author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José D. Nieves Vargas, acusado y apelante.
    Número: CR-72-65

      Resuelto: 21 de marzo de 1973

      Nora L. Rodríguez Matías, abogada del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Roberto Armstrong, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.'
   PER CURIAM:

El apelante José D. Nieves Vargas fue juz-gado por tribunal de derecho, previa renuncia a que el caso se viera ante un jurado, y encontrado culpable de dos infrac-ciones (posesión y ocultación y transportación de heroína) al Art. 29 de la anterior Ley de Narcóticos, 24 L.P.R.A. see. 974z. Luego de rendido un informe del Oficial Probatorio, fue sentenciado a una pena de cinco (5) a ocho (8) años en cada caso, a ser cumplidos concurrentemente.

En esta apelación señala como único fundamento de error el haberse admitido la evidencia ofrecida por el fiscal, con-sistente de una jeringuilla plástica, una aguja hipodérmica y un deck de heroína.

No estamos de acuerdo. La prueba revela que el día 29 de noviembre de 1969 y a eso de las 12:50 de la tarde el agente de la policía Juan José Martínez, junto con otros agentes, hacía labor de patrulla en un vehículo oficial por las cercanías del caserío San José en Hato Rey. Recibieron una llamada-querella por radio-teléfono que dentro de un carro Mustang azul que se encontraba estacionado en la Calle Villalba del caserío un individuo se estaba inyectando. Se dirigieron al lugar. Allí encontraron el Mustang y cinco individuos aden-tro, incluyendo el apelante. El agente Martínez se acercó a pie al vehículo estacionado y vio a uno de los individuos (Ernesto Ciuro Vega) en los momentos que estaba “echando en una envoltura amarilla, un s'obrecito amarillo en una chapita, echando polvo” (T.E. pág, 19). Continuó declarando el testigo:

“Entonces, yo seguí de largo, entonces a los dos compañeros míos se lo informé, que también habían pasado. Mira, están preparados para inyectarse. Viramos para atrás. Yo le quité lo que tenía Siuro y Arocho Vélez, era un pote de coca-cola que lo tenía en la mano, también me lo entregó y entonces, el compa-ñero Luis Ríos Méndez arrestó al individuo que estaba sentado en la parte trasera del auto.”

El individuo que estaba sentado en la parte trasera del auto resultó ser el apelante José Nieves Vargas. El apelante fue registrado ocupándosele una caja de cigarrillos marca Winston. El agente abrió la caja. Esta contenía una jerin-guilla plástica, una aguja hipodérmica y una envoltura de color amarillo, envoltura de decks. (T.E. pág. 35.)

Todos fueron arrestados y registrados inmediatamente. Como sostuvimos en Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971), cuyo caso envuelve unos hechos muy parecidos, el registro fue razonable, incidental y contemporáneo con un arresto legal. Fue legal el arresto, pues, como demuestra la prueba, los funcionarios tenían motivos fundados para creer que las personas que se encontraban en el Mustang estacio-nado, incluyendo el apelante, estaban cometiendo un delito en su presencia. Regla 11 de Procedimiento Criminal.

Finalmente el apelante plantea la cuestión de que [p] osi-blemente sea acreedor a que se devuelva su caso al Tribunal de Instancia para que allí se le sentencie nuevamente de acuerdo con lo dispuesto” en la nueva Ley de Sustancias Con-troladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmen-dada por Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1972 y Ley Núm. 89 de 6 de junio de 1972. La penalidad bajo la nueva ley es de un mínimo de un año y un máximo de cinco (5) años y, además podrá imponerse una multa que no excederá de $5,000.00, 24 L.P.R.A. see. 2404.

• La Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. see. 2101, et seq. (Suplemento 1972) dispone en el Art. 602, 24 L.P.R.A. sec. 2602(a):

“ (a) Las acusaciones pendientes por cualquier violación a las leyes o partes de leyes derogadas por este Capítulo, que ocurra con anterioridad a la fecha de vigencia del mismo se seguirá tra-mitando bajo la ley vigente al momento de haberse cometido la susodicha violación. Si la violación por la cual se ha acusado es similar a las que se incluyen en este Capítulo, se aplicarán las penalidades dispuestas por este Capítulo, si éstas son menores que las penalidades bajo la legislación anterior.”

Vista la citada disposición, se devolverá el caso al tribunal de instancia para que sentencie nuevamente al apelante de acuerdo con lo dispuesto en el Art. kOU de dicho estatuto, 2U L.P.R.A. sec. 2k01*.

       Los otros cuatro individuos fueron también acusados. El juicio del apelante se celebró separadamente del de los otros.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    Julio Otero Iglesias, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Humacao, Hon. Jose O. Grau, Juez, demandado.

      Número: O-72-357

      Resuelto: 28 de marzo de 1973

      Miguel A. López Rivera, abogado del peticionario; José H. Picó, abogado de la Employers Insurance Wausau.
   per curiam:

En 19 de enero de 1973 dictamos una orden dirigida a la compañía aseguradora interventora para que ésta mostrara causa por la cual no debía dejarse sin efecto la deducción adicional de $1,000.00 concedida a ésta al amparo de la see. 8 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968.

Examinado el memorando sometido por la compañía ase-guradora interventora así como el escrito de oposición a la petición de certiorari, a la luz de las disposiciones de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. sees. 2051-2065, concluimos que la deducción de $1,000.00 por sufrimientos físicos y mentales es aplicable a la persona u organización responsable por tales daños. En el evento de que se responsabilice solidariamente a la compañía aseguradora y al asegurado, la deducción deberá deducirse una sola vez de la suma de daños concedidos, esto es, no aplica por separado a cada parte. El tribunal de instancia cometió error al extender el beneficio de la deducción de $1,000.00 a cada una de las partes. Debe expedirse el auto de certiorari solicitado y modi-ficarse la sentencia del tribunal de instancia a los fines de eliminar la deducción adicional de $1,000.00 y restituirse la suma total concedida a la cantidad de $10,000.00.

       NOTA DEL COMPILADOR: En relación a esta opinión, una de las Salas del Tribunal expidió la siguiente Resolución en este caso:
      “RESOLUCION
      “San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 1973
      “Apareciendo del expediente que el tribunal de instancia dictó sentencia concediéndole al recurrente la cantidad de $7,000 por con-cepto de daños físicos, $4,000 por concepto de sufrimientos y angustias mentales, $1,000 por retraso en los estudios y $500 para honorarios de abogado, para un total de $12^000; que a moción de la demandada aquí recurrida, y con el allanamiento de los recurrentes, y, a tenor con la See. 8 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 LPRA see. 2051-2065, el tribunal de instancia dedujo de la sentencia dictada la canti-dad de $2,000; que, a pesar, de la deducción así efectuada, la asegura-dora recurrida solicitó y el tribunal de instancia concedió, una deduc-ción adicional de $1,000 al entender equivocadamente que el caso de Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972), estableció el derecho de la aseguradora de disfrutar el beneficio de la deducción de $1,000 por sufrimientos mentales en adición a la deducción de $1,000 concedida al asegurado, siendo equivocada tal interpretación y sin base alguna en la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles ni en el mencionado caso de Morales v. Lizarribar, se concede un término de 10 días a la interventora para que muestre causa por la cual no se debe expedir el auto de certiorari solicitado y, una vez expedido, modificar la sentencia del tribunal de instancia a los fines de eliminar la última deducción de $1,000 y restituir la suma total concedida a la cantidad de $10,000.
      “Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.
      José L. Carrasquillo

        Secretario”


author: per CURIAM:

text:
    Gaspar Cruz Rodríguez, demandante y recurrido, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y Great American Insurance Co., demandadas y recurrentes.

      Número: R-72-174

      Resuelto: 5 de abril de 1973

      Ernesto C. Blanco, José O. Sabater y Jorge López Ramírez, abo-gados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; Tomás E. Vivoni, abogado del recurrido.
   per CURIAM:

El demandante trabajaba para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Alega que sufrió una caída “en una zanja o cavidad de aproximadamente cuatro (4) pies de profundidad”, (Conclusión de Hecho #5), existente en una parcela perteneciente á la Autoridad “la que se en-cuentra circundada por una verja ciclón [sic] para protec-ción de un tanque de agua de la misma Autoridad de Acue-ductos y Alcantarillados.” (Conclusión de Hecho #2.) “El demandante, visitaba la parcela dos y tres veces por semana.” (Conclusión de Hecho #6.) “El demandante tenía en su posesión una llave de la puerta que da acceso al tanque de agua que hemos identificado antes; la prueba nos ha conven-cido que la llave le fue entregada al demandante por uno de sus jefes y la recibió, entre otros propósitos, para que cuidara y supervisara informalmenté el área de la parcela, evitando así que personas extrañas invadieran el predio; en esa fecha la demandada no tenía ningún empleado asignado al cuidado de dicha parcela y era factible encomendarle esa gestión al demandante quien tenía que pasar diariamente por esa área.” (Conclusión de Hecho #4.)

De las determinaciones de hecho que antes se transcriben surge que el demandante era un empleado de la demandada, y que se le había encomendado unas gestiones en relación con el predio de terreno donde está enclavado un tanque de agua.

Con estos hechos no puede imponérsele responsabilidad a la demandada visto lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 21 y la constante jurisprudencia interpretando esta disposición estatutaria. Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170 (1966); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574 (1964.)

Se revocará la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez y se dictará otra declarando sin lugar la demanda.

       Dispone así:
      “Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí establecido para obtener compensa-ción será el único remedio en contra del patrono . .. .”


author: El Juez Presidente Señor Pérez Pimentel

text:
    B. Fortaleza Corporation, demandante y recurrente, v. Antonio Bouzá Alonso, demandado y recurrido.
    Número: R-71-119
    Resuelto: 5 de abril de 1973

      Manuel Tirado Viera, José Roberto Lugo y Jorge Busigó Cifre, abogados de la recurrente; Juan T. Peñagarícano, Jr., abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

B. Fortaleza Corporation, una corporación doméstica, es dueña de un edificio de dos plantas ubicado en la Calle Fortaleza, Núm. 107 del viejo San Juan.

Mediante contrato de arrendamiento, suscrito el día 5 de junio de 1968 por la anterior dueña del mencionado edificio, Sociedad Puertorriqueña de Escritores, representada por el Lie. Ernesto Juan Fonfrías, y el demandado, Sr. Antonio Bouzá Alonso, la primera cedió en arrendamiento al segundo para fines comerciales “la totalidad de la parte baja fondo” que comprendía locales interiores, un local lateral izquierdo entrando, y asimismo una covacha a la derecha del zaguán de entrada por un canon de $400.00 mensuales.

El inquilino señor Bouzá Alonso, solicitó de la Administra-ción de Servicios al Consumidor, una rebaja en los cánones mensuales a lo cual se opuso la dueña, B. Fortaleza Corporation, alegando falta de jurisdicción de dicha agencia por tra-tarse de una propiedad usada para fines de negocios con una renta de $400.00 mensuales. El 19 de enero de 1971 la Ad-ministración de Servicios al Consumidor resolvió que tenía jurisdicción toda vez que se trataba de dos locales distintos uno con renta de $350.00 y otro con renta de $50.00. Solicitada la reconsideración a la Administración ésta la declaró sin lugar el 22 de junio de 1971.

A partir de febrero de 1971 el demandado descontinuó el uso de una parte de la propiedad, designada como “covacha” devolviendo las llaves de la misma pero siguió utilizando la otra parte en su negocio de restorán pagando $350.00 como canon.

El 15 de febrero de 1971, B. Fortaleza Corporation instó demanda de desahucio contra el señor Bouzá Alonso por incumplimiento de contrato. Se alegó que el abandono de parte de la propiedad arrendada y el uso y pago de la parte arren-dada no se ajustaba a las condiciones del arrendamiento, constituyendo todo ello una violación del contrato. El deman-dado no contestó la demanda sino que presentó una Moción de Desestimación alegando que el tribunal no tenía jurisdic-ción en el caso ya que la que tenía jurisdicción era la Adminis-tración de Servicios al Consumidor.

Con fecha de 29 de marzo de 1971 el honorable tribunal dictó sentencia declarando con lugar la Moción de Desestima-ción por el fundamento de que la propiedad objeto de la acción está controlada por la Administración de Servicios al Consu-midor.

No conforme con dicha determinación B. Fortaleza, Corp., recurrió para ante este Tribunal imputando el siguiente error al tribunal a quo:

“Erró el tribunal a quo al declararse sin jurisdicción ante la solicitud de un remedio en ley que es solo de procedencia judicial.”

El Art. 4 de la Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1941, según enmendada, conocida como Ley de Alquileres Razona-bles (17 L.P.R.A. see. 184), dispone como sigue:

“(b) No se aplicarán las disposiciones de este título a las siguientes propiedades: (1) pertenecientes a las agencias e instrumentalidades del Gobierno de los Estados Unidos de América, del Gobierno de Puerto Rico, o de los Gobiernos Munici-pales de Puerto Rico; Disponiéndose, sin embargo, que dichas propiedades estarán sujetas a las disposiciones dé las sees. 181 a 214a de este título en caso de que los arrendatarios subarrienden las mismas a personas particulares. (2) A.propiedad de alquiler destinada al negocio de hospital y/o clínica en cuanto a la relación entre quien explota dicho negocio de hospital a clínica y sus pacientes. (3) A hoteles ni casas de hospedaje en cuanto a la relación entre [quien explota dicho negocio de hotel o casa de hospedaje y sus huéspedes o inquilinos y en cuanto a la relación entre] el dueño del edificio y/o solar y/o muebles y demás equipo y el que explota dicho negocio de hotel o casa de hospedaje. La aplicación de las sees. 181 a 214a de este título en cuanto a la relación entre el dueño del edificio y/o solar y/o muebles y demás equipo y el que explota dicho negocio de hotel o casa de hospe-daje, continuará vigente respecto a casas de hospedaje, para el alojo de inquilinos residentes. (4) A toda unidad de alquiler con una renta de $200.00 ó más por mes cuando la misma se usa para vivienda y con una renta de $4-00.00 ó más por mes cuando se usa para fines de negocios, industria, oficinas profesionales, o para fines sociales y recreativos, disponiéndose que los efectos legales de este apartado (4) no serán aplicables a las unidades de alquiler usadas en el negocio de venta de gasolina al detal mediante arrendamiento.” (Énfasis nuestro.)

Es de notarse que este artículo exime del control esta-blecido por la Ley de Alquileres Razonables a las unidades de alquiler allí provistas.

La cuestión principal planteada es si la exención establecida en dicho artículo opera de pleno derecho, una vez que el arrendador y el inquilino pacten una renta de $400.00 ó más, o si, por el contrario, la Administración de Estabilización Económica tiene facultad para investigar si la renta pactada responde al valor real de la propiedad, y para determinar si la propiedad cualifica para descontrol.

Una cuestión similar fue planteada ante este Tribunal en los casos de Vda. de Hernández v. Pérez Colón, Admor., 94 D.P.R. 807 (1967) y Blanco Rojo v. A.E.E., 96 D.P.R. 231 (1968).

En el caso Vda. de Hernández, supra, expresó este Tribunal lo siguiente con respecto al Art. 4 de la Ley de Alquileres Razonables:

. . Es solo con respecto a la propiedad no exenta, que el Administrador puede ejercer las facultades de fijar renta básica, decretar aumentos o rebajas en ésta, y entre otras más, cercio-rarse del cumplimiento de dicha ley y de la consecución de sus fines y propósitos. En cuanto a los exentos, una vez comprobado que cumplen con los requisitos de exención establecidos por la ley, carece de facultad del [sic] Administrador para reglamen-tarlos o en forma otra alguna intervenir con su uso y disfrute, y mucho menos ir más allá de lo dispuesto en la ley y pretender, en el caso de viviendas con rentas de $200 al mes, hacer sus propios estudios para determinar si caen o no dentro de su jurisdicción. Una vez que el poder legislativo ha determinado eximir la vivienda que devenga esa renta, lo único que puede hacer el Administrador es cerciorarse que la propiedad se usa como vivienda y que en efecto la renta pactada es $200 ó más por mes. De ahí en adelante, no puede fijar un alquiler menor a base de ciertas normas y criterios en su oficina adoptadas al amparo de disposiciones de ley aplicables a unidades de alquiler aún sujetas al control de la Ley de Alquileres Razonables [citas]. Concluimos, por lo tanto que la disposición eximente del Art. 4 de la ley opera de pleno derecho una vez se determina que la unidad de alquiler cumpla con los requisitos de exención.”

En el caso de Blanco Rojo, supra, se arrendó mediante contrato por un término de diez años un local comercial por un canon de $550.00 mensuales. Meses más tarde, el inquilino solicitó de la Administración de Estabilización Económica le rebajase dicho canon. El Administrador fijó un canon provisional de $183.50 mensuales. Estando el caso aún pendiente ante dicha entidad se aprobó la Ley Núm. 67 de 19 de junio de 1964, que dispuso en forma clara y expresa que las disposi-ciones de la Ley de Alquileres Razonables no se aplican a unidades de alquileres comerciales cuya renta es de $400.00 ó más por mes. Acto seguido el arrendador presentó al Ad-ministrador una “Solicitud de Descontinuación de los procedi-mientos Administrativos y Archivo de los Casos” la cual fue declarada sin lugar. Meses más tarde el Administrador dictó una orden fijando el alquiler máximo en $183.50. No conforme el arrendador recurrió para ante el Tribunal Superior el cual revocó al Administrador y éste último junto con el inquilino recurrieron para ante este Tribunal. Citado con aprobación el caso de Vda. Hernández, supra, en cuanto a que la disposición eximente del Art. 4 de la Ley opera de pleno derecho una vez se determina que la unidad de alquier cumple con los requisi-tos de exención, expresó además lo siguiente este Tribunal:

“Esto es así porque la determinación de si va a existir o no control de alquileres es una determinación de política pública que corresponde a la Asamblea Legislativa decidir y no a los Tribunales de Justicia ni al Administrador de Estabilización Económica. Con la misma facultad que la Asamblea Legislativa decretó en 1946 un control casi total de los alquileres en el 1964 determinó que los locales de vivienda que pagan $200.00 ó más y los locales comerciales que paguen $400.00 ó más no estarán bajo el control y la reglamentación de la Administración de Estabilización Económica. No vemos cómo él Administrador de esa oficina puede regatearle a la Asamblea Legislativa que aprobó la ley y a su superior inmediato, el Gobernador, quien la firmó, la facultad de hacer esas determinaciones de orden público. La letra de la Ley Núm. 67 es explícita y clara y la misma no condiciona su vigencia al uso de ninguna discreción de parte de la Administración de Estabilización Económica ni a que se lleve a cabo procedimiento alguno ante esa oficina. No teniendo la propia ley condiciones, el Administrador no puede ponérselas.”

Véase, además, el caso de Gross v. Couser, 45 N.W.2d 734, donde estaba envuelta la See. 202 del Housing and Rent Act, que establecía que ciertas propiedades estaban exentas de control. Sostuvo el tribunal en su opinión que dicha sección operaba automáticamente (self-executing).

A base de lo expresado entendemos que el Administrador de Estabilización Económica no tenía, facultad para alterar el canon pactado por las partes en el contrato. Tampoco tenía facultad el Administrador para determinar, como determinó, que se trataba de dos locales, comerciales, separados. Lo convenido por las partes en virtud del contrato celebrado en 5 de junio de 1968 era que se alquilaba la totalidad de la parte'baja por un canon mensual de $400.00. Al no tener jurisdicción la Administración de Estabilización Económica incidió el Tribunal Superior al declararse sin jurisdicción para ■ entender en la acción de desahucio presentada por el arrendador.

Se dictará sentencia revocando la del Tribunal Superior y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos.

       En el contrato de arrendamiento, después de describirse la finca urbana de planta alta, baja y azotea, las partes convinieron, entre otras cosas, lo siguiente:
      “Tercero: Que las partes tienen convenido un contrato de arrenda-miento sobre la totalidad de la parte baja fondo, de la primera planta de la propiedad descrita en el hecho anterior, cuya planta baja comprende locales interiores y un local lateral izquierdo entrando, y así mismo una covacha a la. derecha del zaguán de entrada, y llevan a efecto dicho contrato mediante las siguientes cláusulas y condiciones:
      “(1) La arrendadora cede y da en arrendamiento al arrendatario el referido local descrito con el ñn exclusivo de continuar establecido y explo-tando comercialmente el negocio de restorán bajo el nombre de ‘La Zambra’.
      “(2).. . .
      “(3) ..
      “(4) El canon de arrendamiento será la convenida y estipulada suma de Cuatrocientos dólares ($400.00) mensuales, pagaderos por mensualidades adelantadas en el domicilio de la arrendadora, disponiéndose, que para garantizar el pago de los cánones, el arrendatario deberá prestar una fianza por la cantidad de mil dólares,($1,000.00) previa a su entrada en la posesión del local arrendado. (Exhibit I, págs. 1, 2)

       La determinación de que se trata de dos locales comerciales, uno rentando $350.00 y el otro $50.00, tanto la Administración de Servicios al Consumidor como el Tribunal Superior, se fundan en que la anterior dueña del local arrendado expedía dos recibos separados, uno por $350.00 por la renta del local utilizado como restorán y otro por $50.00 por la renta de la covacha. La explicación para ello, según el récord, es que al otorgarse el contrato de arrendamiento el 5 de. junio de 1968, se siguió la práctica de expedir dos recibos separados porque así se hacía desde que por primera vez se arrendóla covacha en mayo de ese año 1968.
      Si se entendiera que esa práctica del pago de la renta había modificado el contrato de 5 de junio de 1968, también habría que considerar que fue en igual forma modificado cuando- la • actual dueña y aquí recurrente adquirió la propiedad pues a -partir de esa fecha el inquilino paga la renta mensual mediante un cheque por la suma de $400.00, que es lo estipulado en el contrato escrito de arrendamiento. • , ■


author: per curiam :

text:
    Gamaliel Torres Torres, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Ponce, Hon. Carlos D. Bonaparte, Juez, demandado.

      Número: O-72-262

      Resuelto: 5 de abril de 1973

      José Emilio Motta, abogado del peticionario; Victor M. Barreira Vázquez, abogado de la interventora P. & J. Roselló Sucrs.
   per curiam :

Un examen de los autos originales del caso de epígrafe nos lleva indefectiblemente a la conclusión de que el auto de certiorari fue impróvidamente expedido y debe ser anulado, y que, aún considerada la solicitud como una de revisión, procede rechazarla por falta de jurisdicción.

La solicitud de certiorari y la expedición del auto por el Tribunal persigue revisar una resolución en un pleito civil de daños y perjuicios por embargo ilegal iniciado por el peticionario Gamaliel Torres Torres contra los interventores P. & J. Roselló, Sucrs., en el Tribunal Superior, Sala de Ponce. Aunque la Sala de instancia utilizó el término “resolución”, ésta en realidad es una “sentencia” pues adjudicó la controversia, adversamente al peticionario, demandante en el pleito original, al declarar con lugar la defensa de cosa juzgada invocada por la parte demandada y desestimar la demanda, basada dicha defensa en un pleito resuelto anteriormente entre las mismas partes por sentencia final y firme a la fecha de radicación de la nueva demanda.

El recurso apropiado para revisarla es el de revisión provisto en la Regla 58.1. Pero, aún considerada la solicitud de certiorari como una de revisión, procede rechazarse por carecer el tribunal de jurisdicción.

La “resolución” desestimando la demanda fue dictada y notificada a las partes el 4 de octubre de 1971. Al día siguiente la parte demandante presentó al tribunal una moción de reconsideración. Pero no fue hasta el 26 de noviembre de 1971, transcurridos cincuenta y tres días, que el tribunal proveyó sobre ella señalándola para vista y discusión. Habiendo expirado el término de treinta días para interponer el recurso, la Sala de instancia quedó privada de jurisdicción para darle curso a la moción de reconsideración señalándola para vista. El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965). Esta actuación de la sala sentenciadora, por carecer de jurisdicción para ello, no interrumpió el término para presentar el recurso de revisión. Presentado como fue en 29 de agosto de 1972, casi un año después de expirado dicho término, carecemos de jurisdicción para considerarlo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se anulará el auto de certiorari expedido. Considerada la solicitud como una de revisión, se declarará no ha lugar a la misma por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, no intervino.

       De conformidad con lo dispuesto en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, el término “sentencia”, según se usa en las reglas, incluye una resolu-ción y cualquier orden de la cual pueda apelarse.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rufino Concepción Díaz, acusado y apelante.
    Número: CR-72-148

      Resuelto: 13 de abril de 1973

      Santos P. Amadeo, Manuel Pérez Sierra y José Enrique Amadeo, abogados del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Cándita R. Orlandi Gómez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

A la conclusión del juicio el 21 de agosto de 1970 un jurado trajo un veredicto de culpabilidad por mayoría de 9 a 3 contra el apelante, en tres cargos descritos como posesión, transportación y venta de marihuana y el tribunal de instancia le impuso la pena de 5 a 10 años de presidio en cada cargo a cumplirse concurrentemente.

Señala dos errores:

1. — La nulidad de un veredicto por mayoría por ser con-trario a la Enmienda Sexta de la Constitución Federal; y

2. — No haberle permitido el tribunal una línea de interro-gatorio conducente a impugnar la credibilidad del agente encubierto.

Ninguno de los apuntamientos de error tiene méritos.

El argumento del apelante al efecto de que el juicio por jurado tiene más de método político, para protección de minorías que de elemento integrante del debido proceso de ley se revierte contra el proponente. En Puerto Rico no existe el agudo problema de minorías presente en algunas comunidades de los Estados Unidos de América y de aceptar el argumento, las decisiones políticas tomadas por el Pueblo de Puerto Rico aprobando la Constitución de 1952 y por el Congreso ratificando la misma y específicamente su Art. II, Sec. 11, que provee veredictos por mayoría de tres cuartas partes del jurado, queda confirmada nuestra anterior expresión de que las circunstancias históricas, sociológicas y políticas dieron a este pueblo un vínculo constitucional único en su clase con los Estados Unidos de América dentro del cual pre-valecerán las disposiciones de nuestra Constitución sin que ello plantee conflicto sino entendimiento de pueblos democrá-ticos disímiles capaces de conservar su unión sin desnaturali-zarse. Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768, 778-779 (1971).

En su contrainterrogatorio del agente encubierto el apelante insinuó ante el jurado que el primero había sido expulsado de la policía como consecuencia de una investigación practicada en otro caso por el Sr. Fiscal de Humacao, quien supuestamente obtuvo una declaración del agente admitiendo soborno. Aparentemente frustrado en su pesquisa por las contestaciones del agente, el abogado del apelante no presionó su descubrimiento de prueba hasta solicitar del tribunal, que trató la cuestión con razonable liberalidad, una orden para obligar la comparecencia del fiscal con la alegada declaración inculpatoria por lo que no hay hechos en el récord que nos permitan reexaminar la vigente norma que regula la impugnación de credibilidad de un testigo dentro de la interpretación que hemos dado a los Arts. 383, 397 (14) y 520-de la Ley de Evidencia. (32 L.P.R.A. sees. 1664, 1678, 2150.)

Se confirmirán las sentencias apeladas.

Los Jueces Asociados, Señores Martínez Muñoz y Martín, concurren en el resultado.


text:
    Ramón A. Rivera Rivera et al., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico et al., demandada; José G. Serralta Hernández, lesionado.

      Número: O-72-226
    Resuelto: 17 de abril de 1973-

      Leoncio Carrasquillo Suárez, Jorge Márquez Gómez y Miguel A. Guzmán Soto, abogados del recurrente.
   per curiam:

El empleado lesionado José G. Serralta Hernández trabajaba para el patronato de la Oficina del Contralor de Puerto Rico en calidad de contador. El día 16 de noviembre de 1966 sufrió un accidente consistente, según aparece del récord ante nos, en que mientras realizaba su labor sintió un fuerte dolor de cabeza y fiebre alta. Su con-dición fue diagnosticada por los médicos del Fondo del Seguro del Estado como una “agravación de una condición arterio-esclerótica preexistente, relacionada”. Se le brindó trata-miento médico para su condición y fue dado de alta definitiva en 8 de julio de 1966, habiéndosele reconocido una incapaci-dad equivalente a la pérdida de un 30% de las funciones fisiológicas generales. No conforme el lesionado apeló para ante la Comisión Industrial. Finalmente, en 26 de mayo de 1967, y en base a un informe supletorio del cardiólogo del Fondo, el Administrador aumentó la incapacidad a un 60 % de las funciones fisiológicas generales. Esta decisión del Administrador fue confirmada por la Comisión Industrial en 24 de julio de 1967. Por esta incapacidad se le otorgó al lesionado una compensación de $6,000.00, máximo que fija la ley para estos casos.

En 10 de febrero de 1968 el lesionado presentó al Admi-nistrador una petición reclamando reembolso de gastos incu-rridos por motivo de una operación quirúrgica en relación con su condición cardiovascular a que fue sometido en una clínica de Cleveland, Ohio, en el mes de noviembre de 1967. Estos gastos, montantes a $4,300.50, incluyen, entre otras partidas, los pasajes de ida y vuelta a Cleveland con su esposa, hospe-daje y honorarios médicos por un arteriograma que se le practicó en aquella ciudad durante el mes de agosto de 1967. Allí estuvo tres días, regresó a Puerto Rico y, en noviembre siguiente, volvió a Cleveland donde se sometió a la operación.

La petición de reembolso fue denegada. El Administra-dor fundamentó su decisión en que el lesionado no había solicitado su autorización para dicho tratamiento médico, ni le había consultado sobre ello; que no se trataba de una emergencia súbita, que su vida no corría peligro de muerte inmediata y que no había cumplido con los requisitos que exige el Art. 5 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 6).

Esta decisión fue revocada por la Comisión Industrial en apelación entablada por el lesionado. Solicitada la reconside-ración, fue declarada sin lugar. El Administrador recurre ante nos. Señala que la Comisión Industrial incidió al resolver que el Fondo viene obligado a reembolsar los gastos reclama-dos, contrario a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo y lo resuelto por este Tribunal en Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 356 (1941); y al concluir, sin que se presentare la prueba pericial necesaria para ello, que el Fondo del Seguro del Estado no podía ofrecer en Puerto Rico la operación que necesitaba el lesionado, que dicha operación era necesaria para conservar la vida del lesionado y que su condición requería tal tratamiento médico con extrema urgencia.

La vista pública celebrada ante la Comisión Industrial en torno al reembolso de gastos fue sumamente breve. Sólo prestó testimonio el lesionado. Declaró, en síntesis, que luego de “cerrado” su caso ante la Comisión, en agosto de 1967, por recomendación de un médico particular, se trasladó a la ciu-dad de Cleveland donde sostuvo una entrevista con un médico de nombre Dr. Shelton; que regresó a Puerto Rico y en el mes de noviembre siguiente le fue practicada la operación en el hospital de Cleveland; que dicha operación era necesaria para conservar su vida; que necesitaba dicho tratamiento con urgencia, y que en Puerto Rico no había las facilidades o equipo para practicarla. Su testimonio es claro al efecto de que no consultó ni obtuvo el permiso o intervención del Administrador del Fondo del Seguro del Estado ni de la Comi-sión Industrial para someterse a lá operación. En cuanto a este extremo, dijo lo siguiente (T.E. pág. 8) :

“P. ¿En qué mes se le practicó esta operación?
R. Noviembre de 1967.
P. En noviembre 9 de 1967. En algún momento con anterio-ridad a la operación le planteó usted a alguno de los médicos del Fondo la necesidad de esa operación o le planteó usted la urgen-cia para su salud a alguno de los médicos. Conteste indirecta-mente [sie] la pregunta que le estoy haciendo.
R. Mi caso había cerrado ya en el Fondo.
P. La pregunta que yo le hago, si le había dicho a alguien, a alguno de los doctores del Fondo, o a alguien del Fondo de la necesidad de esa operación para su salud.
R. A nadie.”

El Art. 5 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Suplemento Acumulativo, 11 L.P.R.A. see. 6, en la parte que consideramos pertinente, dispone lo siguiente:

“Durante el período de inhabilitación, el obrero o empleado lesionado o enfermo, bajo las circunstancias que cubre este Capítulo se dejará tratar y examinar a horas y en sitios opor-tunos por un médico competente designado por el Administra-dor; disponiéndose que si el Administrador no proveyera asis-tencia adecuada al obrero o empleado, éste podrá acudir ante la Comisión Industrial y ésta, previa investigación por un médico designado al efecto, ordenará la asistencia que convenga al caso y el Administrador cumplirá con la orden de la Comisión; . . . .”

En Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, supra, un empleado lesionado reclamó el costo del tratamiento recibido de su dentista particular, después de haberle rehusado ese tratamiento el Fondo del Seguro del Estado, en el arreglo de dos dientes que se le fracturaron en un accidente del trabajo. Basados en esa disposición, resolvimos que no procedía el reembolso de los gastos incurridos. Expresamos allí (a la pág. 359) :

“En el caso de autos, el lesionado actuó dentro de su derecho al negarse a permitir que le extrajesen los dientes y al insistir en que el Fondo del Seguro del Estado le proveyere la asistencia profesional necesaria para salvarle las piezas fracturadas y de-járselas de ser posible en el mismo estado en que estaban antes de ocurrir el accidente. Empero, al surgir la controversia entre él y los médicos del Fondo, el lesionado hizo caso omiso del estatuto y procedió a hacerse arreglar los dientes por un dentista de su elección, sin contar para nada con la comisión y sin dar intervención al administrador, que es el responsable de la buena inversión de los fondos bajo su custodia.
La práctica seguida por el lesionado en este caso no puede ser aceptada. Si la aprobásemos, sentaríamos un precedente que podría poner en serio peligro la solvencia del Fondo del Seguro del Estado.”

No hay duda de que la condición que sufría el lesionado era sumamente seria. El lesionado declaró que temía perder su vida dada su condición cardiovascular. Es muy posible, aunque no hubo prueba médica al efecto, que en Puerto Rico no existiesen las facilidades hospitalarias para llevar a cabo, con razonables probabilidades de éxito, la operación y que ello requiriese el traslado del lesionado a Cleveland donde sí las había. Pero, para nosotros es evidente, y en ello concurrimos con el recurrente, que la prueba no revela una situación de emergencia que justificase ignorar al Administrador. Trans-currieron así tres meses desde la primera visita del. lesionado a Cleveland en agosto y la operación, tiempo más que sufi-cíente para gestionar su intervención, o la de la Comisión como lo requiere el Art. 5 de la Ley.

La Comisión Industrial cometió error al ordenar el reem-bolso reclamado por el lesionado. Se revocarán las resoluciones de la Comisión Industrial de Puerto Rico dictadas en 16 de diciembre de 1971 y en 19 de junio de 1972.


text:
    Julia Rivera de Vincenti, querellante y recurrente, v. Hull Dobbs of Puerto Rico, Inc. y Otros, querellada y recurridos.

      Número: O-72-143

      Resuelto: 18 de abril de 1973

      Angel Alfonso Colón y Rafael A. Marzand Robles, abogados de la recurrente; Orlando J. Antonsantí y Ernesto González Pinero, abogados de los recurridos.
   per curiam :

Acogiéndose a la ley especial sobre reclama-ciones de salarios (Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sees. 3118-3132), el querellante, representado por la Secretaria del Trabajo, aquí peticionaria, en 13 de enero de 1971 inició ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una querella contra Hull Dobbs of Puerto Rico, Inc., y otros reclamándoles el pago de una suma de dinero que alega-damente se le adeudaba por concepto de vacaciones acumu-ladas y no disfrutadas, más una suma igual por concepto de penalidad. La reclamación cubre el período de noviembre de 1955 al 15 de enero de 1969.

La parte querellada compareció en autos y, entre otras, planteó la defensa de que durante parte del período a que se contrae la querella, existían convenios colectivos entre la unión que representaba al querellante y la querellada, con una cláusula que exigía que toda controversia que surgiera, como la objeto de la querella, sería sometida a arbitraje, lo cual ni el trabajador beneficiario ni sus representantes habían hecho. Además, alegó que toda reclamación cubriendo un período en exceso de diez años se encontraba prescrita.

Para la consideración y adjudicación de estas defensas, el tribunal de instancia celebró una vista. Posteriormente, dictó sentencia parcial en la que se hace constar una estipula-ción de las partes en el sentido de que;

“[d]esde el 9 de noviembre de 1960 hasta el cese del quere-llante en el año 1969 y hasta el 9 de diciembre de 1972 han existido convenios colectivos con mecanismos adecuados para entender en disputas como la que nos ocupa.”

Se refieren las partes a que los convenios colectivos bajo los cuales operaban proveían un procedimiento de arbitraje para la solución de controversias que surgiesen con motivo del convenio. Como dijimos al principio, la querella cubre el período desde el mes de noviembre de 1955 al 15 de enero de 1969. Basado en lo resuelto por este Tribunal en Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963), la sala de instancia dividió en dos períodos la reclamación tomando como base divisoria la fecha de nuestra decisión en Pérez, supra, 25 de enero de 1963. Como es sabido, en Pérez enunciamos la regla, con efecto desde esa fecha, que la con-troversias sobre salario y horas extras pueden ser sometidas a arbitraje, o excluidas de ese remedio, y que, de ser arbi-trable la materia, un tribunal deberá desestimar la querella cuando- el querellante no se hubiese valido del remedio provisto en el convenio.

Considerada la estipulación de las partes antes dicha, la sala de instancia decretó la desestimación de la reclamación en lo que se refiere al período posterior al 25 de enero de 1963, fecha de nuestra decisión en Pérez, sin perjuicio de que el querellante acudiera al procedimiento de arbitraje dispuesto en el convenio; dejó abierto el caso para continuar enten-diendo sobre la reclamación por el período con anterioridad al 25 de enero de 1963 (fecha de la decisión en Pérez, supra) y hasta el 15 de enero de 1959; y desestimó, por prescripción de diez años, la acción cubriendo el período comprendido entre noviembre de 1955 y hasta el 14 de enero de 1959.

La peticionaria plantea dos cuestiones: En la primera se aduce como error de la sala de instancia al no permitirle presentar prueba testifical dirigida a demostrar la conducta de la unión con respecto a la reclamación. Se refiere la querellante a que contaba con prueba para demostrarle al tribunal que la unión en este caso se negó a llevar el caso ante la consideración del patrono y asumió una actitud de indiferencia y negligente ante sus reclamos como miembro de la unión de representarle en el procedimiento de quejas establecido en el convenio colectivo. Según su teoría, la actitud de la unión tenía el efecto de hacer inaplicable a su caso la regla de obligatoriedad de las cláusulas de arbitraje enunciada en Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, supra. En esta forma el empleado unionado pretende que se responsabilice al pa-trono, obligándole a incurrir en los costos de un litigio que puede resultar lento y angustioso, por la omisión de la unión a la cual pertenece de no haber llevado su reclamación a arbitraje. No estamos de acuerdo. Como dijimos en Pérez, los convenios colectivos obligan igualmente a los obreros y al patrono. Es la ley entre las partes. No vemos perjuicio alguno para el querellante, pues nada impide que mediante la inter-vención de los abogados del Departamento del Trabajo recurra al arbitraje, según lo dispuso el tribunal de instancia, que es el medio más rápido y apropiado para dilucidar su reclamación.

Sin que adelantemos bajo qué circunstancias pueda justi-ficarse una desviación de la norma de agotamiento establecida en Pérez, en beneficio de un unionado en particular que por justa causa se vea obligado a ignorar el procedimiento de arbitraje acordado en el convenio y recurrir a la vía judicial, parece propio señalar que en la consideración de las mismas debemos actuar con suma cautela en no correr el riesgo de desvirtuarla, pues “ [r] eeurrir al arbitraje no es un peligro del cual hay que huir sino una buena práctica obrero-patronal que hay que fomentar”. Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R.846, 855 (1970).

La segunda cuestión planteada por el querellante impugna la aplicabilidad de la regla establecida en Pérez a convenios otorgados antes de la fecha en que se decidió dicho caso. Considerada la estipulación de las partes antes dicha, y que de los autos originales del caso no surge la fecha de otorgamiento de los convenios, y cuáles podrían estar excluidos de la regla de Pérez, rechazamos este planteamiento.

Se anulará el auto expedido.

       La desestimación de la acción por reclamaciones cubriendo un período de más de diez años no se ataca en este recurso.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Luis Armando Ortiz, etc., demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-72-145

      Resuelto: 18 de abril de 1973

      Antonio Córdova González, Pedro Toledo González, y Edwin Tayler Albizu, abogados de la recurrente; Rieckehoff,, Calde-rón, Vargas & Arroyo, como amicus curiae; R. Elfrén Bernier, Plinio Pérez Marrero y Hjalmar Flax, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El 6 de febrero de 1969 el niño de 13 años Luis Armando Ortiz Rivera, residente de Levittown, Toa Baja, pasó una cerca y se lanzó a bañarse al canal que separa las secciones 4a y 5a de dicha urbanización. A poco de nadar, regresó a la orilla a quitarse los zapatos tennis porque podía darle calam-bre; se lanzó nuevamente al agua, cruzó a la orilla opuesta, descansó, y cuando regresaba nadando de espaldas, se hundió. Su cuerpo sin vida fue extraído del fondo por un buzo profe-sional.

A la fecha de su deceso el joven Luis Armando cursaba el octavo grado, su promedio académico era de 3.00 equivalente a “B”, su coeficiente de inteligencia era de 118 que le daba rango en el tope o nivel superior formado por el 15% de su grupo escolar.

El referido canal de 15 a 20 pies de profundidad, es parte del sistema para disponer de aguas pluviales de Levittown que desembocan en un lago artificial. A la fecha del suceso el canal estaba aislado en ambos lados por verjas de alambre eslabonado de cuatro a cinco pies de altura y en toda su exten-sión tenía rótulos prohibiendo bañarse o pescar en el mismo. Personas no identificadas ocasionalmente rompían las cercas para ganar acceso al canal pero la corporación demandada tenía una brigada de mantenimiento que se encargaba de res-taurarlas, cerrando los rotos con alambres.

Los padres y hermanos del niño ahogado trajeron esta acción de daños y perjuicios bajo dos teorías: Primero, que el canal constituía un peligro atrayente y Segundo, que el niño que es residente de Levittown era un invitado de la urba-nizadora demandada, inducido por ésta a residir allí y a disfrutar de deportes acuáticos, en la propaganda o anuncios transmitidos por los distintos medios publicitarios. Aceptando ambas teorías, el tribunal de instancia condenó a la deman-dada al pago de una cuantiosa indemnización.

En el decurso de nuestra jurisprudencia hemos adoptado como guías para fijar responsabilidad por mantener una con-dición peligrosa atractiva para niños, unas reglas tomadas de Restatement, Torts, sec. 339 citadas en Pérez Vázquez v. Sum. Amill, 89 D.P.R. 370, 375 (1963), así:

“Un poseedor es responsable de daños corporales recibidos por niños que entran sin permiso en su propiedad, causados por una estructura u otra condición artificial que él mantenga en el terreno, si
£(a) el sitio donde se mantiene la condición es uno que le consta al poseedor o que le debe constar que está sujeto a transgresión por los niños; y
‘(b) la condición es una respecto de la cual el poseedor sabe o debe saber y comprende o debe comprender que envuelve un irrazonable riesgo de muerte o grave daño corporal para tales niños; y
‘(c) los niños, debido a su edad, no descubren la condi-ción o no comprenden el riesgo envuelto en intervenir con ella o en invadir el área que se tomó peligrosa debido a tal condición; y
‘ (d) la utilidad que recibe el dueño proveniente del man-tenimiento de tal condición resulta pequeña si se compara con el riesgo que la misma envuelve para los niños.’ ”.
‘(e) el poseedor omite ejercitar el cuidado razonable para eliminar el peligro o de otra forma proteger los niños.’ ”

La acción de la demandada manteniendo verjas protectoras a ambos lados del canal de desagüe, preservándolas y restaurándolas cuando agentes extraños las rompían y fijando letreros claramente legibles en que se prohibía bañarse o pescar en el canal, satisface las normas de previsibilidad en protección de los niños que recorren esos predios. Si a dichas medidas preventivas añadimos las cualidades de desarrollo intelectual del joven occiso que no permiten atribuirle rasgos de ingenuidad, inmadurez y poco juicio que le vedaran conocer el peligro una vez desatendida la prohibición de los rótulos y rebasada la verja erigida a lo largo del canal, no tenemos presente la figura de peligro atrayente.

Un compañero de clase del niño Luis Armando Ortiz aporta en su testimonio el dato de que éste no fue víctima de la ignorancia. En su deposición admitida en evidencia, declara su condiscípulo Miguel Aníbal Rivera Deiter, conocido por Deiter:

“P. Tú sabías ese día del accidente que allí uno no se podía bañar?
R. Sí.
P. Tú habías comentado ese hecho, o sea, que allí uno no se podía bañar, alguna vez con el muchachito que se ahogó?
R. Ajá.
P. Lo habías comentado ?
R. El mismo día, precisamente. El mismo día que nos íbamos planeando para ir para allá, pero habíamos comentado de que si nos cogía el ‘watchman’, nos podía regañar. Porque otras veces, la patrulla de la policía, los había cogido y se los llevaba para el Cuartel de Cataño, hasta que los padres los iban a buscar. Pero con todo y eso, él se tiró.” (Páginas 12 y 13 de la deposición.)

El requisito letra (c) de las guías citadas en Pérez Vázquez v. Sucn. Amill, supra, que incorpora la edad del niño, como factor determinante ha sido modificado por recientes desarrollos en la interpretación jurídica realista sustituyendo la inteligencia, madurez y experiencia del niño por su edad cronológica. No debe preocuparnos el número mágico de años que convierte al niño en sujeto incapaz de sucumbir ante un peligro atrayente. Lo que verdaderamente concierne en una adjudicación de este tipo es su capacidad para apreciar o per-cibir el peligro. 16 A.L.R.3d 51(b). El reconocido comenta-rista Prosser al adoptar este nuevo criterio en su artículo Trespassing Children, 47 Calif. L. Rev. 427, 440, se expresa de este modo:

“Aparte de ser un método puramente arbitrario para dis-poner de .casos difíciles y molestosos sin entrar a considerar los hechos, esta antigualla [la edad límite de los 14 años] no pre-senta nada que la haga estimable.”

Cada caso que surge ha de resolverse sobre sus propios hechos y circunstancias, y ninguna regla estricta o inmutable puede basarse únicamente en la edad, debiendo la norma integrarse por la inteligencia, conocimiento o experiencia del niño afectado; el grado o medida de obligación en cada caso habrá de determinarlo la capacidad que corrientemente posean y usen los niños de la edad y desarrollo de la clase a que pertenece el individuo afectado. 16 A.L.R.3d 262.

Mucho antes de que la voracidad de los complejos indus-triales secara los manantiales y antes de que el sistema guber-namental de riego suplantara nuestras lagunas por canales y embalses cuyas aguas alimentan las turbinas generadoras de energía eléctrica, a lo largo del tiempo y de la historia nuestros niños, especialmente los de montaña adentro, han nacido y crecido junto a los ríos y los lagos, libres en sus juegos y caminatas, cuidándose instintivamente de los peli-gros del agua como se cuidan del borde de los precipicios en la sierra agreste, a pesar de que su cuna y la primitiva docen-cia de su ambiente no les dieron las aptitudes excepcionales de inteligencia, vocación de estudio y serenidad que los recurri-dos le atribuyen al niño ahogado. Preservó sus vidas la tem-prana y asustadiza noción de peligro que el ser humano intuye desde los albores de su existencia ante la presencia del fuego, los cuerpos de agua, el ruido intenso o el abismo. Vargas Rodríguez v. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 104 (1962); Diaz Colón v. Autoridad de Tierras, 96 D.P.R. 42 (1968).

No hace diferencia que el canal estuviese ubicado en un área de gran extensión poblacional. Puerto Rico es uno de los países más densamente poblados y sólo el retorno a la plácida vida pastoral sin represas hidroeléctricas, ni lagos artificiales, ni contaminación ambiental de mayor o menor grado, lograrían eliminar de un todo las inconveniencias de esta era industrial. Diaz Colón, supra.

En el caso que nos ocupa no tenemos que rebasar nuestras fronteras del Mar de las Antillas en busca de precedentes. Bástanos releer el Art. 1802 de Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5141). “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Sólo la libertad, en el orden de valores humanos, es más respetable que la vida; y en este accidente lamentable se extinguió la vida de un prometedor joven de 13 años. Pero no bastan la aflicción y la rudeza de esta tragedia para hacer de este caso uno compensable ipso facto. Nuestro ordenamiento civil enmarcado en el Art. 1802 exige culpa o negligencia de parte de quien cause el agravio antes de que pueda imponérsele la obligación de indemnizar. No encontramos que la demandada haya incurrido en ningún tipo de' negligencia que la haga responsable por los hechos que dan lugar a esta reclamación.

Se revocará la sentencia dictada por el tribunal de instan-cia y en su lugar se dictará otra declarando sin lugar la demanda.

El Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervino.

       Adición al texto original. Véanse Díaz v. Central Lafayette, 66 D.P.R. 827 (1947); Vargas Rodríguez v. Fuentes Fluviales, infra; y Serrano v. P.R. Cement Corp., 99 D.P.R. 406, 413 (1970).


text:
    Ángel M. Cancel Acevedo, demandante y recurrente, v. Municipio de San Juan y Stadium and Coliseum Operators, Inc., demandados y recurridos.

      Número: R-72-89

      Resuelto: 25 de abril de 1973

      Teodoro R. Tapia Gómez y Julio Rafael Vázquez Deynes, aboga-dos del recurrente; Roberto E. Schneider, Jr. y Andrés R. Nevárez González, abogados del Municipio de San Juan; Paniagua-Diez & Figueroa, abogados de Stadium and Coliseum Operators, Inc.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Subastas del Municipio de San Juan sacó a subasta la concesión, por cinco años con opción de prórroga por cinco años más, para operar cantinas y vender determi-nados productos en el Estadio Municipal Hiram Bithorn y en el Coliseo Municipal. La “Invitación a Subasta” dispone en su apartado 12 (pág. 4);

“12. El licitador se compromete a satisfacer y prestar todas las garantías y fianzas que le son requeridas en el proyecto de contrato que se hace formar parte de esta licitación, a satis-facción del Municipio, antes de formalizar el contrato.”

Y el “Proyecto de Contrato de Concesión” que formaba parte de la invitación a subasta dispone en su párrafo noveno:

“Noveno: El Concesionario, con anterioridad a este contrato, ha obtenido y le ha suministrado al Municipio y se obliga a man-tener en vigor, durante todo el término de este contrato, los siguientes seguros:

(ii) Fianza que garantize [sic] en todo momento el pago completo de un 40% del ingreso total al Municipio por los cinco años del contrato, según provistas en la cláusula cuarta. Esta fianza no será menor de $400,000.”

Célebrada la subasta, el Secretario del Municipio recu-rrido con fecha 17 de agosto de 1971 escribió al recurrente Ángel M. Cancel informándole que se le había adjudicado la buena pro sujeta a las siguientes condiciones:

“1. Deberá someter no más tarde del 25 de agosto de 1971, una fianza continua, no menor del 40% de la licitación total del término de 5 años ($1,189,500).” advirtiéndole al lieitador favorecido que "De no poder llenar los requisitos solicitados por la Junta de Subastas, el Muni-cipio de San Juan se reserva el derecho de dejar sin efecto esta adjudicación y adjudicarla a cualquier otro lieitador que reúna los requisitos.”

El recurrente, pasada la fecha límite del 25 de agosto de 1971, radicó ante la Junta de Subastas una fianza por $475,800.00 expedida por la corporación "National Insurance Company” en la cual se incluyó la siguiente cláusula:

“DISPONIENDOSE, que la fiadora podrá también terminar su responsabilidad bajo la presente, en cualquier tiempo, previo aviso escrito al acreedor (Municipio) con treinta (30) días de antelación notificando la terminación de la fianza cursado por el correo de los Estados Unidos.”

El 31 de agosto de 1971 el Lie. William H. Preston, Jr., Director de la División Legal del Municipio de San Juan, cursó comunicación escrita al recurrente Ángel M. Cancel, notificándole la decisión de esa fecha de la Junta de Subastas anulando la adjudicación que a su favor había hecho adu-ciendo como razones que la fianza se había sometido tardía-mente, pasado el 25 de agosto; y que la misma no era sufi-ciente ni aceptable toda vez que el texto concedía libre opción a la compañía fiadora para cancelar unilateralmente la fianza con sólo dar al Municipio un aviso de cancelación a 30 días plazo.

Procedió entonces el Municipio a adjudicar la subasta de las cantinas Hiram Bithorn y del Coliseo al segundo mejor postor que lo fue "Stadium and Coliseum Operators, Inc.” y el recurrente Cancel instó acción interdictal contra el Muni-cipio y la subsiguiente adjudicataria para que se le prohíba otorgar contrato y que en su lugar se obligue al Municipio a aceptar a Cancel como concesionario. La Sala de San Juan del Tribunal Superior por su Juez Hon. José N. Rivera Barre-ras desestimó la solicitud de injunction y el peticionario ha recurrido en revisión.

Generalmente la adjudicación de la buena pro a un licitador por la Junta de Subastas ata al Municipio en una relación contractual con el adjudicatario que no puede ser resuelta unilateral o arbitrariamente. Los hechos de este caso, sin embargo, lo excluyen de esa regla general.

Cuando convocó a subasta el Municipio separó el proceso de adjudicación en dos etapas claramente definidas:

La preliminar consistente en la adjudicación de la buena pro al licitador favorecido; y la final que conduce al otorga-miento del contrato que tiene como una de sus exigencias rigurosas la protección del interés público mediante la presta-ción por el concesionario de una fianza que garantice en todo momento el pago de los réditos que el Municipio habría de devengar por la concesión de cantinas y ventas de ciertos artículos de consumo en el Estadio Hiram Bithorn y en el Coliseo Municipal. Véase 64 Am.Jur.2d 937 See. 79. Así debió entenderlo el recurrente toda vez que al “Pliega de Invitación a Subasta” se le incorporó como parte inseparable un “Proyecto de Contrato de Concesión” cuyo párrafo noveno (ii), supra, destaca con relieve de condición esencialísima la constitución de la referida fianza. Quedaron así la adjudica-ción de la buena pro y las obligaciones de las partes dima-nantes de la misma supeditadas al cumplimiento por el con-cesionario del requisito de fianza por la cantidad indicada en el proyecto de contrato y por el plazo completo de los cinco' años.

No se perfeccionó contrato alguno entre el recurrente y el Municipio porque la fianza que ofreció el primero con una redacción acomodaticia dirigida a proteger los intereses de la compañía aseguradora, en vez de los dineros de] pueblo, fue puesta en cuarentena y desnaturalizada en su propósito con la cláusula que concede a la fiadora opción para desem-barazarse de toda obligación a su libre albedrío y en cualquier momento con simplemente notificar al Municipio de ésa su voluntad con 30 días de antelación.

No estimamos de necesidad entrar en el aspecto de resolución de contrato en que fundó su opinión el juez sentenciador, porque aquí la relación entre adjudicatario y el Municipio nunca alcanzó la dignidad ni obligatoriedad de un pacto bilateral. No hubo contrato, y por tanto nada había que resolver.

El recurrente arguye que el señalado defecto de la fianza no es sustancial y por tanto no enerva la validez del vínculo contractual. Discrepamos. Las distintas disposiciones estatutarias regulando la realización de obras y contratación de servicios para el Estado y sus agencias e instrumentalidades tienen por meta la protección de los intereses y dineros del pueblo contra el dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos del incumplimiento. La fianza es el broche final de seguridad que preserva la cadena de pasos previos en una honesta y eficiente administración del negocio público razón por la cual la fianza debe resistir el rigor de una evaluación severa. “Una agencia tiene el derecho de revocar la adjudicáción de la subasta antes de que formalice el contrato corres-pondiente ya que .la adjudicación no obliga a la agencia hasta que se formalice por escrito el contrato de ejecución de obra conteniendo todos los requisitos legales.” Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334 (1971). Al mismo efecto, 3 A.L.R.3d 873 see. 3.

Aun cuando inadvertidamente el Municipio de San Juan hubiese llegado a la etapa final de otorgamiento de contrato escrito estaría en tiempo para repudiarlo; el mismo sería un nati-muerto pues el error de aceptar una fianza ineficaz equivale a dispensar el requisito de fianza, vicio fatal del consentimiento reconocido en el Art. 1218 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3405) cuando el error gravita sobre una condición que principalmente movió a las partes hacia la celebración del contrato.

La fianza ofrecida por el recurrente dejaba enteramente en manos de la compañía fiadora la duración o término de la garantía. Su cláusula de terminación ad libitum con 30 días'de aviso entraña el potencial de revocación por la fiadora sin consentimiento de los contratantes, de una condición básica como lo es el seguro continuo por todo el plazo de cinco años de la concesión, y de la abdicación por la Junta de Subastas y del Sr. Alcalde de San Juan de su deber de cuidar y proteger los intereses del pueblo. Por haberlo así entendido el ilustrado juez de instancia su sentencia debe ser confir-mada.

El Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervino.

       La demora en la adjudicación representaba una considerable pérdida de rentas diarias para el Municipio que desde el 30 de julio de 1971 había aprobado una Ordenanza facultando al Sr. Alcalde a adminis-trar las concesiones de cantina en el Bithorn y en el Coliseo, de cuya exposición de motivos tomamos lo siguiente:
      “Por cuanto, se celebró la subasta para adjudicar la concesión de las cantinas del Estadio Municipal Hiram Bithorn;
      “Por Cuanto, se declaró desierta dicha subasta por no haber los lidia-dores- llenado algunos de los requisitos que imponían los pliegos de subasta;
      “Por cuanto, en la presente situación se hace imperativo declarar un estado de emergencia con el fin de poder continuar con la operación de las cantinas del Estadio Municipal Hiram Bithorn para poder continuar brin-dando los servicios a los usuarios de dicho Estadio Municipal;”

       A diferencia de la que prestara el segundo adjudicatario, la fianza sometida por Cancel convierte al Municipio en un vigilante de los mejores intereses de la fiadora al reservarse ésta el derecho a negar responsabilidad, si impagadas por el peticionario dos mensualidades de rentas consecutivas dejare el Municipio de notificar a la fiadora de ese incumplimiento por escrito y en el término de 10 días.


author: per curiam ;

text:
    Antonio Mundo Hance, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Honorable J. Rivera Barreras, Juez, demandado.

      Número: O-72-319

      Resuelto: 30 de abril de 1973

      Santos P. Amadeo y José E. Amadeo, abogados del peticionario; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Magda E. Haidar de Martí, Procuradora General Auxiliar, abogados del demandado.
   per curiam ;

El peticionario, un teniente de la Policía de Puerto Rico, fue expulsado permanentemente del Cuerpo el 13 de julio de Í968 por el entonces Superintendente Salvador Rodríguez Aponte. Se le imputaron varias infracciones a las Reglas 4, 17, 22 y 24 del entonces vigente Reglamento de la Policía que se refieren al uso indebido de armas de fuego, al atropello o actuación en contra de los derechos ciudadanos del individuo y a la observancia de conducta inmoral o desorde-nada en detrimento de la moral del Cuerpo. 25 R.&R.P.R. sec. 221d-16.

El peticionario apeló ante la Comisión de la Policía. Este organismo, previa celebración de una vista, sostuvo la resolución de expulsión dictaminada por el Superintendente. Aunque la prueba fue conflictiva, hemos comprobado que el récord sostiene el resumen de los hechos que, a grandes rasgos, hizo el tribunal a quo en sus conclusiones formuladas el 30 de junio de 1972:

“Allá para el 17 de mayo de 1968 mientras la Sra. Mundo Hance y la hija del peticionario Myrna, se encontraban de visita en la casa de Lourdes Medrano. Llegaron a la casa el joven Héctor Luis Cruz Navarro y Pedro César Morell Tolentino. Poco después llegó el peticionario y preguntó quiénes eran los jóvenes. César Morell Tolentino se retiró, permaneciendo Héctor Luis Cruz Navarro. Luego de haber sido identificado Héctor Luis como amigo de la hija, del peticionario, éste lo hizo entrar en el automóvil del Teniente Mundo Hance y lo llevó a su residencia. El Teniente interrogó al joven Héctor Luis sobre sus relaciones con su hija Myrna aceptando haber tenido relaciones sexuales con ella.

Al oir las manifestaciones del joven, el peticionario lo agre-dió con un ‘black jack’. Lo sacó del automóvil y lo condujo al interior de su casa.

Una vez en el interior de la casa, el joven Héctor Cruz volvió a ser agredido por el peticionario hasta que quedó sin conoci-miento y lo montó en el automóvil que había estacionado en la marquesina. Mientras se encontraba dentro del automóvil, el Teniente sacó el revólver de reglamento y le disparó a Cruz hiriéndolo en la boca y luego en la cabeza.”

Por esos hechos el peticionario fue acusado de ataque para cometer homicidio. Visto el caso ante un jurado, éste trajo un veredicto de absolución. Su primer planteamiento aquí con-siste en invocar una inmunidad, supuestamente adquirida por la absolución en el referido caso criminal, contra castigos por los mismos hechos en el proceso administrativo que cul-minó en su expulsión del Cuerpo de la Policía Estatal. En apoyo, de esa tesis cita los casos de Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436 (1970) y One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693 (1965.)

El planteamiento es inmeritorio. Es regla general que una absolución en un proceso criminal no impide que se destituya a un funcionario o empleado público en un proceso administrativo basado en los mismos hechos que motivaron la acusación criminal. En Cruz v. Garrido Morales, 58 D.P.R. 653 (1941), sostuvimos esta norma, expresándonos así: (a la pág. 663)

“La acción criminal es independiente de la administrativa y no está la una supeditada a la otra. Sería atar de manos a todo funcionario nominador y privarle de las prerrogativas que la ley le reconoce en materia de destituciones, si las cortes estu-vieran obligadas a ordenar la reposición de un empleado por el hecho de que otro tribunal le había absuelto en una criminal surgida de los mismos hechos que motivaron la destitución.”

Esta es una norma de sana administración. La Comisión de la Policía como organismo cuasi-judicial tiene derecho a tomar su propia decisión independiente basada en la evidencia presentada ante ella. Planteamiento idéntico al del peticiona-rio se ha presentado en los casos de desaforo y se ha desesti-mado por no estar sostenido como cuestión de derecho. Véase In re De Castro, 100 D.P.R. 184 (1971).

Los casos de Ashe v. Swenson, supra, y One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, supra, citados por el peticionario no son aplicables. En Ashe, tres o cuatro hombres le roba-ron a seis personas que estaban jugando cartas. Al acusado se le acusó de robar a una de estas personas; la prueba del fiscal de que el acusado era uno de los asaltantes era débil. El jurado lo absolvió. Posteriormente, se le acusó por el robo de otra de las víctimas y el jurado lo condenó. Ashe sostenía que el segundo proceso violaba la cláusula contra la Doble Exposi-ción de la Quinta Enmienda. El Tribunal Supremo sostuvo la alegación de Ashe y anuló la sentencia. El veredicto del jurado conllevaba necesariamente la consideración de la cues-tión de si el acusado era o no uno de los asaltantes; al traer un veredicto de absolución, el jurado, sostuvo el Tribunal Supremo, determinó que el acusado no lo fue.

El caso de One 1958 Plymouth Sedan, supra, no tiene el alcance que le atribuye el peticionario. En ese caso unos agentes de la Junta Para el Control de Bebidas Alcohólicas de Pennsylvania, sin ninguna orden de registro, detuvieron y registraron un automóvil y encontraron cajas de licor sin que las mismas tuvieran adheridos los sellos de rentas internas. El estado radicó una solicitud de confiscación del automóvil. El tribunal de instancia determinó que los oficiales actuaron sin causa probable y que no procedía la confiscación, pues la misma dependía de la admisión de evidencia obtenida en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, apli-cable a los estados en virtud de la Decimocuarta Enmienda. El Tribunal Supremo de Pennsylvania revocó al tribunal inferior por el fundamento de que la regla de exclusión de evidencia ilegalmente obtenida solamente es aplicable a pro-cesos criminales y no a confiscaciones, que son procedimientos de naturaleza civil. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al revocar, concluyó que la regla de exclusión es aplicable a los procedimientos de confiscación de la misma naturaleza que los envueltos en ese caso. Sostiene el peticiona-rio que ios principios del caso One 1958 Plymouth Sedan son igualmente aplicables al caso de autos.

Como señala el Procurador General, esto no es así. No hay nada criminal, ni ilegal en poseer un automóvil. En el mencionado caso, el hecho de transportar licores clandestinos en el automóvil es lo que condujo a solicitar la confiscación del mismo. Por lo tanto, el Estado no podía establecer un uso ilegal en ese automóvil sin utilizar la evidencia obtenida, la cual provenía de un registro ilegal. Lo uno dependía de lo otro.

Los otros casos que cita el peticionario en su alegato complementario tratan con procedimientos de confiscación posteriores a la absolución en el proceso criminal por los mismos hechos. La confiscación, aunque de naturaleza civil, se convierte en esos casos en el medio para imponer un castigo o sanción penal contra una persona ya absuelta y no disfruta de la naturaleza de un remedio.

En el caso que nos ocupa el peticionario fue expulsado del Cuerpo de la Policía mediante un proceso administrativo completamente independiente del proceso criminal. Ambos procedimientos, aunque nazcan de una misma conducta, re-quieren diferentes grados de prueba. La expulsión de un empleado público no está limitada a actos criminales ni la conducta del empleado tiene que ser probada más allá de toda duda razonable. No se cometió el primer error señalado.

En su segundo y último señalamiento de error el peticionario tilda de arbitraria, irrazonable y de castigo cruel e inusitado, prohibido por la Octava Enmienda de la Consti-tildón de los Estados Unidos, su expulsión del Cuerpo de la Policía, en vista de su excelente hoja de servicios como fun-cionario de ese cuerpo por más de veinte años, así como de su absolución por el jurado y otros atenuantes existentes en su caso. Entiende que la Comisión debió haber tomado estos factores favorables como atenuantes a su favor y no expul-sarlo definitivamente, sino castigarlo con la pena de degrada-ción o suspensión del Cuerpo sin sueldo por un período no mayor de seis meses.

En el caso de faltas graves, el Reglamento de la Policía disponía las siguientes medidas disciplinarias por cometer las faltas graves enumeradas en ese Capítulo: (1) la expul-sión permanente del cuerpo; (2) la degradación; y (3) la suspensión del cuerpo sin sueldo, por un período no mayor de seis (6) meses.

La facultad primaria' de velar porque se cumpla con las disposiciones del Reglamento del Cuerpo de la Policía radica en su Superintendente y en la Comisión de la Policía como organismo apelativo, cuya actuación debe merecer nuestro mayo respeto y consideración. A la luz de todas las circuns-tancias envueltas, no estamos inclinados a concluir que la penalidad impuesta al peticionario estuviera carente de base o fuera totalmente arbitraria e irrazonable.

Se confirmará la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados, Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué, no intervinieron.

       La Comisión de la Policía no formuló conclusiones de hecho. Después de hacer una relación de tres páginas sobre las distintas com-parecencias de las partes a las vistas, concluyó:
      “La Comisión resuelve que el querellado-apelante violó las reglas 4, 17, 22 y 24 del Reglamento de la Policía (faltas grave's) y sostiene la Resolución de expulsión apelada.”
      Estamos enteramente de acuerdo con las expresiones del juez senten-ciador en cuanto a la conveniencia de que los organismos administrativos expongan las determinaciones de hechos sobre las cuales basan sus resolu-ciones. Las razones prácticas de esa norma son obvias. Por un lado sirve de valiosa ayuda al Poder Judicial, en el descargue de su misión revisadora, proporcionándole una clara comprensión de la base en que descansa la decisión administrativa y, por otro, evita que el Poder Judicial se arrogue funciones de la competencia especializada del organismo administrativo. Véase, Davis, Administrative Law Treatise, Vol. 2, págs. 444-449.

       El nuevo Reglamento de la Policía que entró en vigor en 24 de julio de 1968, y que derogó el anterior, dispone las mismas medidas dis-ciplinarias. 25 R.&R.P.R. see. 221d-101.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Ramón Martínez de León y su Esposa María Mundo, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 7ma. de Río Piedras, recurrido.

      Número: O-72-206

      Resuelto: 2 de mayo de 1973

      Arturo Aponte Parés, abogado de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Los recurrentes radicaron una demanda ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao, contra Confesor Cruz Cruz y su esposa en donde alegan esencialmente que mediante contrato elevado a escritura pública adquirieron un derecho de arren-damiento con opción de compra sobre cierta propiedad des-crita en la demanda perteneciente a los demandados. Se soli-cita en dicha demanda que el tribunal determine que los re-currentes tienen un derecho de opción de compra válido sobre dicha propiedad; que determine el justo valor de la propiedad y en su consecuencia que ordene a los demandados y/o al alguacil del tribunal que otorgue la correspondiente escritura de compraventa a favor de los recurrentes.

Los recurrentes presentaron al Registrador de la Propie-dad, para su anotación, conforme lo dispone el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 455, un aviso de la cuestión litigiosa o pleito pendiente (lis pendens) junto a una copia certificada de la demanda.

El Registrador de la Propiedad se negó a hacer la corres-pondiente anotación fundándose en las razones que se expre-saron en la siguiente nota de la cual se recurre:

“Denegado al folio 102vto., del tomo 44 de Trujillo Alto, por nota al margen de la inscripción lima., finca núm. 1663, por observarse que el propósito de la demanda es hacer cumplir una promesa de venta, por entender que la promesa de venta no es inscribible en el Registro de la Propiedad (Artículo 28 del Reglamento Hipotecario) y por ende no puede tener acceso al Registro la demanda en que se pida su cumplimiento, pues, siendo la promesa de venta un derecho personal, también lo es la demanda en que se exige su cumplimiento, pues el hecho de establecer una demanda no cambia el derecho personal en real. (Collazo v. Conesa, setenta, Decisiones de Puerto Rico, ciento cincuenta y cinco) ....”

El Registrador recurrido hace énfasis en su alegato en que la promesa de comprar y vender es un derecho personal que no afecta ni el título ni la posesión del inmueble en cues-tión, cuyo derecho no es inscribible por así prohibirlo el Art. 28 del Reglamento Hipotecario. Alega además que la radica-ción de la demanda no torna el derecho personal en real.

Examinados los alegatos de las partes es necesario anali-zar la interrelación y las diferencias existentes entre el aviso de pleito pendiente a que se refiere el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 455, y la anotáción preventiva de demanda provista en el Art. 42 de la Ley Hipo-tecaria, 30 L.P.R.A. sec. 91.

El Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, que pro-viene del artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, y cuya traducción correcta aparece en el caso de Manrique de Lara v. El Registrador, 23 D.P.R. 864 (1916) dispone:

“En una acción que afecte el título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante, al tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anota-ción al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la-acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción....” (Énfasis suplido.)

Por otro lado, el Art. 42 de la Ley Hipotecaria, dispone en lo pertinente:

“Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos dere-chos en el Registro público correspondiente:
l.° El que demandare en juicio la propiedad de bienes in-muebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.”

Y, el Art. 43 de la misma ley, 30 L.P.R.A. see. 92, que se refiere al citado Art. 42, dispone:

“En el caso del número 1º. de la sección anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva, sino cuando se ordene por pro-videncia judicial dictada a instancia de parte legítima, y en virtud de documento bastante, al prudente arbitrio del juzga-dor.”

En Velazquez v. El Registrador, 27 D.P.R. 268 (1919) dijimos que tanto la anotación de demanda del Art. 42 de la Ley Hipotecaria como el aviso de pleito pendiente del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil pueden subsistir indepen-dientemente la una del otro y que la parte interesada puede optar por seguir cualquiera de los procedimientos.

Aunque en Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 452 (1947) dijimos, y en Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60, 69 (1970) repetimos, que las diferencias entre ambos procedimientos son más bien de forma que de fondo, dichas diferencias no deben ser olvidadas.

Las diferencias principales entre ambos procedimientos las expusimos con claridad en el caso de Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 539 (1929) cuando dijimos:

“Percíbese, a primera vista, la diferencia entre este artículo [se refiere al Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil] y el de la Ley Hipotecaria que hemos citado [se refiere al Art. 42 de la Ley Hipotecaria]. Para la anotación preventiva se requiere que la demanda lo sea de propiedad o de cualquier derecho real. Para el aviso al Registro, en el caso del artículo 91, de acción que afecte al título o derecho de posesión, sin que pueda preci-sarse el exacto sentido del verbo ‘afectar’, ni la época o tiempo a que el artículo se refiere. Para la anotación preventiva de Ley Hipotecaria, la necesaria intervención del juez, como garantía más sólida. Para la de procedimiento, la determinación de la voluntad de la parte. En la anotación preventiva de que se trata, se establece por el Reglamento en su artículo 126 la forma completa, el mejor aviso a todos en que se ha de extender. Para la anotación con arreglo a la ley procesal basta una nota marginal. Para la anotación preventiva hipotecaria en este caso, la garantía de que habla el artículo 91 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria: para la nota con arreglo a la ley procesal, sin garantía alguna.”

En Padilla, supra, añadimos que el aviso. de cuestión litigiosa del Art. 91 no produce todos los efectos de la anota-ción de demanda del Art. 42 de la Ley Hipotecaria y que por el contrario no produce más efecto que el que le atribuye el propio Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, o sea, el de notificar a cualquier comprador de la pendencia de un litigio acerca del título de posesión. Por tal razón sostuvimos que la nota producida por el Art. 91 de la ley procesal no tiene el efecto posterior de la conversión el cual no aparece de dicha ley y que en la Ley Hipotecaria se concede sólo a determina-das anotaciones, rodeadas de más sólidas garantías y que aparecen en el registro en otra forma y con mayor especifica-ción que aquél.

Como puede observarse, entre las distinciones que apun-tamos anteriormente señalamos que para que proceda la anotación preventiva de demanda de la Ley Hipotecaria se requiere que la demanda lo sea “de propiedad o de cualquier derecho real” mientras que para el aviso de lis pendens del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil solamente se requiere que la acción afecte el título o derecho de posesión de un bien inmueble.

La jurisprudencia de este tribunal invariablemente ha exigido para la anotación del aviso de demanda bajo el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil que la demanda que se intenta anotar “afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble”, independientemente de que la acción ejercitada pueda catalogarse como una acción personal (in personam). Veamos.

En Atiles Moréu v. Registrador, 51 D.P.R. 651 (1937), un abogado incoó demanda en contra de una sucesión para el cobro de honorarios por servicios prestados solicitando que se paralizara la partición hasta el pago de la deuda o que se adjudicaran algunos bienes de la herencia para el pago de aquella. Resolvimos allí que dicha demanda afectaba al título o derecho de posesión de una propiedad inmueble por lo que era anotable el lis pendens bajo el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

A la misma conclusión llegamos en el caso de Olivera v. Registrador, 51 D.P.R. 413 (1937) en el que se ordenó anotar un aviso de demanda de filiación de una hija que solicitaba ser declarada hija natural con todos los derechos, entre los cuales figuraba prominentemente el derecho a la herencia. Asimismo concluimos en el caso de Sosa Fernández v. Muñoz, Juez, 36 D.P.R. 465 (1927) en el que sostuvimos una anota-ción de un aviso de una demanda incoada por una hija contra su padre en reclamación de la porción hereditaria que corres-pondía a aquélla en los bienes privativos de su madre.

Aún más, en el caso de Pueblo v. Fajardo Sugar Co. of P.R., 51 D.P.R. 893 (1937), en el que el Estado incoó un procedimiento de Quo' Warranto contra una corporación que poseía más de 500 acres, contrario a lo dispuesto en sus cartas constitutivas, que envolvía la determinación del dere-cho de dicha entidad corporativa a continuar poseyendo 23,800 acres, sostuvimos que la acción instada afectaba el título o derecho de posesión de bienes inmuebles lo que hacía anotable en aviso de demanda bajo el Art. 91 de la ley proce-sal.

En todos los casos antes mencionados se trataba de acciones que pueden clasificarse como personales, sin embargo, permitimos la anotación de aviso de demanda bajo el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, por razón de que afecta-ban al título o al derecho de posesión de inmuebles.

El problema sería distinto si se tratare de acciones per-sonales que no tienen una repercusión directa sobre algún bien inmueble como en el caso de una reclamación de daños y perjuicios o de una reclamación en cobro de dinero en la que sólo se pide una sentencia monetaria. Escalera v. Lokpez, 63 D.P.R. 227 (1944); Atiles Moréu v. Registrador, supra.

Por primera vez se nos plantea si una acción personal que envuelve el derecho a una opción de compra afecta el título o derecho de posesión del inmueble en cuestión. No hay duda de que de triunfar el demandante en sus pretensiones de que se reconozca el ejercicio de su derecho a la opción de compra, el tribunal ordenaría el otorgamiento de la correspondiente escritura de compraventa sobre la propiedad en cuestión. La anotación de lis pendens no es otra cosa que una medida cautelar que se toma a fin de que sea posible la ejecución de la sentencia y no resulte ilusoria la acción entablada. Siendo ello así la repercusión de la demanda sobre el título o posesión de la propiedad inmueble es mucho más inmediata y directa que muchos de los casos antes citados.

El Registrador sostiene además que el presente aviso’ de lis pendens no es anotable por no ser inscribible la opción de compraventa conforme al Art. 28 de Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. see. 858. Obsérvese, sin embargo, que en el presente caso no está en controversia si la opción de compraventa es inscribible ya que lo que se intenta anotar es sólo el aviso de una cuestión litigiosa referente al cumplimiento de una opción. De triunfar el demandante en sus pretensiones se otorgaría la correspondiente escritura de com-praventa la cual sería título suficiente no ya para inscribir la opción sino el título de propiedad del inmueble.

Aunque lo dicho nos parece suficiente para disponer del presente recurso es conveniente señalar que la anotación de la demanda de cumplimiento específico de una opción o de una promesa de venta y de otras acciones personales ha sido defen-dida abiertamente en España por algunos tratadistas aun bajo el Art. 42 de la Ley Hipotecaria, estando tal anotación aceptada por la más moderna doctrina de la Dirección General de los Registros. Roca Sastre, II Derecho Hipotecario, ed. 1968, pág. 852. Ello es así a pesar de que el ámbito del Art. 42 de la Ley Hipotecaria parece ser más restrictivo que el del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Nos dice Roca Sastre:

“El ámbito de la anotación preventiva de demanda tiene mucho mayor amplitud o extensión que el que resulta de la letra del artículo 42, l.°, de la Ley Hipotecaria, pues según ella sólo cabe a favor del ‘que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.’

La Ley Hipotecaria y su Reglamento y, sobre todo, la doc-trina de la Dirección General, han atribuido a la anotación preventiva de demanda su natural o lógica amplitud, pues abarca toda demanda que se interponga en ejercicio de una acción o pretensión, real o personal, que pueda conducir a un acto registrable respecto de fincas inmatriculadas.” Roca Sastre, id. (Énfasis suplido.)

El Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, por otro lado, solamente exige que la acción que motiva la anotación de lis pendens debe afectar al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble. No tenemos duda de que en el presente caso se trata de una acción personal encaminada á obtener una modificación jurídica de carácter real, o sea, tiene como finalidad la inscripción del título de un inmueble luego que se prueben las alegaciones de la demanda que se pretende anotar.

Por las razones expuestas se revocará la nota recurrida.

       Similar al Art. 3189 del Código de Enjuiciamiento Civil de.Idaho (Idaho Code, vol. 2, sec. 5-505).

       Véase, Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 538 (1929).

       Se refiere' al Art. 126 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. see. 1006, que dispone detalladamente las circunstancias que han de constar en las anotaciones preventivas. Este escolio al igual que los números 4 y 5 siguientes son puramente aclaratorios y no aparecen en el texto citado.

       En Velázquez v. Registrador, supra, dijimos que el aviso del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil debía hacerse mediante nota marginal. El propio Art. 91 dispone que el aviso sólo contendrá los nombres y apelli-dos de las partes, el objeto de la demanda o contestación y la descripción de la propiedad en litigio.

       Se Tefiere al Art. 91 del Reglamento Hipotecario (no debe con-fundirse con el artículo 91 de Enjuiciamiento' Civil), 30 L.P.R.A. sec. 9Y1, que dispone que el que propusiera la demanda de propiedad del Art. 42 de la Ley Hipotecaria deberá ofrecer indemnizar los perjuicios que de la anotación puedan seguirse al demandado en caso de ser absuelto.

       El carácter personal de la presente acción, no está en controversia. Véanse, Collazo v. Conesa, 70 D.P.R. 155 (1949); Rossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729, 741 (1958).

       En el caso de Calderón v. Registrador, 46 D.P.R. 778 (1934) ordenamos la anotación de una demanda a tenor con el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil en la que se solicitaba se obligara al demandado a formalizar escritura de venta a favor del demandante. Allí no resolvimos la cuestión planteada en el presente recurso ya que la denegatoria del Registrador en aquel caso estaba fundamentada en otras circunstancias.

       En el mismo sentido, véanse: La Cruz Berdejo, Derecho Inmobiliario Registral, ed. 1968, pág. 268; Cossio, Instituciones de Derecho Hipotecario, segunda edición, 1956, pág. 257; Morell, Comentarios a la Legisla-ción Hipotecaria, segunda edición, Tomo Tercero, págs. 36, 38; cf. Campuzano, Legislación Hipotecaria, segunda edición, tomo II, pág. 9.