author: PER CURIAM:

text:
    Hon. David Noriega Rodríguez, demandante y apelado, v. Hon. Rafael Hernández Colón y Otros, demandados y apelantes; Graciany Miranda Marchand, demandante y apelado, v. Carlos López Feliciano y Otros, demandados y apelantes.

      Número: CE-87-665

      Resuelto: 12 de enero de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Lorenzo Vilanova Alfonso, Procurador General Auxiliar, abogados de los ape-lantes. Juan José Nazario De la Rosa, Luis Rivera Lacourt, Juan Santiago Nieves y Armando De León Vargas, abogados del apelado; Rafael Rivera Rosa, de Rivera Rosa & Díaz May-sonet, abogados del apelado.
   PER CURIAM:

El pasado 5 de noviembre de 1987 dimos curso a la apelación incoada por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Co-lón, que cuestiona la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y los remedios provistos para examinar y disponer de los expedientes sobre personas y organizaciones, prepa-rados durante varias décadas por la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico únicamente por razón de los principios políticos e ideológicos de los afectados.

El 13 de noviembre del mismo año uno de los deman-dantes apelados, Hon. David Noriega Rodríguez, presentó una moción titulada “Moción sobre Recusación del Juez Pre-sidente, Honorable Víctor M. Pons Núñez”. En esencia ex-presa que el Juez Presidente debe inhibirse de entender en la apelación sometida por razón de haber servido como Se-cretario de Estado entre 1973 y 1974, por lo que “existe una alta probabilidad o al menos se crea una apariencia razona-ble” de que tenía o debió tener conocimiento de los “hechos pertinentes a este caso y de los diversos puntos de vista en cuanto a sus méritos”. La moción de inhibición no expresa hecho específico alguno sobre la probabilidad o apariencia alegada ni se acompañan documentos a esos efectos.

Por su parte, el otro demandante apelado, Ledo. Gra-ciany Miranda Marchand, oportunamente presentó una mo-ción informativa que exponía que no tenía “conocimiento de hecho alguno que justifique la solicitud de inhibición ni puede emitir juicio sobre sus méritos jurídicos a base de lo publi-cado en la prensa, por lo cual desea informar que no se une ni apoya la misma”.

Nuestra intervención en esta etapa no tiene el propósito de pasar juicio sobre los méritos de la moción del apelado Noriega Rodríguez. En el pasado solamente en una ocasión nos hemos pronunciado de forma colegiada sobre la proce-dencia de una recusación de uno de los miembros de este Tribunal. In re Solicitud, de Lugo Bougal y Arraiza, 112 D.P.R. 134 (1982). Sin embargo, en esa ocasión no nos expre-samos sobre a quién corresponde resolver una solicitud de inhibición, ¿es al Juez recusado o al Tribunal en Pleno?

La cuestión amerita un cuidadoso análisis institucional y una exposición sobre los procedimientos de recusación de los miembros de este Foro. No estamos ante normas sencillas y constantes. Distintos factores, tradiciones, condiciones jurí-dicas y principios de organización judicial hacen más com-plejo el análisis. Anteriormente la cuestión de abstención y recusación ha girado en torno al aspecto de las “causales”. Véanse: Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, Arts. 23-25 y Reglas de Procedimiento Civil de 1958, Rs. 63.1-63.3. Aun-que mucho se ha escrito sobre las causas y criterios de inhi-bición, la literatura sobre el procedimiento de recusación de magistrados de tribunales apelativos es muy escasa.

El derecho comparado tampoco nos ofrece amplitud de fórmulas. En España, por ejemplo, el procedimiento de recu-sación es complicado. En términos generales se trata de un sistema que se caracteriza por otorgar amplio margen de discreción a los jueces. L. Prieto-Castro y Ferrándiz, Tribu-nales Españoles: Organización y funcionamiento, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, págs. 77-78. No se fijan causas de exclu-sión de pleno derecho, sino de abstención. Las causas que permiten al juez a abstenerse son las mismas que puede es-grimir la parte como causa de recusación. Véanse, en general, G. Brocá y Montagut, Práctica Procesal Civil, Manual de Formularios Civiles, Barcelona, Casa Ed. Bosch, 1975, T. I, pág. 283 et seq.; A. De la Oliva Santos, Lecciones de Dere-cho Procesal, Barcelona, Promociones Publicaciones Univer-sitarias, 1985, pág. 264 et seq.; M. Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Buenos Aires, Ediar Soc. Anón. Editores, 1957, pág. 281 et seq.

Fuera de estas grandes líneas y categorías, el estudio del derecho continental europeo desborda el marco de nuestra experienca política y jurídica reciente. A pesar de ciertas si-militudes técnicas, estamos ante otro tipo de jerarquía orgá-nica. La organización del Poder Judicial no responde gene-ralmente a la clásica teoría de división de poderes. Aun el sistema francés, prototipo del europeo, difiere del nuestro en aspectos básicos. La magistratura forma parte de una ca-rrera “administrativa” a la que se ingresa mediante un con-curso técnico y burocrático. J.J. Toharia, El Juez Español, Madrid, Ed. Tecnos, 1975, págs. 21-25; C. Rodríguez Agui-lera, Notas sobre Organización Judicial, 188 Rev. Gen. Leg. Jur. 419 (1950).

Esta realidad histórica nos obliga a acudir a otras fuentes comparativas. En Estados Unidos tanto el Tribunal Supremo federal como los tribunales apelativos de los distintos estados funcionan según reglas de su propia adopción. Sin embargo, la materia de recusación de sus jueces escapa al puro régimen reglamentario.

Al igual que ocurre en los países de tradición civilista, poco se ha escrito en torno a los procedimientos que siguen estos altos foros para la inhibición de sus jueces. Existen dos fórmulas fundamentales: la primera defiende la tesis de que incumbe exclusivamente a la esfera interna de la conciencia judicial individual la decisión en materia de inhibición. Según esta primera tendencia, se trata de una grave cuestión de libertad individual. Aunque los casos sean poco abundantes, la tendencia general se mueve en esta dirección. Véanse: State Ex. Rel. Cohen v. Manchin, 336 S.E.2d 171 (W. Va. 1984); State Ex Rel. Matko v. Ziegler, 179 S.E.2d 735, 737 (1971); In re State of Carlton, 378 So. 2d 1212, 1216 (Fla. 1979); Giuliano v. Wainwright, 416 So. 2d 1180 (Fla. Dist. Ct. App. 1982); J.E. Frank, Disqualification of Judges, 56 Yale L.J. 605, 612 (1947), J.E. Frank, Commentary on Disqualification of Judges — Canon SC, 1972 Utah L. Rev. 377 (1972). Véanse, también: State Ex Rel. Wild v. Otis, 257 N.W.2d 361 (1977); Reilly By Reilly v. Southeastern Pa. Transp., 489 A.2d 1291 (1985); American Medical Intern. v. Scheller, 462 So. 2d 1 (1984); Florida Patient’s Comp. Fund. v. Von Stetina, 474 So. 2d 783 (1985); Department of Revenue v. Leadership Housing, Inc., 322 So. 2d 7 (1975); García v. Superior Court (people), 203 Cal. Rptr. 290 (1984); Kaufman v. Court of Appeal, etc., 647 P.2d 1081 (1982).

Una vez el Juez toma una decisión en materia de inhibi-ción el dictamen cobra carácter de cosa juzgada por así de-cirlo. Se ha interpretado que ésta no es susceptible de recon-sideración por el Pleno. A título indicativo en Department of Revenue v. Leadership Housing, Inc., supra, pág. 9, se ex-presó:

La orden del Juez Asociado England sobre la cuestión de su inhibición entra en un área de la ley históricamente conside-rada como personal y discrecional de los miembros indivi-duales de la judicatura, incluso aquellos que son parte de tribunales colegiados. Para fines de las reglas que rigen la re-consideración, una decisión de esa naturaleza tiene la misma dignidad que una decisión u orden del Tribunal en Pleno en áreas del derecho que caen dentro de su jurisdicción colegiada apelativa. (Traducción nuestra.)

La Asociación Americana de Abogados (A.B.A.) en los co-mentarios a la See. 3.42 (disqualification of Judges) de los llamados Standards of Judicial Administration . . . Relating to Appellate Courts (1977), favorece que los incidentes de recusación en los tribunales de última instancia y apela-tivos intermedios sean decididos por el mismo juez afectado.

Algunas jurisdicciones permiten la recusación perentoria del juez de instancia. Véase Comentario de la Sec. 2.32(b), Normas sobre Tribunales de Primera Instancia. Este procedi-miento no es el apropiado en el caso de Jueces apelativos. En el proceso decisorio colegiado de un Tribunal apelativo, los puntos de vista puramente personales del Juez individual tie-nen menos importancia que la que tendrían en un tribunal de instancia. Si el Juez se inclinara a seguir sus puntos de vista personales, estará sujeto a las limitaciones que le impone el Foro colegiado. Un Juez apelativo tiene pocas oportunidades para ejercer la amplia discreción que tiene el juez de instan-cia, y en la litigación apelativa no hay oportunidad para que surja la intensa interacción personal entre el juez y los abo-gados y litigantes que podría surgir en un tribunal de instan-cia. Es más, los puntos de vista ya establecidos que pueda tener un Juez apelativo sobre el derecho y la justicia, por lo menos hasta cierto punto, son un elemento apropiado de su contribución al funcionamiento del Tribunal apelativo, parti-cularmente en lo que se refiere al desarrollo del derecho. Una recusación perentoria podría ser utilizada abusivamente para excluir a un Juez por el mero hecho de que un litigante no esté de acuerdo con sus puntos de vista. (Traducción nuestra.)

Otras jurisdicciones menos numerosas adoptan el se-gundo modelo. Los incidentes de recusación son decididos por el tribunal en reunión plenaria. Véanse: Mosk v. Superior Court of Los Angeles Cty., 601 P.2d 1030, 1034 n. 2 (1979); Board of Justices v. Fennimore, 1 N.J.L. 190 (1878); State v. Martin, 256 P. 681 (1927); State v. Sage Stones, 143 P.2d 652 (1943).

En el plano doctrinal, esta concepción ha recibido un duro ataque. Preocupa la posibilidad de que bajo el pretexto de la ética colectiva, y por encima de la voluntad y conciencia del Juez afectado, se esconda la práctica de descalificación de Jueces al amparo de una mayoría numérica por rázon de sim-ples diferencias filosóficas, políticas y hasta personalistas. E.G. Burg, Meeting the Challenge: Rethinking Judicial Disqualification, 69 Calif. L. Rev. 1445, 1465 (1981).

Por ejemplo, en Olson v. Córy, 609 P.2d 991,1024 (1980), en ocasión de la recusación en bloque de los Jueces del Tribunal Supremo de California por estar en controversia as-pectos de la retribución salarial de la Rama Judicial, se hicieron expresiones en el proceso que ejemplifican el temor.

Debo enfatizar que no se nos ha señalado ninguna disposi-ción constitucional, estatuto u opinión oficialmente publicada de ningún tribunal de California que provea procesalmente a la mayoría de los miembros de este Tribunal el poder para recusar a uno o más de los restantes miembros del Foro. Tal procedimiento estaría cargado de peligro. La sola idea de un poder tan temible aterra.
¿Podría la mayoría de los miembros del Tribunal ejercer ese poder para recusar a otro miembro por razones puramente filosóficas o por diferencias políticas so color de prejuicio? Yo creo que no ... . Simplemente, este tipo de poder no puede existir en la judicatura de una sociedad democrática. (Traduc-ción nuestra.)

En fin, el Tribunal Supremo federal ha seguido históricamente en esta materia el criterio de que la decisión de inhibición es exclusiva del Magistrado recusado. A través de. toda su historia ha prevalecido la norma de que el Tribunal no tiene poder para excluir a uno de sus miembros. Laird v. Tatum, 409 U.S. 824 (1972) (Memorando del Juez Rehnquist, a propósito de una moción sobre su recusación); Jewell Ridge Corp. v. Local, 325 U.S. 161 (1945) (El Juez Jackson en opinión concurrente sobre denegación de una reconsideración. Nota, Justice Rehnquist’s Decision to Participate in Laird v. Tatum, 73 Golum. L. Rev. 106 (1973); J.P. Frank, Disqualification of Judges: In Support of the Bayh Bill, 35 Law & Contemp. Prob. 43 (1970). Véase, también, W.H. Rehnquist, The Supreme Court, How It Was, How It Is, Nueva York, William Morrow and Co., 1987, págs. 65-68.

Cualesquiera que sean los méritos comparados de otros sistemas, examinemos las premisas sobre las que se asienta nuestro régimen judicial.

Primero, este Tribunal es de origen constitucional y dentro de ese esquema ocupa una posición insustituible en el sistema de distribución y equilibrio de poderes públicos. Por génesis constitucional, el Tribunal Supremo es “el tribunal de última instancia en Puerto Rico”. Art. V, Sec. 3, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 356. Entre los miembros de la Convención Constituyente prevaleció el criterio que “la existencia y organización de un tribunal de última instancia deben ser garantizadas en la constitución misma”. Informe de la Comisión de la Rama Judicial, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 2608 (1951). Véase, Escuela de Administración Pública, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1954, pág. 460.

Al cumplir con nuestra función constitucional, los jueces de este Foro tenemos por juramento una misión fundamental de expresión sobre los asuntos de honda repercusión pública que se someten vía los adecuados mecanismos jurisdiccionales. A diferencia del tribunal de primera instancia, la inhibición de un Juez de este Cuerpo no conlleva la corriente práctica de sustitución de magistrados que allí impera con relativa facilidad. Nuestras decisiones exigen quorum y votación mayoritaria, ya actuemos en pleno o divididos en salas. Ver Regla 6 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, y Art. V, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. En todo caso, la exigencia de composición mínima y de mayoría absoluta para decretar la inconstitucionalidad de una ley, conlleva que la inhibición de un Juez de este Tribunal revista interés excepcional. Ver Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985).

Segundo, el carácter vitalicio de nuestro nombramiento nos asegura una posición definida de independencia judicial, libre de las presiones políticas que pueden gravitar sobre un candidato a otro término judicial. J. Castán Tobeñas, Poder Judicial e Independencia Judicial, Madrid, Inst. Ed. Reus, 1951, pág. 24; Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664 (1981). La Convención Constituyente abordó el tema con deliberada claridad y expresamente destacó que el nombramiento de por vida de los Jueces del Tribunal Supremo proveería la estabilidad requerida para asegurar la independencia judicial consagrada en el Art. V de la Constitución, supra. 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 452 (1951).

Tercero, los Jueces de este Tribunal estamos sujetos a los preceptos constitucionales y a las normas legales y jurídicas establecidas. Nuestras decisiones requieren mayoría y la formación de una voluntad colectiva si han de ser las opiniones del Tribunal. Esto no ocurre así en los tribunales de instancia. El mecanismo colegiado asegura una justicia imparcial, serena restricción y celosa fiscalización de criterios. El recurso al disenso vehemente o al voto particular con sus modalidades, de amplia afirmación y utilización por este Tribunal, garantizan que la decisión final certificada responda al legítimo criterio mayoritario informado, nunca a la situación individual o preferencias privadas de los componentes del Tribunal. Véase Regla 4 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Las normas de inhibición, tendentes a eliminar el potencial de prejuicio, arbitrariedad y a establecer las garantías de una decisión justa para las partes, imponen principios de conducta que van dirigidos a la conciencia judicial individual. En la gran mayoría de los casos en el seno de este Foro los Jueces han declarado su inhibición o su no intervención sua sponte sin mediar petición a los efectos. Siempre ha existido un total poder de apreciación individual sobre la procedencia de la inhibición formalmente solicitada, o las provistas por la Regla 3(e) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. En fin, tradicionalmente entre los miembros de este Tribunal siempre ha prevalecido el principio de que “[cjontra los estados de inhibición moral no puede imperar la regla de la necesidad”. Pizarro Ortega v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 774, 776 (1972); In re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90, 124 (1959); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205, 212 (1982); Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 D.P.R. 540, 561 (1982).

Esta práctica está a tono con la mejor doctrina y precedentes. No vemos fundamentos que ameriten alterarla. Por el contrario, razones de peso también percibidas por la mayoría de los foros colegiados estatales de última instancia y el propio Tribunal Supremo federal, nos obligan hoy a reafirmarla. La decisión sobre la recusación de un Juez de este Tribunal es individual y no plenaria. Corresponde a él y su conciencia resolver cualquier planteamiento de esta índole.

Por las razones expuestas anteriormente, resolvemos que la moción de inhibición debe ser remitida al Juez Presi-dente para su oportuna consideración.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron.


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text:
      In re Manuel García Marrero.

      Número: CE-85-728

      Resuelto: 13 de enero de 1988

      Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; Alcides Oquendo, abogado del querellado; Víctor M. Ramírez Morell, Comisionado Especial.
   l — i

PER CURIAM:

El Procurador General formuló querella contra el abogado Manuel Garcia Marrero. Le imputó que desatendió una encomienda profesional dimanante de “su re-lación abogado-cliente con el Sr. Arcadio Afanador, quien le pagó la suma de $2,000 por concepto de honorarios para que prestara sus servicios en beneficio de la persona de Josué Afanador Irizarry —hijo del Sr. Afanador— este último a quien debía representar el abogado querellado en el acto de lectura de sentencia y en las gestiones propias de dicho inci-dente judicial para aminorar la pena a imponérsele en el caso U.S.A. v. Josué Afanador Irizarry, Crim. Núm. 82-83 ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito Federal de Puerto Rico”.

El licenciado García Marrero negó haber incurrido en conducta antiética. Designamos Comisionado Especial al Hon. Víctor M. Ramírez Morell. Oportunamente éste rindió su informe.

En síntesis, —con apoyo en la prueba testifical y docu-mental— el informe nos brinda el siguiente trasfondo fác-tico. A principios de 1982, Josué Afanador Irizarry fue acusado y convicto del delito grave en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Lo repre-sentó el Lie. Francisco Dolz Sánchez.

Luego de esta convicción de Josué, su padre Arcadio Afa-nador Afanador solicitó del Lie. Tomás Torres Cortés, con oficinas en Utuado, que gestionara la concesión de la libertad a prueba para su hijo. Torres Cortés le informó que no es-taba autorizado a postular en la Corte federal, pero que tenía varios amigos abogados en San Juan que podrían ayudarle. Entre los nombres sugeridos, Afanador Afanador seleccionó al Lie. Manuel García Marrero.

Como resultado, se concertó una cita en las oficinas del licenciado García Marrero. A fines de marzo de 1982, Afana-dor Afanador lo visitó acompañado de otro de sus hijos nom-brado Bladimir Afanador Irizarry, y del licenciado Torres Cortés. Allí le informó al licenciado García Marrero que inte-resaba sus servicios para la concesión a Josué de sentencia en probatoria, y en caso de no tener éxito, preparar una ape-lación. García Marrero accedió. Sin embargo, no le aseguró a Afanador Afanador éxito en sus gestiones. Le explicó las difi-cultades que ello conllevaba y las pocas probabilidades de éxito debido a la gravedad del delito cometido. Enfatizó la importancia del informe presentencia. Por estos servicios convinieron $4,000 en concepto de honorarios de abogado, de los cuales Afanador Afanador adelantó $2,000 y, además, se comprometió a satisfacer el balance si García Marrero tenía éxito. De no ser así, se procedería con la apelación y, en tal eventualidad, convendrían posteriormente los honorarios. De la suma recibida, el licenciado García Marrero entregó $1,000 al licenciado Torres Cortés como compensación por haberle referido el caso.

La prueba revela que el licenciado García Marrero rea-lizó gestiones tendentes a lograr la probatoria. Llamó y se comunicó en varias ocasiones con el fiscal federal José A. Quiles Espinosa, y además sostuvo conversaciones con al-gunos funcionarios de la Corte federal. Como resultado, el licenciado García Marrero trató infructuosamente de comu-nicarse con Afanador Afanador y explicarle que el fiscal Quiles se oponía. Al no lograrlo, llamó por teléfono al licen-ciado Torres García a Utuado para que éste le transmitiera su mensaje.

La lectura de sentencia de Josué fue el 23 de abril de 1982. El día anterior Bladimir Afanador Irizarry había lla-mado por teléfono al licenciado García Marrero informán-dole que pasaría por su oficina al día siguiente acompañado del licenciado Torres Cortés. Ese día —23 de abril— llega-ron de Utuado Bladimir Afanador Irizarry y el licenciado Torres Cortés como a las 8:15 A.M. Al arribar a la oficina, Bladimir le pidió a los licenciados Torres Cortés y García Marrero que no asistieran a la vista. Los llamaría de ser ne-cesario.

Durante la lectura de sentencia Josué fue representado por el licenciado Dolz Sánchez y el Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal Quiles. La sentencia fue de cinco (5) años de reclusión.

El 4 de mayo de 1982 Afanador Afanador se quejó ante el Procurador General. Alegó que el licenciado García Marrero no había cumplido con su obligación. La queja la presentó otro de sus hijos, Nelson Afanador Irizarry. No se comunica-ron antes con dicho abogado ni gestionaron la devolución de los $2,000 pagados en concepto de honorarios. El 8 de mayo Afanador Afanador autorizó a su hijo Nelson, mediante nota a manuscrito, a recuperar del licenciado García Marrero dicho dinero. Aun así, no lo requirió.

Por su parte el licenciado García Marrero, en vista de que no logró la libertad a prueba de Josué, no requirió ni recibió dinero adicional.

El 15 de julio se celebró otra vista en la Corte federal. Esta vez, Josué estuvo representado por el Lie. David Ro-mán. Al licenciado García Marrero no se le requirió que com-pareciera.

Transcurrió el tiempo. Entonces, el 18 de febrero de 1986 —aproximadamente cuatro años después de la lectura de sentencia de Josué— el licenciado García Marrero recibió una llamada telefónica desde Utuado del licenciado Torres Cortés. Éste le informó que el Sr. Bladimir Afanador Iri-zarry le visitaría al día siguiente. García Marrero se comu-nicó inmediatamente con la Oficina del Procurador General de Puerto Rico y habló con la entonces Sub Procuradora General Interina, Lie. Reina Colón Rodríguez, informándole sobre la anunciada visita del señor Afanador. Solicitó que al-gún funcionario de la Oficina del Procurador General estu-viese presente. La licenciada Colón Rodríguez le indicó que la Lie. Eliadís Orsini Zayas —funcionaría a cargo de la queja— estaba fuera de San Juan en asuntos oficiales. Gar-cía Marrero entonces llamó al fiscal federal y solicitó la pre-sencia de un agente que grabara las conversaciones que se realizarían durante la visita. Esta gestión resultó también negativa. Visitó, además, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Juan. Tampoco tuvo éxito.

Ante esta situación, García Marrero contrató los servi-cios del Notario Público Juan G. Cassasnovas Luiggi para levantar un acta sobre la visita. En la mañana del 19 de fe-brero llegaron a su oficina el licenciado Cassasnovas y luego Bladimir. Durante la visita, éste le ofreció al licenciado Gar-cía Marrero retirar la querella presentada en su contra a cambio de que pagara $10,000. Luego de Bladimir abandonar la oficina, el licenciado García Marrero comunicó telefónica-mente a la licenciada Orsini Zayas la oferta. El licenciado Cassasnovas preparó un acta.

El 21 de febrero, Bladimir volvió. Lo acompañaba un se-ñor de apellido Albarrán. Durante esta visita, por gestiones del licenciado García Marrero, estuvo presente el Fiscal General Especial Félix D. Torres Rosario. Bladimir le presentó al licenciado García Marrero diez (10) copias de un docu-mento en papel legal y en forma de una moción, en la que expresaba que se retiraría la querella. Aparecía firmada por Arcadio Afanador Afanador y fechada 20 de febrero. Le pi-dió que le entregara $10,000. García Marrero advirtió a Bla-dimir que su oferta constituía delito y entregó la moción al fiscal Torres Rosario. Ambos identificaron el documento con sus iniciales y fecha. Bladimir se retiró de la oficina con su acompañante.

El 25 de febrero Bladimir visitó la Oficina del Procurador General. Informó la alegada razón sobre sus visitas al licen-ciado García Marrero y presentó quejas contra éste y contra el licenciado Torres Cortés.

M HH

En las circunstancias de autos, la prueba antes reseñada no sostiene el cargo de que el abogado García Marrero faltó a su deber de representar a Josué Afanador Irizarry “en el acto de lectura de sentencia y en las gestiones propias de dicho incidente judicial para aminorar la pena a imponér-sele”. Tampoco revela actuación o comportamiento contrario al Código de Ética Profesional susceptible de ser sancionado en la órbita de nuestra jurisdicción disciplinaria. Más bien surge la inconformidad del señor Afanador Afanador con sus gestiones y la errónea creencia de que García Marrero venía obligado a indemnizarlo por no haber logrado exitosamente que su hijo Josué no fuera puesto en probatoria. No podemos sancionar su proceder.

Se dictará sentencia que exonere totalmente al Lie. Manuel García Marrero.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Neptune Packing Corp., demandante y recurrida, v. The Wackenhut Corp. et al., demandados y peticionarios.

      Número: CE-86-141

      Resuelto: 14 de enero de 1988

      Iván M. Fernández, de Falcón & Fernández, abogado de los peti-cionarios; Sonsire Ramos Soler, de Rivera, Tulla & Ferrer, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite enfatizar nuevamente los valores que inspiran nuestras Reglas de Procedimiento Civil y la interacción de las Reglas 45.3 y 49.2 (32 L.P.R.A. Ap. III) en lo relativo al relevo de sentencias. Además, nos permite pautar sobre el alcance de lo dispuesto en el Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 2003.

A raíz de unos incidentes ocurridos en las facilidades de Neptune Packing Corp. (Neptune), ésta presentó posterior-mente y el mismo día dos demandas idénticas para recuperar pérdidas cuantiosas ocasionadas por la apropiación ilegal de' cajas de atún por un guardia de seguridad: una dirigida contra The Wackenhut Corp. (Wackenhut), Civil Núm. CS-83-822, patrono del guardia, y la otra contra la Home Insurance Co. (Home), Civil Núm. CS-83-821, su asegura-dora. Los hechos que dan base a ambas demandas son los mismos. Las demandas fueron referidas a dos salas distintas del Tribunal Superior de Mayagüez.

Emplazada Wackenhut, ésta refirió la demanda a su ase-guradora Home, según era la práctica corriente, para que atendiera la reclamación. También se emplazó a Home en la acción directa contra ella a través de su agente residente en Puerto Rico. Home remitió el emplazamiento y la demanda incoada contra ella a su representante legal en Puerto Rico para que atendiera el caso. Sin embargo, Home no le envió al abogado el emplazamiento y la demanda que se presentaron contra la Wackenhut, porque el oficial de la aseguradora Home, tras haber recibido ya la reclamación contra ella y haberla referido a su representante legal, entendió que se trataba de una misma demanda y descansó en que su repre-sentante estaba atendiendo la defensa de Wackenhut. La representación legal de Home es la misma de Wackenhut.

En el caso presentado contra la Home ésta contestó la demanda y levantó catorce (14) defensas encaminadas a ne-gar la responsabilidad de su asegurada Wackenhut. En dicho caso se procedió entonces al descubrimiento de prueba.

En el pleito presentado contra la Wackenhut ésta no con-testó la demanda, por las razones ya apuntadas, y la deman-dante solicitó la anotación de rebeldía un día después de transcurrido el término para contestar la demanda. La Se-cretaría del Tribunal procedió de conformidad. De ello no se notificó a Wackenhut. El juicio en rebeldía fue señalado para el 14 de diciembre de 1983. De lo anterior se notificó a Wac-kenhut y ésta hizo las gestiones correspondientes con su ase-guradora Home para que se atendiera el asunto. Home, creyendo que se trataba de la misma demanda que ya había contestado con sus catorce (14) defensas, informó que la de-manda había sido contestada. No se informó al abogado de Home en Puerto Rico, por lo que éste no compareció al juicio en rebeldía.

Celebrado el juicio en rebeldía, el tribunal de instancia dictó sentencia el 3 de abril de 1984 a favor de la demandante Neptune por la suma de $167,750.03. Dicha sentencia fue no-tificada por el tribunal el 6 de abril de 1984 al agente resi-dente de la demandada Wackenhut, a la dirección de aquél, según constaba en los archivos del Departamento de Estado.

En el caso contra la aseguradora Home se llevó a cabo un descubrimiento de prueba en el que participó su represen-tante legal. Nunca se le informó a éste por los abogados de Neptune la presentación de la otra demanda y la obtención de sentencia en rebeldía. Tampoco se le informó al tribunal que estaba atendiendo dicho caso, aun cuando ya estaba listo para vista en su fondo, que en el caso contra Wackenhut ya se había obtenido la sentencia en rebeldía y se estaba en pro-ceso de ejecutarla.

La Autoridad de Carreteras adeudaba a Wackenhut unos fondos por servicios prestados. En la ejecución de la senten-cia obtenida en rebeldía, Neptune logró embargar los fondos en poder de la Autoridad de Carreteras. Las dos (2) notifica-ciones hechas por el tribunal a Wackenhut relativas al trá-mite del embargo fueron hechas a direcciones erróneas, por lo cual Wackenhut no se enteró del mismo.

No es hasta el 14 de enero de 1985, cuando Wackenhut le requiere a la Autoridad de Carreteras el pago del dinero adeudado, que se entera que los fondos han sido embar-gados. En dicha ocasión se entera propiamente de la senten-cia dictada en su contra y del desenlace de la misma.

El 17 de enero de 1985 Wackenhut presentó ante el tribunal de instancia una moción titulada: “Comparecencia Especial y Solicitud de Remedios Urgentes.” En esta moción los peticionarios informaron al tribunal que no se les había noti-ficado la sentencia dictada el 3 de abril de 1984, por lo que solicitaban que se les notificara nuevamente la sentencia. Además, también solicitaron que se dejaran sin efecto las órdenes de embargo. El tribunal accedió a lo solicitado, y el 6 de febrero de 1985 volvió a notificar a los peticionarios la sentencia. Unos días más tarde, el 23 de febrero de 1985, los peticionarios presentaron una moción para solicitar el relevo de la sentencia dictada en rebeldía, al amparo de las Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

En resumen, se trata de dos acciones presentadas sepa-radamente contra dos demandados, bajo idénticas causas de acción, y los mismos hechos y abogados. Su tramitación se ventiló por dos rieles que discurrían paralelamente uno al lado de otro, pero que jamás convergieron en un punto co-mún.

El tribunal de instancia se negó a dejar sin efecto la sen-tencia. Contra tal determinación, Wackenhut acudió ante nos.

Oportunamente emitimos una orden para que se mos-trara causa de por qué no debíamos dejar sin efecto la sen-tencia. Ambas partes han comparecido y estamos en posición de resolver.

Las Reglas de Procedimiento Civil se inspiran armoniosamente en tres valores fundamentales de justicia, rapidez y economía, enmarcados en la norma de buena fe que debe permear la tramitación de toda causa de acción. Para que ello se logre se requiere un enfoque integral, pragmático y creativo de nuestro ordenamiento procesal y sustantivo que con voluntad, sinceridad y acción, le dé vida a dichos valores y los convierta en vivencias y realidades cotidianas, atendiendo así las altas expectativas de nuestro contorno social.

Por los fundamentos que a continuación expresamos inci-dió el tribunal de instancia al no relevar a Wackenhut de la sentencia en rebeldía.

La presentación de un caso contra Wackenhut y de otro contra su aseguradora no sólo contraviene el Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, sino que también contraviene los principios de justicia, rapidez, economía y buena fe antes señalados.

La demandante Neptune debió haber incluido a Wacken-hut y a su aseguradora en una sola demanda. Ello hubiera evitado las situaciones aquí causadas y hubiese permitido una mejor administración de la justicia.

Conforme al Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, cuando una persona natural o jurídica alega haber sufrido daños y perjuicios ocasionados por las acciones y omisiones culposas o negligentes de un asegurado, ésta tiene tres (3) opciones para canalizar su causa de acción: (1) dirigirse directamente contra el asegurador; (2) hacerlo contra el asegurado, o (3) contra el asegurador y el asegurado conjuntamente. Cuando la persona se dirije contra el asegurado, solamente lo hace sin perjuicio del dere-cho del perjudicado de instar una causa de acción posterior contra el asegurador y reclamarle a éste el pago de la indem-nización a que tiene derecho por sentencia fírme contra el asegurado.

El Código de Seguros no estipula normas para entablar una acción por los mismos hechos contra el asegurador y otra acción idéntica y simultánea contra el asegurado, que fue lo que la demandante, Neptune, hizo en el presente caso. Ya en Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868 (1965), habíamos sostenido que el asegurador tiene responsabilidad absoluta de asumir una pérdida cubierta por la póliza.

La conducta de la representación legal de Neptune no está acorde con los valores antes mencionados. Neptune nunca informó personalmente a la representación legal, tanto de Home como de Wackenhut, que contra esta última se había dictado sentencia en rebeldía, aun cuando los repre-sentantes legales de ambas partes habían participado en de-posiciones y otras fases del descubrimiento de prueba en el caso contra Neptune.

Por otra parte, Neptune nunca informó al tribunal de ins-tancia que se habían presentado dos demandas idénticas por los mismos hechos, y que en una ya se había obtenido senten-cia en rebeldía y embargo de fondos. Existía el deber de la representación legal de Neptune de revelar al tribunal lo acontecido en el caso de autos.

Estando el presente recurso ya ante nuestra considera-ción, Neptune, sin notificar ni a Wackenhut ni a su represen-tante legal, presentó ante el tribunal de instancia una moción para solicitar aseguramiento de la efectividad de la senten-cia, al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y obtuvo nuevamente un embargo de fondos de Wackenhut en la Autoridad de Carreteras.

Los abogados son funcionarios del tribunal y, como tales, están llamados a ayudarlos en su misión de hacer justicia rápida y económica. In re Cardona Álvarez 116 D.P.R. 895 (1985); Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275 (1985).

Independientemente de si las Reglas de Procedimiento Civil literalmente requieren que Neptune informara al tribunal y a la representación legal de Wackenhut lo que estaba ocurriendo en el caso, los valores que encarnan el juego limpio y no el subterfugio así lo requerían. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 91 (1985).

> I — (

El inciso (1) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone que el tribunal, mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, podrá relevar a una parte de una sentencia por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable. Tanto bajo este inciso como bajo el texto total de la regla, existen requisitos que deben cumplirse para que el tribunal en su discreción conceda el remedio. Bajo el inciso (1) es necesario alegar que se tiene una defensa válida que oponer a la reclamación del peticionario. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974). En este caso se cumple con este requisito. Basta con señalar que en la contestación a la demanda en el caso contra la aseguradora de Wackenhut, es decir Home, se levantan catorce (W defensas afirmativas aplicables, claro está, a Wackenhut.

Otro de los criterios que hemos expresado que debe tomarse en consideración, al determinar si procede una solicitud de relevo bajo el inciso (1), es si la otra parte sufrirá perjuicio, de conceder el tribunal el relevo solicitado. También debe tomar en consideración el tribunal qué perjuicio, si alguno, sufriría la parte promovente de no concederse el remedio solicitado. Banco Popular v. Trogolo & Martínez, Inc., 109 D.P.R. 167 (1979). En el caso de autos, la demandante recurrida no sufriría perjuicio, de reabrir el tribunal el caso. Su alegación de que tendría que realizar descubrimiento es insostenible. El descubrimiento sobre esta materia ya lo realizó en el caso contra la aseguradora Home. Puede utilizarlo en el caso contra Wackenhut.

Para obtener el relevo tanto bajo este inciso como bajo el (6), es necesario, también que el promovente de la solicitud haya sido diligente en la tramitación del caso. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). En el caso de autos la conducta de Wackenhut no puede ser tildada de poco diligente. Desde el momento en que recibe copia del emplazamiento, Wackenhut, dentro de las circunstancias, fue diligente en la tramitación del caso. Prueba de ello es que mientras recibía copia de las notificaciones, se comunicaba con su aseguradora para conocer las incidencias del caso. Lo que ocasionó la rebeldía de ésta no fue su poca diligencia, sino la confusión causada por la demandante al presentar dos demandas sobre el mismo asunto. Esto produjo la explicable inadvertencia del oficial a cargo de la reclamación en las oficinas de la aseguradora.

El relevo de la sentencia también procede al amparo del inciso (6) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. En Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978) expresamos:

[S]i bien la Regla 49.2 no es una llave maestra para reabrir a capricho un pleito ya adjudicado, el inciso [(6)] de dicha Re-gla es amplio para permitir que se corrija un error a todas luces injusto. Somos Tribunal de Justicia y aunque la justicia se pinta ciega, como símbolo de su imparcialidad, los tribu-nales que la imparten deben tener los ojos bien abiertos para impedir que ella se frustre. Cuando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que aprisionen los remedios justos. Para ese ñn está el citado inciso [(6)] de la Regla 49.2, y los hechos ante nos justifican su aplicación.

Más recientemente en Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679, 686 (1987) expresamos: “[ejstos pronunciamientos recogen la visión jurisprudencial de vanguardia en lo que atañe al ideal de que los casos se ventilen en sus méritos”. Entendemos que este es uno de los casos a los cuales se refiere la cita del caso de Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, supra, donde las circunstancias del caso justifican que se conceda el remedio solicitado.

La justicia se vería frustrada de no conceder el tribunal el remedio solicitado. Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, supra; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817 (1980); Banco Popular v. Trogolo & Martínez, Inc., supra; Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, supra.

V

Las Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, están estrechamente relacionadas. Aunque en ocasiones hemos aludido ligeramente a dicha relación — Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966); González v. Chávez, 103 D.P.R. 474 (1975)— nunca hemos expresado el alcance de la misma, particularmente en lo relativo a sentencias dictadas en rebeldía. La Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone que “[pjor causa justificada el tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía, y, cuando se haya dictado sentencia en rebeldía,■ podrá asimismo de-jarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2”. (Énfasis su-plido.) Expresamente sostenemos que los criterios inhe-rentes a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, tales como si el peticionario tiene una buena defensa én sus mé-ritos, el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de relevo, y el grado de perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte la concesión del relevo de sentencia, son igualmente aplicables cuando se solicita que una sentencia dictada en rebeldía sea dejada sin efecto. Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña, Procedimiento Civil (II), San Juan, Publicaciones J.T.S., 1988, pág. 266; 10 Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d, Sec. 2694, págs. 493-494 (1983).

A la luz de los principios esbozados, el tribunal no ejerció adecuadamente su discreción. La conducta desplegada por Neptune y su representación legal, al no mantenerlo informado, lo indujo a esta actuación. Esto tuvo como consecuencia que no le diera la debida consideración a la norma común de las Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil vigentes, que presente la posibilidad de una buena defensa en los méritos. Ausente el perjuicio que pudiera ocasionar a la otra parte, se debe propiciar la adjudicación de los pleitos en sus méritos. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500 (1982). No se alcanzó el fino balance entre la deseabilidad de da,r por terminados los pleitos y el que éstos se resuelvan en sus méritos. Wright, Miller & Kane, op. cit., Sec. 2693, págs. 479-480.

Tomando en justa consideración y concediendo el peso apropiado, (1) al estado avanzado de los procedimientos en el caso contra la aseguradora Home, (2) a las alegaciones de Wackenhut al efecto de que ésta esgrimirá las mismas de-fensas que en su caso ha esgrimido Home y (3) a las actua-ciones indeseables de Neptune, es forzoso concluir que la ba-lanza se inclina a dejar sin efecto la sentencia dictada en rebeldía contra Wackenhut, y ordenar su consolidación con su causa de acción germana, en el caso Civil Núm. CS-83-821 instado contra Home. La deseabilidad de que este pleito se vea en sus méritos sobrepasa el interés en dar por terminado el mismo, máxime cuando este último interés carece de posi-bilidad al estar pendiente de resolución un pleito idéntico en sustancia al que aquí tenemos en consideración.

Dadas las circunstancias particulares de este caso, deci-dimos no imponer a los peticionarios sanción económica al-guna por relevarlos de la sentencia.

Se expide el auto y se dicta la sentencia correspondiente.

       En los autos aparece una declaración jurada del señor Patty que atesti-gua lo anterior y asevera que en sus veintidós (22) años de experiencia en el negocio de reclamaciones de seguros, nunca había sabido de dos demandas pre-sentadas por los mismos hechos.

       La Regla 17.1 de Procedimiento Civil dispone sobre la acumulación per-misible de partes. 32 L.P.R.A. Ap, III. Ya en Carrasquillo v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 661 (1963), exhortamos a su utilización. Tal exhortación la reiteramos en Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 D.P.R. 437 (1977).

       Esta sección lee como sigue:
      “(1) La persona que sufriere.los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente. La acción directa contra el asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto Rico. La responsabilidad del asegurador no exce-derá de aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no sola-mente la responsabilidad del asegurador, si que también la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado.
      “(2) Si el perjudicado entablara demanda contra el asegurado solamente, no se estimará por ello que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción contra el asegurador y co-brarle luego de obtener sentencia firme contra el asegurado.” (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. see. 2003.