author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Max Pérez Preston y otros, recurrentes, v. Hon. José E. Aponte y otros, recurridos.

      Número: AP-95-9

      Resuelto: 25 de enero de 1996

      Rina Biaggi García y Marcos Ramírez Lavandero, abogados de la parte recurrente; Pedro E. Ortiz Alvarez, Felipe Bravo y Troadio González Vargas, abogados de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Con relación al Caso Núm. AP-95-9, Ledo. Max Pérez Preston y otros v. Hon. José E. Aponte y otros, el Tribunal reconsidera la orden de “injunction” preliminar dictada al solo efecto de eliminar de ésta que los demandados, en esta etapa de los procedimientos, tengan que remover, a su cargo y de su propio peculio, el logo de los lugares donde haya sido colocado o impreso con fondos públicos.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López está con-forme por las razones expuestas en el voto particular que hoy emitió en P.P.D. v. Gobernador II, 139 D.P.R. 984 (1996). La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri hacen constar que están conformes con esta resolución por las razones ex-puestas en el voto particular de conformidad emitido por la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón en P.P.D. v. Gobernador II, supra. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río expresa que, por las razones expuestas en su opinión disi-dente, reconsideraría el caso en su totalidad. El Juez Pre-sidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Her-nández Denton disintieron y reiteran sus posiciones. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

O —

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I — i

Transcurrido escasamente un (1) mes de haberse emi-tido la opinión en el caso de epígrafe, comienza la erosión de la doctrina judicial que el 22 de diciembre de 1995

... rescató y aplicó unos preceptos constitucionales vigentes desde 1952. Estos sostienen la ilegalidad de los desembolsos de fondos públicos para financiar unas campañas publicitarias po-lítico-partidistas, en interacción con el principio igualitario en materia de financiamiento electoral expuesto prístinamente en: Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 646 (1984),; P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 640 (1984), y P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994).
No estamos, pues, ante una decisión o una nueva regla juris-prudencial que permita invocar y justificar sólo su prospectividad. Sería un contrasentido, por no decir una burla, que con estos claros precedentes judiciales le negáramos los efectos retroactivos. Significaría admitir que el Poder Judicial ha incurrido en un ejercicio académico y vacuo al proclamar la vigencia de una Constitución abstracta e inoperante.
Toda campaña publicitaria de carácter político-partidista es “una práctica perjudicial inconstitucional que inflige una lace-rante herida al entretejido sociodemocrático. Procede dete-nerla, proscribirla mediante el remedio de injunction, y remitir los tres (3) casos al tribunal de instancia para la continuación y adjudicación de los remedios procedentes”. (Escolio y énfasis omitidos.) P.P.D. v. Gobernador I, [139 D.P.R. 643, 753 (1996)], opinión concurrente. P.P.D. v. Gobernador II, 139 D.P.R. 984— 990 (1996), voto concurrente.

hH

La contención principal de los demandados apelados, el Alcalde de Carolina, Hon. José E. Aponte, y la Directora de Finanzas Municipal, Sra. Yolanda Villafañe, es que obli-garlos a remover el logo de su propio peculio “constituye una especie de restitución para lo cual los demandantes [Pérez Preston y otros], según expresamente resuelto en este caso, carecen de legitimación”. Moción de reconsidera-ción, págs. 7-8. También exponen que era menester pre-sentar una prueba pericial para concluir el carácter parti-dista del logo y del folleto. Por otro lado, se aduce que no procede la orden, según la tesis de que la remoción a su propio peculio goza de la naturaleza de daño. No tienen razón.

Una mayoría de este Tribunal concluyó que tales, logo y folleto, eran inconstitucionales por su naturaleza eminen-temente político-partidista en favor de la candidatura de Aponte por el Partido Popular Democrático (P.P.D.) en las elecciones generales de este año. Para arribar a esa deter-minación, no fue ni es ahora necesario traer una prueba pericial, basta con el examen visual, el análisis juicioso y penetrante y las inferencias razonables del jurista.

Ante estas realidades, disentimos con vehemencia de la resolución mayoritaria que hoy releva a los demandados apelados, el Alcalde Aponte y otros, del interdicto que les ordenaba “inmediatamente a remover, a su cargo y de su propio peculio, dicho logo de todos los lugares en que ha sido colocado o impreso con fondos públicos, incluso vehí-culos municipales, canchas, rótulos y otros lugares y objetos”. (Énfasis suplido.) P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 697 (1996).

Ese relevo pone en jaque la juridicidad, virtualidad y seriedad de nuestra opinión y sentencia. ¿Quién pagará ahora la remoción del logo? El propio Alcalde nos dice que su costo provendrá y será efectuado con fondos municipa-les, a través de las brigadas y los vehículos municipales que sean utilizados. Es una ironía. Si antes la lesión cons-titucional era seria, ahora es más grave y aumentará el perjuicio al erario municipal.

l — l l — l HH

Difícilmente puede concebirse que el costo de los deman-dados para remover el logo participa de la naturaleza y característica de una “concesión de daños”. Admitimos que ello podría menguar el patrimonio personal del Alcalde Aponte y otros. Sin embargo, paradójicamente, el remedio mayoritario para evitarlo es empobrecer al Municipio de Carolina después de haber decretado como inconstituciona-les sus actuaciones y como ilegal el uso de los fondos municipales. Al eximirle de su obligación de removerlos, se genera un daño directo al Municipio.

De ordinario, cualquier orden de interdicto preliminar implica, entre otros efectos, una disminución del patrimo-nio de quien esté obligado a acatarlo. En la medida que obliga e impone a una persona el deber de hacer o dejar de hacer, conlleva teóricamente un impacto a su patrimonio, que puede ser o no caracterizado como daño. Sin embargo, ello nunca ha impedido el cumplimiento de estos dictáme-nes judiciales. De lo contrario, jamás podrían ejecutarse aquellos interdictos preliminares que conllevan los efectos antes indicados.

La opinión mayoritaria prohibió de manera absoluta el uso y la erogación de fondos públicos en esa campaña publicitaria. Desconocemos bajo qué novel argumento puede sostenerse que el Alcalde Aponte esté autorizado a usar fondos municipales adicionales, sujeto a los resulta-dos judiciales, que se adjudiquen sobre su responsabilidad personal durante el trámite ulterior. Precisamente, con-cluimos antes inequívocamente que sus actuaciones origi-nales y la campaña masiva con el logo eran ilegales e inconstitucionales. Todo parece indicar que estamos ante un desembolso, a título de “préstamo”, de fondos municipales. ¿ Cómo es posible?

En resumen, si prohibimos por inconstitucional “todo desembolso para el pago de la publicación, impresión, difu-sión o divulgación del referido logo”, ¿cómo podemos auto-rizar y avalar un desembolso más para su remoción?

Para el jurista, el sentido común sigue siendo uno de los mejores antídotos contra las injusticias.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

license: Public Domain

text:
    Samuel Morales Morales, etc., demandantes y recurrentes, v. Autoridad de Carreteras y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-94-528

      Resuelto: 31 de enero de 1996

      Luis R. Mellado González, abogado de la parte recurrente; Roberto Febry Martínez, abogado de la parte recurrida.
   Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Andréu García.

La mayoría del Tribunal, en la sentencia que emite en el caso de autos, señala que lo determinante en pleitos como el de marras es decidir si la entidad demandada es una corporación pública, en cuyo caso la demanda procede, o si se trata, en cambio, de una instrumentalidad gubernamen-tal, en cuyo caso la demanda no procede. Cita en apoyo de la referida norma los casos de F.S.E. v. E.L.A., 111 D.P.R. 402 (1981), y Soc. de Gananciales Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 961 (1992), en los cuales este Foro denegó las acciones por daños de los trabajadores afectados, por ser los demandados instrumentalidades del Gobierno en am-bos casos: el Departamento de Instrucción Pública, en el primero, y la Autoridad de Edificios Públicos, en el otro.

Con arreglo a tales precedentes, me veo compelido a disentir de lo que resuelve la mayoría en el caso de autos ya que, en lo esencial, creo que no existe diferencia sustancial entre la Autoridad de Edificios Públicos y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (en adelante Autoridad de Carreteras), que es la demandada en el caso de autos.

I

Si se comparan las funciones, los poderes y la organiza-ción de la Autoridad de Carreteras con las de la Autoridad de Edificios Públicos, se observará su esencial similaridad como entes del Estado.

En primer lugar, ambas son expresamente creadas por ley como “cuerpo corporativo” e “instrumentalidad” del Es-tado Libre Asociado para ejercer “funciones públicas y esenciales del Gobierno”. Véanse: 9 L.P.R.A. see. 2002 y 22 L.P.R.A. see. 902.

En segundo lugar, ambas están regidas por una “Junta de Gobierno”. Sin embargo, en este particular debe notarse que el nombramiento de los miembros de la Junta de Edi-ficios Públicos le corresponde discrecionalmente al Gober-nador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado. En cambio, en el caso de la Autoridad de Carrete-ras, la propia ley dispone que su Junta estará integrada en específico por los Secretarios de Obras Públicas, Hacienda y Agricultura, más el Presidente de la Junta de Planifica-ción y un alcalde designado por el Gobernador. La Junta de Carreteras, pues, tiene mayor carácter gubernamental que la de Edificios Públicos.

Tercero, los poderes esenciales de ambas entidades son idénticos. Ambas pueden: (a) demandar y ser demandadas; (b) adquirir cualquier clase de bienes; (c) controlar y ejer-cer pleno dominio sobre sus bienes; (d) tomar dinero a préstamo; (e) emitir bonos; (í) hacer contratos o cualquier otro acto o transacción necesaria o conveniente para llevar a cabo sus funciones; (g) adoptar, enmendar y derogar re-glas y reglamentos, y (h) nombrar funcionarios, agentes y empleados. Ambas, además, están facultadas para ejercer el poder de expropiación forzosa. Véanse: 9 L.P.R.A. sec. 2004 y 22 L.P.R.A. sec. 906.

Cuarto, las funciones concretas de ambas entidades son eminentemente públicas y análogas. La Autoridad de Edi-ficios Públicos existe para proveer facilidades físicas nece-sarias para prestar servicios gubernamentales, tales como escuelas, oficinas, cuarteles, almacenes, talleres y tribunales. La Autoridad de Carreteras tiene expresa-mente encomendada por ley la responsabilidad de “conti-nuar la obra de gobierno de dar al pueblo las mejores ca-rreteras y medios de transportación ... y facilidades de tránsito”.

Quinto, los derechos y déberes del personal de ambas entidades se ordenan conforme a una misma norma básica. En ambos casos, las leyes que crean estas dos (2) entidades disponen idénticamente que la Autoridad, en consulta con el Director de la Oficina de Personal, establecerá un sis-tema de personal análogo al que rige para los empleados del Estado Libre Asociado, en tanto dicha autoridad lo es-time compatible con sus mejores intereses. En otras pala-bras, ambas instrumentalidades tienen el mandato de se-guir los principios de servicio civil que rigen el empleo gubernamental, pero con determinado grado de discreción para atender sus realidades particulares. Véanse: 9 L.P.R.A. see. 2007 y 22 L.P.R.A. see. 911.

Sexto, ambas entidades están obligadas a depositar sus fondos en depositarios reconocidos para los fondos del Es-tado Libre Asociado, aunque se les instruye igualmente a mantener dichos fondos en cuentas separadas a nombre de la Autoridad. Véanse: 9 L.P.R.A. see. 2008 y 22 L.P.R.A. see. 914.

Finalmente, debe quedar meridianamente claro que ambas entidades operan esencialmente a base de fondos públicos, particularmente la Autoridad de Carreteras, cuyo carácter gubernamental es el que está en cuestión en este caso. La Autoridad de Edificios Públicos, que conforme a Soc. de Gananciales Maldonado v. E.L.A., supra, es parte integral del gobierno estadual, depende para sus gastos de operación esencialmente de las rentas que cobra a otros organismos gubernamentales por el alquiler de los edificios construidos por dicha autoridad. Por ello, aunque genera lo que parece ser “ingresos propios”, a distinción de asigna-ciones específicas del Fondo General, se trata de fondos públicos indirectos, que se originan mayormente en el te-soro público. La Autoridad de Carreteras, por su lado, de-pende directamente para sus gastos operacionales de las aportaciones fiscales. Las asignaciones directas del Fondo General, los fondos federales, los arbitrios sobre la gaso-lina y otros fondos gubernamentales constituyen la fuente de la inmensa mayoría de su presupuesto. Los cargos por peaje, que la mayoría del Tribunal considera “ingresos pro-pios” de la Autoridad, son realmente sólo una porción pe-queña de éste. En 1990, por ejemplo, dichos cargos consti-tuyeron sólo un 13.28% del presupuesto de la Autoridad de Carreteras. En 1993 dichos cargos por peaje aumentaron a 19.72% de los ingresos de la Autoridad de Carreteras, cons-tituyendo aun así sólo una parte menor de éstos. Véase el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico de los años fisca-les correspondientes. Más aún, debe notarse que los fondos que recibe la Autoridad de Carreteras por concepto de car-gos por peaje no es dinero que esté libremente disponible a dicha autoridad para gastos operacionales. Dichos fondos existen esencialmente para pagar los intereses y el principal de los bonos que emite la Autoridad. Son parte integral de los esquemas de financiamiento de algunos de los pro-yectos desarrollados o promovidos por la Autoridad de Carreteras.

Para concluir, debe tomarse en cuenta también que en Puerto Rico, desde hace muchos años ya, las distinciones entre los departamentos de la Rama Ejecutiva y las enti-dades públicas como las dos autoridades aludidas, han es-tado evanesciéndose. Ello ha ocurrido, en parte, porque las leyes que establecen tales entidades incorporan rasgos mixtos en su ordenación. Ha ocurrido, además, por la inne-gable realidad política de que esas entidades están tan su-jetas a los controles y a la dirección central de parte del Primer Ejecutivo, como los propios departamentos. Con mucha frecuencia, por ejemplo, los directores ejecutivos de dichas autoridades no pueden ser nombrados por las Juntas de Gobierno de éstas si no tienen el visto bueno de Fortaleza. Igualmente, sus políticas y planes de acción usualmente responden a esqúemas formulados en las ofi-cinas del Gobernador. Desprovistas de autonomía fiscal, y creadas para realizar funciones gubernamentales esencia-les, tales entes públicos no han podido mantener la distan-cia de la Rama Ejecutiva que su supuesto status corpora-tivo implicaría. Quizás por ello, en los estatutos que las crean se les identifica a la vez como “cuerpo corporativo” e “instrumentalidad del Estado Libre Asociado”.

En resumen, pues, entre la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Edificios Públicos no existen diferencias sus-tanciales que permitan concluir que una es parte del Es-tado y la otra no. Ambas guardan fundamentalmente la misma relación con el Estado Libre Asociado. Si para la Autoridad de Edificios Públicos el Estado Libre Asociado no es un tercero extraño, tampoco lo es para la Autoridad de Carreteras.

       Este Tribunal tiene la responsabilidad de ser consistente en sus decisiones y resolver por igual controversias similares, aunque alguna de las decisiones no cons-tituyan precedentes.


author: per curiam:

text:
    Ada Santos y otros 23, recurrentes y apelantes, v. Municipio de Comerío, recurrido y apelado.

      Número: CC-95-166

      Resuelto: 31 de enero de 1996

      Elvin Hernández Durán, abogado de la parte recurrente; Hi-pólito F. Ortiz Ballester, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

El 29 de diciembre de 1995 los demandantes peticionarios interpusieron un recurso de certiorari para revisar una resolución dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de Ponce y Aibonito, el 6 de octubre de 1995 y notificada a las partes el 18 de octu-bre de 1995. Contra la referida resolución los peticionarios presentaron una moción de reconsideración el 27 de octu-bre de 1995. El demandado recurrido, Municipio de Come-río, presentó su oposición a la solicitud de reconsideración. La moción fue acogida y denegada el 10 de noviembre de 1995. Esta decisión fue notificada a las partes el 1ro de diciembre de. 1995.

A continuación exponemos los hechos que dieron lugar a la resolución de la cual se recurre.

i — i

El 29 de agosto de 1995 los demandantes peticiónanos presentaron ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones un escrito de certiorari. En el referido escrito solicitaron la revisión de una sentencia dictada por el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Aibonito, en un caso pro-veniente de la Junta de Apelaciones del Sistema de Admi-nistración de Personal.

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue dic-tada el 7 de julio de 1995 y archivada en autos el 28 de julio de 1995. Los peticionarios presentaron el recurso el 28 de agosto de 1995, o sea, el último día hábil antes de vencer el plazo dispuesto por ley. Ese mismo día, la Secre-taría del Tribunal de Circuito de Apelaciones les informó que el recurso no cumplía con los requisitos de la Regla 34(a) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelacio-nes, 4 L.P.R.A. Ap. XXVII, porque adolecía del defecto de contener documentos a espacio sencillo. La Secretaría de dicho tribunal instó a la parte a corregir el defecto seña-lado dentro del término que provee la regla para ello.

El 29 de agosto de 1995, un día después de haberse ven-cido el término de cumplimiento estricto, los peticionarios sometieron el recurso de certiorari corregido ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En su escrito suplicaron la anuencia del tribunal y pidieron por vía de excepción que se aceptara el recurso tardío.

Luego de aquilatar los argumentos de la parte peticio-naria, el Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una resolución para desestimar el recurso por falta de jurisdicción. Concluyó que, a pesar de que la falta señalada fue corregida, la corrección fue realizada fuera del término permitido para la presentación del escrito de certiorari. Se-ñaló, además, que era responsabilidad del suscribiente co-nocer y cumplir fielmente con el reglamento del tribunal.

Inconformes, los peticionarios presentaron oportuna-mente una moción de reconsideración. La parte recurrida (Municipio de Comerío) interpuso un escrito de oposición.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una reso-lución para acoger la moción de reconsideración. En ésta, aunque reconoció que el término establecido en la Regla 18 de su Reglamento, 4 L.RR.A. Ap. XXII, para presentar un recurso de certiorari no era de carácter jurisdiccional, sino de cumplimiento estricto, procedía declarar sin lugar la re-consideración por entender que los peticionarios no habían expuesto circunstancias excepcionales que ameritasen pre-sentar el recurso fuera del término dispuesto.

Inconformes con el dictamen, los peticionarios acudie-ron ante este Foro y alegaron como único error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al des-estimar por un mero error de forma un recurso de Certiorari en el cual se cumplieron todos los demás requisitos exigidos en el ordenamiento. Este error es de tal magnitud que constituye causa suficiente para revocar la resolución recurrida.

HH 1 — I

El texto de la Regla 34(a) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra, dispone lo siguiente:

Todo escrito presentado al Tribunal de Circuito de Apelacio-nes se hará en maquinilla tipo pica o mayor, a doble espacio (excepto las citas directas y las notas al calce), en papel tamaño legal de ocho y media (8 1/2) pulgadas de ancho por catorce (14) pulgadas de largo e impreso por un solo lado del papel con margen izquierdo no menor de media (1/2) pulgada, y un mar-gen derecho no menor de media (1/2) pulgada. Si se utilizare un ordenador u otro sistema electrónico de preparación de escritos, el texto se imprimirá con letras íntegras y no mediante el tipo de impresión por puntos, también conocido como dot matrix.

Por su parte, la Regla 7(b) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII, dis-pone:

[El Secretario v]elará po[r q]ue todos los escritos cumplan con las disposiciones de este [Reglamento]. Cuando cualquier escrito no cumpla con dichas disposiciones, el Secretario ano-tará el hecho de su presentación y notificará al abogado del presentante con un señalamiento de las deficiencias encontra-das, que deberán corregirse dentro del término jurisdiccional.

En el caso de autos se trata de un recurso de certiorari cuyo término para presentarlo es de cumplimiento estricto. Dentro de dicho término, el 28 de agosto de 1995, los peti-cionarios presentaron el recurso ante el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones. Por no cumplir con el requisito de forma que provee la Regla 34(a) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra (incluyeron docu-mentos a espacio sencillo) la Secretaría le instó a corregir dicho defecto. Al otro día presentaron el recurso corregido y explicaron que debido a que el expediente del caso se lo habían sometido la semana antes, tuvieron que someter el recurso el día en que vencía el término y no les fue posible corregir el error de forma dentro del término.

Bajo estas circunstancias, el Tribunal de Circuito de Apelaciones abusó de su discreción al no aceptar las expli-caciones del peticionario y proceder a desestimar el recurso por falta de jurisdicción. No se trataba de un término ju-risdiccional, sino de un término de cumplimiento estricto y fue por un señalamiento de la Secretaría de dicho tribunal, referente a un incumplimiento con un requisito de forma, que los peticionarios incumplieron con el término. Art. 4.002(c) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22k(c)). Una interpretación flexible de estas normas procesales permitirá que dicho tribunal pueda con-siderar si expide o no el recurso y que pueda revisar el planteamiento de la peticionaria en los méritos.

Por las razones antes expuestas, a tenor con lo dis-puesto en la Regla 54 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI, sin ulteriores procedimientos, se expide el auto solicitado y se dictará sentencia en la que se revoca la resolución del Tribunal de Circuito de Apela-ciones que desestimó por falta de jurisdicción el recurso presentado ante dicho tribunal, y se devuelve el caso al Tribunal de Circuito de Apelaciones para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.


text:
      In re Enmienda al Canon X de Ética Judicial.

      Número: ER-96-1

      Resuelto: 9 de febrero de 1996
   RESOLUCIÓN

Con el propósito de atemperar la referencia a los jueces que estén obligados a rendir el Informe de Divulgación de Actividad Extrajudicial y Financiera de los Jueces con-forme a la actual estructura organizacional del Tribunal General de Justicia, y para una mayor claridad, considera-mos necesario enmendar la última oración del Canon X del Código de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

En virtud de lo expuesto, se enmienda dicho Canon X del Código de Ética Judicial para que disponga lo si-guiente:

Canon X. Actividad extrajudicial; informes de divulgación sobre actividad extrajudicial y actividad financiera
(a) El juez no deberá prestar servicios extrajudiciales remu-nerados, excepto en actividades que no sean incompatibles con estos cánones y cuya prestación no afecte adversamente el fiel y diligente desempeño de sus labores y funciones judiciales. El Juez Presidente podrá discrecionalmente, mediante dispensa a ser solicitada anualmente, autorizar dichos jueces a prestar servicios extrajudiciales.
La fuente de dicha remuneración o la manera en que se ha-cen los pagos no debe dar base a la creencia de que se ejerce o pretende ejercer influencia indebida en el Juez. La remunera-ción recibida no debe exceder la que bajo iguales circunstancias correspondería razonablemente a una persona que no fuera miembro de la judicatura.
(b) Todo juez deberá presentar anualmente, en o antes del 15 de abril, un informe de divulgación de la actividad extrajudicial por la cual reciban remuneración, expresando la fecha, el lugar, el importe y el nombre de la persona jurídica que la satisfizo y de la actividad financiera suya y de su núcleo familiar, que cubra el año natural anterior. El Tribunal Supremo aprobará, mediante reglamento, las normas sobre el contenido de dicha información de divulgación, las personas y actividad que el mismo cubrirá y el acceso a dicha información. Los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal de Circuito de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia someterán sus informes al Secretario del Tribunal Supremo.
Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Bienvenido Frometa Hazoury, acusado y apelante.

      Número: CR-93-148

      Resuelto: 12 de febrero de 1996

      Armando López Cabán, abogado de la parte apelante; Grisel Hernández Esteves, Procuradora General Auxiliar, y Car

      los Lugo Fiol, Procurador General Interino, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

En el Tribunal Superior, Sala de San Juan, un Jurado rindió el veredicto de culpabilidad contra Bienvenido Fro-meta Hazoury por los delitos de actos lascivos e impúdicos, agresión agravada y alteración a la paz, Arts. 105, 260 y 95, respectivamente, del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4067, 4521 y 4032, cometidos en la persona de la Sra. A.M.C.A. Ocurrieron durante el mes de marzo de 1993, y la víctima fue agredida por su patrono Frometa Hazoury en el lugar de empleo.

El tribunal (Hon. Crisanta González Rodríguez, Juez) lo sentenció a cumplir seis (6) años por el delito de actos las-civos y seis (6) meses por cada uno de los otros delitos, todos consecutivos entre sí, con el beneficio de sentencias suspendidas.

En apelación, como único señalamiento de error cues-tiona la negativa del Tribunal de Primera Instancia a “transmitir al jurado el contenido íntegro [en el Manual de Instrucciones] al Jurado, [de aquella instrucción referente] al Art. 105 del Código Penal de Puerto Rico ... donde se indica que el testimonio de la víctima en éste tipo de caso debe mirarse con sospecha”. (Enfasis suplido.) Alegato del apelante, pág. 1. Este artículo dispone:

No es esencial que el testimonio de la víctima sea corroborado por otra evidencia, siempre que del conjunto de la prueba, us-tedes estén convencidos fuera de toda duda razonable de la cul-pabilidad del acusado. Sin embargo, una imputación como la que se le ha hecho al acusado, en términos generales, se hace con facilidad, y una vez hecha es difícil de desmentir aún siendo inocente éste. Por [ia] naturaleza del delito, usualmente los úni- eos testigos son la parte perjudicada y el acusado. Por lo tanto, les instruyo para que examinen con cautela el testimonio de la víctima; pero el hecho de que la imputación es fácil de hacer y difícil de desmentir no debe obstar para un veredicto de culpa-bilidad si ustedes están convencidos, fuera de duda razonable, que el acusado es culpable. (Enfasis suplido.) Manual de Ins-trucciones al Jurado, aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 27 de marzo de 1980, pág. 182.

La ilustrada sala sentenciadora sostuvo que la instruc-ción antes transcrita discriminaba contra las víctimas de delitos sexuales, en comparación con las víctimas de deli-tos no sexuales a quienes no les aplica. Sostuvo que a las personas víctimas de agresiones sexuales no se les puede tratar por ley de forma distinta. Enfatizó que hay múlti-ples delitos que no se cometen a la vista de otras personas; aún así, la ley no ordena que se miren con cautela los tes-timonios de sus víctimas. Ajuicio suyo, tratándose aquí de un delito sexual y al ser la víctima una mujer, era discri-minatorio ofrecer instrucciones al Jurado de mirar su tes-timonio con sospecha. Distinguió estos casos de aquellos que involucran un coautor o cómplice, destacando como diferencia esencial que la víctima de un delito sexual no es un delincuente y, por el contrario, su participación como sujeto pasivo es completamente involuntaria.

Ante nos, el apelante Frometa Hazoury argumenta que Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980) —invocado por el Ministerio Fiscal— no aplica, pues se limita a casos de violación. Nos expone que las objeciones que apuntalan el razonamiento del foro de instancia son superables dándole vigencia e impartiendo la instrucción de examinar con cautela el testimonio de la víctima, tanto en caso de delitos sexuales como no sexuales, para elimi-nar así el trato desigual. Finalmente, nos dice que la omi-sión en la instrucción le fue sumamente peijudicial.

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De entrada, reiteramos dos (2) normas referentes a nuestra función apelativa en materia de instrucciones. Primera, no atenderemos planteamientos por comisión u omisión no presentados en el tribunal sentenciador antes de que el Jurado se retirase a deliberar. Pueblo v. Nieves Ramos, 101 D.P.R. 531 (1973). Por excepción, los examinaremos si el error involucra potencialmente una lesión a derechos fundamentales o si, por su importancia al sistema de procedimiento criminal en los foros de instancia, amerita una interpretación de este Tribunal. Y segunda, las instrucciones en el Manual de Instrucciones al Jurado gozan de una presunción de corrección, pero su utilización es discrecional. Su carácter persuasivo le permite al juez modificar su texto para ajustarlo a las particularidades del caso que se esté ventilando.

Así aclarado, no nos convencen los argumentos del apelante Frometa Hazoury. Ciertamente Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, encierra el delito de violación; sin embargo, en su sustrato, ambos revelan ciertas características comunes que nos permiten —vía razonamiento analógico— aplicarlo. Allí analizamos y decretamos la inconstitucionalidad del requisito de corroboración del testimonio de las víctimas de violación; en el caso de autos se cuestiona la validez de la instrucción de “mirar con cautela” en el delito de actos lascivos e impúdicos contra una mujer. Ambas instrucciones tienen un mismo origen, a saber, son resultado de la expresión de Sir Mathew Hale, Juez Presidente de la Corte Real Inglesa para los años 1671-1676, quien sembró la idea en su famosa frase “una imputación como la que se le ha hecho al acusado (violación), en términos generales, se hace con facilidad, y una vez hecha es difícil de desmentir aún siendo inocente éste. Por la naturaleza de[l] delito, usualmente los únicos testigos son la parte perjudicada y el acusado. Por lo tanto, les instruyo para que examinen con cautela el testimonio de la víctima”. Aunque dirigida originalmente hacia los proce-sos por violación, la frase fue el punto de partida para el requisito de corroboración en tales delitos y, luego, como instrucción aplicable se extendió a otros delitos sexuales, incluso a los actos lascivos. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra. En conclusión, el trasfondo histórico que la engendró y el análisis en Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, indiscutiblemente son pertinentes para la justa solución del caso de autos.

El apelante Frometa Hazoury nos propone que aplique-mos la instrucción a todos los delitos que compartan la misma naturaleza, a saber, fáciles de crear y difíciles de desmentir. No podemos acceder. De su faz estamos ante una instrucción que se encuentra en estado de obsolescencia. Si no procede ni debe aplicarse al delito de actos lascivos, menos aún a otros delitos de naturaleza similar. Nos explicamos.

Hace poco, en Pueblo v. Canino Ortiz, 134 D.P.R. 796, 811 (1993), resolvimos que dicha instrucción no infringía la garantía constitucional contra la autoincriminación (comentar al silencio del acusado), al mencionar que “[p]or la naturaleza del delito, usualmente los únicos testigos son la parte perjudicada y el acusado”. Dijimos que le beneficiaba, pues podía tener el efecto de, por sí sola, engendrar duda razonable en los jurados. Calificamos de “realmente superflua” dicha terminología y la eliminamos en aras de lograr que los juicios criminales fueran los más justos, balanceados e imparciales posibles. Con carácter prospectivo, dispusimos que los jueces deberían abstenerse de in-cluir como parte de la instrucción la oración siguiente: “Por la naturaleza del delito, usualmente los únicos testigos son la parte perjudicada y el acusado.” íd.

El mismo razonamiento judicial que inspiró esos pronunciamientos nos mueve a concluir que la instrucción de evaluar “con cautela” el testimonio de las víctimas de actos lascivos —mujeres, hombres, menores o incapaces— crea también un desbalance entre sus derechos y los múltiples derechos del acusado en el juicio. Como acertadamente expone el Procurador General:

La instrucción no se justifica ni en ley ni en razón. Esta dis-crimina arbitrariamente contra la víctima de este delito sexual al diferenciarla de las víctimas de otros delitos. La instrucción enfatiza el hecho de que por la naturaleza del delito usual-mente los únicos testigos son la parte perjudicada y el acusado. Muchos delitos se cometen teniendo como partícipes sólo a la víctima y el acusado, pero las instrucciones que se ofrecen en éstos no invitan a tomar con cautela el testimonio de la víctima. Una convicción por agresión, intento de asesinato, robo, muti-lación o secuestro puede sustentarse únicamente con el testi-monio no corroborado de la víctima. ¿Por qué exigir al peijudi-cado de este delito sexual parámetros de credibilidad superiores a los requeridos a otras víctimas? (Énfasis suplido.) Alegato del Procurador General, pág. 8.

No erró el tribunal sentenciador. En armonía con lo antes expuesto, resolvemos que debe prescindirse de dicha instrucción en su totalidad.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita.

       Traducido de la cita original: “A charge such as that made against the defendant in this case, is one which is easily made, and, once made, difficult to defend against, even if the person accused is innocent. Therefore, the law requires that you examine the testimony of the female person named in the Information with caution.”

       En el caso de autos, el juicio se celebró posteriormente, en agosto de 1993. La ilustrada sala sentenciadora no tuvo el beneficio de Pueblo v. Canino Ortiz, 134 D.P.R. 796 (1993).