author: Juez Asociado, Señor Rigau, Juez Asociado Señor Dávila. Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Díaz Cruz en la que concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García.

text:
    Angel Pérez Piñero, demandante y recurrido, v. Departamento de Obras Públicas del Estado Libre Asociado, demandado y recurrente.

      Número: R-75-281

      Resuelto: 30 de noviembre de 1976

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados del recu-rrente ; Gustavo Wiscovitch, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en este caso el 31 de julio de 1975.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau anunció la sentencia del Tribunal y emitió una opinión a la cual se unen el Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. Los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín emitieron opiniones concurrentes. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió una opinión disidente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

Opinión emitida por el

Juez Asociado, Señor Rigau,

a la cual se unen el Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, 30 de noviembre de 1976

Como el Derecho es en tan gran medida una disciplina de hábito, de costumbre, de precedente, a poco que se hable de responsabilidad civil se piensa casi automáticamente en la responsabilidad basada en culpa o negligencia, llamada tam-bién aquiliana porque fue sancionada en Roma a instancias del tribuno Aquilius Gallus.

Sin embargo, como se sabe, con el advenimiento y el ver-tiginoso desarrollo de la técnica y de la máquina se ha creado o reconocido legislativa y jurisprudencialmente áreas en donde la responsabilidad se basa en otras consideraciones. Así, por ejemplo, el que fabrica o vende vehículos de motor, aparatos televisores, medicinas y prácticamente cualquier artículo que la moderna técnica elabora y sobre la cual el comprador promedio es un lego, responde de la buena condi-ción y seguridad del artículo. Tampoco se requiere ya el ele-mentó de culpa o negligencia en materia de compensación a obreros por accidentes del trabajo. En materia de accidentes automovilísticos dicho elemento va perdiendo vigencia según jurisdicción tras jurisdicción van adoptando planes de coim pensación en esos casos.

En el caso de autos la responsabilidad no está basada en culpa o negligencia, a tenor con lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil, sino que está basada en otro precepto legal también vigente y que es igualmente una declaración legis-lativa de política pública, tan vinculante como el citado Art. 1802, por ser también lex scripta. Vamos primero a los hechos y luego al Derecho.

Mientras un camión descargado, conducido a velocidad prudente, discurría por la Carretera Núm. 887, que es una carretera pública de Puerto Rico, el pavimento de rodaje súbitamente se hundió, formándose un hoyo de aproximada-mente metro y medio de profundidad.

Como resultado del accidente el vehículo resultó en una pérdida total, según las conclusiones de hecho no controverti-das del juez de instancia.

Demandaron al Departamento de Obras Públicas del Es-tado Libre Asociado el conductor lesionado y el dueño del camión. El tribunal encontró probado que el propietario del vehículo había invertido $11,000 en el camión dos meses antes del accidente. Mediante estipulación el conductor desistió, con perjuicio, de su reclamación y quedó en pie la del propie-tario del vehículo. El tribunal declaró con lugar la demanda en cuanto a este último y le concedió $10,000 por concepto de indemnización.

El único error que levanta el demandado consiste en sos-tener que incidió el tribunal al decidir que el Estado es res-ponsable civilmente en este caso. El tribunal de instancia se basó en el Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 422. El error señalado no se cometió.

El texto de dicho Art. 404 es el siguiente;

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será responsable civilmente de los 'daños y perjuicios que se ocasionen a las per-sonas o propiedades por desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero en cualquier vía dé comuni-cación perteneciente al Estado Libre Asociado y a cargo del De-partamento de Obras Públicas, excepto donde se pruebe que los desperfectos de referencia fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediarlos.”

Dicha disposición data del año 1902. Su actual vigencia no es ningún olvido legislativo — lo cual no podemos en forma alguna presumir — porque la misma fue enmendada en 10 de mayo de 1950, mediante la Ley Núm. 273 de esa fecha. El texto del año 1950 es el vigente. En virtud de la enmienda de 1950 donde decía Isla se escribió Estado Libre Asociado y donde decía Departamento de lo Interior se escribió Departa-mento de Obras Públicas. La parte sustantiva del artículo fue dejada igual al texto anterior.

Argumenta el Estado que el desperfecto en la carretera no era visible y que eso lo releva de responsabilidad. El defecto cardinal de dicho planteamiento es que la letra clara y pre-cisa del Art. 404 no distingue entre desperfectos visibles y no visibles, ni exime al Estado en caso de desperfectos invisi-bles, como lo hace cuando los desperfectos son causados por los elementos y no hay tiempo suficiente para remediarlos antes del accidente.

Dicho artículo categóricamente hace responsable al Es-tado de los daños y perjuicios que se ocasionen a personas o a propiedades por desperfectos, falta de reparación o de pro-tección suficientes en cualquier vía de comunicación perte-neciente al Estado Libre Asociado, excepto donde se pruebe que los desperfectos fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediarlos. En el caso de autos no se probó que los desperfectos hubiesen sido causados por la violencia de los elementos.

En Rivera v. Pueblo, 76 D.P.R. 404, 411 (1954), caso que envuelve el Art. 404, el origen de los daños fue precisamente la situación que está exenta de responsabilidad por el propio Art. 404 — la violencia de los elementos y la falta de tiempo suficiente para remediar o corregir el desperfecto. En aquella ocasión, debido a fuertes lluvias, se desprendió una piedra de una finca privada, más alta que la carretera, y al rodar cayó sobre un vehículo rompiéndolo y lesionando a varias personas. Allí “limitándonos a los hechos de este caso conclui-mos que no cometió error la Corte a quo al desestimar la demanda.”

En Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288 (1962), sostuvimos, aumentando la cuantía, una sentencia que impuso responsabilidad al Estado al no proveer avisos adecuados de desvío en un tramo de carretera en construcción. Aunque el automóvil accidentado era conducido a 60 millas por hora el Tribunal concluyó que de haberse puesto los avisos el conductor pudo haber reducido la velocidad y evitado el accidente. Cuando se trata de obra, la reglamentación oficial en vigor exigía y exige que las señales de advertencias sean colocadas a las afueras de la obra y a 150 metros de cada extremo de la misma. 22 R.&R.P.R. see. 46-223.

Allí dijimos, a la pág. 292, “La responsabilidad del Es-tado emana de lo dispuesto en el Art. 404 del Código Polí-tico.” Expresamos que en aquella situación no era necesario determinar si la obra era inherentemente peligrosa, “pues la responsabilidad del Estado subsiste independientemente de esta circunstancia.”

En Resto v. P.R. Telephone Co., 97 D.P.R. 313 (1969), la compañía del teléfono contrató con Anastacio Ortiz la poda de unos árboles. Ortiz dejó un tronco o rama parcialmente sobre el área de rodaje de la carretera pública. Se determinó que dicha rama permaneció allí por aproximadamente treinta días, lo cual constituía tiempo suficiente para que el Estado la hubiese removido. Un automóvil le dio a la rama y la rama lesionó al demandante. Confirmamos la sentencia contra la Telefónica y contra el Estado. Basamos nuestro fallo en el citado Art. 404 del Código Político. Dijimos, a la pág. 320:

“No erró pues el tribunal al responsabilizar al Estado Libre Asociado por la omisión negligente de su capataz, que permitió la existencia de tal obstáculo en la carretera por espacio de alre-dedor de treinta días.”

De la propia existencia del Art. 404 del Código Político y de sus claros términos puede colegirse que este caso no se gobierna por el Art. 1802 del Código Civil y que no es ele-mento participante en el mismo el de la culpa o negligencia. Tampoco es correcto argumentar lo contrario porque mucho antes de aparecer en nuestro ordenamiento jurídico el citado Art. 404 del Código Político ya existía en Puerto Rico el Art. 1802 del Código Civil y si la intención legislativa hubiese sido el que situaciones como la del caso de autos se gobernasen por los conceptos del Art. 1802 no hubiese sido necesario crear el 404 del Código Político. Claramente se deseó esta-blecer una política pública distinta para estos casos y a esos efectos se legisló. En casos de esta naturaleza prevalece el Art. 404 por la doble razón de que es posterior al 1802 y de que es una ley especial para cubrir situaciones especiales.

En vista de la letra clara y expresa del vigente Art. 404 del Código Político la responsabilidad del Estado es clara y no se cometió el error señalado. Confirmaría la sentencia re-currida.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre 1976

Estoy de acuerdo en que procede confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Superior por los fundamentos consig-nados por dicho tribunal.

Al declarar con lugar la demanda el tribunal de instan-cia determinó que “con posterioridad a la ocurrencia del acci-dente y a eso de las 7:30 A.M. se pudo notar que la tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que discurría por debajo del pavimento de la carretera estaba rota y salía agua a gran presión. La prueba no estableció si la tubería estaba rota con anterioridad al accidente y el peso del vehí-culo al desplomarse ocasionó una avería mayor o si, por el contrario, fue el accidente el que ocasionó, por sí solo, la ro-tura de la tubería. Ninguna de las partes presentó prueba pericial, sobre ese ni sobre ningún otro aspecto.”

Luego de hacer la anterior determinación de hecho el tribunal formuló la siguiente conclusión de derecho con la cual estoy de acuerdo en su totalidad:

“Si bien es cierto, como se afirma en Rivera v. Pueblo, 76 DPR 404, 408, que el Estado no es garantizador en forma abso-luta de la seguridad de las personas que utilizan las carreteras públicas, se desprende de la fraseología del Art. 404 del Código Político que el Estado responde por los daños y perjuicios que se ocasionen a las personas o propiedades por desperfectos, falta de reparación o de protección suficiente para el viajero en cual-quier vía de comunicación pública salvo que se pruebe que los desperfectos de referencia fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediarlos. Es decir, es el propio Estado el obligado a probar que los desper-fectos fueron ocasionados por fuerza mayor y que no hubo tiempo suficiente para remediarlos. Estamos frente a un caso de lex scripta donde no rigen los principios generales de negligen-cia sino que una vez establecido el defecto en la carretera y los daños se invierte el peso de la prueba viniendo entonces obligado el Estado a traer prueba exculpativa limitada a los aspectos de fuerza mayor e insuficiencia de tiempo para remediar la situa-ción.
En la situación ante nuestra consideración, habiéndose esta-blecido por la parte demandante que ocurrió el desperfecto y que éste le ocasionó daños, incumbía al Estado probar la existencia de fuerza mayor de que habla el estatuto. Como no se trajo dicha prueba, el Estado, a nuestro juicio, es responsable por los daños ocasionados.”
El Estado, para prevalecer, venía obligado a establecer, si ése era el caso, que durante la noche anterior al accidente un tubo del acueducto sufrió una avería, que no hubo oportu-nidad de arreglarlo y que el agua que salía de la cañería oca-sionó que el firme de la carretera cediera. Como el Estado no presentó tal prueba, procedía declarar con lugar la de-manda.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1976

El Art. 404 del Código Político constituye una marcada excepción a los principios que rigen la responsabilidad por culpa extra contractual que adoptamos a través de nuestro Código Civil. 31 L.P.R.A. see. 5142 et seq. A la doctrina de responsabilidad sin culpa se le ha llamado también “teoría de riesgo creado” o del “riesgo jurídico”. Esta sostiene que ningún daño debe quedar sin indemnización y ni siquiera admite el caso fortuito como exonerante. En otras pala-bras, la propia ley atribuye responsabilidad no obstante el cuidado debido. Es un deber absoluto de cuidado.

Esta norma de responsabilidad sin culpa la recoge el Art. 404 de nuestro Código Político. Impone el deber de garantizar la seguridad de las carreteras que ha hecho accesibles al pú-blico. Basta mostrar que el deber objetivo de cuidado no ha sido cumplido. Ante el hecho objetivo del daño cede el hecho subjetivo del cuidado prudente y razonable. Se ha dicho que aunque la teoría es un retroceso a períodos primitivos, su motivación es altruista y de profundo sentido social.

El Art. 404 provee una defensa a la obligación absoluta del Estado cuando los desperfectos son causados por la vio-lencia de los elementos y no hubo tiempo suficiente para re-mediarlos. Nótese que la causa “fortuita”, que se contrae más bien a hechos humanos, no está excluida sino solamente las causas surgidas por la violencia de los elementos o lo que sería lo mismo, “fuerza mayor”. Es evidente que el Art. 404 impone el peso de la prueba al Estado para justificar la de-fensa de falta de tiempo suficiente para remediar el desper-fecto. En el caso ante nos el Estado no ofreció prueba exi-mente, luego hay que presumir que el daño no fue ocasionado por la violencia de los elementos.

Es conveniente señalar que el Art. 404, al aprobarse en el año 1902, constituyó una excepción a la inmunidad del Estado a las reclamaciones de los ciudadanos por los daños y perjuicios sufridos por acción u omisión del Estado. No fue hasta el año 1916 que la Legislatura autorizó las demandas contra el Estado por (1) acciones por daños y perjuicios ba-sados sobre contratos y (2) acciones para rein vindicar pro-piedad inmueble o mueble o derechos sobre la misma. Ley Núm. 76, 13 de abril de 1916. En 1928 se enmendó para eli-minar el requisito de que los daños y perjuicios estuvieren basados en contratos, al ampliarse su alcance para cubrir cualquier caso de daños y perjuicios. Ley Núm. 11, 18 de abril de 1928. No obstante la existencia del Art. 404 del Código Político, el legislador prefirió que éste continuara en vigor con respecto a los daños provenientes del uso de las carreteras. Debe aclararse, sin embargo, que la enmienda de 1928 no afectaba las limitaciones impuestas por el Código Civil requiriendo que el Estado debía obrar por mediación de un agente especial para ser responsable. Arts. 1802, 1803, Código Civil de Puerto Rico, ed. 1902. Pero en 1955 el Art. 1803 del Código Civil fue enmendado para ampliar el alcance de la responsabilidad del Estado a la que tendrá un ciuda-dano particular en las mismas circunstancias y condiciones. Ley Núm. 104 aprobada en 29 de junio de 1955; 31 L.P.R.A. see. 5142. Se mantuvo la exención de responsabilidad si el Estado probare haber empleado toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Id. Sin embargo, es significativo que la responsabilidad absoluta del Art. 404 del Código Político quedó intacta.

Si la responsabilidad que impone el Art. 404 al Estado es o no gravosa, considerando los miles de kilómetros de ca-rreteras que debe mantener, es una cuestión a determinar por el legislador y no por el juzgador. Las cuestiones de polí-tica pública deben ser sopesadas por el legislador ya que el proceso deliberativo tiene que necesariamente tomar en cuenta si el perjuicio económico de los daños por “desperfec-tos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero” en las carreteras de Puerto Rico debe recaer sobre el pequeño número de personas que de hecho sufren los daños o si no es más justo y equitativo que los compartan todos los que se benefician del uso de las carreteras mediante una indemnización por parte del Estado. Esa determinación la hizo ya el legislador y no es función de este Tribunal el violarla.

Confirmaría, pues, la sentencia recurrida.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz en la que concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1976

Este caso ilustra el valor y sabiduría del principio universal de que a nadie se le ha de imponer responsabilidad por lo que totalmente desconoce, máxime cuando no bastarán para librarlo de su ignorancia ni las más avanzadas técnicas ni desarrollos científicos.

Frente a un camión que rodaba por la Carretera Estatal Núm. 887, que es una vía pública de tránsito en buen estado de conservación, se abrió la tierra inesperada y súbitamente formándose un hoyo de unos cinco pies de profundidad donde cayeron conductor y vehículo resultando en la pérdida total de éste que la sala de instancia indemnizó condenando al Estado al pago de $10,000.00 a su dueño.

Disiento de la opinión del Juez Rigau que al proponer la confirmación de la sentencia recurrida invoca la letra del Art. 404 del Código Político (3 L.P.R.A. see. 422) que dispone:

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será responsable civilmente de los daños y perjuicios que se ocasionen a las per-sonas, o propiedades por desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero en cualquier vía de comuni-cación perteneciente al Estado Libre Asociado y a cargo del Departamento de Obras Públicas, excepto donde se pruebe que los desperfectos de referencia fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediar-los.”

Al imponer responsabilidad al Estado porque de pronto se abra la tierra en algún punto de nuestro sistema vial estaríamos sentando doctrina de responder por lo desconocido, lo imprevisible y hasta por lo misterioso. Ni aun los geó-logos pueden anticipar los estremecimientos telúricos en esta Isla situada al borde de la Trinchera del Atlántico por lo que resulta oneroso e irreal exigir del Departamento de Obras Públicas que adivine cuándo y dónde se va a hundir un pedazo de patria. Los hundimientos súbitos no responden únicamente a la trepidación sísmica; son causados también por el efecto acumulativo de corrientes de agua subterránea y de superficie desviadas por la construcción que satura el país, por la vibración del tráfico vehicular, por las inunda-ciones y aun por las lluvias normales. De esta realidad notoria e indisputable podemos tomar conocimiento judicial. Art. 36(8) Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 1711(8)). Se puede y se debe exigir responsabilidad a quien tiene en su mano evitar el acto u omisión dañosa, pero no a quien carece de medio alguno para advertirlo o anticiparlo.

Es a la luz de estas realidades físicas irreducibles que debe leerse el citado Art. 404 que al fijar responsabilidad civil en el Estado por daños originados en “desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el via-jero en cualquier vía de comunicación” se refiere a desper i fectos conocibles o revelados, porque sólo contra éstos opera la defensa inserta en el estatuto más adelante de que “no hubo tiempo suficiente para remediarlos.” Responde el Estado bajo el citado Art. 404 sólo cuando no repara o remedia a tiempo el desperfecto. En el fluir natural de la razón, para reparar o remediar primero se ha de conocer o advertir lo que necesita reparación o remedio. El desperfecto cobra rea-lidad y existencia cuando muestra sus feos contornos o aun cuando sin mostrarse a los ojos se anuncia irrumpiendo en el campo de la previsibilidad. Un puente mal diseñado puede ser agradable a la vista pero de tenebrosa potencialidad para el ingeniero que conoce su defecto. El desperfecto se materia-liza en el conocimiento, no exclusivamente visual, de quien ha de repararlo. Mientras no haya ese conocimiento inducido, la condición peligrosa yace en un campo abstracto e ignoto donde no operan las normas de responsabilidad civil. Hasta tanto no se revela el desperfecto como tal no nace la respon-sabilidad pública.

La base verdadera de la negligencia está en la conducta que ha de identificarse como capaz de generar irrazonable peligro para los demás. Pero esa conducta no es un estado de la mente, sino que ha de informarse por una realidad ex-terna revelada. Negligencia, dice Prosser, es cuestión de peligro conocible de daño. Law of Torts, pág. 145, Cuarta Edición (1971). Y añade: “Negligencia es conducta que cae debajo del estándar establecido por ley para la protección de otros contra un irrazonable riesgo de daño. La idea de riesgo necesariamente implica un peligro conocible, basado en algún conocimiento de los hechos existentes, y la inferencia razona-ble de que el daño puede ocurrir, Riesgo es un peligro aparente, o que debería ser aparente, para el que está en la posición del actor. La culpa en su conducta ha de estimarse a la luz de las posibilidades aparentes para él al tiempo [del suceso], y no en apreciación retrospectiva ‘con la sabiduría que nace del evento’.” Ibid, pág. 146.

El Estado recurrente se confrontó en este caso con un pe-ligro súbito, inesperado en tiempo y lugar, que no le permitió ejercer la acción protectora del viajero que es cuanto exige la ley. No hay diferencia en el ámbito de responsabilidad pública entre la peña que se desprende y al deslizarse hacia la carretera cae sobre el vehículo matando a dos niños, (Rivera v. Pueblo, 76 D.P.R. 404 (1954)), y la superficie que de pronto se quiebra frente al camión que avanza. En ambos el evento causante del daño crea una situación peli-grosa instantánea en una vía pública que hasta el momento mismo del siniestro era segura. Ni en Rivera ni en el caso de autos hubo indicio previo que creara en el demandado la ex-pectación o espera de lo que habría de ocurrir. Ese factor de lo desconocido que exime de responsabilidad al Estado en este caso fue ya proyectado por este Tribunal por voz del Juez Pérez Pimentel al expresar en Rivera v. Pueblo, supra: “Si bien el desprendimiento de la roca en cuestión desde el sitio donde se hallaba — a 96 metros del centro de la carre-tera — era algo que estaba dentro del campo de las posibili-dades, difícilmente puede sostenerse que El Pueblo pudo pre-ver las probabilidades de tal desprendimiento y menos aún que las razonables y naturales consecuencias de permitir que dicha roca permaneciera en el sitio donde originalmente se hallaba serían su súbito desprendimiento y el consiguiente daño a un semejante, especialmente si se toma en considera-ción la falta de conocimiento por parte de El Pueblo del es-tado en que se encontraba la roca desprendida y la ausencia total de prueba en el récord de que corrientemente ocurrie-ran desprendimientos similares en ese sitio y de lo cual tenía el demandado algún conocimiento.” Ibid. pág. 409.

A los fines de responsabilidad del Estado bajo el Art. 404 del Código Político “desperfecto” es únicamente el conocible, aquella falta o condición peligrosa en la vía pública que ha cobrado existencia real perceptible por un tiempo razonable dentro del cual pueden y deben los empleados de Obras Pú-blicas tomar las medidas para corregirla y proteger a los que transitan por la carretera.

El suceso que causó la pérdida del camión del recurrido fue un accidente fortuito, uno de tantos riesgos del camino como derrumbes, rayos, desprendimientos y patinazos im-previsibles producidos por fuerzas fuera del control del de-mandado recurrente y que éste no viene obligado a cubrir como asegurador.

El anuncio de la nueva figura del “desperfecto instan-táneo”, descarta todo principio de razonabilidad y hace al Estado responsable por sucesos engendrados en el arcano misterioso, abrazándose indebidamente a una visión de responsabilidad objetiva (estricta o absoluta) en el Art. 404 del Código Político, que si bien se ajusta para quien maneja dinamita o plantas nucleares, no ha lugar en la esfera de administración, conservación y policía de carreteras regulada por la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973 (9 L.P.R.A. sec. 2101 y ss.). Puig Brutau llama al principio de responsabili-dad estricta “supervivencia” y “fenómeno peculiar del De-recho primitivo.” (Fundamentos de Derecho Civil, Ed. 1956, Tomo 2, Vol. 2, págs. 677, 679) y al rechazar su aplicación ciega e indiscriminada se une a Castán en su magistral ad-vertencia: “en realidad son los Tribunales los que han de resolver las cuestiones derivadas del nexo causal, guiándose más que de teorías abstractas, del criterio que. en cada caso puede conducir a una solución justa.” Ibid, pág. 685; Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Tomo 4, Novena Ed. (1961), pág. 853.

También se muestra liberado del dogma el criterio jurí-dico norteamericano, reflejo auténtico del país del que ad-quirimos dicho Art. 404, recogido en Blashfield: “Una auto-ridad de carreteras está obligada a anticipar lo que es razo-nable y probable, y no lo remotamente posible. La regla general relativa al deber de construir y mantener calles y carreteras de manera que resulten seguras para el viajero excluye responsabilidad por consecuencias derivadas de eventos raros o extraordinarios.” Automobile Law & Practice, Tercera Ed., Vol. 4, sec. 161.22 (pág. 340); Roberts v. Town of Eaton, 144 N.E. 667; City of Dallas v. Maxwell, 248 S.W. 667.

El tipo de evento súbito e inesperado, el desperfecto ins-tantáneo que motiva este recurso, es riesgo propio del con-trato de seguro. El derecho de licencia (tablilla) no puede concebirse con naturaleza de prima que una vez pagada obli-gue al Estado como asegurador de cuanto suceso ocurra en las vías públicas.

Ya este Tribunal señaló la recta inteligencia del Art. 404 del Código Político en Rivera v. Pueblo, supra. No puede exi-girse responsabilidad a quien no comparte el guardado y mis-terioso secreto generador del daño, ni reparar con dinero de los contribuyentes el riesgo que en el orden jurídico y social propiamente ha de cubrirse con póliza de seguro.

Revocaría la sentencia recurrida.

      El distinguido jurista español Don Antonio Hernández Gil ha comentado que si un ciudadano romano despertara del sueño de dos mile-nios el diálogo menos lleno de sorpresas que podría mantener con nosotros sería el relativo a muchas instituciones y reglas jurídicas. Podríamos ha-blar con él, dice el citado autor, en un lenguaje todavía común, por ejemplo, de la posesión, el usufructo, la herencia, etc. — “El Derecho Como Factor Cultural de Unidad,” Conferencia dictada en el Club Siglo XXI de Madrid, publicado en España, su Monarquía y Europa (1974), pág. 121.

         La Responsabilidad sin Culpa en España, Rev. General de Leg. y Juris., 1945, Tomo 177, pág. 561.

       Op. dt.

      (1) Art. 1058 Código Civil — “Fuera de los casos expresamente mencio-nados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie respon-derá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.” 31 L.P.R.A. sec. 3022.

       Cardozo, C. J., en Greene v. Sibley, Lindsay & Curr Co., 257 N.Y. 190; 177 N.E. 416.

       Determinó el juez de instancia que “En el lugar del accidente no habían [s-ic] signos externos que implicasen un estado de peligrosidad en dicho sitio; [que] la prueba de ambas partes estableció que la carretera, en las proximidades del sitio del accidente, aparentaba estar en buenas con-diciones,”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Andrés Negrón Wells y Pedro E. López Estrada, peticionarios y recurrentes, Ex parte.

      Números: R-76-242,
    R-76-243

      Resueltos: 30 de noviembre de 1976

      M. Martínez Umpierre y Miguel Chaar Cacho, abogados de los peticionarios; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Maggie Correa Aviles, Procuradora General Au-xiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En los casos de epígrafe, emitimos orden dirigida al Pro-curador General para que compareciera a mostrar causa por la cual no debíamos expedir los autos y oportunamente revo-car las resoluciones del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, fechadas 7 de mayo y 14 de abril de 1976, denegando las solicitudes para portar armas de los peticionarios Andrés Negrón Wells y Pedro E. López Estrada.

El Procurador General ha comparecido sosteniendo en síntesis, que las negativas del tribunal a quo estuvieron ade-cuadamente fundadas en el ejercicio discrecional de dicha sala a la luz de las circunstancias específicas de los casos. Argumenta que la ley no exige vista a los fines del Ministerio Fiscal demostrar las razones para basar un dictamen en opo-sición y que la concesión de tal vista descansa en el libre discernimiento del tribunal.

Resulta oportuno reiterar, aun cuando por distintos fundamentos, la norma jurisprudencial sentada respecto a que de ordinario, en ausencia de una clara desviación del debido proceso de ley o un grave y manifiesto error de derecho, no intervendremos con la facultad de las salas de primera instancia expidiendo o negando privilegios como el que nos ocupa. Por el contacto directo con los interesados y testigos, y el conocimiento de diversos factores específicos precisables y otras circunstancias intangibles que prevalecen en las comunidades que comprenden la demarcación territorial de cada Tribunal Superior, es evidente que dichos foros están en mejor condición que nosotros para evaluar los méri-tos en casos de esta naturaleza.

No obstante, es evidente en los casos de autos que el Ministerio Fiscal se limitó a exponer por escrito su dictamen sin aducir ni presentar prueba testifical o documental jurada al efecto y sin solicitar señalamiento de vista para desfilar la misma. Nuestra decisión en Arce v. Corte, 52 D.P.R. 192 (1937), en el sentido de que el Ministerio Fiscal no tiene que estar presente durante la vista señalada para determinarse los méritos de una petición de portar armas, y en el cual recomendamos como mejor práctica que dichos funcionarios comparecieran, no tiene el alcance que se le atribuye. No significa que al aducirse razones ajenas a las que surgen del expediente o de la primera vista pueda preseindirse de una vista evidenciaría y rechazar la petición con base únicamente en el informe del fiscal. En su perspectiva correcta, el caso de Arce debe entenderse que faculta a los tribunales a denegar la portación de un arma si ello procede en virtud del dietamen del Ministerio Fiscal sostenido en fundamentos que emanen de la prueba desfilada — sea por insuficiencia u otras razones jurídicas — pero no cuando la oposición se formula en orden a unos hechos sobre los cuales dicho funcionario no ha desfilado prueba satisfactoria.

En consideración a lo expuesto, procede que dictemos Sentencia expidiendo los autos solicitados y devolviendo es-tos casos a instancia para ulterior consideración previa vista. El Ministerio Fiscal aportará la prueba que estime necesaria para sostener su posición. El tribunal discrecio-nalmente deberá determinar si los peticionarios son acreedo-res o no a las solicitudes, aquilatando todos los factores en-vueltos.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rigau se inhibió.

       En Montalvo, Ex parte, 40 D.P.R.- 782 (1930), habíamos resuelto que estas peticiones no eran apelables ante nos, bajo la tesis de que no constituían un procedimiento civil, ex parte o contencioso, de naturaleza judicial, sino más bien uno de índole administrativo. Este enfoque ha variado en virtud de la corriente moderna jurídica de que las decisiones administrativas, en ausencia de prohibición legislativa, pueden ser objeto de revisión judicial. Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1, 7-8 (1959); López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 7-10 (1957). Y resulta dudoso al pre-sente, que de manera absoluta pueda sostenerse que si el Estado, a través del Ministerio Fiscal se opone en un proceso ex parte, el mismo no se toma contencioso, susceptible de ser revisado mediante el recurso de certiorari; el concepto “actuación judicial” del antaño ha variado. Sobre este último particular, compárese: Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

      La Ley Núm. 159 de 23 de julio de 1974 (25 L.P.R.A. see. 431, Suplemento) tuvo como propósito dejar a la discreción de los tribunales la celebración de vista y la publicación de edictos en casos de renovaciones. Véase: Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia por la Comisión para el Estudio de la Fiscalía, págs. 459-468 (8 de octubre de 1974).

       Aparte de evitar trastornos administrativos en las labores y pro-yecciones de cada Sala, y la adecuada distribución de los recursos del sistema Judicial en toda la Isla, ello explica la necesidad de que los jueces de instancia sigan invariablemente las pautas enunciadas en Longoria v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 267 (1974), en peticiones de portación de armas, trasladando a las salas correspondientes aquellas en que los intere-sados no son domiciliados en su demarcación. Las investigaciones, ges-tiones y producción de prueba por las partes se facilitan grandemente observando la riorma expuesta.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Jesús Cotto Valdés, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; Antero Claudio Delgado y Fondo del Seguro del Estado, recurridos.

      Número: O-76-398

      Resuelto: 1 de diciembre de 1976

      Julio de Jesús García, abogado del recurrente; Leoncio Carras-quilla Suárez y Luz Celeste Carrasquillo, abogados del recu-rrido Antero Claudio Delgado; José F. Reyes del Valle, Guillermo Figueroa Prieto y Francisco Falú Lebrón, abo-gados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente Cotto Valdés es un modesto contratista de construcción que habiendo terminado la reforma y amplia-ción de una casa vivienda en la urbanización Villa Turabo, Caguas, para la que obtuvo póliza de seguro obrero, inició otra obra en el barrio Mogote de Cayey sin asegurar los obreros en ésta. El 27 de marzo de 1972 el obrero recurrido trabajó para dicho contratista amarrando varillas en la obra comenzada en Cayey. Terminada la jornada, obrero y pa-trono salen de regreso de Cayey hacia Caguas en un jeep propiedad del patrono y conducido por éste y a las 3:30 P.M., en jurisdicción de Cidra, ocurre un accidente de tránsito en el que ambos resultaron lesionados, sin que haya indicio en el expediente de la naturaleza de las lesiones. Sí aparece que el obrero agotó los beneficios de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (ACAA), 9 L.P.R.A. sees. 2051 a 2065, y posteriormente instó reclamación en el Fondo del Seguro del Estado que declaró a Cotto Valdés patrono no-asegurado por no haber formalizado póliza cubriendo el riesgo del accidente de tránsito. Asumió jurisdicción la Comi-sión Industrial que luego de vistas médicas fijó al obrero in-capacidad de un 5% de las funciones fisiológicas generales, confirmó la decisión del Fondo en cuanto al status de no-ase-gurado y ordenó la liquidación del caso como uno de accidente del trabajo que habría de cobrarse al patrono. Al recurrir éste expedimos orden para mostrar causa por la que no deba revocarse la resolución de la Comisión “Considerando que el accidente de tránsito por cuyas consecuencias reclama com-pensación el obrero contra su patrono no-asegurado ocurrió cuando éste ya había terminado las labores del día y regre-saba a su casa, hallándose fuera del curso del empleo.” Han sometido escritos tanto el obrero recurrido como el Fondo del Seguro del Estado.

Los hechos probados en que funda la Comisión su decisión, y aun la extendida relación de dicha prueba que en sus escritos hacen el Fondo del Estado y el obrero, no ubican este caso en excepción alguna a la regla de “ir y venir del trabajo”. Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 D.P.R. 17, 28 (1962). Al ocurrir este accidente, el obrero no viajaba para beneficio del patrono sino que aparece aprovechando una invitación o favor de éste. No demuestran los hechos que el convenio de trabajo incluyera transportación suplida por el patrono al obrero en el regreso de Cayey a Caguas. Mediando esta ausencia de prueba que induce la conclusión de que el obrero era el beneficiado por la transpor-tación, en un día específico que es ocasión aislada, no pueden dilatarse los conceptos “curso del empleo” o “lugar de tra-bajo” hasta cubrir el accidente vehicular en el camino. “Un viaje [ride] de cortesía que ofrece el patrono generalmente no da lugar a responsabilidad bajo estatutos de compensa-ción [por accidentes laborales]. La transportación debe pro-, veerse como elemento real del empleo para que la cubra la regla. En otras palabras, debe haber una obligación expresa o implícita de parte del patrono para proveer transporta-ción.” Schneider, Workmen’s Compensation, Tomo 8, sec. 1746, pág. 258. La regla de compensación no cubre a un em-pleado a quien su patrono le provee transportación, en ausen-cia de convenio expreso o implícito, o uso y costumbre incidental al contrato de trabajo, a menos que la transportación opere para beneficio del patrono. Un favor extendido sin aparente beneficio para el patrono no coloca el accidente den-tro de la norma de compensación. LeWhite Construction Company v. Dunn et als., 176 S.E.2d 809, 812 (Va. 1970); Capozzi v. United States, 326 F.Supp. 784 (E.D. N.Y. 1971). La regla en Florida como en Puerto Rico excluye de compen-sación accidentes que sobrevienen mientras el obrero va hacia o regresa de su sitio regular de trabajo. En el caso de Alien, el día del accidente el obrero dejó reparando el camión que usaba para ir al trabajo y tomó un pequeño avión propiedad de y pilotado por su patrono que se estrelló al levantar, ma-tándose ambos. No se consideró el caso accidente del trabajo excluyente de la acción civil por negligencia contra el patrono por los herederos del obrero, porque la transportación pro-vista el día del accidente se dio como una conveniencia para el empleado en vez de prestación expresa o implícita del con-trato de trabajo entre las partes. Allen v. Estate of Carman, 281 So.2d 317, 323 (1973) Fla., acogido por Larson, Workmen’s Compensation, Vol. 1, sec. 17.30 pág. 4-138, Supto. 1976.

La regla de “ir a y regresar del trabajo” que regula la compensación a obreros víctimas de accidentes ha sufrido la erosión de tantas excepciones impuestas por la necesidad de hacer justicia, frente a la rigidez y artificialidad de la norma, obsoleta en gran medida para reglar el concepto de “en el curso del empleo” en la avanzada sociedad industrial urbanista de nuestros días, que algunos tratadistas sugieren su abolición y entre tanto proponen la decisión de cada caso sobre sus propios méritos. 14 NACCA L.J. (1954), pág. 39 y ss. La regla debe mantenerse porque el sistema de seguro ex-clusivo no podría absorber el costo de compensación indiscriminada de cuanto accidente ocurra en tránsito hacia o de regreso del trabajo. Pero deben superarse sus estrecheces para' que no coarte las exigencias y eficacia de este servicio social en los variados nuevos riesgos del orden industrial mecani-zado que ha ampliado considerablemente la noción de “en el curso del empleo” y aun la de “predios del patrono.” A tal fin la provisión de compensación debe estar disponible con liberalidad que salve la justicia y los méritos del caso, toda la liberalidad que toleren los principios de Derecho que pre-servan la ordenada interacción de intereses en esta valiosa institución.

La prueba del recurrido en el caso de autos no estableció el requisito mínimo de que al montar como invitado al vehículo de su patrono estuviese actuando más allá de su propia conveniencia y provecho.

Tampoco está claro otro aspecto de los méritos del caso. El obrero recurrido acude al Fondo del Seguro del Estado en busca de un segundo remedio social, pues ya se benefició del provisto por la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, supra, y tuvo también a su disposición la acción civil bajo el 1802 contra su patrono si éste hubiere causado por su negligencia, el referido accidente. Aun la liberalidad encarna un principio de restricción por el superior valor de lo justo. Revocada.

      La regla: En ausencia de circunstancias especiales, un empleado que se lesiona mientras se dirige o regresa de su lugar de trabajo está excluido de los beneficios que proveen las leyes de compensación. La razón de esta regla es que la relación de patrono y empleado usualmente se inte-rrumpe desde que el empleado deja el trabajo para irse a su casa hasta que reanuda la labor, toda vez que durante el tiempo en que va hacia o regresa del trabajo, no rinde ningún servicio al patrono. Schneider, Workmen’s Compensation, Vol. 8, sec. 1710, pág. 3; Valentín Nadal v. Comisión Industrial, 94 D.P.R. 659, 662 (1967).

      “La transportación provista por el patrono puede ser costumbre y usanza, tanto por convenio expreso, como en la situación de empleados que trabajan lejos de su casa y se envuelven en la conocida y habitual práctica de viajar en camiones del patrono. Pero un viaje aislado, no auto-rizado [de tal modo] en el vehículo del patrono, generalmente se considera fuera del curso del empleo.” Larson, Workmen’s Compensation, Vol. 1, sec. 17.30, pág. 4-135 (1972).

      Las excepciones se multiplican y devoran la regla. NACCA Law Journal, citando de Larson, señala las siguientes: (1) riesgos especiales de la ruta normal hacia el trabajo, mayormente lesiones en tren [o auto-bus] ; (2) viaje o traslado entre dos partes o áreas del mismo lugar de trabajo (predios del patrono); (3) extensión a las aceras cercanas para cubrir por ejemplo un resbalón a dos pies del portón de entrada del pa-trono; (4) riesgos del empleo que se proyectan más allá del sitio de trabajo (premises) como el sufrido por un obrero de muelle, parado en la vía pública junto al mamparo o muro del muelle de su patrono, lesionado en una congestión de vehículos que allí acudían en negocios con su pa-trono; (5) lesiones en el sitio de trabajo, antes y después de la jornada; (6) todo el sistema vial como extensión de los predios patronales; (7) regla de lugar de trabajo aplicable al ir y venir de tomar alimentos. En franca tendencia progresiva las decisiones de los tribunales, tomando con-ciencia de la injusticia y artificio de la regla, tratan de humanizarla, ha-ciendo excepción de casos que les impresionan como comprendidos en el espíritu de las leyes de compensaciones a obreros. 14 NACCA L.J. (1954), pág. 39 y ss.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    The Royal Bank of Canada, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección VII de San Juan, recurrido.

      Número: O-76-379

      Resuelto: 3 de diciembre de 1976

      Brown, Newson & Córdova, abogados del recurrente; el Regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Río Grande Ready Mix, Inc., autorizó la constitución de hipoteca sobre una finca para garantizar cuatro pagarés al portador por la suma de $100,000 cada uno. El recurrente es tenedor en calidad de acreedor pignoraticio de estos pagarés. Copia certificada de la hipoteca se presentó el 9 de octubre de 1974 en el Registro, acompañándose como documento com-plementario la resolución corporativa para hacer constar la autorización dada por la Junta de Directores de Río Grande Ready Mix, Inc., a su presidente, señor Antonio Rohena, para constituir el gravamen. La secretaria de Río Grande Ready Mix, Inc., certificó en dicho documento complementa-rio la emisión de la resolución. El documento no se legalizó ante notario.

El 30 de enero de 1976 el Registrador denegó la inscrip-ción de la hipoteca por razón de que la resolución corporativa acreditando el carácter y facultades con que comparecía el Sr. Rohena a representar a la corporación deudora no estaba debidamente jurada y suscrita ante notario. El Registrador extendió en consecuencia al margen del asiento de presenta-ción anotación preventiva por ciento veinte días. No se hizo constar al margen de dicho asiento, ni en el asiento mismo, la notificación de la denegatoria al presentante o al intere-sado en la operación registral.

El 25 de agosto de 1976 el recurrente se dio por notificado de la denegación al recoger la copia certificada del documento. Adjuntos a él halló copia de dos comunicaciones de 4 de diciembre de 1975 y 13 de febrero de 1976, dirigidas por el Registrador al notario fedante, en que se hacía referencia al defecto mencionado y a la denegatoria de inscripción. Tales notificaciones no están firmadas por el notario. Cinco días después se interpuso el recurso presente. Al mismo tiempo se radicó una resolución corporativa, suscrita ante notario, en que Río Grande Ready Mix, Inc., ratifica la actua-ción de su Presidente al otorgar la escritura de hipoteca ob-jeto de este recurso. Por haberse inscrito el 20 de enero de 1976 una segunda hipoteca sobre la misma finca, que ad-quiría rango preferente en caso de denegarse el recurso, la referida ratificación no convierte el recurso en académico.

La primera cuestión que estos hechos plantean es si este Tribunal goza de jurisdicción en el caso. El término que para radicar un recurso gubernativo disponen los Arts. 2 y 3 de la Ley de 1 de marzo de 1902, 30 L.P.R.A. sees. 1772 y 1773, comienza a correr al notificarse la denegatoria de inscripción. Rodríguez v. Registrador, 62 D.P.R. 396, 398-399 (1943); Monserrate v. Registrador, 31 D.P.R. 640 (1923). El término es jurisdiccional. Rodríguez Juliá v. Registrador, 99 D.P.R. 275 (1970).

Diversas disposiciones de ley establecen los requisitos de una notificación válida. El Art. 1o de la Ley de 1 de marzo de 1902, 30 L.P.R.A. sec. 1, ordena:

“Cuando el registrador deniegue o suspenda alguna inscrip-ción, anotación o cancelación, expondrá al pie del documento, clara y concisamente, los motivos legales de su negativa y de ella notificará al interesado, quien firmará la notificación.”

El Art. 19 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 44, requiere, además, que “la notificación al presentante del documento o al interesado en la operación registral o al nota-rio se hará constar al margen del asiento de presenta-ción. . ..”

En este caso se incumplieron ambas disposiciones. No se firmó por el interesado la alegada notificación de la denegatoria, fechada el 13 de febrero de 1976, adherida a la co-pía certificada de la escritura. No se hizo constar tampoco al margen del asiento de presentación el hecho de la notificación hasta el 25 de agosto de 1976. ¿Qué efecto surten estos in-cumplimientos?

En España no es necesario consignar en sitio alguno el hecho de la notificación y ésta, conforme a varios comenta-ristas, aun puede ser verbal, excepto cuando se pide que se le consigne por escrito. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, 6a ed., 1958, págs. 270-271; Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, Tomo II, 4a ed., 1903, págs. 141-142; Sanz Fernández, Instituciones de Derecho Hipotecario, Tomo II, Reus, Madrid, 1953, pág. 183; cf. Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipote-caria, Tomo II, 2a ed., 1927, pág. 389. En Puerto Rico fue por la Ley Núm. 20 de 7 de julio de 1923 que por primera vez se enmendó el Art. 19 de la Ley Hipotecaria para reque-rir que la notificación se haga constar al margen del asiento de presentación.

Si bien se desconoce el historial legislativo de la enmienda de 1923, es razonable concluir que su propósito básico fue fortalecer el principio registral de publicidad. La versión enmendada del Art. 19 le permite a un tercero saber con exactitud si se ha consentido o no a la suspensión o denegatoria de una inscripción. El simple cotejo del margen del asiento de presentación le revela si tuvo lugar la notificación correspondiente. Ya nos hemos pronunciado antes al efecto de que la Ley Hipotecaria debe interpretarse de modo que facilite y proteja el tráfico comercial. Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 436, 443 (1967); Arroyo v. Registrador, 86 D.P.R. 362, 374 (1962); Roca v. Banco Territorial y Agrícola, 6 D.P.R. 164, 169 (1904). En North American Mortgage etc. v. Registrador, 104 D.P.R. 598 (1976), atentos a dicho principio resolvimos que, faltando notificación, al traerse al Registro los complementarios, no había empezado a correr el término dispuesto en el Art. 19 de la Ley Hipotecaria. No existiendo constancia fehaciente de la notificación que requiere la Ley de 1o de marzo de 1902 ni habiéndose hecho constar el hecho de dicha notificación al margen del asiento de presentación, según lo exige el Art. 19 de la Ley Hipotecaria, el término para la radicación de este recurso gubernativo no comenzó a correr hasta el 25 de agosto de 1976 y goza de jurisdicción por tanto este Tribunal para entender en el mismo.

Respecto al problema sustantivo de si deben legitimarse ante notario las certificaciones expedidas por funcionarios de una corporación para acreditar que los otorgantes se hallan autorizados en nombre de la misma para llevar a efecto el acto o contrato de que se trate, existe conflicto en las autori-dades.

En la Resolución de 21 de diciembre de 1887 de la Dirección General de los Registros y del Notariado de España se expresa que “de los acuerdos que toma el Consejo de Ad-ministración de una Sociedad sólo puede certificar su Secre-tario, dando plena autenticidad al certificado el V.°B.° del Presidente o Gobernador de la misma; y esto así, no sólo por-que en los Estatutos, que son ley para la Sociedad, se declara tal atribución propia y privativa del Secretario, sino, además, porque de otra suerte sería preciso que los acuerdos del Con-sejo de Administración de la Compañía se hicieran constar en acta notarial, y esto no ha sido prescrito por ninguna dis-posición legal....” Roca Sastre y Molina Juyol, Jurispruden-cia, Registral, Tomo II, 1953, pág. 404. Fundado en esta Resolución, Morell y Terry se inclina a pensar que no es pre-ciso que las certificaciones de referencia se expidan por quien ejerza autoridad o cargo público. Morell y Terry, Comenta-rios a la Legislación Hipotecaria, 2a ed., Tomo I, 1925, pág. 649.

Roca Sastre adopta la posición diametralmente opuesta, incluyendo entre los documentos privados complementarios “Las certificaciones de nombramientos de cargos de adminis-tradores, de hallarse los nombrados en el ejercicio de los mis-mos, o de los acuerdos de sus organismos en materia de So-ciedades mercantiles o de otras personas jurídicas que no tengan carácter público, expedidas por quienes estatutaria-mente corresponda certificar, cuyas certificaciones normal-mente están firmadas por el Secretario de tales entidades, con el visto-bueno de su Presidente, cuyas firmas deben estar legitimadas, a no ser que el Notario autorizante de la escri-tura o acta correspondiente asevere que conoce y considera legítimas tales firmas.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6a ed., Tomo II, 1968, pág. 588. La Resolución de 7'de fe-brero de 1902 sostiene el criterio de Roca Sastre. Se afirma en ella que “si bien no hay precepto alguno que establezca que los documentos expedidos por el Banco de España que hayan de surtir efecto fuera de la demarcación de la Audien-cia Territorial de Madrid deban legalizarse, parece natural que se legalicen, puesto que de algún modo se ha de garanti-zar su autenticidad; y en este supuesto es evidente que las firmas que suscriben la carta de autorización y los demás documentos que justifican la personalidad del expresado Director deben legitimarse, conforme a lo dispuesto en los artí-culos 91 y anteriores del Reglamento del Notariado.” Roca Sastre y Molina Juyol, Jurisprudencia Begistral, Tomo III, 1953, pág. 896.

La legitimación de firmas a que se refieren Roca Sastre y la Resolución de 7 de febrero de 1902 envuelve la función autenticadora del notario. Castán específicamente incluye en-tre los actos que exigen instrumentación notarial, no sólo para facilitar la demostración del acto o negocio, sino tam-bién para dar a éste una forma que ha de ser base de su efi-cacia, la autorización de actas de juntas de sociedades de capital. Castán Tobeñas, Función Notarial y Elaboración Notarial del Derecho, Ed. Reus, Madrid, 1946, pág. 55. Al mismo efecto: Sanahua y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Tomo II, 1945, pág. 133 y ss., Tomo 1,1945, pág. 43 y ss.

Los documentos complementarios no tienen que ser pú-blicos. Del hecho que no tengan que ser públicos no se des-prende, sin embargo, que pueda en todo caso prescindirse de todas las solemnidades que se les exigen a éstos. La legitima-ción de las firmas en determinados documentos complementa-rios puede requerirse sin que se les convierta en públicos. El propio Reglamento Hipotecario Español de 14 de febrero de 1947 reconoce que hay documentos complementarios nota-riales y documentos complementarios no notariales. Art. 51, ordinal 10. Casero Fernández, Leyes Hipotecarias y Legislación Complementaria, Aguilar, Madrid, 1969, pág. 513. Véanse también los Arts. 166(11) y 193(4) de dicho Reglamento. Nuestro actual Reglamento, que data del 14 de julio de 1893, también distingue entre ambos tipos de docu-mentos complementarios. Véase, por ejemplo, el Art. 126(13), 30 L.P.R.A. see. 1006(13).

Adoptamos en esta jurisdicción el criterio reflejado por Castán, Roca Sastre y por la Dirección General de los Registros en su Resolución de 4 de enero de 1902. Consideramos que dicha posición facilita la seguridad en el tráfico mercantil y fomenta el principio de la legitimidad registral. Como ha señalado Castán, la participación del notario inviste los actos en que interviene de una presunción de veracidad que los hace aptos para imponerse por sí mismos en las relaciones jurídicas y para ser impuestos, por su propia virtualidad, por el poder coactivo del Estado. Op. cit., pág. 54. Resolvemos en consecuencia que deben legalizarse las firmas en las certificaciones expedidas por los funcionarios apropiados de una corporación para acreditar su autoridad como otorgantes de una escritura.

Ello no se hizo originalmente en este caso, pero se sub-sanó el defecto ya que, según hemos indicado, la recurrente radicó a tiempo, a los cinco días de la notificación legal de la anotación preventiva, la resolución notarizada que el Ke-gistrador le exigió correctamente. Por razón de lo cual se ins-truye al Registrador a inscribir la escritura de hipoteca ob-jeto del presente recurso, con la prioridad que corresponda a su asiento de presentación.

       Ejemplos de documentos complementarios no notariales lo son las certificaciones de los diversos registros públicos y los dictámenes de los tribunales de justicia. Véase: Roca Sastre, op. cit., 6a ed., Tomo II, 1968, pág. 587.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Paul Dolce, acusado y apelante.

      Número: CR-76-9

      Resuelto: 13 de diciembre de 1976

      Jorge Arroyo Fernández, abogado del apelante; Miriam Na-veira de Rodón, Procuradora General, y Rolando Rodríguez Ossorio, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Exige este caso el examen del alcance de la garantía cons-titucional contra registros e incautaciones irrazonables cuando, al detenerse al conductor de un vehículo por violación a las leyes de tránsito, se descubre prueba dentro del auto-móvil sobre la comisión de otro delito.

Mientras un automóvil oficial de la policía patrullaba de noche las calles del Viejo San Juan, se encontró un vehículo que itransitaba por la Calle Comercio en dirección opuesta al tráfico autorizado. El agente lo detuvo y le solicitó al chófer, Henry Dumornay, que le mostrase su licencia de conducir. Dumornay contestó que no tenía licencia. El policía le indicó que en tales circunstancias debía acompañarle a la Sala de Investigaciones. Al descender Dumornay del vehículo se en-cendió el interior del mismo y el agente vio en el asiento de-lantero una bolsa de tela, la cual, conforme su declaración, contenía por encima picadura de supuesta marihuana. Ob-servó también que en el piso de la guagua, en la parte de-lantera, había un paquete cuadrado y que en el asiento tra-sero, donde viajaba el apelante, Paul Dolce, se hallaba una bolsa de papel grande con paquetes en su interior. El agente le preguntó a Dumornay sobre el contenido de los paquetes y éste se quedó callado, titubeando un poco. El policía tomó entonces un paquete, lo olfateó, sospechó que contenía marihuana y le dijo en consecuencia al apelante que él también estaba detenido. El apelante se dio inmediatamente a la fuga, siendo apresado horas más tarde. Mientras tanto se condujo a Dumornay con el vehículo al cuartel, donde se le entregaron los paquetes al químico. Había setenta y dos paquetes dentro de los observados originalmente por el policía. El químico concluyó que los paquetes contenían marihuana.

Se acusó al apelante por infracciones a la Ley de Sus-tancias Controladas. Se le halló culpable en juicio por tribunal de derecho y se le condenó a cumplir concurrentemente sentencias de ocho a doce años de reclusión en presidio. El apelante sostiene ante nos que se le condenó a base de prueba obtenida en violación a lo dispuesto en la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos y de la Sec. 10 dej Art. II de la Constitución de Puerto Rico. El planteamiento del apelante encierra un problema de índole procesal, otro de método y una cuestión de naturaleza sustantiva.

I

El problema procesal.

La moción de supresión de evidencia se interpuso por el apelante al terminar de desfilar la prueba de cargo. La Regla 234 de las de Procedimiento Criminal ordena que este género de moción “se hará cinco días antes del juicio a menos que no hubiere oportunidad para ello o que el acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal.” Esta Regla, derivada principalmente de los Arts. 517, 518 y 518A del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, es distinta a sus equivalentes federales, las Reglas 12 y 41(e) y (f), las cuales se aproximan al procedimiento modernamente recomendado por el Instituto Americano del Derecho. El Instituto no le impone al acusado obligación alguna de radicar la moción de referencia antes del juicio a menos que el Ministerio Público le notifique formalmente que ha de utilizar determinada prueba. En adición, el tribunal tiene amplia discreción para permitir la moción de supresión durante el juicio. American Law Institute, A Model Code of Pre-Arraignment Procedure, 15 de abril de 1975, sec. 290.1. Véase: Henry v. Mississippi, 379 U.S. 443 (1965).

En el caso de autos, por haber surgido de la prueba del fiscal la posible ilegalidad de la obtención, es invocable la tercera excepción establecida en la Regla 234.

En Pueblo v. Nieves, 67 D.P.R. 305, 307-308 (1947), se-ñalamos que “si mientras se presenta la prueba de cargo surge del examen directo o del de repreguntas que la eviden-cia fue ilegalmente obtenida — como hemos supuesto en el presente caso — y por lo tanto, no es necesario detener los pro-cedimientos en el caso criminal para resolver una cuestión colateral, el acusado puede objetarla, a pesar de que antes del juicio hubiera tenido conocimiento de que tal evidencia se intentaba presentar en su contra y aunque previamente al juicio hubiera solicitado tal supresión y la moción para supri-mirla hubiese sido denegada.” A continuación añadimos, ci-tando a Gouled v. United States, 255 U.S. 298, 313 (1921): “No debe permitirse que una regla de procedimiento por cual-quier razón técnica prevalezca sobre un derecho constitu-cional.” Loe. cit. Al mismo efecto que Nieves, véanse Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146, 149 (1964); Pueblo v. Barrios, 72 D.P.R. 171, 173-174 (1951); Pueblo v. Villariny, 71 D.P.R. 741, 745-746 (1950) y Pueblo v. Pierantoni, 67 D.P.R. 806, 808 (1947). El caso de autos presenta una situa-ción de hechos análoga a la de Nieves y en consecuencia se rige por su norma.

b — I HH

El problema de método.

La garantía contra los registros y allanamientos irra-zonables ha atravesado en el curso de su accidentada historia diversos períodos de contracción y ampliación. Como los ríos, se ensancha y se estrecha, se seca y se desborda y a veces hasta cambia de rumbo. Landynski, Search and Seizure and the Supreme Court, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1966. Lo curioso es la fidelidad con que nuestra doctrina usualmente ha calcado en diversas fases las vueltas y revuel-tas de estas aguas en el derecho federal norteamericano. In-formes de la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, vol. I, pág. 41S (1973). Esto no ha sucedido en varias jurisdicciones estatales, lo que nos fuerza a explorar brevemente la relación entre la Enmienda Cuarta y sus equivalentes en otros textos constitucionales que tam-bién amparan a los ciudadanos de los Estados Unidos. Ello es indispensable para la selección del método a seguir en el análisis del problema que nos ocupa.

Los principios rectores de esta relación son claros. La Enmienda Cuarta describe el ámbito mínimo de la garantía que reconoce. Los estados no pueden achicar esas fronteras, pero pueden expandirlas. En United States v. Robinson, 414 U.S. 218 (1973) y Gustafson v. Florida, 414 U.S. 260 (1973), por ejemplo, casos a que aludimos más tarde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos redujo considerablemente la protección del ciudadano en el caso de registros de la persona incidentales a un arresto legal. La reacción de varios estados ha sido negativa, rehusando adoptar estos fallos en la inter-pretación de sus propias constituciones. En People v. Brisendine, 531 P.2d 1099, 1111-1112 (Cal. 1975), se afirmó:

“Queda por considerar si debemos atenernos a nuestros pre-cedentes sobre este particular, aunque impongan estándares más altos que los que ahora requiere Robinson. Nuestro de-recho a hacerlo no puede cuestionarse. . . . (E)l Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha aceptado claramente que los tribunales estatales son los árbitros finales del derecho esta-dual, aunque se trate de disposiciones constitucionales textual-mente páralelas, a menos que la interpretación estatal pretenda restringir las libertades que la Carta federal le garantiza a la totalidad de la ciudadanía.
Este tribunal ha asumido siempre la vitalidad independiente de la Constitución de nuestro estado. En cuestiones de registros y allanamientos nuestras decisiones se han asemejado a menudo al derecho federal, pero nunca ha existido duda de que esta similaridad ha sido más bien producto del libre arbitrio que de sentido alguno de compulsión.” (Traducción nuestra.)

En State v. Kaluna, 520 P.2d 51, 58 (Hawaii 1974), se rechazó también a Robinson y Gustafson señalándose:

“Al interpretar la constitución de Estados Unidos debemos, por supuesto, seguir las expresiones aplicables del Tribunal Supremo de Estados Unidos... .
No obstante, como el tribunal de última instancia de este estado, esta Corte tiene autoridad final para interpretar y aplicar la Constitución de Hawaii. No hemos vacilado en el pasado en extender la protección de la Carta de Derechos de Hawaii más allá del palio de disposiciones textualmente para-lelas de la Carta federal de Derechos cuando la lógica y la de-bida consideración del propósito de tales garantías así lo han exigido.” (Traducción nuestra.)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido expresamente la facultad de los estados federados para expandir la garantía contra registros y allanamientos ilegales más allá de los límites de la Enmienda Cuarta. Cooper v. California, 386 U.S. 58, 62 (1967); United States v. Sibron, 392 U.S. 40, 60-61 (1968).

¿Goza la Constitución de Puerto Rico de vitalidad inde-pendiente, al igual que la de los estados federados? La tiene, según doctrina de este Tribunal por considerable tiempo. En cuanto a Puerto Rico concierne este Tribunal ha adop-tado criterios constitucionales a la vanguardia de los enun-ciados en algunos de los dictámenes del Tribunal Supremo de ios Estados Unidos. Así reconocimos el derecho a un acusado de delito menos grave a estar representado por abogado mucho antes de Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963) y Rivera Escuté v. Delgado, 80 D.P.R. 830 (1958). A ese efecto expresamos en Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731, 734 (1964):

“Este Tribunal ha mantenido una posición de avanzada, no aventajada por nadie, en materia del derecho de los acusados a tener asistencia legal. Aun cuando Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 (1932) se limitó en su expresión a casos de delitos capitales o muy graves, este Tribunal ha reconocido ese de-recho en cuanto a todo delito, las faltas leves inclusive. Puede decirse que no fue hasta casi los otros días que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, resuelto en 18 de marzo de 1963, revocó su deci-sión en Betts v. Brady, emitida y en vigor desde el año 1942, en que se había establecido que constitucionalmente un Estado no venía obligado a proveerle asistencia legal en el juicio a un acusado en todas las ocasiones y bajo cualquier circunstan-cia. Este Tribunal ha garantizado el derecho a la asistencia de abogado en todo momento de procedimiento criminal, inclu-yendo la lectura de la acusación misma, antes de que se resol-viera Hamilton, y provee esa asistencia en apelación aun antes de que se resolviera Douglas.”

Veánse: Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29 (1961) y Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965).

La historia de la garantía contra los registros irrazo-nables ofrece un ejemplo vivido de la necesidad de esta posi-ción. La forma de la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico sobre el particular que nos ocupa es análoga a la de la Enmienda Cuarta, pero el contenido es distinto. Ambas disposiciones respondieron a circunstancias diferentes y es natural que su interpretación se atenga, dentro del marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, a las realidades cam-biantes de una y otra sociedad.

El pueblo de Estados Unidos llevaba largos años de goce de la libertad contra los registros irrazonables cuando comen-zó a asomar aquí la promesa de su disfrute. Desconocimos totalmente esa garantía durante los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho y el siglo diecinueve fue trágico teatro de esfuer-zos, mayormente fallidos, por disfrutar, al menos hasta el punto en que se le conocía en España, esta libertad.

La Constitución de Cádiz de 1812, la cual rigió en Puerto Rico de 1812 a 1814 y de 1820 a 1823, reconocía la libertad contra registros irrazonables, aunque de modo un tanto cauteloso. En el tercer momento liberal, cuando se adopta la Constitución de 1837, la cual incluyó en su Título Primero, Arts. 7 y 8, una versión aún más pálida de la garantía que la expuesta en la Constitución gaditana, se excluyó paradójica-mente a Puerto Rico de sus términos. Igual ocurrió en 1845 al no extenderse tampoco la Constitución de dicho año a los territorios de Ultramar. No es hasta 1869 que una Constitu-ción española contiene una verdadera Carta de Derechos, pero no se logró su extensión, con ciertas limitaciones, a Puerto Rico hasta el advenimiento de la República en 1873. Con la restauración de la monarquía al año siguiente todo se vino abajo, sin.embargo, y entre las metas principales del Partido Liberal Reformista hubo que incluir nuevamente la aplica-ción a Puerto Rico del Título Primero de la Constitución de 1869. Luego advino, en 1876, la última Constitución española del siglo diecinueve. Era de signo abiertamente conservador. La Carta de Derechos de esta Constitución fue tan solo pía declaración de principios, inoperantes en ausencia de leyes específicas que los validaran. Aún así, no se extendió la Cons-titución de 1876 a Puerto Rico hasta el 2 de abril de 1881 y no se hicieron aplicables a Puerto Rico las leyes dictadas para hacer efectivas sus disposiciones. Esto explica la aparente anomalía de que el Partido Autonomista reclamase la aplica-ción al país de la Carta de Derechos. La extensión a Puerto Rico de dicha parte de la Constitución de 1876 había sido puro teatro y lo siguió siendo hasta 1897. No fue hasta el propio día en que se promulgó la Carta Autonómica en que, por decreto separado, se extendieron a Puerto Rico y Cuba, aunque no en su totalidad, las leyes necesarias para darle vida al Título I de la Constitución de 1876.

Al aprobarse la Ley Foraker en 1900, permanecieron defi-ciencias del período de gobernación militar. En adición, la Carta Orgánica que oportunamente se aprobó para las Islas Filipinas, 32 Stat. 54, 57° Cong. 1a Ses., Cap. 140, contenía una Carta de Derechos. La de Puerto Rico no. El 27 de febrero de 1902 se aprobó una ley local para llenar este vacío, la que se reforzó con la doctrina de los Casos Insula-res, pero no fue hasta 1917, después de repetidos plantea-mientos, que el Congreso de Estados Unidos adoptó en la Ley Jones una Carta de Derechos completa para el país. Treinta y cinco años después se reconoce el derecho del pueblo puerto-rriqueño a formular su propia Constitución.

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El problema sustantivo.

Es esencial para la recta solución de este caso resolver si rige o no en Puerto Rico la doctrina de que es válido todo re-gistro que sea incidental a cualquier arresto legalmente efec-tuado. La suerte que ha sufrido esta doctrina a través de los años en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ilustra pre-cisamente la naturaleza pendular, las sucesivas hinchazones y encogimientos, del derecho en este campo. En Marrón v. United States, 275 U.S. 192 (1927), la doctrina recibió una formulación muy amplia. En Go-Bart Importing Co. v. United States, 282 U.S. 344 (1931) y United States v. Lefkowitz, 285 U.S. 452 (1932), se limitó severamente a Ma-rrón, expandiéndose en consecuencia la garantía de la Enmienda Cuarta. En Harris v. United States, 331 U.S. 145 (1947), se abandonó a Go-Bart y a Lefkowitz. En Trupiano v. United States, 334 U.S. 699 (1948), se rechazó a Harris. En United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 (1950), se revocó a Trupiano y se validó el registro sin orden de allana-miento de una oficina de una sola habitación, incluyendo la apertura del escritorio, los archivos y la caja fuerte, por esti-marse todo ello incidental a un arresto válido. Es en R'abino-witz donde expresó el Juez Frankfurter, en opinión disidente, que el modo en que se enfoque la Enmienda Cuarta afecta necesariamente su análisis. “Al considerar la Enmienda Cuarta, existe una gran diferencia entre, de un lado, recono-cer su esencia, a saber, ser una salvaguarda contra la repe-tición de abusos tan hondamente sentidos por las colonias como para convertirse en una causa potente de la Revolución, y, de otro lado, concebirla tan solo como la imposición del requisito de un trozo de papel.” 339 U.S. 56, 69. (Traduc-ción nuestra.)

Rabinowitz y Harris fueron objeto de intensa crítica. Way, Increasing Scope of Search Incidental to Arrest, 1959 Wash. U.L.Q. 261; Note, Scope Limitations for Searches Incident to Arrest, 78 Yale L.J. 433 (1969); Note, The Supreme Court 1966 Term, 81 Harv. L. Rev. 69, 117-122 (1967). Se movió el péndulo otra vez en la dirección contraria y en Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969), se revocó expresamente a Rábinowitz y a Harris. Chimel sostiene en resumen que puede registrarse tanto a una persona arres-tada legalmente, en búsqueda de armas o de evidencia del crimen, como el área bajo su control inmediato. Se entiende que el área bajo el control de la persona arrestada es la zona donde ésta puede obtener posesión de un arma o destruir evidencia del crimen.

En United States v. Robinson, 414 U.S. 218 (1973) y Gustafson v. Florida, 414 U.S. 260 (1973), se continúa él movimiento oscilatorio. Al menos en lo que toca al registro de la persona en sí, se ha permitido en el caso específico de arrestos por violación a las leyes de tránsito el registro indis-criminado en búsqueda de evidencia de cualquier crimen. En Chimel se había impuesto una sola regla para tanto el regis-tro de personas como el de la zona bajo su control inmediato. Existe considerable posibilidad de que Robinson y Gustafson se extiendan en el futuro, como antes Chimel, a ambas situa-ciones. Véase, por ejemplo, el amplio lenguaje utilizado en United States v. Edwards, 415 U.S. 800, 802-803 (1974). Algunas cortes federales y estatales ya han dado este paso, a veces mencionando y otras sin mencionar, estas decisiones. United States v. Bertucci, 532 F.2d 1144 (7th Cir. 1976); United States v. Lewis, 504 F.2d 92 (6th Cir. 1974); United States v. Nevárez-Alcantar, 495 F.2d 678, 682 (10th Cir. 1974); United States v. Kaye, 492 F.2d 744, 746 (6th Cir. 1974); People v. Weintraub, 320 N.E.2d 636, 638 (N.Y. 1974). Robinson y Gustafson achican extraordinariamente el ámbito de la Enmienda Cuarta. Ya hemos visto como California y Hawaii se han negado a adoptar la regla de estos dos casos al interpretar disposiciones paralelas de su Cons-titución. Hasta cortes federales han intentado aminorar con destreza el impacto de Robinson y Gustafson. Véase: Zweibon v. Mitchell, 516 F.2d 594, 628-630, n. 89 (Cir. D.C. 1976).

En Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622, 627 (1964), resuelto a raíz de Preston v. United States, 376 U.S. 364 (1964), antecesor de Chimel, rechazamos expresamente la regla que un arresto legal convalida ipso facto un registro o una incautación sin orden. Afirmamos al efecto que la See. 10 del Art. II de nuestra Constitución “protege a la ciuda-danía contra un registro que, aunque legal, sea irrazonable” (pág. 626) y añadimos que “el hecho de que el registro sea legal — como se alega en este caso, por ser incidental a un arresto válido — no significa necesariamente que sea razona-ble.” (Pág. 627.) Señalamos finalmente: “También parece conveniente advertir que en ausencia de circunstancias espe-ciales, la mera comisión de una infracción menor de tránsito no autoriza un registro de vehículo. Debe existir, repetimos, una justificación adecuada para ello.” (Págs. 631-632.)

En casos subsiguientes hemos tenido ocasión de elaborar las normas sentadas en Sosa. En Pueblo v. de Jesús Robles, 92 D.P.R. 345, 359 (1965), intentamos resumir así la situación:

“ (1) La legalidad de un registro sin orden de allanamiento depende de si el registro es razonable y esto a su vez depende de los hechos y circunstancias — la atmósfera total — del caso.
(2) Existe una distinción entre lo que es un registro razo-nable en el caso de un automóvil y en el caso de una residencia o local fijo, pero tal distinción no ha eliminado el requisito de causa probable.
1(3) Una mera infracción menor de tránsito no justifica el registro de un automóvil.
(4) Pero circunstancias especiales pueden proveer la jus-tificación necesaria, en adición a una infracción de tránsito.”

En Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1971), resuelto después de Chimel, nos expresamos sobre las circunstancias especiales que dictan la razonabilidad de un registro del área bajo el control inmediato de la persona arrestada. Dijimos allí:

“1. Es permisible un registro sin orden de allanamiento efectuado en la persona del arrestado y del área que está a su alcance inmediato. Como hemos dicho antes, esto se justifica para ocupar armas que puedan ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a los agentes del orden público o para intentar una fuga, y para ocupar evidencia que de otro modo el arrestado podría destruir.
2. No es permisible un registro sin orden de allanamiento, aunque sea contemporáneo con un arresto válido, de aquellos lugares y muebles de una casa que no estén al alcance inme-diato de la persona arrestada. . . . Esa búsqueda que no tiene por propósito evitar los riesgos antes mencionados (agresiones con armas, fuga, destrucción de evidencia) no son registros razonablemente hechos con motivo de un arresto y por lo tanto están proscritos por la Sec. 10 del Art. 2 de la Constitución de Puerto Rico y por la Enmienda IV de la Constitución de Esta-dos Unidos.”

Nos reafirmamos en la regla de Sosa, de Jesús Robles y Costoso Caballero de que en Puerto Rico no rige la doctrina convalidando todo registro que sea incidental a cualquier arresto legalmente efectuado. Estamos conscientes de que los casos en que se invoca la garantía contra los registros y allanamientos irrazonables plantean problemas centrales de la administración de la justicia en una sociedad democrática. En este género de casos, como en tantos otros, hay colisión de intereses y nuestra tarea es luchar por hallar los modos de propiciar la armonía entre ellos. De un lado tenemos el interés histórico en proteger al ciudadano de los desmanes que provocaron en primer término el establecimiento de la garantía. Del otro, se halla el interés en proteger a la sociedad de los estragos del crimen. Consideramos que el método más deseable de lograr el equilibrio necesario no consiste en la formulación de reglas mecánicas, excesivamente abarca-doras, como la que hemos venido discutiendo. Debemos dis-tinguir entre categorías de situaciones, adentrarnos en la atmósfera total de cada caso para hallar el significado pre-ciso, dentro de unas circunstancias específicas, de un con-cepto tan elusivo y volátil como es el de la razonabilidad. Nuestra tarea es conciliar los intereses en pugna y no per-mitir que uno pulverice al otro. El sistema democrático de vida se funda en la libertad con orden, no en el orden sin libertad o en la libertad que lleve al caos.

No es resolvible este caso, por tanto, con la mera invocación de la legalidad del arresto. Tenemos que enfrentarnos al problema directo de la razonabilidad de la incautación.

La incautación ocurre tras un arresto por dos violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito: conducir un vehículo en dirección contraria a la autorizada y hacerlo sin poseer li-cencia de conductor. Aun calificando de menores estas in-fracciones para los fines que nos ocupan, debe decidirse si se dieron aquí, sin embargo, circunstancias especiales adiciona-les que provean la justificación necesaria para la incautación y el registro. Se habrá advertido que el agente en este caso vio picadura de supuesta marihuana encima de un paquete en el asiento delantero. El agente no registró el vehículo o se in-cautó de nada al principio. Fue al encenderse la luz interior del automóvil que inadvertidamente percibió los paquetes y observó lo que le pareció picadura o semillas de marihuana. Fue en tales circunstancias que olfateó un paquete y, por el entrenamiento general que se recibe en la Academia de la Policía, confirmó que en efecto podía contener marihuana. De inmediato puso bajo arresto al apelante y éste se dio a la fuga.

Estimamos que en las circunstancias concretas des-critas, fue razonable la actuación del agente y que no se vio-laron los derechos del apelante bajo las disposiciones de la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado. Es indispensable, no obstante, exponer la base teórica de tal conclusión para aclarar la justa dimensión de la pauta sentada y evitar su aplicación indebida.

Este caso envuelve, como se habrá podido ver, el uso de la doctrina sobre la prueba a plena vista, la cual se ha rodeado de diversas salvaguardas para evitar los males que puede desatar. En Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974), ya señalamos los peligros de que declaraciones sobre el acto-ilegal-a-plena-vista, en transacciones que normalmente se amparan en la clandestinidad, pueden degenerar en testimonio estereotipado. Expusimos allí, entre otras, que “tanto los casos de la-evidencia-abandonada-o-lanzada-alsuelo como los casos del acto-ilegal-a-plena-vista deben, en ausencia de otras consideraciones, inducir sospecha de la posible existencia de testimonio estereotipado.” (Pág. 378.) Debe recordarse, además, que la doctrina en sí, a pesar de que sus contornos no están todavía completamente definidos, impone otros requisitos para justificar su utilización. Tales requisitos pueden resumirse así:

1) El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un registro. Véase: United States v. Lee, 274 U.S. 559 (1927).

2) El agente que observe la prueba debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la cual podía verse tal prueba. Véanse: Harris v. United States, 390 U.S. 234 (1968); Ker v. California, 374 U.S. 23 (1963).

3) Debe descubrirse el objeto inadvertidamente. Véanse: Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); Trupiano v. United States, 334 U.S. 699 (1948).

4) La naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación. Véanse: Stanley v. Georgia 394 U.S. 527 (1969).

Respecto a esta doctrina, enfocada desde el punto de vista de la Enmienda Cuarta, véase: Lewis and Mannle, Warrantless Searches and the “Plain View” Doctrine: Current Perspective, 12 Crim. L. Bull. 5 (1976).

En el caso de autos se produjeron las circunstancias que justifican la aplicación de la doctrina, cumpliéndose los requisitos mencionados y venciéndose la sospecha que necesa-riamente surge en torno a testimonios del género aquí en-vuelto.

Se confirmará en consecuencia la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Rigau, Torres Rigual y Martín concurren en el resultado.

       Compárese: De Castro v. Board of Commissioners, 322 U.S. 451 (1944).

       Veáse el Art. 306 de la Constitución de Cádiz; En Tierno Galván, E., Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1936), ed. Tecnos, Madrid, 1968 y en otras colecciones pueden consultarse los textos consti-tucionales pertinentes.

      La decisión de este caso sobre la base expresada en él no excluye en modo alguno la aplicación de otras teorías firmemente establecidas para medir la razonabilidad del registro de un automóvil, a distinción del regis-tro de un hogar. Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925); Cooper v. California, 368 U.S. 58 (1967) y Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42 (1970). Compárese: Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976).