author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    San Lorenzo Trading, Inc., y Otros, demandantes y recurridos, v. Rafael Hernández Barreras, José A. González Carrión, José Figueroa y Ángel Merly, demandados, y peticionario el último; Rafael Hernández Barreras y Otros, demandantes, v. San Lorenzo Trading, Inc. y Otros, demandados.

      Número: O-82-616

      Resuelto: 26 de octubre de 1983

      Arnaldo Sánchez Recio, abogado del peticionario Ing. Ángel Merly; Enrique Nassar Rizek, de Figueroa & Nassar, abogado de la recurrida San Lorenzo Trading, Inc.; Raúl Tirado Ro-dríguez, abogado de los demandados Rafael Hernández Barre-ras, José A. González Camión y José Figueroa.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La solución del presente recurso exige, a modo de repaso, que examinemos el concepto del testigo, que es perito, y cuál es su función básica. Cumplida esa enco-mienda, precisa explorar respuestas a las siguientes inte-rrogantes: ¿Qué lo distingue de un testigo ordinario? ¿Qué categorías son susceptibles de establecerse? ¿Qué criterios conlleva y a qué retribución es acreedor por su compare-cencia a una deposición?

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El 3 de agosto de 1979 José A. López Madrazo, José R. Bacardi y Luis A. Ciappi compraron a Rafael Hernández Barreras, José A. González Carrión y José Figueroa ac-ciones corporativas emitidas y en circulación de San Lorenzo Trading, Inc. En demanda formulada en el año 1981 a nombre de San Lorenzo Trading, Inc. y de ellos mismos alegaron que la suma de $550,000 asignada a las acciones se fijó a base de dos inmuebles de 4.715 y 3.158 cuerdas valorados en $288,667.50 y $261,232.50 respectiva-mente. Adujeron que al medir la finca de 4.715 cuerdas resultó tener una cabida de 2.75 cuerdas que valen sólo $206,355.86. Reclamaron la diferencia de $82,311.64.

Trabada la controversia los demandantes avisaron la toma de una deposición al ingeniero Ángel Merly Pérez, quien en 1976 había hecho un informe de tasación del activo de San Lorenzo Trading, Inc., que incluía la finca de 4.715 cuerdas, cabida que presumió correcta y valoró en $278,000. Admiten que es ésta “[l]a tasación sobre la cual habrá de ser examinado el señor Ángel Merly”. Dicha tasación (copia de la cual obra en los autos originales) es “solicitada y pagada para uso y beneficio de San Lorenzo Trading, Inc. a través de Small Business Administration”.

Conjuntamente con la citación se le entregó un cheque por $15 para cubrir sus gastos de transportación y dietas de acuerdo con el Reglamento de Gastos, Viajes y Die-tas para Testigos, promulgado por el Director Administra-tivo de los Tribunales el 10 de octubre de 1980 conforme la Regla 40.3 de Procedimiento Civil. Merly Pérez se opuso. Argumentó que no debía ser compelido a comparecer hasta tanto se hicieran efectivos sus honorarios como perito, a razón de $75 la hora, e idéntica suma para su abogado, que le acompañaría al acto de la toma de su deposición. Los demandantes reiteraron su solicitud señalando que la cita y declaración eran como testigo de hechos y no como perito. El tribunal de instancia declaró sin lugar sus objeciones y le ordenó comparecer sin derecho a percibir honorarios como perito. Acudió ante nos mediante certiorari y acordamos revisar.

II

Etimologicamente el adjetivo perito proviene del latin peritus, a, urn, y describe a la persona conocedora y versada. En su acepciOn clásica la definiciOn reconocida y universal -distinguida de su connotaciOn jurIdica, procesal y evidenciaria- corresponde àl "inteligente, experimen-tado, práctico en uná ciencia, arte o cualquiera otra mate-na". Diccionario de Derecho Privado, Barcelona, Ed. Labor, 1963, Apéndice, pág. 708; Vox, Diccionario general ilustrado de Ia Iengua espanola, 2da ed., Barcelona, Ed. Spes, 1961, pág. 1277; G. Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, l4ta ed., Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1979, T. V, pág. 211; Webster’s Third New International Dictionary, 1971, pág. 800; The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 1971, Vol. I, pág. 932. La nota ca-racterística que aflora de estas definiciones proyecta la visión de aquellas personas con conocimiento especializado en mate-rias que de ordinario “no son conocidas, con precisión, por el común de las gentes. . . . Perito es, por tanto, la persona entendida, el individuo competente, idóneo, por tener unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada capacidad. Como sinónimos del vocablo perito se utilizan en el lenguaje común los términos experto, especia-lista, técnico, etc.”. E. Font. Serra, La prueba de peritos en el proceso civil español, Barcelona, Ed. Hispano Europea, 1974, págs. 1-2. Véanse, 2 Wigmore, Evidence Sec. 555 (3ra ed., 1940), págs. 633-635; Words and Phrases, “Expert Witness”, Vol. 15A, págs. 469-471.

La actividad pericial no es exclusiva del mundo jurídico. Abarca el vasto campo de la cultura y el de la dinámica de las relaciones humanas y se desenvuelve en ellos. Incluye el saber proveniente de las ciencias físicas y naturales, las matemáticas, la psiquiatría, psicología, medicina, ingeniería, arquitectura, economía, lingüística, pintura, música, lite-ratura, el arte y otras más. Su legitimidad dimana del reconocimiento que una comunidad concede a determinada persona en atención a su educación, profesión, práctica o aptitudes obtenidas mediante un entrenamiento formal, a título académico, o como consecuencia de la experiencia producto de una ocupación habitual o trabajo sistemático en un área especializada.

Cuando esa sabiduría se aplica a la solución de contro-versias jurídicas penetramos en la dimensión de la pericia de orden procesal, como uno de los medios de prueba perso-nales auxiliadores al desempeño judicial. “El destinatario de la prueba pericial será siempre el Juez, ante el que se practica dicho medio de prueba.” Font Serra, op. cit., pág. 13. Como cualquier otro testigo, la función del perito es dar a conocer la verdad, derivada de su conocimiento especiali-zado.

La necesidad del testimonio pericial en los procedimien-tos judiciales fue reconocida por lo menos desde el decimo-cuarto siglo de nuestra era. En esos días el conocimiento pericial era utilizado de dos maneras diferentes: personas diestras eran llamadas a auxiliar a los juzgadores en sus decisiones o eran seleccionadas como jurados, debido a que su experiencia y entrenamiento las habilitaban para apre-ciar mejor los hechos. J. Molinari, The Role of the Expert Witness, 9 The Forum 789, 790 (1973-74).

En época moderna la ausencia del juez “enciclopédico”, esto es, perito o técnico en toda materia a adjudicar desde el estrado, acentúa y justifica con mayor rigor su existencia. Font Serra, op. cit., págs. 21-30.

La razón de ser de la prueba pericial radica en la imposibi-lidad de que el juez, por muy hábil y competente que sea, tenga un completo conocimiento técnico en multitud de mate-rias, que cada día van en aumento como consecuencia del per-feccionamiento de la técnica y de la mecánica, lo que deter-mina la necesidad de que personas peritas en la materia puedan ilustrarle, a fin de que su pronunciamiento se ajuste a la realidad material de los hechos, enlazándola con el aspecto jurídico que los mismos presentan. Su fundamento, por tanto, se basa en la fe y credibilidad humana, ya que ante la igno-rancia por parte del juzgador en ciertos aspectos materiales debe imperar un principio de confianza en la palabra del hombre que permita asegurar al Tribunal que su fallo se producirá en justicia. J. Sáez Jiménez y E. López Fernández de Gamboa, Compendio de derecho procesal civil y penal, Madrid, Ed. Santillana, 1963, T. I, pág. 938.

Nuestras Reglas de Evidencia de 1979 recogen esencialmente el marco conceptual expuesto. Así la Regla 53 implícitamente define como perito a la persona que “posee especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficientes” sobre un asunto. Su cobertura es dilatada. “No sólo cualifican los ‘expertos’ en sentido estricto (médicos, científicos, arquitectos, ingenie-ros, etc.), sino cualquier persona que a juicio del juez que preside la causa tiene alguna preparación o conocimiento especial sobre la materia objeto de la declaración. Aun la experiencia se incluye como criterio.” Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia, Ed. Equity, 1979, Comentarios sobre la Regla 53, págs. 55-56. Como señala Font Serra, “una característica de peculiar-relieve de la pericia es que, por regla general, se desecha su vertiente teórica. Lo que importa es su utilidad práctica. Es más, una pericia de carácter teórico tiene valor, en cuanto otra persona pueda aplicarla a situaciones reales. Este sentido tele-ológico de utilidad es de tal importancia, que se llega a calificar la pericia como actividad de tipo práctico, no porque esencialmente lo sea, sino porque, aun cuando se trate de operaciones científicas o artísticas teóricas, se ven desde un prisma técnico”. Op cit., pág. 4.

Aunque las reglas permiten a cualesquiera partes presentar sua sponte su propio perito, siguiendo la orientación moderna persiguen estimular el nombramiento del “perito judicial” designado por el tribunal. Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16 (1983). Se intenta así “evitar y eliminar la situación [indeseable] de que los peritos sean o se conviertan en testigos particulares de las partes . . . logrando que su comparecencia y testimonio ante el tribunal sea sin endoso previo a cualesquiera de los litigantes”. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 650 (1975). Desde el punto de vista doctrinal las reglas vigentes cristalizan una postura ecléctica: consagran la pericia como medio de prueba, a la par que en gestión auxiliadora para el juez.

Esa función implica que de algún modo el perito observa, aprecia y dictamina los hechos de tipo técnico objeto de la prueba. Su dictamen, por deducción o inducción, conllevará valorar y decantar los hechos percibidos empleando sus conocimientos especializados con el fin de lograr determinado convencimiento judicial. Según la Regla 56 de Evidencia, los hechos o datos en los cuales un perito puede apoyar una opinión o inferencia pericial son sus observaciones directas o la información obtenida antes o durante el juicio.

Esa fuente de información para un testimonio pericial —y la amplia libertad de opinar— es uno de los atributos que lo diferencian de un testigo ordinario. Sin embargo, en estricta teoría científica, en el orden psíquico o metafísico, sería un error considerar que únicamente el perito enjuicia, discurre u opina. “[Tjambién el testigo formula juicio, en cuanto define, sustituyendo la mera descripción. Los juicios del testigo se fundamentan en máximas de experiencia comunes. ... Las narraciones del testigo serán, en definitiva, un juicio —al menos en el sentido lógico del concepto juicio— más o menos simple o complejo; y es que, narrando, a la fuerza deben emitirse juicios, pues la narración implica el razonamiento y el juicio. Es más, el testigo sería inhábil, si no poseyera capacidad de razonar. . . . Lo que no podemos admitir es que la diferencia esencial entre el perito y el testigo esté en la formulación intelectual de sus declaraciones.” (Énfasis suplido.) Font Serra, op. cit., págs. 109-110. Esa realidad unida a la multiplicidad de variantes impide con rigor matemático establecer a priori, contrastes absolutos y tajantes entre un hecho y una opinión. 7 Wigmore, Evidence Sec. 1919 (Chadbourn rev. 1978), págs. 14-17.

Aun así, se señala la existencia de notables distinciones. A modo de reseña la doctrina atiende las siguientes:

1. El testigo generalmente es casual. Viene en contacto con un hecho o suceso en virtud de una relación extrajudicial de modo accidental, a veces fortuita. Por el contrario, el perito regularmente es seleccionado por una parte o el tribunal. Desconoce los hechos con anterioridad y formula una apreciación con posterioridad al proceso.

2. Los testigos sólo declaran lo percibido por sus senti-dos y relatan hechos. El perito intencionalmente los exa-mina y evalúa. Al testigo “se le pide noticias sobre los hechos, al perito se le pide un criterio, una apreciación: del primero se invoca la memoria; del segundo, la ciencia, que es el recuerdo de los conocimientos, o la memoria sistemá-tica”. C. Lessona, Teoría general de la prueba en derecho civil, Madrid, Inst. Ed. Reus, 1942, T. 4, pág. 547. La decla-ración de un testigo versa sobre “hechos acaecidos o históri-cos, la del perito [sobre] acaecimientos actuales, e incluso puede aventurar los futuros en base a sus deducciones técnicas. El testigo declara sobre lo que fue objeto de su conocimiento sensorial; el perito dictamina después de haber realizado, con ocasión de ser llamado al proceso, una actividad intelectual perceptiva y deductiva”. Font Serra, op. cit., págs. 110-111.

3. Como regla general, el testimonio de un perito es reemplazable. El de un testigo presencial de hechos no.

La dicotomía no es absoluta. No encaja siempre en moldes rigurosos. Cabe la posibilidad de que una persona acumule las cualidades de testigo y perito. Tal condición se configura cuando concurren las circunstancias fortuitas de un perito que presencia o participa en un hecho que subsiguientemente es total o parcialmente objeto de una contienda judicial. Nos “hallamos [ante] una doble actividad probatoria de una misma persona: actividad testifical y actividad pericial. Una misma persona actúa como testigo y perito, a través del procedimiento de la prueba de testigos”. Font Serra, op. cit., pág. 116. Véanse: Cabanellas, op. cit., pág. 213; E. Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 14ta ed., Méjico, Ed. Porrúa, 1981, pág. 598; Sáez Jiménez y López, op. cit, págs. 945-946; E. Gómez Orbaneja, Derecho Procesal Civil, 7ma ed., Madrid, Artes Gráficas y Editoriales, 1975, Vol. I, pág. 344. Un autor norteamericano acuña el término “testigos de ocurrencia” (ocurrence witnesses) para describir peritos que presenciaron los hechos que motivaron el litigio. M. Graham, Discovery of Experts under Rule 26(b)(4) of the Federal Rules of Civil Procedure: Part One, an Analytical Study, 1976 U. Ill. L.F. 895, 941. L. Prieto-Castro expone la cuestión así:

El testigo, aunque no actúe dando una reproducción exacta del hecho, como la placa fotográfica, pues en él las imágenes experimentan una refracción y se recrean por el juicio propio, en esencia da noticia de percepciones concretas de conoci-miento, es decir, subjetivas, y aunque tales percepciones hayan sido posibles únicamente en virtud de la posesión de una ciencia, un arte o una práctica, sigue siendo testigo (si bien perito) y sometido a las reglas de esta prueba (es el tes-tigo perito conocido en el derecho alemán, Código procesal, 414), o sea, principalmente, no puede negarse a declarar (según art. 643); el perito, en cambio, aporta nociones o reglas y síntesis generales de ciencia, que por esto son llevadas por el juez, no a la premisa de hechos (menor) del silogismo judicial, sino a la mayor o jurídica; pero es posible la figura de la doble cualidad, como cuando no sólo se declara sobre hechos percibidos, sino al mismo tiempo se extraen consecuencias o deducciones de ellos; en tal caso se estaría ante un testigo y perito, y le serían aplicables las reglas de una y otra prueba. (Énfasis suplido.) Manual de Derecho Procesal Civil, Zaragoza, Ed. Librería General, 1959, T. I, págs. 326-327.

El binomio de testigo-perito ha sido objeto de varios enfoques. No existe consenso en cuanto al tratamiento judicial a brindarse. La decisión requiere evaluar los intereses en conflicto atribuyéndole a éstos el peso correcto a base de los valores judiciales subyacentes. Analicémoslos.

En primer lugar, como máxima y principio derivado de la vida comunitaria y social, se reconoce el deber de todo ciudadano de cooperar en la buena administración de la justicia y comparecer a testificar. Durán v. Sucn. Durán, 55 D.P.R. 633, 636 (1939). “No es, en verdad, difícil justificar semejante obligación: basta considerar que sin ella no es posible administrar justicia.” Lessona, op. cit., págs. 188-189. “En efecto, el testigo no tiene, por lo menos oficialmente, interés directo o indirecto en el proceso, cuyo perjuicio le pueda estimular a intervenir. Pero como la finalidad pública que el proceso persigue no quedaría actuada si se abandonara a la libre voluntad del testigo la prestación o no de su función de tal, es preciso solucionar el problema a base de la imposición al testigo de una auténtica obligación. Ello quiere decir que existe, en términos generales y sin perjuicio de las correspondientes excepciones, un deber general de testimoniar; una imposición de una conducta, jurídicamente exigible, incluso de modo coactivo, en el grado en que esto resulte posible, por la que se debe riguro-samente la prestación del testimonio.” J. Guasp, Derecho Procesal Civil, 2da ed., Madrid, Inst, de Estudios Políticos, 1961, pág. 378. “El deber de los testigos de declarar es un sacrificio de todo miembro de una comunidad.” Comment, Compelling Experts to Testify: A Proposal, 44 U. Chi. L. Rev. 851, 852 (1977).

Segundo. El Estado no puede absorber todos los costos que genera el sistema judicial y, por ende, compensar en su verdadera extensión y valor pecuniario la comparecencia de todo testigo, sea de carácter ordinario o un perito. Para los primeros fija unos aranceles módicos. Para los segundos, en el ámbito de la práctica forense civil, los deja a la libre contratación de las partes o a la razonable estimación judicial por vía de costas o mandato directo. En cuanto a testigos regulares, los estipendios reglados no pretenden reembolsar efectivamente la inversión de tiempo y el talento desplegado. Por imperativo circunstancial la carga se disemina entre todos los sectores y litigantes. Así, tanto para el obrero como el profesional mejor remunerado, el comparecer a una deposición o asistir a un tribunal como testigo regular conllevará un sacrificio económico e impacto negativo sobre el jornal diario u honorarios, respectivamente. Sus efectos perjudiciales, aunque cuantitativamente diferentes y relativos, son reales y compartidos por ambos. En consecuencia, deben ser absorbidos por todos sin que sea dable establecer distinciones, cuando en el fondo la calidad de la comparecencia es esencialmente una misma e igual: testigos de hechos.

Tercero. Esa obligación, inherente a la condición de que toda persona es miembro de una sociedad, sumada a la inhabilidad del Estado para sufragar completamente los gastos reales que genera la comparecencia de testigos, y la necesidad de que sus efectos sean distribuidos entre todos, impone como resultado rechazar la noción de que el simple hecho de que una persona posea conocimiento especializado y a su vez sea testigo automáticamente le hace acreedor a una remuneración mayor que la dispuesta para todos. Aunque ciertamente el testimonio de tales personas implica la utilización de los recursos y las destrezas particulares adquiridas mediante una preparación formal —atributos propietarios representativos de una inversión de tiempo y valor— si es un testigo de hechos, ello no desnaturaliza la obligación básica ciudadana de compartir el costo de administrar la justicia.

Estas consideraciones están condensadas del siguiente modo:

El concepto de derecho de propiedad ha sido extensamente explorado en un sinnúmero de casos en que un litigante ha pretendido utilizar un perito citándolo como testigo ordinario. La casuística está fuertemente dividida. Con referencia a conocimientos ya adquiridos, sea por observación o mediante conclusión pericial, la mayoría de los tribunales sostienen que el experto debe ser tratado como cualquier otra persona que posee conocimiento vital pertinente a la controversia. Esto es, el experto, por tal condición, no puede negarse a testificar como tampoco reclamar unos honorarios en exceso de los que corresponden a un testigo ordinario. La razón para esta pos-tura estriba en que al ciudadano llamado a testificar se le requiere un enorme sacrificio de su salario o ganancia, y parecería necesario que se compensara a cada individuo según su pérdida particular, si no se reconociese que cada ciudadano está en el deber de testificar. (Traducción nuestra.) J. Friedenthal, Discovery and Use of an Adverse Party’s Expert Information, 14 Stan. L. Rev. 455, 479-480 (1962). Véase: Note, The Contingent Compensation of Expert Witnesses in Civil Litigation, 52 Ind. L.J. 671 (1977).

Establecidos los principios que rigen la materia, con-centrémonos en su metodología. Con el propósito de lógrar una adecuada clasificación que permita a los tribunales dilucidar cuándo se puede exigir a un perito declarar, bajo qué circunstancias y qué derechos tiene, se han elaborado varios enfoques. La posición mayoritaria sostiene que un perito puede ser obligado a declarar —sin derecho a hono-rariosJadicionales— sobre opiniones formadas previamente (already-formed), si no se requieren estudios posteriores. Bajo este criterio no se le puede compeler a realizar tareas, estudios o experimentos adicionales (out-of-court work). Comment, supra, págs. 854-855. Otras jurisdicciones han adoptado la norma sobreprotectora de impedir que el perito pueda ser obligado. Comment, supra, págs. 855-856. Ambas orientaciones son objeto de críticas. De no estable-cerse reglas claras, las determinaciones de qué constituye “ojúnión formada previamente” o cuáles son “hechos” —en contraste con “opiniones”— imponen a los tribunales una pesada carga de resolver caso por caso. Finalmente, otras jurisdicciones admiten la compulsoriedad a cambio de que se provea al perito una compensación en exceso del arancel correspondiente a un testigo ordinario. Comment, supra, págs. 856-857.

Para equilibrar la situación, tomando como criterio la fuente del conocimiento de perito, se han articulado tres categorías.

Peritos de ocurrencia (occurrence experts). Agrupa a aquellos que de antemano han obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos a través de observaciones directas o por participación en eventos subsiguientemente pertinentes a la litigación. Pueden haber sido remunerados o no en aquel momento. Son personas que han tenido percepción inmediata de los hechos y, como tales, poseen información irreemplazable. Se distingue del testigo ordinario en que utiliza su entrenamiento especial al percibir los sucesos. En nuestra jurisdicción, ilustrativos son los casos de Rivera Sierra v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 417, 429 (1969) —patólogo al servicio del Estado, quien por razón de su cargo entró “en el curso de la cadena de hechos relacionados con la cuestión litigiosa, y que a través de sus sentidos conoció y percibió parte de ellos”; y Sucn. Mangual v. Hastings, 56 D.P.R. 21, 26 (1940) —médico de un hospital municipal que brindó tratamiento a una víctima de un accidente automovilístico y prestó testimonio al efecto sin que ello requiriera “una preparación especial previa”. Como regla general, éstos se consideran testigos ordinarios a todos los efectos y no tienen derecho a ninguna remuneración especial.

Peritos en general (general experts). Corresponde a los que no están relacionados con los hechos singulares en controversia. Como tales, no han presenciado los acontecimientos ni han hecho “estudios especiales de los hechos particulares del caso”.

Peritos intermedios (intermediate experts). Comprende a quienes, debido a los estudios específicos que han efectuado en previsión del futuro o durante el proceso, están familiarizados con los hechos particulares del caso. Comment, supra, págs. 860-866. De ordinario, tanto el perito general como el intermedio son acreedores al pago de honorarios adicionales.

En ausencia de legislación expresa que reglamente de manera integral la materia, las categorías enunciadas pueden servir adecuadamente en nuestra jurisdicción como punto de partida para que el poder judicial identifique y compense a personas llamadas a participar en el proceso que reúnen las características que definen al testigo perito. Apliquémoslas al caso de autos.

III

La observancia recta de los principios conceptuales, jurí-dicos y procesales expuestos nos mueve a concluir que el ingeniero Merly Pérez no tiene razón en sujetar su com-parecencia y deposición al pago de honorarios en exceso de los dispuestos en la reglamentación vigente para un testigo regular.

El substrato de su contención es su condición de profesional. Ese solo fundamento no es suficiente para reclamar una compensación superior. Simplemente es un testigo de hechos que cae en la categoría de “perito de ocurrencia”. Al realizar la tasación para San Lorenzo Trading, Inc. percibió y advino, previamente en conocimiento extrajudicial de una situación fáctica que resultó ser luego pertinente al litigio. A la sazón le fueron satisfechos sus honorarios. Al presente, repetimos, para fines de la deposición es un testigo de hechos, aunque de innegables credenciales por su capacitación. Como tal viene obligado a deponer sobre sus vivencias en ocasión de haber confeccionado su informe, las cuales naturalmente recogen sus impresiones empíricas e incluyen sus apreciaciones subjetivas de índole técnica y valorativa. Concebible y presuntivamente, salvo una preparación rutinaria para refrescar la memoria, su comparecencia no conllevará ulteriores estudios o tasaciones adicionales. Su testimonio estará limitado al ámbito del informe y opinión formada (already-formed opinion).

En conclusión, ante los tribunales el peticionario ingeniero Merly Pérez está en igual posición que el obrero, diestro o semidiestro, que realiza unas tareas en el curso ordinario de su oficio con anterioridad a surgir una controversia judicial, y luego es citado para una deposición o es llamado a atestar sobre la manera en que llevó a cabo su labor. Indudablemente que, aparte del producto final, la única diferencia válida entre ambos radica en la educación académica y, como corolario, en una mejor remuneración específica. En esas circunstancias el poder judicial no puede suscribir su tesis de privilegio individual, como profesional, cuyo factor dominante es el económico. La supremacía de un régimen constitucional de justicia que proclama la esencial igualdad de todos ante la ley rechaza ese enfoque. Véase, Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983). El principio rector predominante reclama de los miembros de la sociedad el deber ineludible de comparecer y declarar, aunque su aplicación, para algunos, pueda representar sacrificios económicos mayores.

Finalmente, resta aclarar el horizonte de nuestra decisión. No es ilimitado. Para atemperar el rigor de toda citación de este género, los interesados deben coordinar, o en su defecto el tribunal debe dictar, la fecha, hora, sitio y demás condiciones que propendan a garantizar el menor de los perjuicios al deponente. Véase la Regla 23.2 de las de Procedimiento Civil de 1979. Además, en casos apropiados, cuando en el transcurso de una deposición la naturaleza del interrogatorio coloque el testimonio en cualesquiera de las otras categorías, queda también a salvo la facultad protectora de los tribunales de instancia para decretar posteriormente la compensación adicional que razonablemente ello amerite.

Se confirma la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

-O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

En la opinión concurrente de fecha 28 de marzo de 1983 que emitimos en el caso de Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138 (1983), expresamos que somos del criterio que una de las labores principales —si no la principal— de este Tribunal es la de implantar normas o guías que ayuden a los miembros de la profesión legal en general en la difícil labor que día a día tienen que desempeñar, en específico en relación con aquellas áreas de Derecho en que, a pesar del esfuerzo realizado en el pasado, todavía existen “lagunas”.

En el día de hoy añadimos que tenemos el deber y la obligación, hasta donde ello sea posible, de implantar aque-llas normas o guías que no sólo sean justas con todas las partes y personas envueltas en un litigio, sino que sean sen-cillas, claras y de fácil implementación. Lo complicado y ela-borado no necesariamente es lo jurídicamente correcto.

Entendemos que la opinión de la mayoría de este Tribunal en el presente caso desatará una serie de controversias a nivel de instancia, que puede llevar a un caos en la adminis-tración de la justicia. El interrogatorio de “peritos” —en especial a nivel de la etapa de descubrimiento de prueba e inclusive, por cuanto no se limita la norma implantada, en la vista en su fondo de los casos— se verá plagado de “dimes y diretes” cuando las partes se enfrasquen en discusiones estériles sobre si las preguntas que se formulan al perito caen bajo la categoría de preguntas a “peritos de ocurren-cia, peritos en general o peritos intermedios”.

En adición a lo anteriormente expresado, auguramos que si difícil es hoy en día para una parte o su abogado el conseguir a un profesional competente, no importa lo que se ofrezca pagarle, que consienta —en previsión de un litigio— a prestar sus servicios en calidad de perito, la situación se volverá intolerable e imposible una vez se conozca por las clases profesionales la decisión que hoy emite el Tribunal en el presente caso.

Todos los abogados en Puerto Rico que han practicado activamente la profesión en la fase de litigación han sido, en una que otra ocasión, “víctimas” de algunos testigos peritos que en una forma insensible y mercenaria exigen el pago de honorarios exorbitantes como condición previa a prestarse a servir como testigos en corte. Dicha práctica, cada vez más frecuente, es altamente indeseable y merece el más com-pleto y total repudio de los tribunales de justicia de nuestro país.

Esa conducta de algunos profesionales de intentar lu-crarse y aprovecharse de la necesidad que de sus servicios como perito tienen sus conciudadanos cuando se ven envuel-tos en un litigio no puede llevar a este Tribunal a ser, a su vez, insensible con todos los miembros de las distintas clases profesionales en Puerto Rico. No se corrige un mal creando uno nuevo y distinto.

No podemos olvidarnos del hecho de que el conocimiento y la experiencia que tiene un profesional en un momento dado de su vida —de tal grado que lo califica para servir como perito en un tribunal— ha sido el producto del sacrifi-cio, trabajo, esfuerzo y tesón de éste. Entendemos que ese profesional tiene derecho a cobrarle a aquel que quiera obtener el beneficio de su conocimiento y de su experiencia. Parafraseando al extinto Presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln, los únicos recursos con que cuenta un profesional para ganarse el sustento de él y de su familia son su tiempo y su consejo. En otras palabras, el profesional vive de lo que cobra por los servicios que presta, por los consejos y recomendaciones que ofrece a los que solicitan su ayuda, y por el tiempo que invierte en ello.

No hay duda de que un profesional, en determinado momento, puede verse envuelto en una situación de hechos en relación con la cual pueda ser citado como un mero tes- tigo de los mismos. Si dicho profesional es citado a declarar, no tendría derecho a honorarios como perito, por cuanto se trataría de un testigo más que circunstancias fortuitas han colocado en el curso de una cadena de hechos relacionados con la cuestión litigiosa. Ese sería, a manera de ejemplo, el caso de un médico que observa la ocurrencia de un acci-dente y es llevado a declarar sobre el momento preciso en que, en su opinión, el accidentado expiró; inclusive sería el caso del médico cirujano que participa en una intervención quirúrgica y es llamado a declarar sobre hechos ocurridos en el quirófano durante la operación que se llevó a cabo.

Completamente distinta es la situación, a nuestra ma-nera de ver las cosas, cuando un profesional es requerido para que, previo el examen o análisis de una determinada situación, emita su opinión y rinda un informe al respecto. Desde el hecho más simple que pueda aparecer en dicho informe hasta el más técnico y complicado, todos los hechos que surgen del informe rendido por el perito son el producto y la consecuencia de su condición como tal y están permeados por ella. Si alguna parte interesa saber y perpetuar el porqué de lo expuesto en su informe mediante la toma de una deposición, debe venir obligada a compensarle razona-blemente por el tiempo que ello tome al perito. La alterna-tiva que dicha parte tiene es conformarse con lo que surge del informe.

En el presente caso los demandantes y los demandados otorgaron un contrato de compraventa mediante el cual los primeros le compraron a los segundos las acciones de una corporación conocida como San Lorenzo Trading, Inc. El “activo” principal de la referida corporación —el cual fue la base para calcular el precio de las acciones— lo fueron dos propiedades localizadas en el Barrio Hato de San Lorenzo, Puerto Rico. Después de otorgado el contrato de compra-venta surge una controversia sobre la cabida de las referi-das propiedades y, por ende, sobre el valor de las acciones, controversia que desembocó en la demanda que se presenta en el tribunal de instancia. El aquí peticionario, en su calidad de ingeniero tasador, había sido contratado tres años antes de la venta de las acciones por uno de los deman-dados para que tasara dichas propiedades y rindiera un informe de tasación {appraisal report) sobre el valor de las mismas. Hay que destacar que el peticionario no es em-pleado de ninguna de las partes, no recibe un sueldo como tal y no se trata de un testigo que las circunstancias pusieron en el curso de la cadena de hechos relacionados con la cuestión litigiosa, sino que, por el contrario, fue contra-tado para que realizara un acto específico de tasación en su calidad de perito en la materia y todo lo que aparece en el reporte de tasación rendido es el resultado o consecuencia de su condición de profesional que tiene conocimiento espe-cializado y experiencia en la materia sobre la cual versa dicho informe.

Entendemos que el peticionario tiene derecho a cobrar honorarios razonables como testigo perito en relación con su comparecencia a la toma de la deposición; honorarios que, en caso de diferencias de criterio respecto a la razonabi-lidad de los mismos, deben ser fijados por el tribunal de instancia.

Por los fundamentos antes expuestos revocaría la orden recurrida.

       Incluyeron otras alegaciones relativas a obligaciones contraídas y no cum-plidas por los demandados en el referido contrato jurídico.

       Adujo también que no era parte en el pleito ni había sido nombrado como testigo. Esta razón no merece elaborarse. No es requisito para la toma de una deposición ser parte o haber sido anunciado como testigo. Véase la Regla 27.1 de Procedimiento Civil.
      El otro fundamento de su objeciOn fue que Ia informaciôn que posela era materia privilegiada. Tal contención es frivola. No hemos hallado ni en las Reglas de Evidencia -Reglas 23 a 25- ni en ninguna ley especial algün privilegio como el que reclama el ingeniero Merly Perez. Véase, por ejemplo, Ia Ley Nüm. 12 de 29 de septiembre de 1980, que crea el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, 20 L.P.R.A. sec. 731 et seq. Además, el argumento es patentemente inmeritorio por-que de existir algOn privilegio éste seria de su cliente corporativo -y no de el-que es en fin de cuentas quien pretende tomarle la deposición. ConsOltense las Reglas 33, 34 y 35 de Evidencia.
      En cuanto al reclamo de honorarios para su abogado, en las circunstancias de autos debe descartarse de su faz sin seria ni ulterior consideración.

       Estos enfoques responden propiamente a análisis bajo la Regla 26(b)(4) de Procedimiento Civil federal, concordante con la Regla 23.1(c) nuestra. Por su íntima relación, los mismos son susceptibles de aplicarse a situaciones como la que nos ocupa.

       Existe la práctica de algunos peritos de siempre repasar y prepararse para profesionalmente desempeñarse y demostrar la calidad de sus dictámenes. Se aduce que ello les toma tiempo adicional y amerita la concesión de honorarios adicionales. Algunos tribunales y comentaristas se refieren al fenómeno como “vanity problem". Comment, Compelling Experts to Testify: A Proposal, 44 U. Chi. L. Rev. 851, 866, esc. 60 (1977). Descartan que tal preparación, de tipo rutinario, justifique una remuneración mayor.

       La Ley Núm. 109 de 5 de julio de 1974 (3 L.P.R.A. see. 551) guarda íntima relación con la materia. Está inspirada en la doctrina expuesta en Rivera Sierra v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 417 (1929); y Sucn. Mangual v. Hastings, 56 D.P.R. 21 (1940). Como única expresión legislativa vigente, la misma es total-mente compatible con los pronunciamientos de hoy y se complementa con los mis-mos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Roberto Montalvo Carroll, demandante y peticionario, v. Adm. de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura y/o su Junta de Síndicos; Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura y/o Adm. de los Sistemas de Retiro, demandados y recurridos.

      Número: O-83-529

      Resuelto: 26 de octubre de 1983

      Roberto Montalvo Carbia y Leonardo Andrade Lugo, de Goldman & Antonnetti, abogados del peticionario; Miguel Pagan, Pro-curador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Roberto Montalvo Carroll cuestiona la negativa del Tribunal Superior, Sala de San Juan, a revisar el dictamen de la Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, en torno a los beneficios a que es acreedor como pensionado que reingresó al servicio público y luego cesó definitivamente.

I

Montalvo Carroll se desempeñó, a intervalos, un total de 36.5 meses en el servicio público durante los años 1935 a 1939 en programas en los cuales no cotizó bajo ningún sis-tema de retiro. A partir de esa época continuó realizando labores en el gobierno. Aunque hizo gestiones al efecto, no le acreditaron el término de 36.5 meses trabajados original-mente en la segunda mitad de la década de 1930. Se retiró el 10 de octubre de 1959 con derecho a una pensión diferida. Para entonces había acreditado 20.75 años de servicio. El 28 de abril de 1972, al cumplir 58 años, comenzó a recibirla.

Así las cosas, el 16 de agosto de 1974 se reintegró al ser-vicio público. En esa ocasión se acogió a la alternativa pro-vista en el Art. 6.C de la Ley de Retiro, que reza en lo perti-nente:

Con excepción de los Alcaldes pensionados por edad y cubiertos por las disposiciones especiales de retiro contenidas en esta sección, el pensionado que se reintegre al servicio podrá optar por:
(1) Devolver todos los pagos recibidos del Sistema por con-cepto de pensión, en cuyo caso, a su separación definitiva del servicio, se le computará de nuevo la pensión a base de todos los servicios prestados con anterioridad y posterioridad a su reingreso en la forma que prescribe la presente sección para las anualidades por retiro; o
(2) No devolver los pagos de pensión ya recibidos, en cuyo caso, a su separación definitiva del servicio, se le reanudará el pago de la pensión suspendida y además se le pagará una anualidad suplementaria sobre la base de los servicios presta-dos y el sueldo anual promedio devengado a partir de su rein-greso al servicio. La anualidad suplementaria se computará de acuerdo con la fórmula establecida en la presente sección para las anualidades de retiro; y en caso de que el período de servicios posteriores al reingreso fuere menor de cinco años, se utilizará el sueldo promedio que resulte de todo el referido período de servicios posteriores. 3 L.P.R.A. sec. 766.C. (Énfasis suplido.)

Durante este nuevo período trabajó hasta el 30 de abril de 1976, un total de 20.5 meses. Se retiró definitivamente.

Subsiguientemente, mediante trámite interno, el 23 de septiembre de 1977 obtuvo de la Junta de Síndicos un fallo a su favor y logró que le acreditaran los 36.5 meses trabaja-dos en la década de 1930. Sin embargo, el Administrador del Sistema no le acreditó dicho término a su pensión original, sino que los sumó a los' 20.5 meses trabajados durante su reingreso en la década del 1970. Así le computó la pen-sión suplementaria. Justificó esa acción en el Art. 25 de la Ley de Retiro, dispositivo de que una vez concedida una pensión, la misma es vitalicia y no puede ser modificada, alterada o revocada. Dispone en lo pertinente:

Pagos mensuales; anualidades vitalicias
Toda anualidad por retiro por incapacidad, o cualquier otra anualidad que dispongan las sees. 761 a 788 de este título tendrá carácter vitalicio y será pagadera por plazos men-suales, y la misma no podrá aumentarse, disminuirse, revo-carse o derogarse, salvo cuando hubiere sido concedida por error, o cuando en forma explícita se dispone de otro modo. El costo de proveer beneficios por defunción concedidos a la muerte de un participante que estuviere recibiendo una anua-lidad por retiro, no se cargará a la anualidad vitalicia paga-dera al participante. 3 L.P.R.A. see. 786. (Énfasis suplido.)

Además de esta interpretación, el administrador utilizó el factor de 1.5%, en vez de 2% en su cómputo. El resultado final es que a base de ese enfoque y fórmula, Montalvo Carroll recibe una pensión regular considerablemente más baja.

H-1 h-H

El administrador erró en dos extremos. Primeramente, en virtud del Art. 25 de la Ley, ante, estaba facul-tado y podía modificar la pensión original para añadirle los 36.5 meses trabajados en la década del 1930. Aunque la regla general es que una vez concedida, la pensión es vitali-cia e inalterable, tal norma tiene su excepción en la propia ley: “podrá aumentarse . . . cuando hubiere sido concedida por error, o cuando en forma explícita se dispone de otro modo”. Como acertadamente resolvió la Junta de Síndicos el 23 de septiembre de 1977, esos servicios prestados eran co-tizables bajo las disposiciones de la Ley Núm. 110 de 28 de junio de 1969 y al amparo de la Resolución Conjunta Núm. 100 de 22 de junio de 1957, las cuales en síntesis, autorizan la acreditación de años de servicio en puestos irregulares y en agencias federales. Abona a ese decreto que cierta y realmente esos servicios fueron prestados antes de su primer retiro.

Segundo, también incidió el administrador al computar la pensión suplementaria. Según el Art. 6.C ante, cuando “el período de servicios posteriores al reingreso fuere menor de cinco años, se utilizará el sueldo promedio que resulte de todo el referido período de servicios posteriores”. Como consecuencia, el divisor correcto era 20.5 meses, pues se excluía el período correspondiente a la década de 1930. Ahora bien, al utilizar un divisor pequeño en la fórmula para computar la pensión suplementaria, la misma no incrementa en beneficio del empleado.

III

Finalmente, no erró el administrador al multiplicar valores de la pensión suplementaria por el factor de 1.5 en vez del 2%. Así lo prescribe el Art. 6.A de la Ley de Retiro:

El importe de la anualidad será el uno y medio por ciento (134%) de la retribución promedio, multiplicado por el número de años de servicios acreditables hasta veinte (20) años, más el dos por ciento (2%) de la retribución promedio multiplicado por el número de años de servicios acreditables en exceso de veinte (20) años. 8 L.P.R.A. see. 766.A.

El recurrente Montalvo Carroll no se acogió a la pri-mera opción del Art. 6.C de la Ley y por ende, no devolvió los pagos recibidos. Al seleccionar la segunda alternativa, se hizo acreedor a una pensión suplementaria a ser compu-tada “sobre la base de los servicios prestados y el sueldo anual promedio devengado a partir de su reingreso al servi-cio”. No puede pretender que se tabule sumando los años de la pensión original. El estatuto no lo autoriza. Decidir lo contrario implicaría abolir las opciones que consagra la ley.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López no intervinieron.


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Carlos Vélez Pagán, acusado y apelante.

      Número: CR-81-93

      Resuelto: 27 de octubre de 1983

      Moisés Abren Cordero, abogado del apelante; Miguel Pagán, Pro-curador General Interino, y Ricardo E. Alegría Pons, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Un jurado produjo un veredicto de culpabilidad contra el apelante, por cargos de robo en el curso de un asalto a una cafetería en Cupey Alto, Río Piedras, y en su día fue sentenciado en el Tribunal Superior a pena de quince años de reclusión y a otras concurrentes por infracción de la Ley de Armas. En su alegato de apelación señala como errores: (1) no admitir la declaración del testigo Matos en la vista sobre supresión de identificación, para impugnarlo en el juicio; (2) admitir la identificación por fotografías; (3) ad-mitir la identificación en corte por el testigo Matos Sandoval; (4) denegar la admisión de cierta prueba documental ofrecida por el acusado; (5) denegar dos solicitudes para disolución del jurado; (6) permitir el comentario del fiscal sobre ausencia del testigo de defensa Carrasquillo e incluir instrucción sobre la presunción derivada de la supresión voluntaria de la prueba; (7) no obligar la comparecencia de dicho testigo con gastos sufragados por el erario; y (8) que la prueba no estableció culpabilidad más allá de duda razona-ble. Ninguno de los errores fue cometido.

1. En ausencia del jurado, él juez determinó que el tes-tigo Matos Sandoval, dueño del cafetín asaltado, no mintió al sostener ante el jurado que no recordaba ciertos particu-lares de su testimonio anterior en la vista de supresión de evidencia y, en consecuencia, no admitió la declaración pre-via para fines de impugnación. El juez adjudicó la buena fe y veracidad del testigo al hacer la determinación preli-minar de admisibilidad ordenada en la Regla 9 de Eviden-cia. Ha sostenido este Tribunal que “[n]o puede afirmarse que, en todo caso, el testimonio de un testigo en términos de que ‘no recuerda’ es inconsistente con una declaración suya anterior en la que detalladamente expone los hechos”. Pueblo v. López Reyes, 109 D.P.R. 379, 383 (1980).

2-3. El ofrecimiento y admisión de fotos usadas en la identificación por fotografía fue'acto corroborativo y no per-judicial, pues el taxista Andino, testigo, dijo conocer al apelante Vélez Pagán por el apodo de Cano Bruja hacía tres o cuatro años. (E.N.P., págs. 8 y 13.) La identificación en corte por el comerciante asaltado Matos Sandoval no apa-rece viciada de sugestividad alguna, por lo que era digna de la credibilidad que le otorgaron tanto el juez como el jurado. “[L]a fruta servida en el juicio no estaba envenenada.” Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 746 (1980).

4. Como parte de su prueba de coartada, el acusado ofreció fotocopia de un cheque endosado por él y fotocopia de la tarjeta usada para autorizar al patrono a hacer des-cuentos para fines de contribución sobre ingresos. Dichas piezas no cumplían con la Regla 70 de Evidencia sobre admisión de evidencia secundaria al original y el propio apelante les resta importancia al considerarlas irrelevantes. (Alegato, pág. 25 in fine.) Regla 5 de Evidencia.

5. Al contrainterrogar al acusado el fiscal le preguntó si al arrestarlo le habían ocupado una jeringuilla; y al declarar el agente Rodríguez dijo que, según su expediente, el acusado había sido fichado por el delito de robo. En ambas ocasiones la defensa pidió la disolución del jurado (■mistrial) y el juez desestimó la solicitud con instrucción específica al jurado de que no debía tomar en consideración dichas manifestaciones. No hay base para pensar que estos dos incidentes “afectaron la conciencia del jurado” al punto de inclinarla contra el acusado, pues los jurados no son tan susceptibles. Pueblo v. Díaz, infra, pág. 385; y Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522, 531 y ss. (1969). En vista de la fuerte prueba de cargo, están dichas expresiones muy lejos de constituir error perjudicial. Pueblo v. Díaz, 74 D.P.R. 375, 385 (1953).

6-7. El testigo de defensa Angelo Carrasquillo viajó tres veces de New York a Puerto Rico para declarar en el juicio y cuando éste comenzó no estaba disponible. No pueden des-cartarse como causa de su ausencia las dos suspensiones del juicio promovidas por el acusado, y no se justificó la exigen-cia de que el Estado le pagara gastos de viaje. Bien pudo la defensa tomarle una deposición. Reglas 94 de Procedi-miento Criminal y 64 de Evidencia. Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435 (1981). El argumento del fiscal, que rela-cionó la ausencia de dicho testigo con la presunción de que resultaría testimonio adverso (Regla 13 de Evidencia), pues era prueba voluntariamente suprimida, no parece estar totalmente infundado, y en la suma total de circunstancias la cuestión no muestra peso o influencia decisiva en el vere-dicto. En este señalamiento (7) intercaló el apelante su objeción al juicio conjunto con el coacusado Julio Santiago Reyes, a lo que atribuye que el juicio se extendiera por 31 días. No alega que hubiese solicitado juicio por separado ni surge de la consolidación perjuicio o lesión apreciable. Reglas 89 y 90 de Procedimiento Criminal.

8. Hubo prueba directa y confiable de la comisión del delito y de la identificación del acusado, que sostiene sin dificultad las sentencias apeladas y excluye la duda razona-ble. La apreciación de esa prueba por el tribunal de instan-cia, juzgador de hechos, fue correcta.

Se confirman las sentencias.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. Los Jueces Asociados Señores Dávila y Negrón García concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con voto.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—0-

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El día 9 de mayo de 1981, en o alrededor de las 8:30 P.M., dos individuos perpetraron un asalto en un “cafetín” cono-cido como “El Nuevo Combate”, ubicado el mismo en el sector Cupey Alto de Río Piedras, Puerto Rico. En adición al dueño del negocio, varios parroquianos fueron despojados de prendas y dinero. En relación con dichos hechos se radi-caron acusaciones contra el aquí apelante Carlos Vélez Pagán, conocido por Cano Bruja, y un individuo de nombre Julio Santiago Reyes, conocido por Campolito, por varios cargos de robo e infracción a los Arts. 6, 7 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Los casos se vieron ante jurado, el cual rindió veredicto de culpabilidad, en cuanto a los dos imputados, en todos los cargos. El aquí apelante fue senten-ciado por el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, a cumplir una pena de quince (15) anos de presidio en cada uno de los cargos por el delito de robo y la pena de cinco (5) años de presidio en cada uno de los casos por infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico. La prueba de cargo consistió, principalmente, del testimonio oral de siete testigos, seis de ellos testigos presenciales del asalto y el agente de la División de Robo de la Policía de Puerto Rico a cargo del caso. La defensa del acusado fue la de coartada.

La prueba de cargo, respecto a la identidad del apelante como uno de los participantes en el asalto perpetrado, fue la siguiente:

El primer testigo lo fue José Pilar Matos Sandoval, dueño del negocio asaltado. En lo pertinente a la identidad de los asaltantes declaró, en síntesis, que los que perpe-traron el asalto en su negocio el 9 de mayo de 1981 alre-dedor de las 8:30 P.M. fueron dos personas, pero él sólo pudo ver a uno de ellos, o sea, a Julio Santiago Reyes cono-cido por “Campolito” (E.N.P., pág. 2); luego del asalto, la “gente” comentaba que eran los “mismos dos” que habían venido al negocio el día anterior y que ese día —8 de mayo de 1981— él había visto a Julio con Carlos Vélez Pagán (E.N.P., pág. 3); que la noche de los hechos, después del asalto, él sólo le dijo a la Policía que podía identificar a uno de ellos —a Julio— pero que tampoco le dijo el nombre de éste “porque todavía no era afirmativa la identificación” (E.N.P., pág. 4); y que fue al Cuartel de la Policía el día 21 de mayo de 1981 a ver fotos y allí identificó a Julio Santiago. (E.N.P., págs. 3 y 6.)

José Manuel Andino Serrano, conocido como “El Chino”, declaró que es chofer de taxi y que conoce a Julio Santiago Reyes, al que le dicen “Campolito”, y que conoce “de vista”, desde tres o cuatro años antes del asalto, al apelante Carlos Vélez Pagán por el apodo de “Cano Bruja” (E.N.P., págs. 8 y 13); que la noche del asalto —9 de mayo de 1981— él se encontraba en el interior del negocio cuando oyó una voz que decía que se trataba de un asalto y que se tiraran al piso y al así hacerlo él miró y vio a quien luego dice era “Cano Bruja” con un revólver en la mano (E.N.P., págs. 8 y 8A); que la noche antes —el 8 de mayo— él vio en el mismo negocio a Julio Santiago, pero no a “Cano Bruja” (E.N.P., pág. 9); que la noche del asalto no vio a Julio Santiago (E.N.P., pág. 13); que la noche del asalto “no les indicó [a los policías] que conociera a la persona que lo había asaltado, ni les dijo que había sido ‘Cano Bruja’. Que se sentía con miedo después del asalto para declarar”. (E.N.P., pág. 13); que el día 13 de mayo de 1981, Julio Santiago Reyes se le acercó en el “stand” de taxis y le dijo que lo iba a mandar a matar porque lo había “choteado” (E.N.P., pág. 9); que el 21 de mayo de 1981 fue al Cuartel a ver fotos, que no identificó persona alguna y que no le mencionó al Agente Martínez que el que lo había asaltado era “Cano Bruja”, porque tenía temor por la amenaza de “Campolito” (E.N.P., pág. 10); que luego que metieron preso a “Campolito” “empezó a quitár-sele el miedo” y a los tres días llamó al Agente Martínez por teléfono para que se vieran porque tenía que decirle algo y que al verlo le dijo que el segundo asaltante era “Cano Bruja”, el cual identificó por fotos en el Cuartel el 9 de junio de 1981. (E.N.P., pág. 11.)

Mariano Santos declaró que era operador de equipo pesado, que estando en El Nuevo Combate el 9 de mayo oyó voz de que era un asalto; no vio a los asaltantes; que “El Chino” —José Andino Serrano— después del asalto decía que eran las mismas personas del día anterior. (E.N.P., pág. 15.) Pedro Sánchez, jardinero, estaba en el negocio cuando el asalto; no vio a los asaltantes, pero sabe que eran dos, por cuanto oyó la voz de dos personas. (E.N.P., pág. 16.) Juan Antonio Aponte, chofer, se encontraba en el negocio; no vio a los asaltantes pero oyó la voz de dos personas; que en los días siguientes al asalto oyó al “Chino” —José Andino Serrano— decir que los asaltantes eran los del día anterior y que a él lo habían amenazado.

Juan Matos Sandoval, hermano del dueño del negocio; estaba la noche del asalto fuera del negocio, pero sentado en una mesa al lado de una ventana del mismo; vio llegar a los dos asaltantes (E.N.P., pág. 18); los había visto a los dos en el negocio la noche antes, pero antes de ese día nunca los había visto (E.N.P., pág. 19); los vio perpetrar todo el asalto por la ventana al lado de la cual se encontraba y los vio irse en un carro (E.N.P., pág. 19); fue añadido como testigo por el fiscal para la vista preliminar. (E.N.P., pág. 18.)

Agente Héctor Martínez, agente del C.I.C.; recibió la querella el 10 de mayo de 1981 (E.N.P., pág. 21); citó a los testigos al Cuartel para el 21 de mayo y en dicho día el dueño del negocio —José Pilar Matos Sandoval— identificó por fotos a Julio Santiago Reyes (E.N.P., pág. 21); que lue-go celebró un lineup y el dueño del negocio volvió a identi-ficar a Julio (E.N.P., pág. 22); que luego fue con todos los testigos a Fiscalía donde todos prestaron declaración jurada y luego pasó a someter el caso al juez (E.N.P., pág. 22); que pasados dos o tres días del 21 de mayo recibió llamada tele-fónica del “Chino”, que fue a verlo, y éste le indicó sobre “Cano Bruja” (E.N.P., pág. 22); que consiguió una foto de “Cano Bruja” y el 9 de junio “El Chino” lo identificó por fotos (E.N.P., págs. 22 y 23); que luego fue con “El Chino” y los demás testigos al Centro Judicial y le sometió los casos a “Cano Bruja” (E.N.P., pág. 23); que nunca levantó lá-s actas sobre las identificaciones realizadas por fotografías (E.N.P., pág. 24); que como a los dos o tres días de haberle sometido el caso de “Campolito” se enteró de que el hermano del dueño del negocio había visto a los asaltantes, pero en ningún momento lo notificó a Fiscalía ni llevó a dicho tes-tigo para que prestara declaración jurada ni a ningún procedimiento de identificación (E.N.P., pág. 26); ello a pesar de que antes del 9 de junio de 1981 —día en que citó al “Chino” para la identificación del apelante— ya supues-tamente tenía conocimiento de que dicho testigo había visto a los asaltantes.

Antes de entrar propiamente en materia, debe quedar claramente establecido que el principio rector en esta juris-dicción, respecto a la materia de identificación de un acu-sado, lo es si ésta es o no confiable y digna de crédito, de acuerdo con la totalidad o suma de las circunstancias que rodearon la misma y que, de ordinario, el juzgador de los hechos está en mejor posición para adjudicar la credibilidad de los testigos, que un tribunal en apelación. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10, 21 (1974).

En Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694, 696-697 (1983), expresamos, sin embargo, que hay casos en “que la prueba presentada por el Estado nos ha causado, por decirlo así, un ‘mal sabor’. En esas ocasiones hemos exone-rado al acusado en obediencia del mandato constitucional de que cuando existe duda razonable sobre la inocencia o cul-pabilidad de un acusado procede la absolución del mismo”.

La totalidad de las circunstancias que rodean la prueba de cargo en el presente caso, respecto a la identidad del apelante como uno de los participantes en el asalto perpe-trado, causa en nosotros el “mal sabor” de que hablamos en el caso de Sanabria Pérez, supra. Ninguno de los testimo-nios de los dos testigos que señalan o identifican al apelante como uno de los participantes en el asalto, examinados dichos testimonios individual o conjuntamente, produce en nuestro ánimo esa sensación de tranquilidad que lleva al convencimiento, en un ánimo no prevenido, de que ha que-dado demostrada la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. En adición a lo anteriormente expresado, las circunstancias que rodean dichos testimonios nos llevan a dudar de la confiabilidad de la identificación realizada, lo que nos mueve a disentir en el presente caso, no obstante la sabia y vigente norma expuesta en el caso de Suárez Sánchez, supra, de abstención, con la apreciación que de la credibilidad de los testigos realiza el juzgador de los hechos en instancia.

Del resumen que de la declaración de los testigos hi-ciéramos anteriormente se puede hacer la inferencia razo-nable de que los testigos que se encontraban dentro del establecimiento asaltado tuvieron muy poca oportunidad de poder observar a los asaltantes; ello posiblemente debido, en adición al nerviosismo normal de una víctima, a que fueron instruidos por los asaltantes para que se acostaran en el piso. Salta a la vista el hecho de que los testigos Mariano Santos, Pedro Sánchez y Juan Antonio Aponte no pudieron observar a ninguno de los dos asaltantes y que el dueño del negocio, José Pilar Matos Sandoval, sólo pudiera observar a uno de ellos, al igual que el testigo José Manuel Andino Serrano. Dicha inferencia o conclusión cobra fuerza cuando consideramos, adicionalmente, que el agente investigador del caso, una vez entrevista a los testigos, entiende necesario el que Matos Sandoval y Andino Serrano sean sometidos, como hemos visto, a los procedimientos de identificación que regulan nuestras Reglas de Procedimiento Criminal.

Ahora bien, no empece lo anteriormente expresado, el testigo Andino Serrano insiste en que él pudo determinar que se trataba del apelante, a quien supuestamente conocía “de vista” por tres o cuatro años. ¿Es confiable o merece crédito dicho testimonio? Veamos.

Dicho testigo no informa ese hecho a los agentes de la Policía de Puerto Rico que acuden la noche de los hechos al establecimiento asaltado, supuestamente, porque sentía temor esa noche. Tampoco lo informa el 21 de mayo de 1981 cuando acude, junto a los demás testigos del caso, al Cuartel de la Policía de Puerto Rico a invitación del agente Martí-nez para ver fotos. En esta ocasión, supuestamente, debido a que Julio Santiago Reyes lo había amenazado por haberlo “choteado”, hecho que contrasta con su testimonio a los efec-tos de que no había dicho a nadie que él sabía quiénes eran los asaltantes. Tampoco lo informa al fiscal a cargo del caso, cuando el agente Martínez lleva a éste y a los demás testigos a la fiscalía del distrito para prestar las correspondientes declaraciones juradas. Por último, tampoco lo informa al magistrado que determina causa probable ese día contra Julio Santiago Reyes. Es correcto que se podría argumentar que era razonable que no lo hiciera, por cuanto había sido amenazado y sentía fundado temor. Sin embargo, no pode-mos olvidar el hecho de que si hubiera hablado en ese momento, ambos acusados —no sólo Julio Santiago Reyes— hubieran sido acusados y arrestados. En el mes de junio de 1981 —por supuestamente habérsele empezado a quitar el miedo— se comunica con el agente Martínez y procede a identificar por fotografías al apelante.

Consideramos procedente, en este momento, destacar un hecho que hace que cobre fuerzas nuestra intranquilidad respecto al presente caso. No hay explicación en la prueba del porqué el agente Martínez, al supuestamente ser infor-mado por el testigo Andino Serrano que sabía quién era el segundo asaltante, no somete a este sospechoso a una rueda de detenidos (lineup) y por el contrario, únicamente procede con la identificación por fotografías. En Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974), expresamos que la identi-ficación de un sospechoso mediante fotografías es un método en el cual puede dependerse exclusivamente tan sólo en situaciones donde sea imperioso su uso.

Tenemos, adicionalmente, que el agente Martínez, al someter el testigo Andino Serrano al procedimiento de identificación por fotografías, no cumple con lo dispuesto en la Regla 252.2 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico al no levantar el acta que requiere dicha regla. Es correcto que en Pueblo v. Rivera Navarro, 113 D.P.R. 642, 651 (1982), —caso de “rueda de detenidos”— expresamos que la no preparación del acta “no significa que automáti-camente todo el proceso esté viciado”. Sin embargo, expre-samos en el mencionado caso, que el hacerlo es una “garantía más de que la Policía ha cumplido satisfactoria-mente los requisitos germanos dirigidos a salvaguardar la confiabilidad en el proceso de identificación penal”. (Énfa-sis suplido.)

La versión ofrecida por el segundo testigo —Juan Matos Sandoval— que supuestamente también puede identificar al apelante como uno de los asaltantes, todavía es más difícil de creer. En adición, las circunstancias que rodean la pro-ducción de su testimonio en corte no deben ser sancionadas por un tribunal de justicia. Como hemos visto, según el tes-timonio de este testigo, él se encontraba, supuestamente, localizado fuera del negocio, convenientemente sentado en una mesa al lado de una ventana. No se aleja de la misma, lo que le permite observar todo el asalto desde el momento en que los asaltantes llegan al negocio hasta que se alejan del lugar. Declara que a dichos asaltantes los había visto la noche anterior en el mismo negocio, pero que antes de ese día jamás los había visto. Dicho testigo no informa nada de lo anteriormente relatado a los agentes de la Policía de Puerto Rico que esa noche atienden la querella; no se sabe por qué razón. El agente Martínez se entera —no se sabe cómo— unos días antes del 9 de junio de 1981, que esta persona, supuestamente, puede identificar a los asaltantes. No se informa a la fiscalía del distrito de ese hecho. No es sometido el testigo a ningún proceso de identificación, ni tan siquiera el día 9 de junio de 1981, cuando el agente Martínez somete al testigo Andino Serrano al proceso de identificación por fotografías, que culmina en la identifi-cación del apelante por Andino Serrano. El testigo Matos Sandoval no es llevado ante el juez que determina causa probable contra el aquí apelante el día 9 de junio de 1981. Nunca se le toma una declaración jurada por el fiscal. Dicho testigo aparece, como por arte de magia, en la vista preliminar de los casos. Situaciones como ésta no deben ser toleradas. Este caso nos produce la impresión de que fue, en lo referente al aquí apelante, “haciéndose sobre la marcha”.

Estamos conscientes de que se puede argumentar que hay prueba en el récord que “sostenga” el veredicto rendido por el juzgador de los hechos, como la hay posiblemente en todos los casos, no importa la calidad de la misma. Dicha prueba, sin embargo, nos causa una seria duda; esa que se conoce en nuestro ordenamiento jurídico como la “duda ra-zonable”. Los jueces tenemos el derecho a dormir tranqui-los; confirmar las sentencias apeladas nos lo impediría. Es por ello que entendemos que dichas sentencias deberían ser revocadas.

       Su renuencia a identificar al imputado en las primeras etapas de la inves-tigación se explica por temor a la represalia de éste, directa o por agentes.

       Recordemos que el dueño del negocio declaró que la noche de los hechos “todavía no era afirmativa la identificación”, ello en cuanto a Campolito.


author: PER CURIAM:

text:
    D’All Concrete Mix, Inc., demandante y recurrente, v. Raúl Fortuño, Inc., etc., demandados y recurridos.

      Número: R-83-249

      Resuelto: 31 de octubre de 1983

      Pedro R. Cintrón Rivera, abogado de la recurrente; Agustín F. Fortuño, de Rodríguez Padilla & Fortuño, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

Fajardo Estate Corporation (Fajardo) con-trató, en calidad de dueña, la construcción de un número de estructuras con el Ing. R. Fortuño. La National Insurance Company (National o la fiadora) garantizó como fiadora de Fortuño el pago de la mano de obra y los materiales que se empleasen en el proyecto.

Fortuño subcontrató con F.D.G. Construction Corp. (F.D.G. o la subcontratista) la construcción de las paredes y los techos de hormigón armado. La demandante recurrente, D’All Concrete Mix, Inc. (Concrete), suplió el hormigón a F.D.G.

La subcontratista no pagó a Concrete $20,984.97 por hormigón servido. Concrete demandó entonces a Fajardo, Fortuño y F.D.G. Se desistió de la demanda contra F.D.G. al declararse ésta en quiebra. A solicitud de parte, el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria contra Fortuño por $1,370, cantidad que Fortuño tenía retenida a F.D.G., y contra Fajardo y su fiadora National por la suma de $20,984.97. Al reconsiderar el tribunal y reducir a $1,370 la cuantía a pagar por National, Concrete acudió en alzada ante este Tribunal.

La fianza se denomina Labor and Material Payment Bond. National se obliga en ella a pagar cierta cantidad de dinero en caso de que Fortuño, denominado the Principal en la póliza, no les pague a los reclamantes que se definen en ella. Las cláusulas principales disponen:

NOW, THEREFORE, THE CONDITION OF THIS OBLIGATION is that if the Principal shall promptly make payment to all claimants as hereinafter defined, for all labor and materials used or reasonably required for use in the per- . formance of this Contract, then this obligation shall be void; otherwise it shall remain in full force and effect, subject, however, to the following conditions:
1. A claimant is defined as one having a direct contract with the Principal or with a subcontractor of the Principal for labor, material or both used or reasonably required for use in the performance of the contract. . . .

El contrato de fianza es cristalino. Concrete suplió el hormigón para esta obra a F.D.G., subcontratista de For-tuño, el “principal” o afianzado. El lenguaje citado respon-sabiliza a la fiadora de las deudas contraídas por los sub-contratistas de Fortuño al adquirir materiales utilizados en la obra. La fiadora National responde a la suplidora Concrete bajo la póliza.

National esgrime esencialmente dos argumentos para intentar evadir su responsabilidad. En primer término, se apoya en el Art. 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4130, el cual dispone:

Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.

El problema con el argumento es que el artículo citado ampara al dueño de la obra (Fajardo), pero no al contratista (Fortuño) y mucho menos a su fiadora (National). El Art. 1489 del Código Civil expone, además, tan solo un principio general de derecho, modificable por la voluntad de las partes. Lo estipulado a favor de tercero en la póliza es lo que rige este pleito. C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819 (1968) y Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452 (1969), no afectan lo aquí expuesto.

También alega National que el Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3374, impide que Concrete, quien no tiene vínculo contractual directo con los otorgantes del contrato de fianza, pueda recobrar en este caso. En Cristy & Sánchez v. ELA, 84 D.P.R. 234 (1961) y en A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (1964), resolvimos que obreros y materialistas sin tal vínculo contractual quedan amparados por contratos de fianza análogos al del caso de autos. National intenta distinguir a Arsuaga supra, sobre la base de que allí se trataba de un suplidor del con-tratista y aquí, de un suplidor del subcontratista. La dife-rencia no afecta la doctrina de Arsuaga. Como hemos visto, además, el contrato de fianza ampara explícitamente las reclamaciones de los suplidores de los subcontratistas.

Por las razones expuestas, se expide el auto, se revocará la sentencia enmendada recurrida y se reinstalará la dic-tada originalmente por el Tribunal Superior el 1 de marzo de 1983.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión.

       El Art. 1209 dispone, en parte, que “Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos . . .”. Luego se añade: “Si el con-trato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Elizabeth Ann Roseberry, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Octava, Lic. Carmen J. Rocafort de López, Registradora, recurrida.

      Número: O-83-242

      Resuelto: 31 de octubre de 1983

      Juan F. Esteres, abogado de la recurrente; la Registradora recu-rrida compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

En Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982), sentamos reglas pertinentes al exequátur en el contexto de una sentencia proveniente de un país extran-jero. El caso de autos presenta una faceta diferente del pro-blema: el procedimiento para la ejecución de una sentencia procedente de un estado norteamericano. El efecto, si al-guno, de la cláusula sobre la entera fe y crédito de la Cons-titución de Estados Unidos, Art. IV, Sec. 1, así como de la Sec. 2 de la Ley de Relaciones Federales, debe considerarse aquí.

He aquí los hechos: Elizabeth A. Roseberry y Max Costa, entonces casados entre sí y no residentes de Puerto Rico, adquirieron en 1975 una participación en la propiedad de un condominio en Isla Verde. Siete años más tarde se divor-ciaron en el estado de Tejas. En la sentencia de divorcio se le adjudicó a Elizabeth Roseberry la participación en el condominio. Max Costa traspasó en Tejas el referido interés.

El documento de cesión y traspaso fue'debidamente pro-tocolizado en Puerto Rico. Se procedió entonces a presentar al Registro la correspondiente escritura. La señora Regis-tradora denegó la inscripción “por observarse que no se acredita que la Sentencia de Divorcio que se acompaña, dic-tada por un Tribunal" de los Estados Unidos de América, cumpla con el artículo [sic] 45 de la Ley Hipotecaria y 59.1 del Reglamento los que requieren que se disponga su eje-cución por un Tribunal local con jurisdicción ...”.

El Art. 45 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2208, dispone:

También se inscribirán en el Registro los títulos, actos y contratos expresados en la see. 2201 de este título otorgados en los Estados Unidos de América, o en país extranjero, que tengan fuerza en Puerto Rico con arreglo a las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por Tribunales de los Estados Uni-dos de América, o extranjeros, a que deban darse cumpli-miento en Puerto Rico según las normas legales vigentes, siempre que se disponga su ejecución por un tribunal local con jurisdicción.

El Art. 59.1 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, San Juan, Ed. Colegio de Abogados, 1980, pág. 30, provee a su vez:

Las sentencias a que se refiere el artículo 45 de la Ley se inscribirán siempre que estén contenidas en una resolución ejecutoria del Tribunal Superior recaída en un procedimiento' ordinario del cual será notificado el Ministerio Fiscal.

La cuestión principal que plantea el recurso es si el pro-cedimiento fijado por las disposiciones citadas es compatible con el Art. IV, Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos. Esta sección provee:

Se dará entera fe y crédito en cada estado a los actos públi-cos, documentos y procedimientos judiciales de los otros esta-dos. El Congreso podrá prescribir mediante leyes generales la manera de probar tales actos, documentos y procedimien-tos así como los efectos que deban surtir.

En virtud de la autorización concedida, el Congreso aprobó la legislación siguiente, 28 U.S.C.A. see. 1738 (1948):

The records and judicial proceedings of any court of any such State, Territory or Possession, or copies thereof, shall be proved or admitted in other courts within the United States and its Territories and Possessions by the attestation of the clerk and seal of the court annexed, if a seal exists, together with a certificate of a judge of the court that the said attestation is in proper form.
Such Acts, records and judicial proceedings or copies thereof, so authenticated, shall have the same full faith and credit in every court within the United States and its Territories and Possessions as they have by law or usage in the courts of such State, Territory or Possession from which they are taken.

Las disposiciones concernidas de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico y su Reglamento no chocan con la Constitución de Estados Unidos ni con la legislación federal citada. La Sec. 1 del Art. IV de la Constitución no prescribe el procedimiento para dar entera fe y crédito a los actos públicos, documentos y procedimientos judiciales de otras jurisdicciones domésticas. Tal sección no exige que un Registro de la Propiedad en Puerto Rico le dé directamente entera fe y crédito a una sentencia extranjera, haciendo caso omiso de las disposiciones de nuestras leyes que exigen la previa intervención de los tribunales. No opera ex pro-prio vigore.

La razón para tal regla es clara. La cláusula de entera fe y crédito está sujeta a excepciones. Las sentencias emitidas en un estado no tienen derecho a entera fe y crédito en otro estado, por ejemplo, si la sentencia se dictó sin jurisdicción sobre alguna parte o sobre la materia. Williams v. North Carolina, 317 U.S. 287 (1942); Underwriters Assur. Co. v. N.C. Guaranty Assn., 455 U.S. 691 (1982); Restatement Second, Judgements Sec. 81, pág. 251 (1982). Es legítimo que un estado requiera que las sentencias extranjeras no sean ejecutables a menos que sus tribunales lo ordenen, lo cual ofrece la necesaria oportunidad para que una parte interesada pueda interponer alguna de las defensas reconocidas a la aplicación de la cláusula de entera fe y crédito.

La lectura cuidadosa de la ley del Congreso sobre el particular, 28 U.S.C.A. sec. 1738, transcrita antes, indica que es en los tribunales del estado ejecutante donde se han de presentar las sentencias y records del estado emitente para fines de impartirle entera fe y crédito.

En algunos estados se dispone por estatuto, al igual que en Puerto Rico, que las sentencias de otros estados son ejecutables únicamente por acción judicial. En California, por ejemplo, se dispone, Cal. Civ. Proc. Code Sec. 1913 (West 1955):

The effect of a judicial record of a sister State is the same in this State as in the State where it was made, except that it can only be enforced here by an action or special proceeding....

Esta disposición californiana es la fuente del Art. 426, to-davía en vigor, del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A. sec. 1798), el cual provee:

El efecto de un auto judicial registrado, de un Estado de la Unión es el mismo en Puerto Rico que en el Estado en que se hubiere dictado, excepto que en Puerto Rico sólo puede exi-girse su cumplimiento mediante una acción o un procedi-miento especial....

La acción de la Registradora en este caso halla apoyo, en consecuencia, no sólo en el Art. 45 de la Ley Hipotecaria y el Art. 59.1 del Reglamento, sino en el Art. 426 del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil. Este último artículo mereció nuestra aprobación en Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142, 145 (1980). El Tribunal Supremo de Esta-dos Unidos ha resuelto también desde hace tiempo que la impartición de entera fe y crédito puede condicionarse a la sumisión de la sentencia concernida a los tribunales del estado ejecutante. M’Elmoyle v. Cohen, 10 L. Ed. 177 (1839); Fall v. Eastin, 215 U.S. 1, 12 (1909).

La recurrente sostiene, en segundo término, que la denegatoria de la Registradora debe ser revocada porque la sentencia de divorcio que formó parte de la escritura en este caso no es una “ejecutoria” a tenor con el Art. 45 de la Ley Hipotecaria. Hemos señalado que la palabra “ejecutoria” y el vocablo “sentencia” son sinónimos en contextos como el presente. Ramírez v. Registrador, 96 D.P.R. 342, 350 n.2 (1968). El Art. 426 del Código de Enjuiciamiento Civil le resta, además, toda validez al argumento.

La recurrente argumenta, por último, que un tribunal local no tendría jurisdicción sobre las partes. El plantea-miento es inmeritorio. Choca contra la esencia misma del exequátur y de la propia cláusula sobre la entera fe y crédito. Véanse: J. De Passalacqua, El exequátur en el derecho puertorriqueño, 63 Rev. Der. Puertorriqueño 193 (1977); Amill v. Amill, 83 D.P.R. 92 (1961).

Se confirmará la denegatoria de la cual se recurre.

       A éstas habría que añadir lo provisto por el Art. 426 del Código de Enjuicia-miento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1798, discutido más adelante.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Columbia Pictures Industries, Inc., y Otras, demandantes y recurridas, v. Secretaria de Hacienda, demandada y recurrente.

      Número: R-83-82

      Resuelto: 31 de octubre de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Reina Colón Ro-dríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de la Secre-taria de Hacienda, recurrente; Aurelio Torres Ponsa, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abo-gado de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La Secretaria de Hacienda recurre de una sentencia del tribunal de instancia mediante la cual se le ordenó cancelar una deuda contributiva notificada a la recurrida Columbia Pictures, Inc. (Columbia). En el tribunal de instancia se dilucidaron varias acciones consolidadas de nueve corpora-ciones. Dos se dedican a operar estaciones de televisión en Puerto Rico. Las otras siete distribuyen películas cinema-tográficas para la Isla, Las demandantes impugnaron las contribuciones impuestas por el Departamento de Hacienda a cada uña de ellas sobre cierta propiedad mueble intangible consistente en derechos y licencias para la distribución o transmisión de películas o programas grabados para la te-levisión.

Con excepción de la recurrida Columbia, todas las cor-poraciones demandantes están domiciliadas en Puerto Rico y obtienen las películas y programas que distribuyen o transmiten a través de contratos celebrados para estos fines con las compañías productoras de estas películas. Mediante estos contratos de distribución o licencias, las corporaciones adquieren el derecho exclusivo de traer y, por tiempo li-mitado, distribuir para su exhibición en cines y teatros a través de la Isla o transmitir a través de las emisoras lo: cales de televisión, copias de las películas y programas.

Columbia, por su parte, no está domiciliada en Puerto Rico, consta incorporada en el estado de Delaware y tiene sus oficinas principales en la ciudad de Nueva York. El tribunal de instancia hizo las siguientes determinaciones de hecho:

9. La demandante Columbia no es subsidiaria de ninguna corporación[,] y opera en Puerto Rico a través de una sucursal u oficina; es dueña de las películas que distribuye en Puerto Rico, así como de los derechos de autor expedidos cubrien-do [sic] las mismas. La contribution en controversia se le impuso sobre los derechos de autor que tiene sobre las películas que distribuye en Puerto Rico. A dicha partida se le asignó un valor equivalente a $846,610.00.
10. Debido a que Columbia produce sus propias películas y es dueña de las mismas así como de los derechos de autor sobre éstas, no existe en su caso acuerdo o contrato de distri-bución como los que existen en los casos de las demandantes descritas en el Anexo B. (Énfasis suplido.)

En la primera parte de su sentencia, el tribunal de instancia determinó que las licencias o derechos de distri-bución y exhibición concedidos por los varios contratos de distribución, en consideración al pago de unas cantidades de dinero pactadas, constituían bienes muebles intangibles, tributables bajo la definición del Art. 290 del Código Polí-tico, 13 L.P.R.A. see. 443, y confirmó la notificación rea-lizada a las corporaciones demandantes que operan me-diante estos contratos. Ordenó, además, la continuación de los procedimientos para determinar el valor de estos bienes. En cuanto a la acción de la recurrida Columbia, el tribunal de instancia determinó que: “Atendido el caso de que las operaciones de Columbia en Puerto Rico se realizan a través de una sucursal; que las operaciones de ésta en Puerto Rico representan tan solo una porción minúscula de sus operaciones en general; que el domicilio y principal lugar o lugares de negocios yace[n] fuera de Puerto Rico; y que el Artículo 10 del Código Civil dispone que los bienes muebles se regirán por las leyes de la nación del propietario que según se ha interpretado jurisprudencialmente es el domicilio del propietario, el Tribunal determina que no procede la imposición contributiva por concepto de propie-dad mueble intangible hecha por el demandado a la demandante Columbia Pictures Industries, Inc. sobre los derechos de autor de ésta.” Sentencia, pág. 35. En conse-cuencia, ordenó la cancelación de la notificación de contri-buciones. Es de esta última determinación de la cual recurre la Secretaria de Hacienda.

Los derechos de autor de la recurrida Columbia asociados con su mercado local de distribución de películas constituyen, efectivamente, un bien mueble intangible a tenor con la citada disposición del Código Político. En primer lugar esta determinación halla su fundamento en lo resuelto por nosotros en WAPA v. Srio. de Hacienda, 105 D.P.R. 816 (1977). Allí reconocimos que el concepto unitario e indivisible de la propiedad era superado dentro del ámbito del derecho tributario y apuntamos que para determinar si un bien era tributable como propiedad debía atenderse predominantemente al interés y beneficio que su poseedor derivare de él. La imposición del tributo, a su vez, concuerda con la doctrina vigente en la jurisdicción federal donde se reconoce la múltiple y proporcionada tributación por los estados de bienes muebles tangibles e intangibles cuando, en el curso de un negocio sostienen contactos con más de una jurisdicción y los titulares se benefician de su protección. Véanse, Braniff Airways v. Nebraska Board, 347 U.S. 590, 601 (1954); Curry v. McCanless, 307 U.S. 357, 368-369 (1939). En esas circunstancias cada estado debe limitar sus impuestos de forma proporcional a la parte del negocio del contribuyente que éste conduce dentro de sus fronteras. Braniff Airways v. Nebraska Board, supra, págs. 601-602.

A la luz del enfoque de WAPA v. Srio. de Hacienda, supra, encontramos separación, para fines contributivos, de los derechos de exclusividad sobre las películas que dis-curren por el mercado local y que derivan para su titular Columbia un beneficio precisable, y aquel derecho de autor de carácter general que surge con la producción de las pelí-culas y que da lugar a las actividades comerciales de la Columbia a través de Estados Unidos. Otras jurisdicciones han reconocido ya este desdoblamiento y no han vacilado en imponer tributo sobre la proporción de los derechos de autor que se transfieren mediante los contratos de distribución de películas y programas de televisión, aunque se trate de celu-loides que sólo permanecen en dichos territorios por unas horas. American Television Company, Inc. v. Hervey, 490 S.W.2d 796 (Ark. 1973); Columbia Pictures, Etc. v. Tax Com’r, 410 A.2d 457 (Conn. 1979); Florida Association of Broadcasters v. Kirk, 264 So. 2d 437 (Fla. App. 1972); Mount Mansfield T.V., Inc. v. Vermont Com’r of Taxes, 336 A.2d 193 (Vt. 1975); Matter of Heftel Broadcasting Honolulu, Inc., 554 P.2d 242 (Hawaii 1976); United Artists Corporation v. Taylor, 7 N.E.2d 254 (N.Y. 1937). También a la. luz de Bra-niff Airways, supra, y Curry, supra, encontramos contactos suficientes del bien o derecho en cuestión y la obtención de beneficios en el foro para justificar la imposición.

La controversia se limita, por lo tanto, a decidir si Puerto Rico puede imponer tributo, válidamente, sobre estos derechos intangibles de autor, pertenecientes a una corporación no domiciliada en nuestra jurisdicción, a la luz de las limitaciones constitucionales del debido procedimiento de ley. En su sentencia, el tribunal de instancia concluyó en la negativa, centrando su análisis en el domicilio del bien y utilizando la máxima mobilia sequuntur personam, para determinar que éste debía ser el propio domicilio de la corporación.

Como hemos señalado recientemente en Int’l Harvester Co. v. Sria. de Hacienda, 114 D.P.R. 281 (1983), el énfasis en el análisis de la validez de una contribución frente a las cláusulas constitucionales del debido procedimiento de ley y comercio interestatal se ha alejado de las ficciones legalistas para recaer en el examen de los efectos prácticos y en las realidades económicas envueltas. Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 367 (1983). Las ficciones legales de mobilia sequuntur personam y del domicilio comercial no son las más adecuadas para resolver la presente controversia.

La norma mobilia sequuntur personam es doctrina antiquísima. Bajo la misma, el poder impositivo del soberano sobre sus ciudadanos domiciliados se extiende a los bienes muebles que éstos posean, no importa el lugar donde se encuentren. Situs of Tangible Personal Property for Purposes of Property Taxation, 2 A.L.R.4th 432 (1980). La norma se extendió para cubrir derechos intangibles cuando el dueño sólo circunscribía su actividad al lugar de su domicilio. Sin embargo, la razonabilidad de una sola juris-dicción impositora desaparece cuando el titular extiende la actividad de sus intangibles a múltiples foros, obteniendo así la protección y el beneficio de las leyes de otros estados y sometiéndose así a su poder impositivo. Curry v. McCanless, supra, pág. 367.

La excepción del domicilio comercial surge al fragor del ímpetu económico interestatal y fue acogida por el Tribunal Supremo federal en Wheeling Steel Corp. v. Fox, 298 U.S. 193 (1936), y First Bank Corp. v. Minnesota, 301 U.S. 234 (1937), en la década de los treinta, para la tributación de derechos intangibles. Requiere que la entidad o actividad tributada esté inmersa en una actividad comercial local permanente e independiente del estado donde el titular tiene su domicilio. F. E. Nash, Situs For Taxation of Tangible and Intangible Personalty, 19 Or. L. Rev. 309 (1940). La doctrina del domicilio comercial para fines contributivos adolece de rigidez, exige unas relaciones sumamente profundas y permanentes entre el estado impositor y el evento tributable. No tiene utilidad ni es razonable su aplicación en situaciones en que hay contactos suficientes con el foro y se han obtenido beneficios de éste y el poder impositivo se justifica al amparo del debido proceso de ley. La tributación es un medio de distribuir el costo gubernamental entre aquellos sujetos a su control y los que disfrutan de la protección de sus leyes. Curry v. McCanless, supra, pág. 370. Sin embargo, con la aplicación de la ficción que nos ocupa no se cumpliría con lo que dicta la razón y la justicia, y el Estado, a pesar de haber incurrido en gastos, río podría resarcirse de quien se ha beneficiado de sus facilidades. No obstante, el Tribunal Supremo federal expresó recientemente en Mobil Oil Corp. v. Commissioner of Taxes, 445 U.S. 425, 445 (1980), que la doctrina del domicilio comercial en el ámbito de contribuciones sobre la propiedad constituye una ficción jurídica cuya razón de ser nunca fue expuesta por el tribunal y reconoce la validez de la norma expresada en Curry v. McCanless de que la justificación para un solo lugar de tributación no existe cuando las acti-vidades del contribuyente, con relación a propiedad intangible, se extienden a más de una jurisdicción. Notamos así una expresión crítica de la doctrina. Por otro lado, la ficción del domicilio comercial se ve limitada ante la particula-ridad de los derechos de autor que se componen de diversas facultades —exclusividad en la producción, distribución, exhibición, publicación— y por propia textura no están depositados ni fijos en un lugar determinado, mas sin embargo, para ser ejercitados pueden requerir la protec-ción de múltiples jurisdicciones que por ello estarían justi-ficadas en imponer tributos.

La corriente moderna, reflejada en decisiones recientes del Tribunal Supremo federal, enjuicia el poder impositivo en diversas áreas —tanto en contribución sobre ingresos como en contribuciones sobre propiedad tangible e intangible— a la luz de contactos mínimos de la entidad, actividad o bien con la jurisdicción impositora. Braniff Airways v. Nebraska Board, supra; Curry v. McCanless, supra; Int’l Harvester Co. v. Sria. de Hacienda, supra, y casos allí citados; Maristany v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 291, 302 (1967). Tiene que existir un nexo racional entre el tributo a ser pagado y los beneficios brindados al contribuyente por las leyes del Estado. Cf. Int’l Harvester Co. v. Sria. de Hacienda, supra; Maristany v. Srio. Hacienda, supra.

En la situación de autos es innegable la existencia de los contactos del intangible tributado y de las ventajas que ofrece Puerto Rico a la recurrida. La Columbia mantiene en Puerto Rico una oficina desde donde dirige sus operaciones locales para distribuir sus productos. Estas operaciones están protegidas y reguladas por nuestras leyes. La Columbia puede acudir ante nuestros tribunales para hacer valer sus acuerdos con las diversas salas de teatro que exhiben sus películas. Está claro, además, que su negocio local depende en gran medida de sus derechos de autor, los cuales le permiten controlar con exclusividad el tráfico de sus producciones. Éstos, por lo tanto, tienen una localización en Puerto Rico en proporción al volumen de su negocio local. En este sentido, no existe diferencia entre la Columbia y las otras corporaciones demandantes. Siendo así, no hallamos razón alguna para dar a ésta un trato contributivo desigual. Acceder a tal trato desigual traería como conse-cuencia facilitar la evasión contributiva y bastaría con que se eliminaran del mercado los contratos de distribución y asumieran su rol los titulares de los derechos de autor, para que el Estado Libre Asociado no pudiera tributar a quienes se benefician de sus leyes y facilidades.

Por los fundamentos expresados, se revocará la parte de la sentencia recurrida que declaró con lugar la demanda de Columbia. En su lugar, se dictará sentencia que confirme la validez de la notificación de contribuciones hecha por la Secretaria de Hacienda.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resul-tado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Las corporaciones son las siguientes: Ponce Television Corporation; Telemundo, Inc.; Paramount Américas Film Corporation; Paramount Pictures Corporation; Twentieth Century-Fox of Puerto Rico, Inc.; United Artists Corporation of Puerto Rico; Universal Pictures Corporation of Puerto Rico; Warner Bros. (South), Inc.; y Columbia Pictures Industries, Inc.

       Dispone:
      “Toda Propiedad no exenta expresamente del pago de contribuciones será tasada como imponible....
      “Los bienes muebles comprenderán dichas maquinarias, vasijas, instrumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo, de una manera que indique perma-nencia, el ganado en pie, el dinero, bien en poder del mismo dueño o de otra persona, o depositado en alguna institución, los bonos, las acciones, certificados de crédito en sindicatos o sociedades no incorporadas, derechos de privilegio, marcas de fábrica, franquicias, concesiones y todas las demás materias y cosas suscepti-bles de ser propiedad privada, no comprendidas en la significación de la frase ‘bienes inmuebles’, pero no comprenderán los créditos en cuentas corrientes, cuen-tas de ahorros, depósitos a plazos fijos, pagarés, ni otros créditos personales.”

      Las demandantes recurrieron oportunamente de esta determinación me-diante varias solicitudes de certiorari, a las que dimos no ha lugar.