text:
    Pedro J. Solís, etc., demandantes y recurrentes, v. Municipio de Caguas, demandado y recurrido.

      Número: RE-86-441

      Resuelto: 9 de diciembre de 1987

      Luis M. Escribano Díaz, abogado de los recurrentes; Carmen Matilde MacLean, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca revisar una escueta sentencia del Tribunal Superior, Sala de Caguas que, de sostenerse, tiene el efecto de revocar, dejar sin efecto y alterar el estado de Derecho sobre la capacidad jurídica para demandar que hemos uniforme-mente seguido durante los últimos cuarenta años. Asocia-ción de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., 67 D.P.R. 848 (1947).

Lo anterior sin que en la referida sentencia desestimato-ria de la reclamación de la Unión Boriafide de Empleados Municipales (en adelante Unión) y su capítulo de Caguas (en adelante Municipio) entablada contra el Municipio de Ca-guas se cite autoridad alguna para tan nefasto resultado. Ve-amos los hechos.

Las asociaciones demandantes, por conducto de su presi-dente, Sr. Pedro J. Solís, presentaron una acción civil donde alegaban y suplicaban lo siguiente:

1. Pedro J. Solís es Presidente de la Unión Bonafide de Em-pleados Municipales de Puerto Rico (UBEMPR), la Unión Bo-nafide de Empleados Municipales, Capítulo de Caguas (UBEMCC) es una asociación de empleados certificada por el Secretario del Trabajo bajo las disposiciones de la Ley Nú-mero 139 de 30 de junio de 1961 (3 L.P.R.A. 755), y está afi-liada a la primera.
2. El Municipio de Caguas es una corporación política y ju-rídica, al amparo de la Ley Municipal (21 L.P.R.A. 2001 y sig.) autorizada a demandar y a ser demandada.
3. Lá Ley 139, supra, establece en lo pertinente, en la Sec-ción (a) (3 L.P.R.A. 755(a)), lo siguiente:
“Los empleados de los municipios . . . podrán autorizar por escrito al alcalde del municipio en que trabajen para que descuente o haga descontar de sus salarios la cantidad nece-saria para el pago de las cuotas que les corresponda como miembros de tal agrupación de servidores públicos. El al-calde hará figurar en las nóminas el importe de las cuotas autorizadas, deduciéndolas del pago de los salarios de los empleados que así lo hayan autorizado por escrito . . . .”
4. Varios empleados de la demandada suscribieron las co-rrespondientes autorizaciones de descuentos de cuotas de sus salarios y la demandada se niega a cumplir con el mandato de la ley al no hacer tales descuentos.
5. La UBEMPR y la UBEMCC no tienen otros ingresos que los derivados de las cuotas que aportan sus afiliados y por ende, los servicios que están obligadas a dar a sus afiliados y hasta la existencia misma de estas entidades está en precario, de no hacerse tales deducciones.
6. Por disposición expresa y clara del estatuto referido, la organización de una asociación de empleados municipales como la aquí demandante, constituye un ejercicio del derecho constitucional a organizarse.
7. La acción u omisión de la demandada, representa en-tonces una cortapisa al ejercicio de un derecho constitucional básico de tal magnitud que puede cancelarlo en la práctica.
8. Los actos u omisiones de la demandada ocasionan daños inmediatos e irreparables a la demandante, adicionalmente, en razón de que tiene que ofrecer unos servicios a sus afiliados del Municipio de Caguas sin contar con el dinero para ello; todo lo cual se estima en daños por un monto de Cinco Mil Dólares ($5,000.00).
EN VIRTUD DE TODO LO CUAL, muy respetuosamente solicitamos del Honorable Tribunal se sirva declarar con lugar esta Demanda y en su consecuencia ordene a la Demandada a deducir de los salarios de los afiliados a la UBEMCC que lo han autorizado así, la suma correspondiente a las cuotas a favor de la UBEMCC, con cualquier otro procedimiento que en derecho proceda. Exhibit 2, págs. 4-5.

El Municipio presentó Moción de Desestimación en la que, sin citar jurisprudencia u otro tipo de autoridad, sos-tuvo que la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961 (3 L.P.R.A. see. 755) “no concede en forma alguna capacidad jurídica ni derecho de representación a la organización [bonafide] para llevar acciones judiciales por sí, ni en representación de sus miembros, limitando sus facultades para designar a un oficial para recibir el importe de los descuentos autorizados por los empleados, luego de cumplir con otros requisitos impuestos por la misma ley”. Exhibit 3, pág. 6. Sostuvo que los únicos que podían reclamar eran los empleados individualmente.

El tribunal acogió el planteamiento y desestimó la de-manda. Revisamos mediante orden para mostrar causa. La comparecencia del Municipio no nos mueve a alterar el resul-tado intimado.

I

Reiteradamente hemos expresado en nuestras decisiones desde Asociación de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., ante, que la doctrina sobre capacidad jurídica para entablar demanda contra las agencias y funcionarios gubernamentales, debe ser interpretada amplia y liberalmente. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982); P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974).

La Asociación de Maestros (en adelante Asociación) era una organización integrada en aquella época por el noventa por ciento (90%) de los maestros dedicados a la enseñanza del sistema educativo del país; desde su fundación había ges-tionado que la enseñanza en las escuelas públicas se llevara a cabo en español y, a la vez, que se intensificara la enseñanza del idioma inglés. En protección de dichos intereses entabla-ron acción contra el gobernador para que se pusiera en eje-cución un proyecto de ley aprobado por la Legislatura y vetado por el gobernador, que establecía la enseñanza del español en nuestras escuelas públicas. El tribunal desestimó la petición de mandamus por el fundamento de que la Aso-ciación no era una parte realmente interesada en la materia objeto del recurso. Al revocar dicha determinación, en Aso-ciación de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., ante, págs. 851-852, resolvimos que:

Se arguye por los demandados que la Asociación de Maestros no tiene interés especial en este asunto; que acaso po-drían tenerlo los maestros que son los que han de enseñar en el idioma que se adopte, pero que la peticionaria es una persona jurídica distinta de los miembros que la componen y que por consiguiente no puede, ni siquiera asumir, la representa-ción de los maestros en este asunto.
Convendríamos con los demandados si se tratase en el pre-sente caso de una cuestión de interés privado. No cabe duda, sin embargo, que la selección del idioma que ha de servir de vehículo a la enseñanza pública de un país, es una cuestión de interés público. También lo es que las leyes se pongan en eje-cución. Tratándose de cuestiones de interés público, sostiene la mayoría de las autoridades que interpretan preceptos simi-lares al nuestro, que cuando la cuestión envuelta es de interés público y el mandamus tiene por objeto conseguir la ejecución de un deber público, el pueblo es considerado como la parte especialmente interesada y el demandante no necesita probar que tiene interés especial en el resultado del caso. Basta de-mostrar que es un ciudadano y como tal está interesado en la ejecución y protección del derecho público. 1942 Annual Survey of American Law, pág. 871; Board of Social Welfare v. Los Angeles County, 162 P.2d 627 (Cal. 1945); State v. Ware, 13 Or. 380; State ex rel. Passer v. County Bd., 213 N.W. 545 (Minn. 1927), 52 A.L.R. 916; State ex rel. Schwartzkopf v. Brainerd, 121 Minn. 182, 141 N.W. 97, 46 L.R.A. (N.S.) 9; monografía en 98 Am. St. Rep. 865-66.
Los casos de Baltimore Retail Liq. P. Stores Ass’n. v. Kerngood, 189 A. 209 (Md. 1937), 109 A.L.R. 1253 y Funeral Directors Ass’n. etc. v. Board of Fnrl. D.& E., etc., 154 P.2d 39 (Cal. 1944), invocados por los apelados, no son pertinentes porque en ellos el objeto del mandamus es un derecho privado y los respectivos demandantes no tenían el interés especial reque-rido por la ley. Quizás podría concederse que los casos fede-rales de United States V. Mellon, 32 F.2d 415 (App. D.C. 1929) y United States v. Dern, 68 F.2d 773 (App. D.C. 1934) invo-cados también por los demandados, tienden a sostener su tesis, pero ésa es la regla de la minoría como se dice en la monografía en 98 Am. St. Rep., supra, en High, Extraordinary Legal Remedies, see. 431, pág. 420 (3ra. ed. 1896) y en 1942 Annual Survey of American Law, supra, y no estamos dispuestos a seguirla.

Es significativo que en dicho caso se encontró que la Asociación tenía interés especial y directo para invocar los derechos de sus socios sobre una materia que no afectaba directamente los intereses económicos y gremiales de la organización y sus miembros. Tampoco estaba implicada la protección de los derechos constitucionales de la organización. A pesar de ello reconocimos su capacidad jurídica para demandar.

En Hernández Agosto v. Romero Barceló, ante, pág. 414, expusimos en forma más específica, los criterios siguientes:

Es indispensable que el promovente de la causa de acción alegue haber sufrido un claro y palpable daño. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, supra. El daño debe ser real, inmediato y preciso; no puede ser abstracto o hipotético. Warth v. Seldin, supra; Gladstone, Realtors v. Village of Bellwood, supra. La causa de acción debe surgir bajo el palio de la constitución o de una ley. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, supra; Salas Soler v. Srio. de Agricultura, supra; y debe establecerse una conexión entre el daño y la causa de acción ejercitada. Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Corp., supra; véase, además, Should Congress Defend its Own Interest Before The Court, 33 Stan. L. Rev. 715 (1981).

En el caso ante nos, la organización demandante trata que se reconozcan los derechos que específicamente esta-blece la ley que autoriza su creación. La Sec. 1 de la ley, según enmendada por la Ley Núm. 89 de 7 de julio de 1985 (3 L.P.R.A. sec. 755(a)), provee que:

Los empleados de los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que, en el ejercicio de sus derechos constitu-cionales, se organicen en una agrupación bonafide de servi-dores públicos con fines de promover su progreso social y económico y su bienestar general, fomentar y estimular una actitud liberal y progresista hacia la administración pública y promover la eficiencia en los servicios públicos, previamente certificada como tal agrupación bonafide por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, podrán autori-zar por escrito al alcalde del municipio en que trabajen para que descuente o haga descontar de sus salarios las cantidades necesarias para el pago de las cuotas, ahorros y préstamos personales que vengan obligados a satisfacer como miembros de tal agrupación de servidores públicos. El alcalde hará figu-rar en las nóminas por conceptos separados el importe de los descuentos autorizados, deduciéndolos del pago de los sala-rios de los empleados que así lo hayan autorizado por escrito. La cuota, ahorros y cantidad para el pago de préstamos perso-nales a descontarse del salario de cada empleado será la que certifique el secretario de la agrupación de servidores públi-cos correspondiente, siempre y cuando que no sea irrazona-ble, confiscatoria del salario o discriminatoria, entendiéndose por esto que sea igual para todos los empleados, en términos absolutos o en términos de determinado tanto por ciento de sus salarios.

Sin prejuzgar los méritos de la demanda y de las defensas que pueda levantar el Municipio, la reclamación en este caso es dual, de un lado el derecho de los empleados a que se descuenten las cuotas y por otro lado el de la Asociación a recibir dichas cuotas. Ambas situaciones plantean un interés especial revestido de interés público. Precisamente el derecho a que se descuenten y reciban cuotas es la piedra angular del reconocimiento que a las agrupaciones de esta índole les hace el estatuto por con-ducto de la autorización del Secretario del Trabajo y Re-cursos Humanos. Como señalamos en Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 702 (1983), “. . . es dudoso cuestionar la facultad de los empleados de limpieza de Cabo Rojo de gestionar la negociación de la contratación concernida a través de entidades a las que estén afiliados”. Aquí ni siquiera podemos hablar en términos de que no es dudoso el interés, por el contrario el interés es manifiesto. P.S.P. v. E.L.A., ante, pág. 590.

De las alegaciones se desprende que las actuaciones de los funcionarios del Municipio configuran daños económicos a la Unión sobre el interés de sus miembros, protegido por una disposición legislativa. Por esto, y a tenor con lo dispuesto en la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la Unión puede demandar por sí y en beneficio de sus miembros para reclamar los descuentos requeridos por la Ley Núm. 89, supra.

A tenor con las alegaciones, el asunto es uno que afecta el interés económico y especial de la entidad y sus miem-bros; hay una conexión entre los daños causados y la ac-ción del Municipio. De ser necesario el Municipio podrá, a través del mecanismo de descubrimiento de prueba, obte-ner el nombre de los empleados directamente afectados.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia recu-rrida y se declarará sin lugar la Moción de Desestima-ción del Municipio de Caguas.

       Hemos reconocido que la capacidad para demandar va más allá del mero interés o daño económico. Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723 (1974).

       Como lo estaba en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979), donde reconocimos sub silentio la capacidad de la Federación de Maestros para entablar una acción judicial en beneficio de sus derechos constitucionales y los de sus miembros.

       Contrarias a la presente en Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980), en que solamente estaban involucrados unos intereses pri-vados.

       En este caso no se plantea ni se discute la capacidad de estas agrupa-ciones para demandar. Véase, asimismo, Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981).


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text:
    Orlando L. Negrón Rivera y María de los A. Bonilla, peticionarios, Ex parte.

      Número: CE-86-702

      Resuelto: 9 de diciembre de 1987

      Beatriz Vázquez de Acarón, abogada de la peticionaria; Manuel D. Herrero, de Herrero, Herrero & Castro, abogado del recu-rrido.
   La Juez Asociada Señora Nayeira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

En Figueroa Ferrer v.E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), reconocimos, como una vertiente del derecho a la intimidad consagrado en el Art. II, Sec. 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el consentimiento mutuo como causal de divorcio. En Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987), nos expresamos sobre una estipulación de patria potestad y custodia compartida en un caso de divorcio por dicha causal. El actual caso también emana de una estipulación en un caso de divorcio por la causal de consentimiento mu-tuo; en esta ocasión se trata de la pensión alimenticia de unos hijos menores. Plantea la necesidad de esclarecer cuál ha de ser la función del tribunal, tanto al aprobar la estipulación original como al intervenir en procedimientos relacionados con solicitudes sobre rebajas de pensiones alimenticias.

María de los Ángeles Bonilla y Orlando L. Negrón Rivera presentaron, el 21 de junio de 1985, en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una petición de divorcio por consenti-miento mutuo. Acompañaron con la petición una serie de estipulaciones referentes a la custodia, patria potestad, divi-sión de bienes gananciales, relaciones paterno-filiales y pen-sión alimenticia. La pensión estipulada fue de mil trescientos dólares mensuales ($1,300), mil de pensión para los tres hijos menores, habidos en el matrimonio, de cuatro (4), un (1) año y tres (3) meses respectivamente, y trescientos para la es-posa. Además, como parte de las estipulaciones el señor Ne-grón Rivera se comprometió, entre otras cosas, a: pagar gastos de medicina para los menores y la madre; proveer plan médico para los menores; pagar las deudas del último alumbramiento de la peticionaria; proveer a los hijos la ropa y zapatos escolares; pagar los gastos procedentes de los es-tudios de los hijos durante todas sus etapas de estudio; man-tener al día pólizas de seguros para los hijos, y pagar los gastos resultantes de unas reparaciones a hacerse en la vi-vienda que ocupan los tres menores y la peticionaria.

La sentencia de divorcio se dictó el 28 de junio de 1985, haciéndose formar parte de la misma la petición de divorcio y la estipulación jurada.

El 2 de agosto de 1985 Negrón Rivera solicitó rebaja de la pensión alimenticia que había estipulado. El 10 de octu-bre de 1985 el tribunal redujo la pensión a mil dólares ($1,000) mensuales más un seguro médico por un año.

El 26 de noviembre, al amparo de la Regla 49.2 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la peticionaria solicitó el relevo de la orden para rebajar la pensión alimenticia. Luego de una vista evidenciaría, el tribunal hizo determinaciones de hechos y denegó la moción. La peticionaria entonces solicitó enmiendas a las determinaciones de hechos. El 29 de sep-tiembre de 1986 el tribunal dictó una resolución en la que ratifica su decisión, pero incluye algunas de las enmiendas solicitadas. De esta resolución es que la peticionaria recu-rre ante nos mediante recurso de certiorari. Acordamos re-visar.

I

Los hechos y la apreciación de la prueba

Los hechos del caso ante nos son ilustrativos de los pro-blemas que surgen en los casos de divorcio por la causal de consentimiento mutuo. Demuestran una vez más la urgente necesidad que existe de aprobar guías y reglamentación uni-forme en esta crucial área del derecho de familia y de que haya una mayor, efectiva y adecuada intervención por parte de los tribunales y de los abogados de las partes en el pro-ceso. Reflejan, además, la falta de asesoramiento respon-sable a las partes por sus abogados.

Pasemos ahora a analizar la cronología procesal que de-semboca en la resolución que hoy es objeto de nuestra consi-deración. El 21 de junio de 1985, la peticionaria señora Bonilla y el recurrido suscribieron una serie de estipula-ciones las cuales presentaron junto con una petición de divorcio por la causal de consentimiento mutuo. Entre éstas se encontraba la de pensión alimenticia para los tres hijos menores y para la señora Bonilla. El 28 de junio el tribunal dictó sentencia que decretó el divorcio y aceptó las estipula-ciones. La sentencia se notificó el 8 de julio de 1985. El 2 de agosto, apenas veinticinco (25) días después de dicha notifi-cación y sin aún haber comenzado a cumplir con lo estipu-lado, el recurrido presentó una moción de rebaja de pensión alimenticia. Adujo como razón que la estipulación sobre pen-sión alimenticia original “fue aceptada a base de unas condi-ciones suspensivas de ingresos adicionales ... a base de unas igualas de servicios profesionales prometidos que no se cum-plieron; [ya que] la compañía para la cual trabaja el peticio-nario prohibió terminantemente hacer trabajos particu-lares”. Cabe señalar que la estipulación original, sometida al tribunal y aceptada por éste, no contiene la alegada condi-ción suspensiva. Esta moción se vio ante el mismo juez que había aceptado las estipulaciones anteriores.

El 10 de octubre de 1985, otra vez fundamentándose en una estipulación de las partes, el tribunal, en corte abierta, dictó una orden que concedía la rebaja. Esta estipulación nunca se sometió por escrito. Las minutas del tribunal que recogen la estipulación leen escuetamente así:

El promovente pasará la suma de $1,000.00 mensuales de pensión alimenticia más un seguro médico por el período de un año.

Como podrá observarse, no se especifica cómo se dividirá la pensión ni qué tipo de seguro médico será el que se ob-tenga ni a quiénes cubrirá. Tampoco incluye los hechos en que se basó.

Así las cosas, la peticionaria cambió de representación legal y presentó una moción de relevo al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Alegó, en síntesis, que el recurrido había ofrecido información falsa sobre su situación económica y que según esta información se hizo la estipula-ción y se indujo al tribunal a aceptarla. La moción se señaló para vista. Es en esta vista donde por primera vez se le pre-senta al tribunal prueba sobre los ingresos y gastos del recu-rrido. Luego de hacer determinaciones de hechos, el tribunal denegó la moción y ratificó la rebaja concedida.

De la transcripción de evidencia de esta vista surge que el recurrido señor Negrón Rivera es una persona versada en el mundo de las. finanzas: contable público autorizado de pro-fesión. A esta fecha llevaba nueve (9) años trabajando para la Touche Ross & Co. Ocupaba una posición de gran responsa-bilidad, gerente auditor de la compañía. El señor Negrón Rivera declaró que cuando suscribió la estipulación original sobre pensión alimenticia, conocía que la política de la com-pañía era no permitir igualas particulares. Alegó, sin embargo, que ya que en la compañía “se rumoraba entre [los empleados, pues] no hubo decisión de la gerencia que esta-ban dejando igualas” (T.E., pág. 95.), suscribió el convenio sobre pensión alimenticia para sus hijos menores y ex es-posa. Aceptó que después de haberse decretado el divorcio recibió un aumento de sueldo, un bono de mil ochocientos cincuenta y nueve dólares ($1,859) y que una cantidad similar la recibiría unos meses más tarde. Expresó que tam-bién recibe una serie de beneficios marginales de la compa-ñía. Declaró, además, sobre algunos trabajos profesio-nales particulares que había hecho durante su matrimonio y después de haberse decretado el divorcio, pero aclaró que no había cobrado. Sólo en una ocasión, con posterioridad al divorcio, recibió un “regalo” de cien dólares ($100) de una señora por un trabajo profesional que le hizo y no cobró. También después del divorcio refinanció sus deudas y logró así rebajar los pagos mensuales.

En su testimonio declaró que el día después de la vista sobre rebaja de pensión alimenticia “surgió la ocasión” de comprar un carro SAAB. Para aprovechar la oferta dio tres mil dólares ($3,000) de pronto y cuatro mil dólares ($4,000) unos días más tarde. Esta suma la consiguió mediante dinero prestado por sus hermanos y una amiga. Luego refinanció el carro con “lease way”.

Aunque de ordinario no intervenimos con la apreciación de la prueba que hacen los tribunales de instancia, un balance racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran en autos nos lleva a concluir, distinto al tribunal de instancia, que al momento de solicitar la rebaja de pensión alimenticia el recurrido se encontraba en mejor situación económica que cuando suscribió la estipulación original; que la estipulación original no se hizo sujeta a la condición suspensiva de obtener igualas profesionales particulares; que como profesional responsable conocedor de las finanzas el señor Negrón Rivera necesariamente tuvo que evaluar y tomar en cuenta su situación económica antes de suscribir dicha estipulación; que no se justificaba la compra del automóvil presentable SAAB en momentos en que alegaba que no podía cumplir con su obligación legal y moral de alimentar adecuadamente a sus hijos menores y a su ex esposa, y que por lo tanto no se justificaba la rebaja de la pensión. Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728, 781 (1977); Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329, 836 (1964).

Estamos de acuerdo con la peticionaria en que ante una lectura y análisis de las transcripciones y los documentos que obran en autos cobra vida la frase del ex Juez Asociado Raúl Serrano Geyls: “Los Jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería.” Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

r — I I — I

La Regla U9.2(6) de Procedimiento Civil

Reiteradamente hemos resuelto que los casos relacionados con alimentos de menores están revestidos del más alto interés público. Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985); Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985); Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983); Fernández v. Davison, 80 D.P.R. 253 (1958). En éstos, el interés no puede ser otro que el bienestar del menor. La obligación alimenticia “tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad”. (Énfasis y comillas en el original.) P. Beltrán De Heredia, La obligación legal de alimentos entre parientes,. Salamanca, Ed. Anaya, 1958, pág. 33. El Art. 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 383, a su vez, hace imperativo e incidental al decreto de divorcio que se incluya una disposición sobre los alimentos de los hijos menores. El concepto alimentos in-cluye todo lo indispensable para el sustento, habitación, ves-tido, asistencia médica y educación del alimentista, según la posición social de la familia. Art. 112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 561; Guadalupe Viera v. Morell, supra. Toda petición de divorcio por la causal de consentimiento mutuo tiene que venir acompañada de una estipulación sobre los alimentos de los hijos menores. Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra. El tribunal no viene obligado a impartirle su aproba-ción a la estipulación que se le someta. Fernández v. Davison, supra, págs. 256-257.

Con estos principios y normas en mente pasemos a consi-derar el vehículo procesal utilizado por la peticionaria para cuestionar la rebaja concedida por el tribunal.

Comenzaremos por indicar que cualquier defecto “en la súplica del remedio, no será óbice para que el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alega-ciones y la prueba”. Regla 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. También se debe tener presente que cuando de hacer justicia se trata, especialmente en áreas de gran interés público, no hay moldes técnicos que limiten o aprisionen los remedios justos. Aunque “la Regla 49.2 no es una llave maestra para reabrir a capricho [un asunto] ya ad-judicado, el inciso 6 de dicha Regla es amplio para permitir que se corrija un error a todas luces injusto”. Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña, Procedimiento Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 1984, Cap. VIII, págs. 266-267; 11 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Sec. 2864 (1987); Klapprott v. United States, 335 U.S. 601, 614-615 (1948); Seven Elves, Inc. v. Eskenazi, 635 F.2d 396, 402 (5to Cir. 1985). Esto resulta todavía más apropiado en un caso como el de autos, ya que los dictámenes sobre pensión alimenticia siempre están sujetos a cambio, según varíen las circunstancias de los alimentistas o del alimen-tante. Cabe señalar, que si impidiéramos el uso de este ve-hículo procesal y permitiéramos que subsistiera la orden del tribunal que se niega a dejar sin efecto la orden por la cual se rebajó la pensión alimenticia, los principalmente perjudica-dos serían los tres (3) hijos menores de las partes, quienes ni siquiera fueron partes propiamente en el proceso. Kinsella v. Kinsella, 181 N.W.2d 764, 769 (N.D. 1970). Denegar bajo estas circunstancias el remedio solicitado por un tecnicismo procesal, equivaldría a abdicar nuestro deber de salvaguar-dar el bienestar de estos menores.

III

Las estipulaciones relacionadas con pensiones alimenti-cias de menores

Según indicáramos, de la prueba desfilada en la vista so-bre la moción de relevo, surge con evidente claridad que la situación económica del peticionario no había sufrido un cambio sustancial luego que las partes estipularon la pen-sión; que éste aceptó la estipulación original, sin condición suspensiva alguna, y que tomó en consideración su condición económica, ingresos y gastos al aceptar el convenio. Si algo reflejó la prueba fue que, al suscribir las partes la segunda estipulación, la condición económica del recurrido había me-jorado.

Reiteradamente hemos resuelto que una estipulación suscrita por las partes y aceptada por el tribunal, que finaliza un pleito o como en este caso un incidente dentro del pleito, constituye un contrato de transacción que las obliga. Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821; Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782 (1981); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975); Díaz Torres v. Rivera, 96 D.P.R. 560 (1968); Canino v. Bellaflores, 78 D.P.R. 778 (1955). Por su naturaleza, el contrato de transacción debe interpretarse de forma restrictiva. En lo que no sean incompatibles con las normas que regulan los contratos de transacción, son de aplicación las reglas generales so-bre la interpretación de contratos. Ahora bien, en relación con la interpretación de los contratos, Diez-Picazo nos dice que éstos “deben interpretarse de acuerdo con la buena fe ... [que es] un [standard] de conducta arreglada a los impe-rativos éticos exigibles de acuerdo con la conciencia social imperante .... Los contratos han de ser interpretados pre-suponiendo una lealtad y una corrección en su misma elabo-ración, es decir, entendiendo que las partes al redactarlos quisieron expresarse según el modo normal propio de gentes honestas y no buscando circunloquios, confusiones deliberadas u oscuridades .... El contrato debe ser inter-pretado de manera que el sentido que se le atribuya sea el más conforme para llegar a un desenvolvimiento leal de las relaciones contractuales y para llegar a las consecuencias contratuales exigidas conforme a las normas éticas. La buena fe impone también la aplicación de las ideas de con-fianza y autorresponsabilidad en la interpretación .... Las declaraciones de voluntad deben interpretarse en el sentido más conforme con la confianza que hayan podido suscitar de acuerdo con la buena fe”. (Énfasis suplido.) L. Diez-Pi-cazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, Cap. XI, Sec. 45, págs. 251-252.

Si aplicamos estos principios de derecho y normas interpretativas al caso de autos, se puede inferir que la peticionaria, al acceder al convenio, confió en que el recurrido daría fiel cumplimiento a lo estipulado. Este principio de buena fe en la interpretación de los contratos reafirma nuestra apreciación de la prueba de que la estipulación original no se hizo sujeta a una condición suspensiva. Decidir lo contrario equivaldría a ir no sólo contra el principio de la buena fe, sino premiar actitudes y posturas contrarias al se-rio cumplimiento con la obligación moral y legal que tiene un padre de alimentar a sus hijos menores.

Deseamos consignar que como regla general el juez aceptará los convenios y las estipulaciones a las cuales las partes lleguen para finalizar un pleito y este acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada entre las partes. Canino v. Bellaflores, supra; Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, supra. Sin embargo, en el caso de convenios relacionados con pensiones alimenticias de menores y a manera de excepción, el juez tiene el deber de asegurarse que lo acordado no es dañino para los menores. Esto implica que lo estipulado satisface adecuadamente las necesidades de los menores y que el alimentante tiene medios económicos suficientes para cumplir con lo acordado. Nuestro sistema, al igual que el español, “ha preferido seguir un criterio práctico de límites indefinidos en donde pueda operar la discrecionalidad judicial y ha prescindido de controles de signo positivo muy difíciles de determinar, consiguiendo de este modo equilibrar la libertad pacticia [sic] de los cónyuges con la tutela de los intereses correspondientes a los miembros más necesitados de protección”. M. López de Alarcón, El Nuevo Sistema Matrimonial Español, Madrid, Ed. Tecnos, 1983, págs. 330-331. Para poder cumplir con este deber tutelar sobre los intereses de los menores, las partes vienen obligadas a aportar las pruebas necesarias para que el juez pueda “valorar el daño o el perjuicio oculto entre las cláusulas de un acuerdo, lo que tendrá que hacerse con la mayor aproximación objetiva, en función de las reales circunstancias personales y económicas de los cónyuges y de los hijos, sin que la aceptación convencional por un cónyuge de una situación que puede ser perjudicial para él o para los hijos, obligue al Juez a aprobar las estipu-laciones, e igualmente deberá rechazarlas cuando no se han demostrado hechos fundamentales para que el Juez pueda formar juicio sobre aquellos daños y perjuicios del cónyuge y de los hijos”. (Énfasis suplido.) López de Alarcón, op. cit. La comprobación la podrá hacer el juez de manera informal en su despacho o mediante vista evidenciaría, según a su discre-ción determine que se adelantan mejor los principios tute-lares de protección de los intereses de los menores y eco-nomía procesal.

r — I <

La modificación de una estipulación sobre pensión alimen-ticia

La doctrina ha establecido que la alteración del convenio o estipulación sobre pensión alimenticia en ocasión de un divorcio procederá solamente cuando exista un cambio sustancial en las circunstancias que dieron lugar u originaron el mismo. No basta cualquier cambio en las circunstancias; éste tiene que ser sustancial. E. Fosar Benlloch, Estudios de Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, T. II Vol. 1, pág. 309; López de Alarcón, op. cit., pág. 339; C.M. Entrena Klett, Matrimonio, Separación y Divorcio, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, pág. 588.

Sobre este particular, jueces de familia en España han manifestado que “la alteración que justifica la modificación de la cuantía de la pensión, ha de ser importante, sustancial dice el texto legal, por lo que no cualquier variación, en más o en menos, dará lugar a la modificación de la pensión, sino sólo aqu[e]lla que sea sustancial en relación con el estado anterior de fortuna de los cónyuges”. R. García Varela et al., La ley de divorcio: experiencias de su aplicación, Madrid, Ed. Colex, 1982, pág. 98. Cónsono con lo anterior, en Argentina se ha resuelto que la carga de la prueba para demostrar una variación en las circunstancias vigentes al momento en que se estableció el convenio de la pensión alimenticia para los efectos de conseguir una reducción de la misma corresponde al alimentante. 1981-B Rev. Jur. Arg. La Ley 554 (1981). En Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986), haciéndonos eco de estos principios, resolvimos que una modificación del convenio relativo a la pensión alimenticia de hijos menores procede sólo, si a la luz de la nueva prueba presentada por el peticionario, se demuestra que éste ha sufrido cambios que afecten su capacidad para pro-veer alimentos. En casos de pensiones alimenticias de menores, tanto el tribunal como los abogados deben indicarle a las partes que una vez aceptadas las estipulaciones por el tribunal las mismas sólo se modificarán cuando se le demuestre al tribunal que verdaderamente .ha ocurrido un cambio sustancial que afecte la capacidad del alimentante para pro-veer los alimentos o las necesidades de los alimentistas.

La oportuna y activa intervención del tribunal en estos asuntos minimizará la necesidad de que las partes tengan que presentar nuevas y reiteradas solicitudes para modificar las pensiones estipuladas; de esta manera disminuye la proliferación de incidentes litigiosos. Esto a su vez tendrá el beneficioso efecto de evitar que se continúen congestio-nando los calendarios de las ya sobrecargadas Salas de Rela-ciones de Familia. Y finalmente, y de mayor importancia, la intervención del tribunal también contribuirá a aliviar las tensiones, roces y antagonismos que generan los incidentes sobre pensiones alimenticias, que en nada contribuyen al diálogo y a la comunicación entre seres humanos, y que en definitiva afectan adversamente a los hijos menores de edad. El beneficio derivado por la estructura familiar desembocará en una mayor paz social. Los resultados de que el tribunal se asegure de que la estipulación que acepta es ordenada, espe-cífica, racional y razonable, se harán sentir favorablemente en todas las fases y vertientes de los trámites subsiguientes.

V

Conclusión

En el caso de autos no hubo cambio sustancial en la con-dición económica del alimentante. Esta permanece esencial-mente igual a lo que era al momento en que el recurrido aceptó la estipulación original. Ante esta circunstancia su deber es “distribuir sus ingresos de forma que [le permita] cumplir con su obligación . . .”. López Gómez v. Tribunal Superior, 108 D.P.R. 866, 868 (1975).

Luego de desfilada la prueba en la vista sobre la moción al amparo de la Regla 49.2, supra, el tribunal de instancia, al comprobar que efectivamente no hubo cambio sustancial en las condiciones económicas del alimentante, cumpliendo con su deber tutelar de proteger el bienestar de los menores, en bien de la justicia y la economía procesal, debió acoger la moción y relevar a la peticionaria de los efectos de la rebaja de pensión alimenticia que había decretado.

Se dictará sentencia conforme a lo aquí expresado.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez concurre con el resultado sin opinión escrita.

       Los esposos Bonilla-Negrón estuvieron representados en el procedi-miento por la misma abogada.

       La propiedad era ganancial. Como parte de las mismas estipulaciones el señor Negrón Rivera cedió a su ex esposa su participación en ella. Los gastos que se comprometió a pagar fueron los siguientes: poner rejas en el cuarto de lavar, arreglar la cerradura de la puerta del frente, instalar cortinas plegadizas (Venetian blinds), puertas de cristal y ventanas, corregir filtraciones en el techo y comprar un juego de cuarto para uno de los hijos.

       En esta ocasión las partes estuvieron representadas por distintos abogados.

       En las negociaciones sobre la rebaja de pensión alimenticia no estuvieron presentes las partes, sólo sus abogados.

       El problema adquiere características alarmantes si consideramos que a raíz de la decisión de Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), la pre-sentación de demandas de divorcio basadas en la causal de consentimiento mutuo cogió gran auge. De hecho, el divorcio por consentimiento mutuo se ha convertido en la principal causal de divorcio en Puerto Rico. Voto particular emitido por el Juez Asociado Señor Hernández Denton. Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987).
      La ausencia de legislación específica en esta área ha tenido como consecuen-cia el que los jueces de instancia se hayan visto precisados a elaborar distintos mecanismos procesales para confrontarse con los múltiples problemas que sur-gen durante la tramitación de estos casos. I. Picó de Hernández, Los problemas procesales del divorcio por consentimiento mutuo, Año 4, Núm. 1, Boletín Judicial 12 (enero-marzo 1982). Apuntes sobre procedimientos judiciales en tomo a la familia, Secretariado de la Conferencia Judicial, 1984, pág. 198.
      Cabe señalar que a pesar de que en la Legislatura se han presentado varios proyectos de ley para adicionar la causal de consentimiento mutuo al Art. 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 321, y reglamentarla, ninguno ha sido aprobado. Véanse: P. del S. 447 de 2 de febrero de 1982, P. de la C. 188 de 21 de marzo de 1981 y P. del S. 747 de 4 de marzo de 1986.

       En lo referente a los alimentos, se estipuló que el peticionario pagaría la suma de mil dólares ($1,000) mensuales para los hijos y trescientos dólares ($300) para la ex esposa. Además, se incluyó bajo el acápite de OTRAS MATERIAS ESTIPULADAS lo siguiente:
      “1. El peticionario pagará los gastos de medicina para los menores y la peti-cionaria. Estas medicinas se tomarán a crédito en una [f]armacia y el peticionario las pagará mensualmente.
      “2. El peticionario proveerá un plan médico para sus hijos y la peticionaria. Mientras la peticionaria pueda incluirse en el plan grupal así se hará, pero si por razón de normas del propio plan médico no puede permanecer en él, se le prove-erá el seguro médico del Hospital Auxilio Mutuo mientras ésta permanezca sol-tera o no trabaje.
      “4. El peticionario es responsable de proveer a los hijos toda la ropa y za-patos escolares y de uso general.
      “5. El peticionario es responsable' de pagar todos los gastos generados por los hijos durante todas las etapas de estudio de éstos desde la educación pre-esco-lar hasta la universitaria.
      “6. El peticionario se obliga a mantener al día unas pólizas de seguro para los hijos de una cubierta no menor de $100,000.00. El peticionario entregará estas pólizas a la peticionaria y mostrará evidencia a ella de que está al día en el pago de dichas pólizas.
      “8. El peticionario se obliga a pagar los gastos que se generan en los siguien-tes renglones: al poner unas rejas en el laundry; los gastos del arreglo de la cerradura de la puerta del frente; comprar juego de cuarto para Luis Javier; al poner unas venetia[n] blinds, puertas de cristal, ventanas; mantenimiento y tra-tamiento de situación existente en el techo de la residencia y el pago de unos espejuelos o lentes de contacto para la peticionaria.
      “11. Los peticionarios se obligan a dialogar en forma armoniosa y razonable para revisar la pensión alimenticia dentro de unos períodos de tiempo, basada esta revisión en las necesidades de los menores por razón de su crecimiento y cambio de sus condiciones de vida y tomando en consideración la capacidad eco-nómica del peticionario.
      “12. El peticionario es responsable de pagar los gastos y honorarios de abo-gado en la presente acción, ascendentes a $520.00.” Apéndice, págs. 2-4.

       Minuta de 10 de octubre de 1985, Apéndice, pág. 13.

       T.E., pág. 84.

       T.E., pág. 98 y pág. 34 del Apéndice del recurso de certiorari.

       Estos beneficios marginales incluyen: Seguro de Vida, Plan de Pen-siones, Seguro de Incapacidad Permanente y el reembolso de todos los gastos incurridos en el desempeño de sus labores.

       T.E., págs. 124-127.
      Específicamente en relación con un negocio de lavado de carros (car wash) declaró:
      “Yo le preparé los libros de contabilidad en el mes de junio al señor Corret-jer, no le cobré nada porque no podía tener igualas. Ya descontinué de haeerl[o] ... yo le cuadré los libros a junio treinta y se los dejé listos para que un contable se los lleve.” T.E., pág. 127.

       En la moción de relevo la peticionaria equivocadamente fundamentó la solicitud de remedio en el inciso 3 de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Regla 49.2(6) de Procedimiento Civil, supra:

      “Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:
      “(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.”

       El Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4826, específicamente limita la transacción “rigurosamente a los objetos expresamente determinados, o que por una inducción necesaria de sus palabras deben reputarse incluidos”. Scaevola nos indica que “[l]a razón está sin duda en que las transacciones se otorgan, generalmente, con carácter complejo, por las entregas u obligaciones recíprocas de los contratantes, con sacrificios mutuos de régimen excepcional en algunos aspectos, y, por tanto, no deben ser interpretados éstos con extensión, sino limitadamente, aunque sin descuidar lo de la reciprocidad como norma inter-pretativa”. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, pág. 355.

       Arts. 1709-1718 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 4821-4830.

       Una condición suspensiva tan importante como ésta, que podía afectar drásticamente los intereses y el bienestar de los menores, tenía que constar por escrito en la estipulación original si se quería hacer valer. No podía ser objeto de una inferencia.

       En relación con la posibilidad de dejar sin efecto un contrato de transac-ción, el Art. 1716 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4828, dispone:
      “La transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de docu-mentos, está sujeta a lo dispuesto en la see. 3404 de este título.
      “Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error de hecho a la otra siempre que ésta se haya apartado por la transacción de un pleito comenzado.”

       El tribunal tiene amplia discreción en cuanto a la forma y manera en que entenderá en estos asuntos. La prueba podrá someterse por escrito o mediante testimonio oral. El juez examinará cuidadosamente el convenio y se cerciorará de que el mismo no ha sido producto de coacción o presiones indebidas por parte de los cónyuges; que lo convenido satisface adecuadamente las necesidades de los alimentistas, y que es de posible cumplimiento para el alimentante. Véanse: Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra; voto particular emitido por el Juez Asociado Se-ñor Hernández Denton, en Torres, Ex parte, supra. Los abogados de las partes, a su vez, se asegurarán de que las estipulaciones que se presenten protejan adecua-damente el bienestar de los menores; que no sean onerosas o imposibles de cum-plir, y que no hayan sido presentadas con el único propósito de obtener el divorcio por esta causal. Los Pactos Conyugales de Separación de Hecho: Historia y Pre-sente, Univ. de Sevilla, 1987, pág. 131.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Francisco Ruiz Hernández, demandante y recurrido, v. Daniel Mahiques y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: CE-86-366

      Resuelto: 9 de diciembre de 1987

      José F. Chaves Caraballo, del Bufete José A. Figueroa Morales, abogado de los recurrentes; A. Rosario Maisonet, abogado del recurrido; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Doris Quiñones Tridas, Procuradora General Auxiliar, Miriam Álvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver si el Tribunal Superior carece de juris-dicción por no haberse notificado al Secretario de Salud con copia de una solicitud de revisión presentada contra una de-cisión administrativa que otorgó un certificado de necesidad y conveniencia para el establecimiento de una farmacia den-tro del término que ordenan las Reglas Aplicables a los Re-cursos de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior.

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El Sr. Francisco Ruiz Hernandez solicito al Secretario del Departamento de Salud (Secretario) el otorgamiento de un certificado de necesidad y conveniencia para establecer una farmacia en el Barrio Pajuil de Hatillo. Previa la celebración de vistas públicas al efecto, el entonces Secretario, Dr. Jaime Rivera Dueño, denegó inicialmente la solicitud del se-ñor Ruiz Hernández. Presentada por éste una solicitud de reconsideración el Secretario, al tomar como base el mismo informe en virtud del cual sostuvo su denegatoria ini-cial, decidió conceder el certificado de necesidad y conve-niencia para el establecimiento de la aludida farmacia.

No conformes con el proceder del Secretario, los en-tonces opositores, a nivel administrativo, al otorgamiento del certificado de necesidad y conveniencia, presentaron en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una solicitud de revi-sión. Al no notificar al Secretario de la presentación de la solicitud de revisión, el tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. El razonamiento del tribunal consistió en que al no haberse notificado al Secretario de la presenta-ción de la solicitud de revisión en contra de su determina-ción, el recurso no quedó debidamente perfeccionado y, en consecuencia, carecía de jurisdicción para entrar a conside-rar los méritos de la controversia.

El recurso de revisión fue presentado dentro del término de treinta (30) días que dispone la ley, 24 L.P.R.A. sec. 334f-ll. Los opositores al otorgamiento del certificado notificaron del recurso de revisión al señor Hernández, a quien el Secretario le otorgó el certificado. Nunca notificaron al Secretario por no considerarlo parte en el trámite de revisión judicial.

La única cuestión planteada ante nos por los recurrentes es la determinación del tribunal de instancia de que la ausen-cia de notificación al Secretario de la solicitud de revisión le privaba de jurisdicción en el caso.

H — I H-1

En su sentencia, el tribunal de instancia refiere a las partes a una segunda sentencia enmendada que emitió el 10 de septiembre de 1985 en el caso de Farmacias Moscoso, Inc. v. Farmacia Professional Ashford et al., caso Civil Núm. 85-164, pues “los fundamentos en que descansó dicha sentencia... son perfectamente aplicables al caso de autos”. En Farmacias Moscoso, Inc. v. Farmacia Professional Ashford et al., supra, en una situación de hechos similar a la que aquí se presenta, el tribunal de instancia sostuvo que a la luz de lo resuelto en Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975), “el Departamento de Salud ciertamente tiene ‘[standing]’ para comparecer al Tribunal [sic] en de-fensa de su decisión en un caso como el que nos ocupa”. Ra-zonó el tribunal que al ser ello así, la notificación al Secre-tario era un requisito de carácter jurisdiccional. El plante-amiento ante nos requiere que aclaremos su conceptuali-zación y alcance.

En Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, supra, pág. 703, nos enfrentamos al problema de si un organismo administrativo que ejerce funciones estrictamente adjudicativas o cuasi judiciales tiene capacidad jurídica, en ausencia de ley al efecto, para comparecer como parte ante nos para solicitar la revisión de la decisión de un tribunal de instancia. Allí sostuvimos:

Resumiendo, en ausencia de una expresa autorización esta-tutaria, se reconoce capacidad como parte a los organismos administrativos: (1) cuando sus decisiones implican la formu-lación de una política pública y la revisión de su decisión ante un tribunal puede constituir un ataque a esa política pública; y (2) cuando el organismo es afectado, es “parte interesada y perjudicada” por la decisión de un tribunal que revisa sus ac-tuaciones. (Énfasis suplido.)

En la administración e implantación de la Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia, el Departamento de Salud es una parte interesada y puede ser perjudicada por la decisión que emita un tribunal de justicia, cumpliéndose de tal forma con los dos requisitos expuestos en Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, supra.

Es norma reconocida en el campo del Derecho Administrativo que para que una agencia pueda, a su opción, formular política pública por medio del proceso de reglamentación o de adjudicación, la ley que instrumenta deberá pro-veerle ambos medios de acción. W. Gellhorn, C. Byze, P.H. Strauss, Administrative Law, Cases and Comments, 7ma ed., Mineóla, N.Y., Foundation Press, 1979. El Tribunal Supremo federal ha validado la formulación de política pública que una agencia administrativa ha hecho por medio del me-canismo de adjudicación, aun cuando las partes perjudicadas argüían que la única manera de formular válidamente polí-tica pública era por medio del proceso de reglamentación. Securities Comm’n v. Chenery Corp., 332 U.S. 194 (1947); NLRB v. Wyman-Gordon Co., 394 U.S. 759 (1969). Es claro que no toda adjudicación implica formulación de política pú-blica. K.C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, K.C. Davis Pub., 1979, Vol. 2, Sec. 7.5. Para que esto último sea el caso, la agencia, al adjudicar, tiene que crear una regla o norma que tenga aplicación general a todas aquellas partes que en el futuro estén en idéntica situación. Securities Comm’n v. Chenery Corp., supra; Breyer and Stewart, Administrative Law and Regulatory Policy, Little, Brown & Co., 1979, págs. 399-445.

A la luz de estos principios cardinales, pasemos a escrutar la situación particular que nos presenta el caso de autos. Un estudio detenido de la Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia, nos convence de que el Secretario tiene facultad para reglamentar y adjudicar al mismo tiempo. La formulación de política pública no se limita únicamente al mecanismo de reglamentación, sino que se extiende al de adjudicación. Arts. 3 y 11 de la Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia, supra, 24 L.P.R.A. secs. 334b y 334f-7.

La exposición de motivos de la ley expresa:

La planificación ordenada de las facilidades y servicios de salud es indispensable para atender adecuadamente las nece-sidades de salud de población, controlar los costos de los ser-vicios de salud y velar porque éstos se presten en aquellos núcleos poblacionales donde sean necesarios.
Para lograr estos objetivos es indispensable que se ofrezcan únicamente aquellos servicios de salud, se incurra en aquellas inversiones de capital, o que se adquieran aquellos equipos médicos altamente especializados, cuya necesidad y conve-niencia pública haya sido previamente determinada por el Se-cretario. 1983 Leyes de Puerto Rico 402.

. Cualquier ataque judicial a una determinación del Secre-tario al respecto afecta esa política pública, por lo que la no-tificación es necesaria para que el Secretario, si lo desea, pueda exponer al tribunal sus puntos de vista sobre el asunto. Después de todo, el Secretario y el Departamento de Salud representan el interés general y deben ser los guar-dianes del bien común en un área tan importante para la so-ciedad como lo es la salud.

Contrario a lo que ocurre con otros organismos administrativos con funciones cuasi judiciales, que al emitir sus decisiones sólo afectan a una o varias partes, el Departamento de Salud, en la instrumentación de la Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia tiene la encomienda de planificar los servicios de salud y trazar la política pública al respecto. Hospital Law Manual, Aspen System Corporation, Vol. I-A, Health Planning, Secs. 1-6; Chayet & Sonnenreich, Certificate of Need: An Expanding Regulatory Concept, 1978, Publicaciones MIPI.

El instrumento de planificación de la salud antes aludido requiere que el peticionario demuestre al Departamento de Salud que existe una necesidad y conveniencia para la prestación del servicio que se propone ofrecer. Por ello se requieren estudios de viabilidad, análisis de necesidades y proyecciones regionales, un plan de salud integral y su conformidad con la legislación y reglamentación de la Junta de Planificación, entre otros.

La Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia también dispone que el Secretario adoptará un reglamento para establecer todo lo relacionado con las solicitudes de certificados de necesidad y conveniencia.

La Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia es específica y rigurosa al requerir que el reglamento establezca los criterios para expedir o denegar un certificado de necesidad y conveniencia; provee varias maneras para la notificación y publicación al público en general y a personas afectadas en particular sobre las solicitudes presentadas; dispone para que celebrada la vista administrativa el Secretario en un término de noventa (90) días emita su decisión; establece el procedimiento de reconsideración de sus decisiones, y mecanismos para garantizar la imparcialidad del proceso de consideración de las solicitudes. La Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia es clara al disponer un proceso administrativo formal para la formulación e implantación de política pública.

El Secretario, al otorgar o denegar un certificado de necesidad y conveniencia, no sólo concede o deniega un permiso para operar una facilidad de salud, sino que planifica el desarrollo de éstas en las distintas áreas regionales de salud. En este sentido afecta no sólo al peticionario, sino a la región de salud de que se trate. Su dictamen es una regla o norma con efectos regionales y generales. Por ello la Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia es tan rigurosa al exigir la más amplia y efectiva notificación de la presentación de una solicitud, no sólo a los posibles afectados, sino al público en general. La Ley sobre Certificados de Ne-cesidad y Conveniencia propicia una amplia y adecuada par-ticipación ciudadana, precisamente porque la decisión ten-drá el impacto de una regla o norma.

Al decidirlo así el Secretario formula política pública mediante un mecanismo de planificación de la salud de tipo adjudicativo. Dicha formulación e implantación de política pública está integrada legal y funcionalmente. Como cuestión de realidad, ambas funciones no son separables. Esta integración convierte al Secretario en una parte interesada en los trámites de revisión judicial de sus determinaciones administrativas sobre concesiones o denegaciones de certificados de necesidad y conveniencia. No interpretarlo así desvirtuaría la letra y el propósito de la ley.

I — I h-1 ► — I

Concluido ya que el Secretario es parte interesada, para propósitos de la revisión judicial, de sus decisiones al conce-der o denegar certificados de necesidad y conveniencia, aten-demos los aspectos procesales de tal revisión.

Los trámites procesales en recursos de revisión contra agencias administrativas se rigen por los procedimientos fijados en las leyes especiales, cuando existen, o, en su defecto, por el cuerpo de las Reglas Aplicables a los Recursos de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. VIII-A. Equity de P.R., Inc. v. Srio. D.A.C.O., 107 D.P.R. 343 (1978).

La ley especial que rige la materia autoriza el recurso de revisión contra las determinaciones del Secretario al conceder o denegar un certificado de necesidad y conve-niencia. 24 L.P.R.A. sec. 334f-11. Dicha sección, al igual que las otras disposiciones de la referida ley, no establecen explícitamente que se deberá notificar al Secretario del trá-mite de revisión judicial y de que ello es un requisito juris-diccional. Aplica por tanto el procedimiento supletorio ya mencionado. La Regla 6(e) de las Aplicables a los Recursos para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, supra, dispone que:

(e) El recurrente notificará la solicitud de revisión a todas las demás partes que puedan ser afectadas o que están intere-sadas en la decisión del Tribunal revisador, en la forma, ma-nera y tiempo que más adelante se dispone. (Énfasis suplido.)

La Regla 7 del citado cuerpo de reglas, referente a la notificación de la solicitud de revisión, señala que:

(a) La solicitud de revisión deberá ser presentada en el Tribunal Superior antes de notificarse a las otras partes. La se-cretaria procederá a asignarle el número correspondiente de presentación, conforme lo exige la Regla 66.1 de las de Proce-dimiento Civil, e informará de ello al presentante.
(b) La parte recurrente notificará a las partes de la interpo-sición del recurso en la forma prescrita en la Regla 67.2 de las de Procedimiento Civil, siendo mandatorio indicar el número de presentación asignado al recurso en la copia de la solicitud de revisión notificada a las partes. La notificación se hará per-sonalmente o por correo certificado con acuse de recibo no más tarde de dos días laborables después de presentada la solicitud de revisión.
(c) Notificada la solicitud de revisión, ya sea mediante la entrega personal de la copia o la remisión por correo certifi-cado con acuse de recibo, la parte recurrente certificará al Tribunal la fecha y la forma en que las partes contrarias fue-ron notificadas.

Al ser el Secretario parte interesada por las particulares funciones que le impone la ley que nos ocupa, procedía que, según disponen las Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, éste fuera notificado conforme lo proveen dichas re-glas del recurso de revisión instado ante el Tribunal Superior.

Según hemos visto, la Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia, nada dispone ni permite interpretar sobre tal notificación y sobre el carácter jurisdiccional de la misma. Siendo ésta la situación estatutaria no podemos darle al requisito de notificar al Secretario tal carácter jurisdiccional. Dicho requisito es de cumplimiento estricto, Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977); Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811 (1983); Equity de P.R., Inc. v. Srio. D.A.C.O., supra.

Los tribunales de instancia deben velar por que tal notifi-cación se efectúe dentro del término de dos (2) días labora-bles después de presentada la solicitud de revisión conforme a lo dispuesto en la Regla 7(b) de las Aplicables a los Re-cursos para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, supra. De no hacerse podrán desesti-mar el recurso de revisión.

Hasta el día de hoy la norma jurídica aquí expuesta no había sido aclarada. En estas circunstancias procede que atemperemos esta decisión haciéndola prospectiva. Ha-biendo sido notificado y comparecido ante nos el Secretario en el presente recurso, el tribunal de instancia continuará con los procedimientos y dictaminará lo que en derecho pro-ceda. Xerox Corp. v. Srio. de Hacienda, 115 D.P.R. 668, 674 (1984).

Se dictará la sentencia correspondiente.

      í1) La Ley sobre Certificados de Necesidad y Conveniencia dispone en su Art. 11 (24 L.P.R.A. sec. 334f-7) que “[e]l Secretario vendrá obligado a celebrar durante el período de evaluación de la solicitud una vista administrativa en la que se dará oportunidad de participar a las personas afectadas y a las que hayan soli-citado la oportunidad de ser oídas”.

       La base legal para solicitar reconsideración de la determinación del Se-cretario la provee 24 L.P.R.A. sec. 334Í-10. La misma dispone en su parte pertinente:
      “Cualquier persona afectada adversamente por una determinación del Se-cretario, podrá solicitar por escrito la reconsideración de la misma, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación.”

       Estos fueron: Daniel Mahiques H/N/C Farmacia García, José Torrado y Blanca Delgado H/N/C Farmacia Lechuga, Ángel Lucena y Sonia Mercado H/N/C Farmacia Hatillo, y María Archibald H/N/C Farmacia San Marcos.

       Véase 24 L.P.R.A. sec. 334f-11.

       Nada de lo aquí expresado debe entenderse que exime al Secretario de cumplir con su obligación legal de hacer determinaciones de hecho sostenidas por evidencia. 24 L.P.R.A. sec. 334f-7. Por el contrario, para que la revisión judicial — en la que concluimos hoy el Secretario-es parte interesada— goce de virtualidad, las determinaciones de hecho de la agencia administrativa son imprescindibles.

       Esta sección dispone:
      “Cualquier persona afectada adversamente por una determinación del Se-cretario concediendo o denegando [sic] un certificado de necesidad y convenien-cia o de exención de dicho certificado, podrá recurrir a la sala correspondiente del Tribunal Superior en revisión judicial dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación por escrito de la decisión denegando [sic] el certificado de nece-sidad y conveniencia, la exención o la reconsideración.”