source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Her-nández Denton. Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Israel Hernández Colón y Víctor González, apelantes.

      Número: CE-85-712

      Resuelto: 11 de mayo de 1987

      Enrique González Martí, José Osvaldo Cotto Luna y Juan Ortiz Rodríguez, abogados de los peticionarios; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Dora T. Peñagarícano, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Los peticionarios Israel Hernández Colón y Víctor M. González fueron denunciados por infringir la See. 4 de la Or-denanza Municipal Núm. 22 del Municipio de Cayey, apro-bada el 12 de noviembre de 1973, según enmendada por la Ordenanza Núm. 35 de 4 de mayo de 1983, que “prohíbe inge-rir bebidas alcohólicas o exibir [sic] en [síc] envases con con-tenido [sic] de bebidas alcohólicas en calles, plazas o sitios públicos”. Se les imputó que el 4 de abril de 1985, “se en-contraban haciendo uso de bebidas alcohólicas en la vía pú-blica, frente al establecimiento Boquete Liquor Store..

Durante el juicio en el Tribunal de Distrito, los acusados cuestionaron la constitucionalidad de la See. 4 de la Orde-nanza. Su planteamiento fue rechazado oralmente por el Tribunal de Distrito, y por escrito por el Tribunal Superior, al cual acudieron interlocutoriamente.

Ahora repiten su planteamiento en este Foro. Alegan en síntesis que la See. 4 adolece de ambigüedad y amplitud ex-cesiva, por lo que viola sus derechos garantizados por las Sees. 1 (dignidad del ser humano), 4 (libertad de palabra), 6 (li-bertad de asociación), 7 (debido procedimiento de ley) y 8 (intimidad) del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Enmiendas I, IV, V y XIV a la Constitución de Estados Unidos.

La Ordenanza Núm. 22, supra, titulada “ORDE-NANZA PARA EVITAR, CASTIGAR Y ELIMINAR MALES FUNESTOS QUE PERTURBAN EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD CAYEYANA, Y PARA OTROS FINES”, tiene como propósito, entre otros, el “mantener una sociedad tranquila, [y] morigerada” evitando “los males más comunes”. En Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980), sostuvimos la facultad de la Asamblea Municipal para, al amparo de los poderes delegados por la Asamblea Legislativa en la Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, según enmendada, 21 L.P.R.A. ant. sec. 1101 et seq., promulgar una ordenanza similar. En Vélez v. Municipio de Toa Baja, supra, se trataba de una ordenanza del Municipio de Toa Baja que reglamentaba las horas de cierre de establecimientos donde se vendían bebidas alcohólicas y regulaba la presencia en esos lugares de menores de edad y borrachos.

I

Capacidad para impugnar la constitucionalidad de la orde-nanza

Como norma general, una persona no puede impugnar un estatuto a base de que éste sería inconstitucional en otras circunstancias que no son las suyas. Vélez v. Municipio de Toa Baja, supra. Los derechos constitucionales son personales y no pueden ser invocados de forma vicaria.

En E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 597 (1958), expre-samos sucintamente las razones que motivaron las normas de capacidad para litigar (standing):

¿Qué fundamento tienen esas limitaciones? ¿Han sido creadas para satisfacer las exigencias de un preciosismo téc-nico, o están por el contrario sustentadas por una convicción, a la cual abonan la razón y la experiencia, de cómo debe ejer-citarse la gravísima responsabilidad judicial de juzgar la constitucionalidad de las actuaciones legislativas? Es indu-dable que constituyen un mínimo de condiciones para el ejer-cicio discreto y tolerable de un poder que de otro modo cons-tituiría una clara amenaza para la calidad democrática del sistema y convertiría a los jueces en guardianes de la comu-nidad. Factores determinantes de estas normas son la falibili-dad del juicio humano, la condición negativa del poder judicial que no posee la autoridad directa que adviene a las otras dos ramas por ser electas por el pueblo, y la convicción de que la Corte perdería su influencia y prestigio y finalmente su autoridad, si, a diario, y fuera de los estrictos límites de un genuino procedimiento judicial, estuviese pasando juicio sobre la validez constitucional de las actuaciones legislativas y ejecutivas. (Escolio omitido.)

Por supuesto, la norma general de capacidad para litigar tiene excepciones. Hemos reconocido la capacidad de un litigante para defender los derechos de terceros que no están presentes en el caso, cuando no exista otra manera efectiva de que los derechos de éstos sean preservados. Zackry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 271-275 (1975); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723-724 (1974). También hemos reconocido otra excepción en el área de los derechos constitucionales de libertad de expre-sión y asociación. Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139 (1973). Estatutos que intentan restringir, dificul-tar o prohibir el disfrute de estos derechos en los foros públicos deben fundamentarse en un interés público apremiante, y su efecto y alcance no debe ser más amplio del necesario para lo-grar ese propósito legítimo y convincente, según expresado por el legislador. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255-256 (1979); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 23 n. 9 (1968); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 570 (1953).

Ahora bien, la amplitud excesiva de la ley impugnada tiene que ser sustancial en relación con el alcance legítimo que la medida pueda tener.

Al considerar el planteamiento de amplitud excesiva de los peticionarios hay que tener presente que si no están afectados derechos de libertad de expresión y asociación constitucionalmente protegidos, no procede examinar la ambigüedad de la See. 4 de la Ordenanza bajo cualquier conjunto de circunstancias. La alegada ambigüedad entonces será evaluada solamente según ha sido aplicada a los peticionarios. El análisis deja de ser uno de libertad de expresión y asociación y se convierte en uno de debido procedimiento de ley.

La See. 4 de la Ordenanza cuya validez se cuestiona no infringe derecho constitucional alguno de libertad de expresión o asociación. Los. peticionarios no han hecho un intento por demostrar cuál es la idea que pretenden comunicar al ingerir o exhibir bebidas alcohólicas en la calle. No toda conducta se presume expresiva. Por lo tanto, la persona que desea llevar a cabo un acto alegadamente expresivo tiene la obligación de demostrar que está constitucionalmente protegido.

Es difícil concebir cuál es la idea que la conducta proscrita intenta transmitir, con excepción quizás de aquella condu-cente a la exaltación del alcoholismo, precisamente el mal social que el municipio desea evitar en los predios públicos.

La Asamblea Legislativa ha delegado en las Asambleas Municipales unos poderes amplios “en beneficio de la población y para el fomento y progreso de ésta . . .”. Art. 2.04 (16) de la Ley Orgánica de los Municipios, según enmen-dada, Ley Núm. 20 de 2 de julio de 1981 (21 L.P.R.A. see. 2054 (16)). Éstas gozan de todas aquellas facultades “inciden-tales y necesarias” para la consecución de ese interés, id., Art. 4.18 (21 L.P.R.A. see. 3068), de acuerdo con las condiciones locales imperantes. Vélez v. Municipio de Toa Baja, supra, pág. 374 Pueblo v. Coto, 24 D.P.R. 381, 382-383 (1916). Esto incluye los aspectos de “seguridad pública, la salud, la moral pública y la paz y tranquilidad de la comunidad”. Vélez v. Municipio de Toa Baja, supra, pág. 376.

Sin duda, ingerir alcohol en la vía pública causa grave daño a la tranquilidad de un pueblo. Las bebidas embriagantes tienen un efecto directo sobre el comportamiento de quienes las ingieren. Los actos antisociales que con frecuencia cometen las personas bajo la influencia del alcohol perturban la paz del vecindario y generan repetidas alteraciones a la paz pública, accidentes de tránsito, violaciones a las normas que establecen los niveles máximos de ruido permitidos, altercados públicos, e incluso muertes violentas. El consumo del alcohol en la vía pú-blica genera también gran cantidad de desperdicios sólidos —vasos, botellas y latas— con los consabidos problemas de estética y salubridad. En Puerto Rico, dada la proliferación de negocios dedicados al expendio de estas bebidas, y el gran número de consumidores de las mismas, el problema alcanza serias proporciones. El Estado Libre Asociado ha decidido que sean sus municipios quienes se encarguen de atacar estos males de acuerdo con la situación imperante en cada comuni-dad. Unos, como Toa Baja, han decidido controlar la venta de las bebidas embriagantes. Vélez v. Municipio de Toa Baja, supra; otros, como Cayey, han decidido controlar el lugar de consumo.

La ausencia de intereses de expresión o asociación protegi-bles hace inaplicable en este caso la regla de sobreextensión.

H-l h-C

La ambigüedad y vaguedad y el debido proceso de ley

Procedemos a analizar la alegada ambigüedad del estatuto bajo la cláusula de debido procedimiento de ley de nuestra Constitución. Al evaluar alegaciones de vaguedad en este tipo de estatuto, hemos enfatizado:

Es doctrina conocida que la cláusula del debido procedi-miento exige que el estatuto sea claro y preciso. “La norma de certeza para los estatutos que castigan delitos es mayor que la exigida para los estatutos que dependen primordial-mente de sanciones civiles para hacerlos valer. ‘El delito debe ■definirse con adecuada precisión. Debe haber una norma determinable de culpabilidad.’ Las personas de inteligencia co-mún y corriente no deben estar obligadas a adivinar en cuanto al significado del estatuto. La vaguedad puede consis-tir de incertidumbre en cuanto a qué persona cubre la ley, o incertidumbre en cuanto a la norma aplicable para determi-nar la culpabilidad.” Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 40 (1950). (Citas y nota al calce omitidas; énfasis nuestro.)

Véanse también: Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 543-544 (1984); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366 (1975); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, supra, págs. 144-146.

Son varias las normas de interés público que esta doctrina intenta salvaguardar. Primero, una ley penal que sufre del defecto de ser vaga o ambigua podría ser empleada para castigar al inocente, al no proveerle un aviso adecuado de cuál es la conducta que prohíbe. La ley penal debe proveer a toda persona de inteligencia promedio una guía adecuada que le aperciba de antemano que su conducta está prohibida. Pueblo v. Mantilla, supra. Así, aunque se presume que toda persona conoce la ley, Art. 2 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2, ello no implica que su significado tenga que ser adivinado. Segundo, una ley penal ambigua promueve su implantación de forma arbitraria y discriminatoria, pues delega impermisible-mente en los funcionarios del orden público la determinación del alcance de la legislación. Todo lo que la doctrina de la ambigüedad requiere es que se hayan establecido guías míni-mas para gobernar su implantación. In re Guzmán Géigel, 113 D.P.R. 122 (1982); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, supra. Tercero, una ley ambigua puede cohibir el disfrute de las libertades protegidas por la Constitución. Cuando esto ocu-rre, la ley es inconstitucional de su faz, y no solamente según ha sido implantada. Mari Bras v. Casañas, supra, págs. 15, 23. La ley es inconstitucional no por la forma en que fue empleada en el caso en particular, sino por la multiplicidad de maneras inconsistentes y arbitrarias en que podría ser utilizada en otras situaciones. Es lógico entonces que los estatutos que cas-tigan conducta desordenada estén sujetos a unos criterios de certeza y claridad más estrictos que los usuales, y puedan ser declarados inconstitucionales de su faz aunque sea concebible alguna situación en la que puedan ser aplicados válidamente. De ordinario, no es imposible o impráctico que estos estatutos definan el delito con mucha precisión. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, Hato Rey, Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, See. 4.4, págs. 90-92.

“ [L] a letra de la ley es tan clara que hiere la retina con la intensidad de la luz.” P.R. Am. Sugar Refinery, Inc. v. Domenech, Tes., 46 D.P.R. 602, 609 (1934). Su texto quiere decir lo que dice. Se prohíbe exhibir o ingerir bebidas alcohó-licas en la calle.

La comprensión de tal prohibición no requiere mayo-res explicaciones. Su alcance es abarcador. No delega en el policía, el fiscal o el magistrado los criterios para determinar cuándo ocurre una violación de la See. 4 de la ordenanza. Claramente, la Asamblea Municipal de Cayey no desea que las personas ingieran o exhiban bebidas alcohólicas a la vista del público. Por eso, prohibió estas actividades en la calle. Esa intención no hace ambigua la prohibición. “La regla, enunciada a menudo, de que los estatutos penales deben interpretarse restrictivamente, no exige que a las palabras de un estatuto deba dárseles su significado más limitado o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención del legislador.” Pueblo v. Mantilla, supra, pág. 44. La ordenanza ante nuestra consideración es clara y precisa. Su prohibición es fácilmente discernible, y no deja la determinación de los elementos de la ofensa al arbitrio irrestricto de las autoridades.

1-H i — I

Arbitrariedad en la implantación de la ordenanza

Los peticionarios señalan que durante las “fiestas patronales” de Cayey, la Policía no arrestó en otras ocasiones a aquellas personas que consumían alcohol en el mismo lugar en que ellos se encontraban. Esta alegación, sin más, no demuestra una aplicación arbitraria, discriminatoria e irrazonable de la ley. Desconocemos las circunstancias imperantes entonces o la veracidad del argumento. De todos modos, debe quedar claro que el debido procedimiento de ley no quita a las autoridades su discreción para acusar. Vélez v. Srio. de Justicia, supra, págs. 544-545; A.R.P.E. v. Chang Louk, 113 D.P.R. 295, 297 (1982). Únicamente impide que esa discre-ción se base en las predilecciones personales irrestrictas de la autoridad policíaca, o en la conducta inexplicablemente con-tradictoria o activamente engañosa de los oficiales del Go-bierno. Recuérdese que contra la observancia de una ley vá-lida no prevalecerá el desuso, la costumbre o la práctica en contrario. Art. 5 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5.

H-l <5

El derecho a la dignidad y ala intimidad

Procedemos a considerar el último planteamiento de los peticionarios, que la ordenanza les viola su derecho a la dig-nidad y a la intimidad.

En ocasiones anteriores, hemos tenido la oportunidad de ahondar en la definición y aplicación de estos derechos tan entrelazados. “La protección contra ataques a la honra, reputación y vida privada constituye también un principio que complementa el concepto de la dignidad humana mantenido en esta constitución. Se trata de la inviolabilidad personal... y amplia . . .”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2566 (1951), citado en Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 258 (1978). Véanse también: Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987), opinión concurrente de la Juez Naveira de Rodón.

La prohibición del consumo de bebidas alcohólicas dispuesta por la cuestionada ordenanza no interfiere con la consciencia, la mente, los pensamientos o los sentimientos del individuo; tampoco cae dentro de la zona de autonomía e información que este derecho reconoce, únicamente reglamenta su conducta pública, en aras de salvaguardar precisamente el sosiego, la paz y la tranquilidad de la vida comunitaria, fac-tores que en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 446 (1975), reconocimos que son parte del derecho a. la dignidad e intimidad del ser humano. Por analogía con esa decisión, resolvemos que los costos psíquicos a los habitantes de la comunidad cayeyana debido a los incidentes que generan la ingestión de alcohol en la vía pública sobrepasan por mucho cualquier interés que puedan poseer los consumidores de bebi-das embriagantes en ese lugar. Estos no tienen más derechos que sus vecinos.

Y

Conclusión.

El Municipio de Cayey ha intentado hacer un balance adecuado de intereses sin tener que recurrir a una prohibición absoluta del consumo de alcohol. La ordenanza deja libre al ciudadano para deambular por las calles. También le permite consumir bebidas alcohólicas en la privacidad de su hogar, o en los predios de los negocios que se dedican a vender estos productos. Únicamente le prohíbe consumirlos en la calle, para la protección de la tranquilidad de la comunidad. Así lo ex-presa la Exposición de Motivos del estatuto municipal. Ese propósito está permitido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su virtud, deseabilidad o conveniencia no es de la incumbencia de este Foro. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 85 (1983). Nos está vedado sustituir nuestro criterio por el de la Asamblea Municipal. Tampoco podemos clasificar las leyes en odiosas o favorables, Art. 21 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 21.

Por todo lo cual, resolvemos que la Sección Cuarta de la Ordenanza Núm. 22 del Municipio de Cayey, aprobada el 12 de noviembre de 1973, según enmendada por la Ordenanza Núm. 35 de 4 de mayo de 1983, es válida desde los puntos de vista constitucionales discutidos. Se confirma la resolución in- terlocutoria recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Distrito, Sala de Cayey, 'paro.la continuación de los procedi-mientos penales contra los aquí peticionarios de conformidad con lo expresado en esta opinión. Se dictará sentencia de con-formidad a lo expuesto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resul-tado emitiendo voto particular al respecto. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente con opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Los peticionarios fueron denunciados por violar la Orde-nanza Municipal Núm. 22, Serie 1973-74, según enmendada, en particular la See. 4 que prohíbe “ingerir bebidas alcohólicas o exibir [sic] en envases con [síc] contenido de bebidas alco-hólicas en calles, plazas o sitios públicos”. Esta ordenanza, conocida como ordenanza para evitar, castigar y eliminar males funestos que perturban el bienestar de la comunidad cayeyana y para otros fines, prohíbe, entre otras cosas:

. . . burlar, perseguir o molestar a inválidos, ancianos, de-mentes o cualquier ser humano.
... a parejas amarteladas a conducirse en forma contraria a los valores morales de dicha sociedad.
. . . ponerse de pie sobre los bancos de la Plaza Pública [sic] o dormir en ellos.
... el uso de vehículos de arrastre o cualquier otro objeto de rodaje que sea para la diversión en aceras y la plaza pú-blica, así como bicicletas, patines, etc.
. . . hablar en tonos de alta voz entre las diez de la noche y las cinco de la mañana en calles y plazas.

Dispone dicha ordenanza, que la convicción por infringir alguna de sus secciones será castigada con multa no menor de veinticinco dólares ni mayor de cien dólares, o un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar o ambas penas a discreción del Tribunal.

Tanto el principio de Derecho Penal de nullum crimen sine lege praevia, recogido en el Art. 8 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, como el mandato constitucional de que nin-guna persona será privada de su libertad sin debido proceso de ley, Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proscriben las leyes vagas. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, Hato Rey, Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 90. El requisito de que un estatuto sea claro y preciso es particularmente importante en estatutos de carácter penal. Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 40 (1950); Winters v. New York, 333 U.S. 507, 515 (1947); Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940); Pierce v. United States, 314 U.S. 306, 311 (1941).

En Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139, 145-146 (1973), este Tribunal citó con aprobación las expre-siones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104, 108-109 (1972), a los efec-tos de que:

“Es un principio básico del debido procedimiento que una ley es nula por vaguedad si sus prohibiciones no están clara-mente definidas. Las leyes imprecisas violentan diversos va-lores importantes. Primero, porque asumimos que el hombre es libre para elegir entre la conducta legal e ilegal, insistimos que las leyes den a la persona de ordinaria inteligencia una oportunidad razonable para saber qué está prohibido, de modo que pueda actuar en concordancia con ese conocimiento. Las leyes imprecisas pueden engañar al inocente al no pro-veer un aviso adecuado. Segundo, si ha de prevenirse la apli-eación arbitraria y discriminatoria, las leyes deben proveer normas claras para aquellos que las aplican. Una ley vaga de-lega, de modo no permisible, cuestiones básicas de política a policías, jueces y jurados para ser resueltas sobre bases sub-jetivas y ad hoc, con los consiguientes peligros de aplicación arbitraria y discriminatoria. Tercero, pero relacionado, cuando un estatuto impreciso ‘empalma con áreas sensitivas de las libertades básicas garantizadas por la Primera En-mienda’ ‘opera para inhibir el ejercicio de [esas] liberta-des’. Los significados inciertos inevitablemente llevan a los ciudadanos a ‘permanecer mucho más lejos de la zona ile-gal’ . . . que si las fronteras de las áreas prohibidas estuvie-sen claramente demarcadas. (Citas omitidas.)”

Una ley será declarada nula por vaguedad si (1) una persona de inteligencia promedio no queda debidamente advertida del acto u omisión que el estatuto pretende prohibir y penar; (2) se presta a la aplicación arbitraria y discriminatoria, y (3) interfiere con el ejercicio de derechos fundamentales ga-rantizados por la Constitución. Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156, 162 (1971); Winters v. New York, supra, pág. 515; Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451, 453 (1938); Connally v. General Construction, 269 U.S. 385, 391 (1926); Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242, 264 (1936); United States v. Harris, 347 U.S. 612, 617 (1954); Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352, 357-358 (1982); Pueblo v. Mantilla, supra, pág. 40; Meléndez v. Tribunal, 90 D.P.R. 656, 661 (1964); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, supra; Amsterdam, The Void for Vagueness Doctrine in the Supreme Court, 109 U. Pa. L. Rev. 67 (1960); Nevares, op. cit.; D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, revisado y comentado, San Juan, Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 17; L. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, The Foundation Press, 1988, Secs. 12-28, pág. 718; R. Rotunda, J. Nowak, J. Young, Treatise on Constitutional Law, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1986, Yol. 3, Sec. 20.9, págs. 34-36.

La ordenanza municipal aquí impugnada no puede supe-rar el ataque por vaguedad a menos que mediante una inter-pretación judicial limitemos y aclaremos su alcance y supere-mos sus defectos constitucionales. Contrario a la buena meto-dología judicial, la opinión del Tribunal acepta la constitu-cionalidad de la ordenanza en su sentido más amplio. La orde-nanza en general adolece de vaguedad en la medida en que no describe en forma adecuada lo que son “sitios públicos”. Cuando se utiliza lenguaje general sin delimitarse adecuada-mente de manera que el estatuto proscribe no sólo la conducta que en efecto se desea castigar, sino que también prohíbe con-ducta que podemos presumir no se considera delictiva, estamos ante un estatuto nulo por vaguedad. Winters v. New York, supra, pág. 516. Además de en las calles y la plaza pública, ¿en qué otros sitios públicos prohíbe la ordenanza que se in-gieran o se exhiban envases de bebidas alcohólicas? ¿Son sitios públicos para propósitos de la ordenanza el parque de béisbol, la orilla de un río?; ¿se considera que el que conduce su auto y lleva en él envases de bebidas alcohólicas actúa en contraven-ción a la ordenanza?, y si se estaciona el automóvil en la vía pública, y a plena vista se puede ver que en el mismo hay be-bidas alcohólicas, ¿debe entenderse que el dueño del auto está exhibiendo envases de bebidas alcohólicas?, y aquel que va ca-minando a su casa y lleva bebidas embriagantes que acaba de comprar para ingerir en su hogar, ¿puede ser detenido camino a su casa por violar la ordenanza?

No es posible sostener como válida una ordenanza que obliga a ciudadanos de inteligencia promedio a adivinar el sig-nificado del estatuto, a hacer conjeturas sobre qué conducta está prohibida. Además, la Ordenanza Núm. 22 del Municipio de Cayey se presta para que mediante su aplicación discrimi-natoria los agentes del orden público persigan a grupos de personas que no gozan de su simpatía. Kolender v. Lawson, supra, pág. 360.

El Municipio de Cayey tiene un reconocido poder de apro-bar medidas con el propósito de controlar los problemas socia-les que le aquejan. Independientemente del legítimo propósito que tenga un municipio al aprobar una ordenanza, ésta debe ceñirse a los mandatos constitucionales. En un sistema consti-tucional como el nuestro, donde se le garantiza al individuo su libertad dentro de un esquema legal que persigue mantener un orden social, las intervenciones del estado con la libertad de las personas no deben ser arbitrarias o discriminatorias.

La opinión emitida por este Tribunal valida una orde-nanza que por su vaguedad atenta contra el derecho a la liber-tad consagrado por nuestra Constitución y la de Estados Uni-dos de América.

Por las razones expuestas anteriormente, disiento.

Voto particular del

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Concurrimos en el resultado al que llega el Tribunal en el presente caso por cuanto entendemos que la modalidad, bajo la Ordenanza Municipal Núm. 22 del Municipio de Cayey, por la cual específicamente se procesa a los acusados apelantes —in-gerir bebidas alcohólicas en la vía pública del citado munici-pio— es una cuya validez es incuestionable. Tenemos reparo, sin embargo, a la “necesidad” de los pronunciamientos que hace una mayoría de este Tribunal respecto a la validez de las otras modalidades que penaliza la referida ordenanza, las cuales no están en controversia.

      En su Sec. 21, la ordenanza castiga la conducta imputada con “multa no menor de $25.00 veinte y cinco [sic] dólares ni mayor de cien ($100.00) o un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar o ambas penas a discreción del Tribunal”.

       Solamente se ha cuestionado la referida See. 4 de la Ordenanza. Así pues, no estamos pasando juicio en esta opinión acerca de la validez de las otras prohibiciones contenidas en el estatuto’ municipal.
      Debido a la naturaleza de la ofensa envuelta en este caso, indepen-dientemente de la validez de la ordenanza, nos preocupa la manera en que ésta se ponga en vigor. A tales efectos véase Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 863 (1975), donde se acepta la práctica del procedimiento de ci-tación en vez del arresto en casos de delitos menos graves.

      La misma política pública que entonces encontramos razonable, ha llevado a los organismos legislativos municipales a aprobar medidas adicio-nales para enfrentarse al grave problema social que constituye el alcoho-lismo. Véase Informe del Departamento de Servicios contra la Adicción, Edna González Cruz, “El Consumo de Alcohol en Puerto Rico”, 14 de octu-bre de 1981.

      En términos generales, hemos señalado cuatro factores que deben ser tomados en consideración al determinar la capacidad de un litigante para invocar los derechos constitucionales de otros: “(1) el interés del litigante; (2) la naturaleza del derecho invocado; (3) la relación existente entre el litigante y las terceras personas; y (4) la factibilidad de que los terceros pueden hacer valer tales derechos en una acción independiente . . . .” Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 272 (1975). Por tratarse de una norma de excepción, la situación en que se pretenda emplear ha de cumplir “con la más rigurosa exigencia los cuatro elementos o factores de-terminantes de capacidad que antes hemos apuntado”. íd., pág. 275.

      Como corolario de este reconocimiento, en el área de los derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación, permitimos que un liti-gante ataque una ley excesivamente abarcadora sin requerirle que demuestre que su propia conducta no podría ser regulada por una ley redactada de forma válida. Bajo estas circunstancias a los litigantes se les permite im-pugnar una ley no porque se están violando sus propios derechos a la libre expresión, sino porque la sola existencia del estatuto puede causar que otras personas que no están ante el tribunal se abstengan de hacer alguna expre-sión protegida constitucionalmente. Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139, 146 (1973).
      Esta norma requiere que se compruebe de la forma más rigurosa la existencia de los factores que hacen excesivamente abarcadora una ley. Cuando se determina que una ley es excesivamente abarcadora resulta inválida de su faz. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 24 (1968). La misma no puede ser utilizada para castigar la situación ante el tribunal y tampoco ninguna otra. Simple y llanamente, la ley es nula. El posible daño que sufre la sociedad cuando se le impide castigar una expresión perjudicial no prote-gida pesa menos que la posibilidad de que por medio de una ley excesiva-mente abarcadora se penalice la expresión protegida por la Constitución. En esos casos es preferible que el Poder Legislativo redacte un estatuto menos amplio que pase el cedazo constitucional. Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980); D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, Hato Rey, Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, Sec. 4.4, págs. 90-92.

       Sobre el problema del alcoholismo en general, véase Informe del De-partamento de Servicios Contra la Adicción, op. cit., esc. 1 de esta opinión.

       Esto, sin embargo, no debe confundirse con el hecho de que “todas las leyes, aun las ‘clarísimas’, requieren interpretación”. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763, 788 (1960), citado con aprobación en Vives Vázquez v. Tribunal Superior, supra, pág. 145. Esto implica que tanto los magistra-dos como los policías y fiscales ejercen cierto grado de discreción interpre-tando estatutos penales al desempeñar sus funciones. El ejercicio de estas funciones interpretativas no necesariamente significa que la ley sea ambi-gua.

       También en Estados Unidos, bajo las disposiciones de la Constitu-ción federal, todos estos principios han sido considerados. Palmer v. Euclid, 402 U.S. 544, 545 (1971); United States v. Harris, 347 U.S. 613, 617 (1954); Winters v. New York, 333 U.S. 507, 515 (1948); Kolender v. Lawsen, 461 U.S. 357, 358, 361 (1983); Shuttlesworth v. City of Birmingham, 382 U.S. 87, 91 (1965); Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451, 453 (1939).

       Art. 8
      “No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
      “No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguri-dad.” — Código Penal, 1974.


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Francisco Cruz Viera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Manatí, recurrido.

      Número: O-85-289

      Resuelto: 11 de mayo de 1987

      Martiza Pagan de Joglar, de Davila & Pagan, abogada del recu-rrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En acción civil de daños y perjuicios presentada contra Myriam Gutiérrez Yantín, en la cual no se incluyeron como demandados a su esposo Francisco Cruz Reyes ni a la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, el demandante re-currente Francisco Cruz Viera obtuvo sentencia a su favor el 11 de febrero de 1981 en la cual se le adjudicó la cantidad de treinta mil dólares ($30,000) en concepto de daños y mil quinientos dólares ($1,500) en concepto de honorarios de abo-gado, costas e intereses desde la radicación de la demanda. La responsabilidad civil de la demandada se originó de actos tor-ticeros ejecutados por ésta contra Francisco Cruz Viera, con-sistentes en agresiones físicas que le ocasionaron al deman-dante laceraciones en la cara, brazos y ojo izquierdo. El 29 de enero de 1985, a solicitud de la parte demandante, la sala de instancia expidió mandamiento al Registrador de la Propiedad fundado en auto de ejecución de sentencia para que anotara un embargo por la cantidad de treinta y seis mil dólares ($36,000), a ser distribuida entre tres fincas rústicas que en el Registro de la Propiedad aparecen inscritas a nombre de la sociedad de gananciales compuesta por la demandada Myriam Gutiérrez Yantín y su esposo Francisco Cruz Reyes.

El Registrador de la Propiedad se negó a anotar el embargo solicitado. Adujo que el derecho a ser oído requería que se incluyera al cónyuge inocente antes de ordenarse el embargo de los bienes de la sociedad de gananciales, ya que ni ésta ni el Sr. Francisco Cruz Reyes fueron parte en el pleito. En apoyo de su criterio citó del Art. 116.4 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria en su párrafo se-gundo: “[s]i la finca o derecho a gravarse con la anotación constase [inscrita] a favor de una sociedad de gananciales será preciso haber dirigido la acción contra ambos cónyuges para que proceda la práctica del asiento.” El recurrente por su parte alega que es de aplicación el Art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3663, que autoriza la repetición contra la sociedad de gananciales cuando el cónyuge demandado carece de bienes privativos.

Presentada oportunamente la solicitud de recalificación el Registrador de la Propiedad se reiteró en su denegatoria, por lo que la parte recurrente acude ante nos mediante recurso gubernativo.

El Registrador de la Propiedad recurrido actuó conforme a derecho al denegar la inscripción del embargo. Está establecido que la sociedad legal de gananciales es una entidad separada y distinta de los cónyuges que la componen. Rivera v. Casiano, 68 D.P.R. 190 (1948); Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 173 (1963); Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981). Los cónyuges, vigente el régimen legal de gananciales, no pueden tener cuotas separadas e independientes, sino que es la sociedad la dueña de los bienes que la componen. Como regla general, el pago de multas y condenas pecuniarias que se le impongan al marido o a la mujer no estará a cargo de la sociedad legal de gananciales. Art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3663. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. 1, pág. 712. Sin embargo, cuaiido se trata de un caso de responsabilidad civil extracontractual la actuación de uno de los cónyuges podrá acarrear responsa-bilidad para la sociedad legal de gananciales cuando de los hechos particulares del caso surja que la actividad del cónyuge que produjo el daño aprovechó económicamente a la sociedad. Lugo Montalvo v. González Mañón, 104 D.P.R. 372 (1975); García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319 (1978); Sepúlveda v. Maldonado Feto, 108 D.P.R. 530 (1979). Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. XXII, pág. 477. Sólo como excepción, en caso de que el cónyuge demandado no tenga bienes con que responder o que éstos sean insuficientes, se puede repetir contra los bienes de la sociedad de gananciales. Esta excepción está condicionada a que se ale-gue y se pruebe que la sociedad de gananciales posee bienes suficientes para sufragar las cargas y obligaciones que dis-pone el Art. 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3661. Sólo después de cubiertas las obligaciones.mencionadas en el referido artículo podrá irse contra los bienes de la sociedad de gananciales, de ésta poseer suficientes fondos para responder de la deuda del marido o la mujer sin que se ponga en riesgo la solvencia de la sociedad, J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 770; Scaevola, op. cit, págs. 548-549, y siempre que se tomen las medidas necesarias para que en su día, al liquidarse la sociedad, se le reconozca el correspondiente cré-dito al cónyuge inocente. Sepulveda v. Maldonado Febo, supra.

En el caso de autos si bien la demanda reclamaba una obligación personal de la mujer por lo que no se requería que el marido fuera parte, llegado el momento de la propuesta ejecución de la sentencia contra bienes de la sociedad, el marido adquirió interés de partes en los procedimientos que afectan sus bienes. Por tal razón, debió incluirse al cónyuge inocente en la moción para ejecución de sentencia, citársele o emplazarlo para proteger su derecho a ser oído antes de determinarse si procedía el embargo de los bienes de la sociedad de gananciales. En el presente caso no sólo debió citarse al marido inocente para que protegiera su derecho y el de la sociedad legal de gananciales, sino que también debió mediar antes de expedirse el mandamiento judicial de embargo de los bienes comunes, una previa determinación por la sala de instancia de que se cumplió con las condiciones y exigencias del Art. 1308 del Código Civil, supra, Manresa, op. cit, págs. 770-771.

La omisión de incluir al cónyuge inocente en el procedimiento de ejecución de sentencia afecta la legalidad del mismo y constituye un defecto propiamente señalado por el Registrador en el ejercicio de su facultad calificadora, Art. 68, inciso 4to, Ley Hipotecaria de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2271). R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, págs. 332-333. Además el Art. 116.4 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad expresamente establece como limitación para ins-cribir anotaciones de embargo en fincas pertenecientes a la sociedad de gananciales que la acción tiene que haber sido dirigida contra ambos cónyuges. Este artículo complementa lo •dispuesto en el Art. 1310 del Código Civil, supra, para así garantizar que el procedimiento se lleve a cabo cumpliéndose con la garantía constitucional del debido proceso de ley. Al comentar el Art. 144.1 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria de España (citado en escolio 2), similar al Art. 116.4 de nuestro Reglamento, Roca Sastre expresa:

La necesidad de haberse dirigido la demanda contra ambos cónyuges para poder ser practicada dicha anotación preven-tiva de embargo de tales bienes, constituye un requisito a cumplir. (Énfasis suplido.) Roca Sastre, op. cit., T. IV, Vol. I, pág. 82.

En el caso ante nos no se citó al cónyuge inocente previo al procedimiento de ejecución de sentencia, ni se demostró que la sociedad legal de gananciales tuviera bienes suficientes para responder por la deuda conforme a lo establecido en los Arts. 1308 y 1310 del Código Civil, supra, ni se dirigió la acción originadora de la deuda contra ambos cónyuges. Por todo lo antes expuesto determinamos que el Registrador de la Propie-dad actuó correctamente al negarse a inscribir el manda-miento de embargo sobre los bienes de la sociedad legal de gananciales.

Se confirma la calificación recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García, al dar su confor-midad, emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión escrita.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Al dar nuestra conformidad a la opinión del Tribunal, hemos de enfatizar que conforme a la visión doctrinaria de mayor aceptación, la acción de repetición que establece el Art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3663, no es automática, absoluta ni ilimitada.

Su aplicación exige que el actor alegue y demuestre: (1) que el cónyuge deudor carece de bienes propios suficientes, y (2) existen y sobran bienes gananciales después de cubrir las necesidades de habitación, alimento y educación del Art. 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3661. J. M. Manresa, Co-mentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 770; Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. XXII, págs. 548-649; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. 1, págs. 707-709; J. M. Reyes Monterreal, El Régimen Legal de Gananciales, Madrid, Ed. Gráficas Me-nor, 1962, págs. 248-249.

       Esta sentencia fue confirmada por este Tribunal en el recurso de re-visión, Soc. Legal de Gananciales de Francisco Cruz Viera v. Myriam Gutiérrez Yantín, R-81-196.

       Con mayor integración que el nuestro, el Reglamento Hipotecario de España en su Art. 144.1 dispone:

        “Artículo 144.1. Para que sea anotable en el Registro de la Propiedad el embargo de bienes comunes durante la vigencia de la sociedad conyugal, incluso cuando uno solo de los cónyuges aparezca como deudor, deberá cons-tar que la demanda ha sido dirigida contra ambos. . . .” 1982 Aranzadi, Re-pertorio Cronológico de Legislación, Vol. Ill, Anot. 3184, pág. 5421.

        “Sec. S66S. Deudas contraídas antes del matrimonio; multas

      “El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de gananciales.
      “Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.
      “Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se le impongan, podrá repetirse contra los gananciales después de cubiertas las atenciones que enumera la see. 3661, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados.- — -Código Civil, 1930, art. 1310.”

        “See. 3661. Obligaciones de la sociedad de gananciales

      “Serán de cargo de la sociedad de gananciales:
      “1. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de les cónyuges.
      “2. Los atrasos o créditos devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales.
      “3. Las reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el matrimonio en los bienes peculiares de los cónyuges. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad.
      “4. Las reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales.
      “5. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges.
      “6. Los préstamos personales en que incurra cualquiera de los cónyu-ges. — Código Civil, 1930, art. 1308; enmendado en Mayo 21, 1976, Núm. 51, p. 143, sec. 1, ef. Mayo 21,1976.” 31 L.P.R.A. see. 3661.

      Ya anteriormente en protección de arrendatarios cubiertos por Ley de Alquileres, que no fueron parte en la demanda de ejecución de hipoteca sobre el inmueble arrendado, dispusimos que se les notificará la ejecución. Housing Investment Corp. v. Luna, 112 D.P.R. 173, 180 (1982); L. Dershowitz & Co., Inc. v. Registrador, 105 D.P.R. 267 (1976).
      La esencia del debido proceso de ley es que nadie puede ser privado de su propiedad sin la oportunidad de ser oído. Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García El Juez Presidente Señor Pons Núñez

text:
      In re Dina Orlando Roura.

      Número: MC-86-16

      Resuelto: 13 de mayo de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Eliadís Orsmi Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Dina Orlando Roura, pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

El Procurador General sometió un informe con relación a la conducta profesional de la Leda. Dina Orlando Roura originado en una queja promovida por el Sr. José Guillermo Santos. Aduce que ella incurrió en conflicto de intereses — Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX— al asumir la representación de la Sra. Anicia I. Pimentel, ex esposa del señor Santos, en una acción posterior sobre liquidación de bienes gananciales, aun cuando antes había representado a ambos cónyuges en un trámite de divorcio por consentimiento mutuo.

Concedimos término a la licenciada Orlando Roura para que compareciera a mostrar causa por la cual no debería ser disciplinada. Su comparecencia, unida al conocimiento judicial de hechos resultantes del examen de los casos concernidos, nos permite esclarecer el trasfondo fáctico y dilucidar prontamente el asunto.

Su génesis se retrotrae en la acción de divorcio por consentimiento, suscrita y presentada. por la licenciada Orlando Roura (Civil Núm. 83-2709) el 21 de diciembre de 1983. Debido a una discrepancia insalvable motivada en el interés del señor Santos sobre una de las propiedades, la acción fue archivada por desistimiento el 7 de marzo de 1984. El 15 de marzo de 1984, las partes se divorciaron por la causal de trato cruel (RF-84-216). Esta demanda tam-bién había sido suscrita por la licenciada Orlando Roura a nombre de la señora Pimentel. Durante la vista en su fondo de este proceso, la Juez de instancia que presidía, Hon. Ana Delia Sánchez, aconsejó a la licenciada Orlando Roura que debía retirarse del caso. Quedó relevada de representar a la demandante, señora Pimentel. La prueba fue desfilada por el abogado Ángel De Jesús Sepúlveda.

Así las cosas, el 4 de mayo de 1984, la señora Pimentel presentó acción civil sobre liquidación de bienes gananciales (Civil Núm. 84-1059). Otra vez la representaba la licenciada Orlando Roura.

La posición del Procurador General es que la abogada Orlando Roura violó el Canon 21 de Ética Profesional, supra, al representar a dos clientes que tenían intereses en-contrados. Sostiene que “para la preparación y redacción del documento de Petición [de divorcio por consentimiento mutuo] por la abogada querellada, ésta tenía que haber obtenido información de uno u otro cónyuge. Si comparamos la Petición (Exhibit I) con la Demanda de Liquidación de Bienes Gananciales (Exhibit III) confirmamos .que se enumeran las mismas propiedades, diferenciándose y añadiéndose sólo información adicional sobre las deudas existentes, sobre las cuales ambas partes discrepaban luego”. Informe del Procurador General, pág. 30.

Por su parte, la licenciada Orlando Roura alega que el único contacto que tuvo con el señor Santos fue efímero, “instantes cuando acudió a firmar los documentos” de estipulación que ella redactó según la información suplida por la señora Pimentel. Expone que “nunca discutimos sobre el valor de los bienes ni sobre deudas u otros extremos que tuvieran el más leve tinte de carácter confidencial”. Finalmente afirma que “no se entró en detalles sobre valor, deudas u otros extremos y s[ó]lo se hizo una alegación en el sentido de que los bienes se dividirían por partes iguales, tal como procede en derecho para todos los casos”. A juicio suyo, ante estas circunstancias, no son aplicables las normas jurisprudenciales interpretativas del Canon 21 de Ética Profesional.

HH I — I I — I

Coincidimos con la apreciación de que la demanda de divorcio por consentimiento mutuo, en contraste con la posterior sobre liquidación, sólo contiene alegaciones generales. No detalla ni especifica valores y deudas. Sin embargo, esa realidad no supera el conflicto.

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), reconocimos la causal de divorcio por consentimiento mutuo, cimentado en el derecho constitucional a la intimidad, cuyo procesamiento presenta características distintas al de los divorcios por las causales estatutarias. Por imperativo lógico de ese pronunciamiento no hay partes adversas. Su trámite es de naturaleza ex parte. Se prescinde de los requisitos procesales de emplazamiento y diligenciamiento de la demanda. I. Picó Vidal, Divorcio por consentimiento mutuo: su tramitación en los tribunales, Río Piedras, Ed. Cen. Inv. Soc., U.P.R., 1986, pág. 27. Con el objetivo de que la disolución mutuamente acordada no sea “producto de la irreflexión o de la coacción, ... no se aceptará petición alguna de divorcio bajo los principios enunciados sin que las partes adjunten las estipulaciones correspondientes sobre la división de sus bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias del divorcio”. Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, págs. 276-277. Es pues evidente que la dinámica e intervención dual de abogado-cónyugesclientes genera, en la dimensión ética, un potencial de conflictos, en situaciones posteriores, al abogado que los ha representado a ambos. Picó Vidal, op. cit., págs. 37-38. “Los intereses encontrados o, al menos, la posibilidad de que los haya, son evidentes.” In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486, 492 (1981).

En su mínima expresión, la naturaleza de las conversaciones y confidencias de los cónyuges que presupone este trámite —de surgir después cualesquiera controversias adicionales entre ambos, e independientemente de que se haya culminado o no el divorcio— obliga a que ese abogado se abstenga de representar a cualesquiera de ellos. “[U]na vez obtenido el divorcio por esta causal, el abogado de los peticionarios está impedido de representar uno frente a otro cuando se incumpliese alguna de las obligaciones. ... [T]ambién estaría vedada la práctica de enmendar una petición de consentimiento mutuo por una de las causales tradicionales y obtener sentencia de divorcio por ellas porque uno de los peticionarios luego repudiare alguna de las estipulaciones pre-acordadas_” C. Torres, Ética y la causal de divorcio por consentimiento mutuo, I Programa Práctica Compensada, julio 1985, pág. 6. No hacerlo significa una violación al Canon 21 de Ética Profesional que aspira a “prevenir cualquier tipo de dilución a la fidelidad que debe a su cliente”. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 789 (1984). El principio de confidencialidad se ve conculcado de admitirse tal representación, aun concluida la relación profesional. In re Guzmán, 80 D.P.R. 713, 724 (1958).

En nuestra indeclinable función de inyectarle contenido a los valores éticos que acompañan el ejercicio de la profesión de abogado —In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 597 (1975)— resolvemos que bajo el Canon 21 de Ética Profesional existe una insalvable incompatibilidad en que un abogado, que ha representado a ambas partes en un pleito de divorcio por consentimiento mutuo, intervenga y participe en esa condición en cualquier litigio posterior relacionado, directa o indirectamente, con las cuestiones objeto de dicho divorcio por consentimiento. Sin que sea limitativa, esta prohibición comprende asuntos de pensiones alimenticias, bienes gananciales, patria potestad, custodia de menores y otras consecuencias del divorcio.

Lo expuesto no implica que un solo abogado no puede representar lícitamente a unos cónyuges en una acción bajo la causal de consentimiento mutuo, siempre y cuando de las conversaciones privadas con éstos, juntos o separados, no surjan diferencias irreconciliables de criterio. La ausencia de esas diferencias quedará plasmada en las estipulaciones que son menester acompañar con la presentación de la demanda. De no concretarse el acuerdo, está impedido de representar subsiguientemente a cualquiera de ellos. Repetimos, por la naturaleza circunstancial y procesal de esa gestión, tal intervención le impide que subsiguientemente represente a cualesquiera de esos cónyuges en acciones directas o indirectas relacionadas con el divorcio por consentimiento mutuo. Los miembros de la profesión de abogado afectados honrarán inmediatamente este postulado ético. Los tribunales de instancia adoptarán las medidas cautelosas necesarias para su fiel observancia en aquellas causas pendientes y futuras.

> h-1

La licenciada Orlando Roura representó a los esposos Santos-Pimentel en la demanda de divorcio por consenti-miento mutuo. La acción fue archivada por desistimiento debido a discrepancias de uno de los cónyuges respecto a una de las propiedades. Posteriormente formuló y presentó demanda por la causal de trato cruel. A sugerencia de la juez que intervino fue relevada y otro abogado desfiló la prueba. Aun así, después presentó la acción sobre liquidación de bienes gananciales.

El conflicto ético existió y existe. El llamado de abstención de la juez en el incidente de la vista en su fondo del divorcio sobre trato cruel debió alertarla. La prudencia era el camino seguro. No lo hizo. Procede pues, la imposición de sanciones disciplinarias. En consideración a que con anterioridad no nos habíamos pronunciado al respecto, y de que su conducta estuvo motivada por el juicio erróneo de que su papel como abogada en la acción de consentimiento desistida había sido limitado, circunscribimos la sanción a una censura y amonestación. Deberá renunciar de inmediato a la representación que ostenta de la señora Pimentel en el caso Núm. 84-1059.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez

disiente sólo en cuanto a la imposición de las sanciones disciplinarias por estimar que en la situación táctica, son improcedentes. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso estima que si bien las sanciones normalmente procederían, en consideración a que antes el Tribunal no se había pronunciado al respecto, limitaría el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria a la renuncia de la representación del caso Núm. 84-1059.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Carmen A. Rivera Pérez, demandante y recurrida, v. Joaquín Cruz Corchado, demandado y recurrente.

      Número: RE-86-18

      Resuelto: 20 de mayo de 1987

      Armando, Chaar Padín, abogado del recurrente; Fernando Iglesias Rodríguez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La Sra. Carmen A. Rivera Pérez radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, demanda de daños y perjuicios contra la Sra. María Flores Pabón y su ex esposo Joaquín Cruz Corchado. En la misma alegó, en síntesis y en lo pertinente, que mientras se encontraba durmiendo en una de las habitaciones de la residencia de la codemandada Flores Pabón fue víctima de un intento de violación por parte del codemandado Cruz Corchado. ()

En relación con la alegada responsabilidad de la señora Flores Pabón, alegó que la referida codemandada “propició, permitió, alentó, instigó y actuó en ... concierto y [común] acuerdo con el codemandado Joaquín Cruz Corchado, por lo que es responsable solidariamente por los daños y perjuicios ocasionados a” ella. Exhibit IV, pág. 13.

El tribunal de instancia, en la sentencia que emitiera declarando con lugar la demanda radicada, determinó que en vista de la prueba presentada era “forzoso conclu[i]r que ésta [la codemandada Flores Pabón] conocía de los propósitos de aqu[é]l [el codemandado Cruz Corchado] y, a lo menos, omitió desalentarlo”. Exhibit I, pág. 2. En vista de dicha determinación concluyó, como cuestión de derecho, que la codemandada Flores Pabón era solidariamente responsable por cuanto “la causa próxima del daño [era] el resultado de la acción combinada” de ambos codeman-dados. íd., pág. 4. Como fundamento adicional, concluyó el referido foro que la codemandada Flores Pabón al “ofrecerle alojamiento esa noche a la demandante tenía el deber legal de garantizarle contra ataques a su persona”. (Énfasis suplido.) Id., pág. 4. En su consecuencia condenó a los codemandados Flores Pabón y Cruz Corchado, en forma solidaria, a pagarle a la demandante la suma de $7,000 por concepto de los daños y perjuicios sufridos y la suma de $2,000 por concepto de honorarios de abogado.

Inconforme, la codemandada Flores Pabón acudió en tiempo ante este Tribunal imputándole al tribunal de instancia la comisión de los siguientes errores:

A. Erró el Honorable Tribunal, Sentenciador, al deter-minar que procedía la doctrina del “invitee”.
B. Erró el Honorable Tribunal, Sentenciador, al hacer determinaciones de hechos contenidas en los párrafos primero, noveno, décimo, undécimo y decimotercero, a base de una prueba que nunca tuvo ante sí.
C. Erró el Honorable Tribunal, Sentenciador, al deter-minar, que la co-demandada, María Flores Pabón, responde por daños causados a la demandante por el co-demandado, Joaquín Cruz Corchado.
Ch. Erró el Honorable Tribunal, Sentenciador, al estimar en $7,000 los daños sufridos por la demandante, basados [újnicamente en la declaración de ésta y en un Certificado Médico inadmisible en evidencia y oportunamente objetado, y en $2,000 la cuantía por concepto de honorarios de abogado.

A los fines de evaluar el recurso radicado, ordenamos la preparación y certificación de una exposición narrativa de la prueba presentada. Una vez examinada la misma, le concedimos término a la parte demandante recurrida para que mostrara causa por la cual no debía revocarse la sentencia dictada en lo referente a la recurrente. Dicha parte ha comparecido. Resolvemos.

La exposición narrativa de la prueba certificada como correcta por el tribunal de instancia demuestra que para el 25 de febrero de 1982, la demandante recurrida Carmen A.Rivera Pérez se encontraba residiendo desde hacía varias semanas en la residencia de su amiga, la codemandada María Flores Pabón, en lo que encontraba un lugar apropiado para mudarse en forma permanente. No pagaba canon alguno de alquiler por así hacerlo.

En la noche del 25 al 26 de febrero de 1982, la codemandada Flores Pabón salió de su hogar acompañada de su ex esposo Joaquín Cruz Corchado con el propósito de celebrar su cumpleaños. Regresaron a la casa a eso de las 11:00 P.M., retirándose ambos a dormir a la alcoba de la señora Flores Pabón. En la madrugada de 26 de febrero, como a eso de las 2:30 A.M., el señor Cruz Corchado, sin el conocimiento de su ex esposa, penetró en la habitación de la residencia donde dormía la demandante Rivera Pérez, intentando sostener relaciones sexuales con ésta mediante el uso de la fuerza y la violencia.

El codemandado Cruz Corchado no pudo lograr sus propósitos por razón, entre otras, de la oportuna intervención de la codemandada Flores Pabón, quien al despertarse por el ruido producto del incidente, se dirigió a la habitación de la demandante Rivera Pérez, poniéndole fin al mismo y ordenándole a su ex esposo que abandonara la residencia. Sobre este hecho realmente no existe controversia por cuanto la propia demandante Rivera Pé-rez así lo informó al agente de la Policía de Puerto Rico que investigó el suceso, policía Regino Algarín, quien testificó en la vista del caso a esos efectos.

Procede enfatizarse que la codemandada Flores Pabón presentó prueba, la cual no fue controvertida, a los efectos de que su ex esposo en ocasiones anteriores se había quedado a dormir en su casa y nunca había incurrido en conducta de esta naturaleza, como tampoco que ella supiera había sido convicto de delito público;» razón por la cual ella no tenía motivo alguno para poder prever que algo así pudiera suceder.

Debe señalarse, por último, que una vez terminada la prueba de la parte demandante, el tribunal de instancia, ante una solicitud de desestimación bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil de 1979 presentada por la parte demandada, resolvió que la misma no procedía por razón de que en el caso aplicaba la doctrina del invitee.

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Es norma reiterada en nuestra jurisdicción que este Tribunal no intervendrá con la apreciación que de la prueba desfilada haya hecho el tribunal de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982); Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 583 (1982); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39 (1982); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986). Debe recordarse, sin embargo, que “el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto” y que una “apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal”. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978).

Un examen sereno y minucioso de la exposición narrativa de la prueba, certificada como correcta por el tribunal de instancia, nos convence que la determinación que hiciera dicho foro a los efectos de que la codemandada Flores Pabón “conocía de los propósitos” del codemandado Cruz Corchado y que, por lo tanto, “la causa próxima del daño [fue] el resultado de la acción combinada” de ambos, no sólo no representa “el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia que desfilara ante dicho Tribunal”, Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 364 (1982), sino que no encuentra apoyo alguno en la prueba que desfilara ante el foro de instancia. Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977).

En virtud de lo antes expuesto, procede descartar dicha determinación como base para la imposición de responsabi-lidad a la codemandada recurrente Flores Pabón por lo sucedídole a la demandante en la residencia de aquélla.

Como hemos visto, el tribunal de instancia, al declarar sin lugar durante el proceso celebrado la moción al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil expresó que en el caso aplicaba la doctrina del derecho común del invitee. Por otro lado, en la sentencia que emitiera resolvió que la codemandada Flores Pabón al “ofrecerle alojamiento esa noche a la demandante tenía el deber legal de garantizarle contra ataques a su persona”. (Énfasis suplido.) Exhibit I, pág. 4.

El caso de autos, en su consecuencia, nos permite la oportunidad de considerar el tema de la responsabilidad civil, si alguna, del anfitrión de una residencia en relación con los daños sufridos en la misma por un invitado como consecuencia de la comisión de actos delictivos cometidos por un tercero en la persona del huésped gratuito.

De entrada, procede recordar lo expresado por este Tribunal en Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853, 855-856 (1976), a los efectos de que:

... el derecho de daños en Puerto Rico se rige, con contadas excepciones que nuestra legislación ha establecido, por las normas del derecho civil. Las reglas del derecho común y de otros sistemas jurídicos pueden constituir materia útil para el estudio comparado y en ocasiones el desarrollo de instituciones autóctonas. Hay instancias, de hecho, de convergencia o de deseo que ella ocurra, entre el derecho civil y el común en facetas de este campo. ... Se llega en ocasiones a la misma conclusión por caminos diferentes. No es permisible, sin embargo, intentar resolver nuestros problemas de daños a espaldas de la doctrina civil aplicable, sin que ello quiera decir que en todo momento sean ellas las más acertadas.
Situaciones como las que aquí nos ocupan ilustran lo expresado. La inclinación usual es a decidirlas a base de la antigua diferencia en derecho angloamericano entre la responsabilidad que se le debe a un invitee, un franchisee o licensee o a un trespasser. Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956). Esta distinción se desconoce por completo, sin embargo, en derecho civil y su importancia en el derecho angloamericano se está reduciendo perceptiblemente. En el caso específico del huésped la generalidad de la jurispruden-cia norteamericana continúa aceptando la terminología tradicional, pero ésta se halla bajo poderoso ataque. ... Varios estados rechazan ya la clasificación consagrada del huésped. ... El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos califica la distinción entre “invitees” y “licensees” como reliquia de la época feudal. ... En Inglaterra se ha ido aún más lejos, habiéndose derogado por ley la diferencia entre “invitees” y “franchisees”. ... Para los antecedentes históricos de estos conceptos, véase: Marsh, The History and Comparative Law of Invitees, Licensees and Trespassers, 69 L.Q. Rev. 182, 359 (1953).
Dada la creciente inconformidad en el derecho angloame-ricano con las referidas diferencias, no es de extrañar que en regiones civilistas en íntimo contacto con el derecho común la doctrina se resista a aceptar con beneplácito dichos combatidos conceptos. Nadeau, Traite de Droit Civil de Quebec, Montreal, vol. 8, 1949, pág. 157 y ss. Procede igualmente en nuestro caso que el problema ante nos se examine fundamentalmente bajo los supuestos del derecho civil. (Énfasis suplido y citas omitidas.)()

En Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., ante, pág. 859 —al rechazar la aplicabilidad de la “teoría del riesgo o de la responsabilidad sin culpa”() en una situación donde la persona sufrió daños al sentarse sobre un banquillo que cedió ante su peso, localizado el mismo en el patio de la residencia donde ésta se encontraba como invitado o hués-ped— expresamos que no “hemos comprobado, sin embargo, bajo ninguna de las teorías reseñadas, que en el estado actual del derecho civil el daño sufrido por un invitado tenga que compensarse de todos modos, medie o no medie culpa”.

En dicho caso, en vista de lo antes expresado, procedimos a explorar si el dueño de la residencia había o no incurrido en culpa al amparo de las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico y de los principios generales pertinentes del derecho civil. No vemos razón alguna para que el análisis jurídico sea diferente en un caso como el que nos ocupa; esto es, donde el daño sufrido por el huésped es producto del acto criminal intencional cometido por un tercero. Sobre todo en casos, como el presente, en que no está envuelto beneficio económico alguno para el anfitrión.()

Comentando el Art. 1.902 del Código Civil español —Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico— expresa Lacruz que el mismo establece, con valor de principio, que el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Añade que dicha disposición legal se enuncia en forma de regla general y sin concretarse a determinados tipos de infracción, lo que presupone una norma genérica que nos prohíbe causar daño a otro mediante conducta ya sea activa, ya pasiva. J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, Vol. I, pág. 188.

Ahora bien, establece el Art. 1057 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3021, que:

La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspon-dería a un buen padre de familia.

Por su parte, el Art. 1058 del referido Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3022, expresa que:

Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.

En Rivera v. Maryland Casualty Co., 96 D.P.R. 807, 810 (1968), expresamos que si “la culpa o negligencia en que descansa la responsabilidad del Art. 1802 consiste, según el 1057, en dejar de ser diligente acorde a determinadas circunstancias, y conforme al Art. 1058 se responde de todo suceso que pudo preverse, el Art. 1802 gira inevitablemente en torno a la función de previsión del individuo, como factor determinante de su responsabilidad con su congénere”. (Énfasis suplido.)

Reiterada y repetidamente hemos reconocido el criterio de previsibilidad como base para la responsabilidad extracontractual. Véanse: Pacheco v. A.F.F., 112 D.P.R. 296 (1982); Dworkin v. S.J. Intercont. Hotel Corp., 91 D.P.R. 584 (1964); Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 D.P.R. 20 (1964); Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962).

En Pacheco v. A.F.F., ante, pág. 300, expresamos sin embargo que:

... Claro está, esto no quiere decir que la persona esté obligada a prever todos los posibles riesgos que puedan concebirse en una determinada situación, pues prácticamente se convertiría entonces en una responsabilidad absoluta. Así en Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960), expresamos que “el deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad ... sino a aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo”. (Énfasis suplido.)

Dicho de otra forma, según este Tribunal lo resumiera en el caso específico del huésped de una residencia:

Corresponde antes que nada que determinemos el criterio para precisar la existencia o ausencia de culpa en estas circunstancias. La regla generalmente aceptada es que se da culpa cuando no se obra como un hombre de diligencia normal u ordinaria, un buen padre de familia, conforme a las circunstancias del caso. ... Lo determinante es cómo se hubiese desenvuelto en situación parecida un hombre de prudencia común u ordinaria. ... La culpa, sin embargo, no abarca el simple error de juicio, las leves inadvertencias, los pequeños lapsos de atención que son parte de la condición humana_(Énfasis suplido.) Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., ante, págs. 859-860.

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Un examen de la prueba que desfiló ante el tribunal de instancia en el presente caso —según ello surge de la exposición narrativa de la prueba certificada como correcta por el propio foro de instancia— nos convence de que no procede la imposición de responsabilidad a la codemandada recurrente Flores Pabón, dados los hechos particulares del caso y a la luz de los principios antes enunciados.

La prueba incontrovertida que desfiló ante el tribunal de instancia demuestra que la codemandada Flores Pabón conocía a su ex esposo desde hacía varios años; que ella no tenía conocimiento alguno de que este individuo fuera uno de carácter violento, o que hubiera alguna vez intentado atacar sexualmente a una mujer, o que tuviera historia o récord delictivo de clase alguna. Por el contrario, la prueba fue a los efectos de que hasta donde ella podía razonablemente saber, Cruz Corchado era un hombre obediente de la ley, que se desempeñaba como jefe de uno de los cuarteles del Servicio de Bomberos de Puerto Rico. De hecho, como señala Prosser,() “Normalmente hay mucha menos razón para anticipar actos de un tercero que son maliciosos e intencionalmente dañinos, que los de mera negligencia; y esto es más cierto todavía, si, como usualmente ocurre, tales actos son de naturaleza criminal. Bajo todas las circunstancias ordinarias y normales, faltando razón para esperar lo contrario, la persona puede razonablemente proceder bajo la presunción de que los demás obedecerán la ley penal”. (Énfasis suplido.)()

En fin, no existía hecho o circunstancia alguna de los cuales la codemandada Flores Pabón —como persona prudente o “buen padre de familia” — () pudiera prever o anticipar que la demandante Rivera Pérez pudiera sufrir daño como consecuencia de haberle permitido al codeman-dado Cruz Corchado pernoctar esa noche junto a ella en su residencia. Rivera v. Maryland Casualty Co., ante; Pacheco v. A.F.F., ante. A la luz de las circunstancias particulares del caso, somos del criterio que su actuación puede catalogarse a lo sumo como un simple error de juicio, Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., ante, el cual no es fuente de responsabilidad.

Por las razones antes expresadas, procede expedir el auto solicitado; modificar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, a los fines de exonerar de responsabilidad a la codemandada María Flores Pabón y así modificada, se confirma la misma. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso concurren en el resultado sin opinión escrita.

      (1) Éste fue acusado por el delito de tentativa de violación; hizo alegación de culpabilidad por el delito menos grave de agresión agravada.

      (2) Véase, en adición, Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 695-696 (1979).

      (3)“La teoría del riesgo sostiene básicamente que ‘Todo el que mediante su actividad crea un riesgo de dañar a otro, debe ser siempre responsable de este daño, si se produce, sin necesidad de ninguna culpa personal.’ Orgaz, Alfredo, La Culpa, Buenos Aires, 1970, págs. 24-25. La teoría del riesgo se conoce tam-bién como la teoría de la responsabilidad sin culpa, del daño objetivo, del riesgo; creado o el riesgo objetivo, Borrell Macía, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extracontractual Civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1942, pág. 6.” Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853, 857-858 (1976).

      (4) La teoría del riesgo se extiende usualmente a actividades que son fuente para el autor de beneficio económico. A. Orgaz, La Culpa, Buenos Aires, Ed. Bosch, 1970, pág. 25; M. Fernández Martín-Granizo, Los daños y la responsabilidad objetiva en el derecho positivo español, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1972, pág. 108.

      (5) Prosser, The Law of Torts Handbook Series Sec. 33, págs. 173-174 (4ta ed. 1971).

      (6) Citado con aprobación por este Tribunal en Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852, 857-858 (1980).

      (7)En este caso, como “buena madre de familia”.