author: per CURIAM:

text:
    Polonia Caballero et al., demandantes y apelantes, v. Carlos Romero Barceló, Alcalde de San Juan, demandado y apelado.

      Número: O-71-46

      Resuelto: 14 de noviembre de 1974

      José B. Díaz Asencio y Luis F. Abren Elias, abogados de los apelantes; William H. Preston, Jr., José R. Feijoo, Josefina

      Riollano, Luis F. Caudal y José Ramón Pérez Hernández, abogados del apelado.
   per CURIAM:

En 26 de mayo de 1969, el Alcalde de San Juan, Honorable Carlos Romero Bar celó, quien había tomado posesión de su cargo en enero de ese año, notificó por carta a varios empleados del Municipio de la Capital la eliminación de sus respectivos puestos. La carta del Sr. Alcalde dice como sigue:

“Recientemente se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 1969-70. La situación fiscal de este Municipio nos obligó a tomar medidas presupuestarias de austeridad que no pudimos evitar y nos hemos visto en la obligación de eliminar algunos programas y una serie de puestos.

Entre los puestos eliminados se encuentra la plaza que usted ocupa actualmente, por lo que me veo en la obligación de notifi-carle oficialmente que usted deberá comenzar a disfrutar sus vacaciones regulares a partir del martes 2 de junio de 1969. Concluidas sus vacaciones cesará toda vinculación patronal de este Municipio con usted.

Deseo aprovechar esta oportunidad para testimoniarle mi agradecimiento. . .

En agosto y octubre de 1969 varios empleados presentaron una acción de mandamus solicitando del Tribunal Superior que ordenase al Alcalde a reponerlos en sus empleos, aduciendo que el trabajo realizado por ellos estaba siendo realizado por otras personas por lo cual no era cierto que sus plazas habían sido eliminadas y que el Alcalde les había despedido ilegal-mente y sin observar el procedimiento fijado por la ley.

El Tribunal Superior, a solicitud del Alcalde, desestimó la acción. Razonó el Tribunal que los puestos de las demandan-tes fueron eliminados por la Asamblea Municipal mediante ordenanza; que la acción debió incoarse contra la Asamblea y no contra el Alcalde; que aunque el Alcalde participó en el despido no procedía pronunciamiento alguno en su contra por-que ello equivaldría a una intervención indirecta con la actua-ción de la Asamblea Municipal; que las actuaciones de las Asambleas Municipales y de los alcaldes mencionadas en los incisos (a) y (b) del Art. 95 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1602, caducan a los veinte días de la fecha en que el acto ejecutivo o legislativo haya sido realizado.

Basándose en lo anterior, la ilustrada Sala sentenciadora declaró con lugar la defensa del demandado en el sentido de que la demanda no exponía hechos que justificasen la concesión de un remedio “ya que este Tribunal no tiene jurisdicción sobre la parte sobre quien pudiera recaer responsabilidad alguna.” En consecuencia, desestimó la demanda.

Las demandantes instaron recurso de apelación ante nos. En su alegato hacen los siguientes señalamientos de error:

1. “Erró el Tribunal de instancia al determinar que en el presente caso era necesario demandar y emplazar a la Asam-blea Municipal.”

2. “Erró el Tribunal de instancia al considerar que la dis-posición legal aplicable al presente caso es el Artículo 95(a) o (b) de la Ley Municipal de 1960 y no el Artículo 95 (c) del mismo cuerpo legal.”

3. “Erró el Tribunal de instancia al determinar implícita-mente que los derechos constitucionales y la reivindicación de los mismos caducan por el mero transcurso del tiempo y, es-pecíficamente, por el transcurso del término de 20 días que esta-blece el Artículo 95 de la Ley Municipal vigente.”

4. “Erró el Tribunal de instancia al considerar que las de-mandantes, a pesar de su negativa, aceptaron que se trataba de una instancia de eliminación de plazas y no de despidos.”

5. “Erró el Tribunal de instancia al desestimar la demanda sin una vista en sus méritos y oportunidad para probar que los despidos se llevaron a cabo en violación al Artículo 93 de la Ley Municipal vigente.”

6. “Los errores I al V anteriormente señalados indican que se privó a las demandantes-apelantes del debido proceso de ley garantizado por el Artículo II, sección 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Enmienda V o XIV a la Constitución de los Estados Unidos.”

En vista de que se cometieron los primeros dos errores señalados, es innecesario discutir los otros.

Error Núm. 1. No era necesario demandar y emplazar a la Asamblea Municipal. Un examen de los casos relacionados con despidos de empleados municipales revela que en algunas ocasiones se ha demandado al Alcalde; en otras a la Asamblea Municipal; y en otras al Municipio. Sin embargo, la cuestión planteada en el primer señalamiento ya ha sido resuelta por nosotros en el sentido de que en estos casos es suficiente con demandar al Alcalde solamente ya que la facultad para nombrar y destituir a empleados y funcionarios municipales reside en el Alcalde, quien es el Primer Ejecutivo del Gobierno Municipal. Cantres v. Municipio Río Grande, 34 D.P.R. 800 (1925) y Rivera Aromí v. Asamblea Municipal, 39 D.P.R. 79 (1929). Dicha facultad sigue depositada por ministerio de la ley en los alcaldes. 21 L.P.R.A. sees. 1254 (1), 1551 y 1553.

Error Núm. 2. El inciso (a) del Art. 95 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. sec. 1602(a), concede jurisdicción al Tribunal Superior para anular, y el inciso (b) para suspender, actuaciones del poder legislativo y del poder ejecutivo de los municipios. Las acciones bajo dichos incisos tienen un término de caducidad de veinte días. El inciso (c) del citado Art. 95 concede jurisdicción al Tribunal Superior para compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por parte de los funcionarios de los municipios. Dicho Art. 95 no impone término alguno para instar acciones bajo el mencionado inciso (c).

La acción contemplada por el mencionado inciso (c) es la tradicional acción de mandamus. Como se sabe, el mandamus es un acto provisto para ordenar a funcionarios el cumplimiento de sus deberes ministeriales. Ya hemos resuelto que el mandamus es un remedio adecuado para ordenar a los alcaldes a restituir en sus cargos a funcionarios o empleados ilegalmente despedidos, Soto v. Alcalde Municipio de Bayamón, 99 D.P.R. 415, 420 (1970) y autoridades allí citadas.

El demandado cita el caso de Centeno Rivera v. Pacheco de Algarín, 94 D.P.R. 528 (1967). Dicho caso no es aplicable a la situación de hechos del caso de autos. Allí se trataba de un funcionario — Director de Obras Públicas — de un municipio cuya incumbencia por ley expiraba al expirar la incumbencia del alcalde que lo nombró. En dicho caso no se trataba de un problema de destitución. Sin embargo, en dicho caso de Centeno Rivera expresamos:

“Hemos resuelto en el pasado y ratificaríamos igualmente ahora que el derecho del ocupante de un empleo permanente a permanecer en el mismo no debe ser burlado mediante un sub-terfugio de cambiar el nombre del empleo y llamarlo de otra manera si en sustancia se trata del mismo empleo y de las mis-mas funciones.”

Como puede verse, aunque los hechos del caso de Centeno Rivera son distintos al caso de autos la tónica es la misma. Los ejecutivos no pueden transgredir las prescripciones de la ley. Los alcaldes tienen el deber ministerial de respetar la permanencia de los empleados permanentes a menos que se les destituya por justa causa y previa formulación de cargos y audiencia, a tenor con lo prescrito por la ley, Art. 93, de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1553; Soto v. Alcalde Municipio de Bayamón, supra, pág. 418.

Desde luego, los municipios tienen facultad para abolir, de buena fe, cargos y empleos. Naturalmente, en esos casos no es necesario seguir el procedimiento de formulación de car-gos, notificación y audiencia antes mencionada. Por otro lado, y sin que pasemos juicio por ahora sobre la situación de autos, la abolición de cargos y empleos como subterfugio para destituir empleados permanentes, obviando así el debido procedimiento de ley, no es práctica que estamos preparados para tolerar. En esos casos sostendremos el derecho de los peticionarios a instar acciones de mandamus. Si esas acciones estuviesen regidas por los citados incisos (a) y (b) del Art. 95, las cuales tienen un término de caducidad de veinte días, fácil sería para los alcaldes que se lo propusiesen sustituir a empleados permanentes ilegalmente destituidos mediante el nombramiento de los empleados sustitutos después de vencido dicho término de veinte días. Por eso es que subsiste la acción de mandamus bajo el inciso (c) del Art. 95 en estos casos.

En vista de lo anterior se revocará la sentencia apelada y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la cele-bración de un juicio en el cual las demandantes-apelantes y el demandado-apelado tengan la oportunidad de sustanciar y/o de rebatir sus alegaciones.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    Consolidated Mortgage & Finance Corporation, demandante y recurrida, v. Robert A. Cooley y Elizabeth W. Cooley, demandados y recurrentes.

      Número: R-69-304

      Resuelto: 14 de noviembre de 1974

      Rafael Martínez Alvarez, Jr., Rafael Martínez Alvarez, III y José A. Fernández Paoli, abogados de los recurrentes; Rodrí-guez Erna, Rodríguez Ramón, Benitez Gautier & Sequeira, D. Padín Mimoso, A. Emanuelli Belaval, Teodoro Peña García y Alfonso L. García Martínez, abogados de la recurrida.
   per curiam :

Impugnan los recurrentes en este recurso la sentencia dictada por el tribunal de instancia declarando con lugar la demanda contra ellos reclamándoles el pago de $25,000 por incumplimiento de contrato. Aducen como fundamento para la revocación que el tribunal de instancia incidió: a) al concluir que existía un contrato válido entre las partes; b) al concluir que la aquí recurrida cumplió con los términos de dicho contrato; c) al no declarar que el contrato era uno de adhesión, desrazonable, injusto y contrario a la buena moral y d) al determinar que la cláusula sobre el pago de $25,000 constituía una penalidad en sustitución de una indemnización por daños.

Una breve exposición de los hechos pertinentes, según con-cluidos por el tribunal de instancia y sostenidos por la prueba desfilada, será suficiente para disponer de los errores apun-tados.

El recurrente Robert A. Cooley y su esposa eran dueños de una finca de 48 cuerdas ubicada en el Barrio Sabana Llana de Río Piedras. Apremiado por deudas que gravaban la propie-dad y otras de carácter personal, Cooley acudió a la recurrida Consolidated Mortgage & Finance Corporation con el propósito de obtener financiamiento que le permitiera atender el pago de sus deudas y desarrollar la finca en un proyecto de vivienda. Se suscribió un contrato entre ellos mediante el cual Consolidated se comprometió a conseguirle en préstamo la cantidad de $75,000 al 8% de interés más una comisión del 5%, dentro de un plazo de 30 días siguientes al 18 de marzo de 1964 fecha en que se otorgó el contrato. Cooley se obligó a otorgarle a Consolidated el derecho exclusivo de financiar el desarrollo del proyecto de viviendas y el financiamiento permanente ga-rantizado por la F.H.A. El contrato dispuso el pago de una penalidad de $25,000 para el caso en que Cooley vendiera la finca.

El 13 de julio de 1964, cerca de cuatro meses después de firmado el contrato, Cooley vendió la finca por la cantidad de $379,771.20. Consolidated le reclamó entonces el pago de la penalidad de $25,000 y obtuvo sentencia a su favor.

El recurrente sostiene en su primer apuntamiento que el contrato no tenía causa arguyendo que Consolidated no se obli-gaba a hacer alguna cosa o a prestar algún servicio. No tiene razón.

La causa, como sabemos, consiste en la razón por la cual se obliga el deudor. En términos sencillos y diáfanos la define Guaroa Velázquez como “la razón esencial que impulsa al deudor a obligarse.” Guaroa Velázquez: Las Obligaciones Según el Derecho Puertorriqueño, pág. 44. Consolidated se comprometió con Cooley a conseguirle dentro del plazo de 30 días la cantidad de $75,000 en préstamo para que éste pagara deudas apremiantes y sufragara los gastos iniciales para el desarrollo de un proyecto de vivienda. Esa fue la causa del contrato para Cooley; la razón por la cual él asumió las obliga-ciones impuestas por el contrato.

El segundo apuntamiento se refiere a la conclusión del tribunal de instancia de que el contrato era válido y que Consolidated cumplió con sus términos. Alega el recurrente que Consolidated nunca obtuvo una promesa en firme (Firm commitment) para conseguir el préstamo dentro del plazo de 30 días. El apuntamiento es inmeritorio. Consolidated le consi-guió el dinero y se otorgó la escritura de hipoteca el 12 de mayo de 1964. Aparece de la prueba que no se pudo firmar antes por-que el propio Cooley demoró el otorgamiento a pesar de las diversas comunicaciones que se le dirigieron para que entre-gara los documentos necesarios para el estudio de títulos y la preparación de las escrituras.

El tercer apuntamiento ataca la validez del contrato por ser uno de adhesión, desrazonable, injusto y contrario a la buena moral. El contrato fue objeto de negociación entre Cooley, Consolidated y el Sr. Sokolinsky. Se discutieron entre las partes las condiciones del mismo siendo Cooley asistido durante todo el proceso de la negociación por un perito eco-nomista.

El mero hecho de que una de las partes esté en mejores condiciones económicas que la otra no hace el contrato en este caso uno de adhesión. En verdad, es raro el caso en transacciones de esta índole en que las partes se encuentren en igual posición económica. Lo usual es lo contrario. Es por eso necesario algo más que la mera desigualdad económica de las partes para considerar el contrato uno de adhesión. En el caso de autos hubo conversaciones previas entre las partes, se discutieron las condiciones y hubo el debido asesoramiento antes de otorgarse el contrato. Cooley estaba en perfecta libertad de aceptar o no aceptar sus términos.

En cuanto a la cláusula penal el recurrente no nos ha puesto en condiciones de considerar sus objeciones a la misma. No bay prueba en el récord sobre qué efecto tiene esta cláusula en el financiamiento de viviendas, la forma en que incrementan los costos, las costumbres y usos prevalecientes en la industria y cómo impide o agrava la promoción de la política pública en facilitar el financiamiento para la construcción económica de viviendas. Son estos factores indispensables para considerar la validez de dicha cláusula.

Establecida la validez del contrato, el cuarto error se reduce a apuntar que la recurrida no alegó ni probó que el incumplimiento del contrato le causó daños. No tiene razón. No es necesario alegar daños bajo una cláusula penal. Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89-95 (1937).

El propósito de la cláusula penal es precisamente rele-var al acreedor de probar- daños. Nos dice al respecto Guaroa Velázquez, op. cit. a la pág. 165:

“. . . no es necesario que el acreedor establezca el montante del daño ni demuestre la existencia del perjuicio, puesto que hay acerca de estos puntos un convenio entre las partes, cuyo propó-sito es precisamente suprimir toda controversia al respecto.”

En el mismo sentido se pronuncia Espín Cánovas, La Cláusula Penal en las Obligaciones Contractuales, 30 Rev. de Der. Privado 145, 153 (1946).

No habiéndose cometido los errores apuntados por el re-currente se dictará sentencia confirmando la sentencia recu-rrida.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Díaz Cruz El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Roberto Suárez Sánchez, acusado y apelante.

      Número: CR-74-30

      Resuelto: 14 de noviembre de 1974

      21 de enero de 1975

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
    —O-
    EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Exige este caso la expresión de las normas que deben regir el proceso de identificación cuando el procedimiento que se emplea es el de exponer al sospechoso a solas a la vista de la persona que ha de verificar su identidad.

Al apelante se le sentenció por tribunal de derecho a dos años de cárcel en total por infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, consistentes en poseer y portar un arma de fuego cargada sin la correspon-diente licencia.

La prueba de cargo consistió en el testimonio de un policía estatal y de un agente del C.I.C. El primero, el único testigo ocular, declaró que al entrar alrededor de las 11:30 A.M. en su vehículo de patrulla por una calle de Hato Rey vio a un individuo que corría con un revólver en la mano derecha. Venía de frente, pero se desvió, persiguiéndolo el policía infructuosa-mente por unos cinco minutos. El testigo vio al apelante, con-tinuó declarando, a una distancia de quince a veinte pies, por un término de tiempo que calculó en “minuto y pico o dos.” (T.E. pág. 27.) Al no poder apresar a quien huía, el policía averiguó que un tercero había sido herido mortalmente de bala en los alrededores. Se le llevó al hospital y de allí el policía telefoneó al Escuadrón de Homicidios e informó lo expresado, añadiendo que la persona que él había estado persiguiendo vestía pantalón y boina gris y camisa amarilla de manga larga (T.E. pág. 32). También describió a tal persona, según el de-clarante, como trigueña y de cinco pies con seis o siete pul-gadas de estatura.

Al día siguiente se llama al policía a las oficinas del C.I.C., como a las once o doce del mediodía, y se le presentó a un solo individuo, el apelante, vestido exactamente igual que como el policía declaró haberlo visto. (T.E. págs. 21-22.) El policía lo identificó como la persona perseguida por él.

El segundo testigo de cargo declaró que al día siguiente de los hechos, alrededor de dos horas antes de enfrentarse el policía con el apelante en las oficinas del C.I.C., recibió la descripción de marras. Se personó inmediatamente en el sitio cercano a los hechos, vio al apelante vestido del modo informado, exactamente igual que el día anterior, lo arrestó y llamó al policía concernido para identificarlo.

En la declaración prestada por el policía ante el fiscal, sin embargo, no se hizo mención alguna del color de la camisa que llevaba el sospechoso, ni del pantalón y la boina, ni de su estatura. Lo que describió fue el revólver. (T.E. págs. 33-34.) La defensa solicitó sin éxito la eliminación del testimonio del policía por razón del método de identificación empleado. A pesar de ello, el Ministerio Público no presentó prueba al-guna demostrativa de la necesidad de prescindir en este caso del método de identificación por rueda de detenidos.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha advertido que el procedimiento de exposición unipersonal ha sido tema de amplia crítica. Stovall v. Denno, 888 U.S. 293, 302 (1967). Véanse: Frankfurter, The Case of Sacco and Vanzetti 31-32; Wall, Eye-witness Identification in Criminal Cases 26-40. Se ha considerado de hecho este método como el más sugestivo que pueda emplearse por la policía para identificar a un sos-pechoso. Note, Pretrial Identification Procedures, 55 Minn. L. Rev. 779, 782 (1971), citando a Wall, supra, escolio 1, pág. 28.

En Pueblo v. Gómez lucera, 97 D.P.R. 249, 251-252 (1967), citando de People v. Ballot, 233 N.E.2d 103 (N.Y. 1967), expresamos que:

“En ausencia de circunstancias que obliguen a recurrir a tal procedimiento, la práctica de que un testigo secretamente observe, para propósitos de identificación, solamente al único sos-pechoso que la policía tiene bajo su custodia por el crimen, puede ser ‘tan innecesariamente sugestiva y conducente a una identificación errónea’ e irreparable que conlleve a una negación del debido proceso de ley.”

Señalamos también en Gómez Incera, supra, 257, que la determinación de si se violentó el debido proceso de ley depende de la totalidad de las circunstancias que rodean el caso específico, Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968), pero recomendamos, para mayor confiabilidad de la identificación, que hasta que pudiesen enmendarse las reglas se utilizase el procedimiento de rueda de detenidos.

En casos posteriores hemos recalcado la regla de que tan solo cuando existan circunstancias que exijan su uso debe acudirse a la identificación del sospechoso a solas y prescindirse de presentarlo en rueda de personas de vestimenta y características parecidas. Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 924 (1972). En Pueblo v. Tanco, 101 D.P.R. 75 (1973), revocamos una convicción por no demostrar el récord que existiesen circunstancias que justificasen la utilización del método de exposición del sospechoso a solas en vez de en rueda de detenidos. En Pagan Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974), afirmamos, respecto a la identificación por fotogra-fías esta vez, que “dada la escasa confiabilidad de por sí de la identificación por fotografías, puede dependerse exclusiva-mente de tal procedimiento tan solo en situaciones donde sea imperioso su uso.”

Stovall y casos análogos han motivado en Estados Unidos, conforme el estudio del juez Nathan R. Sobel, que “La identificación por exposición del sospechoso a solas o por muestra de fotografías, que era antes común y en efecto la norma, ha abandonado la escena por completo. La rueda de detenidos constituye hoy la regla.” Sobel, Eye-Witness Identification, 1972, pág. 163. Sobel señala también las pautas derivables de la jurisprudencia respecto al peso de la prueba en estos casos. El acusado lleva el peso de demostrar un caso prima facie de violación al debido proceso de ley, peso que se descarga al probar que el método de identificación seguido fue el de su exposición a solas. Le corresponde entonces al fiscal demostrar qué circunstancias especiales requerían el uso de tal método. Sobel, op. cit. 154-155, 55 Minn. L. Rev. 779, 794 (1971), supra. Esta regla se desprende, también, por supuesto, de nuestras decisiones en Tanco, Pagan Hernández y casos anteriores.

Nuestra Asamblea Legislativa ha aprobado recientemente legislación sobre esta materia, reglamentando la identificación por rueda de detenidos y fotografías, Ley Núm. 199 de 23 de julio de 1974. Según el informe de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado, emitido el 27 de mayo de 1974, “Las normas contenidas en la presente legislación intenta [sic] reducir a un mínimo los peligros de sugestibilidad inherentes a los procesos de identificación anterior [sic] al juicio en el procedimiento criminal.” La ley no pretende establecer “en qué ocasiones debe efectuarse la rueda de detenidos, ya que ello dependerá de las circunstancias de cada caso en particular. Dicha determinación la deberá hacer el policía o el fiscal de acuerdo a las normas jurisprudenciales.” Informe de la Co-misión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes, junio de 1974. Tales normas jurisprudenciales se han reseñado aquí, así como en el propio informe del Consejo sobre la Re-forma de la Justicia referente a la Policía, donde se señala que sólo por circunstancias extraordinarias y fuera del control de la Policía podrá abandonarse el procedimiento de rueda de detenidos. Informe de 15 de diciembre de 1973 de la Co-misión para el Estudio de la Policía al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, pág. 146.

En el caso de autos el fiscal no demostró qué circunstancias extraordinarias, fuera del control de la Policía, hacían imperioso el uso del método de identificación empleado, omisión que constituyó una violación en este caso del debido proceso de ley. Había transcurrido un día desde la fecha de los hechos. Podía a todas luces formarse una rueda de personas con vestimenta y características corporales parecidas a las del sospechoso. Esto era especialmente aconsejable y necesario en este caso, donde la prueba de cargo alcanza los linderos de la incredulidad: un hombre que corre por calles pobladas revólver en mano; que al topar con un carro de patrulla sigue corriendo de frente hacia él por un minuto o dos antes de desviarse; su captura prácticamente en forma instantánea, tan pronto el C.I.C. se entera al día siguiente de su descripción; su prolongada permanencia hasta el momento de su captura en los alrededores de lo ocurrido; su continuado uso de la misma ropa llamativa al día siguiente de los hechos; y, para macular aún más el proceso de identificación, la omisión en la declaración del policía de los datos esenciales en que se basó el arresto.

Se revocará la sentencia dictada por el tribunal de instancia

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, disiente en opinión separada, con la cual concurren los Jueces Asociados, Señores Rigau y Martín.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurren los

Jueces Asociados Señores Rigau y Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 1974

La Reforma Judicial a que alude la opinión circulada tiene como motivación principal dar algún alivio a nuestra sociedad del implacable azote del crimen en nuestras calles y hogares. No creo que deba invocarse para justificar la absolución del apelante en este caso.

La transcripción de la evidencia demuestra que hubo sufi-ciente prueba de identificación y que la misma mereció crédito al juzgador. El policía ve al acusado venir de frente hacia él con un revólver en la mano, lo observa por un minuto y cuando el apelante se desvía para evadirlo lo persigue por varias calles del Caserío San José hasta que hubo de abandonar la persecución porque alguien le informó que en otro sitio ha caído una persona gravemente herida de bala. La observación por el policía, especialmente entrenado para retener la figura del identificado tiene lugar en buena visibilidad, a las 11:30 de la mañana. Trasmitida su descripción al C.I.C. se arrestó al apelante al día siguiente y el policía lo identificó en el cuartel al verlo. Habían transcurrido sólo 24 horas entre su primera observación y ésta. En Pueblo v. Gómez lucera, 97 D.P.R. 249 (1969), se sostuvo la identificación hecha dos días después del delito por mujeres cuya primera impresión de los asaltantes fue captada en crisis histérica, encañonadas y bajo amenaza de muerte.

Aparte de que la opinión recoge doctrinas muy difun-didas en nuestro medio, el caso en sí es sórdido y corriente; no mueve la conciencia hacia una reivindicación de nada. El acusado renunció al jurado, no presentó prueba de defensa alguna por lo que no controvirtió la del Estado, y para el juez sentenciador no fue acreedor ni siquiera al beneficio de sentencia concurrente pues como rara vez ocurre las impuso consecutivas. La impugnación de identificación es pura ca-listenia legalista del tipo que es capaz de derrotar la justicia hecha por el Juez Superior, si no se descubre su superficiali-dad.

Lo que el juez ponente llama signos de incredulidad en la prueba son todo lo contrario, circunstancia diaria y rutina de existencia en la subcultura de los nuevos vándalos a saber: un hombre corre por la calle con un revólver en la mano (hace algunos meses los autores de un asalto entraron a un hotel exhibiendo las armas largas de su oficio); corrió hacia el policía hasta que se dio cuenta de que éste era un agente de orden, entonces empezó a huir y de ahí la persecu-ción; la captura instantánea es demostración de diligencia por los agentes de orden público y reduce, no aumenta, el factor de error en la identificación; la prolongada perma-nencia (24 horas) en el sitio de los hechos se explica porque el acusado residía allí mismo en el Caserío San José, Edificio 7, Apartamento 301; y el uso continuado de la ropa (pantalón y boina gris y camisa amarilla de manga larga) es usanza común pues hay quien luce la combinación de su agrado hasta que se deshilacha encima.

La función trascendental de este Tribunal al mantener un régimen de derecho y de justo equilibrio entre los trans-gresores del orden social y el pueblo hostigado excluye nuestra intervención con detalles menores de evidencia para desautorizar nuestros jueces de primera instancia. La iden-tificación de criminales no ha de ser manejada por normas de laboratorio constitucional más allá del debido proceso de ley a que es acreedor tanto el delincuente como la sociedad que lo sufre.

Confirmaría la sentencia apelada.

—Cí-

en MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 1975

Hemos acogido la moción de reconsideración de la Procu-radora General fundada en los criterios mantenidos por la opinión disidente, y en riguroso ulterior examen de los hechos y del derecho aplicable, reconsideramos. Dos elementos princi-pales impulsan esta modificación de criterios: la confiabilidad de la identificación del acusado en este caso y la deferencia a la facultad estimativa de la prueba por el juez de instancia.

La rueda de detenidos, valioso método de identificación regulado hoy por la Regla 252 de Procedimiento Criminal, según estatuida por Ley Núm. 199 aprobada el 23 de julio de 1974, es un instrumento en reserva para usarse cuando la confusión, el correr del tiempo, la difícil percepción, el recuerdo tenue, la inseguridad del testigo, o cualquier otro factor en evaluación lógica enerve la razonable certeza exigida de quien señala al autor del delito. En United States v. Wade, 388 U.S. 218, transcurren más de seis meses entre el robo del banco por un desconocido con tiras de papel engomado a cada lado del rostro, y su arresto, y a pesar de ello el caso fue devuelto al tribunal de instancia para que determinara si la identificación por los testigos en corte abierta era admisible; igual disposición se tomó en Gilbert v. California, 388 U.S. 263, un caso de pena capital, refiriéndolo al tribunal del estado para que resolviera sobre la admisibilidad de la identificación en juicio; y en Stovall v. Denno, 388 U.S. 293, siguiendo el principio de que el debido proceso de ley es circunstancial y pragmático, se sostuvo la identificación del supuesto asesino obtenida por el medio más sugestivo imaginable que resume así la opinión del Juez Brennan: “La señora Behrendt [herida por el asal-tante que dio muerte a su esposo] estaba hospitalizada para cirugía en un esfuerzo por salvar su vida. La policía, sin dar oportunidad al sospechoso para obtener asistencia legal, hizo arreglos con el cirujano para que éste les permitiera traer al detenido a su cuarto de hospital al mediodía del 25 de agosto [el delito se cometió el 23 de agosto] que era el día siguiente a la operación quirúrgica. El sospechoso fue esposado a uno de cinco agentes de la policía, quienes acompañados de dos ayudantes del Fiscal de Distrito lo llevaron al hospital. El acusado era el único negro en la habitación. La señora Behrendt lo identificó desde su cama cuando uno de los policías le preguntó que si ese ‘era el hombre’ y luego que el acusado requerido por un policía repitió unas cuantas palabras para identificar su voz. En el juicio ninguno de los testigos pudo recordar las palabras usadas. La señora Behrendt y los policías declararon en el juicio sobre la identificación del acusado por ella en su cuarto de hospital y ella hizo una adicional identifi-cación de dicho individuo en plena corte.” Con esta identifica-ción se confirmó una sentencia de muerte.

Es en los hechos y doctrina de Wade, Gilbert, y Stovall, supra, que busca apoyo la decisión de Pueblo v. Gómez lucera, 97 D.P.R. 249 (1969), que no empece su tesis constitucional y su laudable preocupación con los riesgos de error en la identi-ficación, termina sosteniendo como válida y constitucional-mente aceptable la hecha por dos mujeres confrontadas en el hogar de una de ellas por dos ladrones, encañonadas por una pistola mientras una de ellas atendía su hijo pequeño, a pesar de que al igual que en Stovall, a los dos días la policía le presenta a las damas para identificación únicamente al sospe-choso Gómez Incera.

En el caso que nos ocupa la identificación se hizo por un policía que ve al acusado venir distraído y de frente hacia él con un revólver en la mano, lo observa por un minuto y cuando el apelante se desvía para evadirlo lo persigue por varias calles del caserío San José hasta que hubo de abandonar la persecución porque alguien le informó que en otro sitio ha caído una persona gravemente herida de bala. La observación por el policía, especialmente entrenado para retener la figura del identificado tiene lugar en buena visibilidad, a las 11:30 de la mañana. Trasmitida su descripción al Cuerpo de Investi-gación Criminal se arrestó al apelante al día siguiente y el policía lo identificó en el cuartel tan pronto lo vio. Habían transcurrido sólo 24 horas entre su primera observación y ésta.

No consideramos que los 20 ó 25 minutos de terror a que estuvieron sometidas las mujeres en el caso Gómez lucera, estremecidas en su más honda fibra y afectadas en su discer-nimiento por los incontenibles reflejos de su instinto de con-servación (y que aun así pudieron señalar con certeza al acusado) sean mejor medida de confiabilidad que el minuto de sereno enfrentamiento y la subsiguiente persecución del sujeto por el policía en este caso que extendió la captación visual de la figura del acusado.

El juez de instancia concluyó que en la suma de circunstancias de este caso es confiable y digna de crédito la identificación del acusado, por lo que resultaba de todo punto innecesario recurrir a la rueda de detenidos. Su apreciación sostenida por la prueba ha de ser estimada por este Tribunal. La identificación de criminales no está exenta de la sabia norma que detiene y restrinje la intervención de los tribunales de apelación frente a la mejor posición del juez de instancia para adjudicar credibilidad debiendo suplantar sus determinaciones únicamente cuando no estén sostenidas por la prueba. En la aplicación de ese principio no se puede depender de matices, tonalidades y esmeros y sí de la realidad esencial, del signo conocible que en el proceso racional conduce al juez de instancia a la determinación que satisface su con-ciencia de juzgador de otro hombre.

Con la misma energía que hemos despejado de obstáculos procesales el juicio pleno a que tiene derecho todo acusado, rechazamos la extremada elaboración académica de principios de derecho sobre el filo de la incidencia criminal que tiene a nuestro pueblo agobiado en angustioso clamor por un sistema de justicia que también proteja su derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad.

Se dejan sin efecto nuestra opinión y sentencia de H de noviembre de 197J.

La sentencia apelada ha de ser confirmada.

El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, emitió opinión disidente en la cual concurren el Juez Presidente, Señor Trías Monge, y los Jueces Asociados, Señores Dávila y Cadilla Gino-rio. El Juez Asociado, Señor Negrón García, emitió un voto particular.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

con la cual concurren el

Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Dávila y Cadilla Ginorio.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 1975

La norma que establecimos en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), no es una norma rígida que obligue a la formación de una rueda de confrontación en todos los casos en la etapa de identificación de un sospechoso. Citando Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967) y Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968), señalamos en Gómez Incera, pág. 257, que si bien el no presentar al sospechoso en rueda de detenidos puede violentar el debido proceso de ley, “la determinación de si se ha violado depende de la totalidad de las circunstan-cias que rodearon el procedimiento de identificación.” Lo determinante, a mi juicio, de la validez de la identificación es la sugestividad que pueda haber en la identificación cuando se utiliza el método de exposición del sospechoso solo. Para pre-servar la pureza del procedimiento debe utilizarse la rueda de confrontación a menos que haya circunstancias que justifi-quen desviarse de esta norma. La exposición del sospechoso solo debe ser la excepción y no la regla.

En el mismo caso de Gómez Incera entendimos que la iden-tificación del acusado, aunque no se hizo en rueda de detenidos, no estuvo viciada de sugestividad. Y en los casos posteriores de Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972); Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972); Pueblo v. Medina Jiménez, 102 D.P.R. 300 (1974) y Pueblo v. Rivera Vázquez, 102 D.P.R. 758 (1974), resolvimos que bajo las circunstancias en cada uno de ellos hubo certeza en la identificación y ésta no estuvo viciada, aunque no se utilizara la rueda de confrontación como método de identificación.

Las circunstancias del caso ahora ante nos son distintas. Resulta para mí increíble que el sospechoso caminara distraí-damente hacia el policía durante un minuto, de frente hacia él, con un revólver en la mano a plena luz del día. Pero en el supuesto de que así ocurriera, no me satisface la explicación de que no pudiera ser arrestado y que pudiera ser identificado. Obviamente si caminó hacia el policía durante un minuto, dis-traídamente, debió acercarse lo suficiente para que el policía lo arrestara, o la distancia que les separaba era tal que nece-sariamente no podía el policía observar sus facciones como para poderlo identificar al día siguiente, sin haberlo visto antes y conocerlo. Es evidente que en este caso el factor decisivo en la identificación fue la indumentaria del sospechoso — usaba pantalón y boina gris y camisa amarilla de manga larga— y no sus rasgos fisonómicos. Nada me parece más sugestivo que presentarle a un testigo, para que diga si es la persona que él vio, a un individuo vestido exactamente igual que el descrito por el testigo. Aun en rueda de confrontación hubiese resultado el individuo presentádole a base de la indumentaria que vestía. Bajo las circunstancias de este caso, y precisamente por ser el testigo identificador un policía, el récord debió demostrar las razones para justificar que se prescindiera de la norma que establecimos en Gómez lucera. Los policías no están exentos de la norma. Me pregunto si el policía en este caso hubiese identificado con certeza al sospechoso, de entre varios indivi-duos de similar contextura física, de estar todos vestidos de la misma manera.

Ciertamente es perturbador el auge que ha tomado el crimen, particularmente en su modalidad de atracos a mano armada en las vías públicas, la violación sexual de mujeres por desconocidos, los asesinatos mediante el uso de armas de fuego disparadas desde vehículos en movimiento, etc. Sin duda en esos casos, en que el malhechor está por breves instantes ante la percepción visual de su víctima y de testigos oculares, su identificación posterior se hace difícil. Es precisamente para proteger a personas inocentes sobre quienes puedan re-caer sospechas que se impone una norma que asegure más allá de duda razonable la identificación del verdadero culpable. No podemos conjurar el mal aflojando los principios esenciales del debido proceso de ley que existen, no para proteger a los cri-minales y sí para impedir que los inocentes paguen por aque-llos. Claro está que hay que proteger a la sociedad, pero esa protección no se consigue metiendo a la cárcel a personas ino-centes. Ellas son parte de la sociedad que hay que proteger. La sociedad debe ser protegida de los malhechores y también debe ser protegida de la posible acción ilegal de los encargados de hacer cumplir sus leyes. Precisamente por lo furtiva de la aparición de los asaltadores, violadores y asesinos de moda debe redoblarse la vigilancia en la observación de los principios del debido proceso de ley.

Por entender que en este caso la prueba no demostró cir-cunstancias fuera del control de la policía que justificaran prescindir de la rueda de confrontación como método de iden-tificación, disiento de la opinión de la mayoría y rehusaría reconsiderar la opinión emitida por este Tribunal el 14 de noviembre de 1974. No veo razón para temerle a la celebración de ruedas de detenidos bajo los principios allí expuestos, cuando tales principios han recibido aceptación general en la mayoría de las jurisdicciones, habiendo constituido la norma en Puerto Rico aun en tiempos de España. Art. 369 de la Ley Española de Enjuiciamiento Criminal.

La sentencia del Tribunal de instancia debería revocarse.

—O—

Voto particular del Juez Asociado, Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 1975

Por considerarla correcta, endoso la Opinión mayoritaria del Tribunal que en reconsideración confirma la sentencia dic-tada por el tribunal de instancia que determinó, bajo las cir-cunstancias específicas de este caso, como confiable y digna de crédito la identificación del acusado, y por ende innecesario el que tuviera que recurrirse a la celebración de una rueda de detenidos.

Concluir lo contrario equivaldría a exigir irrestringida y automáticamente, con carácter de ritual en todo caso, la formación de una rueda de confrontación cuando se está in-terviniendo con un sospechoso, aprisionando los válidos fundamentos de Pueblo v. Gómez lucera, 97 D.P.R. 249 (1969), en una rigidez y perspectiva histórica no contemplada.

       En Pueblo v. Gómez lucera, citado, se sostuvo la identificación hecha dos días después de cometido el delito, por mujeres cuya primera impresión de los asaltantes fue captada en crisis histérica, encañonadas y bajo amenaza de muerte.

       Toda la doctrina constitucional queda supeditada a las realidades circunstanciales en la expresión del Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos al efecto de que “la alegada violación del debido proceso en el curso de una confrontación [para identificar] depende de la totalidad de las circunstancias que la rodean.” Stovall v. Denno, 388 U.S. 293, 302.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Carlos Ramón Pérez et al., demandantes y recurrentes, v. Adrián Pérez Agudo et al., demandados y recurridos.

      Número: R-73-172

      Resuelto: 14 de noviembre de 1974

      Armando Chaar Padín y Salim Chaar Padín, abogados de los recurrentes; Francisco Ponsa Feliú, Francisco Ponsa Flores, Wilson F. Colberg y Jorge Ramírez de Arellano, Jr., abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La facultad de mejorar concedida al testador es potestad para ser justo o injusto, para amparar la invalidez, fortalecer económicamente el porvenir de algún descendiente, premiar su ayuda en el fomento del caudal y hasta hacer ajuste de cuentas, o simplemente mostrar la preferencia efectiva del disponente. En todo caso si bien su motivación no se cuestiona, la mejora es excepción a la igualdad en la distribución de la herencia, divisa rectora del Código Civil y en ocasiones esta potestad de mejorar refluye en licencia para discriminar, bendiciendo a unos y castigando a otros. De esta dualidad potencial de nobleza y mezquindad nace la exigencia de los Arts. 752 y 755 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 2392 y 2395) de que esa voluntad de mejorar se declare de manera expresa.

Como fuente de discrimen califican la mejora los comentaristas. “La mejora a un descendiente perjudica a los demás coherederos legitimarios en cuanto les arrebata una fracción de la parte forzosa. Introduce la desigualdad, donde la ley quiere la igualdad; ésta es la regla general, aquélla la excepción; la última debe constar categóricamente, porque la excepción (sobre todo si constituye un privilegio) no se presume. Este criterio es justísimo: si no dice nada el testador de mejora, ¿por qué ha de considerarse existente en detrimento del derecho de los otros descendientes suyos? Para quebrantar, para destruir un derecho de tanta fuerza como el de legítima, es menester una declaración expresa; nunca puede ser suficiente una presunción de voluntad.” Scaevola, Código Civil, To. 14, pág. 576, ed 1944. Manresa, en su comentario al Art. 828 del Código Civil Español, equivalente al 755 nuestro, dice: “El principio no puede ser más justo. La persona que quiera hacer una mejora debe manifestarlo expresamente. No siendo así, la ley presume con razón que no fue su ánimo mejorar, ya que la mejora, como excepcional, no debe presumirse, . . . .” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, To. 6, Vol. 1, pág. 814, ed. 1973.

La mejora es una abstracción, opción crítica que se con-creta por la determinación del causante. Tiene resuelto el Tribunal Supremo de España que el nacimiento de la mejora “depende exclusivamente de la potestad concedida al testador para crearla, y que por tanto, si no usa de ella por acto expreso, ya que aparte de las excepciones comprendidas en los arts. 828 y 782 del citado Código, éste no admite mejoras tácitas, no surge tal institución a la vida del Derecho, y en consecuencia, queda con su prístino carácter de legítima, en la acepción lata ya estudiada, toda aquella parte de la herencia constitutiva de los dos tercios del caudal, reservada por la ley a los herederos forzosos; contrariamente a lo que acaece cuando el de cujus dispone a favor de éstos o de alguno de ellos, del todo o parte de ese tercio electivo, porque entonces al ser distraído de la legítima de que forma parte para vivir vida propia y específica, su naturaleza especial que para el caso establece el Código Civil, y cuando ello ocurre, no cabe duda que los derechos pertenecientes a este tercio son adquiri-dos por el heredero o herederos en virtud de decisión del testa-dor y, por ende, en concepto de herederos voluntarios, a dife-rencia de lo que sucede si dicha mejora no tiene existencia real y concreta, es decir, independiente de la legítima, ya que en este supuesto, no puede decirse que exista como tal, jurídi-camente, y en su virtud nada puede obtenerse por consideración a la misma, ni hablarse de hijos y descendientes mejorados.” Jurisprudencia Civil, sentencia Núm. 134, To. 139, pág. 684, según citada por Puig Brutau en Fundamentos de Derecho Civil, To. 5, Vol. 3, pág. 50, ed. 1964.

El testador en el caso que nos ocupa procreó ocho hijos, dos de matrimonio y seis naturales. Al testar dispuso:

“Cuarto: Que nombra a sus dos hijos legítimos Carmen y Andrián Pérez Agudo herederos por partes iguales en todo cuanto el compareciente pueda disponer, de acuerdo con la ley al efecto; y deja a sus seis hijos reconocidos, y en partes iguales, la cuota a la cual tales hijos tienen derecho por ministerio de la ley.”

Constituyen la legítima de los hijos y descendientes legítimos, dice el Art. 737 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 2363), las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre. El Código Civil en su aspiración a la igualdad en la distribución de la herencia reserva dos tercios de ésta como legítima de los hijos. Concede, sin embargo, una autonomía o libertad al testador para alterar ese orden igualitario y romper el bloque de los dos tercios si hace uso de la facultad de mejorar. Para ello el Código exige que haya una disposición expresa (Arts. 752 y 755, citados) que si bien no requiere determinado formulismo ni voces sacramentales ha de ser lo suficientemente clara para surgir como afirmación de voluntad en escrito o acto que dirija la inteligencia hacia la percepción de ese propósito a primera mano, sin mayor esfuerzo de imaginación.

La interpretación judicial podrá ir en auxilio de esa volun-tad de mejorar mas no al extremo de adivinarla y escogerla de entre supuestos coexistentes. “. . . de todas maneras la palabra ‘expresa’, que establece nuestra Ley, puede ser entendida en el sentido de que quede bien clara la voluntad del causante, aun cuando éste no manifieste de una manera formal su intención de mejorar, y siempre que no aparezca la posibilidad de un sentido equívoco.” (Énfasis del autor Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, To. 4, pág. 1479, ed. 1966.) Y Roca Sastre añade: “. . . Lo que exige el Código Civil es que la voluntad de mejorar, aunque no se use la pala-bra ‘mejora’, aparezca claramente. Lo esencial es que no quepa duda acerca de que el causante quiso o tuvo voluntad de mejorar.” Enneccerus-Kipp-Wolff, Tratado de Derecho Civil, To. 5, Vol. II, pág. 359, ed. 1951.

El testamento que nos concierne es uno abierto, otorgado ante un notario público quien de tener la encomienda del tes-tador de mejorar a alguno de sus hijos pudo haberla expresado en lenguaje sencillo y directo preferiblemente el que más se acercaba al habla del disponente, un natural de Puerto Rico hijo de catalán. Por el contrario, el testador recurrió a un léxico legalista y produjo dos disposiciones contradictorias e irreconciliables: asignó a los legítimos “todo cuanto el com-pareciente pueda disponer de acuerdo con la ley”, y a los reconocidos “la cuota a la cual tales hijos tienen derecho por ministerio de ley.” Ya hemos visto que “la cuota” de los natu-rales se adentra en la legítima completa de dos tercios de la herencia. Art. 737 del Código Civil, supra. ¿Sabía el testador cuál era “la ley” al testar, y cuál sería la que gobernaría la repartición de sus bienes al sobrevenir su muerte? La madeja de interminables conjeturas hace de todo punto imposible per-cibir la excepción desigual de la mejora y conduce a la integri-dad de los dos tercios de legítima intoeada por falta de un claro ejercicio de la potestad de mejorar.

La redacción legalista de la referida cláusula no contiene suficiente afirmación de mejorar, de romper por elección del testador el bloque de la llamada legítima larga. Nos remite a la Ley, que en el desarrollo del derecho civil común y en toda la anchura de nuestro ordenamiento legal repudia el discrimen y la desigualdad.

Por no tener el tercio de libre disposición la característica de porción comprometida por ley para los legitimarios, puede leerse la cláusula como dejando ese tercio libre a los hijos legítimos llamados Carmen y Adrián. Art. 737 del Código Civil — 31 L.P.R.A. see. 2363.

La ambivalente redacción de la cláusula testamentaria ex-cluye toda intención de mejorar por lo que esta herencia ha de repartirse recibiendo los dos hijos legítimos el tercio de libre disposición, y concurriendo en pie de igualdad con sus seis hermanos naturales en los dos tercios restantes del caudal. Se cumple así la indicación del testador de que la distribu-ción de su herencia se haga “de acuerdo con la ley.”

Se elimina de la sentencia revisada todo reconocimiento de la mejora, debiéndose distribuir la herencia según resuelto en esta opinión, y así modificada, se confirmirá.

       Todos los hijos tienen, respecto a sus padres y a los bienes relictos por éstos, los mismos derechos que corresponden a los hijos legítimos. Art. 1, Ley Núm. 17 de 20 de agosto de 1952, conocida como Ley para Establecer la Igualdad de Derechos de los Hijos (31 L.P.R.A. see. 441); Art. II, Sec. 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Carta de Derechos); Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963), resuelve que el derecho hereditario de todos los hijos, sin excepción alguna, se deter-minará por la ley aplicable y vigente a la fecha del fallecimiento del causante. El testador falleció el 16 de febrero de 1970.

      La sencillez en el lenguaje culto además de propiciar la elegancia en el decir cumple el fin primordial de trasmitir la idea, y resulta inapre-ciable instrumento en la redacción del testamento y en toda la práctica notarial.

      En nada despeja el equívoco la evidencia extrínseca ofrecida por los recurridos al amparo de los Arts. 23 y 28 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. sees. 1666 y 1671) que por su fragilidad no ganó acceso a las determinaciones factuales del tribunal de instancia.


text:
    Gregorio Lorenzo González, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Hon. José A. Bianchi, Juez, demandado.

      Número: O-73-71

      Resuelto: 14 de noviembre de 1974
   SENTENCIA

El 6 de mayo de 1971 el peticionario fue sentenciado a una pena de 10 a 15 años de presidio luego que un jurado lo hallara culpable de haber violado a una joven de poco menos de 14 años de edad. La sentencia fue confirmada por este Tribunal el 11 de diciembre de 1972. El 2 de enero de 1973 el peticionario presentó ante el tribunal sentenciador una moción al amparo de las Reglas 171 y 185 de Procedimiento Criminal, solicitando reducción de la sentencia. Alegó que antes de ser sentenciado no se celebró una vista sobre ate-nuantes y agravantes; que nunca había sido convicto de delito grave alguno ni de delitos que implicasen depravación moral; que es de oficio chófer, padre de trece hijos, y gozaba de conducta intachable en la comunidad. Solicitó la celebra-ción de una vista para acreditar estos extremos. Recurre contra la resolución que le denegó la vista solicitada y la rebaja de sentencia.

En Rosa v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 670 (1974), resolvimos que la concesión de una vista después de dictada sentencia, al amparo de la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, es discrecional del tribunal sentenciador. No se nos ha demostrado que al negar la vista en este caso el tribunal de instancia abusara de su discreción y por tanto no se justi-fica que se devuelvan los autos al tribunal de instancia para la celebración de una vista.

Se anula el auto expedido y se confirma la resolución del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, Hon. José A. Bianchi, Juez, fechada el 15 de enero de 1973 en la causa G-70-148, denegando la vista solicitada y la reducción de la sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque disiente en voto separado con el cual concurre el Juez Asociado Señor Dávila.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

—O—

Voto disidente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué con el cual concurre el Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 1974

Estoy de acuerdo en que la concesión de una vista en relación con una solicitud de rebaja de sentencia es discre-cional del tribunal sentenciador. Rosa v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 670 (1974). Creo, sin embargo, que en el caso que ahora nos ocupa debe brindarse una oportunidad al tribunal recurrido de pasar nuevamente sobre la cuestión de si debe o no acceder a rebajar la sentencia impuesta tomando en con-sideración los principios que paso a exponer. Aquí se plantea, además de la cuestión de rebaja de sentencia, el derecho del acusado a una vista, luego del fallo condenatorio y antes de que se dicte sentencia, sobre circunstancias atenuantes. En el caso ahora ante nos, distinto a Rosa, el acusado ha expuesto las circunstancias atenuantes que ofreció probar. No hay manera de saber si el juez sentenciador, de haberlas conocido antes de dictar su sentencia, hubiera variado sus términos.

A mi entender el debido proceso de ley no termina con el pronunciamiento del fallo condenatorio. La imposición de sen-tencia es también parte del proceso. La discreción del tribunal en la determinación del mínimo y del máximo de prisión no debe hacerse descansar en el vacío entre el mínimo y el máximo prescritos por el estatuto penal para el delito de que se trate. El término mínimo durante el cual el convicto deberá estar en prisión y el máximo a que podrá extenderse la privación de su libertad deben depender, dentro de los límites que fije el estatuto, de las circunstancias que individualicen su caso, en consonancia con el principio rehabilitador que es a mi juicio eje central de la penología. De ahí que si el convicto solicita ser oído sobre circunstancias atenuantes, antes de ser sentenciado, debe ser oído. Salvo en el caso de asesinato en primer grado, en que la pena de reclusión perpetua es manda-toria, no acceder a oirle constituye una violación del debido proceso de ley.

De los hechos que revela el expediente ante nos no surge que el peticionario solicitara ser oído sobre atenuantes. Tam-poco surge de ese expediente si el juez sentenciador sabía, al sentenciarle, que nunca había sido convicto de delito grave ni menos grave que implicase depravación moral, ni las demás circunstancias que refiere en su moción. No sabemos por tanto si hizo buen uso de su discreción al imponerle la sentencia de diez a quince años de presidio. Por eso, si no lo oyó antes de dictar sentencia en nada se perjudicaría el Estado y se cum-plirían mejor los fines de la justicia si devolviéramos el caso para que el juez sentenciador pase nuevamente sobre la cuestión.

Los planteamientos de este caso requieren, a mi juicio, una expresión de este Tribunal respecto del alcance de la Eegla 171 de Procedimiento Criminal y la aplicación de la 185(a) ante las circunstancias factuales que lo distinguen de Rosa. A esos efectos me parecen convenientes algunas reflexio-nes sobre los propósitos de la penología moderna.

Históricamente se han señalado cuatro teorías como justi-ficación de la penología, a saber: (1) el derecho de retribu-ción y venganza de la sociedad, (2) la necesidad de proteger a la sociedad contra el que viola sus leyes restringiéndole físicamente para que no continúe delinquiendo, (3) el efecto disuasivo que el castigo tiene para otros, y (4) la reforma o rehabilitación del delincuente. La primera, que en un prin-cipio constituyó el único objetivo de la penología, hace mucho tiempo que fue descartada.

La teoría moderna fue predicada desde Séneca, que decía que la ley perseguía tres propósitos con el castigo del que cometía un crimen: “Para corregir a aquél a quien castiga, o para que su castigo haga de otros mejores hombres, o para que, al quitar de en medio a los malos, los demás puedan vivir sin temor.” De esas tres teorías, la reforma o rehabilitación del delincuente se considera hoy día como la razón primaria para la imposición de sanciones. Véase el comentario en 45 Temp. L.Q. 351 (Spring 1972).

Este principio ha sido recogido en los más modernos códigos penales, en leyes especiales y en constituciones estatales. El Model Penal Code del American Law Institute, redacción oficial de 1962, en su Artículo Preliminar I señala como principal objetivo de las disposiciones relativas a sentencias “promover la corrección y rehabilitación de los delincuentes.” Para abril de 1971 once estados habían revisado sus códigos para conformarlos al Model Penal Code, catorce habían completado revisiones encaminadas a ese fin y estaban en proceso de adoptarlas mediante legislación, y dieciocho habían iniciado planes de revisión. Así surge de las vistas sobre la reforma de las leyes penales federales celebradas en 1971 por un subcomité de la Comisión de lo Jurídico del Senado federal, 92do. Congreso, primera sesión. Véase Discretion in Felony Sentencing, comentario en 48 Wash. L. Rev. 857 (1973), escolio número 3 a la pág. 858. El mismo principio aparece en las Constituciones de Indiana, Oregon, Illinois, Nueva Hampshire, Texas, Wyoming, Montana y Carolina del Norte. Podríamos hacer paráfrasis de lo en ellas consagrado diciendo que “el objetivo del castigo es reformar y no exterminar seres humanos.” Véase el comentario en Temp. L.Q., supra, pág. 351.

En Puerto Rico se acaba de adoptar mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 un nuevo Código Penal que estará vigente a partir del 22 de enero de 1975, el cual está también basado en la filosofía rehabilitadora. Así lo reconoció la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado al informar favorablemente el proyecto que se convirtió en la citada Ley Núm. 115, haciendo los siguientes pronunciamientos:

“En términos generales, el Proyecto del Senado 753 se pro-pone reformar el obsoleto Código Penal vigente desde el año 1902, el cual adolece de una serie de defectos sustanciales, entre los que merece se destaquen los siguientes:
(a) su concepción de la pena es de carácter estrictamente expiacionista y no rehabilitador;
(b) deja fuera grandes y fecundos cambios en la criminolo-gía que han señalado pautas, entre otras, en la terapia del delincuente, desconocidas al momento de la adopción del Código Penal;
(c).
(d).
(e) .
(f) impone aún al recluso la realización de trabajos forzosos;
(g) contiene la controversial institución de muerte civil del sentenciado;
(h).
(i).”

Véase Código Penal de 1974, publicación de Equity Publishing Corporation de agosto de 1974, pág. 1. Este objetivo se recoge en el Art. 40 que, al referirse a la pena de reclusión señala: “Esta se cumplirá de manera que dé al convicto el tratamiento adecuado para su rehabilitación moral y social.”

Con la vigencia de este nuevo Código quedarán instrumen-tados los medios para hacer cumplir la Cláusula 19 del Art. VI de la Constitución, que dispone, en lo aquí pertinente:

“Será política pública del Estado Libre Asociado . . . regla-mentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponi-bles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.”

El sistema de libertad a prueba mediante la suspensión de los efectos de sentencias, adoptado mediante la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, 34 L.P.R.A. see. 1026 y siguientes, enmendado por la Ley Núm. 119 de 22 de julio de 1974; el sistema de sentencias indeterminadas instituido por la Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946, 34 L.P.R.A. see. 1024, incorporado a las Reglas de Procedimiento Criminal mediante la Núm. 178, y hecho formar parte del nuevo Código Penal en su Art. 58; el sistema de libertad bajo palabra, adoptado por la Ley Núm. 266 de 4 de abril de 1946, continuado por la Ley Núm. 59 de 19 de junio de 1965, 4 L.P.R.A. see. 641 y siguientes, y ahora reestructurado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974; las leyes creando la Administración de Corrección y la Corporación de Empresas Correccionales de Puerto Rico, Núm. 116 y Núm. 117 de 22 de julio de 1974, respectivamente; y la implantación del requisito de un informe pre-sentencia sobre los antecedentes de familia e historial social del convicto, medidas todas dirigidas hacia la individualización de la persona tanto respecto de la imposición de sentencia como respecto del tratamiento rehabilitador, demuestran cuan arraigado está en nuestra jurisdicción el principio de que la sanción penal tiene como primordial objetivo reformar a la persona que ha violado la Ley y devolverla cuanto antes al seno de la sociedad como un ciudadano útil para sí y para su comunidad.

A tono con estos principios, la penología moderna se pro-nuncia en contra de mínimos muy altos a menos que se justi-fiquen. Los standards de la American Bar Association relati-vos a alternativas y procedimientos sobre sentencias dis-ponen :

“La sentencia impuesta en cada caso debe disponer un mínimo bajo de custodia o reclusión consistente con la protec-ción del público, la gravedad del delito y las necesidades rehabili-tadoras del acusado.” Standard 2.2. Véase Comparative Analysis of Standards and Goals of the National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals with Standards for Criminal Justice of the American Bar Association. Catálogo de la Biblioteca del Congreso número 74-75181, edición de junio de 1974, págs. 396 y siguientes.

De hecho, los standards de la American Bar Association recomiendan que por estatuto se señalen máximos pero no mínimos para los delitos y la abolición de las sentencias man-datorias para dar al tribunal sentenciador la más amplia dis-creción en la imposición de la pena en consonancia con el objetivo rehabilitador. Standards 3.1, 3.2 y 2.1(c) relativos a alternativas y procedimientos sobre sentencias.

Repugna a toda sociedad civilizada el espectáculo de seres humanos confinados tras las rejas de una prisión. Quizás un día se alcance el ideal de buena vida humana de que habla Mortimer J. Adler y puedan abolirse las cárceles y las prisiones. Mientras ese día no llegue no hay otro medio de proteger a la sociedad que aislar a los que desprecian sus leyes, subvierten el orden y perturben su tranquilidad. Pero al hacerlo debe tomarse en cuenta que si hay malvados difíci-les de rehabilitar, hay entre los que delinquen personas humanas cuyas vidas se pueden reencauzar por el camino del bien. Si hemos de creer en la función rehabilitadora de la pena y pasar de las ideas a la acción, las sentencias de reclusión, salvo en casos extraordinarios, deben limitar la duración del mínimo a aquel período que, tomando en consideración la gravedad de la ofensa, permita encaminar al convicto hacia su rehabilitación en el más breve plazo posible. Véanse Singer, artículo luego citado publicado en 58 Cornell L. Rev. 51, 88-89; y Discretion in Felony Sentencing — A Study of Sentencing Factors, comentario en 48 Wash. L. Rev. 857-889 (Nov. 1973). La Comisión de Derechos Civiles ha dicho:

“Para que la institución de la sentencia indeterminada pueda responder cabalmente al objetivo de propiciar la rehabilitación del delincuente y evitar que permanezca en confinamiento quien presenta posibilidades claras de reforma moral y social, debe evitarse, mediante reglamentación adecuada, la fijación desmesurada del mínimo a cumplirse.” 1 Der. Civ. 619, n. 46 (1968-CDC-012), 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 178, Suplemento para 1974.

Los tribunales de primera instancia vienen obligados por la Regla 178 de Procedimiento Criminal a dictar sentencias indeterminadas y sentencias a prueba en casos apropiados. Al disponer cuál deberá ser el mínimo a cumplirse, deberán tener presente los propósitos de tales medidas. Debe haber suficiente margen de fluctuación entre el mínimo y el máximo de la sentencia indeterminada. Serrano v. Delgado, 80 D.P.R. 221 (1958); Sánchez v. Angelí, 80 D.P.R. 154 (1957). El mínimo impuesto debe ser por el más breve período posible de reclusión cónsono con las circunstancias del acusado, la natu-raleza del delito y la protección de la sociedad. Entre ese mínimo y el máximo impuesto debe haber suficiente tiempo para dar oportunidad al acusado de demostrar que se ha re-habilitado y permitir que se compruebe su rehabilitación mediante adecuada supervisión.

Vistas dentro de ese marco, veamos cuál debe ser el al-cance y aplicación de las Reglas 171 y 185 de las de Procedió miento Criminal. La Regla 171 dice:

“El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las partes o a la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.”

Este lenguaje, tomado literalmente, parece implicar que el tribunal sentenciador tiene discreción para oír a las partes sobre atenuantes y agravantes. A esta interpretación puede prestarse el uso de la frase “podrá oír”. No puede igno-rarse, sin embargo, que esa frase es obligada ante el carácter mandatorio de la pena de reclusión perpetua en asesinato en primer grado. A nada conduciría que el juez sentenciador oyera a las partes sobre atenuantes y agravantes si el acusado es convicto de ese delito. En los demás delitos, leída la dispo-sición que nos ocupa tomando en consideración el principio de individualización y el objetivo rehabilitador de la pena a imponerse, el tribunal no puede negarse a oír, sea al fiscal, sea al acusado, sea a ambos, sobre circunstancias agravantes y atenuantes.

La adopción en esta jurisdicción del requisito de un in-forme pre-sentencia es un paso de fundamental importancia en consonancia con el principio de individualización de la pena. Es significativo que al instituir este requisito la Asam-blea Legislativa ha dispuesto que el informe estará a la dis-posición de las partes. El Art. 59 del nuevo Código Penal dice:

“La imposición de la pena requerirá un informe pre-senten-cia, el cual será mandatorio en los delitos graves y a discreción del Tribunal en los delitos menos graves. Estos informes estarán a disposición de las partes.”

La Kegla 162.1 de Procedimiento Criminal, adicionada a este ordenamiento procesal por la Ley Núm. 172 de 23 de julio de 1974 y a regir 90 días después de su aprobación, esta-blece el procedimiento para la obtención del informe pre-sen-tencia. De particular significación es su penúltimo párrafo, donde leemos:

“El Tribunal dará acceso a los informes pre-sentencia a los acusados o peticionarios, a sus abogados y al ministerio fiscal, a los fines de que éstos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba.”

Permitir a las partes, y particularmente al acusado, que tengan acceso al informe está de acuerdo con los más moder-nos postulados de la penología. De igual manera, el derecho de las partes a ser oídas y ofrecer prueba de agravantes y ate-nuantes, independientemente del informe pre-sentencia, es favorecido por la moderna doctrina. Véase a este efecto Gray, Post Trial Discovery: Disclosure of the Presentence Investigation Report, 4 Toledo L. Rev. 1-24, núm. 1 (1972); Singer, Bending Men to Prison: Constitutional Aspects of the Burden of Proof and the Doctrine of the Least Drastic Alternative as Applied to Sentencing Determinations, 58 Cornell L.Rev. 51 (Nov. 1972); Low, Reform of the Sentencing Process, 29 Cambridge L.J. 237 (1971).

En cuanto al derecho a presentar prueba de atenuantes, leemos de un comentario en 81 Harv. L. Rev. 821 (1967-68), en la pág. 842:

“El derecho a presentar prueba de atenuantes debe ser con-siderado como parte esencial del debido proceso de ley, inde-pendientemente de disposiciones estatutarias y de reglas del tribunal. Aquél cuyos intereses han de ser adjudicados tiene usualmente derecho a una vista; este principio debe tener particular fuerza en el procedimiento relativo a la sentencia que tanto afecta al acusado en cuanto a todo su futuro. El Tribunal Supremo ha sqstenido que una vista, en el contexto administra-tivo, ‘requiere en su esencia misma que aquél que tiene derecho a ella pueda sostener sus alegaciones mediante argumentos orales, no importa cuan breves y, de ser necesario, mediante prueba, no importa cuan informal.’ Esto implica, en cuanto a la sentencia, que si el acusado desea sostener sus alegaciones en favor de la mitigación de la pena, o rebatir lo contenido en el informe pre-sentencia, o refutar las alegaciones del fiscal sobre agravantes, debe poder presentar testigos y pruebas documentales y físicas, y disponer de remedios compulsorios para que tales pruebas aparezcan. Debe además garantizársele tanta liberalidad frente a las restrictivas reglas sobre las pruebas como tiene el funcio-nario que prepara el informe pre-sentencia para compilar infor-mación.” (Traducción nuestra.)

Veamos ahora la Regla 185 de Procedimiento Criminal, que dispone en su inciso (a) como sigue:

“(a) Sentencia ilegal; reducción de la sentencia. El tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los sesenta días después de haberse re-cibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido una orden denegando una soli-citud de certiorari.”

La Regla 185 contempla dos posibilidades. Una, cuando la sentencia es ilegal. Este sería el caso, por ejemplo, de una sentencia por un término en exceso del máximo dispuesto por ley. 2 Wright, Federal Practice and Procedure, see. 582. La segunda posibilidad supone que la sentencia es legal, pero que hay causas que justifican, en bien de la justicia, que se rebaje. Una moción bajo el primer supuesto plantea una cuestión de Derecho que puede presentarse en cualquier momento. Hill v. United States, 368 U.S. 424 (1962); United States v. López, 428 F.2d 1135 (2d Cir. 1970), 2 Wright, op. cit. supra, sec. 582, nota 23 y sec. 584. Bajo el segundo supuesto la moción invoca hechos y circunstancias particulares del caso y debe presentarse dentro de los plazos que señala la transcrita Regla 185(a).

Conviene señalar que como aquí la moción fue presentada en tiempo, con ello quedó interrumpido el término de sesenta días que bajo las circunstancias de este caso tiene el tribunal para rebajar la sentencia. Interpretando una disposición similar de la Regla 35 federal, de donde procede nuestra Regla 185(a), se ha resuelto que el término es jurisdiccional —Peterson v. United States, 432 F.2d 545 (8th Cir. 1970); United States v. Lewis, 392 F.2d 440 (4th Cir. 1968); United States v. Ellenbogen, 390 F.2d 537 (2d Cir. 1968), certiorari denegado 393 U.S. 948 — y que no puede ampliarse no importa qué excusa haya para ello. United States v. Rush, 60 F.R.D. 211 (D.C. Minn. 1973); Brown v. United States, 287 F. Supp. 442 (D.C. Pa. 1968), citando United States v. Robinson, 361 U.S. 220, 226 (1960). Empero, hay jurispru-dencia que sostiene que el plazo se interrumpe con la presen-tación de la moción y que no se invalida la decisión del tribunal de rebajar la sentencia porque tal acción se tomara des-pués de transcurrido el plazo. Véase al respecto Leyvas v. United States, 371 F.2d 714, 719 (9th Cir. 1967), que sos-tiene que esta es la interpretación más generalizada, citando Dodge v. Bennet, 335 F.2d 657 (7th Cir. 1964); United

States v. Koneski, 232 F.2d 862 (4th Cir. 1963); Johnson v. United States, 236 F.2d 459, 461 (5th Cir. 1956). Esta posición es también favorecida por Moore, 8A Moore’s Federal Practice, 2da. edición, sec. 35.02, pág. 35-36, y por Wright. Véase op. cit., supra, tomo 2, see. 587. Esta interpretación parece más justa. Debe bastar, por tanto con que la moción se presente dentro del plazo correspondiente fijado en la Regla 185(a) para que el tribunal sentenciador pueda, si así lo estima prudente, rebajar la sentencia.

Las jurisdicciones federales han interpretado que una moción de rebaja de sentencia “es esencialmente una solicitud de clemencia.” United States v. Ellenbogen, supra; Poole v. United States, 250 F.2d 396, 399, 401 (App. D.C. 1957). Sostienen que va dirigida a la sana discreción del tribunal sentenciador United States v. Krueger, 454 F.2d 1154 (9th Cir. 1972); United States v. Coffer, 451 F.2d 387 (10th Cir. 1972); United States v. Jones, 444 F.2d 89 (2d Cir. 1971); United States v. Hendrickson, 442 F.2d 360 (3rd Cir. 1971); United States v. Sanders, 438 F.2d 344 (5th Cir. 1971); United States v. Dennison, 437 F.2d 439 (8th Cir. 1971). Véanse, además, 5 Orfield, Criminal Procedure Under the Federal Rules, sec. 35:39; 8A Moore’s Federal Practice, 2da. edición, sec. 35.02; 2 Wright, Federal Practice and Procedure, sec. 586. En Rosa, supra, aceptamos que es discrecional la concesión de la vista, pero no adoptamos el criterio de que la moción es una solicitud de clemencia. No creo que debamos adoptarlo.

Si la moción bajo la Regla 185(a) se presenta luego de que el acusado convicto solicitara y obtuviera, bajo la Regla 171, una vista sobre atenuantes, es decir, antes de que fuera sentenciado, estaría justificado el tribunal sentenciador en denegarla de plano. Si no se celebró una vista sobre atenuan-tes bajo la Regla 171 porque el acusado no la solicitó, renun-ció a ella y concederla bajo la Regla 185(a), es decir, después de sentencia, sería discrecional. Si la vista sobre atenuantes fue solicitada bajo la Regla 171 y fue denegada y el delito de que fue convicto el acusado no es asesinato en primer grado, cometería error el tribunal sentenciador si la denegara nueva-mente al serle solicitada bajo la Regla 185 (a). Los hechos de este caso no caen bajo ninguna de esas tres circunstancias. No se celebró una vista sobre circunstancias atenuantes antes de ser sentenciado el aquí peticionario. No podríamos decir que renunció a ella por cuanto este Tribunal no le ha reconocido el derecho a que se la concedieran. Bajo tales circunstancias, y considerando los principios aquí enunciados, debería devol-verse el caso al tribunal sentenciador para que sea aquél, y no nosotros, quien decida si debe acceder a reducir la senten-cia impuesta.

       Mortimer J. Adler, A Catechism for Our Times, artículo publicado en The Great Ideas Today, publicación de Enciclopaedia Britannica, Inc., 1969.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lizandro Pérez Cruz, acusado y apelante.

      Número: CR-74-45

      Resuelto: 15 de noviembre de 1974

      Dora Nevárez Muñiz, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de autos no plantea cuestiones complicadas de derecho. Revela, no obstante, graves deficiencias en nuestro sistema de impartir justicia que ameritan su señalamiento en una opinión formal.

El 26 de junio de 1968 se sentenció al apelante a cum-plir concurrentemente una pena de cinco a ocho años de presidio por los delitos de ocultación y transportación y de posesión de heroína. 24 L.P.R.A. sec. 974z. Apeló de inmediato y el 2 de julio de 1968 se ordenó la transcripción libre de costo.

El 9 de noviembre de 1971, poco más de tres años y cuatro meses después, se radicó la transcripción de evidencia. La defensa no expresó reparos a la misma en la fecha señalada para el acto de su aprobación, el 1 de diciembre de 1971, pero se suspendió éste por ineompareeencia del fiscal y del juez que entendieron en la causa. De ahí en adelante ocurrieron siete suspensiones más. A pesar de haber sido apercibidos en dichas ocasiones de la necesidad de expresar sus puntos de vista sobre dicha transcripción, ni el juez sentenciador ni el fiscal formularon nunca su posición al respecto, aunque la defensa continuó señalando su conformidad con el récord. Finalmente, ante situación tan insólita, otro juez ordenó, el 2 de mayo de 1974, que se remitiesen los autos a este Tribunal. Para entonces, el juez sentenciador no pertenecía a la judicatura y el apelante había salido del presidio, hallándose en libertad bajo palabra. Quedó sometido el caso a la consideración de este Tribunal, tras la preparación de los alegatos correspondientes, el 16 de octubre de 1974.

Censuramos con firmeza esta situación. Justicia lenta no es justicia. Los calendarios de los tribunales del país están abarrotados de causas, pero dicho factor, que explica la tardanza en ciertas circunstancias, no excusa lo ocurrido en este caso. De resolverse que se ha cometido un error sustancial en un cuadro de hechos como el presente, ¿cómo se le devuelven al perjudicado los años perdidos? No es posible una reforma judicial sin el ejercicio de la máxima diligencia por todos los integrantes del sistema.

En lo que concierne al aspecto jurídico de este caso, el principal testigo de cargo, un agente de Rentas Internas, de-claró haber salido de ronda por la mañana junto a tres compa-ñeros hacia un sector de Cataño donde tenían conocimiento de que se traficaba en drogas. Al acercarse al sitio observaron al apelante sentado sobre unos anuncios, soñoliento, bajo el efecto aparente de narcóticos. Tres de los agentes se bajaron del vehículo y caminaron un trecho en dirección al apelante mientras el automóvil continuó su marcha normal. Al per-catarse el apelante de la cercanía de los extraños, continuó declarando el agente, lanzó un sobre que tenía hacia unos arbustos. Lo localizó el agente, halló en él diez bolsas de heroína y les avisó a sus compañeros que efectuasen el arresto. También testificó el químico de la policía respecto a la identi-ficación de la droga.

El apelante admitió en el juicio que era adicto y que llevaba consigo las diez bolsas de heroína, pero alegó que no se des-prendió de ellas, que lo que ocurrió fue un registro ilegal. La defensa utilizó también como testigo a otro agente que par-ticipó en la ronda, pero éste corroboró detalle por detalle el testimonio del principal testigo de cargo.

El caso actual es claramente distinguible de Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966) y Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974). La prueba de cargo, fortalecida por la de la propia defensa, no fue flaca y descarnada. Es un caso de evidencia lanzada al suelo que, en ausencia de otras consideraciones, puede inducir a sospecha de la posible existencia de testimonio estereotipado. Si se examinan, no obstante, las normas expuestas en González del Valle, se observará que no se trata aquí de un testimonio inherentemente irreal o improbable. Tampoco constan en el récord contradicciones, lagunas o vaguedades que maculen la prueba de cargo. Recuérdese, además, nuestra expresión en González del Valle al efecto de que una declaración de índole normalmente estereotipada puede perder su condición de tal si se le rodea de suficientes detalles y se va más allá de presentar los datos indispensables para probar los requisitos mínimos del delito. En el caso presente se testificó sobre la composición exacta de la ronda, identificándose los nombres de sus integrantes, se describió su misión, la hora a que se salió y hacia dónde; y se aportaron otros detalles. Un testigo de la defensa corroboró la prueba de cargo. El propio apelante aceptó que portaba la heroína. No existe base para resolver de modo distinto al efectuado por el juzgador el conflicto de credibilidad que este caso plantea.

Respecto al alegado registro ilegal, debe señalarse que la defensa no hizo la correspondiente moción para la supresión de la evidencia cinco días antes del juicio, según lo requiere la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, ni se dan en este caso las excepciones que dicha regla establece para el incumplimiento de dicho requisito. Pueblo v. Bonet Flores, 96 D.P.R. 685 (1968).

Se confirmará la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aurelio González Soto, acusado y apelante.

      Número: CR-72-37

      Resuelto: 15 de noviembre de 1974

      Raúl M. Olmo Olmo, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado de haber cometido seis actos im-púdicos con sus cuatro hijas menores de 14 años de edad, en violación del Art. 260 del Código Penal de 1902, 33 L.P.R.A. see. 966.

Luego de desfilada la prueba de cargo, el tribunal absolvió al acusado de dos de esas acusaciones por entender que no se presentó prueba para sostenerlas. El tribunal, además, some-tió al jurado la consideración de otra de las acusaciones como una por acometimiento y agresión grave, por razón de que la menor concernida tenía más de 14 años a la fecha de los hechos. El jurado absolvió al apelante de ésa y de otra acusa-ción y lo encontró culpable de las dos acusaciones restantes. Fue condenado a cumplir sentencias consecutivas de dos a cuatro años y de tres a cinco años de presidio.

La única cuestión que plantea el apelante consiste en que se permitió a una de las menores declarar sobre actos lascivos cometidos con ella por el apelante hacía aproximadamente siete años, cuando ella tenía 8 años de edad. La defensa sos-tiene que esa prueba no era admisible por tratarse de un delito remoto, prescrito y de un delito más grave que los que le fueron imputados al apelante.

Como se sabe, la norma general es al efecto de que no es admisible prueba de otros delitos cometidos por el acusado distintos a aquel cuya comisión se ventila en el juicio, salvo determinadas circunstancias, Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676, 686 (1972); Pueblo v. Pimentel Camacho, 89 D.P.R. 135, 139 (1963), pero la necesidad de hacer justicia ha llevado a los tribunales a crear y a aceptar una serie de excep-eiones a dicha norma, algunas de las cuales las relacionamos a las págs. 686 y 687 de Pueblo v. Reyes Lara, supra. El tratadista McCormick señala diez excepciones a la mencionada norma. McCormick On Evidence (1954), págs. 328-331.

Una de dichas excepciones, reconocida por la jurisprudencia y por los tratadistas, consiste en los delitos sexuales, pues residiendo la raíz de dichos actos frecuentemente en enfermedades o anormalidades mentales, puede demostrarse que una persona es propensa a cometer dichos actos cuando de hecho ha cometido varios iguales o parecidos. Véanse, Pueblo v. Romero Cuesta, 101 D.P.R. 404 (1973); Pueblo v. Firpi Negro, 96 D.P.R. 215 (1968); 1 Underhill, Criminal Evidence, 6ta. ed. (1973), see. 212.

Dado el propósito de traer a colación delitos iguales o parecidos cometidos por el acusado — su compulsión o propensión a cometer tales actos — no hay una regla fija e inflexible sobre qué es cercano o remoto. Teniendo en cuenta la serie de actos envueltos en este caso no consideramos remotos, en el sentido de ser inadmisibles, los actos llevados a cabo por el apelante con una de sus hijas seis o siete años atrás. Tampoco es de importancia si el delito está prescrito o no. Como hemos señalado, lo que se trata de demostrar es la peligrosidad del acusado y no si los actos anteriores constituían todavía delito público o no. En Firpi Negro, supra, el tiempo transcurrido era de cuatro años y en State v. Browder, 112 S.E.2d 728 (1960), era de seis.

Como insinuamos en Pueblo v. Claudio Serrano, 102 D.P.R. 726 (1974), el caso de autos también parece a todas luces ser uno de los contemplados por el Art. 72 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 3373, cuyo artículo dispone que el convicto de los delitos sexuales allí mencionados “que hubiere revelado tendencia irreprimida a cometer dichos delitos, será declarado por el Tribunal delincuente sexual peligroso y será internado en una institución adecuada para su tratamiento.” Sobre la estrecha relación entre el derecho penal sexual y la

siquiatría, pueden verse los siguientes trabajos: Bauer, El Derecho penal sexual en la actualidad; Hochheimer, El Derecho penal sexual desde el punto de vista psicológico-antropoló-gico; Burger-Prinz, Psiquiatría y Derecho penal sexual; Adorno, Tabús sexuales y Derecho en la actualidad y otros, en Sexualidad y Crimen, 3ra. ed. alemana, versión española del Instituto Editorial Reus, Madrid, 1969. También Earpman, The Sexual Offender and His Offenses (1964). Señalan los autores que en esta clase de delitos, cuando no media violencia o coacción, generalmente los autores no persiguen cometer homicidios o hacer daño corporal a las personas sino que no hacen más que buscar compulsivamente, y aún a pesar de sí mismos, su triste satisfacción. Adorno, obra citada, pág. 331.

No habiéndose cometido el error señalado y dada la legisla-ción positiva vigente, se confirmarán las sentencias apeladas.