author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Esther García Pagán, demandante y recurrente, v. Shiley Caribbean, Shiley Laboratories, Inc. y Pfizer, Inc., demandadas y recurridas.

      Número: RE-86-206

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Luis A. Lineres Grau, abogado de la recurrente; Rosell Barrios Amy, de McConell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogado de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

En Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985), dejamos sin resolver si bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151) son compensables los daños emocionales que un despido discriminatorio cau-sare al empleado.() Hoy resolvemos en la afirmativa.

I — I

La Sra. Esther García Pagán presentó querella contra su patrono Shiley Caribbean en la que solicitó indemnización por los daños económicos, físicos y angustias mentales su-fridas como consecuencia del discrimen por razón de sexo al que fue sometida. Fundó su causa de acción en la Ley Núm. 100, supra, que prohíbe el discrimen en el empleo; la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, conocida como ley para la protección de madres obreras, 29 L.P.R.A. sees. 467-474, y la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, que prohíbe el discri-men en el empleo por razón de sexo, 29 L.P.R.A. sees. 1321-1341. Alegó la querellante que desde que contrajo matrimo-nio fue objeto de recriminaciones, persecuciones y humilla-ciones por parte de la querellada. Aegó, además, que había sido privada de ascensos y aumentos, y que incluso se le soli-citó presentara su renuncia. Esta actitud discriminatoria en su contra se intensificó desde que la querellante quedó emba-razada. Por último, García Pagán adujo que la conducta de la demandada le había ocasionado angustias mentales y tras-tornos físicos que la obligaron a someterse a tratamiento médico.

Por su parte, la querellada Shiley Caribbean presentó una solicitud de desestimación parcial en la que planteó que no procedía la reclamación de daños y angustias mentales bajo las disposiciones de las leyes descritas anteriormente. El Tribunal Superior, luego de celebrar vista a esos efectos, desestimó todas las reclamaciones por daños y angustias mentales y concluyó que, a la luz de los estatutos bajo los cuales surge la reclamación de discrimen de la querellada, ésta tiene derecho a recibir como compensación por daños y angustias mentales sólo una cantidad entre cien (100) y mil (1,000) dólares, a discreción del tribunal. Concluyó, además, que el remedio provisto por estas leyes es exclusivo e impide una reclamación de daños y perjuicios amparada en el Art. 1802 del Código Civil, 81 L.P.R.A. see. 5141.

La querellante solicitó revisión de la sentencia parcial dictada por el Tribunal Superior. Acordamos revisar para aclarar cuáles son los daños compensables en acciones por violación a las leyes citadas.

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En vista de la naturaleza y la importancia de esta contro-versia, procede que hagamos varios pronunciamientos preli-minares.

Un análisis cuidadoso del texto y del historial legislativo de estas leyes revela que su principal objetivo es la erradica-ción de todo tipo de discrimen en el empleo en Puerto Rico. Las mismas forman parte de un ordenamiento integral for-mulado por la Asamblea Legislativa y recoge los postulados de la Carta de Derechos de nuestra Constitución que prohíbe el discrimen “por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, ori-gen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”. Art. II, Sec. 1 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 257. En su informe a la Convención Constituyente, la Comisión de Carta de Derechos delimitó el propósito y el alcance de esta disposición de la Constitución del E.L.A.:

El propósito de esta sección es fijar claramente como base consustancial de todo lo que sigue el principio de la dignidad del ser humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad esen-cial de todas las personas dentro de nuestro sistema constitu-cional. La igualdad ante la ley queda por encima de accidentes o diferencias, bien tengan su origen en naturaleza o en la cul-tura. Todo discrimen o privilegio contrario a esta esencial igualdad repugna al sistema jurídico puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra organización legal queda ro-bustecida por la presente disposición constitucional, a la vez que obligada a ensanchar sus disposiciones para dar plena re-alización a lo aquí dispuesto. 4 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente, Sec. 1, pág. 2561 (1951).

Esta sección de la Carta de Derechos dispone, además, que las leyes “encarnarán estos principios” de esencial igual-dad humana. En su extenso informe a la Convención Consti-tuyente, la Comisión de Carta de Derechos advirtió que estos postulados “tienen un vasto alcance cuya implementa-ción detallada requiere acción legislativa”. Diario de Sesio-nes, supra, pág. 2563.

Al aprobar la Ley Núm. 100, supra, la Asamblea Legisla-tiva ratificó estos postulados constitucionales y formuló unos remedios para poner en vigor esa disposición de la Carta de Derechos dentro del contexto obrero-patronal. Su propósito fue dotar a la clase obrera con los instrumentos necesarios para protegerlos del discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social e ideas políticas o religiosas.!)

Como protección adicional para la mujer trabajadora, fueron aprobadas la Ley Núm. 3, supra, enmendada por la Ley Núm. 39 de 19 de junio de 1969, Arts. 1 y 2 (29 L.P.R.A. secs. 467 y 469), y la Ley Núm. 69, supra. La Ley Núm. 3, supra, está encaminada a salvaguardar los derechos de las trabajadoras embarazadas, estableciendo un período de des-canso tanto antes como después del alumbramiento, y a prohibir el despido, suspensión, reducción de salario o discri-men de cualquier índole contra la obrera debido a la merma de producción por causa del estado de gestación. 29 L.P.R.A. see. 469. Por su parte, la Ley Núm. 69, supra, “va encami-nada a proveer mayores garantías para toda la fuerza traba-jadora del país, mediante el establecimiento de una serie de salvaguardas que desalienten [las] prácticas discriminato-rias [por razón de sexo], que se realizan más contra la mujer, en las fases de oportunidad de empleo, remuneración y bene-ficios marginales”. Informe Conjunto de las Comisiones de Desarrollo Socioeconómico y Planificación, y de lo Jurídico Penal sobre el P. del S. Núm. 130, 30 de mayo de 1985, pág. 3120. Al aprobar dicha legislación, la Asamblea Legislativa resolvió y declaró “que los valores de igualdad y libertad ex-presados en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituyen la piedra angular de la sociedad puertorriqueña. Es nuestro deber velar por el estricto cum-plimiento de la garantía constitucional que tienen todas las personas para que no se les discrimine por razón de su sexo”. 29 L.P.R.A. see. 1321.

Como medio de garantizar su cumplimiento, estas leyes establecen una acción civil, y otra de carácter criminal, contra todo patrono que incurra en conducta discriminatoria. Véase 29 L.P.R.A. sees. 146,469 y 1341, respectivamente. En todas, el esquema de compensación es el mismo:

(a) incurrirá en responsabilidad civil
(1) por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o solicitante de empleo;
(2) o por una suma no menor de cien (100) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares, a discreción del Tribunal, si no se pudieren determinar daños pecuniarios;
(3) o el doble de la cantidad de los daños ocasionados si ésta fuere inferior a la suma de cien (100) dólares.... (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. sec. 146(a).

Nos toca en esta ocasión interpretar y delimitar el al-cance de la transcrita disposición legal, la cual luego de ser incorporada en el texto de la Ley Núm. 100, supra, se ha incluido reiteradamente en legislación posterior con fines análogos. 29 L.P.R.A. sees. 469 y 1341. .

Aunque al promulgar la Ley Núm. 100, supra, los legisladores no discutieron el alcance de sus remedios, el debate efectuado al enmendar en el 1960 la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. secs. 13-19, es indicativo de la amplitud de los recursos disponibles a los obreros. La Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico establece una prohibición contra el discrimen en lugares públicos, negocios, medios de transporte y viviendas.() En su origen, esta legisla-ción sólo establecía una sanción penal contra aquellas per-sonas que incurrieran en la conducta prohibida. Sin embargo, se interpretó en Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370 (1951), como que permitía una acción civil al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, por los daños morales sufridos por una persona víctima de discrimen. En 1960 se enmendó la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico para reconocer legislativamente nuestro dictamen de Muriel v. Suazo, supra, a la vez que se ampliaba para, además, con-ceder daños punitivos. 1 L.P.R.A. sec. 13.() En dicha ocasión no prosperó una enmienda que hubiere extendido la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, con los remedios que la misma provee, para los casos de discrimen en la concesión de empleos. Del historial legislativo surge que los legisladores entendieron que la recién aprobada Ley Núm. 100, supra, estáblecía remedios de igual amplitud para evitar el discri-men en el empleo e indemnizar a las personas agraviadas. Véase 13 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Or-diñaría), T. 4, pág. 1878 (1960).() Al tener toda esta legisla-ción un mismo propósito, erradicar el discrimen de nuestra sociedad, sus disposiciones se deben leer en forma armo-niosa —R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 78, pág. 481— y así evitar interpretaciones que conduzcan a resultados irrazona-bles o absurdos, o que den lugar a distinciones que carezcan de fundamento racional. Véase Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 16, 20 (1954).

III

Esta innovadora legislación social tiene su equivalencia en la jurisdicción federal en la Ley Federal contra el Discrimen en el Empleo, Age Discrimination in Employment Act (A.D.E.A.), 29 U.S.C. sec. 621 et seq. En Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra, analizamos algunas normas aplica-bles a casos de discrimen al amparo de la ley federal (A.D.E.A.) y, aunque dicho estatuto fue promulgado después de la Ley Núm. 100, supra, hemos adoptado algunas de sus normas debido a la similitud de propósitos entre ambas leyes. Sin embargo, aunque nos beneficiamos de la experien-cia en la jurisdicción federal, no estamos obligados a adoptar las interpretaciones judiciales de estas leyes análogas, parti-cularmente cuando en Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, nuestra legislación responde a una prohibición cons-titucional expresa contra todo tipo de discrimen.

En la controversia particular ante este Tribunal, las leyes federales análogas no proveen remedios específicos para re-cobrar por daños emocionales por despidos discriminatorios. Véase Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra, pág. 508 esc. 10. Tampoco existe ese remedio al amparo del Título VII del Estatuto de Deréchos Civiles de 1964 (42 U.S.C. sec. 2000e et seq.). Véanse: B.L. Schlei y P. Grossman, Employment Discrimination Law, Washington, Ed. The Bureau of National Affaires, 1976, págs. 1452-1453; Ch. A. Sullivan, M.J. Zimmer y R.F. Richards, Federal Statutory Law of Employment Discrimination, Nueva York, Ed. The Bobbs-Merill Company, 1980; Nota, Developments in the Law: Employment Discrimination and Title VII of the Civil Rights Act of 196k, 84 Harv. L. Rev. 1109 (1971); Albemarle Paper Co. v. Moody, 422 U.S. 405 (1975); Rogers v. Exxon Research & Engineering Co., 550 F.2d 834 (3er Cir. 1977); Vazquez v. Eastern Air Lines, Inc., 579 F.2d 107 (1er Cir. 1978); Harrington v. Vandalia-Butler Bd. of Ed., 585 F.2d 192 (6to Cir. 1978). Esta norma ha sido severamente criticada en Es-tados Unidos, porque no provee adecuada compensación a las víctimas de discrimen, e ignora los daños sicológicos y emocionales que éstas sufren. Véanse: M.J. Goldberg, Implying Punitive Damages in Employment Discrimination Cases, 9 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 325, 369 (1974); Nota, Tort Remedies for Employment Discrimination Under Title VII, 54 Va. L. Rev. 491 (1968); Nota, Damage Remedies Under the Age Discrimination in Employment Act, 43 Brooklyn L. Rev. 47 (1976); R.F. Richards, Compensatory and Punitive Damages in Employment Discrimination Cases, 27 Ark. L. Rev. 603 (1973); Nota, Developments in the Law: Employment Discrimination and Title VII of the Civil Rights Act of 196k, supra, págs. 1261-1269.

Sin embargo, algunos tribunales de distrito han permi-tido al demandante recobrar por los daños, incluso angustias mentales causadas por la conducta discriminatoria, por en-tender que se sirven y se adelantan mejor los fines del esta-tuto si se le compensan al reclamante todos los daños sufridos. Humphrey v. Southwestern Portland Cement Company, 369 F. Supp. 832 (D. Tex. 1973); revocado por otros fundamentos, Rogers v. McCall, 488 F. Supp. 689, 691 (D. Colum. 1980); Wise v. Olan Mills Inc. of Texas, 485 F. Supp. 542 (D. Col. 1980); Coates v. National Cash Register Co., 433 F. Supp. 655 (D. Va. 1977); Hassan v. Delta Orthopedic Medical Group, Inc., 476 F. Supp. 1063 (D. Cal. 1979); Kennedy v. Mountain States Tel. and Tel. Co., 449 F. Supp. 1008 (D. Col. 1978).

No obstante, en relación con la concesión de daños men-tales bajo el estatuto local contra el discrimen en el empleo, la jurisprudencia federal interpretativa del Título VII del Estatuto de Derechos Civiles de 1964, supra, y del A.D.E.A. es poco persuasiva. El A.D.E.A. incorpora como remedio para las víctimas de discrimen por razón de edad los reme-dios provistos por el Fair Labor Standards Act, 29 U.S.C.sec. 216(b),() entre los cuales no está incluida la concesión de daños por angustias mentales. Por su parte, se ha interpre-tado que el Título VII del Estatuto de Derechos Civiles de 1964, supra, provee sólo remedios en equidad, 42 U.S.C. see. 2000e-5(g), y no remedios legales. Schlei y Grossman, op. cit.; Sullivan, Zimmer y Richards, op. cit.; Albemarle Paper Co. v. Moody, supra. Esta distinción entre remedios en equi-dad vis-á-vis remedios legales no tiene aplicación en nuestro derecho.()

Por otro lado, bajo la legislación estatal de derechos ci-viles se ha reconocido ampliamente que son resarcibles los daños y angustias mentales sufridas. Anotación, Recovery óf Damages as Remedy for Wrongful Discrimination under State or Local Civil Rights Provisions, 85 A.L.R.3d 351, 355 (1978); Anotación, Recovery of Damages for Emotional Distress Resulting from Discrimination because of Sex or Marital Status, 61 A.L.R.3d 944, 945 (1975).( ) La tendencia en los estados es la de interpretar las disposiciones de derechos civiles de una forma amplia que asegure su efectividad como mecanismo para combatir el discrimen. Anotación, Recovery of Damages as Remedy for Wrongful Discrimination under State or Local Civil Rights Provisions, supra, pág. 358.

En la esfera local, nuestra jurisprudencia no distingue entre daños físicos, materiales o morales para efectos de resarcimiento. Correa v. Autoridad Fuentes Fluviales, 83 D.P.R. 144, 153 (1961); Vázquez v. Pueblo, 76 D.P.R. 594 (1954); Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 97 (1957). “Daño” es todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su pro-piedad o en su patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder otra. J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 126; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1984, T. XXIX pág. 156; H.M. Brau, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. 1, Cap. VIII, pág. 427. La responsabilidad civil es precisamente el deber de resarcir al damnificado al otorgarle un valor económico al daño sufrido. J. Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, 4ta ed., Argentina, Ed. Abeledo-Perrot, 1983, pág. 135. “[E]l ‘resar-cimiento o indemnización pecuniaria consiste en atribuir al perjudicado la cantidad de dinero suficiente para compensar su interés perjudicado. Es como una subrogación real en la que el dinero ocupará el lugar de los daños y perjuicios su-fridos. Es una atribución pecuniaria que crea una situación patrimonial que equivale a la destruida por el daño cau-sado’.” (Énfasis en el original.) Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 455-456 (1985).

Si bien en principio los daños intangibles, como lo son el sufrimiento, las angustias mentales y los daños emocionales, se consideran daños no patrimoniales, ya que su valoración pecuniaria no se funda en una equivalencia matemática, no por eso dejan de ser compensables en dinero. Santos Briz, op. cit., págs. 140-169; Brau, op. cit., pág. 427; G. Ortiz Ricol, Valoración jurídica del daño moral, III (Núm. 11) Rev. Der. Esp. y Amer. 141 (1958). Después de todo, los daños morales pueden ser de tal magnitud que su importancia exceda la de cualquier daño material sufrido.

Desde hace tiempo este Tribunal ha reconocido la existencia en Puerto Rico de una acción civil de daños y perjuicios por violación a derechos civiles. Muriel v. Suazo, supra. En aquella ocasión, adoptamos la norma de que “un es-tatuto protector de derechos civiles, no obstante contener una disposición de índole penal por su violación, no impide el ejercicio de una acción civil de daños y perjuicios, ya que el deber impuesto a las personas a quienes se aplica lo es para la protección y beneficio de otras personas, y la violación de ese deber es fuente de responsabilidad por cualquier daño causado como consecuencia de ella”. Muriel v. Suazo, supra, pág. 376. Reconocimos, además, que el daño causado por una humillación sufrida como consecuencia de discrimen de este tipo es de más importancia que muchos daños fí-sicos. Muriel v. Suazo, supra, pág. 375. Precisamente, por la importancia del derecho protegido, todas estas leyes pro-veen amplios remedios civiles y penales para combatir el dis-crimen. En el debate legislativo sobre la Ley Núm. 100, supra, el Senador Negrón López expuso con gran claridad la intención de sus autores:

Creo que este Proyecto es sencillo y trata un problema d[i]fícil, como bien dice el compañero, pero de una manera sencilla. Establece una acción civil y una acción penal contra discrímenes. Esa es la forma clásica en que toda legislación, la antigua legislación contra discrímenes raciales en Puerto Rico, que está vigente, me parece, desde el año 1941 ó ’42, y una antiquísima legislación sobre derechos civiles, en general, que está vigente desde el año 1902, la manera en que tratan este difícil problema del discr[i\men, es estableciendo una ac-ción penal y úna acción civil, porque ese es el alcance educa-tivo y la ley llega a servir sus fines de esa manera educativa, señalándole a las personas orden, un comportamiento y una norma social correcta de esta manera, sin intervenir, mayor-mente, sin intervenir en el régimen de sus relaciones en la organización de sus negocios ni en otros aspectos de su funcio-namiento como se ha sugerido aquí, en el curso de esta discu-sión. (Énfasis suplido.) 12 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 2, pág. 688 (1959).

Al expresar que la Ley Núm. 100, supra, establecía una acción civil en la “forma clásica”, al igual que la legisla-ción contra discrímenes raciales, se estaba reconociendo que el remedio concedido por este estatuto iba a ser de igual am-plitud que el permitido en Muriel v. Suazo, supra, al inter-pretar la Ley de Derechos Civiles de 1943. No albergamos duda que tiene que ser igual.

En Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 745 (1981), reconocimos que el precedente establecido en Muriel v. Suazo, supra, no estaba limitado al discrimen racial y que la regla allí establecida era aplicable, en ausen-cia de legislación en contrario, a la acción civil por discrimen que consagra a la Ley Núm. 100, supra. Además, reafir-mamos la existencia en Puerto Rico de una causa de acción en daños y perjuicios fundada en discrimen en el empleo, particularmente reconocida mediante la Ley Núm. 100, supra.

Por último, resulta obligado reiterar y enfatizar las normas de hermenéutica que nos guían en nuestra función de interpretar las leyes. El fin primordial de la interpretación estatutaria es hacer que prevalezca el propósito legislativo y evitar las interpretaciones que puedan conducir a resultados irrazonables. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); Lozada v. Antonio Roig, Sucrs., 73 D.P.R. 266, 270 (1952); In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274, 278 (1959); Borinquen Furniture v. Tribl. de Distrito, 78 D.P.R. 901, 905 (1956); Bernier y Cuevas Segarra, op. cit, págs. 245-247. No debe dársele a parte de una ley un significado que derrote los fines del propio estatuto. Latoni v. Corte Municipal, 67 D.P.R. 140 (1947).

Como el propósito de la interpretación es lograr que se cumplan los fines intentados por el legislador, “las leyes deben interpretarse y aplicarse en comunión con el propósito social que las inspira. No deben desvincularse del problema hu-mano cuya solución persiguen, ni descarnarse de las reali- dades de vida que la sociedad misma ha proyectado sobre ellas, pues se tornaría ilusorio y se perdería en el vacío el deseo de justicia que las genera”. Figueroa v. Díaz, 75 D[.]P[.]R[.] 163,171 (1953) (Opinión de los jueces Negrón Fernández y Belaval). (Énfasis en el original.) Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., Cap. 39, pág. 297.

En el caso particular de legislación cuyo fin primordial es remediar los efectos adversos de una actuación inconstitucional, debemos favorecer una interpretación que resulte en una mejor protección de los derechos humanos. Debemos siempre tener presente que todas las leyes de jus-ticia social “deben ser liberalmente interpretadas, a fin de poder lograr los elevados fines perseguidos por el legisla-dor”. Torres v. González, 63 D.P.R. 964, 972 (1944). Véase Bernier y Cuevas Segarra, op. cit, Cap. 72, pág. 461.

Con estas consideraciones, procede el examen del texto de la disposición que impone responsabilidad civil por viola-ción a las leyes obreras que prohíben el discrimen en el em-pleo. 29 L.P.R.A. sees. 146, 469 y 1341.()

IV

La acción civil provista por la Ley Núm. 100, supra, dis-pone que el que viole sus disposiciones incurrirá en “respon-sabilidad civil por úna suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado . . .”. (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. sec. 147(a)(1). Del texto de la ley no surge clasifica-ción o limitación alguna en cuanto a qué tipo de daño se com-pensará. Al aprobar la Ley Núm. 100, supra, los legisladores eran conscientes de que nuestro Derecho permitía recobrar compensación por los daños y angustias mentales sufridas. Véanse las expresiones del Senador Negrón López anterior-mente citadas. Diario de Sesiones, supra. Tomando en cuenta que el propósito de la Asamblea Legislativa fue apro-bar una medida que no sólo prohibiera el discrimen, sino que además impusiera responsabilidad civil por los daños cau-sados, en ausencia de expresión legislativa contradictoria no podemos concluir que la ley excluye indemnización de daños y angustias morales. Muy por el contrario, si consideramos que el patrón legislativo ha estado dirigido a ampliar y a ex-pandir la protección de los derechos civiles y a conseguir el fiel y real cumplimiento con los mandatos de nuestra Consti-tución, es inevitable la conclusión de que la Asamblea Legis-lativa aprobó un esquema remedial con todos los instrumen-tos necesarios para reparar a las víctimas de los daños cau-sados por el discrimen en el empleo. Sólo así se le da conte-nido real al principio establecido en nuestra Carta de Dere-chos de que “[l]a dignidad del ser humano es inviolable”. Const. E.L.A., supra, pág. 257.

En materia de indemnización por discrimen en el campo laboral, los estatutos en controversia consagran la fórmula a seguir. Cualquier indagación doctrinal en el derecho compa-rado sólo puede servirnos como módulo esclarecedor. Hay ciertas ideas, no obstante, que poseen valor universal. “En esta inteligencia ... el contrato de trabajo posee un sentido esencialmente ético, en virtud del cual la personalidad del trabajador se convierte en un elemento fundamental, ‘y de ahí entonces que todo aquello que afecte el plano moral en el cual se sitúa la relación laboral, produce consecuencias sus-ceptibles de condenar al autor... ’.” E.E. Martorell, Indem-nización del daño moral por despido, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1985, pág. 145.

La opinión disidente parte de la premisa de que la fórmula de compensación del subinciso (2), 29 L.P.R.A. see. 147(a), “cualifica la cubierta” del subinciso (1), 29 L.P.R.A. sec. 147(a), aunque acepta “que bajo el concepto genérico de ‘daños’ puede entenderse que la responsabilidad civil del patrono comprende todo tipo de lesión. Abona a es[ta\ inter-pretación el subinciso (1), 29 L.P.R.A. sec. 147(a), que ex-presa que la responsabilidad es por el doble de los ‘daños’ sin que éstos se limiten o se especifiquen. Igualmente, el su-binciso (S), 29 L.P.R.A. sec. 147(a), no cualifica el vocablo ‘daños’”. (Énfasis suplido.) Opinión disidente, pág. 222.

El propósito del legislador fue establecer una fórmula para reparar los daños causados por el discrimen en el empleo. Aunque la Constitución es la fuente de remedios, el estatuto provee la medida en que los daños han de ser resarcidos.

Nótese que, de resolver lo contrario, estaríamos convirtiendo por fíat judicial una legislación de protección al obrero en una de privilegio para el patrono, quien para todos los efectos prácticos obtendría una inmunidad parcial de facto ante reclamaciones por discrimen en el empleo. Cuando el legislador ha querido crear inmunidades y exclusividad de remedios, así lo ha hecho expresamente como en el caso de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 21. Esquemas de esta índole, derogatorios de las normas generales sobre responsabilidad civil que imperan en nuestro país, no pueden inferirse livianamente. Es la Asamblea Legislativa la que debe limitar los remedios disponibles.

La intención legislativa fue aprobar un estatuto que am-pliara los instrumentos de protección al trabajador. Por eso el legislador no promulgó un ordenamiento que expresa-mente limitara los remedios existentes. Sí lo hizo, por el con-trario, cuando en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a(b)) proveyó una indemnización por des-pido injustificado limitada a la mesada o compensación pro-gresiva equivalente a una semana por cada año de servicio. De esta manera, el legislador reconoció la diferencia conceptual entre la reparación de una violación a un derecho fundamental y la indemnización de un derecho económico de origen estatutario.

Resolvemos, por lo tanto, que cuando la Ley Núm. 100, supra, dispone que la responsabilidad civil será por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado, esto se refiere a todos los daños sufridos por la víctima, incluso daños y angustias mentales, en aquellos casos, claro está, en que su existencia quede debidamente establecida por los promoventes del pleito. Como componentes distintos del daño, uno no absorbe al otro.

Schlei propone como fundamento para excluir la compensación de daños y angustias mentales de las disposiciones de la Ley Núm. 100, supra, que este tipo de compensación se caracteriza por ser imprecisa e incierta. También plantea que conceder compensación por daños mentales crea incentivos para demandas injustificadas contra los patronos. Aunque comprendemos su preocupación, esta tesis ignora los propósitos socioeconómicos y constitucionales de la ley y limita el alcance de su protección contra el discrimen en el empleo. Por otro lado, los tribunales tienen los instrumentos necesarios para desalentar pleitos frívolos, incluso sanciones contra los abogados.

Ya anteriormente este Tribunal ha reconocido lo difícil y angustiosa que es la gestión judicial de estimación y valora-ción de daños por la falta de un sistema mecánico que per-mita llegar a un resultado exacto. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 (1985); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975). La-existencia de un cierto elemento de especulación no impide que el tribunal, a base de los hechos particulares, la prueba presentada y los criterios ya estable-cidos, pueda determinar una cuantía adecuada y razonable para compensarle al reclamante los daños sufridos. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 871 (1978); Urrutia v. A.A.A, supra; Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra; Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757 (1978); Santos Briz, op. cit., págs. 140-169; Brau, op. cit, pág. 427; Ortiz Ricol, supra.

También argumenta la querellada que el inciso (a)(2), 29 L.P.R.A. see. 146, de la disposición sobre responsabilidad civil, limita la compensación sobre daños y angustias mentales a un máximo de mil (1,000) dólares. El mismo establece que, en caso de que “no se pudieren determinar daños pecunia-rios”, el Tribunal, discrecionalmente, concederá una com-pensación por una cantidad no menor de cien (100) ni mayor de mil (1,000) dólares. La querellada interpreta este inciso como que establece que, en aquellos casos en que no hay pér-dida de ingreso y el daño sufrido es sólo de tipo moral o mental, éstos se compensarán de acuerdo con los límites ya mencionados. Alega que la referencia en la ley a cuando no se pudieren determinar “daños pecuniarios” es equivalente a daños y angustias mentales.

No nos convence su argumento. Hay ciertos derechos de tan alta jerarquía dentro del sistema de gobierno en que vi-vimos que su violación es no sólo una injuria contra la víctima cuyo derecho ha sido infringido, sino que. además es una afrenta contra el interés del Estado. El Estado no solamente tiene el deber de abstenerse de infringir esos derechos, sino también tiene que intervenir para proteger a los ciudadanos. Se exige una actuación positiva del Estado en beneficio del ciudadano. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 200.

Los postulados de igualdad de nuestra Constitución, y que recoge en sus disposiciones la Ley Núm. 100, supra, son este tipo de derecho. Un acto de discrimen por edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, ideas poli-ticas o religiosas, es un acto contra la sociedad al igual que contra el individuo. Mediante la Ley Núm. 100, supra, la Asamblea Legislativa actuó afirmativamente para prohibir y penalizar el discrimen en el empleo. La mera violación del derecho es de por sí un daño compensable.

Para asegurar que estos derechos fundamentales fueran escrupulosamente respetados, la legislatura impuso respon-sabilidad civil por la mera violación del interés protegido, aun en ausencia de prueba de daños por parte de la persona afectada. El método para poner en vigor esta legislación ha sido utilizado en Estados Unidos para proteger los derechos civiles. Carey v. Piphus, 435 U.S. 247 (1978); Tatum v. Houser, 642 F.2d 253 (8vo Cir. 1981); Dillon v. Pulaski Cty. Special Sch. Dist., 468 F. Supp. 54 (D. Ark. 1978).

Este es, precisamente, el esquema de responsabilidad civil de la Ley Núm. 100, supra. Cuando “no se pudieren determinar daños pecuniarios” o, dicho de otra manera, cuando no sea posible calcular y compensar en dinero la pérdida o daño (material y/o moral) que la privación del derecho haya causado al reclamante, bien porque éste no presentó prueba de su existencia o porque la presentada no puso al tribunal en condiciones de cuantificar su magnitud, éste podrá, a su discreción, conceder de cien (100) a mil (1,000) dólares de compensación.

Esto no impide que, de establecerse solamente la existen-cia de daños morales se le compensen a la víctima de confor-midad con el primer inciso, esto es, el “doble del importe de los daños que el acto haya causado . . . ”. 29 L.P.R.A. see. 146(a)(1). Después de todo, el daño moral, como antes expre-sáramos, también es susceptible de apreciación pecuniaria. Martorell, op. cit, págs. 57-66.

A la luz de los propósitos que persiguió el legislador al aprobar las leyes contra discrimen en el empleo que hoy in-terpretamos, y con el ánimo de darle completa efectividad a sus disposiciones, resolvemos que tanto bajo la Ley Núm. 100, supra, que prohíbe el discrimen en el empleo, como bajo la ley de protección a las madres obreras, Ley Núm. 3, supra, y la Ley Núm. 69, supra, procede el resarcimiento de daños y angustias mentales.

Se devolverá el caso al tribunal de instancia para procedi-mientos ulteriores conformes con lo aquí dispuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente, a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Re-bollo López y Ortiz.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo Ló-pez y Ortiz.

H-I

“[E]s más fácil ser generoso que ser justo, pero nuestro sentido del deber nos impide tomar el camino más fácil si éste está reñido con la justicia.” Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 904 (1965). En estricta juridicidad y en conciencia, no podemos suscribir la opinión del Tribunal. No se ha planteado debidamente un reclamo de inconstitucio-nalidad. Aunque la opinión del Tribunal soslaya ese aspecto, es obvio que esa es la premisa mayor inarticulada en que se asienta la interpretación expansiva en materia de indemniza-ción de daños mentales laboral. Sólo así se entiende la fragi-lidad de la dicotomía entre remedios constitucionales, esta-tutarios, patrimoniales y personales. De haber sido esa la controversia y curso decisorio, la suscribiríamos.

Ausente la dimensión constitucional, es obvio que si la visión legislativa de paternalismo laboral que inspiró los re-medios estatutarios en las Leyes Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 146-151 —discrimen en el empleo— Núm. 3 de 13 de marzo de 1942 (29 L.P.R.A. sees. 467-474) —madres obreras embarazadas— y Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. sees. 1321-1341) —discrimen en el empleo por razón de sexo— es incompleta o debe o no subsistir, no es asunto sometido apropiadamente ante nuestra consideración. Si la protección y reivindicación de los derechos civiles de los trabajadores y el erradicar todo tipo de discrimen en el empleo es suficiente o requiere un nuevo enfoque remedial, es cuestión de la Asamblea Legisla-tiva. “[C]uando mencionemos a la doctrina que niega la pro-cedencia de la indemnización por daño moral dentro del derecho laboral, no debe entenderse que niega que el mismo pueda llegar a acaecer dentro de esta rama del derecho, o que en el caso de generarse no deba ser reparado, sino que lo que en definitiva niega, es que el mismo merezca una repara-ción autónoma o extraforfataria, porque considera que éste halla correcta reparación por medio de la indemnización tari-fada.” E.E. Martorell, Indemnización del daño moral por despido, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1985, pág. 122.

Trazadas las coordenadas adjudicativas correctas, un análisis sereno refleja que las leyes mencionadas no proveen la compensación por daños en concepto de angustias y sufri-mientos mentales.() Reproduzcamos el texto compensatorio común en todas que recogen lo que los estudiosos denominan “indemnización tarifada”. Martorell, op. cit, págs. 87, 97-98. Su filosofía responde a la naturaleza jurídica de indemniza-ción por despido:

Si el despido se rigiera por el derecho común, el quantum indemnizatorio estaría determinado por la prueba que se pu-diere producir. De acuerdo con las normas procesales vi-gentes, y por lo establecido por el derecho de fondo, el trabajador debería acreditar los daños sufridos, para lo que se tendría en especial cuenta ciertos factores como, su edad, su profesión, su salud, la antigüedad y la categoría profesional que detentaba en la empresa, como también el tiempo que tardó en conseguir una nueva ocupación, y si ésta fue de igual o inferior nivel jerárquico, elementos todos que obrarían como indicios para determinar las consecuencias que le produjo al trabajador su despido.
La ley también cierra, en general, toda polémica posible acerca del quantum indemnizatorio, y para evitar cualquier discusión sobre la evaluación del daño determina la cuantía del resarcimiento, presumiendo siempre la existencia de per-juicios originados en el incumplimiento del contrato. Marto-rell, op. cit, págs. 93-94.
Establecen que:
(a) incurrirá en responsabilidad civil
(1) por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o solicitante de empleo;
(2) o por una suma no menor de cien (100) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares, a discreción del tribunal, si no se pudieren determinar daños pecuniarios-,
(3) o el doble de la cantidad de los daños ocasionados si ésta fuere inferior a la suma de cien (100) dólares, y
(b) incurrirá, además, en un delito menos grave y, convicto que fuere, será castigado con multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas, a discreción del tribunal.
El tribunal en la sentencia que dicte en acciones civiles in-terpuestas bajo las precedentes disposiciones podrá ordenar al patrono que reponga en su empleo al trabajador y que cese y desista del acto de que se trate. (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. see. 146.

) — I 1 — 1

La interpretación y alcance legislativo de la Ley Núm. 100, supra, la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. secs. 13-19, y otras que le atribuye la opinión mayo-ritaria, no tiene fundamento alguno en el trasfondo legisla-tivo. Menos para desarrollar correctamente una analogía conceptual en materia de daños y perjuicios. Desprovista de ella, cae todo el andamiaje jurídico en que se apuntala. Cu-riosamente, sin mencionarlo, se invoca toda nuestra juris-prudencia básica enraizada en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, que si bien no distingue entre daños físicos, materiales o morales —Correa v. Autoridad Fuentes Fluviales, 83 D.P.R. 144, 153, (1961)— tampoco limita la causa de acción a solamente el perjudicado o víctima, sino que la hace extendible a sus parientes y familiares cercanos.

Primeramente, el diálogo parlamentario habido bajo la Ley Núm. 100, supra, es insuficiente para precisar la mens legislativa. Específicamente, el Senador Colón Castaño in-quirió si la fórmula establecida incluía “daños morales o daños de haber dejado de trabajar”. Aun así, la interrogante no fue contestada adecuadamente. 12 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 2, pág. 682 (1959).

Además, en el contexto en que se hicieron las expresiones del Senador Negrón López, como parte del trámite de apro-bación de la Ley Núm. 100, supra —citadas en la pág. 207 de la opinión mayoritaria— no justifican la conclusión arribada. Lo que dicho senador indicó es producto de las dudas del Senador Colón Castaño sobre el carácter de la acción civil y de la acción penal establecidas en el proyecto de ley, y del reclamo de varios legisladores, de que el mismo debía remi-tirse a las Comisiones de lo Jurídico Civil, de lo Jurídico Penal y de Estilo. Diario de Sesiones, supra, págs. 682-685.

Con el fin de que no se diera curso a ese trámite, el Sena-dor Negrón López expuso:

Las objeciones que yo oí; tenían que ver con el hecho de si estaba adecuadamente separado o no lo relativo a la responsa-bilidad civil y a la responsabilidad criminal. Eso es, obvia-mente, y yo diría que exclusivamente una cuestión que tiene que ver con la redacción de la medida. Diario de Sesiones, supra, pág. 685.
Más adelante señaló:
Yo quiero decir, señor Presidente, que cuando una Comisión informante considera que ha estudiado una medida adecuada-mente —en este caso, la Comisión del Trabajo rindió un in-forme al Senado, y recomendó su aprobación— y no hay objeciones mayores, que tengan que ver con la redacción del Proyecto, como en este caso, en que solamente se ha señalado que está mezclada la responsabilidad penal y la responsabili-dad civil, no considero que el Proyecto debe volverse a una Comisión, mucho menos a otra Comisión con lo cual se- está señalando que no ha habido el adecuado y debido estudio, cosa que se ha propuesto, no por el compañero, pero se ha pro-puesto, en este caso, por otros miembros del Senado.
Normalmente esa no debe ser la práctica, excepto que la Comisión informante reclame que tal cosa se haga. Yo me he opuesto siempre a las enmiendas improvisadas en el Senado, porque muchas veces no responden a la mayor sabiduría cien-tífica y jurídica.
Creo que este Proyecto es sencillo y trata un problema difí-cil, como bien dice el compañero, pero de una manera sencilla. Establece una acción civil y una acción penal contra discrí-menes. Esa es la forma clásica en que toda legislación, la anti-gua legislación contra discrímenes raciales en Puerto Rico, que está vigente, me parece, desde el año 1941 ó ’42, y una antiquísima legislación sobre derechos civiles, en general, que está vigente desde el año 1902, la manera en que tratan este difícil problema del discr[i]men, es estableciendo una acción penal y una acción civil, porque ese es el alcance educativo y la ley llega a servir sus fines de esa manera educativa, señalán-dole a las personas orden, un comportamiento y una norma social correcta de esta manera, sin intervenir, mayormente, sin intervenir en el régimen de sus relaciones en la organiza-ción de sus negocios ni en otros aspectos de su funcionamiento como se ha sugerido aquí, en el curso de esta discusión. Diario de sesiones, supra, pág. 688.

En estas circunstancias, las expresiones del Senador Ne-gron López obviamente se limitan a aclarar la redacción en el proyecto con el fin de evitar que fuera referido a las comi-siones antes mencionadas. Dicho interlocutor indicó que las sanciones consideradas en el proyecto eran acciones de ín-dole civil y penal, las cuales resultan ser los remedios clá-sicos en leyes dirigidos a prohibir el discrimen en el empleo. Salvo una imaginación sin límites, difícilmente tales expre-siones significan —ni son susceptibles de tomarse aislada-mente— para concluir que se estableció una “acción civil clásica”. Diferimos de esa forzada conclusión mayoritaria.

De igual forma, la interpretación sobre la enmienda a la Sec. 1 de la Ley de Derechos Civiles de 1960, Ley Núm. 125 de 13 de julio de 1960 (1 L.P.R.A. sec. 13),() tampoco tiene el alcance atribuido en la opinión mayoritaria. Veamos.

Ni en el Informe de la Comisión de lo Jurídico citado en la nota al calce 5 de la opinión mayoritaria ni las expresiones de los legisladores en el debate, fueron a los efectos de que en la Ley Núm. 100, supra, se establecían “remedios de igual amplitud”. Lo que allí se consignó fue que “la cuestión de discrimen por razón de raza o color en la concesión de empleos está cubierta con entera amplitud por la Ley [Núm.] 100 de 30 de junio de 1959”. (Énfasis suplido.) 13 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 4, pág. 1878 (1960).

Al plantearse que se aprobara la referida enmienda, se suscitó el diálogo siguiente:

Sr. Garda Meléndez: Antes que se aprueben las enmiendas yo deseo saber cuál es la razón por la cual se recomienda la eliminación de las líneas 7 y 8 en la página 2, que tienen que ver fundamentalmente con la filosofía y el espíritu del pro-yecto.
Sr. Aponte: Señor Presidente, esa materia está reglamen-tada por una ley completa sobre la cual pasamos hace unos días y, si mal no recuerdo, el compañero me interrogó intensa-mente. Uná ley completa que tiene que ver con el discrimen en relación con empleos, mientras que esta parte de la ley brega solamente con el discrimen en la venta de arrendamiento y opciones relacionadas con viviendas y en el uso de locales públicos. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 1878.

Contrario a como se sugiere, lo único que puede con-cluirse del citado debate e informe es que se consideró que no era apropiada la inclusión de este asunto en la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. secs. 13-19, por-que la cuestión del discrimen en el empleo estaba completa-mente regulada por una ley específica sobre esta materia, y la sección de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico a ser enmendada —y donde se había incluido— sólo se refería al tema del “discrimen en la venta de arrendamiento y opciones relacionadas con viviendas y en el uso de locales públicos”. Diario de Sesiones, supra, pág. 1878.

Por último, nos preguntamos que si la intención era in-cluir bajo la Ley Núm. 100, supra, los “daños” por angustias y sufrimientos mentales, por qué en dicha legislación se adoptó una fórmula tan particular y no se incorporó el mismo lenguaje que en la enmienda a la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico. Adviértase que ambos estatutos fueron promul-gados luego de nuestra decisión en Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370 (1951).

El análisis expansivo de la mayoría del Tribunal parte inexplicablemente de la premisa equivocada de que la norma escrita expresa menos de lo que el legislador quiso decir, minus dixit quam voluit. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las. leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 35, pág. 263. La dificultad de ese razonamiento, según hemos visto, es que precisamente carecemos de información ex le-gibus.

Aceptamos que bajo el concepto genérico de “daños” puede entenderse que la responsabilidad civil del patrono comprende todo tipo de lesión. Abona a esa interpretación el subinciso (1), 29 L.P.R.A. sec. 147(a), que expresa que la res-ponsabilidad es por el doble de los “daños” sin que éstos se limiten o se especifiquen. Igualmente, el subinciso (3), 29 L.P.R.A. sec. 147(a), no cualifica el vocablo “daños”.

Por otro lado, cabe interpretar que sólo se responde por “daños pecuniarios”, pues la fórmula de compensación esta-blecida en el subinciso (2), 29 L.P.R.A. sec. 147(a), cualifica la cubierta al fijar una penalidad “si no pudieren determinar daños pecuniarios”.

Nos inclinamos por la segunda posición. Varias razones nos mueven a llegar a esta conclusión.

En primer lugar, es regla dorada de hermenéutica que al interpretar un estatuto se toman en conjunto todos sus apar-tados y no individualmente. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 315. Bajo esta visión de conjunto, la fórmula de compensación del subinciso (2), supra, “si no se pudieren de-terminar daños pecuniarios”, proyecta el verdadero signifi-cado de la voz “daños” del subinciso (1), supra, a saber, de carácter pecuniarios. Únicamente así tiene algún sentido integral la expresión legislativa.

HH HH

Robustece esta interpretación los antecedentes de la Ley Núm. 100, supra. Según reconocimos en Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985), es claro que esta legislación tiene iguales propósitos que la Ley Federal contra el Discrimen en el Empleo, Age Discrimination in Employment Act (A.D.E.A.), 29 U.S.C. sec. 621 et seq. Bajo esta última los tribunales, con visión casi unánime, han resuelto que no son compensables los daños emocionales. Márquez Vélez v. David M. Puerto Rico Graphic Sup., 660 F. Supp. 569 (D. P.R. 1985); Wildman v. Lerner Stores Corp., 582 F. Supp. 80 (D. P.R. 1984); Hill v. Spiegel, Inc., 708 F.2d 233, 236 (6to Cir. 1983); Pfeiffer v. Essex Wire Corp., 682 F.2d 684 (7mo Cir.), cert. denegado, 459 U.S. 1039 (1982); Fiedler v. Indianhead Truck Line, Inc., 670 F.2d 806 (8vo Cir. 1982); Naton v. Bank of California, 649 F.2d 691 (9no Cir. 1981); Vázquez v. Eastern Air Lines, Inc., 579 F.2d 107 (1er Cir. 1978); Rogers v. Exxon Research and Engineering Co., 550 F.2d 834 (3er Cir. 1977), cert. denegado, 434 U.S. 1022 (1978); Slatin v. Stanford Research Institute, 590 F.2d 1292 (4to Cir. 1979); Dean v. American Sec. Ins. Co., 559 F.2d 1036, 1038 (5to Cir. 1977), cert. denegado, 434 U.S. 1066 (1978).

> I — <

Existe otro estatuto que por su analogía y tratamiento apoya nuestra interpretación contemporánea. Nos referimos al historial de la See. 4 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada por la Ley Núm. 39 de 19 de junio de 1969 (29 L.P.R.A. see. 469). Sus términos son similares al Art. 1 de la Ley Núm. 100, supra, 29 L.P.R.A. see. 146. Su historial nos permite, sin dudas, concluir que la responsabili-dad civil del patrono no incluye daños emocionales, sino sola-mente aquellos económicos dejados de percibir por la actuación discriminatoria. Veamos.

La See. 4 de la Ley Núm. 3, supra, originalmente dispo-nía:

El patrono no podrá, sin causa justa, despedir a la mujer embarazada. No se entenderá que es justa causa el menor rendimiento para el trabajo, en razón del embarazo. 29 L.P.R.A. ant. see. 469.

Esta disposición fue objeto de interpretación por este Foro en Schneider v. Tropical Gas Company, Inc., 95 D.P.R. 626 (1967). Se trataba de una mujer embarazada despedida de su empleo cinco y medio (5V2) meses antes del alumbra-miento porque desmereció su rendimiento y trabajo. Se le pagó un (1) mes de salario y las vacaciones acumuladas. Ella presentó acción contra el patrono y el tribunal de instancia resolvió que éste tenía que pagarle el salario por cuatro y medio (4%) meses y, desde ese momento, por cuatro (4) se-manas después del parto, a mitad de sueldo.

Al acudir en alzada el patrono, este Tribunal revocó y de-cidió que ella sólo era acreedora a recibir una compensación equivalente a un (1) mes de sueldo —como derecho a me-sada— pues la Ley Núm. 3, supra, no establecía compensa-ción por despidos injustificados, sino solamente un período de descanso.

La opinión disidente —con la que estuvieron conformes cuatro (4) jueces— expresó que la See. 4 de la Ley Núm. 3, supra, “establece un pacto implícito, de naturaleza pública —ex re pública facere— en todo contrato de trabajo de una mujer embarazada que debe ser cumplido por el obligado, y cuyo incumplimiento da derecho a la perjudicada al corres-pondiente resarcimiento de daños y perjuicios, siendo en tal caso la medida razonable del daño la suma de dinero que hubiera podido percibir la empleada embarazada de haber continuado en su trabajo durante el embarazo”. (Énfasis suplido.) Schneider v. Tropical Gas Company, Inc., supra, pág. 636.

Luego de Schneider v. Tropical Gas Company, Inc., supra, la Asamblea Legislativa enmendó la See. 4 mediante la Ley Núm. 39, supra, y añadió el inciso (a):

(a) Todo patrono que despida, suspenda, reduzca el salario, o discrimine en cualquier forma contra una trabajadora por razón de la merma en su producción mientras ésta se encuen-tre en estado de embarazo o rehúse restituirla en su trabajo luego del alumbramiento, incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que cual-quiera de los actos antes mencionados haya causado a la tra-bajadora, o por una suma no menor de cien dólares ($100.00) ni mayor de mil dólares ($1,000.00) a discreción del tribunal si no se pudieran determinar daños pecuniarios o el doble de éstos si montaran a una suma menor de cien dólares ($100.00).
La empleada además tendrá derecho a que se le reponga en su trabajo so pena de incurrir el patrono en daños adicionales idénticos o iguales a los establecidos en esta sección. (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. see. 469.

El propósito de esta enmienda fue autorizar a las obreras embarazadas despedidas sin justa causa a reclamar la com-pensación que la mayoría del Tribunal negó en Schneider v. Tropical Gas Company, Inc., supra. Véase el Informe de la Comisión de Trabajo y Fomento Cooperativo del Senado sobre el P. del S. Núm. 14 de 1ro de abril de 1969, que se convirtió en la Ley Núm. 39, supra.() En este sentido, dicha enmienda constituye “un estatuto interpretativo especial ..Ledesma, Admor. v. Tribl. de Distrito, 71 D.P.R. 87, 91 (1950). Como tal, su historial sirve de guía al caso que nos ocupa.

La intención de que la compensación se limita a los sala-rios dejados de percibir queda evidenciada en la siguiente discusión entre los Senadores Menéndez Monroig y Marcano sobre el P. del S. Núm. 14:

Sr. Menéndez Monroig: Al Presidente de la Comisión del Trabajo o al proponente del proyecto. Me refiero a la Sección 4, su último párrafo dice, “La empleada además tendrá dere-cho a que se le reponga en su trabajo so pena de incurrir en daños adicionales.” Quisiera que me digan cuáles son los daños adicionales por que esa parte del proyecto . . .
Sr. Marcano: Se trata de los mismos daños contenidos an-teriormente, o sea, la obrera tiene derecho a que la repongan en su trabajo si no la reponen en su trabajo entonces el pa-trono está sujeto a los daños ya establecidos antes en la ley. Como el compañero ve, ella tiene derecho a recobrar daños antes, o sea, si no se le repone, entonces ella tendría derecho a una acción adicional para recobrar iguales daños por el tiempo en que no se ha repuesto en su trabajo.
Sr. Menéndez Monroig: ¿No cree el compañero Marcano que debería aclararse eso más para que diga... porque eso de daños adicionales puede ser cualquier cosa. ¿Entiende el com-pañero? Daños adicionales puede ser $1 o puede ser $1 millón, porque no está especificado. Nos parece a nosotros que debe-ría aclararse que son los daños adicionales que serian idén-ticos a los anteriores en alguna forma.
Sr. Marcano: Bueno, yo no tengo objeción a que se aclare en esa forma, pero como ve el compañero, en la misma sección dice que la trabajadora, el que el patrono que se niegue a em-plearla incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que cualquiera de dichos actos haya causado a la trabajadora y entonces lo establece ahí. (Enfasis suplido.) 23 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 3, pág. 1402 (1969).

En resumen, la enmienda a la Ley Núm. 3, supra, antes aludida —establecer una compensación por actos discrimi-natorios por razón de embarazo— adoptó el mismo esquema que prevalecía en el Art. 1 de la Ley Núm. 100, supra, esto es, “con fines análogos”. Con absoluta claridad, se entendió que los daños compensables se limitaban a la pérdida de in-greso.

Los Arts. 17 y 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 17 y 18, establecen los principios de hermenéutica relativos a las leyes in parí materia. Para determinar el significado de pa-labras dudosas de un estatuto es lícito confrontarlas con otras relacionadas e interpretarlas en armonía con leyes que versan sobre el mismo objetivo o asunto. “Cuando el propó-sito de dos leyes es idéntico, los tribunales deben impartir la misma interpretación a sus disposiciones correlativas.” E.U.A. v. Registrador, 116 D.P.R. 269, 274 (1985).

Lo expuesto refleja que el diseño estatutario vigente no provee la indemnización de angustias y sufrimientos men-tales en acciones de esta índole. El esquema es de “indemni-zación tarifada”. Su modificación es ámbito que compete únicamente a la Asamblea Legislativa. Por ello disentimos.

V

Una nota final precautoria. Al interpretar judicialmente lo contrario, el Tribunal ha iniciado una reformulación de toda la arquitectura prevaleciente en esta materia. Las puertas abiertas son anchas. Al disentir de esta interpreta-ción lo hemos hecho adhiriéndonos al magro historial legisla-tivo y leyes similares. Establecida mayoritariamente la nueva tónica, ese stares decisis libera a todos los integrantes del Tribunal para adoptar una nueva postura sobre cuales-quiera límites que en el mañana, judicialmente, se pretenda imponer a los trabajadores y a sus familiares por daños y angustias mentales sufridas por despidos ilegales y discrimi-natorios. Ese curso de acción está disponible no sólo bajo las leyes mencionadas en la industria privada —en particular la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, despido injustificado y mesada, 29 L.P.R.A. sec. 185a— sino en despido de em-pleados públicos más allá de los remedios clásicos de sueldo y beneficios marginales que ordena la Sec. 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1397.

El fundamento de privilegios patronales es difícil de sos-tener y justificar en el ordenamiento laboral. Con la opinión del Tribunal, ha emergido la coexistencia de régimen de “in-demnización tarifado” con el sistema de responsabilidad civil. Después de todo, para el obrero despedido, discriminado y para sus seres queridos —que comparten los efectos da-ñinos negativos, vicisitudes y sufrimientos por tales actos— poco importa si la violación se origina en un derecho mencio-nado a nivel constitucional o estatutario. En la proporción correspondiente, todos sufren un daño moral en el espíritu, y físico en carne y hueso. Ciertamente su intensidad no dismi-nuye por distinciones judiciales livianas fundadas en el texto de la Constitución o de una ley. Cf. Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 (1977).

      (1) Véase Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 508 esc. 10 (1985).

      (2) Después de su aprobación, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151) fue enmendada para ampliar su alcance y prohibir el discrimen por sexo, Ley Núm. 50 de 30 de mayo de 1972, y por origen social o nacional, Ley Núm. 67 de 3 de junio de 1983.

      (3) “(a) En Puerto Rico no se negará a persona alguna acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por cuestiones políticas, religiosas, de raza o color o por cualquiera otra razón no aplicable a todas las personas en general.
      “(b) Será ilegal la publicación, circulación o distribución de toda orden, aviso o anuncio tendiente a impedir, prohibir o desalentar el patrocinio de, o la concurrencia a los sitios y negocios públicos y los medios de transporte, por cues-tiones políticas, religiosas, o de raza o color.
      “(c) Ninguna persona que posea el derecho de vender, arrendar o subarren-dar una vivienda, podrá negarse a conceder una opción de venta, a vender, arren-dar o subarrendar dicha vivienda a cualquier otra persona o grupo de personas por cuestiones políticas, religiosas, o de raza o color.
      “(d) Será ilegal la publicación o circulación de anuncios, avisos o cuales-quiera otras formas de difusión, estableciendo limitaciones o requisitos en cuanto a afiliación política, ideas religiosas, o en cuanto a raza o color, como condición para la adquisición de viviendas, o para la concesión de préstamos para la cons-trucción de viviendas.
      “(e) Ninguna persona natural o jurídica que se dedique a conceder prés-tamos para la construcción de viviendas podrá negarse a prestar dicho servicio a cualquier otra persona o grupo de personas por cuestiones políticas, religiosas, o de raza o color.” 1 L.P.R.A. sec. 13.

      (4) La Ley Núm. 125 de 13 de julio de 1960 añadió, entre otras cosas, los siguientes dos (2) párrafos al Art. 2:
      “Cualquier persona perjudicada por la infracción de las sees. 13 a 19 de este título podrá instar ante el tribunal competente la correspondiente acción civil por los daños y perjuicios que tal infracción le cause.
      “De prosperar el recurso, el tribunal impondrá en adición a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios causados, el pago de otra idemniza-ción adicional, por concepto de daños punitivos.” 1 L.P.R.A. sec. 14.

      (5) En dicha ocasión se indicó, en referencia a la Ley Núm. 100, supra, que recientemente se había aprobado una “ley completa” que reglamentaba todo lo referente al discrimen en el empleo.

      (6) “Any employer who violates the provisions of section 206 or section 207 of this title shall be liable to the employee or employees affected in the amount of their unpaid minimum wages, or their unpaid overtime compensation, as the case may be, and in an additional equal amount as liquidated damages.” 29 U.S.C. sec. 216(b).

      (7) El Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el caso Wildman v. Lerner Stores Corp., 582 F. Supp. 80 (D.P.R. 1984), resolvió que no son compensables los daños y angustias mentales a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 100, supra, apoyándose en los mismos fundamentos por los cuales se limitan los remedios disponibles bajo el Age Discrimination in Employment Act (A.D.E.A.), 29 U.S.C. sees. 621-634. El tribunal federal concluyó que la Ley Núm. 100, supra, creó una causa de acción donde no existía una compensación por daños morales y que el legislador había querido limitar los remedios así con-cedidos.
      Desafortunadamente, al momento de emitir esta decisión, el Tribunal de Distrito no contaba con una interpretación de este Tribunal sobre esta controver-sia de derecho estatal.

      (8) Véanse: Gray v. Serruto Builders, Inc., 265 A.2d 404 (N.J. 1970); Zahorian v. Russell Fitt Real Estate Agency, 301 A.2d 754 (N.J. 1973); Din, Din on Civil Rights v. Slumber, Inc., 398 A.2d 1345 (N.J. 1979); Williams v. Joyce, 479 P.2d 513 (Or. App. 1971); School District No. 1, Multnomah County v. Nilsen, 534 P.2d 1135 (Or. 1975); Massachusetts Com’n Against Discrim, v. Franzaroli, 256 N.E.2d 311 (Mass. 1970); Bournewood Hosp. v. Mass. Comm. Against Discrim., 358 N.E.2d 235 (Mass. 1976); Anderson v. Pantages Theater Co., 194 P. 813 (Wash. 1921); Humburd v. Crawford, 105 N.W. 330 (Iowa 1905); Loomis Electronics Protection, Inc. v. Schaefer, 549 P.2d 1341 (Alaska 1976); Board of Educ. v. State Div. of Human Rights, 486 N.Y.S.2d 469 (A.D. 3 Dept. 1985); New York State Dept. of Corr Serv. v. McCall, 486 N.Y.S.2d 443 (A.D. 3 Dept. 1985); Chance v. Franks Beauty Salon, 316 N.Y.S.2d 236 (A.D. 3 Dept. 1970).

      (9) Como el texto de la disposición que establece responsabilidad civil es el mismo para la Ley Núm. 100, supra, la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942 (29 L.P.R.A. sees. 467-474), y la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1986 (29 L.P.R.A. sees. 1321-1341), y siendo análogas en sus propósitos, es lógico que la interpretación que hoy hagamos sea aplicable a las tres (3) leyes.

      (1) En Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 508 esc. 10 (1985), dejamos sin resolver la cuestión.

      (3) “Artículo 1. —Se adicionan los incisos (c), (d) y (e) a la sección 1 de la Ley Núm. 131, aprobada el 13 de mayo de 1943, conocida como ‘Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico’, para que lean como sigue:
      “‘(c) Ninguna persona que posea el derecho de vender, arrendar o subarren-dar una vivienda, podrá negarse a conceder una opción de venta, a vender, arren-dar o subarrendar dicha vivienda a cualquier otra persona o grupo de personas por cuestiones políticas, religiosas, o de raza o color.’
      “ ‘(d) Será ilegal la publicación o circulación de anuncios, avisos o cuales-quiera otras formas de difusión, estableciendo limitaciones o requisitos en cuanto a afiliación política, ideas religiosas, o en cuanto a raza o color, como condición para la adquisición de viviendas, o para la concesión de préstamos para la cons-trucción de viviendas.’
      ‘“(e) Ninguna persona natural o jurídica que se dedique a conceder prés-tamos para la construcción de viviendas podrá negarse a prestar dicho servicio a cualquier otra persona o grupo de personas por cuestiones políticas, religiosas, o de raza o color.’” 1960 Leyes de Puerto Rico 363-364.

      (4) “Actualmente, la ley proh[í]be el despido injustificado de una obrera em-barazada y establece que el menor rendimiento de ésta, en razón del embarazo, no es justa causa. Según fuera interpretada esa disposición por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Schneider vs. Tropical Gas Co., resuelto el 20 de diciembre de 1967, la ley no le da derecho a la mujer embarazada a reclamar daños contra el patrono que la despide en razón de su menor rendimiento. Esto quiere decir que el único remedio que tiene actualmente la obrera es una acción por despido injustificado, la cual ciertamente no es remedio adecuado y sufi-ciente. Por la acción por despido el patrono sólo tiene que pagar un mes de sueldo que es lo ‘mismo’ que es lo mismo [sic] que tiene que pagar por el descanso de ocho semanas a medio sueldo y tendría entonces el patrono la ventaja económica que le produciría otra empleada que no esté en estado de embarazo.” 23 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 3, pág. 1402 (1969).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Ortiz.

license: Public Domain

text:
    Pacheco Fraticelli et al., demandantes y apelados, v. William Cintrón Antonsanti, etc., demandados y apelantes.

      Numero: CE-86-94

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      César Nazario González, abogado del Hon. Ariel Santiago Veláz-quez, en su carácter de Presidente de la Asamblea Municipal de Yauco, apelante; Noel Pacheco Fraticelli, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Disponemos sobre las guías y normas que deben conte-ner las ordenanzas municipales que regulan los usos de foros públicos tradicionales.

I-H

El Festival del Café, Inc. (en adelante Festival) es una corporación sin fines de lucro debidamente inscrita en el De-partamento de Estado y creada en 1976 con el propósito de organizar y celebrar los actos conmemorativos de la funda-ción del pueblo de Yauco. Está adscrita al Centro Cultural Amaury Veray Torregrosa de Yauco, Inc. (en adelante Cen-tro Cultural), institución afiliada al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Desde el año de su creación, el Festival ha sido la entidad encargada de coordinar los actos preparativos y la celebra-ción misma de la fundación del pueblo de Yauco. Las fiestas conmemorativas toman lugar durante los últimos días del mes de’ febrero y primeros de marzo de cada año, pero ya desde meses antes cerca de treinta (30) comités compuestos cada uno de diez (10) personas, junto a entidades y personas privadas, participan en su organización. Según surge de la prueba desfilada y creída por el tribunal de instancia, las fiestas consisten en la celebración de actividades artísticas y culturales tales como exposiciones de artesanía y pintura, certámenes de obras literarias de los géneros de poesía, cuento y drama, recreación de la fiesta del acabe y otorga-ción de premios a aquellos yaucanos que se han destacado en el campo de las artes.

Cerca de cincuenta mil (50,000) personas participan y asisten al Festival que toma lugar en la plaza de Yauco (Plaza Fernando Pacheco), en las calles que rodean la plaza, en el Parque Arturo Lluberas, en el teatro escolar, en la biblioteca de las escuelas y en varios edificios públicos.

Mientras se estaba en los preparativos de la celebración del duodécimo festival, el 13 de diciembre de 1985 la Asam-blea Municipal de Yauco aprobó la Ordenanza Núm. 16, Serie 1985-86, la cual tuvo como motivo lo que en el lenguaje del primer “por cuanto” se expresa:

Es de conocimiento público que entre varias de las enti-dades que en años anteriores se ocupaban de la celebración y organización de las actividades que se efectuaban con motivo de la fundación de Yauco, denominadas como Festival del Café, han surgido lamentables diferencias de criterio. Estas diferencias, tanto entre las entidades antes señaladas, como en las diversas facciones o grupos dentro de dichas entidades, indefectiblemente señalan que para el año de 1986, y años ve-nideros, no se podrá[n] celebrar dichas efemérides con la ar-monía y el esplendor que se requiere para la celebración de la fundación de nuestro pueblo. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 34.

Las diferencias de criterio a que alude la Ordenanza Núm. 16, supra, estriban en que en la asamblea convocada para elegir una nueva Junta Directiva del Centro Cultural de Yauco celebrada el 31 de marzo de 1985, dos (2) candidatos propuestos por el Alcalde codemandado para integrar la directiva fueron ampliamente derrotados, provocando tal re-sultado que el Alcalde, junto a un grupo de alrededor de quince (15) personas, abandonaran el lugar e impugnaran posteriormente los procedimientos habidos en la asamblea. Después de realizada una investigación por parte de funcio-narios del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la nueva Junta Directiva electa fue debidamente certificada.

Este es el trasfondo que motiva la aprobación de la Orde-nanza Núm. 16-, supra, cuya validez constitucional se cues-tiona y que declara que, a los fines de la celebración de la fundación de Yauco, el municipio asume la organización y celebración de dicha actividad y prohíbe la celebración de actividad publica alguna sin la previa autorización del go-bierno municipal.()

La 4ta sección de la Ordenanza Núm. 16, supra, esta-blece:

El Gobierno Municipal de Yauco, a fin de no deslucir esta cele-bración de la Fundación de Yauco, Pueblo del Café, no autori-zará, organizará, ni celebrará ninguna actividad pública durante el período señalado en la Proclama del Alcalde, que altere los objetivos, metas y propósitos de la celebración de la Fundación de Yauco, Pueblo del Café. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 34.

Unos días después de aprobada la Ordenanza Núm. 16, supra, la Asamblea Municipal de Yauco aprobó la Ordenanza Núm. 18, Serie 1985-86, con el propósito de enmendar varias secciones de la Ordenanza Núm. 16, supra, entre las que se encuentra la Sec. 11, que luego de enmendada lee:

Toda persona que organize [sic], celebre, o intente organi-zar o celebrar, cualquier clase de actividad o festividad, ya bien sea religiosa, cultural, cívica o social en la Plaza Fernando de Pacheco o el Parque Arturo Lluberas del Municipio de Yauco, y en las calles aledañas a la Plaza y al Parque, du-rante los días que mediante Proclama del Alcalde se esté cele-brando la Fundación de Yauco, Pueblo del Café, o que establezca o intente establecer kioscos artesanales o comer-ciales durante dichos días, sin el correspondiente permiso del Gobierno Municipal de Yauco, incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere, se le castigará con una multa no menor de cien dólares ($100.00) ni mayor de quinientos dó-lares ($500.00), o cárcel por un término no menor de treinta (30) días, o ambas penas a discresión [sic] del Tribunal. (Én-fasis suplido.) Apéndice, pág. 37.

Por entender los apelados que la celebración del duodé-cimo festival estaba proscrito por las ordenanzas mencio-nadas y que tal proscripción infringía, entre otros, sus derechos de libertad de expresión y asociación consagrados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, una petición de entredicho provisional e injunction prelimi-nar y permanente, con el fin de que ambas ordenanzas fue-ran declaradas inconstitucionales de su faz. El tribunal de instancia, si bien se negó a emitir una orden de entredicho provisional, dictó, previa celebración de vista al efecto, la sentencia siguiente:

En base a [sic] las anteriores determinaciones de hechos y conclusiones de derecho el Tribunal dicta Sentencia decla-rando [sic] Con Lugar la demanda y, en su consecuencia, de-clara inconstitucionales las Ordenanzas números 16 y 18, Serie 1985-86, del Municipio de Yauco y ordena a los deman-dados [que] cesen y desistan de impedir, por ellos o a través de terceras personas y de cualquier forma y manera, que los de-mandantes organicen y celebren la actividad denominada El Festival del Café, todo ello bajo apercibimiento de desacato. Apéndice, pág. 33.

El tribunal determinó que las ordenanzas eran vagas y excesivamente amplias, y privaban a los demandantes de sus derechos a un debido proceso de ley, a la igual protección de las leyes y a la libertad de expresión y asociación.

Inconformes con el dictamen del tribunal de instancia, los demandados acuden ante nos mediante la presentación de un escrito de apelación. Hacen cuatro (4) señalamientos de error que se reducen, en esencia, a dos (2):

1. Improcedencia del injunction permanente para impe-dir la aplicación y observancia de una ordenanza municipal sin que previamente, mediante sentencia final, firme, inape-lable e irrevisable, se hubiera determinado que la misma es inconstitucional o inválida.

2. Erró el tribunal de instancia al resolver que las Orde-nanzas Núm. 16 y Núm. 18 restringen los derechos de libre expresión y asociación de los demandantes y que la Orde-nanza Núm. 16, por sí misma, adolece de vaguedad y dema-siada amplitud violando así el derecho de los demandantes al debido procedimiento de ley y a la igual protección de las leyes.

Examinados los escritos de las partes, estamos en posi-ción de resolver.

II

Los municipios son criaturas de la Asamblea Legislativa, que constitucionalmente tiene la “facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar ... lo relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin”. Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 362. Los municipios constituyen una entidad jurídica mediante la cual el Estado puede atender de manera más efectiva “el bienestar social y económico de un conglomerado vecinal específico, de acuerdo con sus necesidades y urgencias en particular”. Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193, 199 (1983); Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980); F. Albi, Derecho municipal comparado del mundo hispánico, Madrid, Ed. Aguilar, 1955, pág. 21; E. Córdova, Curso de Gobierno Municipal, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1964.

Estas entidades gubernamentales son células básicas de nuestro complejo tejido social, político y económico. Su intervención con la persona y la vida comunitaria parece intensificarse.

Recientemente nos hemos expresado sobre la constitu-cionalidad de ordenanzas municipales que reglamentan diversas actividades. En Vélez v. Municipio de Toa Baja, supra, nos expresamos sobre la validez constitucional de una ordenanza municipal que Controlaba la venta de bebidas em-briagantes; en Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987), sobre una ordenanza que controlaba el lugar de con-sumo de dichas bebidas; en Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625 (1987), sobre una ordenanza que prohibía el esta-cionamiento de vehículos públicos en las calles principales del pueblo, y más reciente aún, en American Express Co. v. Mun. de San Juan, 120 D.P.R. 339 (1988), y en Banco Popu lar v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692 (1988), sobre las facultades de los municipios para imponer el pago de pa-tentes municipales.

I — I HH l-H

Aunque la parte apelante no cuestiona la capacidad jurí-dica (standing) de los apelados para cuestionar la validez constitucional de la ordenanza municipal, hemos considerado el asunto.

En vista de la tendencia actual hacia la liberalización de las normas que rigen las determinaciones sobre si una parte tiene legitimación activa {standing), Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982); las particulares circunstancias de este caso, el reconocimiento por la Asamblea Legislativa del Festival mediante la asignación de $10,000 anuales (R.C. de la C. Núm. 677 de 9 de julio de 1985, págs. 562, 580; R.C. de la C. Núm. 2549 de 2 de julio de 1987, págs. 534, 558); el interés público involucrado y tratándose éste de un recurso en que está implicada una instrumentalidad gubernamental, Solis v. Municipio de Caguas, 120 D.P.R. 53 (1987), y Asociación de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., 67 D.P.R. 848 (1947), concluimos que actuó correctamente el tribunal de instancia al considerar el recurso. K.C. Davis, The Liberalized Law of Standing, 37 U. Chi. L. Rev. 450 (1970); L.L. Jaffe, Standing Again, 84 Harv. L. Rev. 633 (1971); M. Rohr, Fighting for the Rights of Others: The Troubled Law of Third-Party Standing and Mootness in the Federal Courts, 35 U. Miami L. Rev. 393 (1981); Virginia v. American Booksellers Assn., 484 U.S. 383 (1988).

Analizamos a continuación los dos (2) señalamientos de errores ya apuntados.

El primer señalamiento de error sobre la improcedencia del injunction permanente para impedir la aplicación y observancia de la ordenanza municipal es inmeritorio. Los apelantes se remiten a un estado de derecho inexistente desde hace más de trece (13) años como fundamento de su argumentación. Pasan por alto que la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. see. 3524), que enmendó el Art. 3 de la Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946, permite ahora que el tribunal de instancia dicte una orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente, que en su parte pertinente dispone:

(2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 32 L.P.R.A. sec. 3524(3)(2).

Esta disposición es de aplicación a las ordenanzas apro-badas por los municipios, pues así lo dispone su texto.

IV

Los apelados alegaron en su petición que las ordenanzas en cuestión violaban sus derechos de libertad de expresión y asociación, a la igual protección de las leyes y a un debido proceso, garantizados por la Carta de Derechos de nuestra Constitución, por lo que el tribunal de instancia estaba facul-tado en ley para expedir el injunction, luego de concluir pro-bada la violación, como lo hizo en el caso de autos.

En vista del análisis y conclusión a que llegamos sobre la vaguedad de las ordenanzas en controversia, es innecesario profundizar en los planteamientos constitucionales que se nos hacen sobre libertad de expresión y de asociación.

El Estado y los gobiernos municipales tienen facultad para reglamentar el uso de sus propiedades. Sin embargo, al hacerlo deben proveer guías y normas adecuadas para que los funcionarios encargados de poner en ejecución dicha reglamentación no lo hagan arbitraria e irrazonable-mente. Ello es particularmente importante cuando se trata de la concesión o denegación de una autorización o permiso para el uso de un foro público tradicional.

En Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139,145-146 (1973), adoptamos las expresiones sobre vague-dad de estatutos expresados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972), a los efectos de que:

“Es un principio básico del debido procedimiento que una ley es nula por vaguedad si sus prohibiciones no están clara-mente definidas. Las leyes imprecisas violentan diversos va-lores importantes. Primero, porque asumimos que el hombre es libre para elegir entre la conducta legal e ilegal, insistimos que las leyes den a la persona de ordinaria inteligencia una oportunidad razonable para saber qué está prohibido, de modo que pueda actuar en concordancia con ese conocimiento. Las leyes imprecisas pueden engañar al inocente al no pro-veer un aviso adecuado. Segundo, si ha de prevenirse la apli-cación arbitraria y discriminatoria, las leyes deben proveer normas claras para aquellos que las aplican. Una ley vaga de-lega, de modo no permisible, cuestiones básicas de política a policías, jueces y jurados para ser resueltas sobre bases sub-jetivas y ad hoc, con los consiguientes peligros de aplicación arbitraria y discriminatoria. Tercero, pero relacionado, cuando un estatuto impreciso ‘empalma con áreas sensitivas de las libertades básicas garantizadas por la Primera En-mienda’ ‘opera para inhibir el ejercicio de [esas] libertades’. Los significados inciertos inevitablemente llevan a los ciuda-danos a ‘permanecer mucho más lejos de la zona ilegal’... que si las fronteras de las áreas prohibidas estuviesen claramente demarcadas”.

Resumiendo, una ley adolece de vaguedad si: (1) una persona de inteligencia promedio no queda debidamente advertida del acto u omisión que el estatuto pretende prohi-bir y penalizar; (2) se presta a la aplicación arbitraria y dis-criminatoria, y (3) interfiere con el ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Pueblo v. Hernández Colón, supra. El concepto de vaguedad en su esencia se refiere a la percepción que la persona de inteligen-cia promedio puede hacer de la reglamentación. Nota, The Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court, 109 U. Pa. L. Rev. 67 (1960); D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1987, pág. 17; L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, Sec. 12-31, pág. 1033; R.D. Rotunda, J.E. Nowak y J.N. Young, Treatise on Constitutional Law, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1986, Vol. 3, Sec. 20.9.

Tales principios son de igual aplicación a las ordenanzas municipales.

Por otra parte, cuando la reglamentación municipal se refiere al uso de propiedades del Gobierno que son foros públicos tradicionales, se requieren guías y normas más detalladas, pues dicha reglamentación puede estar regulando indirectamente las ideas o expresión de personas o grupos. Tribe, op. cih, Cap. 12.

Constituyen estos foros públicos tradicionales las calles, parques y plazas públicas. Boos v. Barry, 485 U.S. 312 (1988); Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, Inc., 482 U.S. 569 (1987); Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37 (1983).()

En estos foros no se puede prohibir en forma absoluta las actividades de expresión, reglamentar el contenido de éstas y establecer clasificaciones por razón de materia o del contenido del mensaje. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971); Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979); Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Hu-macao, 113 D.P.R. 153 (1982); Salas v. Municipio de Moca, supra.

Las ordenanzas municipales que regulan el uso de los foros públicos tradicionales deben contener guías y normas neutrales sobre el tiempo, lugar y manera en que se puede utilizar dicho foro. Miami Herald Pub. Co. v. City of Hallandale, 734 F.2d 666 (limo Cir. 1984).( ) La ausencia de dichas guías y normas convierten la ordenanza en vaga y da base a que en su implantación se utilicen criterios subjetivos en vez de criterios objetivos y neutrales por los funcionarios que otorgan los permisos. Cox v. New Hampshire, 312 U.S. 569 (1941); Kunz v. New York, 340 U.S. 290 (1951); Walker v. City of Birmingham, 388 U.S. 307 (1967); Shuttlesworth v. Birmingham, 394 U.S. 147 (1969). La reglamentación que delega amplios poderes discrecionales en funcionarios encargados de otorgar permisos para el uso de foros públicos tradicionales, sin las guías y normas ya indicadas, adolece de vaguedad. Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444, 450-453 (1938); Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 305-307 (1940); Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, Inc., supra; Nowak, Rotunda y Young, op. cit., Sec. 20.47.

Desde tiempos inmemoriales los parques, las plazas y las calles en Puerto Rico han constituido foros de divulgación, de intercambio y de crítica de ideas. Es en ellos en donde la conciencia ciudadana y particular forma de ver el mundo tienen impacto y repercuten. Son los foros públicos por excelencia para la divulgación y expresión de ideas. Las calles en particular constituyen un instrumento eficaz de divulgación de ideas accesible para aquellos individuos y grupos que no cuentan con suficientes recursos económicos y que no tienen, por tanto, acceso a los medios de comunica-ción masiva como lo son la radio, la televisión y la prensa. Los derechos de expresión y el uso de las vías públicas en Puerto Rico, Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, 1971. Por ello se requieren guías y normas adecuadas en la reglamentación de su uso.

V

Las ordenanzas municipales aprobadas por el Municipio de Yauco, si bien son neutrales de su faz y no establecen cla-sificaciones, adolecen de vaguedad y son demasiado amplias. Las mismas no contienen guías y normas adecuadas sobre tiempo, lugar y manera para el uso de los foros públicos tra-dicionales que regulan. El ejercicio de la discreción de los funcionarios encargados de conceder los permisos no está enmarcado dentro de guías y normas adecuadas. Ello da margen a que la concesión o denegación de permisos esté regida por los criterios subjetivos del funcionario encargado de ello.

Mediante las mismas el Municipio de Yauco asume la or-ganización y celebración del Festival y prohíbe la celebración de cualquier actividad pública sin el correspondiente per-miso del gobierno municipal, constituyéndola en delito pú-blico. La ordenanza adolece de sobreextensión al estar redactada en una forma demasiado abarcadora. Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973); New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982); Brockett v. Spokane Arcades, Inc., 472 U.S. 491 (1985).

Las únicas guías o normas que se ofrecen para enmarcar el ejercicio de la discreción municipal en la concesión o dene-gación de permisos son: (1) el no deslucir la celebración del Festival y (2) el no alterar los objetivos, metas y propósitos de la misma. Todo ello justificado por las “lamentables dife-rencias de criterio” y el temor a que las efemérides no se puedan celebrar “con la armonía y esplendor que se re-quiere”. Las ordenanzas no disponen cuáles son los obje-tivos, metas y propósitos del Festival ni dan mayores guías y normas que las ya reseñadas. Las mismas están redactadas de forma tal que una persona de inteligencia promedio no queda debidamente advertida de los criterios a utilizarse en la concesión o denegación de permisos.

La Sec. 11 de la Ordenanza Núm. 18, supra, tipifica como delito menos grave la conducta de cualquier “persona que organize [sic], celebre, o intente organizar o celebrar, cual-quier clase de actividad o festividad, ya bien sea religiosa, cultural, cívica o social...”. Apéndice, pág. 37. La vaguedad de las guías y normas para la concesión o denegación de per-misos afectan a su vez la disposición penal, pues se prohíben actividades generales sin ofrecer guías y normas sobre cuáles requieren permiso y cuáles no.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Ortiz concurre con el resultado con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López disiente por entender que en el presente caso no existe “caso o controversia”, razón por la cual la sentencia dictada por el tribunal de instancia —con-firmada por este Tribunal mediante la opinión mayoritaria que se emite— resulta ser una opinión consultiva.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Ortiz.

El mandato y la obligación legal, personal y moral que asumí al prestar juramento, primero como abogado y luego como magistrado, me imponen el deber de salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos contra actua-ciones arbitrarias, caprichosas e inconstitucionales del Es-tado y sus funcionarios. Al evaluar estas actuaciones debemos tener presente que: “Rehusamos las normas e in-terpretaciones que conduzcan a un resultado contrario a la buena fe. Reafirmamos que ‘[e]l contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica’.” (Cita omitida y énfasis suprimido.) Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 99 (1985). Véase opinión disidente del suscribiente en Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114, 123 (1987).

Dentro de ese marco me veo impedido de dar mi confor-midad a la opinión del Tribunal. Entiendo que al limitar el análisis y fundamentar el resultado en los conceptos consti-tucionales sobre vaguedad de estatutos, el Tribunal ignora la raíz del problema que implica este caso. La ordenanza no puede ser invalidada por este Tribunal por la única razón de que indirectamente afecte los derechos constitucionales de los ciudadanos interesados. Sobre ello puede haber criterios en contrario, ya que de ser válida la parte principal de la ordenanza en cuanto y en tanto elimina a los demandantes, y a las asociaciones que representan, de toda participación en la celebración del Festival en Yauco() y asumir el municipio la total responsabilidad de dicha actividad cultural, podría entenderse que constituye un fin público o interés apre-miante el reglamentar el uso de las facilidades públicas para que no se llevaran a cabo dos (2) o más actividades simultá-neas. Visto el limitado alcance de la ordenanza, podríamos discrepar del análisis que se hace en la opinión. Pero mi opi-nión es que bajo los hechos particulares presentes, según correctamente reseñados por la juez de instancia y la opinión del Tribunal, se hace innecesario resolver si la ordenanza es nula por ser vaga, imprecisa y amplia.

En este caso lo que hubo, llana y simplemente, fue una actuación arbitraria, caprichosa y carente de los más ele-mentales principios de buena fe por parte del Alcalde y de la Asamblea Municipal que él controla. En un acto de revan-chismo, por la única razón aparente de que los asociados al Festival y/o al Centro Cultural Amaury Veray Torregrosa de Yauco, Inc. derrotaron, en una asamblea válida, a los candi-datos propuestos por el Alcalde, éste y sus seguidores de golpe y porrazo eliminan, después de once (11) años, a los demandantes de toda participación e ingerencia en la cele-bración del Festival. Repetimos, por un acto revanchista se da al traste con el fruto de la labor que por un largo tiempo llevaban a cabo estos ciudadanos de la histórica ciudad.

De la prueba creída por el tribunal de instancia no surge otra razón para la actuación gubernamental. Esto constituye un claro abuso del poder gubernamental.

De manera que independientemente de si hubo o no una violación a los derechos constitucionales específicos, los actos caprichosos y arbitrarios de los demandados no pueden soste-nerse.

Por las razones expuestas, estoy de acuerdo con que se confirme la sentencia apelada.()

      (1) La 2da sección de la Ordenanza Núm. 16, Serie 1985-86, dispone:
      “Declara como por la presente se declara [sic], que a los fines de la celebra-ción de la fundación de Yauco, Pueblo del Café, el Municipio de Yauco, como tal y en representación de todo el pueblo, asume la celebración y organización de éstas.” Apéndice, pág. 34.
      La organización de la actividad bajo la administración municipal estaría a cargo de un comité compuesto por miembros designados por el Alcalde.
      Entre los cambios introducidos por la ordenanza, se cambió el nombre de la festividad a “Celebración de la Fundación de Yauco, Pueblo del Café”.

      (2) Al referirnos a la jurisprudencia federal lo hacemos con el propósito per-suasivo que ésta tiene y no para fundamentar el resultado al que llegamos, el cual se apoya en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en nues-tra jurisprudencia. Michigan v. Long, 463 U.S. 1032 (1983).

      (3) La reglamentación de foros públicos que regule la expresión en tiempo, lugar y manera tiene que ser neutral en su contenido, estar redactada en tér-minos limitados para promover un interés gubernamental significativo y debe proveer amplias alternativas de medios de comunicación. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37 (1983).

      (1) Para lo que la Asamblea Legislativa había asignado la cantidad de $10,000 a los ciudadanos particulares miembros de las organizaciones deman-dantes. Véase R.C. de la C. Núm. 87 de 9 de julio de 1985, pág. 562.

      (2) Estoy conforme con la parte III de la opinión. Las alegaciones de la de-manda eran suficientes para que el tribunal asumiera jurisdicción en el caso y considerara el injunction solicitado. De todas maneras, cualquier error quedó convalidado al consolidarse las vistas de injunction preliminar y permanente con la sentencia declaratoria. Véase Minuta de 9 de enero de 1986.