text:
    Gilberto Rodríguez Rodríguez, demandante y recurrente, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-89-325

      Resuelto: 4 de junio de 1992

      Harry N. Padilla Martínez, abogado del recurrente; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Anabelle Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso de apelación se cuestiona la cons-titucionalidad de la Ley Núm. 34 de 19 de junio de 1987, que enmienda el Art. 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. see. 2204) a los efectos de excluir de la jurisdicción del Tribunal de Menores aquellos casos en que se le impute a un menor, que hubiese cumplido catorce (14) años de edad, la comisión de hechos constitutivos del delito de asesinato.

I

El 11 de enero de 1989 se presentó contra el menor ape-lante una denuncia por el delito de asesinato en primer grado y dos (2) denuncias por infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, respectivamente. El menor apelante tenía quince (15) años al momento de ocurrir los hechos. Las denuncias fue-ron presentadas en el Tribunal de Distrito, Sala de San Germán, y posteriormente fueron referidas a la Sala de Mayagüez para la celebración de la correspondiente vista preliminar.

El 31 de enero de 1989 el aquí apelante presentó en el tribunal de instancia una demanda de sentencia declarato-ria impugnando la constitucionalidad de la Ley Núm. 34, supra. El 18 de mayo de 1989 el tribunal la declaró sin lugar y sostuvo la validez de la mencionada ley.

Inconforme con ese dictamen, el apelante recurre ante nos.

II

Tenemos ante nuestra consideración una disposición estatutaria establecida mediante acción legislativa en función del principio de legalidad del Art. 8 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A see. 3031. Este Tribunal ha señalado, como axioma elemental, que la Asamblea Legislativa tiene la facultad exclusiva de tipificar los delitos e imponer castigos. Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793, 796 (1986); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716 (1981); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964); Corretjer v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 754 (1951); Pueblo v. Escambrón Beach Club, 63 D.P.R. 761 (1944). La Asamblea Legislativa está limitada, únicamente, por los preceptos constitucionales. Pueblo v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786 (1989); Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985); Pueblo v. Martínez Torres, supra; Pueblo v. Lucret Quiñones, supra; Pueblo v. Hickock of P.R., Inc., 78 D.P.R. 392 (1955).

Pasemos, pues, a examinar cada una de las disposicio-nes constitucionales en que se apoya el apelante a fin de determinar si las mismas fueron violadas por la Asamblea Legislativa, según se alega.

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La Sec. 15 de nuestra Carta de Derechos establece, en su segundo párrafo, que “[n]o se permitirá el ingreso de un menor de dieciséis años en una cárcel o presidio”. Art. II, Sec. 15 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 327. Arguye el apelante que la Ley Núm. 34, supra, es contraria a esta sección del Art. II de nuestra Constitución porque, en caso de resultar culpable del delito de asesinato, tendría que ser sentenciado a pena de reclusión, lo cual infringiría la mencionada cláusula.

Cuando nos toca interpretar la Constitución debemos considerar no sólo el sentido literal de sus disposiciones, sino también los antecedentes y las fuentes de las cuales fue tomado el texto. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 341-343 y 355-357 (1983).

La prohibición constitucional antes mencionada no tiene contraparte en la Constitución federal ni su proce-dencia aparece explicada en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente. La Sec. 15 del Art. II de la Carta de Derechos, supra, fue incorporada por iniciativa de la delegación socialista, que la había formulado en el Art. II, Sec. 18 y en el Art. Ill, Sec. 10 de su Proposición 94; es decir, su anteproyecto de la Constitución. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 199; 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2371 y 2374 (1952). Dicha cláu-sula fue presentada por el señor Paz Gránela y fue apro-bada sin reservas ni discusiones ulteriores en cuanto a su alcance. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constitu-yente 1590-1591 (1952). En vista de ello, para considerar el argumento del apelante, es menester examinar breve-mente el desarrollo histórico del enjuiciamiento de meno-res en Puerto Rico, para indagar su relación con la aproba-ción de la disposición constitucional en cuestión.

El 11 de marzo de 1915, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 37, conocida como la Ley de Cortes para Niños o Cortes Juveniles, que estuvo vigente hasta 1955 (34 L.P.R.A. ants. sees. 1941-1973). La misma creó un sistema de tribunales para conocer “en todo caso de delincuencia y necesidades] juveniles y causas a ellas conducentes ...”. 1915 Leyes de Puerto Rico 73.

La Ley Núm. 37, supra, contrario a la.Ley Núm. 97 de 23 de julio de 1955 (34 L.P.R.A. ants. sees. 2001-2015) y a la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. see. 2201 et seq.), reconocía la capacidad de los menores de dieciséis (16) años para cometer delitos y proveía para que éstos fueran procesados criminalmente. También señalaba las garantías o los derechos que tenía el menor cuando se le acusara de un delito grave. La legislación aludida no establecía restricciones de edad mínima en la cual un me-nor podía ser procesado criminalmente, pero estaba limitada a esos fines por las disposiciones del Art. 39 del Código Penal de 1937, que disponía que no era capaz de cometer crimen un niño mayor de siete (7) años y menor de catorce (14) “cuando no existiera] prueba plena de que al tiempo de cometer el acto de que se l[e] acusa[re] tení[a] conciencia de su maldad”. 33 L.P.R.A. ant. see. 85(2). Es decir, sólo existía una presunción rebatible de inimputabilidad para el menor de catorce (14) años.

La Ley Núm. 37, supra, proveía, además, que un menor de dieciséis (16) años de edad no podía ser encarce-lado en una cárcel común, en compañía de adultos, salvo en determinadas excepciones. En Ex parte Castro, 54 D.P.R. 772 (1939), este Tribunal se enfrentó a un plantea-miento sobre la procedencia de una sentencia de encarce-lamiento de un menor de dieciséis (16) años. Interpretando la Ley Núm. 37, supra, resolvimos que las circunstancias justificaban aplicar la excepción que permitía encarcelar al menor, y no se invalidó la sentencia criminal.

Como puede apreciarse de una lectura integral de la Ley Núm. 37, supra, y su jurisprudencia, hasta el 1952 no había prohibición alguna a imponer pena de reclusión a un menor de dieciséis (16) años de edad. La prohibición se refería más bien al modo de ejecutar la pena. Los menores de catorce (14) años o más eran procesables criminalmente por cometer delitos, sin excepción alguna. La Ley de Cortes para Niños o Cortes Juveniles de 1915 tan sólo proveía un procedimiento especial para juzgarlos y para poner en vigor las penas que se le fijasen. El propósito de la mencionada prohibición era evitar la influencia adversa que pudiese tener el ofensor adulto sobre el menor durante la reclusión. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, Sec. 10.2.3, pág. 316. Aunque el menor era juzgado como tal, se le podía imponer pena de cárcel o pre-sidio, pero la misma se extinguía en cualquier institución pública o privada que no fuese una cárcel o presidio.

En 1952, cuando se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado, la Ley de Cortes para Niños o Cortes Juveniles y la jurisprudencia antes citada constituían el derecho vigente. Siendo ello así, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que éstas fueron la fuente de la propuesta de la delegación socialista a la Convención Constituyente. Como bien señala el apelante, al redactar la Carta de Derechos la Convención Constituyente pretendió expandir los derechos y las garantías individuales reconocidas entonces. La Sec. 15 de la Carta de Derechos, supra, es ejemplo de ello. Al adoptar el derecho vigente como parte de la Constitución, la Convención Constituyente elevó un derecho estatutario de los menores a rango constitucional. Además, eliminó las excepciones existentes mediante las cuales el menor podía ser encarcelado en instituciones de adultos. Sin embargo, la ampliación del derecho de los menores no llegó al punto de prohibir que pudieran ser procesados criminalmente. Ello surge claramente no sólo del tenor mismo del texto de la ahidida Sec. 15, que trata únicamente del encarcelamiento de menores y nada dice sobre su procesamiento, sino, además, de la actuación legislativa posterior a la adopción de la Constitución.

El 24 de julio de 1952, la Asamblea Legislativa aprobó, de manera urgente, la Ley Núm. 21 (34 L.P.R.A. ants. sees. 1963 y 1971), enmendando la Ley Núm. 37, supra, a fin de eliminar las excepciones contenidas en sus Sees. 23 y 31 que permitían que un menor pudiese ser encarcelado en una institución de adultos, de manera que las mismas fueran cónsonas con el nuevo estado de Derecho propiciado por la vigencia de la Constitución. Si el propósito de la Convención Constituyente hubiese sido el prohibir el procesamiento de un menor como adulto, o sea, procesarlo criminalmente, la Asamblea Legislativa hubiese tenido que derogar o enmendar la Ley Núm. 37, supra, a tales efectos también, pero no lo hizo. La Asamblea Legis-lativa, cuando aprobó las enmiendas a las See. 23 y 31 de dicha ley, tuvo presente y reconoció que la nueva disposi-ción constitucional lo que prohibía era la forma y manera de encarcelar que en su origen permitía la Ley Núm. 37, supra, y no el procesamiento criminal.

Por todo lo anterior, concluimos que, a tenor con la See. 15 del Art. II de la Carta de Derechos de nuestra Consti-tución, supra, un menor de catorce (14) años o más puede ser procesado como adulto y sentenciado a reclusión siem-pre que éste no sea encarcelado en una institución de adul-tos antes de cumplir los dieciséis (16) años de edad.

El encarcelamiento del menor en una institución diferente no constituye una excepción en nuestro ordenamiento jurídico. El Art. 40 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3202) dispone que: “La pena de reclusión consiste en la privación de libertad en la institución adecuada durante el tiempo señalado en la sentencia.” (Enfasis suplido.) Por lo tanto, el Tribunal no está impedido ni actúa ultra vires si ordena el cumplimiento de la sentencia en una institución que no pertenezca a la Administración de Corrección y que se considere adecuada según las circunstancias del caso.

IV

Analicemos ahora las disposiciones de la Ley Núm. 34, supra, a la luz de las cláusulas constitucionales del debido proceso de ley.

Nuestra Constitución dispone, en la See. 7 del Art. II, que “[njinguna persona será privada de su libertad o propiedad sin [el] debido proceso de ley ..Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 275. Esta disposición constitucional tiene su contraparte y modelo en las Enmiendas V y XIV de la Constitución federal, L.P.R.A., Tomo 1. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987). Debemos hacer referencia a la interpretación que se le ha dado a las aludidas disposicio-nes constitucionales federales porque tenemos ante nos una cuestión novel que este Tribunal no había examinado antes, y por ende, la interpretación de las disposiciones originales de la cuales las nuestras fueron tomadas es muy pertinente. Belaval v. Srio. de Hacienda 83 D.P.R. 251 (1961); Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335 (1961); Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29 (1961); Rivera Escuté v. Jefe de Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); Peña Clos v. Carta-gena Ortiz 114 D.P.R. 576, 588 (1983); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226 (1987). Más importante aun, estamos constitucionalmente comprometidos a inter-pretar nuestras disposiciones para darles, al menos, el mismo contenido que tienen las cláusulas federales. Pueblo v. Figueroa, 77 D.P.R. 188 (1954); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 205 (1984).

La cláusula del debido proceso de ley de la Constitución federal, en la cual se funda la nuestra, procura prevenir que el Gobierno abuse de sus poderes, que los utilice como instrumentos de opresión, Davidson v. Cannon, 474 U.S. 344, 348 (1986), o que los ejerza de forma arbitraria en perjuicio del individuo, Daniels v. Williams, 474 U.S. 327, 331 (1986). Según se ha conceptualizado, el debido proceso de ley se manifiesta en dos (2) dimensiones distintas: la sustantiva y la procesal. Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1984).

En el presente recurso de apelación se impugna la vali-dez constitucional de la Ley Núm. 34, supra, bajo ambas vertientes de la cláusula del debido proceso de ley. En sín-tesis se nos señala que el ser procesado como un menor es un derecho fundamental y que, al requerírsele a un menor de dieciséis (16) años ser juzgado como adulto, era necesa-ria la celebración de una vista evidenciaría donde el menor pudiese demostrar que su bienestar y el de la comunidad requerían que se le procesase como menor y no como adulto.

No le asiste la razón al recurrente bajo ninguna de las dos (2) vertientes de debido proceso de ley.

La vertiente sustantiva del debido proceso de ley, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra; Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983); U.S. v. Carolene Products, 304 U.S. 144, 152-153 (1938). Por lo tanto, debemos iniciar nuestro análisis indagando si se ha reconocido algún derecho fundamental por razón de edad; es decir, si al menor le ampara algún derecho fundamental por su condición de menor.

El ordenamiento constitucional federal ha reconocido como derechos fundamentales aquellos derechos ex-presamente consagrados en la Primera Enmienda, además de seis (6) categorías adicionales reconocidas judicialmente como derechos implícitos:

First, the freedom of association has been found to be a fundamental value which is implied by the first amendment guarantees even though it has no specific textual recognition in that amendment. Second, the right to vote and to participate in the electoral process has been held to be a fundamental constitutional value which is reflected in several amendments and given recognition as a form of “liberty” under the due process clauses. Third, the Court has found a fundamental right to inter state travel', this right to travel has a long history of recognition as a right to personal mobility, a right derived from several provisions of the Constitution. Fourth, the Court has implicitly recognized a right to fairness in the criminal process as a fundamental right although its “fundamental” nature has not been the subject of a specific decision. Fifth, the Supreme Court has recognized that there is a right to fairness in procedures con cerning individual claims against governmental deprivations of life, liberty, or property. Again, this right is not reflected in a specific decision but is, rather, an implied recognition of the fundamental nature of the due process clause in those decisions dealing with “procedural due process” rights. Sixth, there is a fundamental right to privacy which includes various forms of freedom of choice in matters relating to the individual’s personal life. This right to privacy has been held to include rights to freedom of choice in marital decisions, child bearing, and child rearing. (Enfasis suplido y escolios omitidos.) 2 Rotunda, Nowak and Young, Constitutional Law Sec. 15.7, págs. 84-85 (1986).

La Constitución del Estado Libre Asociado, en su Carta de Derechos, también reconoce expresamente determinados derechos fundamentales del individuo. A modo ejemplificativo podemos señalar los derechos siguientes: la igualdad ante la ley (Sec. 1), el derecho al voto (See. 2), la libertad de culto (See. 3), la libertad de expresión (See. 4), el derecho a la vida (See. 7), el derecho a protección de ley contra ataques abusivos a la honra y el derecho a la intimidad (See. 8). Estos derechos, además de ser garantizados constitucionalmente, han sido reconocidos como fundamentales e inherentes al ser humano. González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125 (1963); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Puerto Rico Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986).

La posición asumida por el apelante, a los efectos de que el ser procesado como menor es un derecho fundamental, es insostenible. De un minucioso examen de la Constitución federal y de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus interpretaciones, no se desprende derecho fundamental alguno que cobije el reclamo del apelante. No hay nada en el texto o en el historial de las cláusulas constitucionales pertinentes ni en la jurispru-dencia aplicable que justifique dicho reclamo. Tampoco existen consideraciones extraordinarias de orden público que permitan inferir el derecho reclamado. Siendo ello así, no puede resolverse que la Ley Núm. 34, supra, viola la cláusula de debido proceso de ley en su aspecto sustantivo. People v. J.S., 469 N.E.2d 1090, 1094 (1984); State v. Huntley, 438 So. 2d 1188, 1192 (1983).

En su vertiente procesal, la cláusula del debido proceso de ley le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo, que respete la dignidad de los individuos afectados. López Vives v. Policía de Puerto Rico, supra. La validez de la ley, en términos sustantivos, no es pertinente a los fines de evaluar si cumple con el debido proceso de ley procesal. Rotunda, Nowak and Young, supra, Sec. 14.6.

Para que entre en vigor la protección que ofrece este derecho en su vertiente procesal, tiene que estar en juego un interés individual de libertad o propiedad. Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274. Una vez cumplida esta exigencia, hay que determinar cuál es el procedimiento exigido (what process is due). Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra; Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra; Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 481 (1972). Dependiendo de las circunstancias, diversas situaciones pueden requerir diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste el requisito general de que el proceso gubernamental sea justo e imparcial. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra; Rotunda, Nowak and Young, supra, Sec. 17.8.

En el presente caso evidentemente no se alude a ningún tipo de interés de propiedad. Lo que se reclama es un interés de libertad, en su modalidad física. En cuanto a este interés del menor, cabe señalar que, aun cuando la consecuencia ulterior de aplicarle la Ley Núm. 34, supra, sea la privación de su libertad, su interés no está indebi-damente afectado. En el procesamiento criminal como adulto disfrutará de todas las garantías pertinentes, inclu-yendo una vista en su fondo. Tendrá ahí el debido proceso a que tiene derecho para proteger su interés de libertad, por lo que la vista evidenciaría reclamada no procede.

Debe quedar claro que no estamos aquí ante una situa-ción de renuncia discrecional de jurisdicción sobre el me-nor, donde un juez del Tribunal de Menores, a base de su mejor criterio, lo excluye de su competencia y lo transfiere a otro foro para que el menor sea juzgado como adulto. En tales casos, aplica lo señalado en Kent v. United States 383 U.S. 541 (1966), donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, refiriéndose a la renuncia de jurisdicción, dijo que ésta era la medida más drástica que tiene disponible el Tribunal de Menores y que por eso era necesario que se cumplieran determinadas exigencias procesales que prote-giesen al menor ante la discreción del juez.

Lo que tenemos ante nos es una situación, no de renuncia discrecional, sino de exclusión legislativa, donde la ley taxativamente dispone que los menores de catorce (14) años o más que hayan sido acusados de asesinato serán transferidos para juicio al sistema de justicia criminal de adultos. No hay ejercicio alguno de discreción. J.L. Morán, Sistema de justicia juvenile, exclusión de jurisdicción, renuncia de jurisdicción, 49 Rev. Col. Abo. P.R. 105, 112 (1988); B.C. Feld, Reference of Juvenile Offenders for Adult Prosecution: The Legislative Alternative to Asking Unanswerable Questions, 62 Minn. L. Rev. 515 (1978).

No tiene razón el apelante al señalar que lo resuelto en Kent v. United States, supra, es de aplicación al caso de autos. Las razones que llevaron al Tribunal Supremo a re-conocer las salvaguardas procesales de la referida cláusula constitucional en Kent v. United States, supra, no están presentes cuando la ley, como en nuestro caso, no confiere a los jueces discreción alguna a ejercer. Ante un plantea-miento idéntico al de autos en State v. Perique, 439 So. 2d 1060, 1064 (1983), se indicó:

The situation in the case at bar, however, is easily distinguishable from that in Kent. In this case, there are no statutory rights of which defendants are being deprived. Once ... charged ... the question is not one of “transfer” of jurisdiction. Rather, the juvenile court is automatically divested of jurisdiction. This divestiture is not a matter of discretion on the part of the juvenile court or the district attorney, but is controlled by the statute defining the jurisdiction of the juvenile courts ....

En igual sentido, véanse: People v. Reed, 465 N.E.2d 1040, 1042 (1984); People v. J.S., supra, pág. 1095.

La exclusión legislativa en cuestión se justifica al hacer un balance de los intereses en conflicto. Los intereses del menor y los de la sociedad exigen que al menor se le pro-cese como a un adulto en esas circunstancias. No podemos olvidar que, como dijéramos antes, el tribunal de adultos le proveerá un debido proceso de ley, con todas las garantías constitucionales habidas, para que de esta forma se proteja su interés de libertad.

Cabe señalar que los actuales Tribunales de Menores son criaturas legislativas y que, por lo tanto, la Legislatura, en función de su poder general de legislar para el bien común, puede variar la jurisdicción que le confirió en un momento histórico por aquella que refleje la realidad y las necesidades sociales del momento. People v. Robert Z., 511 N.Y.S.2d 473, 476 (1986).

V

El apelante cuestiona la constitucionalidad de la ley, bajo las cláusulas de igual protección de las leyes. Alega que se ha establecido por la Ley Núm. 34, supra, una cla-sificación ilegal basada en la edad del menor y en la natu-raleza del delito imputado. No tiene razón el apelante.

El principio constitucional de la igual protección de las leyes no exige que se dé un trato igual a todos los ciudadanos siempre. Pueblo v. Matías Castro, 90 D.P.R. 528, 531 (1964); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 696 (1986). El Estado puede hacer clasificaciones entre las personas sin infringir dicho principio siempre y cuando la clasificación sea razonable y con miras a la consecución o protección de un interés público legítimo. Zachry International v. Tribunal Superior, supra, pág. 277; Legislative Purpose, Rationality and Equal Protection, 82 Yale L. J. 123, 130-141 (1972). La existencia de una clasificación no implica, per se, que ha habido una violación a dicho principio constitucional. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 260 (1980). Lo que este principio hace es prohibir que el trato desigual sea injustificado o que la clasificación sea irrazonable.

Nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado dos tipos de escrutinios para examinar la razonabilidad de las clasificaciones. Estos son el escrutinio estricto y el escrutinio tradicional, deferencial o de nexo racional. Zachry International v. Tribunal Superior, supra, pág. 277.

El escrutinio estricto impone el nivel más riguroso de revisión de la legislación impugnada. Según este criterio, la clasificación se presume inconstitucional. El Estado tiene la obligación de demostrar la existencia de un interés público apremiante o de superior jerarquía que justifique la clasificación y que la misma promueva necesariamente la consecución de ese interés. Zachry International v. Tribunal Superior, supra, págs. 277-278. Este criterio es generalmente utilizado cuando una ley establece una cía-sificación inherentemente sospechosa o cuando se afectan derechos fundamentales. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1198. En Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972), señalamos' que están sujetas a un minucioso examen judicial, por con-siderarse inherentemente sospechosas, todas las clasifica-ciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley. Caen bajo esta catego-ría las clasificaciones o discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas po-líticas o religiosas, y nacionalidad. Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, supra. En el caso de autos evidentemente no hay una clasificación inherentemente sospechosa.

Bajo el escrutinio tradicional o de nexo racional, una clasificación legislativa no debe ser declarada inválida o inconstitucional a menos que sea claramente arbitraria; esto es, que no exista un interés legítimo del Estado o que no pueda establecerse nexo racional alguno entre la clasificación y un interés estatal. Aplicando este criterio se ha resuelto que es constitucional una ley siempre que pueda concebirse razonablemente una situación de hechos que justifique la clasificación, teniendo el peso de la prueba aquel que alega la inconstitucionalidad de la legislación en controversia. Zachry International v. Tribunal Superior, supra, pág. 277.

Por otro lado, este Tribunal ha establecido que cuando el planteamiento de inconstitucionalidad, bajo esta cláusula, se hace contra una legislación de tipo económico o social, el criterio tradicional mínimo sólo exigirá que la clasificación no sea arbitraria y que la misma pueda establecer un nexo racional con los propósitos del estatuto. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 81; U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456, 461 (1980).

Conforme a lo que resolviéramos anteriormente, aquí no está implicado ningún derecho fundamental, por lo que no es de aplicación el escrutinio estricto. Por otro lado, en Pueblo en interés menor L.R.R., 125 D.P.R. 78 (1989), este Tribunal resolvió que no procedía un planteamiento de clasificación sospechosa por edad y catalogó el mismo como uno patentemente frívolo. Con exclusión de lo antes citado, no hemos encontrado nada en nuestra Constitución ni en la jurisprudencia que nos permita concluir que una clasificación basada en la edad o en la gravedad del delito pueda ser una clasificación sospechosa.

Por lo tanto, siguiendo los parámetros establecidos para el escrutinio tradicional y por los de este Tribunal en cuanto a legislación social, debemos concluir que la ley es constitucional. El planteamiento de arbitrariedad, por parte del apelante, es inmeritorio. La ley en cuestión es el producto de amplios estudios sociológicos sobre el particular y responde a los dramáticos cambios sociales ocurridos en Puerto Rico durante las últimas décadas. Esta ley tiene como fundamento el interés legítimo del Estado en “velar por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de toda la comunidad”, según expresado en la Exposición de Motivos. 1987 Leyes de Puerto Rico 121.

Han sido muchos los esfuerzos gubernamentales para combatir el mal social que nos ocupa. El legislador advierte el impacto social que el incremento en la delincuencia tiene y reconoce la necesidad de establecer un balance entre los intereses del menor y los de la sociedad en general.

Mediante la aprobación de esta ley, el legislador tiene el propósito de proteger la ciudadanía de aquella conducta delictiva de naturaleza grave y violenta. Este es un objetivo público legítimo enmarcado dentro del poder de razón de Estado y los mecanismos utilizados para su consecución guardan un nexo racional con el objetivo perseguido.

Este Tribunal no puede hacer caso omiso a la realidad de que jóvenes de catorce (14) años de edad o más, con demasiada frecuencia, están siendo autores de delitos des-piadados que ponen en riesgo el bienestar de las personas. De los informes y estadísticas considerados por la Asam-blea Legislativa durante el proceso de aprobación de la Ley Núm. 34, supra, se desprende esta trágica realidad puer-torriqueña en cuanto a la delincuencia juvenil.

De acuerdo con el informe que rindió al Senado la Co-misión de lo Jurídico el 12 de mayo de 1987, sobre el P. del S. 1275 (Proyecto de la ley en cuestión), durante solamente los meses de enero a abril de 1987 se presentaron ciento veintidós (122) renuncias de jurisdicción mandatorias en la Sala de Menores del Tribunal Superior. De éstas, doce (12) renuncias fueron motivadas por la comisión de asesinatos. Durante el año fiscal 1985-1986, se presentaron cuarenta y un (41) querellas de asesinato en el Tribunal de Menores. Informe sobre el P. del S. 1275, pág. 7.

Durante el periodo comprendido entre el 19 de junio de 1987 al 18 de junio de 1989, en el cual ya estaba en vigor la Ley Núm. 34, supra, se registró un total de ochenta (80) casos de asesinato imputados a menores entre las edades de catorce (14) y diecisiete (17) años de edad. Informe de Conferencia Sustitutivo del Senado al P. de la C. 1368 de 30 de junio de 1991, pág. 3. Por otro lado, durante el pe-riodo comprendido entre el 29 de junio de 1989 al 31 de marzo de 1991 se registró un total de setenta y un (71) casos de asesinato imputados a menores entre las edades antes señaladas.

Abase de las estadísticas oficiales, el total de los setenta y un (71) asesinatos imputados a menores entre las edades de catorce (14) a diecisiete (17) años representan el 6.88% del total de mil treinta y dos (1,032) asesinatos que se re-gistraron en Puerto Rico entre 1989 y 1991. Los ochenta (80) asesinatos imputados a los menores comprendidos en las mismas edades durante los dos (2) años anteriores re-presentan el 7.5% del total de mil cincuenta y nueve (1,059) asesinatos cometidos en ese periodo.

Lo antes señalado refleja que la Ley Núm. 34, supra, no es una medida arbitraria, sino más bien un intento racio-nal del legislador de atender un grave problema social. Responde a una necesidad, a una urgencia ante una situa-ción de crisis social.

Por todo lo antes expuesto, se anulará el auto, se dictará sentencia que confirme la sentencia de 18 de mayo de 1989 del tribunal de instancia y se devolverá el caso para que se continúen los procedimientos conforme a esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita. El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino.

       El 11 de julio de 1991 se aprobó la Ley Núm. 19, la cual enmienda la Ley Núm. 34 de 19 de junio de 1987 (34 L.P.R.A. see. 2203), a fin de aumentar la edad mínima a quince (15) años. Dicha enmienda no afecta el caso de autos debido a que el menor Gilberto Rodríguez Rodríguez tenía quince (15) años al momento de ocurrir los hechos.

       El principio de legalidad establece que “[n]o se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubier[a] pre-viamente establecido”. Además, que “[n]o se podr[ía]n crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad”. Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031.

      “Sección 23. — Todas las penas y castigos impuestos por la ley o por ordenanzas municipales a una persona por cualquier delito o falta serán aplicadas discrecional-mente por las Cortes para Niños, y la ejecución de cualquier sentencia podrá dejarse sin efecto o suspenderse por la Corte. Ningún niño menor de diez y seis años de edad será encarcelado en una cárcel común, en la compañía de criminales adultos confi-nados en la misma, sino que, en el caso de que su encarcelación se hiciere absoluta-mente necesaria, ésta se verificará en un lugar separado de los criminales adultos, en forma tal que resulte imposible que el niño se asocie con ellos, o que éstos puedan ejercer influencia sobre aquél. 1915 Leyes de Puerto Rico 79.
      “Sección 31. — En ninguna circunstancia, podrá encarcelarse, a no ser por or-den de la Corte, a un niño menor de diez y seis años de edad en ninguna prisión, cárcel común o depósito, y cualquier funcionario o persona que infringiese esta dis-posición de ley será culpable de delito menos grave (misdemeanor), y será castigado con multa no excedente de veinticinco dólares, o prisión en la cárcel de distrito por un período máximo de quince días o ambas penas.” 1915 Leyes de Puerto Rico 81-82.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Héctor Guardiola Dávila, acusado y peticionario.

      Número: CE-86-243

      Resuelto: 5 de junio de 1992

      Jorge L. Santiago Carrasquillo, Miguel A. Laborde, Enrique Rivera Mendoza, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procura-dor General, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

La solución final de este recurso exige una cuidadosa exposición cronológica de su trasfondo fáctico. El 5 de fe-brero de 1982 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, sen-tenció a Héctor Guardiola Dávila a cumplir una pena de uno (1) a tres (3) años por infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (G-81-33), suspendídale con sujeción a varias condiciones.

Así las cosas, por hechos ocurridos el 8 de junio de 1982, cuando alegadamente Guardiola Dávila vendió heroína (0.3820 gramos) al agente encubierto Agustín Rosario Bur-gos, el 25 de agosto se determinó en su ausencia causa probable y se ordenó su arresto con una fianza de $7,500 para permanecer en libertad provisional (Denuncia 12594-01). No fue arrestado.

Transcurrió el tiempo. El 23 de agosto de 1985 se pre-sentaron en su contra dos (2) denuncias por apropiación ilegal agravada. El arresto de Guardiola Dávila por estas denuncias nuevas se efectuó el 15 de octubre. Mientras es-taba en la penitenciaría, el 21 de octubre, se diligenció la orden de arresto por el delito de 1982 relacionado con la infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401. El 5 de noviembre se celebró la vista preliminar y se encontró causa probable. Entre la emisión de la referida orden de arresto y su dili-genciamiento transcurrieron tres (3) años y dos (2) meses.

El 20 de noviembre el Ministerio Público acusó y el 26 de noviembre se llevó a cabo la lectura de esa acusación. El 30 de diciembre del mismo año Guardiola Dávila solicitó su desestimación. Adujo que la tardanza irrazonable y negli-gente en el diligenciamiento de su arresto lo situaba en un estado de indefensión total y, además, que había transcu-rrido el término prescriptivo de tres (3) años.

El tribunal celebró una vista evidenciaría. Conforme los alegatos y la transcripción parcial, en la misma Guardiola Dávila declaró residir en el Barrio Sabana, Cataño, hace dieciséis (16) años; haber estado en probatoria desde 1982 a 1985; haber asistido a sus citas con el socio-penal en el Centro Judicial de Bayamón; no haber salido de Puerto Rico ni haberse mudado de residencia, y haber trabajado desde 1983 en Antilles Shipping, Inc. Añadió no recordar sobre el día en que ocurrieron los hechos debido al tiempo transcurrido.

Testificó, además, la socio-penal Nidia Flores, quien desde septiembre de 1984 lo supervisó. Según su expe-diente, el 3 de septiembre, 11 de noviembre de 1982 y abril de 1983, unos agentes fueron a buscar información de Guardiola Dávila, mas ella no fue informada que existía caso pendiente alguno. Una vez Guardiola Dávila cumplió, se le expidió certificado de cumplimiento en febrero de 1985.

El agente Hermenegildo Martínez Remigio declaró que en varias ocasiones visitó la residencia de Guardiola Dá-vila pero no logró su arresto. No presentó los diligencia-mientos negativos. En sus notas tan sólo constaba el arresto del imputado por las otras causas desestimadas. Diligenció la orden de arresto de esas otras dos (2) causas. Buscando entre órdenes de arresto viejas y archivadas, en-contró las del presente caso y las diligenció en la Peniten-ciaría Estatal.

El agente William Marrero Burgos,' en esencia, testificó que estuvo en la redada que se llevó a cabo en la madru-gada para arrestar a Guardiola Dávila, quien logró esca-par; que el agente Rosario Burgos participó; que sabía que Guardiola Dávila se encontraba en probatoria y que habló con su socio-penal; que no arrestó a Guardiola Dávila en el curso de seis (6) o siete (7) citas que tuvo con el Oficial Probatorio por encontrarse citado en otras vistas en el mismo centro judicial; que sus gestiones no constan por escrito, y que informó la situación a otros agentes, incluso a Rosario Burgos, pero ninguno mostró interés en diligen-ciar la orden. T.E. Parcial, págs. 2-12.

Por su parte, el agente Agustín Rosario Burgos, quien alegadamente participó en la transacción, declaró que par-ticipó en el operativo durante una madrugada para reali-zar el arresto de Guardiola Dávila; que se personaron a su residencia y no vieron a nadie ni hablaron con nadie; que no recuerda que Marrero Burgos participara en dicho ope-rativo; que se enteró que el imputado estaba en probatoria pero no quién le supervisaba, y que en ningún momento Marrero Burgos le pidió que lo arrestara. T.E. Parcial, págs. 13-19.

Finalmente, testificó el socio-penal Justino Silva Vega quien originalmente, antes de jubilarse de la Administra-ción de Corrección, supervisó a Guardiola Dávila. Atestó que les proveyó a los agentes las direcciones residencial y de trabajo, y las fechas de citas; que nunca le informaron sobre orden de arresto pendiente ni se enteró que existie-ran luego de realizar gestiones con el Cuartel de Cataño y con la Secretaría del Tribunal de Bayamón; que los agentes no volvieron más desde principios de 1983, y que no le informó ni alertó a Guardiola Dávila de esas gestiones por entender que nada existía y, en caso contrario, para evitar que se escondiese. T.E. Parcial, págs. 24-43.

El tribunal (Hon. Fernando Grajales Rodríguez, Juez) no le dio crédito a la prueba de Guardiola Dávila y declaró sin lugar la moción; T.E. Parcial, págs. 43-44. Ante nos, reproduce el reclamo de que se violaron sus derechos cons-titucionales, en particular el debido proceso de ley, y el derecho a un juicio rápido y justo. Aduce que el diligencia-miento de la orden de arresto en su contra fue demorado por un tiempo opresivo e irrazonablemente largo y que el estado de indefensión en que se encuentra fue motivado por la crasa negligencia del Estado en diligenciar dicha orden, luego de haber transcurrido tres (3) años.

II

La Constitución dispone que “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin [el] debido proceso de ley Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 275. Nuestro ordenamiento sustantivo y adjetival, al igual que la jurisprudencia, regulan la vertiente procesal criminal del debido proceso de ley. Sin embargo, no hay precepto que expresamente fije el término matemático prudencial que debe existir entre la orden de arresto y su diligenciamiento.

Conforme al Código Penal aprobado en 1974, la acción en delitos graves prescribe a los tres (3) años. 33 L.P.R.A. see. 3412. Esta disposición fue enmendada para extender el referido término a cinco (5) años, efectivo el 1ro de junio de 1983. Como los hechos de autos alegadamente ocurrieron el 8 de junio de 1982 y la orden de arresto fue emitida antes de la vigencia de la enmienda, el término prescriptivo es de tres (3) años. Sabido es que “se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se expida el mandamiento de arresto o de citación”. 33 L.P.R.A. see. 3413. Claro está, interrumpido el término con la expedición de la orden de arresto, como el Código Penal nada dispone, se crea la errónea apariencia de que esa interrupción es indefinida e infinita. Decimos errónea, pues, a poco que reflexionemos, notamos que ello atenta contra el verdadero propósito y fundamento que inspira el instituto de la prescripción.

La importancia de interrumpir el término prescriptivo me-diante el inicio de la acción penal, es evitar que se extinga la acción penal por el transcurso del tiempo. La razón de ser de la prescripción es lograr que el Estado le informe al imputado con suficiente anticipación de la intención de procesarlo y de la na-turaleza del delito imputado, de forma que no se menoscabe la oportunidad de defenderse por razón de que la evidencia dispo-nible para establecer su defensa desaparezca o se afecte con el transcurso del tiempo. Véase Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 24 (1961) y casos allí citados. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, See. 6.5, pág. 334.

En el pasado no habíamos abordado enteramente la cuestión ante nos, aunque existían ciertos destellos jurisprudenciales que rechazan el concepto absolutista de interrupción indefinida de la prescripción luego de emitida una orden de arresto. Así, en Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 24, 28 (1961), establecimos que si “la interrupción del período prescriptivo se obtiene mediante la expedición de una orden de arresto, ésta debe cumplimentarse con diligencia y que a menos que existan circunstancias excepcionales que lo impidan, la falta de diligenciamiento dentro de un período razonable puede anular los efectos de la interrupción”. (Énfasis suplido. Véase, además, Pérez Vega v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 749, 754 (1966). En ambos casos se obtuvo una orden de arresto poco tiempo antes de vencer el término prescriptivo, pero fueron dili-genciadas sin dilación excesiva alguna: en el primero, pa-sado el término prescriptivo, a los cinco (5) días de emitida, y en el segundo, dentro del término prescriptivo.

El término prescriptivo no se interrumpe por arrestos practicados en otras acusaciones por el mismo delito, sobreseídas por no haberse celebrado el juicio dentro del término fijado por ley. Pueblo v. Lugo, 58 D.P.R. 183 (1941); Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 63-64 (1967). Tampoco se interrumpe con la presentación de otras acciones no relacionadas. Anotación, Finding or Return of Indictment, or Filing of Information, as Tolling Limitation Period, 18 A.L.R.4th 1202 (1982); C. Torcia, Wharton’s Criminal Law, Sec. 90 y ss., pág. 415 y ss.

En Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103, 107 (1975) —ante una alegada dilación entre la fecha de los hechos y aquella en que el agente encubierto juramentó la denuncia y se arrestó al acusado cuatro (4) meses después— dijimos “que el derecho a juicio rápido no ampara[ba] es[e] género de tardanza, pero que ésta puede constituir una violación al debido proceso de ley. United States v. Marion, 404 U.S. 307-320, (1971); 8A Moore, Federal Practice, 2d. ed., see. 48.03[2], pág. 48-27; Ross v. United States, 349 F.2d 210 (D.C. Cir. 1965); vide: Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 455, 469 (1959). Para que exista la violación debe concluirse que el interés en no perjudicar la defensa del acusado y su derecho a un juicio justo e imparcial se sobre-pone en las circunstancias específicas que presente el caso al interés del gobierno en la dilación resultante”. (Énfasis suplido.)

HH HH HH

El vacío en nuestro ordenamiento penal sustantivo y procesal en cuanto al término prudencial que debe haber entre una orden de arresto y su diligenciamiento, no signi-fica que el peticionario Guardiola Dávila esté desvalido y sin protección.

Es evidente que el debido proceso de ley requiere que todo imputado sea arrestado dentro de un término razonable a partir del momento en que fue denunciado y se ordenó su arresto. Se fomenta así una pronta y debida notificación que permite al imputado adoptar las medidas necesarias para una defensa adecuada. Adviértase que la orden de arresto presupone una determinación de causa probable, previa denuncia, en cuyo momento ya no existe la excusa de que el proceso investigativo en marcha pueda verse afectado por la exigencia de presentar los cargos. En otras palabras, ha desaparecido la razón clásica que de ordinario ha justificado la norma de abstención de los tribunales en la determinación de cuándo debe iniciarse el procedimiento criminal. D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, See. 5.65, pág. 43.

En ausencia de legislación o reglamentación ex-presa, el remedio judicial no puede confeccionarse mediante una regla o término fijo; es menester reconocer la necesidad de un período flexible sujeto al criterio de razonabilidad que es la medida para, a la postre, regular toda conducta humana. Según esta óptica, el concepto de razonabilidad se nutrirá circunstancialmente, entre otros, de los factores siguientes: gestiones oficiales tendentes a arrestar al imputado; si éste conoce de la orden de arresto en su contra; si ha huido o se ha ocultado; su disponibilidad a los fines de haberse podido realizar el diligenciamiento efectivo; si se conoce o debió conocerse su dirección o paradero; si se ha mudado de dirección; si ha salido de la jurisdicción; su movilidad en Puerto Rico, y otros.

En sana lógica, seguramente habremos sobrepasado el límite de lo razonable si desde que se emitió la orden de arresto ha transcurrido un período mayor al establecido por el Estado para la prescripción de la acción penal. Expirado ese término sin haberse diligenciado la or-den de arresto, salvo circunstancias extraordinarias demostradas por el Ministerio Fiscal, se cancela o extingue el efecto interruptor o suspensivo de la prescripción de la acción penal y procede el archivo de la causa.

IV

El peticionario Guardiola Dávila alegó y presentó prueba demostrativa de los perjuicios que le causaron la innecesaria e injustificada dilación provocada por parte del Estado para iniciar y dar seguimiento al procedimiento criminal en su contra, como infracción al debido proceso de ley. Pueblo v. Padilla Arroyo, supra, págs. 107-108.

En Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 353 (1967), expresamos:

Si bien es verdad que el acusado debe demostrar que la demora en radicar la acusación le ha causado perjuicio, como ésta es responsabilidad del Estado y se permite para su beneficio, no puede requerírsele un peso de prueba exaccionante. Como se dijo en Jackson, supra, muchas veces la dificultad en establecer el peijuicio es la mejor evidencia de su existencia. Siendo la de-fensa de coartada la que usualmente se presenta, no debe olvi-darse que la mayoría de los infractores pertenecen a una es-trata subcultural tipificada por la monotonía en el diario vivir, y que esta misma ausencia de acontecimientos importantes en sus vidas les impide distinguir un día de otro día. (Enfasis suplido.)

En autos no hay justificación legítima para el diligencia-miento excesivamente tardío. Guardiola Dávila no salió de Puerto Rico ni cambió de residencia; más aún, se encon-traba bajo la jurisdicción directa del Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Los agentes conocían todos esos detalles y, además, la dirección de su trabajo y los días de sus citas con el oficial probatorio. Aun así optaron por dejar trans-currir el tiempo, ocasionando un estado de indefensión. Es-taban enterados que podían iniciar los procedimientos para la revocación de la probatoria, así como su eventual reclusión, con tan sólo informar al oficial socio-penal de la orden de arresto. Sin embargo, se cruzaron de brazos per-mitiendo que el decursar del tiempo dejara su huella en la memoria de Guardiola Dávila y así lograr una ventaja con el testimonio del agente encubierto que alegadamente rea-lizó la transacción.

Frente a estas realidades, la versión de los agentes de que Guardiola Dávila se ocultó y huyó para no ser arres-tado no es creíble. No fue avalada con otra prueba contem-poránea documental. De poco valor fueron las gestiones estériles supuestamente realizadas por dichos agentes del orden público, cuando tenían a su disposición mecanismos e información más útil y directa para descargar eficiente-mente sus labores.

Se dictará sentencia revocatoria y en su lugar se orde-nará el archivo definitivo de la acusación.

       Ambos casos fueron archivados el 13 de diciembre de 1985.

       El Tribunal Supremo federal ha resuelto que el período entre la emisión de la orden de arresto y su diligenciamiento forman parte del derecho a un juicio rápido en los procedimientos criminales protegido por la Constitución federal. United States v. MacDonald, 456 U.S. 1, 6-7 (1982). Véase, además, United States v. Lovasco, 431 U.S. 783 (1977). En Dillingham v. United States, 423 U.S. 64 (1975), se dejó sin efecto una orden de la Corte de Circuito que confirma una negativa a archivar los cargos contra un acusado que reclamó su derecho a un juicio rápido fundamentado en la dilación excesiva de veintidós (22) meses desde que se dictó la orden de arresto hasta que se diligenció, y en el transcurso del período de un (1) año desde su arresto hasta el juicio.
      La mayoría de las cortes federales y estatales han reconocido el derecho a un juicio rápido y el debido procedimiento de ley en esta etapa de los procedimientos requiriendo un término razonable, ya por disposición estatutaria o interpretación constitucional, entre la emisión de la orden de arresto y su diligenciamiento. La razonabilidad del término dependerá de la totalidad de las circunstancias, aten-diendo particularmente la disponibilidad y accesibilidad al imputado en la jurisdicción. Anotación, Delay Between Filing of Complaint or Other Charge and Arrest of Accused as Violation of Right to Speedy Trial, 85 A.L.R.2d 980 (1962); Serna v. Superior Court (People), 707 P.2d 793 (Cal. 1985); Kaikas v. Superior Court in and for County of Alameda, 95 Cal. Rptr. 596 (1971); Ibarra v. Municipal Court (People), 208 Cal. Rptr. 783 (1984); State v. Ivory, 564 P.2d 1039 (Or. 1977); People v. Gulley, 404 N.E.2d 1077 (1980); State v. Almeida, 509 P.2d 549 (Hawaii 1973); United States v. González, 748 F.2d 74 (2do Cir. 1984); Scott v. State, 461 N.E.2d 141 (1984); State v. Groth, 483 So. 2d 596 (1986); State v. Kraft, 501 So. 2d 313 (1987). Véase, además, Witkin, California Criminal Procedure Sec. 308, pág. 304, y pág. 411 y ss. del Suplemento de 1985.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

text:
    Monserrate A. Arroyo y otros, demandantes y recurridos, v. Hospital La Concepción y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-89-365

      Resuelto: 5 de junio de 1992

      Fernando E. Betancourt Medina, abogado de los peticiona-rios; Héctor Lugo Bougal, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 27 de diciembre de 1984 Monserrate A. Arroyo et al. presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, mía acción de daños y perjuicios contra el Hospital La Con-cepción et al. Alegaron que la muerte de Alejandro Vega Rosado acaecida el 28 de diciembre de 1983 se debió a la negligencia de esa institución, ya que “los médicos y demás funcionarios de dicha dependencia no le brindaron aten-ción alguna ... ”. Apéndice, pág. 4. Posteriormente, el tribunal de instancia mediante sentencia parcial desestimó la acción contra la Administración del Fondo de Compensa-ción del Paciente al dictaminar que no era aseguradora del Hospital.

Casi cuatro (4) años después, los demandantes Arroyo et al. solicitaron una autorización para enmendar la de-manda e incluir como codemandados adicionales a la Com-pañía Insular de Seguros (enmienda previamente ya acep-tada), así como a los Dres. Carlos Ramírez Alustiza y Francisco Ball Rosa, y sus respectivas aseguradoras deno-minadas Equis (X) y Zeta (Z) por desconocerse sus nombres. El 29 de septiembre de 1988, el tribunal concedió “la enmienda a los solos efectos de traer al litigio a la Cor-poración Insular de Seguros”. El 27 de diciembre de 1988, durante una conferencia con antelación al juicio, el tribunal reconsideró y permitió toda la enmienda.

Los doctores Ramírez Alustiza y Ball Rosa solicitaron sin éxito la desestimación por el fundamento de prescripción. El ilustrado foro razonó que “[l]os demandan-tes alegan que el fallecimiento de su causante se debió a la impericia en el tratamiento [médico] recibido” y solicitan en su demanda enmendada el “pago solidario” de las su-mas que se reclaman, por lo que “se está reclamando res-ponsabilidad solidaria a los codemandados en su carácter de alegados cocausantes del daño. En estas circunstancias, el término prescriptivo en cuanto a dichas partes quedó interrumpido con la presentación oportuna de la demanda original .... Esta conclusión, sin embargo, es sin perjuicio de que dicha defensa se preserve para el juicio, en caso de que este Tribunal llegara a determinar en su día que no existe solidaridad entre las partes”. (Enfasis suplido y en el original.) Apéndice, págs. 1-2.

Inconforme, a petición del doctor Ball Rosa, revisamos.

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En Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 62-63 (1985), definimos la solidaridad como “ ‘[l]a pluralidad subjetiva ... en vez de producir la división de la relación obligatoria en créditos o deudas separados, permite por el contrario a uno solo de los acreedores exigir el total importe del crédito, y obliga a cada uno de los deudores a, pagar la totalidad de la deuda’. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1961, Vol. III, págs. 121-122”. En términos simples, la obligación solidaria es aquella en la que concurren varios acreedores (solidaridad activa) o varios deudores (solidaridad pasiva), o varios acreedores y al mismo tiempo varios deudores (solidaridad mixta), y en que cada acreedor tiene derecho a pedir, y cada deudor tiene la obligación o deber de realizar íntegramente, la prestación debida. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. III, pág. 107.

Al respecto, afirma Puig Brutau que “en la solidaridad activa o con pluralidad de acreedores, cada uno de éstos puede exigir para sí el contenido íntegro de la prestación debida por el único deudor, de modo que con el cumpli-miento a favor de cualquiera de los acreedores, dicho deu-dor único queda liberado frente a todos. De manera equi-valente, en la solidaridad pasiva (pluralidad de deudores), el acreedor único puede exigir íntegramente la prestación de cualquiera de los obligados, y cuando mediante la pres-tación de uno de ellos haya quedado satisfecho el crédito, todos ellos quedarán liberados frente al acreedor, porque se habría extinguido la única obligación existente. La plura-lidad de deudores no ha significado, en tal caso, la posibi-lidad de recibir varias prestaciones, sino la posibilidad de recibir la única prestación debida de cualquiera de las per-sonas obligadas, o de que en definitiva quede satisfecho el interés del acreedor en la prestación única a base de la obligación que pesa sobre varios deudores (por ejemplo, si el primer deudor solidario demandado resulta insolvente o solvente sólo en parte). Cada uno de los deudores debe, pues, toda la prestación, pero el acreedor sólo tiene derecho a recibirla una sola vez, sea de un solo deudor (si ha bas-tado para el cumplimiento de la prestación debida) o de varios”. (Escolio omitido.) J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, págs. 147-148. Véase, además, M. Albaladejo, Dere-cho Civil, Barcelona, Librería Bosch, 1970, T. II, Vol. 1, pág. 54.

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El concepto de “solidaridad” ha sido blanco de intensos debates en torno a cuándo una obligación goza ese carácter. Nos dice Borrel Macía que “[e]l artículo 1.137 del Código civil [Art. 1090 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3101] ... determina que sólo existirá solidaridad en una obligación cuando ésta expresamente lo determina, constituyéndose con el carácter del tal; y añade, el 1.138 [Art. 1091 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3102], que si del texto de la obligación no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirá dividido en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros”. A. Borrell Macía, Responsabilidades derivadas de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 318. “El he-cho de considerarse como excepción en el régimen contractual la solidaridad en las obligaciones, tiene su razón de ser. La solidaridad entre los deudores agrava de una ma-nera evidente la carga que la deuda representa. El hecho de que pueda ser reclamada toda a uno de los deudores y que éste después se vea precisado a ejercitar unas acciones para resarcirse de lo que ha pagado de más, con la posibi-lidad de que, por insolvencia de los coobligados, tenga que satisfacer la deuda propia y la ajena de una manera defi-nitiva, hace preciso que expresamente se manifieste, al con-venir la obligación, que la responsabilidad será de tal grado. No puede presumirse que el que libremente ha con-tratado, sin manifestarlo, se haya querido comprometer a más de lo que consta en el convenio.” (Énfasis suplido.) Borrell Macía, op. cit., págs. 318-319.

Ahora bien, en materia extracontractual o ámbito de la culpa aquiliana, “los anteriores razonamientos ...no tienen ... razón de ser: no es la voluntad de las partes la que crea la obligación, sino que ella surge de una manera unilateral, en virtud de un acto realizado libremente por una persona, en relación con otra; [y] la ley da eficacia y sanciona la obligación natural de reparar los perjuicios causados”. (Énfasis suplido.) Borrell Macía, op. cit., pág. 319. Recordemos la regla general sobre este punto: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causa-do”, Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Así pues, “[au]n cuando el mandato estatutario contenido en el Art. 1802 de nuestro Código Civil ... nada dice expresa-mente que permita establecer directamente la solidaridad de los varios partícipes en una actuación coordinada, o en una en que actuando interdependientemente producen un daño único e indivisible, la doctrina ha interpretado que lo expuesto por dicho precepto para el singular también aplica al plural, de lo que inescapablemente fluye que el ordena-miento implícitamente reconoce que la responsabilidad debe considerarse solidaria cuando sean dos o más los cul-pables de un daño de la naturaleza indicada. Se trata, pues, de un caso de solidaridad legal. Esta norma ha sido objeto de debate durante el último siglo. Sin embargo, al presente la misma es sostenida por una amplísima ma-yoría de la doctrina y la jurisprudencia”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) H.M. Brau, El tér-mino prescriptivo y su interrupción en acciones en daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el Dere-cho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. RR. 203, 204— 205 (1983).

Esta responsabilidad solidaria, impuesta a los cocausantes de un perjuicio, a la luz del Art. 1802 de nuestro Código Civil, supra, “protege con más eficacia al perjudicado por un acto ilícito, aunque se trate de ilicitud civil, y que, como señala Larez, la solidaridad ha de imponerse en el caso que consideramos porque cada uno de los que han cooperado o actuado conjuntamente en el acto ilícito son responsables de la totalidad del daño producido”. (Escolio omitido.) Puig Brutau, op. cit., pág. 160, citando a K. Larez, Derecho de Obligaciones, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1959, T. I, pág. 501. Como muy bien señala Puig Brutau al comentar críticamente a Albaladejo —uno de los pocos que reitera que el Art. 1090 de nuestro Código Civil, supra, aplica a todo tipo de obligaciones— “el riesgo de la falta de solidaridad es que el lesionado no llegue a recibir la reparación íntegra si cualquiera de los causantes es insolvente, pues bastaría en la solidaridad que fuese solvente alguno de ellos... [teniendo esta norma como objeto el] aumentar la garantía normal del que ha sufrido el daño cuando no ha elegido a quienes se lo han causado, sino que han invadido ilícitamente su esfera de intereses”. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Puig Brutau, op. cit., págs. 160-161.

Más allá de los debates doctrinales y judiciales, hoy día “la conclusión, casi universal, es la existencia de solidaridad cuando varias personas intervienen o cooperan en la realización de un daño. En tales circunstancias cada uno queda obligado personalmente por razón de su propia culpa. F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, págs. 81-86”. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 705-706 (1987). Nuestra jurisprudencia admite que la responsabilidad resultante de un acto ilícito civil es solidaria, e incluso afirma que se trata de una doctrina ya consolidada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra; Vega v. Adm. Servs. Médicos, 117 D.P.R. 138 (1986); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., supra; Serralta v. Martínez Rivera, 97 D.P.R. 466 (1969); Torres v. A.F.F., 94 D.P.R. 314 (1967); Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714 (1965); Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825 (1950); García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951); Cubano v. Jiménez, et al., 32 D.P.R. 167 (1923); Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922).

Reiteramos, pues, la conclusión de Santos Briz: la orien-tación actual es ver en las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, supra, una declaración estatutaria de solida-ridad entre los varios responsables del acto ilícito. J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, págs. 141-142. En consecuencia, lo dispuesto en el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3101, respecto a la no presunción de la solidaridad, no aplica en materia de responsabilidad extracontractual.

IV

En torno a la prescripción, es necesario atender los Arts. 1094, 1868, 1873 y 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3105, 5298, 5303 y 5304. La doctrina moderna, en especial la generalidad de la española, sostiene el carácter homogéneo de la solidaridad y rechaza las distinciones en-tre los distintos tipos que acoge la doctrina francesa. F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, págs. 73-74; Brau, supra, pág. 227. Según Valverde y Valverde, citado con au-toridad por el profesor Brau, supra, pág. 227, “[l]a distin-ción, pues, no es admitida en la ciencia moderna, la cual da a la solidaridad un carácter de homogeneidad que no au-toriza distinguir ambas clases ...”. (Enfasis suplido.) C. Valverde y Valverde, Tratado de Dereho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Ed. Talleres Tipográficos “Cuesta”, 1937, T. III, pág. 49 esc. 2.

“De acuerdo con esta tendencia moderna, el código ale-mán rechaza o se opone a esa distinción. El código italiano, en su art. 1156, al hablar de la responsabilidad solidaria de las personas responsables de un delito o cuasi delito, no autoriza tampoco esta distinción de solidaridad perfecta e imperfectat; y] el español, aunque no habla de esta respon-sabilidad de hechos ilícitos, es incuestionable que en nin-gún precepto de él podrá fundarse semejante distinción, ya que habla siempre de una sola clase de solidaridad, y esto mismo viene a confirmar lo interpretado por analogía en la importante Sentencia del Supremo de 23 de diciembre de 1903.” (Énfasis suplido.) Valverde y Valverde, op. cit., pág. 49.

Del estudio detenido de dichos artículos resulta que la inte-rrupción de la prescripción de acciones se interpreta ... [atendiendo a la] naturaleza de las obligaciones. Así, en las so-lidarias aprovecha o perjudica conjuntamente a todos los acree-dores y deudores; pero en las mancomunadas, si el acreedor reclama de uno de los deudores sólo la parte que le corresponde, entonces no rige la regla anterior ....
La razón de esta diferencia está en el precepto del artículo 1.141 [Art. 1094 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3105] según el que cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a todos los demás, [y] ... que las acciones ejerci-tadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos ellos. [Así pues, a]l disponer ... el Código, en el art. 1.974 [Art. 1874 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5304], la regla que hemos indicado con relación a las obligaciones [solidarias], no hace otra cosa que aplicar el principio estable-cido en aquel precepto a dicha regla de prescripción, como una consecuencia lógica del mismo, pues ‘si la solidaridad —como dice un autor— implica conjunción de derechos y obligaciones, de acciones y de responsabilidades’, es indudable que no puede ser ni resultar distinta la condición de los acreedores o de los deudores en dicha clase de obligaciones, cuando en beneficio de alguno de los primeros o en perjuicio de cualquiera de los se-gundos se hubiere interrumpido el lapso del tiempo de la pres-cripción, sino que todos han de quedar en las mismas circuns-tancias o en identidad de derechos .... De aquí que la interrupción de la prescripción producida por los actos de un acreedor solidario aproveche a todos los coacreedores, y de igual modo [esa interrupción realizada contra uno de los deu-dores solidarios afecta siempre a los deudores y] les hace par-tícipes a todos de las consecuencias jurídicas determinadas res-pecto de cualquiera de ellos. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1951, T. XII, págs. 963-964.

En definitiva, “la posición predominante en la doctrina civilista es que nuestro Código Civil no da margen para justificar la división de la solidaridad acogida por la doc-trina francesa, y, que por tanto, en nuestro ordenamiento no hay sino una sola solidaridad ... [y como consecuencia de lo antes dicho, son de aplicación a la solidaridad legal resultante del vínculo entre los cocausantes de un daño] todos los efectos legales que el ordenamiento y la doctrina asignan a la solidaridad —tanto los primarios como los secundarios — Brau, supra, págs. 234-236.

Resolvemos hoy “que la doctrina de la solidaridad [consagrada en García v. Gobierno de la Capital, supra, 3 permite traer a juicio instado a tiempo, a un {cocausante] solidario que originalmente no fue inclu{i]do en el pleito ... a través de demanda contra tercero por parte del deman-dado origina[l o] por enmienda a la demanda por parte del demandante .... [Só]lo se requiere alegar bien y suficiente-mente en la demanda el hecho de que el nuevo demandado, o tercero demandado, según los casos, responde solidaria-mente por los daños reclamados con el demandado original, contra quien se radicó demanda dentro del término prescriptivo dispuesto por el ordenamiento ... (Enfasis suplido.) Brau, supra, pág. 243.

Esta solución descansa en los más básicos pilares de justicia y equidad. Abona a la economía procesal y está fundada en los preceptos de nuestro Código Civil. La norma hoy adoptada alcanza el mejor equilibrio entre to-dos los intereses.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri no intervino.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Por entender que en el caso de autos la situación factual requiere que no se aplique con automatismo la doctrina de solidaridad entre cocausantes de un daño, disentimos.

Este Tribunal debió aprovechar esta coyuntura para reevaluar las consecuencias de esta normativa sobre nues-tro derecho privado y, simultáneamente, examinar con de-tenimiento la posible aplicabilidad en Puerto Rico de la doctrina francesa de obligación in solidum, a la luz de un estudio comparado de los preceptos del Art. 1090 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3101, y las disposiciones de có-digos análogos en países de tradición civilista. “La idea de la obligación in solidum se basa en que en determinados casos de pluralidad de deudores, aunque cada uno de ellos responda por entero, su responsabilidad es autónoma de las de los otros, ya que el vínculo del que la misma deriva es un vínculo independiente, que ha nacido por sí solo.” (Enfasis en el original y escolio omitido.) A.C. Montes, Mancomunidad o solidaridad en la responsabilidad plural por acto ilícito civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, pág. 36. Al amparo de la doctrina de obligación in solidum, “[l]a parte lesionada, para conservar su acción contra cada uno de los coautores, deberá interrumpir la prescripción en relación a cada uno de ellos ... ”. Id., pág. 38.

En el caso de autos, la aplicación mecánica de la norma-tiva prevaleciente constituye una injusticia palmaria para los demandados traídos al pleito casi cinco (5) años des-pués que se incoara la demanda original.

       Añade el mismo autor que “[s]i se trata de solidaridad entre acreedores, tampoco es lógico que se presuma; porque, si los actos realizados por uno perjudican a los demás, si el hecho de cobrar uno de ellos deja sin acción para reclamar el importe del crédito a los demás acreedores, es evidente que, sin especificarse de una manera clara, no ha existido intención de aceptar solidariamente el crédito; y, por tanto, no puede la ley reconocer tal género de obligación sin un pacto expreso o sin que del contexto del contrato se desprenda de una manera clara y evidente”. A. Borrell Macía, Responsabilidades derivadas de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 319.

       En este caso nos encontramos ante una obligación derivada de la ley. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, pág. 159.

       La solidaridad existe por voluntad de los interesados o por disposición de ley. Observa Puig Peña que la solidaridad activa se da cuando las partes la han establecido. La pasiva, en cambio, puede derivarse de la voluntad de las partes (ma-nifestada en contrato o testamento) y de precepto legal. Puig Brutau, op. cit., págs. 154-155.

       Sobre este particular, J. Santos Briz —citado por Brau— reitera que en cuanto a los “actos ilícitos civiles la norma a aplicar es el Art. 1902 del Código Civil español correspondiente al Art. 1802 de nuestro Código, y que la posición doctrinaria actual es a ver en esa norma una declaración (estatutaria) de solidaridad entre los varios responsables de un acto ilícito, salvo que algún precepto inequívoco lo impida en referencia a alguna relación particular. Señala Santos Briz que despu[é]s de una fase excesivamente apegada a la norma del Art. 1137 del Código Civil español (Art. 1090 del nuestro) sobre la necesidad de pactar expresamente la solidaridad, la juris-prudencia sanciona la solidaridad de los responsables de un acto ilícito civil no sólo cuando actúan en la misma línea de coautoría (corresponsabilidad directa), sino cuando es la empresa o patrono quien responde por los actos de sus dependientes. Véase J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, págs. 141 y 142 ...”. (Énfasis suprimido.) H.M. Brau, El término prescriptivo y su interrupción en acciones en daños por responsabiliblad extracontractual solidaria en el Derecho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 206 (1983).

       Disponen: “Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial.
      “Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudi-carán a todos éstos.” Art. 1094 (31 L.P.R.A. sec. 3105).
      “Prescriben por el transcurso de un (1) año: (1) La acción para recobrar o rete-ner la posesión. (2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calum-nia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la see. 5141 de este título desde que lo supo el agraviado.” Art. 1868 (31 L.P.R.A. sec. 5298).
      “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribuna-les, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.” Art. 1873 (31 L.P.R.A. see. 5303).
      “La interrupción de la prescripción de acciones en las obbgaciones solidarias aprovecha o peijudica por igual a todos los acreedores y deudores.
      “Esta disposición rige igualmente respecto a los herederos del deudor en toda clase de obligaciones.

        “En las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no reclame de uno de los deudores más que la parte que le corresponda, no se interrumpe por ello la prescripción respecto a los otros codeudores.” Art. 1874 (31 L.P.R.A. see. 5304).

       La ley de ninguna manera distingue dos especies de solidaridad. G. Marty, Derecho Civil, traducción de José M. Cajica, Jr., Puebla, México, Ed. José M. Cajica Jr., Vol. I, 1952, pág. 143. En España, el Código Civil no da base para distinguir dos clases de solidaridad. D. DeBuen y Battle, Anotaciones a Colin y Capitant, curso elemental de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1951, pág. 439.


text:
    Casa Blanca Properties, Inc., recurrente, v. Registrador de la Propiedad, Sección Primera de San Juan, Hon. Etienne Badillo Anazagasty, recurrido.

      Número: RG-88-481

      Resuelto: 5 de junio de 1992

      Antonio Roselló Rentas, abogado del recurrente; El Registra-dor recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso suscita controversias jurídicas nuevas, y nos permite refinar importantes principios en materia de derecho hipotecario.

I — I

El 26 de junio de 1986, Casa Blanca Properties, Inc. constituyó sobre un terreno hipoteca a favor del Caguas Central Federal Savings Bank of P. R. (Caguas Central) —Escritura Núm. 37— por un millón cuatrocientos veinti-cinco mil ($1,425,000) e intereses al 20% anual, en garan-tía de un préstamo interino para la construcción del Con-dominio Casa Blanca en San Juan. En igual fecha, suscribió un pagaré a favor del referido acreedor hipoteca-rio Caguas Central.

Finalizada la construcción del edificio, el 11 de junio de 1987 se otorgó la Escritura Núm. 344 sobre constitución de condominio, ante el notario Antonio Roselló Rentas. Opor-tunamente fue inscrita en el Registro de la Prodiedad.

Comenzó la venta de los apartamentos recién terminados. A los fines de que la financiera Doral Mortgage Corp., suplidora del financiamiento permanente, obtuviera hipoteca con rango de primera, en la escritura de compra-venta se individualizaba cada apartamento, comparecía el Caguas Central, liberaba la unidad vendida de la hipoteca primitiva y se procedía a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Así las cosas, el 19 de febrero de 1988 se otorgó ante el notario Roselló Rentas la Escritura Núm. 57. En ésta se vendía el último apartamento (Núm. 9) del Condominio en doscientos cincuenta y siete mil dólares ($257,000) a los esposos Claudio Renjifo Romero y Josefa M. Mundo Guzmán. Compareció también Caguas Central, tenedor del pagaré a liberar dicho apartamento de la hipoteca que lo gravaba por su procedencia.

Siguiendo la práctica anterior, en igual fecha los com-pradores esposos Renjifo-Mundo suscribieron escritura de hipoteca a favor de Doral Mortgage Corp. en garantía de un pagaré por ciento veinte mil dólares ($120,000), por un préstamo destinado a la adquisición del apartamento. Esta última escritura, en lo pertinente lee:

Primero: Que el deudor es Dueño de la propiedad descrita en el párrafo quinto de la presente (en adelante “la propiedad”) y que tiene el derecho de hipotecar dicha propiedad, que la pro-piedad se halla libre de “cargas y gravámenes”. (Enfasis suplido.)

La inscripción de esta escritura fue denegada por nota del Registrador en que advierte que falta la cancelación del pagaré e hipoteca de $1,425,000. Esa denegatoria originó este recurso.

Recapitulando, para el financiamiento interino se cons-tituyó hipoteca sobre el terreno en que iba a edificarse el Condominio Casa Blanca, y se otorgó pagaré hipotecario de $1,425,000. Concluida la obra, el edificio fue sometido al régimen de propiedad horizontal; por su procedencia la hi-poteca quedó gravando cada uno de los nueve (9) apartamentos. A medida que se vendían se liberaban de esa hipoteca para que la Doral Mortgage Corp. pudiera proveer financiamiento permanente con otra hipoteca de primer rango registral. Al venderse el último apartamento, el Registrador denegó la inscripción por entender que no podía liberarse, ya que había que cancelar el gravamen hipotecario del financiamiento interino sobre el solar.

II

En su escrito el Registrador correctamente formula así las interrogantes jurídicas planteadas. “¿Debe ser cance-lado el pagaré hipotecario de $1,425,000.00 de la hipoteca del financiamiento interino del desarrollador con interés al 20%, surgiendo claramente del Registro, que al venderse el último apartamento del Régimen de Propiedad Horizontal constitu[i]do hay unas seudoliberaciones que de tenerse por válidas haría un contrasentido, ya que por un lado li-berarían la hipoteca de toda garantía hipotecaria y por otro lado mantendrían la hipoteca sin cancelar? La se-gunda controversia entendemos que es un derivado lógico de la controversia esencial, esto es: ¿Es la liberación (seu-doliberación) un subterfugio legal para evadir el pago de arancel y no cancelar la hipoteca del financiamiento inte-rino con su correspondiente título transferible por endoso?” Alegato del Registrador recurrido, pág. 5.

Ambas cuestiones exigen, a modo de repaso, una referencia a una de las características principales de toda hipoteca: su indivisibilidad. Según el Art. 172 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad. mientras la hipoteca no se cancele subsistirá íntegra sobre cualquier parte de los bienes. Dicho de otro modo, mientras no se cancele la hipoteca constituida sobre inmuebles dedicados al Régimen de Propiedad Horizontal, cada uno de los apar-tamentos que se separen continuará sosteniendo como carga los créditos no cancelados. El comprador lo habrá adquirido con hipoteca, expuesto a perderlo si el acreedor acude judicialmente a cobrar total o parcialmente su cré-dito, pues cada apartamento responde de la totalidad del crédito.

Así lo visualiza el Art. 9 de la Ley de la Propiedad Horizontal, según enmendada por la Núm. 57 de 4 de junio de 1976, dispositivo de lo siguiente:

Los créditos hipotecarios constituidos antes de ser sometido el inmueble al Régimen de propiedad horizontal, estarán suje-tos a lo dispuesto en el art. 123 [actual 174] de la Ley Hipote-caria .... 31 L.P.R.A. sec. 1291g.

A su vez, el referido Art. 174 dispone:

Si una finca hipotecada se dividiere en dos (2) o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando volun-tariamente lo acordaren el deudor y el acreedor. No verificán-dose esta distribución, podrá repetir el acreedor por la totali-dad de la suma garantizada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera o contra todas a la vez. (Énfasis suplido.) 31 L.RR.A. see. 2570.

Nos orienta Morell sobre el concepto de indivisibilidad de la hipoteca:

Uno de los caracteres del derecho de hipoteca, una vez constitu[i]do, es la indivisibilidad. La hipoteca existe, como dice la Exposición de motivos de la Ley de 1861, sobre todos los bienes gravados, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus partes, y subsiste íntegra, mientras no se cancele, aunque se reduzca la obligación garant[iza]da, permaneciendo también íntegra sobre la parte de bienes que quede en el caso de que otra parte haya desaparecido.
La indivisibilidad, como dice Barrachina, es, pues, de dos ór-denes: Jurídica y Física. Jurídica, porque aunque se disminuya la obligación, el derecho real de hipoteca continúa en la cosa; física, porque aunque la finca se divida en fracciones, continúa ese gravamen sobre cualquiera parte que se conserve, aunque la restante haya desaparecido.
En su consecuencia, si se hipoteca un terreno y desaparece en parte, sobre el resto grava la hipoteca; si se divide la finca única en tres, cada una de ellas responde de la totalidad del gravamen.
. . . . . . . .
2o Cuando la finca hipotecada se dividiere después en dos o más y no acordasen distribuir entre ellas el crédito voluntaria-mente el deudor y el acreedor. En este caso subsiste la indivisi-bilidad de origen, y el acreedor puede repetir contra cualquiera de las nuevas fincas la totalidad de la suma garantizada por aquella que les dio origen, sin que por el hecho de repetir contra una se entiendan libres los demás, hasta que el crédito se halle completamente satisfecho. ... (art. 123 y Resolución del 27 de febrero de 1875). (Énfasis suplido.) Comentarios a la Legisla-ción Hipotecaria, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1930, T. IV, págs. 26-27.

rH 1 — 1

En esta instancia, la pretendida liberación del aparta-mento Núm. 9 de la Hipoteca del financiamiento interino atenta contra el principio de legalidad registral. Generaría una discrepancia impermisible entre los asientos del Re-gistro y la realidad jurídica. Preciosas V. Del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802 (1981). Autorizar su liberación cho-caría contra el Art. 173 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, preceptivo de que “[l]a hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cancele, sobre la totali-dad de los bienes hipotecarios aunque se reduzca la obli-gación garantizada ... pero sin perjuicio de lo que se dis-pone en las dos siguientes secciones”. (Enfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2569.

Aunque una finca se divida posteriormente, el gravamen hipotecario subsiste en su totalidad sobre cualquier parte de los bienes que se conserve. Unicamente es susceptible una reducción de la obligación así garantizada en virtud de lo dispuesto en el Art. 174 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, que dispone:

Si una finca hipotecada se dividiere en dos (2) o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando volun-tariamente lo acordaren el deudor y el acreedor. No verificán-dose esta distribución, podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma garantizada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera o contra todas a la vez. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2570.

No es posible liberar un apartamento de un crédito hipotecario afirmando que “ ‘[n]o se reduce en forma alguna ni el principal del pagaré ni de la hipoteca’ ”. Alegato del recurrido, pág. 11. Si el crédito hipotecario o el valor del pagaré no disminuyen, ¿en qué consiste la liberación? Nuestro ordenamiento registral no permite liberar en un asiento la hipoteca y dejar vigente el asiento del derecho real de hipoteca; implicaría burlar el pago de arancel hipotecario y notarial. “En algunos casos los créditos hipotecarios constituidos antes de la dedicación al régimen de propiedad horizontal no han sido debidamente cancelados en el Registro de la Propiedad antes de presentarse para su inscripción, las escrituras de separación y venta de los apartamientos. El rio cancelar los mencionados créditos hipotecarios perjudica a los adquirentes, y al Estado, y aventaja a los acreedores ” (Enfasis suplido.) Ponencias y comunicaciones presentadas al III Congreso Internacional de Derecho Registral, San Juan, Instituto del Derecho Registral y Notarial de Puerto Rico, 1977, T. I, págs. 489 y 490.

En resumen, estamos ante un esquema anormal e impermisible. Si bien todos los apartamentos han sido “li-berados” de la hipoteca de construcción, ésta no ha sido cancelada ni parcial ni totalmente. Como figura absurda permanente, subsiste en los libros del Registro de la Pro-piedad una hipoteca despojada por sucesivas liberaciones de toda garantía inmobiliaria y desvinculada por completo del inmueble sobre el cual fue constituida. Simultánea-mente, en el tráfico de valores subsiste un pagaré enga-ñoso, cuyo importe dice estar asegurado con primera hipo-teca sobre el Condominio Casa Blanca. Tampoco se han satisfecho los derechos arancelarios. Véase Lincoln American Corp. v. Registrador, 106 D.P.R. 781, 783 (1978).

La estructura jurídica de la hipoteca representada por título al portador o endosatario impone como único medio de liberación —en protección de tercero y del propio adquirente de apartamento individualizado— la cancelación parcial o total del gravamen por el método y el procedimiento ordenado en el Art. 138 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2462.

Es compulsoria la cancelación total de la hipoteca con-génita siguiendo el procedimiento ordenado en el Art. 138 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, y naturalmente, satisfacer el pago de los derechos de arancel correspondientes que hasta ahora había eludido la recurrente, Casa Blanca Properties, Inc. Así damos protec-ción a los importantes valores tutelados en juego: la exac-titud registral, el interés de tercero que pudiera adquirir el pagaré en cuestión, y los derechos de arancel.

Se dictará sentencia confirmatoria de la nota del Regis-trador de la Propiedad.

       La hipoteca presentada al asiento 352 del Diario de Operaciones 758 de San Juan el 1ro de julio de 1986 a las 11:25 A.M., fue despachada el 19 de marzo de 1987.

       El párrafo undécimo de la escritura disponía:
      “ ‘El Banco’, que es legítimo tenedor del Pagaré ... a solicitud de ‘La Vendedora’ procede a liberar, como por la presente libera totalmente de los efectos de la ya mencionada hipoteca el apartamiento que se describe en el párrafo TERCERO de este instrumento y que ha sido anteriormente individualizado con cuanto a dicho apartamiento le es anejo y pertenezca, inclusive la participación que al mismo le corresponde en los elementos comunes generales y de uso limitado del Edificio... A los fines de esta liberación se valora dicho acto en la suma de mil dólares ($1,000.00) entendiéndose que por tal acto de liberación no se reduce en forma alguna ni el principal del pagaré ni de la hipoteca....” (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 12.

       El texto de la denegatoria en recalificación consignó:
      “Denegada la inscripción solicitada de la Escritura 57 del 19 de febrero de 1988 ‘observándose que el apartamento 9 del Condominio Casa Blanca es el último por liberarse y no dice en la escritura que la hipoteca queda totalmente cancelada y que el notario no da fe de haber cancelado el pagaré’ [...] de conformidad con las Seccio-nes 1767a. 2 y 1767b 8va. del Tomo 30 L.P.R.A. y el Artículo 68 de la Ley 198; tomándose en su lugar anotación preventiva por el término legal de 60 días de con-formidad con el Artículo 71 de la vigente Ley Hipotecaria a favor de Caguas Central Federal Savings Bank of Puerto Rico de su derecho de liberación de hipoteca y de Claudio Renjifo Romero y Josefa Mercedes Mundo de su derecho de compra.” Apén-dice, pág. 1.

       30 L.P.R.A. see. 2568.

       Recordamos el Art. 138 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad:
      “...las inscripciones de hipoteca constituidas para garantizar obligaciones repre-sentadas por títulos transferibles por endoso o pagaderos al portador, cualquiera que sea la denominación que se les asigne, se cancelarán total o parcialmente mediante escritura otorgada por los tenedores legítimos de los títulos expresados. En todo caso deberá hacerse constar en la escritura la identificación de los títulos y su inutilización o reducción parcial en el acto del otorgamiento.” (Enfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2462.

       Esta anomalía se habría evitado de haberse optado al liberar por la cancela-ción parcial que provee el Art. 131 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad:
      “Procederá la cancelación parcial:
      “1ro. Cuando se reduzca el inmueble objeto del asiento
      “2do. Cuando se reduzca el derecho registrado.” 30 L.P.R.A. see. 2455.
      Mientras quedase un solo apartamento por liberar, podía tomarse la liberación como reducción de la garantía hipotecaria al exclusivo arbitrio del acreedor, Caguas Central.