author:
el Juez Asociado Señor Ne-grón García {Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Alba Vicéns, por sí y en representación de su hijo Roberto Alejandro Cruet Vicéns; Rubén Estremera, por sí y en representación de su hijo Rubén Guillermo, demandantes y peticionarios, v. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; Haydeé Colón Rosa, etc., demandados y recurridos.

      Número: CE-86-542

      Resuelto: 22 de agosto de 1986

      Pedro J. Saade Lloréns y José Enrique Colón Santana, de Servi-cios Legales de P.R., Inc., abogados de la parte peticionaria; Lady Alfonso de Cumpiano y Juan A. Moldes-Rodríguez, abogados de la parte recurrida.
   Sala integrada por su Presidente,

el Juez Asociado Señor Ne-grón García

y los Jueces Asociados Señores Ortiz y Her-nández Denton.

RESOLUCIÓN

A la anterior petición de certiorari, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto particular disidente.

{Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

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Voto particular disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Este recurso revive en nuestro suelo la concepción plató-nica —abandonada en el transcurso de la historia de la civili-zación— de que sólo los “filósofos reyes” son los más aptos para gobernar y educar. Las voces que sostienen hoy que los hijos de los “filósofos reyes” están más capacitados para estu-diar, y que por ende, per se son acreedores a privilegios para lograr acceso a una educación pública selectiva, olvidan que en nuestro diseño democrático la “igualdad es ingrediente medular del ideal de justicia que constantemente late en la Constitución”. P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 633 (1984).

I

Se cuestiona la negativa del Tribunal Superior, Sala de San Juan, a expedir un injunction preliminar y permanente solicitado por Alba Vicéns, madre del menor Roberto Alejandro Cruet Vicéns, y Rubén Guillermo Estremera en represen-tación de su hijo de igual nombre. Éstos formularon demanda en la que alegan que las normas y prácticas de admisión a la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico (Modelo) son discriminatorias e inconstitucionales. Luego de una vista al efecto dicho foro, en lo pertinente resolvió:

La parte demandante no tiene un derecho constitucional a asistir a determinada escuela en particular y menos aún, tiene derecho a asistir a una Escuela-Laboratorio la cual no se administra con fondos del Departamento de Instrucción Pública por ser un instrumento de aprendizaje, entrena-miento e investigación de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La bo-nificación concedida a los hijos del personal docente y no docente de la UPR-PR cumple un interés legítimo dentro del contexto académico de la Escuela-Laboratorio que justifica tal reglamentación y responde a la necesidad de propiciar el reclutamiento y retención de personal universitario. En adi-ción, el procedimiento utilizado para la selección de los niños al programa de “Kindergarten”, nivel 1-2, de la Escuela Elemental del Colegio de Pedagogía de la Universidad de Puérto Rico, prima facie, se reputa válido hasta que no sea decla-rado inconstitucional, máxime cuando ya otros tribunales han intervenido en la adjudicación de la validez del mismo. Aunque las decisiones de dichos tribunales no son manda-torias, tienen fuerza persuasiva para la jurisdicción local. Bauzá v. Morales Carrión, 578 F.2d 447 (1978). Véase además lo resuelto en Regents of the University of Michigan v. Ewing, 106 S.Ct. 50 (1985); Board of Curators of the University of Missouri v. Horowitz, 435 U.S. 78 (1978) y Eliseo Gaetán v. Universidad de Puerto Rico, Civil Núm. PE-84-866.
La concesión o denegatoria de una solicitud de injunction descansa en la sana discreción del Tribunal y sólo debe con-cederse con gran cautela y en aquellos casos en que la necesi-dad y las razones para expedirlo sean claras. Cerra v. Fajardo, 18 D.P.R. 1024 (1912). Exhibit 5, págs. 58-59.

El tribunal de instancia retuvo jurisdicción para diluci-dar el caso por la vía ordinaria como sentencia declaratoria.

Ante nos los peticionarios reproducen sus argumentos. En esencia, éstos constituyen un ataque directo al beneficio regla-mentario que concede automáticamente cinco (5) puntos o cinco por ciento (5%), lo que sea mayor, al total de puntos obtenidos en las pruebas académicas y sicológicas de los hijos de los profesores, administradores y empleados de la U.P.R. Dicho de otro modo, mediante ese mecanismo, ciertos hijos del personal universitario son favorecidos y admitidos a esa es-cuela.

El pasado 18 de agosto de 1986, emitimos resolución que concedía a Alba Vicéns término para que expusiera razones por las cuales no deberíamos rechazar su solicitud, en vista de que el resultado obtenido en la evaluación de su hijo Roberto Alejandro de 74 puntos, no alcanzó el índice mínimo de 75 puntos establecido para ser considerado para admisión. Simultáneamente concedimos a la U.P.R. igual termino para que mostrara causa por la cual no deberíamos expedir el auto y provisionalmente ordenar que admitan al menor Rubén Guillermo como estudiante en la referida escuela elemental, condicionada su admisión a las resultancias del pleito.

En cumplimiento de ese dictamen, las partes han compa-recido. Expediríamos el auto y en auxilio de jurisdicción, dada la urgencia del remedio, paralizaríamos los procedimientos para evitar que el recurso se torne académico y se frustren los derechos de estos niños a iniciar el próximo lunes sus estudios en el semestre escolar recientemente comenzado.

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El Reglamento de la U.P.R. que rige la admisión de estu-diantes a la escuela elemental de dicha institución, tiene visos de inconstitucionalidad en cuanto concede privilegios, distin-ciones, y establece diferencias en favor de estudiantes hijos del personal de dicho recinto frente a otros niños de la co-munidad.

Los niños aquí peticionarios compitieron con la desventaja apuntada. No fueron admitidos a la referida escuela elemental en el presente año escolar 1986-87. Conforme le fuera no-tificado, se alega que Roberto Alejandro obtuvo una puntua-ción de 74 puntos, inferior al índice menor de ingreso de 79 puntos, de un máximo de 80 puntos (puede ascender a 85 pun-tos con el bono de privilegio en controversia). Según la carta, el índice menor de ingreso para el 1986 fue de 79 puntos. Rubén Guillermo Estremera obtuvo una puntuación de 77 puntos. No se necesita mucho esfuerzo ni elucidación para in-ferir que el bono de privilegio colocó a varios candidatos por encima de los peticionarios, aun cuando éstos, de haber com-petido en igualdad de condiciones, los hubiesen superado, ( ) La situación proyecta, en la dimensión constitucional, una injusticia susceptible de ser remediada judicialmente sin ul-teriores dilaciones.

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Las secciones primera y quinta del Art. II de nuestra Constitución rezan:

■La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discri-men alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública en-carnarán estos principios de esencial igualdad humana. . . .
Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde ■las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. . . . (Énfasis suplido.) Art. II, Secs. 1 y 5, Const. E.L.A., L.P.R.A., ed. 1982, Vol. 1, págs. 257 y 271.

El historial de la Convención Constituyente es profuso en cuanto al repudio a privilegios, distinciones, diferencias in-justificadas, que puedan enarbolarse inclusive en el sistema de educación pública. Varios miembros de la Constituyente dejaron diáfanamente plasmado este sentir. A tal efecto es ilustrativo el siguiente diálogo entre los delegados, Sres. Lionel Fernández Méndez y Jaime Benitez: ()

Sr. FERNÁNDEZ: A la primera, señor Presidente. En la línea 5, ya sabemos que se insertó la palabra “condición” después de “origen”, “origen o condición social”. Nosotros hemos leído en la página 6 del Informe de la Carta de Dere-chos que “origen social”, significa que esta expresión rea-firma el principio de descartar toda gradación, favoritismo' o prejuicio al sopesar los méritos de una causa judicial, de una solicitud en el servicio público, de una subasta, etc., por motivo de origen o condición social. Esa es la única explica-ción que aparece aquí en el informe de la Comisión sobre lo que es origen o condición social y da dos o tres ejemplos de en qué situaciones es que este apartado protegería a alguna persona contra otra persona. Ahora, preguntamos nosotros al Presidente de la Comisión y querríamos que nos infor-mara en qué forma se hace válido, en qué forma se puede proteger ese derecho dentro de la estructura gubernamental •que estamos creando con esta constitución, o sea, en qué forma puede una persona que se sienta agraviada por algún discrimen en este sentido, hacer valer su derecho a que no se discrimine contra ella.
Sr. BENÍTEZ: Más adelante, en las líneas quinta, sexta y séptima, se establece que “tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esen-cial igualdad humana”, y lo que se ha establecido aquí son ciertos principios básicos y esenciales que tienen fuerza ex proprio vigore, pero que además de tener fuerza por su pro-pio vigor habrán de requerir implementación de dos clases, educativa y jurídica. En lo que toca a la educativa, ya hay aquí un mandato al sistema de instrucción pública que habrá de respetar estos básicos principios. En lo que respecta al sis-tema jurídico y en esto se refiere a la totalidad de la estruc-tura legal del país se subraya la inconstituciomúAdad de todo favoritismo. Y todo reconocimiento a distinción habrá de 'estar motivado por mérito, por virtud, por esfuerzo, por ta-lento. En lo que toca a qué es lo que se quiere decir con ori-gen social, quiérese decir con origen social, que no importa la extracción de la persona, su situación económica, su con-dición en la comunidad, todos los puertorriqueños y todas las personas sujetas a las leyes de Puerto Rico son iguales ante nuestras leyes si se aprueba esta disposición y cualquier in-tento de hacer discrimen en favor o en contra de una de ellas es ilegal. (Énfasis suplido.) 2 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente 1382 (1952).

En igual sentido, la Comisión de la Carta de Derechos consignó:

Sec. 1. — La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen social, ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.
El propósito de esta sección es fijar claramente como base consustancial de todo lo que sigue el principio de la dignidad del ser humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad esencial de todas las personas dentro de nuestro sistema constitucional. La igualdad ante la ley queda por encima de accidentes o diferencias, bien tengan su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo discrimen o privilegio contrario a esta esencial igualdad repugna al sistema jurí-dico puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra or-ganización legal queda robustecida por la presente disposi-ción constitucional, a la vez que obligada a ensanchar sus disposiciones para dar plena realización a lo aquí dispuesto.
Origen social. Esta expresión reafirma el principio de descartar toda gradación, favoritismo o prejuicio al so-pesar los méritos de una causa judicial, de una solicitud en el servicio público, de una subasta, etc., por motivos de ori-gen o condición social.
See. 5 — Habrá un sistema de instrucción pública, el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gra-tuita en la escuela elemental y secundaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para la enseñanza en otras es-cuelas o instituciones educativas que no sean las del estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educati-vos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.
El establecimiento de un sistema de instrucción pública, libre y enteramente no sectario es una consecuencia natural de los postulados anteriores. La sociedad democrática tiene la obligación de proveer para que a las nuevas generaciones se les trasmita el conocimiento, los valores, las técnicas, las aptitudes que el continuado esfuerzo de siglos ha traducido en patrimonio de la vida civilizada. Ya en la primera sección se hacía referencia al sistema de instrucción pública para imponerle la responsabilidad de educar en los principios de esencial igualdad humana. Hay, desde luego, una íntima co-rrespondencia entre la cultura y la ley. Las directrices vita-les contenidas en una constitución derivan parte substancial de su eficacia del aprecio habitual en que las tiene la ciuda-danía. La escuela pública ha sido una de las mayores fuerzas de democracia, de unidad colectiva y de oportunidad abierta al talento en la vida puertorriqueña. En su salón de clase se han educado codeándose hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todos los grupos políticos, de todas las razas. En ella han aprendido la igual-dad, la tolerancia, el esfuerzo. Debe continuar y ampliar esta su responsabilidad y trayectoria. (Énfasis suplido.) 4 Dia-rio de Sesiones, op. cit., págs. 2561,2562 y 2564.

El inventario de este legajo es claro. En Puerto Rico, el derecho de educación y su real acceso no es simplemente un apéndice más incidental del derecho de “propiedad”, única-mente protegido por los principios del debido proceso de ley. Es autónomo. Su sitial es alto en la escala de valores funda-mentales comunitarios. En armonía con esta concepción, en Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 738 (1978), caracterizamos la educación como un “derecho constitucional” revestido de gran importancia en la sociedad contemporánea.

La Universidad de Puerto Rico no está exenta de este de-rrotero. Hacerlo representa un retroceso en el avance alcan-zado en nuestra sociedad. Su propia ley orgánica declaró:

debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los si-guientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de cátedra y de investigación científica:
(4) Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiri-tual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepciona-les que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan po-nerse al servicio de la sociedad puertorriqueña;
(6) Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática. (Énfasis suplido.) 18 L.P.R.A. see. 601.

Este prisma legislativo pone en tela de juicio la validez del argumento, que encontró eco en el foro de instancia, de que por estar la escuela elemental adscrita a la U.P.R. no le apli-can los postulados de esencial igualdad humana enunciados en la Constitución. Si algo revela su estatuto rector es el espíritu de proveer a los estudiantes de escasos recursos económicos las mejores oportunidades de estudio. El Legislador no se pro-puso darle trato especial de tipo elitista al personal universi-tario al momento de crearla y abrir sus puertas.

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Despejado el horizonte, en el caso de autos es detectable un derecho constitucional expreso y fundamental: la educación. Se impone pues, el análisis judicial de escrutinio estricto al evaluar la reglamentación en controversia sobre privilegios a los hijos de profesores, administradores y empleados en el cómputo de admisión. Este examen minucioso judicial tradi-cionalmente ha prevalecido para enfrentamos a clasificacio-nes inherentemente sospechosas o cuando éstas afectan dere-chos fundamentales tangentes con la dignidad del ser hu-mano, discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosos y nacio-nalidad. Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813 (1980); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277-278 (1975); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972).

Con este rigor jurídico nos inclinamos a estimar que esta-mos ante una clasificación que atenta directamente contra el mandato constitucional que proscribió toda gradación, fa-voritismo, gracia, privilegio al momento de ofrecerse la edu-cación pública. La Asamblea Legislativa diáfanamente con-sagró el mérito, el esfuerzo y el talento como las cualidades que daban derecho al reconocimiento. La “extracción social” de. la persona —hijo de profesor, () de administrador, o em-pleado universitario— no puede ser criterio válido constitu-cional en el proceso de admisión a una escuela pública del Estado o de una de sus instituciones. La autonomía univer-sitaria tiene sus límites constitucionales.

No está en disputa, como muy bien apuntan los peticio-narios, el derecho a estudiar en una escuela en particular. En juego está un derecho de mayor envergadura: competir en igualdad de condiciones por la educación pública del Estado provista en un centro docente del país. Frente a un aparente privilegio discriminatorio, la U.P.R. no ha demostrado la existencia de un interés público apremiante o de superior je-rarquía que la justifique o que tal clasificación sea la única alternativa posible y razonable o la menos onerosa. Zachry International v. Tribunal Superior, supra, págs. 277-278.

En el caso de Bauza v. Morales Carrion, 578 F.2d 447 (1er Cir. 1978), citado por el tribunal de instancia con carácter persuasivo y así invocado por la Universidad, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito sostuvo la prác-tica institucional que nos ocupa, por la ausencia de una clasi-ficación sospechosa a un derecho fundamental a la educación. Ese foro cautamente expresó: “En ausencia de una inter-ferencia con un derecho fundamental, o de un impacto sobre una clasificación sospechosa, el Tribunal de Distrito debió dar deferencia considerable a la visión y política pública de los oficiales del Estado Libre Asociado.” (Traducción nuestra.) íd., pág. 451.

Este razonamiento no es aplicable al caso. El Tribunal Federal de Apelaciones se basó en la Constitución de Estados Unidos y no en la del Estado Libre Asociado. El análisis que se impone es distinto. En el de autos es ineludible imprimir validez y reconocimiento al mandato constitucional del carác-ter fundamental del derecho a la educación.

Las únicas razones aducidas por la Universidad no supe-ran la realidad expresada. Ésta reclama la validez de la norma a base de que constituye un beneficio marginal impor-tante para el reclutamiento y retención de profesores y demás funcionarios. No lo dudamos. Además, señala que le permite usar la escuela —que no forma parte del sistema de Instruc-ción Pública— como laboratorio en el cual se pueden ensayar y desarrollar mejores técnicas de enseñanza, para aquellos estudiantes de la Facultad de Pedagogía que son potencial-mente futuros maestros en el país. La única relación entre este legítimo propósito y el sistema de puntuación lo explica así: “Compete a las autoridades académicas, respetuosamente sometemos, el decidir con qué población o perfil estudiantil se obtendrán efectivamente las condiciones óptimas de labora-torio para obtener los resultados deseados. En efecto, somete-mos que las condiciones propicias de laboratorio que se requie-ren para el éxito del experimento dependen, en gran medida, en la admisión de un núcleo estudiantil proveniente de una homogénea filosofía educativa tal y como se logra si un grupo significativo de los estudiantes provienen de un núcleo familiar identificado con la filosofía educativa de la Universidad.”

En cuanto al primer extremo, resulta difícil justificar el beneficio de puntuación para capacitar intelectualmente a un aspirante —aun considerado como análogo a los beneficios marginales económicos— cuando atenta contra la Ley Univer-sitaria y la Constitución. Sencillamente en un gobierno de leyes, hay acciones que no son permisibles independientemente de sus buenos propósitos, si su implantación infringe princi-pios elementales de mayor jerarquía.

Sobre el carácter de laboratorio de la escuela para futuros maestros, es dudosa la proposición de la U.P.R. predicada en que debe decidir y controlar la población o perfil estudiantil, para lograr las mejores condiciones de laboratorio y los resul-tados deseados a base de este privilegio. De ninguna manera nos ha adelantado o ha elaborado cómo ello logra ese objetivo. Tampoco que sea esencial. Presumiendo que la Universidad aspire a que la población estudiantil sea una muestra del me-jor talento intelectual disponible y que de ese modo los estu-diantes de la Facultad de Pedagogía tengan ese recurso, la regla de bonificación de cinco (5) puntos atenta y contradice dicho propósito. Por su operación y efectos descualificadores, impide el acceso a estudiantes mejor cualificados intelec-tualmente que aquellos que logran admisión por razón de la bonificación.

En resumen, de su faz la reglamentación aquí impugnada choca contra principios fundamentales de nuestra Constitu-ción. Tiene fuertes indicios de ser injustificada y no lograr los propósitos que se han aducido en su apoyo.

En estas circunstancias y aplicados los criterios esbozados en P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975), forzoso es concluir que los peticionarios tienen un caso con fuerte probabilidad de prevalecer en los méritos. Por otro lado, no surge perjuicio o el daño que sufriría la U.P.R. de permitírseles provisionalmente la matrícula. Si alguno, el perjuicio inmediato sería sufrido por los niños. () El balance de intereses y perjuicios a las partes, así como el interés pú-blico inclinan la balanza en esta etapa de los procedimientos en favor del derecho a la educación reclamada.

La negativa a expedir el recurso y paralizar los procedi-mientos es lamentable. Por primera vez en Puerto Rico el Poder Judicial refrenda una práctica elitista, en menosprecio de la dignidad e igualdad del ser humano, que desde el 1952 la Asamblea Constituyente rechazó expresamente.

      (1) El reglamento establece un procedimiento que exige notificación pre-via del mínimo de admisión a los padres de los candidatos. Este año el mí-nimo establecido fue 75 puntos de un total de 80. Sin embargo, aparente* mente no se cumplió con el reglamento. No se notificó antes a los padres de la puntuación mínima para admisión. Tampoco está claro que se hubiera seguido el trámite reglamentario de sumar la bonificación tan sólo a aquellos que, además de ser hijos del personal universitario, hubieran alcanzado la puntuación mínima para admisión ese año. Está en entredicho el mecanismo usado para evaluar las admisiones de estos estudiantes.

      (2) Desde mucho antes el señor Benitez sostenía esta visión de van-guardia y civilidad humana. En su discurso titulado En defensa de la es-cuela pública, publicado en J. Benitez, Junto a la Torre, San Juan, Ed. U.P.R., 1962, pág. 336, destacó lo siguiente:
      “La escuela pública de Puerto Rico puede reclamar para sí el logro preeminente de haber servido al gran ideal cristiano de la igualdad del hombre, de respeto a la dignidad del ser humano, independientemente de los accidentes de raza, sexo, nacimiento o creencias religiosas o políticas. Se ha aprendido en ella más que en ningún otro sitio tolerancia, amor y con-vivencia.
      “Allí hemos acudido todos y nos hemos congregado en torno al mismo salón de clases frente a aquella pizarra de bordes pintados con tizas de colores y el cuadro del Ángelus en la pared. Todos unidos: el hijo del traba-jador y el del profesional; el muchacho que venía de la escuela rural a la graduada y lo bajaban de grado; los pudientes y los pobres. Generaciones de puertorriqueños y ciertamente todos los aquí reunidos hemos vivido estas realidades y compartimos análogo caudal de recuerdos.”

      (3)La duda sobre la validez del reglamento no sólo se refleja en el sistema de bonificación, sino también en la autoridad delegada al Eector en el procedimiento de admisión. El inciso (3) de la Parte I de las Normas de Admisión de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Eico — Año 1986-87, establece que el Eector puede ordenar al Comité de Admisiones de la escuela que acepte, sin necesidad de evaluación alguna, al hijo de cual-quier profesor visitante o miembro del claustro, siempre que “medie un interés institucional”.

      (4) Existe la posibilidad de que la calificación de 79 puntos informada como mínimo a Roberto Alejandro incluya la bonificación de cinco (5) pun-tos (74 + 5) impugnada. Aun bajo este supuesto ello no favorece a la Universidad. Colocaría al niño en desventaja frente a otros que obtuvieron su misma calificación inicial de 74 puntos en las pruebas de admisión. De así establecerse en su día, se le privaría del derecho que le asiste y que diligentemente ha reclamado.
      Para evitar ese perjuicio de graves consecuencias en su desarrollo académico, es preferible que se le admita a la Escuela Elemental con carác-ter condicionado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Jorge David Casanova Cruz, peticionario.

      Número: CE-86-313

      Resuelto: 13 de noviembre de 1986

      Cándida Valdespino, de la Sociedad para Asistencia Legal, abo-gada del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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Jorge David Casanova Cruz fue declarado culpable en el Tribunal Superior de Puerto Rico por cometer el delito de apropiación ilegal agravada. El 6 de octubre de 1982, fue sen-tenciado y condenado a seis (6) años de reclusión bajo los beneficios del programa de sentencias suspendidas. El 28 de junio de 1983, dichos beneficios le fueron revocados por haber sido encontrado culpable en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, de haber cometido el delito de cons-piración por hechos ocurridos el 1 de septiembre de 1982, mientras se encontraba en libertad bajo fianza en espera de la conclusión del proceso local. El 30 de junio de 1983, el foro federal lo sentenció a doce (12) años de prisión, término que luego redujo a nueve (9) años. La sentencia federal no dis-puso nada en cuanto a si sería cumplida de forma concurrente o consecutiva con la sentencia local.

Así las cosas, la Administración de Corrección, por razo-nes de seguridad, solicitó el traslado del recluso a uña prisión federal para que cumpliera allí la sentencia del Tribunal Superior y la impuesta por la Corte Federal. El traslado se lle-varía a cabo bajo los términos de un acuerdo existente entre las autoridades correccionales de ambas jurisdicciones. El 11 de agosto de 1983, el Tribunal Superior accedió condicionado a que se cumplieran en forma consecutiva las dos sentencias.

Luego de varios incidentes procesales, Casanova Cruz cuestionó la autoridad del Tribunal Superior para alterar la sentencia originalmente impuesta en autos. El tribunal re-chazó sus planteamientos.

Ante nos plantea la ausencia de jurisdicción del tribunal para imponer como condición al traslado a la prisión federal, que las sentencias tengan que cumplirse en forma consecu-tiva. Mediante orden de mostrar causa revisamos la cuestión.

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La Regla 185 de Procedimiento Criminal faculta a un tribunal a corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. En la cronología de eventos pendientes, antes del 6 de octubre de 1982, no existía sentencia de reclusión contra Casanova Cruz. No había pues, motivo alguno para que en ese momento el Tribunal Superior dispusiera si su sentencia debía cumplirse consecutiva o concurrentemente. Reglas 179 y 180. En estas circunstancias no aflora fundamento válido para justificar la posterior enmienda que impuso la condición de consecutividad con la dictada por el foro federal. La sentencia local no es contraria a derecho. La ilegalidad en el trámite más bien se proyecta posteriormente sobre la última orden y enmienda.

El Ministerio Público intenta encontrar apoyo a la actuación del tribunal de instancia interpretándola de forma diferente. Su tesis es que el Tribunal Superior no enmendó su sentencia original, ya que la orden de 11 de agosto de 1983, meramente reafirmó el estado de derecho vigente, a saber, que la sentencia federal comenzaría a ser cumplida una vez satisfecha la sentencia local de reclusión.

El argumento requiere aclarar el derecho aplicable a esta situación.

En lo pertinente, la Regla 180 (e) reza:

No podrán cumplirse concurrentemente los términos de prisión que deban imponerse en los siguientes casos:
(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por la comisión de delito grave.

Bajo este precepto, una sentencia no podrá cumplirse con-currentemente si el delito se cometió mientras el acusado es-taba en libertad bajo fianza en espera de ser procesado por la comisión de un delito grave. Observamos sin embargo, que para que sea aplicable tiene que existir una sentencia previa de reclusión. Tal propósito surge claramente de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 106 de 4 de junio de 1980, que añadió el inciso (e) :

La presente medida tiene el propósito de adicionar el in-ciso (e) a los términos de sentencia que no podrán cumplirse concurrentemente. Mediante la misma, se establece como mandatoria, la imposición de una sentencia consecutiva cuando una persona que está acusada por la comisión de un delito grave y que se encuentre en libertad bajo fianza co-mete un delito nuevamente. Entendemos que la medida aquí propuesta, por su efecto disuasivo en cuanto a la comisión de delito o delitos bajo la situación antes expuesta habrá de resultar en una mejor aplicación de la justicia en nuestro sistema.

En resumen, una sentencia dictada por un nuevo delito, cometido en libertad bajo fianza, debe ser consecutiva con cualquier sentencia por delito grave que se haya dictado previamente. Informe sobre Regios de Procedimiento Criminal de Puerto Rico según revisadas por el Secretariado de la Conferencia Judicial, Revisión de 1985, pág. 309.

En el caso de autos, la actuación del Tribunal Superior tiene el efecto de extender la Regla 180 (e) más allá de lo contemplado. Le imprime carácter de consecutivo al cumplimiento de la primera de dos sentencias impuestas a Casanova Cruz, por el mero hecho de que éste cometió el segundo delito mientras se hallaba en libertad bajo fianza. La regla e intención legislativa no permiten esta interpretación. Bajo el en-foque correcto, la segunda sentencia es la única que puede ser consecutiva a la primera.

HH HH HH

Ciertamente, de haberse cometido y encausado en nuestra jurisdicción el delito de conspiración por el que recayó la se-gunda sentencia, su cumplimiento hubiese tenido que ser con-secutivo al de cualquiera otra sentencia por delito grave que existiera contra el convicto Casanova Cruz por haberlo come-tido mientras se encontraba bajo fianza. Así lo ordena la Regla 180(e). Sin embargo, esa no es la situación en autos. La segunda sentencia —única que puede ser consecutiva o concurrente con la primera— fue dictada por la Corte Federal. No tenemos autoridad para exigir a ésta que otorgue a su sentencia efectos consecutivos a la nuestra en lugar de con-currentes.

Contrario a lo que afirma el Procurador General, el Tribunal Superior no tiene autoridad para aclarar e intervenir en este aspecto. Corresponde a la Corte Federal la determinación en cuanto a cómo deberá cumplirse la sentencia por el segundo delito.

Cuando se impone una sentencia de reclusión a un acu-sado que ya está sujeto a otra sentencia —impuesta en el estado o por un tribunal federal— toca al juez sentenciador determinar discrecionalmente si la sentencia actual será cum-plida concurrente o consecutivamente con la sentencia previa, y si el juez sentenciador deja de manifestar cómo se cumplirá la sentencia, sí se entiende que ésta será cumplida concu-rrentemente. (Traducción nuestra.) IV Wharton’s Criminal Procedure Sec. 629 (12ma ed. 1976) y casos allí citados.

Véase también ABA Standards Relating to Sentencing Alternatives and Procedures, Sec. 3.5 (1968).

En el caso de autos el recluso Casanova Cruz no ha pedido a la Corte Federal que aclare cómo será cumplida su senten-cia. El único dato discernible al día de hoy es que se encuen-tra sirviendo la pena de reclusión que le impuso el Tribunal Superior. Como esta condena tiene preeminencia en tiempo sobre toda otra sentencia de reclusión impuesta, su traslado a una prisión federal a cumplir cualesquiera de las dos sentencias dictadas, no puede tener el efecto de convertir la primera sentencia en una consecutiva a la segunda. Bajo el ordenamiento jurídico vigente, tal actuación sería un contra-sentido lógico carente de fundamento.

Al parecer, solamente la segunda sentencia podría ser consecutiva a la primera, si así lo resolviera la Corte Federal que la dictó. La cuestión no es de nuestra competencia. () Actualmente existen diversos enfoques, entre ellos una tendencia judicial de reciente cuño —inspirada en el estándar Núm. 3.5 de la A.B.A. ()— de estimar que cuando una se-gunda sentencia no dispone nada en cuanto a la forma de su cumplimiento, debe entenderse que se cumplirá concurren-temente con la primera. A. Campbell, Law of Sentencing, New York, The Lawyers Co-operative Pub. Co., 1978, Sec. 78, págs. 256-257 y casos allí citados. Repetimos, correspondería a la Corte Federal determinar este aspecto.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que expida el auto y modifique la resolución de 11 de agosto de 1983, para eliminar la condición de que se cumplan ambas sentencias en forma consecutiva. Así modificada, será con-firmada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Varias decisiones sostienen que la Corte Federal carece de facultad para ordenar que una sentencia federal se cumpla concurrentemente con una sentencia de un tribunal estatal. Gomori v. Arnold, 533 F.2d 871, 875 (3er Cir. 1976), cert. denegado, 429 U.S. 851 (1976); United States v. Janiec, 505 F.2d 983, 987-988 (3er Cir. 1974). A lo sumo, el Juez Federal podría recomendar al Procurador General de Estados Unidos, que designe una institución penal estatal como lugar para extinguir la pena de modo que sea concurrente con aquellas sentencias estatales que se cumplen en esa institución. United States v. DeVino, 531 F.2d 182 (3er Cir. 1976); Hamilton v. Salter, 361 F.2d 579, 581 (4to Cir. 1966).

      (2) En lo pertinente lee:
      “3.5 Ofensas Múltiples: diferentes estados

      “(a) La falla en integrar las sentencias de reclusión por crímenes cometidos en diferentes estados inhibe seriamente un programa de trata-miento consistente y coherente durante el confinamiento. Similarmente, las órdenes de detención previenen típicamente el regreso del individuo a la comunidad en el momento óptimo. Por lo tanto, es altamente deseable que las sentencias múltiples de encarcelamiento impuestas por diferentes esta-dos sean cumplidas a la vez y bajo una sola autoridad correccional. . . .
      “(iii) Las sentencias a ser cumplidas consecutivamente con una sentencia impuesta fuera del estado rara vez son apropiadas. La imposición de tal sentencia debería requerir la acción afirmativa del tribunal senten-ciador, y debería ser permitida únicamente después de encontrar que el con-finamiento por ese término es necesario para proteger al público de con-ducta criminal adicional de parte del acusado.” (Traducción nuestra.) ABA Standards Relating to Sentencing Alternatives and Procedures Sec. 3.5 (1968).


text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria y recurrida, v. Unión de Tronquistas de P. R., Local 901, demandada y recurrente.

      Números: CE-85-454, CE-85-676

      Resueltos: 13 de noviembre de 1986

      Juan Antonio Navarro, abogado de la peticionaria; Pedro J. Va-rela, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En 1978, Coca-Cola Bottling Company hizo ciertas reduc-ciones en su personal por razones económicas. El convenio co-lectivo entonces vigente disponía que en estas situaciones regiría el criterio de antigüedad en la clasificación. Sin embargo, Coca-Cola utilizó el criterio de antigüedad en la com-pañía. Surgió entonces un conflicto entre la Unión y el pa-trono. Aquélla sostenía que la remoción de empleados debía regirse por el convenio y éste por el Art. 3 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185c). Las partes recurrieron a arbitraje con la siguiente sumisión:

Determinar cuál prevalece en caso de conflicto entre una cláusula de antigüedad negociada en un convenio colectivo y la Ley 80 de 30 de mayo de 1976.

El 31 de octubre de 1978, el árbitro del Negociado de Con-ciliación y Arbitraje, Lie. José M. Davis, emitió un laudo que determinaba la supremacía del convenio. La Unión pidió por escrito el 29 de noviembre su cumplimiento. Inconforme, Coca-Cola recurrió al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para impugnar su validez (Civil Núm. 78-7769). La Unión se opuso y además formuló una reconvención en la que solici-taba que el laudo se cumpliera. El tribunal falló a favor de la Unión, declaró con lugar la reconvención y ordenó sin dila-ción su cumplimiento. En Coca-Cola v. Unión de Tronquistas, 109 D.P.R. 834 (1980) —11 de junio— confirmamos dicho dictamen.

La Unión gestionó verbalmente en cuatro (4) ocasiones con el patrono, sin éxito, que acatara el laudo, En agosto de 1980, solicitó de la Junta de Relaciones del Trabajo que lo pusiera en vigor. El 29 de diciembre de 1980, la Junta emitió una resolución que negaba la solicitud de la Unión “por cuanto ya dicho Tribunal Supremo pasó juicio sobre el [laudo] y emitió una opinión y la correspondiente sentencia el 11 de junio de 1980”. Una moción de reconsideración de la Unión fue declarada sin lugar.

Durante los tres meses siguientes, la Unión no realizó nin-guna gestión adicional. Por tal razón, los empleados afectados presentaron una querella, por representación inadecuada, contra la Unión y un cargo por incumplimiento del convenio colectivo contra el patrono. La Junta emitió querellas de con-formidad. La Coca-Cola trasladó su caso a la Corte de Dis-trito federal para el Distrito de Puerto Rico, de acuerdo a la doctrina sentada en Volkswagen de Puerto Rico, Inc. v. Puerto Rico Lab. Rel. Bd., 454 F.2d 38 (1er Cir. 1972). El 16 de octubre de 1981, la Junta ordenó el cierre del caso contra Coca-Cola. El litigio está pendiente ante dicha corte.

El 25 de junio de 1985, la Junta emitió su decisión, la cual fue modificada el 17 de septiembre del mismo año. Determinó inicialmente que la Unión de Tronquistas había faltado a su deber de justa representación y que era razonable imponerle la obligación de satisfacer el cincuenta (50%) por ciento de las pérdidas sufridas en los ingresos de los unionados afec-tados. Después la aumentó al cien (100%) por ciento. A tono con ese decreto, compareció ante nos en solicitud de que lo pongamos en vigor. Por su parte, la Unión nos pide que revi-semos dicha decisión y orden. Consolidamos ambos recursos y resolvemos.

I

En síntesis, la Unión de Tronquistas señala que la Junta debió abstenerse de formular una determinación final en este caso. Acepta que existe jurisdicción concurrente entre el foro federal y el estatal en materia de violaciones al convenio colectivo y el deber de representación adecuada. Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967). () No obstante arguyen —debido a que el caso se fraccionó y la acción contra el patrono está pendiente en el foro federal— que existe el peligro potencial de decisiones contradictorias y ello precluye que la Junta ejerza jurisdicción. No le asiste la razón.

Vaca v. Sipes, supra, reconoció que la jurisdicción para entender en situaciones como la que nos ocupa es concurrente entre el foro federal y el estatal. En estos casos, el derecho federal es el aplicable, incluso en materia de prescripción. DelCostello v. Teamsters, 462 U.S. 151 (1983). Como es sabido, la jurisdicción concurrente entre ambos foros en el área laboral prevalece cuando “no está excluida de forma ex-presa o por la incompatibilidad nacida de la naturaleza peculiar del caso”. (Traducción nuestra.) () Dowd Box Co. v. Courtney, 368 U.S. 504, 508 (1962).

En reclamos de representación inadecuada como el presente —en que se alega que el patrono violó el convenio— para que prospere la acción contra la Unión es preciso demostrar previamente que el patrono lo infringió. DelCostello v. Teamsters, supra, y Vaca v. Sipes, supra. En DelCostello v. Teamsters, supra, págs. 164-165, el Tribunal Supremo federal hizo los siguientes importantes pronunciamientos en torno a este tipo de acción:

Una demanda así, como cuestión formal, comprende dos causas de acción. La demanda contra el patrono se basa en la Sección 301, ya que el empleado está alegando un incum-plimiento del convenio colectivo. La demanda contra la unión es por el incumplimiento del deber de ésta en ofrecer una representación justa, que está implícito tras el esquema de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. “No obstante, las dos reclamaciones son inextricablemente interdependientes. ‘Para prevalecer ya sea contra la compañía o contra la unión . . . [los empleados-demandantes] no sólo deben demostrar que su despido fue contrario al contrato, sino que también cargan con el peso de demostrar que la unión incumplió su deber.’ ” El empleado puede elegir demandar a uno de los demandados y no al otro, pero el caso que tiene que probar es el mismo ora demande a uno, al otro.o a ambos. (Tra-ducción nuestra y citas omitidas.)

Es evidente pues, que DelCostello v. Teamsters, supra, establece que en una acción contra la unión no es necesario incluir como parte al patrono. Cf. C. Morris, The Developing Labor Law, 2da ed., Washington, D.C., Bureau of Nat. Affairs, 1983, Vol. II, págs. 1305-1306 n. 95.

La separación de acciones en el caso de autos plantea una situación similar. Se impone igual solución. La Junta actuó correctamente. No era menester la presencia continua y com-parecencia del patrono.

Por otro lado, a la luz de los criterios de Dowd Box Co. v. Courtney, supra, tampoco procede que nos abstengamos de intervenir. Aparte del largo tiempo transcurrido desde que Coca-Cola trasladó el caso a la Corte de Distrito federal, es muy remota la posibilidad de que ambos foros lleguemos a decisiones incompatibles, de forma tal que se derrote la polí-tica pública laboral de uniformidad. Debemos recordar que no hay controversia alguna sobre la conducta patronal hasta nuestra decisión en Coca-Cola v. Unión de Tronquistas, supra. Además, es incuestionable que los empleados no han recibido los beneficios derivados de nuestro mandato. Ante estos hechos indisputables, no cabe imaginar conflicto probable entre am-bos foros. Sobre todo, la cuestión primordial en el caso ante nos —si la Unión no representó adecuadamente a los em-pleados— depende de los remedios que tenía a su disposición la Unión bajo el derecho local para dar valor práctico a nues-tra decisión de 11 de junio de 1980.

II

Superada la cuestión jurisdiccional, analicemos la validez del dictamen de la Junta. Ésta encontró probado que la Unión de Tronquistas no representó adecuadamente a los empleados querellantes. El deber de justa representación no exige que una unión procese toda queja de los empleados. Pero requiere, una vez puesto en funcionamiento el mecanismo de quejas y agravios, que la unión la tramite en una forma que no sea perfunctoria, hostil o arbitraria. Vaca v. Sipes, supra, pág. 177; J.R.T. v. U.T.I.G., 110 D.P.R. 237 (1980). En síntesis, el deber de la Unión se proyecta en una representación razonable, diligente y responsable.

Bajo este enfoque notamos que con posterioridad a nues-tra decisión en 1980, la Unión sólo hizo dos gestiones, a saber: 1) realizó algunas conversaciones con el patrono para ver si acataría el laudo, y 2) al hacer éste caso omiso, recurrió a la Junta para que compareciese ante nos a poner en vigor el laudo. () Esta última diligencia no prosperó. Ante esa situa-ción, como remedio, la Unión pudo y debió acudir directa-mente al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para que éste, conforme su orden de que el laudo era válido y debería ser cumplido inmediatamente por el patrono, declarara incursa en desacato a Coca-Cola. () En esas circunstancias particu-lares, el requerir que la Junta nos solicitara el remedio que ya un tribunal de instancia había ordenado, hubiese sido un trá-mite repetitivo e injustificado.

Concluimos que la falta de representación adecuada consistió en que la Unión no estudió y utilizó satisfactoria-mente los diversos remedios que tenía a su alcance. Por ello no estuvo presta a seguirlos. Durante los dos meses siguientes a la confirmación del laudo por este Tribunal, la Unión se de-dicó a dialogar con el patrono, aun cuando ya era claro que éste no acataría el laudo. Luego de la decisión de la Junta en la que se negaba a ponerlo en vigor, la Unión pidió reconside-ración. Tres meses después de denegada de plano esta última petición, nada hizo en favor de los empleados. El deber de la Unión no era sólo lograr un fallo favorable para sus repre-sentados, sino también, diligente y vigorosamente, conver-tirlo en realidad. El récord sostiene cabalmente la decisión de la Junta que impone responsabilidad a la Unión hasta un cin-cuenta (50%) por ciento. ()

Se dictará sentencia que confirme la decisión y dictamen de la Junta y ordene que el laudo se ponga en vigor. ()

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) No hay controversia sobre que la Coca-Cola está en el comercio in-terestatal. El derecho federal rige. Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967). Por otro lado, en J.R.T. v. U.T.I.G., 110 D.P.R. 237 (1980), reconocimos el deber de justa representación de la Unión bajo la ley local.

      (2) Compárese con nuestros pronunciamientos en Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256 (1982).

      (3) Conforme lo dispuesto en el Art. 9(2) (c) de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada. En lo pertinente, reza:
      “A los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emi-tidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una organización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una organización obrera y un patrono. Después de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el procedimiento de arbitraje, podrá dar su consejo o podrá, si fuere requerida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción legal adecuada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje.” 29 L.P.R.A. see. 70(2) (c).

      (4) La sumisión consistió en determinar si prevalecía el convenio o la Ley Núm. 80. Hasta ese momento la práctica de Coca-Cola era no observar el convenio. El laudo tuvo el efecto de desautorizar esa conducta. Las deci-siones judiciales refrendaron la aplicabilidad del convenio y decretaron su fiel cumplimiento.

      (5)La Unión cuestiona la cuantía de responsabilidad que le impuso la Junta. A la luz de Bowen v. United States Postal Service, 459 U.S. 212 (1988), nos parece inmeritorio su planteamiento.

      (6) Conforme la práctica establecida, los incidentes de desacatos por incumplimientos en este tipo de decretos judiciales son posteriormente remi-tidos y atendidos ante el Tribunal Superior.


author: per curiam :

text:
      In re Lic. Edgargo G. Raya.

      Número: CE-85-579

      Resuelto: 14 de noviembre de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Edgardo G. Raya, pro se.

   I

per curiam :

El Procurador General presentó una quere-lla contra el Lie. Edgardo G. Raya, en la cual le atribuye haber incurrido en conducta que contraviene el Canon 9 del Código de Ética Profesional, consistente en “desobedecer en forma reiterada las órdenes del Tribunal Superior; y al ex-hibir éste una conducta altamente negligente en el cumpli-miento de la susodicha orden del Tribunal Superior”. ()

Los hechos que motivan la presente querella según surgen del Informe del Comisionado Especial son los siguientes:

1. El querellado, Lie. Edgardo G. Raya, fue admitido al ejercicio de la profesión de abogado el 3 de enero de 1972 y al ejercicio del notariado el 5 de enero de 1972.

2. El 3 de abril de 1978 autorizó la escritura número tres sobre compraventa, por la cual los esposos Santos Rivera Rivera y Asunción Rivera Encarnación adquirieron una par-cela de terreno por compra a doña Primitiva Tapia Molina. La anterior parcela resultó segregada de uña finca de mayor cabida propiedad de varios herederos, entre los cuales estaba la vendedora. El 20 de julio de 1978, el licenciado Raya auto-rizó la escritura Núm. 13, por la cual los mencionados esposos adquirieron otra parcela de terreno por compra a doña María Mercedes Tapia, hermana de Primitiva Tapia. Esta segunda parcela también fue segregada de la misma finca que la anterior.

3. Las escrituras de compraventa de las parcelas no pu-dieron ser inscritas en el Registro de la Propiedad, ya que se omitió obtener la autorización de la Administración de Regla-mentos y Permisos (A.R.P.E.) necesaria para la segregación y además por falta de tracto registral.

4. El 8 de mayo de 1980, luego de varias gestiones infruc-tuosas, los compradores presentaron una demanda en el Tribunal Superior contra las vendedoras, en la cual solicitaban que se ordenara a las demandadas a otorgar escrituras libres de defectos para poder proceder con la inscripción en el Regis-tro de la Propiedad. El tribunal dictó sentencia en rebeldía que declaraba con lugar la demanda y ordenaba a las deman-dadas a otorgar, en un término de treinta (30) días, las co-rrespondientes escrituras libres de defectos a favor de los demandantes.

5. En su sentencia el tribunal de instancia previno al que-rellado, licenciado Raya, para que éste realizara las gestiones para corregir las escrituras autorizadas y así “salvaguardar su responsabilidad profesional”. La representación legal de la parte demandante en el pleito notificó al querellado por co-rreo certificado, con copia de la sentencia dictada por el Tribunal Superior.

6. Luego de varios intentos judiciales tramitados por la demandante durante los años 1982 y 1983 para lograr que se corrigieran las escrituras conforme a la sentencia dictada, el Tribunal Superior emitió, en enero de 1984, una nueva orden a la parte demandada para que corrigiera las deficiencias den-tro de sesenta (60) días. El querellado quedó personalmente enterado de ello, pues se encontraba presente en la vista que a esos efectos fue señalada.

7. Ante la falta de resultados positivos en relación con la inscripción de las escrituras autorizadas por el querellado, el 19 de octubre de 1984, el juez de instancia ordenó notificar al Procurador General con copia de los autos del caso.

8. Entre las faltas de las mencionadas escrituras estaba la ausencia de tracto. Las parcelas adquiridas por los esposos Rivera Rivera fueron segregadas de una finca cuyo título se transmitió por herencia. Al momento de la segregación y venta, la finca original se hallaba inscrita en común pro indi-viso a favor de los herederos, entre los cuales estaban las ven-dedoras, sin que se hubiese practicado la correspondiente es-critura de división de la comunidad.

9. Otra falta consistía en que no se adquirió el permiso de A.R.P.E. para la segregación de las parcelas vendidas. Además, al practicarse la mensura para proceder con la se-gregación y adjudicación de las parcelas a favor de los distin-tos herederos, posterior al otorgamiento de las dos escrituras autorizadas por el querellado, la finca principal de la cual se segregaron las parcelas vendidas resultó de una cabida menor a la que constaba en el Registro de la Propiedad.

10. Como condición para otorgar el permiso de segrega-ción de las distintas parcelas, incluso las parcelas vendidas por medio de las escrituras autorizadas por el querellado, A.R.P.E. requirió que se cedieran unas áreas a favor de los Departamentos de Recursos Naturales y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

11. Estaban incorrectos los datos registrales de la finca principal suministrados a A.R.P.E. para obtener la autori-zación de la segregación de las parcelas vendidas en las escri-turas autorizadas por el querellado. Esto requirió que poste-riormente se acudiera nuevamente a dicha agencia para ob-tener la correspondiente resolución enmendada con la cita registral de la finca principal corregida. No fue hasta el 15 de febrero de 1985 que A.R.P.E. emitió la resolución enmen-dada.

12. Un error en cuanto a la cabida de la finca principal entre el certificado de mensura practicado al someterse a A.R.P.E. la solicitud de autorización para la segregación de las parcelas y el plano de mensura autorizado por dicha agen-cia, requirió que se acudiese a ésta nuevamente para corregir la discrepancia. La resolución enmendada en este otro sentido se emitió por A.R.P.E. el 25 de marzo de 1985.

13. En el ínterin, uno de los herederos cedió su participa-ción indivisa en la finca principal a un tercero. Esto obligó a que el querellado autorizara una escritura sobre acta aclara-toria otorgada el 3 de abril de 1985.

14. Finalmente, en el mes de abril de 1986 se produce la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas ob-jeto de las órdenes que promueven la presente querella.

15. Inscribir en el Registro de la Propiedad las transac-ciones de compraventa que se formalizaron por las escrituras autorizadas originalmente por el querellado requirió a éste autorizar seis (6) escrituras otorgadas en fechas comprendi-das entre el 29 de diciembre de 1980 y el 3 de abril de 1985.

16. Con fecha de 22 de abril de 1986, el Sr. Santos Rivera Rivera acreditó, por declaración jurada prestada ante nota-rio, no tener interés en la querella presentada en contra del licenciado Edgardo G. Raya, por cuanto las escrituras sobre compraventa autorizadas por éste y otorgadas a su favor fi-guraban inscritas en el Registro de la Propiedad para la re-ferida fecha de 22 de abril de 1986.

17. A juicio del Comisionado Especial, la falta consis-tente en autorizar dos escrituras de compraventa sin obtener el permiso previo de A.R.P.E. para la segregación de los in-muebles vendidos, y el no haberse percatado el querellado de que la finca principal, de la cual se segregaron las parcelas objeto de las escrituras otorgadas ante él, permanecía inscrita en el Registro de la Propiedad en común pro indiviso, a favor de unos herederos, fueron factores que activaron en el ánimo de los compradores la presentación de la demanda en contra de los vendedores.

18. Por otro lado, las discrepancias surgidas en relación con la cabida registral de la finca principal en los documen-tos y planos sometidos a A.R.P.E., que requirieron la inter-vención del querellado con dicha agencia, unido a la venta de su participación indivisa que realizó uno de los herederos a un tercero, contribuyeron en gran medida a la demora atribuida al querellado en cuanto a la ejecución de las órdenes emitidas por el tribunal. Sin embargo, se debió prevenir al juez de ins-tancia sobre tales pormenores, a los fines de lograr que se am-pliase el término concedido para subsanar las escrituras.

Hemos analizado cuidadosamente los autos ante nos, y encontramos que del informe del Comisionado Especial surge que circunstancias fuera del control del querellado contribuyeron a la falta de diligencia que se atribuye a éste en relación con el cumplimiento de las órdenes emitidas por el tribunal de instancia. Este caso es un ejemplo de los muchos y variados problemas que puede confrontar un abogado que ejerce sus funciones notariales sin hacer una investigación adecuada de los antecedentes regístrales de la propiedad que es objeto del contrato. Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984). Su falta mayor ante sus clientes, pues tanto deman-dantes como demandados lo fueron cuando estuvo revestido de sus funciones notariales, fue la de no ilustrarse adecuada-mente sobre el negocio jurídico en que estaba interviniendo. “El abogado representa los intereses de un cliente. El notario no representa a cliente alguno. Representa la fe pública.” In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45, 64, 86 (1979). (Juez Iri-zarry Yunqué, concurrente.) En sus funciones notariales tenía la obligación de orientarse y orientar a sus clientes sobre los problemas que surgirían al emitirse escrituras de compra-venta sobre predios de terrenos que aún no habían sido segre-gados legalmente de la finca mayor, pues faltaba el permiso requerido por A.R.P.E.

En In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 775-776 (1976), manifestamos lo siguiente al referirnos al abogado que ejercere funciones notariales:

. . . En su deber de ilustrar, y dar consejo legal a las par-tes contratantes, no hay guardarraya que separe al notario del abogado. ... La fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad. El notario, principal ins-trumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y cerciorarse de este estado de conciencia infor-mada supliendo las explicaciones, aclaraciones y adverten-cias en todo caso en que hagan falta para lograr el consen-timiento enterado de los otorgantes al acto notarial. ... El notario que falla a la sociedad y a los que ante él comparecen en este fundamental aspecto de aclaración e ilustración será el coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en dere-cho y habrá traicionado la fe de la que es principal guar-dador.

Por otro lado, aun cuando el querellado no fue parte demandada en el caso Civil Núm. 80-2987 (Sociedad de Ga- nanciales c/p Santos Rivera y Asunción Rivera Encarnación v. Primitiva Tapia Molina y María Mercedes Tapia), éste tuvo pleno conocimiento de que sus actuaciones como notario al emitir las escrituras 3 y 13 del 3 de abril y 20 de julio de 1978 respectivamente, al no poderse inscribir ambas escri-turas en el Registro de la Propiedad, () eran la causa fundamental del litigio.

El abogado en el desempeño de su gestión notarial está obligado a cumplir con lo dispuesto en la ley, en los Cánones de Ética o en el contrato con las partes. La inobservancia de esos deberes lo expone no sólo a una acción en daños por los perjuicios causados, sino a la jurisdicción correctiva y disci-plinaria por parte de este foro judicial. In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205, 207 (1983).

Surge claramente del informe del Comisionado Especial que el querellado, al tratar de resolver el problema existente, realizó múltiples gestiones. Notamos, además, que fue necesario coordinar con personas y realizar esfuerzos para lograr su propósito. Eso le requirió otorgar otras escrituras para salvaguardar su gestión notarial original. Como funcionario del Tribunal y dentro de sus deberes para con los tribunales, tenía la obligación de informar al tribunal de instancia las diferentes actividades que estaba realizando. () No podía cruzarse de brazos ante los reclamos de que era objeto. Su conducta no fue diligente y en este sentido merece nuestro rechazo. Los abogados tienen el deber de evitar pleitos inne-cesarios.

Incumbe, en suma, al notario no sólo cuidar de la aplica-ción correcta de la ley, sino velar por la realización, lo más plena que sea posible, de la justicia, haciendo que las con-venciones y negocios sean expresión de la moral más rígida y del Derecho más justo, y evitando se deslice en ellos cual-quier fraude de ley o cualquier abuso de Derecho. J. Castán Tobeñas, Función notarial y elaboración notarial del Dere-cho, Madrid, Ed. Reus, 1946, pág. 167; In re Lavastida et al., supra, pág. 79 (Juez Irizarry Yunqué, concurrente).

El querellado no ha actuado con la corrección y diligencia que se requiere a todo abogado notario. A pesar de las faltas incurridas por el Lie. Edgardo G. Raya, debido a que del ex-pediente ante nos surgen no sólo las múltiples gestiones rea-lizadas por éste, sino que las escrituras ya fueron debida-mente inscritas en el Registro de la Propiedad, y a que no ob-servamos en las actuaciones del licenciado Raya propósito al-guno de favorecer a alguno de los otorgantes, ni de defraudar o lucrarse, nos limitamos en esta ocasión a amonestarlo y apercibirle que de recurrir en este tipo de conducta en el fu-turo seremos más severos.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente sin opi-nión escrita por entender que se debería suspender del ejer-cicio del notariado al licenciado Raya por un término definido. El Juez Asociado Señor Ortiz disiente sin opinión escrita por entender que la conducta del abogado amerita una suspensión del ejercicio de la abogacía por un año.

      (1) Querella presentada por el Procurador General.

      (2)Ei abogado de la parte demandante, Lie. Juan Francisco Arroyo Elicier envió al querellado, por correo certificado, una copia de la sentencia del caso y, posteriormente, en la vista celebrada en enero de 1984, el Lie. Edgardo G. Raya estuvo presente.

      (3)“La buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal. Le corresponde a todo abogado procurar que prevalezca siempre en los tribunales un ambiente de decoro y solemnidad laborando por mejorar la calidad de la justicia que en éstos se imparte. Para lograr el más adecuado desenvolvimiento y desarro-llo del proceso judicial, el miembro de la profesión jurídica debe realizar todas las gestiones propias y legales que estén a su alcance, observando es-pecialmente los cánones siguientes, que señalan algunos deberes particula-res que surgen de este criterio general.” (Énfasis nuestro.) Cánones de Ética Profesional, Deberes del Abogado para con los Tribunales: Criterio General, 4 L.P.R.A. Ap. IX.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. José A. Cruz Vázquez.
    Número: CE-86-612

      Resuelto: 14 de noviembre de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Iván F. Fuster, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José A. Cruz Vázquez, pro se.

   PER CURIAM:

El abogado José A. Cruz Vázquez fue admi-tido al ejercicio de la profesión legal el 6 de noviembre de 1979 y a la práctica de la notaría el 25 de enero de 1980. El 22 de septiembre de 1986 el Procurador General presentó una que-rella en su contra en la cual alegó que el 26 de agosto de 1986 el abogado Cruz Vázquez fue sentenciado por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, a cumplir nueve (9) años de presidio en forma concurrente en cuatro (4) casos de apropiación agravada () y uno de posesión y traspaso de documentos fal-sificados. () Solicitó, que al amparo de lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), por implicar estos delitos torpeza o depravación moral, que se le separase de la profesión legal de abogado y se ordenase bo-rrar su nombre del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 14 de octubre el abogado Cruz Vázquez compareció y aceptó los cargos imputados en la querella. La sentencia final y firme por los delitos de apropiación agravada y posesión y traspaso de documentos falsificados, delitos éstos que implican depravación moral, inhabilitan al abogado para ser miembro de la profesión legal. Procede que este Tribunal decrete su separación permanente de la abogacía. In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); In re Núñez López, 115 D.P.R. 702 (1084); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985); In re Arreche Holdun, 114 D.P.R. 680 (1988).

En virtud de lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, y de nuestra facultad inherente, se decreta la separación inmediata del abogado-notario José A. Cruz Vázquez del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

      (1)Art. 166 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4272.

      (2)Art. 272 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4592.


text:
    José Dávila Mundo, demandante y recurrido, v. Hospital San Miguel, Inc., etc., demandados y peticionarios.

      Número: O-85-419

      Resuelto: 17 de noviembre de 1986

      Gonzalo J. Barreras Varona de A bruña, Barreras, Cruz Ojeda & Morales, abogado del peticionario; Domingo Pillot Resto, abo-gado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El 8 de diciembre de 1980 el Sr. José Dávila Mundo, pre-sentó en el Tribunal Superior, Sala de Utuado, una demanda en reclamación de daños y perjuicios por impericia médica contra el Hospital San Miguel, Inc. (en adelante Hospital), el Dr. Rafael Alejandro Pichardo, los doctores G y B (nombres ficticios usados para designar a los otros doctores que intervi-nieron con el señor Dávila Mundo), las compañías de seguros de los demandados, designadas como las compañías L, M, N y F() y la Administración de Compensación al Paciente (en adelante Administración). El demandante no realizó gestión en el caso hasta un año más tarde, cuando compareció para informar al tribunal que el abogado que lo representaba había fallecido, y solicitó permiso para que el Lie. Edwardo García Rexach asumiera su representación. ()

Transcurrió un año y medio antes de la próxima compare-cencia del demandante el 1ro de agosto de 1983. () En esta ocasión el licenciado García Rexach solicitó al tribunal que se aceptase su renuncia a la representación profesional, e in-formó que el 25 de junio de 1982 la madre del demandante, Sra. Cruz Mundo de Dávila, se había* llevado el expediente del caso de su oficina. () El 10 de agosto informó al tribunal la dirección del demandante e indicó que explicó a éste los últi-mos sucesos procesales del caso, y que el señor Dávila Mundo, a su vez, le expresó que iba a comunicarse con el abogado que continuaría con el caso. Aproximadamente treinta (30) días más tarde, el licenciado Gilot Robledo presentó una moción a nombre del demandante en que solicitaba treinta (30) días para anunciar la nueva representación legal. Pasaron diez (10) meses antes de la próxima comparecencia del deman-dante. Una vez más se trató de la renuncia de representación profesional del abogado de récord. () El licenciado Gilot Ro-bledo adujo como razón, que a pesar de haber citado al de-mandante a su oficina en varias ocasiones, éste no había com-parecido, y no conocía las razones para estas incomparecen-cias. El 19 de junio de 1984 el tribunal concedió quince (15) días para anunciar nueva representación legal. Un mes más tarde, el demandante compareció por derecho propio, e in-formó que había gestionado los servicios profesionales de otros abogados. Solicitó quince (15) días adicionales para in-formar su nueva representación legal. () El 31 de julio el tribunal concedió la moción.

Pasaron más de dos meses sin que el demandante anun-ciara su nueva representación legal. Ante esta inactividad los codemandados solicitaron la desestimación de la demanda al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 39.2), alegando incumplimiento con la orden del tribunal. Así las cosas, el 22 de octubre de 1984 el tribunal, motu proprio, dictó una orden que concedía al de-mandante “una última prórroga de diez (10) días” para anunciar su nueva representación legal y lo apercibía que “de no cumplir, se declarar [ía] con lugar” la moción de desesti-mación. Esta orden se notificó el 23 de octubre al propio de-mandante. Aproximadamente mes y medio más tarde, el tribunal dictó sentencia en la cual desestimó la demanda y or-denó el archivo del caso. El 13 de diciembre de 1984 se archivó en autos copia de la notificación de esta sentencia. ()

Veintiséis (26) días después de archivada en autos copia de la notificación de la sentencia, el demandante solicitó la reapertura del caso mediante moción titulada “Moción Solici-tando [síc] Reconsideración de la Sentencia”. Alegó como ra-zones justificativas lo siguiente: (1) que el demandante tenía una buena y justa causa de acción contra la parte deman-dada, y (2) que “en este caso han habido [sic] ciertas y de-terminadas circunstancias especiales, debido a las cuales el demandante, inclusive, ha estado [síc] sin representación pro-fesional”. No explicó ni hizo mención de cuáles eran esas “cir-cunstancias especiales”. La parte demandada se opuso a la moción.

Luego de varias posposiciones, todas solicitadas por la parte demandante, el 30 de abril de 1985 se celebró la vista para la discusión de la moción. Como resultado se dejó sin efecto la sentencia, se ordenó la reapertura del caso y se con-cedió al demandante treinta (30) días para continuar con los trámites del mismo. De esta orden () recurre ante este Tribunal mediante recurso de certiorari la parte demandada. El 11 de julio de 1985 emitimos una resolución en la que ordená-bamos al demandante que mostrara causa por la cual no de-bía revocarse la resolución del tribunal de instancia que dejó sin efecto la sentencia, desestimó la demanda y ordenó el ar-chivo del caso. La parte demandante recurrida ha compare-cido y por estar en posición de decidir, así procedemos a ha-cerlo.

I

La desestimación como sanción bajo la Regla 39.2

La trayectoria procesal de este caso refleja una clara y crasa falta de diligencia en la tramitación del mismo, de parte de algunos abogados que representaron al demandante recu-rrido Dávila Mundo en distintas etapas del proceso, y del pro-pio señor Dávila Mundo. Desde la presentación de la acción el 8 de diciembre de 1980 hasta el presente, el demandante ha comparecido al tribunal de instancia en una sola ocasión en relación con incidentes distintos a la renuncia, asunción de representación profesional en el caso() o solicitud de trans-ferencia de vista. Esa comparecencia fue el 4 de enero de 1985, cuando presentó la moción titulada “Moción Solicitando Re-consideración de Sentencia”, que dio lugar a la orden del tribunal que es objeto del presente recurso. Por espacio de casi cinco años y medio el caso ha permanecido inactivo.

Hemos resuelto que cuando un tribunal determina que una situación creada por un abogado amerita la imposición de sanciones, antes de privar a una parte de su día en corte, se deben imponer las mismas a éste como primera alternativa, Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 118 D.P.R. 494 (1982). El fundamento para no imponer sanciones drásticas al cliente es que de “ordinario la parte que ejercita su derecho en corte no está informada de los trámites rutinarios”. Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 830 (1962). Esta no es la situación en el caso de autos. Al demandante se le informó en varias ocasiones de los procedimientos y sus consecuencias, y se le apercibió, también en más de una ocasión, de las sanciones que acarrearía su falta de cumplimiento y diligencia.

Analicemos la conducta del demandante recurrido. Desde que su madre se llevó el expediente de la oficina del licenciado García Rexach hasta que compareció el Lie. José Gilot Ro-bledo como su nuevo abogado, transcurrió año y medio. Luego, por su incomparecencia a las reuniones con el licenciado Gilot Robledo éste se vio precisado a renunciar al caso. Así trans-currieron otros seis (6) meses sin que el caso se activara. Finalmente, el demandante Dávila Mundo incumplió con las órdenes del tribunal de instancia de 19 de junio y 22 de oc-tubre de 1984 sobre notificación de nueva representación legal, a pesar de habérsele apercibido que el incumplimiento llevaría consigo, como sanción, la desestimación del caso.

En el caso de autos hubo dos apercibimientos notificados al demandante directamente: uno el 22 de junio de 1984 cuando el tribunal le concedió 15 días “para notificar nueva representación legal so pena de desacato”, y el otro el 23 de octubre de 1984, cuando el tribunal le concedió, motu proprio, una última prórroga de diez (10) días y le apercibió que de no cumplir se desestimaría la demandá. Fue como consecuen-cia de este incumplimiento que el tribunal desestimó la de-manda.

A la luz de esta situación f áctica y de las normas de dere-cho enunciadas resolvemos que el tribunal actuó correcta-mente al desestimar el caso como sanción por incumplimiento con sus órdenes.

r — i

La falta de diligencia y la Regla 1¡.9.2(1), (5) y (6)

Pasemos ahora a analizar si procedía o no la reapertura. Arguye el demandante-recurrido que la moción presentada por él en la cual solicitó el relevo de la sentencia fue errónea-mente denominada reconsideración y que en realidad consti-tuía una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2(1), (5) y (6) de Procedimiento Civil de 1979. () En esto le asiste la razón. Véase la Regla 70 de Procedimiento Civil. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 293 (1975); A.T.P.R. v. Padín Santiago, 104 D.P.R. 426, 428 (1975); Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 104 D.P.R. 50, 52 (1975); Lebrón Velazquez v. Romero Barceló, 101 D.P.R. 915, 921 (1974); Cruz v. Director de la Lotería, 94 D.P.R. 260, 264 (1967).

Al interpretar las Reglas de Procedimiento Civil hay que tener presente, como principio rector, que éstas no tienen vida propia, sólo existen para viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las partes. Para lograr impartir justicia al resolver los reclamos de las partes, el tribunal debe hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al interpretar las reglas procesales para que éstas garanticen una solución justa, rápida y económica de la controversia. Regla 1 de Procedimiento Civil; Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 729 (1976). Una parte no tiene derecho a que su caso adquiera vida eterna en los tribunales, manteniendo a la otra en un estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e interés en la tramitación del mismo que una escueta referencia a “circunstancias especiales”.

En el caso de autos se decretó la desestimación de la demanda y se ordenó el archivo del caso al amparo de la Regla 39.2 (a), por haber incumplido el demandante con la orden del tribunal que le requería informar su nueva representación profesional dentro del término de diez (10) días. () Si tomáramos este incidente de forma aislada parecería una acción en la cual procedería el relevo de sentencia. () Al resolver una moción de relevo al amparo de la Regla 49.2 (1), (5) o (6) el tribunal debe hacer un análisis y balance racional y justiciero de todo el expediente del caso para determinar si bajo las. circunstancias específicas del caso hubo “[e]rror, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable” o “no sería equitativo que la sentencia, continuara en vigor” o existe “[c]ualquier . . . razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentenciaUn análisis del expediente refleja que la orden de desestimación del caso surgió luego de cuatro años y medio de inactividad, y después que el demandante hizo caso omiso durante setenta y seis (76) días de una orden que le concedió quince (15) días para anunciar una nueva representación legal y de otra que le dio diez (10) días adicionales para cumplir con lo requerido. El cumplimiento por parte del demandante, cuatro meses después de vencida la primera orden y más de un mes de vencida la segunda, sin que mediase justificación para la inusitada tardanza, ciertamente denota la continuación de un patrón de conducta indicativo de desidia, desinterés y falta de diligen-cia, todo ello en claro detrimento del sistema de administra-ción de justicia. La tardanza en el cumplimiento de cualquier orden de un tribunal debe justificarse. Lluch v. España Service Sta., supra.

Aunque la Regla 49.2 debe interpretarse de forma liberal, esto no significa que se le debe dar atención desmedida a uno de los dos intereses que hay que balancear. 11 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 2857 (1978). El interés de que los pleitos se vean en los méritos amerita protección, pero no puede, bajo toda circunstancia, prevalecer sobre los intereses, igualmente justos, de la parte que ha sido diligente en que se resuelva el caso prontamente y se termine la incertidumbre, y los intereses del público en general en evitar la congestión en los calendarios y las demoras innecesarias en el trámite judicial, promoviendo así la solución justa, rápida y económica de las controversias. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 450, 457 (1974); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 682 (1979); E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., Inc., 1980, Procedimiento Civil, Vol. II, Cap. VIII, pág. 332. El relevo de sentencia sólo deberá concederse bajo aquellos términos que sean justos. En Fine Art Wallpaper v. Wolff, supra, pág. 454, “ [r] eprobamos la discreción ejercitada por las salas de instancia al dejar sin efecto una sentencia válidamente dictada y reabrir [el] caso ... [a] la luz del prolongado trámite seguido en el [mismo] ”.

Bajo la Regla 49.2 “no es suficiente alegar que la omisión que dio lugar a que se dictase la sentencia se debió a error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable. Hay que indicar los hechos que constituyen la justificación de la omisión”. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 89 (1966). En el caso de autos, el demandante se limitó a utilizar las pa-labras de la Regla sin ofrecer hechos específicos que justifica-sen sus conclusiones.

Los trámites procesales de este caso demuestran una crasa dejadez y falta de diligencia por parte del propio demandante y de sus abogados. Los tribunales de instancia deben desalentar este tipo de conducta con su efectiva, pronta y oportuna intervención. La tolerancia excesiva por parte de los tribunales milita en contra de los fines de la justicia. Los magistrados de instancia deben tomar todas las medidas necesarias para evitar que por desidia de los abogados se dilate la resolución de un caso. Esto lleva consigo la posible imposición de sanción económica a los abogados que actúan con claro menosprecio de la adjudicación rápida de su caso. Lluch v. España Service Sta., supra. No podemos pasar por alto que frente a la conducta de total desidia del demandante, la parte demandada desplegó, en todo momento, la mayor diligencia y respeto a las órdenes del tribunal. La Regla 49.2 no puede ser utilizada para premiar conducta de este tipo en perjuicio de los intereses de la otra parte y la buena administración de la justicia. Hemos resuelto que, aunque como regla general no favorecemos la privación de su día en corte a un litigante, ésta es medida procedente en casos extremos, como el presente, en que no hay duda de la falta de diligencia de la parte contra quien se toma la sanción. Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817 (1980); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787 (1974); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187 (1965); Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823 (1962).() Una parte que ha acudido al tribunal, pone en movimiento la maquinaria judicial y luego se cruza de brazos sin mostrar interés y diligencia, a pesar de haber sido apercibida de las consecuencias de su inacción, no puede pretender que ese abuso del proceso sea sancionado por el tribunal, relevándolo de las consecuencias de su comporta-miento.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia en la cuál se expida el auto de certiorari, se deja sin efecto la sentencia del tribunal de instancia de fecha 30 de abril de 1985 y se con-firma la orden de fecha 6 de diciembre de 1984 que desestimó la demanda y ordenó el archivo del caso.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Alonso Alonso no intervienen.

      (1) Un examen de los autos originales refleja que el demandante recu-rrido no realizó gestión ulterior en relación con las codemandadas compa-ñías de seguros L, M, N y F, a pesar de conocer, desde enero de 1981, que el demandado Pichardo tenía una póliza de seguro con la Corporación Insular de Seguros, que cubría el tipo de riesgo reclamado.

      (2) EI Lie. Edwardo García Rexach compareció junto al Lie. Víctor Domínguez Correa en nombre del demandante desde la presentación de la demanda. Desde ese momento tenía el deber de defender los intereses de su cliente diligentemente. Véase In re Siverio Oria, 117 D.P.R. 14 (1986). La solicitud de autorización para comparecer como abogado del demandante no era necesaria, pues ya era el representante de éste.

      (3)La inactividad del demandante recurrido contrasta con la diligencia desplegada por los demandados. Los codemandados Hospital San Miguel, Inc. y doctor Pichardo contestaron la demanda el 4 de febrero de 1981 e inmediatamente procedieron a notificar la toma de una deposición, y el 16 de julio de 1981 le enviaron un interrogatorio, el cual no fue contestado por la parte demandante hasta dos años y medio más tarde, el 19 de enero de 1984.
      La codemandada Administración sometió una moción de desestimación el 23 de enero de 1981. El 16 de diciembre de 1981 el tribunal dictó senten-cia parcial que concedía la desestimación y ordenaba el archivo del caso en cuanto a la Administración. El demandante recurrido nunca compareció a oponerse. Tampoco presentó una moción de desistimiento, a pesar de que en la moción de desestimación la codemandada Administración incluyó una declaración jurada con información que claramente demostraba que no pro-cedía la acción en su contra.

      (4)Como podrá observarse, a pesar de que el licenciado García Rexach entregó el expediente del caso a su cliente el 25 de junio de 1982, no es hasta pasado más de un año que solicitó que se le relevara de su responsabilidad profesional en el mismo. Durante todo este tiempo no realizó gestión en re-lación con el mismo. Sobre la responsabilidad de un abogado en un caso presentado ante un tribunal, véanse In re Siverio Orta, supra; Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).

      (5)La próxima gestión del demandante que aparece en el expediente del tribunal es la contestación a unos interrogatorios, con fecha de 19 de enero de 1984.

      (6) Finalmente obtuvo representación legal, pero el 18 de junio de 1985 estos abogados también renunciaron.

      (7) Mientras esto ocurría, el 3 de diciembre de 1984, los nuevos repre-sentantes legales del demandante presentaron una moción para pedir que se les autorizara a asumir la representación legal. Solicitaron además que se les enviara toda la correspondencia a su dirección. La sentencia dictada el 6 de diciembre de 1984 se notificó directamente al demandante recurrido. El 18 de diciembre el tribunal concedió esta moción.

      (8) Esta orden no se notificó, sólo se notificó la minuta de la vista donde se concedió lo solicitado.

      (9)La parte demandante cambió de representación legal en cinco (5) ocasiones.

      (10)La Regla 49.2(1), (5) y (6), dispone:
      “Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una senten-cia, orden o procedimiento por las siguientes razones:
      “(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;
      “(5) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor; o
      “(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.”

      (11)La parte demandante tardó mes y medio en informar su nueva representación legal. Compareció precisamente tres (3) días antes de que el tribunal desestimara la demanda.

      (12)La orden que reabrió el caso y concedió al demandante treinta (30) días para continuar los trámites, surge de la minuta de 30 de abril de 1985. Hemos examinado los autos originales del caso y éstos reflejan que el de-mandante continúa cruzado de brazos. Con excepción de varios incidentes relacionados con la renuncia y asunción de representación legal, el mismo ha permanecido inactivo.
      Cabe recordar que el recurso de certiorari presentado el 21 de junio de 1985, al igual que nuestra resolución de 11 de julio que ordena mostrar causa, no tienen el efecto de paralizar los procedimientos en instancia.

      (13)E1 demandante tuvo la oportunidad de presentar su causa de ac-ción en una audiencia adecuada conforme a las normas de procedimiento vi-gentes. A pesar de esa amplia oportunidad, el demandante no ejerció ade-cuadamente su causa de acción.


text:
    Manuel Amador Ávila, peticionario, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, recurrida.

      Número: CE-86-293

      Resuelto: 21 de noviembre de 1986

      Aleida Varona Méndez, abogada del peticionario; Hilda María Arriaga Correa, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Manuel Amador Ávila, de 70 años de edad, fue víctima de un accidente automovilístico el 10 de septiembre de 1982. Su-frió lesiones en la pierna y brazo derecho. La Administra-ción de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.) le proveyó servicios médico-hospitalarios.

El 13 de septiembre de 1982 solicitó beneficios de compen-sación semanal por pérdida de ingresos. En su solicitud in-formó que “chiripeaba”,() y que “estos trabajos son ocasio-nal [síc] y a veces estaba un mes sin hacer nada”. Por no cumplir con el requisito de presentar dentro de sesenta (60) días desde la reclamación la evidencia de ingresos perdidos y no haber demostrado que durante los últimos seis (6) meses estuviera ocupando un empleo retribuido, su solicitud fue re-chazada.

Amador Ávila pidió reconsideración. Adujo entonces, que al reclamar originalmente los beneficios, no fue informado que podía hacerlo en calidad de “ama de casa” pues sólo fue orien-tado en cuanto a pérdida de ingresos. Dado a que realizaba algunos trabajos de forma esporádica, retiró la solicitud de compensación semanal por pérdida de ingresos por incapaci-dad, y pidió los beneficios bajo la disposición correspondiente a “ama de casa”. Llenó el formulario correspondiente. Tes-tificó que vive solo y es el único administrador de su casa. Realiza todas sus labores domésticas, tales como cocinar los alimentos, lavar la ropa, fregar, comprar todo lo necesario en su casa, limpiar los muebles, etc. Como resultado del acci-dente se ha visto afectado e impedido de realizar las referidas tareas.

A.C.A.A. reiteró su negativa. En cuanto al reclamo bajo el concepto de “ama de casa” consignó:

Los tribunales deben evitar cuestiones constitucionales si el caso puede ser resuelto por otros motivos, y en el presente caso, estamos resolviendo la presente reclamación en base a que el reclamante no cualifica para los beneficios de compen-sación semanal por pérdida de ingresos por incapacidad, se-gún establece la Ley en su Sección 2.8. En adición, esta Ad-ministración no tiene facultad o potestad para entender en la constitucionalidad de la Ley.

Amador Ávila acudió en revisión al Tribunal Superior, Sala de San Juan, el cual resolvió lo siguiente:

Hemos revisado nuevamente el expediente completo a la luz de la contestación de la ACAA a nuestra Orden de Mos-trar Causa. Surge del récord que la razón que la ACAA de-negó la solicitud del recurrente de beneficios como “amo de casa” no estuvo basada en discrimen por sexo, sino en. que el recurrente, según su propio testimonio, no cualifica para dichos beneficios ya que se dedica a actividades retribuidas fuera del hogar. En vista de lo anterior, No Ha Lugar a que se expida el auto de revisión solicitado. Apéndice I.

A solicitud de Amador Ávila, mediante orden de mostrar causa, revisamos.

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Notamos que A.C.A.A. denegó la solicitud porque el peti-cionario no pudo demostrar pérdida real de ingresos en un empleo remunerado durante los últimos seis (6) meses. En cuanto a los beneficios como “ama de casa” se negó a conside-rarla en un razonamiento circular basado en que tomó el re-clamo del peticionario como una “pérdida de ingreso” de em-pleo. Paradójicamente señala que “no tiene facultad o potes-tad para entender en la constitucionalidad de la ley”. En re-sumen, A.C.A.A. se abstuvo de resolver si el peticionario po-día recibir los beneficios de ama de casa reservados en la ley exclusivamente para las “mujeres”. Incidió.

Primeramente, la dificultad de sostener este razonamiento es que ambos beneficios son separados e independientes. Uno no depende del otro. Unirlos constituyó un error.

En segundo término, es cuestionable la conclusión de que una “ama de casa” que esporádicamente percibe pagos por la-bores fuera del hogar (“chiripear”) no sea elegible para per-cibir los beneficios. Nos explicamos.

HH HH I — I

La ley de la A.C.A.A. en sus Secs. 2(8) y 4(3) (g) dis-pone:

Sec. 2(8). Ama de casa — significa una mujer, independien-temente de su estado civil, cuya ocupación principal es la de administrar, mantener y controlar un hogar y quien:
(1) no se dedica a una ocupación regular retribuida o (2) no comparece regularmente a un empleo fuera de su residencia. (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. see. 2052 (8).
Sec. 4(8) (g). Cuando la víctima que se incapacite fuera un ama de casa la Administración pagará a ésta un beneficio de $25 semanales sujeto a un máximo de 12 semanas. 9 L.P.R.A. see. 2054(3) (g).

A tono con esta visión legislativa, la Regla 9(A) (4) del Reglamento aplicable, contempla que si la víctima incapacitada fuese ama de casa, “no será necesario demostrar pérdida de ingreso, ni se requerirá que la víctima haya tenido un empleo o haya realizado una actividad lucrativa antes del accidente, siempre que ella quede incapacitada en forma total y continua para continuar desempeñándose como ama de casa”.

La lectura integral y armoniosa de estas disposiciones refleja que las “chiripas” llevadas a cabo por Amador Ávila no lo descalificaban automáticamente para recibir los beneficios como persona dedicada a las labores domésticas. Por su naturaleza, las “chiripas” representan una remuneración o negocio casual. No constituye una ocupación regular. Tampoco implican periodicidad y asistencia en un empleo fuera de su residencia. De otra parte, quedó demostrado que el peticionario vivía solo en su casa y realizaba todas las labores domésticas. No tenía empleo regular. Bajo la categoría de “ama de casa”, la propia ley establece el monto del beneficio: $25 semanales hasta un máximo de 12 semanas. Concluimos que Amador Ávila cualifica prima facie para recibir dicho beneficio. ()

Con arreglo al mandato constitucional que garantiza la igual protección de las leyes, o la cláusula constitucional que prohíbe el discrimen por razón de sexo, y estando ante nos una clasificación basada en sexo, inherentemente sospechosa y sujeta a un escrutinio judicial estricto —León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813 (1980); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 728 y ss. (1980); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277-278 (1975)— en buena técnica adjudicativa, resolvemos que aquella parte del estatuto que define que ama de casa “significa una mujer” debe leerse para que comprenda a personas de ambos sexos. P. R. P. v. E. L. A., 115 D.P.R. 631, 641-642 (1984); Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618-619 (1981). Por lo tanto, reconocemos a Amador Ávila sus derechos al amparo de la ley y de nuestra Constitución.

Se dictará la correspondiente sentencia. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, devolverá el asunto a la A.C.A.A. para que ésta proceda conforme lo expuesto.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton no intervinieron.

      (1) El Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, Vox, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bibliograf, 1976, en la pág. 500 destaca, que en Perú, Puerto Rico y Santo Domingo el término chiripear significa “hacer nego-cios”. El “chiripero” es, el “que una o muchas veces obtiene algo por chiripa (casualidad) ”.

      (2)E1 peticionario recibe $191 de Seguro Social y $15 del Programa de Asistencia Nutricional. Conforme la ley, el beneficio del Seguro Social no se deduce. 9 L.P.R.A. see. 2054, inciso (1) (h).
      De otra parte, el requisito de notificación de aquella evidencia sobre los ingresos que generaba el solicitante, el cual debía hacerse dentro de 60 días desde la reclamación, pierde virtualidad si se enfoca la solicitud como de ama de casa. Tampoco tal presentación de evidencia dentro de dicho tér-mino es jurisdiccional. Puede ser excusada.