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text:
    Frank Ortega, Jr., demandante y recurrente, v. Nora Ilsa Morales Ortega, demandada y recurrida.

      Número: RE-90-44

      Resuelto: 21 de octubre de 1992.

      Roberto López García, abogado del demandante y recurrente; Luis Benjamín Méndez Méndez y Héctor J. Quijano Borges, abogados de la demandada y recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar, en el presente caso, si al amparo del Parental Kidnaping Prevention Act of 1980 (en adelante P.K.P.A.), 28 U.S.C. sec. 1738A, el tribunal que dicta sentencia de divorcio y confiere originalmente la cus-todia a la madre del hijo menor habido en el matrimonio retiene jurisdicción para modificar el decreto de custodia aun cuando el menor lleva residiendo junto a su progeni-tora en otro estado más de cuatro (4) años y solamente el padre no custodio es residente del estado donde se pro-mueve la acción de cambio de custodia.

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El Sr. Frank Ortega, Jr. y la Sra. Nora Ilsa Morales Ortega contrajeron matrimonio en el estado de California el 5 de mayo de 1979. Producto de esa unión nació el menor Francisco Ortega Morales III, el 11 de noviembre dé 1979. En 1984 el padre del menor inició el procedimiento de divorcio en dicho estado. Mientras se tramitaba el divorcio con el conocimiento del padre del menor, la madre y el niño se trasladaron a Puerto Rico, donde establecieron su residencia. Finalmente, el 14 de febrero de 1985 el Tribunal Superior del estado de California para el condado de Orange decretó disuelto el vínculo matrimonial entre el se-ñor Ortega, Jr. y la señora Morales Ortega. Como parte de la sentencia de divorcio se determinó que ambos padres compartirían la patria potestad del menor. La custodia se le concedió a la madre.

En 1988 el padre del menor, todavía residente del es-tado de California, solicitó al Tribunal Superior de dicho estado para el condado de Orange que modificara el de-creto de custodia y se le concediera a él la custodia del menor. El 3 de octubre de 1988 la señora Morales Ortega compareció por derecho propio mediante moción en cumpli-miento de orden y solicitó se desestimara la acción. Hizo constar en dicha moción que no se estaba sometiendo a la jurisdicción del tribunal y alegó, en síntesis, que este caso no cumplía con los requisitos jurisdiccionales del P.K.P.A., 28 U.S.C. sec. 1738A, y que el menor lleva residiendo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde 1984.

Así las cosas, la vista sobre custodia se celebró el 1ro de noviembre de 1988 sin la presencia de la madre. Me-diante orden el tribunal modificó el decreto de custodia concediéndola al padre. La patria potestad sobre el menor siguió siendo compartida por ambos padres. El tribunal de California fundamentó su determinación en que hubo un cambio sustancial en las circunstancias en el caso, que te-nía jurisdicción porque se trataba de un decreto original de California donde la parte promovente todavía reside. No especificó, sin embargo, en qué consistió el cambio de cir-cunstancias que motivó la modificación del decreto original de custodia, ni cuál fue la evidencia aportada por el promo-vente para apoyar una determinación de cambio de circunstancias.

En vista de lo anterior, el padre del menor presentó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, una solicitud de exequátur para que se le diera entera fe y cré-dito al decreto del tribunal de California.

Luego de presentados los memorandos de derecho de las partes, el tribunal de instancia denegó la demanda rehu-sando así a reconocerle entera fe y crédito al decreto de cambio de custodia del tribunal de California. Su decisión se fundó en que “[n]o tenía jurisdicción el Tribunal que emitió la Resolución de Custodia, porque al momento de la solicitud, el Estado de residencia del menor y de la promo-vida era el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Inconforme con esta determinación, la parte deman-dante, el padre del menor, presentó escrito de revisión ante nos planteando como único señalamiento de error el si-guiente:

Erró el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, al desestimar la demanda en el caso de epígrafe, al interpretar que de conformidad con el “Parental Kidnapping Prevention Act”, solamente el Estado de residencia del menor, puede hacer una determinación.

Alegó que el P.K.P.A., 28 U.S.C. sec. 1738A, en el inciso (d), dispone que el estado que emitió el decreto de custodia tiene jurisdicción para hacer cualquier cambio a dicho de-creto, si el menor o uno de los padres aún reside en el estado. Concluyó, por lo tanto, que no era necesario que el niño estuviera residiendo en dicho estado para que ese foro tuviese jurisdicción. Se apoyó, además, en lo dispuesto en el inciso (c) de la sección anteriormente mencionada a los efectos de que:

(c) Una determinación de custodia hecha por un tribunal de un estado es consistente con los requisitos de esta sección sola-mente si—

(1) dicho tribunal tiene jurisdicción al amparo de la ley del estado, y

(2) se cumple con una de las siguientes condiciones:

(A) Ese estado (i) es el estado residencia del menor a la fecha en que comenzaron los procedimientos, o (ii) ha sido el estado residencia del menor seis meses antes de la fecha en que co-menzaron los procedimientos y el menor se encuentra fuera del estado porque ha sido trasladado o retenido por una de las par-tes o por otras razones y una de las partes aún reside en el estado que emitió el decreto. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) 28 U.S.C. sec. 1738A(c).

Para sustentar su posición de que el tribunal de California tenía jurisdicción para modificar el decreto original de custodia, el recurrente hizo hincapié en la frase “o por otras razones”.

Por su parte, la progenitora del menor sostuvo en su alegato que el tribunal de California no tenía jurisdicción a base de lo que dispone el P.K.P.A. y que el estado residen-cia del menor lo es Puerto Rico. Siendo, por' lo tanto, éste el foro que tiene jurisdicción sobre el asunto y el que puede hacer una modificación de custodia en el presente caso. Le asiste la razón. Veamos.

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En 1980 se aprobó por el Congreso de Estados Uni-dos el P.K.P.A. El propósito primordial de esta legislación es promover la cooperación entre los estados, facilitar el cumplimiento de los decretos de custodia de otros estados, desalentar la competencia entre varias jurisdicciones y evitar conflictos entre tribunales de distintos estados en lo que respecta a determinaciones de custodia de menores. Declaración de Propósitos del P.K.P.A., Pub. L. Núm. 96-611, Secs. 7(c)(1) - 7(c)(5), 94 Stat. 3568-3569 (1980). Es por ello que el P.K.P.A. comienza señalando en la See. 1738A que:

Las autoridades de cualquier estado deberán poner en vigor, de acuerdo a sus propios términos y no podrán modificar un decreto, de custodia de otro estado, el cual fue emitido acorde con lo que dispone esta sección, excepto por lo dispuesto en el sub-inciso (f) de esta sección. (Traducción nuestra.) 28 U.S.C. sec. 1738A(a).

De manera que el P.K.P.A. requiere que un estado le dé entera fe y crédito a un decreto de custodia de otro estado, siempre y cuando el estado que emitió el decreto lo haya hecho cumpliendo con lo dispuesto en la ley federal. Es importante señalar que esta ley específicamente dispone que sus disposiciones aplican a Puerto Rico. 28 U.S.C. sec. 1738A(b)(8).

Para que un estado pueda emitir un decreto de custodia que sea consistente con el P.K.P.A., tiene que tener jurisdicción al amparo de su propia legislación y, además, cumplir con una de las condiciones que se especifican en la ley federal. Esto requiere que para resolver la presente controversia acudamos a la ley de California para examinar los fundamentos jurisdiccionales que permiten que un tribunal de ese estado pueda modificar un decreto de custodia, ya sea de ese mismo tribunal o de un tribunal de otro estado.

En 1973, con anterioridad al P.K.P.A., el estado de California adoptó el Uniform Child Custody Jurisdiction Act (U.C.C.J.A.), West’s Ann.Cal.Civ.Code Sec. 5150 y ss., (Código Civil de California), una legislación que tiene el propósito de establecer normas uniformes que le permitan al estado determinar si tiene jurisdicción sobre la materia en los casos de custodia. Esta ley, además, impone la obligación al estado de reconocer y darle validez a los decretos de otros estados. En otras palabras, el U.C.C.J.A. se aprobó para evitar los decretos de custodia conflictivos. Sin embargo, el problema que se quiso evitar con la aprobación de la ley continuó, ya que algunos estados no adoptaron el U.C.C.J.A. y otros aprobaron sus propias versiones del mismo. Véase Thompson v. Thompson, 108 S.Ct. 513, 517 (1978).

Ante tal situación, el Congreso reconoció la necesidad de fijar normas uniformes para regir los casos de custodia. De esa manera se evitaba que el padre no custodio sacara al niño de la jurisdicción del estado donde se había determi-nado la custodia e instara una acción en otro estado bus-cando prevalecer con un nuevo decreto de custodia. Así surgió el P.K.P.A.

Teniendo presente lo anteriormente señalado, veamos cuáles son los requisitos jurisdiccionales de la Ley de California. La See. 5152 del Código Civil de California dis-pone:

(1) Un tribunal de este estado, con competencia para decidir asuntos sobre custodia de menores, tendrá jurisdicción para de-terminar la custodia de un menor, mediante decreto inicial o modificatorio, siempre y cuando se cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:
(a) Que este estado (i) sea el estado de residencia del menor al comienzo del proceso, o (ii) haya sido el estado de residencia del menor por un período de seis meses antes de que comenzara el proceso y el menor se encuentre ausente del estado por haber sido trasladado o retenido por una persona que alegue tener su custodia, o por otras razones, y uno de sus padres, o una persona que actúe como tal, continúe residiendo en este estado.
(b) Que conforme a los mejores intereses del menor un tribunal de este estado asuma jurisdicción porque (i) el menor y sus padres, o el menor y, por lo menos, uno de los litigantes, tiene contactos significativos con este estado, y (ii) exista y esté dis-ponible en este estado evidencia sustancial relativa al cuidado, la protección, la formación y las relaciones personales presen-tes y futuras del menor.
(c) Que el menor se encuentre físicamente en. este estado y (i) haya sido abandonado o (ii) exista una situación de emergencia que requiera que se proteja al menor porque éste ha sido víc-tima de maltrato o ha recibido amenazas de maltrato o abuso, o ha sido descuidado o dependa de alguien.
(d) (i) Que ningún otro estado tenga jurisdicción conforme a ciertos requisitos previos sustancialmente acordes con los pá-rrafos (a), (b) y (c), o que otro estado haya declinado asumir jurisdicción por considerar que este estado es el foro más apro-piado para decidir la custodia del menor, y (ii) que resulte be-neficioso para el menor que este tribunal asuma jurisdicción.
(2) A excepción de las disposiciones de los párrafos (c) y (d) del inciso (1), la mera presencia física del menor, o del menor y uno de los litigantes, en este estado, no constituye de por sí razón suficiente para conferirle jurisdicción a un tribunal de este es-tado para hacer una determinación de custodia. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) West’s Ann.Cal.Civ.Code See. 5152, pág. 307.

Los requisitos enumerados en el estatuto de California son prácticamente idénticos a los establecidos en el P.K.P.A. De hecho, el estatuto de California es idéntico a la See. 3 del U.C.C.J.A. que fuera aprobado inicialmente en 1968 por la Conferencia Nacional de Comisionados para uniformar leyes estatales y el American Bar Association.

A pesar de que en el U.C.C.J.A. hay cuatro (4) fundamentos jurisdiccionales independientes sobre la materia de custodia, los primeros dos, bajo los cuales la mera presencia física del menor es insuficiente para conferir jurisdicción, son los criterios principales. Véase S.M. Schuetze, Thompson v. Thompson: The Jurisdictional Dilemma of Child Custody Cases Under the Parental Kidnapping Prevention Act, 16 (Núm. 2) Pepp. L. Rev. 410 (1989). El P.K.P.A. expresa preferencia por el estado residencia del menor. Shuetze, supra, pág. 417.

La jurisprudencia a nivel estatal, incluyendo la del es-tado de California, demuestra una marcada preferencia por el estado residencia del menor a la hora de decidir si el tribunal debe o no asumir jurisdicción para emitir un de-creto de custodia o modificar el mismo. En Kumar v. Santa Clara County Superior Court, 177 Cal. Reptr. 763, 766 (1982), el tribunal expresó:

La jurisdicción para determinar la custodia del menor en el presente caso [por el mero hecho de ellos estar presentes en el estado donde se iniciaron los procedimientos de custodia] no depende dé si el peticionario [el padre no residente] está sujeto a la Jurisdicción “in personam” de California.

En otras palabras, el foro que haga la determinación de custodia no puede, bajo circunstancia alguna, ser aquél que convenga más a los padres o a uno de éstos, sino el que mejor sirva a los intereses del menor. Tomando esto en consideración es que en el P.K.P.A. se le da preferencia al estado residencia del menor, porque se entiende que éste es el que puede determinar mejor lo que es más beneficioso para el niño. Es en dicho estado donde el niño ha hecho amistades, asiste a la escuela y recibe asistencia médica: donde su vida se ha desenvuelto. Por lo tanto, se entiende que es en el estado residencia del menor donde con mayor probabilidad está disponible la evidencia que se requiere para hacer una adecuada determinación de custodia, una que tome en cuenta lo que es más conveniente para el menor. De manera que de existir conflicto con respecto a cuál es el requisito jurisdiccional aplicable de acuerdo al P.K.P.A., siempre deberá prevalecer el del estado residencia del menor. Shuetze, supra. En Caronna v. Caronna, 535 N.Y.S.2d 31 (1988), se dijo:

Aunque la P.K.P.A. contiene en esencia los mismos cuatro fundamentos, éstos no tienen el mismo peso que les confiere la U.C.C.J.A. Según la P.K.P.A., la jurisdicción del “estado de re-sidencia” tiene prioridad sobre las otras consideraciones. No será sino hasta que se determine que ningún otro estado podría asumir jurisdicción a la luz de la sección relativa al “estado de residencia”, que se tomará en consideración el criterio de los mejores intereses del menor o el que otro estado haya declinado asumir jurisdicción, a menos que el menor se encuentre en este estado y exista una situación de abandono o de emergencia. En virtud de lo anterior, es esencial que se determine el estado de residencia del menor en cuestión para efectos de custodia. Véanse, además: Custody of Brandon, 551 N.E.2d 506, 510 (1990); Snow v. Snow, 369 N.W.2d 581, 583 (1985); Dennis v. Dennis, 366 N.W.2d 474, 477 (1985); Boyd v. Boyd, 653 S.W.2d 732, 735 (1983); Matter of Welfare of Mullins, 298 N.W.2d 56 (1980).

Por otra parte, cuando exista una inconsistencia entre la ley federal y la estatal, la federal deberá prevalecer. Véanse: Hunter v. Hunter, 585 So. 2d 71 (1991); In Interest of A.E.H., 468 N.W.2d 190 (1991); Murphy v. Woerner, 748 P.2d 749 (Alaska 1988).

Tomando en consideración lo anteriormente expresado, apliquémoslo a los hechos particulares de este caso.

En 1984 el señor Ortega, Jr. presentó solicitud de divor-cio ante el Tribunal Superior del estado de California para el condado de Orange. Desde que se comenzó a tramitar el divorcio, el padre del menor conocía que el niño iba a resi-dir en Puerto Rico con su progenitora. Del propio docu-mento que acompañó la petición de divorcio surge que el señor Ortega, Jr. consintió a que su hijo fuese trasladado a otra jurisdicción. De hecho, en este documento se estipuló que el niño viviría con su progenitora durante todo el año escolar y con el padre compartiría los meses de verano.

En 1985 se decretó disuelto el matrimonio entre el señor Ortega, Jr. y la señora Morales Ortega. No es hasta tres (3) años después, en 1988, que el padre del menor presenta solicitud para modificación de custodia ante el mismo tribunal que decretó el divorcio. El sabía que para esa fecha el niño ya no era residente del estado de California. Al momento de instarse el procedimiento éste llevaba resi-diendo en Puerto Rico cuatro (4) años. Resulta de impor-tancia tener presente que en este caso no se trata del tras-lado de un niño a otro estado por el padre no custodio para evadir la jurisdicción del tribunal que decretó la custodia. Simplemente, la madre, a quien se le confirió la custodia del menor, luego de decretado el divorcio decidió venir a vivir a Puerto Rico porque aquí se encontraban sus familiares.

De manera que estamos ante una situación donde Puerto Rico pasó a ser el estado residencia del menor. Es a este Foro a quien corresponde hacer en todo caso la deter-minación de modificación de custodia. En Dennis v. Dennis, supra, pág. 477, se dijo:

[CJiertos tribunales han reconocido que luego de que el es-tado de residencia del menor haya emitido un decreto original de custodia, cualquier otro estado puede convertirse en el es-tado de residencia y asumir jurisdicción para modificar el de-creto original.

En el caso de autos, al inicio del procedimiento el niño no se encontraba en California, ni había estado en dicho estado en los seis (6) meses previos al comienzo del procedimiento. No se cumplía, pues, con lo dispuesto en el inciso (A) de la See. 5152(1) del Código Civil de California. De igual manera, tampoco se cumplía con lo dispuesto en el inciso (b) de dicha sección. Este requiere’que se tomen en consideración los mejores intereses del menor al asumir jurisdicción en un caso para modificar la custodia. Esta determinación la hace el tribunal evaluando los hechos si-guientes: que el niño y sus padres o el niño y uno de los padres tienen una relación significativa con el estado y que en dicho estado hay evidencia sustancial, sobre el cuidado, protección, entrenamiento y relaciones personales futuras y presentes del menor. En el caso de autos no hay duda de que en un tiempo así fue. Sin embargo, desde la tramita-ción del divorcio de sus padres el menor se trasladó a Puerto Rico con su progenitora. Desde ese entonces reside aquí. Es aquí, pues, donde se encuentra la mejor evidencia para determinar los mejores intereses del menor y Puerto Rico es el estado con el cual el menor tiene la relación más significativa. Puerto Rico es el foro con mayores contactos con el menor, el estado residencia actual del menor.

Tampoco están presentes en este caso los requisitos del inciso (c)(i) o (c)(ii) de la See. 5152(1) del Código Civil de California. No se trata de una situación de abandono del menor o de emergencia que requiera que el estado de California le dé al menor protección. Además, para que apli-que este inciso es requisito indispensable que el menor esté físicamente presente en el estado de California.

Finalmente, no se da tampoco la situación de que no haya otro estado que tenga jurisdicción o que haya decli-nado ejercer jurisdicción. West’s Ann.Cal.Civ.Code See. 5152(l)(d).

Por lo tanto, entendemos que actuó correctamente el foro de instancia al negarse a reconocerle entera fe y crédito al decreto de California. Bajo los hechos específicos de este caso, ese tribunal ya no tenía jurisdicción por no ser el estado residencia del menor. La P.K.P.A., 28 U.S.C. sec. 1738A(f), dispone que un tribunal de un estado podrá modificar un decreto de custodia de otro estado si (1) tiene jurisdicción para hacer tal determinación de custodia y (2) si el tribunal de otro estado ya no tiene jurisdicción o ha declinado ejercerla.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se dictará sen-tencia confirmando la emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 20 de octubre de 1989 y notificada el 18 de diciembre de 1989.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Fuster Berlingeri concurrieron sin opinión escrita.

       Junto a la petición de divorcio las partes acompañaron un documento que establecía cómo se regirían las relaciones filiales. En el mismo se estableció que el menor estaría con su progenitora en Puerto Rico durante el año escolar, pero los meses de verano los pasaría con el padre. Además, se establecieron los derechos de visitas de ambos padres y de otros familiares, en el tiempo en que el niño estuviese ya sea con la madre o con el padre.

       La Sra. Nora Usa Morales Ortega hizo constar en la moción que sometió al Tribunal Superior del estado de California para el condado de Orange que no contaba con los recursos económicos necesarios para asistir al proceso incoado en California.

       Esto se conoce en inglés como forum, shopping.

       La ley federal, 28 U.S.C. 1738A(e)(B), claramente dispone que en caso de que otro estado no tenga jurisdicción de acuerdo al subpárrafo A, entonces se tomarán en consideración los criterios del subpárrafo B. El subpárrafo A es el que dispone lo relativo al estado residencia del menor.


text:
    María C. Pagán et al., demandante y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados y peticionarios

      Número: CE-85-628

      Resuelto: 22 de octubre de 1992

      Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, Dora T. Peñagarí-cano, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Rafael Ocasio Rivera, abo-gado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver en este caso si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.), a través del Departa-mento de la Vivienda, responde civilmente por actos u omi-siones negligentes atribuibles a la Corporación de Renova-ción Urbana y Vivienda (C.R.U.V).

l — l

Dicha controversia tiene su génesis en los casos de María C. Pagán, et al. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y Paula María Primo de Rivera, etc. v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, etc., en los cuales se incluye como codemandado al E.L.A. por unos alegados daños sufridos en distintos residenciales públicos propie-dad de la C.R.U.V. Con relación a dichos daños, los deman-dantes le imputan negligencia a la C.R.U.V. En el primer caso se alega que la C.R.U.V. fue negligente al violentar su deber de conservar su propiedad en condiciones que garan-ticen la seguridad y la salud de los residentes y visitantes del Residencial Las Margaritas al mantener las escaleras de este complejo mojadas y sin alumbrado debido a filtra-ciones de agua. Fue a causa de estas condiciones que la codemandante María C. Pagán aduce haber sufrido una caída en dichas escaleras, lo cual provocó los daños por los que reclama compensación. En el segundo caso se le im-putó el mismo tipo de negligencia a la C.R.U.V., pero con relación a los elevadores del Residencial Orquídeas. De-bido al alegado mal funcionamiento de uno de los elevado-res, el Sr. José Gil de la Madrid perdió la vida al intentar abordar el mismo cuando la puerta que da acceso al eleva-dor se abrió sin que estuviera en ese piso la cabina, ca-yendo al vacío.

Una vez instados los pleitos aludidos, el E.L.A. solicitó la desestimación de la demanda en lo que a él respecta bajo el fundamento de que la C.R.U.V. era una corporación pú-blica con personalidad jurídica propia e independiente del Estado, con plena capacidad para demandar y ser demandada. Agregó el E.L.A. que el hecho de que esa en-tidad estuviese adscrita al Departamento de la Vivienda no alteraba en nada su naturaleza corporativa.

Por su parte, los demandantes en el único caso ante nuestra consideración hoy, es decir, María C. Pagán, et al. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., presentaron escrito en oposición a la Moción de Desestimación donde señalan que el Departamento de la Vivienda es el propie-tario y arrendador de las unidades que integran el Resi-dencial Las Margaritas. Expusieron, además, que por virtud de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972 (3 L.P.R.A. sec. 441 et seq.), se adscribió la C.R.U.V. al Departamento de la Vivienda y se le transfirieron al Secretario todos los poderes y las facultades de la Junta de Directores de esa corporación, lo que resultó en una vinculación tal entre ambos organismos que ello constituía base legítima para incluirse al E.L.A. como parte codemandada.

El tribunal de instancia acogió los planteamientos de los demandantes y declaró sin lugar la moción de desestima-ción del E.L.A. No conforme el Estado con dicha resolución, acude ante nos mediante escrito de certiorari imputándole al Tribunal a quo haber incidido al no desestimar la de-manda en su contra. Expedimos el recurso y nos corres-ponde resolver.

HH h-1

La C.R.U.V. fue creada mediante la Ley Núm. 88 de 22 de junio de 1957 “con el propósito de reorganizar los programas, gubernamentales de vivienda pública y de renovación urbana que se habían establecido sucesivamente a partir de 1938. En el pasado, esta corporación pública desarrolló con mucho éxito un vigoroso programa de vivienda que logró proveer hogar seguro para miles de familias”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 55 de 9 de agosto de 1991, Leyes de Puerto Rico, pág. 232 (17 L.P.R.A. sec. 27 et seq.).

Tras evaluar la poca efectividad de la C.R.U.V. ante los cambios acaecidos en los últimos años con respecto a la constrúcción, venta y alquiler de vivienda, y la crisis financiera que confrontaba, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 55, supra, para autorizar la disolución de la C.R.U.V., a la vez que se estableció un “proceso ordenado de liquidación de las cuentas de esa corporación pública que le permita cumplir con el mayor número de sus responsabilidades financieras utilizando sus propios recursos”. Leyes de Puerto Rico, pág. 233. Esta Ley Núm. 55 derogó la también citada Ley Núm. 88, la cual constituía la ley vigente al momento de los hechos ante nuestra consideración, y creó la Oficina para la Liquidación de las Cuentas de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (la Oficina).

Procede que analicemos separadamente la responsabili-dad del E.L.A., si alguna, por los actos u omisiones negli-gentes de la C.R.U.V. antes de que se autorizara su disolu-ción mediante la citada Ley Núm. 55, así como también si existe responsabilidad del E.L.A. en la actualidad.

A. La responsabilidad del E.L.A. por actos negligentes de la C.R.U.V.

Surge claro de la Ley Núm. 88, supra, ya derogada, que creó la C.R.U.V., que esa entidad fue instituida y organizada como una corporación pública. Declaraba esta ley: “Se crea una entidad pública, corporativa y política que se denominará ‘Corporación de Renovación Urbana y Vivienda’ ....” (Énfasis suplido.) Art. 2 de la Ley Núm. 88, supra, 17 L.P.R.A. ant. sec. 22.

Ahora bien, procede examinar si al aprobarse la Ley Núm. 97, supra, la cual adscribió la C.R.U.V. al Departamento de la Vivienda, se intentó o su aprobación tuvo el efecto de suprimir la naturaleza corporativa de esa entidad. Dispone el Art. 6 de la referida ley, 3 L.P.R.A. see. 441e, lo siguiente:

Se adscriben al Departamento [de la] Corporación de Reno-vación Urbana y Vivienda creada por las secs. 21 a 25 del Título 17; y el Banco de la Vivienda, creado por las sees. 901 a 922 del Título 7; ambos organismos continuarán funcionando como cor-poraciones públicas con las funciones y programas que dichas secciones o cualesquiera otras les haya conferido. Se transfie-ren al Secretario los poderes y facultades de las Juntas de Directores de ambas corporaciones y se suprimen dichas juntas.

Consideramos que es erróneo atribuir a la citada dispo-sición la cualidad de suprimir la personalidad jurídica de la C.R.U.V. o de alterar su condición previa.

Es de todos sabido que el Estado, a través de la Rama Legislativa, goza de la facultad de conferirle a las instrumentalidades que crea la estructura organizativa, administrativa y funcional que estime más apropiada a fin de lograr el más óptimo y efectivo funcionamiento de las mismas. Una de las opciones que tiene a su disposición es el instrumento corporativo, el cual le otorga a la entidad pública cierta flexibilidad que facilita su funcionamiento en el campo dentro del cual se desempeña.

Este tipo de entidad pública aflora luego de la Primera Guerra Mundial como un nuevo instrumento de las nacio-nes del mundo occidental para responder a las nacientes o novedosas realidades y a las múltiples tareas que enfrentaban. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58, 62 (1982). Asimismo, en sectores de la economía donde el em-presario privado se abstuvo de actuar por los grandes ries-gos en la inversión o en épocas de escasez de capital o de altas tasas contributivas sobre la ganancia, el Estado acu-dió a las corporaciones públicas como medio de garantizar la prestación de los servicios que se pudieran ver afectados. Torres Ponce v. Jiménez, supra, pág. 63. The Public Corpo ration: A Comparative Symposium, editado por W. Friedmonn, Canadá, Carswell Co., 1954, pág 542.

En Puerto Rico, las corporaciones públicas tienen su momento de mayor expansión a partir de 1940 cuando dio inicio el programa de desarrollo socioeconómico que ade-lantó el Gobierno de Puerto Rico para esa época. “Estas empresas gubernamentales se crearon con diversos propó-sitos, entre otros, para reducir los costos, mejorar los ser-vicios ofrecidos por el estado y proveer la infraestructura necesaria para el crecimiento industrial.” McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989). Véase, además, C. Ramos de Santiago, El Gobierno de Puerto Rico, 2da ed. rev., Ed. U.P.R., 1979, págs. 654-657.

En el aludido caso de Torres Ponce v. Jiménez, aunque reconocimos la existencia de una gran variedad de corporaciones públicas, destacamos tres (3) tipos de entre las cuales hubiésemos podido situar a la ya disuelta C.R.U.V. Nos referimos a: (1) las agencias o departamentos de los gobiernos; (2) las corporaciones públicas creadas por estatuto, y (3) las corporaciones de emisión de acciones organizadas al amparo de las leyes de corporaciones privadas que son controladas parcial o totalmente por el Gobierno. Véase, además, Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 473 (1982). Evidentemente la C.R.U.V. perteneció al segundo tipo, en vista de la antes citada disposición que crea textualmente esta instrumentalidad como una corporación pública.

Ahora bien, no es el fundamento legislativo el único que avalaba la condición corporativa de esta entidad sino que, además, al examinarse los distintos criterios adoptados jurisprudencialmente, a fin de ponderar si determinada instrumentalidad es o no corporación pública, se puede identificar una conjunción de estos elementos con respecto a la C.R.U.V. que justificaba otorgarle ese calificativo. En Canchani v. C.R.U.V., 105 D.P.R. 352 (1976), se hace alusión a varios de esos criterios, a saber:

(a) poseer ingresos propios;

(b) tener autonomIa fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos y cuentas bancarias;

(c) poseer propiedades;

(d) contar con una Junta de Directores;

(e) poder aceptar donaciones, y

(1) tener capacidad para concertar acuerdos o contratos.

En A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437, 455-456 (1976), se amplían dichos elementos por lo que esbozamos los criterios o factores siguientes para determi-nar bajo qué circunstancias una instrumentalidad del Go-bierno funciona como empresa o negocio privado:

si los empleados de la agencia concernida están cubiertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; si los servicios pres-tados por la agencia, por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; si la agencia está capa-citada para funcionar como una empresa o negocio privado; si la agencia de hecho funciona como una empresa o negocio pri-vado; el grado de autonomía fiscal de que disfrute la agencia; el grado de autonomía administrativa de que goce; si se cobra o no un precio o tarifas por el servicio rendido (precio que debe ser básicamente equivalente al valor del servicio); si los poderes y facultades concedidos en la ley orgánica de la agencia la aseme-jan fundamentalmente a una empresa privada; y si la agencia tiene o no la capacidad para dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario. A estos criterios pueden añadirse otros, sin pretender agotar la lista: la estructura en sí de la entidad; la facultad de la agencia para demandar y ser demandada ilimitadamente; el poder de obtener fondos propios en el mercado general de valores a base de su récord económico y sin empeñar el crédito del Estado Libre Asociado; la facultad de adquirir y adminis-trar propiedades sin la intervención del Estado .... Véase, además, Unión Empleados Carreteras v. J.R.T., 119 D.P.R. 116, 117-129 (1987), opinión concurrente.

Como correctamente señaláramos en A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., supra, pág. 456, “[njingún crite-rio es determinante por sí solo del problema que nos ocupa. Debemos examinar en cada caso la conjunción de factores existentes para a su luz resolver si la agencia concernida funciona o no como un negocio privado ...”. Del examen de la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda, ya de-rogada, se desprende que esa entidad poseía una serie de atributos, facultades y características que, vistas en con-junto, situaban esa entidad entre las corporaciones públi-cas del E.L.A. Tenía la facultad de contratar, realizar y ejecutar convenios sin la intervención del E.L.A.; aceptar donaciones y aportaciones de entidades públicas y priva-das, así como de particulares; demandar y ser demandada; preparar, llevar a cabo, adquirir, arrendar y administrar proyectos de hogares; arrendar con derecho a propiedad, y vender y alquilar solares; invertir cualquier fondo tenido en reserva o que no se utilice de inmediato en propiedades o como garantía; emitir bonos; conceder préstamos garan-tizados por la Administración Federal de Hogares; ceder y traspasar gratuitamente el usufructo de solares en las ur-banizaciones mínimas; adquirir bienes inmuebles por com-pra a precio aplazado garantizándola con hipoteca sobre dicho inmueble; tomar dinero a préstamo y contraer deu-das evidenciando tales obligaciones mediante el otorga-miento de instrumentos negociables y, finalmente, en lo concerniente a la administración de personal, la C.R.U.V. era un administrador individual, entre otras cosas. Véase 17 L.P.R.A. ants. secs. 21-24, 38 y 45.

El hecho de dicha entidad no poseer una junta de directores no alteraba su naturaleza corporativa. Considérese que, incluso, algunas corporaciones privadas pueden operar sin junta de directores y no por ello poseen menos atributos corporativos que las que son gobernadas por una junta. A través de toda la estructura gubernamental del E.L.A. se pueden identificar varias corporaciones públicas en las que el Secretario o jefe administrativo de la agencia a la cual está adscrita la corporación cumple las funciones de una junta de directores. Ya hemos dicho que es prerrogativa de la Asamblea Legislativa determinar qué tipo de estructura habrá de utilizar al crear o establecer una corporación pública. Nótese, además, que al legislador adscribir la C.R.U.V. al Departamento de la Vivienda, se-gún la disposición antes transcrita, expresó con meridiana claridad que “ambos organismos [C.R.U.V. y Banco de la Vivienda] continuarán funcionando como corporaciones pú-blicas con las funciones y programas que dichas secciones o cualesquiera otra les haya conferido”. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 441e. No existe fundamento razonable al-guno que nos permita concluir que a través de la Ley Núm. 97, supra, directa o indirectamente, se interesara cambiar la condición corporativa de la C.R.U.V. Más bien, como he-mos podido observar, de ese estatuto surge claramente lo contrario.

Por lo tanto, si la C.R.U.V. era una corporación pública, lo cual implica que poseía una personalidad jurídica distinta y separada del Gobierno central, era la única responsable por sus propios actos y no el E.L.A., a menos que se estableciese cocausalidad en la producción de los daños. Esto último no se ha alegado en este caso. La única alegación en la demanda respecto a la responsabilidad del E.L.A. está fundamentada en que la C.R.U.V. está adscrita al Departamento de la Vivienda. El Art. 3(d) de la Ley Núm. 97, supra, 3 L.P.R.A. sec. 441b(d), al cual aluden los demandantes para sostener la responsabilidad del E.L.A., no tiene el efecto de hacer cocausante al Estado por los actos de la C.R.U.V., y menos aún es demostrativo de una fusión entre ambas entidades que absorbe en una la perso-nalidad de la otra. Esta disposición facultó al Departa-mento de la Vivienda a “[d]irigir y supervisar todas las actividades gubernamentales relacionadas con el desarro-llo, financiamiento y administración de programas de vi-viendas de interés social y de proyectos de renovación ur-bana o rehabilitación en su sitio”. 3 L.P.R.A. sec. 441b(d). Esto debe interpretarse a la luz del propósito evidente del legislador al adscribir la C.R.U.V. al Departamento de la Vivienda, que fue uniformar y centralizar la formulación de la política pública relativa a la vivienda en Puerto Rico. Es dentro de esa óptica que cabe interpretar el Art. 3(d) de la Ley Núm. 97, supra.

Por otra parte, precisamente, en vista de la delegación en el Secretario de la Vivienda de las funciones de la Junta de Directores de la C.R.U.V., y dado el interés legislativo de centralizar y uniformar la política pública sobre vivienda, la intervención del Secretario en algunos asuntos de la C.R.U.V. no es extraña ni tampoco implicaba una fusión entre ambas entidades. Bajo este estado de situación, era normal y común que el Secretario de la Vivienda partici-pase en algunos de esos asuntos, sin que por ello vinculase al E.L.A.

Por último, los actos negligentes que se alegan en la demanda atañen al mantenimiento y a la conservación de los edificios objeto de este litigio, asunto que estaba bajo el control exclusivo de esta corporación. Era la C.R.U.V. la dueña de los mismos y era la responsable inmediata de la administración y el buen funcionamiento de esos proyec-tos, a través de su Director Ejecutivo y el personal bajo su control. 17 L.P.R.A. ant. sec. 22(a). Del descargo de la res-ponsabilidad de estos funcionarios, sólo podía quedar obli-gada la entidad que ellos dirigían y representaban, es de-cir, la C.R.U.V.

Siendo esta instrumentalidad una corporación pública con personalidad jurídica propia, separada e indepen-diente del E.L.A., con capacidad para demandar y ser de-mandada, y dado que era la C.R.U.V. la dueña y quien tenía la responsabilidad inmediata de administrar y velar por el buen funcionamiento de los proyectos en controver-sia, era la única llamada a responder por sus actos. Así, pues, resolvemos que el E.L.A. no era responsable por los actos negligentes atribuibles a la C.R.U.V.

B. La responsabilidad del E.L.A. al disolverse la C.R.U.V.

Resta por determinar si la Oficina para la Liquidación de las Cuentas de la C.R.U.V., creada mediante la citada Ley Núm. 55 para pagar las obligaciones y deudas de la C.R.U.V., mantiene una personalidad jurídica distinta y se-parada del Departamento de la Vivienda y, por lo tanto, del E.L.A.

La Ley Núm. 55, supra, no solamente disuelve la C.R.U.V., sino que en su Art. 1 también “ordena la liquidación de todos sus activos y la utilización del producto de esa liquidación para atender sus obligaciones financieras”. 17 L.RR.A. see. 27. El Síndico Especial es la persona que dirige y administra la Oficina. La Junta Ratificadora de la Liquidación de las Cuentas de la C.R.U.V. es la responsable de aprobar “las transacciones dirigidas a la liquidación de todos los activos de la [C.R.U.V.] y la utilización del producto de la liquidación para atender sus obligaciones financieras, según se dispone en esta ley”. Art. 1(b) de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.P.R.A. sec. 27(b).

El legislador en ningún momento fusionó la Oficina al Departamento de la Vivienda. Por el contrario, la ley dispone que el Síndico Especial asumirá el control de todos los activos y, hasta donde le permitan los activos dis-ponibles, deberá pagar las obligaciones y deudas de la C.R.U.V. Véase el Art. 2 de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.RR.A. sec. 27a. Aún más, se concedió a las reclamaciones no prescritas en contra de la C.R.U.V. el término de ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de vigencia de la ley para que éstas se presentasen a la Oficina. “No procederá la radicación de ninguna demanda contra la Oficina ni contra la disuelta Corporación a menos que previamente se haya hecho la reclamación que aquí se provee.” Art. 4 de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.P.R.A. sec. 27c.

Conforme a lo resuelto en A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., supra, págs. 455-456, examinemos si existen en la citada Ley Núm. 55 los criterios necesarios para determi-nar si la Oficina funciona como una empresa privada. En-tre los factores allí mencionados consideraremos primera-mente que la Oficina goza de autonomía administrativa. Conforme al Art. 9 de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.P.R.A. sec. 27h, la Oficina tiene “autoridad para demandar y ser demandada y radicar toda clase de acciones judiciales y administrativas, tramitarlas hasta la sentencia o resolu-ción final, desistir o transigirías”. También puede adoptar los reglamentos necesarios para la administración de sus asuntos para lo cual está exento del cumplimiento de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico”. Se le concede al Síndico Especial la potestad para contratar la administración de bie-nes muebles pertenecientes a la C.R.U.V., tanto con agencias públicas (e.g. el Departamento de la Vivienda) como con entidades privadas. Arts. 6 y 13 de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.P.R.A. secs. 27e y 271. El Síndico Especial está facultado para:

comprar, tomar a préstamo o adquirir por cualquier otro medio, vender, ceder, permutar, pignorar, hipotecar, gravar y cancelar toda clase de gravámenes o cargas, total o parcialmente y se-gregar, agrupar, administrar, arrendar por las cantidades, tér-minos, pactos y condiciones que el Síndico Especial considere pertinentes. Tendrá, además, la facultad de tomar prestado dando en garantías bienes de la Corporación. Art. 5 de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.P.R.A. sec. 27d.

Otro de los factores a considerar es que la Oficina goza de un alto grado de autonomía fiscal, aún bajo la conside-ración de que tiene el propósito sui géneris de autoliqui-darse, debido a que su presupuesto incluye los $37, 318, 159, provenientes de los ingresos propios estimados que generará la propia Oficina durante el año fiscal. Para el inicio de las operaciones de la Oficina, el Departamento de Hacienda le adelantó la suma de quinientos mil dólares ($500,000), cantidad que el Síndico devolverá con prioridad a cualquier otra obligación de la Oficina. También se auto-rizó “al Departamento de lá Vivienda y al Banco Guberna-mental de Fomento para Puerto Rico a aportar y/o prestar de sus recursos físicos, económicos y de personal para los gastos administrativos y operacionales de la Oficina”. 17 L.P.R.A. sec. 27n. En caso de que no fuese posible cubrir en su totalidad las deudas y obligaciones de la C.R.U.V. con sus propios recursos, la ley aclara que el Síndico Especial así lo notificará al Gobernador y a cada Cámara de la Asamblea Legislativa. La Ley Núm. 55, supra, especifica que el Síndico Especial no podrá convenir plan de pago de deudas alguno que requiera la erogación de dineros prove-nientes del Fondo General del E.L.A. sin la previa autori-zación de la Asamblea Legislativa. Véanse: Arts. 10, 15, 18 y 20 de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.P.R.A. secs. 27i, 27n, 27q y 27s.

Debemos tomar en consideración de entre los criterios esbozados en A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., supra, y los mencionados anteriormente, que los empleados de la Oficina nombrados por el Síndico Especial no están cubier-tos por la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, aún cuando cualquier agencia o instrumentalidad pú-blica, previa autorización del Gobernador, podrá prestar y asignar a la Oficina el personal, los recursos y el equipo que le solicite el Síndico Especial para el cumplimiento de la Ley Núm. 55, supra. Este préstamo tiene el propósito de minimizar los gastos de operación y funcionamiento de la Oficina, según dispone el Art. 12 de la Ley Núm 55, supra, 17 L.P.R.A. sec. 27k, pero no tiene el efecto de convertirla en parte del Estado privándola de personalidad propia. El Síndico Especial puede contratar los servicios legales nece-sarios, aún cuando el Departamento de Justicia puede brindar el apoyo legal que sea necesario.

La Oficina funciona como una empresa privada ya que deposita sus fondos en una cuenta establecida en el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, esto es, se-parada de la cuenta del Gobierno central. Además, man-tiene un registro y contabilidad completa y detallada de todas sus cuentas.

La ley que ordena la disolución de la C.R.U.V. dispuso que los activos y pasivos correspondientes a esta corporación pública serán liquidados por la Oficina. Habiendo examinado los criterios establecidos en la referida ley, concluimos que la Oficina funciona con personalidad distinta y separada del Departamento de la Vivienda y del E.L.A. Resolvemos, entonces, que el E.L.A. no tiene responsabilidad por los actos negligentes atribuibles a la C.R.U.V., aún después de la aprobación de la Ley Núm. 55, supra, que ordena la disolución de la C.R.U.V. Sólo cuando el Síndico Especial rinda su informe final de la liquidación de cuentas de la C.R.U.V. y dé por terminada la existencia de la Oficina, habrá una transferencia al Departamento de la Vivienda que consistirá únicamente de los informes, ex-pedientes, archivos y cualesquiera otros documentos, los cuales serán custodiados y conservados por ese Departa-mentó de la manera que exigen las leyes vigentes. Art. 19 de la Ley Núm. 55, supra, 17 L.P.R.A. sec. 27r.

Considerando que ningún pleito entablado contra la C.R.U.V. será desestimado por el solo fundamento de la aprobación de la citada Ley Núm. 55, procede devolver el caso al tribunal de instancia para que se continúen los procedimientos de forma compatible con esta sentencia, y a tenor con lo dispuesto en el Art. 11 de la referida ley, supra, 17 L.P.R.A. sec. 27., a la mayor brevedad que permita el calendario judicial.

Por los fundamentos antes indicados, se dictará senten-cia revocando la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y en consecuencia se declara con lugar la moción de desestimación promovida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a éste concierne, devolviendo el caso al foro de instancia y ordenando la continuación de los procedimientos de manera compatible con lo resuelto por este Tribunal.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López se inhibieron. El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

       Vista la Moción de Desistimiento Voluntario presentada en Paula María Primo de Rivera, etc. v. C.R.U.V., etc. (CE-85-833), el Tribunal Supremo ordenó el archivo del mismo y se dejó sin efecto la consolidación con el caso CE-85-628, María C. Pagán, et al. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al. Véase Resolución de 6 de abril de 1989.

       Como regla general, un departamento ejecutivo no tiene personalidad jurí-dica separada y distinta del Estado Libre Asociado (E.L.A.). Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74, 82 (1987).

       El lenguaje utilizado por el legislador denota su intención de mantener la personalidad jurídica de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.) al utilizar el verbo adscribir en lugar del verbo transferir como ocurre en la sección anterior, 3 L.RR.A. sec. 441d, la cual suprime una agencia (la Administración de Renovación Urbana y Vivienda) luego de transferir sus facultades y deberes al De-partamento de la Vivienda.

       En la alegación de la demanda con respecto a la responsabilidad del E.L.A. se señala lo siguiente:
      “Que por estar la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, por disposición de ley adscrita al Departamento de la Vivienda, teniendo su secreta-rio todos los poderes y facultades que se le confieren a la Junta de dicha Corporación, responde por todos los daños sufridos por las demandantes, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las aseguradoras X y Z de éstas.” Párrafo 13 de la demanda presen-tada el 20 de junio de 1985 ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

       La propia ley aclara que las transacciones de pago de obligaciones financie-ras impuestas por sentencia o por órdenes o resoluciones de organismos administra-tivos que sean finales y firmes están exceptuadas de la ratificación por parte de la Junta Ratificadora.

       El hecho de que el Departamento de la Vivienda pueda aportar o prestarle recursos a la Oficina por sí solo no es lo que determina que hubo una fusión, ya que “[n]ingún criterio es determinante por sí solo del problema que nos ocupa”. A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., supra, pág. 456.

       El Art. 11 de la Ley Núm. 55 de 9 de agosto de 1991, Leyes de Puerto Rico, pág. 238, en lo pertinente, dispone como sigue:
      “Ningún pleito, acción o procedimiento entablado de acuerdo con la ley, por o contra la Corporación o contra cualquiera de los funcionarios o empleados de esa instrumentalidad, en su carácter oficial o en relación con el desempeño de sus debe-res oficiales será desestimado por el solo fundamento de la aprobación de esta ley. El Tribunal, a moción de parte interesada o mediante alegación adecuada, presentada en cualquier fecha dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley que demuestre, a satisfacción del Tribunal, la necesidad de la continuación de dicho pleito, acción u otro procedimiento para resolver las cuestiones envueltas, podrá permitir que el mismo prosiga por o contra la Oficina creada por esta ley para liquidar los activos y pasivos de la Corporación.”
      En cumplimiento con lo dispuesto en el referido Art. 11, la parte demandante recurrida presentó una solicitud de dictamen judicial ante nos para la continuación del litigio en el tribunal de instancia. Esta moción fue sellada en la Secretaría del Tribunal Supremo el 17 de diciembre de 1991, es decir, dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de vigencia de la citada Ley Núm. 55.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

text:
    Asociación de Hoteles y de Turismo de Puerto Rico, etc., demandante y recurrente, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandado y recurrido.

      Número: RE-91-399

      Resuelto: 26 de octubre de 1992

      María Milagros Soto, abogada del recurrente; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, María Adaljisa Dávila, Procu-radora General Auxiliar, y Ricardo Alequín Pons, Procu-rador General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

A raíz de aprobarse la Ley Núm. 33 de 20 de julio de 1989 (15 L.P.R.A. see. 76), el Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante Comisionado) comenzó a cobrar, en concepto de derechos de franquicia a los concesionarios de salas de juego, determinada cantidad computada a base del total jugado anualmente, incluso lo jugado en las mesas y en las máquinas tragamonedas.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Asociación de Hoteles y de Turismo de Puerto Rico (en adelante Aso-ciación) discreparon de la interpretación del Comisionado y solicitaron al Secretario de Justicia su opinión. El 1ro de febrero de 1990 dicho funcionario refrendó la actuación del Comisionado. Inconforme, ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la Asociación la impugnó.

Oportunamente dicho foro (Hon. Evaristo M. Orengo, Jr., Juez), concluyó que el texto de la Ley Núm. 33, supra, era claro y que al disponer “que los derechos de franquicia que deben pagar los concesionarios que operen facilidades para juegos de azar se fijarán de acuerdo al ‘total jugado anualmente’ no hizo exclusión alguna ni proveyó para que se excluyera del cómputo el producto de las máquinas tragamonedas”. Apéndice I, pág. 7. Además, determinó que el pago de la franquicia no constituía un impuesto y, por lo tanto, el incluir el producto de las máquinas tragamonedas para computar los derechos de franquicia no era una doble tributación. Razonó que “una parte tiene la prerrogativa de solicitar o no al Estado una franquicia, aún cuando ello conlleve el pago de unos derechos, en cambio, tratándose del pago de impuestos está legalmente impedida de decidir si los paga o no”. Id., págs. 9-10.

Ante nos la Asociación cuestionó dicho dictamen. Me-diante orden de mostrar causa, revisamos.

En lo procesal no erró el foro de instancia al dictar sentencia sin celebrar una vista evidenciaría. Conforme las alegaciones, desde el primer momento la controversia se limitó a una cuestión pura de derecho: interpretar la Ley de Juegos de Azar, según enmendada, por las Leyes Núms. 2 de 30 de julio de 1974 (15 L.P.R.A. secs. 71-72, 74-76 y 78), 46 de 2 de julio de 1985 (15 L.P.R.A. secs. 71, 74 y 79a) y 33, supra, con sus respectivos historiales legislativos. El trámite se ajustó a esa realidad; y a tal efecto, ambas par-tes comparecieron y expusieron sus contenciones mediante memorandos de derecho. La queja de la Asociación es inmeritoria.

En lo sustantivo tampoco incidió el ilustrado tribunal de instancia. La Ley de Juegos de Azar, enmendada por la Ley Núm. 46, supra, autoriza el funcionamiento de máquinas tragamonedas en las salas de juego explotadas bajo franquicia expedida por el Secretario de Hacienda. Por disposición de la propia ley, las tragamonedas pertenecen a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, quien está facultada a ubicarlas y operarlas. No obstante, la Ley de Juegos de Azar dispone que el “concesionario de una franquicia de juegos de azar bajo esta sección podrá permitir la instalación de las máquinas en sus salas de juegos, a cam-bio de una proporción del rédito al operador según se dis-pone en la see. 74 de este título, y sujeto al pago de los derechos de franquicia fijados en la see. 76 de este título”. (Énfasis suplido.) 15 L.P.R.A. see. 72. Es claro, pues, que la Asamblea Legislativa impuso a los concesionarios de las salas de juego dos (2) condiciones para que pudieran operarlas: que un porciento de las ganancias obtenidas en las máquinas se destinara al erario y, además, que se pagaran los derechos de franquicia según reglamentados por la Ley de Juegos de Azar.

La Ley Núm. 33, supra, enmendó la Ley de Juegos de Azar en lo relativo a que los derechos de franquicia se computarían tomando en consideración las zonas en que estaban localizadas las salas de juego; anteriormente variaban por zona desde un mínimo de seis mil dólares ($6,000) hasta un máximo de veinticuatro mil dólares ($24,000). Se eliminaron estas distinciones y se dispuso que los derechos de franquicia de todas las salas de juego se computarían tomando como fundamento el total jugado anualmente en cada sala de juego. Art. 2 de la Ley Núm. 33, supra, 15 L.P.R.A. sec. 76. Al sujetar el cómputo de los derechos de franquicia al “total jugado anualmente”, el legislador no excluyó lo jugado en las máquinas tragamonedas. Coincidimos con la ilustrada sala sentenciadora de que ese lenguaje no permite, por interpretación, crear una exclusión no visualizada. A fin de cuentas, el “texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa ...” Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865, 871 (1983).

Resolvemos que la Ley de Juegos de Azar establece un impuesto sobre las ganancias obtenidas en las máquinas. tragamonedas y a su vez ordena que el total jugado anualmente se utilice para computar los derechos de franquicia.

III

Aclarado este extremo, notamos que el tribunal senten-ciador concluyó que estas disposiciones de ley no imponían una doble tributación. Razonó que el pago de los derechos de franquicia no era susceptible de considerarse un im-puesto, ya que no constituía un pago por obligación de ley, sino para obtener el privilegio de realizar una actividad en el Estado. El razonamiento es erróneo.

Ciertamente, aun cuando el pago de los derechos de franquicia se hace con el propósito de obtener la concesión de un privilegio para desarrollar ciertos negocios dentro del Estado —Artesian Water Co. v. State, Dept. of Hwys. & Transp., 330 A.2d 432, 440 (1974)— dicho pago se ha ca-racterizado como un impuesto requerido para conceder tal autorización. J.E. Nowak, R.D. Rotunda y J.N. Young, Constitutional Law, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1978, págs. 342-347. En igual sentido, recientemente en Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692, 703-704 (1988), al eyaluar las patentes municipales, citando a McQuilin Mun. Corp., expresamos que “[cjuando son im-puestos únicamente para rentas públicas, los derechos o cargos por la licencias son contribuciones y sólo pueden sostenerse si están basados en el poder de imposición de contribución”. (Enfasis suprimido.)

IV

En Puerto Rico no existe prohibición constitucional a la doble tributación; sin embargo, “la intención legislativa al imponer doble contribución debe ser clara y explícita y nunca se presume”. Sucn. Giusti v. Tribl. Contribuciones, 70 D.P.R. 117, 122 (1949).

Evidentemente la Ley de Juegos de Azar impone una doble tributación para los concesionarios de salas de juego de azar que operan tragamonedas; esto es, recae sobre la misma propiedad dentro de la misma jurisdicción. P.R. Iron Works v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 868 (1944). En el caso de autos, ambos impuestos son sobre el dinero generado por las máquinas tragamonedas.

A través de la Ley de Juegos de Azar, repetimos, la Asamblea Legislativa expresamente ordenó la doble tribu-tación al establecer que se podrían ubicar máquinas traga-monedas en las salas de juego: “a cambio de una propor-ción del rédito al operador según se dispone en la see. 74 de este título, y sujeto al pago de los derechos de franquicia fijados en la see. 76 de este título” y, al más adelante dis-poner, que los derechos de franquicia se computarían a base del “total jugado anualmente” en las salas de juego sin excluir lo jugado en las tragamonedas.

Como toda revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos —García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 331 (1978)— procede sentencia confirmatoria de la interpretación del Comisionado de Instituciones Financieras sobre el alcance del Art. 2 de la Ley Núm. 33, supra.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Her-nández Denton disintió con opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Por entender que la interpretación que hoy hace la ma-yoría de este Tribunal de la Ley de Juegos de Azar, Ley Núm. 33 de 20 de julio de 1989, según enmendada, 15 L.P.R.A. see. 76, establece una doble tributación a los casinos en Puerto Rico, sin que surja claramente y expresa-mente que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de imponer dicho gravamen, disentimos.

1 — H

La controversia del caso de marras se limita a determi-nar si la Asamblea Legislativa tuvo la intención expresa de imponer una doble tributación a los casinos que tienen ubi-cados en sus facilidades máquinas tragamonedas propie-dad de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Es preciso que señalemos cuáles son las improvistas legales que nos ayudan al análisis de esta controversia. Veamos.

A finales de la década del 40 el esquema tributario refe-rente a los casinos era uno en el cual los derechos de fran-quicia de un casino se fijaban bajo el criterio de la “locali-zación por zona”. Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948 (15 L.P.R.A. secs. 71-79). La autoridad para la expedición de franquicias para la explotación de salas de juegos de azar residía en el Secretario de Hacienda. Los juegos de azar por los que se pagaban derechos de franquicias eran los juegos de ruleta, dados, juegos de barajas de blackjack y bingo. Estos juegos eran operados, como es al presente, por los propios casinos. Sin embargo, para aquella época no se autorizaba en Puerto Rico el uso de máquinas tragamonedas.

Fue mediante la Ley Núm. 2 de 30 de julio de 1974 (15 L.P.R.A. secs. 71-72, 74-76 y 78) que se autorizó de ma-nera restrictiva el uso de estas máquinas tragamonedas. Su uso es restrictivo porque la única autorizada a manejar y a comprar dichas máquinas es la Compañía de Turismo de Puerto Rico y no los casinos. 15 L.P.R.A. see. 74. Por esta razón, toda la contabilidad de lo que éstas producen se rea-liza por la propia Compañía de Turismo de Puerto Rico y en nada intervienen los casinos. Del ingreso bruto produ-cido por las tragamonedas se deduce el costo amortizado de las máquinas y su costo operacional. La diferencia repre-senta el ingreso neto anual. Este ingreso se distribuye de la manera siguiente: (1) El diecisiete por ciento (17%) es para la Compañía de Turismo de Puerto Rico; (2) El veinte por ciento (20%) se considera un impuesto sobre la transac-ción de las tragamonedas, y éste se envía al Secretario de Hacienda para el Fondo Educacional; (3) otro veinte por ciento (20%) es para el Fondo General de la Universidad de Puerto Rico; (4) un nueve por ciento (9%) se remite a un fondo especial que se conoce como “Fondo para el Desarro-llo de la Industria Turística de Puerto Rico”, y por último (5) un treinta y cuatro por ciento (34%) se remite mensual-mente a los concesionarios, o se utiliza con respecto a deu-das contributivas de los concesionarios de franquicias, ya tomadas y puestas al cobro en el Departamento de Hacienda. 15 L.P.R.A. see. 74.

Ahora bien, al aprobarse la Ley Núm. 33, supra, se en-mendó la Ley de Juegos de Azar, 15 L.P.R.A. see. 76 y ss., a los únicos fines de eliminar el criterio de localización para computar los derechos de franquicias y se dispuso que se computaría a base del “total jugado anualmente”. 15 L.P.R.A. see. 76.

Sección 76. Juegos de azar en salas de juego con franquicias, autorizados —Derechos de franquicia; zonas
Los derechos de franquicia que de acuerdo con la see. 74 de este título deberán pagar los concesionarios que operen facili-dades para juegos de azar cubiertos por las secs. 71 et seq. de este título, se fijan en la cantidad que se establece a continua-ción:
Total Jugado Anualmente Derechos de Franquicia
menos de $25 millones $ 50,000
en exceso de $25 millones 100,000
hasta $50 millones
en exceso de $50 millones 150,000
hasta $100 millones
en exceso de $100 millones 200,000
La Compañía de Turismo determinará el equipo de artefactos de juego que podrá usarse en dichas facilidades mediante el pago de tales derechos y los distintos tipos de juegos de azar que se autorizan a cada concesionario. AL concluir su año con-tributivo cada concesionario deberá someter al Secretario copia de sus estados financieros certificados, acompañados de una opinión especial del contador público autorizado que certificó los mismos en la cual se certifique el total de lo jugado durante el año. 15 L.P.R.A. see. 76.

Tanto el Comisionado de Instituciones Financieras como el Secretario de Justicia entienden que el “total jugado anualmente” no sólo incluye lo jugado en las mesas del casino, sino también lo jugado en las máquinas tragamonedas.

La mayoría de este Tribunal, al aceptar que el pago de los derechos de franquicia y el cobro del veinte por ciento (20%) del ingreso neto de las tragamonedas constituyen una doble tributación, sostiene que ésta es válida porque la Asamblea Legislativa tuvo la intención “clara y explícita” de imponer este doble gravamen.

Hemos tenido la oportunidad de revisar el historial le-gislativo de la ley y no podemos estar de acuerdo con que la Asamblea Legislativa claramente quizo incluir lo jugado en las máquinas tragamonedas a los fines de computar los derechos de franquicia.

La validez de un estatuto que imponga una doble tribu-tación está supeditada a que la Asamblea Legislativa clara, expresa e inequívocamente haya querido imponer este doble gravamen. Sucn. Giusti v. Tribl. Contribuciones, 70 D.P.R. 117, 126 (1949); San Miguel & Cía v. Diez de Andino, Tes., 71 D.P.R. 344 (1950). De no surgir clara-mente esta intención, no podemos validar la duda en contra del contribuyente.

Por ejemplo, si examinamos el texto del Art. 2 de la ley en cuestión, 15 L.P.R.A. see. 76, nos daremos cuenta cuál legislador requirió de cada concesionario que presentara cada año contributivo una copia de sus estados financieros, acompañados de una opinión especial del contador público autorizado en la que certifique el total jugado durante el año.

Este requisito excluye lo jugado en las máquinas tragamonedas. Es evidente que el contador público autori-zado se ve impedido de certificar lo jugado anualmente, si tiene que incluir lo jugado en las tragamonedas. El conta-dor no tiene constancia de lo jugado en las tragamonedas porque éste no realiza la contabilidad de lo que producen dichas máquinas. Tampoco se puede tomar como lo ju-gado anualmente el treinta y cuatro por ciento (34%) que reciben los concesionarios en concepto de permitir que se coloquen las máquinas tragamonedas en sus facilidades porque esto no representa lo que se juega anualmente. En fin, el contador sólo podría certificar lo jugado en las mesas de juegos. Con este esquema legislativo es difícil pensar que la Asamblea Legislativa quisiera claramente incluir las máquinas tragamonedas para el cómputo de los dere-chos de franquicia. Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986, 997 (1953).

Por lo tanto, entendemos que es impermisible suplantar mediante fíat judicial la intención legislativa de imponer una doble tributación. En materia contributiva la duda fa-vorece a la adopción de una interpretación más restrictiva de suerte que no se prive al contribuyente de la propiedad sin un debido proceso de ley. Serrallés Galiano v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 11 (1961).

Por todo lo antes expuesto, revocaríamos la sentencia de instancia y ordenaríamos que se devolvieran las contribu-ciones cobradas en exceso.

       Esta autoridad fue transferida posteriormente al Comisionado de Institucio-nes Financieras. Véase Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985 (7 L.P.R.A. sec. 2007).

       La contabilidad de dichas máquinas las lleva a cabo la Compañía de Turismo de Puerto Rico.


author: per curiam:

text:
      In re Félix A. Toro, Jr., querellado.

      Número: CE-87-505

      Resuelto: 26 de octubre de 1992

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General Auxiliar, Antonio Figueroa Rodriquez, Procurador General Auxiliar, Reina Colón de Ro-dríguez, Procuradora General Auxiliar, Mayra Enid López Mulero, Procuradora General Auxiliar, y José Roberto Vega Díaz, Procurador General Auxiliar; José M. Aponte Jiménez, Comisionado Especial; Pedro Malavet Vega, abo-gado del querellado.
   per curiam:

Con relación a la querella contra el Ledo. Félix A. Toro, Jr., a éste se le imputó haber otorgado un affidávit (certificado de incorporación) “sin tener real y efectivamente ante su presencia uno de los suscribientes del mencionado documento público y sin conocer personal-mente a dicho suscribiente en el momento de la celebración del solemne acto notarial”.

El 16 de enero de 1987, con relación a Pedro Figueroa Medina et al. v. Conchita Calderón de Casillas et al.; Joa quin R. Casillas, etc. v. Pedro Medina Figueroa, et al., RE-86-604, ordenamos a la Procuradora General realizar una investigación e informe sobre la conducta profesional del abogado notario Félix E. Toro, Jr.

Esta resolución la motivó el que en dicho caso (CS-85-1536, CS-85-1575), el Tribunal Superior, Sala de Humacao, hizo la determinación siguiente:

El balance de la prueba cre[í]da por el Tribunal tiende a es-tablecer que el Notario Público, Lie. Félix E. Toro, no estuvo presente durante la firma del “Certificado de Incorporación”, por lo que dicho documento no fue jurado ni suscrito ante notario.
Aún si concediéramos crédito a la prueba de la parte deman-dante sobre este último hecho, el resultado sería que el docu-mento en si se firmó en una Oficina donde el “notario” [se re-fiere al Ledo. Félix A. Toro] no se encontraba por haberse quedado en una antesala, que el notario no conocía personal-mente a los otorgantes, Conchita Calderón de Casillas y Abigail Rodríguez Reyes (Abigail Borrero) y que no hizo gestiones para identificar adecuadamente a dichas otorgantes.
No existe controversia alguna de que los otorgantes de dicho certificado de incorporación fueron el Dr. Pedro Medina Figueroa, Doña Conchita Calderón de Casillas y Doña Abigail Rodrí-guez Reyes.

Luego de que la Procuradora General investigó y nos sometió un informe, ordenamos la presentación de la querella. En ésta se le imputó al Ledo. Félix A. Toro, Jr., haber otorgado “el affidavit 44,583 sin tener real y efecti-vamente ante su presencia uno de los suscribientes del mencionado documento público [Conchita Calderón de Casillas] y sin conocer personalmente a dicho suscribiente en el momento de la celebración del solemne acto notarial”. El licenciado Toro contestó la querella negando que no es-tuvo presente al momento de firmarse el documento. Admi-tió que para esa fecha no conocía personalmente a la com-pareciente Sra. Conchita Calderón de Casillas, pero sí de referencia. También admitió no haber consignado en el do-cumento el nombre de los testigos de identificación. Ex-presó, además, “que a tenor con todas las circunstancias que rodearon el acto no alber[gaba] dudas sobre la identi-dad de los declarantes”.

Nombramos al Ledo. José M. Aponte Jiménez como Co-misionado Especial y, luego de una serie de trámites pro-cesales y vista, éste rindió un informe en el cual, en lo pertinente, concluye:

Un análisis integral de toda la prueba testifical presentada, incluyendo el comportamiento observado por los testigos mien-tras declaraban y la forma en que lo hicieron, nos inclina a atribuirle mayor garantía de veracidad a la aportada por el querellado, aún cuando ambas son probables. La versión de la quejosa, Sra. Conchita Calderón de Casillas, contraria a la del querellado, produce en nuestro ánimo aquella incertidumbre e insatisfacción que genera la falta de certeza y convicción moral de que los hechos ocurrieron tal y como ella los relata en lo que se refiere a la ausencia del querellado al momento de otorgarse el certificado de incorporación.
... Estimada la credibilidad que nos merece la prueba testifical aportada determinamos como cuestión de hecho que el que-rellado. estuvo presente al momento que la quejosa, Conchita Calderón de Casillas, suscribió el certificado de incorporación que alude la querella presentada en su contra. Asimismo, de-terminamos que las testigos Conchita Calderón de Casillas y Abigail Rodríguez Reyes, quien también suscribió el referido certificado, fueron identificadas al querellado por el Sr. Juan Aulet en el mismo acto del otorgamiento del certificado de incor-poración, por aquél no conocerlas. No obstante ello, el quere-llado omitió expresar tal circunstancia al notarizar el documento. Por el contrario, hizo constar que conocía personal-mente a los que lo suscribieron cuando ello no era cierto en lo referente a los otorgantes, Conchita Calderón de Casillas y Abigail Rodríguez Reyes. (Enfasis suplido.)

El Art. 17 de la Ley Notarial de 1987, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2035), provee, como medio supletorio de identificación, “[l]a afirmación de una persona que conozca al otorgante y sea conocida por el notario, siendo aquélla responsable de la identificación y el notario de la identidad del testigo”.

En In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103, 114 (1978), expresamos que “[l]a esencia de la función notarial es dar fe —por conocimiento directo personal o a través del testigo de conocimiento del otorgante— de la identidad de las personas que han comparecido a suscribir un [documento]”. Después de todo, éste es “[e]l mecanismo para lograr correspondencia real y legítima entre persona y firma ... En otras palabras, la fe de conocimiento persi-gue evitar la suplantación de las partes en el otorgamiento”. (Enfasis suplido.) Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979).

Hemos reconocido que la fe del conocimiento de los otorgantes es de importancia suprema e imperiosa en la gestión notarial. Véanse: In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441 (1982); In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 547 (1984). Después de todo, “en principio es necesario que el notario ga-, rantice la identidad de las personas que intervienen en un negocio jurídico, porque la ilación entre unas situaciones y otras exige, para dar certidumbre a las relaciones jurídicas, que se fundamente bajo la fe notarial el punto de unión o conexión, que es precisamente la persona que ostentando un derecho lo transmite a favor de otra”. J.M. Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. 1, pág. 457.

En In re Olmo Olmo, supra, pág. 464, expresamos, con relación a los testigos de conocimiento, que éstos “no sólo deben conocer al otorgante, sino ser conocidos por el notario en aquellas cualidades básicas de solvencia moral”. Recalcamos, además, que con respecto a la responsabilidad disciplinaria del notario, ésta “necesariamente dependerá del grado de diligencia, con relación al cuadro fáctico real ante sí”. Id.

En el caso de autos, no se probó que uno de los suscri-bientes en un certificado de incorporación no comparecido personalmente ante el abogado notario Félix A. Toro, Jr. Sin embargo, sí quedó probado que éste no conocía perso-nalmente a dos (2) de los suscribientes, Conchita Calderón de Casillas y Abigail Rodríguez Reyes, y que éstas fueron identificadas por el Sr. Juan Aulet. El propio notario Toro, Jr. admitió en su contestación a la querella que él no cono-cía personalmente a la Sra. Conchita Calderón de Casillas, una de las suscribientes del Certificado de Incorporación de Academia de Belleza Oriental, Inc. También se probó que el licenciado Toro Jr. expresó en el documento que co-nocía personalmente a los que lo suscribieron, cuando ello no era cierto.

La gravedad de la actuación del notario Félix A. Toro, Jr. no puede subestimarse ni reducirse a una simple trans-gresión técnica, sin importancia de la Ley Notarial de 1987.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia decre-tando la suspensión por seis (6) meses del ejercicio de la notaría del abogado notario Félix A. Toro, Jr., y ordenamos la incautación de sus protocolos.