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author: per curiam:

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text:
      In re John Medina Lugo.

      Número: CP-92-395

      Resuelto: 16 de mayo de 1994

      Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, Ivonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, y Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, abogados de El Pueblo; John Medina Lugo, pro se; Enrique Rivera Santana, Comisionado Especial.
   per curiam:

HH

La Procuradora General presentó una querella discipli-naria contra el abogado John Medina Lugo, en la cual le imputaba una infracciones éticas dimanantes de su fun-ción pública como notario y por no ajustarse a la veracidad de los hechos al redactar documentos.

Previo a los trámites de rigor, el Comisionado Especial, Ledo. Enrique Rivera Santana, formuló las determinacio-nes de hecho siguientes:

1. El 16 de septiembre de 1988, don Teodoro Ortiz Ocasio compareció a la Oficina Notarial del querellado, Ledo. John Medina Lugo, con el propósito de autorizar una declaración jurada por la que Erasmo Ocasio Serrano afirmaba que la Sra. Provi-dencia Rijo había trabajado en su finca durante algún tiempo en el año 1985. La declaración se otorgó bajo el affidavit nú-mero 2845 del libro de affidavit del notario John Medina Lugo. El texto completo de la declaración (Apéndice I del Informe del Procurador —documento estipulado por las partes) es el si-guiente:
“I, Erasmo Ocasio Serrano, of legal age, U.S. citizen, farmer, employer Social Security No. 66-025-03-07, resident of Bo. (Ward) Bauta Abajo, Orocovis, Puerto Rico, with mailing address HC-01, Box 6615, Orocovis, Puerto Rico, 00720, under oath declare:
First: That my personal circumstances are true and correct as stated above.
Second: That I am a bonafide farmer, owner of a farm located at Bo. Bauta Abajo, Road 590, Km. 5.5, Orocovis, P.R.
Third: That the above farm is formed by 75 Cuerdas (land measure exclusive of Puerto Rico, equivalent to 4,810 square yards each) of which 30 Cuerdas are dedicated to the planting and harvesting of coffee and other minor fruits.
Fourth: That every year I have to hire new personnel to-work in the farm, planting and harvesting coffee and other minor vegetables.
Fifth: That MRS. PROVIDENCIA RIJO worked on the aforementioned farm from July 19, 1985 to December 23, 1985, harvesting coffee and other minor fruits.
Sixth: That MRS. PROvidencia Rijo works period, covered over 90 man-days prior to May 1, 1986.
Seventh: That MRS. PROVIDENCIA RIJO was earning a salary of Eighty ($80.00) dollars per week in cash, plus room and board. I did not record of the payments due to her illegal situation.
Eight: That I can recommend MRS. PROVIDENCIA RIJO in a favorable manner, being that during the time I have known her, she has observed a very respectfull behavior and is very well dedicated to her job.
Ninth: That everything stated above is the truth to the best of my knowledge, and I am willing to personally corroborate, if so needed.
Signed: Erasmo Ocásio Seerano
Affidavit No. 2845
Sworn and signed before me by MR. ERASMO OCASIO SERRANO, in Santurce, Puerto Rico, on this 16th day of September of the year 1988.
Signed: John Medina Lugo
Notary Public”
2. Aunque el Notario dio fe de que el documento lo firmó ante él don Erasmo Ocasio Serrano, esa no era la realidad. La persona que firmó la declaración con el nombre de Erasmo Ocasio Serrano, lo fue su hijo Teodoro Ocasio Ortiz. Don Erasmo Oca-sio Serrano había fallecido el 28 de septiembre de 1966 ( — ver Apéndice II del Informe del Procurador— estipulado por las partes).
3. Para la fecha en que se suscribió ante el querellado la declaración jurada que antes se alude (Affidávit 2845), éste sa-bía que don Erasmo Ocasio Serrano había fallecido. El Notario había tenido ante sí copia de la declaración de herederos del finado.
4. El 5 de octubre de 1988 se suscribió otra declaración ju-rada ante el querellado (Apéndice I del Informe del Procurador —documento estipulado por las partes — ), con idéntico texto al que antes se transcribió, excepto que éste se hizo para beneficio de la Sra. Mireya Sierra. La declaración la firmó también el Sr. Teodoro Ocasio Ortiz, con el nombre de su finado padre, don Erasmo Ocasio Serrano. El Notario dio fe de que fue el fenecido Ocasio Serrano quien firmó la declaración ante él. La declara-ción lleva el número 2923 del Registro de Affidavits del Notario John Medina Lugo.
5. En la misma fecha de 5 de octubre de 1988 se suscribió otra declaración (Affidávit 2924, ver Apéndice I del Informe del Procurador —documento estipulado por las partes — ), con idén-tico texto, para beneficio de Altagracia Julia Jiménez Gómez. La declaración fue suscrita por Teodoro Ocasio Ortiz, a nombre del finado Erasmo Ocasio Serrano. El Notario dio fe de que la persona muerta había firmado en su presencia.
6. Otra declaración jurada idéntica se suscribió bajo iguales circunstancias el 18 de octubre de 1988, para beneficio de don Juan Bautista Francisco. (Affidávit 2970). El 24 de octubre se suscribió otra idéntica, también en iguales circunstancias, para beneficio de Josefa Hernández (Affidávit 2893). Otras tres, nue-vamente con idéntico texto, se suscribieron el 30 de noviembre de 1988 (Affidávit 3027, 3028, 3033) para beneficio de Apolinar Moreta Herrera, Samuel Cárdenas Pacheco y Féliz (sic) Fer-nández Belén, respectivamente. Otra declaración más, también con texto idéntico, se suscribió el 15 de noviembre de 1988 (Affi-dávit 3077 para beneficio de Eladio Cuevas Peña. (Véase declaraciones en Apéndice I del Informe del Procurador —docu-mentos estipulados por las partes — ). En todas estas declara-ciones el Notario dio fe de que firmó ante él don Erasmo Ocasio Serrano, cuando la realidad fue que quien firmó con el nombre de Erasmo Ocasio Serrano fue Teodoro Ocasio Ortiz. (Este he-cho también fue estipulado por las partes). El Notario sabía, como antes se concluyó, que don Erasmo Ocasio Serrano había fallecido en el año 1966. (Énfasis suplido.) Informe del Comisio-nado Especial, págs. 4-7.

I-H I — \

Ciertamente, el notario Medina Lugo violó flagrantemente la Ley Notarial de Puerto Rico en varias ocasiones. En especial, su Art. 2 expositivo de que:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una fun-ción pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extra-judiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la volun-tad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos, que en el ejercicio de su función personalmente ejecute o com-pruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 2002.

Legitimó la firma como de Erasmo Ocasio Serrano, arm cuando sabía que éste había fallecido previamente y quien firmaba las declaraciones juradas era Teodoro Ocasio Ortiz.

Reiteradamente hemos resuelto que “ ‘[l]a fe pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documentar. [Cuando se quiebra, todo el sistema se afecta]”. In re Rodríguez Gerena I, 132 D.P.R. 693, 697 (1993). Véanse: In re Nieves Rivera, 124 D.P.R. 803 (1989); In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987); In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

H-i HH h — I

En cuanto a la dación de la fe notarial, “repetidamente hemos advertido a los notarios de su obligación de cumplir estrictamente con lo preceptuado en la Ley Notarial [de Puerto Rico]. Deben ser exigentes y abstenerse de dar fe notarial de declaración jurada si la persona que va a otorgar el documento o la declaración jurada no ha comparecido personalmente”. In re González González, supra, pág. 499. Véase In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848, 849 (1977). Ya en Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979), seguido en In re Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448, 451 (1990), habíamos dicho que “[e]l mecanismo para lograr correspondencia real y legítima entre persona y firma, es exigiendo la ley la comparecencia y conocimiento por el notario. En otras palabras, la fe de conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes en el otorgamiento”. (Enfasis suplido.) Véase In re Rodríguez Gerena I, supra. “Sin la fe del conocimiento, sobran los notarios. Por ende, su inobservancia es una falta grave sujeta a estrictas medidas disciplinarias.” (Enfasis suprimido.) In re Feliciano Crespo, 132 D.P.R. 69, 71 (1992).

La conducta del Ledo. Medina Lugo se apartó del deber de honradez y sinceridad que le impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En resumen, la intervención del licenciado Medina Lugo en las declaraciones juradas señaladas constituyó una se-ria violación a la fe pública y a la función notarial que estamos comprometidos a guardar. In re Maldonado Rivera, 133 D.P.R. 207 (1993); In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987); In re Pedraza González, 118 D.P.R. 87 (1986); In re Aponte Arché, 117 D.P.R. 837 (1986); In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Se trata de un patrón repetitivo, incompatible con el ejercicio de la abogacía y el notariado. Tomamos conoci-miento judicial de nuestro Per Curiam suspendiéndolo in-definidamente el 26 de octubre de 1993 por razón de haber sido sentenciado en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por endosar falsamente un cheque federal.

En estas circunstancias, procede dictar sentencia, esta vez, decretando que su separación sea permanente.

La Juez Asociado Señora Naveira de Rodón no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton con-curre con el resultado sin opinión escrita.

       Aunque esta fecha es anterior al 30 de noviembre de 1988, el número de afidávit es más alto que los de las declaraciones que se firmaron el 30 de noviembre.

        “Canon 35. Sinceridad y honradez

      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
      “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establezca u ocultar alguna que le es conocida.
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testi-gos, al redactar afidávits u otros documentos y al presentar causas. El destruir evi-dencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.


text:
      In re Ángel R. Albizu Merced.

      Número: AB-94-3

      Resuelto: 17 de mayo de 1994

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ángel R. Albizu Merced, pro se.

   per curiam:

HH

El 11 de enero de 1994 el Procurador General nos some-tió un informe en relación con una queja presentada por la Sra. Claudia Marinelly Mármol contra el Lie. Ángel Albizu Merced. En el mismo expresó que el 28 de mayo de 1987, la señora Marinelly Mármol compareció a su oficina y alegó que allá para 1984, el querellado, licenciado Albizu Mer-ced, fue contratado por el Sr. Pedro Manolín García para que autorizara una escritura de segregación y compra-venta, en la cual ella comparecería como adquirente de una propiedad del señor García. Expresó que, desde entonces, había tratado infructuosamente de comunicarse con el li-cenciado Albizu Merced para obtener una copia de la escri-tura otorgada y prueba de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

El 18 de agosto de 1987 el Procurador General le envió una carta al licenciado Albizu Merced informándole de la queja presentada en su contra. El 9 de septiembre de ese mismo año el licenciado Albizu Merced contestó alegando que el atraso en la presentación e inscripción de la parcela se debió a que “[l]a Administración de Reglamentos y Per-misos [A.R.Pe.] como condición para la inscripción de los solares en el Registro de la Propiedad exi[gía] la Cesión de un Camino Público al Municipio de Guaynabo”. Continuó explicando que aún no habían conseguido la aprobación para la aceptación del camino por parte del Municipio, pero que para lograrlo había hecho una serie de gestiones. Incluyó los documentos que avalaban las gestiones realizadas.

El 14 de diciembre de 1987 el licenciado Albizu Merced envió otra comunicación al Procurador General en la que le informó que había entregado los planos del camino a segregate en el Departamento de Obras Públicas del munici-pio, entidad que debía aprobarlos luego de que la Asamblea Municipal preparara una ordenanza que autorizara al Al-calde a comparecer en escritura pública. El 23 de febrero de 1988 el querellado le comunicó al Procurador General que el Municipio de Guaynabo había aceptado la franja de terreno y que tan pronto la Asamblea Municipal aprobara la ordenanza dando el visto bueno para la adquisición del camino, presentaría la escritura de las hermanas Marine-lly Mármol en el Registro de la Propiedad.

Transcurieron aproximadamente dos (2) años sin que el licenciado Albizu Merced informara del resultado de sus gestiones. En enero de 1990 el Procurador General se co-municó nuevamente con él. Este le informó que “en 60 días ... enviaría la evidencia necesaria para demostrar que la escritura de segregación y compraventa objeto de esta queja había sido debidamente presentada en el Registro de la Propiedad”. El 21 de agosto de 1990 el Procurador General, ante el incumplimiendo del licenciado Albizu Merced con lo prometido, le envió una comunicación solicitando in-formación sobre el estatus de las gestiones. El licenciado Albizu Merced compareció e indicó que habían surgido nuevos problemas que había tenido que resolver. No in-cluyó evidencia de haber presentado la escritura en el Re-gistro de la Propiedad.

Pasaron dos (2) años más sin que el licenciado Albizu Merced informara las gestiones realizadas en relación con el caso que motivó la queja en su contra. El Procurador General se comunicó nuevamente con él. Luego de lo cual “[é]ste informó que en marzo de 1992 las escrituras habían sido notificadas por el Registro de la Propiedad a pesar de haber sido presentadas en febrero de 1991”.

De los documentos que acompañaron el informe surge que el 31 de enero de 1992 el Registrador, con relación a la Escritura Núm. 22 de 20 de junio de 1987, otorgada ante el abogado notario Albizu Merced, asiento 188 del Diario 210, le notificó las faltas siguientes: “(1) no se describe el Rema-nente de la finca, tomando en consideración las segregado-nes particulares del Registro; (2) falta la Resolución y el Plano emitidos por [ARPE] aprobando las segregaciones objeto de este asiento; (3) deberá describir el Remanente de la finca una vez efectuadas las segregaciones que se solicitan.” Con relación a la Escritura Núm. 4 de 25 de enero de 1991, otorgada ante el mismo notario, asiento 189 del Diario 210, notificó las faltas siguientes: “(1) falta ins-cripción previa el documento presentado al asiento 188 del diario 210 que ha sido notificado; (2) no se describe el Re-manente de la finca, tomando en consideración las segre-gaciones practicadas en el Registro; (3) falta Resolución y Plano emitidos por [A.R.Pe.] aprobando la segregación ob-jeto de este asiento; (4) deberá describir el Remanente de la finca una vez efectuada la segregación que se solicita.” Los asientos de presentación con relación a estas escritu-ras caducaban el 31 de marzo de 1992.

En comunicación de 26 de agosto de 1992 el licenciado Albizu Merced informó que había retirado los documentos del Registro de la Propiedad y que, junto al vendedor, se proponía “solicitar a [A.R.Pe.] una enmienda a la Resolu-ción emitida para conformar el plano de Inscripción con la situación registrar. Cinco (5) meses más tarde, el 13 de enero de 1993, el Procurador General se comunicó nueva-mente con el licenciado Albizu Merced. Este le informó que había presentado las escrituras por segunda vez al Regis-tro de la Propiedad pero que el Registrador nuevamente le había notificado faltas. El 26 de abril de 1993 el Procura-dor General le requirió que informase sobre las gestiones que había realizado para corregir las faltas notificadas. En esta ocasión el licenciado Albizu Merced informó que aún le faltaba por autorizar un acta aclaratoria y que esperaba terminar su gestión en una (1) semana.

Cuatro (4) meses más tarde, la señora Marinelly Már-mol acudió a la Oficina del Procurador General y se quejó de que el licenciado Albizu Merced “aún no había autori-zado las escrituras y que dicho abogado continuaba com-pletamente inaccesible”. El Procurador General se comu-nicó telefónicamente con el abogado. Este solicitó quince (15) días para dar por terminado el asunto. Varios meses más tarde, el 11 de noviembre de 1993, el licenciado Albizu Merced informó que había autorizado las escrituras y que las había presentado en el Registro de la Propiedad. Se comprometió a enviar a la Oficina del Procurador General copias de los boletos de presentación. El 11 de enero de 1994, al momento de presentar el informe, el Procurador General aún no los había recibido.

El 11 de febrero de 1994 concedimos término al licen-ciado Albizu Merced para que mostrara causa por la cual, “tomando en consideración el Informe del Procurador General y los documentos que se acompañan, a la luz de la conducta de dejadez e incumpliento con los requerimientos del Procurador General que en relación con el ejercicio de la práctica de la notaría allí se reflejan, no deberíamos sancionarlo”.

En su comparecencia, el licenciado Albizu Merced sólo hace mención de uno (1) de sus múltiples incumplimientos con los requerimientos de la Oficina del Procurador General: el “no haber contestado o enviado copia del boleto [de presentación]” al Procurador General. Excusa este incum-plimiento indicando que su error consistió en que entregó el boleto a la señora Marinelly Mármol y no al Procurador General, y que confió en que la señora Marinelly Mármol se lo notificaría.

Como bien señala el Procurador General, “[s]e nos hace imposible comprender cómo el abogado querellado pueda justificar que hayan transcurrido más de 9 años desde que se comprometiera a autorizar la escritura de segregación-compraventa objeto de esta queja [y presentarla] ante el Registro de la Propiedad sin que lo haya hecho”. También resulta incomprensible el que hayan tenido que transcu-rrir más de siete (7) años desde que la señora Marinelly Mármol se quejara de esta conducta ante la Oficina del Procurador General, para que por fin haya logrado, por lo menos, obtener los boletos de presentación que necesita. El licenciado Albizu Merced trata de justificar esta tardanza explicando que “han sido los obstáculos administrativos y burocráticos [los] que han contribuido al atraso en el tra-bajo” y nos suplica le permitamos “terminar el caso ya que está en su etapa final en el Registro de la Propiedad”. Se compromete a mantener al Procurador General informado de todo asunto importante que surja hasta que finalice su gestión. Nada nos dice sobre su falta de comunicación con la señora Marinelly Mármol para mantenerla informada sobre las dificultades que estaba confrontando con relación a la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad.

II

Conocido es el que todo “abogado en el desempeño de su gestión notarial está obligado a cumplir con lo dispuesto en la ley, en los Cánones de Etica o en el contrato con las partes. La inobservancia de esos deberes lo expone no sólo a una acción en daños por los perjuicios causados, sino a la jurisdicción disciplinaria por parte de este foro judicial”. In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205, 207 (1983). Conforme lo dispuesto en el Canon 19 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, todo notario tiene el deber de mantener a las partes, que comparezcan ante él para otorgar algún documento, informadas de todo asunto importante que ocurra y afecte la gestión que le ha sido encomendada con relación al documento por él autorizado. También es su deber desplegar todas las diligencias necesarias con prontitud y asegurarse de que no se causen indebidas dilaciones en los asuntos que les son encomendados. Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En conformidad con las exigencias del Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el notario deberá, con relación a los documentos que se otorgan ante él, ser diligente y desplegar en cada caso su más profundo saber y habilidad.

Reiteradamente hemos destacado la importancia de la función investigativa que realiza la Oficina del Procurador General con relación a las quejas referentes a posibles violaciones por parte de los abogados y notarios de los cánones de ética profesional que regulan la profesión legal y el ejercicio del notariado. Hemos puntualizado la necesidad de que los abogados, pronta y responsablemente, atiendan las comunicaciones provenientes de dicha oficina relacionadas con cualquier investigación de esta naturaleza. “[L]a voluntaria y temeraria desatención de los abogados a esta clase de comunicación tiene el mismo efecto disruptivo en nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal.” In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 816 (1984); In re Oquendo Carrasquillo, 117 D.P.R. 417, 418 (1986); In re Izquierdo, 126 D.P.R. 202 (1990); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

La conducta del licenciado Albizu Merced en el ejercicio del notariado, al no mantener a los otorgantes informados de las dificultades que alega confrontó con relación a los documentos ante él otorgados y su falta de diligencia en corregir las faltas señaladas, y atender y cumplir con los requerimientos de la Oficina del Procurador General, me-recen nuestra más enérgica censura y amonestación, en consecuencia de lo cual se le suspende del ejercicio del no-tariado por un (1) año. El licenciado Albizu Merced, ade-más, deberá, a su costo, terminar las gestiones en este caso hasta que las escrituras queden debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y mantendrá a este Tribunal in-formado del “status” de esas gestiones, bajo apercibimiento de que si no lo hace podría ser sancionado como abogado.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Universidad Católica de Puerto Rico, demandante, v. Triangle Engineering Corp. y/o Mayagüez Mechanical Contractors, Inc. etc., demandados; Mayagüez Mechanical Contractors, Inc., demandante y recurrida, v. Triangle Engineering Corp. y Seabord Surety Co., demandada y recurrente; Vissepó & Diez Construction Corp., demandantes, v. Triangle Engineering Corp. y Universidad Católica de Puerto Rico, demandados.

      Número: RE-93-118
    Resuelto: 18 de mayo de 1994

      Gilberto Oliver Vázquez, de Quiluchini, Oliver, Medina & Gorbea, abogado de los recurrentes; Roberto Madera Acosta, de Madera & Toro, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

A finales de 1987 Triangle Engineering Corp. (en ade-lante Triangle), una corporación doméstica dedicada al ne-gocio de la construcción, fue escogida por la Universidad Católica de Puerto Rico (en adelante la Universidad) como su gerente de construcción en el proyecto de rehabilitación del campus universitario de Mayagüez. Como tal, entre otras funciones, evaluaría y seleccionaría a los contratistas que efectuarían la remodelación y la construcción. Triangle seleccionó, entre otros, a Mayagüez Mechanical Contractors, Inc. (en adelante Mayagüez Mechanical) para las ins-talaciones de la plomería y el aire acondicionado.

Antes de comenzar, la Universidad y Triangle modifi-caron su relación, pasando Triangle a fungir de contra-tista general en lugar de su gerente de construcción. En virtud de dicho acuerdo, Mayagüez Mechanical y los de-más contratistas pasaron a ser subcontratistas de Triangle. No obstante haber sido denominada contratista general del proyecto, Triangle no construyó nada, encar-gándose dedicha labor Mayagüez Mechanical y los otros subcontratistas.

Terminada la obra, durante el proceso de liquidación, surgieron varias discrepancias entre la Universidad y Triangle sobre algunos trabajos de los subcontratistas, en-tre ellos Mayagüez Mechanical. La Universidad reclamó un crédito de cinco mil dólares ($5,000) por una alegada instalación defectuosa del aire acondicionado y se negó a reconocer una orden de cambio aditiva de aproximada-mente ocho mil dólares ($8,000).

Estas controversias impidieron la inmediata liquidación de la obra y el desembolso del dinero retenido. Acorde a ciertas disposiciones contractuales, la Universidad y Triangle decidieron someterlas a arbitraje. Próximo a iniciarse ese trámite, fueron demandadas por Mayagüez Mechanical en cobro de veintiocho mil cuatrocientos setenta y siete dólares ($28,477) por concepto de los trabajos de plomería y aire acondicionado. También fue demandada la Seaboard Surety Co. (en adelante Seaboard), fiadora de Triangle.

La Universidad negó tener relación contractual alguna con la demandante Mayagüez Mechanical y, mediante el mecanismo de la Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (obligar a litigar reclamaciones adversas entre sí (interpleader)), consignó setenta y siete mil ocho-cientos treinta y dos dólares con cincuenta y tres centavos ($77,832.53) en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, como liquidación parcial del proyecto. Reconoció adeudar una suma adicional que sería fijada por mutuo acuerdo entre las partes en arbitraje. Mediante estipulación, la suma consignada fue posteriormente desembolsada a los subcontratistas, correspondiendo a Mayagüez Mechanical diecisiete mil ochocientos treinta y dos dólares concin-cuenta y tres centavos ($17,832.53).

Triangle rechazó responsabilidad. Alegó también que Mayagüez Mechanical había incumplido con las especifica-ciones del contrato y declaró desconocer la cantidad adeudada. Además, Triangle y Seaboard solicitaron la sus-pensión de los procedimientos y que la reclamación se re-mitiera a arbitraje.

El Tribunal Superior consolidó las reclamaciones de los subcontratistas y suspendió los procedimientos judiciales hasta tanto las controversias fueran sometidas a arbitraje. No obstante esa orden, los subcontratistas no comparecie-ron al arbitraje. Igualmente, la Universidad expresó no es-tar dispuesta a arbitrar en presencia de los subcontratistas. Esto provocó que Triangle solicitara una orden para compeler a arbitraje, sin embargo, el foro judicial se reservó su decisión hasta evaluar la contención de los subcontratistas de que entre éstos y Triangle no había nada que arbitrar. Previa discusión al efecto, el tribunal denegó una solicitud de sentencia sumaria de Mayagüez Mechanical, detectando una controversia “sobre las canti-dades adeudadas bajo el contrato de construcción, sobre la procedencia de órdenes de cambio aditivas de Mayagüez Mechanical Corp. por $11,460 la cual el dueño no ha reco-nocido en la referida liquidación, mientras Triangle estima que la cantidad correcta es $8,000. Existe controversia so-bre la corrección de la instalación que realizó Mayagüez Mechanical Corp. de ciertas máquinas de aire acondicio-nado en el proyecto en la que el dueño reclama un crédito por $5,000”. Exhibit 21, pág. 2. Nada se dispuso en cuanto al arbitraje, reservándose esa determinación para una vista posterior. En ésta, Triangle reconoció adeudar siete mil ciento veinticinco dólares y sesenta y nueve centavos ($7,125.69) a Mayagüez Mechanical, pero calificó como contingente a la deducción que reclamaba de cinco mil dó-lares ($5,000) por la alegada mala instalación del equipo de aire acondicionado y al reconocimiento de una orden de cambio por ocho mil dólares ($8,000) no reconocida por la Universidad. En esa etapa el tribunal tampoco resolvió la solicitud de arbitraje.

Mayagüez Mechanical presentó una tercera moción de sentencia sumaria reproduciendo virtualmente los mismos argumentos. Esta vez el tribunal accedió (Hon. Juan Camacho Fabre, Juez), al estimar que no existían controver-sias sobre los hechos siguientes:

Los codemandados Triangle y la Universidad Católica suscri-bieron un contrato de construcción y servicios mediante el cual el primero se obligaba a la construcción del Proyecto Universi-dad Católica, Recinto de Mayagüez.
El día 25 de abril de 1988 la codemandada Triangle subcon-trató a la demandante para realizar trabajos de plomería y aire acondicionado del Proyecto Universidad Católica, Recinto de Mayagüez.
El día 11 de julio de 1989, el Dr. Jiménez de la firma Jiménez & Jiménez, Consultores de la Universidad Católica, cursó co-municación al Ing. Vázquez representante de la Universidad Católica aceptando los cambios en órdenes sometidas por la parte demandante a través de Triangle.
Para el día 27 de julio de 1989, el Ing. Carlos M. Monserrate, representante de Triangle en la construcción del proyecto otorgó documento titulado “Substantial Completion” que esta-blece que el “Academic Building” fue aceptado para ocupación el día 30 de enero de 1989 y el “Students Activity Center” el día 30 de abril de 1989.
El día 17 de abril de 1990, el Ing. Aponte, representante de ventas de York International, certifica que la instalación de las unidades de aire acondicionado que sirven a la biblioteca fue-ron hechas según las recomendaciones del manufacturero.
El día 8 de febrero de 1991, el Ing. Armengol Iglesias, quien fuera inspector de la Universidad Católica, suscribió declara-ción jurada a los efectos que los trabajos realizados por la de-mandante fueron efectuados de acuerdo a planos y especificaciones.
El día 25 de febrero de 1991, el Ing. Monserrate, represen-tante de Triangle Corp. en la construcción del proyecto suscri-bió declaración jurada a los efectos que los trabajos habían sido terminados y que en las diferencias a corregirse señaladas no hubo alguna en relación a la instalación de las unidades de la biblioteca.
El día 13 de septiembre de 1990 la codemandada Triangle abonó a la demandante la suma de $17,832.53. Exhibit 1, págs. 4-5.

Como resultado el tribunal condenó a Triangle y Seaboard a pagar solidariamente a Mayagüez Mechanical ca-torce mil ochocientos ochenta y siete dólares con setenta y tres centavos ($14,887.73) por los trabajos efectuados y el equipo instalado en el proyecto, además del interés legal vigente que ha de ser computado sobre la cuantía de la sentencia desde el momento de ser dictada hasta su satisfacción. Asimismo, les impuso las costas y cinco mil dólares ($5,000) de honorarios de abogado. A solicitud de Seaboard, revisamos.

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El señalamiento relativo al arbitraje requiere examinar la relación contractual entre las partes. El Art. 5.3.1 de las Condiciones Generales del contrato entre la Universidad y Triangle dispone que cada subcontratista, en la medida del trabajo a ser ejecutado, está ligado al contratista por los términos de los documentos contractuales y asume hacia éste todas las obligaciones y responsabilidades que, a tenor con dichos documentos, tiene el contratista hacia el dueño y arquitecto.

Así, el Art. I del subcontrato entre Triangle y Mayagüez Mechanical impone a ésta efectuar los trabajos encomen-dados acorde a los términos del contrato entre la Universi-dad y Triangle, el cual forma parte del referido subcontrato de construcción. También estipula que Mayagüez Mechanical se obliga hacia Triangle bajo los términos del contrato principal; igualmente, tiene hacia Triangle todas las obli-gaciones que, en virtud del contrato de construcción, asume ésta hacia la Universidad. Art. X(l). Dicha imbrica-ción entre las partes contratantes se extiende hasta confe-rir a la Universidad la autoridad final para aceptar o re-chazar el trabajo de Mayagüez Mechanical. Art. X(18).

Aclarada la relación contractual entre las partes, vea-mos las cláusulas sobre arbitraje en el contrato y subcontrato.

De entrada, notamos que dichas cláusulas son práctica-mente idénticas, tanto en el contrato de construcción entre Triangle y la Universidad como en el subcontrato entre aquélla y Mayagüez Mechanical; sus Arts. 4.5.5 y 7.9.1, respectivamente, disponen que ningún procedimiento de arbitraje incluirá a otros, excepto el dueño, contratista y aquellas personas involucradas sustancialmente en una cuestión común de hecho o de derecho, y cuyas presencias sean requeridas si se pretende dar en ese proceso un reme-dio completo.

El subcontrato dispone, en su Art. X, párrafos 27 y 28, que el contratista deberá dar al subcontratista la oportu-nidad de someter evidencia en cualquier procedimiento de arbitraje que envuelva sus derechos. Asimismo, provee para el nombramiento como árbitro en los procedimientos de la persona nominada por el subcontratista, si la única causa de disputa es el trabajo ejecutado por éste.

En las anteriores disposiciones contractuales, la recu-rrente Seaboard fundamenta la arbitrabilidad de las controversias. Argumenta que ciertas discrepancias en cuanto al trabajo de Mayagüez Mechanical crearon contro-versias entre el dueño de obra y el contratista, que impi-dieron la liquidación de la obra, razón por la cual la Uni-versidad ha negado el pago final a Triangle quien, a su vez, no lo ha hecho a Mayagüez Mechanical. Sostiene que a tenor con el citado Art. 4.5.1, la controversia es arbitrable. Aduce que resolver lo contrario podría redundar en la indeseable situación de que Triangle tuviera que defender en un procedimiento de arbitraje ante la Universi-dad la reclamación de Mayagüez Mechanical en su ausen-cia y sin su asistencia, a la vez que tendría que litigar lo mismo en un pleito judicial con Mayagüez Mechanical, con la posibilidad de que se obtuvieran resultados contradicto-rios y encareciera la solución de las controversias.

Mayagüez Mechanical, si bien reconoce la existencia de una cláusula de arbitraje en su contrato con Triangle, aduce que no había controversia real para someter dicho procedimiento.

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Nuestro ordenamiento legal dispone que [d]os o más partes podrán convenir por escrito en someter a arbitraje ... cualquier controversia que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de someter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para el arreglo mediante arbitraje de cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo. Tal convenio será válido, exigible e irrevocable salvo por los fundamentos que existieran en derecho para la revocación de cualquier convenio”. 32 L.P.R.A. see. 3201.

En McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970), expresamos que existe una fuerte política en favor del arbitraje y que toda duda respecto a la existencia o no de dicho procedimiento debe resolverse a su favor. Así lo reafirmamos recientemente en World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352 (1990).

Ante un convenio de arbitraje lo prudencial es la abstención judicial, aunque esa intervención no esté vedada .

La recurrida Mayagüez Mechanical hace hincapié en que nuestra Ley de Arbitraje provee dicha solución de dis-putas sólo en casos en que hay controversias, y aquí el ilustrado foro de instancia dictó sentencia sumaria por no encontrar controversia en los hechos materiales. No pode-mos acoger su interpretación. Avalarla atentaría contra la esencia de este mecanismo que, como hemos visto, es favo-recido judicialmente. Rehusamos otorgar igual acepción a la palabra controversia en el ámbito de sentencias suma-rias al de materia de asuntos arbitrables.

En este caso, permitir que el tribunal resuelva sumariamente una disputa arbitrable, y determinar correcto que la ausencia de hechos materiales encontrada por el tribunal implica que desaparece su arbitrabilidad, sería un subterfugio que vulneraría la eficacia del arbitraje como método alterno. Es al árbitro a quien correspondía determinar si existía controversia de hechos y adjudicar la materialidad de los mismos.

Rechazamos utilizar términos y parámetros estricta-mente judiciales en el ámbito de arbitraje; aunque ambos tienen el propósito principal de resolver disputas, el énfa-sis de sus procedimientos es distinto.

El interés estatal en promover el arbitraje como método para solucionar disputas se ve reflejado, además, en la presunción de arbitrabilidad cuando el contrato tiene una cláusula de arbitraje. En esas circunstancias, las “dudas deben resolverse a favor de dicha cobertura”. (Traducción nuestra.) AT & T Technologies, Inc. v. Communications Workers, 475 U.S. 643, 650 (1985).

Además de esa presunción, hay un interés de promover las cláusulas de arbitraje contractuales. AT & T Technologies, Inc. v. Communications Workers, supra, págs. 648-649. “Es un corolario necesario del principio de que ‘el arbitraje es una materia de contrato’ pues cuando las par-tes han provisto que un tipo particular de disputa debería ser arreglada en arbitraje, en lugar de en litigación, un tribunal no vulnerará dicho acuerdo decidiendo por sí mismo la disputa.” (Traducción nuestra.) Nat. R. Passenger Corp. v. Boston and Maine, Corp., 850 F.2d 756, 759 (Cir. D.C. 1988), citado en World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., supra.

Según expresáramos en World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., supra, pág. 361 esc. 9, “[e]nNational R.R. Passenger Corp. v. Boston S. Maine Corp. [, supra], el tribunal elaboró una interesante distinción entre tres categorías de controversias arbitrables: (1) controversias en torno a la formación del contrato (la determinación de si las partes acordaron someterse a arbitraje); (2) controversias en torno a la amplitud del contrato (determinación de cuáles son las controversias que las partes pactaron arbitrar); y (3) controversias sobre la duración (determinación de si las partes acordaron someter a arbitraje la duración o expiración del contrato)”. Señala el tribunal en National R.R. Passenger Corp. v. Boston S. Maine Corp., supra, que en cuanto a dichas categorías el tribunal puede averiguar la intención de las partes. Aplicando dicha normativa al caso de autos, vemos que no hay controversia en cuanto a alguna categoría análoga a una de las enumeradas en el citado caso federal. Por lo tanto, la incursión del juez al determinar que no había controversia en cuanto a hechos materiales menoscabó la raíz misma del poder del árbitro bajo el contrato.

IV

Como apuntamos, en el trasfondo fáctico del caso de autos el propio juez que dictó la sentencia la había declarado sin lugar antes por entender que existían varias controver-sias de hecho. Posteriormente, varió ante los mismos he-chos básicos.

Los documentos que obran en autos reflejan una clara controversia en cuanto a los hechos materiales. Primero, Mayagüez Mechanical alega la existencia de una orden de cambio aditiva en la cantidad de once mil cuatrocientos sesenta dólares ($11,460). La recurrente Seaboard, sin embargo, señala que la cantidad correcta es de ocho mil dóla-res ($8,000), conforme convenio de ambas partes. Por otro lado, existe controversia sobre la corrección en la ins-talación de unas máquinas de aire acondicionado, ade-más de problemas con varios compresores.

Forman parte de los autos del caso, tanto el contrato de construcción como el subcontrato entre las partes. De am-bos documentos surge la responsabilidad de corregir todo trabajo deficiente y no conforme a las especificaciones, ade-más de períodos de garantía. Igualmente, se delinea el pro-cedimiento de liquidación de la obra mediante el cual se permite la retención de cantidades hasta que se corrija el trabajo no conforme. El arbitraje es un imperativo.

Se dictará sentencia revocatoria y se remitirá el caso al procedimiento de arbitraje contractualmente pactado.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Actualmente acogida a la protección de la Ley Federal de Quiebras (11 U.S.C. sees. 361-520).

       El Art. 4.5.1 del contrato de construcción entre la Universidad Católica de Puerto Rico y Triangle Engineering Corp. expresa que todas las reclamaciones, dis-putas y otras materias que surjan o estén relacionadas al contrato o a su incumpli-miento serán resueltas mediante arbitraje conforme a las Reglas de Arbitraje para la Industria de la Construcción promulgadas por la Asociación Americana de Arbitraje.

       Señala:
      “A. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no suspender los procedimien-tos ante sí en vista a los convenios contractuales entre las partes, y al no remitir las controversias de este caso para ser dilucidadas dentro de un procedimiento de arbi-traje, dictando en su lugar la Sentencia Sumaria.
      “B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dictar sentencia por la vía sumaria, ignorando al así hacerlo, las claras controversias de hechos que surgen de la documentación, declaraciones juradas y admisiones que obran en el récord, las cuales impiden que el presente caso se despache mediante dicha vía.
      “C. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no desestimar la reclamación de la Demandante, por no ser la misma exigible conforme a los términos contractua-les acordados entre las partes.
      “D. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al conceder a la demandante en su sentencia, sumas en exceso a las reclamadas por esta en su demanda y en des-acuerdo con los propios términos de la Sentencia y al imponer en dicha sentencia, el pago de intereses sobre intereses.
      “E. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al conceder en su sentencia hono-rarios de abogado, o al concederlos en forma excesiva, vistas las defensas de la Re-currente, y en los pronunciamientos de esta Superioridad en el caso de Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers, 90 JTS 37.” Solicitud de revisión, pág. 12.

       La responsabilidad del contratista de efectuar pagos al subcontratista por la labor realizada por éste surge una vez el dueño de la obra ha pagado al contratista. Ver cláusula X(20) y (23) del subcontrato, párrafo 5 de la Descripción del Trabajo y Condiciones Especiales; cláusula 9.5.2 de las Condiciones Generales del Contrato de Construcción.

       Se fundamenta en la parte que se refiere a todas las reclamaciones, disputas y otras materias en cuestión que surjan de o estén relacionadas al contrato o a su incumplimiento.

       La propia ley dispone que “[s]i cualquiera de las partes de un convenio escrito de arbitraje incoare acción u otro recurso en derecho, el tribunal ante el cual dicha acción o recurso estuviere pendiente, una vez satisfecha de que cualquier controver-sia envuelta en dicha acción o recurso puede someterse a arbitraje al amparo de dicho convenio, dictará, a moción de cualquiera de las partes del convenio de arbi-traje, la suspensión de la acción o recurso hasta tanto se haya procedido el arbitraje de conformidad con el convenio”. 32 L.P.R.A. see. 3203.

       “El árbitro tiene poderes amplios para determinar cuestiones de hecho y de derecho así como de procedimiento.” (Traducción nuestra.) R. Coulson, Business Arbitration — What you Need to Know, 3ra ed., Nueva York, American Arbitration Association, 1986, pág. 25.
      El mismo autor expresa que “se espera que los árbitros escuchen toda la evi-dencia que sea pertinente a una controversia. Como tienen que determinar por ellos mismos lo que es pertinente, los árbitros están inclinados a aceptar evidencia que podría no ser admitida por los jueces.... Las reglas de la A.A.A. proveen que ‘el árbitro será el juez de la pertinencia y materialidad de la evidencia ofrecida, y su conformidad a las reglas de evidencia no será necesaria’ (Traducción nuestra.) Coulson, op. cit, págs. 19-20.
      Nuestra jurisprudencia establece claramente que “no es revisable en su fondo el error de los árbitros en la apreciación de los hechos o en las normas de un derecho independientemente del sentir concurrente o disidente del foro judicial no son revisables tampoco señalamientos de errores que conllevan considerar en sus méri-tos cuestiones de hecho sobre la interpretación de un contrato y la prueba recibida por los árbitros —Autoridad sobre Hogares, supra, pág. 363”. C.R.U.V. v. Hampton Dev., 112 D.P.R. 59, 64 (1982).
      No obstante, cuando las partes acuerden que los asuntos sometidos a arbitraje sean resueltos con arreglo a derecho, el tribunal puede revisar los méritos jurídicos del laudo. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608 (1979). Aún así, “el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo pactaran las partes.... Debe tenerse presente que una discrepancia de criterio con el laudo no justifica la intervención judicial pues destruye los propó-sitos fundamentales del arbitraje de resolver las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial”. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., supra, pág. 609.
      La cláusula de arbitraje en este caso refleja la intención de que el laudo sea conforme a derecho, pues provee para la revisión judicial. No obstante, no se puede privar ab initio al árbitro de entender en las controversias. Aparte de la participación limitada del tribunal que propugna Rivera v. Samaritano & Co., Inc., supra, la cláu-sula de arbitraje priva a los tribunales de jurisdicción en los casos de la cláusula 4.3 .5, entre las cuales se encuentra lo pertinente a “falta del trabajo en cumplir con los requisitos del contrato”. (Traducción nuestra.) Coulson, op. cit., pág. 15.

       “En la litigación, el énfasis está en el procedimiento. La maquinaria judicial está diseñada para corregir los errores. Se supone que el procedimiento proteja a las partes contra los errores, con la revisión apelativa jugando un papel importante.
      “En el arbitraje las partes descansan en su propia habilidad para seleccionar a un adjudicador sabio e imparcial. Ellas (las partes) renuncian a su derecho a tener un juez que revise la decisión del árbitro. El énfasis está en la integridad y experien-cia del adjudicador. Las partes seleccionan el arbitraje porque desean un juicio in-formado, aplicado y obtenido a través de un procedimiento simplificado de vista. Ellas (las partes) pretenden que el resultado sea final. El énfasis está en la substan-cia, en lugar de en el procedimiento.”(Traducción nuestra.) Coulson, op. cit., pág. 16.

       En la nota 1 vimos que las cláusulas de arbitraje sostienen que las contro-versias serán resueltas mediante arbitraje acorde con las Reglas de Arbitraje para la Industria de la Construcción promulgadas por la Asociación Americana de Arbitraje. Según las mismas, un árbitro tiene amplios poderes, que incluyen la autoridad para: “considerar enmiendas a la demanda o reconvención (sección 8); programar, cerrar y reabrir vistas (secciones 21, 35 y 36); determinar si alguna persona no envuelta directamente puede asistir a la vista (sección 25); conceder o denegar posposiciones de vista (sección 26); y conducir un arbitraje en ausencia de una parte luego de debida notificación (sección 30). Cuando esté autorizado por ley a así hacerlo, el árbitro podrá citar testigos o documentos independientemente o a requerimiento de una parte (sección 31). El árbitro también puede recibir, considerar y pesar cualquier evidencia incluyendo evidencia de testigos por afidávit (secciones 31 y 32); conducir una vista del sitio del proyecto (sección 33); ordenar la salvaguarda de cualquier propiedad sujeta a la disputa durante la pendencia de las vistas de arbitraje (sección 34); conceder interés en el laudo (sección 43); fijar los costos y gastos del árbitro por igual o a favor de alguna parte (sección 51); y determinar controversias de arbitra-bilidad (sección 53).” Coulson, op. eit., págs. 54r-55.

       Véase Memorando de 11 de julio de 1989 sobre certificación de cambios de plomería y muro de retención en proyecto de Mayagüez {Exhibit C) y Minuta del Tribunal Superior de 14 de enero de 1992.

       Véanse las cartas enviadas por el dueño fechadas 5 de diciembre de 1989, 28 de marzo de 1990 y 11 de junio de 1990, y por Triangle Engineering Corp. el 14 de mayo de 1990.

       Esta decisión hace innecesario pronunciamos sobre los restantes señala-mientos de error.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Nogama Construction Corporation, demandante y recurrente, v. Municipio de Aibonito, demandado y recurrido.

      Número: RE-93-554

      Resuelto: 18 de mayo de 1994

      Fernando Barnés Vélez, abogado de los recurrentes; Ángel R. Rodríguez Ajá, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante recurso de revisión comparece ante nos la de-mandante recurrente Nogama Construction Corporation (en adelante Nogama) y solicita la revocación de una sen-tencia del Tribunal Superior, Sala de Aibonito, que deses-timó, por carecer de jurisdicción, una demanda en la que solicitó que se le relevara del pago de unos arbitrios de construcción impuestos por el Municipio de Aibonito (en adelante Municipio). El 21 de enero de 1994 emitimos una resolución donde concedimos al Municipio un término de veinte (20) días para que compareciera mediante escrito a mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado. Revocamos.

HH

Luego de la correspondiente subasta pública, la Autori-dad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (en adelante la Autoridad) le adjudicó a Nogama el proyecto denominado Aibonito Waste-water Treatment Plant — EPA Proyect No. C-720128-10. El contrato correspondiente fue otorgado el 12 de enero de 1987. En éste se acordó la cuan-tía de cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil dólares ($4,994,000) como su precio de construcción. En conformidad con el referido contrato, Nogama realizó la construcción de la obra en el Municipio.

Mediante Carta de 29 de junio de 1990 el Municipio le informó a Nogama que una revisión de sus libros había revelado que la empresa adeudaba la cantidad de veinti-nueve mil novecientos cincuenta y dos dólares ($29,952) por concepto de los arbitrios relacionados con esta obra de construcción. En la carta suscrita por la recaudadora ofi-cial del Municipio se le informó a Nogama que si tenía alguna duda al respecto se comunicara con la suscribiente. La misiva no hacía referencia a la ordenanza en virtud de la cual se impusieron dichos arbitrios. El 8 de agosto de 1990 el contralor de Nogama solicitó, a través de una carta dirigida a la recaudadora oficial del Municipio, que se le enviara una (1) copia certificada de la Ordenanza Municipal que dio fundamento a la imposición de los arbitrios de construcción. En respuesta a dicha carta, el 14 de agosto de 1990 la recaudadora oficial del Municipio se limitó exclusi-vamente a enviar al contralor de Nogama una copia certi-ficada de la Ordenanza Municipal Núm. 26, Serie 1963-64. Posteriormente, la asesora jurídica del Municipio aclaró que los arbitrios se impusieron en virtud de la Ordenanza Municipal Núm. 16, Serie 1989-90, aprobada con posterio-ridad al contrato de construcción.

El 2 de octubre de 1990 el Ledo. Fernando Barnés, en representación de Nogama, se dirigió mediante carta al Sr. Osvaldo Rivera, Director de Finanzas del Municipio. En esta carta, el licenciado Barnés hizo referencia a una au-diencia que el Municipio le concedió a Nogama el 26 de septiembre de 1990. Además, expresó que el cobro de los arbitrios de construcción no procedía por cinco (5) razones en derecho, las cuales quedaron establecidas en la carta. Finalmente, solicitaron la reconsideración del cobro de dichos arbitrios y la exención de este cobro al proyecto de la planta de tratamiento de Aibonito.

Nogama alega que dicha solicitud, para que se le exi-miera del pago de los referidos arbitrios, dio pie a una serie de reuniones (por lo menos seis (6)) entre los representan-tes de las partes. La última reunión se celebró el 3 de abril de 1992.

El 21 de julio de 1992, en vista de que el tiempo trans-curría sin que se hubiese producido la notificación final de la decisión del Municipio sobre la disputada deuda contri-butiva, Nogama optó por acudir al tribunal de instancia en solicitud de una sentencia declaratoria que le relevara de la aplicación de dichas ordenanzas.

El Municipio presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción en la cual expuso que la demanda se había presentado casi dos (2) años después de habérsele notificado la ordenanza a Nogama y que no se cumplió con el término establecido en el Art. 11.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. see. 3402. Por su parte, Nogama en su oposición a la solicitud de senten-cia sumaria estableció que su contención no era que la or-denanza, en virtud de la cual el Municipio le impuso el arbitrio, fuese nula o inconstitucional, sino que en el caso de autos estaba impedido de cobrarle unos arbitrios sobre la misma actividad por la cual ya había pagado una pa-tente municipal a tenor con la Ley de Patentes Municipa-les, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651 et seq.). Es decir, Nogama no pretendía que se decla-rara inconstitucional la ordenanza, sino que se le relevase del pago del referido arbitrio, a fin de protegerlo de una doble tributación.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal Superior declaró con lugar la moción de desestimación del Municipio. Concluyó que Nogama presentó su demanda fuera del término de veinte (20) días dispuesto por el Art. 11.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, supra, para la impugnación de una ordenanza.

Oportunamente, Nogama presentó ante nos un recurso de revisión que sostiene que erró el Tribunal Superior al desestimar la demanda por falta de jurisdicción. Mediante resolución concedimos al Municipio un término para que compareciera a mostrar causa por la cual no debía expe-dirse el auto solicitado. Luego de estudiar la comparecen-cia del Municipio, procedemos según el curso decisorio intimado.

1 — 1

Para resolver el caso de marras es pertinente considerar la siguiente cuestión señalada por Nogama en su recurso de revisión:

Cuál es el punto de partida del término jurisdiccional de 20 días dentro del cual puede instarse una acción judicial que, en vez de perseguir la suspensión de la ejecución de unas ordenan-zas, procura que se dicte una sentencia declaratoria de que dichas ordenanzas no son aplicables a la parte actora, instada dicha acción porque no se acababa de notificar una adjudicación del correspondiente funcionario municipal que hubiese podido haberse dictado sobre la aplicabilidad de dichas ordenanzas. Solicitud de revisión, pág. 6.

En esencia, Nogama expone que cuando se trata de una acción dirigida a impugnar la decisión adjudicativa que ha tomado un funcionario municipal, luego de aplicar las dis-posiciones de una ordenanza, el término de caducidad de veinte (20) días se contaría a partir de la notificación final de dicha decisión y no desde el momento en que la orde-nanza fue meramente notificada a la parte demandante.

El Art. 11.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, supra, vigente al momento del requerimiento del pago de arbitrios de construcción por parte del Municipio, establecía, en lo pertinente, que:

El Tribunal Superior de Puerto Rico tendrá jurisdicción ex-clusiva para entender y resolver a instancias de la parte perju-dicada sobre los siguientes asuntos:
(a) Revisar o anular cualquier acto legislativo o administra-tivo de la Asamblea, de la Junta de Subasta, del Alcalde o de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos cons-titucionales de los querellantes o que sea contrario a las leyes de Puerto Rico.
(b) Para suspender la ejecución de cualquier ordenanza, acuerdo, resolución u orden de la Asamblea, de la Junta de Subastas, del Alcalde y cualquier funcionario del municipio que lesione derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por leyes estatales.
En los dos primeros casos, la acción judicial sólo podrá ins-tarse dentro de los primeros veinte (20) días a contar de la fecha en que el acto legislativo o administrativo haya sido rea-lizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden haya sido promulgado o comunicado a la parte querellante, a menos que se disponga otra cosa por ley. 21 L.P.R.A. see. 3402.

La Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico fue derogada por la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4001 et seq.), según enmendada. No obstante, los artículos pertinentes al caso de marras permanecieron inalterados por la nueva ley. Véanse los Arts. 15.002, 1.003, 6.001, 6.002 y 12.003 de la nueva ley, 21 L.P.R.A. sees. 4702, 4001, 4251, 4252 y 4553, respectivamente.

Un examen del estatuto revela claramente que los inci-sos (a) y (b) del Art. 11.02 (21 L.P.R.A. sec. 3402(a) y (b)) son aplicables en distintas circunstancias. El primero le concede jurisdicción exclusiva al Tribunal Superior para revisar o anular cualquier acto legislativo o administrativo de la Asamblea, de la Junta de Subasta, del Alcalde o de cualquier funcionario del Municipio que lesione los dere-chos constitucionales de los querellantes o que sea contra-rio a las leyes de Puerto Rico.

Este inciso (a) es el aplicable a la acción cuando se solicite la revisión de algún acto o decisión administrativa en virtud de lo dispuesto por una ordenanza. Este se activa cuando se cuestiona una determinación final de un funcionario municipal en un caso particular, en el cual se le aplican a una persona las disposiciones de una ordenanza. Por ende, el término de veinte (20) días se cuenta a partir de la determinación final del funcionario una vez se agotan los trámites correspondientes. Esta notificación es un requisito del debido procedimiento de ley con el que se debe cumplir de modo tal que el ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final que se ha tomado en su contra.

Por otro lado, el inciso (b) se aplica a las acciones que persiguen la suspensión de cualquier ordenanza, acuerdo, resolución u orden de la Asamblea, de la Junta de Subasta, del Alcalde y de cualquier funcionario del Municipio que lesione los derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las leyes estatales. Es evidente que este inciso es aplicable cuando se pretende evitar que se ponga en vigor una ordenanza que sea inconstitucional o contraria a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

HH HH HH

En lo referente al inciso (a) del Art. 11.02, supra, es pertinente distinguir entre la notificación final de una decisión de un funcionario municipal y los actos o comunicaciones de otros empleados municipales. Solamente la notificación final de una determinación administrativa de un funcionario municipal tiene el efecto de activar los términos establecidos por el inciso (a) del Art. 11.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, supra. Para comprender la mencionada distinción es preciso puntualizar la definición que la ley otorga al término funcionario. El Art. 2.05 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. see. 2055, define funcionario de la forma siguiente:

Los funcionarios del municipio serán aquellos electos con-forme a las disposiciones de este Subtítulo y los incumbentes de los siguientes cargos administrativos:
(a) Secretario de la Asamblea Municipal.
(b) Directores de las unidades administrativas de la rama ejecutiva.

El Art. 2.03 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. see. 2053, establece que la Rama Ejecutiva municipal estará compuesta de unidades admi-nistrativas tales como la Oficina del Alcalde, la Oficina de Finanzas, Beneficencia Pública, Obras Públicas y Secreta-ría Municipal. Cada una de estas unidades administrati-vas tendrá un director. El Art. 10.08 de la ley, 21 L.P.R.A. see. 3358, dispone que los directores de las unidades admi-nistrativas estarán comprendidos en la categoría de em-pleados de confianza y su nombramiento estará sujeto a la confirmación de la Asamblea Municipal. El Art. 10.02 de la misma ley, 21 L.P.R.A. see. 3352, define como empleado de confianza a todo empleado que interviene, asesora, res-ponde o presta servicios directos al Alcalde o a la Asamblea Municipal.

Al amparo del ordenamiento, el Director de la Oficina de Finanzas Municipales es uno de los funcionarios municipa-les cuyo nombramiento tiene que ser confirmado por la Asamblea Municipal. Por lo tanto, esta división es la única cuya decisión tiene la finalidad requerida por la ley de ac-tivar los términos para solicitar la revisión judicial.

IV

Al aplicar la normativa anteriormente expuesta a los hechos de este caso, un examen del lenguaje de la comuni-cación enviada a Nogama por la recaudadora del Municipio demuestra que dicha carta no constituía una notificación de deficiencia contributiva. La carta es meramente un es-crito en el que la recaudadora le informó a Nogama que los libros reflejaban una deuda de veintinueve mil novecientos cincuenta y dos dólares ($29,952) por concepto de los arbi-trios de construcción y le avisa que de tener alguna duda al respecto se comunique con el Municipio.

Además, la carta no fue firmada por el funcionario municipal a cargo de la dirección de la unidad administrativa correspondiente, el Director de Finanzas. Ni la recauda-dora oficial ni la asesora legal tenían la autoridad confe-rida por ley o delegación para tomar la determinación final que activara los términos apelativos provistos por el estatuto. De hecho, en el caso de marras el Director de Finanzas nunca envió la notificación final en cuanto a si en el caso particular de Nogama le era aplicable el arbitrio de construcción.

Como el término de veinte (20) días que establece el Art. 11.02, supra, empieza a correr a partir de la notificación final de la decisión administrativa, y el Director de Finan-zas nunca envió una notificación de esta determinación, el tribunal de instancia tenía jurisdicción para atender la so-licitud de sentencia declaratoria de Nogama.

V

En el recurso de revisión ante nos, Nogama también sostiene que la imposición del arbitrio a su empresa cons-tituye una doble tributación no permitida por ley, a la fe-cha en que fue otorgado el contrato entre la Autoridad y Nogama.

Aduce que la doble tributación a su empresa, que su-pone la coincidencia de un arbitrio municipal de construc-ción con la patente municipal sobre un mismo evento eco-nómico, no estuvo permitida hasta que entró en vigencia la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992 (21 L.P.R.A. sees. 651 — 652), la cual enmendó la Ley de Patentes Municipales. El contrato entre la Autoridad y Nogama fue otorgado el 12 de enero de 1987. Por lo tanto, Nogama señala que, ha-biendo realizado la actividad de construcción por la cual pagó las patentes municipales, y por la cual el Municipio le requiere además los arbitrios de construcción, con anterio-ridad a la fecha en que entró en vigencia la Ley Núm. 93, supra, la imposición contributiva realizada por el Munici-pio constituye una doble tributación no autorizada por ley. Le asiste la razón.

La solicitud de Nogama está acorde con lo que resolvimos en Las Piedras Const. Corp. v. Mun. de Dorado, 134 D.P.R. 1018, 1022-1023 (1994):

La Ley de Patentes computa el impuesto a base del ingreso bruto del contratista, equivalente a lo que le pagan por la obra, y la Ordenanza Núm. 28 que nos ocupa, también dispone que el impuesto se determinará en virtud del costo de la obra. Cons-tituye, pues, un esquema de doble tributación al recaer ambos impuestos sobre el mismo evento económico, ya que el ingreso bruto que recibe el contratista está comprendido en el costo de la obra, concurriendo así los criterios que hemos esbozado para identificar este tipo de esquema: (a) misma propiedad; (b) misma entidad gubernamental; (c) mismo período contributivo, y (d) para el mismo fin. (Enfasis suprimido.)

En dicho caso dejamos establecido que no existía dispo-sición en la Ley de Patentes Municipales que clara y explí-citamente permitía al Municipio establecer el esquema de doble tributación a Las Piedras Construction Corp. Por ende, declaramos ilegal el arbitrio de construcción im-puesto a la mencionada corporación. Igualmente, procede que invalidemos el arbitrio de construcción cobrado en el caso de autos pues recae sobre el mismo evento económico que las patentes municipales cobradas anteriormente.

El arbitrio en el caso de marras es ilegal y el Municipio de Aibonito está impedido de cobrarlo.

Se dictará la sentencia correspondiente.

       Nada de lo expresado en las tres (3) cartas enviadas por el Municipio de Aibonito a Nogama Construction Corporation indicaba que las mismas constituían una notificación final de una adjudicación sobre deuda contributiva de un funciona-rio municipal.

       Las dos (2) ordenanzas que fueron invocadas en una u otra ocasión como la única fuente impositiva del arbitrio en cuestión carecen de un procedimiento a seguir por el contribuyente que pueda resultar afectado por una decisión municipal adversa de deuda contributiva.

       El Art. 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. seo. 4001, hace una distinción en sus definiciones entre los términos “Empleado” y “Funcionario Municipal”. La ley define “Empleado” como sigue:
      “ ‘Empleado’ significará toda persona que ocupe un puesto y empleo en el go-bierno municipal que no esté investido de parte de la soberanía del gobierno municipal y comprende los empleados regulares, irregulares, de confianza, empleados con nombramientos transitorios y los que estén en período probatorio.” 21 L.P.R.A. see. 4001(n).
      Por otro lado, la ley define “Funcionario Municipal” del modo siguiente:
      “ ‘Funcionario Municipal’ significará toda persona que ocupe un cargo público electivo de nivel municipal, el Secretario de la Asamblea y los directores de las unidades administrativas de la Rama Ejecutiva Municipal.” 21 L.P.R.A. sec. 4001(q).