author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Ramón Norat Zayas, Alcalde de Coamo, demandado y recurrente, v. Hon. Rafael Hernández Colón, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrido.

      Número: CE-89-563

      Resuelto: 21 de septiembre de 1992

      José R. Lebrón Velázquez, abogado del recurrente; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Sylvia A. Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El querellado recurrente Ramón Norat Zayas fue electo Alcalde del Municipio de Coamo en los comicios elec-torales celebrados en noviembre de 1980. Fue reelecto en las elecciones de noviembre de 1984. El 1ro de junio de 1988, el Hon. Rafael Hernández Colón, Gobernador del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, presentó una querella en su contra ante la antigua Comisión Estatal para Venti-lar Querellas Municipales (Comisión); ello al amparo del Art. 3.04 de la hoy derogada Ley Orgánica de los Munici-pios de Puerto Rico, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. ant. see. 2001 et seq.). En la misma, el Gober-nador le imputó al referido alcalde cinco (5) cargos consis-tentes de alegadas actuaciones ilegales que implican con-ducta inmoral y lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones; conducta alegadamente in-currida por Norat Zayas durante la vigencia de la citada Ley Núm. 146.

Mediante carta de fecha 2 de junio de 1988, el Goberna-dor le notificó al alcalde Norat Zayas la radicación de la querella y la suspensión de empleo y sueldo —efectiva al día siguiente— hasta que los mencionados cargos fuesen ventilados. Luego de “conversaciones” entre ambas partes, el alcalde Norat Zayas presentó su renuncia el 8 de agosto de 1988, a ser efectiva la misma el 31 de agosto de 1988, motivada la misma por “su deseo de restañar las heridas dejadas por el proceso primarista interno del Partido Popular Democrático en Coamo Recurso de certiorari, pág. 3. Su renuncia fue aceptada por la Asamblea Municipal de Coamo el 31 de agosto de 1988.

El 2 de septiembre de 1988, el ex alcalde solicitó a la Comisión el archivo y sobreseimiento de la querella. En apoyo de dicha solicitud alegó que había renunciado a su cargo como Alcalde y que la Asamblea Municipal de Coamo había aceptado dicha renuncia; esto es, que como había cesado en sus funciones, la causa de acción en su contra se había tornado académica y que la Comisión carecía de ju-risdicción para entender en la querellá. Inicialmente, el Gobernador estuvo conforme con la solicitud de archivo de la querella. No obstante esto, el 4 de enero de 1989, el Gobernador solicitó de la Comisión que le diera curso a los procedimientos incoados contra Norat Zayas hasta su reso-lución final.

La Comisión señaló una vista para dilucidar la cuestión. Luego de celebrada la misma, y de evaluar los memoran-dos de derecho de ambas partes, la Comisión emitió una resolución declarando sin lugar la moción de archivo y so-breseimiento radicada por el ex alcalde. Resolvió que dicho organismo tenía jurisdicción en el caso y que no existía un problema de academicidad.

Norat Zayas acudió ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en revisión de la resolución emi-tida por la Comisión. El tribunal de instancia dictó senten-cia denegando la expedición del recurso radicado.

Inconforme, Norat Zayas acudió ante este Tribunal. En apoyo de su petición de certiorari, el recurrente le imputa al foro de instancia haber errado al:

1) ... resolver que a pesar de haber renunciado el querellado al cargo de Alcalde de Coamo y ser la misma firme y final e irrevocable, todavía la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales retiene jurisdicción para decretar inter alia su des-titución como Alcalde.
2) ... no ordenar la celebración de una vista evidenciaría para resolver si la parte querellante está impedida de continuar la prosecución [sic.] de su caso, luego de los acuerdos a que llegó con la parte querellada, a los efectos de que retiraría los cargos formulados a cambio de la renuncia del Alcalde. Recurso de certiorari, pág. 6.

Expedimos el recurso solicitado. Resolvemos.

I

Bajo el primer señalamiento de error, sostiene el recu-rrente que la renuncia al puesto de alcalde que ocupaba privó de jurisdicción a la Comisión y/o que la misma con-virtió el caso en académico. Sostiene el recurrente que la Comisión no tiene jurisdicción para continuar dilucidando la querella, una vez el alcalde querellado renuncia a su cargo, ya que el Art. 5.03 de la Ley Núm. 146 —hoy el Art. 18.007 de la nueva Ley de Municipios Autónomos del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4857)— solamente faculta a la Comisión a destituir, amonestar o exonerar al alcalde mientras ocupe dicha posición. Argumenta el recurrente, que una vez se hace efectiva la renuncia como alcalde, no se pueden poner en vigor los remedios disponibles por la ley, ya que para ello se tendría que invalidar la referida renuncia y se afectarían los actos jurídicos posteriores a la renuncia del recurrente. No le asiste la razón.

Nos encontramos ante un problema de interpretación estatutaria en donde resulta procedente “auscultar, averiguar, y precisar, determinar cuál ha sido la voluntad legislativa ...”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1981, pág. 241. Es preciso examinar en forma integral y armónica las disposiciones de la ley, “tomando en consideración los fines que persigue y en forma tal que la interpretación se ajuste al ‘fundamento racional o fin esencial de la ley’ y a la política pública que la inspira”. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968). Véase A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820 (1986).

La antigua Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales fue creada específicamente para entender en los procedimientos disciplinarios de los Alcaldes. Véanse: Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 726 (1982); Rodríguez Rivera, Alcalde v. Comisión, 84 D.P.R. 68 (1961). Su propósito primordial es evitar lesiones al interés público. Los remedios a concederse por la Comisión van dirigidos al mejoramiento del servicio público y a “proteger al municipio contra una administración de los fondos y bienes públicos fraudulenta, corrupta e irrespon-sable y del abuso de los poderes inherentes al cargo de Alcalde”. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, ante, pág. 735.

Un análisis integral de las disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios —tanto de la Ley Núm. 146, ante, como de la Ley Núm. 81, ante— nos lleva a concluir que la intención del legislador no fue limitar la jurisdicción de la Comisión a dilucidar una querella mientras el Alcalde ocupa dicho cargo. Esto claramente se desprende de las consecuencias sustanciales que disponía la Ley Núm. 146, ante —y que hoy, igualmente, dispone la Ley Núm. 81, ante— al implementar los remedios disciplinarios contra un alcalde. La referida ley prohibía que una persona que haya sido destituida anteriormente de un cargo o empleo por conducta impropia en el desempeño de sus funciones pueda aspirar a ocupar nuevamente el puesto de Alcalde. Véanse: Art. 3.01 de la hoy derogada Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sec. 3001; P.P.D. v. Planadeball Poggy, 121 D.P.R. 570 (1988). La destitución también impide que dicho funciona-rio ocupe otros cargos públicos, así como también que re-ciba los emolumentos dejados de percibir desde la fecha en que fue suspendido de empleo y sueldo, y otros beneficios marginales por servicios prestados al Municipio, a los que tendría derecho de resultar exonerado el Alcalde. Véase Vélez Ramírez v. Romero Barceló, ante, pág. 740.

Por otro lado, el archivo de una querella contra un alcalde por el mero hecho de éste haber renunciado tendría el efecto práctico de "exonerar” a éste, conservando dicha persona el derecho a recibir el pago retroactivo de los emolumentos dejados de percibir desde que fue suspendido hasta la fecha de su renuncia. Esto se debe a que la suspensión, y los efectos que ella acarrea, están condicionadas a que ocurra finalmente una destitución válida. Véanse: Ramírez v. Municipio, 72 D.P.R. 364, 368 (1951); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, ante, pág. 739. Asimismo, dicha persona tendría derecho a recibir beneficios marginales, tales como los beneficios del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, los cuales por disposición expresa de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 L.P.R.A. sees. 761-788, le están vedados a los alcaldes que han sido separados de sus cargos por justa causa.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que no es correcta la posición del recurrente a los efectos de que la Comisión no puede poner en vigor los remedios que la Ley Núm. 146, ante, autorizaba, una vez la persona querellada haya renunciado a su cargo. El interés del legislador no se limita a evitar que un alcalde continúe en su puesto. Existe un interés ulterior de vital importancia para la administración pública que consiste en impedir que el alcalde destituido pueda en un futuro ocupar dicho cargo nuevamente. Hay que tener presente que el “alcalde realiza en Puerto Rico una importante y delicada misión. Suya es la responsabilidad de dirigir y orientar la cosa pública den-tro de normas de estricto orden y rectitud intachable”. (En-fasis suplido.) Rodríguez Rivera, Alcalde v. Comisión, ante, pág. 76. Por tal razón, es la Comisión, mediante su autori-dad disciplinaria, la encomendada por ley a salvaguardar y proteger estos principios.

Para cumplir con las disposiciones de ley, dirigidas a proteger el interés público, es preciso que la Comisión tenga poder para continuar con los procedimientos disciplinarios aun cuando el alcalde renuncie a su cargo. Una vez se diluciden los cargos, y la Comisión concluya que éstos fueron probados, entonces la misma podrá ordenar la destitución del alcalde, efectiva a la fecha de la suspensión decretada por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Este Tribunal ha expresado reiteradamente que la mejor manera de servir la ley es interpretándola de tal forma que se realice su idea animadora, P.P.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338, 429 (1970), y que una interpretación de una ley que conduzca a una conclusión absurda deber ser rechazada. Véanse: Orta v. Registrador, 60 D.P.R. 789, 794 (1942) (en reconsideración); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983). Una interpretación sensata, lógica y razonable de la Ley Orgánica de los Municipios nos lleva a concluir que a un alcalde contra quien se han presentado cargos graves por conducta impropia en el desempeño de sus funciones, no puede permitírsele que evada, mediante una renuncia a su puesto, las consecuencias colaterales sustanciales que la propia ley dispone en caso de que el fallo de la Comisión le sea adverso. Nos parece meridianamente claro que la intención del legislador fue conferir jurisdicción a la Comisión para entender en una querella contra un Alcalde, aun después que éste ha cesado en sus funciones, si la querella se presentó mientras dicho funcionario era alcalde. Una interpretación contraria atentaría contra el espíritu de la ley municipal al permitir que se vulnere la autoridad disciplinaria de la Comisión en detrimento de las mejores normas de administración pública.

La interpretación que hoy adoptamos es cónsona con la realizada por la propia Comisión. Sabido es que “las interpretaciones que las agencias hagan de sus propias facultades merecen gran deferencia si son razonables y compatibles con su propósito legislativo. Véase Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433 (1992), y casos allí citados.

Por otro lado, somos del criterio que tampoco le asiste la razón a Norat Zayas en su argumento de que su renuncia tornó el caso en académico. El concepto de academicidad fue atinadamente definido por este Tribunal en E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). Allí expresamos que:

Un caso académico ... “es uno en que se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dic-tarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente ...”. (Enfasis suplido.)

Se han elaborado una serie de excepciones a la aplica-ción de la doctrina de academicidad entre las cuales se encuentran “los casos que aparentan ser académicos pero en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales”. (Énfasis suplido.) Véanse: El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 124 (1988); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991); R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 1ra ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. 1, pág. 122; L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, pág. 91.

En el caso ante nos, la renuncia del recurrente después de radicados los cargos en su contra no convierte el mismo en académico. Ello así porque, según señaláramos anteriormente, existen consecuencias ulteriores que dependen de la adjudicación que del caso se haga en los méritos. El Estado tiene un interés pecuniario en el resultado del caso, ya que de no ser efectivamente destituido, éste tiene derecho a cobrar los emolumentos dejados de percibir desde la suspensión hasta su renuncia. Véase Ramírez v. Municipio, ante. Esta razón por sí sola evita que el caso sea académico

Por otro lado, si se prueban los cargos imputádoles, se podrá ordenar una destitución efectiva a la fecha de sus-pensión del cargo, la cual impediría que dicha persona se postulara en un futuro para alcalde, ello a tenor con lo dispuesto por el antiguo Art. 3.01 de la hoy derogada Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. ant. see. 3001. Cuando la ley impone sanciones adicionales a la mera destitución, los procedimientos pueden continuar a pesar de la renuncia de la persona. In re Peoples, 250 S.E.2d 890 (1978); In re Sherill, 403 S.E.2d 255 (1991); State v. Rose, 86 P. 296, appeal dismissed, 203 U.S. 580 (1906); Hawkins v. Voisine, 290 N.W. 827 (1940). Véase, además, 63 Am Juris 2d Sec. 170 (1984) (Public Officers and Employees).

Estas consecuencias colaterales, derivadas de una de-terminación de destitución o exoneración, mantienen viva la controversia y no hacen el caso académico, aunque el remedio principal de remover físicamente a la persona de su cargo sea académico.

H f — 1

Mediante su segundo señalamiento de error, Norat Za-yas sostiene que las conversaciones que sostuvo con el Go-bernador —en las cuales, alegadamente, éste se compro-metió a retirar los cargos a cambio de que él presentara su renuncia al puesto de alcalde— tienen el efecto de impedir que la Comisión continúe con la querella. No erró el foro de instancia al descartar, por inmeritorio, dicho argumento y al negarse a celebrar una vista evidenciaría al respecto.

El propio Norat Zayas, en el recurso que radicara, ad-mite que los alegados acercamientos hechos por el Gober-nador fueron “en su capacidad de Presidente del Partido Popular Democrático ... en bien de los intereses de su co-lectividad política”. Indica, además, el recurrente que su renuncia “[fue] movid[a] por su deseo de restañar las heri-das dejadas por el proceso primarista interno del Partido Popular Democrático en Coamo ...”. Recurso de certiorari, pág. 3.

Aceptando, a los fines de la argumentación, que efectivamente hubo un acuerdo a los efectos antes mencionados entre el Gobernador y Norat Zayas, el mismo fue un acuerdo político que no obliga a la Comisión ni afecta su facultad jurisdiccional. Ello así por cuanto, si es que hubo el acuerdo a que hace referencia Norat Zayas, el mismo fue entre él y el Ledo. Rafael Hernández Colón en su capacidad de presidente del partido político al cual ambos pertenecen; dicho acuerdo, ciertamente y por la propia admisión del recurrente, no fue hecho por el licenciado Hernández Colón en su capacidad de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El mismo, repetimos, en nada afecta el poder o facultad de la Comisión para dilucidar los hechos que fueron imputados a Norat Zayas. Cf. In re Pa-gán Ayala, 117 D.P.R. 180, 187 (1986). Por otro lado, el Gobernador de Puerto Rico, en su capacidad como tal, nunca retiró los cargos que había radicado contra Norat Zayas.

Procede, en consecuencia, que se dicte sentencia confir-matoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, devolviéndose el caso a dicho foro para que proceda, a su vez, a devolver el mismo al foro administrativo; esto es, a la nueva Comisión para Ventilar Querellas Municipales creada por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión de conformidad y concurrente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

— O —

Opinión de conformidad y concurrente del

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Suscribo la opinión del Tribunal por entender que un análisis integral de los textos de las leyes de los municipios y de las diferentes disposiciones que están relacionadas con la controversia de autos revela que la intención legis-lativa fue que la Comisión para Ventilar Querellas Muni-cipales (en adelante la Comisión) retenga jurisdicción so-bre una querella presentada contra un alcalde que renuncia a su posición. Conforme tanto con el Art. 5.03 de la antigua Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. ant. see. 3103, como con el Art. 18.007 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4857), la Comisión puede, luego de venti-lar los cargos, disponer del caso en varias maneras.

Aunque en el caso de autos han transcurrido cuatro (4) años desde que la Asamblea Municipal de Coamo aceptó la renuncia del Sr. Ramón Norat Zayas, y que en 1988 el Hon. Carlos Luis Torres fue electo Alcalde de ese Municipio, la Comisión conserva jurisdicción para determinar la validez de la suspensión de empleo y sueldo que le fue impuesta por el Gobernador. Si la Comisión invalida esta suspen-sión, podría ordenar que se le pagara al ex alcalde Norat Zayas el sueldo y los otros beneficios que dejó de percibir entre el 2 de junio y el 31 de agosto de 1988, fecha en que la Asamblea Municipal aceptó su renuncia. Pero si la Co-misión convalida la decisión del Gobernador Hon. Rafael Hernández Colón, el Señor Norat Zayas no tendría derecho a los haberes dejados de percibir durante esos tres (3) meses.

Por otro lado, si se confirma su destitución, en virtud de lo dispuesto en el Art. 3.001 de la Ley de Municipios Autó-nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4101), él estaría impedido de postularse en otra ocasión para la alcaldía de cualquier municipio. Como acertadamente señala la Opinión del Tribunal, “[ejxiste un interés ulterior de vital importancia para la administración pública que consiste en impedir que el al-calde destituido pueda en un futuro ocupar dicho cargo nuevamente”. (Énfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, págs. 623-624. Por la naturaleza de las funciones de los alcaldes en nuestro ordenamiento gubernamental, y en vista de los poderes recientemente otorgados a los munici-pios por la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, el Estado tiene que evitar que una persona corrupta, inmoral o negligente en sus obligaciones públicas pueda postularse nuevamente para la posición de alcalde.

Al reconocerle jurisdicción a la Comisión en el caso de autos, evitamos que un alcalde suspendido de empleo y sueldo por el Gobernador pueda privar al foro administra-tivo de su poder de adjudicar los cargos imputados renun-ciando a la posición tan pronto se le formulan cargos. Como de ordinario la mayoría de los asambleístas pertenecen al mismo partido político que el Alcalde, esta decisión impe-dirá que se pongan de acuerdo para aceptarle la renuncia a un alcalde suspendido y eviten, de este modo, que se ven-tilen los cargos. Así nos aseguramos de que los funciona-rios electos cumplan cabalmente con sus responsabilidades ante el país y ante la ley.

       Resulta procedente señalar que la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. ant. see. 2001 et seq.), que estableció la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales fue derogada por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4851 et seq.). Esta nueva ley estableció la Comisión para Ventilar Que-rellas Municipales como la sucesora de la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales. El Art. 18.015 de la nueva ley faculta a esta nueva Comisión a “continua[f¡ todos los procedimientos iniciados por la antecesora y mantendrá control y será responsable de todos los expedientes, propiedad, cuentas y documentos de la misma". (Énfasis suplido.) 1911 Leyes de Puerto Rico 664.
      Procede enfatizar, en adición, que las secciones de la derogada Ley Núm. 146, ante, bajo las cuales actuó la antigua Comisión, fueron incorporadas en forma idén-tica a la nueva Ley Núm. 81 de 1991, ante, por lo que su interpretación es la misma.

       El hoy derogado Art. 5.01 de la referida ley disponía:
      “a) Se crea la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales para en-tender en querellas contra el Alcalde formuladas por el Gobernador de Puerto Rico, la Asamblea Municipal o cualquier ciudadano.” 21 L.P.R.A. see. 3101 (Sup. 1981).
      En cuanto a la Ley Núm. 81, ante, véase el Art. 18.001 de dicha ley, 21 L.P.R.A. see. 4851.

       El Art. 3.01 de la Ley Núm. 146 (21 L.P.R.A. sec. 3001) (Sup. 1981), disponía lo siguiente:
      “(a) Todo aspirante a Alcalde deberá, a la fecha de la elección, cumplir con las siguientes condiciones:
      “(5) No haber sido convicto de delito grave o de aquellos menos graves que impliquen depravación moral.
      “(6) No haber sido destituido de cargo o empleo por conducta impropia en el desempeño de sus funciones.” (Énfasis suplido.)
      La propia Ley Núm. 146, ante, delimitaba los cargos que se podían presentar contra el Alcalde. Así, en su Art. 3.04 disponía que solamente se podrá destituir al Alcalde por las siguientes causas:
      “(1) Haber sido convicto de un delito grave..
      “(2) Haber sido convicto de delito menos grave que implique depravación moral.
      “(3) Conducta inmoral.
      “(4) Actuaciones ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones," (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 3004 (Sup. 1981).
      En cuanto a la Ley Núm. 81 de 1991, véanse los Arts. 3.001 y 3.008 de la misma, 21 L.P.R.A. sees. 4101 y 4108.

       La mencionada ley dispone que:
      “No se considerarán incluidos en la clasificación anterior aquellos alcaldes que durante el término de sus servicios al Estado Libre Asociado como tales, hayan sido separados de sus cargos por justa causa.” 3 L.P.R.A. sec. 766B.

       Véase Powell v. McCormack, 395 U.S. 486, 499 (1968), en donde la acción instada por el congresista Powell para cuestionar su exclusión de la Cámara de Representantes no era académica por no ocupar dicho cargo al momento-de revisión del Tribunal Supremo. Ello por razón de que permanecía viva la controversia de su derecho a recibir salario no percibido durante la exclusión del cargo.

       Hoy, bajo la citada Ley Núm. 81, el Art. 3.001, ante.

       A esos efectos, véase Ellis v. Railways Clerks, 466 U.S. 435, 442 (1984), en donde se establece: “[A]s long as the parties have a concrete interest, however small, in the outcome of the litigation, the case is not moot.”


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text:
    Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarlas y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.
    Número:-

      Resuelto: 25 de septiembre de 1992
   RESOLUCIÓN

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico confiere a este Tribunal la función de disciplinar y destituir los jueces de los demás tribunales por las causas y mediante el procedimiento dispuesto por ley.

Conforme este mandato, la Asamblea Legislativa aprobó la See. 24 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. see. 232), establece unas pautas gene-rales sobre el procedimiento a seguir en casos de destitu-ción y separación de jueces. Dicha sección fue enmendada mediante la Ley Núm. 64 de 6 de septiembre de 1992 para delegar en este Tribunal la aprobación de las reglas de pro-cedimiento para el trámite de estas acciones.

El Tribunal ha ponderado el balance de intereses que debe existir en el trámite de quejas y de solicitudes de se-paración formuladas contra jueces, las recomendaciones recibidas en las Conferencias Judiciales de 1981, 1988 y 1989, y las más modernas tendencias sobre esta materia, por lo que considera adecuadas estas reglas que adopta, efectivas el 24 de noviembre de 1992 y que acompañan esta resolución.

Queda, por lo tanto, derogado en igual fecha el Trámite de Reunión Informal o de Separación del Servicio de Jueces aprobado por este Tribunal el 18 de abril de 1975.

La Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, ha sido enmendada mediante una resolu-ción de este Tribunal de esta misma fecha.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
    Enmienda a la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo.

      Número: ER-92-5

      Resuelto: 25 de septiembre de 1992
   RESOLUCIÓN

Por la presente y en virtud de las Reglas de Procedi-miento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Pri-mera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que hemos adoptado en esta misma fecha, se en-mienda la Regla 13 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, para que lea como sigue:

Regla 13. Quejas y procedimiento disciplinario contra abogados

(a) Esta regla establece el procedimiento disciplinario res-pecto a abogados.

(b) Cualquier queja escrita y bajo juramento recibida por el Tribunal o por cualquiera de sus jueces respecto al comporta-miento de un "abogado será debidamente anotada por el Secre-tario en el registro especial correspondiente que llevará a esos efectos y luego lo elevará a la consideración del Tribunal en Pleno por conducto del Juez Presidente. El Juez Presidente po-drá ordenar una investigación preliminar del asunto antes de someter el caso al Pleno.

(c) El Secretario no anotará o practicará asiento alguno sobre queja sin jurar o carente de suficiente especificación de hechos en que esté fundamentada.

(d) El Tribunal podrá, según lo ameriten las circunstancias del caso: (1) ordenar el archivo y sobreseimiento de la queja; (2) requerir al abogado concernido que conteste las alegaciones de la queja; (3) ordenar una investigación del asunto por el Procu-rador General si la misma no hubiera sido efectuada todavía, o (4) adoptar cualquier medida provisional que considere necesa-ria y conveniente. Copia de la contestación será notificada por el abogado, por correo certificado con acuse de recibo, al promo-vente de la queja y hará constar el hecho de la notificación en la contestación que presente al Tribunal.

(e) Luego de recibir la contestación o el informe mencionado en el párrafo anterior, el Tribunal podrá ordenar el archivo y sobreseimiento de la queja o someter el asunto a uno de sus jueces para determinación de causa, quien informará su crite-rio y recomendaciones al Pleno. Podrá igualmente imponer las sanciones que correspondan sin necesidad de trámites ulterio-res cuando de la propia contestación surjan hechos que justifi-quen la imposición de sanciones. Luego de completado el trá-mite anterior, el Tribunal podrá ordenar al Procurador General que presente la correspondiente querella.

(f) Una vez presentada la querella, el Secretario la entrará en el libro de presentaciones misceláneas, expedirá inmediata-mente el mandamiento al abogado concernido, requiriéndole que conteste la misma dentro de los quince (15) días, de su notificación. El alguacil hará la notificación de la querella y del mandamiento. Si no puede notificar personalmente al quere-llado, así lo informará al Tribunal, el cual podrá ordenar que se le notifique dejando los documentos en su oficina, durante horas regulares de trabajo, en un sobre con su debida dirección. Tal notificación será suficiente para todos los efectos bajo este Reglamento.

(g) El Procurador General podrá motu proprio presentar que-rella contra cualquier abogado, como también podrá hacerlo el Colegio de Abogados. Una vez así presentada, se le dará el mismo trato que si hubiese sido formulada por orden del Tribunal.

(h) Se celebrará una vista para recibir la evidencia sobre la querella. El Tribunal podrá ordenar que se celebre ante sí o, en el uso de su discreción, podrá nombrar un Comisionado Especial para que reciba la evidencia y rinda un informe con sus determinaciones de hecho.

El Comisionado Especial que no esté empleado permanente-mente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agen-cias o corporaciones públicas, recibirá dietas a razón de treinta y cinco dólares ($35) por cada día de vista o por cada día en que desempeñe las actividades oficiales relacionadas con su desig-nación como Comisionado Especial.

(i) El Comisionado Especial señalará cuantas vistas sean ne-cesarias para recibir la evidencia y el Secretario expedirá las citaciones y otros mandamientos que requiera el Comisionado Especial, de la misma manera que si fuera orden del Tribunal. El Comisionado Especial podrá disponer la celebración de una conferencia con antelación a la vista.

(j) La parte querellada tendrá derecho a confrontarse con los testigos en su contra durante la vista, podrá contrainterrogar-los, podrá examinar la prueba documental o material presen-tada en su contra, y también podrá presentar testigos y eviden-cia documental y material a su favor. La parte querellada tendrá derecho a que se le suministre copia de cualquier decla-ración jurada que haya hecho durante cualquier etapa investi-gativa de la querella, aun cuando la misma no sea ofrecida en evidencia. No se aplicarán las reglas de descubrimiento de prueba a menos que el Tribunal lo disponga de otro modo por considerarlo indispensable dentro de las circunstancias del caso concernido.

(k) El Comisionado Especial resolverá-los planteamientos so-bre admisibilidad conforme a derecho. Terminada la presenta-ción de la prueba el Comisionado rendirá un informe con sus determinaciones de hecho, las cuales estarán fundamentadas exclusivamente en la evidencia presentada y admitida. Cual-quier conflicto en la prueba se dirimirá en orden a la credibili-dad de la prueba. El informe deberá ser presentado al Tribunal, con copia a las partes, dentro de los treinta (30) días de termi-nada la presentación de la prueba. Junto con el informe se re-mitirá al Tribunal toda la evidencia documental y material que haya sido presentada. Aquella evidencia que fue presentada pero no admitida será identificada claramente como tal y se indicará, además, la razón por la que no fue admitida.

(i) Las partes tendrán un término simultáneo de veinte (20) días, contados desde la notificación del informe, para ofrecer sus comentarios u objeciones al mismo y sus recomendaciones en cuanto a la acción que deba tomar el Tribunal.

(m) Transcurrido dicho término, el Tribunal resolverá lo que en derecho proceda.

(n) Se efectuará una grabación de sonido de cualquier vista celebrada, ya sea ante el propio Tribunal o ante un Comisio-nado Especial. El operador de la grabadora certificará la correc-ción de cualquier transcripción hecha. Lo grabado será trans-crito únicamente en los casos siguientes: (1) cuando el Tribunal o el Comisionado Especial así lo ordene por considerar la trans-, cripción indispensable para formular sus determinaciones de hecho o (2) cuando cualquiera de las partes objete las determi-naciones de hecho del Comisionado Especial, y el Tribunal con-sidere indispensable la transcripción para resolver las objeciones. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá requerirle al Comisionado Especial que proceda a formular sin la trans-cripción sus determinaciones de hecho.

(o) Los informes que rinden al Juez Presidente los inspecto-res de protocolos podrán servir como fundamento para la impo-sición de medidas disciplinarias a los notarios concernidos sin necesidad de la presentación formal de una querella o la cele-bración de una vista, pero el notario tendrá oportunidad para comparecer por escrito a alegar lo que a su derecho conduzca.

(p) El Secretario notificará con copia de todas las providen-cias que adopte el Tribunal al abogado concernido y al promo-vente de la queja. Cualquier decisión del Tribunal que imponga sanciones se notificará, además, al Secretario de Justicia y al Colegio de Abogados. Si dicha sanción afecta en cualquier forma la capacidad del abogado para actuar como notario, se notificará también al Secretario de Estado y al Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

(q) Si el Tribunal ordena la separación permanente o tempo-rera del abogado del ejercicio del notariado (ya directa o indi-rectamente al ordenar la más abarcadora separación del ejerci-cio de la profesión de abogado), el Secretario expedirá inmediatamente un mandamiento al Alguacil para que se in-caute cuanto antes de los protocolos y registros de afidávits y de testimonios del notario, y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías o a cualquier inspector de protocolos para que éste cumpla con lo dispuesto en el Art. 64 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987. Esta incautación será sin perjuicio de que, una vez terminada la separación temporera, el notario solicite al Tribunal me-diante moción que le sean devueltos dichos protocolos y regis-tros de afidávits y de testimonios.

(r) Los informes de investigación de una queja contra un abo-gado y los documentos de la Oficina del Procurador General, el Colegio de Abogados de Puerto Rico o cualesquiera otros orga-nismos o personas presentados en la Secretaría del Tribunal con tal fin, o ante la consideración del Juez Presidente o el Tribunal, no estarán sujetos a inspección por el público hasta que el asunto haya sido resuelto finalmente.

(s) Una vez presentada en la Secretaría del Tribunal la con-testación a una querella formal, estarán ambos documentos su-jetos a inspección pública al igual que aquellos otros que subsi-guientemente sean incorporados durante la tramitación del caso.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re Carlos Jesús Pérez Santiago, querellado.

      Números: O-85-143
    CE-87-354

      Resueltos: 1ro de octubre de 1992

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados del quere-llante; Hon. Vicente López Pérez, Comisionado Especial; Julio Eduardo Torres, abogado del querellado; Carlos Je-sús Pérez Santiago, pro se.

   per curiam:

Resolvemos dos (2) querellas deonto-lógicas formuladas por el Procurador General contra el Ledo. Carlos J. Pérez Santiago. En la primera (Caso Núm. 0-85-143), se le imputaron los cargos siguientes:

CARGO I
El Ledo. Carlos J. Pérez Santiago actuó en violación a los cánones 18 y 19 de los de Etica Profesional en su relación abo-gado-cliente con la Sra. Luz Zereida Pérez, al no informarle sobre el status del caso, no comparecer a vistas y permitir fi-nalmente que el caso fuera desestimado por su falta de diligen-cia y competencia en la atención del mismo. (Refiérase al caso de Luz Zereida Pérez Torres Vs. E.L.A., Civil Núm. 79-4700 sobre Daños y Perjuicios, radicado en el Tribunal Superior, Sala de Ponce.
CARGO II
El Ledo. Carlos J. Pérez Santiago violó los Cánones 18 y 19 de los de Etica Profesional en su relación profesional con los clientes Sr. Francisco L. Muñiz y Sr Joaquín García, al hacer caso omiso de órdenes del Tribunal que le concedían un último plazo para la contestación de unos interrogatorios en el caso en que los representaba. Su actuación permitió que los tres clien-tes-demandantes perdieran todos sus derechos. Al tener difi-cultad para conseguir a su tercer cliente-demandante, Sr. Ra-món González, para la contestación de los interrogatorios, el abogado querellado optó por no notificar las contestaciones de los dos primeros, que sí habían cumplido con sus requerimientos. De haber contestado los interrogatorios, enton-ces las sanciones impuestas hubiesen afectado sólo al deman-dante que había perdido interés en la acción. (Refiérase al caso de Francisco L. Muñiz, Joaquín García Vázquez y Ramón Gon-zález Castillo Vs. Frito Lay of P.R. Inc. y la Aseguradora X, Civil N[ú]m. 80-1300, sobre Incumplimiento de Contrato y Da-ños, radicado en el Tribunal Superior, Sala de San Juan.) (En-fasis en el original.) Caso Núm. 0-85-143, Informe del Comisio-nado Especial, págs. 1-2.

Contestada la querella, designamos Comisionado Especial al ex Juez Superior Vicente López Pérez. Previo los trámites procesales de rigor, celebró una vista evidenciaría en la que estuvieron presentes la Procuradora General Auxiliar, Leda. Eliadís Orsini Zayas, y sus testigos, Luz Zereida Pérez y Francisco Muñiz, este último también tes-tigo del querellado. El querellado Pérez Santiago estuvo representado por el Ledo. José A. Cangiano y a su favor, como testigo de reputación, declaró el Ledo. Víctor Vargas Negrón, ex Juez Superior de Ponce. A.base de la prueba desfilada, el Comisionado Especial certificó las determina-ciones de hecho siguientes:

CARGO I
1. El querellado, Lcdo[.] Carlos J. Pérez Santiago fue admi-tido al ejercicio de la abogacía hace 17 años. Durante ese tiempo ha practicado la profesión en la ciudad de Ponce. Se dedica a la práctica de lo criminal y lo civil, pero primordial-mente a la criminal. Su práctica ha sido intensa mayormente en el Tribunal de Distrito, goza de buena reputación en la co-munidad ponceña y ésta es la primera vez que se le radica una querella en su contra, ante esta Honorable Superioridad.
2. El 17 de mayo de 1977 fue asesinado en la Cárcel de Dis-trito de Ponce, el confinado, William Moreno. Para esa fecha su esposa, Luz Zereida Pérez Torres residía en Chicago junto a su mamá y sus dos hijos menores de edad. Por la portada del “Vo-cero” que una vecina del barrio le envió, Luz Zereida se enteró del suceso, regresó a Puerto Rico y como a las dos semanas visitó al querellado en busca de ayuda legal.
3. El querellado fue contratado verbalmente por Luz Zereida para radicar una demanda de Daños y Perjuicios contra el Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico. Le entregó al querellado un cheque por la cantidad de $51.00 y más tarde otro de $75.00 para “Sellos de Rentas Internas”.
4. El querellado requirió, además, de Luz Zereida la obten-ción de varios documentos tales como, Certificado de Defunción, de Matrimonio y de Nacimiento de los dos hijos antes mencionados.
5. El querellado orientó a la reclamante sobre la extinción del periodo estatutario de los 90 días para la notificación al Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la intención de demandar, pero le indicó que le ayudaría tanto a ella como a sus hijos en alguna otra forma. Se refirió a algún tipo de ayuda gubernamental. El querellado no hizo gestión alguna en ese sentido.
6. La reclamante obtuvo los documentos requeridos por el querellado pero éstos, se desaparecieron de la oficina del quere-llado y la reciamente quien residía en las Parcelas Jauco de Santa Isabel tuvo que gestionar la obtención de los documentos por segunda vez.
7. Luz Zereida, de cuarto grado de escolaridad[, e]stuvo casi un año “yendo y viniendo” a la oficina del querellado hasta que éste finalmente radicó la demanda el 4 de junio de 1979. Es preciso apuntar que el querellado estuvo hospitalizado desde el mes de abril hasta fines de junio de 1978 padeciendo de una condición hepática.
8. Se alegó en el párrafo cuarto de la demanda, “que en los momentos de los hechos la viuda se encontraba en los Estados Unidos con sus dos hijos trabajando para poder alimentarlos, conociendo de los hechos muchos meses después, iniciando ges-tiones para poder trasladarse a Puerto Rico.” Con la radicación de la demanda terminaron las gestiones del querellado ante el Tribunal.
9. No fue hasta el 17 de septiembre de 1979, o sea más de tres meses después de haberse radicado la demanda que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico radicó su Moción de Desestima-ción apoyado en la ausencia de notificación, (Leyes 104 y 121 de junio de 1966, art. 2a, 32 LPRA, Sec[. 3]077 A); y en la expira-ción del término prescriptivo.
10. La Moción de Desestimación fue notificada al querellado al igual que el señalamiento de la misma. El querellado no com-pareció a la vista de la discusión de la referida moción. Se deses-timó la demanda.
11. Luz Zereida, por problemas personales, regresó a Chicago dos meses después de radicarse la demanda. Regresó a Puerto Rico a los tres meses aproximadamente. Visitó la oficina del querellado en numerosas ocasiones. Nada se le informaba, a veces hablaba con la secretaria, quien tenía instrucciones de no darle información a los clientes. Tras numerosos intentos Luz Zereida pudo hablar con el querellado qui[e]n le indicó que vol-viera al otro día para informarle. Así estuvo varios días via-jando de Santa Isabel a Ponce hasta que finalmente el quere-llado le informó de la desestimación de la demanda. El querellado se negó a mostrarle los documentos y a entregarle el expediente del caso. Accedió a anotarle el número del caso a la demandante y ésta acudió a la Secretaría del Tribunal de Ponce y allí obtuvo copia del documento con el cual acudió al Colegio de Abogados donde se querelló. Y se inició la investigación que origina estos procedimientos.
CARGO II
1. En el Tribunal Superior, Sala de Ponce, Francisco L. Muñiz Figueroa, Joaquín García Vázquez y Ramón González Castillo como demandantes radicaron una demanda civil contra Frito Lay of Puerto Rico, Inc., y la Aseguradora X, Civil Núm. 80-1300, sobre Incumplimiento de Contrato y Daños. El querellado compareció como abogado de los demandantes.
2. Por el fundamento de que las oficinas centrales de Frito Lay of Puerto Rico están localizadas en Guaynabo, Puerto Rico, dicho co-demandado solicitó el traslado de la causa para el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. El querellado en representa-ción de sus clientes, se opuso. Dicha Moción se señaló para el 31 de enero de 1980. El querellado, a pesar de que fue notificado del señalamiento no compareció. Por los argumentos expresa-dos por el abogado de Frito Lay, el Tribunal decretó el traslado.
3. Con fecha 11 de marzo de 1980 la demandada sometió a los demandantes un pliego de interrogatorios, requerimiento para la producción de documentos y requerimientos de admisiones.
4. No se objetaron los interrogatorios, no se contestaron los mismos, ni se pidió prórroga alguna a tales efectos dentro del término estatutario.
5. Con fecha 23 de abril de 1980, el Ledo. Pedro J. Santa Sánchez, abogado del co-demandado, Frito Lay, se dirigió por carta al querellado exponiéndole la situación, requiriendo las contestaciones y documentos solicitados o en su defecto, las ra-zones, por la demora. El querellado no correspondió.
6. Con fecha 5 de mayo de 1980 el referido abogado volvió a dirigirse por carta al querellado en términos parecidos a su carta anterior concediéndole hasta el 9 de mayo de 1980 para someter las contestaciones requeridas, advirtiéndole, que de lo contrario, se acudiría al Tribunal. El querellado tampoco respondió.
7. En fecha 14 de mayo de 1980 Frito Lay por conducto de su abogado, radicó una Moción al Amparo de la Regla 34.1 de las de Procedimiento Civil explicando la situación al Tribunal y solicitándole se le concedieran a los demandantes un término perentorio mayor de diez para descubrir lo solicitado con aper-cibimiento de sanciones. En esa misma fecha el Tribunal de-cretó la Orden solicitada concediendo el término de diez días y apercibió sobre la imposición de sanciones. El querellado fue notificado de dicha Orden, de la cual hizo caso omiso.
8. Con fecha 4 de junio de 1980 la demandada Frito Lay, mediante su representación legal radicó una Moción de Deses-timación basada en la Regla 34.2(b)(3) de las de Procedimiento Civil y solicitó el archivo y desestimación con perjuicio de la demanda. Esta Moción fue notificada al querellado. Se señaló la discusión de la misma para el 12 de septiembre de 1980. En dicha fecha el querellado no compareció. El abogado de la de-mandada compareció, argumentó en apoyo de su solicitud y ofreció en evidencia copia fotostática de los interrogatorios y fotocopia del acuse de recibo de los mismos. El Tribunal deses-timó la acción por abandono e impuso a los demandantes el pago de $400.00 por concepto de honorarios de abogado.
9. Los interrogatorios estaban dirigidos a cada uno de los demandantes individualmente. Dos de ellos sometieron sus contestaciones, las cuales fueron juramentadas por el querellado. El tercer demandante nunca compareció a contes-tar los interrogatorios y el querellado decidió esperar por dicho demandante. No notificó al Tribunal, ni al abogado de la otra parte sobre las dificultades en obtener las contestaciones de ese tercer demandante, ni notificó las contestaciones que había ob-tenido de los otros dos. Dejo pasar el tiempo provocando así la pérdida de la causa de acción de los dos demandantes que fue-ron diligentes. El querellado llama a esto, “Error de Juicio". (Enfasis suplido.) Caso Núm. 0-85-143, Informe del Comisio-nado Especial, págs. 4-8.

La Procuradora General estuvo conforme con estas determinaciones. No obstante, argumentó que distinto a lo sostenido por el querellado Pérez Santiago, la falta de no-tificación al Estado era un obstáculo superable mediante el despliegue de una debida diligencia forense. Este, por su parte, objetó que no se consignara expresamente por el Co-misionado Especial, que la Sra. Luz Zereida conoció de la muerte de su esposo ocho (8) meses después. También se-ñala que erró dicho comisionado al determinar que el ofre-cimiento de “otra ayuda” que hizo a la reclamante, era gu-bernamental y, además, al concluir que no realizó gestión alguna al efecto. Rechazó que se extraviaran los docu-mentos del caso en su oficina. Finalmente, objetó que el Comisionado no concluyera que la demanda se desestimó por el requisito de falta de notificación al Estado y que no se aclarara si las múltiples visitas de la reclamante Ze-reida Pérez a su oficina, fueron antes o después de 30 de octubre de 1979. Respecto al cargo segundo, sólo señala que debió incluirse la solicitud de archivo de la queja por parte del reclamante.

Un cuidadoso examen de la transcripción de la prueba oral y la evaluación de la prueba documental nos llevan a considerar que las determinaciones de hecho que preceden son válidas y correctas. No existen fundamentos para alterarlas.

Pasemos, pues, a la segunda querella (Caso Núm. CE-87-354).

En ésta, se le imputaron los dos (2) cargos siguientes:

CARGO I
El Ledo. Carlos Jesús Pérez Santiago violó los Cánones de Etica Profesional en su relación de abogado-cliente con el Sr. Obdulio Rodríguez Caraballo, pues desatendió el caso en que lo representaba (Refiérase al caso de Obdulio Rodríguez Caraballo Vs. Bechtel Constructors, etc., Civil Núm. 71-2750 radicado en el Tribunal Superior, Sala de Ponce y elevado a este Tribunal mediante la Resolución de 2 de octubre de 1986). La conducta observada por el Ledo. Carlos Jesús Pérez Santiago refleja vio-lación [a los Cánones] 18 y 19 de Etica Profesional —en cuanto al cliente querellante— y violación al Canon 12, en cuanto al deber de diligencia para con el Tribunal que tiene todo abogado en la tramitación de un pleito.
CARGO II
El Ledo. Carlos Jesús Pérez Santiago también ha desaten-dido injustificadamente los trámites propios que se siguen en este tipo de procedimiento. Tampoco ha dado cumplimiento a la Resolución del 23 de enero de 1987, emitida por este Hon. Tribunal en este mismo caso. La conducta observada por el quere-llado refleja total menosprecio a los dictámenes judiciales y a los trámites que se realizan a nivel administrativo por enco-mienda de este Tribunal.

Por designación, también fueron ventilados ante el Co-misionado Especial el ex Juez Superior López Pérez. Des-pués de una conferencia con antelación a juicio, se cele-bró la vista evidenciaria en la cual la Oficina del Procurador General estuvo representada por la Leda. Elia-dís Orsini Zayas y el querellado a través del Ledo. Julio Eduardo Torres.

A base de un análisis de la prueba, el Comisionado Especial formuló las determinaciones de hecho siguientes:

CARGO I
1. El querellado, Ledo. Carlos J. Pérez Santiago fue admitido al ejercicio de la abogacía hace diecinueve (19) años. Durante ese tiempo ha practicado intensamente la profesión en la Ciu-dad de Ponce, donde goza de una magnífica reputación tanto en lo personal, como profesionalmente. Así se desprende de las Declaraciones Juradas suscritas por su colega, el Ledo. Rafael Santiago Errans, el Sr. Miguel López Gutiérrez, cliente del que-rellado y el Ledo. Víctor Vargas Negrón, Ex Juez Superior, quien lo conoce profesionalmente por más de diez (10) años.
2. Allá para el año 1971 el querellante, quien se dedicaba al negocio de cafetería para el expendio de comidas, contrató los servicios del querellado, para que lo representara en una acción Sobre Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios contra una compañía constructora. El 21 de junio de 1971 el quere-llado radicó la demanda Obdulio Rodríguez Caraballo Vs. Bechtel Construction, etc., CS71-2750 del Tribunal Superior, Sala de Ponce. El expediente refleja los siguientes procedimientos:
a. Luego de incidentes de carácter procesal, el 30 de agosto de 1971, la parte demandada, representada por el Ledo. Arturo F. Porrata Pila radicó una “Moción de Desestimación y/o de Sentencia” (Sic) y acompañó una certificación del Departa-mento de Salud, autenticada por el Departamento de Estado acreditativa de que el demandante carecía de licencia sanitaria para servir comidas en negocio ambulante dentro de los terre-nos de la co demandada Bechtel Construction Co.
b. La referida Moción fue señalada para el 17 de septiem-bre de 1971, mediante Orden emitida por el Tribunal el 7 de septiembre de 1971. Consta al pie de la Orden que el querellado fue notificado a su dirección: Apartado 306, Ponce, P.R. De acuerdo a la minuta del 7 de septiembre compareció a la vista de la discusión de la moción aludida el Ledo. Arturo F. Porrata, a quien el Tribunal instruyó para que radicase “un proyecto de sentencia sumaria, sin compromiso” para ser estudiado por el Tribunal. Nada se dispuso sobre la aparente incomparecencia del querellado y la parte demandante cuya representación ostentaba.
c. Mediante Resolución fechada 26 de enero de 1972, el Tribunal declaró Sin Lugar la Moción y concedió a la parte demandada 20 días para contestar la Demanda.
d. El 13 de febrero de 1972 la parte demandante radicó una Moción de Reconsideración, la cual fue señalada para el 25 de febrero. Surge de la Orden de señalamiento que el quere-llado fue notificado. De la minuta de dicho día surge la compa-recencia del abogado de la parte demandada, quien argumentó la Moción. Nada se dice sobre comparecencia o ausencia de la parte demandante y su abogado. El Tribunal se reservó el fallo.
e. El 13 de marzo la parte demandante radicó un Memo-rando de Derecho en apoyo de la desestimación solicitada. En dicho escrito se alega la incomparecencia de la parte deman-dante y su abogado (querellado), tanto a la vista de la Moción de Desestimación, como a la de la Moción de Reconsideración.
f. El 1ro de junio de 1972 el Tribunal dictó una Resolución declarando Con Lugar la Desestimación solicitada con relación a unos codemandados, pero mantuvo la causa de acción contra la codemandada Bechtel Constructions Inc., a quien le concedió diez (10) días para contestar la demanda.
g. La Contestación a la Demanda, que incluyó varias de-fensas afirmativas, se radicó el 26 de julio de 1972.
h. El 10 de agosto de 1972 la parte demandante sometió a la parte demandada un extenso interrogatorio. Aparece a con-tinuación en el expediente una Resolución de este Honorable Tribunal de fecha 1ro de septiembre de 1972 decretando “No ha Lugar” a un recurso de Certiorari que lleva el Número 0-72-204.
i. Con fecha 23 de abril de 1973 compareció la codeman-dadá Bechtel Constructions, Inc., por conducto de sus abogados y radicó una Solicitud de Archivo por Inacción, la cual aparece notificada al abogado de la parte demandante (querellado). Dicha solicitud fue señalada para el 7 de mayo de 1973. De acuerdo a la minuta de esa fecha a la discusión de la Moción de Archivo compareció el Ledo. Carlos Martínez Texidor, en repre-sentación de la parte demandada. No surge comparecencia al-guna de la parte demandante o su abogado. El Tribunal dictó Sentencia decretando la desestimación y archivo del caso por inactividad. Copia de dicha Sentencia fue archivada en autos en la misma fecha y se hizo constar la notificación a los aboga-dos de las partes.
j. De acuerdo al expediente, el 8 de abril de 1974 la parte demandante (querellado) radicó la Contestación al Interrogato-rio, del 10 de agosto de 1972, un año y ocho meses después de haberse radicado. Los autos reflejan que esta es la primera comparecencia del querellado ante el Tribunal, personal o es-crita, a partir de la radicación de la Demanda, efectuada el 21 de junio de 1971.
k. La dirección del querellado que aparece al calce de la demanda es Calle Sol Núm. 13, Apartado 306-Ponce, Puerto Rico 00731. La que expuso en los emplazamientos es: Calle Sol #13, Ponce, Puerto Rico. En su Segunda Comparecencia al Tribunal de Instancia, allá para el año 1974, cuando radicó la Con-testación al Interrogatorio, es: Apartado 6930, Sol 13, Ponce, Puerto Rico, 00731.
l. El 23 de octubre de 1974 el querellado radicó una Moción de Señalamiento indicando que el caso estaba “listo para vista”. El 30 de octubre de 1974 la parte demandada ripostó con una “Moción en Oposición a Moción de Señalamiento” aludiendo al archivo anterior por abandono. No obstante, el Tribunal accedió al señalamiento solicitado y señaló la vista del caso en su fondo para el 11 de febrero de 1975. Las partes fueron notificadas y esta vez se notificó al querellado a su nuevo apartado postal (el 6930).
m. El 21 de noviembre de 1974 la parte demandada radicó una Moción para que se dejase sin efecto el señalamiento por haberse desestimado la demanda previamente haciendo alu-sión al archivo ya decretado.
n. Con fecha 26 de noviembre de 1974 el Tribunal declaró Con lugar dicha Moción y dejó sin efecto el señalamiento.
3. La mera lectura del expediente aludido reflejaría un virtual abandono del querellado de los intereses de su cliente. Desde que radicó la demanda, el 21 de julio de 1971, no vuelve a com-parecer por escrito al Tribunal hasta el 8 de abril de 1974 cuando radicó la Contestación al Interrogatorio, esto es, once meses después de que se archivara el caso por abandono, lo cual ocurrió el 7 de mayo de 1973. No obstante, no puede afirmarse por ello que el querellado abandonara totalmente el caso. De entrada se percibe que el expediente no es el mejor ejemplo de un tracto ordenado. La minuta del 17 de septiembre de 1971, cuando se discutió la Moción de Desestimación radicada por la parte demandada, no expresa nada en cuanto a la comparecen-cia del querellado y su cliente. Posteriormente, dicha Moción se declaró Sin Lugar. En la minuta del 25 de febrero de 1972 cuando se discutió la Reconsideración solicitada por la parte demandada, tampoco se menciona la incomparecencia del que-rellado y su cliente. Esto contrasta notablemente con el testi-monio vertido por el propio querellante el día de la vista, quien declaró que había comparecido al Tribunal en tres ocasiones acompañado del querellado, que éste había participado en dichas vistas y había ganado todos los planteamientos que había hecho. (Pág. 16 de la Transcripción). El querellado también de-claró que compareció en varias veces al Tribunal acompañado del querellante. Significativamente se falló a favor de la parte demandante en la controversia relacionada con la desestima-ción en cuanto a la constructora codemandada Bechtel Construction, Inc. No podemos, por tanto, concluir como cuestión de hecho, que el querellado abandonó, a su cliente por lo menos, en las primeras etapas de los procedimientos.
4. Como indicáramos, el 10 de agosto de 1972 la parte deman-dada sometió a la demandante interrogatorio. No fue hasta el 8 de abril de 1974 que se radicó la Contestación a dicho interro-gatorio, esto es, 18 meses después de radicados. Es improbable que la parte demandada, quien demostró una marcada diligen-cia en el curso del caso, no hubiese radicado escrito alguno so-licitando alguna providencia judicial contra la parte deman-dante por la tardanza en contestar el interrogatorio. Del expediente no surge requerimiento alguno a esos efectos.
5. Adicionalmente aparece del. expediente una Resolución de este Alto Foro declarando “No ha Lugar” a lo que evidente-mente fue un recurso de Certiorari radicado por la parte demandada. Aparte de dicho documento no hay constancia al-guna en el expediente sobre el recurso radicado.
6. De lo anterior puede presumirse razonablemente que, de-bido al tiempo transcurrido y al manejo del expediente éste está incompleto. Es bueno indicar que el mismo fue localizado, luego de múltiples esfuerzos, en la División de Administración de Do-cumentos de la Administración de los Tribunales, Calle Vela, Parada 35 V2, Hato Rey, Puerto Rico.
7. El fútil y tardío esfuerzo del querellado de radicar la Con-testación al Interrogatorio y solicitar señalamiento del caso en su fondo, luego de que el mismo fuere archivado por inactividad refleja un total abandono del caso, luego de sus esfuerzos inicia-les en el mismo, o un pobre desconocimiento de los procedimien-tos judiciales. El querellado atribuye su conducta a “falta de perspicacia”, ya que para esa época estaba casi empezando la práctica de su profesión.
8. El querellado, quien guarda recuerdos muy vagos del caso debido al tiempo transcurrido y quien no pudo localizar el ex-pediente en su oficina pues no los retiene por más de diez (10) años sostiene que luego de los procedimientos iniciales del caso perdió contacto con su cliente. Esto es creible considerando los cambios de residencia del querellante, como veremos más adelante. No obstante, el querellado no informó al Tribunal so-bre la ausencia de comunicación con sus cliente[s]. Tampoco notificó a éste, al Tribunal o ala otra parte el cambio de número de apartado de su dirección postal.
9. El querellante, Sr. Obdulio Rodríguez inició su queja me-diante carta al Secretario de Justicia de 15 de mayo de 1976, donde hacía alusión al caso radicado e indicaba que el mismo “fue tres veces a vista en la corte y en las tres veces los aboga-dos de la compañía suspendieron el caso”. Que desde el 1974 no había podido ver a un abogado. Que otro abogado dijo que: “a lo mejor habían archivado el caso” y que vivía del Bienestar Pú-blico con $35.50 al mes. Ofreció como dirección: Calle Hostos Núm. 29 Bajos, San Sebastián, Puerto Rico, 00155.
10. El 14 de junio de 1976 la Oficina del Procurador General contestó la referida carta y solicitó del querellante cierta información. Se le invitó, además, a ir personalmente a dicha oficina para explicar su problema. El querellante nada hizo. En la vista declaró que no recibió esa carta. Ante su inactividad, el 5 de junio de 1979 el Procurador General volvió a dirigirse por carta al querellante indicándole que por no haberse recibido información alguna relacionada con el caso en los últimos doce (12) meses, se le concedían treinta (30) días para que se comu-nicara con dicha oficina, advirtiéndosele que de no recibirse comunicación alguna dentro de dicho término, se archivaría la queja “sin ulteriores procedimientos”. No hubo respuesta al-guna del querella[nte].
11. No es hasta el 7 de junio de 1985, nueve años después, que el querella[nte] revive su querella mediante carta dirigida al Secretario de Justicia. Luego de ello escribió otras cartas. La dirección que ofreció esta vez fue HC-04-14471, Barrio Cala-baza, San Sebast[iá]n, Puerto Rico, 00755. El querellado resi-dió en las Parcelas Encar[na]ción de Peñuelas, basta el 1973. Recibía su correspondencia én el Buzón 633 de Ponce, pero que en aquel tiempo correspondía a Peñuelas. Después de ese año y por estar enojado con su esposa, se mudó para San Sebastián. Realmente residía en ambos sitios, ya que tenía familiares re-sidiendo en Ponce. En el año 1974 se mudó definitivamente para la Calle Hostos de San Sebastián. En el año 1975 ó 76 (el querellante no pudo precisar) se mudó para el Barrio Calabaza de dicha ciudad.
12. El querellante se fue para Nueva York a mediados del año 1978 “a ver si podía conseguir un abogado que pudiera bregar” con su caso. No lo consiguió. Regresó en el 1980. Fue entonces que se topó con la carta del Procurador General de 5 de junio de 1979 que le concedía los treinta días aludidos. No hizo gestión alguna hasta el 7 de junio de 1985, cuando se dirigió por carta al Secretario de Justicia. Esto es, desde el año 1976 al 1985 no hizo gestión alguna, ni notificó a nadie que su dirección había cambiado de la Calle Hostos al Barrio Calabaza de San Sebast[iá]n.
13. Los frecuentes cambios de dirección del querellante sin informarle a nadie, su dejadez y abandono del caso desde el año 1976 hasta el 1985, sin que hiciese gestión alguna para acele-rarlo demuestran una ausencia de interés en su propio caso. El querellante no suplió la información requerida por el Procura-dor General en la carta de 14 de junio de 1976, tampoco hizo gestión alguna en favor de su caso luego de recibir, en el año 1980, la carta del Procurador General de 5 de junio de 1979, donde se le concedían treinta días para que se comunicase o se le archivaría el caso. El querellado le escribió algunas cartas al querellante, en unas ocasiones compareció, en otras no. El mismo querellado no pudo precisar si en alguna ocasión fue citado por escrito por el querellado. Todo esto le resta credibili-dad a su testimonio. Nadie debe tener más interés en un caso que el propio perjudicado. La consecución feliz de un proceso está supeditado al interés desplegado por la parte perjudicada. Esto, naturalmente no justifica las actuaciones y omisiones del querellado, ya apuntadas.
CARGO II
Se imputa al querellado que también ha desatendido injusti-ficadamente los trámites propios que se requieren en este tipo de procedimiento y que tampoco dió cumplimiento a la Resolu-ción emitida en este caso por este Honorable Tribunal el 23 de enero de 1987, la cual refleja total menosprecio a los dictáme-nes judiciales y a los trámites que se realizan a nivel adminis-trativo por encomienda de este Tribunal.
Mediante la Resolución aludida este Honorable Tribunal or-denó al querellado remitir a la Oficina del Honorable Procura-dor General copia de todos los documentos que hubiese remi-tido al Tribunal. Además se le apercibió que el término a contestar la Resolución del 18 de diciembre de 1986 se vencería el 5 de febrero de 1987.
La Resolución alegadamente incumplida se originó por una Moción Informativa radicada por el Procurador General donde indicaba que no había recibido copia de una Moción que había radicado el querellado ante este Honorable Tribunal. Esta su-puesta omisión del querellado no está sostenida. Ni de los autos, ni de la prueba desfilada surge que las actuaciones del quere-llado hayan causado indebida[s delaciones en la tramitación de este caso, ni menosprecio alguno, a los dictámenes de este Honorable Tribunal o a los trámites a nivel administrativo. (Énfa-sis suplido.) Caso Núm. CE-87-354, Informe del Comisionado Especial, págs. 4-13.

Frente a estas determinaciones, la Procuradora General objetó que el Comisionado. Especial no concluyese “que el querellado abandonó, a su cliente por lo menos en las pri-meras etapas de los procedimientos”. Caso Núm CE-87-354, Informe del Comisionado Especial, pág. 8. No procede la objeción. Aparte de ello, no varía nuestra razón de decidir. Ciertamente el querellado Pérez Santiago no cum-plió diligentemente con su encomienda ni atendió bien el caso; en términos generales lo hizo en forma negligente.

Los hechos antes expuestos (Cargos I y II, Caso Núm. 0-85-143 y Cargo I, Caso Núm. CE-87-354) reflejan que el querellado Pérez Santiago violó los principios deontológi-cos consignados en los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véanse: In re Vargas Soto, 127 D.P.R. 576 (1990); In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

Estos casos, en síntesis, consagran el deber de diligencia profesional que tiene todo abogado en el descargo de los asuntos del cliente, incompatible con la desidia, despreocupación, inacción y displicencia. Cuando esa conducta negativa refleja un patrón repetitivo, la situación se torna éticamente grave.

Los hechos anteriormente narrados demuestran palmariamente un proceder en extremo indiferente y poco diligente por el querellado Pérez Santiago en la tramitación de estos tres (3) casos. Nos referimos particularmente a la demora en presentar la demanda de la Sra. Zereida Pérez, su reiterada incomparecencia a las vistas en los tres (3) procedimientos, la falta de notificación de las contestaciones a los interrogatorios en el caso contra Frito Lay, el incumplimiento de la orden del tribunal para que descubriera evidencia solicitada y en la tramitación del pleito de Rodríguez Caraballo.

Las excusas del querellado Pérez Santiago no satisfacen el quantum de responsabilidad que debemos esperar de todo profesional comprometido con la justicia. No justifica su inacción en el caso de la Sra. Zereida Pérez la tesis de poca probabilidad de prevalecer, debido al transcurso de más de ocho (8) meses de ocurridos los hechos, sin notificarse al Secretario de Justicia dentro de noventa (90) días.

Menos justificación tiene haber permitido que expirara el término prescriptivo para presentar la demanda. Al mo-mento de ser contratado toda la causa de acción estaba viva. Aun cuando no la hubiese podido presentar a tiempo, al menos debió haber defendido su procedencia en cuanto a los codemandantes menores.

A fin de cuentas, si verdaderamente se trataba de una acción sin posibilidades de éxito —según alega ahora el querellado Pérez Santiago— debió declinar la representa-ción legal solicitada y no causarle tantos y tan serios incon-venientes a la reclamante Zereida Pérez.

Tampoco existe justificación razonable, en el segundo caso, para permitir perder la causa de acción de los deman-dantes Muñiz y García. Es inexcusable su incomparecencia a las vistas. Las objeciones, dificultades o imposibilidades para cumplir con lo solicitado por la otra parte y lo orde-nado por el Tribunal, debió ser objeto de planteamientos con notificación oportuna. No lo hizo. Ni siquiera asistió a la vista señalada para discutir el incumplimiento en cuanto a los interrogatorios.

Asimismo, surge claramente de los hechos que faltó a su deber de mantener informado a sus clientes de las incidencias del caso, incluso de la desestimación. Véanse: In re Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). Este estado de desinforma-ción llegó al extremo de negarle a los reclamantes en el primer caso el acceso a su expediente y examen de esos documentos.

En resumen, nociones mínimas de diligencia y respon-sabilidad exigían al querellado Pérez Santiago una mejor descarga de sus responsabilidades o, en la alternativa, su pronta renuncia si no le era posible —por sus múltiples compromisos o falta de interés— proseguir eficientemente estas causas. Su proceder demostró una extrema indiferen-cia a los valores y principios éticos que inspiran los Cáno-nes 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. Revela una práctica descuidada y negligente. Dista mucho de hon-rar la toga este tipo de postulación.

La situación es seria. Ahora bien, concediéndole el bene-ficio de que estos hechos ocurrieron cuando comenzaba la práctica de la profesión, que desde esa época hasta el pre-sente no se han presentado quejas adicionales en su contra, limitaremos la sanción disciplinaria a un (1) año de suspensión del ejercicio de la abogacía.

Se dictará la correspondiente sentencia.

       “... Deontología (etimológicamente es igual a ciencia o tratado de los deberes) estudia los deberes que atañen a una determinada profesión. El nombre fue puesto en boga por Max Simon en su ya clásica obra dedicada a la profesión médica, Deon-tologie medícale, publicada en París en 1845. Siguiendo sus huellas aparecieron una serie de tratados concernientes a otras profesiones. El término, vino a sustituir o a emplearse como sinónimo del de Etica o Moral profesional. En el campo jurídico el pionero fue el belga J. Salsmans con su obra —publicada originariamente en flamenco y traducida por el mismo autor al francés — ■ de Droit et morale. Deontologie juridique (19) (París, 1925). En ella ‘se encuentran los principios generalas (morales) aplicables y aplicados a las diferentes cuestiones’ del Derecho civil belga. En éste su mérito principal y su originalidad.” C. Álvarez Arias, Ética Profesional del Jurista, Año III (Núm. 11) Rev. Der. Pur., 352 (1964).

       Fue correcta esta determinación del Comisionado Especial.
      Según expuso en la vista el propio querellado, su ofrecimiento fue de ayuda gubernamental.

        “P La señora Luz Zereida Pérez hablaba de que usted le había dicho que iba a radicar la ... demanda y que adicionalmente usted le iba a ayudar a ella. ¿En que consistía la ayuda esa?
      “R Yo a lo que me refería es a que ella tenía unos niños, que en esa época eran mucho más menores, y que por lo que ella me informó de que estaban pasando necesidad, etc., yo le indiqué que como ella había venido de Estados Unidos, que aquí en Puerto Rico se podía solicitar ayuda económica para ellos a través de Servicios Sociales y agencias gubernamentales Caso Núm. 0-85-143, T.E., págs. 63-64.

       Según el acta, en esta etapa la teoría que consignó el querellado fue que “[mjientras él atendió el caso del Querellante, en varias ocasiones, el Abogado Que-rellado le requirió al Querellante que fuera a su Oficina para trámites relacionados con el caso y éste no lo hizo. Debido a la limitada experiencia que tenía el Abogado Querellado para esa época, no había desarrollado un sistema adecuado que le per-mitiera detectar una información como ésta, para rápidamente informarlo al Tribunal y/o tomar las medidas necesarias. Alega expresamente que tal cosa ha sido sub-sanada en su práctica profesional”.

       Se estipuló el contenido del expediente del caso CS-71-2750 Obdulio Rodrí-guez Caraballo v. Bechtel Constructions, Tribunal Superior, Sala de Ponce. También varias comunicaciones cursadas entre la Oficina del Procurador General y el quere-llante desde los inicios de la querella; del querellante dirigidas al Secretario de Jus-ticia, y las comunicaciones dirigidas a la dirección conocida de Rodríguez Caraballo cuya correspondencia no fue devuelta.
      Se estipularon las declaraciones juradas de Miguel López Gutiérrez, del Ledo. Rafael Santiago Errans y del Ledo. Víctor Vargas Negrón, ex Juez Superior, relativas a la buena reputación del querellado como persona y como profesional.
      El día de la vista se hizo esta otra estipulación: “Que el querellante contrató al abogado querellado para que lo representara en una acción civil cuyo asunto se concretó en el caso CS71-2750 de Obdulio Rodríguez Caraballo contra Bechtel Construction, etc. sobre incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios, radicado en el Tribunal Superior, Sala de Ponce.” Caso Núm. CE-87-354, Informe del Comisionado Especial, págs. 3-4.
      El Procurador General presentó el testimonio del querellante Rodríguez Caraballo. El querellado Pérez Santiago prestó también testimonio.

       Disponen respectivamente:
      “Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
      “Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
      “Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consi-guiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la’ letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. No debe tampoco ceder en el cumplimiento de su deber por temor a perder el favor judicial ni la estimación popular. No obstante, un abogado puede asumir cualquier representación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia.” Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
      “El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto im-portante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
      “Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razo-nable debe aconsejar al cliente el evitar o terminar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte.
      “El abogado que representa varios clientes con intereses comunes o relacionados entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias.” (Énfasis suplido.) Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Ese enfoque armoniza con los pronunciamientos en Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787 ( 1974 ). Allí enfatizamos que un abogado está comprometido con su cliente a desplegar el mayor celo, cuidado y diligencia en la atención de los asuntos que se le han encomendado. Véanse, además: In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976), y Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844 (1975).

       De la propia demanda surgía que ella, cuando contrató sus servicios profe-sionales, se había enterado de la muerte de su esposo aproximadamente dos (2) semanas antes.
      La Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. sec. 3077a) establece que la notificación al Estado Libre Asociado tiene que hacerse dentro de los noventa (90) días de ocurridos los hechos o de conocidos. Bien pudo argumentar que esas circuns-tandas justificaron la tardanza en hacer la notificación.