author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    José P. Odriozola, demandante y recurrido, v. Superior Cosmetic Distributors Corporation, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-83-144

      Resuelto: 28 de junio de 1985

      Radamés A. Torruella, Lidia González y Rossell Barrios Amy, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, aboga-dos de las recurrentes; Antonio Moreda Toledo, de Moreda Toledo & Rivera, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. José P. Odriozola, luego de trabajar durante quince años, primero como Gerente de Ventas y finalmente como Ge-rente General y Vicepresidente de Superior Cosmetic Distributors, Inc., afiliada de Germaine Montiel Cosmetiques Corporation, corporaciones dedicadas a la distribución y venta de perfumes y cosméticos, fue despedido de su empleo al alcanzar la edad de sesenta años. Inconforme, demandó a dichas corpo-raciones por alegados daños y perjuicios, amparándose en las disposiciones de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. secs. 146 a 151) que establece una causa de acción civil por daños, basada en discrimen por razón de edad avan-zada, raza, color, religión, origen o condición social del em-pleado.

Expedimos auto de revisión a solicitud de los demandados para revisar la sentencia recaída, que favoreció la posición del demandante. Los planteamientos en que se basan las recu-rrentes se reducen, en síntesis, a impugnar (1) la apreciación de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, (2) la deter-minación sobre solidaridad en la responsabilidad que se les impuso, (3) la denegación de su alegado derecho de inmuni-dad bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo y (4) la cuantía adjudicada como indemnización. Un cuidadoso análisis de dichos planteamientos, atendida la prue-ba practicada, y examinado el Derecho aplicable, nos mueven a resolver que son inmeritorios y que la sentencia debe ser confirmada.

I

Los hechos

A continuación exponemos un resumen de los hechos, ba-sados en las determinaciones del Tribunal Superior y en nues-tro examen de los testimonios y prueba documental aportada por las partes.

El demandante y ahora recurrido, señor Odriozola, junto con la codemandada recurrente Germaine Montiel Cosmeti-ques Corporation, fundaron la corporación Superior Cosmetic Distributors, Inc. en agosto de 1964. Entonces contaba 45 años de edad. Superior se encargaría, bajo la supervisión directa del Vicepresidente de la División Internacional y del Director de Área para América Latina de Germaine Montiel, de dis-tribuir en Puerto Rico los cosméticos, perfumes y demás pro-ductos de belleza de esta corporación. Para agosto de 1979 los señores David Balthrop y Bernhard Guenther ocupaban, res-pectivamente, dichas posiciones en Germaine.

De Gerente de Ventas en 1964, el señor Odriozola pasó a ser Gerente General de Superior en 1967, desempeñándose a su vez como su Vicepresidente. No se cuestionó que hasta 1975 desempeñó eficientemente sus labores. Alegaron las recurren-tes, como base del despido, que a partir de ese año las ventas y las ganancias de Superior comenzaron a declinar alarman-temente por culpa del señor Odriozola.

El señor Odriozola, por su parte, aceptó que hubo bajas en las ventas y, por consiguiente, en las ganancias, pero adujo que ello se debió, no a su culpa, y sí a la situación de la econo-mía y del mercado de productos de belleza en Puerto Rico, y a actos de los propios recurrentes.

Independientemente de las razones que explicaran la baja en ventas, las recurrentes y el recurrido acordaron un plan de acción para enfrentarse al problema. Se acordó un programa de bonificaciones y aumentos salariales que aplicarían al re-currido si éste lograba incrementar las ventas de Superior. Gracias a ello ambas partes lograron su propósito. En octubre de 1978, el recurrido logró el aumento de sueldo más grande jamás recibido en los quince años que trabajó en Superior, por haber excedido en un 18% las ventas fijadas para el año fiscal 1977-1978. Las recurrentes felicitaron por escrito al re-currido con motivo de su labor y decidieron asignarle además el mercado de las Islas Vírgenes.

Sin embargo, aunque aparentemente por motivos no rela-cionados con la situación de la empresa, las recurrentes conti-nuaron mostrando insatisfacción con el recurrido. Para agos-to de 1979, éste tenía sesenta (60) años de edad. No quedaban en la empresa compañeros de su época. Sus superiores eran hombres más jóvenes que él, que llevaban menos tiempo que él en sus puestos. David Balthrop tenía 38 años de edad y ocupaba el puesto de Vicepresidente de la División Interna-cional de Germaine hacía un año; Bernhard Guenther era un cuarentón que ocupaba el cargo de Director de Área de Ger-maine hacía unos ocho meses. Ya para junio de 1977, el en-tonces Vicepresidente Internacional de Germaine, David Batchellor, había llamado “toro viejo” al recurrido, diz que en forma jocosa. De todos modos, este último incidente de-muestra la discrepancia en edades y enfoques entre el recu-rrido y los nuevos ejecutivos de Germaine.

A requerimiento de sus superiores, el recurrido se reunió en Nueva York el 3 de agosto de 1979 con Guenther y Bal-throp en las oficinas de este último. Allí dichos ejecutivos ex-presaron al recurrido su gran interés en que aceptara un plan de retiro anticipado preparado por la empresa. Éste quiso con-sultar con su esposa si aceptaba o no la oferta que se le hacía, pero su reclamo fue desatendido. Al hallarse solo, sin poder consultar con su cónyuge, y sin asesoramiento, el recurrido firmó un documento donde aceptaba retirarse cinco años antes de lo pensado por él. Para acogerse a la jubilación tendría que pagar la aportación de los cinco años que la restaban para acogerse al plan de retiro. Según el testimonio del señor Bal-throp, esta oferta fue hecha para evitar tener que cesantear al recurrido.

Odriozola regresó a Puerto Rico inmediatamente. Se le citó al bufete de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, a una reunión con la Leda. Lidia González, donde se le mostró un documento relativo al plan de pensiones que, entre otras cosas, según el recurrido, le prohibía trabajar en el área de cosméticos por las próximos cinco años. Se negó copia de dicho documento al recurrido. Éste se negó a firmarlo.

Al no aceptar el plan de retiro propuesto, las recurrentes retiraron su oferta y cesantearon de inmediato al recurrido el 17 de agosto. Dicen las recurrentes que deseaban que el señor Odriozola dejara de desempeñarse como Gerente General de Superior debido a sus ejecutorias deficientes, a pesar de que la situación económica de la compañía estaba mejorando y que siete meses antes habían premiado al recurrido por su gran labor. El demandante recurrido, por su parte, expresa que su despido se debió a su edad. Señala, además, que fue sustituido por una persona mucho más joven que él.

A la fecha de su despido, el recurrido recibía una compen-sación anual de $55,204.11. La misma se componía de un sueldo de $41,000 anuales y beneficios marginales valorados en $14,204.11 al año. Estos beneficios incluían un automóvil proporcionado por la compañía para uso personal y la apor-tación patronal al plan de retiro, entre otros.

Luego de ser cesanteado, el recurrido buscó empleo. Por razones obvias, no encontró un trabajo de igual categoría al que antes desempeñaba. Lo que más recibió fueron unos breves empleos de vendedor en 1980, por los que devengó un total de $3,600.

El despido produjo un estado mental algo alterado al recu-rrido. Testificó que acudió a su médico particular porque se sentía deprimido y padecía de insomnio. El 17 de septiembre de 1979 acudió al Fondo del Seguro del Estado para continuar su tratamiento, pues no podía seguir pagando su propio mé-dico dada la súbita pérdida de ingresos en su hogar. El Fondo diagnosticó la condición del recurrido como una neurosis depresiva de leve a moderada y una ansiedad severa con rasgos depresivos. Dictaminó que el demandante era entonces un hombre con fases de angustia y expectación, desmorali-zado, con sentimientos de menosvalía, desesperado e incon-forme con su situación de desempleo.

El recurrido estuvo bajo tratamiento en descanso por el Fondo desde que se reportó, mediante declaración voluntaria, el 17 de septiembre de 1979, hasta que lo dieron de alta el 12 de marzo de 1980. Posteriormente tuvo un segundo período de tratamiento en descanso con el Fondo desde marzo hasta sep-tiembre de 1981, debido a una recaída de su condición emo-cional.

En abril de 1982 fue dado de alta del tratamiento psiquiá-trico en el Fondo con una incapacidad de 5 % en sus funciones fisiológicas. El Fondo declaró que existía relación causal entre la enfermedad y la incapacidad resultante del recurrido y el despido sufrido. Dictaminó que ésta era una condición com-pensable bajo la Ley de Compensaciones a Obreros y le pagó al recurrido $1,080 en dietas y $1,028 por la incapacidad de-clarada.

El 19 de mayo de 1981 el recurrido y su esposa insta-ron la demanda que es objeto del pleito y la sentencia que aquí nos ocupan. El tribunal sentenciador determinó como cues-tión de hecho que el demandante fue despedido por razón de su edad. Concluyó que ello se hizo en violación del Art. 1 de la citada Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sec. 146) y condenó a los demandados a indemnizar solida-riamente al demandante con la cantidad de $227,045, más una suma igual, según dispuesto en dicho artículo, para un total de $454,090.

II

Aspecto de solidaridad

Superior y Germaine son corporaciones distintas, con per-sonalidad propia cada una de ellas. Superior es una corpora-ción organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado, con oficina principal en Carolina, Puerto Rico. Germaine es una corporación organizada bajo las leyes de Delaware, con sede principal de negocios en la ciudad de Nueva York. Ambas cor-poraciones son subsidiarias de la British American Cosmetics, que pertenece a su vez a la British American Tobacco Corporation. Superior se dedica a vender y distribuir en Puerto Rico los productos de belleza fabricados por Germaine y las fragancias marca Rochas.

Mientras trabajó por doce años como Gerente General y Vicepresidente de Superior, hasta que fue despedido en agosto de 1979, el recurrido respondía directamente al Vicepresi-dente de la División Internacional de Germaine. Este último era el encargado de determinar el sueldo y los bonos que reci-biría el primero.

El demandante recurrido sostiene que dados los hechos que rodearon su despido y la estrecha relación existente entre Superior y Germaine, ambas le son responsables bajo la defi-nición de patrono que contiene el Art. 6 de la citada Ley Núm. 100 (29 L.P.R.A. sec. 151 (2)), a saber:

§ 151. —Definiciones
Los siguientes términos, según se emplean en las sees. 146 a 151 de este título, tendrán el siguiente significado:
(2) “Patrono” incluye a toda persona natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o empleados, y al jefe, fun-cionario, gerente, oficial, gestor, administrador, superinten-dente, capataz, mayordomo, agente o representante de dicha persona natural o jurídica. Incluirá aquellas agencias o ins-trumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que operen como negocios o empresas privadas.

Por su parte, las recurrentes argumentan que, teniendo personalidad propia cada una, no puede adscribírsele indife-rentemente a ambas el carácter de patrono, y que solamente Superior era el patrono del recurrido.

Ciertamente, ambas corporaciones son distintas personas jurídicas. Sin embargo, la prueba demuestra que el despido del recurrido fue efectuado por Germaine en sus oficinas de Nueva York. Era también Germaine quien supervisaba al re-currido, y determinaba su salario, bonos y beneficios margi-nales. Germaine administraba el plan de pensiones al que es-taban adscritos los empleados de Superior, incluso el recu-rrido. Entre las funciones del recurrido estaba hacer reco-mendaciones a Germaine en cuanto a ventas y promociones. Los ejecutivos de Germaine establecían el presupuesto y el plan de trabajo de Superior.

Bajo la Ley Federal contra el Discrimen en el Em-pleo (ADEA), 29 U.S.C. see. 621 y ss., Germaine y Superior serían consideradas como una sola entidad, Linskey v. Heidelberg Eastern, Inc., 470 F. Supp. 1181, 1183-1184 (E.D.N.Y. 1979), pues (1) sus operaciones están interrelacionadas; (2) el personal gerencial es común a ambas corporaciones; (3) existe un control conjunto de las relaciones laborales, y (4) una relación propietaria o control financiero conjunto, Íd., pág. 1184. Marshall v. Arlene Knitwear, Inc., 454 F. Supp. 715, 719 (E.D.N.Y. 1978).

En la alternativa, se ha resuelto que bajo la misma ley federal, la corporación matriz responde si controla a su sub-sidiaria en un grado tal que convierte a esta última en agente o instrumento de la primera, Linskey v. Heidelberg Eastern, Inc., ante, pág. 1184; Woodford v. Kinney Shoe Corporation, 369 F. Supp. 911, 916-917 (N.D. Ga. 1973), y si al no descar-tarse la dualidad de personalidades jurídicas entre ambas corporaciones (1) se ayudaría a la corporación subsidiaria a perpetrar un fraude o un daño, como por ejemplo, una viola-ción de ley, y (2) si de eximirse de responsabilidad a la cor-poración matriz, el reclamante sufriría un daño o una “pér-dida injusta”. Berkowitz v. Allied Stores of Penn-Ohio, Inc., 541 F. Supp. 1209, 1214 (E.D. Pa. 1982).

Ambos modos de visualizar la relación de corporación-patrono aplican también bajo la Ley Federal de Derechos Civiles, Tit. VII, 42 U.S.C. sec. 2000e; Baker v. Stuart Broadcasting Co., 560 F.2d 389 (8th Cir. 1977); cf. 29 U.S.C. 630 (b) con 42 U.S.C. sec. 2000e-2 (a)(1).

No vemos razón alguna por la cual no deba adoptarse en casos bajo la Ley Núm. 100 esta norma aplicable bajo la Age Discrimination in Employment Act (ADEA). Germaine ha-cía algo más que proveer un plan de pensiones al recurrido. Cf. Sobelman v. Commerce Bancshares, Inc., 444 F. Supp. 84, 85 (E.D. Mo. 1977)-. El hecho aislado de que una corporación principal establezca un plan de pensiones para los empleados de una corporación subsidiaria por sí solo no hace patrono, para propósitos de la ADEA, a la corporación principal. Aquí la situación era distinta, pues para todos los efectos prácti-cos, Germaine administraba a Superior. Ya se considere a ambas corporaciones como una sola entidad a efectos de la Ley Núm. 100, o a Superior como agente de Germaine, ambas son patronos del recurrido en cuanto a esta acción bajo la Ley Núm. 100 respecta. Compárese el Art. 6(2) de la Ley Núm. 100 (29 L.P.R.A. 151(2)) con la Sec. 11(b) de la ADEA, 29 U.S.C. see. 630 (b). Ambas incluyen al agente como patrono. Véase Berkowitz v. Allied Stores of Penm-Ohio, Inc., ante, págs. 1213-1215. Germaine era propietaria de Superior (E.N.P., 5/20/82, pág. 22), controlaba sus operaciones e inclusive, fundó a Superior.

Mantener la dualidad de personalidades de ambas corpora-ciones frustraría la política pública de la Ley Núm. 100, pues sería muy fácil para una corporación matriz discriminar contra un empleado de su corporación subsidiaria y luego argu-mentar que, por no ser patrono del empleado perjudicado, no responde bajo la Ley Núm. 100. La ley pretende que el verda-dero responsable del discrimen sea quien responda por su actuación. Bajo las circunstancias aquí presentes, es inescapable concluir que tanto Germaine como Superior eran pa-tronos del señor Odriozola bajo la citada Ley Núm. 100, y que su responsabilidad para con él es solidaria.

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Inmunidad bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo

Se argumenta que siendo el señor Odriozola un empleado favorecido por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, no tiene causa de acción contra su patrono en virtud de la inmunidad que al patrono concede dicha ley en su Art. 20 (11 L.P.R.A. sec. 21). En este caso Superior era patrono asegurado bajo la referida ley. Germaine no lo era. Pero siendo él empleado de ambas, la inmunidad patronal que cobija a Superior alcanzaría también a Germaine. Véase Williams v. McAllister Bros. Inc., 534 F.2d 19, 22 (2nd Cir.1976).

El recurrido recibió $1,080 en dietas y $1,028 por incapa-cidad de 5% de parte del Fondo del Seguro del Estado como compensación por la reacción de ansiedad que la noticia de su despido le produjo. Las recurrentes sostienen que la decisión del Fondo referente a que el recurrido tenía una enfermedad ocupacional compensable pone en vigor la inmunidad patronal en este caso. Argumentan que ello las exime de responsabili-dad bajo la Ley Núm. 100, y en la alternativa, las exime de tener que compensar al recurrido por concepto de paga atrasada correspondiente a los períodos en que éste fue com-pensado por el Fondo y de la penalidad de doble daño que esta-blece el Art, 1 de la Ley Núm. 100, según enmendado, 29 L.P.R.A. sec. 146. Alegan también que están exentos de res-ponsabilidad en cuanto a los ingresos futuros dejados de per-cibir por el demandante recurrido.

En otras jurisdicciones, cuando se ha opuesto la defensa de exclusividad del remedio de compensación a una acción por discrimen en el empleo, los resultados han variado a tenor con los daños que se reclaman, las circunstancias del caso y la ley invocada para dar jurisdicción sobre la materia al tribunal.

Como regla general, se ha determinado que cuando la esen-cia de la reclamación es un daño físico, la cláusula de exclusi-vidad de remedios de la Ley de Compensación opera, e impide una acción judicial en que se reclame por la misma lesión. Esto incluye daños emocionales. Stimson v. Michigan Bell Tel. Co., 258 N.W.2d 227, 280-232 (Mich. Ct. App. 1977). Si el grueso de la reclamación judicial, sin embargo, no se refiere a una lesión física, siendo añadido el daño físico como “lastre” a la demanda, entonces la inmunidad patronal no entra en vigor, permitiéndose la acción judicial. Íd., pág. 232; Renteria v. County of Orange, 147 Cal. Rptr. 447, 452 (Cal. Ct. App. 1978); 2A Larson, Workmen’s Compensation Law, Secs. 68.34(a) y (d), págs. 13-57 a la 13-63 y 13-76 a la 13-78 (1983).

Se ha dicho que la acción en daños contra el patrono por intencionalmente haber causado angustias mentales a su em-pleado no es una lesión de carácter físico, por lo que no cae bajo el ámbito de la Ley de Compensaciones a Obreros. Por lo tanto, el patrono no podrá oponer con éxito la exclusivi-dad de remedios que la ley provee. 2A Larson, op. cit,, Sec. 68.34(a). Véase Cohen v. Lion Products Company, 177 F. Supp. 486 (D. Mass. 1959). Lo mismo se ha dicho de la ac-ción judicial que el empleado insta contra su patrono por dis-crimen. Stimson v. Michigan Bell Tel. Co., ante, pág. 231.

Pero también se ha sostenido que si esas acciones patro-nales culminan en un daño físico que incapacita al obrero para trabajar, entonces la lesión es compensable, y la cláu-sula de exclusividad de remedios entra en vigor. Stimson v. Michigan Bell Tel. Co., ante, pág. 232; Rentería v. County of Orange, ante, págs. 451-452. En este último caso, el patrono tuvo que responder en corte por las angustias mentales que intencionalmente causó a su empleado. Es de notarse que, a pesar de que fue despedido, el empleado no resultó incapaci-tado.

Esta conclusión fue subrayada en Freeman v. Kelvinator, Inc., 469 F. Supp. 999 (E.D. Mich. 1979), y en Moll v. Parkside Livonia Credit Union, 525 F. Supp. 786, 788-790 (E.D. Mich. 1981).

No obstante, el propio Tribunal de Apelaciones de Michigan que creó en Stimson v. Michigan Bell Tel. Co., supra, la norma antes expuesta, expresó posteriormente lo siguiente, en lo que constituyó un cambio doctrinal:

We can find no logic in holding that the bureau is the proper forum for recovering compensation when discriminatory employment tactics cause emotional injuries which culminate in disability but that the circuit court is the appropriate forum when the same discriminatory conduct does not cause physical disability. In either case, the alleged cause of the injuries stemmed from the same source: intentional employment discrimination. This is the very conduct the FEPA [Fair Employment Practices Act] was designed to protect against. It is not the type of conduct the WDCA [Worker’s Disability Compensation Act] was designed to protect against. To hold otherwise, would cancel two remedial statutes. Freeman, supra, 1004. Pacheco v. Clifton, 311 N.W.2d 801, 806 (Mich. Ct. App. 1981).

El mismo enfoque, que excluye de la Ley de Compensación las acciones intencionales que causan daño al obrero, fue uti-lizado en Moore v. Federal Department Stores, Inc., 190 N.W.2d 262 (Mich. Ct. App. 1971), que trataba de un inci-dente de detención ilegal.

En Puerto Rico, nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no aplica a lesiones del obrero producidas intencionalmente por el patrono. En Alonso Garda v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 689, 695-699 (1974), señalamos que no había diferencia bajo la ley entre un “accidente” y una “enfermedad”. Ambas son compensables siempre y cuando se trate de “una lesión inherente al trabajo o empleo concernido o que ocurra o se agrave en el curso de éste”. (Énfasis en el original.) íd., pág. 699. “El vocablo ‘lesión’ se ha ampliado igualmente para incluir no sólo daños físicos sino emocionales.” íd., pág. 696. El problema se reduce a probar la relación entre la lesión y el empleo.

Es compensable una lesión que “(1) provenga de cualquier acto o función del obrero; (2) sea inherente al trabajo o empleo del obrero; y (3) ocurra en el curso de éste”. Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 56, 58 (1973). No puede alegarse seriamente que una práctica discriminatoria sea inherente al empleo. Tampoco proviene de un acto del obrero, sino de una actuación del patrono, independientemente de que ocurra o no un daño físico. Tan ajeno al trabajo es el discrimen que se ha creado en Puerto Rico una ley especial para castigarlo: la Ley Núm. 100. Al no ser compensables los daños producidos por el discrimen alegadamente cometido, no entra en vigor en este caso la exclusividad de remedios que ordena la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Resolver lo contrario sería anular el efecto de la Ley Núm. 100 sobre los patronos asegurados. No fue eso lo que el legislador tuvo en mente.

Resolvemos que los daños sufridos por un empleado debido a discrimen en su contra en el empleo no son compensables bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Siendo así, pueden ser reclamados ante los tribunales, aunque el Fondo del Seguro del Estado ya los haya compensado. En ese caso, el Fondo tendrá derecho a reclamar que el obrero le devuelva el dinero que recibió. Además, dado que pro-cede la reclamación bajo la Ley Núm. 100 en este tipo de casos, se aplica a los mismos la cláusula de doble daño de dicha ley.

IV

Méritos del caso

Pasemos a los méritos del caso en atención a los hechos probados.

El Art. 3 de la Ley Núm. 100 (29 L.P.R.A. sec. 148) establece expresamente una presunción de discrimen en ausencia de justa causa para el despido. Dicho artículo dis-pone:

Se presumirá que cualquiera de los actos mencionados en las secciones precedentes fueron cometidos en violación de las sees. 146 a 151 de este título, cuando los mismos hayan sido realizados sin justa causa. Esta presunción será de carácter controvertible.

Establecida la presunción, corresponde al patrono deman-dado rebatirla estableciendo mediante preponderancia de la prueba que el despido no fue discriminatorio. En Ibáñez v. Molinos de P. R., Inc., 114 D.P.R. 42 (1983), dijimos que el patrono debe probar que la existencia del discrimen es menos probable que su inexistencia.

En el caso de autos, Germaine y Superior no pudieron per-suadir al juzgador de que el despido no fue discriminatorio. Adujeron, y pretendieron establecer mediante prueba docu-mental y testimonial, que el recurrido no se desempeñaba efi-cientemente como Gerente General de Superior en los años previos al 1977. Es innecesario que reseñemos una vez más los detalles expuestos en la Parte I de esta opinión. Baste seña-lar que la responsabilidad por la baja en ventas para el 1977 pudo determinarse entonces y, de haberse despedido en aque-lla fecha al recurrido probablemente no estaríamos frente a un caso por discrimen por edad.

El recurrido fue puesto, si se quiere, a prueba, y se conci-bió y puso en práctica el plan de aumentos y bonificaciones salariales si se lograban superar las ventas del ejercicio fiscal 1976-1977. El recurrido sobrepasó con creces las expectativas logrando para el año 1977-1978 ventas netas que superaron un 18% las del año anterior. Por ello se le concedió el aumento de sueldo más grande que tuviera durante su relación de quince años con las empresas recurrentes. Su labor fue reconocida, además, el 4 de octubre de 1978, al expresarle por escrito: “ [k] eep up the great work and congratulations on your excellent performance.” Véase carta de Bentley T. Braffet, Director de Germaine para América Latina, dirigida al recu-rrido. Más aún, se amplió su área de responsabilidad hacién-dola extensiva a Islas Vírgenes.

No podemos aceptar que en medio de esta tendencia as-cendente de los negocios de las recurrentes, gracias al esfuerzo del señor Odriozola, se insistiera en su retiro menos de un año después y se le despidiera por no aceptarlo. La ausencia de justa causa quedó plenamente establecida y la presunción de discrimen por razón de su edad no fue rebatida por la prueba de las recurrentes. Así lo concluyó el tribunal de ins-tancia. No hay base en la prueba para alterar su determi-nación. Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155, 161 (1977).

V

Aspecto de los daños

Las cuantías concedidas en la sentencia que nos ocupa han sido objeto de impugnación por las recurrentes. Al determi-nar su monto, el Tribunal Superior sentó la siguiente base:

Los daños causados al demandante por el acto discrimina-torio del despido incluyen la pérdida económica acaecida, así como la que necesariamente y con toda probabilidad su-frirá hasta por lo menos la edad de 65 años y los sufrimien-tos y angustias mentales desarrolladas en ocasión del acto discriminatorio. (Conclusiones de Derecho, Núm. 17.)

El tribunal estimó la pérdida económica a base de los in-gresos y beneficios que el demandante dejó de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia, descon-tando los ingresos que durante ese período el demandante ob-tuvo de otros empleos. Determinó que el demandante recibía una compensación anual montante a $55,204.11, que desde el despido hasta la sentencia transcurrieron tres años y seis meses, y que durante ese tiempo derivó de diferentes empleos la cantidad de $3,600. Un sencillo cálculo matemático nos eleva a la cifra de $189,614.38, que fue la concedida por ese concepto.

De esa partida las recurrentes cuestionan que se inclu-yera en la compensación anual su aportación al plan de pen-siones, que se estimó en $7,885.74 anuales, y los beneficios marginales por concepto de seguro de vida e incapacidad, plan médico y automóvil. Reclaman además que el demandante no mitigó los daños. Veamos esto por separado.

La prueba de las recurrentes en cuanto a la cantidad por plan de pensiones fue poco convincente. Su perito, Sr. Thomas Mitchell, actuario de C. G. Thatcher & Associates, consultores del plan de pensiones de Germaine, no pudo precisar cuánto aportó la compañía al plan de pensiones en 1978. Expresó que “adivinaría” que para 1979 la aportación del re-eurrido fue de aproximadamente cinco por ciento de su sala-rio. Estas imprecisiones condujeron al tribunal a tomar como cierta la suma específica y no especulativa que ofreció quien fuera administrador del plan de pensiones mientras el recu-rrido trabajó para la recurrente. La prueba sobre los otros beneficios marginales y su cuantía fue aportada por las pro-pias recurrentes. No hallamos base para alterar la determina-ción hecha al respecto. Cabe señalar que en la jurisdicción federal se ha reconocido, al aplicar la Ley Contra el Discrimen por Edad en el Empleo (ADEA), que los beneficios margi-nales dejados de recibir son compensables como ingreso no de-vengado. Eso incluye la partida por el automóvil que se pro-veía al recurrido. Véase Loubrido v. Hull Dobbs Co. of Puerto Rico, Inc., 526 F. Supp. 1055, 1059-1060 (Dist. Ct. P.R. 1981). No hay base para establecer diferencia, a este respec-to, en la aplicación de la Ley Núm. 100.

Las recurrentes proponen que se descuente a la cantidad total concedida por los conceptos expresados ($189,614.38) la cantidad correspondiente a los períodos en que el demandante estuvo en descanso por indicación médica debido a la ansiedad que el despido ilegal realizado por las demandadas le causó. Alegan que no pueden compensarse los ingresos por salarios dejados de recibir durante un período de tiempo en el que el demandante no podía trabajar. No podemos acceder a semejante petición. Si el recurrido no podía trabajar, era porque estaba enfermo, y esa enfermedad se debía a la acción de las recurrentes al discriminar en su contra. Hace tres cuartos de siglo hicimos claro que las consecuencias probables del daño causado constituyen un elemento integrante de los daños reclamados. E.g., Ramírez v. The A. R. R. Co. of P. R., 17 D.P.R. 464, 468 (1911). En múltiples ocasiones hemos compensado los ingresos dejados de devengar por una persona que muere debido a un acto de otra persona. Sería irrisorio negar dicha compensación a base de que los muertos no trabajan. E.g., Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971); Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 96 D.P.R. 368 (1964).

El planteamiento sobre no mitigación de daños es también inmeritorio. Cabe apuntar que este planteamiento no fue hecho al formular alegación respondiente. Como defensa afirmativa, debió presentarse entonces. Regla 6.3 de Procedimiento Civil; Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil, Sec. 1273 (1969). Defensas como esta, si no se promueven en la contestación, se tienen por renunciadas. Regla 6.4 de Procedimiento Civil; Wright & Miller, op. cit., Sec. 1278. Empero, habiendo sido objeto de prueba, consideramos que dicha defensa quedó incorporada a las alegaciones de las recurrentes por enmienda implícita a las mismas. Regla 13.2 de Procedimiento Civil.

El demandante estaba obligado a emplear todos los medios razonables a su alcance para reducir el monto de sus daños. Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509, 520 (1975). En varios casos de despido ilegal bajo diversas leyes federales se ha resuelto que lo que razonablemente se requiere del empleado despedido es que esté disponible para trabajar y busque remedio a su situación en todos los foros disponibles. Urbina v. United States, 428 F.2d 1280, 1287 (U.S. Ct. Cl. 1970); White v. Bloomberg, 360 F. Supp. 58, 62 (D. Md. 1973), confirmado en 501 F.2d 1379 (4th Cir. 1974). La persona puede valerse de sus contactos personales, y no es necesario que su búsqueda de empleo sea hecha a través de anuncios clasificados y de someter solicitudes de empleo en todas las agencias y compañías relacionadas con el campo en que el empleado despedido trabajaba. E. E. O. v. Kallir, Phillips, Ross, Inc., 420 F. Supp. 919, 925 (S.D.N.Y. 1976). Basta que el ex empleado haga un esfuerzo razonable para conseguir empleo. El mismo no tiene que ser de una categoría o tipo inferior al trabajo anterior. íd., pág. 925. Corresponde al patrono demandado demostrar no solamente que su ex em-pleado no fue razonablemente diligente en su búsqueda de empleo, sino también que de haberlo sido hubiera encontrado empleo disponible y hubiera así obtenido ingresos. Id., pág. 926.

Debido a la similitud de propósitos entre las leyes fede-rales bajo las cuales se decidieron esos casos y nuestra Ley Núm. 100, adoptamos hoy los criterios arriba apuntados. Así pues, concluimos que el recurrido mitigó sus daños dentro de lo razonablemente posible.

Luego de su despido, el señor Odriozola buscó empleo acti-vamente, valiéndose de los contactos que por sus quince años en la industria de cosméticos logró establecer. En marzo de 1980 consiguió trabajo como vendedor de ropa con Menéndez & Sons. Trabajó allí durante cuatro meses, recibiendo una co-misión ascendente a $600. Los restantes seis meses del año, estuvo empleado en Ronie, Inc., una empresa de ropa de ma-ternidad. Su sueldo era de $500 mensuales. El sueldo total que el recurrido devengó en ambos empleos fue de $3,600. Esta cantidad es sustancialmente menor que la de $41,000 en suel-dos, más $14,204.11 en beneficios marginales que el recurrido recibía como Gerente General y Vicepresidente de Superior.

Bajo la Ley Federal contra el Discrimen por Edad en el Empleo (ADEA), algunos tribunales han resuelto que cualquier remuneración recibida por el empleado injustamente despedido entre la fecha en que ocurrió el despido y la fecha del juicio debe ser descontada de la cantidad otorgada por el tribunal solamente en la medida en que esa cantidad exceda aquella que el ex empleado hubiera recibido de haber permanecido empleado por su patrono anterior durante ese período. Laugesen v. Anaconda Company, 510 F.2d 307, 317-318 (9th Cir. 1975). En el caso del señor Odriozola, es claro que lo que éste devengó ni siquiera se aproxima a lo que hubiera devengado de haber sido retenido en su empleo. No obstante, resulta innecesario expresarnos sobre la aplicación bajo la Ley Núm. 100 de la norma de Laugesen v. Anaconda Com pany, supra. El Tribunal Superior descontó de la suma con-cedida por concepto de daños los $3,600 devengados por el de-mandado en sus empleos posteriores, y el demandante no im-pugnó esa determinación ante nosotros. Siendo así, se man-tiene vigente esa porción de la sentencia.

No es necesario descontar cantidad adicional alguna por falta de mitigación de daños. El recurrido ya ha cumplido los 65 años de edad, y aunque ha buscado un trabajo comparable al que antes tenía, no ha podido hallarlo, pues sus posibilidades para ello son mínimas. Además, el recurrido no sólo realizó esfuerzos suficientes para buscar ingresos, sino que también se sometió voluntariamente a tratamiento médico para evitar que fueran mayores sus daños emocionales, los que de paso no le fueron compensados por el tribunal a quo. No puede exigírsele que hiciera algo más.

En cuanto a la pérdida futura, es decir, pérdida de ingre-sos desde la fecha de la sentencia hasta que el demandante cumpliera 65 años de edad, el tribunal estimó su valor en $57,915.08. A esa suma descontó lo que el demandante pu-diera devengar como ingresos a base de su probabilidad de conseguir empleo durante dicho período restante. Para hacer el cómputo, el tribunal utilizó las estadísticas del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos referentes a la pro-babilidad de obtener empleo de las personas entre 60 y 64 años de edad. De esta suerte, le restó el .3537 de probabilidad de empleo, y restó a la suma anterior $20,484.56, para una pér-dida neta de ingresos futuros ascendente a $37,430.52. Su-mada esta cantidad a los $189,614.38 estimados como pér-dida de ingresos sufridos hasta la fecha de la sentencia arro-jan un total de $227,044, cantidad a que ascienden los daños. A ello se suma una cantidad igual por disposición de la ley.

La compensabilidad de daños por pérdida de ingresos futuros, conocidos como front pay bajo la Ley contra el Dis-crimen por Edad en el Empleo (ADEA) federal, ha tenido hasta aquí remedios un tanto disímiles. Una mayoría de los Tribunales de Circuito se pronuncia a favor de su concesión. De hecho, solamente el Primer Circuito se ha pronunciado en contra, y lo hizo en un escolio, sin más explicaciones, en Kolb v. Goldring, Inc., 694 F.2d 869, 874-875, n. 4 (1st Cir. 1982). En el mismo año el Noveno Circuito se pronunció a favor. Cancellier v. Federated Dept. Stores, 672 F.2d 1312 (9th Cir. 1982), cert. denegado en 459 U.S. 859 (1982). Igualmente lo hizo el Octavo Circuito en Gibson v. Mohawk Rubber Co., 695 F.2d 1093 (8th Cir. 1982). Expresó que “[e]l remedio equitativo que la corte de distrito puede conceder incluye, inter alia, beneficios adicionales por pensiones, reinstalación, y daños pecuniarios en sustitución de reinstalación”, y que la corte “debe presumir, en ausencia de prueba en contrario, que el empleado despedido ilegalmente hubiese continuado traba-jando para su patrono hasta alcanzar la edad normal de re-tiro”. Págs. 1100-1101 y n. 8.

Más recientemente, el 22 de agosto de 1984, en una razonada opinión, el Segundo Circuito resolvió que bajo el citado estatuto federal, el empleado despedido discriminatoriamente por edad tiene derecho a que se le compense por ingresos futuros que pudiera devengar hasta la edad del retiro. Whittlesey v. Union Carbide Corp., 742 F.2d 724 (2nd Cir. 1984). Al mismo resultado es forzoso llegar bajo la Ley Núm. 100.

Razonamos, al igual que el Segundo Circuito, que al igual que la ADEA, nuestra Ley Núm. 100 no distingue ni establece limitación alguna al concepto de daños al no poderse decretar la reinstalación del empleado a su puesto, sea porque, como en Whittlesey v. Union Carbide Corp., supra, el antagonismo en-tre el patrono y el empleado hubiere impedido su reinstalación, o, como en el caso ante nos, ya el empleado ha pasado de la edad de 65 años, que es la máxima de cobertura bajo nuestra ley. Los ingresos futuros calculados hasta la edad de re-tiro son una parte indispensable de la justa compensación a que el empleado discriminado por edad tiene derecho.

La razón principal esgrimida contra dicha partida de daños es que resulta especulativa. Concedemos que siempre hay un tanto de especulación cuando se trata de determinar pérdida futura. Pero ello no puede derrotar el derecho a que se compense por esa pérdida. Nuestros tribunales constantemente están determinando pérdida de ingresos futuros como parte de la indemnización a que tiene derecho la persona que sufre daños por culpa o negligencia de otro. Jurisprudencialmente se han elaborado normas para fijar parámetros al hacerse la determinación de su cuantía. Cf. Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R. 306.(1985).

I — I ¡>

En atención a los fundamentos consignados en esta opi-nión, la sentencia del Tribunal Superior será confirmada. Deberá notificarse al Administrador del Fondo del Seguro del Estado para que proceda a gestionar el reembolso de las can-tidades pagadas al demandante recurrido.

       Dicha persona no pudo ser mantenida mucho tiempo en el puesto y fue despedida por supuestas fallas incurridas en el desempeño de sus debe-res.

      Las recurrentes cuestionan que ésta fuera la razón que tenía el re-currido para ir al Fondo. Sin embargo, de la prueba surge que el recurrido fue al Fondo del Seguro del Estado a recibir tratamiento porque, ante la súbita pérdida de ingresos, acudir a un médico privado, como había venido haciendo, le resultaba muy oneroso. Así lo testificó el propio recurrido:
      “Ledo. Moreda:
      “P. Señor Odriozola, ¿usted dijo que acudió a su médico, quién es su médico?
      “R. El Doctor Juan M. Aguiló Zambrana.

        “P. ¿Y qué hizo usted con el doctor Aguiló Zambrana, qué ocurre allí?
      “R. El doctor me encontró en unas condiciones que me mandó a un si-quiatra.
      “P. ¿ Usted recuerda donde qué siquiatra lo enviaron?
      “R. Al doctor Rapale.
      “P. ¿ Cuánto tiempo estuvo usted con el doctor ... ?
      “R. Estuve muy poco tiempo, porque cada vez que le veía la cara al doctor eran veinticinco dólares.
      “P. ¿Y qué hizo luego?
      “R. Bueno, pues luego fui al Fondo del Seguro y pedí ayuda y me la dieron.” (E.N.P., 3/30/82, págs. 56-58.)
      De la prueba desfilada no surge otra razón.

      La causa de acción de la codemandante Gaudencia P. Odriozola fue desestimada por el Tribunal Superior porque no testificó acerca de los daños sufridos como consecuencia del despido de su esposo. No se nos solicitó que revisáramos esa determinación.

       Dispone así:
      “Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo en relación a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, ca-tegorías, condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse emplear o reemplear a una persona, o limite o clasifique sus em-pleados en cualquier forma que tienda a privar a una persona de oportuni-dades de empleo o que afecten su status como empleado, por razón de edad, según ésta se define más adelante, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, ideas políticas o religiosas del empleado o solicitante de empleo: (a) incurrirá en responsabilidad civil (1) por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o soli-citante de empleo; (2) o por una suma no menor de cien (100) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares, a discreción del tribunal, si no se pudieren de-terminar daños pecuniarios; (3) o el doble de la cantidad de los daños oca-sionados si ésta fuere inferior a la suma de cien (100) dólares, y (b) incu-rrirá, además, en un delito menos grave y, convicto que fuere, será casti-gado con multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas, a discreción del tribunal.
      “El tribunal en la sentencia que dicte en acciones civiles interpuestas bajo las precendentes disposiciones podrá ordenar al patrono que reponga en su empleo al trabajador y que cese y desista del acto de que se trate.”

      Esta conclusión aplica exclusivamente bajo la Ley Núm. 100. No es necesario resolver si la misma conclusión se impone bajo nuestro Derecho general de corporaciones. Véanse González v. San Just Corp., 101 D.P.R. 168, 172 (1973); Escude Cruz v. Ortho Pharmaceutical Corp., 619 F.2d 902, 905-906 (1st Cir. 1980). Las partes no plantearon la controversia en esos términos. Cuando “la cuestión no ha sido suficientemente debatida por las partes ni su resolución es necesaria para decidir el recurso, no entraremos en el estudio detenido de la misma”. Municipio v. Ríos, 61 D.P.R. 102, 114 (1942). No es éste un caso en que la justicia requiera que entremos a dis-cutir esta cuestión. Cf. Ab Intestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433, 439-440 (1978).

       Este argumento ya fue presentado anteriormente ante este Tribunal, pero fue declarado no ha lugar en aquella etapa anterior de los proce-dimientos. Resolución de 14 de enero de 1982, enmendada nunc pro tune el 11 de febrero de 1982. El mismo está ahora listo para ser resuelto.

      Véase el Art. 2 de la Ley sobre Despidos Ilegales, 29 L.P.R.A. 185b, para un listado ilustrativo de lo que constituye justa causa para despedir a un empleado.

      Cf. con el inciso (b) del Art. 2 de la Ley sobre Despidos Ilegales, supra.

       Argumentan las recurrentes que el tribunal no tomó en considera-ción el testimonio vertido por el Sr. Bernhard Guenther en una deposición que se le tomó. No nos persuaden. Lo que surge de la prueba es que el tribunal no le dio crédito, habiéndole merecido más credibilidad el testimonio del demandante recurrido. No estamos autorizados a intervenir con su apre-ciación. Tosado v. Morell, 70 D.P.R. 83, 85 (1949).

        Quaere si bajo la Ley Núm. 100 son compensables los daños emo-cionales que un despido discriminatorio causare al empleado. No lo son bajo la Ley Federal contra el Discrimen por Edad en el Empleo. E.g., Walker v. Pettit Const. Co., Inc., 605 F.2d 128, 129-180 (4th Cir. 1979), en recon-sideración R. Firth v. Eastern Air Lines, Inc., 611 F.2d 950 (4th Cir. 1979); Rodriguez v. Taylor, 569 F.2d 1231, 1241 (3rd Cir. 1977), cert. denegado 436 U.S. 913 (1978).

       Conforme lo hizo constar el Tribunal Superior, el señor Odriozola manifestó que de haber permanecido en el empleo se habría retirado proba-blemente a los 65 años.

       Véase el Art. 6 (29 L.P.R.A. sec. 151(1)).

      No nos expresamos sobre la procedencia de los descuentos hechos por el tribunal de instancia al hacer el cálculo de pérdida futura, por no haber sido objeto de impugnación por las partes. De hecho, dichos descuen-tos fueron sugeridos por el propio demandante, y es a él a quien afectan.
      Tampoco nos expresamos sobre el derecho a compensación por sufri-mientos y angustias mentales sufridos por el demandante recurrido. El tribunal sentenciador consideró innecesario adjudicar cantidad alguna por ese concepto, por estimar que ello quedó debidamente compensado en las parti-das por pérdida de ingresos, aparte de por la disposición de ley que obliga a conceder una suma igual a la estimada como daños sufridos, como penali-dad. Esta determinación por parte del tribunal de instancia no ha sido objeto de impugnación en el presente recurso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

license: Public Domain

text:
    Pedro Roselló Cruz, etc., demandantes y peticionarios, v. Ing. Pedro Luis García y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-83-181

      Resuelto: 28 de junio de 1985

      Eugenio Rivera hozada, abogado de los recurrentes; Pablo R. Cando, de Cando & Cando, abogado de los recurridos Pedro Luis García y su esposa Aida Román Vargas y la sociedad legal de gananciales compuesta por éstos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Una edificación de hormigón construida para el matrimo-nio demandante aquí recurrente y entregádale en enero de 1973, manifestó grietas y desniveles de tal magnitud que para el año 1975 constituía prácticamente una ruina total. Deman-dados el contratista y el ingeniero que hizo los planos y super-visó la construcción, el tribunal desestimó la demanda luego de recibir la prueba de los demandantes, al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Concluyó que con-forme a dicha prueba la ruina se debió a una falla o fractura geológica que ocasionó una desnivelación del terreno, hecho que no podía considerarse previsible. Incidió. Bajo el Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4124, se establece una presunción juris tantum de culpa o negligencia'de parte de los constructores y arquitectos, que compete a éstos destruir por preponderancia de prueba. Esá presunción aplica al ingeniero que en este caso hizo las veces de arquitecto.

f-H

Veamos los hechos. Don Pedro Roselló Cruz y su esposa doña Lydia Torres de Roselló compraron un predio de terreno de una cuerda en el área de San Sebastián. Contrataron al Ing. Pedro Luis García para que les preparara los planos para construir una casa para residencia en dicho terreno, y al Sr. Efraín Acevedo para que la construyera. El precio de cons-trucción pactado fue $49,800 y el de los planos $800.

A petición del contratista, el ingeniero García supervisó los trabajos de construcción para que se efectuaran de acuer-do con las especificaciones del plano.

En enero de 1973 terminó la construcción y la Junta de Planificación expidió permiso de uso. Los esposos Roselló que-daron satisfechos con la casa. Para esa fecha ellos residían en la ciudad de Nueva York y la casa fue habitada por familia-res.

En marzo de 1973 una pared de la sala se agrietó. Doña Lydia vino a Puerto Rico y notificó al señor Acevedo. Éste avisó al ingeniero García y ambos inspeccionaron la casa y repararon la pared. Luego, en el mes de julio, los esposos Ro-selló Torres fueron notificados de que el piso de la sala y la escalera se estaban partiendo. Avisaron nuevamente al señor Acevedo y al señor García y éstos construyeron un muro de contención debajo de la sala. AI año siguiente la casa se agrie-tó por la pared de la cocina. Nuevamente la señora Torres vino a Puerto Rico y se reunió con los señores Acevedo y Gar-cía. Acordaron que el señor García haría un plano de recons-trucción pero ésta no se realizó porque había que variar la fachada y la señora Torres no estaba de acuerdo. En septiem-bre de 1975 ocurrió la tormenta Eloísa y los daños aumen-taron. Un “informe técnico” sometido por el perito, ingeniero Sr. Jorge M. Guillermety y admitido como prueba de los de-mandantes revela en todo su dramatismo la magnitud de la ruina de la edificación.

En julio de 1976 los esposos Roselló Torres instaron de-manda contra el ingeniero García y el contratista Acevedo y sus respectivas sociedades legales de bienes gananciales, en que reclamaron por los daños causados y sufridos por ellos al arruinarse su casa por vicios del suelo, de la dirección, del diseño y de la construcción.

Fue el caso a juicio y luego de presentada la prueba de la parte demandante el tribunal declaró sin lugar la demanda al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil citada. Determinó a base del testimonio pericial del ingeniero Jorge M. Guillermety, que la ruina de la casa de los demandantes se debió a una falla o fractura geológica que ocasionó la sepa-ración de dos masas de terreno, falla que afectó también a cinco casas cercanas. Ambas masas de terreno quedaron a desnivel.

II

El tribunal determinó que de la prueba presentada no podía concluirse razonablemente que el fenómeno geológico ocurrido en el área era previsible. Concluyó que se trató de un suceso que excedía visiblemente de los antecedentes que nor-malmente se tienen en cuenta para la construcción de una casa como la de los demandantes.

Los demandantes recurrieron ante nos. Plantean, en primer término, que no se les dio audiencia para argumentar una moción sobre determinaciones de hecho y derecho adicionales. No tienen razón. La Regla 43.3 de Procedimiento Civil no lo requiere.

En segundo término, plantean que erró el tribunal al de-sestimar la demanda luego de que los demandantes termi-naron de presentar su prueba. Argumentan que a base de la norma establecida en Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416 (1966), y Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 D.P.R. 120 (1971), el tribunal debió requerir del demandado que presentara su prueba, pues la del demandante no excluyó la negligencia del demandado.

El error fue cometido. La materia se rige por el Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4124. Véase el escolio núm. 2, ante.

Según determinó el tribunal y aceptan los demandados en su alegato, la ruina de la casa de los demandantes se debió a una falla o fractura geológica. En su sentido literal, el Art. 1483, equivalente al 1.591 español, hace responsable de los vicios de construcción al constructor y de los del suelo o de la dirección al arquitecto que la dirige. Esta responsabilidad del arquitecto por los vicios del suelo se fundamenta en su deber de conocer el suelo sobre el que proyecta construir. Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1951, T. XXIV, Vol. II, págs. 111-114; J. M. Manresa, Co-mentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. II, pág. 710; J. Cadarso Palau, La res-ponsabilidad decenal de arquitectos y constructores, Madrid, Ed. Monteeorvo, 1976, págs. 274-279.

Cadarso Palau señala que es impropio hablar de vicios de suelo porque “un suelo nunca es intrínsecamente vicioso; no lo es más que relativamente, es decir en función de las cargas que ha de soportar”. Íd., pág. 276. Concibe los vicios del suelo como una especie de vicios del proyecto. Éstos a su vez com-prenden todos los defectos técnicos de concepción y disposición que violen las reglas, del arte o afecten de cualquier manera a la solidez, al destino o . al uso normal del edificio. Cadarso Palau, op. cit., pág. 277. Los vicios del proyecto se refieren no sólo a las deficiencias de los planos, sino también a las indica-ciones contenidas en las especificaciones o pliego de condicio-nes que acompañan a los planos.

Vicente Torralba Soriano cataloga los vicios del suelo en dos categorías: los de carácter general, y los vicios específicos que se ponen de manifiesto durante la ejecución de la obra. Los primeros son aquellos que cualquier arquitecto que ejerce en la zona geográfica donde se ha localizado el edificio conoce a causa de su profesión, ya que se trata de las condiciones generales que caracterizan el suelo de dicha zona y que deben tomarse en cuenta al desarrollar un proyecto para que el edi-ficio resulte adecuado a las condiciones de ese suelo. Los vi-cios específicos se refieren a aquellas condiciones del suelo que pueden conocerse al empezar las obras, especialmente los tra-bajos de cimentación. V. Torralba Soriano, Los vicios del suelo: reflexiones sobre el artículo 1.591 del Código Civil, 23 An. Her. Civ. 123, 134 (1970).

Herrera Catena entiende que la responsabilidad exigible al arquitecto debe ir más allá del conocimiento sobre las con-diciones generales del suelo donde ejerce su profesión y debe exigirse que en los casos complejos consulte geólogos acerca de las características de los materiales naturales existentes en el sitio de la construcción. J. Herrera Catena, Responsabili-dades en la Construcción, Granada, Ed. Gráficas del Sur, 1977, Vol. 2, págs. 222-224.

De acuerdo con Torralba Soriano, cuando en la construc-ción de un edificio el arquitecto que diseña el proyecto no es el mismo que dirige, ambos arquitectos responden solidaria-mente de los vicios del suelo. La razón de ello es que aunque el arquitecto director no haya intervenido en el diseño de la obra, por sus conocimientos profesionales puede darse cuenta de si el diseño resulta adecuado a las condiciones generales del suelo donde se levantará el edificio y tiene la obligación de hacer las modificaciones necesarias para enmendar los vicios del plano e incluso negarse a dirigir la construcción en caso de no ser posibles tales modificaciones. Torralba Soriano, op. cit, pág. 135; J. Cadarso Palau, El cumplimiento defectuoso y la responsabilidad por vicios del suelo en el contrato de obra, 23 An. Der. Civ. 670, 676 (1970); J. M. Fernández Hierro, La responsabilidad civil por vicios de construcción, Bilbao, Pub. Univ. de Deusto, 1976, págs. 106-109; J. Puig Brutau, Fun-damentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, págs. 458-459; Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46 (1962); De Jesús v. Ponce Housing Corp., 104 D.P.R. 885 (1976). Por el contrario, de los vicios o defectos concretos del suelo donde se levanta el edificio sólo debe responder el arquitecto director debido a que normalmente tales defectos se conocen durante la ejecución de la obra, cuando ya ha terminado la labor del proyectista. Si al comenzarse las obras de construcción surgieran dificultades que no fueron tomadas en consideración en los planos, el arquitecto director de la obra viene obligado a tomar las medidas necesarias, in-cluso la revisión del proyecto, pues si sigue construyendo sin tomar las medidas correctivas incurriría en vicios de direc-ción. Herrera Catena, op. cit., págs. 219-224.

El Art. 1483 establece una presunción juris tantum de culpa por parte de los constructores y arquitectos cuando ocurre la ruina de un edificio por vicios de construcción o del suelo. Esa es la posición generalmente aceptada por la doctrina española moderna. G. García Cantero, La responsabilidad, por ruina de los edificios ex artículo 1.591 del Código Civil, 16 An. Der. Civ. 1054, 1104-1106 (1963); Herrera Catena, op. cit, pág. 124 y ss.; Fernández Hierro, op. cit., pág. 91. Esta presunción beneficia al propietario porque sólo tiene que probar el hecho de la ruina por vicios de la construcción o del suelo y no la culpa de los que intervinieron en la obra. Para librarse de responsabilidad el contratista, si se trata de vicios de la construcción, o el arquitecto, si se trata de vicios del suelo, vendría obligado a probar mediante preponderancia de prueba que no se deben a su intervención, sino que se trata de un caso de fuerza mayor, totalmente imprevisible e inevitable en los conocimientos y medios técnicos de la profesión. El concepto de fuerza mayor, como eximente de la responsabilidad de contratistas y arquitectos, debe entenderse en forma más restrictiva que de ordinario, pues se trata de sucesos que éstos tienen que tomar en consideración al edificar. Así, cuando la ruina, que causada por un terremoto, huracán, etc., pudo ser evitada por medio de la aplicación de los conocimientos y técnicas profesionales, no puede ser considerada un resultado de fuerza mayor. Fernández Hierro, op. cit, págs. 98-100.

Si en lugar de un arquitecto, quien proyecta o dirige una obra es un ingeniero, la doctrina española sostiene que debe someterse a la misma responsabilidad que al arquitecto. Como fundamento de esta interpretación se señala el espíritu de la norma y las exigencias de garantías públicas que lleva consigo. Fernández Hierro, op. cit, pág. 112. Estamos de acuerdo con esta interpretación pues responde a la realidad en nuestro medio de que en muchas ocasiones quien está a cargo del diseño del proyecto y su dirección es un ingeniero y no un arquitecto.

HH HH HH

Atendidas las normas expuestas examinemos la actuación del tribunal de instancia al desestimar la demanda al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. En Irizarry v. A.F.F., supra, resolvimos que esta regla autoriza al tribunal a aquilatar la prueba presentada por el demandante y a formular su apreciación de los hechos según la credibilidad que ésta le haya merecido sin que tenga que exigir la prueba presentada por el demandado, si llega al convencimiento de que el demandante no puede prevalecer. En caso de duda debe requerirle al demandado que presente su caso. Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, supra.

En el caso ante nuestra consideración el tribunal, luego de presentada la prueba de los demandantes, concluyó que la ruina se debió a una falla geológica impredecible e inevitable. Esta conclusión es contraria a la opinión del ingeniero es-tructural Guillermety, perito de la parte demandante, consig-nada en el “informe técnico” a que hicimos referencia ante-riormente. Surge de dicho informe que se hizo una inspección de las residencias más próximas a la de los- recurrentes, ha-llando condiciones similares.

Luego de hacer acopio de análisis de mapas geológicos del área y de estudios del terreno en que se asienta la casa, el perito Guillermety concluyó:

Consideramos la residencia de la familia Roselló Torres como ruina total. La estructura por su peligrosidad actual y la tendencia del terreno a seguir asentándose hacen el uso residencial impropio. La estructura se debe destruir o clau-surar para evitar comprometer la seguridad de cualquier ser humano que trate de usarla.
La ruina total de la estructura se debe a los problemas del suelo donde está enclavado el 85 % de ella. Problema cuya existencia y origen es difícil de indicar pero que data de muchos años antes de su construcción y que un Ingeniero Civil lo hubiera [sic] detectado [en] seguida. El tipo de te-rreno donde está enclavado el 85% de la residencia y que ha sufrido y seguirá sufriendo asentamiento está formado por depósitos sedimentarios con las partículas de cenizas volcá-nicas típicas de esas áreas y es un suelo peligrosamente pro-penso a la erosión. Este factor combinado con el tipo de archilla [sic] montmorilonitica hicieron que se expandiera y contrayera dependiendo del agua que recibía y produce el comienzo del agrietamiento que se empeora con la erosión de sus partículas finas de la superficie.
Sabemos por los estudios de estos suelos que son extrema-damente peligrosos por la erosión alta que tienen. Cualquier aguacero fuerte en el área, que se caracteriza por ser un área donde llueve mucho produce erosión en estos terrenos y hace que se desli [c] en poco a poco en dirección Norte.
Todo se hubiera podido haber previsto [sic] si el diseña-dor hace su “home work” correctamente y estudia el sitio, el área y sus alrededores junto con cualquier información adicional como el Mapa Hidro-geológico en existencia desde el 1965. Cualquier Ingeniero Civil aprende en sus clases de estructuras y de suelos lo suficiente para darse cuenta de la situación, por lo menos de los deslizamientos y esto le hu-biera despertado el entendimiento para conseguir más infor-mación del área. (Exhibit XII, págs. 75-76.)

Habiéndose establecido que la ruina de la estructura ocurrió por vicios del suelo, opera contra el codemandado Pedro García, ingeniero que diseñó los planos y supervisó las etapas fundamentales del proyecto, una presunción de negligencia o culpa. Esta presunción que favorece a los demandantes quedó fortalecida por la opinión de su perito. El hecho de que el perito declarara que lo ocurrido es un fenómeno poco usual no es suficiente para liberar de responsabilidad al codemandado García, pues su profesión requiere que diseñe edificios que sean adecuados al suelo donde se ubiquen. Por ser el examen del suelo un elemento indispensable para poder descargar adecuadamente sus deberes profesionales para liberarse de responsabilidad tiene que establecer que el suceso que causó la ruina era. totalmente imprevisible e inevitable con los conocimientos y técnicas de la profesión al momento en que se realizó la obra. Como la prueba del demandante no excluyó la responsabilidad del codemandado Pedro García, el tribunal de instancia erró al desestimar la acción en su contra.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia recurrida en cuanto exoneró de responsabilidad al codeman-dado Pedro Luis García y la sociedad legal de gananciales constituida con su esposa, y se devolverán los autos al Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, para ulteriores procedi-mientos compatibles con lo aquí expresado.

       Dispone:
      “(e) Después que el demandante haya terminado la presentación de su prueba, el demandado, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en el caso de que la moción sea declarada sin lugar, podrá solicitar la desestimación, fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, el demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra el deman-dante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, excepto la que se hubiere dictado por falta de jurisdic-ción, o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos.”

      Dice así:
      “El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construc-ción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabili-dad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
      “Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del con-trato, la acción de indemnización durará quince años.”

      Expresa lo siguiente dicho informe:
      “La estructura es de hormigón armado con algunas paredes aparente-mente de bloques. Es de dos (2) plantas con un área de 2,432 pies cuadrados por planta. Mide en su ancho, dirección Este a Oeste 32' y en su profundidad dirección hacia la Quebrada Sala, de Sur a Norte 64'. La primera planta es abierta y s[ó]lo se pueden apreciar las columnas que sostienen la 2da. planta. Esta 2da. planta es el área donde están los aposentos corrientes de una vivienda como, sala comedor, cuartos, baños, etc.
      “La fachada arquitectónica no se aprecia muy bien por la total des-trucción en que se encuentra pero tiene razgos [sic] poco usuales de esta área y que junto a su amplitud de área de 2,432 pies cuadrados por planta para un total de 4,864 pies cuadrados la asemejan y comparan con residen-cias de zonas de alto nivel económico como Garden Hills, San Francisco y Santa María en San Juan, la Rambla en Ponce y Montemar en Aguadilla.
      “Se pudo observar en nuestra visita un asentamiento total y aparente-mente casi uniforme de como 85% del área de la casa. Este asentamiento es hacia el lado Norte dejando s[ó]lo como un 15% a un nivel más alto en el lado Sureste. El asentamiento en el lado Su[re]ste tiene como 7' de diferen-cia en elevación....
      “Mirando la casa de frente desde la carretera Núm. Ill y en ese mismo lado Sureste la casa se ha mantenido a su nivel original que como dije antes es aproximadamente 7' más alto que el resto (o sea que el 85%). Esta diferencia de niveles ha ocasionado que en toda esta área Sureste se haya fracturado totalmente el hormigón de vigas, lozas de pisos y techo y las columnas. Estas fracturas se pueden apreciar en todos los niveles de la casa y son de tal magnitud que se puede apreciar en su totalidad todo el refuer-zo (varillas) usado, naturalmente todo doblado hacia arriba. Además en todos estos miembros estructurales se puede ver a través porque la raja-dura, la separación de la fractura es bien ancha. La estructura está com-pletamente inservible para cualquier uso. Aparecen también grietas en la esquina Noroeste de la estructura y se pueden apreciar éstas en vigas y co-lumnas y en lozas de piso y techo de la Ira. planta. Estas grietas son de menor grado que en el lado Su [re] este. La ruina de la estructura es de tal naturaleza que hizo imposible por motivos de seguridad entrar en la 2da. planta para inspeccionarla por dentro.” (Exhibit XII, págs. 67-68.)


text:
    Edgardo Beauchamp, demandante y recurrente, v. Holsum Bakers of Puerto Rico, Inc., demandado y recurrido.

      Número: R-85-175

      Resuelto: 28 de junio de 1985

      Luis Roberto Santos, de Santos & Báez, abogado del recurrente; Enrique Bray, de Domínguez & Totti, abogado de la recurri-da.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso plantea si como parte del sueldo debe incluirse lo devengado por concepto de comisiones al computarse la mesada y la indemnización progresiva adicional reconocida por ley a un empleado contratado sin tiempo determinado que es despedido sin justa causa. Resolvemos en la afirmativa. Resolvemos además, que el derecho a paga por vacaciones, una vez reconocido por el patrono, no puede hacerse inefectivo si por exigencias del servicio se impide al empleado disfrutar dichas vacaciones.

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El aquí recurrente fue despedido de su empleo por su pa-trono Holsum Bakers of Puerto Rico, Inc., tras dieciséis años de haber trabajado para dicha empresa en calidad de ejecu-tivo. Instó querella judicialmente contra el patrono en que alegó que su despido fue injustificado y reclamó el pago de los beneficios dispuestos por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a-185e). Contestada la querella y negadas sus alegaciones esenciales, fue el pleito a juicio y recayó la sentencia que es objeto del recurso ante nuestra con-sideración.

Concluyó el tribunal de instancia que el despido del quere-llante no estuvo justificado. Determinó que a base de un sueldo semanal de $305 que devengaba, tiene derecho, como mesada, a la cantidad de $1,311.50 y como indemnización adicional, a la cantidad de $4,880, para un total de $6,191.50. Dene-gó el reclamo del querellante de que al computarse el sueldo semanal debió sumarse lo que devengaba por concepto de co-misiones, ascendentes a $200 semanales. Se negó, además, el tribunal a disponer el pago de vacaciones acumuladas durante el año 1982 que el querellante no disfrutó, según alega, por ne-cesidades de la empresa.

El querellante ha reproducido ante nos los mencionados planteamientos. La recurrida ha comparecido mediante es-crito de oposición. Hemos tenido el beneficio de los argumen-tos de ambas partes y resolvemos sin más trámite, conforme lo autoriza la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal.

II

Atendemos en primer lugar el planteamiento sobre si la remuneración por concepto de comisiones forma parte del sueldo a los fines de los cómputos dispuestos por la citada Ley Núm. 80.

En su Art. 1 (29 L.P.R.A. sec. 185a) dispone:
Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro ne-gocio o sitio de empleo designado en lo sucesivo como el esta-blecimiento, donde trabaje mediante remuneración de al-guna clase, contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin que haya mediado una justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono en adición al sueldo que hubiere devengado:
(a) el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización;
(b) una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio.
Los años de servicio se determinarán sobre la base de todos los períodos de trabajo anteriores acumulados que el empleado haya trabajado para el patrono antes de su cesan-tía, pero excluyendo aquellos que por razón de despido o separación anterior, le hayan sido compensados o hayan sido objeto de una adjudicación judicial. (Énfasis suplido.)
El Art. 7 (29 L.P.R.A. sec. 185g) dice, a su vez:
La mesada de la compensación y la indemnización pro-gresiva por cesantía sin justa causa provista en la sec. 185a de este título se computará a base del mayor número de horas regulares de trabajo del empleado durante cualquier período de treinta días naturales consecutivos dentro del año inmediatamente anterior al despido. (Énfasis suplido.)

Argumenta la recurrida que si tomamos en cuenta la frase “mayor número de horas regulares de trabajo” del transcrito Art. 7, es forzoso concluir “que la mesada estatutaria por des-pido injustificado comprende solamente el salario fijo deven-gado por un empleado, que sea fácilmente computable a base de horas trabajadas”. No podemos aceptar tan restrictiva in-terpretación.

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, que aquí nos ocupa, derogó y sustituye a la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949 (29 L.P.R.A. secs. 183 a 185), que disponía el pago de una indemnización, que se dio en llamar “mesada”, a todo em-pleado contratado sin tiempo determinado que fuere despe-dido de su cargo sin justa causa. Ni la ley derogada ni la vi-gente ley definen el término “sueldo” o “salario”. No tuvimos ocasión de expresarnos sobre el particular en relación con la anterior ley. El planteamiento es novel.

Nada hemos hallado en el historial legislativo de ambas leyes que nos indique la pauta interpretativa. La exposición de motivos de la Ley Núm. 80, por otra parte, es ilustrativa de su propósito reparador y de la intención legislativa de sustituir la derogada Ley Núm. 50 por un estatuto más liberal. Dice, en su segundo párrafo:

Ya es tiempo que se proteja de una forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la aprobación de una ley que a la vez que otorgue unos remedios más justicieros y consubstanciales con los daños causados por un despido injustificado desaliente la incidencia de este tipo de despido.

Es de notar, además, que el Art. 1, antes transcrito, si bien hace referencia al “sueldo” del empleado para fines del cómputo de la indemnización, se refiere a la “remuneración de alguna clase”, sin hacer limitación, en su oración inicial. Teniendo en cuenta que las leyes con propósito reparador deben interpretarse liberalmente —Martínez Reyes v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 407 (1975); cf. Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., 111 D.P.R. 657 (1981); véase Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979)— concluimos que el sueldo que se toma como base para el cómputo de la mesada y de la indemnización progresiva adicional dispuesto en el Art. 1 comprende todo tipo de remuneración devengada por el empleado por sus servicios. Lo cobrado por concepto de comisiones necesariamente tiene que ser parte del sueldo.

Es propio que por jurisprudencia se suplan lagunas en la ley. United Hotels of P. R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 196 (1963). Y, a este efecto, es orientador recurrir a otras leyes in pari materia para establecer la justa interpretación. Dis-pone el Código Civil en su Art. 18 (31 L.P.R.A. sec. 18):

Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo ob-jeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte du-doso en otro.

La Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. sec. 246h), sobre salario mínimo, define el concepto “salario” de la siguiente manera:

“Salario” incluye sueldo, jornal, y toda clase de compen-sación, sea en dinero, especie, servicios, facilidades o combi-nación de cualesquiera de ellos; pero no incluirá sino dinero cuando se trate de salario mínimo prescrito bajo las dispo-siciones de las sees. 245 a 246m de este título, a menos que la Junta disponga o autorice otra cosa. (Énfasis suplido.)

Y la Ley Núm.. 379 de 15 de mayo de 1948, sobre horas y días de trabajo, da una definición similar en su Art. 19 (29 L.P.R.A. sec. 288), así:

“Salario” incluye sueldo, jornal, paga y cualquier otra forma de retribución pecuniaria. (Énfasis suplido.)

Nos parece que si el Legislador hubiese querido una defi-nición más restrictiva del referido concepto a los fines de la Ley Núm. 80 de 1976, hubiese dado una definición distinta. Al no especificar una definición, no podemos por interpreta-ción hacerlo nosotros, sobre todo tratándose, como antes seña-láramos, de un estatuto remedial o reparador.

Valga señalar, para concluir, que la interpretación ad-ministrativa del Secretario del Trabajo parece inclinarse a la misma conclusión a que hemos llegado. En una publicación del Departamento del Trabajo preparada por el Lie. M. Morales Reyes titulada Guías para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80, aprobada el día 30 de mayo de 1976, enero 1979, pág. 51, se dice:

En el caso de los vendedores a comisión, y quizás otros empleados cuyo salario es fluctuante, debe tomarse como base el año, dentro de los tres años inmediatamente ante-riores al despido en que tuvieron mayores ingresos y para determinar el monto de la mesada se dividen los ingresos de ese año entre doce. Para determinar el monto de cada sema-na adicional se divide esa misma suma entre cincuentidós (52).

III

Pasemos al planteamiento sobre el derecho al pago de va-caciones acumuladas.

El derecho a vacaciones por parte de los empleados ejecu-tivos de la recurrida Holsum Bakers of Puerto Rico, Inc. está establecido como parte de la política de dicha firma. Este hecho no está en controversia. Dicha política está contenida en un escrito de la mencionada firma, efectivo desde el 3 de enero de 1980, en que se reconoce a todo ejecutivo, empleado de la firma desde antes de la mencionada fecha, el derecho a veinte días de vacaciones con paga cada año.

Se especifica en el mencionado escrito que “los ejecutivos serán elegibles para vacaciones con paga cuando hayan estado en servicio activo con la compañía por espacio de un año”; que las vacaciones “deberán ser cogidas a base de un año calendario”; que no serán acumulables; que “deben ser cogidas dentro del período de los próximos doce (12) meses siguientes a la fecha de elegibilidad”, y que “ [s] i las vaca-ciones no se cogen dentro del período de los doce (12) meses después de la fecha de elegibilidad, se perderá el derecho a las mismas”. Aquí se añade a renglón seguido “excepto cuando la compañía lo requiera, y se haya obtenido con anterioridad aprobación por escrito del Presidente”.

Luego de despedirlo de su empleo en enero de 1984, la re-currida pagó al recurrente por las vacaciones que acumuló durante el año 1983. Plantea el recurrente que no disfrutó en 1983 de las vacaciones acumuladas en 1982 porque “necesida-des de la empresa” se lo impidieron. Reitera ante nos su re-clamo de que dichas vacaciones deben serle pagadas.

No estamos en condiciones de resolver si efectivamente el recurrente fue impedido por el patrono de tomar en 1983 las vacaciones que acumuló en 1982. El tribunal sentenciador no hizo determinación alguna sobre ese hecho.

Convenimos, sin embargo, en que el derecho a vacaciones reconocido en las normas escritas de la recurrida se haría ilusorio e inefectivo si ésta impidiere su ejercicio. Una vez reconocido ese derecho no puede el patrono obstaculizarlo y de no disfrutarse las vacaciones por exigencias de la empresa, deben pagarse. Interpretamos que ése debe ser el alcance de la cláusula “excepto cuando la compañía lo requiera, y se haya obtenido con anterioridad aprobación por escrito del Presidente”. El requisito de aprobación por el Presidente debe tomarse en el contexto de la posible actuación, u omisión, para impedir el ejercicio del derecho. En otras palabras, la negación, sin más, de la autorización escrita por parte del Presidente, no justificada, no podría invocarse para derrotar un derecho reconocido.

IV

En atención a los razonamientos expresados, se expedirá el auto de revisión solicitado, se dejará sin efecto la senten-cia recurrida en cuanto a la indemnización concedida y la no concesión de paga por vacaciones, y se devolverá el caso al tribunal de instancia para que, en armonía con la prueba apor-tada por las partes, haga un nuevo cómputo sobre la paga por un mes de sueldo y la indemnización progresiva adicional, tomando en consideración, a los fines de determinar el sueldo del querellante, la remuneración que recibía por concepto de comisiones. Además, para que dilucide y resuelva si el no dis-frute de vacaciones acumuladas por el querellante durante el año 1982 fue impedido por exigencias del trabajo, en cuyo caso deberá disponer para el pago de dichas vacaciones.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton no intervinieron.

      E1 cómputo se hizo así: $305 (sueldo semanal) multiplicado por 4.3 (semanas en un mes) es igual a $1,311.50 (mesada); $305 (sueldo semanal) multiplicado por 16 (años de servicio) es igual a $4,880 (indemnización adi-cional) .

       Énfasis en el original.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Ortiz.

text:
    Ryder Memorial Hospital, Inc., demandante y recurrido, v. Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, demandado y peticionario.

      Número: O-84-58

      Resuelto: 28 de junio de 1985

      Miguel Rodríguez Villanueva, abogado del peticionario; Francisco A. Colón Cruz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

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Las disposiciones de la Ley de Segundad de Empleo origi-nalmente no cobijan a aquellos empleados que trabajaban para entidades con fines no pecuniarios. En su consecuencia, no aportando dichas entidades dinero alguno al fondo por de-sempleo, los trabajadores que laboraban en las mismas no te-nían derecho a recibir del Gobierno los beneficios por desem-pleo al ser cesanteados.

En el año de 1971, el legislador cambió totalmente dicha situación. Mediante la Ley Núm. 85 de 24 de junio de 1971 (29 L.P.R.A. sec. 702 (k) (1) (F)), se dispuso que el término “empleo” significa, o incluye:

El servicio realizado después del 31 de diciembre de 1971 por una persona como empleado de una corporación, institu-ción, sociedad, asociación, fundación, o cualquier fondo co-munal creadas y administradas exclusivamente para fines religiosos, caritativos, científicos, literarios o educativos, o para la prevención de la crueldad con los niños o con los ani-males, ninguna parte de cuyas utilidades netas redunde en beneficio de algún accionista o individuo particular, o cual-quiera otra organización descrita en la Sección 501(c) (3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos siempre que dicha organización esté exenta de contribución sobre ingresos bajo la Sección 501 (a) del Código de Rentas Inter-nas de Estados Unidos.

Dicho de otra forma, a partir de la vigencia de la citada Ley Núm. 85 los empleados de dichas entidades con fines no pecuniarios están cubiertos por el seguro por desempleo que establece la ley. Para absorber el impacto económico que sobre el Estado causaría este nuevo enfoque, se dispuso que las entidades contempladas por la citada See. 702 (k) (1) (F) aportarían al fondo por desempleo que crea la ley en propor-ción a los beneficios que efectivamente le fuesen pagados por el Estado a los trabajadores de dichas entidades que una vez despedidos de sus empleos se acogen a los beneficios que pro-vee la ley. A esos efectos se dispuso, que al finalizar cada trimestre natural, o cualquier otro período que el Secretario del Departamento del Trabajo determine, éste le facturará a cada organización “una suma igual al total de los beneficios regulares y adicionales más la mitad de la cantidad de bene-ficios extendidos atribuible a servicios prestados a dicha or-ganización que hayan sido pagados durante dicho trimestre u otro período . . .”. Véase 29 L.P.R.A. sec. 708(e) (1) (A).

En otras palabras, a partir de la vigencia de la citada Ley Núm. 85 las entidades con fines no pecuniarios, en lugar de contribuir al fondo de desempleo mediante el pago de un por ciento fijo sobre el total de su nómina salarial, contribuyen al referido fondo en proporción a los beneficios que efectivamente el Gobierno haya pagado a los empleados que ellos han cesanteado mediante un procedimiento, que podríamos llamar, de reembolso.

HH HH

En el año de 1967, en el hasta ahora normativo caso de Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, 94 D.P.R. 137 (1967), este Tribunal tuvo la oportunidad de interpretar y establecer las circunstancias bajo las cuales una entidad es-taba o no totalmente exenta del pago de contribuciones al am-paro de las disposiciones pertinentes, y entonces vigentes, de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. En el citado caso se trataba de un hospital cuyos fines, según su certificado de incorporación, eran “la asistencia hospitalaria de enfermos pobres gratuitamente y también la de enfermos pudientes”; así como “el sostenimiento de un asilo u hogar para niños huérfanos, una escuela de enfermeras y cualquier otra obra benéfica que la Asociación crea conveniente establecer”; en que “sus únicos socios son las personas que constituyen su junta de directores ninguno de los cuales, así como ningún otro in-dividuo en particular, recibe beneficio alguno de ella”; en que durante los años en controversia fueron atendidos en sus fa-cilidades “pacientes referidos por empresas privadas, asocia-ciones hospitalarias o agencias gubernamentales” tales como La Cruz Azul, Triple SSS, Administración de Veteranos, Fondo del Seguro del Estado, etc., y la cual institución hospi-talaria, mediante ley al efecto aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, había sido eximida del pago de “toda clase de contribuciones e impuestos a condición de que establezca y mantenga en su hospital un departamento o sala para prestar servicios de dispensario y hospitalización a per-sonas indigentes”.

Haciendo énfasis en que la norma a seguirse en la inter-pretación de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, en virtud de sus propios términos, es a los efectos de que la misma “será liberalmente interpretada para cumplir su pro-pósito de promover la seguridad de empleos ... y proveer para el pago de compensación a personas desempleadas por medio de la acumulación de reservas”, establecimos en el citado caso de Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, supra, en sín-tesis, que la “contribución que bajo la ley en cuestión debe pagar todo patrono, es de naturaleza especial y distinta de las contribuciones que corrientemente se imponen, cobran e ingre-san al fondo general del gobierno para atender los servicios que éste presta a la comunidad”; que para que una entidad en particular estuviere exenta de la contribución en contro-versia venía obligada a cumplir con tres requisitos, a saber: “(1) que esté creada exclusivamente para uno de los fines exentos; (2) que esté administrada exclusivamente para uno de los fines exentos; y (3) que ninguna de sus utilidades netas redunde en beneficio de algún accionista o persona particular” (énfasis suplido); que “el término ‘exclusivamente’ usado en la disposición en cuestión significa ‘primordialmente’, ‘prin-cipalmente’, ‘en gran medida’ ”, y que la “exención bajo este tipo de legislación debe interpretarse estrictamente ...”.

Destacando el hecho de que en relación con sus actividades hospitalarias los autos demostraban que comparativamente el hospital “sólo rendía una cantidad muy exigua de servicios caritativos . . .” y que dicho hospital en realidad se “ope-raba como una actividad comercial, pues a los fines de allegar pacientes, en adición al crecido número de pacientes pudientes que atraía, gestionó contratos con distintas organizaciones hospitalarias con el fin de proveer sus servicios médicos a so-cios de éstas, como en el caso de la Cruz Azul y la Triple SSS, . . . , o a personas con derecho a recibirlos a través de entida-des gubernamentales como lo son la Administración de Vete-ranos, el Fondo del Seguro del Estado,...”, y ante la alterna-tiva inexorable de tener que negarle a los empleados afectados los beneficios de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, resolvimos que el Hospital Santo Asilo de Damas no es-taba exento del pago de contribuciones bajo la referida ley en relación con sus actividades hospitalarias por cuanto las mismas no eran administradas exclusivamente con fines cari-tativos. No obstante ello, y con el obvio propósito de atempe-rar el rigor de la norma establecida y hacer cumplida justicia, reconocimos que dicha institución estaba exenta del pago de las contribuciones en cuestión en relación con la operación del orfanato, la escuela de enfermeras, y el entrenamiento de mé-dicos por cuanto dichas actividades evidentemente eran de índole “educativas y caritativas”, siempre y cuando las mis-mas fueran administradas, y contabilizadas, separada e inde-pendientemente de la actividad hospitalaria.

HH HH HH

En el presente caso nos enfrentamos a unos hechos muy similares a los del citado caso de Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas. El Hospital Ryder Memorial se fundó origi-nalmente en la ciudad de Humacao en el año de 1914 como una corporación con fines no pecuniarios de la American Missionary Association, auspiciado el mismo en Puerto Rico por la Iglesia Evangélica Unida. Mediante la Ley Núm. 99 de 26 de junio de 1965, en “vista de los buenos servicios que presta el Hospital Ryder a la comunidad puertorriqueña, y en especial a la zona Este de la Isla, . . .” se eximió a la referida institución hospitalaria del “. . . pago de toda clase de contri-buciones e impuestos sobre terrenos, edificios y otras propie-dades . . .”. El 1ro de diciembre de 1967 se organizó, como corporación sucesora, bajo las Leyes del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico el Ryder Memorial Hospital, Inc., con el propósito de establecer, mantener y operar un hospital para el cuido de personas que requieren atención médico-hospita-laria a costos razonables; sus fines principales son científicos, educacionales y de investigación. Ningún socio, persona particular o jurídica recibe beneficio alguno de las utilidades del Ryder Memorial Hospital, Inc. Los servicios prestados por su junta de directores son gratuitos. Los beneficios obtenidos de las operaciones del hospital son utilizados para mejoras de la planta física, adquisición de equipo y para ampliar y subven-cionar los servicios prestados por la institución.

La citada institución hospitalaria ofrece, en síntesis y en lo pertinente, servicios de hospitalización y médico-quirúrgi-cos, opera clínicas externas, administra una escuela de enfer-mería, mantiene un programa de cuidado en el hogar (home care), y opera una oficina de trabajo social. Atiende en sus facilidades a pacientes privados, a pacientes que tienen diver-sos planes médicos (ACCA, Medicare, Cruz Azul de Puerto Rico, Asociación de Maestros, Fondo del Seguro del Estado, etc.) y a pacientes indigentes. Sus ingresos provienen de los servicios prestados a los pacientes pudientes y de los distintos planes médicos y una pequeña proporción de donaciones y asis-tencia gubernamental. Su condición de institución con fines no pecuniarios ha sido reconocida, al amparo de la See. 501 (a) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, por el Ser-vicio de Rentas Internas Federal y, para fines contributivos localmente, por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico.

El Secretario del Trabajo de Puerto Rico, no obstante aceptar la corrección de los hechos antes expuestos, denegó la solicitud que le hiciera el Hospital Ryder a los efectos de poder acogerse al “método de reembolso” que provee la citada y vigente Sec. 708(e) (1) (A) del Título 29 de L.P.R.A. Re-solvió que, en vista de que la institución sólo presta un por ciento limitado de servicios enteramente gratuitos y en vista de lo resuelto por este Tribunal en el citado caso de Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, supra, la misma no cuali-ficaba como organización sin fines pecuniarios bajo la citada Sec. 702 (k) (1) (F) del referido Título 29 por cuanto no era una institución “administrada exclusivamente para fines científicos o educativos...”. (Énfasis suplido.)

Inconforme, el Ryder Memorial Hospital acudió en revi-sión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Hu-macao. Expresando que la interpretación que de las enmien-das acaecidas en el año 1971 hiciera el Secretario del Trabajo era una “muy estrecha” por cuanto en virtud de las mismas era clara la intención legislativa de concederle alivio contri-butivo a las instituciones con fines no pecuniarios permitién-doles acogerse al “método de reembolso”, dicho foro re-vocó la decisión administrativa emitida. Expedimos auto de certiorari a solicitud del Secretario del Trabajo. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

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Somos del criterio que las enmiendas que sufriera la Ley de Seguridad de Empleo en el año de 1971 ameritan que se modifique lo resuelto en el citado caso de Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, supra. Un análisis cuidadoso de la mencionada decisión revela que la “razón de ser” del resultado al que se llega en el mismo fue el evitar que los numerosos empleados que se desempeñaban en la fase hospitalaria de la institución en controversia perdieran o quedaran excluidos de los beneficios que provee la referida ley. Ante la alternativa de que los mismos quedaran al descubierto, optamos por enfa-tizar la intención legislativa o propósito general que anima la citada ley de proteger a los trabajadores y por restringir la exención que el Legislador le había concedido en la misma ley a las instituciones sin fines pecuniarios.

Las enmiendas que la referida ley sufriera en el año 1971 permiten que hoy en día se logren ambos propósitos legislativos. Bajo el nuevo enfoque, el trabajador nunca resulta 'perjudicado. Independientemente del hecho de que éste trabaje para una entidad con o sin fines pecuniarios, siempre tendrá derecho a los beneficios por desempleo que provee la ley. Distinta es la situación en cuanto a las entidades propiamente. De la decisión que se haga sobre si cumplen o no con los requisitos establecidos en la citada Sec. 701 (k) (1) (F) dependerá si tienen o no el derecho al alivio contributivo de no tener que pagar un por ciento fijo sobre el monto total de su nómina salarial por concepto de la contribución por desempleo o, por el contrario, pagar solamente en proporción a los beneficios recibidos por los empleados que han cesanteado durante el período cubierto.

Dicho alivio contributivo es uno no sólo importante para esas instituciones desde un punto de vista económico sino que es uno sumamente merecido. Como sabemos, le corresponde al Estado en primera instancia la responsabilidad principal de velar por el bienestar de nuestro pueblo; parte integrante e importantísima de ese “bienestar” lo es el cuidado de la salud. Entidades privadas con fines no pecuniarios —tales como el Hospital Ryder Memorial, Inc.— ayudan al Estado a sobre-llevar tan pesada carga y responsabilidad. Precisamente de-bido a ello es que el Estado, por medio de diferentes leyes, le ha concedido diversos alivios contributivos a estas entidades. Estas exenciones constituyen en realidad una especie de “sub-sidio” que concede el Estado a cambio de la labor social que realizan estas entidades.

En lo referente a instituciones hospitalarias, dichos sub-sidios y las donaciones que éstas reciben del público en general no son usualmente suficientes para que las mismas puedan operar al nivel de excelencia que todo el mundo, inclusive este Tribunal, les exige. Resulta prácticamente imperativo, en su consecuencia, que a dichas instituciones se les permita —sin que necesariamente pierdan su condición de instituciones con fines no pecuniarios— poder atender en sus facilidades tanto a pacientes privados pudientes como a pacientes que acuden a las mismas por razón de estar acogidos a un plan médico, sobre todo cuando consideramos que la retribución que recibe el hospital de estos planes es una sumamente razonable y que en la mayor parte de los casos el ingreso que se obtiene de los mismos apenas cubre el costo de los servicios prestados.

Resolvemos, en su consecuencia, que una institución hospitalaria como la aquí recurrida Ryder Memorial Hospital, Inc., que en principio cumple con todos los requisitos que exige la citada Sec. 702 (k) (1) (F) de la Ley de Seguridad de Empleo, no pierde su condición como institución sin fines pecuniarios bajo la citada disposición legal por el mero hecho de que acepte en sus facilidades a pacientes privados pudientes y a pacientes con planes médicos.

Por los fundamentos arriba expresados, se dictará senten-cia que confirme la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, en el presente caso.

El Juez Asociado Señor Ortiz concurre en el resultado con opinión.

— O —

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Ortiz.

Por tener serias dudas sobre si la Ley Núm. 99 de 26 de junio de 1965 que eximió a la institución recurrida del “pago de toda clase de contribución e impuestos sobre terrenos, edi-ficios y otras propiedades” es una que concede una gracia, privilegio o, por el contrario, un subsidio a cambio de la labor social que realiza esta entidad, consideramos innecesario pro-nunciarnos sobre la aplicabilidad de la norma de interpreta-ción restrictiva de esta clase de estatutos. Por no haber el Secretario de Hacienda hecho gestión alguna para cancelar la exención, a tenor con la facultad que le otorga la Ley Núm. 99, concurrimos con la decisión de extenderle a la recurrida los beneficios de la Ley Núm. 85 de 24 de junio de 1971 (29 L.P.R.A. sec. 702 (k) (1) (F)). Debemos guardarle deferen-cia a la política pública que dio lugar a la aprobación de las Leyes Núms. 85 y 99, antes citadas.

      Ley Núm. 7 de 21 de junio de 1956. La referida ley, en su See. 2 (29 L.P.R.A. sec. 702(k)(6)(S)) entonces establecía que sus disposiciones no eran aplicables al “servicio prestado como empleado de una corporación, institución, sociedad, asociación, fundación o cualquier fondo comunal o cualquiera otra organización descrita en la Sección 501(c) (3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos creados y administrados exclusivamente para fines religiosos, caritativos, científicos, literarios o educativos o para la prevención de la crueldad con los niños o con los animales, ninguna parte de cuyas utilidades netas redunde en beneficio de algún accionista o individuo particular; siempre que dicha organización esté exenta de contribución sobre ingresos bajo la Sección 501(a) del Código de Rentas Internas ...”. (Énfasis suplido.) Esto es, si se determinaba que una entidad cumplía con los requi-sitos establecidos por la transcrita disposición legal, la misma estaba total-mente exenta del pago de la contribución por desempleo.

      Ley Núm. 41 de 29 de mayo de 1964 (13 L.P.R.A. sec. 199).

       Referente a aquellos que eran completamente gratuitos.

       En la exposición de motivos de la citada Ley Núm. 99 se hizo inca-pié en que el “Hospital Ryder ha mantenido y mantiene servicios de dispen-sario y hospitalización a personas indigentes los cuales se propone aumen-tar en proporción al desarrollo y fortalecimiento de su situación finan-ciera . . .”.

       Como condición de la exención se le exigió ai Ryder que “mantenga en dicho hospital un departamento para prestar servicios gratuitos de dis-pensario y hospitalización a personas indigentes”. Se facultó al Secretario de Hacienda de Puerto Rico para cancelar la exención concedida si no se cumpliese con lo antes señalado. Dicha exención continúa en vigor al día de hoy.

      Hon. Ángel D. Ramírez Ramírez, Juez.

      Lo expresado justifica que en relación con esta clase de situaciones no apliquemos la norma jurisprudencial a los efectos de que los estatutos contributivos que conceden exenciones deben ser interpretados restrictiva-mente por constituir dichas exenciones “gracias del legislador o del sobe-rano”. Berwind Lines, Inc. v. Srio. de Hacienda, 113 D.P.R. 658, 660 (1982).

       Resulta pertinente señalar que los servicios que una institución hos-pitalaria le brinda a pacientes de seguros médicos gubernamentales de salud son considerados como “caridad parcial”. Rev. Rul. 69-545, 1969-2 I. R. B. 117; Rev. Rul. 74-595, 1974-2 I. R. B. 164; R. S. Bromberg, The Charitable Hospital, 20 Cath. U.L. Rev. 237, 351 (1970). En relación con aquellos planes médicos privados, algunos tribunales han considerado los fondos que por ellos recibe la institución hospitalaria como “donaciones”. Goldwater v. Citizens Casualty Co. of New York, 7 N.Y.S.2d 242, 247 (1938).

       Cualquier pronunciamiento en el caso de Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, 94 D.P.R. 137 (1967), que resulte incompatible con lo aquí resuelto queda expresamente revocado.

      Nos llama la atención, el hecho de que no exista en el Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos un reglamento que recoja los crite-rios o guías para evaluar cuándo una entidad en particular cualifica o no como una sin fines pecuniarios bajo la citada Sec. 702 (k) (1) (P) de la Ley de Seguridad de Empleo a los fines de acogerse al método de reembolso pro-visto por la See. 708 de la referida ley.

       Concurrimos con el enfoque de que la Ley Núm. 85 tuvo el efecto de modificar las normas enunciadas en Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, 94 D.P.R. 137 (1967).