text:
    Reed Perron, apelante, v. Consuelo Corretjer, apelada.

      Número: O-82-727

      Resuelto: 30 de noviembre de 1982

      Sarah Torres Peralta y Fausto Ramos Quirós, abogados del ape-lante; Milagros Quesada Picó, de Servicios Legales de Puerto Rico, y Luis F. Abreu Elias, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Reed Perron apela la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan que desestimó su petición de hábeas corpus (núm. 82-4713). Solicitaba que se reconociera la juris-dicción exclusiva del Tribunal Superior de Nueva Jersey (■Chancery Division, Bergen County) en el caso sobre divor-cio núm. M-01377-82, Perron v. Corretjer, y la validez y vigencia de un decreto interlocutorio de dicho foro, fechado 21 de septiembre de 1982, que le concedía la custodia de dos hijas menores habidas en su matrimonio con Consuelo Corretjer Lee.

I

Expongamos los hechos pertinentes y procesales que gobiernan la disposición del recurso. Reed Perron, psiquia-tra de profesión, y la Sra. Consuelo Corretjer Lee contra-jeron matrimonio el 17 de abril de 1971 en el estado de Nueva York. Desde esa unión han residido siempre en los Estados Unidos. Procrearon dos hijas, Catherine Sarah e Isabel Alexandra, nacidas el 26 de agosto de 1974 y 3 de julio de 1977, respectivamente. Salvo las visitas anuales de la señora Corretjer a sus familiares en Puerto Rico, su domicilio desde el matrimonio y el hogar permanente de las niñas ha estado ubicado en Ridgewood, Nueva Jersey.

El 19 de agosto de 1982 vino a la Isla, junto con las niñas, al hogar de sus progenitores, los esposos Juan A. Co-rretjer y Consuelo Lee. Lo que en apariencia era una visita de sólo dos semanas, debido a desavenencias maritales pre-valecientes, afloró en la decisión firme de una separación conyugal y de establecerse definitivamente en Puerto Rico con la intención de fijar residencia en compañía de sus dos hijas pequeñas. El 3 de septiembre radicó en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, una petición de custodia (caso civil núm. RF-82-4226). Expuso bajo jura-mento las serias discrepancias conyugales y circunstancias existentes, y solicitó que se prohibiera sacar de Puerto Rico a las niñas, y una pensión alimenticia de $2,000 mensuales. Expedido ese mismo día el emplazamiento, sin que mediara permiso previo del tribunal bajo la Regla 4.3(a) de Proce-dimiento Civil, una persona particular hizo entrega al señor Perron, en Nueva Jersey, de la demanda y demás documen-tos. Los autos reflejan que a esa fecha no se había adquirido jurisdicción sobre la persona del señor Perron, según decreto posterior de nulidad al emplazamiento original. Aun así, el Tribunal Superior, el 17 de septiembre, le con-cedió la custodia provisional.

El 9 de septiembre de 1982 el Sr. Reed Perron se tras-ladó a Puerto Rico. Fue informado de la acción de custodia radicada por su esposa. Previo asesoramiento de sus aboga-dos, regresó a Nueva Jersey a gestionar allá el divorcio y la custodia. Evitó también así ser emplazado. El 10 de sep-tiembre radicó demanda de divorcio y solicitó del Tribunal Superior de Nueva Jersey la custodia de las menores. Se fundó en declaraciones juradas suscritas por la doctora en psicología Ruth Lijtmaer y su esposo, el doctor en psiquia-tría Julián Ferholt —amigos íntimos del señor Perron y la señora Corretjer— expositivas, en lo pertinente, de la calidad de padre afable y preocupado del señor Perron, en contraste con una alegada actitud de indiferencia hacia las niñas de parte de la señora Corretjer, motivada por su supuesto carácter depresivo, huraño, irritable, y de infeli-cidad. Se consignó, además, que la menor Isabel, debido al carácter de la señora Corretjer, ha manifestado problemas en su desarrollo normal. Que la niña ha sido evaluada por la psicoanalista en pediatría Dra. Salley Province, del Centro de Estudios de Niños de Yale, y estaba bajo supervisión especial en una escuela privada como parte de su trata-miento. En opinión de esos facultativos, el mejor bienestar de las niñas exige su regreso al medio familiar original bajo la custodia del señor Perron. En igual fecha, el Juez Hon. Harvey R. Sorkow emitió una orden para mostrar causa, fijando el 21 de septiembre para la comparecencia de la señora Corretjer. Fue notificada por correo certificado el día 16 de septiembre y personalmente el 17, esto es, cinco (5) y cuatro (4) días, respectivamente, antes de la vista fi-jada. Ella pro se compareció por escrito e impugnó la juris-dicción de ese tribunal, expuso su condición de penuria económica y que el señor Perron no había provisto alimen-tos. Solicitó a dicho foro que no ejerciera su jurisdicción a base de la pendencia en Puerto Rico del pleito de custodia por ella interpuesto, o en la alternativa, qúe pospusiera la vista, le concediera término para contratar a un abogado de esa localidad y contestar, dispusiera una pensión alimenti-cia de $2,000 mensuales y paralizara los procedimientos hasta que el trámite en Puerto Rico finalizara.

El 21 de septiembre el Tribunal Superior de Nueva Jersey ejerció su jurisdicción y, en virtud de los documentos mencionados, ordenó a la señora Corretjer regresar a sus hijas a Nueva Jersey. También otorgó la custodia temporal al señor Perron, sin perjuicio de que la señora Corretjer la solicitara. Para hacer cumplir ese decreto presentó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el hábeas corpus que nos ocupa. En su sentencia desestimatoria —luego de seña-lar que la petición del señor Perron no estaba jurada, y que Puerto Rico tenía un interés legítimo en el bienestar de las menores— el tribunal a quo, apoyándose en Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976), dictaminó que tenía jurisdicción concurrente con el estado de Nueva Jersey, pero que ejercía la suya: (1) por encontrarse aquí físicamente las menores; (2) por Perron haberse sometido a su jurisdicción al presentar la petición de hábeas corpus; (3) por haberse trasladado a Puerto Rico y haberse ausen-tado para evitar ser emplazado por consejo de sus abogados; (4) por regir en Nueva Jersey la Ley Uniforme sobre Custo-dia de Menores, 9 (U.L.A.) Sec. 1-28; (5) por ser aplicable la norma del bienestar de las menores (por estar las niñas a mitad del primer semestre escolar); (6) por estar calificado el tribunal para hacer una determinación razonable de cus-todia; y (7) por carecer la señora Corretjer de medios econó-micos para trasladarse y litigar en los Estados Unidos.

El tribunal de instancia concluyó, además, que la madre no había violado las disposiciones del Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), 28 U.S.C. sec. 1738A, al estimar que no era un caso de secuestro “ya que el padre de las menores en todo momento ha tenido conocimiento de dónde se encuentran las menores. Tan es así que se ha comunicado por teléfono con la madre y vino a Puerto Rico a visitarlas”. Finalmente resolvió que no venía obligado a “dar entera fe y crédito {full faith & credit) a la orden del Tribunal Superior de Nueva Jersey”, por no ser dicha doctrina aplicable “a una determinación de custodia”, y concluyó “que Puerto Rico asumió jurisdicción en el caso de custodia con anterio-ridad a que lo hiciere el Tribunal Superior de Nueva Jersey. Que el querellante, al igual que el Tribunal tenían conocimiento del pleito ya iniciado en esta jurisdicción. Que en el caso RF-82-4226 la Hon. Juez Edith Pardo de Vázquez ha emitido una orden fechada el 17 de septiembre de 1982 otorgándole la custodia provisional a la aquí querellada. Que este Tribunal en su poder de parens patriae mantendrá la jurisdicción ya ejercida en pos del bienestar de estas niñas, las cuales no deben ser trasladadas nuevamente. Sería perjudicial para su bienestar trasladarlas a Nueva Jersey sin haberse aún determinado finalmente a quién corresponderá la custodia, arriesgándolas a que tengan que sufrir un nuevo cambio de hogar. Este Tribunal no va a ser cómplice de un nuevo traslado. El mejor bienestar de estas menores nos inclina a que permanezcan en Puerto Rico y continúen asistiendo a la escuela aquí hasta tanto se dilu-cide el pleito de custodia”.

“Puerto Rico no ha adoptado la Ley de Custodia Uni-forme. Así lo demuestra el caso de Fernández v. Rodríguez, 97 Misc. 2d 353, 411 NYS2d 134 (1978), donde el Tribunal Supremo de Nueva York rehusó darle ‘full faith & credit’ (entera fe y crédito) a una sentencia sobre custodia de Puerto Rico por razón de que en la Isla no se ha adoptado dicha Ley ni disposiciones similares.” (Apéndice, págs. 193-194.)

Ante nos, el apelante señor Perron reproduce varios planteamientos en abono de su contención. Descansan esen-cialmente sobre el supuesto de que el Poder Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe reconocer entera fe y crédito al decreto de custodia del 21 de septiem-bre, emitido en el caso M-01377-82 por el Tribunal Superior de Nueva Jersey, conforme el estatuto federal PKPA, por razón de las doctrinas de supremacía federal y de preemption. Por su parte, la apelada Corretjer en su comparecencia expone la tesis que encontró eco en la sala sentenciadora, en el sentido de que dicho foro tiene jurisdicción y la ejerció, que no es aplicable el PKPA y que el mejor bienestar de las menores es que residan en Puerto Rico. Enfatiza el desba-lance económico entre ella y el señor Perron, que éste no ha aportado nada para la alimentación de las niñas desde que ella las trajo a Puerto Rico y su temor de que si regresan a Nueva Jersey no volverán jamás.

La solución de esta controversia requiere una breve referencia al trasfondo histórico que tuvo ante sí el Con-greso norteamericano al aprobar el PKPA, bautizado por algunos estudiosos como la “Ley Wallop” en orden a su promovente, el senador Malcolm Wallop.

Según el legajo congresional, su propósito primordial fue desalentar la práctica del “secuestro” de los hijos por parte de aquel progenitor que no había podido prevalecer en un pleito de custodia. La experiencia reflejaba que debido a la disponibilidad, en potencia, de otro foro judicial aceptar como meritorias las contenciones de la parte perdidosa, ofrecía la ventaja de litigar nuevamente lo ya adjudi-cado. “La mayoría de los estados invocaban su jurisdicción en casos de custodia a base de la presencia física del menor en sus fronteras. Los tribunales defendían esta práctica al dogmáticamente aplicar la doctrina de parens patriae y la regla del mejor bienestar. Sin embargo, el tribunal que ejercía su jurisdicción descansando en estos conceptos meri-torios, de hecho promovía el seleccionar foros (forum shopping) de parte del progenitor que secuestraba —un resul-tado anómalo.” Lockett, The Parental Kidnapping Prevention Act of 1980: Death Knell For “The Rule of Seize and Run”, 12 Cum. L. Rev. 485, 488-489 (1981-82). Con el aumento dramático en divorcios, el cúmulo y abuso de este tipo de modus operandi y disputas trascendió de ser sim-plemente un asunto de interés local. Evolucionó a tan graves extremos que se convirtió en materia de interés tanto interestatal como internacional. El Congreso con-sideró que la seguridad, estabilidad y continuidad de las relaciones progénito-filiales eran parte integral del desa-rrollo de todo menor y que la práctica popularizada de “secuestro o retención de un menor” era detrimental a la consecución de esos postulados. “Los progenitores divorcia-dos, ya motivados por su amor, necesidad o deseo de anta-gonizar al otro progenitor, compiten por el afecto y la tenencia del menor. Lamentablemente, de ordinario, ello produce una situación en que el único perdedor es el menor.” W. Young, Parental Child-Snatching: Out of a No-Man’s Land of Law, 13 St. Mary’s L.J. 337, 338 (1981). Para frenar la práctica se legisló el PKPA, cuya caracte-rística medular es reconocerle “entera fe y crédito” a los decretos judiciales sobre custodia que cumplan con la ley, a través de un solo patrón jurisdiccional uniforme. Además dispuso el mecanismo y uso de un servicio para localizar al progenitor (Federal Parent Locator Service) y la aplicación de la Ley de Fugitivos Federales (Federal Fugitive Felon Act). R. M. Irani, Parental Kidnapping: Can The Uniform Child Custody Jurisdiction Act and Federal Parental Kid napping Prevention Act of 1980 Effectively Deter It?, 20 Duq. L. Rev. 43 (1981); Cleveland, The Uniform Child Custody Jurisdiction Act and The Parental Kidnapping Prevention Act: Dual Response to Interstate Child Custody Problems, 39 Wash. & Lee L. Rev. 149 (1982).

A tal efecto, esta pieza legislativa federal aspira a esta-blecer un sistema nacional de interpretación judicial con los siguientes propósitos: localizar padres con hijos menores que se trasladan de una jurisdicción a otra en disputas conyugales; promover la cooperación entre los distintos tribunales estatales para que las determinaciones de custo-dia y visitas sean dictaminadas por aquel estado que pueda resolver el caso más satisfactoriamente para el bienestar de los menores; estimular y ampliar el intercambio de infor-mación y asistencia recíproca entre estados; facilitar la eje-cución de tales decretos judiciales; desanimar la continui-dad de controversias interestatales sobre custodia de menores en abono de una mayor estabilidad en el ambiente familiar y en la relación con los menores; evitar conflictos jurisdiccionales entre estados sobre la materia; y frenar los secuestros interestatales o la remoción unilateral de los menores con el propósito de obtener y afianzar decretos favorables de custodia.

La ley aplica expresamente a todos los estados de la Unión, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a algunos territorios. 28 U.S.C. see. 1738A(b)(8). Contiene varias definiciones, de las cuales es pertinente la de determinación de custodia (custody determination) que se define como la “sentencia, decreto u otra orden de un tribunal, que dispone de quién es la custodia del menor o cuándo se le harán las visitas, e incluye las órdenes permanentes, temporeras, iniciales, y modificaciones”. (Énfasis suplido.) También es importante el concepto de “Estado-residencia” (home State), que significa aquel estado donde un niño ha vivido con uno o ambos padres, o con un tutor, al menos por seis meses consecutivos inmediatamente antes de la fecha en que se inicien los procedimientos. Al amparo de la ley, un decreto judicial sobre custodia de un menor solamente es compatible (consistent) con el estatuto, (1) si dicho foro tiene jurisdicción bajo sus leyes; y (2) si concurre una de cualesquiera circuns-tancias:

A. (i) ese es el Estado-residencia del menor a la fecha en que se inician los procedimientos, o
(ii) fue su Estado-residencia con seis meses de ante-lación a la fecha en que se iniciaron los procedi-mientos y el menor está ausente debido a que ha sido trasladado o retenido por uno de los padres litigantes, o por otra razón, y el promovente per-manece en ese estado;
B. (i) surge que ningún otro estado tiene jurisdicción a base de las circunstancias, y
(ii) para el mejor bienestar del menor el tribunal de dicho estado asume jurisdicción debido a que: 1— el menor y sus padres, o aquél y uno de los li-tigantes tiene un contacto significativo con el Estado, más allá de la mera presencia física en el mismo; y 2— existe y está disponible en ese estado evidencia sustancial relativa al cuidado, protección, entrenamiento y relaciones perso-nales presentes y futuras del menor;
C. el menor está físicamente presente en ese estado, y ha sido abandonado o existe una emergencia que requiera su protección porque ha recibido amenazas o ha estado expuesto a maltrato o abuso;
D. surge que ningún otro estado tiene jurisdicción según los criterios A, B, C y E; u otro estado ha declinado ejercitarla bajo el fundamento de que el estado cuya jurisdicción está en controversia es el foro más apropiado para determinar tal custo-dia y es en pro del menor que ese otro tribunal asume la jurisdicción; y
E. el tribunal tiene jurisdicción continua a base del inciso anterior.

Se provee que la jurisdicción del tribunal del estado que haga la determinación de custodia, a tono con las disposiciones de la ley, continuará mientras subsistan las circunstancias apuntadas. Se exige que se notifique adecuadamente y se dé razonable oportunidad a los litigantes antes de tomarse tal determinación. Se reconoce que un tribunal tiene autoridad para modificar una determinación de custodia decretada por otro tribunal si: tiene jurisdicción y el otro tribunal no la posee o ha declinado ejercitarla. A contrario sensu, un tribunal no debe ejercitarla si está pendiente una determinación análoga en un tribunal de otro estado que ha intervenido, ajustándose y de manera compatible con la norma jurisdiccional del estatuto. Adicionalmente, se estimula a que los tribunales den prioridad a este tipo de litigación y hagan la concesión a la parte victoriosa de los gastos necesarios por viajes, abogado, investigaciones privadas, arancel de testigos y otros, si la otra parte le ha arrebatado al niño o le ha privado del derecho de visita sin autoridad para ello. Finalmente se autoriza a que los estados entren en acuerdo para obtener información y recobrar gastos del seguro social y otros extremos.

La ley no es la panacea de todos los problemas que intenta resolver. Sin embargo, se reconoce que contribuirá a disminuir, y, en ocasiones eliminar, el serio dilema de jurisdicciones conflictivas en casos de custodia. R. M. Coombs, Interstate Child Custody: Jurisdiction, Recognition, and Enforcement, 66 Minn. L. Rev. 711 (1982). Si bien la efectividad del PKPA es evidente cuando ha mediado una orden previa al secuestro o la retención, nada impide que se obtenga una orden con posterioridad al secuestro o la retención si se cumple con los requisitos de Estado-residencia y debido proceso de ley. Young, op. cit., pág. 352; Lockett, op. cih, pág. 50.

No albergamos duda de que el estatuto federal es de aplicación en nuestra jurisdicción. Hemos visto cómo expre-samente la Sec. 1738A(b)(8) incluye al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico. Su amplio alcance es una de las mar-cadas diferencias entre esta pieza congresional y la del Uniform Child Custody Jurisdiction Act (1968) (U.C.C.J.A.), que no fue adoptada nacionalmente, ni tampoco en Puerto Rico. Se intenta eliminar así jurisdicciones en que la caren-cia de eficacia jurídica de la ley anterior convertía en san-tuarios a los padres envueltos en este tipo de práctica. Young, op. cit., pág. 345.

El apelante Perron argumenta que el PKPA, como norma federal, ocupó (preempted) totalmente la materia, que aquí tratamos. Por el resultado a que hemos llegado, no es necesario que abordemos in extenso la cuestión, cuyo alcance es objeto de discusión entre los estudiosos citados en esta ponencia. Basta señalar que existe un criterio definitivo de que el campo está ocupado en lo concerniente a la prohibición federal de que un tribunal modifique una determinación válida de custodia de otro estado o ejercite jurisdicción concurrente de un pleito ya comenzado. 28 U.S.C. sec. 1738A(g); Coombs, op. cit., pág. 834.

> í — »

Toda decisión en este género de controversia no puede hacerse depender de las simpatías naturales de los tribunales hacia una de las partes —Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495, 512 (1978)— como tampoco de temores, fundados o no, de que exclusivamente los foros judiciales puertorriqueños estamos capacitados para resolverlos con absoluta sabiduría, ecuanimidad y juridicidad. El mejor bienestar de los menores —que es la espina dorsal, a largo plazo contemplada en la legislación federal, local y en nuestra jurisprudencia, Marrero Reyes, supra— no puede estar sujeto a argumentaciones o preocupaciones individuales de los progenitores o sus familiares, basadas en preferencias ideológicas en la relación existente entre Puerto Rico y Estados Unidos. Tampoco en el pronto acceso o primera llegada a la meta en una carrera que uno de los litigantes pueda lograr hacia determinado tribunal, o en la aprehensión de que el traslado temporal de los niños fuera de la jurisdicción entrañe el peligro potencial de que nunca volverán a la custodia de aquel progenitor que la tiene o legalmente debe ostentarla. Resolver estos casos a base de esos criterios personalistas y limitantes sería perpetuar precisamente lo que el PKPA intenta superar. Propiciaría que subsistieran a niveles intolerables las prácticas de secuestro o retención unilateral en detrimento de un sis-tema uniforme de administrar justicia en pro del bienestar de los menores. La movilidad de los puertorriqueños hacia los distintos estados de los Estados Unidos y viceversa, el incremento de matrimonios con personas de otras jurisdic-ciones y la ruptura de algunos, es un hecho innegable. Debemos, pues, sancionar, en la medida que sea consistente con el estatuto PKPA y con nuestro ordenamiento, aquellos decretos judiciales en aras de evitar una jungla o anarquía en la que el más poderoso, listo, solvente o mejor asesorado prevalezca a como dé lugar. Por ende, resolvemos que los tribunales de Puerto Rico deberán reconocer entera fe y crédito a los dictámenes de los distintos foros de Estados Unidos, en casos de custodia en que se cumpla con los crite-rios y requisitos estatuidos en el PKPA.

Establecida la anterior premisa, concentrémonos en si el decreto del Tribunal Superior de Nueva Jersey merece ese crédito jurídico. Lo primero que observamos es que el Estado-residencia de las niñas protagonistas de este proceso es y ha sido Nueva Jersey y no Puerto Rico. Los criterios establecidos en la ley así lo demuestran. Salvo las visitas aisladas a Puerto Rico, en compañía de la señora Corretjer, al hogar de los abuelos maternos, desde que contrajo matrimonio ella fundó allí su hogar conyugal, nacieron las niñas, comenzaron su educación y han vivido. Su reciente decisión de trasladarse, divorciarse y residir en Puerto Rico no altera esa realidad. Esas circunstancias nos mueven a concluir que, al presente, el Tribunal Superior de Puerto Rico no posee todos los elementos de juicio necesarios para evaluar las circunstancias y factores ambientales, sociales y humanos para adjudicar de manera informada en quién debe recaer en última instancia la custodia. Ello exige la ponderación de factores tales como “la preferencia del menor, su sexo, edad y salud mental y física; el cariño que puede brindársele por las partes en controversia; la habi-lidad de las partes para satisfacer debidamente las necesi-dades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la interrelación del menor con las partes, sus her-manos y otros miembros de la familia; y la salud psíquica de todas las partes. Oster, Custody Proceedings: A Study of Vague and Indefinite Standards, 5 J. Fam. L. 21, 22 (1965); Clark, op. cit., 591 y ss.; Taylor, Child Custody Problems in Illinois, 521, 522, n. 3 (1975); Calloso, Custody of the Child and the Uniform Marriage and Divorce Act, 18 S. Dak. L. Rev. 551 (1973). Véanse: Bermúdez v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 825 (1969); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961); Rodríguez v. Torres, 80 D.P.R. 778 (1958). Ningún factor es de por sí decisivo. Hay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclina la balanza y al menos aproximarse al logro de la solución más justa en asunto de tan extrema dificultad.” Marrero Reyes, supra, págs. 105-106.

En Concepción v. Concepción, 105 D.P.R. 929 (1977), que la apelada invoca a su favor, fue determinante que el marido no contendió la demanda de divorcio, fundada en la causal de separación por más de dos años, presentada por la madre en Puerto Rico, dentro del cual se adjudicaron a ella tanto la patria potestad como la custodia, con el beneficio de informes de trabajadores sociales de Nueva York y Puerto Rico, sin que se suscitara el factor de residencia ni se cues-tionara la, jurisdicción de la Sala de Bayamón que consideró los méritos del caso, que no había examinado la Corte Suprema de Nueva York. De otra parte, en Marrero Reyes, supra, hicimos clara reserva del propósito de “evitar el secuestro unilateral de menores para fines de obtener un decreto de custodia”. Pag. 100.

Aclarados estos extremos, advertimos que el estatuto federal exige que “antes de que se haga una determinación de custodia, se enviará a los litigantes una notificación adecuada, y se les dará una oportunidad razonable de ser oídos . . .”. 28 U.S.C. sec. 1738A(e). Este requisito es parte del debido proceso de ley que obliga al foro judicial que intenta ejercer jurisdicción. Aparte de ese lenguaje, no está definido lo que constituye “notificación adecuada” y “oportunidad razonable”. “Sobre lo que es razonable y prudente personas razonables y prudentes pueden discrepar.” Banchs v. Colón, 89 D.P.R. 481, 497 (1963). Aun así se ha reconocido que ello entraña y conlleva una participación cabal en los procedimientos de custodia. Coombs, op. cit, pág. 750. El tiempo que el progenitor necesita para prepararse y los medios disponibles son cruciales para esta determinación de razonabilidad. De igual modo, el carácter de urgencia verdadera del remedio del progenitor reclamante puede servir de base para acortar el término de notificación. Curiosamente, el Uniform Child Custody Jurisdiction Act, 9 U.L.A. Sec. 5, provee como regla general el término de diez (10) a veinte (20) días para la notificación a personas fuera de los límites territoriales del estado que entiende en la controversia, salvo emergencias. El estado de Nueva Jersey adoptó en sus leyes el término de veinte (20) días. N.J.S.A. 2A: 34-33. En definitiva, bajo la pieza legislativa federal, las leyes de Nueva Jersey y de Puerto Rico, si se ha cumplido o no con la norma del debido proceso de ley, es cuestión que depende de las circunstancias particulares de cada caso, aunque existen ciertos indicadores básicos —notificación y oportunidad— para medir si ello se satisface.

En el caso de autos, la señora Corretjer fue notificada por correo y en persona los días 16 y 17 de septiembre, respectivamente, para la vista en el foro de Nueva Jersey el 21 del mismo mes, apenas cinco (5) días después. Com-pareció documentalmente por propio derecho y negó que el bienestar de las menores estuviera en peligro. Cuestionó la jurisdicción, expuso su condición económica precaria, pidió fijación de alimentos y término de tiempo para contratar abogado y litigar. Al conceder al señor Perron la custodia provisional, el Tribunal de Nueva Jersey ese día rechazó implícitamente todas esas peticiones. Por lo visto las condi-cionó a que acatara su dictamen provisional. En esas cir-cunstancias tenemos reservas fundadas en torno a si se ha cumplido con el debido proceso de ley. El término de cuatro (4) o cinco (5) días para litigar adecuadamente la custodia de las niñas, aun en esa etapa, no constituye una oportu-nidad real compatible con el criterio de razonabilidad con-signado en el estatuto federal. Cf. Allison v. Superior Court of Los Angeles Cty., 160 Cal. Rptr. 309, 312-313 (1979). Aunque reconocemos que hay áreas del derecho, en particular casos de custodia, en que pueden existir situaciones de urgencia que válidamente justifiquen sostener decretos interlocutorios sin audiencia previa a una parte, no se nos ha demostrado que éste sea el caso. Así, de ordinario, para que una notificación sea constitucionalmente válida al amparo de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal, la misma “debe brindar un tiempo razonable a aquellas partes interesadas para que comparezcan”. Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306, 314 (1950), en que se cita con aprobación a Roller v. Holly, 176 U.S. 398 (1900), que anuló una notificación que sólo concedía cinco (5) días a un litigante de fuera del estado para comparecer al procedimiento. Ciertamente el traslado inmediato a la jurisdicción de Nueva Jersey, los gastos que acarrea, la ausencia de medios para contratar asesoramiento legal y pericial son elementos imprescindibles que no pueden ser descartados en casos de esta naturaleza, particularmente cuando una de las partes está, por el control directo que posee de los medios económicos, en situación de obvia ven-taja. No hay constancia de peligro o urgencia real inme-diata que justifique tan corto plazo.

Recapitulando, el decreto del Tribunal Superior de Nueva Jersey, sin que medien circunstancias especiales de urgencia, por la tardanza en la notificación no cumple en esta etapa con el requisito del debido proceso del PKPA y, por ende, no es acreedor a que se le confiera entera fe y crédito al amparo de dicho estatuto por los tribunales del país.

Por los fundamentos expuestos, se modificará la senten-cia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, fechada 29 de octubre de 1982, a los fines de negar en esta etapa procesal la ejecución de la orden del Tribunal Superior de Nueva Jersey, del 21 de septiembre de 1982. Se devuelven los autos ori-ginales para cualesquiera trámites ulteriores de las partes, compatibles con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió y el Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

       Subsiguientemente fue válidamente emplazado el 15 de octubre de 1982.

       Conforme el Art. 470 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. see. 1742, la “solicitud [de hábeas corpus] se hará a petición firmada por la persona a cuyo favor se hace o por otra a nombre de aquélla”, y “ha de ser jurada por la persona que la haga”. Hemos resuelto que si a la persona no le fuere fácil comu-nicarse con su abogado o existiere otra razón para no poder hacer personalmente la solicitud —expresadas tales razones o motivos — , puede ser formulada y jurada por su abogado. Ex Parte Soldini, 4 D.P.R. 168 (1903); Ex Parte Cintrón, 5 D.P.R. 90 (1904); Ex parte Delgado, 12 D.P.R. 269 (1907).
      En el caso de autos la petición fue jurada por el abogado Fausto Ramos Quirós, y en el texto del jurat se consignó que el promovente Perron estaba física-mente fuera de Puerto Rico. En estas circunstancias estimamos cumplido el requisito al amparo de nuestra doctrina jurisprudencial.

       Así, entre las múltiples circunstancias visualizadas, el decreto ex parte de un tribunal, mediante el cual se prohíbe sacar a los niños fuera de jurisdicción cuando éstos se encuentran en un aeropuerto, próximos a abordar un avión. Véase la Ley Núm. 91 de 3 de junio de 1980, según enmendada, que establece un proce-dimiento de ley rápido para adjudicar controversias “en casos de custodia de menores”. 32 L.P.R.A. sec. 2872(B).

       Durante el trámite ante nos, la apelada señora Corretjer solicitó, en auxilio de nuestra jurisdicción, que impusiéramos al apelante Perron una pensión alimen-ticia de $2,000 mensuales, retroactiva al mes de agosto, y $100,000 en concepto-cje fianza de no-residente. En cuanto a la pensión alimenticia, es materia que no nos\ corresponde en jurisdicción original apelativa y fue por ella pedida en su com-parecencia ante el Tribunal de Nueva Jersey. Sobre la fianza de no-residente, la Regla 69.6 de Procedimiento Civil vigente prescinde de ese requerimiento en casos de relaciones de familia, salvo aquellos meritorios. Hemos también de abstenernos en consideración a lo antes expuesto.

      Nada de lo aqui resuelto limita el que el señor Perron, previa observancia del debido proceso de ley a la luz de las circunstancias específicas presentes, ges-tione y obtenga un nuevo decreto del Tribunal Superior de Nueva Jersey, dentro del mismo procedimiento ya radicado —en el que se le haya dado adecuada notifi-cación y oportunidad a la señora Corretjer para dilucidar sus planteamientos sobre la petición de custodia— y oportunamente, de serle favorable el mismo, sea ejecutado en Puerto Rico en trámite posterior en el caso de autos (82-4713) en virtud de un pleno reconocimiento de fe y crédito.
      También cabe aclarar que la mera presencia de las niñas y el sólo transcurso del tiempo en Puerto Rico no otorga automáticamente al Tribunal Superior nues-tro, jurisdicción para privar al estado de Nueva Jersey de su condición de Estado-residencia (home State), según lo define la ley federal, mientras esté activamente pendiente dicho proceso.
      Finalmente, en su comparecencia la apelada censura y cuestiona como antié-tico el que el Hon. Juez Sorkow se comunicara con la juez de instancia Hon. Lolita Miranda en torno al caso. Dicho proceder está señalado en el estatuto como uno de los mecanismos pragmáticos para tratar de solventar los conflictos y obstáculos jurisdiccionales que la tesis de jurisdicción concurrente conlleva. N.J.S.A: 2A 34-34.


source: Caselaw Access Project

author:
      (Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano
      Secretaria General
     Juez Asociado Señor Dávila a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Juan José Benítez Maldonado y Esteban Martínez Rivera, acusados y recurridos.

      Número: O-82-128

      Resuelto: 30 de noviembre de 1982

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada de los acusados recurridos.
   SENTENCIA

El Ministerio Público formuló acusación contra Juan José Benítez Maldonado y Esteban Martínez Rivera por el delito de escalamiento agravado. Alegó, en esencia, que ambos imputados en o para el 1 de noviembre de 1981, en Caguas, P.R., “actuando conjuntamente, durante horas de la noche y mediante forzamiento para la penetración, pene-traron al establecimiento comercial conocido por Coopera-tiva de Consumo La Bendición . . . con el propósito de come-ter el delito de apropiación ilegal . . Llegado el acto del juicio, asistieron los imputados personalmente y represen-tados por abogados. La minuta revela lo siguiente:

Las partes informan estar preparadas y los acusados per-sonalmente y por conducto de sus abogados renuncian a su derecho a juicio por jurado radicando en corte abierta los documentos correspondientes los cuales se unen al expe-diente.
Las partes someten el caso por las Declaraciones Juradas de Francisco Padilla Matos, Gdia. Plutarco Soto y Agte. José R. Rodríguez.
El Tribunal procede a leer las declaraciones Juradas y encuentra a ambos acusados CULPABLES del delito de TENTATIVA DE ESCALAMIENTO AGRAVADO.
A solicitud de la defensa se refieren al Oficial Probatorio y se señala el pronunciamiento de Sentencia para el 12 de marzo de 1982 a las 8:30 de la mañana quedando los acusados y los abogados citados en corte abierta.

No conforme con el fallo emitido, el Procurador recurrió a nos mediante solicitud de certiorari. Alegó que:

Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia al declarar a los acusados recurridos culpables del delito de Tentativa de Escalamiento Agravado.

Basa su señalamiento el Procurador en que los testimo-nios vertidos en las declaraciones juradas mencionadas, cuya credibilidad no estuvo controvertida, configuran el delito de escalamiento agravado y no el de tentativa para cometer dicho delito. Examinamos dichas declaraciones y emitimos orden a los recurridos para mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado y disponer que se corrija el fallo para declararles culpables y convictos de escalamiento agravado. Han comparecido.

Los recurridos no cuestionan que el fallo emitido no se ajusta a derecho. Las declaraciones juradas admitidas por estipulación informan todos los elementos del delito de esca-lamiento agravado, tipificado en los Arts. 170 y 171 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4276 y 4277, respectiva-mente. El 170 define el delito de escalamiento así:

Toda persona que penetrare en una casa, un edificio u otra construcción, o estructura, o sus dependencias o anexos, con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave, será sancionada con pena de reclusión por un término máximo de seis meses.

El Art. 171, al definir el escalamiento agravado, señala, entre otras circunstancias de agravación, si el delito se comete “[d]e noche” (inciso a) y “[cjuando mediare forza-miento para la penetración” (inciso e).

Los testimonios estipulados establecen que los agentes policíacos fueron alertados a eso de las 3:00 de la madru-gada del 1 de noviembre de 1981 porque varios individuos escalaban el mencionado establecimiento; que se personaron a dicho lugar y sorprendieron a ambos imputados mientras “se encontraban ... bregando con unas cajas de cerveza y un fardo de arroz” que habían sido sacados del establecimiento; que les arrestaron dentro del establecimiento, y que los acu-sados penetraron por una puerta de cristal que estaba rota. El administrador del negocio declaró que cerró el estable-cimiento a las 6:00 de la tarde del 31 de octubre de 1981 y que a las 3:30 de la madrugada siguiente fue al negocio al ser llevado por la Policía y encontró que “rompieron la reja y también la puerta de cristal de la entrada”, y que habían movido de su lugar unas ocho cajas de cerveza, un fardo de arroz, cinco o seis botellas de anís, valorados en $150. Cal-culó los daños a la puerta y rejas en $300.

Se limitan los recurridos a plantear que (1) carecemos de jurisdicción para alterar el fallo emitido y (2) que dicho fallo obedeció a “una transacción realizada ‘entre todas las partes’”. (Énfasis suplido por los recurridos.) No tienen razón.

En cuanto al primer planteamiento, no se trata aquí de revisar un fallo o veredicto absolutorio y sí de corregir un error en un fallo condenatorio. Cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626 (1976).

Sobre la alegada transacción, los recurridos no ofrecen otra prueba para sostenerla que la minuta del día del juicio, antes transcrita. El Procurador, en réplica a este plantea-miento, desmiente que el Ministerio Público se allanara a una convicción por tentativa de escalamiento. Aparte de que la minuta revela como único acuerdo de las partes el de someter el caso por las declaraciones juradas, e indepen-dientemente de la conveniencia para la agilización de los procedimientos judiciales de permitir “alegaciones pre acordadas”, no podemos convenir en que pueda aceptarse como bueno un fallo condenatorio que es contrario a dere-cho. Los recurridos fueron más allá de intentar cometer el delito de escalamiento. Ellos penetraron, de noche, median-te forzamiento, en un establecimiento comercial, para apropiarse ilegalmente de bienes ajenos. Eso es escala-miento agravado. Ni más ni menos.

Por los fundamentos expresados, se expide el auto, se enmienda el fallo condenatorio y se declara a los imputados Juan José Benítez Maldonado y Esteban Martínez Rivera culpables y convictos del delito de escalamiento agravado, y se dispone que el tribunal recurrido proceda a sentenciarles por dicho delito y tome aquellas providencias que la con-dición de dichos imputados amerite.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Dávila disintió con opinión.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

Juan José Benítez Maldonado y Esteban Martínez Rivera fueron acusados por el delito de escalamiento agra-vado. El día del juicio renunciaron al Jurado y sometieron el caso por el expediente, es decir, por las declaraciones ju-radas de los testigos de cargo. El juez leyó las declaraciones y los declaró culpables por el delito de tentativa de escala-miento agravado.

No conforme con el fallo, El Pueblo recurre ante noso-tros mediante un recurso de certiorari en el que invoca únicamente que “[cjometió grave error de derecho el Tribunal de instancia al declarar a los acusados recurridos cul-pables del delito de tentativa de escalamiento agravado”.

En el día de hoy este Tribunal recoge la posición del Estado en el sentido de que no está involucrado en este asunto la cláusula de doble exposición por cuanto “no se trata aquí de revisar un fallo o veredicto absolutorio y sí de corregir un error en un fallo condenatorio”. En consecuen-cia, y luego de determinar que el fallo del juez es erróneo porque las declaraciones juradas establecen los elementos del delito imputado, este Tribunal deja sin efecto el fallo emitido y en su lugar dicta otro por el grado del delito según imputado. No puedo estar de acuerdo.

Cuando el juzgador de los hechos, ante una acusación por determinado delito, emite un fallo o veredicto condena-torio por un delito menor, está implícitamente emitiendo fallo o veredicto absolutorio por el delito mayor imputado.

En Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626, 630 (1976), señalamos que “[s]i la apelación por el gobierno no obliga al acusado a someterse a un segundo juicio, pudiendo corregirse el error sin necesidad de ulterior proceso, no se vulnera la garantía constitucional contra el riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”. Pero este caso es inaplicable al de autos. En el caso citado, un juez, luego de desfilada la prueba rehusó considerarla porque el agente que intervino con el acusado de conducir en estado de embriaguez no prestó la declaración jurada dentro del término provisto por estatuto. Antes de la oración arriba transcrita de Pueblo v. Tribunal Superior, dijimos: “La situación de doble exposición depende en gran medida de cuán arraigada y fundada en los méritos esté la sentencia o resolución apelada vía certiorari por el gobierno y qué habrá de ocurrir en primera instancia al serle revocada su decisión y devuelto el caso.”

En el caso de autos es claro que el juzgador de los hechos resolvió en los méritos la cuestión por dilucidar. Pero el error en la apreciación de los hechos no puede crear el derecho del Estado de apelar, por vía de certiorari, del fallo rendido. Pueblo v. Cabrera, 47 D.P.R. 185 (1934). Una vez aceptado un veredicto y emitido el fallo en los méritos, el mismo es inatacable aunque sea erróneo. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976).

A igual conclusión ha llegado el Tribunal Supremo de Estados Unidos al interpretar la cláusula federal de doble exposición igualmente aplicable a Puerto Rico:

That “ ‘[a] verdict of acquittal. . .[may] not be reviewed. . . without putting [the defendant] twice in jeopardy, and thereby violating the Constitution,’ ” has recently been described as “the most fundamental rule in the history of double jeopardy jurisprudence.” United States v. Martin Linen Supply Co., 430 U.S. 564, 571 (1977), quoting United States v. Ball, 163 U.S. 662, 671 (1896). The fundamental nature of this rule is manifested by its explicit extension to situations where an acquittal is “based upon an egregiously erroneous foundation.” Fong Foo v. United States, 369 U.S. 141, 143 (1962); see Green v. United States, 355 U.S. 184, 188 (1957). In Fong Foo the Court of Appeals held that the District Court had erred in various rulings and lacked power to direct a verdict of acquittal before the Government rested its case. {Escolio omi-tido.] We accepted the Court of Appeals holding that the District Court had erred, but nevertheless found that the Double Jeopardy Clause was “violated when the Court of Appeals set aside the judgment of acquittal and directed that petitioners be tried again for the same offense.” 369 U.S., at 143. Thus when a defendant has been acquitted at trial he may not be retried on the same offense, even if the legal rulings underlying the acquittal were erroneous. Sanabria v. United States, 437 U.S. 54, 64 (1978).

Tomamos de la opinión disidente del Juez Presidente en el caso de Pueblo v. Tribunal Superior, supra, que hoy se invoca como precedente, la siguiente interpretación de otro caso normativo federal, el de United States v. Jenkins, 420 U.S. 358 (1975):

Jenkins es de especial interés por su similaridad al caso de autos. En Jenkins se le envió al querellado una notificación de reclutamiento. El querellado obtuvo el modelo necesario para que se le clasificase como objetar por razones de conciencia, pero no se pospuso su reclutamiento para fines de radicar el modelo. El querellado no se presentó entonces al centro de reclutamiento y se procedió entonces a radicar la acusación correspondiente. El caso se vio por tribunal de derecho y al terminar el desfile de la prueba el tribunal decretó la deses-timación de la acusación y ordenó la libertad del acusado. El tribunal de instancia señaló que, bajo Ehlert v. United States, 402 U.S. 99 (1971), la Junta de Servicio Selectivo tenía razón en rehusar posponer el reclutamiento en tales circunstancias, pero que Ehlert se había decidido después de los hechos del caso. El Ministerio Público apeló en base a que el tribunal había cometido error de derecho al no aplicar a Ehlert retro-activamente. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz del Juez Rehnquist, rechazó la apelación por estimar que se estaba colocando al querellado en riesgo de ser casti-gado dos veces por el mismo delito. El Tribunal rehusó expresamente aceptar la teoría del gobierno de que, en casos vistos por tribunal de derecho, el gobierno debe poder apelar si al desfilar la prueba del Estado el juez decide el caso sobre una base errónea de derecho. Págs. 636-637.

La decisión de hoy trata de abrirse paso por un camino vedado por nuestras propias decisiones y por las de los tribunales federales que interpretan las respectivas cláusulas constitucionales.

Por las razones que anteceden confirmaría el fallo recu-rrido.

       Nos parece este término una más acertada traducción del inglés plea bargaining. Véase el informe de la Comisión para el Estudio de la Fiscalía y Repre-sentación Legal del Estado al Consejo sobre la Reforma de la Justicia, de 26 de septiembre de 1974. El término “transacción” tiene otras implicaciones cuando se trata de delitos. Véase la Regla 246 de Procedimiento Criminal.

       Al someter el caso a base de las declaraciones juradas escritas de los testi-gos de cargo, el acusado tan solo renunció al derecho de confrontación y a cual-quier objeción procedente al amparo de las Reglas de Evidencia. No renunció a ningún derecho bajo la cláusula de doble exposición. La estipulación de testimonio y aun de prueba documental para sustituir la oral es práctica común en nuestros tribunales. Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 D.P.R. 134, 137 (1974), y Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 D.P.R. 804 (1982).

       Hemos resuelto que ni siquiera el fallo condenatorio puede ser cambiado a instancia del propio acusado por un fallo absolutorio. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    José Estrella y Otros; Gloria Iglesias Ramos y Otros; Jaime Echevarría y Otros, demandantes y recurridos, v. Municipio de Luquillo y Hon. Juan Benabe, Alcalde, demandados y recurrentes.

      Número: R-82-95

      Resuelto: 1 de diciembre de 1982

      Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado de la parte recurrente; José Aulet, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Concedimos término para que se mostrara causa por la cual no deberíamos modificar la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Humacao, en los siguientes extremos: (1) a todos los demandantes recurridos respecto a que en la eje-cución y satisfacción de la sentencia se les descuenten todos los haberes y sueldos devengados, si alguno, durante el período en que estuvieron cesanteados, provenientes de labores realizadas en el Gobierno, agencias, municipali-dades o cualesquiera otras instrumentalidades públicas; y (2) en cuanto al demandante Samuel Carrión Robles, deses-timar su causa de acción por aparecer de los autos que su nombramiento original fue nulo por haberse efectuado el 3 de enero de 1977, período éste comprendido dentro de la prohibición estatuida en el Art. 4.7 de la Ley de Personal del Servicio Público vigente, 3 L.P.R.A. see. 1337, y según lo resuelto en el caso de Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, 107 D.P.R. 819 (1978).

Las partes han comparecido y resolvemos.

I

En cuanto al primer extremo —descuento por haberes recibidos durante la cesantía, de fuentes gubernamentales públicas— los demandantes oponen el caso de Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932 (1971). Dicho caso es inoperante en la medida en que permite el pago de doble sueldo contra la prohibición constitucional consa-grada en el Art. VI, Sec. 10 de nuestra Ley Fundamental. Municipio de Coamo fue resuelto a base de caracterizar como indemnización —y no remuneración o compensación por servicios— el pago de los salarios dejados de percibir por un empleado municipal destituido ilegalmente y que prestó servicios para otro municipio. Opinamos que en casos como el que nos ocupa, por mandato constitucional procede la deducción de salarios que los empleados hubiesen perci-bido por servicios rendidos al Estado, municipios e instru-mentalidades gubernamentales. La diferencia entre “in-demnización” y “compensación” establecida en Municipio de Coamo, supra, es débil y tenue, producto más bien de la semántica que del análisis de su naturaleza sustantiva. ¿Puede dudarse del carácter eminentemente compensatorio de una sentencia que es satisfecha precisamente mediante el pago de los sueldos dejados de percibir, descontando las aportaciones al Seguro Social, al Retiro y la Asociación de Empleados? ¿Es que la acreditación de beneficios margi-nales tales como el pago de vacaciones regulares no presu-pone una equivalencia conceptual que es sinónimo de un sueldo?

El remedio de reposición con el pago de los sueldos deja-dos de percibir es para reivindicar un despido ilegal. Se retrotrae a la fecha en que se realizó dicho despido y se sa-tisface en virtud de los salarios, tal y como si hubiesen sido devengados sin ninguna interrupción. No puede negarse, pues, esta realidad a base de la lógica de la gramática. El obstáculo constitucional es infranqueable. Estamos frente a una duplicidad de salarios impermisible. Si alguna duda queda, se desvanece al extenderse como parte de los reme-dios los aumentos de sueldo que han recibido durante el período de ausencia forzada los otros empleados.

Estamos obligados a superar esa colisión constitucional. Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618 (1981). A tal efecto resolvemos que en la ejecución de la sentencia deben descontarse todos los haberes y sueldos devengados, si alguno, durante el período en que los demandantes recurridos estuvieron cesanteados, provenientes de labores realizadas en el Gobierno, agencias, municipalidades o cualesquiera otras instrumentalidades públicas. Municipio de Coamo, supra, queda por la presente revocado. Véase Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982).

Con referencia a la causa de acción de Samuel Carrión Robles, la comparecencia nos convence de que no debemos alterar la sentencia. El tribunal de instancia concluyó —con apoyo en la prueba— que Carrión Robles empezó a trabajar para el Municipio de Luquillo en el año 1973 como conductor de vehículos y así se desempeñó continuadamente hasta que fue despedido en abril de 1977. Determinó que el documento extendido sobre Coordinador Trabajos Equipo Pesado el 3 de enero de 1977 constituyó un Informe de Cambio que nunca le fue notificado, como tampoco autorizado ni firmado. En estas circunstancias no tuvo virtualidad el cambio. Morales Narváez v. Gobernador, 112 D.P.R. 761 (1982). El vigente Reglamento de Personal, Áreas Esenciales del Principio de Mérito, prescribe la necesidad del consentimiento por escrito con conocimiento de los efectos del cambio. Manual de Reglamento de Personal, 1976, See. 5.6, pág. 23. Resulta, pues, jurídicamente ineficaz el alegado cambio en términos del período de veda estatutario. No es oponible al derecho de reposición de Carrión Robles.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se dictará sentencia en que se modifique la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, a los únicos efectos de que en su ejecución y satisfacción el Municipio de Luquillo pueda des-contar a los demandantes todos los haberes y sueldos deven-gados, si alguno, durante el período en que estuvieron cesan-teados, provenientes de labores realizadas en el Gobierno, agencias, municipalidades o cualesquiera otras instrumen-talidades públicas. Así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió con opinión.

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Disentimos de la Parte I de la opinión de mayoría que al abandonar el concepto de indemnización adoptado en Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 940 (1971), deja en precaria invalidez la Sec. 7.17 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1397, en pugna con disposiciones de la Constitución que excluyen el pago de salarios por ser-vicios no prestados.

La solución del dilema gira alrededor de la verdadera naturaleza de la restitución de ingresos perdidos ordenada en la Sec. 7.17 de la Ley de Personal bajo la expresión “Asi-mismo [la Junta] deberá ordenar el pago total o parcial de los salarios dejados de percibir [por el empleado]”. El carác-ter de dicho pago no puede ser propiamente salario porque este concepto implica remuneración de servicios prestados y el Estado no puede pagar salarios si no ha mediado una previa prestación de servicios. La decisión en Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra, pág. 940, es correcta en cuanto a identificar este pago como “indemnización”. Lo que faltó decir en Municipio de Coamo es que el principio de indemnización, total o parcial según la autoriza el esta-tuto, remite al arbitrio judicial, mediante aplicación de las normas que gobiernan la concesión de daños y perjuicios, la determinación de la cuantía de resarcimiento a que tiene derecho el empleado y que la referencia a salarios en la ley sólo fija el tope de la indemnización por lucro cesante; así como debió reconocer otras fuentes estatutarias de resarci-miento del empleado contra el funcionario ofensor, según lo justifiquen las circunstancias del caso. La citada decisión se acercó a esta conclusión cuando expresó: “El sueldo es sólo la base de la indemnización, la medida para computarla.” Pág. 940. La prohibición constitucional contra la obtención por una persona de sueldo por más de un cargo o empleo en el Gobierno (Art. VI, Sec. 10 de la Constitución) provee una solución parcial de la situación que analizamos y resulta de ámbito limitado que deja fuera las variadas situaciones en la administración de los remedios provistos por la Ley de Personal. Por otro lado, equiparar en fórmula rígida, la indemnización con la base salarial como hicimos en Munici-pio de Coamo, con exclusión de los principios de lucro cesante, doble compensación, enriquecimiento injusto y obligación de aminorar daños, estimula el ocio, prodiga los fondos públicos y penaliza al contribuyente. El argumento en Torres Cartagena v. Srio. de Instrucción, 94 D.P.R. 690, 694 (1967), acogido en Municipio de Coamo de que el pago completo de salarios sin deducciones, es disuasivo contra los despidos injustos ha perdido toda validez. La arbitrariedad la ejercía el alcalde o jefe de agencia sin temor, porque otro (el contribuyente) pagaba. Los nuevos remedios de hoy, la legislación federal de Derechos Civiles en cuya aplicación tenemos jurisdicción concurrente, y nuestro propio injunction de 32 L.P.R.A. sec. 3524(3)(2) auxiliado por el Art. 1802 C.C. proveen un remedio contra el propio funcionario opresor. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256 (1982).

El derecho del empleado indebidamente despedido a resarcirse del agravio a su patrimonio es respetable, mas el pago repetido por el tiempo que ha ocupado prestando ser-vicios remunerados a otra agencia pública o a la empresa privada es inmoral, particularmente cuando al país lo aflige un desempleo de 25%, frustrante para la nueva generación que egresa de nuestros centros de estudio y entrenamiento. Súmese al cuadro el desfile de empleados cobrando dos veces con inclusión de los aumentos que haya tenido la plaza durante su cesantía, a costa de municipios arruinados que apenas pueden proveer los servicios públicos esenciales, y el Gobierno insular que es su única tabula in naufragio enfrentándose a un déficit cercano a los $100,000,000. Son estos los hechos reales, la circunstancia vital, que nutren la interpretación sociológica de la Ley para que sirva a la generación presente, en vez de cerrarle puertas; para que sea fuente de reivindicación de derechos sin desnaturali-zarse en flagelo del pueblo.

Nuestra constitución ordena en su Art. VI, Sec. 9, que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funciona-miento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. ¿En qué ha contribuido al sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado el empleado durante su cesantía? En nada, es la contestación evidente, y por tanto la nivelación de su ingreso llegado el momento de la reposición, no puede ser mediante paga de salarios y sí por vía de indemnización. A la paga tienen derecho sólo aquellos que han prestado servicios. Este es el concepto recogido en el Art. VI, Sec. 10 de la Constitución, que en lo pertinente dispone: “Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados. . . . Ninguna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.”

El concepto de servicios prestados se reitera en el Art. 177 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 551; y arranca de análoga prohibición en el Art. 34 de la Carta Orgánica de 1917. Documentos Históricos, L.P.R.A., ed. 1982, pág. 107. También quedó aclarado en los procedimientos de la Con-vención Constituyente el referido concepto de “sueldo” — distinguido de “compensación”— como retribución de servi-cios prestados en palabras del Delegado señor Negrón López. 2 Diario de Sesiones 932 (1951).

Es por tanto correcta la calificación que de indemni-zación se atribuye a los remedios provistos en el Art. 31 de la anterior Ley de Personal (Núm. 345 de 12 mayo, 1947) refundidos en la Sec. 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público (Núm. 5 de 14 octubre, 1975 (3 L.P.R.A. see. 1397)) en Municipio de Coamo, supra; y es la única inter-pretación compatible con la constitucionalidad de dicha sección que autoriza desembolsos de fondos públicos para atender a servicios no prestados. Como es indemnización, y no salario, la compensación de daños y la nivelación de ingresos del empleado repuesto es pago legítimo como fin público (Art. VI, Sec. 9 de la Constitución, ante) de la Ley de Personal de impartir eficacia y vigor al principio de mérito. Dicha compensación ha de regirse por los principios gene-rales de la acción provista por el Art. 1802 C.C.

La vigente Ley de Personal refiere a la facultad estima-tiva del órgano que evalúa el despido la decisión en cuanto a si el resarcimiento del empleado amerita un pago equiva-lente al total o parte de los salarios dejados de percibir. La razón para rehusar el importe total de salarios puede ser la acción de la Junta o del Tribunal substituyendo la sanción de destitución por alternativa de suspensión, como se dijo en Soto Bosque v. Junta de Personal, 85 D.P.R. 814 (1962); variación de la penalidad en cuanto a tiempo de privación de salario, y dentro de la evidente flexibilidad del estatuto, cualquiera otra que en sano ejercicio de arbitrio por el juz-gador determine que el resarcimiento del empleado se cumple con menos del importe total de los salarios perdidos, siguiendo la norma de satisfacer daños y perjuicios “merced a la cual se procura la obligada restauración del desequili-brio producido en el patrimonio del acreedor por el incum-plimiento de la obligación imputable al deudor”. Al aplicar esta norma de esencial justicia, podrán deducirse de la indemnización que corresponda al empleado los salarios percibidos tanto de empresa privada como de empleo público, sin que pueda echarse a dormir en espera de un premio de salarios acumulados por años porque como todo acreedor de daños y perjuicios está en la obligación de ami-norar los mismos, y su esperanza de capitalizar el ocio a costa de fondos públicos tropezará con el ejercicio de la dis-creción judicial para moderar la indemnización reducién-dola al pago parcial de los salarios; al igual que servirá dicha discreción del magistrado para preservar para el empleado el beneficio máximo o pago total de los salarios y concesión de todos los beneficios marginales cuando ante él se justifiquen la inactividad del empleado durante la cesantía y la ausencia de esfuerzo generador de ingresos por dicho período. Si la deducción de sueldos percibidos en el empleo público es mandatoria por razón de los preceptos de la Constitución de 1952 antes citados, la de salarios ganados en la industria privada lo son igualmente deducibles si hemos de extender a ambos empleados la igual protección de las leyes y eludir un discrimen que castiga económica-mente al servidor público y por otro lado premia a su con-traparte en la industria privada. Éste siempre vendría sujeto al principio que proscribe la “doble compensación” como costo adicional a la sociedad que la paga. Futurama Import Corp. v. Trans Carribbean, 104 D.P.R. 609 (1976). El actual estado de Derecho constituido por la caracteri-zación en la jurisprudencia patria de la restitución al empleado público ilegalmente despedido como indemni-zación o resarcimiento de daños y perjuicios, y la latitud de la Ley de Personal en su alternativa de pago total o parcial de ingresos y beneficios interrumpidos por la acción dañosa, dejan la dimensión y alcance de este estatuto reparador al arbitrio judicial, que deberá ejercitarse en forma que haga justicia al funcionario o empleado sin exceso detrimental para la sociedad y del modo que más se acerque a la nive-lación del patrimonio afectado por el lucro frustrado. Este método de compensación con el equivalente de salarios atiende a la pérdida de ingreso, que es una partida de daños; y no excluye en los casos adecuados la causa de acción en daños y perjuicios del empleado contra el funcio-nario que le destituye con crasa arbitrariedad y abuso de poder, a la que proveen el Art. 1802 del Código Civil y la derivada del injunction de derechos civiles, 32 L.P.R.A. see. 3524(3)(2). El freno contra los despidos arbitrarios a que este Tribunal se refirió en Torres Cartagena v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 696, tendrá una adicional potencia disuasiva en esta acción civil en daños.

Modificaría la sentencia recurrida al solo efecto de ordenar la deducción de la compensación otorgada a los empleados repuestos, de los ingresos por ellos percibidos durante su cesantía, tanto de fuentes gubernamentales como de empresa privada.

        Rosario v. Comisión Policía Insular, 74 D.P.R. 353, 361-363 (1953).

        Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 869-870 (1978); Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R. 609 (1976).

       Sección 7.17 — Órdenes Remedíales

      “(1) En los casos en que la Junta resuelva a favor del querellante, dictará las órdenes remediales pertinentes.
      “(2) En casos de destitución, si la decisión de la Junta es favorable al empleado, ésta deberá ordenar su restitución a su puesto, o a un puesto similar. Asimismo deberá ordenar el pago total o parcial de los salarios dejados de percibir por éste desde la fecha de la efectividad de la destitución, y la concesión de todos los beneficios marginales a que éste hubiese tenido derecho.
      “(3) En casos de suspensión de empleo y sueldo, si la decisión de la Junta es favorable al empleado, deberá ordenar el pago total o parcial de los salarios deja-dos de percibir por éste y de todos los beneficios marginales a que éste hubiese tenido derecho durante el período de suspensión.”

       Castán Tobefías, Derecho civil español, común y foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 187.

       Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá dictar Orden de entre-dicho provisional:
      “(1)...
      “(2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o Leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      “Disponiéndose además; que al dictar dicha orden el Tribunal debe consi-derar el interés público envuelto y concluir que la parte peticionaria tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos de su petición. Dicha orden sólo tendrá vigor en el caso específico ante el tribunal y entre las partes.”


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Díaz Cruz al que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    José M. Santiago Dávila, lesionado recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador recurrente.

      Número: O-82-432

      Resuelto: 1 de diciembre de 1982

      José M. Fernández Luis, abogado del recurrente; Enrique Iri-zarry Ortiz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El trabajador lesionado José M. Santiago Dávila, mien-tras se encontraba en funciones de su empleo se vio envuelto en un accidente de tránsito el día 19 de diciembre de 1980. Reportado al Fondo del Seguro del Estado y habiendo reci-bido el correspondiente tratamiento médico fue dado de alta el día 1ro de octubre de 1981. El Fondo le concedió, el 18 de enero de 1982, un treinta y cinco (35) por ciento de incapa-cidad por la rodilla de la pierna derecha y, en adición, un treinta (30) por ciento de incapacidad de las funciones fi-siológicas generales por tromboflebitis en la pierna izquier-da, habiendo ascendido la compensación y tratamiento brindado por el Fondo al señor Santiago Dávila, a la suma de $25,529.88.

No conforme el trabajador lesionado con la decisión emitida por el Fondo del Seguro del Estado apeló en tiempo para ante la Comisión Industrial de Puerto Rico mediante la radicación de un escrito de apelación que, en lo perti-nente, lee como sigue:

1. Que sufrió un accidente del trabajo.
2. Que no está conforme con la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado en el presente caso notifi-cada en 18 de enero de 1982, por lo que se apela de la misma.
POR TODO LO CUAL, de la Honorable Comisión Industrial, muy respetuosamente, se solicita la celebración de una Vista Médica y/o Vista Pública para que se declare en favor de la parte obrera lo que en derecho proceda.

En dicho escrito —el cual es un formato— se indica tanto la dirección del trabajador lesionado como la de su abogado. La Comisión Industrial de Puerto Rico señaló, acorde con la solicitud hecha por el trabajador lesionado, una vista médica la cual no se pudo celebrar debido a que el trabajador lesionado —de acuerdo con lo informado por su abogado mediante escrito al efecto— se había trasladado al estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de estudiar y rehabilitarse y como consecuencia de ello se solicitaba en el referido escrito que la vista médica se transfiriera para una fecha posterior en que le fuera factible regresar a Puerto Rico sin perjudicar su rehabilitación.

A la luz de dicha información y súplica, la Comisión Industrial emitió una Resolución, la cual, en lo pertinente, lee como sigue:

En este caso el lesionado[,] por conducto de su abogado, Ledo. Enrique Irizarry Ortiz, radicó una moción ante la Comisión Industrial en 29 de marzo de 1982, la que en su parte pertinente lee:
“Que en el presente caso se le citó para una Vista Médica a celebrarse en 29 de marzo de 1982 en horas de la mañana. “Que a pesar de la severidad y magnitud de las lesiones recibidas en el accidente del trabajo ocurrídole, se está tra-tando de rehabilitar estudiando en la Universidad de California Campus de Riverside.
“POR TODO LO CUAL, de la Honorable Comisión Industrial, muy respetuosamente, se solicita transferencia de la Vista Médica a celebrarse en 29 de marzo de 1982 a las 8:00 A.M. para una fecha posterior en que se le haga factible regresar a Puerto Rico sin perjudicar su rehabilitación.”
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Industrial RESUELVE el archivo del caso sin perjuicio a los derechos del obrero de solicitar la reapertura del mismo dentro de un término razonable a su regreso a Puerto Rico.
Notifíquese al lesionado a: Calle Portugal 467, Urb. Vis-tamar, Carolina, P.R.

El Administrador del Fondo radicó, en tiempo, ante la Comisión Industrial una moción de reconsideración en la cual alegó, en síntesis, que entendía que era irrazonable que no se le fijara un tiempo definido al trabajador lesionado para solicitar la reapertura del caso. Dicha moción de reconsideración fue declarada sin lugar por la referida Comisión y el Administrador del Fondo del Seguro del Estado ha recurrido ante este Tribunal mediante la corres-pondiente Solicitud de Revisión en la cual básicamente plantea que la Comisión Industrial incidió al permitirle a un obrero lesionado el poder reabrir su caso a su entera voluntad, o sea, sin fijar término de tiempo alguno para así hacerlo.

Mediante resolución de fecha 29 de julio de 1982 le con-cedimos a la parte recurrida el término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual la resolución emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico en el presente caso no debía ser revocada en vista de los argumentos esgrimidos por el Fondo del Seguro del Estado.

La parte recurrida ha comparecido. Solicita, en primer lugar, la desestimación del recurso de revisión, radicado por el fundamento de que el recurrente Fondo del Seguro no notificó a la representación legal del trabajador lesio-nado con copia de la antes mencionada moción de recon-sideración. En segundo término, argumenta que por ser la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo una ley de carácter remedial la misma se debe interpretar liberal-mente, y que nada hay en dicha ley que prive a la Comisión Industrial del “poder para suspender, transferir y/o para-lizar los procedimientos de un caso bajo su jurisdicción siempre que sea al amparo de los mejores intereses de la Justicia”.

En cuanto al primer punto la forma de notificar las mociones o escritos que presenten las partes o sus abogados ante una agencia administrativa se rige, en primer lugar, por las disposiciones de ley o de reglamento aplicables, y, en su defecto, por las Reglas de Procedimiento Civil como fuente supletoria. Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228 (1974).

Respecto al presente caso el reglamento de la Comisión Industrial dispone que “[cjopias de todas las peticiones de reconsideración serán notificadas a las partes interesadas” pero no atiende debidamente la situación de la parte que está representada por abogado. Es comprensible que la regulación sobre notificación haga preterición del abogado, pues el esquema estatutario de compensaciones a obreros se rige sobre la base del gran acceso de éstos a los remedios administrativos por su propio derecho y sin necesidad de abogado. Pero esta situación no impera hoy día en que la disponibilidad de servicios legales ha hecho que la repre-sentación pro se no sea la norma sino la excepción.

Además debemos tomar en consideración que si bien es cierto que la notificación a la otra parte dentro de determinado término no es requisito jurisdiccional, el proceso de reconsideración en sí es requisito jurisdiccional de nuestra función revisora. Plaza Ríos v. F.S.E., 110 D.P.R. 727 (1981).

Más aún, hemos resuelto que cuando de resoluciones u órdenes de la Comisión Industrial se trate, de las cuales pueda recurrirse dentro de un término jurisdiccional, la notificación tiene que hacerse también al abogado si consta del expediente que la parte está así representada. Arroyo Moret v. F.S.E., 113 D.P.R. 379 (1982).

No hay ninguna razón para que se establezcan normas distintas de notificación en procedimientos ante la Comisión Industrial cuando las partes están representadas por abo-gado. No empece lo anteriormente expresado, resolvemos que tenemos jurisdicción para entender en el presente caso, atendido el hecho de que la representación legal del Fondo del Seguro del Estado actuó de acuerdo con lo estatuido por el citado Reglamento de la Comisión Industrial y que la omisión de tal notificación al abogado del obrero en nada ha perjudicado los derechos de éste, puesto que la Comisión Industrial declaró sin lugar la moción de reconsideración objeto de la controversia.

No hay duda de que la Comisión Industrial de Puerto Rico tiene el poder para suspender, transferir o paralizar los procedimientos de un caso bajo su consideración y de ordinario no intervendremos con la discreción que ejerza respecto a ello dicha Comisión ni ningún otro orga-nismo administrativo.

Ahora bien, esa discreción debe ser ejercitada dentro de un marco de razonabilidad. Nos parece correcta y loable aquella parte de la decisión de la Comisión Industrial de suspender los procedimientos y brindarle una oportunidad al trabajador lesionado, en vista de lo alegado por éste respecto al propósito de su viaje a California.

Entendemos, sin embargo, que a pesar de que no es factible el establecer un término de tiempo fijo aplicable a todos los casos y de que, por el contrario, cada caso deberá ser visto de acuerdo a sus particulares hechos, le asiste la razón al recurrente en cuanto a que no es una norma saludable el dejar total e indefinidamente al arbitrio del trabajador lesionado cuándo será el momento en que va a solicitar la reapertura del caso. Ningún caso “... [tiene] derecho a vida eterna . . .”. Madera Meléndez v. Negrón, 103 D.P.R. 749, 751 (1975), y Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844 (1975). En el presente caso nadie sabe cuándo es que el trabajador lesionado piensa regresar a Puerto Rico, por lo que dejar enteramente a su arbitrio el “.. . solicitar la reapertura del mismo dentro de un término razonable a su regreso a Puerto Rico”, puede representar el que el caso esté pendiente de reapertura desde el término mínimo de un día hasta no sabemos cuántos años; ello resulta ser irrazonable.

Por las razones expresadas entendemos que procede la revocación de las resoluciones emitidas por la Comisión Industrial en el Caso Número 82-[ XXX-XX-XXXX ] de fecha 21 de marzo de 1982 y 11 de junio de 1982, en tanto en cuanto dejan sin señalamiento el mismo y se devuelve el caso a la Comisión Industrial de Puerto Rico para que ésta señale dicho caso para vista médica.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente con voto al cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resul-tado sin opinión.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz al que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Disiento, por entender que al otorgarse por este Tribunal, a la moción de reconsideración ante la Comisión Industrial, el valor y energía de requisito jurisdiccional su notificación al abogado de la parte contraria, y no a éste es no sólo elemento complementario de jurisdicción en revi-sión, sino esencia del debido proceso y así lo tiene declarado este Tribunal en Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228, 230 (1974), al resolver:

Sólo por excepción expresamente autorizada, y aun así con renuencia, puede aceptarse como suficiente la notificación a una parte ignorando a su abogado. Una vez provisto por esta-tuto el recurso de apelación, tanto en lo administrativo como en la litigación civil, es parte del debido proceso de ley y por tanto la notificación al abogado que interviene en represen-tación de persona interesada es indispensable en todas las etapas. Y si la apelación se da sobre cuestiones de derecho únicamente, ¿cómo esperar que la parte que ha contratado un abogado para que proteja sus intereses tenga una percepción informada superior a la del técnico en la ley que le permita tomar una decisión correcta frente a la denegación de su derecho?

La incorporación de la notificación al abogado al debido proceso, quitó todo valor de precedente a Caparra Country Club v. Junta Planificación, 74 D.P.R. 74, 82 y ss. (1952), en su apego al medio de notificación provisto en la Ley de Pla-nificación al “individuo interesado” que aparezca del expe-diente. Aquella fue una decisión ritualista y así lo reco-noce su texto a la pág. 84 al decir:

Se podría alegar que, desde el punto de vista de la justicia inmanente y de la conveniencia social, el requisito de notifi-cación exclusiva al abogado ofrece más garantías y mayor protección a los ciudadanos interesados, especialmente en procedimientos administrativos.
Como cuestión de hecho, la interpretación que estamos adop-tando no excluye la posibilidad de que se notifique al abo-gado. Esa debería ser la práctica administrativa de la Junta de Planificación.

La notificación a la parte, —con preterición del abo-gado— fue acto vacío sin consecuencia. Debe, por tanto, desestimarse el recurso del Asegurador, por defecto de noti-ficación. Éste siempre tendrá derecho a solicitar de la Comisión que convierta en final y definitivo el archivo de la apelación de no promoverse en tiempo razonable.

       En esta ocasión el Fondo notificó con copia del recurso de revisión a la representación legal del trabajador lesionado.

       Dado que el trabajador lesionado se encuentra estudiando en el estado de California nos parece aconsejable que el caso se señale para uno de los próximos períodos en que normalmente los estudiantes están de vacaciones.

         Rodríguez v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 222 (1942); Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10 (1935); Plaza Ríos v. F. S. E., 110 D.P.R. 727 (1981).

       Disintieron el Juez Presidente Señor Snyder y el Juez Asociado Señor Negrón Fernández.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Nelson Stevenson Colón, acusado y apelante.

      Número: CR-81-78

      Resuelto: 7 de diciembre de 1982

      Carmelo L. Marcucci, abogado del apelante; Miguel Pagan, Pro-curador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Nelson Stevenson Colón y Carmelo Colón Vázquez fueron acusados de asesinar a Rafael Malavé Ramos. Se le imputó a Stevenson haber contratado los servicios de Colón Vázquez por la suma de $2,000 para asesinar a Malavé. Ambos fueron convictos de asesinato en primer grado. Stevenson apeló. Para sostener su recurso apunta tres errores: (1) permitir que se leyera al Jurado la declaración jurada prestada ante el fiscal por Digno Burgos; (2) negarse arimpartir instrucciones sobre corroboración de cómplice; y (3) insuficiencia de la prueba.

La prueba presentada por el Ministerio Público para sostener la acusación contra el apelante, en síntesis, fue la siguiente:

Enrique Lebrón Cotto declaró que Colón Vázquez lo invitó a trasladarse a la playa de Aguirre. Lo hicieron en el carro del testigo. Al rato de estar en la playa, arribó el ape-lante llorando. Llegó acompañado de su esposa y de otra persona de nombre Digno Burgos. Stevenson llamó aparte a Colón Vázquez. Hablaron y Stevenson se marchó. El testigo le preguntó a Colón Vázquez el porqué del llanto de Stevenson. Colón le informó que tenía problemas con Malavé, la víctima.

Luego de marcharse el apelante, Colón Vázquez pidió al testigo que lo llevara de regreso al barrio Coquí. Allí lo dejó. Regresó a su casa, se bañó y comió. Al volver al Coquí, Colón le ofreció $1,000 por llevarlo a Salinas. Más tarde observa a Colón Vázquez hablando con Malavé. “Están riéndose, vacilando y chocándose los dos las manos.” Colón y Malavé montan en el carro del testigo. Malavé en el asiento delantero. Colón ocupa el asiento trasero. Al llegar al sector Las Mareas, Colón pone una cuchilla en el cuello del testigo y le ordena que tome un atrecho. Llegan a un sitio donde Colón le ordena detener el vehículo y le dice a Malavé que se baje. Le quitó la llave del carro al testigo. Colón y Malavé se alejan del carro. Van hablando. Colón ataca a Malavé. Le entierra la cuchilla —que mide de 10 a 11 pulgadas— en el estómago. Malavé cae al suelo. Colón lo liquida a cuchilla-das. Quince de ellas eran penetrantes. Llegaron al interior de las cavidades del cuerpo, en el tórax.

Terminada su encomienda, Colón se dirige a una zanja, se lava las manos y tira la cuchilla homicida. Regresa al carro, devuelve las llaves al testigo y le dice: “vámonos que ya llevo dos y si tú hablas vas a ser el número tres.”

Regresaron al Coquí, Colón a su casa y el testigo a la suya. El testigo salió de nuevo y vuelve a encontrarse con Colón, quien le pide que lo lleve a casa del apelante. Allí no lo encontraron. Le instruye, entonces, para que lo lleve a casa de Digno Burgos, el mismo que había acompañado al apelante a la playa de Aguirre. Allí encontraron al ape-lante, éste abordó el carro, se fueron a dar una vuelta y más tarde fueron a su casa a comer. Allí el apelante le entregó a Colón una pistola y le manifestó que si tenía que vender la máquina de soldar y el carro para pagarle los $2,000, lo haría.

El testigo regresó a su casa, y no pudo dormir. Al otro día dio cuenta de lo sucedido a un compadre, luego a una tía y finalmente al padre de un policía. El policía lo llevó al cuartel del NIC.

El próximo testigo presentado por el Ministerio Público fue Digno Burgos. Tiene 16 años. No trabaja ni estudia; no sabe leer ni escribir. Conocía a los participantes: al ape-lante, al victimario, a la víctima y al testigo Lebrón. Corro-bora que fue a la playa con el apelante, donde encontró a Colón y a Lebrón. Manifiesta que el apelante habló con Colón y con Lebrón, pero .no oyó lo que hablaron. No recuerda nada más. Se niega a declarar. El fiscal lo con-fronta con la declaración jurada prestada el 24 de mayo de 1981. Identifica su firma en la declaración, pero manifiesta que no va a declarar, que no quiere hacerlo, que nadie lo ha amenazado, ni le han ofrecido nada para que no declare. Insiste en que no puede decir por qué rehúsa declarar. El tribunal le hace las advertencias legales sobre su proceder. Informa que las entiende y que es consciente de ellas. Se lee al Jurado la declaración prestada por el testigo en la inves-tigación fiscal.

El abogado de la defensa lo interroga sobre los porme-nores de la declaración y las circunstancias en que las prestó. Manifiesta que lo llevaron al cuartel de la Policía en horas de la tarde y lo retuvieron allí hasta la madrugada. No le dieron de comer ni de beber. Fue amenazado con una macana. Lo hicieron arrodillarse y lo desnudaron. No recuerda qué día prestó la declaración. Que es la primera vez que relata lo que le ocurrió en el cuartel. Que en la de-claración que prestó hay partes falsas y partes ciertas. Antes de comenzar el juicio se le dio a repasar la decla-ración. Él no contestaba, sino que el fiscal leía lo que decía y él contestaba que sí. Le había informado al abogado defen-sor que la declaración contenía muchas falsedades. Nunca antes del juicio se quejó de que lo habían atropellado en el cuartel para que declarara. Afirma que el apelante y el tes-tigo Lebrón no eran amigos ni se conocían.

El acusado presentó varios testigos de reputación. Prestó declaración. Manifestó que el 22 de mayo de 1981, por la mañana, fue al cuartel de la Policía de Salinas con su esposa, dos hijos, Digno Burgos y Jesús Ortiz. Tenía el propósito de entrevistarse con el juez con relación a un pro-blema que había tenido con Malavé (la víctima). Luego fue a la playa de Aguirre para hablar con una persona de ape-llido Laporte. Estando en la playa se le acercó una persona, que luego supo era Enrique Lebrón, para hablarle de Malavé. Lebrón le manifestó que sabía que tenía problemas con Malavé, pero que no se preocupara porque Malavé le había hecho una trastada a él en relación con una estufa y que se las iba a cobrar, que Lebrón se iba a encargar de Malavé porque él no era bobo. Regresó a su casa a la 1:15 de la tarde, pero a las 3:00 p.m. volvió al barrio Aguirre. De allí fue a la casa del padre de Digno Burgos y, estando allí, llegó Lebrón, quien le ofreció en venta un carro. Le con-testó que no lo necesitaba. Salieron a hablar el apelante y Lebrón y éste le informó “que había arreglado a Rafael Malavé Ramos”. Niega conocer a Colón Vázquez.

I — í

Una declaración prestada bajo juramento por un testigo antes del juicio es admisible como prueba sustantiva en ciertas y determinadas situaciones. El requisito constitucional de todo acusado a confrontarse con los testigos de cargo se satisface si al momento de prestar la declaración hubo la oportunidad de contrainterrogarlo. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982); Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647 (1981); Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435 (1981); Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980); United States v. Tunnell, 667 F.2d 1182 (5th Cir. 1982); State v. Brooks, 638 P.2d 537 (1981). Se satisface también si en la silla de los testigos hay oportunidad de contrainterrogar al testigo que prestó la declaración jurada. Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334 (1980); California v. Green, 399 U.S. 149 (1970); Freda F. Bein, Prior Inconsistent Statements: Hearsay Rule, 801(d)(1)(A) and 803(21), 26 UCLA L. Rev. 967 (1979); Anotación, Debra T. Landis, Denial of Recollection as Inconsistent with Prior Statement so as to Render Statement Admissible, 99 A.L.R.3d 934 (1980). Así la Regia 63 de las de Evidencia dispone que “[e]s admisible como excepción' a la regla de prueba de referencia una de-claración anterior de un testigo que está presente en el jui-cio o vista y sujeto a ser contra-interrogado en cuanto a la declaración anterior, siempre que dicha declaración fuere admisible de ser hecha por el declarante como testigo”.

En el presente caso el testigo Burgos comenzó a declarar. Manifestó, a preguntas del fiscal, que conocía a todos los participantes en el acto criminal, a los dos acusa-dos, a la víctima y al testigo Lebrón. Admite que fue a la playa con el apelante, donde encontraron a Colón Vázquez (el victimario), y a Lebrón. Declaró que el apelante habló con Colón Vázquez y con Lebrón, pero que no oyó lo que hablaron. De ahí en adelante rehúsa contestar más pregun-tas del fiscal.

El abogado de la defensa lo contrainterrogó sobre los pormenores de la declaración prestada ante el fiscal y sobre las circunstancias en que la prestó, pero no intentó en forma alguna contrainterrogarlo sobre lo expuesto en la declaración jurada. Tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Concluyó que era mejor para su defendido exponer las circunstancias en que fue interrogado por el fiscal. Se cumplió, pues, con lo requerido por la Regla 63 antes citada y, como se expresó en United States ex rel. Thomas v. Cuyler, 548 F.2d 460 (3rd Cir. 1977), lo crucial en relación con el derecho a la confrontación es que la defensa tenga la oportunidad de contrainterrogar. Ver además United States v. Payne, 492 F.2d 449 (4th Cir. 1974), cert. denegado 419 U.S. 876 (1974); United States v. Infelice, 506 F.2d 1358 (7th Cir. 1974), cert. denegado 419 U.S. 1107 (1974); United States v. Insana, 423 F.2d 1165 (2nd Cir. 1970), cert. denegado 400 U.S. 841 (1970); J. Weinstein & M. Berger, Weinstein’s Evidence, 801(d)(1)(A)[04], Vol. 4 (1981).

En el presente caso la declaración del testigo en corte ratifica ciertos extremos de la declaración anterior, prestada ante el fiscal; rehusó seguir declarando, y a preguntas del abogado defensor expresó que en la declaración jurada hay partes ciertas y partes falsas, y que la prestó bajo amenazas de la Policía. En estas circunstancias es función del juzgador comparar lo expuesto en la declaración anterior, considerando las circunstancias bajo las cuales ésta fue tomada, así como el comportamiento al declarar en corte, y proceder a adjudicar la cuestión a base de la credibilidad que le merezca. La declaración anterior, leída al Jurado, era admisible a tenor con lo dispuesto en la Regla 63.

Sostiene el apelante que, siendo cómplice el testigo Lebrón, procedía instruir al Jurado en la forma establecida en la Regla 156 de las de Procedimiento Criminal.

“[CJómplice es aquél que con pleno conocimiento y voluntariamente —sin que medie coacción — , ‘de su libre albedrío e intencionalmente, participa en alguna forma en la comisión de un delito, pudiendo, por tanto, procesársele por el mismo.’ ” Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727, 729-730 (1961). Asimismo hemos sostenido que “[e]n ausencia de fallo arbitrario y desprovisto de base en la prueba, no intervendremos en la determinación de hechos del tribunal de instancia sobre la condición de cómplice de determinado testigo”. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441, 445 (1974).

Procede examinar la prueba para determinar si Lebrón es cómplice.

De la prueba antes relatada no surge que Lebrón fuera cómplice. Cuando el apelante fue a la playa de Aguirre y habló con Colón Vázquez, Lebrón permaneció en el carro y no participó en la conversación. Cuando recoge en su carro a Colón Vázquez y a Malavé, éstos están “riéndose, vaci-lando y chocándose los dos las manos”. Ciertamente no tiene indicio alguno para pensar que Colón trama algo contra Malavé. Una vez en marcha el carro, cuando llegan al Barrio Las Mareas, Colón le pone la cuchilla en el cuello y le ordena que se dirija por un callejón. Al llegar al sitio donde se consuma el crimen, Colón, luego de ordenar a Malavé que baje del carro, toma la llave de la ignición para obligar a Lebrón a quedarse. Consumado el acto criminal, le devuelve la llave y le dice “vámonos que ya llevo dos y si tú hablas vas a ser el número tres”. Amenazado como estaba de muerte, sigue ese día acompañando a Colón, pero al otro día en la primera oportunidad avisa a la Policía y relata lo ocurrido. En cuanto a la oferta de $1,000 que Colón le hizo para que lo llevara a Salinas, Lebrón manifestó que en ningún momento aceptó la oferta. No estamos justificados si alte-ramos la determinación del juez de instancia al efecto de que Lebrón no fue cómplice. De la prueba evidentemente surge,.que medió coacción y actuó respondiendo a esa situa-ción.

Aun si se considerara que Lebrón fue cómplice, la decla-ración prestada por Burgos corrobora su testimonio. Siendo ello así, de haberse cometido el error, no resulta perjudicial a la luz de lo dispuesto en la Regla 4 de las de Evidencia.

h — I t — I HH

La prueba que tuvo ante sí el Jurado y que antes rela-tamos establece la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable.

Se confirmará la sentencia apelada.

       Dispone la Regia 156:
      “El testimonio de un co-autor, será examinado con desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso. En los casos celebrados por jurado se le ofre-cerán al jurado instrucciones a esos efectos.”

       Dispone así la Regla 4:
      “No se dejará sin efecto una determinación de admisión de evidencia ni se revocará sentencia o decisión alguna por motivo de admisión errónea de evidencia a menos que:
      “(1) La evidencia fue erróneamente admitida a pesar de la oportuna y co-rrecta objeción de la parte perjudicada por la admisión, y
      “(2) el tribunal que considera el efecto de la admisión errónea entiende que ésta fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita.”