author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Dionisio Marcano Pérez, acusado y apelante.

      Número: CR-83-63

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Dina Orlando, abogada del apelante; Américo Serra, Procurador General Interino, Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Dionisio Marcano apeló una convicción por tribunal de derecho donde alega que una vez creada una duda razona-ble de que el acusado no estaba en su sano juicio cuando co-metió los actos imputados, el Ministerio Público no probó más allá de duda razonable que estaba cuerdo. Resolvemos que se cometió el error imputado y revocamos la sentencia del ilus-trado foro de instancia.

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Dionisio Marcano Pérez, el acusado apelante, resultó con-victo por tribunal de derecho, de cuatro cargos por el delito de robo, i ) dos infracciones al Art. 6, dos infracciones al Art. 8, una infracción al Art. 8A y una infracción al Art. 32, todos de la Ley de Armas. () El tribunal de instancia lo sentenció a cumplir concurrentemente penas de reclusión de veinte años en cada uno de los cargos por robo, cinco años por cada una de las infracciones al Art. 6, cinco años por cada una de las infracciones al Art. 8A y seis meses por la infracción al Art. 32.

La prueba de cargo consistió en el testimonio del Lie. Osvaldo Villanueva Díaz, del Lie. Carlos H. Dapena, del Sr. Luis Alberto Figueroa y de la Srta. Yolanda Acevedo Hernández, todos perjudicados en el caso, y del agente Francisco Miranda. Sus testimonios establecieron la siguiente cronología de even-tos : El 29 de abril de 1982 los licenciados Villanueva Díaz y Dapena se encontraban en su oficina, la cual compartían en aquel entonces con el licenciado Segal. Les acompañaban la señorita Acevedo y el señor Figueroa. A eso de las 4:00 p.m. se presentó el acusado apelante, junto a otra persona no iden-tificada, y procuró al licenciado Segal, quien no se encontraba en esos momentos. El acusado, quien estaba pulcramente ves-tido y lucía una apariencia acicalada, informó que necesitaba ver al licenciado Segal para pagarle un dinero, ya que éste lo iba a representar legalmente en una vista preliminar que se iba a celebrar en su contra por un caso de tentativa de asesi-nato. En el momento en que el licenciado Villanueva Díaz solicitó que le permitiera ver la denuncia en su contra, el acu-sado extrajo de un maletín un revólver Magnum calibre 357, a la vez que su acompañante sacó una carabina calibre 30-30 de no más de quince pulgadas de largo.

Luego de preguntar por artículos de valor y dinero, se apropió de un reloj y dinero en efectivo del licenciado Villa-nueva, de un revólver calibre 38 y dinero en efectivo del licen-ciado Dapena, de la cartera y prendas de la señorita Acevedo y de prendas y dinero en efectivo del señor Figueroa. En el caso particular de la señorita Acevedo, el acusado le preguntó si una prenda era auténtica o de fantasía. También inquirió por el teléfono interior, el cual procedió a desactivar. Cortó además las líneas de todos los teléfonos. Al marcharse, el acu-sado les ordenó a todas sus víctimas que se tiraran al piso y contaran hasta cien, advirtiéndoles que iba a poner un arte-facto explosivo en la puerta de la oficina, el cual estallaría si abrían ésta antes de finalizar el conteo determinado. Toda la operación efectuada por el acusado y su acompañante duró de quince a treinta minutos.

El Ministerio Público presentó prueba directa para de-mostrar la cordura del acusado, mediante testimonio de las víctimas. Sobre el proceder del acusado en el transcurso de los hechos arriba relatados, los testigos declararon que pudieron observar que él daba las órdenes, no estaba nervioso y se en-contraba calmado, coherente, orientado y alerta; que se no-taba consciente de lo que estaba haciendo. Referente a su con-ducta al momento de ser arrestado y trasladado desde su hogar al cuartel de la Policía, el agente Miranda testificó que se comportó tranquilamente todo el tiempo y que durante el viaje conversaba de manera normal e hilvanaba ideas.

Por su parte, el acusado, quien no contradijo la prueba del Ministerio Fiscal, alegó que era inimputable por razón de in-capacidad mental. A tales fines, presentó su propio testimonio y el de su psiquiatra, el Dr. Miguel A. Cubano.

El doctor Cubano, quien al momento del juicio le brindaba servicios profesionales al acusado como parte del programa conocido por Fee Basis que ofrece la Administración de Vete-ranos, declaró que desde 1975 ó 1976 trataba al acusado cuando éste fue ingresado a distintas instituciones para en-fermos mentales, Hospital de Psiquiatría Forense y Penal y el Hospital Nuestra Señora de los Ángeles.

El doctor Cubano diagnosticó que por varios años el acu-sado había padecido de esquizofrenia paranoide crónica. Des-pués de una extensa orientación al tribunal sobre esta enfer-medad, el doctor Cubano testificó que el 13 de abril de 1982, dieciséis días antes de los hechos, el acusado apelante visitó sus oficinas. Fue acompañado de su padre y le dijo que se sen-tía bien. Posteriormente, el 17 de mayo de 1982, diecinueve días después de los hechos, el acusado volvió a visitar al doctor Cubano. En el informe escrito sobre tal visita, el doctor hizo las siguientes observaciones: “Viene a cita en el día de hoy acompañado de un Oficial de Custodia. Nuevamente está en la Cárcel. Tiene unas ideas de referencia y persecución muy delirantes. Cuando pasaba frente al radio dice: Voz le enviaba vibraciones místicas. El es un enviado. La Ley no es justicia. Muy verborrecio. Mezcla con ensalada de palabras. Está psicótico circunstancial. Está en Bayamón.” (Pág. 38, transcripción del testimonio del doctor Cubano.)

Explicó el doctor Cubano que la esquizofrenia es una en-fermedad que afecta el sistema nervioso. Ésta consiste en un trastorno en el cual hay o puede haber alteraciones en el pen-samiento, la conducta, la forma de relacionarse y de visuali-zar la realidad, y el cuidado personal. Entre los distintos tipos de esquizofrenia se encuentra la que padece el acusado, o sea, la paranoide. Ésta se encuentra presente cuando se dan uno o varios de los siguientes síntomas: (1) delirios de persecu-ción; (2) delirios de grandeza; (3) delirios de celos, y (4) alucinaciones, las cuales pueden ser de persecución y/o de grandeza.

Indicó que en el caso del acusado apelante, éste ha exhi-bido las cuatro características de la esquizofrenia paranoide: en ocasiones ha tenido ideas de persecución, o sea, que la gente está en su contra y le quieren hacer daño; ha exhibido ideas de grandiosidad al creer que es un enviado de Dios y que sus actos están controlados u ordenados por algo superior al hombre; también ha sufrido de alucinaciones auditivas en las que él escucha voces que le ordenan realizar ciertos actos.

Explicó el doctor Cubano que un brote psicótico ocurre cuando los síntomas de la enfermedad que padece el acusado se presentan de forma más aguda. Para que haya psicosis, además de los síntomas de ansiedad, tensión, hostilidad o re-traimiento, el enfermo tiene que estar alucinado. Por tal razón, en ese momento se le considera que está divorciado de la realidad. No obstante, una persona puede estar psicótica y no demostrarlo a los demás. En contraposición, el estado de remisión ocurre cuando el paciente ha mejorado y los sínto-mas disminuyen en intensidad. Véase American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3ra ed., Washington, D.C., APA, 1980.

A preguntas directas del abogado de la defensa, el doctor Cubano expresó que la conducta de una persona con un pade-cimiento de esquizofrenia paranoide crónica podría verse afectada hasta el punto de no poder discernir sobre la natu-raleza de sus actos y perder todo control sobre ellos.

En cuanto a los actos delictivos imputados al acusado Mar-cano, el doctor Cubano expresó: “Por el expediente que vemos de él, esta es una persona que ha estado sumamente enferma por años. Su condición en lugar de mejorar, pues, es lo de es-perar, ha ido deteriorando continuamente. Estos delirios y estas alucinaciones en este tipo de pacientes se van haciendo más crónicos, más frecuentes, y ya a la altura que está Dio-nisio, a pesar de que es un hombre joven, pues prácticamente dominan su vida y dominan su pensamiento. O sea, que cual-quier acto que él cometa en un momento dado es como con-secuencia de esa enfermedad.” (T.E., pág. 42.) Sobre el pro-ceder del acusado el día de los hechos, el doctor Cubano testi-ficó que éste no era inconsistente con su condición mental y, por tanto, su conducta por sí sola no estableció que compren-diera la criminalidad de sus actos o poder conformar éstos al mandato de la ley.

Por último, el doctor Cubano explicó que una persona puede estar acicalada y encontrarse psicótica. De igual ma-nera, una persona puede estar toda desaliñada y encontrarse en un estado mental normal.

Al ser contrainterrogado por el fiscal, el doctor Cubano explicó que una persona que está alucinando, no necesaria-mente tiene que estar diciendo disparates o ser incoherente en sus pensamientos. O sea, que se puede estar psicótico y no demostrarlo al comportarse normalmente ante los demás. Ex-plicó que un esquizofrénico paranoide puede tener momentos en que distinga entre el bien y el mal y sea responsable de sus actos. No obstante, en un caso de la cronicidad del acusado tales momentos son muy pocos y cortos de duración ya que el pensamiento delirante le ocupa la mayor parte del tiempo.

Por último, testificó el acusado, quien relató cómo percibía los hechos que se le imputaban. A estos efectos expresó que desde hace tiempo era vigilado por los fiscales y la ley. Al in-tensificarse la vigilancia, cuando se disponían a atacarlo a él y a su familia, se le ordenó que se armara para una posible guerra. Narró una serie de procedimientos por los cuales pasó. Le dieron el nombre de Imaim; que lo buscara con la seña 666, la cual encontró; que estaba usando una oficina en la misma calle de Radio Voz, transmitiendo y programando al pueblo con ultra sonido. Se refirió a esas personas en la oficina donde ocurrieron los hechos como el enemigo, a excepción de Yolanda —la testigo Acevedo Hernández— de quien dijo era inocente. Explicó que pidió hacerse invisible dos veces y en dos ocasiones se materializó. Citó al Éxodo 25 en que Jehová ordenó a Moisés que tomara oro, plata y cobre, lo cual ellos recogieron para ofrendárselo a Imaim, y que luego lo ofren-daron al mar. Dijo que la única ley es la de la luz y a la ley del hombre se refirió siempre como la antigua ley.

Al ser repreguntado por el fiscal, indicó que él no tenía un Magnum, sino una VZ1 israelí, una subametralladora “de las que usamos los comandos”. Expresó que entendió lo que dijeron los testigos y al irlos nombrando el fiscal, calificó al li-cenciado Dapena como inocente. De su compañero indicó que era un comando, o célula, y que no lo ha vuelto a ver. Tam-bién dijo que sabía dónde estaba, que estaba en prisión, de qué se le acusaba y de la fianza que se le impuso. Reconoció al licenciado Segal entre el público que se encontraba en la sala y de forma alterada preguntó qué hacía él ahí.

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La controversia jurídica en este caso está limitada a de-terminar cuánta prueba tiene que ofrecer el Ministerio Pú-blico para probar más allá de duda razonable que el delito fue cometido por el acusado en su sano juicio cuando la defensa ha ofrecido suficiente prueba pericial sobre su incapacidad mental para impugnar la presunción de cordura.

A pesar de la complejidad del problema de salud mental, corresponde a los tribunales hacer determinaciones sobre la inimputabilidad de un acusado por incapacidad mental en casos como éste. La psiquiatría moderna y el desarrollo de drogas y medicamentos ha resultado en una evolución impre-sionante en el tratamiento del paciente mental y en su eventual rehabilitación. Estos cambios han afectado positivamente la administración de la justicia criminal, no solamente en el procesamiento sino también en las fases de rehabilitación y tratamiento de confinados. La psiquiatría moderna y el desa-rrollo de drogas y medicamentos han hecho que evolucionen rápidamente los conocimientos sobre los problemas e impedi-mentos mentales y el tratamiento tanto del retardado mental como del paciente con otras incapacidades. Estos desarrollos han tenido un efecto profundo en la administración de la jus-ticia criminal que se enfrenta al problema de que hacer con incapacitados mentales que han cometido crímenes, pero que mediante tratamiento puede restaurárseles su sanidad mental. A. Gómez, El sistema de justicia criminal y el sistema de salud mental, Informe preparado para la Conferencia Judicial de 1983. El problema para los tribunales se complica por-que todavía no tenemos suficiente información sobre la mente humana para poder predecir la peligrosidad de una persona y hay posiciones conflictivas sobre la percepción del problema entre los psiquiatras.

La evolución de la psiquiatría moderna también ha afec-tado profundamente las determinaciones sobre la inimputa-bilidad de los incapacitados mentales y las medidas de segu-ridad post sentencia cuando prevalece esta defensa. Uno de los problemas más difíciles que siempre ha confrontado el Derecho penal es la formulación de la defensa de inimputa-bilidad. A través de la historia las cortes han adoptado diver-sos criterios para determinar la locura, comenzando con la distinción entre los locos, los furiosos y los desmemoriados del Derecho romano y el antiguo Derecho español; luego la Regla M’Naghten y recientemente la del Instituto Americano de Derecho (American Law Institute). Véase D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño — Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, págs. 235-243.

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El Art. 30 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3152, esta-blece que no es imputable de delito aquel que al momento de los hechos, a causa de enfermedad o defecto mental, careciere de capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus actos o para conducirse de acuerdo al mandato de la ley. Esta disposición proviene de la Sec. 4.01 del Código Penal Modelo del Instituto Americano de Derecho (Model Penal Code — American Law Institute). En la nota explicativa a la misma se dispone:

To be held irresponsible, the individual must, as a result of a mental disease or defect, either lack substantial capacity to appreciate the criminality [wrongfulness] of his conduct or lack substantial capacity to conform his conduct to legal requirements. The standard does not require a total lack of capacity, only that capacity be insubstantial. An individual’s failure to appreciate the criminality of his conduct may consist in a lack of awareness of what he is doing or a misapprehension of material circumstances, or a failure to apprehend the significance of his actions in some deeper sense. Wrongfulness is suggested as a possible alternative to criminality, though it is recognized that few cases are likely to arise in which the variation will be determinative. An individual is also not responsible if a mental disease or defect causes him to lack substantial capacity to conform his conduct to the requirements of the law. This part of the standard explicitly reaches volitional incapacities.

Surge de lo anterior que la determinación de inimputabilidad por razón de incapacidad mental puede ser el resultado de defectos en la capacidad de la persona, tanto a nivel cognoscitivo como volitivo. También resulta importante destacar que la carencia en la capacidad del imputado no tiene que ser total. Sólo es necesario demostrar que la persona no cuenta con capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus actos o de conformar éstos al mandato de la ley. Véase Nevares-Muñiz, op. cit. págs. 235-245.

Con respecto a la capacidad mental del imputado, hemos resuelto que la ley presume la cordura de éste. Siendo así, el fiscal no está en la obligación de presentar prueba sobre su capacidad mental para delinquir. No obstante, de presentarse prueba suficiente que establezca duda razonable sobre la cordura del acusado al momento de los hechos, la mencionada presunción queda rebatida. La prueba a tales efectos puede ser presentada por el acusado o surgir de la ofrecida por el Pueblo para establecer su caso. Una vez rebatida la presunción de cordura, recae sobre el Ministerio Fiscal el peso de presentar prueba que demuestre más allá de duda razonable la capacidad mental del imputado al momento de los hechos. Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46, 60 (1956); Pueblo v. Rivera Raquel, 95 D.P.R. 564, 569 (1967) ; Molina v. Jefe Penitenciaria, 96 D.P.R. 191, 198 (1968); Pueblo v. Colón Morales, 100 D.P.R. 40, 43 (1971); Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703, 709 (1972). La prueba requerida a estos fines es aquella que establezca en la conciencia del juzgador la cer-teza moral y firme convicción sobre su imputabilidad. Pueblo v. Dávila Alonso, 85 D.P.R. 450, 453 (1962); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974).

Es de rigor señalar que el mero hecho de que se presente prueba pericial para rebatir la presunción de sanidad mental no le impone de manera absoluta al Ministerio Fiscal la obligación de también ofrecer prueba pericial para refutar la de la defensa. () Conocida es la regla que establece que el juzgador de hechos no está obligado a aceptar las conclusiones de un perito. Pueblo v. Bonelli, 19 D.P.R. 75 (1913); Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211, 222 (1940); Pueblo v. Sánchez, 79 D.P.R. 116, 121 (1956); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39, 48 (1982). Es suficiente en derecho aquella prueba de cargo, sea o no pericial o una combinación de ambas, que demuestre más allá de duda razonable la cordura del acusado. La naturaleza y cantidad de la prueba que ha de presentar el Pueblo para contradecir la traída por la defensa para establecer la inimputabilidad, dependerá de la contundencia y robustez de esta última.

Para ayudar al juzgador a determinar la condición mental del acusado, tanto el Ministerio Público como la defensa pueden hacer uso de testigos legos. El testimonio de éstos puede ser descriptivo sobre los hechos percibidos o “en forma de opiniones o inferencias” siempre que “estén racionalmente basadas en la percepción del testigo y que sean de ayuda para el mejor entendimiento de su declaración o para la determinación de un hecho en controversia”. Regla 51 de Evidencia. En cuanto a la admisibilidad de este último tipo de testimonios —opiniones o inferencias inmediatas— la jurisprudencia de este Tribunal ha sido muy liberal al permitir un variado tipo de declaraciones. Véase E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Evidencia — Vol. I, págs. 235-237, y casos allí citados. ()

IV

Cuando se plantea la defensa de locura, la determinación final sobre la capacidad mental del acusado es una cuestión de hecho a ser dilucidada por el juzgador de éstos. Pueblo v. Sánchez, supra, pág. 122; Pueblo v. López Rivera, 109 D.P.R. 160, 167 (1979). No obstante, ello no significa que tal dictamen esté inmune de error y, por ende, fuera del alcance de nuestra facultad revisora. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981). Sobre este particular, en Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, págs. 551-552, expresamos:

Hemos dicho en repetidas ocasiones que los juzgadores de hechos nos merecen respeto y confiabilidad en la apreciación imparcial de la prueba. Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974) ; Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973) ; Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183, 203 (1964). Con ello no podemos significar que los juzgadores de hechos no se equivoquen. De ahí en que en muchos casos no hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio cuando un análisis de la prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador nos deja serias dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971) ; Pueblo v. Torres Rolón, 99 D.P.R. 970 (1971) ; Pueblo v. Rodríguez González, 99 D.P.R. 904 (1971) ; Pueblo v. Bonilla Medina, 99 D.P.R. 128 (1970); Pueblo v. Cruz, 58 D.P.R. 33 (1941); Pueblo v. Viana, 41 D.P.R. 413 (1930).
Hasta tanto se disponga de un método infalible para ave-riguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determi-nación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a tenerla tranquila.

En el caso de autos se estableció mediante prueba pericial no refutada que el acusado venía padeciendo desde hace varios años de una esquizofrenia paranoide crónica. () Expresó el perito psiquiatra que una persona que sufra de tal padeci-miento y que en un momento dado incurra en conducta consti-tutiva de delito bajo los efectos de un brote psicótico carece de la capacidad suficiente para conformar su conducta al man-dato de la ley o comprender la legalidad de la misma.

Concluyó el doctor Cubano, quien al momento de los hechos venía tratando profesionalmente al acusado por casi siete años, que dada la severidad de su padecimiento mental, éste carecía de la suficiente capacidad mental para poder ser con-siderado imputable de delito al momento de los hechos. Al apelante, quien actuaba bajo los efectos de alucinaciones y de-lirios que le inducían a pensar que recibía órdenes supremas que no podía desobedecer y que sus ejecutorias no eran inco-rrectas, le era imposible conformar sus actos al mandato de la ley y comprender la criminalidad de los mismos.

Una vez quedó controvertida la presunción de sanidad mental del acusado por la anterior prueba y su propio testi-monio, recayó sobre el Pueblo la obligación de establecer más allá de duda razonable su imputabilidad. El fiscal pretendió descargar tal deber mediante prueba no pericial consistente en el testimonio de los perjudicados en el presente caso. Como estas personas no conocían íntimamente y por suficiente tiempo al acusado no podían emitir un juicio informado sobre su estado mental. Su testimonio se limitó a describir la con-ducta del acusado según la observaron ellos. Ninguno ofreció información sobre su estado mental.

Luego de un detenido análisis de toda la prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador, concluimos que el Pueblo no demostró más allá de duda razonable la capacidad mental del apelante para responder criminalmente por los actos impu-tados. Aun cuando aceptamos que prueba sobre el comporta-miento y el proceder de un imputado al momento de los hechos podría ser suficiente para establecer su cordura, consideramos que en el caso de autos no lo fue así. Máxime, cuando la prue-ba pericial no controvertida estableció que la conducta des-plegada por el acusado al momento de perpetrarse el robo es del todo compatible con su condición emocional, que le hace in-imputable, por lo que, no obstante tal proceder, el acusado no tenía la capacidad suficiente para comprender la legalidad de sus actos o conformar los mismos al mandato de la ley.

El acusado apelante presentó prueba convincente sobre su inimputabilidad, la cual estuvo basada en testimonio pericial, su propio testimonio y un extenso historial clínico psiquiá-trico. El Pueblo, por su parte, pretendió establecer la capaci-dad mental del acusado mediante prueba que resultó ser insu-ficiente a la luz de la ofrecida por la defensa. Los efectos de esta última no se vieron disminuidos por el poco impacto que pudo haber tenido aquélla sobre ésta.

Consideramos que dada la contundencia con que la inimputabilidad del acusado quedó demostrada, se requería la presentación de prueba más robusta por parte del Ministerio Fiscal para establecer su caso. El Estado tenía que presentar testimonio pericial que demostrara que al momento de los hechos el acusado no estaba alucinado y que dado su historial médico el paciente tenía la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos o de conformar éstos al mandato de la ley.

Nos sorprende que aunque el Ministerio Fiscal sabía que el acusado había planteado la defensa de locura desde la vista preliminar, no hubo la preparación necesaria para refutar la prueba pericial del acusado. El.fiscal se limitó a utilizar testigos legos y a contrainterrogar brevemente al perito del acusado. En el futuro el Ministerio Fiscal debe utilizar adecuadamente los recursos de peritaje que tiene disponibles el Estado para ayudar a los tribunales en la determinación sobre la capacidad mental de un acusado. Examinada la prueba testifical desfilada, la determinación del tribunal apelado sobre la capacidad mental del acusado al momento de los hechos no representa el balance más racional y justiciero, por lo que erró como cuestión de derecho al imponer responsabilidad criminal al apelante sin que se estableciese la misma más allá de duda razonable. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552; Pueblo v. Pagán Díaz, supra, pág. 621.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia revo-catoria y se absolverá al abusado apelante. Éste continuará recluido bajo la custodia del Alcaide de la Cárcel y el tribunal de instancia dará cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 66 al 70 del Código Penal, 33 L.P.R.A, sees. 3351 a 3371, de con- formidad con la Ley Núm. 61 de 5 de julio de 1985 que esta-blece el 'procedimiento para la imposición de la medida de se-guridad del incapacitado mental.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto particular uniéndose a la opinión del Tribunal. El Juez Presi-dente Señor Pons Núñez está conforme con la opinión del Tribunal y, además, se une al voto particular del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía disiente con opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“Los jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer declaraciones [o teorías] que nadie más creería.” Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

A la luz de un análisis crítico e integral de la prueba testi-fical y documental presentada entendemos —al igual que el ilustrado tribunal sentenciador— que el Ministerio Fiscal es-tableció más allá de duda razonable la comisión de los hechos imputados al apelante Dionisio Marcano Pérez, y su capa-cidad legal para comprender la criminalidad de esos actos.

Su tesis en contrario, refrendada en la opinión de este Tribunal, aparte de que no mereció crédito, se basa en dos premisas erróneas: (1) que la determinación sobre la capaci-dad mental —procesal y fácticamente— fue rebatida, y (2) que tal condición sólo puede demostrarse mediante testimonio pericial. Nada más lejos de la realidad. Veamos.

I

Nuestro ordenamiento jurídico se apuntala en la presun-ción de capacidad mental. Pueblo v. Colón Morales, 100 D.P.R. 40, 43 (1971); Pueblo v. Rivera Raquel, 95 D.P.R. 564, 569 (1967); Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46, 60 (1956). Como excepción a ese principio nuestras normas procesales y sustantivas contemplan la condición de alienación mental como razón de inimputabilidad.

En lo pertinente, el Art. 30 del Código Penal reza:

No es imputable el que en el momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, careciere de capacidad su-ficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. 33 L.P.R.A. see. 3152.

A tal efecto si se presenta prueba suficiente generadora de una duda razonable en torno a la capacidad mental de un acusado, incumbe entonces al Ministerio Público establecer su sano juicio. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972); Molina v. Jefe Penitenciaría, 96 D.P.R. 191 (1968); Pueblo v. Alsina, supra. Ahora bien, la incapacidad mental, como eximente de responsabilidad, es una cuestión fáctica. Su “de-terminación final corresponde al juzgador de hechos, bien sea juez o jurado”. Pueblo v. López Rivera, 109 D.P.R. 160, 167 (1979); Pueblo v. Sánchez, 79 D.P.R. 116, 122 (1956).

Para dirimir probatoriamente esa controversia son ad-misibles las opiniones de testigos legos y peritos. Pueblo v. Báez, 67 D.P.R. 301, 303 (1947); Sucn. Gómez v. Colón, 63 D.P.R. 104, 105 (1944). Véanse H. B. Rothblatt, Defense and the Direct and Cross-Examination of the Psychiatric Witness, compilado en C. H. Wecht, Legal Medicine Annual: Nineteen Seventy-One, Nueva York, Appleton-Century-Crafts, 1971, págs. 301, 319-320; 2 Underhill’s Criminal Evidence Sec. 457, págs. 1147-1148 (1956); 1 Wharton’s Criminal Evidence Sec. 222, págs. 470-475 (1966); 3 Wharton’s, op. cih, Sec. 609, págs. 175-177 (1972); Competency of Testimony of Nonexperts on Question of Sanity or Insanity in Criminal Cases, 72 A.L.R. 579 (1931); State v. Brown, 676 P.2d 757-761 (Kan. 1984); State v. Smith, 310 S.E.2d 320, 324 (N.C. 1984); Curry v. State, 611 S.W.2d 745, 747-748 (Ark. 1981).

La Regla 51 de Evidencia recoge este enfoque y permite, aun cuando un testigo no estuviere declarando como perito, su declaración en forma de opiniones o inferencias pero limi-tada a aquellas que “estén racionalmente basadas en la 'per-cepción del testigo y que sean de ayuda para el mejor enten-dimiento de su declaración o para la determinación de un hecho en controversia”. (Énfasis suplido.)

Aclarado este extremo, debemos recordar la regla elemental de que la opinión pericial no obliga al juzgador. Un tribunal puede rechazar las conclusiones de un perito. Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211, 222 (1940); Pueblo v. Sánchez, supra, pág. 121. Basado en todas las declaraciones de testigos ocu-lares sobre la conducta y comportamiento de un acusado al momento de los hechos, el juez puede arribar a sus propias conclusiones respecto a si éste estaba bajo la influencia in-capacitante de una enfermedad mental. “Ha de tenerse pre-sente, por estas razones, tanto para el médico como para el ju-rista que intenten la aplicación de lo patológico a lo jurídico, que ha de quedar en todo caso reservada al juez la última resolución, en forma de sentencia, sobre las conclusiones del primero.” W. Weygandt, Psiquiatría Forense, 2da ed., Méxi-co, Ed. Nacional, 1967, pág. 15.

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En virtud de estos principios analicemos la prueba. Pri-meramente no debe haber duda respecto a la veracidad de la aportada por el Ministerio Fiscal. Ésta consistió en los testi-monios!) de Osvaldo Villanueva Díaz, Carlos H. Dapena, Luis A. Figueroa, Yolanda Acevedo Hernández y Francisco Miranda. La misma fue aquilatada y creída por el tribunal sentenciador. En ningún momento ha sido cuestionada ante nos. Dicho de otro modo, se acepta que el apelante Marcano Pérez observó la siguiente conducta al cometer los delitos:

El 29 de abril de 1982 los licenciados Villanueva Díaz y Dapena se encontraban en su oficina, la cual compartían en aquel entonces con el licenciado Segal. Los acompañaban la señorita Acevedo y el señor Figueroa. A eso de las 4:00 p.m. se presentó el acusado apelante, junto a otra persona no identificada, y procuró al licenciado Segal, quien no se en-contraba en esos momentos. El acusado, quien estaba pul-cramente vestido y lucía una apariencia acicalada, informó que necesitaba ver 'al licenciado Segal para pagarle un dinero, ya que éste lo iba a representar legalmente en una vista preliminar que se iba a celebrar en su contra por un caso de tentativa de asesinato. En el momento en que el li-cenciado Villanueva Díaz le solicitó que le permitiera ver la denuncia en su contra, el acusado extrajo de un maletín un revólver Magnum calibre 357, a la vez que su acompañante sacó una carabina calibre 30-30 de no más de quince pulga-das de largo.
Luego de preguntar por artículos de valor y dinero, se apropió de un reloj y dinero en efectivo del licenciado Vi-llanueva, de un revólver calibre 38 y dinero en efectivo del licenciado Dapena, de la cartera y prendas de la señorita Acevedo y prendas y dinero en efectivo del señor Figueroa. En el caso particular de la señorita Acevedo, el acusado le preguntó si una prenda era auténtica o de fantasía. Tam-bién inquirió por el teléfono interior, el cual procedió a de-sactivar. Cortó además las líneas de todos los teléfonos. Al marcharse, el acusado les ordenó a todas sus víctimas que se tiraran al piso y contasen hasta cien, advirtiéndoles que iba a poner un artefacto explosivo en la puerta de la oficina, el cual estallaría si abrían ésta antes de finalizar el conteo determinado. Toda la operación efectuada por el acusado y su acompañante duró de quince a treinta minutos. . . .
... los testigos declararon que pudieron observar que él [acusado] daba las órdenes, no estaba nervioso y se encon-traba calmado, coherente, orientado y alerta; que se notaba consciente de lo que estaba haciendo. Referente a su con-ducta al momento de ser arrestado y trasladado desde su hogar al cuartel de la Policía, el agente Miranda testificó que se comportó tranquilamente todo el tiempo y que durante el viaje conversaba de manera normal e hilvanaba ideas. (Én-fasis suplido.)

Insistimos en que esta prueba no fue impugnada. En apoyo de la defensa de insanidad se presentó el testimonio del psi-quiatra Dr. Miguel A. Cubano. En síntesis, éste atestó que desde el año 1976 trataba al apelante Marcano Pérez por un padecimiento de esquizofrenia paranoide crónica. Explicó los trastornos que esa condición generaba, a saber, alteraciones en: (1) el pensamiento; (2) la conducta; (3) forma de rela-cionarse, y (4) forma de visualizar la realidad. Indicó que esa conducta alteraba las relaciones familiares, con su comu-nidad y afectaba su cuido personal. La enfermedad podía va-riar diferentes procesos psicológicos como son el contenido y la forma de pensamiento, la percepción, el afecto, la relación con el mundo exterior y también alterar la conducta de movi-mientos, o la conducta psicomotriz. Específicamente declaró que Marcano Pérez tenía con frecuencia “ideas de referencia y de persecución, de que la gente está en contra de él, que le quieren hacer daño”; también, ideas de “grandiosidad” y de alucinaciones auditivas. Se refirió a los récords médicos del Hospital de Veteranos y del Hospital de Psiquiatría presenta-dos en evidencia.

En cuanto a los delitos imputados, el doctor Cubano ex-puso que lo vio dos semanas antes de que los cometiera, el 13 de abril de 1982. En esa entrevista Marcano Pérez le dijo que se sentía bien. Le recetó una serie de medicamentos. Sobre el aspecto crucial de su capacidad, opinó que su comportamiento delictivo era compatible con su condición mental. Según su criterio, del mismo no podía establecerse que comprendiera la criminalidad de los actos. Sabía que Marcano Pérez fue usua-rio de marihuana. Desconocía que antes de estas acusaciones había sido sentenciado por robo armado por hechos acaecidos el 12 de mayo de 1977. Aclaró que una persona como él, con diagnóstico previo de esquizofrenia paranoide crónica puede, en remisión de síntomas, distinguir entre el bien y el mal. Esa lucidez puede variar en tiempo, en su caso, entre media a tres cuartos de hora. Admitió que la enfermedad que padecía Mar-cano Pérez “no exime la culpa”. () Además, que con trata-miento continuo podía llevar una vida normal, inclusive la familiar y mantener el vínculo matrimonial y relaciones pa-terno-filiales. Atestó que Marcano Pérez, después de los he-chos, mientras estuvo en la cárcel, empeoró, estaba con ideas de persecución y se mostraba muy “verborreico”.

Finalmente, el apelante Marcano Pérez declaró. Su testi-monio durante el juicio (17 meses más tarde), fue en torno a que su conducta respondió a un delirio de persecución y aluci-nación basado en que los fiscales lo vigilaban. Recibió órdenes de armarse para una guerra. Le dieron el nombre de Imaim y que lo buscara con la seña 666, la cual encontró; que estaban usando una oficina en la misma calle de Radio Voz, transmi-tiendo y programando al pueblo con ultra sonido. En su relato se refirió a las personas en esa oficina como el enemigo a ex-cepción de Yolanda, la secretaria, de quien dijo era inocente. Pidió hacerse invisible dos veces y en dos ocasiones se mate-rializó. Citó al Éxodo 25 en que Jehová ordenó a Moisés que tomara oro, plata, cobre, etc. y que ellos lo recogieron para ofrendárselo a Imaim, y que luego se lo ofrendó al mar; la tierra, el mar, en su día quiere lo que es de ella, que le perte-nece, que salió de sus entrañas. Dijo que la única ley es la ley de la luz, a la ley del hombre se refería siempre como la an-tigua ley.

En el contrainterrogatorio dijo que él no tenía un Magnum sino una VZ1 israelí, subametralladora de las que usa-mos los comandos. Dijo que entendió lo que dijeron los testi-gos. Al irlos nombrando el fiscal calificó al licenciado Dapena como inocente. De su compañero dijo que era un comando, o célula, y que no le ha vuelto a ver.

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De la prueba de la defensa antes relacionada, indepen-dientemente del poco valor probatorio que le adjudicó el foro de instancia, según el testimonio del doctor Cubano, es inne-gable el historial clínico de esquizofrenia paranoide crónica del apelante Marcano Pérez. Sin embargo, tal como dicho ga-leno admitió, esa condición, en remisión de síntomas y a in-tervalos, le permitía a éste distinguir la criminalidad de sus actos y por ende no lo exime de culpa.

Sobre este extremo, la prueba no contradicha del Minis-terio Fiscal demostró reiterada y satisfactoriamente al mo-mento de los hechos una conducta compatible con la presun-ción de sanidad mental. Primeramente, Marcano Pérez demos-tró una conducta normal e inteligente. Estaba pulcramente vestido y con apariencia acicalada. Tenía escondida un arma de fuego, que sacó oportunamente y usó de manera efectiva. Indagó y desactivó los teléfonos interiores y los exteriores. In-quirió y selectivamente se apropió de un revólver, prendas legítimas y dinero en efectivo. Estuvo calmado, coherente, orientado y alerta. Durante el robo y huida sus órdenes fue-ron precisas y exactas.

Segundo, el doctor Cubano no estuvo presente en sala cuando se desfiló la prueba testifical del Ministerio Fiscal. Aunque como perito —conforme las Reglas 56 y 58 de Evi-dencia— ésto no sería impedimento para opinar válidamente a base de una “pregunta hipotética” formulada con arreglo a la prueba antes aportada, según su propia admisión, ello le “habría ayudado quizás a tener un mejor cuadro de la persona [del acusado]”. La situación tiende a debilitar seria-mente el valor probatorio de su testimonio. Notamos que la pregunta central relativa a la capacidad mental del acusa-do, () en la cual el doctor Cubano fundó su opinión, no con-tenía todos los detalles y datos esenciales sobre el comporta-miento observado por los testigos de cargo durante la comisión de los delitos. En esta etapa apelativa tales lagunas fácticas son insubsanables.

Tercero, en teoría, su proceder dista mucho de ser el de un esquizofrénico paranoide crónico, dominado por una de las siguientes tendencias: (1) delirio de persecución; (2) delirio de grandeza; (3) delirio de celos, y (4) alucinaciones de per-secución o grandeza. Weygant, op. cit, págs. 349-350; R. R. Tilleard-Cole y J. Marks, The Fundamentals of Psicological Medicine, Inglaterra, M.T.P., 1975, pág. 192.

Cuarto, su comportamiento al perpetrar los delitos, tam-bién contrasta con su récord clínico. Éste refleja que durante las fases activas, su enfermedad se manifestaba siempre por agresividad, alucinaciones, ansiedad, ideas de persecución, desviación en espacio y tiempo, ideas suicidas, desaliño, ten-sión, incoherencia y hablador. Repetimos, durante el robo no exhibió ninguna de estas características que objetivamente podrían servir de signos visibles para un diagnóstico acorde a una patología real eximente.

Quinto, la forma en que fueron ejecutados los delitos dista mucho de su versión alucinante de génesis divina y bíblica. De-nota que toda la operación fue consciente y previamente planificada. Resulta interesante notar el alto grado de conoci-miento previo del apelante Marcano Pérez sobre la oficina del licenciado Segal. Al llegar a ésta lo procuró específicamente. Dio como excusa falsa que iba a pagarle un dinero para que lo representara en una vista preliminar en un caso en su contra por tentativa de asesinato. Curiosamente en ningún mo-mento verbalizó en torno a la supuesta encomienda bíblica que recibiera. Tampoco se identificó como enviado de Dios ni actuó con rareza, extravagancia, anormalidad o de manera excén-trica. Aun cuando su encargo divino cubría recoger “oro, plata y cobre” para ofrendárselo a Imaim, el único dato obje-tivo relacionado con esta alegada alucinación —conveniente-mente traído— fue la sustracción de las prendas de oro genuino y dinero en efectivo. Adviértase que descartó los otros metales carentes de valor: plata y cobre.

Sexto, en el fascinante mundo de la mente, la psico-génesis del robo patológico ha sido objeto de estudio. Con res-pecto a las ramificaciones del delito por impulso, ideación anormal (pueril, delirante), perturbación física (hambre y toxicomanía) u obsesión impulsiva, se acepta, en “general [que] el delito tiene ya caracteres en sí mismo que lo denun-cian como un acto psicológico. En ese sentido son significa-tivos ciertos datos: su instantaneidad, su ausencia de plan o su plan anormal, su falta de precauciones, la inutilidad de lo robado. La actitud del autor durante y después del hecho suele ya revelar al enfermo; la reiteración del mismo tipo de robo, ya sea por la forma de actuar o por el objeto robado, es a menudo un signo de valor”. N. Rojas, Medicina Legal, 8va ed., Buenos Aires, El Ateneo, 1984, pág. 411.

Finalmente, existen dos detalles cruciales que militan contra la proposición de que Marcano Pérez no conocía la crimi-nalidad de los actos o no podía comportarse de acuerdo al man-dato de ley. El primero, que realizó los delitos en unión a un cómplice. Buscó ayuda para robar un arma, dinero y prendas de valor eficiente y selectivamente. Su compañero lo siguió fielmente y ejecutó satisfactoriamente sus instrucciones. Adoptó racionalmente un sinnúmero de precauciones. Y se-gundo, durante su comisión, en un momento dado preguntó si una prenda era legítima o de fantasía. El dato es un impor-tante indicador. Paradójicamente, ¿cómo aceptar que fue capaz de diferenciar entre una joya buena o de fantasía, y no comprender la criminalidad de sus actos? Véase Pueblo v. Rivera Raquel, 95 D.P.R. 564, 570 (1967).

Recapitulando, todos los indicadores objetivos de la prueba del Ministerio Fiscal dejaron establecida claramente la impu-tabilidad del apelante Marcano Pérez. La prueba de la de-fensa no la afectó. En lo pertinente, el testimonio del doctor Cubano no puso en entredicho la presunción de capacidad. Por el contrario, en lo que atañe al período crítico cercano —antes, durante y después del robo— esa prueba tiende a corroborar que estaba en remisión de síntomas. A tal efecto, hemos de en-fatizar que dos semanas antes le comunicó al psiquiatra que “se sentía bien”. Dicho galeno atestó que su enfermedad no le eximía de culpa. En su correcta perspectiva y alcance, su tes-timonio sólo se refirió a una probabilidad de que no pudiera distinguir entre el bien y el mal. Pueblo v. Rivera Raquel, supra. Al ser arrestado, y antes de ser ingresado en la cárcel, se comportó tranquilamente, conversaba normalmente e hil-vanaba sus ideas.

En fiel juridicidad, carecemos de fundamentos válidos para revocar. () La apreciación del estado mental del ape-lante Marcano Pérez al cometer los hechos fue objeto de evaluación y apreciación directa por el tribunal sentenciador. Éste rechazó y no dio crédito a la defensa de locura. A noso-tros tampoco nos convence. Pueblo v. López Rivera, 109 D.P.R. 160, 165 (1979). En apelación debemos respetar el dictamen de instancia y confirmar la sentencia. Pueblo v. Rovira Ramos, 116 D.P.R. 945 (1986).

—O—

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Pons Núñez.

He dado mi conformidad a la opinión del Tribunal no obs-tante los argumentos de la ponencia disidente. Por ello me parece necesario que deje constancia de la razón de mi voto.

No podemos pasar por alto que las actuaciones del ape-lante durante la comisión de los actos delictivos que nos ocu-pan impresionan como los de una persona cuerda, y en pleno control de sí mismo. Así lo concluiría un lego. Y así les im-presionó a los testigos de cargo y al juez sentenciador. Ese modo de actuar del apelante es también la base de la ponencia disidente.

Empero, al pasar juicio sobre el estado mental de una persona, aunque se trate de una cuestión de hecho, se está en te-rreno especializado del campo de la psiquiatría. Un lego puede ser fácilmente inducido a error. Y en este caso, las explica-ciones dadas por el psiquiatra Dr. Miguel A. Cubano, quien trataba al apelante desde el 1975 ó 1976, no habiendo sido contradichas se oponen como muralla infranqueable a que la aquilataeión del testimonio de los legos lleve al convencimiento por sobre esa muralla, es decir, por sobre la duda razonable y más allá de ella, de que el apelante era responsable crimi-nalmente de lo que hacía.

Baste reproducir las siguientes palabras del doctor Cu-bano (T.E., pág. 42):

Por el expediente que vemos de él, esta es una persona que ha estado sumamente enferma por años. Su condición en lugar de mejorar, pues, es lo de esperar, ha ido deteriorando continuamente. Estos delirios y estas alucinaciones en este tipo de pacientes se van haciendo más crónicos, más frecuen-tes, y ya a la altura que está Dionisio, a pesar de que es un hombre joven, pues prácticamente dominan su vida y domi-nan su pensamiento. O sea, que cualquier acto que él cometa en un momento dado es como consecuencia de esa enferme-dad.

Como señala la opinión del Tribunal, ante tan tajante ex-plicación el Ministerio Público no debió descansar únicamente en los testimonios legos. Pudo y debió consultar peritos psi-quiátricos. El fiscal tenía que probar más allá de duda razo-nable que el apelante estaba cuerdo. A mi juicio no descargó esa responsabilidad.

      (1) Art. 173 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4279.

      (2)25 L.P.R.A. sees. 416, 418, 418a y 442, respectivamente.

      (3) Véanse Wright v. United States, 250 F.2d 4 (D.C. Cir. 1957); Brock v. United States, 387 F.2d 254 (5to Cir. 1967); United States v. Shackelford, 494 F.2d 67 (9no Cir. 1974); United States v. Coleman, 501 F.2d 342 (10mo Cir. 1974); United States v. Dube, 520 F.2d 250 (1er Cir. 1975); State v. Cano, 436 P.2d 586 (Ariz. 1968); State v. Davis, 158 Conn. 341, 260 A.2d 587 (Super. Ct. 1969); People v. Harrington, 22 Ill. App. 3d 938, 317 N.E.2d 161 (Appell. Ct. 1974); People v. Woodworth, 366 N.Y.S.2d 707 (Sup. Ct. 1975); Com. v. Needly, 444 A.2d 1199 (Pa. Super. 1982).

      (4) En Estados Unidos algunos tribunales han permitido que testigos legos ofrezcan su opinión sobre el estado mental de un acusado si se de-muestra que conocían tan íntimamente y por suficiente tiempo a la persona que podía emitir un juicio informado. Ill Wharton’s Criminal Evidence Sec. 609, pág. 175 (1972); United States v. Segna, 555 F.2d 226 (9no Cir. 1977); State v. Brown, 676 P.2d 757 (Kan. 1984); State v. Smith, 310 S.E.2d 320 (N.C. 1984); Curry v. State, 611 S.W.2d 745 (Ark. 1981). Sin embargo, en este caso no hay una controversia sobre la admisibilidad de opiniones de testigos legos, ya que los testimonios de las víctimas se limitaron a obser-vaciones sobre su conducta durante el robo que duró quince minutos.

      (5) El testimonio pericial vertido a estos efectos fue confirmado por ex-tensa prueba documental.

      (1)Las apreciaciones y conclusiones de estos testigos no pueden to-marse livianamente. Uno de ellos, el licenciado Villanueva, declaró sobre su preparación académica. Aprobó durante su bachillerato un curso de Psico-logía Anormal en la Facultad de Ciencias Sociales, U.P.E. Además expuso sus experiencias profesionales en casos de insanidad mental como fiscal y abogado de defensa, incluyendo sus observaciones derivadas de innumera-bles visitas a pacientes en hospitales de psiquiatría.

      (2) “P. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero decir es que una persona sea quien sea y tenga cien por ciento de incapacidad de Veteranos, por defecto mental o que s[ea] esquizofrénic[a] paranoide, no tiene una licencia o un pasaporte para cometer cualquier tipo de acto delictivo y entonces auto-máticamente se le aplica la defensa de incapacidad mental. Eso no es así, no.
      “R. No, a las personas ....
      “P. Por que entonces, entonces la justicia lo que tendría que hacer sería no perseguirlo, no acusarlo [sic] a nadie.
      “R. No.
      “P. ¿ Usted me entiende la pregunta?
      “R. Sí, yo lo entiendo a usted. La enfermedad yo pienso que no exime la culpa. Lo que pasa es que tenemos que tener otras varas para medir, y esta persona que está enferma pero que es culpable, pues hay que proteger la sociedad también, pero hay que protegerlos a ellos también.
      “P. Sí, la sociedad y a ellos también.
      “R. Y a ellos, o sea, que la protección tiene que ser de ambas partes. Yo, mi recomendación siempre es de [sic] que las personas se les ponga en un tratamiento hasta que haya remisión real y más duradera, verdad. O sea, que se les obligue a seguir un tratamiento. Porque generalmente el proble-ma con los pacientes, en general verdad, no s[ó]lo Veteranos sino en todos, es que en cuanto se sienten un poquito mejor abandonan el tratamiento o no lo siguen con la misma intensidad.” (T.E., págs. 60-61.)

      (3)“P. Doctor, en este procedimiento desfiló evidencia en el sentido de que el paciente se introdujo en unas oficinas de unos abogados, eh, conversó primero con las personas que estaban en, eh, la recepcionista o la secretaria. Dijo que era un cliente de uno de los abogados. Eh, le dijeron que el abo-gado no estaba, pues, dijo que lo podía atender otro abogado. Estuvo con-versando con los demás abogados, luego extrajo una, un arma, igual lo hizo otra persona que estaba con él. Esas personas fueron encañonadas [,] se les quitó, se les despojó de sus prendas y tuvieron que entregar los bienes ma-teriales que tenían, etc. Y según uno de los testimonios de una de las per-sonas, él salió al salón de espera y cerró una puerta y luego regresó, y luego se le dio órdenes de que contaran hasta cien antes de salir y salieron de allí. Este, eso en esencia es la evidencia que ... los hechos según la evi-dencia que ha desfilado, lo que han declarado los testigos. Yo le pregunto si esas actuaciones, según a grandes rasgos le he explicado, ¿para usted como psiquiatra indicarían o son indicativas de que este paciente en ese momento que estaba cometiendo esos actos, conocía la naturaleza criminal de esos actos y podía discernir en que esos actos eran contrario a la ley? ¿ Si esos actos en sí son indicativos de que conocía que esos actos eran contrario a la ley?
      “R. No, porque si él estaba actuando en ese momento por órdenes de unos delirios y de unas alucinaciones, él puede hacer todos esos gestos y cosas que usted ha explicado ¡y sin embargo, eh, desconocer desde el punto de vista legal la importancia de los ....” (T.E., págs. 45-46.)

      (4) Nuestro dictamen no niega el historial clínico previo de esquizo-frenia paranoide crónica de Marcano Pérez. Simplemente reconoce que se demostró más allá de duda razonable capacidad “para comprender la cri-minalidad del acto” al momento de cometerlo. La prueba de cargo corrobo-rada por la pericial, establece que estaba en remisión de síntomas.
      Por lo tanto, la ejecución de la sentencia sería sin menoscabo del tra-tamiento que su condición, en cualesquiera de sus fases ameritara en el fu-turo, mediante coordinación entre el Hospital de Veteranos y la Administra-ción de Corrección según recomienda el propio doctor Cubano.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Irizarry Yun-qué Juez Asociado Señor Re-bollo López,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José Rovira Ramos, acusado y apelante.

      Número: CR-83-16

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Carlos R. Noriega, abogado del apelante; Raúl Barrera Morales, Procurador General Interino, Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante fue convicto por infringir los Arts. 6, 8 y 10 de la Ley de Armas. Basa su recurso ante nos en que se ad-mitiera prueba de que portaba una pistola cargada y un si-lenciador, y que los llevó a templar a una armería. La prueba consistió en el testimonio de un agente de aduanas que tras re-cibir una confidencia telefónica, se personó en la armería, a cuyas facilidades tenía acceso por ser cliente de la misma, y así pudo ver cuando el apelante entregó al armero una bolsa que según su apreciación contenía un arma, y aprovechando que el armero no estaba, pudo luego examinar y fotografiar el contenido de la bolsa y comprobar que había la pistola con peine de balas y un silenciador.

Hubo otra prueba, consistente en el testimonio del armero y el del dueño de la armería, que corrobora la versión del agente.

Plantea además el apelante que no tuvo un juicio justo porque se vió privado de declarar a su favor debido a que ad-vino mentalmente incapacitado.

Hemos examinado los planteamientos del apelante y con-cluimos que no se cometieron los errores que señala y que se discuten ampliamente en las opiniones concurrentes emitidas en este caso. En virtud de lo cual, se confirman las sentencias apeladas.

El Juez Presidente Señor Pons concurre en el resultado, sin opinión. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión concurrente a la que se unen los Jueces Asociados Señores Negrón García y Ortiz. El Juez Asociado Señor Re-bollo López emitió opinión concurrente a la que se unen la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yun-qué

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Negrón García y Ortiz.

El apelante fue convicto ante tribunal de derecho por in-fracción de los Arts. 6, 8 y 10 de la Ley de Armas. Sus plan-teamientos ante nos se dirigen a impugnar la admisibilidad de prueba testifical y fotografías producidas por un agente de aduanas federal, testigo principal de las acusaciones. Se alega que las actuaciones de dicho agente constituyeron un registro ilegal e irrazonable. Se impugna, además, que el tribunal de instancia resolviera que el apelante era “mentalmente com-petente” durante el proceso. No le asiste la razón y por eso concurrimos en que deben confirmarse las sentencias ape-ladas.

► — 1

La prueba dejó establecidos los hechos que pasamos a re-sumir. El Sr. Roberto H. Abreu era agente de aduanas para el 15 de septiembre de 1979. Ese día fue informado, mediante una llamada telefónica anónima, que a las 5:00 de la tarde se presentaría en la armería Joe’s Gun Shop una persona de nombre José que llevaría un arma con un silenciador con el propósito de templarla (rebluing). Se le describió al tal José como de cabello estilo afro, barba y bigote.

Aunque los casos son asignados por el jefe de su división, el señor Abreu decidió investigar la confidencia y se personó a la armería a las 4:45 de la tarde. Él acostumbraba practi-car el tiro al blanco allí y conocía al dueño y al armero. A las 5:10 entró el apelante, llevando una bolsa bajo el brazo. Es-taba acompañado de una joven. Saludó al armero, hablaron, y puso la bolsa sobre la mesa del armero. Al así hacerlo se produjo un sonido metálico. Abreu pudó observar un objeto cilindrico que sobresalía, y percibió la forma —right angle object— de un objeto que le llevó a concluir, por sus conoci-mientos sobre armas, que se trataba de un arma de fuego.

Decidió esperar y se entretuvo tirando al blanco en el polígono de la armería hasta que el apelante se hubo reti-rado. Entonces, aprovechando que el armero cuadraba la caja y que no había nadie en el taller, entró a dicho sitio, tomó la bolsa del mostrador en que había sido colocada, la abrió y com-probó que contenía una pistola Beretta calibre .38 cargada con un peine de balas y un silenciador. Volvió a colocar dichos objetos donde estaban. Al otro día regresó con una cámara fotográfica Polaroid, que desarrolla al instante, y nuevamente aprovechó un momento en que estuvo solo en el taller, tomó los objetos de donde estaban, y los fotografió.

Excepto tratar de averiguar si el arma había sido hurtada y notar en otra visita a la armería que ya los mencionados objetos no estaban allí, lo que corroboró en parte una confi-dencia de que habían sido devueltos al apelante, nada hizo el referido agente de aduanas hasta que recibió otra confidencia de que el arma sería utilizada para “matar a un chota”. Esto ocurrió en febrero de 1980, cuando relató a su jefe lo acaecido. No se procesó al apelante en el tribunal federal.

En marzo relató lo sucedido a un agente de la Policía dé Puerto Rico. En abril de 1980 prestó declaración jurada ante un fiscal y se halló causa probable contra el apelante y se le arrestó por infringir los Arts. 6, 8 y 10 de la Ley de Armas, ()

En el juicio que se le celebró, el testimonio del agente Abreu fue corroborado por el armero, quien declaró bajo in-munidad concedídale por el fiscal. De otra parte, el dueño de la armería declaró,, que conocía a Abreu hacía tres años, sabía que es agente de aduanas, y le había autorizado a entrar a su negocio para limpiar un arma cuando quisiera. Dijo ade-más que sabía que Abreu conducía una investigación sobre un arma traída a su armería, y requirió de éste una carta de su Departamento y del Bureau of Tobacco, Alcohol and Firearms, que le fue cursada oportunamente por un agente de nombre Rafael Rivera en que se le comunicaba que el Bureau le autorizaba a reparar una pistola Beretta calibre .38 que no aparecía oficialmente inscrita, con el propósito de adelantar una investigación. Esta carta fue admitida como prueba de defensa.

I — í h — I

Luego de celebrado el juicio y después de recaído el fallo condenatorio, planteó la defensa que el apelante advino inca-pacitado mentalmente durante el proceso y que ello le impidió declarar en su favor. Solicitó que no se dictara sentencia.

Señalada audiencia para investigar sobre este aspecto la defensa produjo los testimonios de dos psiquiatras. El pri-mero, Dr. Jesús M. Nieves, relató que trató al apelante en marzo de 1981 cuando fue llevado a la sala de emergencia en el Hospital de Psiquiatría en Hato Rey. Dijo que se mostraba incoherente, confuso, ilógico, hostil y agresivo. Le administró un tranquilizante pero no mostró mejoría. Diagnosticó un pa-decimiento de esquizofrenia paranoide. El paciente fue inter-nado y tratado por otro médico.

El Dr. Julio E. Frank declaró haber tratado al apelante desde el 1978, habiendo diagnosticado su caso como esquizo-frenia no diferenciada. Dijo que el paciente tuvo alucinacio-nes, oía voces que lo llamaban y se creía mensajero de Dios, y que expresó que era culpable ante los tribunales de justicia pero inocente ante Dios. Leyó del récord de admisión los apun-tes de la enfermera en que consignó que el paciente estaba orientado, alerta en tiempo, lugar y espacio; sabía quién era y dónde estaba; no estaba hostil o agresivo, y seguía instruc-ciones. Declaró además el doctor Prank que el paciente sufrió varios brotes sicóticos y no fue hasta el 29 de agosto de 1981 que se mostró alerta, comunicativo y orientado, y estaba en condiciones de ser procesado.

La defensa llamó a declarar, además, al policía Pedro J. Maysonet quien el 19 de mayo de 1981 recibió una querella de unos vecinos de Santurce que alegaban que un individuo había penetrado en una residencia. Al llegar al lugar, dos per-sonas señalaron al apelante, que se encontraba dos casas más abajo. Procedió a acercársele y le formuló varias preguntas, pero se negó a hablar. Procedió a llevarlo al Cuartel de la Policía. No mostró violencia o resistencia alguna a la inter-vención policíaca. Se mostró tranquilo. En el cuartel contestó todas la preguntas que le hizo el fiscal Flores. Fue conducido ante un magistrado que le hizo las advertencias de ley. Ro-vira aceptó haber penetrado en propiedad ajena y haber oca-sionado daños a la propiedad. Luego se disculpó con los dueños de la residencia. Fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

El Ledo. Francisco López Romo también declaró por la defensa. En síntesis, declaró que fue el abogado de Rovira desde 1974 hasta los comienzos del proceso en el presente caso, cuando renunció a su representación legal. Recuerda que mientras el agente Abreu prestaba testimonio durante el jui-cio, el apelante comenzó a llorar y se lanzó al piso. Lo notó totalmente desconectado de la realidad. Al terminar el con-trainterrogatorio de Abreu, Rovira se le acercó y lo abrazó. También le manifestó que lo quería mucho y trató de besarlo. Le dijo que era culpable ante la ley y los hombres, pero ino-cente ante Dios. A pesar de observar esta conducta en Rovira, nunca informó al tribunal que este aparente estado de locura le impedía sentarlo a declarar a su favor.

Por su parte, el Ministerio Público presentó al Dr. Guillermo Santiago, psiquiatra, que a solicitud del fiscal entre-vistó a Rovira para determinar si estaba procesable. El 6 de julio de 1981 le practicó un examen mental y determinó que estaba lúcido, coherente y bien orientado. No mostró signos de desorientación y contestaba sus preguntas de forma lógica. Hasta le manifestó que deseaba continuar sus estudios. El doctor Santiago estima que el llanto de Rovira se debió a que veía amenazada su libertad ante la posibilidad de ser hallado culpable y que se le impusiera una sentencia de muchos años. Ante tal castigo, Rovira se deprimió. Declaró que encontró que era procesable, o sea, en condiciones de expresarse y de-fenderse en juicio.

Por último, durante la vista en que se dilucidó la compe-tencia mental del apelante, éste tuvo otro ataque de llanto. Ese mismo día por la tarde, fue traída a declarar la enfer-mera que lo atendió, la Sra. Carmen L. Tirado. Ésta recibió a Rovira en una sala de emergencias que hay en el Centro Judicial de Hato Rey. Llegó llorando y gritando. Luego se arro-dilló en el piso y continuó llorando unos diez (10) minutos. Le dio agua de azahar y se calmó. Hace cinco (5) años que trabaja como enfermera y ha atendido a muchas personas en condiciones semejantes, entre ellas fiscales, visitantes y em-pleados. No observó en el apelante ningún disturbio en especial.

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El apelante plantea el siguiente señalamiento de errores:

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de instancia al no decretar que la actuación de un agente federal de aduanas, al registrar y fotografiar el contenido de una bolsa que le fuera entregada al armero de una armería, para su repa-ración, sin que previamente hubiera obtenido el consenti-miento del dueño del taller o hubiera obtenido una orden judicial al efecto [,] constituía un registro ilegal y/o irrazona-ble, violentándose de esa forma el debido proceso de ley.
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de instancia al admitir unas fotografías de una pistola y de un silenciador, y al no suprimir el testimonio de un agente federal de adua-nas, a esos efectos, por ser ellos el producto de un registro ilegal sin orden, y por actuar dicho funcionario fuera del ámbito de su autoridad.

Al igual que lo hace el apelante en su alegato, considera-mos estos planteamientos conjuntamente. Sostiene que un registro sin orden judicial previa, efectuado por un agente federal es ilegal, por tratarse de un delito castigado exclusi-vamente por la jurisdicción local, en violación de la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Cuestiona la autoridad del agente de aduanas para investigar casos locales por cuenta propia y a espaldas de la Policía de Puerto Rico. Argumenta que tenía una expectativa legítima de “privacidad” sobre el contenido de la bolsa y que el agente no poseía autorización alguna de éste o del dueño del estable-cimiento para realizar un registro de la misma.

El análisis del apelante es parco. No cita autoridad al-guna que discuta la legalidad de las intervenciones de agentes federales en casos penales de la jurisdicción local. El Minis-terio Público, por su parte, no discute si el agente federal ac-tuó o no en su capacidad oficial al momento del registro. Sos-tiene que debe considerársele un ciudadano particular que como tal tenía la autorización del dueño para entrar en su armería cuando quisiera y registrar si sospechaba que “algo malo” sucedía allí. Añade que Rovira entregó voluntaria-mente la pistola al armero sin una expectativa legítima de “privacidad”.

El derecho de las personas contra registros y allanamien-tos irrazonables está garantizado por la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico y por la Enmienda IV de la Constitución de Estados Unidos. Esta garantía constitucional es una prohibición contra el Gobierno; nunca se da contra personas privadas. En Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 465 (1921), se resolvió que el término Gobierno debe ser utilizado en su sentido amplio, que incluye a todos los agentes guber-namentales y no sólo a los oficiales encargados de poner en vigor las leyes. También se puede esgrimir en corte esta ga-rantía constitucional contra personas privadas que son orde-nadas o requeridas por el Gobierno para llevar a cabo investi-gaciones criminales. () Bajo esta doctrina, no podemos acoger el planteamiento del Pueblo de que el agente Abreu actuó como ciudadano privado.

Para determinar que un agente gubernamental ha llevado a cabo un registro ilegal, debemos examinar primero si el imputado tenía en el lugar registrado una expectativa legí-tima de intimidad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980), y en Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978), que deben conside-rarse los siguientes aspectos:

1. Si la persona que reclama la protección tenía derecho de excluir a la demás gente del lugar registrado.

2. Si el lugar registrado es uno donde una persona pru-dente y razonable puede esperar que esté exenta de intru-sión gubernamental.

3. Si la persona aunque no esté en posesión o control del lugar registrado tiene acceso legítimo a dicho lugar.

4. Si la persona ha tomado algunas medidas o precau-ciones para mantener su privacidad en el lugar registrado.

5. Si la persona razonablemente espera estar protegida en su intimidad en el lugar registrado.

¿Tiene alguna expectativa de protección a su intimidad la persona que lleva un arma a arreglar a una armería cuando no posee licencia expedida por el Estado para poseerla y por-tarla? Forzoso es concluir que no. Rovira no tenía derecho a excluir a las demás personas del taller de la armería. No tenía expectativa de intimidad alguna ya que el Gobierno, en el ejercicio de su facultad eminente de controlar el tráfico y uso de armas de fuego requiere por ley determinados infor-mes y se reserva el derecho a examinar los trámites llevados a cabo por las armerías, señalando severas penas si se deso-bedeciere la reglamentación dispuesta para estos casos. ()

Careciendo Rovira de expectativa de intimidad alguna, no hay registro ilegal. No obstante, las iniciativas tomadas por el agente federal Abreu pusieron en grave peligro la se-guridad de los ciudadanos. Éste debió incautarse del arma y el silenciador de inmediato y notificar a las autoridades locales. Permitió que el arma le fuere devuelta a Rovira con las consecuencias nefastas que esto pudo haber tenido.

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Pasemos a la consideración del tercer señalamiento de error. Está planteado de la siguiente manera:

TERCER ERROR: Erró el Tribunal de instancia al resolver que el acusado estuvo \_sic~\ mentalmente competente durante todo el proceso, y al no anular los fallos rendidos.

Básicamente argumenta el apelante que estuvo mental-mente incapacitado durante todo el juicio, y no fue hasta des-pués de dictado el fallo que se descubrió su verdadera situa-ción. Sostiene que es aplicable la norma de Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46 (1956), donde se esgrimió como defensa la insa-nidad mental del acusado al momento de delinquir. Resolvimos en Pueblo v. Alsina, supra, que la presunción de cordura del procesado puede ser rebatida por la prueba presentada, re-cayendo sobre el Pueblo demostrar su sano juicio al igual que cualquier otro hecho. Corresponde al juzgador determinar si el fiscal ha probado la sanidad mental del reo y si tuviere duda razonable sobre ello, debe dar el beneficio de la duda al acusado.

Las versiones ofrecidas por el apelante confligen entre sí. Por una parte sostiene que su insanidad mental fue descu-bierta luego de encontrársele culpable, y por otra parte el abogado que le representó durante el juicio afirmó que a lo largo del juicio notó al acusado desconectado de la realidad y que simplemente no lo informó al tribunal. La Regla 240 de Procedimiento Criminal dispone que sólo cuando el tribunal tenga base razonable para creer que el acusado está mental-mente incapacitado, determinará en una vista su sanidad mental. Al no existir la base razonable a que se refiere esta regla, no procede anular el juicio.

Por otra parte, el tribunal actuó conforme a las Reglas 169 y 240 de Procedimiento Criminal y celebró una vista en que recibió prueba de ambas partes sobre el estado mental de Rovira. El juez acogió la opinión pericial presentada por el Pueblo y concluyó que Rovira exhibió un cuadro de angustia, pánico, depresión y no una enajenación total, por lo que de-terminó que era procesable. A pesar de que este Tribunal se encuentra en igual posición que el tribunal de instancia para evaluar la prueba pericial, y puede adoptar su propio cri-terio, () no encontramos base alguna para variar dicha determinación.

Y

Por los fundamentos expresados, concurrimos en que las sentencias apeladas sean confirmadas.

—O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Hernández Denton.

I

En la opinión concurrente que emite el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué en el presente caso se concluye —co-rrectamente— que el agente de aduanas federal actuó como un “agente del Gobierno” y no como un “ciudadano privado”, por lo que, en principio, le es oponible la garantía constitu-cional contra registros y allanamientos irrazonables consa-grada por la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Enmienda IV de la Constitución de Estados Unidos de América.

Se determina sin embargo —incorrectamente, a nuestro entender— que el apelante no tenía una “expectativa legítima de intimidad o privacidad” en el lugar “registrado” por dicho agente federal, por lo que se resuelve que el apelante no tenía “capacidad” (standing) para solicitar la “supresión” del arma de fuego en controversia.

Dicha conclusión está predicada en, y es consecuencia de, la norma establecida a esos efectos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978); United States v. Salvucci, 448 U.S. 83 (1980); Rawlings v. Ken tucky, 448 U.S. 98 (1980); United States v. Ross, 456 U.S. 798 (1982); Texas v. Brown, 460 U.S. 730 (1983).

No debemos perder de vista, sin embargo, que en la juris-dicción federal se ha resuelto que la llamada “regla de exclu-sión” no goza por sí misma de rango constitucional, sino que es meramente una medida profiláctica de los derechos bajo la citada Cuarta Enmienda. Por ende, en esa jurisdicción la misma está sujeta a modificación o abolición. Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 223 (1983). En Puerto Rico, por el contrario, nuestra Constitución expresamente dispone, en lo pertinente, que la evidencia obtenida en violación de la citada Sec. 10 del Art. II “será inadmisible en los tribunales”. (Énfasis supli-do.) Esta diferencia en el “rango jurídico” de la regla de exclusión existente entre la jurisdicción federal y la nuestra hace, a nuestro entender, inaplicable la jurisprudencia federal que niega los efectos de la referida regla de exclusión en casos donde el acusado no puede alegar y probar una “expectativa de privacidad” en relación con el lugar registrado o allanado.

Como es sabido, la Enmienda Cuarta de la Constitución federal “describe el ámbito mínimo de la garantía que reco-noce. Los estados no pueden achicar esas fronteras, pero pue-den expandirlas”. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 427 (1976). En otras palabras, habiendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconocido expresamente la facultad de los estados federados para expandir la garantía contra registros y allanamientos ilegales más allá de los límites de la citada Enmienda Cuarta, Cooper v. California, 386 U.S. 58, 62 (1967), este Tribunal, al interpretar la Constitución del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, puede ampliar el ámbito de los derechos humanos de los residentes de nuestro país. Pueblo v. Dolce, ante, pág. 428.

En lo que respecta a la “capacidad” (standing) de un im-putado de delito para solicitar la supresión del material de-lictivo en relación con el cual se le procesa, somos del criterio que bajo nuestro ordenamiento jurídico si un ciudadano es acusado de la supuesta comisión de un delito público y la evi-dencia que se pretende utilizar para probar su culpabilidad fue el producto de un registro, a esa persona no se le debe negar la “capacidad” para cuestionar la legalidad del mismo. En otras palabras, si el Estado pretende relacionar a un acu-sado con determinado material delictivo y así privarlo de su libertad con motivo de ello, dicho ciudadano debe tener el de-recho automático de cuestionar la legalidad de la forma o manera en que el Estado advino en posesión del referido material.

II

No obstante lo anteriormente expresado, concurrimos con el resultado a que llega el Tribunal en la sentencia emitida () por cuanto existe prueba suficiente —independiente de aque-lla obtenida mediante la “actuación ilegal” del agente de aduanas!)— que demuestra más allá de duda razonable la culpabilidad del apelante.

      (1) EL Art. 6 contempla como delito menos grave el poseer un arma de fuego sin licencia para ello. El Art. 8 dispone que cometerá delito grave la persona que porte un arma de fuego cargada o con municiones sin tener li-cencia para ello. El Art. 10 prohíbe el poseer, vender, prestar, ofrecer, en-tregar o disponer de cualquier dispositivo, artefacto o accesorio que silencie o reduzca el ruido del disparo de cualquier arma de fuego, a menos que se trate de la Policía de Puerto Rico, Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cometerá delito grave la persona que quebrante dicha disposición.

      (2)Aún más, la protección de la Cuarta Enmienda puede invocarse contra personas privadas que realizan registros con el propósito específico dé obtener pruebas incriminatorias y así presentar una acusación formal en su contra ante los tribunales.

      (3) Véase el Art. 26 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 436, particu-larmente sus incisos 5 y 8.

        (4)Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980); Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712 (1975).

      (1) Mediante la cual se confirman las sentencias apeladas.

      (2) Consistente la misma en el testimonio del armero.


author:
(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Juan González, demandante y recurrido, v. Dr. Jecksan Quiñones, la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por éste y su esposa, Dr. Oscar Muñiz Echevarría y el Fondo de Compensación al Paciente, demandados y peticionarios.

      Número: O-85-412

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Gonzalo J. Barreras Varona de Abruña, Barreras, Cruz Ojeda & Morales, abogado del peticionario; Alfredo Cardona Alvarez, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

El codemandado, Dr. Jecksan Quiñones, recurre de una resolución del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, en que se declaró sin lugar una solicitud de sentencia sumaria par-cial.

El 11 de julio de 1985 emitimos la siguiente resolución, que en su parte pertinente dice:

Tenga de plazo el demandante hasta el 29 de julio de 1985 para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado, dejar sin efecto la resolución recurrida y dictar la sentencia sumaria desestimatoria de la demanda.

La parte recurrida ha comparecido tardíamente a ex-poner su posición.

Los hechos pertinentes son los siguientes. El Sr. Juan Gon-zález presentó demanda sobre daños y perjuicios contra el recurrente y otros por alegada impericia profesional médica. Sostuvo que el 3 de agosto de 1983 acudió a la oficina del Dr. Jecksan Quiñones para que le extrajeran una muela. Como resultado del tratamiento recibido, le provocó una fístula oro-central en la región de la molar maxilar número dos. Al no poder curar su condición, acudió al Dr. Orlando Ramírez de Arellano, quien lo refirió al codemandado Dr. Osear Muñiz Echevarría.

El doctor Muñiz sometió al demandante a dos interven-ciones quirúrgicas que no mejoraron su condición. Por ello, solicitó ante el foro judicial la concesión de daños físicos y angustias mentales ascendente a la suma de $30,000. Incluyó como partes codemandadas a la sociedad de bienes gananciales que tiene constituida el Dr. Jecksan Quiñones con su esposa y al Fondo de Compensación al Paciente.

El codemandado doctor Quiñones presentó una moción sobre sentencia sumaria que acompañó de una declaración ju-rada en que expuso que el demandante nunca ha sido su pa-ciente; que en los récords de su consultorio no aparece nadie bajo ese nombre y que existe la posibilidad de que fuera aten-dido por su difunto hermano, Dr. Arnaldo Quiñones, quien era dentista con oficinas en el mismo edificio. El demandante se opuso mediante moción en la que expuso que existe una controversia real de hechos a saber, si el demandante fue o no paciente del codemandado y que la posición del demandado es muy cómoda por tener control absoluto de sus récords.

El codemandado solicitó una vez más del tribunal que dic-tara sentencia sumaria parcial a su favor por no haber con-trovertido el demandante los hechos mediante declaración ju-rada. El demandante a su vez argüyó que las alegaciones principales aparecen juramentadas en la demanda, por lo que sí existe controversia de hechos. El juez de instancia!) de-claró sin lugar la moción de sentencia sumaria, así como la reconsideración de esta determinación.

La sentencia sumaria es un vehículo procesal adecuado y apropiado en este caso y debió ser estimada. No existe una controversia real de hechos y la parte promovente tiene razón como cuestión de derecho. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 525 (1983); Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 386-387 (1982); Housing Inv. Corp. v. Sosa, 98 D.P.R. 247, 250 (1970). El demandante no controvirtió los hechos jurados presentados por el codemandado en apoyo a su moción de sentencia sumaria, sino que se limitó a formular una oposición sin declaraciones juradas, aduciendo la existen-cia de controversia por haber jurado la demanda. Es de no-tarse que en la demanda jurada no se asevera que el deman-dante fuese atendido por el demandado Dr. Jecksan Quiñones, sino que “se personó” a su oficina. No controvirtió, por tanto, lo declarado bajo juramento por dicho demandado en apoyo de su moción. El recurrido no puede descansar meramente en aseveraciones generales contenidas en las alegaciones de la demanda aunque ésta sea jurada, sino que, a tenor con la Regla 36.5 de Procedimiento Civil está obligado a “ ‘demos-trar que [tiene] prueba para sustanciar sus alegaciones’ ”. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 525 (1983); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 270 (1975); Lasanta Piñero v. Retto Inc., 100 D.P.R. 694, 699 (1972); Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827, 833 (1964); Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 D.P.R. 685, 690 (1961). El promovido tenía el deber afir-mativo de presentar prueba que sostenga la existencia de hechos controvertidos. Palila v. Hawaii Dept. of Land & Natural Resources, 639 F.2d 495, 497 (9no Cir. 1981).

Por lo expuesto se expide el auto solicitado y se dispone que vuelva el caso a la atención del tribunal de instancia para ulteriores trámites no incompatibles con lo aquí expresado. ()

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario General Interino. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto disidente. El Juez Asociado Señor Ortiz Gustafson disintió sin opinión. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

—O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

No obstante contener la sentencia que emite el Tribunal en el presente caso un resumen jurídicamente correcto de los principios que gobiernan la concesión o no de una solicitud de sentencia sumaria, me veo obligado a disentir. Lo hago por cuanto entiendo que en el caso de autos precisamente existe una controversia de hechos sobre la identidad del cirujano dental que originalmente atendió al demandante; controversia que no debe ni puede ser dilucidada exclusivamente a base de prueba documental, o sea, a base de declaraciones y contrade-elaraciones juradas de las partes.

      (1)Hon. Ángel S. Bonilla Rodríguez.

      (2)En la resolución que emitiéramos el 11 de julio de 1985 requerimos del abogado del demandante, Ledo. Alfredo Cardona Álvarez, que mostrara causa por la cual no deba desligarse de la representación profesional de su cliente e imponérsele sanción disciplinaria por haber servido como notario al juramentarse la demanda por el demandante, en violación de la norma de ética reconocida en Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 752 (1983). Dicho abogado, aunque compareció cuando ya había expirado el plazo con-cedídole, ha ofrecido excusas por su inadvertencia al apartarse de dicha norma. Aceptamos sus excusas, limitando nuestra sanción a la advertencia de que sea en lo sucesivo más riguroso, tanto en la observancia de la ética profesional, como en su obligación de cumplir los términos que se le con-ceden. Dicho abogado deberá considerarse desligado de la representación profesional del demandante.


author: ÉL Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Wilma Quiñones, demandante y recurrida, v. Baltazar Jiménez Conde, demandado y peticionario.

      Número: CE-85-829

      Resuelto: 8 de febrero de 1986

      Vicente Sanabria Acevedo, abogado del peticionario.
   ÉL Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso constituye un ejemplo más de la manera inaceptable en que se llevan a efecto los procedimientos post-divorcio relativos a las pensiones alimenticias para los hijos menores de edad procreados durante el matrimonio en un considerable número de casos ante los tribunales de instancia. Véanse: Ex Parte Valencia, 116 D.P.R. 909 (1986) y Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985).

Habiéndose divorciado las partes mediante sentencia a esos efectos de fecha 20 de marzo de 1978 emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el aquí peticionario fue condenado a pasar una pensión alimenticia para sus hijos de $2,300 mensuales, la cual fue rebajada, por estipulación de las partes, a la suma de $1,500 mensuales mediante resolución emitida por el foro de instancia con fecha de 28 de noviembre de 1978. Un examen minucioso de los autos originales del caso —los cuales constan de dos (2) voluminosos expedientes— revela la observancia por ambas partes de un complicado, y ciertamente inexplicable, patrón de conducta, ello desafortunadamente en perjuicio de los me-nores procreados durante el matrimonio.

Por un lado la incomprensible conducta del padre, atra-sándose innecesariamente en los pagos que voluntariamente había acordado realizar; por otro lado, una actitud poco flexible y de hostigamiento por parte de la madre. Situación que desemboca en una interminable radicación de escritos ante el foro de instancia por parte de los abogados de éstos; conducta profesional que no redunda ni en beneficio de las partes y sus hijos ni en una mejor y más eficiente administración de la justicia. Por último, una atención un tanto laxa por parte del foro de instancia —posiblemente debido al gran cúmulo de casos que está obligado a atender— que desafortunadamente tiene el efecto indeseable de promover y fomentar aún más la hostilidad obviamente existente entre los ex cónyuges.

Consecuencia de todo lo anteriormente expresado: un tranque en la comunicación que siempre debe existir entre las partes en esta clase de situaciones que llevan al padre a tomar la asombrosa decisión, en detrimento del bienestar de sus hijos, de descontinuar totalmente el pago de las pensiones ali-menticias por un período aproximado de dos años. Resultado: una deuda por concepto de pensión alimenticia ascendente a la elevada suma de $87,750 que motivó que el tribunal de ins-tancia finalmente ordenara el arresto y encarcelamiento del peticionario, el cual se efectuó el día 8 de agosto de 1985, fecha desde la cual éste se encuentra recluido en una institución penal en Puerto Rico.

El foro de instancia, en un esfuerzo por resolver el inevitable impasse surgido, emite una resolución con fecha de 6 de diciembre de 1985 mediante la cual le impone al aquí peti-cionario, como condición para ordenar su excarcelación, el cumplimiento de tres (3) requisitos, a saber:

1) Depositar en la Secretaría de este Tribunal mediante cheque certificado o giro bancario la suma de $8,000.00,
2) Garantizar mediante fianza personal de por lo menos dos personas que sean aceptadas por la parte demandante para garantizar el fiel cumplimiento de la deuda de pensio-nes alimenticias,
8) Someter un plan de pago para solventar la deuda de pensiones atrasadas y sus intereses y que dicho plan sea uno razonable.

Inconforme, el peticionario ha acudido ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de cer-tiorari. En el mismo, cuestiona el requisito de “afianzamiento” de la deuda. Indica, por el contrario, que está en disposición de satisfacer preliminarmente la suma de $6,000 y “entrar en un plan de pagos dentro de sus limitaciones”. Cuestiona, por último, el hecho de que el foro de instancia no haya hecho pro-nunciamiento alguno sobre el estar exento de pagar la pen-sión alimenticia durante el período que ha estado recluido en prisión.

Resolvemos, sin ulterior trámite, al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento en vista de la naturaleza y hechos par-ticulares del caso.

H-I

El caso de autos es un vivo ejemplo de la situación inacep-table imperante hoy día en las salas de relaciones de familia del tribunal de primera instancia de nuestro país. Los hijos menores de edad de padres divorciados o separados que se en-cuentran enfrascados en esta clase de agria e improductiva contienda son testigos mudos e indefensos de la misma; seres que en última instancia son los únicos que resultan perjudi-cados. Ésta no constituye la primera ocasión en que este Tribunal ha manifestado su profunda preocupación al respecto. En fecha tan reciente como el 6 de marzo de 1985, en Martínez v. Rivera Hernández, ante págs. 170-171 expresamos:

. . . nos preocupa la lentitud en el procesamiento judicial de casos de pensiones alimenticias. Es alarmante. Los estu-dios recientes así lo corroboran. El notable esfuerzo de los jueces y demás funcionarios en remediarlos ha sido infruc-tuoso. Parte del complejo problema radica en las actitudes de los protagonistas, abogados y jueces. Pero también en la naturaleza del asunto. Un número sustancial de los decretos de divorcio contienen imperativamente dictámenes sobre pensiones alimenticias. Su ejecución posterior genera a corto y largo plazo un sinnúmero de incidentes relativos, entre otros, a su incumplimiento, aumento o disminución de la pensión. Apuntes sobre procedimientos judiciales en torno a la familia, Secretariado de la Conferencia Judicial, págs. 27-29. El método clásico de requerir una mostración de causa al alimentante moroso, con la consabida contratación de abo-gado por la parte promovente, radicación de documentos, no-tificación y citación, es costoso, complejo y enrevesado. Atenta contra los intereses de los menores de edad —verda-deros sujetos tutelados del derecho— al propiciar tardanzas indebidas. “[E]l bienestar y la salud física y emocional de los menores se ve comprometida por la lentitud que crea una maquinaria judicial congestionada.” Apuntes sobre procedimientos judiciales en torno a la familia, supra, pág. 29. La situación reclama urgente intervención del Poder Legislativo. Entretanto hacemos un llamado a los tribunos les de justicia del país para que con creatividad e imagina-ción intenten solucionar con mayor prontitud y prioridad estas contiendas. (Énfasis suplido.)

Estamos conscientes de lo recargados de trabajo que se encuentran los señores jueces de instancia que presiden las salas de relaciones de familia. Ello no obstante —y mientras la situación presupuestaria de la rama judicial, y del país en general, no permita un aumento razonable en el personal asignado para atender dichas salas— los incumbentes deben es-tar prestos a realizar esfuerzos extraordinarios con el propósito de lograr un alivio en la situación imperante; la misma, y el futuro de esos menores de edad, así lo exige y requiere. Aquel que esté dispuesto a enfrentarse a la situación con dedicación y sacrificio definitivamente habrá demostrado que está capacitado para desempeñar tan delicada labor.

La solución del problema, como expresáramos en Martínez v. Rivera Hernández, ante, requiere que se actúe con "creatividad e imaginación ...”. Los tribunales de instancia deberán implantar a la brevedad posible aquellos procedimientos o sistemas que hagan viable el darle “seguimiento automático” a los casos; esto es, mecanismos que impidan situaciones como la ocurrida en el presente caso: una suma de dinero adeudada de tal magnitud que difícilmente podrá ser recobrada en su totalidad, con el consabido perjuicio a los menores envueltos. Ello requiere que los jueces de instancia realicen aquellos ajustes necesarios en sus calendarios y horario de trabajo que les permitan disponer en una forma más rápida y eficiente de los procedimientos y asuntos relativos a las pensiones alimenticias de forma tal que cuando actúen sobre los mismos no se encuentren frente a una situación insoluble. Ex Parte Valencia, ante. La situación es tan grave que se requiere que se le dé a la misma la mayor prioridad.

No se debe perder de vista que estos casos, a dife-rencia de los demás, tienen por su naturaleza una “vida” larga que requiere que las partes estén en contacto la una con la otra por un tiempo prolongado. En adición, debe mante-nerse presente que precisamente debido a la naturaleza de la relación que sirve de origen al caso, las sensibilidades y senti-mientos de las partes pueden ser heridas con relativa facili-dad. Por ello, no obstante estar conscientes de que posible-mente no hay forma de evitar la existencia de cierta animosi-dad y fricción entre dos seres humanos que, luego de haber convivido por un número de años, deciden tomar caminos dis-tintos, advertimos que como parte del poder inherente de re-glamentar la profesión que tiene este Tribunal, In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984), no estamos en disposición de tolerar conducta por parte de abogados que, en lugar de propiciar la solución del problema, fomente dicha animosidad. No hay duda de que el abogado puede ser fogoso y vehemente en la defensa de los intereses de su cliente; no hay lugar, sin embargo, en nuestra profesión para aquel que promueve la hostilidad, la animosidad y las alegaciones falsas, innecesa-rias y viciosas en los procedimientos ante nuestros tribunales de justicia.

Le recordamos a la clase togada en general que los Cánones de Ética que regulan la profesión legal en Puerto Rico contienen disposiciones que claramente establecen que existe o debe existir una frontera entre la diligencia y responsabilidad que le debe todo abogado a los casos que le han sido encomendados, y las pasiones, rencillas y rencores que puedan motivar a su cliente. Les está vedado a los abogados, en síntesis, convertirse en “instrumentos” de estos últimos,

Los señores jueces de instancia deberán velar por que dichos cánones sean observados y reportarán la violación de los mismos de manera que este Tribunal pueda tomar la acción apropiada contra aquellos abogados que así actúen.

HH

Un somero examen de los hechos ante nuestra considera-ción es suficiente para concluir que la encarcelación que por desacato decretara en el presente caso el tribunal de instan-cia estuvo más que justificada; de hecho, la misma podría ser criticada por tardía. Los autos originales denotan una acti-tud de contumacia por parte del peticionario que no permi-tían otra alternativa.

La acción del foro de instancia de requerir un pago inicial y la garantización de la restante parte de la suma adeudada “mediante fianza personal de por lo menos dos personas” nos parece ser precisamente la actuación “creativa e imaginativa” a la que nos referíamos en el caso de Martínez v. Rivera Hernández, ante. Ciertamente no es un requisito ilegal. Sabido es que las sumas de dinero adeudadas por concepto de pensiones alimenticias ya devengadas pueden ser objeto de una acción ordinaria e independiente de cobro de dinero. Valdés v. Hastrup, 64 D.P.R. 595 (1945). La actuación del foro de instancia promueve y resulta cónsona con el prin-cipio de economía procesal. La misma intenta balancear dos intereses en pugna: la libertad del peticionario, quien inclusive no tiene derecho per se a que se le brinde un plan de pago, con la garantía del pago de las pensiones en beneficio de los menores de edad.

Ahora bien, no parece ni propio ni conveniente dejar al arbitrio de la parte recurrida la aprobación o aceptación de la garantía o fianza que ofrezca el peticionario. Esa función —al igual que la de aprobar el plan de pago— debe siempre co-rresponder al tribunal. En segundo lugar, la oferta del peti-cionario de pagar inmediatamente la suma de $6,000, en lugar de los $8,000 requeridos por el tribunal de instancia, nos parece razonable dados los hechos particulares del caso.

Por último, en cuanto al planteamiento del peticionario a los efectos de que debe estar exento de la obligación de pagar la pensión durante el tiempo que ha permanecido encarcelado, somos del criterio que el mismo es improcedente. En primer lugar, el peticionario se encuentra privado de su libertad debido a la decisión que voluntariamente tomó al desacatar las órdenes del tribunal; esto es, su encarcelación ha sido autoinfligida. En segundo lugar, dicha exoneración representaría penalizar a la parte inocente del incumplimiento por el hecho de haber reclamado aquello a lo que en justicia tiene derecho. En tercer lugar, somos de la opinión que el así hacerlo tendría el efecto indeseable de fomentar el incumplimiento.

Por las razones antes expresadas, se expide él auto solici-tado y se dicta sentencia modificatoria de la resolución de fecha 6 de diciembre de 1985 emitida por él Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en la forma arriba indi-cada, y así modificada se confirma la misma.

El Juez Presidente Señor Pons y el Juez Asociado Señor Ortiz no intervinieron.

         En lo pertinente, el Canon 8 establece que el “abogado no debe permitir que sus clientes, en el trámite de los asuntos que crean la relación de abogado y cliente, incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la llevase a cabo personalmente”; el Canon 15 a los efectos de que un abogado no “debe actuar inspirado por la animosidad ni por los prejuicios de su cliente ni debe permitir que éste dirija el caso ni que se convierta en el dueño de la conciencia del abogado”; el Canon 17 que postula que el “abo-gado debe negarse a representar a un cliente en un caso civil cuando estu-viere convencido de que se pretende por medio del pleito molestar o perju-dicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño”; el Canon 18 a los efectos de que el deber que tiene un abogado “de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cual-quier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente”; el Canon 26 que califica como altamente impropio el establecer “pleitos viciosos, instigar falsas defensas sin que pueda el abo-gado justificar dichos actos con el pretexto de que al actuar así, lo hizo siguiendo las instrucciones de su cliente”; y por último, el Canon 29 que señala que cualquier “rencor que exista entre los clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las relaciones hacia el litigante con-trario”.


author: per CURIAM:

text:
      In re Carlos A. Todd Arias.

      Número: 1349

      Resuelto: 5 de febrero de 1986

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante.
   per CURIAM:

El 18 de diciembre de 1985 el Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, le in-formó a este Tribunal que desde el 14 de abril de 1985 el nota-rio Carlos A. Todd no había rendido índices notariales. El 28 de enero de 1986 el licenciado Martínez Suris nos informó que el letrado había renunciado al ejercicio de la notaría efectivo al 31 de diciembre de 1985 y que había acreditado la entrega de los protocolos y registros de afidávit al archivero general del Distrito Notarial de San Juan.

El expediente personal del notario Carlos A. Todd refleja que solamente en una ocasión anterior tuvimos que intervenir para recordarle de sus deberes notariales cuando remitió tar-díamente la escritura sobre protocolización de poder otorgada en diciembre de 1981 y que desde entonces sus protocolos han cumplido con las normas pautadas para el ejercicio del nota-riado.

Del informe del Director de Inspección de Notarías se des-prende que durante el tiempo en que el notario no rindió sus índices notariales otorgó tres (3) afidávit durante el mes de mayo de 1985. El resto del tiempo no estuvo activo en la notaría.

En las circunstancias expuestas, procede que limitemos las sanciones disciplinarias a una suspensión de tres (3) meses computados a partir del 1ro de enero de 1986. Tan pronto cumpla con esta sanción disciplinaria, se le aceptará su renuncia al ejercicio del notariado.

El Juez Presidente Señor Pons no participó.