text:
    Juanita Ward y su esposo Henry Ward, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Modesto Velázquez Flores, Juez, demandado; Supermercado Amigo, Inc., et al., interventores.
    Número: O-72-332

      Resuelto: 15 de enero de 1974

      Antonio Aponte Berdecía, Carlos Rodríguez Serra y Efraín Aponte Berdecía, abogados de los peticionarios; Agrait, Otero & Oliveras, abogados de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se dice, quizás con demasiada frecuencia, que el propósito del juicio es la búsqueda de la verdad. Debemos tomar eso con algún cuidado. Los litigantes, con raras excepciones, van a los pleitos con el propósito de vencer. Es a los jueces y a los jurados a los que nos interesa vivamente — o debe interesarnos — la búsqueda de la verdad. Esto es así, primero, por el imperativo categórico moral de que la verdad debe prevalecer y segundo, porque sólo conociendo la verdad de los hechos es que él juzgador está en posición de hacer verdadera justicia.

En el caso de autos la demandante sufrió un accidente. Su representación legal solicitó mediante interrogatorios copia del informe de accidente rendido por la asegurada a la compañía aseguradora. Los demandados objetaron. Argumentan que dicho informe es uno de carácter privilegiado, esto es, secreto. Dicen que ello es así porque se trata de una comunicación entre abogado y cliente. También se argumenta que tal manera de ver el asunto facilita la administración de la justicia. No estamos de acuerdo y pasamos a explicarnos.

Como se sabe, en los pleitos civiles podrá interrogarse sobre cualquier asunto pertinente no privilegiado. Los asuntos o materias privilegiados están taxativamente relacionados en el Art. 40 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1734. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 572 (1959). Dicho Art. 40 contiene cinco incisos. Es cierto que en el se-gundo de ellos se prohíbe, salvo con las excepciones allí men-cionadas, que se examine como testigo a un abogado con refe-rencia a ninguna comunicación háchale por su cliente. Nótese que los interrogatorios no van dirigidos al abogado, sino al litigante en sí. Quién declara no es el abogado, sino el liti-gante. Eso excluye esta situación del mencionado inciso se-gundo. En ninguna parte del Art. 40 se mencionan ni se declaran privilegiadas las comunicaciones entre el asegurado y su aseguradora. Luego, el privilegio que se reclama no está incluido ni autorizado en la ley y, por ser dicho Art. 40 taxativo, no debemos en buen derecho incluirlo nosotros.

Tampoco debemos incluirlo como cuestión de buena política pública. La tendencia moderna es a facilitar el descubri-miento de prueba para poner al juzgador en la mejor posición posible para resolver justamente. Refiriéndose al privilegio aquí reclamado Wigmore señala que el mismo debe aplicarse en la forma más restrictiva posible. Wigmore, On Evidence, Vol. 8, ed. rev. (1961), p. 554, see. 2291, último párrafo. Así lo han expresado los tribunales. Véase, Atlantic Coast Line Railroad Co. v. Daugherty, 141 S.E.2d 112, 117 (1965) y autoridades allí citadas.

Por ejemplo, y por analogía, en el derecho penal, hace años que expresamos que lo que se intenta en el juicio “es descubrir la verdad para poder hacer verdadera justicia.” Pueblo v. Díaz Díaz, 86 D.P.R. 558, 561 (1962). Allí resol-vimos que1 cuando un testigo renunciado por el fiscal es pre-sentado por la defensa y declara, el acusado tiene derecho a que se le entregue la copia de su anterior declaración jurada. El año anterior, en Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386, 389 (1961), adoptamos la norma que permite a una parte contra la cual declare un testigo en un proceso criminal obtener copia de declaraciones prestadas por dicho testigo, sin nece-sidad de que previamente se establezcan las bases necesarias de impugnación de su testimonio. En dicho caso expresamos, a la pág. 389, que allí estaba envuelto “el principio de que sólo se hace justicia cuando se conoce toda la verdad.”

Y en Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1, 6 (1970), resolvimos que a partir del primero de mayo de dicho año la defensa tiene derecho a inspeccionar las declaraciones juradas en poder del ministerio público de aquellos testigos de cargo que son renunciados por el fiscal por constituir prueba acumu-lativa. Con ese motivo allí revocamos, a renglón seguido, el caso de Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563 (1962), en el cual habíamos resuelto que un acusado no tenía derecho a obtener copias de las declaraciones juradas de testigos de cargo que obran en el expediente del fiscal y que no han declarado y los cuales el fiscal puso a disposición de la defensa.

Desde luego, sabemos que las normas de procedimiento del derecho penal y del derecho civil no siempre son idénticas, pero sí es idéntico en ambos campos — en el penal y en el civil —el objetivo de buscar la verdad de los hechos para hacer verdadera justicia. No hay ninguna razón para querer que los hechos se conozcan plenamente por el juzgador en los casos criminales pero no en los casos civiles.

Regresando a la situación de autos, no vemos cómo pueda ayudar a la administración de la justicia declarar secreto un documento (el informe del asegurado) escrito coetáneamente con los hechos del caso, cuando éstos están frescos en su mente y cuyo documento tiene más probabilidades de ser sincero que uno preparado meses después con el objeto de litigar. Más bien parece que lo que ayudaría a la administración de la justicia es todo lo contrario: que el juzgador de los hechos lo conozca y lo evalúe.

Sabemos que hay casos de otras jurisdicciones en los cuales se ha resuelto como los interventores aquí pretenden. También en otras jurisdicciones se habían resuelto casos contrarios a las decisiones nuestras antes mencionadas sobre derecho penal y eso no fue óbice para que resolviésemos como lo cre-imos prudente hacer. Como hemos expresado antes, “este Tribunal está en posición de adoptar aquella interpretación que entienda que es más justa y razonable” y conforme a de-recho, Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335, 341 (1961), un caso en el cual la cuestión giraba también sobre el citado Art. 40 de la Ley de Evidencia.

A riesgo de incurrir en la práctica que con mucha elegancia y fineza nos señala Don José Puig Brutau, en el sentido de que este Tribunal luego de resolver satisfactoriamente sobre bases de nuestro derecho civil con frecuencia añadimos material del derecho común anglosajón, podemos expresar que en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos se ha resuelto este punto esencialmente en la misma forma que aquí lo resolvemos. Así por ejemplo, en Jacobi v. Podevels, 127 N.W.2d 73 (1964), se dice a la pág. 76, que cuando el asegu-rado hace un informe para la compañía aseguradora sobre un accidente ocurrídole lo hace cumpliendo con su deber de informar a la aseguradora de los hechos y las circunstancias del accidente. Allí se añade que no es correcto sostener que la comunicación del asegurado con la aseguradora es lo mismo que la comunicación de un cliente con su abogado. Se resolvió que el informe rendido por el asegurado a través del ajusta-dor de la compañía aseguradora, no es una comunicación privilegiada. En el mismo sentido véase, Alseike v. Miller, 412 P.2d 1007 (1966); Atlantic Coast Line Railroad Co. v. Daugherty, 141 S.E.2d 112 (1965); State Farm Ins. Co. v. Roberts, 398 P.2d 671 (1965); Colpak v. Hetterick, 40 F.Supp. 350 (1941); Speight v. Allen, 255 N.Y.S.2d 918 (1965); Calace v. Battaglia, 252 N.Y.S.2d 973 (1964). También véase, Peterson, Discovery-Attorney-Client Privilege— Statements by Client- to Insurer Before Attorney Employed, 48 Mich. L. Rev. 364 (1950).

También se ha resuelto que declaraciones de testigos, informes, memorandos y otros escritos tomados por o que estén en la custodia de la compañía aseguradora están sujetos al descubrimiento. 7 Cyclopedia of Federal Procedure, 3ra. ed., (1971), see. 25.494, pág. 428.

Por lo anterior resolvemos que debe expedirse el auto solicitado y dejarse sin efecto la determinación del Juez de instancia que sostuvo la objeción al interrogatorio.

El Señor Juez Presidente disintió y expresó que luego radicará su disenso. El Juez ponente se reserva el derecho de replicar si lo cree necesario. El Juez Asociado Señor Dávila concurrió con el resultado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz, quien votó a favor de la opinión mayoritaria, también emitió opinión concurrente.

Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau, Cadilla Ginorio e Irizarry Yunqué

San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 1974

Concurro con la razón de decidir del Juez Rigau en cuanto sujeta el informe de accidente del asegurado a su compañía aseguradora a los medios de descubrimiento de prueba, negán-dole, por tanto, carácter privilegiado, sin que influya en la norma preconizada que el informe se haga directamente a la aseguradora o se entregue a una tercera persona que puede ser el ajustador de seguros. Aparte de la razón básica de que dicho informe de accidente, por contener una narración de hechos recientes investida de la usual espontaneidad y fran-queza del primer relato, es pieza de incuestionable mérito para establecer la verdad en sala de justicia, hay adicionales ra-zones que excluyen dicho informe del privilegio de abogado y cliente invocado, a saber: el informe de accidente se rinde en cumplimiento de una obligación contractual impuesta al ase-gurado en la póliza; al tiempo de hacerse el informe no hay modo de determinar, sin caer en especulación si el caso será llevado a pleito; bajo determinadas circunstancias la asegu-radora puede usar el informe contra su asegurado (para negar cubierta por exclusión de riesgo o incumplimiento de contrato; al rehusar defenderlo, etc.), situación que no se produce en la relación abogado-cliente; y finalmente porque siendo las comunicaciones privilegiadas excepción al descubri-miento de prueba, su clase debe estar limitada por una inter-pretación restrictiva.

Voto disidente del Juez Presidente, Señor Pedro Pérez Pimentel

San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 1974

La opinión de la mayoría resuelve que el informe que rinde un asegurado a su compañía de seguros sobre la ocu-rrencia de un accidente, no es de carácter privilegiado y que por tanto está sujeto a las reglas de descubrimiento de prue-bas. Ello implica necesariamente que dicho informe, de no haber otras objeciones legales que no sean las del privilegio entre abogado y cliente, puede ser ofrecido y admitido en evidencia.

Las Reglas de Procedimiento Civil han excluido del des-cubrimiento de prueba, materias privilegiadas. Véanse Reglas 23.2, 30 y 31.1.

Sabemos que la Ley de Evidencia es la fuente de las comu-nicaciones privilegiadas, entre las que se encuentra la de abogado y cliente. Art. 40 (32 L.P.R.A. see. 1734, inciso 2).

Nuestra Ley de Evidencia proviene del Estado de California. El citado Art. 40 corresponde al 1881 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. En ese Estado se ha resuelto consistentemente que las comunicaciones e informes hechos por un asegurado a su compañía aseguradora relacio-nados con una posible reclamación contra el asegurado cu-bierto por la póliza es una comunicación privilegiada bajo el privilegio de abogado y cliente: New York Casualty Co. v. Superior Court, 30 Cal. App.2d 130 (1938); Heffron v. Los Angeles Transit, 339 P.2d 567 (Cal. App.) (1959); Safeway Stores v. Superior Court, 14 Cal. Rptr. 243 (1961); Gene Campto Corp. v. Superior Court, 23 Cal. Rptr. 250 (1962) ; Atlas Heating v. Superior Court, 25 Cal. Rptr. 532 (1962). En muchos Estados se ha seguido la misma doctrina: People v. Ryan, 197 N.E.2d 15, Illinois (1964); Dobbins v. Gardner, 377 S.W.2d 665, Texas (1964); Vann v. State, 85 So.2d 133, Florida (1956); In re Klemann, 5 N.E.2d 492, Ohio (1936); Phillips v. Delaware Power and Light Co., 194 A.2d 690, Delaware; Farm Bureau Mat., Ins. Co. v. Anderson, 360 S.W.2d 314, Missouri; Puckett v. Broome, 385 S.W.2d 762, Tennessee, aunque en algunos se ha sostenido lo contrario: Alseike v. Miller, 412 P.2d 1007, Kansas; State Farm Ins. Co. v. Robert, 398 P.2d 671, Arizona; Atlantic Coast Line Railroad Co. v. Daugherty, 141 S.E.2d 112, Georgia; Speight v. Allen, 255 N.Y.S.2d 918, New York.

En el pasado este Tribunal ha acudido a la jurisprudencia de California, al interpretar nuestra Ley de Evidencia. Véanse Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335 (1961); Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862 (1962).

No quiero decir que el Tribunal venga obligado por la jurisprudencia de California y la de los otros Estados que la siguieron. Puede adoptar aquella regla que considere más justa y razonable.

En la opinión mayoritaria se sostiene, a mi juicio errónea-mente, que como el interrogatorio va dirigido al litigante y no al abogado, la comunicación entre ellos está excluida del Art. 40 de la Ley de Evidencia.

La novedosa tesis sustentada por la mayoría, es al efecto de que si bien la ley prohíbe que se examine a un abogado sin el consentimiento de su cliente con referencia a cualquier comunicación hecha por éste a aquel, el cliente sí puede ser examinado en relación con dicha comunicación. Claro está, el mismo principio se aplicaría cuando se trata de marido y mujer, el sacerdote, el médico, etc.

Parece olvidarse que el privilegio se concede a la comuni-cación en sí y que ésta sólo puede usarse como evidencia o ser objeto de descubrimiento de prueba en los casos excepcionales que señala la ley y la jurisprudencia.

Una simple lectura del Art. 41 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 1735) confirma nuestra precedente aseveración.

Dispone dicho Art. 41:

“El consentimiento para que se dé el testimonio en los casos citados en la see. 1734 de este título, queda implícitamente en-tendido en los mencionados a continuación.
1. Cuando la persona que hubiere dicho la comunicación men-cionada en dicha sección, testificare, sin oponer objeción, acerca de dicha comunicación o parte de la misma, la persona a quien se hubiere hecho, podría ser examinada extensamente, en la misma causa o procedimiento con referencia a dicha-comunicación.
2.” (Énfasis suplido.)

Es obvio que siendo privilegiada la comunicación, la misma no puede presentarse en evidencia, ni a través de la persona a quien se hizo ni a través de la persona que la hizo, a no ser cuando medien las circunstancias señaladas en el susodicho Art. 41, u otras circunstancias señaladas por la jurisprudencia, como cuando la comunicación se hace en pre-sencia de un tercero que no sea el secretario, taquígrafo o asistente del abogado. Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862, 871 (1962).

Sabemos, porque así lo ha expresado antes este Tribunal en el caso de Lugo Ortiz, supra, que los estatutos que protegen las comunicaciones privilegiadas entre abogado y cliente tienen por objeto fundamental fomentar la relación de con-fianza entre ambos, propiciándose así que el cliente haga un recuento fiel y exacto de los hechos cuando requiere consejo legal ya que cuando esta relación es completa existe la proba-bilidad de desalentar los litigios carentes de méritos en cuanto a sus resultados. También hemos dicho que frente a esta polí-tica pública de evitar pleitos innecesarios, se encuentra otro valor social digno de igual protección, cual es la necesidad de que ante el juzgador se presenten todos los hechos pertinentes que conduzcan a ayudarle a formar un juicio ponderando todos los elementos de prueba disponibles. Sin embargo, nunca hemos dejado de darle efectividad al estatuto que protege las comunicaciones privilegiadas. Sí hemos dicho que la prueba sobre estas comunicaciones debe admitirse a menos que esté claramente comprendida dentro de la exclusión del estatuto.

De los propios récords de este Tribunal podemos tomar conocimiento de que en la generalidad de los casos, los aboga-dos de las compañías aseguradoras, son los que asumen la representación legal del asegurado. Los informes que rinden los asegurados a su compañía aseguradora a virtud de una cláusula contractual, tienen el mismo propósito fundamental que las comunicaciones o informes que hace un cliente a su abogado. Nunca hemos resuelto que estas comunicaciones (abogado y cliente) no gocen del privilegio estatutario, a menos que concurran las circunstancias que ya hemos seña-lado.

El resultado práctico de la opinión mayoritaria es el de que mientras las comunicaciones e informes de un cliente a su abogado particular se consideran privilegiadas, los del asegu-rado a su compañía aseguradora que le provee abogado, no gozan del privilegio.

En muchas ocasiones la cuantía de la indemnización con-cedida a un reclamante excede por mucho el límite de la cubierta de la póliza y en esos casos el asegurado es responsa-ble personalmente por el exceso concedido. Representado este asegurado por el abogado de la aseguradora, sus informes a dicho abogado a través de la compañía, no se consideran, con-forme a lo que el Tribunal resuelve, comunicaciones privile-giadas.

En verdad no encontramos una base racional para hacer esta distinción.

No sabemos cual será el impacto de esta decisión de la mayoría en las relaciones entre las compañías de seguros y los asegurados, y si la misma ha de desalentar la obtención de pólizas por la ciudadanía.

Porque considero que la decisión mayoritaria no es la más razonable y justa, disiento.

        La Acción Recíproca del Derecho Español y del Derecho Nortea-mericano en Puerto Rico, 44 Revista de Derecho Puertorriqueño, pág. 499 (1972).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Asociación de Dueños de Casas Veraniegas de la Parguera, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Telesforo Rosa Resto, Juez, demandado; Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, interventora.

      Número: O-72-75

      Resuelto: 16 de enero de 1974

      J. R. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Roberto ■Armstrong, Procurador General Auxiliar, y E. Sánchez Soli-ván, abogado de la Comisión de Servicio Público,.abogados de la interventora; Carlos E. Colón, abogado de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

(EN RECONSIDERACIÓN)

Este caso se inicia en el 1969 ante la Comisión de Servicio Público como parte del esfuerzo gubernamental por preservar y proteger el balance ecológico que propicia la rarísima vida marina de la bahía fosforescente- de La Parguera, en el su-roeste de Puerto Rico. La Comisión requirió la remoción de 117 casas y casas botes instaladas en el litoral de la zona marina de La Parguera, y como rehusaran los conminados a acatar la orden, les concedió audiencia celebrándose vistas en Mayagüez en las que presentaron evidencia y argumentos todas las partes, y finalmente en 13 de noviembre de 1970 dictó Resolución y Orden disponiendo la eliminación de dichas estructuras. De la resolución recurrieron los querellados due-ños de casas por revisión al Tribunal Superior, Sala de San Juan, donde plantearon como cuestión de entrada la nulidad de la orden de la Comisión por no haberse ajustado el proce-dimiento ante dicha agencia al debido proceso de ley. Dene-gada su moción, recurrieron en certiorari ante este Tribunal que expidió el auto, y el 15 de mayo de 1973 en opinión per curiam anuló la resolución de la Comisión de Servicio Público revisada y devolvió el caso a dicho organismo “a fin de que sus miembros, una vez preparada, lean la transcripción de los testimonios orales recibidos, debiendo además concederse una nueva oportunidad a las partes para que presenten informes escritos u orales para ser oídos o leídos por la Comisión en pleno, efectuado lo cual procederá ésta a adoptar el acuerdo que corresponde.”

Resolvemos ahora una bien fundada moción de reconside-ración de la interventora Comisión de Servicio Público.

La interventora no percibió el ataque de los recurrentes, cuya punta de lanza es el debido proceso de ley. Al oponerse a la expedición del auto y luego en su alegato lo hizo en base a su prematuridad por faltar parte del récord, especialmente la transcripción de la evidencia oral pero absteniéndose de señalar si esa parte del récord que faltaba por considerar demostraría que los recurrentes habían tenido una vista ajus-tada al requisito jurisdiccional de debido procedimiento. Que-daba de hecho sin impugnar la alegación frontal de los recu-rrentes de invalidez constitucional que a duras penas podía cubrirse con la presunción de regularidad. La posición del Estado en este incidente vital fue reticente y doctrinaria, reservando hechos que de conocerse hubiesen puesto en con-tienda la alegación de irregularidad insalvable en los proce-dimientos, y que hubiesen provisto al juez de instancia de mayor fundamento que la incierta probabilidad de que al completarse el récord surgieran a la luz los detalles factuales que podían insuflar vida de legalidad al hostigado proceso. Como resultado de esta preterición de la realidad procesal, cuando tomamos el caso para decidir este Tribunal se enfrentó a un cuadro de proceso administrativo dislocado: los Comi-sionados de Servicio Público no habían estado presentes en las vistas orales ni tampoco habían leído el récord taquigrá-fico pues éste no se había transcrito; los examinadores no habían preparado conclusiones ni rendido informe; y no apa-recía medio ni método racional alguno por el cual llegó a los comisionados conocimiento de los hechos objeto de adjudica-ción en la resolución y orden adoptadas disponiendo la elimi-nación de las casas de los recurrentes. No es hasta la solicitud de reconsideración que la recurrida Comisión de Servicio Púb-lico finalmente saca del recinto secreto la verdad factual con que mucho antes debió enfrentar la ofensiva de los recurrentes y ofrece a este Tribunal, avalada por el juramento de los miembros integrantes de la Comisión de Servicio Público que intervinieron en el proceso decisional y adjudicativo Sres. Godofredo N. Gaetán, Presidente, y Andrés E. Salas Soler y Rafael Rivera Lugo, Comisionado Asociados; y los examina-dores que actuaron en las audiencias Sres. Sigfredo A. Iri-zarry y José A. Anglada Segarra, una extensa relación de cuyo texto relevante a la cuestión jurisdiccional de aproche transcribimos:

“Los examinadores que presidieron las audiencias sometieron a la Comisión todos los exhibits, estipulaciones y escritos rela-cionados con el caso y le hicieron a la Comisión un resumen verbal de la prueba testifical antes de que la misma se transcribiera. Además, sometieron a la Comisión un resumen escrito de la to-talidad del caso y sus recomendaciones sobre cómo resolverlo en forma de una -propuesta Resolución y Orden (con conclusiones de hechos) que dichos examinadores redactaron, discutieron con la Comisión, la Comisión le hizo correcciones y alteraciones según su propio criterio, y la Comisión dispuso que se pasara en forma final para luego adoptarla, como de hecho la adoptó, emitiéndola como su decisión unánime en el caso.” (Subrayado en el original.)

En su escrito de oposición a la solicitud de reconsideración, los recurrentes por primera vez hacen pausa en su ataque y ante la inexpugnable expresión bajo juramento de los funcio-narios públicos antes transcrita, hacen gala de honestidad intelectual y ética al declarar: “Bajo ninguna circunstancia se nos debe interpretar que estamos poniendo en duda o en tela de juicio las declaraciones juradas de los distinguidos compa-ñeros que1 se acompañan a la moción de reconsideración.” (Escrito de Oposición de 7 de junio de 1973, pág. 2, escolio 1.)

Lamentamos este demorado descubrimiento de hechos esenciales a la función revisadora de este Tribunal. La tras-cendencia social y el gran interés público que dan relieve a este caso reclaman una pronta acción rectificadora sin ulte-riores reflexiones sobre fallas en la percepción de la cuestión central a decidir. Debemos reconsiderar nuestra opinión y sentencia -per curiam de 15 de mayo de 1973. El proceso admi-nistrativo, actualmente en la etapa de revisión ante el Tribunal Superior, debe seguir su curso hasta una decisión final sobre los numerosos planteamientos de la parte recurrente.

Se ajustó a derecho el tribunal de instancia al resolver que los procedimientos ante un organismo administrativo tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. United States v. Chemical Foundation, 272 U.S. 1, 14-15; 71 L.Ed. 131 (1926). El procedimiento para audiencias establecido en el Art. 49 de la Ley creando la Comisión de Servicio Público que es la Núm. 109 de 28 de junio de 1962 (27 L.P.R.A, see. .1260) no tiene la exigencia estatutaria de que los comisionados oigan y reciban personalmente la prueba, práctica seguida en Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452, 478 (1943). Se responde así a la realidad de que generalmente los examinadores, por entrena-miento especial y experiencia, están mejor preparados para oír y adjudicar que los propios comisionados, ocupados prin-cipalmente en guiar la política pública de la agencia. En au-sencia de requisitos específicos dispuestos por la Asamblea Legislativa, el debido proceso de ley en el trámite administra-tivo se cumple y satisface aun cuando no se transcriban las notas taquigráficas de la vista, ni se sometan determinaciones de hecho y conclusiones por los examinadores, ni hagan éstos un resumen o compendio escrito de la prueba para los comi-sionados, bastando en muchas ocasiones un informe oral de los examinadores a los miembros de la Junta o Comisión. “Partiendo de la premisa de que las cortes al revisar deben pasar sobre el grado de ponderación de la evidencia por los oficiales que deciden las cuestiones de hecho, el requisito mí-nimo podría ser que dichos oficiales oigan los testigos declarar, lean personalmente toda o parte de la transcripción de eviden-cia, que a través de informes escritos o verbales de sus subalternos se familiaricen con las cuestiones y evidencia relevante, o que firmen la resolución y orden confiando en la labor de sus subalternos, prescindiendo de la evaluación personal de cuestiones y prueba. Hay autoridad para sostener cada uno de estos cuatro requisitos mínimos, aunque el péso de las autoridades impone como mínimo que quien' decida deba de alguna manera desarrollar su propia comprensión de las cuestiones envueltas y de la evidencia pertinente. Sin embargo, no importa cuál sea el requisito mínimo, los tribu-nales de revisión con frecuencia están impedidos de investigar hasta qué grado los que deciden consideraron la evidencia.” Davis, Administrative Law Treatise, Vol. 2, sec. 11.02, pág. 38, ed. 1958.

La norma de “debido proceso de ley” no tiene en el campo del derecho administrativo la rigidez que se le reconoce en la esfera penal. Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. págs. 62, 63 (Snyder, J.) (1944). La decisión administrativa es institucional en el sentido de que es la decisión de una agencia u organismo, y no la de un individuo ni la de los jefes de la propia agencia. La decisión de un juez que preside una vista es personal. El juez recibe la evidencia y los informes y decide el caso. En el proceso administrativo la prueba se practica ante un examinador, éste u otro subalterno pueden cernir la evidencia, especialistas en diversas disciplinas del personal de la agencia pueden contribuir a la redacción de informes finales; y el jefe de agencia, como cuestión de realidad, puede descansar tan pesadamente en el trabajo de esos subalternos al extremo de conocer poco o nada de los problemas presentes en muchos de los casos que se resuelven en nombre de la agencia. Davis, opus, Vol. 2, sec. 11.01, pág. 36. Hay casos en que puede hasta suprimirse la vista oral sin violar la Constitución, como sucede ante una admisión por la parte querellada de hechos que la ley expresamente prohíbe. Denver Union Stockyard Co. v. Producers L. M. Ass’n., 356 U.S. 282 (1958) (2 L.Ed. 771). En el presente caso sería fútil una vista evidenciaría para establecer algunos de los hechos imputados en la contención del Estado como lo son que los dueños de casas querelladas carecían de permisos de la Comisión de Servicio Público y del Departamento del Ejército para instalar y edificar sus estructuras en el litoral de La Parguera pues la falta de permisos fue estipulada por las partes ante la Comisión. Sí era necesaria la vista para esta-blecer hechos (navegabilidad de las aguas, zona de ubicación, etc.) en que fundan los querellados su contención de que esos permisos son innecesarios. Fundamental al debido proceso es que la parte querellada tenga una clara e informada noción de cuál sea la contención del Gobierno y del propósito que dirige el interés público. Morgan II v. United States, 298 U.S. 468, 80 L.Ed. 1288 (1935). No se vulnera la legalidad del proceso cuando las contenciones del Gobierno, están como en el pre-sente caso, definidas con claridad, N.L.R.B. v. Mackay Radio & Telegraph Co., 304 U.S. 333 (1938), tan definidas que los querellados han estipulado la ausencia de permisos y levan-tado no menos de nueve defensas afirmativas contra la acción gubernamental.

• Esencial al debido proceso lo es también que los comisionados tomen una decisión informada, con conocimiento y comprensión de la evidencia ofrecida, sin que importe al caso el medio o mecanismo por el que esa inteligencia de la cuestión debatida llegue a su poder, que puede fluir cuando el comisionado no participa en las vistas, por lectura de la transcripción de la evidencia oral y examen de la documental; o informe, resumen, compendio, escrito u oral, o pliego de determinaciones de hecho sometidos por los examinadores a los comisionados. Davis Administrative Law Treatise, Vol. 2, sec. 11.21, pág. 126, ed. 1958.

Está generalmente aceptado que el comisionado puede confiar en un informe o resumen de un subalterno apto. “El requisito [de debido proceso] está vinculado a una inteligencia personal de la evidencia por parte del comisionado, no con la mecánica de que se vale para adquirir esa comprensión.” En la práctica común los oficiales que deciden adquieren un entendimiento o comprensión de la evidencia no sólo de informes de subalternos, si que también de resúmenes y explicaciones en alegatos y argumentos orales de las partes. Davis, opus, Vol. 2, sec. 11.03, pág. 45.

Y es regla que el proceso mental seguido por el comisionado para llegar a la decisión, sus lecturas, reacción intelectual y el curso de formación de criterio no puede ser investigado como no puede escrutarse la función pensante de un juez en la evaluación de la evidencia. United States v. Morgan IV, 313 U.S. 409, 422, 85 L.Ed. 1429 (1941). En todo caso, la ley presume la corrección de los procedimientos administrativos y el Tribunal Superior es el foro apropiado para recibir la evidencia que tengan los recurrentes para rebatir esa presunción de regularidad. Davis, opus, see. 11.06, pág. 63.

Repetimos la expresión del Juez Snyder:

“Toca a la Legislatura determinar, como una cuestión de flexibilidad administrativa, cuán lejos desea ir en tales cuestio-nes, siempre que no se niegue el debido procedimiento.” Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 62, 64.

Este caso debe retornar al curso administrativo en etapa de revisión ante el Tribunal Superior momentáneamente in-terrumpido por certiorari. Dicho tribunal de instancia tiene dentro del marco de revisión plena facultad para conocer de y adjudicar las cuestiones suscitadas por los recurrentés con-siderando el “récord” completo del caso que incluirá la trans-cripción de la evidencia oral de las vistas celebradas. Universal Camera Corp. v. N.L.R.B., 340 U.S. 474; 95 L.Ed. 456 (1951); confirmada en Central Hardware Co. v. N.L.R.B., 407 U.S. 539, 548 (1972).

Ahora bien, en el quehacer administrativo, como en toda otra fase de actividad humana, no debemos conformarnos con metas mínimas sino aspirar a la plenitud y excelencia de la función gubernamental. El procedimiento seguido en este caso según relatado por los comisionados y examinadores, si bien satisface la norma constitucional sobre debido proceso de ley, al igual que el procedimiento de la mayoría de nuestras agencias administrativas, admite extensa mejora y reforma que sin recargar indebidamente el volumen de trabajo de los funcionarios concernidos, tienda a fortalecer ese fundamental derecho a ser oído que es ancla de nuestro sistema constitu-cional. A falta de legislación o reglamento interno, nada im-pide que por práctica se adopten conocidas normas presentes en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C.A. sees. 556, 557, propuestas en el proyecto de ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sometido a nuestra Legislatura y adoptadas en el reglamento de algunas agencias como el de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (29 R.&R. P.R. secs. 64-10; 64-11), a saber:

(a) Preparación por el examinador de un escrito com-prensivo de determinaciones de hecho y conclusiones de dere-cho a que ha llegado luego de oír y recibir toda la evidencia practicada, con su recomendación respecto a cómo debe resol-verse el caso.

(b) Copia de ese pliego de conclusiones podrá servirse a todas las partes interesadas para que en un plazo adecuado que se fijará sometan, si lo estiman propio, objeciones, en-miendas, o comentarios.

(c) Cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen podría oírse argumento oral por la Junta o uno de sus miembros sobre las objeciones a las determinaciones y conclu-siones de los examinadores.

Así ganará en cabalidad y eficiencia la función de nuestras agencias administrativas, laboratorio donde el criterio técnico, el método científico y el ordenado acopio de datos, han de producir las decisiones correctas para bien del pueblo en general.

Se dejará sin efecto la sentencia de este Tribunal de 15 de mayo de 1973, se anulará el certiorari expedido indebida mente y se devolverá el caso al tribunal de instancia para continuación de procedimientos consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio disintió y expresó que se reservaba el derecho a radicar por escrito opinión disi-dente. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

      En las audiencias de Luce & Co. se prescindió de examinadores y los propios miembros de la Junta se turnaban en la labor de oír la prueba, método ya descartado como lesivo a la integridad del proceso administrativo toda vez que excluye la valiosa aportación de examinadores excepcional-mente aptos y especializados y abruma los miembros de la Junta con labor que excede su capacidad física de trabajo y limita su función normativa y de implementación de política pública en el- amplio ámbito de la agencia.

       Nuestra función revisadora en casos administrativos se circunscribe a considerar si los fundamentos en que descansa la decisión de la agencia están acordes con los principios del derecho. Port of Portland v. United States, 408 U.S. 811, 842. (1972).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ángel M. Acosta Escobar, acusado y apelante.

      Número: CR-73-29

      Resuelto: 18 de enero de 1974

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Contra Ángel M. Acosta Escobar se presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, acusación imputándole tres cargos por infracción a la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 973 y siguientes, por alegada (1) posesión, (2) ocultación y transportación y (3) venta de la droga narcótica conocida como heroína. Llamado el caso para juicio el acusado hizo alegación de inocente y se sometió a tribunal de derecho luego de que su renuncia a juicio por jurado fuera aceptada como válidamente hecha.

La prueba de cargo situó a un agente encubierto de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía, acompañado de un confidente, a eso del medio día del 13 de octubre de 1970, frente a la casa 46 de la calle República en la Parada 22 de Santurce, donde fueron ambos en busca del apelante. Allí lla-maron al apelante hacia el vehículo en que ambos viajaban. El confidente lo presentó al agente y le preguntó “si él tenía material,” produciéndose a continuación una transacción entre el agente y el apelante, en presencia del confidente, consis-tente en la compra por aquél a éste de cuatro paquetes con-teniendo en total 101 decks de heroína, así denominados. Tres paquetes contenían 25 decks cada uno. El cuarto paquete con-tenía 26 decks. El agente pagó $180 por los cuatro pa-quetes. El confidente fue identificado en el testimonio del agente como un tal Cheo, un hombre de 25 ó 30 años de edad, con quien hizo siete u ocho transacciones similares, todas en la vecindad de la Parada 22. El supervisor del agente, sargento Domingo Álvarez, identificó al tal Cheo como José Colón, con dirección en calle Gaviota Final, Parada 20 en Santurce.

Concluida la prueba de cargo el apelante solicitó del tribunal sentenciador que citara a José Colón. El tribunal se ne-gó a ello bajo el razonamiento de que dicha persona no resul-taba ser un confidente participante conforme definimos dicho término en Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965). El apelante procedió entonces a someter el caso sin presentar prueba y el tribunal de instancia le declaró culpable y con-victo de los tres cargos que le eran imputados, sentenciándolo • a cumplir de ocho (8) a quince (15) años de presidio en cada caso, a servirse concurrentemente entre sí.

El acusado apeló e imputa ante nos la comisión de un solo error por la Sala sentenciadora, a saber, “Negarse a citar al acto del juicio al confidente José Colón.”

La cuestión de si se trataba aquí de un confidente infor-mante o de un confidente participante carecía de importancia y no era por tanto decisiva para resolver si debía o no ordenarse la citación solicitada. Dijimos en el citado caso de López Rivera, supra, a la pág. 696 que el llamado “ ‘privilegio del con-fidente’ (informer’s privilege) es en realidad el privilegio del Estado de no divulgar la identidad de aquellas personas que suministran a las autoridades información sobre violaciones de la ley.” En el caso de autos el Estado no hizo objeción al-guna cuando el abogado defensor interrogó a los testigos de la acusación respecto de la identidad del confidente. Tampoco se mostraron remisos dichos testigos a dar dicha información.

Las razones que justifican el privilegio del Estado de no revelar la identidad del confidente dejaron de tener virtualidad desde el momento mismo en que quedó descubierta dicha identidad por el testimonio cándidamente ofrecido por los testigos del Estado. No consideraron ellos ni tampoco el fiscal, que identificarlo habría de militar contra el interés general ni que con ello correría riesgo personal el confidente. Pueblo v. López Rivera, supra, pág. 697, y casos allí citados.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone mandatoriamente en su Carta de Derechos, Art. II, Sec. 11, en su primer párrafo como sigue:

“En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la natu-raleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a ca-rearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia com-pulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.” (Énfasis nuestro.)

El derecho de todo acusado a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor está también garantizado por la Constitución federal en su Enmienda Sexta, y se ha re-conocido que es un derecho de naturaleza fundamental y obli-gatorio para los estados. Chambers v. Mississippi, 410 U.S. 284, 302 (1973); Webb v. Texas, 409 U.S. 95, 98 (1972); Washington v. Texas, 388 U.S. 14 (1967). Véase Antieau, Modern Constitutional Law, vol. 1, sec. 5:8.

Ese derecho no está limitado a determinada etapa del juicio. Es deseable que la solicitud para que se ordene la cita-ción de testigos se haga antes del juicio. Con ello se facilita el trámite de su diligenciamiento sin causar dilaciones innecesa-rias y sin obstaculizar el desarrollo normal del proceso. Ello implica además menos inconvenientes para las personas cita-das, dándoles tiempo necesario para hacer'aquellos ajustes que les permitan comparecer al tribunal y descargar su responsa-bilidad ciudadana como testigos. Empero, una solicitud como la que nos ocupa, no puede ser denegada sin violentar el man-dato expreso de nuestra Constitución a menos que resulte irrazonable bajo las circunstancias en que sea hecha.

El derecho a obtener la comparecencia compulsoria de tes-tigos está íntimamente relacionado con el debido procedi-miento de ley, y ha sido reconocido y mantenido por este Tribunal desde mucho antes de la vigencia del actual sistema cons-titucional. Así, en Pueblo v. Román, 5 D.P.R. 8, 10 (1903), resolvimos que constituyó error que hacía necesaria la anula-ción de una sentencia contra dos acusados convictos de viola-ción, la negativa del tribunal de instancia a hacer comparecer ante el tribunal a dos mujeres para que fueran reconocidas por un testigo. La petición no era irrazonable por cuanto las dos mujeres eran las supuestas perjudicadas y pudieron ser a las que se refirió el testigo como las que vio andar tranquila-mente del brazo de los acusados.

Un año más tarde en Pueblo v. Pérez, 7 D.P.R. 354 (1904), resolvimos que constituyó error suficiente para justi-ficar la revocación de una convicción por el delito de seduc-ción la negativa del tribunal sentenciador a ordenar la cita-ción de un testigo presencial por el hecho de que dicho testigo aparecía ser un niño y había la duda de si tenía capacidad bastante para declarar sobre los hechos que se investigaban.

En varias ocasiones nos hemos referido a la facultad del tribunal sentenciador para acceder a ordenar citar testigos en situaciones como las que presenta este caso como una facul-tad discrecional. A poco que se analicen los casos en que así lo hemos resuelto resulta clara la distinción entre aquellos y el de autos. Veamos.

En Pueblo v. Ayende, 39 D.P.R. 243, 244 (1929), resolvi-mos que no abusó de su discreción el tribunal sentenciador al negarse a ordenar la citación de una testigo, cuando la solici-tud no se hizo antes de comenzar el juicio y sí luego de decla-rar el acusado, desprendiéndose de su testimonio que conocía a dicha testigo porque vivía con él. Además, habiendo declara-do que nadie presenció los hechos por los que era juzgado la testigo no resultaba ser esencial.

En Pueblo v. Báez, 44 D.P.R. 54, 63 (1932), sostuvimos que la actuación del tribunal de instancia negándose a orde-nar la citación de cuatro personas por el hecho de que fueron mencionadas por el fiscal como presentes en un juicio anterior contra el acusado, sin que se informara por éste el propósito de la citación solicitada, no constituyó abuso de discreción. In-dicamos, además, que en realidad una de las cuatro personas compareció posteriormente y fue examinada por el acusado.

En Pueblo v. Sarria Pacheco, 57 D.P.R. 882, 892 (1941), dijimos que no abusó de su discreción el juez sentenciador al denegar una solicitud, hecha después de haber desfilado la prueba de cargo y de descargo en un juicio “bastante largo” para citar al Director del Manicomio de Río Piedras para comparecer a un juicio celebrándose en Ponce. Señalamos ade-más que lo que se pretendía probar con dicho testigo — que una hermana del acusado hacía diez años que estaba recluida como paciente del Manicomio Insular — fue probado mediante el testimonio del propio acusado.

En Pueblo v. Cintrón, 58 D.P.R. 384, 391 (1941), sostuvi-mos que actuó correctamente el juez sentenciador al negarse a suspender el juicio luego de haber terminado la prueba de cargo y la de descargo para citar a un testigo cuya declara-ción no hubiese llenado la laguna que existía en la prueba del acusado para sentar bases para la admisión del testimonio de un perito. Dijimos, además, que no se demostró si el testigo estaba en Arecibo, ciudad donde se celebraba el juicio, o en Ponce, ciudad a la que supuestamente se había trasladado.

En Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146, 152 (1964), sostuvimos que no hubo perjuicio para el acusado en la nega-tiva a citar una testigo luego de comenzado el juicio cuando al reanudarse la sesión por la tarde su abogado informó que la testigo se negó a comparecer pero que presentaría otra persona en su lugar y de hecho presentó a otra testigo que de-claró lo que la primera hubiera declarado.

En Pueblo v. Vélez Torres, 98 D.P.R. 5 (1969), señalamos a la pág. 7, que no cometió error el tribunal sentenciador “al negarse a ordenar al fiscal a traer al acto del juicio” al confi-dente, porque: “El récord demuestra, contrario a lo alegado por la defensa, que ésta no solicitó del tribunal la citación del confidente a pesar de que el fiscal le ofreció cualquier informa-ción para localizarlo.”

Ninguna de las circunstancias que explicaron a satisfac-ción de este Tribunal la negativa a ordenar la citación de tes-tigos después de comenzado el juicio está presente en este caso. Al contrario, el testigo José Colón, según el testimonio de los dos agentes, era persona conocida en el área en que su-puestamente ocurrieron los hechos, y vivía en la Parada 20, un lugar que no dista mucho del recinto del Tribunal Superior en que se ventilaba el caso.

Quizás el esfuerzo por localizar a José Colón hubiese sido infructuoso, pero quizás no. El derecho constitucional del apelante a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor hubiese estado mejor servido si se hubiese hecho el pequeño esfuerzo de tratar de localizar al testigo. 'No podemos pasar por alto que la única prueba que en este caso conectó al apelante con la comisión de los delitos de que fue convicto y por los que fue sentenciado a cumplir de 8 a 15 años de presidio fue la declaración del agente encubierto. Aunque la ley no exige que la declaración del agente encubierto sea corroborada, si existe y está al alcance del Ministerio Público prueba de su corroboración y ésta no se produce ni se ofrece una explicación satisfactoria para tal omisión, debe tomarse con cautela el testimonio del agente encubierto. Nada menos se debe exigir frente a la importancia de los valores que en tales cir-cunstancias están a merced de que se crea al agente encubierto. Véase Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973). Cf. Pueblo v. Flores Berty, 92 D.P.R. 577, 580-581 (1965).

Descorrido el velo que oculta la identidad del confidente, cumplido ya su oficio, constituye abuso de discreción no acceder a una solicitud oportunamente hecha por el acusado para que se le cite, a menos que existan razones que justifiquen tal negativa. La solicitud fue hecha en el caso que nos ocupa cuando quedó revelada la identidad del confidente. He ahí la primera oportunidad que tuvo el apelante para hacer la solicitud. Nada hay en los autos que justifique la negativa del tribunal sentenciador.

Se dictará sentencia revocando la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y ordenando la celebración de un nuevo juicio.

      Es de notarse que según su testimonio el precio acordado fue $40 el paquete, por lo que debió pagar $160 y no $180 como atestiguó.

      Lo que a renglón seguido aparece, al efecto de que por haber testi-ficado como prueba de cargo un agente que estuvo presente durante la transacción y por haber sido contrainterrogado extensamenté, la citación del confidente no resultaba indispensable para el acusado, constituye un dictum que debe considerarse revocado.

       Conforme a la Ley de Evidencia se presume que toda prueba “vo-luntariamente . suprimida resultará adversa si se ofreciere”. 32 L.P.R.A. see. 1887, inciso 5. Véase además 32 L.P.R.A. see. 1679, especialmente el último párrafo que lee:
      “La evidencia deberá estimarse no sólo por su valor intrínseco, sino también con arreglo a la prueba que una parte estuviere en aptitud de presentar, y la otra de contradecir; y por tanto si se ofreciere evidencia más débil y menos satisfactoria, cuando pareciere que la parte estaba en aptitud de ofrecerla más firme y satisfactoria, la evidencia ofrecida deberá mirarse con sospecha.”


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Andino León, acusado y apelante.
    Número: CR-73-43
    .Resuelto: 23 de enero de 1974

      R. N. Ponce de Sánchez-Riv oleda, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procu-rador General Interino, y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El fiscal formuló acusación contra el acu-sado-apelante imputándole tres infracciones al Art. 29 de la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico, consistentes en que (1) tenía en su posesión y dominio, (2) ocultó y transportó, y (3) vendió la droga narcótica conocida como heroína.

Luego de renunciar válidamente su derecho a juicio por jurado, el acusado hizo alegación de culpabilidad en los cargos por (1) posesión y (2) ocultación y transportación de la referida droga narcótica. Hizo alegación de inocente en el cargo por venta.

Celebrado el juicio y recibida la prueba de cargo y de defensa el Tribunal le declaró culpable de vender la droga narcótica conocida como heroína.

En este recurso señala la comisión de dos errores que consisten en atacar la suficiencia de la prueba. Su contención principal es al efecto de que la no presentación en evidencia del deck de heroína que vendió a otra persona así como el resultado del análisis químico de dicho deck deja de establecer el cargo de venta.

Opinamos que los hechos y circunstancias revelados por la prueba de cargo no son suficientes para sostener la convic-ción del apelante. Veamos. El día 14 de febrero de 1970, como a eso de las cinco de la tarde, los agentes Ismael González y José A. González Bisó,- pertenecientes a la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico, caminaban a pie y al llegar frente al Edificio 32 del Caserío Llorens Torres de Santurce, vieron al apelante y a otro individuo conocido como El Cano, y contra quien los agentes tenían una orden de arresto por infracción a la Ley de Drogas, en los momentos en que el apelante sacó del bolsillo del pantalón una envoltura de las conocidas como deck de heroína y se la entregó a El Cano (Vázquez Pía), recibiendo a cambio una cantidad de dinero. Con el propósito de arrestarlo, el agente González Bisó se dirigió a Vázquez Pía quien echó a correr pero fue detenido, se le ocupó el deck, se le confiscó su auto-móvil y fue acusado de violar la Ley de Drogas y Narcóticos. Por su' parte el agente Ismael González detuvo al apelante a quien le ocupó en el bolsillo derecho del pantalón un sobre manila conteniendo siete envolturas a manera de decks de heroína y en el bolsillo izquierdo del pantalón la cantidad de $192.00. El análisis químico de todas las envolturas ocupadas al apelante dio positivo de heroína.

El apelante, además de haber hecho declaración de culpa-bilidad en los cargos por posesión y transportación y oculta-ción de la droga narcótica conocida como heroína, admitió en la silla testifical que los agentes le ocuparon encima los susodichos decks. Declaró además que hacía dos semanas que había venida de Nueva York y no estaba trabajando. Des-cribió los hechos así:

“R El día de los hechos yo me encontraba sentado frente al Edificio 32. Entonces, en esos momentos llegó, llegaron estos dos caballeros que declararon hace poco. Uno de ellos se me paró al frente y otro por la espalda. El de la espalda me metió un can-tazo por aquí. Entonces, el otro me dijo que me levantara. Al yo levantarme, él me metió la mano al bolsillo y me sacó los siete decks.
P ¿Usted ha sido convicto de algún delito alguna vez?
R No, señor.”

El fiscal no presentó evidencia sobre el análisis quí-mico del supuesto deck vendido por el apelante a Vázquez Pía (El Cano), si es que dicho deck fue entregado al químico para análisis. Este declaró que el agente González le entregó sola-mente siete decks. No se estableció si el deck alegadamente vendido a El Cano fue entregado a un químico para su análi-sis. La explicación que se dio para no producir esa evidencia fue que la misma pertenecía a otro caso, o sea, al caso seguido contra el supuesto comprador. Es poco convincente esta expli-cación porque esa evidencia era necesaria para probar el cargo por venta imputádole al apelante. De existir esa evi-dencia y de ser cierto que la misma le fue ocupada a “El Cano” por el agente González Bisó, fue suprimida voluntaria-mente por el fiscal y en su consecuencia opera la presunción de que dicha evidencia resultaría adversa al Pueblo si se hubiera ofrecido. 32 L.P.R.A. see. 1887 (5).

En estas circunstancias el fiscal no puede descansar en la inferencia que de los otros hechos pudiera hacer el juzgador, para probar el cargo por venta.

Es cierto que en el caso de Pueblo v. Aviles Ralat, 94 D.P.R. 83 (1967), confirmamos la sentencia a base de la inferencia que justificaban los hechos, pero allí, contrario a lo ocurrido aquí, no se ocupó la evidencia porque el comprador escapó con ella.

El fiscal renunció al testimonio del agente González Bizó por ser prueba acumulativa y lo puso a disposición de la defensa, la que luego de entrevistarlo no lo utilizó como testigo. Sin embargo, con su testimonio no se hubiera probado que el alegado deck vendido a El Cano contenía heroína.

Por otro lado, la supresión voluntaria por el fiscal de la prueba más fuerte y satisfactoria estando en aptitud de ofrecerla, nos obliga a mirar con sospecha la otra prueba sobre la alegada venta. 32 L.P.R.A. see. 1679.

No habiéndose probado el cargo por venta más allá de toda duda razonable, debe revocarse la sentencia apelada, y dic-tarse otra absolviendo al acusado-apelante.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mateo López Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-73-33

      Resuelto: 28 de enero de 1974

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Myriam Naveira de . , .Bodón, Procuradora General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante fue convicto por tribunal de derecho, luego de renunciar al juicio por jurado, del delito de Asesinato en Primer Grado y sentenciado a reclusión per-petua.

En este recurso de apelación señala la comisión del siguiente:

“Unico Error: Cometió error la Ilustre Sala Sentenciadora al declarar culpable al apelante del delito de asesinato en primer grado habiéndose probado, a lo sumo, un delito de Homicidio Voluntario.”

Argumentando este error el apelante sostiene que en la prueba hay ausencia de deliberación y que la muerte de la niñita María del Carmen López ocurrió en ocasión de un arre-bato de cólera.

No tiene razón. La malicia, premeditación y deliberación quedaron probadas.

El apelante Mateo López Rodríguez vivía maritalmente con Myrna Ruiz Caraballo en el barrio Carrizales de Yauco y habían procreado tres hijos, entre ellos una niñita de 15 meses de edad llamada María del Carmen López Ruiz.

El día 26 de septiembre de 1970, el apelante tuvo un dis-gusto con su concubina Myrna porque ésta le pidió que fuera a buscar unos baldes de agua a lo cual él se negó. La niñita María del Carmen estaba llorando y su madre la sentó en el piso. El apelante levantó a la niña y la golpeó fuertemente contra el piso que era de concreto. La madre la recogió y el apelante, arrebatándosela de los brazos volvió a darle a la niña contra el piso. Los golpes fueron tan violentos que la niñita murió instantáneamente debido a una ruptura de la aurícula derecha del corazón que le produjo un taponamiento pericárdico.

Después de estos hechos de violencia el apelante amenazó' a la madre de la niñita con matarla a ella y a sus otros dos hijos, si gritaba y le dijo que dijera que la niñita se había caído de la cama.

La deliberación es un acto subjetivo del acusado, no puede probarse con evidencia directa y se precisa, por lo tanto, recurrir a los hechos del caso para determinar si de ellos puede inferirse racionalmente dicha deliberación. Pueblo v. Ramos Padilla, 88 D.P.R. 384 (1963); Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767 (1954); Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371 (1947). Los elementos de premeditación y deliberación, pue-den deducirse de las circunstancias y relación entre las partes, así como de los actos y conducta del acusado. Pueblo v. Padilla, supra; Pueblo v. Román, 70 D.P.R. 50 (1949). Para que exista la deliberación no es necesario que transcurra deter-minado período de tiempo entre la intención de matar y la muerte misma, y tanto la deliberación como la premeditación pueden existir y concebirse en el momento mismo del ataque. Pueblo v. Merced Jiménez, 100 D.P.R. 270 (1971); Pueblo v. Ramos Padilla, supra; Pueblo v. Blanco, supra; Pueblo v. Román, supra; Pueblo v. Rosario, supra. Convenimos con el siguiente razonamiento del Procurador General:

“En el caso de autos, la prueba de cargo — que fue creída por el juzgador — demostró que el acusado se molestó con su esposa Myrna Ruiz Caraballo porque ésta le dijo que fuera a buscar un •balde de agua que dicho acusádo cogió a su hijita María del Carmen López de Ruiz, de quince meses de nacida, que se encontraba sentada en el piso de concreto de su casa, y la tiró con gran fuerza contra el piso y que al recoger la madre a la niñita el acu-sado se la arrebató de sus brazos y volvió a tirarla nuevamente contra el suelo con fuerza tal que le ocasionó la muerte instan-tánea debido a una ruptura de la aurícula derecha del corazón que le produjo un taponamiento pericárdico.
De los hechos y actos cometidos por el acusado puede inferirse racionalmente la deliberación. Se trata de una agresión cruel y brutal contra una indefensa e inocente criatura de quince meses de nacida, que es lanzada con gran fuerza contra el piso en dos ocasiones. La agresión es llevada a cabo más bien como un des-quite del acusado contra su esposa por un absurdo e inexplicable coraje que le produjo una insignificancia que ésta le dijo. Es claro que tanto la premeditación como la deliberación se forma-ron y concibieron en la mente del acusado instantes antes del atroz ataque que sufrió la desgraciada niñita. El cuadro de hechos que presenta este caso solo es compatible con el delito de asesi-nato en primer grado.” (Informe del Procurador General, pág. 3.)

Tampoco tiene razón el apelante al sostener que la muerte ilegal de su hijita ocurrió con ocasión de un arrebato de cólera que convierta el delito en uno de homicidio voluntario. Para que la provocación reduzca el delito de asesinato a homicidio voluntario tiene que ser aquella de tal naturaleza que haga perder el dominio de si mismo a un hombre de temperamento corriente obligándolo a actuar por el impulso producido por notable provocación, sin la debida .reflexión y sin formar un determinado propósito, Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972); Pueblo v. Saltari, 53 D.P.R. 893 (1938).

Aquí no hubo prueba de provocación alguna y menos por parte de la infortunada niñita de quince meses de edad. El hecho de que al acusado le diera coraje y aun cuando estuviera “rabioso” porque su concubina lo mandó a buscar unos baldes de agua no es suficiente para que un hombre de temperamento corriente pierda el dominio de si mismo, se ensañe contra una indefensa niña, que es su propia hija y la azote violentamente contra el suelo hasta ocasionarle la muerte.

Se confirmará la sentencia apelada.

      La teoría de defensa fue que el apelante no había peleado con su mujer ese día, no estaba molesto ni colérico y que él sentó a la niñita en una silla cerca de la puerta de la casa y salió y que al regresar encontró a la niña en el piso fuera de la casa con un golpe en la cara y sin conoci-miento.


text:
    Fernando Martínez Rivera, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, demandado.

      Número: O-73-255

      Resuelto: 28 de enero de 1974

      Fernando Martínez Rivera, pro se; Benigno Alicea Alicea, abo-gado del peticionario; Myriam Naveira de Rodón, Procura-dora General, y Carmen Celinda Ríos, Procuradora General Auxiliar, abogadas del demandado.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Un convicto extinguiendo sentencia de 5 a 10 años de presidio en la Penitenciaría Estatal por infracción de la antigua Ley de Narcóticos luego de agotar remedios bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal radicó por derecho propio una solicitud de hábeas corpus y un juez de la sala de instancia “encontró causa” y expidió el auto señalando vista para el 25 de agosto de 1972. Dicho día se llamó el caso ante otro juez y como el peticionario nó tenía abogado le nombró uno que pidió tiempo para prepararse y terminó la vista con la expresión por el tribunal de que “cuando esté listo se señalará nuevamente este caso.” No se señaló más.

El 11 de junio de 1973 el tribunal notificó orden bajo la Regla 11 de Administración advirtiendo al recluso que su recurso llevaba más de 6 meses inactivo, la que fue seguida por sentencia de 22 de junio de 1973 desestimando y archi-vando el caso a tenor de la citada Regla 11.

Sólo el probable acto per incuriam de haber incluido este expediente entre los muchos que al finalizar el año fiscal se archivan en bloque por abandono, explica la muerte sin gloria del venerado recurso de hábeas corpus.

Para revivir ante la clase profesional y la judicatura la altísima jerarquía de este auto de libertad, el más templado instrumento contra la opresión, el abuso y la injusticia, privilegio del pueblo así calificado en la Constitución (Art. II, sec. 13), hemos de reiterar que la Regla 5(b) de Administración instruye el señalamiento del hábeas corpus a tenor de la ley especial que lo regula, en estos casos los Arts. 472 y 480 del Código de Enjuiciamiento Criminal (34 L.P.R.A. sees. 1744 y 1752), los cuales mandan expedir el auto sin demora cuando resultare que deba- expedirse y conceden al tribunal “amplios poderes” para ejecutar todos los actos y diligencias necesarios hasta resolver con arreglo a derecho.

Los preceptos citados imponen a las cortes, no al peticionario, la iniciativa de señalar y la obligación de considerar y finalmente resolver la solicitud de hábeas corpus, lo cual coloca este caso fuera del ámbito de la Regla 11 proveyendo archivos por inactividad, toda vez que ésta es imputable al tribunal y no al peticionario.

Recordemos que esta no es una contienda privada sino una saturada de gran interés público (Rivas Rivera v. Jefe Penitenciaría, 86 D.P.R. 571, 572 (1962)); que el hábeas corpus, una vez que se expide el auto, constituye esen-cialmente una encuesta que abre el propio Estado para inves-tigar la validez de la privación de la libertad de uno de sus ciudadanos. En ese sentido la misión del tribunal no es la del mero árbitro pasivo de las controversias ordinarias adversa-tivas que depende para fallar de aquellos elementos de juicio que las partes en contrario tienen a bien someterle. Hay un interés primordial del Estado en un hábeas corpus, el que la verdad se esclarezca, habiendo de por medio la libertad 'del individuo. (Córcoles Droz v. Jefe Penitenciaría, 89 D.P.R. 1, 13 (1963).) No hay lugar para refinamientos prpcesales (Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 373, 383 (1964)), y menos para el olvido que siempre hay detrás de una sentencia de archivo por abandono.

Se dejará sin efecto la sentencia de archivo dictada en 22 de junio de 1973, por la Sala de Ponce del Tribunal Superior, a la cual se devolverá el caso para continuación de procedi-mientos consistentes con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Salamán Sebastián, acusado y apelante.

      Número: CR-72-91

      Resuelto: 29 de enero de 1974

      Carlos R. Noriega, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Carmen Celinda Ríos, Procu-radora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

(En Reconsideración)

El apelante renunció con todas las formalidades de ley su derecho a juicio por jurado el 25 de junio de 1969. Aceptada la renuncia, el juicio fue pospuesto y no se comenzó hasta el 28 de enero de 1970 (7 meses más tarde) ante otro juez de la Sala de San Juan del Tribunal Superior. Llamado a juicio el acusado hizo alegación de inocencia, su abogado pidió juicio por jurado (T.E. II, 10) y el 'juez ordenó que se insaculara un jurado. Se llamaron 12 personas y la defensa inició el voir dire examinando a 5 de los jurados. En ese momento el juez nota en el expediente que el acusado había renunciado al jurado y llama la atención al abogado defensor quien expresa que es correcta la aseveración del juez. El acusado permaneció silencioso durante todo el incidente; no se le hace pregunta ni advertencia alguna sobre lo que está ocurriendo. El caso continúa viéndose por tribunal de derecho. Entendemos que la actuación del tribunal adentrándose en la celebración de un juicio por jurado al extremo de llamar 12 personas e iniciar el examen de cualificación, equivale a una restitución del derecho renunciado por el apelante anterior-mente. Se ha resuelto que se mantendrá la renuncia sólo cuando la restitución del derecho a juicio por jurado interfiera con la ordenada administración de los asuntos del tribunal, resulte en demoras innecesarias, inconvenientes ajos testigos o perjuicios a la otra parte, circunstancias no presentes en este caso. People v. Melton, 271 P.2d 962; Floyd v. State, 90 So.2d 105.

En el presente caso transcurrieron 7 meses entre la re-nuncia del derecho y el comienzo del juicio, y en algunas jurisdicciones no se descarta el tiempo como factor determi-nante de un cambio de táctica de la defensa para enfrentarse a circunstancias distintas a las que rodean su anterior renun-cia. Newton v. State, 52 So.2d 488. No es necesario, sin embargo, resolver ahora en cuanto al efecto decadente si alguno del transcurso del tiempo sobre la renuncia al juicio por jurado.

Consideramos que la sala de instancia al iniciar el juicio llamando un jurado y adelantando la insaculación del mismo enervó y restó eficacia legal a la renuncia hecha por el apelante y representó a éste con suficiente relieve que tendría un juicio por jurado como lo había solicitado su abogado. Los hechos relatados colocan este caso dentro de la excepción reconocida por este Tribunal en Pueblo v. Robledo Torres, 101 D.P.R. 753 (1973), al expresar: “. . . Habiéndose sometido el acusado a juicio bajo la eficacia de su, anterior renuncia dél derecho a juicio por jurado, sin solicitar la resti-tución del derecho renunciado, y en ausencia de actuaciones por el Tribunal que en modo alguno enervaran o anularan dicha renuncia previa, asistido como estuvo el apelante en todo momento por defensor idóneo, no era necesario repetir las formalidades y exigencias anejas a la renuncia al jurado.” (Énfasis suplido.)

Debió, por tanto, darse cumplimiento a la Regla 111 de Procedimiento Criminal y a nuestra constante jurisprudencia cerciorándose el Tribunal de que el acusado renunciaba en forma libre, espontánea e inteligente al juicio por jurado. No habiéndose tomado su consentimiento válido para retirar el jurado preliminarmente constituido, el fallo apelado no puede prevalecer.

Se revocarán las sentencias apeladas y se ordenará la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió con opinión con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín. El Juez Asociado Señor Dávila emitió voto particular con el cual concurren el Juez Presidente Señor Pérez Pimentel y los Jueces Asociados Señores Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué.

.Opinión disidente del Juez Asociado Señor Rigau con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín

San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1974

Con todo el respeto debido a los criterios distintos al mío, muy a mi pesar, disiento de la opinión mayoritaria.

Se trata de un caso de posesión, transportación y venta ilegal de heroína. Se revocan las sentencias recaídas en este caso por la razón de que se le violó al acusado su derecho cons-titucional a juicio por jurado. Expresa la opinión mayori-taria que debió darse cumplimiento a la Regla 111 de Proce-dimiento Criminal y a nuestra jurisprudencia cerciorándose el tribunal de instancia de que el acusado renunciaba en forma libre, espontánea e inteligente al juicio por jurado.

No creo que en el caso de autos se violó ningún derecho constitucional del acusado. Voy a tratar de demostrarlo. Por el contrario, también trataré de demostrar que fue el acusado el que abusó de su derecho a ser tratado con ecuanimidad por el tribunal de instancia. Para ello es necesario que examine-mos el caso con algún detenimiento y con precisión. Del examen que hagamos del mismo creo que surgirá que no se le violó al acusado su derecho constitucional a juicio por ju-rado, sino que él lo renunció en forma explícita, inteligente y clara.

En el acto de la lectura de la acusación, celebrado el 14 de febrero de 1969, se señaló la vista del caso para el 23 de abril de 1969. Llamado el caso ese día, el abogado defensor, a pesar de haber tenido más de dos meses de aviso, no compare-ció por estar ocupado en otro foro. A través de otro abogado solicitó la suspensión de la vista. El tribunal accedió a la soli-citud de posposición y señaló la vista para el 25 de junio del mismo año.

Llegado dicho 25 de junio se llamó el caso para la vista. Compareció el acusado personalmente y representado por abogado. Al comienzo de la vista, cuando el magistrado que presidía el juicio preguntó si el letrado allí presente represen-taba al acusado, la defensa se expresó como sigue:

“Defensa: Sí, V.H., nosotros en este acto vamos a, en primer lugar, a renunciar específicamente al derecho que tiene el acu-sado a que se le celebre un caso por jurado. Le hemos explicado, y él ha entendido, lo que es un juicio por jurado. Le hemos expli-cado el alcance de esa renuncia y el acusado ha entendido ambas cosas y se ratifica en su deseo de renunciar al jurado y que el caso lo vea el Magistrado que preside este Hon. Tribunal.”— T.E. 1,1-2.

Sobre este aspecto el juez intervino en la siguiente forma:

“Hon. Juez: Primero vamos a oir al acusado. Pablo Salamán Sebastián, a usted se le imputan infracciones a la Ley de Drogas y Narcóticos. Su abogado nos ha dicho, compañero Noriega, que usted desea renunciar al derecho que tiene a que este juicio sea celebrado ante un jurado.
Acusado: Sí, señor.
Hon. .Juez: ¿Usted oyó a su abogado decir eso?
Acusado: (El acusado hace un movimiento afirmativo con la cabeza.)
Hon. Juez: Yo lo veo que mueve la cabeza afirmativamente, pero yo quiero oírle.
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez: ¿Sabe lo que es un jurado?
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez: ¿Desea usted renunciar al juicio por jurado?
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez: Para que este Tribunal esté consciente de que usted sabe lo que es un'jurado, estar seguro que usted lo sabe, el Tribunal, le dice a usted que un jurado lo componen doce ciudada-nos, doce ciudadanos que son escogidos de un grupo de ciudada-nos que son citados al Tribunal para que actúen en la capacidad de jurados y que en la formación de este jurado intervienen su abogado y el Fiscal. Que una vez que se constituye el jurado formado por doce ciudadanos, el Fiscal ofrece la prueba que tenga en apoyo de la acusación, que usted ofrece la prueba que usted tenga, si alguna tiene, porque usted no viene obligado a ofrecer prueba. Que el jurado es instruido por mí en cuanto al derecho aplicable al caso y que luego es el jurado el que re-suelve si usted es inocente o si usted es culpable de estos hechos. Le digo que el jurado resuelve los casos a base de mayoría de votos. Que de los doce jurados nueve tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a si usted es inocente o culpable. Si usted re-nuncia al jurado, lo que ocurre es que el jurado no interviene en el proceso y solamente yo, o el Juez que presida esta sala en el momento en que -se celebre el proceso, oye la prueba él solo y con su solo voto resuelve si usted es inocente o si usted es culpable. Le advierto que el derecho a juicio por jurado es un derecho que usted tiene y que nadie más puede renunciarlo a su nombre, sino que usted solamente es el que está autorizado a renunciarlo, si desea renunciarlo. Primero le pregunto si usted- sabe ahora la función del jurado en este caso.
Acusado: (Hace un movimiento afirmativo con la cabeza.)
Hon. Juez: Dice que sí con la cabeza, pero yo quiero oírlo.
Acusado:. Sí, señor.
Hon. Juez: ¿ Desea usted renunciar a ese derecho ?
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez: ¿Quiere que sea yo sólo el que oiga la prueba y resuelva si usted es inocente o culpable?
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez: ¿Qué edad usted tiene?
Acusado: Veinte años.
Hon. Juez: ¿Ha estado en la escuela?
Acusado: Sí.
Hon: Juez: ¿Hasta qué grado?
Acusado: Hasta cuarto año.
Hon. Juez: ¿De escuela superior?
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez: ' ¿Usted ha hablado con su abogado, su abogado le explicó lo que era un jurado?
Acusado: Sí, señor.
Hon. Juez: Compañero Noriega, le explicó el compañero Noriega a este acusado el alcance, beneficio o no beneficio que pueda tener él al renunciar al jurado y ver este caso por Tribunal de Derecho ?
Defensa: Ampliamente, V.H.
Hon. Juez: El Tribunal admite la renuncia que hace este acusado de su derecho a ser juzgado por un jurado, veremos este caso por Tribunal de Derecho.” — T.E. I, 2-6.

También al comienzo de la. vista, la defensa informa al tribunal que no está preparada para ver el caso. Esto ocurre el 25 de junio de 1969, fecha del segundo señalamiento para la vista en los méritos. Dicho día 25 de junio la defensa soli-citó que el caso se pospusiese otra vez. El tribunal le pre-gunta si estaría disponible para el 29 de septiembre. La' defensa contesta que tiene esa fecha disponible, pero que a él le sería “más cómodo” un lunes de octubre. El tribunal accede y señala por tercera vez el caso para el 6 de octubre.

El 6 de octubre se llama el caso y la defensa nuevamente dice que no está preparada. A su solicitud se vuelve a señalar por cuarta vez para el 3 de diciembre de 1969. Llega dicho día 3 de diciembre y la defensa otra vez dice no estar lista para entrar a ,1a vista del caso. Se señala el caso por quinta vez para el 28 de enero de 1970.

Se llama el caso el 28 de enero de 1970 y la defensa toda-vía pretende una nueva posposición. Aparentemente colmada la paciencia del tribunal, éste expresa que los hechos del caso ocurrieron el 5 de agosto de 1968; que el caso se ha suspendido varias veces y decide ver el caso.

En ese momento, el juez, sin estar consciente de que el acusado había renunciado al juicio por jurado, pregunta si el juicio va a celebrarse por jurado o por tribunal de derecho y la defensa dice que por jurado. Así inducido por la defensa, el juez ordena llamar a los jurados para constituir el panel. Mientras se llevan a cabo los trámites de insacular al jurado el juez, al examinar el expediente se da cuenta de que el acusado había renunciado al jurado en forma expresa en la vista del 25 de junio antes mencionada. El juez así lo hace saber y la defensa dice que eso es cierto, que lo había olvidado por el tiempo transcurrido y que “nos sometemos a la discre-ción del Tribunal.” (Énfasis nuestro.) — T.E. II, 15. Vuelve el juez a preguntar si el caso se va a ver por jurado o no y la defensa se ratifica en la decisión anterior de que sea por tribunal de derecho y añade “Nosotros no vamos a echar para atrás nuestra palabra ni sería esa nuestra intención.” — T.E. II, 15.

Insiste el juez, aunque ya era innecesario, y tiene lugar el siguiente intercambio:

“Hon. Juez: No es que el Tribunal presione al Compañero, es un derecho que tiene, un derecho constitucional que tiene el acusado. Quise recordarle al Compañero que después de leer las minutas del Tribunal, el Juez había interrogado al acusado sobre eso.
Defensa: Yo quiero disculparme del Tribunal por ese olvido. Nosotros no vamos a decir que eso no es así; al contrario, nos ratificamos en eso y nos sometimos por Tribunal de Derecho.” (Énfasis nuestro.) — T.E. II, 15-16.

Luego de eso el tribunal expresa que habiéndo renunciado al derecho de juicio por jurado el tribunal excusa a los señores llamados para constituir jurado. Comienza a verse el juicio y al final del día el tribunal anuncia que el juicio se continuará el 4 de febrero a las dos de la tarde.

Continúa el proceso en dicha fecha y luego de practicarse más prueba el tribunal anuncia que va a recesar y que el caso se continuará el viernes próximo. La defensa informa que no puede por estar ocupada ese día. El tribunal lo señala para el lunes que le sigue pero la defensa anuncia que tam-poco podrá por estar ocupada. Finalmente la defensa propone que el juicio se siga el día 13 de ese mes de febrero por la tarde. El tribunal accede a los deseos de la defensa. A pesar de haber sido la propia defensa la que fijó la fecha para la continuación del caso, el 11 de febrero solicitó otra posposición y propuso el lunes 16 a las dos de la tarde. El tribunal volvió a acceder a los deseos de la defensa.

De lo anteriormente reseñado puede verse que lejos de violarse ningún derecho constitucional del acusado, el tribunal fue complaciente en exceso. Digo en exceso porque a la tercera solicitud de posposición debió haber nombrado un abogado defensor y ver el caso. Ciertamente, excepto por extrema fuerza mayor, un caso no debe llegar a un quinto señala-miento. No hay ningún problema constitucional en cuanto a la renuncia del acusado del derecho a juicio por jurado. Su renuncia a dicho derecho fue explícita e inteligente. La expli-cación que le dio el Juez fue completamente satisfactoria.

' Con motivo del largo tiempo transcurrido, debido a las posposiciones solicitadas y conseguidas por la defensa, cuando se iba a comenzar el-juicio en sus méritos ni la defensa ni el juez estaban conscientes de que el acusado había renunciado al jurado. Pronto surgió, como hemos reseñado, dicha situa-ción y como también hemos demostrado, el juez volvió a pre-guntar si el juicio sería por jurado o por tribunal de derecho. La defensa anunció que se sometía a la discreción del tribunal y más tarde, ya en forma expresa, dijo claramente que se sometía a juicio por tribunal de derecho. Él acusado estaba presente. No se trata de un analfabeta sino de una persona que ha cursado hasta cuarto año de Escuela Superior.- No cabe la menor duda de que él sabía diferencia entre un juicio por tribunal de derecho y un juicio por jurado. El no manifestó en ningún momento que deseaba retirar su renuncia al jurado y, asistido por su representación legal, consintió al juicio por tribunal de derecho tal como lo había solicitado. El mero hecho de que momentáneamente ni la defensa ni el juez se acordasen de que el acusado había renunciado al jurado no requiere que el acusado haga personalmente una segunda renuncia. La Regla 111 no requiere dos renuncias pór parte del acusado. Una, si es inteligentemente hecha, es suficiente. Su renuncia fue válida y el proceso celebrado también lo fue. Nadie tiene un interés creado en los errores no perjudiciales de un juez.

. Como se sabe, el verdadero entendimiento de la diferencia entre juicio por jurado o por tribunal de derecho lo hace el acusado, no en el momento del juicio, sino en la privacidad del despacho del abogado defensor cuando éste le explica a su cliente la diferencia entre ambos, juicios, sus ventajas y des-ventajas en su caso particular y le proporciona todo el consejo necesario para que el acusado haga su elección. Como cuestión de realidad, es solamente como medida preventiva para reme-diar el caso improbable en que un abogado no supiese expli-carle a su representado esa diferencia, que se exige que el acusado haga personalmente la renuncia del jurado y que se le haga la consiguiente explicación por el juez. ■

Salvo ese caso improbable ya dicho, cuando el acusado comparece al tribunal para la vista en su fondo ya ha sido ampliamente informado por la defensa sobre el particular y ya ha tomado la decisión de si va a renunciar al jurado o no. Aunque puedo presumir, y lo presumo, que en este caso el abogado informó muy competentemente al acusado sobre esos pormenores, si no lo hubiese así hecho la explicación del juez al comienzo del proceso habría curado esa omisión pues su explicación fue muy completa y satisfactoria.

Estoy convencido de que si el juez, en vez de continuar el proceso por tribunal de derecho, como lo había solicitado el acusado, hubiese continuado el juicio por jurado, de haber salido culpable el acusado hubiese venido ante este Tribunal argumentando, que contra su voluntad diáfanamente expre-sada de preferir juicio por tribunal de derecho, se le había impuesto arbitraria e ilegalmente un juicio por jurado.

La posición del acusado ante nosotros presenta una táctica que no podemos aprobar. El proceso judicial es una etapa seria en la aplicación del derecho y en el mantenimiento de un sistema de ley que no admite tácticas de esa naturaleza. Admitirlas sería, en mi opinión, restarle seriedad y dignidad a los tribunales y al proceso judicial. Además creo que la opinión mayoritaria tiene que crear un sentido de desazón y desconcierto entre los jueces del tribunal de primera instancia por razón de encontrarse desvalidos y vulnerables ante tácti-cas por parte de los acusados como la que aquí hemos reseñado.

Creo que el Tribunal, ante la presente moción de reconsi-deración debe dejar en pie su sentencia original en este caso, dictada en 8 de mayo de 1973. En dicha sentencia no admi-timos “el supuesto derecho del acusado a renunciar por se-gunda vez al jurado” y confirmamos las sentencias apeladas.

Por entender que al acusado en este caso no se le violó derecho constitucional alguno, ni estatutario, sino que por el contrario se movió con una comodidad asombrosa durante el proceso, yo no revocaría las sentencias apeladas.

Voto particular del Juez Asociado Señor Dávila con el cual concurren el Juez Presidente Señor Pérez Pimentel y los Jueces Asociados Señores Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué

San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1974

Concurro con la opinión del Tribunal, pero esto no obstante, comparto el criterio expresado en la opinión del Juez Asociado Señor Rigau al efecto de que “a la tercera solicitud de posposición [el tribunal de instancia] debió haber nom-brado un abogado defensor y ver el caso.” No debe sancionarse la práctica de conceder posposiciones de señalamientos indis-criminadamente. Tal práctica atenta contra una buena admi-nistración de la justicia y quebranta la confianza de la ciudadanía en los tribunales.

       Para una protesta del Juez Presidente de los Estados Unidos sobre la indebida prolongación de los casos de derecho penal y sobre las repetidas vistas y juicios excesivos en dichos casos, véase Burger, “Crime and Criminal Law Today,” 28 Rev. C. Abo. P.R. 157, 162 (1967).

        Pueblo v. Rodríguez Martínez, 98 D.P.R. 70 (1969); Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1966); Pueblo v. Rodríguez Esmurria, 90 D.P.R. 532 (1964); Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 467 (1964); Pueblo v. Martínez Rivera, 90 D.P.R. 163 (1964); Pueblo v. Castro Cruz, 90 D.P.R. 206 (1964); Pueblo v. Hernández Rodríguez, 89 D.P.R. 770 (1964).; Pueblo v. Couret Martínez, 89 D.P.R. 57 (1963) y Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563 (1962).


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    José R. Lebrón Velázquez, demandante y recurrido, v. Carlos Romero Barceló, etc., et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-71-45
    Resuelto: 4 de febrero de 1974

      William H. Preston, Jr., José R. Feijoo y José Ramón Pérez Hernández, Josefina Riollano y Luis F. Candal, abogados de los recurrentes; Luis Muñoz Rivera, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de si el Municipio de San Juan debe pagarle al demandante recurrido el importe en dinero de 56 días de vacaciones acumuladas. De una Sentencia resolviendo el asunto en la afirmativa, dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. J. Rivera Barreras, Juez, recurre el Municipio.

Las partes sometieron el caso en el tribunal de instancia por una estipulación de hechos y los alegatos.

Estipularon que el demandante desempeñó el cargo de Director de la División Legal del Municipio de San Juan desde el primero de febrero de 1965 hasta el 12 de enero de 1969. Desde el primero de julio de 1968 su sueldo era de $18,000.00 anuales. Estipularon también que el demandante acumuló las vacaciones que se indican en una Certificación emitida en 10 de enero de 1969 por la entonces Alcaldesa de San Juan, Hon. Felisa R. Gautier y por María C. Castro, encargada de la Sección Kardex de la División de Personal del Municipio de San Juan, Certificación que hicieron formar parte de la estipulación como Exhibit I.

Dicha Certificación arroja un balance neto de licencia acumulada por el demandante a 12 de enero de 1969 de 116 días. Se estipuló además que el demandante recibió el pago de 60 días por concepto de vacaciones, de cuyo pago se le descontaron las aportaciones correspondientes para él Seguro Social Federal y para el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico. Quedaron pendientes de pago 56 días. El importe de dichos 56 días no le ha sido pagado al demandante por el Municipio de San Juan, ni bajo la admi-nistración de la Sra. Gautier ni bajo la administración del demandado.

Porque surgieron dudas sobre si el pago de las vacaciones en exceso de 60 días era legal, la Asamblea Municipal de San Juan en 7 de enero de 1969 aprobó la Ordenanza Núm. 87 mediante la cual dispuso que las vacaciones acumuladas en exceso de 60 días laborables no serían pagadas hasta que se obtuviese una sentencia declaratoria sobre la legalidad de dichos pagos de un tribunal competente. El día 30 de dicho mes y año el demandante presentó una acción que tituló de mandamus en el Tribunal Superior para que éste ordenase el pago del importe de dichos 56 días de vacaciones acumuladas. Como hemos indicado antes, el Tribunal Superior declaró con lugar la demanda y ordenó al Municipio de San Juan a hacer el pago mencionado.

El recurrente señala como errores los siguientes: (1) Que no procede el mandamus en este caso; (2) que era ilegal la acumulación de vacaciones en exceso de 60 días; (3) que el demandante no probó su caso; y (4) que no procede la imposi-ción de honorarios de abogado.

- Vamos a comenzar discutiendo el segundo señalamiento porque, como se verá, éste contiene la sustancia de la contro-versia. La Ordenanza Núm. 63, del Municipio de San Juan, Serie 1964-65, aprobada en 9 de diciembre de 1964, estableció un Sistema de Personal para.dicho Municipio. La referida Ordenanza es un documento extenso, técnicamente bien orga-nizado y sigue el patrón usual de los sistemas de mérito del servicio público.

La Ordenanza Núm. 63 antes mencionada, en su See. 29, la cual trata sobre Licencia de Vacaciones, dispone en lo pertinente como sigue:

“El funcionario administrativo y el empleado en el Servicio por Oposición y sin Oposición acumularán licencia de vacaciones a razón de dos y medios días laborables por mes completo de servicio, excluyendo domingo y días feriados con paga. No acu-mularán licencia de vacaciones por período mayor de 60 días excepto en aquellos casos en que el Alcalde, por necesidad del servicio, les deniegue el disfrute de las vacaciones acumuladas.” (Énfasis nuestro.)

Más adelante la citada sección dispone lo siguiente:

“Todo funcionario administrativo y empleados del Servicio por Oposición y sin Oposición que se separe del servicio por cualquier causa, excepto muerte o destitución tendrá derecho a recibir paga sin limitación de clase alguna por aquella licencia de vacaciones que tenga acumulada a la fecha de su separación.” (Énfasis nuestro.)

De esas disposiciones se desprende que el demandante al renunciar su cargo tenía derecho a recibir en efectivo el equi-valente de los sesenta días de licencia regular por vacaciones acumuladas y el equivalente en dinero de las vacaciones acu-muladas en exceso de dichos sesenta días, siempre y cuando que el Alcalde por necesidad del servicio, le hubiese denegado el disfrute de dichas vacaciones. De la prueba surge que en 9 de enero de 1967 el demandante le escribió a la entonces Alcal-desa solicitando treinta días de licencia por vacaciones. La Alcaldesa, mediante su carta de 12 de enero de 1967, le denegó dicha petición en los siguientes términos:

“He recibido su carta del 9 de enero de 1967, en la que usted solicita que se le autorice a disfrutar de un período de vacaciones de 30 días comenzando, el 1ro. de febrero de 1967. Debido a las exigencias del servicio y al período legislativo, no me es dable acceder a sus deseos, por lo que me veo precisada a denegar su solicitud.”

Al año siguiente, en 24 de enero de 1968 el demandante volvió a solicitar mediante carta treinta días de vacaciones regulares. Mediante su carta de 29 de enero de 1968, la Alcaldesa denegó dicha petición en los términos siguientes:

“He recibido su carta del 24 de enero de 1968, por medio de la cual usted solicita se le permita disfrutar de un período' de 30 días de vacaciones regulares.
Debido a que estamos en el período en que la Asamblea Legislativa está sesionando y a que como parte de sus deberes usted debe comparecer ante comisiones de los cuerpos colegisla-dores y tomando en cuenta, además, que existe una vacante en la División Legal, y siendo que usted acaba de reintegrarse a sus labores, luego de su reciente enfermedad, muy a mi pesar, de-niego su solicitud de vacaciones.”

El 9 de enero de 1969 el demandante recurrido escribió una carta a la Alcaldesa renunciando a su cargo y solicitó el importe de las vacaciones acumuladas a la fecha de su renuncia.

De la correspondencia cursada entre el recurrido y la Alcaldesa surge claramente que el recurrido durante esos años no pudo disfrutar de licencia regular por habérsela negado, por necesidades del servicio, la Alcaldesa. Las vacaciones acumuladas en los dos años anteriores a su renuncia, lo fueron en virtud de las negativas de la Alcaldesa de enero de 1967 y de enero de 1968 de concederle vacaciones al recurrido. Esta situación está cubierta por la antes citada disposición de la See. 29 de la Ordenanza 63, disposición que permitía, por excepción, acumular licencia de vacaciones por un período mayor de 60 días cuando el alcalde, por necesidades del servicio, hubiese denegado el disfrute de vacaciones acumuladas.

La Asamblea Municipal de San Juan, a través de su Secretario, consultó al Secretario de Justicia sobre el particular. El Secretario de Justicia mediante su opinión de 30\ de diciembre de 1968, expresó que se había dado la impresión pública de que era ilegal acumular vacaciones en exceso de 60 días laborables, pero que no existía ninguna ley aplicable a los municipios que limitase a 60 días el término de licencia que podía acumular un empleado municipal. Reconoció el Secretario de Justicia que no era ilegal el pago de licencia acumulada en exceso de 60 días pero debido al giro controvertible que habían tomado estos asuntos para aquella fecha, recomendó que se obtuviese una sentencia declaratoria de un tribunal sobre el asunto.

El Municipio - recurrente, en su memorando en apoyo de su solicitud de revisión, expresa que “Admitimos que durante el período en que el peticionario estuvo trabajando con el Municipio de San Juan, no existía ley escrita que les impidiese a los municipios el permitir una acumulación en exceso de los 60 días. . . .” Igualmente en su alegato presentado posterior-mente hace idéntica admisión. Sin embargo, la posición del recurrente es que a pesar de no haber prohibición en ley en contrario, la citada disposición de la See. 29 de la Ordenanza Núm. 63 es nula por ser irrazonable y contraria a una buena práctica administrativa.

Desde luego, no hay que elaborar mucho para concluir que esas razones que aduce el recurrente podrían haber sido propias para presentarlas ante la Asamblea Municipal, que es el organismo legislativo del Municipio y a quien compete legislar sobre el particular en ausencia de legislación especí-fica por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, pero ciertamente como cuestión de derecho ésas no son razones que hagan nula en derecho la Ordenanza Núm. 63 ni su See. 29. Tenía razón el Secretario de Justicia al concluir que no era ilegal el pago de las vacaciones acumuladas por el recurrido. No se cometió el segundo error señalado.

En el señalamiento número 1 el recurrente alega que el mandamus no es el remedio adecuado para lo que pretende el demandante recurrido porque dicho remedio tiene por objeto el hacer cumplir deberes ministeriales. Independientemente de la cuestión de si pagar sueldos y vacaciones legítimamente habidos por un empleado gubernamental es un deber ministerial o no, cosa que aquí no tenemos que resolver, considera-mos acertada la posición que sobre ésto tomó el tribunal de instancia.

Se basó el tribunal en dos razonamientos que consideramos válidos. Uno es que el recurrente admitió que la acción que trajo el demandante recurrido sustituyó el pleito de sentencia declaratoria que para dilucidar estos asuntos ordenó llevar a cabo la Ordenanza Núm. 87, Serie 1968-69, aprobada por la Asamblea Municipal de San Juan en 7 de enero de 1969. Como bien argumentó el recurrente, iniciar otra acción “resultaría en innecesaria duplicidad [sic] de procedimientos que darían al traste con el principio de economía procesal.”

El otro razonamiento, también válido, que utilizó el tribunal de instancia al discutir el • señalamiento número uno es que el título que se le de a un recurso no es óbice para que/se conceda el remedio que corresponda. Cruz v. Director de la Lotería, 94 D.P.R. 260, 264 (1967) y autoridades allí citadas. Así por ejemplo, en Nuñez v. Jaime Benitez, Rector, 65 D.P.R. 864 (1946), una solicitud de mandamus fue considerada y resuelta como una sentencia declaratoria. Véanse además las Reglas 1, 70 y 71 de Procedimiento Civil.

Como bien señala el tribunal de instancia, la citada Orde-nanza Núm. 87 dispuso que las vacaciones acumuladas en exceso de 60 días laborables no serían pagadas hasta que se obtuviese una sentencia declaratoria y como el Municipio de San Juan no inició acción alguna para solicitar dicha senten-cia declaratoria el pleito incoado por el interesado, el aquí recurrido, puede considerarse qúe sustituyó la acción de sentencia declaratoria que debía iniciarse en este asunto. Puede añadirse que la Ordenanza Núm. 87, ,1a cual ordenó obtener una sentencia declaratoria antes de hacer el pago, creó una situación en que los dineros aquí envueltos se cobra-rían luego de que por sentencia declaratoria se determinase que correspondía hacer el pago. La Regla 14.2 de Procedi-miento Civil dispone que cuando se trata de una reclamación que dependa para su ejercicio de otra, dichas dos reclama-ciones pueden acumularse en el mismo pleito. No se cometió el señalamiento de error número 1.

En el tercer señalamiento el recurrente arguye que el demandante recurrido no probó su caso. Se pregunta. que cómo se harían los cómputos para la acumulación de las vacaciones. Discute sobre qué método o mecanismo había para contabilizar las mismas. El planteamiento carece de mérito. El recurrente estipuló que el demandante recurrido acumuló las vacaciones que se indican en la Certificación emitida al efecto por la Alcaldesa y por la Sra. Castro, la encargada de la Sección Kardex de la División de Personal del Municipio de San Juan, e hizo parte de la estipulación la mencionada Cer-tificación como Exhibit I. Dicha Certificación expresa que la licencia acumulada por el recurrido desde el 1ro. de febrero de 1965 hasta el 12 de enero de 1969 fue de 118.5 días. A esa suma le restaron 2.5 días que perdió quedando un total neto de 116 días para pagar. También dice dicha Certificación que la licencia pendiente de pago es de 56 días. Habiendo el recu-rrente estipulado los hechos no puede luego señalar como error que no se probaron. Cuando se estipula un hecho la otra parte confía en lo estipulado y está relevada de probarlo.

En el último y cuarto señalamiento el recurrente impugna la imposición de $800.00 por concepto de honorarios de abo-gado. Argumenta que no fue temerario. La realidad es la siguiente. La Asamblea Municipal del Municipio demandado aprobó la Ordenanza Núm. 87, la cual ordenó que no se pagaran las vacaciones hasta que se obtuviese sentencia del tribunal. Luego, el Municipio hizo inevitable el pleito. Fue el propio Municipio el que obligó al demandante recurrido a litigar. Litigó como demandante al iniciar la acción y si no la hubiese iniciado, hubiese • tenido que litigar como demandado de haberla iniciado el Municipio. No se cometió el cuarto error señalado.

Se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 25 de noviembre de 1970.

El caso de García v. Romero Barceló, R-70-355, el cual habíamos consolidado con este recurso está siendo resuelto mediante sentencia separada.

Los Jueces Asociados, Señores Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué, no intervinieron.

      Para casos posteriores a éste, es conveniente aclarar que la situa-ción de derecho ha cambiado. Mediante la Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1969, enmendatoria de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. sec. 1553a, se limitó a un máximo de. 60 días las vacaciones que los funcionarios y empleados municipales pueden acumular y cobrar. Los hechos del caso de autos son anteriores a esa fecha.

      Es cierto que los demandados recurrentes más tarde expresaron que fue un error de su parte hacer tal admisión, pero de todas maneras el ra-zonamiento es válido y lo hacemos nuestro.