author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Nicolás Nogueras, Hijo, querellante y recurrido, v. Fernando José Tonos Florenzán, querellado y recurrente.

      Número: O-80-603

      Resuelto: 31 de octubre de 1980

      Pedro Ortiz Álvarez y Guillermo Mojica Maldonado, abogados del recurrente; Nicolás Nogueras, Hijo, pro se.

   SENTENCIA

Por ser de estricta aplicación al caso de autos la defensa de incuria, procede la revocación de la Resolución de la Junta Revisora Electoral, del 30 de octubre de 1980, que descalifica al recurrente Fernando José Tonos Florenzán como candidato idóneo a representante por acumulación.

La propia Junta Revisora Electoral determinó que la fecha de nacimiento del recurrente Tonos Florenzán —quien cum-plirá veinticinco años el 22 de febrero de 1981— “era cono-cida por las partes desde mayo de 1980”, mes en que se celebraron las primarias de los distintos partidos políticos. Art. 4.008 (16 L.P.R.A. see. 3158). Ante esta circunstancia, ¿cómo puede justificarse que se dilatara hasta el 28 de octubre de este año —después de transcurridos aproximadamente cinco (5) meses siete (7) días antes del evento eleccionario— la formulación de la querella? Por todos es conocido que la de-fensa de incuria es procedente cuando la ley no establece tér-mino prescriptivo —Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663 (1971); Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622 (1946) — y aplica si se demuestra que la dilación causó o puede causar daño el demandado. J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135 (1974).

La Junta Revisora Electoral rechazó esta defensa bajo el razonamiento erróneo de que el recurrente Tonos Floren-zán no hizo alegación de daños y que, aunque la Ley Electoral no establecía término prescriptivo, era evidente que debía ejercerse antes de la elección. Al así hacerlo, incidió.

Los daños en casos en que está envuelto el sufragio electoral son inconmensurables. Se reflejan cuantitativamente sobre el recurrido, privándole de pugnar para un escaño legis-lativo, y cualitativamente sobre el propio candidato, el partido político y todos aquellos electores que endosaron original-mente su nominación y presumiblemente votarán por él.

En última instancia, la aplicación de la defensa de incu-ria en este caso no tiene otra consecuencia que remitir al foro que históricamente y por disposición constitucional es el única juez de la calificación de sus miembros, la Asamblea Legis-lativa.

Adviértase, además, el texto de la See. 5 del Art. Ill:

Ninguna persona podrá ser ¡miembro de la Asamblea Legis-lativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nom-bramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las per-sonas que no hayan cumplido treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido veinticinco años de edad.

Esta disposición expone los requisitos para ser miembro del Senado y de la Cámara de Representantes, no para ser candi-dato. Al interpretar el Congreso de Estados Unidos las dispo-siciones de la See. 2 y del tercer párrafo de la See. 3 del Art. I de la Constitución de Estados Unidos, que a tal respecto son similares, tal ha sido su interpretación. 79 Cong. Rec. 9651-53, 9841-42.

Se revoca la resolución de la Junta Revisora Electoral, del 30 de octubre de 1980.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en voto separado. El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión. El Juez Asociado Señor Martín no inter-vino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 1980

La Junta Revisora Electoral carece de jurisdicción toda vez que el único fundamento aducido para descalificar al re-cúrrente es que no cumple con el requisito constitucional de edad para ser miembro de la Cámara de Representantes (Constitución, Art. Ill, See. 5), determinación que está reser-vada a dicho cuerpo legislativo por disposición expresa de nuestra Constitución en su Art. Ill, Sec. 9.

Ordena el Art. 4.002 (16 L.P.R.A. sec. 3152) de la Ley Electoral:

En caso de la renuncia oportuna, muerte, incapacidad o nuli-dad legal de la nominación de un candidato de un partido po-lítico, ocurrida entre los noventa (90) y sesenta (60) días ante-riores al día de una elección, Ja vacante podrá cubrirse por el organismo directivo central de su partido mediante nombra-miento que certificará a la Comisión.
Si la vacante surgiere durante los cincuenta y nueve (59) días anteriores al día de la elección, no podrá haber sustitución y el nombre del candidato nominado aparecerá en la candidatura del partido, y de resultar electo se declarará vacante el cargo.

Llegado el 59no día que precede la elección, cuando ya no es posible substituir el nombre del candidato en la papeleta, se extingue toda facultad en la Junta Revisora Electoral para descalificar al nominado porque esa demorada acción propi-ciaría la alternativa de declarar vacante el cargo de un repre-sentante electo en las urnas; eventualidad que debe ser pros-crita toda vez que disminuye el valor del sufragio y la natu-raleza esencialmente representativa del sistema democrático. Los organismos que administran los comicios tienen la fundamental encomienda de encauzar en forma ordenada el ejer-cicio del sufragio universal, igual, directo y secreto (Consti-tución, Art. II, Sec. 2). Resulta contradicción de este pre-cepto anular la preferencia manifiesta del pueblo por un can-didato sometido a elección, en favor de otro escogido por un organismo político.

Procede anular la decisión de la Junta Revisora Electoral porque actuó sin jurisdicción.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 1980

Fernando José Tonos Florenzán fue certificado por la Comi-sión Estatal de Elecciones como candidato a Representante por AcumulaciónC por el Partido Popular Democrático para los comicios generales del próximo martes 4 de noviembre. Cumplirá veinticinco (25) años el 22 de febrero de 1981. Cuestiona ante nos el dictamen emitido el 30 de octubre de 1980 por la Junta Revisora Electoral accediendo a una “que-rella de descalificación” promovida dos días antes por el Sena-dor Nicolás Nogueras, hijo, mediante la cual se decretaba su descalificación bajo el fundamento de ser nula su nominación, y ordenaba al Administrador General de Elecciones la publi-cación de dicho hecho en los medios de difusión pública. La razón específica invocada, que encontró eco en el organismo recurrido, es que Tonos Florenzán no posee el requisito cons-titucional de veinticinco (25) años de edad preceptuado en el Art. Ill, Sec. 5 de nuestra Constitución.

1 — I

Con el fin de evaluar en sus méritos la cuestión medular del recurso, hemos de superar las barreras procesales que el recurrente Tonos Florenzán, en apoyo de su moción de deses-timación, levantó en el foro primario y reproduce en su peti-ción: capacidad (standing) y jurisdicción.

En ninguno de estos señalamientos le asiste la razón. Veamos. Primeramente, el querellante Nicolás Nogueras, hijo, como elector idóneo, e independientemente de ser sena-dor electo y aspirar nuevamente a dicho cargo, posee la capa-cidad suficiente y, por ende, el interés necesario para originar la querella. Y segundo, antes de una elección, la Junta Re-visora Electoral tiene jurisdicción y autoridad expresa por la ley para entender en querellas de descalificación. A tal efecto el Art. 1.022(3) reconoce que podrá “ [i] nvestigar y resolver, en primera instancia, cualquier querella que se presente basada en la alegación de que un candidato a primarias o a una elección general, no reúne los requisitos establecidos por la Constitución de Puerto Rico, por cualquier otra ley aplicable o por este Subtítulo, a tenor con la facultad conferida a la Junta en la see. 3167 de este título”. (Bastardillas nues-tras.) 16 L.P.R.A. see. 3022(3). Véase además, el Art. 4.017 (16 L.P.R.A. see. 3167). Una vez certificada la elección por el organismo correspondiente, entra en juego la facultad constitucional consagrada en el Art. Ill, Sec. IX, que reserva a las cámaras legislativas el juzgar inicialmente “la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escru-tinio de su elección”. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977). Finalmente, resulta dudoso la aplicabili-dad de la defensa de incuria. Las calificaciones de un candi-dato a un puesto público son materia de interés general que no puede dejarse al solo transcurso del tiempo. Como veremos más adelante, la Ley Electoral sabiamente provee unos reme-dios cuando las descalificaciones, por cualesquiera razones, sobrevienen estando próximas las elecciones, sin que se afecte el electorado y los partidos políticos.

I — I

Atendidas estas cuestiones preliminares, concentremos nuestra atención en lo esencial del caso: la edad como razón de la descalificación.

El Art. Ill, Sec. 5 de la Constitución fija como requisitos para “ser miembro de la Asamblea Legislativa”, educación, ciudadanía, residencia, y las edades de 30 años y 25 para senador y representante, respectivamente.

Es sumamente escaso, por no decir ninguno, el historial que inspiró esta condición. Lo único que surge es que la Con-vención Constituyente aspiró “. . . a que tales requisitos de edad [fueran] útiles para establecer los balances que se de-sean lograr en la organización legislativa mediante dos cáma-ras”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 1961, T. 4, pág. 2598. Al reflexionar sobre el requisito de edad en materia electoral, en contraste con los otros, advertimos las siguientes características: (a) es la única calificación que con carácter automático sobrevendrá en determinado mo-mento, con el simple transcurso del tiempo, salvo que se in-terponga el evento fortuito de la muerte; (b) la Constitución fija como edad mínima para todo elector, diez y ocho (18) años; (c) relacionado íntimamente con la edad, la See. 8 del mismo Art. Ill establece que el “término del cargo de los Se-nadores y Representantes comenzará el día dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elec-ción general en la cual hayan sido electos” —énfasis nuestro — ; y a tenor de varias disposiciones del Código Político, en dicha fecha se celebrará la sesión inaugural y se procederá al jura-mento del cargo. Arts. 21, 22 y 20 (2 L.P.R.A. sees. 2, 3 y 4).

De la interacción de los artículos mencionados y la carac-terística que distingue el requisito de edad, aflora una con-clusión muy importante: la exigencia constitucional de edad para ser legislador no es de tipo absoluto, sino de naturaleza relativa. Tiene que satisfacerse al momento en que se va a jurar y ocupar el cargo. Como corolario, lícitamente, un elector capacitado puede ser nominado y aparecer en la papeleta electoral si, a la fecha en que va a jurar y tomar posesión ofi-cial, posee la edad mínima constitucional requerida. Ello no será motivo suficiente de descalificación. Contrario sensu y como regla general, no es candidato idóneo al puesto de legis-lador, aquel elector carente de suficiente edad constitucional a la fecha en que viene obligado a jurar.

Así, en el caso de autos, resulta obvio que el recurrente Tonos Florenzán no calificaría como candidato por no tener la edad requerida a la fecha en que deberá jurar, de resultar electo. No pasamos por alto que podría argumentarse que es-tando próximo a cumplir dicha edad el 22 de febrero de 1981, por ser un período corto —cincuenta y un días— de ser ele-gido sería razonable que se le expidiera credencial suficiente y se pospusiera su juramento hasta ese momento.

La dificultad de esta proposición es que plantearía serios reparos constitucionales sobre la validez, impacto y vigencia del voto del electorado. ¿CJué término de espera es razonable sin que se afecte el principio de adecuada representación? ¿Dónde se fijan los límites? ¿No afecta ello la ordenación de las labores constitucionales de las cámaras? ¿Debe propiciar el Poder Judicial la observación de los requisitos constitucio-nales o sostener un relajamiento en los mismos?.Estas inte-rrogantes y la claridad del texto constitucional enumerativo del requisito de tiempo nos mueven a concluir que el momento crucial y determinante, para fines de la edad mínima parla-mentaria, es cuando comienzan las labores legislativas. Es allí y entonces que se requiere la misma para fines del jura-mento y la toma de posesión del cargo. Desde este ángulo somos de opinión que de no haberse impugnado previamente y con éxito la candidatura del recurrente Tonos Florenzán —y haberse certificado— hubiera sido entonces de la compe-tencia de la cámara concernida y no de la de este foro judicial, pasar juicio inicial sobre tal circunstancia.

En resumen, resolvemos que el recurrente Tonos Floren-zán no está calificado por edad para ser candidato a Repre-sentante por Acumulación. Abona a esta determinación el hecho de que el Art. 4.001(b) de la Ley, 16 L.P.R.A. see. 3151(b), establece como condición para un candidato, ser elector —lo que implica poseer la ciudadanía, diez y ocho (18) años y estar inscrito— y el Art. 4.014 (16 L.P.R.A. see. 3164), le exige juramento de candidatura en el cual, entre otras cosas, debe exponer “que cumplirá con los requisitos constitucionales aplicables”.

III

Lo expuesto no resuelve totalmente el caso de autos, pues la Junta Revisora Electoral, al descalificarlo, no dispuso re-medio apropiado. Se limitó a decretar nula la nominación y ordenar al Administrador que publicara ese hecho, pasando por alto que ello no es trámite autorizado en la Ley Electoral vigente, que meticulosamente —para situaciones de esta na-turaleza— en su Art. 4.002 provee:

En caso de la renuncia oportuna, muerte, incapacidad o nuli-dad legal de la nominación de un candidato de un partido político, ocurrida entre los noventa (90) y sesenta (60) días anteriores al día de una elección, la vacante podrá cubrirse por el organismo directivo central de su partido mediante nombramiento que certificará a la Comisión.

Si la vacante surgiere durante los cincuenta y nueve (59) días anteriores al día de la elección, no podrá haber sustitución y el nombre del candidato nominado aparecerá en la candidatura del partido, y de resultar electo se declarará vacante el cargo. 16 L.P.R.A. see. 3152.

De la lectura integral de esta norma se desprende que es de estricta aplicación su segundo párrafo —por tratarse de una candidatura vacante dentro del período allí prescrito— en cuyo caso “no podrá haber sustitución y el nombre del candidato nominado aparecerá en la candidatura del partido, y de resultar electo se declarará vacante el cargo”. (Bastardi-llas nuestras.) ¿Cuál es el propósito y significado correcto de este precepto? Observamos que la diferencia entre el trata-miento brindado, de autorizar o no el cambio del candidato implicado, radica en el tiempo que falta para la elección. Al acercarse al período crítico, aflora otra solución. Obviamente las razones de esta limitación responden a dos propósitos: superar los problemas administrativos y organizacionales relativos a la impresión de las papeletas y la remisión de los paquetes que contienen todo el material electoral a ser utili-zado en los distintos colegios de votación. Podemos deducir también que se intenta estabilizar las candidaturas para que el electorado conozca y pueda ejercer con elementos de juicio más correctos sus decisiones. Ahora bien, resalta a la vista que el estatuto no declara nula la elección, sino “vacante el cargo”. No podemos concebir que ello quiera decir que queda sin ocupar indefinidamente el escaño legislativo por razón de perderlo el partido político que lo nominó. Esto privaría al electorado de una adecuada representación e implicaría graves problemas a nivel constitucional que trastocarían la estabilidad, capacidad y facultad representativa de los par-tidos políticos en torno a la selección de sus candidatos a cargos por acumulación. Tampoco puede entenderse que el puesto deberá ser adjudicado a otro candidato de distinto partido político.

La interpretación restrictiva de esta disposición acarrea-ría graves interrogantes en el ámbito constitucional. Nótese que la vacante se puede deber a actos voluntarios del candi-dato —renuncia—, al igual que a circunstancias ajenas a su control: muerte, incapacidad física o nulidad legal. Si el factor precipitante de la vacante ocurre dentro de determinado período, “el organismo directivo central de su partido me-diante nombramiento que certificará a la Comisión” reem-plazará al candidato. Si acontece en período próximo a la elección, el partido no podrá sustituirlo en la papeleta y apa-recerá su candidatura, pero “de resultar electo declarará vacante el cargo”.

En virtud de las delicadas consideraciones expuestas, nos inclinamos a sostener que la expresión “se declarará vacante el cargo” indica que se decretará y certificará a la Asamblea Legislativa que el cargo está sin proveer. A la luz de esta in-terpretación, al producirse la vacante al cargo de legislador por acumulación, entra en escena el trámite contemplado en el Art. 5.006, in fine, que siguiendo la pauta constitucional establece: “cuando ocurriere una vacante en el cargo de Sena-dor o Representante por Acumulación que hubiere sido nomi-nado por un partido ... se cubrirá la misma por el Presi-dente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que perteneciere dicho Senador o Representante con una persona seleccionada en la misma forma en que lo fue su antecesor.” (Bastardillas nuestras.) 16 L.P.R.A. see. 3206.

La situación es análoga a cuando por renuncia, muerte u otra razón surge la vacante de un candidato elegido, después de las elecciones, pero antes del comienzo de la Asamblea Legislativa, y antes de jurar y tomar posesión del cargo.

Sería un contrasentido que la Constitución permitiera la sustitución de vacantes debidas a un sinnúmero de razones, de miembros que hubieran estado ocupando sus cargos en la Legislatura, y se negara al electorado y partidos políticos igual derecho, por razón de que la circunstancia que motiva la indisponibilidad sucede cincuenta y nueve (59) días ante-riores a las elecciones. La efectividad del sufragio electoral y el derecho de ser representado no puede estar expuesto a tan frágil posición. La clave jurídica que supera este enigma es resolver que esa vacante debe ser cubierta mediante el pro-cedimiento constitucional que reconoce y autoriza, por excep-ción, la designación del cargo por acumulación, por el orga-nismo directivo del partido político, siguiendo “el mismo pro-cedimiento mediante el cual fue nominado su antecesor”. Diario de Sesiones, op. cit., pág. 2599.

Disentimos. Dictaríamos sentencia confirmatoria.

       Determinación de hecho de la Junta Eevisora Electoral.

       En García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976), sostuvimos la constitucionalidad del sistema de nominación de candidatos por acumulación.

      En la petición se nos señala que dicho partido le asignó los votos íntegros que se depositen en los precintos de Rincón, Hormigueros, Ponce 64, Juana Díaz, Barranquitas, Las Piedras 92 y 95, Luquillo, Patillas, Río Grande, Gurabo, Fajardo, San Juan 4, Adjuntas 60 y 61, Yabucoa, Carolina 107, Naranjito, Canóvanas, Corozal y Barceloneta.

      Reza:
      “Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o in-glés; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido vein-ticinco años de edad.”

       Contra esta solución no milita el caso del senador Luis Alfredo Colón —quien juró en 12 de febrero de 1945 sin tener los treinta (30) años requeridos— ni el del representante Luis A. Torres Torres el 2 de enero de 1973. Diario de Sesiones, 1973, Vol. 27, pág. 25. Ambas son actua-ciones en el seno legislativo, que nunca fueron cuestionadas ni pasaron por el tamiz de una impugnación judicial y, por lo tanto, no constituyen prece-dentes jurídicos válidos; versan sobre candidatos electos que no fueron descalificados con anterioridad, sino que sus elecciones fueron certificadas.

       Es importante indicar que la ley reconoce a los partidos políticos el derecho de determinar y fijar “el número de candidatos por acumulación”, potestad ésta que “será final y regirá cualquier ‘procedimiento relacionado con dichos cargos por acumulación” que deba realizarse posteriormente. (Bastardillas nuestras.) Art. 4.004 (16 L.P.R.A. see. 3154).

         “El término del cargo de los Senadores y Representantes comen-eará el día dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de Senador o Representante por un distrito, dicha va-cante se cubrirá según se disponga por ley. Cuando la vacante ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por Acumulación, se cubrirá por el Presidente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su ante-cesor. La vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumula-ción electo como candidato independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos.” (Bastardillas nuestras.) Art. Ill, Sec. 8.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Héctor Santana Olmo, acusado y recurrido.

      Número: O-80-56

      Resuelto: 7 de noviembre de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Lirio Bernard de González, Procuradora General Auxiliar, abogados del peti-cionario; Federico Torres Jiménez, abogado del recurrido.
   RESOLUCIÓN

Reexaminados los méritos de la petición de certiorari a la luz de la transcripción de evidencia, la comparecencia del acusado-recurrido Héctor Santana Olmo y la apreciación del juez de instancia, se provee no ha lugar a la misma.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

—O—

Secretario

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 1980

Se propone la supresión de evidencia y consecuente exone-ración de un acusado por tráfico de heroína a quien la policía le ocupó en la mano tres billetes de $10; en el bolsillo derecho de la camisa 42 envolturas de heroína cubiertas con aluminio; y otra cantidad de $665 en el bolsillo derecho del pantalón. La motora en que viajaba fue registrada y se encontró un arma de fuego. La razón del juez de instancia, y que acepta la mayoría, es que no creyó la declaración del agente al descu-brir que tenía encomienda de intervenir con el acusado por haberse presentado querella de que traficaba en drogas preci-samente en el sitio donde se le arrestó; y que para su iden-tificación se le había suplido una foto a colores del recurrido. Esa información previa en poder de los agentes movió al juez a creer que el registro fue ilegal y que la versión de que el acusado realizaba una transacción y que al notar la presen-cia de la policía se le cayeron dos sobrecitos al piso y uno sobre el asiento de la motora, no fue más que una reproduc-ción del estereotipo “a plena vista” que condenamos en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974). En éste la Policía no declaró que la evidencia cayera de las manos del intervenido, sino que sostuvo un acto afirmativo de lanzar la cajetilla con 3 cigarrillos de marihuana bajo un automóvil, en plena presencia del agente.

Consideramos que es lesivo y destructor de la eficiencia en la investigación criminal que nuestras cortes tomen como indicio vehemente de fabricación de prueba el previo conoci-miento por los agentes de la actividad delictiva del acusado y su utilización de una foto para facilitar su identificación. Con este razonamiento quedaría anulado el valor de la con-fidencia que en múltiples casos es lo que conduce al arresto del infractor dentro del magro 10% de eficiencia de la inves-tigación criminal en nuestro medio.

A estas alturas no debíamos estar recordando el abru-mador costo social de esta aplicación permisiva de preceptos constitucionales concebidos para proteger derechos funda-mentales del hombre. ¿Cuál fue el derecho fundamental aquí vulnerado?

Debería anularse la resolución que suprimió la evidencia como producto de registro ilegal; y remitir al recurrido a juicio.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis A. Velázquez Caraballo, acusado y apelante.

      Número: CR-79-71

      Resuelto: 14 de noviembre de 1980

      Rafael L. Ydrach Yordán, Rafael Baragaño Amadeo e Ignacio Pintado Pintado, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante hizo dos disparos a dos personas. Mató a un joven de 18 años de edad llamado Roberto Colón. A Ricardo Loyola, a quien también le disparó, no logró herirlo. Fue acu-sado de asesinato en primer grado, de tentativa de asesinato y por infracción del Art. 8 de la Ley de Armas. 25 L.P.R.A. see. 418.

El jurado lo encontró culpable de homicidio voluntario y de portación ilegal de armas. Lo absolvió de la tentativa de asesinato. Se le impuso una sentencia de reclusión por el tér-mino de 5 a 7 años por el delito de homicidio voluntario y de 2 a 3 años por la infracción del Art. 8 de la Ley de Armas.

La prueba de cargo es verosímil. No es inherentemente increíble o imposible. La de la defensa raya en la inverosi-militud. Ambas pruebas, desde luego, son incompatibles entre sí. El jurado hizo su propia apreciación, con el resultado antes dicho.

El apelante hace seis señalamientos de error. Para con-siderarlos, es necesario exponer, aunque sea en síntesis, la prueba presentada.

La de cargo demuestra que el día de los hechos, el 31 de octubre de 1977, por la tarde, Roberto Colón y Ricardo Loyola fueron a la Playa El Tuque, jurisdicción de Ponce, Puerto Rico, a pescar. Estacionaron su automóvil cerca de un negocio llamado La Monserrate y se dirigieron hacia la playa lle-vando consigo equipo de pesca: botas, tridentes, lámparas, etc.

Mientras bajaban por un callejón que conduce a la playa, Nelson Velázquez, dueño del negocio La Monserrate, salió y les dijo que por allí no podían pasar, porque aquello era pro-piedad privada. Colón y Loyola expresaron que creían que aquello era público, pero no insistieron y aceptaron no pro-seguir.

Mientras hubo un intercambio de palabras, de cuyo tenor no podemos estar seguros, el dueño del negocio envió a su hijo a buscar al hermano de aquél —el apelante — , quien tenía un negocio allí cercano. Al momento llegó el apelante portando un revólver. Le preguntó a su hermano Nelson que “quiénes eran ellos”, y Nelson señaló a Colón y a Loyola, los cuales estaban parados en el paseo de la carretera. Inmediata-mente el apelante hizo un disparo a Loyola, a quien no al-canzó, y otro a Roberto Colón, a quien hirió mortalmente en la cabeza.

La prueba de defensa tendió a demostrar que Colón y Loyola habían entrado al negocio de Nelson Velázquez y que le habían dicho que se trataba de un atraco. Pero los supues-tos asaltantes no iban armados y el propio Nelson Velázquez admite que portaban en sus manos equipo de pesca. El ape-lante sostiene que disparó en defensa de la vida y propiedad de su hermano. Además de que la forma como se describe el atraco no nos parece convincente, tampoco nos parece creíble que dos personas que están asaltando un negocio permitan que del lugar salga un niño a buscar auxilio. Eso es posible, pero no ocurre dentro del desarrollo usual de circunstancias como las descritas. Pero, como indicamos antes, el juzgador de los hechos —el jurado— hizo su propia apreciación. Hemos men-cionado las dos versiones de la prueba, para tener trasfondo contra el cual discutir los señalamientos de error.

Dichos señalamientos no tienen mérito, pero será necesario mencionarlos brevemente. En el primero se alega que se debieron trasmitir instrucciones en cuanto a la defensa de la vida y bienes de semejantes. Además de que hubo instrucciones al efecto, pues el tribunal explicó al jurado que no incurre en responsabilidad la persona que haya actuado en legítima defensa de su persona, sus bienes y su morada o la persona, bienes o la morada de otros, el planteamiento es tardío. La Regla 137 de Procedimiento Criminal impide que se alegue error en instrucciones no objetadas ni solicitadas.

En el segundo señalamiento se plantea que las instruc-ciones sobre prueba de buena reputación fueron confusas. Las instrucciones impartidas al efecto fueron las siguientes:

Presentó el acusado, además, como parte de su prueba de defensa, el testimonio de unos testigos de reputación. Sobre eso quiero informarle lo siguiente: El propósito de esa prueba de buena reputación a favor del acusado, el propósito es crear en la mente de ustedes duda razonable sobre su culpabilidad. Dicha prueba debe ser considerada independientemente de que el efecto de la otra prueba con respecto al caso sea claro o dudoso. Cuando dicha prueba es considerada conjuntamente con el resto de la otra prueba, si surge una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado éste tiene derecho a ser absuelto. Estos principios no quieren decir que si ustedes resolvieren que el acusado cometió los hechos que le imputa el ministerio público, en la forma que se le imputa, por el hecho de que él gozara de buena reputación eso no es excusa ni excusa los delitos cometidos, si a juicio de ustedes algunos delitos cometió.

En Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419, 438-39 (1968), expresamos que cuando se introduce prueba de reputación se debe instruir al jurado en el sentido de que dicha prueba debe ser considerada independientemente de que el resto de la prueba sea clara o dudosa y que la misma pueda establecer duda razonable sobre la culpabilidad del acusado.

Aunque pueda creerse que las instrucciones dadas al efecto no son de una claridad ejemplar, las mismas no justifi-can la revocación de las sentencias y cumplen sustancialmente con su propósito y con lo expresado en el manual de Instruc-ciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, preparado por el Comité Especial designado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para esos fines, publicación del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1976, pág. 25.

En dicho manual, a la página citada, se expresa lo si-guiente :

El propósito de la prueba de buena reputación es la de crear duda razonable. Esta prueba considerada conjuntamente con el resto de la prueba presentada puede crear una duda razonable, porque el jurado puede entender, si su criterio así se lo aconseja, que es improbable que una persona de buena reputación pueda cometer un delito como el que se le imputa al acusado. Por tanto, al resolver sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, el jurado deberá considerar dicha prueba de buena reputación conjunta-mente con la otra prueba presentada, sin importar que el efecto de dicha otra prueba sea claro o dudoso.

Si luego del jurado considerar la prueba de buena reputación, conjuntamente con el resto de la prueba, se convence fuera de toda duda razonable, [de] que el acusado es culpable del delito imputádole, deben declararlo culpable no obstante el hecho de que sea una persona de buena reputación.

Sin embargo, si después de considerar toda la prueba en la forma apuntada, esto es, la prueba de buena reputación conjunta-mente con el resto de la prueba, surge duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, deben absolverlo.

Consideramos buena práctica que las instrucciones al jurado no sean innecesariamente largas ni repetitivas, sino que se ajusten a la letra de la ley, a las instrucciones contenidas en el citado manual de Instrucciones al Jurado y que su lenguaje sea claro y directo. Una vez expresado claramente un concepto, su repetición e innecesaria elaboración puede producir confusión en la mente de los oyentes.

En el tercer señalamiento se sostiene que el tribunal debió impartir instrucciones sobre la posesión incidental de armas. Dichas instrucciones no se justificaban, porque la prueba de-mostró no una posesión incidental, sino una posesión en viola-ción de la ley. El apelante tenía licencia para tener y poseer un arma (no está claro si como jefe de familia o como comer-ciante), pero no tenía licencia válida y vigente en ese mo-mento para portarla en la vía pública, que fue lo que hizo. La posesión fue ilegal.

En el cuarto señalamiento el apelante se queja de que el tribunal le denegó presentar prueba sobre la peligrosidad de Roberto Colón y de Ricardo Loyola. Dicha prueba hubiese sido admisible si hubiese estado en controversia de dónde partió la agresión, de si de parte del acusado o de parte de la víctima, pero en el caso de autos la prueba es clara en el sentido de que al llegar al lugar de los hechos, fue el apelante el que inició la violencia disparándole inmediatamente a Colón y a Loyola. Pueblo v. Cruz, 65 D.P.R. 172 (1945).

La prueba en este caso demostró que el apelante no cono-cía a su víctima, de manera que no podía tener conocimiento de su alegado carácter peligroso. Por no haber tenido cono-cimiento previo de la alegada o supuesta peligrosidad de la víctima, su acción al disparar no pudo haber sido motivada por un supuesto hecho que no conocía.

El quinto señalamiento es al efecto de que se denegaron tres instrucciones que aparecen discutidas en una moción que presentó el apelante ante este Tribunal, mediante la que solicitaba la transcripción de las instrucciones impartidas. En cuanto a la primera instrucción solicitada, baste con señalar que, como el apelante fue absuelto del delito de tentativa de asesinato, en nada le perjudicó que no se impartiesen instrucciones sobre ese delito. En cuanto a la segunda instrucción sobre posesión incidental, ya nos hemos expresado. En cuanto a instrucciones sobre el móvil o motivo del delito, el fiscal no tiene que presentar prueba sobre el motivo que tuvo un acusado para cometer un acto delictivo en sí. Basta con probar que el acto delictivo se cometió, si los hechos tienen los elementos que constituyen el delito. Pueblo v. Torres, 75 D.P.R. 231, 241 (1953), y Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 D.P.R. 972, 981 (1972).

El sexto y último señalamiento impugna la suficiencia de la prueba. Sobre esto nos hemos expresado. La prueba fue conflictiva; el jurado llegó a sus propias conclusiones sobre la misma y no vemos razón alguna para intervenir con esa apreciación. Más bien, la apreciación del jurado fue benévola.

No habiéndose cometido los errores señalados, se confirma-rán las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz está conforme, excepto que en cuanto al cuarto señalamiento de error acepta el resultado, mas no los fundamentos que allí se aducen. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

       Véanse, además, Pueblo v. Rivera, 67 D.P.R. 280 (1947); Pueblo v. Castro, 72 D.P.R. 96 (1951); Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 827 (1970); Morales Torres v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 459 (1970); Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676 (1972); Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Partido Popular Democrático, recurrente, v. Gerineldo Barreto Pérez, Administrador, Comisión Estatal de Elecciones, recurrido; Partido Socialista Puertorriqueño, recurrente, v. Gerineldo Barreto Pérez, recurrido.

      Números: O-80-619, O-80-621

      Resueltos: 14 de noviembre de 1980

      José A. Andreu García, Manuel E. Andreu García y Miguel D. Lausell, abogados del Partido Popular Democrático, recu-rrente; Juan Mari Bros, Ludmilia Rivera Burgos y Héctor M. Collazo, abogados del Partido Socialista Puertorriqueño, recurrente; Miguel A. Pagán, Eunice Sein Llompart y José A. Cario, abogados de Gerineldo Barreto Pérez, Administra-dor de la Comisión Estatal de Elecciones, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Evaluamos los méritos de esta controversia teniendo pre-sente el exordio de la Asamblea Constituyente de que “[e]l poder público tiene no sólo el derecho, sino la responsabilidad de proteger el proceso ordenado de transformación, evolu-ción y cambio con arreglo a la voluntad general, según ella se exprese periódicamente en las urnas”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, ed. 1961, pág. 2562.

I

Ambos recursos esencialmente cuestionan la juridicidad del dictamen emitido por la Junta Revisora Electoral, que ordenó al Administrador de la Comisión Estatal de Elecciones publicar “en forma oficial el resultado de las elecciones cele-bradas el 4 de noviembre de 1980, una vez se termine de con-tar el voto ausente independientemente de lo que pueda sur-gir del Escrutinio General y/o cualquier impugnación de las elecciones”.

Tiene su génesis la controversia planteada, en un acuerdo unánime de dicha Comisión adoptado en reunión extraordi-naria al día siguiente de las elecciones —al amparo de lo dis-puesto en el Art. 6.007 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. see. 3267) — de publicar los resultados preliminares de los comicios en cuanto al cargo de gobernador, según las cifras hasta entonces tabuladas. Los resultados publicados fueron los siguientes: Carlos Romero Barceló, 733,370; Rafael Hernández Colón, 734,095; Rubén Berrios Martínez, 83,585; y Luis Lausell Hernández, 5,033. Se hizo constar que restaban por compu-tarse los resultados de 25 unidades electorales correspon-dientes a 17 de los precintos electorales, escrutar aproxima-damente 12,000 votos ausentes, y la adjudicación de 18,652 papeletas recusadas.

Por acuerdo, también unánime, adoptado por la Comisión el 7 de noviembre siguiente, y en aras de acelerar sus labo-res, decidió ésta efectuar el escrutinio general ordenado por ley en su Art. 6.008 (16 L.P.R.A. see. 3268) mediante un con-teo de votos papeleta por papeleta, en vez de a base de la com-probación de la corrección de las Actas de Colegio. Además, se acordó que los votos pendientes de adjudicación serían adju-dicados durante ese proceso de escrutinio.

El 9 de noviembre, la Comisión reiteró su acuerdo original del día 5 de noviembre de 1980, en el sentido de comenzar en horas de la mañana del lunes 10 de noviembre el escrutinio general, según modificado. Por razón de que para el 9 de noviembre quedaban por adjudicar todavía los votos deposi-tados en unas 12 urnas electorales —cuya adjudicación final dependía de una investigación — , se acordó realizar la refe-rida adjudicación, conjuntamente con el escrutinio general. Se estimó que era necesario la comparecencia de los miembros de las comisiones locales de elecciones, correspondientes a las unidades en las cuales se habían depositado tales votos.

Subsiguientemente, ese mismo día el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista —quien inicialmente había votado a favor de tales acuerdos— solicitó que se re-considerara la decisión de posponer la adjudicación de los votos ausentes pendientes de investigación. Propuso que no se iniciara el escrutinio general hasta que se adjudicaran todos los votos ausentes. Los Comisionados Electorales de los tres partidos de minoría votaron en contra de tal posposición. No mediando unanimidad de los miembros, el Administrador General de Elecciones, a tono con lo dispuesto en el Art. 1.014(e), 16 L.P.R.A. sec. 3014(e), decidió reconsiderar el acuerdo previo y ordenó la posposición del escrutinio general hasta que se completara la adjudicación de los votos ausentes.

No conforme con esa decisión, los Comisionados represen-tantes de los partidos de minoría recurrieron en alzada ante la Junta Revisora Electoral, solicitando su revocación.

La Junta Revisora Electoral confirmó la decisión apelada y, a instancia propia, en su resolución recomendó y ordenó al Administrador que expidiera una nueva publicación en forma oficial del resultado de las elecciones generales celebradas el 4 de noviembre de 1980, una vez terminado el cómputo del voto ausente, independientemente de lo que pudiera surgir del escrutinio general o de cualquier impugnación de las elec-ciones. El Administrador inmediatamente suscribió y emitió documento denominado “Publicación Oficial del Resultado de las Elecciones Generales del 4 de noviembre de 1980” que reza:

En el día de hoy 10 de noviembre de 1980, la Comisión Es-tatal de Elecciones ha concluido el conteo de los votos ausentes emitidos conforme a los artículos 5.088 a 5.041 de la Ley Electoral de Puerto Rico. A tenor con las disposiciones pertinentes de la Ley Electoral de Puerto Rico y de la Resolución de la Honorable Junta Revisora Electoral de fecha de 10 de noviembre de 1980 (JR-80-265), el Administrador General de Elecciones 'publica al pueblo de Puerto Rico en forma oficial el resultado de las Elecciones Generales celebradas el 4 de noviembre de 1980, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho resultado arroja las siguientes cifras para el cargo a Gobernador:
Carlos Romero Bar celó. 750,348
Rafael Hernández Colón. 747,787
Rubén Berrios Martínez. 88,121
Luis Lausell Hernández. 5,179
El Escrutinio General se comenzará por la Comisión Estatal de Elecciones el día 11 de noviembre de 1980 y se espera concluir el mismo en aproximadamente seis (6) semanas.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 10 de noviembre de 1980.
(Fdo.)
GERINELDO BARRETO PEREZ Administrador General de Elecciones
(Bastardillas nuestras.)

II

La actuación de la Junta Revisora ha de examinarse to-mando como fuente la Ley Electoral vigente aprobada por la Asamblea Legislativa, en virtud de la autoridad que le con-fiere el Art. VI, Sec. 4 de la Constitución. En virtud de ese estatuto, el Legislador escrupulosamente fijó un diseño básico específico regulatorio de los procedimientos posteriores a la votación y la ordenación de las labores de los distintos orga-nismos electorales que intervienen en el reconocimiento y cómputo de votaciones, inclusive la Comisión Electoral.

Al reflexionar sobre los valores jurídicos y comunitarios que inspiraron esa ley, notamos que el esquema legislativo parte de tres importantes supuestos: (1) que las normas y reglas referentes a toda contienda electoral, y la forma de contar el sufragio, deben quedar establecidas previamente, de manera que todos los candidatos y partidos políticos sepan a qué atenerse; (2) que no se introduzcan cambios posteriores que afecten adversamente tales reglas, concediendo ventajas impermisibles a unos sobre otros; y (3) que terminada la votación, se inicie rápidamente el conteo de votos, gestión que no debe detenerse ni dilatarse hasta que finalice con la certi-ficación de los candidatos.

Este último supuesto, continuidad, es esencial para garan-tizar no sólo pulcritud electoral —evitando que se intervenga indebidamente con el material, o que por acción u omisión, se dañe o destruya— sino para brindar al electorado con pre-mura los resultados, previniendo el desasosiego e incertidum-bre natural que generan eventos de esta naturaleza, y mini-mizando las especulaciones y señalamientos —juiciosos o irresponsables— que tienden a mermar la confiabilidad del sistema electoral y los cimientos que sostienen la legitimidad de la democracia puertorriqueña.

Las distintas etapas visualizadas en la ley son: (1) comienzo del cómputo a nivel local; (2) resultado parcial preliminar; (3) escrutinio general; y (4) certificación de funcionarios electos, salvo que mediare recuento. Examinemos en detalle este trámite.

El conteo comienza de inmediato en la unidad más pequeña, a saber, la Junta de Colegio Electoral que ha estado desempeñándose en cada colegio durante el día de las elecciones. Una vez finalizada la votación, “los funcionarios del mismo procederán a efectuar el escrutinio de las papeletas”. Éstas se clasificarán en cualesquiera de las siguientes categorías: íntegras, mixtas, recusadas, protestadas, no adjudicadas y en blanco. Los trabajos de escrutinio en esta etapa deberán continuar ininterrumpidamente hasta su final. Art. 6.001 (16 L.P.R.A. see. 3261). Ninguna papeleta puede adjudicarse, a menos que medie unanimidad entre los inspectores de la Junta de Colegio Electoral. No habiendo ese consentimiento, la papeleta en cuestión se marca como “no adju-dicada” y se remite para que sea evaluada por la Comisión Electoral. Art. 6.002 (16 L.P.R.A. sec. 3262).

Esta primera fase se lleva a cabo en todos los precintos de la isla de Puerto Rico, debiendo continuar ininterrumpida-mente hasta su final. El resultado del escrutinio de cada co-legio se reduce a escrito en un Acta de Colegio Electoral, firmado por todos los inspectores y representantes de partidos, quienes retienen una copia. Otra copia se fija en la puerta del colegio, y el original del acta y demás material electoral es enviado a la Comisión Electoral por conducto de la Comisión Local de Elecciones. Art. 6.006 (16 L.P.R.A. see. 3266). Tales actas son las que sirven de base inicial para que la Comisión Electoral emita “el resultado preliminar de la elec-ción”, y subsiguientemente realice el escrutinio general que, según el Art. 6.008, llevará a cabo “interviniendo con las papeletas no adjudicadas y las protestadas y contará o recha-zará éstas, según lo que a su juicio se requiera por ley, con-tinuando el mismo hasta su terminación”. 16 L.P.R.A. see. 3268.

Finalmente, el Administrador publicará el resultado del escrutinio general, según se declare por la Comisión. A base de ese resultado, se certificará debidamente electo el candi-dato que obtenga el mayor número de votos. En casos de em-pate, se sorteará el cargo. De haber una diferencia de 100 votos o medio por ciento (1/4%) de los votos totales deposi-tados, lo que sea menor, entre aspirantes a una misma posi-ción, la Comisión llevará a cabo, a petición de cualquier can-didato en la controversia, un recuento de los colegios que se le señalen, el que “tendrá el efecto de una acción de impug-nación y no se certificará al ganador hasta efectuado el re-cuento . . Arts. 6.009, 6.010 y 6.011 (16 L.P.R.A. secs. 3269, 3270 y3271).

Del procedimiento estatuido advertimos varias notas sobresalientes. Primero, el resultado preliminar o parcial de la elección, que la Comisión Electoral debe emitir “no más tarde de las doce del medio día de aquél siguiente a la elección”, y publicar “dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes”, es una encomienda de carácter mandatorio, no directivo. Responde al deseo legítimo del Legislador de informar a la ciudadanía de manera inicial, aunque no definitiva, las resultancias comiciales habidas hasta ese momento. Por referirse al resultado de la elección, cubre razonablemente todos los puestos, no sólo la gobernación. Teóricamente y dependiendo de un número de factores —tales como el grado de precisión de los datos, celeridad con que son tramitados, facilidades físicas, capacidad personal, organización, y otros, incluso el margen amplio o estrecho de ventaja entre candidatos — , es concebible que dicho resultado preliminar pueda reflejar, al momento que se emite, las consecuencias finales de la elección. Por su naturaleza limitada y parcial, sin embargo, no pueden atribuírsele efectos más allá de su ámbito. La palabra “parcial” es sinónimo de partitivo, incompleto, fraccionario o fragmentario. Por ende, ese resultado preliminar no es ni puede estimarse como una certificación. No crea estado definitivo de derecho alguno. Segundo, el escrutinio general exige que la Comisión pase juicio sobre las papeletas no adjudicadas y protestadas; “contará o rechazará éstas”, dice la ley. Realizado de manera completa, sirve de base para certificar candidatos, pues es el primer cómputo que recoge todos los votos —según hemos visto, el preliminar no contempla la inclusión de papeletas no adjudicadas ni protestadas. Como consecuencia, hasta que ese organismo cum-pía con el deber ministerial de computar y adjudicar los vo-tos, no podrá descargar adecuadamente su responsabilidad. Tercero, el escrutinio general, por las razones de interés pú-blico que reviste el elemento de continuidad antes apuntado, una vez comenzado, no puede paralizarse ni detenerse; con-tinuará “hasta su terminación”, según la ley.

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Ante los términos del estatuto y los procedimientos en él establecidos por la Asamblea Legislativa, es evidente que cometió error la Junta Revisora Electoral al ordenar que se publicaran unos resultados —caracterizados como oficiales— sin que la Comisión pasara juicio sobre las papeletas no adjudicadas. Aparte de las instancias previstas en la ley en sus Arts. 6.007 y 6.008, ante, ésta no exige la publicación de resultados oficiales de las elecciones. En la publicación impugnada se ha omitido considerar y contar papeletas, en franca violación de la ley, proclamándose unos resultados que no incluyen todos los votos. Se trata de una publicación in-completa que guarda cierta analogía con el conteo parcial de la publicación preliminar antes aludida, y ciertamente no re-fleja fielmente el “resultado de las Elecciones Generales cele-bradas el 4 de noviembre de 1980”. Al presente, no existe ni puede existir certificación válida de candidatos triunfantes. El escrutinio general no ha terminado.

En su Moción Informativa de 13 de noviembre, el Ad-ministrador General de Elecciones solicita que se descontinúe por ahora el recuento papeleta por papeleta. No podemos ac-ceder a esta solicitud. Confrontada con una elección de re-sultados cerrados que no permitían declarar con certeza la voluntad electoral manifestada en las urnas, la Comisión, al adoptar unánimemente el acuerdo —final y firme a esta fecha— de realizar el escrutinio general papeleta por pape-leta, no hizo otra cosa que acatar el mandato legislado en el mencionado Art. 6.008 de la Ley Electoral, al efecto de que “[e]l escrutinio general de una elección se practicará usando las actas de colegio electoral y todo otro documento utilizado en el transcurso de la misma”. (Énfasis nuestro.) El escru-tinio general, así encauzado, debe proseguir con determinada y óptima diligencia.

Resolvemos que la Junta Revisora no podía recomendar publicación oficial de resultados con independencia de lo que pudiere surgir del Escrutinio General al amparo del men-cionado Art. 6.008, pues, no habiéndose realizado escrutinio general, no existía el supuesto de hecho necesario para la aplicación de dicho artículo. Se anulará, en consecuencia, la Publicación Oficial del Resultado de las Elecciones Generales emitida por el Administrador General de Elecciones el 10 de noviembre de 1980 e impugnada en estos recursos, en tanto en cuanto representa “en forma oficial el resultado de las Elecciones Generales”.

IV

Nuestro mandato estaría incompleto si, conforme a nues-tra obligación constitucional y a los señalamientos de las partes, omitiéramos varios pronunciamientos adicionales.

El Tribunal no puede abstraerse de la confusión general y revuelo que han generado los cerrados resultados prelimi-nares de las elecciones generales celebradas en Puerto Rico el día 4 de noviembre de 1980, que han sido anunciados ofi-cialmente por la Comisión Estatal de Elecciones.

Compartimos el interés legislativo plasmado en la ley de que el recuento de los votos y la certificación de los candi-datos ganadores finalice a la mayor brevedad. A tales efectos, notamos que el Administrador General y la Comisión Estatal de Elecciones han tomado y estudiado algunas medidas y contemplan adoptar otras medidas y providencias positivas en la consecución de ese fin, tales como el establecimiento de dos o más turnos diarios de trabajo; el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones en sesión permanente; la pre-sencia de los Comisionados Electorales alternos durante todo el tiempo del recuento, al igual que la de los Comisionados Electorales en propiedad, de modo que aquéllos puedan tra-bajar y atender situaciones en el curso del recuento, cuando los Comisionados en propiedad se vean precisados a atender reuniones de la Comisión en pleno u otros asuntos; la acce-sibilidad de la Junta Revisora Electoral, para agilizar los procedimientos apelativos; la participación de los partidos políticos en la custodia y vigilancia del material, y la crea-ción de una mesa especial, con funcionarios especializados, para atender las papeletas problemáticas.

Aunque no se nos ha planteado directamente por las perso-nas afectadas que los organismos administrativos se hayan negado a tomar las medidas necesarias para acelerar el es-crutinio general papeleta por papeleta de los votos totales de-positados en las elecciones, a fin de que éste finalice dentro de un período razonable antes de la fecha de ley en que los candidatos electos para los distintos cargos habrán de tomar posesión, ni que se hayan negado a proveer las medidas cau-telares para la seguridad y limpieza del proceso de recuento, podemos percibir que existe inseguridad, intranquilidad y de-sasosiego entre los ciudadanos que se preocupan justificada-mente por la integridad del voto depositado por cada elector.

A los fines de traer alguna tranquilidad al pueblo de Puerto Rico, este Tribunal hace un llamado firme a la Comi-sión Estatal de Elecciones, organismo oficial integrado por un Administrador General y un Comisionado Electoral en representación de cada uno de los partidos políticos princi-pales, para que dentro del término de diez (10) días de la fecha de notificación de esta opinión, nos someta: (1) el plan detallado adoptado por la Comisión sobre el recuento general de los votos depositados, y (2) las medidas cautelares de se-guridad que hayan adoptado para garantizar la seguridad y limpieza del proceso. Con el mismo vigor, invitamos a la Junta Revisora Electoral a actuar con la debida prontitud en la tramitación y resolución de los asuntos que le competen.

Luego de examinar la información requerida, el Tribunal determinará si se plantea alguna violación de derechos cons-titucionales de los electores, que los organismos oficiales no hubieren podido resolver y que requiera el ejercicio de nues-tra función como guardianes de los derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El país está atravesando momentos de gran dificultad y tensión. En estas trabajosas circunstancias, es imprescindible que se actúe con serenidad y sensatez. Lo vital es que triunfe el pueblo entero de Puerto Rico; que no se reduzca la calidad de su democracia ni se mancille la limpieza de sus procesos electorales; que se respeten escrupulosamente nuestra Cons-titución y nuestras leyes. Hacemos un llamado al país para mantener en toda ocasión la máxima tranquilidad y mesura.

Por las razones expuestas, se dictará Sentencia que revo-que la Resolución de la Junta Revisora Electoral en cuanto a la “Publicación Oficial del Resultado de las Elecciones Gene-rales”, emitida el 10 de noviembre de 1980, y se ordenará a la Comisión Estatal de Elecciones y a su Administrador el cum-plimiento de lo aquí dispuesto.

         Resultados Parciales — “A medida que se reciban los resultados de los colegios electorales, la Comisión deberá combinar los mismos en forma tal que le permita emitir el resultado preliminar de la elección no más tarde de las doce del medio día de aquél siguiente a la elección. Dicho re-sultado preliminar deberá publicarse dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al día de la elección.” Art. 6.007 (16 L.P.R.A. see. 3267).

       Algunos de estos factores caen bajo el control de la Comisión y otros no. En determinadas circunstancias, estos factores pueden pesar en la determinación final.

      E1 Administrador, en su comparecencia ante nosotros, admite que esta publicación no es la visualizada en el Art. 6.008, debido a que el escrutinio general no había comenzado para esa fecha. Arguye, no obstante, que resulta enteramente válida por cuanto constituye, en forma final, la publicación de los resultados preliminares, según autoriza el Art. 6.007, que incluye ahora, por primera vez, la computación de los votos ausentes, así como los votos de varias unidades electorales que para el 5 de noviembre no habían informado a la Comisión el resultado de la votación.
      La dificultad de este argumento es que el Art. 6.007 dispone que los resultados preliminares deberán publicarse al “medio día de aquél siguiente a la elección . . .”. La publicación del 10 de noviembre fue claramente efectuada, vencidos los términos antes mencionados. Intenta salvar este escollo el Administrador, diciendo que los términos aludidos son directivos y no mandatories. Hemos concluido en contrarío. Ahora bien, aun acep-tando argv/menti gratia que fuesen directivos, lo cierto es que los resultados preliminares los emite la Comisión, y no el Administrador, según dispone el referido Art. 6.007. El 10 de noviembre pasado, la Comisión no acordó hacer publicación alguna. El Administrador la hizo, en su capacidad individual, por recomendación errónea de la Junta Bevisora. Dicho organismo apelativo tampoco tenía facultad en ley para ordenar la realización de un acto que era de estricta competencia de la Comisión.

       Adviértase que el Art. 1.013 de la Ley Electoral confiere a la Comi-sión amplias facultades para descargar eficientemente su encomienda “de estructurar e inspeccionar todos los procedimientos de naturaleza electoral” necesarios y congruentes con la propia ley. 16 L.P.R.A. see. 3013.


text:
    Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Juan R. Hernández Solís, José Hernández Iglesias y Héctor Pastrana Oms, acusados y recurridos.

      Número: O-80-248

      Resuelto: 28 de noviembre de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Freddy Méndez Camel y Rubén Castillo Marin, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Los imputados fueron acusados de que, actuando conjun-tamente, penetraron ilegal y voluntariamente en horas de la noche, mediante forzamiento, al patio cercado de la Escuela Jardines de Caguas, ubicada en jurisdicción de Caguas, Puerto Rico, cuyo patio constituye una dependencia o anexo del edificio de dicha escuela, penetración que hicieron con el propósito de cometer delito público; en este caso, el de apro-piación ilegal. En consecuencia, fueron acusados del delito de escalamiento agravado.

El acusado Hernández Solís se declaró culpable del delito de apropiación ilegal agravada; el acusado José Hernández Iglesias hizo alegación de no culpable; y Héctor Pastrana Oms hizo alegación de no culpable y planteó que la acusación no imputaba delito alguno.

El tribunal ordenó que se registrara una alegación de no culpable en los tres casos y desestimó las acusaciones por entender que las mismas no constituían el delito imputado. Incidió en error la ilustrada sala sentenciadora. Corresponde expedir el auto y revocar la resolución recurrida.

El Código Penal define los delitos de escalamiento y de escalamiento agravado en sus Arts. 170 y 171 (33 L.P.R.A. sees. 4276 y 4277) en la siguiente forma:

Art. 170. Toda persona que penetrare en una casa, un edificio u otra construcción, o estructura, o sus dependencias o anexos, con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave, será sancionada con pena de reclusión por un término máximo de seis meses. (Énfasis suplido.)
Art. 171. Será sancionado con pena mínima de un año y máxima de quince años el que cometiere el delito previsto en la see. 4276 de este título con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) De noche.
(b) En una casa, edificio, o estructura habitada aunque al momento de cometerse el hecho delictivo no estuviere presente persona alguna.
(c) Si la persona estuviera armada con algún arma mortí-fera o capaz de ocasionar grave daño corporal.
(d) Si se causare o se intentare causar daño corporal.
(e) Cuando mediare forzamiento para la penetración.
(f) Cuando se produjera en cualquier escuela elemental, in-termedia o secundaria, pública o privada.

Se imputa a los acusados haber roto el candado del portón del patio de la escuela, de haber penetrado en dicho patio y de haberse apropiado de materiales de construcción que allí ha-bía, pertenecientes al gobierno.

El patio no era un “patio abierto” como pretenden hacer-nos creer los apelantes, sino, como hemos indicado, por el con-trario, el patio tenía una cerca de alambre eslabonado, portón y candado. A los apelantes se les imputa haber roto el can-dado para poder penetrar, y haber penetrado en el patio.

El Art. 170, como vimos, incluye además de edificios y otras estructuras, a sus dependencias o anexos. El patio de la escuela es una dependencia de la escuela, dentro de la letra y el espíritu de dicho Art. 170, máxime si está cercado, como lo estaba en el caso de autos.

En el caso de las escuelas, como se sabe, el patio forma parte de la misma. Es el lugar de reunión de los alumnos antes del comienzo de las clases, allí van durante sus horas de recreo y allí también se reúnen con frecuencia después de terminadas las horas de clase. El patio es una parte integral de la escuela. Es una dependencia o anexo de la misma bajo el citado Art. 170 del Código Penal. Habiendo sido acusados los apelantes de haber entrado en dicho patio, con forzamiento del candado, y con intención criminal, la acusación imputaba delito público, en específico, el delito de escalamiento agravado según definido en el Art. 171 del Código Penal, párrafos (a), (e) y (f).

El juez de instancia expresa que el Art. 178 del Código Penal penaliza el entrar en una heredad ajena. El hecho de que los apelantes, al cometer los hechos imputados, hayan podido cometer otro delito, no quiere decir que no cometieron el escalamiento agravado por el cual fueron acusados. Los Arts. 170 y 171 del Código Penal antes citados cubren clara y expresamente los hechos imputados.

En Pueblo v. Cosme Vargas, 96 D.P.R. 836, 842 (1969), interpretando una disposición más restrictiva que el vigente Art. 170, dijimos lo siguiente:

Nuestro estatuto incluye a los “edificios” entre los lugares que pueden ser objeto de escalamiento. La palabra edificio es una palabra muy abarcadora, que ha sido interpretada liberal-mente y lo razonable es entender que el almacén que fue objeto de escalamiento en este caso es un edificio. Pero aún en el su-puesto de que nos viésemos en la necesidad de interpretar, la interpretación judicial debe hacerse con fines socialmente útiles. En un país como Puerto Rico en donde en el presente ocurre un escalamiento cada 28 minutos y en donde hay que encerrar en rejas de acero a los hogares y a los establecimientos comerciales, no hay justificación alguna para recortar judicialmente el ám-bito del artículo en cuestión (33 L.P.R.A. see. 1591) sino que lo razonable parece que es adoptar la mejor jurisprudencia y la mejor doctrina sobre el particular, lo cual nos llevaría a concluir que el almacén escalado es un edificio y que se cometió el delito. (Escolio omitido.)

En un caso análogo en el cual confirmamos la penetración ilegal a una marquesina, Pueblo v. Pagán Medina, 99 D.P.R. 753, 756 (1971), expresamos que:

... La adjudicación contemporánea no se hace a base de preconcepciones arcáicas y dogmáticas sino que, para darle vida y vigencia al derecho, los tribunales recurren a enfoques juris-prudenciales realistas. Esa es la forma de llevar a la adjudicación los elementos de racionalidad y razonabilidad que son indispensables para la formulación correcta de toda norma jurídica.

Véase también el caso Pueblo v. Santiago, 98 D.P.R. 82 (1969).

Es de conocimiento general que el problema con que se confrontan nuestras escuelas hoy día en relación con los deli-tos de escalamiento, escalamiento agravado, apropiación ilegal y vandalismo es sumamente grave y penoso. Sobre este mal innecesario y vicioso hay una reciente expresión legisla-tiva, contenida en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 130 de 30 de junio de 1977, enmendatoria del Art. 171 del Código Penal, de cuya Exposición de Motivos copiamos en parte:

La ola de hechos vandálicos cometida en escuelas públicas y privadas del país es motivo de preocupación para la comunidad puertorriqueña. Nos enteramos diariamente por los medios de comunicación de la Isla, de la alta incidencia de penetración en distintas escuelas, para saciar instintos de destrucción de la pro-piedad escolar. El saqueo y la destrucción a que son sometidas las facilidades o los planteles de enseñanza son parte de los daños causados a la sociedad por el vandalismo.

Los programas noticiosos han editorializado sobre el particular ofreciendo y pidiendo remedios. Toda esta situación es de conocimiento público y oficial.

En vista de lo anterior, se expedirá el auto, se revocará la resolución recurrida de 12 de marzo de 1980 y se devolverá el caso al Tribunal Superior, Sala de Caguas, para que se continúen los procedimientos correspondientes.


author: Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Alvin Pérez Rivera, Wilfredo Acevedo Curbelo, Mariano Rivera Nieves, José Pérez Pérez y Cesáreo Feliciano Pérez, acusados y apelantes.

      Número: CR-79-50

      Resuelto: 28 de noviembre de 1980

      Héctor Lugo Bougal, abogado de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Los apelantes fueron acusados de sabotaje de servicios públicos esenciales (Art. 182 del Código Penal) e infracciones de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Cuatro de los acusados fueron convictos por jurado, por tentativa de sabotaje de ser-vicios públicos esenciales; tres fueron convictos por tribunal de derecho por infracción del Art. 6 de la Ley de Armas. No progresaron las acusaciones por infracción del Art. 8 de la Ley de Armas, resultando absueltos los imputados. El juez sentenciador dispuso penalidades de 2 a 3 años de prisión por las convicciones de sabotaje y de seis meses en los casos del Art. 6 de la Ley de Armas. Las sentencias se cumplirían con-currentemente. El juez concedió los beneficios de sentencia suspendida en todos los delitos.

Los apelantes sostienen que la prueba de cargo es insufi-ciente y que los veredictos son contrarios a derecho; sostienen, además, que erró el tribunal al admitir prueba de referencia inadmisible. La defensa no ofreció prueba alguna de defensa, aunque había anunciado la defensa de coartada. Los acusados ejercieron su derecho a no declarar. La defensa renunció a los testigos que había anunciado. Ante tal cuadro, la suficien-cia de la prueba se limita a una cuestión de credibilidad. La prueba de cargo, de ser creída por el juzgador —como lo fue — , es suficiente para establecer los elementos de los de-litos. En cuanto al señalamiento de prueba de referencia, aparte de que es cuestionable si se trataba de prueba de refe-rencia propiamente dicho, ciertamente no se cometió error perjudicial que amerite revocación. Aun excluyendo la evi-dencia impugnada, hay prueba suficiente para sostener las sentencias apeladas. Por último, es inmeritorio el señala-miento de veredictos contradictorios. La duda razonable con relación a las violaciones del Art. 8 de la Ley de Armas no implica de suyo duda razonable con relación a la tentativa de sabotaje. Además, como se sabe, los jurados no tienen que emitir veredictos, al considerar varios cargos, con el rigor de la más absoluta consistencia lógica.

Se confirman las sentencias apeladas.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau emitió opinión con-currente a la cual se unió el Juez Asociado Señor Díaz Cruz. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau

a la cual se une el Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 1980

Este caso es un ejemplo de que las huelgas deben man-tenerse dentro de los límites que la ley y la necesidad social les imponen. Esto es, que deben ser pacíficas y las partes no deben recurrir al sabotaje y a la violencia.

Con demasiada frecuencia ocurre en este país que cuando se produce una huelga contra una agencia de un servicio público esencial o importante, se recurre al sabotaje, actos estos por los cuales sufre el pueblo en general. Sufre en sus hogares, sus hospitales, sus escuelas, sus oficinas públicas, sus fábricas, sus establecimientos comerciales, y sufre su salud y su tranquilidad.

En el caso de autos, el sabotaje, con motivo de un estado huelgario, fue dirigido contra la Autoridad de las Fuentes Fluviales (ahora Autoridad de Energía Eléctrica), agencia pública que tiene la función monopolística de proveer de fuerza y luz eléctrica a los cuatro millones de habitantes de Puerto Rico.

El caso envuelve a 5 apelantes. A la fecha de los hechos, 2 de enero de 1978, 4 de ellos eran empleados de la Autoridad de las Fuentes Fluviales y el quinto era hijo de uno de ellos. Cuatro de los apelantes (José Pérez Pérez, Mariano Rivera Nieves, Alvin Pérez Rivera y Cesáreo Feliciano Pérez) fue-ron convictos por jurado, de tentativa de sabotaje de servicios públicos esenciales. Mariano Rivera, Wilfredo Acevedo y Alvin Pérez fueron convictos por tribunal de derecho, de viola-ción del Art. 6 de la Ley de Armas. Por violación del Art. 8 de dicha Ley fueron absueltos Mariano Rivera y Wilfredo Acevedo.

El Magistrado sentenciador dispuso penalidades de 2 a 3 años de prisión en los delitos de tentativa de sabotaje y de 6 meses de cárcel en los de violación del Art. 6 de la Ley de Armas. Dichas sentencias se servirían concurrentemente y el tribunal concedió el beneficio de sentencia suspendida en todos los delitos.

El Código Penal, en su Art. 182 (33 L.P.R.A. see. 4288) define el delito de sabotaje de servicios públicos en la siguiente forma:

Será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de diez años toda persona que, con el propó-sito de impedir parcial o totalmente la prestación de los servicios públicos esenciales, destruyere, dañare o alterare en alguna forma el funcionamiento de las instalaciones o equipos de servicio de agua, gas, electricidad, teléfono, telégrafo o cualquier otra propiedad destinada al servicio público, incluyendo el de trans-portación y comunicación.

Los apelantes hacen 3 planteamientos, los cuales consisten en lo siguiente: (1) insuficiencia de la prueba, (2) admisión de prueba de referencia y (3) veredicto contrario a derecho. Ninguno de dichos señalamientos justifica revocar las senten-cias.

La prueba de cargo, incontrovertida y creída por los jue-ces de los hechos, establece suficientemente los delitos impu-tados a los apelantes convictos. La defensa no ofreció prueba alguna, a pesar de haber anunciado la de coartada, a la cual renunció. Los acusados ejercieron su derecho a no declarar. La defensa también renunció a unos testigos que había anun-ciado.

De la prueba surge lo siguiente. El 2 de enero de 1978, Felipe Pérez, quien trabajaba en el Hospital de Distrito de Arecibo, se encontraba en la casa de su primo, José Pérez Pérez, uno de los apelantes. Allí también estaban los apelan-tes Alvin Pérez Rivera, Mariano Rivera Nieves y Cesáreo Feliciano Pérez. Al llegar Felipe, Mariano expresó que ese era el hombre que necesitaban. Le dieron $10 para gasolina y le prometieron $75 adicionales por llevarlos a San Sebastián para ejecutar “un acto” a favor de los obreros de la Autoridad de las Fuentes Fluviales.

En el baúl del carro de Felipe echaron cuatro pares de guantes, una segueta, una llave ajustable, una tijera de tres pies de largo y dos sierras de mano. Felipe, José, Mariano y Cesáreo partieron hacia San Sebastián. En la carretera cam-biaron de parecer y desistieron de realizar el acto que se ha-bían propuesto, pero, en el camino de regreso, Mariano le ofreció a Felipe $200 por cortar un poste de la Autoridad, que le señaló en el Cerro del Mono, a un lado de la Carretera Estatal Núm. 2. Felipe aceptó. Regresaron a casa de José. Luego Felipe acompañó a Mariano a su casa para recoger los $200 y para recibir instrucciones sobre cómo cortar el poste, de manera que cayera sobre la carretera.

Regresaron a casa de José, sacaron las herramientas del baúl del carro de Felipe y las pasaron al carro de Alvin. José le dio a Felipe una chaqueta para que se la pusiera y se qui-tara su camisa militar con insignias, porque era muy llama-tiva. Felipe, Mariano y Alvin fueron en el carro de éste hasta un lugar cercano al poste, y Mariano indicó a Felipe la ruta que debía seguir a pie para llegar hasta el poste. También le entregó un revólver para que se protegiese si lo descubrían.

Felipe se llevó las sierras, las tijeras y un par de guantes. Llegó al poste y comenzó a cortarlo. Pero, al notar que un carro de la Policía se había estacionado cerca de un negocio cercano llamado “La Casa Agrícola”, se atemorizó y se retiró del lugar. Dejó una sierra incrustada en el poste que estaba cortando y se llevó el resto de las herramientas.

Al bajar a la carretera, se deshizo de las tijeras, de la sierra y de los guantes, botando dicho equipo en un cañaveral. Luego caminó y regresó a la casa de José. Su carro ya no estaba allí, porque se lo habían llevado hasta la casa de Mariano. Felipe recobró el carro y regresó a su casa entre las 11:30 y 12:00 de la noche.

Al llegar a su casa, Felipe llevaba la chaqueta que José le había dado, enrollada alrededor del revólver para ocultarlo. Su madre le preguntó qué traía ahí y él al principio contestó con evasivas, pero, ante la insistencia de ella, le relató que Mariano le había entregado el revólver y $200 para que tum-bara un poste. Luego Felipe le sacó las balas al revólver y le entregó el arma, las balas y los $200 a su madre para que los guardara hasta el día siguiente para devolverlos a Mariano. Felipe también le relató a su esposa lo que había ocurrido. Al salir de la casa, Felipe se encontró con Mariano, acompa-ñado del apelante Wilfredo Acevedo, y le devolvió a Mariano el revólver, las balas y el dinero.

Dos días después, Mariano volvió a ver a Felipe y le ex-presó que había más dinero para tumbar más postes. El 11 de enero, Felipe, sintiendo el repudio de su conciencia, relató los hechos al policía Zenén Segarra. Éste lo conectó con agentes del Negociado de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico.

María Padín, madre de Felipe, declaró sobre lo que ocu-rrió entre ella y su hijo, incluso la manifestación de Felipe al efecto de que Mariano le había entregado el revólver y los $200 para tumbar un poste. También declaró María que vio a Felipe entregar a Mariano las balas, el revólver y el dinero. Milka Caraballo, esposa de Felipe, declaró sobre los mismos extremos cubiertos por María.

Félix Zanot declaró que el 10 de enero, mientras desyer-baba la finca de su patrono Laureano Borges, encontró los guantes, las tijeras y la sierra y se las mostró a su patrono. Borges declaró corroborando esos hechos y declaró que envió a su hijo Ramón a notificar el hallazgo a la Policía. Ramón declaró que así lo hizo en efecto. El Teniente de la Policía Felipe Soto declaró que tomó posesión de los objetos mencio-nados, y el Ingeniero Héctor Lebrón, de la Autoridad de las Fuentes Fluviales, declaró que el 14 de enero fue llamado por la Policía para inspeccionar el poste y que así lo hizo.

La prueba que dejamos relatada es abundante y, por lo tanto, carece de mérito el primer señalamiento de error.

En cuanto al segundo señalamiento, sobre admisión de prueba de referencia, se relaciona con los testimonios de la madre y de la esposa de Felipe.

Concurrimos con la posición del Procurador General, en el sentido de que esa prueba no se presentó para probar el con-tenido de la manifestación hecha, esto es, que Mariano le dio los $200 y el revólver a Felipe, sino para probar que Felipe, en efecto, había hecho dicha manifestación. Como se sabe, una manifestación constituye prueba de referencia, si se pre-senta con el propósito de establecer que su contenido es cierto, pero no la constituye, cuando se presenta para probar que la manifestación en efecto se hizo. Pueblo v. Rivera Burgos, 106 D.P.R. 528 (1977).

En la situación de autos, Felipe declaró que Mariano le dio el revólver y el dinero para que cortara el poste y que él manifestó ese hecho ante otras personas. Es claro que Felipe podía declarar sobre esos extremos que le constaban personal-mente. Los testimonios de su madre y de su esposa meramente corroboran que Felipe hizo esa manifestación.

Tampoco tienen razón los apelantes al sostener que esa prueba no debió admitirse por constituir una declaración extrajudicial de un coacusado, que incrimina a otro acusado. Felipe no fue un coacusado, sino testigo de cargo.

También carece de mérito el tercer señalamiento al efecto de que el veredicto es contrario a derecho. Se apoya en las dos absoluciones a las violaciones del Art. 8 de la Ley de Armas. Como se sabe, cuando hay varios cargos, los veredic-tos del jurado no tienen que ser absoluta y perfectamente con-sistentes entre sí. Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302 (1970); Pueblo v. Feliciano Rivera, 99 D.P.R. 589 (1971); Pueblo v. Cortés Calero, 99 D.P.R. 679 (1971); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974) y Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).

Entendemos que, tratándose de sabotaje contra un ser-vicio público tan esencial como lo es la energía eléctrica, la ilustrada sala sentenciadora fue innecesariamente leniente al suspender las sentencias en todos los delitos. Ya hemos seña-lado que estos delitos de sabotaje que se cometen contra los servicios públicos importantes, no se cometen contra un indi-viduo o una empresa en particular, sino contra todo el pueblo. En estos casos, la indebida lenidad estimula, en vez de disua-dir su comisión.

En vista de lo anterior, deben confirmarse las sentencias apeladas.

       Véase página 398, opinión del Juez Asociado Señor Rigau.