author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Víctor M. Ortiz Díaz y otros, demandantes y recurrentes, v. R. & R. Motors Sales Corp. y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-90-585

      Resuelto: 26 de octubre de 1992

      Pedro Morell Corrada, abogado de los recurrentes; Roberto Segarra Olivencia, de Delgado Cadilla, y Carlos A. Ramos, abogados de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El 2 de junio de 1987, Víctor M. Ortiz Díaz, Zilma E. Cacho Galarza y la sociedad de gananciales compuesta por ambos, presentaron demanda en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, contra R. & R. Motors Sales Corp. (en ade-lante R. & R. Motors), la Compañía Aseguradora “X”, Albe-ric Colón Auto Sales, Inc. (en adelante Alberic) y la Com-pañía Aseguradora “Z”. Reclamaron doscientos mil dólares ($200,000) en daños que alegadamente sufrieron con mo-tivo de un accidente de automóvil ocurrido el 10 de marzo de 1987. El 14 de septiembre de 1987 los demandados con-testaron la demanda. El 24 de febrero de 1988 los deman-dantes presentaron demanda enmendada y moción solici-tando se permitiera la misma y se expidiera emplazamiento. En dicha demanda incluyeron a la Professional Underwriters Insurance Co. (en adelante Professional) en sustitución de las compañías aseguradoras inclui-das en la demanda original con nombre ficticio por desconocerse el verdadero. La demanda enmendada no in-cluyó alegación alguna sobre lucro cesante. El 3 de octubre de 1988 Professional contestó la demanda enmendada y planteó como defensa afirmativa que la reclamación en su contra estaba prescrita.

Así las cosas, el 21 de agosto de 1989 las partes presen-taron Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados (en adelante Informe) en el cual la parte demandante hizo constar que sometía varias enmiendas a las alegaciones de la demanda, entre las cuales incluyó, por primera vez, una reclamación por lucro cesante para la sociedad de bienes gananciales por la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000). La parte demandada se limitó a señalar que negaba las enmiendas sometidas por la parte demandante. El 28 de agosto de 1989 el tribunal aprobó el Informe.

El 14 de mayo de 1990 las codemandadas Alberic y Professional presentaron moción de desestimación en la cual alegaron que la reclamación por lucro cesante estaba prescrita. Adujeron que el accidente ocurrió el 10 de marzo de 1987 y que no fue hasta el 21 de agosto de 1990, en el Informe, aproximadamente dos años y medio (2 V2) más tarde, que se incluyó, por primera vez, dicha reclamación como enmienda a las alegaciones. A esta moción la parte demandante se opuso. Adujo en apoyo a su contención que las demandadas renunciaron a la defensa de prescripción al no plantearla en el Informe

Luego de una serie de trámites procesales, el 11 de sep-tiembre de 1990 el foro de instancia dictó sentencia parcial desestimando “la causa de acción contra dichos co-deman-dados en lo referente a la sociedad dé bienes gananciales ...”. Adoptó e hizo formar parte de la sentencia parcial los fundamentos expuestos en la moción de desestimación. El 25 de septiembre el tribunal enmendó nunc pro tune la sentencia parcial “para aclarar que la causa de acción des-estimada [era] la de lucro cesante reclamada por la socie-dad de bienes gananciales

No conforme con esta determinación, los demandantes presentaron recurso de revisión planteando la comisión de dos (2) errores: que el tribunal erró al “negarse a determi-nar que los demandados recurridos renunciaron a la de-fensa de prescripción” y al determinar que la alegación de lucro cesante estaba prescrita.

El 16 de noviembre de 1990 ordenamos a las codeman-dadas recurridas comparecer y mostrar causa por la cual no deberíamos expedir y revocar la sentencia parcial. Las codemandadas recurridas han comparecido, procede resolver según lo intimado.

H-I

La retroactividad de las enmiendas a las alegaciones

En lo pertinente a la retroactividad de las enmien-das a la demanda, la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone lo siguiente:

Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la alega-ción enmendada surgiere de la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación original, las enmiendas se retrotrae-rán a la fecha de la alegación original ...

De otra parte, con relación a una reclamación hecha a un demandado de nombre desconocido, la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, provee lo siguiente:

Cuando un demandante ignore el verdadero nombre de un demandado, deberá hacer constar este hecho en la demanda, exponiendo la reclamación específica que alega tener contra dicho demandado. En tal caso, el demandante podrá designar a dicho demandado en cualquier alegación o procedimiento con un nombre ficticio y al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda prontitud la enmienda correspondiente en la alegación o procedimiento.

A tenor con lo dispuesto en la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la demanda contendrá “una relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio ...”. Basta con que las alegaciones bosquejen a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones, de forma tal que la parte demandada quede notificada de la naturaleza general de las contenciones en su contra y pueda comparecer a defenderse si así lo desea. Véanse: Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972); Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). Hemos resuelto que la súplica no forma parte de la demanda, aunque sirve para interpretarla y que las alegaciones hay que interpretarlas las unas con las otras con el propósito de hacer justicia sustancial. Véanse: Rivera v. Otero de Jové, 99 D.P.R. 189, 194 (1970); Moa v. E.L.A., supra, pág. 586. Después de todo, el tribunal determinará la existencia de una causa de acción y concederá “el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba,” no de acuerdo con la súplica. Regla 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véanse: Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 72 (1987); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. I (1989); Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 104 D.P.R. 50 (1975); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1984, Vol. II, Cap. III, pág. 67. Lo importante es que a la. luz de las alegaciones de la demanda los demandados estén razonablemente prevenidos de lo que los demandantes intentan reclamar.

Sin embargo, las propias Reglas de Procedimiento Civil indican que ciertas materias hay que alegarlas específicamente y, de no hacerlo así, éstas se entenderán renunciadas. Los daños especiales, tales como el lucro cesante, hay que alegarlos específicamente. Regla 7.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Díaz v. Marshak Auto Dist., Inc., 95 D.P.R. 690, 702 (1968); Cuevas Segarra, op. cit., págs. 53-54. El lucro cesante lo constituyen los ingresos dejados de percibir, por lo tanto es una pérdida para la sociedad de bienes gananciales y es a ésta a quien le corresponde reclamarlos. Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192 (1978).

De otra parte, la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra, permite que se pueda demandar a una persona cuyo nombre se desconoce designándolo en la demanda con un nombre ficticio. Tan pronto se conozca su nombre verdadero se enmendará la demanda incluyendo a dicho demandado de nombre desconocido con su nombre verdadero. Luego se procederá a emplazarlo. Las alegaciones con respecto al demandado así incluido se retrotraerán al momento de la presentación de la demanda original. Lo importante en acciones in personam, como la presente, es que para “responsabilizar a las compañías [de seguros] designadas con nombres ficticios, se les incluya en la demanda con su nombre correcto y se les notifique ésta ... con tiempo suficiente para que puedan comparecer y defenderse”. Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134, 142 (1988).

Con relación a enmiendas a la demanda, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, nos indica que una vez notificada una alegación respondiente, la demanda se podrá enmendar únicamente con permiso del tribunal o mediante consentimiento por escrito de la parte contraria. El tribunal deberá conceder el permiso para enmendar liberalmente, aun en etapas avanzadas de los procedimientos. Véanse: Granados v. Rodríguez Estrada I, supra; Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 737 esc. 4 (1984). En Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1975), señalamos que esta liberalidad “está condicionada por un juicioso ejercicio de discreción que ha de ponderar por el momento en que se solicitan, su impacto en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa, la razón o ausencia de ella para la demora e in~ acción original del promovente de la enmienda, el perjuicio que la misma causaría a la otra parte y hasta la naturaleza y méritos intrínsecos de la [reclamación] que tardíamente se plantea”. Véase, también, Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217 (1975). La conferencia prelimi-nar al juicio, cuyo propósito es simplificar los procedimien-tos, ofrece la oportunidad para que se sometan al tribunal posibles enmiendas a las alegaciones antes de la vista en su fondo. Véanse: Regla 37.1(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823 (1962).

Ahora bien, a tenor con lo dispuesto en la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, supra, una vez las enmiendas a las alegaciones son permitidas por el tribunal, si éstas surgen “de la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación original ... se retrotraerán a la fecha de la alegación original”. Id. Las enmiendas pueden ampliar una de las causas de acción alegadas en la demanda original o pueden añadir una o más causas de acción. Lo importante para que se retrotraiga la enmienda al momento de la presentación de la demanda original es que ésta surja de “la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación original...”. íd. Por lo tanto, si la demanda original se presentó en tiempo, las enmiendas también estarán en tiempo; no surgirá, pues, problema alguno de prescripción, no importa cuándo se hayan presentado las enmiendas.

Cabe señalar, sin embargo, que si con la enmienda se intenta añadir un nuevo demandante o demandado, el momento para determinar el término prescriptivo es cuando se incluye el nuevo demandante o demandado por primera vez en la demanda, con excepción, claro está, de lo dispuesto por la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Reglas 13.3 y 15.4 de Procedimiento Civil, supra; Figueroa Díaz v. Escobales, 101 D.P.R. 173 (1973); Bithorn v. Santana, 68 D.P.R. 300 (1948); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472 (1967); Márquez v. Tribl. Superior, 85 D.P.R. 559 (1962), y de la situación en que haya solidaridad entre el demandante o demandado ya incluidos en la demanda y el nuevo, Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992); García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951).

l — I HH

Aplicación de las normas procesales

En el caso de autos la demanda original se presentó apenas tres (3) meses después de acaecido el accidente. Estaba dentro del término prescriptivo de un (1) año que dispone el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298, para las reclamaciones de daños y perjuicios ex delicto. En la demanda se incluyeron como demandantes a los esposos Ortiz Díaz y Cacho Galarza y a la sociedad de bienes ga-nanciales compuesta por ambos, y como demandados a R. & R. Motors, a Alberic y a las compañías de seguros de ambos de nombres desconocidos y designadas con los nom-bres ficticios Compañías de Seguros “X” y “Z”. Oportuna-mente se enmendó la demanda para sustituir a las compa-ñías de seguros incluyéndolas con su verdadero nombre, la Professional. A tenor con las normas procesales previa-mente esbozadas, esta enmienda se retrotrajo al momento de la presentación de la demanda original.

Así las cosas, en el Informe de la Conferencia Preliminar al Juicio aprobado por el tribunal de instancia, se enmendó la demanda para ampliar la causa de acción ale-gada, de forma tal que ésta incluyese como daño especial para la sociedad de bienes gananciales el lucro cesante. Surgiendo este daño especial de la misma conducta, acto o evento expuesto en la demanda original, una vez permitida la enmienda por el tribunal al aprobar el Informe de Con-ferencia Preliminar entre Abogados, a tenor con lo dis-puesto en la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, supra, la enmienda se retrotrajo automáticamente al momento de la presentación de la demanda original. Si la demanda original se presentó en tiempo, la enmienda incluyendo el lucro cesante como daño especial también estaba en tiempo. No procedía la desestimación de la reclamación por lucro cesante.

Por todo lo antes expuesto, procede que se expida el auto de revisión solicitado y se dicte sentencia revocando la emi-tida por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, el 11 de septiembre de 1990, y devolviendo el caso al foro de instan-cia para que. continúen los procedimientos de forma consis-tente con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López emitieron opiniones concurrentes por escrito. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

— O —

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

El 19 de noviembre de 1986, Víctor M. Ortiz Díaz y su esposa Zilma E. Cacho Galarza estuvieron involucrados en un accidente automovilístico. El 29 de junio de 1987, a nombre propio y de su sociedad legal de gananciales, pre-sentaron una demanda en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, contra R. & R. Motors Sales Corp. (en adelante R. & R. Motors) y Alberic Colón Auto Sales (en adelante Alberic Colón). Por desconocer sus nombres, incluyeron como aseguradoras de dichos demandados a “X” y “Z”. Re-clamaron doscientos mil dólares ($200,000) por daños y perjuicios físicos y mentales.

El 16 de septiembre de 1987, R. & R. Motors contestó y negó responsabilidad. Entre sus defensas afirmativas alegó la prescripción. El 1ro de octubre Alberic Colón con-testó, y, aunque también rechazó responsabilidad, no adujo la defensa de prescripción.

Posteriormente, el 15 de marzo de 1988 se formuló una demanda enmendada y se incluyó como codemandada a la Professional Underwriters Insurance Co. (en adelante Professional Underwriters), aseguradora de Alberic Colón. En su contestación de 4 de octubre de 1988, Professional Underwriters interpuso la defensa de prescripción.

El 21 de agosto de 1989 se presentó en el tribunal un Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados (en adelante Informe). Allí los demandantes enmendaron la demanda “a los efectos de alegar que la Sociedad de Ga-nanciales ... ha resultado con una pérdida de $200,000.00 por concepto de lucro cesante ...”. Apéndice a solicitud, pág. 13. Frente a esta enmienda, la parte demandada procedió a “negar todas las enmiendas presentadas por la parte demandante”. Id. El tribunal aprobó el Informe.

El 14 de mayo de 1990, Alberic Colón y Professional Underwriters solicitaron la desestimación de la reclama-ción por lucro cesante por el fundamento de que estaba prescrita. Después de varios incidentes, finalmente, el 11 de septiembre de 1990 el tribunal de instancia (Hon. Juan J. Ríos Martínez, Juez) accedió y dictó sentencia sumaria parcial desestimatoria. Mediante orden para mostrar causa, acordamos revisar.

Concurrimos en que la reclamación de lucro cesante no está prescrita.

HH

No cuestionamos que al amparo de la Regla 6.3 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, toda "materia consti-tutiva de excusa o de defensa afirmativa” —incluso la pres-cripción — = debe ser oportuna y afirmativamente formulada mediante alegación responsiva; de lo contrario se renuncia. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 506 (1985).

En el caso de autos, R. & R. Motors y Professional Underwriters adujeron la defensa de prescripción en sus res-pectivas contestaciones. Después, ante la reclamación por lucro cesante alegada en el Informe, éstos negaron “todas las enmiendas”. La informalidad del trámite es evidente. No se exigió a los demandantes la presentación de un do-cumento nuevo de “demanda” en que incorporaran todas las alegaciones; tampoco se les requirió a los demandados en cuanto a su “contestación”. La negativa de éstos, contes-tada de ese modo, tuvo un solo efecto procesal: reproducir, entre otras, la defensa de prescripción originalmente esgrimida. Ajuicio nuestro, no era necesario que en el In-forme se consignaran por escrito otra vez todas las defen-sas previamente expuestas. Repetimos, si para enmendar las alegaciones se siguió ese trámite, sin el requisito de una nueva demanda mediante documento separado, no ve-mos por qué exigírselo a los demandados.

rH I — I

Lo expuesto no dispone del caso. La defensa de prescrip-ción, aunque interpuesta, no procedía en derecho. Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192, 195 (1978), acogido por la ilustrada sala sentenciadora, es inaplicable. Allí, distinto al que nos ocupa, antes de la enmienda en la que se reclamaba lucro cesante, no había comparecido la sociedad de gananciales, verdadera parte perjudicada.

El lucro cesante es una partida de daños especial que debe alegarse específicamente en la demanda. Este requi-sito es para evitar sorpresas, promover una adecuada pre-paración, e informar al tribunal sobre el contenido de toda la reclamación. Como daño especial es susceptible de ser posteriormente añadido mediante enmienda. Aquí lo auto-rizó el tribunal. Si a ello unimos el consentimiento escrito de los demandados, y que se trata de una partida que sur-gió del mismo evento a causa de la acción original, es in-eludible la conclusión de que sus efectos se retrotrajeron a la fecha de la demanda original. Reglas 13.1 y 13.3 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Independientemente de lo resuelto por la mayoría de los integrantes del Tribunal en la Opinión hoy emitida —a los efectos de que enmiendas realizadas a la demanda original se retrotraen a la fecha de la radicación de la misma siem-pre que dichas enmiendas surjan “de la conducta, acto, omisión u evento expuesto en la alegación original”, lo cual, después de todo, es lo que textualmente expresa la Regla 13.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III— el recurso ante nuestra consideración nos permite expresarnos sobre la obligación de una parte de levantar u oponer las defensas afirmativas, a las que se refiere la Re-gla 6.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), ante enmiendas a las alegaciones realizadas por la parte contraria en la etapa de la conferencia preliminar al juicio que regula la Regla 37 de Procedimiento Civil y, las conse-cuencias legales de que esa parte así no las levante.

Con motivo de un accidente de automóviles que ocu-rriera el día 30 de marzo de 1987, el matrimonio com-puesto por Víctor M. Ortiz Díaz y Zilma E. Cacho Galarza, y la sociedad legal de gananciales compuesta por éstos, ra-dicaron el 2 de junio de 1987 una demanda de daños y perjuicios contra los codemandados recurridos R. & R. Motors Sales Corp., Alberic Colón Auto Sales, Inc., y las res-pectivas compañías aseguradoras de ambos codemanda-dos, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón. Se alegó en dicha demanda, en lo pertinente, que como consecuencia de unos desperfectos —reportados por ellos a dichas codemandadas y no corregidos adecuada-mente por éstas— que tenía el vehículo de motor que ellos le habían comprado a dichas codemandadas habían sufrido un accidente en el cual ambos sufrieron daños, tanto físicos como mentales, los cuales valoraron en la suma global de doscientos mil dólares ($200,000).

Luego de contestada la demanda por las referidas code-mandadas, el tribunal de instancia señaló la “Conferencia Preliminar al Juicio” que establece la mencionada Regla 37 de Procedimiento Civil de 1979, ante. En cumplimiento de lo dispuesto por la Regla 37.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), los abogados de las partes se reunieron entre sí, el 21 de agosto de 1989, y procedieron a preparar, redactar, y suscribir un “proyecto de orden”, o informe, de “conferencia preliminar entre abogados”. En el mismo, y en el apartado de dicho informe correspondiente a “enmiendas a las alegaciones”, la parte demandante in-formó o adicionó cuatro (4) enmiendas a su demanda. En adición a “individualizar y aumentar” la suma de dinero reclamada por concepto de los daños y perjuicios, físicos y mentales, alegadamente sufridos —doscientos mil dólares ($200,000) para el codemandante Ortiz Díaz y trescientos mil dólares ($300,000) para la codemadante Cacho Galar-za— la “parte demandante” reclamó, por primera vez, la suma de doscientos mil dólares ($200,000) “por concepto de lucro cesante debido a la merma en la capacidad de trabajo de los demandantes”. (Enfasis suplido.) Apéndice a solici-tud, pág. 13. Procede que se enfatice el hecho de que en relación con dicha nueva causa de acción la parte deman-dada únicamente hizo constar en el referido informe lo si-guiente: “Para negar tocias las enmiendas presentadas por la parte demandante.” Apéndice a solicitud, pág. 13.

La “Conferencia Preliminar al Juicio” fue celebrada ante el tribunal de instancia el día 21 de agosto de 1989. Conforme surge de la “minuta” que recoge los procedimien-tos acaecidos, el tribunal de instancia aprobó el mencio-nado informe en dicho día como el acta de conferencia con antelación al juicio. Mediante moción de fecha 14 de mayo de 1990, la parte demandada solicitó la desestimación, por razón de prescripción, de la causa de acción sobre lucro cesante.

No obstante la oposición de la parte demandante —la cual planteó que dicha defensa de prescripción había sido “renunciada” por la parte demandada— el tribunal de ins-tancia dictó sentencia sumaria parcial final mediante la cual desestimó la causa de acción referente al lucro cesante reclamado por alegadamente estar prescrita la misma. In-conforme, acudió en tiempo la parte demandante ante este Tribunal imputándole error al foro de instancia al así resolver. Mediante Resolución de fecha 16 de noviembre de 1990, le concedimos término a la parte demandada re-currida para

... mostrar causa por la cual este Tribunal no deba expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la sentencia emitida el día 11 de septiembre de 1990 —modificada según resolución nun pro tunc del 25 de septiembre de 1990— por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón.

Dicha parte compareció en cumplimiento de la orden de mostrar causa emitida. Siguiendo, al pie de la letra, lo es-tablecido por la citada Regla 13.3 de Procedimiento Civil de 1979 —a los efectos de que, si la reclamación expuesta en la alegación enmendada surge de la conducta, acto, omi-sión a evento expuesto en la alegación original, la en-mienda realizada se retrotrae a la fecha de la radicación de la demanda— la mayoría del Tribunal resuelve que la re-clamación enmendada, sobre lucro cesante, hecha por la parte demandante no está prescrita.

Por nuestra parte, exploramos una dimensión distinta —en nuestra opinión, un tanto más interesante y menos mecánica— de la situación jurídica que plantea el recurso ante nuestra consideración, esto es, la interacción de las disposiciones de la Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill), y la Regla 37 de Procedimiento Civil de 1979, ante.

h-1 HH

La citada Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 1979 es-tablece:

6.3. Defensas afirmativas

Al responder a una alegación precedente, las siguientes de-fensas deberán expresarse afirmativamente', transacción, acep-tación como finiquito, laudo y adjudicación, asunción de riesgo, negligencia, exoneración por quiebra, coacción, impedimento, falta de causa, fraude, ilegalidad, falta de diligencia, autoriza-ción, pago, exoneración, cosa juzgada, prescripción adquisitiva o extintiva, renuncia y cualquier otra materia constitutiva de excusa o de defensa afirmativa. Cuando la parte denomine equivocadamente una defensa como una reconvención, o una reconvención como una defensa, el tribunal, si así fuere de jus-ticia y bajo los términos que estime apropiados, considerará la alegación como si hubiere sido correctamente denominada. (En-fasis suplido.)

En relación con las “defensas afirmativas” enumeradas en la transcrita Regla 6.3, reiteradamente hemos resuelto que las mismas se entienden renunciadas si no son oportu-namente levantadas; esto es, dichas defensas tienen que ser opuestas en la primera alegación responsiva de la parte a quien pueden favorecer las mismas. Véanse: Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 1979, ante, y Regla 6.4 de Procedi-miento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III); Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294 (1989); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 506 (1985); Ramos v. Trans Oceanic Ins. Co., 103 D.P.R. 298, 300 (1975). Por otro lado, es doctrina firmemente establecida que dichas defen-sas tienen que ser alegadas en forma expresa y específica; esto es, no le es permitido a una parte oponer con éxito una defensa afirmativa específica en la etapa posterior del pro-ceso cuando dicha parte, en su primera alegación respon-siva en el caso, lo que hizo constar fue meramente una negativa general en cuanto a las alegaciones de la parte contraria. Véanse: 5 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1278, págs. 477-489 (1990); A.M. Dobie, The Federal Rules of Civil Procedure, 25 Va. L. Rev. 261, 266 (1939).

H — I HH H

En el presente caso, como hemos visto, al radicar la de-manda originalmente, la “parte demandante” no reclamó suma alguna de dinero por concepto de lucro cesante. Como certeramente expresáramos en Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192, 195 (1978), el “lucro cesante es una pérdida de naturaleza económica que se traduce en daños. No se concede indemnización por este concepto para restituir o sustituir la integridad física de la persona. Sus-tituye ingresos provenientes del trabajo”. Dados los hechos particulares del presente caso, la partida que por concepto de lucro cesante podía ser reclamada constituía una pér-dida para la codemandante sociedad legal de gananciales, compuesta la misma por los codemandantes Ortiz Díaz y Cacho Galarza; la cual sociedad —entidad distinta y sepa-rada de los cónyuges que la componen— era quien podía y tenía que reclamarla.

Para incorporar dicha causa de acción a la reclamación por ella originalmente radicada, la “parte demandante” te-nía ante sí dos (2) opciones o vías procesales: (1) radicar una demanda enmendada, en cuya situación, no hay duda, la parte demandada venía en la obligación de levantar, en la contestación que relativa a dicha demanda enmendada venía obligada a radicar, todas las defensas que nuestro ordenamiento, en general, y las Reglas de Procedimiento Civil, en particular, le conceden y requieren que levante; y/o (2) enmendar sus alegaciones a esos fines en la etapa de la conferencia con antelación al juicio. Optó por la segunda de dichas opciones. A esos efectos, expresa y específica-mente, la parte demandante incorporó, como enmienda a sus alegaciones, la reclamación sobre lucro cesante; re-clamó, en relación con dicha partida, la suma de doscientos mil dólares ($200,000). Ante dicha acción, la parte deman-dada venía en la obligación de plasmar por escrito, allí y entonces, todas las defensas afirmativas que, en su opinión y en relación a dichas enmiendas, entendía eran proceden-tes y pertinentes en derecho oponer.

Como hemos visto, la parte demandada se limitó a "ne-gar todas las enmiendas presentadas por la parte deman-dante” (Apéndice, pág. 13), lo cual no es suficiente en derecho. Su actuación en ese momento, a todos los fines legales, constituyó su “primera alegación responsiva” ante la nueva causa de acción sobre lucro cesante de la parte demandante. En la misma, la parte demandada no levantó —oportuna y específicamente y como era su deber en cum-plimiento de la obligación que le imponen las Reglas de Procedimiento Civil— la defensa afirmativa de prescripción. Renunció, en consecuencia, a la misma; ello, independientemente del hecho de que la enmienda reali-zada en el presente caso —debido a su naturaleza especí-fica y por mandato expreso de la referida Regla 13.3— se entienda retrotraída a la fecha de la radicación de la de-manda original.

IV

En resumen, en el caso hoy ante nuestra consideración, la omisión en que incurrió la parte demandada —al no le-vantar específicamente, en la conferencia con antelación al juicio, la defensa de prescripción— constituye un funda-mento adicional para derrotar la contención de la parte demandada en el presente caso a los efectos de que la en-mienda en reclamación del lucro cesante no está prescrita.

Ello cobra gran importancia cuándo se trata de enmien-das a las que no le son de aplicación las disposiciones de la citada Regla 13.3. La profesión debe estar consciente del hecho, por lo menos en cuanto al Juez suscribiente con-cierne, de que en relación con dichas enmiendas, realiza-das a nivel de la conferencia con antelación al juicio, las partes demandadas vienen en la obligación de plantear, en dicha etapa y en forma específica, todas y cada una. de las defensas afirmativas que enumera la Regla 6.3 de Procedi-miento Civil, ante.

       También alegó que no advino al conocimiento de que podía reclamar lucro cesante hasta el 22 de marzo de 1989 cuando, al ser evaluados los codemandantes por el doctor Grovas Badrena, “por primera vez se enteraron de que habían quedado con un impedimento que resultaría en una merma en su capacidad para generar ingresos”.
      Tanto los demandantes como las codemandadas Alberic Colón Auto Sales, Inc. y Professional Underwriters Insurance Co. presentaron varias mociones relacionadas con la solicitud de desestimación por prescripción.

       Con relación a lo que constituye una causa de acción, y dentro del contexto de la defensa de cosa juzgada, en Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 331 (1988), expresamos:
      “Puede existir una sola causa de acción aunque ambos pleitos se invoquen bajo leyes diferentes. Lo importante no es la ley en que se funda la reclamación, sino la causa o razón para reclamar, es decir, el asunto planteado.” Véase, también, Díaz Maldonado v. Lacot, 123 D.P.R. 261 (1989).

       La citada disposición reglamentaria establece:

        “Siempre que la reclamación ... expuesta en la alegación enmendada surgiere de la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original. Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación original si, en adición a cumplirse con el requisito anterior, y dentro del término prescriptivo, la parte que se trae mediante enmienda (1) tuvo conocimiento de la causa de acción pendiente, de tal suerte que no resulta impedido de defenderse en los méritos, y (2) de no haber sido por un error en cuanto a la identidad del verdadero responsable, la acción se hubiera instituido originalmente en su contra.” (Énfasis suplido.) Regla 13.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

       Señalamiento de errores:

        “Primero:
      “Erró la Honorable Sala sentenciadora al negarse a determinar que los deman-dados recurridos renunciaron a la defensa de prescripción contra la reclamación de lucro cesante de la Sociedad de Gananciales recurrente.
      “Segundo:
      “Erró el Honorable Tribunal a quo al determinar que la alegación enmendada para incluir lucro cesante estaba prescrita.” (Enfasis suprimido.) Solicitud, pág. 3.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    José O. Ortiz Serrano, apelante, v. Carmelo González Rivera, Alcaide, Penitenciaría Estatal de Río Piedras, apelado.

      Número: CE-86-88

      Resuelto: 27 de octubre de 1992

      Ivette Aponte Nogueras, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Vanessa Ramí-rez, Procuradora General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario José Ortiz Serrano comenzó a cumplir el 4 de mayo de 1979 unas sentencias indeterminadas de diez (10) a treinta y un (31) años de presidio que le fueron im-puestas por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, por unos delitos de robo e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418. El día 24 de octubre de 1983 le fue concedido al Peticionario el beneficio de libertad condicionada por la Junta de Libertad bajo Palabra, comenzando a trabajar éste inmediatamente en la ciudad de Humacao como em-pleado de la Squibb Manufacturing Corporation donde per-cibía un salario mensual aproximado de $1,000.

El día 20 de marzo de 1985, el oficial sociopenal a cargo de la supervisión del Peticionario rindió un informe a la Junta de Libertad bajo Palabra —basado el mismo en una conversación que sostuviera con la esposa de éste— donde concluía que el Peticionario se encontraba en “el uso y venta de marihuana” y que estaba teniendo serios proble-mas con su esposa, temiéndose que ocurriera una “tragedia en el hogar”. Al otro día y con motivo de lo antes expresado, la Junta de Libertad bajo Palabra ordenó el arresto del Peticionario. La detención de éste se efectuó el mismo día de la expedición de la orden, o sea, el 21 de marzo de 1985.

La vista de revocación de la libertad condicionada fue señalada originalmente para el día 7 de mayo de 1985. En la notificación sobre dicho señalamiento, se le informaba al Peticionario de las violaciones a las condiciones de libertad bajo palabra que se le imputaban, a saber: (1) violación a la condición número 7 por estar haciendo uso de drogas nar-cóticas; (2) violación a la condición número 9 por estar ob-servando conducta impropia en la comunidad, específica-mente con su esposa, y (3) violación a la condición número 10 por no estar cumpliendo con su obligación de sostener y mantener adecuadamente a sus dependientes legales.

La vista señalada para el 7 de mayo de 1985 —según todo ello surge de una minuta que recoge los procedimien-tos acaecidos ese día— fue suspendida por razón de que el Peticionario interesaba ser representado por un abogado de la práctica privada de la profesión que había contratado —Ledo. Alejandro Salgado Rivera— y no por el abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, Ledo. Enrique Rivera Mendoza, que estaba allí presente ese día en la Junta como “abogado de turno” de la referida sociedad. Surge de dicha minuta que el licenciado Salgado Rivera, a pesar de tener conocimiento extraoficial de dicho señalamiento prefirió no comparecer a la vista por razón de no haber sido notificado con copia del señalamiento ni el Peticionario ni él personalmente. La vista de revocación fue reseñalada para el día 21 de mayo de 1985.

En dicho día se celebró la vista ante el Oficial Examina-dor de la referida Junta, el Sr. José Grafals. Una transcrip-ción de dicha vista consta en el expediente administrativo de la Junta que fuera elevado ante este Tribunal. De la misma surge que estuvo presente el Peticionario, su abo-gado el Ledo. Alejandro Salgado Rivera, y dos (2) testigos citados por la referida junta: el oficial sociopenal a cargo de la supervisión del Peticionario, Sr. Angel Ravelo, y la Sra. Idalia Torres Reyes, esposa del Peticionario. Declaró el se-ñor Ravelo que la mencionada dama había comparecido a su oficina y le había informado que éste se estaba dedi-cando a la venta de marihuana; que ella llevó a su oficina, como prueba de su alegación, un material que según la “experiencia” de él aparentaba ser marihuana; que ese material él no lo retuvo en su poder como tampoco hizo las gestiones para que el mismo fuera analizado por un quí-mico de la Policía, procediendo a devolvérselo a la esposa del Peticionario; y que ésta, por último, le manifestó que el Peticionario la maltrataba de obra y de palabra y no pa-gaba las “cuentas de la casa”.

Como segundo testigo declaró la Sra. Idalia Torres Reyes. Su testimonio fue a los efectos de que todo lo que ella le había informado al oficial sociopenal Ravelo había sido una “fabricación” suya; que el material que ella le llevó al mencionado funcionario no era marihuana sino que orégano, y que su esposo era un marido excelente que se preocupaba por ella y su familia. En otras palabras, dicha testigo aceptó haberle dicho al oficial sociopenal todo lo declarado por él pero informó que ello era totalmente falso, siendo su actuación producto de un “coraje provocado por celos”.

Ese mismo día 21 de mayo de 1985 el Presidente de la Junta de Libertad bajo Palabra, Ledo. José A. Cruz Ramos, y el miembro asociado de dicha junta Ledo. Julián O. Mc-Connie, Jr., autorizaron la excarcelación del Peticionario “como medida provisional, a los fines de que pueda asegu-rar su empleo con la Squibb Manufacturing ...” Se aperci-bió al Peticionario, en la mencionada resolución, que la querella “no se ha adjudicado” y que su libertad bajo pala-bra podía ser aún revocada.

Ello no obstante, la Junta de Libertad bajo Palabra, me-diante una escueta resolución de fecha 21 de junio de 1985, le revocó al aquí Peticionario la libertad condicionada que éste venía disfrutando desde el año 1983. La mencionada resolución fue suscrita por los miembros asociados de la Junta, los Ledos. Enrique García García y Julián O. Mc-Connie, Jr. En dicha resolución se concluyó, como cuestión de hecho, que el “querellado hizo uso de drogas narcóticas o estupefacientes y, en adición, su conducta en la comunidad fue impropia”. Surge de la faz de la resolución antes men-cionada que la misma fue notificada, entre otros, al Peti-cionario (a la dirección residencial que de él aparecía en la Junta), a su abogado de récord el Ledo. Alejandro Salgado Rivera y al oficial sociopenal Ravelo. Como consecuencia de la resolución emitida se ordenó el arresto del Peticionario y su ingreso inmediato en una institución penal.

Incomprensiblemente dicha orden de arresto no fue diligenciada hasta el día 8 de octubre de 1985. Sorprende que la misma así no fuera diligenciada ya que durante todo ese período de tiempo, según ello surge de un informe de fecha 1ro de octubre de 1985 preparado por el oficial socio-penal Ravelo, el Peticionario continuó asistiendo a sus en-trevistas con dicho funcionario. Procede enfatizar el hecho de que el Peticionario siempre ha sostenido que nunca re-cibió copia de la decisión de la Junta mediante la cual se le revocó su libertad bajo palabra. Una vez el Peticionario fue arrestado y encarcelado, éste procedió prontamente a soli-citar reconsideración de la mencionada decisión, la cual fue denegada por la Junta.

El Peticionario, por derecho propio, radicó el día 21 de enero de 1986 ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, un recurso de hábeas corpus en el cual alegó, en síntesis y en lo pertinente, que su encarcelación era una ilegal y arbitraria y en violación del debido proceso de ley. Expedido el correspondiente mandamiento, compa-reció el 23 de enero de 1986 el demandado Alcaide de la Penitenciaría Estatal trayendo consigo al Peticionario. La representación legal de éste le fue asignada a la Sociedad para Asistencia Legal. Dicha vista fue suspendida a peti-ción de la defensa. Se ordenó que para la próxima ocasión se citara al Secretario de la Junta de Libertad bajo Palabra trayendo consigo el expediente del Peticionario. En el nuevo señalamiento —29 de enero de 1986— el tribunal de instancia, luego de escuchar la prueba aportada por la re-presentación legal del Peticionario, dictó sentencia me-diante la cual declaró sin lugar el recurso radicado. Aun cuando dicho tribunal de instancia así no lo hizo constar en la sentencia que por escrito emitiera, dicho foro en corte abierta expresó para récord —según la minuta que recoge los procedimientos acaecidos en dicho día— que declaraba sin lugar el recurso por razón de que en el procedimiento de revocación seguido en el caso del Peticionario no se ha-bía cometido violación alguna al debido proceso de ley; esto es, que al Peticionario se le había celebrado una vista de revocación; que la Junta había emitido, en el plazo reque-rido, la decisión revocatoria de la libertad a prueba; y por último, que surgía de la faz de dicha decisión que la misma había sido notificada tanto al Peticionario como a su abo-gado de récord.

Inconforme, el Peticionario apeló ante este Tribunal. Le imputó al foro de instancia haber errado al:

(a) ... declarar NO HA LUGAR el Auto de Habeas Corpus in-terpuesto, cuando de la totalidad de las circunstancias de la prueba desfilada surgió en Derecho, la detención ilegal del con-finado mientras disfrutada del derecho limitado de Libertad Bajo Palabra.
(b) ... declarar NO HA LUGAR el Habeas Corpus cuando las actuaciones de la Honorable Junta de Libertad Bajo Palabra en el proceso de revocación efectuado por dicho Organismo, No cumplió con los requisitos del debido proceso de Ley, al cual estaba obligado, privando así al peticionario de su libertad. (Énfasis suplido.) Alegato, págs. 11-12.

Mediante Moción de fecha 29 de marzo de 1986, la re-presentación legal del Peticionario nos informó que el foro de instancia le había fijado a éste una fianza en apelación, la cual el Peticionario había prestado. Ordenamos que se elevaran ante este Tribunal tanto los autos originales del caso como el expediente administrativo de la Junta de Li-bertad bajo Palabra referente al mismo. Ambas partes han radicado sus alegatos. Resolvemos.

1 — i

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según la misma ha sido enmendada, 4 L.P.R.A. see. 1501 et seq., crea una Junta de Libertad bajo Palabra con poder para decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico así como para revocar la misma a cualquier liberado que, por su conducta revele no estar aún preparado para beneficiarse plenamente del privilegio y el tratamiento que implica la libertad bajo palabra.

Dicha ley establece un procedimiento para revocar los beneficios de libertad bajo palabra que cumple con los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso de ley.

Mediante la Ley Núm. 2 de 26 de febrero de 1987 la Legislatura enmendó el Art. 5 de la Ley Núm. 118, ante, 4 L.P.R.A. sec. 1505, a los fines de proveer un procedimiento de revocación que satisfaciera los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso de ley según esta-blecidos por el Tribunal Supremo federal en los casos de Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973), y Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972). El procedimiento prescrito requiere la celebración de dos (2) vistas: (1) una vista su-maria inicial para determinar si hay causa probable para creer que el liberado ha violado las condiciones de su liber-tad, y (2) una vista final para determinar si procede la revocación de la libertad bajo palabra. Se reconoce el dere-cho del liberado a notificación de las alegadas infracciones a las condiciones de la libertad bajo palabra; el derecho a comparecer y presentar evidencia a su favor; confrontar y contrainterrogar testigos adversos; el derecho a que la de-cisión de revocación sea tomada por un juzgador neutral e independiente y a que se hagan determinaciones escritas de los hechos hallados probados, así como de la evidencia en que la decisión se basó y las razones para revocar la libertad bajo palabra.

Como surge de la relación de hechos, en el presente caso la Junta de Libertad bajo Palabra ordenó el arresto del Peticionario y su ingreso en una institución penal meramente a base del informe rendido por el oficial sociopenal. La omisión, sin embargo, en que incurrió la Junta al no celebrar inmediatamente una “vista sumaria inicial” quedó subsanada al posteriormente celebrarse una vista formal de revocación ante la Junta donde el Peticionario, debidamente informado de las violaciones que se le imputaban y representado por un abogado de su selección, tuvo la oportunidad de contrainterrogar a los testigos y de presentar prueba. Véase Maldonado Elías v.González Rivera, 118 D.P.R. 260, 270 (1987).

La referida Ley Núm. 118 no provee, de manera expresa, un procedimiento para la revisión judicial de la decisión final de la Junta revocando la libertad bajo palabra; ello, no obstante, no hay duda de que una persona cuya libertad bajo palabra es revocada tiene derecho a que dicha decisión sea revisada judicialmente. El silencio de un estatuto sobre el derecho a la revisión judicial de la deci-sión administrativa no impide la misma. En ausencia de una clara indicación de la intención de la Asamblea Legis-lativa de limitar el acceso a los tribunales se presume la revisión judicial. Véanse: Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987); Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1 (1959); López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4 (1957); Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377 (1952). Véanse, también: B. Shwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1984, págs. 441-444; K.C. Davis, Administrative Law Text, St. Paul, Ed. West Publishing Co. 1959, pág, 503.

Así necesariamente tiene que ser en la situación que plantea el presente caso; en el mismo está en juego la libertad de un individuo. Aunque la libertad bajo palabra al igual que “[l]a libertad conferida a un convicto mediante el beneficio de sentencia suspendida no goza de la magnitud ni grado de la que disfruta un ciudadano común” por estar limitada por el cumplimiento de las condiciones fijadas por la Junta, la misma tiene un valor fundamental para el convicto que disfruta de ella, valor que es acreedor de protección constitucional. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 723 (1985).

Ahora bien, ¿cuál es el recurso apropiado para revisar judicialmente la resolución de la Junta revocando la liber-tad bajo palabra? ¿Lo es el recurso de Hábeas Corpus o el de revisión judicial?

Somos conscientes del hecho de que en Román v. Delgado, 82 D.P.R. 598, 600 (1961), expresamos —en la nota al calce número 2— que “el hábeas corpus es el recurso procedente para determinar la legalidad del reencarcelamiento cuando se revoca dicha libertad bajo palabra, ya que evidentemente al confinado se le está restringiendo físicamente su libertad”.

Si bien es cierto que el auto de Hábeas Corpus puede ser solicitado por “cualquier persona que sea encar-celada o ilegalmente privada de su libertad ... a fin de que se investigue la causa de dicha privación” y de que el mismo constituye esencialmente una encuesta que abre el propio Estado para investigar la validez de la privación de la libertad de uno de sus ciudadanos, teniendo el Estado un interés primordial en que la verdad se esclarezca, Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 373 (1964), entende-mos que por ser el mismo un remedio extraordinario su uso debe estar limitado a situaciones y casos verdaderamente excepcionales. Ello significa que, como regla general, “tie-nen que agotarse todos los remedios ordinarios disponibles antes de acudirse a este recurso”. Debe recordarse que “[d]esde los albores de nuestra jurisprudencia hemos adop-tado la regla general de que, salvo ‘circunstancias excepcio-nales’, no se concederá el auto de hábeas corpus en susti-tución de la revisión apelativa”. (Enfasis suplido.) No hay razón alguna para que dicha norma no sea igualmente aplicable a situaciones como las que hoy consideramos. Máxime si consideramos el alcance de la revisión judicial en estos casos.

La revisión judicial de una resolución de revocación adoptada por la Junta incluye dos (2) aspectos: (1) cuestiones de derecho sustantivas y procesales, y (2) claro abuso de discreción al revocar la libertad a prueba. Román v. Delgado, ante, pág. 608. En otras palabras, además de los señalamientos de derecho sustantivo que tenga a bien plantear una persona a quien le haya sido revocada la libertad bajo palabra que disfrutaba, éste puede cuestionar no sólo si el procedimiento seguido por la Junta al revocar la libertad condicionada cumplió o no con el debido proceso de ley, sino que también puede cuestionar la determinación en los méritos que a esos efectos hace la Junta, ello a la luz de la prueba que desfile en la vista evidenciaría que viene obligado a celebrar dicho organismo administrativo.

En cuanto a este segundo aspecto, el hábeas corpus realmente no es el recurso adecuado para revisar el dictamen de la Junta revocando la libertad bajo palabra por cuanto “[l]a encuesta que sobre la legalidad de la prisión o detención lleva a cabo el juez en la vista del hábeas corpus se circunscribe a asegurarse de que se han seguido y observado trámites procesales correctos, ajustados al debido proceso de ley”. (Enfasis suplido.) Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 D.P.R. 96, 101 (1975). Véase, además, Otero Fernández v. Alguacil, ante, esc. 5. Esto es, dicho recurso extraordinario no debe ser utilizado para cuestio-nar las determinaciones de hecho que realiza la Junta, mu-cho menos la apreciación y adjudicación de credibilidad que de la prueba que se presenta en la vista de revocación de libertad hace dicho organismo administrativo, al punto de adjudicar credibilidad y sustituir el criterio del juez por el de la referida Junta. Cf. Rabell v. Alcaide Cárceles de P.R., ante.

Por las razones antes expuestas resolvemos que, como regla general, el recurso adecuado para revisar una resolución de la Junta revocando la libertad condicionada a un convicto es el de revisión judicial y que salvo la existencia de circunstancias extraordinarias no estará disponible el recurso de hábeas corpus en estos casos. Otero Fernández v. Alguacil, ante.

No habiéndose dispuesto en la ley que crea la Junta de Libertad bajo Palabra el procedimiento a seguirse para la revisión judicial de la decisión que dicho organismo administrativo emita, y hasta que la Asamblea Legislativa actúe sobre el asunto, el recurso de revisión deberá tramitarse conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2101 y ss). Como es sabido, la referida Ley Núm. 170 - — en su Sec. 1.4 (3 L.P.R.A. sec. 2103)— establece que dicha ley se aplicará a “todas las agencias que no están expresamente exceptuadas” de las disposiciones de la misma. La Junta de Libertad bajo Palabra no es una de las agencias que está expresamente excluida de dicha ley. Cf. Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992).

HH t-H

En el presente caso resulta ser un hecho incuestionable que el Peticionario no acudió ante el Tribunal Superior de Puerto Rico en revisión judicial de la decisión mediante la cual la Junta de Libertad bajo Palabra le revocó la libertad condicionada que él disfrutaba. Ello, no obstante, somos del criterio que en el presente caso existen “circunstancias extraordinarias” que nos mueven a resolver no sólo que resulta procedente la consideración del auto de hábeas corpus radicado, sino que procede declarar el mismo con lugar.

En primer lugar, la norma sobre revisión judicial que hoy implantamos no estaba, naturalmente, en vigor ni era del conocimiento del aquí Peticionario a la fecha en que la Junta de Libertad bajo Palabra le revocó la libertad condi-cionada que él disfrutaba. A esa fecha estaba únicamente vigente lo expuesto en Román v. Delgado, ante, a los efec-tos de que el recurso procedente en toda clase de situacio-nes lo era el recurso de hábeas corpus. Resulta obvia la injusticia que cometeríamos de exigirle lo que él desconocía.

En segundo lugar tenemos —ya en cuanto al lapso de tiempo en sí que el Peticionario dejó transcurrir antes de cuestionar judicialmente la decisión de la Junta— que el Peticionario siempre ha sostenido que, no obstante apare-cer de la faz de la resolución que él fue notificado, él nunca recibió la resolución de la Junta mediante la cual se le revocó su libertad condicionada. Alega que de haberle sido notificada, él hubiera actuado prontamente respecto a la misma. De hecho, cuando finalmente fue arrestado y en-carcelado el 8 de octubre de 1985 así lo hizo, radicando una moción de reconsideración ante la Junta. Dos (2) circuns-tancias abonan grandemente a su posición de que efectiva-mente ni él ni su abogado fueron notificados. El Ledo. Enrique García García, miembro asociado de la Junta de Libertad bajo Palabra, declaró —durante la vista del há-beas corpus— que no podía precisar en qué fecha fue noti-ficada a las partes dicha decisión. Por otro lado, resulta verdaderamente incomprensible el hecho de que, si dicha decisión fue notificada por la Junta en o alrededor de 21 de junio de 1985, el Peticionario no fuera arrestado hasta el 8 de octubre de ese año, con el “agravante” de que éste con-tinuó asistiendo durante ese período de tiempo a sus entre-vistas con el oficial sociopenal Ravelo sin que nada ocurriera. Nos inclinamos a pensar, cuando menos, que la decisión de la Junta no fue notificada en la fecha que surge de la faz de la misma. No habiendo certeza sobre cuándo la misma fue efectivamente notificada, somos del criterio que no sería justo denegar la consideración del recurso de ha-beas corpus radicado por el fundamento de que el Peticio-nario no recurrió al tribunal de instancia en solicitud de revisión judicial de la decisión emitida por la Junta.

En tercer lugar, un examen de la transcripción que se hiciera, la cual consta en autos, de la vista de revocación que se celebrara el 21 de mayo de 1985 ante el oficial exa-minador de la Junta, señor Grafals, demuestra que este no es un caso donde se ataque la determinación que en los méritos realizara dicha junta a base de la adjudicación de credibilidad que de la prueba presentada hiciera dicho or-ganismo administrativo. Por el contrario, el caso es uno de insuficiencia de prueba para sostener la decisión sobre re-vocación de libertad condicionada que realizara la Junta, basada la misma en la determinación de hecho a los efectos de que el Peticionario mientras disfrutaba de su libertad condicionada “hizo uso de drogas narcóticas o estupefacien-tes y, en adición, su conducta en la comunidad fue impropia”. Dicha determinación, como hemos visto, tiene como base unas manifestaciones que le hiciera la esposa del Peticionario al oficial sociopenal. No hay controversia sobre el hecho de que dichas expresiones efectivamente fueron hechas. Sucede, sin embargo, que la misma persona que las hizo declara luego bajo juramento que sus manifes-taciones son totalmente falsas y producto de una “fabrica-ción” de su parte con motivo de un arranque de celos. Se-guramente esa fue la razón por la cual la Junta, el mismo 21 de mayo de 1985, ordenó la excarcelación del Peticiona-rio; estaba probablemente consciente de que a base de esa prueba no resultaba procedente en derecho la revocación de la libertad bajo palabra que disfrutaba el Peticionario. Inexplicablemente, treinta (30) días más tarde la Junta cambió de opinión.

Somos del criterio que la decisión del referido organismo administrativo, a la luz de todo lo anteriormente expuesto, resulta ser una arbitraria, caprichosa, y carente totalmente de base en la prueba que desfilara ante el oficial examinador, lo que hace que la privación de la libertad que sufre el Peticionario sea una ilegal. Habiendo la Junta de Libertad bajo Palabra incurrido en un claro abuso de discreción al revocar la libertad condicionada que gozaba el Peticionario, Román v. Delgado, ante, procede declarar con lugar el recurso de hábeas corpus radicado. Cf. Hoyos v. Tribl. Superior, 80 D.P.R. 633, 644 (1958).

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Dicha situación surge por motivo de que la Junta de Libertad bajo Palabra había enviado la notificación del señalamiento a la institución penal en Humacao donde originalmente había sido ingresado el Peticionario. Este no recibió dicha no-tificación a tiempo por haber sido trasladado a la Penitenciaría Estatal en Río Piedras. No se le había enviado señalamiento al licenciado Rivera Salgado por razón de que éste no aparecía como abogado de récord del Peticionario en la Junta.

       Curiosamente, la señora Torres Reyes declaró que la mejor prueba de que lo que ella había llevado ante el señor Ravelo no era marihuana lo es el hecho de que dicho oficial, en lugar de confiscar dicho material, procedió a devolvérselo. Según ella esto demuestra que ni el propio señor Ravelo le dio crédito a su declaración.

       Durante la vista declaró como testigo del Peticionario el Ledo. Enrique Gar-cía García, miembro asociado de la Junta de Libertad bajo Palabra, y el custodio de récord de la Penitenciaría Estatal. El Peticionario, en adición, presentó abundante prueba documental.

       4 L.P.R.A. see. 1503.

       Art. 469 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1741.

       P. Fumero Pugliesi, Actualidad y futuro del auto de hábeas corpus en Puerto Rico, XX (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.A. 99, 107 (1985).

       Véase Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 740 (1985), y casos allí citados. En dicho caso expresamos que al “determinar en qué consisten estas ‘cir-cunstancias excepcionales’, los tribunales deberán tomar en consideración, además de la disponibilidad o no de un remedio efectivo para revisar en alzada el error y evitar la continuación de la detención ilegal, factores tales como si de las alegaciones en la petición, con referencia a hechos específicos, surge: (1) que ha habido una patente violación a algún derecho constitucional fundamental; (2) que no ha habido una renuncia válida a ese derecho, y (3) la necesidad de una vista evidenciaría”. (Énfasis suplido.) íd., págs. 740-741.

       En Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 D.P.R. 71, 75 (1974), con-firmamos una sentencia denegando la expedición de un auto de hábeas corpus por-que además de estar el peticionario en libertad bajo su propia custodia éste tenía a su disposición la Regla 64(p) y (m) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, “cuya Regla provee un remedio convencional y eficaz para plantear su alegación de prescripción y para cuestionar la determinación de causa probable”.
      Así también nuestra Asamblea Legislativa ha aprobado legislación restrin-giendo la utilización del recurso de hábeas corpus en aquellos casos en que hay otros remedios ordinarios disponibles.
      La Ley Núm. 177 de 20 de julio de 1979 añadió la See. 489 (b) al Código de Enjuiciamiento Criminal para disponer lo siguiente:
      “El auto de hábeas corpus no podrá ser utilizado para rebajar la cuantía de una fianza sin antes haberse agotado el procedimiento establecido en la Regla 218 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas.” (Enfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, pág. 484.
      La Ley Núm. 18 de 11 de abril de 1968 enmendó el Art. 469 del Código de Enjuiciamiento Criminal para disponer lo siguiente:
      “(e) Ningún juez considerará una solicitud de hábeas corpus presentada por un confinado recluido en virtud de sentencia final que no haya agotado el remedio pro-visto en la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal. Cuando habiéndolo solicitado le hubiese sido denegado, el tribunal no considerará una solicitud de há beas corpus a menos que aparezca que el remedio provisto por la Regla 191.1 era inadecuado o inefectivo para impugnar la validez de la detención.” (Enfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, pág. 30.

       El resultado a que llegamos hace totalmente innecesario que discutamos el planteamiento del Peticionario a los efectos de que el procedimiento de revocación de la libertad bajo palabra que se siguiera en el presente caso no cumplió con los requi-sitos del debido proceso de ley por cuanto se violaron los términos y condiciones de la estipulación que suscribiera el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año 1977 en el caso de Montero Torres v. Hernández Colón, Civil Núm. 75-828, ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Alega el Peticio-nario, en síntesis y en lo pertinente, que como consecuencia de la referida estipula-ción se exige de la Junta de Libertad bajo Palabra que notifique personalmente a la persona afectada con copia de su decisión dentro del término de veinte (20) días de haberse emitido la misma, y que, de así no hacerse, la Junta viene en la obligación de archivar el asunto.