author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Dones, acusado y apelante.

      Número: CR-72-151

      Resuelto: 25 de marzo de 1974

      José Torres Ortiz, Francisco Rebollo, Jr. y Luis Felipe Benicio Sánchez, abogados del apelante; J. F. Rodriguez Rivera y Peter Ortiz, Procuradores Generales Interinos, Federico

      Rodríguez Gelpí y Rurieo E. Rivera Rivera, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La impugnación de un testigo en cuanto a su veracidad e integridad está regulada en Puerto Rico por las siguientes disposiciones legales:

Art. 21 Ley de Evidencia (Art. 383 del Código de Enjui-ciamiento Civil — 32 L.P.R.A. sec. 1664).

“Se presume que un testigo dice la verdad. Esta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad, o móviles, o por evidencia con-tradictoria.”

Art. 34 Ley de Evidencia (Art. 396 del Código de Enjui-ciamiento Civil — 32 L.P.R.A. sec. 1677).

“La evidencia deberá corresponder a las alegaciones esencia-les, y ser pertinente a la cuestión que se ventila. Queda, sin embargo, a arbitrio del tribunal permitir la investigación de un hecho accesorio siempre que éste estuviere directamente rela-cionado con la cuestión en controversia, y fuere necesario para su debida determinación o afectase la credibilidad de un testigo.”

Art. 35, inciso 14 Ley de Evidencia (Art. 397 del Código de Enjuiciamiento Civil — 32 L.P.R.A. sec. 1678).

“De conformidad con las precedentes disposiciones, podrá presentarse en un juicio evidencia de los hechos siguientes:
14. — Los hechos que sirvieren para demostrar la credibilidad de un testigo, según lo explicado en la see. 1664 de este título.”

Art. 158 Ley de Evidencia (Art. 520 del Código de Enjui-ciamiento Civil — 32 L.P.R.A. sec. 2150).

“Un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado, mediante evidencia contradictoria, o de que su reputa-ción en cuanto a veracidad, honradez o integridad es general-mente mala; pero no con evidencia de determinados actos repro-bables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo,, o la anotación de la sentencia, que fue convicto de delito grave.”

Regla 131 de Procedimiento Criminal.

“Excepto lo que en contrario se disponga por la ley y por estas reglas, en todos los juicios el testimonio de los testigos será oral y en sesión pública y la admisibilidad de evidencia y la competencia y privilegios de los testigos se regirán por las dis-posiciones de la Ley de Evidencia de Puerto Rico.”

El apelante, hoy convicto por el solo testimonio de un agente encubierto en tres cargos por infracción de la Ley de Narcóticos y sentenciado a la pena de 10 a 18 años de presidio en cada cargo, ofreció en el juicio para impugnar la veracidad del testigo acusador, evidencia de actos en que éste había acusado falsamente a otra persona por venta y posesión de drogas, en cuyo juicio se produjo una fuerte reprimenda del juez que presidía la vista imputando al referido agente los1 delitos de perjurio y malversación de fondos del Estado; el informe de la investigación practicada por el Cuerpo de Inves-¡ tigación Criminal sobre dicha conducta del agente; testimo-nios de dos jueces superiores ante quienes dicho agente había mentido en juicio; y la declaración de un tercer juez superior sobre otros actos de mendacidad y falsedad del referido agente encubierto. No se admitió esta evidencia por lo que no llegó a consideración del jurado. Entendió el juez a quo que sólo podía admitir prueba de mala reputación pero no de hechos aislados.

Esta decisión del juez de instancia sigue una línea de deci-siones emitidas por este Tribunal que se ciñen a interpre-'' tar el Art. 158 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. sec. 2150) sin armonizar sus disposiciones con las de artículos germanos como lo son los Arts. 21, 34 y 35(14) ya citados. Los estatutos se interpretan en su conjunto y no por secciones aisladas. Al interpretar una ley no deben tomarse aislada-mente algunas de sus secciones, párrafos u oraciones. Debe hacerse tomando en consideración todo su contexto. Art. 18 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 18); Sales v. Samac Motor Corp., 92 D.P.R. 529, 540 (1965—Rigau, J.); Descartes v. Tribunal de Contribuciones, 71 D.P.R. 248 (1950); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 42 (1950—Snyder, J.). Entre dos interpretaciones de una ley las cortes deben atemperarse a aquélla que tenga el efecto de armonizar disposiciones de la misma en aparente conflicto. Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112, 120 (1944—Todd, Jr., J.).

La regla seguida en Pueblo v. Hernández Pérez, supra, excluyendo evidencia de determinados actos como base para tachar la integridad del testigo, tuvo su razón de ser en una época, pero ha sobrevivido su propósito. Fue una necesidad para proteger la reputación contra acusaciones injustas e infundadas. Ahora que se abre una avenida creciente hacia el descubrimiento de prueba en el campo de lo criminal, en que se propone la restricción del privilegio en las comunicacio-nes, la admisión masiva de prueba de referencia y hasta se cuestiona la confidencialidad de la Presidencia de los Estados Unidos, resultaría anticlimático aferrarnos al primi-tivismo inquisitorial. El procedimiento criminal evoluciona hacia la presentación cabal, franca y completa de los hechos que ha penetrado notablemente en el sistema de enjuicia-miento civil. Todo acusado que tiene su libertad en peligro debe tener al alcance de su mano los medios más amplios para demostrar que su acusador es un truhán, falto de integridad e indigno de crédito. Mientras más cortapisas y restricciones se opongan a esta prueba, mayor es el riesgo de que un testimo-nio mendaz y falso prevalezca en corte adulterando y deshon-rando la justicia, convirtiendo el fallo judicial en trágico pro-ducto elaborado de la perversidad. A las instituciones, como a los hombres, se les endurecen las arterias con el paso del tiempo y se tornan obsoletas, pero aquéllas tienen la ventaja de renovarse con ideas frescas y conceptos nuevos. Esto se logra en cuanto concierne al método de juzgar abriendo cada día más ventanas a la verdad, aboliendo la fijación y el inmovi-lismo procesal que sofoca la justicia.

Para asegurar el limpio curso de la justicia basta con insuflar validez contemporánea a los preceptos comprendidos en los Arts. 21, 34, 35 y 158 de la Ley de Evidencia interpre-tados integralmente. Todo cuanto hay que hacer es impartir vitalidad a las disposiciones de la Ley de Evidencia en el contexto general del estatuto y como un todo armónico, redu-ciendo el Art. 158 que hasta ahora había recibido una atención aisladora, a su rol de precepto integrado a un ordenamiento mayor dirigido a la búsqueda de la verdad en el tribunal de justicia. La interpretación judicial tiene la virtud de poner en marcha las ideas que han estado invernando en los viejos preceptos, en espera de un nuevo germinar que anuncie su valía.

A modo de redescubrimiento en el viejo texto del Art. 21 de la Ley de Evidencia hallaremos que el concepto de que un testigo puede ser impugnado por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad o móviles, admite antecedentes notorios de mendacidad y falsedad como elementos de impugnación del carácter o integridad del testigo. La admisión de esta evidencia, naturalmente, debe regularse por las normas usuales de relevancia a la cuestión que cada caso plantea. Podrá inquirirse en el eontrainterrogatorio sobre dichos antecedentes o hechos específicos vinculados a la credi-bilidad, si no son remotos, y presentarse evidencia extrínseca de los mismos para impugnar la veracidad del testigo. Asi-mismo podrá presentarse, a los expresados fines, evidencia de convicción del testigo por delito que sin importar su califica-ción implique deshonestidad o perjurio. No estamos abriendo una compuerta al derrame indiscriminado de evidencia im-pertinente, extraña al asunto justiciable. La prueba para im-pugnar al testigo deberá fundarse en actos y hechos específi-cos y deberá limitarse a las materias relacionadas con veraci-dad o falsedad. Tampoco habrá de permitirse la introducción en evidencia de incidentes triviales e intrascendentes pues con ello se desnaturalizaría el juicio convirtiéndolo en una pes-quisa biográfica del testigo. Toda vez que este tipo de prueba evade la fácil clasificación, el sano e ilustrado criterio jurídico del juez de instancia regulado por las normas ahora enuncia-das ha de suplir en cada caso la evaluación para admitir o rechazar la evidencia.

Como ejemplo de criterio moderno relativo a las normas de relevancia y función moderadora de la discreción judicial, la más reciente edición de Wigmore cita el siguiente pasaje de la opinión en Territory v. Chávez, 8 N.M. 528, 531; 45 Pac. 1107, 1108 (1896):

“El extremo hasta el cual se permitirá el contrainterrogatorio indudablemente depende en gran medida de la discreción del tribunal que juzga; y es difícil trazar una línea indicativa de dónde comienza y dónde termina la discreción legal para admitir o excluir este testimonio. Debe irse en busca de la verdad. El asalto del testigo mediante contrainterrogatorio sobre materias colaterales no será permitido para complacer el capricho o, el disgusto de aquéllos contra quienes declara; como tampoco se permitirá la intrusión en la vida privada sin otro propósito calculado que herir los sentimientos, humillar o poner en aprie-tos al testigo . . . pero debe diferenciarse con claridad entre aquellas materias objeto de contrainterrogatorio que mera-mente promueven prejuicio. contra el testigo, o que tienden a humillarlo o herir sus sentimientos, y aquellas materias que por otro lado van dirigidas, en grado importante y relevante, a influir el crédito que pueda darse a su declaración. En cuanto a esta última clasificación, no podrá librarse al testigo de revelar su propio carácter bajo contrainterrogatorio, y a tales fines podrá ser interrogado sobre actos específicos y sucesos de su vida pasada; y si no fueren muy remotos en tiempo y estén clara-mente vinculados a su credibilidad en un aspecto importante y relevante, constituiría error excluirlos. Hasta dónde la justicia requiera llevar estas encuestas, cuánto tiempo se destinará a las mismas, qué será excluido por remoto o por trivial e intrascen-dente, dependerá en cierta medida de las circunstancias de cada caso; y estas son cuestiones dirigidas fundamentalmente a la discreción del tribunal de instancia, pero esa discreción debe ejercitarse con liberalidad.” III-A, Wigmore, Evidence, sec. 983, pág. 848 (Chadbourn rev. 1970).

La nueva interpretación se acerca más a la realidad de que no son los felones convictos los únicos detractores de la verdad. La ruina moral y la conducta abyecta no siempre se anuncian por una sentencia por delito grave. Acusa más corrupción en dimensiones de credibilidad un individuo sim-plemente reprendido por el juez en corte abierta por la evi-dente falsedad de su testimonio, que aquél que cegado por la pasión o los celos da muerte a otro ser humano y es convicto de asesinato. No hay lugar para discriminar selectivamente adjudicando criterios de credibilidad entre convictos y no con-victos. Incurriríamos en el prototipo de “clasificación sospe-chosa” detrimental y lesivo no ya para un individuo o grupo sino para todo el sistema judicial.

No hay choque entre lo que ahora resolvemos y el Art. 158 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. sec. 2150) que excluye evidencia de determinados actos reprobables pues la ubicación de esa frase en el contexto del referido artículo en contrapo-sición a la convicción de delito grave es indicio de su aplicación restringida a aquellos actos reprobables que no tienen rele-vancia ni vínculo con la cuestión a decidir. El tenor de dicho artículo no ocupa el campo de la relevancia por lo que el mismo debe leerse como una proscripción de crímenes o actos no reía-donados en su esenda con la cuestión justiciable que cada caso plantea.

Si leyéramos el Art. 158 de otro modo se manifestaría una contradicción intrínseca; por un lado dice que podrá tacharse al testigo mediante evidencia de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez o integridad es generalmente mala y por otro lado prohíbe evidencia de actos reprobables. Si los actos y conducta de la persona, al ser conocidos del público son los que dan contorno a su reputación, ¿cómo admitir la conclusión final, la opinión informada y al mismo tiempo rechazar los hechos reales y positivos que justifican esa conclusión? Por no creer que el legislador se propusiera fomentar esa situación absurda hemos de arribar al criterio de que los llamados actos reprobables (wrongful acts, en el texto inglés) son actuaciones triviales e intrascendentes incapaces de dejar huella definidora de la buena o mala fama de su autor. De otro modo se derrotaría el propósito manifiesto del Art. 34 de la Ley de Evidencia (32 L.P.L.A. sec. 1677) que permite la investigación de un hecho accesorio siempre que éste estuviere directamente relacionado con la cuestión en controversia y fuere necesario para su debida determinación o afectase la credibilidad de un testigo; y quedaría el acusado a merced del más inescrupuloso de los testigos de cargo.

No hay que temer que esta apertura a la reforma que no tiene más efecto que buscar el justo equilibrio, debilite la resuelta lucha contra la delincuencia. La capacidad de defensa social y represión del crimen en los países democrá-ticos radica en la sabiduría de sus leyes y en la idoneidad de sus funcionarios; jamás en un procedimiento criminal mutilado y opresivo. No es llegado el momento de ofrecer la justicia como cordero de sacrificio en aras de la paz y la seguridad del pueblo. La gran fuerza de la Ley y de las cortes como espada protectora de la ciudadanía será más res-petable cuanto más diáfanos y esclarecidos sean sus métodos de enjuiciamiento.

La confección de reglas de evidencia no es faena para la Legislatura sino una esencialmente judicial (I Wigmore On Evidence, pág. 251 y ss., 3ra. ed.), que ha tenido un modesto desarrollo jurisprudencial en nuestra patria. Ya antes este Tribunal, sin citarlo inyectó el concepto de rele-vancia en la interpretación del Art. 158 de la Ley de Evi-dencia y no se detuvo ante su exclusión de “determinados actos reprobables” cuando resolvió que en los casos de muerte en que el acusado alega defensa propia, podría admitirse prueba de convicciones de la víctima por delitos de sangre para establecer el carácter peligroso del occiso. Pueblo v. Cruz, 65 D.P.R. 172 (1945), De Jesús, J., Wigmore, citado con aprobación por el Juez De Jesús, a la pág. 179 de su opinión se expresa así:

“El estado actual de la ley en términos generales favorece la admisibilidad de tales actos [específicos de violencia].
Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones esa eviden-cia fue durante largo tiempo absolutamente excluida. En al-gunos casos esto se debía a que se trataba de probar el carácter del interfecto objetivamente por actos específicos . . . pero el verdadero propósito de esa evidencia es meramente demostrar una conducta tal que naturalmente hubiera producido aprehen-sión, bien indicara objetivamente un rasgo permanente del carác-ter o no. Sin duda, ciertas analogías en la ley (aparte de lo que el sentido común indica) favorecen la admisibilidad de esa evi-dencia ; porque si actos nocivos específicos de un animal son per-tinentes para demostrar que su dueño tenía conocimiento de sus resabios (viciousness) ... y si un acto específico de mala con-ducta de un empleado es pertinente para demostrar que su pa-trono tenía conocimiento de su incompetencia . . . entonces, actos espicíficos de inescrupulosa violencia muy bien pueden consi-derarse pertinentes para demostrar aprehensión de ser atacado por esa persona. La verdadera solución consiste en ejercitar discreción y admitir tales actos específicos cuando el sentido común nos indique que pudieron legítimamente producir apre-hensión en el acusado.” 2 Wigmore On Evidence, sec. 248, pág. 61, 3ra. ed. 1940.

Dice el Art. 18 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. sec. 1661) que la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito, es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo perjurio o traición. Al amparo de este pre-cepto funciona el agente encubierto, se establece la pater-nidad, y en fin podrán probarse todos los delitos con excep-ción de un reducidísimo número que exige corroboración, y aun ésta ya ha perdido considerable favor en la penología contemporánea y está en vías de desaparecer en lo que respecta a los delitos de seducción y violación. ¿Qué sentido hace que ese solo testigo, cuando fuere mendaz y corrupto sea el intocable instrumento de la justicia porque jamás ha sido convicto por delito grave (felony) ? Debe cesar de in-mediato el riesgo a que se expone la calidad de justicia que se hace al pueblo cuando ha de depender para descubrir la deshonestidad y el perjurio, de que el testigo voluntariamente “abra el campo” al enjuiciamiento de sus turbios antece-dentes de falsedad. La libertad del encausado no puede quedar en última instancia a merced de un mentiroso.

Incidió el tribunal a quo según señalado al rechazar la evidencia ofrecida para impugnar la credibilidad del testigo.

Se revocará la sentencia apelada, y se remitirá el expe-diente al tribunal de instancia para la celebración de nuevo juicio en el cual deberán seguirse procedimientos consis-tes con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Pérez Pimentel y el Juez Aso-ciado Señor Rigau, no intervinieron.

       Su nombre, Pablo N. Padilla.

         Pueblo v. Belardo, 50 D.P.R. 512 (1936); Pueblo v. Vélez, 51 D.P.R. 665 (1937); Pueblo v. Rodriguez, 62 D.P.R. 778 (1944); Pueblo v. González, 80 D.P.R. 208 (1958); Pueblo v. Verdejo Meléndez, 88 D.P.R. 207, 217 (1963); Pueblo v. Rosario Cancel, 90 D.P.R. 168 (1964); Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182 (1966).

       Reglas 204 y ss. del proyecto de Reglas de Evidencia, 1958.

       Reglas 502 y ss. del proyecto de Reglas de Evidencia, 1958.

       Wigmore On Evidence, III-A, sec. 987, págs. 911-912, Ed. Chadbourn (1970).

       Las reglas de evidencia anglo-americanas ocasionalmente han tomado giros muy curiosos en el curso de su desarrollo; pero nunca lograron algo tan curioso para cerrar el paso a la luz evidencial como cuando decidieron excluir el testimonio de una persona que sabe tanto como es humanamente posible sobre el carácter de otra, para admitir en su lugar el producto irresponsable, de segunda mano, de conjeturas múltiples y chismes que denominamos “reputación”. VII Wigmore, 1986 Ed. 1940, a la pág. 167.

       La dignidad del Estado no ha de permitir la convicción de una persona mediante testimonio corrupto. Mesarosh v. United States, 352 U.S. 1; 1 L.Ed.2d 1; United States v. Chisum, 436 F.2d 645.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Camacho Pérez, acusado y apelante.
    Número: CR-72-2
    Resuelto: 26 de marzo de 1974

      R. M. Ponce de Sánchez Rivoleda, abogada del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino y Magda E. Haydar de Martí, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado y convicto de dos infracciones a la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico. En el primer cargo se le acusó de poseer heroína ilegalmente y en el se-gundo cargo se le acusó de ocultar y transportar ilegalmente dicha sustancia, todo esto en violación del Art. 29 de la Ley de Narcóticos, Ley Núm. 48 de 18 de junio de 1959, 24 L.P.R.A. sec. 974z.

Los dos señalamientos de error que ante nos plan-tea en apelación carecen de mérito. El primero se contrae a lo siguiente. Luego del tribunal dictar sentencia, la defensa solicitó su reconsideración y solicitó que el juez le impusiese al acusado una sentencia con el (entonces) mínimo de cinco años de presidio. A esa petición el juez contestó “Sin lugar la reconsideración. El mínimo es para cuando se declaran culpables.” En relación con ese incidente el apelante argumenta que por así haberse expresado el juez, se le privó de un juicio justo e imparcial.

Dicho planteamiento carece de mérito por dos razones. Una es que la apelación se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. Siendo la sentencia válida como lo es, por estar dentro de los límites de mínimo y máximo especificados en la ley, no importa que ese fundamento fuese erróneo.

La otra razón es que aunque el juez tuviese ese criterio, eso de por sí no demuestra que el juicio no fuese justo e im-parcial. En el juicio el juzgador determina la culpabilidad o inocencia del acusado. Eso es una operación mental y jurídica separada de la imposición de la sentencia que luego se ha de imponer si el acusado resulta convicto.

El medir o estimar qué mínimo y qué máximo el juez ha de imponer al acusado que resulta convicto, es una segunda opera-ción mental, independiente de la primera, y en la cual se han de considerar factores distintos a los que se consideran para determinar si el acusado es inocente o culpable.

En la primera operación mencionada — para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado — hay que pasar juicio sobre la pertinencia, suficiencia y credibilidad de la evidencia presentada, confrontarla con el estatuto de cuya violación se acusa al apelante y entonces llegar a la conclusión de si en efecto se violó o no dicho estatuto. Para dictar sentencia se toman en cuenta otras consideraciones, tales como la edad del acusado, su récord anterior, si se declaró culpable, si el delito es malum prohibitum o malum in se, las circunstancias que concurrieron en el acto delictivo, si medió crueldad o premeditación, la naturaleza y gravedad del daño causado a la víctima o a la sociedad, la peligrosidad del acusado, etc.

Ya el Estado, al decretar la ley penal hizo una determinación general de la gravedad o falta de ella de los distintos delitos, al especificar distintas penalidades para cada delito. Y para dar discreción al juez, para que éste pueda tomar en consideración los factores antes mencionados, la ley penal dispone un mínimo y un máximo de la sentencia a die-tarse. Como se sabe, toda sentencia cuyo término esté dentro del mínimo y el máximo dispuesto por la ley es, en cuanto a ese particular, válida. González de Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 31 (1964); Angleró Texidor v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 434, 436 (1965). En el caso de autos la penalidad impuesta está dentro de dichos límites.

En algunos estados, como Kansas y Michigan, la ley exige que el juez imponga el máximo. El máximo, razonan algunos, da flexibilidad a la Junta de Libertad Bajo Palabra para de-terminar cuando es oportuno conceder la libertad y le permite un tiempo largo para supervisar al acusado así liberado y asegurarse de que se ha integrado razonablemente bien a la comunidad. V. Dawson, Sentencing, The Decision as to Type, Length and Conditions of Sentence (1969), págs. 196-197.

El segundo señalamiento de error es al efecto de que el tribunal erró al imponer un castigo mayor al decidir sobre una petición de reconsideración. La situación fue como sigue. El tribunal impuso originalmente una sentencia de 6 a 8 años en cada cargo para ser cumplidas concurrentemente. En una segunda moción de reconsideración la defensa argumentó que dicha sentencia era “fija”, esto es, que carecía de la flexibili-dad que el concepto de sentencias indeterminadas presupone.

Ante dicho planteamiento, el juez, para darle un mar-gen mayor de flexibilidad a la sentencia, la enmendó y la dictó de 6 a 9 años. No se cometió el error señalado pues no hay ninguna ilegalidad en ello. En el caso de autos la penalidad mínima era de 5 años y la máxima de 20. Reconsiderada una sentencia el tribunal puede dejarla igual o modificarla. Al modificarla puede reducirla o aumentarla, siempre y cuando, desde luego, que dicha sentencia caiga dentro de los límites del mínimo y del máximo que dispone la ley para el delito en cuestión. Pueblo v. Sánchez Delgado, 99 D.P.R. 260, 266 (1970); Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617, 621, 623 (1963).

El apelante, en su propio alegato reconoce que “Es elemental que la ley provee un mínimo y un máximo entre los cuales el juzgador puede ejercer su discreción.” También nos dice “No hay duda de que la tradición es que el magistrado es el árbitro de la sentencia.” Desde luego, en los países de dere-cho legislado como el nuestro las sentencias no se imponen por “tradición” sino en obediencia a disposiciones específicas de la ley.

Al final de su alegato el apelante nos pide, como una po-sible alternativa, que devolvamos el caso al tribunal de ins-tancia para que sea sentenciado de nuevo a tenor con el Art. 404 de la nueva ley sobre la materia, la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según en-mendada, 24 L.P.R.A. sec. 2404. Esto estamos dispuestos a hacerlo.

Aunque el apelante fue sentenciado en 4 de mayo de 1970, por estar su apelación pendiente a la fecha de la aprobación de la citada Ley de Sustancias Controladas, se le pueden conceder los beneficios de dicha ley, si las circunstancias del caso así lo justifican. Véase, Padilla Figueroa v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 933 (1974); Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859 (1974); Pueblo v. Nieves Vargas, 101 D.P.R. 263 (1973).

De conformidad con lo anterior, se dejarán sin efecto las sentencias dictadas en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y se ordenará la devolución del caso a dicha Sala para que proceda a resentenciar al peticionario bajo los términos de la vigente Ley de Sustancias Controladas y ala luz de las circunstancias del mismo.


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio,

text:
    Petra Rodríguez Vda. de Rivera et al., demandantes y recurridos, v. Pueblo Supermarkets, Inc., et al., demandadas, Caribbean Private Police, Inc. y Puerto Rican-American Insurance Company, terceras demandadas y recurrentes.
    Número: R-72-315
    Resuelto: 26 de marzo de 1974

      Agrait, Otero & Oliveras, abogados de las terceras demandadas y recurrentes; Luis A. Maldonado Soto, abogado de los recurri-dos; Rieckehoff, Calderón, Rosa Silva & Vargas y David Rivé-Rivera, abogados de las demandas.
   EN RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Mientras Petra Rodríguez compraba en uno de los Supermercados Pueblo fue intervenida por un agente de seguridad que la acusó de haberse apropiado de artículos sin pagarlos. Instó, junto a sus hijos, acción contra Pueblo Supermarket y su aseguradora para resarcirse. Las demandadas radicaron demanda de tercero contra Caribbean Private Police, Inc., y su aseguradora. Alegaron que para la fecha de los hechos la compareciente Pueblo Supermarkets, Inc., había contratado los servicios de un detective, quien era para esa fecha empleado y/o agente de esta última y que fue la persona que intervino con la demandante. Tanto la Caribbean como su aseguradora fueron emplazadas. Así, estaban ante el tribunal los demandantes, Pueblo y su aseguradora y la em-presa que suplió el detective y su aseguradora. Todas las partes en el pleito firmaron una estipulación que en su parte pertinente expresa:

“4. Que allá para el 30 de abril de 1971, la demandante Petra Rodríguez Vda. de Rivera, se encontraba como dienta en el mencionado Supermercado Pueblo de Levittown y estando allí fue intervenida por un agente de seguridad llamado Jaime Martí-nez García, quien la acusó de haber tomado artículos propiedad de dicho Supermercado sin haber pagado por ellos siendo dicha imputación falsa.
5. Los demandantes antes relatados y mencionados sufrieron como consecuencia de la intervención antes relatada hondos sufrimientos y angustias mentales.
6. Dicho agente de seguridad Jaime Martínez García era para la fecha del incidente antes relatado, empleado de Caribbean Private Police, Inc., entidad ésta que en su carácter de contra-tista independiente había contratado con las demandadas los servicios de seguridad en dicho Supermercado y específicamente los servicios del mencionado Jaime Martínez García.
7. Para la fecha antes relatada la tercera demandada Caribbean Private Police, Inc., tenía expedida en vigor y a su favor un seguro de responsabilidad pública cubriendo riesgos de los mencionados en la presente estipulación expedida por la tercera demandada Puerto Rican American Insurance Company.”

Concluye la estipulación solicitando que se “dicte la sen-tencia que proceda en derecho a tenor con los hechos antes estipulados.” El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Man-gual, J. dictó la sentencia. Al dictarla expresó:

“Con vista de dichas estipulaciones, el Tribunal declara con lugar la demanda, y en su consecuencia, condena a Caribbean Private Police y a su aseguradora la Puerto Rican American Insurance Co. a satisfacer á los demandantes las siguientes sumas. . . .’’

Las terceras demandadas solicitaron la revisión de la sentencia fundándose en que “sería contrario a derecho dictar sentencia contra el tercero demandado en un caso, como el presente, donde los demandantes nunca han instado acción o reclamación contra el tercero demandado ....”

Expedimos el auto solicitado.

Por sentencia de 29 de enero de 1973 modificamos la dictada por el tribunal de instancia en el sentido de declarar con lugar la demanda contra Pueblo y en consecuencia tam-bién con lugar la demanda contra las terceras demandadas, de suerte que éstas pagaran a Pueblo lo que éste tuviera que pagar a los demandantes.

Pueblo solicitó la reconsideración. También las terceras demandadas. Procede declarar con lugar la radicada por Pueblo. Cometimos error en modificar la sentencia recurrida y declarar con lugar la demanda contra Pueblo. La sentencia declarando sin lugar la demanda contra Pueblo era firme. Los demandantes no recurrieron para revisarla. Lo que procedía era confirmar la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, responsabilizando a las terceras deman-dadas.

Las terceras demandadas pretenden evadir la responsabilidad que le impuso la sentencia basándose en el refinamiento procesal de que la parte demandante no radicó una demanda enmendada para incluirlas como demandadas. Pero es evidente que el juez de instancia, vista la estipulación en la que la tercera demandada además de otras admisiones aceptaba que la persona que intervino con la parroquiana de Pueblo era su empleado, consideró la demanda enmendada para incluirla como parte demandada. La estipulación no solicita que se dicte sentencia de acuerdo con las alegaciones, sino que termina solicitando del Tribunal que “dicte la sentencia que proceda en derecho a tenor con los hechos antes estipulados.” Y es claro que los hechos antes estipulados establecen la responsabilidad por los daños sufridos en la tercera demandada. Las verdaderas partes adversas, de acuerdo con los hechos estipulados, son los demandantes y las terceras demandadas. Si el pleito hubiera ido a juicio, con lo estipulado como prueba, la demanda se hubiera considerado enmendada. Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168-176 (1965); Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 D.P.R. 33 (1962); Feldman, A Puzzle under the Federal Impleader Rule, 34 Tul. L. Rev. 77, 86 (1959). No puede tener otro alcance la estipu-¡ación. La Regla 13.2 dispone, recordando al leerla que la estipulación sustituye la prueba, que “[c] uando con el con-sentimiento expreso o implícito de las partes se sometan a juicio cuestiones no suscitadas en las alegaciones, aquéllas se considerarán a todos los efectos como si se hubieran suscitado en las alegaciones. La enmienda de las alegaciones que fuere necesaria para conformarlas a la evidencia a los efectos de que las alegaciones reflejen las cuestiones suscitadas, podrá hacerse a moción de cualquiera de las partes en cualquier mo-mento, aun después de dictarse sentencia; pero la omisión de enmendar no afectará el resultado del juicio en relación con tales cuestiones . . . .” ¿Qué tiene de injusto el que estando todas las partes ante el tribunal se dicte la sentencia que proceda de acuerdo con los hechos estipulados? Eso fue precisamente lo que se solicitó en la estipulación. Ya es hora de que la administración de la justicia deje de ser una lidia en la que el más hábil obtiene la victoria. “Las Reglas Fede-rales rechazan la línea de pensamiento según la cual el alegar es un concurso de destrezas en el cual un paso en falso de parte del abogado puede resultar decisivo y aceptan el prin-cipio que el propósito de alegar es el facilitar una justa decisión en los méritos.” Conley v. Gibson, 355 U.S. 41, 48 (1957). Y como se expresó en Travelers Indemnity Co. v. United States, 382 F.2d 103 (10th Cir. 1967) : “Los fines de la justicia no se satisfacen cuando se permite la derrota de reclamaciones justas por razón de reglas técnicas.”

En Parrilla nos negamos a dictar sentencia condenando al tercer demandado a responderle a la parte demandante ya que la demanda contra el tercer demandado se vio separadamente de la demanda principal, y el tercer demandado no había tenido la oportunidad de cuestionar la prueba que lo hacía responsable presentada por el demandante. Pero esa no es la situación en el presente caso. La propia tercera demandada admite en la estipulación que la persona que intervino con Petra Rodríguez era su empleado y que esa in-tervención causó hondos sufrimientos y angustias mentales. ¿Qué acción hubiera podido tomar la tercera demandada, des-pués de haber firmado la estipulación, para evadir su respon-sabilidad si se hubiera radicado la demanda enmendada? Ninguna, ya que se había admitido que el que intervino con la parroquiana era empleado de la tercera demandada, que era falso lo que imputó, y que “los demandantes antes relata-dos y mencionados sufrieron como consecuencia de la inter-vención antes relatada hondos sufrimientos y angustias mentales.”

¿Pero en verdad es necesario para hacer justicia el formalismo de una demanda enmendada? ¿Qué razón válida hay para no considerar enmendada la demanda en vista de los hechos admitidos por la tercera demandada? Una estipulación de hechos sustituye a la prueba presentada en la vista del caso. ¿Es justo castigar a la parte demandante porque firmó una estipulación, y le economizó al proceso judicial una vista en corte? En Parrilla citamos de Feldman, A Puzzle Under the Federal Impleader Rule, supra:

“Una doctrina que no requiera enmienda formal a las ale-gaciones [por parte del demandante] como único medio de pre-sentar una reclamación contra un tercero demandado es una so-lución realista al problema. Los principios procesales no deben ser instrumentos débiles dominados por fórmulas que deben seguirse literalmente. Un sistema procesal oneroso tiende úni-camente a combatir el verdadero propósito de un pleito.” (92 D.P.R. 168, 176)

La circunstancia de que a la fecha en que se firmó la esti-pulación, que necesariamente es la fecha en que debe consi-derarse la demanda enmendada, había transcurrido en exceso el término de un año que establece el Art. 1868 del Código Civil para iniciar la acción no tiene el efecto de impedir el ejercicio de ésta.

Los hechos que dieron margen a la acción ejercitada ocu-rrieron el 30 de abril de 1971. La demanda se radicó el 1ro. de julio de 1971. La demanda contra terceros, el 8 de marzo de 1972. En ese mismo día fueron emplazadas las terceras demandadas. La estipulación fue firmada el 9 de octubre de 1972, transcurrido más de un año desde el 30 de abril de 1971, fecha de la ocurrencia de los hechos que dieron base a la reclamación.

La Regla 13.3 de las de Procedimiento Civil de 1958 dis-pone:

“Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la ale-gación enmendada surgiere de la conducta, transacción o evento expuesto en la alegación original, las enmiendas se retrotrae-rán a la fecha de la alegación original.”

Corresponde esta Regla a la 15(c) de las de Procedi-miento Civil Federal, la cual fue enmendada en el 1966 para adicionarle lo siguiente:

“. . . Una enmienda sustituyendo la parte contra quien se incoa una reclamación se retrotrae si se satisface la norma anterior y, dentro del tiempo provisto por ley para comenzar la ac-ción en su contra, la parte a ser incluida mediante enmienda (1) ha recibido tal notificación sobre la institución de la acción como para no ser perjudicado al interponer su defensa en los méritos, y (2) sabía o debió de haber sabido que, a no ser por un error con relación a la identidad de la parte adecuada, la acción se hubiera incoado en su contra.”

Lo adicionado en el 1966 permite que cualquier enmienda se retrotraiga a la fecha de la radicación de la demanda original, si la causa de acción que se alega en la demanda enmendada surge del mismo evento o transacción que se alegó en la demanda original. Sólo se requiere establecer que el nuevo demandado, dentro del término prescriptivo (1) tuvo conocimiento de la causa de acción pendiente, de tal suerte que no resulte impedido de aducir las defensas pertinentes, y (2) de no haber sido por un error en cuanto a la identidad del verdadero responsable la acción, se hubiera originalmente instituido en su contra.

La jurisprudencia interpretativa y los comentaristas a las reglas federales exponen el criterio que la enmienda- del año 1966 no tuvo otro propósito que incorporar la práctica generalmente aceptada en la jurisdicción federal. Así, en Travelers Indemnity Company v. United States, supra, se dijo:

“Si bien se debe a la enmienda de 1966 que las condiciones aparezcan explícitamente expuestas en la Regla 15(c), la histo-ria, intención y propósito de la regla federal no permiten a esta corte concluir que la interpretación de la Regla 15(c) antes del 1966 debía ser distinta. La enmienda del 1966 meramente aclara, al exponerlo explícitamente, el procedimiento permisivo y sus adecuadas garantías, que han existido bajo la Regla 15(c) desde su adopción.”

Ver además Meredith v. United States Airline, 41 F.R.D. 34 (D.C.S.D. Cal. 1966); 3 Moore, Federal Practice, Sec. 15.15 [4.2], pág. 1049; 6 Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, Sec. 1498, pág. 507.

Vemos pues, que la Regla 13 (c), aun sin la enmienda de que fue objeto la Regla “federal”, permite que la enmienda a una demanda se retrotraiga a la fecha de su radicación, si se cumple con los requisitos que antes dejamos expuestos.

El el presente caso la acción contra la terceras demanda-das era exactamente la misma que se alegó en la demanda original; las terceras demandadas estaban enteradas de la pendencia de la reclamación dentro del término prescriptivo y que un agente de ellas intervino con Petra Rodríguez en el Supermercado Pueblo donde prestaba servicio de vigilancia. Las terceras demandadas necesariamente tenían que saber que de no haber sido por la equivocación de creer que la persona que intervino con la demandante era un empleado de Pueblo Supermarkets, la demanda hubiera sido radicada ori-ginalmente contra ellas. Los hechos del presente caso cumplen con las salvaguardas exigidas para que una demanda en-mendada radicada fuera del período prescriptivo se retro-traiga a la fecha de la radicación de la demanda original. Ver Williams v. Avis Transport of Canada, Ltd., 57 F.R.D. 83 (1972). En vista de estas circunstancias es inescapable concluir que la acción no estaba prescrita.

Procede por todo lo antes expuesto reconsiderar nuestra sentencia de 29 de enero de 1973, en el sentido de dejarla sin efecto en cuanto a Pueblo Supermarkets y confirmar la que dictó el Tribunal Superior.

El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio disintió en opinión separada con la cual concurre el Juez Presidente Señor Pérez Pimentel. El Juez Asociado Señor Rigau, no intervino.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio,

con la cual concurre el Juez Presidente Señor Pérez Pimentel.

(En Reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 1974

Petra Rodríguez Vda. de Rivera, se encontraba en horas de la tarde del día 30 de abril de 1971, como cliente del Super-mercado “Pueblo Supermarkets, Inc.”, haciendo sus com-pras y estando allí fue intervenida por un agente de seguri-dad llamado Jaime Martínez García, quien la acusó de haber tomado artículos propiedad de “Pueblo” sin haber pagado por ellos; siendo dicha imputación falsa.

Petra Rodríguez, al ocurrir dichos hechos, era casada con Antonio Rivera González, quien falleció con posterioridad a la ocurrencia de dichos hechos; y ella y sus hijos Gladys Esther, Pedro Antonio y María Milagros, habidos en el matrimonio de Petra con su referido esposo Antonio Rivera González, instaron demanda contra “Pueblo”, y la compañía de seguros Employers Commercial Union Insurance Company y Denis López, reclamando daños y perjuicios por sufrimientos físicos y mentales con motivo de dichos hechos.

Los demandados “Pueblo” y “Union Insurance” radicaron una “Demanda contra Tercero” contra “Caribbean Private Police” y su compañía aseguradora “Puerto Rican-Ameri-can Insurance Co.”, alegando que la responsabilidad impu-tada a los demandados terceros demandantes estaba predi-cada en el alegado hecho de que el causante de los daños era, a la fecha de los hechos alegados en la demanda, empleado o funcionario de “Pueblo”; pero que éste había con-tratado con la tercera demandada “Private Police” los servi-cios de un detective, quien era, para la fecha de los hechos empleado y/o agente de esta última y fue la persona que intervino con la demandante Petra Rodríguez Vda. de Rivera; y que “Private Police” tenía una póliza de seguro expedida a su favor por “Puerto Rican-American”, de res-ponsabilidad pública, cubriendo riesgos de la índole mencio-nada en la demanda. Alegaron los demandados que “Private Police” y “Puerto Rican-American” le eran o podían serles responsables a los demandados y terceros demandantes por toda o parte de cualquier suma que éstos vinieran obliga-dos a pagarle a cualquiera de los demandantes. Solicitaron que se declarara con lugar la referida Demanda de Tercero y se obligara a dichos terceros demandados a pagarle a los demandados y terceros demandantes cualquier suma de dinero que éstos vengan obligados a pagarle a los demandantes.

Los terceros demandados contestaron la demanda contra tercero, aceptando algunos hechos y negando otros.

A base de una “Estipulación” de los hechos que hemos expuesto anteriormente en los primeros tres párrafos, todas las partes sometieron el caso al tribunal de instancia para que dictara la sentencia “que procede en derecho a tenor con los hechos estipulados”.

En su virtud, el tribunal de instancia dictó Sentencia que, en su parte pertinente, copiada literalmente del original, lee así:

“Con vista de dichas estipulaciones, el Tribunal declara Con Lugar [sic] la demanda, y en su consecuencia, condena a Caribbean Prívate Police, Inc. y a su aseguradora la Puerto Rican American Insurance Co. a satisfacer a los demandantes las siguientes sumas:
(a) Petra Rodríguez Vda. de Rivera, . $3,000.00
(b) Gladys Esther, Pedro Antonio y María Milagros Rivera Rodríguez, ... $ 600.00 a cada uno.
Se condena además a las demandadas al pago de las costas y la suma de $600.00 por honorarios de abogado.
Se declara Sin Lugar la demanda en cuanto a la demandada Pueblo Supermarkets, Inc.” (Bastardillas nuestras.)

Dicha Sentencia se dictó el día 18 de octubre de 1972 y fue notificada a las partes el 20 octubre de 1972, archiván-dose copia en los autos en igual fecha.

De las partes envueltas en el caso, los únicos que. radica-ron Solicitud de Revisión para ante este Tribunal, fueron los terceros demandados “Private Police” y “Puerto Rican-American”, dentro del término de 30 días que tenían para hacerlo. Ese término venció el 19 de noviembre de 1972.

Ni “Pueblo”, ni su aseguradora “Union Insurance” radi-caron solicitud de revisión ni apelación, para ante este Tribunal, por lo cual dicha sentencia, en cuanto a estos codeman-dados se convirtió en final y firme desde el 20 de noviembre de 1972.

En ningún momento los demandantes solicitaron permiso para enmendar su demanda, ni la enmendaron, para incluir como codemandados a las terceras demandadas “Private Police” y su aseguradora “Puerto Riean-American”.

Las terceras demandadas “Private Police” y “Puerto Rican-American”, únicos recurrentes, nos pidieron en su Re-curso de Revisión que se dejara sin efecto la sentencia dictada por el tribunal de instancia, por ser errónea, imputando al tribunal sentenciador dos errores, a saber: (1) que ese tribunal incurrió en error al condenar a las terceras demandadas a pagar directamente a los demandantes la suma de $4,500.00, a pesar de que los demandantes nunca instaron acción o reclamación alguna contra las terceras demandadas y a pesar de que cualquier acción que pudieran tener los demandantes se encontraba prescrita; y, porque al exonerar de responsabilidad a las demandadas, debió declarar sin lugar la demanda de tercero; (2) y al conceder a los demandantes una indemnización exagerada y excesiva, que no guarda pro-porción con los daños sufridos por los demandantes, ya que se estipuló únicamente que éstos tuvieron sufrimientos y angus-tias mentales, pero los demandantes no aportaron ninguna otra prueba para establecer la extensión y naturaleza de dichos sufrimientos.

Los demandantes recurridos se opusieron a la Solicitud de Revisión. Alegaron que la sentencia impugnada se dictó a base de una estipulación de hechos a que llegaron las partes luego de una reunión de sus respectivos abogados, de donde surgieron los hechos demostrativos de negligencia y la alega-ción de que los demandantes habían sufrido hondos sufri-mientos y angustias mentales por la conducta del empleado de los demandados Jaime Martínez; y que, a base de los hechos estipulados, el Tribunal determinase cuál de las dos demandadas pagaría a los demandantes por los daños sufri-dos por ellos por la intervención indebida de dicho agente o empleado de los demandados recurrentes; y que lo que se le sometió fue si debía pagar la demanda recurrente “Puerto Rican-American”, como aseguradora de “Private Police”, por haber sido Jaime Martínez agente o empleado de esta última el causante de los daños; o si debía pagar la codemandada “Pueblo” por haber contratado con la demandada recurrente los servicios de dicho agente; que fue la intención de todas las partes que el Tribunal, a base de los hechos estipulados, determinara cuál de las dos codemandadas debía de pagar o si ambas debían de pagar concurrentemente; y que a base de los hechos de la estipulación no había lugar a dudas de que el tribunal de instancia podía dictar la sentencia que dictó y que se pretende revisar. Más adelante nos referiremos a estas alegaciones de los demandantes en oposición a que se expidiera el auto de revisión.

Las recurrentes sometieron el recurso a base de las ale-gaciones del mismo y del memorando de autoridades que acompañaron al mismo.

Por Resolución de este Tribunal de 6 de diciembre de 1972 acordamos revisar la referida sentencia.

Elevados los autos originales, con fecha 29 de enero de 1973 dictamos sentencia donde resolvimos que el error del tribunal sentenciador era evidente, ya que no procedía conde-nar al tercero demandado a responderle a los demandantes recurridos, porque el tercero demandado fue traído al pleito para responderle directamente a los demandados terceros demandantes y no a los demandantes originales; y que, al declarar con lugar la demanda, el tribunal de instancia debió haber condenado a los demandados a responder directamente al demandante y, en su consecuencia, debió haber declarado con lugar la demanda de tercero haciendo responsable a los terceros demandados por cualquier cantidad que los demanda-dos terceros demandantes pagaran a los demandantes por motivos del pleito.

En virtud de lo expuesto, y creyendo que procedía enmen-dar la sentencia a estos efectos; procedimos a así hacerlo, modificando dicha sentencia en el sentido de declarar con lugar la demanda contra “Pueblo”, condenándolo a pagar los daños evaluados por el tribunal de instancia; y, como conse-cuencia, declaramos también con lugar la demanda de tercero haciendo responsable a “Private Police” por cualquier cantidad que “Pueblo” pagara a los demandantes recurridos; y así modificada, se confirmó la sentencia recurrida.

Las terceras demandadas recurrentes solicitaron de nos la reconsideración de dicha sentencia, alegando que no era correcto que el tribunal sentenciador declarara con lugar la demanda, ya que el propio tribunal, a la página 3 de la sen-tencia declaró sin lugar la demanda original en cuanto a “Pueblo”; y que si bien en el párrafo segundo de la página 3 de la sentencia se indica que “el Tribunal declara con lugar la demanda, y en su consecuencia, condena a Caribbean Private Police, Inc., y a su aseguradora la Puerto Rican-American Insurance Company. . .” ello evidentemente es un error por cuanto en el último párrafo de esa misma página el Tribunal Superior indica sin lugar a dudas que declara sin lugar la demanda original en cuanto a “Pueblo”.

Alegan además, como fundamento para la reconsidera-ción solicitada, que toda vez que el tribunal declaró sin lugar la demanda contra “Pueblo”, procedía en derecho que este Tribunal revocara la sentencia dictada contra las terceras demandadas y desestimara la demanda de tercero; que los demandantes nunca solicitaron revisión de dicha sentencia, por lo cual, la misma era firme e inapelable y constituía cosa juzgada entre las partes; y que este Tribunal carecía de juris-dicción para alterar en forma alguna aquella parte de la sentencia en que se desestimaba la demanda original contra “Pueblo”.

Igualmente compareció ante este Tribunal la codeman-dada “Pueblo”, pidiéndonos reconsideración de la sentencia nuestra, ya que la sentencia del tribunal de instancia era final, firme e inapelable y/o revisable; que nunca apeló ni pidió revisión de la misma, ya que contra ellos no existía sen-tencia alguna; y, sobre todo, porque los demandantes acepta-ron dicha sentencia al no presentar recurso de revisión alguno.

Los demandantes radicaron escrito de oposición a las re-consideraciones solicitadas.

El 16 de febrero de 1973 dictamos Resolución declarando sin lugar ambas mociones de reconsideración.

Nuevamente comparecieron las recurrentes pidiendo re-consideración a la referida Resolución nuestra del 16 de febrero de 1978 y alegando los mismos fundamentos expues-tos anteriormente; y nuevamente comparecieron los recurri-dos oponiéndose a la reconsideración.

El 29 de marzo de 1973 dictamos Resolución concediendo un término de 15 días, a partir de la fecha de notificación de la misma, a los recurridos, para que ampliaran su moción oponiéndose a la nueva solicitud de reconsideración; expo-niendo específicamente los fundamentos de derecho y la juris-prudencia en que descansan para oponerse a la nueva moción de reconsideración.

Los demandantes recurridos radicaron entonces un escrito que titularon “Breve Relación de Incidentes”, en el cual se circunscriben a exponer los hechos que ya conocemos; y a sostener la teoría de que la estipulación de hechos constituye una transacción judicial, un “contrato acordado” entre las partes, donde éstas piden al Tribunal que dicte sentencia a favor de los demandantes. Copiado literalmente de la página 7 del escrito arriba referido, la teoría de los recurridos se expresa así:

“Las partes le dicen al Tribunal básicamente: Hemos acor-dado que la demandante tiene derecho a recuperar por sus sufri-mientos y tiene derecho a recuperar de uno de los dos, del ter-cero demandado recurrente o de la demandada Pueblo Supermarket, quedando únicamente para determinar por el Tribunal cual de los dos sería responsable.” (Bastardillas nuestras.)

La opinión de este Tribunal, de la cual estamos disin-tiendo, resuelve que cometió error el Tribunal al modificar la sentencia recurrida y declarar con lugar la demanda contra “Pueblo”; ya que ésta era firme y final por no haber los demandantes recurridos para revisarla; y que lo que procedía era confirmar la sentencia dictada por el tribunal de instan-cia. Estamos de acuerdo en cuanto a lo relacionado con “Pueblo”.

En lo que disentimos es en la afirmación de dicha opinión en el sentido de que los terceros demandados pretendían evadir la responsabilidad que le impuso la sentencia del Tribunal de Bayamón, basándose en el refinamiento procesal de que la parte demandante no radicó una demanda enmen-dada para incluirla como demandadas. No creemos que se trate de un refinamiento procesal; sino meramente de dar; cumplimiento a la Regla 12.1 cuya letra es clara. La regla concede al demandado la oportunidad para que actuando como demandante contra tercero, traiga al pleito a una persona, que no siendo parte en el mismo, le sea o pueda serle responsable a dicho tercer demandante por todo o parte de la reclamación del demandante. Se le trae para que le sea res-ponsable a él; pero no para que le sea responsable al deman-dante original; a menos que éste enmiende su demanda y lo incluya como demandado también. De esta manera se notifica al demandante original para que, si lo cree conveniente, pro-ceda a enmendar su demanda, incluyendo al tercero deman-dado, como demandado en la demanda original.

La opinión del tribunal expresa que las terceras deman-dadas pretenden evadir la responsabilidad que les impuso la sentencia “basándose en el refinamiento procesal” de que la parte demandante no radicó una demanda enmendada para incluirlas como demandadas; “pero es evidente que el juez de instancia, vista la estipulación en la que la tercera deman-dada además de otras admisiones aceptaba que la persona que intervino con la parroquiana de Pueblo era su empleado, consideró la demanda enmendada para incluirla como parte demandada”; y expresó que “La estipulación no solicita que se dicte sentencia de acuerdo con las alegaciones, sino que termina solicitando que ‘dicte la sentencia que proceda en derecho a tenor con los hechos antes estipulados’.” Y continúa expresando: “Y es claro que los hechos antes estipulados establecen la responsabilidad por los daños sufridos en la tercera demandada. Las verdaderas partes adversas, de acuerdo con los hechos estipulados, son los demandantes y las terceras demandadas. Si el pleito hubiere ido a juicio, con lo estipulado como prueba, la demanda se hubiera considerado enmendada.”

No podemos estar de acuerdo con lo ilógico de este razona-miento, que equivale a buscarle la razón a la sinrazón. Ese sí es un “refinamiento procesal”, en virtud del cual se pre-tende, so pretexto de hacer justicia, legislar judicialmente, enmendando la Regla 12.1, para cubrir situaciones clara-mente contrarias a sus propósitos. Es cierto que en los hechos estipulados, las terceras demandadas admitieron que el agente de seguridad Jaime Martínez García era, para la fecha del accidente, un empleado de “Private Police”; entidad ésta, que en su carácter de contratista independiente había contratado con la demanda “Pueblo”; pero esa admisión suya en la referida estipulación de hechos, era para que el tribunal resolviera, conforme a derecho, la responsabilidad que pu-dieran tener esos terceros en relación con el demandado “Pueblo”, que fue quien los trajo como terceros demandados, y no con los demandantes, ya que esos terceros no eran de-mandados.

Los casos de Viñas v. Pueblo Supermarket, 88 D.P.R. 33 (1962) (Dávila) y Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168 (1965) (Dávila), citados en la opinión de este Tribunal, emitida en reconsideración por el Juez Asociado Señor Dávila, a nuestro juicio, no son aplicables a este caso.

En el primero de dichos casos, los hechos envueltos eran diferentes a los del presente. Viñas sufrió un accidente en el área de estacionamiento del Supermercado Pueblo. De-mandó a la entidad que operaba el supermercado y su compa-ñía aseguradora, reclamándoles el pago de los daños sufridos. La aseguradora codemandada presentó demanda de tercero contra el operador de una estación de servicio de gasolina situada junto al área de estacionamiento donde ocurrió el accidente. El referido tercero demandado, no solamente con-testó la demanda de tercero, sino que también contestó la demanda original radicada por Viñas contra Pueblo Supermarket. Con esa segunda actuación la aseguradora se sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, como si hu-biese sido codemandada y emplazada como tal. Por su propia y voluntaria actuación la aseguradora, tercera demandada, y además, demandada voluntaria dentro de la demanda original, al contestar ésta, puso al tribunal sentenciador en condi-ciones de determinar que la demandada Pueblo Supermarkets y la aseguradora eran ambas responsables, hacia el deman-dante Viñas, por haber ambas contribuido a la ocurrencia del accidente; pero que también Viñas contribuyó con su pro-pía negligencia; distribuyendo la responsabilidad entre las partes, en las proporciones que se establecen en la sentencia.

En el otro caso de Parrilla, supra, se trataba de una situa-ción diferente. La demandada Fuentes Fluviales, en cada una de las dos demandas radicadas contra ella, contestó las demandas y alegó que los accidentes se debieron a la negli-gencia exclusiva de terceras personas ajenas a la demandada; y, de conformidad con esa alegación, radicó demandas contra terceros en ambos casos.

La parte demandante solicitó que la vista de los casos contra Fuentes Fluviales se celebrara separadamente de la acción incoada por esta última contra el tercero demandado. El tribunal dictó sentencias separadas en los casos originales y en la demanda de tercero. La manifestación de este Tribunal de que “. . . especialmente cuando de las alegaciones de la demanda contra tercero surgía, si podían sostenerse con la prueba, la posibilidad de que el tercero demandado fuera el único responsable. Y ya hemos visto que la propia prueba de la parte demandante así lo estableció”, es a nuestro juicio, meramente un dictum.

Igualmente la opinión expresa en dicho caso de Parrilla, supra, que: “Por haberse celebrado las vistas de los casos separadamente el tercero demandado no tuvo la oportunidad de cuestionar la prueba que lo hacía responsable, presentada por el demandante. Así, si bien la prueba presentada en el primer caso establece la responsabilidad de Rivera Construction lo cierto es que éste no fue parte en ese litigio, no teniendo la oportunidad de defenderse. Esto impide que poda-mos dictar sentencia contra la. tercera demandada y a favor del demandante.”

En realidad no vemos cómo puede sostenerse que porque la prueba presentada en el primer caso estableciera la res-ponsabilidad de Rivera Construction, que no era un codeman-dado, sino meramente un tercero demandado, podía conside-rarse como prueba directa del demandante contra dicho ter-cero demandado; aunque éste hubiera estado presente en el. juicio, en su único carácter de tercero demandado y no como demandado, si éste no asume voluntariamente la posición dé', demandado. El no viene obligado a presentar prueba para controvertir la prueba del demandante, ni viene obligado a “cuestionar” la prueba de éste. El demandante podía presen-tar prueba contra el demandado; pero esa prueba no podría afectar al tercero demandado, que no era codemandado, ni había actuado de tal forma que voluntariamente se estuviera sometiendo a la jurisdicción del tribunal como demandado.;, a menos que el demandante no hubiera enmendado su demand da en tiempo para incluirlo como tal.

En la demanda contra tercero la demandada “Pueblo” y. su aseguradora alegaron que para la fecha de los hechos, “Pueblo” había contratado con la tercera demandada “Private Police” los servicios de un detective, quien er,a para esa fecha empleado y/o agente de esa última y que fue la persona que intervino con la demandante. (Alegación 3ra.) La posición de “Private Police” siempre fue que el referido, detective Jaime Martínez García era para la fecha del inci-dente, empleado de ella; pero que “. . . en su carácter da contratista independiente había contratado con las demanda-i-das los servicios de seguridad de dicho Supermercado y espe-tíficamente los servicios del mencionado Jaime Martínez García.” (Véase el párrafo 6 de la estipulación.)

“Private Police” podía enfrentarse a la demanda de ter-cero alegando que ella no podía serle responsable a “Pueblo”, aunque como contratista independiente hubiera contratado los servicios de seguridad del supermercado y específicamente los servicios de su detective Jaime Martínez García.

Se ha sostenido por la jurisprudencia que aunque la persona causante de los daños no sea empleado directamente por; el demandado, sino más bien es el empleado de una agencia de detectives que ha contratado con el demandado para proteger la propiedad del demandado contra robo o desfalco, el deman-dado es generalmente responsable. 32 Am.Jur.2d, False Imprisonment, sec. 47, pág. 113; Schantz v. Sears, Roebuck & Co., 12 N.J. Misc. 689, 174 Atl. 162, affd. 115 N.J.L. 174, 178 Atl. 768; Adams v. F. W. Woolworth Co., 144 Misc. 27, 257 N.Y.S. 776; Szymanski v. Great A. & P. Tea Co., 79 Ohio App. 407, 35 Ohio Ops. 177, 74 N.E.2d 205; Halliburton-Abbott Co. v. Hodge, 172 Okla. 175, 44 P.2d 122; W. T. Grant Co. v. Owens, 149 Va. 906, 141 S.E. 860. Véase además: 35 A.L.R. 677, s. 92 A.L.R.2d 61, sec. 19(b).

En algunos de estos casos se ha sostenido expresamente o establecido que el demandado no puede escapar a su respon-sabilidad sobre la base de que el arresto falso fue ocasionado por un empleado de un contratista independiente. (Am. Jur., supra y Halliburton Abbott, supra.)

Específicamente, en el caso de Szymanski, supra, se dijo:

“Debido al carácter personal de los servicios ejecutados por un detective de una tienda cuyo deber consistía en aprehender a los rateros de tiendas, el dueño de la tienda no puede delegar tal obligación o deber en un contratista independiente y por tal mo-tivo estar relevado de responsabilidad para con sus clientes por los actos ilegales de dicho detective.”

En la “Estipulación” firmada por las partes, que aparece copiada literalmente, en su parte pertinente, en la página 136 de la opinión de este Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Dávila, en su inciso número 6, lee así:

“6. Dicho agente de seguridad Jaime Martínez García era para la fecha del incidente antes relatado, empleado de Caribbean Private Police, Inc., entidad ésta que en su carácter de contratista independiente había contratado con las demandadas los servicios de seguridad en dicho Supermercado y específicamente los servi-cios del mencionado Jaime Martínez García.”

Esta era la versión correcta y verídica de la relación de “Private Police” con “Pueblo”; y la primera lo único que hizo en esa estipulación fue admitir un hecho que era cierto. Una estipulación en un procedimiento judicial, en relación con una materia o hechos incidentales al pleito, hecha por las partes, en su sentido jurídico, tiene ordinariamente como propósito, el evitar dilaciones, molestias y gastos. Las estipu-laciones difieren en su carácter, siendo algunas meras ad-misiones de hechos, que simplemente relevan a una parte o partes de la necesidad de tener que presentar prueba, como en este caso. (50 Am.Jur., Stipulations, sec. 3, págs. 606-607). Hay otras que pueden encerrar todas las características esenciales de un contrato mutuo (Am.Jur., supra); pero no debe confundirse una estipulación admitiendo un hecho, con una “transacción”, véase: Código Civil, 1930, Art. 1709; 31 L.P.R.A. sec. 4821; y los casos de Canino v. Bellaflores, 78 D.P.R. 778 (1955) (Belaval); Zayas v. López, 48 D.P.R. 208 (1935) (Córdova Dávila); Díaz Torres v. Rivera, 96 D.P.R. 560 (1968) (Rigau). La misma tiene la autoridad de cosa juzgada entre las partes (Código Civil, 1930, Art. 1715; 31 L.P.R.A. sec. 4827); y sólo comprende los objetos expre-sados en ella, o que, por una inducción necesaria de sus pa-labras, deban reputarse comprendidos en la misma. (Código Civil, 1930, Art. 1714; 31 L.P.R.A. sec. 4826.)

La admisión hecha por “Prívate Police” en el encasillado número 6 de la estipulación, que hemos copiado arriba, no implica en derecho que ella está admitiendo, que le.es respon-sable directamente a la demandante, ni que ella se haya colo-cado voluntariamente de una posición de demandada original. Por el contrario, lo que implica es que ella no tenía respon-sabilidad alguna, ya que el detective envuelto, aunque era su empleado, estaba bajo contrato con “Pueblo”, prestándole servicios a éste directamente, bajo su supervisión y control; y que “Pueblo” no podía evadir su responsabilidad amparán-dose en el subterfugio de que era empleado del contratista in-dependiente “Private Police” y no de ella. Y precisamente a base de esa situación de hecho, es que se pide en la estipu-lación que el tribunal determine si conforme a derecho, es ella o “Pueblo” la responsable. El hecho de que el tribunal sentenciador, erróneamente a mi juicio, dictara sentencia declarando sin lugar la demanda contra “Pueblo” y con lugar en contra de “Private Police” y su aseguradora; y que ni los demandantes ni ninguna otra de las partes apelaran esa Sentencia exonerando a “Pueblo”, dejando así que la misma sé convirtiera en final y firme; no puede perjudicar a “Private Police” ni a su aseguradora.

Nos enfrentamos en este caso a una situación en que los demandantes pudieron utilizar los mecanismos procesales que las Reglas de Procedimiento Civil le conceden y no lo hi-cieron.

En su demanda original pudieron incluir a “Private Police” y “Puerto Riean-American” como codemandados y no lo hicieron.

Al dictarse la sentencia, en la cual se desestimó la recla-mación contra “Pueblo”, pero declarándola con lugar contra los terceros demandados “Private Police” y su asegu-radora “Puerto Rican-American”, los demandantes, o por lo filenos su abogado, tenían que saber que conforme a la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil, la demanda contra ter-ceros demandados radicada por “Pueblo” y su aseguradora, contra “Private Police” y su aseguradora, tenía como propó-sito que éstos le fueran responsables por todo o parte de la reclamación de los demandantes. Castro v. Supermercado de Descuentos, 99 D.P.R. 851 (1971) (Ramírez Bages) y casos allí citados; y que, conforme a dicha Regla, a “Private Police” y su aseguradora no podía hacérseles responsables directamente a los demandantes; ya que ellos fueron traídos al pleito únicamente para que le respondieran a “Pueblo”, si así procedía en derecho; y si éste era hecho responsable a favor de los demandantes. Al dictarse la sentencia, los de-mandantes y/o su abogado pudieron haber pedido reconsi-deración de la misma y no lo hicieron. También tenían el camino expedito para revisar la misma ante este Tribunal y tampoco lo hicieron; permitiendo que se convirtiera en final y firme, al dejar transcurrir el término jurisdiccional que tenían para su revisión; permitiendo así se convirtiera en cosa juzgada.

Este es un caso en que la parte demandante, si hubiera llevado su caso conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, quizás hubiera obtenido una sentencia a su favor; y es sensible que ahora no pueda conseguir el remedio solicitado; pero ella misma se ha puesto en esa situación embarazosa por omi-sión propia, al permitir que la sentencia exonerando a “Pueblo” se convirtiera en firme y final.

La opinión y sentencia de la cual disentimos equivale a invalidar las disposiciones claras y precisas de la Regla 12.1 y a dejarla sin efecto por fiat judicial.

Dada la conclusión a que estoy llegando, creo innecesa-rio entrar a discutir la cuestión de la prescripción.

Por las razones expuestas, disiento de la opinión de la mayoría de este Tribunal, por la cual se reconsidera la senten-cia de 29 de enero de 1973; en aquella parte que confirma la que dictó el Tribunal Superior condenando a “Private Police” y su aseguradora a indemnizar a los demandantes; y en su lugar debe dictarse sentencia declarando sin lugar la demanda en cuanto a dichos terceros demandados.

       Es evidente que el Tribunal Superior declaró sin lugar la demanda contra Pueblo Supermarkets.

       No se concibe pensar que la representación legal de la demandante hubiera firmado una estipulación si el firmarla conllevaba que se declarara sin lugar la demanda, cuando pudo haber solicitado permiso para enmen-darla a los efectos de incluir a las terceras demandadas como demandadas.

       En adelante lo llamaremos “Pueblo”.

       En adelante la llamaremos “Union Insurance”.

       Este se eliminó por no haber sido el que intervino con Petra Rodríguez.

       En adelante la llamaremos “Prívate Police”.

       En adelante la llamaremos “Puerto Rican-American”.

       E1 Señor Juez Martínez Muñoz no intervino. Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz, Irizarry Yunqué y el aquí disidente, para esa fecha, no formaban parte de este Tribunal.

       “Se declara sin lugar la demanda en cuanto a Pueblo Supermarkets, Ine.”

       No nos seduce mucho la alegación de los recurrentes de que siendo la tercera demandada “Private Police” un contratista independiente, no podía responsabilizarse a “Pueblo” por las actuaciones negligentes de un empleado de dicho contratista independiente. (Véase: 32 Am.Jur.2d, False Imprisonment, sec. 47 (1967). Pero esa no es la cuestión ante nos en estos momentos.

       Los Jueces Asociados Señores Martínez Muñoz y Cadilla Ginorio, no intervinieron.

       Los Jueces Asociados Señores Martínez Muñoz y Díaz Cruz no intervinieron.

       E1 detective Jaime Martínez García.

       “Even though the person causing the arrest is not directly employed by the defendant, but rather is the employee of a detective agency which has contracted with the defendant to protect the defendant’s property from theft or embezzlement, defendant is generally liable.” 32 Am.Jur.2d, supra.

       “In some of these cases it has been expressly held or stated that the defendant cannot escape liability on the ground that the false arrest has been caused by an employee of an independent contractor.”

       “Due to the personal character of the services performed by a store detective whose duty is to apprehend shoplifters, the store owner cannot delegate such duty to an independent contractor and thereby be relieved of liability to his customers for illegal acts of such detective.”

       Y también de todo el Tribunal.

       Naturalmente que estoy conforme a la reconsideración de dicha sentencia, en el sentido de dejarla sin efecto en cuanto a “Pueblo”.


author:
(Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario
     Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sergio Rodríguez Amor, acusado y apelante.

      Número: CR-73-92

      Resuelto: 26 de marzo de 1974

      R. N. Ponce de Sánchez Rivoleda, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Federico Rodrí-guez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   Sentencia

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 1974

El apelante fue acusado conjuntamente con otra persona de tentativa de Hurto Mayor consistente en haber intentado sustraer un automóvil marca Oldsmobile modelo 1961 yalo-rado en más de $100.00 propiedad del Sr. Luis De la Cruz Figueroa. Arts. 50 y 428 del Código Penal (33 L.P.R.A. secs. 96 y 1683).

La prueba de cargo estableció que el bien objeto del delito no fue el automóvil sino el aire acondicionado del mismo. A esos efectos el juez sentenciador dio por enmen-dada la acusación. Sin embargo, fundó su fallo condenatorio por tentativa de Hurto Mayor en el valor del automóvil y no en el valor del aire acondicionado.

Se intentó probar el valor de dicho aire acondicionado con el solo testimonio de su dueño. Tal testimonio es, a ese respecto, conjeturante. No pudo precisar si el aire acondicionado valía más de $100.00, aunque declaró que dicho valor era más o menos de $200.00. Sin embargo, considerando que el automóvil tenía un valor entre $400.00 y $500.00; que era un modelo del año 1961; que el juego de neumáticos que tenía valía por sí sólo, $200.00 y, que no se precisó la fecha en que se instaló el aire acondicionado en el automóvil, ni cual fue su costo, es difícil inferir, para considerarlo como un hecho probado, fuera de duda razonable, que el valor del aire acondicionado fuera de $100.00 ó más.

Cuando existe duda sobre el grado del delito cometido por el acusado, debe condenársele por el delito en su grado inferior. Regla 110 de Procedimiento Criminal.

En su virtud se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que se sentencie al acusado-apelante por el delito de tentativa de Hurto Menor.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado, Señor Rigau disintió con opi-nión, en la cual concurren los Jueces Asociados, Señores Torres Rigual y Martín.

(Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rigau

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 1974

Disiento y paso a explicarme. Se trata de un caso de tenta-tiva de hurto de mayor cuantía. Como se sabe, la ley dispone que es hurto de mayor cuantía cuando el valor de la propie-dad sustraída es de $100.00 ó más. Es hurto de menor cuan-tía en los demás casos; esto es, cuando el valor de la propie-dad sustraída es de menos de $100. 33 L.P.R.A. secs. 1683 y 1684.

Los hechos de este caso no están en controversia. Una madrugada, dos policías que estaban en servicio, cogieron in fraganti al acusado mientras trataba de hurtar de un auto-móvil el radio y el acondicionador de aire del vehículo. El auto-móvil estaba estacionado en Santurce. El acusado estaba acom-pañado de otro sujeto, quien al ver llegar la Policía dio la voz de alarma a su cómplice y se dio a la fuga, pero fue cap-turado más tarde. El policía De la Cruz declaró que sorpren-dió al acusado mientras destornillaba, para hurtarlos, los aparatos antes mencionados. El anterior es un cuadro de-masiado frecuente contra el cual la ciudadanía tiene el derecho de ser protegida.

La opinión mayoritaria hace unos cálculos y por elimi-nación concluye que “es difícil inferir, para considerarlo como un hecho probado, fuera de duda razonable, que el valor del aire acondicionado fuera de $100.00 ó más.”

Creo que es completamente innecesario hacer esos esti-mados bastante especulativos cuando en el propio récord hay prueba sobre la cuestión en controversia, la cual es el valor del equipo que el apelante trataba de hurtar. Veamos lo que dice el récord. El testigo, dueño del vehículo en cuestión, declaró en el interrogatorio directo como sigue:

“Y ese aire acondicionado qué valor usted estima que tenía?
“Doscientos pesos.
“Para la fecha de los hechos?
“Más o menos.
“Nada más con el testigo, Señor Juez.” — T.E. pág. 8. (Bastar-dillas nuestras.)

Y en el indirecto, sobre el mismo asunto, declaró en la si-guiente forma:

“Y el aire acondicionado ese, qué precio usted que \sic\ val-dría, más o menos?
“Valdría doscientos pesos, el carro tenía tiempo ya, estaba trabajando el aire bien y está perfecto.” — T.E. pág. 10. (Bastar-dillas nuestras.)

Nótese que el testigo no dijo que valía $100.00 ó menos, sino $200.00. Además, habría que sumarle el valor del radio. Eso hace del delito una tentativa de hurto mayor. Concurro con el testigo. No puedo creer que un radio de automóvil y un acondicionador de aire de automóvil valen, ambos, menos de $100.00.

Me parece que es claro que la tentativa fue de hurto de mayor cuantía y por eso me veo obligado a disentir.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Ana E. Margarida Vda. de Iturregui, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Cuarta, recurrido.

      Número: O-72-33

      Resuelto: 27 de marzo de 1974

      Dubón & Dubón, A. Torres Braschi y Federico García Veve, abo-gados del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección IV, denegó la anotación de un aviso de demanda solicitada por la recurrente Ana E. Margarida Vda. de Iturregui por no haberse consignado un comprobante por la cantidad de $973 para completar los derechos de inscripción. En su denegatoria el Registrador observó que la demanda era por daños y perjuicios y que de acuerdo con el Art. 91 del Código de En-juiciamiento Civil no se podía anotar en el Registro. El Registrador citó en su apoyo el caso de Escalera v. Lokpez, 63 D.P.R. 227 (1944).

El examen que hemos hecho de la cuestión planteada nos convence que debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la anotación de aviso de demanda. Es preciso examinar las alegaciones que, en definitiva, son las que definen la causa de acción y determinan la procedencia o no de la anotación del aviso de demanda en el Registro bajo el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 455.

En la demanda se alega que las partes son dueñas de dos fincas que colindan entre sí, estando la de la recurrente a una elevación más baja que la de los demandados, razón por la cual las aguas pluviales discurren, naturalmente, de las fincas de las demandadas sobre la finca de la recurrente a todo lo largo de la colindancia común; que esta situación se varió al construir la demandada Forty Seven Development Corporation una urbanización industrial en su finca alterando la topografía natural de ésta, así como sus niveles y contornos mediante la remoción de tierra en sus partes más altas y el relleno de las más bajas, como consecuencia de estos cambios, se ha variado el curso natural de las aguas pluviales; que la demandada ha construido un alcantarillado pluvial para dar salida a dichas aguas y conducirlas bajo tierra en tuberías de 30 pulgadas de diámetro a descargar por dos puntos direc-tamente sobre la finca de la recurrente, en mayor volumen, impetuosidad y concentración, agravando con ello la servi-dumbre natural; que debido al nivel más alto a que ha que-dado la finca de la demandada y al relleno colocado en la co-lindancia común, ha quedado un talud de tierra suelta que es arrastrada por la erosión en tiempos de lluvia y arrojada sobre la finca de la recurrente causándole daños que se esti-man en $500,000.

La súplica de la demanda incluye los siguientes pedimen-tos:

■ 1) Declarar que la finca de la recurrente no está sujeta a recibir las aguas pluviales que descienden de la finca de la demandada a través del alcantarillado pluvial construido en dicha finca.

2) Ordenar a la demandada a tapiar y cubrir las salidas del alcantarillado pluvial y prohibiéndole mediante orden de entredicho permanente a remover dichas cubiertas.

3) Prohibir a la demandada a continuar con la construc-ción de aquella parte del alcantarillado que aún falta por construir.

4) Ordenar a la demandada Forty Seven Development Corporation a construir a todo lo largo de la colindancia sur un muro de contención que proteja la finca de la recurrente contra derrumbe y desplazamiento del talud de tierra suelta allí existente.

5) Condenar a la demandada a pagar la cantidad de $500,000 por daños y perjuicios.

El Art. 488 del Código Civil expresamente dispone que:

“Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que, naturalmente, y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso.
Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impida esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.” Art. 488 Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1711.

La acción ejercitada por la recurrente es al amparo del derecho que dimana del mencionado Art. 488 y va dirigida, precisamente, a impedir la agravación de la servidumbre por el demandado. En esencia, la recurrente solicita en su demanda que se restrinja el ejercicio del derecho de propiedad del demandado a tenor con las restricciones impuestas por el Art. 488. Es evidente que su reclamación, de vencer en juicio, afectaría el derecho de propiedad de la demandada en la forma en que ellos lo han ejercitado. Es por ello que procede su anotación en el Registro de la Propiedad a tenor con el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo sólo requiere para la anotación de un aviso de de-manda que la acción instada afecte el título o el derecho de posesión de un bien inmueble. Martínez v. Registrador, 101 D.P.R. 308 (1973); y la demanda instada por la peticionaria cumple cabalmente con ese requisito.

El propósito del Art. 91 es el de dar aviso a futuros adquirentes de la pendencia de un litigio que puede afectar el título o el derecho de posesión de la propiedad, independientemente de que la acción ejercitada pueda o no catalogarse como una personal. Atiles Moreu v. Registrador, 51 D.P.R. 651 (1937); Pueblo v. Fajardo Sugar Co. of P.R., 51 D.P.R. 893 (1937). En esa forma se salvaguardan tanto los intereses del demandante al sujetar la propiedad a la resultancia del pleito, como los intereses de futuros adquirentes que tienen en el Registro de la Propiedad un medio eficaz para conocer la existencia de un litigio antes de adquirir la propiedad en cuestión. Por supuesto, la anotación del aviso de demanda se limita a aquellas partes del pleito que puedan afectar el derecho de propiedad o al derecho de posesión y no se extiende a la acción subsidiaria de daños y perjuicios.

Se dictará sentencia revocando la nota recurrida y orde-nando al Registrador recurrido que practique la anotación del aviso de demanda en lo referente a los primeros cuatro pronunciamientos que se piden y hemos reproducido anterior-mente.

       El Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil lee:

        “En una acción que afecte el título o al derecho de posesión de pro-piedad inmueble, el demandante, al tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha con-testación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción.” (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. sec. 455.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    American Security Insurance Company, demandante y recurrida, v. José E. Ocasio Ramos y The Insurance Company of Puerto Rico, demandados y recurrentes.

      Número: O-73-135

      Resuelto: 28 de marzo de 1974

      Jaime Sifre Rodríguez, abogado de los recurrentes; Córdova González & Toledo, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una reclamación por la pérdida de un vehículo de motor entregado para un trabajo de pintura al dueño del Garage Ocasio y que fue hurtado de dicho garage en horas de la madrugada.

El vehículo hurtado pertenecía al Sr. J. L. Berrios, y fue originalmente adquirido mediante préstamo condicional otor-gado por la San Juan Finance Company. Para la fecha de los hechos el balance diferido del mencionado préstamo ascendía a $2,305.77.

Una vez notificada del hurto, la financiera procedió a gestionar del Sr. Berrios una cesión de todo derecho y acción que tuviera éste sobre el referido vehículo. Tan pronto la obtuvo, fue compensada por su compañía de seguros por el monto del balance diferido del préstamo, subrogándose la compañía aseguradora en todo derecho y acción del asegu-rado sobre el referido vehículo. Incoó reclamación contra el dueño del garage y su aseguradora por el monto del balance diferido.

Alegó que el dueño del garage incurrió en descuido o negligencia al permitir que se hurtara el vehículo depositado en su taller. Alegó asimismo que la compañía de seguros codemandada había expedido una póliza vigente a la fecha de los hechos que cubría la situación de autos.

El Tribunal Superior confirmó la sentencia que dictó el Tribunal de Distrito declarando con lugar la demanda. Acor-damos revisar.

Las partes aceptan que el contrato celebrado fue uno de depósito. Dispone el Código Civil en cuanto al contrato de depósito que “el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que haya sido designada en el contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa se regirá por lo dispuesto en la Parte I de este subtítulo.” (Art. 1666.) Y en la Parte I del Subtítulo 4, establece el Art. 1047 que “ [e] 1 obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia.” Se repite este mismo concepto en el Art. 1057 al disponer: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las per-sonas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.” También es pertinente a la cuestión que consideramos lo ex-puesto en el Art. 1137 al efecto de que “siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa, y no por caso fortuito salvo prueba en contrario.”

En P.R. & American Ins. Co. v. Durán Manzanal, 92 D.P.R. 289 (1965), citamos de los comentaristas del Código Civil de España en cuanto al contrato de depósito, lo siguiente:

“ ‘. . . El sistema tradicional, reflejado en los textos romanos y en nuestra legislación de Partidas, consistía en imponer al de-positario, como regla general, únicamente las responsabilidades del dolo y de la culpa lata, pero atribuyéndole, en casos espe-ciales, las de la culpa leve y aun las del caso fortuito (si se hu-biere estipulado así). El Código francés adoptó un sistema dis-tinto, consistente en imponer al depositario, por regla general, no la culpa apreciada en abstracto (diligencia de un buen padre de familia) sino la culpa in concreto (diligencia que la persona misma del depositario acostumbra poner en el cuidado de sus cosas),, aunque restableciendo en ciertos casos excepcionales la aplicación del principio de la culpa leve en abstracto. Pues bien, nuestro Código español no ha hecho suyo ninguno de los ante-riores sistemas. Se limita a declarar que la responsabilidad del depositario en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa se regirá por lo dispuesto para las obligaciones en general en el título I del libro IY — art. 1766, párrafo segundo — [1666 nuestro] y esto equivale a imponer al depositario la diligencia que se ex-prese en el contrato o, en su defecto, la correspondiente a un buen padre de familia — art. 1104 — [1057 nuestro], sin la distinción de casos ni las clasificaciones de la culpa que se admitían en la doctrina tradicional’: 4 Castán — Derecho Civil Español Común y Foral 620 (7a. edición Reus 1952). Nuestro Código — dice Puig Peña — ‘Se limita a decir que la responsabilidad del depositario en cuanto a la guarda (y a la pérdida de la cosa), se regirá por lo dispuesto en el título I del libro IV; o ser, que se remite en esta cuestión a la teoría general de la responsabilidad en las obliga-ciones — arts. 1100 al 1107 — [1053-1060 nuestros]. Esto equivale a imponer al depositario, según dijimos, la actividad prometida en el contrato o deducida de la naturaleza de la obligación y propia de un buen padre de familia. Siempre, pues, que ello no se observe, incurrirá en responsabilidad, sin hacer caso de las clasi-ficaciones que admitía la doctrina clásica.’ IV-II Puig- Peña: Tratado de Derecho Civil Español 434. . . .”

Antes de entrar a considerar si el depositario cumplió con la obligación que le impone el Código Civil en los artícu-los antes mencionados, es necesario exponer qué se entiende por el concepto tantas veces repetido en el Código, de “la dili-gencia de un buen padre de familia.”

Castán al considerar el Art. 1104 del Código Civil Espa-ñol equivalente al 1057 nuestro, expone:

“Nuestro Código Civil establece como criterio general para los casos en que en la obligación no se exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, el que ha de exigirse la que correspondería a un buen padre de familia (artículo 1104, apar-tado 2o), que se toma como tipo medio o normal de persona dili-gente. En esto el sistema del Código Civil está influido por el sistema romano, del que toma el tipo de la culpa leve. Pero es de tener en cuenta que al definir la culpa el art. 1104, ap. Io, en los términos ya expuestos, parte de un punto de vista subjetivo, que hará que sean los Tribunales en cada caso particular los que habrán de resolver cuál era la diligencia procedente y, por ende, cuál es la culpa de que ha de responder el deudor.... En conjunto significa este sistema de progreso, por la flexibilidad con qué permite adaptar la idea de la culpa a cada especie concreta.” 3 Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral 169 (décima edición 1967).

Y Don Federico Puig Peña en su artículo Culpa Civil, Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo VI, a la pág. 107 expone:

“. . . Después del Código sólo se debe prestar aquella diligen-cia que exija la naturaleza de la obligación, no en si misma, sino teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, tiempo, y lugar. Solamente a título supletorio, es decir, cuando de la obliga-ción nada se desprenda, o ésta nada diga, exigirá la diligencia que corresponda a un buen padre de familia, que representa el tipo medio de diligencia normal (art. 1104 párr. 2o). En cada caso, pues los Tribunales serán los llamados a decidir cuál era la diligencia que se debía haber empleado, y si por no prestarla el deudor ha incurrido en mora.”

Así vemos que el Código al emplear el concepto “diligencia de un buen padre de familia” tuvo el propósito de dejar a los tribunales que en cada caso particular determinen cuál es la diligencia procedente, que generalmente debe ser la que hubiera tomado el “tipo medio o normal de persona diligente.”

Procede ahora determinar si el depositario actuó como lo hubiera hecho una persona tipo medio o normal.

La prueba fue al efecto de que para la fecha del hurto, el Garage Ocasio estaba completamente rodeado por una verja de alambres de las conocidas como “cyclone fence”; que sobre dicha verja y a la redonda había alambre de púa; que habían tres portones de acceso, los cuales se aseguraban todos los días al final de la jornada con una cadena gruesa y candado grande; que para la víspera del hurto, el recurrente cerró personalmente el portón, según era su costumbre hacerlo. Asimismo la prueba estableció que era el primer vehículo que hurtaban del Garage Ocasio.

El recurrido argumenta que las medidas tomadas son insuficientes para relevar a un depositario de responsabili-dad. Sostiene que se debieron haber tomado medidas adicio-nales, tales como mantener un celador, o perros de vigilancia.

Aplicando la ley según antes la expusimos a la situación de hechos del presente caso, vista la evidencia reseñada, es evidente que el depositario en este caso cumplió con su obligación de guardar la cosa como un buen padre de familia. La presunción de negligencia de que habla el Art. 1137 del Código Civil fue rebatida por la evidencia aportada. No hay base para responsabilizar al depositario. Tomó las precauciones que eran razonables tomar. Nos preocupa el auge inusitado que ha cobrado en Puerto Rico el hurto de vehículos de motor. La Prensa diaria nos mantiene al tanto de los constantes partes policíacos en que se dramatiza en forma alarmante cómo los vehículos hurtados son las más de las veces utilizados para cometer otros delitos contra la persona y contra la propiedad, o para enriquecimiento de especula-dores sin escrúpulos que se dedican a desmantelarlos para su venta en piezas o que los reforman y remodelan para ven-derlos más adelante. Esta crítica situación exige que los de-positarios de vehículos de motor ejerzan en el futuro un mayor celo en la guarda de los vehículos de motor que se le confían tomando las precauciones adicionales que un buen padre de familia adoptaría dentro de las actuales circuns-tancias.

No mediando responsabilidad legal del depositario, tam-poco procede la reclamación contra su compañía asegura-dora. Esta se había comprometido a pagar sólo en caso que el asegurado fuera responsable. Así se estipuló en la póliza.

Se revocará la sentencia que declaró con lugar la de-manda y se dictará otra declarándola sin lugar.

       Dispone así la póliza:
      “The Company will pay on behalf of the insured all sums which the insured shall become legally obligated to pay as damages because of:
      E. .
      F. loss to an automobile caused by theft of the entire automobile;
      G. .
      H. .
      occurring while such automobile or other property is in the custody of the insured for safekeeping, storage, service or repair. . .


author: per CURIAM:

text:
    Miguel Santos Santos, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Ramón R. Cabrera, Juez, demandado; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.

      Número: O-73-286

      Resuelto: 29 de marzo de 1974

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del peti-cionario ; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor.
   per CURIAM:

El peticionario fue sentenciado por el Tribunal de Distrito a penas de multa y cárcel. Presentó en tiempo ante dicho tribunal un escrito de apelación solicitando juicio de novo. El Tribunal Superior desestimó la apelación fundándose en la falta de notificación al fiscal del escrito de apelación.

La Regla 216(b) de Procedimiento Criminal dispone que la apelación se formalizará presentando un escrito de apela-ción en la secretaría de la Sala del Tribunal de Distrito en que se celebró el juicio, previa notificación del mismo al ministerio público o al fiscal privado, si lo hubiere, dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que la sentencia condenatoria fuere dictada.

Esta Regla exige la previa notificación del escrito de apelación al ministerio público o al fiscal privado cuando en el juicio el Pueblo está representado bien por un fiscal público o por uno privado. Si no hubiere ninguno de ellos, la notifica-ción previa es innecesaria.

En el caso de autos no hubo en el juicio ministerio público ni fiscal privado. Por lo tanto, es errónea la sentencia del Tribunal Superior desestimando el recurso de apelación por falta de notificación previa del escrito de apelación al fiscal. Esto dispondría de este caso.

Entre las razones que justifican la exigencia de la previa notificación del escrito de apelación, se encuentra la de que si hubo fiscal público o privado en el juicio, éstos tienen intervención en los procedimientos subsiguientes ante el Tribunal de Distrito para perfeccionar la apelación como por ejemplo, cuando el acusado no ha solicitado juicio de novo y se ha acogido a la transcripción de la evidencia. Por otro lado, la notificación previa del escrito de apelación es la que da conocimiento al fiscal que intervino en el juicio, de si el acusado ha solicitado o no juicio de novo.

Se revocará la resolución que desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción.