source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín el Juez Asociado Señor Iri-zarry Yunqué.

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text:
    María Teresa Olivero, demandante y recurrida, v. Autoridad de Carreteras, demandada y recurrente.

      Número: R-76-252

      Resuelto: 15 de mayo de 1978

      Edgar R. Martínez Gelpí y Adán L. Meléndez, abogados de la recurrente; Max Ramírez de Arellano, abogado de la recu-rrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El trasfondo de los derechos de la demandante es como sigue. En 1953 el Estado adquirió por expropiación de sus respectivos dueños todos los terrenos necesarios para la am-pliación de la Carretera Estatal número 3. El solar donde radica la estructura objeto de este pleito formaba parte de los terrenos necesarios para dichas obras públicas pero ya había sido adquirido del Municipio de Loíza por el Estado antes de 1953. No fue hasta 1964 que la demandante adqui-rió de un tercero una casa de una planta de madera y zinc que radicaba en el solar mencionado al margen de la carre-tera número 3 que se proyectaba ampliar. Es de presumirse que la demandante sabía entonces o debió haber sabido de la propuesta ampliación de la carretera cuyos planes databan de más de once años antes. Esta no ofreció prueba alguna del derecho que podía asistirle para ocupar el referido solar, aparte de que demostró que había adquirido la estructura señalada de un dueño anterior. Sí sabemos que en algún momento entre la fecha de adquisición en 1964 y la fecha en que comenzaron las obras de ampliación en 1970, la deman-dante le añadió una segunda planta a la casa existente, y la utilizaba como vivienda.!) Si los daños reclamados se limitan a la primera planta presumimos que las obras no im-pidieron el uso de la estructura para vivienda. Es curioso que en el juicio la demandante manifestara que no sabía de quién era el solar donde radicaba la estructura, aunque ad-mitió que no era de su propiedad. Las circunstancias indican sin embargo que ella sabía o debió haber sabido que cual-quier derecho que pudiera tener sobre el uso de la propiedad estaba supeditado al derecho del Estado a efectuar las obras de ampliación. Mientras se realizaban las obras y se alteraba el nivel de la carretera con respecto al referido solar, se pro-dujo una variación en el curso natural de las aguas que causó inundaciones en el solar del Estado donde radicaba la estructura de la demandante. No surge del expediente que se afectara la vivienda que ocupaba la demandante en la se-gunda planta de la estructura, pero el lodo que allí se for-maba por las lluvias afectó el acceso al negocio dé barra restaurant que ocupaba como inquilino un tercero en la planta terrera. Este terminó desalojando el local, y por con-siguiente descontinuando el pago del canon de arrendamiento. En el ínterin el Estado trató infructuosamente de corregir la situación mediante la instalación de tubería y tratando otros remedios correctivos. Como cuestión de hecho, cierto equipo y enseres de la demandante que se utilizaban en el negocio sufrieron daños que el tribunal de instancia estimó en $1,000.

La demandante instó una acción que tituló Daños y Per-juicios contra la Autoridad de Carreteras que incluía, pero sin limitarlo a ello: “la pérdida total del negocio que tenía en el edificio, pérdida de la plusvalía (good will) del negocio, depreciación del valor del edificio, pérdida de rentas, daños físicos del edificio y a cierto equipo y enseres que se encon-traban en el mismo, y gastos de limpieza, que se estiman en una cantidad no menor de $200,000.” En adición alegó que “las actuaciones de la demandada constituyen además una toma de la propiedad de la demandante sin el debido procedi-miento de ley.” Esta alegación de derecho va sin duda diri-gida a la alegada pérdida de rentas del susodicho local de negocios. Las partes estipularon que el contratista había rea-lizado la obra conforme a los planos y especificaciones del proyecto aprobado por la Autoridad de Carreteras, elimi-nándose así cualquier insinuación de negligencia como resul-tado de la construcción propiamente.

El tribunal de instancia determinó como cuestión de hecho que “debido a las condiciones actuales del terreno y a la falta de acceso al mismo la propiedad [el negocio] ya no sirve para los fines en que era utilizada.” Por ende, impuso res-ponsabilidad a la Autoridad por los daños y perjuicios oca-sionados a la demandante, por tal concepto y le condenó a satisfacerle $7,650 por pérdida de rentas del negocio a razón de $150 mensuales hasta el día del juicio y $1,000 por los daños del equipo y enseres del negocio.

La Autoridad solicitó revisión de la sentencia. La de-mandante, por su parte, al no recurrir de la sentencia, aban-donó su causa de acción en cuanto a los otros daños recla-mados en la demanda, aceptando por tanto como compensa-ción por sus daños los que el tribunal le adjudicara.

La referencia al mencionado Convenio surge de un escrito titulado “Moción Informativa” presentado por la Autoridad ante el tribunal de instancia, cuya eliminación fue solicitada por la demandante() alegando ser inmaterial a su acción de daños, ya que ésta estaba basada en pérdida de ingresos cau-sada por actos u omisiones negligentes de la Autoridad y no por la incautación de la propiedad. Por la relevancia que cobra el contenido de dicha Moción Informativa ante la recla-mación de la demandante en el presente caso, entendemos que debe tomarse conocimiento judicial de ambos escritos.

El “Convenio” suscrito por la Autoridad y la deman-dante, y aprobado por un funcionario de la primera, expone (1) que la demandante es dueña de la estructura de dos plantas a la que se refiere la demanda; (2) que la Autoridad requiere la propiedad para un proyecto público; (3) que las partes acuerdan que la suma de $28,660.00 representa la justa y razonable compensación por la propiedad mencionada y (4) que la cantidad especificada sería depositada por la Autoridad en el Tribunal Superior, Sala de Expropiaciones. Junto al antedicho “Convenio” aparece una fotocopia de un cheque expedido por la Autoridad a favor de la demandante por la suma acordada de $28,660.00.

En su escrito de eliminación la demandante admite que la adquisición por la Autoridad de la referida estructura de su propiedad “se efectuó bajo el poder de expropiación dél Es-tado” y que “[E]l valor de la propiedad en sí no está en cuestión.” La demandante no niega el contenido del Convenio sino por el contrario admite su veracidad.

El inicio por la Autoridad del procedimiento de ex-propiación y la consignación de la suma que las partes acordaron es la justa y razonable compensación por la totalidad de la estructura, tuvo el efecto de fundir en una sola esta acción, denominada daños y perjuicios, con la acción de ex-propiación. ()

De todas maneras, es regla general que la terminación súbita de un arrendamiento con motivo de una ex-propiación a quien puede perjudicar es al arrendatario y no al dueño arrendador, en cuyo caso aquél — no éste — tendría derecho a ser compensado, pero solamente en la medida en que dicho arrendamiento menoscabe el valor total del inmueble. Tal compensación por el arrendamiento debe recobrarse de la suma que represente el valor total del título de dominio y no en adición a ella, es decir, se determina el valor del título de dominio y entonces se le deduce el valor del arrendamiento. De lo contrario habría una duplicación de compensaciones en lo que se refiere al gobierno. Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., 78 D.P.R. 940 (1956). Esto es así porque un recurso de expropiación es un procedimiento in rem. “No va dirigido contra ningún demandado en particular, sino contra la propiedad propiamente dicha. Si bien el ejercicio del poder de expropiar extingue todos los derechos anteriores sobre la propiedad, el gobierno no expropia el interés que pueda tener ningún demandado en particular sobre la propiedad.” Véanse Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961, 970 (1953); Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., supra, pág. 945.

Por vía de excepción se ha sostenido la compensación por pérdida de arrendamiento a un dueño arrendador por un período anterior a la expropiación durante el cual estuvo im-pedido de arrendar una propiedad cuya expropiación era in-minente pero que como cuestión de hecho no fue expropiada hasta cerca de tres años más tarde. Luber v. Milwaukee County, 177 N.W.2d 380 (Wis. 1970). Con esta decisión la Corte Suprema de Wisconsin se apartó de lo que había sido hasta entonces la norma en dicho estado y alteró sustancial-mente el significado dado a la cláusula de “justa compensa-ción” de la Constitución de Wisconsin. Ver Nota, 1971 Wis. L. Rev. 657, 659.

No podemos encontrar circunstancias extraordinarias con respecto al arrendamiento que justifiquen la concesión de una compensación adicional al justo valor en el mercado acordado por las partes sobre la propiedad. Tales circunstancias no surgen de las determinaciones de hecho formuladas por el tribunal recurrido. En McCormick, supra, pág. 958, expresamos que el Gobierno “... debe pagar únicamente por lo que expropia y no por las oportunidades que el dueño pueda perder como resultado de la expropiación .. . .” (Citando a Dolan, Consequential Damages in Federal Condemnation, 85 Va. L. Rev. 1059.)

En vista de lo expuesto es forzoso concluir que éste no és un caso donde tiene aplicación la doctrina de “expropiación inversa,” bien fuere por la incautación física o por los perjuicios sufridos. Aun en ese tipo de expropiación los tribunales generalmente aplican las mismas normas y principios que rigen la acción de expropiación directa iniciada por el Estado. Véase E.L.A. v. Northwestern Const, Inc., 103 D.P.R. 377, 383 (1975). Tampoco proceden los daños por la parte del equipo y enseres de la demandante por el efecto del agua. La Autoridad fue diligente en proveer ciertos remedios para evitar que las aguas irrumpieran en el local del negocio. Varios remedios fueron tratados. Desde que comenzaron las obras hasta que el inquilino desalojó el local transcurrieron varios meses. Es indudable que la demandante pudo haber evitado los daños al equipo y enseres removién-dolos a un lugar seguro. No puede pues beneficiarse de su poca previsión.

Se revocará la sentencia dictada por el tribunal de instan-cia que impuso daños contra la Autoridad demandada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre con el resultado. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disintió con opinión.

—O—

Opinión disidente emitida por

el Juez Asociado Señor Iri-zarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 1978

Para mayo del 1971, en que se comenzaron obras para la ampliación de la Avenida 65 de Infantería en su proyección por la carretera número 3, la demandante era dueña de una edificación de dos plantas radicada en terrenos del Estado Libre Asociado a orillas de dicha carretera. Dedicaba la planta alta a vivienda y el primer piso lo tenía arrendado para un negocio de barra y restaurante. La edificación que-daba a una distancia de 8 a 10 metros de la carretera. La carretera quedaba más alta que la edificación, de 2 a 3 pul-gadas. Una acera separaba la edificación de la referida vía pública.

Al iniciarse las obras en virtud de planos aprobados por la Autoridad de Carreteras se movió gran cantidad de tierra que se amontonó frente a la casa, interrumpiéndose con ello el acceso a la propiedad de la demandante y perjudicándose seriamente el negocio en ella existente. La ampliación llevó el margen de la avenida a sólo 15 pies de la casa y su super-ficie se elevó a alrededor de metro y medio sobre el nivel anterior. Todo ello ocasionaba que las aguas de lluvia discu-rrieran hacia la casa, inundaran el terreno que la circunda y penetraran al primer piso llenándolo de fango y dañando muebles y existencias. Como consecuencia el primer piso quedó inutilizado, produciéndose el cierre del negocio de barra y restaurante y la pérdida para la demandante de las rentas que percibía.

Ante la negativa de la Autoridad a compensarla, la de-mandante instó acción judicial en su contra. Alegó negligen-cia causante de daños y además la toma de su propiedad sin el debido proceso de ley. El tribunal de instancia falló a su favor y condenó a la Autoridad de Carreteras a pagarle $7,650.00 por las rentas dejadas de percibir y $1,000.00 por pérdida de equipo. La Autoridad ha recurrido y decidimos revisar. Habiéndose realizado las obras conforme a planos aprobados por la Autoridad de Carreteras, y no habiéndose establecido que ésta incurriera en culpa o negligencia, no pro-cedía la demanda como una acción ex delicto. El Art. 488 del Código Civil() en que basó su sentencia el tribunal de ins-tancia tampoco es de aplicación. Sin embargo, la demandante alegó y probó hechos que justificaban una sentencia a su favor bajo la acción de expropiación inversa, cuyos alcances pasamos a exponer.

El Art. 488 del Código Civil establece una servidumbre legal que obliga al predio sirviente a recibir las aguas que naturalmente discurran desde el predio superior, y prohíbe al dueño del predio dominante hacer obras que la agraven, como también prohíbe al dueño del predio inferior a realizar obras que la impidan. Sin embargo, aquí no se puede invocar la existencia de una servidumbre bajo este artículo porque tanto el predio superior como el inferior pertenecen al mismo dueño, que es el Estado. () “La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.”, dice el Art. 465 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1631. La demandante era dueña de la edifica-ción enclavada en el predio inferior, mas no del predio.

A pesar de que no fue considerado por el tribunal de ins-tancia ni se discute en los alegatos de las partes, de hecho la demandante invocó el derecho a la expropiación forzosa inversa cuando en su demanda alegó específicamente que las actuaciones de la demandada “constituyen además una toma de la propiedad sin el debido procedimiento de ley.”

La figura jurídica conocida por expropiación forzosa in-versa no es novel en esta jurisdicción. Véanse E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., 103 D.P.R. 377 (1975); Planta de Cal Hicaco v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 385 (1975); Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884 (1975); Heftier International, Inc. v. Junta de Planificación, 99 D.P.R. 467 (1970). Tiene base constitucional en el derecho reconocido de todo ser humano, entre otros dere-chos fundamentales, al disfrute de la propiedad!) y halla fundamento adicional en la See. 9 del Art. II de la Constitu-ción, infra, en cuanto prohíbe que se tome o perjudique la propiedad privada para uso público sin que medie una justa compensación. Dijimos en Heftler International, Inc., supra, pág. 474: nadie será privado de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y sin haber mediado compensación.”

“La acción de ‘expropiación inversa’ tiene el proposito de servir de protección a los propietarios para que el Estado cum-pla con las disposiciones constitucionales garantizando que

No hace falta una ley específica para que la acción de expropiación forzosa inversa pueda ser ejercitada. Esta ac-ción, por emanar de derechos constitucionalmente reconoci-dos, es por su naturaleza auto ejercí table, como son auto ejercitables todos los derechos constitucionales. Véanse E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975); Alberto Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964).

No puede tampoco aducirse en contra de su ejercicio en el caso ante nos que por no ser parte el Estado la acción resulta inoperante. La demandada en este caso — Autoridad de Ca-rreteras — es “un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado” — 9 L.P.R.A. see. 2002 — con poder para “[ajdquirir cualquier propiedad o interés sobre la misma en cualquier forma legal, incluyendo, sin que ello im-plique una limitación, la adquisición mediante compra, bien sea por acuerdo o a través del ejercicio del poder de expro-piación forzosa.” 9 L.P.R.A. see. 2004(i). (Énfasis nuestro.) Además, la Carta de Derechos limita por igual al Estado y a sus corporaciones públicas. Estas son el Estado tanto como lo es el Gobierno. Señalamos en C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311, 316 (1967), en que se trataba, como aquí, de una corporación pública, que ésta está limitada por las dis-posiciones de la Constitución. Citamos de la opinión concu-rrente del Juez Douglas en Thorpe v. Housing Authority, 386 U.S. 670 (1967), la razón para ello: “Porque estamos tratando con un gobierno, y las actuaciones de un gobierno están siempre circunscritas por la Carta de Derechos y la Enmienda 14.”

La jurisprudencia sentada por los tribunales estatales de última instancia reconoce la procedencia de la acción de ex-propiación forzosa inversa ante situaciones de hechos como la aquí presente. Allá se la denomina inverse condemnation. Así, en Kendry v. State Road Department, 213 So.2d 23 (Florida, 1968), se resolvió que al ampliarse una carretera estatal y aumentarse su elevación y ocasionar con ello que las aguas pluviales fluyeran hacia los terrenos privados e inutili-zaran las residencias que en ellos había se agravó la servi-dumbre legal existente a favor del Estado y ello constituyó una toma de la propiedad privada que daba derecho a sus propietarios, bajo la Constitución del Estado, a instar la ac-ción de expropiación inversa. Véanse, además, sobre la pro-cedencia de esta acción, Masley v. City of Lorain, 358 N.E.2d 596 (Ohio, 1976), y Albers v. County of Los Angeles, 398 P.2d 129 (Cal., 1965). Se resolvió en este último caso, frente a una disposición constitucional como la del Art. II, Sec. 9 de la nuestra, que el derecho del propietario a ejercitar dicha acción no depende de que el daño causado por la mejora pública sea o no previsible.

La acción de expropiación inversa, de raíces constitucio-nales como hemos señalado, no constituye una acción ex de-licto ni es una acción ex contractu. Véase 3 Nichols, On Eminent Domain, 3ra. ed. 1974, sec. 8.1 [4], pág. 18-15. Una acción meramente negligente o culposa no da lugar al ejer-cicio de la expropiación inversa. Barer, Comment: Distinguishing Eminent Domain from Police Power and Tort, 38 Wash. L. Rev. 607, 624 (1963). La acción por daños requiere la existencia de culpa o negligencia y relación causal entre ella y el daño. Se requiere un deber de previsibilidad que no se cumpla y que por ello se cause daño. Torres Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338, 343-344 (1969); Rivera v. Maryland Casualty Co., 96 D.P.R. 807, 810-811 (1968).

La procedencia de la acción de expropiación inversa no depende de que haya habido un acto u omisión culposo o negligent e ni de la existencia de un deber de previsibilidad. Man-delker, Inverse Condemnation: The Constitutional Limits of Public Responsibility, 1966 Wis. L. Rev. 3, 32-38; Albers v.

County of Los Angeles, supra. Puede o no haberse actuado culposa o negligentemente y proceder la acción de expropia-ción inversa. Basta que el daño ocasionado a la propiedad privada sea consecuencia de una obra pública realizada se-gún planificada — Barer, supra, págs. 623-625; Van Alstyne, Inverse Condemnation: Unintended Physical Damage, 20 Hastings L.J. 431, 438-440 (1969); House v. Los Angeles County Flood Control Dist., 153 P.2d 950, 953-954 (1944); Bauer v. Ventura County, 289 P.2d 1, 7 (1955); Clement v. State Reclamation Board, 220 P.2d 897, 905 (1950) — pero el daño debe ser de tal naturaleza sustancial que equivalga a una toma de la propiedad o a un perjuicio que prive al dueño de su uso y disfrute. 2 Nichols, supra, sec. 6.1 [1], págs. 6-8, 6-11, 6-12. Tal privación, a diferencia de la acción por daños, debe surgir de una condición que cause un daño permanente y no meras molestias o inconvenientes. Mandelker, supra, pág. 25; 2A Nichols, On Eminent Domain (ed. 1974), sec. 6.441, pág. 6-152. La obra pública debe, por supuesto, ser realizada por autoridad del Estado o de una agencia con poder para instar la acción de expropiación forzosa. Feder & Wieland, Inverse Condemnation — A Viable Alternative, 51 Denver L.J. 529, 533 (1974).

En resumen, procede la acción de expropiación inversa si concurren los siguientes requisitos:

(1) la realización de una obra pública conforme a planes adoptados por el Estado o por una agencia del Estado que tenga el poder de instar la acción de expropiación forzosa;
(2) la invasión física de una propiedad privada o de los derechos o intereses sobre ella durante la realización de la obra pública o como consecuencia de la misma; y
(3) que dicha invasión sea de tal naturaleza que equivalga a una toma de la propiedad, o la perjudique de tal manera que equivalga a una privación substancial y permanente de su uso y disfrute.

Los hechos ante nuestra consideración cumplen todos dichos requisitos y justifican que en el ejercicio de la acción de expropiación inversa se cumpla el mandato constitucional de compensar a la demandante. Veamos cuál debe ser la com-pensación.

El precepto constitucional que da base al ejercicio de esta acción prohíbe que se tome o se ‘perjudique la propiedad para uso público sin una justa compensación. La compensación a pagarse ha de depender, por tanto, de si ha habido una toma de la propiedad, o un perjuicio a la propiedad, o ambas cosas. Si la intervención del Estado o de su agencia o corporación pública que da margen al ejercicio de la expropiación inversa equivale a una toma de la propiedad, la compensación debe determinarse a base de su valor en el mercado en el momento en que la autoridad expropiante ocupa la propiedad. Planta de Cal Hicaco v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 385, 387 (1975); E.L.A. v. Northwestern Const, Inc., 103 D.P.R. 377, 382 (1975). En este supuesto y para fines de la compensa-ción. el efecto de la expropiación inversa es como si se tra-tara de una expropiación directa. Aplicaría por tanto la regla de que la compensación se determina a base del valor en el mercado de la propiedad, 32 L.P.R.A. see. 2915, () cuando el Estado o dicha agencia ocupa físicamente la propiedad que es cuando de hecho ocurre la toma. Planta de Cal Hicaco v. Tribunal Superior, supra; E.L.A. v. Northwestern Const, Inc., supra; E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 D.P.R. 573 (1962); 4 Nichols, obra citada, secs. 12.2, 12.23, págs. 12-52, 12-98.

La compensación correspondiente a perjuicios a la propie-dad ha de determinarse, cuando no ha habido una toma de la misma, a base de su depreciación, es decir, la diferencia en su valor como consecuencia del perjuicio. 4A Nichols, obra citada, sec. 14.1 [1], págs. 14-19-14-21.

Aparte del valor de la propiedad, la ley contempla, como parte de la justa compensación, que se abonen intereses al propietario sobre la diferencia entre la cantidad consignada al instarse la acción por el Estado o la agencia expropiante, y la cantidad que el tribunal finalmente determine que es el justo valor de la propiedad. Así lo dispone la Sec. 5(a) de la Ley de Expropiaciones, 32 L.P.R.A. see. 2907, en su se-gundo párrafo. () Esto es así porque conforme a la citada ley, al tiempo de instarse por la parte expropiante la declara-ción de adquisición viene obligada a depositar en el tribunal, para beneficio de quienes tengan derecho a ello, “la cantidad estimada como compensación” según especificada en la decla-ración, sin perjuicio de que el dueño y personas con interés en la propiedad expropiada puedan retirar lo consignado, aunque no estén conformes con que represente el justo valor de la propiedad, y litigar por la diferencia a que crean tener derecho. Véanse las Secs. 5(a) y 5 (b) de la Ley, 32 L.P.R.A. sees. 2907 y 2908.

Aplicando estas medidas que, según se ha expresado, van dirigidas a garantizar una justa compensación, es razonable que cuando se ejercita la expropiación inversa, la sentencia que finalmente recaiga a favor del propietario actor disponga el pago de intereses sobre la cantidad que se adjudique como justo valor, computados desde la fecha en que fue efectiva la incautación de la propiedad, es decir, la fecha en que ocurrió la perturbación equivalente a una toma de facto de la propie-dad, hasta la fecha en que se efectúe el pago.

En adición al valor de la propiedad, o su depreciación según fuere el caso, y los intereses, la jurisprudencia ha re-conocido que ciertos daños incidentales a la expropiación— directa o invera — son también compensables. Así, en Jacksonville Expressway Authority v. Henry G. Du Pree Co., 108 So.2d 289 (1958), para ejemplo, se compensó por gastos de mudanza. Y en Luber v. Milwaukee County, 177 N.W.2d 380 (1970), se compensó por rentas dejadas de ganar mientras estuvo pendiente el procedimiento de expropiación. Véanse el comentario Compensation for Lost Rents, 1971 Wis. L. Rev. 657, 661; 3 Nichols, sec. 8.6, pág. 44; 2 Nichols, sec. 6.39, pág. 6-122. En City of Three Forks v. State Highway Commission, 480 P.2d 826 (Montana, 1971) se justificó la con-cesión de tales daños, particularmente en un caso de expro-piación inversa, a base de una disposición de la Constitución del Estado que requiere que se pague la justa compensación al dueño de la propiedad o se consigne en corte su importe antes de que la propiedad se tome.

En nuestra jurisdicción hemos reconocido el derecho a compensación por la depreciación resultante en el valor del remanente de una finca cuando parte de ella ha sido expro-piada. E.L.A. v. Fonalledas Córdova, supra; E.L.A. v. Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956); Pueblo v. Sucn. Rabell, 72 D.P.R. 574 (1951). En Pueblo v. Soc. Agríc. Mario Mercado e Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951), reconocimos el derecho a compensación por el costo de remover maquinarias adheridas al inmueble expropiado. Véanse además, Pueblo v. García, 66 D.P.R. 504 (1946); Municipio de Carolina v. Saldaña, 17 D.P.R. 512 (1911); Junta Escolar v. Saldaña, 14 D.P.R. 348 (1908). ()

En el caso ante nuestra consideración, como hemos visto, la compensación concedida por el tribunal de instancia, que no consideró la acción como una de expropiación inversa, se limitó a las rentas del arrendamiento, que estimó en $7,650.00, y $1,000.00 por pérdida de equipo. Es de notar que en un procedimiento aparte, estando pendiente la presente acción ante el tribunal de instancia, la Autoridad de Carre-teras inició la acción de expropiación forzosa contra la aquí recurrida, que culminó en un convenio suscrito entre ambas partes mediante documento fechado el 17 de noviembre de 1975, que obra en autos. Se convino por las partes que la Autoridad depositaría en el Tribunal Superior, Sala de Ex-propiaciones, la cantidad de $28,660.00 como la “justa y razonable compensación por la propiedad antes descrita.” La propiedad descrita en el documento es la estructura de dos plantas a que hemos hecho referencia. Veamos como todo ello afecta la disposición final del caso.

La concesión de cánones' de arrendamiento no ganados como consecuencia de la expropiación no procede de ordinario cuando se insta la acción directa de expropiación forzosa. Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., 78 D.P.R. 940 (1956). Aquí se trataba de un arrendamiento a término. Por excep-ción, se ha reconocido el derecho a compensación por dichos cánones cuando debido a la inminencia de una acción de ex-propiación forzosa que no se materializó hasta cerca de tres años más tarde, el dueño de la propiedad expropiada perdió de ganar las rentas de un contrato de arrendamiento que no fuera renovado por el arrendatario. Luber v. Milwaukee County, supra. La situación ante nos es distinta. En primer lugar, no se trataba aquí de un contrato a término y por tanto la determinación de los cánones que la demandante dejó de ganar es especulativa. En segundo lugar, hemos señalado el derecho de la demandante a intereses sobre el justo valor que su propiedad tenía al ocurrir la incautación de hecho. Hemos señalado, además, que dichos intereses forman parte de la justa compensación. Y aquí la demandante ya convino en recibir $28,660 como “justa y razonable compensación” por su propiedad, lo que necesariamente incluye tales inte-reses.

Por otra parte, el convenio suscrito entre la demandante y la Autoridad se refiere a la justa y razonable compensación por la propiedad allí descrita, que es la casa de dos plantas. No se menciona la pérdida de equipo, que el tribunal de ins-tancia valoró en $1,000. La demandante tiene derecho a esta partida, considerada como daños incidentales a la expropia-ción.

Por las razones expresadas, y habiéndose acordado entre las partes la justa y razonable compensación por la propie-dad expropiada, modificaría la sentencia recurrida para re-conocer como única cantidad que resta por pagar a la recu-rrida los $1,000 por pérdida de equipo. Así modificada con-firmaría la sentencia.

      (1)La exposición narrativa de la prueba revela que la demandante usa la segunda planta para vivienda. Declaró también que “no obtuvo el permiso de uso y la multaron.” No sabemos si se refería al primero o se-gundo piso, pero tal situación arroja dudas sobre la legalidad de la cons-trucción de la segunda planta o del uso de la planta terrera para negocio, o ambas cosas, y por tanto sobre su derecho a la utilización de la propiedad.

      (2) Pasados seis meses desde que se archivara en Autos la sentencia el tribunal de instancia'ordenó la eliminación de ambas mociones.

      (3)En algunas jurisdicciones estatales, pero no en Puerto Rico, la Constitución requiere la previa consignación de la justa compensación en casos de expropiación. La violación de dicha disposición constitucional en las jurisdicciones donde existe justifica daños en adición al justo valor de la propiedad. City of Three Forks v. State Highway Comm,., 480 P.2d 826 (Mont. 1971).

      (1)31 L.P.E.A. see. 1711, dispone:
      “Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que natural-mente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso.
      “Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.”

      (2) Plano original del Proyecto de Obras Públicas, del 21 de abril de 1953 (Exhibit 3 de la demandada) y Certificado del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 1ro. de noviembre de 1974 (Exhibit 10 de la demandada).

      (3) Dice la Carta de Derechos en su Art. II, Sec. 7:
      “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.”

      (4)En lo pertinente, dicha disposición es como sigue:
      “En el caso de compra o expropiación forzosa de la propiedad particular para fines de utilidad pública o beneficio social, la indemnización deberá basarse en el valor razonable en el mercado de tal propiedad . . . .”

      (5) Dicho segundo párrafo dice:
      “Tan pronto se radique tal declaración de adquisición y entrega y se haga el depósito en la corte, para beneficio y uso de la persona o personas naturales o jurídicas que tengan derecho al mismo, de la cantidad estimada como compensación y especificada en la declaración, el título absoluto de dominio de dicha propiedad, o cualquier derecho o interés menor en la misma según quede especificado en la declaración, quedará investido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estadual, o en la agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hubiere requerido la expropiación, o en el de la entidad demandante o peticionaria que no fuere el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y tal propiedad deberá considerarse como expropiada y adquirida para el uso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estadual, o de la agencia o ins-trumentalidad gubernativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hubiere requerido la expropiación, o de la correspondiente Autoridad de Hogares, o del municipio en cuestión o del Gobierno de la Capital, según fuere el caso, y el derecho a justa compensación por la misma quedará in-vestido en la persona o personas a quienes corresponda; y dicha compensa-ción deberá determinarse y adjudicarse en dicho procedimiento, y decre-tarse por la sentencia que recaiga en el mismo, debiendo la sentencia in-cluir como parte de la justa compensación concedida, intereses al tipo anual de seis (6) por ciento sobre la cantidad finalmente concedida como valor de la propiedad a contar desde la fecha de la adquisición, y desde dicha fecha hasta la fecha del pago; pero los intereses no deberán concederse sobre aquella parte de dicha cantidad que haya sido depositada y pagada en la corte. Ninguna cantidad así depositada y pagada estará sujeta a cargo alguno por concepto de comisión, depósito o custodia.” (Énfasis suplido.)
      La Sec. 5(b), 32 L.P.R.A. see. 2908, contiene una disposición repetitiva de la obligación al pagar dichos intereses.

      (5) Nuestras más recientes decisiones en Texaco, Inc. v. Srio. de Obras Públicas, 85 D.P.R. 712 (1962) y E.L.A. v. Rodríguez, 103 D.P.R. 636 (1975), no constituyen un viraje en torno a estas doctrinas. En estos casos reconocimos el derecho a compensación por la privación de accesos, mas no cuando una obra pública obliga a variar éstos. Lo resuelto en estos casos está en consonancia con el principio expuesto en esta opinión de que meras inconveniencias o molestias no son compensables y que para que se justi-fique compensar, en una acción de expropiación inversa, el perjuicio a la propiedad ha de ser de tal naturaleza que equivalga a una privación del uso y disfrute de la propiedad.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Rosa García González, demandante y demandada recurrente, v. Apolinar Montero Saldaña, demandado y demandante recurrido.

      Número: R-76-433

      Resuelto: 15 de mayo de 1978

      Antonio Reyes Delgado, Francisco A. Delgado Morales y Alexis Martinó Curbelo, abogados de la recurrente; Carlos E. Colón Cordero, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En contraste con otras empresas, comunidades o sociedades regulares — que tienen como razón de ser y propósito primordial el lucro — la sociedad legal de gananciales presenta características y perfiles singulares mediante los cuales el legislador regula y estructura jurídicamente la faceta económica del matrimonio. Como regla general hombre y mujer llegan al matrimonio motivados por una gama de factores psico-físicos y no por móviles estrictamente económicos; al fundir cuerpo y alma como compañeros de vida, los envuelve sentimientos altruistas y sublimados personales producto de un sincero amor, en el cual las consideraciones pecuniarias son secundarias. Salvo situaciones en que se otorgan capitulaciones matrimoniales, queda relegada a segundo plano, la realidad de que una vez formalizada la unión matrimonial, ha nacido una sociedad de matices jurídicos plenos que mantendrá vida hasta la disolución del vínculo. Para muchos, con los años, dicha unión florece y se afianza al extremo de que se mantiene incólume y erigida independientemente del rigor y magnitud de las variadas pruebas a que sea sometida. Para otros, el devenir del tiempo unido al desinterés, falta de comprensión y otras causas romperá la solidaridad anhelada, des-trayendo la relación espiritual necesaria; el producto final será un divorcio.

Como consecuencia de los fenómenos que nutren la sociedad legal de gananciales, se explica la laxitud y desinterés con que los cónyuges regularmente llevan a cabo las transacciones rutinarias. No se llevan libros de contabilidad, ni la ley lo exige. La confianza de una esposa en la capacidad y buen juicio del marido — hasta hace poco único Administrador de tales bienes — ‘contribuye al relajamiento.

Fracasado el matrimonio y defraudados mutuamente los cónyuges, frecuentemente sobrevienen y afloran recrimina-ciones del pasado, manifestándose en alto grado las diferen-cias en los desembolsos habidos, transacciones efectuadas y equidad en la división de bienes. Muchas veces las exigencias de los cónyuges se tornan en reclamos intransigentes. Para esta eventualidad, y para los casos de disolución por muerte o nulidad, previsoramente el Código Civil consigna normas que aunque a veces imperfectas, intentan dirimir los con-flictos económicos durante y después del matrimonio entre marido y mujer, hijos, herederos y frente a terceros.

Con este breve trasfondo, veamos la sinopsis de hechos que dan génesis al recurso ante nos.

La recurrente Rosa García González y el recurrido Apo-linar Montero Saldaña contrajeron matrimonio el 26 de fe-brero de 1955. A esta fecha, Montero poseía tres fincas en el Barrio Tetuán en la zona cafetalera de Utuado de 93.795, 33.33 y 17 cuerdas, las cuales sostenían algún ganado, unas casas viejas y una casa máquina para procesar café. Además poseía una tahona y una finca denominada Lake View en el Barrio Caonillas Abajo de 0.331 cuerdas y dos casas.

Con el transcurso de los años y en virtud del esfuerzo mu-tuo, estas fincas y otras fueron exitosamente explotadas me-diante el cultivo y la recolecta de frutos menores, particu-larmente con café. Con el rendimiento de estas labores se edi-ficaron varias estructuras para el uso familiar, escolar y residencial de los obreros. Adquirieron otros bienes inmue-bles y muebles. Económicamente el matrimonio prosperó. Para el año 1969 surgieron serias e irreconciliables discre-pancias conyugales. La Sra. García dejó el hogar y se tras-ladó a vivir separada. En 31 de julio de 1970 Montero radicó demanda de divorcio (CS-70-1846) por abandono. La Sra. García reconvino por trato cruel y adulterio y se suscitaron numerosas contiendas e incidentes. El Tribunal Superior adoptó varias medidas para proteger los bienes gananciales, incluyendo la designación en 12 de octubre de 1971, de un Administrador Judicial y la publicación de un Edicto In-formativo de la contienda y de que sin la autorización judicial no sería gravada la sociedad conyugal por ninguna deuda de sus miembros. El Administrador Judicial realizó un in-ventario de los bienes y oportunamente rindió un informe. Después fue relevado por diferencias con la recurrente. En 7 de abril de 1972 el tribunal dictó sentencia archivando el caso.

Así las cosas, a los pocos días, el 21 de abril, Montero vuelve a radicar otra acción alegando separación (CS-72-1099), la cual fue archivada el 7 de junio de 1972 por desisti-miento. En 16 de noviembre la Sra. García inicia trámite de divorcio (CS-72-3155), también por separación, que fue ar-chivado por sentencia el 6 de mayo de 1973. Finalmente, el 7 de diciembre ella radica acción por la misma causal (CS-73-1441), la cual culmina en sentencia de divorcio fechada 9 de mayo de 1973, final y firme el 8 de junio.

A manera de paréntesis, debemos consignar que la data expuesta demuestra, con apoyo en la evidencia, que desde el año 1970 los esposos Montero-García habían cesado toda vida matrimonial y que con el transcurso del tiempo se fueron agudizando las diferencias relativas a sus respectivos dere-chos en el orden económico y patrimonial. ()

Meses después del divorcio, los exeónyuges radicaron plei-tos separados dirigidos a la liquidación de la sociedad legal de gananciales. Fueron consolidados. La ventilación de los hechos fue encomendada a un Comisionado Especial ante quien se desfiló abundante prueba testifical y documental. El tribunal de instancia acogió la mayoría de las conclusiones de hecho del Informe y dictó sentencia reconociendo el carác-ter privativo de algunos bienes inmuebles, naturaleza ganan-cial de otros, deudas y créditos de la sociedad y sus miembros, y la eventual tasación de unas edificaciones y venta de las mismas. No conforme con algunos extremos, a solicitud de la recurrente García, expedimos auto de revisión.

I

PRIMER ERROR:

“Al negarse a ordenar la transcripción de las grabaciones de los procedimientos, ya que el Señor Comisionado no cumplió con las prescripciones de la Regla 41.5 de las de Procedimiento Civil de 1958, lo cual ha dado lugar a que el Honorable Tribunal no haya emitido conclusiones de hechos en relación con:
(a) la cantidad de mejoras instaladas en la finca privativa del Recurrido vigente la Sociedad Conyugal de Gananciales, entre la Recurrente y el Recurrido, ni respecto a las inversio-nes hechas para producirlas.
(b) por falta de tal información el Tribunal Sentenciador haya negado el derecho de la Recurrente a la mitad de la suma de $23,296.70, pagados por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico al recurrido por vías de subsidios.
(c) no reconocer el derecho de la Recurrente a la mitad del producido de las pólizas de aseguramiento de cosechas, y como resultado del Ciclón Eloísa, y,
(d) no reconocer a la Sociedad de Gananciales un crédito por el pago de una hipoteca por $5,000.00 a favor del Dr. Ja-cinto Quevedo García, [sic] constituida por el Recurrido antes del matrimonio con la Recurrente, y pagada constante éste.”

El planteamiento general referente a la negativa de la sala sentenciadora a ordenar la transcripción de los procedimientos no tiene el alcance que se le atribuye. Lo expresado en la Regla 41.5 (a) de las de Procedimiento Civil en el senti-do de que el Comisionado “... acompañará una transcripción de los procedimientos ... y de los exhibits originales . . constituye más bien una guía o directriz, que no obliga a los tribunales a conceder en todo caso y circunstancia la trans-cripción del proceso.

Superado este reparo, concentremos nuestra atención en los señalamientos específicos.

A. Mejoras en la Finca Privativa del Recurrido Montero

Se cuestiona la validez de la siguiente conclusión del tribunal a quo:

“Las plantaciones de cafeto y frutos menores que durante el matrimonio puedan haber sido sembradas en las fincas privati-vas del señor Montero Saldaña son privativas de él. La socie-dad tiene derecho a que se le abone y pague lo invertido por ella para llevar a cabo dichos sembrados (Buso vs. Carrasquilla, 37 D.P.R. 528; Manresa, Código Civil Español, Tomo 9, págs. 709 a 710, sexta edición; Artículo 287 del Código Civil, ed. 1930). Ahora bien, se probó en este caso y se concluyó por el señor Comisionado qué plantaciones se sembraron y el costo de lo invertido en dichas siembras. Entendemos que no. Tanto de la evidencia documental y testifical por nosotros examinada no surge tal prueba. El peso de la prueba recae sobre el cónyuge que alegue la existencia de dichos sembrados, en este caso sobre Doña Rosa García González (Santaella vs. Secretario de Hacienda, 96 D.P.R. 442). Ahora bien, del conjunto de las pruebas y en especial del perito ofrecido por Doña Rosa García González, podemos inferir y concluir que en realidad se llevaron a cabo siembras en las fincas privativas, y en ausencia de pruebas es-pecíficas periciales sobre el particular y en búsqueda de hacer cumplida justicia en este caso, le damos un valor a dichas siembras, esto es, al costo para obtener las plantas y sembrarlas de $6,'000.00, que Don Apolinar abonará y pagará a la socie-dad.” (Bastardillas nuestras.)

La exposición jurídica es correcta, pero en su aplicación fáctica erró el tribunal de origen. Obra en autos prueba feha-ciente de carácter testifical y documental que nos permite concluir que durante el matrimonio se aumentaron las plan-taciones y producción del café no sólo en las fincas privativas del recurrente — incluyendo la identificada como “Pedro Alberto Pérez” — sino en una ganancial de 12 cdas. A tal efecto el testimonio e informe del tasador Sr. Ramón Cruz Cruz designado por el Comisionado refleja que para el 28 de sep-tiembre de 1974 — diez y seis (16) meses después del divor-cio — existían las siguientes plantaciones de café:

(FINCA “Pedro A. Pérez” — Privativa del Sr. Montero)

En su testimonio explicó y aclaró su informe, expresando que a su juicio “. . . [e] 1 75% de la plantación es café viejo, de 15 a 20 años, sin incluir la finca de Pedro Alberto; el 25% de café restante es de café, 4, 5, 7 y 8 años.” (E.N.P. 10.) Respecto a costos, la recurrente presentó el Exhibit 45 consistente de una Guía del Servicio de Extensión Agrícola que a la pág. 52 desglosa los gastos para desarrollar una (1) cuerda nueva de café hasta su producción comercial en cuatro (4) años. Resumida, esta data establece lo siguiente:

PARTIDA DISTRIBUCION POR AÑOS TOTAL
Total Gastos Acumulados: $ 357.80 ()

En atención a la prueba pericial y los elementos de jui-cio valorativos relativos a número o por ciento de cuerdas, años de sembradas y costos, podemos deducir razonablemente lo siguiente: a la fecha de la disolución matrimonial el recu-rrido Montero tenía 86 cuerdas de café sembrado en fincas privativas de las cuales 64.5 cuerdas (75%) habían sido sem-bradas antes de su matrimonio y el remanente de 35.5 cuer-das (25%) después del matrimonio; en términos pecuniarios ello representa que la sociedad ganancial aportó la cantidad neta de $12,701.90 (35.5 x $357.80). Las 14 cuerdas de la finca “Pedro A. Pérez” fueron sembradas totalmente durante el matrimonio, lo cual significa que la entidad conyugal de-sembolsó la suma de $5,009.20 en mejorarla. (14 x $357.80.) Ambas partidas totalizan $17,711.10 que representa la cuan-tía total de mejoras invertidas por la sociedad en bienes pri-vativos del recurrido Montero que debe abonarle a aquélla. Procede aumentarse la suma de $6,000.00 adjudicada por el tribunal sentenciador a $17,711.10.

B. Reclamación sobre mitad de la Partida de $23,296.70 en concepto de subsidios del Departamento de Agricultura

Numerosas horas nos ha tomado esclarecer y precisar el origen de esta partida. Sobre el particular es menester apun-tar que ante el Comisionado y la sala sentenciadora se pre-sentó prueba correspondiente a reembolsos de subsidios de jornales por la cantidad de $25,321.32 pagados al recurrido Montero a partir del mes de mayo de 1973. (Exhibit 11M.) Tanto en su memorando original como alegato final la recu-rrente aduce, reclama e identifica la suma de $23,296.70 como partida adicional recibida por Montero en igual con-cepto. Hemos leído y examinado detenidamente las determi-naciones del Comisionado y el tribunal sobre este aspecto y estudiados los exhibits sobre los cuales se predica esta canti-dad de $23,296.70 y resolvemos que efectivamente se trata de dos cantidades distintas, a saber: la de $25,321.32, proce-dente de subsidios agrícolas después del divorcio y la de $23,296.70 correspondientes a los exhibits 3, 27 y 28G; en igual concepto, recibidos y cobrados directamente por el re-currido () entre el período de 12-1-69 al 12-22-71.

Aclarado este extremo, anotamos que el Comisionado en su Informe recomendó que la sala de instancia adoptase como conclusión de derecho que la recurrente era acreedora a que se le reconociese un crédito por la suma de $11,648.35 (deben ser $12,023.69) correspondiente a cheques expedidos al recurrido Montero antes de la disolución de la sociedad conyugal los cuales endosó y cobró para sí.

Ahora bien, subsiste el planteamiento en torno a la cuan-tía de $25,321.32. Examinémoslo.

El tribunal de instancia sobre el particular resolvió:

“18 — Los dineros que Don Apolinar recibió y pueda continuar recibiendo de la Corporación de Crédito Agrícola por concepto de pagos suplementarios, no constituyen ganancias o haberes de la sociedad. Ello es así a tenor con la realidad de hechos que informan dichos pagos de acuerdo a las disposiciones de los Reglamentos de 21 de agosto de 1969 y de 30 de agosto de 1974, promulgados a tenor con la Ley #142 de 29 de junio de 1969. Dichos pagos constituyen incentivos para ser pagados a los obreros que utilizó Don Apolinar en las fechas antes men-cionadas, pagos que se hacen por sobre el salario mínimo con-gelado. No siendo ganancias, rentas, frutos o pensiones, no cons-tituyen haberes algunos que hubieren enriquecido el caudal común por razón de la sentencia de divorcio que se dictó el día 9 de mayo de 1973, sentencia que lo extinguió (Vega v. Tossas, 70 D.P.R. 392)_”

En estricta lógica, este pronunciamiento jurídico es erróneo ya que no considera que el propósito medular de estos dineros es reembolsar al patrono aquellas cantidades de dinero pagadas a sus obreros en exceso del ingreso por hora garantizado a dichos trabajadores. Simplemente constituye una devolución de dinero ganancial previamente desembol-sado por el agricultor.

Son bienes gananciales “los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos.” Art. 1301 (31 L.P.R.A. see. 3641 (2)). Según Borrell y Soler, con las “locuciones industria, sueldo y trabajo se comprende... todas las formas de retribuir la actividad productora del hombre, y todo ello quiere que se aporte al caudal común de los gananciales, ya se trate de trabajo manual o intelectual en todas sus manifestaciones de utilidad económica.” Derecho Civil Es-pañol, tomo IV, pág. 427; VI Puig Peña, Compendio de Derecho Civil, 192-193 (1965); Reyes Monterreal, El Ré-gimen Legal de Gananciales, 161 (1962). De igual carácter es lo adquirido “a costa del caudal común”. Tomo 4, Vol. I, Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 653 (1967). Aun bajo el supuesto de que en la lata expresión de industria, sueldo y trabajo mencionada no estuvieran comprendidos directa o indirectamente los reembolsos por pagos suplementa-rios, éstos caerían en la órbita ganancial de determinarse que el crédito tuvo génesis durante la vigencia matrimonial.

Ahora bien, toda revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos. Según el análisis de la prueba, en particular el legajo de la Corporación de Crédito Agrícola, surge que todos estos reembolsos corresponden a pagos salariales posteriores al decreto de divorcio. No procede por lo tanto el crédito solicitado por la recurrente García.

C. Reclamación de la mitad del producido de las pólizas de cosechas e indemnización de pérdidas resultantes del ciclón Eloísa

Bajo este acápite se cuestiona la negativa de la sala sen-tenciadora en adjudicar a la recurrente la mitad de las in-demnizaciones pagadas en virtud de unas pólizas sobre las cosechas aseguradas y por los daños compensados como re-sultado del ciclón Eloísa que azotó a la isla en septiembre de 1975.

El planteamiento es improcedente por las siguientes razones: (1) la propia recurrente admite que “. . . nunca se ha presentado ante el Hon. Tribunal sentenciador prueba de la cual se pueda determinar en cuales fincas se sembraron las plantaciones averiadas.” (Alegato, pág. 24.) Siendo ello así carecemos de información precisa o básica sobre la cual podamos adjudicar la cuantía reclamada; intentarlo sería una aventura riesgosa y especulativa. Máxime, como afirma Puig Brutau, cuando “[d] isuelta la sociedad, sus titulares son partícipes en una comunidad ordinaria. Aunque el estado de indivisión se prolongue, se tratará en todo caso de ur a masa en liquidación. Esta nueva comunidad ya no se halla regida por las normas de la sociedad de gananciales que hasta en-tonces se aplicaban a los bienes de los cónyuges. Así, los frutos de los bienes privativos ya no pasan a ser bienes comunes (sin perjuicio del reparto proporcional de los frutos pendientes).” Op. cit, pág. 784; (2) se intenta cobrar una indemnización por cosechas destruidas dos años después de disuelto el vín-culo matrimonial; y (3) ello sería incompatible con nuestra decisión reconociendo a la sociedad ganancial un crédito por las mejoras introducidas en las fincas privativas del recu-rrido.

D. Pago de Hipoteca de $5,000.00 al Dr. Jacinto García Quevedo

Es un hecho no contradicho que en 22 de junio de 1954 el recurrido Montero obtuvo un préstamo del Dr. Jacinto Gar-cía por la suma de $5,000.00, el cual garantizó mediante hipo-teca sobre una finca privativa llamada Lake View ubicada en el Barrio Caonillas, Utuado, según lo establece la Escritura Pública Núm. 37 suscrita ante el extinto notario Gustavo Zeno Zama. Al evaluar dicho documento advertimos que la finca fue tasada para fines de una eventual ejecución en la suma total de $8,000.00 y que Montero se obligó a mantener un seguro contra incendio y huracán sobre las casas que en-clavaban en dicho inmueble, a favor del acreedor Dr. García Quevedo por la suma de $6,000.00.

Si bien la transacción se efectuó en estado de soltería, la obligación vencía en o antes de los tres años de su otorga-miento, esto es, en un período en que ya estaban vigentes las nupcias con la recurrente García. Ni en la demanda, vistas ante el Comisionado como tampoco ante la sala de instancia, ella alegó ni produjo prueba de que el saldo fuera hecho con dinero proveniente del caudal común. Es en la revisión ante nos, que por primera vez se intenta sostener la cuestión bajo la tesis de que dicho hecho se debe inferir ante el silencio del recurrido y estimarse probado en virtud de la . . presun-ción de ley que los contratos se cumplen según convenido.” Esta circunstancia basta para desestimar el planteamiento.

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SEGUNDO ERROR:

“Al resolver, en contrario a lo que demuestra la prueba y estipularon las partes en la conferencia antejuicio, que la finca llamada ‘Pedro Alberto Pérez’ es un bien privativo del recu-rrido y no de la sociedad de gananciales.”

Para sostener este señalamiento, la recurrente García parte de la premisa de que en la conferencia con antelación a juicio celebrada el 28 de marzo de 1974, el abogado del re-currido Montero aceptó el carácter ganancial de dicho in-mueble y posteriormente así también lo determinó el Comi-sionado Especial. (T.E. pág. 96.)

Hemos leído totalmente la transcripción de dicha vista y apreciamos que la misma constituye un diálogo extenso, a veces confuso, de los abogados de las partes ante el tribunal, estando éstas presentes, sobre sus variadas versiones y con-tenciones en torno a los montos y carácter de diversas deu-das, bienes inmuebles y muebles, y teorías jurídicas aplica-bles. Hubo esfuerzo y se intentaron acuerdos, algunos exi-tosos y otros no. Sin embargo, la validez de las estipulaciones acordadas se condicionó a que la estenotipista transcribiera y remitiera su contenido a los abogados, quienes subsiguiente-mente se reunirían para un análisis final determinante sobre lo acordado y en controversia; introducir las enmiendas que creyeran de lugar; convendrían respecto a las conclusiones de hecho; las reducirían a escrito y someterían al tribunal para que éste resolviera los aspectos de derecho. (T.E. págs. 49 y 50.) Este trámite ulterior lamentablemente nunca se cul-minó. Oportunamente la ilustrada sala sentenciadora con-signó su criterio correcto de que la alegada estipulación nunca tuvo sus auspicios y no le impartió su aprobación. Al exami-nar la teoría del recurrido en dicha vista — en el sentido de que las tres fincas que componen este inmueble denominado “Pedro Alberto Pérez” eran privativas — al igual que su ob-jeción ante el tribunal de la conclusión en contrario del Comi-sionado, nos inclinamos a compartir el fallo del tribunal de origen en el sentido de que no medió tal estipulación. Apoya esta decisión, los términos de la séptima determinación del Comisionado en torno a que el sustancial pronto pago de $10,000.00 utilizado para la adquisición de dicho inmueble los . . aportó el litigante Sr. Apolinar Montero Saldaña de la venta del inmueble conocido como ‘Lake View’ que poseía desde el 1947”, esto es, antes del matrimonio.

Abona a lo anterior, las constancias claras de que en la escritura de adquisición sólo compareció y específicamente la venta fue a favor del recurrido Montero Saldaña quien únicamente suscribió la transacción y asumió el pago de una hipoteca por $1,636.00 quedando a deber la suma adicional de $4,364.00 más intereses pagaderos en o antes del 30 de junio de 1969. Tampoco ayuda a la recurrente el que en tres segre-gaciones y enajenaciones ulteriores se manifestara — vigente el matrimonio — que la finca pertenecía a ambos y compare-cieran ante el notario autorizante. Tales actos eran para ser evaluados con la totalidad de la prueba, y sus alcances que-daron definidos al aceptarse que la procedencia del dinero era incontrovertiblemente de origen particular. La encomien-da del Comisionado estaba limitada a dirimir las cuestiones de hecho; su caracterización de que el inmueble era ganancial basada en una supuesta estipulación, trascendió su man-dato. ()

Nuestra doctrina jurisprudencial reiteradamente informa que la presunción de ganancialidad contenida en el Art. 1807 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3647) en el sentido de que “ [se] reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer” constituye la piedra angular en toda causa litigiosa en que se intente precisar la naturaleza privativa o ganancial de los bienes del matrimonio. Santiago v. Tribl. de Contribuciones, 69 D.P.R. 305, 309 (1948). En Espéndez v. Vda. de Espéndez, 85 D.P.R. 437 (1962) indicamos, citando el criterio mayoritario de los tratadistas españoles, que la presunción tiene como propósito viabilizar que se diriman fácilmente las dudas que se suscitan sobre la procedencia de los bienes, y prevenir que se encubran donaciones prohibidas entre los cónyuges o actuaciones fraudulentas perjudiciales a terceros. El peso de la prueba recae sobre quien sustenta la naturaleza privativa. Cabe señalar que el rigor y exigencia de la prueba, a los fines de satisfacer la conciencia del juzgador, es menor cuando se trata de una reclamación entre los cónyuges o entre los herederos de uno y el supérstite a cuando se litigan derechos frente de terceros.

De igual modo el régimen de gananciales prevaleciente reconoce, como axioma básico, el patrimonio individual de cada cónyuge separado del de la sociedad. El título de origen será lo determinante, independientemente de los cambios o modificaciones que tales bienes experimenten. Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442, 446 (1968). Frente a reclamaciones recíprocas de los cónyuges, la procedencia privativa de un inmueble no pierde tal carácter por el hecho de invertirse posteriormente fondos pertenecientes a la sociedad de gananciales. Por analogía, véanse: Vélez Cordero v. Medina, 99 D.P.R. 113, 117 (1970) y Lanausse v. Silva, etc., 84 D.P.R. 546 (1962). El principio establecido en el Art. 1307 del Código Civil respecto a que se reputarán ga-nanciales todos los bienes adquiridos durante matrimonio preceptúa una regla de carácter evidenciarlo, a saber, una presunción controvertible. Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583, 589 (1968). Y finalmente, como dijimos en Santiago v. Tribl. de Contribuciones, 69 D.P.R. 305, 309 (1948), en “. . . el presente caso, sin embargo, no procede recurrir a esa presunción, sencillamente porque como dice la máxima legal, la presunción siempre cede a la verdad, esto es, a la prueba.”

Recapitulando, habiéndose cuestionado la supuesta esti-pulación; resultando ésta contraria a la teoría de la parte; el exceso de la encomienda del Comisionado; y siendo meri-dianamente clara la prueba sobre el origen privativo del dinero con la cual se adquirió, resolvemos que el error no fue cometido.

III

TERCER ERROR:

“Al confirmar las conclusiones del Sr. Comisionado al efecto de que la sociedad de gananciales habida entre el recurrido y la recurrente era deudora de $15,333.75 a Francisco Vélez, Inc., de $15,000.00 al Banco de Ponce, de $840.00 a Emilio Seda, Inc., y de $6,000.00 por la sentencia dictada por el Hon. Tribunal de Distrito de Arecibo en el caso de Salvador Rivera Santiago vs. Apolinar Montero Saldaña y otro, Civil CD-71-1760, sobre daños y perjuicios.”

En este tercer señalamiento se impugna el haberse im-puesto a la sociedad el pago de varias partidas que a juicio de la recurrente no procedían. Analizaremos separadamente las mismas.

A. Deuda de Francisco Vélez, Inc.

La solución de este apuntamiento exige un breve examen del Art. 101 del Código Civil. () Reza así:

“Desde el día en que el procedimiento de divorcio se inicie judicialmente, no será válida ninguna deuda contraída por el marido o por la mujer sin la autorización del tribunal, a cargo de los bienes gananciales.” (31 L.P.R.A. see. 344.)

En Pasalacqua v. Ramos, 34 D.P.R. 214, 215 (1925), indicamos que su texto significa que las deudas de ninguno de los esposos constituirá .. una carga a los bienes gananciales sin la autorización de la corte”; y en su contexto fáctico allí resolvimos que la desestimación posterior del pleito de divorcio no convalidaba una deuda asumida por el marido durante el trámite judicial. Y en Alameda v. Registrador, 76 D.P.R. 230, 239 (1954) — ratificado en Suárez Martínez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 544 (1962) — dijimos lo siguiente en cuanto a los efectos respecto a los acreedores: “Hasta el preciso día en que el procedimiento de divorcio se inicie judicialmente, la separación de bienes que produce el divorcio, no perjudicará a los derechos adquiridos con anterioridad por los acreedores, según el artículo 1331 del Código Civil de Puerto Rico. Por lo tanto, desde la fecha en que se celebre el matrimonio hasta la fecha en que se inicie judicialmente el procedimiento de divorcio, o sea, hasta la radicación de la demanda de divorcio, cualquiera deuda contraída por el marido, o por la mujer en los casos apropiados, afecta directamente todos los bienes de la sociedad de gananciales, independientemente de la separación de bienes, que entre los cónyuges divorciados, produce el divorcio.”

Al confrontar el derecho reseñado con la decisión del Comisionado y tribunal estimando vigentes e imputables a la sociedad ganancial la suma de $15,333.75 a favor de la firma comercial Francisco Vélez, Inc., fallamos que se incurrió en error. Hemos examinado meticulosamente la prueba docu-mental!) en que se funda la misma y del exhibit 19 del re-currido, consistente de un estado de cuenta, se desprende diá-fanamente que el 18 de agosto de 1970 éste adeudaba a Vélez, Inc., la cantidad de $4,282.32. Si bien esta fecha es posterior, resulta ser la más cercana al 31 de julio de 1970 en que se presentó la primera demanda de divorcio. Es razonable de-ducir que representa el valor de artículos adquiridos por Montero, imputables a la sociedad, () antes de iniciar su pri-mera acción. Del mismo documento también surge que al 15 de octubre de 1971 — cuando todavía estaba pendiente dicha acción — se adeudaban $15,333.75 que es la partida reconocida por el tribunal. En esta situación, no opera presunción de ganancialidad. Tampoco él demostró que tales gastos fueron en concepto de mercancías necesarias en provecho o utilidad de la sociedad de gananciales. () En consecuencia es de apli-cación el principio recogido en el transcrito artículo y por lo tanto ineludible concluir que la entidad ganancial Montero-García sólo responde válidamente de la cifra de $4,282.32 y no de $15,333.75.

B. Deuda, de $15,000.00 al Banco de Ponce

El Comisionado y el tribunal concluyeron que la sociedad de gananciales adeudaba la cantidad de $15,000.00 al Banco de Ponce que fue satisfecha íntegramente por la recurrente Sra. García con dinero de su propio peculio, reconociéndosele a su favor un crédito contra la sociedad conyugal.

Ante nos ella cuestiona esta determinación alegando que $12,500.00 fueron préstamos tomados por el recurrido Mon-tero después de incoarse la primera demanda de divorcio, que no pueden cargarse al patrimonio ganancial. Apoya esta con-tención en la siguiente certificación {Exh. 12 recurrido) ex-pedida por el Banco:

“A QUIEN PUEDA INTERESAR:
Al señor Apolinar Montero préstamos en este Banco. La Saldaña se le concedieron varios relación es la siguiente:

No le asiste la razón. De la relación bancaria se desprende —como hecho no contradicho — que antes de la presentación de la primera demanda de divorcio, la sociedad adeudaba la cantidad total de $15,000.00, la cual hemos identificado en la columna [4] con un asterisco.

Los $12,500.00 de préstamos tomados por el recurrido Montero los días 1 de octubre y 9 de noviembre de 1970, ya radicada dicha acción, fueron satisfechos por éste el 14 de enero de 1971 cuando todavía prevalecía el proceso. Por ende subsistía la deuda de $15,000.00 de carácter ganancial al 6-29-70. El argumento de la recurrente se elabora sobre una premisa incorrecta al tomar como punto de partida la cifra de $87,500.00 a la cual llega sumando las cuatro (4) pri-meras cantidades consignadas en la columna [4] sin restar los abonos correspondientes. El que se intercalara en la certi-ficación el abono de $5,000.00 efectuado'el 1-04-71 entre las fechas 2-03-70 y 4-02-70 no destruye la exactitud del cóm-puto.

C. Deuda de Emilio Seda, Inc.

Se cuestiona la cantidad de $840.00. A tal efecto, la teo-ría de la recurrente es que “ . . no existe prueba en el récord que establezca ese hecho.” Tiene razón. La Exposición Narra-tiva refleja que el único testigo para sostener esta partida fue el Sr. José Antonio Echevarría, quien como administrador de la corporación aclaró que desde el año 1969 “. . . no había tenido negocios con él [Sr. Montero], y que desde entonces nada le debía; que le proveyó materiales de construcción, pero se los había pagado.” Más que insuficiencia de prueba, la des-filada contundentemente demuestra la inexistencia de la deuda, tal como lo reconoció su abogado al manifestar ante el Comisionado que se había cometido un error (E.N.P. 14).

D. Demanda y Sentencia en Cobro de Daños y Perjuicios contra el recurrido

Se objeta la cuantía de $6,000.00 por sentencia recaída en el caso de Salvador Rivera Santiago, demandante vs. Apolinar Montero Saldaña y Juan Pérez Vargas, demandados, Civil Núm. 71-1760, sobre Daños y Perjuicios, radicado en 12 de julio de 1971, ante el Tribunal Superior de Arecibo.

Una breve síntesis de las constancias que surgen de dicho caso resulta imprescindible. Salvador Rivera Santiago de-mandó judicialmente al recurrido Montero por la suma de $20,980.00 por concepto de daños ocasionados por el funciona-miento negligente del vehículo Ford Pick-Up, tablilla 87-704 propiedad de éste por hechos ocurridos el 22 de noviembre de 1970, en la carretera del barrio Tetuán, de Utuado, P.R., a las 7:00 P.M., en ocasión de haber el codemandado, Juan Pérez Vargas, empleado del recurrido, impactado el caballo que montaba Rivera Santiago.

Como abogado del Sr. Montero compareció el Ledo. Carlos R. Ruiz, quien aceptó las alegaciones relacionadas con la ca-pacidad de las partes, la propiedad del recurrido sobre el vehículo, y que Juan Pérez Vargas era su empleado. Se ven-tiló el caso y se dictó sentencia contra el recurrido condenán-dole al pago de $6,000.00, costas y $600.00 de honorarios de abogado. Los procedimientos de ejecución de la sentencia se dirigieron contra una propiedad de la sociedad de ganancia-les y el abogado del demandante pidió se enmendara la orden de embargo para que esta se dirigiera contra la participación del recurrido en las fincas embargadas, solicitud a la cual sin objeción del Sr. Montero accedió el tribunal, embargándose en su consecuencia únicamente la participación del recurrido en las fincas señaladas.

En las circunstancias antes apuntadas el haberse cargado esta deuda a la sociedad ganancial constituyó un error. Primeramente, en dicho caso la sociedad legal de gananciales nunca fue hecha parte de los procedimientos; en segundo lugar, cuando ocurrió el accidente ya se había radicado la primera demanda de divorcio;!) y en tercer lugar, no se demostró que la gestión que desempeñaba el conductor empleado de Montero fuera una para beneficio, directo o indirecto, de la sociedad conyugal. Como dijimos en Lugo Mon- talvo v. González Mañón, 104 D.P.R. 372-378 (1975), “. . . en casos de responsabilidad civil extracontractual, la respon-sabilidad será personal o de la sociedad de gananciales según los hechos que la produjeron. Generalmente se reconoce que si la acción o gestión del marido aprovecha económicamente la masa ganancial, la responsabilidad también será a cargo de dichos bienes.” (Bastardillas nuestras.)

Finalmente, la doctrina invocada por el tribunal de origen para sostener la partida expuesta en Vargas Vargas v. Belthor Cáceres Corp., 90 D.P.R. 37 (1964), no es de aplicación al caso de autos. Asumiendo que el vehículo en cuestión fuera ganancial, subsistirán las lagunas circunstanciales anteriormente apuntadas. La responsabilidad impuesta en virtud de la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito— Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada — es con referencia a terceras personas perjudicadas, y no puede ser norma para determinar las obligaciones entre sí por reclamaciones de unos excónyuges en el proceso de división y liquidación de la sociedad de gananciales.

IV

El cuarto error no se elabora adecuadamente, sino que constituye más bien una queja general que se nutre de los señalamientos específicos analizados. No amerita ulterior exposición de nuestra parte. ()

Se dictará sentencia modificando la del Tribunal Superior, Sala de Utuado, en los siguientes extremos: (a) recono-ciéndose a la Sociedad Ganancial la suma de $17,711.10 en concepto de mejoras introducidas en fincas privativas del Sr. Montero, la cual deberá abonar y pagar a dicha entidad; (b) a la recurrente García la suma de $12,023.69; (c) re- <luciéndose a $4,282.32 la deuda ganancial de la sociedad con Francisco Vélez, Inc.; (d) eliminándose las cantidades de $840.00 y $6,000 respectivas por no corresponder a deudas gananciales.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervinieron. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué se inhibió.

      í1) En evidencia obra, además, los autos de la causa CS-72-1675 repre-sentativa de una acción de alimentos promovida por la Sra. García. Fue archivada por desistimiento.

      (2) Anotamos que el costo debe computarse a base de $357.80 por cuerda y no a razón de $1,017.80 como nos sugiere la recurrente ya que estaríamos cargando a la sociedad, como partida doble, las ganancias o frutos recibidos durante su vigencia. Huelga apuntar que el cómputo rea-lizado es uno que toma bases aproximadas, pues el matrimonio — y la socie-dad ganancial — perduraron durante 18 años.

      (S)E1 exhibit 11M corresponde fielmente a la partida de $25,321.32 de subsidios. Los exhibits 11G y 24G en que se apoya la cantidad de $23,296.70 no están en modo alguno relacionados con este concepto; el 11G es una escritura notarial de cancelación de hipoteca, y el 24G un recibo de certi-ficado de acciones en el Federal Land Bank Assoc, of San Juan.
      El error se origina en la siguiente interpretación de la recurrente: “Este planteamiento arranca de hechos probados. En el informe del Sr. Comisionado, a la página 13, éste consigna:
      ‘lima. Entre el mes de mayo de 1973 y 26 de abril de 1974, el litigante Sr. ¡Apolinar Montero Saldaña recibió de la Corporación de Crédito Agrícola en concepto de pago suplementario la cantidad de $25,321.32.’ Y a la página 15, apartado ‘d’, sobre cuestiones de derecho a con-
      cluirse, consigna:
      ‘la Sra. García González tiene un crédito contra la sociedad de ganan-ciales, por la mitad de $23,296.70, o sea, $11,648.35 (Conclusiones ... 8va. y 9na.).’ ”

      (4)E1 abogado de la recurrente así lo reconoció en su moción radicada en instancia, fechada 30 de diciembre de 1975 y titulada Objeción y Rechazo a “Oferta de Sentencia” de Montero Saldaña y otras consideraciones, en que consigna: “Respecto a este particular solo señalamos que no es necesa-rio que impugnemos tales conclusiones, de haberlas, porque obviamente las mismas no podía hacerlas el Sr. Comisionado.” (Pág. 2.)

      (5) Su procedencia es el Art. 150 del Código Civil de Luisiana que se remonta al 271 del Código Napoleónico. Su texto es distinto y varía al nuestro, pues la prohibición recae sobre el marido exclusivamente. A su amparo las cortes de dicho estado han resuelto que la prohibición sobre deudas contraídas por el marido no hace las mismas nulas, estimándose válidas pero exclusivamente sobre éste. En cuanto a la enajenación de bienes inmuebles de la sociedad, su nulidad requiere prueba de fraude intencional para perjudicar a la mujer. Para que haya nulidad de un tercero adquirente la mujer tiene que haber notificado mediante lis pendens. Véanse Shapiro v. Bryan, 132 So.2d 97 (La. App. 4th Cir. 1961); Humphreys v. Royal, 41 So.2d 220 (1949); y las siguientes notas: 49, No. 1 Tulane L. Rev., Judicial Dissolution of the Marital Community in Louisiana, 168, 180-181 (1974) ; XXV La. L. Rev., Comments, Restrictions During Pendency of Separation and Divorce Suits, 520-521 (1964).

        (6)Exhibits M-14,19 y 20; G-5 y G-6 (E.N.P. 6-8).

      O El Exhibit 6-G — original de una nota de cobro de Vélez, Inc., al recurrido Montero en 19 de julio de 1971- — consigna que al 28 de octubre de 1970 el balance de su “Cuenta inactiva” era de $6,996.14 y al 14 de julio de 1971, “su cuenta nueva” arrojaba un balance de $8,502.66. En manuscrito expresaba:
      “Estimado Polito:
      “Te agradeceré me hagas efectivo el balance de tus cuentas como tú sabes yo te abrí otra cuenta en consideración del problema que tú tenías con el divorcio, pero yo necesito el dinero, que es bastante para mis com-promisos.
      “Gracias, (fdo) Luis Francisco Vélez.”

      (8)Un examen de los autos originales del caso de divorcio 70-1846 corrobora que el Tribunal Superior, Sala de Ponce, que entendía en dicha causa no autorizó se contrajera y cargara al caudal nupcial esta deuda. Se emitió un edicto, del cual fue notificado la acreedora Francisco Vélez, Inc.

      (9)A la anterior conclusión abona el espíritu y principio consagrado en el Art. 101 del Código Civil (31 L.P.K.A. see. 344) antes mencionado, de que una vez iniciado el procedimiento de divorcio no serán válidos ni a cargo de la sociedad ninguna deuda contraída por cualesquiera de los cón-yuges sin la autorización del tribunal. ¿ Cómo sostenerse la responsabilidad de una sociedad por acción torticera de uno de los cónyuges cuando éstos se están divorciando ?

      (io) "La sentencia recurrida es contraria a derecho y a las pruebas recibidas en el juicio, y sus resultados adversos a la Recurrente constituyen [s«c] una manifiesta injusticia que se consumará en tanto esta Hon. Supe-rioridad no intervenga ....”


author: PER CURIAM:

text:
    Equity de Puerto Rico, Inc., a/c Ignacio Rivera, Presidente, recurrente y peticionaria, v. Secretario, Departamento de Asuntos del Consumidor; y Francisco Martín Vélez, recurridos.

      Número: O-78-99

      Resuelto: 17 de mayo de 1978

      Olaguibeet A. López Pacheco, abogado de la peticionaria; Lucia Ferreira de Morales, abogada de los recurridos.
   PER CURIAM:

La controversia planteada en este caso lo es si al establecer un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de una decisión del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor es necesario que el peticionario cum-pla con todos los requisitos establecidos por la Regla 6 de las aplicables a los recursos para la revisión de decisiones ad-ministrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. VIII-A, Sup. Acum. 1977, a pesar de que la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor provee un pro-cedimiento para la revisión judicial de decisiones del Secre-tario. 3 L.P.R.A. sec. 341p.

El trasfondo del caso es el siguiente. El Secretario del De-partamento de Asuntos del Consumidor determinó que la re-currente-peticionaria Equity de Puerto Rico, Inc., había vio-lado las disposiciones del Art. 14 de la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968,() 23 L.P.R.A. see. 1014, consistiendo dicha violación

“En que anuncian mediante panfleto ‘Lista de Precios de 1974’ obras de derecho. Entre los tomos que anuncian están a la venta los siguientes: 1 al 83 y 88 a 100 en español y 88 a 97 en inglés a un precio por tomo de $15.00. Alega el Sr. Martínez [sic] que se comunicó con la Equity of P.R. Inc. y le indican que aun-que en el catálogo se hace esa publicación, la misma no es cierto [sic] pues no las tienen. El mismo se considera un anuncio en-gañoso y falso para el consumidor.”

El Secretario impuso a la peticionaría-recurrente una multa administrativa de $200. Equity de Puerto Rico, Inc., solicitó reconsideración que fue denegada en 3 de enero de 1978. En 12 de enero de 1978, a tenor con lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley Orgánica del Departamento mencionado, 3 L.P.R.A. sec. 341p, presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una solicitud de revisión de la Resolución y Orden del Secretario recurrido que fue notificada a éste oportunamente.

El Secretario presentó una Moción de Oposición a la Ex-pedición de Auto de Revisión en la que sostenía que la peti-cionaría-recurrente no había cumplido con las disposiciones de la Regla 6(d) de las Reglas Aplicables a los Recursos de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. VIII-A. La referida Regla 6(d) esta-blece que la solicitud de revisión ha de ir acompañada de un apéndice conteniendo copia literal de varios documentos que son parte integrante del expediente del caso. En 7 de febrero el tribunal de instancia emitió resolución declarando sin lugar la solicitud de revisión por el fundamento de no haber cumplido la recurrente-peticionaria con las disposiciones de dicha Regla 6.

Equity de Puerto Rico, Inc., presentó moción de reconsi-deración que fue declarada sin lugar, por lo que recurrió ante nos en petición de certiorari señalando como error el dicta-men del tribunal de instancia al efecto de que no se había cumplido con la antes mencionada Regla 6. Señala, además, que el tribunal recurrido no estaba en posición de resolver sin tener ante sí una copia certificada de los documentos que obran en el expediente, los cuales debieron haber sido ele-vados por el Secretario dentro de los diez (10) días después de la radicación del recurso. Alega, además, la recurrente-peticionaria que el tribunal de instancia debió imponer al Secretario sanciones por no elevar copia de dichos documen-tos, incluyendo entre tales sanciones la revocación de la Reso-lución y Orden administrativa.

La Regia 4 del cuerpo general de reglas aplicables a los recursos para la revisión de decisiones administrativas ante el Tribunal Superior, dispone que en los casos en que exista una ley especial que autorice el recurso (si éste es discrecional) y ésta no disponga en todo o en parte cómo hacer la solicitud, ésta se preparará, notificará y formalizará de acuerdo con el cuerpo general de reglas ya mencionado. 4 L.P.R.A. Ap. VIII-A R 4. Dicha Regla 4 lee como sigue:

“Si la expedición del auto de revisión fuere discrecional del Tribunal Superior, de acuerdo con las leyes especiales que auto-rizan el recurso, y éstas no dispusieran en todo o en parte cómo hacer la solicitud, ésta se preparará, notificará y formalizará de la manera que aquí se dispone.” (Énfasis suplido.)

En adición, la Regla 6 del mismo cuerpo de reglas exige, en los casos aplicables, que junto a la solicitud de revisión deberá acompañarse un apéndice que contenga copia literal de lo siguiente: la decisión administrativa, las alegaciones perti-nentes a dicha decisión, la moción de reconsideración, si la hubiere, la resolución de dicha moción, cualquier otra deci-sión o escrito en que se discuta cualquier asunto planteado en la solicitud de revisión y cualquier otro documento que forme parte de los autos ante el organismo administrativo y que la parte recurrente estime indispensable al Tribunal Superior para resolver sobre la expedición del auto.

Por otro lado, la ley especial en el caso de autos que rige la revisión de las decisiones del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor dispone lo siguiente:

“(c) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión. Radi-cado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Se-cretario dentro de un término de cinco (5) días a partir de su radicación.
(d) Establecido el recurso de revisión será deber del Secre-tario elevar al Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar de la fecha que fuere notificado de la radicación del re-curso de revisión.” (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 341p.

Obsérvese que los escritos a los que se refiere la Regla 6 que deben elevarse al Tribunal Superior forman parte del expediente que el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor viene obligado a elevar dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha en que fuere notificado de la radicación del recurso de revisión. 3 L.P.R.A. sec. 341p (d). Sería ilógico entender que el peticionario también viene obli-gado a elevar dichos documentos cuando la propia Ley Or-gánica del Departamento dispone expresamente que “será deber del Secretario elevar al Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente.” Tales disposicio-nes de la Ley Orgánica del Departamento excluyen por in-aplicables y superfluas las disposiciones aplicables a los re-cursos para la revisión de decisiones administrativas ante el Tribunal Superior.

En mérito de lo expuesto es forzoso concluir que la peti-cionaria Equity de Puerto Rico, Inc., cumplió adecuadamente con las disposiciones que le son aplicables a los recurrentes de decisiones administrativas del Secretario de Asuntos del Consumidor ante el Tribunal Superior. Aún queda pendiente para el perfeccionamiento del recurso el que el Secretario cumpla con su deber de elevar ante el Tribunal Superior co-pia certificada de los documentos que obran en el expediente según lo requiere el inciso (d) de la Sec. 341p del Título 3 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.

Se expedirá él auto solicitado, se revocará la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 7 de febrero de 1978, que declaró sin lugar la solicitud de revisión de la peticiona-ria, y se devolverá el caso al tribunal recurrido para la con-tinuación de los procedimientos. ()

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

      O “Se prohíbe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publici-dad que constituya o tienda a constituir fraude o engaño, en donde el ar-tículo, producto o servicio sea falsamente representado o que cree en el con-sumidor una imagen o impresión errónea sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, cualidad, salubridad o cualquier otra característica del producto, artículo o servicio.”

      (2) Observamos que la peticionaria alegó en su moción de reconsidera-ción ante el Secretario y en su solicitud de revisión ante el Tribunal Superior que para la fecha en que comenzó a regir el catálogo de las obras que ofrecía la peticionaria para la venta tenía disponibles todos los volúmenes de las Decisiones de Puerto Rico que allí anunciaba, pero que en la fecha en que el querellante solicitó la compra de las obras que interesaba, algunas se habían agotado. De haber sido probada tal alegación el recurso sería meritorio.


author: per curiam:

text:
    Julio del Rey (Motel El Ejecutivo, Inc.), recurrente y recurrido, v. Junta de Apelaciones sobre ConstrucCiones y Lotificaciones, recurrida; Administración de Reglamentos y Permisos, Oficina Regional de San Juan, interventora recurrida y peticionaria.

      Número: O-78-106

      Resuelto: 17 de mayo de 1978

      Carlos Bauza, Roberto Soto Tapia, Hernán E. Jorge y Leonor Porrata Doria, abogados de la Administración de Reglamen-tos y Permisos, peticionaria; William Estrella, Igor Domín-guez, Enrique González y Jesús E. Palmer, abogados del re-currente y recurrido.
   per curiam:

Se nos solicita que expidamos certiorari para revisar una sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictada en un procedimiento de revisión de una decisión de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotifieaeiones. La parte recurrida ha comparecido para opo-nerse a la expedición del auto. Estamos en condiciones de resolver. Regla 50 de nuestro Reglamento.

Examinemos los hechos. A solicitud de un ciudadano particular, la oficina Regional de San Juan de la Administra-ción de Reglamentos y Permisos (en adelante ARPE) prac-ticó en mayo de 1976 una investigación de una construcción clandestina en el barrio Camarones de Guaynabo. Se percató que tras una verja de ocho pies de altura se ocultaba una es-tructura de hormigón de aproximadamente 22 por 400 pies, dividido en 20 unidades o habitaciones, 19 de ellas con mar-quesina y la restante en el centro preparada para oficina. Dichas unidades fueron construidas para dedicarse al nego-cio de motel y solamente les faltaba la instalación de plafones acústicos y lámparas. Dichas edificaciones se hicieron sin proveerse su dueña, una empresa denominada “Motel El Eje-cutivo, Inc.”, del correspondiente permiso de construcción ex-pedido por ARPE. Se descubrió, además, que en las mencio-nadas instalaciones había servicio de energía eléctrica. In-vestigado este ángulo con la Autoridad de las Fuentes Flu-viales resultó que desde 1971 se había dado servicio de elec-tricidad a base de un permiso concedido en el lugar para un taller de mecánica existente en una estructura de madera, habiéndose autorizado un aumento de carga eléctrica en fe-brero de 1976 a base de una solicitud presentada a la Auto-ridad sobre requerimiento adicional de energía eléctrica para el taller de mecánica.

Al inquirir ARPE sobre la construcción, los señores Julio y Frank Del Rey, como presidente y vicepresidente, respec-tivamente, de Motel El Ejecutivo, Inc., mostraron copia fotostática de una supuesta comunicación oficial de la Junta de Planificación, de fecha 13 de marzo de 1973 — forma 2.11-A, Revisada — en que se les comunicaba que por encon-trarse en zona rural el lugar, no era necesario obtener un permiso de construcción. Esta comunicación resultó ser fraudulenta, sin que se haya podido determinar quién la hizo. Tampoco pudieron los señores Del Rey producir su original. Adujeron que se les extravió. La mencionada fotocopia de la comunicación aludida fue remitida a ARPE por estos señores el 21 de mayo de 1976, acompañando una solicitud de permiso de uso de las facilidades construidas para motel.

Reunido el Comité de Asesoramiento, Consultas y Revi-sión de ARPE para considerar la situación, éste acordó dejar la solicitud de permiso de uso pendiente hasta que se investi-garan las irregularidades mencionadas. Se citó a todas las partes interesadas a vistas públicas celebradas en la casa al-caldía de Guaynabo ante un oficial examinador, luego de lo cual se sometió un informe y, a recomendación del oficial examinador, se acordó denegar el permiso de uso solicitado. Al tomar este acuerdo se consideraron todas las circunstan-cias presentes, incluyendo la posibilidad de conceder una va-riación bajo la subsección 53.00 del Reglamento de Planifi-cación Núm. 4, o de conceder el permiso a base de un “uso no conforme legal” bajo la subsección 54.03 de dicho Regla-mento, considerando la posibilidad de que la construcción hu-biese comenzado antes de que existiera para el área una re-glamentación de construcción que justificara reconocer dere-chos adquiridos por los señores Del Rey.

No obstante estar en trámite el permiso de uso solicitado por los Del Rey, y sin que éste se les hubiera concedido, se comprobó por ARPE en 3 de septiembre de 1976 que el nego-cio del motel ya estaba operando y que allí se expendían bebi-das alcohólicas. Otra inspección realizada en noviembre de 1976 comprobó que se estaban construyendo cabañas adicio-nales a las 19 unidades ya existentes. Un esfuerzo realizado por ARPE para paralizar estas obras resultó infructuoso al obtener los señores Del Rey una orden de injunction al efecto expedida por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, orden que quedó sin efecto por disposición de la Sala de Bayamón, donde fue trasladado el caso a solicitud de ARPE.

Inconformes los Del Rey — o Motel El Ejecutivo, Inc., que para los efectos es lo mismo — con la decisión de ARPE que les denegó el permiso de uso solicitado, apelaron ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones. Esta celebró vistas en cuatro fechas distintas a las cuales comparecieron todas las partes, aportaron sus pruebas, y finalmente la Junta emitió decisión que confirmó la denega-toria de ARPE. Recurrieron entonces los dueños del motel al Tribunal Superior, Sala de San Juan, que por sentencia de 23 de enero de 1978, revocó la decisión de la Junta. El re-curso ante nos pretende que revisemos dicha sentencia.

Se basó el Tribunal Superior en que a su juicio la Junta de Apelaciones “no consideró adecuadamente” el plantea-miento hecho por los señores Del Rey de que se aplicaron los reglamentos sobre permisos en forma distinta a como se han aplicado a otros moteles. Concluyó que debía devolverse el caso a la Junta, y así lo ordenó, para que ésta considere dicho planteamiento y reciba prueba sobre la concesión de permisos de construcción de otros moteles en el área. Un examen de los autos nos convence que el tribunal recurrido incidió y que debe prevalecer la decisión de la Junta de Apelaciones.

En primer lugar, los autos demuestran que los señores Del Rey y Motel El Ejecutivo, Inc., han incurrido en todo el trámite para construir las facilidades del motel, en conducta impropia y altamente censurable. No se proveyeron de un permiso de construcción, y cuando se investiga, producen fotocopia de un documento apócrifo en que supuestamente se les eximía del requisito de un permiso, sin que pudieran dar explicaciones sobre el origen del fraude ni producir el original, diz que porque se extravió. Ocultan la clandestinidad de la construcción tras una verja que impedía ver lo que hacían. Aprovechan una concesión de energía eléctrica hecha a un taller de mecánica que existió en el solar, y logran mediante la falsa representación de que necesitaban carga adicional para el taller, que la Autoridad de las Fuentes Fluviales aumente el servicio de electricidad, cuyo servicio estaba destinado al motel. Ante la investigación de ARPE, ignoran y desatienden la orden de paralización de los trabajos y en su lugar comienzan a operar el negocio y, sin proveerse de permiso alguno, amplían sus facilidades mediante la cons-trucción de cabañas adicionales a sabiendas de que el negocio de motel í) no es permitido en una zona clasificada R-O. ()

En segundo lugar, la posición de los señores Del Rey, acogida por el tribunal a quo, es que ellos tenían derecho a que se trajeran ante la Junta de Apelaciones los expedientes de otros moteles localizados en el área, a los fines de deter-minar si la negación del permiso de uso que ahora solicitan es discriminatorio. Independientemente de si tal prueba sería admisible, surge de la transcripción de la vista celebrada ante la Junta el 9 de agosto de 1977 que la Junta les concedió, no diez días, que fue lo que solicitaron para obtener dichos expedientes, sino quince días, y que a pesar de ello, los señores Del Rey renunciaron a ofrecer dicha prueba. () La alegación de que se les negó por la Junta la oportunidad de ofrecer do-cumentos referentes' a otros moteles carece de base, y no pue-den quejarse los Del Rey de no haber presentado aquello a que expresamente renunciaron.

Por otra parte, no vemos la pertinencia de que se investi-garan otros moteles del área, habiéndose admitido que dichos moteles radican en distritos R-O, mientras que el solar en que radica el motel de los señores Del Rey radica en un distrito 1-1, que es reservado para el establecimiento de industrias livianas.!) Surge del expediente ante nos que dicho solar estuvo clasificado como R-O, pero desde el 21 de mayo de 1971 fue reservado para usos industriales. En esa fecha el Gober-nador aprobó el “Plan de usos de terrenos y transportación del Area Metropolitana de San Juan”; resolución de la Junta de Planificación P.R. AMSJ-1, que hizo reserva del área para usos industriales. Motel El Ejecutivo, Inc., alegó que empezó a construir para mediados del año 1973.

Fuera R-0 o fuera 1-1 la clasificación del distrito cuando se comenzó a construir el motel, no podía Del Rey y su Motel Ejecutivo prescindir de la obligación de obtener un permiso de construcción antes de iniciar las obras que como hemos visto, no lo obtuvo, pretendiendo valerse de un documento fraudulento para justificar su desobediencia de los reglamentos de Planificación. La solicitud de permiso de uso presentada en 1976 pretende que se convalide un fait accompli logrado ilegal y clandestinamente. El supuesto de que otros moteles pudieran haber logrado su permiso de uso mediante tales artimañas no da derecho a los Del Rey a invocar “igual protección de las leyes.” Ellos no invocan la aplicación de la ley, sino su desobediencia. La igual protección de las leyes no implica igual protección de la violación de las leyes.

Por otro lado, la concesión de permisos de uso a otros moteles en la zona no crea un estado de derecho a favor de los señores Del Rey. En el supuesto de que la agencia administrativa hubiese cometido algún error en la aplicación de la ley, esa actuación no sería válida. En E.L.A. v. Rivera, 88 D.P.R. 196 (1963), decidimos que procedía la demolición de una verja cuya altura excedía la reglamentaria a pesar de que un Oficial de Permisos de la Junta de Planificación había autorizado dicha construcción. La altura excesiva de la verja constituía una violación de la ley independientemente de la aprobación del funcionario y procedía su corrección. En Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308 (1961) y Mendoza Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 D.P.R. 564 (1967), determinamos que un error de un organismo administrativo no obliga a éste, ni impide su corrección. No se puede pretender, pues, que una actuación administrativa de dudosa corrección impida a la agencia pertinente que se co-rrija optando por evitar su repetición. Ello no constituye una violación a la igual protección de las leyes.

Por las razones expresadas, la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, será revocada.

      (1)La palabra “motel” se origina de la composición de dos palabras— motor hotel — del inglés, y se aplica generalmente a unas hospederías con-venientemente situadas fuera de las zonas urbanas de las ciudades y fácil-mente accesibles a los automovilistas en ruta. El Living Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language, ed. 1975, lo define así: “A lodging place, esp. designed for motorists, characterized by separate outside entrances to individual sleeping accommodations, and close-by parking,”

      (2) Conforme a los Reglamentos de Planificación se permite la cons-trucción de hoteles de turismo en solares clasificados R-O, pero no moteles. Véase 23 R.&R.P.R. see. 9-1113(8). Para clasificar como hotel de turismo se requiere, conforme a la citada sección, que tenga “como parte inte-grante del mismo y en proporción a sus máximas facilidades de acomodo dos o más de las siguientes atracciones típicas de turismo para el servicio eficiente de sus huéspedes: (i) desarrollo de playa o lago con facilidades de baño u otros deportes acuáticos; (ii) piscina de natación con facili-dades de baño u otros deportes acuáticos; (iii) facilidades adecuadas para el uso de caballos de silla y excursiones; (iv) canchas de juego o facili-dades para otros deportes al aire libre.” Debe cumplirse, además, con otros requisitos dispuestos en la citada sección relativos a área de solar por cada habitación; ancho de patios delanteros, laterales y posteriores; espacios para usos accesorios para canchas, piscinas, paseos, áreas de estaciona-miento de vehículos, etc.; y condiciones especiales que la Junta de Plani-ficación considere necesarias “para proteger la salud y bienestar general del vecindario.”

      (s) Aparece el siguiente incidente en la transcripción:
      “Lie. Domínguez [abogado de Del Rey]: Bueno, lo único . . . que soli-citamos esta mañana permiso para someter que fue lo relativo a los per-misos de uso de las certificaciones de los otros moteles.
      “Lie. Mercado [asesor legal de la Junta] : Diez días.
      “Lie. Domínguez: Diez días que solicitamos.
      “Sr. Olivieri [miembro de la Junta] : Le voy a dar quince días.
      “Lie. Domínguez: Nosotros tenemos prisa por resolver esto posible-mente antes del diez estén aquí.
      “Sr. Olivieri: No, yo espero que esté aquí dentro de dos o tres días les estoy dando los quince días para que exista flexibilidad . . . .”
      Más adelante, a la conclusión de la vista:
      “Sr. Olivieri: Como lo indicó aquí el compañero Guillermety tenemos el Asesor Legal de la Administración espero que se le faciliten estos docu-mentos a los señores del Rey y por favor también quiero que si es posible se le indique al Administrador de ARPE lo que está pasando para que nos ayude con esto.
      “Lie. Soto [abogado de ARPE]: Para que no haya confusión en cuanto a esta solicitud vamos a dejar claro o sea que son los moteles tengo que entenderlo así, se mencionó en un memorando de derecho sometido por la parte aquí apelada demanda en el Tribunal Superior de Bayamón.
      “Lie. Domínguez [abogado de Del Rey]: Eso es correcto. Esos son los permisos.
      “Lie. Soto: Y entonces la solicitud es que de existir algún expediente y algún permiso con estos casos que se le facilite copia de los permisos.
      “Lie. Mercado [Asesor de la Junta]: Los compañeros tienen algún planteamiento de derecho que hacer en cuanto a las teorías de sus casos?
      “Lie. Domínguez: Estaba conferenciando con los señores. Vamos a renunciar a presentar esa prueba para aligerar los procedimientos aquí.
      “Sr. Olivieri [miembro de la Junta]: La prueba de . . .
      “Lie. Domínguez: O sea está admitido que los moteles esos ubican no está admitido que tengan permiso o no pero está admitido que ubican en R-O.” (Énfasis suplido.)

      (4)23 R.&R.P.R. sec. 9-311 y ss. Entre los establecimientos permitidos en estos distritos están los talleres de reparación. 23 R.&R.P.R. see. 9-312(26).