source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

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text:
    Carmelo Ortiz Andújar et al., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-88-247

      Resuelto: 2 de diciembre de 1988

      José Roberto Vega Díaz, abogado de los recurrentes; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Miriam Álvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Carmelo Ortiz Andújar, su esposa Ana M. Rivera y la So-ciedad Legal de Gananciales compuesta por ambos deman-daron en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a su aseguradora. Procura-ban recuperar del Estado Libre Asociado la disminución en su patrimonio surgida como consecuencia de los daños su-fridos por su automóvil. Apoyaron su acción en la doctrina del enriquecimiento injusto. El Estado y su aseguradora ne-garon responsabilidad.

Luego de varios incidentes procesales —incluso una sen-tencia sumaria desestimatoria de la acción contra la asegura-dora— las partes sometieron al tribunal de instancia la esti-pulación de hechos siguiente:

a- El ll.de enero de 1983, a eso de las 6:40 P.M., mientras el demandante Carmelo Ortiz Andújar, quien se desempeñaba como agente de la Policía de Puerto Rico, se dirigía a tomar su turno de trabajo, fue informado por un empleado de una gaso-linera Mobil, ubicada en la carretera número dos (2), cerca del Hospital Hermanos Meléndez en Bayamón, que allí acababa de ocurrir un robo. El demandante viajaba en su vehículo pri-vado marca Honda, año 1981, tablilla 10A133.
b- Por lo reciente del robo, el demandante inició una perse-cución para tratar de localizar a los autores del delito. Detuvo un automóvil en el que iban los sospechosos del robo, y le ordenó a éstos salir uno a uno. Uno de ellos le disparó al de-mandante y logró herirlo en el pecho. Los asaltantes abando-naron el vehículo en que viajaban y huyeron en el vehículo del demandante.
c- El vehículo del demandante apareció al día siguiente par-cialmente desmantelado y con su tapicería interior quemada, en un barrio de Caguas. El demandante recuperó la posesión de éste.
d- Por los he[ch]os antes relatados se presentaron denun-cias contra tres (3) personas por los delitos de robo, tentativa de asesinato, apropiación ilegal agravada y violación a los ar-tículos 6 y 8 de la Ley de Armas. Un magistrado encontró causa probable en ausencia y fijó fianzas. Las personas no han sido arrestadas por desconocerse su paradero. (Énfasis su-plido.) Exhibit XI\¿ pág. 40.

Dicho foro declaró sin lugar la acción. Inconformes, a so-licitud de los esposos Ortiz-Rivera y mediante trámite para mostrar causa, revisamos.

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A la luz de los hechos expuestos, ¿tiene derecho a ser resarcido el policía Ortiz Andújar por las pérdidas de su au-tomóvil —bien privado— que actúa como tal en horas no la-borables? ¿Es aplicable la doctrina del enriquecimiento in-justo?

Nos confrontamos con una controversia novel para la que el legislador expresamente no ha previsto ni provisto solución. Es pues menester recurrir al mandato contenido en el segundo párrafo del Art. 7 del Código Civil, expositivo de que “[cjuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 7.

En ese sentido, la doctrina invocada del enriquecimiento injusto es un principio general del derecho fundado en la equidad que informa todo el ordenamiento jurídico. Véanse: J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 3, págs. 43-74; A. Hernández Gil, Derecho de obligaciones, Madrid, Librería Bosch, 1960, T. 1, pág. 262 y ss.; L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1972, págs. 73-81; D. Alberto de Rovira Mola, Enriquecimiento Injusto, VIII Nueva Enciclopedia Jurídica 570 (1956); M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones Morales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XXIV págs. 10-43. Según Puig Brutau, op. cit., pág. 44: “De enriquecimiento injusto se habla propiamente cuando la ley no ha previsto una situación en la que se produce un desplazamiento patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el ordenamiento vigente.” Ahora bien, lejos de ser una regla en sentido estricto, es un criterio de refinado y prudencial discernimiento, que hemos de tener en cuenta los llamados a juzgar al hacer uso de nuestras facultades normativas. Como todo principio general, ha ido desarrollándose y ganando concre-ción a través de la jurisprudencia. De hecho, hoy nadie le niega su franco crecimiento.

Jaime Santos Briz, según la jurisprudencia española, señala sistemáticamente los siguientes requisitos de la acción de enriquecimiento injusto: “1) Existencia de un enriquecimiento. 2) Un correlativo empobrecimiento. 3) La conexión entre empobrecimiento y enriquecimiento. 4) Falta de causa que justifique el enriquecimiento. 5) Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.” Albaladejo, op. cit., págs. 27-28.

Aunque en Puerto Rico esta doctrina no es regulada en forma directa por el Código Civil, la encontramos subsumida en la figura de los cuasicontratos y en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. G. Velázquez, El enriquecimiento injusto en el Derecho puertorriqueño, 5 Rev. Der. Leg. Jur. C. Abo. P.R. 176, 177-178 (1940). Ya en Moringlane & Lledó v. Skerret, 44 D.P.R. 874 (1933), reconocimos la existencia de otras situaciones de las cuales puede derivarse una obligación exigible. Posteriormente la jurisprudencia discutió su origen y su trayectoria histórica y, finalmente, fue incorporada plenamente a nuestro acervo doctrinario con todos sus perfiles y su alcance. Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987); Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697 (1983); Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965); Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121 (1944). También reconocimos sus límites. No la podrá invocar el gestor de mala fe ni se aplicará cuando resulte contraria a una clara política pública plasmada en un estatuto o en la Constitución.() Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988); Morales v. Municipio de Toa Baja, supra; Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, supra.

Sin pretender agotar el catálogo de los múltiples principios que rigen el enriquecimiento injusto, en Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, supra, pág. 703, establecimos las normas siguientes:

Ia La doctrina del enriquecimiento injusto es aplicable, dentro de determinadas situaciones, a los órganos administra-tivos.
2a La aplicación de la doctrina dependerá de las circunstan-cias específicas de cada caso. El Código Civil no agota las si-tuaciones a las que la doctrina se extiende.
3a La doctrina del enriquecimiento injusto no es invocable cuando su efecto es vulnerar un principio importante de orden público encarnado en la Constitución o las leyes del país.
4a La doctrina es invocable, entre otras circunstancias, cuando no se han observado ciertas formalidades de ley fácil-mente subsanables o susceptibles de haber sido ejecutadas con el asesoramiento debido.

I — I I — I hH

Contra este trasfondo doctrinario y jurisprudencial ana-licemos si concurren en este caso los requisitos indispensables doctrinarios apuntados.

El primer requisito está presente. No existe la más mí-nima controversia en cuanto a la veracidad de los hechos y a la encomiable iniciativa del policía Ortiz Andújar de intentar frustrar la huida de los autores del delito original. En esa gestión usó el único medio disponible y a su alcance: su ve-hículo privado. Cualquier vacilación de su parte hubiese re-sultado en una diligencia frustrada ab initio. De otro modo, con su acción aumentaron las probabilidades de lograr el arresto inmediato de los malhechores. Aunque su gestión a la postre no tuvo éxito, no cabe duda de que experimentó un empobrecimiento o disminución en su patrimonio al resultar privado de y desmantelado su automóvil.

Ahora bien, de mayor complejidad es detectar el segundo requisito: ¿tuvo el Estado un enriquecimiento correlativo? Contrario a lo resuelto por la ilustrada sala de instancia, con-testamos en la afirmativa. Ciertamente si los hechos hubie-sen ocurrido mientras el agente usaba un vehículo oficial, la pérdida hubiese recaído total e inmediatamente sobredi Es-tado. En ese sentido, la gestión directamente redundó en un provecho social y económico gubernamental. El error de la sala sentenciadora consiste en haber entremezclado con-ceptos relativos a una acción de enriquecimiento injusto con una de daños y perjuicios. En consecuencia, aplicó incorrec-tamente la doctrina de asunción de riesgo y la regla de bom-beros (fireman’s rule).() La cuestión amerita una sucinta elucidación.

La acción de enriquecimiento injusto es distinta a una de indemnización de daños y perjuicios por actos ilícitos. Según Santos Briz —al citar a Castán Tobeñas— “la pretensión por daños se orienta siempre al agente provocador, y son indispensables los conceptos de culpa e imputabilidad para determinar el deber de indemnizar. La pretensión de enriquecimiento se encamina siempre contra el enrique-cido sin causa, prescindiendo en absoluto de aquellas no-ciones de culpa e imputabilidad, y dejando en segundo tér-mino al agente provocador de la atribución patrimonial. La pretensión por daños necesita fijar la relación de causa a efecto entre el agente provocador y el daño. La pretensión por enriquecimiento fija dicha correlación entre el patrimo-nio del enriquecido y el del empobrecido. En la primera, la reparación se extiende al daño total, sin limitación de dere-cho, salvo algunas excepciones legales. En la segunda, la res-titución tiene su objeto y su medida —salvo desviaciones concretas— en la cuantía del enriquecimiento. El daño puede constituir, a la vez, damnum emergens (daño positivo) y lucrum cessans (lucro frustrado). El enriquecimiento puede producirse por un aumento del patrimonio (lucrum emergens) o por una no disminución del patrimonio (dam-num cessans). La pretensión por daños nace siempre de un hecho ilícito. El daño se puede producir por acción o por omi-sión. El enriquecimiento —como es secundario el agente provocador — , sólo positivamente, por desplazamiento de valor de un patrimonio a otro”. (Énfasis suplido.) Albaladejo, op. cit., págs. 23-24.

Por su parte, Puig Brutau apunta que “en la acción de indemnización de daños y perjuicios por. acto ilícito la indemnización se mide por el daño experimentado por la víctima, independientemente de que haya o no proporcionado beneficios al responsable, mientras que la restitución que procede en caso de enriquecimiento injusto no puede ser superior al aumento patrimonial experimentado por la otra parte”. Puig Brutau, op. cit., pág. 45.

Las peculiaridades de ambas acciones ponen de manifiesto en el caso de autos la naturaleza del enriquecimiento experimentado por el Estado. El enriquecimiento puede ocurrir en dos (2) modalidades diferentes: el positivo o aumento en el patrimonio (lucrum emergens), o el negativo o disminución del patrimonio (damnum cessans). El negativo (damnum cessans) se apuntala en la premisa de que un no gasto equivale a un ingreso. En otras palabras, en la medida en que alguien sufre una pérdida que ordinariamente debe-ría padecer otro, el primero le ahorra un gasto al segundo. Esa situación no tiene cabida en un sistema donde impera lo justo y debe ser remediada.

Al concluir que no medió enriquecimiento alguno por parte del Estado, el tribunal a quo produjo la analogía de un agente de la Policía que pierde su vida mientras se desem-peña en sus funciones. No cabe la misma. El bien material aquí afectado y la vida de un policía no son valores intrínse-camente comparables. Además, en cuanto a la pérdida de la vida o daños físicos, nuestro ordenamiento provee beneficios para el policía y para su familia a través de la Ley de Pen-siones por Incapacidad o Muerte en el Cumplimiento del De-ber y de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.() Sin embargo, con relación a daños patrimoniales no existe protección alguna. A su vez —distinto a lo que ocu-rre en caso de pérdida de una vida— los daños experimen-tados por el automóvil son comprobables pecuniariamente, cuantificables y totalmente recobrables. Resolvemos que, en efecto, en este caso peculiar ocurrió un enriquecimiento por parte del Estado en su modalidad de damnum cessans.

El tercer requisito de la doctrina del enriquecimiento injusto es la correlación o vínculo de conexión suficiente entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. No siempre la relación es directa, pues en ocasiones interviene un tercero en los desplazamientos patrimoniales. Albaladejo, op. cit., pág. 29. Sobre este particular se ha señalado:

La necesaria relación entre empobrecimiento y enriqueci-miento no exige necesariamente que el efecto se produzca como resultado de una prestación directa del empobrecido al enriquecido. Lo decisivo no es la relación directa entre ambos, sino la existencia de un vínculo de conexión sufi-ciente entre el patrimonio que ha sufrido la pérdida y el que ha experimentado el beneficio. El desplazamiento no ha de haberse producido mediante un rodeo a través de un patrimo-nio ajeno, sino que ha de ser una misma circunstancia la que haya causado por un lado la pérdida y por otro la ganancia. Es el requisito que la doctrina alemana llama de la inmediatez (Unmittelbarkeit) del desplazamiento, que no ha de enten-derse en el sentido de que el fenómeno se produzca entre el perjudicado y el beneficiado, sino en el de que un mismo hecho o circunstancia ha de haber dado lugar a la pérdida y a la ganancia. (Énfasis suplido.) Puig Brutau, op. cit., pág. 57. .

Es incorrecta, pues, la alegación del Estado acogida por el juez de instancia en lo relativo a que sólo es posible esta-blecer el nexo para la acción de enriquecimiento en el patri-monio de los que asaltaron y robaron el automóvil del demandante recurrente Ortiz Andújar. La proposición de que los asaltantes fueron los únicos que se lucraron injusta-mente es trunca.

Si bien es cierto que los asaltantes se beneficiaron con el uso, desmantelamiento y posible venta de las piezas del auto-móvil robado, ello no excluye que reconozcamos el enriqueci-miento obtenido en el patrimonio del Estado. La exigencia de este requisito es la inmediatez del desplazamiento, esto es, que la ganancia y la pérdida surjan del mismo hecho o circunstancia. El reconocimiento doctrinal de la posible in-tervención de un tercero como instrumento ocasional de la transferencia es relativa, de naturaleza circunstancial, que no excluye la existencia de una inmediatez en el desplaza-miento. Alberto de Rovira Mola, supra, pág. 575. Indudable-mente, este tercer requisito se cumple en el caso. Tanto la pérdida sufrida por el agente Ortiz Andújar como la ganan-cia obtenida por el Estado son producto de unas mismas cir-cunstancias.

Sobre el cuarto requisito, la ausencia de causa, el jurista Guaroa Velázquez nos advierte: “Es preciso subrayar que este término ‘causa’ no tiene aquí la acepción que se le da en materia contractual, sino que toma en el significado de acto jurídico que explica, que justifica la adquisición de un valor. Como dicen Colin y Capitant: ‘El enriquecimiento no debe derivar su fuente de un acto jurídico que legitime su adquisición.’ Así, el enriquecimiento no es injusto siempre que tenga como equivalente una prestación contractual o título oneroso o gratuito, o que haya sido obtenido como cumplimiento de una obligación legal o natural.” (Escolio omitido y énfasis suplido.) Velázquez, supra, págs. 181-182.

Desde prismas diversos, el concepto de causa del enriquecimiento ha sido objeto de serios debates entre juristas. () No obstante, la doctrina mayoritaria en este mo-mentó se inclina a reconocer situaciones en las que no se puede aplicar la acción de enriquecimiento injusto debido a que la atribución patrimonial posee una causa válida. Entre las mismas se señalan: cuando existe un convenio legal o un testamento y cuando se ejercita un derecho sin abuso. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Inst. Ed. Reus, 1961, T. XXX, pág. 681; J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 836.

Según esta vertiente, se entiende que el tribunal de ins-tancia recurriera al contrato de trabajo existente entre el Estado y el agente Ortiz Andújar para rechazar su reclamo. Según este criterio, el fundamento de la relación contractual se encuentra en la See. 19.2(6) del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, que dispone:

Los miembros de la Policía conservarán su condición de tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontra-ran dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado, inclu-yendo cuando estén libres. A estos efectos, tendrán todos los deberes y atribuciones que por esta ley se imponen a los miembros de la Policía de Puerto Rico. Exhibit XV, pág. 48.

Un análisis sosegado y profundo de esta disposición re-glamentaria nos lleva a concluir que no tiene el alcance pre-tendido. El Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico establece las guías de la relación patrono-empleado e incorpora el principio de mérito a la administración de personal en dicho cuerpo. De ninguna manera prevee ni regula situaciones de pérdida patrimonial de bienes privados. Aun cuando los miembros de la Policía conserven esa condición en todo momento, ello no significa —ni expresa ni implícita-mente— la existencia de un contrato que los obligue a arries-gar sus bienes privados sin resarcimiento alguno. Por ende, el enriquecimiento obtenido por el Estado no tiene causa que lo justifique. Aunque es una redundancia, es claro que los demandantes recurrentes Ortiz-Rivera no actuaron de mala fe.

Por último, no encontramos precepto legal alguno que ex-cluya la aplicación de esta justiciera doctrina al cuerpo de la Policía. No queda vulnerado precepto alguno de orden pú-blico de génesis constitucional o estatutario. Por el contrario, está en sintonía con el interés público de que el Estado ofrezca la mayor protección policíaca posible y a tono con el espíritu que inspiró la Orden Ejecutiva de 12 de febrero de 1987, que crea un Programa de premios anuales por excelencia para los miembros del Cuerpo de la Policía de P.R. con el fin de estimular y reconocer el talento de sus miembros en la urgente misión de prevenir, descubrir y perseguir el crimen.()

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Recapitulando, en consonancia con la política pública establecida en el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, el agente Ortiz Andújar cumplió en la forma más íntegra, honrosa y extraordinaria con el deber que le imponía las funciones de su cargo. Su contrato con el Estado no le exigía, a pesar del riesgo permanente que la naturaleza de ese trabajo conlleva, exponerle al menoscabo y detrimento de su patrimonio privado. No es práctica, como tampoco requisito, que los servidores a cargo de la seguridad del país hagan uso de sus bienes privados —como lo es su automóvil'— para desempeñar las funciones de su trabajo. En ausencia de la doctrina del enriquecimiento injusto no existía, pues, garantía de indemnización cuando, como en el caso que nos ocupa, se sufre un daño patrimonial que obedece al sen-tido íntimo del mejor cumplimiento del deber. El esquema estatutario vigente sólo compensa los daños físicos, incluso la muerte. Irónicamente esa protección no se extiende al quebranto de su patrimonio.

Flaco servicio hacemos a la justicia y muy mal retri-buimos un servicio tan riesgoso —como el del policía— cuando desatendemos un reclamo tan justificado. Un traba-jador, padre de familia, impulsado exclusivamente por el de-seo de cumplir con su deber, expone y sufre una merma en su patrimonio y se desoye su justa solicitud de que se le brinde al menos el reconocimiento parcial de compensarle por los daños materiales recibidos. Nuestra sociedad, asediada y de-teriorada por la criminalidad, clama como un acto de justicia ese resarcimiento.

Se dictará la correspondiente sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernán-dez Denton concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente sin opinión es-crita.

      (1) Preceptos similares han sido establecidos para otros principios de equi-dad. Véanse: Figueroa Cancel v. E.L.A., 114 D.P.R. 684 (1983); J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983); Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308 (1961).

      (2) Ambas doctrinas han sido discutidas en Soto v. Tropigas de P.R., 117 D.P.R. 863 (1986); Colón v. Municipio de Orocovis, 100 D.P.R. 1009 (1972); Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 D.P.R. 33 (1962); Palmer v. Barreras, 73 D.P.R. 278 (1952), y Echevarría v. Despiau, 72 D.P.R. 472 (1951).
      La norma del fireman’s rule se ha extendido a los policías. R.D. Zimmerman, Negligence Actions by Police and firefighters: A Need for a Professional Rescue Rule, 66 Calif. L. Rev. 585 (1978); M.F. Sisson, The Fireman’s Rule: Open Season on Firemen and Policemen, 14 U. West L.A. L. Rev. 89 (1982); Berko v. Ferda, 459 A.2d 663 (1983).
      En términos generales postula que por el carácter inherentemente riesgoso de sus labores los policías, al igual que los bomberos, están impedidos de recla-mar contra aquellas personas cuya negligencia o descuido causaron el riesgo que les infligió el daño. Soto v. Tropigas de P.R., supra.

      (3) Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 376 y ss., y Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 1 y ss.), respecti-vamente.

      (4) “Otra figura del derecho civil patrimonial que encarna un valor que, to-mado en abstracto es, sin duda, de validez intrínseca máxima es la del enriqueci-miento injusto como fuente de las obligaciones. Ciertamente la finalidad de todo el derecho debería ser la consecución de la justicia. Pero, ¿cuál es la concepción de justicia que permea la figura del enriquecimiento injusto como fuente de las obligaciones, según la concepción ideológica que le sirvió de base al Código? No se trata de lo que cada uno pueda entender como justo, sino de lo que el legislador de entonces entendía por justo. Así, la menguada remuneración que le da el pa-trono al obrero, producto de la relación de producción sobre la cual está montado todo el esquema de la propiedad privada y de la apropiación de la plusvalía, ha sido ya catalogada como ‘justa’ por el legislador, mientras los sectores produc-tivos mayoritarios, los trabajadores, están convencidos de lo contrario. Por ello es que algunos comentaristas prefieren utilizar el término enriquecimiento sin causa, que alude a los supuestos de hecho reconocidos como capaces de justificar adquisiciones patrimoniales —las causas— y no a un criterio como el de justicia. Desde nuestra perspectiva, en cambio, no tenemos por qué aceptar las concep-ciones de lo justo que tuvieran las clases dominantes de fines del siglo XIX, ni las del momento actual. Un enriquecimiento podrá fundamentarse en un título (causa) reconocido por el derecho vigente, pero ello no necesariamente lo libra de ser un enriquecimiento injusto. Como juristas tenemos la responsabilidad y el deber de conformar el derecho con la justicia, lo cual implica que en algunos casos haya que combatir abiertamente la norma vigente, incluso la de rango constitu-cional.” M. Godreau, Un esquema para el análisis de problemas de Derecho civil patrimonial, LV Rev. Jur. U.P.R. 9, 48 (1986).

      (5) Este programa fue avalado por la Asamblea Legislativa, la cual mediante la Ley Núm. 72 de 1ro de julio de 1987 (13 L.P.R.A. sec. 3022(b)(20)) declaró exento de contribución los ingresos por tales premios.


text:
    Santiago Rodríguez Mejías et al., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados y recurridos.

      Número: RE-88-135

      Resuelto: 2 de diciembre de 1988

      Victor A Vélez Cardona, abogado del recurrente; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Miriam Alvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 11 de abril de 1984 el Tribunal Superior, Sala de Maya-güez, declaró con lugar la demanda presentada por Santiago Rodríguez Mejías —por sí y en representación de su hija menor de edad, Jasmin Erika Rodríguez— contra el Estado Libre Asociado por los daños sufridos como resultado de la muerte ocurrida a su esposa Madelyn Morales Montalvo, luego de dar a luz mediante cesárea a la niña Jasmin. Le concedió a Rodríguez Mejías $10,000 y a Jasmin las sumas de $25,000 por concepto de la causa de acción heredada y $125,000 por sus propios sufrimientos presentes y futuros. El Estado satisfizo, mediante consignación, dicha sentencia. El tribunal, una vez descontados los honorarios de abogado, ordenó que el balance a favor de Jasmin fuera depositado en una cuenta bancaria que devengara intereses hasta su mayo-ridad.

Con el tiempo, el 29 de diciembre de 1986, su padre soli-citó el retiro de los intereses devengados en dicha cuenta ascendentes a $4,160.95. Después, el 15 de abril de 1987, vol-vió a solicitar la misma cantidad. Argumentó que esos intere-ses le pertenecían en concepto de usufructo como padre con patria potestad sobre Jasmin. La Procuradora de Relaciones de Familia se opuso.

Previa vista, el tribunal resolvió que los intereses gene-rados de la suma recibida en compensación por los daños morales de la menor Jasmin eran de su exclusiva propiedad, y los devengados de la causa de acción heredada pertene-cían al padre en usufructo de conformidad con el Art. 155 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 612. Para implantar su man-dato, ordenó se separaran en dos (2) cuentas dichas sumas: una para depositar la compensación recibida por la causa de acción heredada y, la otra, lo recibido por sus propios daños y perjuicios. Dispuso, además, el pago a favor de Santiago Ro-dríguez Mejías por $2,519.26, suma representativa de los in-tereses devengados por la compensación recibida como re-sultado de la causa de acción heredada. Finalmente, requirió que Santiago Rodríguez Mejías acreditara bajo juramento que en la actualidad tiene bajo su custodia y compañía a Jas-min. No surge que haya cumplido con este requerimiento.

Inconforme, éste recurrió ante nos y alega que los intere-ses generados por la compensación de daños de su hija —ascendentes a $12,593.28— le pertenecen en calidad de usufructo legal.() Mediante trámite de mostrar causa, resol-vemos.

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La patria potestad ha sido definida como “el conjunto de derechos y deberes que corresponde a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no emancipados, como medio de realizar la función natural que les incumbe de proteger y educar a la prole”. (Bastardillas en el texto original suprimidas y énfasis suplido.) J.M. Castón Vázquez, La Patria Potestad, Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1960, págs. 9-10. Como puede apreciarse de la regla-mentación del Código Civil, el conjunto de deberes y facul-tades que la patria potestad le impone a los padres se proyecta en dos (2) aspectos: en las relaciones personales y en las patrimoniales. Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987); M. Alonso Pérez, El patrimonio de los hijos sometidos a la patria potestad, 98 Rev. Der. Priv. 7 (1973). Bajo esta institu-ción examinamos, dentro del contexto de las relaciones patri-moniales, el derecho de los padres que ejercen la patria po-testad a disfrutar los bienes de los hijos sometidos a ella.

En el antiguo Derecho romano el padre ejercía un poder absoluto sobre sus hijos. La prole se consideraba parte de su propiedad. En su consecuencia, todo lo que los hijos adqui-rían pertenecía al padre. G. Cabanellas, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, 20ma ed. rev., Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1986, T. VI, pág. 150; P. Bonfante, Instituciones de Derecho Romano, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1965, pág. 165. Con el transcurso del tiempo, el rigor de esa visión fue suavizándose y comenzó a permitirse la existencia de pe-queños patrimonios susceptibles de tenencia por los hijos, con separación del patrimonio de los padres, llamados pecu-lios.

Estos peculios se clasificaron según la procedencia de los bienes, llamándose peculium profecticium al constituido por los bienes que el hijo recibía de su padre para que los adminis-trara; peculium castrense al constituido por los bienes adqui-ridos en la milicia o con ocasión de ella; peculium quasi cas-trense al que se formaba con los adquiridos mediante el ejerci-cio de profesiones liberales, y peculium adventitium al que se constituía con bienes adquiridos de la madre o, en general, de cualquier persona distinta del padre, o por industria o suerte. Sobre el peculio profecticio correspondía la administración al hijo, reteniendo la propiedad el padre. Sobre el adventicio, por el contrario, tenía la propiedad el hijo, siendo la administra-ción y el usufructo del padre. El castrense y el cuasi castrense encarnaban el verdadero principio de la separación de patri-monios, pues pertenecían en absoluto al hijo, que tenía res-pecto de ellos la consideración de pater familias. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1966, T. V, Vol. 2, pág. 164.

En su peregrinaje hacia la Península Ibérica, España no adoptó la figura de los peculios hasta la promulgación del Fuero Real. En Las Siete Partidas quedaron plenamente consagrados. Partida 4ta, Tit. XVII, Leyes 5ta, 6ta y 7ma. Sin embargo, más adelante, mediante la Ley de Matrimonio Civil de 1870, el sistema de peculios fue eliminado y se conce-dió entonces a los padres el usufructo de ciertos bienes fi-liales. Esta legislación sirvió de fundamento a la reglamenta-ción posterior del Código Civil español en materia de usu-fructo de los padres, subsiguientemente exportada a Puerto Rico. Castán Vázquez, op. cit., págs. 257-260; Alonso Pérez, supra; Castán Tobeñas, op. cit. Aunque el Código Civil eli-minó el sistema de peculios, al reglamentar el usufructo de acuerdo con el origen de los bienes de los hijos creó unas distinciones similares que representan un residuo de la época romana. Esta situación, unida al hecho de que general-mente se entendía que el usufructo legal estaba fundamen-tado en una compensación de frutos por alimentos, ha lle-vado a muchas jurisdicciones a eliminarlo. Véanse: Roig v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 147, 153-154 (1961); L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. iy pág. 369.

En el caso particular de España, la abarcadora reforma de 1981 lo suprimió. Hoy los frutos y rentas pertenecen siempre a los hijos. Aun así, la misma legislación concede facultad a los padres —que estén en el ejercicio de su patria potestad— para destinar los frutos y rentas de los menores que vivan con ellos en la parte correspondiente al levanta-miento de las cargas familiares, sin estar obligados a rendir cuentas. Tienen derecho a que se les entreguen, en la medida adecuada, los frutos de los bienes que ellos no administren.!) Aunque en la práctica es argumentable si verdaderamente la supresión del usufructo es o no una modificación sustancial —pues el padre retiene la facultad para destinar unilateral-mente los frutos al sostenimiento de la familia— ciertamente la ley establece un mejor balance al exigir que la aportación sea equitativa. Castán Vázquez, op. cit., pág. 226; Diez-Picazo y Gullón, op. cit.

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Aclarado el origen y la trayectoria histórica de este usufructo, concentrémonos en los límites que tienen los padres en el ejercicio de la patria potestad. Después de todo, este tipo de usufructo presenta ciertas características peculiares que lo distinguen del usufructo tradicional. Primeramente, aunque se considera como un derecho que forma parte de los deberes de la patria potestad, no puede ser enajenado ni gravado. Castán Vázquez, op. cit., págs. 274-275; Art. 159 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 616.() Como regla general, tampoco puede ser renunciado excepto a favor de los hijos. Roig v. Srio. de Hacienda, supra. Si bien el usu-fructo es un derecho de los padres, no ha sido establecido para su provecho personal y exclusivo, sino en beneficio familiar con el fin principal de ayudarlos a sufragar las cargas inherentes a la patria potestad (criar, alimentar y educar a la prole). Por lo tanto, su gozo necesariamente indica el cumpli-miento de los deberes de la patria potestad. Castán Vázquez, op. cit., pág. 271.

“Pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes, así como todo lo que adquiera con su trabajo o industria.
“No obstante, los padres podrán destinar los del menor que viva con ambos o con uno solo de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas familiares y no estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones. . . .
“Con este ñn se entregará a los padres, en la medida adecuada, los frutos de los bienes que ellos no administren. Se exceptúan los frutos de los bienes a que se refieren los números 1, 2 y 3 del artículo anterior y los de aqu[é]llos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera, pero si los padres carecieren de medios podrán pedir al Juez que se les entregue la parte que en equidad proceda.” Código Civil, 8va ed., Madrid, Ed. Civitas, 1984, págs. 102-103.

Generalmente se entiende que el derecho de usufructo recae sobre todos los bienes de los hijos. Esa percepción es errónea. Nuestro Código Civil, al igual que anteriormente el español, no concede un usufructo universal, pues como los peculios, está limitado en atención al origen de los bienes de los hijos. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones f orales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. III, Vol. 2, pág. 177; Castán Tobeñas, op. cit., págs. 165-166; Alonso Pérez, supra, págs. 31-32. Ello se explica, pues no todos los bienes que los hijos pueden poseer tienen un mismo origen y procedencia ni suponen idéntico título de adquisi-ción. Caben ciertas distinciones entre un caso y otro, y de ahí también la diversidad de derechos que sobre dichos bienes concede la ley a los progenitores. Q.M. Scaevola, Código Civil, 5ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. III, pág. 542.

En nuestra jurisdicción, el usufructo legal de los padres se encuentra regulado por los Arts. 155-157 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 612-614, que disponen:

Los bienes que el hijo no emancipado haya adquirido o ad-quiera con su trabajo o industria, o por cualquier título lu-crativo, pertenecen al hijo en propiedad, y en usufructo a los padres que le tengan en su potestad y compañía-, pero si el hijo, con consentimiento de sus padres, viviere independiente-mente de éstos, se le reputará para todos los efectos relativos a dichos bienes, como emancipado, y tendrá en ellos el domi-nio, el usufructo y la administración.
Pertenece en propiedad y usufructo a ambos padres conjun-tamente o a aquel de ellos que tenga bajo su potestad y custo-dia al menor, lo que el hijo adquiera con caudal de cada uno de ellos. Pero si los padres o cualquiera de ellos le cediesen todo o parte de las ganancias, no se le imputarán en su herencia.
Corresponderán en propiedad y en usufructo al hijo no emancipado los bienes o rentas donados o legados para los gastos de su educación e instrucción; pero tendrán su admi-nistración ambos padres conjuntamente o aquel de ellos que tenga al menor bajo su potestad y custodia, si en la donación o en el legado no se hubiere dispuesto otra cosa, en cuyo caso se cumplirá estrictamente la voluntad de los donantes. (Énfasis suplido.)

La lectura integral de estos preceptos pone de manifiesto que los padres no siempre son titulares del usufructo de los bienes filiales. El Art. 155 del Código Civil, supra, sólo lo provee en relación con los bienes que adquiera el hijo como parte de su trabajo o industria, o por cualquier título lucrativo. Para ser acreedores es necesario que lo tenga en su potestad y compañía. Albaladejo, op. cit., pág. 171. No existe el derecho al usufructo legal cuando el hijo vive independiente de los padres, en cuya situación se reputa emancipado.

Por su parte, el Art. 156 del Código Civil, supra, concede usufructo sobre todos los bienes que el hijo adquiere con el caudal de sus padres. Y, finalmente, el Art. 157 del Código Civil, supra, le niega a los progenitores el usufructo resultante de bienes donados a los hijos para la educación e instrucción.

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Al aplicar esta normativa al caso de autos, se hace evidente que, como resultado de la demanda iniciada por Rodríguez Mejias a favor de su hija Jasmin, ésta recibió una doble compensación. La primera, una indemnización concedida por concepto de la causa de acción heredada de su ma-dre conforme Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973). Sobre este extremo, el tribunal de instancia co-rrectamente concluyó que dichos bienes tenían un origen lu-crativo, por lo que sus frutos —intereses— pertenecían al padre, siempre y cuando acreditara bajo juramento que en la actualidad tenía a Jasmin bajo su potestad y compañía. Esta exigencia responde, según antes visto, a que el Art. 155 del Código Civil, supra, condiciona el derecho de usufructo de los padres a que sus hijos, titulares de los bienes, se encuen-tren bajo su potestad y compañía. Esta exigencia es com-prensible. De otro modo, carecería de sentido valorativo la concesión del usufructo, que no es en provecho personal del padre, sino familiar. Rodríguez Mejías no cuestiona este re-quisito ni tampoco ha acreditado su cumplimiento.

La otra compensación recibida por Jasmin corresponde a sus sufrimientos y angustias mentales como resultado de la muerte de su madre. Estos bienes no están previstos por el Art. 155 del Código Civil, supra, el cual se refiere a bienes adquiridos por “trabajo o industria, o por cualquier título lucrativo . . .”. Por su origen gozan de otra naturaleza. Se trata de una compensación por lesiones físicas y sufrimientos y angustias mentales que tienen un carácter reparatorio de la integridad corporal y moral de la persona que ha padecido el daño. Es de carácter personalísimo. Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968).

A tono con esta característica y al imprimirle validez a la regla general de que los frutos pertenecen al propietario de la cosa o bien que los produce, resolvemos que los frutos —intereses— por las compensaciones concedidas a menores de edad en concepto dé lesiones y sufrimientos y angustias mentales, deben acrecer a su propio patrimonio. Difícilmente estos bienes pueden clasificarse en la categoría de los adquiridos por industria o trabajo, o mediante título lucrativo. Art. 288 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1141.

Esta decisión no impide que de conformidad con las limitaciones dimanantes del Art. 159 del Código Civil, supra,( ) los padres de un menor, en el ejercicio válido de su patria potestad, puedan enajenar sus bienes muebles —como lo serían los fondos depositados a favor de éstos en pago de sus daños— siempre que concurran y se cumplan los requisitos sustantivos y procesales atinentes. Ferré v. Registrador, 109 D.P.R. 148, 155 (1979); Arts. 614-616 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2721-2723.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se dictará sentencia confirmatoria de la Resolución de 9 de marzo de 1988 del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez.

Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso concurren con el resultado sin opinión escrita.

      (1) También alega que el foro de instancia erró al no conceder su parte del usufructo viudal de la compensación recibida por la menor en la causa de acción heredada. De los autos originales no surge que con anterioridad haya solicitado tal derecho ante dicho foro. Por tal razón, no habremos de discutir este aspecto.

      (2) El Art. 165 del Código Civil español señala como sigue:

      (3) El Art. 159 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2555, dispone que no son hipoteeables, entre otros, los usufructos legales, excepto el concedido al cónyuge viudo.

      (4) “See. 616. Enajenación o gravamen de los bienes, prohibidos

      “El ejercicio de la patria potestad no autoriza a ninguno de los padres para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de dos mil (2,000) dólares, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administra-ción de ambos o de cualquiera de ellos, sin previa autorización de la Sala del Tribunal Superior en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesi-dad o utilidad de la enajenación o del gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a procedimientos legales especiales.” 31 L.P.R.A. see. 616.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Rafael García Vázquez, acusado y apelante.

      Número: CR-87-89-A

      Resuelto: 5 de diciembre de 1988

      Enrique Rivera Mendoza, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Sub-procuradora General, y Josefa A. Román García, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El aquí apelante, abogado de la Sociedad para Asis-tencia Legal (Sociedad), recurre ante nos de una sentencia que le condena a una pena de dos (2) horas de cárcel, cien (100) dólares de multa y el pago de las costas y gastos del proceso, al encontrársele incurso en desacato sumario. Los hechos que dieron lugar a dicha condena son los siguientes.

El 1ro de abril de 1987 el licenciado García Vázquez com-pareció como abogado del acusado a la vista en su fondo en el caso de Pueblo v. Miguel A. García Marcano. Al comenzar la vista, el abogado solicitó al tribunal le concediera un tiempo razonable para examinar cierta evidencia en poder del Ministerio Público. El tribunal concedió lo solicitado no sin antes hacer constar que el caso no habría de suspenderse más.() El tribunal recesó hasta las dos (2:00) de la tarde, indicándole al abogado que, para concederle más tiempo para prepararse, se limitaría la sesión de la tarde a las pre-guntas que haría la juez al Jurado.

Al día siguiente, el licenciado García Vázquez informó al tribunal que no estaba preparado para representar adecua-damente a su cliente. Solicitó tiempo adicional para indagar la posibilidad de presentar una defensa de inimputabilidad.

El tribunal declaró sin lugar lo solicitado por entender que estaba fuera de término.

El apelante, en su turno de preguntas al Jurado, procedió sorpresivamente a excusarse con éste por no encontrarse preparado para comenzar el proceso. La juez ordenó retirar al Jurado mientras el apelante continuó argumentando que no se encontraba preparado para comenzar el proceso y que necesitaba un tiempo adicional. Se le señaló que su actitud constituía una presión indebida hacia el tribunal y que vio-laba los cánones de ética profesional. Surgió entonces una extensa discusión con los miembros de la Sociedad/) du-rante la cual el tribunal ofreció varias alternativas para resolver el problema sin necesidad de suspender el juicio. No obstante, los abogados de la Sociedad se negaron a aceptar las mismas aduciendo que la única alternativa viable era que se suspendiera el juicio y se les concediera tiempo razonable para prepararse. El tribunal denegó lo solicitado y, a su vez, señaló que al finalizar el proceso ordenaría se elevara el ex-pediente a este Tribunal para que evaluáramos la conducta del licenciado García Vázquez.

El siguiente lunes, 6 de abril, el abogado señaló al comen-zar la vista que se encontraba preparado en cuanto a los he-chos del caso, pero no en cuanto a la capacidad del acusado. Se decretó un receso hasta el miércoles 8 de abril. En la vista de 8 de abril el abogado se reafirmó en su posición de que no estaba preparado. El tribunal se negó a posponer el juicio. La defensa solicitó al tribunal que instruyera al Jurado so-bre las razones por las cuales la defensa no iba a hacerle preguntas. Se le ordenó que preparara una instrucción al efecto pero, luego de redactada y sometida, el tribunal deter-minó que la misma era improcedente en derecho. El proceso continuó y se constituyó el Jurado. El Ministerio Fiscal co-menzó a desfilar su prueba. La defensa no contrainterrogó a ninguno de los testigos de cargo por entender que no se en-contraba preparado para contrainterrogarlos adecuada-mente. Finalizada la vista, ese día el tribunal le recordó al apelante licenciado García Vázquez que con su obstinada ac-titud de desacatar su orden estaba desafiando su autoridad, obstruyendo la justicia y violando el Código de Ética Profe-sional.

Al día siguiente surgió un nuevo intercambio entre la juez y el licenciado García Vázquez en torno al deber de éste de representar adecuadamente a su cliente, lo cual no estaba cumpliendo cabalmente al cruzarse de brazos y no contrain-terrogar a los testigos de cargo. Se le recalcó su deber de acatar las órdenes del tribunal.

Durante esa misma vista, la Secretaria de Sala notificó que la petición de certiorari presentada por la defensa, en la cual se planteaba como error la negativa del tribunal de ins-tancia a suspender el juicio, había sido declarada sin lugar por este Tribunal mediante Resolución de 9 de abril de 1987.

Se trajo el Jurado a Sala y, en presencia de éste, el licen-ciado García Vázquez nuevamente solicitó al tribunal que ins-truyera al Jurado sobre las razones por las cuales la defensa no había contrainterrogado a ningún testigo. El tribunal de-negó la solicitud. Advirtió al apelante que dicha solicitud era un planteamiento de derecho que había sido discutido y re-suelto en ausencia del Jurado, el cual no debió haber sido traído nuevamente frente a éste. Se excusó al Jurado de la Sala. Se le advirtió al licenciado García Vázquez que su con-ducta mancillaba y lesionaba la dignidad del tribunal, a la vez que desafiaba su autoridad. El tribunal disolvió el Jurado y encontró incurso en desacato sumario al apelante licenciado García Vázquez.

En su apelación, plantea la comisión del error siguiente:

Erró el Tribunal de Instancia al declarar incurso en desa-cato sumario al Ledo. García Vázquez con una determinación que no se ajusta a derecho. Alegato del apelante, pág. 12.

f — I

El Art. 235 del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. see. 4431, dispone, en su parte pertinente, que:

Será sancionada con pena de reclusión que no excederá de noventa días o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que reali-zare cualesquiera de los siguientes actos:
(a) Perturbare el orden, causare ruido o disturbio o se con-dujere en forma desdeñosa o insolente hacia un tribunal de justicia o un magistrado durante el desarrollo de una investi-gación judicial o una sesión tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto de-bido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrados o deliberando en alguna causa.
(b) Desobediencia a cualquier decreto, mandamiento, cita-ción u otra orden legal expedida o dictada por algún tribunal en un pleito o proceso en que estuviere conociendo. (Énfasis suplido.)

El desacato será sumario si cumple con los requisitos de la Regla 242(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y de 33 L.P.R.A. sec. 519; esto es, que el desacato se haya cometido en presencia del tribunal y que la orden que condena por desacato exponga los hechos constitutivos del mismo y esté firmada por el juez.

En el caso de autos, aunque la conducta del apelante licenciado García Vázquez no fuera desdeñosa, desordenada o insolente, sí tuvo el efecto de interrumpir los procedimientos y desacatar las órdenes del tribunal al mancillar y menoscabar el respeto que todo abogado debe observar para con los tribunales. Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; Coll Moya v. Alcaide, Cárcel Municipal, 89 D.P.R. 225 (1963).

Independientemente de la corrección de la orden del tribunal para denegarle tiempo adicional, vis-á-vis el derecho del acusado a tener asistencia de abogado y que la misma sea adecuada, el abogado no podía obstaculizar los procedimientos de la manera en que lo hizo negándose a participar en el proceso por no estar preparado. En Pueblo v. Rodríguez Correa, 88 D.P.R. 653, 659 (1963), apuntamos:

No hay duda que el derecho de las personas a tener asistencia de abogado en los procesos criminales incluye el derecho a un tiempo razonable para que el abogado pueda entrevistarse con el acusado y para que pueda prepararse para el acto del juicio, sin embargo como dijimos en Romero v. Jones, supra, a la pág. 577, dicho derecho no puede ser utilizado por el acu-sado para obstaculizar el trámite normal de las causas. Lo que es tiempo razonable varía de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular.

En el caso de autos, los abogados de la defensa tuvieron tiempo suficiente para prepararse. No pueden ahora, so pretexto de ofrecer una adecuada representación legal, cruzarse de brazos y obstaculizar los procedimientos hasta tanto se les conceda el tiempo adicional que solicitan. La actitud del licenciado García Vázquez no sólo constituyó una indebida obstrucción de la justicia, Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 124, 151 (1959), sino que a su vez lesionó gravemente los derechos del acusado. El apelante, licenciado García Vázquez, hizo caso omiso de las órdenes del tribunal y obstaculizó los procedimientos, lo que provocó que tuviese que disolverse el Jurado. No erró el tribunal al encontrar in curso en desacato al apelante.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) El caso había sido suspendido anteriormente a solicitud del licenciado Beltrán, abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, quien había prometido estar preparado para la vista en su fondo de 1ro de abril.

      (2) Se llamó a Sala al licenciado Beltrán, anterior representante del acusado, y a la snpervisora de la Sociedad para Asistencia Legal, licenciada Pesante.


text:
    Frank Gotay Lanuza, demandante y recurrente, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-86-411

      Resuelto: 5 de diciembre de 1988

      Frank Gotay Barquet, abogado del recurrente; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Carmen A. Bravo de Rief-kohl, Procuradora General Auxiliar, abogadas del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia en este recurso es si el contribuyente Frank Gotay Lanuza tenía derecho a reclamar en la planilla del año contributivo 1979 un crédito por ser su hija Jeanette su dependiente, a tenor con la See. 25 de la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos de 1954 (13 L.P.R.A. sec. 3025), vi-gente a esa fecha. Para resolver debemos fijar el alcance del estatuto que, en lo aquí pertinente, definía el término “de-pendiente” de la siguiente forma:

(B) Significa también cualquier persona que para el año natural en que comience el año contributivo del contribuyente hubiere recibido del contribuyente más de la mitad de su sus-tento y,
(i) curse durante dicho año natural por lo menos un se-mestre escolar de estudios de nivel universitario, como estu-diante regular, en una institución universitaria reconocida como tal por las autoridades educativas de Puerto Rico, hasta que obtenga su grado universitario, siempre que su edad no exceda de 25 años ....
El contribuyente que reclame en su planilla cualesquiera de los dependientes comprendidos en las cláusulas (i), (ii), (iii) o (iv) anteriores deberá enviar conjuntamente con su planilla una certificación que acredite, a satisfacción del Secretario:
(A) que para el año natural en que comenzó el año contribu-tivo del contribuyente en que se reclame como tal, aquel curso [sic], como estudiante regular, por lo menos un semestre esco-lar en una institución universitaria reconocida como tal. Dicha certificación deberá ser expedida por la institución de que se trate_13 L.P.R.A. sec. 3025(d)(1)(B).

Por no haber controversia sobre los hechos, el tribunal de instancia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria del demandado recurrido, Secretario de Hacienda.!) Revi-samos mediante orden para mostrar causa. Estando en posi-ción de resolver, procede revocar la sentencia y declarar con lugar la demanda.

I-I

Los hechos mcontrovertidos son los siguientes:(2)

1- El demandante Frank Gotay Lanuza rindió su planilla de contribución sobre ingresos en o antes del 15 de abril de 1980.
2- La hija del demandante, Jeannette Gotay Barquet, reci-bió todo su sustento de su padre durante el año natural de 1979.
3- Durante el 1979 Jeannette cursó el semestre de enero a mayo como estudiante regular en la Universidad Católica de Puerto Rico, institución de nivel universitario acreditada en Puerto Rico.
4- Jeannette cumplió 25 años de edad el 1ro de junio de 1979.
5- El día 24 de enero de 1985 el Departamento de Hacienda envió al demandante una notificación final de deficiencia por contribuciones adeudadas correspondientes a su planilla de 1979.
6- El Departamento de Hacienda rechazó el crédito por de-pendiente universitario reclamado por el demandante con re-lación a su hija Jeannette ya que ésta era mayor de veinticinco años al finalizar el año 1979 y no cualificaba para dicho crédito. Apéndice, pág. 31.

Las posiciones de las partes son claras. El contribuyente toma como fundamento para la reclamación la edad de su hija al comienzo del año contributivo. El Secretario de Hacienda toma como fundamento la edad al cierre del año con-tributivo y sostiene que si el estudiante no ha cumplido aún los veinticinco (25) años a diciembre 31, el contribuyente puede tomar el crédito que autoriza la ley, pero si cumplió los veinticinco (25) años durante el año contributivo, el contribu-yente no puede reclamar el crédito por dependiente universi-tario aunque éste último reúna, como en este caso, los demás requisitos estatutarios.

El Secretario de Hacienda descansa primordialmente en el Reglamento de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos promulgado en 1954, que expresa en su Art. 25-4 lo si-guiente:

Artículo 25-4. — Crédito por dependientes. — (a) Un contri-buyente que no sea un extranjero no residente (véase la sec-ción 214) recibe un crédito de $400 por cada dependiente (que no sea el esposo o la esposa), cuyo ingreso bruto para el año natural dentro del cual comienza el año contributivo del con-tribuyente, sea menor de $400 (a menos que el dependiente a su vez esté obligado, según las disposiciones de la sección 51, a rendir una planilla conjunta con su cónyuge para un año con-tributivo que comience dentro de dicho año natural), que re-ciba más de la mitad de su sustento del contribuyente para el año natural en el cual comienza el año contributivo del contri-buyente, siempre que el dependiente (i) sea menor de 21 años de edad, o (ii) esté incapacitado para sostenerse a sí mismo debido a incapacidad mental, o física (iii) esté cursando estu-dios universitarios hasta que obtenga su grado universitario, mientras tenga menos de 25 años de edad, o (iv) sea el padre o madre del contribuyente. Para los créditos por dependientes al computar la contribución según el Suplemento T, véanse las secciones 400 y 401. (Énfasis suplido.) Reglamento relativo a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1951, San Juan, Departamento de Hacienda, 1958, pág. 232.

La ley dispone contrario a lo sostenido por el Secretario de Hacienda. En el apartado (B), establece que el status de dependiente por estudios universitarios “[significa también cualquier persona que para el año natural en que comience el año contributivo” —(énfasis suplido) 13 L.P.R.A. see. 3025(d)(1)(B)— cumpla con los requisitos allí fijados.

Lo determinante es que el dependiente reúna todos los requisitos estatutarios al comenzar el año contributivo. Vé-ase que en la propia See. 25 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, supra, para otras situaciones, se da un trato distinto a los fines de determinar el estado personal del contribuyente. A esos efectos, el inciso (c) dispone:

(1) La determinación de si un individuo es casado se hará como de la fecha del cierre de su año contributivo, a menos que su cónyuge muera durante dicho año contributivo, en el cual caso la determinación se hará como de la fecha de la muerte; y
(2) Un individuo separado de su cónyuge no será conside-rado como casado. 13 L.P.R.A. sec. 3025(c)(1) y (2).

Allí se expone expresamente que el punto fundamental es el cierre del año contributivo. Si la intención hubiera sido la misma para determinar quién es un dependiente, así se debió haber hecho.

HH H-I

El análisis histórico de los estatutos que establecieron el crédito por estudios universitarios de los hijos del contribu-yente apoya esta interpretación.

La Sec. 18(d) de la Ley Núm. 74 de 6 de agosto de 1925 concedía un crédito de:

. . . $400 por cada persona (que no sea esposo o la esposa) que dependan y reciban el sustento principal del contribu-yente si dicha persona dependiente es menor de 21 años o está incapacitada para sostenerse por s[í] misma por estar mental o físicamente defectuosa. (Énfasis suplido.) 1925 Leyes de Puerto Rico 401, 497.

La Ley Núm. 102 de 14 de mayo de 1936 concedió por primera vez el crédito objeto de este recurso al añadir en el inciso (d) de la Sec. 18: “o por estar cursando estudios supe-riores y hasta que obtenga su título facultativo, siempre que la edad del estudiante no exceda de veinticinco años”. 1936 Leyes de Puerto Rico 525, 531.

Mediante la Ley Núm. 31 de 12 de abril de 1941, se ree-numeró el inciso (d) de la Sec. 18 como (c), y se dispuso en el nuevo inciso (e)(1) que:

El crédito concedido por la subdivisión (c) de esta sección será determinado por el estado civil del contribuyente en el último día de su año contributivo. 1941 Leyes de Puerto Rico 479, 507.

En 1954 se aprobó la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, que derogó las leyes anteriores y promulgó la nueva “Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954”. Bajo el nuevo diseño contributivo, se dio el siguiente trato a los créditos de los individuos. A esos efectos, la See. 25 de la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos de 1954 disponía que:

Sección 25 — CRÉDITOS DE INDIVIDUOS CONTRA EL INGRESO Neto.
Para los fines de computar la contribución normal y adicio-nal se concederán los siguientes créditos contra el ingreso neto:
(a) Exención Personal. — En el caso de una persona soltera o una persona casada que no viva con su esposo o esposa, una exención personal de $800; o en el caso de un jefe de familia o de una persona casada que viva con su esposo o esposa, una exención personal de $2,000. Un esposo y esposa que vivan juntos recibirán una sola exención personal. El monto de dicha exención personal será de $2,000.
(ib) Crédito por Dependientes.—
(1) Concesión en general. — $400 por cada dependiente (según se define en el apartado (d) cuyo ingreso bruto para el año natural en que comience el año contributivo del contribu-yente sea menor de $400, excepto que el crédito no será conce-dido con respecto a un dependiente que venga obligado a rendir, bajo las disposiciones de la Sección 51, una planilla conjunta con su cónyuge para un año contributivo que co-mience en dicho año natural.
(2) Excepción para determinados jefes de familia. — Si el contribuyente tuviese la condición de jefe de familia única-mente por razón de tener uno o más dependientes por quienes pueda reclamar crédito bajo el párrafo (1), el crédito con res-pecto a uno de dichos dependientes no será concedido.
(c) Determinación del Estado Personal. — Para los fines de esta sección—
(1) La determinación de si un individuo es casado se hará como de la fecha del cierre de su año contributivo, a menos que su cónyuge muera durante dicho año contributivo, en el cual caso la determinación se hará como de la fecha de la muerte; y
(2) Un individuo separado de su cónyuge no será conside-rado como casado.
(d) Definiciones. — Según se emplea en esta Ley—
(1) el término “dependiente” significa cualesquiera de las siguientes personas que para el año natural en que comience el año contributivo del contribuyente hubieren recibido del contribuyente más de la mitad de su sustento: (A) una persona menor de 21 años de edad; (B) una persona incapaz de prove-erse su propio sustento debido a estar mental o físicamente incapacitada; (C) una persona que esté cursando estudios uni-versitarios hasta que obtenga su grado universitario, siempre que su edad no exceda de 25 años; (D) el padre o la madre del contribuyente; y
(2) el término “jefe de familia” significa un individuo que realmente sostiene y mantiene bajo un mismo techo uno o más dependientes estrechamente relacionados con él mediante pa-rentesco de consanguinidad, afinidad o por adopción sobre quienes ejerce autoridad familiar, y cuyo deber de proveer para dichos dependientes surge de una obligación legal o moral. Para los fines de este párrafo, el parentesco de afinidad, una vez existente, no se considerará terminado por divorcio o por la muerte de un cónyuge. 1954 Leyes de Puerto Rico 475, 547-549.

De manera que en el año contributivo 1979, para los fines de computar la contribución sobre ingresos, se concedían créditos contra el ingreso neto al contribuyente bajo los requisitos siguientes:

1. Cualquier persona que para el año natural en que co-mience el año contributivo del contribuyente hubiere reci-bido del contribuyente más de la mitad de su sustento.

2. Curse durante dicho año natural por lo menos un se-mestre escolar como estudiante regular en una institución universitaria hasta que obtenga un grado universitario. -

3. Siempre que su edad no exceda de 25 años.

En el caso ante nos no hay controversia de que el contri-buyente cumplía con los primeros dos (2) requisitos. La con-troversia gira en cuanto al alcance del requisito de edad.

Si analizamos la trayectoria legislativa a los fines de en-contrar la verdadera intención del estatuto, tomando en cuenta el propósito de conceder un alivio contributivo a los padres que cumplen con su obligación legal de fomentar la educación universitaria de sus hijos, debemos resolver que la fecha determinante es la edad al momento en que comienza el año contributivo.

Si la intención y el propósito fueron que se tomara como fecha determinante la del cierre del año contributivo, se debió haber hecho constar clara y expresamente, tal como se hizo mediante la enmienda de 1941. A esos efectos nos ayuda la redacción actual de la See. 25 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, supra, que al ser enmendada, como parte de la reforma contributiva de 1987, por la Ley Núm. 2 de 6 de octubre de 1987, dispone lo siguiente:

(B) Significa también cualquier personal [sic] que para el año natural en que comience el año contributivo del contribu-yente hubiere recibido del contribuyente más de la mitad de su sustento y haya cursado durante dicho año natural por lo menos un semestre escolar de estudios de nivel universitario, como estudiante regular, en una institución universitaria reco-nocida como tal por las autoridades educativas de Puerto Rico, hasta que obtenga su grado universitario, siempre que al cierre del año natural en que comience el año contributivo del contribuyente no haya cumplido veintiséis (26) años de edad. El contribuyente que reclame este crédito deberá en-viar conjuntamente con su planilla una certificación, expedida por la institución universitaria correspondiente, a esos efec-tos. (Énfasis suplido.) 1987 Leyes de Puerto Rico 741, 806.

De lo anterior surgen tres (3) consecuencias de la re-forma contributiva en lo que aquí nos atañe:

1. Se mantuvo el propósito de reconocer a los estudiantes universitarios como dependientes. Esto, además de promo-ver una mayor preparación académica y profesional en nues-tra ciudadanía, le da virtualidad a la obligación legal de los padres de proveer los medios económicos necesarios para la educación de sus hijos. Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261, 267 (1985). Como dijéramos en esa ocasión:

No hay duda que la ilusión y meta de todo padre responsa-ble es la de brindarle a todos y cada uno de sus hijos la mejor preparación posible para que éstos puedan enfrentarse a la dura realidad de la vida que les espera y que con ese propósito en mente no escatimarán esfuerzo por que sus hijos así lo logren. Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267.

2. Para poder administrar el sistema en forma feha-ciente, se continuó la práctica de fijar una edad límite para poder acogerse al alivio contributivo.

3. La diferencia entre el diseño vigente y el anterior es que ahora se fija expresamente como fecha determinante el cierre del año natural efi que comienza el año contributivo. Bajo la ley anterior, el crédito dependía de la edad al co-mienzo del año contributivo.

Al resolver a favor del contribuyente, seguimos el principio fundamental de interpretación estatutaria de que “al lenguaje de la ley debe dársele un significado que valide el propósito que tuvo el legislador al aprobarla”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 31, pág. 245 y ss.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      () El tribunal utilizó un mecanismo irregular e impermisible. En lugar de dictar sentencia según el procedimiento de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispuso del asunto mediante órdenes de despacho sin expo-ner fundamento alguno en apoyo de su decisión.

      () Según incorporados en las mociones de sentencia sumaria de ambas partes.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Pedro Carlos Fernández Torres.

      Número: MC-88-67

      Resuelto: 6 de diciembre de 1988

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El 7 de noviembre de 1988 el Procurador General presentó un informe relacionado con la queja del Sr. Alfonso Quiñones García contra el Lie. Pedro Carlos Fernán-dez Torres. Alegó falta de diligencia al demorarse el licen-ciado Fernández Torres de forma irrazonable en la tramitación de un caso civil de daños y perjuicios. Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.,

Los hechos pertinentes surgen del informe y de los docu-mentos que se nos acompañaron. La reclamación de daños emana de un accidente que ocurrió el 17 de agosto de 1987. El licenciado Fernández Torres representó al señor Qui-ñones García en el caso criminal que surgió como consecuen-cia de dicho accidente y ahora lo representa en el caso civil. El 14 de marzo de 1988, el licenciado Fernández presentó la demanda civil ante el Tribunal de Distrito, Sala de Guay-nabo, contra Pedro Concepción Loubriel, la Compañía de Se-guros “X” y “John Doe”, dueño del vehículo de motor tablilla 7474-11, en la cual reclamaba daños ascendentes a nueve mil dólares ($9,000). La demanda tenía fecha de 15 de marzo de 1988. Se expidieron los correspondientes emplazamientos.

En carta de 31 de agosto de 1988, el licenciado Fernández indicó a la Oficina del Procurador General que el caso estaba “en la etapa de diligenciamiento de los emplazamientos, ya que hay personas demandadas fuera de la jurisdicción”. Exhibit V, pág. 7. El 28 de octubre de 1988, el Juez Administra-dor del Tribunal de Distrito, Sala de Guaynabo, certificó que en dicho caso (CD 88-632) sólo obraba en el expediente del tribunal la demanda y constancia de que se habían expedido los emplazamientos.

La Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “[e]l emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido expedido”. Por justa causa o si existe negligencia excusable, este término puede ser prorrogado. Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721 (1981); Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 679 (1981); Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985); Pietri González v. Tribunal Superior, 117 D.P.R. 638 (1986). En relación con el emplazamiento de partes con nombres desconocidos, véase Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988). Cabe señalar también que las ges-tiones de descubrimiento de prueba son, como regla general, extrajudiciales y por ende no aparecerá en el expediente del tribunal constancia de las mismas. Regla 67.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743-744 (1986).

H-1 1 — I

Al analizar las circunstancias específicas de este caso a la luz del derecho procesal aplicable, concluimos que no se violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Los cánones de ética profesional no son, ni deben convertirse, en armas procesales adicionales a ser utilizadas para adelantar los intereses particulares de una de las partes en un caso. La falta de diligencia que da lugar a sanciones éticas tiene que ser crasa, que denote falta de competencia o un menosprecio al sistema de administración judicial. Normalmente, y como regla general, las dilaciones o incidentes procesales en un caso deben ser atendidos y resueltos por los tribunales de instancia. Lluch v. España Service Sta., supra, págs. 734-785. Véase, también, L.R. Patterson, Legal Ethics: the Law of Professional Responsibility, 2da ed., Nueva York, Ed. Matthew-Bender, 1984, Cap. 3, Sec. 3.01.

Por todo lo antes expuesto, se dictará la correspondiente sentencia que archiva la queja del Sr. Alfonso Quiñones García contra el Lie. Pedro Carlos Fernández Torres.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.