author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Jaime Feliciano Figueroa et al., demandantes y recurridos, v. Julio Toste Piñero, demandado y peticionario.

      Número: CE-93-236

      Resuelto: 15 de diciembre de 1993

      Luis F. Abreu Elias, abogado del peticionario; Gloria L. Le-brón Nieves, de Cobián & Valls, abogada de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Bajo la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, una sentencia previa por delito grave, como docu-mento público, ¿sirve para dispensar de fianza una orden de embargo en aseguramiento de sentencia? Expongamos los antecedentes que dan génesis a esta novel interrogante.

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El 31 de mayo de 1992 como resultado de una disputa vecinal relacionada con las colindancias de unos terrenos, Julio Tosté Piñero disparó en dos (2) ocasiones e hirió gra-vemente a Jaime Feliciano Figueroa. Atendido en varios hospitales, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se le practicó una coloctomía. El 2 de noviembre de 1992 Fe-liciano Figueroa y varios familiares demandaron a Tosté Piñero en el Tribunal Superior, Sala de Guayama, en da-ños y perjuicios reclamándole doscientos veinticinco mil dólares ($225,000) por sufrimientos físicos y mentales, más dos mil dólares ($2,000) de gastos médicos.

Como consecuencia de esos hechos se ventilaron los Ca-sos Criminales Núms. GVI-92-G-0043, GLA-92-G0200, G0201 contra Tosté Piñero por tentativa de asesinato y vio-lación de los Arts. 6, 7 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416, 417 y 418. El 5 de marzo de 1993 el Tribunal Superior (Hon. Carlos Rivera Martínez, Juez), previa alegación de culpabilidad, lo sentenció a seis (6) años de cárcel por la tentativa de asesinato y a tres (3) años de cárcel, respectivamente, por los Arts. 6 y 7 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra; todas concurrentes. La sentencia fue suspendida conforme la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, sujeta a doce (12) condiciones generales y a cinco (5) especiales.

Entretanto, como parte de los trámites en el caso civil, se le cursó a Tosté Piñero unos interrogatorios en los cuales se le preguntó si era propietario “ ‘solo o conjuntamente con otra persona de algún bien inmueble” ’. Moción para mostrar causa, pág. 2. Bajo juramento, lo negó. Sin embargo, un estudio registral reveló a Feliciano Figueroa que para el 2 de abril de 1993 constaba inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas, See. Primera, la Finca Núm. 14,472() a nombre de Tosté Piñero y su esposa Carmen Sánchez.

Advertido de ese hecho, para evitar la enajenación de bienes, el 21 de mayo de 1993 Feliciano Figueroa solicitó el aseguramiento de sentencia mediante embargo y prohibi-ción de enajenar. Posteriormente, el 29 de mayo y 1ro de junio aparecieron publicados en el periódico El Vocero de Puerto Rico dos (2) clasificados sobre venta de un inmueble cuya descripción coincidía con la antes mencionada propie-dad de Tosté Piñero y esposa.

El 4 de junio de 1993 se celebró una vista evidenciaría. Analizada la prueba, incluso la contestación del interroga-torio antes referido, el tribunal (Hon. Dante A. Rodríguez Sosa, Juez) accedió al embargo y la prohibición de enajenar sin previa fianza. El embargo quedó debidamente inscrito el 11 de junio de 1993, Tomo 692, Folio Núm. 295, Asiento 590. A solicitud de Tosté Piñero, revisamos.()

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Sabido es que la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, autoriza la concesión de un remedio provisional sin fianza, “[s]i apareciere de documentos públicos o privados, según definidos por ley, firmados ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legalmente exigible (Énfasis suplido.)

A la luz de la sentencia del caso criminal por los mismos hechos, en que Tosté Piñero hizo alegación de culpabilidad por tentativa de asesinato e infracciones a los Arts. 6 y 7 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, la excepción en la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, gobierna la solu-ción de este incidente. Nos explicamos.

Son documentos públicos “los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnida-des requeridas por la ley”. Art. 1170 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3271. Desde principios de siglo determinamos que las sentencias judiciales gozan de esa cualidad. Vélez v. Camacho et al., 8 D.P.R. 37 (1905). Como tales, “hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otor-gamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”. Art. 1172 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3273.

La sentencia penal por tentativa de asesinato contra Tosté Piñero es un documento público, pues fue autorizada por un funcionario público competente —Juez Superior Rivera Martínez— cumpliendo las solemnidades requeridas por ley. Bajo la Regla 65(V) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV,() como excepción a la regla de prueba de referencia, es admisible en evidencia en uno civil posterior por corresponder a una convicción anterior por delito grave. () Además, como se originó en una alegación de culpabilidad por el mismo delito imputádo originalmente, sería también admisible como admisión de parte. Regla 62 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

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Establecida su admisibilidad, “[e]n estricta justicia y visto el efecto devastador que tiene la admisión del documento condenatorio para establecer ‘que la obligación es exigible’ no existe base sustancial que impida no acceder a una solicitud de aseguramiento de sentencia sin previa prestación de fianza en tales casos por la alta probabilidad de que la sentencia impondrá algún tipo de responsabilidad civil con la admisión de dicho documento en evidencia”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, pág. 342. Se trata de un documento público mediante el cual puede el “ ‘juez venir en conocimiento de que realmente la obligación existe y pueda reclamarse’ ”. (Énfasis en el original suprimido.) Marty v. Ramírez, 73 D.P.R. 165, 170 (1952).

En resumen, la declaración de culpabilidad de Tosté Pi-ñero por el delito de tentativa de asesinato, como sentencia condenatoria admisible en evidencia en este caso civil, hizo innecesaria la fianza previa al embargo.

IV

No tiene razón el peticionario Tosté Piñero de que el tribunal violó el debido proceso de ley al no exigir prueba de circunstancias excepcionales.

En Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993) —a la luz de Connecticut v. Doehr, 501 U.S. 1 (1991)— reiteramos que en todo procedimiento ad-versativo el debido proceso de ley debe satisfacer los requi-sitos siguientes: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar eviden-cia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abo-gado, y (6) que la decisión se fundamente en el récord.

Aquí los autos revelan que el peticionario Tosté Piñero fue notificado el 24 de mayo de la vista en que se discutiría la moción solicitando aseguramiento de sentencia. Estuvo representado por su abogado y tuvo amplia oportunidad de confrontar e impugnar la prueba presentada en su contra. No hay fundamento para sostener su contención.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Como norma general, y conforme ello surge de una lec-tura integral de las disposiciones de las Reglas 56.2 y 56 .3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para que un tribunal pueda emitir, a solicitud de un reclamante, un remedio provisional con el propósito de asegurar la efecti-vidad de una sentencia se tiene que cumplir con tres (3) requisitos, a saber. (1) se deberá notificar a la parte ad-versa de la solicitud del remedio en controversia; (2) cele-brar una vista al efecto; y (3) se deberá exigir la prestación de una fianza por parte del reclamante.

En la situación en que se solicita, como remedio provisional, una orden de embargo, dicha norma general tiene sus excepciones. Recientemente tuvimos ocasión de expre-sarnos sobre las mismas. En Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993),I() al interpretar y mo-dificar —conforme a la decisión emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Connecticut v. Doehr, 501 U.S. 1 (1991)— lo dispuesto por la Regla 56.4 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, resolvimos que un tribunal únicamente podía expedir una orden de embargo, sin que se cumplan con los requisitos de notificación a la parte adversa y la celebración de vista previa, cuando el reclamante ha alegado o demostrado la existencia de un interés previo propietario sobre la cosa embargada; cuando ha alegado o demostrado la probabilidad de prevalecer me-diante prueba documental fehaciente de la cual se des-prenda que la deuda es una líquida, vencida y exigible; cuando ha alegado o demostrado la existencia de circuns-tancias extraor diñarías. () En otras palabras, y dicho de manera más sencilla, resolvimos que, la prestación de una fianza por el reclamante, no releva al tribunal de su obli-gación de velar porque se notifique a la otra parte, y de celebrar una vista previa, a menos que se dé una (1) de las tres (3) situaciones de excepción antes mencionadas.

Por otro lado, y en cuanto al requisito de la prestación de fianza, sólo se podrá eximir al reclamante del cumpli-miento con este requisito en las tres (3) situaciones que contempla la citada Regla 56.3 de Procedimiento Civil, a saber:

(1)Si apareciere de documentos públicos o privados, según definidos por ley, firmados ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legalmente exigi-ble; o
(2)Cuando se tratare de un litigante insolvente que estuviere expresamente exceptuado por ley para el pago de aranceles y derechos de radicación y a juicio del tribunal la demanda adu-jere hechos suficientes para establecer una causa de acción cuya probabilidad de triunfo fuere evidente o pudiere demos-trarse, y hubiere motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que de no obtenerse inmediatamente dicho remedio provisional, la sentencia que pudiera obtenerse resultaría acadé-mica porque no habría bienes sobre los cuales ejecutarla; o
(3)Si se gestionare el remedio después de la sentencia.

No puede enfatizarse lo suficiente el hecho de que para que un tribunal pueda eximir a un reclamante, ya de los requisitos de notificación a la parte adversa y celebración de vista previa, ya del requisito de prestación de fianza, se tienen que dar las situaciones eximentes correspondientes a cada uno de dichos requisitos de forma separada ya que el cumplimiento con unos no releva, automáticamente, del in-cumplimiento con otro de los requisitos. En otras palabras, el mero hecho de que se haya notificado a la parte adversa y se haya celebrado una vista previa no releva, por sí solo, del requisito de prestar fianza para garantizar los daños que el embargo pueda ocasionar como tampoco a la in-versa; esto es, la mera prestación de una fianza no exime, de manera automática, de la notificación y la celebración de vista previa.

Con ello en mente, consideramos la situación de hechos del caso ante nuestra consideración. Coincidimos con la Opinión mayoritaria en que la sentencia en un caso criminal, demostrativa de una alegación de culpabilidad del de-mandado en relación con los mismos hechos sobre el cual versa el caso civil, cumple prima facie con la primera de las tres situaciones que contempla la citada Regla 56.3 de Pro-cedimiento Civil, esto es, cuando “apareciere de documen-tos públicos o privados, según definidos por ley, firmados ante una persona autorizada para administrar juramen-tos, que la obligación es legalmente exigible razón por la cual parece ser, prima facie, que el reclamante en el presente caso debe y puede ser eximido del requisito de prestar fianza.

Uno de los documentos a los que obviamente se refiere la citada Regla 56.3 —al hablar de documento público o privado, firmado ante persona autorizada, del cual surja que la obligación es legalmente exigible— es un pagaré personal vencido, autorizado ante notario, del cual no sólo surge que la obligación es legalmente exigible sino que surge la cantidad de dinero por la cual el demandado, prima facie, le es responsable al reclamante; deuda que es líquida, vencida y exigible. Ello le permite, o pone en posi-ción, al tribunal no sólo de eximir al reclamante del requi-sito de fianza sino que de ordenar el embargo de propiedad del demandado por un valor similar a la deuda que surge del documento sin la necesidad de cumplir con los requisi-tos de notificación y celebración de vista.

Ello no sucede con la sentencia en controversia en el pre-sente caso. De la misma surge, no hay duda, una responsa-bilidad u obligación que es, prima facie, legalmente exigi-ble; razón por la cual se puede eximir al reclamante del requisito de prestación de fianza. No surge, sin embargo, de dicha sentencia cuál es la cuantía de esos daños. En otras palabras, no obstante esta sentencia ser demostrativa de la existencia de una obligación legalmente exigible, la misma no releva a la parte demandante, ni al tribunal, del cum-plimiento con los requisitos de notificación y vista previa, donde se deberá determinar la cuantía del embargo.()

Ahí, precisamente, la razón de lo antes expresado a los efectos de que el hecho de que pueda eximirse al recla-mante del cumplimiento con uno (1) de los tres (3) requisi-tos, no releva al tribunal de velar por el fiel cumplimiento de los otros requisitos. Esto es, en el presente caso, no obs-tante el reclamante estar en una de las tres (3) situaciones, o excepciones, que lo relevan de prestar fianza, tenía que cumplirse con el requisito de notificación a la otra parte y con el requisito de celebración de vista previa', vista donde el tribunal venía en la obligación de exigir prueba sobre los alegados daños sufridos por la parte reclamante con el pro-pósito de que dicho foro pudiera emitir una orden de embargo por una suma que se ajustara, en todo lo posible, a la cuantía de dichos daños.

De la Opinión mayoritaria surge que el tribunal de ins-tancia celebró una vista. Desconocemos qué sucedió en la misma. Se presume la corrección de los procedimientos ju-diciales; en consecuencia, partimos de la premisa que en dicha vista el tribunal exigió, y recibió, antes de emitir la orden de embargo, prueba sobre los alegados daños sufri-dos por la parte demandante y, por ende, que la orden emi-tida autoriza el embargo de bienes de la parte demandada por una suma de dinero que, dentro de lo posible, se ajusta, o corresponde, a los daños sufridos.

A base de ello, es que concurrimos con la Opinión mayo-ritaria emitida por el Tribunal en el presente caso.

      (1) Polios Núms. 18 al 23 y 84 al 87 de los Tomos 392 y 430, según surgía de las inscripciones Ira y 7ma.
      Certificación relativa a la finca número 14,472 inscrita en el Folio Núm. 18 del Tomo 392 de Cayey y expedida por el Registrador de la Propiedad, See. Primera de Caguas, el 2 de abril de 1993 a solicitud de Jaime Feliciano Figueroa.

      (2) En su recurso argumenta:
      “1. Erró el Honorable Tribunal al decretar el embargo, y embargar todos los bienes, muebles e inmuebles, de la parte demandada, sin requerir fianza alguna, en violación de la Regla 5[6] de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979.
      “2. La imposición de un embargo a todos los bienes muebles e inmuebles de una familia antes de la sentencia, sin requerimiento de fianza y sin prueba de cir-cunstancias excepcionales viola el derecho del debido proceso de ley según definido en Connecticut v. Doehr, 111 S.Ct. 2105 (1990).” Petición de certiorari, pág. 3.

      (3) En lo pertinente dispone:
      “Es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia aunque el declarante esté disponible como testigo:
      “(V)Sentencia por convicción previa: Evidencia de una sentencia final, tras un juicio o declaración de culpabilidad, declarando a una persona culpable de delito grave, ofrecida para probar cualquier hecho esencial para sostener la sentencia de convicción. La pendencia de una apelación no afectará la admisibilidad bajo esta regla, aunque podrá traerse a la consideración del tribunal el hecho de que la sen-tencia de convicción aún no es firme. Esta regla no permite al Pueblo en una acción criminal ofrecer en evidencia la sentencia de convicción de una persona que no sea el acusado, salvo para fines de impugnación de un testigo.” (Énfasis suplido y en el original.) Regla 65(V) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

      (4) El delito de asesinato acarrea la pena fija de noventa y nueve (99) años de prisión, Art. 84 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4003, y su tentativa, la mitad de la pena para el delito consumado, sin exceder ésta de diez (10) años. Art. 27 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3122.
      Claramente la sentencia de convicción por tentativa de asesinato como delito grave es admisible en esta etapa para efectos del dictamen interlocutorio de eximir fianza.
      Este trámite y trasfondo lo distinguen de Maysonet v. Granda, 133 D.P.R. 676 (1993).

      (1) 93 J.T.S. 111.

      (2) En Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 894 (1993), se definió circunstancias extraordinarias como "aquellas en las que se demuestra que existen razones que llevan a pensar que el demandado está llevando a cabo actos encaminados a transferir o gravar sus propiedades de manera tal que impida la ejecución en su día de una sentencia que le fuera eventualmente adversa”. Cabe señalar que, según alega la parte demandante recurrida, el caso de autos también presenta este tipo de circunstancia extraordinaria; ello en vista de su alegación de que el demandado recurrente puso a la venta el inmueble de su propiedad sito en Cayey, cuyo embargo se había solicitado, con el propósito de impedir la ejecución de la sentencia que en su día pudiera recaer en su contra.

      (3) Debe recordarse que dicha sentencia es tan sólo admisible en una acción de daños y peq'uicios como prueba sustantiva de los hechos ocurridos en la acción penal por delito grave, lo cual admite admite prueba en contrario. Maysonet v. Granda, 133 D.P.R. 676 (1993).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Manuel Vargas Sepúlveda et al., demandantes y recurridos, v. Molinos Nacionales, Inc. et al., demandados y peticionarios.

      Número: CE-93-11

      Resuelto: 15 de diciembre de 1993

      Pedro J. Manzano Yates, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado de la parte peticionaria; Osvaldo Ortiz Medina, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si el Tribunal Superior erró al asumir jurisdicción sobre una reclamación por alegado dis-crimen sindical por tratarse de un asunto de la exclusiva jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.

I

En mayo de 1991 un grupo de ex empleados de Luis Ayala Colón Suers., Inc. presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, la demanda del caso que nos ocupa.() En síntesis, se alegó en la demanda que a media-dos de marzo de 1987 los demandantes se presentaron a trabajar a las facilidades portuarias en Ensenada, Guá-nica, y se encontraron con los portones cerrados y guardias armados que les impidieron el paso. Se alegó que luego de haber trabajado ininterrumpidamente en los muelles du-rante aproximadamente veinte (20) años, ese mismo día se les informó que ya no trabajaban para la empresa Luis Ayala Colón, Suers. Inc., la cual había sido sustituida por Molinos Nacionales de Guánica, Inc.

Los demandantes reclaman una indemnización por des-pido injustificado, discrimen sindical y falta al deber de justa representación^()

Luego de varios trámites procesales, la codemandada, Procesadora de Granos de P.R., Inc.,() presentó una mo-ción mediante la cual solicitó sentencia sumaria el 10 de marzo de 1992. En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, alegó que el tribunal carecía de jurisdicción para atender la reclamación por discrimen sindical. La parte demandante se opuso a esta moción y, en síntesis, expuso que su alegación de discrimen sindical procedía de acuerdo con el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141.

El 18 de diciembre de 1992 el tribunal (Hon. Juan Camacho Fabre, Juez) dictó sentencia sumaria parcial me-diante la cual desestimó las reclamaciones bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151) de aquellos codemandantes que fueron parte del pleito federal, aplicando la doctrina de cosa juzgada. En torno al alegado discrimen sindical, el tribunal acogió el planteamiento de la parte demandante, al expresar lo si-guiente:

Advertimos que la reclamación por discrimen sindical se funda en las disposiciones del Artículo 1802 de nuestro Código Civil, situación que compete a este foro. Véase Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 483 (1965), Guzmán v. Vidal, 19 D.P.R. 841 (1913); Zalduondo v. Sánchez, 15 D.P.R. 231 (1909); Toro v. Ortiz, 105 D.P.R. 229 (1976). Exhibit II, pág. 3 esc. 1.

Inconforme con lo resuelto, el 19 de enero de 1993 acude ante nos la codemandada Molinos Nacionales de Guánica, Inc. (T/C/P Procesadora de Granos de Puerto Rico, Inc.). En apoyo a su Petición de certiorari, pág. 5,() señala el error siguiente:

ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR AL ÁSUMIR JURISDICCION SO-BRE una Reclamación por Alegado Discrimen Sindical, Cuando Dicho Asunto Compete Exclusivamente a la Junta Nacional de Re- • LACIONES DEL TRABAJO (JNRT), Segun se Dispone en Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 (1977).

El 12 de febrero de 1993 se expidió el recurso solicitado. Ambas partes han comparecido, por lo que estamos en po-sición de resolver.

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La ley federal Labor Management Relations Act, 1947, según enmendada, 29 U.S.C. see. 141 et seq., le reco-noce a los empleados el derecho a organizarse y negociar colectivamente, entre otros.() Como corolario del derecho reconocido a los empleados, en la ley federal se prohíben las prácticas discriminatorias de los patronos (y de las or-ganizaciones obreras) que interfieren con las actividades concertadas y los derechos garantizados a los empleados. A esos efectos, la referida ley dispone lo siguiente:

“(a)It shall be an unfair labor practice for an employer— (l)to interfere with, restrain, or coerce employee in the exercise of the rights guaranteed in section 157 of this title;
(3)by discrimination in regard to hire or tenure of employment or any term or condition of employment to encourage or discourage membership in any labor organization: Provided, That nothing in this subchapter, or in any other statute of the United States, shall preclude an employer from making an agreement with a labor organization (not established, maintained, or assisted by any action defined in this subsection as an unfair labor practice) to require as a condition of employment membership therein on or after the thirtieth day following the beginning of such employment or the effective date of such agreement, whichever is the later, (i) if such labor organization is the representative of the employees as provided in section 159(a) of this title, in the appropriate collective-bargaining unit covered by such agreement when made, and (ii) unless following an election held as provided in section 159(e) of this title within one year preceding the effective date of such agreement, the Board shall have certified that at least a majority of the employees eligible to vote in such election have voted to rescind the authority of such labor organization to make such an agreement: Provided futher, That no employer shall justify any discrimination against an employee for nonmembership in a labor organization (A) if he has reasonable grounds for believing that such membership was not available to the employee on the same terms and conditions generally applicable to other members, or (B) if he has reasonable grounds for believing that membership was denied or terminated for reasons other than the failure of the employee to tender the periodic dues and the initiation fees uniformly required as a condition of acquiring or retaining membership;
(4)to discharge or otherwise discriminate against an employee because he has filed charges or given testimony under this subchapter .... (Énfasis suplido.) 29 U.S.C. sec. 158(a)(1), (3) y (4).

El Art. 10(a) de la ley federal, 29 U.S.C. sec. 160, específicamente le concede jurisdicción exclusiva a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo para atender casos que encierran una práctica ilícita del trabajo.() Véanse, también: Garner v. Teamsters Union, 346 U.S. 485 (1953); San Diego Building Trades Council v. Garmon, 359 U.S. 236 (1958); Belknap, Inc. v. Hale, 463 U.S. 491, 498 (1983); Building & Constr. Trades Council v. Assoc. Builders & Contractors, Inc., 61 L.W. 4221, 4223 (1993); United Transp. Union v. U.S., 987 F.2d 784, 789 (Cir. D.C. 1993); Hill v. J.C. Penney, Inc., 852 P.2d 1111,1115 (Wash. 1993); King v. E.I. Du Pont De Nemours & Co., 806 F. Supp. 1030, 1034 (D. Me. 1992), entre otros.

En Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 (1977), resolvimos que un empleado despedido por motivo de sus actividades sindicales, en violación a las Sees. 7 y 8 de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo sólo tiene derecho al remedio que le concede la ley referida. Allí reiteramos la norma general del Tribunal Supremo de Estados Unidos de que "un Estado (entiéndase también Puerto Rico) no tiene facultad para intervenir en asuntos que caen bajo la jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo”. (Citas omitidas.) íd., pág. 523. Véase, también, Pérez Maldonado v. J.R.T., 132 D.P.R. 972 (1993).

La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tiene la facultad para declinar asumir jurisdicción, en cuyo caso la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico goza de la facultad para asumirla. Refiérase a D. Fernández y C. Romany, Derecho Laboral: casos y materiales, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1987, págs. 53-59. Recientemente reiteramos que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto .Rico tiene jurisdicción exclusiva para evitar y remediar prácticas ilícitas de trabajo. Art. 7(a) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945 (29 L.P.R.A. sec. 68(a)). Véanse, además: Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986 (1993), citando a P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1992); J.R.T. v. A.C.A.A., 107 D.P.R. 84, 89 (1978), y U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 519 (1970).

Cabe señalar que el despido por razón de afiliación sindical se encuentra entre las prácticas ilícitas de nuestra Ley de Relaciones del Trabajo. Específicamente el Art. 8 de la ley dispone lo siguiente:

(l)Será práctica ilícita de trabajo el que un patrono, actuando individualmente o concertadamente con otros:
(c)Estimule, desaliente o- intente estimular o desalentar la matrícula de cualquier organización obrera mediante discrimi-nación al emplear, despedir o en relación con la tenencia de empleo u otros términos o condiciones de empleo, incluyendo un paro patronal; Disponiéndose, que nada de lo aquí contenido prohíbe a un patrono hacer un convenio de afiliación total o de mantenimiento de matrícula con cualquier organización obrera no establecida, mantenida o ayudada por acción alguna defi-nida en este Subcapítulo como práctica ilícita de trabajo, si dicha organización obrera representa una mayoría de los emplea-dos en una unidad apropiada con facultad para la contratación colectiva. 29 L.P.R.A. see. 69(1) y (c).

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En la demanda y en la demanda enmendada de este caso se alegó específicamente que los demandados “no re-clutaron nuevamente a los demandantes ... por estar éstos afiliados a la Unión de Trabajadores de Muelles y Ramas Anexas de Puerto Rico”.() (Énfasis suplido.) Exhibit III, pág. 5. Los propios demandantes denominaron tal alega-ción un “discrimen perjudicial” por sus actividades obreras. Esta alegación describe una práctica ilícita, la cual está sancionada por la Ley Federal de Relaciones del Trabajo.

De conformidad con la norma esbozada anteriormente, el discrimen por afiliación sindical, como práctica ilícita del patrono, es una materia de la exclusiva jurisdic-ción de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Co-rresponde a dicha entidad —en primera instancia— pasar juicio sobre la controversia, y sobre si existe o no una prác-tica ilícita del trabajo. También puede declinar asumir ju-risdicción, en cuyo caso la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico puede asumirla.() Por ello, erró el tribunal al no desestimar dicha reclamación.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia modificando la recurrida, y se desestima la reclamación de discrimen sindical por falta de jurisdicción.

      (1) Entre los demandantes figuran unos ex empleados que habían acudido antes al foro federal reclamando una indemnización al amparo del Age Discrimination in Employment Act (A.D.E.A.) y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151). La acción fue desestimada el 7 de mayo de 1991 por el hecho de que la allí demandada, Molinos Nacionales de Guánica, Inc., nunca fue el patrono de los demandantes.

      (2) Los demandantes alegaron ser miembros de la Unión de Trabajadores de Muelles y Ramas Anexas de P.R. (local 2012) de Guánica. Dicha unión figura entre los codemandados.

      (8) Conforme determinó el tribunal, Industrias Avícolas de Puerto Rico, Inc. (T/C/P Pollos Picú) adquirió en 1989 a Molinos Nacionales de Guánica, Inc., una subsidiaria de Continental Grain Co.

      (4) El recurso apropiado para la revisión de la sentencia parcial, en este caso, es el de revisión. En realidad se trata de una sentencia final que dispone de las recla-maciones de varias partes en el pleito. El tribunal expresó que no existía razón para posponer el dictamen de ésta y, a su vez, ordenó su registro y archivo. Refiérase a la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 42 (1982); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 26 (1986), y Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 652 (1987). Por ello, tomado como una Solicitud de revisión, compete a este Foro atender este caso.

      (5) Refiérase a 29 U.S.C. see. 157.

      (6) Esta sección dispone lo siguiente:
      “(a)The Board is empowered, as hereinafter provided; to' prevent any person from engaging in any unfair labor practice (listed in section 158 of this title) affecting commerce. This power shall not be affected by any other means of adjustment or prevention that has been or may be established by agreement, law, or otherwise: Provided, That the Board is empowered by agreement with any agency of any State or Territory to cede to such agency jurisdiction over any cases in any industry (other than mining, manufacturing, communications, and transportation except where predominantly local in character) even though such cases may involve labor disputes affecting commerce, unless the provision of the State or Territorial statute applicable to the determination of such cases by such agency is inconsistent with the corresponding provision of this subchapter or has received a construction inconsistent therewith.” 28 U.S.C. sec. 160.

      (7) Refiérase a la Alegación Núm. 16 de la demanda enmendada.

      (8) Corresponde' a la Junta de Relaciones del Trabajo federal determinar en primera instancia si existe o no una relación obrero-patronal.


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Comisión Estatal de Elecciones, demandante y recurrida, v. Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: CE-92-450

      Resuelto: 16 de diciembre de 1993

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, abogada de la de-mandada y recurrente; David Rivé Rivera, abogado del de-mandante y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver si la Ley Electoral de Puerto Rico dis-pone que en un año eleccionario las agencias y los depar-tamentos gubernamentales del Estado Libre Asociado es-tán obligadas a someter a la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante la Comisión), para su autorización, todos los anuncios que estas agencias y departamentos de-seen publicar.

HH

El 30 de junio de 1992 el Departamento de Estado le solicitó autorización a la Comisión Estatal de Elecciones para difundir unos anuncios invitando a la ciudadanía a celebrar los actos oficiales conmemorativos del día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 25 de julio de ese año, en el Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan. Esta solicitud de autorización fue presentada a la Comisión por conducto de su Junta Examinadora de Anuncios, conforme con lo dispuesto por el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3351, y por la Sec. 3.1 del Reglamento de gastos de difusión pública del Gobierno aprobado por la Comisión el 11 de noviembre de 1991.

La Junta Examinadora de Anuncios le dio curso de in-mediato a la solicitud en cuestión, aprobándola el 1ro de julio de 1992. Dos (2) semanas más tarde, el Departamento de Estado decidió cambiar la celebración de los actos ofi-ciales de San Juan a Cabo Rojo, lo que hizo necesario for-mular una nueva solicitud de anuncios para divulgar el cambio de lugar. () El Departamento de Estado presentó la nueva solicitud ante la Comisión el 14 de julio, tardíamente.() Ésta incluía un anuncio de televisión, cuyo texto se sometió a la Comisión por escrito, pero no se so-metió una grabación en video que permitiera a la Comisión examinar su contenido visual.

Antes de que se hubiese obtenido la autorización regla-mentaria para estos nuevos anuncios, el Departamento co-menzó a anunciarlos por radio y a difundirlos por televisión. Este hecho llegó al conocimiento de la Junta Examinadora de Anuncios, que procedió entonces a citar al Departamento para una vista el 23 de julio para resolver lo relativo a estos nuevos anuncios.

En la vista, el presidente de la Comisión, tomando en consideración la recomendación emitida por la Junta,() or-denó a los medios de comunicación escrita, radial y televi-siva de Puerto Rico que cesaran y desistieran de publicar o difundir los anuncios aludidos. En dicha orden se incluyó un apercibimiento expreso de sanciones de naturaleza penal. No obstante, esa orden fue dejada sin efecto ese mismo día y sustituida por una orden enmendada también fechada el 23 de julio, idéntica a la original, excepto que iba dirigida exclusivamente al Departamento de Estado y no a los medios de comunicación.()

Ante estos hechos, el Departamento de Estado, de inme-diato, cuestionó judicialmente la validez de la orden en-mendada de la Comisión Estatal de Elecciones. Alegó ante el tribunal de instancia que el tipo de anuncio que nos ocupa, que constituye una invitación a un acto público, no está incluido en la prohibición general del Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, el cual sólo restringe aquellos anuncios que exponen “programas, proyectos, lo-gros, realizaciones, proyecciones o planes” de las agencias y los departamentos. Señaló que la Comisión no tenía juris-dicción sobre anuncios que se limitan a invitar a un acto público y que, por lo tanto, éstos podían ser publicados sin necesidad de someterlos a la Comisión, ni obtener su autorización.

Por su parte, la Comisión alegó que durante un año eleccionario y en virtud de lo dispuesto en la Ley Electoral de Puerto Rico y del Reglamento de Gastos de Difusión Pública del Gobierno, supra, toda agencia de gobierno que proyecte incurrir en gastos en cualquier medio de difusión siempre tiene que solicitar y obtener para ello la autoriza-ción previa de la Comisión, ya que la agencia no tiene dis-creción alguna en cuanto a si somete o no el asunto a la Comisión; que sólo ésta es quien puede decidir en primera instancia si el anuncio se puede difundir o no, y que para ello la agencia tiene que someter el anuncio completo al criterio evaluador de la Comisión, incluyendo, además, una grabación completa de éste si es un anuncio de televisión, para determinar si se ajusta o no al mandato del Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra.

Presentada la controversia, el mismo 24 de julio de 1992, el tribunal de instancia dictó sentencia confirmando la decisión de la Comisión al prohibir la publicación de aquellos anuncios que no habían obtenido su aprobación. Entre éstos prohibió la difusión del anuncio televisivo pau-tado por el Departamento de Estado por entender que éste debió haber sido sometido a la Comisión para su aprobación. Además, el tribunal a quo concluyó que permi-tir la publicación de los anuncios objetados, sin la previa aprobación de la Comisión, conllevaba crear una excepción a lo dispuesto en la ley cuyo efecto práctico era tornar el estatuto en inmanejable.

Inconforme con la orden del tribunal, el Departamento solicitó la reconsideración de ésta. Además, continuó difun-diendo los anuncios no autorizados durante toda la noche de 24 de julio por los canales 2, 4 y 11 de la televisión local.

En vista de que el Departamento publicó los anuncios contraviniendo la orden de la Comisión que había sido ava-lada judicialmente, la Junta Examinadora de Anuncios co-menzó una investigación para esclarecer todo lo relativo a esta actuación del Departamento de Estado. Como parte de su investigación, la Junta Examinadora de Anuncios le so-licitó al Departamento de Estado que se abstuviera de ha-cer desembolso alguno de fondos públicos en pago por la publicación o difusión de los anuncios divulgados en viola-ción a la orden de la Comisión, según ratificada por el Tribunal Superior. Más aún, dicha junta señaló una vista para el 14 de agosto de 1992 para que el Departamento de Estado compareciera a discutir este asunto. Este, incon-forme con la investigación iniciada por la mencionada junta, compareció directamente ante nos el 3 de agosto para solicitar que se paralizaran los procedimientos inves-tigativos en dicho organismo al igual que la vista que había señalado, y pidió, además, que revisáramos la sentencia final dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 24 de julio. El 7 de agosto de 1992 una Sala nuestra denegó la solicitud del Departamento de Estado por académica, pero, en reconsideración, esa misma Sala el 11 de agosto expidió el recurso de revisión solicitado y ordenó paralizar todos los procedimientos pendientes o que se venían lle-vando a cabo por la Junta y/o la Comisión relativos a este caso. El 17 de agosto la Comisión compareció ante nos ale-gando que carecíamos de jurisdicción para entender en este recurso, entre otras razones, por el asunto ser académico.

Respecto a la decisión del tribunal de instancia, el De-partamento de Estado alegó la comisión de los errores si-guientes:

A. Erró el Tribunal Superior, Sala de San Juan, al resolver que una invitación dirigida a la ciudadanía en general, publi-cada por una agencia gubernamental en un año eleccionario es el tipo de anuncio que requiere de la previa aprobación de la Comisión Estatal de Elecciones antes de su publicación.
B. Erró el Tribunal Superior, Sala de San Juan, al resolver que el Artículo 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico exige que en un año eleccionario las agencias gubernamentales vie-nen obligadas a someter a la Comisión Estatal de Elecciones todos los anuncios que vayan a publicar.

HH

Por tratarse de una cuestión previa jurisdiccional, antes de comenzar nuestro análisis del asunto planteado en el caso de autos, es menester que examinemos si la petición de certiorari presentada por el Departamento es académica.

La doctrina de academicidad ha sido dilucidada anteriormente por este Tribunal. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); Com. Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638 (1991); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991); Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864 (1991). Constituye una de las manifestaciones concretas del conc&ptojusticiabilidad, que, a su vez, acota los límites de la función judicial.()

Conocido es que los tribunales existen para resolver controversias genuinas que surjan entre partes opues-tas que tengan un interés real en obtener un remedio jurí-dico concreto que tenga un efecto práctico respecto a su disputa. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra. Ade-más, poseen la autoridad para determinar si los casos que se plantean ante ellos son o no colusorios, académicos o ficticios.()

En E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584 conceptualizamos lo que constituye un caso académico cuando expresamos que

...un caso académico ... es “uno en que se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dic-tarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente...

También el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha manifestado en torno a la doctrina de academicidad. En United States Parole Commn. v. Geraghty, 445 U.S. 388, 397 (1980),() indicó lo siguiente:

Mootness is the doctrine of standing in a time frame. The requisite personal interest that must exist at the commencement of the litigation (standing) must continue throughout its existence (mootness).

Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. Con esta limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar pronuncia-mientos autoritativos de los tribunales que resulten superfinos. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, págs. 724-725.C()

Cuando se determina que un caso se ha tornado académico, los tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. Ahora bien, existen situaciones especiales en las cuales los tribunales pueden atender un caso aunque sea a todas luces académico. Asoc. de Periodistas v. González, supra. Se trata de excepciones a la doctrina de academicidad, como por ejemplo cuando el caso ante el tribunal presenta una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir (capable of repetition), Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Moore v. Ogilvie, 394 U.S. 814, 816 (1969); So. Pac. Terminal Co. v. Int. Comm. Comm., 219 U.S. 498, 515 (1911); o cuando aspectos de la controversia se tornan académicos pero persisten consecuencias colaterales de ésta que tienen vigencia y actualidad. Véanse: R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. 1, págs. 122-126; L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988; El Vocero v. Junta de Planificación, supra, págs. 124-126.

En el caso ante nos, a pesar de que las actividades de 25 de julio de 1992 —evidentemente— ya concluyeron y ningún remedio judicial puede evitar ya la divulgación de los anuncios en controversia, es evidente que la conflictiva cuestión de derecho que dio lugar a la disputa entre las partes de este caso es susceptible de volver a ocurrir. Como bien señala la Procuradora General, con marcada frecuencia las agencias y los departamentos gubernamentales se ven en la necesidad de anunciar al país los eventos públicos que habrán de celebrar aun en años electorales y la postura de la Comisión, si no se dilucida de manera deter-minante, es potencialmente una fuente de continuos conflictos. No es difícil preveer que si la controversia ante nos no se resuelve finalmente, la parte que promueve la limitación a los anuncios en cuestión, la Comisión, tendrá que volver a los tribunales en el futuro con su plantea-miento, litigándolo siempre a última hora, debido a que es un asunto que por su naturaleza tiende a surgir imprevis-tamente, haciendo muy difícil que sea revisado judicial-mente de manera definitiva. Cuando existe la probabilidad de que la controversia se repita o recurra, sobre todo para la misma parte promovente, entonces los tribunales tienen facultad para c el asunto planteado, a pesar de que la controversia concreta ante el tribunal haya adve-nido de forma académica, particularmente en casos como el de autos en los cuales las súbitas controversias entre las partes son de por sí de tan corta duración que pueden elu-dir la revisión judicial. Asoc. de Periodistas v. González, supra, págs. 720-721; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 726.

Debe notarse, además, que en el caso ante nos también se da otra de las excepciones a la doctrina de academicidad que hemos identificado antes. Como surge de la relación de hechos de esta opinión, en el caso de autos persisten con-secuencias colaterales de la controversia principal que aún tienen vigencia y actualidad. Quedan asuntos secundarios importantes por dilucidarse.

Concluimos, pues, que la solicitud de revisión es justi-ciable y que no existe obstáculo procesal que nos impida evaluarla en sus méritos.

I — I I — i

Como bien han indicado varios eminentes juristas, la expresión de ideas, creencias, valores y hasta propaganda política goza en nuestro sistema de vida de una abarcadora protección constitucional porque constituye “el origen y centro de la libertad de expresión”. Serrano Geyls, op. cit, Vol. II, pág. 1539. Véase, también, 4 Treatise on Constitutional Law. Substance and Procedure Sec. 20.50, pág. 363 (1992). Esa expresión política, como parte esen-cial que es del entramado de derechos y libertades funda-mentales que tienen las personas y los grupos bajo nuestro ordenamiento constitucional, está sujeta a muy pocas limi-taciones jurídicas.

El problema ante nos, aunque tiene tangencias con lo relativo a las limitaciones a la propaganda política, no suscita, sin embargo, cuestiones constitucionales. No están en juego los derechos de expresión política de personas o grupos cuya restricción es la que casi siempre levanta problemas constitucionales. Ante nos está la cuestión enteramente distinta de la limitación a la propaganda gubernamental respecto a la cual el Estado tiene amplísimos poderes. Por eso el asunto que nos concierne se limita sencillamente a una cuestión de interpretación estatutaria: ¿Cuál es el alcance preciso de la prohibición de anuncios gubernamentales que aparece hoy en el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra? Dicho artículo dis-pone lo siguiente:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebra-ción de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyec-ciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avi-sos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de in-terés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán per-mitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones. (Énfasis suplido.)

El artículo citado proviene en todos sus aspectos esen-dales del derogado Art. 3.014 del antiguo Código Electoral, Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974 (16 L.P.R.A. sec. 2084).() Aunque el historial legislativo de esta disposición es bastante escaso, es importante notar que en el Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa de 4 de febrero de 1974, pág. 154, aparece la siguiente explicación relativa a esta disposición:

Finalmente se prohíbe a las agencias gubernamentales anunciarse. Se les limita a publicar solamente aquello reque-rido por ley durante el año de elecciones, y solamente en caso de emergencia, se podrá publicar otro tipo de anuncio, pero sólo con el permiso del Tribunal Electoral.

De esta cita y del lenguaje suficientemente claro del propio Art. 8.001, supra, surge inequívocamente la intención legislativa de excluir definitivamente del proceso político la influencia solapada que el partido en el poder pueda tener mediante el uso de los anuncios gubernamentales. Como dijimos en Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368, 393 (1984), la disposición en cuestión refleja “el interés en descontinuar durante el período eleccionario la práctica de las agencias gubernamentales de hacer campaña política mediante la publicación de anuncios sobre sus logros y planes”.

Para asegurar que se logre esta clara intención legislativa, estamos compelidos a interpretar el alcance del Art. 8.001, supra, de modo tal que prevalezca la importante política pública que lo inspira. Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759 (1990); A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968). No podemos darle a este artículo el alcance que propone el recurrente, Departamento de Estado, sin poner en grave riesgo la consecu-ción de su claro propósito legislativo. Aceptar, como alega el recurrente, que los anuncios gubernamentales “invitan-do” a actos públicos están totalmente fuera del ámbito del Art. 8.001, supra, y que la Comisión no tiene ninguna ju-risdicción sobre tales anuncios no sólo es inconsistente con el claro texto de ese artículo, sino que además daría un amplio margen a las agencias y departamentos para obviar o derrotar la política pública que encarna. Atribuirle tal sentido a la disposición en cuestión tendería a socavar la intención legislativa, curso que debemos evitar. Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807 (1973). Como bien señaló el tribunal de instancia, una invitación guber-namental a un acto público puede redactarse de muchas formas distintas. Puede formularse imparcialmente o puede componerse de modo taimado para favorecer al par-tido en el poder. En un país tan politizado como el nuestro, eximir tales invitaciones del escrutinio imparcial de la Co-misión Estatal de Elecciones abriría la puerta a la tenta-ción de incluir alguna propaganda impropia solapada-mente en tales invitaciones, dando lugar así a que se evada el mandato legislativo. Tenemos la obligación de evitar que ello ocurra.

Más aún, la pretensión del recurrente, de que tales anuncios no requieren la autorización previa de la Comi-sión, dejaría en manos de las propias agencias o departa-mentos la decisión de si determinado anuncio es o no una “invitación” exenta. Le daría a las agencias una ominosa discreción que dificultaría la implantación uniforme del es-tatuto y crearía el riesgo de que algunos anuncios imper-misibles lleguen a la luz pública en contravención de la ley.

Por las razones expuestas() resolvemos que conforme a lo.dispuesto en el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, en año electoral todo anuncio guberna-mental, excepto los expresamente excluidos por ley, debe ser sometido a la previa autorización de la Comisión. Dicha comisión velará porque existan los procedimientos acelera-dos que sean necesarios para expeditar la difusión de anuncios como el de marras, que evidentemente era publi-cable debido a que, salvo el cambio de lugar y su reproduc-ción en video, era idéntico a otro que ya había recibido aprobación.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior; Sala de San Juan, el 24 de julio de 1992 y se devuelve el caso a la Comisión Estatal de Elecciones para que continúe con sus procedimientos.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión de conformidad. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con opinión escrita.

Opinión de conformidad del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

Coincidimos con la opinión de este Tribunal. Contrario a del Departamento de Estado, este recurso no es académico. Los hechos no sólo son susceptibles de repetirse, sino que es la segunda vez que se suscitan. Tenemos el conocimiento judicial de que hace cuatro (4) años, en ocasión de los anuncios en los cuales se invitaba a la celebración del día de nuestra Constitución —25 de julio de 1988— el Partido Nuevo Pro-gresista (P.N.P.) cuestionó que el mismo Departamento de Estado estuviera difundiéndolos sin autorización previa de la Comisión Estatal de Elecciones. P.N.P. v. Hernández, Srio. D.T.O.P., 122 D.P.R. 362, 365 esc. 1 (1988).

[Y ciertamente] una invitación gubernamental a un acto pú-blico puede redactarse de muchas formas distintas. Puede for-mularse imparcialmente o puede componerse de modo taimado para favorecer al partido en el poder. En un país tan politizado como el nuestro, eximir tales invitaciones del escrutinio impar-cial de la Comisión Estatal de Elecciones abriría la puerta a la tentación de incluir alguna propaganda impropia solapada-mente en tales invitaciones, dando lugar así a que se evada el mandato legislativo. Tenemos la obligación de evitar que ello ocurra. Opinión mayoritaria, pág. 940.

Finalmente, suscribimos la conclusión de que "en año electoral todo anuncio gubernamental, excepto los expresa-mente excluidos por ley, debe ser sometido a la previa au-torización de la Comisión. Opinión mayoritaria, pág. 941.

H-f

Con estos pronunciamientos afines, el Tribunal implíci-tamente adopta hoy la fuerza persuasiva de nuestro voto disidente en P.P.D. v. Junta Revisora Electoral, 109 D.P.R. 464, 467 (1980), a los efectos de que esa autorización pre-via

...intenta lograr los siguientes objetivos: (a) directamente, evi-tar que las agencias gubernamentales usando fondos públicos y so pretexto de exponer sus ejecutorias o planes, realicen sola-padamente campaña política en favor del partido en el poder y aquellos incumbentes que aspiran nuevamente a ser electos; (b) reducir las ventajas reconocidas que gozan los candidatos in-cumbentes —a través del acceso a los electores y el público en general por medio de la televisión, prensa y radio— que el solo ejercicio y exposición del cargo conlleva sobre sus opositores; y (c) indirectamente, frenar los excesos y economizar al erario público y a los contribuyentes los gastos ordinarios de publici-dad en año de elecciones.

Segundo, indirectamente anula las opiniones del Secre-tario de Justicia Interino de 27 de junio de 1988 —reafir-mada el 15 de agosto de 1988— (no publicadas), que con-cluían que bajo el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, salvo los anuncios de carácter proselitista, los demás podían “ser publicados por las agencias concernidas sin necesidad de obtener la autorización de la Comisión Estatal de Elecciones”. P.N.P. v. Hernández, Srio. D.T.O.P, supra, págs. 371-372.

Y tercero, este recurso pone de manifiesto nuevamente que más allá de la posible sanción penal “fn]o hay forma cabal de neutralizar los posibles efectos publicitarios adver-sos partidistas de anuncios pagados con fondos públicos de ostensible ilegalidad. Como corolario, la labor clásica de diseñar judicialmente un resarcimiento pecuniario por los daños experimentados a los partidos minoritarios políticos de oposición y sus electores es que, aunque posible, puede resultar tardía, compleja y de difícil cuantificación”. (Enfa-sis en el original.) P.N.P. v. Hernández, Srio. D.T.O.P, supra, págs. 375-376.

Y como indicamos en el referido escolio:

En ausencia de otro remedio, la evolución jurisprudencial no puede descartar la posibilidad de que los tribunales puedan exigir —con cargo al fondo electoral del partido político que promueve el anuncio ilegal— que se conceda a los partidos mi-noritarios de oposición una cantidad global pecuniaria equiva-lente al costo del anuncio, de modo que éstos puedan utilizarla con el fin de contrarrestarlos. P.N.P. v. Hernández, Srio. D.T.O.P., supra, pág. 376 esc. 2.

r — H HH HH

Ese enfoque judicial es impostergable. La prohibición .estatutaria que inspiró

...a la Asamblea Legislativa es la naturaleza voluble de la opi-nión pública que, si bien difícil de predecir, es sugestionable. Su texto original fue una reacción a una época en que masiva-mente hubo intentos gubernamentales en año de elecciones para manipular el pensamiento de los electores en beneficio de los incumbentes, al utilizar los fondos públicos provenientes de todos los ciudadanos y electores del país.
El estatuto admite esa realidad viva y la fuerza creciente en la formulación y manipulación de la opinión pública por los llamados medios de comunicación social: prensa, radio, televi-sión, etc. Véanse: W. Overbeck y R.D. Pullen, Mayor Principies of Media Law, 2da. ed., Nueva York, Ed. Holt, Rinehart y Winston, 1985; D.E. Casper, Media and the Formation of Public Opinions: A Checklist, 1975-1984, Illinois Vance Bibliographies, 1985; D.A. Graber, Mass Media and American Politics, 2da. ed., Washington D.C., Ed. Congressional Quarterly, 1984. “Como bien ha señalado Alf Ross, la propaganda apunta directamente a los instintos, estando probado que la sugestión emotiva, obe-deciendo a normas de psicología colectiva, es mucho más eficaz que las apelaciones subjetivas a la razón ([op.cit.], p[ág]. 32). Por efecto de la propaganda, se puede cambiar la expresión de una voluntad popular ‘verdadera’ por otra voluntad popular ‘sintética’ ([i]dem, p[ág]. 32), y frente a este riesgo, que es de tanta peligrosidad para la democracia, estima Ross que la me-jor salvaguardia está en ‘inmunizar a la población contra la propaganda, es decir, desarrollar en ella un sentido crítico que constituya la mejor inmunización contra la infección espiritual inducida por la sugestión propagandista’ ([i]dem, p[ág].32).” Va-nossi, supra, págs. 1287-1288.
Las agencias de publicidad cuentan con expertos conocedores de la conducta humana. Ideas, imágenes, detalles visuales y gráficos aparentemente insignificantes pueden esconder sola-padamente un mensaje político. Por lo tanto, no podemos abs-traemos de los adelantos de la industria de las comunicaciones y del desarrollo de complejas técnicas para encubrir mensajes. Así, podría sustituir la burda y repudiada práctica de la compra del voto por una refinada fórmula que penetra el inconsciente del elector. De esta manera, un ingenioso anuncio radial o tele-visivo puede ser una fina argucia para encubrir un mensaje político-partidista. La Comisión Estatal de Elecciones y los tribunales tienen que estar vigilantes a lo que podrían ser nove-dosas formas de infringir la Ley Electoral de Puerto Rico. (Es-colios omitidos.) P.N.P. v. Hernández, Srio. D.T.O.P., supra, págs. 388-389.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Concurrimos con la conclusión en la opinión mayorita-ria en cuanto a que esta controversia no es académica.

Sin embargo, es innecesario acudir, como hace la mayo-ría, a la excepción de la controversia recurrente para deci-dir que no procede abstenernos de resolver el recurso. Nuestra decisión sobre la legalidad de la actuación del De-partamento de Estado tendrá efecto práctico sobre la situa-ción jurídica de éste. De resolver que su actuación fue ile-gal, el Departamento estará sujeto a una investigación que lleve a cabo la Comisión Estatal de Elecciones y, además, habrá personas que podrían estar sujetas a sanciones pe-nales por violar la Ley Electoral de Puerto Rico.() Debe recordarse que además de estar en juego la legalidad de la difusión de los anuncios que prepara el Departamento de Estado, está también en la balanza la posible responsabi-lidad del Departamento por difundirlos en directa contra-vención a las órdenes expresas de la Comisión Estatal de Elecciones y de un tribunal. No hay duda de que nuestra decisión tendrá un impacto práctico sustancial sobre la responsabilidad legal del Departamento de Estado por dichas actuaciones. Por estas razones, la controversia ante nosotros no es académica. En estas circunstancias no con-sideramos necesario utilizar la excepción de la “controver-sia recurrente” para concluir que el caso no es académico.

Además, no estamos satisfechos con la exposición y apli-cación al caso de la doctrina sobre la excepción de la con-troversia recurrente. Para que aplique dicha excepción, debe existir una situación en la que haya una probabilidad razonable de que la misma controversia se le presentará de nuevo a la parte promovente y que una vez más no será revisada judicialmente dada la corta duración de los even-tos que provocan la controversia.()

La opinión mayoritaria no da la importancia debida ni presta la atención necesaria a los últimos dos (2) de los tres (3) requisitos mencionados: “que probablemente se repita; a la misma parte promo vente, y que evite revisión por ra-zones temporales”. Aunque hemos expresado que no es ne-cesaria la recurrencia entre las mismas partes, lo cierto es que tanto en Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991), como en Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864 (1991), era posible que la controversia se le presentara de nuevo a los allí demandantes y así lo consignamos expresamente. En Asociación dijimos que existía la proba-bilidad de que los periodistas, demandantes en el caso, pu-dieran verse involucrados en la misma controversia en el futuro (“existe la probabilidad de que tales periodistas, así como otros, puedan ser citados posteriormente a compare-cer como testigos en algún procedimiento judicial”, Asocia-ción, supra, pág. 722). Así mismo, en Berberena, supra, pág. 871, expresamos que era posible que los demandantes aspiraran a una nueva candidatura en elecciones futuras y que por lo tanto se vieran involucrados en la misma con-troversia nuevamente (“la controversia es recurrente res-pecto a los demandantes apelados, pues pueden aspirar a una nueva candidatura en elecciones futuras”). Sobre esto, véase J.J. Alvarez González.

      (1) Los hechos estipulados sólo se refieren al cambio en los anuncios originales de prensa y radio respecto al sitio.

      (2) La See. 3.2 del Reglamento de Gastos de Difusión Pública del Gobierno de 11 de noviembre de 1991, pág. 7, exige que estas solicitudes se presenten “con no menos de 15 días laborables de anticipación a la fecha en .que la agencia proyecte iniciar la emisión del anuncio”..

      (3) El 21 de julio de 1992 la Junta rindió un informe en el cual recomendó que se ordenara el cese y desista de la difusión de anuncios de televisión.

      (4) Según surge de la sentencia emitida por el tribunal de instancia, los aboga-dos de la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante la Comisión) aseguraron que la orden emitida había sido exclusivamente al Departamento de Estado y no a los medios de comunicación.

      (5) Notas, Mootness on Appeal in The Supreme Court, 83 Harv. L. Rev. 1672 (1970). Véase, además, Notas, Cases Moot on Appeal; A Limit on the Judicial Power -, 103 U. PA. L. Rev. 772 (1955).

      (6) En E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958), establecimos que esta autoridad nace del principio elemental de que los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen in-terés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas.

      (7) Véase, además, H.P. Monaghan, Constitutional Adjudication: The Who and When, 82 Yale L.J. 1363, 1384 (1973).

      (8) Véase, además, D.B. Kates y W.T. Baker, Mootness in Judicial Proceedings: Toward a Coherent Theory, 62 Cal. L. Rev. 1385 (1974).

      (9) Véase Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974 (16 L.P.R.A. see. 2131 et seq.). XXVIII (Núm. 18) Diario de Sesiones 188 (1974).

      (10) Véanse, además: el análisis y los pronunciamientos afines que antes habían sido expuestos por el Juez Asociado Señor Negrón García en su voto disidente en P.P.D. y. Junta Revisora Electoral, 109 D.P.R. 464, 465 (1980), y por el Juez Asociado Señor Rebollo López en su opinión disidente en Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368, 393 (1984).

      (1) La orden original de la Comisión Estatal de Elecciones mediante la cual prohibió la difusión de los anuncios advertía sobre sanciones penales. El Art. 8.004 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3354, dispone que “[t]oda persona que, a sabiendas y fraudulentamente, obrare en contravención de cualesquierá de las disposiciones de [esta ley], o que teniendo una obligación impuesta por el mismo, voluntariamente dejare de cumplirla, o se negare a ello, será culpable de delito electoral”. Este delito se castiga como uno menos grave. Por su parte, el Art. 8.005 (16 L.P.R.A. see. 3355) dispone que “[t]oda persona que a sabiendas violare cualquier regla o reglamento de la [Comisión] ... será sancionada con pena de reclusión”.

      (2) J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional, 61 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 637, 657, 664^672 (1992); la doctrina federal usa el criterio de reasonable expectation
        o demostrated probability de que la controversia se repita, Honig v. Doe, 484 U.S. 305, 318 esc. 6 (1988). Se exige que la controversia pueda repetirse afectando de nuevo al demandante y que probablemente eluda la revisión judicial debido a lo corto de la duración del pleito, Meyer v. Grant, 486 U.S. 414, 417 esc. 2 (1988); Murphy v. Hunt, 455 U.S. 478, 481-484 (1982).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Roberto E. Fuertes y otros, apelantes y peticionarios, v. Administración de Reglamentos y Permisos, etc., apelados y recurridos; Puerto Rico Seven, Inc., concesionario y recurrido.

      Número: CE-91-828

      Resuelto: 17 de diciembre de 1993

      Roberto Fuertes Thillet, Belén Bazán González, abogados de los apelantes y peticionarios; Roberto Santana Aparicio, Russell A. Del Toro y Leticia Babón Ortiz, de Del Toro & Santana, abogados de los apelados y recurridos; Lydia Milagros Rodríguez Cruz, abogada de la Junta de Apelacio-nes sobre Construcciones y Lotificaciones.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La calidad de vida en nuestros grandes y apretados cen-tros urbanos se agrava cada vez más por la congestión vehicular y la escasez de áreas verdes de recreo. Los organis-mos gubernamentales encargados de atender y remediar estos males mediante planificación adecuada no siempre han tenido éxito.

HH

El Ing. Carlos Rodríguez —propietario de un solar ubi-cado en la Calle Estado Núm. 700, esquina Fernández Juncos, Santurce, distrito zonificado comercial (C-2)— decidió construir un edificio comercial de dos (2) plantas para de-dicarlo al uso de oficinas profesionales, excepto médicas. No obstante proyectar exclusivamente ese uso, el 5 de mayo de 1989 el Arq. Jorge Fossas presentó en la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) una Solicitud de Conformidad con el Reglamento de Zonificación (Núm. 88-18-C-732-SPA) para obtener una variación que fuera consistente en disminuir el número requerido de estacio-namientos para todo el edificio original que se construiría y, además, reducir la distancia reglamentaria del patio posterior. El 25 de agosto, A.R.Pe. concedió la variación a base de la concepción original, esto es, que el edificio se utilizaría todo para oficinas profesionales, excepto médicas. Mediante esa acción se disminuyó el número re-querido de estacionamientos de quince (15) a doce (12).

Posteriormente, el ingeniero Rodríguez, mediante per-miso otorgado el 28 de diciembre de 1988 (Solicitud Núm. 88-18-G-556-SPA), inició su construcción, de dimensiones de 61'-6" por 41-3". Durante la misma, a partir de 5 de abril de 1989, Pablo Morales, vecino y miembro de la Aso-ciación de Residentes de Miramar, Inc. (Asociación), soli-citó urgentemente la intervención de A.R.Pe. aduciendo que la construcción violaba el requisito de patio delantero respecto a la Calle Estado. El 22 de mayo, Roberto Fuertes, otros vecinos de Miramar y el párroco de la Academia Per-petuo Socorro, comunicaron también a A.R.Pe. su oposición al establecimiento de un negocio que vendiera bebidas al-cohólicas en el edificio y solicitaron que se les informara si A.R.Pe. había concedido algún permiso para tal uso.

En réspuesta a estas oposiciones, el 1ro de junio el Director Regional de A.R.Pe., Ing. Calixto Lebrón Monclova, le informó a Fuertes que el edificio tenía aprobación para ser utilizado en sus dos (2) plantas para oficinas profesio-nales, excepto médicas. Además le indicó que A.R.Pe. man-tendría vigilancia e iniciaría la acción correspondiente en caso de que se estableciera otra actividad distinta a la aprobada en el anteproyecto.

Así las cosas, el 30 de agosto, el ingeniero Rodríguez radicó en A.R.Pe. la Solicitud Núm. 89-18-E-532-SPC, para remodelar el interior de la primera planta. La apro-baron ese día y la expidieron el 13 de septiembre. En octu-bre, el Arq. Felipe A. Amador, en representación de Puerto Rico Seven, Inc., pidió el permiso de uso. (Solicitud Núm. 88-18-9-556-SPC). Lo aprobaron el 6 de octubre y, natu-ralmente, para el uso propuesto de oficina. El 1ro de diciembre, el Director Interino de la Oficina Regional de A.R.PE. en San Juan dejó sin efecto ese permiso hasta que se celebrara una vista administrativa el 18 y el 19 de diciembre.

Estructuralmente hablando, según construido, el edifi-cio posee un patio delantero hacia la Ave. Fernández Juncos que se usa como área de estacionamiento para once (11) vehículos, incluyendo uno (1) para personas impedidas. Con referencia a la mencionada vía pública, su lateral de-recho colinda con un solar vacante; el lado izquierdo —co-rrespondiente al patio delantero hacia la Calle Estado-queda pegado a la acera, y el posterior, un patio de 12'-10", llega hasta la colindancia con el Solar Núm. 704, donde enclava una residencia de dos (2) plantas. Este último solar, al igual que el resto de las propiedades en la calle hasta el Expreso Muñoz Rivera y la Carr. Núm. 2, se en-cuentra zonificado R-5.

Con relación a la Calle Estado, existe un acceso al área del estacionamiento; la pared colindante con la acera es sólida, sin ninguna entrada al negocio; en la pared posterior existe una sola puerta de acero (no es de uso público); en ese patio hay otro espacio (número 12) para estacionar otro vehículo, y en el posterior está la subestación eléctrica interna. En la otra esquina opera una estación de gasolina.

Subsiguientemente, el 20 de febrero, A.R.Pe. revocó el permiso de construcción para remodelar la primera planta. Ese dictamen no fue por infringir la reglamentación sobre patios y estacionamientos, sino fundamentado en las obje-ciones siguientes: (a) mala ubicación de un letrero ilumi-nado; (b) falta de un sistema adecuado de disposición de basura, y (c) incluirse en el plano un uso de cafetería pro-hibido por la See. 14.02(32) del Reglamento dé Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planifica-ción de Puerto Rico, 1969). Esta sección dispone que en un distrito C-2 sólo pueden establecerse cafeterías si el solar donde ubica el local o estructura a utilizarse no colinda lateralmente con un distrito residencial.

Entretanto, Puerto Rico Seven, Inc. solicitó un mandamus del Tribunal Superior para obligar a A.R.Pe. conce-derle un permiso de uso y así poder operar un colmado vecinal con el expendio de bebidas alcohólicas selladas. El 19 de abril de 1990 el tribunal accedió (Hon. Ángel G. Her-mida, Juez).

Contemporáneamente, contra la negativa de A.R.Pe. to-dos apelaron —Roberto E. Fuertes, la Asociación y Puerto Rico Seven, Inc.— ante la Junta de Calidad Ambiental. Esta consolidó y resolvió que A.R.Pe. erró al revocar el per-miso de construcción para la remodelación. Concluyó que Fuertes y la Asociación no demostraron los perjuicios oca-sionados por la construcción y operación del negocio, ni cómo les afectaba el uso y disfrute de sus propiedades. La Junta, de Calidad Ambiental estimó crucial que su dueño,, ingeniero Rodríguez, escogió como frente la colindancia con la Ave. Fernández Juncos y, por ende, tanto el edificio como el solar colindan con un distrito R-5 por la parte posterior y no lateral. Por tales motivos autorizó el uso para un col-mado vecinal con expendio de bebidas alcohólicas selladas {convenience store).

Fuertes, la Asociación y A.R.Pe. pidieron, sin éxito, reconsideración, i( ) Solicitaron entonces revisión al Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez) la declaró sin lugar. A solicitud de Fuertes y la Asociación, expedimos certiorari.

En múltiples ocasiones “hemos sostenido que las conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos especializados merecen gran consideración y respeto y que su revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). “[D]ebe[mos] ser cautelosos al intervenir con dichas determinaciones.” Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275 (1992). Sin embargo, esa deferencia no significa que hayamos renunciado nuestra función revisora en instancias apropiadas y meritorias, pues en “el supuesto de que la agencia administrativa hubiese cometido algún error en la aplicación de la ley, esa actuación no sería válida”. Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978).

La tesis inicial de los peticionarios Fuertes y la Asociación descansa en el predicado de que el solar en controversia colinda lateralmente con un distrito residencial. Como disposición legal aplicable invocan la See. 14.08(2) del Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989), pág. 88, que dispone:

Cuando el solar esté situado en la misma manzana y de frente al mismo lado de una vía que solares incluidos en un distrito residencial se requerirá un patio delantero con fondo no menor al requerido para el distrito residencial.!() (Énfasis suplido.)

Aducen que el patio que colinda con la Calle Estado es delantero y, al no guardarse las distancias reglamentarias, Puerto Rico Seven, Inc. violó la transcrita Sec. 14.08.

Un análisis de las disposiciones reglamentarias aplica-bles revela que es inconsecuente precisar si dicho patio es delantero o lateral; cualquiera que fuera su clasificación, Puerto Rico Seven, Inc. tenía que guardar la distancia re-querida para patios delanteros. Nos explicamos.

Si concluyéramos que es delantero, era necesario que cumpliera los requisitos de medida para tales patios. Además, el solar tendría un patio lateral colindando con un distrito residencial. Por otro lado, si el patio colindante con la Calle Estado fuera lateral, aplicaría la Sec. 19.08 del Reglamento de Zonifieación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1969), pág. 80, que dispone que “[cjualquier patio lateral o parte del mismo que linde con una vía se considerará patio delantero y cumplirá con los requisitos de tamaño para patios delanteros en este distrito”. (Enfasis suplido.) Vemos, pues, como, independientemente de que Puerto Rico Seven, Inc. haya escogido el patio que colinda hacia la Ave. Fernández Juncos como delantero (tal como alega ante nos y concluyó la Junta), o el que colinda con la Calle Estado (como argumentan los peticionarios), incumplió con la Sec. 11.08 del Reglamento de Zonifieación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989), pág. 85, que fija las medidas de un patio delantero.()

No obstante, en vista de que los peticionarios Fuertes y la Asociación alegan que siendo el patio delantero el que colinda con la Calle Estado se violó la See. 14.02(32) del Reglamento de Zonifieación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989), pág. 85, es menester establecer cuál es el de-lantero y así determinar los laterales. El inciso 32 dispone:

Restaurante, cafetería, fuente de soda, barra o cafetín, [puede operarse en un distrito de zonificación C-2] siempre que el solar donde ubique el local o estructura a utilizarse para estos propósitos no colinde lateralmente con un distrito residencial. (Énfasis suplido.)

A su vez, el aludido reglamento define patio delantero:

Espacio abierto, desocupado u ocupado, con estructuras o usos permitidos, entre la línea de la vía y la proyección paralela a ésta de la extremidad más próxima del edificio y que se ex-tiende hasta las líneas laterales del solar. El fondo de dicho patio es la distancia mínima horizontal entre la línea de la vía y la extremidad del edificio más inmediato a ésta. See 2.01(100) del Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989), pág. 16.

Vemos, pues, que tanto el espacio entre la Ave. Fernán-dez Juncos y el edificio construido, como el espacio entre la Calle Estado y el edificio construido, son patios delanteros. Como corolario, a tenor con el citado reglamento, los patios opuestos son posteriores. Es ineludible concluir que el solar en controversia reglamentariamente tiene dos (2) patios de-lanteros y dos (2) patios posteriores; ninguno lateral. A igual conclusión llegó la Junta de Calidad Ambiental en su Resolución de 14 de mayo de 1991 (Caso Núm. 90-044-AE). En consecuencia, Puerto Rico Seven, Inc. no violó la Sec. 14.02(32), pero sí la Sec. 19.09 del citado

III.

Aclarado este extremo, concentremos en el número re-glamentario de estacionamientos según el uso original-mente propuesto de dos (2) plantas para oficinas profesio-nales, excepto médicas. Se recordará que el ingeniero Rodríguez sometió y obtuvo de A.R.Pe. una variación para el patio posterior y una reducción de los estacionamientos de quince (15) a doce (12) para todo el edificio.

Los peticionarios Fuertes y la Asociación argumentan que según el testimonio de su perito, Ing. Herman L. Gui-llermety, a tenor con la Sec. 70.03 del Reglamento de Zoni-ficación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989), pág. 16, el número de estacionamientos necesarios varía dependiendo de los usos. En su estudio, en lo pertinente, Guillermety concluyó que: (a) utilizando el segundo piso para oficinas profesio-nales, excepto médicas, y el primer piso para colmado, más una tercera parte para almacén, requería diecinueve (19) estacionamientos; (b) utilizando el segundo piso para ofici-nas profesionales, excepto médicas, y el primer piso para cafetería con colmado y almacén requeriría veinticuatro (24) estacionamientos.

Sobre este mismo aspecto, por mandato del tribunal de instancia, la Junta de Calidad Ambiental realizó un cómputo. Reveló que si la primera planta del edificio se utilizara para almacén en una tercera parte y para col-mado, y la segunda planta para oficinas profesionales, ex-cepto médicas, el número requerido sería dieciocho (18). Bajo el supuesto de que la primera planta se dedicara a almacén en una tercera parte, a cafetería, a oficina, a col-mado (en proporción a los metros cuadrados correspon-dientes a cada actividad), y la segunda planta a oficinas profesionales, excepto médicas, se requerían veintitrés (23) espacios de estacionamiento.

Es evidente que estos cálculos de la Junta son muy diferentes al número que A.R.Pe. fijó antes de aprobar la va-riación solicitada.() Se debe a que en el referido cómputo la Junta tomó en consideración un uso de colmado vecinal distinto al que A.R.Pe. consideró al conceder la variación. Para justificar su dictamen, la Junta de Calidad Ambiental nos dice:

En materia de estacionamientos la práctica administrativa se ha caracterizado por ser flexible, debido principalmente a la escasez de terrenos. En el sector donde ubica el caso de autos muchos de los locales carecen de estacionamiento. No permite cumplir a cabalidad con los requisitos reglamentarios la cabida limitada de muchos solares, por lo que las variaciones suelen ser comunes. Alegato en réplica a solicitud de certiorari, pág. 8.

No nos convence. La Sec. 82.06 del Reglamento de Lotificación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989) visualiza, como factores a considerarse al conceder variaciones,() los siguientes:

1. La magnitud de la variación es la necesaria para asegu-rar la viabilidad del uso permitido y no es viable considerar otras alternativas para salvar el problema presentado.
2. La variación solicitada no afectará adversamente entre otros, los siguientes factores:
a. La disponibilidad de infraestructura
b. El contexto en el que ubica
c. El ambiente de la calle
d. La seguridad y tranquilidad de los vecinos
3. Se logra un desarrollo urbano más compacto.
4. La densidad o intensidad solicitada no lleva convertir el distrito en otro.
5. La variación solicitada es cónsona con los propósitos de la disposición reglamentaria que se solicita sea modificada, así como con la política pública.

El Informe sobre Acuerdo Adoptado por el Director de la Oficina Regional de San Juan de 25 de agosto de 1988 y la Resolución de la Junta de Calidad Ambiental no revelan que consideraran ninguno de los factores enumerados en el Reglamento. Además, surge que la variación concedida fue para el uso total de oficinas profesionales, en sus dos (2) plantas, excepto médicas.

IV

Nuestra más reciente casuística refleja una tendencia judicial apuntalada en dos (2) enfoques.

Primero, solamente avalar variaciones concedidas por A.R.Pe. en situaciones realmente extraordinarias y meritorias. Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe, 130 D.P.R. 971 (1992); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989); Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759 (1987). Nos fundamos en la necesidad de que “[l]a consecución de una mejor calidad de vida colectiva y el desenvolvimiento normal del orden social exigen, en lo posible, que el desa-rrollo urbano sea ordenado y configurado según las medi-das, reglamentos y leyes promulgadas”. Fuertes, Guiller-mety v. A.R.Pe., supra, pág. 979. A la postre, el uso indiscriminado de variaciones “podría destruir todo nues-tro esquema de zonificación y cambiar eventualmente las características de un distrito, planificado originalmente con una infraestructura pará ciertos usos”. A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra, pág. 862.

La situación de autos no admite otra solución. El récord demuestra unas diferencias sustanciales en los cálculos de A.R.Pe. sobre el número reglamentario de estacionamientos. En la solicitud de variación original, A.R.Pe. señaló quince (15) estacionamientos y, posteriormente dispuso que, depen-diendo de los usos que se dieran al local, podrían ser diecio-cho (18) o veintitrés (23). Concediéndole a Puerto Rico Seven, Inc. el beneficio de exigirle sólo dieciocho (18) estacionamientos, subsistiría la realidad de que la variación concedida de doce (12) representa una disminución en un treinta por ciento (30%) de ese número —de su faz— excesiva.

Esa variación no se justifica. Origina problemas prove-nientes de personas que consumen bebidas y alimentos en los alrededores del negocio y frente a propiedades residen-ciales ocasionando bullicios; de clientes y suplidores que se estacionan en la Calle Estado y sobre las aceras obstaculi-zando el libre tránsito vehicular y peatonal; del impacto negativo que ocurre cuando hay conglomeración de auto-móviles y sus usuarios hacen uso indiscriminado de sus bocinas. No podemos olvidar el horario de operación del negocio (24 horas), lo cual genera un uso intenso e ininte-rrumpido que atrae personas ajenas al vecindario, alte-rando indudablemente la tranquilidad de esa zona residencial^()

Segundo, procede aplicar a Puerto Rico Seven, Inc. la norma de autoinflicción del daño como “imp[edimento a una] solicitud y concesión de una variación en casos en que el promovente —conociendo las limitaciones impuestas por los requisitos de zonificación— se coloca voluntariamente en una posición que le ocasiona perjuicio irrazonable”. Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., supra, pág. 772 y obras allí citadas. Véanse: Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, 334 (1985); Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., supra. Veamos.

Se recordará que la variación concedida por A.R.Pe. dis-minuyó de quince (15) a doce (12) el número de estaciona-mientos del edificio. Posteriormente, A.R.Pe. calculó que dependiendo del uso de la primera planta se requerirían 8.69 o 14.07 estacionamientos; para la segunda planta, se-gún el uso de oficinas profesionales, excepto médicas, 8.80 estacionamientos. Puerto Rico Seven, Inc. erróneamente alega que los doce (12) estacionamientos que actualmente tiene el edificio le corresponden. No tiene razón. Aparte de que ese número viola el Reglamento de Lotificación, la va-riación concedida por A.R.Pe. fue para el edificio y todos sus usos, y se tomó en cuenta que el edificio se utilizaría en su totalidad para oficinas profesionales, excepto médicas. Ciertamente, antes de remodelar, Puerto Rico Seven, Inc. debió conocer que no habían suficientes espacios de esta-cionamiento para el uso proyectado y que la variación con-cedida no consideraba el mismo. Además, en cuanto a la Calle Estado, sabía que no cumplía con la distancia numé-rica para todo patio delantero. Voluntariamente asumió el riesgo de remodelar sin cumplir con tales reglamentos; ahora no puede reclamar derechos adquiridos.

Hay una ausencia total de circunstancias extraordina-rias y meritorias que justifiquen la variación. Esta no es válida por infringir directamente y afectar sustancial-mente los importantes factores y valores vecinales y am-bientales ínsitos en la reglamentación. Además, Puerto Rico Seven, Inc. descansó en una variación concedida para el edificio a base de un uso distinto al proyectado como medio para evadir el número reglamentario de estacionamientos. No podemos avalar tal conducta.

Una última aclaración. Coincidimos con la Junta de Ca-lidad Ambiental en que en el sector de Miramar hay escasez de terrenos; pero ciertamente es mayor la escasez de estacionamientos. La situación no es distinta a otros secto-res del área metropolitana, particularmente en San Juan, Santurce y Río Piedras, que sirvieron de fundamento para la Resolución RP-4-3-82 adoptando enmiendas al Reglamento de Zonificación (Núm. 4) sobre áreas de estacionamiento. Orden Ejecutiva Núm. 4055 de 22 de noviembre de 1982.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

      (1) Plantearon:
      “A. Erró la Hon. Junta de Apelaciones al determinar que el solar donde en-clava Puerto Rico Seven, Inc., Calle Estado #700, no colinda lateralmente con mi distrito residencial.
      “B. Erró la Hon. Junta de Apelaciones al no hacer determinaciones y/o definir el tipo de uso que se opera bajo el nombre de Puerto Rico Seven, Inc.
      “C. Erró la Hon. Junta de Apelaciones al no hacer determinaciones al efecto sobre el requisito de estacionamientos, bien sea bajo el uso de colmado y oficinas profesionales excepto médicas o bajo el uso de cafetería y oficinas profesionales ex-cepto médicas.
      “D. Erró la Hon. Junta de Apelaciones al determinar que la Asociación no pudo demostrar ‘los perjuicios ocasionados por la construcción u operación del uso, ni como se ha afectado el derecho del uso y disfrute de su propiedad’.
      “E. Erró la Hon. Junta de Apelaciones al determinar que la Puerto Rico Seven, Inc. tiene derechos adquiridos.” Apéndice, págs. 19-20.

      (2) Sobre patio delantero en un distrito residencial el Reglamento de Zonifica-ción (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989), pág. 65, exige:
      “11.08 Patio Delantero en Distritos R-5 — Se requerirá un (1) patio delantero con un fondo no menor de tres (3) metros, o de una quinta (1/5) parte de la altura del edificio, cual fuere mayor. El fondo del patio delantero requerido no incluirá la por-ción o franja del solar cedida o reservada para el futuro ensanche de la via, bajo las disposiciones sobre densidad poblacional establecidas para este distrito.”

      (3) La inobservancia de los requisitos para el patio delantero del colindante con la Calle Estado fue admitido por el arquitecto Fossas, perito del recurrido Puerto Rico Seven, Inc., al ser confrontado con esta situación en las vistas en la Adminis-tración de Reglas y Permisos (A.R.Pe.). Apéndice, págs. 165-166.

      (4) Según el Informe sobre Acuerdo Adoptado por el Director de la Oficina Regional de San Juan de 25 de agosto de 1988, los estacionamientos requeridos por el Reglamento de Lotificación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planifi-cación de Puerto Rico, 1989) eran quince (15).

      (5) El Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1989), pág. 21, define variación como:
      “Autorización para utilizar una propiedad para un uso prohibido por las restric-ciones impuestas a una zona o distrito y que sólo se concede para evitar perjuicios a una propiedad que, debido a circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a una confiscación de la propiedad. Variación es sinó-nimo de concesión.” See. 2.01(148).

      (6) Estos perjuicios surgen de los testimonios en la vista en A.R.Pe. del Ledo. Roberto Fuertes, el Sr. Francisco López, el Sr. Adrián Marrero, el Padre Armando Alvarez, el Sr. Andrés Romero y el policía Ramón González Figueroa. Determinacio-nes de Hecho, Oficial Examinador Miguel Mihaljevich, de 15 de febrero de 1990.
      Ni A.R.Pe. ni la Junta de Calidad Ambiental hace mención a estos problemas en sus respectivas resoluciones, aún cuando los mismos son cruciales.