author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

text:
    Ricardo R. Rodríguez Del Valle, demandante y recurrido, v. Lydia Corcelles Ortiz, demandada.

      Número: CE-94-55

      Resuelto: 3 de mayo de 1994

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Aida lleana Oquendo Graulau, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo, en calidad de Parens Patriae; Elba Rivera de Báez, abogada del demandante y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario Departamento de Justicia de Puerto Rico, representado por el Procurador General, comparece ante este Tribunal “en virtud de la facultad que le otorga el Artículo 3 de la Ley Número 22 del 22 de abril de 1988 que adopta la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito en armonía con la política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a las víc-timas y testigos en los procesos judiciales e investigaciones que se realicen por el Estado”. Petición de certiorari, pág. 2.

Nos informa el Procurador, en el recurso que radicara, que el “presente caso está revestido del más alto interés público y plantea una importante cuestión de derecho que no ha sido interpretada aún por este Honorable Tribunal”. Petición de certiorari, pág. 2. Reclama el Departamento de Justicia, al amparo de la facultad que le concede la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988 (25 L.P.R.A. sees. 973-973c), “la paralización de un descubrimiento de prueba [ordenado por el tribunal de instancia en un caso civil entre dos partes privadas] en violación del derecho garantizado a toda víctima de delito bajo el Artículo 2, in-ciso (c), de la referida Ley Núm. 22, de que se mantendrá la confidencialidad de la comunicación habida entre la víc-tima y su consejero garantizada por la Regla 26-A de Evidencia”. íd., pág. 3.

Lydia Corcelles Ortiz y Ricardo R. Rodriguez Del Valle procrearon, durante su matrimonio, a la menor L.C.R.C. Al divorciarse por la causal de trato cruel, el 14 de noviembre de 1990, la referida menor contaba un (1) año de edad, concediéndole la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico la patria potestad y custodia a la madre. Las relaciones paterno-filiales, las cuales fueron un tanto azarosas al comienzo debido a disputas entre las partes, se normalizaron y así transcurrieron hasta comienzos de 1993.

A finales de enero de 1993, la señora Corcelles Ortiz acudió al Programa Biosicosocial del Hospital Pediátrico Universitario del Recinto de Ciencias Médicas en busca de ayuda; ello con motivo de una alegación, por parte de la niñita, de que un medio hermano y su padre, alegada-mente, la “habían tocado” en sus partes íntimas. Dicha ofi-cina la orientó para que acudiera a la Sala de Emergencias del Hospital Pediátrico por razón de que ellos sólo podían recibir referidos a través de la misma. Así lo hizo la señora Corcelles Ortiz, refiriéndola la Sala de Emergencias del re-ferido hospital al Programa Biosicosocial.

El 4 de febrero de 1994, la señora Corcelles Ortiz radicó, por derecho propio, una moción ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior en solicitud de paralización de las relaciones paterno-filiales, la cual fue declarada con lugar ese mismo día, ex parte, por dicho foro judicial, siendo no-tificada de la misma el señor Rodríguez Del Valle. Simul-táneamente, el Ministerio Fiscal comenzó una investiga-ción de los alegados hechos constitutivos de abuso sexual, la cual —adelantamos— culminó en la radicación de car-gos criminales contra Rodríguez Del Valle, y determinación de causa probable para arresto, por el delito de actos las-civos e impúdicos; cargos aún pendientes de ulterior trámite.

Mientras tanto, en el ámbito civil, Rodríguez Del Valle comenzó —en relación con la orden emitida de paralización de relaciones paterno-filiales— el proceso de descubri-miento de prueba, logrando que el tribunal de instancia ordenara la evaluación, por un perito psicólogo, tanto de su ex esposa como de su pequeña hija. Como consecuencia de unas diferencias y contratiempos surgidos, lo que causó que la menor no fuera evaluada por el perito de Rodríguez Del Valle, el tribunal de instancia celebró varias vistas con el propósito de romper el impase surgido. Ello culminó en la orden —emitida en “corte abierta” el 18 de enero de 1994— que hoy revisamos a petición del Departamento de Justicia. Mediante la misma, el foro de instancia le ordenó al custodio de los récord del Programa Biosicosocial del Hospital Pediátrico a poner a disposición de Rodríguez Del Valle, su representación legal y su perito psicólogo todos los récord en su poder relativos a la menor en controversia; orden que tuvo el efecto de declarar, sub silentio, sin lugar una solicitud de “orden protectora” que ante dicho foro ra-dicara la División de Litigios Generales del Departamento de Justicia mediante la cual se invocó el privilegio que es-tablece, para las víctimas de delito, la Regla 26-A de Evi-dencia, 32 L.RR.A. Ap. IV. En dicho día, debe señalarse, el tribunal de instancia adicionalmente denegó una solicitud, de los abogados de la madre de la niña, para que se desig-nara a la Procuradora de Menores como defensora judicial de los intereses de la referida menor.

Inconforme, acudió el Procurador General de Puerto Rico —vía certiorari— ante este Tribunal en revisión de la referida actuación, imputándole al foro de instancia haber errado

... al ordenar el descubrimiento de prueba sobre materia confi-dencial, cubierta bajo el privilegio víctima-consejero consagrado en la Regla 26-A de las Reglas de Evidencia”!, y]
... al denegar la solicitud de que se designara a la menor L.C.R.C. un defensor judicial en representación de sus intereses. Petición de certiorari, pág. 9.

Mediante Resolución de 28 de enero de 1994, le conce-dimos término a Ricardo R. Rodríguez Del Valle para que mostrara causa

... por la cual este Tribunal no deba expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, de fecha 18 de enero de 1994.

Debe, en adición, señalarse que en esa misma fecha este Foro, en auxilio de su jurisdicción, adicionalmente ordenó “la paralización de los procedimientos a nivel de instancia, hasta que otra cosa disponga este Tribunal”. Resolución de 28 de enero de 1994. La parte recurrida ha comparecido en cumplimiento de la mencionada orden de mostrar causa.

En su comparecencia, la parte recurrida sostiene, en primer lugar, que el Departamento de Justicia no tiene facultad en ley para comparecer ante este Tribunal en re-visión de una orden emitida por el tribunal de instancia en un pleito civil de relaciones de familia entre dos (2) partes privadas. Por otro lado, sostiene que la madre de la menor nunca se ha opuesto al descubrimiento solicitado por la parte recurrida y que, de hecho, firmó una autorización por escrito a esos efectos, en corte abierta, el 18 de enero de 1994; autorización que, conforme alega la parte recurrida, es enteramente válida en vista del hecho de que la menor está sujeta a la patria potestad de su madre. Resolvemos.

Mediante las disposiciones de la antes citada Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988 se adoptó en Puerto Rico la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito. En su Art. 2 (25 L.P.R.A. sec. 973a) la Ley Núm. 22 enumera, o establece, una serie de “derechos” que tendrá toda “persona que sea víctima o testigo de delito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico...”. Es de notar que entre los derechos que, en el antes mencionado Art. 2 de la Ley Núm. 22 de 1988, se le conceden a las víctimas o testigos de delito en nuestra jurisdicción precisamente se encuentra el de reclamar “que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección y números telefónicos cuando así lo estime necesario [la víctima o testigo de delito] para su segúridad personal y de sus familiares así como el privilegio de la comunicación habida entre la víctima y su consejero que garantiza la Regla 26-A de Evidencia, Ap. IV del Título 32” (énfasis suplido); derecho que, precisamente, es el que el Departamento de Justicia de Puerto Rico vehementemente ha reclamado, y pretendido proteger, tanto ante el foro de instancia como ante este Tribunal, en beneficio de esta niña de tierna edad que, alegadamente, ha sido víctima del delito de actos lascivos e impúdicos.

Por otro lado, tenemos que el Art. 3 de la antes citada Ley Núm. 22 establece, en lo pertinente, que:

Toda persona que ostente un derecho de los reconocidos [en la Ley Núm. 22 de 1988] podrá por sí, por su tutor o por medio de un funcionario público o persona particular interesada en su bienestar acudir al Departamento de Justicia o a cualquier otro foro administrativo o sala del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial donde resida para reclamar cualquier dere-cho o beneficio que le corresponda o para solicitar que se sus-penda una actuación en violación a las disposiciones de las mismas.
El Departamento de Justicia o el foro administrativo compe-tente al cual acuda la persona recibirá e investigará estas que-rellas y tramitará las acciones judiciales que procedan.
En caso de que la querella impute a un funcionario público o persona privada la violación de los derechos reconocidos por las sees. 973 a 973c de este título, el Departamento podrá acudir ante los foros y autoridades competentes para que se tomen las medidas administrativas y acciones que correspondan.
Los tribunales concederán prioridad a las acciones iniciadas en virtud de las sees. 973 a 973c de este título y tendrán facul-tad para nombrar a la víctima o testigo de delito o sus familia-res, representación legal o un defensor judicial cuando éstos no cuenten con recursos económicos. El tribunal tendrá facultad para dictar cualquier orden o sentencia conforme a derecho y que sea necesaria para llevar a cabo las disposiciones de las sees. 973 a 973c de este título. El incumplimiento de las órde-nes y sentencias dictadas por el tribunal en virtud de esta sec-ción constituirá desacato civil. (Énfasis suplido.) 25 L.P.R.A. sec. 973b.

Como podemos notar, la referida legislación expresamente le concede al Departamento de Justicia la facultad para comparecer, en representación de las víctimas de delito, ante los foros correspondientes con el propósito de que se tomen las medidas necesarias y pertinentes, y las acciones judiciales que procedan, en protección de los derechos que la propia Ley Núm. 22, supra, le concede a las víctimas y testigos de delito en nuestra jurisdicción; entre los que se encuentran, repetimos, el derecho a que se mantenga la confidencialidad del “privilegio de la comunicación habida entre la víctima y su consejero que garantiza la Regla 26-A de Evidencia, Ap. IV del Título 32”. 25 L.P.R.A. sec. 973a.

La mencionada Regla 26-A fue incorporada a las Reglas de Evidencia mediante la Ley Núm. 30 de 19 de junio de 1987 (32 L.P.R.A. Ap. IV). Como correctamente señala el Procurador General en el recurso que ante este Tribunal radicara en el presente caso, la “Exposición de Motivos” de la mencionada Ley Núm. 30 recoge el sentir del legislador al elevar, a rango de privilegio, la comunica-ción entre la víctima de delito y su “consejero profesional”. Expresó la Asamblea Legislativa:

El daño emocional causado a la víctima de delito es general-mente mayor que el daño físico sufrido. Los servicios de conse-jería son por lo general, la forma en que las víctimas y su fami-lia pueden sobrellevar el trauma psicológico que dichas experiencias suelen causar. Durante el proceso de consejería se discuten abiertamente las reacciones y sentimientos de la víc-tima sobre el crimen cometido contra ésta. Dichas reacciones y sentimientos están muy relacionados con sus historias persona-les y su perfil psicológico. Por ello, la consejería a las víctimas de delito y sus familias es más exitosa, cuando las víctimas están seguras de que sus pensamientos y sentimientos se man-tendrán en confidencia y no se divulgarán sin su permiso.
Por lo tanto, por ser política pública del Estado Libre Aso-ciado el mantener y fomentar la salud física y mental de la ciudadanía y proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos de delito en los procesos judiciales se establece el privi-legio sobre la confidencialidad de la comunicación entre la víc-tima de delito y su consejero y se declara que la misma es in-mune a cualquier descubrimiento de prueba que sea parte de un proceso legal. (Enfasis suplido.) 1987 Leyes de Puerto Rico 107-108.

Conforme a ese propósito legislativo, la citada Regla 26-A de Evidencia establece que:

(A) Según usadas en esta regla, las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación se indica:
(1) Comunicación confidencial — cualquier comunicación habida entre la víctima de delito y su consejero, ya fuere en privado o ante un tercero cuya presencia es necesaria para que se establezca comunicación entre la víctima y el consejero o para facilitar los servicios de consejería que necesita la víctima, cuando tal información se divulga durante el curso del trata-miento que ofrece el consejero para atender una condición emo-cional o psicológica de la víctima producida por la comisión del delito y que se hace bajo la confianza de que ésta no será divul-gada a terceras personas.
(2) Víctima — persona que ha sufrido daño emocional o psi-cológico como consecuencia de la comisión de un delito que acude a un consejero o a un centro de ayuda y consejería para obtener asistencia o tratamiento.
(3) Consejería — la asistencia, el diagnóstico o tratamiento ofrecido a la víctima para aliviar los efectos adversos, emocio-nales o psicológicos causados a consecuencia de la comisión del delito. Incluye, pero no está limitada a, tratamiento en período de crisis emocional o mental.
(4) Centro de ayuda y consejería — cualquier persona o en-tidad privada o gubernamental que tiene como uno de sus prin-cipales propósitos ofrecer tratamiento y ayuda a las víctimas de delito.
(5) Consejero — toda persona autorizada, certificada o licen-ciada debidamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar funciones de consejero, orientador, consultor o tera-peuta o cualquier empleado o voluntario supervisado de un cen-tro de ayuda y consejería que brinde tratamiento y ayuda a víctimas de delito.
(B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, toda víctima de delito, sea o no parte en el pleito o acción, tiene el privilegio de rehusar revelar y de impedir que otro revele una comunicación confiden-cial entre la víctima y el consejero, si cualquiera de ellos razo-nablemente creía [sic] que la comunicación era necesaria para el tratamiento y la ayuda requerida. El privilegio puede ser invo-cado no sólo por su poseedor, sino también por una persona autorizada por la víctima, un representante legal o por el con-sejero a quien se hizo la comunicación.
(C) Sujeto a lo dispuesto en esta regla ni el consejero ni la víctima, sean o no parte en el pleito o acción, podrán ser reque-ridos para que informen el nombre, dirección, localización o nú-mero telefónico de una casa de auxilio, refugio u otra facilidad que brinde refugio temporero a víctimas de delito, a menos que la facilidad en cuestión sea parte en la acción.
(D) El hecho de que una víctima testifique en el tribunal acerca del delito no constituye una renuncia del privilegio.
(1) No obstante lo anterior si como parte de este testimonio la víctima revela parte de la comunicación confidencial se en-tenderá que renuncia al privilegio en cuanto a esa parte del testimonio solamente.
(2) Cualquier renuncia al privilegio se extenderá única-mente a aquello que sea necesario para responder a las pregun-tas que formule el abogado concernientes a la comunicación con- fidencial y que sean relevantes a los hechos y circunstancias del caso.
(E) La víctima no podrá renunciar al privilegio por medio de su abogado. No obstante lo anterior, si la víctima insta acción por impericia profesional contra el consejero o contra el centro de ayuda y consejería en el cual el consejero está empleado o sirve como voluntario supervisado, dicho consejero podrá decla-rar sin sujeción al privilegio y no será responsable por tal declaración. (Énfasis suplido y en el original.)

Conforme expresamente surge del inciso (B) de la trans-crita Regla 26-A de Evidencia, el “privilegio de confidencia-lidad” que se le concede a la víctima de delito no sólo puede ser invocado por ésta sino que, también, por una persona autorizada por ella, por el consejero a quien se le hizo la comunicación o por su representante legal. En el caso de autos, la poseedora del privilegio lo es una niña de tierna edad. Somos del criterio que el Estado, en el presente caso, podía comparecer y reclamar dicho privilegio ante el foro judicial en representación, cuando menos, de los intereses de la menor y de sus propios intereses.

De los hechos del caso surge que se radicó, ante funcionarios del Departamento de Justicia, una querella sobre la supuesta comisión de un delito de actos lascivos e impúdicos por parte del recurrido Rodríguez Del Valle en la persona de su hija menor de edad. Al emitirse por el tribunal de instancia en el pleito civil la orden sobre descubrimiento que hoy revisamos, estaba en proceso, y pendiente de resolución, la acción criminal contra el recurrido. Dicha orden, no hay duda, podía afectar o perjudicar los intereses del Estado en el caso criminal. En adición a ello, en el presente caso está envuelto el bienestar de un menor de edad, en relación con los cuales el Estado tiene el poder inherente de parens patriae. Martínez v. Ramírez Tió, 133 D.P.R. 219 (1993); Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495 (1978); Concepción v. Concepción, 105 D.P.R. 929 (1977); Rodrí- guez v. Gerena, 75 D.P.R. 900 (1954); Chardón v. Corte, 45 D.P.R. 621 (1933).

Es correcto que en Alfred L. Snapp & Son, Inc. v. Puerto Rico, 458 U.S. 592 (1982), el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que para que el Estado posea legitimación activa, bajo el ejercicio del poder de parens patriae, éste debe alegar un daño a un “interés cuasi-soberano”, consistiendo el mismo de una serie de intereses que tiene el Estado sobre el bienestar físico y económico de sus ciudadanos. Esto es, el poder de parens patriae no puede ser invocado, de ordinario, en representación de los intereses de un ciudadano particular que, por alguna razón, no puede representarse a sí mismo.

Ahora bien, nuestra jurisprudencia ha sido consistente en sostener que los casos de menores, donde está involucrado el bienestar de éstos, están revestidos del más alto interés público. Pueblo en interés menores R.P.S. et al., 134 D.P.R. 123 (1993). Como correctamente señala el Procurador General en la réplica que radicara,

... los derechos que el Estado intenta proteger en favor de la menor L.C.R.C., no constituyen un mero interés privado o individual, sino un interés cuasi-soberano encaminado a proteger la salud emocional y el bienestar general de sus ciudadanos, y en particular de una menor de edad. No debe caerse en la su-perficialidad de que tratándose de una sola niña, no exista un interés general que proteger; en la medida en que se perjudica o beneficia a uno, se perjudica o beneficia a los demás. (Énfasis suplido.) Réplica a oposición de 21 de marzo de 1994, pág. 6.

Dicho de otra forma —y en relación con el requisito del “daño a un interés cuasi soberano”— somos del criterio que difícilmente existe un interés estatal más apremiante que el de proteger la seguridad de los ciudadanos de este País mediante el procesamiento, correcto y adecuado, de las personas acusadas de cometer delito en detrimento de la tranquilidad y sosiego de nuestra sociedad; en especial, en una acción criminal en la cual la alegada víc-tima es un menor de edad. No albergamos duda, en conse-cuencia, de que el Estado efectivamente tiene legitimación o facultad para comparecer en el presente caso; ello no sólo en defensa de los intereses y bienestar, en particular, de una niña menor de edad, y del bienestar de la niñez y ju-ventud puertorriqueña en general, sino que también en protección de su propio interés, esto es de que el pleito criminal no se vea adversamente afectado por un descubri-miento, a destiempo, de prueba que también forma parte del sumario fiscal, el cual es secreto.

Como es sabido, las Reglas 21.1 y 21.2 de Procedimiento Civil de 1979 establecen que cualquier persona tendrá derecho a intervenir en un pleito:

... (a) cuando por ley o por estas reglas se le confiere un de-recho incondicional a intervenir; o (b) cuando el solicitante re-clame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que pudiere de hecho quedar afectado, con la disposi-ción final del pleito. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 21.1.
Mediante oportuna solicitud ... (b) cuando la reclamación o defensa del solicitante y el pleito principal tuvieren en común una cuestión de hecho o de derecho. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 21.2.

Somos del criterio que resulta ser evidente que el Es-tado, en el presente caso, cumple con los requisitos que establecen las citadas disposiciones reglamentarias para la intervención de terceros que no han sido nombrados como partes en un pleito; esto es, el Estado ciertamente tiene un “derecho o interés” en el “asunto objeto del litigio que pu-diere de hecho quedar afectado” (32 L.P.R.A. Ap. III) y/o entre el pleito civil y el criminal hay una cuestión común de hecho y de derecho.

Resolvemos, en resumen, que de una interpretación integral de las disposiciones de los Arts. 2 y 3 de la citada Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, de la Regla 26-A de Evidencia y de la Regla 21 de Procedimiento Civil, ante, resulta meridianamente claro que el Estado —una vez apercibido del hecho de que está en riesgo uno de los derechos que garantiza la “Carta de Derechos de las Vícti-mas y Testigos de Delito”— posee capacidad legal para comparecer ante el foro judicial e intervenir en un procedi-miento civil en el que están envueltos derechos de una víc-tima de delito que están garantizados por la referida Carta de Derechos; ello con el propósito de proteger el propio in-terés del Estado en la acción criminal pendiente y salva-guardar el derecho de la sociedad puertorriqueña a que los ciudadanos que delinquen sean procesados criminalmente conforme a derecho. Además, en el presente caso existen razones adicionales para permitirle al Estado invocar este privilegio; ello en vista de que la víctima de delito es un menor de edad, en relación con el cual el Estado tiene el poder de parens patriae y la obligación de velar por el bien-estar general de la niñez de nuestro País.

I — I í — I

Resuelto lo anterior, consideramos los méritos de la so-licitud del Departamento de Justicia de Puerto Rico. No hay que extenderse mucho para concluir que le asiste la razón al Estado en su planteamiento. La Regla 23.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), en su inciso (a), establece, de manera inequívoca y en lo perti-nente, que en un pleito civil las partes “podrán hacer des-cubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pen-diente ...”. (Énfasis suplido.)

De lo expuesto, resulta meridianamente claro que el tribunal de instancia erró al ordenarle al custodio de los ré-cord del Programa Biosicosocial del Hospital Pediátrico a poner a disposición del recurrido Rodríguez Del Valle, su representación legal y/o su perito psicólogo todos los récord en poder de dicho custodio relativos a la menor L.C.R.C. Por mandato expreso de la Regla 26-A, inciso (B), de Evi-dencia y de la Regla 23.1, inciso (a), de Procedimiento Civil, ante, la parte recurrida no tiene derecho a obtener in-formación alguna respecto a cualquier comunicación habida entre la menor L.C.R.C. y los consejeros del Pro-grama Biosicosocial del Hospital Pediátrico, como tampoco a récord alguno referente a dichas comunicaciones, por ra-zón de que dicha materia es una privilegiada y el privilegio ha sido invocado por una parte con facultad para ello; in-cluyendo, dicha prohibición, las notas o escritos que dichos consejeros hayan hecho como consecuencia de las referidas comunicaciones. La parte recurrida, como ya así lo ha re-conocido el tribunal de instancia, no queda indefensa ya que puede solicitar que la menor sea examinada por sus propios peritos.

Disponemos, en adición, que el tribunal de instancia, al recibo del mandato, deberá de inmediato proceder al nom-bramiento de un “defensor judicial” para la menor L.C.R.C. No hay duda que los hechos particulares del presente caso así lo hacen aconsejable y mandatorio. De hecho, la representación legal de la parte recurrida así lo reconoce, y se allana, en la comparecencia para mostrar causa.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri emitió una opinión disidente. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibió.

- O -

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

Aunque estoy conforme con el dictamen de la mayoría de que en este caso debe procederse de inmediato al nom-bramiento de un defensor judicial para la menor L.C.R.C., no estoy de acuerdo con los otros pronunciamientos en su opinión.

A mi modo de ver, la mayoría reconoce una ominosa nueva facultad al Ministerio Público y lo hace con arreglo a una errada interpretación de la legislación en cuestión.

La mayoría interpreta en su opinión el supuesto alcance del Art. 3 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988 (25 L.P.R.A. sec. 973b) y de la Regla 26-A de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, para resolver que el Departamento de Jus-ticia puede intervenir por su cuenta en un procedimiento civil entre dos partes privadas para impedir que una de las partes pueda realizar determinado descubrimiento de prueba y así proteger los intereses del Estado en el caso criminal, que el Ministerio Público ha instado contra esa parte por hechos relacionados a los que se dilucidan en el procedimiento civil. En su interpretación, sin embargo, la mayoría hace caso omiso a las disposiciones claras y expre-sas, en la legislación aludida, que limitan o condicionan la facultad que la mayoría le reconoce ahora irrestrictamente al Departamento de Justicia. Así, pues, la Regla 26-A(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, dispone que el privilegio de impedir que se revele una comunicación oficial entre una víctima de delito y su consejero, puede ser invocado: (1) por la víctima; (2) por su representante legal; (3) por una persona autorizada por la víctima, o (4) por el consejero. En ningún lugar se autoriza al Departamento de Justicia como tal a invocar tal privilegio. Sólo podría hacerlo si la víctima lo hubiese autorizado, cosa que no sucedió en este caso. Por el contrario, la parte que en este caso podía impedir que se revelara la comunicación en cuestión, autorizó la misma, y el Departamento de Justicia pretende impedir tal revela-ción aun en contra de esa autorización.

Por otro lado, el Art. 3 de la referida Ley Núm. 22, supra, autoriza al Departamento de Justicia a instar accio-nes como la que está en cuestión aquí, siempre y cuando ello se le haya solicitado por el titular del privilegio, por su tutor u otra persona con interés particular en el asunto, cosa que tampoco sucedió aquí. De nuevo, debe recordarse que la parte con derecho a acudir al Departamento de Jus-ticia en estos casos no sólo no lo hizo, sino que, además, autorizó el descubrimiento que el Departamento quiere im-pedir con su intervención.

En otras palabras, la legislación pertinente crea un rol para el Departamento de Justicia subordinado a la volun-tad del beneficiario del privilegio, pero la mayoría en este caso, por puro fíat judicial, le otorga un rol preferente e independiente, que ha de ejercitarse aun por encima de lo autorizado por el beneficiario del privilegio. La mayoría ejerce una autoridad que no le corresponde al sustituir cra-samente su juicio por el del legislador; de paso, le otorga al Ministerio Público una inusitada "ventaja” respecto al su-mario fiscal, que atenta contra los derechos de los acusados. Este caso ciertamente trata con una alegada conducta criminal, que de haber ocurrido como se imputa, merece nuestra más fuerte condena, por ser repugnante y oprobiosa. Pero ello no justifica sentar un precedente que también regirá casos futuros, en los cuales las circunstan-cias puedan ser distintas.

Para justificar esta dislocación del mandato legislativo y del esquema de los derechos del acusado, la mayoría invoca otra interpretación distorsionada del poder de parens pa-triae, aduciendo que en este caso hay un “interés cuasi-soberano”. Bajo tal desatinada hipótesis, si en este caso hay un interés cuasi soberano, lo habrá en casi cualquier otro caso imaginable, lo que reduce la limitación constitu-cional aludida a una sin sentido.

Como yo no estoy dispuesto a interpretar las leyes y doctrinas tan arbitrariamente, DISIENTO.

       La Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, en su inciso (c), dispone que toda persona que sea víctima de delito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá derecho a:

        “Reclamar que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección y números telefónicos cuando así lo estime necesario para su seguridad personal y de sus familiares así como el privilegio de la conversación habida entre la víctima y su consejero que garantiza la Regla 26-A de Evidencia, Ap. IV del Título 32.” (Énfasis suplido.) 25 L.P.R.A. sec. 973a(e).

       Programa interdisciplinario especializado en maltrato, abuso y/o negligencia contra menores —creado en virtud de la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, conocida como Ley para Protección de Testigos y Víctimas (25 L.P.R.A. secs. 972-972j)— que recibe fondos federales administrados por el Departamento de Justicia a través de su División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos.

       El defensor, naturalmente, podrá hacer ante el foro de instancia los plantea-mientos que, en beneficio de su representada, entienda procedentes y pertinentes.

       Debe mantenerse presente que, conforme la alegación de la menor L.C.R.C., ella ha sido víctima del delito de actos lascivos e impúdicos no sólo de parte de su padre biológico, sino que de un hermano de madre.

       Posición, naturalmente, que dispone de su argumento de que tenía derecho a los récord que hoy denegamos por el fundamento de que la madre de la menor había consentido a ello.
      Resulta, como señala el Procurador General, un contrasentido “reconocer, por un lado, el grave conflicto de interés y la necesidad de nombrar a la menor un defensor judicial que represente sus intereses y por otro lado, tratar de sostener la validez de la renuncia del privilegio hecha por la madre en nombre de la menor”. Réplica a oposición de 21 de marzo de 1994, pág. 15.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía,

license: Public Domain

text:
    Julio Flecha Tolentino y otros, demandantes y recurrentes, v. Santurce Cangrejeros, Inc. y otros, demandados, y Promociones Cangrejeras, Inc., interventora y recurrida.

      Número: RE-91-240

      Resuelto: 4 de agosto de 1994

      Luis E. Laguna Mimoso y Nydia Díaz Buxó, abogados de los recurrentes; María Teresa Olabarrieta, abogada de los recurridos.
   SENTENCIA

Vistos los planteamientos y argumentos de las partes, el Tribunal concluye que el contrato firmado el 14 de mayo de 1989 entre Santurce Cangrejeros, Inc. y Promociones Can-grejeras, Inc. se hizo en fraude de los acreedores recurren-tes —Julio Flecha Tolentino y su esposa Aurea E. Pérez— para evitar el cumplimiento de la sentencia por estipulación contra Santurce Cangrejeros, Inc. que existía desde el 30 de diciembre de 1986. Véanse: Arts. 1243 y 1249 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3492 y 3498; De Jesús Díaz v. Carrero, 112 D.P.R. 631 (1982).

Se dicta sentencia y se revoca la resolución que anuló el embargo. Este dictamen es sin menoscabo, como alterna-tiva a la rescisión total, de que una vez devuelto el man-dato, dentro de quince (15) días, Promociones Cangrejeras, Inc. consigne la suma embargada más intereses al tipo legal correspondiente. Se impone a Santurce Cangrejeros, Inc. y Promociones Cangrejeras, Inc. la suma de mil dóla-res ($1,000) en honorarios, más las costas del proceso.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

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Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

f — 1

El 23 de diciembre de 1983, Santurce Cangrejeros, Inc. y Paisajes del Este, Inc. sortearon, entre los asistentes al juego de béisbol celebrado en el Estadio Juan Ramón Lo-ubriel, Bayamón, un solar de más de una cuerda. Flecha Tolentino resultó agraciado.

El 2 de julio de 1985 Flecha Tolentino y su esposa Aurea E. Pérez, por sí y ex reí. su sociedad legal de gananciales, los demandaron por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. El 30 de diciembre de 1986 —notificada el 5 de enero de 1987— el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Melvin A. Padilla Feliciano, Juez), dictó la sentencia siguiente:

La codemandada, Santurce Cangrejeros, Inc., acepta entre-gar y la demandante aceptar, el solar objeto del litigio en el término de siete (7) meses a partir del día de la vista. Esta misma codemandada acepta pagar los gastos legales que con-lleve el traspaso del solar a nombre de la parte demandante. Acuerdan las partes que de no poder entregar el solar [sic] la codemandada en el término acordado, se pagará a la deman-dante el valor del mismo, estimado en cincuenta mil dólares ($50,000.00). Santurce Cangrejeros, Inc. consignará la suma de $75.00 en pago de la comparecencia de tres testigos, a razón de $25.00 para cada uno, por la comparecencia a un señalamiento anterior.
Las partes acordaron que el Tribunal fije los honorarios de abogado. La parte demandante pidió que se tome en considera-ción que el sorteo que motivó el pleito se celebró hace tres (3) años y su cliente aún no ha recibido su premio — el solar. La codemandada Santurce Cangrejeros Inc., pidió se tome en con-sideración que siempre le ha expresado a la demandante que ha de cumplir con su ofrecimiento del sorteo. De igual forma la codemandada expresó que el incumplimiento hasta esta fecha se debe a causas fuera de su control, por cuanto, el terreno donde ubica el solar es motivo de otro pleito, que ha ocasionado que no se libere para poder cumplir a pesar de que la deuda que se reclama en ese otro pleito está paga.
El Tribunal, consideradas las razones de ambas partes, fija los honorarios en $200.00. Se aprueba la estipulación y se dicta sentencia en conformidad con sus términos. Se desestima la demanda con perjuicio en cuanto a la codemandada Paisajes del Este, Inc. (Énfasis suplido.) Apéndice, Exhibit VIII, págs. 1-2.

Transcurrió el tiempo y la sentencia no fue satisfecha. El 30 de enero de 1990, a solicitud de Flecha Tolentino, se embargó el dinero recaudado de la venta de boletos del último juego de la serie final, en el cual participó el equipo de Santurce Cangrejeros, como novena local, en la tempo-rada de béisbol 1990-1991. No obstante, subsiguiente-mente, previa vista evidenciaría, el tribunal (Hon. Carmen Celinda Ríos, Juez) lo anuló a base del reclamo de la inter-ventora Promociones Cangrejeras, Inc. en cuanto a que el dinero le pertenecía.

Revisamos a petición de Flecha Tolentino.

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Sabido es que, en la compraventa, uno de los contratan-tes se obliga a la entrega de la cosa determinada y el otro a pagar un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Art. 1340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3741. El requi-sito de precio cierto no conlleva la determinación de la can-tidad en el momento de la celebración del contrato; se sa-tisface siempre que no sea necesario un acuerdo posterior para fijarlo. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, pág. 287.

Un examen de las cláusulas de los contratos entre San-turce Cangrejeros, Inc. y Promociones Cangrejeras, Inc. re-vela que la intención fue celebrar una compraventa. Como correctamente señaló el ilustrado tribunal de instancia, mediante las Cláusulas Núm. 3 de ambos contratos, San-turce Cangrejeros, Inc. confirió a Promociones Cangreje-ras, Inc. el “derecho de mercadeo y venta de la boletería” durante las temporadas de los años 1989-1990 y 1990-1991. Apéndice, Exhibit III, pág. 1. En virtud de la Cláusula Núm. 9, Promociones Cangrejeras, Inc. adquirió el derecho de explotar las trasmisiones de radio y televi-sión, vallas, venta de souvenirs y la cantina. Aunque no se determinó el precio cuantitativamente, se cumplió con el requisito de precio cierto. El precio que ha de ser pagado por Promociones Cangrejeras, Inc. se puede calcular a base de los pagos periódicos que ésta debe hacer a Santurce (Cláusulas Núm. 24 de los contratos); no requiere un acuerdo posterior de las partes ni se deja al arbitrio de una de éstas. No se cometió el error señalado.

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Ahora bien, el Art. 1243 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3492, dispone que los contratos celebrados en fraude de acreedores son rescindibles cuando éstos no puedan co-brar de otro modo lo que se les deba. El Art. 1249 del mismo cuerpo legal establece que se presumen en fraude de acreedores “las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronun-ciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes”. 31 L.P.R.A. see. 3498.

La presunción consignada en el precepto precitado ad-mite prueba en contrario. Ésta no constituye el único mé-todo de probar el fraude; es independiente y puede demos-trarse por otros medios. De Jesús Díaz v. Carrero, 112 D.P.R. 631, 636-637 (1982). Corresponde al juzgador, una vez probado el hecho base, ejercer su discernimiento recto al considerar indicios de fraude tales como: (1) festinación en la enajenación; (2) insolvencia del deudor; (3) relaciones de parentesco, intimidad o confianza con el adquirente y (4) el estado de los negocios del dueño transmitente y de las reclamaciones judiciales pendientes contra él. De Jesús Díaz v. Carrero, supra, pág. 637.

Como forma de ineficacia contractual, la rescisión se distingue de la nulidad y anulabilidad por presuponer un contrato inicialmente válido. A tal efecto el Art. 1242 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3491, señala que serán res-cindibles —en los casos establecidos por ley— los contratos “válidamente celebrados”. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, Vol. III, pág. 472. Véase De Jesús Díaz v. Carrero, supra, págs. 641-642.

Como remedio, la rescisión se caracteriza por ser una medida excepcional y subsidiaria; sólo procede en los casos visualizados en la ley y cuando el “perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio”. Art. 1246 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3495. Véanse: De Jesús Díaz v. Carrero, supra, pág. 638. Diez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 120; Art. 1242 del Código Civil, supra.

La legitimación activa en la acción de rescisión por fraude de acreedores o pauliana pertenece al acreedor de-fraudado y a sus sucesores. La acción se dirige contra el adquirente y el deudor. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, 15ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1988, pág. 299. Consiste primordialmente en obligar al adqui-rente a devolver con sus frutos lo recibido en virtud del contrato rescindido y, al deudor, a devolver el precio con sus intereses. Art. 1247 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3496. Además, si el adquirente ha procedido de mala fe (esto es, conociendo del fraude) o no puede devolver las cosas enajenadas, queda obligado a indemnizar al acreedor por los daños y perjuicios causados debido a la enajenación. Arts. 1247 y 1250 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3496 y 3499; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 299; Diez-Picazo, op. cit., pág 235; Espín Cánovas, op. cit., pág. 475.

IV

La prueba desfilada revela que en el caso de autos están presentes todos los elementos necesarios para rescindir el contrato entre la demandada Santurce Cangrejeros, Inc. y la interventora Promociones Cangrejeras, Inc. Como expu-simos, originalmente se dictó sentencia contra Santurce Cangrejeros el 30 de diciembre de 1986; el contrato impli-cado se celebró el 14 de marzo de 1989, esto es, más de dos (2) años después. Como los contratos comprenden virtual-mente todas la fuentes de ingreso de la demandada San-turce Cangrejeros, Inc., la rescisión es el único remedio disponible a los demandantes Flecha Tolentino.

El fraude quedó ampliamente probado. Es claro que cuando Santurce Cangrejeros, Inc., vendió a Promociones Cangrejeras, Inc., los renglones económicos más lucrativos —por no decir únicos— que genera su franquicia, tales como boletos, explotación de la cantina y “souvenirs”, va-llas, radio transmisión de telemaratón (espacios y anun-cios), existía la sentencia por estipulación a favor de Flecha Tolentino. Para cualquier persona era evidente que la ena-jenación de esos renglones le dejaba huérfano, como acree-dor, del poder ejecutar su sentencia. No se trata de unos renglones aislados, sino sus mayores fuentes de ingresos.

Procede la sentencia mayoritaria para revocar la reso-lución que anuló el embargo. Coincidimos también, como alternativa a la rescisión total, que nada obsta para que una vez devuelto el mandato, en el término de quince (15) días, Promociones Cangrejeras, Inc. consigne la suma em-bargada, más intereses al tipo legal correspondiente.

       Ante nos plantea que erró el tribunal de instancia debido a que: (1) contrario a lo determinado, los contratos entre la demandada Santurce Cangrejeros, Inc. y la interventora Promociones Cangrejeras, Inc. (uno de 14 de marzo de 1989 y el otro de 14 de marzo de 1990) son de servicios y no de compraventa; (2) aún siendo de com-praventa, dichos contratos son en fraude de los acreedores o simulados. La interven-tora Promociones Cangrejeras, Inc. sostiene que adquirió válidamente de Santurce Cangrejeros, Inc. los activos o renglones que se enumeran en los contratos.

       Aclaramos, no obstante, que en atención a la naturaleza subsidiaria de la acción rescisoria, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España admiten la rescisión parcial que ha de detenerse cuando quedan satisfechos los de-rechos del acreedor perjudicado, ya sea mediante la devolución de bienes suficientes al patrimonio del deudor enajenante donde el acreedor defraudado ha de perseguir-los o porque el adquirente ha optado por hacerlo directamente. Véase Sentencia de 14 de junio de 1958, citada en Bonet Ramón, op. cit., pág. 1018; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, 15ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1988, pág. 300; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, pág. 300.

       El propio testimonio del Presidente del equipo de Santurce, Ledo. Reinaldo Paniagua Diez, avala esta conclusión.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Banco Central Corp. (antes Banco Central y Economías), demandante y recurrente, v. Yauco Homes, Inc., etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-87-133

      Resuelto: 9 de mayo de 1994

      Néstor Duran, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, y Hermán Cestero, de Sweeting, González & Cestero, abogados del recurente; Rubén T Nigaglioni y María Soledad Pinero, de Ledesma, Palou & Miranda, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Recurre ante nos el demandante Banco Central Corp. (en adelante el banco) para que revisemos la parte de la sentencia del Tribunal Superior que declaró sin lugar la segunda causa de acción de la demanda, dirigida a exigirle a los demandados José Antonio Olivari Antongiorgi y Ma-ría Luisa Olivari Antongiorgi (en adelante los vendedores) el cumplimiento específico de una obligación contractual de posposición de hipoteca. Tenemos que resolver si los ven-dedores tienen que posponer su hipoteca a la que el banco posee en calidad de prenda. Revocamos.

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Los vendedores, mediante la Escritura Núm. 89 de 18 de junio de 1973 —autorizada por el notario Carlos M. Franco Soto— vendieron a Villa Olimpia Development Corp. (en adelante la urbanizadora) la finca objeto de este litigio por el precio aproximado de trescientos sesenta mil dólares ($360,000). La urbanizadora pagó un pronto de aproximadamente sesenta mil dólares ($60,000) y se obligó a pagar los restantes trescientos mil dólares ($300,000) en cuatro (4) plazos anuales, comenzando en junio de 1974 y terminando en junio de 1977.

En esta misma escritura de compraventa, la urbaniza-dora hipotecó la finca en garantía del crédito de los vende-dores (en adelante hipoteca pequeña). Los vendedores tam-bién se comprometieron, en dicha escritura, a posponer esta garantía hipotecaria a favor de la que se constituiría a beneficio de la institución financiera que le prestara el dinero a la urbanizadora para desarrollar la finca. La cláu-sula de posposición dice lo siguiente:

Es el propósito de la Compradora Villa Olimpia Development CORPORATION desarrollar y urbanizar los terrenos objeto de esta compraventa para lo cual han de obtener un préstamo de Continental Resources Corporation-P.R., or assignee, por una suma aún no determinada, para financiar la urbanización y la cons-tracción de unidades de vivienda en la misma, por lo que los Vendedores por la presente y desde ahora postergan y subordi-nan la hipoteca aquí constituida, a favor de la que se constituya por Villa Olimpia Development Corporation o sus sucesores en título o intereses, para desarrollar y urbanizar los terrenos a favor de Continental Resources Corporation-P.R., or assignee, siempre y cuando que el producido de dicho préstamo garanti-zado hipotecariamente, se use única y exclusivamente en el de-sarrollo de los terrenos objeto de esta compraventa. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 64.

El mismo día, cuando fue autorizada la escritura de compraventa e hipoteca pequeña, se autorizó también la escritura de hipoteca mediante la cual la urbanizadora ga-rantizó un pagaré suscrito por ésta a favor de la Continental Resources Corporation-RR. (en adelante la institución financiera) por la cantidad aproximada de 9.2 millones de dólares (en adelante hipoteca grande). Esta suma sería uti-lizada por la urbanizadora para desarrollar los terrenos. Posteriormente, la institución financiera endosó el pagaré para hacerlo pagadero al portador.

El 11 de marzo de 1974 se autorizó la Escritura Núm. 34 para enmendar la escritura de la hipoteca grande. En esta escritura comparecieron la urbanizadora, la institución fi-nanciera y el Banco Economías. Se hizo constar que la urbanizadora había entregado al banco, en calidad de prenda, el pagaré garantizado por la hipoteca grande para así garantizar ciertos adelantos de dinero hechos por el banco a la urbanizadora. Además, se eliminó la fecha de vencimiento del pagaré, haciéndolo pagadero a la demanda. Para ajustarse al hecho de que el pagaré se ha-bía convertido en uno al portador, se enmendó la escritura de hipoteca grande, de modo que ya no estuviese consti-tuida a favor de la financiera ni estuviera sujeta al con-trato de préstamo entre la financiera y la urbanizadora.

Aunque ambas escrituras de hipoteca se presentaron al Registro de la Propiedad simultáneamente, debido a asun-tos no relacionados a la controversia en este caso, la hipo-teca pequeña quedó inscrita con efectividad al 14 de agosto de 1975, mientras que la grande se inscribió el 15 de sep-tiembre de ese año. Cuando el Registrador de la Propiedad inscribió la grande, anotó que lo hacía con rango de se-gunda mientras no se le presentara un acta aclaratoria de la intención de las partes. Esta acta nunca se otorgó.

En 1982 el banco instó una demanda contra la urbani-zadora y contra los vendedores. En su primera causa de acción, reclaman el importe de lo adeudado por la urbanizadora. La urbanizadora fue debidamente empla-zada, pero al no contestar se le anotó la rebeldía. En su segunda causa de acción exigen que los vendedores cum-plan con la obligación contractual contraída en la escritura de hipoteca pequeña, de posponer ésta a favor de la grande.

Por su parte, los vendedores presentaron una demanda de coparte contra la urbanizadora para reclamar la parte todavía adeudada del precio de compraventa de la finca y solicitar la ejecución de su hipoteca pequeña, si su crédito no es satisfecho de otro modo.

La urbanizadora fue debidamente emplazada y, al no comparecer, se le anotó la rebeldía. El tribunal de instan-cia dictó una sentencia en rebeldía en su contra, tanto res-pecto a la primera causa de acción del banco demandante, como respecto a la demanda contra coparte instada por los vendedores. Además, el tribunal declaró sin lugar la se-gunda causa de acción contra los vendedores y, como con-secuencia, ordenó que se ejecutaran las hipotecas en el or-den en que quedaron inscritas en el Registro de la Propiedad. De este dictamen recurre ante nos el banco.

Ante nos el banco, que tiene en prenda el pagaré garan-tizado por la hipoteca grande, solicita que ordenemos a los vendedores el cumplimiento específico de la cláusula de posposición de hipoteca contenida en la escritura de hipo-teca pequeña. Alega que dicha cláusula fue una disposición a favor de tercero de la cual el banco, como beneficiario, puede aprovecharse sin necesidad de contar con la urbanizadora. Sostiene que es el beneficiario de un con-trato a favor de tercero, en el cual la urbanizadora fue la parte estipulante y los vendedores la parte promitente u obligada. Los vendedores niegan que el contrato sea en be-neficio de tercero.

Como regla general, los contratos sólo afectan las partes involucradas en éste. Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3374. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que “el contrato como fenómeno que penetra y que se instala en la realidad jurídica no es jamás algo absolutamente indiferente para los terceros”. L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 265. Véase, en general, id., págs. 264-269. El Art. 1209 del Código Civil, supra, consigna que los contratos pueden tener estipulaciones a favor de tercero y que el tercero podrá exigir su cumplimiento siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que la estipulación haya sido revocada. A.L. Arsuaga v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104, 109 (1964). Este tipo de contrato es celebrado entre el promitente —obligado por la disposición— y el estipulante, quienes otorgan alguna ventaja al tercero beneficiario con el efecto de convertirlo en acreedor directo del obligado en cuanto a la prestación prometida. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, págs. 274-276. En el contrato a favor de tercero, la intención de los contratantes es conceder al beneficiario el derecho a reclamar judicialmente el cumplimiento de lo establecido. Puig Brutau, op. cit., pág. 262. Sin embargo, no constitu-yen una estipulación a favor de tercero —de las dispuestas por el Art. 1209 del Código Civil, supra— aquellos contra-tos que “las partes celebran teniendo en cuenta el interés de una tercera persona y que proporcionan a dicha persona directa o indirectamente una ventaja cualquiera o un beneficio”. Diez-Picazo, op. cit., pág. 269.

Los contratos a favor de tercero “son únicamente aquellos que las partes celebran para atribuir de manera directa o indirecta un derecho a un tercero, que, sin embargo, no ha tenido participación ni directa ni indirecta en la celebración del negocio y que no queda por consiguiente obligado ni vinculado por él”. Diez-Picazo, op. cit., pág. 269. Véanse, también, id., págs. 269-271, y Puig Brutau, op. cit., pág. 262. Es necesario que se le haya querido atribuir al tercero el derecho de reclamar el cumplimiento de la promesa. Diez-Picazo, op. cit., pág. 270; Puig Brutau, op. cit., pág. 262.

“La razón de ser de la estipulación en favor o en benefi-cio del tercero radica en la existencia de un interés del estipulante en que el pacto sea establecido y en que la pro-mesa sea cumplida para el beneficiario”. Diez-Picazo, op. cit., pág. 274. Este interés es la causa de la estipulación, y no necesariamente tiene que ser de índole económico. íd. “El estipulante puede celebrar el contrato en favor del ter-cero para hacerle una liberalidad (causa donandi), para cumplir con una obligación preexistente (causa solvendi) o con el fin de recibir de él una contraprestación (causa credendi).” íd., pág. 276. Por lo tanto, la causa puede ser un convenio por celebrarse entre el tercero y el estipulante. Puig Brutau, op. cit., pág. 275. Es debido a la naturaleza del interés del estipulante que éste también está legiti-mado para exigir al promitente el cumplimiento de la pres-tación convenida en favor del tercero. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, pág. 96; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 16ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1992, T. 3, pág. 755.

No es necesario que el tercero acepte para que adquiera el derecho estipulado a su favor. Diez-Picazo, op. cit., págs. 274-275; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 753. El tercero adquiere el derecho antes de la aceptación. La aceptación por el tercero es sólo pertinente en cuanto impide que posteriormente se revoque la estipulación a su favor. Diez-Picazo, op. cit., pág. 275.

Como regla general, el estipulante es quien tiene la única facultad de revocar la disposición en beneficio del tercero. F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, 2da ed., Mádrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. IV, Vol. II, pág. 82. Mientras el beneficiario no haya aceptado, hay que entender que el estipulante tiene el derecho a revocar la estipulación. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 755.

Esta aceptación “puede ser expresa o tácita, por palabras o por hechos”. Q.M. Scaevola, Código Civil Comentado, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. XX, pág. 630. Es necesario, para que se complete la aceptación, poner en conocimiento de ella al obligado. Se ha sostenido además que es necesario notificar también al estipulante, debido a que éste es quien tiene la facultad de revocar la estipulación y quien, por lo tanto, se ve afectado por el acto de aceptación.

Para considerar si este contrato es a favor de tercero, primero es necesario examinar si el banco puede ser considerado como el beneficiario de la estipulación. Mediante la cláusula en la escritura de hipoteca pequeña, los vendedores se comprometieron, frente a urbanizadora, a postergar y subordinar su hipoteca “a favor de la que se constituya por [la urbanizadora] ... a favor de Continental Resources Corporation-P.R. [la institución financiera] or assignee”. Solicitud de revisión, pág. 9. Aunque la estipulación no hace referencia al banco, “[n]o es necesario que el tercero esté individualizado en el momento de la conclusión del contrato, bastando con su determinabilidad, es decir, que existan en la disposición contractual elementos suficientes para poder determinarlo con posterioridad”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 429.

En el caso ante nos, la hipoteca grande se constituyó a favor de la institución financiera, resultando la beneficia-ría inicial de la estipulación. Posteriormente la hipoteca se modificó para que su acreedor fuera el portador del pagaré garantizado. Cuando el banco obtiene dicho pagaré al por-tador, como prenda garantizadora de su acreencia frente a la urbanizadora, se convirtió en el tercero beneficiario de la estipulación. Esto es así porque la estipulación permite que el tercero sea un sucesor (assignee) de la institución financiera y además porque el banco, al tener en prenda el pagaré, puede “ejercitar las acciones que competan al dueño de la-cosa pignorada para reclamarla o defenderla contra tercero”. Art. 1768 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5027.

La determinación de si la estipulación da al tercero derecho a reclamar la ejecución de lo prometido es una cuestión de hecho. Manresa, op. cit., pág. 432. Toda la prueba en el caso ante nos consiste de documentos someti-dos mediante estipulación, por lo que estamos en la misma posición que el tribunal de instancia para evaluarla.

La naturaleza del negocio aquí realizado y el texto de la cláusula contractual nos convence de que la intención de los contratantes fue otorgar al banco el derecho a exigir directamente a los vendedores la posposición de la hipoteca pequeña. La cláusula obliga a los vendedores a postergar y subordinar su hipoteca a favor de la que se constituyera “a favor de Continental Resources Corporation-RR. [la insti-tución financiera] or assignee”. Solicitud de revisión, pág. 5. Esta disposición otorga, con claridad, un derecho al ter-cero de reclamar su cumplimiento.

En caso contrario, tendría que afirmarse que el exigir la posposición a los vendedores queda en manos de la urbanizadora. Esto no concuerda con la naturaleza del ne-gocio realizado debido a que ambas escrituras de hipoteca se autorizaron el mismo día, por lo que luego de satisfacer el interés de urbanizadora, no era de esperarse que fueran diligentes en gestionar la posposición a favor del banco.

Finalmente, los vendedores tenían que saber que se ha-bían obligado a posponer su hipoteca y que, por los propios términos del contrato, dicha posposición podría ser exigida por el banco, parte directamente beneficiada por la dispo-sición contractual.

Además, en casos más dudosos, se ha considerado que existe una estipulación en favor de tercero. Se ha resuelto que cuando Apresta a B, conviniendo que B le devolvería el dinero a un tercero, fue la intención de las partes otorgar al tercero un derecho a reclamar directamente a B lo debido. Puig Brutau, op. cit., págs. 263-264.

Por todo lo anterior, concluimos que la obligación de pos-posición de hipoteca es exigible por el banco directamente contra los vendedores. No existen hechos de los cuales se puede concluir que la urbanizadora haya revocado la estipulación.

H — I I — I I

Finalmente, los vendedores sostienen que no tienen que cumplir con la obligación de posponer su hipoteca porque la urbanizadora no cumplió con la obligación de pagarles el precio de compraventa de la finca. Invocan el Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3052, el cual establece el derecho a resolver las obligaciones recíprocas cuando uno de los obligados no cumpla lo que le incumbe. Los vendedores argumentan que debido a que la urbanizadora no les ha pagado el precio de venta, ahora no se les puede exigir que cumplan con su obligación de posponer la hipoteca. Los vendedores no tienen razón.

La naturaleza del pacto en este caso impide que se aplique la regla general antedicha. No puede entenderse que el cumplimiento por los vendedores de la cláusula de posposición está sujeto a la condición resolutoria tácita de la falta de pago por la urbanizadora de la deuda garantizada. Sencillamente sería absurdo afirmar que los vendedores se obligaron a subordinar la garantía de su acreencia, pero que si ésta no se le paga, entonces su obligación de subordinar quedaría resuelta. Precisamente el riesgo de esta cláusula surge cuando no se le paga al vendedor: como consecuencia de la cláusula, éste tendrá su garantía, pero subordinada. Si fuera de otra manera, el vendedor no se estaría obligando a nada: le pagan o, en caso contrario, su garantía quedaría en primera. Conclui-mos, por lo tanto, que debido a la naturaleza particular de esta cláusula, no aplica la defensa de la condición resolu-toria tácita respecto a la contraprestación de pagar de la deuda principal.

Debido a que la cláusula de posposición de hipoteca es una estipulación en favor de tercero que le permite al banco reclamar su cumplimiento frente a los vendedores, erró el tribunal de instancia al declarar sin lugar la se-gunda causa de acción del banco demandante en la que exigía dicha posposición.

Se dictará sentencia de conformidad con estos pronunciamientos.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente.

- O -

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

La adjudicación recta de este recurso exige más que la doctrina de contrato en beneficio de tercero. Expongamos los hechos según surgen de los múltiples negocios realizados.

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José A. Olivari Antongiorgi y María L. Olivari Anton-giorgi eran los dueños de cinco (5) propiedades que Villa Olimpia Development Corp. (en adelante Villa Olimpia) in-teresaba adquirir para construir unas viviendas. Para ello, el 18 de junio de 1973 suscribieron la Escritura Núm. 89 de venta, agrupación e hipoteca ante el notario público Carlos M. Franco Soto. La hipoteca sobre la totalidad del terreno era la garantía que Villa Olimpia suscribió a favor de los vendedores Olivari Antongiorgi por el balance impagado del precio, en virtud de dos (2) pagarés por $147,849.28 y $153,583.23, respectivamente, que debían satisfacerse en cuatro (4) plazos anuales comenzando en junio de 1974. Dado el interés de Villa Olimpia de desarrollar la propie-dad, pactaron específicamente en la escritura:

Es el propósito de la compradora VILLA OLIMPIA DEVELOPMENT CORPORATION desarrollar y urbanizar los terrenos objeto de esta compraventa para lo cual han de obtener un préstamo de Continental Resources Corporation-PR., or assig-nee, por una suma aún no determinada, para financiar la ur-banización y la construcción de unidades de vivienda en la misma, por lo que los Vendedores por la presente y desde ahora postergan y subordinan la hipoteca aquí constituida, a favor de la que se constituya por VILLA OLIMPIA DEVELOPMENT CORPORATION o sus sucesores en título o intereses, para de-sarrollar y urbanizar los terrenos a favor de la Continental Resources Corporation-P.R., or assignee, siempre y cuando que el producido de dicho préstamo garantizado hipotecariamente, se use única y exclusivamente en el desarrollo de los terrenos ob-jeto de esta compraventa. Apéndice, pág. 64.

Ese mismo día, Villa Olimpia otorgó la Escritura Núm. 116 ante el notario público Manuel Correa Calzada, cons-tituyendo una hipoteca a favor de Continental Resources Corporation-RR. (en adelante Continental) por $9,201,600. Como garantía, Villa Olimpia suscribió un pagaré hipote-cario a favor de Continental, vencedero el 30 de junio de 1976.

El 11 de marzo de 1974, Villa Olimpia —quien había cambiado su nombre corporativo a Bertelix Development Corporation— junto con Continental y el Banco Central y Economías (en adelante el banco), otorgaron la Escritura Núm. 34 ante el notario público Herman Cestero Rodrí-guez con el propósito de enmendar la Escritura Núm. 116 y su pagaré hipotecario, el cual se hizo pagadero a su presen-tación o demanda. En esa escritura se eliminó que era a favor de Continental y, también, la cláusula que especifi-caba que el dinero de la hipoteca se prestaba para el desa-rrollo y construcción del terreno. Surge que el Banco par-ticipó como tenedor del pagaré hipotecario en calidad de prenda, en garantía de un adelanto de dinero que hiciera a Bertelix.

El 23 de julio de 1974, Bertelix y el Banco celebraron un contrato de prenda y préstamo, en el cual éste proveería el financiamiento para la construcción del proyecto hasta la suma agregada de $6,038,865, sin que en momento alguno el principal prestado excediese de $3,818,690. A cambio, el Banco recibió el pagaré garantizado por la hipoteca in-cluida en la Escritura Núm. 116, en calidad de prenda.

El 29 de julio de 1974 el Registrador de la Propiedad de San Germán suspendió la inscripción de la Escritura Núm. 89 original por no haberse dividido el precio de venta entre las fincas agrupadas; ello provocó que la Escritura Núm. 116 tampoco se inscribiera.

El 1ro de agosto de 1975, el licenciado Franco Soto re-cogió las escrituras, subsanó el defecto y las presentó nuevamente. La Escritura Núm. 89 quedó inscrita el 14 de agosto de 1975 y la Escritura Núm. 116 el 15 de septiembre de 1975, con la nota del Registrador de la Propiedad si-guiente:

En su virtud, inscribo a favor de Continental Resources Corporation de Puerto Rico, or its order or assignee, su expresado derecho de hipoteca que adquiere sobre esta finca denegándose en cuanto al grado de primera hasta tanto no se ratifique la mención señalada en esta inscripción, aclarándose .... Solicitud de revisión, pág. 5.

La mención al margen de la inscripción de la Escritura Núm. 116 dispone: “Acta aclaratoria y ratificación de los titulares y la Continental Resources y se defina bien, que una es primera y la otra, segunda.” Solicitud de revisión, pág. 5 esc. 5.

Así las cosas, inexplicablemente San Juan Abstract Company, Inc. realizó a solicitud del Banco un estudio de título de 5 de abril de 1976, en el cual señaló que la “hipo-teca [incluida en la Escritura Núm. 116] tiene rango de primera, por haberse postergado en su beneficio la que se señalará bajo el número 3 de [e]ste epígrafe de gravámenes [en Escritura Núm. 89] ...”. (Énfasis en el original.) Apén-dice, pág. 180.

El 12 de abril de 1976, Yauco Homes adquirió la propie-dad mediante la Escritura Núm. 214 otorgada ante el no-tario público Baldomero Collazo Salazar.

El 13 de abril de 1976, los Olivari Antongiorgi, acreedo-res de la hipoteca incluida en la Escritura Núm. 89, Yauco y el Banco otorgaron ante el notario público Baldomero Collazo Salazar la Escritura Núm. 218 de Poder Especial. En ella, los Olivari Antongiorgi y Yauco modificaron la fe-cha de vencimiento de los pagarés a que los Olivari tenían acreencia. Convinieron también en liberar los solares y ca-sas gravados con dicha hipoteca para facilitar su venta. En consideración, el Banco les remitiría el pago de mil sesenta dólares ($1,060) por unidad liberada. Para ello otorgaron un Poder irrevocable al Banco para autorizarlo a hacer las liberaciones. Nada se hizo constar sobre la posposición de la hipoteca inscrita a favor de los Olivari Antongiorgi.

El 3 de mayo de 1976, Bertelix, Yauco y el Banco suscri-bieron un contrato complementario modificando el de prenda y préstamo que Bertelix y el Banco celebraron el 23 de julio de 1974. Yauco asumió y se responsabilizó solida-riamente con Bertelix por el préstamo concedido hasta el momento y extendió el contrato de prenda a favor del Banco. El Banco aumentó el financiamiento a $8,890,048.12 para la construcción de ciento noventa y ocho (198) unidades de vivienda.

El 1ro de mayo de 1977, Yauco y el Banco suscribieron un segundo contrato complementario en el cual se redujo el número de unidades a construirse de ciento noventa y ocho (198) a ochenta y tres (83). El Banco aumentó en $1,583,767.43 el financiamiento adelantado para el desarrollo.

El 7 de diciembre de 1978, Yauco y el Banco otorgaron la Escritura Núm. 59 ante el notario público Noel González Miranda mediante la cual Yauco entregó veintiséis (26) unidades de vivienda como Dación en Pago Parcial al Banco por la cifra de $799,279.33 de los $4,400,000 que le debía en principal. El Banco liberó esas propiedades de la hipoteca constituida a su favor.

El Banco, el 31 de mayo de 1979, envió una carta a los Olivari Antongiorgi informando que, conforme al poder que se le otorgó, liberó dieciséis (16) solares segregados de la finca hipotecada. Incluyó cheque a estos efectos por la can-tidad de ocho mil ochocientos cuarenta dólares ($8,480). Renunció como apoderado de los Olivari Antongiorgi al de-cidir no proveer financiamiento adicional al proyecto.

Al Yauco no haber cumplido con el repago del préstamo de construcción, el Banco declaró vencido y exigible el balance impagado. Demandó a Yauco en ejecución de hipoteca. Demandó también a los Olivari Antongiorgi exi-giéndoles que subrogaran su hipoteca a la existente a favor de Continental.

El Tribunal Superior, Sala de Ponce (Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez) declaró con lugar la demanda instada contra Yauco; no así la acción contra los Olivari Antongiorgi. De dicha sentencia recurrió el Banco y hoy este Foro revoca. Disentimos.

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Sabido es que para que una hipoteca esté debidamente constituida es requisito que conste en una escritura pú-blica y se inscriba en el Registro de la Propiedad. Art. 188 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2607; Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 D.P.R. 15 (1989); Rosario Pérez v. Registrador, 115 D.P.R. 491, 493 (1984). Su rango se determina por estricto orden de presentación conforme la norma de primero en tiempo, primero en derecho. La excepción a esta norma es cuando las partes expresamente convienen un orden distinto. Para ello es necesario el consentimiento de los acreedores hipotecarios existentes al momento de convenir la alteración del rango. De igual manera se presume que los derechos registrados existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. 30 L.P.R.A. see. 2354. Los asientos —así como los actos inscri-tos— deben estimarse válidos hasta tanto los tribunales declaren su nulidad. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538 (1991).

La calificación efectuada por el Registrador de la Pro-piedad no tiene el propósito de declarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso o controvertido entre partes contendientes. R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, pág. 265; Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76 (1992). Cabassa v. Registrador, 116 D.P.R. 861, 864 (1986). Dichos derechos tendrán que dilucidarse mediante acción judicial ordinaria, correspondiendo a la parte que impugna el con-tenido del Registro de la Propiedad el peso de rebatir la presunción de corrección que le afecta.

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En el caso de autos, debemos determinar si el Banco puede requerir que se subordine el rango de la hipoteca a favor de los Olivari Antongiorgi a la suya, a la luz de las negociaciones realizadas para el desarrollo del proyecto. El remedio que solicita el Banco es exigible sólo mediante ac-ción ordinaria para demostrar la existencia del acuerdo y que sus actuaciones, con posterioridad a la denegatoria, no reflejan su conformidad con la calificación del Registrador de la Propiedad.

De las actuaciones del Banco, luego de la calificación del Registrador de la Propiedad, se desprende su conocimien-to y conformidad de que la hipoteca a su favor tenía rango de segunda.

La prueba presentada por el Banco para sostener la obligación de los Olivari Antongiorgi de postergar su hipo-teca consistió en la escritura de venta, agrupación e hipo-teca (Escritura Núm. 89) otorgada por los Olivari Anton-giorgi y Villa Olimpia. Ese documento incluyó la cláusula de postergación en la cual el Banco se ampara.

Es importante destacar que los Olivari Antongiorgi no se comprometieron a postergar eventualmente su acreencia. Hicieron la postergación expresamente a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura. La suspensión del Regis-trador de la Propiedad en inscribirla fue lo que motivó que la postergación no se hiciera efectiva. La negativa del Re-gistrador a reconocer la posposición de la hipoteca pudo haberse remediado mediante recurso gubernativo ante este Foro o sometiendo un acta aclaratoria y ratificación de los titulares de acuerdo con la mención al margen de la inscripción. Al momento de la presentación de la demanda ambas alternativas habían caducado.

Al otorgarse ante el notario público Baldomero Collazo Salazar la Escritura Núm. 218 de Poder Especial, el 13 de abril de 1976, la deuda del desarrollador Yauco Homes con los Olivari Antongiorgi estaba vencida y exigible mediante la ejecución de la hipoteca que tenían a su favor. El Banco se comprometió a remitir la suma de mil sesenta dólares ($1,060) por cada liberación realizada conforme al poder concedídole, a la vez que consiguió que se modificara la fecha de vencimiento de los pagarés de los Olivari Anton-giorgi y evitó así la ejecución de la hipoteca que los garantizaba. Es evidente que la intención de las partes al otorgar este contrato era saldar lo adeudado a los Olivari Antongiorgi sin tener que recurrir a la ejecución de la hipoteca. Del Banco entender que tenía una acreencia hi-potecaria de mejor rango que la de los Olivari Antongiorgi, no era menester llegar a este tipo de acuerdo, pues su acreencia hubiese estado debidamente protegida. La modi-ficación de la fecha del vencimiento demuestra el conoci-miento, por parte del Banco, que su hipoteca tenía rango de segunda. Si la hipoteca a favor de los Olivari Anton-giorgi hubiese sido segunda en rango, la modificación de la fecha de vencimiento hubiese sido innecesaria, pues aun-que vencida la obligación, no hubiesen podido cobrar su acreencia al encontrarse tras una primera hipoteca de $9,201,600.

Como puede apreciarse, desde que se otorgó la escritura de Poder Especial, el Banco incurrió en una obligación personal frente a los Olivari Antongiorgi. El pago de mil se-senta dólares ($1,060) por liberación realizada tenía el pro-pósito de garantizar el pago de su acreencia.

Es necesario señalar que al momento de otorgarse el Poder se estimaba que el proyecto constaría con alrededor de doscientas (200) unidades de vivienda. Prueba de esto es el segundo contrato complementario celebrado el 1ro de marzo de 1977 en el que Yauco y el Banco, sin el consenti-miento de los Olivari Antongiorgi, redujeron el número de unidades a construirse de ciento noventa y ocho (198) a ochenta y tres (83). Evidentemente, la cuantía que recibi-rían los Olivari Antongiorgi por las liberaciones quedaría sustancialmente reducida con este cambio. Para ello era necesario su consentimiento, pues con cada liberación dis-minuía su garantía.

El Banco no puede compeler a los Olivari Antongiorgi a postergar el rango de su hipoteca cuando resulta meridia-namente claro que antes de otorgarse la escritura de Poder Especial sabía que su rango era inferior al de éstos. Los Olivari Antongiorgi accedieron a la propuesta que le hi-ciera el Banco para no tener que llegar a ejecutar su hipo-teca confiando en que el Banco saldaría su acreencia. El Banco no sólo incumplió con la obligación asumida al con-cedérsele el poder irrevocable, sino que también menos-cabó la garantía de los Olivari Antongiorgi. Los actos rea-lizados por el propio Banco le impiden obligar a los Olivari Antongiorgi a postergar su rango hipotecario. Meléndez Pinero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521 (1991); Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 878 (1976). Hacerlo es una injusticia; confirmaríamos.

       Las partes están de acuerdo en que la escritura de hipoteca a favor de los vendedores se inscribió el 14 de agosto de 1975 y la hipoteca a favor del banco el 15 de septiembre de ese año.

       Villa Olimpia Development Corp. posteriormente cambió de nombre a Ber-telix Development Corporation. Además, en algún momento previo a abril de 1976, Yauco Homes Inc. acordó con Bertelix hacerse responsable de las todas las obligacio-nes de Bertelix frente al banco relacionadas con el financiamiento del proyecto de urbanización de la finca. En mayo de 1976, Yauco cumplió con este compromiso al obligarse frente al banco por todo el dinero que Bertelix adeudaba al banco. Cuando no sea necesario especificar a cuál desarrolladora nos referimos, las denominaremos genéricamente como “la urbanizadora”.

        Exhibit Núm. 8-copia certificada de Escritura Núm. 89 autorizada por el notario Carlos M. Franco Soto el 18 de junio de 1973, pág. 16.

       Con posterioridad, este banco cambió de nombre a Banco Central Corp. Ex-cepto cuando sea necesario, llamaremos “banco” a esta institución, independiente-mente del nombre que tuviera.

       Según surge de la Solicitud de revisión, pág. 5, una nota del Registrador de la Propiedad dice:
      “En su virtud, inscribo a favor de Continental Resources Corporation de Puerto Rico, or its order or assignee, su expresado derecho de hipoteca que adquiere sobre esta finca denegándose en cuanto al grado de primera hasta tanto no se ratifique la mención señalada en esta inscripción, aclarándose ....”

       L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 275, expone que debe notificarse al estipulante en cuanto la aceptación opera como un límite del poder de revocación de la estipulación. J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, págs. 273-274, coincide en que el tercero debe hacer saber su aceptación al que estipuló en su favor.

       Hubo prueba documental, consistente en la declaración del esposo de una de las vendedoras, de que el 13 de abril de 1976, cuando se autorizó la Escritura Núm. 218 sobre poder especial (a la cual comparecieron el banco, la urbanizadora y los vendedores), representantes autorizados del banco y de la urbanizadora le hicieron creer a los vendedores que proveerían los fondos suficientes para garantizar el pago de la acreencia de los vendedores. Independientemente de si esto podría constituir una revocación por la urbanizadora de la estipulación en favor del banco y de si ya anteriormente el banco había aceptado la estipulación, haciéndola irrevocable, lo cierto es que nos parece más creíble el testimonio del notario que autorizó la escri-tura, quien declaró que dichas representaciones no se hicieron y cuya declaración en general contradice directamente lo aseverado por el esposo de una de las vendedoras.

       No tenemos que expresamos sobre la aplicabilidad en general de esta de-fensa, cuando el obligado por una estipulación en favor de tercero la invoque frente a éste, por razón del incumplimiento del estipulante de la obligación que tenía frente al promitente.

       Bajo la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 se especifi-caron los requisitos para la permuta o posposición de rango de hipoteca. Véase 30 L.P.R.A. sec. 2608. La antigua Ley Hipotecaria, vigente al otorgarse la Escritura Núm. 89, no regulaba la permuta o posposición de rango, por lo que se regía por el Código Civil.

       Al ser público el Registro de la Propiedad para quienes tengan interés en averiguar el estado jurídico de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos, se imputa por ficción legal el conocimiento de la constancia registral. García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120, 137 (1986). El que el Banco confiara en el estudio de título realizado por una compañía privada podría dar margen a una reclamación contra ésta, más no tiene repercusión respecto al contenido del Registro de la Propiedad.

       El recurso gubernativo hubiese sido a los efectos de determinar si a base de los documentos presentados para su inscripción era necesaria la ratificación de los titulares; no para declarar la existencia de un derecho.


author: Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Héctor Vélez De Jesús, demandante y recurrente, v. Hon. Juan Rivera Vargas, Alcalde del Municipio de Quebradillas y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-94-135

      Resuelto: 9 de mayo de 1994

      Luis A. Rivera Lacourt, abogado del recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de revisión, no ha lugar. En este caso el Art. 12.022 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 4572), dispone que los expedientes individuales de los em-pleados tendrán carácter confidencial. Siendo ello así, como norma general el demandante no tiene derecho a so-licitar una copia de los contratos por no ser un documento público de acceso a los ciudadanos. Concurrimos con el tribunal de instancia al señalar que “[ojbviamente los nom-bramientos de todo empleado municipal, ya sea de carrera, de confianza, transitorio o irregular es parte del historial de trabajo de éste; y de conformidad con el Artículo 12.022 antes citado, es parte de su expediente de personal, que debe mantenerse bajo la custodia del Administrador de Re-cursos Humanos del municipio, con carácter confidencial”. Anejo 2, págs. 4-5. Añade acertadamente el tribunal de instancia que “[sjomos de opinión que los expedientes de personal de los empleados municipales caen bajo la salve-dad aquí establecida; y que, por otro lado, les cobija la con-fidencialidad establecida en el Artículo 12.022, supra”. íd., pág. 5.

Por lo tanto, al no existir el derecho del demandante como ciudadano a obtener una copia de dichos contratos, debido a que la ley los cataloga como confidenciales, no existe entonces un deber ministerial de parte de los funcio-narios del municipio a entregarle una copia de los referidos documentos referidos. De ello resulta entonces que no pro-ceda la expedición del mandamus, debido a que la solicitud no pide el cumplimiento de un deber ministerial expreso y particularmente ordenado por la ley. Véanse: Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994); Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235 (1975); Espina v. Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 D.P.R. 76 (1953).

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri. El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

- O -

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Héctor Vélez De Jesús, asambleísta municipal del Mu-nicipio de Quebradillas por el Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.), cuestiona la negativa del Tribunal Superior, Sala de Arecibo (Hon. Emilia M. Román Nevárez, Juez), a ordenarles al Alcalde, Sr. Juan Rivera Vargas, y a la Directora Interina de Recursos Humanos, Sra. Nativi-dad Cruz Soto, la entrega de una copia de los contratos de los empleados irregulares del Departamento de Recreación y Deportes municipal.

El ilustrado foro de instancia se fundamentó en que Vé-lez De Jesús no había planteado ante el pleno de la Asam-blea Municipal “cualquier inquietud que tuviera referente a los contratos” (Sentencia, pág. 3) y, además, que éstos son confidenciales pues forman parte de los expedientes de los empleados públicos. Art. 12.022 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, (21 L.P.R.A. see. 4572).

Ante nos, Vélez De Jesús reproduce su reclamo para argumentar que el derecho a examinar dichos contratos surge del Art. 8.017 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4367), y en virtud de sus facultades fiscalizadoras como asambleísta municipal minoritario de la obra del po-der ejecutivo. Tiene razón.

HH

Por su analogía con el esquema constitucional Ejecuti-vo-Asamblea Legislativa, la relación Alcalde-Asamblea Municipal genera una legitimación activa en todo asam-bleísta, que trasciende el simple papel de meros espectado-res; a fin de cuentas, nuestra Constitución concede expre-samente a las minorías la tarea de fiscalizadores.

¿Cómo podía el asambleísta Vélez De Jesús plantear ante el pleno de la Asamblea su “inquietud” si se le negó examinar esos contratos? Si la Asamblea no hubiese aco-gido su pedido, ¿hubiese terminado ahí el asunto? Nos re-sulta difícil compartir ese razonamiento circular.

Pretender que el derecho de un asambleísta de minoría sólo se configure en virtud de un acuerdo mayoritario, es negarle a priori toda posibilidad de una fiscalización vigo-rosa, eficiente y oportuna. La experiencia reciente en el panorama gubernamental puertorriqueño refleja una cons-tante renuencia de los poderes y funcionarios públicos a reconocerle acceso a las minorías para esta clase de asuntos.

Por último, coincidimos con el tribunal de instancia de que los contratos, por formar parte integrante de los expe-dientes, son confidenciales. Sin embargo, esa confidenciali-dad es, en su origen, una limitación al escrutinio público; no significa que otros funcionarios —como el aquí recu-rrente— por su condición de asambleísta y en el descargo legítimo de esa función, esté legalmente impedido de examinarlos.