source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

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text:
    Rubén Santiago Otero y otros, demandantes y apelados, v. Dra. Eileen C. Méndez y otros, demandados y apelantes.

      Números: AC-89-802 RE-89-642

      Resueltos: 25 de marzo de 1994

      David Rivé Rivera, de Vargas & Rivé, abogado de la apelante; Adelaida Vda. De Souffront, Carlos N. Souffront, de Souffront & Souffront, y Edwin Santiago Rivera, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión dél Tribunal.

El 12 de septiembre de 1977, el joven de veinticuatro (24) años de edad Rubén Santiago Otero sufrió un acci-dente automovilístico mientras conducía su motocicleta. Como consecuencia de ello, recibió una contusión en la re-gión púbica, la cual le produjo intenso dolor y dificultad al orinar. A causa de estas molestias, fue referido por la Ad-ministración de Compensaciones por Accidentes de Auto-móviles (A.C.A.A.), para tratamiento, a la uróloga Eileen C. Méndez.

Como parte del tratamiento médico, el 22 de septiembre de 1977 la doctora Méndez hospitalizó a Santiago Otero en el Hospital Presbiteriano, sometiéndolo a pruebas médicas, las cuales culminaron en un diagnóstico de “contusión vesical”. Luego de ser tratado con medicamentos y ha-berle sido dilatada la uretra, éste fue dado de alta el 25 de septiembre de ese mismo año. Debido a que el paciente continuó con dolores al orinar, la doctora Méndez volvió a internarlo en el Hospital Presbiteriano el 30 de noviembre de 1977, diagnosticándosele una “contusión vesical con cis-titis traumática”. Se le sometió a procedimientos de cis-toscopía y circuncisión . Los resultados de la cistoscopía fueron normales, es decir, dieron negativo a cualquier anormalidad orgánica, por lo que al paciente Santiago Otero se le continuó tratando con medicamentos. Fue dado de alta el 4 de diciembre de 1977.

El 19 de enero de 1978, por continuar quejándose de dolores supra púbicos, molestias al orinar y al eyacular, Santiago Otero fue ingresado por la doctora Méndez en el Hospital San Jorge. Allí se le sometió a una segunda cis-toscopía, la cual reveló, junto al análisis clínico correspon-diente hecho por la doctora Méndez, que el joven sufría de una obstrucción en el cuello de la vejiga, condición médica conocida como “hipertrofia del cuello de la vejiga”, A con-secuencia de esto, Santiago Otero fue sometido por la doc-tora Méndez, el 20 de enero de ese mismo año, a una inter-vención quirúrgica conocida como “resección transuretral del cuello de la vejiga”, operación conocida médicamente como TUR.

En dicha intervención quirúrgica, la doctora Méndez confirmó su diagnóstico de que el cuello de la vejiga estaba obstruido por una hipertrofia y por una elevación marcada en la parte posterior. Esta operación también reveló que el paciente Santiago Otero padecía de una infección persis-tente en la vejiga, además de encontrarse un alto índice de orina residual en la misma. T.E., pág. 309. Éste fue dado de alta el 25 de enero de 1978.

La doctora Méndez envió tejido removido del área pú-bica del paciente al patólogo doctor De Jesús. Éste señaló que las pruebas efectuadas indicaban que Santiago Otero padecía de una hipertrofia en el cuello de la vejiga, confir-mando con ello el diagnóstico preoperatorio efectuado por la doctora Méndez.

El 13 de noviembre de 1978 Santiago Otero comenzó a visitar a otro urólogo, el doctor Dubocq; a éste se le quejó de: impotencia, incapacidad de eyacular y dificultad al orinar. El doctor Dubocq le recomendó hacerse las pruebas médicas de Pielograma Intravenoso (I.V.P.) y Cystograma. Las mismas arrojaron resultados negativos; es decir, no se encontró evidencia orgánica para su alegada falta de eyaculación, por lo que el doctor Dubocq le reco-mendó continuar el tratamiento médico con la doctora Méndez.

El 2 de enero de 1979, el señor Santiago Otero y la Srta. María de Lourdes Quiles presentaron demanda por da-ños y perjuicios, al amparo de lo dispuesto por el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, contra la doctora Méndez y su compañía aseguradora. Alegaron que la doctora Méndez fue negligente al someter a Santiago Otero a una intervención quirúrgica, la cual estaba contraindi-cada en la persona de éste y al no advertirle de los graves riesgos, consecuencias y complicaciones que dicha inter-vención quirúrgica podía ocasionarle. Alegaron, además, que a consecuencia de dicha operación, Santiago Otero ha-bía quedado estéril e impotente, ocasionándole ello graves sufrimientos y angustias mentales.

En la vista en su fondo del caso, el demandante pre-sentó, en adición a su testimonio, el de sus padres, Don Biviano Santiago y Doña Iris Otero, así como el de los pe-ritos médicos: los urólogos Dr. Ralph E. Duncan y Dr. Francis Dubocq, y el psiquiatra, Dr. Oscar A. Ruiz. Por su parte, la doctora Méndez testificó a su favor y presentó como pe-rito médico al urólogo Dr. Berdard.ino González Flores.

Luego de finalizar la vista en su fondo, y en vista de lo conflictivo de la prueba pericial presentada por las partes, el magistrado le expresó a éstas que no podía llegar a la “máxi-ma certeza posible” en cuanto a si el demandante padecía o no, en esos momentos, de la condición conocida como eyacu-lación retrógrada y/o de impotencia. Debido a ello, las partes acordaron someter al demandante a pruebas médicas objetivas que determinasen si éste padecía o no de la referida condición, razón por la cual lo refirieron al urólogo, Dr. Francisco J. Capó. El doctor Capó, perito del tribunal, rindió un informe el 23 de noviembre de 1988 en el que concluyó que no era posible demostrar objetivamente la presencia de eyaculación retrógrada en el paciente ya que su condición mental, a causa de depresión y el uso de tranquilizantes en dosis altas, hacía imposible la masturbación, factor indispensable para los estudios correspondientes. T.E., págs. 31-33.

El 30 de diciembre de 1988 el tribunal de instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda radicada por la parte demandante, condenando a la Dra. Eileen Méndez y a la Corporación Insular de Seguros, Inc., a pagar solida-riamente a Santiago Otero la suma de ciento cincuenta mil dólares ($150,000) por los daños y perjuicios sufridos; siete mil dólares ($7,000) por concepto de honorarios de abo-gado, más las costas y gastos correspondientes al pleito; ello como consecuencia de haber determinado que la ope-ración a la que fue sometido el demandante era una inne-cesaria ya que éste no padecía de condición alguna que justificara la misma y que la doctora Méndez no obtuvo del demandante un “consentimiento informado” para efectuar dicha intervención quirúrgica.

El 24 de enero de 1989 la doctora Méndez, mediante moción de reconsideración, solicitó la nulidad de la senten-cia dictada por razón de que la parte demandada jamás tuvo acceso al informe del perito del tribunal, doctor Capó, previo a que se dictara la sentencia. Señaló, además, que la evidencia médica presentada en la vista no demostraba la existencia de una lesión en la persona del demandante. El 28 de febrero de 1989 el tribunal de instancia declaró sin lugar estas peticiones toda vez que “el informe del Dr. Capó no favorece a ninguna de las partes” (Caso Núm. RE-89-642, Parte I, Solicitud de revisión, pág. 7) y por lo tanto “el tribunal no lo utilizó como elemento de juicio”. íd.

En el Ínterin, el 16 de febrero de 1989 la Corporación Insular de Seguros, Inc. presentó moción de reconsidera-ción, en la que señaló que jamás había sido demandada, ni emplazada, en el pleito por lo que el tribunal carecía de jurisdicción para dictar sentencia en su contra. El 28 de febrero de 1989, el tribunal de instancia emitió una sen-tencia enmendada, acogiendo la solicitud de la Corporación Insular de Seguros, Inc.; en consecuencia, la eliminó del pleito como parte demandada.

La parte demandante solicitó, entonces, reconsideración de la sentencia enmendada por entender que la Corpora-ción Insular de Seguros, Inc. se había sometido voluntaria-mente a la jurisdicción del tribunal. Estando sometida esta moción de reconsideración ante el tribunal a quo, la doc-tora Méndez presentó solicitud de revisión (Caso Núm. RE-89-197) ante este Tribunal. Declaramos sin lugar dicho re-curso por haber sido radicado prematuramente el mismo.

El 25 de octubre de 1989, el tribunal de instancia dictó una segunda sentencia enmendada. En ésta “incluyó” nue-vamente a la Corporación Insular de Seguros, Inc. como demandada, limitando su responsabilidad a los límites de la póliza, cien mil dólares ($100,000).

De estos dictámenes acudió ante este Tribunal la Dra. Eileen Méndez mediante recurso de revisión (Caso Núm. RE-89-642), alegando que el foro de instancia erró:

A.
... al condenar a la Dra. Eileen Méndez a pagarle ciento cin-cuenta mil dólares ($150,000.00) en daños por angustias físicas y mentales al demandante a pesar de que la prueba de sus propios médicos estableció la ausencia de la condición orgánica que alegadamente produjo los daños emocionales por los que reclama.
B.
... al concluir que la operación que le realizó la Dra. Eileen Méndez al demandante era improcedente ante el cuadro clínico que presentaba el demandante.
C.
La sentencia debe ser dejada sin efecto al no habérsele dado oportunidad a la demandada a examinar el perito nombrado por el tribunal.
D.
... al determinar que la Dra. Eileen Méndez fue temeraria al defenderse en este caso.
E.
De confirmarse que el demandante padece de la condición que alega y que la misma se la causó la operación que le prac-ticó la Dra. Méndez, se plantearía entonces si la cantidad con-cedida en daños debe modificarse. Caso Núm. RE-89-642, Parte I, Solicitud de revisión, págs. 7-8.

La Corporación Insular de Seguros, Inc., por su parte, presentó recurso de apelación (Caso Núm. AC-89-802) ante este Foro. En el mismo alegó que:

La sentencia apelada —al dictarse contra una entidad que no era parte en el pleito— contradice las garantías del debido pro-ceso de ley y por lo tanto es nula.

Por tener ambos recursos el mismo trasfondo fáctico, ordenamos su consolidación y expedimos los mismos. En aras de estar en mejor posición para evaluar los señala-mientos de error, ordenamos la transcripción de la eviden-cia que desfiló ante el foro de instancia. Estando en condi-ciones de resolver los recursos radicados, procedemos a así hacerlo.

Procede revocar, ello por dos (2) razones. Somos del cri-terio, en primer lugar, que el tratamiento médico que le brindara la doctor Méndez a su paciente, el demandante Rubén Santiago Otero, cumplió con la norma vigente en nuestra jurisdicción, relativa a la determinación de respon-sabilidad en esta clase de casos, a los efectos de que los médicos vienen en la obligación de ofrecer a sus pacientes aquella atención médica que, a la luz de los modernos me-dios de comunicación y enseñanza, satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la propia profesión médica. Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 D.P.R. 295 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973).

En segundo término, un análisis desapasionado y obje-tivo de la transcripción de evidencia nos lleva a la conclu-sión que la determinación del tribunal de instancia —a los efectos de que el demandante, como consecuencia de la in-tervención quirúrgica a que fue sometido por la doctora demandada, sufre de una condición de eyaculación retró-grada y de impotencia— no constituye el balance más ra-cional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba pre-sentada en el caso. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980). Veamos.

I

A. Conforme a la norma mínima de atención médica vigente en nuestra jurisdicción, se espera que el médico ofrezca a su paciente aquella atención médica, cuidados, destrezas y protección que, a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza y conforme al estado de conocimiento de las ciencias médicas, satisface las exigencias generalmente reconocidas por la propia profesión médica. Ramos, Escóbales v. García, González, 134 D.P.R. 969 (1993); Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380, 384 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, ante; Oliveros v. Abréu, ante; H.M. Brau, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. 1, pág. 248.

En los casos de alegada impericia médica, la parte demandante viene en la obligación de establecer, mediante preponderancia de la prueba, que el tratamiento médico ofrecido por el demandado, o la ausencia de proveer el tratamiento indicado y correcto, fue el factor que con mayor probabilidad ocasionó el daño sufrido por el paciente. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 650 (1988); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 744 (1983); Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, ante, pág. 521. En otras palabras, la parte demandante tiene que pro-bar que el tratamiento suministrado por el demandado no fue el adecuado, Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789, 792 (1979); para ello se requiere que la relación de causalidad entre el daño y el acto negligente no se establezca a base de una mera especulación o conjetura. Ramos, Escóbales v. García, González, ante.

Al médico se le reconoce una amplia discreción profesional en su trabajo; éste no es responsable por mala práctica profesional cuando se enfrenta a una situación en la cual cabe la duda educada y razonable sobre cuál es el curso médico a seguir. Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 732 (1983); Oliveros v. Abréu, ante, pág. 228. Ante la imputación de negligencia médica en el diagnós-tico, será admisible la defensa de error de juicio si éste se produce después de que el médico haya efectuado esfuerzos concienzudos para enterarse y cerciorarse de los síntomas y de la condición del paciente, agotando los medios de diag-nóstico que el estado de conocimiento pone a disposición de la profesión médica, y cuando las autoridades médicas re-conocidas están divididas en cuanto a cuál debe ser el pro-cedimiento de diagnóstico a seguirse. Oliveros v. Abréu, ante, pág. 227; Brau, ante, pág. 248.

Por otro lado, ante una alegación de impericia médica en el tratamiento, procederá la defensa de error de juicio cuando existan discrepancias entre las autoridades médicas en cuanto al procedimiento terapéutico indicado en casos como el del paciente. Oliveros v. Abréu, ante, pág. 228; Brau, ante, pág. 258. En Lozada v. E.L.A., 116 D.P.R. 202, 217 (1985), resolvimos que bajo las circunstancias de un buen juicio profesional, enmarcado dentro de los linderos de lo razonable y aceptado por amplios sectores de la profesión médica, aun aceptando que el diagnóstico o tratamiento brindado fue erróneo, la existencia de criterios divergentes constituye defensa válida, eximente de responsabilidad, debido a la amplia discresión profesional que se le reconoce al médico. Véase, además, Ramos, Escóbales v. García, González, ante. El hecho de que el efecto que puede tener un tratamiento médico no pueda garantizarse, no exime de la obligación de prestarlo si la mejor práctica de la medicina así lo requiere. El error de juicio en el tratamiento o en el diagnóstico debe ser razonable. Cruz v. Centro Médico de P.R., ante, pág. 732.

Conforme a lo expresado examinamos, en primer lugar, si la doctora Méndez fue negligente al diagnosticar que Santiago Otero padecía de hipertrofia en el cuello de la vejiga; ello ante la alegación de la representación legal del demandante Santiago Otero que sostiene,, en síntesis, que el diagnóstico médico efectuado por la doctora Méndez no estaba apoyado en los exámenes médicos. Aduce, además, que en los casos de pacientes jóvenes, como el de Santiago Otero, no se espera que éstos desarrollen una hipertrofia en el cuello de la vejiga.

Un examen de la totalidad de la prueba presentada en la vista nos lleva a concluir que el tribunal de instancia erró en su apreciación de la prueba en este aspecto. De los testimonios periciales se desprende que la hipertrofia del cuello de la vejiga es una obstrucción en la salida urinaria de la vejiga a causa de un ensanchamiento de los músculos de la misma. Muchas veces esta condición se confunde con una contractura del cuello de la vejiga, la cual es también una obstrucción, pero ésta es a causa de una banda fibrosa de tejido que se forma en la salida de la vejiga haciendo más estrecho el pasaje urinario. Véase Cantor, Traumatic Medicine and Surgery for the Attorney, Washington, Ed. Butterworth, Sup. 1961, Vol. V, pág. 553. La hipertrofia del cuello se da, por lo general en hombres mayores de edad. Id., pág. 550. Esta condición produce retención urinaria, dificultad y dolor al orinar; si la obstrucción no es elimi-nada, los riñones pueden verse afectados. Como sínto-mas de esta condición están: la frecuencia y urgencia al orinar; decrecimiento en la cantidad y fuerza al orinár; ur-gencia y deseos de orinar frecuentemente, y dolor en la parte baja del abdomen, acompañado el mismo de un au-mento en la orina residual. Estos síntomas pueden venir acompañados de una infección.

Los peritos médicos coinciden que el diagnóstico médico, en este tipo de condición, se tiene que basar en las quejas expresadas al médico por el paciente y en el resultado de una cistoscopía, ya que esta prueba es la única forma de observar la obstrucción. En el caso ante nos, el deman-dante Santiago Otero se quejaba continuamente de dolor en el área pélvica y dificultad al orinar. Inclusive, en diciembre de 1978, se quejó de tener problemas al eyacular. La doctora Méndez declaró que, durante varios meses, ella trató con medicamentos y procedimientos de dilatación y que, a pesar de ésto, él continuaba visitándola diaria-mente, quejándose de dificultad al orinar. La doctora Mén-dez hizo unos análisis médicos conducentes a examinar la orina residual y encontró que Santiago Otero tenía 50cc. T.E., pág. 278. Ante esta situación, ella efectuó una se-gunda cistoscopía, la cual reveló una obstrucción en el cue-llo de la vejiga, diagnóstico que fue confirmado posterior-mente por los análisis postoperatorios del tejido removido de la vejiga efectuados por el patólogo doctor De Jesús.

A la luz de la prueba ofrecida, no encontramos evidencia alguna que nos lleve a concluir que el diagnóstico médico realizado por la doctora Méndez fue uno errado, como con-cluyó el foro de instancia. El mencionado diagnóstico es uno razonable y se produjo el mismo después que el facul-tativo médico llevara a cabo los exámenes médicos disponi-bles a la luz de los modernos medios de conocimiento de la profesión médica. Véanse: Oliveros v. Abréu, ante; Brau, ante, pág. 248. La diferencia en los testimonios periciales, basada en que las autoridades médicas están divididas en cuanto al diagnóstico correspondiente, a lo más que nos podría llevar a concluir es que hubo un error de juicio en el diagnóstico, eximente de responsabilidad profesional. Oliveros v. Abréu, ante, pág. 227.

B. La parte demandada alega, además, que el tribunal de instancia erró al concluir que el tratamiento brindado al demandante Santiago Otero por la doctora Méndez fue uno médicamente negligente. La alegación de la parte deman-dante se basa en que el tratamiento efectuado por la doc-tora Méndez, consistente en la intervención quirúrgica (TUR), no se debió efectuar en Santiago Otero por estar la misma contraindicada en una persona de veinticuatro (24) años.

La prueba ofrecida sobre este particular consistió en el testimonio del doctor Duncan, el cual testificó que esta operación nunca se hace en pacientes jóvenes por las graves consecuencias de impotencia y eyaculación retrógrada, T.E., pág. 113; señaló que hay otros tratamientos menos drásticos como lo son la dilatación de la vejiga y el uso de medicamentos para aliviar la condición de obstrucción en el cuello de la misma. T.E., pág. 113. Por su parte, el doctor Dubocq, señaló que esta operación, como última alterna-tiva, se efectúa en pacientes que tienen problemas al ori-nar y que efectivamente tienen una obstrucción del cuello de la vejiga. T.E., pág. 230. Señaló que antes de hacer esta intervención se debe tratar al paciente con medicamentos por un período prolongado de tiempo para tratar de evitar someterlo a esta operación. T.E., págs. 209-210.

El perito médico de la parte demandada, Dr. Bernardino González Flores —facultativo médico que posee un impre-sionante historial profesional — testificó que dicha ope-ración (TUR) estaba reconocida en 1978, fecha en que se efectuó la intervención quirúrgica, en el campo de la uro-logía como una operación adecuada para la hipertrofia del cuello de la vejiga. T.E., pág. 304. Señaló que los factores a tomar en consideración al efectuar esta intervención qui-rúrgica son: que existe una obstrucción en el cuello de la vejiga, que existe orina residual y que el paciente siente dolor al orinar o no puede orinar. T.E., pág. 307. Señaló que en el caso del demandante Santiago Otero, los récord mé-dicos demuestran que la segunda cistoscopía reveló que el paciente efectivamente tenía una obstrucción y se encontró en su vejiga orina residual. T.E., pág. 309.

La parte demandada descansó, en parte, en el texto de urología del profesor Campbell, el cual afirma que en una condición de contractura del cuello de la vejiga:

Today trasurethral resection of the vesical outlet is my usual first choice of procedure and is widely employed by those tecni-cally equipped to perform it. (Enfasis en el original.) M.F. Campbell y J. Hartwell, Urology, 3ra ed., Filadelfia, Ed. Saunders Co., 1970, Vol. II, pág. 1557.

La parte demandante alegó que la cita antes transcrita del texto de Campbell se refería únicamente a la condición de contractura del cúello de la vejiga congénita. El doctor Duncan expresó que en caso de que Campbell entendiera que era para toda condición de obstrucción, entonces éste estaba errado, ya que esta operación no se debe hacer en pacientes jóvenes. T.E., pág. 132. Sobre este particular, las opiniones periciales están divididas; el Dr. Bernardino González, perito de la parte demandada, sostiene que el texto de Campbell considera la intervención quirúrgica (TUR) para cualquier tipo de obstrucción del cuello de la vejiga, T.E., pág. 306, aunque admite que en el .texto se está hablando tan sólo de una condición congénita. El doctor González testificó haber hecho la operación en jóvenes de veinticuatro (24) años y en niños. T.E., pág. 312.

Ante esta prueba conflictiva, nuestra función consiste en determinar si la intervención quirúrgica (TUR) efec-tuada por la doctora Méndez es una reconocida a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza gene-ralmente reconocidas por la profesión médica. Oliveros v. Abréu, ante.

Ajate un diagnóstico de hipertrofia en el cuello de la ve-jiga, los tratamientos médicos usualmente sugeridos son de intervención quirúrgica. Las más conocidas son: (1) Su-prapubic protacting; (2) Perineal prostactectory; (3) Resec-ción Transuretral del Cuello de la Vejiga; (4) Retropubic protatectomy. Cantor, ante, pág. 554; A.S. Snyder, Medical Library, Nueva York, Ed. Lawyer Co. Pub., 1991, Vol. I, pág. 223. La selección del método quirúrgico depende de la condición general del paciente y del tamaño de la obstrucción. Cantor, ante, pág. 554.

El TUR se efectúa para remover el tejido prostático que obstruye el pasaje urinario para así aumentar el flujo uri-nario del paciente. Morton, ante, pág. 236. Entre sus ven-tajas se encuentra que requiere poco tiempo de hospitali-zación y no hay incisión externa; entre sus desventajas se encuentra que puede causar estrechez en la uretra, incon-tinencia postoperatoria y hemorragias. Ocasionalmente puede causar, como en toda clase de estas operaciones, pér-dida de control urinario y disminución en la potencia sexual. Cantor, ante, págs. 555-556. El TUR es la opera-ción más común para remover la obstrucciones en las glán-dulas prostáticas. Snyder, ante; Cantor, ante, pág. 556.

Aunque estamos claramente ante una situación en que existen discrepancias de opiniones entre autoridades médi-cas sobre la procedencia y conveniencia de que en el caso ante nuestra consideración se sometiera al demandante a dicha operación, son hechos innegables que Santiago Otero padeció durante varios meses de dolor y dificultad al ori-nar; que durante este tiempo fue tratado con antibióticos y dilatación de la uretra; que a pesar de ello sus dificultades urinarias continuaban persistentemente; al demandante se le encontró una obstrucción en el cuello de la vejiga, además de una infección; y que los medicamentos y la dilatación no aliviaron la condición del paciente.

Si consideramos el número de veces que el demandante visitó a la doctora Méndez quejándose de dolor y dificultad al orinar, el examen de la cistoscopía que reveló una obs-trucción en el cuello de la vejiga y la prueba que demostró un alto índice de orina residual, somos del criterio que re-sulta forzosa la conclusión de que la operación efectuada en el demandante estaba médicamente indicada. De la prueba presentada en el juicio, surge claramente que la doctora Méndez usó todos los métodos no quirúrgicos para aliviar los padecimientos del demandante antes de some-terlo a un TUR. A lo sumo, nos enfrentamos nuevamente ante el error de juicio informado, el cual no es fuente de responsabilidad. Oliveros v. Abréu, ante.

HH HH

No obstante lo antes expresado, y concluido, nos vemos en la obligación de determinar, y resolver, si en el presente caso la prueba presentada por la parte demandante estableció que Santiago Otero en efecto sufrió una lesión o “daño”. Ello en vista del hecho de que —independientemente de que el diagnóstico que hiciera, y el trata-miento que brindara, la doctora Méndez en el presente caso al demandante fuera uno médicamente correcto— el tribunal sentenciador determinó que la referida deman-dada no obtuvo del demandante un “consentimiento infor-mado” para efectuar la intervención quirúrgica a la cual lo sometió. Dicho de otra forma, si en efecto no hubiera ha-bido un “consentimiento informado” de parte del deman-dante Santiago Otero, y éste efectivamente hubiera reci-bido un “daño” como consecuencia de la operación efectuada, la doctora Méndez sería responsable civilmente del mismo independientemente del hecho de que su diag-nóstico, y la operación efectuada, hubieran sido correctos e indicados. Ello así ya que el hecho de que el médico no obtenga un “consentimiento informado” del paciente para intervenirlo quirúrjicamente constituye una causa de ac-ción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, ante, inde-pendiente y distinta de una causa por negligencia médica en el diagnóstico o tratamiento. Véase K. Norrie, Medical Malpractice: The Scope of Informed Consent in Negligence, 32 Int’l S. Comp. L.Q. 229 (1983). La doctrina del consentimiento informado fue recientemente discutida por este Tribunal en Rodríguez Crespo v. Hernández, ante, pág. 664, donde expresamos que ésta

... impone al médico el deber de informar a su paciente acerca de la naturaleza y riesgos de un tratamiento médico propuesto, de manera que el paciente se encuentre en la posición de hacer una decisión inteligente e informada. (Citas omitidas.)

Claro está, de no establecerse por la parte demandante en un caso de impericia médica como el de autos, por preponderancia de la prueba, la existencia de un “daño”, poco importaría que el cirujano no hubiera obtenido de su paciente el “consentimiento informado” que se requiere en esta clase de situaciones. Rodríguez Crespo v. Hernández, ante, págs. 665-666. Acometemos, en consecuencia, la encomienda de determinar si en el presente caso la prueba que presentara el demandante Santiago Otero en efecto estableció que él sufrió un daño como consecuencia de la operación a la que fue sometido por la doctora Méndez.

Al examinar la prueba presentada a nivel de. instancia, debemos tener presente que este Tribunal ha expresado que, al cumplir con nuestra función revisora en casos de impericia médica, la decisión que hagamos debe ser una fundada en la prueba vertida en el juicio por los peritos y en la prueba documental. En ausencia de prueba, no es función de este Tribunal establecer, a nivel apelativo, los elementos requeridos por el Art. 1802 del Código Civil, ante; esto es, no debemos ceder a la tentación de sustituir el criterio de los peritos médicos por el nuestro, a base de un estudio a nivel apelativo de la literatura disponible. Rodríguez Crespo v. Hernández, ante, pág. 649; Ríos Ruiz v. Mark, ante.

La determinación del tribunal de instancia, a los efectos de que el demandante Santiago Otero padece los efectos de la condición conocida como eyaculación retrógrada y/o de impotencia, descansa, de manera exclusiva, en el testimo-nio del demandante; ello así ya que los testimonios de los peritos urólogos por él presentados, esto es, el doctor Du-bocq y el doctor Duncan, realmente no sostienen dicha determinación. Veamos.

Como parte de su testimonio, el doctor Dubocq señaló que Santiago Otero se había quejado de padecer de dificul-tades urinarias, al igual que “cuando iba a tener relaciones sexuales notaba que no eyaculaba”. T.E., pág. 202. Señaló, además, que éste le había expresado que dicha situación le producía “temor a llevar a cabo sus relaciones sexuales de-bido a que esto le producía cierto grado de impotencia en el sentido de que le daba miedo el no poder eyacular”. íd. El doctor Dubocq señaló que una de las complicaciones de la operación efectuada por la doctora Méndez —resección transuretral del cuello de la vejiga— es la eyaculación re-trógrada, la cual produce un problema de esterilidad y no de impotencia. íd., pág. 203. Añadió que aproximada-mente un 50% de los pacientes que se someten a esta ope-ración desarrollan eyaculación retrógrada. íd., pág. 231. A preguntas del abogado de la parte demandada, el doctor Dubocq admitió que le era muy difícil comprobar si el pro-blema del demandante Santiago Otero era uno real o ima-ginario; habiendo este perito admitido en corte abierta el haber expresado, con anterioridad al juicio, que no encon-traba daño orgánico alguno en el demandante. Admitió, además, que estaba de acuerdo con la apreciación médica de su compañero de oficina, doctor Acevedo, a los efectos de que “duda mucho [qué\ el paciente \tenga\ patología or-gánica”-, ya que las pruebas médicas a las que fue sometido el demandante no evidenciaron orgánicamente su falta de eyaculación.

El otro perito médico de la parte demandante, el doctor Duncan, declaró que no había hecho ningún examen mé-dico al paciente Santiago Otero para corroborar su alegada condición de impotencia y de eyaculación retrógrada. T.E., pág. 123. Adujo que sus conclusiones, a los efectos de que Santiago Otero padecía de eyaculación retrógrada, se sos-tenían únicamente en los récord médicos. Declaró que si el paciente se queja de impotencia, ello es el resultado de la operación efectuada por la doctora Méndez. Id., pág. 118. En cuanto a este punto resulta procedente enfatizar, sin embargo, que el perito de la parte demandada, doctor Gon-zález, declaró que no había prueba médica a los efectos de que Santiago Otero padeciese de eyaculación retrógrada, ya que los récord médicos no demostraban tal condición orgánica. Id., pág. 311.

Por su parte, el demandante Santiago Otero testificó que luego de la operación experimentó dolores en el área baja del estómago que le eran constantes y que su vida sexual se afectó completamente; aunque más tarde aclaró que los problemas sexuales surgieron desde el accidente y que luego se agravaron con la operación. T.E., pág. 351. Alegó que estaba impotente y que luego de la operación no había podido lograr una erección. Id., págs. 338-339. Cabe señalar que el demandante, así como los médicos que lo examinaron, declararon que con anterioridad al accidente el demandante Santiago Otero tenía problemas de inferti-lidad por deficiencias en sus espermatozoides. íd., pág. 345.

Ante estos testimonios, cuando menos conflictivos, el tribunal de instancia determinó que el demandante había quedado con esterilidad permanente, eyaculación retró-grada e impotencia total. Dicha determinación, como he-mos podido notar, encuentra apoyo únicamente en el testi-monio del propio demandante.

Tenemos, en resumen, ante nuestra consideración una situación en que ninguno de los peritos médicos que testi-ficaron ante el tribunal de instancia —los peritos de la parte demandante, la parte demandada e, inclusive, un pe-rito del tribunal— pueden asegurar o establecer el hecho de que en efecto el demandante Santiago Otero padece de eyaculación retrógrada y/o impotencia. Tan es así que, ter-minado el desfile de la prueba pericial de ambas partes, como consecuencia de la “ambivalencia” expresada y de-mostrada por el juez de instancia sobre si en efecto el de-mandante sufría o no de dichas condiciones, las partes es-tipularon someter al demandante a la evaluación de un perito imparcial y objetivo; procedimiento poco usual si se considera que ya había desfilado totalmente la prueba de las partes. Este testigo tampoco pudo arrojar “luz” al respecto; ello debido a las condiciones y circunstancias que explicó en su reporte.

La determinación sobre el daño sufrido por el demandante, si alguno, descansa totalmente en el testimonio que, a esos efectos, brindara el demandante. No hay duda que constituye norma reiterada, y trillada, que el testimo-nio de un solo testigo sobre un hecho, que le merezca en-tero crédito al tribunal, es suficiente para que dicho hecho quede establecido. Regla 10(D) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991). No es menos cierto, sin embargo, que el testi-monio del demandante Santiago Otero es uno interesado y prejuiciado. Por otro lado, no podemos echar a un lado, e ignorar, el hecho de que, aun frente al testimonio del de-mandante, el juez de instancia obviamente tuvo duda so-bre el mismo; duda y ambivalencia, repetimos, que causó —a solicitud del propio juez de instancia— la estipulación de las partes sobre la designación de un “perito del tribunal”. Por último, tenemos el hecho incuestionable que del testimonio ofrecido por los peritos médicos presentados por el propio demandante no se puede concluir que éste en efecto sufre de la condición conocida como eyaculación re-trógrada y de impotencia.

Ante este cuadro de hechos, somos del criterio que de-bemos rechazar la determinación que hiciera el tribunal de instancia sobre la lesión o daño sufrido por el demandante como consecuencia de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por la doctora Méndez; ello por razón de que dicha determinación, a nuestro entender, no constituye el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba presentada en el caso. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982); Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, ante.

No habiéndose establecido que el demandante Santiago Otero en efecto sufrió un “daño”, éste no tiene causa de acción contra la demandada doctora Méndez al amparo de las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, ante. Rodríguez Crespo v. Hernández, ante; Medina Santiago v. Vélez, ante.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Fuster Berlingeri disintieron sin opinión escrita.

       Lesión en la vejiga. 4B Attorney’s Textbook of Medicine Sec. 285 B.11 (1950).

        Cistitis es la inflamación de la vejiga urinaria; ésta con frecuencia es provo-cada por una infección. La crisis más aguda puede cursar con hematuria, que se acompaña de dolor en forma de calambre en la región inferior del abdomen que persiste después de haber vaciado la vejiga. Diccionario Médico Teide, Barcelona, Ed. Teide, 1988.

       Visualización directa de la vía urinaria mediante un cistoscopio insertado en la uretra. Se distiende la vejiga con aire o líquido y se realiza la exploración bajo sedación o anestesia, con el paciente en ayunas y en posición de litotomía. También se emplea para obtener biopsias de tumores u otras lesiones y para extirpar pólipos. Enciclopedia de medicina y enfermería Mosby, Barcelona, Ed. Océano, 1992.

        Circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepusio del pene. Diccionario Médico Teide, ante.
      Esta intervención quirúrgica fue hecha a petición de Santiago Otero, por estar padeciendo de inflamaciones crónicas.

       Se entiende por hipertrofia del cuello de la vejiga como el aumento en el número de células en el cuello de la misma, causando un aumento en el tamaño del mismo y como resultado de ésto obstruyendo la salida de la orina. Ocurre por lo general en hombres mayores de edad; la causa es desconocida, aunque se especula que puede ser por desbalances hormonales que ocurren al envejecer la persona. Cantor, Traumatic Medicine and Surgery for the Attorney, Washington, Ed. Butterworth, 1961, Vol. V, pág. 55.

       Resección transuretral o resección de la próstata es una intervención que se efectúa cuando la glándula prostática se ha hipertrofiado; consiste en la extirpación de la glándula o parte de ella a través de la uretra utilizando un instrumento deno-minado “resectoscopio”. Diccionario Médico Teide, ante.

       Radiograma de la pelvis renal, el medio de contraste se inyecta por vía in-travenosa, la que pasa rápidamente a la orina. Véase Diccionario terminológico de Ciencias Médicas, 8va ed., Barcelona, Ed. Salvat, 1963.

       Registro gráfico en una serie de placas radiológicas obtenidas en el curso de una urografía excretora, una pielografía retrógrada o una cistoscopía retrógrada. Enciclopedia de medicina y enfermería Mosby, ante.

       A la fecha de la radicación de la demanda, los demandantes eran novios y se proponían contraer matrimonio. Posteriormente la señorita Quiles retiró su demanda por falta de interés.

       para ia fecha de la radicación de la demanda, el demandante, por descono-cer el nombre de la compañía de seguros, la identificó como “John Doe Insurance Company”.

        Eyaculación retrógrada es la condición por la cual, al momento de un hombre tener coitus, en vez de eliminar el semen hacia el exterior lo envía hacia la vejiga. T.E., pág. 203.

       El demandante Santiago Otero fue examinado por el doctor Capó los días 4 de octubre y 2 de noviembre de 1988. En la primera visita el demandante se encon-traba bajo los efectos de tranquilizantes, por lo que el doctor Capó se comunicó con el psiquitra de éste, doctor Jiménez Velázquez, para considerar la posibilidad de retirar o disminuir los medicamentos temporalmente mientras se llevaban a cabo los análisis. El doctor Jiménez le expresó que atribuía la impotencia y falta de libido del demandante Santiago Otero a su marcada depresión. En la siguiente visita el de-mandante Santiago Otero, a pesar de haber suspendido sus medicamentos por una semana, lucía omnibulado y en estado de depresión. En esta segunda visita no le fue posible la masturbación, no pudiendo así someterse a los exámenes correspondientes.

       Véase Cantor, ante, pág. 554.

       Véanse: Cantor, ante, pág. 552; Morton, ante, pág. 236.

       paj-a diagnosticar una hipertrofia del cuello de la vejiga hay que examinar el historial médico, hacer un examen físico, estudios de laboratorio y radiológico, y una cistoscopía en la cual se pueda observar la próstata, la uretra y la vejiga. Cantor, ante, pág. 553; Attorney’s Textbook of Medicine, ante.

       Uno de los peritos de la parte demandante, doctor Dubocq, señaló que no estaba fuera de lo concebible que el demandante tuviese una hipertrofia, aunque alegó que lo encontrado en la segunda cistoscopía pudiese haber sido producto de una inflamación o una infección en la vejiga.

       Hizo sus estudios en medicina en el Colegio Médico de Virginia; su especia-lidad en urología en la Universidad de Cincinnati. Ha publicado artículos de urología pediátrica, cáncer de la vejiga, reacciones de la vejiga ante tratamientos de radia-ción, entre otros.

       Hizo sus estudios de medicina con especialidad en Urología en la Universi-dad de Puerto Rico.

       Hizo sus estudios de medicina en la Universidad de Temple, Filadelfia. Fue Director del Departamento de Urología del Hospital Oncológico González Martínez. Es profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico y Universidad de Medicina de Cayey y fue, además, Director Médico del Departamento de Urología de la Univer-sidad de Puerto Rico.

       jy[j? Campbell y J. Hartwell, Urology, 3ra ed., Filadelfia, Ed. Saunders Co., 1970, Vol. II. Surge de la prueba pericial de ambas partes que la tercera edición de este texto estaba vigente a la fecha de la operación, a saber, en enero de 1978. La cuarta edición fue publicada en julio de 1978. Este texto es reconocido como una autoridad en la profesión médica de Estados Unidos.

       Como señaláramos anteriormente, una hipertrofia, al igual que una contrac-tura en el cuello de la vejiga, son obstrucciones urinarias, aunque las mismas son producidas por diferentes razones.

       Para jurisprudencia en que se ha realizado un TUR, para padecimientos relacionados con la vejiga y próstata, véanse: Livings v. Lanasa, ante; Roussel v. Sharp, ante; Smith v. South Share Hosp., 543 N.E.2d 868 (1989); Chiero v. Chicago

        Osteopathic Hospital, 392 N.E.2d 203 (1979); Mitz v. Stern, 183 N.W.2d 608 (1970); Cleveland v. Wong, ante; Beatly v. Morgan, ante; Buie v. Reynolds, ante.

       Cabe señalar que este Tribunal ha expresado que el médico, al practicar una intervención quirúrgica en una persona sin su consentimiento, no incurre en el delito de acometimiento y agresión, por carecer esta acción del elemento esencial de la intención; constituyendo una acción de negligencia al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Rojas v. Maldonado, 68 D.P.R. 818 (1948).

       La doctrina de consentimiento informado se basa en el derecho fundamental que consagra la inviolabilidad del cuerpo humano como un derecho inalienable de las personas. Véanse: Pueblo v. Najur Bez, 111 D.P.R. 417, 422 (1981); Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1963); Torres v. Hospital Dr. Susoni, Inc., 95 D.P.R. 867 (1968); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987); H.M. Brau y R.A. Marcial Rojas, La doctrina del consentimiento ilustrado para tratamiento médico, 54 Rev. Jur. U.P.R. 113 (1985).

       Ello así, naturalmente, siempre y cuando el médico hubiera obtenido origi-nalmente de su paciente el “consentimiento general” de éste para llevar a cabo la intervención quirúrgica. De no haber el médico obtenido dicho consentimiento general, el paciente tendría una causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, ante, contra el médico.
      Los elementos esenciales en una reclamación por daños y perjuicios basados en una alegación de impericia médica por no obtener el médico un consentimiento in-formado, antes de efectuar una operación o tratamiento, son: (1) determinar si el médico tenía el deber de divulgar determinada información; (2) determinar la infor-mación específica que debe ser divulgada, y (3) determinar si la causa próxima del daño alegado fue la falta de divulgación de los riesgos envueltos en dicha operación o tratamiento. G.F. Tietz, Informed Consent in the Prescription Drug Context: The Special Case, 61 Wash. L. Rev. 367, 371 (1986).

       Sabido es que una acción judicial para exigir resarcimiento por los daños ocasionados por un acto de impericia médica equivale a un caso ordinario de daños y perjuicios por negligencia. Todo lo que se requiere es que la parte demandante esta-blezca por preponderancia de prueba: (1) la existencia de una lesión o padecimiento (daño); (2) que el profesional no actuó de acuerdo a las normas mínimas de cuidado exigidas a la profesión médica (negligencia), y (3) la relación causal entre la actua-ción u omisión del médico y el daño. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380, 385 (1988).

       Reconocemos, sin embargo, que éste no descartó que “si el paciente desarro-lla ciertos problemas a consecuencias de que eyacula retrógrado ... podía producir posiblemente cierto grado de impotencia”. T.E., pág. 203.

       Con anterioridad a la vista, el 18 de enero de 1980 y en contestación a una carta del Ledo. Noel Colón Martínez, el doctor Dubocq había expresado: “no encon-

        tramos quo el paciente tenga daños orgánicos.” (Énfasis suplido.) T.E., págs. 227-228.

       El paciente Santiago Otero fue examinado el 24 de noviembre de 1978 por el doctor Acevedo.

       La opinión pericial del doctor Duncan se basó en: los récord médicos de los hospitales en que estuvo recluido el demandante; informe siquiátrico del doctor ftuiz; carta del doctor Nadal; informes de resultados de rayos X efectuados por el doctor Landrón Bou; anotaciones en los récord de la oficina del doctor Duncan y doctor Dubocq; y en los récord médicos de la doctora Méndez.

       Como indicáramos anteriormente, el juez de instancia había expresado, con anterioridad a este dictamen, que no podía llegar a la “máxima certeza posible” sobre la condición del demandante Santiago Otero.

       Naturalmente, las expresiones del juez de instancia a los efectos de que no podía tener la “máxima certeza posible” sobre la condición del demandante consti-tuye una posición errónea y poco afortunada de parte de dicho magistrado. Conforme nuestro ordenamiento, un hecho se prueba, en los casos civiles, por “preponderancia de la prueba”. Véanse: Regla 10(F) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981).

       La conclusión a la que llegamos hace innecesaria la consideración sobre si el demandante prestó, o no, un consentimiento informado para la operación de que fue objeto, como tampoco los señalamientos de errores de la Corporación Insular de Seguros.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Cruz Maldonado Rivera y Aligna Rosa Rivera, acusados y peticionarios.

      Número: CE-93-455

      Resuelto: 25 de marzo de 1994

      José A. Andréu Fuentes, abogado de los peticionarios; Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Aida Sleana Oquendo Graulan, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Con motivo de una confidencia recibida, sobre supuesta actividad clandestina relacionada con el “juego ilegal de la' bolita”, el agente Jorge L. Torres Torres —adscrito a la División de Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico, División de Ponce— prestó una vigilancia, respecto a una residencia ubicada en la jurisdicción del pueblo de Villalba, durante el 2 y 9 de septiembre de 1992; haciendo unas observaciones que, conforme su criterio, corroboraban la información recibida en dicha confidencia sobre actividad delictiva relacionada con el “juego de la bolita”. El agente Torres procedió a prestar una declaración jurada ante un magistrado, el 23 de septiembre de 1992, en la cual plasmó lo antes expresado; expidiéndose la correspondiente orden de registro y allanamiento contra una residencia propiedad del peticionario Cruz Maldonado Rivera, la cual fue alla-nada por la Policía de Puerto Rico ese mismo día.

Como consecuencia del allanamiento realizado, y la evi-dencia encontrada en el mismo, el Ministerio Fiscal radicó un pliego acusatorio ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, contra el dueño de la residencia alla-nada, el peticionario Cruz Maldonado Rivera, y contra Al-gina Rosa Rivera, persona que se encontraba en la misma al momento del allanamiento, en el cual pliego acusatorio se le imputó a ambos una violación a la Sec. 10 de la Ley Núm. 220 de 14 de mayo de 1948, conocida comúnmente como la Ley de la Bolita, 33 L.P.R.A. see. 1256.

Los imputados presentaron, el 1ro de marzo de 1993, una “moción en solicitud de supresión de evidencia”. En la misma alegaron, en lo pertinente y entre otros, como fun-damento para solicitar la supresión que:

b. ... lo afirmado bajo juramento por él agente investigador Torres Torres en la declaración jurada que dio base a la expe-dición de la orden de allanamiento, es falso, total o parcialmente. (Enfasis suplido.) Apéndice II, pág. 1.

El Ministerio Público, mediante escrito de 30 de abril de 1993, se opuso a la moción de supresión antes mencionada. El tribunal de instancia, originalmente, señaló vista para la dilucidación de la moción de supresión radicada. Poste-riormente, y de manera sorpresiva, declaró la misma sin lugar “de plano”. El señalamiento de vista anteriormente mencionado, naturalmente, quedó sin efecto ipso facto. Ra-dicada una moción de reconsideración por los aquí peticio-narios —en la cual éstos, de manera expresa, solicitaron la celebración de vista— la misma fue declarada sin lugar por el foro de instancia.

Inconformes, acudieron ante este Tribunal —vía certio-rari— los peticionarios Maldonado Rivera y Rosa Rivera. En el recurso que a esos efectos radicaron, le imputaron al tribunal de instancia haber errado

... al declarar NO HA LUGAR de plano la Moción de Supresión de Evidencia presentada por los acusados, y por consiguiente, al no señalar una Vista Evidenciaría con anterioridad al juicio donde puedan dilucidarse los planteamientos aducidos en la referida Moción de Supresión de Evidencia. (Énfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 3.

Mediante Resolución de 18 de noviembre de 1993, le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa

... por la cual este Tribunal no deba revocar la resolución dene-gando, de plano, la moción de supresión de evidencia y devolver el caso al foro de instancia para que celebre vista sobre la misma. (Énfasis suplido y en el original.)

El Procurador General ha comparecido en cumplimiento de la orden de mostrar causa emitida. En su excelente com-parecencia nos invita a que modifiquemos, un tanto, la ju-risprudencia establecida por este Tribunal a los efectos de que —alegado por la defensa que lo expuesto en la decla-ración jurada que dio base a la orden de allanamiento ex-pedida es falso, total o parcialmente— procede que el foro judicial señale, y celebre, una vista evidenciaría con el pro-pósito de dirimir, a base de la credibilidad que le merezcan los testigos en la vista, dicha alegación; ello en vista del hecho de que la referida casuística es de fecha anterior a la enmienda que sufriera en 1988 la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Veamos si procede la modificación sugerida.

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Antes de la enmienda que sufriera en el año de 1988 la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II (ed.1971), disponía que:

La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la regla anterior la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal alla-namiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cual-quiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento ó registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allana-miento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimen-tada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho ne-cesaria para la resolución de la solicitud. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fun-damento legal que lo impidiere, y no será admisible en- eviden-cia en ningún juicio o vista. La moción se hará cinco días antes del juicio a menos que no hubiere oportunidad para ello o que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal. (Enfasis suplido.)

Al amparo de dichas disposiciones, resolvimos —en Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92, 109-110 (1987)— en lo pertinente, que:

Una simple lectura de la transcrita disposición legal es todo lo que se necesita para concluir que el magistrado que presida una vista sobre supresión de evidencia al amparo de la citada Regla 234 efectivamente está facultado para adjudicar o dirimir credibilidad en la misma. Ello es consecuencia lógica e inescapable de los términos en que está concebida dicha disposición legal. Si el tribunal está facultado para oír prueba sobre “cual-quier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la soli-citud” y uno de los fundamentos para declarar con lugar la misma precisamente lo es que “lo afirmado bajo juramento en la declaración [que sirvió de base para la expedición de la orden de allanamiento] es falso, total o parcialmente”, resulta obvio que el tribunal tiene el poder para adjudicar credibilidad en dicha vista. (Énfasis suplido.)

Consecuencia, igualmente lógica e inescapable, de lo anteriormente expresado lo es la obligatoriedad del señalamiento, y celebración, de una vista, en la cual el tribunal adjudicará, a base de la credibilidad que le merezcan los testigos que presenten las partes, la validez o corrección de la alegación de la defensa a los efectos de que lo afirmado bajo juramento en la declaración, que sirvió de base a la orden de allanamiento expedida es o no falso.

Procede que recordemos, en adición, que dicha vista de supresión deberá, de ordinario, ser celebrada antes del jui-cio, Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986); ello debido al hecho de que es “contrario a esa economía [procesal] esperar al día del juicio para hacer una pausa en el mismo a los fines de dilucidar la cuestión colateral sobre admisibilidad de una prueba cuyo ofrecimiento en el juicio debió anticiparse”. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 750-751 (1986).

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El 5 de julio de 1988, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 65 (34 L.P.R.A. Ap. II), la cual enmendó la citada Regla 234 de Procedimiento Criminal; en específico, el párrafo final de la misma. A esos efectos, se estableció que:

En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evidencia en nin-gún juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se presen-tará cinco (5) días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término o que al acusado no le constaren los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la, evi-dencia surgiere de la prueba del fiscal. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II.

Como podemos notar, ya no basta con que el promovente de la moción de supresión escuetamente alegue uno de los fundamentos que se enumeran en la referida Regla 234 de Procedimiento Criminal; ahora la citada Regla 234 exige que se expongan “los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa la” moción de supresión presentada. Como consecuencia de ello, el Procurador General sostiene que el promovente de la misma dehe demostrar que existe una controversia sustancial de hecho que haga necesaria la celebración de una vista evidenciaría. Más importante aún, sostiene el Procurador que, en ausencia de esa demostración por parte de la defensa, el tribunal deberá poder resolver la moción de supresión a base de los escritos presentados por las partes; esto es, sin la celebración de una vista evidenciaría.

Dicha posición, no hay duda, es una meritoria que merece nuestro aval. En primer lugar, la misma resulta en una justificada economía procesal y en una sana y mejor administración de la justicia, por razón de tener el efecto de que el tribunal podrá disponer, con mayor rapidez, de mociones de supresión que son frívolas e infundadas. En segundo término, dicha norma no sólo ilustra de forma óptima al tribunal sobre la controversia que éste tiene que dilucidar sino que pone en condiciones al Ministerio Público de poder refutar, correcta y sucintamente, las alega-dones de la defensa; lo cual, naturalmente, resultará en una mejor y justa determinación judicial. En adición, dicha norma es congruente con la norma jurisprudencial a los efectos de que el promovente de una moción de supresión, en situaciones en que el allanamiento en controversia fue realizado en virtud de orden judicial previa, tiene la obli-gación de demostrar que el registro, y la incautación de la evidencia, fue irrazonable, y, por consiguiente, ilegal. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 177 (1986). Por úl-timo, al así resolver, estamos siguiendo la obvia intención del legislador al enmendar en 1988 la antes citada Regla 243 de Procedimiento Criminal.

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Ello no obstante, y en relación con el caso hoy ante nuestra consideración, somos del criterio que lo procedente y más justo es que no apliquemos, de manera automática, la norma hoy establecida al mismo; ello en vista del hecho de que la representación legal de los aquí peticionarios, al radicar la moción de supresión, cumplió con la norma pro-cesal jurisprudencial entonces vigente. Véase Pueblo v. Cruz Jiménez, 99 D.P.R. 565, 568 (1971). Consideramos procedente dejar sin efecto la resolución recurrida y devol-ver el caso al foro de instancia con instrucciones para que, una vez recibido el mandato y dentro del término de cinco (5) días, la representación legal de los peticionarios pre-sente, o exprese, por escrito, ante el foro de instancia, “los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa” (34 L.P.R.A. Ap. II) su moción de supresión de evidencia, luego de lo cual el tribunal de instancia deberá determinar, conforme lo aquí resuelto, el curso de acción a seguir; esto es, ratificar su no ha lugar o señalar una vista evidenciaría para dilucidar los señalamientos de los peticionarios.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García “disiente de de-volver el caso a instancia para que se reformule la moción de supresión, ya que la enmienda de 1988 existía al mo-mento de su presentación”. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió de las partes I y III de la opinión. El Juez Presidente Señor Audréu García se inhibió.

       En dicho allanamiento, y conforme el inventario realizado, se ocupó: una escopeta calibre 12 cargada, listas conteniendo números, las últimas tres (3) cifras de los tres (3) primeros premios del sorteo de la Lotería celebrada el 23 de septiembre de 1992, nombres de personas y la cantidad de veces jugadas.

        En adición, se ocupó un maletín negro, en cuyo interior se encontró la suma de $15,374 en efectivo, $3,915.20 en cheques, y unas libretas de banco, de ahorros, por la suma de $82,765.98.

       En lo pertinente, consistente dicha violación “en que actuando como dueños y administradores de bancas clandestinas se dedicaban a la colección o recolección, distribución, almacenaje, arreglo y cotejo de material y dinejo, conectado y relacio-nado con bancas clandestinas que operan en Puerto Rico”. (Énfasis suplido.)

       En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 65 de 5 de julio de 1988, se expresó que:
      “La experiencia ha demostrado que en la etapa anterior al juicio se producen un gran número de suspensiones que contribuyen a dilatar el procedimiento desde su inicio.
      “Uno de los factores que más contribuye a la demora en los procedimientos antes del juicio es la presentación de mociones sin fundamntos específicos de hecho y derecho. Esto no permite que el juez pueda hacer una determinación a base de los escritos presentados. Tampoco permite al Ministerio Fiscal contestar adecuada-mente a la moción al desconocer los fundamentos que tiene el acusado para presentarlo. Encontramos con frecuencia que el juez se ve obligado a señalar una vista para discutir la moción ya sea para la desestimación, el traslado, la inhibición del juez o la separación o acumulación de causas. Esta situación provoca dilaciones y suspensiones innecesarias.” 1988 Leyes de Puerto Rico 315-316.


author: per curiam:

text:
      In re Héctor Serrano Mangual.

      Número: 9185

      Resuelto: 25 de marzo de 1994

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

El 10 de diciembre de 1993 emitimos la si-guiente resolución:

Se le ordena al Lie. Héctor Serrano Mangual que dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta resolución, corrija las deficiencias señaladas por el Director de Inspección de Notaría. Dentro de dicho término, de-berá también explicar las causas para dicho incumplimiento. Se le apercibe que de no cumplir con esta Resolución podría ser sancionado.

Surge del expediente que el licenciado Serrano Mangual no ha comparecido a pesar de nuestra orden.

Hemos expresado en numerosas ocasiones que se-remos estrictos cuando los abogados no contesten nuestras órdenes a pesar de haber sido emplazados para ello. Véanse: In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

“Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presentada en su contra que está siendo investigada.” In re Colón Torres, supra, págs. 493-494 (citado también en In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992), y en In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992)).

El licenciado Serrano Mangual demuestra una intolerable obstinación al no cumplir las órdenes de este Tribunal, por lo que es claro que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la abogacía en nuestro país.

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. Héctor Serrano Mangual, hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosa-mente con nuestras órdenes y el Tribunal disponga lo que proceda en derecho.

Se dictará la sentencia correspondiente.


text:
      In re Héctor Tormos Blandino.

      Número: AB-92-121

      Resuelto: 28 de marzo de 1994

      Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, Iván F. Fuster Lebrón, Procurador General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo; Héctor S. Tormos Blandino, pro se.

   per curiam:

A. Mediante Sentencia de 13 de julio de 1992, resolvimos los recursos gubernativos CE-86-230 y CE-86-231, Juan Crispin Jorge, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sec. II, San Juan, recurrido.

Con vista a los pronunciamientos en esa sentencia y a los datos que surgían de los autos del Caso Civil Núm. 83-6096, Miguel Crispin Jorge y otros, demandantes, v. Juan Crispin Jorge, demandado, ordenamos a la Oficina del Procurador General una investigación sobre la con-ducta profesional del Ledo. Héctor S. Tormos Blandino y que nos rindiera un informe con sus recomendaciones.

En su informe de 13 de agosto de 1993, el Procurador General expone que el licenciado Tormos Blandino incurrió en conducta impropia violatoria de los Cánones 33 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Por su parte, en su comparecencia a una orden de mos-trar causa por la cual no debía ser disciplinado, el licen-ciado Tormos Blandino insiste en que actuó correctamente; argumenta de nuevo en favor de la causa de su cliente Juan Crispin Jorge, la cual se finalizó y adjudicó en su contra; nos pide que revoquemos una resolución judicial, y que validemos un Certificado de Compraventa de Bienes Inmuebles, una escritura pública y ordenemos al Registra-dor de la Propiedad reinscribir el Expediente de Dominio.

De entrada, es evidente la improcedencia de sus argumentos, los cuales pretenden revivir y revisar dictámenes judiciales finales y firmes. Sus pedidos son a destiempo, por lo cual reproducimos nuestra Sentencia de 13 de julio de 1992:

I
Claudiano (t/c Claudio) Crispin Serrano era dueño de una finca rústica en el Barrio Caimito de Río Piedras. Durante los años 1928 al 1936, no pagó las contribuciones y acumuló una deuda ascendente a $102.66.
Por tal razón, el 10 de noviembre de 1937, mediante pública subasta celebrada en la Colecturía de Río Piedras, la finca fue adquirida por Luis Ubarri. No estaba inscrita en el Registro de la Propiedad. El 6. de abril de 1938, el Colector de Rentas In-ternas emitió el correspondiente Certificado de Compra de Bien Inmueble a favor de Ubarri. Consignó una cabida de seis punto cinco (6.5) cuerdas. Ubarri no la inscribió.
En 1949 Ubarri, mediante contrato privado, alegadamente la vendió a Juan Crispin Jorge, hijo de Claudiano. Al Juan perca-tarse de que no estaba inscrita, le solicitó a Ubarri que ambos efectuaran las gestiones pertinentes conducentes a ese fin. No es hasta muchos años después, que Ubarri, mediante el Afidá-vit Núm. 736 de 12 de diciembre de 1983 —otorgado ante el notario Segilfredo Puente Castro— y el Afidávit Núm. 782 de 23 de abril de 1984 —otorgado ante el notario Reyes Vigo V[e]lázquez— declara que, en o alrededor del mes de julio de 1949 cedió, vendió y traspasó todos sus derechos en dicha pro-piedad a favor de Juan. Además, para darle autenticidad a la supuesta compraventa, ambos comparecieron ante el notario Puente Castro y otorgaron la Escritura Núm. 2, en la que for-malizaron y ratificaron dicho negocio. En este documento acla-raron que la cabida correcta era de 26,443.2513 m.c., equiva-lentes a 6.7279 cuerdas; una diferencia nominal de 0.2279 partes de una cuerda a la del Certificado del Colector de Rentas Internas.
Para inscribirla a favor de Ubarri, el 10 de septiembre de 1985 se presentó en el Registro de la Propiedad, Sección II, San Juan, dicho Certificado de Compraventa y la Escritura Núm. 2.
El 19 de febrero de 1986, el Registrador de la Propiedad (Hon. Ángel González Román) denegó la inscripción de ambos documentos. Adujo como faltas:
“1. En el certificado de compra, no se expresa las circuns-tancias personales del comprador. (Art. [sic] Royal Bank of Canada [v. Registrador,] 104 DPR 400 [1985] y Art. 68 de Ley [Hipotecaria])
2. a. y en la esc. #2, tanto el vendedor como el comprador comparecen casados, y no se expresa con quiénes así como tam-poco comparecen las esposas. Art. 68 Ley Hip. y Art. 80.2 Regí. Hip.
b. El documento [Escritura Núm. 2] incluye una nueva descripción de la finca, de la cual resulta una mayor cabida sin que se cumplan con los requisitos de ley para una rectificación de cabida. (Art. 68, Ley Hip. y Art. 247 Ley Hip.).”
Ante una oportuna recalificación, el 21 de marzo reiteró su denegatoria.
Inconforme Juan, el 9 de abril de 1986, presentó dos recursos gubernativos (CE-86-230 y CE-86-231). En el primero cues-tiona la falta sobre no constar en el Certificado las circunstan-cias personales de Ubarri y, en el segundo, discute los señala-mientos en torno a la Escritura Núm. 2.
Por razones obvias, para fines decisorios los hemos consolidado.
II
No tenemos que . penetrar en los méritos de esos señalamientos. El 30 de diciembre de 1987 nos fue referida una Resolución dictada el 29 de diciembre por el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Juez Nellie Ortiz Torres), en el pleito sobre división de herencia (Miguel Crispin Jorge y otros, demandantes v. Juan Crispin Jorge, demandado, Civil Núm. 83-6096(905)). La misma expone unos hechos dramáticos que inci-den ■ sustancialmente sobre las instancias regístrales. Allí se concluyó que el 27 de marzo de 1985 —aproximadamente cinco (5) meses antes de presentarse ante el Registrador los docu-mentos para inscribir la finca a favor de Ubarri, y luego, a Juan— se decretó la nulidad del dictamen emitido en el proce-dimiento de información de dominio (Civil Núm. 80-6324) que dio lugar a que se pretendiera inscribir la propiedad a nombre de Juan.
Específicamente surge que mientras se sustanciaban los pro-cedimientos en el referido caso de Miguel Crispin Jorge y otros, demandantes, v. Juan Crispin Jorge, demandado —Civil Núm. 83-6096(905) sobre división de herencia— el 15 de diciembre de 1985, el Lie. Héctor S. Tormos Blandino, representante legal de Juan Crispin Jorge, presentó, como parte de una acción de ex-pediente de dominio (Civil Núm. 66-904) incoada para determi-nar quién era el dueño de la finca, una moción solicitando el desglose de los documentos sometidos en evidencia durante la Conferencia con Antelación a Juicio. Precisamente, uno de los documentos solicitados fue el original del Certificado de Compra de Bien Inmueble. El 4 de enero de 1984, se autorizó al Ledo. Tormos Blandino a retirar del expediente los documentos solicitados sin que antes se fotocopiaran. Para fortuna de la dama de la Justicia, el anverso y el reverso de dicho documento fue descrito en su totalidad en la Conferencia con Antelación al Juicio, y a la fecha de su celebración —5 de septiembre de 1968— había una sola nota al dorso de la certificación que leía:
“Recibí de Claudino Crispin la cantidad de $114.98 como pago de mi remate a la finca de su propiedad efectuado el 10 de noviembre de 1937. Luis Ubarri [firma].”
No es necesario elucidar la importancia de esa nota: consti-tula un reconocimiento de Luis Ubarri a los efectos de que Claudino Crispin Serrano ejercitó el derecho a redención de la finca.
No obstante esa realidad, cuándo se suscitó el procedimiento sobre información de dominio (Civil Núm. 80-6324), curiosa-mente se le había adicionado al Certificado una segunda nota, mediante la cual Luis Ubarri alegadamente vendía a Juan.
Ante esa evidencia contundente, el tribunal de instancia, en la Resolución de la acción de división de herencia (Civil Núm. 83-6096), concluyó que se había perpetrado un fraude, pues esta segunda nota se había adicionado con posterioridad al des-glose solicitado por el Ledo. Tormos Blandino. Por ser revelado-res, transcribimos los párrafos de la Resolución del caso civil Núm. 83-6096 pertinentes:
“El fraude cometido lo fue, a nuestro juicio, en sus dos mo-dalidades tanto para con los demandantes miembros de la Su-cesión Crispin Jorge como para con el Tribunal puesto que para la fecha de la alegada venta (1949), cesión y traspaso privado entre Luis Ubarri y Juan Crispin Jorge, la finca estaba siendo poseída, alegadamente, por el causante [Claudiano Crispin Serrano] del aquí demandado [Juan Crispin Jorge] desde 1920, en adición al hecho de que el causante reclamaba ésta como de su propiedad privativa ....
Se ha traído a nuestra atención, luego de dictarse Senten-cia en este caso, que la parte demandada procedió en 10 de septiembre de 1985 a presentar al Registro de la Propiedad de Río Piedras Sur, Certificado de Compraventa emitido por el Se-cretario de Hacienda en 6 de abril de 1938. El Certificado so-metido al Registro de la Propiedad no es el original puesto que éste aún forma parte de los autos de este caso. En adición, pre-sentó Escritura #2 otorgada en San Juan a 27 de enero de 1984 ante el notario Segilfredo Puente Castro mediante la cual se ratifica alegadamente una venta, cesión y traspaso de la finca que nos ocupa por Don Luis Ubarri, a favor de Juan Crispin Jorge; todo ello a fin de lograr la inscripción de la finca objeto de esta acción a favor de Juan Crispin Jorge....
Atendido lo antes relacionado, el Tribunal por la presente ordena al Señor Registrador de la Propiedad de Río Piedras Sur para que se abstenga de efectuar inscripción alguna de dicha finca a favor de Juan Crispin Jorge apoyada en los documentos referidos o en cualesquiera otros originados en los documentos antes relacionados. Declara nulo, sin efecto alguno y ordena al Señor Registrador para que cancele cualesquiera asiento en los libros del Registro efectuado a favor de Juan Crispin Jorge con relación a dicha finca y le ordena en su lugar para que proceda a la inscripción de dicha finca a favor de los miembros de la Sucn. de Claudiano Crispin Serrano entre los cuales se encuen-tra el aquí demandado, Juan Crispin Jorge.” (Énfasis suplido.)
III
Los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso, no revisable en un recurso gubernativo. U.S.I. Properties, Inc. v. Re-gistrador, res. en 30 de junio de 1989, 124 D.P.R. [448] (1989), 89 JTS 66.
La existencia aquí del dictamen final y firme aludido, antes de presentarse al Registro los documentos que nos ocupan —en que se probó que la finca se redimió, y judicialmente se negó el derecho pretendido de Juan— son fundamentos válidos para confirmar, sin más examen, las negativas del Registrador. (Én-fasis suplido y en el original.) Sentencia de 13 de julio de 1992, págs. 1-6.

B. El informe del Procurador General no le imputa al licenciado Tormos Blandino haber gestionado ni instigado que se escribiera la segunda nota al dorso del documento. Aparentemente el Procurador General da crédito a su ver-sión de que “al confrontar al señor Ubarri al respecto, éste último le expresó que ‘eso no era así’ y acto seguido le arre-bató el documento de sus manos y escribió la segunda nota”. Informe, págs. 2-3. Para fines decisorios partimos de esa apreciación.

Aun así, la comparecencia del querellado Tormos Blan-dino no nos convence. En su declaración jurada ante el Procurador General, admitió que presentó unos documen-tos en el Registro de la Propiedad el 6 y 21 de marzo de 1985, es decir, con anterioridad a la sentencia dictada el 27 de marzo de 1985. Entre esos documentos estaba el Certi-ficado de Compra de Bienes Inmuebles, aun cuando le constaba que era objeto de disputa judicial.

Esa conducta del querellado infringió el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, pues el abogado “debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia”. Independientemente de su criterio profesional, no debió presentar al Registro de la Propiedad los documentos en controversia en el Caso Civil Núm. 83-6096, sobre División de Herencia, máxime cuando se dilucidaban los méritos del Expediente de Dominio Núm. 80-0324.

El querellado Tormos Blandino admitió que los presentó al Registro de la Propiedad antes de que se dictara la sen-tencia en el Caso Núm. 83-6096. No obstante, la investiga-ción del Procurador General reveló que una vez dictada esa sentencia —ordenando la cancelación de la inscripción a favor de su cliente y declarando nulo el proceso seguido en el Expediente de Dominio en el Caso Civil Núm. 80-6324— procedió a presentar ante este Tribunal los dos (2) recursos gubernativos ante las notas denegatorias de inscripción decretadas el 21 de marzo de 1986 por el Registrador de la Propiedad. Al presentarlos, le constaba que se había orde-nado la inscripción del inmueble a favor de todos los miem-bros de la sucesión.

La presentación de estos recursos gubernativos para defender una inscripción inexistente en el Registro de la Pro-piedad infringe el deber de sinceridad para con este Tribunal. Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

Su excusa de que lo hizo por entender que las disposi-ciones de ley que rigen en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y su reglamento, junto al Código Político, “están divorciados de otros procedimientos en ley”, es su-mamente socorrida. Al decretarse la nulidad del expe-diente de dominio en el Caso Civil Núm. 80-6324 y orde-narse la cancelación de la inscripción que existía a favor de su cliente Juan Crispin Jorge, no había razón válida al-guna de continuar adelante para lograr una inscripción a favor de una persona cuyo derecho había dejado de existir por decreto judicial.

En resumen, concluimos que Tormos Blandino violó los Cánones 38 y 35 del Código de Ética Profesional, supra, respectivamente. Ese proceder no sólo es censurable, sino que conlleva suspenderlo de la abogacía por el término de seis (6) meses.

Se dictará la correspondiente sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

       Cabe señalar que la acción sobre expediente de dominio (Caso Civil Núm. 66-904) fue promovida por Claudiano, padre de Juan. El caso no se vio en su fondo. Las partes informaron al tribunal de instancia que habían llegado a una estipulación que presentarían en autos posteriormente. Nunca se hizo y se archivó por abandono.
      No obstante, se había celebrado previamente la aludida Conferencia con Ante-lación al Juicio durante la cual se sometió, como parte de la prueba, el original del Certificado de Compra emitido por Hacienda en 1938.

       Declaró que actuó así porque “ ‘creía fehacientemente conforme al derecho notarial y el derecho de registration (sic) de propiedad, la ley hipotecaria y su regla-mento que no existía tal derecho de herencia’ en el Caso 83-6096 ... siempre entendió que la sentencia a dictarse en su día en el caso 83-6096 habría de ser favorable, a su cliente’ ”. Informe, pág. 4.


text:
      In re Graciany Miranda Marchand y Arturo Nieves Huertas, querellados.

      Número: MC-83-42

      Resuelto: 29 de marzo de 1994

      Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Eliadís Orsini Zayas, Procura-dora General Auxiliar, e Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Julio Eduardo Torres, abogado del Lie. Graciany Miranda Marchand; Harold D. Vicente, abogado del Lie. Arturo Nieves Huertas.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

I

La querella que da lugar al caso de epígrafe, en lo refe-rente al Ledo. Graciany Miranda Marchand, tiene su ori-gen en un incidente, ocurrido el 29 de noviembre de 1982, colateral a la celebración de un juicio criminal por asesi-nato en primer grado y otros delitos ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao, el cual era presidido por el Hon. Juez Ángel Martínez del Valle. En este caso, fungían como abogados de la defensa los Ledos. Graciany Miranda Mar-chand, Miguel A. Valcourt Reinhardt, Lorenzo Lagarde Garcés, José A. Casillas y Julio César Rivera.

Ese- mismo día 29 de noviembre, el licenciado Valcourt Reinhardt tenía señalada una vista preliminar ante el Tribunal de Distrito, Sala de Humacao. Luego de intentar in-fructuosamente comunicarse con el Juez Hernández Torres en horas de la mañana, magistrado ante quien estaba pau-tada la celebración de la vista preliminar, el licenciado Val-court Reinhardt presentó una moción escrita mediante la cual solicitaba la suspensión de dicha vista preliminar, predicada la misma en el obvio conflicto de calendario que tenía dicho abogado ese día. Llamada la vista preliminar, la moción fue declarada no ha lugar por el Juez Hernández Torres, el cual, a través de un alguacil, requirió infructuo-samente la presencia en su Sala del licenciado Valcourt Reinhardt. El señalamiento se mantuvo pendiente.

En horas de la tarde del mismo día, el Juez Hernández Torres se personó a la oficina del Juez Martínez del Valle. En ese momento, el Juez Martínez del Valle no se encon-traba en su oficina, tampoco había en ella ninguna otra persona. Estando aún el Juez Hernández Torres en la ofi-cina del Juez Martínez del Valle, llegó a dicho lugar el Ledo. Miguel A. Valcourt Reinhardt. Al encontrar allí al Juez Hernández Torres, el licenciado Valcourt Reinhardt procedió a explicarle a éste las razones por las cuales no podía asistir ese día a la vista preliminar señalada en su Sala y volvió a solicitar, verbalmente, del Juez Hernández Torres, la suspensión de la misma. El referido magistrado reiteró su negativa a suspender y ordenó al licenciado Val-court Reinhardt que compareciera inmediatamente a la vista preliminar señalada. Le indicó que “existía un com-promiso” y que “había que ver esa vista ese día”, a la hora que fuera.

Mientras se suscitaba el referido diálogo, entraron a la oficina del Juez Martínez del Valle los Ledos. Graciany Miranda Marchand, José Antonio Casillas y Julio César Rivera. El licenciado Valcourt Reinhardt procedió, enton-ces, a dirigirse al licenciado Miranda Marchand, informán-dole de la decisión del Juez Hernández Torres y solicitó del licenciado Miranda Marchand que le confirmara al magis-trado el hecho de que, después de las 5:00 p.m. de ese día, el licenciado Valcourt tenía pautada, junto a los otros abo-gados allí presentes, una reunión con los familiares de uno de los coacusados en el caso de asesinato que estaban viendo en la Sala del Juez Martínez del Valle. El Juez Her-nández Torres señaló que la vista preliminar ya había sido suspendida anteriormente, que el señalamiento para ese día había sido acordado por las partes, y, en tono enérgico, expresó que no iba a suspender dicha vista y que la misma se iba a ver a las 8:00 p.m. o a cualquier otra hora de ese día.

Dicho esto, el magistrado comenzó a retirarse de la ofi-cina del Juez Martínez del Valle. Al abrir la puerta que lleva a la oficina de la secretaria, escuchó el Juez Hernán-dez Torres cuando el licenciado Valcourt le preguntó al li-cenciado Miranda Marchand: “ ‘Papolo, ¿qué hago?’, a lo que éste contestó: ‘Mándalo pal’ carajo, que si no lo mandas tú, lo mando yo’[; añadiendo luego:] ‘Este no tiene los cojo-nes para meterme en la cárcel’.” Pueblo v. Miranda Marchand, 117 D.P.R. 303, 305 (1986).

El licenciado Miranda Marchand —quien acepta haber hecho estas expresiones— señala que hizo las mismas es-tando los abogados solos en el recinto, “[como parte de una] ‘comunicación privada, fraterna, de camaradería, de com-pañeros de una peregrinación angustiosa’ Pueblo v. Miranda Marchand, ante, pág. 305 esc. 1. El Juez Rafael Her-nández Torres alega que, en adición a lo admitido por el licenciado Miranda Marchand, éste, dirigiéndose a su persona, también dijo: “Mire, váyase pal’ carajo”; expresio-nes que el licenciado Miranda Marchand vehementemente niega haber hecho. Los licenciado Valcourt Reinhardt y Rivera Velázquez igualmente no dicen haber escuchado las mismas. Resolvemos.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone en lo pertinente:

El abogado debe observar para con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o aten-tados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales.

Las palabras utilizadas por el licenciado Miranda Marchand ciertamente constituyen lenguaje reñido con la dignidad y respeto a los tribunales, así como poco ejemplarizante e inadecuado al ejercicio de la abogacía. Indepen-dientemente del hecho de que el magistrado en controver-sia estuviera, o no, en la oficina en que se hicieron dichas expresiones e independientemente del hecho de que el li-cenciado Miranda Marchand estuviera, o no, consciente de la presencia del juez, al expresarse en la forma en que lo hizo el licenciado Miranda Marchand observó una actitud desdeñosa hacia el Juez Hernández Torres y actuó en de-trimento de la dignidad, el prestigio y el buen nombre del cargo que ocupaba dicho magistrado. Ningún abogado está justificado en llegar a tales extremos por el hecho de sen-tirse molesto por una actuación o expresión de un juez. Véase In re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90 (1959). Tal com-portamiento no está acorde con los principios de ética pro-fesional que pautan la conducta de los abogados.

Indudablemente, el hecho de haber realizado dichas ex-presiones en circunstancias en que las mismas podían ser oídas, como en efecto aparentemente lo fueron, por el pro-pio Juez Hernández Torres, denota imprudencia y falta de cuidado por parte del licenciado Miranda Marchand. Este comportamiento, de ordinario, infringe el deber de respon-sabilidad que nuestros principios deontológicos le imponen a los miembros de la profesión de abogado, conforme a los cuales principios, todo abogado tiene la obligación de con-ducirse de forma tal que se preserve, en todo momento, la dignidad del tribunal.

Ahora bien, el análisis más objetivo de la prueba docu-mental sometida —consistente en las declaraciones jura-das de todas las personas presentes durante el incidente— demuestra, a nuestro juicio, que al hacer las ya referidas manifestaciones, el licenciado Miranda Marchand no tuvo la intención de dirigirse directamente al Hon. Juez Her-nández Torres, como tampoco tuvo la intención de que el Juez Hernández Torres las escuchara; siendo estas escu-chadas de forma incidental por dicho magistrado. Dicho de otra forma, no se trata de un acto intencional de expresio-nes dirigidas directamente a un magistrado, sino que de expresiones poco pensadas, hechas como parte de una con-versación privada entre amigos o compañeros abogados, referentes a un magistrado.

Tomamos nota, en adición del hecho de que, luego del incidente en el que este abogado hizo las referidas expre-siones, el cual resultó ser de corta duración, el licenciado Miranda Marchand fue detenido por los alguaciles del tribunal a solicitud del Juez Hernández Torres. Durante todo este tiempo, el mencionado abogado observó una conducta sosegada y ecuánime, demostrativa del mayor respeto ha-cia la autoridad judicial y los tribunales. Esto nos hace pensar que las breves e infortunadas expresiones, que die-ron lugar a su detención, fueron el resultado de un impulso momentáneo e impensado, que de ninguna manera consti-tuye un patrón de conducta irrespetuosa de su parte hacia la autoridad judicial.

Finalmente, debemos señalar que si bien resulta cierto que el lenguaje utilizado por el licenciado Miranda Mar-chand fue vulgar e inapropiado, dada la circunstancia de estrecha amistad que existe entre el licenciado Miranda Marchand y el licenciado Valcourt Reinhardt, el mismo puede pasar como expresiones coloquiales o lenguaje de la conversación espontánea entre amigos. En fin, no se trata de manifestaciones hechas en corte abierta ni de escritos dirigidos y sometidos ante el tribunal, cuyo contenido es derogatorio, hiriente u ofensivo; por el contrario, dichas manifestaciones fueron hechas, repetimos, aun cuando en una dependencia del tribunal, en una conversación entre compañeros abogados, en condiciones en que se suponía las mismas no fueran escuchadas por la persona a las cuales se referían las mismas.

En vista a ello, y no obstante la indeseabilidad de dichas manifestaciones, somos del criterio que únicamente re-sulta procedente, como sanción, una simple amonestación al licenciado Miranda Marchand, y la advertencia a éste de que en el futuro deberá abstenerse de hacer expresiones similares.

HH HH

Mediante Resolución de 3 de abril de 1987, ordenamos al Procurador General investigar la conducta profesional del Ledo. Arturo Nieves Huertas, en relación a un inci-dente ocurrido mientras ostentaba la defensa del licen-ciado Miranda Marchand en el caso criminal, por altera-ción a la paz, que se llevó contra este último a raíz de las expresiones que el licenciado Miranda Marchand hiciera sobre el Juez Hernández Torres. Dicho incidente fue resu-mido en la opinión del Tribunal en Pueblo v. Miranda Marchand, ante, pág. 308, a saber:

De igual modo, la Oficina del Procurador General debe investi-gar el comportamiento del Lie. Arturo Nieves Huertas, abogado de la defensa. Para sostener un señalamiento en instancia de que el Juez Superior, Hon. Julio Berrios no prestó adecuada atención a los procedimientos de la vista preliminar en alzada, el licenciado Nieves Huertas penetró a una oficina y rebuscó un zafacón, de donde sacó y tomó posesión de unos papeles que contenían lo escrito por el juez durante el proceso. (Énfasis suplido.)

Habiendo comparecido el señor Procurador General y el querellado licenciado Nieves Huertas, procedemos a resolver.

El licenciado Nieves Huertas señala en su alegato que su conducta, la cual admite ocurrió, fue una respetuosa que no violó de modo alguno los cánones de ética profesio-nal y que respondió a que se encontró en una situación, o estado de emergencia o necesidad, actuando en la forma más razonable y responsable, y de conformidad con su de-ber de defender los intereses de su cliente en forma dili-gente, adecuada y responsable, según dispone el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Alega que el Hon. Juez Julio Berrios, quien presidía la vista pre-liminar en alzada contra su representado, no había pres-tado atención y había estado distraído, ausente y desinte-resado en los procedimientos, pues durante los mismos se dedicó a hacer unos dibujos o garabatos en unas hojas de papel. Preocupado por tal situación, alega haber salido a buscar al Juez Berrios luego de concluida la vista en que se encontró causa probable y, que estando legítimamente en donde pensó que podía encontrar al juez, vió a plena vista, en un zafacón, una bola de papel que entendió constituía evidencia importante para apoyar la moción de reconside-ración que había querido someter al Juez Berrios.

Ciertamente, todo abogado tiene el deber de representar los intereses de su cliente en forma diligente, adecuada y responsable. Canon 18 del Código de Ética Profesional, ante. Sin embargo, el referido Canon 18, en lo pertinente, dispone en su párrafo tercero:

Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no solo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. (Énfasis suplido.)

El deber del abogado de defender en forma diligente los intereses de su cliente, debe ejercerse de forma tal que no resulte en una violación a las disposiciones que reglamentan la conducta del abogado para con los tribunales y que imponen, a los primeros, el deber de observar una conducta del mayor respeto a los tribunales. Canon 9 del Código de Ética Profesional, ante. A pesar de que la oficina de un juez constituye parte integrante del recinto del tribunal, ésta es también un lugar privado al cual no debe entrar ningún abogado sin previa autorización. Menos aún debe un abogado tomar, sin autorización para ello, un do-cumento, que a pesar de haber sido descartado dentro de un zafacón, está en la oficina de un magistrado. Las accio-nes del licenciado Nieves Huertas, al adentrarse en las ofi-cinas del juez sin haber recibido para ello autorización, po-dría, de ordinario, constituir una conducta impropia contraria a las disposiciones de los Cánones 9 y 18 del Có-digo de Ética Profesional, ante.

Tomamos conocimiento judicial, sin embargo, de la práctica existente, en muchos de los tribunales de instancia, de la libre entrada y salida de los abogados en las oficinas privadas de los jueces. Independientemente del hecho de que consideramos que la misma es una práctica que no es correcta, y que no debe ser permitida, no podemos ignorar el hecho de la existencia de la misma. Un examen de los autos demuestra que eso fue lo ocurrido en el presente caso; esto es, no hubo intención maliciosa alguna de parte del licenciado Nieves Huertas al entrar a la oficina en controversia. Por otro lado, si bien es cierto que el licenciado Nieves Huertas no tenía el derecho de apropiarse de ninguno de los objetos allí existentes, tampoco podemos ignorar el hecho de que el papel en controversia había sido descartado como basura, encontrándose en el zafacón de dicha oficina; hecho que no está en controversia. Ello, obviamente, constituye un atenuante. Entendemos procedente, al igual que en la situación del licenciado Miranda Marchand, amonestar al licenciado Nieves Huertas por lo ocurrido y apercibirlo contra futura conducta similar.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Seño-res Negrón García y Alonso Alonso no intervinieron.

       A raíz del incidente narrado, el Juez Hernández Torres ordenó a los alguaci-les que pusieran bajo su custodia al licenciado Miranda Marchand. Oportunamente presentó denuncia contra éste por alteración a la paz. El licenciado Miranda Mar-chand fue ahsuelto del delito imputado, luego de suscitarse varios incidentes proce-sales, que incluyeron la radicación y expedición por parte de este Tribunal del re-curso de certiorari que dio lugar a la publicación de la Opinión del Tribunal en el caso de Pueblo v. Miranda Marchand, 117 D.P.R. 303 (1986).

        El licenciado Miranda Marchand admitió, bajo juramento, ante la Oficina del Procurador General, haber hecho las expresiones señaladas en el caso de Pueblo v.

        Miranda Marchand, ante. Los Ledos. Miguel A. Valcourt Reinhardt y Julio César Rivera Velázquez, mediante declaraciones juradas prestadas ante la misma oficina el 21 de octubre y el 16 de noviembre de 1987, respectivamente, corroboran el contenido de las expresiones admitidas por el licenciado Miranda Marchand. Por su parte, el Ledo. José A. Casillas expresó, en declaración jurada ante la misma Oficina el 21 de diciembre de 1987, que no podía recordar el contenido de las expresiones vertidas, pero que tanto el licenciado Miranda Marchand, como el Juez Hernández Torres profirieron palabras “que 110 eran propias para decirse en ninguna conversación en-tre dos seres humanos”.

       Esta afirmación del Juez Hernández Torres surge de la declaración que pres-tara bajo juramento el 16 de octubre de 1987.

       En otro contexto hemos definido el término “palabras ofensivas” como aque-llas que dentro del significado que le atribuye la idiosincrasia general de nuestro pueblo por su propia naturaleza, más que de carácter de molestia, resultan ofensi-vas, hirientes e irritantes, capaces de provocar una respuesta violenta o de riña y, por consiguiente, una alteración a la paz. Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518, 530 (1980).

       Aunque este caso fue resuelto antes de la aprobación de los cánones de ética profesional vigentes, en él se aplica el mismo principio deontológico de respeto al tribunal incorporado en el Cánon 9 del Código de Ética Profesional vigente, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       La mejor evidencia de la existencia de dicha práctica a nivel de instancia lo constituye, precisamente, lo ocurrido en la oficina del Juez Martínez del Valle, inci-dente al que hicimos referencia anteriormente.