author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Abelardo Torres Solís et al., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y otra, demandados y recurrente la primera; Puerto Rico Telephone Co., tercero demandado y recurrido y demandante contra tercero, v. Volt Information Science, Inc. y otra, terceros demandados.

      Números: RE-91-109
    CE-91-91

      Resueltos: 7 de junio de 1994

      E. Vázquez Otero, abogado de los recurrentes; Alvaro R. Cal-derón, Jr, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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El 27 de junio de 1987, Abelardo Torres Solis y Roberto Irizarry —empleados de Voltecon, subcontratista de la Puerto Rico Telephone Company (en adelante la Telefóni-ca)— se dirigieron a instalar unas líneas telefónicas frente al Residencial Los Mirtos en Carolina. La instalación re-quería tender unos cables telefónicos en algunos postes mediante el permiso de la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante la Autoridad) y en virtud de un convenio sus-crito con la Telefónica.

Iniciaron las labores e instalaron las líneas sin proble-mas en dos postes de la Telefónica, en los cuales sólo había líneas telefónicas. T.E., pág. 11. Sin embargo, en el tercer poste, propiedad de la Autoridad, existían unas líneas eléc-tricas y de teléfono sobre un transformador instalado a una altura aproximada de doce (12) pies, en violación del Có-digo Telefónico Nacional y del Código de Seguridad Eléc-trico Nacional. En situaciones normales, el transformador debe estar a una altura mínima de dieciocho (18) pies, y las líneas telefónicas por encima, a una distancia no menor de treinta (30) pulgadas de las eléctricas. T.E., págs. 50-51.

Torres Solís e Irizarry se percataron de esa situación, pero asumieron que no habría problemas al instalar el cable a esa misma altura y localización. Para fijarlo, Torres Solís colocó de manera inclinada la escalera contra el poste, en el lado opuesto al del transformador, cogió el cable con la mano derecha, subió y, al proceder a cambiar “el cable de la mano derecha hacia la mano izquierda ... si[ntió] como una corriente o algo que [se] atrae hacia el transformador y de momento [va] hacia atrás de cantazo y cae”. (Énfasis suplido.) T.E., págs. 13-14. Con la caída su cuerpo asumió una posición fetal, quedó contraído, con con-vulsiones y sin poder hablar. Su compañero Irizarry, junto a otras personas, lo trasladaron al Hospital de Area de Carolina para que recibiera los primeros auxilios. Poste-riormente, fue referido al Centro Médico donde permaneció hospitalizado durante dieciocho (18) días en la Unidad de Cuidado Intensivo para pacientes quemados.

Torres Solís experimentó quemaduras de segundo grado con penetración de la piel en la parte inferior del brazo izquierdo. También, en la mayor parte del pecho y el abdomen con grandes áreas en “carne viva”. Por la caída sufrió una torcedura (sprain) de los músculos de la espalda y quedó inmovilizado durante los primeros ocho (8) días de su convalecencia. El tratamiento consistía en limpiarle y frotarle las quemaduras dos (2) veces al día para extraer el tejido muerto y propiciar la curación. Esas lesiones y el tratamiento le produjeron dolores severos; las quemaduras le dejaron cicatrices y continúa padeciendo de la espalda.

Torres Solís dejó de percibir unos doscientos dólares ($200) semanales durante dieciséis (16) semanas. Al serle imposible desempeñarse en las mismas labores, perdió su trabajo. Al presente realiza limpieza de oficinas, deven-gando sólo tres dólares con cincuenta centavos ($3.50) por hora.

Por este accidente Torres Solís, su esposa Elizabeth Márquez Carrasquillo y la sociedad legal de gananciales Torres-Márquez demandaron, en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, a la Autoridad y su aseguradora C.N.A. Casualty Insurance Co. (en adelante C.N.A.). Éstas nega-ron toda responsabilidad y adujeron que Torres Solís incu-rrió en negligencia. La Autoridad formuló una demanda contra tercero en contra de la Telefónica y Royal Insurance Co. of America (en adelante Royal), predicada en que la Telefónica instaló los cables telefónicos en violación a las normas de seguridad. Éstas negaron esas alegaciones.

Las partes realizaron el descubrimiento de prueba y ce-lebraron la Conferencia con Antelación al Juicio. Después, la Telefónica solicitó sentencia sumaria a su favor fundada en la inmunidad patronal de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Discutida en cámara, se determinó que efectivamente gozaba esa inmunidad, pero que con-forme a un Contrato de Uso Mancomunado de Postes Con-juntamente podía responderle a la Autoridad; por ende, permanecería en el pleito.

Posteriormente, la Autoridad adujo también ser patrono estatutario y que la Telefónica había renunciado contrac-tualmente a su favor la inmunidad. Después de otros inci-dentes, la Telefónica formuló una demanda contra tercero en contra de Volt y Royal. Torres Solís et al. se opusieron al argumentar que, de permitirse, provocaría una demora innecesaria.

El día del juicio, el Tribunal (Hon. Magalie Hosta Mo-destti, Juez) denegó un pedido de suspensión de la Telefó-nica, pues se le había “concedido] amplio tiempo para traer a dicha parte y estando el caso listo para comenzar a verse en sus méritos, en esta etapa del pleito provocaría la dilación de este litigio. La Puerto Rico Telephone Co. de-berá litigar contra dicha parte [Royal], en pleito [ap]arte”. Minuta de 20 de octubre de 1990, pág. 1.

Desfilada la prueba testifical y documental, dicho foro declaró con lugar la demanda y condenó a la Autoridad, a la Telefónica y a sus aseguradoras, C.N.A. y Royal, respec-tivamente, a pagarle solidariamente a Torres Solís ochenta mil dólares ($80,000), a su esposa Elizabeth veinte mil dó-lares ($20,000), cinco mil dólares ($5,000) de honorarios, más costas, gastos e intereses, estos últimos desde la fecha de la presentación de la demanda. Subsiguientemente, presentaron una reconsideración y una solicitud de deter-minación de hechos. La tercera demandada Royal pidió y fue relevada de la sentencia por ser la aseguradora de Volt, no de la Telefónica.

El 21 de febrero de 1991 la Telefónica nos presentó una petición de certiorari para revisar la resolución que dis-puso la continuación de los procedimientos y argumentar que la tercera demandada Royal, parte indispensable, to-davía no había contestado la demanda ni usado el descu-brimiento de prueba, ni estaba presente el día del juicio. Caso Núm. CE-91-91. Cuestionó la negativa a desestimar por razón de la inmunidad patronal.

Por su parte, la Autoridad acudió en revisión. Señaló como errores la imposición de responsabilidad sin impu-tarle negligencia al demandante Torres Solís; concederle una cuantía excesiva por daños; no resolver su demanda contra tercero; imponerle temeridad, y denegar unas deter-minaciones de hecho y conclusiones de derecho. Exami-nemos estos señalamientos.

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De entrada, carece de mérito la queja de la Telefónica de que el caso no estaba listo para ventilarse. Caso Núm. CE-91-91. La cronología procesal antes expuesta y el tiempo transcurrido derrotan su contención.

Ahora bien, tiene la razón en que es patrono asegurado estatutario y cubierto por la inmunidad, frente a los recla-mos del demandante Torres Solís et al. Adelantamos, sin embargo, que esa inmunidad no se opone ante la Autoridad por razón contractual; oportunamente nos concentraremos en este último extremo.

Sabido es que un empleado accidentado en su trabajo no puede demandar en daños a su patrono asegurado bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. “La inmunidad contra responsabilidad en daños de un patrono asegurado, por su culpa, es absoluta bajo el plan integral de funcionamiento de la ley que provee compensación por el accidente del trabajo.” (Énfasis en el original.) Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170, 181 (1966). En otras palabras, no existe causa de acción. Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789, 792 (1978); Cruz Rodríguez v. A.A.A., 101 D.P.R. 269, 270 (1973).

El único remedio disponible contra el patrono asegurado es el derecho a la compensación provista en dicho estatuto. Art. 20 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 21; Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1 (1990); Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, 109 D.P.R. 761, 764 (1980).

Ahora bien, cuando hay múltiples patronos la situación se presta a la confusión. “En Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977), reconocimos el desdoblamiento de la fi-gura del patrono entre el directo y el estatutario, y la in-munidad que tanto al uno como al otro favorece cuando se hubiere cumplido por cualquiera de ellos con la exigencia del Art. 19 de la Ley, 11 L.P.R.A. sec. 20, de mantener sus obreros asegurados. Pero ni Lugo Sánchez ni sus derivados Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782 (1978) y Rodríguez v. Union Carb. Grafito, Inc., 107 D.P.R. 848 (1978), en riguroso acatamiento de los citados Arts. 20[, 11 L.P.R.A. sec. 21,] y 19 de la Ley, extendieron inmunidad a contratista o subcontratista que no es patrono, en calidad alguna, del obrero lesionado.” (Enfasis en el original.) Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, supra, pág. 764. Véase, también, Soc. de Gananciales Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 961 (1992).

En este contexto, un contratista se denomina “patrono estatutario” para distinguirlo del subcontratista, quien es el “patrono contractual” o “real”. Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861, 865 esc. 2 (1977); Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208, 209 (1969).

Más allá del ámbito patronal, la responsabilidad de un tercero quedó así aclarada en Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 9:

No obstante, cuando la lesión, enfermedad o muerte que ori-gina el derecho a la compensación del obrero ocurre en circuns-tancias que hacen responsable a un “tercero”, la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo no afecta la responsabilidad civil del causante del daño que es ajeno a la relación patrono-empleado. El estatuto no pretende extender la inmunidad contra reclamaciones de obreros a extraños. Véase 2A Larson’s Workmen’s Compensation Law Sec. 71.10 (1988). En esta situación se reconoce que tanto el obrero lesionado como el Fondo del Seguro del Estado, en subrogación por los beneficios pagados al empleado, pueden reclamarle judicial-mente al tercero. Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Ac-cidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32. (Enfasis suplido.)

Si el dueño de una obra subcontrata los servicios del patrono real del obrero accidentado, el contratante principal o dueño no es un “tercero”, sino un “patrono estatutario” que goza de inmunidad al estar exento de asegurar cuando el contratista independiente estuviera asegurado. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra; Rodríguez v. Union Carb. Grafito, Inc., 107 D.P.R. 848, 849-850 (1978); Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782, 785 (1978); Lugo Sánchez v. A.F.F., supra.

Determinar si un demandado es o no “patrono estatutario” conlleva examinar las relaciones contractuales entre éste y el patrono real de los obreros. Vda. de Costas v. P.R. Olefins, supra. “En ausencia de ese nexo jurídico que relaciona al patrono directo del obrero con el causante de la lesión en la ‘obligación legal común’, de asegurar al empleado con el Fondo, estaremos ante el ‘tercero’, desprovisto de la protección estatutaria contra demandas de obreros lesionados en el trabajo.” (Énfasis suplido.) Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 12. Véase Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, supra.

Con estos pronunciamientos en mente, es obvio que Volt y la Telefónica son patronos —directo el primero y estatu-tario el segundo— inmunes frente a Torres Solís et al. No así la Autoridad ni su aseguradora. Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472, 476-477 (1967). Así aclarado, evaluemos la negligencia.

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Reiteradamente hemos reconocido el carácter inherentemente peligroso de la energía eléctrica y el deber que tiene la Autoridad de cuidar y velar la construcción y el mantenimiento de sus instalaciones de alto voltaje. Vda. de Dávila v. Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 321 (1964); Ramos v. Aut. de Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603 (1962). Sin embargo, la Autoridad no es una aseguradora absoluta de todo accidente o riesgo imaginable. Ello se funda en el co-nocimiento umversalmente aceptado acerca de que toda persona de inteligencia y experiencia promedio sabe sobre el peligro de la electricidad. Vda. de Dávila v. Fuentes Fluviales, supra, pág. 376. Véanse, además: Méndez Purcell v. A.F.F., 110 D.P.R. 130 (1980); Santos Ocasio v. A.F.F., 103 D.P.R. 564 (1975); Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834 (1967).

Según esta normativa, la Autoridad fue negligente al mantener sus líneas eléctricas y el transformador instala-dos a una distancia que no satisfacía los requisitos de se-guridad de los códigos vigentes. No obstante, distinto a la conclusión de la ilustrada sala sentenciadora, Torres Solís también lo fue. La prueba revela que se dio cuenta de que el poste presentaba una situación distinta: los cables tele-fónicos corrían sobre el transformador. T.E., pág. 11. Sabía que pasaban líneas eléctricas y que la corriente puede cau-sar la muerte; simplemente, según analizó la situación, creyó erróneamente que no le iba a pasar nada al situar la escalera al lado contrario del transformador. T.E., págs. 30-31. En resumen, aunque sabía que el transformador podía causarle daño (T.E., pág.31), optó por continuar sus labores. Es evidente que Torres Solís adoptó, de forma consciente, una decisión y asumió un riesgo calculado que lamentablemente no impidió el accidente. Concluimos que incurrió en negligencia comparada ascendente a un cin-cuenta por ciento (50%).

IV

La estimación y valoración del dolor físico y mental de Torres Solís descansa en la sana discreción del juzgador de instancia con ánimo reparador y, en ausencia de circuns-tandas especiales, sin propósitos punitivos. Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718, 721 (1945). Su determinación ha de estar presidida por una serena reflexión y una evaluación. Toro Mercado v. P.R. & Amer Ins. Co., 87 D.P.R. 658 (1963). Por estar en la mejor posición para evaluar sus elementos visibles e intangibles, de ordinario respetaremos esa decisión. Sólo intervendremos si es exagerada o muy baja. Sanabria v. E.L.A., 132 D.P.R. 769 (1993); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

En el caso de autos se impugnan por ser excesivos los ochenta mil dólares ($80,000) de Torres Solis y los veinte mil dólares ($20,000) de su esposa Elizabeth.

Sobre el particular, la ilustrada sala sentenciadora con-cluyó:.

Las graves quemaduras sufridas por el demandante, su ex-tremadamente doloroso tratamiento médico y hospitalario, su estadía de dieciocho (18) días en el Centro Médico, su prolon-gada terapia diaria después de ser dado de alta, la torcedura o el “sprain” de los músculos de la espalda, su terapia e incapa-cidad residual, sus sufrimientos y angustias mentales y mora-les, depresión emocional, pérdida de ingresos y merma de la capacidad para generar ingresos, el Tribunal los valora en la suma total de $80,000. (Énfasis suplido.) Sentencia de 13 de noviembre de 1990, pág. 10.

Esa apreciación está ampliamente avalada por la prueba. La naturaleza de los daños, el cúmulo de tribula-ciones y las complicaciones posteriores, sumado al hecho de que el accidente dejó en Torres Solís una huella física y emocional que durará toda su vida, nos mueve a sostener la cuantía concedida. Tampoco intervendremos con la de su esposa Elizabeth.

V

La Autoridad argumenta que la ilustrada sala senten-ciadora erró al no resolver la demanda contra tercero pre-sentada contra la Telefónica en la que le pedía que satisfi-ciera cualquier suma que tuviera que pagarle a Torres Solis et al. Funda su reclamo en la Cláusula de Indemni-zación y Relevo contenida en el Art. XXI del Contrato de Uso Mancomunado, la cual dispone:

Cada parte será responsable por los daños, pérdidas y gastos resultantes de la negligencia o acciones de cada parte que sur-gen o que sean incidentales al trabajo realizado bajo ese Contrato.
Cada parte, para si, sus agentes, empleados, sucesores y ce-sionarios, consiente a proteger, compensar y librar a la otra parte, sus oficiales, agentes, empleados, sucesores y cesionarios de responsabilidad por todo género y tipo de daños, pérdidas, demandas, reclamaciones, acciones o causa de acciones, junto con toda y cualquier pérdida, gastos y costas derivados o rela-cionados al mismo, que traiga cualquier persona o personas, y que surja o que de cualquier manera se deriva o es incidental al trabajo realizado o por realizarse, y las operaciones llevadas a cabo por el causante, sus oficiales, agentes y empleados, y sus subcontratistas y sus oficiales, agentes y empleados, o cual-quier otra persona, compañía o corporaciones bajo este con-trato, por virtud de lesiones personales, incluyendo la muerte, y daños a la propiedad de cualquier género o tipo, surgiendo de cualquier causa, no empece que esas lesiones, muertes o daños son el resultado de o se alega que son el resultado de la negli-gencia del causante, sus oficiales, agentes o empleados, o de los subcontratistas, sus oficiales, agentes o empleados, o que es el resultado o se alega que fuera el resultado de la negligencia concurrente de la otra parte, sus oficiales, agentes o empleados y el causante, sus oficiales, agentes o empleados y/o los subcon-tratistas, sus oficiales, agentes y empleados, y el causante, a costo propio, responderá por cualquier pleito o demanda in-coada contra la otra parte y que sea basado en cualquier ale-gada lesión, muerte o daño, y pagará todos los daños, costas y gastos incluyendo honorarios de abogado, en relación a o que en alguna instancia resultasen del mismo. (Traducción y énfasis nuestros.)

En términos generales, este tipo de cláusula per-mite a una parte ser resarcida y protegerse de cierto riesgo que lo coloca sobre la otra; así se garantiza que será compensada por cualquier pérdida o negligencia. C.M. Devlin, Indemnity and Exculpation: Circle of Confusion in the Courts, 33 Emory L.J. 135, 141 (1984). AI fijarse esa res-ponsabilidad contractual, las partes anticipan el ámbito de sus obligaciones y planifican de acuerdo con ello. C.M. Pi-sano, Judicial Interpretation of Indemnity Clauses, 48 La. L. Rev. 169 (1987).

Una cláusula de indemnización y relevo obliga el reembolso por cualquier pérdida, daño o responsabilidad en que la otra persona incurra, mientras actúe a su requerimiento o beneficio. Ese resultado se impone aun cuando podría no ser primariamente responsable —en el sentido de culpabilidad— pero lo es contractualmente. R.L. Meyers III y D.A. Perelmann, Risk Allocation Through Indemnity Obligations in Construction Contracts, 40 S.C. L. Rev 989, 990-991 (1989).

La cláusula puede asumir una forma o integrar varias de un acuerdo para proteger contra alguna pérdida, sea causada por la propia negligencia, la de otro o de un tercero o para proteger de la responsabilidad frente al otro o a los terceros. Devlin, supra, pág. 141; Pesano, supra, pág. 172.

Como regla general, salvo una legislación que las prohíba, las partes están en libertad de negociarla, incluso los varios grados de responsabilidad, a saber, única negligencia —concurrente entre las partes— y la absoluta. Si la intención es clara, los tribunales la aplicarán a menos que sean contrarias al interés público. Meyers y Perelmann, supra, pág. 992.

Igual enfoque subsiste en Puerto Rico. El Art. 4 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4, en lo pertinente, visualiza que “[l]os derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero”. La renuncia debe ser clara, terminante e inequívoca, más aún cuando se exonera de responsabilidad a una persona por sus futuros actos negligentes. Getty Refining & Marketing v. Puerto Rico, etc., 531 F. Supp. 396, 400 (D. P.R. 1982). Véanse: Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759, 778 (1973); Cabrera v. Doval, 76 D.P.R. 777, 781 (1954).

VI

A tono con estos principios, de su faz, la cláusula contractual de indemnización y relevo pactada recíprocamente por la Autoridad y la Telefónica no atenta contra el orden público ni la ley; además, su lenguaje es claro, terminante e inequívoco. Ciertamente no estamos ante una situación en la cual exista una desproporción en la fuerza de negociación entre los contratantes. “Un factor importante en la determinación de la validez de una cláusula de relevo depende de la fuerza en la negociación de cada uno de los contratantes. Si no se encuentran en igualdad de condiciones y de fuerza, de manera que una parte se encuentra obligada a aceptar el relevo de responsabilidad por negligencia de la otra parte, el relevo es nulo”. Chico v. Editorial Ponce, Inc., supra, pág. 779.

Aquí la cláusula impone a cada entidad responsabilidad por los daños que cause el uso de los postes y las exonera de responsabilidad. Se trata de una cláusula bilateral, en la que cada una acuerda relevar de responsabilidad a la otra e indemnizarla en cualquier suma que esté obligada a pagar. No está sujeta a grados de responsabilidad.

Estamos, pues, ante un caso de responsabilidad contractual, en el cual la Telefónica no puede oponerle a la Auto-ridad su condición e inmunidad de patrono estatutario. Erró la ilustrada sala sentenciadora al desestimar la de-manda de la Autoridad contra la Telefónica.

VII

La Autoridad fue temeraria. A raíz de investigar el ac-cidente supo que la situación fáctica existente era en ex-tremo peligrosa, pues estaban colocados erróneamente unos cables de alto voltaje y telefónicos, a alturas incorrec-tas —incluso su transformador— todo ello en contraven-ción a las normas de seguridad correspondientes.

De acuerdo con la jurisprudencia vigente, era evidente su responsabilidad, aun cuando fuera comparada. No obs-tante, sin admitirlos francamente ni hacer una oferta de sentencia, prolongó el pleito innecesariamente. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 719 (1987); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 739-740 (1984); Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464 (1983).

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón concurrieron con el resul-tado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Este es el dictamen objeto del certiorari, Caso Núm. CE-91-91, que para fines dispositivos hemos consolidado con esta revisión.

       Por el resultado al cual se ha llegado, este señalamiento se toma académico.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Wang Laboratories Puerto Rico, Inc. e Industrial Risk Insurers, demandantes y recurrentes, v. F & R Construction Corp. y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-93-535
    Resuelto: 10 de junio de 1994

      Juan J. Vilella-Janeiro, del Bufete Alex González, abogado de los recurrentes; Ramón Lloverás Otero, abogado del recu-rrido José F. De La Torre; Jorge L. Suárez, abogado de los recurridos American Agencies y Universal Insurance Company; Ramón R. Pizzani Arnott, de Latimer, Biaggi, Ra-chid, Rodríguez-Suris & Godreau, abogado del recurrido David Me Closkey Structural Engeneers; María Eugenia Rodríguez López, de Martínez Alvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogada de la recurrida F & R Construction Corporation.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver si bajo el Art. 1483 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 4124, el antiguo dueño de un edificio tiene derecho a obtener indemnización de quienes lo diseñaron y construyeron por los vicios de construcción del edificio que dicho dueño corrigió antes de venderlo.

I — I

El demandante recurrente, Wang Laboratories Puerto Rico, Inc. (en adelante Wang Laboratories) era el dueño de un edificio industrial en Juncos, Puerto Rico, que fue dise-ñado y construido por los demandados entre 1981 y 1984.

El 18 de septiembre de 1989, durante el paso del hura-cán Hugo, el techo de dicho edificio se colapso, causando daños. Ello dio lugar a que Wang Laboratories reclamase a su aseguradora por las pérdidas sufridas a consecuencia del huracán y a que obtuviese de ésta un pago total de $1,837,246.80 por los daños aludidos.

Luego de numerosos trámites judiciales, el 27 de abril de 1993 Wang Laboratories presentó una demanda enmen-dada contra varias partes que participaron en el diseño y la construcción del edificio en cuestión. Alegó, en esencia: (1) que las pérdidas sufridas en relación con el edificio ex-cedían lo cubierto por la póliza de seguros en la cantidad de $200,000, cantidad que Wang Laboratories se vió obligada a desembolsar para poder reconstruir y reparar completa-mente los daños sufridos por el edificio, y (2) que los daños sufridos se debían a defectos de diseño y estructurales que tenía el edificio, los cuales fueron puestos al descubierto y precipitados por las lluvias que trajo el huracán Hugo. Wang Laboratories reclamó, así, el pago del monto de la pérdida en exceso de lo pagado por la aseguradora. Invocó para ello lo dispuesto en el Art. 1483 del Código Civil, supra, que establece la responsabilidad decenal del contra-tista por vicios de construcción.

El 28 de septiembre de 1993, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, desestimó la demanda enmendada. En lo per-tinente resolvió esencialmente que la causa de acción que establece el Art. 1483 del Código Civil, supra, sólo la puede ejercer el dueño actual de la propiedad. Como Wang Laboratories había vendido el edificio en cuestión luego de re-pararlo, pero antes de presentar la demanda aludida, el foro sentenciador entendió que Wang Laboratories no tenía derecho de ejercer la acción decenal porque ya no era el propietario del edificio.

Oportunamente, Wang Laboratories solicitó la revisión de la sentencia aludida. Hizo el señalamiento de error si-guiente:

Erró el Honorable Tribunal de instancia al determinar que Wang Laboratories Puerto Rico, Inc., aquí demandante-recu-rrente, estaba impedido de recobrar de los demandados por los daños que le causaron a los edificios los vicios de diseño y/o estructurales. Aún cuando dicho demandante en su capacidad de dueño reparó y corrigió dichos defectos.

El 30 de diciembre de 1993 decidimos revisar y expedimos.

HH HH

El Art. 1483 del Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, que:

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tu-viese lugar dentro de diez (10) años, contados desde que se con-cluyó la construcción ....

Como puede observarse, de los propios términos del Art. 1483 del Código Civil, supra, no surge quién puede ser titular de la acción que dicho artículo dispone. El tenor de ese artículo sólo preceptúa que el contratista responderá por los daños causados por los vicios de la construcción. No limita el pago de esos daños solamente al propietario actual del edificio.

La doctrina civilista ha reconocido que el texto del artí-culo en cuestión “no hace distinciones y ... se limita a regular una responsabilidad por los daños y perjuicios deriva-dos de la ruina del edificio sin concretar los sujetos activos favorecidos”. (Enfasis suplido.) J. Santos Briz, La respon-sabilidad civil: derecho sustantivo y derecho procesal, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Montecorvo, 1981, págs. 655-656. Véase, también, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 461. La doctrina reconoce igualmente que el titular legitimado con mayor claridad para dirigirse contra los responsables de los vicios de construcción es el dueño de la obra, es decir, la persona que encargó la construcción del edificio. M. Al-baladejo García, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. XX, Vol. 2; Puig Brutau, op. cit., pág. 461. Finalmente, la doctrina civilista reconoce que puede haber varios titulares de la acción en cuestión, ade-más del dueño de la obra. Así, pues, se admite que están legitimados los sucesores del dueño de la obra, e incluso terceros que hayan sufrido daños a consecuencia del vicio de construcción. Albaladejo, op. cit., págs. 307-320; Puig Brutau, op. cit., págs. 461-466; Santos Briz, op. cit., págs. 653-658. Véase, también, L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sis-tema de Derecho Civil, Madrid, 1978, Vol. 2, pág. 343.

En nuestra propia jurisprudencia hemos señalado, de pasada, sin haber considerado el asunto particu-larmente, que la obligación de indemnizar que surge del Art. 1483 del Código Civil, supra, es “a favor de cualquier propietario que adquiera el edificio”, Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50 (1962); que “puede ser ejercida por un com-prador subsiguiente”, Gorbea v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 138, 142 (1975), y que existe para asegurar la repa-ración íntegra del daño “al dueño y sus causahabientes”, Acevedo Hernández v. Viñas Sorba, 111 D.P.R. 633, 638 (1981). En ninguna decisión nuestra hemos resuelto que solamente los propietarios actuales del edificio tienen de-recho a indemnización.

En Coop, de Viviendas v. Villas de Navarra, 104 D.P.R. 718, 720 (1976), consideramos en concreto el problema de la responsabilidad, por vicios de construcción, de los arqui-tectos con los compradores de viviendas que no habían con-tratado con ellos. Resolvimos que el adquiriente de un in-mueble puede demandar directamente al arquitecto, aunque no haya tenido nexos contractuales con éste, y re-conocimos que el Art. 1483 del Código Civil, supra, benefi-cia a “cualquier propietario de la construcción ...”. Coop, de Viviendas v. Villas de Navarra, supra, pág. 719. Como puede observarse, no resolvimos que dicho artículo benefi-cia exclusivamente al propietario actual.

Como se sabe, el referido Art. 1483 establece esencialmente un plazo de garantía del edificio construido. Géigel v. Mariani, supra, pág. 55; Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 384 (1978); Federal Ins. Co. v. Dresser Ind., Inc., 111 D.P.R. 96, 107 (1981). Se trata principalmente de una disposición de derecho sustantivo que va dirigida a asegurar que el contratista ha de construir edificios sólidos y estables. “La norma tutela no sólo ... el interés privado que nace de una privada convención sino, sobre todo, el interés general de la pública incolumidad y seguridad.” Al-baladejo, op. cit, pág. 277. Se configura una responsabili-dad de orden público. Guaroa Velázquez, Responsabilidad por los defectos en las edificaciones, 20 Rev. Jur. U.P.R. 13, 24 (1950); Gorbea v. Tribunal Superior, supra, pág. 142. Como tal, la norma del Art. 1483 del Código Civil, supra, es una que puede ser invocada variablemente por todo aquel que haya sido afectado por su violación. Tratándose de una garantía de orden público es lógico que puedan ampararse bajo ésta todos los que se vean perjudicados por su incum-plimiento, en la medida en que hallan sufrido daños. Es evidente por esta razón que el Código Civil no establece quién puede ser titular de la acción dispuesta en el Art. 1483, supra. Se da por supuesto que existe una diversa legitimación activa y que pueden invocar la garantía todas las personas que resulten perjudicadas por una construc-ción que adolece de vicios. Evidentemente es por ello, tam-bién, que en la doctrina civilista, según señalamos antes, expresamente se reconoce que pueden ser varios y diversos los titulares de la acción, según sean los intereses particu-lares de quienes reclaman la garantía aludida.

El carácter proteico de la garantía dispuesta en el Art. 1483 del Código Civil, supra, lo hemos reconocido ya tácitamente en casos como González Camacho v. Santos Cruz, 124 D.P.R. 396 (1989), y Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 D.P.R. 655 (1981), en el cual consideramos incluso si al dueño de una obra puede, en ocasiones, considerársele como contratista a los fines de estar sujeto a la responsabilidad decenal. Reconocimos en esos casos, pues, que la responsabilidad que surge del citado Art. 1483 depende de las circunstancias particulares del caso, cosa que está a tono con la concepción sobre la disposición en cuestión de prestigiosos eruditos civilistas como Mullerat y Puig Brutau. Éstos consideran que “incumbe a la doctrina y a la jurisprudencia interpretar la norma en el sentido progresivo que permita su eficacia en la actualidad”. Puig Brutau, op. cit., pág. 447. Si hemos reconocido el carácter circunstancial de la legitimación pasiva, para darle plena eficacia a la norma aludida, no vemos por qué no debe ha-cerse igual con la legitimación activa, sobre todo en vista de que esa es la postura de la doctrina civilista sobre el particular y en vista, también, de la naturaleza del derecho en cuestión.

De las consideraciones anteriores se desprende con claridad que no existe ningún impedimento jurídico para que el dueño de la obra pueda reclamar indemnización de los responsables por vicios de construcción bajo el Art. 1483 del Código Civil, supra, aún luego de haber vendido la propiedad, si fue dicho dueño quien en efecto sufrió los daños resultantes de esos vicios. Por ser la parte perjudicada tendría derecho a la acción dispuesta en la medida de sus propios daños. Así ha sido expresamente reconocido en la doctrina civilista. Albaladejo, op. cit., págs. 308-312. Así lo admitió también el Tribunal Supremo de España en una sentencia de 26 de noviembre de 1984. En ese caso, los compradores de los pisos de un edificio reclamaron extrajudicialmente del anterior dueño de la obra, quien se los había vendido, para que realizaran determinadas reparaciones y corrigieran los vicios ruinógenos que habían aparecido en dichos pisos. El anterior dueño de la obra, a su vez, demandó al contratista. El Tribunal Supremo español eventualmente resolvió que el antiguo dueño de la obra podía actuar contra el contratista, a fin de conseguir una cantidad suficiente para efectuar las reparaciones necesarias o el importe de las reparaciones que hubiese tenido que efectuar. Expresamente resolvió el Tribunal Supremo de España:

Que con independencia de la legitimación de que está inves-tido el adquiriente de una vivienda o edificación para exigir ... del contratista que la haya construido la responsabilidad en que haya incurrido ... por vicios de la construcción, es indudable que también está legitimado dicho adquiriente para reclamar contra el vendedor por los vicios ... y esta legitimación pasiva del vendedor frente a los compradores supone, en principio, la activa para dirigirse contra ... los constructores con quienes contrató la edificación ....

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Tanto el foro de instancia, como los recurridos, descan-san en González v. Centex Const. Co., etc., 103 D.P.R. 82 (1974), como fundamento para sostener que el antiguo dueño de una obra no puede demandar bajo el Art. 1483 del Código Civil, supra. En dicho caso, los dueños de una vivienda demandaron al constructor-vendedor de ésta por los distintos defectos de que dicha vivienda adolecía. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y le concedió a los demandantes $6,000 para la reparación de los defectos de la vivienda; $300 por los daños morales su-fridos por los vicios de construcción, conforme lo resuelto antes en Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967), y $906 por los gastos de la inversión efectuada por ellos en dicha casa. En revisión, confirmamos las partidas por daños morales e inversión, y añadimos otra partida de $1,518 a favor de los demandantes por la pérdida del uso de la vivienda debido a los defectos que tenía. Sin embargo, negamos los $6,000 para reparaciones porque al momento de dictarse la senten-cia de instancia la casa ya no pertenecía a los demandantes. La vivienda había sido ejecutada por el acreedor hipotecario mientras transcurría el pleito y, por ello, los demandantes, antiguos dueños al dictarse la sen-tencia, ya no podían llevar a cabo la reparación de la casa. Ello le correspondía entonces a sus nuevos titulares, por lo que resolvimos allí también que éstos podían oportuna-mente incoar la acción decenal contra el constructor demandado.

Como puede observarse, nuestra decisión en González v. Centex Const. Co., etc., supra, no es, en absoluto, un impe-dimento a la acción de un antiguo dueño bajo el Art. 1483 del Código Civil, supra. Por el contrario, del modo en que resolvimos en dicho caso reconocimos tácitamente que el antiguo dueño puede obtener indemnización al amparo del citado Art. 1483, pero sólo por los daños que realmente haya sufrido ese antiguo dueño. Dividimos allí la indem-nización que ha de ser otorgada conforme los respectivos intereses de los perjudicados, que es, como ya hemos seña-lado, lo que correctamente debe hacerse según la doctrina civilista contemporánea y según la naturaleza jurídica de la norma en cuestión.

IV

Con arreglo a los señalamientos antes expuestos, es claro que Wang Laboratories tenía derecho a reclamar bajo el Art. 1483 del Código Civil, supra, los daños propios que hubiese sufrido por vicios de construcción. Como dueño original del edificio en cuestión, si tuvo que pagar adicional-mente para hacerle reparaciones por defectos que eran res-ponsabilidad del contratista o del que diseñó el edificio, y esos costos no se le han reembolsado, tiene , derecho a la indemnización correspondiente por parte de éstos. Nótese que, en estas circunstancias, los nuevos adquirientes obtu-vieron el edificio ya reparado, por lo que no quedan afecta-dos sus propios intereses. Si existiesen otros defectos, o las reparaciones en cuestión no fuesen adecuadas, los dueños actuales tienen a su disposición las causas que sean proce-dentes, según las circunstancias del caso. González v. Centex Const. Co. etc., supra, págs. 85-86.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia re-vocatoria de la de instancia, en lo que a la reclamación de Wang Laboratories se refiere, que ordene que continúen los procedimientos “a quo” conforme lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

       La demanda fue presentada por Wang Laboratories Puerto Rico, Inc. y por su aseguradora Industrial Risk Insurers, quien alegaba que podía subrogarse en los derechos de su asegurado hasta el monto de lo que dicha aseguradora le había compensado.


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Scorpio Recycling, Inc. y otros, demandantes y peticionarios, v. José Mejías y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-94-30

      Resuelto: 10 de junio de 1994

      Luis G. Rullán Marín y Manuel Durán Rodríguez, de Lime-res, Vergne, Durán & Rullán, abogados de los peticiona-rios; José Antonio Casiano Silva, de Bufete Edgardo A. González, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

En el presente recurso, el tribunal de instancia rehusó anotar la rebeldía a una codemandada que, emplazada conforme a derecho, no había presentado alegación respon-siva alguna en el pleito. La parte demandante peticionaria sostiene que, conforme a la Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el tribunal debió anotar la rebeldía a dicha codemandada. A continuación resumiremos los he-chos que dieron base a esta determinación.

El 29 de septiembre de 1993, la compañía Scorpio Recycling, Inc. y otros presentaron una demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios contra el Sr. José Mejías, Puerto Rico Krans Agency y otros. Un día después de presentada la demanda, se diligenció el emplazamiento de la codemandada Puerto Rico Krans Agency a través del Sr. Hirám Sánchez. Al recibir el emplazamiento, el señor Sán-chez lo suscribió y alegó ser Gerente de Administración y Finanzas de la compañía demandada.

El 9 de diciembre de 1993 la parte demandante solicitó al tribunal que se anotase la rebeldía a la codemandada Puerto Rico Krans Agency. Alegó que dicha codemandada no había comparecido al pleito a pesar de haber transcu-rrido setenta (70) días desde su emplazamiento. Mediante una orden dictada a los efectos, el tribunal de instancia denegó la solicitud de la demandante y resolvió lo si-guiente:

El Tribunal no sabe la naturaleza de la personalidad de Puerto Rico Krans Agency, si en realidad tiene o no personalidad jurí-dica y si la persona servida con el emplazamiento tiene o no autoridad para recibir emplazamientos.

Oportunamente, la parte demandante solicitó una re-consideración, la cual, “en el uso de la discre[c]i[ó]n del Tribunal”, fue declarada no ha lugar.

Inconforme con dicha determinación, acude ante nos la parte demandante Scorpio Recycling, Inc. y hace los seña-lamientos de error siguientes:

...Cometió craso error de derecho el Honorable Tribunal de Instancia al no anotar la rebeldía de la codemandada Puerto Rico Krans Agency habiendo cumplido Scorpio con todos los requisitos de la Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil en violación de las disposiciones de dicha Regla así como de las garantías del Debido Proceso garantizado por el Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
...Cometió craso error de derecho el Honorable Tribunal de Instancia al no ordenar una vista según dispone la Regla 45.2(b) de las de Procedimiento Civil para determinar la cuan-tía de la sentencia que deba dictarse en rebeldía.
Cometió craso error de derecho el Honorable Tribunal de Ins-tancia al no reconsiderar su Resolución de 15 de diciembre de 1993.

El 30 de marzo de 1994 ordenamos a la demandada re-currida que mostrara causa por la cual no deberíamos ex-pedir el recurso presentado, revocar la resolución emitida por el foro de instancia el 15 de diciembre de 1993 y anotar la rebeldía.

El 29 de abril de 1994 los peticionarios presentaron una moción informativa acompañada de dos (2) mociones pre-sentadas ante el foro de instancia. Una de éstas es una comparecencia especial en la cual se le informa al tribunal que “Puerto Rico Krans Agency no tiene personalidad jurí-dica [y que, por ende,] el emplazamiento realizado el 30 de septiembre de 1993, a través de la persona del señor Hiram Sánche[z] no surte efecto legal ...”. La otra es una oposición de la parte demandante a esta alegación. Los de-mandantes alegan que “Puerto Rico Krans Agency es una ‘DBA’ de Adolfo Krans & Asociados, una corporación debi-damente inscrita en el Departamento de Estado”. Conti-nuaron alegando que, “[c]ontrario a lo alegado por la code-mandada, no existe defecto alguno relacionado a la validez del emplazamiento. Adolfo Krans & Asociados realizó ne-gocios con la demandante bajo el nombre de Puerto Rico Krans Agency y una vez se le emplazó bajo ese nombre fue debidamente emplazada. En otras palabras, cuando em-plazamos a Puerto Rico Krans Agency al que realmente se emplazó fue a Adolfo Krans & Asociados y si había algún error en el nombre lo debieron haber alegado en la contes-tación a la demanda(Enfasis en el original.)

Evaluado el recurso presentado a la luz de la informa-ción sometida por los peticionarios, procede confirmar la determinación del foro de instancia. La corporación Adolfo Krans & Asociados, haciendo negocios como Puerto Rico Krans Agency, no ha sido demandada; por lo tanto, el emplazamiento hecho a través del señor Sánchez no pudo tener el efecto de convertirla en demandada y traerla váli-damente ante el tribunal. No procedía la anotación de rebeldía.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto solicitado y se dicta sentencia confirmando la resolución del foro de ins-tancia negándose a anotar la rebeldía a la codemandada Puerto Rico Krans Agency.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton no intervinieron. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López concurrió con el resultado me-diante opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Lladó

Secretario General

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

A pesar de que el resultado a que se llega en la Senten-cia que hoy emite una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso es uno correcto, nos vemos en la necesidad de expresarnos por separado; ello en vista del hecho de que los términos en que está redactada la misma —y/o en vista de lo que no se expresa en la referida Sen-tencia— pueden ser malinterpretados por el tribunal de instancia y por la clase togada.(1) Veamos.

1 — 1

La parte demandante peticionaria, Scorpio Recycling, Inc., presentó demanda en cobro de dinero ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra, entre otros, José Mejías, Puerto Rico Krans Agency, New England Mutual Life Insurance Co., Banco Santander de Puerto Rico, etc. En la referida demanda no se especificó si la codemandada “Puerto Rico Krans Agency” era, o no, una “persona jurídica”, así como tampoco si era una sociedad, etc.

Expedidos los correspondientes emplazamientos, la parte demandante peticionaria “emplazó” a la codeman-dada Puerto Rico Krans Agency, supuestamente entregán-dole copia de la demanda y el emplazamiento a una persona de nombre Hiram Sánchez; quien, alegadamente, se identificó ante el emplazador como “gerente de administra-ción y finanzas” de la mencionada Puerto Rico Krans Agency. Transcurrido un término en exceso del provisto por nuestro ordenamiento, dentro del cual la parte demandada en un pleito civil viene en la obligación de contestar la demanda, sin que Puerto Rico Krans Agency hubiera con-testado la misma, la parte demandante solicitó del tribunal de instancia que le anotase la “rebeldía” a Puerto Rico Krans Agency.

El foro de instancia, sorpresivamente, se negó a ello. En la “orden”, que a esos efectos emitiera, el referido foro adujo que:

El Tribunal no sabe la naturaleza de la personalidad de Puerto Rico Erans Agency, si en realidad tiene o no personalidad jurí-dica y si la persona servida con el emplazamiento tiene o no autoridad para recibir emplazamientos. Apéndice I.

Denegada, igualmente, la solicitud de reconsideración que radicara la parte demandante Scorpio Recycling, Inc., dicha parte recurrió —via certiorari— ante este Tribunal en revisión de tan extraña actuación judicial. Resultando obvio, de los hechos entonces ante nuestra consideración, lo erróneo del proceder del foro de instancia, mediante Reso-lución de 30 de marzo de 1994, este Tribunal le concedió término a la “parte demandada recurrida” Puerto Rico Krans Agency para que mostrara causa:

... por la cual no deberíamos expedir el auto solicitado, revo-car la resolución emitida el 15 de diciembre de 1993 y anotar la rebeldía.

Estando el recurso pendiente, compareció ante este Tribunal la parte demandante peticionaria, vía “moción infor-mativa”, con el propósito de advertirnos de la radicación de dos (2) mociones ante el tribunal de instancia, copia de las cuales acompañó. La primera de ellas, suscrita de “manera especial” por el Ledo. José Antonio Casiano Silva, del “Bu-fete Edgardo A. González”. En dicho escrito, el licenciado Casiano Silva le señaló al foro de instancia, entre otras, que se había enterado que la parte demandante había acu-dido ante este Tribunal Supremo en revisión de una “or-den” mediante la cual dicho tribunal de instancia se había negado a anotarle la rebeldía a Puerto Rico Krans Agency, informando que:

... Puerto Rico Krans Agency no tiene personalidad jurídica. Por ende, el emplazamiento realizado el 30 de septiembre de 1993, a través de la persona del señor Hiram Sánchez, no surte efecto legal por varias razones no necesarias de ser discutidas en esta comparecencia especial. Moción informativa de 25 de abril de 1994.

Esto es, resulta ser que lo que “sospechó”, o adivinó, el tribunal de instancia, al denegar la solicitud de anotación de rebeldía, resultó ser la realidad de la situación; hecho que posteriormente fue “ratificado” por la parte deman-dante peticionaria al exponer —en el segundo escrito, ra-dicado ante el foro de instancia, que acompañó en la antes mencionada moción informativa— que:

... Contrario a lo alegado por la codemandada, no existe de-fecto alguno relacionado a la validez del emplazamiento. Adolfo Krans & Asociados realizó negocios con la demandante bajo el nombre de Puerto Rico Krans Agency y una vez se le emplazó bajo ese nombre fue debidamente emplazada. En otras pala-bras, cuando emplazamos a Puerto Rico Krans Agency al que realmente se emplazó fue a Adolfo Krans & Asociados y si había algún error en el nombre lo debieron haber alegado en la con-testación a la demanda. (Enfasis en el original.) Moción en opo-sición a moción informativa, pág. 1.

Siendo ésta la situación, no hay duda que resulta co-rrecto el resultado al que se llega en la Sentencia que hoy emite el Tribunal; esto es, no procede en derecho la anota-ción de la rebeldía a la codemandada Puerto Rico Krans Agency.

¿Por qué, entonces, la “necesidad” de nuestra ponencia, esto es, de expresarnos por separado? Ciertamente, no para hacerle perder el tiempo al lector o a persona alguna. Por el contrario, nuestro interés al así hacerlo, repetimos, lo es el evitar una posible confusión en la mente del juez de instancia y de otras personas que pudieran venir en con-tacto con la Sentencia mayoritaria emitida; en especial, por lo que la misma “no expresa”.

Como es de todos conocido, la Regla 7.1 de Procedi-miento Civil de 1979 (32 L.PR.A. Ap. III) establece que:

No es necesario aseverar la capacidad de la parte para de-mandar o ser demandada, la autoridad de una parte para de-mandar o ser demandada en una capacidad representativa, ni la existencia legal de una persona jurídica que se hiciere parte. Cuando una parte deseare controvertir la existencia legal de otra, la capacidad de cualquier otra parte para demandar o ser demandada, o la autoridad de una parte para demandar o ser demandada en una capacidad representativa, lo aseverará es-pecíficamente y afirmará aquellos pormenores que estuvieren dentro de su peculiar conocimiento.

Una somera lectura de la antes transcrita disposición reglamentaria es todo lo que se necesita para poder uno darse cuenta que los fundamentos expuestos en la “orden” emitida por el foro de instancia, mediante la cual denegó la solicitud de anotación de rebeldía, eran —en esa etapa de los procedimientos— totalmente incorrectos.

Esto es, no siendo necesario —conforme surge de la ci-tada Regla 7.1— que una parte demandante haga constar o asevere, en la demanda que radica, la “capacidad” ni de la parte que demanda ni de la parte demandada, como tampoco la existencia legal de una persona jurídica, resulta obvio que el tribunal de instancia no podía denegar, en ese momento, la solicitud de anotación de rebeldía por el fun-damento de que dicho foro, alegadamente, no sabía:

... la naturaleza de la personalidad de Puerto Rico Krans Agency, [y] si en realidad [Puerto Rico Krans Agency] tiene o no personalidad jurídica y si la persona servida con el emplaza-miento tiene o no autoridad para recibir emplazamientos. Apéndice I.

Y es que no puede ser de otra forma. Si nuestros tribu-nales de instancia tuvieran la autoridad o facultad para denegar la anotación de rebeldía —por esos fundamentos y en esa etapa de los procedimientos— la litigación civil en nuestra jurisdicción prácticamente se paralizaría. Es esa, precisamente, la razón para la existencia de la citada Regla 7.1 de Procedimiento Civil. La capacidad, o falta de ella, de una parte para ser demandada y la personalidad jurídica, o carencia de ella, de dicha parte, así como la autoridad o facultad representativa de la persona que en su nombre recibe el emplazamiento, es una cuestión a ser alegada, de manera afirmativa, por dicha parte en la contestación a la demanda, o comparecencia especial, que radique en el pleito.

De hecho, sorprende que el juez de instancia haya ac-tuado en la forma en que lo hizo. Ello, a nuestro juicio, únicamente se puede haber debido a una de tres (3) razo-nes, a saber: que el juez de instancia desconocía las dispo-siciones de la transcrita Regla 7.1 de Procedimiento Civil; que el referido magistrado tenía información extraoficial a esos efectos; o que, sencillamente, se trata de una coinci-dencia extraordinaria.

       En esencia, en dicha demanda se alegó, entre otras cosas, que la codeman-dada Puerto Rico Krans Agency se apropió ilegalmente de unos fondos pertenecien-tes a la parte demandante; esto mediante el endoso fraudulento de unos cheques con el fin de realizar débitos automáticos de la cuenta de banco de los demandantes.

       Realmente no procedía la emisión de una orden de mostrar causa; ello en vista del hecho de que Puerto Rico Krans Agency, en esa etapa de los procedimientos, no había comparecido en forma alguna ante el tribunal de instancia, por lo que no existía “parte recurrida”. Esto es, lo procedente hubiera sido haber emitido una Sen-tencia al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.


text:
    Integración de Salas de Verano.

      Número: —

      Resuelto: 10 de junio de 1994
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 3(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, se consti-tuyen las siguientes Salas Especiales de Despacho para funcionar durante el receso:

De 1ro de julio a 12 de agosto
Juez Asociado Señor Francisco Rebollo López (Pres.)
Juez Asociada Señora Miriam Naveira de Rodón
Juez Asociado Señor Jaime B. Fuster Berlingeri
De 19 de agosto a 30 de septiembre
Juez Asociado Señor Antonio S. Negrón García (Pres.)
Juez Asociado Señor Federico Hernández Denton
Juez Asociado Señor Rafael Alonso Alonso

Los Presidentes de Sala quedan facultados para susti-tuir a los Jueces que integren las salas que no puedan in-tervenir en algún asunto ante su consideración, y asi-mismo para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario.

El Tribunal continuará emitiendo y certificando opinio-nes y sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liadó

Secretario General