author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Porfirio Ramos Serrano, demandante y recurrente, v. Héctor Rafael Marrero Rivera, La Sucesión de Ana Hilda Pérez compuesta por sus hijos menores de catorce años, Héctor Rafael Marrero Pérez, Anabel Marrero Pérez y Carlos Joel Marrero Pérez, demandados y recurridos.

      Números: R-83-384, O-83-559

      Resueltos: 24 de abril de 1985

      Sarah Torres Peralta, abogada del recurrente; Delwin Vélez

      Santiago, Alfredo Castro Mesa y David O. Colón O’Neill, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

En materia de filiación el Derecho puertorriqueño ha ido abriendo camino a través de la enmarañada jungla de prejui-cios y convencionalismos sociales y tecnicismos de ley para hacer que brille la verdad y se reconozca a todos los fines le-gales la relación biológica entre padres e hijos. No solamente el hijo tiene derecho a conocer su verdadera filiación; tam-bién el padre tiene derecho a que se le reconozca su condición de tal respecto de su hijo. A eso se contrae la decisión que aquí hacemos.

I

De la demanda instada ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, por el aquí recurrente, resumimos a continuación los hechos alegados:

Alrededor de dos años antes de la presentación de la de-manda —fue presentada en 12 de abril de 1983— el deman-dante y aquí recurrente Porfirio Ramos Serrano comenzó a sostener relaciones amorosas con Ana Hilda Pérez. Aunque ella estaba casada con Héctor Rafael Marrero Rivera, en cuyo matrimonio había procreado dos hijos, se encontraba sepa-rada de su esposo. Éste a su vez vivía en público concubinato con otra mujer.

El 24 de septiembre de 1982 Ana Hilda y Héctor Rafael se divorciaron por mutuo consentimiento. Para esa fecha ella se encontraba embarazada de Porfirio, hecho que hizo saber a terceras personas y en los sitios en que recibió tratamiento para el embarazo.

El 15 de marzo de 1983 Ana Hilda dio a luz un niño. Dos semanas después, el 1 de abril, Ana Hilda falleció debido a complicaciones como consecuencia del parto.

Cinco días después, el 6 de abril, Héctor Rafael inscribió al niño como hijo suyo y de Ana Hilda. Seis días más tarde Porfirio instó demanda contra Héctor Rafael, los dos hijos habidos entre éste y Ana Hilda y el recién nacido, en que im-pugnó su inscripción como hijo de Héctor Rafael y solicitó se le reconozca como padre del bebé a todos los fines y se le con-ceda su custodia.

A instancias del demandado Héctor Rafael Marrero el tribunal de instancia desestimó la demanda. Concluyó, ampa-rado en nuestra decisión en Pérez v. Torres, 79 D.P.R. 611, 615 (1956), y en la interpretación que allí hicimos del Art. 116 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 464, que el alegado “padre natural” no tiene “capacidad procesal para plantear la impugnación y posible pérdida del estado de legitimidad del hijo disputado”, legitimidad obtenida por operación del Art. 113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 461.()

II

En Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376 (1982) nos referimos a la presunción de legitimidad de los hijos establecida en el Art. 113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 461, que dice:

Art. 113
Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución.
Contra esta legitimidad no se admitirá otra prueba que la imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen precedido al nacimiento del hijo.

En el citado caso hicimos exégesis sobre el origen de esta presunción y señalamos cómo su desarrollo respondió a la im-posibilidad, bajo el estado de la ciencia al tiempo de adoptarse los códigos del siglo XIX, de probar mediante prueba directa la concepción del hijo por su padre biológico. La maternidad, por el contrario, ha constituido siempre un hecho de fácil veri-ficación puesto que el embarazo y el parto son realidades físi-cas externas, comprobables con relativa sencillez.

En un intento de superar la dificultad que presentaba la determinación de la paternidad, el Derecho recurrió desde tiempos antiguos al establecimiento de presunciones que le atri-buían al hombre casado la paternidad de los hijos que pro-creara su esposa. Para precisar puntos de partida y fin en que aplicaría la presunción, los redactores del Código napoleónico establecieron, a base de los conocimientos sobre genética en aquella época, en relación con la duración del embarazo, un límite comprendido entre los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución. Presunciones de esta naturaleza y en términos similares se adoptaron en España, Alemania, Portugal, Italia y casi todos los países latinoamericanos.

Intimamente relacionado con la presunción de paternidad se encuentra el problema de quién tiene capacidad para im-pugnarla. En el siglo pasado, cuando la gran mayoría de los códigos civiles europeos fueron redactados, se optó por un sistema de impugnación sumamente restringido y limitado. Como norma general sólo al marido, y en determinadas oca-siones a sus herederos, se le reconoció la facultad de llevar la acción. Al adoptarse este sistema se excluyó completamente al padre biológico, sin importar las circunstancias presentes, ni los intereses que pudiesen verse afectados. Tal es el caso del Art. 116 del nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 464, que dispone:

[Art. 116.~\ Quiénes pueden impugnar la legitimidad
La legitimidad puede ser impugnada solamente por el ma-rido o sus legítimos herederos. Estos sólo podrán impugnar la legitimidad del hijo en los casos siguientes:
1. Si el marido hubiese fallecido antes de transcurrir el plazo señalado para deducir su acción en juicio.
2. Si muriese después de presentada la demandada sin haber desistido de ella.
3. Si el hijo nació después de la muerte del marido.

Numerosos argumentos se han esgrimido para sustentar o explicar el porqué de esta disposición. Se ha sostenido que la limitación responde a una vieja concepción de la familia en donde el marido como jefe o patriarca poseía una potestad absoluta para disponer de los asuntos que afectasen la rela-ción familiar. También se ha entendido que la acción de im-pugnación implica una cuestión de honor de la que el esposo es el único juez, por lo que debe ser él quien resuelva si pone o no de manifiesto el adulterio de su mujer. Se señala que sólo el marido está en condiciones de saber si la presunción de la ley es o no fundada. Se ha indicado, además, que como el marido al valorar la conducta infiel de su esposa puede llegar a perdonarla y asumir la paternidad del hijo por ésta con-cebido, no debe permitirse que terceros interfieran con su de-cisión. Otra razón que se ha ofrecido para justificar la limi-tación es que se debe evitar la intromisión de terceros y de intereses extraños en una relación tan íntima como la con-yugal. Se sostiene que la limitación propende a salvaguardar la paz y tranquilidad matrimonial y familiar y que tiene el efecto de proteger al hijo indefenso, conservándole su legiti-midad en un número mayor de ocasiones. Sobre el particular véanse: F. Rivero Hernández, La Presunción de Paternidad Legítima, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, págs. 412-413; F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1971, T. II, Vol. II, pág. 46; M. Planiol y J. Ripert, Tratado práctico de Derecho civil francés (M. Díaz Cruz, traductor), La Habana, Ed. Cultural, 1939, T. II, págs. 612-616; H., L. Mazeaud y J. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil (L. Alcalá-Zamora, traductor), Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1959, Vol. III, Parte I, págs. 332-333, 372-373; A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 4ta ed. rev. (Traducción de la Rev. Gen. Leg. Jur.), Madrid, Ed. Reus, 1975, T. I, pág. 240; A. De la E. Martínez-Radio, Notas acerca de la filiación ilegítima no natural, 41 Rev. Der. Privado 361-372 (1957); C. Grossman, Acción de impugnación de la paternidad del marido, Buenos Aires, Ed. Ábaco, 1982, págs. 211-212; E. A. Zannoni, Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1978, T. II, págs. 376-377.

A pesar de la importancia y de las serias implicaciones que para el Derecho tiene el que solamente el marido pueda impugnar una paternidad presunta, la inmensa mayoría de los autores consultados no examinan en detalle este sistema, sino que, sin ofrecer argumentos mayores, dan por sentada la limitación. () Rivero Hernández, sin embargo, al evaluar el régimen de impugnación de paternidad español vigente antes de la reforma de 1981 y base del nuestro, afirma que:

[E] s el sistema de impugnación más deficiente y arbitra-rio de cuantos hemos visto, el más estrecho y riguroso; el más anacrónico y superado por la evolución de las ideas y realidad social y científica de nuestros días. Las concepción nes biológicas y jurídicas en que se fundara son hoy prác-tica y absolutamente inservibles, y el marco legal de la insti-tución ha quedado tan estrecho que la violenta como una camisa de fuerza, hasta deformarla. ()

Señala dicho autor que un sistema de esta naturaleza pierde cualquier valor que pudiese tener al hacer posible si-tuaciones en donde el marido, aun cuando es consciente de su no paternidad, la retiene como medio de presión, de venganza, o de chantaje contra su esposa, impidiendo así que el hijo ad-quiera su verdadera filiación. () Según Rivero al progenitor extramatrimonial se le debe dar la oportunidad de demostrar su paternidad, cuando entre los cónyuges ha habido una rup-tura matrimonial y la mujer, aunque no separada legalmente de su marido vive en concubinato con el verdadero padre del niño. F. Rivero Hernández, Los conflictos de paternidad en Derecho comparado y Derecho español, Barcelona, Eds. Ariel, 1971, págs. 134-136.

Rivero Hernández no es el único que defiende esta posi-ción. Cecilia Grossman también sostiene que se le debe reco-nocer al padre biológico la capacidad de impugnar, cuando la unión entre los cónyuges ha cesado y la vida familiar y matrimonial se ha desintegrado por completo. Señala que el no permitir la acción en situaciones de esta naturaleza tiene el efecto directo de debilitar la institución y estabilidad de la familia, pues ante el Derecho aparece una criatura con el título de hijo legítimo del marido, cuando en realidad social otro hombre reclama la paternidad del niño y se comporta como padre, todo lo cual afecta severamente la socialización del menor. Grossman, op. cit., pág. 228 et seq.

De Buen, por su parte, en las notas a la obra de Colin y Capitant, sostiene que aun bajo el sistema español es posible reconocerle esta capacidad al padre biológico. Señala que el derecho que la ley confiere a un padre biológico a reconocer a su hijo natural implica también el derecho a impugnar la legi-timidad presunta que la criatura posee, independientemente de que la ley no lo reconozca. Colin y Capitant, op. cit., pág. 630.

El énfasis moderno en el descubrimiento de la verdad bio-lógica, así como el reconocimiento de que en la determinación de las relaciones paterno-filiales confluyen, junto al interés del marido, los intereses del hijo, los de la madre y los del padre biológico, ha traído como consecuencia la erosión de la norma de que sólo el marido, mientras viva, puede impugnar su paternidad.

En España, luego de la reforma de 1981, el Código Civil en sus Arts. 136 y 137 concede la acción de impugnación al esposo, a sus herederos y al hijo. La madre, cuando ejerza la patria potestad y el Ministerio Fiscal, cuando así lo requieran los intereses del menor o incapacitado, también quedarán autorizados a instar la acción.

De un examen cuidadoso a la reforma española se des-prende que no son los mencionados las únicas personas que pueden promover una acción de impugnación. Al eliminar la distinción entre hijos adulterinos y naturales y permitir al padre biológico reconocer a sus hijos extramatrimoniales, im-plícitamente se autorizó a éste a impugnar cualquier filiación contradictoria que obstaculizara el reconocimiento. Esto es consecuencia de lo dispuesto en el Art. 113 al efecto de que no será eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra contradictoria. Véanse: J. L. Lacruz Berdejo, F. A. Sancho Rebullida, A. Luna Serrano, J. Delgado Echevarría y F. Rivero Hernández, El nuevo régimen de la familia, Madrid, Ed. Civitas, 1982, T. II, pág. 65; y J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. V, págs. 338-334.

En Francia luego de las enmiendas de 1972, el Código Civil en su Art. 312 mantiene la acción de impugnación como exclusiva del marido. Sin embargo, esta exclusividad no es tan absoluta como aparenta al examinarse en conjunción a otras disposiciones del Código. Por ejemplo, el Art. 318 concede a la madre el derecho a impugnar la paternidad de un cónyuge, a los fines de obtener la legitimación del hijo cuando después de la disolución del matrimonio decide contraer nup-cias con el verdadero padre de la criatura. Así también, se ha permitido jurisprudencialmente que un tercero interesado como presunto padre biológico, pueda discutir la paternidad marital cuando el niño, a pesar de ostentar el título de legí-timo, no goza de la posesión de estado frente al marido de la madre. En estos casos el tercero tendrá la facultad de re-conocer al menor, a promover una acción de reclamación de paternidad extramatrimonial. Esta acción se fundamenta en los Arts. 311-312 que disponen que los tribunales regularán los conflictos de filiación para los cuales la ley no ha fijado otro principio, en función de la filiación más verosímil, y en defecto de elementos suficientes de convicción, tendrán en cuenta la posesión de estado del hijo. Véase al efecto la S. de la Corte de Casación del 9 de junio de 1976 (1er Ch. Civ.), 1976 Recueil Dalloz Sirey 593.

En Alemania tanto el marido (Art. 1594 del Código Civil) como el hijo (Art. 1596) pueden impugnar el estado de filia-ción legítima. El hijo puede hacerlo en los siguientes casos:

1) En el supuesto de fallecimiento o declaración de ausen-cia con presunción de fallecimiento del marido, si éste no ha perdido su derecho a desconocer la paternidad por el trans-curso del tiempo;

2) En caso de divorcio o nulidad de matrimonio o si los esposos, desde hace tres años, viven separados y no cabe es-perar la reanudación de la vida en común;

8) Si la madre ha contraído matrimonio con el hombre que ha engendrado al hijo;

4) Cuando la impugnación se justifica moralmente por la vida deshonrosa o infamante del marido o por una falta grave contra el hijo;

5) Cuando la impugnación se halla moralmente justifi-cada a causa de una grave enfermedad hereditaria del ma-rido.

En Costa Rica el Art. 72 del Código de Familia de 1974 mantiene en el marido, mientras viva, la facultad exclusiva de impugnar la paternidad. Los Arts. 90 y 99 impiden todo intento de reconocimiento de un hijo extramatrimonial cuan-do éste ostenta el título de legítimo y la posesión de estado co-rrespondiente. Sin embargo, el Art. 71 considera como extra-matrimonial al hijo nacido después de los trescientos días de la separación de hecho de los cónyuges, que no hubiere tenido posesión notoria de estado por parte del marido. En estas cir-cunstancias será posible que el padre biológico inicie una ac-ción para reconocer al hijo como propio. Si el marido se opu-siere, el Art. 84 dispone que el conflicto se ventilará por la vía ordinaria, lo que implica que el padre verdadero también podrá discutir la paternidad del esposo. Así también el Código de Familia cubano de 1975 permite en su Art. 81 que el padre biológico entable una acción para inscribir como hijo suyo a la criatura previamente reconocida por otra persona.

En Puerto Rico, hasta 1954 sólo podían impugnar la pre-sunción de legitimidad fijada por el Art. 113 el marido, y los herederos, en limitadas circunstancias. Ese año resolvimos en Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954) que el Art. 116, que sólo permitía la impugnación por el padre y los herederos, quedó enmendado implícitamente por la Ley Núm. 229 de 12 de mayo de 1942. () Reconocimos en esa ocasión que un hijo de madre casada procreado en relaciones extramatrimoniales podía llevar una acción filiatoria al amparo de la Ley Núm. 229, aun cuando tal acción implicase la impugnación de la presunción de legitimidad.

Dos años más tarde tuvo oportunidad este Tribunal de in-terpretar nuevamente el alcance de la citada Ley Núm. 229 frente a una situación fáctica como la que ahora considera-mos. () No obstante, resolvió este Tribunal, amparado en el Art. 116 del Código Civil, que el demandante que alegaba ser el padre biológico de una menor nacida a una mujer que es-taba casada con otro hombre al tiempo de su concepción y na-cimiento, por ser reputada hija legítima del esposo de su ma-dre, no tenía facultad ni acción alguna para impugnar la legitimidad de la niña. Pérez v. Torres, 79 D.P.R. 611, 615 (1956). Ceñidos a la letra del citado Art. 116 señalamos en Pérez v. Torres, supra, pág. 615, que la demanda en dicho caso no aducía causa de acción, “pues el estado personal de hijo legítimo se sustenta mientras no sea destruido a instan-cia de las personas que por ley pueden impugnar la legitimi-dad”. (Énfasis en el original.)

A pesar de esta decisión, en Pueblo v. Rosado, 88 D.P.R. 456 (1963), reconocimos plena eficacia al reconocimiento vo-luntario por un padre biológico de la hija que éste procreó con una mujer casada en ausencia de inscripción contradicto-ria, a los fines de una acción penal por abandono de menores.

Y ese mismo año en Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963), en un dictum, —escolio 10, pág. 733— nos referimos a la si-tuación particular que presentaban los padres biológicos de niños procreados en mujeres casadas, y expresamos lo si-guiente:

También, como secuela de la Ley Núm. 229, se creó una peculiar situación respecto a las declaraciones categóricas de los Arts. 112 y 113 de nuestro Código Civil al efecto de que son hijos legítimos los nacidos después de la celebración del matrimonio y los nacidos antes de los trescientos días si-guientes a su disolución. Hasta el 10 de agosto de 1952, cuando nacía un hijo de mujer casada y hombre soltero, la barrera del adulterio le impedía al padre natural reconocerlo ante el derecho. Claro que nada impedía, que el padre, como cuestión de hecho, aceptara que procreó un hijo adulterino. El esposo, por obra y gracia de los Arts. 112 y 113 —para proteger al hijo y la fidelidad marital— sin que las células sexuales de su mujer se hubieran unido con sus gametos masculinos, se convertía en padre legítimo del hijo de otro. Se producía una especie de partenogénesis jurídica mascu-lina.
Después de entrar en vigor la Ley Núm. 229 esa presun-ción de legitimidad quedó, sino debilitada, por lo menos pa-reada con el derecho que esa ley concede al padre natural para que reconozca como hijo suyo al fruto de su unión adul-terina, no obstante los preceptos terminantes de los Arts. 112 y 113. La situación que a juicio nuestro se crea es la de dos personas, una considerada el padre jurídico, y la otra, el padre natural, biológico, real y verdadero, a quienes, si-multáneamente, la ley concede el derecho de inscribirlo como hijo.
Como padre de ese hijo debería prevalecer el que de ellos primeramente lo inscribió como hijo suyo en el Registro Demográfico y asumió el cumplimiento de las serias y graves responsabilidades paterno-filiales, con mejor razón en una época como la presente en que para el padre jurídico es simplemente un hijo y para el natural, también simple-mente, es un hijo. Le tocaría al que no lo inscribió como hijo suyo, impugnar ante los tribunales la validez de la inscrip-ción registral.

Algunas de las expresiones nuestras en ese dictum han sido criticadas desfavorablemente. Véanse: A. Calderón, La Filiación en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Col. Abogados, 1978, pág. 152 y ss.; y A. Blanco, Sobre Reforma del Código Civil, 43 Rev. Jur. U.P.R. 103, 127-132 (1974). Con-sideran estos autores que la paternidad no puede depender en estos casos de quién inscriba primero. Calderón señala que la teoría descansa en la premisa de que si un hombre desea reconocer al hijo de una mujer casada, es porque indudable-mente es su hijo biológico, y que ello no es necesariamente así. No obstante, ambos autores coinciden en que el procedimiento a seguir debe ser que el padre biológico impugne primero la presunción de paternidad que la ley le otorga al marido.

1 — I HH

Frente a los hechos alegados en la demanda de que aquí nos ocupamos, que tienen que tomarse como ciertos a los fines de disponer de la moción de desestimación, First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983), se impone como solución justa, cónsona con la realidad y en armonía con las modernas tendencias del Derecho en materia de filiación, reconocer la facultad del alegado padre biológico a impugnar la paternidad que ostenta, con carácter de legí-tima, el demandado Héctor Rafael Marrero.

El escollo que halló el tribunal de instancia para resolver distinto, es decir, nuestra decisión en Pérez v. Torres, supra, tiene que eliminarse. Si en Agosto v. Javierre, supra, reconocimos facultad al hijo, reputado legítimo en obediencia al Art. 113, para impugnar dicha legitimidad no obstante los términos del Art. 116, por los mismos razonamientos tenemos que reconocer facultad al padre biológico para impugnar la legitimidad que se basa, no en una realidad y sí en una presunción de ley. Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, supra.

La citada Ley Núm. 229 declara en su sección primera que “serán hijos naturales todos los hijos nacidos fuera de matri-monio . . . independientemente de que sus padres hubieran po-dido o no contraer matrimonio al tiempo de la concepción de dichos hijos”. El niño que se procreó en el vientre de Ana Hilda fue concebido estando aún vigente su matrimonio con el demandado Marrero pero fuera de ese matrimonio, pues no nació de él y sí de la relación extramatrimonial entre Ana Hilda y el demandante Ramos. La circunstancia de que ella estuviera casada con Marrero al ser concebido el niño —no lo estaba cuando éste nació pues se habían divorciado— dio vigencia a la presunción de que es hijo legítimo de Marrero.

Antes de aprobarse la Ley Núm. 229 dicha presunción no podía ser atacada ni por el niño ni por el padre biológico, por prohibirlo el Art. 116 del Código Civil. No puede sostenerse que la Ley Núm. 229 varió dicha disposición en cuanto al hijo pero no en cuanto al padre. Dicha ley es de carácter sustantivo por cuanto declara el estado de los hijos a todos los fines, y es enmendatoria del Art. 116 del Código Civil, según reconocimos en Agosto v. Javierre, supra. La condición de hijo está en relación directa con la de padre. De ello se colige que si el hijo tiene derecho bajo la Ley Núm. 229 a probar su filiación natural mediante la impugnación de la pre-sunta filiación legítima, también el padre tiene derecho, para probar su paternidad natural y biológica, a impugnar la pre-sunción de que su hijo es hijo legítimo de otro. Véanse las citas de De Buen, La Cruz Berdejo, Sancho Rebullida, Luna Serrano, Delgado Echevarría, Rivero Hernández, Santos Briz, op. cit., quienes reconocen que el derecho de un padre biológico a reconocer a su hijo natural implica también su derecho a impugnar la legitimidad presunta del hijo, independiente-mente de que la ley no lo reconozca. Nuestra decisión en Pérez v. Torres debe, por tanto, considerarse revocada.

Vienen al caso y cobran actualidad, las siguientes atina-das expresiones del Juez Negrón Fernández en su opinión concurrente en Agosto v. Javierre, supra, pág. 475:

Las trabas que el legislador quiso deshacer con la aproba-ción de la Ley 229 no deben producir más frustraciones de derechos filiatorios, ni por efectos del art. 116 del Código Civil en cuanto a hijos nacidos del adulterio de mujeres ca-sadas, ni por efectos del art. 125 en cuanto a esos y todos los demás hijos naturales nacidos bajo la vigencia de dicha ley. El propósito reparador de esa pieza legislativa requiere que sus disposiciones se apliquen teniendo como fondo el realismo intrínseco del derecho, y así, por virtud de la in-herente verdad que encierran, presenciar, en plena comu-nión de sus valores mutuos “el triunfo del sentido humano' de la ley” y la eminente función social de la justicia. (Es-colio omitido.)

La decisión a que aquí llegamos asegura una vez más “el triunfo del sentido humano de la ley” a que aludió el Juez Negrón Fernández al adoptar esta frase del Juez Texidor y Alcalá del Olmo. () Aparte de ser cónsona con el espíritu de esencial justicia que animó al legislador a aprobar la Ley Núm. 229 de 12 de mayo de 1942, esta solución se impone con más fuerza ante los hechos alegados en este caso. Los argu-mentos tradicionales propuestos para justificar la tesis de que solamente el marido y sus herederos pueden impugnar la legitimidad son aquí inexistentes. Al tiempo de la concepción del niño no había relación matrimonial que proteger, pues tanto Ana Hilda como Marrero vivían en público concubinato con otras personas. Cuando nació el niño ya se habían divor-ciado. El niño nació y vive bajo la posesión de estado de hijo del demandante Ramos. Aparte del derecho del niño a que se reconozca su verdadera filiación, no podemos pasar por alto el derecho del padre biológico a que también se le reconozca su condición de tal.

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Por los razonamientos expresados, se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso al tribunal sentenciador para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí expresado. En vista del posible conflicto entre los intereses del menor y los del demandado Héctor Rafael Marrero Rivera, el tribunal a quo deberá nombrar un defensor judicial para que represente al primero. Robles López v. Guevárez Santos, 109 D.P.R. 563, 568 (1980); Agosto v. Javierre, supra, pág. 500.

      (1) Es de justicia para con el ilustrado juez sentenciador de instancia señalar su renuencia a decidir como lo hizo, obligado por su sentido del deber de acatar nuestro pronunciamiento jurisprudencial de Pérez v. Torres, 79 D.P.R. 611 (1956). Expresó dicho juez en su sentencia que “es con no poca frustración que nos vemos obligados a resolver en contra de lo que nuestro sentido de justicia y nuestra razón nos grita ser la decisión co-rrecta”.

      (2)Q. M. Scaevola, Código Civil, 5ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1942, T. III, págs. 288, 306-309; J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1943, T. I, págs. 545-546, 557-561; C. Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Ed. Talleres Tip. “Cuesta”, 1938, T. IV, págs. 411-412; F. Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Sucrs. Rivadeneyra, 1912, T. V, Vol. II, págs. 974-981; P. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1960, T. IV, págs. 527-528, 530; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1966, T. V, Vol. II, págs. 31-34; J. L. Lacruz Berdejo y F. A. Sancho Rebullida, Dere cho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, págs. 367, 373-377; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, T. IV, Vol. II, págs. 15, 37-42; D. E. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 4ta ed. rev., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1972, Vol. IV, págs. 324-325; S. Alemany Verdaguer, Estudios sobre filiación ilegítima en el Derecho español, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, págs. 57-59, 68-69; L. Martínez-Calcerrada, Discriminación de la Filiación Extramatrimonial, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 360; A. Cicu, La Filiación (P. Giménez Arnau, traductor), Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1930, pág. 114 et seq.; E. Kipp Wolff, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1952, T. IV, Vol. II, págs. 8-11, 19-22; J. Carbonnier, Derecho Civil (M. Zorrilla Ruiz, traductor), Barcelona, Ed. Bosch, 1961, T. I, Vol. II, págs. 274-275; R. De Ruggiero, Instituciones de Derecho Civil, 4ta ed. (R. Serrano y J. Santa-Cruz, traductores), Madrid, Ed. Reus, 1978, T. II, Vol. II, págs. 203-204; A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 4ta ed. rev. (Traducción de la Rev. Gen. Leg. Jur.), Madrid, Ed. Reus, 1975, T. I, pág. 614 et seq.

      (3)F. Rivero Hernández, La Presunción de Paternidad Legítima, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, pág. 487.

      (4) Rivero Hernández, op. cit., págs. 413-414. Véase además “Tarta-glione, L’azione di disconoscimento di patemitá e suoi limiti. Proposte di reforma legislativa, Foro ital., 1957, IV, págs. 10-14”, según citado por Rivero Hernández, op. cit., pág. 414 n. 55.

      (5)La Ley Núm. 229, en lo aquí pertinente, dispone:
      “Sección 1. — Serán hijos naturales todos los hijos nacidos fuera de matrimonio con posterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, indepen-dientemente de que sus padres hubieren podido o no contraer matrimonio al tiempo de la concepción de dichos hijos. Estos hijos quedarán legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres entre sí.
      “Sección 2. — Los hijos nacidos fuera de matrimonio con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley y que no tenían la condición de hijos na-turales según la legislación anterior, podrán ser reconocidos por acción voluntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la de las personas con derecho a su herencia, a todos los efectos legales. Estos hijos quedarán legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres entre sí.
      “Sección 4. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.”

      (6)El demandante Felipe Pérez declaró que para la fecha de la con-cepción, del embarazo y el nacimiento de la menor Rada Torres Rosado, vivía en público concubinato con la madre de ésta en Peñuelas; que para esa fecha Jova Rosado, madre de la menor, estaba casada con Bartolo Torres pero “nunca vivió con él desde que se casó”, que siempre se ha ocupado de la educación y alimentación de la niña y la ha tratado en igual forma que a sus hijos legítimos; y que tanto él como la madre y la menor (que a la sazón tenía 17 años de edad) deseaban que se inscribiera en el Registro Demográfico como hija natural reconocida de Felipe Pérez y Jova Rosado. Pérez v. Torres, 79 D.P.R. 611, 614 (1956).

        (7) Stella, Vda. de Ortiz v. Corte, 41 D.P.R. 635, 641, 643 (1930).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    Víctor Sánchez Nieves, demandante y recurrente, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, demandados y recurridos.

      Número: O-85-115

      Resuelto: 24 de abril de 1985

      Ana L. Blanch, abogada del recurrente; Américo Serra, Procu-rador General Interino, Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Un empleado del Gobierno de Puerto Rico sufrió un accidente en 1977 que le causó una leve incapacidad. Dicha incapacidad fue agravada por un segundo accidente en 1978, y como consecuencia el empleado desarrolló una condición emocional que finalmente le incapacitó para continuar en el servicio público. Resolvemos que la anualidad por retiro a que tiene derecho debe computarse a base de su retribución para la fecha en que dicha incapacidad obliga a su retiro y no a base del sueldo que devengaba cuando sufrió el accidente de 1977, no empece que entonces se inició la cadena de causalidad de su incapacidad inhabilitante para el servicio. Lo resuelto en contrario en Miró v. Sistema de Retiro de Empleados, 112 D.P.R. 678 (1982), debe considerarse revocado.

I

El aquí peticionario Víctor Sánchez Nieves sufrió un ac-cidente del trabajo el 29 de mayo de 1977, en que se lastimó la cabeza, mientras se desempeñaba como miembro de la Po-licía de Puerto Rico. El Pondo del Seguro del Estado le reco-noció una incapacidad orgánica de un cinco (5) por ciento de sus funciones fisiológicas generales, relacionada con dicho ac-cidente, con derecho a compensación. Posteriormente, por decisión del Administrador del Fondo de fecha 11 de julio de 1979 se determinó que el peticionario había desarrollado una condición de neurosis depresiva con rasgos de ansiedad, con-secuencia del mencionado accidente laboral. De otra parte, el 1ro de abril de 1978 el peticionario había sufrido un se-gundo accidente laboral. Mediante decisión de 10 de abril de 1980 el Administrador del Fondo del Seguro del Estado de-terminó una incapacidad equivalente al veinte (20) por ciento de las funciones fisiológicas generales del peticionario origi-nada como consecuencia del primer accidente y agravada por el segundo.

El peticionario, no obstante el accidente del 1977 y su re-sultante incapacidad, y no obstante su segundo accidente en 1978, fue devuelto a su trabajo luego de cada evaluación y alta de tratamiento y continuó prestando los servicios inhe-rentes a su cargo. El 14 de abril de 1980 solicitó acogerse a los beneficios de retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (3 L.P.R.A. see. 761 y ss.). Así se dispuso y se le notificó mediante carta de 24 de marzo de 1981 suscrita por el Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno. El retiro se hizo efectivo el 16 de jumo de 1980 con derecho a pensión a computarse a base del salario que de-vengaba el 29 de mayo de 1977, fecha del primer accidente.

No estando conforme, el peticionario apeló a la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro. Su reclamo de que la pensión debía computarse a base del salario que devengaba en la fecha efectiva de su retiro —16 de junio de 1980— no prosperó ante dicha Junta. Igual resultado tuvo su recurso de revisión instado ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que mediante sentencia de 21 de enero de 1985, tomando como base lo resuelto en Miró v. Sistema de Retiro de Empleados, supra, denegó su petición. Ha recurrido ante nos vía solicitud de certiorari. Revisamos luego de obtener la comparecencia de la parte recurrida en obediencia a la resolución en que le re-querimos mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado y revocar la sentencia recurrida.

hH HH

El énfasis de la parte recurrida descansa en nuestra decisión en Miró v. Sistema de Retiro de Empleados, antes citado. El Tribunal recurrido resolvió descansando igualmente en dicha decisión.() Procede que revisemos lo allí decidido.

La Ley de Retiro del Personal del Gobierno dispone como sigue en su Art. 9 (3 L.P.R.A. see. 769) según ha sido en-mendado :

Todo participante que como resultado de una incapaci-dad que se origine por causa del empleo y surja en el curso del mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá derecho a recibir una anualidad por incapacidad ocupa-cional, siempre que: (a) de uno o más médicos, según se dispone en la see. 771 de este título, se recibiere prueba ade-cuada en cuanto a la incapacidad mental o física del partici-pante; (b) el participante o el patrono, de acuerdo con los reglamentos de la Junta, notifique al Administrador con res-pecto a dicha incapacidad, y (c) la incapacidad fuere in-demnizable de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Capítulo 1 del Título 11.
El importe de la anualidad será igual al cincuenta (50) por ciento del tipo de retribución que se hubiere percibido' en la fecha en que ocurriere la mencionada inhabilidad. (Énfasis suplido.)

Es un hecho no controvertido que el peticionario Víctor Sánchez Nieves ha quedado “incapacitado para el servicio”. Al así decir no podemos pensar en una leve incapacidad que si bien constituye alguna limitación funcional de la persona, no le inhabilita para seguir sirviendo eficientemente al Pueblo de Puerto Rico. La incapacidad que obligue al re-tiro del empleado con derecho a la anualidad que autoriza este artículo debe ser de tal naturaleza que le inhabilite para desempeñar las funciones de su empleo y de cualquier otro empleo remunerativo. Opinión Núm. 1961-12 en Opiniones Srio. Justicia P.R. 45 (1961). Véanse Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764, 772 (1964), y Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 549, 552 (1965).

El transcrito Art. 9 dispone que el importe de la anuali-dad habrá de computarse a base de la retribución que el em-pleado hubiere percibido “en la fecha en que ocurriere la mencionada inhabilidad”. En la sentencia de este Tribunal en el caso de Miró v. Sistema de Retiro de Empleados, supra, pág. 680, se concluyó que la inhabilidad ocurrió en la fecha del accidente laboral, “que aun cuando leve es germen y fuente única de la condición emocional que finalmente deter-minó la incapacidad ocupacional”. Se razonó que por la en-mienda hecha en 1954 () al mencionado Art. 9 se sustituyó la frase “en la fecha de declararse la mencionada inhabili-dad”, como así decía, por la frase “en la fecha en que ocu-rriere la mencionada inhabilidad”, que es como dice actual-mente. Tal interpretación no puede prevalecer.

La intención del Legislador no fue retrotraer la efectividad de la pensión a la fecha del accidente, pues no puede decirse que en esa fecha necesariamente queda incapacitado para el servicio público el empleado accidentado. Al recomendar la enmienda se expresó en el Informe de la Comisión de Elec-ciones y Personal de la Cámara sobre el P. del S. 399: “Con esta enmienda no habrá dudas de que el beneficio por incapa-cidad a que tendrá derecho un participante se basará en el tipo de retribución percibido en la fecha en que efectivamente ocurrió la incapacidad.” (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1128-1129 (1954).

Antes de la enmienda había duda sobre si el pago debía ser efectivo desde que se declara la existencia de la incapaci-dad o desde que efectivamente existe. Si fuere lo primero, la duración del trámite para declarar la existencia de una in-capacidad podría ser detrimental para la economía del Siste-ma. La incapacidad inhabilitante para el servicio no surge cuando ella es declarada. Necesariamente existe desde alguna fecha anterior a aquella en que se reconoce y se determina.

El aquí peticionario sufrió un accidente el 29 de mayo de 1977 que le causó una incapacidad mínima de un cinco (5) por ciento de sus funciones. No puede decirse en buena her-menéutica que en aquella fecha “ocurrió” la incapacidad que le inhabilitó para el servicio y que desde entonces pudo aco-gerse él a una pensión bajo la Ley Núm. 447, con derecho al cincuenta (50) por ciento de su sueldo de entonces.

En 1977 ocurrió un accidente que sembró en el peticio-nario el germen de una incapacidad que finalmente le inha-bilitó para continuar en el servicio público. Es la fecha en que se manifestó esa incapacidad inhabilitante la que determina cuándo es que ocurre la incapacidad. En este caso dicha fecha fue determinada por el Administrador del Sistema como el 16 de junio de 1980, fecha en que se hizo efectivo su retiro. Es a base de la retribución que el peticionario estaba recibiendo para esa fecha que debe computarse la anualidad por retiro.

Lo aquí resuelto es cónsono con el principio harto conocido que disposiciones estatutarias de propósitos remediales, como lo es la Ley Núm. 447 de 1951, deben interpretarse liberalmente. Acuña v. Junta de Retiro, 58 D.P.R. 94, 100 (1941) y autoridades allí citadas; In re Castro y Torres Braschi, 73 D.P.R. 564, 571 (1952). El derecho a pensión bajo la citada ley no es una donación. Como señaláramos en Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973), es “una retribución final y bien ganada por el empleado público que honrando una vocación de servicio, que en muchas ocasiones conlleva sacrificio y renuncia de bienes materiales, dedica los años fructíferos de su vida al bien común”. Es, no un acto de recompensa, sino “una obligación moral del estado”. Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21, 24 (1966).

Se expedirá el auto de certiorari solicitado, se revocará la sentencia recurrida, así como la resolución de la Junta de Síndicos y la decisión del Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno, y se dispondrá que se compute la anualidad a pagarse al peticionario a base de la retribución que recibía para el 16 de junio de 1980, fecha de efectividad de su retiro.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión.

      (1)El juez sentenciador del Tribunal a quo actuó correctamente al aca-tar nuestra decisión en Miró v. Sistema de Retiro de Empleados, 112 D.P.R. 678 (1982), no empece su criterio en contrario expresado en su sentencia que fuera objeto de nuestra decisión en dicho caso. Dicha decisión se pro-dujo no por opinión y sí por sentencia de este Tribunal, pero no obstante el pronunciamiento de Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859, 862 (1974), es citable por haber sido publicada, ya que fue una decisión dividida en que dos jueces disintieron mediante opinión.

      (2)Ley Núm. 73 de 19 de junio de 1954.


author: per curiam :

text:
      In re Luis A. Vega González, querellado.

      Número: 5073

      Resuelto: 25 de abril de 1985

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías. El querellado no compareció.
   per curiam :

El querellado Luis A. Vega González fue ad-mitido a la práctica de la abogacía en Puerto Rico el 12 de diciembre de 1975, y al ejercicio del notariado el 27 de mayo de 1976.

Mediante carta del Director Ejecutivo del Colegio de Abogados de 20 de octubre de 1982 dirigida a la Secretaria General de este Tribunal se informó que el querellado adeudaba su fianza notarial desde el 28 de enero de 1982 y que habían resultado infructuosos todos los esfuerzos para que pagara. La Secretaria General le escribió al querellado el 2 de noviembre siguiente para informarle sobre dicha comuni-cación y que de acuerdo con la ley debía renovar la fianza en sesenta días, a vencer el 2 de enero de 1983. Se le indicó que de no hacerlo se traería el asunto a la consideración de este Tribunal, y se le hizo saber lo siguiente:

Se le apercibe de que una vez el Tribunal emita una reso-lución de separación del ejercicio del notariado la mera pres-tación de la fianza no será suficiente para la reinstalación en el ejercicio del notariado. Será siempre necesario' una solicitud de reinstalación la cual será considerada por este Tribunal. Solo si el Tribunal emite una resolución de reins-talación podrá usted volver a asumir las funciones de nota-rio. (Énfasis en el original.)

Como no se recibiera contestación del querellado, el asun-to fue referido a nuestra consideración y por resolución de 7 de febrero de 1983, que fue debidamente notificada al que-rellado, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Estado, al Colegio de Abogados y al Director de Inspección de Nota-rías, ordenamos al querellado “que cese inmediatamente en el ejercicio del notariado y sin excusa ni pretexto y dentro del término de treinta días haga entrega de sus protocolos nota-riales y registro de afidávit, si aún no lo hubiere hecho, al Inspector de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris”.

El 2 de marzo de 1983 se recibió en la Secretaría de este Tribunal una certificación del Director Ejecutivo del Colegio de Abogados a los efectos de que el querellado satisfizo el importe de la prima de su fianza notarial el 11 de febrero —cuatro días después de nuestra mencionada resolución— para cubrir el período comprendido entre el 28 de enero de 1982 y el 28 de enero de 1984. No obstante, el querellado no solicitó su reinstalación como notario como era su obligación si pretendía continuar ejerciendo el notariado. En el ínterin, el Director de Inspección de Protocolos nos advirtió sobre numerosas fallas en la obra notarial del querellado, a tener en cuenta si solicitaba su reinstalación a la práctica notarial.

Posteriormente, por resolución de 30 de diciembre de 1983 decretamos la suspensión del querellado del ejercicio de la abo-gacía debido a no haber satisfecho su cuota como miembro del Colegio de Abogados.

Los requerimientos que hizo el Director de Inspección de Protocolos al querellado para que entregara sus protocolos y registros de afidávit fueron desatendidos por éste, lo que obligó a que por resolución de 10 de mayo de 1984 ordená-semos al Alguacil General de este Tribunal a incautarse de los mismos.

Cumplimentada nuestra orden y recibidos los protocolos por el Director de Inspección de Notarías, éste nos sometió un informe que acusa múltiples faltas, algunas de naturaleza tan grave como para anular los instrumentos otorgados.

Por otro lado, el querellado continuó ejerciendo el nota-riado después de nuestra resolución de 7 de febrero de 1983, sin haber sido reinstalado, y después de nuestra resolución de 30 de diciembre de 1983 en que le suspendimos del ejercicio de la abogacía. En vista de ello emitimos una resolución el 24 de enero de 1985 en que le concedimos plazo hasta el 11 de febrero de 1985 para que mostrara causa por la cual no deba-mos decretar su desaforo permanentemente. Dicha resolución le fue debidamente notificada y no ha comparecido.

La conducta del querellado en el desempeño de las funcio-nes que asumió como notario demuestra que es indigno de ostentar la fe pública. Sus actuaciones trascienden el campo del notariado y reflejan su irresponsabilidad como abogado. En su virtud, se decreta el desaforo 'permanente del quere-llado Luis A. Vega González, sin menoscabo de cualesquiera procedimientos de naturaleza administrativa, penal o civil que fueran procedentes en su contra, sobre lo cual no pasamos juicio en este momento.

      E1 informe revela que el querellado autorizó sobre trescientas escri-turas durante los años 1979 al 1984. Kara es la que no tiene alguna falta, tales como no haberse cancelado los sellos de rentas internas y las estam-pillas notariales; faltas de notas de apertura y de cierre y notas de saca; falta de la rúbrica del notario en los folios, espacios en blanco; faltas graves como: omisión de las firmas e iniciales de otorgantes y testigos; falta de testigos firmantes por otorgantes que no sabían hacerlo; no fijarse el valor de transacciones; falta de la firma del notario; falta de dación de fe, y otras. Numerosas fallas aparecieron además en los registros de afidá-vit. La omisión de cancelar sellos movió a una reclamación contra el Colegio de Abogados como fiador. Éste tuvo que pagar $1,518.75 por sellos de rentas internas y $283 para sellos de Asistencia Legal, más $175.75 para estam-pillas notariales.

       Fechado el 15 de octubre de 1984 recibimos un escrito del Hon. Luis A. Juan, J., Tribunal Superior, Sala de Aibonito, en que informa sobre la comparecencia ante dicha Sala del aquí querellado, en función de abogado. De ello dimos traslado al Secretario de Justicia por resolución de 1ro de noviembre de 1984, para su investigación y la acción que fuere procedente.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Santiago Ayala Rodríguez, acusado-recurrido.

      Número: O-85-287

      Resuelto: 9 de mayo de 1985

      Américo Serra, Procurador General Interino, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

A solicitud del Procurador General examinamos la correc-ción de una resolución del Tribunal Superior, Sala de Caguas (Hon. David Urbina Urbina, Juez) en la causa que se sigue contra Santiago Ayala Rodríguez por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2401. De las constancias ante nos surge que el 2 de mayo de 1985, el acusado Ayala Rodríguez, a través de su abogado, mani-festó su interés de hacer una alegación por el Art. 404 de la referida ley, 24 L.P.R.A. sec. 2404. Los agentes del orden público, testigos de cargo en la causa, manifestaron su con-formidad. Por su parte el Ministerio Público, representado por el fiscal auxiliar William Méndez, indicó que no podía allanarse sin previamente consultar al Departamento de Jus-ticia. Ante esta situación, el tribunal dictó la resolución que motiva este recurso, la cual en lo pertinente reza:

Este Tribunal toma conocimiento judicial de una orden ad-ministrativa que lleva el número 85-1 donde impide al señor fiscal tomar una determinación sin previamente consultar al Departamento de Justicia para que estos allá tomen una determinación sobre lo que se va a proceder.
Situaciones como las que plantea este caso son las que dejan patente lo poco sabia de dicha directriz. Ese memorandum empieza por decir que se han encontrado miles de casos en atraso en las fiscalías y se habla de agilizar los pro-cedimientos. Pero las directrices que se establecen lo que hará serán [sic] acumular en más de miles de casos los ya supuestamente existentes en las fiscalías.
Este Tribunal ordena al Señor Secretario de Justicia, Hon. Héctor Rivera Cruz y al Fiscal Especial General, Hon. Luis Feliciano Carreras, que comparezcan a este Tribunal el próximo jueves 9 de mayo, a las nueve de la mañana, para que muestren causa por las cuales no se deba acceder a la solicitud del acusado. La incomparecencia a este Tribunal sin razón justificada puede dar motivo para poder ser ha-llados incursos en desacato. Exhibit I, págs. 1-2.

HH HH

La naturaleza del dictamen y su genesis producto de un criterio sua sponte del foro de instancia, nos permite disponer del asunto bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Reconocemos la facultad constitucional e inherente de los tribunales de instancia para tomar medidas conducentes a la más pronta adjudicación de las causas criminales y civiles. Esta autoridad, sin embargo, tiene como límites la observancia del debido proceso de ley y de aquellos otros derechos que amparan a las partes. En el caso que nos ocupa no corresponde al tribunal evaluar la sabiduría de la directriz interna del Departamento de Justicia sobre alegaciones pre-acordadas en determinados casos.

Reconocemos que el decreto de dicho foro respondió a un interés legítimo de que los casos no se atrasen, sin embargo, no tomó en cuenta el otro interés legítimo del Estado de evi-tar que por falta de seguimiento, comunicación o coordinación se incurran y acepten alegaciones preacordadas en delitos re-vestidos de incuestionable interés público. Todos los extremos son nocivos. El quehacer judicial exige un detenido balance entre los intereses en juego. A la luz de lo expuesto, aun cuando compartimos la preocupación del foro de instancia, resolvemos que en su implantación y ejecución se excedió en su discreción.

Conforme a nuestra decisión en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984) —en que sostuvimos la validez del procedimiento de alegaciones preacordadas— el Estado no viene obligado a iniciar conversaciones al respecto como tampoco el acusado. Ello es un área que responde propiamente a la coincidencia de criterios por cualesquiera razones o moti-vos. Allí hicimos claro que el tribunal no participaría de tales conversaciones. La conveniencia desde el punto de vista ad-ministrativo de las alegaciones preacordadas no configura ninguna obligación en esa etapa inicial. Aclaramos, no obs-tante, que es perfectamente armonizable la norma adminis-trativa interna con la obligación de los tribunales de acelerar los trámites. Los jueces de instancia pueden exigir a los abo-gados de los acusados que, en la etapa del acto de lectura de acusación, expongan su deseo de entrar en conversaciones de alegaciones preacordadas con el Ministerio Público. De este modo, el tribunal podrá señalar la vista en su fondo para fecha ulterior, y conceder a las partes tiempo suficiente para implantar un acuerdo con la autorización del Secretario de Justicia.

A la luz de lo expuesto, procede que se expida el auto de certiorari y se dicte sentencia que deje sin efecto la orden que requiere del Secretario de Justicia y del Fiscal General Especial su comparecencia para hoy y el apercibimiento de desacato. A tono con el espíritu que movió al foro de instancia en la vista fijada, en ausencia de coincidencia de criterio y alegación preacordada, el único curso que el tribunal podrá exigir, compatible con la más pronta adjudicación de la causa, es que se ventile en sus méritos.

      La Orden Administrativa, en sus incisos 2 y 8 dispone:
      “2- Delitos de Interés Público:

      “Existen casos que, por su naturaleza, están revestidos de un interés público. La ciudadanía espera la mayor dedicación y esmero de parte de todos los fiscales a quienes se les h[a] encargado tales casos. Son ilustra-tivos de este tipo de delitos los asesinatos, violaciones, robos de cierta tras-cendencia, ciertos casos de drogas, hurto de automóviles, delitos contra mu-jeres y niños, delitos de corrupción gubernamental y otros que, por su cir-cunstancia, sabemos calan en la opinión pública. Los fiscales de distrito han de estar atentos a este tipo de caso y les darán un seguimiento estricto a los mismos, a fin de garantizar que los fiscales de sala estén listos para en-trar al juicio desde el primer señalamiento.”
      “8- Alegaciones Pre-Acordadas en Casos de Asesinatos, Violaciones, Robos, Delitos Contra Mujeres y Niños, Distribución y Venta de Drogas y Corrupción Gubernamental:

      “Se instruye en el sentido de que toda rebaja de delito en los casos indicados, deberá ser consultada previamente con la Oficina Central de In-vestigaciones y Procesamiento Criminal.
      “En estos casos, los fiscales deberán ser exigentes y velar porque la ley se aplique con el mayor rigor posible. Deberán radicarse mociones de agravantes cuando las mismas procedan y oponerse a las sentencias suspen-didas en aquellos casos en que puedan ser concedidas. Se deberán hacer alegaciones de reincidencia o delincuencia habitual cuando las mismas pro-cedan.” (Escolio omitido.) Exhibit III, págs. 5-8.


text:
    Francisco Ortiz Morales, etc., demandantes y recurridos, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, demandada y peticionaria.

      Número: O-84-720

      Resuelto: 9 de mayo de 1985

      Rafael Alen González, abogado de la peticionaria; José M. Ortiz Miller, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Como Tribunal, nuestro desideratum es hacer realidad la afirmación de Eugenio D’Ors que “cada sentencia justa que en el mundo ha sido, [contenga] el símbolo viviente de la jus-ticia”. (Introducción a la crítica de arte, Madrid, Ed. Aguilar, 1963, pág. 117), citado por C. Rodríguez-Aguilera, en La Sentencia, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, pág. 94.

I

El 29 de noviembre de 1980 la Sra. Laura Ortiz Lugo, fue impactada por un vehículo de motor (motocicleta). Como resultado de las lesiones graves recibidas, falleció horas más tarde. Al momento de su deceso contaba con 56 años de edad y estaba casada con Francisco Ortiz Morales de 78 años. El matrimonio tenía un hijo de 13 años, de nombre Francisco Ortiz Ortiz.

En representación del menor Ortiz Ortiz, su padre re-clamó beneficios por muerte a la Adminnistración de Compen-saciones por Accidentes de Automóviles. Esta reclamación fue denegada por el Director Ejecutivo de la A.C.A.A. bajo el fundamento de que no se había podido establecer la depen-dencia del menor con su madre, según exige la ley. Incon-forme presentó reconsideración. Se declaró sin lugar. El 23 de noviembre de 1981, representado por primera vez por abogado, el reclamante solicitó audiencia pública. Ésta se ce-lebró el 19 de enero de 1983. El 6 de julio de ese mismo año el Director Ejecutivo dictó resolución donde expresaba que la audiencia no procedía por haber sido solicitada transcurrido el término de carácter jurisdiccional de treinta (30) días.

En revisión, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dis-puso la devolución del caso al foro administrativo con ins-trucciones de que la reclamación fuera dilucidada en sus mé-ritos. A solicitud de A.C.A.A., revisamos mediante certiorari.

II

La Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmen-dada, denominada “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”, provee en su Sec. 11, el procedimiento para la adjudicación de reclamaciones. Reza:

(1) El Director Ejecutivo investigará y resolverá las re-clamaciones que se hagan a la Administración utilizando para ello los procedimientos que considere convenientes siempre que en ellos se garantice el derecho de las partes.
En caso de que un reclamante no estuviere conforme con la determinación que haga el Director Ejecutivo, podrá soli-citar la reconsideración de ésta dentro de quince (15) días de ser notificado con copia de la determinación.
Si no estuviere de acuerdo con el resultado de la recon-sideración podrá dentro de treinta (30) días de haber sido notificado solicitar una audiencia pública ante el Director Ejecutivo o un Examinador designado por éste. El recla-mante no podrá someter a la consideración del Director Ejecutivo en dicha audiencia pública aquella prueba que éste no tuvo ante sí al hacer la determinación, a menos que se demuestre a satisfacción del Director Ejecutivo la impo-sibilidad de obtener [la] anteriormente. (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. sec. 2061.

En virtud de este texto, la A.C.A.A. argumenta que el término es jurisdiccional. Se apoya en la Regla 7.E de su Reglamento:

E. Términos para Solicitar Reconsideración o Audiencia, y para Apelar:
Los términos indicados en la Ley para solicitar reconside-ración y audiencia, y para apelar, son jurisdiccionales y mandatorios, y no podrá aceptarse ninguna solicitud de re-consideración o audiencia, ni apelación radicada fuera de tales términos.
A los efectos de la computación de dichos términos, se aceptará la fecha del depósito en el correo de la solicitud o apelación como fecha de su radicación en la Administración. Si dichos términos vencieran en sábado, domingo o días fe-riados, no se incluirán dichos días en el cómputo de los términos.
El Director Ejecutivo o sus representantes autorizados, rechazarán de plano cualquier solicitud de audiencia o re-consideración que no se radique dentro de los términos pro-vistos por la Ley y por este Reglamento. En casos de ape-lación ante la Junta de Directores, la Oficina del Director Ejecutivo podrá ejercer los deberes ministeriales que el Secretario de dicha Junta le asigne, y, como uno de ellos, re-chazará de plano las apelaciones que no se radiquen dentro del término prescrito por la Ley.
Si no se solicitare reconsideración de la Determinación original dentro de los 15 días siguientes a su notificación, no podrá solicitarse luego audiencia ante el Director Ejecu-tivo. (Énfasis suplido.)

No tiene razón. La concepción del estatuto de Protección Social por Accidentes de Automóviles persigue un fin eminentemente social, Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972). Según su Exposición de Motivos “tiene como propósito fundamental el reducir a un mínimo los trágicos efectos económicos y sociales producidos por los accidentes de tránsito sobre la familia y demás dependientes de sus víctimas. Provee un. alivio al cada día más creciente problema de las víctimas de accidentes de tránsito, proporcionando a éstas servicios médicos y un mínimo de ingresos que los libra de quedar en total desamparo y desvalimiento económico, así como compensaciones a los dependientes de víctimas fallecidas en tales accidentes”.

Con miras a la consecución de la intención que la inspiró, en su redacción se incorporaron trámites sencillos, y la flexi-bilidad necesaria para hacer viable la reparación del daño.

El carácter de protección social de la legislación apoya toda interpretación razonable y balanceada que tienda a bene-ficiar al tutelado. El Reglamento para implantarla no debe derrotar el espíritu que la inspiró.

Validar la posición sostenida por la A.C.A.A. desvanecería “en una interpretación caprichosa los loables propósitos de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. Nuestra misión —no parece necesario recordarlo— es darle eficacia a la ley y no restársela con interpretaciones que produ [zcan] resultados inicuos”. A.C.A.A. v. Yantín, 103 D.P.R. 59, 64 (1974).

En estas circunstancias, hermenéuticamente resolve-mos que el término de 30 días establecido en la ley, es directivo, de estricto cumplimiento y no jurisdiccional. La propia ley, en su See. 8(5) admite suficiente flexibilidad para así estimarlo. Bajo este enfoque, actuó correctamente el foro de instancia al ordenar que la A.C.A.A. celebre una vista para determinar si la tardanza para solicitar reconsideración estuvo justificada. Figueroa v. E.L.A., 113 D.P.R. 327 (1982). De determinarse que medió justificación para la dilación, la reclamación deberá ser resuelta en sus méritos.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia con-firmatoria.

      Ilustrativo de esto es la See. 8 que expresa:
      “(1) Todo accidente que dé lugar a una reclamación de beneficios bajo este Capítulo, [se] deberá notificar a la Policía y a la Administración.
      “(2) Toda persona con derecho a reclamar un beneficio bajo este Capí-tulo, deberá radicar su reclamación con la Administración excepto en caso de beneficios por muerte, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de dicho accidente.
      “(3) Las personas con derecho a beneficios por muerte deberán radicar su reclamación dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la muerte de la víctima, pero en todo caso el accidente deberá haber sido notificado a la Administración dentro de los quince días siguientes a la fecha del mismo.
      “(4) Toda persona con derecho a reclamar un beneficio bajo este Capí-tulo deberá someter a la Administración dentro de los sesenta días siguien-tes a la fecha de la reclamación, toda la evidencia que sea razonablemente posible obtener en relación con las circunstancias del accidente y la pérdida sufrida y cualquier otro dato o evidencia incluyendo información sobre sus planes, contratos o pólizas que cubran o puedan cubrir los beneficios pro-vistos por este Capítulo, así como cualquier otra evidencia adicional que se le requiera.

        “(5) El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes po-drá ser causa suficiente para que la Administración deniegue los beneficios provistos por este Capítulo, a menos que el reclamante demuestre a satis-facción de la Administración que le fue imposible cumplir con lo aquí dis-puesto y que lo hizo tan pronto las circunstancias lo permitieron.” (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. see. 2057.


text:
    Carmen Sánchez Rodríguez et al., demandantes y recurrentes, v. Antonio López Jiménez et al., demandados y recurridos.

      Números: R-84-279, R-84-280

      Resueltos: 9 de mayo de 1985

      Carlos R. Ríos Gautier, abogado de los codemandados y recu-rrentes esposos López Jiménez, Orlando Vizcarrondo, de Arrieta & Vizcarrondo, abogado de los recurrentes y recu-rridos esposos Valdejully López; Iván Díaz de Aldrey, de Díaz de Aldrey, Subirá & Santana, Ramos & Latoni, aboga-do de los recurrentes y recurridos esposos López Landrón; Rafael Hernández Matos, Jorge Meléndez Vela y José Davi-son Lampón, abogados de los recurrentes y recurridos Carmen Sánchez Rodríguez et al.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

(En Reconsideración.)

Evaluamos la segunda reconsideración presentada por los demandantes recurrentes Carmen Sánchez Rodríguez et al. en la que reiteran el planteamiento de que nuestra decisión y sen-tencia del 11 de marzo es nula por carecer este foro de juris-dicción, al no estar constitucionalmente constituido. En sínte-sis, argumentan que la “actual composición de este Tribunal de un juez presidente y de sólo tres jueces asociados es menor a la que exige la sección 3, del artículo V de la [C] onstitución del ELA. Entendemos que tal como está redactada dicha sec-ción fue la intención de la asamblea constituyente que el Tribunal Supremo estuviera siempre constituido por un mínimo de cinco jueces, o sea, un juez presidente y cuatro jueces aso-ciados. Pero en el supuesto que esa no hubiera sido la inten-ción de la asamblea constituyente al reservar la facultad de variar por ley el número de jueces al propio Tribunal y a la Legislatura, y aceptáramos que su composición podría ser constitucional con menos de cinco jueces, como es al presente, a[u]n así la actual composición viola el mandato constitu-cional ya que no se ha seguido el procedimiento establecido en la sección 3, del artículo V de la Constitución del ELA”.

I

La interpretación que se nos propone es de estricta litera-lidad del Art. V, Secs. 1 y 3 que rezan:

El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos otros tribunales que se esta-blezcan por ley.
El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cua-tro jueces asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo. (Énfasis suplido.) Art. V, Secs. 1 y 3, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tit. 1.

Los recurrentes no nos ofrecen, en el legajo de la Conven-ción Constituyente, una explicación, conclusión o apoyo para su teoría. Hemos reflexionado e investigado el propósito del diseño constitucional prevaleciente y es contrario a esa pro-posición.

Primero. Sostener esa proposición conllevaría una parali-zación del Poder Judicial constitucional, la administración de justicia, y dejaría a merced de los otros dos poderes su funcionamiento. Ello implicaría una “inmovilización” de este Tribunal cuando por alguna razón, no está constituido por cinco (5) de sus miembros.

Segundo. La razón histórica de la composición de este Tribunal respondió a una preocupación de la Asamblea Consti-tuyente por garantizar una multiplicidad de criterios, enfo-ques y visiones, que hicieran de la instancia apelativa una alternativa amplia y justa en sus decisiones. Se estimó que no era saludable tener un número reducido de jueces para adop-tar decisiones. La discusión y planteamientos de distintos de-legados indica un sentir respecto a lo aconsejable que resulta-ría que las decisiones emitidas por salas compuestas por sólo tres (3) jueces, fuesen emitidas por unanimidad. La ponen-cia de algunos jueces que en aquella época integraban este Tribunal ante la Comisión Constituyente, apoya la tesis de los delegados sobre este particular. 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 520 et seq. (1951).

En este sentido, la única conclusión que arroja la actual composición del Tribunal es que exige de todos sus miembros un invariable celo, cuidado y ponderación, efectiva comunica-ción y consenso deliberado de criterios, para satisfacer la pre-ocupación que animó a los delegados, sobre la amplitud de la revisión que se esperaba de esta última etapa apelativa.

Es menester despejar el error en que incurren los recurrentes, esto es, que la composición de cinco (5) jueces es requisito jurisdiccional para la adjudicación válida por este Tribunal. No lo es. Sobre este extremo resultan orientadores los debates en la Asamblea Constituyente relativos a un decreto de inconstitucionalidad de leyes por mayoría absoluta. Allí se planteó la situación de vacantes, que colocaban el número de jueces bajo el mínimo de cinco (5). El inventario es claro. La respuesta fue que la mayoría absoluta requerida prevalecía en su número ideal de tres (3), y que ante una composición disminuida el tribunal sólo podía resolver casos por otros motivos. Repetimos, la Asamblea Constituyente distinguió la composición del Tribunal en términos de cinco (5) miembros, al solo efecto de promover un ideal amplio de revisión. En el caso de reclamación de inconstitucionalidad de leyes, tal exigencia es de cumplimiento estricto; requiere mayoría absoluta de sus miembros indistintamente de que hubiesen vacantes, por lo que éstas se sumarían en el número ideal de sus miembros. No ocurre así con las restantes decisiones, las cuales responden al criterio de mayoría simple de los presentes. Véanse: 1 Diario de Sesiones, supra, págs. 455, 519-569, 594, 595, 616 (1951); 3 Diario de Sesiones, supra, págs. 1697-1699 (1952); 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2349, 2456 y 2612 (1952).

La exposición de este diseño constitucional ya fue aclarado incidentalmente por este Tribunal en dos ocasiones. La pri-mera, en Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 539 (1961), en que resolvimos que la única limitación constitucional al pro-ceso decisorio era que ninguna ley sería declarada inconsti-tucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto. Subsiguientemente, en P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 685 (1980), la mayoría se reafirmo en que el requisito, tanto de composición mínima, como de mayoría absoluta, estaba dirigido a actuaciones que envolvían decre-tos de inconstitucionalidad. P.I.P. v. E.L.A., supra, págs. 689-698. Nos remitimos a lo allí expuesto y criterios de las distintas opiniones separadas entonces emitidas.

A su vez, no podemos dejar de enfatizar el interés público que reviste el planteamiento. Repetimos, conllevaría colocar a la Rama Judicial a merced de los poderes ejecutivo y legisla-tivo. Esto es, cuando por transcurso natural del tiempo sur-jan vacantes que disminuyan nuestra composición al mínimo de cinco (5) jueces, este Tribunal “dejaría de existir” en es-pera de las ramas de gobierno antes mencionadas, las cuales responden a propósitos eminentemente políticos. Esa teoría es contraria a un gobierno de leyes cimentado en la “doctrina de frenos y contrapesos”. Frustraría la independencia de la Rama Judicial, concebida por los filósofos ingleses original-mente y luego por los angloamericanos, como el portaestan-darte de los ciudadanos frente a los otros poderes de gobierno. La continuidad de los cuerpos y por ende de sus funciones, es la norma y no la excepción.

El planteamiento de los recurrentes choca contra el histo-rial y espíritu de la Constitución. Afortunadamente, la Con-vención Constituyente tuvo la visión y sensibilidad de prever el problema. Nuestro esquema constitucional, puesto a prueba una vez más, responde vigorosamente a otro reto de paraliza-ción, desestabilización y mala comprensión.

H — i

Por último, debemos tener presente la Sec. 4 del Art. V, según la enmienda constitucional aprobada en 1960. Dispone:

El Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de tres jueces. Ninguna ley se declarará inconstitu-cional a no ser por una mayoría del número total de los jue-ces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley. (Énfasis suplido.) Art. V, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tit. 1.

Mediante el mismo se autoriza a este Tribunal a funcionar flexiblemente, en pleno o dividido en salas compuestas por no menos de tres (3) jueces. Ello despeja toda duda al respecto. Esa enmienda armoniza y satisface fehacientemente la preocupación esbozada en la Convención Constituyente. Se concibe, desde todo punto pragmático, y supera la limitación inherente que representaría para la administración de la justicia la imposición al Tribunal de restricciones absolutas.

A la segunda reconsideración, no ha lugar. Cúmplase el mandato. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.