text:
    Víctor Colón Pérez, recurrente, v. Alcalde del Municipio de Ceiba y Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, recurridos.

      Número: R-81-77

      Resuelto: 12 de mayo de 1982

      Wilfredo Rivera Figueroa, Samuel Ríos López, Sandra I. Peña Osorio de Servicios Legales de P.R., abogados del recurrente; Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado del recurrido Municipio de Ceiba.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Efectivo el 2 de octubre de 1978 Víctor Colón Pérez fue nombrado por el Alcalde del Municipio de Ceiba Supervisor de Equipo Pesado como “empleado de confianza” Su superior inmediato era el Director de Obras Públicas Municipal, y sus tareas consistían en preparar informes, solicitar reparación de equipo averiado, asignar las labores a los operadores de máquinas, y operar personalmente las mismas en ausencia de otro operador. El 28 de febrero de 1980 fue cesanteado. No conforme apeló a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP), la cual desestimó ese recurso bajo la tesis de que siendo de confianza su nombramiento —correspondía al plan de puestos de confianza consignado en la ordenanza Núm. 38, serie 1976-77 del 29 de abril de 1977— carecía de jurisdicción en virtud de nuestra decisión en Pou Estape v. F.S.E., 108 D.P.R. 336 (1979). Dicho foro administrativo adujo además que Colón Pérez tenía pleno conocimiento de esa clasificación e ingresó al servicio sin observarse las exigencias de la Ley, esto es, sin selección a través del proceso de libre competencia y sin sujeción al trámite de aprobación satisfactoria de un período proba-torio.

En revisión judicial el Tribunal Superior, Sala de Humacao, confirmó la resolución de la JASAP. El recu-rrente acudió ante nos, y concedimos al municipio término para que nos mostrara causa por la cual no deberíamos revocar esos dictámenes. Resolvemos.

I

Se imponen unas consideraciones preliminares. Prime-ro, hemos de aclarar que no existe alegación ni indicio alguno sobre motivaciones o discrimen político-partidista en la acción municipal. Segundo, el pronunciamiento expuesto en Pou Estape, supra, debe estimarse en el contexto de los hechos allí presentes. Pou Estape ocupaba un cargo dentro del Servicio Exento, en virtud de la Ley-de Personal entonces vigente —Núm. 345 de 12 de mayo de 1947 según enmendada. Resolvimos que bajo ese estado de derecho la JASAP carecía de jurisdicción para entender en el asunto, enfatizando que la “Junta no tenía ni tiene jurisdicción para entender en casos de servicio exento gobernados por la anterior Ley de Personal. . .”. Pou Estape, supra, pág. 341. Y tercero, distinto al caso Pou Estape, el nombramiento y despido del recurrente Colón Pérez ocurre al amparo de la Ley de Personal actual —Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.).

Hechas estas aclaraciones, concentrémosnos en la solu-ción del recurso. Los autos reflejan que las tareas asigna-das al recurrente Colón Pérez aparentemente distan mucho de ser las previstas para un cargo de confianza. La vigente Ley de Personal establece dos clasificaciones de puestos, a saber, Servicio de Carrera y Servicio de Confianza. Sobre esta última categoría, el Art. 5.10 contiene los criterios que sirven para evaluarla y consigna un sinnúmero de puestos, que de jure, son de confianza y de “libre selección y remoción”. Reza:

Empleados de confianza
Los empleados de confianza son aquellos que intervienen o colaboran sustancialmente en la formulación de la política pública, que asesoran directamente o que prestan servicios directos al jefe de la agencia, tales como:
(1) Los funcionarios nombrados por el Gobernador, sus secretarias personales y conductores de vehículos; así como sus ayudantes ejecutivos y administrativos que les respondan directamente.
(2) Los Jefes de Agencias, sus secretarias personales y conductores de vehículos; así como sus ayudantes ejecutivos y administrativos que les respondan directamente.
(3) Los Subjefes de Agencias, sus secretarias personales y conductores de vehículos.
(4) Los directores regionales de agencias.
(5) Las secretarias personales y los conductores de ve-hículos de los funcionarios seleccionados por elección popular; así como los ayudantes que respondan directamente a dichos funcionarios.
(6) Los miembros de juntas o comisiones permanentes nombrados por el Gobernador y sus respectivos secretarios personales.
(7) Los miembros y el personal de juntas o comisiones nombradas por el Gobernador que tengan un período determinado de vigencia.
(8) El personal de las oficinas de ex-gobernadores de Puerto Rico. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1350.

Además de esos puestos, la Ley autoriza la aprobación de puestos de confianza a base de lo siguiente:

(1) Cada agencia deberá presentar, para la aprobación de la Oficina, un plan que contenga los puestos de confianza con que interese funcionar. En el caso de los municipios, la Asamblea Municipal seguirá la ordenanza o resolución aprobando el plan sometido por el Alcalde y la remitirá a la Oficina a los efectos solamente de ésta cotejar que se haya cumplido con las disposiciones de la see. 1350 de este título.
(2) La Oficina sólo intervendrá para determinar si el plan sobre puestos de confianza cumple con las disposiciones de la see. 1350 de este título.
(3) La Oficina no podrá aprobar más de 25 puestos de confianza para una misma agencia, excepto para aquéllas por cuyo tamaño, complejidad u organización requieran un número mayor de puestos de confianza para el funciona-miento eficiente.
(4) Toda agencia interesada en aumentar o disminuir el número de puestos de confianza someterá el plan a la Oficina, que sólo intervendrá a los fines de ver que se cumpla con los criterios que establece la see. 1350 de este título. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1351.

Se advierte, pues, que distinto a las agencias en que el plan sobre puestos de confianza deberá ser aprobado por la Oficina Central de Personal, el deber de los municipios es remitir a dicha Oficina el plan, con el propósito de que ésta coteje, esto es, confronte si el mismo cumple o no con lo dispuesto en cuanto a los dos criterios visualizados: (1) funciones (intervención y formulación sustancial en la política pública); o (2) relación (la prestación de servicios directos al jefe de la agencia).

Nada hay en el estatuto —sería ello un contrasentido— que nos permita sostener la teoría de que la autoridad municipal tiene discreción absoluta para clasificar arbi-trariamente a sus empleados. No es la etiqueta ni la descripción escrita de los deberes lo determinante, sino la naturaleza real de las funciones -en atención al conjunto de esos deberes y responsabilidades, o la relación con el jefe de la agencia. Es, pues, comprensible que la interven-ciOn de la Oficina Central de Personal con los municipios en este aspecto trascienda el simple cotejo automático. Su participación es deliberativa, no meramente informativa. Conlleva verificar que la ordenanza o resolución municipal que aprueba los puestos de confianza responda en esencia a los parámetros y criterios fijados en la secciOn antes transcrita. Lo contrario propiciarIa que se desnaturaliza-ran los loables propósitos que inspiraron la Ley, amen de atentar contra el desarrollo racional, uniforme y pleno del sistema de méritos en todos los sectores del servicio publico del pals, incluso las municipalidades.

A la luz de las pautas y criterios legales expuestos nos resulta difícil concluir que las funciones del recurrente Colón Reyes pudieran válidamente servir para clasificar el puesto como de confianza. Todo, tanto en su dimensión funcional como en la ausencia de relación directa con el alcalde, tiende a indicar lo contrario. En consecuencia, para fines argumentativos y dispositivos del recurso ha-bremos de presumir que sus servicios correspondían a un puesto clasificado en el servicio de carrera.

II

Bajo esta premisa, Colón Pérez aduce ser acreedor a la protección y beneficios de un empleado de carrera y, por ende, que no podía ser despedido sumariamente sin la formulación previa de cargos y celebración de vista. Por otro lado, el municipio recurrido persuasivamente expone que Colón Pérez “no compitió con otros aspirantes para la plaza de supervisor de equipo pesado. . . . Tampoco tomó examen de clase alguna para la misma, ni su nombre pasó a formar parte de un registro de elegibles ni aprobó período probatorio alguno”. Nos argumenta que el “em-pleado que pasa por el procedimiento anteriormente rela-tado, que prueba su idoneidad a través de un período probatorio, pasa a ser un empleado regular de carrera, see. 4.3(10) de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1333(10). Son estos empleados de carrera a quienes resultan de aplica-ción las garantías sobre retención consagradas en la see. 4.6 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. 1336, y en la see. 9 del Reglamento de Áreas Esenciales. El señor Colón Pérez tenía conocimiento que su clasificación como empleado era de confianza. En su consecuencia, sabía o debía saber que habiendo sido seleccionado libremente de igual forma podía ser separado, sec. 5.10 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1350”. Termina su disertación proponiéndo-nos que a “dicho empleado no se le consagraba interés propietario alguno ni por ley, ni por reglamento, ni por circunstancia de clase alguna ...”.

III

¿Qué resultado se impone ante este cuadro táctico y trasfondo legal? A poco que reflexionemos notamos que la solución no puede depender del reclamo de ilegalidad en la clasificación. En última instancia a ello se reduce la posición del recurrente. Hemos de rechazarla. De pobre valor decisorio, moral y jurídico, sería pautar un remedio erigido sobre la base de la ilegalidad e inobservancia de una ley. De aplicación al caso de autos es el principio elemental, pero rector, de que “[s]on nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez”. Art. 4, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4. Máxime cuando ello atenta contra los valores de orden público plasmados en la Ley de Personal. No cabe extender la protección de la clasificación como empleado de carrera a quien logró tal puesto a base de criterios ajenos a esa categoría. “La igual protección de las leyes no implica igual protección de la violación de las leyes. . . . En el supuesto de que [el municipio] hubiese cometido algún error en la aplicación de la ley, esa actuación no sería válida.” Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978).

Resumiendo, aun bajo la hipótesis de que las funciones que desempeñaba el recurrente Colón Pérez no correspon-dieran a la clasificación de confianza, y sí propiamente a las que nutren un cargo de carrera, ello no sería motivo para un imprimátur judicial al respecto. Tal condición, por ser producto de una actuación contraria a la ley, es nula. No puede ampararse en esa tesis antinómica para lograr esos efectos jurídicos.

A tono con lo expuesto, aunque por distintos funda-mentos, se dictará sentencia en que se confirme la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que sostuvo el dictamen de la JASAP en contra del recurrente Víctor Colón Pérez.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz concurren en el resultado sin opinión.

      El formulario OP-11 refleja que el Alcalde suscribió el nombramiento el 2 de octubre de 1978, y que Colón Pérez juró fidelidad y tomó posesión del cargo el 25 de mayo de 1979. No hay explicación para esta tardanza.

       Obviamente esta enumeración es ejemplarizante. Las palabras claves que la preceden “tales como” son indicativas de una intención legislativa de concebir esas posiciones bajo un prisma de nwnerus apertus.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

license: Public Domain

text:
    Carmen I. Díaz de Llovet, recurrida, v. Oficina del Gobernador, recurrente.

      Número: R-81-373

      Resuelto: 12 de mayo de 1982

      Luis Muñoz Rivera, abogado de la recurrida; José Ramón Pérez Hernández, abogado de la recurrente.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Efectivo el primero de agosto de 1973, la Sra. Carmen I. Díaz de Llovet fue nombrada en el puesto de nueva creación exento denominado Auxiliar Administrativo II en la oficina del entonces Gobernador Hon. Rafael Hernández Colón, área de coordinación de Programas de Gobierno, por su ayudante Sr. Rafael De Santiago. Se desempeñó hasta que el 15 de marzo de 1977 —bajo la administración del actual incumbente Hon. Carlos Romero Barceló— fue cesanteada mediante comunicación suscrita por su Ayudante Especial Sr. Domingo García, bajo el fundamento de que el puesto era de libre remoción por estimarse de confianza en virtud de la nueva Ley de Personal. 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.

No conforme, apeló a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP) aducien-do, en síntesis, que tal actuación era ilegal y nula por las siguientes razones: ausencia de facultad del Sr. Domingo García para tomar esa determinación; ser empleada de carrera y estar protegida por las disposiciones y proce-dimientos de la Ley de Personal; y por tratarse de un discrimen político-partidista. Sometido el caso a base de unas estipulaciones y el expediente de personal, se con-firmó la cesantía.

Acudió entonces en revisión al Tribunal Superior, Sala de San Juan, reiterando sus señalamientos originales y, como error adicional, que la JASAP hubiese resuelto que ella había renunciado a las alegaciones sobre discrimen político por no haber contestado un interrogatorio. Opor-tunamente el foro judicial dictaminó que los autos del caso no le colocaban en posición idónea para adjudicar la controversia. Ordenó su devolución a la JASAP para que ésta resolviera si ella era o no empleada de confianza y decidiera de conformidad con la decisión emitida en Morales Narváez y Cotto Guadalupe v. Oficina del Gobernador, 112 D.P.R. 761 (1982). En reconsideración reiteró su fallo. A solicitud de la Oficina del Gobernador revisa-mos.

El siguiente párrafo de la recurrente sintetiza su ra-zonamiento:

Como cuestión procesal, respetuosamente entendemos que el Tribunal de Instancia erró al abstenerse de considerar y resolver el caso en sus méritos y devolverlo a la Honorable Junta, al ordenar a la Junta a que entrara una vez a considerar el caso para resolverlo a la luz de lo resuelto por el Tribunal de Instancia en el caso de Arnaldo Morales Narváez, et al Vs. Oficina del Gobernador. En cuanto a las cuestiones sustantivas o de derecho, entendemos respetuo-samente que el Honorable Tribunal Superior erró al no entrar a resolver sobre el status de la recurrida lo cual creemos es la base para la adecuada disposición de este caso. Además creemos que el Tribunal de Instancia cometió error al entender que lo resuelto por esta Honorable Superioridad en el caso de Reyes Coreano Vs. Loubriel, 80 J.T.S. [66, 110 D.P.R. 40 (1980)] es de particular aplicación al caso de Arnaldo Morales, et al Vs. Oficina del Gobernador, supra, y por ende, y a base de lo expuesto en la Sentencia de la cual aquí se recurre, al caso que nos ocupa.

Por su parte, la recurrida reafirma la posición y argumentos presentados ante la JASAP y el Tribunal Superior. La posición de las partes básicamente plantea dos interrogantes.

I

La primera, ¿qué status y derechos tienen, bajo la nueva Ley de Personal, aquellos empleados de la Oficina del Gobernador que comenzaron a desempeñar sus fun-ciones cuando estaba vigente la derogada?

Un breve examen de la evolución histórica y el trata-miento legislativo que ha recibido esa Oficina a través de los diferentes estatutos de personal nos permite ubicar en su correcta perspectiva la respuesta. Veamos.

La primera Ley de Servicio Civil en Puerto Rico fue promulgada el 14 de marzo de 1907. Su artículo cuarto creó dos clasificaciones: puestos en el Servicio Clasificado y en el Servicio No Clasificado. En virtud de su dinámica operacional el primero sería sinónimo del servicio de Carrera y el segundo de Confianza. Bajo esa pieza legislativa en la Oficina del Primer Ejecutivo sólo existían dos puestos en el Servicio No Clasificado, que corres-pondían a su secretario particular y su estenógrafo confi-dencial. Los restantes estaban bajo el Servicio Clasificado. Este estatuto experimentó varias enmiendas a través de los años, pero ninguna alteró las clasificaciones de esa Oficina.

Posteriormente fue derogado por la Ley Núm. 88 de 11 de mayo de 1931 que propiamente creó la segunda Ley de Servicio Civil en Puerto Rico. En nada afectó las clasifi-caciones de los puestos en la oficina ejecutiva. Tampoco las enmiendas sobrevenidas modificaron la situación.

Subsiguientemente, la Ley Núm. 345 del 12 de mayo de 1947 derogó dicho estatuto. 3 L.P.R.A. see. 641 et seq. Por primera vez se conceptúa de manera científica y se aprueba un Sistema de Administración de Personal basado en el principio de mérito. Se crearon tres divisiones de puestos: Servicio Exento, Servicio Por Oposición y Servicio Sin Oposición. En su See. 8, inciso a, enumeraba los cargos comprendidos en el Servicio Exento. Como surge de su vocablo, Servicio Exento significa que está excluido de la ley y sus reglamentos. No incluía expresamente a la Oficina del Gobernador, como tampoco personal de la misma. El inciso b, detallaba los del Servicio Sin Oposición y en su apartado 3 —como limitación a la Oficina del Primer Ejecutivo— le autorizaba y permitía solamente nombrar como máximo a ocho (8) empleados bajo esta clasificación. Además específicamente designaba los “em-pleados domésticos de la mansión ejecutiva” en el Servicio Sin Oposición. El inciso c, catalogaba en el Servicio Por Oposición los cargos o puestos de todos los demás fun-cionarios o empleados del Gobierno Insular existentes o los que se crearen en el futuro y que no estuvieren incluidos específicamente en los otros dos servicios. 3 L.P.R.A. see. 648.

Mediante enmienda de la Ley Núm. 324 de 13 de mayo de 1949 se autorizó al Gobernador a nombrar —para el buen funcionamiento de su oficina— uno o más funcio-narios en el Servicio Exento o en el Servicio Sin Oposición. Esta enmienda, si bien no fijó un máximo en cuanto a la cifra de empleados que podían así ser incluidos como exentos, ciertamente era de carácter limitado y no consti-tuyó una variación en la óptica legislativa prevaleciente sobre la clasificación. Por disposición administrativa, como poder nominador podía redesignar algunos puestos, pero no podía convertir su oficina en una oficina totalmente exenta, atributo que correspondía a la Rama Legislativa.

Resumiendo, la trayectoria, la clasificación y el enfoque legislativo en las distintas leyes de personal promulgadas, consistentemente habían considerado la Oficina del Gober-nador dentro del sistema de mérito. Estatutariamente nunca fue comprendida en la dimensión o radio de acción del Servicio Exento. Únicamente por vía de excepción, concebida para casos limitados, se utilizó dicha categoría.

El primero de julio de 1973, el Gobernador Hernández Colón aprobó un reglamento para la administración de su oficina, alterando por primera vez las clasificaciones y disponiendo en su Art. 1 que todos los puestos serían clasificados en el Servicio Exento. Bajo esta reglamenta-ción la señora Díaz de Llovet fue nombrada.

Así las cosas se promulga en el año 1975 el nuevo estatuto de personal. Establece sólo dos clasificaciones de puestos: Servicio de Carrera y Servicio de Confianza. En lo concerniente al caso de autos, y sobre la primera clasifi-cación, su Art. 5.10 dispone:

Los empleados de confianza son aquellos que intervienen o colaboran sustancialmente en la formulación de la política pública, que asesoran directamente o que prestan servicios directos al jefe de la agencia, tales como:
(1) Los funcionarios nombrados por el Gobernador, sus secretarias personales y conductores de vehículos así como sus ayudantes ejecutivos y administrativos que les respondan directamente.
Los empleados de confianza serán de libre selección y remoción. Serán igualmente de confianza aquellos que aunque siendo de libre selección sólo pueden ser removidos por justa causa por disposición de ley o aquellos cuyo nombramiento sea por un término prefijado por ley.
Cuando un empleado regular en un puesto de carrera pasa a ocupar un puesto de confianza y sea removido posterior-mente del cargo de confianza que ocupa, tendrá derecho a que se le reinstale en un puesto igual o similar al que ocupó en el servicio de carrera al momento en que pasó a ocupar el de confianza. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1350.

El Art. 5.12 (3 L.P.R.A. see. 1352) define el concepto de empleado de carrera como todos aquellos empleados no incluidos en el Art. 5.10. Advertimos que bajo esta legislación, y para fines de la clasificación, se tomarán en consideración las funciones de las personas que ocupan el puesto. De esa forma el legislador impuso una limitación a la autoridad nominadora. Otros indicadores de esa volun-tad restrictiva los detectamos en el Art. 5.11(3), 3 L.P.R.A. see. 1351, que como regla general limita el número de puestos de confianza susceptibles de así ser creados, en adición a los expresados, a un máximo de 25 por agencia.

El Art. 9 de esta ley reglamenta los derechos que tendrán los empleados públicos al entrar en vigor. Sus incisos 6 y 7 —que gobiernan la situación de autos y versan sobre la clasificación de puestos en el Servicio Exento— rezan:

(6) Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieren ocupando puestos en agencias, o subdivisiones de éstas que en su totalidad están comprendidas en el Servicio Exento a virtud de las disposiciones de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, o de leyes especiales, las cuales pasen a ser Administradores Individuales a virtud de las disposiciones de la see. 1343 de este título, serán empleados de carrera o de confianza conforme a los criterios estable-cidos en las sees. 1350, 1351 y 1352 de este título.
(7) Los demás empleados que estuvieren ocupando puestos en el Servicio Exento a virtud de las disposiciones de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, o de leyes especiales, serán empleados de confianza si conforme a lo establecido en las sees. 1350 y 1351 de este título estuvieren comprendidos dentro de la categoría de emplea-dos de confianza. Si de acuerdo con las referidas secciones no estuvieren comprendidos dentro de la categoría de con-fianza pasarán a ser empleados de confianza mientras la autoridad nominadora los retenga en sus puestos, pero sus sucesores serán empleados de carrera. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1421(6), (7).

La Oficina del Gobernador —agencia donde existía más de una clasificación de puestos— sostiene la aplicabilidad del inciso 7 a base de los siguientes argumentos: (a) que el Reglamento promulgado por el Gobernador Hernández Colón, en su Sec. 15 excluía del “Servicio Exento un grupo de funcionarios que antes de entrar en vigencia este Reglamento pertenecían a los Servicios Por Oposición y Sin Oposición y decidieron continuar en los mismos”; y (b) que la anterior Ley de Personal clasificaba dicha Oficina dentro de los tres tipos de servicio. En contra, la recurrida señora Díaz de Llovet se apoya en el inciso 6 por entender que todos los puestos en la Oficina del Gobernador estaban clasificados en el Servicio Exento en virtud del aludido Reglamento.

II

Con este trasfondo en mente notamos que la decisión correcta exige precisar si la Oficina del Gobernador, como Administrador Individual es una Agencia: (1) en la que todos sus puestos estaban comprendidos en la clasificación del Servicio Exento bajo las disposiciones de la derogada Ley de Personal, o leyes especiales; o (2) si existían otras clasificaciones tales como el Servicio Sin Oposición y Por Oposición. Bajo la primera hipótesis el nuevo estatuto provee que se haga la determinación —conforme a los criterios en éste enunciados— a base de precisar qué tipo de funciones desempeñaba el empleado. 3 L.P.R.A. sees. 1350, 1351 y 1352. Así, un empleado en funciones de carrera, pasaría a tener esa clasificación. De haber estado desempeñando labores de confianza pasaría a esa clasifi-cación (de confianza). Sin embargo, bajo la segunda alternativa el estatuto prescribe —independientemente de las funciones que estuviese cumpliendo el empleado a la fecha de su vigencia— que serían de confianza. Finalmente, de la diferencia entre una y otra clasificación dependerá la protección que recibirá el empleado, brindada por el sistema de mérito: los de carrera, en su totalidad y los de confianza, como regla general, ningún tipo de protección. Su permanencia o separación dependerá de la sana dis-creción de la autoridad nominadora.

La tesis de la recurrida Díaz de Llovet no puede prevalecer. Advertimos que al momento de aprobarse la Ley de Personal actual, la Oficina del Primer Ejecutivo estatutariamente no estaba en la categoría de Servicio Exento, sino que existían tres clasificaciones. No es correc-ta su contención sobre el Reglamento. Su alcance no podía tener ni alterar la categoría mixta de la Agencia. El Gobernador no estaba facultado bajo la ley derogada ni bajo ley especial a proceder de esa forma. La prerrogativa, como poder nominador de incluir “uno o más funcionarios o empleados de [su] oficina ... en el Servicio Exento o en el Servicio sin Oposición” era limitada. No conllevó una autorización para el traslado colectivo de su oficina al Ser-vicio Exento. Ello representaba un cambio sustancial del Poder Legislativo. Muy fácilmente éste pudo redactar un lenguaje claro, sencillo y directo permitiendo modificar la naturaleza mixta de la Oficina Ejecutiva. No se hizo. No cabe, pues, esa interpretación. Ni la trayectoria legislativa e historial así lo autorizaban. Careciendo de ese poder, no podía reglamentariamente sustituirse la voluntad legisla-tiva. A.P.I.A. U., Inc. v. Srio. de Hacienda, 100 D.P.R. 173 (1971). Refuerza esta interpretación que la ley derogada permitía una reclasificación de exento al Servicio Sin Opo-sición, pero no a la inversa. Segundo párrafo del inciso e del citado Art. 8.

Esa visión es congruente con adelantar y extender el sistema de mérito al mayor número de empleados públicos. Precisamente éste fue el objetivo y la orientación natural del estatuto. Admitir que la actuación del Gobernador en el año 1973 afectó y cambió la clasificación estatutaria es atribuirle un alcance no previsto que trastocaría la intención del legislador. El principio de mérito se fundamenta en que todos los empleados públicos deben seleccionarse, ascenderse, adiestrarse y retenerse en sus empleos con exclusiva atención a sus méritos individuales, sin distinciones por condición de raza, color, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas. La clave es la idoneidad del aspirante al servicio público. Así, el proceso de selección de candidatos resulta ser uno de los aspectos más cruciales en el funcionamiento de este tipo de sistema. En este caso la señora Díaz de Llovet fue nombrada para un puesto exento directamente. Al ser designada, la Oficina del Gobernador no era una agencia exenta en su totalidad. Por lo tanto, el inciso 7 del Art. 9 de la Ley de Personal es el aplicable. Como coro-lario, ella, como empleada exenta, se convirtió en de con-fianza por imperativo de la nueva legislación.

III

Lo anterior no dispone del recurso. Todavía debemos examinar ,si estuvo correcta la JASAP al estimar renun-ciadas las alegaciones sobre discrimen político-partidista por no haberse contestado un interrogatorio. Debido al decreto del tribunal de origen, éste no hizo pronuncia-miento al respecto.

Los autos ante nos demuestran que la alegación de discrimen fue originalmente planteada en el escrito de apelaciOn enmendado. Con posterioridad se estipuló que [a cuestiOn serla sometida en una vista ulterior de ser necesaria la misma. Subsiguientemente [a Oficina del Gobernador radicO una moción para que se le permitiera hacer descubrimiento de prueba limitado al aspecto del discrimen. Después lo notificó. No aparece que fuera contestado. Ahora bien, tampoco surge que la JASAP concediera -a tono con el Art. 1(30) de su Reglamento- la autorización previa necesaria para tal trámite. En estas circunstancias, erró dicho organismo al imponer la san-ción. Primero debió cumplir con las reglas que gobiernan sus procedimientos internos. Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22 (1967). Lo expuesto trasciende el mero formalismo procesal. La alegacion de discrimen por razón de ideas político-partidistas es de carácter serio. Ante la misma no deben erigirse obstáculos fáciles que vulneren el debido proceso de ley. Como parte de nuestro mandato la JASAP debe pasar juicio primero sobre dicha alegación. No milita en contra la clasificaciOn de empleada de confianza de la señora DIaz de Llovet. Si bien por tal condiciOn no goza de un interés propietario sobre su trabajo, resulta de aplicaciOn la doctrina de Branti v. Finkel, 455 U.S. 507 (1980). Bajo la misma, tendría una causa de acción dirigida a retener su empleo de confianza si la causa del despido se debió a razones político-partidistas, salvo que el Estado probara que la afiliación política era un requisito apropiado para el desempeño efectivo del puesto.

Finalmente el señalamiento de error respecto a que el Sr. Domingo García, Ayudante Especial del Gobernador, no tenía facultad en ley para decretar la separación no fue cometido. La recurrida Díaz de Llovet invoca la Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956 (3 L.P.R.A. sees. la(a) y (b)), que prescribe que el Primer Ejecutivo puede delegar sus funciones, siempre y cuando no esté en contravención con un estatuto específico o con la Constitución y que la delegación sea por escrito a través de una proclama o boletín administrativo firmado por el Gobernador. El historial legislativo demuestra que entre las funciones contempladas como delegables estaban, “cambios de estados de plaza en la Oficina del Gobernador”. Diario de Sesiones, 1956, Vol. 8, Tomo II, pág. 900.

El Gobernador Romero Barceló, mediante carta fecha-da el día 3 de enero de 1977 autorizó al señor García “a firmar todos los contratos estatales y federales que tengan relación con la Oficina del Gobernador en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y “todos los documentos oficiales relacionados con la Oficina del Go-bernador”.

Evidentemente se incumplió con el requisito de publicación. Sin embargo, la recurrida no nos argumenta persuasivamente qué efectos tuvo esa inobservancia en su caso. Por un lado el estatuto guarda silencio. Y por otro, su nombramiento en el año 1973 fue hecho por un funcionario de igual jerarquía, el entonces ayudante ejecutivo Sr. Rafael De Santiago. De nada puede quejarse.

Por los fundamentos expuestos se dictará sentencia en que se modifique la del Tribunal Superior, Sala de San Juan en los siguientes extremos: resolviendo que a la Oficina del Gobernador le aplica el inciso 7, Art. 9 de la Ley de Personal vigente; que la Sra. Carmen I. Díaz de Llovet al momento de ser cesanteada era empleada de confianza; y que la JASAP debe dirimir en sus méritos la contención de discrimen por razones políticas con sujeción a lo aquí resuelto. Así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

La opinión se erige sobre el supuesto equivocado de que la enmienda de la See. 8 de la anterior Ley de Personal del Gobierno (Núm. 345 de 12 mayo, 1947) por Ley Núm. 324 de 13 mayo, 1949 de algún modo limitó el número de funcionarios o empleados que el Gobernador podía incluir en el Servicio Exento o en el Servicio Sin Oposición. Dice dicha enmienda:

See. 8, inciso 26.— Se faculta al Gobernador para que, en los casos en que él estime necesario para el buen funciona-miento de su oficina, de la Mansión Ejecutiva y del Negociado de Presupuesto, incluya a uno o más funcionarios o empleados de esas Oficinas en el Servicio Exento o en el Servicio sin Oposición. (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. see. 648.

El texto no deja dudas sobre la facultad del anterior Gobernador señor Hernández Colón para aprobar el Regla-mento de su oficina cuyo Art. 1 dispuso que todos los puestos serían clasificados en el Servicio Exento. Fue bajo esta disposición que recibió nombramiento de Auxiliar Administrativo II la recurrida Carmen I. Díaz de Llovet.

Hay que presumir que el Gobernador estableció dichas clasificaciones y que la recurrida fue eventualmente nom-brada en ejercicio de su mejor criterio sobre las necesi-dades para “el buen funcionamiento” de la Oficina del Primer Ejecutivo cuya facultad no quiso restringir el legislador según aparece de la enmienda transcrita, pues significativamente no siguió el método de especificar el número límite de empleados en el Servicio Sin Oposición y en el Exento, como lo hizo con otras agencias.

Resulta insostenible la posición adoptada en la opinión de que el referido Reglamento de la Oficina del Gobernador es nulo por haberse éste excedido en las facultades a él conferidas por ley; ninguna ley le prohibía incluir todo su personal en el Servicio Exento. Debe, pues, considerarse la Oficina del Gobernador como agencia que en su totalidad estaba comprendida en el Servicio Exento y en consecuen-cia aplicar al caso que nos ocupa el núm. 6o del Art. 9 de la Ley de Personal de 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1421(6)) que ordena:

Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieren ocupando puestos en agencias, o subdivisiones de éstas que en su totalidad están comprendidas en el Servicio Exento a virtud de las disposiciones de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, o de leyes especiales, las cuales pasen a ser Administradores Individuales a virtud de las disposiciones de la see. 1343 de este título, serán empleados de carrera o de confianza conforme a los criterios estable-cidos en las sees. 1350, 1351 y 1352 de este título.

No puede determinarse en revisión, como propone la opinión, que la recurrida advino empleada de confianza bajo la actual Ley de Personal. Hay hechos por depurar y fue correcta la decisión del Tribunal Superior que a falta de determinaciones factuales en el caso, ordenó la devolu-ción del asunto a la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal (JASAP) para que haga las adjudicaciones que corresponda. Si la recurrida no era ayudante administra-tivo que le respondiera directamente al Gobernador —y sabemos que ella no fue nombrada por éste sino por su ayudante Rafael De Santiago lo que sienta presunción de que era a éste a quien respondía directamente— entonces ella vino a ser por disposición del citado inciso (6) del Art. 9 de la Ley una empleada de carrera en virtud de lo dis-puesto en los Arts. 5.10, 5.11 y 5.12 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. sees. 1350, 1351 y 1352. En tal caso no podía despedírsele, como lo fue, y sí debe ser reinstalada en puesto igual o similar al último que ocupó. 3 L.P.R.A. see. 1350, párrafo final, según enmendado por Ley Núm. 1 de 17 de julio, 1979. Cf. Fidalgo Colón v. Adm. Derecho al Trabajo, 112 D.P.R. 1 (1982).

El caso debe remitirse a JASAP para que determine si la recurrida, una empleada que bajo la anterior Ley ocupaba un puesto comprendido en el Servicio Exento, por no ser propiamente de confianza, es acreedora a la clasificación de empleada de carrera bajo la nueva Ley y a tenor de los preceptos aquí examinados; y para que adjudique también la reclamación de discrimen político formulada por la recurrida.

Así modificada, confirmaría la sentencia revisada.

       Se apuntan como errores el que el tribunal de instancia no haya resuelto el caso en sus méritos; lo devolviera a la JASAP; la instruyera para que lo resolviese a la luz de la prueba de otros casos y usara como precedentes y fuente de derecho sus opiniones en casos pendientes de revisión ante el Tribunal Supremo (sub judice); no resolviera que el puesto era de carrera sino de confianza y de libre remoción; y retuviera jurisdicción.

       Ley Núm. 345 del 12 de mayo de 1947.

       Véase Díaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 195, 203-207 (1974).

      Las diferencias entre estos grupos están adecuadamente explicadas en Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923, 927-928 (1974).

      Las partes descansan en la premisa de que la Oficina del Primer Ejecutivo pasó a ser un Administrador Individual según la See. 5.3 de la Ley, 3 L.P.R.A. see. 1343. Véase Opinión del Secretario de Justicia del 19 de enero de 1977, Núm. 1.

       Leía:
      “Cualquier agencia, corporación pública o subdivisión política comprendida en el Servicio Exento o en el Servicio sin Oposición podrá, a solicitud propia y con la aprobación del Director ser incluida en el Servicio por Oposición en cuanto a la totalidad o cualquier parte de sus funciones, programas o actividades; y cualquier agencia, corporación pública o subdivisión política comprendida en el Servicio Exento podrá a solicitud propia y con la aprobación del Director, ser incluida en el Servicio sin Oposición en cuanto a la totalidad o cualquier parte de sus funciones, programa o actividades.”


text:
    Arnaldo Morales Narváez y Guillermo Cotto Guadalupe, demandantes y recurridos, v. Oficina del Gobernador, demandada y recurrente.

      Número: R-81-267

      Resuelto: 12 de mayo de 1982

      Carmelo Guzmán Géigel, Julio Maymí Pagán y Guillermo Mojica Maldonado, abogados de los demandantes-recurridos; José Ramón Pérez Hernández, abogado de la demandada-recu-rrente.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Arnaldo Morales Narváez se inició en el Servicio Público el 11 de agosto de 1964. Ocupó puestos en el Servicio Por Oposición tanto en el Fondo del Seguro del Estado como en el Departamento de Justicia. El 1ro de febrero de 1974 fue trasladado y ascendido a la Oficina del entonces Gobernador Hon. Rafael Hernández Colón. Se desempeñó en el puesto de Auxiliar Administrativo I en la División de Coordinación de Programas de Gobierno, clasificado en el Servicio Exento.

El 7 de septiembre de 1977 fue cesanteado por un Ayudante Especial del Gobernador Hon. Carlos Romero Bar celó aduciendo que la posición que ocupaba estaba in-cluida en el Servicio de Confianza, según el Art. 9, inciso 7 de la Ley de Personal, y, por lo tanto, de libre remoción.

No conforme, apeló y solicitó su restitución ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP) alegando ser empleado de carrera y que su cesantía fue nula por no habérsele formulado cargos, ni habérsele expuesto las razones ni haber sido informado de su derecho a apelar.

Guillermo Cotto Guadalupe comenzó su carrera en el Servicio Público el 1ro de octubre de 1962 como Oficinista Dactilógrafo I en el Departamento de Estado. A partir del 1ro de septiembre de 1972 se desempeñó como Auxiliar Fiscal II en la Comisión para Seguridad de Tránsito. Ambos puestos estaban clasificados en el Servicio Por Oposición. Mediante ascenso-traslado el 16 de marzo de 1973 pasó a ocupar la posición de Auxiliar Fiscal III —la cual posteriormente fue reclasificada como Auxiliar Ad-ministrativo III— en la Oficina del Gobernador, División de Servicios Gerenciales, puesto clasificado en el Servicio Exento. El día 22 de septiembre de 1977 fue separado del Servicio Público. Las razones para tal determinación fueron las mismas comunicadas a Morales Narváez. Tam-bién apeló a la JASAP cuestionando la validez de tal actuación y alegando tener derecho a reinstalación por ser empleado de carrera.

Ambos casos fueron consolidados y resueltos en la JASAP a base de memorandos de Derecho. El organismo

revisor confirmó en todos sus extremos las actuaciones de la Oficina del Primer Ejecutivo al concluir que bajo la derogada Ley de Personal, todo empleado regular (de carrera) que aceptaba un puesto comprendido en el Servicio Exento renunciaba expresamente a todos los derechos que le amparaban. Determinó que a los allí ape-lantes les aplicaba el Art. 9, inciso 7 del estatuto de personal vigente y por consiguiente la separación de los cargos estaba a la discreción de la autoridad nominadora.

Morales y Cotto acudieron al Tribunal Superior, Sala de San Juan, el cual resolvió que ambos tenían derecho a un debido proceso de ley donde se les brindara una vista con oportuna y adecuada notificación, derecho a ser oídos, enfrentarse a la prueba en su contra, presentar prueba y argumentos a su favor en virtud de los siguientes funda-mentos: (1) que habían hecho del Servicio Público la vocación de sus vidas y ello les creaba una legítima expectativa a retener el empleo —Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 108 D.P.R. 781 (1979) — ; (2) que como trabajaron en una agencia cubierta por la Ley de Personal —a pesar de caer bajo el alcance “expandido” del Servicio de Confianza— no cumplían ese tipo de función y les eran de aplicación los derechos básicos enmarcados en el principio de mérito, entre ellos el derecho a la retención del empleo; (3) a los empleados que comenzaron a trabajar en la Oficina del Primer Ejecutivo bajo las disposiciones de la derogada Ley de Personal les aplicaba el Art. 9, incisos 4 y 6; y (4) nunca renunciaron a sus derechos como empleados de carrera cuando fueron a ocupar posiciones en el Servicio Exento en la Oficina del Gobernador.

A solicitud del Primer Ejecutivo revisamos ese dicta-men a la luz de los siguientes señalamientos de error: (1) conceder derechos y prerrogativas que la legislatura no contempló; (2) determinar que Cotto y Morales pasaron a ser empleados de carrera bajo la vigente legislación de personal; y (3) que no habían renunciado a sus derechos como empleados de carrera.

II

La Regla 9(a) del Reglamento de Personal, vigente para la fecha de los cambios que originaron parte de esta controversia, requería autorización escrita del empleado para ser trasladado. En el caso de Morales Narváez, éste firmó el Informe de Cambio en el encasillado núm. 38 correspondiente a traslado y cambio de puesto dentro de los servicios Por Oposición, Sin Oposición y Exento. Ausentes otras circunstancias, estamos convencidos que medió la autorización necesaria. El tribunal aplicó la norma estricta sobre renuncia de derechos constitucionales &emdash;que requiere se haga voluntaria, con pleno conocimiento de causa, y sea expresa, no presunta. Mediante ese enfoque erró. El principio de mérito no es de rango constitucional, Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, supra, sino de génesis estatutaria. Como tal son aplicables las normas esbozadas en F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261 (1976), respecto a que las renuncias de tales derechos tan solo tienen que ser claras y conscientes. No abrigamos duda de que Morales Narváez entendió el alcance y las consecuen-cias de haber autorizado con su firma el cambio. Su experiencia en el servicio público y preparación académica así lo acreditaban.

Igual solución se impone en el caso de Cotto Guadalupe. Se nos ha demostrado que suscribió y firmó el original del documento denominado Informe de Cambio, a través del cual pasó a ocupar la posición en el Servicio Exento en la Oficina del Gobernador. Al cumplirse con el requisito exigido por el Reglamento, también es forzoso concluir, sin margen de error, que medió afirmativamente tal renuncia y autorización. Adviértase que la importancia de la autorización precisamente radica en que tal cambio con-lleva la renuncia “a gozar de las prerrogativas de seguri-dad de empleo reservadas únicamente a los empleados en el Servicio Por Oposición”. Concluimos que Cotto Guadalupe perdió su carácter de empleado Por Oposición bajo el derogado estatuto de personal y no le es de aplicación la medida transitoria contemplada en la See. 9, inciso 1 de la actual Ley.

III

Conforme nuestra decisión en Díaz de Llovet v. Oficina del Gobernador, 112 D.P.R. 747 (1982), a los empleados que ocuparon puestos clasificados en el Servicio Exento bajo la vigencia de la derogada Ley de Personal en la Oficina del Gobernador les es de aplicación el Art. 9, inciso 7 (3 L.P.R.A. sec. 1421(7)), y, por ende, pasaron a ocupar puestos en el Servicio de Confianza y como tales son de libre remoción.

Aclarado este extremo, concentremos nuestra atención en resolver qué derechos retiene, si alguno, un empleado que pasó del Servicio Por Oposición al Servicio Exento.

El estatuto actual contempla claramente que los empleados de confianza son de libre selección y remoción. Sin embargo, el tribunal sentenciador estableció una distinción no visualizada en el estatuto al determinar que aquellos empleados en el Servicio de Confianza que no estuviesen cumpliendo con funciones atribuibles a esa clasificación tendrían derecho a la protección básica del sistema de mérito, consistente en el derecho a retener su empleo. No podemos compartir ese razonamiento. No surge del historial legislativo ni de la Ley que esa fuera la intención del legislador. No se extiende ese tipo de protección o beneficios. En Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 852 (1978), dijimos que el empleado público tiene un reconocido interés en la retención de su empleo, si dicho interés está protegido por ley o cuando las circuns-tancias crean expectativa de continuidad. Ello no se vislumbra ni en la Ley ni en las circunstancias especí-ficas del caso de autos. La renuncia y el cambio de clasificación de Morales Narváez no contempló beneficio alguno a ser retenido o a retornar a un puesto igual al que había ocupado. Lupiáñez v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696 (1977), es distinguible. Allí le “ofrecieron a la demandante una posición permanente . . . , ella ocuparía puestos provisionales como paso previo y rutinario mien-tras tanto se completara el trámite para la creación de aquella plaza regular. . .”. (Énfasis suplido.) Pág. 697. A Morales Narváez no le fue hecho ofrecimiento de similar naturaleza como condición para que aceptara la posición de exento que desempeñó. A diferencia de Lupiáñez, a él no le prometieron otros incentivos que los dimanantes —con sus limitaciones— del puesto exento. No tenía “una legítima expectativa de que el puesto que desempeñaba se convertiría en permanente”. Pág. 700.

Dijimos en Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923, 928-929 (1974), que el empleado que entra al Servicio Exento acepta las ventajas y desventajas que ello conlleva. La ventaja y atractivos para el incumbente son que no tiene que aprobar exámenes previos, no tiene que ser confirmado por el Director de Personal, sus cargos generalmente están bien remunerados y los incumbentes tienen la satisfacción íntima de participar en mayor o menor grado en la formulación y ejecución de la política pública del Gobierno. Se expresó además que en estos cargos la vida oficial del incumbente es sumamente interesante, genera y recibe grandes satisfacciones espiri-tuales. La desventaja estriba en que puede ser separado del cargo sin necesidad de explicación alguna.

Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, supra, invocado por el tribunal a quo a los efectos de que Morales Narváez tenía una legítima expectativa de permanencia en la posición —pues había hecho del servicio público su vocación— no es aplicable. Hemos visto que él renunció expresamente a sus derechos como empleado de carrera al autorizar y aceptar el cambio. En ausencia de mandato legislativo u otras circunstancias particulares, el mero hecho de ocupar una posición por un prolongado período de tiempo no crea por sí solo un interés propietario cuando se acepta un puesto de confianza.

Por los fundamentos expuestos se dictará sentencia en que se revoque la del Tribunal Superior a los fines de decretar válidas las cesantías de Morales Narváez y Cotto Guadalupe.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente.

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

La opinión de mayoría provee a idéntica situación a la que se refieren tanto la opinión del Tribunal como el disenso del suscribiente en Díaz de Llovet v. Oficina del Gobernador, 112 D.P.R. 747 (1982).

Ambos demandados, Morales y Cotto, el primero con 16 años en el servicio público y el segundo con 20 fueron separados sin vista ni justificación, e inexplicablemente la mayoría descubre que ni siquiera tenían expectativa de continuidad en el quehacer que había ocupado el mejor tercio de su existencia.

La razón de decidir no es correcta. El expediente muestra que en reconocimiento a su idoneidad, Morales fue ascendido en 1974 nombrándosele Auxiliar Administrativo I en la Oficina del entonces Gobernador señor Hernández Colón, clasificado en el Servicio Exento. Cotto fue nombra-do en 1973 también por ascenso, para una plaza en la misma Oficina del Gobernador que se clasificó como Auxiliar Administrativo III. Por Reglamento aprobado por el Gobernador en virtud de facultad expresamente conce-dida por Ley Núm. 324 de 13 mayo, 1949 que a ese efecto adicionó el inciso 26 a la anterior Ley de Personal (Núm. 345 de 12 mayo, 1947), la Oficina del Primer Ejecutivo —la más sensitiva a la discrepancia ideológica del personal— convirtióse en agencia en su totalidad comprendida en el Servicio Exento. Sobre la suerte de estos empleados públicos al cambiar la Ley de Personal ordenó la nueva Ley (Núm. 5 de 14 octubre, 1975) en. el Núm. 6 de su Art. 9:

Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieren ocupando puestos en agencias, o subdivisiones de éstas que en su totalidad están comprendidas en el Servicio Exento a virtud de las disposiciones de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, o de leyes especiales, las cuales pasen a ser Administradores Individuales a virtud de las disposiciones de la see. 1343 de este título, serán empleados de carrera o de confianza conforme a los criterios estableci-dos en las sees. 1350, 1351 y 1352 de este título.

Como dispone este inciso 6 en su parte final, los recurridos Morales y Cotto deben clasificarse como de carrera o de confianza según los criterios que establece la Ley en sus Arts. 5.10, 5.11 y 5.12 (3 L.P.R.A. sees. 1350, 1351 y 1352) y son de particular aplicación al presente caso el Núm. 1 del Art. 5.10 que define como de confianza los ayudantes ejecutivos y administrativos nombrados por el Gobernador “que le respondan directamente”; y el Art. 5.12 que clasifica los demás como empleados de carrera.

Al igual que en Díaz de Llovet, ante, carecemos de hechos determinados sobre los cuales resolver. A la luz de la condición de empleados en el Servicio Exento de estos recurridos y del Núm. 6 del Art. 9 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1421(6), antes de que podamos decidir si son empleados de confianza de libre selección y remoción, instancia debe llamar a vista y hacer determinaciones de hecho sobre los aspectos aquí señalados y llegar a sus propias conclusiones respecto a la condición de carrera o de confianza en estos auxiliares administrativos.

Remitiría el caso a instancia a los efectos señalados.

       Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1421(7)).

      Ley Núm. 346 de 12 de mayo de 1947.

       Traslado de empleados
      “(a) Ningún empleado regular podrá ser trasladado de un puesto en el Servicio por Oposición a otro puesto en el Servicio sin Oposición o en el Servicio Exento, a menos que exprese por escrito su conformidad”. (Énfasis suplido.) 3 R.&R.P.R. see. 647-131.

      3 L.P.R.A. sec. 1350. Véase Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923 (1974), resuelto bajo la vigencia de la Ley Núm. 345.

       Recientemente el noveno circuito se expresó en Bollow v. Federal Reserve Bank of San Francisco, 650 F.2d 1093 (1981), a los efectos de que un empleado no tiene un interés propietario protegido constitucionalmente cuando el estatuto permite a la autoridad nominadora separarlo de la posición a su entera dis-creción (dismiss at pleasure). El concepto de interés propietario rechaza la expec-tativa unilateral: Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593, 601-602 (1972); Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 577 (1972).

       See. 8, inciso 26. “Se faculta al Gobernador para que, en los casos en que él estime necesario para el buen funcionamiento de su oficina, de la Mansión Ejecutiva y del Negociado de Presupuesto, incluya uno o más funcionarios o empleados de esas Oficinas en el Servicio Exento o en el Servicio sin Oposición.” (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. see. 648.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Jorge L. Acevedo Escobar, acusado y recurrido.

      Número: O-82-13

      Resuelto: 13 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del deman-dante y peticionario; Edwin S. Miranda, abogado del acusado y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud del Procurador General evaluamos el dic-tamen del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, que declara con lugar una moción de supresión de evidencia promovida por Jorge L. Acevedo Escobar, acusado de violar la Ley de Sustancias Controladas (distribución de marihuana).

I

Una cabal comprensiOn de la solución jurIdica que adoptamos requiere una exposiciOn del trasfondo fáctico -no contradicho- que tuvo ante sI el foro de origen. El 15 de mayo de 1981, aproximadamente entre las 8:15 y 8:30 P.M., el agente encubierto David RodrIguez Ferrer comunicó telefónicamente a su supervisor Luis A. Cintrón, Director de la SecciOn de Drogas y NarcOticos de Aguadilla, que habia recibido una confidencia de que Acevedo Esco-bar transportarIa diez libras de marihuana desde San Juan al barrio Borinquen, en Aguadilla, durante horas de la noche. El informante que originó la confidencia fue Juan Acevedo, pariente del acusado, quien también le expresO que éste poseia un auto marca Chevrolet, Camaro, color azul. La confidencia surgió como consecuencia de una transacciOn de compraventa de marihuana habida entre ambos. Con esta información el agente CintrOn, en uniOn a otros agentes, estableció una vigilancia con dos automOviles no rotulados en un punto de la carretera nüm. 2, juris-dicciOn de Aguadifla. OptO por ese curso de acciOn, y no gestionO una orden de allanamiento y registro previas, ya que desconocIa el tiempo -si POCO o mucho- que habria de transcurrir para aproximarse el referido vehiculo al area y arribar a su destino. Entre las 9:50 y 9:55 P.M. notaron el vehiculo, lo siguieron y posteriormente lo detuvieron. Luego de identificarse, los agentes le requirie-ron a su conductor -quien resultO ser el acusado acompa-fiado de una dama- su licencia de conducir y del vehiculo, las cuales éste entregO. Le solicitaron que abriera el baúl y accedió. El equipaje consistía de maletas y otros objetos típicos de bagaje y en especial de un bulto de tela rojo marca “Converse” cerrado. El agente Cintrón —con varios años de experiencia en la Unidad de Drogas— percibió el olor peculiar de la marihuana. Estimando que tenía motivos fundados para creer que se estaba cometiendo un delito en su presencia, procedió a arrestarlo. Abrió el bulto rojo y encontró en su interior material característico usado en el tráfico ilegal al detal de la marihuana consistente de trece (13) bolsas de papel de estraza con cinta adhesiva, cuatro (4) bolsas plásticas con aproximadamente una onza de marihuana cada una, una (1) romana, tres (3) estuches de papel de enrollar marihuana y $1,500 en billetes de diferentes denominaciones. El acusado se identificó como agente de Rentas Internas y les informó que no estaba armado. “Supuestamente el imputado resistió el registro y hubo que usar fuerza. Se le hicieron las advertencias y él . . . manifestó que su acompañante era inocente de todo.” La Policía confiscó y trasladó el vehículo al Cuartel de Aguadilla e hizo entrega del material al químico. Se inició el proceso judicial.

En la vista sobre la legalidad del registro se estipuló que el mismo se realizó sin orden o mandamiento judicial. La prueba desfilada consistió de los testimonios de los agentes Rodríguez y Cintrón, los cuales atestaron sustan-cialmente lo antes reseñado. El acusado no desfiló prueba. Esencialmente el acusado alegó y cuestionó ante dicho foro, y reproduce ante nos, su tesis de que el registro fue ilegal e irrazonable a base de la insuficiencia de la confidencia y, además, de lo resuelto en los casos de United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977) y Robbins v. California, 453 U.S. 420 (1981). En contra de esa posición el Procurador General argumenta que el tribunal erró al ordenar la supre-sión y resolver que —aun suponiendo que la intervención de la Policía con el imputado fuera legal y razonable a los fines de registrar su vehículo— debió obtenerse una orden de registro de un magistrado antes de proceder al registro de parte de su equipaje y en específico el bulto.

II

Reafirmamos los pronunciamientos de Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977), sobre la determinación de la existencia de causa probable para un arresto basado en confidencia. Ésta es suficiente y válida si se establece la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias: (1) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; (2) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de tiempo y lugar; (3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes; y (4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse.

De las circunstancias enumeradas, por lo menos tres están presentes en el caso de autos. A tal efecto —indepen-dientemente de si el confidente Juan Acevedo hubiese pro-visto previamente datos confiables— de manera precisa informó el nombre de la persona, el lugar, carácter del material delictivo, el medio de transporte, su origen y destino y el tiempo (en horas de la noche del 15 de mayo de 1981). La veracidad de ese aviso comienza a materializarse cuando los agentes que prestan vigilancia en la carretera Núm. 2, ruta de San Juan hacia Aguadilla, ven discurrir el vehículo descrito, escasamente en menos de dos horas de haber comenzado su vigilia, y culmina cuando los agentes adquieren conocimiento exacto de que el conductor del vehículo era la misma persona: Acevedo Escobar. Las observaciones personales de los agentes fueron corroboran-do el contenido mismo de la confidencia revelada que ciertamente versaba sobre hechos delictivos que estaban ocurriendo en aquel preciso momento, con potencial hacia un futuro inmediato.

Concluimos que se cumplen satisfactoriamente y en exceso las normas vigentes para validar la existencia de motivos fundados basado en confidencias para haber detenido el vehículo e intervenir con Acevedo Escobar. Examinemos su otro planteamiento.

III

Nuestra Constitución, en su Art. II, Sec. 10 reconoce el derecho de la ciudadanía “a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”, salvo autorización judicial, “cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a re-gistrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales”.

Esta protección constitucional se ha extendido específi-camente a vehículos de motor —Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964)— bajo el fundamento de que es una res-tricción meritoria contra la conducta oficial irrazonable en protección del ciudadano particular. Pueblo v. Tribunal, 91 D.P.R. 19 (1964). El ámbito de la prohibición protege a todos, tanto al sospechoso o conocido ofensor como al inocente, y se extiende al lugar objeto del registro.

Como todo principio constitucional, el mismo no es absoluto y permite excepciones fundadas en intereses apremiantes. Así, la doctrina jurisprudencial ha evolucio-nado para permitir los registros contemporáneos a un arresto, en virtud de las siguientes justificaciones fundadas en situaciones perentorias, tales como: (a) ocupar armas y otros objetos que pueden ser utilizados para atacar a un agente del orden público o para que se materialice una fuga; y (b) evitar la destrucción de evidencia, situación que podría ocurrir si las armas o la evidencia se hallan en la persona del acusado o en sus cercanías inmediatas. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); Pueblo v. Sosa Díaz, supra. Esa misma doctrina admite —debido a la diferencia conceptual y funcional entre una residencia o estructura (uso y ubicación fijos) y la movilidad y reglamentación de un vehículo de motor, al igual que la fluidez, rapidez y, en ocasiones, situaciones marginales en que ocurren los acon-tecimientos— la legalidad de un registro del comparti-miento de pasajeros de un vehículo de motor —a diferencia del baúl— sin previa orden de allanamiento. El uso por las vías públicas de un automóvil, la facultad en ley de detener para fines de infracción de las leyes de tránsito y características físicas del medio de locomoción, diluyen la razonable expectativa de privacidad con referencia a otros tipos de propiedad. Si el registro es razonable o no dependerá de los hechos y circunstancias especiales de cada caso, “la atmósfera total”. Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965). Esta excepción a la doctrina exclu-sionaria fue reconocida en la esfera federal desde Carrol v. United States, 267 U.S. 132 (1924); Cady v. Dombrowski, 413 U.S. 433 (1973); y New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981).

Otra dimensión pertinente a autos, que tiene como resul-tado legitimar un registro sin orden previa, se configura en virtud de la facultad que posee el titular de la pro-tección constitucional para renunciarla. Pueblo v. De Jesús Robles, supra; Pueblo v. Rivera Antuna, 88 D.P.R. 631 (1963); Pueblo v. Rivera Romero, 83 D.P.R. 471 (1961); Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719 (1961); Pueblo v. Bonanos, 72 D.P.R. 171 (1951). “Esta renuncia se deduce del acto del acusado de permitir la entrada del agente, o cuando se puede establecer que hubo una invitación implícita de su parte.” Pueblo v. Seda, supra, págs. 728-729. La doctrina solo requiere que esa renuncia sea expresa o implícita, pero voluntaria.

Algunos de los factores determinantes sobre si medió o no una renuncia expresa o tácita son: (1) si ha habido fuerza o violencia; (2) si el registro se realizó después de un arresto; y (3) si se encontraban otras personas presentes. Pueblo v. Seda, supra, pág. 729. La prueba sobre la renuncia ha de ser clara, demostrativa de que no existió coacción verdadera de clase alguna, directa o indirecta. Pueblo v. Tribunal Superior, supra.

Varias razones de peso se aducen para fundamentar la alternativa de proceder a un registro luego de obtenerse el consentimiento. Se estima que puede ser percibido como el curso de acción más seguro en términos de minimizar el riesgo de la supresión. Ello tiende a economizar tiempo cuando ese factor es esencial. De igual modo se prescinde de cumplir con los requisitos técnicos exigidos para una solicitud y expedición del mandamiento. 2 La Fave Search and Seizure, 1978, sec. 8.1, pág. 611. Aún más, se acepta que puede solicitarse el consentimiento sin existir causa probable, ya que provee un mecanismo de pronta exonera-ción de aquellas personas sobre las cuales se ha sospechado erróneamente. Gardner, Consent As a Bar to Fourth Amendment Scope — A Critique of a Common Theory, 71 J. Crim. L. 452 (1980).

IV

A la luz del derecho reseñado no podemos rubricar la tesis central del tribunal de instancia de que el registro fue ilegal e irrazonable. Los hechos ante nos demuestran que se efectuó con el consentimiento del acusado Acevedo Escobar. El acto de abrir el baúl él mismo a petición del agente Cintrón, unido al conocimiento de sus derechos por razón de su condición de agente de Rentas Internas, reflejan una conducta clara y solamente compatible con una renuncia a la protección contra la intromisión indebida por parte del Estado. Parkhurst v. State, 628 P.2d 1369 (1981); State v. Rickman, 278 S.E.2d 880 (1981); State v. Laughten, 625 P.2d 327 (1981); State v. Dult, 394 So.2d 1192 (1981); United States v. Prichard, 645 F.2d 854 (1981); State v. Donald, 614 S.W.2d (1980); State v. Smith, 625 P.2d 132 (1980); United States v. Lance, 502 F.Supp. 1021 (1980); State v. Whitterback, 621 P.2d 103 (1980); Minnifield v. State, 1390 So.2d 1146 (1980); State v. Wilkerson, 571 P.2d 289 (1977); People v. Hayhurst, 571 P.2d 721 (1977); Holl v. State, 238 S.E.2d 912 (1977); United States v. Cage, 494 F.2d 740 (1974); United States v. Mallory, 460 F.2d 343 (1972).

No pasamos por alto el argumento relativo a que la presencia de los oficiales del orden público constituyó un elemento de índole intimidatoria. Esa sola circunstancia de por sí no es suficiente para desvirtuar la validez y volun-tariedad del consentimiento. Acevedo Escobar muy bien pudo negarse a abrir el baúl y a que se registrara el maletín. No lo hizo. Presumiendo que hubiese objetado y que entonces los agentes lo hubiesen compelido a abrirlo —ba-jo amenaza, o luego de utilizar la fuerza física— se impondría como resultado un decreto confirmatorio de la ilegalidad del registro. Sin embargo, hemos de enfatizar las circunstancias especiales que concurren. Se trata de un agente de Rentas Internas, hecho que curiosamente dio a conocer. Por la naturaleza de su trabajo, difícilmente se puede alegar y resolver que desconocía el alcance de sus actuaciones. Tan pronto se identificaron los agentes —como miembros de la Sección de Drogas— vino en conocimiento de cuál era el objetivo de la intervención y búsqueda de éstos. Aun así abrió el baúl sin protestar u objetar. Es razonable presumir que estaba familiarizado con el peculiar olor que expide la marihuana, en particular detectable cuando está en un compartimiento o área cerrada. Tam-poco objetó a que se abriera el maletín. Su consentimiento y renuncia al registro del baúl y el maletín no fue condicionado ni limitado.

Finalmente, suponiendo que la renuncia al registro del baúl no se extendiera al equipaje, subsistiría la admisibilidad de la evidencia ocupada. Obsérvese que el agente Cintrón percibió el olor de la marihuana proveniente del maletín, esto es, a través del sentido del olfato pudo apreciar y derivar conocimiento de su existencia. Esa percepción y apreciación guarda analogía y equivalencia funcional a las situaciones en que se aplica la doctrina sobre prueba a plena vista según expuesta en Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). La única diferencia es el modo en que el objeto es detectado. En uno el conocimiento es producto de la visión y en otro, del sentido del olfato. Aun así, el resultado es el mismo. No existe fundamento para descartar el valor lógico y jurídico de esa percepción.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia en que se revoque la del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla. Se devolverán los autos del caso para los trámites ulteriores compatibles con lo expuesto.

      Los autos originales demuestran que el 27 de noviembre de 1981 el tribunal de instancia —aun cuando había sido notificado del propósito del Ministerio Fiscal de revisar la Resolución— dictó sentencia de archivo.

       Según surge de la Resolución y las exposiciones de hecho consignadas por las partes en sus respectivos alegatos.

       Además, el acusado descansa y analiza las decisiones en New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981); United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977); Whiteley v. Warden, 401 U.S. 560 (1971) y otros casos, para sostener que no se justificaba el registro inmediato y sin orden judicial del equipaje, aun cuando hubiese existido causa probable para registrar el vehículo en sí. Aduce que no había circunstancias apremiantes de peligro para la seguridad de los agentes o riesgo de destrucción o desaparición del contenido del equipaje, resultando entonces imperativo la orden judicial.
      La dificultad de ese enfoque, como veremos, es que los casos citados no son aplicables al de autos. La diferencia notable y decisiva que lo distingue es que en ninguno de ellos medió una autorización de los acusados a que se registrara el baúl de un vehículo. Arkansas v. Sanders, 442 U.S. 753 (1975), que presenta una situación bastante parecida, tiene como discrepancia esencial que quien abrió el baúl del taxi en el que iba como pasajero Sanders fue el chofer. A Sanders nunca se le solicitó gestión o acto del cual pudiera apreciarse y elaborarse una renuncia.

       Véanse, no obstante, Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 770 (1978); Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974); Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972).
      En la esfera federal se han establecido distinciones pragmáticas para medir la validez de la renuncia de ciertos derechos constitucionales en función de la naturaleza del derecho en cuestión. La norma estricta fue rechazada por el Tribunal Supremo federal en casos de renuncia de la protección plasmada en la Cuarta Enmienda. Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973). Ha sido aplicada a aquellos derechos que garantizan a un acusado las mayores oportunidades posibles para la obtención de un juicio justo —inclusive en sus etapas anteriores— acorde con el modelo constitucional vigente. Schneckloth reconoce que existe una gran diferencia entre esos derechos y aquellos protegidos por la Cuarta Enmienda, y que no existe razón alguna para extender el principio. Ese enfoque es persuasivo.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Pan American Computer Corp. and Endre Guttmann, demandante, v. Data General Corp., demandada.

      Número: O-79-184

      Resuelto: 14 de mayo de 1982

      Alberto Picó, de Brown, Newsom & Córdova, abogado de la demandada; José Ángel Rey, de Saldarla, López-Baralt & Rey, abogado de los demandantes.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

En diversas ocasiones hemos respondido a preguntas certificadas por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico sobre cuestiones no resueltas de Derecho puertorriqueño de conformidad con el procedimiento de certificación establecido en las Reglas 53.1(c) de Procedimiento Civil y la núm. 27 del Reglamento de este Tribunal. I Práctica Forense, R. 53.1(c), Ap. I-A R. 27. Véanse: Zurkowsky v. Honeywell, Inc., 112 D.P.R. 271 (1982); San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211 (1978); J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l., 108 D.P.R. 134 (1978); Blasini v. Beech-Nut Life Savers, 104 D.P.R. 570 (1976). En Zurkowsky, sin embargo, rehusamos contestar algunas preguntas de carácter especulativo certi-ficadas por dicho tribunal, pero no formulamos normas o guías específicas para el ejercicio de nuestra discreción. Lo hacemos ahora para beneficio del foro en el presente y futuros casos.

Consideramos útil exponer primero los aspectos esencia-les del procedimiento de certificación establecido en las mencionadas Reglas 53.1(c) y 27, para luego considerar si las preguntas certificadas cumplen con dichos requisitos de forma tal que nos permitan contestarlas. Esta es una cuestión fundamentalmente jurisdiccional que nos corres-ponde determinar independientemente de los razonamien-tos que la Corte federal haya tomado en consideración para certificar las preguntas.

I

En términos generales, el procedimiento de certifica-ción interjurisdiccional es el instrumento procesal que facilita a un tribunal someter, para una contestación definitiva, a otro tribunal de una jurisdicción distinta, preguntas sobre cuestiones dudosas que se refieren al derecho de esa jurisdicción. Es el procedimiento ade-cuado para que una Corte federal, como en el presente caso, obtenga del tribunal estatal de mayor jerarquía contestaciones sobre cuestiones dudosas del derecho de ese estado que surgen en pleitos ante la primera.

Como es sabido, las cortes federales tienen la obligación de aplicar el derecho de los estados en los casos de diversidad de ciudadanía. Rules of Decision Act, 28 U.S.C. sec. 1652. Erie R.R. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938); Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction, 3ra ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1978, Sec. 4469. Por tal razón, cuando el derecho del estado no es claro la Corte federal generalmente se abstiene de decidir cuestiones bajo ese derecho que surgen en un pleito ante sí y que pueden ser determinantes en el caso. E.g., Railroad Commission of Texas v. Pullman Co., 312 U.S. 496 (1941); Wright, Handbook of the Law of Federal Courts, 3ra ed., St. Paul, Minnesota, 1976, Sec. 52; Wright, Miller and Cooper, op. cit., Sec. 4248. Se han desarrollado al respecto diversas doctrinas bajo las cuales las cortes federales se abstienen de decidir cuestiones de derecho de los estados que no son claras y que no han sido resueltas por el más alto foro estatal. Wright, op. cit., Sec. 52; Wright, Miller & Cooper, op. cit, Secs. 4241-4248.

La certificación es el medio más directo, rápido y económico para que la Corte federal obtenga una interpretación autorizada sobre el derecho estatal. En virtud de este procedimiento las cuestiones dudosas o no resueltas en el derecho estatal son transferidas directa-mente al foro de mayor jerarquía del estado mediante la certificación por la Corte federal de preguntas específicas para una contestación definitiva que obligue a las partes. De otra manera, al abstenerse la Corte federal los litigan-tes tendrían que iniciar un nuevo pleito en los tribunales estatales siguiendo todo el trámite judicial, usualmente lento y costoso, hasta obtener una interpretación final y firme sobre el derecho estatal.

La certificación tiene, además, otra ventaja tan fundamental como la anterior, que es la de preservar y respetar la función prístina de las cortes estatales de interpretar y formular el derecho de los estados. Con ello se alivia en buena parte las tensiones inherentes al sistema federalista. Note, Inter-Jurisdictional Certification: Beyond Abstention Toward Cooperative Judicial Federalism, 111 U. Pa. L. Rev. 344 (1963); Note, The Case for Certification, 12 Wm. and Mary L. Rev. (1970-71).

No obstante, la certificación no está exenta de objecio-nes que deben tomarse en consideración al formular normas o guías para determinar su utilización en casos específicos. Se señala con frecuencia que la certificación puede engendrar contestaciones en abstracto al separar las cuestiones certificadas de los hechos del caso, y que puede inducir al tribunal a emitir opiniones consultivas. Lillich and Mundy, Federal Court Certification of Doubtful State Law Questions, 18 U.C.L.A. L. Rev. 888, 900-908 (1971); Note, The Case for Certification, supra, págs. 636-638; Note, Inter-Jurisdictional Certification, supra, págs. 351-358.

Ciertamente la certificación no puede eludir el principio fundamental que fija el sentido y propósito de la función judicial, el de que ésta solo puede ejercerse para resolver controversias concretas, reales y efectivas entre litigantes que reclaman derechos opuestos ante el tribunal. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Es necesario, por lo tanto, que la certificación satisfaga cabalmente este principio elemental de justiciabilidad no solo en nuestro foro, sino, además, en el foro federal.

Las preguntas certificadas deben, pues, ser enmarcadas en un contexto de hechos detallados y específicos y la contestación del tribunal debe ser obligatoria para las partes. No debe perderse de vista que la certificación es un medio para realizar los propósitos de la abstención de la Corte federal en un caso en que ya las partes están sometidas a su jurisdicción y que, por disposición expresa de ese tribunal, comparecen al foro estatal a ventilar las cuestiones que corresponden a éste, por lo que las determinaciones del foro estatal al respecto les obligan en cualquier procedimiento judicial ulterior entre ellos, bajo la doctrina de cosa juzgada. Más aún, la Corte federal tiene el deber de impartirle entera fe y crédito a la determinación del foro estatal conforme lo dispuesto en la Sec. 1 del Art. IV de la Constitución de los Estados Unidos y en 28 U.S.C.A. see. 1738. Véase Note, Inter Jurisdictional Certification and Full Faith and Credit in Federal Courts, 45 Wash. L. Rev. 167, 174-177 (1970).

II

A la luz de lo anterior consideramos ahora los requisitos establecidos en la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil y la núm. 27 del Reglamento de este Tribunal, supra, que rigen el procedimiento de certificación en Puerto Rico y espe-cialmente las garantías que ofrecen contra las objeciones apuntadas. La Regla 53.1(c) dispone al respecto:

También el recurso de certificación se formalizará cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos, cualquier Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, Tribunal de Distrito Federal o Tribunal Estatal de los distintos Estados de la Unión, tenga ante su consideración un caso en el cual surjan cuestiones de derecho local que sean determinantes en la causa de acción ante cualquiera de dichos tribunales, sobre las cuales no existen precedentes claros en las decisio-nes del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y solicite una determinación sobre tales cues-tiones, radicando la correspondiente petición en la secretaría del Tribunal Supremo: I Práctica Forense, R. 53.1(c).

Y la Regla núm. 27 del Reglamento del Tribunal Supremo provee en lo pertinente:

(a) Este Tribunal podrá conocer de cualquier asunto que le fuere certificado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un Tribunal de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos, un Tribunal de Distrito de Estados Unidos o el más alto tribunal apelativo de cualquiera de los Estados de la Unión, cuando así lo solicite cualquiera de dichos tribunales, de existir ante el tribunal solicitante cualquier asunto judicial en el que están envueltas cuestiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar el resultado del mismo, y respecto al cual, en la opinión del tribunal solicitante, no existan precedentes claros en la jurispruden-cia de este Tribunal.
(b) Dicha certificación se formalizará al radicarse la solicitud, la cual consistirá de una resolución a tales efectos emitida por el tribunal solicitante, sua sponte o a moción de cualquiera de las partes en el asunto ante dicho tribunal.
(c) La orden de certificación incluirá: (1) las preguntas de derecho cuya contestación se solicita; (2) una relación de todos los hechos relevantes a las preguntas, que demuestre claramente la naturaleza de la controversia de la cual surgen las preguntas; y (3) un apéndice en que se incluirán los originales o copias certificadas de aquella parte del expediente que, en la opinión del tribunal solicitante, sea necesario o conveniente remitir a este Tribunal para contes-tar las preguntas.
(f) Las partes en el asunto original que deseen someter alegatos tendrán términos simultáneos de treinta días para así hacerlo, contados desde el momento de envío de la orden de certificación a este Tribunal por el Secretario del tribunal solicitante. En dichos alegatos se hará constar su notificación al tribunal solicitante y a todas las partes en el asunto. Cualquier parte podrá replicar a cualquier alegato así notificado, dentro de los quince días de su notificación. Los alegatos principales tendrán un máximo de 30 páginas y los de réplica, 15. Cualquier parte que desee presentar argumento oral deberá indicarlo mediante moción funda-mentada, radicada simultáneamente con su alegato principal, y su solicitud se resolverá conforme al Reglamento de este Tribunal. Los alegatos podrán ser en inglés o español sin necesidad de traducción, pero todos los alegatos deben firmarse por un abogado admitido al ejercicio de su profe-sión por este Tribunal. I Práctica Forense, R 27, Ap. I-A, págs. 690-691.

Como puede verse, ambas reglas requieren para la procedencia de la certificación que: (1) estén envueltas cuestiones de Derecho puertorriqueño; (2) dichas cuestiones puedan determinar o determinen el resultado del caso; (3) no existan precedentes claros en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico; (4) se haga una relación de todos los hechos relevantes a dichas interrogantes que demuestre claramente la naturaleza de la controversia de la cual surgen las preguntas. Las partes, además, pueden someter alegatos y solicitar vista oral.

La facultad de este Tribunal para conocer de asuntos que le son certificados por la Corte federal es de carácter discrecional y no mandatorio. Así lo reconoce el texto de la Regla 27 al disponer: “Este Tribunal podrá conocer de cualquier asunto que le fuera certificado. . . .” Esta es la norma recomendada en la Ley Uniforme de Certificación de Cuestiones de Derecho, 12 U.L.A., sec. 1, comentarios pág. 52 (1975), y la que se sigue en algunas jurisdicciones estatales. Abrams v. West Va. Racing Commission, 263 S.W.2d 103 (1980); Morningstar v. Black & Decker Mfg. Co., 253 S.E.2d 666 (1979); In re Elliot, 446 P.2d 347 (1968).

Se advertirá que la Regla 53.1(c) se refiere a cuestiones de Derecho puertorriqueño “que sean determinantes en la causa de acción”, mientras que la Regla 27 condiciona la certificación a cuestiones de derecho que “puedan determinar” el resultado del caso. No se trata propiamente de una diferencia de conceptos, sino más bien de una diferencia puramente semántica, sin ninguna consecuencia ulterior. La Corte federal no puede determinar a priori si la cuestión de derecho estatal es determinante de la causa de acción ante sí sin saber qué determinación ha de tomar el foro estatal sobre la misma. Si la cuestión es determinante o no habrá de depender, pues, de la interpretación que finalmente le imparta dicho foro. Basta, entonces, para el cumplimiento de este requisito, que una de las posibles contestaciones de este Tribunal a la pregunta certificada pueda determinar el resultado del caso. Study of the Division of Jurisdiction Between State and Federal Courts, The American Law Institute, 295 (1968); White v. Edgar, 320 A.2d 668, 677 (1974).

Esta es la interpretación que hemos aplicado implíci-tamente en San Juan Mercantile v. Canadian Transport Co., supra, y en Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797 (1982). En Córdova aceptamos contes-tar la cuestión de si aplica a la terminación de los contratos de agencia de seguros el Código de Seguros o la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, Ley de Contrato de Distribución. La aplicación del Código de Seguros a dichos contratos era determinante del resultado del caso en la Corte federal, pues procedía la desestimación de la de-manda en dicho foro, pero no así la aplicación de la Ley Núm. 75, porque en tal situación el asunto revertía a la Corte federal para la continuación de los procedimientos.

La Regia 27(c)(1) requiere específicamente “una relación de todos los hechos relevantes a las preguntas, que demuestren claramente la naturaleza de la controversia de la cual surgen las preguntas . . como garantía contra contestaciones en abstracto o puramente consultivas vedadas al ejercicio de nuestra función judicial. E.L.A. v. Aguayo, supra. La relación de hechos es esencial no solo para que este Tribunal pueda ejercer jurisdicción, sino porque es indispensable para una comprensión clara de la controversia. Los hechos, por supuesto, tienen que surgir de una determinación de la Corte federal, bien por haber sido estipulados por las partes o porque hayan sido ventilados y adjudicados en el proceso. El estado de Florida, que fue el primero en aprobar un estatuto de certificación, solo permite este procedimiento cuando se inicia por una corte de apelación. De esta manera se asegura que los hechos hayan sido previamente determinados por el tribunal de instancia. Fla. Stat. Ann. sec. 25.031. En nuestra jurisdicción también se limita el procedimiento a tribunales de apelación, a excepción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. R. 27(a), supra.

Bajo el esquema procesal diseñado por las Reglas 53.1(c) y 27, nuestra decisión sobre las preguntas certificadas se produce en un procedimiento adversativo en el que las partes se encuentran debidamente ante este Tribunal, pueden someter alegatos —los cuales deberán ser notificados a la Corte federal— y presentar argumentos orales, como se hizo en este caso. Tenemos, pues, jurisdicción sobre las partes y sobre la materia y nuestra decisión constituye cosa juzgada. Como ya vimos, la Corte federal viene obligada a aplicarla tanto bajo la doctrina de abstención, como por la de entera fe y crédito y por disposición expresa del Rules of Decision Act. Véase escolio 4. Wright, Miller and Cooper, op. cit., sec. 4469.

En virtud de todo lo anterior, nuestro procedimiento de certificación cumple cabalmente con los requisitos de justiciabilidad establecidos en este foro y en el federal.

Queda, sin embargo, por discutir un problema fundamental de justiciabilidad relacionado con la certificación de preguntas que tratan sobre la constitucionalidad de una ley estatal. Lo discutimos más adelante al considerar los hechos específicos de este caso y las preguntas certificadas.

III

Data General Corporation y Endre Guttmann otorgaron en 1974 un contrato mediante el cual éste se convirtió en distribuidor exclusivo de aquélla. El mismo se renovaría automáticamente por plazos adicionales de un año, sujeto a su terminación en cualquier momento previa notificación con treinta días de anticipación a voluntad de cualquiera de las partes. Posteriormente Guttmann cedió sus derechos sobre dicho convenio a Pan American Computer Corporation. En 1978 Data notificó a Pan Am que daba por terminado el contrato al expirar el plazo adicional entonces corriente, o sea, el 8 de febrero de 1979, fundándose en la cláusula de terminación unilateral. Pan Am y Guttmann iniciaron entonces una acción en el Tribunal Superior basada en la Ley de Contratos de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. see. 278). El pleito fue trasladado a la Corte de Distrito.de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Allí Data solicitó la desestimación alegando que la referida Ley Núm. 75 violaba varias disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la de los Estados Unidos.

En una vista para dilucidar la procedencia de remedios provisionales Data intentó probar que hubo justa causa para denegar la renovación del contrato. La Corte federal declaró con lugar el remedio solicitado, resolviendo a esos fines que las probabilidades señalaban la inexistencia de justa causa de Data para cancelar el contrato. A la vez declaró con lugar la solicitud de certificación a este Tribunal, resolviendo que había suficiente contexto de hechos para resolver las cuestiones certificadas. Expresó el Tribunal federal que para efectos de la certificación de la cuestión bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el demandado aceptaba que las disposiciones de la Ley Núm. 75 que penalizan la terminación del contrato sin justa causa le aplicaban en todo su vigor, pero que esto no prejuzgaba la procedencia en los méritos de defensas como la de justa causa. Éstas serían dilucidadas en los méritos si el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvía a favor de la constitucionalidad de la Ley.

El Tribunal federal certificó las siguientes preguntas:

a. Si las disposiciones de la Ley Núm. 75, aplicadas a un contrato en el que se concede a un manufacturero el derecho a terminar el convenio, constituyen una interferencia con las relaciones contractuales privadas o violan las garantías del debido proceso de ley e igual protección de las leyes bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
b. Si el requisito de “justa causa” contenido en la Ley Núm. 75 tal como fue interpretado en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973) viola los derechos del principal al debido proceso de ley y la igual protección de las leyes bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
c. Si el hecho de que al vencer el contrato, al distribuidor le es otorgada la exclusiva prerrogativa de extender o terminar el acuerdo, contraviene la igual protección de las leyes bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
d. Si la fórmula de daños de la Ley Núm. 75 permite compensación de la plusvalía [good will\ y pérdida de ingresos que “equivale a una duplicación”, Fornaris v. Ridge Tool Co., 423 F.2d 563, 566 (C.A.1, 1970), rev’d 400 U.S. 41 (1970), y si en la afirmativa, si tal duplicación y la fórmula en sí violan la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
e. Si en ausencia de- un hallazgo por parte de la Legisla-tura de Puerto Rico de “un solo hecho”, que sostenga la exposición de motivos de la ley, Warner Lambert Co., supra, a la pág. 398, la Ley Núm. 75 interfiere indebidamente con relaciones contractuales privadas y/o viola el debido proceso de ley bajo la Constitución del Estado Libre Asociado.

Estas preguntas requieren una determinación sobre la constitucionalidad de varios aspectos de la Ley Núm. 75 a la luz de las garantías al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes contenidas en nuestra Constitución. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7. Las garantías son similares a las contenidas en la Constitución de los Estados Unidos, Enmienda XIV. Diversas razones que esencialmente dimanan de la doc-trina de abstención, y especialmente de los requisitos de justiciabilidad, impiden que sean objeto del procedimiento de certificación.

Los objetivos principales de la doctrina de abstención aquí aplicables son el de evitar que la Corte federal resuelva cuestiones constitucionales federales si el caso puede ser resuelto por una cuestión estatal y diferir a los tribunales estatales la resolución de esas cuestiones bajo el derecho estatal. De esa manera se promueven las relaciones de armonía y de respeto entre los tribunales de una y otra jurisdicción. Esto va a la médula del sistema federalista. Las cortes federales fueron creadas precisamente para resolver cuestiones federales, así como los tribunales de los estados fueron creados esencialmente para resolver cuestiones estatales. Cuando la cuestión planteada se refiere a la validez de una ley estatal bajo una disposición de la Constitución del estado que es similar a una disposición de la Constitución federal, como en este caso, la cuestión es una cuestión mixta de Derecho federal y estatal que debe ser resuelta por la Corte federal, puesto que la validez del estatuto bajo la Constitución federal necesariamente dispone de la cuestión bajo la ley estatal.

En estas circunstancias debemos rehusar la certificación, ya que nuestra decisión sería puramente consultiva. La Corte federal podría ignorarla y resolver la misma cuestión bajo criterios constitucionales federales distintos a los nuestros, o aun bajo los mismos criterios podrían llegar a un resultado diferente. Tal actuación tendría el efecto impermisible de que la Corte federal estaría revisando nuestra decisión, cuando el único tribunal que puede revisar una decisión nuestra en casos apropiados es la Corte Suprema de los Estados Unidos. 28 U.S.C.A. see. 1258. Es por eso que adoptamos la norma de que sólo cuando la validez del estatuto se impugne bajo una disposición constitucional estatal que no tiene equivalencia en la Constitución federal es que procede la certificación de la pregunta. Reetz v. Bozanich, 397 U.S. 82 (1970); White v. Edgar, supra; Abrams v. West Va. Racing Commission, supra.

El Juez Friendly, Presidente de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, resumió la norma federal en los siguientes términos:

La abstención está . . . justificada cuando la ley estatal está sujeta a una impugnación razonable bajo disposiciones constitucionales estatales que no tienen equivalencia con las disposiciones de la Constitución federal. En este caso ... la abstención puede ahorrar a las cortes federales una tarea inútil y una confrontación innecesaria con un estado. Por otro lado, una corte dividida ha resuelto que la abstención no se justifica cuando la ley estatal es clara y la impugnación bajo la constitución estatal se hace sobre las mismas bases que la federal. Friendly, Federal Jurisdiction: A General View, 1973, pág. 93, citado en White v. Edgar, supra, a la pág. 680.

La propia resolución de la Corte federal que certificó las preguntas en cuestión admite la similaridad entre las disposiciones de la Constitución federal y la de Puerto Rico, puntualizando la supremacía de la Constitución federal sobre la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en tales casos. Reproducimos las expresiones de la Corte federal al respecto:

Reconocemos que las disposiciones en juego son casi idénticas en sus términos a aquellas de la Constitución de los Estados Unidos. En este contexto es claro que el ámbito de protección de las garantías constitucionales estatales no puede dar menos protección a los derechos protegidos federalmente. No obstante, ello no es fundamento para rechazar la certificación. Nada impide que el Estado Libre Asociado interprete el ámbito de los derechos protegidos de una manera compatible con las doctrinas federales aplica-bles. Decisión y Orden emitida por la Corte federal el 9 de abril de 1979, pág. 2, escolio 2.

En otras palabras, la Corte federal se reserva la facultad de determinar la corrección de nuestra decisión, por lo que la misma sería, como ya apuntamos, meramente consultiva.

Hay un fundamento adicional que nos impide consi-derar la certificación. Surge de la resolución de la Corte federal que, aunque para efectos de la certificación las partes acordaron que no existía justa causa de parte del principal para terminar el contrato, la Corte federal se reservó la facultad de determinar en los méritos si existía o no justa causa en caso de que nuestra decisión sostuviera la constitucionalidad de la Ley Núm. 75. Es decir, la certificación nos pide, en efecto, que decidamos una cuestión constitucional que es, a nuestro juicio, prematura, porque no habría que resolverla si se decidiera que hay justa causa, lo cual violaría las normas de justiciabilidad adoptadas en esta jurisdicción desde E.L.A. v. Aguayo, supra.

En vista de que las preguntas certificadas por la Corte federal en este caso no cumplen con las normas pautadas en esta opinión, estamos impedidos de contestarlas.

Se dictará sentencia de conformidad con los fundamen-tos expuestos y se devolverán las preguntas certificadas a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió.

       También el pasado 4 de febrero emitimos resolución en Grand Auto Parts & Accesories Warehouse, Inc. v. Union Carbide Corp. and Union Carbide Inter America, O-81-569, en la que devolvimos a la Corte Federal las preguntas certificadas por no haberlas acompañado de una relación completa de todos los hechos pertinentes y por que las preguntas eran de carácter especulativo.

       Existe también la certificación intrajurisdiccional, que es la que se refiere a tribunales de la misma jurisdicción. Véase la Regla 53.1(c), supra, y la 24 del Reglamento de este Tribunal.

      Para una discusión general sobre el tema puede verse, Note, Inter-Jurisdictional Certification: Beyond Abstention Toward Cooperative Judicial Federalism, 111 U. Pa. L. Rev. 344 (1963); Vestal, The Certified Question of Law, 36 Iowa L. Rev. 629 (1950-61); Study of the Division of Jurisdiction Between State and Federal Courts (A.L.I.), Washington, 1968, sec. 1371(e); Note, The Case for Certification, 12 Wm. and Mary L. Rev. 627 (1970-71); Lillich and Mundy, Federal Court Certification of Doubtful State Law Questions, 18 U.C.L.A. L. Rev. 888 (1971).

       Dispone:
      “El derecho de los diversos estados será considerado regla de decisión en acciones civiles en los tribunales de los Estados Unidos en los casos aplicables, excepto cuando la Constitución, los tratados de los Estados Unidos o las Leyes del Congreso requieran o provean lo contrario.” (Traducción nuestra.)

      En el Proyecto Preliminar Núm. 5 del American Law Institute se utilizó el concepto de “que sea determinante”, pero posteriormente en el Proyecto Preliminar Núm. 6 de 1968 se sustituyó el lenguaje por el de “pueda ser determinante”. Study of the Division of Jurisdiction Between State and Federal Courts, The American Law Institute, supra.

      En Younger v. Harris, 401 U.S. 37 (1971), se resumió la doctrina fede-ralista en la siguiente manera:

        . . un debido respeto por las funciones estatales, un reconocimiento ... de que todo el país está formado por una unión de gobiernos estatales separados, y una preservación de la creencia de que el Gobierno Nacional sale mejor si a los estados y sus instituciones se les permiten llevar a cabo sus funciones libremente según sus propios métodos ... el concepto . . . representa un sistema sensitivo a los intereses legítimos de ambos gobiernos, estatal y federal, y en el cual el Gobierno Nacional, no empece cuán deseoso esté de vindicar y proteger derechos e intereses federales, siempre procure hacerlo en forma tal de no interferir indebidamente con las actividades legítimas de los estados.” (Traducción nuestra.) Pág. 44.

       La Corte federal expresa en su resolución que:
      “. . . Aun presumiendo, arguendo, que la validez del estatuto sea a la postre sostenida, el demandado tendrá derecho a una resolución a su favor si la evidencia demuestra que la terminación fue ocasionada por circunstancias imputables al demandante. Desde cierto punto de vista, este resultado final, disminuiría la utilización de la certificación. Pero sostener que la utilización de ese mecanismo requiere que aguardemos a una completa elucidación de los hechos en el caso de autos, contravendría su raison d’etre, pues la necesidad de una vista en su fondo sobre los hechos, de hecho depende de el rechazo de los argumentos constitucionales del demandado.” Decisión y Orden de 9 de abril de 1979, págs. 2 y 3.