author: El Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Francisco Olazábal, demandante-recurrente y recurrido, v. United States Fidelity & Guaranty Company, demandada-recurrida y recurrente; Florentino Cartagena, tercero demandado y recurrido.

      Números: R-66-254, R-66-255

      Resueltos: 25 de febrero de 1975

      Félix Oehoteco, Jr., y Ramos & Latoni, abogados de Francisco Olazábal; Juan Enrique Geigel, Guillermo Silva, Hernán G. Pesquera, Miguel A. Giménez Muñoz, Juan R. Zalduondo Viera, Ernesto F. Rodríguez Suris y Manuel E. Andreu García, abogados de United States Fidelity & Guaranty Company; Francisco Ponsa Feliu, abogado de Florentino Carta-gena.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Francisco Olazábal formalizó, como dueño, un contrato con Florentino Cartagena mediante el cual éste se obligó como con-tratista a construir para aquél un edificio en el pueblo de Bayamón por la suma de $187,512.08. Dicho precio incluía los materiales, mano de obra y dirección técnica, excluyendo las obras extras. El contratista se obligó a entregar el edificio terminado no más tarde de diez meses laborables contados desde el comienzo de la obra. El contrato contenía una cláu-sula penal por la que el contratista se obligaba a satisfacer al dueño la cantidad de $50.00 diarios por razón de mora si la obra se entregaba después de la fecha acordada. El contra-tista prestó una fianza para el cumplimiento de la obra {Performance Bond) expedida por United States Fidelity & Guaranty Company, aquí recurrente, por la suma de $93,756.02. El contrato de construcción es parte integrante del contrato de fianza. El contratista trabajó en la obra hasta que un día abandonó la misma. A esa fecha había expirado el término pactado de diez meses para la realización de la obra con una demora de 223 días laborables. El retraso quedó actualmente reducido a 193 días luego de efectuar determi-nados ajustes con motivo de unas obras adicionales, no inclui-das en el contrato original, que tomaron 30 días laborables en completarse.

Así las cosas, Olazábal, dueño de la obra, requirió a la compañía fiadora recurrente que completara la construcción, pero al negarse ésta procedió el dueño a continuar la obra bajo la dirección del Ingeniero José A. Vázquez, quien había diseñado los planos del edificio y hasta ese momento había actuado, a nombre del dueño, en calidad de inspector de la obra. Cuando el Ingeniero Vázquez completó la construcción habían transcurrido 283 días laborables desde la fecha de terminación a la que se había obligado el contratista original.

El dueño de la obra radicó demanda contra la compañía fiadora reclamando responsabilidad bajo el contrato de fianza.

En su primera causa de acción esencialmente alegó lo ya relatado y el haber invertido en la terminación de la obra la suma de $23,164.46 en exceso del precio pactado con el contra-tista original. La reclamación excluye el importe de las obras adicionales realizadas fuera del contrato.

En su segunda causa de acción el demandante solicitó el pago de la suma de $14,650.00 en concepto de la penalidad por atraso fijada en el contrato de construcción a razón de $50.00 diarios por la demora de 293 días laborables transcurridos desde la fecha del incumplimiento hasta la fecha en que el Ingeniero Vázquez terminó la obra.

La compañía fiadora recurrente por su parte radicó de-manda de tercero contra el contratista original aduciendo que de serle ella responsable al dueño demandante por cualquier suma, aquél sería a su vez responsable a la fiadora.

A su vez el contratista reconvencionó contra el dueño de la obra por obras extras, en adición a las pactadas, alegada-mente realizadas en el edificio en cuestión montantes a $85,541.98.

Luego de admitida extensa prueba testifical y documental, el tribunal de instancia dictó sentencia el 27 de marzo de 1966. Declaró con lugar la demanda original y condenó a la fiadora a pagar al dueño de la obra: (1) la suma de $23,164.46, que representa el costo en que incurrió el dueño para terminar el edificio en exceso del precio originalmente convenido, y (2) la suma de $9,650.00 en concepto de penalidad por la demora de 193 días transcurridos desde la fecha en que la obra debió haber sido terminada según pactado hasta la fecha en que fue abandonada por el contratista original. No se concedió suma alguna por la demora.habida a partir de la fecha en que fue abandonada la obra hasta que la misma fue terminada defi-nitivamente. El tribunal declaró sin lugar la reclamación recí-proca del contratista contra el dueño, pero no hizo determina-ción alguna sobre la demanda de tercero instada por la fiadora contra el contratista. Posteriormente, y luego de haber renun-ciado el juez sentenciador, otro juez de la misma sala declaró con lugar la demanda de tercero, ordenando al contratista a pagar a la fiadora las mismas cantidades que ésta fue conde-nada a satisfacer al dueño de la obra.

De dicha sentencia el dueño de la obra y la compañía fia-dora han recurrido ante nos, quedando consolidados ambos recursos para ser resueltos conjuntamente. El contratista Cartagena, tercero demandado, falleció con posterioridad a la radicación de dichos recursos, y transcurridos más de dos años desde su muerte, las partes, a solicitud de la representación legal del fenecido Cartagena, se allanaron a la desestimación de ambos recursos en cuanto a él. Decretamos entonces el archivo en cuanto al contratista.

Examinaremos separadamente las dos causas de acción del dueño de la obra contra la compañía fiadora, a saber: (1) el costo adicional de $23,164.46 en que incurrió éste en la ter-minación de la obra en exceso del precio pactado; y (2) los daños líquidos a razón de $50.00 diarios fijados en el contrato de construcción como penalidad por demora en la ejecución de la obra.

I

La compañía fiadora no impugna la determinación que hizo el tribunal de instancia al efecto de que la obra costó $23,164.46 sobre el precio convenido, ya descontado el costo de las obras extras; pero sostiene haber quedado liberada y exonerada de las obligaciones impuestas por la fianza por ha-ber el dueño alegadamente incumplido sustancialmente con las condiciones del contrato de construcción, cuyo contrato forma parte del de fianza. Alega específicamente la fiadora que el dueño incumplió los siguientes extremos del contrato de cons-trucción: (1) al no exigir del contratista el estimado periódico de progreso requerido por el artículo 31 (a) del contrato; (2) al no exigir del contratista los estimados del trabajo realizado que conforme al artículo 31 (b) habrían de servir de base para el desembolso de los pagos parciales; (3) al no retener el 10% de las cantidades estimadas en las certificaciones perió-dicas de la obra según lo exige el artículo 32(b); y (4) al hacer adelantos de dinero al contratista ascendentes en total a aproximadamente $25,000 sin una constancia justificativa, y sin tomar las medidas para que estos anticipos fueran des-contados de certificaciones posteriores con respecto a la obra realizada. El tribunal sentenciador no hizo ninguna deter-minación de hecho o de derecho en relación a este último punto levantado por la fiadora.

No hay controversia, y así lo acepta prácticamente el propio dueño en su alegato, en cuanto a que éste incumplió el contrato en lo relativo a la forma y cantidad de los pagos periódicos. De la evidencia documental que obra en autos y del testimonio oral surge que los adelantos totales que el dueño hizo al contratista ascienden a $28,252.10. En esa can-tidad se encuentran adelantos montantes a $24,552.10 que no fueron deducidos de certificaciones subsiguientes. En cuanto a la omisión de retener el 10% del montante de las certificio-nes sometidas, se desprende que de las 46 certificaciones some-tidas sólo en 8 de ellas se hizo la retención. De la suma de $170,173.96 pagada al contratista mediante certificaciones se omitió retener la suma de $12,808.83.

Entre los adelantos que no se dedujeron de certificaciones posteriores, montantes a $24,552.10 y las sumas dejadas de retener por el dueño ascendentes a $12,808.83 resulta que el dueño hizo pagos indebidos al contratista por un total de $37,360.93.

Veamos si el incumplimiento del contrato por parte del dueño exonera de responsabilidad a la fiadora bajo el contrato de fianza.

La disposición legal aplicable en este caso lo es el Art. 1751 del Código Civil, 1930, que lee como sigue:

“Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.” Código Civil, 1930, Art. 1751, 31 L.P.R.A. see. 4956. (Énfasis suplido.)

Como regla general, la fiadora quedará liberada de responsabilidad frente al acreedor únicamente hasta el grado en que las actuaciones de éste hayan perjudicado los intereses o derechos de aquélla. Ya no rige la antigua doctrina elabo-rada en los tiempos de los fiadores gratuitos al efecto de que la menor violación del contrato por parte del dueño relevaba a la fiadora de responsabilidad in loto. Por ello hemos soste-nido que: “El principio de que un fiador es un favorito del derecho no es de aplicación propiamente en el caso de una compañía organizada con el propósito expreso de actuar como fiadora mediante compensación.” Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (1964), pág. 745.

Conscientes como estamos de que de ordinario las fianzas ya no se prestan por mera liberalidad sino mediante paga, hemos abandonado la doctrina de interpretación restrictiva de las fianzas de construcción y en su lugar hemos adoptado una interpretación liberal. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245 (1975); Goss v. Structural Concrete Products, 92 D.P.R. 391 (1965); Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965); Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., supra; A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (1964). Véanse también Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 101 D.P.R. 458 (1973); Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961); y Steam’s Law of Suretyship, Elder’s Revision, 5th ed., pág. 123.

La doctrina española, en su interpretación de las disposi-ciones del Código Civil referentes a la liberación del fiador en los contratos de fianza, tiende a coincidir con los principios que refleja nuestra jurisprudencia.

Así Scaevola citando a Plañid y Ripert expresa que: “El fiador no puede quedar liberado cuando no ha sufrido nin-gún perjuicio como consecuencia del acto que reprocha al acreedor.” Y, añade: “Si el acto o negligencia reprochados al acreedor no han impedido más que parcialmente el reembolso del fiador, éste sólo queda liberado en la medida del 'perjuicio sufrido.” (Énfasis suplido.)

Tanto Scaevola como Manresa entienden además que la actuación del acreedor puede constituir una causa adicional de extinción de la fianza. Manresa, al citar a Falcón, describe así dicha causa de extinción: “Cuando el acreedor can-cela voluntariamente una hipoteca que estuviera constituida a su favor o renuncia libremente a un beneficio que la ley le concede, o ejecuta otro hecho semejante por virtud del que haga más difícil el cobro de su crédito cambiando las condi-ciones del mismo-” (Bastardillas nuestras.)

Planiol y Ripert se refierena los actos de los cuales el acreedor responde y de la consiguiente liberación del fiador, al expresar que:

“La liberación del fiador, si suponemos que el acreedor ha faltado a una obligación tácita, solo se produce un caso de culpa contractual. En términos generales, toda verdadera culpa por parte de éste, capaz de agravar las cargas del fiador, puede ser alegada por éste, contra la demanda de que es objeto .... it
“Con mayor razón el fiador . . . puede reprochar al acreedor los actos positivos por los que se hayan destruido o disminuido las garantías de su crédito.”

Merece la pena recordar además lo que ha dicho el Tribunal Supremo de España a propósito del Art. 1852 del Código Civil español, idéntico al Art. 1751 del nuestro:

“Considerando que la liberación de los fiadores establecida por el artículo 1852 del Código de referencia está condicionada a que el acreedor realice algún hecho por el que no puedan aquéllos quedar subrogados en .los derechos, hipotecas y privilegios de éste, de cuyas expresiones claramente se desprende que la ley exige actividad, acción, hecho, no bastando cualquier falta de diligencia o pasividad....”
... no pudiendo admitirse en buena lógica que para guardar los intereses del fiador haya de prestar más diligencia que éste el acreedor quien confía en la solvencia del fiador tanto como en la del deudor.” Sentencia de 7 de octubre de 1933, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, III Jurisprudencia Civil, tomo 210, págs. 525 y 526.

Véanse además: Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo IV, 9na. ed., 1961, pág. 698; Muñoz, Comentarios a los Códigos Civiles de España e Hispanoamérica, ed. 1953, Título XIV, Cap. IV, págs. 930 et seq.; Ennecerus, Tratado de Derecho Civil, Tomo II, Parte 2 (Derecho de Obligaciones), 2da. ed., 1966, pág. 836.

En el presente caso el dueño permitió que el contratista no cumpliera con el requisito contractual de entregarle periódi-camente estimados del progreso de la obra según exige el in-ciso (a) del artículo 31 del contrato de construcción ni los esti-mados periódicos exigidos por el inciso (b) del mismo artí-culo. A pesar de que el testimonio pericial demostró la utilidad de dichos estimados debemos concluir que tal omisión en el presente caso no fue perjudicial a la compañía fiadora. La prueba irrefutada demostró que el ingeniero Vázquez, quien confeccionó los planos de construcción y fue el inspector de la obra, estuvo constantemente presente en la obra y que los pagos que se hacían al contratista eran autorizados por él mediante certificaciones que sometía al dueño a medida que la obra se realizaba. En muchas ocasiones el contratista solicitó sumas de dinero que el ingeniero Vázquez consideró excesivas en proporción a la obra realizada, habiendo éste reducido las mismas para ajustarlas al estado de construcción de la obra. No tenemos duda de que las certificaciones aprobadas por el ingeniero Vázquez resultaban ser confiables.

Por el contrario, la fiadora sufrió perjuicios en la medida en que el dueño entregó al contratista anticipos no justifica-dos, sin que luego los dedujera de certificaciones subsiguien-tes. También se perjudicó la fiadora por la omisión del dueño al dejar de retener el 10% del montante de las certificaciones sometídasle. Ambos renglones de pagos indebidos ascienden a $37,360.93. Estos fueron de tal magnitud que alteraron con-siderablemente las condiciones del contrato de construcción cuyo cumplimiento aseguró la fiadora. El riesgo que asumió la fiadora al garantizar el contrato presumía unos controles sobre los pagos en proporción al progreso de la obra. Sin tales salvaguardas, la garantía del contrato se tornaría onerosa para la fiadora.

Es de rigor pues aplicar a la situación antes nos el principio doctrinal establecido por el Tribunal Supremo de España a los efectos de que cuando el acreedor nada hace para evitar que desaparezca la garantía que ofrece el deudor no puede reclamar el crédito al fiador que descansaba en aquella garantía. Sentencia de 9 de julio de 1908, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Jurisprudencia Civil, tomo 111, pág. 703.

Los adelantos indebidos hechos por el dueño no solo se hicieron en violación del contrato de construcción cuyo cumplimiento aseguró la fiadora sino que además perjudicaron sustancialmente a ésta, ya que dichos pagos indebidos excedieron las cantidades gastadas por el dueño para terminar la obra. Si el dueño hubiese hecho los pagos al contratista conforme al contrato, al abandonar el contratista la obra, hubiese habido dinero suficiente para terminar el trabajo sin excederse del precio estipulado. Concebimos la probabilidad de que el contratista hubiese abandonado la obra antes si el dueño le hubiese exigido acatamiento estricto del contrato, pero en ese caso la fiadora no se hubiese perjudicado, ya que el progreso de la obra hubiese ido a la par con los pagos hechos, aprovechándose así la fiadora de los fondos retenidos por el dueño para terminar la construcción. El resultado fue que al abandonar el contratista la obra ya había recibido el 90% del costo habiéndose construido aproximadamente el 80% del edificio. El claro incumplimiento del contrato de cons-trucción por el dueño de la obra al hacer anticipos al contra-tista por obras no realizadas y al dejar de retener el por ciento pactado sobre los pagos efectuados, derrota la reclamación del dueño contra la fiadora, quedando ésta liberada de su obligación en cuanto al exceso pagado por el dueño para finalizar la obra.

II

Consideremos ahora si debe aplicarse la penalidad conte-nida en el contrato de construcción por concepto del atraso habido en la obra. El tribunal de instancia determinó que el dueño tenía derecho a que se le pagara solamente por la dila-ción de 193 días transcurridos desde la fecha en que la obra debió haberse terminado hasta la fecha en que el contratista abandonó la misma, lo que a razón de $50.00 diarios asciende a $9,650.00. El dueño recurre ante nos aduciendo que la dila-ción a que tiene derecho es por los 293 días transcurridos desde que la obra debió haberse terminado hasta que efectiva-mente fue terminada por el dueño, lo que a razón de $50.00 diarios asciende a $14,650.00. Por su parte la fiadora arguye que el contrato no da derecho al dueño a la penalidad, excepto en el evento de que el contratista hubiere terminado la obra.

Examinemos el contrato de construcción al respecto. El artículo XII del mismo dispone en lo pertinente:

“Si el ‘CONTRATISTA’ rehúsa o fracasa en la realización de la obra o en cualquier parte separada de la misma, con tal dili-gencia que asegure la terminación de ésta dentro del tiempo especificado, o dentro de la prórroga que se le conceda si así se deseare por el ‘DUEÑO’, o fracasara en realizar el trabajo den-tro del término convenido, el ‘DUEÑO’ podrá previa notificación por escrito al ‘CONTRATISTA’, cancelarle y anularle el derecho de éste a proseguir realizando el trabajo o cualquier parte de éste en relación con la cual haya habido dilación. En tal caso, el ‘DUEÑO’ podrá hacerse cargo del trabajo hasta su termina-ción, por Contrato, o en cualquier otra forma, y el ‘CONTRA-TISTA’ y sus fiadores o garantizadores le serán responsables al ‘DUEÑO’ de cualquier exceso en el coste que se le ocasionare a dicho ‘DUEÑO’ por tal razón. Si el derecho del ‘CONTRATISTA’ a continuar realizando la obra es terminado o anulado en la forma anteriormente mencionada, el ‘DUEÑO’ podrá tomar pose-sión del trabajo y utilizar en la terminación .del mismo aquellos materiales, aparatos, y plantas que se hallen en el predio donde se está realizando la construcción y que sean necesarios para la terminación de la misma. Si el ‘DTJEÑO’ no da por terminado el derecho del ‘CONTRATISTA’ de proceder con la obra hasta su total edificación, el ‘CONTRATISTA’ deberá continuar el trabajo, y en tal caso, no siendo posible de determinar los daños que se le originarían al ‘DUEÑO’ por tal dilación, el ‘CON-TRATISTA’ le pagará al ‘DUEÑO’ como daños fijos convenidos y líquidos a razón de $50.00 por cada día de calendario en que incurre en mora y hasta que el trabajo sea terminado y aceptado a su satisfacción por el ‘DUEÑO’, y tal y como se especifica en ■los documentos del Contrato, y los fiadores o garantizadores del ‘CONTRATISTA’ serán responsables por la penalidad anterior-mente acordada por cada día de calendario en que incurra en dilación él ‘CONTRATISTA’ en la realización de la obra, . . . .” (Énfasis suplido.)

El artículo transcrito resulta ser una copia casi literal del artículo 9 de un modelo de contrato de construcción de obras públicas que fue utilizado por el gobierno de Estados Unidos entre los años 1926 y 1935 (U.S. Standard Form, núm. 23). Véase United States v. American Surety Co., 322 U.S. 96 (1944), esc. 1 y 3.

Una lectura del artículo XII del contrato en cuestión transcrito precedentemente revela que el derecho del dueño a recibir la penalidad por mora de $50.00 diarios está condicio-nado a que el dueño no dé por terminado el derecho del contra-tista a proseguir con la ejecución de la obra hasta su total edificación y a que el contratista continúe el trabajo. Esta ha sido la interpretación del Tribunal Supremo federal y de otros tribunales federales sobre la cláusula aludida y cláusulas similares. United States v. American Surety Co., supra; F. Herfarth Jr., Inc. v. Acker, 177 F.2d 38 (1949); United States v. Marietts Manufacturing Company, 53 F.R.D. 390 (1971); United States v. Cunningham, 125 F.2d 28 (1941).

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos y otros tribu-nales federales han interpretado la referida cláusula a los efectos de que la misma da una opción al gobierno o dueño, (1) de dar por terminado el contrato y proseguir con la cons-trucción con el derecho a exigir el pago del exceso del costo, o (2) no dar por terminado el derecho del contratista a proseguir y permitirle que continúe el trabajo, reteniendo el dueño el derecho a los daños líquidos estipulados por mora. United States v. American Surety, supra; United States v. Cunningham, supra; United States v. Maryland Casualty Co., supra.

Sin embargo, el presente caso plantea una situación diferente, ya que aquí el dueño no se tomó la iniciativa de dar por terminado el derecho del contratista a continuar la obra, sino que el contratista la abandonó motu proprio cuando decidió que no podía continuar. El contrato nada provee específicamente para esta eventualidad, por lo que tenemos que inferir la intención de las partes a base de la redacción de las demás cláusulas. Código Civil, Art. 1236 y 1237. A esos efectos examinemos el artículo XI del referido con-trato, el cual copiamos textualmente a continuación:

“ARTICULO XI
Derecho del Dueño a Terminar la Obra
“. . . Si el ‘CONTRATISTA’ es adjudicado en quiebra volun-taria o involuntaria, o suspensión de pago; o hace una cesión de sus bienes para beneficio de sus acreedores; o le es nombrado un síndico por razón de su insolvencia, o por cualquier otro motivo; o si él persistente o repetidamente rehúsa o falta de suplir obre-ros adiestrados (skilled workman), [sic] o los materiales ade-cuados; o si faltara al pronto pago a sus empleados u obreros o a sus sub-contratistas; o persistentemente desobedece instruc-ciones; o realiza actos que violen los documentos del contrato en algunos de sus extremos, incluyendo la falta de tener el material adecuado en el tiempo oportuno para usarse en la obra, entonces el ‘DUEÑO’, previa comunicación escrita con cinco (5) días de anticipación al ‘CONTRATISTA’, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o remedio que pueda tener el ‘DUEÑO tanto en la obra como en relación con y contra el ‘CONTRATISTA’, podrá declarar vencido y sin vigor ulterior el derecho del ‘CONTRA-TISTA’ de continuar realizando la obra, y no importa el estado de construcción en que ésta se halle. En tal caso, el ‘DUEÑO’ podra hacerse cargo de la obra y proseguir la construcción de ésta hasta su terminación por Contrato o en cualquier otra forma, y el ‘CONTRATISTA’ y sus fiadores serán responsables al ‘DUEÑO’ de cualquier costo adicional ocasionado a dicho ‘DUEÑO por razón a [sic] tener que hacerse él cargo de la con-tinuación y terminación de la obra; y en este caso el ‘DUEÑO’ podrá tomar posesión y utilizar en la terminación de la obra aquellos materiales, aparatos, equipo y plantas que se hallen en el predio en el cual se está llevando a efecto la obra y que sean necesarios para su terminación. Las disposiciones anteriormente consignadas son en adición, y no como una limitación, a los dere-chos que le corresponden al ‘DUEÑO’, a tenor de cualquiera otra disposición de los documentos del Contrato.” (Énfasis suplido.)

Como puede verse, este artículo confiere al dueño la pre-rrogativa de dar por terminado el derecho del contratista a continuar edificando, con el derecho a recuperar del contra-tista o sus fiadores lo que gastare dicho dueño en terminar el edificio en exceso del costo pactado. Nótese que se establece que este derecho del dueño será “en adición, y no como una limitación a los derechos que le corresponden al ‘DUEÑO’ a tenor de cualquiera otra disposición de los documentos del contrato.” Una de esas otras disposiciones a las cuales hace referencia dicho artículo lo es la cláusula penal, que no es incompatible con lo establecido en el artículo XI y las primeras tres oraciones del XII. Nuestro Código Civil claramente esta-blece que “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.” Código Civil, 1930, Art. 1044.

Los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato cuando dicho contrato es legal y válido y no contiene vicio alguno. Matricardi v. Peñagarícano, Admor., 94 D.P.R. 1 (1967). Véanse además Carro v. Cuevas, 63 D.P.R. 739 (1944); Caribbean Engineering Co. v. Municipio, 60 D.P.R. 26 (1942); Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89 (1937); Casalduc et al. v. La Compañía Trasatlántica de Hamburgo, 9 D.P.R. 350, 369 (1905); Esbri v. Sucesión Serrallés, 3 D.P.R. 24 (1902). En el presente caso las partes incluyeron en el contrato de construcción una cláusula penal para la eventual!dad de que el contratista incurriese en mora. Habiendo sido el contrato de construcción incorporado al de fianza queda la fiadora obligada a responder de su incumplimiento. Código Civil de Puerto Rico, 1930, Art. 1054 y 1106.

Sólo nos resta determinar si el dueño tiene derecho a recibir indemnización por la mora en que incurrió el contra-tista hasta el día en que éste abandonó la obra, o hasta el día en que la construcción fue terminada y entregada. El Tribunal Supremo federal ha resuelto, en un caso similar al de autos, que dicha cláusula penal sólo se aplica hasta el día en que el contratista deja de trabajar en la obra. Se trataba allí de una situación en que el gobierno federal, en su carácter de dueño de la obra, ejercitó su prerrogativa de cancelar el dere-cho del contratista a continuar edificando, y entregó la obra a otro contratista. United States v. American Surety Co., supra.

En Puerto Rico, por otra parte, en un caso también muy similar al de autos en el cual en dueño lo era la Compañía de Fomento Industrial, resolvimos que “A” — dueño de la obra —tiene derecho a indemnización por mora, no desde la fecha en que venció la última prórroga concedida por “A” al primer contratista “B” hasta la fecha en que “A” rescindió el contrato de construcción, sino desde que venció la última pró-rroga concedida a “B” y hasta la fecha en que “C”, el segundo contratista, debió haber completado la obra, sin incluir la prórroga que “A” posteriormente le concedió a “C”. Cía.de Fomento Industrial v. León, 99 D.P.R. 633 (1971), pág. 640.

En el caso ante nos la situación es aún más favorable al dueño, porque (1) éste no obligó al contratista a abandonar la obra — lo que pudo haber hecho — sino que fue el propio con-tratista quien desistió de la misma; (2) de los autos surge que la fiadora fue notificada de la actuación del contratista, y pudiendo hacerse cargo de la obra se negó a hacerlo, por lo que el dueño, en ánimo de mitigar los daños, no le quedó otra alternativa que hacerse cargo de la construcción; y (3) porque surge también de los autos que una vez estuvo la obra bajo el control del dueño, ésta se terminó con suma diligencia sin nece-sidad de conceder prórrogas adicionales al Ingeniero Vázquez, quien la dirigió hasta su terminación por cuenta del dueño.

Vista esta situación a la luz de las claras disposiciones del artículo XII del contrato transcrito precedentemente en esta opinión, que en lo aplicable establece que “ . .. por tal dilación, el contratista le pagará al dueño como daños fijos, convenidos y líquidos a razón de $50.00 por cada día de calendario en que [incurra] en mora y hasta que el trabajo sea terminado y aceptado a su satisfacción por el dueño .. ..” (Énfasis suplido), no vemos razón alguna que justifique alterar lo establecido en Compañía de Fomento Industrial v. León, supra. Por lo tanto, deben concederse al dueño los daños líquidos de indemnización por concepto de mora pactados, computados desde el día en que al contratista se le venció la última prórroga hasta el día en que se concluyó la obra. Los 283 días laborables que comprenden dicho lapso de tiempo, a razón de $50.00 diarios, arrojan un saldo de $14,150.00.

En vista de lo antedicho, debe modificarse la sentencia recurrida a los efectos de dejar sin efecto la concesión de in-demnización al dueño por los gastos en que incurrió en la terminación de la obra en exceso del precio pactado; y por otro lado deberá concederse un aumento en la indemnización por concepto de mora de $9,650.00 a $1U,150.00.

Así modificada se confirmará dicha sentencia.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz disintió en voto separado.

—0—

Yoto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 1975

La indemnización por mora debe extenderse hasta el día en que el contratista abandonó la obra, siguiendo la regla de United States v. American Surety Co., 322 U.S. 96 (1944). En este caso el Supremo Federal rehúsa en sus propias pala-bras “reescribir el contrato” y con claro lenguaje sostiene lo convenido declarando: “Que pueda ser más conveniente extender la indemnización por daños a todo caso de demora, in-dependientemente de que haya o no terminado la relación contractual, no es por supuesto factor relevante al interpretar y aplicar el claro lenguaje limitativo del contrato. ... no pode-mos incluir lo que pudo ser pero no fue acordado.” ibid., a las págs. 101-102. En Cía. de Fomento Industrial v. León, 99 D.P.R. 633, 638 (1971), del que reclama autoridad la ponen-cia, la penalidad se extendió hasta la fecha en que el segundo contratista debió haber completado la obra porque el contrato allí disponía expresamente que el contratista original y su fiadora respondían a Fomento de daños fijos, acordados y li-quidados por cada día de demora “hasta que la obra sea termi-nada a satisfacción de la Compañía de Fomento Industrial.”

La opinión de mayoría aspira a sentar doctrina y no me parece justo ni correcto en derecho mantener un estado de mora corriendo por tiempo indefinido después del contratista haberse desligado de la obra, si como reconoce dicha opinión “el contrato nada provee específicamente para esta eventuali-dad.” Para los efectos de ceñir la mora a un plazo cierto y determinable por la conducta de ambos contratantes, sin dejar su duración al arbitrio del dueño, ninguna diferencia debe hacer que la separación del contratista se deba a su propia iniciativa o al requerimiento del dueño. La mora no debe ser sustituto para una penalidad por abandono de la obra cuando no se ha pactado expresamente dicha penalidad.

Percibo una inconsistencia estructural en la opinión que por un lado se abraza al contrato negando al dueño recupera-ción del costo de terminación de la obra, y por otro emprende un laborioso esfuerzo para llenar un gran vacío con disposi-ciones punitivas.

Salvo criterio mejor fundado, disiento de aquella parte de la opinión que reescribe la fianza y aumenta de $9,650 a $14,150 la responsabilidad de la fiadora por demora en la realización de la obra.

      Scaevola, Código Civil, Ed. 1953, T. 28, pág. 693.

       Scaevola, op. cit., pág. 692; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta. ed. 1973, T. 12, págs. 485 y 486.

       Planiol y Ripert, Derecho Civil Francés, T. XI, págs. 915 y 916, Cultural S.A., Habana, 1940, Traducción de Mario Díaz Cruz.

       Véase declaración del Ingeniero José M. Canals, Transcripción de evidencia, 9 de nov. de 1964, págs. 30 y siguientes.

      El artículo 9, traducido al español dispone:

        “Demoras-Daños. — Si el contratista rehúsa o deja de proseguir la obra, o cualquier parte de la misma con tal diligencia que asegure su ter-minación dentro del tiempo indicado en el Artículo 1, o de cualquier pró-rroga al respecto, o deje de terminar dicha obra dentro del tiempo indicado, el Gobierno podrá mediante aviso por escrito dirigido al contratista, dar por terminado, el derecho de éste a proseguir con la obra o con la parte de ella objeto de la demora. En tal escrito, el Gobierno podrá hacerse cargo del trabajo y proseguir el mismo hasta su terminación mediante contrato o de otro modo, y el contratista y sus fiadores serán responsables al Gobierno por cualquier costo adicional en que incurra el Gobierno por tal motivo. Si el derecho del contratista a proseguir es así suspendido, el Gobierno podrá tomar posesión de y utilizar en la terminación de la obra aquellos materia-les, utensilios e instalaciones que esté en el lugar de la obra y que sean necesarios para ella. Si el Gobierno no da por terminado el derecho del contratista a proseguir la obra, el contratista continuará el trabajo, en cuyo caso los daños reales por la demora serán imposibles de determinar y en su lugar el contratista pagará al Gobierno como daños fijos, estipula-dos y líquidos por cada día calendario de demora, hasta la terminación o aceptación de la obra, la suma que se indica en las especificaciones o documentos adjuntos y el contratista y sus fiadores serán responsables por dicha suma ....”

      “El contratista estuvo trabajando en la obra hasta el día 2 de mayo de 1952 en que la abandonó ante la imposibilidad de su terminación . . . .” Determinación de hecho número 5 del tribunal sentenciador.

      “Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.” Código Civil, 1930, Art. 1236, 31 L.P.R.A. see. 3474.
      “Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.” Código Civil, 1930, Art. 1237, 31 L.P.R.A. see. 3475.

      Para un análisis sobre las obligaciones con cláusula penal, véanse R. C. Leasing v. Williams Int., Ltd., 103 D.P.R. 163 (1974); Pueyo v. Real Hnos., 18 D.P.R. 862 (1912); Iglesias v. Bolívar, 1 D.P.R. 21 (1899).

      “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas _” Código Civil, 1930, Art. 1233. 31 L.P.R.A. see. 3471.

       Contrario a lo que declara la opinión, no existe discrepancia doctrinal entre los casos de United States v. American Surety Co., supra, y Cía. de Fomento Industrial v. León, 99 D.P.R. 633, 638 (1971). Ambos mantienen una prudente fidelidad a las respectivas fianzas que gobiernan sus hechos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Juan Pizá Blondet y Wilson Building Corporation, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Pico, Sala de San Juan, Hon. Miguel Giménez Muñoz, Juez, demandado; Salvador Jiménez Guevara, interventor.

      Número: O-74-480

      Resuelto: 25 de febrero de 1975

      Francis, Doval, Colorado & Carlo y Leonardo Andrades Lugo, abogados de los peticionarios; Luis Fernando Ramirez y Armando Rivera Carretera, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En la demanda incoada por Jiménez Guevara contra Pizá Blondet, titulada sobre incumplimiento de contrato, se piden dos remedios alternativos: cumplimiento específico, o la con-dena al pago de una obligación por $270,000 más $200,000 de indemnización por daños y perjuicios derivados del incumpli-miento de contrato, y $25,000 para honorarios de abogado y costas. Funda Jiménez su razón de pedir en un contrato cuya cláusula séptima dispone:

“SIETE: Pizá y/o Wilson se comprometen y obligan a satis-facer a Jiménez y/o Professional, o a la corporación que Jiménez designe, el crédito por la suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL DOLARES ($270,000.00) a que se refiere la cláusula CINCO de este contrato, en la siguiente forma:
1 — Pizá y/o Wilson transferirán a una corporación, a ser incorporada, un solar de 22,000 ó 22,500 metros cuadrados sito en Isla Verde, Puerto Rico.
2 — El cincuenta porciento (50%) de las acciones de la corpo-ción a que se refiere el inciso anterior se le venderá a Jiménez por un precio equivalente al 50% del valor en el mercado del solar a que se refiere el inciso anterior. El valor en el mercado del mencionado solar lo determinará mediante tasación el Sr. Ferdinand Acevedo, la cual tasación se le someterá al Sr. Pizá dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de este contrato.
3 — El precio de las acciones, según se determine de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior será pagado por Jiménez en la siguiente forma:
a) $270,000.00 mediante la cancelación y liberación total y definitiva del crédito a su favor que se menciona en la cláusula CINCO de este contrato. En otras palabras, la suma de $270,000.00 le será acreditada a Jiménez al precio total de compra de las acciones; y
b) el remanente del precio de compra de las acciones será satisfecho por Jiménez en dos (2) pagos anuales, a partir de la fecha en que se consuma dicha transacción o se expidan las acciones a favor de Jiménez, cualquiera de dichos eventos que ocurra primero. El balance aplazado devengará intereses al siete por ciento (7 %) anual, pagaderos trimestralmente.
c) la suma de $270,000.00 que al presente se le adeudan a Jiménez y cualquier aumento que tenga dicha cantidad como consecuencia de reajustes pendientes, devengarán intereses al 7 % pagaderos trimestralmente hasta tanto se le acredite el precio de compraventa de la propiedad mencionada en la cláusula SIETE, Subipárrafo 1.
4 — Jiménez asumirá el pago del 50% del total de los intereses que devengue la hipoteca por la suma principal de $930,000.00 que actualmente grava el solar a que se refiere el inciso 1 de esta cláusula. Disponiéndose, que dicha obligación se extenderá a los intereses devengados a partir del día primero de enero de 1971, siempre y cuando que la entrega ,de las acciones, según es estipu-lado en el inciso 2 de esta cláusula, sean emitidas a favor de Jimé-nez dentro de los próximos noventa (90) días a partir de la fecha de este contrato. Disponiéndose, además, que dicha obliga-ción también estará sujeta a que dentro del mencionado término de noventa (90) días Pizá y/o Wilson transfieran a la corpora-ción que se creará según lo convenido en el inciso 1 de esta cláusula el solar de 22,000 ó 22,500 metros cuadrados que es men-cionado en dicho inciso 1.

La. venta de acciones se efectuará dentro del término de sesenta (60) días a partir de la fecha de este contrato.”

El demandante Jiménez aquí interventor, en aseguramien-to de efectividad de sentencia obtuvo una orden instruyendo al Registrador de la Propiedad que anotara aviso de demanda (lis pendens) en cuanto al inmueble concernido que finalmente se identificó como parcela de 22,548.125 metros cuadrados en Cangrejos Arriba, Carolina; y además prohibiendo al deman-dado Pizá la enajenación o gravamen de dicha propiedad. El tribunal de instancia rehusó admitir fianza al demandado para liberarse de la grave restricción a su derecho de dominio y ante nos recurre con la urgencia de quien tiene una propiedad gra-vada por casi un millón de dólares y paralizada toda contrata-ción hace año y medio. Expedimos orden para mostrar causa por la que no deba anularse la resolución recurrida y admitir fianza al demandado, y los alegatos de las partes han reafir-mado nuestro criterio original.

La Regla 56 de Procedimiento Civil es fecunda en su pro-visión de remedios para asegurar la efectividad de la sentencia que no restringe a los convencionales y por el contra-rio extiende sin enumeración a “cualquier otra medida que [el tribunal] estime apropiada, según las circunstancias del caso.” Suárez Martínez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 544, 549 (1962). Responde en su latitud a un diseño procesal en cuya ejecución deberá el tribunal considerar los intereses de todas las partes, declaración ésta que anticipó el severo escrutinio revelador de invalidez constitucional en estatutos análogos en otras jurisdicciones. Sniadach v. Family Finance Corporation of Bay View, 395 U.S. 337 (1969); Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972); Domínguez Tálavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974); North Georgia Finishing Inc. v. Di-Chem Inc., 95 S.Ct. 719 (1975), 43 U.S.L.W. 4192); Mitchel v. Grant, 40 L. Ed.2d 406 (1974).

El remedio para el aseguramiento de la sentencia concedido en este caso fue dual y frente a las circunstancias del mismo, oneroso y confiscatorio. Se le prohibió al demandado aquí peticionario enajenar una propiedad valiosa y simultá-neamente se ordenó al Registrador de la Propiedad la anotación de un aviso de demanda (lis pendens), sacándose del comercio un inmueble de gran valor y anulando el derecho de dominio y la facultad de contratar libremente de su dueño quien mania-tado por interdicto judicial corre el riesgo de perder su propiedad afecta como se halla a un cuantioso crédito hipo-tecario.

Considerando las graves consecuencias que desata en el libre comercio y especialmente el efecto destructor en la economía del demandado, el remedio de prohibición de enajenar, como la sindicatura, deben justificarse con indeclinable rigor y necesidad estricta. No podrá expedirse orden sobre prohibición de enajenar en aseguramiento de efectividad de sentencia si las propias alegaciones de la demanda fallan en acusar la existencia de la causa de acción sobre la cual se pide el aseguramiento y demuestran de modo patente que el actor no podrá obtener sentencia contra el demandado. Armstrong y Co. v. Irizarry, 29 D.P.R. 606 (1921); Mercedes Bus Line v. Rojas, 70 D.P.R. 540, 545 (1949); Gastón v. Herederos de Franceschi, 43 D.P.R. 308, 309 (1932). Las sentencias judiciales se dictan sobre controversias reales en las que la decisión del tribunal llegado el momento de ejecución, no ha de tropezar con la perplejidad de intangibles y proyectos sin concretarse.

Aquí se solicitó y obtuvo la prohibición de enajenar bajo la premisa de que el demandante-interventor tiene razón de pedir cumplimiento específico del contrato consistente en la entrega de cosa determinada que regula el Art. 1049 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3013). Incidió el tribunal a quo..La transcrita cláusula siete del contrato dispuso que el solar en Isla Verde, el inmueble cuya entrega reclama el demandante, no se transferirá a éste, sino a una corporación a ser organizada en la cual el demandante Jiménez sólo ten-dría la mitad de las acciones para pagar las cuales y conside-rando el valor de la finca, no bastan los $270,000 del crédito contra Pizá que abonaría al precio, sino que tendría que pagar un balance hasta completar el 50% del valor en el mercado del solar en término de dos años y devengando intereses al 7% anual. Resulta claro que la cosa cuya entrega reclama el demandante no es ahora, ni sería suya en circunstancia alguna, pues el contrato limitó su interés en la misma a un 50%. Aun bajo las condiciones ideales de un cumplimiento específico viable, es cuestionable su derecho a una orden pro-hibiendo al demandado la enajenación y gravamen de la otra mitad del inmueble representada por el 50% de las acciones corporativas que éste siempre retendría.

Pero el pacto de transferir la propiedad a una corporación inexistente al momento en que se convino no es susceptible de cumplimiento impuesto u ordenado por el tribunal. La entidad corporativa es persona jurídica sujeta a precisa regula-ción por la Ley de Corporaciones (14 L.P.R.A. sec. 1101 y ss.) que la configura como integrada por no menos de tres perso-nas (Art. 101) que deberán suscribir un certificado de incor-poración que contendrá nombre y domicilio de cada incorpora-dor, objetivos, clase, y valoración de acciones, y término de vida si no ha de tener existencia perpetua; reglas de adminis-tración del negocio y derecho preferente de los accionistas para adquirir las distintas clases de acciones; determinación del voto en proporción a las acciones para cualquier acto corpora-tivo y número de accionistas según lo decidan los incorpora-dores (Art. 102); estatutos para régimen interno (Art. 109) y juramento por todos los incorporadores y radicación en Secretaría de Estado del certificado de incorporación (Art. 103). Sólo después de otorgado y radicado el certificado de incorporación y registrado según lo dispuesto en el Art. 103, y pagados los derechos requeridos por ley quedará constituida la entidad corporativa por las personas que de tal modo se asocien y comenzará entonces su personalidad jurídica (Art. 106). ¿Qué nombres de incorporadores, condiciones y términos de incorporación exigidos por los precedentes artículos de la Ley de Corporaciones contiene el contrato que nos ocupa de modo que pueda el tribunal por lo menos inquirir de persona alguna su disposición a organizar la corporación a la que deberá transferirse título sobre el inmueble? ¿A quién puede obligarse a integrar la corporación, elemento esencial del convenio formalizado en la cláusula séptima? Ya anterior-mente este Tribunal contempló la posibilidad de que un conve-nio para formar una corporación no se hará cumplir específi-camente por los siguientes motivos: “. . . que los términos del contrato no eran lo suficientemente precisos y definidos . . .; que una corte de equidad no dictará un decreto que requiera supervisión extensa . . .; que una corte de equidad no tiene facultad para controlar por medio de su decreto de cumpli-miento específico la discreción de funcionarios administrativos de los cuales, bajo ley del estado, tenga que solicitarse un permiso para la expedición de acciones . . .; que la demanda solicita el cumplimiento de actos que requieren la participa-ción de otras personas que no son partes ni en el contrato ni en el pleito ...; que el tribunal no tiene poder para obligar a una corporación inexistente que expida y distribuya acciones de manera específica . . .; que el tribunal no tiene poder para obligar a una corporación a elegir personas específicas como oficiales de la misma . . .; que pudiera ser imposible para el demandado encontrar el número necesario de incorporadores . . .; que la fecha del pleito, las partes estaban disgustadas . . .; que tres de los cuatro propuestos incorporadores eran insolventes . . .; que la promesa del demandante de rendir ser-vicios a la proyectada corporación no era susceptible de cum-plimiento específico.” Vázquez v. Tribunal Superior, 78 D.P.R. 744, 752 (1955).

Que la acción civil “afecte el título o el derecho de posesión” del solar en Isla Verde en grado que le permita ganar acceso al Registro de la Propiedad como aviso de demanda (lis pendens) bajo el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, depende enteramente de que el contrato de referencia sea susceptible de cumplimiento específico. Demostrado que no lo es, únicamente subsiste en la demanda del interventor una reclamación en cobro de dinero y daños y perjuicios que por su naturaleza personal no está comprendida en el ámbito del citado Art. 91 de Enjuiciamiento Civil. Martinez v. Registrador, 101 D.P.R. 544 (1973). Resta al demandante el clásico remedio de embargo de bienes al que limitó su solicitud original de aseguramiento de efectividad de sentencia de fecha 14 de agosto 1973 y que abandonó cuando el tribunal por orden de 28 del mismo agosto le exigió fianza de $400,000. Bajo éste su único remedio provisional tendrá el demandado y aquí peticionario derecho a afianzar el embargo. Regla 56.3 de Procedimiento Civil.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia dejando sin efecto todas las actuaciones y resoluciones del tribunal de instancia prohibiendo al demandado recurrente enajenar o gravar la propiedad concernida y ordenando un aviso de demanda (lis pendens); se continuarán en el Tribunal Superior los procedimientos consistentes con esta opinión y la reso-lución recurrida de SO de octubre de 197k ha de ser anulada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       Art. 1049 del Código Civil
      “Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga la sec. [3018 de este título], puede compeler al deudor a que realice la entrega.

        “Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor.
      “Si el obligado se constituye en mora, o se halla comprometido a en-tregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega.”

      La improcedencia e imposibilidad práctica de un cumplimiento de contrato impuesto por sentencia se plasma en alto relieve en la misma súplica de la demanda cuando dice: “y de los demandados negarse, se soli-cita que el Tribunal ordene al Alguacil que embargue [sic] en aquellos documentos que sea necesario para llevar a efecto el contrato.” Sería una pesadilla más que aberración jurídica para cualquier Alguacil ejecutar la sentencia dándose a la faena de reclutar incorporadores, organizar la junta de directores, emitir acciones y obligarlos a aceptar el reglamento interno, todo ello bajo coacción.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Severino González, demandante y recurrido, v. Cirilo Chávez, Angeline Vargas y The Home Insurance Company, demandados y recurrentes.

      Número: R-74-360

      Resuelto: 26 de febrero de 1975

      Barceló & Barceló, abogados de los recurrentes; Maximino Miranda Jiménez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La Home Insurance Co., entidad aseguradora de un vehículo de motor que causó daños al demandante recurrido Severino González en accidente ocurrido el 19 de mayo de 1973, nos pide — al igual que solicitara ante el tribunal de instancia — que dejemos sin efecto la sentencia que le con-denó al pago total de $11,824.00, aduciendo básicamente que fue dictada sin jurisdicción por ser nulo el emplazamiento; no habérseles notificado la anotación de rebeldía y su señala-miento; y en la alternativa, bajo la Regla 49.2 de Procedi-miento Civil vigentes, poseer buenas defensas respecto a la cuantía de la compensación concedida. El peticionario no cuestiona la determinación de negligencia de su asegurado concluida por el tribunal sentenciador.

El examen de los escritos ante nuestra consideración nos convencen de que los dos primeros errores no fueron cometidos y de que son correctas jurídica y lógicamente las siguientes expresiones del tribunal de instancia:

“De la prueba presentada por The Home Insurance Company y el demandante, se desprende que The Home Insurance Company fue emplazada por conducto de la Sra. Milagros del Río, quien según su propio testimonio ‘estaba autorizada para recibir emplazamientos a nombre de The Home Insurance Company, pero no a ser emplazada.’ El Tribunal entiende que si la señora del Río estaba autorizada para recibir emplazamientos, según su propio testimonio, lo era a todos los efectos legales.
Es inconcebible en derecho pensar que una persona esté auto-rizada a recibir emplazamientos a nombre de una Compañía de Seguros y que la Compañía no quede emplazada.
El Tribunal entiende que la Home Insurance Company fue emplazada y notificada de la demanda en el presente caso con-forme a derecho.”

Respecto a la ausencia de notificación de la anotación de rebeldía y de su correspondiente señalamiento, en vista del hecho de que los demandados no habían comparecido previamente en el pleito, ello era innecesario conforme lo dispuesto en la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil vigentes. El que la secretaría del tribunal a quo, correcta o incorrectamente, hiciera constar haber notificado tal anotación y el señalamiento, en nada desvirtúa lo anterior.

El tercer error, que impugna la determinación del tribunal a quo de que el demandante González sufrió la fractura de su clavícula como consecuencia del accidente, no puede prosperar ya que ello era materia a ser dilucidada y examinada durante el trámite del caso antes de la sentencia, o en la alternativa, por vía de reconsideración o a través de un oportuno recurso de revisión en alzada.

Entender en el mismo equivaldría a revisar la sentencia final y firme interviniendo este Tribunal indirecta e indebidamente en un aspecto sobre el cual carece de jurisdicción. La Regla 49.2 no fue establecida para conceder remedio contra una sentencia u orden errónea de un tribunal, ni como sustituto del recurso de revisión. E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 692 (1962).

Tampoco cometió error el tribunal sentenciador al entender que carecían de méritos las excusas brindadas por la demandada en apoyo de su moción de relevo. A tal efecto, coincidimos con el siguiente pronunciamiento:

“La codemandada Home Insurance Company alega como fundamento bajo la Regla 49.2 para que se le releve de la senten-cia dictada en el presente caso, que por error de una secretaria no se le envió la demanda a sus abogados para su contestación.
El Tribunal entiende que, aunque le diéramos crédito a la alegación de la codemandada Home Insurance Company — pero sin dárselo — en el sentido de que la secretaria no le enviase la demanda a los abogados de la Compañía para su contestación, ello no es fundamento para relevarla de la sentencia dictada.”

Lo expuesto previamente conllevaría el dejar sin efecto nuestra Resolución de Mostrar Causa. Sin embargo, no surge de los escritos de las partes que al tribunal de origen se le advirtiera de que no había aplicado la deducción de $1,000.00 que por daños por sufrimientos físicos y mentales provee la See. 8 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 2058(3)). Dicha reducción, que por mandato de ley es de naturaleza mandatoria de tipo automático, puede y debe ser aplicada a la primera oportunidad que tenga un tribunal de justicia en los casos apropiados y ello beneficia a la aquí peticionaria. Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717, 725 (1972).

Se dictará sentencia a los únicos efectos de reconocer la deducción de $1.000.00 que provee la ley.

El Juez Asociado Señor Dávila concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio no intervino.

       Aun cuando erróneamente fue denominado como una Revisión, hemos considerado el recurso como una solicitud de certiorari con el propósito de examinar la corrección de la resolución que declaró sin lugar la moción de relevo de sentencia. A tal efecto, expedimos el 10 de enero de 1976 una orden para mostrar causa habiendo las partes sometido sus respectivos memoriales.

      A tal efecto señala la inexistencia de la fractura de la clavícula; el no haberse tomado en cuenta la depreciación del vehículo en cuestión y el hecho de estar sujeto a un financiamiento en una institución bancaria; y el no aplicarse la deducción de la A.C.A.A.

      Es interesante notar que la codemandada Angelina Vargas com-pareció a la vista del caso, lo que implica que de alguna forma se enteró del señalamiento.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Luis Rosa Burgos, acusado y apelante.

      Número: CR-74-67

      Resuelto: 27 de febrero de 1975

      Heyda Vigil McClin, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General y Américo Serra y Lirio Bernard de González, Procuradores Generales Auxiliares, abo-gados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El joven apelante fue sorprendido el 25 de febrero de 1971 por agentes de la División de Drogas y Nar-cóticos en un grupo de cuatro mientras en un zaguán de “La Perla” uno de ellos se hallaba en el proceso de inyectar a otro. Al apelante se le ocupó un deck con 4.8 mgs. de heroína pura y juzgado el 19 de mayo de 1971 en cargos de posesión y transportación, resultó convicto en ambos y se le impuso pena de 7 a 12 años de presidio.

Funda sus dos primeros señalamientos de error en que la ínfima cantidad de heroína a él ocupada no infringe la prohibición de posesión y en el hecho de no ser uno de los partícipes en la inyección de la droga cuando fue intervenido.

El apreciable argumento de la Sociedad para Asistencia Legal no basta para dejar sin efecto la convicción. Si bien este Tribunal resolvió en Pueblo v. Márquez Estrada, 93 D.P.R. 811, 812 (1966), adoptando un sensato criterio de California, que una traza o residuo sin potencial narcotizante no constituye acto criminal a pesar de que el Art. 29 de la Ley de Narcóticos de Puerto Rico (24 L.P.R.A. sec. 974z) sanciona cualquier cantidad de droga, dicha decisión se emitió frente a circunstancias de un poseedor único de una tapita de la que hubo el químico que raspar unos cristalitos que fue todo cuanto pudo analizar. Márquez no usaba la droga ni se encon-traba reunido con otros en acción colectiva para usarla. La situación del apelante es más parecida a la de Pueblo v. Cruz Rosado, 97 D.P.R. 513 (1969), donde el deck se hallaba sobre la arena junto a una cajita que contenía la aguja hipodér-mica, el gotero y la chapita. Se resolvió, citando a Pueblo v. Pellot Pérez, 92 D.P.R. 812 (1965), que no es necesario probar la posesión física por parte del acusado. El apelante, aparte de la cantidad mínima de heroína sobre su persona, compartía por extensión la posesión común de los instrumentos de inyec-ción y demás raciones de droga que el grupo de cuatro sor-prendidos por la policía utilizaba precisamente para estimu-larse con heroína.

Sí tiene razón el apelante, y así lo reconoce la Procuradora General, en cuanto a que no estando envuelta operación de venta, es acreedor a la pena más benigna para posesión dispuesta en la Ley de Sustancias Controladas (24 L.P.R.A. see. 2101 y ss.). Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974).

Se deja sin efecto la sentencia dictada el 2 de julio de 1971 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, al que se remite el expediente con instrucciones de resentenciar al acusado de conformidad con el Art. UOU de la Ley de Sustancias Contro-ladas de Puerto Rico (2U L.P.R.A. sec. 21p01p).


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Aetna Insurance Company y The Blythe Company of Puerto Rico, peticionarias, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Hon. Juan C. Santiago Matos, Juez, demandado; Aetna Casualty & Surety Company, interventora.

      Número: O-72-97

      Resuelto: 27 de febrero de 1975

      Polo, Rivera Mercado & Lasa y Ulpiano Falcon Matos, abogados de las peticionarias; Agrait Oliveras & Otero, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una petición de traslado para la Sala del Tribunal Superior donde hubiera correspondido iniciar la acción con anterioridad a la vigencia de la Ley de la Judica-tura de 1952. 4 L.P.R.A. see. 62; Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 3. Debemos resolver esencial-mente si una moción de prórroga para contestar una demanda de daños y perjuicios presentada con antelación a la solicitud de traslado, constituye una sumisión del demandado a la sala del Tribunal Superior donde fue presentada la acción.

Las demandadas-peticionarias son la arrendataria y ase-guradora respectivamente de una pala mecánica propiedad de la asegurada de la compañía de seguros interventora que alegadamente se despeñó a causa de un derrumbe provocado por las lluvias mientras la demandada The Blythe Company of Puerto Rico la utilizaba en la construcción de la autopista que conduce de San Juan a Ponce. La interventora se subrogó en todos los derechos de su asegurada y es en esa capacidad que insta la acción para recobrar el pago que hizo a su asegu-rada por los daños y perjuicios sufridos por la pala mecánica en cuestión.

La parte demandada-peticionaria solicitó en tiempo y ob-tuvo una prórroga para contestar la demanda. Antes de pre-sentar la contestación solicitó el traslado del caso al Tribunal Superior, Sala de Ponce, alegando como fundamento que los hechos que motivaron la acción ocurrieron en la demarcación territorial que corresponde a la Sala de Ponce, y sugería la posibilidad de que fuera necesaria una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos.

La Sala de Caguas denegó el traslado solicitádole y resol-vió que “la moción de prórroga sin más conlleva la renuncia a objetar la competencia”, y añadió que no se le demostró la necesidad de una inspección ocular para la adjudicación justa del caso. Señaló además en su resolución que dicho caso estaba relacionado con otro radicado en la misma Sala de Caguas en el que el dueño del equipo en cuestión establece una recla-mación por la pérdida de uso del mismo mientras estuvo bajo reparación.

La Regla 3 de Procedimiento Civil siguiendo los preceptos de la Sec. 10 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. see. 62, dispone que todo pleito se presentará en aquella sala del tribunal situada en el territorio en que hubiese sido radicado bajo la legislación anterior a la Ley de la Judicatura. La legislación anterior aplicable y que está aún vigente lo es el Art. 79 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. see. 405, que dispone, entre otras cosas, que los pleitos para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza de seguro o para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con las Sees. 5141 y 5142 del Título 31 deberán ventilarse en el distrito en que se originare la causa de acción. Véanse, Cooperativa Cafeteros v. Colón, 76 D.P.R. 473 (1954); Usera v. Luce & Co., 58 D.P.R. 290 (1941); Santos v. Porto Rican Express Co., 52 D.P.R. 571 (1938). Ello no obstante, la propia Regla 3 de Procedimiento Civil y la Sec. 10 de la Ley de la Judicatura permiten la ventilación de tales pleitos en la Sala en que se presenten al proveer que:

“.. . no se desestimará ningún caso fundado en haberse some-tido a una sección sin jurisdicción o autoridad o a una sala de un tribunal sin competencia para ello. Todo caso podrá ventilarse en la sección o sala en que se radique por convenio de las partes y la anuencia del juez que preside dicha sala en ese momento, o, de no ser así oído, será transferido por orden del juez a la sección o sala correspondiente de conformidad con las Reglas que el Tribunal Supremo adoptare.”

En consonancia con la Regia 3 antes transcrita, el juez de la sala en que está radicado el pleito debe determinar si existe el convenio de las partes a que la regla hace referencia y si debe dar su anuencia para que el caso se siga ventilando en dicha sala.

Si bien uno de los propósitos fundamentales de la reforma judicial encarnada en la Constitución, en la Ley de la Judica-tura y luego en las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 fue el logro de la unificación de los tribunales y la eliminación de los defectos jurisdiccionales y de los efectos inexorable-mente fatales de una equivocación en cuanto al lugar adecuado para ventilar un litigio, dicho objetivo debe alcanzarse no solamente mediante la unificación de los tribunales para fines de jurisdicción sino logrando la más ordenada organización de nuestros tribunales para fines de funcionamiento. Hemos demostrado preocupación en tal sentido en los casos de Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106, 122 (1969) y Builders Ins. Co. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 401 (1972), ya que la excesiva laxitud en la autorización para ventilar los casos fuera del lugar que establece la ley podría contener un ger-men pernicioso que minara la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia nuestro sistema de justicia.

La Regla 3 requiere la conjunción de tres voluntades para la ventilación de un caso en una sala que aun teniendo jurisdicción, no es la que señala la ley a los fines de competen-cia. Es pues necesario que tanto el juez como las partes con-sientan a ello. La anuencia del juez constituye un nuevo ele-mento añadido por la Ley de la Judicatura. Dado el resultado a que llegaremos más adelante no es necesario determinar las circunstancias que deben estar presentes para que el juez dé su consentimiento para continuar la tramitación del pleito en su sala.

El convenio de las partes puede ser expreso o tácito, Rodrí-guez v. Registrador, 75 D.P.R. 712 (1953), y puede manifes-tarse por la parte demandada por una conducta afirmativa y suficiente demostración de su propósito de aceptar dicha Sala o un claro abandono por inacción de su derecho al traslado. Longoria v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 267 (1974); O. Pares, Inc. v. Galán, 98 D.P.R. 772, 780 (1970); Rivera Esbri v. Archevald, 83 D.P.R. 604 (1961); Rodríguez v. Registrador, supra, pág. 735. Un demandado debe levantar la cuestión mediante oportuna moción de traslado y gestionar activamente la remisión de la causa a la sección o sala que corresponda según sea el caso, si quiere evitar que se le impute su conformidad a la tramitación del caso en la sala donde haya sido radicado. No es suficiente que alegue en su contestación como defensa especial la falta de competencia del tribunal en que fue radicado sino que es necesario que gestione acti-vamente el traslado a la sala que corresponda. Rivera Esbri v. Archevald, supra, pág. 610. En el pasado hemos protegido a un litigante diligente en su derecho a que el caso se ventile en el tribunal al que compete mediante la expedición de un auto inhibitorio. Rivera Esbri v. Archevald, supra; Fernández v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 364 (1954).

Con anterioridad a las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 no había que determinar qué actuaciones o gestiones de las partes en un tribunal sin competencia constituían su con-sentimiento para la tramitación del caso ante dicho tribunal. Ello era así porque el Art. 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, derogado por las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, establecía cuáles actuaciones de las partes constituían una sumisión al tribunal.

En Cooperativa Cafeteros de P.R. v. Colón, 76 D.P.R. 473, 481 (1954), tuvimos la oportunidad de interpretar el concepto de sumisión bajo la Ley de la Judicatura. Allí dijimos que las partes no convinieron en que el caso se ventilara en el tribunal en que se radicó la acción a pesar de haberse radicado una contestación, dado el caso de que el tribunal no había resuelto aún una solicitud de traslado que había radicado antes el demandado conjuntamente con una moción de pró-rroga. Esto es, los demandados demostraron tener la intención de que cualquier alegación que ellos presentasen en el tribunal original estaba sujeta a los resultados de su moción de tras-lado. Añadimos que faltó además la anuencia del juez. No habiéndose cumplido con los requisitos de sumisión por conve-nio requerido por la Ley de la Judicatura, el traslado se im-ponía.

En el caso ante nos el único trámite que realizaron las demandadas antes de solicitar el traslado al Tribunal Superior, Sala de Ponce, fue una solicitud de prórroga para contestar la cual fue concedida por el tribunal. Dicha solicitud por sí sola no constituye un convenio o anuencia tácita por parte del demandado para que la causa se ventile ante la Sala de Caguas y no es inconsistente con una solicitud de traslado posterior. Véanse, Lofts v. Empire Bituminous Products, Inc., 246 N.Y.S.2d 781 (1964); State v. Cams, 345 P.2d 735 (1959); Young v. Savage, 351 P.2d 227 (1960); United States Fidelity & Guaranty Co. v. State of Montana, 345 P.2d 734 (1959).

El propósito de la solicitud de prórroga para hacer la alegación respondiente a la demanda es el de obtener tiempo para investigar con más detenimiento las alegaciones de la demanda a los fines de estar en condiciones debidas para con-testar las mismas, bien sea para aceptar o negar hechos, levantar defensas de hecho o de derecho, reconvencionar, pre-sentar demandas de coparte, demandas de tercero o para alegar lo que fuere menester. El tiempo adicional que persigue el demandado mediante la solicitud de prórroga para contes-tar cobra especial importancia por la limitación contenida en la Regla 10.8 que considera renunciada todas las defensas y objeciones que no se formularen mediante moción, en los casos aplicables, o de no haber presentado moción, en la contesta-ción. Siendo ello así es claramente aparente que una contesta-ción precipitada puede tener resultados fatales para el deman-dado. Son objeto de investigación durante el término de pró-rroga cuestiones tales como el lugar de los hechos, la residencia de las partes, inspección de contratos y documentos, entrevis-tas con la parte demandada y sus testigos, cuestiones de dere-cho, y otros factores que pueden ser pertinentes para la deter-minación de la sala apropiada donde debe ventilarse el caso. Es especialmente importante solicitar prórroga para contestar o en cualquier otra forma alegar contra la demanda evitándose así que se entienda que el demandado ha consentido en que el caso se ventile en la sala o sección donde ha sido radicado el pleito. La solicitud de prórroga puede también evitar la anota-ción de rebeldía contra el demandado que podría constituir una anuencia implícita del demandado para que el caso se tramite ante la sala donde ha sido radicado. Véanse, O. Pavés, Inc. v. Galán, supra; Rodríguez v. Registrador, supra.

No ha de tomarse lo aquí resuelto como una promoción de las prórrogas, que en época reciente se solicitaban rutinaria-mente por los demandados. Por lo general el término original de emplazamiento es suficiente para que el demandado forme criterio respecto a la procedencia del traslado, sin que se re-curra a la prórroga salvo en casos excepcionales debidamente justificados. No es cuestión de revivir espectros que dieron mala fama, por lo lenta y estática, a la forma de administrar justicia.

No habiéndose producido el convenio o anuencia tácita del demandado en el caso de autos, falta uno de los elementos necesarios requerido por la Regla 3 de Procedimiento Civil para proseguir la acción en el Tribunal Superior, Sala de Caguas, por lo que se dejará sin efecto la resolución dictada por el tribunal de instancia y se ordenará el traslado a la Sala de Ponce del Tribunal Superior de Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, y los Jueces Aso-ciados Señores Rigau y Dávila concurren en el resultado.

       Véase 4 L.P.R.A. see. 63, Historial.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Frank A. Dalmau, demandante y recurrente, v. Rafael Hernández Saldaña y Otro, demandados y recurridos.

      Número: R-74-327

      Resuelto: 4 de marzo de 1975

      Brown, Newsom & Córdova y Alberto J. Picó González, abogados del recurrente; Rúa, Mercado & González, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En 14 de abril de 1967 Frank A. Dalmau, aquí deman-dante recurrente, arrendó, mediante contrato escrito, el segundo piso de un edificio de su propiedad a los demandados recurridos. El término del arrendamiento era de tres años. Comenzaba el 16 de abril de 1967 y expiraba el mismo día y mes del año 1970. El contrato concedía a los arrendatarios el derecho de opción para prorrogar el arrendamiento por dos períodos de tres años cada uno y disponía que para ejercitar la opción de prórroga los arrendatarios así lo notificarían al arrendador por correo, lo cual supone una notificación por escrito.

Expirado el término del contrato, los arrendatarios conti-nuaron en posesión del inmueble, pagando las mensualidades, pero sin ejercitar la opción de prórroga. En 30 de enero de 1974 el recurrente instó acción de desahucio contra los inqui-linos con el objeto de recuperar el inmueble.

La ilustrada Sala sentenciadora declaró sin lugar la de-manda por entender que la opción de prórroga se ejercitó por los arrendatarios implícitamente al continuar ellos en pose-sión del inmueble, pagando el canon y recibiéndolo el arrenda-dor.

Ante nos el recurrente señala dos errores. El primero es en el sentido de que erró el tribunal de instancia al aplicar equi-vocadamente al caso principios y decisiones del derecho común anglosajón. En el segundo señalamiento apunta que el tribunal erró al entender que era aplicable a este caso lo resuelto en R. F. Realty Corp. v. J. Gus Lallande, Inc., 87 D.P.R. 351 (1963). Ambos errores se cometieron. Nos explicamos a continuación.

Antes de continuar es conveniente aclarar que por tratarse en el caso de autos de oficinas profesionales y de un canon mensual mayor de $399.99, el inmueble en cuestión no está cubierto por las disposiciones de la Ley de Alquileres Razonables. Art. 4, Ley Núm. 464 de. 25 de abril de 1946, según enmendado; 17 L.P.R.A. see. 184(b) (4). Por eso hay que acudir a nuestro derecho privado básico — supletorio de las leyes especiales cuando las hay — nuestro Código Civil. En este caso existen disposiciones de dicho Código que cubren esta materia y las mismas son vinculantes para las partes y para el juez. Sábese también que cuando no hay ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, según la define el Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 7. No se refiere, desde luego, el Código a la “Equity” anglosajona, sino a la equidad civilista. Castán, En Torno al Derecho Civil de Puerto Rico, 26 Rev. Jur. U.P.R. 7 (1956); Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 898-900 (1965); Montilla v. Van Syckel, 8 D.P.R. 160,194 (1905).

Como dijimos, sobre el problema específico que nos ocupa, nuestro Código Civil contiene disposiciones expresas. Dispone el Código que si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado — como en el caso de autos — concluye el día pre-fijado sin necesidad de requerimiento. Art. 1455; 31 L.P.R.A. see. 4062. También dispone que si al terminar el contrato el arrendatario permanece quince días disfrutando de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador — y pagando el canon, se sobreentiende — 'hay tácita reconducción. Art. 1456; 31 L.P.R.A. see. 4063. En cuanto al término de este nuevo contrato que se realiza por acuerdo tácito, el Código tiene dis-posiciones tanto para el caso de predios rústicos como para el caso de fincas urbanas. En el caso de estas últimas es de apli-cación el Art. 1471 (31 L.P.R.A. see. 4092) por mandato expreso del antes citado Art. 1456. Dicho Art. 1471 lee como sigue:

“Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario.
En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de requeri-miento especial cumplido el término.”

¿Quiere esto decir que si el contrato original es por tres años, como en el caso de autos, la reconducción es por otros tres años y así sucesivamente? La respuesta es en la negativa porque es preciso tener presente que la tácita reconducción no constituye una simple prórroga del contrato primitivo, sino un contrato nuevo. Si bien se presume que este nuevo contrato se sujeta a iguales condiciones y a igual canon que el anterior, esta presunción sufre excepciones y la primera de ellas es que el tiempo de duración del nuevo arrendamiento no es el estipulado en el contrato original, sino el que señalan los Arts. 1467 — en el caso de predios rústicos — y el 1471 en el caso de fincas urbanas. En este último caso, dicho Art. 1471 dispone que cuando el alquiler es por meses el plazo del nuevo arrendamiento también se entenderá que es por meses.

Hemos visto, pues, que para que opere la reconducción tácita deben concurrir tres requisitos. El primero, que al terminar el contrato de arrendamiento permanezca el arrendatario disfrutando por quince días de la cosa arrendada. Segundo, que lo haga con aquiesciencia del arrendador. Tercero, que no haya precedido requerimiento, o sea, expresión hecha por cualquiera de las partes a la otra de su voluntad de dar por terminado el arrendamiento. Como vemos, es claro el ánimo de reconducir que tiene el arrendatario pues el mismo se demuestra al éste permanecer disfrutando de la cosa. Si no hay requerimiento por parte del arrendador, la ley presume su consentimiento tácito a la reconducción. Se destruye dicha presunción, por parte del arrendador, mediante el requerimiento. Pero, de todos modos, el término del nuevo contrato es el dispuesto por el citado Art. 1471, esto es, por años si se había fijado un canon anual, por meses cuando el canon era mensual y por día si era diario. Castán, 4 Derecho Civil Español, Común y Forál, 9na. ed. rev. (1969), pág. 802; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 10, Vol. 2, 6ta. ed. rev. (1969), págs. 217-229; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 2, Vol. 2 (1956), pág. 294.

Es un error acudir al derecho común anglosajón para resolver situaciones que, como la del caso de autos, están reguladas por el derecho civil. A propósito de ésto y por vía de ejemplo copiamos las siguientes palabras del jurista español Don Federico De Castro y Bravo:

“El Derecho es uno en su fundamento, vario en su realiza-ción; puede ser simple instrumento técnico para una convivencia y puede ser expresión de la idea de vida que anima a una comu-nidad nacional; aquél es mero conjunto de normas, sólo éste merece el nombre de Derecho nacional. Significa entonces algo más que limitación de arbitrios, que medida de intereses o que escalonamiento de normas; es el reflejo del sentir de un pueblo, la tradición cristalizada en reglas de buen vivir y la concreción de un ideal de vida.
Para el conocimiento y aplicación de disposiciones meramente técnicas, bastarán simples procedimientos abstractos; para la justa comprensión y debida realización de normas nacionales hará falta conocer la letra de sus reglas, pero también y ante todo, sus principios propios y esenciales.
Los juristas no pueden tratar del mismo modo a la disposi-ción nacional que a la extranjera. Cuando el juez nacional apli-que, por imperativos del Derecho internacional privado, una regla extraña, lo hará con el respeto y deferencia que un huésped merece, pero también con la prudente desconfianza necesaria frente al enemigo posible; cuando se trate de una regla nacional —de la misma de Derecho internacional privado — actuará en deber de íntima colaboración.
Nuestro Derecho civil no es sólo Derecho civil, es el Derecho civil de España. Forma una unidad en el tiempo y en el espacio, a través de los cambios de disposiciones y por encima de arbitra-rias divisiones de disciplinas. Está animado por los principios que forman los caracteres indelebles de la Hispanidad y dirigido hacia la realización de los fines de España. Debajo de la corteza más o menos extranjerizada de los textos legales, habrá que buscar los principios españoles, los que les dan alma y los hace eficaces y apropiados en y para España.
Esta distinción evidente y primaria explica y justifica, contra críticas más bien intencionadas que profundas, que el Tribunal Supremo, custodio de las leyes nacionales, no intervenga en casa-ción por infracción de leyes extranjeras, y que se exija la alega-ción y prueba de éstas. El Derecho extranjero se aplica como ordenador de intereses particulares y en reconocimiento de la legalidad creada por otros Estados, pero el conocimiento y man-tenimiento de sus principios no es tarea española. Nuestros Tribunales, en cambio, tienen que salvaguardar — al aplicar el Derecho extraño — la intangibilidad de las instituciones nacio-nales básicas; de ahí también la intervención del orden público, impidiendo la aplicación de ciertas leyes extranjeras peligrosas.
El estudio del Derecho comparador de legislaciones extranje-ras y forasteras doctrinas puede ser útil, es ajena experiencia aprovechable, pero puede ser causa de desviaciones perturbadoras y de servil seguir ajenas modas; del mismo modo que el conocer otras lenguas puede ensanchar el horizonte espiritual, pero puede también ser fuente de extranjerismo en vocablo y pensa-miento. En un pueblo de fuerte vitalidad uno y otro conoci-miento no serán conducto pasivo para recibir ajenas influencias, sino instrumento para conocer mejor las propias características. El penetrar en la esencia de nuestro Derecho es un deber de español; conocer el Derecho extranjero es una labor de informa-ción y técnica.”

En vista de lo anterior, se revocará la sentencia recurrida y se dictará otra declarando con lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.

       Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 12; Rosario v. Atl. Southern Ins. Co., 95 D.P.R. 759, 764 (1968); Martínez v. Llavat, 86 D.P.R. 235, 247 (1962); Robles Menéndez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 665, 670 (1962); Wood v. Tribl. Contribuciones, 71 D.P.R. 233, 235 (1950).

       Véanse también Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 28 (1971); García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779, 786 (1971); Gastan, La Formulación Judicial del Derecho (1954); Friedmann, Legal Theory, 5ta. ed. (1967), págs. 548-545; 4ta. ed. (1960), págs. 498-496; Allen, Law in the Making, 7ma. ed. (1966), Cap. V; Merryman, The Civil Law Tradition (1969), Cap. VIII.

        Derecho Civil de España, Parte General, Tomo I (1955), págs. 151-152. Véase también Puig Brutau, La Acción Recíproca del Derecho Español y del Derecho Norteamericano en Puerto Rico, 44 Rev. de Derecho Puertorriqueño 499 (1972).


text:
    Ramón Rodríguez, et al., demandantes y recurridos, v. Miguel A. Colón Colón, demandado, demandante contra tercero y recurrido; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tercero demandado y recurrente.

      Número: R-70-358

      Resuelto: 5 de marzo de 1975

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procura-dor General Auxiliar, abogados del tercero demandado y re-currente; Luis R. Polo, José A. Rivera Mercado y Ulpiano Falcón Matos, abogados del ¡demandado, demandante contra tercero y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Rodríguez, por sí y a nombre de la sociedad legal de gananciales constituida por él y su esposa, y en represen-tación de sus ocho hijos, inicialmente radicó demanda de daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y contra el aquí recurrido Miguel A. Colón Colón, alegando que este último, siendo policía estatal, causó la muerte de Gene-roso Rodríguez, hijo y hermano respectivo de los damandantes, mediante un disparo con su revólver de reglamento, y actuando en funciones de su empleo. La demanda contra el Estado fue incialmente desestimada mediante solicitud de sentencia su-maria, por el fundamento de que el policía recurrido no actua-ba en su capacidad oficial ni dentro del marco de sus funciones, y que en ese entonces estaba sometido a tratamiento médico por el Fondo del Seguro del Estado como consecuencia de un accidente del trabajo. Dicha determinación no fue objeto de revisión ante nos.

Luego de resuelta a favor del Estado la referida moción de sentencia sumaria, el policía recurrido presentó, dentro del mismo pleito, una demanda de tercero contra el Estado Libre Asociado, cuya demanda es objeto de este recurso. En dicha demanda de tercero adujo el recurrido como fundamento de negligencia del Estado, que alrededor de cuatro meses antes de ocurrir el acto delictivo alegado en la demanda original un médico del Fondo que lo había atendido en relación con el accidente ocupacional mencionado, había hecho una anotación en el expediente médico al efecto de que el recurrido debía ser despojado de su revólver de reglamento por creer que en vista de su condición mental el recurrido constituía un riesgo tanto para él como para otras personas. Alegó además el recurrido en su demanda que dichas advertencias no fueron atendidas ni fueron trasmitidas a su patrono, la Policía de Puerto Rico. Esta información llegó a oídos del recurrido des-pués de haber sido convicto por la muerte de Generoso. El recurrido se basó en la referida omisión del médico para im-putar negligencia al Estado en la demanda de tercero instada contra éste, alegando que de ser él responsable a los deman-dantes originales por los daños causádosles por la muerte de Generoso, el Estado le respondería a su vez de las sumas que el recurrido tuviere que satisfacer a aquéllos en concepto de daños y perjuicios.

Ventilado el caso en sus méritos, el tribunal sentenciador declaró con lugar la demanda original contra el policía re-currido y en su consecuencia le condenó a satisfacer a los demandantes por los daños y perjuicios sufridos por éstos varias sumas ascendentes en total a $29,000 más las costas y honorarios de abogado. Asimismo declaró con lugar la de-manda de tercero contra el Estado condenándole a pagar al recurrido el total de la sentencia dictada contra él, dispo-niendo que el Estado satisfaría dicha suma directamente a los demandantes individualmente en la forma y cantidades indicadas.

El Estado, a través del Procurador General, ha solicitado la revisión con respecto a aquella parte de la sentencia que declaró con lugar la demanda de tercero contra el Estado, alegando la comisión de ocho errores por el tribunal de instan-cia.

I

El primero, segundo y sexto señalamientos cuestionan la procedencia de la demanda de tercero contra el Estado, apo-yándose en la teoría de que al exigir el recurrido que el tercero demandado le responda por todo lo que aquél deba satisfacerle a los demandantes originales, lo que en efecto está pidiendo es que el tercero le responda directamente a los demandantes. No le asiste la razón. Nos parece que la confusión surge de la interpretación que da el Estado a nuestra opinión en el caso de Serralta v. Martínez Rivera, 97 D.P.R. 466 (1969). En dicho caso sostuvimos que la demanda contra tercero es un recurso apropiado para que un demandado traiga al pleito a otro cocausante del daño a los efectos de distribuir la res-ponsabilidad con arreglo a la norma establecida en García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951). En el caso de Serralta la teoría del demandado fue al efecto de que aun teniendo él alguna culpa, el tercero demandado también era culpable. Siendo ello así sostuvimos que procedía la demanda contra tercero. Insinuamos entonces que si la demanda hu-biese intentado exonerarse de toda culpa para responsabilizar total y directamente al tercero demandado con respecto al demandante, la demanda contra tercero no hubiese procedido.

En el caso de autos el demandado recurrido no pretende exonerarse de toda culpa para responsabilizar directamente al tercero frente a los demandantes. Su posición es que de ser él responsable a los demandantes, el tercero demandado le debe responder de la totalidad de los daños sufridos por él con motivo de la reclamación del demandante.

La situación de cocausantes de un daño es solamente una de las varias modalidades en las que es de aplicación la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil mediante la cual un demandado puede traer al pleito a un tercero. También puede utilizar un demandado esta medida procesal para reclamar del tercero la totalidad de los daños que el demandado haya causado al demandante por culpa o negligencia del tercero. Dicha regla, en lo pertinente, reza como sigue:

“En cualquier momento después de comenzado el pleito, el demandado podrá como demandante contra tercero notificar un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que le sea o pueda serle responsable por toda o parte de la reclamación del demandante . . . .” (Énfasis suplido.) Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil, 1958. 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 12.1.
Es forzoso concluir que la demanda contra tercero es el recurso adecuado en el presente caso. Chico v. Editorial Ponce Inc., 101 D.P.R. 759 (1973); González v. E.L.A., 99 D.P.R. 397, (1970); Díaz Bonilla v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 49 (1969); Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168 (1965).

II

El tercer y quinto apuntamientos deben discutirse conjun-tamente. El tercero señala el error del tribunal sentenciador al resolver que el Estado fue negligente. El quinto destaca que aun si hubiere negligencia del Estado, éste no puede res-ponsabilizarse frente a los demandantes originales por no existir un nexo causal entre las actuaciones de aquél y el daño sufrido por éstos.

Veamos los hechos que estimó probados el tribunal senten-ciador a los fines de determinar si la inacción del médico del Fondo del Seguro del Estado constituyó la conducta negligente que le puede hacer responsable por las actuaciones culposas del recurrido. Para enero de 1965 el demandado Colón, siendo policía estatal, tuvo un accidente del trabajo mientras condu-cía una motocicleta de la Policía. Como consecuencia sufrió varias lesiones, incluyendo una en el cráneo, por lo que comen-zó a recibir tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado. Se quejaba de dolores de cabeza, náusea y mareos y fue refe-rido a un psiquiatra del Fondo, Dr. Luis Alvarez Pou, quien a juzgar por la confusión o pérdida de memoria que explicaba Colón y el cuadro que presentaba, fue de opinión que el recu-rrido estaba emocionalmente desajustado y que existía la posibilidad de que sufriera de un síndrome cerebral orgánico. El 9 de diciembre de 1965 el Dr. Alvarez insertó en el expe-diente médico del recurrido una nota al efecto de que era recomendable que los superiores de éste fuesen advertidos de su condición, y aconsejaba que se le quitase el revólver oficial tanto para su propia seguridad como para la de los demás. Esta advertencia, sin embargo, nunca fue trasmitida a los superiores del recurrido, ni el recurrido fue informado sobre ella.

Posteriormente, a principios de 1966, el recurrido se enteró de que otro policía, de nombre Wilson Rodríguez, participaba en una operación fraudulenta de desmantelación de automó-viles en perjuicio de compañías financiadoras, lo que informó confidencialmente al Comandante de la Policía, y su superior, Alejandro Bigio. Luego de una investigación y como resultado de la misma, Wilson Rodríguez fue expulsado del cuerpo de la Policía. Tan pronto Wilson y sus hermanos se enteraron de que el recurrido había revelado los hechos aludidos, le amena-zaron, poniendo éste en conocimiento de la amenaza recibida a sus superiores inmediatos, el Comandante Bigio y el Te-niente Rodríguez.

Pasados unos meses, en 23 de abril de 1966, el ex-policía Wilson Rodríguez y su hermano Generoso coincidieron en una carretera de Orocovis con el recurrido en sus respectivos auto-móviles. Para esa fecha ya Wilson había sido expulsado de la Policía. El recurrido estaba todavía de vacaciones por enfer-medad. Surgió una discusión entre el ex-policía Wilson y el recurrido mientras Generoso permanecía dentro de un auto-móvil a la orilla de la carretera. Wilson tenía en sus manos un roten. Súbitamente Generoso bajó del automóvil, le quitó el roten a Wilson y se dirigió al otro lado u orilla de la carretera. Fue entonces que el demandado sacó su revólver de reglamento y le disparó a Generoso en el cuello, falleciendo éste el próximo día como consecuencia del balazo recibido.

En 8 de julio siguiente el recurrido fue referido por el Fondo del Seguro del Estado al Dr. José R. Vigoreaux, psi-quiatra, para examen y para que continuara el tratamiento comenzado por el Dr. Alvarez Pou. El Dr. Vigoreaux, tomando en consideración los estudios que había realizado el Dr. Alvarez Pou, así como un examen neurológico del Dr. Charles Payne y por sus propios hallazgos, diagnosticó un síndrome cerebral orgánico. Esta condición era progresiva desde que el recurrido sufrió el accidente de motocicleta en enero de 1965. El recurrido seguía, a la fecha de la vista de este caso, bajo tratamiento con el Dr. Vigoreaux pero no estaba ingresado en ningún hospital o institución para el tratamiento de enfer-medades mentales. Declaró el Dr. Vigoreaux que a la luz del informe del Dr. Alvarez Pou, fechado en 9 de diciembre de 1965, del historial y los síntomas presentes, hubiese hecho la misma recomendación que la del primer facultativo, esto es, que el recurrido debía ser desarmado para su propio bien y el de los demás.

Debemos determinar si la referida inacción del Fondo constituye la causa legal de los daños ocasionados por el recurrido, por los que a su vez tendría el Estado que responderle al recurrido.

Es necesario preguntarnos si el daño se hubiese ocasionado de no haberse dado la inacción del Fondo. Esto es lo que se conoce doctrinalmente como el “sine qua non”. Workable Rules for Determining Proximate Cause, 20 Calif. L. Rev. 229, 235; Prosser, Law of Torts, 3ra. ed., 1964, pág. 242; Harper & James, The Law of Torts, ed. 1956, vol. 2, sec. 20.2, pág. 1110; Legal Cause in Actions of Torts, 25 Harv. L. Rev. 103, 108 (1911). Véanse además: Torres Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338 (1969); Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 D.P.R. 20 (1964). Es conveniente señalar que la condición mental que sufría el recurrido que fue advertida por el médico del Fondo se debía al accidente sufrido por éste. Es evidente que si como consecuencia de su condición el recurrido actuaba in-debidamente causando daño a otras personas, o aún a sí mismo, el Estado no sería responsable. Las actuaciones anor-males del recurrido, por ser en extremo subjetivas, eran prác-ticamente imposibles de precisar. En ese campo especulativo nos es difícil penetrar. No hay prueba específica en cuanto al estado mental del recurrido al momento de los hechos. Es significativo además que no hay indicio alguno en el expedien-te médico del recurrido al efecto de que éste presentara un problema serio e inminente de peligrosidad que justificara separarlo en alguna forma de circulación. Ni siquiera hay in-dicio en el expediente de que su familia fuere o debiere ser informada de cualquier tendencia homicida o suicida que pre-sentase el recurrido. Meramente se señaló la conveniencia de que debía ser desarmado por sus superiores. Esta medida de por sí no era indicativa de peligro inmediato. Ni siquiera el médico consideró importante dar los pasos efectivos para lle-var a cabo su sugestión.

Hemos examinado el expediente del proceso criminal a que fue sometido el recurrido y no encontramos evidencia alguna que indicara sospecha de que estuviese actuando en forma anormal con antelación a los hechos ni aun durante el trans-curso del tiempo entre la comisión del delito y la celebración del juicio. Es de notarse además que la declaración jurada de un testigo presencial de los hechos, la cual obra en autos, demuestra que el recurrido pudo tener motivos fundados para creer que podía ser atacado con el roten en el momento en que disparó su revólver; aunque tal declaración por sí sola no fuera suficiente para probar defensa propia.

Los hechos probados identifican con lógica certeza como causa generadora de daños y factor exasperante que culminó en el acto criminoso, la enemistad surgida entre Wilson y sus hermanos de una parte y el policía recurrido de. la otra, y la amenaza de que fue objeto el recurrido de parte de aquéllos con la agravante final del encuentro y confrontación en carre-tera abierta en cuyo incidente, cargado de viejos rencores y fuertes pasiones, perdió la vida Generoso. Desgraciadamente estas páginas trágicas las escriben en ocasiones personas que no acusan desequilibrio mental.

Por tanto, entendemos que la posesión del revólver de reglamento por el recurrido, aun atribuyéndose a una omisión negligente del Fondo, no alteró las circunstancias que motivaron el acto intencional del recurrido, Véanse: Ginés Melendez v. Autoridad de Acueductos, 86 D.P.R. 518 (1962); Torres Trumbull v. Pesquera, supra, pág. 347; Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170, 180 (1966); López v. Rexaeh, 58 D.P.R. 143 (1941); Pérez v. Santiago, 56 D.P.R. 763 (1940); Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592 (1939). No surge, a propósito de dicho acto intencional, la existencia de una clara relación de causa y efecto entre la aludida omisión del Fondo y los daños ocasionados. Hemos reiterado el principio de que: “Un demandado no responde por su negligencia si no hay relación de causa y efecto entre la negligencia y el daño sufrido.” Torres Ocasio v. Autoridad sobre Hogares, 93 D.P.R. 452 (1966), pág. 455, escolio 2. Véase además, Orozco v. E.L.A., 80 D.P.R. 607 (1958); López v. Rexaeh, supra.

Nos es forzoso concluir que la intervención de una serie de eventos y circunstancias durante el período transcurrido entre la ya mencionada omisión del psiquiatra del Fondo y las actuaciones culposas del recurrido, hacen la primera suficien-temente remota de las últimas como para que la responsabili-dad del Estado quede excluida.

Debe modificarse la sentencia recurrida para declarar sin lugar la demanda de tercero contra el Estado Libre Asociado. Así modificada se confirmará la misma.

El Juez Asociado Señor Dávila concurre en el resultado.

      ". . . [la negligencia] ordinariamente no puede decirse que sea la causa próxima del daño cuando la negligencia de otra agencia humana inde-pendiente ha intervenido e infligido directamente el daño.” 16 American & English Ency. of Law, 1st ed. pág. 446, según cita en In Re Michigan S.S. Co., 133 Fed. 577 (1904), pág. 579. (Traducción nuestra.)