author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    The Richards Group of Puerto Rico, Inc., recurrente y peticionaria, v. Junta de Planificación de Puerto Rico, recurrida.

      Número: O-78-83

      Resuelto: 15 de noviembre de 1978

      O’Neill & Borges, Leonardo Andrade Lugo y Raúl E. González Díaz, abogados de la peticionaria; Héctor A. Colón Cruz, Pro-curador General; y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Luego de diversos trámites, la Junta de Planificación aprobó el plano de construcción de la Urbanización Los Domi-nicos en terrenos localizados dentro de la zona circundada por la Carretera Periferal, establecida como límite para el cre-cimiento urbano del Area Metropolitana de San Juan. Esta aprobación fue condicionada al cumplimiento por la peticiona-ria, The Richards Group of Puerto Rico, Inc., de la condi-ción siguiente, entre otras:

“Conforme al Desarrollo Preliminar aprobado se requiere la provisión de obras de urbanización en la Avenida Los Dominicos. Los planos sometidos no incluyen las referidas obras. La Junta en reunión celebrada el 23 de mayo de 1973, acordó requerir faci-lidades equivalentes a una calle principal de 20.60 metros, divi-dida en dos secciones de 10.30 metros. Se proveerán aceras de 1.50 metros, faja de seguridad de 2.50 metros y un rodaje de 6.30 metros. La misma deberá incluir alumbrado público y las correspondientes obras pluviales.
Se DISPONE a los efectos antes indicados que conforme a lo antes requerido deberán someterse a la condición de la Junta, planos de construcción enmendados que muestren las obras y de-talles de la construcción de las calles requeridas.”

La urbanizadora objetó ante la Junta el requerimiento de construcción de una calle principal en los terrenos por los cua-les se proyectaba que transcurriese la Avenida Los Domini-cos. Conforme el Plan de Transportación 1999 para el Área Metropolitana de San Juan, la Avenida Los Dominicos arranca de la Autopista Periferal, atraviesa en dos la urba-nización Los Dominicos, cruza las extensiones proyectadas de las autopistas 65 de Infantería y De Diego y termina en Le-vittown. La Junta resolvió eximir a la peticionaria del refe-rido requisito de construcción, mas únicamente a cambio de que esta transfiriese “en su totalidad, para uso público, la servidumbre de 36.00 metros de ancho a todo lo largo de la propuesta avenida, en el proyecto.” La Junta no celebró vista para dilucidar las repetidas objeciones de la peticionaria.

La peticionaria acudió entonces al Tribunal Superior para revisar la resolución de la Junta. El tribunal sostuvo la deci-sión administrativa. En alzada ante nos la peticionaria plan-tea esencialmente, como lo hizo en primera instancia, que la Junta no tiene autoridad en ley para requerir la transferen-cia gratuita de terrenos como condición para aprobar la loti-ficación de unos terrenos y que, de tenerla, la actuación de la Junta representa una confiscación de la propiedad sin que medie el pago de justa compensación.

1. La autoridad de la Junta de Planificación para requerir las condiciones impugnadas.

La controversia en este caso quedó trabada antes de la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 71 et seq. y de la nueva Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 62 et seq. Debemos en consecuencia examinar el esquema estatutario anterior. 23 L.P.R.A. sec. 63h (b) y (c).

La antigua Ley de Planificación y Presupuesto, Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1 et seq., obedecía a un propósito muy amplio y abarcador :

"Los poderes concedidos en las secs. 1 a 30 y 81 a 86 de este título se ejercerán con el propósito general de guiar el desa-rrollo de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y econó-mico, el cual,- de acuerdo con las actuales y futuras necesidades y los recursos humanos, físicos y económicos, hubiere de fomen-tar en la mejor forma la salud, la seguridad, la moral, el orden, la conveniencia, la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de los actuales y futuros habi-tantes, y aquella eficiencia y economía en el proceso de desarro-llo, en la distribución de población, en el uso de las tierras y en las mejoras públicas que tiendan a crear condiciones favorables a tales fines.” 23 L.P.R.A. see. 3.

Más adelante se dispuso:

“La Junta adoptará, entre otros, los siguientes reglamentos para implementar las recomendaciones del Plano Regulador de Puerto Rico, o de sus partes:
(3) Para regir la lotificación de terrenos en Puerto Rico. Este reglamento podrá incluir en sus disposiciones aquellas que se refieran a las formas de desarrollo propuesto y uso de terrenos adyacentes a base del Plano Regulador de calles, luz, aire y den-sidad de población, agua, avenamiento e instalaciones sanitarias, tamaño y forma de solares; reservas obligatorias de un área mí-nima para dedicar a escuelas, bibliotecas o salones de lectura, centros culturales, parques, usos comerciales, iglesias y cualquier otro uso público o privado necesario al desarrollo de la comuni-dad; ....
Al adoptar disposiciones reglamentarias y considerar subdi-visiones de terreno, la Junta se guiará por la conveniencia de evitar subdivisiones en áreas que no estén listas para tales desa-rrollos debido a la falta de instalaciones tales como calles o ca-rreteras con capacidad adecuada, agua, luz y alcantarillado, a la distancia de otras áreas construidas para evitar desarrollos ais-lados y estimular por el contrario desarrollos compactos, a la importancia agrícola o de excepcional belleza de los terrenos por la susceptibilidad a inundaciones de los terrenos, u otras deficien-cias sociales, económicas y físicas análogas.” 23 L.P.R.A. see. 9 (Supl. 1975).

El Art. 40 del Reglamento de Lotificación aprobado en virtud de las disposiciones citadas, 23 R.&R.P.R. sec. 10-162, proveyó específicamente:

“Artículo 40. Derechos de vía
(a) El derecho de vía de una vía pública se tomará como la distancia más corta entre las líneas que delimitan todo el espacio dedicado a uso público en esa vía pública. El derecho de vía se transferirá o se reservará por el urbanizador según lo exija la Junta y a tal efecto se establecen los siguientes anchos mínimos:
“(2) Para las avenidas, no menos de 33 metros, de los cuales se transferirán 19 metros, esto es, 9.50 metros a cada lado de éstas, correspondientes a una línea de tránsito y una línea de estacionamiento de vehículos a cada lado, además del espacio a ser dedicado a acera y a siembra de árboles, y se reservará la diferencia.”

Conforme el artículo citado del Reglamento de Lotificación la Junta tenía autoridad específica para requerir la transferencia de 19 metros del derecho de vía de la Avenida Los Dominicos y la reserva del espacio restante. No puede decirse que la concesión por reglamento de esta autoridad está reñida con la ancha función que la ley le encomendaba a la Junta de “guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordi-nado, adecuado y económico”, así como de “fomentar en la mejor forma ... el bienestar general de los actuales y futuros habitantes, y aquella eficiencia y economía en el proceso de desarrollo ... en el uso de las tierras y en las mejoras públi-cas que tiendan a crear condiciones favorables a tales fines.” 28 L.P.R.A. see. 3. Este lenguaje le concede también a la Junta un margen de discreción suficiente para exigir la cons-trucción de mejoras en casos adecuados. El Art. 20A de la vieja ley, 23 L.P.R.A. sec. 21, requería la trasmisión por el Gobernador a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, modificación o rechazo, de los reglamentos adoptados por la Junta. Ni el Art. 40 del Reglamento de Lotificación ni las dis-posiciones de que deriva su autoridad han sido enmendados por la Asamblea Legislativa en parte pertinente. En Seashore Realty, Etc., Co. v. Junta de Planificación, 75 D.P.R. 142, 151-152, 156 (1953), este Tribunal aceptó la validez del Art. 40 del referido Reglamento y halló apoyo en el citado Art. 3 de la ley para sostener los requisitos impuestos por la Junta para que un urbanizador construyese gratuitamente sobre su propiedad privada aceras de 1.50 m. de ancho a una distancia de 3 m. del borde de una vía pública, que construyese también el encintado de dicha carretera y que en el espacio entre el encintado y el borde exterior de la acera proveyese una faja para arboleda de 2 m. de ancho.

El Art. 5(1) de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, 23 L.P.R.A. sec. 71d(Z), arroja luz adicional sobre el problema que nos ocupa. Se faculta en él a la Administración a:

“(l) Requerir y aceptar regalías, donaciones o aportaciones de dinero o de otra naturaleza, para que se provean facilidades u otras obras, para el desarrollo y uso más adecuado de los terrenos y autorizará el traspaso de las mismas al organismo gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concernido con dichas facilidades u obras.”

Del historial legislativo de esta medida y su compañera, la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, no se desprende intención alguna de conferir mediante el lenguaje transcrito ningún poder que no poseyese la Junta. Revela este historial, por el contrario, que “El objetivo básico de ARPE (la Ad-ministración de Reglamentos y Permisos) será ocuparse de las funciones operacionales que al presente desempeña la Junta de Planificación y velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de planificación, permitiendo a la Junta de Planificación dedicar todos sus esfuerzos y recursos a la función integral de integrar y coordinar la formulación e implementation de las políticas y estrategias de desarrollo fí-sico, económico y social de Puerto Rico.” Se señala expre-samente en el historial que ARPE aplicará los reglamentos hasta entonces adoptados o que aprobase luego la Junta. En lo que concierne a la Junta, se indica que la intención fue asignarle las facultades que le reconocía la antigua legisla-ción “en la fase normativa y de política pública.” “Las fun-ciones actuales que descarga la Junta en torno a la aplicación de los reglamentos en casos individuales y la concesión de per-misos de construcción”, se apuntó, “se asignan a la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos (ARPE), cuya creación se propone a esta misma legislatura mediante el P. del S. 1076.” Lo que las mencionadas leyes de 1975 persiguieron en esencia, según reafirmó el Presidente de la Junta en las vistas públicas celebradas, fue una reforma de índole admi-nistrativa.

Si se compara, por último, nuestro esquema estatutario y reglamentario con el de varias otras jurisdicciones se adver-tirá que bajo disposiciones similares, o en ocasiones aun menos específicas que las nuestras, los tribunales han consi-derado que existe poder en el organismo administrativo para imponer condiciones análogas a las exigidas aquí. Ayres v. City Council of City of Los Angeles, 207 P.2d 1 (Cal. 1949); Jordan v. Village of Menomonee Falls, 137 N.W.2d 442 (Wis. 1965); City of Bellefontaine Neighbors v. J. J. Kelley Realty & Building Co., 460 S.W.2d 298 (Mo. App. 1970); Frank Ansuini, Inc. v. City of Cranston, 264 A.2d 910 (R.I. 1970); Aunt Hack Ridge Estates, Inc. v. Planning Commission, 273 A.2d 880 (Conn. 1970).

Resolvemos, por tanto, que la Junta de Planificación de Puerto Rico estaba facultada bajo la legislación anterior a la actual para imponer las condiciones impugnadas, aunque no para exigir, por impedirlo el Art. 40(a) (2) del Regla-mento de Lotificación, que se transfieran gratuitamente por la urbanizadora más de 19 metros. Esta conclusión nos obliga a considerar entonces el segundo planteamiento formulado: el ataque a la constitucionalidad de la facultad conferida a la Junta para imponer las referidas condiciones.

2. La constitucionalidad del poder concedido a la Junta para imponer los requisitos cuestionados.

Este planteamiento encierra dos problemas. Hay que de-terminar aquí no sólo si el poder concedido a la Junta, según descrito en la sección que antecede, es constitucional sino tam-bién si su ejercicio en este caso es conforme a la ley fundamental del país.

Los asuntos que este litigio entraña suscitan cuestiones básicas sobre la naturaleza del poder de expropiación forzosa, su conexión con el poder de razón de estado (police power) y aun sobre el concepto mismo de la propiedad.

La See. 9 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado provee:

“No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley.”

Esta cláusula superficialmente simple está erizada de interro-gantes. Las que nos conciernen para fines de este pleito son pocas, pero críticas. ¿Qué significa la propiedad privada den-tro de nuestro sistema de gobierno? ¿Qué derechos acarrea y en qué circunstancias? ¿Qué es lo que constituye “tomar” o “perjudicar” la propiedad privada? ¿Cuál es la línea divi-soria entre el poder de expropiación y el de razón de estado? Las contestaciones a estas preguntas deben por fuerza estar atadas a la situación de hechos que cada caso presente.

El concepto “propiedad” no posee un contenido estático. Representa una idea que históricamente se ha distinguido por su extraordinaria fluidez. Sax, Takings and the Police Power, 74 Yale L.J. 36, 61 (1964); Philbrick, Changing Conceptions of Property in Law, 86 U. Pa. L. Rev. 691, 696 (1938). Contrario a lo que comúnmente se supone, la cláusula sobre la expropiación forzosa de la constitución estadounidense no se incluyó en ella como dique contra la redistribución de la riqueza. Los principales pensadores de los siglos diecisiete y dieciocho que proveyeron la matriz ideológica de este documento consideraban que la tarea primordial del gobierno consistía en regular el poder económico para hacerles la vida agradable y placentera a todos los miembros de la sociedad. Siglos antes, en la Edad Media, la noción de la propiedad privada estaba aún más subordinada al logro de la justicia social. Sax, supra, 53-55. Fue mucho más tarde, en el siglo anterior y en el nuestro, que sobrevinieron los tiempos del laissez faire, cuya herencia no se ha disipado enteramente, y en que se concibió la propiedad como un haz de derechos inmutables, prácticamente inmunes al poder del Estado. Desde hace varias décadas esta visión absolutista y petrificada de la propiedad ha venido cediendo. Reich, The New Property, 73 Yale L.J. 738 (1964). Hoy podemos decir que la propiedad en las sociedades democráticas tradicionales entraña determinados derechos, pero que estos viven en competencia continua con otros intereses, privados y públicos, de importancia cambiante y en ocasiones creciente. La extensión de esos derechos y el grado a que tienen que ceder ante otros valores dependen de las circunstancias de cada controversia.

En la situación que nos ocupa resulta claro en nuestra jurisdicción que el derecho de propiedad no abarca el derecho de urbanizar un predio sin autorización gubernamental, la cual puede condicionarse. Segarra v. Junta de Planificación, 71 D.P.R. 150 (1950); Waymouth Corp. v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 619 (1958); Heftler International, Inc. v. Junta de Planificación, 99 D.P.R. 467 (1970); Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488 (1970); Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884 (1975). Esta doctrina altera la visión tradicional vigente hasta hace relativamente corto tiempo en muchas jurisdicciones sobre la facultad casi inviolable de desarrollar terrenos. Cunningham & Kremer, Vested Rights, Estoppel, and the Land Development Process, 29 Hastings L.J. 625, 639 (1978); F. Bosselman, D. Callies & J. Banta, The Taking Issue: A Study of the Constitutional Limits, Council on Environmental Quality, 1973, pág. 323. Queda por resolver lo más difícil: la natura-leza de los requisitos que pueden imponerse como condición para urbanizar un terreno. ¿Cuándo es que un requisito re-presenta el ejercicio legítimo del poder de razón de estado y cuándo es que representa una incautación compensable bajo la cláusula de expropiación forzosa?

Impera sobre este particular total confusión en la juris-prudencia y la doctrina. Si en algo existe casi unanimidad de opinión es en que el criterio determinante de la demarcación entre el poder de expropiación forzosa y el de razón de estado no ha sido descubierto todavía. Michelman, Property, Utility, and Fairness: Comments on the Ethical Foundations of “Just Compensation” Law, 80 Harv. L. Rev. 1165, 1167-1169 (1967); Sax, Takings and the Police Poiver, 74 Yale L.J. 36, 37 (1964); Dunham, Griggs v. Allegheny County in Perspective: Thirty Years of Supreme Court Expropiation Law, 1962 Sup. Ct. Rev. 63; B. A. Ackerman, Private Property and the Constitution, New Haven, Yale University Press, 1977, pág. 168; Van Alstyne, Taking or Damaging by Police Power: The Search for Inverse Condemnation Criteria, 44 So. Cal. L. Rev. 1, 2 (1971); Johnson, A Discussion of Land Regulation without Compensation, en B. H. Siegan, ed., Planning Without Prices—The Taking Clause as It Relates to Land Regulation Without Compensation, Lexington, Mass., 1977, pág. 71

La ausencia de un criterio determinante reconocido ge-neralmente no se debe a escasez de teorías sobre su supuesta identidad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desa-rrollado básicamente dos, ambas fundadas en antiguos con-ceptos sobre la propiedad; productos de otras realidades eco-nómicas. El padre de la primera fue el primer Juez Harlan. Bajo su teoría, si el Estado invadía físicamente un bien para invocar un interés propietario, el acto constituía una incauta-ción compensable. Si la intervención del Estado obedecía, en cambio, al propósito de eliminar el uso nocivo de la propiedad afectada se trataba de un uso legítimo del poder de razón de estado y no procedía el pago de compensación alguna. Sax, supra, 39. El segundo enfoque fue expuesto por Holmes en Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393, 413 (1922). Se le conoce como el criterio de la disminución del valor. Difiere del primer criterio en que no postula una diferencia cualitativa entre los dos poderes. El poder de razón de estado puede ejercerse hasta cierto punto. El punto puede variar de caso a caso. Si la acción estatal alcanza tal magnitud que disminuye irrazonablemente el valor de una propiedad, el poder de razón de estado se convierte en el de expropiación forzosa.

Ambos enfoques han sido objeto de crítica severa. Sax, supra, 46-60; Michelman, supra, 1226-34; Dunham, supra, passim. El propio Holmes no aplicó consistentemente su criterio. Erie R.R. Co. v. Public Utility Commissioners, 254 U.S. 394, 410 (1921). En varios casos importantes el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rehusado considerar el argu-mento de que la acción atacada causaría graves pérdidas económicas. Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365, 384 (1926) (pérdida de 75% del valor); Hadacheck v. Sebastian, 239 U.S. 394, 405 (1915) (disminución en valor mon-tante a 87 1/2 %). Dicho tribunal no ha intentado después formular un nuevo criterio. Acostumbra decir que no existen reglas rígidas o una fórmula precisa para distinguir entre el poder de expropiación forzosa y el de razón de estado. United States v. Caltex, Inc., 344 U.S. 149, 156 (1952); Goldblatt v. Town of Hempstead, 369 U.S. 590, 594 (1962) ; Penn Central Transportation Company v. New York City, 438 U.S. 104, 57 L.Ed.2d 631, 648 (1978).

Los comentaristas y otros tribunales, por su parte, han demostrado notable fecundidad en la producción de normas encaminadas a tal fin. Para mencionar unas pocas, por ejem-plo, se han formulado: (1) la teoría del nexo racional entre la necesidad creada por la subdivisión y la condición im-puesta; (2) la teoría que requiere que la exacción sea espe-cífica y únicamente atribuible a la lotificación; (3) la teoría del beneficio correlativo para la urbanización sujeta a la carga cuestionada; (4) la teoría del beneficio directo, que requiere que se cumpla con las teorías (2) y (3); (5) la teoría de la necesidad o del beneficio correlativo, que exige que se cumpla con la teoría (1) o la (3); y (6) la teoría de la relación sus-tancial razonable. Es innecesario analizarlas en detalle. Ninguna ha alcanzado preeminencia.

Tan abundante cosecha de teorías ha generado, como es de esperarse, considerable controversia. Es extensa la gama de opiniones. Existen, en un extremo, los abanderados de los viejos derechos dominicales, quienes requerirían compensación en todo caso, excepto cuando la acción estatal se dirige a impedir o eliminar un estorbo público. Véanse: B. Siegan, Land Use Without Zoning, 1972; Ellickson, Alternatives to Zoning: Covenants, Nuisance Rules, and Fines as Land Use Controls, 40 U. Chi. L. Rev. 681, 781 (1973). Del otro lado abundan los entusiastas de la máxima expansión del poder de razón de estado. Para algunos autores una reglamentación razonablemente relacionada con el ejer-cicio de una función pública válida no puede constituir bajo ninguna circunstancia imaginable una incautación. F. Bosselman, D. Callies & J. Banta, The Taking Issue: A Study of the Constitutional Limits, Council on Environmental Quality, 1973, pág. 238.

Consideramos que el caos en que se halla este sector del derecho se debe en buena parte a esta sed que a veces nos ataca a todos de hallar reglas sencillas y uniformes para situaciones altamente complejas y variables. Hay campos del derecho en que la simplicidad se alcanza tan solo a costa de la justicia; en que el proceso de decisión es por necesidad penoso y complicado.

Estimamos que tal es la situación presente. Nos hallamos ante otra instancia más en que tienen que sopesarse, caso a caso, los valores envueltos. Hay que identificar abiertamente esos valores y las realidades en que se basan, precisar su jerarquía, situación a situación, para lograr un equilibrio razonable para el tiempo que vivimos entre los actos gubernamentales que exigen compensación en circunstancias como las que nos ocupan y los que no la exigen. Véanse: J. J. Costonis, C. J. Berger & S. Scott, Regulation v. Compensation in Land Use Control, U. of Cal., Berkeley, 1977, pág. 90 y ss.; Penn Central Transportation Company v. New York City, supra. Enumeremos los factores principales que deben considerarse en nuestra jurisdicción en situaciones como la presente.

Primero, debe tenerse muy en cuenta el papel que juega la tierra en nuestra economía. En E.L.A. v. Rodríguez, 103 D.P.R. 636, 642 (1975), al resolver que la pérdida total de acceso de un predio a una vía pública requiere compensación, pero no otras limitaciones al acceso, expresamos:

“En la consideración del problema no puede soslayarse que la tierra en Puerto Rico es un recurso natural escaso y de continuo incremento en valor, resultado natural del aumento poblacional y el desarrollo industrial. Torres Rigual: Control of Land Value Through Taxation, 23 Rev. C. Abo. P.R. 419. Tampoco se puede esquivar la realidad de que los recursos fiscales no son ilimitados y sería en extremo gravoso para el fisco extender el derecho de acceso más allá de lo razonable ....”

Nuestro reducido espacio, junto a la situación precaria de nuestra economía, constituyen realidades que necesariamente pesan en la definición del ámbito de la acción gubernamental bajo el poder de razón de estado. La crisis de la tierra en Puerto Rico, unida a nuestras necesidades ambientales, ha forzado la creación de medidas innovadoras. J. Costonis & R. DeVoy, The Puerto Rico Plan: Environmental Protection Through Development Rights Transfer, Conservation Trust of Puerto Rico and Urban Land Institute, 1975. En Puerto Rico se distingue ya, a través de tales medidas, al igual que sucede en algunas otras jurisdicciones en Estados Unidos, entre los derechos dominicales de índole histórica y el derecho a urbanizar. F. J. James & D. E. Gale, Zoning for Sale — A Critical Analysis of Transferable Development Rights Programs, The Urban Institute, 1977, pág. 16. Para los resul-tados terribles de una planificación pobre en sociedades no opulentas, véase: M. Hauser (ed.) Urbanization in Latin America, New York, 1961.

Segundo, el poder de razón de estado se ha mantenido en muchas jurisdicciones en expansión creciente en las últimas décadas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aun ha per-mitido bajo este poder que se limite en determinadas circunstancias el número de personas que pueden ocupar una vi-vienda y la relación entre estas. Village of Belle Terre v. Boraas, 416 U.S. 1 (1974). Véase también: Penn Central Transportation Company v. New York City, supra. Desde hace largo tiempo muchos tribunales estatales no han reque-rido en diversas circunstancias el pago de compensación como requisito para validar la transferencia de terrenos dentro o fuera de los límites de una urbanización. Ridgefield Land Co. v. City of Detroit, 217 N.W. 58 (Mich. 1928); Ayres v. City Council of City of Los Angeles, 207 P.2d 1 (Cal. 1949); Billings Properties, Inc. v. Yellowstone County, 394 P.2d 182 (Mont. 1964); Jordan v. Village of Menomonee Falls, supra; Jenad, Inc. v. Village of Scarsdale, 218 N.Ed.2d 673 (N.Y. 1966); Sommers v. City of Los Angeles, 62 Cal. Rptr. 523 (1967); Southern Pacific Co. v. City of Los Angeles, 51 Cal. Rptr. 197 (1966), apelación desestimada, 385 U.S. 647 (1967). Ya vimos en la primera parte de esta opinión que en Seashore Realty, Etc., Co. v. Junta de Planificación, supra, este Tribunal sostuvo que podía imponérsele a un urbanizador el requisito de efectuar determinadas construcciones fuera de su propiedad.

Tercero, la tendencia descrita se ha extendido en el ám-bito internacional a países con tradiciones comparables a las nuestras sobre el concepto de la propiedad. Para el mejor ejemplo debe acudirse a la propia España, de donde arranca nuestro ordenamiento jurídico sobre los derechos reales. La Ley del Suelo de 1956 y la Ley de Reforma de 1975 alte-raron profundamente las viejas nociones sobre la vasta liber-tad del propietario, derivadas del Art. 348 del Código Civil Español, así como nuestra legislación urbanística ha cambiado los conceptos correspondientes. García de Enterria, Actuación Pública y Actuación Privada en el Derecho Urbanístico, en Centro de Estudios Hipotecarios del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad en España, Curso de Conferencia Sobre Propiedad Horizontal y Urbanizaciones Privadas, Madrid, 1973, págs. 265-267; Diez-Picazo, Los Procesos de Urbanización y el Marco del Derecho de Propiedad, ibid., 19.

La ley española vigente — la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana — es una combinación de las dos anteriores. Nuevo Diccionario de Legislación Aranzadi, No. 30298, tomo XXIV, ed. de 1977, pág. 538 et seq. Bajo esta ley se requiere de los propietarios afectados por una obra de ur-banización que cedan gratuitamente y costeen las obras de construcción de vías públicas, saneamiento, agua, electricidad y alumbrado, parques, jardines y escuelas. Véanse los Arts. 83(3), 84(3), 120 y 122. Véanse además: F. Lliset Borrell, La Actividad Urbanística de los Particulares, Madrid, Ed. Montecorvo, 1975; A. Ortega García, Los Deberes o Cargas en la Legislación Urbanística, Madrid, Ed. Montecorvo, 1974.

En Francia las lotificaciones pueden estar condicionadas a la participación del desarrollador en el costo de las obras públicas hechas necesarias por la lotificación, a reservas de terrenos y otras medidas. Adicionalmente, en casos de expro-piación parcial se requiere descontar de la suma a pagarse cualquier aumento en el terreno no expropiado que surja como consecuencia de la expropiación. Garner (ed.), Planning Law in Western Europe, Amsterdam, 1975, págs. 138, 148. Las servidumbres requeridas por la legislación urbanística en materia de calles, carreteras, higiene, estética y asuntos análogos no conllevan usualmente derecho de indemnización. A. Amiaud, Urbanisme, París, 1964, pár. núm. 67. La cesión gratuita de terrenos para agrandar o crear vías públicas no puede exceder, sin embargo, el 10% de los terrenos envueltos. R. Cassin & M. Waline, Les Grands Arrets de Droit de l'Urbanisme, Sirey, 1974, pág. 86.

En la cuna del derecho común, Inglaterra, la figura del urbanizador privado — tan empotrada en la cultura de Esta-dos Unidos — ha ido desapareciendo forzosamente. La Town and Country Planning Act de 1947, 10 & 11 Geo. 6, c. 51, 25 Halsbury’s Statutes of England, 2a ed., pág. 489 y ss. tuvo como propósito principal nacionalizar el derecho a desarrollar terrenos. Hagman, Compensable Regulation: A Way of Dealing with Wipeouts from Land Use Controls?, 54 J. Urban L. 45, 91 (1976); Moore, The Public Control of Land Use: An Anglophile’s View, 10 Urban Law. 130, 142 (1978); Garner, supra, cap. 9. El desarrollador privado de terrenos tiene que satisfacer por legislación reciente una contribución al erario de 80% del beneficio que reciba por el valor de desarrollo de su tierra. Se espera que esta suma se eleve pronto a 100%. Moore, supra, 142.

Cuarto, las alteraciones que están experimentando las teorías de la propiedad y del poder de razón de estado aun en los sistemas no socialistas tienen su límite en esta jurisdicción. La cláusula de expropiación forzosa ha sufrido y puede continuar sufriendo variaciones en su contenido, pero ni los tribunales ni los parlamentos ni ninguna otra agencia o funcionario gubernamental pueden eliminarla o privarla enteramente de significado. Queda siempre un núcleo irreductible que no puede invadirse por el poder de razón de estado. Esto no monta a la proclamación de la teoría de la disminución del valor, en su función histórica, sino al reconocimiento de que toda esta búsqueda es una búsqueda de la razonabilidad dentro del contexto de este tiempo y este sitio. La tarea ante nos, en otras palabras, es lograr un acomodo razonable entre el poder de razón de estado y el de expropiación forzosa a la luz de las circunstancias específicas de esta contienda y la atmósfera ideológica en que esta se produce.

Al enumerar los primeros cuatro factores, de muy alta jerarquía, hemos descrito generalmente el clima ideológico en que se desenvuelve este caso. Mencionemos otros factores que puedan ayudarnos en la determinación de ese elusivo fe-nómeno: la razonabilidad.

Quinto, los beneficios a recibirse por la urbanización re-presentan un elemento importante de juicio. En este res-pecto conviene conocer, entre otros datos, si el urbanizador compró los terrenos concernidos antes o después de formar parte del Plano Regulador; cómo se refleja este dato en el precio de venta de las casas, en su costo y las ganancias a re-cibirse; si el urbanizador retuvo predios adyacentes a la ur-banización cuyo valor continuará aumentando; cuán atra-yente es una urbanización por estar localizada junto a una avenida principal.

Sexto, debe medirse el detrimento a sufrirse por el urba-nizador; el grado en que se disminuye el valor de su propie-dad en contraste con los beneficios derivables por el interés público; el tamaño de su propiedad frente a la naturaleza de la condición. Una condición como la impuesta en este caso puede constituir, cuando se trata de predios pequeños, un re-quisito irrazonablemente oneroso. En Finlandia, por ejemplo, la franja de terreno a transferirse no puede exceder el 20% de la propiedad. Garner, op. cit., 113. En Italia no puede exi-girse la donación de terrenos para carreteras o plazas adya-centes en exceso de la mitad de la tierra necesaria para tal uso, hasta una profundidad máxima de quince metros. G. Spadaecini, Urbanística, Edilizia, Espropiazioni, Roma, Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1969, pág. 140. Á menos que se desee que estos asuntos se resuelvan caso a caso por los tribunales, los organismos de planificación deben regla-mentar más claramente las circunstancias en que permitirán la imposición de determinadas condiciones. Estas condiciones estarán necesariamente sujetas al escrutinio judicial, pero existirá la ayuda de una política administrativa uniforme.

Sétimo, la identidad de la persona afectada es relevante. Es razonable, en el estado actual de nuestro derecho, qüe el poder de razón de estado tenga importancia mayor en el caso de quien intenta urbanizar su tierra, a distinción del dueño no empresario cuya tierra quedará atravesada por una calle u otra vía principal. De lo que se trata esencialmente en lo primero es de la reglamentación de un negocio y el grado ra-zonable a que pueda hacerse.

Octavo, hay que medir el impacto socioeconómico en un momento dado de los requisitos que se impongan. ¿Cuál será su efecto sobre la industria de la construcción? ¿Sobre la pro-ducción de viviendas adecuadas? ¿Sobre su precio de venta?

Noveno, estos costos públicos deben compararse con el beneficio general que entrañen las condiciones impuestas.

Décimo, debe determinarse si la condición impuesta res-ponde a una política administrativa uniforme para casos comparables.

Undécimo, debe considerarse el grado en que la urbani-zación contribuye a la exacción o si ésta se debe a un plan público de desarrollo anterior a la solicitud de urbanizar.

Duodécimo, debe examinarse la relación entre el requisito impugnado y la función pública a servirse.

Varios de los factores aquí enumerados fueron adoptados por este Tribunal al considerar la razonabilidad del término en la congelación de terrenos para la construcción de futuras vías públicas. Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884, 891-892 (1975).

En este litigio tan solo nos es dado decidir una de las dos cuestiones constitucionales a que nos referimos al comienzo de la segunda parte de esta opinión. No es posible pro-ceder al análisis de los factores que acabamos de enumerar y de su relativo peso para fines de determinar la razonabilidad de la acción administrativa impugnada, debido a que la Junta no celebró una vista evidenciaría. Debe celebrarse tal vista para que la Junta haga determinaciones de hecho sobre estos factores, los sopese conforme a su considerable experiencia y produzca así un récord que permita la revisión judicial, si es que ésta se desea. Véanse: López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 667 (1958); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 1, 3-4 (1975).

Respecto a la otra cuestión, resolvemos que la Junta de Planificación tenía, como tiene hoy la Administración de Reglamentos y Permisos, amplio poder constitucional para imponer en casos adecuados condiciones como las que nos ocupan. Los primeros tres factores que hemos apuntado sólidamente apoyan esta conclusión: las transformaciones que ha sufrido el concepto de la propiedad, la singular situación de Puerto Rico, la expansión del poder de razón de estado en sociedades análogas a la nuestra. Se exigen consideraciones de gran peso para alterar dicha conclusión. No podría ciertamente afirmarse en consideración a los desarrollos ocurridos en este campo y las circunstancias socioeconómicas especiales que vive nuestro país que bajo cualesquiera hechos concebibles los requisitos impugnados pecan de inconstitucionalidad. Estimamos por el contrario que su razonabilidad podría establecerse en multitud de instancias.

Se devuelve en consecuencia el caso al nivel administrativo para la celebración de la vista correspondiente y la determi-nación de hechos que permita decidir si el ejercicio del poder que hoy hemos declarado constitucional contraviene o no en este caso nuestro ordenamiento jurídico.

       En Zayas v. Junta de Planificación, 69 D.P.R. 30 (1948), se resolvió que la Junta no estaba autorizada para requerirle a un urbanizador la transferencia gratuita de cierta área para usos recreativos. En adición a las diferencias con los hechos de este caso, en que se reglamenta específicamente la materia referente a las vías públicas, Zayas perdió vigencia al aprobarse la Ley Núm. 25 de 8 de junio de 1962, 23 L.P.R.A. secs. 30a-30g, la cual proveyó la autoridad que el Tribunal estimaba que faltaba. Véanse: Negrón García, La Planificación Urbana en Puerto Rico y el Debido Proceso de Ley, 36 Rev. Jur. U.P.R. 63, 76-77 (1967); Cordero, Operación Metro: A Case Study of the Power Structure in Action and the Crisis in the Planning Process in Puerto Rico, 32 Rev. Jur. U.P.R. 353, 374-375 (1963).

       Informe de las Comisiones de Gobierno y Desarrollo Socioeconó-mico del Senado sobre el P. del S. 1076, 21 de marzo de 1975, pág. 1, meca-nografiado, archivo de Secretaría del Senado.

       Ibid., 3.

       Informe de las Comisiones de Gobierno y Desarrollo Socioeconómico del Senado sobre el P. del S. 1075, 21 de marzo de 1975, pág. 2, mecanogra-fiado, archivo de Secretaría del Senado.

       Comparecencia del señor Rafael Alonso a la vista celebrada con-juntamente el 23 de enero de 1975 ante las Comisiones de Gobierno, Hacienda y Desarrollo Socioeconómico del Senado, mimeo, passim. Por su parte, el ex-presidente de la Junta, doctor Rafael Picó, declaró en su com-parecencia de 4 de febrero de 1975:
      “[T]odo esto concerniente a los permisos de urbanismo, o de obras pú-blicas se lo traspasa a un nuevo organismo, para que éste pueda funcionar aparte de la Junta, pero poniendo en vigor los reglamentos de la Junta. Lo mismo que hacen ahora, en la Junta, una serie de divisiones ... Y entonces los planificadores, los miembros de la Junta que debían estar dedicando su tiempo y sus esfuerzos a algo más provechoso que resolver los casitos indi-viduales, pueden delegar esa función, como aquí se propone, a un organismo que bregue con eso. De ahí, pues se va a la Junta de Apelaciones. Y de ahí a las cortes. Pero la Junta de Planificación puede concentrar en los ins-trumentos que retiene, que son los de la verdadera planificación integral.” Transcripción de la ponencia del doctor Picó, págs. 10-2 a 10-3.

      Se funda esta cláusula en la parte de la Enmienda Quinta a la Constitución de Estados Unidos, que dispone en su versión original: “. . . nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”

      E1 contenido de esta cláusula ha variado considerablemente a través de los años. Estudios de la materia indican que el objetivo original de la cláusula era atender las situaciones en que en conflictos bélicos las fuerzas armadas se veían obligadas a incautarse de los hogares y otras pertenencias de los ciudadanos o a destruirlos para evitar que cayeran en manos del enemigo. Sax, supra, 56-57.

       Hace casi 30 años el entonces Juez Presidente de este Tribunal, Don Angel R. de Jesús, afirmó en Rivera v. R. Cobián Chinea & Co., 69 D.P.R. 672, 676 (1949):
      “. . . no debemos perder de vista que el concepto moderno del derecho de propiedad dista mucho del que conocieron los autores de la Constitución. Hoy nadie califica de ‘sagrado’ el derecho a la propiedad como ocurría fre-cuentemente en el pasado siglo. Hoy la propiedad tiene una función social que es la de servir a la sociedad y no exclusivamente a su dueño. Como muy bien dice la apelada en su alegato: ‘El nuevo concepto de la propiedad se-ñala a ésta una función eminentemente social, que está tan lejana de aquella cerrada definición del Derecho Romano, que definía la propiedad como “el derecho de usar y de abusar de las cosas, tanto como lo permita la razón del derecho”. En el nuevo concepto el privilegio individual queda supeditado al interés social’.”

      Para su discusión a fondo y de los casos en que se han aplicado, véanse: Johnston, Constitutionality of Subdivision Control Exactions: The Quest for a Rationale, 52 Cornell L.Q. 871, 887-924 (1967); Heyman & Gilhool, The Constitutionality of Imposing Increased Community Costs on New Suburban Residents through Subdivision Exactions, 73 Yale L.J. 1119, 1122-1146 (1964); Note, Forced Dedications in California, 20 Hastings L.J. 735 (1969); Note, Subdivision Exactions: Where is the Limit?, 42 Notre Dame Law. 400 (1967); Comment, Forced Dedications as a Condition to Subdivision Approval, 9 San Diego L. Rev. 112 (1971); Note, Subdivision Land Dedication: Objectives and Objections, 27 Stan. L. Rev. 419 (1975); Note, Subdivision Exactions in California: Expansion of Municipal Power, 23 Hastings L.J. 403 (1972) ; Comment, Subdivision Exactions: the Constitutional Issues, the Judicial Response, and the Pennsylvania Situation, 19 Vill. L. Rev. 782 (1974); Note, Mandatory Dedication of Land by Land Developers, 26 U. Fla. L. Rev. 41 (1973); Dolbeare, Mandatory Dedication of Public Sites as a Condition in the Subdivision Process in Virginia, 9 U. Rich. L. Rev. 435 (1975) ; Fitzgerald, The Regulation of Subdivisions, 14 Wm. & Mary L. Rev. 249 (1972) ; Comment, Taking Without Compensation through Compulsory Dedication—New Horizons for California Land Use Law, 5 Loy. L.A. L. Rev. 218 (1972).

       Para el desarrollo del concepto de propiedad dentro de la tradición jurídica española y la importancia de la función social de la tierra, véanse: J. Castán Tobeñas, La Propiedad y sus Problemas Actuales, Segunda Edición, Editorial Reus, Madrid, 1968, págs. 9, 62 y siguientes, 123 y 126 y siguientes; J. de Camps y Arboix, La Propiedad de la Tierra y su Función Social, Editorial Bosch, Barcelona, 1953, passim.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

license: Public Domain

text:
    Alejandro Santiago Quiñones y Otros, demandantes y recurridos, v. Atlantic Southern Insurance Co., demandada y recurrente.

      Número: R-77-195

      Resuelto: 15 de noviembre de 1978

      Saldaña, López-Baralt & Rey, abogados de la recurrente; Benicio Sánchez Castaño y Benicio Sánchez Rivera, abogados de los recurridos.
   sentencia

El 15 de julio de 1977 accedimos revisar una sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Roberts, J. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda incoada por Alejandro Santiago Quiñones, su esposa y dos hijos me-nores de edad, contra Atlantic Southern Insurance Company, entidad dedicada al negocio de seguros para la cual trabaja-ba. La razón de pedir fue el alegado despido antes de cum-plirse el término para el cual fue contratado y el reclamo de daños y perjuicios sufridos por Santiago, su esposa y sus hijos con motivo de las actuaciones de la demandada. La recu-rrente impugna la sentencia que le condenó a satisfacer $14,750.00 a Santiago, $3,000.00 a su esposa y $1,000.00 a cada uno de sus hijos más $1,000.00 de honorarios de abo-gado.

En noviembre de 1971 Santiago y Atlantic Southern acor-daron conforme a los términos de una “carta-contrato” el traslado del primero a España con el propósito de establecer una sucursal de la compañía de seguros en aquel país. El de-mandante era empleado de la recurrente desde 1968 y había organizado con éxito una sucursal de ésta en la República Dominicana. Se acordó una compensación de $15,000.00 anua-les.

La carta-contrato estableció los siguientes términos:

“Has aceptado permanecer allí [en España] trabajando para nuestra empresa por un mínimo de dos (2) años, a menos, por supuesto, que nuestra compañía, por cualquier razón decidiese trasladarte nuevamente a Puerto Rico o cualquier otro lugar anterior a cumplirse dicho término de dos (2) años.
Te has comprometido a no trasladar a tu familia a España durante los primeros seis meses de tu estadía allí. Luego de transcurridos los primeros seis meses y que a juicio de la compa-ñía los resultados obtenidos por tí sean satisfactorios, trasladare-mos a tu esposa e hijos a España.”

Santiago se trasladó a España según acordado. En el proceso de organizar la sucursal tropezó con dificultades. La recurrente comunicó a Santiago su preocupación por el giro que tomaban los negocios de la sucursal en España e impar-tió instrucciones y recomendaciones a Santiago a los efectos de implementar las medidas necesarias para dar cumpli-miento a las proyecciones que se habían establecido para la agencia. La recurrente, sin embargo, no imputa en esas comu-nicaciones, ineficiencia en el manejo de los asuntos de la su-cursal, ni reprocha la gestión realizada por su representante.

Santiago permaneció a cargo de la sucursal por espacio de seis meses. Su gestión concluyó a fines de mayo de 1972, fecha en que un oficial de la compañía le notificó su inminen-te traslado a Puerto Rico. Le aclaró, no obstante, que dicho traslado en manera alguna afectaba el acuerdo de compensa-ción existente. A su regreso a Puerto Rico continuó traba-jando para la compañía. Antes de cumplido el término de dos años a que hace referencia la carta-contrato fue despedido. Se le pagó un mes de sueldo.

Atlantic Southern apunta como erróneas las determina-ciones y conclusiones que hizo el tribunal de instancia a los efectos de que (1) el contrato celebrado entre las partes es uno por plazo determinado; (2) la corporación incurrió en violación del contrato y (3) la esposa e hijos del demandante tienen una causa de acción para resarcirse basada en negli-gencia y/o dolo de la recurrente.

El primer error no se cometió. Si bien tiene razón la re-currente al sostener que “el recurrido no tenía derecho ab-soluto a permanecer en España dos años ya que por los tér-minos expresos de la propia carta-contrato el recurrido podía ser trasladado a otro lugar por cualquier razón antes de cum-plirse dicho término”, pierde de vista que los términos y con-diciones de empleo consignados en la carta-contrato estable-cen claramente que Santiago prestaría servicios por un tér-mino de dos años bien en España, en Puerto Rico, “o cual-quier otro lugar anterior a cumplirse dicho término de dos ... años.”

Siendo el contrato uno por un plazo determinado de dos años no procedía el despido antes de expirado ese término.

El segundo error tampoco se cometió. La prueba no esta-bleció la patente ineficiencia del demandante que invoca la recurrente como justa causa para el despido. Su contención está reñida con la prueba que obra en autos. Valga señalar que la propia recurrente en carta circulada a sus agentes anunciando el regreso de Santiago a Puerto Rico, elogia su labor y los servicios prestados por éste. Además, es intere-sante apuntar que en la contestación original a la demanda la recurrente alegó que Santiago “había renunciado volun-tariamente a su empleo.” No es hasta dos años más tarde que se enmienda la contestación y se alega que la patente inefi-ciencia del recurrido constituye justa causa para su despido.

Ausente la prueba sobre la alegación de ineficiencia, la misma no puede servir de base al pretendido derecho de la recurrente a “reemplazar, trasladar y despedir al recurrido de su empleo independientemente de si el contrato de trabajo era por plazo determinado o indeterminado.”

Pasamos a considerar la cuestión de las indemnizaciones concedidas. Como consignamos anteriormente el tribunal de instancia, además de concederle la compensación ajustada por el término que faltaba del contrato, le concedió a Santiago $7,000.00 de daños. El juez sentenciador determinó que “como resultado de su despido injustificado, el demandante Alejandro Santiago Quiñones también sufrió daños morales, ver-güenzas y torturas mentales”, pero no especificó los hechos que justificaban esa conclusión. Procede por lo tanto eliminar esa partida.

Tampoco procedía conceder indemnización alguna a la es-posa e hijos de Santiago. La carta-contrato expresamente señala dos condiciones con arreglo a las cuales quedaba su-jeta la procedencia del traslado de los familiares a España. La primera condición establecía un plazo de seis meses que deberían transcurrir antes de que la recurrente considerara el traslado. Esta condición, quedaba cumplida por el mero transcurso del tiempo fijado en la carta-contrato.

La segunda condición es la que determina si el traslado habría de efectuarse una vez hubieran transcurrido los seis meses. Esta segunda condición es la que de modo definitivo derrota toda pretensión de los codemandantes, puesto que de acuerdo con la misma la propia compañía se reservaba el derecho a condicionar el traslado de los familiares y sujetarlo a las resultas de la gestión realizada por Santiago Quiñones. Por sus términos expresos, la carta-contrato convertía a la re-currente en árbitro único de la labor realizada por el recu-rrido en España. Toda vez que la recurrente determinó que la gestión de Santiago no era satisfactoria, ella no venía obli-gada a trasladar a su familia a España.

Modificada en los términos arriba expuestos, se confirma la sentencia recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Negrón García no intervinieron. El Juez Aso-ciado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 1978

La sentencia de este Tribunal elimina la indemnización por daños concedida a Santiago, su esposa e hijos. En cuanto a Santiago, se da como fundamento que el juez sentenciador “no especificó los hechos que justificaban esa conclusión.” En cuanto a la esposa e hijos, concluye este Tribunal que no se justifica indemnizarles por no haberlos trasladado a España la demandada, ya que ésta se reservó el derecho a condicionar el traslado de los familiares de Santiago a las resultas de la gestión encomendádale. No estoy de acuerdo con la elimina-ción de tales partidas.

No creo que el tribunal sentenciador viniera obligado a especificar en detalle todos los hechos en que basó sus conclu-siones de hechos. Las determinaciones de hechos no son equi-valentes a la exposición de la prueba. En este caso el tribunal a quo concluyó en su determinación de hecho número 16, que “[c]omo resultado de su despido injustificado el demandante Alejandro Santiago Quiñones también sufrió daños morales, vergüenzas y torturas mentales.” Esa determinación halla abundante apoyo en la prueba, como señalaré más adelante.

Con respecto a la esposa e hijos del Sr. Santiago, conven-go en que el hecho que no se les trasladase a España no es base que justifique la indemnización por daños pues la recu-rrente no quedó obligada absolutamente a facilitar dicho tras-lado, No obstante, la prueba estableció que estas personas sufrieron daños con motivo del incumplimiento del contrato por parte de la recurrente, al despedir al Sr. Santiago antes de la expiración del plazo de dos años. Esta prueba no fue contradicha. Veámosla.

Alejandro Santiago declaró que “sintió una tensión muy grande al ser despedido. Se fue a su casa y se puso a llorar. No se atrevió salir a la calle por alrededor de tres meses, durante los cuales no pudo solicitar trabajo. El automóvil le fue confis-cado por el Chase Manhattan Bank. Luego se encontró con amigos, vecinos y clientes que le iban a dar su pésame.” (Ex-posición narrativa de la prueba, pág. 3.)

En contrainterrogatorio declaró que después de ser des-pedido . . continuó asistiendo a un curso de motivación, auspiciado por la compañía, el cual se reunía una vez por semana durante horas laborables. El curso continuó por unas dos semanas después de su despido. Luego obtuvo un certifi-cado por haber completado el curso. Después de estar alrede-dor de 3 ó 4 meses sin trabajo ....” consiguió empleo. (Expo-sición narrativa pág. 6.)

Flor Bermúdez de Santiago declaró que al ser despedido su marido, su reacción fue de llanto y de vergüenza frente a sus amigos. También describió su sufrimiento al ver que su hija tuvo que irse a trabajar para el sostén de la familia. (Exposición narrativa pág. 7.)

Flor Vanessa Santiago describió en corte sus sentimien-tos de ineertidumbre y vergüenza ante el despido de su padre. Trabajó “part time” durante las navidades para ayudar a su familia, y en el verano de 1973 continuó sus estudios y logró entrar a universidad. (Exposición narrativa pág. 8.)

Alejandro Santiago, Hijo, describió al declarar como tes-tigo sus sentimientos de incertidumbre e infelicidad por el despido de su padre. (Exposición narrativa págs. 8-9.)

Se admitió en evidencia, como Exhibit A de la deman-dada, la deposición tomada a Doña Flor Bermúdez. En ella declaró que los hijos sufrieron con el despido de su padre; que éste “se puso más mal”. “Todo eso [el despido] lo hacía sufrir y pensar. Estuvo [él] casi dos meses en la casa sin salir y buscar trabajo. Perdieron el carro porque el banco lo reposeyó.” (Pág. 51.) Ante las amistades él y ella se sentían mal, sufrían, y tenían que dar muchas explicaciones de por qué él había sido despedido (pág. 54).

Reiteradamente hemos resuelto que la revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 D.P.R. 776, 777 (1964); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 90 D.P.R. 149, 156 (1964); Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604, 617 (1963).

Aparte de las precedentes consideraciones, me parecen algo exageradas las cuantías concedidas por daños morales. Las reduciría en un cincuenta por ciento y en ese sentido modificaría la sentencia recurrida.

      La suma de $14,750.00 concedida a Santiago se descompone así: $7,750.00 que el juez determinó le correspondían por el período que faltaba para la expiración del contrato luego de sustraerle la suma que Santiago había devengado en ese período, más $7,000.00 por los daños y perjuicios sufridos por éste a consecuencia de las actuaciones de la demandada.


author: per curiam:

text:
    Digna E. García Troncoso, recurrente y peticionaria, v. Administración del Derecho al Trabajo, recurrida.

      Número: O-78-360

      Resuelto: 27 de noviembre de 1978

      Guillermo Mojica Maldonado y Héctor Luis Acevedo, abogados de la peticionaria; José Ramón Pérez Hernández, abogado de la recurrida.
   per curiam:

La recurrente pertenece al servicio de ca-rrera de la Administración del Derecho al Trabajo. Desde marzo de 1975 ocupaba dentro de tal servicio un puesto de Técnico de Recursos Humanos en la Oficina Regional de la referida Administración en Ponce. Residía en Adjuntas. El 15 de julio de 1977 recibió la recurrente un memorando en que se le notificaba su traslado a la Oficina Regional de Gua-yama debido a una “restructuración operational”. En el me-morando de traslado no se cumplió con el requisito reglamen-tario de apercibir a la recurrente de su derecho a apelar de la decisión tomada ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal.

El 31 de marzo de 1978 la empleada apeló ante la men-cionada Junta. La Junta desestimó la apelación por no ha-berse radicado a su juicio dentro del término especificado por ley. La recurrente recurrió entonces ante el Tribunal Supe--rior, el cual confirmó la decisión de la Junta. En alzada ante nos la recurrente sostiene que se incurrió en error al resolver que su apelación ante la Junta se radicó fuera de término.

El 18 de octubre de 1978 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia del Tribunal Superior. La Administración de Derecho al Trabajo ha compare-cido en respuesta a nuestra orden, pero su memorando no nos convence.

Es cierto que el estatuto aplicable requiere que “La parte afectada . . . deberá presentar escrito de apelación ante la Junta dentro de treinta (30) días a partir de la notificación de la acción o decisión objeto de la apelación.” Sec. 7.15 (1) de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. see. 1395(1) (Supl. 1978). Es igualmente cierto que la apelación se produjo siete meses después de expirar los treinta días si-guientes al recibo de la supuesta “notificación”.

El problema, no obstante, reside en la naturaleza de la notificación que se exige en este género de casos. El apartado (g) del inciso 3 de la sección 8.2 del Reglamento sobre Áreas Esenciales al Principio de Mérito establece:

“g. Al notificar a un empleado sobre la decisión de traslado deberá advertírsele sobre su derecho a apelar ante la Junta, dentro del término de treinta (30) días, si estima que se han vio-lado sus derechos. La apelación no tendrá el efecto de detener la acción de la autoridad nominadora.”

La Administración recurrida no cuestiona su incumplimiento con este requisito, pero insiste en que de todos modos la apela-ción tiene que producirse fatalmente a los treinta días de la notificación.

Es inaceptable la posición de la recurrida en todo su rigor. La recurrida debe observar estrictamente sus propios reglamentos. La notificación cursada fue defectuosa. El defecto no fue un mero defecto de forma. La exigencia de informarle a sus empleados sobre su derecho a apelar y el término para efectuar este trámite sirve un propósito sano. Es razonable apercibir a personas legas de los derechos que les asisten en circunstancias como las envueltas aquí. No puede quedar a la soberana voluntad de la agencia reconocer o no derechos de esta clase que ella misma les ha extendido por reglamento a sus empleados. Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22, 29 (1967). La Sec. 7.15 (1) de la ley antes citada debe interpretarse en el sentido de que el término para apelar no comienza a transcurrir indefectiblemente a partir de una notificación sustancialmente defectuosa.

A modo de analogía, en el campo de lo penal es doctrina bien establecida en la jurisdicción federal y en varios estados que el período para apelar no comienza hasta que al acusado que no está adecuadamente representado por abogado se le notifica de su derecho a apelar y a tener asistencia de abogado. Véanse, e.g., Boruff v. United States, 310 F.2d 918 (5th Cir. 1962); Hannigan v. United States, 341 F.2d 587, 588 (10th Cir. 1965); Bunn v. United States, 369 F.2d 809 (5th Cir. 1966); United States v. Smith, 387 F.2d 268 (6th Cir. 1967); Boyd v. State, 282 A.2d 169, 172 (Me. 1971); Lacaze v. United States, 457 F.2d 1075 (5th Cir. 1972). Ante esta situación algunos tribunales han permitido la apelación fuera del término. E.g., Fallen v. United States, 378 U.S. 139 (1964); Kent v. United States, 423 F.2d 1050 (5th Cir. 1970); Atilus v. United States, 406 F.2d 694 (5th Cir. 1969); Boruff v. United States, supra. Otros sólo han permitido un ataque colateral a la sentencia, para luego dejarla sin efecto y devolver el caso al tribunal sentenciador para que resentencie y comience a correr entonces un nuevo período para apelar. E.g., Dillane v. United States, 350 F.2d 732, 733 (D.C. Cir. 1965); Desmond v. United States, 333 F.2d 378 (1st Cir. 1964).

En lo civil existe jurisprudencia que ha reconocido excepciones a la regla que establece que el transcurso del término apelativo es fatal. En el caso más conocido de estos, Hill v. Hawes, 320 U.S. 520 (1944), el Tribunal Supremo de Estados Unidos impartió su aprobación a una actuación de un Tribunal Federal de Distrito que tuvo el efecto de extender el término apelativo en un caso en que el secretario del tribunal había incumplido con la Regla 77(d) de las de Procedimiento Civil Federal, al olvidar notificar a las partes que la sentencia había sido dictada. Sostuvo el Tribunal a la pág. 523:

“It is true that Rule 77(d) does not purport to attach any consequence to the failure of the clerk to give the prescribed notice; but we can think of no reason for requiring the notice if counsel in the cause are not entitled to rely upon the requirement that it be given. It may well be that the effect to be given to the rule is that, although the judgment is final for other purposes, it does not become final for the purpose of starting the running of the period for appeal until notice is sent in accordance with the rule.”

Al mismo efecto véase Commercial Credit Corporation v. United States, 175 F.2d 905 (8th Cir. 1949).

Ahora bien, tampoco puede un apelante potencial en situaciones como estas simplemente cruzarse de brazos. La apelación puede interponerse con tal tardanza que deba apli-carse el principio de incuria. El empleado conoce, después de todo, la acción tomada contra él. Es natural que si se siente agraviado inquiera sobre sus derechos. La existencia de in-curia depende de los hechos de cada caso, los cuales deberán determinarse en primera instancia. En adición, la ausencia de cumplimiento estricto con el requisito reglamentario de notificación puede tornarse irrelevante si el empleado de al-guna forma tuvo conocimiento de su derecho a apelar con margen suficiente para ejercitarlo oportunamente. En ningún momento la peticionaria recurrente ha alegado carencia de tal conocimiento real. Tampoco hizo determinación alguna al respecto el tribunal recurrido. Procede, por tanto, que devol-vamos el caso al tribunal recurrido para que celebre una vista en la que se dilucide este aspecto de la controversia. Cf. Hannigan v. United States, 341 F.2d 587, 588 (10th Cir. 1965); Calland v. United States, 341 F.2d 44 (7th Cir. 1965).

Aun si se determinare que la peticionaria recurrente ig-noraba sus derechos apelativos durante el período relevante, el Tribunal Superior deberá determinar si a la luz de las cir-cunstancias específicas del caso, según surjan en la vista, la peticionaria recurrente incurrió en incuria.

Se revoca en consecuencia la sentencia apelada y se de-vuelve el caso al Tribunal Superior para procedimientos ulte-riores consistentes con este dictamen.

El Juez Asociado Señor Martín concurre con el resultado.

       La mayor parte de las decisiones federales citadas se produjeron bajo la anterior Regla 37(a) (2) de las de Procedimiento Criminal Federal, que requería que la notificación del derecho a apelar se hiciera a todo convicto que no estuviera asistido por un abogado. Posteriormente se incor-poró a la Regla 32(a) (2) del mismo cuerpo el requisito de la notificación en cuestión a todo acusado que se haya declarado no culpable y haya sido juzgado, independientemente de si éste ha estado asistido de abogado. Véase Rodriguez v. United States, 395 U.S. 327, 331 (1969).

      En 1946 el citado caso HUI fue revocado legislativamente al en-mendarse la Regla 77 (d) para disponer que el término apelativo comienza desde el registro de la sentencia (entry of judgment) y no desde su notifi-cación. El propósito que animó a HUI, sin embargo, influyó en la enmienda que se hizo a la Regla 73(a) para permitir dejar sin efecto una sentencia cuando la negligencia excusable de una parte le ha impedido conocer que se ha dictado sentencia, mas sólo si la moción a esos efectos se trae no más tarde de treinta días después de expirar el período apelativo. Esta dis-posición forma parte desde 1968 de las Reglas Federales de Procedimiento Apelativo, como su Regla 4(a). Baj’o ella se ha llegado a sostener que cons-tituye negligencia excusable la interpretación equivocada del derecho pro-cesal apelativo hecha por un lego apelando por derecho propio, si bien se sostuvo que la mera ignorancia de la ley no es suficiente. Bryant v. Elliott, 467 F.2d 1109 (5th Cir. 1972).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Méndez Ramos c/p ñín, acusado y apelante.

      Número: CR-78-40

      Resuelto: 27 de noviembre de 1978

      Sergio Peña Clós, Raúl Olmo Olmo y José Rafael Gelpí, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado y convicto por tribunal de dere-cho de los delitos de asesinato en primer grado e infracción del Art. 8 de la Ley de Armas. Alega ante nos insuficiencia de la prueba para sostener el fallo de asesinato en primer grado. No tiene razón.

Como es usual en estos casos, la prueba de cargo y la de defensa sostienen versiones que confligen entre sí. La de cargo estableció que el 25 de octubre de 1976 el apelante se personó a un negocio en que había un billar, y allí dijo que iba “a matar a Chilo y a Cholo Alvarez” porque por culpa de ellos le habían quitado una pensión del Seguro Social a su señora madre. A instancias del dueño del negocio, un parroquiano se lo llevó de allí en un jeep, y lo dejó en determinado lugar que le indicó el apelante, al tiempo que le dijo que “a éste lo espero yo aquí,” refiriéndose a Cecilio Martínez, apodado Chilo. Quince o veinte minutos después el apelante regresó al nego-cio del billar. Estaba armado de una escopeta de caza, para la cual tenía licencia. Se notaba que había ingerido algún licor. Allí pidió y se tomó una caneca de ron mientras jugaba billar y manifestó en presencia de varias personas que había ma-tado a Chilo Martínez porque se lo había prometido a su ma-dre. Cecilio Martínez apareció muerto esa misma tarde de un disparo de escopeta que le interesó la región cardio-pulmonar, héchole a una distancia de tres yardas y media.

La prueba del apelante pretendió demostrar que él estaba en estado de embriaguez cuando ocurrió el incidente que privó de la vida a Cecilio Martínez. Consistió de las declaraciones de un agente de la Policía a quien el apelante entregó la esco-peta, a eso de las 9:00 de la noche, quien declaró que a esa hora “se notaba que había ingerido licor”; y el fiscal investi-gador de los hechos, quien declaró que también a las 9:00 de la noche vio al apelante y se encontraba en aparente estado de embriaguez. El apelante declaró que salió temprano de su casa el día de los hechos para cazar palomas. Visitó varios ne-gocios en que ingirió canecas de ron. Quería una satisfacción de Cecilio Martínez porque éste había causado que a su madre le quitaran una pensión en 1935. Ella “murió de sufrimien-tos” en septiembre de 1976, a la edad de 84 años. Al encon-trarse con Cecilio y pedirle una explicación éste le dijo que se olvidara de eso, que había ocurrido hacía 42 años. Cecilio trató entonces de quitarle la escopeta y ésta se disparó.

El apelante invoca el Art. 33 del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. see. 3155, que dice:

“See. 3155. Embriaguez o intoxicación voluntaria
La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sus-tancias similares no exime de responsabilidad criminal. Pero siem-pre que la existencia real de algún fin, motivo o intención deter-minados fuere elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial el juzgador podrá tomar en con-sideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo o intención con que come-tió el delito.”

Debemos señalar, en primer lugar, que el tribunal a quo no creyó la versión del apelante y que éste estuviera en estado de embriaguez al causar la muerte de Cecilio Martínez. El propio apelante restó fuerza a su versión al indicar que puede tomar cuatro o cinco litros de ron al día sin que le causen efecto. Su testimonio más bien corroboró el móvil establecido por la prueba de cargo. Es de notar, además, que el hecho de estar en estado de embriaguez a las 9:00 de la noche no signi-fica que lo estuviera alrededor de 7 horas antes, cuando causó la muerte a Martínez.

La mera prueba de embriaguez no es suficiente ni para exonerar, ni para rebajar la calificación del delito. Al interpretar el Art. 41 del Código Penal de 1937, de donde procede el 33 del actual Código, señalamos en Pueblo v. Rivera, 70 D.P.R. 570, 573-574 (1949), “que la embriaguez — voluntaria — tiene que ser de tal grado o carácter que inhiba en el acusado su facultad mental para formar la intención específica requerida por el Código para la convicción de un delito — o grado del mismo — en el cual se requiera tal intención específica, y que la determinación de ese hecho es esencialmente una para el jurado o la corte juzgadora.” Esta doctrina ha sido reiterada en Pueblo v. Febres, 78 D.P.R. 893 (1956); Pueblo v. Díaz Díaz, 91 D.P.R. 759 (1965); Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 D.P.R. 46 (1965); Pueblo v. Sánchez Vega, 97 D.P.R. 133 (1969); y Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969). No hay razón para variarla. La redacción del vigente Art. 33 difiere del anterior Art. 41 del Código derogado únicamente en que lo amplió para aplicar sus disposiciones a los casos de intoxicación por drogas, aparte de hacer algunos cambios de estilo en la redacción. Los hechos ante nuestra considera-ción evidencian que el apelante dio muerte a su víctima inten-cionalmente, mediante malicia y en forma deliberada y pre-meditada. Son suficientes para justificar su convicción por asesinato en primer grado. Arts. 82 y 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4001 y 4002, respectivamente. Dice dicho Código en su Art. 7, inciso (19), 33 L.P.R.A. sec. 3022(19), que las palabras “malicia” o “maliciosamente”, “[d] enotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo.” La prueba creída por el tribunal a quo estableció cumplidamente que el apelante actuó intencionalmente y con pleno conoci-miento de lo que hacía. No estamos justificados en creer lo que el juez sentenciador no creyó, y concluir que el apelante estu-viera en tal estado de embriaguez que se justifique rebajar la calificación del delito de que fue convicto. Véase Pueblo v. Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82 (1977).

Aunque en su escrito de apelación el apelante indicó que apelaba de las sentencias recaídas tanto en la causa por in-fracción del Art. 8 de la Ley de Armas como en la causa por asesinato en primer grado, se limitó en su alegato ante nos a la convicción por asesinato. Procede por tanto desestimar la apelación por la infracción a la Ley de Armas, y confirmar la sentencia por el delito de asesinato en primer grado.

      El Art. 41 del Código de 1937 disponía:
      “Ningún acto cometido por una persona en estado de voluntaria em-briaguez es menos criminal por haberse cometido en tal estado. Pero siem-pre que la existencia real de algún fin, motivo o intento determinado fuere elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial, el jurado podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio, al determinar el fin, motivo o intento con que come-tió el acto.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Julia Rivera de Vincenti y Otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: O-78-334

      Resuelto: 28 de noviembre de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Maggie Correa Avi-lés, Procuradora General Auxiliar, abogados de los peticiona-rios; Enrique Irizarry Ortiz, Antonio Acevedo Torres y Francisco Falú Lebrón, abogados de la Administradora del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de junio de 1969 el obrero Angel E. Caraballo Alba-rracín se hallaba en el curso de su trabajo para su patrono asegurado en jurisdicción de Maunabo cuando fue golpeado en la cabeza por una piedra lanzada al aire al explotar una carga de dinamita, detonada por empleados del Departa-mento de Transportación y Obras Públicas en los trabajos de construcción de una carretera. El caso fue informado al Fondo del Seguro del Estado y el cuadro clínico revela dolores de cabeza, intranquilidad, pesadillas, condición irritable, dos intentos de suicidio, falta de memoria y desorientación que evaluado por un siquiatra del Fondo al darlo de alta el 30 de octubre de 1974 fue base para un diagnóstico de síndrome cerebral orgánico no sicótico, y otro siquiatra determinó que la dicha es condición relacionada con el accidente del trabajo, incapacidad estimada en 25%. Dos años después, el 22 de julio de 1976 el mismo siquiatra, luego de informar que el Fondo le había reconocido una incapacidad original de 5% [sic] repite los mismos síntomas de su evaluación de 1974, pero esta vez dice que representan un 100% de incapacidad, y así lo determinó la Administradora.

En junio de 1977, pasados ocho (8) años del accidente y a raíz de su decisión administrativa de 29 de abril de 1977, la Administradora del Fondo del Seguro del Estado radicó demanda subrogada de daños y perjuicios por negligencia en la Sala de Humacao, contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de Transportación y Obras Públicas en la que alega la referida condición de incapacidad total permanente del obrero y reclama $36,911.32 de gastos del Fondo y $100,000 para el obrero.

El Estado pidió la desestimación de la demanda fundada en prescripción de 1 año (Art. 1868 Código Civil — 31 L.P.R.A. see. 5298); falta de consentimiento del Estado para este tipo de acción e incumplimiento con el requisito de previa notifica-ción dispuesto en 32 L.P.R.A. sec. 3077a. La sala de instancia desestimó estas defensas del Gobierno y al recurrir en cer-tiorari expedimos el 5 de octubre de 1978 la siguiente orden:

“La parte demandante y recurrida tendrá un término hasta el 27 de octubre de 1978 para comparecer a mostrar causa por la que no deba anularse la resolución recurrida y en su lugar dic-tar sentencia desestimatoria fundada en la falta de consenti-miento del Estado a este tipo de reclamación subrogada, pres-cripción y falta de notificación previa en una demanda contra el Estado Libre Asociado como tercero causante de daño que se ini-cia 8 años después de ocurrido el accidente del trabajo.”

El Sr. Procurador General, destacando la falta de notifi-cación previa exigida por 32 L.P.R.A. sec. 3077a, hace el si-guiente argumento a la pág. 8 de la solicitud de certiorari:

“Aún asumiendo, sin admitirlo, que el Fondo del Seguro del Estado tenía la facultad para subrogarse en lugar del obrero en una reclamación en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el requisito de notificación debía ser cumplido por el Fondo del Seguro del Estado. Si el término para instar la acción por el Fondo comenzó al ser firme la resolución del Administrador del Fondo entonces debemos concluir que los 90 días para notificar al Secretario de Justicia de la reclamación también comenzaron después de ser firme la resolución del Administrador. Si el Fondo se subroga en lugar del obrero tiene que cumplir con los requisi-tos impuestos por la ley al obrero, o sea, el Fondo no sólo ad-quiere los derechos del obrero sino también adquiere sus deberes. Por lo tanto, el Administrador del Fondo en el caso de epígrafe, si iba a subrogarse en lugar del obrero, tenía que notificar de la reclamación al Secretario de Justicia dentro de los 90 días si-guientes al momento en que fue firme la resolución del Adminis-trador en el caso. Ni el Fondo ni el obrero notificaron al Secre-tario de Justicia de esta reclamación en la forma en que lo re-quiere la ley aplicable. Debemos concluir que la acción inter-puesta en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede sostenerse ya que el derecho a demandar al Estado no surge a menos que se cumpla con el requisito de la notificación. Véase, Gregorio Cortés Román v. E.L.A., Ref. Col. Abog. 104-1977.”

Contra esta alegación, la Administradora recurrida sólo opone el argumento de que el emplazamiento, diligenciado dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que advino firme su decisión, satisfizo tal requisito. Baste recordar que el emplazamiento se expide al radicarse la demanda, y que con ésta se inicia la acción civil. El inciso (e) de 32 L.P.R.A. see. 3077a es terminante en cuanto a la precedencia de la notifi-cación al disponer: “[n]o podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ... si no se hubiese efectuado la notificación escrita....”

La extremosa posición de los demandados peticionarios, hasta ahora la de este Tribunal, queda expuesta en alto relieve, imponiendo un requisito de notificación que para todo efecto es un gesto fútil e inoperante considerando que transcurrieron ocho años desde que el disparo de dinamita in-capacitó a este obrero en junio de 1969 hasta que recayó una decisión administrativa final y firme del Fondo del Seguro del Estado en junio de 1977. El rigorismo desmedido en la exigencia de la notificación previa, que evade el elemento atemperante de “justa causa” provisto en el estatuto, no debe ser rémora en la evolución del pensamiento jurídico que tanto en la legislación como en la jurisprudencia está en marcha contra las inequidades residuales del otrora culto a la inmuni-dad del soberano, impulsado por el contemporáneo concepto que iguala al Estado y al ciudadano ante el tribunal. En todo caso en que la tardanza en exceso de 90 días de ocurrido el accidente, no imputable al demandante en daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, torne inútil e inoperante la notificación previa ordenada por el Art. 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. sec. 3077a), tal noti-ficación no será requerida, y el demandante será relevado de su observancia por justa causa. La referida notificación en el plazo relativamente corto de 90 días tiene el propósito de poner sobre aviso al Gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra de modo que pueda activar sus recursos de investigación prontamente, antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden a la preparación de una adecuada defensa contra la reclama-ción o una transacción adecuada de la misma, cuando pro-ceda. Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963). El paso del tiempo disminuye gradualmente el valor de esta notificación hasta que llega el momento en que la misma no provee mayor utilidad al Estado que la información contenida en la demanda y la obtenible por los medios de descubrimiento de prueba. Insistir en que rebasado ese punto empiecen a con-tarse los 90 días partiendo de otros eventos como la notifica-ción de una alegación o la decisión administrativa en el pre-sente caso, agotada toda virtualidad y propósito, es trasladar la controversia justiciable a los predios de lo académico y fic-ticio. El estatuto señala como punto de partida para la noti-ficación “la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama.”

Hemos calificado la notificación previa como requisito de cumplimiento estricto que no alcanza la calidad de condición precedente jurisdiccional porque así se libera al juzgador de un automatismo dictado por el calendario y salva su facultad para conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten las circunstancias. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977).

En Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 630 (1974), resolvimos que la acción subrogatoria provista por el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 32) suspende para el obrero y sus beneficiarios, el término prescriptivo de la acción de daños y perjuicios del Art. 1868(2) del Código Civil, por lo que no procede la defensa de prescripción aquí promovida por el Estado.

El Fondo del Seguro del Estado autorizado a subrogarse por el citado Art. 31, contra el tercero causante de daño, puede demandar al Estado Libre Asociado cuando éste fuere tal tercero. Hay suficiente consentimiento para tal acción en el Art. 2(a) de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077) que autoriza acciones por daños y perjuicios a la persona hasta la suma de $15,000.00 causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o emplea,do del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia; y por el precepto que con-cuerda con éste, introducido por dicha Ley Núm. 104 de 1955 en el Art. 1803 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5142), ordenando su texto presente que la obligación de reparar el daño causado por acción u omisión, mediando culpa o negli-gencia, es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se deba responder, y que “[e]l Estado es responsable en este concepto en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular.” Cf. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 817 (1964); Valentín v. Jaime, 86 D.P.R. 774, 775 (1962). Es indicio adicional de la procedencia de esta acción subrogatoria el hecho de no aparecer incluida en la lista de las llamadas acciones no autorizadas del Art. 6 de la citada Ley Núm. 104 de 1955. La inmunidad del Estado contra reclamaciones por daños se ha reducido a aquellas originadas en actos criminosos cometidos intencional o deliberadamente por sus funcionarios, agentes o empleados. Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1963).

Se expedirá el auto y la resolución recurrida será confir-mada.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado.

       Subrogación autorizada por el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 32) en la cual el obrero es la parte realmente interesada a quien pertenece la causa de acción. Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 818, 826-27 (1965).

      En Rodriguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479 (1977), impusimos el rigor de dicho requisito previo a un demandado que presentó demanda de tercero contra el Estado, desestimando la alegación porque no cumplió con el requisito de notificación dentro de los 90 días siguientes al emplazamiento, a pesar de que transcurrido más de un año del acto torti-cero tal notificación había perdido toda eficacia.

      “Nada en las sees. 8077 a 3084 de este título ni en la see. 5142 del Título 31 autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado:
      (a) en el cumplimiento de una ley o reglamento, aun cuando éstos resultaren ser nulos;
      (b) en el desempeño de una función de carácter discrecional aun cuando hubiere abuso de discreción;
      (c) en la imposición y cobro de contribuciones;
      (d) constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona, encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, calumnia, libelo, difamación y falsa representación e impostura;
      (e) ocurrida fuera de la jurisdicción territorial del Estado;
      (f) en el desempeño de operaciones de combate por las fuerzas navales o militares en casos de guerra, invasión, rebelión u otra emergencia, debida-mente declaradas como tales por las autoridades pertinentes.” 32 L.P.R.A. see. 3081.