source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz del Juez Asociado Señor Martín a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

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text:
    Saturnino Cruz Cruz, demandante y recurrido, v. Ramonita Irizarry Tirado; demandada y recurrente.

      Número: R-78-202

      Resuelto: 5 de octubre de 1978

      Hernán Longoria, abogado de la recurrente; E. Vélez Vargas, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Ante la Sala de Mayagüez presentó el recurrido Saturnino Cruz demanda sobre división de bienes gananciales en la que solicita se saque a remate la casa vivienda propiedad de la extinta sociedad conyugal constituida con su anterior esposa Ramonita Irizarry. De la reconvención que ésta interpuso, y que no fue negada por el demandante, transcribimos las siguientes alegaciones:

“Por vía de reconvención la demandada expone, alega y soli-cita:
1. Que el día 1 de diciembre de 1976, la reconvencionista ob-tuvo la patria potestad y custodia de seis menores hijos habidos en el matrimonio que la sentencia de esa fecha, dictada por este mismo Hon. Tribunal, disolvió.
2. Que desde que se construyó la casa que se describe en la demanda, y la de madera que existía antes donde ésta se cons-truyó, la reconvencionista ha vivido en la misma con todos los hijos habidos en el matrimonio con el reconvencionado.
3. Que sus hijos menores no conocen otra residencia, ni tie-nen ninguna otra, que no sea la que se pretende vender por el demandante reconvencionado.
4. Que Saturnino Cruz Cruz, tiene otra residencia donde vive como marido y mujer con otra señora, no teniendo ninguna otra la aquí reconvencionista.
5. Que de este Hon. Tribunal declarar con lugar la demanda instada por Saturnino Cruz Cruz en contra de la reconvencionis-ta, ésta por ser totalmente insolvente tendría que abandonar su residencia y quedar desamparada con sus seis menores hijos.
6. Que por haber sido cónyuge inocente en la acción de divor-cio, por tener la patria potestad y custodia de sus seis menores hijos, por no tener otro bien alguno que la propiedad que ocupa como su residencia y la de sus menores hijos, ni medios de for-tuna algunos que le permitan proveerse de otra vivienda ade-cuada para sí y sus hijos, y por tener otro hogar el demandante reconvencionado, se suplica de este Hon. Tribunal, declare que la propiedad a que se contrae esta demanda constituye el hogar seguro de la demandada reconvencionista y la de sus seis meno-res hijos, y lo constituirá hasta que el menor de ellos alcance su mayoridad.
7. Que la demandada reconvencionista ha permanecido sol-tera desde que se disolvió el único matrimonio contraído por ella con el demandante, y no vislumbra posibilidad de que lo vuelva a contraer.
8. Que por motivo de su escasa instrucción académica y por su obligación de atender a su menores hijos, la reconvencionista tampoco puede facilitarse un empleo que le permita generar in-gresos para conseguir otra vivienda.”

El demandante y la demandada Ramonita Irizarry estu-vieron casados 23 años, desde el 18 mayo, 1953 hasta el 1° diciembre, 1976 en que se dictó sentencia de divorcio. La casa objeto del pleito es una vivienda de concreto, de 32 pies de frente por 22 de fondo, con tres cuartos dormitorios, sala, co-cina, comedor e instalación sanitaria, medio balcón hacia dos lados y planta baja con facilidades sanitarias, está enclavada en solar propio de 1.24 cuerdas en el Barrio Caín Bajo de San Germán, se halla libre de gravámenes, y tiene un valor en el mercado de $30,000.00.

Celebrado el juicio, la sala de instancia dictó sentencia desestimando la reconvención de la demandada y con ella su reclamación de hogar seguro; e invocando el mandato del Art. 1295 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3621) al efecto de que “mediante la sociedad de .gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cual-quiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio”, ordenó la venta del inmueble en pública subasta por precio mínimo de $30,000 y la división por partes iguales entre los ex cón-yuges del producto de la subasta.

Al recurrir la demandada, notamos conflicto entre dicha sentencia y nuestras decisiones en Carrillo v. Santiago, 51 D.P.R. 545, 547 (1937) e Irizarry v. García, 58 D.P.R. 280 (1941), por lo que expedimos la siguiente orden:

“La parte demandante y recurrida tendrá un término hasta el 18 de julio de 1978 para comparecer a mostrar causa por la que no deba reconocerse un derecho equitativo de hogar seguro en el inmueble objeto de litigio, y paralizar toda liquidación de dicha propiedad por el tiempo que la esposa demandada y los 6 hijos del matrimonio hayan necesidad de esa protección.”

El escrito del recurrido no aduce razón fundada para aban-donar la regla de Irizarry, supra, que adjudicó el hogar se-guro a la esposa “sin perjuicio de que el marido divorciado pueda reclamar la mitad de dicha propiedad cuando los hijos hayan llegado a la mayoridad o cuando por cualquier otra causa autorizada por la ley, la referida propiedad deje de constituir el hogar seguro de la demandada contrademan-dante y sus hijos.” Ibid., pág. 281.

La Ley de Hogar Seguro que es la Núm. 87 de 13 mayo, 1936 ordena en su Art. Io (31 L.P.R.A. see. 1851) :

“Toda persona que sea jefe de familia tendrá derecho de po-seer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca cuyo valor no exceda de mil quinientos (1,500) dólares, consistente en un predio de terreno y los edificios enclavados en el mismo, de cualquier estancia, plantación o predio de terreno, que le perte-nezca o posea legalmente, y estuviere ocupada por ella o por su familia como residencia. Este derecho de hogar seguro es irre-nunciable; y cualquier pacto en contrario se declara nulo, excepto que dicho derecho de hogar seguro podrá ser renunciado en todos los casos de hipotecas aseguradas por . . . .”

Y su Art. 3 (31 L.P.R.A. see. 1853) dispone:

“La exención establecida en la sección anterior continuará subsistente después de la muerte del jefe de familia a beneficio del cónyuge supérstite mientras éste continúe ocupando dicho hogar seguro, y después de la muerte de ambos cónyuges a bene-ficio de sus hijos hasta que el menor de éstos haya llegado a la mayoridad. En casos de que el marido o la mujer abandonase su familia la exención continuará a favor del cónyuge que ocupe la finca como residencia; y en caso de divorcio el tribunal que lo conceda deberá disponer del hogar seguro según la equidad del caso.”

Este es uno de los casos!) en que por mandato del legislador la equidad se incorpora como parte del Derecho positivo y deja libertad al juzgador para que echando a un lado el rigor jurídico prefiera a la solución estrictamente legal, una con sentido moral y humano que haga especial justicia al caso concreto ante él. “La equidad,” ha dicho Gastan, “implica más que una justicia abstracta una justicia individualizada, y más que una justicia estrictamente legal, una justicia de tipo natural y moral.” () La equidad remite el proceso decisional al mundo puro de los valores en busca de la recta razón y del tuétano racional y moral del Derecho donde reside el valor supremo de justicia.

La preservación del hogar seguro familiar para beneficio del grupo formado por madre e hijos tiene primacía sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal. Su reclamación de gananciales en la vivienda que aloja a esta familia quedará paralizada por el tiempo que subsistan las circunstancias que le dan calidad de hogar seguro y mientras la recta razón de equidad ampare el derecho de sus ocupantes. Hemos reconocido que el derecho de dominio no es atribución absoluta de su titular y que está supeditado a intereses sociales de orden superior, significativamente la protección de la vivienda. Hemos sostenido que en Puerto Rico, como en toda sociedad civilizada, hay un emi-nente interés social en proteger y fomentar la adquisición por cada familia de una vivienda segura, cómoda y adecuada, re-flejado en una política pública de claros perfiles en la profusa legislación aprobada a lo largo de los años. Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149 (1976). La equidad que gobierna el presente caso halla amplia base en la citada premisa de nuestro derecho positivo para postergar la acción civil sobre liquidación de sociedad de gananciales, en cuanto afecte el inmueble ocupado como hogar seguro, al de-recho de la jefe de familia recurrente a esta vivienda.

El límite de $1,500 señalado por la See. 1851 del Título 31, Leyes de Puerto Rico, a la exención de hogar seguro opera exclusivamente contra acreedores del jefe de familia, mas no restringe ni representa el valor del hogar seguro que en caso de divorcio se conceda a uno de los cónyuges, porque en esta última eventualidad no hay transmisión de dominio sobre el inmueble ni alteración del título de propiedad, sino una autorización por el tribunal para uso del inmueble en satisfacción de una legítima necesidad de la familia. Quiñones v. Reyes, 72 D.P.R. 304, 308 (1951).

No debe entenderse esta decisión como imponiendo el reconocimiento automático del hogar seguro en todo caso sobre liquidación de gananciales en que se reclamare tal exención. La solución en equidad se abraza a la justicia de cada caso, sin generalizar. Las peculiares circunstancias de ser esta una familia numerosa de la que forman parte seis menores de edad, la falta de ingresos y la conocida escasez de vivienda adecuada que es uno de nuestros problemas contemporáneos, inclinan la equidad de este caso, el valor supremo de justicia, hacia la protección del hogar seguro contra su desintegración implícita en la reclamación de gananciales del recurrido. Se cumple así el mandato de derecho positivo encarnado en el Art. 3 de la Ley de Hogar Seguro (31 L.P.R.A. see. 1853) y queda vindicada la fundamental obligación legal y moral del padre recurrido de proveer albergue a su familia inmediata.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia de conformidad. Revocada.

El Juez Asociado Señor Martín emitió opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

—O—

Opinión disidente

del Juez Asociado Señor Martín a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1978

La opinión del Tribunal desnaturaliza el concepto de “ho-gar seguro” plasmado en la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, según enmendada. Dicho concepto se originó en nuestra jurisdicción mediante la Ley de 12 de marzo de 1903, en el idioma inglés, que contenía disposiciones sustancialmente iguales a las envueltas en este caso. Desde su origen la ley se tituló “Ley para definir el ‘homestead’ (hogar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa.” Luego fue incorporada, en español, al Código Civil como Arts. 541 a 544, por la Comi-sión Codificadora, mediante enmienda a la disposición final del Código Civil por virtud de la Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930. En 1936 se derogó dicha ley de hogar seguro, aunque no se hizo referencia al Código Civil, pero en lo que respecta a las disposiciones aplicables al caso de autos, y especialmente la definición de lo que constituye hogar seguro, no hubo cam-bios de sustancia. Esta última ley es la que está actualmente en vigor.

En 1903 se definió el homestead u “hogar seguro” en lo que es aquí pertinente, como:

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de ‘homestead’, hasta el valor de quinientos dólares ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estu-viere ocupado por él o ella como su residencia, y dicho ‘homestead’ y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución . . . Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico hasta el 9 de marzo de 1911 (traducción de la Ley de 12 de marzo de 1903, sec. 1). (Énfasis suplido.)

Más adelante, la Ley de 1903, explicaba la duración o con-tinuidad del derecho a “hogar seguro” en la forma siguiente:

“Que dicha exención continuará después de la muerte del jefe de familia, a beneficio del esposo o esposa superviviente, mientras él o ella continúe ocupando dicho ‘homestead’, y des-pués de la muerte de ambos, esto es del esposo y de la esposa, a beneficio de sus hijos, hasta que el menor de estos haya llegado a la edad de veinte y un años; en caso de que el esposo o la esposa abandonase su familia la exención continuará en favor del cón-yuge que ocupe la finca como residencia, y en caso de divorcio, el tribunal que lo conceda, podrá disponer del ‘homestead’ según la equidad del caso.” Id., see. 2. (Énfasis suplido.)

Al reafirmar el derecho de homestead a los fines de ejecu-ción de la propiedad en pública subasta la Ley de 1903 con-signa :

“Que no se hará venta alguna, por virtud de sentencia o eje-cución, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, cuando se reclamare u ocu-pare dicha finca como ‘homestead’, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos dólares ($500).... [E]l exce-dente sobre [dicha] suma ... se pagará al acreedor y la suma de $500 se paga'' al deudor .... Disponiéndose, que esta sección no será de aplicación a ninguna venta que se haga para obligar al pago de contribuciones que adeude dicha propiedad, o a la deuda o gravamen incurrido para (por) la compra de la misma, o para las mejoras que en ella se hicieren, o cuando se hiciere dicha venta en virtud de traspaso en que se haga renuncia de la exención que dispone la sección 3 de esta ley.”

Actualmente, el derecho de hogar seguro está definido sus-tancialmente igual a la definición de 1903. El texto de la ley vigente, aplicable al caso de autos, es como sigue:

“Toda persona que sea jefe de familia tendrá derecho de po-seer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca cuyo valor no exceda de mil quinientos ($1,500) dólares, consistente en un predio de terreno y los edificios enclavados en el mismo, de cualquier estancia, plantación o predio de terreno, que le per-tenezca o posea legalmente, y estuviere ocupada por ella o por su familia como residencia.” (Énfasis suplido.)

Y en cuanto a la duración o continuidad del derecho a hogar seguro, la ley actual provee lo mismo que la de 1903, y consi-guientemente retuvo la disposición que regula la situación en casos de divorcio al expresar “. . . y en caso de divorcio el tribunal que lo conceda deberá disponer del hogar seguro según la equidad del caso.” En adición, la ley vigente permite la renuncia del derecho de hogar seguro, que antes estaba res-tringida, para facilitar la obtención de financiamiento y préstamos asegurados o garantizados por ciertas agencias gubernamentales federales y estatales.

Del texto de las disposiciones de Ley citadas surge el pro-pósito del legislador de proteger contra las reclamaciones de acreedores las propiedades ocupadas como su residencia por un jefe de familia cuyo valor no exceda de $1,500 (original-mente $500); y de exceder dicha suma, el de proteger la suma de $1,500 (originalmente $500) para beneficio del deudor ocupante de la propiedad, y poner a disposición del acreedor el exceso sobre la referida suma. En otras palabras, la vi-vienda u “hogar seguro” quedaba asegurado para el deudor y su familia siempre y cuando que la propiedad utilizada' como residencia no excediere de un valor de $1,500, y en caso de exceder de dicho valor, el jefe de familia solamente podría reclamar hasta la suma de $1,500 pero no el derecho a ocupar la propiedad.

El beneficio del hogar seguro se extiende al cónyuge su-pérstite después de la muerte del jefe de familia mientras ocupe la propiedad como vivienda, y muerto aquél pasa a beneficio de sus hijos hasta que el menor de éstos haya llegado a la mayoría de edad. 31 L.P.R.A. see. 1853.

El legislador previo que en variadas circunstancias pu-diera surgir dificultad en cuanto a quién correspondería el derecho al hogar seguro por lo que delineó su alcance en la See. 3 de la Ley Núm. 87 — 31 L.P.R.A. see. 1853, a saber:

1. Al morir el jefe de familia continuaría subsistente la exención de hogar seguro a beneficio del cónyuge supérstite mientras éste continúe ocupando dicho hogar seguro.

2. Si murieren ambos cónyuges quedaría a favor de sus hijos hasta que el menor de éstos haya llegado a la mayoridad.

3. En casos en que el marido o la mujer abandonase su familia permanecería a favor del cónyuge que ocupe la finca como residencia.

4. Cuando se trate de persona no casada, de quien de-pendan ascendientes y descendientes hasta el cuarto grado, padres de crianza e hijos adoptivos o de crianza, y por tanto sea jefe de familia, la exención continuará, después de la muerte de dicho jefe de familia, a beneficio de sus indicados familiares mientras éstos continúen ocupando dicho hogar seguro hasta que el menor de dichos dependientes haya lle-gado a la mayoría.

5. Y, por último, en caso de divorcio el tribunal que lo conceda deberá disponer de la exención del hogar seguro se-gún la equidad del caso.

El caso de autos surge como consecuencia de un divorcio. La cónyuge inocente, dentro del procedimiento de la división de los bienes gananciales, solicita del tribunal que se declare hogar seguro la propiedad que ella ocupa con sus seis hijos menores de edad, sobre los que tiene la patria potestad, y por no contar con otra vivienda adecuada para sí y para sus dichos hijos menores. Solicita, además, que se constituya el ho-gar seguro hasta que el menor de ellos alcance su mayoridad. El esposo divorciado por su parte solicita la venta en pú-blica subasta de la propiedad para efectuar la división de los bienes.

El tribunal de instancia negó el derecho de hogar seguro a la esposa divorciada y ordenó la venta en pública subasta de la propiedad por un precio mínimo de $30,000.00 y la divi-sión por partes iguales entre los ex cónyuges del producto de la subasta.

Considerado el llamado a la equidad contenido en la See. 1853 citada precedentemente y las circunstancias especiales en que se encuentra la esposa divorciada con seis hijos me-nores de edad a su cargo, el juez de instancia debió haber reconocido el derecho de exención al hogar seguro de la esposa hasta la suma de $1,500 que fija la ley. La discreción que concede la ley al juzgador según la equidad del caso no le auto-riza a aumentar el valor de la exención sobre la suma de $1,500 que dispone la ley. El tribunal tiene a su disposición otras medidas que puede tomar para garantizar la subsisten-cia y protección de la esposa divorciada y de los seis hijos menores de edad.

Según dispone la Ley, 31 L.P.R.A. see. 1855, como la refe-rida casa tiene un valor superior a $1,500, procede que al hacerse la venta se consigne del precio esta última cantidad a favor de la demandada-recurrente. El caso de autos es análogo al de Vega Acosta v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 408 (1963). Allí la propiedad sobre la cual se reclamaba el derecho de hogar seguro estaba valorada en $15,000. Este Tribunal le reconoció a la peticionaria el derecho de hogar seguro en la cantidad de $1,500 de cualquier venta que dispu-siere el tribunal de instancia en el caso. Ese mismo derecho lo tiene la demandada-recurrente en el caso de autos. No es posible reconocerle el derecho de hogar seguro sobre la totali-dad del inmueble, que excede la exención. Reconocer a la demandada-recurrente el derecho a permanecer en el inmueble hasta que cese el derecho de hogar seguro, equivale a extender el referido derecho hasta la cantidad de $30,000.00, valor de la propiedad. Tal actuación no está autorizada por el estatuto.

Los casos de Carrillo v. Santiago, 51 D.P.R. 545 (1937), e Irizarry v. García, 58 D.P.R. 280 (1941), son claramente distinguibles. En el primero la propiedad objeto del litigio no excedía de la exención del hogar seguro. En el segundo, aunque no se menciona el valor de la propiedad, se resuelve por los fundamentos del caso de Carrillo. Véase 31 L.P.R.A. see. 1851.

En vista de lo expuesto devolvería el caso al tribunal de instancia para la modificación de la sentencia dictada en el sentido de que del precio obtenido en la venta pública se con-signe la suma de $1,500.00 en concepto de hogar seguro a favor de la demandada-recurrente, a tenor con la equidad que demandan los hechos del caso, y se divida el remanente entre las partes luego de pagarse las deudas y obligaciones exis-tentes.

      C1) Nuestro Código Civil recurre a la equidad en otros casos especiales: El Art. 1108 ordena al juez modificar “equitativamente” la pena en las obligaciones; el Art. 1581 admite la impugnación del tercero a cargo de designar la parte de cada socio en las ganancias y pérdidas, sólo cuando “evidentemente haya faltado a la equidad”, y el Art. 1056 faculta al juez para moderar, según el caso, la responsabilidad que proceda de negligencia.

        (2)Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 1°, Vol. 1°, pág. 373, Décima Edición (1962). Sostiene el ilustre tratadista el concepto integrado de la equidad como adaptación del Derecho a la realidad, fundado en la idea cristiana de mitigación del rigor de la ley para un caso particular (humanitas, pietas, benignitas) ; y en la idea aristotélica de norma indi-vidualizada, adecuada a las singularidades de un caso concreto (epiqueya de los griegos). Cf. Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 898 y ss. (1965).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz del Juez Presidente, Señor Trías Monge, a la que se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

text:
    Carmen N. Hermina González, demandante y apelada, v. Luis Silva Recio, Secretario del Trabajo del Gobierno de Puerto Rico, y Otros, demandados y apelantes.

      Número: O-78-55

      Resuelto: 5 de octubre de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Al-zamora, Procurador General Auxiliar, abogados de los ape-lantes; Escribano, Carreras, Acevedo, Pérez & Varela, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Sec. 14 de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico (29 L.P.R.A. sec. 713(f)) en sus apartados (1) y (2) ordena:()

“(f) Prohibición contra actividad 'política.— (1) Ningún fun-cionario o empleado que trabaje en la administración de este Capítulo podrá (A) usar su autoridad oficial o influencia con el propósito de intervenir en una elección o selección de candidatos para cualquier posición, o que afecte el resultado de las mismas, o (B) directa o indirectamente ejercer o intentar ejercer coer-ción, ordenar o aconsejar a cualquier otro de tales empleados a pagar, prestar o contribuir con parte de su sueldo o compensa-ción o cualquier otra cosa de valor a cualquier partido, comité, organización, agencia o persona para fines políticos. Ninguno de tales funcionarios o empleados podrá tomar parte activa en la dirección de la política o en campañas políticas. Todas dichas personas retendrán el derecho a votar según ellas escojan y a ex-presar sus opiniones en toda cuestión política y sobre candidatos. A los fines de esta subsección el término ‘funcionario o empleado’ no incluirá (A) al Gobernador; (B) jefes debidamente electos o nombrados de departamentos ejecutivos del Gobierno de Puerto Rico, o los de cualquier municipio que no pertenezcan al Servicio por Oposición del Gobierno del Estado Libre Asociado; (C) fun-cionarios que ocupan posiciones electivas.
(2) Cualquier funcionario o empleado que trabaje en la ad-ministración de este Capítulo que viole las disposiciones de esta subsección será inmediatamente separado de la posición o del cargo que ocupe y desde ese momento no se usarán fondos asig-nados por la Asamblea Legislativa © concedidos por cualquier agencia del Gobierno Federal para pagar la compensación de tal persona.”

La demandante-apelada Carmen Hermina González hacía cinco años que venía ocupando el puesto de Entrevistadora II, como empleada permanente del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo de Puerto Rico en cuyo cargo no ejercía funciones de confianza ni de formula-ción de normas ni directrices. Para las elecciones generales de 1976 fue nominada por el Partido Socialista Puertorri-queño candidata al Senado por el Distrito Núm. 3 de Arecibo. Aceptó la nominación y obtuvo primero licencia de mater-nidad y luego vacaciones acumuladas. Al expirar éstas soli-citó licencia sin sueldo por enfermedad, recibiendo como res-puesta notificación escrita del Director del Negociado solici-tando su renuncia por ser candidata a un puesto político en unas elecciones partidistas, fundada en 29 L.P.R.A. see. 713(f) citada. Posteriormente el 5 septiembre, 1976 fue re-movida de su empleo.

El Tribunal Superior ordenó la reposición de la empleada al declarar la transcrita Sec. 14(f) de la Ley Núm. 74 de 21 junio, 1956 (29 L.P.R.A. sec. 713(f)) inconstitucional por limitar irrazonablemente los derechos fundamentales de ex-presión, libre asociación, igual protección de las leyes y debido proceso, en ausencia de un superior interés del Estado que justifique la restricción. Resolvemos ahora el recurso de ape-lación del Secretario del Trabajo de Puerto Rico.

En Puerto Rico aspiramos a que el personal gubernamental forme un cuerpo de servidores públicos eficientes, honestos y que en su escala de valores guarden mayor lealtad a su compromiso de servir al pueblo en las distintas áreas que su vocación les ha llevado a ocupar, que al fervor eleccionario por dominar el poder público y envolver los empleados en los vaivenes del patronazgo político. Para proteger a los servidores públicos que honran su vocación tenemos la Ley de Personal y los variados recursos judiciales, inclusive la Ley de Derechos Civiles (Núm. 12 de 8 agosto, 1974 (32 L.P.R.A. see. 3524)). Esta legislación proclama la política pública pre-valeciente en nuestro país de aislar el personal de servicio gu-bernamental de la actividad partidista de modo que la polí-tica no dañe el empleo ni lesione al empleado público. El pa-tronazgo es una negación radical de estos buenos principios de administración pública, pues al propiciar la figura absur-da del servidor-público político activo convierte al empleado en agente destructor de la objetividad esencial para servir al pueblo; en sujeto que se ampara en la concha de seguridad que le da su empleo para servirse a sí mismo; con más sen-tido de propósito inclinado hacia su bienestar personal y éxito en sus aspiraciones políticas, que lealtad al servicio público. ¿Cuántos empleados públicos, candidatos a elección o inmer-sos en campaña podrán resistir la tentación de utilizar los medios y recursos que el empleo pone a su alcance para pre-miar partidarios y castigar los adversarios? ¿Qué podrá con-tener la sutil represalia y la callada venganza del empleado público derrotado en sus planes políticos? Estas sencillas rea-lidades, más que el criterio desarrollado en tesis abstractas sobre los derechos del individuo son las que deben guiar este Tribunal en la interpretación de la Constitución. Los reme-dios provistos por nuestro Derecho positivo para proteger al empleado público de la persecución, el discrimen y la erosión política no deben estar al servicio del empleado público-polí-tico activo. El interés del Estado en conservar un cuerpo de servidores públicos diestros, competentes y objetivos, posterga toda consideración del reclamo personal del empleado para hacer campaña o lanzar su candidatura a cargo electivo desde la plataforma de su empleo. La incompatibilidad entre servir al pueblo y servirse a uno mismo hiere la retina. La fundamental igualdad ante la ley impugna y excluye esta doble per-sonalidad de servidor público y político, con ventajas y meca-nismos de fomento del provecho personal que no tienen ni otros candidatos a elección, ni tampoco otros empleados. La decisión apelada no sólo relega a último plano el superior in-terés de esta sociedad, conocido en la jurisprudencia nortea-mericana como “compelling state interest”, sino que esculpe y dota de nimbo constitucional una figura de privilegio, auto-rizada a operar en campos irreconciliables.

La Ley de Seguridad de Empleo, en su Art. 14, impugnado, no está herida de discrimen inaceptable porque en Puerto Rico, a diferencia de los estados de la Unión, la prohibición de actividad política se aplique en forma selectiva a determinados grupos de funcionarios y empleados como jueces, miembros de la Policía de Puerto Rico y los que ahora nos ocupan empleados de la Administración de Seguridad de Empleo. La prueba de ácido para las clasificaciones legislativas ha tenido un desarrollo que va desde el criterio tradicional a tenor del cual se sostendrá la clasificación a menos que sea claramente arbitraria y carente de nexo alguno con un interés legítimo del Estado, hasta el de estricto escrutinio judicial que para el caso de clasificación inherentemente sospechosa impone al Estado la obligación de establecer la existencia de un interés público apremiante (compelling state interest) que se atiende y promueve con la clasificación. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277-278 (1975); Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677, 688 (1973). En el presente caso, el superior interés del Estado en erradicar la política del área de personal y proteger la estabilidad, integridad y eficiencia en un sistema administrativo capaz de sobrevivir cualquier cambio político en la dirección del Gobierno imparte una calidad a la reglamentación legislada en el citado Art. 14, que satisface aun el rigor del estricto escrutinio judicial.

En la cuestionada disposición de la Ley de Seguri-dad de Empleo se percibe la intención legislativa de Puerto Rico de imponer la prohibición en áreas particularmente sen-sitivas del servicio público, en las cuales la imparcialidad y objetividad se enervan con levísima desviación partidista de los incumbentes; o en las que la dispensa de oportunidades y beneficios a grandes números de personas da margen para convertir el empleo en agencia de favores especiales, en opera-ción proselitista masiva. Los fondos que esta agencia distri-buye mediante entrega directa al beneficiario son cuantiosísi-mos ; y sus propios empleados son los que evalúan y determinan la calificación del trabajador para recibirlos. 29 L.P.R.A. sees. 703, 704. Los beneficiarios del programa se cuentan por miles. Su voto se hace sentir. No todos los empleados públicos tienen el mismo contacto directo con el pueblo al que sirven, ni los medios a su disposición para hacer sentir el peso de su posición con efectos electorales sobre sus adversarios políticos. Sobre esa base el legislador ha podido identificar criterios de diferenciación que justifican la proscripción selectiva de la actividad política entre el personal gubernamental. No ado-lece de endeblez constitucional un esquema que separa y dis-tingue entre empleados sobre dicha base racional de suscepti-bilidad a la mala práctica. La clasificación sobre bases de ra-zonabilidad responde a criterios tolerantes y estimativos de esta difícil e ineludible función legislativa de trazar las lí-neas de distinción. La perfección al crear las clasificaciones no es posible ni necesaria. La acción de la Asamblea Legis-lativa debe presumirse válida. Massachusetts Bd. of Retirement v. Murgia, 427 U.S. 307, 314 (1976). Sin que ello im-plique violación de la cláusula de Igual Protección, el Estado puede “ir paso a paso, atendiendo la fase del problema que se muestra más aguda a la mente legislativa. ... La Asamblea Legislativa puede seleccionar una fase de un campo, y aplicar allí el remedio, olvidando las demás .... [Citas] La cláusula de Igual Protección no requiere del Estado elegir entre atacar todos los aspectos del problema o desistir de todo ataque.” Geduldig v. Aiello, 417 U.S. 484, 495 (1974). Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 530 (1972); Miranda v. Sec. de Hacienda, 77 D.P.R. 171, 178 y ss. (1954). La igual protección de las leyes no se extiende para amparar la desigual ventaja personal, y menos para propiciar la co-rrupción y el discrimen por parte del empleado.

Reconociendo que no puede haber existencia personal donde falta la libertad y que ésta se halla en la misma raíz metafísica de la vida, mucho antes que las Constituciones de hoy sentenció el Rey Alfonso X el Sabio: “La persona del home es la mas noble cosa del mundo.” (Partida VII, tit. 1, Ley 26.) Mas en nuestra compleja sociedad no cabe el con-cepto de la libertad absoluta y desbocada en erosión de la vida institucional. La sentencia revisada sacrifica ésta en el altar de un liberalismo extremo, rechazado aun en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por las Naciones Uni-das (París, 10 diciembre, 1948), que en su Art. 29 proclama: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus liber-tades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el recono-cimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del BIENESTAR GENERAL en una sociedad de-mocrática.”

La libertad jurídica no es la libertad amorfa o abstracta, sino la reconciliada con el orden, () la organizada y precisa y aun recortada en sus bordes para armonizarla con las múltiples instituciones sociales y jurídicas que hacen posible su existencia.

En Puerto Rico padecemos de algún retraso en los meca-nismos de separación de la política y el servicio público, y de-beríamos emular los Estados de la Unión en extender la pro-hibición de actividad política al cuerpo general de servidores públicos de carrera sin distingos ni clasificaciones aun cuando basados en criterios razonables de diferenciación. Mas la re-ducción de ámbito de nuestra legislación no es razón válida para sacrificar el interés público en el caso específico de los empleados de la Administración de Seguridad de Empleo a un llamado derecho a igual protección de las leyes que como hemos demostrado resulta ser una doble protección de las leyes.

El sustancial avance que hasta ahora ha alcanzado la erradicación de la política del servicio público y la protección del servidor público en su derecho a un trabajo del que no podrá ser removido sin justa causa, son valores respetables de nuestra vida de pueblo que la Asamblea Legislativa está llamada a preservar.

La sentencia apelada será revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge emitió opinión disidente a la que se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

—O—

Opinión disidente

del Juez Presidente, Señor Trías Monge, a la que se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1978

La recurrida, señora Carmen N. Hermina González, En-trevistadora II en el Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, fue seleccionada por el Partido Socialista Puertorriqueño como candidata al Senado por el distrito de Arecibo para las elecciones generales de 1976. La recurrida ocupaba su puesto con carácter perma-nente. No ejercía funciones de confianza ni conllevaba su em-pleo la facultad de establecer normas ni directrices.

El 81 de agosto de 1976 el Director del Negociado de Se-guridad de Empleo le concedió cinco días a la señora Hermina González para renunciar a su cargo. Fundó el Director su re-querimiento en que el Art. 14(f) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 29 L.P.R.A. 713(f), “prohíbe a los empleados del Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico ser candidatos a un puesto político en unas elecciones partidistas.” El 5 de se-tiembre de 1976 la recurrida fue removida de su puesto y al día siguiente impugnó la constitucionalidad del referido ar-tículo. El Tribunal Superior declaró inconstitucional el Art. 14(f) (1) y (2) de la Ley y ordenó la reposición de la recu-rrida, con paga atrasada. El Secretario del Trabajo ha ape-lado de esa determinación.

El Art. 14 (f) (1) y (2) de la Ley de Seguridad de Empleo provee:

“(f) Prohibición contra actividad política.— (1) Ningún fun-cionario o empleado que trabaje en la administración de este Capítulo podrá (A) usar su autoridad oficial o influencia con el propósito de intervenir en una elección o selección de candidatos para cualquier posición, o que afecte el resultado de las mismas, o (B) directa o indirectamente ejercer o intentar ejercer coer-ción, ordenar o aconsejar a cualquier otro de tales empleados a pagar, prestar o contribuir con parte de su sueldo o compensa-ción o cualquier otra cosa de valor a cualquier partido, comité, organización, agencia o persona para fines políticos. Ninguno de tales funcionarios o empleados podrá tomar parte activa en la dirección de la política o en campañas políticas. Todas dichas personas retendrán el derecho a votar según ellas escojan y a ex-presar sus opiniones en toda cuestión política y sobre candidatos. A los fines de esta subsección el término ‘funcionario o empleado’ no incluirá (A) al Gobernador; (B) jefes debidamente electos o nombrados de departamentos ejecutivos del Gobierno de Puerto Rico, o los de cualquier municipio que no pertenezcan al Servicio por Oposición del Gobierno del Estado Libre Asociado; (C) fun-cionarios que ocupan posiciones electivas.
(2) Cualquier funcionario o empleado que trabaje en la administración de este Capítulo que viole las disposiciones de esta subsección será inmediatamente separado de la posición o del cargo que ocupe y desde ese momento no se usarán fondos asignados por la Asamblea Legislativa o concedidos por cual-quier agencia del Gobierno Federal para pagar la compensación de tal persona.”

La validez de esta disposición puede analizarse a la luz de diversas cláusulas y doctrinas constitucionales. () Para los fines de este caso basta con examinar si la citada disposición cumple con los requisitos de la igual protección de las leyes bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En Estados Unidos se han formulado variados criterios para medir el cumplimiento de la cláusula análoga de la Constitución federal. () Existen el llamado enfoque de dos ni-veles, el de tres niveles y muchos más. El desarrollo en Estados Unidos de diferentes criterios para garantizar la igual pro-tección de las leyes es generalmente el producto de cambios en la composición del Tribunal Supremo estadounidense y cir-cunstancias historicosociales propias de dicho país. Véase: Gunther, The Supreme Court 1971 Term, Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection, 86 Harv. L. Rev. 1 (1972).

El enfoque de los dos niveles se compone de un criterio tradicional mínimo — la prueba del nexo racional entre el pro-pósito y los medios del estatuto, a cuyos componentes y evolu-ción nos referiremos luego — y del criterio del escrutinio es-tricto o examen minucioso. Se utiliza usualmente el examen minucioso cuando la clasificación afecta derechos fundamen-tales del ciudadano o entraña una diferenciación sospechosa. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975); Note, Equal Protection: Modes of Analysis in the Burger Court, 58 Denver L. J. 687 (1976); Bice, Standards of Judicial Review under the Equal Protection and Due Process Clauses, 50 So. Cal. L. Rev. 689 (1977); Notes, Of Interests, Fundamental and Compelling: The Emerging Constitutional Balance, 57 Boston U. L. Rev. 462 (1977).

La estructuración de un análisis intermedio, más rigu-roso que el criterio tradicional mínimo pero menos que el del escrutinio estricto, representa el tercer nivel a que nos hemos referido antes. Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976); L. Tribe, American Constitutional Law, The Foundation Press, N.Y., 1978, secs. 16-30 y 16-31. En términos históricos el criterio tradicional se produjo en época de escasa inclinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos a intervenir con las clasificaciones que el Congreso establecía. El criterio del exa-men minucioso se desarrolló principalmente bajo la presiden-cia del Juez Warren y el análisis intermedio corresponde en esencia al período siguiente, de menos activismo judicial.

Diversos jueces y comentaristas han criticado la división en dos o tres clasificaciones, más o menos inflexibles, de las diferentes situaciones en que se invoca la igual protección de las leyes y sugieren criterios más amplios. El Juez Marshall ha escrito:

“Para comenzar, debo expresar nuevamente mi desacuerdo con el tratamiento rígido por el Tribunal de la igual protección de las leyes. [Citas omitidas.] El Tribunal desea aparentemente establecer hoy que los pleitos sobre la igual protección de las leyes son divisibles en dos categorías nítidas que gobiernan el criterio de revisión a aplicarse — el escrutinio estricto o la. mera razonabilidad. Mas las decisiones de la Corte en este campo se rebelan ante un método de clasificación tan fácil.” San Antonio School District v. Rodríguez, 411 U.S. 1, 98 (1973). (Traducción nuestra.)

Véanse también las expresiones del Juez Stevens en Craig v. Boren, 429 U.S. 190, 212 (1976), y Gunther, The Supreme Court 1971 Term, Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection, 86 Harv. L. Rev. 1 (1972); L. Hand, The Bill of Rights, 66-67 (1958); Notes, Of Interests, Fundamental and Compelling: the Emerging Constitutional Balance, 57 Boston U. L. Rev. 462, n. 3 (1977). La crítica a los criterios reseñados generalmente se funda en el argumento que la garantía de la igual protección de las leyes es de índole necesariamente uni-taria. Según expresó el Juez Stevens en Craig, supra, 211-212,

“Existe una sola cláusula sobre la igual protección de las leyes. Requiere que cada estado gobierne imparcialmente y no ordena que los tribunales apliquen un criterio de revisión en al-gunos casos y uno diferente en otros.” (Traducción nuestra.)
Lo que ocurre es que a menudo hay que sopesar derechos, resolver pugnas de valores, establecer que unos tienen que ceder ante otros en situaciones determinadas. Desde este punto de vista, los criterios discutidos representan un atrecho, una taquigrafía jurídica, una forma de establecer el necesario equilibrio de intereses. El peligro consiste en olvidar que tal es la naturaleza de los referidos criterios y que su uso no nos releva de la obligación de identificar y conciliar los intereses en conflicto y articular las razones para la solución esco-gida.!)

No es imprescindible adentrarnos más en el caso de autos en el problema del enfoque adecuado para la recta interpreta-ción de la igual protección de las leyes. El estatuto impugnado en este litigio resulta claramente inconstitucional aun bajo el criterio tradicional mínimo, conforme ha evolucionado este enfoque. ()

El criterio tradicional mínimo se ha utilizado en nuevas formas en los últimos años. Raras veces su uso provocaba antiguamente la invalidación de un estatuto. La situación ha ido cambiando en Estados Unidos. Véanse: Reed v. Reed, 404 U.S. 71, 76 (1971), y Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972), en que se anularon diversas leyes por no hallar los tribunales nexo racional entre la clasificación establecida y el propósito del estatuto.

El criterio del nexo racional exige que las clasificaciones que establezca una Asamblea Legislativa cumplan propósitos legítimos y tengan una relación racional con tales metas. Bice, Standards of Judicial Review under the Equal Protection and Due Process Clauses, 50 So. Cal. L. Rev. 689, 698 y ss. (1977); Eisenstadt, supra. El ámbito de la clasificación es también importante. No debe cubrir individuos o asuntos irrelevantes al objetivo estatutario o excluir aquellos que lo son. La clasificación debe ser precisa. Tussman y tenBroek, The Equal Protection of the Laws, 37 Calif. L. Rev. 341, 343-353 (1949); Note, Legislative Purpose, Rationality and Equal Protection, 82 Yale L.J. 123,124 (1972).

¿Qué propósito persigue el Art. 14(f) de la Ley de Segu-ridad de Empleo? ¿A qué obedeció su inclusión en el esquema estatutario? El propio recurrente contesta estas preguntas, citando el informe sometido por el Departamento del Trabajo a la Asamblea Legislativa. () Este informe explica así la razón de la Sec. 13(f) del P. de la C. 1329, hoy 14(f) de la Ley:

“(f) Prohibición contra intervención política. La sección 13 (f) se incluye porque los empleados de las agencias de seguri-dad de empleo estatales son pagados de fondos federales y están, por lo tanto, sujetos a las disposiciones de la Ley Hatch y prohi-bidos [sic] de participar en actividades políticas.”

Adviértase que la disposición legislativa bajo examen no intenta prohibirle determinadas actividades políticas a la generalidad de los empleados federales, como en el caso de la Ley Hatch, Pub. L. 89-554, 6 de setiembre de 1966, 80 Stat. 525, 5 U.S.C.A. see. 7321 y ss., o siquiera a la casi totalidad de los empleados estatales subvencionados por fondos de los Estados Unidos, 5 U.S.C.A. see. 1501 y ss. La clasificación en el caso de autos afecta directa y exclusivamente a las per-sonas que laboran en el Fondo de Seguridad de Empleo. No se incluye en la clasificación a otros empleados públicos simi-larmente situados. Aun presumiendo sin resolver que es cons-titucionalmente permisible limitar los derechos de un grupo de ciudadanos para que el gobierno de Puerto Rico pueda ob-tener ciertos fondos federales, el Art. 14(f) es nulo por dis-tinguir irrazonablemente entre empleados en posición comparable.

Pero hay más. La premisa que motiva la inserción del Art. 14(f) en la Ley de Seguridad de Empleo está equivo-cada. La legislación federal no se aplica a la situación pre-sente. () Como si fuera poco, aun en el caso de los empleados de los estados de la Unión Americana afectados por la legis-lación federal, es a la Comisión de Servicio Civil de Estados Unidos y no al Departamento del Trabajo de Puerto Rico a quien corresponde determinar si se ha violado la ley, 5 U.S.C.A. sees. 1504-1505, y es únicamente cuando no se cum-ple con la orden de la Comisión, la que puede determinar que la violación cometida no exige la remoción del cargo, 5 U.S.C.A. see. 1505(2), que puede peligrar la concesión de fondos federales. 5 U.S.C.A. see. 1506. El Art. 14(f) de la Ley de Seguridad de Empleo se ampara en una interpretación diáfanamente errónea de la legislación federal, lo que acentúa la ausencia de nexo racional entre propósito y medios en el caso de autos.

Si nos apartamos de las clasificaciones convencionales en este campo y ponderamos los problemas valorativos envueltos vemos aun con mayor claridad la grave deficiencia constitu-cional de enfoques como el que representa el Art. 14(f). El derecho a ser candidato a un cargo público electivo es un derecho de importancia indisputable, mas no absoluto. El Estado puede legítimamente subordinar ese derecho, siempre que el estatuto que se diseñe a tal fin no peque de vaguedad, amplitud excesiva, discrimen u otras fallas constitucionales conocidas, al propósito de establecer un servicio civil despo-litizado. En tal pugna de valores este segundo interés puede merecer en determinadas circunstancias un rango mayor que el derecho a postularse como candidato a un cargo público. Mas no es tal el conflicto de valores que este caso plantea. A distinción de los cincuenta estados de la Unión Americana, todos los cuales han aprobado versiones de la Ley Hatch, Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601, 604, n. 2 (1973), Puerto Rico anda a la zaga del esfuerzo de separar la polí-tica y el servicio público. Existen tan solo instancias aisladas de prohibición: la impuesta a los jueces por la Sec. 12 del Art. V de la Constitución; la aplicable por la Regla 23.0 del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial; la referente a los miembros de la Policía de Puerto Rico, Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, Parte 2, Art. 24, 25 L.P.R.A. see. 1024; y el Art. 14(f) de la Ley de Seguridad de Empleo. En cuanto a los maestros del sistema de Instrucción Pública se sigue un plan diametralmente dis-tinto. Nuestra legislación les reconoce a los maestros el dere-cho a participar en campañas políticas y a ser candidatos para cargos públicos o electivos, con derecho a licencia con paga, Ley Núm. 25 de 3 de junio de 1960, según enmendada, 18 L.P.R.A. 249d. () No existe el menor indicio en el histo-rial legislativo de la Ley de Seguridad de Empleo revelador de intención alguna de que la inclusión del Art. 14(f) se inspiró en el deseo de mejorar el servicio público o en el re-conocimiento de que las funciones desempeñadas por los em-pleados concernidos exigía, a diferencia de otros casos, las medidas allí delineadas. Por lo contrario, como hemos visto, la génesis del artículo impugnado se debió al interés de ob-tener unos fondos federales, interés fundado, para colmo, en una interpretación errónea de la legislación federal. En tales circunstancias, no hay valor justificadamente oponible al de-recho de la recurrida a la igual protección de las leyes.

Declararía inconstitucional el Art. 14(f) (1) y (2) de la Ley de Seguridad de Empleo, por confligir con la cláusula de igual protección de las leyes de la See. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y confirmaría la sentencia apelada.

      O Esta disposición reclama como precedente la Ley Hatch (6 U.S.C. •see. 7324) que en su inciso (a) prohíbe a todo empleado de una agencia ejecutiva del Gobierno federal “participar activamente en la dirección de la política, o en campañas políticas,” sostenida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al extender su ámbito a la organización de un partido o club político, aceptar una candidatura o hacer campaña para un cargo público electivo, dirigir la campaña de un candidato político a cargo pú-blico, al dictaminar que la proscripción de estos actos de conducta polí-tica partidista no contraviene ni la Primera Enmienda ni ningún otro pre-cepto de la Constitución. United States Civil Service Com. v. National Ass’n of Letter Carriers, 413 U.S. 548, 556 (1973).

      (2)Las garantías de la Primera Enmienda jamás han significado que personas que desean difundir (propagandize) protestas o puntos de vista tienen un derecho constitucional a hacerlo cuándo, cómo y dónde les plazca. Adderley v. Florida,, 885 U.S. 39, 48. Los derechos esenciales garantizados por la Primera Enmienda en ocasiones están sujetos a una elemental necesi-dad de orden sin el cual la garantía de los derechos civiles de los demás sería una burla. Nuevamente hemos de equilibrar la extensión de las garantías de libertad contra legislación del Congreso tendiente a proteger la sociedad democrática contra el presunto mal de la política partidista practicada por empleados gubernamentales clasificados. United Public Workers of America v. Mitchell, 330 U.S. 75, 95-96 (1947).

      í1) Entre otras cláusulas de la Constitución del Estado Libre Asociado que cabría discutir aquí se cuentan las que garantizan la libertad de ex-presión (Art. II, sec. 4); la igualdad ante la ley (II, 1); la igual protec-ción de las leyes (II, 7) ; el libre ejercicio de la franquicia electoral (II, 2); el debido proceso de ley (II, 7); y otros derechos reservados al pueblo (II, 19). El impacto sobre este litigio de la doctrina de las condiciones incons-titucionales es tema también que normalmente requeriría análisis. Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589 (1967); Pickering v. Board of Education, 391 U.S. 563 (1968); Bruff, Unconstitutional Conditions Upon Public Employment: New Departures in the Protection of First Amendment Rights, 21 Hastings L.J. 129 (1969); Ramírez Lavandero, La Doctrina de las ‘Condiciones Inconstitucionales’ en Puerto Rico, 12 Rev. Jur. U.I.A. 111 (1977). También suscita problemas en este tipo de caso la teoría de la amplitud estatutaria excesiva. Minielly v. State, 411 P.2d 69 (Ore. 1966); Note, The Public Employee and Political Activity, 3 Suffolk U. L. Rev. 380, 388-389 (1959). Es innecesario pronunciarnos sobre los anteriores extre-mos en vista de las conclusiones a que más adelante llegamos en esta opinión.

      (2) Debemos recordar al respecto que las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos delimitan únicamente el ámbito de los derechos garantizados por la Constitución federal. Los tribunales estatales no pueden achicar esos derechos al interpretar cláusulas análogas en las constituciones locales, pero pueden ampliarlos. Brennan, State Constitutions and the Protection of Individual Rights, 90 Harv. L. Rev. 489 (1977); Howard, State Courts and Constitutional Rights in the Day of the Burger Court, 62 Va. L. Rev. 873 (1976).

      (3)En Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1976) y Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), este Tribunal fue más allá que a la simple referencia al criterio del examen minucioso y procedió al análisis de los intereses encontrados. Adviértase, además, que el escrutinio estricto se aplicó en forma independiente a su uso en circunstan-cias parecidas en Estados Unidos. En Zachry, por ejemplo, resolvimos que las clasificaciones basadas en sexo están sujetas a escrutinio estricto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aplica en tales casos la teoría del escrutinio intermedio. Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976).

      (4) Existe aun base respetable para la aplicación del examen minu-cioso. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha empleado este criterio, pero sí diversas cortes estatales. United Public Workers v. Mitchell, 330 U.S. 75 (1947); Civil Service Commission v. National Association of Letter Carriers, 413 U.S. 548 (1973); Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973); cf. Minielly v. State, 411 P.2d 69 (Ore. 1966); Kinnear v. City and County of San Francisco, 392 P.2d 391 (Calif. 1964); Bagley v. Washington Township Hospital District, 421 P.2d 409 (Calif. 1966); De Stefano v. Wilson, 233 A.2d 682 (N.J. 1967); Commonwealth ex rel. Specter v. Moak, 307 A.2d 884 (Pa. 1973); State v. City of Follansbee, 233 S.E.2d 419 (W. Va. 1977). Con más razón hay base para la utilización del criterio intermedio, pues lo menos que puede decirse del derecho a postularse para un cargo público electivo es que representa un derecho importante, si no fundamental.

      (5)E1 informe es parte del récord oficial sobre el P. de la C. 1329, proyecto que se convirtió en la Ley de Seguridad de Empleo, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956. En el Diario de Sesiones no se debate la Sec. 13(f), hoy Art. 14(f) de dicha pieza legislativa. La versión de dicho artículo sometida por el Departamento del Trabajo se aprueba sin enmiendas.

      (6)La ley federal, 5 U.S.C.A. see. 1503, dispone expresamente en su versión oficial:
      “Section 1502(a) (3) of this title [la que prohíbe que empleados esta-tales que se dedican principalmente a actividades subvencionadas por fon-dos federales se postulen en elecciones generales a cargos públicos electivos] does not prohibit any State or local officer or employee from being a candidate in any election if none of the candidates is to be nominated or elected at such election as representing a party any of whose candidates for Presidential elector received votes in the last preceding election at which Presidential electors were selected.”
      Los candidatos de los partidos políticos puertorriqueños no toman parte, como es sabido, en las elecciones para la selección de electores presi-denciales.

      (7) Fuera de nuestra determinación sobre el Art. 14(f) de la Ley de Seguridad de Empleo, nada en esta opinión debe interpretarse como expre-sión favorable o desfavorable a la constitucionalidad de ninguna ley o regla-mento aquí mencionado.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz del Juez Asociado Señor Irizarry Yun-qué.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado y peticionario, v. Rafael Vega Santiago, apelante y recurrido.

      Número: O-78-239

      Resuelto: 5 de octubre de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rosemary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Sergio A. Peña Clós y José Rafael Firpi, aboga-dos del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El acusado y ahora recurrido fue juzgado por tribunal de derecho en causa de violación y sentenciado a la pena de 6 a 12 años de presidio. La División de Apelaciones del Tribunal Superior por votación de dos de sus tres jueces revocó la sen-tencia y absolvió al apelante por considerar insuficiente la prueba de corroboración.!) De esta decisión recurrió ante nos en certiorari El Pueblo de Puerto Rico y el 12 de julio de 1978 a tenor de la facultad revisora provista en 4 L.P.R.A. sec. 37(e) dictamos la siguiente orden:

“El apelante recurrido tendrá un término hasta el 4 de agosto de 1978 para comparecer a mostrar causa por la que no deba re-vocarse la sentencia dictada el 23 de mayo de 1978 por la Divi-sión de Apelaciones y en su lugar restablecer la de culpabilidad dictada por la Sala de Guayama del Tribunal Superior.”

Ha comparecido el acusado en argumentado escrito soste-niendo el criterio de la División de Apelaciones, por lo que procede resolver la contienda jurídica. De la solicitud de cer-tiorari del Sr. Procurador General tomamos la relación de hechos cuya fidelidad acepta el recurrido:

“Los hechos que dan margen al proceso contra el acusado ocurren el día 15 de marzo de 1972. Declaró la perjudicada que ese día y en horas de la tarde se encontraba en la salida del pueblo de Salinas hacia Guayama esperando un vehículo pú-blico. Mientras esperaba se le acercó un auto con dos personas desconocidas, una de ellas el acusado, quienes le ofrecieron lle-varla a su destino. Al principio rehusó, pero finalmente acepta y ocupa el asiento trasero del vehículo. Se dirigen hacia Gua-yama pero al llegar a cierto lugar en la carretera se desvían. La perjudicada protestó y trató de salir del auto.
Continuó declarando que llegaron a un sitio aislado y que am-bos sostuvieron relaciones sexuales con ella no obstante la fuerte resistencia que opuso a sus agresores. Fue abandonada en el sitio de los hechos y después de un momento salió de dicho lugar. Se encontró con una persona a quien le relató lo que le había ocu-rrido.
Esta persona con quien la perjudicada habló al salir del caña-veral es Bienvenido Burgos Carreras, cuyo testimonio fue ofre-cido como prueba de corroboración. Manifestó el testigo que era guardavía y que el día de los hechos se encontraba ejerciendo sus funciones cuando se le acercó la perjudicada. Describe el estado en que ésta se encontraba, (golpes en la nariz, arañazos y el cuerpo lleno de paja y matojos). La perjudicada le manifestó que dos personas la habían llevado hasta ese lugar y habían ‘abusado de ella’ y le preguntó si había visto pasar un auto verde a lo que le contestó que lo había visto y que el mismo iba a gran velocidad.
El testigo le ofreció agua a la perjudicada y ella procedió a lavarse. Poco después llegó un sargento de la Policía a quien le relató lo ocurrido.”

Ya quedó atrás la época del esmero formulista que se ejercitaba progresivamente, añadiendo elementos de prueba al requisito de corroboración que nunca fueron parte del texto de la ley, inarmónica desviación de la norma básica al efecto de que la prueba del Estado será suficiente si derrota la presunción de inocencia y excluye toda duda razonable de culpabilidad. ()

La prueba de corroboración relacionó al acusado con la comisión del delito () al señalarlo como una de dos personas que viajaban en un automóvil verde y que habían “abusado de ella.” El énfasis del apelante en que el juez sentenciador erró al aceptar el entendimiento por el testigo guardavía de lo que es “abuso” es faena retórica, porque el vocablo tiene en nuestro medio, desde tiempo inmemorial, connotación y sentido de imposición del hombre sobre la mujer para gozarla sin su consentimiento. Pueblo v. Quiñones Abreu, 103 D.P.R. 626 (1975).

Aun bajo la anacrónica norma de prueba bajo la que se juzgó al acusado, fue suficiente el testimonio de corroboración para sostener la convicción.

La sentencia de la Sección Apelativa será revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opi-nión concurrente.

—O—

Opinión concurrente

del Juez Asociado Señor Irizarry Yun-qué.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1978

No estoy de acuerdo en que la prueba de corroboración re-lacionó al acusado en este caso con la comisión del delito. El testimonio de Bienvenido Burgos Carreras, única prueba pre-sentada por el Estado para corroborar el testimonio de la víc-tima, se limita a establecer la condición en que ésta se encon-traba al salir del cañaveral y a señalar que, según ella le manifestó, dos personas que iban en un auto verde abusaron de ella. Lejos de corroborar la identificación de los violadores, el testigo expresó que no pudo identificar a los que iban en el carro. A la pregunta, háchale por el fiscal, de si además del color del carro pudo percatarse de alguna otra cosa, dijo el testigo: “No, los carros pasaban tan ligero que yo no puedo identificar los que iban dentro ni la tablilla porque no lo vi.” (T.E. pág. 76.) Dijo además (T.E. pág. 81) que ni conocía a la perjudicada “ni sabe quiénes eran los muchachos tampoco.”

Bajo el estado de Derecho vigente para el 15 de marzo de 1972, fecha en que ocurrió la alegada violación, la convicción del acusado no podía sostenerse sin prueba que por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agra-viada, tendiera a establecer la relación del acusado con la co-misión del delito. () El récord y la transcripción de los testi-monios ofrecidos durante el juicio están huérfanos de dicha prueba.

Convengo, sin embargo, que debe revocarse la sentencia de la División de Apelaciones y restituirse el fallo condenato-rio y la sentencia impuesta al acusado. Si bien la prueba no estableció la necesaria corroboración, fue admitido expresa-mente por el abogado del acusado que éste estaba presente y participó en la comisión de los actos que la perjudicada le imputaba. Su teoría fue que no la violó, para lo cual descansó en la propia prueba de cargo. Así aparece en la pág. 103 de la transcripción, mientras se argumentaba sobre la teoría de defensa. Una admisión como esa obliga al acusado y hace innecesario considerar la falta de corroboración. Véanse: Pueblo v. Santiago, 78 D.P.R. 69 (1955); Pueblo v. Vargas, 74 D.P.R. 144 (1952); Pueblo v. Rodríguez, 57 D.P.R. 895 (1941); Pueblo v. Ruiz, 57 D.P.R. 892 (1941); Ex Parte Morales, 30 D.P.R. 907 (1922).

      O) Los hechos tuvieron lugar el 15 de marzo de 1972, antes de la en-mienda de la Regla 154 de Procedimiento Criminal por Ley Núm. 209 de 23 julio, 1974, Leyes de ese año, Parte 2, pág. 124.

      (2) Regla 110 de Procedimiento Criminal. — En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá.

      (3) Exigencia del anterior texto de la Regla 154. Su requisito de rela-cionar al acusado con la comisión del delito nunca se extendió para incluir la identificación del acusado por el testigo de corroboración.

      (!) Disponía la Regla 154 de Procedimiento Criminal:
      “En un proceso por el delito de promover o intentar la promoción de un aborto o por contribuir o ayudar en su perpetración, por seducir con engaño o corromper por medio del halago o por inducir o engañar a una mujer soltera, menor de veintiún años, hasta entonces reputada por casta, a entrar en alguna casa de lenocinio o en cualquier otra parte con el ob-jeto de prostituirla o contribuir y ayudar a ese fin o de que tenga contacto carnal ilícito con cualquier hombre, o en un proceso por el delito de seduc-ción bajo promesa de matrimonio o por el delito de violación o tentativa de cometerlo, no podrá declararse convicto al acusado por la sola declaración de la mujer agraviada, a menos que tal declaración se corrobore con alguna otra prueba que por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agraviada, tienda a establecer la relación del acusado con la comisión del delito. Esta corroboración no será suficiente si sólo probare la perpetración del delito o las circunstancias del mismo.”


author: PER curiam :()

text:
    María Meléndez de París, peticionaria, v. Departamento de Servicios Sociales, Hon. Secretario de Servicios Sociales, Señor Genaro Collazo y Otros.

      Número: O-78-209

      Resuelto: 6 de octubre de 1978

      Lawrence J. Snyder y Clara E. Diez, abogados de la peticionaria; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Jo

      sefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos del Departamento de Servicios Sociales.
   PER curiam :()

La recurrente solicitó los beneficios del Programa de Cupones de Alimentos del Departamento de Ser-vicios Sociales. () Comenzó a recibir los cupones en noviem-bre de 1974.

En octubre de 1977 el Departamento le informó a la recu-rrente que se le habían expedido cupones en exceso desde no-viembre de 1974 hasta agosto de 1976 y se le requirió el pago de su valor, ascendente a $1,533.00. Las partes aceptan que la recurrente presentó con exactitud la información requerida sobre su situación económica y la de su familia. El pago in-debido, conforme el Departamento, fue consecuencia del error de un técnico gubernamental que calculó equivocadamente el ingreso familiar de la peticionaria.

La Junta de Apelaciones del Departamento de Servicios Sociales confirmó que la recurrente adeuda la referida canti-dad. La recurrente acudió en alzada ante el Tribunal Superior. El Departamento alegó en dicho foro que el recurso es prematuro, “pues en el trámite administrativo no se ha to-mado la determinación de si la deuda debe ser condonada o no a la luz de las circunstancias totales del caso.” Se negó por lo tanto el Hon. Angel G. Hermida a expedir el auto en la men-donada etapa de los procedimientos. La peticionaria solicita de este Tribunal la revisión por certiorari de este fallo.

Debe confirmarse la sentencia. La reglamentación federal correspondiente, 7 C.F.R. sec. 271.7(f) dispone:

“(f) If excess free coupons are issued because of a certification error by the State agency or a misunderstanding of program provisions by a participating household, the State agency shall take appropriate corrective action to prevent any further issuance of excess free coupons to such household and, on behalf of FNS, make demand upon such household for repayment of the value of the free coupons issued to the household as a result of such certification error or misunderstanding of program provisions. The State agency may decline collection action to recover the value of the excess free coupons from the recipient household in any case in which such value is less than $400 under the following conditions:
(1) The issuance of excess free coupons did not involve gross negligence or fraud covered by paragraphs (a) and (d) of this section; and
(2) The State agency determines that either:
(i) It cannot collect or enforce collection of any significant sum from the household.
(ii) The cost of collection action likely will exceed the amount recoverable thereby, or
(iii) Evidence necessary to prove the claim cannot be produced.
In any case described in this paragraph in which the value of excess coupons issued is $400 or more, the State agency may decline collection action under the conditions specified herein only with the concurrence of FNS. In any such case, the State agency shall submit a statement of the facts and its proposed determinations to FNS for review and concurrence.”

En vista a estas disposiciones la agencia local puede resolver proceder con la acción de cobro o, de darse las condiciones en ellas descritas, condonar la deuda con la anuencia, por tratarse de una suma mayor de $400.00, del Servicio de Nutrición Federal (FNS). Según surge de autos, el Departamento de Servicios Sociales interesa explorar el segundo camino. Tal circunstancia convierte el recurso en prematuro. Es innecesario e impropio que el Poder Judicial se exprese sobre una contienda que aún no está trabada debidamente.

Se expide el auto solicitado y se confirma la sentencia re-currida.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual e Irizarry Yunqué no intervinieron.

      (1)Nota del Editor: El 2 de noviembre de 1978 el Tribunal Supremo emitió una Resolución en el caso de autos que expresa:
      “Se resuelve que la sentencia emitida en el caso de epígrafe deberá publicarse como opinión Per Curiam.

      “Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. Los Jueces Aso-ciados Señores Dávila, Torres Rigual e Irizarry Yunque no intervi-nieron.
      (Fdo.) “Ernesto L. Chiesa

        Secretario”

      (2)La base estatutaria de este programa es la Ley Pública del Con-greso 88-525 de 31 de agosto de 1964, 78 Stat. 703 et seq., según enmen-dada, 7 U.S.C.A. see. 2011 et seq. La enmienda efectuada por la Ley Pú-blica 91-671 de 11 de enero de 1971, 84 Stat. 2048, es la que extendió el programa a Puerto Rico.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Wilfredo Alvarez, acusado y apelante.

      Número: CR-77-149

      Resuelto: 6 de octubre de 1978

      Federico Torres Jiménez, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El señor Wilfredo Alvarez fue acusado de infringir el Art. 1 de la Ley Núm. 77 de 12 de agosto de 1925, según enmendado por la Ley Núm. 234 de 23 de julio de 1974, 24 L.P.R.A. see. 791, al almacenar leche cruda para el con-sumo humano alegadamente adulterada con el antibiótico penicilina y otras sustancias inhibidoras. El tribunal lo halló culpable y le impuso una multa de $25.00, más las costas.

La controversia central en esta apelación gira en torno a la validez del procedimiento seguido por el Departamento de Salud para la toma y análisis de muestras de leche en casos de esta naturaleza, cuestión que abordamos en Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315 (1976).

El inspector del Departamento de Salud tomó una sola muestra en el caso de autos. No dejó muestra para el apelante. E.N. del Fiscal, pág. 2; E.N. de la Juez, pág. 3. () Luego de desfilar la prueba de cargo la defensa presentó una moción de absolución perentoria, fundada en una alegada vio-lación al Reglamento sobre Toma y Análisis de Muestras de Alimentos, Reglamento Núm. 12 de 9 de noviembre de 1944, 24 R.&R.P.R. secs. 730-9, 10 y 11, y al Reglamento Sanitario Núm. 133 de 18 de mayo de 1970, 24 R.&R.P.R. see. 790-504(e) (1). El apelante sostiene que erró el tribunal al dene-gar esta moción.

La parte pertinente del Reglamento Núm. 12, 24 R.&R.P.R. sec. 730-9, dispone:

“Las muestras oficiales se tomarán en triplicado cuando menos. Se podrá tomar un número mayor si fuere necesario, de-biéndose entregar una de ellas al interesado y poniéndose las otras a disposición del Departamento de Salud para la investiga-ción pertinente del caso....” ()

El Reglamento Núm. 133, 24 R.&R.P.R. see. 790-504 (e) (1), provee:

“1. Leche cruda. Durante cada período de 6 meses se toma-rán en las vaquerías un mínimo de 4 muestras de leche en días distintos para los exámenes bacteriológicos ....”

En Pueblo v. Andreu González, supra, rechazamos la tesis del Ministerio Público de que el Reglamento Núm. 133, por ser posterior y de índole especial derogó las normas que el Reglamento Núm. 12 expone sobre la toma de muestras en triplicado. Resolvimos que ambos reglamentos subsisten en la medida que no conflijan entre sí. Aclaramos, no obstante, que la omisión del trámite de las tres muestras no representa necesariamente en todo caso una violación per se del debido proceso de ley. En Andreu González el Estado sostenía que la observancia del Reglamento Núm. 12 sobre muestras en triplicado era improcedente debido a la naturaleza perecedera de la leche; que la adición de preservativos interfiere con los resultados, por lo que tal procedimiento no es el indicado para detectar la presencia de antibióticos. En atención a este argu-mento devolvimos los autos al tribunal de instancia para la continuación de la causa, explicando:

“De ser cierta esta alegación, ello sería . . . suficiente para no aplicarse el Reglamento Núm. 12, ya que estaría en conflicto con el Reglamento Núm. 133, con el criterio de razonabilidad y con el curso natural de lo físicamente posible. El debido proceso de ley ni el derecho coexisten para exigir cosas imposibles, absur-das, ni inútiles o innecesarias.”

El caso de autos sólo exige en consecuencia precisar si el Ministerio Público probó la improcedencia de obedecer las disposiciones del Reglamento Núm. 12 sobre la toma de mues-tras en triplicado y la oportunidad de comprobación por el apelante.

El récord de este caso está totalmente huérfano de prueba para justificar el incumplimiento por el Estado del Regla-mento Núm. 12. La prueba de cargo se limitó a la declaración del inspector del Departamento de Salud, señor Jesús M. Ma-rrero, y a la estipulación sobre el resultado del análisis quí-mico de la muestra realizado por la Srta. Mary Ramírez.

El señor Marrero indicó la fecha y hora en que tomó la única muestra, que rotuló la misma y la condujo, debidamente refrigerada, al laboratorio. No se ofreció prueba pericial alguna sobre la razón para desobedecer el Reglamento Núm. 12. El señor Marrero dijo únicamente que él entendió que no era necesario dejarle una muestra al ganadero, “que cuando se trata de antibióticos no se le deja muestra solo se toma una muestra porque el Reglamento Núm. 138, del Departamento de Salud, no específica [sic] que se deje copia al ganadero de la muestra. . . . Que la Regla Número 9 del Reglamento Número 12 del Departamento de Salud, que ordena la toma de muestras en triplicado es sólo para casos de adulteración de leche por químicos.” (E.N. de la Juez, pág. 3.) Estas aseveraciones son conclusiones jurídicas. No represen-tan la prueba científica que requiere Andreu González para desatender el Reglamento Núm. 12.

El testimonio estipulado de la Srta. Ramírez tampoco aportó tal prueba. Se admitió que ella declararía tan solo que recibió la muestra que le llevó el señor Marrero, que efectuó el análisis correspondiente y que la muestra dio positivo de penicilina y otros inhibidores. (E.N. de la Juez, pág. 4.)

En contraste con la insuficiencia de la necesaria prueba técnica del fiscal, la defensa presentó como perito al Dr. Gabriel González Calderín, Director del Departamento de Agri-cultura, con doctorado en Medicina Veterinaria y maestría en Salud Pública. Sobre el problema que nos ocupa declaró “que se puede tomar muestra en triplicado si se elimina la posibilidad de que la muestra tenga presente bacterias que durante el envejecimiento puede producir encimas [sic] que es antagónico y puede inhibir la presencia de antibióticos en la leche. Esto puede evitarse poniendo la muestra de leche a cierta temperatura. Que usando un mechero y un termómetro, y calentando la leche se puede [sic] destruir las bacterias.” (E.N. del Fiscal, pág. 8.) No se refutó esta prueba.

El Ministerio Público no ha aportado prueba adecuada para justificar el incumplimiento en este caso del Reglamento Núm. 12. Ante este hecho es innecesario discutir otros señalamientos de error.

Se revoca la sentencia dictadla y se absuelve al acusado.

      (2)Nos hallamos aquí ante el insólito hecho de que constan en el legajo tres exposiciones narrativas de la prueba. Afortunadamente son pocas las discrepancias. Por resolución de 4 de mayo de 1978 determinamos que de surgir conflicto entre ellas prevalecería la de la juez. Se insta al fiel cumpli-miento de la Regla 15 de nuestro Reglamento y de la Regla 208 de Procedí-miento Criminal, así como de las disposiciones análogas que privan en el caso de otros recursos.

      (z)Las Secs. 10 y 11 del Reglamento Núm. 12 exigen que de resultar que existe adulteración debe notificarse al interesado para ofrecerle la opor-tunidad dentro de cierto término de un examen de comprobación.


author: per curiam :

text:
    José R. Montalvo, et al., demandantes y recurrentes, v. Ceramic Enterprises, demandada y recurrida.

      Número: R-78-199

      Resuelto: 6 de octubre de 1978

      Diego E. Mejias Montalvo, abogado de los recurrentes; Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago & Pérez, abogados de la recurrida.
   per curiam :

Los hechos de este caso se estipularon por las partes. La demandada recurrida, Ceramic Enterprises, con-vino en emplear al demandante recurrente, José R. Montalvo, en su departamento de contabilidad con sueldo de $700.00 mensuales, a comenzar el 18 de agosto de 1975. El recurrente laboraría por un período probatorio de noventa días antes de adquirir su cargo carácter permanente.

Para el tiempo de este acuerdo el señor Montalvo traba-jaba con American Optical P.R., Inc. Su sueldo era de $600.00 mensuales. El 14 de agosto de 1975 el recurrente renunció a este empleo para cumplir su obligación con Ceramic Enterprises. Al presentarse el señor Montalvo el 18 de agosto de 1975 para asumir su puesto en Ceramic Enterprises se le comunicó, no obstante, por primera vez, que no podía otor-garse el contrato prometido de empleo. La estipulación no ex-puso las razones para esta determinación de Ceramic. Se esti-puló, sin que ello entrañase aceptación de responsabilidad por Ceramic, que el recurrente sufrió daños montantes a $1,000.00 a causa de la referida acción.

El Tribunal Superior desestimó la demanda que interpuso el señor Montalvo por considerar improcedente la compensa-ción por despido injustificado que proveía el Art. 1 de la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949, 29 L.P.R.A. see. 183, que a su juicio regula estos hechos. () Señaló la ilustrada sala sen-tenciadora, fundándose en Cassasús v. Escambrón Beach Hotel, 86 D.P.R. 375 (1962), que podía prescindirse de los servicios del señor Montalvo por tratarse de un empleado pro-batorio.

El 22 de junio de 1978 una Sala de este Tribunal dictó orden para que la recurrida mostrase causa por la cual no debe revocarse este fallo y dictarse sentencia por los daños estipulados, más costas y honorarios de abogado.

Ha comparecido la recurrida y argumenta que este Tribunal carece de jurisdicción para entender en este recurso. Expresa que la sentencia se archivó en autos el 28 de abril de 1978 y que el recurso se radicó el 30 de mayo, treinta y dos días más tarde. Según dispone la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, el recurso se radicó a tiempo. Los treinta días vencían el 28 de mayo de 1978, que resultó domingo. El día siguiente era feriado. Al radicar el martes, 30 de mayo, se cumplió en consecuencia con lo prescrito por la Regla 53.1 (b) de Procedi-miento Civil.

Respecto a los méritos del recurso, la doctrina de Cassasús es inaplicable a los hechos de este caso. Aquí no se trata del despido de un empleado y del reclamo de la mesada a que se refería el Art. 1 de la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949, 29 L.P.R.A. see. 183. El señor Montalvo nunca llegó a ser empleado. Su acción se funda precisamente en el incumplimiento del acuerdo de emplearlo. Tiene derecho el recurrente al resarcimiento de los daños sufridos. El carácter probatorio que tendría su empleo no anula su causa de acción. Ceramic Enterprises venía obligada a cumplir su promesa de contratar los servicios del recurrente y brindarle la oportunidad ofrecida de convertirse, bajo las condiciones acordadas, en un empleado permanente.

Se expide el auto solicitado, se revoca el fallo emitido y se ordena el pago por la recurrida a la parte recurrente de la cantidad de $1,000.00 por concepto de daños, más las costas y $500.00 de honorarios de abogado.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

      í1) Después de ocurrir los hechos que motivaron este pleito la citada ley fue sustituida por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185(a) yss. (Suplemento de 1977.)