author: El Juez Presidente Señor Pons Núñez

text:
    St. Paul Fire & Marine Insurance Company y Lewis Business Forms of Puerto Rico, Inc., apelantes, v. Caguas Federal Savings & Loan Association of Puerto Rico, apelada.

      Número: CE-86-493

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Francisco Castro Amy, de Castro & Castro, abogado de los ape-lantes; Carlos Martínez Vélez, de Montañez & Alicea, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Pons Núñez

emitió la opinión del Tribunal.

A tenor con la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la Regla 27 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito nos ha certificado las si-guientes dos (2) preguntas referentes a la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. secs. 1-386, y su re-lación con el derecho general de daños y perjuicios;

(1) ¿Responde al tomador de un cheque un banco que, sin incurrir en negligencia, paga dicho cheque en virtud de un endoso no autorizado?

(2) Si la contestación a la pregunta anterior es en la afir-mativa, ¿es la negligencia previa del tomador una defensa a dicha responsabilidad del banco?

Antes de contestar a las preguntas certificadas es necesa-rio exponer brevemente los hechos que dan lugar al presente caso.

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Lewis Business Forms, Inc. (Lewis) es una corporación de Florida que ha mantenido una sucursal en Puerto Rico desde 1961. Luis A. Ayala fue el contador de la sucursal de Puerto Rico de Lewis desde 1967 hasta 1982. Entre sus fun-ciones como contador estaba el preparar las facturas y reci-bir su pago. Sin embargo, Ayala no tenía autorización de Lewis para cambiar o endosar cheques. El tribunal de ins-tanda determinó que Lewis fue negligente al no separar estas dos (2) fundones. Su consolidadón en una sola persona permitió a Ayala crear un elaborado esquema de malversa-ción de fondos que operó sin ser detectado por casi diez (10) años.

El plan de malversación de fondos comenzó cuando Ayala abrió una cuenta en el Caguas Federal Savings & Loan Association (Caguas) bajo el nombre de “Luis Ayala haciendo ne-gocios como Lewis Business Forms”. La única firma autori-zada en la cuenta era de Ayala. Caguas no tenía relaciones comerciales previas ni con Ayala ni con Lewis. Luego, Ayala se apropió de cheques remitidos por clientes de Lewis en pago de mercancía, los endosó sin autorización de Lewis y los depositó en la cuenta del Caguas. De ésta, Ayala hizo retiros para su uso personal.

Ayala eludió la rápida detección del desfalco valiéndose de varios métodos fraudulentos de contabilidad. Cuando fi-nalmente fue descubierto, Ayala se había apropiado de $286,595.87 pertenecientes a Lewis.

St. Paul Fire & Marine Insurance Company, la asegura-dora de Lewis, cubrió alrededor de dos terceras partes de la pérdida. Ambas corporaciones entonces incoaron acción en contra de Caguas al alegar inter alia que un banco que paga a un falsificador o endosante no autorizado responde al toma-dor, bajo la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. see. 24.

Apoyándose en que el banco no había incurrido en negli-gencia, y que Lewis había sido negligente al no tener una separación adecuada de funciones en el departamento de contabilidad de la sucursal de Puerto Rico, el tribunal de ins-tancia desestimó la demanda. En apelación, Lewis reitera su posición de que Caguas debe responderle bajo la Ley Uni-forme de Instrumentos Negociables, supra. Por su parte, Caguas argumenta que al no existir relación contractual en-tre éste y Lewis, a tenor con el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, sólo sería responsable si el daño hubiese sido producto de la negligencia de Caguas.

II

La Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, dispone:

Cuando se falsificare una firma o se hiciere sin autorización de la persona de quien se supone que procede la firma, no tendrá efecto alguno, ni se adquirirá, en virtud de ella, dere-cho alguno para retener el documento o para cancelarlo o para obligar al pago del mismo a cualquiera de las partes que en él figuren, a menos que la parte contra quien se tratare de hacer valer tal derecho estuviere impedido para alegar en su de-fensa la falsedad o falta de autorización. 19 L.P.R.A. see. 24.

Consistentemente hemos interpretado esta sección en el sentido de que el banco que paga un cheque bajo un endoso o firma falsificada o no autorizada le responde direc-tamente al librador o a su cesionario. No obstante, el libra-dor o su cesionario están impedidos de reclamar contra el banco cuando, en ausencia de negligencia del banco, la causa próxima de la falsificación del cheque es la negligencia del librador. Solé Electric, Inc. v. Bank of Nova Scotia, 103 D.P.R. 423 (1975); P.R. Tobacco Mkt. Ass’n. v. P.R. &Amer. Ins., 100 D.P.R. 387 (1972); Maryland Casualty Co. v. Banco Popular, 92 D.P.R. 331 (1965); Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100 (1953).

Nótese que en todos los casos anteriores es el librador quien reclama contra el banco librado. “[L]a acción en estos casos no procede de letras de cambio, ni de cheques, ni de otros documentos de cambio, sino que es una en cobro de dinero, basada en un contrato de préstamo (la cuenta co-rriente) y en una relación de acreedor y deudor.” Maryland Casualty Co. v. Banco Popular, supra, pág. 335.

Distinto a los casos que hemos resuelto, en el caso de autos no existe relación contractual entre las partes, puesto que es el tomador quien reclama al banco. Consideramos, sin embargo, que ello no impide que también la presente controversia sea gobernada por la citada Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra. La aludida See. 24 no distingue para fines de su aplicabilidad entre reclamaciones presentadas por libradores y las interpuestas por tomadores. Se limita a establecer que a falta de autorización de una firma no se producen efectos en el documento, a menos que la parte, librador o tomador, esté impedida de alegar su false-dad o falta de autorización.

Debe tenerse presente que, en lo concerniente al asunto bajo consideración, ésta es una disposición de naturaleza especial, por lo que “debe prevalecer sobre cualquier otro precepto aplicable que sea de carácter general”. París v. Canety, 73 D.P.R. 403, 406 (1952). En vista de ello, no puede regirse este caso por las disposiciones del Código Civil, específicamente por el Art. 1802, supra, a pesar de la relación extracontractual prevaleciente entre las partes. En casos como el que nos ocupa, sólo podemos acudir al Código Civil cuando algún aspecto de la controversia no pueda ser debidamente atendido, primero por la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables y luego, subsidiariamente, por el Código de Comercio, después de los cuales se recurre al Código Civil como derecho supletorio. Véanse: 19 L.P.R.A. see. 386, y 10 L.P.R.A. see. 1002. Es de rigor reconocer que de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, emana, como más adelante ampliaremos, una causa de acción directa e independiente del librador o tomador contra el banco, aun cuando éste no haya incurrido en negligencia. Consideraremos que esta disposición atiende adecuadamente la cuestión aquí planteada, por lo que no procede orientar la solución de este caso por los postulados del Art. 1802 del Código Civil, supra, para el cual la negligencia es un ele-mento insoslayable. La Ley Uniforme de Instrumentos Ne-gociables, supra, descansa en una tradición jurídica y, por ende, en fundamentos doctrinarios distintos a los del Art. 1802 del Código Civil, supra, que no disponen nada sobre la negligencia como un elemento indispensable de esa causa de acción. En buena teoría de adjudicación y hermenéutica legal es esa disposición y su historial los que deben guiar el análisis del asunto que nos ocupa a los fines de responder a las preguntas certificadas por la ilustrada Corte de Apela-ciones de Estados Unidos para el Primer Circuito.

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Nuestra Ley Uniforme de Instrumentos Negociables procede directamente de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de 1896, la primera ley uniforme en aceptarse ampliamente en los estados de la Unión. Véase F.K. Beutel, Beutel’s Brannan Negotiable Instruments Law, 7ma ed., Cincinnati, Ed. W.H. Anderson, 1948, págs. 73-79. Aunque muchas de sus secciones fueron tomadas del Bill of Exchange Act inglés de 1882, la codificación que imperaba en California tuvo en ella una gran influencia. Beutel, op. cit. De todos modos, el propósito principal de la ley fue codificar el derecho angloamericano vigente en un solo cuerpo uni-forme.

A tenor con el derecho vigente en Estados Unidos a la fecha de redacción de la Ley Uniforme de Instrumentos Ne-gociables, el tomador de un instrumento disponía de una ac-ción directa sin culpa contra el que pagaba a un tercero bajo una firma falsificada o no autorizada. Véanse: Talbot v. Bank of Rochester, 1 Hill 295, 15 N.Y. Common L. Repts. 134 (1841); F. Kessler, Forged Indorsements, 47 (Núm. 6) Yale L.J. 863 (1938). Dicha regla, de origen inglés, asigna al que paga un cheque el riesgo de que ese último endoso sea falsifi-cado o no autorizado. Mead v. Young, 4 T.R. 28 (1790), citado en Kessler, supra, págs. 866-867.

La regla de “que aun un comprador bona fide no puede adquirir título a través de un endoso falsificado y que un pago bonafide de un instrumento así falsificado no impide una acción posterior por el verdadero dueño en contra del aceptante o partes anteriores, ha sido seguida tanto por las cortes de Inglaterra como las de [Estados Unidos] y ha sido incorporada a la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables”. (Traducción nuestra.) Kessler, supra, págs. 867-868.

En el balance de intereses el legislador, al adoptar la regla jurisprudencial, ha querido que el riesgo sea asumido por el que paga a través de un endoso falsificado o no autorizado. La interpretación posterior de la See. 23 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de 1896, idéntica a nuestra See. 24, supra, ha sido compatible con dicha intención original. Véanse los casos citados en: Anotación, 100 A.L.R.2d 670 (1965); Beutel, op. cit., págs. 451-455. Para casos resueltos luego de la promulgación del Código Uniforme de Comercio, véanse: Anotación, 23 A.L.R.4th 855 (1983); H.J. Bailey, Brady on Bank Checks, 5ta ed., Boston, Ed. Warren, Gorham & Lamont, 1979, Cap. 24.

Adoptamos esta norma en nuestra jurisdicción, no sólo por lo persuasivo que resultan los casos interpretativos de la See. 23, supra, sino además porque el lenguaje de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, es cónsono con la intención legislativa de que sea el que paga a través de un endoso no autorizado el que asuma el riesgo. No vemos justificación alguna para desviarnos de la regla general de hermenéutica que presume que el legislador de Puerto Rico, al adoptar un estatuto de otra jurisdicción, también adopta la interpretación del mismo hecha por el tribunal de más alta jerarquía de ese lugar a la fecha de su adopción. Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 D.P.R. 265, 269 (1971); El Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 7 D.P.R. 332, 353 (1904).

IV

Resta por considerar el efecto que la negligencia del demandante puede tener sobre su causa de acción. Si bien es cierto que el que paga un cheque cuyo endoso es falsificado o no autorizado debe asumir el riesgo, según el propio lenguaje de la mencionada Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, el legítimo dueño del cheque podría estar impedido de presentar una reclamación. Anteriormente habíamos expresado que “[e]l banco que paga un cheque con endoso falsificado puede, en casos limitados, librarse de responsabilidad al girador demostrando que éste ha incurrido en negligencia que facilite el pago sin que el banco incurriere en negligencia”. Solé Electric, Inc. v. Bank of Nova Scotia, supra, pág. 426. Sostenemos que igual norma debe regir lo relativo a la responsabilidad del banco para con el tenedor del instrumento. Véase Anotación, 87 A.L.R.2d 638 (1963).

En síntesis, la regla general sobre distribución' de riesgos aplica sólo en aquellos casos en que ambas partes han sido diligentes. Cuando tanto el demandante como el banco demandado hayan incurrido en negligencia, el tribunal puede moderar la responsabilidad del banco. Ahora bien, en casos donde el único negligente haya sido el librador o el tomador, puede ser totalmente eximida de responsabilidad la institución bancaria.

A la luz de lo anteriormente señalado, las respuestas a las preguntas certificadas son en ambos casos afirmativas. Se dictará certificación al efecto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente, por cuanto entiende que según los hechos en que se apuntala la certificación una institución bancaria (en el presente caso, el Caguas Federal Savings & Loan Association of Puerto Rico) no tiene responsabilidad alguna. El Juez Asociado Señor Ne-grón García se inhibió.

       Compárese la situación bajo la Convención de Ginebra de 1931 adoptada en la mayoría de las jurisdicciones continentales europeas. Bajo ésta, el tenedor de buena fe que sin negligencia adquiere un instrumento bajo un endoso falsifi-cado queda totalmente protegido. El riesgo en estos casos recae sobre el librador, aunque éste no haya incurrido en negligencia. E.A. Farnsworth, Cases and Materials on Commercial Paper, 3ra ed., Nueva York, The Foundation Press, 1984, págs. 272-274.
      Por otro lado, es interesante señalar que la legislación española sobre el cheque se ha apartado de la solución de la Convención de Ginebra. En ausencia de negligencia, “el daño que resulte del pago de un cheque falso o falsificado será imputado al [banco] librado ...”. Art. 156 de la Ley Cambiaría y del Cheque de 16 de julio de 1985, II (Anot. 1776) Aranzadi, Repertorio Cronológico de Legisla-ción 3343 (1985).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Pons Núñez Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

license: Public Domain

text:
    Lydia Lizarríbar, demandante y recurrida, v. Edgard Martínez Gelpí, demandado y peticionario.

      Número: CE-87-658

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Edgard Martínez Gelpí, pro se, peticionario; Juan M. Masini-Soler, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Pons Núñez

emitió la opinión del Tribunal.

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Los incidentes que originan la controversia ante nos se remontan al mes de marzo de 1986, cuando se traba entre las partes de epígrafe una disputa acerca de un alegado incum-plimiento de pensión alimenticia para sus hijos por parte del peticionario, Sr. Edgard Martínez Gelpí. En los procedi-mientos seguidos en el tribunal de instancia, el peticionario ha estado representado por el Ledo. Tomás Céspedes y la demandante recurrida por el Ledo. Juan M. Masini-Soler, quien es su cónyuge.

Sin embargo, mediante moción de 1ro de septiembre de 1987, el peticionario informó al tribunal que le había indicado a su abogado que no interesaba sus servicios en los asuntos relacionados con este caso y que en adelante habría de repre-sentarse por sí mismo. El 8 de septiembre de 1987, el tribunal emitió la orden siguiente:

2. NO HA LUGAR HASTA TANTO LA REPRESEN-TACION DEL DEMANDADO SEA ASUMIDA POR OTRO ABOGADO ADMITIDO EN PUERTO RICO. EL TRIBUNAL NO AUTORIZA AL DEMANDADO A RE-PRESENTARSE POR DERECHO PROPIO, AUN SIENDO ABOGADO.

(FDO.) [ÁJNGEL D. RAM[Í]REZ RAM[Í]REZ JUEZ SUPERIOR

También fue declarada no ha lugar la solicitud de renun-cia de repesentación presentada por el Ledo. Tomás Cés-pedes el 2 de septiembre de 1987, así como dos (2) reconside-raciones solicitadas por este abogado en las fechas 16 de sep-tiembre y 9 de noviembre de 1987.

De la negativa del tribunal a quo a autorizar al peticiona-rio a representarse por sí mismo, acude éste ante nos y aduce poseer un derecho de naturaleza constitucional a com-parecer por derecho propio ante ese foro.

HH HH

En Estados Unidos se reconoció estatutariamente el de-recho de las partes a representarse en los procesos judiciales federales desde los albores de la creación de la nación ameri-cana. Section 35 of the Judiciary Act of 1789,1 Stat. 73, 92. Este derecho permanece en la actualidad codificado en 28 U.S.C. see. 1654.

A pesar de ese reconocimiento estatutario, surgió en la esfera federal, particularmente en los casos criminales, un prolongado debate en cuanto a la posible dimensión constitu-cional del derecho a representarse. En Adams v. U.S. ex rel. McCann, 317 U.S. 269 (1942), aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos correlaciona ese derecho con el de asistencia de abogado, prerrogativa de reconocida raigam-bre constitucional, no expresa con claridad su naturaleza o rango constitucional. El Tribunal se expresó en los términos siguientes: “[t]he right to assistance of counsel and the correlative right to dispense with a lawyer’s help are not legal formalisms”. íd., pág. 279. Una situación parecida se pro-dujo en Carter v. Illinois, 329 U.S. 173, 174 (1946), donde el Tribunal vinculó este derecho con el debido proceso de ley, sin resolver de manera expresa su naturaleza constitutional.

El primer pronunciamiento inequívoco acerca de su ca-rácter constitucional en el ámbito federal se produjo en United States v. Plattner, 330 F.2d 271 (2do Cir. 1964). En dicho caso el Segundo Circuito determinó que el derecho a la auto-representación emana de la propia Constitución federal y no es un “mero producto de legislación o decisión judicial”. (Traducción nuestra.) íd., pág. 273. Sin embargo, esta inter-pretación no fue acogida por todos los tribunales de circuito. Algunos se negaron a conferirle rango constitucional al dere-cho en cuestión. En este grupo se encontraban el Tercer Cir-cuito, el Octavo Circuito y el Distrito de Columbia. Otros, como el Sexto Circuito, el Séptimo Circuito y el Noveno Circuito adoptaron la doctrina de United States v. Plattner, supra.

Finalmente, en Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1974), el Tribunal Supremo federal reconoció por primera vez de manera categórica que el derecho de todo acusado a representarse por derecho propio en un procedimiento criminal encuentra apoyo en la Sexta Enmienda, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1, así como en la jurisprudencia inglesad y colonial.

Intimó, además, el alto Foro que este derecho no sólo surge de la prerrogativa constitucional del acusado de re-nunciar a ser representado por un abogado, sino que es un derecho independiente que emana de la estructura e historia del texto de la Constitución norteamericana. Se reconoce, también, que se extiende a los estados a través de la Décimo-cuarta Enmienda, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1, por ser parte del debido proceso de ley. Faretta v. California, supra, pág. 818.

Precisamente, la mayoría de los estados (treinta y seis (36) en total) reconocen en sus respectivas constituciones el derecho a la autorrepresentación en casos criminales. No obstante, el mismo no se ha acogido como un derecho abso-luto. Es apreciable el desarrollo de una vasta jurisprudencia estatal que ha puesto contornos y limitaciones precisas al mismo.

En esta dirección se puede observar una tendencia a re-chazar la representación híbrida, esto es, representarse a sí mismo y también por abogado. Véanse: Landers v. State, 55 S.W. 272 (1977); State v. Burgin, 539 S.W.2d 652 (1976); Abernethy v. Burns, 173 S.E. 899 (1934). De igual manera se ha resuelto en varios estados que los tribunales no tienen obligación de informar al acusado de su derecho a la autorre-presentación, salvo que éste indague sobre el particular. Véanse: People v. Salazar, 141 Cal. Rptr. 753 (1977); Russell v. State, 383 N.E.2d 309 (1978); Rather v. Commonwealth, 574 S.W.2d 375 (1978); State v. García, 600 P.2d 1010 (Wash. 1979).

También se ha sostenido que este derecho tiene que ejer-citarse voluntariamente, Beckley v. State, 333 So. 2d 875 (1976); People v. Windham, 560 P.2d 1187 (Cal. 1977); Barnes v. State, 528 S.W.2d 370 (1975); Williams v. State, 337 So. 2d 846 (1976); Taylor v. Ricketts, 238 S.E.2d 52 (1977), inteligentemente y con pleno conocimiento de causa. Véanse: People v. López, 138 Cal. Rptr. 36 (1977); State v. Fritz, 585 P.2d 173 (Wash. 1978); Else v. State, 555 P.2d 1210 (Neb. 1976); Reliford v. People, 579 P.2d 1145 (Colo. 1978).

Asimismo, numerosos casos sostienen que el acusado tiene que expresar de manera inequívoca su propósito o in-terés de representarse a sí mismo. Ello no debe deducirse de su comportamiento general en el proceso, como por ejemplo, el comparecer sin abogado a la vista. People v. Windham, supra; Russell v. State, supra; State v. Marks, 546 P.2d 807 (Ariz. 1977); State v. Linsky, 375 A.2d 813 (N.H. 1977).

Se exige, igualmente, que el pedido sea hecho oportuna-mente. Esto es, al inicio o en las etapas tempranas del proce-dimiento. Entre más avanzado el proceso, mayor discreción del tribunal para denegar el pedido. People v. Harris, 140 Cal. Rptr. 697 (1977); People v. Windham, supra. En general véanse, además: State v. Strickland, 558 P.2d 723 (Ariz. 1976); Thomas v. Superior Ct. In & For Cty. of Santa Clara, 126 Cal. Rptr. 830 (1976); Com. v. Miller, 383 N.E.2d 1144 (1978).

Se ha dado, además, seria consideración a la indebida dilación de los procedimientos, así como a los trastornos, in-convenientes e interrupción de los mismos. State v. Jones, 546 P.2d 45 (Ariz. 1976); People v. Tyner, 143 Cal. Rptr. 52 (1977); People v. Manson, 139 Cal. Rptr. 275 (1977); People v. Smith, 398 N.E.2d 207 (1975). Este factor podría ser sufi-ciente en casos apropiados para negar este derecho a quien lo solicite.

Adicionalmente, se ha decidido en varios estados que el acusado, aun cuando sea un lego, tiene el deber de cumplir esencialmente con las reglas procesales y con el derecho sus-tantivo más relevante al proceso, aunque no se requiera de su parte un conocimiento técnico-jurídico preciso. Smith v. State, 368 N.E.2d 1154 (1977); State v. Quinn, 565 S.W.2d 665 (1978). Cabe agregar que varios casos también han dicta-minado que el juez no tiene obligación de informar o ilustrar al acusado acerca de esas reglas o leyes. Berry v. State, 552 P.2d 87 (Okla. 1976); State v. Palmer, 580 P.2d 592 (Or. 1978). Tampoco tiene que instruirle sobre su derecho a la no autoin-criminación. People v. Cervantes, 150 Cal. Rptr. 819 (1978). Asimismo, se ha establecido que no tiene el deber de nom-brar un abogado stand by o asesor para un acusado que ha optado por ejercer este derecho. Reliford v. People, 579 P.2d 1145 (Colo. 1978); State v. Burgin, 539 S.W.2d 652 (1976). De igual manera, existe jurisprudencia en el sentido de que el tribunal no tiene que inquirir acerca de las razones por las cuales ha optado el acusado por la autorrepresentación. People v. Wright, 140 Cal. Rptr. 98 (1977); People v. Sulamos, supra; State v. Sodorff, 529 P.2d 1066 (Wash. 1975). No obs-tante, creemos que en casos apropiados, en atención a sus particulares circunstancias, podría convenir auscultar dichas razones para evitar posibles injusticias. Finalmente, al-gunos estados han expresado que aun cuando el acusado haya optado por representarse a sí mismo, podría renunciar a este derecho y solicitar ser asistido por abogado. Sin embargo, ello habrá de estar sujeto a la sana discreción del juez, el cual decidirá conforme a los mejores intereses del acusado y de la administración de la justicia. People v. Elliot, 139 Cal. Rptr. 205 (1977); Commonwealth v. Jackson, 383 N.E.2d 835 (1978).

Algunos tribunales en la jurisdicción federal se han hecho eco de muchos de los criterios y señalamientos antes ex-puestos al ponderar el alcance de este derecho en esa juris-dicción. Véanse: O’Reilly v. New York Times Co., 692 F.2d 863 (2do Cir. 1982); Sapienza v. Vincent, 534 F.2d 1007 (2do Cir. 1976); United States v. Denno, 348 F.2d 12 (2do Cir. 1965).

Existe, por otra parte, en las jurisdicciones estatales dis-crepancia en cuanto a si el denegar a un acusado el derecho a representarse por sí mismo acarrea necesariamente la revo-cación de la sentencia o si, por el contrario, ésta sólo procede si se demuestra grave perjuicio. Véanse: e.g. People v. Freeman, 142 Cal. Rptr. 806 (1977), y People v. Tyner, supra, donde se favorece la primera postura. En State v. Kirby, 254 N.W.2d 424 (1977), se aboga por la segunda. Nos parece más razonable esta última corriente doctrinal.

También existen algunas discrepancias en lo relativo al alcance de este derecho en procesos apelativos. En casos como In re Walker, 128 Cal. Rptr. 291 (1976); Owen v. State, 381 N.E.2d 1235 (1978); Callahan v. State, 354 A.2d 191 (Md. 1976), y Gilday v. Commonwealth, 369 N.E.2d 716 (1977), se tiende a no conferirle rango constitucional al mismo a este nivel bajo la Sexta Enmienda, supra, particularmente en lo' que respecta a las comparecencias orales.

Otros tribunales, en cambio, se inclinan a reconocer que la naturaleza constitucional de este derecho se extiende a la fase apelativa, aunque de manera más limitada que en los procedimientos en primera instancia. People v. Stephens, 246 N.W.2d 429 (1976); Webb v. State, 533 S.W.2d 780 (1976). Esta discrepancia está aún latente y se alimenta del hecho de que este punto no fue resuelto claramente por el Tribunal Supremo federal en Faretta v. California, supra. Ello per-mite a los distintos estados interpretar esta cuestión en ambas direcciones. Ahora bien, tanto los favorecedores de la constitucionalidad de este derecho en esta etapa, como sus detractores coinciden, sin embargo, en que la discreción del tribunal apelativo es más amplia que la de los tribunales de instancia en lo concerniente a este asunto, independiente-mente de que se conciba como derecho constitucional, esta-tutario o tradicional. Véanse: e.g., Webb v. State, supra; Owen v. State, supra.

Para una discusión más abarcadora sobre este tópico, vé-anse: J.S. Herbrand, Accused’s Right to Represent Himself in State Criminal Proceeding — Modern State Cases, 98 A.L.R.Bd 13; D.R. Agthe, Existence and Extent of Right of Litigant in Civil Case, or of Criminal Defendant, to Represent Himself before State Appellate Courts, 24 A.L.R.4th 430; Comentarios, Self-Representation in Criminal Trials: The Dilemma of the Pro Se Defendant, 59 (Núm. 6) Calif. L. Rev. 1479 (1971); A.R. Leventon, Independent Right of Self Representation in Sixth Amendment Permits Defendant to Act as Own Lawyer at State Criminal Trials, 61 Cornell L. Rev. 1019 (1976).

En lo que respecta a este derecho en el ámbito civil la jurisprudencia, tanto estatal como federal, es sumamente es-casa. Sin embargo, las doctrinas elaboradas en los casos cri-minales antes mencionados son esencialmente compatibles y, por ende, aplicables a los casos civiles. Lo mismo parece opi-nar el Segundo Circuito en O’Reilly v. New York Times Co., supra, pág. 867 [2,3], cuando al hacer referencia a una de las limitaciones del derecho a la autorrepresentación en casos criminales enfatiza que la misma es igualmente aplicable a los casos civiles. En este mismo caso sólo se distingue este derecho en los asuntos civiles de los criminales en lo relativo a su naturaleza. Expresa que en lo civil emana de un estatuto (Sec. 35 of the Judiciary Act of1789, supra), mientras que en los procesos criminales surge de la Constitución. Esto natu-ralmente se refiere a la esfera federal. En State ex rel. Reed v. Schwab, 600 P.2d 387, 389 (Or. 1979), el Tribunal Supremo de Oregon destaca esta diferencia, aunque con matices dis-tintos, amparándose en que la Sexta Enmienda, supra, sólo es de aplicación a los procedimientos criminales y no a los civiles.

No obstante la naturaleza estatutaria de este derecho en asuntos civiles, en O’Reilly v. New York Times Co., supra, pág. 867, el tribunal del Segundo Circuito, al referirse al mismo, manifestó que “is a right of high standing, not simply a practice to be honored or dishonored by a court depending on its assessment of the desiderata of a particular case”.

Independientemente de su fuente de autoridad, el dere-cho en cuestión en el ámbito civil ha estado profundamente arraigado a las instituciones judiciales de la sociedad nortea-mericana a través del tiempo. Parece haber sido heredado del common law inglés, el cual exhibe características simi-lares. Véanse, por ejemplo: Shuttleworth v. Nicholson, 174 Eng. Reprint 87 (1833); Mascati v. Lawson, 173 Eng. Reprint 14 (1835). Ese arraigo histórico es apreciable en casos como Talbot v. Talbot’s Representatives, 25 Ky. 3 (1829), y New Hanover County v. Sidbury, 36 S.E.2d 242 (1945); así parece ser en el presente. Véase In re Marriage of Lemen, 170 Cal. Rptr. 642 (1980).

Por último, es preciso señalar, por su pertinencia al caso de autos, que el hecho de que el litigante que reclama este derecho sea abogado no ha significado en todos los casos examinados una ruta expedita para el reconocimiento de esta prerrogativa en los tribunales. Consideraciones como, por ejemplo, el haber comparecido al caso representado por otro abogado han inducido a algunos tribunales a negarle el derecho a “asociarse” con su representante en su propia defensa. Véanse: McClamrock v. Colonial Ice Co., 6 S.E.2d 850 (1940); Carter v. Holt, 154 P. 37 (1915). El hecho de ser abogado no puede constituir por sí solo criterio suficiente para autorizar representación por derecho propio a una parte. Otros factores, como los previamente comentados, po-drían aconsejar que el mejor curso de acción a seguir es re-querir la comparecencia de otro abogado en el caso.

Para una discusión más amplia sobre el tema comentado, véase, Anotación, Right of Litigant in Civil Action Either to Assistance of Counsel Where Appearing Pro Se or to Assist Counsel Where Represented, 67 A.L.R.2d 1102.

► — I I — I hH

En lo que concierne a Puerto Rico, no existe jurispruden-cia que señale claramente el curso de acción a seguir en estos casos. Sin embargo, distintas consideraciones nos conducen a reconocer en esta jurisdicción un derecho con iguales ma-tices a los reconocidos en otras jurisdicciones.

En primer término, la See. 7 de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939 (4 L.P.R.A. see. 740) dispone:

Ninguna persona que no sea abogado autorizado por la Corte Suprema de Puerto Rico podrá dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado, ni anunciarse como tal, ni como agente judicial, ni gestionar, con excepción de sus asuntos propios, ningún asunto judicial o cuasijudicial ante cualquier tribunal judicial. . . . (Énfasis suplido.)

En esta disposición subyace un reconocimiento estatuta-rio indirecto de este derecho en la frase “con excepción de sus asuntos propios”. De ella podemos colegir de manera afirmativa y directa que toda persona que no sea abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá gestionar sus propios asuntos en cualquier tribunal de justi-cia del país.

Aparte de este enfoque estatutario, otras conside-raciones nos permiten llegar a la misma conclusión tanto en el ámbito civil como criminal. Es doctrina firmemente soste-nida por este Tribunal que los derechos, incluso los constitu-cionales, son renunciables. En estos últimos casos hemos enfatizado que tal acción tiene que hacerse voluntaria, inteli-gente, expresamente (no de manera presunta) y con pleno conocimiento de causa. Morales Narváez v. Gobernador, 112 D.P.R. 761 (1982); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1975). El derecho a estar asistido de abogado no es excepción. Tam-bién éste es renunciable. En Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106, 108 (1982), expresamos: “[t]an fundamental se considera el derecho de un acusado a estar bien asistido de abogado, que la violación de ese derecho a falta de renuncia, sin más, conlleva la revocación de la sentencia condenatoria.” (Én-fasis suplido.) La aprobación que nuestro ordenamiento jurí-dico confiere al derecho a renunciar a la asistencia de abogado, como se desprende expresamente del citado caso, implica por otro lado el reconocimiento del derecho a la auto-rrepresentación. De otra manera sería absurdo que se le permitiera renunciar a abogado y se le negara al mismo tiempo la oportunidad de defenderse por derecho propio.

Por otra parte, en vista de que el Tribunal Supremo federal ha conferido rango constitucional a este derecho en lo criminal, a la luz de la Sexta Enmienda, supra, ello hace del mismo necesariamente aplicable a Puerto Rico, toda vez que en cuanto a derechos fundamentales en nuestra jurisdicción no podemos conceder menos derechos a los ciudadanos que los reconocidos bajo la Constitución de Estados Unidos. López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 205 (1984); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

En lo que concierne al ámbito civil, toda vez que en esta esfera no se reconoce el derecho a asistencia de abogado a los litigantes, resulta más apremiante aún el derecho a la representación por sí mismo en tales casos. Además, si en los procesos criminales se le ha reconocido este derecho al acusado, donde el interés afectado es de incuestionable valor y preeminencia, con mayor razón en lo civil, que por lo general los intereses afectados no gozan de la misma jerarquía o no revisten de ordinario la misma importancia.

Ahora bien, este derecho, bien en lo civil o en lo criminal, según pudimos observar en otras jurisdicciones, no es absoluto e ilimitado. Distintas consideraciones podrían inducir correctamente a un magistrado a negar a las partes o a un acusado en determinados casos la oportunidad de representarse por derecho propio en los procedimientos judiciales. A esos fines acogemos los criterios establecidos en la jurisprudencia estatal y federal antes examinada, con miras a orientar nuestra discreción en la consideración de este asunto. A la luz de esto exponemos que: (a) la representación, como regla general, no puede ser híbrida, esto es, no debe estar representado por abogado y a la misma vez representarse por derecho propio; (b) la decisión tiene que haber sido tomada voluntariamente, de manera inteligente y con pleno conocimiento de causa; (c) tiene que hacerse mediante solicitud expresa (inequívoca) al tribunal; (d) debe ser formulada oportunamente, pues mientras más adelantado el proceso, mayor la discreción del juez para denegarla; (e) se tomará, además, en consideración la demora o interrupción de los procedimientos y su efecto sobre la adecuada administración de la justicia; (f) deberá atender asimismo el tribunal al factor de la calidad de la representación que la parte habrá de ser capaz de procurarse, así como la complejidad de la controversia a adjudicarse; (g) la parte o el acusado tendrá el deber de cumplir esencialmente con las reglas procesales y el derecho sustantivo aplicable, aunque no se requerirá un conocimiento técnico de los mismos; (h) no está obligado el magistrado a ilustrar a quien opte por tal derecho acerca de esas leyes o reglas; (i) el magistrado tampoco viene obligado a nombrarle abogados asesores durante el proceso; (j) el ma-gistrado no tiene el deber de inquirir respecto a las razones por las cuales ha elegido la representación por derecho pro-pio, aunque en los casos que estime conveniente podría así hacerlo, y (k) finalmente, el magistrado tampoco tiene la obli-gación de informar al acusado o a las partes de su derecho a la autorrepresentación. Por último, y en armonía con la norma establecida en los casos de Pueblo v. Santaella, 91 D.P.R. 350 (1964), y B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 D.P.R. 825 (1980), solamente las personas naturales pue-den acudir a los tribunales en defensa de sus derechos bajo las circunstancias expuestas en esta opinión. Cada una de estas consideraciones deberán ser justamente balanceadas por el tribunal, atendiendo las circunstancias particulares del caso, los intereses de las partes y la eficiencia en la admi-nistración de la justicia.

Una indebida denegación de este derecho no acarreará la revocación automática de la sentencia. Ello procederá en aquellos casos en los que se demuestre grave perjuicio.

En el caso que nos ocupa consideramos que el balance más racional de los factores enumerados indica que debe reconocerse al licenciado Martínez Gelpí su derecho a representarse a sí mismo en los procesos que se siguen en su contra. De los criterios expuestos, solamente el relativo a la demora o interrupción de los procedimientos parece contraindicar tal determinación. Esto principalmente debido a que el peticionario reside permanentemente en el estado de Virginia, lo cual según el tribunal a quo, ha creado ya algunos contratiempos y atrasos en el trámite del caso. Aunque este factor es de gran importancia, el tribunal no debe olvidar que cuando la dilación se deba a incomparecencias o al incumpli-miento de órdenes o resoluciones, tiene a su disposición los remedios de la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (sentencia en rebeldía), o los de la Regla 39.2 (32 L.P.R.A. Ap. III), sobre desestimación, y las san-ciones provistas en la Regla 42.2 (32 L.P.R.A. Ap. III), entre otras. En vista de esto, y dado que el señor Martínez Gelpí es un abogado admitido a la práctica en esta jurisdicción, nos inclinamos a reconocer su derecho a comparecer por derecho propio en el pleito que se considera en el tribunal a quo.

Por último, las circunstancias irregulares que han carac-terizado el trámite de este caso ante nos ameritan unos co-mentarios adicionales.

Procede en primer término consignar nuestra más honda preocupación por el proceder de ambas partes en este caso, particularmente del peticionario, licenciado Martínez Gelpí. Éstas se han olvidado de su deber de contender profesional y dignamente sus diferencias y conflictos en el foro judicial, y han convertido el caso en una disputa personalista, de ataques y contraataques sobre cuestiones ajenas a la controversia legal y tendentes a desacreditar y mancillar sus propias reputaciones.

Este caso, como muchos otros de igual naturaleza, más que un litigio legal se ha convertido en un penoso drama de antagonismo personal motivado por rencores y resenti-mientos, alimentados por una relación postdivorcio de hosti-lidad y confrontación donde los únicos perdedores son los hijos que se pretenden defender. Normalmente en estos casos se utiliza consciente o inconscientemente a los hijos como insignias de la contienda o como instrumentos para lle-var a cabo propósitos de venganza; logran con ello destruir sueños, herir sentimientos y hasta deformar personalidades, a veces incipientes y en formación, de niños que sólo desean o hubieran deseado vivir en armonía con ambos padres, y amar y ser amados por éstos.

Ejemplo de lo anterior son los siguientes escritos que constan en autos.

(1) Réplica a oposición - presentado por el demandado peticionario en la fecha de 11 de noviembre de 1987.

(2) Moción Informativa - presentada por la deman-dante recurrida el 30 de diciembre de 1987.

(3) Respuesta a Moción Informativa - presentada por el demandado peticionario el 25 de enero de 1988.

En vista de esta situación, se apercibe al peticionario y al abogado de la recurrida que en el futuro deberán ceñirse estrictamente a los principios expuestos en los Cánones 8, 29 y 30 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, de suerte que mantengan el debido decoro en el trámite de este caso en protección de la dignidad del tribunal y los mejores intereses de los hijos de las partes. De continuar las partes exhibiendo por sí o por conducto de sus representantes el tipo de comportamiento que les ha caracterizado, el tribunal de instancia, en atención a los criterios antes aludidos, tomará las medidas que fueren pertinentes para que las partes sean representadas por otros abogados que puedan dar cabal cumplimiento a las disposiciones de los Cánones de Ética Profesional.

A tenor con lo aquí expuesto, se expide el auto de certio-rari y se revoca la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan. En consecuencia, se autoriza la renuncia del Ledo. Tomás Céspedes, la comparecencia del demandado peticionario por derecho propio, y se le advierte y se le aper-cibe al peticionario y al representante legal de la recurrida sobre el más estricto cumplimiento con las disposiciones de los Cánones 8, 29 y 30 de Ética Profesional.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

Aun cuando, en términos generales, no tenemos reparo a la norma general que el Tribunal establece en la decisión que emite en el presente caso respecto al derecho de nuestros conciudadanos a autorrepresentarse en los procedimientos judiciales ante nuestros tribunales —en vista de la jurispru-dencia sobre el tema del Tribunal Supremo de Estados Unidos, realmente no hay otra alternativa— disentimos enérgicamente del resultado a que llega el Tribunal en el mismo. Somos del criterio que el presente caso es el mejor ejemplo de una situación en que no se le debe permitir a una parte representarse a sí misma. Confirmaríamos, en su con-secuencia, la resolución de fecha 6 de septiembre de 1987 emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante la cual dicho foro le denegó autorización al peticionario Edgard Martínez Gelpí a “representarse por derecho propio” y le ordenó a éste contratar, y anunciar, nueva representación legal en el incidente sobre pensión ali-menticia atrasada actualmente pendiente ante dicho tribunal.

Adicionalmente decretaríamos —amparándonos en el po-der inherente que tienen los tribunales de justicia para diri-gir los procedimientos que ante los mismos se ventilan, y dados los hechos particulares del presente caso— el retiro como abogado de la parte demandante recurrida del actual esposo de dicha parte, concediéndole término a ésta para contratar y anunciar nueva representación legal. Conside-ramos que la situación intolerable actualmente imperante en dicho caso —que el propio Tribunal en la opinión mayoritaria que emite cataloga como “penoso drama de antagonismo personal... donde los únicos perdedores son los hijos que se pretenden defender” (opinión del Tribunal, pág. 787)— es de la responsabilidad tanto del Lie. Edgard Martínez Gelpí como del actual esposo y abogado de la demandante recu-rrida, el Lie. Juan M. Masini Soler.

I

reconoce indirectamente el Tribunal en la opinión mayoritaria, todo procedimiento postdivorcio —unos en grado mayor que otros— está matizado de rencores, ten-siones y otros sentimientos humanos nocivos a la relación normal que debe existir entre los seres humanos, los cuales sentimientos obstaculizan la labor decisional de nuestros jueces de instancia, labor que de por sí resulta ser una difícil y delicada. Si a ello le añadimos el ingrediente de permitír-sele a una de las partes envueltas en un procedimiento post-divorcio, abogado de profesión, el que se autorrepresente en el mismo y se consiente a que el abogado de la otra parte sea el actual cónyuge de ésta, la situación se convierte en una inmanejable e imposible.

Mal puede exigírsele a nuestros jueces de instancia que mantengan su ecuanimidad, calma, paciencia, objetividad e imparcialidad “obligándolos” a enfrentarse a una situación donde los “abogados” de las partes han perdido totalmente la perspectiva y que, en palabras de la propia opinión mayo-ritaria, olvidándose “de su deber de contender profesional y dignamente sus diferencias y conflictos en el foro judicial . . . han convertido el caso en una disputa personalista, de ataques y contraataques sobre cuestiones ajenas a la contro-versia legal y tendentes a desacreditar y mancillar sus pro-pias reputaciones”. (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 787.

En atención a lo anteriormente expuesto, no creemos que se le hace un favor ni a los hijos envueltos en la presente controversia, los cuales resultan ser las víctimas inocentes de ella, ni a la imagen y a la calidad de la justicia que impera y se dispensa en nuestro país, permitirles a estos dos miem-bros del foro que continúen adelante en este desgraciado y “penoso drama de antagonismo personal . , Opinión del Tribunal, pág. 787. Si acaso, y en adición a erradicarlos como abogados de este caso en particular, deberíamos de tomar los pasos necesarios para que los mismos respondan, en la es-fera disciplinaria, por la conducta observada.

       Las partes en este caso se divorciaron el 13 de junio de 1975 en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Durante la unión matrimonial procrearon dos (2) hijos, de nombres Gretchen Camile y Edgard Rafael Martínez Lizarríbar, de veinte (20) y dieciséis (16) años de edad, respectivamente, en este momento.

       El señor Martínez Gelpí es abogado admitido al ejercicio de la profesión en Puerto Rico. Sin embargo, al presente reside permanentemente en el estado de Virginia, EE.UU.

       Esta sección dispone:
      “In all courts of the United States the parties may plead and conduct their own cases personally or by counsel as, by the rules of such courts, respectively, are permitted to manage and conduct causes therein.” 28 U.S.C. sec. 1654.

       También este debate estuvo presente en algunos estados para el mismo tiempo que se discutía la cuestión a nivel federal. Véanse: State v. Verna, 498 P.2d 793 (Ore. 1972); People v. Sharp, 499 P.2d 489 (Cal. 1972).

      Emda. VI, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1; Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 (1932); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963).

       Así se expresó el Tribunal en este caso: “Neither the historie conception of Due Process nor the vitality it derives from progressive standards of justice denies a person the right to defend himself or to confess guilt.” Carter v. Illinois, 329 U.S. 173, 174 (1946).

        United States ex rel. Soto v. United States, 504 F.2d 1339 (3er Cir. 1974).

        Butler v. United States, 317 F.2d 249 (8vo Cir. 1963).

        United States v. Dougherty, 473 F.2d 1113 (D.C. Cir. 1972).

        United States v. Sternman, 415 F.2d 1165 (6to Cir. 1969).

      n) Lowe v. United States, 418 F.2d 100 (7mo Cir. 1969).

        Arnold v. United States, 414 F.2d 1056 (9no Cir. 1969).

       En Inglaterra, a pesar de la exigencia que imperaba en la institución del Star Chamber (tribunal especializado en asuntos de tipo político), en el sentido de que los procesados en ese foro tenían que ser asistidos por abogados, una vez abolida la misma a causa de la revolución de 1641, prevaleció el reconocimiento del derecho a la autorepresentación. Aunque luego de estos acontecimientos se produjeron en Inglaterra otras injusticias, tales como el que los acusados de de-litos graves o traición no tenían derecho a abogado, mediante legislación de 1695 y de 1836 el Parlamento inglés puso fin a las mismas y quedó configurado final-mente tanto el derecho a la representación por derecho propio, como el de ser representado por abogado. Véanse: A.R. Leventon, Independent Right of Self Representation in Sixth Amendment permits Defendant to Act as Own Lawyer at the State Criminal Trials, 61 Cornell L. Rev. 1019 (1976); Faretta v. California, 422 U.S. 806, 821-825 (1974).

       Estos estados son: Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Montana, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Wisconsin, Louisiana, Kansas, Massachusetts, Nebraska, Washington, Alabama, Florida, Maine, Mississippi, South Carolina y Texas.

      6) En otros estados existe jurisprudencia similar, tales como: Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas y Utah.

       En alrededor de otros treinta y dos (32) estados existe jurisprudencia similar.

       En por lo menos otros catorce (14) estados los tribunales se han pronun-ciado en esta misma dirección.

       Considérense, por ejemplo, situaciones en casos criminales en los que opta por la autorrepresentación por razones de indigencia. No siempre las enti-dades que ofrecen servicios legales gratuitos pueden asumir la representación de los que solicitan sus servicios. Otros podrían desconocer estos programas.

       Es menester, sin embargo, reconocer que en casos como Conray v. Waters, 65 P. 387 (1901), y Scott v. Times Mirror Co., 184 P. 672 (1919), se ha autori-zado a un litigante que al mismo tiempo era abogado a unirse a su abogado en su defensa en determinados instantes en el proceso (por ejemplo, interrogatorio a un testigo).

       Establecen los Cánones de Ética Profesional —como Criterio general— que:
      “La preservación del honor y la dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal y para ello todo abogado debe observar con sus compañeros una actitud respetuosa, sincera, honrada y de cordialidad y cooperación profesional, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal.” Deberes del abogado en rela-ción con sus compañeros y su profesión, Criterio general, Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, pág. 606.


text:
    Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Héctor L. Pellot Pérez, acusado y apelante.

      Número: CR-84-20

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Andrés H. Soto Morales, Felipe Girino Colón y Enrique Rivera Mendoza, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados del apelante; Américo Serra, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Pons Núñez

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue hallado culpable de escalamiento agra-vado, conjuntamente con Ismael Rosa Aldarondo, en un mismo juicio visto ante tribunal de derecho. Aun cuando Rosa Aldarondo también apeló su convicción, y a petición del Procurador General ambos recursos fueron consolidados, el deceso subsiguiente de Rosa Aldarondo provocó el archivo de su recurso.

1 — 4

El 5 de abril de 1983, el Sr. Ramón Avilés Martínez dejó guardada una mercancía en un almacén que tenía alquilado en el Barrio Aceitunas de Moca. Al día siguiente volvió al almacén y encontró la puerta y el candado rotos. La mercan-cía que había dejado allí ya no estaba. Entre las cosas que desaparecieron, había un sofá forrado con papel de estraza.

En horas de la noche de 5 de abril de 1983, la testigo de El Pueblo, Haydée Lorenzo, pudo observar a través de la ventana de su cuarto a un hombre alto y trigueño, quien se le pareció al coacusado Héctor L. Pellot Pérez, que introducía en el negocio del coacusado Ismael Rosa Aldarondo lo que le pareció ser un sofá cubierto de papel de estraza. Vio, además, a otras dos (2) personas dentro del establecimiento. Reconoció a una de ellas, Virgilio Torres Arce, pues lo había visto anteriormente en el negocio.

Torres Arce fue llevado a Fiscalía donde prestó declara-ción jurada, luego de hacerle las advertencias legales. En presencia de varios testigos, éste declaró e incriminó a Pellot Pérez y a Rosa Aldarondo. Posteriormente, se le concedió inmunidad a Torres Arce por ser la persona con mayor cono-cimiento de los hechos. Éste compareció a la vista preliminar en la cual, antes de prestar testimonio, leyó la declaración jurada que había prestado anteriormente sin hacer ningún comentario. El juez que presidió la vista preliminar deter-minó causa probable por el delito de escalamiento agravado contra Rosa Aldarondo y Pellot Pérez.

Durante el juicio, el tribunal ordenó un receso por no es-tar disponible el testigo de cargo Torres Arce. Señaló la con-tinuación del proceso para dos (2) semanas más tarde y ordenó a los alguaciles que hicieran las gestiones necesarias para el arresto de este testigo. Por no haber sido posible encontrar a dicho testigo, cuando continuó el caso el Ministe-rio Público ofreció en evidencia la declaración del testigo no disponible por voz del Fiscal que había presidido la vista pre-liminar, Juan Plúguez. El juez de instancia admitió esta de-claración a tenor con la Regla 64(A)(5) y (B)(1) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. El testimonio así ofrecido fue que Torres Arce había declarado en la vista preliminar y que para la fecha de los hechos, el 5 de abril de 1983, se encontraba tra-bajando en el negocio del coacusado Rosa Aldarondo en Moca. A eso de las 10:30 p.m. vio al coacusado Pellot Pérez, conocido como el “Hindú”, y al coacusado Rosa Aldarondo que introducían en el negocio unos muebles cubiertos de pa-pel de estraza. Virgilio Torres Arce se puso muy nervioso. Para calmarlo, el “Hindú” le ofreció un trago de ron. Le dijo, además, que eso era “material caliente” que habían hurtado en un almacén cercano y que el dueño era el papá del “gordo Avilés”. El señor Rosa Aldarondo mandó a callar al “Hindú”.

El tribunal encontró culpables a ambos acusados por el delito de escalamiento agravado y los sentenció a nueve (9) años de presidio. Los apelantes presentaron oportunamente sendos escritos de apelación, en los cuales alegan la comisión de cinco (5) errores por el honorable tribunal sentenciador.

Después de archivado —como hemos ya señalado— el re-curso presentado por Rosa Aldarondo, procedemos a consi-derar los errores apuntados por el apelante Pellot Pérez. Nos referiremos a la prueba que tuvo ante sí el honorable juez de instancia en cuanto esto sea necesario para discutir los errores señalados.

II

Como primer señalamiento, alega el apelante que erró el tribunal de instancia al admitir en evidencia el testimonio que Torres Arce había dado en la vista preliminar, por ser prueba de referencia y no darse las circunstancias reque-ridas por la Regla 64 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. LV^ para que fuese admisible por no estar disponible dicho testigo. Alega que no se demostró que el Fiscal hubiese desplegado las diligencias necesarias para conseguir su comparecencia. Como segundo error, alega que erró el tribunal al admitir la declaración de varios testigos no incluidos al dorso de la acu-sación con el fin de tratar de establecer la no disponibilidad del testigo ausente. Por estar relacionados, discutiremos los primeros dos (2) errores conjuntamente.

Según surge de las minutas del tribunal de instancia, el testigo Torres Arce había sido debidamente citado para el día del juicio, el 8 de noviembre de 1983. Por no comparecer y ser éste testigo principal de cargo, se pospuso la vista a petición del Fiscal para el 16 de noviembre de 1983. Luego de iniciado el juicio, el Fiscal comenzó a sentar las bases para ofrecer la declaración anterior del testigo no disponible. A esos fines, testificaron el agente Marcelino Crespo, quien aparecía en la acusación como testigo de El Pueblo, y el padre del testigo ausente, quien no aparecía en la acusación como testigo de El Pueblo, pero sólo testificó para establecer que no conocía el paradero de su hijo. El Fiscal anunció que ofrecería el testimonio del testigo ausente por voz del Fiscal Juan Plúguez, quien había sido el Fiscal en la vista prelimi-nar. El tribunal recesó el caso por estipulación de las partes, ordenó a los alguaciles que hicieran gestiones encaminadas al arresto del testigo ausente y citó al Fiscal Plúguez para la continuación del caso el 1ro de diciembre de 1983. Es en esta última vista que el Fiscal sentó a declarar a dos (2) testigos no anunciados: al alguacil de sala Armando Corchado y al policía Juan Arce. Éstos declararon sobre las innumerables gestiones que realizaron para localizar al testigo ausente. El Fiscal, entonces, procedió a llamar como testigo al Fiscal Plúguez para que declarara lo que dijo el testigo ausente en la vista preliminar.

La Regla 64(A)(5) de Evidencia, supra, requiere del proponente de la declaración del testigo no disponible que demuestre haber desplegado diligencia para conseguir su comparecencia mediante citación del tribunal. Aquí el testigo ausente fue debidamente citado por el tribunal para el día del juicio y, al no comparecer, el juez ordenó su arresto por desacato en dos (2) ocasiones. El Fiscal también presentó prueba sobre las gestiones infructuosas realizadas por el alguacil del tribunal y la Policía para localizar al testigo. Quedó demostrado que la comparecencia del testigo no se pudo lograr por medio de citación del tribunal u otros medios razonables, y que El Pueblo realizó un esfuerzo de buena fe para lograr su comparecencia. Regla 64(A)(5) de Evidencia, supra. Véase M.H. Graham, Handbook of Federal Evidence, 2da ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1986, Sec. 804.0, págs. 928-931.

La presentación por parte del Fiscal de testigos no incluidos al dorso de la acusación fue necesaria para cumplir con el requisito de la Regla 64(A)(5) de Evidencia, supra, de probar que se desplegó diligencia para conseguir la comparecencia del testigo ausente y poder pasar prueba sobre el testimonio del testigo no disponible, según lo permite la Regla 64(B)(1) de Evidencia, supra. No era posible para el Fiscal incluirlos en la acusación, porque éste no tenía conocimiento de que el testigo no comparecería al juicio. La defensa obtuvo conocimiento de la ausencia del testigo de cargo el 8 de noviembre de 1983. El 17 de noviembre el Fiscal informó que se proponía presentar la declaración del testigo ausente. El apelante fue informado de la intención del Ministerio Público de presentar en evidencia la declaración del testigo ausente mediante el testimonio del Fiscal Plúguez, con tiempo suficiente para preparar una defensa adecuada. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201, 203 (1964).

El apelante también objeta la admisibilidad de la declara-ción del testigo Torres Arce al cuestionar la confiabilidad del recuerdo del Fiscal Plúguez. Añade que el Fiscal se refrescó la memoria antes de declarar en el juicio al leer la declara-ción jurada que había prestado el testigo ausente, la cual no fue admitida ni era admisible en evidencia.

Uno de los medios aceptados para presentar en el juicio el testimonio anterior vertido en la vista preliminar por el testigo no disponible es el de reproducción oral. “[L]a declaración de un testigo presente que lo escuchó, es suficiente si de modo substancial reproduce los hechos esenciales en la declaración del testigo ausente del juicio.” Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647, 654 (1981).

El Fiscal Juan J. Plúguez no sólo estuvo presente, sino que participó activamente en el desarrollo de la declaración del testigo ausente por haber sido él quien presentó e inte-rrogó a ese testigo en la vista preliminar. Antes de declarar en el juicio, el Fiscal se refrescó la memoria al utilizar la declaración jurada que el testigo ausente había prestado an-teriormente. Surge de los hechos que el testigo Torres Arce, antes de declarar en la vista preliminar, leyó la declaración jurada que había prestado anteriormente y no hizo ningún comentario desaprobándola. Además, la defensa tuvo la oportunidad de impugnar la declaración de Torres Arce en la vista preliminar con la declaración jurada. Regla 44(B)(5) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

La Regla 49 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. iy per-mite que un testigo utilice un escrito para refrescar su memoria con respecto a cualquier asunto objeto de su testimonio. No es necesario que el escrito en sí sea admisible en evidencia, pues lo único que importa es que el escrito reviva la memoria del testigo para que éste pueda declarar según su propio recuerdo. Graham, op. cit., Sec. 612.2, págs. 556-559.

La defensa tuvo a su disposición la declaración jurada y la oportunidad de contrainterrogar al Fiscal Plúguez para impugnar su credibilidad.

La defensa así lo hizo y contrainterrogó al Fiscal Plúguez, confrontándolo con la declaración jurada del testigo no disponible Torres Arce. El Fiscal Plúguez en todo mo-mento reafirmó su declaración sobre el testimonio prestado en la vista preliminar por el testigo ausente y expresó que éste había sido contrainterrogado extensamente por los abo-gados de la defensa, y siempre se mantuvo en lo que había dicho en el directo. La defensa pudo también impugnar la credibilidad del declarante no disponible en el juicio, según lo permite la Regla 67 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Recordemos que la Regla 64 de Evidencia, supra, “responde al propósito general de propiciar el acceso de la verdad a las salas de justicia, quitando obstáculos procesales que en ocasiones crecen como barreras de inmunidad y derrotan el juicio justo”. Pueblo v. Ríos Nogueras, supra, pág. 652.

Aunque en este caso el Fiscal Plúguez no pudo recordar algunos hechos y circunstancias relacionadas con la declara-ción anterior, éste sí declaró sobre la esencia de la misma.

El tribunal no debe excluir mecánicamente un testimonio cuando la memoria del declarante es débil en cuanto a hechos incidentales e insignificantes. 2 Underhill’s Criminal Evidence Sec. 426, pág. 1089 (1956). “Cuando el método usado por razón de necesidad para introducir en el juicio el testimonio anterior vertido en la vista preliminar es el de reproducción oral, la declaración de un testigo presente que lo escuchó, es suficiente si de modo substancial reproduce los hechos esenciales en la declaración del testigo ausente del juicio.” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Ríos Nogueras, supra, pág. 654. Los primeros dos (2) errores señalados no fueron cometidos.

\ — 4 b — I t-H

Como tercer error, alega el apelante que el tribunal inci-dió al admitir en evidencia el testimonio del policía Juan Arce, quien no fue anunciado previamente como testigo de cargo. Alega que, bajo la excusa de pasar prueba de la no disponibilidad del testigo, Torres Arce utilizó al policía Arce para introducir en evidencia una confesión del coacusado Pe-llot Pérez, la cual era inadmisible en evidencia por haber sido obtenida mediante un interrogatorio bajo custodia sin habér-sele dado las advertencias legales y en violación a su derecho de tener a su abogado presente durante el interrogatorio.

El policía Juan Arce fue llamado a declarar a los únicos efectos de demostrar la no disponibilidad del testigo Torres Arce. Éste declaró que había intervenido con el coacusado Pellot Pérez con relación a otro caso de escalamiento y que éste le manifestó que tenía otros casos en su contra. Declaró que le advirtió que podía estar asistido de abogado y que no estaba presionado en ningún momento. El imputado insistió en que quería hablar con el Fiscal, a lo que el policía accedió. El policía Arce testificó que estuvo presente cuando el ape-lante Pellot Pérez declaró al Fiscal “que él, en unión a dos personas más, había participado en un escalamiento y que él no había recibido nada a cambio”. E.N.P., pág. 7. Declaró que Pellot Pérez dijo que el coacusado Rosa Aldarondo le había manifestado que el testigo Torres Arce “estaba en ácido” (id.) y que no iba a aparecer nunca. En el contrainte-rrogatorio el policía Arce declaró que el Fiscal había hecho “las advertencias de ley” (id., pág. 9) al apelante y le recordó sobre el caso que se estaba ventilando en su contra, y que fue Pellot Pérez quien insistió en hablar.

En estas circunstancias, resolvemos que el tribunal de instancia erró al admitir lo declarado por el policía Arce en cuanto a las supuestas admisiones del coacusado Pellot Pé-rez.

La advertencia que hizo el policía no cumple con los requisitos que se han establecido como salvaguardas de derechos constitucionales, los cuales requieren que a una persona bajo custodia se le advierta inmediatamente que tiene derecho a permanecer en silencio y a no incriminarse, y que tiene derecho a contratar abogado o que se le asigne uno antes de que se le someta a interrogatorio. Doyle v. Ohio, 426 U.S. 610 (1976); Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 479 (1966); Pueblo v. Guadalupe Rosa, 94 D.P.R. 190 (1967); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965). Además, no surge de la declaración del policía ni de la prueba presentada por el Ministerio Público cuáles fueron las advertencias que se le hicieron en Fiscalía al apelante Pellot Pérez antes de que prestara su declaración. Corres-pondía a El Pueblo el peso de la prueba de demostrar que se hicieron las advertencias legales y que el acusado renunció a sus derechos de forma voluntaria mediante un abandono in-tencional e inteligente. Edwards v. Arizona, 451 U.S. 477, 482 (1981); Tague v. Louisiana, 444 U.S. 469, 470-471 (1980). El Ministerio. Público no descargó esa responsabilidad ade-cuadamente. Las admisiones hechas por el apelante Pellot Pérez ante el Fiscal eran inadmisibles en evidencia.

Resta por considerar si la introducción en evidencia de las admisiones del apelante Pellot Pérez constituyó error perjudicial que amerite la revocación de la sentencia.

Es doctrina establecida que los errores cometidos por los tribunales de instancia no acarrean revocación automática. La Regla 4 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. LV( dis-pone:

No se dejará sin efecto una determinación de admisión de evidencia ni se revocará sentencia o decisión alguna por mo-tivo de admisión errónea de evidencia a menos que:
(1) La evidencia fue erróneamente admitida a pesar de la oportuna y correcta objeción de la parte perjudicada por la admisión, y
(2) el tribunal que considera el efecto de la admisión erró-nea entiende que ésta fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita.

Esta disposición es conocida como la “doctrina del error perjudicial”. “Esto quiere decir que si probablemente el re-sultado hubiera sido distinto de no haberse emitido o ex-cluido la evidencia, y habiendo mediado oportuna y correcta objeción, el tribunal apelativo probablemente revoque.” (Én-fasis en el original.) E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puerto-rriqueña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, Cap. 1, pág. 8.

En cuanto a errores que afecten derechos constitucionales de la parte afectada, la tónica de la doctrina aún es la misma. Esto es, no todo error que afecte derechos constitucionales acarrea revocación. En Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967), se dijo que la obligación de demostrar que el error cometido no contribuyó al veredicto obtenido recae sobre la parte que se benefició del mismo. “Certainly error, constitutional error, in illegally admitting highly prejudicial evidence or comments, casts on someone other than the person prejudiced by it a burden to show that it was harmless.” Chapman v. California, supra, pág. 24. Asimismo, se resolvió que para que un error que lesione derechos constitucionales sea declarado no perjudicial (harmless) el tribunal debe estar convencido más allá de duda razonable (“the court must be able to declare a belief that it was harmless beyond a reasonable doubt”), id.

En esta jurisdicción ya habíamos hecho referencia a este aspecto del caso Chapman v. California, supra, en Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 D.P.R. 92, 122 (1982), pero no resolvimos específicamente sobre cuál parte recae la responsabilidad de demostrar más allá de toda duda razonable que el error en la admisión no fue perjudicial. En esta ocasión resolvemos que en casos de admisiones erróneas que puedan conllevar menoscabo de derechos constitucionalmente protegidos, como lo es el de autoincriminación, el peso de probar que la evidencia erróneamente admitida no fue perjudicial recae sobre la parte que se benefició del error cometido.

En el caso ante nuestra consideración: (1) la llamada “confesión incriminatoria” la constituyen expresiones del apelante Pellot Pérez ante el Fiscal y el policía Arce, de las cuales no se puede determinar si se refería a los hechos por los cuales fue detenido en ese momento o a los hechos del caso de autos por los cuales se le estaba procesando; (2) las expresiones aludidas fueron parte del testimonio del policía Arce, el cual fue ofrecido únicamente a los efectos de demos-trar la no disponibilidad del testigo Virgilio Torres; (3) no se trata de un caso ventilado ante Jurado, sino de uno cele-brado ante tribunal de derecho y, por lo tanto, el apelante fue juzgado por un juez adiestrado para descartar toda aquella evidencia que se pueda filtrar con aquella ofrecida y admitida correctamente con un propósito legítimo; (4) el Ministerio Público presentó prueba independiente contundente sobre la culpabilidad del apelante. La testigo de cargo, Haydée Lorenzo, declaró que la misma noche de los hechos delictivos vio a tres (3) personas que introducían mercancía en el alma-cén del apelante Rosa Aldarondo. Identificó a Torres Arce. Éste declaró que esa misma noche, cuando se encontraba en los alrededores del almacén de Rosa Aldarondo, vio a éste y al apelante Pellot Pérez que descargaban mercancía. El ape-lante Pellot Pérez comentó que se trataba de mercancía hur-tada de un almacén cercano perteneciente al padre del “gordo Avilés”. Una vez Pellot Pérez dijo esto, Rosa Alda-rondo le ordenó que se callara.

A la luz de todas estas circunstancias, resolvemos que el Ministerio Público descargó adecuadamente su obligación y demostró más allá de toda duda razonable que la admisión de las declaraciones de Pellot Pérez ante el Fiscal constituyó un error no perjudicial. Chapman v. California, supra.

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Como cuarto y quinto error, alega el promovente en su escrito de apelación que erró el juez de instancia al declarar sin lugar su moción de absolución perentoria y que no se probó la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razo-nable. No le asiste la razón. La prueba presentada por el Ministerio Público y creída por el juzgador de hechos confi-gura el delito imputado. Veamos.

La declaración prestada por Virgilio Torres en la vista preliminar, admitida en el juicio como excepción a la regla sobre prueba de referencia, constituye prueba más que sufi-ciente de que el acusado participó en la apropiación ilegal de mercancía que se llevó a cabo en el almacén del querellante Avilés la noche de 5 de abril de 1983. Además, esa declara-ción fue corroborada por el testimonio prestado por la tes-tigo Haydée Lorenzo, quien declaró que esa misma noche, alrededor de las 10:30 P.M., observó a través de su ventana a una persona que introducía en el negocio de Rosa Aldarondo lo que le pareció ser un sofá de papel de estraza e identificó allí a Torres Arce. Ella estuvo presente en Fiscalía cuando Torres Arce prestó declaración jurada en la que incriminaba al apelante. El querellante Avilés declaró que el 5 de abril de 1983 había dejado guardado en su almacén unos muebles, entre los cuales se encontraba un sofá forrado de papel de estraza. Cuando volvió al día siguiente, no estaba allí la mer-cancía y se había forzado el candado y la puerta del almacén. El testigo de la defensa Germán Alers declaró que la noche de 5 de abril el apelante y el testigo Torres Arce estaban en el negocio de Rosa Aldarondo, como a eso de las 10:00 P.M., poco antes de la comisión del delito.

Los elementos constitutivos del delito de escalamiento agravado “pueden ser demostrados mediante evidencia circunstancial”, es decir, por inferencias razonables que surgen del conjunto de los hechos y circunstancias probadas. Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 D.P.R. 46, 48 (1965); Pueblo v. Torres, 81 D.P.R. 678, 681 (1960).

De la relación anterior de la prueba presentada y creída por el juez de instancia quedan probados los elementos del delito de escalamiento agravado más allá de duda razonable. Quedó probada la penetración del acusado en el almacén del señor Avilés con el propósito de cometer el delito de apropiación ilegal, el cual cometió, y esto ocurrió de noche y utilizando fuerza para la penetración. Arts. 170 y 171 del Código Penal, 83 L.P.R.A. sees. 4276 y 4277.

Corresponde al Jurado o, en su' defecto, al juez de instancia dirimir los conflictos de prueba. Son éstos quienes normalmente están en mejores condiciones de aquilatar la prueba, pues gozan de la oportunidad de ver y escuchar directamente a los testigos. En ausencia .de error, manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no existe fundamento en derecho para intervenir con las determinaciones de hecho que haga el tribunal de instancia. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 882 (1976). Los errores cuarto y quinto no se cometieron.

Por los fundamentos anteriores, se confirmarán las sen-tencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

       Debemos aclarar que bajo la Regla 49 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV (“escritos para refrescar memoria”), el testigo puede utilizar cualquier medio para lograr este propósito. No es el caso de la Regla 65(E) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV (“escrito de pasada memoria”). El alcance de la See. 771 del Código de Evidencia de California, antecedente directo de nuestra Regla 49, supra, también ha sido interpretado flexiblemente. “It should be noted that there is no restriction in the Evidence Code on the means that may be used to refresh recollection. Thus, the limitations on the types of writings that may be used as recorded memory under Section 1237 [correspondiente a la Regia 65(E) nuestra, supra, ‘escrito de pasada memoria’] do not limit the types of writings that may be used to refresh recollection under Section 771.” West’s Ann. Evid. Code Sec. 771, págs. 149-150 (1966).

       Las expresiones supuestamente incriminatorias fueron las siguientes: “que él, en unión a dos personas más, había participado en un escalamiento y que él no había recibido nada a cambio.” E.N.P., pág. 7.

       Precisamente, el Sr. Ramón Avilés Martínez poseía el almacén cercano de donde se hurtó la mercancía.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Pedro Ortiz Álvarez en su carácter de Secretario de D.A.C.O., etc., peticionarios, v. Junta de Condóminos del Condominio Martí et al., querellados; Miguel Cintrón y Gertrudis Cintrón , interventores y recurridos.

      Número: CE-87-537

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Manuel Izquierdo Encarnación y Lillian Ruiz De Jesús, abo-gados del Departamento de Asuntos del Consumidor, peticio-nario; Luz de Burgos Landing, abogada de los interventores y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

H — i

El 12 de agosto de 1985, la Sra. María Mulero Sepúlveda, titular del apartamento 2-D del Condominio Martí en Mira-mar, presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.). En la misma impugnó, como omisión, la inacción del entonces Presidente de la Junta de Condominos, Ernesto Torres Alcalá, respecto a la queja que le sometieron en torno a la condomino Gertrudis Abreu — casada con Miguel Cintrón— por alegadamente “cerr[ar] una pared en el corredor común, cerrando el vestíbulo co-mún de los apartamentos”. Apéndice VI, pág. 10.

Luego de una investigación preliminar, D.A.C.O. citó para vista únicamente a la Junta de Condominos y a la que-rellante Mulero Sepúlveda. La Junta de Condominos no compareció. Celebrada la misma, y evaluada la prueba pre-sentada solamente por la querellante Mulero Sepúlveda, D.A.C.O. declaró con lugar la querella. Ordenó a la Junta de Condominos que dentro de un término de veinte (20) días adoptase las medidas necesarias para que los titulares del apartamento 2-E, los esposos Cintrón-Abreu, restituyesen a su condición original el pasillo y las ventanas del aparta-mento 2-D.

Oportunamente, la Junta de Directores —representada por su nueva Presidenta Sra. Dorielsa Cabrera— solicitó a D.A.C.O. la reconsideración aunque también le informó que, en acatamiento de su orden, había concedido a los esposos Cintrón-Abreu un plazo improrrogable de veinte (20) días para su cumplimiento. Estos últimos —como titulares del apartamento 2-E— solicitaron intervenir en el proceso ad-ministrativo y que se reconsiderase la orden dictada. D.A.C.O. se negó a reconsiderar en ese momento, pero per-mitió la intervención. Citó a todas las partes para una au-diencia en reconsideración con el propósito de evaluar la prueba de los esposos interventores. A ésta compareció la querellante Mulero Sepúlveda, además de los esposos Cin-trón-Abreu representados por sus respectivos abogados, quienes presentaron su prueba documental y testifical. Nuevamente, la Junta de Condominos no compareció.

Con vista a esa prueba, D.A.C.O. concluyó que no había fundamentos para dejar sin efecto su resolución original.

Inconformes, los esposos Cintrón-Abreu solicitaron revi-sión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro concedió término a las partes para que mostraran causa por la cual no debía expedir el auto y revocar el dictamen admi-nistrativo. Al hacerlo, intimó como criterio preliminar que “no parece ser apropiado utilizar el mecanismo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal para la presentación de que-rellas de un condómine [sic] contra la Junta de Directores para resolver lo que realmente es una disputa particular en-tre dos condómines [síc] diferentes en la cual la Junta de Directores realmente no es parte”. Apéndice XIII, pág. 25.

Con el beneficio de la comparecencia de D.A.C.O. y demás partes, el tribunal declaró sin lugar la solicitud de revisión. Concluyó que no se justificaba la intervención judicial con el remedio concedido por D.A.C.O., debido a que “durante la vista en reconsideración la parte ahora recu-rrente [los esposos Cintrón-Abreu] no presentó evidencia adecuada para sostener su teoría de que el área en disputa le pertenecía, a pesar de la oportunidad que se le concedió ...”. Apéndice XV, pág. 22. En su sentencia, plasmó su preocupa-ción en cuanto al hecho de que D.A.C.O. no notificó a los condominos afectados por su determinación desde el co-mienzo del trámite y expuso que —con miras a evitar viola-ciones al debido proceso de ley— debía permitírseles partici-par en el trámite desde sus inicios y no solamente en la etapa de reconsideración.

Los esposos interventores solicitaron reconsideración. Previa vista, la sala de instancia modificó su sentencia ya que a su entender, “[a] la luz de los argumentos ofrecidos durante dicha vista el Tribunal quedó convencido que el procedi-miento habido en [D.A.C.O.] resultó fundamentalmente in-justo, por motivo [de] que a la parte ahora recurrente no se le dió participación desde su origen en los procedimientos ante [D.A.C.O.], a pesar de que era ella y no la Junta de Directores del Condominio la parte verdaderamente intere-sada en defenderse de las imputaciones hechas por la parte querellante. El permitirle a esa parte únicamente una inter-vención limitada en etapa de reconsideración realmente no subsanó las anteriores fallas”. Alegato de la parte recurrida, pág. 3.

Ante una reconsideración de D.A.C.O., el foro de instan-cia se reafirmó. A solicitud de éste revisamos.

1 — I V — I

La Ley de la Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. see. 1291 et seq.), respondió al desplazamiento hacia la ciudad de amplios sectores poblado-nales de nuestra sociedad. Esto ocasionó grandes aglomera-ciones de personas y trajo como consecuencia directa una súbita escasez de vivienda incapaz de responder a la de-manda del momento. Lo limitado del terreno, su alto costo y las pocas unidades de vivienda disponibles imposibilitaron que ese grueso poblacional movilizado hacia la urbe pudiese adquirir una propia. Del concepto horizontal se pasó al vertical. Como consecuencia, comenzaron a construirse y ven-derse pisos o apartamentos en calidad de residencias permanentes. En respuesta a esta nueva tendencia, e inspi-rada mayormente en la vanguardista legislación cubana — Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 235 (1978)— se aprobó el estatuto con el fin de dotar a esta insti-tución de “cauces jurídicos por los cuales desenvolverse para que no sea un nido de conflictos que amarguen la realiza-ción del ideal del hogar propio”. (Énfasis suplido.) 10 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 3, pág. 1574 (1958).

Ante los cambios significativos habidos en las condiciones socioeconómicas que prevalecían al momento de su promul-gación en 1958, con un enfoque pragmático y el beneficio de una amplia visión empírica, en el 1976 la Legislatura llevó a cabo una abarcadora reforma de sus preceptos regulato-rios. De ese modo se intentó superar varias deficiencias detectadas en la operación del estatuto anterior que tendían más bien a obstaculizar la cabal realización de los propios objetivos públicos perseguidos.

Expongamos los principios atinentes a la solución del re-curso.

r-H HH

Primeramente, la nueva ley es una reafirmación del concepto de vida en comunidad. Establece mecanismos para la tramitación de los inevitables conflictos dimanantes del modus vivendi bajo un régimen de propiedad horizontal. Sus Arts. 8 y 14 (31 L.P.R.A. secs. 1291f y 1291Z) regulan la utilización de los elementos comunes del inmueble. Disponen para una participación proporcional a la superficie de cada apartamento y requieren que ésta sea “conforme a su destino, sin impedir o estorbar el legítimo derecho de los demás”. 31 L.P.R.A. sec. 1291L Entre los elementos co-muñes generales del inmueble, el Art. 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291i(b) y (h), en lo pertinente, señala lo siguiente:

Se consideran elementos comunes generales del inmueble:
(b) Los cimientos, paredes maestras, techos, galerías, ves-tíbulos, escaleras y vías de entrada y salida o de comunica-ción.
(h) Todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del inmueble o necesario para su existencia, conservación, se-guridad y adecuado uso y disfrute. (Énfasis suplido.)

Segundo, establece el marco organizacional del gobierno interno. “Para viabilizar el gobierno conjunto de un edificio sometido a la propiedad horizontal, la ley crea como organismo rector y deliberativo el Consejo de Titulares.” Arce v. Caribbean Home Const. Corp., supra, pág. 252. Éste, como “órgano soberano en la organización y gobierno de la propiedad horizontal” —J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1973, T. III, Vol. 2, pág. 462— tiene el deber de aprobar un reglamento interno del condominio que “podrá contener todas aquellas normas y reglas en torno al uso del inmueble y sus apartamientos, ejercicios de derechos, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, que no contravengan las disposiciones de este Capítulo”. Art. 37 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1293a. Por mandato expreso del estatuto, éste contendrá normas que rijan el “[cjuidado, atención y vigilancia del inmueble en sus elementos y servicios comunes, generales o limitados”. 31 L.P.R.A. sec. 1293a(c).

La Junta de Directores —electa por el voto mayoritario de los miembros del Consejo de Titulares— tiene, entre otras facultades, el deber de “[a]tender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, vigilancia y funciona-miento del régimen y en especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares”. (Énfasis suplido.) Art. 38-D(a) de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a). Además, debe “[c]umplir y hacer cumplir las disposiciones de este Ca-pítulo, del reglamento y los acuerdos del Consejo de Titu-lares”. 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(i).

Tercero, canaliza la solución de los problemas resultantes de esa vida comunitaria. Una de las enmiendas más significativas fue la de encomendar a un foro administrativo la rápida adjudicación de los reclamos que pudieran presentar los condominos, relativos a la administración del edificio: D.A.C.O.

La ley confirió jurisdicción exclusiva a dicha agencia para entender en acciones de impugnación de los acuerdos del Consejo de Titulares, de las determinaciones, actuaciones u omisiones del Director o de la Junta de Directores, relacionadas con la administración de inmuebles que comprendan por lo menos un apartamento destinado a vivienda. Arts. 42 y 48 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. secs. 1293f y 1294. Véase First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 434 (1983).

Frente a este esquema legislativo evaluamos el recurso.

> l — i

Alegan los interventores Cintrón-Abreu que D.A.C.O. carecía de jurisdicción para dirimir la controversia debido a que ésta “no se trata sobre una acción u omisión de la Junta sino de actos voluntarios de titulares o condómines [síc] que sólo deben ser revisados y resueltos por los tribunales de justicia”. Alegato de la parte recurrida, pág. 9.

De entrada, y contrario a dicha alegación, la querella pre-sentada ciertamente cae dentro del ámbito operacional de la Junta de Directores del Condominio Martí. No se trata me-ramente de actos voluntarios de titulares o condominos. De su faz afloraba una genuina controversia que trascendía los intereses personales y privados. Versaba sobre la utilización, por parte del matrimonio interventor, de un vestíbulo de ca-rácter y aprovechamiento común según descrito en la Escri-tura de Conversión del inmueble al régimen de propiedad horizontal, otorgada el 21 de mayo de 1970. Aun así, asegu-ran éstos que dicha área no es común, sino que realmente constituye la terraza de su apartamento y que las paredes cerradas eran medianeras con respecto a su apartamento 2-E y el 2-D perteneciente a la señora Mulero Sepúlveda. No tienen razón. Ninguna de las paredes en controversia separa inmediatamente esos apartamentos ni existe una servidum-bre de medianería. La Escritura de Conversión refleja que la única pared medianera que los divide es una interior, fuera del área en cuestión. La misma colinda con el apartamento 2-D por el este en nueve (9) pies, y por el oeste, en distancia igual, con el 2-E. Dicha pared nada tiene que ver con el área común en controversia.

Más aún, aceptando como cierto —para fines de análisis— que el área fuera privativa, ello no beneficiaría a los interventores Abreu-Cintrón. A lo sumo, realmente lo que había eran signos exteriores contrarios a una medianería. A tal efecto, el Art. 509 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1753(1), preceptúa que “[s]e entiende que hay signo exterior, contrario a la servidumbre de medianería ... [c]uando en las paredes divisorias de los edificios haya ventanas o huecos abiertos”. (Énfasis suplido.)

La evidencia ante nos establece que las ventanas clausu-radas existían en la pared desde que se construyó original-mente el edificio. Con este historial en mente, no podemos razonablemente inferir que el área que separa ambos aparta-mentos sea en realidad una terraza privada de los interven-tores y que, por error o inadvertencia, al construirse el edificio se abrieron ventanas en paredes medianeras. Repe-timos, la Escritura de Conversión es contraria a esa conten-ción.

Ante la inacción de dicha Junta, actuó correctamente Mulero Sepúlveda al acudir legítimamente al foro establecido por ley para dilucidarla. Concluir lo contrario sería cercenar las facultades otorgadas por el legislador tanto a la Junta de Directores como a D.A.C.O. y, al mismo tiempo, derrotar la sabia política pública que la inspira.

V

Sostienen los interventores recurridos que D.A.C.Q. no tenía jurisdicción para evaluar la controversia planteada de-bido a que había transcurrido el término establecido por ley para acudir a la agencia. Tampoco tienen razón.

El Art. 42 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1293f, gobierna la cuestión. Bajo el mismo, un acuerdo, determinación, omisión o actuación de los funcionarios u organismos rectores del condominio puede ser impugnada por: (1) ser gravemente perjudicial al titular querellante; (2) ser gravemente perjudicial a la comunidad de titu-lares; (3) ser contraria a la ley; (4) ser contraria a la escritura de constitución, y (5) ser contraria al reglamento del condo-minio.

Los términos para presentar ante D.A.C.O. estas acciones se establecen en el segundo párrafo del mencionado artículo:

La acción de impugnación de acuerdos y determinaciones, que el titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de titulares deberá ejercitarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tomó dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la notificación del acuerdo, si el titular afectado no estuvo pre-sente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o determina-ción. Si se tratare de una actuación u omisión perjudicial, el plazo para ejercitár la acción de impugnación será dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el titular tenga conocimiento de tal actuación u omisión perjudicial. 31 L.P.R.A. sec. 1293f.

La interpretación de D.A.C.O. respecto al límite de treinta (30) días es que éste aplica “exclusivamente para la acción de impugnación de acuerdos y determinaciones que el titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de titulares. Las demás acciones, las fundadas en que los actos de los órganos de gobierno del condominio son contrarios a la ley, a la escritura de su constitución o a su reglamento, no están sujetas para su ejercicio a ese breve plazo”. (Énfasis suplido.)

Refrendamos la misma. Es postulado básico en derecho administrativo que la interpretación de un estatuto, por el organismo facultado por ley para velar por su adminis-tracion y cumplimiento, merece gran respeto y deferencia judicial. A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986); M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 188, 188-189 (1984); Tormos & D. A. C. O. v. F. R. Technology, 116 D.P.R. 153, 160 (1985); Rubin Ramírez v. Trías Monge, 111 D.P.R. 481, 484-485 (1981). Bajo este enfoque, la inac-ción de la Junta de Directores del Condominio Martí ante la querella presentada por Mulero Sepúlveda configura una omisión violatoria de la ley y del reglamento interno del con-dominio. Las actuaciones de los esposos Abreu-Cintrón afec-tan un área común y son contrarias a la ley y al Reglamento del Condominio Martí. Éste, en su Art. 14, establece que “[njingún titular podrá hacer cambios o mejoras en su pro-piedad que afecten o cambien la estructura del condominio. Todas las mejoras que se hagan al condominio, así como cual-quier restauración[,] deberá[n] hacerse con el consenti-miento unánime de todos los condómin[o]s”. No hay nada en los autos originales del caso que nos indique que existía el consentimiento requerido.

Ante este cuadro fáctico, y con el beneficio de la interpre-tación de D.A.C.O., debemos concluir que la querella presen-tada por Mulero Sepúlveda no estaba prescrita.

< ) — I

Sostienen los recurridos —esposos Cintrón-Abreu— que por ser ellos la parte verdaderamente interesada debió per-mitírseles participar en el proceso administrativo desde su etapa inicial y que el no hacerlo constituyó una violación al debido proceso de ley. Aunque originalmente la ilustrada sala de instancia rechazó esa contención, en reconsideración varió su dictamen. Al hacerlo erró. Examinemos los pre-ceptos constitucionales del debido proceso de ley y su signifi-cado jurisprudencial pertinente.

Nuestra Constitución reconoce como derechos fundamentales del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. En protección de éstos, esta-blece que “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes”. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 275.

Ciertamente estos preceptos constitucionales aplican al ámbito del derecho administrativo cuando el Estado, a través de alguna de sus agencias, interviene con alguno de dichos derechos. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987). Sin embargo, en esta dimensión su aplicación varía. La creación de las agencias administrativas y la delegación a éstas de poderes cuasijudiciales se llevó a cabo con el propósito de proveer un sistema adjudicativo económico, rápido y práctico. Para la consecución de ese propósito, fue necesario dotarlo de una flexibilidad mayor que la del trámite judicial ordinario. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 840 (1978). Dicho proceso debe ser “ágil y sencillo, que propicie su uso eficiente por parte de personas legas”. (Énfasis suprimido.) López Vives v. Policía de P. R., 118 D.P.R. 219, 231 (1987).

Aunque, según decidimos en López Vives v. Policía de P. R., supra, “una parte afectada tiene derecho a presentar toda la prueba necesaria para sostener su reclamo, así como refutar oralmente o por escrito la evidencia sometida en su contra”, en Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 340 (1975), señalamos que “[e]l debido proceso de ley ofrece protección contra la arbitrariedad administrativa pero no es molde rígido que prive de flexibilidad en toda instancia los procedimientos de administración”. (Énfasis suplido.) Véase F.B. Davis, Administrative Law: Today & Tomorrow, 22 J. Pub. L. 335, 352 (1973). Lo esen-cial es que cumpla con el requisito de un proceso “justo y equitativo que respete la dignidad de los individuos afec-tados”. López Vives v. Policía de P. R., supra.

En nuestro caso, la parte interventora tuvo amplia opor-tunidad de presentar ante D.A.C.O. —en la vista en reconsi-deración celebrada el 7 de mayo de 1986— toda la prueba documental y testifical que tenía disponible para apoyar su posición. Así lo hizo. Además, interrogó a la señora Mulero Sepúlveda respecto a varios aspectos relacionados con el área en controversia. Véase Transcripción de Vista Adminis-trativa, págs. 44-47.

Aunque de ordinario D.A.C.O. debe citar a todas las partes afectadas, bajo las circunstancias particulares que ro-dean la controversia planteada ante nos entendemos que la vista en reconsideración subsanó los posibles defectos de la vista inicial y el debido proceso de ley. El criterio original del tribunal de instancia estuvo correcto y debe prevalecer.

VII

Finalmente, no es de aplicación al caso de autos la doctrina de incuria. Hemos señalado anteriormente que ésta “no opera como un simple término prescriptivo en que el mero transcurso del tiempo es suficiente para impedir el ejercicio de la causa de acción. Su aplicación requiere, además del transcurso del tiempo, que se haya ocasionado un perjuicio al demandado o que se le haya puesto en desventaja por razón del tiempo transcurrido”. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 417 (1982). Véanse, también: Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 904, 915 (1960); Alonso v. Tribl. Examinador de Médicos, 74 D.P.R. 158, 165 (1952); Jiménez v. Junta de Retiro, 61 D.P.R. 171, 180 (1942).

Se dictará la correspondiente sentencia revocatoria.

       En aquella ocasión testificó el ex Presidente de la Junta de Directores, señor Torres Alcalá, además de las señoras Cintrón y Mulero. Esta última fue interrogada por la abogada de los esposos Abreu-Cintrón. El Sr. Arsenio Matos Pérez, vendedor del edificio originalmente, aunque presente, no declaró a base de que su testimonio constituía prueba acumulativa. La prueba documental consistió de la escritura de compraventa del apartamento 2-E y cuatro (4) fotografías del área en controversia.

       Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. see. 1291), in fine-, F. Hernández Denton, La Ley de Propiedad Horizontal —un análisis de las en-miendas del 1976, 44 Rev. C. Abo. P.R. 257 (1983).

       Allí se señala que en el segundo piso hay un vestíbulo y corredor para uso común de los apartamentos 2-D y 2-E. Además, al describir los apartamentos, se indica que el 2-D “[cjolinda por el NORTE, en Tres Pies (3') con vestíbulo de aprovechamiento común ... por el ESTE, en Nueve Pies (9') con pared interior del edificio que lo separa del Aparta[mento] Dos ‘E’ (2E), y en Ocho Pies Seis Pulgadas (8'6") con vestíbulo de aprovechamiento común . . Apéndice Xlg pág. 2.
      El apartamento 2-E “[c]olinda por el NORTE ... en seis pies seis pulgadas (6'6") con vestíbulo y corredor de aprovechamiento común . . . por el OESTE ... en Ocho Pies seis pulgadas (8’6”) con vestíbulo de aprovechamiento común del edificio . . .”. (Énfasis suplido.) Escritura de Conversión de Inmueble de 21 de mayo de 1970, pág. 252.

       Entre otros, véanse Rafael L. Rivera v. Lillian Castañeda, QPH 86-76, y Skytowers III v. Consejo de Titulares Condominio Cobian’s Plaza, QPH 86-111.

       En Estados Unidos, véanse las Emdas. V y Xlg Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1.