author: El Juez Asociado Sb. Figuebas,

text:
    Veve v. The Esperanza Central Sugar Co.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 175.
    Resuelto en diciembre 2, 1907.
    Aseguramiento de Sentencia — Rescisión de Contrato — Obligación de 'no Hacer. — La rescisión no es una obligación, sino que, por el contrario, es la anulación ó invalidación de alguna obligación, contrato ó testamento, y en su consecuencia, en una acción de rescisión de contrato no puede solicitarse el aseguramiento ele la sentencia, fundado en la regla X) de la Sección 2 de la Ley de marzo 1, 1902, pues el objeto de tal acción no es impedir la ejecución de algún acto, ni consiste la reclamación en tina obligación de no hacer, sino que va encaminada á la resolución ó invalidación de todas las obligaciones en el contrato estipuladas.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Guzmán Benitez.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Figuebas,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.

Es el caso que Doña Clotilde Veve y Díaz tiene un impor-tante condominio en la hacienda “Concepción,” del término municipal de Fajardo, y en 31 de marzo de-1906 celebró por escritura pública un contrato sobre venta y entrega de frutos con la “Tlie Esperanza Central Sugar Co.,” representada por su administrador general Cornelius F. Field.

Ambas partes contratantes estipularon todo lo conveniente al número de cuerdas de cañas que debía sembrar el colono, abonos, clases de cañas, trasportes, peso, grado, precio, etc., etc., según todo consta en la referida escritura de que se ña ñecño mérito.

Doña Clotilde Veve y Díaz, en 4 de junio de 1907, presentó demanda ante la Corte de Distrito de Humacao, alegando ñecños conducentes á mostrar que la compañía demandada no ña cumplido con las estipulaciones de dicño contrato, y pide que se dicte sentencia declarándolo rescindido y que sé la con-dene á pagar por daños y perjuicios, que relaciona, la canti-dad de $44,429.66, fundándose :en el -artículo 1091 del Código Civil Revisado. Forman parte de esta demanda la escritura citada y otra de 27 de abril de 1906 sobre préstamo con ñipo-teca, otorgada por dicña señora demandante á favor de la compañía demandada, por la cantidad de $40,000.

La parte demandada no ña sido emplazada-.

Hay otra solicitud fecñada en 5 de junio de 1907 y jurada el 11, ante la misma Corte presentada, para asegurar la efec-tividad de la sentencia que en el pleito se dicte, y se alega que por la demanda se reclama una obligación de no ñacer, ó sea la rescisión, del contrato de 31 de marzo de 1906, y, fundándose en la letra (d) de la sección 2a. de la ley aprobada en primero de marzo de 1902 para asegurar la efectividad de la sentencia, pide.

1. Que se proñiba á la compañía demandada que continúe ejecutando el contrato aludido y que no continúe moliendo ni trate de moler las cañas de la demandante.

2. Embargo contra las maquinarias, establecimientos y fe-rrocarril de la factoría, ñasta cubrir los $44,429.66, que como daños y perjuicios reclama en su demanda.

3. Que todo esto se entienda con el administrador de la compañía, Cornelius F. Field.

4. Que el marshal diligencie la orden de aseguramiento y expida el mandamiento al registrador de la propiedad, para que tenga lugar la anotación preventiva.

Esta solicitud sobre aseguramiento se adicionó con ciertos hechos tendentes á mostrar el incumplimiento de varios extre-mos por parte de la compañía demandada, ó sea con la pro-, testa de la demandante por incumplimiento del contrato, con el protesto por falta de pago de un Check ascendente á 1,701 pesos 5 centavos, y acompañó los documentos en que se hicie-ron constar, esos hechos.

La Corte dé Distrito de Humacao, en su despacho y en 14 de junio de 1907, negó lo solicitado en Ja petición sobre ase-guramiento de sentencia.

Entonces la peticionaria, fundada en la ley aprobada en 8 de marzo de 1905, se opuso á dicha resolución, pidiendo que se reconsiderase, y la corte, en 3 de julio de 1907, sostuvo su ne-gativa, fundándose en que, ‘ ‘ siendo la obligación de hacer, no procede invocar lo prescrito en la regla D, del estatuto 370, que se refiere á obligaciones de no hacer. ’ ’

En julio 10 se estableció el recurso de apelación, y en el alegato escrito que aquí se ha presentado, así como en el infor-me oral del abogado de la parte apelante, se sostiene que en la demanda se trata de una obligación que consiste en no hacer, y, por tal razón, es procedente'cuanto ha pedido como asegu-ramiento de la sentencia final, y pide la revocación, por tanto, de la sentencia apelada.

Creemos que aquí se han confundidos conceptos que tienen significación y alcances distintos.

Lo que se pide en la demanda es la rescisión de un contra-to, pero la rescisión no es una obligación, antes al contrario, la rescisión es la anulación ó invalidación de alguna obligación, contrato ó testamento.

Y si la rescisión no es una obligación, mal puede decirse que lo que se pide en la demanda es una obligación de no hacer, para obtener así el aseguranamiento de la sentencia final que en el pleito se dicte.

Es verdad que á este parte convendría en sus propósitos que el contrato no se continuase cumpliendo por la parte de-mandada, pero presentada la demanda sobre rescisión del con-trato, quizás, que no la aseguramos, pudo encontrarse reme-dio más adecuado para impedir esos actos de ejecución de lo convenido, basta tanto que se resolviese definitivamente la cuestión planteada ya ante el tribunal.

Es verdad que entre el texto inglés y el español de la ley para asegurar la efectividad de la sentencia aprobada en pri-mero de marzo de 1902, se notan en algunas secciones diferen-cias de palabras, pero que no alteran el verdadero sentido de la ley.

De todos modos, resulta que el peticionario, como-fiemos visto, se funda para pedir el aseguramiento de la sentencia, en la regla D. del Estatuto 370, ó sea sección 2a de la ley apro-bada en primero de marzo de 1902.

T su solicitud no está comprendida ni en la letra (D), del texto inglés, ni en la letra (D), del texto español, toda vez que ni el objeto de la acción es impedir la ejecución de un acto, ni la obligación reclamada consiste en no fiacer, sino que, por el contrario, el objeto de la acción ó de la demanda, no va encami-nada á prohibir acto ni gestión alguna al demandado, sino que va encaminada á la rescisión del contrato, ó sea, á la resolu-ción ó invalidación de todas las obligaciones que en él se esti-pularon.

Es cierto igualmente que en la demanda de rescisión se piden también y se especifican daños y perjuicios, señalando su cuantía, y en cuanto á ellos pudiera s'er, que no lo asegura-mos ni lo discutimos en este momento, que el caso estuviera comprendido en la letra (H) de la ley antes citada, y que dice así:

“En lo no previsto en las reglas A, B, C, D y G-, el tribunal, dis-crecional y equitativamente, adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia. ”

Pero tal como se lia pedido y se lia.negado el aseguramiento de la efectividad de la sentencia, no cabe más que confirmar las resoluciones que en 14 de junio y 3 de julio último dictó el juez de la Corte del Distrito de Iíumacao.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández, MacLeary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

license: Public Domain

text:
    Sucesión Maisonave v. Maisonave et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 130.
    Resuelto ep diciembre 5, 1907.
    Reivindicación — Cuestiones de Hecho. — Las cuestiones referentes á la identidad de las cosas que se tratan de reivindicar, á la posesión de las mismas, y á su buena ó mala fe, así como las de conocimiento, asentimiento ú oposición de un litigante respecto á los actos realizados por el otro, son de puro hecho.
    Apelación — Decisión Contraria á las Pruebas.- — La cuestión referente á si la decisión está ó no justificada por el resultado de las pruebas practicadas en el juicio, no podrá discutirse en la apelación, en los casos en que ésta no se hubiere interpuesto dentro de los quince días siguientes al pronunciamiento de la sentencia.
    Obligaciones — Contratos—Documento Público. — Aunque los contratos son obli-gatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, con tal que en ellos concurran las condiciones necesarias para darles validez, esto se en-tiende siempre entre las partes contratantes.
    Id. — Reivindicación-—Terceros.—Aun aceptando la doctrina liberalísima de que un contrato consignado en documento privado, antes de ser elevado á escri-tura pública, pueda afectar á los que no hubieran intervenido en él, si éstos no hacen derivar su acción de algún título más privilegiado, ó porque hallándose inscrito’en el -Registro, pueda obstar la inscripción á la eficacia del contrato respecto de terceros, siempre ocurriría que el título de herencia que se hace derivar, en el caso de autos, de una partición extrajudicial no puede perjudicar al poseedor que ostente en su favor un título de compra-venta inscrito en el registro.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Franco Soto.,

    Abogado del apelado: Sr. Reichard.

   El Juez Asociado Se. Figueeas,

emitió la opinión del tribunal.

Funda 'su acción la sucesión demandante que la componen los individuos que se expresan en el encabezamiento de la de-manda, en un testamento ológrafo, que forma parte de la mis-ma, otorgado por su padre Don Andrés Natalio Maisonave, en 30 de mayo de 1898, cuyo testamento,'muerto este testador, fue aprobado y declarado como tal, y protocolado en la No-taría de Don Juan Mercader y Rodríguez, residente en Agua-dilla, y en el cual aparecen instituidos herederos sus hijos los demandantes, hace el inventario, avalúo, liquidación y participación de sus bienes, y entre otros, les adjudica, en forma proindivisa y por partes iguales, un predio de terreno de veinte cuerdas, poco más ó menos, radicado en el término municipal de Moca, cuyas colindancias se determinan, y á pesar de que en el referido testamento expresa el testador Don Andrés Natalio Maisonave que no heredó ni un sólo cén-timo de su padre Don Luis del propio apellido, por cuya razón también adjudica aquél á sus herederos las acciones que tienen á la liquidación de los bienes correspondientes á la testamen-taría de éste, esto no obstante, en la demanda se expresa que la finca de que se ha hecho mérito y que es la que ahora se trata de reivindicar, la adquirió el testador causante de la sucesión demandante por herencia de su padre Don Luis, ad-judicándosele á aquél en una partición que de común acuerdo hicieron los herederos de éste, si. bien Don Andrés Natalio Maisonave la venía poseyendo y satifaciendo las contribu-ciones hasta el ano 1898 y muerto éste las satisfacían sus herederos, hoy los demandantes, hasta el año de 1900.

Siguen los demandantes expresando en su demanda que el demandado Julián Maisonave y Rosa, sin título alguno ju-rídico, promovió un expediente posesorio de la finca en cues-tión, en el año 1899, y la inscribió á su nombre en el registro de la propiedad, y más tarde, en 27 de febrero de 1901, la vendió al otro demandado, Nicolás Pérez, quien á su vez ins-cribió su posesión.

Con esos antecedentes, sostienen qne son dueños de esa finca y solicitan qne se les entregue, qne se declare nula la ins-cripción posesoria fieclia á favor de Julián Maisonave, nula la venta é inscripción hecha á favor de Nicolás Pérez y que ambos demandados les abonen mil dollars por daños y per-juicios, equivalentes á las rentas y frutos que ha debido pro-ducir la finca que se trata de reivindicar, desde el año de 1899, de cuya fecha arranca la mala fe en la posesión por parte de los demandados ya indicados, Julián Maisonave y Nicolás Pérez.

Contestan éstos la demanda y alegan qne el testamento no Constituye título alguno, aún en el caso de que la existencia de la finca á que se refiere y que es objeto de este litigio no fuera obra de la imaginación del testador, que nada han sabido nun-ca de la divisoria de los bienes relictos por Don Luis Maiso-nave, que jamás el causante de la sucesión demandante ha estado en posesión de la finca que hoy posee Pérez, ni que haya pagado nunca las contribuciones; que si los demandantes tienen alguna finca, no es la que hoy posee uno de los deman-dados por compra al otro, y no se explican cómo es que aqué-llos dejaron de pagar las contribuciones, desde el año 1900, de una finca de que se titulan dueños sin expresar razón al-gúna' al Gobierno; que el demandado Julián Maisonave pro-movió expediente posesorio de su finca, con su título legítimo, cúáles el de herencia.de su padre, que esa-finca es distinta en Su cabida y colindancias de la que- se describe en la demanda, ■u- Oón estas alegaciones; solicitan -los demandados que -se desestime la demanda y que se le impongan todas las costas á la sucesión demandante.

;; í: :,Gelebradb el juicio y .practicadas las pruebas propuestas, e'l’juez de la corte'de Aguadill'a dictó sentencia'en 5 de febrero de; 19 07- ¡y- mandó que se registrase, pero no consta-que se haya registrado, y nosotros debemos presumir.que se cumplió con este requisito-dentro-de-lás veinte y cuatro horas de haberse dictado; según lo dispone el artículo 227.del Código de En-juiciamiento Civil.

En la decisión pronunciada en 4 de febrero de 1907, se esta-blecen conclusiones de ley y entra el juez en consideraciones sobre el título en que se funda la sucesión demandanté, el cual no le parece bueno, y si bien reconoce que un tal José Ecbava-rría hizo la divisoria privada de los bienes de Don Luis Maiso-nave, en el año de 1896, ó sea dos años antes del otorgamiento del testamento ológrafo por Don Andrés Natalio Maisonave, esa divisoria afirma que no se consignó en documento de nin-guna clase, y deduce de ahí que no tiene valor alguno, porque el artículo 1280 del Código Civil antiguo.que corresponde al 1247 del Devisado, dice:

‘‘ Que deben constar en documento público:
“Io. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, trans-misión, modificación ó extinción de derechos reales sobre bienes in-muebles.”

Sigue el juez considerando las circunstancias de que en el testamento no se hace referencia alguna á esa divisoria que estima ineficaz, ni la de que no exprese en él de quién hubo la,finca que adjudica el testador á sus hijos, y fija la atención también en el acto de que, habiendo manifestado el testador que nada heredó de su padre, Don Luis, afirmen los deman-dantes que la finca la hubo aquél por herencia de éste; y de todo lo expuesto deduce que con un título como el aludido testamento de Don Andrés Natalio Maisonave, cuyo seño-forma una misma persona con sus hijos los demandantes, en esta acción, no puede en modo alguno aceptarse la prueba de una propiedad real, ó de un dominio como el que se reclama, como tampoco que se ha identificado el terreno reclamado con ese título, que no es suficiente ni para desposeer á quien tiene inscrita su posesión, ni para anular la venta hecha por Julián Maisonave á Nicolás Pérez en mayor número de cuerdas, hace más de cinco años, ni tampoco tiene derecho la sucesión de-mandante á una indemnización por utilidad .ó frutos de una finca, cuyo título no. es eficaz.

Y por todo esto, e.l juez desestima las pretensiones de la demanda y condena á la sucesión demandante al pago de todas las costas.

Contra la sentencia se interpuso recurso de apelación, con fecha 4 de marzo de 1907, es decir, casi al mes de haberse dic-tado.

Se ha presentado ante esta Corte Suprema una exposición del caso, aprobada por el Juez de la Corte de Aguadilla.

Ahora bien. Es doctrina constante establecida por el Tribunal Supremo de España, al referirse al artículo 348, que trata de la propiedad en general y que es semejante al 354 del Código Civil Revisado, que las cuestiones de identidad de las cosas que se tratan de reivindicar, de posesión y su buena ó mala fe, y de conocimiento, asentimiento ú oposición de un litigante respecto á los actos realizados por el otro, son de puro hecho.

Siendo esto así, tenemos que deducir que, en lo general, esta apelación se ha establecido porque se supone que la de-cisión está en desacuerdo con la prueba, y demuestra este aserto el hecho de someter á nuestra consideración una ex-posición del caso, para que nosotros restablezcamos, á ser posible, el estado de derecho creado por esa prueba que el juez examinó y apreció erróneamente en sentir de la parte apelante.

Pero nosotros no podemos examinar siquiera esa prueba porque la apelación se estableció fuera del término que para este caso exige la ley.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, al tra-tar de los casos en que puede apelarse, dice:

<<p>
“Pero de una excepción á la decisión -ó veredicto de un jurado, fundada en que está en desacuerdo con la prueba, no podrá revisarse, por virtud de apelación contra la sentencia, á menos que se interponga dentro de los quince días después de dictada dicha sentencia. ’ ’

Es así, que como liemos dicho antes, la apelación se esta-bleció casi al mes después de dictada la sentencia, luego no podemos en este caso revisar la decisión.

Esta disposición legal tiene su precedente y á él vamos á acudir, para que se proyecte más luz sobre este punto.

El artículo 295, ya citado, no difiere del 939 del Código de Enjuiciamiento Civil del Estado de California, sino en que en el último, el término para apelar en este caso, es de sesenta días, y en el nuestro es de quince días, término quizás, con razón, limitado por nuestra Legislatura.

Veamos ahora cómo se ha interpretado ese artículo 939 por el Tribunal Supremo de California.

En 1874 dijo:

“El recurso de apelación contra la sentencia, no fué interpuesto dentro de sesenta días después'de haberse dictado dicha sentencia; y, con arreglo á la sección 939 del Código de Enjuiciamiento Civil, no podemos, en virtud de esta ápelación, revisar la decisión por el fun-damento de que no esté de acuerdo con la prueba.”
Clark v. Gridley, 49 Cal., 108.

En 1881 se fijó esta regla por el mismo tribunal en el caso de Handley v. Figg que se halla referido en 58' Cal. en las páginas 580 y 581. .

Y de nuevo otra vez se estableció idéntica doctrina en el caso de Painter v. Painter, relatado en 113 Cal., páginas 374 y 375.

De modo que no cabe duda alguna de que ésta es la regla fija, constantemente aplicada, y como debida interpretación al artículo 939 del Código de Enjuiciamiento Civil del Estado de California, que, como hemos dicho antes, sólo difiere del nues-tro en la diferencia del término para apelar en estos casos.

Pero cuando la ley es clara, como lo es la nuestra en este respecto que examinamos, se impone pronto un criterio jurí-dico, y por eso este Tribunal Supremo ya había fijado esta misma doctrina en el caso de Rafael Valentín Román v. The American Railroad Co. of Porto Rico, fallado en 29 de enero de 1906, con la opinión del Juez Sr. IJacLeary.

Allí dijimos:

“Una apelación interpuesta bajo el fundamento de que la deci-sión de la corte no está de acuerdo con la prueba practicada en el juicio, no puede ser considerada si no se hubiese interpuesto dentro de quince días después de dictada la sentencia.”

Puede verse en el tomo 3°., folleto número 1°., página 31, sumario número 6, .sobre “Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico,” publicado por el secretario del mismo, Don Antonio P. Castro.

Aquí terminaríamos este dictamen con la áfirmación de que la sentencia apelada debe confirmarse, pero la parte apelante en su alegato se ocupa de alguna cuestión de derecho, en cuya apreciación, dice, que se ha cometido error por el Juez de la Corte de Aguadilla.

En primer lugar, el testamento de Don Andrés Natalio Maisonave, padre de los individuos componentes de la suce-sión demandante, no es por sí solo título demostrativo del bien inmueble que se reclama. La prueba quizás ha podido demos-trarlo, pero á esta conclusión'no puede llegarse. Ya hemos ex-presado la razón que nos impide examinar y apreciar esa prueba.

Dice la parte apelante en su alegato página 2, último apar-tado, que la partición extrajudicial es el fundamento capital de su demanda y, con ese motivo, contradiciendo lo que el juez expone sobre su ineficacia por no haberse consignado en docu-mento público, trae á colación el artículo 1245 del Código Civil Revisado,- equivalente al 1278 del anterior.

“Es verdad que los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”

Pero esto se ha entendido siempre entre las partes contra-tantes y no sabemos si los demandados intervinieron en esa partición extrajudicial y si con ella estuvieron conformes. Esto se niega en la contestación y de la prueba nada podemos deducir por el motivo que ya hemos indicado.

Es cierto que la sentencia del Tribunal Supremo de España de Io. de julio de 1901 dice:

“La prescripción del artículo 1279 del Código Civil (igual al 1246 del Revisado), no desvirtúa en nada la fuerza obligatoria de los contratos que las partes celebren, cualquiera que sea la forma en que lo hagan; ni su plena eficacia cuando los cumplimentan aún antes (de elevar á escritura pública aquéllos para los que la 'ley exige este requisito, creándose así un estado de derecho que no puede menos 'de efectar á los que no intervienen en tales contratos, si estos extraños no hacen derivar su acción de algún título más privilegiado por su naturaleza ó porque, hallándose inscrito en el Registro, pueda obstar la inscripción á la trascendencia del contrato respecto de tercera persona. ’ ’

De modo que aún aceptando esta liberalísima doctrina, tenemos que ella perjudica las pretensiones de la sucesión demandante, porque Don Nicolás Pérez, que es uno de los demandados y actual poseedor de la finca, cuya reivindicación se interesa, es extraño y no interesado en cuanto á la partición extrajudicial de los bienes relictos por Don Luis Maisonave, ostenta en su favor un título de compra-venta y lo tiene ins-crito en el registro de la propiedad, circunstancias estas dos que la demanda reconoce como hechos y en frente de esto, solo de contrario se alega un título de herencia que se hace derivar de una partición extrajudicial que la misma parte demandante y apelante confiesa que no se hizo constar en ninguna clase de documentos, y claro está que tampoco se inscribió en el regis-tro correspondiente.

Yernos, pues, que la cuestión de derecho planteada en el alegato del apelante, y que sostiene que es el fundamento capital de su demanda, cae por su base.

Otra cuestión de derecho parece que se insinúa, y es la de que la inscripción de la posesión no perjudica al que tenga, mejor derecho á la propiedad del inmueble, aunque no tenga inscrito su título. Pero aquí se hace supuesto de la cuestión, porque no podemos decir que la propiedad esté en favor de los demandantes, ni por el título en que la funda, ni por el resul-tado de la prueba, á cuyo análisis no podemos llegar, y así también cae este segundo punto de derecho, quedando así libre el criterio del juez sentenciador de este otro error que se le atribuye.

Es ocioso que tratemos de la prescripción adquisitiva por parte de los demandados que- éstos no alegan y que sólo el ape-lante en su alegato considera y niega, ni tampoco de la iden-tidad de la finca ni de la mala fe del actual poseedor Don Nicolás Pérez, porque todas estas son cuestiones de hecho, y por tanto, sometidas, para su apreciación, al resultado de la prueba, á cuya consideración no podemos llegar porque, como hemos dicho antes, nos lo veda la circunstancia ya tratada de haberse interpuesto esta apelación transcurridos ya con exceso los quince días que señala el artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil- para revisar una decisión impugnada por estar en desacuerdo con la prueba practicada en el juicio..

Por todas esas consideraciones llegamos á la conclusión de que la sentencia apelada, debe confirmarse en todas sus partes con las costas del recurso también á cargo de la parte apelante y demandante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones y Aso-ciados, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeaby,

text:
    Lowande v. García.
    ApeláciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 156.
    Resuelto en diciembre 5, 1907.
    Alegaciones — Sentencia Dictada por sus Méritos — Pruebas—Conocimiento Judicial. — La cuestión de si una corte puede ó no, tener conocimiento judicial de ciertos fechos, no puede surgir en los casos en que se dicte sentencia por los méritos de las alegaciones, pues tal conocimiento tiende al establecimiento de eiel'tos hechos sin necesidad de pruebas, y esto solo puede ocurrir en aquellos casos en que se practique prueba en el juicio.
    Id. — Aunque las cortes pueden tener conocimiento judicial con respecto á materias de hecho y de derecho, sin embargo, para los efectos de una sentencia dictada por los méritos de las alegaciones, el tribunal no puede considerar como de conocimiento judicial, ningún hecho que no haya sido alegado en aquéllas.
    Jurisdicción — Cortes de Jurisdicción General t Limitada. — Las cortes de dis-trito son cortes de jurisdicción general aunque en los pleitos sobre reclama-ción de dinero y propiedad, están limitadas á aquellos casos en que la cuantía excede de quinientos dollars, y las cortes municipales son cortes de jurisdicción limitada; en las primeras, la jurisdicción se presume, cuando no aparece de la demanda, pero en las segundas, es necesario que la demanda contenga alega-ciones tendentes á establecer la jurisdicción de la corte.
    Id. — Excepción Previa. — La cuestión de jurisdicción por razón de la materia, no puede plantearse por medio de excepción previa, cuando la demanda se pre-senta en la Corte de Distrito, y de ella no aparece si la corte tiene ó no juris-dicción; en estos casos debe formularse una alegación sobre falta de juris-dicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Guzmcm Benitez.

    Abogado del apelado: Sr. Herminio Díaz.

   El Juez Asociado Sr. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso, Tony Lowande entabló demanda contra Manuel A. García, y Otero y Ca., el día 22 de agosto de 1906, tratando de obligar á García al cumplimiento de nn con-trato, y á la entrega de una película representando el Casa-miento del Eey de España, para exhibirla en su cinematógrafo, con preferencia á Otero y Ca. No se alega el valor dexla pro-piedad ni cantidad alguna por los daños y perjuicios sufridos .á consecuencia del incumplimiento deí contrato. Los deman-dados presentaron una excepción previa contra diclia de-manda, alegando como motivos, 1°., qne el tribunal carece de jurisdicción, y 2°., que la demanda no expresa lieclios sufi-cientes para determinar una causa de acción.

En virtud de las alegaciones de las partes, el tribunal de distrito, en 30 de marzo de 1907, dictó sentencia, declarando que el tribunal no tenía jurisdicción sobre la causa, y deses-timando la demanda; pero se comprenderá mejor las cues-tiones de que se trata, consignando aquí íntegramente las alegaciones de las partes, y la sentencia del tribunal. La de-manda, omitiendo el encabezamiento de la misma, es como sigue:

. ‘' Tony; Lowande, residente en esta ciudad, comparece por conducto de su abogado, José de Guzmán Benitez, y utilizando la acción per: sonal, establece demanda contra Manuel A. García, residente acciden-talmente en Cayey, del distrito judicial de Guayama, y contra los Sres. Otero y Ca., y en su representación, Don Manuel Otero,'residente en San Juan, para que se les obligue á reparar y cumplir un contrato celebrado con el demandante, y al efecto, expone como causa de la acción que ejercita,
"Que el demandante es dueño de un cinematógrafo; que los Sres. Otero y Ca. son dueños de otro, trabajando ambas empresas en sus respectivos locales en esta ciudad, y Manuel A. García es dueño de otro cinematógrafo, que trabaja en los pueblos de la Isla, y actual-mente en Cayey.”
"Que Manuel A. García y el demandante tienen celebrado un convenio, del cual tienen conocimiento los Sres. Otero y Ca., por el cual dicho García y el demandante quedaron comprometidos y obliga-dos á cederse recíprocamente, y con preferencia á todo otro empresa-rio ó dueño de cinematógrafo, ciertas películas que recibiesen, para que pudieran exhibirlas, como estrenos, en las localidades en donde respectivamente trabajen.
"Que ese compromiso fué particular y especialmente establecido y ratificado entre dicho García y el demandante, respecto á la película ‘ ‘ Casamiento del Rey ;de España, ’ ’ quedando obligados mutua y re-cíprocamente á que el primero que la recibiera, después de exhibirla, la remitiese inmediatamente al otro contratante.
"Que el demandante ha cumplido fielmente su compromiso, man-dando á Manuel A. .García, después de usarlas en San Juan, diversas películas de su propiedad, las cuales ha exhibido García en su cine-matógrafo en diferentes pueblos de la Isla, y aún ha abusado del uso de las mismas, cediéndolas á terceras personas sin el consentimiento del demandante.
“Que el demandado, García, no ha cumplido tampoco su com-promiso, porgue, si bien remitió algunas de sus películas al deman-dante, ha faltado abiertamente á su compromiso, porque, habiendo recibido-la película titulada “Casamiento del Bey de España,” y habiéndola exhibido en distintas poblaciones de la Isla, no sólo no la ha remitido al demandante, para que la exhiba en San Juan, sino que la ha remitido á los Sres. Otero y Ca., para que la exhiban en su cinama-tógrafo, causando grave perjuicio con ello al demandante.
‘ ‘ Que los Sres. Otero y Ca., no obstante, el conocimiento que tienen del compromiso contraído por Manuel A. García, con el demandante, han dispuesto y anunciado indebida é ilegalmente la exhibición de dicha película “El Casamiento del Bey de España” en su cinemató-grafo, para la noche del día de hoy.
“El demandante alega que de los antecedentes expuestos,'le re-sulta suficiente causa de acción y le asiste derecho para obtener una sentencia, ordenando á Manuel A. García que entregue á vuestro peti-cionario la ameritada película para exhibirla éste en su cinematógrafo; con preferencia á los Sres. Otero y Ca., y á todo otro dueño de em-presa análoga, y que ordene á los Sres. Otero y Ca. que se abstengan de exhibir en su cinematógrafo la mencionada película, titulada “Casamiento del Bey de España.”
“Y vuestro peticionario,
“Suplica á la corte, se sirva dictar sentencia en este juicio, con-denando á Manuel A. García, á entregar al demandante, para exhi-birla en su cinematógrafo, con preferencia á los Sres. Otero y Ca. y á todo otro empresario análogo, la película de su propiedad, titulada “Casamiento del Bey de España,” que indebida é ilegalmente ha facilitado á los Sres. Otero y Ca., para exhibirla; y que se ordene á dichos demandados, Otero y Ca., que se abstengan de exhibir dicha película, sobre cuyo uso tiene derecho preferente á ellos, el deman-dante; condenando á ^mbos demandados al pago de las costas.”

Las excepciones previas contra dicha demanda, están redac-tadas en los siguientes términos:

“I. Que de la demanda no aparece que esa corte tenga, como no tiene, por la materia de la acción, jurisdicción en dicho caso, puesto que no se expresa el valor de la película que se reclama.
“II. Que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción; pues aceptando íntegros los que en ella se con-signan, el demandante no puede reclamar lo que reclama.”

La corte dictó sentencia, expresándose de la manera si-guiente :

“En este caso, la parte demandada ha presentado excepciones contra la demanda, fundándose en que la corte no tiene jurisdicción por la materia de la acción en este pleito, toda vez que no se expresa el valor de la cosa reclamada, y además,.que no aduce la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción.
“Y la corte, habiendo estudiado dichas excepciones, es de opinión que los hechos y la ley están en favor de dichas excepciones, y por tanto, decide que carece de jurisdicción por la razón de la materia en el presente caso, para conocer de la reclamación establecida por Tony Lowande, contra Manuel A. García, y Otero y Ca., sobre entrega de una película en cumplimiento de un contrato, y desestima la acción, con las cosas al demandante. Y regístrese esta decisión en el libro de sentencias de esta corte. Pronunciada en corte abierta, el día 30 de marzo de 1907.”

Contra dicha sentencia, se interpuso oportuna y debida-mente recurso de apelación por Tony Lowande, y la correc-ción de la misma, se halla sometida á nuestra consideración. Con relación á este punto, conviene examinar el dictamen emitido por el juez de distrito, como fundamento de su sen-tencia. Dicho dictamen se halla concebido en los términos siguientes:

“Decisión. — En este caso, la parte demandada ha presentado ex-cepciones contra la demanda, fundándose en que la corte no tiene ju-risdicción por la materia de la acción en este pleito, toda vez que no se expresa el valor de la cosa reclamada, y además, que no aduce la de-manda hechos suficientes para determinar una causa de acción.
“Alegada la falta de jurisdicción en esta corte, por la materia de la acción, es la excepción que primeramente debe resolver la corte, y sólo entrar á tratar de la segunda, en caso de que desestime esa pri-mera excepción.
“Como se vé de la propia excepción, ésta se basa en que la de-manda no expresa el valor de la cosa reclamada, demostrando, y así es en efecto, que la demanda no contiene alegación alguna afirmativa, que demuestre la falta de jurisdicción, sino que ésta quiere deducirse precisamente del hecho de no contener alegación sobre este particular.
“Esta corte, en la que el caso se halla pendiente, es de jurisdicción general y de récord y, por tanto, no hay necesidad en la demandas que en la misma se presentan, de establecer hechos que demuestren la jurisdicción de la corte, por la materia de la acción. La presunción es, á menos que otra cosa se demuestre, que el demandante ha acudido, con su demanda; á una corte que tiene jurisdicción por la materia; lo contrario de lo que ocurre en las cortes de jurisdicción limitada, como lo son las municipales en Puerto Rico, donde así es preciso esta-blecer la cláusula jurisdiccional ó sea aquélla que demuestra la juris-dicción de la corte. (Véanse los casos de Doll v. Feller 16 Cal., 432; Jolley v. Foltz, 34 Cal., 321.)
“De manera que la corte por el mero hecho de no contener la demanda alegación alguna sobre el valor de la cosa reclamada, no puede sostener la excepción, toda vez que, como queda dicho,- la pre-sunción es á favor de esta Corte de jurisdicción general en favor de dicha jurisdicción, á menos que lo contrario aparezca afirmativamente en la faz de la demanda, ó del récord.
“Pero, esta corte está en el .deber de tomar conocimiento judicial de sus propios fallos y decisiones; y con motivo de esta demanda, y en-tre las mismas partes, por consiguiente, se discutió la revocación de una orden de injunction obtenida por el demandante, y en las pruebas practicadas con motivo de tal revocación, se demostró que la. cosa re-clamada en la demanda que ahora se excepciona, y que sirvió de apoyo á la orden de injunction no valía sino noventa y ocho dollars, que es cantidad inferior á aquélla de que puede conocer esta corte, con arreglo á los estatutos'vigentes; y precisamente la corte, en su opin-nión y decisión, revocando el injunction, estimó como motivo de tal revocación el valor antes expresado. Así, pues, si la corte tiene conoci-miento judicial de que lo reclamado en este pleito tiene un valor muy inferior á quinientos dollars, que es el límite hasta donde pueden conocer los jueces municipales, y desde el que empieza la jurisdicción de esta corte, puede desestimar la demanda por falta de jurisdicción; porque ‘ ‘ cuando quiera que la corte carece de jurisdicción por la ma-teria de la acción, puede de su propia moción, ó cuando se le llama la atención á ello, rehusar continuar conociendo del asunto, y deses-timar la acción.” (Brown on Jurisdiction, p. 49.)
‘1 Por estas razones, la corte, tomando en cuenta el' conocimiento judicial sobre este asunto, llega á la conclusión de que carece de juris-dicción sobre la materia, objeto de la acción, y por este motivo, ade-más, no puede entrar á considerar la otra excepción de si la demanda aduce ó nó, heclios suficientes que determinen una causa de acción; y como consecuencia de todo lo antes expuesto, la corte,.
Decide,
‘ ‘ Que carece de jurisdicción pór razón de la materia en el presente caso, para conocer de la reclamación establecida por Tony Lowande, contra Manuel A. García, y Otero y Ca., sobre entrega de película en cumplimiento de un contrato, y desestima dicha acción, con l$s costas al demandante.”

En la consideración de este caso, no debemos perder de vista el lieclio de que no se practicó prueba alguna en el acto del juicio, sino que el asunto fué resuelto simplemente, en vir-tud de las alegaciones, ó sea, en virtud de la demanda y de la excepción previa interpuesta contra la misma. Lo que el juez de distrito dice, con respecto á tomar en consideración judicialmente los procedimientos habidos en el caso de injunction, que surgió con motivo de la demanda entablada para obligar el cumplimiento del contrato, no es aplicable al caso de que se trata; puesto que el tribunal toma conocimiento judicial de asuntos como lo son los implicados en el presente caso, con el solo fin de establecer hechos; y por lo que á este caso se refiere, la cuestión de si el tribunal tenía ó no facul-tades para tomar en consideración judicialmente dichos pro-cedimientos, sólo puede surgir después de haberse practicado la prueba en el acto del juicio.

■Aunque los tribunales pueden tomar conocimiento judicial tanto de cuestiones de derecho como de cuestiones de hecho,, el tribunal sentenciador, en el presente caso, se ha valido, en apoyo de su fallo, del conocimiento judicial de hechos sola-mente, y de hechos que no se han alegado en la demanda, lo que no puede hacerse en la consideración de excepciones previas.

Nuestra Ley de Evidencia, que se encuentra en el tomo de las Leyes de Puerto Eico, de 1905, página .70 hasta la 103,, enumera las reglas de evidencia en asnntos civiles/ y sería beneficioso consultarlas en. todos aquellos casos en qne sea necesaria la presentación de pruebas. La sección 36 trata del conocimiento del tribunal, y no es necesario resolver ahora en el presente caso, si fia habido la intención de que los ocho casos, citados como ejemplos, en que el tribunal puede tomar conocimiento judicial de ciertos hechos, debían ó no excluir á todos los demás casos; porque de las alegaciones, según se han presentado en este caso, no surge ninguna cuestión refe-rente al conocimiento judicial. En vez de fijar nuestra aten-ción en la Ley de Evidencia, debemos fijarla en la que regula las alegaciones, y especialmente en la sección 105 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, que trata de la excepción previa á la demanda. Para sostener una excepción previa, debe aparecer del contenido de la demanda, que el tribunal no tiene jurisdicción, ó que la demanda no expone hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción; ú otros extre-mos especificados en la sección 105.

Considerando el caso bajo este aspecto, no hay nada en él que sea contradictorio al dictamen emitido por el tribunal, en el caso de injunction surgido entre las mismas partes, cuyo dictamen fué emitido' por el juez, Sr. Figueras, el día 3 de mayo último, ni nada que sea contrario á la opinión concu-rrente del juez, Sr. Wolf, en dicho caso, con la que estoy tam-bién de acuerdo. La sentencia dictada por el tribunal, en el referido caso de injunction fué “confirmada solamente por las razones que resultan de la prueba,” según dijo el juez, Sr; Figueras, en el último párrafo de su opinión. En el caso de que se trata, los autos no contienen prueba alguna, pues la cuestión sometida á nuestra resolución, surge enteramente de las alegaciones, y solamente éstas pueden tomarse en con-sideración.

En la consideración de la excepción previa, no le es per-mitido al tribunal fijarse en otra cosa sino en el contenido ele la demanda. Surge, pues, la cuestión siguiente: ¿es esta demanda, que hemos citado anteriormente, suficiente, por vir-tud de su contenido, para demostrar que el tribunal tenía jurisdicción, á falta de hechos que no aparezcan de las alega-ciones? Para resolver esta cuestión no estamos autorizados para considerar hechos que aparezcan de declaraciones jura-das ú otras partes de los autos, que no forman parte de las alegaciones de los litigantes, sino que debemos limitarnos á considerar tan solo la demanda y la excepción previa.

Puesto que la excepción previa presenta la cuestión de la competencia del tribunal sentenciador, examinaremos breve-mente la ley referente á la jurisdicción de tal tribunal.

En algunas discusiones referentes á la cuestión de juris-dicción, parece surgir confusión en cuanto á lo que son cortes de jurisdicción especial y de jurisdicción limitada. Los tér-minos correlativos, según se aplican á jurisdicción, son, ó deben ser, ‘‘ general ” y “ especial, ” ‘ ‘ limitada ” é “ ilimitada, ’ ’ y otros análogos. Por ejemplo, una corte que entiende en asuntos de testamentarías (prob.ate court) es una corte de jurisdicción especial, estando limitada á determinar ó resolver las cuestiones de los bienes de difuntos y menores, y otras de igual naturaleza, aunque la cantidad comprendida en las mis-mas, pueda ser ilimitada. Las cortes de distrito ú otras cortes de primera instancia, pueden ser y por lo general son, cortes de jurisdicción general, aunque se haya fijado una cantidad mínima para las causas de que puedan conocer, con el fin de que los casos que envuelvan cuantías inferiores á la fijada, caigan dentro de la competencia de algún tribunal inferior.

• En el diccionario legal de Bouvier, esa excelente enciclo-pedia de ciencia jurídica, publicada por el Sr. Francis Rowle, se explican y se discuten las diferentes clases de jurisdicción con esa brevedad que al mismo tiempo permite abarcar toda la materia.

El ilustrado escritor dice:

“Jurisdicción.— (Lat. jus, ley, dieere, decir).
“La autoridad, en virtud de la cual los funcionarios judiciales conocen de las causas, y las resuelven. 60 Yt. 618. El poder ó la fa-cuitad de oir y resolver una causa. 3 Ohio 494; 6. Pet.- 709; 2 How 338. El derecho de uñ juez, de pronunciar sentencia, con arreglo á la ley, en una causa, ó con respecto á una cuestión presentada ante.él, cuyo poder ó facultad ha adquirido mediante un debido procedi-miento legal. Dicho poder comprende la facultad de compeler la ejecución de lo que se ha decretado. (9 Johns, 239; 3 Mete. Mass., 460. Thach, 202.)
“El derecho de juzgar con respecto á la materia controvertida en determinado caso. Para que exista este derecho, tres requisitos son indispensables. Primero, el tribunal debe conocer de la clase de causas á que pertenece la que ha de resolver; segundo, deben estar presentes las verdaderas partes; y, tercero, el punto resuelto debe estar, en substancia y efecto, comprendido en la cuestión litigiosa de que se trata. (1 Black, Judg. sect. 242; 55 Ark., 200.)
“Jurisdicción general es aquella que comprende una gran varie-dad de asuntos. Jurisdicción general es, en ley y en equidad, la que comprende todas las clases de jurisdicción que un tribunal pueda tener sobre la persona, la materia convertida, el territorio, y, en general, el poder que el tribunal tiene en el desempeño de sus deberes oficiales. (63 Hun., 367.)
“Jurisdicción limitada, (llamada también jurisdicción especial y jurisdicción inferior) es aquella que comprende solamente ciertas cau-sas especificadas.”

2 Bouviers Law Dictionary, p. 57.

Con estas definiciones, podemos averiguar más fácilmente la naturaleza de la jurisdicción que la ley confiere á nuestras cortes de distrito. Fijemos nuestra atención en las cortes de igual clase, tal como existen en el Estado de California, y examinemos sn jurisdicción.

El ilustrado comentarista en Estee’s Pleadings, volume 1, sections 39 ánd 40, pages 22 et ser¿. (Estee Sobre Alega-ciones, vol. 1, secciones 39 y 40, pp. 22 y siguientes), al dis-cutir la jurisdicción de los tribunales del Estado de California, dice que la corte de jurisdicción general en ese Estado, es la corte superior, cuya corte es análoga á nuestros tribunales de distrito. La cuantía menor fijada como límite, para que diebo tribunal pueda conocer de una causa, es de trescientos dollars; pero este becbo no lo constituye en tribunal de jurisdicción especial ó limitada. Ni tampoco tiene ese efecto el lieclio de que ciertos casos de misdemeanors deben ser juzgados por otros tribunales.

Parece evidente que, de igiial manera, nuestras cortes de distrito, por ser las cortes principales de jurisdicción original en esta Isla, deben ser también clasificadas como cortes de jurisdicción general, ejerciendo todas las funciones de los tribunales de esa clase.

El tribunal de distrito en Puerto Eico, al igual de la Corte Superior de California, es una corte de jurisdicción general, aunque en cuanto á las demandas entabladas para el cobro de dinero, y la recuperación de bienes, se baile limitada á la con-sideración de los casos cuya cuantía exceda de la cantidad de quinientos dollars. No bay nada en la demanda transcrita anteriormente, que demuestre que el tribunal de distrito no tiene jurisdicción.- Según lia diclio muy bien el juez de dis-trito, en su dictamen, que bemos transcrito en la presente, la' presunción es, á menos que otra cosa se demuestre, que el demandante lia acudido con su demanda á una corte que tiene jurisdicción sobre la materia. Lo contrario ocurre en las cortes de jurisdicción especial ó limitada, como lo son las cortes municipales en Puerto Eico, donde es preciso establecer la jurisdicción mediante alegaciones consignadas en la de-manda, y demostrar por medio de las mismas, que el tribunal tiene jurisdicción. Esta es también la regla en California,' según queda demostrado en los casos de Doll v. Feller, 16 Cal., 432, y Jolley v. Foltz, 34 Cal., 32. En el primero de estos casos, el Juez Presidente, Field, expone la ley muy claramente en la forma siguiente:

“Una excepción previa contra la jurisdicción del tribunal, procede solamente cuando la falta de dicba jurisdicción aparece afirmativa-mente de la faz de la demanda. En una corte de jurisdicción limitada y especial, la regla es distinta; allí es.preciso alegar todo hecho que sea esencial para conferir la jurisdicción. En las cortes de jurisdicción general, es necesario solamente exponer la cansa de acción; y para sacar partido de la falta de jurisdicción que resulte de la insuficiencia de la cuantía, del asunto controvertido, hay que valerse de algún otro medio. ”

Si el demandado desea plantear la cuestión de jurisdicción con motivo de la cuantía en litigio, debe hacerlo -por medio de una alegación hecha al efecto, y no mediante una excepción previa. La excepción previa basada en la falta de jurisdic-ción, debió haberse desestimado. _

El segundo párrafo de la excepción previa no fué conside-rado por el tribunal inferior. Dicho párrafo constituye lo que en la práctica Americana se llama una excepción previa general, estando basada en la alegación de que la demanda no expone hechos suficientes para determinar una causa de acción. Al considerar excepciones previas de esta naturaleza, los tribunales Americanos, por lo general, no están dispuestos á examinar la cuestión muy á fondo, sino á considerar sola-mente las alegaciones generales de la demanda, dejando que el demandado señale, mediante excepciones previas, espe-ciales, cualquier defecto oculto que se encuentre en la deman-da. En el año 1858, el Juez Presidente, Field, hablando á' nombre del Tribunal Supremo de California, dijo:

“Los efectos de una excepción previa general, no pueden alcanzar á la falta de alegaciones que establezcan daños y perjuicios especiales, si tal falta hubiera ocurrido. No es éste uno de aquellos casos en que. el derecho de acción mismo depende de los daños y perjuicios especia-les sufridos. Una acción procede por el incumplimiento de un contra-to, aún cuando no se haya sufrido realmente ningún perjuicio.”
McCarty v. Beach, 10 Cal., 464.

Esta opinión fué aprobada y citada treinta y siete años más tarde, ó sea, en el año 1895, por el Tribunal Supremo de Montana, hablando por conducto del Juez Presidente, Pem-berton, que dijo:

“En la demanda se consigna un contrato, y se alega el incumpli-miento del mismo por parte del demandado. Á este respecto, creemos ■que en la demanda se expone una causa de acción, á lo menos, para ob-tener una indemnización nominal de daños y perjuicios. Si este es el caso, entonces la demanda era válida á los efectos de la excepción pre-via general interpuesta contra la misma.”
“Los Jueces Hunt y Dewitt estuvieron de acuerdo con esta opi-nión. ’ ’
Jacob Sultan Co. v. Union Mercantile Co., 17 Mont., 64.

Aunque la demanda, en el presente caso, en manera alguna puede ser considerada como un modelo que debe seguirse por aquellos que deseen sobresalir en materia de alegaciones, sin embargo, no es lo suficientemente defectuosa para que pueda estar sujeta á las excepciones previas presentadas contra la misma ante la corte inferior. La brevedad en las alegaciones es recomendable, pero'no debe ser obtenida á expensas de la claridad.

De todo lo que aparéce de un examen cuidadoso de esta demanda, no procede una excepción previa general contra la misma; y si el tribunal de distrito hubiera considerado una excepción previa como lo es la segunda presentada en este caso, entonces debió haberla desestimado.

Por las razones alegadas en la presente, debe revocarse la sentencia dictada por el tribunal de distrito, y devolverse la causa á dicho tribunal, para ulteriores procedimientos con arreglo á la ley, según se ha indicado en esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Figueras, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo v. Olivieri.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 114.
    Resuelto en diciembre 6, 1907.
    Denuncia — Acometimiento y Agresión — Apelación.—Aunque en una denuncia por acometimiento y agresión no se especifique que el acusado atacara ilegal-mente y con intención de causar daño al denunciante, no sería ello motivo suficiente para estimarla defectuosa,- pues, según el artículo 81 del- Código^ de Enjuiciamiento Criminal, no es necesario que la denuncia contenga tal alega-ción, pues si en ella se expresa la naturaleza del delito y las circunstancias que concurrieron en su perpetración, en lenguaje conciso y breve, que cual-quier persona de inteligencia común pueda entenderla, la denuncia es sufi-ciente; y en todo caso, la falta de tal alegación no constituiría nunca error fundamental que justifique la revocación de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente causa se originó en la corte municipal. de Coamo, bajo la siguiente denuncia:

“Juana Díaz, noviembre 5, de 1906. — Honorable Juez Municipal. Señor. — En la noche del lunes, día 3 del corriente, encontrándome en Villalba, en la panadería del Sr. Maximino Bracety, fui agredido por los individuos Valentín Rodríguez y Antonio Olivieri, quienes, después de tenerme en el suelo dándome patadas en el pecho y cuerpo, el Valentín me sujetaba y el Olivieri me daba, al extremo, de tirarme con el quinqué de la panadería del Sr. Bracety; y, por último, el Olivieri haló por un revólver, apuntándome, y si no hubiese sido por el Sr. Primitivo Meléndez, que al mismo tiempo saltó y le empuñó el brazo, me hubiesen causado la muerte. El revólver fué ocupado por el Policía Manuel Valentín, quien los condujo al Cuartel de Villalba. Son testigos presenciales del hecho, Primitivo Meléndez, Baldomcro-Santiago, Norberto Ortiz y Maximino Bracety, que llegó momentos después. Lo que pongo en su conocimiento, para que juzgue como crea conveniente. Respetuosamente, Sinforiano Colón. Jurada y firmada ante mí. — P. Monclova, Juez de Paz.”

Por la expresada corte municipal fueron condenados ambos denunciados1; y juzgados nuevamente por la Corte de Distrito de Ponce, mediante la celebración de nuevo juicio, á virtud de recurso de apelación interpuesto contra la sentencia pronun-ciada, tanto Valentín Eodríguez como Antonio Olivieri, fueron declarados culpables, el primero, del delito de acometimiento y agresión, y el segundo, del delito de acometimiento con arma mortífera; y en su consecuencia, condenados, uno y otro, á la pena de cincuenta dollars de multa cada uno, y, en defecto de pago, á sufrir cincuenta días de cárcel y al pago de la mitad de las costas causadas, confirmando así parcialmente, según expresa el juez, la sentencia apelada.

Contra esa sentencia interpuso Olivieri recurso de apela-ción para ante esta Corte Suprema, sin que baya' venido en el récord pliego de excepciones, ni exposición de becbos; pero el abogado del apelante lia presentado alegato escrito en que expone como fundamentos del recurso los siguientes:

“Io. Que los liechos como se relatan en la denuncia, no son consti-tutivos. del delito de acometimiento y agresión en ninguno de sus diferentes aspectos, pues no se consigna, como debió hacerse, según los artículos 71 y 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y que Oli-vieri atacara al denunciante ilegalmente y con intención de causarle daño.
‘ ‘ 2o. Que sin -embargo de haber sido acusado Olivieri de acometi-miento y agresión 'únicamente, fué declarado culpable de acometi-miento con arma mortífera, habiéndose cometido, por tanto, un error que afecta sustancialmente sus derechos, .pues no se le dió oportuni-dad para defenderse del delito que fué declarado culpable, infringién-dose así el artículo 5o. del Código Penal vigente. ’ ’

Examinemos ambos fundamentos dél recurso:

La denuncia contiene una exposición 'de los actos constitu-tivos del delito, en lenguaje conciso y corriente; y está redac-tada de tal modo, que cualquier persona de inteligencia común puede entenderla.

Ciertamente, que. en ella no se consigna que Antonio Oli-vieri atacara ilegalmente y con intención de causar daño al denunciante, pero ello no era necesario, según el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y la denuncia contiene tan detalladamente, como es posible, la naturaleza del delito y las circunstancias que- concurrieron en la perpetración, habién-dose dado así cumplimiento al precepto del artículo 23 del mismo Código.

De todos modos, á la denuncia no se opusieron reparos en la corte inferior, y la Corte Suprema en grado de apelación, cuando no se ha interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador, sólo podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos, según la ley relativa á la revocación de sentencias en causas criminales, aprobada en mayo 30 de 1904; y el error alegado, en el caso de existir, nunca sería fundamental.

No comprendemos como la representación del apelante puede afirmar que Olivieri fué acusado solamente de acometi-miento y agresión, cuando la lectura de la denuncia revela que fué acusado de acometimiento y agresión con arma mortífera, cual lo es el revólver con que apuntó contra Colón; y siendo así, claro es que tuvo oportunidad para defenderse del delito de que fué acusado. Huelga la cita del artículo 5o. del Código Penal que se supone infringido.

No terminaremos sin hacer constar que, habiéndose dictado por el juez de Ponce, mediante la celebración de un nuevo juicio, la sentencia hoy apelada, dicha sentencia no pudo esti-marse basada en los méritos del juicio que originó la apelación para ante dicho juez, y por tanto, no puede ser confirmatoria parcialmente del fallo apelado. Así lo hemos dicho ya repe-tidas veces en varios casos anteriormente resueltos, entre ellos los números 92 y 94, de El Pueblo de Puerto Rico contra Pascasio Rivera, y el número 93 de “El Pueblo de Puerto Rico contra Andrés Negroni, decididos, respectivamente, en los días 11 y 14 y 24 del mes de octubre del corriente año.

Por las razones expuestas, procede se confirme la sentencia apelada, menos en cuanto expresa ser confirmatoria parcial-mente de la otra sentencia apelada de la corte municipal de Coamo.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Peesidente Sr. Quiñones,

text:
    Ayoroa v. Sucesión Méndez et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 142.
    Resuelto en diciembre 6, 1907.
    Apelación — Ejecución de Hipoteca — Procedimiento Sumario — Sentencia Definitiva. — Una resolución de la corte negándose á decretar la venta de los bienes en pública subasta, en un procedimiento sumarísimo, por no haberse hecho' el requerimiento al deudor en forma legal, no es una sentencia defini-tiva, ni tiene tampoco el carácter de orden especial, á los efectos de estimar que es una resolución apelable.
    Id. — Orden Especial. — A los efectos del número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, se entiende por providencia especial aquella que lesiona un derecho sobre una cuestión no discutida en el,pleito, ó que provee en contra de lo resuelto por la sentencia.
    Los hechos están expresados en la'opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Méndez Vaz.

   El Juez Peesidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un procedimiento ejecutivo sumario seguido en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla por los hermanos Don Alfredo y Doña Milagros Ayoroa, como he-rederos de Don Ramón Martínez Yélez, contra los-herederos de Don Ricardo y Don Juan Ramón Méndez Martínez, en cobro de un crédito hipotecario por valor de 5,000 pesos mejicanos, equivalentes á 2,850 dollars con sus intereses al tipo convenido de 9 por ciento anual y las costas, con arreglo á la escritura pública otorgada por el Don Ricardo Méndez Martínez en favor del Don Ramón Martínez Vélez, ante el notario de dicha Villa, Don Jnan Arroyo y Bndía, en 30 de abril de 1885.

Presentado el escrito inicial del procedimiento" con copia de la citada escritura y demás documentos que exige el artí-culo 169 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, y 'denegado • por el juez de la corte el requerimiento de pago solicitado por los ejecutantes, por considerar dicho juez que el escrito pre-sentado no reunía las formas requeridas por la ley y el Regla-mento hipotecario, y ampliada, con este motivo, por los ejecu-tantes la documentación presentada, con una liquidación del crédito con las reducciones correspondientes, en razón de los canjes que ha sufrido la moneda en esta Isla desde la fecha de la escritura hasta la presentación de la demanda, con expre-sión de la cantidad que' por capital é intereses debidos, era responsable, respectivamente, cada una de las sucesiones de-mandadas, y otra certificación del registrador, de aparecer inscritos los bienes hipotecados en favor del deudor Don Ricardo Méndez Martínez y de los herederos del Don Juan Ra-món, de los mismos apellidos, como condueños por una partici-pación indivisa que le había sido adjudicada al difunto Don Juan Ramón, por valor de 3,500 pesos mejicanos, equivalentes á 2,100 dollars, en el valor de los bienes hipotecados, ascen-dentes á la suma de 8,500 pesos mejicanos, como uno de los acreedores de la testamentaría del difunto Don Ricardo Mén-dez Martínez, anterior dueño que fué de dichos bienes, dictó •entonces la corte, con fecha 28 de enero del año en curso, la siguiente resolución, que en su parte dispositiva dice así:

‘ ‘ Que se requiera á la Sucesión de Don Juan Ramón Méndez Mar-tínez, en la persona de Juan C. Benitez, como lo solicitan los deman-dantes, y á la sucesión de Don Ricardo Méndez Martínez, compuesta de las personas que se expresan en la demanda también, para que •en el término de 30 días hábiles, paguen á Alfredo y Milagros Ayoroa, cualquiera de las sucesiones ejecutadas, la cantidad que se expresa en Ja liquidación y cuya responsabilidad se consigna en la misma, apercibidas éstas del apremio y subasta de los bienes hipotecados: se ordena, además, que los demandantes presenten copias en secre-taría, de la demanda y documentos, para bacer entrega en el momento del requerimiento á cada una de las partes. Se decreta, por último, que se expida orden al marshal para el cumplimiento de la presente, entregando dichas copias al deudor y terceros poseedores.”

Librado el mandamiento por el secretario de la corte, con inserción íntegra de la anterior providencia, y especificación detallada de la suma, para cuyo pago debía ser requerida cada una de las sucesiones demandadas, respectivamente, según la liquidación presentada por los ejecutantes, se procedió por el marshal' auxiliar de la Corte de Distrito de Aguadilla á prac-ticar el requerimiento de pago dispuesto en las personas de Don Antonio del Toro y Don Casildo Iriate, que encontraron al frente de los bienes hipotecados, en el concepto de arren-datarios de los mismos, por no haber hallado á los deudores para requerirlos personalmente; pero requiriéndolos, no por la cantidad de que debía responder cada una de las sucesiones demandadas, respectivamente, como debía verificarse el re-querimiento, según lo ordenado por la corte,’ sino por la cantidad total á que ascendían las responsabilidades de ambas sucesiones, lo que implicaba una verdadera transgresión de lo ordenado por la corte en su resolución de 28 de enero, por cuyo motivo, habiendo pedido después la representación de los ejecutantes que se sacaran á pública subasta los bienes hipotecados, por haber transcurrido los 30 días que se con-cedieran para el pago á los demandados, sin haberlo veri-ficado, lo denegó la corte, por los. fundamentos que expresa la siguiente providencia:

“No habiéndose hecho el requerimiento- en forma legal, se ordena por la corte no haber lugar á lo que se pretende en la solicitud de los hermanos Ayoroa. Aguadilla, abril 22 de 1907. — Firmado :■ — Arturo Aponte. — Juez de la Corte de Distrito.”

Contra esta providencia interpuso apelación la represen-tación de los ejecutantes, y elevadas á esta, superioridad las transcripciones del récord; personados los apelantes y la Sucesión ele Don Juan Ramón Méndez Martínez, nna de las sucesiones demandadas, por conducto de sus abogados defen-sores, y presentados los respectivos alegatos, se señaló día para la vista, en cuyo acto pidió el abogado de los apelantes se declarara previamente que la Sucesión de Don Juan Ramón Méndez Martínez no debía ser oída en la apelación por no ser parte en el estado en que se encontraba el procedimiento y á cuya solicitud resolvió esta corte, con audiencia de la otra parte que se opuso á ella, se oyera á ambas partes, sin per-juicio de resolver después sobre la cuestión previa lo que se-estimara procedente.

Empero, antes de entrar á discutir esta cuestión, se ocurre-otra que se hace necesario resolverla previamente, porque-afecta á la jurisdicción de esta corte para conocer de la"apela-ción y que consiste en determinar si la providencia de 22 de abril, por la que se denegó la subasta de los bienes hipotecados por no haberse practicado en forma' legal el requerimiento de pago á los deudores, era ó nó apelable.

Entrando en esta materia, tenemos que, según el artículo 176 del Reglamentóle la Ley Hipotecaria contra las providen-cias judiciales dictadas en estos procedimientos sumarios, podía interponer el ejecutante los recursos ordinarios de. la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando no se dispusiera otra cosa en la misma sección del Reglamento; pero como en la sección que trata de estos procedimientos sumarios, no se resuelve nada sobre el particular, y como por otra parte, 'la antigua Ley'de Enjuiciamiento Civil ha sido derogada y reem-plazada por el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, parece evidente entonces que es á las prescripciones de la nueva ley procesal en materia civil, á las que debemos recurrir para resolver si la providencia de 22 de abril, que denegó la subasta de los bienes hipotecados por los motivos que en ella se expre-san, es ó nó apelable.

Ahora bien; el artículo 295 clel nuevo Código de Enjuicia-miento Civil, es el que determina las sentencias y demás reso-luciones judiciales que son suceptibles del recurso de apela-ción, y como entre ellas nó encontramos comprendido, ni si-quiera por razón de analogía, la providencia qne nos ocnpa, liemos de convenir precisamente en qne ésta no es nna reso-lución apelable.

En efecto; por la providencia de 22 de abril, lo qne se declara es que no estando practicado legalmente el requeri-miento de pago, no M lugar á disponer la venta en publica subasta de los bienes hipotecados; y esto ni es una sentencia definitiva, porque no pone término al juicio ó procedimiento sumario que se viene sustanciando, ni es una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva, que' es otra de las resoluciones apelables comprendidas en el párrafo 3o. del mismo artículo 295 del Código de Enjuiciamiento. Civil, porque, aún cuando se sostuviera que la decisión ó resolución de la corte de 28 de enero por la que se ordenó requerir de pago á los deudores, tuviera el carácter de una sentencia defi-nitiva en el procedimiento sumario que nos ocupa, siempre resultaría que la resolución de 22 de abril siguiente, no es de las providencias especiales dictadas después de una sentencia definitiva, á que se. refiere el artículo 295 de la nueva ley pro-cesal en su párrafo 3°., porque como lo tiene ya declarado esta Corte Suprema, en su resolución de 30 de octubre de 1905, recaída en el caso de Avalo Sánchez v. Sucesión Díaz, para eso se necesita que por la providencia especial se lesione un derecho al resolver sobre una cuestión no dis-cutida en el pleito, ni resuelta por la sentencia definitiva, y esto no tiene lugar en el presente caso, puesto que por la pro-videncia de que se trata no se lesiona ningún derecho no dis-cutido ni resuelto por la sentencia, ni se provee en contra de lo determinado por éste en ningún sentido; sino, antes al con-trario, lo que se declara, es, que el requerimiento de pago no está hecho en forma legal, y que por ese defecto no há lugar á la subasta de los bienes hipotecados, lo que lejos de contra-venir á lo mandado por la providencia de 28 de enero, lo rati-fica y confirma una vez más al denegar la celebración de la subasta, por no haberse practicado el requerimiento de pago on la forma dispuesta por la referida providencia que tenía el carácter de firme, ó sea, requiriendo á cada una de las suce-siones demandadas, para al pago de la suma de que eran respectivamente responsables, según lo consignado en la liqui-dación presentada por los ejecutantes, y nó en la forma arbitraria en que lo fia verificado el marshal auxiliar de la Corte de Distrito de Aguadilla.

Pero bay más. Aún suponiéndose que hubieran de aplicarse en el presente caso los recursos ordinarios de la anti-gua Ley de Enjuiciamiento Civil contra las resoluciones judiciales, á que se refieren los artículos 375 y siguientes hasta el 381 inclusive de la citada ley, tampoco sería apelable la providencia de que se trata, pues si bien, con arreglo al artí-culo 379 de la misma ley, las providencias de la naturaleza de la que nos ocupa, eran apelables, para esto era indispensable pedir antes al mismo juez que la hubiere dictado, la reposi-ción ó revocación de la misma, y sólo en el caso de que esta revocación fuera denegada, podía apelarse para ante el superior inmediato;. lo'que no ha tenido lugar en el caso presente, pues la apelación ha sido establecida inmediatamente, sin agotar antes el recurso de reposición que requería la expre-sada ley procesal.

De manera, que ni por la antigua ni por la moderna ley de Enjuiciamiento Civil, la providencia ó resolución que nos ncupa era apelable; y por consiguiente, sin entrar en otro género de consideraciones', que holgarían completamente des-pués de lo que dejamos manifestado, entiende esta Corte Su-prema que carece de jurisdicción para conocer de la apelación establecida por los hermanos Alfredo y Milagros Ayoroa, y que, en su consecuencia, debe desestimarse el recurso, con las costas del mismo á cargo de los apelantes.

Desestimado

Jueces concurrentes i Sres. Hernández y Figueras.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Wolf expresaron estar conformes con la sentencia, pero no con todos los funda-mentos de la opinión.


author: El Juez Asociado Sr. Figueras,

text:
    Ex Parte Colón.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Gnayama.
    No. 125.
    Resuelto en diciembre 12, 1907.
    Habeas Corpus — Prisión Ilesal. — El artículo 54 del Código Penal no ha sido derogado por ley alguna, y si un acusado fuere condenado á multa iior una corte municipal y, en defecto de pago, á prisión por un término mayor de noventa días, cumplido este término de prisión, su reclusión será ilegal y procederá decretar su excarcelación en un procedimiento de habeas corpus.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Figueras,

emitió la opinión del tribunal.

La corte municipal de Cayey condenó á Eustaquio Colón, por el delito de acometimiento y agresión con agravantes, á la pena de quinientos dollars de multa, ó en su defecto, á un día de arresto por cada dollars que deje de satisfacer. Ingresó en el establecimiento penal, según mandamiento, el 27 de agosto de 1907.

En "veinte y cinco de noviembre del mismo año, presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte de Distrito de Gnayama, alegando que su prisión era ilegal, toda vez que, según el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal,, no podía estar.en prisión por más de noventa días, y ya todo ese tiempo lo había cumplido preso en la referida cárcel de, Cayey.

La Corte de Distrito de Gnayama sustanció el recurso y negó la excarcelación, en veinte y nueve de noviembre de 1907, bajo el fundamento de que dicho artículo 54 ha sido implícita-mente derogado, en virtud de posteriores leyes que lo contra-dicen y lo hacen inaplicable, y á este propósito cita y considera varias disposiciones que, en su sentir, demuestran la referida derogación implícita.

Eustaquio Colón interpuso recurso de apelación.

Los artículos 322 y 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal lian sido motivo de repetidas consideraciones por parte de este tribunal, y en apoyo de esta afirmación podemos citar los casos de

Gabriel Díaz, fallado en 6 de mayo de 1907.

José Maíz, fallado en 21 de junio de 1907.

Rafael Laviosa, fallado en 30 de octubre de 1907.

Pero donde claramente se déclaró la vigencia del artículo 54, que es aquí la cuestión del recurso á resolver, fué en el caso de habeas corpus de Guadalupe Andino, fallado en 28 de mayo de 1905.

Allí clara y distintamente se-estableció la vigencia de ese precepto, cuando se trata de penas alternativas de multa ó pri-sión impuestas boy por las cortes municipales.

No bay razón alguna para variar abora de criterio, y como la pena que sufre el recurrente Eustaquio Colón lia traspasado el límite de noventa días que el repetido artículo 54 señala, su prisión actual es ilegal, y es justa su inmediata excarcelación, en virtud del derecho que le otorga el número 2o. del artículo 483 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y por .tanto, debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sb. MacLeaRy,

text:
    Sucesores de Oliva y Ca. v. J. Matienzo y Ca.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia;
    No. 116.
    Resuelto en diciembre 12, 1907.
    Apelación — Decisión no Justificada por la 'Prueba. — La cuestión de que la decisión no está justificada por la prueba practicada en el juicio, no puede ser considerada en una apelación, si ésta no se hubiera interpuesto dentro dé los quince días después de dictada la sentencia.
    Contrato — Indemnización por su Incumplimiento. — Al estimar los daños y per-juicios ocasionados por el incumplimiento de un contrato de duración continua-da, como para la entrega de cierta cantidad de leche diaria, el tribunal no debe apreciar los daños y perjuicios que puedan ocasionarse en lo futuro, es deeir, entre el día en que se presentara la demanda y aquél en que se haya fijado como vencimiento del contrato, pues no es posible afirmar que el in-cumplimiento haya de subsistir, ó que no pueda ocurrir algún accidente inevitable suficiente á excusar la falta de cumplimiento; la indemnización debe, pues, limitarse á los perjuicios ocasionados hasta la fecha de la presentación de la demanda.
    Id. — Nueva Causa de Acción por el Incumplimiento Subsiguiente. — De acuerdo con la doctrina expuesta en el párrafo anterior, el demandante tiene derecho á entablar una nueva acción por los daños que puedan habérsele ocasionados después de la fecha de la presentación de la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    . Abogados de los apelantes: Sres. Sarmiento y Lopes Lan-drón.

    Abogado de los apelados: Sr. Mott.

   El Juez Asociado Sb. MacLeaRy,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación interpuesta contra sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de San Juan, en su sec-ción Ia., el día 15 de octubre de 1906. La demanda fué en-tablada en cobro de daños y perjuicios reclamados por incum-plimiento de un contrato. Se alega que los demandados J. Matienzo y Ca., y J. Matienzo, individualmente, celebraron un convenio con los demandantes, Sucesores de Olivas y Ca., por cuyo convenio los demandados se comprometieron á en-tregar diariamente á los demandantes doscientos cuartillos de leche, por la que habían de recibir, como pago, cinco centavos y medio por cuartillo, ó sean once dollars diariamente. Se alegan otros pormenores referentes al contrato, y al in-cumplimiento del mismo por no haberse efectuado la entrega de la leche, así como relativos á los daños y perjuicios recla-mados por dos años, á razón de $4 por día, ó sean $2,920 por todo el período indicado. El abogado de los apelados sostiene que el recurso de apelación interpuesto por J. Matienzo, en su capacidad individual, debe ser desestimado, por no haber comparecida dicho Matienzo, ni presentado su alegato-en este tribunal dentro del término fijado por la ley. Puesto que la sentencia dictada por el tribunal inferior era á su favor, la desestimación de su recurso de apelación no podría tener ningún efecto práctico; pero pomo este tribunal desea cum-plir con su propio Reglamento, no se considerará el recurso interpuesto por J. Matienzo, individualmente, y puede consi-derarse virtualmente desestimada dicha apelación; debiéndose dictar una orden á ese efecto. El abogado de los apelados sos-tiene en su informe que.por cuanto esta apelación fué inter-puesta contra la sentencia, y quince días después de haber sido dictada la misma, este tribunal no puede investigar la prueba y resolver si la decisión está sostenida ó no por ella; pero que tal como han sido presentados los autos ante este Tribunal, éste está limitado á investigar si la sentencia es consistente ó nó con los hechos probados.

En apoyo de este punto, el abogado cita la- sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Esta sección del Código, en el 1er. párrafo de la misma, dice:

“* # * Pero una excepción á la decisión ó veredicto de un ju-rado, 'fundada en que está en desacuerdo con la prueba, no podrá revisarse, por virtud de apelación contra la sentencia, á menos que se interponga dentro de los quince días después de dictada dicha sentencia.”

Debemos aceptar este parecer, é interpretar así la.citada sección. Habiendo establecido la apelación contra la senten-cia, el tribunal de apelación solamente puede revisar la ley pertinente al caso y nó la prueba sobre la cual se ha basado la decisión. Esta ha sido la práctica de esta corte, siempre que la cuestión se ha presentado á su consideración desde la adop-ción del Código de Enjuiciamiento Civil, en Io. de julio de 1902; y no creemos que sea necesario alterarla ahora. Véase el caso de Román v. American Railroad Co. of Porto Rico, resuelto en 29 de enero de 1906; 3 Decisiones de Puerto Rico, páginas 31, 32 y siguientes, y Maisonave v. Maisonave, re-suelto en 5 diciembre, 1907. Esta interpretación puede no ajustarse ó estar de acuerdo con. alguna de las resoluciones de las cortes de apelación en los diferentes Estados de la Unión, pero está de acuerdo con las reglas establecidas en California, por la Corte Suprema de aquel Estado, al inter-pretar, un estatuto muy semejante á éste. Sección 939 Código de Enjuiciamiento Civil de California.

Clark y. Gridly, 49 Cal., 108.

Handley v. Figg, 58 Cal., 580.

Coonan v. Lowenthal, 129 Cal., 201.

Ryland v. Heney, 130 Cal., 429.

La opinión del juez de distrito que conoció del caso que com-prende los liecbos probados y consideraciones legales, las cuales él creyó adecuadas y pertinentes para la resolución del caso, es como sigue:

“Para llegar á.una resolución final en este pleito, la corte fia tenido mucho cuidado al apreciar la prueba toda y especial-mente la testifical, tomando en consideración la mayor ó menor seguridad al declarar cada testigo, las vacilaciones y dudas de algunos, el interés que pudiera tener al deponer, si sus manifestaciones fueron contradichas por actos ó palabras suyas, yen resumen, cree haber aquilatado el valor de todas ellas, y como consecuencia de toda la prueba y de las argu-mentaciones de los abogados, llega la corte á las siguientes conclusiones:

I. Que en la noche del cinco ó seis de octubre de ,1905, y en el café “La Mallorquína, ” propiedad de los demandantes, éstos, ante varios testigos, llegaron á un acuerdo con Don Joa-quín Matienzo, como representante de J. Matienzo y Ca., sobre los siguientes extremos, únicos que se trataron:

(a) J. Matienzo y Ca. se comprometieron á entregar dia-riamente á Sucesores de Olivas y Ca., y estos á recibir’, dos-cientos cuartillos de leche de vaca pura-.

(b) El precio de tal compra-venta sería el ele cinco centavos y medio por cuartillo.

(c) La entrega sería de los doscientos cuartillos de leche, de cinco á seis de la mañana, en “La Mallorquína.’’

(d) El contrato duraría dos años, avisando ocho días antes de comenzar á cumplirlos.

II. Cuando lo anterior fue convenido, fue celebrado por los contratantes y testigos tomando champagne en satisfac-ción de haber llegado á un acuerdo los primeros, toda vez que había áido muy discutido el precio.

III. Cuando tal convenio verbal tuvo efecto, Jos Sres. J. Matienzo y Ca., no tenían aun la vaquería que pensaban com-prar; pero en los últimos días de octubre los Sres. de la Haba y Don Joaquín Matienzo, de la firma social demandada, avisaron á Don Paulino Pumarada, socio de la demandante, haber realizado la compra de las vacas necesarias.

IV. No aparece debidamente justificado que cuando se hizo el trato de palabras consignado en el número 1, Don Joaquín Matienzo hiciera reserva alguna ó advertencia al socio Pumarada con quien contrató por la social demandante, de que él no pudiera contratar, y que necesitara la aprobación del otro socio Sr. de la Haba.

V. En primero .de noviembre siguiente J. Matienzo y Ca. dirigieron una carta escrita y firmada por Don Joaquín Ma-tienzo, á nombre de la sociedad, á los demandantes, en que ratificaron el' convenio celebrado por Don Joaquín Matienzo y los demandantes.

VI. Aún cuando en el convenio verbal nada se estipuló respecto á dar forma escrita al convenio, sin embargo, ya por los días de la carta de primero de noviembre, á instancia de J. Matienzo y Ca., trataban las partes de este pleito de hacer un documento privado .sobre el particular.

VII. A la carta de primero de noviembre contestó con otra Sucesores de Oliva y Ca., congratulándose de que estuvieran dispuestos á cumplir lo convenido; consignó cuáles eran las estipulaciones verbales, ó sea las que antes se han expresado, y además, les participaba que desde el día diez de ese mes estaba pronto á recibir la lecbe convenida.

A esta carta nada contestó J. Matienzo y Ca.; alega Don Joaquín Matienzo que él la recibió y la rompió, sin dar cuenta de ella á su socio Sr. de la Haba, á quien nada dijo basta mncbo tiempo después.

VIII. En diez de noviembre la sociedad demandada entre- 4 gó á la demandante los doscientos cuartillos de lecbe, pero esa misma tarde la primera envió á la segunda, quien la recibió, una carta en que le participaba que en adelante no le enviaría más la lecbe porque parte'de ella la habían vendido' fuera de “La Mallorquína.”

IX. Uno de los extremos discutidos, aunque brevemente en la entrevista que dió margen al convenio verbal, fué que los demandantes querían recibir la lecbe en dos ocasiones, por la mañana y por la tarde, pero ante la negativa de los demandados cedió pronto la demandante y aceptó que toda fuera por la mañana.

X. Que recibiendo toda la lecbe por la mañana los deman-dantes, y ante el temor de que no le sirviera para por la nocbe en su café, concertó con Bird, Rosales y Fabián que les toma-ran ciento veinte cuartillos por la mañana al mismo precio de cinco centavos y medio que compraba y que por la tarde se la devolvieran, abonándoles un centavo por cuartillo de los que le devolvían. Así de los doscientos cuartillos, se quedaba el demandante con solo ochenta para el consumo de la mañana.

XI. Al comunicar el día diez de noviembre la sociedad demandada á la demandante que el once ya no le enviaría la lecbe, se vió ésta precisada á comprarla en distintos puestos de esta ciudad, á precio superior, á siete centavos y medio, basta que el día 16 ó 17 de noviembre pudo convenir con Bird, Rosales y Fabián que le suministraran toda la que nece-sitaban, á razón de siete y medio centavos el cuartillo, durante dos años.

Nil. Los actos y contratos realizados por Don Joaquín Matienzo no lo fueron por su derecho propio, sino á nombre de J. Matienzo y Ca., sociedad civil agrícola que, aunque con la forma de las sociedades, usaba el nombre del comanditario y no del socio gestor Don Alberto de la Haba.

PUNTOS DE DERECHO.

Io. El convenio celebrado el cinco ó seis de octubre de 1905 en el café “La Mallorquína” entre las sociedades litigantes, fué un contrato, porque reunió los tres requisitos que para que exista exige el artículo 1228 del Código Civil.

2o. Al celebrar ese contrato Don Paulino Pumarada, en nombre de los demandantes, con Don. Joaquín Matienzo, con-trató con la sociedad J. Matienzo y Ca., no tan sólo porque no se ha probado que éste hiciera constar que no podía obligar á la sociedad por ser un comanditario, sino porque figurando en la firma social de los demandados el nombre de Joaquín Matienzo, legalmente, con arreglo al Código de Comercio, tenían derecho á estimarlo como el socio colectivo con facultad para obligar. Y esto sin tener en cuenta que cuanto él esti-puló aquella noche fué ratificado en carta ' de primero de noviembre, suscrita con dicha firma social.

3o. No habiéndose justificado de una manera cumplida que cuando en diez de noviembre la sociedad demandada hizo la primera entrega de leche, fuera ante la esperanza de poder celebrar un contrato escrito distinto en algunos extremos á lo que se convino en la noche del cinco al seis de octubre, pa-rece lo lógico y racional admitir que tal primera entrega de leche y las sucesivas que habían de hacerse, fué la ejecución del contrato verbal.

4o. Aún cuando tal convenio fué primeramente verbal, sin embargo, la carta de primero de noviembre lo convirtió en escrito, al ratificar cuanto había tratado el Sr. Don Joaquín Matienzo, y mucho más la carta del día siguiente de Sucesores de Oliva y Ca.. en que recordaba cuáles eran las estipula-•ciones Habidas, carta ésta que no fné contestada, negando ia certeza de las cláusulas del convenio.

5o. Los contratos se perfeccionan por el simple consenti-miento, cuando además, hay objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca, porque de cualquiera manera que el hombre quiera obligarse, queda obli-gado, y son obligatorios cualquiera que sea su forma, sin que dejen de ser contratos eficaces por no haberse reducido á escrito, pudiendo, no obstante, compelerse las partes á darles tal forma cuando sea necesario para llevar á término'la obli-gación ó perjudicar á terceros, y así lo tiene resuelto el Tribunal' Supremo de España en su sentencia de 17 de abril de 1897 de una manera vacilante, pero luego, ya resueltamente, •en las posteriores de 4 de julio de. 1899, Io. de julio y 19 de octubre de 1901.

6o. El que faltare al cumplimiento de sus contratos está obligado á indemnizar daños y' perjuicios, que comprenden, no sólo el valor, de la pérdida que haya sufrido, sino también la ganancia que haya dejado de obtenerse, y', con arreglo á este precepto, han de ser indemnizados los perjuicios que hayan sufrido los demandantes, quienes han aportado prueba de las pérdidas que sufren.

7o. Como el contrato era por dos años, ó sea 730 días, y por doscientos cuartillos á cinco centavos y medio cada uno, resulta que 'hubieran tenido los demandantes que pagar á J. Matienzo y Ca. once pesos diarios, y la -que compran actual-mente, ' costándole á siete centavos, da un resultado de ■ ca-torce pesos diarios, ó sea una diferencia diaria de más en contra ó perjuicio de los demandantes, de tres dollars diarios, y, al cabo de los dos. años, de $2,010. Más como de los dos-cientos cuartillos que recibían de J. Matienzo y Ca., entrega-ban ciento veinte cuartillos á Bird, Rosales y Fabián, para que luego éstos se los devolvieran por la tarde, dándoles un centavo de ganancia por cuartillo, resultan ciento veinte centavos diarios menos de perjuicio, que, en los dos años, son $804, cantidad que rebajada de los dos mil diez dollars, dan un saldo de un mil doscientos seis dollars, que es la cantidad en que resulta perjudicada la sociedad demandante,

8o. Con arreglo al Código Civil vigente, no existen los daños ejemplares, ó sea la obligación de pagar á más de los perjuicios de que antes se lia heelio mención, otra cantidad como castigo.”

Debemos aceptar los hechos, según han sido declarados probados por la Corté de Distrito. ¿Son entonces las conclu-siones de derecho basadas en los hechos probados correctas, y está justificada la sentencia por los hechos y por la ley, se-gún se ha expresado por la corte inferior en su opinión y en la sentencia dictada? No seguiremos en esta discusión' los puntos de ley expuestos por la corte inferior en la opinión que se encuentra en los autos; sino más bien las cuestiones presen-tadas por el abogado de los apelantes y el de los apelados á nuestra consideración.

Según el caso ha sido presentado en estos autos, debemos considerar como resuelto por la corte inferior que existió un contrato entre los apelantes y los apelados para la compra y venta de leche; y que se hizo por escrito, con motivo de las cartas que se cruzaron entre las partes. Resulta, además, de los autos, según han sido presentados, que este contrato fué infringido por J. Matienzo y Ca., con motivo de no haber entregado la leche después de la primera entrega diaria, que hizo en 10 de noviembre de 1905.

Consideramos innecesario resolver el punto de si el con-trato tenía que ser por escrito ó no, para establecer su efica-cia y su fuerza obligatoria; puesto que la corte inferior ha resuelto que dicho contrato fué por escrito, y aceptamos esa resolución como final en esta apelación, según ha sido presen-tada. También es evidente desde este punto de vista del caso que el incumplimiento del contrato para la entrega de leche, en el cual se basa esta acción, causó daños y perjuicios á los apelados y debemos revisar los hechos declarados probados por la corte con el objeto de determinar la cuantía.

Por el contrato, los demandados estaban obligados á en-tregar á los demandantes doscientos cuartillos de leche diaria-mente por el período de dos años, empezando el día 10 de no-viembre» de 1905. Los demandantes se obligaban á pagar por esta leche á los demandados cinco centavos y medio por cuar-tillo ú once dollars diarios por los doscientos cuartillos que habían de entregarse. Los demandados entregaron solamente una vez la leche, dé acuerdo con el contrato, siendo esta en-trega de doscientos cuartillos en 19 de noviembre siguiente, alegando como razón de tal negativa, que los demandantes “habían vendido parte de la leche fuera de “La Mallorquí-na ese era el café que tenían los demandantes. No se en-tregó la leche en los restantes setecientos veinte y nueve días que faltaban para completar el término de dos años, estan-do, por consiguiente, los demandantes obligados á hacer otro contrato para el abastecimiento de leche á un precio superior de siete centavos y medio por cuartillo. Esto debe pre-sumirse que fué por dos entregas diarias, como lo exigía el negocio de los demandantes. Esto fué declarado como un hecho probado por el tribunal inferior, y no se ha discutido. Por consiguiente, los daños y perjuicios Causados por dejar de entregar los doscientos cuartillos de leche ascienden á dos centavos por cuartillo, ó cuatro dollars diarios. Pero los de-mandantes no podían hacer uso de toda la leche que se les entregaba solamente por la mañana, entre las horas de las cinco y las seis, porque probablemente antes de la noche ya es-taría dañada, por lo que ellos convinieron con otro cambiar con él ciento veinte cuartillos de leche diariamente, tomando esa cantidad de leche por la mañana y devolviéndosela por la noche, pagando los demandantes, por este cambio, un centavo por cuartillo, ó un dollar veinte centavos diarios. Dedu-ciendo esta suma de los cuatro dollars, según debemos hacer para llegar á un'cálculo exacto de los daños y perjuicios sufri-dos por los demandantes, esa suma queda reducida á ($2.80) dos dollars ochenta centavos por día.

La otra cuestión que se presenta para ser resuelta por este tribunal, es el punto de por cuantos días deben estos da-ños y perjuicios ser calculados. La corte inferior incluyó los dos años con excepción del día en que fué entregada la leche, y dictó sentencia por la suma de ($2,010) dos mil diez dollars.

Creemos que al estimar ó calcular los daños y perjuicios, con arreglo á un contrato permanente como éste, por el in-cumplimiento diario que ocurra, la corte no debió haber to-mado en consideración los que pudieran sobrevenir, sino los ya causados, pues nadie podría decir con seguridad que el in-cumplimiento diario continuaría, ó que el precio de la leche en el mercado se sostendría en un precio mayor que el deter-minado en el contrato, ó que algún accidente ó acontecimiento inevitable podría ocurrir, por el cual se impediría el cumpli-miento del contrato, excusando á los demandados del cumpli-miento del mismo. Por consiguiente, los daños y perjuicios no debieron haber sido calculados después de la fecha en que se dictó la sentencia, á saber: 15 octubre, 1906.

• Pero tenemos que resolver que el importe de la sentencia debe estar limitado al incumplimiento ocurrido hasta el día de la presentación de la demanda, cuya fecha, aunque no apa-rece claramente de los autos, no puede ser posterior al 24 de abril, 1906, ó sea (165) ciento sesenta y cinco días. Todas las autoridades, según hemos podido ver en los casos resuel-tos, están de acuerdó con esta opinión, y debemos seguir sus •opiniones.

Puede hacerse referencia al siguiente extracto de una opinión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, á saber:

“Una acción establecida en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato en el que se estipulaba el pago de una suma de dinero en plazos, procederá solamente en cuanto á los plazos vencidos en la época de la presentación de la demanda, no pudiendo ser incluidos en la reclamación los plazos subsiguientes que se venzan después de establecida la acción, ó de algún otro modo calculados en la reclamación del demandante, de modo que sirva para sostener la ju-risdicción de ia corte, ó para justificar el pronunciamiento de una sentencia por el total de la cantidad reclamada.”

(Mansfield y.Winter, 10 App. Cases D. C. 549, citando 145 U. S., 224; que cita á la vez el mismo tomo, página 123.)

De acuerdo con ésta regla, los daños y perjuicios sufridos .por los demandantes por culpa de los demandados, con mo-tivo del incumplimiento del contrato qué es objeto de esta acción, deben calcularse á razón de ($2.80) dos dollars y odienta centavos por día durante 165 (ciento sesenta y cinco) días, ascendente á la suma de ($462) cuatrocientos sesenta y dos dollars. . ‘ , .

Desde luego que, visto el caso bajo este aspecto,' quedan los demandantes con derecho á establecer una nueva acción por los daños y perjuicios que hayan podido sufrir desde el 24 de abril de 1906, fecha en que se supone haber sido presen-tada la demanda en este caso.

El presente caso se ha estado considerando por largo tiempo, debido á las muchas cuestiones presentadas y que sur-gen de los autos, muchas de las cuales han sido omitidas en esta opinión, pero todas estas cuestiones han sido cuidadosa-mente estudiadas y ampliamente discutidas y consideradas. Sin embargo, se 'hace innecesario revisar más.la ley y los. hechos en relación con las mismas, debido á las limitaciones impuestas por la sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil anteriormente citado, discutido é interpretado.

Por consiguiente, la sentencia de la corte inferior debe modificarse y reformarse, según se indica en esta opinión.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Eigueras y-Wolf.


author: El Juez Asociado Su. Wole,

text:
    Gómez v. Soto Nussa, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 37.
    Resuelto en diciembre 12, 1907.
    Citación — Comparecencia de la Parte — Jurisdicción.—La comparecencia del demandado ante la corte subsana cualquier defecto que pueda contener la cita-ción, y es suficiente para que la corte adquiera jurisdicción.
    Id. — Alegaciones.'—Los lieclios que no aparezcan de la faz de la demanda deben alegarse por medio de contestación, j no por excepción previa, que no puede contener nuevos hechos, sino que ha de admitir la verdad de los alegados en la demanda. Este principio tiene aplicación también á las cuestiones de jurisdicción.
    Id. — Citación Defectuosa — Moción para Eliminar. — En los 'casos en que el' demandado no hubiere sido citado debidamente ||¡L'oeede la presentación de una moción, justificada por declaración jurada, interesando la eliminación de la citación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del peticionario: Sr. Sama.

   El Juez Asociado Su. Wole,

emitió la opinión del tribunal;

Esta es una solicitud por la que se interesa la expedición de un auto de certiorari. Se estableció una demanda en la corte municipal de Mayagüez en reclamación de cincuenta y cuatro dollars y cuarenta centavos. En la solicitud se alega que el peticionario no fué notificado del procedimiento que contra él se estableció; que con posterioridad á la presentación de la demanda contra él establecida compareció ante la corté formulando excepción previa á la misma, basando la referida excepción en el hecho de ser él residente del pueblo de Añasco, por lo que la corte municipal de Mayagüez no tenía jurisdic-ción para conocer del caso. La corte desestimó la excepción por no haber comparecido el peticionario al juicio, dictando dicha corte sentencia contra él por -la suma reclamada. El solicitante estableció apelación ante la Corte de Distrito de Mayagüez, donde fué descutida dicha excepción previa. Cree-mos que la Corte de Distrito de Mayágüez resolvió correcta-mente que el peticionario renunció al derecho que tenía de ser notificado debidamente por fiaber comparecido y formulado excepción en la corte municipal.

La sección 87 del Código de Enjuiciamiento Civil deter-mina la forma de promover acciones civiles por medio de de-mandas, y la 88 prescribe que el demandado renuncia al de-recho de ser citado por el hecho de comparecer y contestar, ó tomar excepción.

La propia forma de presentar la cuestión de jurisdicción de la corte es, ya por contestación á la demanda expresando el hecho de residir en otro pueblo, ó por medio de una moción fundada en declaraciones juradas para anular las citaciones, si el demandado ha sido notificado indebidamente.

: La excepción previa, sin embargo, según ha dicho el juez de distrito, admite M verdad de los hechos expresados en la demanda. No pueden presentarse nuevos hechos por medio de excepción.' (Guasp v. Sucesión Rosch, Dec. de P. R., vol. II, p. 641.)

La objeción hecha en cuanto á que la corte municipal de Mayagüez, y, por consiguiente, la de Distrito de esa ciudad, no tenía competencia en apelación, fué debidaménte desesti-mada, y no haciendo el peticionario alegación ninguna, la corte dictó sentencia en contra de él. El auto de certiorari debe ser denegado.

Denegado.

Jueces concurrente : Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández, Figueras y MacLeary.