author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    David García Negrón et al., peticionarios, v. Tribunal Superior, Sala de Guayama, Hon. Carlos Rodríguez de Jesús, Juez, demandado; Gilberto Rodríguez Torres y ABC Insurance Co., interventores.

      Número: O-75-399

      Resuelto: 31 de marzo de 1976

      Nachman, Feldstein & Gelpí, y Eduardo Castillo Blanco, aboga-dos de los peticionarios; Vicente Santori Coll, y Jaime Sifre Rodríguez, abogados de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El ordenamiento procesal adquiere su mayor eficacia cuando las normas que lo integran son interpretadas con el propósito de promover el objetivo fundamental de garantizar una solución justa, rápida y económica de las controversias judiciales. La razón y finalidad de la norma es pues el imperativo que determina su alcance. La función ineludible de este Tribunal consiste en darle vigencia a la norma conforme a este elemento teleológico en su aplicación a casos concretos. Véase Castán: Teoría de la Aplicación e Investigación del Derecho, pág. 240 (Ed. 1947).

El caso de autos requiere el ejercicio de esta función con respecto a la disposición contenida en el Art. 402 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1734, estableciendo el privilegio de la comunicación entre médico y paciente y su relación con la Regla 32 de Procedimiento Civil que provee el procedimiento para el examen médico de una parte cuando su estado mental o físico está en controversia.

Los hechos que delimitan el ámbito de la cuestión plan-teada se refieren a una reclamación de daños por la alegada negligencia profesional de un médico. El peticionario David García Negrón instó demanda reclamando $1,500,000.00 por concepto de daños alegadamente causados por la negligencia profesional del interventor Gilberto Rodríguez Torres al pres-tarle éste sus servicios como oftalmólogo. Después de presen-tada la demanda, un médico designado por el interventor exa-minó a García Negrón bajo las disposiciones de la Regla 32 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 32. En adición al examen médico, el tribunal de instancia dictó a solicitud del interventor una orden autorizándolo a examinar, copiar u ob-tener copias de los récords médicos que obraban en posesión de varios facultativos que habían examinado a García Negrón en relación con su alegada condición física. También ordenó al peticionario producir los récords médicos que indicaban el tratamiento que él recibió de dos facultativos residentes en la ciudad de Nueva York. El peticionario objetó dicha orden adu-ciendo que los récords médicos constituían materia privile-giada, que él no había renunciado al privilegio conforme las disposiciones de la Regla 32 y que dichos récords obraban en poder de terceras personas.

Expedimos el auto para revisar la orden del tribunal.

La posición del peticionario es al efecto de que la Regla 32 preserva el privilegio de la comunicación entre médico y paciente, disponiendo que solamente se renuncia cuando la persona examinada solicita copia del examen y en efecto se le en-trega. Arguye que si la persona examinada no solicita copia del examen, no renuncia al privilegio y la otra parte no puede obtener información sobre su condición médica no importa cuán material o relevante sea ésta con respecto a la controversia del caso. En consecuencia, como él no solicitó al interventor copia del examen médico que a requerimiento de éste se le hizo no ha renunciado pues al privilegio de la comunicación entre médico y paciente y, por lo tanto, no procedía la orden del tribunal de instancia autorizando al interventor a examinar, obtener copias o copiar récords médicos de los facultativos que lo habían tratado en relación con su condición física.

Es decir, el peticionario expande el privilegio de la comunicación entre médico y paciente para impedir el descubrimiento de prueba esencial a una justa, rápida y económica adjudicación de la controversia. No toma en cuenta que el privilegio no es de aplicación al caso de autos puesto que la reclamación se funda en la alegada negligencia de un médico. El Art. 402 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, expresamente excluye el privilegio de este tipo de acción al disponer que “no será aplicable a una acción entre el médico o cirujano y su cliente, en la que se ventilare el tratamiento del enfermo por el médico o cirujano.” Véase escolio 1 supra. La exclusión arranca evidentemente del valor que representa para la administración de justicia la ventilación en juicio de todos los hechos materiales y pertinentes a la controversia. El procedimiento judicial tiene el propósito de llegar a la verdad y en consecuencia no debe excluirse la ventilación de hechos esenciales, a menos que con ello se vindique un interés superior de la sociedad o de la persona. Son muy contados los casos en el que el privilegio de médico y paciente puede vindicar un interés superior a la dilucidación de la verdad en un proceso judicial.

Pocas disposiciones legales han sido tan severamente cri-ticadas como la del privilegio de la comunicación entre médico y paciente. Véanse Wigmore VIII, Evidence in Trials at Common Law, sec. 2380 (a) (Ed. 1961); McCormick on Evidence pág. 223 (1954); Morgan, E. M.: Suggested Remedy for Obstructions to Expert Testimony by Rules of Evidence, 10 U. Chi. L. Rev. 285; Chafee, Z.: Privileged Communications: Is Justice Served or Obstructed by Closing Doctor’s Mouth on the Witness Stand?, 52 Yale L.J. 607; De Witt, C.: Privileged Communications Between Physician and Patient, pág. 31 y sig. (Charles C. Thomas, Publisher). En sus orígenes se in-tentó justificar el privilegio a base del supuesto interés en estimular la comunicación franca y abierta entre médico y paciente en aras de lograr un diagnóstico y tratamiento ade-euado, Edington v. Mutual Life Ins. Co., 76 N.Y. 185, 194 (1871), De Witt, op. cit., supra, a la pág. 271. El funda-mento se desvanece ante el menor análisis.

Los casos en que la confidencialidad de la comunicación es necesaria para estimular la relación franca entre médico y paciente son excepcionales. La realidad es que hoy en día las enfermedades y padecimientos físicos son tema frecuente de conversación en reuniones sociales entre amigos y meros cono-cidos. Es usual el que una persona salga del consultorio del médico y sin el menor empacho narre sus dolencias a familiares y compañeros de trabajo. Salvo, por supuesto, los casos que envuelven problemas siquiátricos o que caen en el campo vedado del sexo, como el aborto, las enfermedades venéreas, la impo-tencia o la frigidez sexual, en todos los cuales hay un genuino interés en mantener 1a- confidencialidad de la comunicación. Ninguna de estas condiciones está aquí envuelta.

No es sostenible que una persona se inhiba de darle a su médico la información necesaria sobre su condición por temor a que se divulgue ante un tribunal. Distinto al privilegio de abogado y cliente, al que se suele equiparar la comunicación entre médico y paciente, la persona que acude a un médico no lleva en mente la posibilidad de un pleito en el que pueda divulgarse su comunicación en los tribunales. Su interés fundamental es curarse de sus dolencias. No es lógico pues que se inhiba de obtener tratamiento o de comunicar al médico abier-tamente sus síntomas por temor a que se pueda divulgar la información en un tribunal.

El privilegio de la comunicación entre el médico y paciente nunca ha sido reconocido en el derecho consuetudinario inglés ni en el de los Estados Unidos. Hayt & Hayt: Legal Aspects of Medical Records (Physicians’ Record Company, Berwin, Illinois, 1964). Su origen es estrictamente estatutario y hay cerca de 17 jurisdicciones que no lo reconocen. McCormick, op. cit, supra, a la pág. 211.

Los cánones que rigen la conducta profesional del médico adoptados por la Asociación Médica Americana admiten la obligación del médico de divulgar la comunicación de su paciente cuando es requerido por ley, o sea necesario para pro-teger el bienestar de la comunidad o del individuo. Véase Prin-cipios de Etica Médica de la Asociación Médica Americana, según publicado en Richardson: Doctors, Lawyers and the Courts (W. H. Anderson Company, Cincinnati), (1965). La propia profesión médica reconoce así la preeminencia del inte-rés social en la administración de justicia por encima del interés del paciente en que no se divulguen hechos esenciales para la adjudicación de una controversia judicial.

Wigmore señala cuatro condiciones fundamentales para el reconocimiento de una comunicación privilegiada, a saber: 1) la comunicación tiene que haberse originado en la confianza de que no será divulgada; 2) este elemento de confidencialidad tiene que ser esencial para mantener plena y satisfactoriamente la relación entre las partes; 3) la relación debe ser una que la comunidad considere que debe ser diligentemente promovida y 4) que el perjuicio que causaría la divulgación de la comunicación sea mayor que el beneficio obtenido por la correcta disposición del pleito. Op. cit., supra, sec. 2285, pág. 527.

Aparte del interés de la comunidad en promover la relación de médico y paciente, la comunicación entre ambos no satisface ninguno de los otros criterios. Como ya vimos, son excepcio-nales los casos en que la comunicación al médico es propiamente confidencial. El perjuicio a la administración de justicia, sin embargo, es por mucho superior al beneficio que recibe el paciente por suprimir la divulgación en un proceso judicial. Es por eso que el privilegio ha sido considerablemente restrin-gido por los estatutos que lo regulan y por interpretaciones judiciales.

El Art. 403 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1735, confiere una amplia discreción a los jueces de instancia para admitir cualquier testimonio cuando a ello no se opusiere oportuna objeción, o hallare el tribunal por inferirlo de evidencia adecuada que el consentimiento se ha dado expresa o tácitamente. Se considera en algunas juris-dicciones que la mera radicación de la demanda reclamando daños corporales constituye una renuncia implícita al privile-gio. Riter, Robert C.: Patient-Physician Privilege in the Discovery Process, 17 S.D. L. Rev. 188, 196 y casos citados en el escolio 55. Así se resolvió en California de donde procede nuestro Art. 402, supra. Moreno v. New Guadalupe Mining Co., 35 Cal. App. 744, 170 Pac. 1088 (1917). La razón para inferir la renuncia es obvia, ya que la supuesta confidencia-lidad de la comunicación desaparece cuando el propio paciente la divulga públicamente al iniciar una acción judicial.

Posterior al caso de Moreno v. New Guadalupe Mining Co., supra, se enmendó en California el estatuto para proveer ex-presamente que la radicación de una demanda reclamando da-ños corporales constituía una renuncia del privilegio. See. 1881 (4), Código de Proc. Civ. de Cal., West’s Anno. Civ. Proc. Code. En el 1965 se aprobó el Código de Evidencia derogando la mencionada See. 1881 y sustituyéndola por las Sees. 990 a 1007, West’s Ann. Evid. Code, secs. 990-1007, las cuales contienen tantas excepciones al privilegio que el mismo es inoperante para todo fin práctico.

Atento a la sana crítica de la doctrina científica, el American Law Institute propuso en el 1942 la eliminación del privilegio en el anteproyecto del Código Modelo de Evidencia. También en el 1950 la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes acordó la eliminación del pri-vilegio de las Reglas Uniformes de Evidencia. Handbook of the National Conference of Commissioners Uniform State Laws (1950), pág. 151. En el 1953, sin embargo, la Conferencia volvió a restituirlo incluyéndolo en la propuesta Regla 27 pero en forma opcional ya que aparece entre corchetes. Los comen-tarios contenidos en el Informe de la Conferencia Nacional sobre el privilegio recogen adecuadamente el sentir de la crítica.

“La ética profesional da al paciente una amplia y eficiente protección contra la divulgación de sus confidencias por el médico, fuera de la sala de un tribunal. Es de dudar, si es de interés pú-blico el extender el derecho del paciente a cerrar los labios del médico como testigo en una acción donde la condición del paciente es un asunto material y relevante.” 3 P.F.P., pág. 320. (Traduc-ción nuestra.)

El Proyecto de Reglas de Evidencia sometido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al Congreso también eli-minó el privilegio reconociéndolo únicamente en cuanto a la comunicación entre el psiquiatra y el paciente. Véase Proposed Federal Rules of Evidence, Rule 504, pág. 78.

En Puerto Rico, tanto el Proyecto de las Reglas de Evi-dencia propuesto por este Tribunal en el 1954 como en el 1958 se adopta el privilegio con las restricciones contenidas en el Código Modelo y en las Reglas Uniformes. El Comentario del Comité Consultivo explica la Regla 209 propuesta en los si-guientes términos:

“Esta regla incorpora las Reglas 220-223 del Código Modelo y la Regla 27 de las Reglas Uniformes. Establece protecciones contra el abuso del privilegio en litigios por daños personales, en acciones en que se impugnan testamentos, y en pleitos sobre pó-lizas de seguros. El art. 402(4) del Código de Enjuiciamiento Civil no contiene tales salvaguardias. El mismo es reemplazado por esta Regla.” 3 P.F.P., pág. 171.

El trasfondo anterior sirve para poner en su verdadera perspectiva el privilegio de la comunicación entre médico y paciente en relación con el planteamiento del peticionario de que el tribunal de instancia no tiene facultad para autorizar al interventor a examinar u obtener copias de los récords mé-dicos que obran en poder de los distintos facultativos que tra-taron al peticionario, ni para ordenar a éste producir los ré-cords médicos que reflejan el tratamiento que recibió de dos facultativos residentes en Nueva York.

El procedimiento' establecido en la Regla 32, supra, para el descubrimiento de los informes médicos opera sobre la existencia del privilegio de la comunicación entre médico y paciente. Es por eso que dicha Regla requiere la renuncia previa del privilegio. Pero cuando el privilegio no existe no hay nada a que renunciar y por tanto, la Regla 32 no es de aplicación.

La inaplicabilidad de la Regla 32 al caso de autos no significa, sin embargo, que los interventores no tienen a su disposición otros medios de descubrimiento de prueba. En Fantauzzi v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 113 (1974), resolvimos que una vez renunciado el privilegio conforme el procedimiento establecido en la Regla 32, una parte podía descubrir los récords médicos mediante la solicitud al tribunal ordenándole a los terceros en cuyo poder obran los informes a comparecer a una toma de deposición, según lo autoriza la Regla 23, trayendo consigo cualquier informe médico que estuviere bajo su posesión. No debe entenderse que Fantauzzi limita el descubrimiento de los récords médicos a la toma de una deposición bajo la Regla 23. La deposición es por su naturaleza un medio costoso, no sólo en dinero sino en el tiempo que le toma a los facultativos y a los abogados de las partes.

La Regla 37 que regula la conferencia preliminar al juicio confiere una amplia facultad al tribunal de instancia para or-denar cualquier medida que pueda facilitar la más pronta ter-minación del pleito. Regla de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 37. Nada impide que en el ejercicio de esa amplia facultad el tribunal de instancia ordene a las partes inter-cambiar informes médicos cuando éstos no están cubiertos por el privilegio de la comunicación entre médico y paciente. Así se ha resuelto en la jurisdicción federal de la cual pro-viene nuestra Regla 32. Buffington v. Wood, 351 F.2d 292 (1965) (3C); Hickel v. Abousy, 41 F.R.D. 152 (1966).

Debe recordarse que el propósito del descubrimiento de prueba antes del juicio es evitar sorpresas, simplificar las cuestiones litigiosas y acelerar los procedimientos. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). El descubrimiento de prueba debe pues alentarse en forma liberal y amplia para que puedan depurarse los hechos en el juicio sin el temor al engaño, al fraude y la falsedad. Las partes no pueden rehuir la obligación recíproca de descubrir prueba esencial al juicio alegando que no la tienen en su poder si no es gravoso el obtenerla. Es muy sencillo para una parte obtener un informe escrito del médico que lo atendió sobre su condición física, el diagnóstico, el tratamiento prescrito y el pronóstico y enviárselo a la parte adversa.

En el ejercicio de la facultad incidental conferida por el Art. 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 44, el tribunal puede también ordenarle al médico, bajo aquellas condiciones que considere justas conforme las circunstancias del caso, que envíe directamente a la parte que lo solicita un informe médico o que le permita examinar, copiar u obtener copias del récord médico relacionado' con la condición física que el reclamante ha puesto en controversia.

Desde antes de la aprobación de las Reglas de Procedi-miento Civil de 1943 reconocimos la facultad inherente del tribunal de instancia bajo el mencionado Art. 7 para ordenar el examen físico facultativo de una parte. Bahr v. Am. Railroad Co., 61 D.P.R. 917 (1943).

No hay razón válida para recortar ahora las facultades inherentes del tribunal de instancia cuando ha aumentado con-siderablemente el número de asuntos y la complejidad de la li-tigación. El sistema procesal tiene que ajustarse a esta rea-lidad e indefectiblemente nuestra función renovadora debe pro-pender a ese ajuste tan esencial para una solución justa, rá-pida y económica del litigio.

Se dictará sentencia anulando el auto expedido y ordenando la devolución del caso para que se continúen los procedimientos a la luz de lo aquí decidido.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre con voto sepa-rado.

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1976

El proceso judicial que desde su lejano principio no tuvo más propósito que esclarecer la verdad y dar la razón a quien la tiene, puede haberse tornado complicado y barroco con la profusión de reglas que hemos ido añadiendo, pero no ha perdido aquella primera aspiración de justicia. La ocultación de pruebas, invocada afirmativamente como instrumento para derrotar el derecho del adversario, más que una defensa, es un reto a la integridad del sistema judicial. Si un Presidente de los Estados Unidos no pudo prevalecer escondiendo sus cintas grabadas tras el impresionante bastión del privilegio de confidencialidad del jefe de estado (U.S. v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974)) se disuelve en la nada la pretensión del demandante que tras convertir por acto deliberado su salud y condición física en cuestión litigiosa pretende que los tribunales conozcan únicamente la parte que él esté dispuesto a revelar y que a base de una información por él clasificada y seleccionada, suprimiendo cuanto le sea adverso, se dicte sentencia en detrimento de la reputación profesional y el patrimonio del médico demandado.

Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. Constitución, Art. II, See. 7. Cuando se reclama un privilegio personal, inevitablemente surge una confrontación con otros valores, que en este caso están representados por las legítimas exigen-cias de un proceso judicial limpio. Los privilegios que impiden la revelación de determinados actos o comunicaciones esencialmente refrenan y derogan la búsqueda de la verdad y por lo tanto no han de crearse con liviandad ni interpretarse expansivamente. El sistema adversativo se caracteriza por la ventilación de todas las cuestiones y la depuración de todos los hechos relevantes ante un tribunal de ley. Para asegurar una decisión justa es de todo punto indispensable que la corte tenga poder para la producción compulsoria de la evidencia que necesita cualquiera de las partes. El pri-vilegio resguardado contra valores eminentes destruiría la fe y la confianza pública en el sistema judicial.

Concurro con la opinión en el piadoso esfuerzo de reivindicar la justicia aun dentro del hostigado texto de la Regla 32.2 y el Art. 402 del Enjuiciamiento Civil. El debido proceso de ley garantizado por la Constitución nunca toleraría la supresión u ocultación de pruebas cuya aprobación se nos pide.

      E1 Art. 402 del Código de Enjuiciamiento Civil en lo pertinente provee:
      “No se podrá examinar a una persona como testigo en los casos siguientes:
      1. .
      2. .
      3. .
      4. Un médico o cirujano, o el ayudante de cualquiera de éstos, no podrá, sin el consentimiento del paciente, ser examinado en una acción civil con referencia a alguna información adquirida mientras asistía al enfermo, la cual era necesaria para que el médico o cirujano pudiese prescribir para dicho enfermo, o resolver lo conveniente; pero este párrafo no será aplicable a una acción entre el médico o cirujano y su cliente, en la que se ventilare el tratamiento del enfermo por el médico o cirujano; Disponiéndose, que un médico o cirujano será competente para testificar sobre la causa de la muerte de cualquiera persona.”

      La Regla 32.2(a) en lo pertinente lee:
      “(a) Si así lo solicitare la persona examinada, la parte a cuya instancia se hizo el examen le entregará una copia de un informe del médico examinador, por escrito y detallado, haciendo constar sus deter-minaciones. Después de tal solicitud y entrega, la parte a cuya instancia se hizo el examen tendrá derecho, si así lo solicitare, a recibir de la parte examinada un informe similar de cualquier examen del mismo estado mental o físico, efectuado anterior o posteriormente . . ..”
      La Regla 32.2 (b) dispone:
      “(b) Al solicitar y obtener un informe del examen así ordenado o al tomar la deposición del examinador, la parte examinada renuncia a cual-quier privilegio que pueda tener en ese pleito o en cualquiera otro que envuelva la misma controversia, con relación al testimonio de toda otra persona que le haya examinado o pueda examinarle en el futuro sobre el mismo estado mental o físico.”.

       En lo pertinente el Art. 403 lee:
      “Nada de lo contenido en esta sección afectará al derecho que tiene el tribunal a admitir cualesquiera de los testimonios mencionados en la see. 1734 de este título, cuando a ellos no se opusiere oportuna objeción, o hallare el tribunal, por inferirlo de evidencia adecuada que el consenti-miento mencionado en dicha sección se había dado, expresa o tácitamente.”

      E1 Art. 7 del Código de Enjuiciamiento Civil en lo pertinente dispone:
      “Toda corte tiene poder:
      “5. Para dirigir en bien de la justicia la conducta de sus funcionarios y de las demás personas que tuvieren algún interés en cualquier procedi-miento judicial seguido ante ella, o actuación perteneciente a dicho proce-dimiento.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Partido Nuevo Progresista, recurrente, v. Tribunal Electoral de Puerto Rico, recurrido.

      Número: O-76-490

      Resuelto: 31 de marzo de 1976

      Eugenio S. Belaval Martínez, abogado del recurrente; Ramírez & Rivera, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso exige la conjugación de importantes de-rechos individuales constitucionales, con el derecho comuni-tario expuesto en el Código Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974 según enmendada (16 L.P.R.A. see. 2001 et seq.), que aspira a perfeccionar la pureza del proceso electoral y nuestro sistema democrático de gobierno representativo mediante la imposición de límites a las contribuciones o aportaciones económicas de carácter político y la oportuna auditoría de las finanzas de los partidos políticos.

El recurrente Partido Nuevo Progresista (PNP), im-pugna la Resolución del Tribunal Electoral de Puerto Rico que en 22 de octubre de 1975 le ordenó al examen y pro-ducción de “. . . los libros, cuentas, récords de contabilidad y demás documentos relacionados con [sus] operaciones fisca-les, efectuadas . . . durante el período comprendido entre el 3 de febrero de 1974 y el 30 de junio de 1975.” Dicho dictamen intenta continuar, en igualdad de condiciones, un plan general establecido sobre intervención y cotejo de la contabili-dad de los partidos políticos principales y por petición, el cual se inició con la investigación de la contabilidad del Partido Popular Democrático — al presente ya finalizada — está en proceso la del Partido Independentista Puertorriqueño y oportunamente cubrirá a los restantes.

Nos solicita dictemos un injunction permanente y en apo-yo del mismo discute tres errores que formula en las siguien-tes proposiciones: el Tribunal Electoral es un organismo que requiere delegación expresa de poderes para intervenir los libros de un partido político; careciendo de esta autoridad expresa ese poder no es reclamable como implícito; y de exis-tir tal poder, su ejercicio conlleva “una violación de los derechos de libre asociación de los afiliados al [recurrente] bajo la enmienda primera de la Constitución Americana y la See. 6 del Art. II de nuestra propia constitución y violación de las garantías de las Sees. 2 y 4 del Art. II de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

HH

Analicemos conjuntamente los dos primeros señalamientos. Se argumenta que siendo el Tribunal Electoral un organismo al cual le son aplicables las doctrinas jurídicas de derecho ad-ministrativo, el poder de intervenir la contabilidad de los partidos políticos debe surgir expresamente del Código Electoral; ausente el mismo no puede reclamarse como implícita su existencia ni sostenerse el que emprenda “expediciones de pesca” (fishing expeditions); máxime ante la inacción de la Asamblea Legislativa en relación al P. de la C. 1764, alegada-mente radicado a instancias del Tribunal Electoral y encami-nado a reconocerle la autoridad aquí impugnada.

No le asiste la razón. Varias disposiciones del Código Electoral y nuestra doctrina jurisprudencial en el campo de derecho administrativo nos lleva a concluir que el tribunal recurrido no sólo posee facultad, sino el deber en ley para requerir de los distintos partidos políticos la presentación de sus libros de contabilidad. A tal efecto, en virtud del Art. 2-007 (16 L.P.R.A. see. 2027), la Asamblea Legislativa lícitamente delegó en el Tribunal Electoral “. . . la organización, dirección y supervisión de todos los procedimien-tos relacionados con [las] elecciones”, y en el Art. 2-009 (16 L.P.R.A. see. 2029), taxativamente le confirió “. . . el poder de . . . obligar a la presentación de libros, papeles y documentos que considere necesarios y pertinentes en cualquier procedimiento que celebre y para realizar todos los actos ne-cesarios en el ejercicio de sus funciones y deberes ” Obvia-mente, este poder abarca trámites y procedimientos relaciona-dos con la reglamentación, investigación y adjudicación de aquellos asuntos electorales comprendidos en el Código, entre los cuales se destaca la supervisión y fiscalización de las operaciones financieras de los partidos políticos y candidatos, por resultar una gestión consustancial, lógica y necesaria en la implementación y garantía del cumplimiento de los deberes que la ley impone a los partidos políticos y candidatos inde-pendientes en sus Arts. 3-007, 3-008 y 3-009.

“B) Cuando en cualquier acto político masivo, incluyendo mass meeting, se efectúe una recaudación de dinero, el recaudador o los recaudadores deberán, luego de efectuada la recaudación, levantar un acta juramentada, haciendo constar el total del dinero recaudado y que ninguno de los donantes aportó cantidad alguna en exceso de las cantidades permitidas en este Código. Dicha acta deberá radicarse en el Tribunal Estatal dentro de los cinco (5) días siguientes.
“C) Comenzando el primero de marzo de un año de elecciones gene-rales, hasta el día último de dicho año, el informe- de que se trata el apartado (a) de este artículo deberá rendirse ante el Tribunal Electoral cada quince (15) días.
“D) Las disposiciones de los incisos anteriores serán aplicables a las primarias y elecciones internas de los partidos, y los informes se radicarán en las fechas que disponga el Tribunal Electoral por reglamento.
“E) A los fines de radicar los informes requeridos de este artículo, se constituirá en candidato todo aquel que en cualquier momento antes de su nominación, por sí o a través de otra persona, grupo o entidad, reciba una contribución para ser utilizada en una elección en la cual el recipiente de la contribución haya de figurar como candidato.” (16 L.P.R.A. sees. 2087, 2088 y. 2089.)

La actuación del tribunal recurrido no sólo: encuentra apoyo en las disposiciones del Código antes expuestas, sino en nuestro marco doctrinario de derecho administrativo sobre materia investigativa: Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 D.P.R. 21 (1969) y Cooperativa Cafeteros v. Colón Torres, 84 D.P.R. 278 (1961). En este último caso hicimos el siguiente pronunciamiento:

“Se ha establecido jurisprudencialmente que las agencias tienen amplios poderes para solicitar información e investigar los organismos que la ley le autoriza reglamentar y supervisar. Originalmente se había sostenido que las agencias administra-tivas no podían hacer expediciones de pesca en los organismos que reglamentaren, Fed. Trade Comm. v. Amer. Tobacco Co., 264 U.S. 298 (1924) pero la tendencia desde que se resolvió el caso de United States v. Morton Salt Co., 388 U.S. 632 (1950) es reconocer a las agencias administrativas amplios poderes para solicitar información e investigar los organismos que estos regu-lan y supervisan. I Davis, Administrative Law, Sec. 3.06 (ed. 1958).” (Pág. 284.)
“En la obra de Davis, antes citada, al resumir el estado de la ley, en la materia que ahora consideramos, se afirma que ha ocurrido un cambio radical a partir de la década del 1940. Y que ahora se permiten las expediciones de pesca, que casos anteriores del Tribunal Supremo nacional habían proscrito. Afirma que Morton Salt, definitivamente estableció la pauta que prevalece en esta fase del derecho administrativo. Davis, op. cit. Sec. 3.14.”
“Vemos pues que la única limitación que tienen los organis-mos reguladores y supervisores es que la información solicitada esté dentro de la autoridad de la agencia, el requerimiento no sea demasiado indefinido y la información sea razonablemente rele-vante.” (Págs. 285-286.)

No milita en contra de esta decisión, la iniciativa del Tribunal Electoral en gestionar una enmienda al Código con miras a taxativamente autorizarlo a contabilizar los libros de los partidos políticos y candidatos independientes y la no aprobación por el Poder Legislativo- de la misma.

De ordinario, por razón de la propia naturaleza del proceso legislativo, la inacción de la Legislatura en torno a una propuesta enmienda — sin dejar de ser pertinente a la interpretación de la ley, y ocasionalmente factor de peso determinante — no es concluyente, pues es susceptible de variadas y encontradas interpretaciones. Per se, no niega la existencia de la autoridad que mediante la presente decisión sostenemos al profundizar judicialmente y darle verdadero significado al sentido espiritual e integral del Código Electoral a tono con los propósitos fijados en el mismo y los principios establecidos en el campo del derecho administrativo. P.S.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 230 (1975). La experiencia nos señala situaciones en que para obviarse controversias y litigios, un organismo público acude a la Asamblea Legislativa para que en términos claros e inequívocos, mediante enmienda aclaratoria, se despejen las dudas existentes en torno a sus funciones y prerrogativas con relación a prácticas administrativas prevalecientes. Compárese: Pardavco, Inc. v. Secretario de Hacienda, 104 D.P.R. 65 (1975).

II

El tercer y último error que señala el recurrente sostiene que la autoridad reclamada por el Tribunal Electoral en la resolución recurrida es inconstitucional porque “infringe los derechos constitucionales de asociación, liber-tad de expresión y secretividad del sufragioComo funda-mento del mismo cita casos estatales y federales de la juris-dicción norteamericana en que se ha decidido que la inter-vención de una agencia administrativa gubernamental en los libros y récords de los partidos políticos tiene el efecto de desalentar la acción (chilling effect) de innumerables personas — que por razones personales o temor a represalias políticas desean mantener secreta su afiliación — violando ello el derecho a libre asociación; teniendo como consecuen-cia, al inhibirse éstos de aportar y contribuir pecuniaria-mente al partido político de preferencia, la disminución de las finanzas del partido y su capacidad de informar al elec-torado, coartando indebidamente el derecho a la libre expre-sión y asociación.

El Preámbulo de nuestra Constitución, al proclamar el sistema democrático como la base fundamental para la vida y coexistencia de la comunidad puertorriqueña lo define como “aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.” La Carta de Derechos en sus Sees. 2, 4 y 6, respectivamente esta-blece que dicha voluntad se exprese mediante el sufragio universal, igual, directo, secreto y libre de coacción, para lo cual la existencia de la libertad de palabra y asociación son esenciales. La Asamblea Legislativa, en virtud de la See. 4 del Art. VI, quedó encomendada de proveer le-gislación en “todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidatos.”

Nuestro sistema de gobierno democrático se nutre del proceso político para elegir aquellos que representan al pueblo, reconociendo el derecho de los ciudadanos a organi-zarse en grupos de opinión- con carácter de partidos políticos y proponer candidatos de su predilección. Dávila v. Secretario de Estado, 83 D.P.R. 186 (1960).

Ante los adelantos técnicos de comunicación rápida, directa y masiva, el libre intercambio y la fluidez de ideas y la discusión en torno a los asuntos públicos y las cualifi-caciones de los candidatos, dependen en gran medida de la ca-pacidad económica de éstos y los partidos políticos. El men-saje personal de antaño en las lides electorales puertorri-queñas es hoy la excepción, descansándose cada vez más en los medios electrónicos de difusión moderna. Ante este fenó-meno, y el costo que ello exige, las contribuciones del ciudadano a sus respectivos partidos políticos son vitales para el desenvolvimiento y desarrollo del proceso democrático.

De gran significación al caso que nos ocupa es el si-guiente pensamiento plasmado en el Informe de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente: “El más amplio re-conocimiento del derecho a diferir y ser, no obstante, tratado con igualdad y protegido en esa diferencia por el poder publico, es uno de los rasgos definidores de la democracia liberal. De esta disposición suya a convivir con el opositor y darle plena oportunidad para que en el debate político cambie de crítico en dirigente cuando gane la confianza electoral, deriva buena parte de su fuerza creadora y renovadora. Es éste el único régimen que se complace en el vigor fecun-dante de las diferencias mantenidas en el marco de una lealtad básica a los principios y a la metodología de la democracia.” Diario de Sesiones, págs. 2562-2563 op. cit. (Énfasis suplido.)

Aun cuando no existe una correlación entre los resultados electorales y la capacidad económica de un partido político o candidato — ya que en adición entran en juego un sinnúmero de factores tales como naturaleza de las controversias, organi-zación, liderazgo, destreza, prestigio, control y extensión de información y publicidad — las contribuciones económicas y por ende, la solvencia de los partidos políticos afectan positiva o negativamente y en gran medida los factores men-cionados y por ende el desenlace final.

Estimamos que en el contexto constitucional expuesto, son cognoscibles, como objetivos legítimos consustanciales al proceso democrático, medidas razonables tendentes a disminuir las diferencias económicas y ventajas entre los partidos y candidatos por razón de desigualdades en riqueza, a la par que evitar contribuciones cuantiosas e irrestrictas que pudieran comprometer el curso ulterior del gobierno en orden a influencias indebidas o favoritismos por razón de tales aportaciones.

El logro de estos objetivos y circunstancias político-históricas pusieron a Puerto Rico en la vanguardia en materia de legislación sobre subsidio gubernamental, creándose el Fondo Electoral, el cual provee a todos los partidos políticos principales y por petición, irrespectivamente de las prédicas e ideologías promulgadas, una capacidad económica inicial e igualitaria para la divulgación de ideas y mensajes en nues-tro país.

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957 refleja claramente las premisas legislativas que inspiraron el Fondo Electoral: políticos son instrumentos necesarios a la democracia para que a través de ellos el pueblo pueda respaldar programas y expresar mandatos con relación a su gobierno. Todos los partidos demo-cráticos, mayoría y minoría, cumplen estas funciones: los de la mayoría en respaldo a la obra de gobierno que representa la opinión mayoritaria, pero que debe ser llevada a cabo en bene-ficio de todo el pueblo, sin distinción partidista; los de la minoría para que expresen el punto de vista de otra parte del pueblo con miras a tratar de convencer a una mayoría para ciertos fines distintos en ciertas formas diferentes, y velar porque el programa respaldado por la mayoría sea en efecto administrado con igual-dad para todos.

“Es principio universalmente reconocido que los partidos

Por tales razones, es de profundo interés público el que los partidos políticos puedan estar libres de control por fuerzas eco-nómicas, privadas o gubernamentales, que, al hacerse necesarias para el financiamiento de las actividades legítimas normales de los partidos políticos, puedan adquirir sobre ellos un control o influencia contrarios a la idea democrática, a la libertad política del pueblo en general y el funcionamiento genuino de la demo-cracia.

Es por eso que la asamblea legislativa considera sabio el que, por una parte, se prohíban grandes contribuciones financieras a los partidos políticos, y, por otra, se les provea a estos organis-mos democráticos de algunos fondos adecuados para el cumpli-miento de sus funciones más esenciales, independientemente del deber que cada ciudadano tiene de contribuir al sostenimiento de su colectividad política con pequeñas cantidades compatibles con sus ingresos y con las normas que cada partido adopte dentro de los propósitos y fines de esta ley.”

En el Código Electoral vigente se mantiene el Fondo Electoral y se establecen limitaciones al monto de contribu-ciones anuales que individualmente un ciudadano puede apor-tar al partido de su predilección. Arts. 3-001 a 3-008 (16 L.P.R.A. sees. 2081 a 2088).

Bajo un enfoque de estricto escrutinio judicial, Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975), es válido el axioma básico que fluye en el Código Electoral de que el proceso político decisional puertorriqueño responda en su realidad al mandato de igualdad consagrado en nuestra Ley Fundamental; ello se logra imponiendo limitaciones al monto de contribuciones político-partidistas. La constancia, preservación y presentación de data e informes sobre el particular, y la oportuna intervención y contabilidad de los mismos, son consecuencia natural e imprescindible para garantizar el cumplimiento de los límites legales establecidos en materia de finanzas políticas.

Existe un interés superior en la escala de valores constitu-cionales, congruente y medular a un sistema de gobierno de verdadera democracia representativa que exige que la inte-gridad y pureza del proceso electoral no sea conculcada por las influencias nocivas, sean en apariencia o reales, que oca-sionalmente generan las grandes aportaciones de individuos o intereses económicos.

Estas restricciones y la obligación de informarlas afectan solamente y de manera incidental los derechos de libre expresión y de asociación del individuo. La contribución individual constituye más bien una expresión amplia y general en apoyo de un partido político o candidato, y no una particular expresión de ideas o mensaje de contenido específico. Necesariamente ese contenido no aumenta en orden a la cuantía aportada. Tales aportaciones no se dan acompañadas o condicionadas a un texto o mensaje individual preciso y particular, y no representan un ejercicio puro y directo' del derecho de palabra. Irremisiblemente la expresión amplia que acompaña a la contribución queda diluida en los fondos generales del partido o candidato y su uso eventual, aun cuando sea destinado para difundir ideas afines del ciudadano que los aporta, no implica correspondencia exacta ni directa con sus propias palabras. La aportación conlleva y se transforma en un ejercicio de la palabra por tercera persona y no el contribuyente. Véase: Buckley et al. v. Valeo (44 U.S.L.W. 4127, 4133 (U.S. Jan. 30, 1976)).

La imposición de límites en las contribuciones tiende a lo-grar la igualdad entre todos los ciudadanos, y en lugar de infringir la libre expresión — al obligar a todos los partidos y candidatos a apelar y gestionar fondos de un mayor número de personas — promueve una mayor diseminación e intercam-bio de ideas, y un incremento sustancial de participación legí-tima ciudadana en el proceso eleccionario: intereses de mayor valía en la concepción de una democracia verdadera que supe-ran el impacto incidental sobre esta modalidad del derecho a la libre expresión. Como corolario de lo anterior, en vez de vulne-rarse el derecho de asociación se impulsa el mismo ya que los organismos directivos políticos redoblarán sus esfuerzos para aumentar el número de miembros activos en su afán de solven-tar sus actividades.

Debemos recordar que aun cuando “[e] onocidas considera-ciones históricas sustentan la preeminencia [del derecho a la libre expresión], raíz indiscutible del sistema democrático de gobierno . . . este valor superior no supone una irrestricción absoluta, de forma que no pueda subordinarse a otros inte-reses cuando la necesidad y conveniencia públicas lo requieran . . . [siendo] precisamente esta área la que nos corresponde deslindar en cada caso específico.” Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20-21 (1968). (Citas y escolios omitidos.)

Lo expuesto nos convence que el argumento en torno a que la secretividad del voto se viola al permitirse el examen de los libros de contabilidad no puede prevalecer. Igual que los anteriores derechos constitucionales, el requisito de que el voto sea secreto, se dispuso con el propósito de “. . . asegurar la inviolabilidad del albedrío del elector.” Existe suficiente constancia en el legajo constitucional de que el mismo no era absoluto y admite limitaciones fundadas. Op cit, pág. 1407. En el balance de intereses envueltos, resulta mínimo el impacto, si alguno, sobre este derecho, independientemente de que el argumento descansa en la premisa errónea — que niega par-cialmente al elector el libre albedrío que se intenta proteger— de postular que un ciudadano, por el solo hecho de haber con-tribuido económicamente a determinado partido político o can-didato, está obligado a votar indefectiblemente por éstos, sin considerar que debido a un sinnúmero de razones puede optar por votar de manera distinta.

Precisamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad de disposiciones parecidas a la nuestra, existentes en la Ley Federal de Campañas Electora-les de 1974 (Pub. L. No. 92-225, 86 Stat. 3, según enmendada por Pub. L. No. 93-443, 88 Stat. 1263), en el caso de Buckley et al., supra, expresándose del siguiente modo:

“[Hjemos reconocido que hay intereses gubernamentales lo suficientemente importantes para sobrepasar la posibilidad de infracción, especialmente cuando se trata del ‘libre funciona-miento de nuestras instituciones nacionales.' Communist Party v. Subversive Activities Control Bd., 367 U.S. 1, 97 (1961).

Los intereses gubernamentales que se intentan vindicar por los requisitos de divulgación son de esa magnitud. Se agrupan en tres categorías. Primero, la divulgación provee al electorado in-formación ‘sobre de dónde proviene el dinero para la campaña política y cómo lo gasta el candidato’ para ayudar a los votantes a valorar aquellos que desean un puesto Federal. Le permite a los votantes el colocar a cada candidato en el espectro político con más precisión de la que a menudo es posible lograr solamente a base de las insignias de partidos y los discursos de campaña. Los orígenes del apoyo financiero de un candidato también alertan al votante en cuanto a los intereses a los cuales el candidato con más probabilidad responderá y ello facilita las predicciones sobre el futuro desempeño de sus funciones.

Segundo, los requisitos de divulgación desalientan la corrup-ción existente y evitan la aparición de la corrupción al exponer a la luz pública grandes contribuciones y gastos. Esta exposición puede desalentar a aquellos que usarían dinero con propósitos indebidos ya sea antes o después de las elecciones. Un público armado con información sobre los más generosos partidarios de un candidato está en mejor disposición de detectar cualesquiera favores especiales post-electorales que puedan darse a cambio. Y, según reconocimos en Burroughs v. United States, 290 U.S., a la página 548, el Congreso podría concluir razonablemente que la total divulgación durante una campaña eleccionaria tiende a ‘impedir el uso corrupto de dinero para afectar las elecciones.’ Al promulgar estos requisitos el Congreso pudo haber tenido presente la recomendación del Juez Brandéis: ‘La publicidad está justamente recomendada como un remedio para los males sociales e industriales. Se dice que la luz solar es el mejor desinfectante; la luz eléctrica es el policía más eficiente.’

Tercero, y no menos significativo, los requisitos de mantener récords, de información y divulgación son un medio esencial para reunir los datos necesarios para detectar violaciones de las limi-taciones de donativos antes descritas.

Los requisitos de divulgación, como cuestión general, sirven directamente a intereses gubernativos sustanciales. Al determinar si estos intereses son suficientes para justificar los requisitos de-bemos considerar el alcance de la carga que ponen sobre los dere-chos individuales.

Es indudablemente cierto que la divulgación pública de los donativos a los candidatos y partidos políticos desalentarán a algunos individuos que de otra forma podrían contribuir. En algunos casos, la divulgación puede hasta exponer a los donantes al hostigamiento o la represalia. Estas no son cargas insignifi-cantes sobre los derechos individuales, y deben sopesarse cuida-dosamente contra los intereses que el Congreso ha intentado fomentar con esta legislación. En este proceso, notamos y estamos de acuerdo con la admisión del apelante de que los requisitos de divulgación — ciertamente en la mayoría de los casos en que apli-can — parecen ser el medio menos restrictivo para refrenar los males de ignorancia y corrupción de la campaña que el Congreso halló que existían.”

Por los fundamentos expuestos, se confirmará el dictamen del Tribunal Electoral de Puerto Rico.

El Juez Asociado, Señor Angel M. Martín, concurre en el resultado sin opinión.

       Véase P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 1 (1975).

       La Constitución concedió al Poder Legislativo un amplísimo margen de autoridad para legislar en asuntos de materia electoral:
      “Será objeto de reglamentación por ley todo lo concerniente al proceso electoral y al proceso de inscripción de electores en los registros electorales, así como todo lo relativo a los partidos políticos. Las disposi-ciones de esta constitución no deben entenderse en el sentido de limitar o menoscabar tal facultad. Otra cosa sería hacer imposible la aprobación de leyes electorales por el poder legislativo. Amplia ha de ser también — sin limitaciones que la harían imposible de ejercitar — la facultad de la Asamblea Legislativa en cuanto a lo concerniente al proceso de inscripción de electores en los registros electorales, a la formación de tales registros, y a los medios para que en ellos sean inscritos los electores legales, así como para que de ellos sean eliminados los electores sin capacidad legal o que no reúnan los requisitos señalados por esta constitución [o] la ley. Amplia ha de ser asimismo la facultad de la Asamblea Legislativa para regular todo lo concerniente a la manera en que se han de depositar y contar los votos en las elecciones y la forma de practicar el escrutinio de tales votos. Y amplia ha de ser la facultad legislativa para reglamentar todos los detalles concernientes al ejercicio del voto y al mecanismo e instrumentación de dicho ejercicio.” Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, pág. 2621 (ed. 1961).

      Rezan del siguiente modo:
      “Artículo 3-007 — Contabilidad e Informes del Fondo Electoral.—
      “Cada partido político y cada candidato independiente deberá llevar una contabilidad completa y detallada de cualquier gasto incurrido por el mismo con cargo al Pondo Electoral, y rendir un informe, bajo juramento, cada dos (2) meses, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente, al Tribunal Electoral y al Secretario de Hacienda, certificando tales gastos, incluyendo la fecha, el nombre de la persona a favor de quien se ordenó el pago y su dirección completa, así como el concepto por el cual se incu-rrió en dicho gasto.
      “El Secretario de Hacienda no autorizará desembolso alguno contra el Fondo Electoral, para ese partido político o candidato independiente, hasta tanto se cumpla con la obligación impuesta por este artículo.
      “Artículo 3-008 — Contribuciones permitidas.—
      “Cualquier persona podrá contribuir voluntariamente una cantidad que no exceda de cuatrocientos (400) dólares anuales a candidato de partido político, candidato independiente, organismo directivo municipal o central de cualquier partido político, y en ningún caso la contribución anual total de una persona sumará más de ochocientos (800) dólares. En años de elecciones, cualquier persona podrá contribuir con una cantidad que no excederá de seiscientos (600) dólares al organismo directivo municipal o central de cualquier partido político, a un candidato de partido político o a un candidato independiente, y en ningún caso las contribu-ciones anuales totales de esa persona podrán sumar más de mil (1,000) dólares. Será ilegal acumular las cantidades dejadas de aportar en un año, dentro del límite establecido, en años posteriores, o adelantar las cantidades permitidas de otros años, en un solo año.
      “La cantidad máxima con que puede contribuir una persona., natural o jurídica, en una primaria o elección interna de partido, será de cien (100) dólares.
      “Ningún candidato que haya recibido contribuciones para su campaña podrá transferir las mismas, o parte de las mismas directa o indirectamente, a ningún partido político o a ningún otro candidato.
      “Las contribuciones que se hagan a partidos políticos coligados esta-rán sujetas a las limitaciones aquí dispuestas como si se tratare de un solo partido político.
      “Ninguna persona que tenga control o interés mayoritario en una corporación, sociedad, o empresa, que haya hecho una contribución en su carácter personal, podrá repetir la misma a través y a nombre de aquella corporación, sociedad o empresa donde dicha persona tenga control o interés mayoritario.
      “La persona que eligiere hacer su contribución a través y a nombre de una o más corporaciones, sociedades o empresas en la que ejerza control o tenga interés mayoritario, no podrá repetir la misma en su carácter personal.
      “Será ilegal toda contribución de una institución bancaria para fines electorales.
      “Artículo 3-009 — Contabilidad e informes de otros ingresos y gastos.—
      “A) Cada partido político y cada candidato deberá llevar una conta-bilidad completa y detallada de toda contribución recibida y gasto incurrido por el mismo, sin cargo al Fondo Electoral, y rendir un informe cada tres meses, bajo juramento, en donde se expondrá una relación de dichas contribuciones y gastos, fecha en que se recibieron dichas contribuciones y se incurrieron en dichos gastos, nombre y dirección completa de la persona que hizo la contribución o a favor de quien se hizo el pago, así como el concepto por el cual se incurrió en dicho gasto.

        Pollard v. Roberts, 283 F.Supp. 248 (1968); Deras v. Myers, 636 P.2d 641 (1976); Columbia Broadcasting System, Inc. v. Democratic Committee, 412 U.S. 94 (1972).

       Disponen así:
      “Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.
      “No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.
      “Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cual-quier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.”

       Wells, Henry: Government Financing of Political Parties in Puerto Rico; Citizens’ Research. Foundation, Study Number Four (1962); Wells. & Anderson: Government Financing of Political Parties in Puerto Rico,. A Supplement to Study Number Four; Citizens’ Research Foundation (1966).

      En los Estados Unidos, tanto la Ley Federal como la de una mayoría de los estados contienen legislación que limita las contribuciones para fines de campañas electorales. Véase una relación al respecto en The Book of the States, págs. 42-47 (1974-75).
      Es prolífera la literatura reciente sobre materia electoral en los Estados Unidos. Consúltese: Fleishman, The 1974 Federal Election Cam

        paign Act Amendments: The Shortcomings of Good Intentions, 1976, Duke L.J. 851; Teicher, Recent Cases — Constitutional Law Elections — Limit on Candidate Expenditures and Campaign Contributions Violates State Free Speech Guarantee, 28 Vand. L. Rev. 1127 (1976) ; Developments in the Law — Elections, 88 Harv. L. Rev. 1111, 1233 (1975); Weitzman, Expenditure Limitations in Campaigns for State-Wide Office in California, 6 Pacific L.J. 631 (1975); Grover, Election Law—Initiative 276—The Constitutionality and Feasibility of Political Campaign Expenditure Limitations in Washington—Bare v. Gordon, 84 Wn.2d 380, 526 P.2d 379 (1974), 50 Wash. L. Rev. 794 (1975); Nicholson, Campaign Financing and Equal Protection, 26 Stan. L. Rev. 815 (1974); Comment — The Constitutionality of Restrictions on Individual Contributions to Candidates in Federal Elections, 122 U. Pa. L. Rev. 1609 (1974); The Constitutionality of Financial Disclosure Laws, 59 Cornell L. Rev. 345 (1974); M.C.S., Recent Developments — Constitutional Law — First Amendment — Prior Restraints Imposed by the Federal Election Campaign Act of 1971, 41 Tenn. L. Rev. 906 (1974); Gallagher, Jr., New Jersey Election Reform, A New Law for Old Campaigners, 27 Rutgers L. Rev. 836 (1974); Biden, Jr., Public Financing of Elections: Legislative Proposals and Constitutional Questions, 69 Nw. U. L. Rev. 1 (1974); Fleishman, Public Financing of Elections Campaigns: Constitutional Constraints on Steps Toward Equality of Political Influence of Citizens, 52 N.C. L. Rev. 349 (1973); Fleishman, Freedom of Speech and Equality of Political Opportunity: The Constitutionality of the Federal Election Campaign Act of 1971, 51 N.C. L. Rev. 389 (1973); Court 6 Harris, Free Speech Implications of Campaign Expenditures Ceilings, 7 Harvard Civil Rights — Civ. Lib. L. Rev. 214 (1972); Redish, Campaign Spending Laws and the First Amendment, 46 N.Y.U. L. Rev. 900 (1971); y Tobel, Federal Control of Campaign Contributions, 51 Minn. L. Rev. 1 (1967).

       En E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975), ana-lizamos la limitación a una modalidad del derecho a la libre expresión consistentes de protestas mediante el uso de piquetes frente al hogar de un funcionario público en contraposición al derecho a la protección de la vida privada y familiar.
      En el ámbito constitucional federal, el Tribunal Supremo hace más de una década reafirmó su rechazo al concepto de que la libertad de expresión y asociación protegidas por la Primera y Décimo Cuarta Enmiendas son absolutas. Konigsberg v. State Bar, 336 U.S. 36, 49 (1960).

       Resulta interesante la concepción de que el derecho al voto secreto, en palabras de un miembro de la Asamblea Constituyente, era “. . . para garantizar y proteger al ciudadano de las coacciones para garantizarle su libertad de poder entrar a la caseta electoral, secretamente, solo con su con-ciencia a hacer allí su cruz, sin que a nadie le importe cómo y dónde la hizo.” Op. cit., pág. 1402.


author: per curiam:

text:
      In re Julio Irving Rodríguez Torres.

      Número: MC-76-4

      Resuelto: 9 de abril de 1976

      Informe presentado al Tribunal Supremo por Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Mario L. Paniagua, Eliadís ' Orsini Zayas y Maggie Correa Avilés, Procuradores Gene-rales Auxiliares; Canales & Ferrer, abogados del querellado.
   per curiam:

Con vista del Informe presentado por la Procuradora General de Puerto Rico sobre la conducta profe-sional del abogado Julio Irving Rodríguez Torres, emitimos orden para que compareciera a mostrar causa por la cual no deberíamos adoptar medidas disciplinarias en su contra. En 23 de marzo de 1976 dicho abogado formuló su contestación, en la que expone sus argumentos y nos solicita rechacemos el Informe por carecer de fundamentos sus conclusiones, supli-cando el archivo de las quejas. Consideramos sometido el caso.

En síntesis, el referido Informe imputa al Ledo. Rodríguez Torres lo siguiente:

1. Falta de “suficiente prudencia” al defender al Sr. Juan Tellería García en un caso criminal y representarlo como de-mandado en una reclamación por daños durante un período en que el perjudicado en la referida causa criminal y demandante en el caso civil, Sr. Carlos Justiniano Bayron, era también su cliente en un caso criminal pendiente de trámite apelativo; falta de diligencia en el recurso apelativo de este último.

2. Ausencia de diligencia en el perfeccionamiento de la apelación criminal interpuesta en los casos criminales contra Julio Dávila Feliciano (M-74-1079 y G-74-865 por Homicidio Voluntario e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas).

3. Conducta impropia al intervenir indebidamente con el testigo de cargo, Ledo. Rafael Vicente Capó Zayas tratando de inducirlo a que alterara o retirara su testimonio en una causa criminal seguida contra el Sr. Dionisio Trigo.

Examinado minuciosamente el Informe, la abundante evi-dencia documental consistente de un sinnúmero de documentos judiciales, dos transcripciones, las declaraciones juradas de los quejosos, los testigos y del propio abogado Rodríguez Torres, consideramos probados los siguientes hechos:

I — Queja del Sr. Carlos A. Justiniano Bayron:—

El Sr. Carlos A. Justiniano Bayron fue denunciado por el policía Gilberto Hernández el 10 de marzo de 1973 por infrac-ción a la Sec. 5-801 de la Ley de Tránsito, por alegadamente manejar un vehículo de motor en estado de embriaguez. En 14 de marzo, el Juez de Paz Hon. Miguel A. Talavera determinó existencia de causa probable fijándole una fianza de $500.00 para permanecer en libertad provisional; subsiguientemente, se radicó acusación en su contra en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez (Caso M-73-243). El Ledo. Rodríguez’Torres proveyó al Sr. Feliciano Bayron asistencia legal durante la etapa de determinación de causa probable, logrando que se dejara sin fianza por tratarse de un delito menos grave. Poste-riormente, el 31 de mayo de 1973, fue llamado dicho caso en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, sesión de la mañana y el Ledo. Rodríguez Torres solicitó que la vista fuera transfe-rida para horas de la tarde. Debido a que dicho abogado tuvo que partir para Estados Unidos, el Ledo. Juan E. Loyola López — abogado de Asistencia Legal — fue encomendado por el Ledo. Rodríguez Torres para que representara al acusado en la vista. .Ventilado el caso y convicto el acusado, el Ledo. Loyola López presentó y suscribió documento denominado Es-crito de Apelación, en el cual figuraba en maquinilla, como abogado del apelante, el nombre del Ledo. Rodríguez Torres. La apelación fue desestimada por abandono por este Tribunal el 15 de febrero de 1974 a solicitud de la Oficina del Procura-dor, la cual comunicó dicha solicitud al Ledo. Rodríguez Torres. Este no realizó ninguna gestión en dicho caso alegando no era abogado del mismo.

El 15 de noviembre de 1973 ocurrió un incidente en el cual el Sr. Carlos A. Justiniano Bayron resultó herido de bala y como consecuencia fue acusado criminalmente el Sr. Juan Tellería García, quien el 29 de noviembre de 1973 fue deman-dado en daños por el perjudicado y su esposa la Sra. Marínela Rodríguez de Justiniano.

El Ledo. Rodríguez Torres representó en la etapa inicial al Sr. Tellería García en ambos casos, habiéndose pactado la suma de $1,000.00 en honorarios, de los cuales cobró única-mente $100.00. Oportunamente renunció a dicha represen-tación.

II — Queja del Sr. Julio Dávila Feliciano:—

Desde julio de 1974 el Ledo. Julio I. Rodríguez Torres representó como abogado defensor al Sr. Julio Dávila Feli-ciano en los casos criminales números M-74-1079 y G-74-865, Homicidio Voluntario e Infracción al Art. 6 y al Art. 8 de la Ley de Armas respectivamente. La denuncia original por el delito de Asesinato en Primer Grado, en la vista preliminar, fue reducida a Homicidio Voluntario.

Celebrado el juicio y dictada sentencia condenatoria, el Sr. Dávila Feliciano encomendó al Ledo. Rodríguez Torres la representación de la apelación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A tal efecto, dicho abogado radicó Escrito de Apelación el 23 de abril de 1975, Moción de Fijación de Fianza en Apelación el 5 de mayo de 1975 y en junio de 1975 Moción de Reconsideración de Sentencia a los fines de que se redujera la pena; esta última fue denegada por falta de jurisdicción.

El 6 de agosto de 1975, el Sr. Dávila Feliciano, bajo la impresión de que el Ledo. Rodríguez Torres no había hecho gestiones con referencia a su apelación le pidió la renuncia, comunicándose con el Ledo. Alfonso Gómez para que éste inter-viniera en la misma. A tal efecto, el Ledo. Rodríguez Torres radicó moción sobre renuncia de representación profesional el 10 de noviembre de 1975 comunicándolo al Sr. Dávila Feli-ciano, la cual fue declarada sin lugar por la División de Ape-laciones del Tribunal Superior.

La Procuradora General radicó Moción de Desestimación a esta apelación el 28 de agosto de 1975, ya que al cabo de cuatro (4) meses de haberse interpuesto, no se había gestionado la transcripción de evidencia. Inmediatamente el Ledo. Rodrí-guez Torres solicitó dicho remedio, el cual fue declarado con lugar, pero luego dejado sin efecto por no haberse cumplido con la Regla 15 de nuestro Reglamento. El Ledo. Julio I. Rodríguez Torres radicó Moción Informativa al respecto opo-niéndose a la desestimación, alegando como fundamento para la demora habida, sus ocupaciones en sus labores como legisla-dor. La División de Apelaciones, aun cuando se negó a desesti-mar la apelación, se pronunció en el sentido de que el exceso de trabajo no justifica el abandono de un caso según lo estipu-lado en el Canon 18 del Código^ de Ética Profesional.

Posteriormente, el 14 de enero de 1976, el Sr. Julio Dávila Feliciano radicó por derecho propio una Petición desistiendo de la apelación interpuesta y alegando que el Ledo. Julio I. Rodríguez había abandonado el caso en apelación.

El Ledo. Rodríguez Torres cobró tres mil dólares ($3,000) en este caso que fueron satisfechos en distintos plazos.

III — Queja del Ledo. Rafael Vicente Capó Zayas:—

Con motivo de un incidente ocurrido en un club de San Juan, el 27 de abril de 1975 se formularon denuncias y se determinó la existencia de causa probable contra el Sr. Dioni-sio Trigo por cuatro cargos criminales consistentes de tres violaciones a la Ley de Armas (Arts. 6, 8 y 32, 25 L.P.R.A. sees. 416, 418 y 442 respectivamente) y una violación al Art. 94 del Código Penal vigente.

La vista preliminar en el caso por violación al Art. 8 de la Ley de Armas ante la Hon. Blanca Iris Bonilla, Juez de Dis-trito, comenzó el 14 de mayo de 1975, compareciendo el acu-sado representado por los licenciados David Carrión y Roberto B. Súarez, actuando como fiscal el Ledo. Domingo Carrasquillo Díaz. El Ledo. Rafael Vicente Capó Zayas, como perjudicado y como único testigo de los hechos prestó testimonio directo. Señalada la continuación para el día 29 de mayo de 1975, compareció el acusado representado por abogados distintos, los licenciados José E. de la Cruz, Santos P. Amadeo y José En-rique Amadeo, por cuya razón y en vista de que los abogados que originalmente habían comparecido, licenciados Carrión y Súarez, no habían renunciado ni expresado consentimiento de que se permitiera unir a otros abogados, el caso fue suspendido para el día 11 de junio de 1975. Ya para esta fecha, los abo-gados Carrión y Súarez habían renunciado al caso y se había acreditado la representación de los mismos abogados. En esta fecha comparece entonces también como abogado del acusado, el Ledo. Rodríguez Torres quien antes de comenzar la conti-nuación de la vista se dirigió y habló extensamente con el tes-tigo de cargo a quien iba a contrainterrogar, Ledo. Capó Zayas, tratándolo de persuadir de que desistiera de los cargos.

El Ledo. Capó Zayas estimó que se sintió presionado e incómodo por los términos de la conversación habida cuenta de la insistencia del Ledo. Rodríguez Torres y su condición de Senador y Presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado.

El Ledo. Rodríguez Torres formuló y llevó a cabo el con-trainterrogatorio del Ledo. Capó Zayas; la vista total prosi-guió el 16 de junio de 1975, fecha en que se determinó que no existía causa probable por el delito imputado. El día 17 de septiembre de 1975, el Ledo. Capó Zayas sometió una declara-ción jurada a la Oficina de la Procuradora General quejándose de las actuaciones del Ledo. Rodríguez Torres.

Ante el trasfondo de hechos expuesto, concluimos que pro-cede el archivo de la queja relacionada con la tramitación de los casos en apelación del Sr. Julio Dávila Feliciano, ya que la evidencia demuestra que el Ledo. Rodríguez Torres, con excepción de la tardanza en solicitar la transcripción de evi-dencia, cumplió sus compromisos profesionales. La impresión en contrario del quejoso Dávila Feliciano no tiene fundamento.

Sin embargo, en torno a las quejas del Sr. Carlos Justiniano Bayrón, consideramos probado que el Ledo. Rodrí-guez Torres no desplegó oportunamente las diligencias de rigor pertinentes para acreditar durante el trámite apelativo y ante el acusado su determinación de que no era abogado en récord. Hay constancia en el expediente de que realizó gestio-nes en favor del acusado y pidió la transferencia de la vista, encomendando, por circunstancias del momento, su tramita-ción al Ledo. Loyola López. Tales factores apuntan hacia la conclusión de que ostentaba la representación profesional del Sr. Justiniano Bayrón y denota una postulación descuidada y desorganizada. Su falta de comunicación y su posterior inter-vención representando al Sr. Tellería García en una época en que nominalmente todavía era abogado de Justiniano Bayrón, constituye una conducta profesional reprobable re-ñida con las normas consagradas en los Cánones 20 y 21 del Código de Ética Profesional vigente.

El ejercicio de la práctica de la profesión de abogado requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. En la consecución de estos logros deben adoptarse las medidas conducentes a dejar constancia — libre de ambigüedades y dudas y con la autorización de los tribunales correspondientes — de su verdadero status como defensor en las causas en que ha intervenido. La omisión del Ledo. Rodríguez Torres de cumplir con esta norma básica motivó indirectamente que la apelación del Sr. Justiniano Bayrón fuera desestimada por abandono y de que figurara, en un período dado, como nuevo abogado de dos partes contrarias en unos casos, que aunque separados y no relacionados respecto a la naturaleza de las causas de acción envueltas, convergían hacia unas mismas partes. In re González, 92 D.P.R. 544 (1965); In re Padilla, 87 D.P.R. 236 (1963).

Igualmente constituye conducta que conlleva nuestra más enérgica censura su intervención con el testigo de cargo Ledo. Capó Zayas en una causa criminal, habida cuenta que fue unido como abogado de la defensa para conducir el contra-interrogatorio, de dicho testigo, quien ya había prestado testi-monio directo y que el delito imputado no era uno de los que se podía transigir. Regla 246 de Procedimiento Criminal.

Finalmente, no podemos sustraernos a la realidad de que el Ledo. Rodríguez Torres, en su dualidad de abogado y Presi-dente del Comité de Nombramientos del Senado, ha interve-nido en innumerables casos civiles y criminales ante los tribu-nales de primera instancia. Tampoco podemos perder de vista que subsiste la errónea creencia de que el abogado que ocupa una posición especial de poder en el proceso legislativo de pasar juicio sobre los nombramientos judiciales puede im-poner sus criterios a los jueces.

Los documentos ante nuestra consideración no contienen hechos de los que podamos inferir libres de error, que el querellado utilizara e hiciera sentir su posición como Presi-dente de la Comisión de Nombramientos en la intocable fun-ción de emitir un fallo justo.

No obstante, la justicia debe ser inmaculada no sólo en su realidad interior sino también en su apariencia externa. Dicho principio está encarnado en diferentes disposiciones del Código de Ética Profesional. La prohibición establecida en el Canon 11 respecto a las influencias o presiones indebidas hacia jueces debe interpretarse a la luz de lo anterior como que prohíbe también cualquier actuación que diese lugar a una apariencia de indebidas influencias. En nuestro sistema de gobierno, “donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público [y] donde el orden público está subordinado a los derechos del hombre”, la confianza del pueblo en su sistema de justicia es de vital importancia para el mantenimiento de la armonía social y esto le impone a cada abogado, en cada instante de su gestión profesional, la más cuidadosa auto-disci-plina de forma que evite siempre aun la más leve apariencia de actuaciones indebidas.

En virtud de nuestra facultad constitucional e inherente de reglamentar la profesión de abogado, y en el ejercicio de nuestra indelegable obligación de irle dando contenido concreto a los principios enunciados en el Código de Ética Profesional, resolvemos que existe una insalvable incompatibilidad en el ejercicio de la abogacía ante los tribunales de primera instancia — directamente o mediante asociados o delegados — y el pertenecer a una Comisión del Senado que tenga a su cargo la consideración de nombramientos de jueces o fiscales mientras dure la incumbencia del abogado-legislador en dicha comisión.

Se dictará sentencia de conformidad con lo expresado en la anterior opinión, archivando la queja del señor Julio Dávila Feliciano contra el Ledo. Julio Irving Rodríguez Torres y cen-surando a dicho abogado por su conducta relacionada con los casos del señor Carlos A. Justiniano Bayrón y su intervención con él Ledo. Rafael Vicente Capó Zayas, apercibiéndosele de mantener en el futuro su conducta profesional dentro de los términos y límites del Código de Ética Profesional vigente y su interpretación por este Tribunal.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado, Señor Martín, no intervinieron.

         Mediante Resolución anterior archivamos el asunto referente a su participación en los casos criminales relacionados con el incendio ocurrido en la Delta International Corporation.

      E1 Ledo. Capó Zayas, entre otras cosas, declaró:
      . . el Senador Rodríguez estuvo insistiendo por razón de 45 minutos, específicamente. (Noté que cuando el Senador me abordó eran la 1:50 P.M. y al terminar de presionarme eran como las 2:85 P.M.) Entre las expre-siones que utilizó hago mención específica de las siguientes: ‘tú deberías pensar esto bien, porque te puedes perjudicar en tu futuro. Tú eres un muchacho joven con un gran futuro que no se debe afectar.’ ”
      El Ledo. Rodríguez Torres expresa que se extendió “. . . algunos 15 ó 20 minutos” y que la conversación giró sobre “. . . las virtudes del Sr. Trigo . . . con relación a la vista que iba a comenzar . . . que lamentaba ese inci-dente entre el compañero abogado, que hasta entonces no conocía . . . .”

        In fine dispone: “Sumo cuidado debe tener el abogado que ocupa un cargo público o político en abstenerse de tratar de ejercer influencia o presión indebida en la tramitación de cualquier asunto sometido a la consi-deración judicial.”


author: per curiam :

text:
      In re José M. Biaggi Junquera, querellado; In re José Raúl Cancio Bigas, querellado; In re José Andrés Cuevas, querellado.

      Números: O-76-88
    O-76-89
    O-76-98

      Resueltos: 22 de abril de 1976

      Héctor B. Orlandi Gómez, Subprocurador General, Adolfo J. Vila y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxi-liares, abogados de la Procuradora General; Saldaña, López-Baralt & Rey, José Raúl Cancio Vilella, Hiram R. Cancio, Hiram Méléndez Rivera, abogados del querellado José Raúl Cancio Bigas; Ramírez, Segal & Latimer, abogados del quere-llado José M. Biaggi Junquera; López-Lay & Vizcaya, abo-gados del querellado José Andrés Cuevas.
   per curiam :

Contra estos tres querellados se han presen-tado cargos de conducta profesional impropia por haber auto-rizado escrituras tituladas como Primera Hipoteca cuando existían gravámenes anteriores y por no informar a los otor-gantes que los inmuebles que ellos adquirían no habían sido liberados de las referidas cargas (Cánones 35, 38, y Preám-bulo del Código de Ética). Se formuló un cargo adicional a Biaggi Junquera por haber permitido que una corporación cliente cobrara por servicios legales o notariales del bufete Blanco Lugo, Morán y Lavastida, del que Biaggi era socio y Cancio y Cuevas empleados, y en el cual se atendían los asun-tos de consulto-ría, litigios y documentación de First Conventional Investment Corporation. Los aquí querellados han com-parecido admitiendo y explicando su conducta profesional. Biaggi intervino en el otorgamiento de una sola transacción referente a un solar de “Moca Gardens”, formalizada me-diante la escritura Núm. 1 de segregación y compraventa, y la Núm. 2 de hipoteca a favor de First Conventional. Cuevas autorizó una de compraventa y varias de hipoteca de Coamo Gardens Development Corp., y Cancio Bigas autorizó escritu-ras de segregación, compraventa e hipoteca de Coamo Gardens y Ponce de León Gardens, todas las que tenían por objeto casas o unidades de vivienda financiadas por First Conventional.

.En todos los casos la intervención de estos querellados como notarios fue accidental, dictada por imposibilidad del abogado que en el bufete tenía esa labor asignada. Cuevas estaba a cargo del trabajo notarial de Trust Mortgage Corp., otro cliente del bufete y tenía un año de ejercicio en la profe-sión; Cancio Bigas, también recién graduado, tenía un año de práctica y estaba asignado a litigios sin relación directa al-guna con First Conventional. Biaggi Junquera tenía cinco años de experiencia en la profesión y no tuvo más ingerencia en este asunto que un solo acto de compraventa e hipoteca. Ninguno acusa proceder corrupto, inmoral o- negligente. Real-mente siguieron el sistema y orden interno del bufete en que trabajaban dependiendo, para la información sobre cargas y gravámenes pendientes, de los compañeros de bufete y de la corrección y veracidad de los datos consignados en los docu-mentos preparados de antemano, en cuya redacción no inter-vinieron; como tampoco estaban familiarizados con las opera-ciones financieras de First Conventional. Este cuadro de ejer-cicio un tanto casual y dislocado del notariado cuando la actuación del notario se diluye en la anonimía de una organi-zación o régimen polimorfo ha sido desaprobado en In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976). La excesiva confianza agravada por falta de experiencia en Cuevas y Cancio Bigas los convirtió en víctimas de este proceso a que han sido someti-dos. Nuestras expresiones en Mélendez Pérez, supra, habrán de fortalecer su concepto de la alta responsabilidad del notario para con la sociedad, y siguiendo el precedente este Tribunal advierte a los querellados de la exigencia irreducible de asu-mir esa responsabilidad a plenitud. Exonerados.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Aso-ciados Señores Rigau y Dávila se inhibieron. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió en el caso 0-76-89.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
      In re Ernesto Meléndez Pérez, querellado.

      Número: O-76-91

      Resuelto: 22 de abril de 1976

      Héctor R. Orlandi Gómez, Subprocurador General, Adolfo J. Vila y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxi-liares, abogados de la Procuradora General de Puerto Rico, Luis R. Polo y Francisco Ponsa Feliu, abogados del querellado.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Procurador General de Puerto Rico ha presentado que-rella contra el abogado notario Ernesto Meléndez Pérez im-putándole violación de los Cánones 35, 38 y 33 del Código de Ética Profesional en tres cargos por (a) autorizar escritu-ras intituladas de primera hipoteca, rango que no tenían, por existir gravámenes preferentes y anteriores que afectaban el inmueble hipotecado; (b) no informar a los otorgantes la sub-sistencia de dichos gravámenes previos, aun después de otor-gadas las escrituras; y (c) permitir que corporaciones o en-tidades clientes del bufete para el cual trabajaba, cobraran en todo o en parte por los servicios notariales del querellado.

Hemos examinado el informe de investigación del Procu-rador, la querella y la contestación suplementada por declara-ción jurada del querellado que en esencia admite y aclara los hechos que conciernen a su conducta profesional. Del expe-diente en su integridad surge con claridad indubitada que el querellado Lie. Meléndez Pérez era abogado-notario socio del bufete Blanco Lugo, Morán y Lavastida a cargo de consultoría y documentación del Banco de Economías, del Banco Crédito y Ahorro Ponceño, y del Fondo de Retiro de la Universidad de Puerto Rico; que nada conocía de los asuntos de First Conventional Investment Corp., cliente del bufete; que el 5 de abril de 1973, día en que el abogado que tenía a su cargo la autorización de ocho escrituras relacionadas con dicha corpo-ración no pudo trasladarse a Coamo, a su ruego y en su lugar lo hizo el querellado y tomó las firmas en la forma impresa de pagaré y escritura de hipoteca, sólo después de haberse otor-gado las correspondientes escrituras de segregación, libera-ción y compraventa ante otro notario del mismo bufete relacionado con la vendedora Coamo Gardens Development Corporation. El querellado dependió de la corrección de lo expresado en los documentos pre-redactados y en la confianza que le merecían tanto el Lie. Caparros, compañero de bufete, a quien sustituyó, como el Lie. Castro, notario a cargo de la documentación de Coamo Gardens, por estimar que conocían los particulares de finanzas de First Conventional relevantes a los documentos de hipoteca cuya autorización se le enco-mendó.

En las escrituras de hipoteca autorizadas por el querellado los compradores de casas garantizaban el balance del precio a favor de First Conventional por lo que era a ésta a quien in-teresaba que la hipoteca tuviera rango de “primera” como se titulaba el documento. El querellado no intervino en las escri-turas de segregación, liberación y compraventa en las que cada comprador quedaba afectado por un gravamen hipotecario que no debían ellos asumir, y del que las viviendas se suponían liberadas. Queda en pie el hecho de que el título de “Primera Hipoteca” de algún modo ratificaba en el comprador la convic-ción de que su casa no tendría más carga por haberse liberado cualquiera anterior. Esta es conclusión a la que puede arri-barse con facilidad conocido el desarrollo de los hechos, pero que exigía investigación acuciosa del estado de título de First Conventional al menos con los propios compañeros de bufete que tenían a su cargo este cliente. El querellado, en la relativa festinación e improvisación de su viaje a Coamo optó por des-cansar en la corrección de los documentos que se le entregaron.

Siendo de tal modo efímera y casual la intervención del querellado al autorizar dichas hipotecas no tenía conocimiento que desvirtuara su presunción de corrección en estos procedimientos y que le permitiera informar a los compradores de casas la subsistencia del gravamen anterior. Por igual fundamento de su ingerencia accidental, como substituto del miembro de la firma que manejaba la documentación de First Conventional, no intervino en la facturación por servicios profesionales a dicha corporación ni permitió que ésta retuviera para sí parte de sus honorarios notariales.

Cuando en 1906 la Asamblea Legislativa derogó la Ley del Notariado declarando que “solo podrán en lo sucesivo ejercer dicha profesión [notarial], los abogados que hayan sido admitidos a practicar como tales ante las Cortes de Justicia por la Corte Suprema” (Ley de 8 de marzo de 1906, Leyes de ese año, pág. 141), se propuso fortalecer los recursos intelectuales del notariado y enriquecer su función social, poniendo a disposición de la sociedad un notario que es además un técnico conocedor del Derecho. Por tradición, y en nuestra patria además por expresión legislativa, el notario no es simple observador del negocio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la identidad de partes y autenticidad de las firmas. Su función, que no es privada, sino pública, trasciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se concreta. ¿Cómo guardar silencio ante una situación lesiva para cualquiera de los otorgantes, si su entrenamiento legal le hace testigo de la irregularidad? ¿Para qué otra cosa sirve su profesión de abogado por ley puesta a disposición de las partes en su despacho notarial? En su deber de ilustrar, y dar consejo legal a las partes contratantes, no hay guarda-rraya que separe al notario del abogado. El notario que impa-sible ve consumarse en su presencia un pacto cuyas consecuen-cias legales ignora alguna de las partes o que pudiendo ha-cerlo, por ser abogado, rehúsa explicar a los menos informados del significado y proyecciones de cláusulas para ellos poco menos que ininteligibles; el notario que limita su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes, está con su desidia derrotando los fines y propó-sitos que le hicieron depositario de inapreciable confianza pública. En la práctica notarial con rareza se dan las circuns-tancias de urgencia e imprevisión que a veces frustran la abogacía por lo que son contadas las ocasiones en que un notario pueda acogerse al palio de olvido, inadvertencia o negligencia excusable. El consejo del abogado notario debe guiar la redacción del documento público y dar luz en el acto final de otorgamiento.

La función del notario trasciende el acto externo de legalización de unas firmas. Presupone la creación de un nivel de entendimiento y comunicación entre el fedante y los otorgantes que le permite a éstos formar una racional conciencia del acto en que concurren. La fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad. El notario, principal instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de conciencia infor-mada supliendo las explicaciones, aclaraciones y advertencias en todo caso en que hagan falta para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al acto notarial. Ha de dar fe y autenticidad “conforme a las leyes”; imperativo declarado en la See. Ia de la Ley Notarial de 1906 y ratificado en la actual de 1956. (4 L.P.R.A. secs. 1001 et seq.) La sociedad debe tener en todo notario una garantía de certeza y de lim-pieza en los actos y contratos cuya autenticación le en-comienda, condiciones que sólo pueden lograrse a la luz del entendimiento. Cuando por Ley de 8 de marzo de 1906 se instauró la práctica del notariado exclusivamente por aboga-dos admitidos al ejercicio de la profesión se elevó la calidad de la fe pública en Puerto Rico, y simultáneamente se exigió de los notarios una mayor aportación técnica, una mejor ilustra-ción y consejo que realzara la percepción por los contratantes de los particulares y consecuencias de su aceptación del docu-mento sometido para su firma. El notario que falla a la sociedad y a los que ante él comparecen en este fundamental aspecto de aclaración e ilustración será el coautor de un con-sentimiento enfermo e ineficaz en derecho y habrá traicionado la fe- de la que es principal guardador. El cumplimiento de los deberes del notario no tendrá dispensa por estar sumergida su actuación en el régimen o sistema de ejercicio del notariado por un bufete pluralizado. La responsabilidad del notario es personal e indivisible.

Si bien la actuación del notario querellado no satisface las normas de excelencia expuestas en esta opinión, su falta está atemperada por factores limitativos de su autonomía en su condición de notario accidental por delegación que no inter-vino en la redacción de los documentos ni conocía la inventiva financiera de First Conventional Investment Corporation y en parte por no haber él tenido el beneficio del abarcador pro-nunciamiento judicial sobre la práctica del notariado que hoy hacemos. No hay contra el querellado imputación de colusión o proceder corrupto. Se cumple y satisface el rigor disciplina-rio cuyo ejercicio la ley reserva a este Tribunal calificando como descuidada la conducta del querellado. Para un abogado de buena reputación como el querellado envuelto con limitado poder de decisión en este infortunado caso, los principios éticos que gobiernan su vida insuflan una intensidad alecciona-dora a esta amonestación que hace innecesaria otra sanción. El hombre de bien siempre encontrará fuerza y voluntad para superar sus errores. Exonerado.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Aso-ciados Señores Rigau y Dávila se inhibieron. El Juez Aso-ciado Señor Dávila, aun cuando inhibido, concurre plenamente en la exposición doctrinaria de la opinión.

      Partes pertinentes de los Cánones citados:
      “Canon 35.
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos ... al redactar añdávits u otros documentos.”
      “Canon 38.
      “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo con-lleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.”
      “Canon 33.
      “Tanto en su propia oficina como fuera de ésta el abogado tiene la obligación de evitar la práctica ilegal de la abogacía o la notaría por personas no autorizadas para ello. Será impropio de un abogado el permitir o facilitar a una persona o entidad que no esté autorizada a ejercer 'la abogacía o el notariado que cobre total o parcialmente por los servicios profesionales o notariales prestados por el abogado.”

       Posteriormente resultó que las casas vendidas quedaron afectas a hipoteca por $4,416,720 porque First Conventional no las había liberado.

       Citando a González Palomino, este Tribunal ha dicho que el notario-jurista aplica, el derecho exactamente igual que el Juez, con la única dife-rencia de que éste lo hace en el pleito, y aquél en la normalidad. Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215, 225 (1963).

      Se dispuso en aquella temprana expresión legislativa que “el Notario es el único funcionario autorizado para dar autenticidad, conforme a las leyes, a los contratos y demás actos extrajudiciales que ante su pre-sencia se realicen.” See. 1, Ley citada. Este texto ha sido literalmente incorporado a la See. Ia de la vigente Ley Notarial que es la Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. sec. 1001), añadiendo que el notario dará fe, además de autenticidad.
      “Los Escribanos públicos pongan en las Cartas que ficieren, el año, y día, e la hora en que las ficieren, e su señal: e faganlas derechas en todas las otras cosas, así como mandan las leyes: e si de otra guisa las ficieren, no valan.” Fuero Real, Ley 3a, Fernández Casado, Notaría, Tomo 2o, Ed. 1895, pág. 14.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Luis G. Maldonado, peticionario y recurrente, v. José Pichardo, Departamento de Asuntos del Consumidor, demandados y recurridos.

      Número: O-76-112

      Resuelto: 27 de abril de 1976

      Danny López Soto, abogado del peticionario; los recurridos no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El presente es un buen ejemplo de un recurso frívolo. Se origina en una decisión administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor que el aquí peticionario ha preten-dido revisar judicialmente. Al así hacerlo, tanto ante el tribunal de instancia como ante nos, ha demostrado una crasa ignorancia de los preceptos de ley procesal aplicables y una inexcusable falta de diligencia.

Podríamos denegar el auto de certiorari solicitado por el peticionario con un simple “No ha lugar.” Nos parece, sin embargo, que la profesión debe estar alertada a que la interposición de recursos frívolos ante nos habrá de ameritar severas sanciones. Los abogados, como funcionarios que son de los tribunales de justicia, no deben sobrecargar el trabajo de éstos con planteamientos y recursos frívolos que les sustraen del tiempo y la energía que deben a los asuntos realmente meritorios, ni someter a las partes contrarias a incurrir en costos y esfuerzos inútiles e indebidos.

El 2 de abril de 1974 el Departamento de Asuntos del Con-sumidor fijó alquiler máximo a una propiedad del peticionario. La reconsideración de su decisión fue denegada el 27 de noviem-bre de 1974. El abogado que para esa fecha representaba al peticionario instó recurso de revisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Lo hizo enviando la petición por co-rreo, sin acompañarla del pago de derechos arancelarios ni del sello forense exigidos por ley. Por este motivo la Secretaría del Tribunal le devolvió la petición. Fue presentada nueva-mente, esta vez con los sellos correspondientes adheridos, pero ya transcurrido el plazo fatal de quince (15) días que señala la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Con-sumidor, 3 L.P.R.A. sees. 341 a 341v. Tampoco notificó al Se-cretario de dicho Departamento, en violación de la citada Ley.

El 12 de mayo de 1975 el Tribunal Superior desestimó el recurso por carecer de jurisdicción para considerarlo. Notificado de ello el peticionario, nada hizo hasta el 17 de octubre de 1975 — más de cinco meses después — en que, por mediación del abogado que ahora le representa, invocó la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y bajo la alegación de “negligencia excusable” de parte de su primer abogado, soli-citó que se dejara sin efecto la sentencia desestimatoria. Celebrada una vista, el tribunal dictó resolución el 18 de noviembre de 1975, notificada al peticionario el 10 de febre-ro de 1976, en que se reafirmó en su decisión de 12 de mayo de 1975 por carecer de jurisdicción para entender en el re-curso. Es contra esta resolución que el peticionario compa-rece ante nos en solicitud de auto de certiorari.

Por disposición expresa de ley — 32 L.P.R.A. see. 1481 —son nulos y sin valor todos los documentos o escritos presentados ante los tribunales en que se omita fijar el sello o sellos de rentas internas dispuestos para el pago de derechos arancelarios. Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según ha sido enmendada; 32 L.P.R.A. sees. 1476 a 1482. Desde el año 1919 — Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89 — y reiteradamente desde entonces hemos sostenido, a base de dicha disposición, que la omisión de unir a un escrito los correspondientes sellos de rentas internas lo hace nulo e ineficaz. González v. Jiménez, 70 D.P.R. 165 (1949); Vázquez v. Rivera, 69 D.P.R, 947, 951 (1949); Piñas v. Corte Municipal, 61 D.P.R. 181, 184 (1942). Un escrito que deba presentarse dentro de determinado plazo y que por ley deba acompañarse de determi-nados sellos de rentas internas se tiene por no presentado y no interrumpe dicho plazo si se omite incluir los sellos.

El peticionario alega ante nos que el tribunal recurrido, en el uso de su discreción, debió reabrir el caso bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Parece ignorar que un tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde por ley no la tiene.

Invoca la Regla 67.2 de Procedimiento Civil para afirmar que “el recurso de revisión quedó perfeccionada su radicación [sie] al ser depositado en el correo.” Y señala que bajo la Regla 68.2 el tribunal podía prorrogar el plazo para la presentación del recurso. Uno y otro planteamiento están completamente desorbitados. La Regla 67.2 se refiere a notificaciones a las partes y no es aplicable a documentos o alegaciones de las partes enviadas a la secretaría de un tribunal para su radicación. La Capital v. Tugwell, Gobernador, 61 D.P.R. 865 (1943). La fecha de radicación de un escrito es aquella en que se presenta en la secretaría del tribunal y no cuando se pone al correo si ese fuese el caso. Regla 67.5 de Procedimiento Civil. La Regla 68.2 se refiere a la facultad de un tribunal para, por justa causa y bajo las condiciones en ella expresadas, prorrogar o reducir un término. La propia Regla señala sus limitaciones, y ciertamente dicha Regla no puede invocarse para ampliar un término jurisdiccional, como lo es el de quince días para recurrir al Tribunal Superior contra una decisión del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Valga señalar que, aun en el supuesto de que pudiéramos, en el ejercicio de nuestra discreción, considerar los méritos del recurso interpuesto ante el tribunal recurrido, el peticionario no nos ha puesto en condiciones de así hacerlo. No acompaña con su petición ni una sola de las alegaciones que tuvo ante sí el tribunal a quo, por lo que no conocemos en que apoya los fundamentos de su petición para revisar la decisión administrativa. Nuestro Reglamento es claro al respecto. La Regla 21 (g), relativa a la petición de certiorari, dispone:

“(g) Se hará formar parte de la petición un apéndice que contendrá una copia literal de: (1) las alegaciones de las partes; (2) la sentencia, resolución u orden del Tribunal Superior (in-cluyendo las conclusiones de hecho y de derecho en que se funda) cuya revisión se solicita; y (3) cualquier otra resolución u orden, o escrito de cualquiera de las partes, que forme parte del legajo en el Tribunal Superior y en que se discuta expresamente cual-quier asunto que se plantee en la petición de certiorari; y (4) cualquier otro documento que forme parte del récord en el Tribunal Superior, y que pueda ser útil a este Tribunal al tomar su decisión sobre la expedición del auto.”

La Regla 52.2 de Procedimiento Civil dispone:

“Si se determinare que un recurso contra una providencia judicial es claramente frívolo o ha sido interpuesto con el propó-sito de dilatar los procedimientos, el tribunal ante el cual se pre-sente deberá imponer el pago de honorarios de abogado en adi-ción a las costas.”

En vista de lo claramente inmeritorio del recurso ante nos, se impondrá al peticionario el pago de $500 en concepto de honorarios de abogado, que deberá satisfacer a nombre del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, ello sin perjuicio de cualquier acción que el peticionario pueda tomar para resarcirse de cualquier perjuicio que pueda haberle sido ocasionado por negligencia de su representación profe-sional.

La solicitud de certiorari, será declarada sin lugar.

Los Jueces Asociados, Señores Martín y Negrón García no intervinieron.

      E1 Art. 17 de dicha ley, 3 L.P.R.A. sec. 341p, establece el pro-cedimiento para revisar una decisión del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor o del funcionario que éste hubiese designado. Dispone en su párrafo (a), m fine: “La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referida decisión.” Y el párrafo (c) dice: “El recurso de revisión se formalizará présentando úna solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión. Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Secretario dentro de un término de cinco (5) días a partir de su radicación.”

      ; (2) Hasta que compareció el Ledo. Danny López Soto, actual abogado del peticionario, mediante su moción de 17 de octubre de 1975, había venido representándolo el Ledo. René Maldonado Villaronga.

      La Regla 68.2 dispone:
      “Cuando por estas reglas o por una notificación dada en virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier momento y en el ej'ercicio de su discreción, (1) previa moción o notificación o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se solicitare antes de expirar el término originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) a virtud de moción presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a negligencia excusable; pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar baj'o las disposiciones de las Reglas 43.2, 44.4, 47, 48.2, 48.4, 49.2, 53.1, 53.2, 53.3 y 53.5, excepto al extremo y baj’o las condiciones en éstas prescritas.”