author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Carmen Noelia Piñero Crespo, demandante y peticionaria, v. Sergio Gordillo Gil y Otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-86-426

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Maritza González Ortiz, abogada de la peticionaria; José A. Fer-nández Paoli, de Martínez Álvarez, Fernández Paoli, Menén-dez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Disponemos sobre la naturaleza y el alcance de la respon-sabilidad de los abuelos de alimentar a sus nietos, si ésta constituye cosa juzgada, sobre el procedimiento legal que debe seguirse para reclamar dicha responsabilidad y, en particular, si dentro de un procedimiento de desacato contra el padre por incumplimiento con su obligación alimentaria se puede exigir la responsabilidad correspondiente a los abuelos.

Puesto en su adecuada perspectiva, este caso plantea a nivel macro la realidad social indeseable de padres que aban-donan a sus hijos, como si traerlos al mundo no conllevara responsabilidades individuales y sociales de gran importan-cia. Por otra parte, representa la realidad de madres que con sacrificio, voluntad y perseverancia hacen todo lo posible en un ambiente de adversidad, para que sus hijos se críen ade-cuadamente. La ley y la justicia le imponen obligaciones a los abuelos bajo determinadas circunstancias.

A continuación exponemos el trasfondo procesal del caso.

H-1

El 20 de enero de 1972 la peticionaria se divorció del Sr. Sergio Gordillo Gil por la causal de abandono. La sentencia fue dictada en rebeldía e impuso al demandado la obligación de satisfacer una pensión alimentaria de doscientos (200) dó-lares mensuales para beneficio de sus dos (2) hijos menores de edad. Desde dos (2) años antes de dictarse la sentencia hasta el presente se ha desconocido el paradero del señor Gordillo Gil.

El 25 de febrero de 1980 la peticionaria, madre de los menores, presentó en el Tribunal Superior de San Juan una demanda en cobro de dinero para reclamar a su ex esposo la suma de $19,200 por concepto de pensiones alimentarias atrasadas. El 30 de abril de 1980 ésta enmendó la demanda para incluir como demandados a los abuelos paternos de los menores, a saber, los padres del señor Gordillo Gil. En esta demanda enmendada la madre alegaba que los abuelos pa-ternos venían obligados a proveer una pensión alimentaria para sus dos (2) hijos, según lo establece el Art. 143 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 562. Tras diversos trámites pro-cesales, el foro de instancia dictó sentencia el 10 de febrero de 1981, en que declaró con lugar la demanda contra el señor Gordillo Gil y desestimó en cuanto a los abuelos paternos.

El tribunal determinó que la reclamación contra los abuelos paternos no procedía, ya que su obligación era subsi-diaria y sólo era exigible cuando los padres, quienes son los obligados en primer orden, no están física o mentalmente capacitados para proveer alimentos a sus hijos. Dicha sen-tencia advino final y firme. ()

Así las cosas, cuatro (4) años más tarde, el 8 de febrero de 1985, la madre, por conducto de su nueva representación legal, presentó ante el Tribunal Superior un escrito titulado: Moción de Desacato, Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Sustitución de Obligación Alimenticia. En el epígrafe de esta moción se incluyó únicamente a ella como demandante y al Sr. Sergio Gordillo Gil como demandado. En dicho escrito la madre alegó que el demandado Sergio Gordillo Gil le adeudaba la suma de $30,800 por pensiones alimentarias atrasadas y que, conforme a lo resuelto en Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675 (1962), los abuelos paternos venían obligados a proveer alimentos a sus nietos, por lo cual era atribuible a ellos la obligación alimentaria del padre au-sente.

Los abuelos paternos plantearon como defensas: (1) que la abuela materna era parte indispensable en el pleito; (2) que la reclamación contra ellos era cosa juzgada conforme a la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 1981, y (3) que el procedimiento mediante el cual ellos habían sido traídos al pleito no era el adecuado y les violaba su derecho a un debido proceso de ley, ya que ellos no eran parte en el procedimiento de desacato y no existía una demanda a la cual oponerse dentro del término reglamenta-rio. La madre replicó y se opuso a cada una de las defensas presentadas por los abuelos paternos. En cuanto a la contro-versia sobre si la abuela materna era parte indispensable, la madre sostuvo que no lo era, ya que ella ayudaba económica-mente a los menores con los beneficios que recibía del seguro social y al proveerles albergue en su residencia.

El tribunal de instancia, luego de celebrar una vista, me-diante resolución declaró con lugar la solicitud de los abuelos paternos y desestimó así la reclamación de la madre.

La madre recurre ante nos para cuestionar dicho dicta-men. En particular señala que el tribunal de instancia erró al determinar que la abuela materna era parte indispensable y al desestimar la reclamación por razones procesales. El 29 de julio de 1986 expedimos auto de certiorari. Estamos en posición de resolver.

H-i 1-H

Para ubicar en adecuada perspectiva las controversias que tenemos ante nos, examinemos la obligación de los abuelos de alimentar a sus nietos y la naturaleza de ésta.

La obligación legal de los abuelos de alimentar a sus nietos surge de los Arts. 143 y 144 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 562 y 563.() Dicha obligación es de naturaleza subsidiaria. Es decir, surge cuando los padres no pueden proveerles a sus hijos los alimentos, ya sea porque están fí-sica o mentalmente incapacitados para hacerlo o porque no cuentan con suficientes recursos económicos para cumplir con su obligación. Vega v. Vega Oliver, supra; J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1956, T. I, pág. 809. Conforme con las disposiciones citadas, tanto los abuelos paternos como los maternos vienen obligados a asumir la obligación alimentaria cuando los padres no pueden hacerlo por las razones expuestas.

Por ello debemos determinar la naturaleza de dicha obli-gación. Veamos.

El Art. 145 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 564, dispone la norma general de que cuando recaiga sobre dos (2) o más personas la obligación de dar alimentos, el pago de la pensión se repartirá entre cada uno de ellos en proporción a sus respectivos caudales. Por vía de excepción, en situaciones de urgente necesidad o por circunstancias especiales, el tribunal podrá provisionalmente imponer a uno solo de los obligados el pago total de la deuda, siempre y cuando cuente con suficientes medios para satisfacerla, y ello sin menoscabo de su derecho a reclamar de los demás la proporción de la deuda que les corresponda. ()

La mayoría de los tratadistas concuerdan que cuando re-caiga sobre dos (2) o más personas la obligación alimentaria, ésta es de naturaleza mancomunada, ya que cada persona sólo será responsable por una porción de la deuda, la cual será fijada en proporción a los caudales de los obligados. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. V pág. 498; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IX pág. 287; J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, Vol. II, pág. 215; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. III, Vol. 2, pág. 42; Manresa, op. cih, pág. 827.

Otros tratadistas esbozan un enfoque distinto. Diez-Picazo sostiene que no se trata de una obligación mancomunada propiamente, sino de dos (2) o más obligaciones independientes entre sí y determinadas por la capacidad económica del obligado. A esos efectos expresa:

Si aplicando los criterios anteriores hay dos o más personas obligadas a dar alimentos (p. ej., dos hermanos, dos abuelos, etc.), se reparte entre ellas el pago de la pensión en propor-ción a su caudal respectivo (Art. 145). No hay una sola obliga-ción mancomunada con dos deudores, sino dos obligaciones diversas de manera que cada una de ellas podrá sufrir sus propias vicisitudes. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Teenos, 1983, Vol. IV pág. 55.

El enfoque de Diez-Picazo refleja de una manera más precisa la naturaleza sui géneris de la obligación alimentaria. Él considera que no se trata realmente de una sola deuda con dos (2) o más obligados, sino de dos (2) o más deudas dis-tintas sujetas a los cambios que pudieren sufrir las capaci-dades económicas de los obligados.

Cuando se dan las circunstancias señaladas en la excepción del Art. 145, supra, a los efectos de que existe una situación de urgente necesidad o circunstancias especiales, el tribunal puede ordenar que sólo uno (1) de los obligados la preste. La doctrina ha reconocido que en estas situaciones la obligación alimentaria se torna en solidaria. Puig Peña, op. cit., pág. 498; Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., pág. 223. En dichas circunstancias la reclamación puede dirigirse contra cualquiera de los obligados por la totalidad de la deuda. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1966, T. N, Vol. 2, pág. 264. Corresponde al tribunal determinar en cada caso lo que constituye una situación de urgente necesidad o circunstancias especiales.()

<1

Examinemos el primer error señalado de que la madre materna no tenía que ser parte en el pleito. Concluimos que dicho error se cometió.

El hecho de que el Art. 145, supra, requiera que se distribuya el pago de la deuda alimentaria cuando hay dos (2) o más obligados no significa que la abuela materna es parte indispensable en una reclamación de alimentos contra los abuelos paternos y, mucho menos, que debe desestimarse el pleito por no ser ella parte.() Este artículo no dispone una norma de carácter procesal, pues no establece cómo habrán de llevarse a cabo los procedimientos ante el tribunal.

Cuando concurren varios obligados concurren, a su vez, obligaciones distintas y distinguibles entre sí. Por ello, es perfectamente compatible con la naturaleza de la obligación una reclamación dirigida contra uno de varios obligados para reclamarle aquella porción de la deuda que le corresponde al deudor. No es necesario que las otras partes obligadas sean parte indispensable de dicha reclamación. En Vega v. Vega Oliver, supra, los abuelos maternos no fueron parte en el pleito. Allí impusimos la obligación alimentaria al padre y al abuelo de conformidad con sus respectivas capacidades económicas.

Si los abuelos demandados entienden que se les está reclamando una suma en exceso a lo que debe ser su obligación, deberán entonces reclamar a los demás obligados mediante demanda contra tercero o, si ya ha recaído sentencia, recurriendo en alzada o mediante los remedios postsentencia que proveen las Reglas de Procedimiento Civil.

De conformidad con el primer párrafo del Art. 145, supra, una vez el tribunal determine que hay varios obligados y que pueden contribuir a la obligación de proveer alimentos, el pago de la deuda deberá repartirse necesariamente entre los obligados. Para ello el demandado deberá colocar al tribunal en condiciones de poder adjudicar la responsabilidad de los demás presuntos obligados, incluyéndolos en el pleito mediante los mecanismos procesales apropiados.() El demandado podrá, además, levantar el asunto como una defensa afirmativa.

En estas situaciones, en que se pretende traer a los otros abuelos al pleito de alimentos, los tribunales deben tener presente siempre la norma de que los procedimientos de alimentos deben tramitarse con la debida rapidez. Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986); Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985).

V

Veamos el segundo error señalado a los efectos de que la reclamación contra los abuelos paternos no es cosa juzgada. Resolvemos que no lo es.

Conforme al Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343, “[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”.

La presunción de cosa juzgada no aplica inflexiblemente, cuando de hacerlo se derrotaría un principio de política pública o los fines de la justicia. Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494 (1961); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961); G.A.C. Fin. Corp. v. Rodríguez, 102 D.P.R. 213 (1974); P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988).

Los casos “relacionados con alimentos de menores están revestidos del más alto interés público”. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 71 (1987). Este interés consiste en lograr la consecución del bienestar del menor. El Estado tiene un interés legítimo de que los me-nores cuenten con los alimentos necesarios para lograr su pleno desarrollo físico y social. Las sentencias de alimentos no constituyen cosa juzgada y siempre estarán sujetas a re-visión cuando hay cambios sustanciales en las necesidades del alimentista y en los recursos económicos del alimentante. García v. Acevedo, 78 D.P.R. 611 (1955); Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615 (1968); Castrillo v. Palmer, 102 D.P.R. 460 (1974).()

Al igual que en la revisión de las pensiones fijadas, la protección de dicho interés público excluye la aplicación de la doctrina de cosa juzgada a una reclamación de alimentos presentada por los nietos contra sus abuelos. Al ser la obligación alimentaria de éstos subsidiaria a la de los padres, la doctrina de cosa juzgada no impide el que una parte vuelva a cuestionar la responsabilidad de los abuelos, siempre y cuando sea parte esencial de la controversia la capacidad de los padres para cumplir con la obligación y la necesidad de los menores.

En el caso de autos la recurrente alegó oportunamente cambios sustanciales justificativos de que tanto ella como el padre ausente no cuentan con los recursos económicos necesarios para satisfacer las recientes necesidades de sus dos (2) hijos menores. Esta alegación era de por sí suficiente para permitirle a la madre relitigar el asunto referente a la responsabilidad alimentaria de los abuelos paternos.

Cabe destacar que la sentencia de 10 de febrero de 1981 que advino final y firme no impuso responsabilidad alimenta-ria a los abuelos, por lo que el planteamiento de cosa juzgada en cuanto a ello es meritorio. Aplicar la doctrina de cosa juz-gada al caso de autos derrotaría la política involucrada en casos de alimentos de menores, obstaculizaría innecesaria-mente el acceso de los menores a los tribunales y tendría el efecto de prejuzgar adversamente las necesidades de dichos menores.

VI

Por último, atendemos el planteamiento de que los abuelos paternos no eran parte en el procedimiento de desa-cato y que, por consiguiente, se les violaba el debido proceso de ley al tratar de imponerles una obligación alimentaria me-diante dicho procedimiento. El foro de instancia no incidió al acoger dicho planteamiento.

Los tribunales de justicia, en su función de parens patriae, “tienen un profundo interés público y social de que sus sentencias de alimentos a menores de edad sean cumplidas”, Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518, 521 (1976), y cuentan con el recurso de desacato para hacer valer sus sentencias de alimentos. El desacato civil no es una medida punitiva, sino correctora, que persigue la finalidad de lograr el cumplimiento de la orden de alimentos mediante la amenaza de encarcelación. Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901 (1951); Pérez v. Espinosa, 75 D.P.R. 777 (1954); Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 D.P.R. 282 (1988). En esencia, el desacato está disponible para asegurar el cobro de pensiones alimentarias atrasadas, con las salvaguardas que hemos señalado en Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, supra; Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986), y Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985).

El desacato en casos de alimentos es un trámite incidental a otro proceso judicial que permite hacer efectiva una orden previa del tribunal. El procedimiento de desacato va dirigido únicamente contra aquella parte que ha incumplido una orden del tribunal. En los casos de alimentos, va dirigido exclusivamente contra la parte sobre la cual se ha determinado que pesa la obligación de satisfacer una pensión alimentaria.

No se puede hacer uso del procedimiento de desacato para exigir el pago de una pensión a una persona cuya responsabilidad alimentaria no ha sido adjudicada 'previamente. La adjudicación de la responsabilidad alimentaria de una persona debe ventilarse primero, imponer la responsabilidad que corresponda y luego, cuando ésta se incumpla, determinar si procede o no imponer desacato.

En el caso ante nos, la responsabilidad sobre la obligación alimentaria se había determinado en cuanto al padre, mas no en cuanto a los abuelos paternos.()

La naturaleza misma del procedimiento de desacato no permite el que se traigan dentro de dicho procedimiento de desacato en forma colateral a los abuelos paternos para, por primera vez, establecer su responsabilidad alimentaria sub-sidiaria. Ello debe hacerse en un pleito independiente. Regla 2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Resumiendo, la abuela materna no es una parte indispensable en este pleito, la reclamación contra los abuelos pa-ternos no constituye cosa juzgada y no procede, dentro de un procedimiento de desacato contra un padre, traer a los abuelos paternos para por primera vez imponerles responsa-bilidad alimentaria subsidiaria.

Se confirmará la sentencia del foro de instancia sin per-juicio de que se inicie el pleito independiente correspon-diente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) No podemos reabrir dicho caso ni en el foro de instancia ni ante nos.

      (2) El Art. 143, según enmendado, dispone:
      “Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala la see. 561 de este título:
      “1. Los cónyuges.
      “2. Los ascendientes y descendientes.
      “3. El adoptante y el adoptado y sus descendientes.
      “Los hermanos se deben recíprocamente aunque sólo sean uterinos, consan-guíneos o adoptivos los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquier otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, com-prendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.” 31 L.P.R.A. see. 562.
      El Art. 144 establece:
      “La reclamación de alimentos, cuando proceda y sean dos o más los obli-gados a prestarlos, se hará por el orden siguiente:
      “1. Al cónyuge.
      “2. A los descendientes del grado más próximo.
      “3. A los ascendientes también del grado más próximo.
      “4. A los hermanos.
      “Entre los descendientes y los ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga dere-cho a los alimentos.” 31 L.P.R.A. see. 563.

      (3) Art. 145:
      “Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal respectivo.
      “Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el juez obligar a uno solo de ellos a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corres-ponda.
      “Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se guardará el orden establecido en la sección anterior, a no ser que los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso aquél será preferido a éste si fuese padre o madre del hijo solicitante, y si no le fuese, se distribuirá por igual entre ambos.” 31 L.P.R.A. see. 564.

      (4) Los menores tienen diversos recursos para poder cobrar las pensiones alimentarias adeudadas por su padre. Además de los otros mecanismos para ase-gurar sentencias disponibles en las Reglas de Procedimiento Civil, los menores tienen un crédito contra cualquier herencia que pueda recibir su padre. Art. 1035 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2931.

      (5) El Tribunal Supremo de España ha llegado a una conclusión semejante al declarar que no es necesaria la comparecencia de la abuela materna en una recla-mación de alimentos presentada contra los abuelos paternos. S. de 2 de diciembre de 1983, Núm. 6816, L (Vol. III) Repertorio de Jurisprudencia 5224.

      (6) Un demandado podrá traer como parte a otras personas obligadas en sn mismo orden o en uno anterior. Por ejemplo, en una reclamación contra los abuelos, éstos podrán traer al pleito a los otros abuelos o a los padres de los menores.

      (7) Claro está, recientemente hemos sostenido que la protección del interés alimentario del menor impide que la pensión fijada sea reducida en ausencia de un cambio sustancial en las circunstancias que existieron al momento de fijarse la pensión. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988).

      (8) En la sentencia de 10 de febrero de 1981, qne advino final y firme, no se impuso responsabilidad alimentaria a los abuelos. En cuanto a ellos, la reclama-ción fue desestimada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Félix Aguilú Delgado, demandante y recurrido, v. Puerto Rico Parking System, demandada y recurrente.

      Número: CE-86-441

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Ilka H. Díaz Delgado, abogada de la recurrente; Lilliam Ruiz De Jesús y Adalina De Jesús, abogadas del Departamento de Asuntos del Consumidor. La parte recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El 20 de noviembre de 1984 el Sr. Félix Aguilú Delgado presentó demanda en daños y perjuicios contra la Puerto Rico Parking System ante el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce.

La demanda estaba predicada en los daños ascendentes a $2,983, que sufriera el automóvil del señor Aguilú al precipi-tarse por un barranco colindante con el área de estaciona-miento operado por la parte demandada. El demandante reclamó, además, $4,000 por concepto de sufrimientos y an-gustias mentales por razón de haberse visto privado del uso de su vehículo de motor.

La Puerto Rico Parking System presentó una moción de desestimación ante el tribunal de instancia. En la misma ar-gumentó que las controversias planteadas en la demanda co-rrespondían a la jurisdicción primaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante D.A.C.O.) a tenor con lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973 (23 L.P.R.A. see. 812) y lo resuelto en P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106 (1978); P.R. Parking Corp. v. ASERCO, 103 D.P.R. 65 (1974).

El Tribunal de Distrito, Sala de Ponce, mediante resolu-ción de 8 de abril de 1985, declaró sin lugar la desestimación de la demanda. La demandada recurrió de dicho dictamen al Tribunal Superior y éste dictó sentencia el 23 de abril de 1986 que confirma la resolución emitida por el Tribunal de Distrito. La sentencia ordenó la continuación de los procedi-mientos ante el Tribunal de Distrito.

No conforme, la demandada presentó recurso de revisión ante nos.

El recurrente plantea, en síntesis, la comisión del error siguiente:

Haber confirmado el Tribunal Superior la resolución emi-tida por el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce, y ordenado la continuación de los procedimientos en dicho tribunal por ra-zón de haberse reclamado, además de los daños al vehículo, sufrimientos y angustias mentales a pesar de tener D.A.C.O. la jurisdicción primaria.

Oportunamente solicitamos a D.A.C.O. su posición sobre esta controversia. Ha comparecido y contamos con el benefi-cio de sus puntos de vista.

I — i I — I

La reclamación instada en el foro de instancia se hizo bajo la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973 (23 L.P.R.A. sec. 805 et seq.), conocida como “Ley para Regular el Nego-cio de Áreas para el Estacionamiento Público de Vehículos de Motor”. La misma dispone, en su Art. 7, lo siguiente:

El Secretario tendrá jurisdicción ‘primaria para entrar a considerar y resolver, previa celebración de una vista adminis-trativa, cualquier reclamación que tenga un usuario en contra del operador de un área de estacionamiento público cuando ésta surja de daños o perjuicios sufridos por su vehículo o a cualquier parte o accesorio de éste; o cuando la misma surja por haberle cobrado el operador una tarifa mayor que la fi-jada, disponiéndose, que para propósito de la adjudicación de los daños y perjuicios se entenderá que el operario ha actuado como depositario del vehículo del usuario. Disponiéndose, que la radicación de una reclamación bajo las disposiciones de esta sección no será óbice para que una parte que haya sufrido daños y perjuicios en su persona, pueda radicar la acción co-rrespondiente ante el tribunal con competencia y jurisdicción. (Énfasis suplido.) 23 L.P.R.A. sec. 812.

El propósito legislativo al adoptarse esta medida fue crear un esquema de reglamentación que protegiera adecuadamente los intereses de los usuarios de estacionamientos públicos y así proveerles remedios adecuados y rápidos.

La-referida ley le otorgó a D.A.C.O. la jurisdicción primaria exclusiva para resolver cualquier reclamación que tuviera un usuario en contra del operador de un área de estacionamiento público, cuando ésta surgiera de los daños y perjuicios sufridos por su vehículo. Dispone también que la presentación de una reclamación bajo la misma no será óbice para que una persona que haya sufrido daños y perjuicios en su persona pueda presentar la correspondiente reclamación ante los tribunales.

Recientemente hemos vuelto a expresarnos sobre las doctrinas de jurisdicción primaria y la de agotamiento de re-medios administrativos. Sobre ésta última, también hemos dispuesto las circunstancias bajo las cuales se puede prescin-dir de agotar dichos remedios. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964).

Las doctrinas de jurisdicción primaria y la de agotar remedios administrativos están estrechamente entrelazadas aunque son distintas. La primera doctrina se refiere a si el organismo administrativo o los tribunales tienen jurisdicción original para considerar la reclamación. La doctrina de ago-tar los remedios administrativos, por su parte, se refiere a la etapa de un procedimiento administrativo en que los tribunales deben intervenir para revisar la acción administrativa. B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little Brown & Co., 1984, Secs. 8.23 y ss., 8.34 y ss., 9.1 y ss.; 4 Davis, Administrative Law Treatise Secs. 22.1 y ss., 25.1 y ss., 26.1 y ss. (2da ed. 1983).

Por otro lado, la doctrina de madurez se refiere no a la etapa del procedimiento en que un tribunal deba intervenir, sino al momento en que la materia en controversia está madura para ser revisada por los tribunales. Davis, op. cit, Sec. 25.1; Asoc. Guardias Penales v. Srio. de Justicia, 87 D.P.R. 711 (1963); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

La doctrina de jurisdicción primaria tiene, a su vez, dos (2) vertientes: la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. En la primera, la ley dis-pone que el organismo administrativo será el único que tendrá jurisdicción inicial para examinar la reclamación. La jurisdicción concurrente se da cuando la ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro administrativo o bien en el judicial. Schwartz, op. cit., Sec. 23.1 y ss.; Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153 (1980); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, supra; First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, supra.

Un examen cuidadoso de la Ley Núm. 120, supra, y de su Exposición de Motivos (1973 Leyes de Puerto Rico 508-509) refleja que D.A.C.O. tiene jurisdicción primaria exclusiva para considerar las reclamaciones que surjan contra un ope-rador de un área de estacionamiento público cuando éstas se originan de los daños y perjuicios sufridos por el vehículo de un usuario. Así lo sostuvimos en P.R. Parking Corp. v. ASERCO, supra, pág. 67, donde expresamos lo siguiente:

La Ley Núm. 120 de 1973, 23 L.P.R.A. see. 805 y ss., en-carna este principio en modo aún más eficaz que la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964, ya que actualmente el Secretario de Asuntos del Consumidor tiene jurisdicción primaria para resolver cualquier reclamación que tenga un usuario en contra del operador de un área de estacionamiento públic[o] cuando ésta surja de daños o perjuicios sufridos por un vehículo.

La reclamación que pueda instar el usuario por daños a su vehículo surge de la relación contractual de depósito o de arrendamiento existente entre el usuario y el dueño del área de estacionamiento, que es de naturaleza patrimonial. P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, supra; P.R. Parking Corp. v. ASERCO, supra.

Sin embargo, cuando el usuario reclama daños y angustias mentales sufridas en su persona, tanto D.A.C.O. como los tribunales tienen jurisdicción concurrente para atender su reclamación. Así se desprende de la propia ley Núm. 120, supra, y de su Exposición de Motivos.C)

Cuando un usuario de un área de estacionamiento va a reclamar exclusivamente daños y perjuicios por concepto de daños causados a su vehículo, la jurisdicción primaria y exclusiva la tiene D.A.C.O. Por ello, la reclamación debe ser presentada en dicha agencia y no en los tribunales de justicia.

En los casos en que el usuario va a reclamar los daños causados al vehículo y, además, los daños y angustias mentales causadas a su persona, el usuario tiene dos (2) opciones.

En la primera de ellas, el usuario puede presentar ambas reclamaciones en D.A.C.O. para que la agencia dilucide lo referente a daños al vehículo en el ejercicio de su jurisdicción exclusiva y lo referente a daños personales en el ejercicio de su jurisdicción concurrente. La segunda alternativa consiste en presentar la reclamación por daños y perjuicios al ve-hículo en D.A.C.O. y la de daños personales y angustias men-tales en los tribunales de justicia. Bajo esta segunda opción se paralizará la acción judicial para que, una vez que advenga final y firme el dictamen administrativo, se resuelva por el foro judicial, si proceden, los daños personales y angustias mentales reclamadas. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra. El tribunal también podrá referir a D.A.C.O. la reclamación por daños personales para que ésta se ventile en el foro administrativo.

La presentación en D.A.C.O. de una reclamación exclusivamente de daños sufridos por el vehículo no interrumpe el período prescriptivo para presentar posteriormente en D.A.C.O. o en los tribunales de justicia la reclamación de daños personales y angustias mentales. Art. 1830 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5241. Ello es así, pues la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el vehículo en un estacionamiento público es una causa de acción distinta de la de daños y perjuicios personales.

Dicha prescripción se interrumpe por reclamación judicial o extrajudicial. Véanse: 31 L.P.R.A. sec. 5303; De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985). Cuando ambas reclama-ciones, la referente al vehículo y la de daños personales, se presentan en D.A.C.O., se interrumpe también el término prescriptivo de la segunda.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque la dictada por el Tribunal Superior y ordene a éste que refiera aD.A.C.O. ambas reclamaciones para que se ini-cie el trámite correspondiente.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente en cuanto se refiere a la reclamación por daños de D.A.C.O. a la persona, por entender que la ley faculta al usuario para recurrir al tribunal cuando reclama daños a su persona y el tribunal no tiene facultad para referir esa reclamación a D.A.C.O. El Juez Asociado Señor Ortiz disiente sin opinión escrita.

      (1) Véanse, además, las facultades generales que confiere el Art. 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341e(d)) al Secretario del Departa-mento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.).

        “Sec. Shle. Poderes y facultades del Secretario

      “En adición a los poderes y facultades transferidos por este Capítulo, el Secretario de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes poderes y facul-tades:

        “(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los consumi-dores, tal como están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una estructura de adjudicación administrativa con plenos poderes para adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los remedios perti-nentes conforme a derecho, disponiéndose que las facultades conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario en aquel funcionario que él entienda cualifi-cado para ejercer dichas funciones.”


text:
    Reece Corporation, demandante y recurrida, v. Ariela, Inc., demandada y peticionaria.

      Número: CE-87-701

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      José M. Biaggi Junquera, abogado de la peticionaria; Manuel E. Miranda, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Nos expresamos sobre la naturaleza de un contrato mer-cantil, sobre las facultades inherentes de los gerentes regio-nales de una corporación y sobre la dación en pago de lo debido.

El 5 de diciembre de 1985, Reece Corporation (en ade-lante Reece) presentó en el Tribunal de Distrito, Sala de Ma-yagüez, una demanda en cobro de dinero contra Ariela, Inc. (en adelante Ariela), en que le reclamaba la cantidad de $4,037.01 por concepto de deudas surgidas por cánones atra-sados de arrendamiento de maquinaria.

La demandada y peticionaria Ariela contestó la demanda y negó la existencia de la deuda. Alegó que había pagado mediante “dación en pago” la cantidad de $3,157.48 en mer-cancía y el balance adeudado de $879.53 en cheque.

El Tribunal de Distrito concluyó que la demandada y pe-ticionaria no debía nada a la demandante y recurrida, pues había ocurrido una dación en pago. El tribunal encontró pro-bado que la demandante y recurrida —quien se dedica a la venta y arrendamiento de máquinas de costura y de piezas de repuesto— reorganizó su función corporativa en 1980. A raíz de ese proceso de reorganización, Reece le notificó a la demandada y peticionaria, que no le podría arrendar en lo subsiguiente las máquinas de coser, pero que estaba en dis-posición de vendérselas si ella así lo interesaba.

La demandada y peticionaria —quien se dedica al nego-cio de fabricación de ropa— le informó al Sr. Kemp House, Gerente Regional de Reece en Puerto Rico, que no estaba en posición de poder comprarle las máquinas de coser y que procedería a devolvérselas. Le señaló, además, que devolve-ría todas aquellas piezas que había adquirido como reem-plazos o repuestos. Dichas piezas estaban en posesión de Ariela, ya que en virtud del contrato de arrendamiento ella venía obligada a darle mantenimiento a las máquinas y a uti-lizar las mencionadas piezas para conservar la maquinaria en buen estado.

El Tribunal de Distrito concluyó, además, que conforme a un acuerdo logrado entre Ariela y el Gerente Regional de Reece, Ariela le remitió a Reece todas las piezas que estaban en su poder, cuyo valor ascendía a $3,157.48, para saldar con ello parte de la deuda. Conjuntamente, y en cumplimiento del acuerdo, la corporación demandada y peticionaria envió un cheque por la cantidad de $879.33 con el que saldaba la totalidad de la deuda.

El Tribunal de Distrito concluyó que Reece no honró el acuerdo o compromiso que el Sr. Kemp House había efec-tuado con Ariela. También concluyó que Reece aceptó origi-nalmente el acuerdo de pago, pero que posteriormente lo revocó de forma unilateral y sin explicar las razones para haber tomado esa determinación. En vista de esos hechos, el tribunal declaró sin lugar la demanda.

El Tribunal Superior, al cual se apeló el dictamen del Tribunal de Distrito, revocó la determinación del Tribunal de Distrito por entender que la demandada y peticionaria debió probar que el Sr. Kemp House, como Gerente Regional de Reece, tenía la facultad para aceptar en dación en pago las piezas devueltas en vez del dinero adeudado. Ajuicio del Tribunal Superior, no se había pasado prueba sobre la capaci-dad del Sr. Kemp House para obligar a la corporación y, por ello, no se podía concluir que la demandante y recurrida ha-bía aceptado como dación en pago el valor de la totalidad de las piezas.

No conforme, Ariela recurre ante nos mediante recurso de certiorari.

El 18 de noviembre de 1987 ordenamos a la demandante y recurrida que mostrara causa por la cual no debíamos revo-car la sentencia del Tribunal Superior de Puerto Rico, por considerar que el Sr. Kemp House estaba facultado por razón del cargo que ocupaba y por la forma en que lo había desem-peñado, para obligar a la corporación en la transacción lle-vada a cabo.

La demandante y recurrida ha comparecido. En su es-crito nos plantea que de haber existido algún contrato entre las partes el mismo tiene que tipificarse como mercantil, en cuyo caso la declaración de testigos no sería suficiente por sí sola para probar la existencia del contrato. Art. 82 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1302;() Vila & Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 D.P.R. 825 (1986). Señala ade-más la corporación demandante y recurrida que le corre-spondía a la demandada y peticionaria demostrar que Reece había aceptado la dación en pago propuesta por Ariela.

H HH

Comenzaremos discutiendo si constituye un contrato de compraventa mercantil la compra, por parte de Ariela, de piezas de repuesto para el mantenimiento de las máquinas de coser arrendadas por la demandante y recurrida y, de ser ello así, si el acuerdo de aceptación de la oferta de dación en pago logrado entre el Sr. Kemp House y Ariela se convirtió en un contrato de naturaleza mercantil.

El Art. 243 del Código de Comercio dispone lo siguiente:

Será mercantil la compraventa de cosas muebles para re-venderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. (Én-fasis suplido.) 10 L.P.R.A. see. 1701.

Así mismo, el Art. 244(1) dispone que:

No se reputarán mercantiles:
(1) Las compras de efectos destinados al consumo del com-prador o de la persona por cuyo encargo se adquieren. (Én-fasis suplido.) 10 L.P.R.A. see. 1702.

El elemento de comercialidad que distingue a la compraventa mercantil de la civil se reconoce principalmente por la intención del comprador. En la compraventa mercantil el comprador es movido por el doble propósito de revender ulteriormente las cosas compradas y de obtener un lucro. Al faltar esa intención o propósito, la compraventa ca-rece del carácter mercantil que la distingue de la del tráfico civil. R. Uría, Derecho Mercantil, 10ma ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1975, pág. 474; J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed. rev., Madrid, Imprenta Aguirre, 1979, Vol. II, pág. 70. Por ello, la compra de maquinaria o de piezas para realizar la producción de una industria es de na-turaleza civil, pues el objeto no está destinado a la reventa, sino al consumo o uso por el adquirente.

La jurisprudencia española ha sido consistente en con-cluir lo anterior en su interpretación de disposiciones aná-logas a las nuestras. Véanse: S. de 27 de enero de 1945, Núm. 37, IX (2da serie) Jurisprudencia Civil 255; S. de 1ro de julio de 1947, Núm. 51, XIX (Vol. Ill, 2da serie) Jurisprudencia Civil 540; S. de 7 de junio de 1969, Núm. 3285, 36 (II) Repertorio de Jurisprudencia 2215; S. de 14 de mayo de 1979, Núm. 1828, 46 (I) Repertorio de Jurisprudencia 1487; S. de 21 de diciembre de 1981, Núm. 5280, 48 (II) Repertorio de Jurisprudencia 4240. Así, al analizar un contrato celebrado entre comerciantes y en el cual una de las partes compró maquinaria para la extracción de aceite de oliva, el Tribunal Supremo de España señaló:

“... [L]a característica esencial de la compraventa mercan-til es la intencionalidad del comprador, que ha de ser la de revender las cosas con ánimo de lucro y siendo ello así y refe-rido el contrato debatido a la compraventa de maquinaria para la molturación de la aceituna [. . .], sin ánimo de revender el molino, ni su maquinaria, ni sus piezas para obtener un lucro en la reventa, el contrato debe reputarse compraventa civil y sometido a las reglas del Código sustantivo [civil, claro] . . .” (STS 7-VI-1969 [Rep. Ar’ 3285/1969]). Sentencia comentada, Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa, 36 An. Der. Civ. 943, 976 (1983).

Las piezas que le compró Ariela a Reece se utilizarían para el consumo y uso de la propia empresa y no para la reventa con ánimo de lucro. Es por ello que no podemos cali-ficar dicha transacción efectuada entre las partes como una transacción de carácter mercantil. Tampoco podemos califi-car de mercantil el acuerdo logrado entre el Sr. Kemp House y Ariela para aceptar unas piezas como dación en pago, puesto que ese acuerdo tiene su génesis y es secuela de un contrato de naturaleza civil.

Por otro lado, el hecho de que las partes contratantes en autos sean ambas comerciantes no convierte el arrendamiento de maquinaria y la venta de piezas en actos mercantiles. Veamos.

Hoy, en Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., 122 D.P.R. 56, 63 (1988), expresamos que para definir lo que constituye un acto de comercio se han desarrollado teorías objetivas, subjetivas y la “teoría del accesorio”, que atribuye “carácter mercantil a los llamados actos de comercio por relación”. (Énfasis en el original.) Véanse: A. Bergamo Llabrés,. Instituciones de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Reus, 1951, T. I, págs. 55-56; J.M. Martínez Val, Derecho Mercantil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, pág. 24.

La teoría subjetiva coincide con lo establecido por el Código de Comercio alemán, que en su Art. 343 define actos de comercio como “ ‘todos “los realizados por un comerciante que pertenezcan a la expl[ot]ación de su industria mercantil’”. Martínez Val, op. cit., pág. 24. Dentro de dicho sistema el derecho mercantil es el derecho de una clase de personas: los comerciantes. Mas quedan excluidos del mismo los actos realizados por un comerciante fuera de tal esfera profesional. íd.; Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, 116 D.P.R. 474 (1985).

En la teoría objetiva, el derecho mercantil pasa a ser más bien el derecho propio de una clase de actos, los actos de comercio, los cuales no son únicamente los realizados por los comerciantes en su carácter como tales. Bajo este sistema la atención se traslada de la persona al acto y se desvincula el acto de la persona del comerciante. Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, supra; J. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Rev. Der. Mercantil, 1947, T. I, Vol. 1, págs. 177-178.

Comenta Uría, en cuanto a la definición doctrinal del acto mercantil, que el Código de Comercio español —del cual pro-cede el nuestro— responde a una concepción objetiva del de-recho mercantil. Éste se centra principalmente en la naturaleza de los actos o contratos para atribuirles o no la calificación de mercantiles, independientemente de las per-sonas que estuviesen en ellas.

Al interpretar el Art. 2 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1002, hemos destacado que el mismo rechaza la enumeración y la definición doctrinal como criterios para establecer lo que constituye un acto de comercio, y abre un ancho campo a la evolución del concepto conforme a los cambios que ocurran en la realidad económica. Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, supra. Dicho artículo alude “por fuerza a dos tipos de actos: los regulados exclusivamente por el Código de Comercio y los reglamentados tanto por éste como por el Código Civil. Este segundo grupo, al que pertenece]. . . la compraventa[,] . . . destaca con particular rigor las dificultades en la identificación del acto mercantil. Su análisis demuestra que el criterio de diferenciación es en efecto múltiple .... [Por ello l]os factores definitorios de la naturaleza, comercial o civil, de una transacción varían de caso a caso. . . . Fuera de los requisitos particulares a distintos negocios existe, no obstante, un hilo conductor, un elemento común entre diversos actos mercantiles: su finalidad, su conexión con el tráfico mercantil, su habitualidad, su atención al valor permutable de las cosas.” (Énfasis su-plido.) Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, supra, pág. 479.

El criterio fundamental que debe tenerse presente es que el derecho mercantil es el derecho propio de una clase de actos. Aun en el sistema de naturaleza más subjetivo, se tiene que partir del acto para saber quiénes son los comerciantes. De ahí que no pueda existir un acto de comercio meramente porque lo realice un comerciante. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, op. cit, págs. 177-178.

En el caso que nos ocupa, una evaluación de las transac-ciones realizadas entre las partes nos demuestra que en autos no está presente ninguno de los contratos tipificados en el Código de Comercio como contratos mercantiles. Por consiguiente no podemos adscribirle carácter mercantil a las transacciones realizadas entre la demandada y peticionaria y la demandante y recurrida por el solo hecho de que ambos sean comerciantes. Ello conllevaría que adoptásemos una norma bajo la cual calificaríamos como mercantil a todo acto en el que, con independencia de su naturaleza substantiva, intervinieran dos (2) comerciantes.

Tampoco debemos pasar por alto la norma adoptada por este Tribunal en términos de que aquella parte que invoca la aplicabilidad del Código de Comercio a la controversia tiene el peso de la prueba sobre su aplicabilidad. Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, supra. La demandante y recurrida de autos no ha cumplido con este requisito. Surge, además, de los autos que fue en la apelación al Tribunal Superior cuando planteó por primera vez la aplicabilidad del Código de Comercio a la controversia y la supuesta naturaleza mercantil de las transacciones realizadas entre las partes.

H-i y — i HH

La demandante y recurrida argumenta, en segundo lu-gar, que el Gerente Regional de Reece, Sr. Kemp House, no tenía autoridad para obligar a la corporación mediante el acuerdo logrado entre las partes y que el propio señor House había condicionado la devolución de las piezas como crédito, a la aceptación de las mismas por el Sr. Clark Blair, quien era Director Regional de Reece.

Luego de un examen cuidadoso de la prueba documental presentada en autos, así como de la misma transcripción de la vista del caso celebrada ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, que tuvo ante sí el Tribunal Superior, con-cluimos que el señor House como Gerente Regional de Reece y Ariela llegaron a un acuerdo, en el cual Reece aceptaría como dación en pago las piezas que Ariela había devuelto y que la cantidad adeudada restante sería pagada en cheque. Una vez que se logró este acuerdo, Reece lo revoca de forma unilateral sin divulgar las razones que tuvo para ello.

No existe controversia alguna en cuanto al hecho de que el Sr. Kemp House ocupaba la posición de Gerente Regional de Reece en Puerto Rico y que tenía a su cargo los negocios de la corporación dentro de Puerto Rico. Apéndice, pág. 62. El señor Ades, quien se desempeñó como Presidente de Ariela al momento de celebrarse la transacción controver-tida, testificó durante el juicio que el Sr. Kemp House era el representante de Reece en Puerto Rico. Así mismo indicó que todos los negocios que realizaba su corporación con Reece se negociaban con el señor House. Apéndice, pág. 87.

Ahora bien, ¿tenía el Sr. Kemp House, como Gerente Regional de Reece, la autoridad para realizar las distintas tran-sacciones logradas entre las partes y que dieron lugar a la controversia de autos? Concluimos que sí.

En ausencia de documentos corporativos o de otra índole que definan con precisión los poderes y la autori-dad de un gerente general, se entiende que éste tiene como norma general la autoridad implícita para llevar a cabo aque-llas funciones que se enmarcan dentro del ámbito de los asuntos ordinarios de la corporación. 2A Fletcher Cyc. Corp. Sec. 667 (Perm. ed. 1982); H.G. Henn y J.R. Alexander, Laws of Corporations and Other Business Enterprises, 3ra ed., Minnesota, West Publishing Co., 1983, págs. 599-600; Maple Island Farm v. Bitterling, 209 F.2d 867 (8vo Cir. 1954). El cargo conlleva la concesión de aquel grado de autoridad apropiada para la realización de los actos necesarios para la dirección adecuada de los negocios corporativos. Fletcher, supra. Además de la autoridad expresamente delegada, los gerentes'corporativos pueden poseer una autoridad implí-cita, ya sea por la naturaleza de sus posiciones o por la ma-nera en que los negocios de la corporación han sido conducidos en el pasado. R. Hamilton, The Law of Corporations in a Nutshell, Minnesota, West Publishing Co., 1983, pág. 185.

Numerosas corporaciones tienen gerentes generales designados bajo el título de Gerente General y Gerente Regional. Henn y Alexander, op. cit., pág. 587; Fletcher, supra, Vol. 2, Sec. 272; Sun Printing & Publishing Assn. v. Moore, 183 U.S. 642 (1902). En ese sentido se ha sostenido que el término “gerente regional” tiene una connotación similar a “gerente general”. Se entiende que el gerente regional es aquella persona que tiene la dirección y el control de los asuntos corporativos en una región y que posee suficiente autoridad como para comprometer a la corporación en el ámbito de los negocios ordinarios de ésta. Franklin Life Ins. Co. v. Hill, 220 S.E.2d 707 (Ct. App. Ga. 1975). La diferencia básica entre el gerente general de una corporación y el gerente de un distrito o región reside en que el último ostenta una autoridad que recae sobre una parte o sección específica del negocio. Fletcher, supra, Vol. 2A, Sec. 666.

La corporación que le encomienda a un gerente la supervisión general de una división o sección de su negocio, en ausencia de documentación en contrario, reviste a dicho gerente con aquellas prerrogativas de gerencia general coexistentes con el negocio u operaciones que se le han confiado. Por ello, la corporación queda obligada por los contratos que éste hiciera dentro de los parámetros de su autoridad. Fletcher, supra, Vol. 2A, Sec. 670. De esta manera, el gerente de división de una corporación manufacturera tiene la autoridad implícita para realizar aquellos contratos dirigidos a la venta de productos sin la necesidad de referir las órdenes de compra a la oficina central de la corporación, máxime cuando en acuerdos o contratos previos entre esas mismas partes nunca se requirió la ratificación del contrato por la corporación. Fletcher, supra, Vol. 2A, Sec. 670; F.W. Stock & Sons v. Owen & Barker, 105 S.E. 587 (Ct. App. Va. 1921).

Ahora bien, la autoridad de un gerente corporativo se extiende a aquellas materias o transacciones que son incidentales a los asuntos ordinarios de una corporación. Fletcher, supra, Vol. 2A, Sec. 667. En el momento en que un gerente general tiene ante sí un asunto extraordinario, necesitaría la autorización de los organismos corporativos u oficiales correspondientes para comprometer a ésta. De no tener el gerente esa autorización, estaría actuando fuera del ámbito de su autoridad implícita. Porshin v. Snider, 212 N.E.2d 216 (Mass. 1965).

Cuando el Sr. Kemp House arrendó a Ariela las máquinas de coser y le vendió las piezas de repuesto, estaba llevando a cabo unas transacciones ordinarias de la operación corporativa, T.M. Gilmore & Co. v. W.B. Samuels & Co., 123 S.W. 271 (Ct. App. Ky. 1909), para las que nunca necesitó de la autorización de la Junta de Directores de la Corporación. Por ello, podía recibir el pago de los cánones de arrenda-miento y el valor de las piezas compradas por Ariela sin ne-cesidad de autorización de la Junta de Directores, pues se trataba igualmente de transacciones ordinarias.

V

íntimamente relacionado con lo anterior, cabe pregun-tarse si el recibo de unas piezas devueltas como dación en pago constituyó un acto ordinario de los negocios corpora-tivos que pudiera realizar el Sr. Kemp House. Concluimos que sí.

La dación en pago es el acto en virtud del cual el deudor voluntariamente realiza, a título de pago, una prestación distinta a la debida al acreedor, quien consiente en recibirla en sustitución de aquélla. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. III, pág. 317. La ejecución de la nueva prestación convenida implica la extinción de la obligación preexistente. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, pág. 324.

La dación en pago tiene su fundamento en el hecho de que nada impide que el acreedor y el deudor se pongan de acuerdo para que el pago pueda verificarse mediante una prestación distinta a la acordada originalmente. Puig Brutau, op. cit, pág. 320.

Esta figura jurídica se distingue de la cesión de bienes, pues en la dación no se exige la intervención de pluralidad de acreedores ni necesita extenderse a todos los bienes del deudor. Tampoco se fundamenta en el supuesto de una situación de insolvencia por parte del deudor, puesto que únicamente supone un convenio que modifica la obligación primitiva, sustituyendo su objeto, pero cumpliéndola voluntariamente. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 1, pág. 705; Castán Tobeñas, op. cit, pag. 319; J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Art Printing, 1981, T. IV, Vol. 1, pág. 153.

Por ser la dación en pago un acto en virtud del cual el deudor, con el consentimiento del acreedor, realiza un pago distinto al acordado originalmente, el mismo constituye un acuerdo de naturaleza ordinaria.

Si el Sr. Kemp House estaba facultado para vender mer-cancía y recibir el pago por ella, también podía aceptar unas piezas devueltas y un cheque como pago total sin la necesi-dad de una previa autorización de parte de la Junta de Direc-tores de la corporación de la cual era Gerente Regional, particularmente en este caso en que las piezas o los re-puestos para la maquinaria no iban a tener utilidad alguna, pues dicha maquinaria no se le arrendaría más. La compra de las piezas de repuesto era una obligación incidental a la obligación principal del arrendamiento. Sin la última, la pri-mera no tenía justificación.

Por ser el acuerdo logrado entre las partes un acto de naturaleza ordinaria, y haberse llevado a cabo en el pasado transacciones similares, el mismo obliga a la corporación. Por ello, el señor Ades (Presidente de Ariela) tenía el dere-cho de suponer que estaba contratando con una persona que gozaba de la autoridad para obligar con sus actos a la corpo-ración Reece. Fletcher, supra, Vol. 2A, Sec. 667.

En el caso de autos abona a dicha presunción el hecho de que la corporación nunca cuestionó las actuaciones corpora-tivas realizadas en el pasado por el Sr. Kemp House, en su calidad de Gerente Regional, ni le indicó al demandarlo las limitaciones de la actividad corporativa de éste. Fletcher, supra, Vol. 2A, Sec. 670.

í>

Nos resta por considerar el planteamiento de la deman-dante y recurrida en el sentido de que le correspondía pro-bar a la corporación demandada y peticionaria las facultades intrínsecas del cargo de Gerente Regional, así como la capa-cidad corporativa del señor House para aceptar las piezas devueltas en “dación en pago”.

Ante el Tribunal de Distrito los propios representantes de la corporación Reece admitieron que el Sr. Kemp House se desempeñaba, para el tiempo en que se gestó la transac-ción de autos, como Gerente Regional de la corporación en Puerto Rico.

Le correspondía entonces a la demandante y recurrida probar que el Sr. Kemp House no estaba facultado para acep-tar la dación en pago y que tampoco poseía las facultades típicas que se le adscriben a un agente corporativo que os-tente la posición de Gerente Regional, cosa que no hizo.

Hemos sostenido que la obligación de presentar evidencia recae principalmente sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia() Meras alegaciones o teorías no constituyen prueba. Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981).

Reece se limitó a presentar unos testigos que no tenían conocimiento directo de la negociación original entre Reece y Ariela. Tampoco presentó como testigo al Sr. Kemp House para refutar el acuerdo logrado con Ariela.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se re-voca la sentencia dictada el lk de septiembre de 1987 por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, en el caso CS-87-85 y se reinstala la del Tribunal de Distrito de 15 de diciembre de 1986.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En lo pertinente, dispone:
      “Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mer-cantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la

        existencia de un contrato, cuya cuantía exceda de trescientos dólares, a no con-currir con alguna otra prueba.” (Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. see. 1302.

      (2) Regla 10(B) de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV).