyan delito público o que resulten en lesiones graves que impliquen depravación moral.

Ante estas circunstancias, procede que limitemos nues-tra sanción a una fuerte amonestación al Ledo. Carlos Vélez Valentín, con el apercibimiento que de incurrir en el futuro en conducta análoga a la aquí descrita estará sujeto a me-didas disciplinarias más severas. Corresponde al abogado reflexionar profesionalmente sobre las medidas que debe to-mar para cumplir con su responsabilidad profesional y con el grado de diligencia y competencia que el país espera de la clase togada.

      (1) Aunque la falta de competencia profesional que se le imputa no está rela-cionada con la preparación del escrito, por su clara pertinencia al juzgar las ac-tuaciones del querellado lo reproducimos literalmente en su totalidad:

        “EN EL TRIBUNAL SUPREMO [sic] DE PUERTO RICO “SALA DE PONCE
      “EFRAIN OLIVERAS DIAZ, ETALS [sic] “Demandantes “vs “VIRGENMINA GARCIA, ETALS [sic] “Demandados
      CIVIL NUMERO: CS 84-1180 Sobre DAÑOS Y PERJUICIOS
      “ESCRITO DE REVISION AL HONORABLE TRIBUNAL
      “Comparecen la parte demandada representada por el Abogado que sus-cribe y respetuosamente ALEGA, EXPONE Y SOLICITA:
      “1. Que el Honorable Tribunal emitió una Sentencia en el caso de epígrafe el 12 de junio de 1985, la cual se archivó en autos el 19 de julio de 1985, y la cual que revise la Sentencia emitida el 12 de junio de 1985, por el Honorable Tribunal Superior de Ponce.
      “Por todo lo cual, solicito del Honorable Tribunal que DECLARE CON LU-GAR el presente Escrito de Revisión al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
      “Dada en Ponce, Puerto Rico, a 13 de julio de 1985.
      “CARLOS A. VELEZ VALENTIN “NOTARIO PUBLICO
      “Notificación a:
      “Ledo. Eloy Verdejo Roque “Calle Amor Núm. 5
      “Ponee, Puerto Rico 00731[.]” Informe del Procurador General, pág. 16.

      (2) Aun cuando dicho “recurso” se hubiese presentado en tiempo ante este Tribunal, no cumple con los requisitos mínimos de nuestro reglamento. Véase Regla 17 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A; Re Reglamento del Tribunal Supremo, Resolución de 20 de noviembre de 1985; Calderón, Rosa-Silva & Vargas v. García, 120 D.P.R. 803 (1988).


author: El Juez Presidente Señor Pons Núñez

text:
      In re Jaime Calzada Llanos, querellado.

      Número: O-83-348

      Resuelto: 30 de junio de 1989

      Roberto Schmidt Monge y Rafael Ortiz Carrión, Procuradores Generales, Américo Serra, Procurador General Interino, Miguel Pagan, Subprocurador General, y Rosa Negrón de Qui-ñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Eli B. Arroyo y Eugenio Ramos Ortiz, abogados del quere-llado; Ángel F. Rossy García, Comisionado Especial.
   El Juez Presidente Señor Pons Núñez

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Jaime Calzada Llanos fue nombrado y tomó pose-sión del cargo de Juez Municipal el 17 de marzo de 1980. Fue asignado como Juez Regular al Municipio de Naguabo donde se desempeñó hasta el 2 de noviembre de 1981, fecha en que fue asignado al Municipio de Fajardo. Se desempeñó como Juez Regular del Municipio de Fajardo hasta el 3 de mayo de 1983, cuando fue separado de esa posición.

El 3 de mayo de 1983, a raíz de un informe investigativo del Director Administrativo de los Tribunales, el entonces Juez Asociado Hiram Torres Rigual determinó la existencia de causa probable contra Calzada Llanos. Mediante resolu-ción del mismo día, ordenamos al Procurador General a que formulara la correspondiente querella en su contra, a tenor con lo dispuesto en la Sec. 24 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 232. En cumplimiento de dicha resolución, el 24 de mayo de 1983 el Procurador General formuló cinco (5) cargos contra Calzada Llanos.

En el primer cargo se le imputó al querellado conducta impropia al no rendir los informes correspondientes a los años 1981 y 1982 que indican sus actividades extrajudiciales, por las cuales recibió remuneración como resultado de la ex-plotación de su negocio dé vaquería y venta de leche para el consumo humano, todo ello en violación a lo dispuesto en los Cánones V y X de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

En el segundo y tercer cargo se le imputó al querellado conducta impropia, inmoral e ilegal al ejercer funciones de administración, representación y/o manejo de los asuntos re-lacionados con una vaquería para la cual el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico había expe-dido licencia de vaquería a favor del Sr. Augusto Márquez Alverio; al gestionar los servicios del notario Antonio Ríos Acosta, e instar al Sr. Luis R. Corcino Santiago a afirmar bajo juramento ante dicho notario hechos que al querellado le constaban eran falsos, todo ello con el fin de obtener la expedición por el Secretario de Salud de una licencia de va-quería a favor del señor Corcino Santiago en violación a lo dispuesto en los Cánones I y VIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

El cuarto y quinto cargo imputaron al querellado viola-ciones al Canon I de Ética Judicial, supra, al incurrir “en conducta inmoral, ilegal e impropia consistente en que desde el 19 de febrero hasta el 27 de marzo de 1983, en trece (13) ocasiones participó personalmente en el proceso de adultera-ción de leche cruda de vaca, para venderla con el fin de dedi-carla al consumo humano” (Informe del Comisionado, pág. 2), y en defraudar a la Puerto Rico Dairy al entregarle leche adulterada en virtud de un contrato para la entrega de leche contraído con ésta. En relación con los actos imputados en estos dos (2) últimos cargos el querellado fue acusado cri-minalmente. Luego de ventilados los cargos en juicio plena-rio ante tribunal de derecho, el Tribunal Superior, Sala de Humacao, lo absolvió de todos los cargos que pesaban en su contra.

Oportunamente, el querellado contestó los cargos formu-lados por el Procurador General. En su contestación negó los hechos esenciales y alegó que, habiendo sido juzgado y ab-suelto previamente en el Tribunal Superior de Humacao por el delito de adulteración de leche y fraude en la entrega de cosa, existía impedimento colateral por sentencia en relación con los dos (2) últimos cargos imputados en la querella.

El 27 de junio de 1984 designamos al Juez Superior Hon. Ángel F. Rossy para que, en calidad de Comisionado Especial, oyera y recibiera la prueba que las partes tuvieran a bien presentar y la certificara al Tribunal con sus conclu-siones de hecho. Celebrada la vista del caso y recibida amplia prueba testifical y documental, el 2 de junio de 1986 el Comi-sionado Especial certificó la misma acompañada de sus con-alusiones de hecho. Notificadas las partes, el Procurador General compareció y expuso no tener objeciones al Informe del Comisionado Especial. El querellado Calzada Llanos compareció exponiendo varias objeciones al mismo. Las mismas no son persuasivas.

En su informe, el Comisionado Especial expuso conclusiones de hecho para cada cargo separadamente. Siguiendo dicha metodología, examinemos las conclusiones de hecho formuladas por el Comisionado Especial en cuanto a los cargos segundo, tercero, cuarto y quinto de la querella presentada. ()

En cuanto al segundo cargo, el Comisionado Especial for-muló, en lo pertinente, las conclusiones de hecho siguientes:

. . . [P]ara el año 1981 el querellado era propietario y ope-raba dos vaquerías localizadas en el Barrio Mameyes I de Lu-quillo. Una era operada en terrenos de su propiedad y la se-gunda, denominada la Número Dos, en una finca colindante propiedad del Sr. Carlos Silva Torres.
En el mes de agosto de 1981 el Sr. Augusto Márquez Alverio le expresó al querellado su interés en adquirir la vaquería Nú-mero Dos. Mientras se encontraban en el proceso de negocia-ción el Sr. Márquez le expresó al querellado que no tenía dinero para adquirir la misma por lo que necesitaba tramitar un préstamo. Para facilitar y adelantar las gestiones de financia-miento el querellado traspasó su cuota de leche de esa vaque-ría al Sr. Márquez Alverio a[u]n cuando la transacción no se había materializado.
Procedió así el Sr. Augusto Márquez Alverio a radicar una solicitud de licencia de vaquería ante el Departamento de Sa-lud. También formalizó el 10 de noviembre de 1981 un con-trato de entrega y recogido de producción de leche con la Suiza Dairy Corp. y radicó el 9 de noviembre de 1981 una solicitud de licencia en la Oficina de Reglamentación de la In-dustria Lechera para entregar su producción de leche a la Suiza Dairy. En esta solicitud consignó que su vaquería se en-contraba localizada en el Barrio Mameyes, Kilómetro 32, Hec-tómetro 6, Municipio de Luquillo.
Conforme a lo convenido, la Suiza Dairy Corp. abrió un nuevo expediente para el Ganadero Augusto Márquez, reco-giendo la producción de leche de su vaquería y librando a su nombre los cheques correspondientes en pago por la leche re-cibida. Entre el 7 de octubre de 1981 y el 30 de marzo de 1983 la Suiza Dairy expidió 77 cheques a favor de Augusto Márquez en pago por la leche recogida. De los cheques librados según antes indicado el Sr. Márquez endosó y cambió en el Colmado Rodríguez Carrasquillo el cheque núm. 509 expedido el 28 de octubre de 1981 y el núm. 1943 expedido el 13 de enero de 1982, habiéndose cambiado en efectivo sin endoso el cheque núm. 374. Los restantes 74. cheques fueron endosados a favor del querellado Jaime Calzada Llanos, quien los depositaba en su cuenta en el Banco Popular de Puerto Rico.
Según testimonio aportado por el propio querellado, el Sr. Márquez Alverio no pagó suma alguna de dinero por la va-quería, por lo que nunca se consumó la transacción, ha-biendo retenido el querellado el control y todo derecho sobre la vaquería en forma ininterrumpida y como dueño admi-nistraba la vaquería, supervisaba personal, realizaba actos de dominio y recibía el pago por concepto de la leche que se producía y entregaba a la Suiza Dairy.
A pesar de no haberse materializado la transacción, se con-sintió en que se expidieran las licencias solicitadas a favor del Sr. Augusto Márquez. El querellado tenía conciencia de que el Sr. Márquez ni era dueño, ni operaba la vaquería y no tomó medida correctiva alguna para que el Departamento de Salud y la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera cono-cieran esta realidad.
Este proceder y conducta está contemplado en el Regla-mento Sanitario Núm. 133 de 18 de mayo de 1970, que regla-menta los aspectos sanitarios de la producción, distribución, manipulación, pasteurización, venta o donación de leche y pro-ductos de leche en Puerto Rico. Dicho Reglamento dispone en su Artículo II como sigue:
‘Artículo II - Licencias
“Ninguna persona podrá producir, elaborar, envasar, almacenar, transportar, vender, exponer, ofrecer en venta o donar leche para consumo humano; o producir, elaborar o en-vasar producto de leche alguno para consumo humano si no está provisto de una licencia expedida por el Secretario previo el cumplimiento de los requisitos de este Reglamento.
Las licencias son personales e intransferibles y s[ó]lo autorizan el negocio en el establecimiento para el cual se ha otorgado. (Subrayado nuestro). . . .”’
Determinamos que le es imputable al querellado el conoci-miento de las disposiciones del Reglamento Sanitario antes indicado, por lo que debió conocer que su proceder estaba re-ñido con las claras disposiciones del Reglamento y constituían violaciones al mismo.
Tratándose de un Reglamento revestido de tanto interés público por la finalidad perseguida —la preservación de la sa-lud y bienestar del pueblo— su interpretación no puede ser tan liviana como para permitir como válida la excusa de la ausencia de mala f[e] e ignorancia de sus disposiciones para evadir así responsabilidades. Consideramos que el proceder del querellado es altamente censurable y se encuentra reñido con el C[a]non I de [É]tica Judicial.
Consignamos expresamente que la prueba aportada no de-mostró que la operación agrícola entorpeciera con el descargo adecuado de sus responsabilidades judiciales. Tampoco encon-tramos que la operación de una empresa agrícola, como re-sulta ser una vaquería, sea conflictiva per s[e] con lo precep-tuado en el C[a]non VIII de Ética Judicial. (Énfasis suplido y escolios omitidos.) Informe del Comisionado, págs. 17-21.

En cuanto al tercer cargo, el Comisionado Especial de-terminó lo siguiente:

Para el mes de febrero de 1983 el querellado, Don Jaime Calzada Llanos, continuaba operando las dos vaquerías de su propiedad bajo las circunstancias consignadas anteriormente. También se desempeñaba como Juez Municipal de Fajardo.
Según testimonio aportado por el querellado, para dicho mes y año el Sr. Luis R. Corcino Santiago, quien era su amigo personal y contable, expresó interés en comprarle las vaquerías. Para adelantar la transacción autorizó al Sr. Luis R. Corcino a radicar una solicitud de licencia de vaquería bajo juramento, atestando falsamente que era dueño de su vaquería en el Barrio Fortuna de Luquillo y que en dicha vaquería tenía 100 vacas lecheras en producción con un promedio diario de leche de 800 litros. Una vez juramentada y radicada por el Sr. Corcino la correspondiente solicitud, se expidió por el De-partamento de Salud una nueva licencia a favor del Sr. Luis R. Corcino como dueño. La licencia expedida, la Núm. RF-2, co-rrespondía a la expedida para una de las dos vaquerías propie-dad del querellado y figuraba antes del traspaso como expe-dida a favor del Señor Augusto Márquez como dueño.
Determinamos que el Sr. Corcino con el propósito de ade-lantar sus gestiones para obtener financiamiento para adqui-rir la vaquería del querellado, libre y voluntariamente, suscri-bió bajo juramento la antedicha declaración utilizada para ob-tener una licencia a su nombre para operar la vaquería en cuestión, con conocimiento que lo expresado era falso y para ello contó con la autorización del querellado. La realidad es que el querellado operó la vaquería de su propiedad como su único dueño desde el año 1980 y hasta que cesó sus opera-ciones en abril de 1988, sin contar con una licencia del Secre-tario de Salud a su nombre.
Conclu[i]mos que el proceder del querellado al participar y consentir a que se radicara la declaración jurada para fines oficiales con conocimiento de que lo allí atestado era falso, constituye una conducta que viola el C[a]non I de [Éjtica Judicial. Su proceder es altamente censurable por ser contrario a las claras disposiciones del Reglamento Sanitario Núm. 133 de 18 de mayo de 1970, que proh[í]be, expresamente, la opera-ción de una vaquería sin una licencia válida del Departamento de Salud, las que son personales e intransferibles. (Énfasis suplido y escolios omitidos.) Informe del Comisionado, págs. 21-23.

Finalmente, en relación con los restantes dos (2) cargos imputados al querellado, el Comisionado Especial hizo, en lo pertinente, las conclusiones de hecho siguientes:

Por razón de que las plantas pasteurizadoras de leche ve-nían confrontando problemas con la calidad de la leche que recibían de los productores, lo que les ocasionaba pérdidas cuantiosas, se convocó una reunión de los directores del Fondo para el Fomento de la Industria Lechera. Luego de discutirse el problema, los Directores convinieron en la conveniencia de contratar una firma independiente de investigadores pri-vados, quien tendría la responsabilidad de realizar una inves-tigación conducente a detectar los productores que entrega-ban leche adulterada a las plantas, así como identificar aque-llos que intervenían en este proceso. Informe del Comisionado, pág. 23.

A tales efectos, el 8 de marzo de 1982 se suscribió un contrato con la compañía Security Associates International de Puerto Rico. Dicha compañía contrató posteriormente al Sr. José E. Muñoz Jiménez como investigador.

Una vez empleado el Sr. Muñoz, se le instruyó para que se personara a la Suiza Dairy y presentara una solicitud de em-pleo como conductor, lo que hizo. Allí fue entrevistado por el Sr. Miguel A. Maymi Rijos, Gerente de Operaciones, quien lo contrató como conductor de camión efectivo el 11 de noviem-bre de 1982 para recoger leche en las diferentes vaquerías.
Comenzó así a trabajar el Sr. Muñoz acompañado de otros conductores de la Compañía para aprender las diferentes rutas. . . . Luego fue asignado a la ruta de Luquillo, la que le fue mostrada por el Sr. Víctor Santiago. La ruta de Luquillo se sub-dividía en dos rutas, la A y la B. La A estaba compuesta por 12 ganaderos, entre ellos el Sr. Jaime Calzada.
Asignado como fue el Sr. Muñoz a la ruta de Luquillo, a partir del 19 de febrero de 1983, comenzó a recorrer la misma en compañía del chofer Víctor Santiago, quien lo acompañó el primer día. Luego la trabajó solo.
El día 19 de febrero de 1983, primer día que el Sr. Muñoz recorría la Ruta A en compañía del chofer Víctor Santiago se visitaron todas las vaquerías comprendidas en dicha ruta, en-tre ellas las vaquerías que figuraban a nombre de los gana-deros Jaime Calzada Llanos y Augusto Márquez, ambas pro-piedad del querellado.
Al llegar a la vaquería del Sr. Jaime Calzada ese primer día, sábado 19 de febrero de 1983, estacionaron el camión y se des-montaron del mismo. Víctor Santiago se dirigió a donde se encontraba el Sr. Calzada y hablaron en privado. Luego ambos regresaron y Víctor Santiago le presentó al Sr. José A. Muñoz. Inmediatamente bajaron las mangas del camión y el Sr. Santiago procedió a conectarlas a los tanques de leche de la vaquería en que se encontraba depositada la leche y a otro donde había depositada agua. Pasaron al camión 1,200 litros de agua a la cual se le habían agregado dos bolsas de un material blanco granoso y leche cruda que se encontraba en los tanques de las vaquerías de Calzada. Como parte del arreglo en cada una de las vaquerías se dejaron 600 litros de leche que correspondía a la cantidad de 1,200 litros de agua con la solu-ción dilu[i]da que fue agregada. El Sr. Calzada le entregó al Sr. Santiago $120.00 en efectivo por recibir los 1,200 litros de agua. De éstos Santiago le entregó a Muñoz $60.00 rete-niendo el balance.
Esta operación se repitió en las 13 ocasiones siguientes en que el Sr. Muñoz recogió la leche de las vaquerías del Sr. Calzada, variando únicamente el número de litros de agua que por instrucciones del Señor Calzada se preparaban. Por cada 1,000 litros de agua se le echaban dos bolsas de 25 libras de un material blanco granoso. Por recibir leche adulterada según antes indicado el Sr. Calzada le pagaba al Sr. Muñoz en efectivo y cheques. El Sr. Calzada pagó en efectivo la suma de $120.00 el día 19 de febrero de 1983, cantidad que entregó al Sr. Víctor Santiago, de cuya cantidad el Sr. Santiago entregó la suma de $60.00 al Sr. Muñoz. El 21 de febrero de 1983 el Sr. Calzada entregó al Sr. Muñoz la suma de $100.00 por concepto de pago por el agua recibida en sustitución de la leche. El día 27 de febrero de 1983 el Sr. Calzada libró y le entregó al Sr. José Muñoz un cheque a su nombre por la suma de $200.00 en pago por el agua recibida en sustitución de la leche que se dejó en los tanques durante los días 23 y 27 de febrero de 1983. (Énfasis suplido.) Informe del Comisionado, págs. 24-26.

Así sucesivamente, el querellado fue entregando canti-dades de dinero adicionales al señor Muñoz Jiménez como pago por el agua recibida en sustitución de la leche.

Tanto el dinero como los cheques recibidos fueron entregados por Muñoz al Sr. José Cabán, empleado de Security, persona que tenía a cargo su supervisión, y posteriormente, fueron en-tregados al Fiscal Eduardo De Jesús, quien intervino en la fase criminal del caso. El dinero fue posteriormente confis-cado por orden del Tribunal Superior, Sala de Humacao, luego de lo cual fue remitido al Departamento de Hacienda.
El día 27 de marzo de 1983, último día en que el Sr. José Muñoz recogió leche en la vaquería del Sr. Jaime Calzada, éste se reportó a la Suiza Dairy como de costumbre. Una vez salió de la Compañía y conforme a las instrucciones que el Sr. José Cabán le había impartido, se detuvo en un negocio conocido como “Club Yaucano”. Estando en el negocio se personó Cabán, acompañado de los Agentes Eugene R[í]os Santiago, ads-crito a la Unidad de Inteligencia Criminal; el Agente Luis Daniel Erazo Félix, Supervisor de Inteligencia Criminal, Unidad de Operaciones de Campo; la mujer policía Amalia Abreu y un Inspector de Salud de nombre Héctor Rosado. También esta-ban presentes los fiscales que tenían a cargo la investigación. El Inspector de Salud procedió a inspeccionar el tanque termo del camión para cerciorarse que estuviera completa-mente vacío y luego le tomaron fotos. Antes de partir el Sr. Muñoz derramó un litro de leche sobre las mangas de reco-gido de leche del tanque. El Sr. Héctor Rosado había sido pre-viamente asignado para tomar muestras de leche en la vaque-ría del Sr. Jaime Calzada para análisis químico y bac-teriológico. Los Agentes de la Policía bajo la supervisión del Agente Luis D. Erazo Félix tenían la responsabilidad de dar protección al inspector de salud para que pudiera realizar su trabajo.
Así salieron en ruta hacia Luquillo el Camión de la Suiza Dairy conducido por el Sr. José Muñoz y dos vehículos ofi-ciales no rotulados.... Antes de iniciar la marcha habían con-venido que los Agentes habrían de permanecer fuera de la vaquería hasta que el conductor José Muñoz les hiciera una señal previamente acordada que consistía en quitarse una go-rra de pelotero que tenía puesta. En ese momento los agentes y el inspector de salud entrarían inmediatamente a la finca.
Al aproximarse a la entrada de la finca el Agente Ríos Santiago detuvo su vehículo y lo estacionó en un lugar retirado donde no tenía acceso visual a la finca. El vehículo que condu-cía el Agente Erazo Félix fue estacionado en la carretera, próximo a la entrada de la finca, donde abrieron el bonete del carro para simular que tenía desperfectos mecánicos; El Agente Erazo y la Oficial Abreu se bajaron del vehículo para poder observar la señal que desde el área de la vaquería les haría el Sr. José Muñoz. El Inspector Rosado permaneció en el carro con su equipo.
Una vez el Agente Erazo estacionó su vehículo, y siendo aproximadamente las 9:20 A.M., el camión de la Suiza Dairy conducido por el señor Muñoz entró a la finca. Al llegar a la vaquería estaban presentes el Sr. Jaime Calzada y el Sr. Carlos Cabrera, quien había llegado ese día en la mañana acompañando al Sr. Gabriel Centeno García, un mecánico de equipo de ordeño.
Una vez estacionado el camión de recogido de leche en pre-sencia del Sr. Calzada y el Sr. Cabrera según antes indicado, el Sr. Calzada le indicó al conductor que siguiera “bregando” en lo que iba a su casa que estaba como a 300 pies de distancia para buscar un material. En lo que el Sr. Calzada fue a su casa el Sr. Cabrera y el Sr. Muñoz cargaron agua de un tan-que cont[i]guo al cuarto de depósito de leche. Luego comenza-ron a cargar la leche de uno de los dos tanques que se encon-traban en el cuarto de depósito de leche. En eso llegó el Sr. Jaime Calzada en su vehículo Toyota Célica, color rojo y lo estacionó frente al camión de leche, al lado del cuarto donde estaban los tanques de leche. Sacó entonces dos bolsas del baúl y las puso sobre el tanque. El Sr. Cabrera echó las dos bolsas en el tanque que habían vac[i]ado y le echaron agua. Cabe aquí señalar que sometidos a análisis químico los res[i]duos en el interior de las bolsas según más adelante ha-bremos de consignar, se determinó la presencia de cloruros y glucosa en éstas.[()] El Sr. Muñoz le dijo entonces a Cabrera que lo batiera bien en lo que prendía las bombas para reco-gerla. Al salir afuera para prender la bomba del tanque se quitó la gorra de pelotero que tenía puesta, que era la señal convenida[()] y prendió la bomba del camión para recibir dicha substancia.
Inmediatamente el Agente Erazo Félix subió en su vehículo a la vaquería, tardando aproximadamente 30 segundos en llegar al lugar donde se encontraba el camión y el cuarto de de-pósito de leche. Al llegar el Agente se dirigió al cuarto de de-pósito de leche y ordenó que detuvieran el recogido de leche inmediatamente, lo que hicieron. El Inspector Rosado se diri-gió hacia donde se encontraba el Sr. Jaime Calzada, quien es-taba sentado dentro del vehículo Toyota Célica, color rojo, que estaba estacionado al lado del camión y le mostró su identifica-ción del Departamento de Salud, indicándole que iba a tomar muestras de leche en la vaquería. El Agente Erazo también se le identificó como Policía. (Énfasis suplido y escolios omi-tidos.) Informe del Comisionado, págs. 27-31.

Los análisis químicos practicados a las muestras de leche tomadas en la vaquería del señor Calzada para determinar agua añadida dieron como resultado un 75.06% de agua aña-dida. Se concluyó que las muestras no reunían los requisitos mínimos de leche, siendo una solución no apta para el con-sumo humano.()

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Un examen detenido y minucioso de toda la prueba docu-mental que tuvo ante sí el Comisionado Especial, así como de las constancias en autos, nos convence de que las conclu-siones de hecho del Comisionado Especial están sustentadas por la evidencia presentada. Una apreciación integral de la misma refleja que el querellado incurrió en conducta lesiva a las normas éticas esenciales que regulan el proceder de todo magistrado en nuestra sociedad.

La evidencia presentada demuestra, en primer término, que el querellado durante un largo período de tiempo operó su negocio de vaquería y venta de leche para el con-sumo humano sin tener licencia para ello y a sabiendas de que dicha conducta estaba reñida con claras disposiciones de ley. Demostró, además, que el querellado consintió e hizo gestiones conducentes a que varias personas obtuvieran de manera fraudulenta y atestando hechos falsos varias licencias de vaquerías por parte del Departamento de Salud, todo ello para su propio beneficio. Al así actuar, el querellado incurrió en conducta altamente impropia y reprensible.

Por otra parte, la prueba también tendió a demostrar que el querellado participó activamente en el proceso de adulteración de leche de vaca con el fin de venderla para el consumo humano. Como es sabido, la práctica de adulterar leche ha sido severamente sancionada por este Tribunal a través de nuestra trayectoria jurisprudencial, pues la misma, además de reflejar conducta deshonesta, atenta contra la salud y el bienestar de los miembros de nuestra comunidad. Por tal razón, en estos casos se impone un tipo de responsabilidad absoluta. Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977); Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315 (1976); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 209 (1975); Pueblo v. Solla, 66 D.P.R. 957 (1947); Pueblo v. Nieto, 64 D.P.R. 882 (1945). Aunque en el caso.que nos ocupa la prueba presentada sobre este particular resultó un tanto confusa y difícil de precisar en cuanto a ciertas actuaciones del querellado, una apreciación integral de la misma a la luz de todos los hechos y circunstancias involucradas refleja que el querellado Calzada Llanos no tan sólo participó directa-mente en dicho proceso, sino que personalmente pagó para que la misma fuera recogida y transportada de su vaquería a la compañía pasteurizadora. Siendo ello así, no existe motivo alguno para alterar las conclusiones del Comisionado Especial a ese respecto.

En cuanto a la defensa levantada por el querellado, a los efectos de que su absolución del delito de adulteración de leche y fraude en la entrega de cosas impide la presentación de la querella que nos ocupa, no le asiste la razón. Contrario a lo que alega éste, no existe en el caso de autos impedimento alguno para la formulación y dilucidación de la presente querella. En In re Rodríguez Caraballo, 106 D.P.R. 792, 799 (1978), expresamente indicamos que “[l]a absolución del querellado en la causa penal no impide que por los mismos hechos se juzgue su conducta a los fines de determinar si incurrió en alguna falta de ética”. Véanse, además: In re De Castro, 100 D.P.R 184, 197 (1971); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255, 256 (1961); In re Dávila, 79 D.P.R. 816 (1957); In re Abella, 67 D.P.R. 229, 238 (1947); In re González Blanes, 65 D.P.R. 381, 391 (1945); In re Tormes, 30 D.P.R. 267, 271 (1922). Adviértase que en un procedimiento como el de autos —dirigido a determinar si se ha incurrido en alguna conducta reprensible o impropia— no es necesario probar los hechos de igual manera como si se tratase de un caso criminal. In re De Castro, supra.

En el presente caso, la prueba presentada demostró inequívocamente que el querellado incurrió en la con-ducta antiética, reprensible e impropia de un magistrado que merece sanción disciplinaria a tenor con lo dispuesto en la Sec. 24 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra. Al incurrir en dicho comportamiento, el Juez Calzada Llanos no se mantuvo a la altura de la norma enunciada en el Canon I de Ética Judicial, supra, que dis-pone:

La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la democracia, debe ser mantenida por los tribunales a los más altos niveles de la responsabilidad pública.
En el ejercicio de su delicada función, aquellos llamados a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de conducta que hon-ren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la judicatura.

Contrario a lo exigido por el citado canon, el querellado actuó de forma incompatible con las normas de conducta que rigen su ministerio y el fiel descargo de la función judicial.

Ante esa situación, y en vista de que el querellado incurrió en la conducta inmoral, impropia y reprensible que así lo justifica (In re Gallardo, 81 D.P.R. 19 (1958)), se hace necesaria su destitución del cargo de Juez Municipal.

Por todo lo anterior, se dictará sentencia que decrete la destitución del querellado Sr. Jaime Calzada Llanos del cargo de Juez Municipal.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Con relación al primer cargo, el Comisionado Especial concluyó que el querellado, mientras se desempeñó como Juez Municipal, cumplió con las disposi-ciones administrativas que les impone a los miembros de la Rama Judicial las leyes y reglamentos aplicables, así como con las obligaciones impuestas por la Oficina de Administración de los Tribunales. Concluyó, además, que el querellado no venía obligado a cumplimentar el informe anual requerido por el Canon X de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, puesto que la operación de sus negocios de vaquería no constituyen ‘“la realización de labores o servicios individuales pres-tados por el juez mediante compensación’” (Informe del Comisionado, pág. 17) a que se refería el citado canon. Analizada la prueba documental que tuvo ante sí el Comisionado Especial, coincidimos con la determinación hecha por éste en rela-ción con el primer cargo, por lo que se exonera al querellado del mismo.

      (2) Según la prueba pericial admitida en evidencia, estos químicos pueden ser usados para burlar el análisis conocido como “crioscopatía”, utilizado para evaluar la calidad de la leche y para determinar si su composición natural ha sido adulterada.

      (3) De la inspección ocular que llevó a cabo el Comisionado Especial, éste determinó que del sitio en que estaban estacionados los agentes se podía obser-var cualquier señal que pudiera haberse hecho desde el área donde se encontraba el camión.

      (4) Determinó, además, el Comisionado Especial que en las cinco (5) oca-siones en que la Suiza Dairy recogió leche de la vaquería del querellado, en virtud de un contrato suscrito a esos fines, ésta tuvo que decomisar la misma dado el hecho de que los análisis químicos realizados por los técnicos de la compañía determinaron que dicha leche no era apta para el consumo humano por contener un volumen de agua sobre lo normal.