text:
    Levitt and Sons of Puerto Rico, Inc., demandante y recurrente, v. Hon. Federico Hernández Denton, etc., demandado y recurrido.

      Número: O-75-544

      Resuelto: 17 de septiembre de 1976

      O’Neill & Borges y Raúl González Díaz, abogados de la recu-rrente; Julio López Keelan, Reinaldo Rodríguez Pagan, Wilfredo López Irizarry, Samuel Martí Santiago, Migdalia Fra-tichelli, Mario Batiz Santos, Yusif Mafuz Blanco, abogados del Departamento de Asuntos del Consumidor; Canales & Ferrer y César T. Andreu Meguinoff, abogados de los amici curiae, C. Ramón Investment Corp. y Ramírez de Arellano and Co., Inc.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso que terminó ante el Departamento de Asuntos del Consumidor por decisión administrativa de 18 de diciem-bre de 1974 fue resuelto mediante interpretación del Art. 10 de la Ley del Oficial de Construcción (Núm. 130 de 13 de junio de 1967) que se aparta radicalmente de su texto en-tonces vigente, aplicando disposiciones que más tarde apare-cen incorporadas a dicha Ley al ser enmendada por la Núm. 160 de 9 de junio de 1976 a regir 60 días después, enmienda auspiciada y promovida por dicho Departamento. Resolvemos el recurso de la urbanizadora aplicando el Derecho vigente tanto al firmarse el contrato en septiembre de 1973 como al ventilarse la querella del comprador y para llegar a las con-clusiones y fundamentos del dictamen no ha sido necesario descansar en la siempre invitante apertura de que es esen-cialmente frágil la teoría legal que para prevalecer ha nece-sidad de enmiendas al estatuto objeto de interpretación.

José Muñoz González suscribió el 3 de septiembre de 1973 un contrato con la recurrente Levitt para adquisición por compra de una vivienda en la Urbanización Levittown Lakes en Toa Baja, por precio de $29,780.00, del que entregó a la vendedora un anticipo o depósito de $500.00. Tres semanas después informó que no podía completar el pronto pago y so-licitó resolución del contrato y devolución del depósito, lo que rehusó la vendedora apercibiendo al comprador que de no cumplir el contrato, ella retendría los $500 en satisfacción de daños líquidos por así autorizarlo el contrato en las si-guientes cláusulas:

“21. Mediante debida notificación al comprador, la ven-dedora podrá resolver este contrato en cualesquiera de los si-guientes casos: a) cuando el comprador no haya pagado las sumas convenidas dentro de los plazos fijados en el contrato; b) cuando el comprador, sin causa justificada, se niegue a firmar la escritura final después de habérsele requerido para ello; c) cuando el comprador le notifique a la vendedora que no tiene interés en seguir con los trámites de compra de la vivienda, o deje de cumplir con sus obligaciones contractuales; d) en el caso previsto en el primer párrafo del Artículo 10 de este con-trato; y e) en los casos previstos en los incisos (e), (f) y (g) del Artículo 20 de este contrato.
22. En los casos de resolución de este contrato a que se re-fieren los incisos (a), (b), (c) y (d) del Artículo 20, se devol-verán al comprador sus depósitos íntegramente, con intereses a razón del 4 % desde la fecha del depósito.
En los casos a que se refieren los incisos (e), (f) y (g) del Artículo 20, la vendedora devolverá al comprador sus depósitos, sin intereses; en los casos a que se refiere el Artículo 21 y en cualquier otro caso de resolución por causas no imputables a la vendedora, ésta devolverá al comprador sus depósitos, sin in-tereses, pero podrá retener por concepto de daños liquidados las siguientes cantidades: (1) el 2% del precio de compraventa de viviendas cuyo valor no exceda de $30,000 y el 3% cuando sea mayor de $30,000, siempre que el correspondiente préstamo sea o vaya a ser tramitado a través de los gobiernos de los Estados Unidos, o de Puerto Rico, o de cualesquiera de sus instrumentali-dades; (b) 5% del precio de venta si se trata de préstamos con-vencionales o de venta en efectivo. Igualmente podrá retener cualquier otra cantidad convenida anteriormente en este con-trato y que no esté en conflicto con la ley o los reglamentos.”

Este contrato se ajusta a la forma o modelo uniforme re-visada y aprobada el 7 de febrero de 1973 por la Administra-ción de Servicios al Consumidor cuyo director era el aquí recurrido, en ejercicio de su facultad para determinar las cantidades o porcientos razonables que puedan deducirse por el constructor en caso de resolución. Art. 10(d) Ley Núm. 130 citada (17 L.P.R.A. see. 510 (d)).

Llevó el comprador su querella al Departamento que or-denó a Levitt devolver el depósito menos $10 que podía re-tener por “posibles gastos de investigación de crédito”, su-jeta a ulterior sanción de multa, fundada su decisión en que la urbanizadora no había probado daños, prueba que según teoría del recurrido es indispensable para deducir del de-pósito porque no siendo la Cláusula 22 una de carácter penal no quedaba la vendedora relevada de presentar esa evidencia, leyendo el concepto “daños líquidos” en la dicha cláusula como daños a sustanciarse por prueba, y los por cientos allí insertos como límites a la facultad estimativa del Secretario de DACO. La decisión administrativa fue con-firmada en revisión por el Tribunal Superior y al recurrir la urbanizadora expedimos el auto.

En Puerto Rico se ha aprobado legislación para proteger al consumidor de malas prácticas comerciales sin recargar con exigencias y condiciones onerosas al vendedor, productor o empresario. La Asamblea Legislativa ha sentado esa pauta de regulación balanceada en reconocimiento de la interde-pendencia de intereses que vincula al productor y al consu-midor. Sigue así el ordenamiento del derecho civil común que básicamente es compendio de compromisos y ajustes en busca de un equilibrio que armonice intereses en conflicto.

El más directo esfuerzo legislativo para proteger al com-prador de viviendas de la rudeza con que a veces opera la ley económica de oferta y demanda, lo constituye la Ley creando la Oficina del Oficial de Construcción que es la Núm. 130 aprobada el 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. seC. 501 y ss.). Su Art. 9 define y enumera las prácticas indesea-bles por el urbanizador o constructor en el negocio de la cons-trucción de viviendas, y en su Art. 10, inciso (f) (17 L.P.R.A. see. 510) hace lista pormenorizada de los requisitos que deben contener los contratos de opción o de compraventa de viviendas. Dicho artículo reconoce al comprador optante seis causas de resolución del contrato de opción y tres al constructor. Tanto para los casos de resolución de contratos de opción como el de compraventa por parte del constructor (Art. 10, incisos (g) (4) y (j)) la ley remite a las partes a las convenciones y pactos del contrato. Con gran claridad or-dena el inciso (g) (4) (17 L.P.R.A. sec. 510(g) (4)):

“(4) En los casos de resolución de contratos de opción por parte del urbanizador o constructor, los contratantes se aten-drán a lo dispuesto en el contrato en cuanto a la penalidad o daños líquidos se refiere.”

Ya anteriormente la Ley ha autorizado la deducción de una cantidad fija por el urbanizador en caso de incumpli-miento por el comprador en el texto del Art. 10(c) (5) que transcribimos :

“(c) El contrato de promesa de compraventa o el de com-praventa ... además dispondrá:
(5) la cantidad que el vendedor podrá deducir de los pagos efectuados por el comprador bajo el contrato de compraventa, si dicho contrato se resolviese por haber faltado el comprador al cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo.” (17 L.P.R.A. see. 510.)

En su minucioso plan para reglamentar la compraventa de viviendas protegiendo la parte más débil en la operación, deteniéndose en su protección del consumidor sólo frente al imperativo cumplimiento por parte de éste de depositar el anticipo de precio, la ley sustituyó por penalidad líquida la sanción adscrita a la resolución de las obligaciones recípro-cas, a saber, cumplimiento específico o resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos (Art. 1077 del Código Givil (31 L.P.R.A. see. 3052)), dejando libre al com-prador y al urbanizador para pactar o preconvenir la san-ción por incumplimiento del primero. Este método para resolver la obligación tiene para el comprador la ventaja de darle voz y participación directa en la estipulación de una cantidad determinada que ha de pagar por su incumplimiento y que podrá rechazar rehusando firmar el contrato con la misma libertad que rehusaría convenir la compra de una casa cuyo precio estima exhorbitante o fuera de sus medios económicos. Sabe de antemano el comprador que no podrá exigírsele una cantidad mayor en una acción civil por la ur-banizadora, que la penalidad por su incumplimiento no será asunto de estimación judicial, sino consecuencia de su preor-denada voluntad y que no se enfrentará a las demás contin-gencias gravosas de un pleito, incluyendo el costo de su propia defensa. Para la urbanizadora el preconvenio en la cláusula penal le facilita la ordenada gestión y administración de su negocio, que es construir casas y no litigar en los tribunales, y la releva de tener que probar daños en cada caso específico, una empresa difícil y a veces imposible pues se trata de re-ducir a cantidades exactas el impacto económico en el desa-rrollo general del proyecto del desistimiento por compradores que tuvieron solares y obras reservadas por un apreciable período de tiempo, negando al constructor la oportunidad de hacer un mejor negocio, mientras tiene que correr con los cuantiosos intereses de financiamiento, costo operacional om-nipresente en la industria de la construcción.

Esta intención y diseño estatutario se concretan a cabali-dad en el contrato entre Levitt & Sons y su comprador op-tante Muñoz González cuya cláusula 22 en lo pertinente dice:

“En los casos . . . [en que el comprador le notifique a la ven-dedora que no tiene interés en seguir con los trámites de com-pra de la vivienda, o deje de cumplir con sus obligaciones con-tractuales] y en cualquier otro caso de resolución por causas no imputables a la vendedora, ésta devolverá al comprador sus depósitos, sin intereses, pero podrá retener por concepto de daños liquidados las siguientes cantidades: (1) el 2% del precio de compraventa de viviendas cuyo valor no exceda de $30,000 y el 3 °¡o cuando sea mayor de $30,000, siempre que el correspon-diente préstamo sea o vaya a ser tramitado a través de los go-biernos de Estados Unidos, o de Puerto Rico, o de cualesquiera de sus instrumentalidades; (b) 5% del precio de venta si se trata de préstamos convencionales o de venta en efectivo. Igual-mente podrá retener cualquier otra cantidad convenida anterior-mente en este contrato y que no esté en conflicto con la ley o los reglamentos.”

La posición del recurrido Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor adoptada por el Tribunal Superior al efecto de que ésta no es cláusula penal sino estipulación que exige prueba de daños, es insostenible por dos razones: primera, porque dicha cláusula no es más que la traslación al contrato de la autorización legislativa concedida por el Art. 10(c) (5) de la Ley Núm. 130 citada para una “canti-dad que el vendedor podrá deducir de los pagos efectuados” si el contrato se resolviese por incumplimiento del compra-dor; y segunda, por ser de meridiana inteligencia que exis-tiendo una acción resolutoria bajo el Art. 1077 del Código Civil que exige prueba de daños, se pacta para hacer innece-saria esa prueba, como así resulta de las circunstancias que prohijaron el aludido contrato. No era necesario darle el nombre de cláusula penal, toda vez que la pena convencional existe no solo cuando se pacta con este nombre, sino también cuando se pacta cualquier otra estipulación que lleve al mismo resultado, por no ser necesario una fórmula especial, debiendo determinarse por su propia índole con relación a la obligación sancionada con ella. (Sentencia de 3 marzo de 1956, España.) Aun así el legislador no dejó dudas de la naturaleza de este medio de aseguramiento cuando dispuso que “los contratantes se atendrán a lo dispuesto en el con-trato en cuanto a la 'penalidad o daños líquidas se refiere.” (17 L.P.R.A. sec. 510(g) (4).) (Énfasis suplido.)

La preventiva liquidación de daños por comprador y vendedora en la cláusula 22 del contrato es típica de las obligaciones con cláusula penal, en las que la pena sustituye a la indemnización de daños y al abono de intereses. Art. 1106 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3131).

Hemos examinado antes en esta opinión la conveniencia que para ambas partes representa la determinación líquida del daño a priori y su patente utilidad en la compraventa de viviendas que llevó al legislador a incorporarla al estatuto regulador de estos contratos. Se confirma lo expresado por este Tribunal “ . . la formula verbal que se emplee en el contrato no es lo que provee normalmente la clave. Hay que precisar primero las funciones que generalmente cumple la cláusula penal y escudriñar su impacto en cada caso especí-fico. S. de 6 de febrero de 1906 (Esp.) Espín, supra, 150. Respecto a las funciones de la cláusula penal nos hemos ex-presado antes habiendo señalado que ‘las dos funciones más importantes atribuidas a la cláusula penal es la de asegurar el cumplimiento de una obligación— ... [Citas] y la de servir como liquidadora del. daño, según Castán, evaluar por antici-pado los perjuicios que habría de ocasionar al acreedor el incumplimiento inadecuado [sic] de la obligación — . . . .’ ” Simonet v. Igaravídez, 90 D.P.R. 1, 9 (1964); R. C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163 (1974). (Énfa-sis nuestro.)

Se califica en nuestro Derecho como cláusula penal la estipulación de carácter accesorio, establecida en un contrato, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal, en virtud de la que el deudor de la prestación que se trata de garantizar viene obligado a pagar por lo general determinada cantidad de dinero. (Sentencia de 11 de marzo de 1957, España.)

Como remedio a la posible agravación de la responsabilidad del deudor, ya que dicha cláusula tiende a reforzar el vínculo ofreciendo al acreedor un medio más intensamente eficaz que la acción derivada del crédito simple, y para atemperar lo que de punitivo tenga la cláusula penal en cuanto el pacto trascienda los daños derivados del incumplimiento, faculta el Código Civil al juez para modificar equitativamente la pena si la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Art. 1108. En el presente caso no entra en juego esa función judicial moderadora toda vez que la penalidad (2% de $29,780.00) guarda proporción justa con los daños previsibles causados por el incumplimiento, sin que imponga una onerosa carga punitiva. Así también debió entenderlo en no menos de dos ocasiones el comprador Muñoz González, pues libremente convino la liqui-dación por anticipado de daños al suscribir el contrato y si-lenció toda petición de modificación bajo el Art. 1108 al solicitar remedio contra la retención de depósito por la urbanizadora.

Siendo la cláusula 22 que autorizó la retención del depósito por la constructora recurrente de naturaleza penal por la clara y terminante voluntad de las partes, y ajustada estrictamente a la Ley de la Oficina del Oficial de Construcción, citada, no viene obligada la recurrente Levitt & Sons a probar sus partidas de daños, y puede retener cualquier depósito que no exceda del 2 % del precio total acordado en el contrato de promesa de compraventa.

Se anularán la sentencia en revision dictada el 28 de octubre de 1975 por la Sala de San Juan del Tribunal Superior, y la resolución administrativa de 18 de diciembre de 1971 y demás actuaciones del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado. El Juez Asociado Señor Martín no interviene.

       Como cláusula penal que releva de prueba la califica el Secretario en memorandum de 9 de marzo de 1976 al Senador Hernández Agosto, Pres. Comisión Socioeconómica del Senado, en apoyo de propuestas enmien-das a la Ley ISO, del que extractamos: “Actualmente la gran mayoría de los contratos que revisa el Departamento de Asuntos del Consumidor dis-ponen para la retención de un 2% del precio de compraventa de la vivien-da. Estas cláusulas están redactadas como cláusulas penales donde se estipula que dicho porciento [sz'e] será retenido como indemnización de los gastos incurridos y daños sufridos por el constructor o urbanizador. El Departamento de Asuntos del Consumidor endosa — para una mayor pro-tección del consumidor — que se estipule en los contratos, sujeto a revisión por el Secretario, la cantidad máxima que podrá retenerse en los casos indicados, entendiéndose que dicha cantidad no excederá de aquella canti-dad máxima dispuesta por el Secretario, y disponiéndose además que el urbanizador siempre tendrá la obligación de probar los daños sufridos o gastos incurridos ante el Departamento de. Asuntos del Consumidor. Los daños concedidos no excederán de la cantidad máxima dispuesta en el contrato.” (Énfasis en el original.)

       A la pág. 13 de su alegato el recurrido da como razón adicional para su decisión que “estos [contratos] por su naturaleza no constituyen un riesgo para los vendedores quienes tienen asegurada su inversión por la demanda que opera en un país altamente poblado” aseveración que choca con la conocida decadencia de la construcción.

       Su exposición de motivos, luego de reiterar la política pública de que cada familia puertorriqueña tenga un hogar propio adecuado, expresa:
      “Durante los últimos años Puerto Rico ha experimentado un acelerado desarrollo económico. Ello ha permitido que un mayor número de perso-nas puedan lograr el objetivo de poseer su propio hogar. Como resultado de esta situación se ha creado un mercado de viviendas donde las reglas de la oferta y demanda operan libremente. En muchos casos el ciudadano que anhela vivamente la posesión y disfrute de su propio hogar, como ente más débil, es objeto de prácticas indeseables en el negocio de la cons-trucción, que menoscaban el principio mismo de que un mayor número de personas adquiera una vivienda propia y adecuada.
      Corresponde a nuestro Gobierno proteger a sus ciudadanos contra tales prácticas a fin de garantizar que la política pública de que cada fa-milia tenga un hogar propio y adecuado se cumpla a plenitud en todos sus aspectos. Es por esto que se hace necesario proteger adecuadamente a los compradores de viviendas, prevenir prácticas indeseables en el negocio de la construcción, regular los contratos de construcción y crear una oficina que se ocupe de promover los objetivos de esta ley.”

      .
      “(f) Causas que motivan la resolución del contrato de opción por parte del optante:
      (1) En cualquier momento en que éste perciba que la unidad que se le está construyendo o haya de entregársele se diferencia en modo sustancial de la propuesta unidad a base de la cual él compró;
      (2) cuando el urbanizador o constructor, después de habérsele requerido, se haya negado o no le haya podido mostrar los planos y las especificaciones de la unidad de vivienda;
      (3) si transcurre más de un año, a partir de la fecha en que se otorgó el contrato de opción, en otorgarse el contrato de compraventa;
      (4) si el urbanizador o constructor le notifica que el precio original de la vivienda ha sido aumentado;
      (5) si al inspeccionar la vivienda, de estar ya construida, observa que la misma tiene defectos de construcción según éstos sean definidos en el reglamento que a tal fin promulgue el Director, y el constructor se niega a corregirlos al ser requerido para ello;
      (6) si se le notificara, por el urbanizador o constructor, o por cualquier otra persona autorizada, que la firma o institución mediante la cual se tramitó su solicitud de préstamo hipotecario denegó la concesión del mismo para la compra de la vivienda.
      (g) Causas que motivan la resolución del contrato de opción por parte del urbanizador o constructor.
      (1) Cuando el optante no haya depositado la cantidad de dinero requerida por el urbanizador o constructor dentro del tiempo que se dis-ponga en el contrato.
      (2) Si el optante le notifica por escrito al urbanizador o constructor que no tiene interés en seguir con los trámites de compra de la vivienda.
      (3) Si el optante ha tardado más de treinta (30) días, desde la fecha en que se le haya requerido por escrito para firmar, en com-parecer a firmar el contrato de compraventa.”

      Para seguir el procedimiento ortodoxo dispuesto en ley no hay que pactar. Se recurre a la cláusula penal en los contratos precisamente para obviar la prueba de daños. El Código atribuye a tal cláusula como normal este sentido liquidatorio. Arts. 1106 y 1107; Caballero v. Kogan, 73 D.P.R. 666 (1952); Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89, 95 (1937); C. M. & Finance Corp. v. Cooley, 103 D.P.R. 6 (1974).

       La Ley Núm. 130 del Oficial de Construcción fue enmendada por la Ley Núm. 160 de 9 de junio de 1976 creando un nuevo estado de derecho que se ajusta a las contenciones aquí sostenidas por el recurrido sobre requisito de prueba y facultad del Secretario de DACO, como indica el nuevo texto que copiamos:
      Ley Núm. 130
      Art. 10(b)(9) “El contrato de opción contendrá . . . :
      “(9) la cantidad que el vendedor podrá deducir del anti-cipo o precio de la opción, retener para sí, por concepto de daños li-quidados, en el evento de que, sin que medie falta por parte del ven-dedor, el comprador decida no ejercitar su contrato de opción.”
      Art. 10(g) “Causas que mo-tivan la resolución del contrato de opción por parte del urbanizador o constructor. . . .
      (4) En los casos de reso-lución de contratos de opción por parte del urbanizador o constructor, los contratantes se atendrán a lo dispuesto en el contrato en cuanto a la penalidad o daños lí-quidos se refiere.” (Bastardillas nuestras.)
      Enmiendas de 1976
      Art. 10(b)(9) “El contrato de opción contendrá . . . :
      “(9) la cantidad máxima que el vendedor podrá deducir y retener del anticipo o precio de la opción por concepto de daños cuando, sin que medie falta por parte del vendedor, el comprador decida no ejercitar su contrato de opción.”
      Nota: Se elimina el concepto “daños liquidados”.
      Se introduce el de cantidad máxima.
      Se deroga el inciso 10(g)(4) y se elimina el concepto de penali-dad o daños líquidos y se susti-tuye por un nuevo texto que exige prueba de daños a ser estimada por el Secretario de DACO así:

        Art. 10(g) “Causas que mo-tivan la resolución del contrato de opción por parte del urbanizador o constructor:
      (1).
      (j) En los casos de resolu-ción de contratos de opción de promesa de compraventa y de compraventa por parte del urbani-zador o constructor, los contra-tantes se atendrán a lo dispuesto en el contrato en cuanto a la cuantía máxima que por concepto de daños pueda retener el urba-nizador o constructor, siempre que ésta no exceda de aquella cantidad máxima que mediante Reglamento fije el Secretario del
      Departamento de Asuntos del Con-sumidor. Disponiéndose que la fi-jación de una cuantía máxima en el contrato no eximirá al urbani-zador o constructor de probar en una vista administrativa los daños realmente sufridos a consecuencia de la resolución o incumplimiento del contrato. El Secretario adjudi-cará el monto de los daños, pu-diendo conceder por los mismos una compensación que no excederá la cuantía máxima dispuesta en el contrato. No obstante lo anterior y a partir de la vigencia de esta ley, el Secretario podrá mediante Reglamento fijar el monto de las cuantías a ser retenidas sin nece-sidad de probar daños.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandante y peticionaria, v. Otis Elevator Company, demandada.

      Número: O-76-590

      Resuelto: 20 de septiembre de 1976

      Federico Díaz Ortiz, Richard V. Pereira y José Velaz Ortiz, abogados de la peticionaria; Nigaglioni, Palou & Ledesma, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico acude ante nos amparada bajo la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq., solicitando que se ponga en vigor un laudo de arbitraje rendido contra el pa-trono Otis Elevator Company por un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Dictamos una orden dirigida al patrono para que mostrara causa por la que no debíamos poner el laudo en vigor.

El árbitro celebró dos vistas a las que comparecieron las partes y ofrecieron prueba sobre sus contenciones. Los hechos que surgen del laudo son los siguientes:

“En julio de 1973 la Compañía llevó a cabo una suspensión de empleados (lay-off) que afectó a 23 empleados. Al reorganizar su personal con motivo de dicha reducción, la Compañía procedió a reclasificar a 17 empleados. Estos fueron descendidos de su clasificación de mecánicos a ayudantes de mecánicos. Este des-censo en clasificación trajo consigo una rebaja en los salarios que devengaban estos trabajadores. La razón fundamental que dio la Compañía para llevar a cabo este ‘lay-off’ fue que habían estado perdiendo contratos de servicio y proyectos de construc-ción que se estaban terminando, no estaban siendo sustituidos por otros nuevos. Después de descenderlos en su clasificación, la Compañía volvió a reponer en su clasificación de primera clase a varios de estos empleados, pero al presente, algunos empleados descendidos aún se desempeñan como ayudantes de mecánicos.”

La controversia sometida a arbitraje gira alrededor de la interpretación del Art. XVIII del convenio colectivo exis-tente entre la Unión de Trabajadores S.I.U. de Puerto Rico y el patrono mencionado, cuyo artículo reza como sigue en su parte pertinente:

“En reconocimiento de la responsabilidad de la Compañía de operar eficientemente su negocio se conviene y acuerda que para propósitos de suspensiones (‘lay-off’) y reposiciones los factores importantes son antigüedad y habilidad para realizar el trabajo.
Sección 1 — Aumento en Empleomanía ....
Sección 2 — Reducción en la Empleomanía. — Cuando sea ne-cesario reducir el número de empleados dentro de una clasifica-ción, el último empleado que haya entrado en dicha clasificación será el primero en ser suspendido (‘laid-off’), siempre y cuando que los empleados restantes en dicha clasificación tengan la capacidad para realizar el trabajo. El empleado sujeto a suspen-sión (‘lay-off’) será colocado en la clasificación más baja que dicho empleado haya ocupado siempre y cuando que pueda cuali-ficar a base de antigüedad y capacidad a menos que el empleado elija ser colocado en la lista de antigüedad inactiva y sujeto a las disposiciones de la Sección 3 de este Artículo.
Sección 3 — Derechos de Reposición (Recall Rights) . . . .”

Ambas partes de mutuo acuerdo sometieron ante la consi-deración del árbitro la siguiente cuestión:

“Determinar si la Compañía realizó o no un descenso de clasificación fuera de lo dispuesto en el Artículo XVIII del con-venio colectivo en relación a los 17 empleados querellantes. En caso afirmativo el árbitro impondrá el remedio.”

Luego de un análisis somero de la prueba, el árbitro concluyó que la compañía no utilizó el criterio de antigüedad para los descensos en clasificación de los empleados, habién-dose basado ésta exclusivamente en el criterio de habilidad de los descendidos, y emitió el siguiente laudo:

“La Compañía realizó un descenso de clasificación fuera de lo dispuesto en el Artículo XVIII, ya que utilizó el criterio de habilidad en vez del de antigüedad al realizar dicho descenso.
Entre los 17 empleados querellantes, aquellos que fueron directamente perjudicados por esta acción incorrecta del Patrono tendrán derecho a que se les pague el diferencial en salario entre el sueldo que ganaban como mecánicos y el que ganaron luego como ayudantes de mecánicos.”

La Junta peticionaria solicita:

1) Que se ponga en vigor en su totalidad el laudo de arbitraje emitido por el árbitro Jorge A. Farinacci en contra de Otis Elevator Company y a favor de S.I.U. de Puerto Rico.

2) Que se ordene a Otis Elevator Company, la deman-dada, a cumplir con todos los pormenores de dicho laudo y pagar a los empleados afectados las cantidades correspon-dientes más la compensación adicional dispuesta por el Art. 13 de la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. sec. 282.

El patrono, en su mostración de causa descansa en Junta Relaciones del Trabajo v. N. Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949), al alegar que el referido laudo es nulo por no resolver con finalidad todas las cuestiones en controversia que fueron sometidas al árbitro en el acuerdo de sumisión. Expone en su argumentación que el árbitro tenía la en-comienda de imponer el remedio y no lo hizo, en tanto en cuanto se limitó a determinar que aquellos empleados per-judicados por la acción del patrono tendrían derecho a que se les pagara el diferencial en salario entre el sueldo que ganaban como mecánicos y el que devengaron como ayudan-tes de mecánicos, sin resolver cuáles de los empleados quere-llantes tenían derecho a cobrar el diferencial, ni cuáles fue-ron correctamente descendidos en clasificación, ni cuántos continuaban clasificados incorrectamente como ayudantes de mecánicos a la fecha en que se dictó el laudo. Aduce además que el árbitro no estableció las sumas que habrían de pagarse a los querellantes ni las fechas en que fueron clasificados nuevamente como mecánicos.

Es norma general que el laudo de un árbitro es final e inapelable, por lo que no puede litigarse en los tribunales lo que válidamente se arbitró. J.R.T. v. Caribbean Container Co., 89 D.P.R. 742, 745 (1964); Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras, 83 D.P.R. 258, 265-67 (1961); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra, pág. 800. A tono con dicha norma hemos resuelto que un laudo de arbitraje no es ni un contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de ambos; y por consiguiente un laudo, basado en una sumisión voluntaria, puede ser impugnado solamente en casos de (1) fraude, (2) conducta impropia, (3) falta del debido procedimiento en la celebración de la vista, (4) violación de la política pública, (5) falta de jurisdicción, y (6) que no resuelva todas las cuestiones en controversia que se sometieron. Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra, pág. 800. Un laudo, por tanto, no puede anularse por meros errores de criterio ya sean éstos en cuanto a la ley o en cuanto a los hechos. Colón Molinary v. A.A.A., supra, pág. 154; Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra, pág. 800.

Según indicamos en el párrafo anterior una de las excep-ciones a la norma de abstención judicial es la omisión de resolver todas las cuestiones sometidas a arbitraje mediante el acuerdo de sumisión.

La validez de un laudo depende esencialmente de que éste disponga finalmente de la controversia sometida. Updegraff and McCoy, Arbitration of Labor Disputes, pág. 210 (1961). Véanse: Pierce Steel Pile Corp. v. Flannery, 319 Pa. 332, 179 A. 558 (1935); McInnish v. Tanier, 215 Ala. 87, 109 So. 377 (1926). Empero, si el laudo deja de decidir un as-pecto sustancial de una disputa sometida se incumple el propósito del arbitraje en sí. Esto no quiere decir, sin embargo, que un laudo sea nulo si omitiese algún detalle con respecto a la forma de su cumplimiento o ejecución. Por ejemplo, hemos dicho que el dejar de determinar la cantidad específica que el patrono adeuda a la unión no constituye causa de nulidad del laudo, particularmente si existen meca-nismos adecuados para computarla. J.R.T. v. Cross Const. Co., 89 D.P.R. 763, 765 (1964). Tampoco resulta inválido un laudo que omita disponer la compensación a pagar al obrero en una disputa limitada a determinar si un empleado fue suspendido injustificadamente, especialmente si el propio convenio contiene una disposición al efecto de que el Comité de Quejas ordenará en esos casos el pago de la compensación atrasada a que tenga derecho el empleado suspendido. J.R.T. v. Caribbean Container Co., 89 D.P.R. 742 (1964).

El acuerdo de sumisión en el caso de autos consiste de dos partes. La primera se refiere a la interpretación del Art. XVIII del Convenio Colectivo referente a los factores a ser utilizados como criterio para un descenso de clasificación de un empleado. La segunda parte de la sumisión requiere que de haberse descendido los 17 empleados querellantes en vio-lación de las disposiciones del citado Art. XVIII el árbitro habría de imponer un remedio.

El árbitro resolvió la primera encomienda al determinar que el patrono venía obligado a utilizar los criterios de anti-güedad y habilidad, por lo que habiendo descansado el pa-trono exclusivamente en el factor de habilidad, su actuación constituyó un descenso en clasificación en violación al con-venio. Pero dicha primera parte requería una determinación con respecto a cada uno de los 17 empleados querellantes, re-quiriendo la segunda parte de la sumisión que en caso de in-cumplimiento al Art. XVIII se impusiera un remedio para cada uno de ellos. No dice sin embargo el árbitro cuáles de los querellantes fueron afectados. Por el contrario concede un remedio impreciso al decir “[E]ntre los 17 empleados querellantes, aquellos que fueron directamente perjudicados por esta acción incorrecta del Patrono, tendrán derecho a que se les pague el diferencial en salario entre el sueldo que gana-ban como ayudantes de mecánicos.” (Énfasis suplido.)

Tal remedio general, ambiguo e incompleto no constituye un laudo final y obligatorio.

La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico no reglamenta el arbitraje laboral y en esta jurisdicción no hay otra legislación específica en tal sentido. Seafarers Inter’l. Union v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 803 (1962); Junta Rel. Trabajo v. Valencia Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962). En cuanto a la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. sees. 3201-3229, que reglamenta el arbitraje comercial, tampoco se aplica al arbitraje entre patronos y empleados. Seafarers International Union v. Tribunal Superior, supra. En ausencia de estatuto aplicable, aplicaremos a los problemas de arbitraje laboral los principios generales de la doctrina que rige la materia de arbitraje. Seafarers International Union v. Tribunal Superior, supra; Junta Rel. Trabajo v. Valencia Baxt, supra; Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra; 1 Teller, Labor Disputes and Collective Bargaining, secs. 178-185, pág. 532 (1940); Comment, The Function of Arbitration in the Settlement of Industrial Disputes, 33 Calif. L. Rev. 1366 (1933). Hemos exigido que los acuerdos sobre arbitraje deben hacerse cum-plir de manera estricta si la sumisión es clara y libre de am-bigüedad, haciendo valer así la bien definida política pública que alienta el arbitraje como la manera más sencilla, menos formal y más pronta de solucionar controversias entre los ciudadanos. No obstante, hemos resuelto que un laudo puede ser impugnado o anulado, como regla general, si existe al-gún defecto o insuficiencia en la sumisión. Seafarers International Union v. Tribunal Superior, supra. Más aún, tam-bién exigiremos que el laudo arbitral solamente pueda po-nerse en vigor en tanto en cuanto éste resuelva con finalidad las cuestiones contenidas en la sumisión arbitral. La caren-cia de finalidad, por otro lado, constituye una de las excep-ciones a la norma de abstención que los tribunales se han impuesto, y que hemos reiterado en el pasado. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra.

Es sabido que un laudo puede ponerse en vigor aun si una parte es válida y otra inválida, siempre y cuando que la parte válida sea claramente separable y pueda subsistir por sí sola. En tal caso la parte válida será objeto de cumplimiento específico. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra; véase Slovenko, Symposium on Labor Relations, 1961. Pero, este Tribunal no puede ordenar el cumplimiento en los casos en que las cuestiones resueltas sean inseparables.

El laudo de autos presenta una situación en la que no podemos separar una de las dos cuestiones sometidas al árbitro sin que ello invalide el laudo en su totalidad. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra, pág. 806. No puede concebirse un incumplimiento del convenio si no se atan las circunstancias que constituyen la violación con las personas afectadas. El pronunciamiento del laudo sobre la violación al convenio no es final y definitivo en cuanto a aquellos querellantes en particular que fueron afectados, y estando la violación tan integralmente entrelazada al reme-dio dictaminado, se hace imposible su cumplimiento. El cum-plimiento del laudo en la forma en que fue dictado quedaría al arbitrio del patrono. El imponer éste su voluntad en la determinación de los querellantes en particular que fueron afectados por la violación del Art. XVIII del convenio podría originar el nacimiento de una nueva controversia que a su vez tendría que ser sometida al procedimiento de arbitraje. En vista de lo expuesto no puede sostenerse el laudo objeto de la petición.

Debe desestimarse la petición de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    José R. Márquez Quiñones, peticionario y apelante, v. Tribunal de Distrito, Hon. Víctor Sotomayor Clavell, Juez, demandado y apelado.

      Número: O-76-255

      Resuelto: 20 de septiembre de 1976

      Faustino R. Aponte, Arturo Aponte Pares, Faustino Aponte Pares y Otto Riefkhol Villodas, abogados del apelante; los abogados del apelado no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Determinada causa probable en seis cargos por infrac-ción a la Ley de Sustancias Controladas contra el recurrente, se expidió orden de arresto que fue diligenciada el 29 de marzo de 1974. Al ser intervenido el acusado dio como su dirección residencial correcta: Edificio 7, Apt. 129, Caserío Padre Rivera, Humacao, la cual aparece en todos los docu-mentos relevantes en autos. El Tribunal de Distrito (Huma-cao) expidió la primera citación para vista preliminar a celebrarse el 17 de junio de 1974, a la que no compareció el acusado quien se hallaba bajo fianza. Se hicieron nuevos señalamientos de dicha vista para el 15 de julio y 26 de agosto de 1974 y como no compareciera el acusado, se le declaró “prófugo de la justicia” el 7 de octubre de 1974, resolución que fue dejada sin efecto siete días después al descubrirse que no se había citado al acusado para ninguna de las fechas en que había estado señalada la vista preliminar, haciéndose un cuarto señalamiento para el 4 de noviembre de 1974, que se ha detenido pendiente de la decisión sobre la moción de desestimación de los “pliegos acusatorios” presentada por el acusado el 14 de octubre de 1974. Funda su solicitud en vul-neración de su derecho a juicio rápido consistente en que desde noviembre de 1973, fecha de la alegada comisión del delito imputado, hasta el 4 de noviembre de 1974 fecha de la única vista preliminar para la cual se ha citado al acusado, habría transcurrido un año sin celebrarse la referida vista, tardanza que lo ha colocado en situación de indefensión. El juez de distrito declaró sin lugar esta moción cuyas alega-ciones imprecisas y confusas no están comprendidas en nin-guno de los fundamentos de desestimación de la acusación o denuncia enumerados con exclusividad en la Regla 64 de Procedimiento Criminal. Recurrió el acusado en certiorari al Tribunal Superior alegando en su petición que se había anu-lado su derecho constitucional a un juicio rápido. Expedido el auto, El Pueblo se opuso basando su posición en que los alguaciles del Tribunal de Distrito habían hecho las gestiones necesarias para citar al acusado en las distintas ocasiones en que estuvo señalada la vista preliminar, sin que pudieran lo-calizarlo en la dirección por él suministrada de Edificio 7, Apto. 129, Caserío Padre Rivera, Humaeao. En la vista del certiorari ante el Superior, el testimonio oral del Juez de Distrito Sr. Sotomayor Clavel!, sostenido por las constancias en autos, demostró que el acusado se había trasladado a Caguas, razón por la cual no se le pudo citar en la direc-ción de Humacao por él informada. La ausencia admitida por el acusado recurrente de su domicilio de Humacao es justa causa para que no se celebrara la vista preliminar. Y ha complementado la justa causa para demora hasta hoy el recurso d& certiorari de su defensor quien conocía las admi-siones hechas por el acusado ante el juez de distrito al efecto de que se hallaba residiendo en Caguas, y no en Humacao. Denegado el certiorari por el Tribunal Superior, concedimos al escrito de apelación el crédito que para toda alegación suscrita por un abogado reclama la Regla 9 de Procedimiento Civil y animados adicionalmente por la invocación de un derecho constitucional, ocupamos nuestro tiempo en revisar estos procedimientos. A pesar de que la defensa certifica haber notificado su alegato el 8 de julio de 1976 al Procura-dor General, no hay informe alguno de éste en el expediente. Quizás pudo aliviar la tarea el juez superior si al menos hu-biese consignado las determinaciones de hecho en que fundó su denegatoria de certiorari.

El acusado trasladó su residencia de Humacao a Caguas y nada informó sobre el particular hasta que compareció voluntariamente a pedir que se dejara sin efecto la declaración de prófugo de la justicia. En protección de su derecho a juicio rápido, en todas las etapas del procedimiento, el acusado viene obligado a informar al tribunal su cambio de domicilio, para que puedan cumplimentarse en tiempo las citaciones a él dirigidas. Si se ausenta de la dirección residencial por él informada, sin notificar el cambio de dirección, su conducta no es menos que una renuncia a los términos que en la Regla 64 de Procedimiento Criminal implementan la garantía constitucional de un juicio rápido.

Se devolverá él caso a instancia para celebración de la vista preliminar. Confirmada.

       Cargos de transportación u ocultación; posesión y distribución de 3 cigarrillos de marihuana el 15 de noviembre de 1973 e iguales cargos relacionados con 13 cigarrillos de marihuana en una caja de “Marlboro” el 23 de noviembre de 1973.

      El testimonio del juez destruyó la aseveración del acusado en la vista del certiorari al efecto de que “residía” en el Caserío Padre Rivera en Humaeao. Veamos la declaración del juez que intervino en los trámites de vista preliminar:
      “P. ¿El acusado habló con usted ... el día que usted deja sin efecto la orden de prófugo de la justicia, le manifestó que estaba esperando la citación pero que él creía que su caso era en Caguas?
      “R. Así es.
      “P. ¿Pero le dijo que en su casita en el Padre Rivera estaba su hermana y su madre allí ?
      “R. No recuerdo qué parientes, pero parientes. (T.E. pág. 20.)

        “Sr. Fiscal:
      “P — ¿Mire a ver si ahí aparece alguna notificación del acusado indi-cando algún cambio de residencia?
      “El Testigo:
      “R — No aparece.
      “Sr. Fiscal:
      “Nada más.
      “Lcdo. Aponte Pares:
      “¿Me permite Vuestro Honor?
      “Hon. Juez:
      “Sí. Adelante.
      “Lcdo. Aponte Pares:
      “P — ¿ Ud. recuerda si el acusado le dijo a usted que él se había mudado y que estaba esperando citación de Caguas ?
      “El Testigo:
      “R — Que estaba en Caguas esperando que lo citaran de Caguas.
      “Lcdo. Aponte Pares:
      “P — En esa conversación que usted sostuvo con el acusado usted se acuerda si el Ledo. Faustino Aponte Parés estaba presente?
      “El Testigo:
      “R — Sí, estaba presente; él compareció con el acusado José R. Már-quez Quiñones.
      “Lcdo. Aponte Pares:
      “P — ¿Ud. no recuerda si él le dijo que él se había mudado para Ca-guas y que estaba esperando?” (T.E. págs. 22-23.)
      “Hon. Juez:
      “¿En algún momento el acusado le alegó a usted cuando compareció a su presencia de que él personalmente había estado viviendo él personal-mente en la dirección que él ofreció, o él lo único que le dijo fue que vivía allí una persona que lo podía citar por medio de ella ?
      “El Testigo:
      “Sí, que un pariente cercano vivía ahí.” (T.E. pág. 25.)


author: per curiam :

text:
    Manuel de Jesús Borrero, demandante y recurrente, v. Jorge Luis Guerra Guerra y Great American Insurance Co., demandados y recurridos.

      Número: R-76-1

      Resuelto: 21 de septiembre de 1976

      Luis Negrón López y Luis Negrón Lizardi, abogados del recu-rrente; Calderón, Rosa Silva & Vargas, Carlos M. Miranda Rodríguez y Harry Anduze Montano, abogados de los recu-rridos.
   per curiam :

El trasfondo de hechos esenciales que rige el recurso ante nuestra consideración es el siguiente: El recu-rrente Manuel De Jesús Borrero tuvo el 15 de diciembre de 1965 un accidente mientras se desempeñaba en labores pro-pias de su empleo al ser impactado por el vehículo de un ter-cero, asegurado por la recurrida Great American Insurance Co. Referido el caso al Fondo del Seguro del Estado, se le proveyó hospitalización, tratamiento médico y el pago de dietas. El 15 de marzo el Administrador del Fondo emitió decisión dándole de alta, curado y sin incapacidad; dictamen contra el cual oportunamente estableció apelación ante la Comisión Industrial de Puerto Rico solicitando ulterior tra-tamiento y fijación de incapacidad. Luego de celebrada la correspondiente vista pública médica fue referido al Fondo para radiografías y a un ortopeda consultor para examen e informe. No habiendo comparecido a las citas por encon-trarse fuera de la isla, a solicitud de su abogado la Comisión Industrial, el 14 de junio de 1966, archivó el caso “. . . sin perjuicio de los derechos del obrero de solicitar la reapertura del mismo dentro de un tiempo razonable a su regreso a Puerto Rico.” Subsiguientemente, mediante Resolución fe-chada el 19 de julio de 1966 la Comisión Industrial reabre el caso a petición del recurrente quien ya había regresado y previo los trámites de rigor “el 14 de noviembre de 1966 devolvió el caso a la jurisdicción del Fondo del Seguro del Estado para que se considerara el informe del Dr. Karl Horn y se dictara la decisión correspondiente.” Esta última Reso-lución no pudo ser prontamente cumplimentada por encon-trarse otra vez el obrero fuera de Puerto Rico; el 21 de febrero de 1967 nuevamente se archiva el caso sin perjuicio a solicitud de su abogado.

Así las cosas, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, en tal carácter y en representación del recurrente y la Sociedad Legal de Gananciales de éste, radica el 20 de junio de 1967 la acción Núm. 67-3337 ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de índole subrogatoria contra el tercero conductor y su aseguradora, Great American Insu-ranee Co., reclamándoles, en concepto de gastos incurridos por el Fondo, la suma de $829.39, y por sufrimientos físicos y mentales del obrero y su esposa, la cantidad de $20,000.00. Trabada la contienda, con la comparecencia y participación activa del abogado particular del obrero, se utilizaron los mecanismos de prueba y el caso fue señalado infructuosa-mente para vista en su fondo; eventualmente, el 15 de junio de 1971, fue desestimado por sentencia dictada al amparo de la Regla 11 de las de Administración, la cual advino en final y firme.

Con posterioridad al inicio de la acción judicial antes mencionada, y concurrente al trámite de la misma el 1ro. de julio de 1967 el abogado del obrero informa su regreso y la Comisión Industrial, por conducto de su Subsecretario, dispo-ne el cumplimiento del trámite previamente ordenado; final-mente, el 6 de diciembre de 1972, el Administrador del Fondo del Seguro le reconoce una incapacidad de 85% por pérdida de las funciones fisiológicas generales dándole de alta defini-tivamente. Esta decisión se convirtió en final y firme.

El 6 de agosto de 1973 el demandante recurrente presenta nueva demanda (Caso Civil Núm. 73-5160) contra el conductor y la recurrida Great American Insurance Co. pidiendo resarcimiento en daños como consecuencia del accidente. Se consignaron alegaciones análogas a las expuestas en la causa civil Núm. 67-3337, adicionándose una referente a in-capacidad total por afección mental. La aseguradora recu-rrida solicitó la desestimación bajo los fundamentos de cosa juzgada y prescripción. Previa la presentación de memoria-les, el 28 de noviembre de 1975, el Tribunal dictó sentencia declarando con lugar la defensa de cosa juzgada y, en su consecuencia desestimando la demanda. Acordamos re-visar.

El elaborado dictamen de la ilustrada sala sentenciadora, se apoya en nuestra doctrina de que una sentencia al amparo de la Regla 11 de Administración constituye cosa juzgada, concluyendo que están presentes los requisitos que deben concurrir para su aplicación; a saber, existencia de una sentencia final y firme, y perfecta identidad en cuanto a cosa, causa, partes y calidad de éstas. Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534, 555-556 (1970); Sucn. Zayas Berríos v. Berríos, 90 D.P.R. 551, 563-564 (1964).

No existe duda, pues los autos ante nos así lo eviden-cian, que la causa de acción incoada por el recurrente es esen-cialmente igual a la antes promovida por el Administrador y que las partes son las mismas. En ese sentido, coincidimos con el tribunal de instancia en que aparentemente están pre-sentes los elementos de cosa, causa, persona y representa-ción. Sin embargo, una reflexión más profunda nos lleva a concluir que no puede sostenerse válidamente la defensa de cosa juzgada ya que la acción previa desestimada era una radicada prematuramente. Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509 (1975); Fels v. Biascoechea, 77 D.P.R. 681 (1954); Chabrán v. Méndez, 74 D.P.R. 768 (1953).

Plasmemos los fundamentos de esta proposición. En nues-tra sociedad — donde prevalece el imperio de la ley — toda ac-tuación de una agencia gubernamental y sus funcionarios debe estar autorizada por un estatuto de ley, reglamento vá-lido o enmarcada en un ejercicio discrecional con límites razonables. Tal es el caso del Administrador del Fondo del Seguro del Estado, quien mediante el andamiaje de un esta-tuto básico — Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo y los reglamentos debidamente promulgados — puede acudir a los tribunales y obtener resarcimiento por los gas-tos incurridos en un caso, compensado en su foro, y en deter-minadas circunstancias, reclamar a nombre de un obrero. Esta facultad está consignada en el mencionado Art. 31 de dicha ley (11 L.P.R.A. sec. 32).

Para el año 1966 como al presente, esta disposición en lo pertinente señalaba que el administrador podría, respecto a un tercero responsable de los daños, “. . . entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a, la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria. . . .” (Énfasis suplido.) La lectura de este precepto pone de manifiesto que la acción en subrogación sólo puede deducirse después que la determinación administrativa es firme y está limitada a un espacio de tiempo de 90 días. Contrario sensu, no está autorizado dicho funcionario a ejercitar procedimientos antes de que su fallo sea firme. Como corolario de lo expuesto, resulta ultra vires y sin eficacia legal alguna la interposición de una reclamación antes del transcurso del tiempo prescrito en la ley y por ende cualquier acción iniciada en contravención con lo expresado es desestimable por prematura. Es premisa cardinal de ley que los actos ejecutados por un funcionario en contra de ésta no tienen valor jurídico. Admor. Fondo del Estado v. Northern Assur., 98 D.P.R. 253, 255 (1970); Pueblo v. Club Management Inc,, 88 D.P.R. 189, 196 (1963).

En el caso de autos, la acción Núm. 67-3337 incoada por el Administrador del Fondo contra el tercero conductor y su ase-guradora carecía de validez y era inoperante por haber sido ejercitada antes de que su determinación fuera firme y ejecu-toria, ya que habían mediado dictámenes previos de la Comi-sión Industrial ordenándole proveyera tratamiento ulterior al recurrente y que a la luz de los nuevos exámenes médicos a practicarse, dictaminara el grado de incapacidad existente, si alguno, atribuible al accidente. Las dos resoluciones de archivo “sin perjuicio” de la Comisión — ante las ausencias explicadas del obrero — en momento alguno imprimieron característica de firmeza y efectividad a la decisión inicial del Administrador, que como hemos visto había sido revo-cada por la Comisión Industrial con el mandato de ulteriores trámites, que quedaron inconclusos hasta el 6 de diciembre de 1972.

Aun cuando reconocemos que el trámite observado pudo haber confundido al Administrador, a las partes y a sus abogados, no estamos, como sugiere la recurrida, ante un caso de recidiva pues el planteamiento del obrero desde sus comienzos ante la Comisión se dirigía a demostrar la exis-tencia de una incapacidad; señalamiento con apoyo en el tratamiento brindádole, en particular desde el 28 de marzo de 1967 en virtud de las recomendaciones del Dr. Sánchez Longo.

No milita en contra de esta decisión, la comparecencia del recurrente en el pleito anterior a través de su abogado. Por ministerio de ley, el Administrador no podía reclamar en el momento en que lo hizo y menos representarlo; tampoco el obrero podía instar acción directa por impedirlo el esta-tuto antes referido. Este eventualmente lo hizo después de expirado el término de 90 días de ser firme y ejecutoria la decisión del Administrador el 6 de diciembre de 1972. La situación fáctica es distinguible a la del caso de Alvarado v. Calaiño Romero, 104 D.P.R. 127 (1975).

Se dictará sentencia revocando la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan que desestimó la demanda por cosa juzgada.

       No entró a considerar los méritos de la defensa de prescripción.

      La acción de subrogación “. . . no pertenece al Administrador, sino propiamente al obrero lesionado . . . .” Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 818 (1965).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Presidente Señor Trías Monge.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Ponce Ávila, acusado y apelante.

      Número: CR-76-28

      Resuelto: 21 de septiembre de 1976

      Félix A. Ramos Cabán, abogado del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Un maestro de cuarto grado le dio tres golpes con una vara (pointer) por las piernas a su discípulo de nueve años que había observado una actitud contumaz de desobediencia frente a reiteradas llamadas al orden para que dejara de hablar y lanzara la goma de mascar que tenía en la boca. Al interponer su mano, el niño sufrió un golpe sin fractura en el dedo meñique (Determinación del Juez, T.E. pág. 87). El maestro apela de la sentencia de $25 que le impuso el Tribunal Superior al hallarlo culpable de agresión simple.

El castigo corporal moderado del discípulo por el maestro en casos de persistente indisciplina' es un método de reprensión dirigido a mantener el orden en el salón de clases y a sostener los principios de decencia y de respeto al derecho ajeno que queremos preservar. Confiada al maestro la instrucción del hijo debe entenderse implícita la autorización del padre para que en caso necesario se restrinja la conducta del alumno por medios físicos. (33 L.P.R.A. see. 822(1)). Notamos sin embargo, que dicho método está proscrito por el Reglamento de Instrucción Pública. Este caso pudo haberse mantenido y resuelto en el ám-bito administrativo escolar. El citado Reglamento provee que cualquier alumno que se creyere víctima de alguna in-justicia cometida por su profesor deberá quejarse al superin-tendente de escuelas del distrito, de cuya decisión podrá ape-lar, si necesario fuese, al Secretario de Instrucción Pública y se resume la regla general de conducta así: . . Los alumnos de las escuelas públicas de Puerto Rico tendrán derecho a quejarse y a protestar con el respeto y decoro debidos de los actos de sus profesores y principales, o principales auxiliares, pero deberán permanecer en la escuela hasta que tales quejas o protestas hayan sido investigadas y resueltas; y mientras permanezcan en la escuela deberán conducirse con respeto y obediencia.” 18 R.&R.P.R. sec. 31-174.

Planteada esta pequeña controversia en el cauce ex-traño del derecho penal, debe resolverse en estricta observancia de las normas de procedimiento criminal. La intención del maestro al recurrir a este método de disciplina no era otra que la de corregir o reprender, y al mismo tiempo proteger el orden en el salón de clases sin el cual no puede haber enseñanza. No hay indicio alguno en la prueba que acuse intención criminal, elemento esencial de todo delito. Disponía el Art. 11 del Código Penal de 1902 que en todo delito ha de haber unión o simultaneidad entre el acto y la intención criminal (33 L.P.R.A. see. 32). Y su concordante Art. 14 del Código Penal de 1974 previene que nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley prevé como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal (33 L.P.R.A. see. 3061).

No tiene este caso los perfiles de gravedad que justifique una intromisión de los tribunales mediante el encausamiento criminal en la esfera de la educación. Hay niños que re-quieren un mayor grado de severidad en la etapa escolar de sus vidas que quizás les libre en su futuro de las sanciones punitivas con que la sociedad trata a los infractores adultos. En bien de ellos y de la docencia en nuestro país no debemos devolver al salón de clases un maestro con el estigma de una convicción, a enfrentarse desmoralizado a una comunidad escolar que se encargará de recordarle todos los días el fra-caso del sistema. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió con opinión. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 1976

Se denunció al señor Ponce Avila ante el Tribunal de Distrito por el delito de acometimiento y agresión grave. Se fundó la denuncia en la alegación que el acusado, maestro de instrucción pública en Las Croabas, había agredido el 16 de noviembre de 1971 en el salón de clases a un alumno de nueve años de edad, Simón Spitz Mercado, golpeándole en la pierna (Determinación del Juez (T.E. pág. 87)) y tenien-do que enyesársele un dedo (T.E. pág. 9), según el niño, aunque no hay constancia de que sufriese fractura. La Sala de Fajardo del Tribunal de Distrito halló culpable al denun-ciado, condenándole a pagar una multa de doscientos cin-cuenta dólares o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que dejara de pagar hasta un máximo de noventa días. El señor Ponce apeló ante el Tribunal Superior donde, tras la celebración de un juicio de novo, se redujo por el juez la calificación del delito a acometimiento y agresión simple, condenándose al acusado a pagar una multa de veinticinco dólares o un día de cárcel por cada dólar que dejase de satis-facer. De esta sentencia se apela ante nos, sosteniéndose que la prueba no establece los elementos esenciales del delito y que el juzgador demostró en verdad duda razonable en cuan-to a la culpabilidad del acusado.

No le asiste razón al apelante. Hay base suficiente en el récord para sostener la conclusión del juez, quien expresó claramente que “Después de desfilada esta prueba, al Tribunal no le cabe la menor duda de que este Señor acusado acometió y agredió al menor Simón Spitz Mercado.” (T.E. pág. 83.) El acusado niega haber castigado al menor cor-poralmente, pero hubo declaraciones, que a todas luces le merecieron crédito al juzgador, al efecto de que el maestro agredió varias veces al alumno con un palo al ordenarle que cesara de hablar y éste limitarse entonces a reducir la voz. (T.E. págs. 6, 26.) Tampoco demostró el juzgador duda razonable sobre la culpabilidad del apelante. Su análisis de la prueba lo llevó más bien a concluir que el delito de acometi-miento y agresión debía reducirse de grave a simple. (T.E. pág. 83.) Otras expresiones del juez no entrañan el signifi-cado que el apelante les atribuye.

Yale señalar también que el récord no revela prueba al-guna demostrativa de que no se cometió el delito por razón de mediar las circunstancias a que se alude en la See. 2 de la Ley de 10 de marzo de 1904, 33 L.P.R.A. see. 822(1), hoy derogada, pero vigente a la fecha de los hechos de este caso. Se dispone en ella:

“La violencia empleada contra una persona no constituirá acometimiento ni acometimiento y agresión en los siguientes casos:
1. Cuando se emplee en el ejercicio del derecho de una re-prensión o corrección moderada concedida por la ley al padre sobre el hijo, al tutor sobre el pupilo y al principal sobre el aprendiz; siempre que aquél esté autorizado para ello por el padre o tutor de éste.”

No se presentó en esta causa prueba alguna de que los padres del perjudicado habían autorizado al apelante a castigar corporalmente al niño. El tribunal, sin embargo, concluye que “Confiada al maestro la instrucción del hijo debe entenderse implícita la autorización del padre para que en caso necesa-rio se restrinja la conducta del alumno por medios físicos.” Discrepo de esta interpretación. Si fuera así, ¿por qué in-sertar en el estatuto el requisito de autorización por el padre o tutor? ¿Por qué se dispuso entonces en el Reglamento de Instrucción Pública, 18 R.&R.P.R. sec. 31-173, que “El De-partamento de Instrucción Pública no aprueba el uso de cas-tigos corporales en las escuelas públicas de Puerto Rico. Este método de castigo queda absolutamente prohibido por la pre-sente.”? La interpretación del tribunal anula estas disposi-ciones de ley. Anula también la decisión en Pueblo v. Cintrón, 53 D.P.R. 415 (1938).

Tampoco hallo base en la ley, la jurisprudencia o la doc-trina para requerir que se supedite el procedimiento criminal al administrativo o para resolver que la prueba no sos-tuvo los elementos del delito.

El problema de la disciplina de estudiantes por maestros ha estado sujeto a diversos enfoques. Véanse: Baker v. Owen, 395 F.Supp. 294 (M.D.N.C. 1975) confirmado en 423 U.S. 907 (1975); Ingraham v. Wright, 525 F.2d 909 (5th Cir. 1976); Gonyaw v. Gray, 361 F.Supp. 366 (D. Vt. 1973); Farrell v. Joel, 437 F.2d 160 (2d Cir. 1971); C. Silberman, Crisis in the Classroom, Random House, N.Y., 1970, pág. 91; V. Hawkins, The Negativism of Corporal Punishment, 49 The Clearing House 5 (1976), pág. 223 y ss.; C. Schumacher, Exit Corporal Punishment, 31 Educational Leadership 8 (1974), pág. 688; S. Francis y E. J. Hirshberger, Corporal Punishment in Schools: 1973, 30 Educational Leadership 7 (1973), pág. 591; J. Dewey, The School and Society, Univ. of Chicago Press, 1902, pág. 148. El Departamento de Instruc-ción Pública ha fijado la filosofía educativa sobre el particular. No nos toca establecer una filosofía distinta en ausencia constitucional o estatutaria.

Confirmaría la sentencia apelada.

       Sobre el particular dispone dicho Reglamento: “El Departamento de Instrucción Pública no aprueba el uso de los castigos corporales en las escuelas públicas de Puerto Rico. Este método de castigo queda absoluta-mente prohibido por la presente.” 18 R.&R.P.R. sec. 31-173.


author: per curiam:

text:
    Asociación de Dueños de Casas Veraniegas de la Parguera, etc., peticionaria y recurrente, v. Hon. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: O-75-476

      Resuelto: 27 de septiembre de 1976

      Carlos E. Colón, abogado de la recurrente; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados de la recurrida.
   per curiam:

Mediante su Resolución de 13 de noviembre de 1970 la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico or-denó la remoción de unas 121 casas ubicadas en la orilla del mar en el sur de Puerto Rico, en el sector conocido como La Parguera, jurisdicción del Municipio de Lajas. Emitió dicha orden la Comisión por entender que esas casas se ha-bían construido sin su permiso y sin el permiso del Secreta-rio de la Guerra de los Estados Unidos. Lo del Secretario de la Guerra se basa en que se alega que las casas están ubi-cadas en aguas navegables sobre las cuales el gobierno federal tiene custodia concurrente con el Gobierno de Puerto Rico.

La Comisión celebró audiencias en marzo y abril de 1970 en Mayagüez, presididas éstas por un asesor jurídico de la Comisión. Luego de dichas vistas recayó la Resolución antes mencionada ordenando la remoción de las casas, lo cual para efectos prácticos implica su destrucción. Los querellados re-currieron al Tribunal Superior en solicitud de revisión, ale-gando como fundamentos, entre otros, la falta de jurisdic-ción de la Comisión para intervenir con las propiedades de los recurrentes. Para otros fundamentos en apoyo de dicha petición de revisión, puede verse Asoc. D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 416, 419 (1973).

Luego de expedido el auto de revisión por el Tribunal Superior los recurrentes solicitaron de dicho tribunal que decla-rase nula la Resolución de la Comisión basándose en que no se había cumplido con los requisitos mínimos del debido pro-ceso de ley en la etapa adjudicativa, porque ninguno de los comisionados que participaron en la decisión de la Comisión comparecieron a las vistas públicas, ni vieron ni oyeron de-clarar a los testigos y peritos de una y otra parte, porque la prueba oral no fue transcrita ni aparece informe alguno es-crito de los examinadores que presidieron las vistas los cua-les pudieron haber sido adoptados por la Comisión. El tribunal de instancia sostuvo la validez de la Resolución impug-nada y ante la petición de certiorari de los querellados acor-damos revisar.

Mediante nuestra opinión Per Curiam de 15 de mayo de 1973, tomo y página antes citados, anulamos la Resolución de la Comisión de Servicio Público y devolvimos el caso a dicho organismo “a fin de que sus miembros, una vez prepa-rada, lean la transcripción de los testimonios orales recibidos, debiendo además concederse una nueva oportunidad a las partes para que presenten informes escritos u orales para ser oídos o leídos por la Comisión en pleno, efectuado lo cual procederá ésta a adoptar el acuerdo que corresponda.”

Posteriormente, en 16 de enero de 1974, en A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, en reconsideración, de-jamos sin efecto nuestra sentencia antes citada de 15 de mayo de 1973, anulamos el certiorari expedido y devolvimos el caso al tribunal de instancia para la continuación de procedimien-tos consistentes con lo que en reconsideración fallamos.

En nuestra sentencia en reconsideración, señalamos que la Comisión se había abstenido de señalar si la parte del récord que faltaba por considerar demostraría que los recu-rrentes habían tenido una vista ajustada al requisito del debido procedimiento de ley. Allí expresamos: “La posición del Estado en este incidente vital fue reticente y doctrinaria, reservando hechos que de conocerse hubiesen puesto en con-tienda la alegación de irregularidad insalvable en los proce-dimientos, y que hubiesen provisto al juez de instancia de mayor fundamento que la incierta probabilidad de que al completarse el récord surgieran a la luz los detalles factuales que podían insuflar vida de legalidad al hostigado proceso. Como resultado de esta preterición de la realidad procesal, cuando tomamos el caso para decidir este Tribunal se en-frentó a un cuadro de proceso administrativo dislocado: los Comisionados de Servicio Público no habían estado presentes en las vistas orales ni tampoco habían leído el récord taqui-gráfico pues éste no se había transcrito; los examinadores no habían preparado conclusiones ni rendido informe; y no aparecía medio ni método racional alguno por el cual llegó a los comisionados conocimiento de los hechos objeto de adjudi-cación en la resolución y orden adoptadas disponiendo la eliminación de las casas de los recurrentes. No es hasta la solicitud de reconsideración que la recurrida Comisión de Servicio Público finalmente saca del recinto secreto la verdad factual con que mucho antes debió enfrentar la ofensiva de los recurrentes y ofrece a este Tribunal, avalada por el jura-mento de los miembros, integrantes de la Comisión de Servicio Público que intervinieron en el proceso decisional y adjudi-cativo Sres. Godofredo N. Gaetán, Presidente, y Andrés E. Salas Soler y Rafael Rivera Lugo, Comisionados Asociados; y los examinadores que actuaron en las audiencias Sres. Sig-fredo A. Irizarry y José A. Anglada Segarra, una extensa relación . . .

Mediante su sentencia de 22 de septiembre de 1975 el Tribunal Superior confirmó la resolución y orden dictada por la Comisión de Servicio Público el 13 de noviembre de 1970. Recurrieron ante nos los querellados, aquí recurrentes, y nos hacen los siguientes planteamientos en apoyo de su pe-tición de certiorari: (1) que las agencias administrativas no tienen poderes para privar a los ciudadanos de sus dere-chos dominicales; (2) que dicha facultad solo la tiene el Poder Judicial; (3) que la Comisión de Servicio Público no tiene en ley poderes coercitivos; (4) que tampoco tiene po-deres delegados para conceder o privar del dominio o aprove-chamiento de terrenos públicos; (5) que los terrenos aquí envueltos son manglares y marismas, bienes patrimoniales del Estado sujetos a derechos posesorios por particulares; (6) que la orden de la Comisión es drástica, injusta, irrazo-nable y arbitraria; (7) que los peticionarios son edificantes de buena fe; (8) que los manglares y marismas aquí afec-tados no son aguas navegables, que no han sido ni son uti-lizados para el flujo del comercio interestatal y que por lo tanto no están sujetos a control federal; (9) que la Comisión de Servicio Público no tiene poderes delegados para entrar en cuestiones ambientales ya que no existe en la ley nada que le confiera tales poderes; (10) que los peticionarios que allí poseen terrenos del Estado bajo contrato de arrenda-miento o bajo acuerdos con las agencias pertinentes del Estado, son propietarios y edificantes de buena fe; (11) que es inconstitucional la acción de la Comisión de Servicio Público pues ésta ha actuado a la vez como fiscal, juez y parte; (12) que la Comisión de Servicio Público no tiene facultad para ordenar a los empleados de otras agencias o departamentos del gobierno la ejecución de sus órdenes en forma coercitiva, en un caso como el presente, sin antes solicitar la intervención judicial; (13) que la Comisión de Servicio Público no tiene facultades delegadas por el Go-bierno federal mediante el Rivers and Harbors Appropriation Act ni por la General Bridges Act para autorizar o denegar la construcción de las casas aquí envueltas; (14) que las agencias administrativas tienen que acudir al foro judicial para desposeer a particulares de derechos dominicales; y (15) que dicho foro es el adecuado para determinar la legalidad de la construcción de las casas aquí concernidas y de la orden de la Comisión ya que no es lo mismo conceder o negar un permiso para construir que privar permanente-mente de lo ya construido y poseído por un gran número de años. Argumentan que en esta situación debe ser el poder judicial el que finalmente resuelva.

Vamos a dirigirnos al problema de la jurisdicción pues una vez discutido éste no tendremos que entrar en los demás planteamientos hechos por los recurrentes.

La Resolución de la Comisión de Servicio Público que aquí se cuestiona se emitió en 13 de noviembre de 1970, bajo la vigente Ley de Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, 27 L.P.R.A. sec. 1001 y ss. A dicho estatuto, según leía a dicha fecha, tenemos que recurrir, pues, en primer lugar para in-vestigar las facultades de la Comisión cuando tomó la acción que nos ocupa. Dichas facultades, en síntesis, comprenden las siguientes: otorgar autorizaciones de carácter público o cuasi público, incluyendo el derecho de usar o cruzar las vías públicas o cauces de aguas públicas; reglamentar las compañías de servicio público y porteadores por contrato; hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Aguas; y ejer-cer los poderes que le sean delegados por el Gobierno de los Estados Unidos o por cualquiera de sus departamentos, de-, pendencias o funcionarios. Art. 14 de la Ley de Servicio Público, 27 L.P.R.A. sec. 1101.

Como se ha visto la Ley de Servicio Público en su Art. 14, al establecer cuáles son los poderes de la Comisión, remite al lector a la Ley de Aguas y faculta a la Comisión para hacer cumplir sus disposiciones. La Ley de Aguas, una cuidadosa y bien redactada pieza legislativa que nos viene de nuestro derecho civil español, y que comienza en su artículo primero disponiendo que pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales que caen en el mismo, trata del dominio de las aguas terrestres y de su aprovechamiento; de las aguas subterrá-neas; de los cauces de los ríos; de las accesiones, arrastres y sedimento de las aguas; de las lagunas y pantanos; de las servidumbres naturales y legales en materia de aguas; del aprovechamiento de las aguas públicas; de las comuni-dades de regantes; y de la competencia de los tribunales en materia de aguas. Al tratar de aprovechamientos comunes de las aguas públicas la Ley, Art. 126 y ss., 12 L.P.R.A. sec. 801 y ss., dispone que “Mientras las aguas corran por sus cauces naturales y públicos, todos podrán usar de ellas para beber, lavar ropas, vasijas y cualesquiera otros objetos, bañarse y abrevar o bañar caballerías o ganado, con su je-: ción a los reglamentos y leyes de policía y sanidad y otros reglamentos y leyes vigentes.”

Sobre la policía de las aguas la Ley dispone que la po-licía de las aguas públicas y sus cauces naturales, riberas y zonas de servidumbre estará a cargo de la administración (lo que equivale a decir del gobierno), dictando ésta las disposiciones necesarias para el buen orden en su uso y aprovechamiento.

Faculta el citado Art. 126 de la Ley de Aguas a la Comisión de Servicio Público para autorizar la toma de agua de cauces públicos, por medio de tuberías, para usos domésticos o de vaquerías. A tales fines la Comisión deberá celebrar una vista pública, especificar los litros por segundo en que consistirá la concesión e impondrá las condiciones necesarias para proteger los intereses públicos y los de otros concesionarios. En resumen, dicha Ley de Aguas no regula las aguas marítimas. Regula las aguas pluviales, los ríos, los arroyos y las aguas subterráneas.

Pero la Comisión entiende que tiene otra base jurisdiccional distinta para sostener su acción cuasi judicial y ejecutiva en este caso. Alude a la facultad antes mencionada que le confirió la citada Ley de Servicio Público de 1962, en su Art. 14, en el sentido de que se le facultó para ejercitar los poderes que le fueron delegados por el Gobierno de los Estados Unidos o por cualquier departamento u oficina de éste. 27 L.P.R.A. sec. 1101 in fine. Sin embargo, no se nos ha mostrado, ni la hemos encontrado, disposición de ley u orden ejecutiva alguna delegando en la Comisión poderes del Secretario de la Guerra de los Estados Unidos sobre aguas marítimas. El Rivers and Harbors Appropriation Act, 33 U.S.C. sec. 401 y ss., ley que autoriza la concesión de permisos para la construcción de puentes, presas, muros y calzadas en los puertos, canales, ríos y otras aguas navegables de los Estados Unidos, no contiene disposición alguna que autorice al Secretario de la Guerra de los Estados Unidos a delegar ese poder en la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico. Dispone la See. 9 de esa ley, 33 U.S.C. see. 401, que a esos fines se necesitará el consentimiento del Congreso de los Estados Unidos o de la Asamblea Legislativa de los Estados y del Secretario del Ejército. No provee para delegación de dichas facultades. El Secretario del Ejército no tiene poder para ordenar la destrucción de estructuras construidas sin su autorización. Para lograr dicha destrucción o remoción de las mismas debe acudir a los tribunales a través del Attorney General de los Estados Unidos, 33 U.S.C. see. 406. Mal puede el Secretario del Ejército delegar una facultad que no tiene.

La Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1968, Ley Núm. 151 de 28 de junio de ese año, 23 L.P.R.A. see. 2101 y ss., confiere en su Art. 6 (23 L.P.R.A. see. 2604) a la Autoridad de Puertos la facultad de autorizar la construc-ción de estructuras en la zona marítima terrestre incluida en una zona portuaria y dispone que dicha autorización no será necesaria para la construcción de las obras a que se refiere la See. 9 de la Rivers and Harbors Appropriation Act. Dispone además que los permisos para la construcción de esas obras en aguas navegables — las obras a que se refiere la See. 9 de la Rivers and Harbors Appropriation Act — los dará la Comisión de Servicio Público con arreglo a las dis-posiciones de las leyes federales. Pero como hemos señalado, dicha See. 9 se refiere a puentes, presas, muros y calzadas (any bridge, dam, dike, or causeway) y no incluye el tipo de estructura envuelta en este caso.

Las casas aquí concernidas no son la clase de estructura que bajo la citada sección de la Ley de Muelles y Puertos requieren el permiso de la Comisión de Servicio Público, pues no son puentes, presas, muros ni calzadas. La evidencia demuestra que estas casas están enclavadas en tierra, aunque un lado de ellas da hacia tierra y el otro hacia el mar. Las casas están en la orilla; no son casas botes, y no son flotantes. Sus pilotes enclavan en la tierra. Las leyes federales no cubren estructuras construidas sobre tierra sino estructuras sobre aguas navegables. Y ésta es la segunda limitación de la See. 9 de la Rivers and Harbors Appropriation Act: que trata de aguas navegables. En el caso de autos las casas están construidas con sus pilotes enclavados en la tierra y parte de ellas sobre aguas llanas que no son lo quo normalmente se considera aguas navegables. Desde luego, una yola sin quilla puede flotar sobre un pie de agua pero un pie de agua no es considerado agua navegable. En la aplicación de la ley la razonabilidad y el sentido común son elementos necesarios.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos le denegó a un Presidente de los Estados Unidos la facultad de tomar y operar temporeramente unos molinos de acero por la razón de que no había facultad expresa mediante ley que autorizase al Presidente a tomar y operar temporeramente esas instalaciones. Youngstown Sheet & Tube Co. et al. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 585 (1952). Mucho menos puede per-mitirse, no ya la toma temporera sino la destrucción perma-nente de 121 casas, sin facultad de ley que autorice a la Co-misión para ello. No es la Comisión de Servicio Público sino el Secretario de Transportación, y Obras Públicas quien está facultado para hacer concesiones de permisos en la zona ma-rítima terrestre de Puerto Rico no incluida en una zona por-tuaria, como es la zona del caso de autos. 23 L.P.R.A. sec. 2110(d). En las zonas portuarias esos poderes se ejercen por la Autoridad de los Puertos. 23 L.P.R.A. secs. 2604 y 2606. Si alguna persona usurpase terrenos baldíos o no con-cedidos, pertenecientes a Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico podría adoptar las medidas necesarias para su expul-sión. 1 L.P.R.A. see. 6. No podrá adquirirse títulos a terre-nos baldíos estaduales por posesión adversa. Ibid.

Mediante la Resolución de la Cámara de Representantes Núm. 86 de 31 de mayo de 1961, dicho cuerpo legislativo recomendó: (1) que el gobierno tome las medidas para detener (no para remover ni destruir) las construcciones clandestinas en la bahía de La Parguera; (2) que se estudie la posibilidad y el costo de la construcción de un sistema de disposición de aguas negras para La Parguera; y (3) que en los planes de desarrollo de La Parguera se dé consideración, entre otras cosas, a la lotificación de los terrenos a orillas de la bahía de La Parguera “para permitir y fomentar la construcción de casas botes, siempre que éstas tengan las debidas instalaciones para la disposición de sus aguas negras.” (Bastardillas nuestras.)

El Secretario de Transportación y Obras Públicas está facultado, previo el trámite correspondiente, para arrendar o vender terrenos del Estado. Ley Núm. 12 de 10 de diciem-bre de 1975, enmendada por la Ley Núm. 63 de 27 de mayo de 1976. Algunos de los peticionarios tienen contratos de arrendamiento de sus solares. Es posible que un estudio de la situación que este caso plantea permita al Secretario de Transportación y Obras Públicas arrendar a largo plazo o vender los solares a los ocupantes de los mismos, sujeto a que se eliminen los factores nocivos al ambiente creados principalmente por las aguas negras.

No habiéndose demostrado la facultad y jurisdicción de la Comisión de Servicio Público para ordenar la remoción o la destrucción de las 121 casas aquí envueltas, jurisdicción que no podemos presumir, Peter Fox Brewing Co. v. Sohio Petroleum Co., 189 F.Supp. 743; California v. Federal Power Commission, 369 U.S. 482; Arrow Transp. Co. v. Idaho Public Utilities Commission, 379 P.2d 422; Chicago, R.I. & P.R. Co. v. Iowa State Commerce Commission, 80 N.W.2d 351; Black River Elect. Co-op, Inc. v. Public Service Commission, 120 S.E.2d 6; Northern Pac. Ry. Co. v. Baker, D.C. Wash., 3 F.Supp. 1; City of Pittsburgh v. Pennsylvania Public Utility Commission, 43 A.2d 348; Felix v. Pennsylvania Public Utility Commission, 146 A.2d 347; State v. Atlantic Coast Line R. Co., 47 So. 969; City of New York v. Interborough Rapid Transit Co., 249 N.Y.S. 243, y siendo de opinión, como somos, de que la Comisión actuó sin jurisdicción, se revocará la sentencia recurrida y se dejará sin efecto la resolución y orden de la Comisión de Servicio Público recaída en este caso.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

         Vachier v. McCormick, Alcaide & Co., 86 D.P.R. 714 y 735(1962).

       Mediante la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 123 de 20 junio 1972, Art. 6 (3 L.P.R.A. sec. 156(d)), los poderes de la Comisión de Servicio Público relacionados con la con-cesión de franquicias para el uso de las aguas públicas; el cumplimiento de la Ley de Aguas y la policía de las aguas fueron transferidos al Departamento de Recursos Naturales.


text:
    Neftalí Toro Lugo et al., demandantes y recurridos, v. Miguel A. Ortiz Martínez et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-76-216

      Resuelto: 29 de septiembre de 1976

      Vicente Santori Coll y Jaime Sifre Rodríguez, abogados de los peticionarios; Pérez Ferrari & Pérez Cruz, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

Los hechos probados en una causa penal, aun cuando no son concluyentes al punto de excluir su relitigación en la acción civil de daños y perjuicios originada de aquéllos, constituyen evidencié prima facie de su existencia, admisible en el pleito civil.

El demandante recurrido Toro Lugo fue convicto en juicio criminal por infracción de la Sec. 5-201 de la Ley de Tránsito, en cuya denuncia se le imputó negligencia en la conducción de un vehículo de motor que chocó contra un camión debidamente estacionado al que causó extensos daños. Una sala de lo criminal del Tribunal Superior le impuso pena de $100 de multa que el acusado satisfizo. Ha presentado /de-manda civil contra el dueño del camión y su aseguradora ale-gando que el camión se hallaba mal estacionado, desprovisto de luces y obstruyendo el carril del demandante; que éste sufrió como consecuencias del accidente “laceraciones y con-tusiones”, daños a su propiedad, sufrimientos morales, pér-dida de ingresos y gastos médicos por los que él y su familia reclaman unos $232,000. Contra la demanda formularon los demandados moción de sentencia sumaria fundada en que la sentencia en el referido caso criminal resolvió el conflicto de prueba y adjudicó la credibilidad en forma adversa al ahora demandante y entonces acusado quien debe estar impedido de litigar nuevamente la cuestión de negligencia; y dos requeri-mientos de admisiones en que exigen del demandante que ad-mita o niegue tres párrafos relativos a los testigos utilizados por el fiscal y la defensa en el caso criminal, así como otros que aunque disponibles, no fueron llamados ni gestionados por el acusado; y que admita o niegue la autenticidad de la acusación y sentencia, la celebración del juicio criminal y la convicción del acusado por hechos identificados en tiempo y lugar con los vertidos en su demanda civil. El Tribunal Superior declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria, que no fue rebatida en sus méritos; y relevó al demandante de contestar los requerimientos de admisiones en resoluciones sin fundamentar presuntivamente predicadas en la llamada independencia de la acción civil invocada por el demandante al objetar la prueba como inadmisible citando a Ramírez v. Morales, 69 D.P.R. 703 (1949). La parte demandada ha recurrido en certiorari de las resoluciones denegatorias y ex-pedimos orden para mostrar causa por la que no deban anu-larse y resolver en su lugar la procedencia de las mociones.

El Art. 2 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sec. 2) dispone: “Cuando la violación de un derecho permita el ejercicio de ambas acciones, la civil y la criminal, el dere-cho de ejercer la una no impide el derecho de ejercer la otra.” Este precepto nos llega de dicho Código aprobado por Ley de 10 de marzo de 1904 en substitución de disposiciones correla-tivas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, en busca de mayor viabilidad procesal para las acciones allí reguladas. Guzmán v. Vidal, 19 D.P.R. 841 (1913). Es producto del torrente innovador provocado por los sucesos políticos del 1898 y requirió enmienda del concor-dante Art. 1059 del Código Civil de 1902 ordenando que las obligaciones civiles nacidas de los delitos o faltas se regirán por dicho Código y no por lo dispuesto en el Código Penal como instruía el anterior Art. 1092 del Código Civil Español (31 L.P.R.A. sec. 2995); Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942).

La prohibición del Art. 2 del Enjuiciamiento Civil se limita a negar finalidad de cosa juzgada en la esfera civil, a la sentencia recaída en el juicio criminal. Es alrededor del concepto “impedimento” que se activa la norma al decirse en dicho Artículo que “el derecho de ejercer la una no impide el derecho de ejercer la otra.” La reconocida “independen-cia” atribuida a ambas acciones se refiere principalmente al resultado final como impedimento de res judicata, pero no hace una acción tan extraña a la otra que excluya de la acción civil la presentación en evidencia del pliego acusa-torio, fallo y sentencia obtenidos en la causa criminal. La parte para quien resulte adversa dicha prueba tiene derecho a alegar su insuficiencia o a controvertirla con otra eviden-cia y el juzgador hará su propia estimación de la prueba que podrá o no coincidir con la apreciación de la misma en el juicio criminal.

Conocido en la esfera criminal un hecho que reviste los caracteres de culpa o negligencia, a cuya causa se puso término con sentencia, no queda prejuzgada la responsabilidad civil que del mismo pueda derivarse, ni excluido el pleito civil, toda vez que la anterior sentencia no constituye obstáculo de cosa juzgada. No obstante, puede el juzgador de la causa civil admitir en evidencia dichos documentos y hacer su propia apreciación de toda la prueba dirigida por la pre-misa fundamental de que, ante la diversa naturaleza y fina-lidad de las acciones que se ejercitan en una causa criminal y en un juicio civil, y la esencial diferencia del grado de culpa o negligencia requerido para sostener un fallo en una y otra, así como los variados factores que pesan en el vere-dicto cuando el caso se ha visto ante jurado, se impone una nueva e independiente estimación de toda la prueba a la luz de distintas valoraciones jurídicas.

Al admitir evidencia del fallo recaído en el caso criminal se acelera la provisión de remedio, se amplía el con-junto de elementos factuales en que ha de basar sus determi-naciones el juez de lo civil y se acaba con el sofisma de que ningún valor tienen en el pleito los procedimientos habidos y los hechos determinados en un juicio criminal seguido con el esmero procesal que garantiza nuestra Constitución. Un sis-tema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración no tolera el contrasen-tido de que una sala deba ignorar por completo los procedi-mientos habidos en otra sala relativos al mismo hecho liti-gioso. A tal situación se anticipó la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905 cuyo Art. 102 (32 L.P.R.A. see. 1887) in-cluyó entre las presunciones controvertibles, bajo el Núm. 17, la de que un registro judicial, aunque no fuere concluyente determina o expone con exactitud, los derechos de las partes.

Resolvemos que estos autos del caso criminal, acusación o denuncia, fallo y sentencia, son admisibles en evidencia en el pleito civil cuando hay un hecho común que da lugar a ambos procedimientos, y constituirán evidencia prima facie de todo hecho común o relevante a las dos acciones. La norma aquí adoptada preserva la autonomía de la acción dirigida a obtener reparación del daño, obviando los inconvenientes del concepto unitario de culpabilidad en que se confunden el acto ilícito" civil y el penal. Esa fue la doctrina in-timada por este Tribunal desde el 1913 al declarar que “En nuestro estado de derecho la acción penal y la civil provenien-tes de un delito son completamente independientes y nunca pueden ejercitarse conjuntamente. Sólo el Fiscal puede ejer-citar la acción penal y el ejercicio de la acción civil corres-pondiente queda reservado a la parte interesada en el juicio que proceda.” (Énfasis nuestro.) Guzmán v. Vidal, 19 D.P.R. 841, 846 (1913); Reyes v. Aponte, supra, a la pág. 894. Queda asimismo satisfecho el principio rector de solución justa, rápida y económica enunciado en nuestra primera Regla de Procedimiento Civil.

Se expedirá él auto de certiorari y se anulará la resolu-ción de 11 de marzo de 1976 y en su lugar se ordenará al de-mandante contestar los requerimientos de admisiones que le ha notificado la parte demandada recurrente. Se confirma la denegación de la moción de sentencia sumaria. Modificada.

       El texto completo de nuestra orden para mostrar causa (junio 10, 1976) es el siguiente:
      “Tengan las partes plazo hasta el 30 de julio de 1976 para comparecer a mostrar causa por la que no deba anularse la resolución recurrida y resolver en su lugar que un demandante en un caso civil está impedido de litigar nuevamente hechos que fueron previamente litigados y adjudicados en un procedimiento criminal anterior y que sirvieron de base a la senten-cia dictada en aquel caso; o que la evidencia producida en dicho caso criminal es admisible en pleito civil subsiguiente como prueba prima facie de los hechos que sostienen la convicción.”

       A pesar de la declarada independencia de ambas acciones, se ha admitido en evidencia en el caso civil la declaración de culpabilidad como admisión del acusado contra su propio interés. Prosser, infra. Art. 35, inciso 2, Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1678(2).
      Y algunas cortes han aplicado la doctrina de impedimento colateral (collateral estoppel) en forma selectiva en cuanto a determinados hechos en controversia. Newman v. Larsen, 225 Cal. App. 2d 22 (1964); 36 Cal. Reptr. 883 citado en Prosser, Law of Torts, Edición 4a (1971), pág. 8, Nota 50. Otros tribunales, en interesante desarrollo jurisprudencial, han aceptado el fallo en el caso criminal como impedimento absoluto que ex-cluye el pleito civil cuando el delito cometido lo fue para propiciar la re-clamación, como ocurre en el caso de quien pega fuego a su propiedad y convicto como incendiario demanda a la aseguradora en cobro de póliza. Eagle Star & British Dominions Ins. Co. v. Heller, (Virginia) 140 S.E. 314, 320 y ss. (1927).

       Puig Brutau describe así el estado procesal en el derecho español:
      “Terminado el juicio criminal por sentencia absolutoria que no afecte a la misma existencia del hecho enjuiciado, queda libre el ejercicio de la acción civil que corresponda. Puede suceder que un hecho no sea constitu-tivo de delito o falta y, sin embargo, tal vez se tratará de una acción u omisión en que intervenga culpa o negligencia que obligue a la reparación del daño ocasionado. Aparte del caso de que la sentencia absolutoria dic-tada en el juicio criminal niegue la existencia del mismo hecho que, en su caso, podría dar lugar a responsabilidad civil, en los demás supuestos la absolución del procesado no prejuzga si los hechos que no han tenido cali-ficación penal pueden tenerla desde el punto de vista civil.” Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, Ed. 1956, págs. 711-12. Castán, citando del Tribunal Supremo de España, abunda en la ausencia de cosa juzgada como razón de la separabilidad entre las acciones, dice: “Abandonada hoy la antigua doctrina que entendía que la prosecución del pleito, después de terminada la causa criminal, atacaba a la cosa juzgada, ha surgido, en la doctrina y la jurisprudencia, una orientación favorable a la independencia de la acción civil, y consiguiente posibilidad de discutir, sin trabas, ante la propia jurisdicción el problema de la responsabilidad pecuniaria.” Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 4, Novena Edi-ción (1961), págs. 864-867.

       Notas distintivas en el criterio diferencial entre el delito penal y el simple delito civil, son:
      “1.a Los delitos penales, a diferencia de los civiles son actos u omi-siones castigados con una pena (punibilidad). La reacción jurídica, tratán-dose del delito puramente civil, persigue sólo el resarcimiento, o sea el restablecimiento de las cosas a su primitivo ser y estado. Por el contrario, la reacción jurídica contra el delito penal, presidida por consideraciones de orden ético y social, persigue, no sólo la reparación del daño a quien lo ha sufrido, sino, además y sobre todo, la imposición de una pena.
      2.a Los delitos penales tienen como característica la llamada tipiñdad, en contraste con la atipicidad de los delitos puramente civiles. Mientras que de los primeros no puede hablarse más que cuando se da un hecho que pueda encuadrarse dentro de las hipótesis concretas previstas en la Ley penal, los segundos pueden estar constituidos por cualquier hecho que reúna las condiciones genéricas de ilicitud, culpabilidad y lesividad.” (Én-fasis en el original.) Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 4, Novena Ed. (1961), pág. 865.-

       La parte interesada debe presentarlo en evidencia, pues el tribunal no puede tomar conocimiento judicial de procedimientos y actuaciones fuera de autos del pleito que esté ventilando. Figueroa v. Alonso 57 D.P.R. 500 (1940); Aponte & Sobrino v. Sucn. Pérez, 48 D.P.R. 449 (1935); P.R. Fer

        tilizer Co. v. Corte, 40 D.P.R. 822 (1939). Esta solución está acorde con el principio adelantado por Roscoe Pound en oposición a la multiplicidad de reglas inflexibles en la minuciosidad de sus detalles: “Todo cuanto se ofrezca en evidencia que lógicamente contribuya a probar un hecho esen-cial a una reclamación o defensa en el caso, debe ser admitido a menos que su exclusión se requiera por razón bien fundada de norma o de ley.” Pound, Jurisprudence, Tomo V, pág. 584.

       Art. V — Sec. 2 — Constitución del Estado Libre Asociado.
      “Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unifi-cado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración.”
      Art. 1, Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado (4 L.P.R.A. sec. 1). En Puerto Rico las distinciones jurisdiccionales fueron eliminadas. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140 (1961); Gómez Hnos. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625 (1972).