author:
(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano
      Secretaria
     Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Polonia Caballero y Otros, demandantes y recurrentes, v. Carlos Romero Barceló y Otros, demandados y recurridos.

      Números: O-81-189, O-81-195

      Resueltos: 25 de mayo de 1982

      Luis F. Abreu Elias, abogado de los recurrentes; José Ramón Pérez Hernández, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

La resolución recurrida en este caso en cuanto elimina el pago de vacaciones regulares de los beneficios margina-les a que tienen derecho los peticionarios como empleados despedidos ilegalmente por el recurrido Municipio de San Juan, no puede prevalecer por ser contraria a la ley del caso. En nuestra sentencia de 28 de enero de 1981 confirmamos la dictada por el tribunal de instancia, en la que expresamente se reconoció el derecho de los empleados aquí recurridos a ser compensados, no sólo en el pago de vacaciones sino, además, en el del Bono de Navidad, en el del Seguro Social, en el de Sistema de Retiro y a los aumentos anuales en los sueldos dejados de percibir. Esta sentencia constituye la ley del caso y no puede ser ahora alterada por el tribunal de instancia mediante una resolu-ción emitida con respecto a los cómputos de los pagos individuales.

Se anula el auto en el caso 0-81-189 por haber sido indebidamente expedido.

Se revoca la resolución recurrida en el caso 0-81-195 y se devuelve el caso para el cómputo de las cantidades a ser pagadas a cada uno de los empleados recurrentes y para procedimientos ulteriores.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria

-0-

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Coincidimos con el dictamen de hoy que reitera y da plena virtualidad a todos los derechos a que son acreedores los empleados cesanteados ilegalmente. Bajo el estado de derecho vigente no podemos refrendar una interpretación que introduzca en las órdenes remediales contenidas en la See. 7.17(2) de la Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1397(2), las normas sobre lucro cesante, fuente colateral, doble compensación, deber de minimizar daños y deducción de haberes por discreción judicial, por estimar que las mismas corresponden al campo doctrinario del resarcimiento de daños y perjuicios y no al diseño legislativo prevaleciente en materia de Derecho laboral, tanto en el ámbito público como privado. La modificación de esos derechos pertenece a la esfera de la Asamblea Legislativa.

Compatible con este enfoque estamos de acuerdo en que la parte dispositiva de nuestra sentencia de 28 de enero de 1981 reconocía el pago de vacaciones regulares entre los beneficios marginales que conllevaba la reposición de los demandantes recurrentes.

I — I

Al igual que todo miembro de este Tribunal no estamos ajenos al impacto presupuestario negativo que el cumpli-miento de esta sentencia implica para el municipio recu-rrido. Estamos conscientes de que dramas análogos o parecidos de ordinario se repiten con posterioridad a toda elección en la que ocurre un cambio de gobierno repre-sentativo de otra afiliación política. Con mayor o menor crudeza la situación históricamente ha acontecido bajo distintos partidos políticos. En este sentido no hemos madurado democráticamente. Tampoco somos insensibles a que en última instancia el verdadero perjudicado por actuaciones ilegales de esta índole por quienes detentan el poder público en determinado momento es la ciudadanía en general, independientemente de su afiliación política. El cumplimiento de sentencias en casos de esta naturaleza produce erosión y desvío sustancial de fondos públicos en menoscabo de los servicios esenciales y el buen funciona-miento municipal o gubernamental. El daño pecuniario es patente al presente más que nunca, pues es materia de conocimiento judicial la crisis financiera por la cual atraviesan las entidades municipales y gubernamentales. No obstante compartir esa preocupación, como guardianes de la justicia y del principio de mérito encarnado en la ley, no podemos adoptar otro curso de acción. Ello, sin embargo, no nos inhibe de exponer unas breves reflexiones al respecto.

En cierto sentido este recurso origina consecuencias detrimentales económicas iguales a aquellos casos de despidos políticos injustificados que constantemente vienen a nuestra consideración, en que se revela una dinámica humana —hondamente arraigada— sobre un fenómeno puertorriqueño que todavía se caracteriza por el patro-nazgo, despojo y desquite partidista (spoil system). Esa actitud infringe preceptos constitucionales básicos, amén de ser contraria al sistema de méritos en la sana adminis-tración del personal público.

La situación es crítica y reclama atención urgente. Varias avenidas pueden y deben explorarse y concretarse mediante enmiendas a la Ley de Personal. Una solución pragmática y justiciera —concordante con esa realidad contemporánea— sería la imposición de responsabilidad civil en la capacidad individual y personal de aquellos funcionarios públicos que, con demostrada mala fe y claro y craso menosprecio de la ley, no la acatan. Otra sería establecer en las leyes correspondientes que actua-ciones ilegales de este tipo, una vez comprobadas, sean causa de remoción del funcionario concernido. Otra, tal vez de un tenor más drástico —para algunos quizás revolu-cionario y para otros utópico— sería imponer o atribuirle esa responsabilidad financiera y costo al partido político que eligió al funcionario responsable de los despidos ilegales, inclusive contra los recursos que tuviere o pudiere tener el partido político correspondiente en el Fondo Electoral. Nótese que la acción ilegal discriminatoria surge precisamente porque el funcionario nominador con-cernido, en el desempeño de su gestión oficial, rehúsa divorciar el ámbito de su encomienda pública del criterio estrictamente partidista. Honestamente creemos que unos enfoques así de radicales actuarían como freno disuasivo contra estos abusos, pues exigirían mayor reflexión, pru-dencia y moderación.

Corresponde a la Asamblea Legislativa adoptar estas u otras soluciones efectivas y disuasivas que eviten que sea la ciudadanía la que finalmente se afecte y perjudique por tales actuaciones.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Por sentencia de 28 de enero de 1981 este Tribunal revisó la dictada por la Sala de San Juan del Tribunal Superior que ordenó al Alcalde de la Capital la reposición de cuatro Investigadoras Auxiliares del Programa de Ayuda a la Comunidad, que habían sido despedidas ilegalmente en el año 1969, modificada al solo efecto de excluir de la protección de la sentencia a las peticionarias de mandamus Luz María Boisjoli y Esther Velazco Oyóla cuya acción consideramos matizada de incuria por haber formulado su reclamación 6 años y 4 meses después de notificadas de su cesantía. En la etapa de ejecución y liquidación de la sentencia ha surgido un nuevo conflicto toda vez que la sentencia enmendada nunc pro tune, revisada por este Tribunal, en su parte dispositiva ordena al municipio “satisfacerles [a las demandantes] los sueldos y emolumentos que . . . tenían derecho a recibir”. Por resolución de 17 marzo, 1981 hubo de aclarar el Tribunal que su sentencia cubre determinados beneficios margi-nales, a saber, licencia por enfermedad, mas no vacaciones; y aportación proporcional del municipio al Seguro Social y Sistema de Retiro, además de los sueldos y aumentos anuales en sueldos. Contra dicha resolución recurrió en certiorari el alcalde demandado. A su vez, las dos em-pleadas demandantes Carmen Sotomayor y Carmen Maldonado Dosal, recurrieron en certiorari de orden de 10 marzo, 1981 de igual propósito aclaratorio de beneficios comprendidos y excluidos en la restitución. Consolidamos los recursos y el 30 de abril de 1981 expedimos el auto en ambos.

La solicitud de las empleadas se limita a negar facultad al tribunal de instancia para corregir su sentencia y hacer aclaraciones necesarias para su ejecución y liquidación, que es la etapa en que actualmente se halla el pleito. Su contención real es que el juez sentenciador debió añadir el pago de vacaciones regulares acumuladas, a la lista de beneficios en vías de liquidación.

Las empleadas despedidas tienen derecho a recibir, como parte de la restitución que satisfaga la vindicación de su derecho, los beneficios marginales que le reconoció el juez, y además el que le negó y que ellas reclaman de vacaciones acumuladas. Mas hay que partir de la premisa que todo este haz de compensaciones que integran la reparación del daño al patrimonio del empleado, tiene la esencial naturaleza de indemnización y se rige por normas sobre lucro cesante, fuente colateral y doble compensación que más adelante exponemos y que amplían y en parte modifican la doctrina de Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932 (1971), y de la sentencia de Soto Bosque v. Junta de Personal, 85 D.P.R. 814 (1962).

Este Tribunal ha conceptuado como indemnización el pago de salarios dejados de percibir por el empleado repuesto después de una destitución ilegal. Al efecto, en Municipio de Coamo, supra, pág. 940, declaramos: “El remedio no constituye una remuneración por servicios prestados y sí una indemnización en dinero tradicional-mente concedida en estos casos: El sueldo es sólo la base de la indemnización, la medida para computarla.” La decisión en Municipio de Coamo, supra, sin embargo, al confrontar la prohibición constitucional de que ninguna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico (Constitución E.L.A. Art. VI, Sec. 10), bajo la premisa de que “indemnización” no es “sueldo”, autoriza una doble compensación con fondos públicos al ordenar que no se descuenten de los haberes o remuneración de que fue privada la empleada por despido ilegal, los sueldos a ella pagados por otras agencias del Gobierno para las que trabajó durante su cesantía. Ordena la Constitución en el mismo Art. VI, Sec. 9 que sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley. No escapa al somero análisis que llámese sueldo o indemnización al resarcimiento del empleado repuesto, la erogación de fondos opera en detrimento del erario públi-co. Si en la esfera de la contratación privada ha llegado este Tribunal muy cerca de repudiar como irracional la doctrina de la fuente colateral y su acumulación de beneficios (Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R. 609 (1976)) con mayor fundamento debe proscribirse, en vista de la preceptiva constitucional, de la indemnización de empleados públicos. Tanto en el empleo privado como en el gubernamental es el concepto de lucro cesante o frustrado el que configura la paga equivalente de salarios y beneficios por el tiempo que las actuaciones del demandado ocasionaron una interrupción y cese de ingre-sos. Cf. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 869-870 (1978).

De regreso a la norma constitucional de que en todo caso, de las propiedades y fondos públicos sólo se dispondrá por autoridad de ley, encontramos que la Ley que autoriza la prestación de la indemnización en virtud de la cual se equilibra o nivela la diferencia entre el estado del patri-monio actual del empleado perjudicado y el que tendría ese patrimonio en el caso de que el hecho dañoso de su destitución o suspensión ilegal no se hubiera producido, es la Ley de Personal del Gobierno (Núm. 345 de 12 mayo, 1947), vigente al tiempo de Municipio de Coamo, supra, que en lo pertinente de su Art. 31 (3 L.P.R.A. see. 671) ordenaba:

Si la decisión de la Junta fuere favorable al funcionario o empleado querellado, la autoridad nominadora le restituirá a su puesto, teniendo dicha restitución carácter retroactivo a la fecha en que el querellado hubiere sido destituido. La Junta autorizará el pago total o parcial que habría corres-pondido al empleado o funcionario restituido a partir de la fecha en que fue destituido por la autoridad nominadora, o que se considere dicho tiempo como una suspensión de empleo y sueldo, o podrá recomendar cualquier otra pena-lidad razonable dentro de las disposiciones de las sees. 641 a 678 de este título; Disponiéndose que en caso de que la Junta o el tribunal, en su caso, ordene la reposición con paga de los haberes atrasados que puedan corresponder a cualquier empleado destituido, si el puesto ha sido cubierto con carácter provisional antes de la decisión de la Junta o del tribunal, en su caso, por la presente se autoriza y ordena al Secretario de Hacienda a verificar el pago contra economías en las asignaciones de la agencia o del Departamento de que se trate y en caso de que no las hubiere contra cualesquiera fondos existentes en el Tesoro de Puerto Rico no destinados a otras atenciones.

Dicha disposición fue suplantada por la Sec. 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público (Núm. 5 de 14 octubre, 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1397)) que dispone:

Órdenes remediales
(1) En los casos en que la Junta resuelva a favor del querellante, dictará las órdenes remediales pertinentes.
(2) En casos de destitución, si la decisión de la Junta es favorable al empleado, ésta deberá ordenar su restitución a su puesto, o a un puesto similar. Asimismo deberá ordenar el pago total o parcial de los salarios dejados de percibir por éste desde la fecha de la efectividad de la destitución, y la concesión de todos los beneficios marginales a que éste hubiese tenido derecho.
(3) En casos de suspensión de empleo y sueldo, si la decisión de la Junta es favorable al empleado, deberá ordenar el pago total o parcial de los salarios dejados de percibir por éste y de todos los beneficios marginales a que éste hubiese tenido derecho durante el período de suspen-sión.

Como se desprende de los textos citados, tanto la anterior como la vigente Ley de Personal refieren a la facultad estimativa del órgano que evalúa el despido la decisión en cuanto a si el resarcimiento del empleado amerita un pago equivalente al total o parte de los salarios dejados de percibir. La razón para rehusar el importe total de salarios puede ser la acción de la Junta o del tribunal substituyendo la sanción de destitución por alternativa de suspensión, como se dijo eri Soto Bosque v. Junta de Personal, supra, variación de la penalidad en cuanto a tiempo de privación de salario, y dentro de la evidente flexibilidad del estatuto, cualquiera otra que en sano ejercicio de arbitrio por el juzgador determine que el resarcimiento del empleado se cumple con menos del importe total de los salarios perdidos, siguiendo la norma de satisfacer daños y perjuicios “merced a la cual se procura la obligada restauración del desequilibrio produ-cido en el patrimonio del acreedor por el incumplimiento de la obligación imputable al deudor”. Al aplicar esta norma de esencial justicia, podrán deducirse de la indem-nización que corresponda al empleado los salarios perci-bidos tanto de empresa privada como de empleo público, sin que pueda echarse a dormir en espera de un premió de salarios acumulados por años porque como todo acreedor de daños y perjuicios está en la obligación de aminorar los mismos, y su esperanza de capitalizar el ocio a costa de fondos públicos tropezará con el ejercicio de la discreción judicial para moderar la indemnización reduciéndola al pago parcial de los salarios; al igual que servirá dicha discreción del magistrado para preservar para el empleado el beneficio máximo o pago total de los salarios y concesión de todos los beneficios marginales cuando ante él se justifiquen la inactividad del empleado durante la cesantía y la ausencia de esfuerzo generador de ingresos por dicho período. Si la deducción de sueldos percibidos en el empleo público es mandatoria por razón de los preceptos de la Constitución de 1952 antes citados, la de salarios ganados en la industria privada lo son igualmente deducibles si hemos de extender a ambos empleados la igual protección de las leyes, y eludir un discrimen que castiga económica-mente al servidor público y por otro lado premia a su contraparte en la industria privada. Éste siempre vendría sujeto al principio que proscribe la “doble compensación” como costo adicional a la sociedad que la paga. Futurama Import Corp., ante. El actual estado de Derecho consti-tuido por la caracterización en la jurisprudencia patria de la restitución al empleado público ilegalmente despedido como indemnización o resarcimiento de daños y perjuicios, y la latitud de la Ley de Personal en su alternativa de pago total o parcial de ingresos y beneficios interrumpidos por la acción dañosa, dejan la dimensión y alcance de este estatuto reparador al arbitrio judicial, que deberá ejerci-tarse en forma que haga justicia al funcionario o empleado sin exceso detrimental para la sociedad y del modo que más se acerque a la nivelación del patrimonio afectado por el lucro frustrado. Este método de compensación con el equivalente de salarios atiende a la pérdida de ingreso, que es una partida de daños; y no excluye en los casos adecuados la causa de acción en daños y perjuicios del empleado contra el funcionario que le destituye con crasa arbitrariedad y abuso de poder, a la que proveen el Art. 1802 del Código Civil y la derivada del injunction de derechos civiles, 32 L.P.R.A. sec. 3524(3)(2). El freno contra los despidos arbitrarios a que este Tribunal se refirió en Torres Cartagena v. Srio. de Instrucción, 94 D.P.R. 690, 696 (1967), tendrá una adicional potencia disuasiva en esta acción civil en daños.

Aquellos beneficios marginales que no fueren compen-sados por una concesión equivalente en el nuevo empleo no sufrirán mengua ni reducción llegado el momento de implementar la acción reparadora. Se cuentan entre estos beneficios las vacaciones, la licencia de enfermedad, las cuotas al Sistema de Retiro, Seguro Social, Bono de Navidad, sin que pretendamos hacer una lista exclusiva, que son parte inseparable de la restitución y resarcimien-to, y le serán preservados y pagados al empleado repuesto si no le hubieren sido concedidos en el segundo empleo.

No vemos problema en la restitución de derechos del empleado ilegalmente despedido, al Sistema de Retiro. El Art. 20 de la Ley, 3 L.P.R.A. see. 780, ordena que las aportaciones se harán en forma de descuentos en la retribución del empleado por el oficial pagador del pa-trono, lo que simplemente plantea demora en el descuento y pago, imputable únicamente al patrono. Por analogía el Sistema podría seguir la regla de recuperación de aporta-ciones no deducidas por la agencia, 3 L.P.R.A. sec. 815(b); y la regla para pago de cuotas interrumpido por accidente del trabajo. 3 L.P.R.A. see. 765. Como cuestión de princi-pio, la falta de cotización o prestación de servicios impues-ta por un despido ilegal no puede operar en perjuicio del empleado.

Insisto en que este Tribunal puede y debe actuar en este caso para suprimir la doble paga sin trabajar en una época donde tanto trabajador está perdiendo su empleo por falta de recursos del patrono. Sólo proponemos que en la liquidación de haberes correspondientes al empleado re-puesto, se le descuenten los salarios percibidos en otro empleo —público o privado— durante su cesantía. No es tan extrema dicha norma como la adoptada por este Tribunal desde el año 1953 en Rosario v. Comisión Policía Insular, 74 D.P.R. 353, y que constituye un bien fundado precedente en nuestra jurisprudencia. Allí dijimos:

Aunque sea permisible el considerar y resolver en una petición de mandamus una reclamación por sueldos atrasa-dos, sin embargo, y al igual que en todo caso de acumulación de acciones, bajo la propia Regla 18, el remedio sólo puede concederse de acuerdo con los derechos sustantivos de las partes. Aun si el peticionario en este caso tenía derecho a ser repuesto en su cargo de teniente primero de la policía insular, si, como cuestión de hecho, los cargos de teniente primero estaban siendo ocupados y desempeñados por otras personas durante el período de tiempo en que el peticionario debió haber sido repuesto en su cargo, y esas personas, como funcionarios defacto, percibieron los sueldos correspondien-tes, el peticionario no tiene derecho a que se le paguen tales sueldos en este recurso de mandamus. [Citas.] El interés público determina la necesidad y conveniencia de que haya continuidad en los servicios gubernamentales y, a tal fin, el desideratum consiste en que las obligaciones inherentes a los cargos públicos sean desempeñadas en todo momento por algún funcionario, aunque sea defacto. Ello implica el pago de sueldos a tales funcionarios y, por consiguiente, el gobierno no debe ser obligado a satisfacer dos veces el mismo sueldo. [Citas.] Además, e independientemente de disposiciones estatutarias que determinen lo contrario, el derecho a sueldos o salarios públicos debe ser función y consecuencia de servicios prestados, mientras ello sea posi-ble. [Citas.] En términos generales, el desempeño de un cargo gubernamental no debe ser considerado como un derecho propietario, sino como un deber fiduciario en beneficio del pueblo y, por lo tanto, el disfrute de los sueldos es un incidente de la prestación de servicios. [Citas.] Como fundamentos adicionales de la regla que prohíbe el pago de salarios por el gobierno cuando tales salarios ya han sido pagados a un funcionario defacto, se ha señalado que los funcionarios gubernamentales a cargo del pago de salarios y sueldos públicos deben tener el derecho a descansar en el título aparente del funcionario de facto, y no deben ser obligados, antes de autorizar el pago de tales sueldos, a asumir la función judicial de decidir quién tiene derecho a los sueldos. [Citas.]
Se podría argumentar que el derecho a sueldos es un incidente y consecuencia del derecho al cargo y que los sueldos deberían ser obtenibles desde el momento en que surgió el derecho a la reposición en el cargo; siendo el derecho a sueldos creado por autoridad de ley y no por disposición contractual, siendo tal derecho, por lo tanto, independiente de la prestación de servicios. [Citas.] Sin embargo, tal concepto técnico debe quedar subordinado al interés público predominante de lograr la prestación de servicios gubernamentales continuos y de evitar la duplici-dad en el pago de sueldos. Págs. 361-363.

A los fundamentos de urgente necesidad pública, de la inmoralidad del doble pago, del discrimen resultante de admitir deducción de salarios pagados con fondos públicos, mas no los de empresa privada aunque fueran más altos y a la grave injusticia que representa distraer los escasos recursos destinados a servicios esenciales de nuestro pueblo, para pagar una doble compensación, debe sumarse el valor de precedente bien fundado en la jurisprudencia patria formulado en Rosario v. Comisión Policía Insular, supra, y con el que se interpretó la Sec. 31 de la anterior Ley de Personal Núm. 345 de 12 mayo, 1947 (3 L.P.R.A. see. 671), cuyo texto referente al pago de sueldos como indemnización se mantiene hoy en la Sec. 7.17 de la Ley de Personal vigente, Núm. 5 de 14 octubre, 1975 (3 L.P.R.A. see. 1397).

No veo razón para eludir la cuestión de alto interés público después de haber expedido el auto. El caso se halla en etapa de liquidación y las deducciones que propongo de ingresos derivados durante la cesantía, de fuentes tanto gubernamentales como privadas, es cuestión que no debe-mos eludir, por la grave repercusión que el desembolso de cientos de miles de dólares de sueldos, y beneficios marginales tiene en el presupuesto de los municipios afectados, muchos de ellos al borde de la quiebra; y por lo menos dos en que los empleados han renunciado el salario por algún tiempo, para que puedan atenderse necesidades vitales de la comunidad, como medicinas para pobres, servicio de ambulancia, limpieza pública, etc. ¿Cómo reconciliarnos con la práctica de pagar doble a quien no ha rendido servicios al pueblo, frente al empleado que se aviene a una reducción del salario durante la crisis, o el infeliz que necesita un costoso suero humano antitetánico? Este Tribunal ha provisto remedio cuando lo demandan bien el interés público, o los derechos privados de los litigantes, sin detenernos ante obstáculos procesales, pídalo o no la parte que tiene derecho a ese remedio. Hasta hemos originado cuestiones constitucionales que debieron susci-tarse en instancia. No hay duda de que tenemos jurisdic-ción y mandato de ley para así actuar. De modo que la falta de claridad en el estatuto, hoy superada por la interpretación sociológica, no es obstáculo para que en-frentemos la arbitrariedad que representa la paga doble para quien ni siquiera trabajó tiempo sencillo. Nuestra jurisprudencia da fe de que ni la ley del caso, ni la excepción de cosa juzgada, ni la falta de iniciativa de la parte con derecho a remedio, han detenido la acción resuelta de este Tribunal. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no hay que recurrir a excepción; la sentencia se halla en etapa de liquidación y el presente criterio provee la solución más justa para los miles de puertorriqueños afectados por esta situación. Está totalmente carente de base la invocación de la “ley del caso” —que jamás ha sido muro insuperable en nuestra razón de decidir— cuando no nos detuvo para ordenar deducción de salarios de fuentes gubernamentales en Bachier Ortiz v. Pirela, Alcalde de Arroyo, R-81-46, S. de 29 octubre, 1981; ni en Municipio de Mayagüez v. Rivera y otros, 0-81-640, Resolución de 30 diciembre, 1981.

Si el pago total o parcial de salarios dispuesto tanto en la anterior como en la vigente Ley de Personal tiene, según Municipio de Coamo, supra, naturaleza de indemnización, como tal debe adjudicarse y modificarse según el arbitrio judicial aprecie el daño económico que sufre el empleado destituido. No hay que legislar para eso, ni mucho menos debe detener a este Tribunal que cumple su función de interpretación de las leyes en forma creadora, enfilada al máximo beneficio en su aplicación. Este Tribunal declaró en Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 278 (1978):

En buena teoría de adjudicación, además, los parlamentos no son los únicos agentes de cambios sociales necesarios. Cuando se trata de mantener vivo un esquema constitucio-nal, de conservarlo en buena sintonía con las realidades del país, es principal deber de la judicatura propender igual-mente a tal fin, aunque con la mesura y circunspección que le impone su papel dentro de nuestro sistema de gobierno y sin exceder el marco de sus atribuciones.

El argumento de que el pago completo de salarios, sin deducciones, es disuasivo contra los despidos injustos ha perdido toda validez. La arbitrariedad la ejercía el alcalde o jefe de agencia sin temor, porque otro (el contribuyente) pagaba. Los nuevos remedios de hoy, la legislación federal de Derechos Civiles en cuya aplicación tenemos jurisdicción concurrente, y nuestro propio injunction de 32 L.P.R.A. sec. 3524(3)(2), auxiliado por el Art. 1802 del Código Civil proveen un remedio contra el propio funcionario opresor.

La solución fundada en Derecho, aquí propuesta, es de inaplazable urgencia. Nuestros municipios y agencias enfrentan una crítica insuficiencia presupuestaria. Miles de empleados quedan cesantes por falta de recursos públicos. ¿Por qué otros van a cobrar doble y aun por servicios no-prestados?

Dictaría sentencia que modifique las resoluciones recu-rridas al solo efecto de incluir el pago de vacaciones regulares entre los beneficios marginal.es que deben exten-derse en la restitución; y así modificadas, confirmadas. Y que ordenara vista sobre liquidación de sueldos y benefi-cios para deducir de los mismos los sueldos y salarios que durante la separación de su empleo con el municipio hayan percibido estas empleadas de otros patronos, y para la final adjudicación de derechos en forma compatible con este criterio.

       Adviértase que la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1976 (32 L.P.R.A. sees. 3086-3092) autoriza al Secretario de Justicia —con sujeción a un trámite— a proveer representación legal y el pago de sentencias dictadas en causas de daños contra funcionarios o exfuncionarios por “violaciones a los derechos civiles . . . debido a actos u omisiones incurridos de buena fe, en el curso de[l] trabajo y dentro del marco de sus funciones”.

       Sobre el origen de este pleito, informa el demandado recurrente: “De las quince (15), o sea, [d]el total de las Investigadoras cesanteadas, once (11) solicitaron y obtuvieron reempleo en diferentes áreas del Municipio previa solicitud de ellas. Sólo cuatro, Carmen Sotomayor de Maldonado y Carmen Maldonado Dosal, Luz María Boisjoli y Esther Velazco Oyóla no solicitaron reempleo por lo que no fueron reempleadas. Ellas instaron uno de los pleitos que da origen a estos recursos, el 69-6012.
      “Quedaron en el caso las primeras dos, Carmen Sotomayor de Maldonado y Carmen Maldonado Dosal por cuanto, respecto a las otras dos se resolvió sus demandas no procedían por haberse instado sus recursos tardíamente.” Alegato del demandado recurrente, pág. 2.

       Prohibición reiterada en el Art. 177 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 551.

       De los factores o circunstancias a tomarse en cuenta al graduar o atemperar los beneficios acumulados según Futurama, supra, están presentes en este caso: 1) origen, naturaleza y propósito del beneficio adicional envuelto; 2) objetivos básicos del sistema de daños; 3) naturaleza del daño sufrido; 4) si el beneficio adicional entraña un enriquecimiento injusto; 5) si deriva el beneficio adicional y hasta qué punto, de sacrificios pecuniarios del perjudicado; 6) el mejor modo de conciliar los intereses envueltos en el caso concreto.

       Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., T. 3, pág. 187.

       Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá dictar Orden de entredicho provisional:
      “(1) ........
      “(2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o Leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      “Disponiéndose además; que al dictar dicha orden el Tribunal debe consi-derar el interés público envuelto y concluir que la parte peticionaria tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos de su petición. Dicha orden sólo tendrá vigor en el caso específico ante el tribunal y entre las partes.”


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Virginia Ruiz Negrón y José González Solís, acusados y recurridos.

      Número: O-82-165

      Resuelto: 26 de mayo de 1982

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino; Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados del peti-cionario; Mario A. Rodríguez y Mario A. Rodríguez Torres, abogados de los recurridos.
   PER curiam:

Se interesa mediante la petición de cer-tiorari de epígrafe que dejemos sin efecto una resolución del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que ordenó la desestimación de acusaciones contra los recurridos por infracción de.la Ley de Bolita. Dicha resolución fue promovida por moción de la Defensa, que alegó que la declaración jurada del agente encubierto que dio base a las acusaciones no cumple lo requerido por la Sec. 4A de dicha ley ni con la jurisprudencia de este Tribunal sobre el particular. Examinada la referida declaración jurada en atención a la citada disposición de la ley y los criterios establecidos en Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979), expedimos resolución el 7 de abril de 1982 en que concedimos término a los recurridos para mostrar causa por la cual no deberíamos expedir el auto solicitado y dejar sin efecto la resolución del tribunal de instancia. Los recurridos han comparecido por escrito.

En Pueblo v. Almodóvar, supra, luego de resumir nuestros pronunciamientos en una línea de casos que se inició con Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719 (1961), y continuó con Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961), Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966), Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967), Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973), y Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974), reiteramos nuestra preocupación por el uso a solas del testimonio de agentes encubiertos en la persecución de casos por infracción de la Ley de Bolita y por el uso y tráfico de substancias controladas, y fijamos pautas que quedaron finalmente incorporadas a la Ley de Bolita, al adicionársele la Sec. 4A por Ley Núm. 54 de 27 de mayo de 1980. Dicha Sec. 4A dispone:

Sección 4A. Agentes encubiertos, declaraciones juradas, contenido.
Toda persona que intervenga o participe como agente encubierto en cualquier transacción o venta de material relacionado con los juegos generalmente conocidos como “Bolita”, “Bolipool”, combinaciones clandestinas relacionadas con los Pools o bancas de los hipódromos de Puerto Rico y loterías clandestinas; o que sorprendiere a cualquier persona portando o conduciendo o que tuviere en su poder en cualquier concepto, cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de números o letras, boletos o implementos que pudieren usarse en dichos juegos ilegales bajo las disposi-ciones de esta ley, deberá prestar ante un fiscal, dentro de un término no mayor de 120 horas siguientes a haberse consu-mado dicha transacción o venta o cualquiera de las acciones delictivas antes mencionadas, una declaración jurada sobre su participación en la misma y los hechos pertinentes a ésta, incluyendo el término durante el cual se extendió la investi-gación, el área cubierta, los resultados obtenidos y las causas presentadas contra otros infractores atrapados en la redada, así como la identidad de otras personas que realizaron transacciones con el acusado observadas por dicho agente encubierto. El término de 120 horas aquí establecido será de estricto cumplimiento, excepto que se demuestre justa causa para una demora en someter la declaración jurada dentro del término antes indicado.
Cuando el Tribunal determinare en la vista preliminar que dicha declaración jurada no fue prestada, o que habién-dose prestado fuera del término de 120 horas no hubo justa causa para la dilación, ni dicha declaración jurada ni el testimonio del agente encubierto podrán ser presentados en evidencia.
En la determinación de justa causa se tomará en consi-deración, entre otros factores, el que la investigación no hubiere concluido dentro del término antes indicado. (Énfa-sis suplido.)

En el presente caso la declaración jurada del agente cumple substancialmente con la transcrita disposición. En aras de economía de espacio la transcribimos al margen. No es necesario hacer un análisis de todos sus detalles. Su lectura basta para comprobar que fue pres-tada dentro del término establecido en la transcrita See. 4A, y que expresa cuándo se inició la labor investigativa del agente, el área cubierta, su participación, las personas intervenidas y las infracciones cometidas. No describe a cada infractor ni da su nombre completo, pero les señala por sus nombres conocidos de manera que su identidad pueda averiguarse.

En cuanto a las infracciones imputadas a los recurri-dos, la declaración es prolija en detalles sobre sus descrip-ciones físicas, cómo vestían, lugares específicos en que ocurrieron, vehículo envuelto y actuaciones del agente. El lugar en que ocurren las transacciones es la parte posterior de un negocio “frente al baño, donde hay un pequeño balcón”, y la transacción imputada es observada por el agente cuando simuló que iba para el baño. No puede decirse que es ésta una declaración estereotipada y descar-nada, ni que se tratara de una transacción a plena vista. Es de esperarse que en el desempeño de una misión confidencial, el agente, al introducirse entre los miembros de las subculturas del crimen, se gane su confianza. En este caso, él no le era extraño a Doña Geña y precisamente había hecho una transacción de bolita con ella momentos antes de la transacción observada entre ella y José.

Antes de disponer del presente recurso nos vemos precisados a referirnos a la actitud y expresiones de los abogados de los recurridos, Ledo. Mario A. Rodríguez y Ledo. Mario A. Rodríguez Torres, contenidas en su escrito sobre mostración de causa. Ningún argumento jurídico oponen a la bien fundamentada petición de certiorari. En un evidente desahogo de encono personal motivado por la intimación en nuestro requerimiento de mostrar causa de haber acogido como válidos los argumentos de la petición, dan por sometido el recurso y expresan que la concesión del término para mostrar causa es una manifestación de “ritualismo procesal”, que la oportunidad de ser oídos concedida es “un ejercicio abstracto”, y que argumentar su moción sería “un ejercicio fútil”. Terminan señalando: “Que dan por sometida la cuestión, no sin antes consignar su onda [sic\ preocupación por este tipo de manifestación del más alto Tribunal de nuestro país, que vulnera según nuestro entender, los derechos de los acusados.”

Estas desafortunadas expresiones de velada crítica a este Tribunal no están a la altura que es de esperarse de quienes deben siempre honrarse a sí mismos como defen-sores del buen nombre y prestigio de los tribunales de justicia, de cuyo sistema son parte integrante. Los arran-ques pasionales jamás deben ser armas de lidia en la contienda judicial, con mayor razón si carecen de toda justificación. Se previene a los mencionados abogados contra inobservancia de estos principios. Véase el Canon 9 del Código de Ética Profesional.

Durante varios años hemos estado utilizando como medio para agilizar los procedimientos ante este Tribunal, la expedición de resoluciones que se ha dado en llamar órdenes para mostrar causa. Para evitar el trámite más complicado y largo de expedir un auto de revisión o de certiorari, en muchas ocasiones requerimos de la parte recurrida que muestre causa por la cual no debamos tomar determinado curso de acción. Lo hacemos cuando dicha parte no ha comparecido a oponerse a la petición, en ánimo de ofrecerle oportunidad de exponer ante nos los argu-mentos jurídicos que pueda tener contra los expresados en la petición. El curso de acción intimado no es necesaria-mente el criterio del Tribunal, como lo demuestran, para ejemplo, las estadísticas que a continuación se exponen.

Durante el presente término de sesiones de este Tribunal, que comenzó el primero de octubre próximo pasado, y hasta el 15 de abril del año en curso —un período de seis meses y medio— hemos expedido un total de 207 órdenes para mostrar causa. Ese total se redujo a 202 por desistimientos voluntarios de los recurrentes. Para la indicada fecha —15 de abril— había 98 pendientes de contestación. De los 104 restantes, en solamente 65 casos se revocaron las resoluciones o sentencias recurridas. De los restantes 39, 15 se resolvieron por resoluciones en que se denegó la expedición del auto, 10 se resolvieron por sentencias u opiniones en que se confirmó la sentencia o resolución recurrida, y en los restantes 14 se modificó la sentencia recurrida. Dicho de otro modo, en 25 de 104 casos —un 24 por ciento— quedaron inalteradas las sentencias en que requerimos mostrar causa para no revocarlas o modificarlas, y en 10 de los restantes casos las sentencias o resoluciones recurridas no fueron revocadas y sí modificadas.

Cabe señalar que en algunos de los casos en que revocamos, luego de requerir mostración de causa, la parte recurrida no compareció a oponerse, dando así por bueno el criterio intimado. Y procede señalar, además, que no siempre fueron unánimes las decisiones de este Tribunal que modificaron o revocaron sentencias o resoluciones recurridas en que requerimos mostración de causa.

Mediante este procedimiento ha logrado este Tribunal que en muchos casos, recursos que de ordinario hubiesen tomado muchos meses en resolverse, se han podido resolver en pocas semanas. Este procedimiento de mostración de causa es parte de nuestro empeño de acortar y simplificar los trámites y lograr una pronta solución de los casos. Otros medios que hemos adoptado, tendientes al mismo fin, son, para ejemplos, dispensar el requisito de largas, costosas e innecesarias transcripciones, Sustituyéndolas por exposiciones narrativas de la prueba; y resolver sin dilación, bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento, casos que no ameritan ulteriores trámites. Este empeño está a tono con el deseo de todo litigante de que su caso se resuelva prontamente. En ello tiene particular interés la profesión jurídica en general. Valga aclarar que el empleo de estos medios para agilizar los procedimientos ante este Tribunal en ninguna forma menoscaba la preeminente función de hacer justicia; al contrario, la complementa, pues justicia tardía no es necesariamente la mejor justicia.

Por lo expresado, se expedirá el auto de certiorari, se dejará sin efecto la resolución del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que desestimó las acusaciones contra los aquí recurridos, y se dispondrá que continúen los trámites ante dicha sala hasta la final disposición de las causas que se les imputan.

       Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948 (33 L.P.R.A. seCs. 1247-1257).

      33 L.P.R.A. sec. 1250a.

        "QUE MI NOMBRE Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES SON LAS ARRIBA INDICADAS:

      “Que trabajo para la Policía de Puerto Rico, en calidad de Agénte Encubierto, adscrito a la División Control Vicio del Area Metropolitana. Fui asignado para el mes de noviembre de 1980, a realizar investigaciones confidenciales sobre Juegos Ilegales Bolita, Quinielas Clandestinas y otros delitos, en los pueblos de Cataño, Toa Baja y Dorado y sus sectores. En los cuales ya he realizado 5 transacciones, dos de Bolita[,] 2 de quinielas clandestinas y una de exacta clandestina. Con los individuos DOÑA GEÑA, PABLITO, MILLO GALAN, TITO Y REYNALDO. Para el martes 17 de febrero de 1981 y en horas de la tarde me encontraba en Levittown en el parking de el Supermercado Co-op frente al Paseo Amapola dándole seguimiento a un individuo C/P JOSE de tez trigueña, pelo canoso y un poco calvo, usa lentes, 150 libras de peso aproximadamente, 5 pies 6 pulgadas aproximadamente, 58 años de edad aproximadamente vistiendo pantalón color guayaba, camisa rojo claro, y zapatos brown y usando lentes claro. Este individuo por conocimiento propio se dedica a recoger listas a las personas que se dedican al juego ilegal de la Bolita. Debido a que en mi presencia en varias ocasiones ha ido al negocio de una Sra. C/P DOÑA GEÑA con la cual yo tengo una transacción de quiniela clandestina y [h]a recogido dicha lista. Este día y en la fecha arriba indicada, el Sr. C/P JOSE, a las 4:50 P.M. y frente a su casa que es en la dirección arriba indicada se montó en un carro Datsun modelo 1979, color brown obscuro, tablilla 62 x 732 y se dirigió hacia el pueblo de CATA-ÑO[. Y]o le di seguimiento hasta que él se detuvo en la Calle Tren y yo seguí hasta El Negocio de Doña Geña que está ubicado en la Calle Destino del Pueblo de Cataño. Esta Sra. C/P DOÑA GEÑA es de tez blanca, pelo corto y canoso, 5 pies 2 pulgadas de estatura aproximadamente, 138 libras de peso aproximadamente, 60 años de edad aproximadamente. Vistiendo traje brown con cuadros blancos y chancletas negras. Cuando yo estaba en dicho negocio al cabo de media hora me dirigí hasta la parte de atrás de dicho negocio frente al baño, donde hay un pequeño balcón y allí se encontraba Doña Geña con un papel color blanco de aproximadamente 5 pulgadas de ancho x 6 de largo, donde [había] varios números apuntados con cantidad de dinero al lado, entre los cuales pude observar el 037 con $1.00, 290 con 75<P y el 409 con $1.00[. Y]o llegué y la saludé y le dije DOÑA GEÑA apúntame el 474 con $1.00 para [ver] si la suerte cambia[;] ella apuntó el número en la misma lista arriba indicada y cogió el dólar[. L]a hora exacta de dicha transacción fue a las 6:10 P.M. Luego de ahí pasé a la parte posterior del Negocio a jugar en una máquina de pinball. Como a las 6:35 P.M. llegó el individuo C/P JOSE en el carro arriba descrito y se paró frente a dicho negocio mirando hacia los alrededores[. A]1 cabo de 3 minutos entró al Negocio y se dirigió hacia el pequeño balcón en la parte de atrás de dicho negocio. Después que él (JOSE) entró yo me fui como que iba para el baño y en ese momento DOÑA GEÑA le hacía entrega de la lista en la cual ella había apuntado el número que yo le transé y él se la echó al bolsillo del pantalón (JOSE)[, y] se quedó hablando con DOÑA GEÑA. Luego yo quedé cerca sin perderlo de vista desde que ella le entregó la lista y escuché cuando él le dijo a DOÑA GEÑA ‘bueno nos vemos mañana que yo voy derechito a casa a cotejar esto’. Yo salí detrás de él y me monté en mi carro, cuando el individuo C/P JOSE se marchó en el carro llevándose consigo dicho material ilegal del juego de la Bolita. Yo seguí detrás de él manteniendo una distancia prudente y le di seguimiento hasta su casa. Que está ubicada en el número 2264 del Paseo Amapola, Urb. Levittown, Toa Baja. Luego dicho Sr. C/P JOSE se bajó del carro y se metió a su casa. Al cabo de 5 minutos al ver que éste no salía pasé por frente de su casa pero no lo vi ya que éste se encontraba en el interior de su casa, entonces yo me dirigí hasta la plaza de Cataño y desde un teléfono público le comuniqué a mi Agente de Contacto de la transacción realizada por mí. En dicho sector yo me hago pasar como pensionado del Ejército de los Estados Unidos. Esta transacción realizada por mí era para ser confrontada con las 8 últimas cifras del Primer Premio de la Lotería de Puerto Rico, a celebrarse el miércoles 18 de febrero de 1981.
      “QUE LO ANTES DECLARADO ES LA VERDAD Y NADA MAS QUE LA VERDAD Y PARA QUE ASI CONSTE LO JURO:”
      (La declaración aparece jurada y suscrita ante el fiscal el 18 de febrero de 1981.)

       Véase Pueblo v. Casiano Vélez, 106 D.P.R. 33 (1976), y la tabla en la página 48 en dicho tomo.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Guillermo Torruella Serrallés, etc., demandante, v. Crédito e Inversiones San Miguel, Inc., demandada.

      Número: O-82-298

      Resuelto: 27 de mayo de 1982

      José Raúl Cando Bigas de Rodríguez Ramón, Peña & Cando, abogado del demandante; Francisco Ponsa Feliú y otros, abogados de la demandada.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito ha sometido a nuestra consideración las cuestiones siguientes de derecho bajo el procedimiento de certificación, Gual Morales v. Hernández Vega, 604 F.2d 730, 732-733 (1st Cir. 1979):

1. ¿Exige el Código Civil de Puerto Rico que el acreedor particular de un miembro de una sociedad civil haga excusión de otros bienes del deudor antes de embargar y rematar la parte de éste en el fondo social?

2. De ser ello así, ¿debe el acreedor afirmar o probar que ha satisfecho tal exigencia antes de proceder al embargo o le corresponde al deudor o a otra parte, si le interesa, plantear como defensa el incumplimiento del requisito?

Según señala el Tribunal de Apelaciones, estas interrogantes surgen al reclamarse en un procedimiento de quiebra contra un miembro de una sociedad civil la nulidad del previo embargo de su parte en el fondo social por un acreedor particular del socio. Examinemos la primera pregunta.

El Art. 1590 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 4373, dispone:

Los acreedores de la sociedad son preferentes a los acreedores de cada socio sobre los bienes sociales. Sin perjuicio de este derecho, los acreedores particulares de cada socio pueden pedir el embargo y remate de éste en el fondo social.

La fuente inmediata de esta disposición es el Art. 1699 del Código Civil español, cuyo texto es idéntico al citado. Ni este Tribunal ni el Tribunal Supremo de España han emitido juicio directo sobre la necesidad o no de hacer excusión de los bienes del deudor como condición al derecho del acreedor particular del socio a embargar el fondo social. Exploremos la historia del Art. 1699 del Código Civil español por la luz que ello pueda arrojar sobre el asunto bajo estudio.

El Art. 1699 proviene del Art. 1594 del proyecto de Código Civil para España, terminado en 1851 por Florencio García Goyena. El texto es sustancialmente igual, con leves diferencias de estilo, excepto que al final se añade: “en cuyo caso habrá lugar á la disolución de la sociedad, y el socio que la ocasione responderá de los daños y perjuicios, si se verificase en tiempo inoportuno.” F. García Goyena, Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil Español, (reimpresión de la edición de Madrid, 1852) Zaragoza, Cometa, S. A., 1974, pág. 832. La omisión de la primera de estas dos cláusulas al aprobarse en 1888 el Código Civil español no es significativa, ya que el ordinal tercero del Art. 1700, cuyo texto corresponde exactamente al Art. 1591(3) de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4391(3), provee que la sociedad se extingue en el caso previsto en el Art. 1590, antes citado. La última frase (“y el socio que la ocasione. . .”) no formaba parte del artículo utilizado por García Goyena como fuente directa de su propuesta. Se advertirá que la omisión, al menos ostensible-mente, condicionó el derecho del acreedor particular del socio tan solo a la preferencia de los acreedores de la sociedad. Se eliminó el requisito de que el embargo y el remate causantes de la disolución se verificasen en tiempo “oportuno”.

El Art. 1594 del proyecto de código de 1851 se fundó en el Art. 2794 del Código Civil de la Luisiana de 1825. García Goyena, op. cit. Este artículo se reprodujo en el código de 1870 y es la base del Art. 2823 actual, 12 West’s Louisiana Statutes Anno., Art. 2823, el cual provee:

The partnership property is liable to the creditors of the partnership, in preference to those of the individual partner; but the share of any partner may, in due course of law, be seized and sold to satisfy his individual creditors, subject to the debts of the partnership; but such seizure, if legal, operates as a dissolution of the partnership.

Contrario a lo que usualmente ocurre con el Código Civil de la Luisiana, el artículo citado no tiene equivalente en el Código Civil francés de 1804, aunque algunos comentaristas franceses se han ocupado del problema. O’Neal, An Appraisal of the Louisiana Law of Partnership, 9 La. L. Rev. 450 (1949). Estamos, por tanto, ante uno de los pocos casos de influencia directa del Código Civil de la Luisiana en la redacción del Código Civil español. (El Art. 1274 del antiguo Código Civil portugués tenía disposiciones análogas.) En las grandes recopilaciones que anteceden al Código Civil español —la Novísima Recopilación, la Nueva Recopilación, las Leyes de Toro, las Siete Partidas, el Fuero Real, el Fuero Juzgo y tantas otras— no hay disposición alguna equivalente al actual Art. 1699. Importa, en consecuencia, para intentar recrear el clima en que se redactó este artículo del Código Civil español, considerar, entre otros factores, la interpretación contemporánea del artículo correspondiente en la Luisiana.

En Pittman & Barrow v. E. G. Robicheau, 14 La. Ann. 108 (1859), la corte validó el embargo por el acreedor particular de un socio de su participación total en el fondo común y autorizó su venta, sujeto a la liquidación de las deudas de la sociedad. No se hizo indicación alguna, aunque el asunto no fue objeto de consideración, de que el derecho del acreedor estuviese supeditado al requisito de excusión de otros bienes del deudor. Véanse: B. W. Marston & Co. v. Dewberry, 21 La. Ann. 518 (1869); Levy & Sugar v. Cowan & Mayo and Mayo & Hodge, 27 La. Ann. 556 (1875); Bank of Tennessee v. McKeage, 11 Rob. 130 (1845). Si bien el acreedor podía embargar el interés de su deudor en el fondo social, su poder no alcanzaba al embargo de la parte del socio en bienes específicos de la sociedad. Smith v. McMicken, 3 La. Ann. 319 (1848), según aclarado en Robicheau, supra. No hemos hallado sentencia alguna de la Luisiana de la época que impusiese el requisito de excusión como condición para el ejercicio por el acreedor de sus derechos bajo el Art. 2823 del Código Civil de la Luisiana. Según señalaremos más adelante, este artículo refleja la jurisprudencia francesa de la época, en ausencia de disposición especial sobre el tema en el código napoleónico.

Otro factor a considerar es que en el Código de Comer-cio español de 1885, tres años antes de la proclamación del Código Civil de España, se les había negado a los acree-dores particulares de los socios el derecho a embargar y rematar la participación de éstos en el fondo social. El Art. 174 del Código de Comercio español, cuyo primer párrafo es idéntico al Art. 137 de nuestro Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1435, disponía:

Los acreedores de un socio no tendrán, respecto á la compañía, ni aun en el caso de quiebra del mismo, otro derecho que el de embargar y percibir lo que por beneficios ó liquidación pudiera corresponder al socio deudor.

Los acreedores de un socio no pueden alcanzar su interés en el patrimonio social hasta la liquidación definitiva.

Debe tenerse en cuenta también que el procedimiento de excusión de bienes no era desconocido en el Derecho español. El Art. 1830 del propio Código Civil español, idéntico al 1729 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 4891, expresaba:

El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor.

El Art. 1832, equivalente al 1731 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 4893, afirmaba a su vez:

Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de la excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste le requiera para el pago, y señalarle bienes del deudor realizables dentro del territorio español [la referencia en nuestro Código es naturalmente al Estado Libre Asociado], que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda.

El antiguo Derecho español conoció también estos principios. Véase la ley 9na, título 12° de la Partida 5ta. Bajo el Art. 85 del Código italiano de Comercio de 1882, del que deriva el Art. 2270 del actual Código Civil italiano, se había extendido, además, el concepto de la excusión de bienes al caso específico del acreedor particular de un socio. G. Ferri, Delle Societá, 2da ed. (parte de la obra de A. Scialoja y G. Branca, Commentario del Codice Civile), Roma, Soc. Ed. del Foro Romano, 1968, pág. 197 et seq. Este principio se recogió en el Art. 237 del Código de Comercio español, equivalente al Art. 156 del nuestro, 10 L.P.R.A. see. 1469.

De lo anterior se desprenden varias conclusiones. Pri-mera, el Derecho español y el puertorriqueño establecen una distinción tajante entre la sociedad civil y la mercantil respecto a las facultades que le asisten al acreedor particular de un socio. Segunda, en la sociedad civil, distinto a la mercantil, puede el acreedor pedir el embargo y remate de la parte correspondiente a su deudor en el fondo social sin aguardar a la liquidación de la sociedad. Por el contrario, su acto inicia inmediatamente el proceso de liquidación, sujeto a las condiciones a que nos refe-riremos posteriormente. Tercera, la ausencia de alusión en el Art. 1699 del Código Civil español (1590 nuestro) a requisito alguno de excusión de bienes no constituye una laguna o inadvertencia, sino una acción deliberada. Los redactores del Código conocían la institución, la utilizaron en el caso de la fianza y en otros casos, pero se abstuvieron de emplearla al tratar el problema de las acreencias particulares de los socios para con terceros. Acudieron en vez a una fuente poco usual para ellos: el Código Civil de la Luisiana.

Los comentaristas españoles son notablemente parcos en la discusión del tema que nos ocupa. Únicamente hemos hallado un autor que afirma, sin expresión de las razones para su aserto, que para acudir al embargo y remate de que habla el Art. 1699 hay que hacer antes excusión del patrimonio particular del socio. J. Puig Brutau, Funda-mentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1956, T. II, Vol. 2, pág. 431; mas véase: J. Ponsa Gil, Sociedades civiles, mercantiles, corporativas y de seguros, 2da ed., 1923, Vol. I, pág. 132. Los comentaristas españoles generalmente recono-cen, al igual que hace el código, que puede embargarse y rematarse, a causa de una deuda particular, la participación de un socio en el caudal común, aceptan que ello provoca la entrada de la sociedad en un período de liquidación y, sin discusión expresa del asunto, no imponen requisito alguno de excusión de bienes como condición al embargo y remate. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, T. IV, pág. 597 et seq.; J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1972, T. XI, pág. 538 et seq.; Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1933, TNXXV, pág. 459 et seq.; J. Girón Tena, Derecho de Sociedades, Madrid, Artes Gráficas Benzal, 1976, T. I, pág. 292; M. Albaladejo, Derecho Civil, 5ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1980, T. II, Vol. 2, pág. 341.

Conviene señalar, no obstante, algunas observaciones de interés. Santamaría, por ejemplo, recalca que el acreedor particular de un socio puede proceder al embargo y remate del interés de éste en el fondo social, sin tener que esperar (como ocurre en la sociedad mercantil, R. Gay de Montellá, Código de Comercio Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1936, T. II, pág. 353) a que la sociedad se disuelva. Es precisamente tal acto del acreedor lo que fuerza la disolución de la sociedad. J. Santamaría, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1958, T. II, pág. 723. La disolución de la sociedad, debe aclararse, no equivale a su extinción. La entidad social sigue existiendo como persona jurídica hasta que terminen las operaciones liquidatorias. S. 2-1-940, Rep. Jurisp. Aranzadi, 1; A. de Cossío y Corral, Instituciones de Derecho Civil, Madrid, Ed. Alianza, 1975, pág. 442. El inicio de los procedimientos de embargo y remate no significa, sin embargo, el comienzo de una marcha indetenible hacia la liquidación y, finalmente, la extinción. En Derecho español se reconoce la facultad de la sociedad para impedir estas consecuencias mediante el pago de la deuda particular del socio. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, Vol. IV, pág. 248.

Hemos examinado el derecho en varios otros países de tradición civilista y no hemos hallado ejemplo alguno de exigencia implícita de la excusión de bienes como condición para que el acreedor particular de un socio embargue y remate la parte de éste en el fondo social. Existen códigos que imponen este requisito explícitamente, pero en situa-ciones análogas a la española ni la doctrina ni la jurispru-dencia se han aventurado a crearlo.

En Francia, donde el Código Civil ni siquiera contiene, como apuntamos antes, un artículo análogo al 1699 español, lo que se ha hecho es reconocer en la jurisprudencia, desde temprano en el siglo XIX, el derecho a embargar la cuota de un socio por falta de pago de una deuda privada. París, 2 mai 1811, Sir., 14, 2, 213; París, 13 aoüt 1834, Sir., 34, 2, 674; Aubry et Rau, Droit Civil Franjáis, 6ta ed. (par Esmein), París, 1951, T. 6, pág. 47; G. Ripert, Traité Elémentaire de Droit Commercial, 4ta ed., París, Pichón & Durand-Auzias, 1959, pág. 341.

En Chile se han expandido las disposiciones del Código Civil por algunos comentaristas para permitir tal embargo. Munita Becerra, Embargabilidad del derecho social de un socio en una sociedad de personas, por un acreedor personal suyo, 57 Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales 89 (1960).

El Código Civil italiano de 1942, que unificó el Derecho comercial y civil, provee en su Art. 2270:

Acreedor Particular del Socio. Durante la existencia de la sociedad, un acreedor particular de un socio puede hacer valer sus derechos sobre las ganancias pertenecientes a su deudor, y tomar medidas conservativas sobre la participación que a éste corresponda en la liquidación.
Si los bienes del deudor no son suficientes para satisfacer su acreencia, el acreedor particular del socio puede también requerir, en cualquier momento, la liquidación de la partici-pación correspondiente a su deudor. La participación deberá liquidarse dentro de los tres meses siguientes a dicho requeri-miento, a menos que se haya decidido disolver la sociedad.

Se ha interpretado que la liquidación de la cuota es el último recurso disponible al acreedor, pues éste debe hacer excusión de otros bienes pertenecientes al deudor y el señalamiento de bienes es responsabilidad del acreedor. Además, como en el caso español, la sociedad puede paralizar la acción del acreedor particular mediante el pago de la deuda. G. Ferri, Delle Societá, ante, pág. 200.

El nuevo Código Civil portugués de 1966, en su Art. 999, según interpretado por sus redactores principales, sigue básicamente el enfoque italiano. Se exige la excusión, mas la sociedad posee la facultad de satisfacer la deuda privada del socio. F. Andrade Pires de Lima y J. de Matos Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra, Ed. Coimbra, 1968, Vol. II, págs. 250-251. Véanse también los Arts. 572, 575 y 578 del Código suizo de las Obligaciones, G. Scyboz y P. R. Gilliéron, Code Civil Suisse et Code des Obligations, annotés, Lausanne, Ed. Payot, 1972, págs. 219-220.

Si buscamos los valores ocultos debajo de los conceptos se encuentra que la diversidad de enfoques descrita obe-dece al peso distinto que se asigna en diferentes lugares a los intereses de la sociedad, a los de los acreedores priva-dos de los socios y a los de los socios deudores. En Italia se tiende prácticamente un cordon sanitaire alrededor de la sociedad y se asimila la de índole civil a la mercantil. Otros países tratan también de proteger la sociedad, pero amparando al mismo tiempo a un grado mayor otros inte-reses. El repaso de lo ocurrido en Puerto Rico ayuda a sopesar estos valores en esta jurisdicción.

En Puerto Rico hemos rehusado borrar toda línea de diferencia entre la sociedad civil y la mercantil. En Abella Hernández v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 279 (1965), se embargó la participación de un miembro de una sociedad mercantil. Resolvimos que el embargo era nulo por ser aplicable a esta situación el Art. 137 del Código de Comercio y no el 1590 del Código Civil, disposiciones que hemos copiado antes en el texto de esta opinión. Véanse: Quintana Hns. & Co. v. S. Ramírez & Co. et al., 22 D.P.R. 761 (1915); Perales v. Sampayo, 36 D.P.R. 897 (1927). En Vázquez v. H. Sánchez, S. en C., 85 D.P.R. 565, 575-576 (1962), aplicamos el Art. 156 del Código de Comercio e impusimos el requisito de excusión de los bienes sociales cuando se demanda a un socio por deuda de la sociedad. En lo que respecta a la sociedad civil, en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982), hemos reducido significativamente su radio protector. En Santa Bárbara Co. resolvimos, revocando a J. T. Gibbons, Inc. v. Picó Piñán, 90 D.P.R. 60, 66 (1964), que a los socios les afecta una responsabilidad personal subsidiaria, ilimi-tada y no solidaria por las deudas sociales cuando el fondo social es insuficiente. Rechazamos allí expresamente la teoría de que, por constituir la sociedad en Puerto Rico una entidad jurídica distinta a los socios, no cabe la responsa-bilidad personal subsidiaria.

En resumen, la evidencia histórica revela que el Código Civil de Puerto Rico, al igual que el de España, omitió conscientemente el requisito de excusión de otros bienes en el caso del embargo y remate por un acreedor particular de la parte de un miembro de una sociedad civil en el fondo social. Prescindió de ese requisito aun cuando exigió nuestro Código de Comercio la excusión del haber social antes de ejecutar los bienes particulares de los socios para el pago de las deudas de la sociedad mercantil, principio extendido en Santa Bárbara a igual situación en la sociedad civil. Estimamos como cuestión de orden público, en ausencia de directriz legislativa en contrario, que la ausencia de excusión por iniciativa del acreedor no coloca a la sociedad civil en una situación de indefensión. Al igual que en España, Italia y Portugal, la sociedad puede asegurar su continuada vida, si así lo desea, mediante el pago al acreedor de la deuda particular del socio. De este modo se logra un adecuado equilibrio entre los legítimos intereses de la sociedad y los de los acreedores, sin imponer a estos últimos la excesiva carga que les corresponde bajo la solución italiana. En lo que toca a los deudores, no hay nada en ley que les prive de pagarle directamente al acreedor, de otros bienes, su deuda particular o hacer arreglos con la sociedad para tales fines. Munita Becerra, op. cit., pág. 101.

Por las razones expuestas contestamos del modo siguiente la primera pregunta certificada por el Tribunal de Apela-ciones: el Código Civil de Puerto Rico no exige que el acreedor particular de un miembro de una sociedad civil haga excusión de otros bienes del deudor antes de embargar y rematar la parte de éste en el fondo social. Esta contestación hace innecesario el examen de la segunda pregunta.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió un voto disidente. El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

-O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Disiento de este elaborado criterio que en consecuencia última convierte a la sociedad en codeudor solidario en la obligación particular del socio, carente de la determinación expresa de solidaridad que exige el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3101; y que en armonía con esa conclusión reduce la sociedad al remedio reservado a deudores solidarios: pagar para preservar su vida (Art. 1098 del Código Civil). Cf. Muriente v. Terrasa et al., 22 D.P.R. 738, 744 in fine y ss. (1915).

El acreedor personal del socio debe hacer excusión de los bienes de su deudor particular antes de embargar el fondo social, trátese de sociedad de naturaleza mercantil o civil. Si existen tales bienes personales del deudor, la sociedad debe estar protegida de una acción que promueve su disolución con todo el impacto económico que ésta conlleva en el ordenado esquema de la estructura social. Si el acreedor puede cobrar su débito de bienes no comprendidos en el capital de la sociedad, a esa única acción debe limitar su ejecutoria, sin extenderla a la perturbación y disloque de los intereses de personas que ningún vínculo tienen con él. Simplemente, no veo razón alguna para que el acreedor que puede realizar su crédito en bienes de su deudor, tenga la opción adicional de envolver en la ejecución a terceros ajenos por completo a la deuda reclamada. Considerando que el acreedor, al constituirse la obligación, tuvo entera libertad para imponer la garantía y seguridad de cumpli-miento, el balance equitativo o justo equilibrio de intereses rechaza el mejoramiento de esa garantía a costa de la sociedad y de los socios ajenos al negocio jurídico. Más que bastante alivio o favor se le extiende a quien no supo o no quiso proteger su acreencia, permitiendo su irrupción en la sociedad después de excusión improductiva.

Ambas interrogantes de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito deben, por tanto, tener una contestación afirmativa.

      El segundo párrafo del Art. 174, aplicable a las compañías constituidas por acciones, no es pertinente al asunto que nos ocupa.

       El Art. 156 provee:
      “Los bienes particulares de los socios colectivos que no se incluyeron en el haber de la sociedad al formarse ésta, no podrán ser ejecutados para el pago de las obligaciones contraídas por ella, sino después de haber hecho excusión del haber social.”

       Contrástese con el procedimiento seguido en el caso de la fianza. Polanco v. Goffinet y Portela, 33 D.P.R. 331 (1924).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Frances Osorio Loiz y Bartolo Osorio Vega, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, Sección Primera, recurrido.

      Número: O-82-255

      Resuelto: 27 de mayo de 1982

      Gloria M. Mimoso Raspaldo, abogada de los recurrentes; el Regis-trador recurrido compareció pro se.

   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Registrador de Caguas I denegó la inscripción de tres escrituras mediante las cuales, y por precio de $1,300 por parte, tres de los hermanos de la menor de 20 años Frances Osorio Loiz vendieron a ésta sus participaciones hereditarias en una casa vivienda en Urb. Villa Turabo, Caguas, presentadas al Registro con la resolución sobre declaratoria de herederos y certificación de Hacienda que acredita la cancelación de gravamen sobre bienes relictos. Adujo el Registrador, 1) que faltaba la previa adjudicación mediante partición, y 2) que la operación requiere autorización judicial.

La parte recurrente señala la que considera innecesidad de la previa inscripción de la partición antes de la enajenación de las cuotas o porciones hereditarias, fundada en que la exigencia del Art. 95 de la Ley de que al inscribir el derecho hereditario se exprese en el asiento la parte que a cada uno de los herederos corresponda, tiene efecto de tracto sucesivo abreviado, al que nada tiene que añadir la escritura o resolución judicial de división. Debemos recordar que mientras persista el estado de indivisión en la comunidad hereditaria, aun cuando sea fácilmente determinable la cuota individual, —que en el presente caso es un quinto de la mitad ó 2/10 del inmueble— el dominio de cada heredero estará difuso o diluido por toda dicha mitad de la finca en espera de que el efecto distributivo de la partición concrete y precise lo que a cada cual corresponde. Shivell v. Barber y Boscio, 92 D.P.R. 400, 410 (1965). La prohibición de enajenar o gravar cuotas específicas en una finca que no haya sido objeto de partición, inserta en el párrafo final del Art. 95 de la Ley, que se repite en el Art. 102.1 del Reglamento, tiene raíz y fundamento en el Art. 1021 del Código Civil que declara: “La partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados”; y la posición de los recurrentes fue rechazada por este Tribunal en Burgos v. Hernández, 54 D.P.R. 37 (1938), bien fundada opinión que perdura en su valor de precedente.

El segundo motivo de denegatoria se funda en el Art. 159 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 616, que todavía limita y reduce a $2,000 la facultad dispositiva del padre para enajenar o gravar —sin autorización judicial— bienes muebles pertenecientes al hijo sujeto a patria potestad. La compra o inversión por el padre para el menor necesariamente representa la enajenación de aquella parte del dinero del menor que constituye el precio. La operación no debe evadir la comprobación judicial de su necesidad y utilidad, para proteger al menor de malos negocios. Esa fue la razón que inclinó a este Tribunal a imponer el requisito de autorización judicial para tomar dinero a préstamo a nombre del menor a pesar de que la operación no representa a primera vista un acto de gravamen o enajenación. Vilariño Martínez v. Registrador, 89 D.P.R. 598 (1963). En el caso que nos ocupa la prohibición impide la inversión por el padre de dinero de su hija, sin autorización judicial, de $3,900 —precio de las tres participaciones adquiridas— $2,600 de los cuales constituyen precio en dos escrituras del mismo día 30 noviembre, 1981. La afección del inmueble a un gravamen hipotecario es elemento adicional que justifica la supervisión por el Tribunal Superior de los intereses de la menor.

Los propios recurrentes reconocen que hay recursos legales viables para obtener la inscripción y a dicha alter-nativa deben acudir.

Se confirmará la calificación del Registrador.

       En lo pertinente ordena el Art. 95 de la Ley Hipotecaria:
      “Para inscribir adjudicaciones concretas, deberán determinarse en escritura pública o por resolución judicial firme, los bienes o partes indivisas de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero, o también escritura pública a la cual hayan prestado su consentimiento todos los interesados, si se adjudicare solamente una parte del caudal y aquéllos tuvieren la libre disposición del mismo.
      “No se inscribirán enajenaciones o gravámenes de cuotas específicas en una finca que no se haya adjudicado antes en la correspondiente partición.”
      Y reitera el Art. 102.1 del Reglamento:
      “A tenor con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley [30 L.P.R.A. see. 2316] y la sec. 2003-50.1 de este Reglamento, tanto en la inscripción del derecho hereditario como en la de sentencia de divorcio que pueda inscribirse bajo el artículo 1330 del Código Civil [31 L.P.R.A. see. 3714], el Registrador hará constar claramente que la finca o derecho donde se inscriba pertenece a un patrimonio indiviso y que no podrán ser trasmitidos o gravados cuota o porciones del dominio sobre la finca o derecho de que se trate, sino por todos los titulares, a menos que haya mediado partición y adjudicación inscrita a favor del transmitente.”

       Dispone el Art. 159 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 616:
      “El ejercicio de la patria potestad no autoriza a ninguno de los padres para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de dos mil (2,000) dólares, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de ambos o de cualquiera de ellos, sin previa autorización de la Sala del Tribunal Superior en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o del gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a procedimientos legales especiales.”


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Miguel Velázquez Lozada y Ana Delia Martínez, por sí y como Co-Administradores de la Sociedad Legal de Gananciales, demandantes y recurridos, v. Ponce Asphalt, Inc. y American International Insurance Company of Puerto Rico, demandados y recurrentes.

      Número: R-80-414

      Resuelto: 28 de mayo de 1982

      Francisco J. Colón Pagan, Charles A. Cordero y Sigrid López González, abogados de los recurrentes; Israel Delgado Ramos, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Miguel Velázquez Lozada conducía su automóvil por la carretera número 183. Chocó con una máquina de asfaltar carreteras perteneciente a la Ponce Asphalt, Inc. Sufrió fractura de la cadera y serias lesiones en la pierna y rodilla izquierda. Presentó demanda para resarcirse. Se declaró con lugar. El demandado ha recurrido cuestionando las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho del tribunal de instancia. Las transcribimos a continuación.

1. Luego de finalizar las labores del día que venían reali-zando en la carretera número 183 que conduce de Las Pie-dras a San Lorenzo los empleados de la Ponce Asphalt esta-cionaron en dicha carretera alrededor de las 8:00 de la noche del viernes 3 de marzo de 1978 una máquina asfaltadora de un gran tamaño, con un ancho de 10 pies y de un peso de varias toneladas en el carril izquierdo en dirección de norte a sur, es decir de Las Piedras hacia San Lorenzo.
2. La máquina estaba totalmente desprovista —por acep-tación de la propia parte demandada— de luces, vallas, rótu-los o avisos de clase alguna que indicara a los automovilistas dónde se encontraba estacionada especialmente durante horas de la noche.
3. Las condiciones de la carretera no eran las mejores. Existían hoyos de distintos tamaños que se pueden ver cla-ramente en las fotografías sometidas en evidencia. Varias semanas antes una compañía constructora (Las Piedras Construction) estaba instalando una tubería.
4. El alumbrado público en el sector no estaba funcionando desde semanas antes.
5. La máquina fue estacionada de forma tal que ocupaba de 4 a 5 pies de la vía de rodaje haciendo imperativo que los vehículos que discurrían de sur a norte —de San Lorenzo a Las Piedras— tuvieran que detenerse cuando venían vehícu-los en dirección opuesta y desviarse hacia su izquierda para poder continuar la marcha. La carretera no estaba dividida por una línea de centro.
6. La noche siguiente, sábado 4 de marzo de 1978, alrede-dor de las 11:00 Miguel Velázquez Lozada conducía el auto-móvil de su propiedad Volkswagen, Modelo 1972 por dicha carretera. Se dirigía hacia su hogar en el Barrio Tejas de Las Piedras. Cuando se proponía pasar por el área donde estaba estacionada la asfaltadora, se encontró con un vehículo de motor que venía en dirección contraria, con las luces altas, que repentinamente se desvió hacia su carril haciendo nece-sario que Miguel tuviese que girar su vehículo hacia la izquierda para evitar la colisión entre ambos vehículos. Des-graciadamente se encontró con la máquina asfaltadora que le imposibilitó pasar libremente por el carril de la izquierda. Miguel no pudo girar hacia la derecha porque impactaba un poste del alumbrado eléctrico que allí se encontraba. El Volkswagen, a pesar del impacto, se mantuvo en el área de rodaje.
7. Aunque las circunstancias en que ocurrió el accidente hacía imperativo que Miguel reaccionara en la forma que lo hizo, desviándose hacia la izquierda en vez de a la derecha, sin tampoco poder detenerse porque chocaba de frente con el vehículo que venía en dirección contraria, el Tribunal estima que Miguel fue negligente en un 15% por razón de qüe iba a una velocidad de 35 millas por hora cuando en dicho sitio, por ser zona urbana, debió conducir a una velocidad máxima de 25. A nuestro juicio, ello contribuyó a la ocurrencia del acci-dente y consecuentemente en la magnitud de los daños.
8. La prueba testifical y las fotografías sometidas en evi-dencia demostraron que muy cerca del sitio donde los empleados de la Ponce Asphalt estacionaron la máquina asfaltadora se encontraba disponible el área de estaciona-miento del Supermercado Bueno donde pudo haberse estacio-nado la máquina fuera de la vía de rodaje sin crear una situa-ción de inseguridad en el libre fluir del tránsito.
9. Para la fecha del accidente la co-demandada Ponce Asphalt estaba asegurada mediante póliza en vigor con la co-demandada American International Insurance Co. para cubrir daños como los ocasionados en este caso.
10. Para la fecha del accidente Miguel contaba con 27 años de edad. Había contraído matrimonio con Ana Delia Mar-tínez desde 1973. Tenía dos hijos de nombre Ivette y Juan Miguel de 2 y un año de edad respectivamente. Su esposa se encontraba embarazada. Para la vista del caso ya había dado a luz una niña a quien nombraron Dessenia. Miguel se desempeñaba como auxiliar de carpintero devengando un salario semanal [de $110].
11. Al momento del accidente quedó inconsciente. Fue auxi-liado por el Policía Pablo Vázquez y otras personas que lo llevaron al Hospital Municipal de Las Piedras y de aquí fue trasladado inmediatamente al Hospital Ryder de Humacao donde luego de ser evaluado por el Dr. Huberto Díaz Negrón fue hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente. Según el Dr. Díaz Negrón, al llegar al Hospital Ryder, Miguel se encontraba en malas condiciones, adolorido, con “distress” agudo, muy inquieto aunque estaba coherente. Tenía una contusión y deformidad en el aspecto lateral del muslo izquierdo. Se diagnosticó fractura del fémur izquierdo a nivel subtrocantérico (tercio medio del fémur a dos y media pulgada[s] de la articulación de la cadera). Se le inmobilizó la fractura con tracción. Estaba obligado a permanecer acos-tado hacia arriba ya que cualquier movimiento de los huesos aumentaba el dolor. Así estuvo desde el 5 de marzo a las 2:30 de la mañana hasta el 8 de marzo [de 1978]. Se le suminis-traron analgésicos y narcóticos. El 8 de marzo, cuando su condición era más estable fue intervenido quirúrgicamente. . . . Estuvo incapacitado totalmente para desempeñar sus funciones y proveerse sus ingresos hasta el 1ro. de marzo de 1979.
12. Después de ser dado de alta el Dr. Díaz Negrón con-tinuó tratando a Miguel como paciente ambulatorio viéndolo en visitas de seguimiento en marzo 25, abril 28, junio 24, agosto 14, 19 de agosto, octubre 21 y diciembre 30 de 1978. Durante ese período post-operatorio Miguel estuvo usando muletas para su ambulación y recibiendo fisioterapia. El 23 de agosto de 1979 el Dr. Díaz Negrón volvió a hacerle una evaluación médica a Miguel y éste le manifestó “que todavía cogea [sic] al caminar, así como [que siente] dolor en la ca-dera izquierda. También nos refiere episodios de inestabi-lidad de la rodilla”. El informe de dicha evaluación constituye el Exhibit II de la parte demandante de donde surgen los siguientes hallazgos:
“1. Hay cortedad de la pierna izquierda al ser com-parada con la derecha en media pulgada.
2. Hay cicatriz de una pulgada en la nalga izquierda con atrofia difusa de ésta.
3. La cadera tiene arco de movimiento completo pero con dolor en la abducción estando debilitada.
4. Hay dolor a la palpación del Trocánter mayor izquierdo.
5. El muslo izquierdo tiene cicatriz quirúrgica de alrededor de 8 pulgadas y media (8 1/2”) en su aspecto lateral, así como atrofia de pulgada y media al ser comparada con el lado sano.
6. La rodilla tiene arco de movimiento completo sin efusión, pero se aprecia debilidad del músculo cuadricep al ser comparado con el lado sano....
Diagnóstico:
1. Fractura consolidada, región subtrocantérica del fémur izquierdo con clavo intramedular.
2. Atrofia de la nalga secundaria al diagnóstico núme-ro 1.
3. Bursitis crónica Trocánter mayor secundaria a la presencia del clavo.
4. Inestabilidad de la rodilla secundaria a debilidad y atrofia del cuadricep.
5. Cicatrices quirúrgicas en nalga y muslo derecho. Comentarios:
La condición de este paciente es la que era de esperarse después de un traumatismo tan grave como una fractura de Fémur.
Tendrá limitación permanente de su pierna afecta y posiblemente necesitará cirugía para remoción del clavo afecto para aliviar la condición de la Bursitis de cadera, pero ésto no le mejorará la condición funcional de la rodilla debido a la debilidad del cuadricep.”
13. A la fecha de la vista del caso, el Dr. Huberto Díaz Negrón, único perito cuyo testimonio se ofreció, estimó la incapacidad de Miguel en un Treinticinco (35) por ciento de las funciones fisiológicas generales.
14. Con motivo del accidente la sociedad de gananciales compuesta por Miguel Velázquez Lozada y Ana Delia Martí-nez sufrió la pérdida total del automóvil Volkswagen, Modelo 1972 en el cual habían invertido la cantidad de $640.00.
15. En enero de 1979 Miguel fue dado de alta por la Admi-nistración de Compensaciones de Accidentes de Automóviles (ACAA) para poder trabajar. Recibió de dicha agencia la cantidad de $2,200.00 a razón de $55.00 semanales por un período de 40 semanas. Estimamos en $8,058.00 el lucro cesante de Miguel computado desde la fecha del accidente, el 5 de marzo de 1978 hasta el 26 de septiembre de 1979 en que se celebró la vista del caso, a razón de $102.00 semanales. Desconta[do de ] esta cantidad lo que recibió de la ACAA —$2,200.00— nos da un lucro cesante pretérito neto de $5,858.00.
16. Según antes se ha indicado, para la fecha de la ocu-rrencia del accidente Miguel Velázquez Lozada contaba con 27 años de edad. De acuerdo a la tabla de vida abreviada para varones editada por el Departamento de Salud de Puerto Rico, el lesionado cuenta con una expectativa de vida de 48 años. Conforme a la Administración del Seguro Social Federal, la vida productiva de los varones llega hasta la edad de 65 años. Para el 26 de septiembre de 1979, fecha de la vista del caso en sus méritos, el lesionado contaba con 28 años de edad. Tomando como base esta fecha, la vida productiva de Miguel sería de 37 años (65-28).
Por las razones que se indican en las conclusiones de dere-cho que se formulan más adelante, se estima en $22,989.72 el lucro cesante futuro de Miguel Velázquez Lozada con motivo de la incapacidad de un 35% de las funciones fisiológicas generales.
17. Las partes estipularon que la co-demandante Ana Delia Martínez experimentó los sufrimientos y angustias mentales que normalmente experimenta una esposa con motivo de los daños físicos y sufrimientos mentales por los que atravesara su esposo, tomando en consideración que a la sazón contaba con tres meses de embarazo y con dos hijos de las edades que se han mencionado. El Tribunal estima en $3,500.00 los daños de ésta.
18. La prueba no estableció que los menores Ivette y Juan Miguel Velázquez Martínez sufrieran daños con motivo del accidente. De todas maneras se estima que a su corta edad, 2 y un año de edad respectivamente, no tenían suficiente dis-cernimiento para comprender los episodios traumáticos por los que pasaron sus padres.

Como primer error alega el demandado que no fue negli-gente y que no existió un nexo causal entre su negligencia y los daños sufridos por los demandantes. La evidencia demostró, y el tribunal de instancia determinó, que la máquina asfaltadora de un ancho de diez (10) pies estaba estacionada ocupando de cuatro a cinco pies de vía de rodaje, que dicha máquina estaba totalmente desprovista de luces, vallas, rótulos o aviso de clase alguna. El accidente ocurrió de noche y el alumbrado público estaba defectuoso. La Sec. 5-709 de la Ley Núm. 141 de Julio 20, 1960 (9 L.P.R.A. see. 1021) dispone:

(a) Ninguna persona podrá estacionar de noche un vehículo en una vía pública, cuando la misma careciere de alumbrado público, y dicho vehículo tuviere sin encender sus luces de estacionamiento, y sus luces posteriores y cualesquiera otras luces que exigiere para dicho fin el Secretario y por virtud de las disposiciones de este Capítulo y sus reglamentos.

En varias ocasiones hemos dicho que en una acción de daños la violación de una ley o reglamento no constituye fundamento por sí solo, en ausencia de demostración de causalidad entre el daño y la violación a la ley o reglamento. Ver Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535, 540 (1962); Jarabo v. Ramírez de Avellano, 93 D.P.R. 709, 718 (1966). Para determinar si se cumple con el requisito de causalidad, debe demostrarse que la actuación del demandado fue la causa próxima o eficiente de los daños causados. Hay que examinar si el acto negligente aparece como causa probable y ordinaria del daño y determinar si era probable que el daño ocurriera a causa del acto negligente del demandado. Ver Estremera v. Inmobiliaria Rae, Inc., 109 D.P.R. 852 (1980); Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127 (1974). En este caso es evidente que se cometió un acto negligente que fue la causa del accidente en cuestión. El haber estacionado la máquina de asfaltar, que ocupaba parte de la vía de rodaje, durante la noche, sin luces, ni rótulos, constituyó el acto negligente que causó el accidente. El vehículo de motor que invadió el carril del demandante se vio obligado a ello porque la máquina asfaltadora ocupaba su carril. El demandante tuvo que desviar su carro al lado izquierdo para evitar el accidente inminente. No desvió su automóvil hacia el lado derecho porque había un poste de luz eléctrica en ese lado. Trató de salvar la situación desviándose hacia el lado izquierdo, pero chocó con la máquina de asfaltar. No se cometió el primer error.

Como segundo error, señala el recurrente que cometió error el tribunal de instancia al aplicar la doctrina de emergencia súbita para exonerar parcialmente la conducta negligente del demandante. Como bien señala el recu-rrente, en esta jurisdicción sólo se ha aplicado la doctrina de emergencia súbita en casos en que la parte que la soli-cita no ha incurrido en ningún grado de negligencia. Ver, Matos v. Pabón, 63 D.P.R. 890 (1944); Ortiz v. Autoridad de Transporte, 80 D.P.R. 233 (1958); Santos Rivera v. Quiñones De la Rosa, 93 D.P.R. 491 (1966); Ruiz Adames v. Insurance Co. of P. R., 95 D.P.R. 424 (1967).

La doctrina de emergencia súbita se ha aplicado a casos de negligencia de accidentes de vehículos de motor de la misma forma que la doctrina se ha aplicado a otro tipo de casos de negligencia. La misma regla básica es aplicable cuando se trata de la negligencia del demandado o de la negligencia contribuyente del demandante. En algunas jurisdicciones de los Estados Unidos se ha establecido que los requisitos básicos para que proceda son: (1) que la parte que la invoca no haya incurrido en negligencia que contribuya a la creación de la emergencia súbita, (2) que el tiempo transcurrido haya sido suficientemente corto para que excluya la posibilidad de una decisión inteligente y deliberada, y (3) que la actuación negligente requiera control y manejo, Personal Injury Actions — Defenses, Damages, Mathew Bender, 1975, Vol. IB, Sec. 1.06, pág. 121.

En el caso de autos se cumplen los dos últimos. Pero el incumplimiento del primer requisito en Puerto Rico no impide que el demandante tenga derecho a invocar la doc-trina de emergencia súbita. En las jurisdicciones donde impera la doctrina de negligencia contribuyente, cuando se prueba algún grado de negligencia de parte del deman-dante, éste está impedido de ser resarcido. Asimismo, en estas jurisdicciones la parte que solicita la defensa de emergencia súbita tiene que estar libre de negligencia para poder reclamarla, Hicks v. B & B Distributors, 91 N.W.2d 882 (Mich. 1958); Smith v. Steadman, 304 P.2d 553 (Kansas 1956); Grinstead v. Krushklov, 39 Cal. Reptr. 812 (1964).

Conforme a la doctrina de negligencia comparada, la negligencia contribuyente del demandante atenúa la res-ponsabilidad. H. Brau, Los Daños y Perjuicios Extracon-tractuales en Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., Inc., Vol. 1, See. 7-92; Art. 1802, Código Civil; Ramos v. Cario, 85 D.P.R. 353 (1962); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 D.P.R. 452 (1978); Publio Díaz v. E. L. A., 106 D.P.R. 854 (1978); Méndez Purcell v. A.F.F., 110 D.P.R. 130 (1980).

Para determinar la negligencia que corresponde a cada parte, en casos de negligencia comparada es necesario analizar y considerar todos los hechos y circunstancias que mediaron en cada caso y cuál fue la causa predominante. En este caso, el tribunal de instancia determinó que el demandante incurrió en un 15% de negligencia por conducir a exceso de velocidad. Este hecho no imposibilita que se aplique la doctrina de emergencia súbita. En Puerto Rico, la persona que haya actuado con prudencia dentro de una situación de emergencia súbita, no previsible, podrá invocar la defensa aunque haya incurrido en negligencia contri-buyente. No se cometió el segundo error.

Como tercer error señala que el tribunal de instancia no debió permitir que el perito médico opinara sobre el porcentaje de incapacidad. El doctor Díaz Negrón declaró que operó al demandante y que luego de darle de alta del hospital lo tuvo bajo tratamiento en calidad de paciente ambulatorio. Estaba calificado para opinar sobre el porcentaje de incapacidad. Además, un tribunal, con base a la prueba presentada puede llegar a su propia conclusión y no está obligado a seguir la opinión de un perito facultativo. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980), y casos citados allí.

Como cuarto error el recurrente objeta la concesión de lucro cesante por entender que la pérdida de ingresos pre-térita y futura es consecuencia de la crisis económica pre-valeciente en Puerto Rico.

El lucro cesante se trata de un perjuicio sufrido que con-siste en una ganancia futura frustrada que con cierta pro-babilidad era de esperar según el curso normal, ulterior de las cosas. El perjudicado no tiene que demostrar con certeza absoluta que se habrían realizado las ganancias. Para dis-tinguir entre un interés verdadero y uno inseguro o incierto, hay que distinguir entre la mera posibilidad y la probabi-lidad de una ganancia futura teniendo en cuenta que tal vez en algún caso sea indemnizable la mera posibilidad, Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1963, pág. 241.

El problema de la determinación del lucro cesante presenta una doctrina común a la culpa contractual y a la extracontractual, de modo que todos los principios fundamentales son aplicables a ambos. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 2da ed., Ed. Montecorvo, S.A., 1977, pág. 229. En la sentencia núm. 67, del 30 de junio de 1924, el Tribunal Supremo de España decidió que no era de estimar infracción al Art. 1902 (responsabilidad por daños extra-contractuales) ni al Art. 1106 (responsabilidad por daños contractuales) porque la mera posibilidad de haberse podido dedicar una persona al ejercicio de una industria sin actos que determinen cuando menos el propósito ostensible y deliberado de su ejercicio efectivo, no ofrece base jurídica para una condena de indemnización de perjuicios, derivada de una hipotética lesión de derechos cuya virtualidad o causa inicial no se justificó en forma. En el caso de autos, no estamos ante un caso de mera posibilidad de ganancia fu-tura. Existe prueba de actos que demuestran no sólo el propósito sino la realidad de que el demandante se dedicaba a un oficio que le producía un determinado ingreso o ganancia. Existía la probabilidad de que durante el resto de su vida hubiera seguido desempeñándose en ese oficio y percibiendo esa ganancia. Sin embargo, como resultado del accidente sufrió incapacidad parcial permanente de 35% que tuvo como consecuencia úna merma en su capacidad productiva, y por lo tanto en ganancias, pues no podía volver a desempeñar su anterior oficio. Tiene derecho a ser compensado por las ganancias que no recibirá como conse-cuencia del accidente.

En la vista del caso el doctor Díaz Negrón estimó la incapacidad de Miguel en treinticinco (35) por ciento de las funciones fisiológicas generales. El tribunal de instancia llegó a la conclusión de que a base de la prueba desfilada el perjudicado no pudo volver a desempeñar su anterior tra-bajo de construcción.

A la fecha de la vista del caso estaba gestionando un trabajo de conserje a través del Plan CETA, por el que devengaría un sueldo de $80 semanales. A base de la dife-rencia del sueldo de $80 semanales y el sueldo anterior de $110 semanales, se hizo el cómputo para determinar que el lucro cesante futuro sería de $30 semanales. En Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 871, dijimos: “La razonabilidad de la cuantía total no puede hacerse depender de unos cómputos aritméticos, que en fin de cuentas se elaboran sobre unas bases y expectativas, que aunque precisables no están inmunes de cierto grado de especulación.” Ver además, Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456 (1981). No se cometió el error.

Como último error alega el recurrente que el tribunal erró en la apreciación de la prueba y en darle crédito al testimonio de la parte demandante. El error alegado es totalmente inmeritorio. En repetidas ocasiones hemos dicho que “[n]o tenemos base para intervenir con la apreciación de la prueba que hizo el tribunal de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad”, Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734, 738 (1981); Pueblo v. Franceschini Sáez, 110 D.P.R. 794, 796 (1981); Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125, 130-131 (1977).

Por lo anteriormente expuesto se confirmará la senten-cia apelada.