source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    Mercedes Santiago Hodge et al., demandantes y apelados, v. Parke Davis Company et al., demandados y apelantes.

      Número: CT-88-615

      Resuelto: 21 de marzo de 1990

      Charles P. Adams y Ramón E. Dapena, de Broum, Newsom & Córdova, y Donald R. Ware, de Foley, Hoag & Elliot, abogados de los apelantes; Alvaro R. Calderón, Jr., abogado de los apelados; Leonardo Andrade Lugo y Max Goldman, de Goldman & Antonetti, abogados de Squibb Manufacturing, Inc., amicus curiae; Alma Osorio de Davis y Calixto Juval Rivera, del Negociado de Servicios Legales del Fondo del Seguro del Estado, en memorando de derecho presentado a solicitad del Tribunal Supremo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos permite examinar importantes cuestiones en torno a la extensión de la inmunidad contra reclamaciones de obreros por lesiones sufridas en el curso del empleo que le confiere a los patronos la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmen-dada, 11 L.ER.A. sec. 1 et seq.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito (en adelante Corte de Apelaciones) nos sometió dos (2) interrogantes a través del trámite de certificación interjuris-diccional provisto por la Regla 27 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.PR.A. Ap. I-A, y la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III. En esencia, debemos resolver si una corporación matriz puede considerarse “patrono estatutario” de los empleados de su subsidiaria y gozar así de inmunidad contra demandas por daños y perjuicios ocasionados en accidentes del trabajo. La controversia es novel en nuestra jurisdicción y no existe unanimidad de criterio en aquellas que la han considerado. Veamos el cuadro de hechos en que se produce de acuerdo con lo certificado por dicha corte y según el expediente del recurso.

I — !

Allá para 1970 Parke Davis & Company (en adelante Parke), una compañía norteamericana dedicada a la manufactura, distri-bución y venta de productos farmacéuticos, estableció e incorporó una subsidiaria, la Parke Davis Labs (en adelante Labs) para operar con oficinas principales en Fajardo, Puerto Rico.() Parke es propietaria de la totalidad de las acciones de Labs. Esta última fue creada como corporación independiente y, como resultado, se ha beneficiado de los incentivos contributivos existentes en Puerto Rico en virtud de la See. 936 del Código de Rentas Internas federal. () Desde el inicio de sus operaciones, Labs ha manufac-turado y empacado anticonceptivos orales.

Entre las mencionadas corporaciones existen dos (2) acuer-dos: uno de 1ro de septiembre de 1969 de Licencia y Asistencia Técnica (.License and Technical Assistance Agreement) y otro de 1ro de diciembre de 1973 para Asistencia Técnica (Technical Assistance Agreement). En éstos Parke le confiere a Labs un perlniso no exclusivo de utilizar sus patentes, inventos y marcas en su proceso de manufactura y se compromete a proveerle a su subsidiaria la información técnica necesaria para la manufactura de ciertos productos, así como los criterios de control de calidad, las especificaciones de empaque y otras directrices análogas. Según los términos contractuales, Parke proporcionaría además la asistencia técnica necesaria en varios aspectos operacionales, entre éstos, la seguridad de los empleados.

Por la concesión del permiso Labs acordó pagarle a Parke una regalía de 5% de sus ventas. Del mismo modo se comprometió a reembolsarle el costo de los servicios técnicos ofrecidos más el 15%. Por otro lado, Parke se reservó el derecho a realizar inspecciones del proceso de manufactura y de los productos.

Desde la perspectiva de la subsidiaria, los acuerdos no obli-gaban a Labs a vender sus productos exclusivamente a Parke sino que le permitían vender sus productos a terceros sin limitación alguna. No obstante, Labs siempre ha vendido todos sus produc-tos a Parke.

Los demandantes son mayormente un grupo de empleados () de Labs que sufrieron una serie de trastornos fisiológicos causa-dos por haber sido expuestos a hormonas en el curso de su trabajo. () Demandaron a Parke y a varios oficiales de Labs en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (en adelante Corte de Distrito). Alegaron que los demanda-dos fueron negligentes al no proveerles condiciones adecuadas de trabajo, no facilitarles la ropa y el equipo necesario para la seguridad en el empleo, no instruirles ni supervisarles adecuada-mente sobre el uso del equipo de seguridad y no advertirles sobre los peligros en el manejo y exposición de las sustancias que se usan en el proceso de manufactura. Desfilada toda la prueba, un jurado rindió un veredicto a favor de los demandantes y eventual-mente el tribunal fijó la indemnización en $2,815,000. ()

Los demandados apelaron y entre sus planteamientos señalan que la sentencia de la Corte de Distrito debe ser revocada por estar todos cobijados por la inmunidad patronal de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Sometida la apela-ción, la Corte de Apelaciones entendió necesario certificarnos las cuestiones de derecho siguientes:

(1) ¿Aplica la doctrina de “patrono estatutario” en el contexto de una relación entre corporaciones matriz-subsidiaria, cuando la matriz es dueña de la totalidad de las acciones de la subsidiaria, y las corporaciones están unidas en sus actividades relevantes al caso por un acuerdo de licencia?
(2) Si aplica ¿debe hacerse la determinación de “patrono estatutario” únicamente a base del acuerdo, o pueden los tribunales considerar la relación defacto basada, por ejemplo, en la estructura corporativa de la relación matriz-subsidiaria o en la naturaleza económica de la relación? (Traducción nuestra.) Certificación, págs. 16-17.

Al tratarse de cuestiones de derecho puertorriqueño que son determinantes para la resolución de la apelación, () en ausencia de precedentes claros en nuestras decisiones y al contar con una adecuada relación de hechos relevantes, hemos aceptado la certificación solicitada. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982); Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 D.P.R. 172 (1988).

Considerada la trascendencia de la controversia, le requeri-mos al Fondo del Seguro del Estado que sometiera su posición por escrito. Tenemos el beneficio de su comparecencia. También hemos aceptado un alegato de Squibb Manufacturing, Inc. en calidad de amicus curiae. Agotado el trámite reglamentario, nos encontramos en posición de resolver.

II

De acuerdo con el régimen de compensaciones a obreros establecido por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, cuando un empleado sufre lesiones, enfermedades, se inutiliza o pierde la vida como consecuencia de “cualquier acto o función inherente a su trabajo” y su patrono está asegurado de acuerdo con la. ley, su derecho a obtener resarcimiento está limitado a la compensación dispuesta en el estatuto, la cual es administrada a través del Fondo del Seguro del Estado. Véanse los Arts.' 2 y 20 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.RR.A. sees. 2 y 21.

El obrero así lesionado carece de una causa de acción para demandar a su patrono ante los tribunales de justicia .por los daños y perjuicios sufridos, irrespectivamente del grado de negligencia patronal que pueda haber mediado. De Jesús v. Osorio, 65 D.P.R. 640, 643 (1946); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 580 (1964); B.C.R. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 754, 758-759 (1972); Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789, 792 (1978).

Este sistema, “integrado sobre la base de una responsabilidad objetiva social”, Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, supra, págs. 578-579, fue implantado para eliminar el desamparo en que quedaban los obreros que sufrían accidentes en el trabajo, quienes para poder obtener compensación tenían que demostrar judicialmente la negligencia de su patrono. En el mejor de los casos se producía un remedio monetario tardío; en el peor, ninguno. En el diseño del esquema se comprometió el mayor resarcimiento disponible según las normas generales del derecho civil a cambio de una módica pero segura compensación estatutaria fundamentada en un criterio de dependencia. Id., pág. 579.

No obstante, cuando la lesión, enfermedad o muerte que origina el derecho a la compensación del obrero ocurre en circunstancias que hacen responsable a un “tercero”, la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no afecta la responsabilidad civil del causante del daño que es ajeno a la relación patrono-empleado. El estatuto no pretende extender la inmunidad contra reclamaciones de obreros a extraños. Véase 2A Larson’s Workmen’s Compensation Law Sec. 71.10 (1988). En esta situación se reconoce que tanto el obrero lesionado como el Fondo del Seguro del Estado, en subrogación por los beneficios pagados al empleado, pueden reclamarle judicialmente al tercero. Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. see. 32.

Fara financiar el sistema de compensaciones, el estatuto establece un sistema de seguro compulsorio para todos los patronos del país. Véanse los Arts. 2 y 18 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sees. 2 y 19. La ley no sólo obliga a los patronos a pagar el seguro de sus empleados, sino que el patrono también es responsable subsidia- ñámente del pago de las primas (el “impuesto”) por los obreros de una persona que “ajustó” con él o los de “un contratista o subcontratista independiente” que ha contratado con él cuando estos últimos no están asegurados:

Todo patrono asegurado al dar cuenta con sus nóminas anuales, deberá incluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros y empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista o subcontratista independiente empleado o contratado por dicho patrono, y toda cuenta, o impuesto cobrado por el Estado se basará sobre la nómina corriente del patrono, en las cuales deberán estar incluidos los trabajadores antes mencionados; Disponiéndose, que esta disposición no será aplicable a los patronos para quienes se hiciere trabajo por un contratista independiente que estuviere asegurado como patrono de acuerdo con las disposi-ciones de este Capítulo. Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sec. 20.

Este artículo incorpora la “cláusula de contratista” (contractor-under) en nuestra ley. La mayoría de las jurisdicciones norteamericanas tienen disposiciones similares. Véase, en general, Larson’s, supra, Vol. 1C, Secs. 49.00 y 49.11. Uno de sus propósitos es evitar la potencial evasión de la cubierta de ley que puede ocurrir si un patrono, para reducir sus costos, subcontrata parte de su trabajo ordinario con contratistas no asegurados. íd., Sec. 49.00.

El lenguaje de carácter amplio del citado precepto también intenta asegurar que el Fondo del Seguro del Estado obtenga suficiente información sobre las nóminas pagadas para que eventualmente pueda computar y facturar las primas. Si un patrono incumple con su obligación, aquella persona que lo contrató para la realización de una obra o la prestación de un servicio deberá suplir el incumplimiento.

Al interpretar el Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, señalamos que su propósito es “no sólo evitar la evasión de la ley, sino proteger a los obreros y empleados de subcontratistas irresponsables y no asegurados mediante la imposición de responsabilidad al contratista principal que, al seleccionar al subcontratista, puede exigirle protección adecuada contra accidentes del trabajo”. Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208, 209 (1969). Precisamente, en Colón Santiago v. Comisión Industrial, supra, pág. 210, utiliza-mos por primera vez el término “patrono estatutario” para referirnos al contratista principal y distinguirle del sub-contratista, el patrono real o contractual del empleado que reclama por un accidente laboral, cuando el principal puede estar cobijado por la inmunidad patronal.

En Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977), tuvimos la oportunidad de considerar la viabilidad de una demanda en daños y perjuicios por lesiones sufridas en el curso del trabajo instada por un empleado de un contratista independiente asegurado. La acción iba dirigida contra el dueño de un proyecto en construcción que había contratado la obra con el patrono real del obrero. Resolvimos que en aquellas situaciones en donde surge la descrita relación contractual, el principal contratante o dueño de la obra no es un “tercero” dentro del significado del Art. 31 de la mencionada ley, supra, sino un “patrono estatutario”, inmune a reclamaciones de obreros por estar expresamente exento de la obligación de asegurar en aquellos casos en donde el contratista independiente estuviera asegurado. íd., págs. 864-865. Véanse, también: Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782, 785 (1978); Rodríguez v. Union Carb. Grafito, Inc., 107 D.P.R. 848, 849-850 (1978).

Nuestra jurisprudencia únicamente ha reconocido la figura del “patrono estatutario” dentro del contexto de un contrato o subcontrato de obra o de servicios, y sólo para aquellos dueños de obra, principales contratistas o subcontratistas que tuvieran —con relación al trabajador lesionado— la obligación legal común de asegurarlo con el Fondo del Seguro del Estado. Véanse: Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, págs. 866-867; F.S.E. v. E.L.A., 111 D.P.R. 402, 405 (1981). For estos motivos, en Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, 109 D.P.R. 761, 763 (1980), rechazamos incorporar en Puerto Rico la doctrina de la inmunidad de comu-nidad familiar que propugna inmunizar a todos los patronos participantes de un mismo proyecto contra reclamaciones de los obreros que en éste se desempeñan.

En Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, supra, pág. 765, señalamos que “[e]l factor determinante de inmunidad lo es la existencia de ese vínculo directo o indirecto entre el trabajador que sufre el accidente y el patrono en el curso de cuyo empleo y como consecuencia del cual ocurre la lesión”. En ausencia de ese nexo jurídico que relaciona al patrono directo del obrero con el causante de la lesión en la “obligación legal común” de asegurar al empleado con el Fondo del Seguro del Estado, estaremos ante el “tercero” desprovisto de la protección estatutaria contra demandas de obreros lesionados en el trabajo.

I — I I — I I — I

En el caso de autos, la relación contractual de la demandada Parke con Labs —el patrono real de los empleados demandan-tes— no corresponde a la vinculación contratista principal-subcontratista o la de dueño de obra-contratista en el contexto de un contrato de obra o de servicios. Ha sido únicamente en estas situaciones donde hemos aplicado la doctrina de “patrono estatutario”.

Los contratos de licencia y asistencia técnica entre ambas corporaciones no son contratos de obra. Tampoco los contratos de asistencia técnica convierten a Parke en el patrono estatutario de los empleados de Labs, ya que aunque son contratos de servicios relacionados con el negocio del principal contratante, de acuerdo con sus términos, es Parke la que está obligada a prestarlos para Labs. En el mejor de los casos la relación se da a la inversa. Es decir, Labs sería el patrono estatutario de los empleados de Parke que le prestan servicios técnicos a la subsidiaria. De acuerdo con nuestra jurisprudencia, Parke no puede considerarse el patrono estatutario de los empleados de Labs en ausencia de un contrato de obra o de servicios en el que Labs se obligue a realizar un trabajo para Parke. Es sólo en esta situación que surge la “obligación legal común” de Parke y Labs de asegurar a los empleados de Labs.C)

Parke argumenta que debe considerarse como patrono estatutario de los demandantes porque su subsidiaria Labs llevaba a cabo parte de su producción. Su tesis es que “un patrono estatutario es simplemente alguien que emplea a otra persona para que haga parte de su trabajo” (Alegato de los apelantes, pág. 6) y que para estos fines el tribunal puede examinar la naturaleza de todas las relaciones económicas y la vinculación de facto entre las partes sin tener que limitarse al contrato. No tiene razón.

La relación contractual entre los protagonistas de la doctrina de “patrono estatutario” siempre ha sido medular en su aplica-ción. Véanse: Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, pág. 865 (“[D]entro de su relación contractual con la constructora Zachry, la Autori-dad de las Fuentes Fluviales es un patrono, llámese principal o ‘estatutario’” (énfasis suplido)); Vda. de Costas v. P.R. Olefins, supra, pág. 785 (“[l]a determinación de si un demandado es o no patrono estatutario depende de las relaciones contractuales entre dicho demandado y el patrono real de los obreros” (énfasis suplido)).

Además, aun cuando aceptáramos la existencia de un contrato de suministro entre ambas corporaciones, las compraventas sucesivas de Parke de los lotes de anticonceptivos producidos en Labs son insuficientes para activar la inmunidad de la cláusula de contratista. La compraventa no es el contrato que describe el Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. Véase Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 67 D.P.R. 503, 505 (1947). El mero hecho de que Labs le vendiera siempre toda su producción a Parke sin estar obligada a ello, no puede conferirle a la compradora inmunidad como patrono de los empleados de la vendedora.

De igual manera, el mero hecho de que Parke sea la tenedora de la totalidad de las acciones de Labs no activa la inmunidad. Larson’s, supra, Sec. 72.13, pág. 14-75. Ya así lo habíamos resuelto en López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254 (1974). Allí decidimos revisar la desestimación de una demanda de daños y perjuicios presentada por una empleada de una corporación que mientras era transportada en un vehículo conducido por un accionista y oficial de su patrono, luego de la jornada de trabajo, sufrió lesiones debido a un accidente de tránsito. La empleada no reclamó compensación al Fondo del Seguro del Estado, aun cuando se trataba de un accidente cubierto por la ley. Tampoco demandó a su patrono, sino que instó la acción contra el conductor del vehículo y su compañía aseguradora. El tribunal de instancia resolvió que, tratándose de un accideñte del trabajo, el derecho a obtener compensación a través del Fondo del Seguro del Estado era el único remedio de la demandante.

Al revocar la sentencia allí recurrida dijimos:

Aunque no existe unanimidad de criterio, la doctrina prevale-ciente sostiene que la inmunidad que le confiere el estatuto al patrono asegurado no se extiende a los directores, oficiales, accio-nistas, administradores o co-empleados de dicho patrono. ... En ausencia de expresión legislativa sobre el significado del vocablo “terceras personas” usado en el Art. 31 de la Ley, debemos conferirle su significado usual asumiendo que incluye a toda persona aparte del empleado lesionado y su patrono asegurado. . . . [N]o hay justificación en extender la inmunidad que confiere la ley a directores, oficiales u otros empleados del patrono asegurado que no contribuyen personalmente para sufragar los gastos del Fondo cuando éstos han incurrido en negligencia y han causado daños a otros empleados. (Énfasis suplido.) López Rodríguez v. Delama, supra, págs. 258-259. ()

Rechazamos de esa forma extender automáticamente la inmu-nidad patronal a todas aquellas personas que ocupan cargos o son dueñas de la entidad corporativa que emplea al lesionado.

En virtud de lo expuesto, consideramos que la relación jurídica entre Parke y Labs no es la que describe la cláusula de contratista de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Para que una corporación matriz pueda considerarse “patrono estatutario” de los empleados de su subsidiaria es necesario que exista un contrato de ajuste, de obra o de servicios entre ambas corporaciones de modo que la matriz advenga obligada a efectuar los pagos de las primas al Fondo del Seguro del Estado, en el caso en que la subsidiaria no lo haga. Los hechos de este caso no activan la inmunidad patronal a que se refiere el Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. ()

IV

No podemos concluir sin antes apuntar que la inmunidad patronal que se fundamenta en la cláusula de contratista del Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, no debe confundirse con la doctrina del álter ego. Como bien señalan los propios apelantes, cuando se descorre el velo corporativo de la subsidiaria, al demostrarse que ésta no es más que un álter ego de la matriz, ambas corporaciones se tratan jurídicamente como si fueran una sola para todos los propósi-tos. () En ese caso la matriz tendría inmunidad, no por conside-rarse patrono estatutario del obrero lesionado sino por ser su patrono directo. Ahora bien, ninguna de las partes ha intentado descorrer el velo corporativo en el caso de autos. ()

Finalmente, rechazamos establecer sin apoyo estatutario al-guno soluciones adoptadas en otras jurisdicciones para resolver controversias de éste tipo, máxime cuando no existe un consenso de enfoques. Véanse, e.g.: Nota, Adopting an Economic Reality Test when Determining Parent Corporations’ Status for Workers’ Compensation Purposes, 12 J. Corp’n L. 569 (1987); C. Davis, Workmen’s Compensation-Using an Enterprise Theory of Employment to Determine Who is a Third Party Tort-Feasor, 32 U. Pitt. L. Rev. 289 (1971). Compete a la Asamblea Legislativa tomar las medidas que sean pertinentes para corregir cualquier posible inequidad en el régimen de compensaciones a obreros.

En conclusión, contestamos las preguntas certificadas de la forma siguiente: no aplica la doctrina de “patrono estatutario” en el contexto de una corporación matriz que posea todas las acciones de la subsidiaria cuando cada una tiene su propia personalidad jurídica y entre ellas únicamente existen unos acuerdos de licencia y asistencia técnica. Independientemente de la naturaleza de la estructura corporativa, la relación contractual entre las empresas es medular en la determinación de la aplicación de la doctrina de “patrono estatutario”. Después de todo es de esta manera objetiva que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado podrá evaluar si la corporación matriz tenía o no la obligación legal de asegurar a los empleados de su subsidia-ria en el caso en que esta última no los haya asegurado. ()

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concu-rrente. El Juez Asociado Señor Rebollo López al disentir expresa en la sentencia que: “la opinión que en el presente caso emite una mayoría del Tribunal con el propósito de contestar las ‘interrogantes’ que nos sometiera la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, relativas las mismas a la aplicación de la doctrina de ‘patrono estatutario’ en el contexto de una relación entre corporaciones matriz-subsidiaria, resulta ser una fútil e inoperante por cuanto la misma no acierta en articular unas guías claras de derecho que le permitan a los tribunales, ni a los funcionarios administrativos concernidos, resolver los casos que sobre esta materia lleguen ante su consideración. En adición, la ‘norma de derecho’ expuesta por la mayoría del Tribunal en relación con esta materia es una que puede ser ‘burlada’, y evadida con suma facilidad, por las corporaciones envueltas en situaciones similares.” El Juez Asociado Señor Ortiz disiente sin opinión escrita.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“El criterio rector para la situación que consideramos debe aislarse de hechos que pueden variar dependiendo de la ingenio-sidad de las partes al formular las condiciones del vínculo jurídico y más bien enmarcarse en la determinación de la posición en que se encuentra una en relación con la otra con especial énfasis en el grado de dependencia económica. Debe atenderse primordial-mente a las realidades económicas en lugar de a las clasificaciones técnicas que puedan prevalecer en otras áreas del derecho, pero que no conducen a una justa solución cuando se trata de legisla-ción reparadora.” Nazario v. Vélez, 97 D.P.R. 458, 465 (1969).

En su total dimensión esos pronunciamientos nos exigen enfocar nuestra razón de decidir en fundamentos que propicien la solución más justiciera conforme a la letra y espíritu original de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., atemperada a la realidad cambiante de nuestra sociedad industrial. Infra.

rH

El presente recurso versa sobre la aplicación de la doctrina del patrono estatutario a la peculiar relación contractual dimanante entre una entidad corporativa que opera fuera de Puerto Pico y su subsidiaria establecida aquí.

Confrontada con esta cuestión —no resuelta expresamente con anterioridad por este Tribunal— la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, mediante el procedi-miento de Certificación establecido en la Regla 53.1(c) de Proce-dimiento Civil, 32 L.PR.A. Ap. III, y la Regla 27 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.PR.A. Ap. I-A, nos remitió las interrogantes siguientes: “(1) ¿aplica la doctrina de patrono estatutario en el contexto de corporaciones matriz-subsidiaria, donde la subsidiaria es propiedad absoluta de la matriz, y las corporaciones están relacionadas con las actividades pertinentes al caso por un convenio de manufactura bajo licencia (license agreement)!; (2) si en la afirmativa, ¿debe hacerse la determinación de la condición de patrono estatutario únicamente a base de este convenio, o pueden los tribunales considerar la relación de facto, basada, por ejemplo, en la estructura corpora-tiva de la relación matriz-subsidiaria o la naturaleza económica de ésta?” (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Certificación, págs. 16-17.

Por las razones que exponemos a continuación, contestamos la primera interrogante en la negativa. La apelante, Parke Davis & Company (Parke), no goza de la condición de patrono inmune a los reclamos de los empleados de su subsidiaria en propiedad abso-luta, Parke Davis Labs (Labs). En consecuencia, por académica, nos abstenemos de pasar juicio sobre la segunda interrogante.

1 — 1

El trasfondo fáctico surge claramente de la Certificación. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 790 (1982). Los mismos fueron ventilados y adjudicados en los procedimien-tos ante el foro federal. A tales efectos, nos remitimos a la opinión del Tribunal. Concentrémonos, pues, en el derecho aplicable.

Para reconocerle a un patrono la inmunidad que ofrece la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, debemos atender dos (2) conceptos cruciales que, en conjunción, obedecen al verdadero fin y alcance de esta legislación. Ello exige que repasemos someramente el esquema atinente al patrono asegu-rado en contraste con un tercero expuesto a una reclamación en daños, que denominaremos tercero vulnerable.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo esta-blece un sistema mediante el cual el obrero lesionado es acreedor a una compensación —con independencia de la identidad del causante del daño— siempre que el accidente ocurra dentro del ámbito de las funciones del empleo. A cambio de este esquema reparador, el patrono, al sufragar el costo de operación de este programa mediante aportaciones anuales, adquiere inmunidad contra cualquier reclamación del obrero.

Ahora bien, el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. see. 32, reconoce la vulnera-bilidad de un tercero frente a reclamaciones de obreros lesiona-dos. El Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sec. 20, nos señala quién es el patrono obligado a asegurar a sus empleados. Esta obligación no sólo se impone sobre el patrono respecto a sus obreros directos e inmediatos, sino que se extiende a aquel patrono que como principal (patrono estatutario) contrata con un contratista res- pecio a los obreros de este último. La clave para esta obligación “subsidiaria” radica en el hecho de que si el contratista está asegurado, el principal no viene obligado a asegurar a los emplea-dos de aquél.

Por ende, la determinación de quién es patrono asegurado a la luz de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo ha de hacerse en consideración a “(1) la existencia o no de la obligación de asegurar; y (2) si efectivamente está la persona cubierta por el Fondo [del Seguro del Estado], con referencia al obrero reclaman-te”. F.S.E. v. E.L.A., 111 D.P.R. 402, 405 (1981). Sólo si el patrono contractual no ha asegurado a sus obreros es que el patrono estatutario viene obligado a cubrirlos, obteniendo así la protección que ofrece el estatuto. De lo contrario, al no hacer el patrono estatutario aportación alguna respecto a éstos, no debe cobijarle la inmunidad que ofrece esta legislación. Como sostuvimos al adherirnos a la opinión disidente del ex Juez Asociado Señor Dávila en Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861, 871 (1977), “[sjiendo ello así no vemos razón alguna para extender la inmu-nidad concedida por la ley al patrono estatutario cuando por razón de su negligencia un empleado de un patrono contractual sufre daños. No podemos olvidarnos de que los terceros que ofrecen mayor peligro a la seguridad de los obreros son los empleados de los patronos estatutarios que trabajan en el mismo proyecto. El obvio propósito de la disposición que permite las demandas contra terceros causantes del daño es que la pérdida la sufra el causante del daño y no la tenga que soportar el obrero lesionado o el Fondo del Seguro del Estado”.

Resulta inevitable, pues, concluir que el patrono estatutario al cual la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo pretende concederle inmunidad es aquel que, como cuestión de hecho, ha asegurado a los obreros de un contratista que emplea, el cual no está asegurado. Sólo así surge la relación jurídica que entrelaza al patrono estatutario, al obrero del patrono contractual o directo y al Fondo del Seguro del Estado. For ende, notamos que hay dos (2) clases de patronos estatutarios: uno inmune que sufraga las primas de seguro de los obreros de su contratista, y otro, tercero vulnerable, que no realiza pago alguno. Igual criterio seguimos al disentir en Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782 (1978).

1 — 1 I — i

Expuestos sucintamente estos principios, apliquémoslos a la situación de autos.

Labs, subsidiaria en propiedad absoluta de Parke, a los efectos del presente recurso es un patrono directo asegurado. Por ello, la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo le concedió inmunidad absoluta. No obstante, Parke no ha pagado ni paga las primas impuestas por esta ley respecto a los empleados de Labs. Ante esta situación, Parke evidentemente es un tercero vulnerable. Aun cuando pudiese ser un patrono estatutario —esto es, el que emplea unos obreros a través de otros — () es un dato no contradicho que Parke no aseguró los obreros de Labs, por lo que no le cobija “el palio protector de la inmunidad”. Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, pág. 872.

IV

La opinión emitida hoy por el Tribunal, aunque correcta en el resultado, deja abierto un camino muy amplio al ingenio de la redacción. Simples formalidades o acuerdos contractuales podrían conducir al absurdo de que la inmunidad se extienda a quien no paga, sólo por tener “la obligación legal común de asegurar” a los obreros de su contratista. La mera expectativa de ese deber no es suficiente. Debemos evitar los efectos perjudiciales, sobre los derechos de los obreros mediante expansiones doctrinales no previstas en el esquema estatutario de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Por estos fundamentos, concurrimos.

      (1) Originalmente la subsidiaria se llamaba Partab Corporation.

      (2) Para poder acogerse a estos beneficios, por lo menos el 80% del ingreso bruto de la corporación debe derivarse de fuentes dentro de Puerto Rico y por lo menos 75% del ingreso debe provenir de una actividad de comercio o industria en Puerto Rico. Como cuestión práctica, una compañía estadounidense debe organizar una corporación subsidia-ria para hacerse cargo de las operaciones de la isla si quiere disfrutar de los incentivos contributivos de esta legislación federal. 26 U.S.C. sec. 936(a)(2).

      (3) También figuran como demandantes algunos familiares de empleados.

      (4) Entre éstos: depresión, pérdida de libido, esquizofrenia, mareos, dolores de cabeza, fibromas y desórdenes gastrointestinales.

      (5) Originalmente el Jurado determinó los daños en más de siete (7) millones de dólares, pero las cuantías fueron reducidas por la corte mediante el procedimiento de remittitur.

        (6) Aunque se levantan otros errores que dispondrían del caso sin tener que resolver la cuestión certificada, éstos no aplican a todos los demandantes.
      Luego de examinar el Vol. I del apéndice del expediente en apelación ante el Primer Circuito, igualmente consideramos sin mérito el argumento de los demandantes de que la cuestión certificada no fue levantada en primera instancia. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito (Corte de Apelaciones), al certificarnos la controversia, aparentemente también lo entendió así.

      (7) No tiene razón Parke Davis & Company (en adelante Parke) cuando argumenta que es responsable del pago de las primas del seguro obrero de Parke Davis Labs (en adelante Labs) en el caso que su subsidiaria no lo haga. La ley no le impone a los accionistas de una corporación la obligación de asegurar a los empleados de ésta. Más aún, como regla general, los accionistas no son responsables de las deudas y obligaciones de la corporación.

      (8) Esta doctrina se ha convertido en minoritaria. En la actualidad sólo diez (10) estados la mantienen; no obstante, el cambio se ha producido principalmente por acción legislativa. 2A Larson’s Workmen’s Compensation Law Secs. 72.11 y 72.22, págs. 14-68, 14-116 a 14-117 (1988).

      (9) Sobre la responsabilidad civil de Parke a la luz de las normas de nuestro Derecho, no nos corresponde pasar juicio. La cuestión no nos ha sido certificada. Ni siquiera ha sido levantada como error por los apelantes ante la Corte de Apelaciones.

      (10) Alegato de los apelantes, pág. 12. Los apelados también están de acuerdo. Réplica de los demandantes-apelados, pág. 2.

      (11) Sin embargo, véase Boggs v. Blue Diamond Coal Co., 590 F.2d 655, 661-663 (6to Cir. 1979), donde se resuelve que una vez los dueños de una empresa dividen el negocio en corporaciones separadas, los “principios de reciprocidad” requieren que los tribunales del mismo modo reconozcan las personalidades jurídicas distintas al momento en que un obrero lesionado demanda por un accidente del trabajo.

      (12) En vista de esta contestación, es innecesario contestar la segunda pregunta certificada.

      (1) Dado a que Parke Davis Labs (Labs) es un patrono asegurado que paga por las primas de sus obreros, no consideramos necesario resolver la cuestión de si Parke Davis & Company (Parke) es o no un patrono estatutario a la luz de las relaciones jurídicas que enmarcan su relación con Labs, a saber: (1) Parke fabricaba antes de 1970 en una división suya los anticonceptivos orales; (2) desde entonces, Labs es quien los manufactura; (3) toda la producción de Labs se hace bajo la autorización de Parke, puesto que este último le permite utilizar sus patentes, certificaciones y permisos del gobierno federal para el manejo y uso de la materia prima involucrada en la manufactura, además de que diseñó y aprobó el proceso de producción, de control de calidad y de empaque del producto final (el cual habría de llevar el logo de Parke y no de Labs), y (4) desde su establecimiento, toda la producción de Labs ha estado destinada a Parke, aun cuando Labs “podía” vender el producto a otra entidad.
      Similarmente, nos abstenemos de pronunciarnos sobre los efectos que en la relación jurídica Parke-Labs tendría la aplicación de la “doctrina de un solo patrono”, la cual ha ganado aceptación en este Tribunal en el ámbito de las relaciones laborales. Véanse, al efecto: J.R.T. v. Asoc. C. Playa Azul I, 117 D.P.R. 20, 28 (1986); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 496-497 esc. 5 (1985).


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Unión General de Trabajadores, demandante y recurrida, v. Challenger Caribbean Corporation, demandada y peticionaria.

      Número: CE-88-285

      Resuelto: 29 de marzo de 1990

      Juan F. Doval, de Trías, Doval, Muñoz, Acevedo & Otero, abogado de la peticionaria; Reinaldo Pérez Ramírez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Recurre ante este Tribunal la Challenger Caribbean Corporation (Challenger) mediante solicitud de certiorari. Alega en apoyo de su contención que el Tribunal de Primera Instancia, entre otras cosas, se excedió al decretar que tenía jurisdicción para entender en la revisión de un laudo de arbitraje, a pesar de que esta solicitud se presentó varios días después del término reglamentario para ello. Resolvemos que la aquí peticionaria tiene razón en su reclamo, por lo que revocamos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, quien actuó sin jurisdicción, y ordenamos que se restituya y dé plena validez legal al laudo de arbitraje antes citado.

Con el propósito de disponer adecuadamente del caso es necesario que realicemos un breve recuento de los hechos que dan lugar a las controversias.

Como resultado de una reducción en las operaciones de su empresa, Challenger se vio obligada a dar por terminadas las operaciones de una de sus líneas de producción, esto con carácter permanente. Trabajaba allí el Sr. Pedro Figueroa, delegado de la Unión General de Trabajadores de Puerto Rico (U.G.T.) en el área de antigüedad de Caribe Circuit Breakers. () La compañía sus-pendió de empleo a todos los trabajadores que rendían labores en dicha línea de producción, incluido entre los suspendidos el delegado de la U.G.T. Como resultado de esto no quedó empleado alguno trabajando en la línea de producción.

Debido a que el empleado despedido era delegado de la U.G.T. en el “área de Caribe” y, alegadamente, delegado general su-plente, tras su despido la U.G.T. presentó una querella en el foro de arbitraje por entender que el despido había sido en violación a las disposiciones del Convenio Colectivo entre Challenger y U.G.T. (en adelante Convenio Colectivo). () La vista de arbitraje se llevó a cabo el 9 de julio de 1986 en las oficinas del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante Negociado).

El árbitro, Sr. Angel R. Marín Barroso, concluyó mediante laudo que la suspensión de empleo y sueldo del querellante no fue en violación del Convenio Colectivo vigente entre las partes, ya que de acuerdo con el mismo: (1) el delegado de un área sí tiene que ser empleado permanente de ésta y no puede representar a los empleados de otras áreas, no siendo posible tampoco tener “superantigüedad” sobre los empleados de otras áreas donde no tiene permanencia ni vela por los derechos de otros empleados, y (2) la U.G.T. tiene que designar mediante escrito, conforme a la See. 5 del Art. VIII del Convenio Colectivo, () a los distintos delegados. Ésta omitió designar como delegado general al Sr. Pedro Figueroa.

El laudo fue dictado y archivado en autos el 22 de agosto de 1986. La U.G.T. presentó solicitud de revisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 23 de septiembre de 1986, a los treinta y dos (32) días después de que se le notificara por correo a las partes y se archivara dicho laudo.

En su oposición a la solicitud de revisión, Challenger adujo que el Tribunal Superior carecía de jurisdicción para revisar la determinación del árbitro por haberse presentado el recurso fuera del término provisto.

El Tribunal Superior, por considerar de aplicación el término adicional de tres (3) días establecido por la Regla 68.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.ER.A. Ap. III), determinó que “la radicación del recurso de revisión de laudo . . . fue radicado en tiempo, por lo que este tribunal tiene jurisdicción para revisar el mismo”. Sentencia emitida por el Hon. Abner Limardo del Tribunal Superior, Sala de San Juan, pág. 5.

En los méritos, el Tribunal Superior resolvió que el Convenio Colectivo, en su Art. 12, Sec. 6, requería que el laudo fuera dictado conforme a derecho y lo anuló por entender que el mismo era contrario a derecho.

No conforme con la determinación del tribunal de instancia, la aquí peticionaria presentó escrito de certiorari ante este Tribunal y alegó que éste cometió los errores siguientes:

A. Erró el Honorable Tribunal Superior al decretar que tenía jurisdicción para entender en la revisión del laudo de arbitraje a pesar de haberse radicado la solicitud de revisión treinta y dos días después de haberse archivado en autos el referido laudo, siendo el término jurisdiccional correspondiente de treinta días.
B. Erró el Honorable Tribunal Superior al no reconocer que la preferencia de superantig[ü]edad a favor de los delegados se refiere a su área de antig[ü]edad, y sólo representa a los empleados de su área.
C. Erró el Honorable Tribunal Superior al resolver que la Unión no incumplió con la sección 5 del artículo VIII del Convenio Colectivo que le requiere notificar por escrito al patrono de la designación o la sustitución de cualquier delegado. Petición de certiorari, págs. 5 y 6.

I.

Al considerar el aspecto jurisdiccional debemos mencio-nar que el Convenio Colectivo no contiene disposición alguna al efecto de establecer un término para presentar el recurso de revisión judicial de un laudo de arbitraje. En tales situaciones hemos resuelto que “las partes tendrán el término de treinta (30) días para así hacerlo”. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 355 esc. 4 (1985).

Aquí se archivó en autos el laudo y se envió copia del mismo por correo a las partes el 22 de agosto de 1986 (según surge de los autos en certificación de la Secretaría del Negocia-do). () La solicitud de revisión se presentó el 23 de septiembre de 1986, esto es, treinta y dos (32) días después que se le notificara mediante copia por correo a las partes y se archivara dicho laudo.

Es necesario determinar desde qué momento empezó a contar el término de treinta (30) días para revisar el laudo de arbitraje y así mismo, la posible aplicación de la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, que provee el término adicional de tres (3) días para realizar un acto cuando ha intervenido un aviso o escrito por correo.

La Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone:

Siempre que una parte tenga derecho a realizar, o se le requiera para que realice algún acto dentro de determinado plazo después de habérsele notificado un aviso u otro escrito, y el aviso o escrito le sea notificado por correo, se añadirán tres (3) días al período prescrito, salvo que no será aplicable a los términos que sean contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. (Enfasis suplido.) ()

El término adicional de tres (3) días dispuesto en esta regla aplica a actos que han de realizarse a partir de una notificación y cuando tal notificación se haga por correo, y no así a aquellos que comienzan a contarse a partir del archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 82, 89 (1962).

Entendemos que la presente situación es un ejemplo de la excepción a la regla. Veamos por qué. De acuerdo con nuestra jurisprudencia, para que un laudo de arbitraje sea objeto de impugnación ante un tribunal éste tendrá que presentarse por vía de un procedimiento de revisión. () Al respecto este Tribunal indicó:

¿Debe permitirse que dicha impugnación se lleve a cabo por medio de un juicio plenario común y corriente, con todo lo que ello implica, o, por el contrario, debe el mismo ser objeto del trámite correspondiente a un recurso de revisión? Existe una laguna en nuestra jurisdicción respecto a lo antes señalado. En ausencia de acción legislativa a esos efectos, nos vemos obligados a pautar el procedimiento a seguirse en esta clase de situaciones. Nos inclina-mos hacia el trámite referente a un recurso de revisión. (Escolio omitido.) U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, pág. 353.

Por otro lado y al mismo respecto indicamos también:

. . . [S]omos del criterio que no se justifica que se permita la impugnación del laudo emitido ante el foro judicial vía jimio plenario en la referida situación como tampoco en el caso del laudo que no tiene que ser conforme a derecho. (Enfasis en el original.) U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, págs. 354-355.

Reiteramos la norma. Toda impugnación de un laudo de arbitraje laboral, ya sea por las causas tradicionales o porque, como en el presente caso, no ha sido resuelto conforme a derecho, vendrá obligada a utilizar el procedimiento de revisión de decisiones administrativas. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, págs. 355-356. Ello no afecta los criterios jurisprudenciales para intervenir con los laudos de arbitraje, según reiterados recientemente en J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581 (1990), y casos allí citados.

Recordemos que las partes que firman un convenio colectivo donde someten sus disputas obrero-patronales a un procedimiento de arbitraje deben comprender que han sustituido al árbitro por las cortes. Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R., 782, 800 (1949); Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224, 235 (1983); Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982).

Por lo tanto, si hemos resuelto que un laudo de arbitraje en general goza de una naturaleza similar a la de una sentencia o un decreto judicial (Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974); Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470, 477 (1946)) y que la función del árbitro “es análoga a la ejercida por la sala sentenciadora de primera instancia, estando el foro apelativo facultado para revisar los planteamientos al res-pecto” —(énfasis suplido), Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R., 567, 580-581 (1977)— debemos entender entonces que el procedimiento de revisión judicial de un laudo de arbitraje ha de ser igual al expuesto por ley para cualquier otra revisión ante un tribunal.()

En relación con el procedimiento de revisión de laudos de arbitraje y haciendo hincapié en lo antes dicho, hemos indicado que:

. . . [E]l procedimiento a seguirse ante el foro judicial será uno similar al utilizado cuando el tribunal, actuando como foro apelativo, revisa la corrección o incorrección de la sentencia emitida por un tribunal inferior o la decisión de un organismo administrativo. ■Resolver lo contrario —en otras palabras, permitir la relitigación de la controversia en un proceso civil ordinario— constituiría “echar por la borda” la labor realizada por el árbitro; es decir, convertiría la referida labor en un ejercicio de futilidad y se desvirtuaría la naturaleza inherente del procedimiento de arbitraje laboral. (Esco-lio omitido.) U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra, pág. 355.

Tanto la Regla 5 de las Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, aprobadas el 23 de septiembre de 1976 (4 L.P.R.A. Ap. VIII-A), aplicable a la situación ante nos, como la actual Regla 4 de las Reglas para el Frocedimiento de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.ERA. Ap. VIII-B, aplicable a estos recursos desde la fecha de su vigencia, indican que:

El recurso de revisión deberá ser presentado y recibido en la Secretaría del Tribunal Superior dentro del término jurisdiccional dispuesto por ley. (Énfasis suplido.) 4 L.ERA. Ap. VIII-B, R. 4.

Repetimos, el término de treinta (30) días para revisar laudos de arbitraje fue establecido judicialmente en el caso de U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra.

Por su propio texto, la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, se hace a sí misma inaplicable al término para apelar o para pedir revisión, ya que dispone que se concederán tres (3) días adicionales a la parte que tenga que realizar algún acto dentro de determinado plazo después de habérsele notificado un aviso u otro escrito. El punto de partida que establece esta regla es la notificación del aviso o escrito, pero, como ya hemos visto, el punto de partida para presentar el escrito de apelación o de revisión es el acto del archivo con los autos de una copia de la notificación de la sentencia. En Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988), resolvimos que la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, no se aplicaba a recursos de revisión de decisiones administrativas y que esa norma de carácter procesal general no puede ampliar un término jurisdiccional dispuesto por una ley especial.

Siendo el punto de partida del término para apelar, reconsiderar o revisar el laudo la fecha en que se notifica la decisión, el plazo adicional de tres (3) días que concede la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra, no es aplicable. Los términos para apelar o revisar, incluso los establecidos para revisar las decisiones administrativas, no se amplían por el hecho de que el secretario notifique la sentencia por correo. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, supra; Lasalle v. J.A.C.L., 115 D.P.R. 805 (1984); H.F., Inc. v. Registrador, 116 D.P.R. 433 (1985).

La necesidad de este término jurisdiccional definido surge con meridiana claridad del caso Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153, 158 (1985):

Por otro lado, ya desde un punto de vista estrictamente jurídico, constituyendo el referido término para solicitar reconsideración ante la mencionada agencia uno de carácter jurisdiccional, G.M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983), es mandatario que dicho término sea uno cierto, único e improrrogable dentro del cual todas las partes envueltas vengan obligadas a radicar la requerida moción de reconsideración. (Énfasis suplido y en el original.)

Resumiendo, resolvemos que los recursos de revisión de laudos de arbitraje deben presentarse dentro de un término jurisdiccional de treinta (30) días computado éste a partir de la fecha en que el Negociado certifique haber archivado en autos copia de la notificación del laudo de arbitraje.

Se revoca la sentencia y se desestima la solicitud de revisión presentada por la U.G.T. en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. ()

      (1) De acuerdo con la comunicación emitida por el Sr. Pedro Grant, Oficial de Negociación Colectiva, dirigida al Sr. José Durand, Jefe de Personal de la Challenger Caribbean Corporation, en 18 de enero de 1984, las áreas de antigüedad de la firma y sus respectivos delegados serían como sigue:
      “1- Delegado General-Juan José Vélez
      “2- Delegado Dorado Molding-Felito Batista
      “3- Delegado Sylvania Unilee-Carmen Correa
      “4- Delegado Borinquen Sylvania-Quintilio Guzmán
      “5- Delegado Caribe-Pedro Figueroa
      “6- Delegado Antillas-Conrado Díaz” Apéndice, pág. 047.

      (2) El proceso de arbitraje fue establecido en el Art. XII, Secs. 4 a 8, inclusive, del convenio colectivo entre Challenger Caribbean Corporation y Unión General de Trabaja-dores de Puerto Rico (U.G.T.) (en adelante Convenio Colectivo). Apéndice, págs. 26-27.

      (3) La See. 5 del Art. VIII del Convenio Colectivo establece que: “La Unión notificará por escrito a la Compañía la designación o sustitución de cualquiera de los delegados.” Apéndice, pág. 17.

      (4) Resulta importante señalar que aunque ninguna fuente específicamente indica que los laudos de arbitraje deben ser notificados por correo mediante el procedimiento de archivo en autos, esta es la práctica que se sigue en el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante Negociado). Al respecto basta examinar la notificación de archivo en autos contenida en el laudo de la presente acción.

      (5) Nuestra regla corresponde a la Regla 6(e) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., de la que difiere en que se excluyen términos que son contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia de apelación o revisión a tono con la decisión de Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 82 (1962).

      (6) El caso U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 355 (1985), nos indica a este respecto en su esc. 4 que:
      “A los fines de viabilizar la norma hoy enunciada, se resuelve que dichos recursos serán de carácter no discrecional. Del convenio colectivo en un caso en particular no establecer término dentro del cual las partes deben recurrir ante el foro judicial a los fines de impugnar el laudo emitido, las partes tendrán el término de treinta (30) días para así hacerlo.” (Enfasis suplido y en el original.)

      (7) Aunque no resulta de aplicación al caso ante nos debido a la fecha en que se inició el recurso de revisión, consideramos importante mencionar el hecho de que la Sec. 1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.ER.A. see. 2102, hace inaplicable las disposiciones de esta ley al Negociado.
      “A los efectos de est[a ley] los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa:
      “(a) Agencia’ significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departa-mento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar .o adjudicar, excepto:
      “(7) El Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.”

      (8) Al disponer que el Tribunal Superior carecía de jurisdicción para revisar el laudo de arbitraje, se hace innecesario que discutamos los otros dos (2) señalamientos de error.


text:
    Alcides Díaz Ortiz, lesionado y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: CE-88-278

      Resuelto: 2 de abril de 1990

      Carlos Cedeño Ubiñas, abogado del recurrente; Andrés Cruz González, de Manuel De Jesús Mangual & Asociados, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

En apoyo de este recurso, el Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.) sostiene que erró la Comisión Industrial al resolver que la condición emocional que padece el aquí recurrido Alcides Díaz Ortiz es compensable según nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sec. 1 et seq., sin prueba alguna suficiente en derecho que justifique su determinación.

Una breve descripción de los hechos servirá para ubicar el contenido de la controversia.

El Sr. Alcides Díaz Ortiz trabajó por alrededor de diecinueve (19) años para las firmas comerciales de Rafael J. Nido, Inc. y Chain Link Fence, Inc. Se dedicaba a la venta al por mayor de materiales de ferretería y construcción. Don Alcides era conside-rado el vendedor de mayor producción en ambas compañías. Los vendedores de ambas compañías tenían asignado cierto número de clientes en varias rutas que visitaban durante la semana para vender y cobrar las ventas, excepto los viernes en la tarde cuando se reunían con los supervisores de ventas para discutir los asuntos del negocio. A finales de 1981, y como resultado de las fluctuacio-nes económicas que atravesaba nuestro país, el mercado de la construcción se vio seriamente afectado. Esto trajo la consecuente disminución en ventas de materiales de construcción.

Con el fin de poder hacer frente a estas bajas en las ventas, la gerencia de Rafael J. Nido, Inc. se vio obligada a reestructurar todas sus rutas, asignándoles así a cada uno de sus vendedores menos clientes. () Esto supuestamente tendría el efecto de dis-minuir los ingresos de cada uno de los vendedores. Según la gerencia, y como más tarde los mismos vendedores indicaran, esta baja sería sólo de carácter temporal y de corto plazo.

. Se alega que a raíz de tal cambio, don Alcides comenzó a mostrar síntomas tales como desorientación, dificultad para rea-lizar su trabajo y depresión. En consecuencia, Díaz Ortiz dio por terminada su carrera como vendedor de ambas firmas comercia-les alrededor de 3 de marzo de 1982.

Hacia 16 de marzo de 1982, don Alcides comenzó a recibir tratamiento psiquiátrico con el Dr. Diego Coira. Este tratamiento, de carácter privado, se prolongó por alrededor de tres (3) años. Don Alcides visitaba el consultorio una vez por mes, según surge de los informes suscritos por el propio doctor Coira, en o cerca de 23 de agosto de 1985. Se llegó a un diagnóstico de depresión mayor y se le prescribió psicoterapia y psicofármacos.

En concurrencia con su tratamiento psiquiátrico privado, el aquí recurrido se personó a las facilidades del ES.E. en 24 de mayo de 1982 y alegó padecer de desorientación y depresión nerviosa.

Según los procedimientos internos requeridos, el señor Díaz Ortiz fue referido a la correspondiente atención medica —eva-luado y tratado por el Dr. Jesús Infanzón, psiquiatra del asegu-rador (F.S.E.)— quien diagnosticó que el recurrido padecía de una neurosis depresiva.

Investigadas todas las alegaciones, el Dr. Luis R. Ríos Me-llado, también psiquiatra del F.S.E., dictaminó que el padeci-miento emocional que Díaz Ortiz sufría no tenía relación alguna con el trabajo que había realizado por diecinueve (19) años, por lo que recomendó que se le denegara la compensación solicitada. Se emitió la correspondiente decisión denegatoria de compensación en 9 de febrero de 1984.

Con el propósito de poder dilucidar el caso, la Comisión Industrial celebró varias vistas públicas (28 de agosto de 1985, 26 de mayo de 1986 y 28 de enero de 1987). Ofrecieron sus testimo-nios en estas vistas el Sr. José A. Ruiz, supervisor del recurrido, y el Ledo. Ángel M. Galiñanes, Vice Presidente Ejecutivo de las firmas para las cuales trabajó el recurrido, stos declararon sobre las condiciones de trabajo del señor Díaz Ortiz como vendedor, sus ingresos () y la forma en que los generó mientras trabajó. En ningún momento el recurrido declaró.

El testimonio pericial sobre relación causal consistió en el de los doctores Luis Raúl Alfaro, consultor de la Comisión Industrial y Rafael Nogueras por el F.S.E. Se presentaron, además, las evaluaciones psiquiátricas del recurrido que tuvo ante sí el F.S.E.

Según la prueba ante nos, surge que la opinión unánime fue a los efectos de que la condición mental que padece el recurrido, señor Díaz Ortiz, no guarda relación causal alguna con su empleo como vendedor.

No obstante la decisión del F.S.E. que le denegó los beneficios de compensación que la ley provee, la Comisión Industrial —me-diante Resolución de 8 de marzo de 1988— la revocó y ordenó que se le otorgara al recurrido la íntegra protección de la ley.

En síntesis, concluyó la Comisión Industrial que el padeci-miento mental que sufría el recurrido era consecuencia de los ajustes económicos que hizo la compañía para la cual trabajaba, sustentando así la causalidad necesaria para conceder los benefi-cios de la ley.

No conforme, el F.S.E. solicitó oportunamente reconside-ración, la cual fue declarada no ha lugar mediante resolución notificada en 9 de mayo de 1988.

Por todo esto, decidió el F.S.E. acudir ante este Tribunal mediante solicitud de certiorari. Señaló como error lo siguiente:

Cometió error de derecho la Honorable Comisión Industrial al resolver que la condición emocional que padece el recurrido es compensable bajo nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, [supra,] sin prueba alguna suficiente en derecho que justifique tal conclusión, contrario a lo establecido por este Honorable Tribunal Supremo en el caso de [Morell v. F.S.E.], 110 D.P.R. 709 (1981). Solicitud de revisión de 24 de mayo de 1988, pág. 3.

r — l

Para poder disponer adecuadamente de la controversia legal planteada ante nosotros, es necesario que examinemos básica-mente dos (2) aspectos distintos de la controversia. Primero, hemos de analizar si existía relación causal entre la enfermedad o padecimiento que se alegaba y el empleo, para así tener derecho a obtener los beneficios que confiere la ley del F.S.E. De concluir negativamente tendremos que analizar, además, si la Comisión Industrial está facultada para resolver una controversia en deter-minada manera sin tener prueba suficiente que justifique en derecho la solución, en contravención, en este caso, a lo resuelto por el F.S.E.

I — ! I — i

El Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. see. 2, establece los requisitos para que se pueda considerar que un obrero ha sufrido un accidente del trabajo y, por lo tanto, sea acreedor a recibir los beneficios que la ley le concede. () Exige esta sección que la condición o lesión del obrero sobrevenga como resultado de un acto o función inherente al trabajo, que haya ocurrido en el curso de éste y como consecuencia del mismo. Si falta cualesquiera de estos tres (3) requisitos, el accidente será no compensable. Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 197 (1938).

En las llamadas condiciones emocionales, como en la que ahora nos ocupa, se ha resuelto que “serán compensables . . . aquellas presentes en el caso de una persona acogida a los beneficios de dicho estatuto cuando, además de la necesaria relación causal entre la condición y el empleo, dicha condición origina por sí misma una incapacidad para el trabajo o agrava una incapacidad existente, [debiendo] probarse de manera convincente mediante prueba pericial basada en exámenes psiquiátricos adecuados”. Véanse: Resto Casillas v. Colón González, 112 D.P.R. 644 (1982); Morell v. F.S.E., 110 D.P.R. 709 (1981).

Además de la relación causal es necesario, por lo tanto, probar que está incapacitado para poder desempeñar las funciones que su trabajo requiere. De acuerdo con la prueba presentada, no surge duda alguna de que el aquí recurrido está incapacitado para realizar su trabajo. La única duda reside en si existe la relación causal necesaria para sostener el derecho a compensación.

Al estudiar la prueba resulta claro que todos los psiquiatras que examinaron al aquí recurrido en representación del asegura-dor declararon que la condición esquizo-afectiva que se le diag-nosticó al señor Díaz Ortiz no guarda relación causal con la situación laboral a que estuvo sujeto. La Comisión Industrial tuvo ante sí los testimonios de varios psiquiatras quienes concurrían tanto en el diagnóstico de la condición mental como en la falta de relación causal con su trabajo.

Declararon los galenos, en síntesis, que el recurrido padecía de una condición patológica congénita() que con el pasar del tiempo se agravó y que no podían concluir que su salud mental se deterioró como resultado de los cambios habidos en su empleo.

Al fundamentarse en esta prueba científica desfilada ante sí, el F.S.E. estimó concluir que al no cumplirse con el requisito’de causalidad, no procedía la compensación que autoriza la ley.

Resulta necesario mencionar' en nuestro análisis que reconocemos el hecho de que de acuerdo con nuestro ordenamiento, una condición preexistente es compensable (Morell v. F.S.E., supra) cuando la razón de que ésta se agravara fue el resultado de su empleo. En nuestro caso, el hecho es que no se pudo siquiera probar, de acuerdo con el análisis realizado de la prueba en autos, que la condición del recurrido se agravó como consecuencia de los alegados cambios en su empleo. ()

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Una vez concluido que no existe relación causal entre la condición emocional del recurrido y su empleo, pasamos a discutir el segundo aspecto que nos planteamos y que refleja la médula del error señalado.

¿Puede la Comisión Industrial concluir que procede compensar la condición emocional de un lesionado sin prueba alguna suficiente en derecho que justifique tal conclusión? Debemos concluir que no es posible.

En pasadas ocasiones nos hemos expresado al efecto de que “no sostendrá el Tribunal Supremo una decisión basada en prueba pericial ‘vaga, superficial e imprecisa’ y que rechazaremos toda prueba que equivalga a especulación o conjetura basada en hechos subsidiarios que no sostengan adecuadamente las conclusiones a que llegan”. Morell v. F.S.E., supra, pág. 714, citando a Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 715 (1975).

La Comisión Industrial, luego de examinar toda la prueba presentada ante sí, decide utilizar unos fundamentos que carecen de certeza científica y jurídica y concluye que el señor Díaz Ortiz tenía derecho a la compensación íntegra que le provee la ley. Adoptan esta decisión fundamentados en el supuesto de que la ley debe interpretarse de manera liberal, de modo que se favorezca al empleado. () Ello es así, pero la liberalidad tiene que estar fundamentada en los hechos particulares de cada caso; no se puede ser liberal en un vacío.

Recordemos que si no podemos sostener una decisión fundamentada en prueba pericial imprecisa y vaga, por analogía y a contrario sensu debemos entender que si se presenta prueba pericial precisa, clara y contundente, es necesario resolver de acuerdo con ésta. La Comisión Industrial erró al no sostener la decisión del ES.E. que estuvo fundada en prueba pericial clara y precisa. Utilizó para ello fundamentos inciertos y de poco peso jurídico para sustentar la validez legal de su decisión.

Este Tribunal, en circunstancias ordinarias, no alterará las conclusiones de la Comisión Industrial que estén sostenidas por la prueba pericial en el caso, en ausencia de razón alguna que justifique intervenir con la apreciación hecha. González Santiago v. F.S.E., 118 D.P.R. 11 (1986). Pero “este Tribunal en ejercicio de su facultad revisora tiene amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial médica, pudiendo aun adoptar su propio criterio en la apreciación o evaluación de la misma”. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 714-715 (1975), donde se citan Valldejuli v. A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488 (1965), y E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 D.P.R. 573 (1962).

Es por esto y por lo antes expuesto que procede revocar la decisión de la Comisión Industrial, que determina que la condición emocional que presenta el lesionado guarda relación causal con su trabajo.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.

      (1) De acuerdo con el informe preparado por el Oficial Examinador, obrante en autos, así como el resto de la evidencia presentada indican que los cambios consistirían en:
      “5. Que con el fin de aumentar las ventas, se llevaron a cabo una serie de cambios en la política de las ventas de ambas compañías. Estos cambios fueron los siguientes:
      ‘“a. Se hizo una evaluación del potencial en el mercado que tenían las diferentes áreas geográficas y se reasignaron las cuentas. Con esta reestructuración, tanto a don Alcides como a otro vendedor le quitaron una de las rutas, las cuales se le entregaron a un nuevo vendedor. Esto se hizo con el propósito de que [a] cada vendedor le quitaron una de las rutas, las cuales se le entregaron a un nuevo vendedor [para que así] tuvieran más tiempo para dedicarle a sus clientes con el fin de que aumentaran las ventas.
      ‘“b. Los vendedores dejaron de recibir comisiones por las ventas que se generaban por teléfono.
      ‘“c. Se le asignaron cuotas de ventas a los vendedores.
      ‘“d. Con anterioridad a febrero de 1982, al vendedor se le liquidaban a fin de mes las comisiones de los cobros que realizaban. Desde febrero de 1982 la compañía adoptó la política de pagarle la mitad de la comisión cuando se realizaba la venta y la otra mitad de su comisión cuando cobrara las ventas que se habían realizado.’
      “6. Que cuando se le presentó a los vendedores la nueva política de las compañías se les garantizó verbalmente que durante los primeros seis meses, (desde febrero hasta agosto) de éstos no poder realizar la misma cantidad de ventas que realizaron el año anterior, las compañías le[s] pagarían la diferencia para que no se afectaran económica-mente.” Informe del Oficial Examinador, 19 de octubre de 1987, pág. 17.

      (2) Es importante indicar que los ingresos del lesionado recurrido fluctuaban considerablemente de año en año. De acuerdo con la evidencia obrante en autos, surge que durante los últimos cuatro (4) años Díaz Ortiz se ganó lo siguiente: 1978 - $24,307.23; 1979 - $18,875.08; 1980 - $25,137.86; 1981 - $20,037.85.

      (3) En su porción pertinente, el referido artículo dispone:
      “Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quienes se refiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en él curso de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muertes derivadas de la ocupación, según se especifican en la sección siguiente. Se exceptúan expresamente aquellos obreros y empleados cuya labor sea de carácter accidental o causal y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación de su patrono y además aquellas personas que trabajen en sus domicilios.” (Énfasis suplido.) 11 L.ER.A. see. 2.

      (4) De acuerdo con el testimonio del Dr. Rafael Nogueras, psiquiatra asesor del Fondo del Seguro del Estado, la condición del recurrido se debía a un síndrome cerebral orgánico.
      “El cuadro ciertamente es uno definitivamente bien severo, bien marcado. Cierta-mente entiende que el diagnóstico del Dr. Infanzón de una neurosis depresiva, se queda corto en términos del grado de severidad que tiene la condición. En base a lo que se ha apuntado aquí, entiende que aparentemente este es un cuadro en el que empieza el lesionado a sufrir cambios de tipo orgánico cerebral con pérdida de la memoria, desorientado y que debido a estos cambios que la persona observa en su deterioro intelectual, eso motiva el surgimiento de lo que entiende es un síndrome orgánico afectivo, o sea, una condición depresiva.” Informe de la Comisión Industrial de Puerto Rico, pág. 7, obrante en autos.

      (5) De acuerdo con el testimonio y las declaraciones del Dr. Luis Raúl Alfaro, psiquiatra asesor de la Comisión Industrial:
      “Ha querido transmitir que efectivamente se produjeron unos cambios, pero que no necesariamente esos cambios tienen que ser interpretados como presiones laborales, que es lo que habría que determinar para poder fundamentar una relación causal, sino que puede ser una fantasía o unas ideas desarrolladas por el lesionado de esos cambios. Si se fueran a relacionar, todas las condiciones que surgen como producto de una elaboración mental de un obrero, pues tendría que relacionar todos los casos. Tendría que probarse de forma categórica y fehaciente [de] que los cambios que se produjeron en esa compañía fueron de tal naturaleza o envergadura, que fueron detrimentales para la salud emocional del lesionado, pero de manera objetiva.” (Enfasis suplido.) Véase Informe de la Comisión Industrial de Puerto Rico, pág. 6.

      (6) El Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, dispone en su parte pertinente:
      “Este Capítulo por ser de carácter remedial se interpretará liberalmente, y cualquier duda razonable que en su aplicación surgiere en cuanto a la existencia de relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero o empleado y la lesión, incapacidad o muerte, o el carácter ocupacional de una enfermedad, deberá resolverse a favor del obrero o empleado, o sus beneficiarios,” (Énfasis suplido.) 11 L.ER.A. see. 2.