author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Laviosa.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 106.
    Resuelto en octubre 30, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos. — A falta de un pliego de excepciones ó relación de hechos que contenga la prueba practicada en el juicio, sólo pueden examinarse en la apelación, los documentos que constituyan el legajo de la sentencia. 1
    Id. — Apelaciones de las Cortes Municipales. — En las apelaciones procedentes de las cortes municipales, las de distrito deben proceder á celebrar el juicio de novo, por virtud de la denuncia original, y después de practicadas las pruebas, y oídas las partes, deberán dictar la sentencia que proceda, con entera independencia de la que dictara la corte municipal.
    Multa — Costas—Prisión Subsidiaria — Juzgados de Paz — Cortes Munici-pales. — La prisión subsidiaria que por defecto del pago de milita y costas pueden decretar los jui gados de paz y cortes • municipales, ha de imponerse á rgizón dq .un día por cada cincuenta centavos de la multa y costas sin que tengan discreción, dichas cortes y juzgados, para acimentar ó disminuir • eí término de prisión así computado, no pudiendo, sin embargo, exceder en totalidad de noventa días.

    Id. — Cortes be Distrito. — Las cortes de distrito tienen facultades para imponer prisión subsidiaria por defecto del pago de multa, que no puede exceder de un día por cada dollar de la multa, pudiendo ser menor el término de prisión, sin que tengan facultades dichas cortes para imponer prisión por defecto del pago de costas, y sin que pueda exceder, la totalidad de la prisión, del tér-mino á que el acusado pueda ser condenado á prisión por el delito de que hubiere sido declarado culpable.
    Sentencias en Causas Criminales. — El cumplimiento de las sentencias dictadas en cansas criminales no debe dejarse á voluntad del acusado, y si éste fuere condenado á multa, deberá especificarse que en defecto del pago de dicha multa se le reduzca á prisión por el término que sea procedente, ó hasta que la multa fuere satisfecha.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Feliu.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de apelación interpuesto por el acusado, contra sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Distrito de Mayagüez, por un delito de violación de la ley contra la salud pública. En 24 de diciembre de 1906, el Policía Insular, Herminio P. Pacheco, presentó ante la corte municipal de San Germán, una denuncia contra un tal Eafael Lavio-sa, imputándole el hecho de haber tenido ardiendo una carbo-nera durante algunos días anteriores á la fecha de dicha de-nuncia, y alegando que dicha carbonera constituía un estorbo público en aquella localidad, y producía grandes perjuicios á ciertas personas que estaban en buen estado de salud, así como á otras que estaban enfermas; y al mismo tiempo consignó en la denuncia los nombres de ciertas personas que habían su-frido perjuicios á causa del humo de la referida carbonera.

Se celebró el juicio ante la corte municipal, y el acusado fue condenado ál pago' de una multa de diez dollars y las cos-tas, y en defecto del pago de dicha multa y costas, á sufrir un día de prisión por cada cincuenta centavos de la suma que de-jara de pagar. Contra esta sentencia de la corte municipal, se interpuso recurso de apelación para ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez, y después de haber celebrado un nuevo jui-cio, y practicado la prueba, dicha corte dictó la misma.senten-cia que el tribunal inferior, á saber: una multa de diez dollars ó veinte días de cárcel, y pago de las costas. Contra esta sen-tencia, se ha interpuesto recurso de apelación, sin presentar en este tribunal pliego de excepciones, ni exposición de hechos. Por supuesto, á falta de un pliego de excepciones, exposición ■de hechos, ó exposición del caso, según se ha resuelto aquí fre-cuentemente, no se puede contar con nada más que el simple récord, conteniendo el legajo de la sentencia, ó sea, en el pre-sente caso, la denuncia y la misma sentencia.

En el caso de que se trata, el tribunal de distrito, al igual de lo que á las mismas cortes ha sucedido en otros casos, pa-rece haber tenido un concepto equivocado de sus funciones, y haberse considerado como una corte de revisión y apelación, es decir, dicho tribunal parece haber creído que tenía autori-dad y que le incumbía examinar, revisar y corregir, y luego revocar ó confirmar las sentencias de los tribunales inferiores, ó sean las cortes municipales y juzgados de paz. Tales no son las atribuciones del tribunal de distrito en casos de esta índole. Está bien establecido por la ley, el que en tales casos la corte de distrito debe proceder á juzgar la causa nueva-mente, sin hacer caso del juicio celebrado ni de la prueba prac-ticada en la corte municipal. Código de Enjuiciamiento Criminal, sección 3. Es verdad que se juzga la causa, en virtud de la denuncia presentada en la corte municipal, y que tal vez se oyen las declaraciones de los mismos testigos; pero puede haber más testigos ó menos, según lo exijan las circunstan-cias. El tribunal de distrito, después de haber oído todas las alegaciones y pruebas y los informes orales de los letrados, y de haber practicado las demás diligencias que sean necesarias para informarse de una manera fidedigna acerca de los hechos y la ley que rige en el caso, debe dictar su fallo enteramente independiente de cualquiera resolución dictada por el tribunal inferior. Nosotros hemos declarado anteriormente que esta es la práctica que procede, en elcaso del Pueblo de Puerto Rico v. Pascasio Rivera, y en dos casos en que se han dic-tado sentencias en este Tribunal, durante el presente mes.

Del examen de los a1utos aparece que sólo un error ha sido cometido por el tribunal de distrito, y ese error puede corre-girse aquí, sin necesidad de devolver la causa al tribunal inferior. El tribunal de distrito, alimponer la pena alterna-tiva de prisión, en el caso de que no se pagase la multa y las costas, fijó dicha prisión á razón de un día por cada 50 centavos del importe de la multa. Esta es la misma proporción ó tipo fijado por la corte municipal. En la corte municipal esto era correcto, pero nó en el tribunal de distrito. Dos re-glas diferentes sirven de gobierno á dichos tribunales en este asunto. Dichas regias se encuentran en las secciones 54, 322 y 323 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y han sido esta-blecidas y explicadas por este tribunal, en cinco casos á lo menos, en que se han dictado sentencias y emitido opiniones, y son las siguientes:

‘ ‘ Guadalupe Andino, Ex Parte, resuelto en 20 de mayo, 1905.
“Benito Delgado, Ex Parte, resuelto en 25 de abril, 1907.
“El Pueblo de Puerto Rico v. Gabriel Díaz, resuelto en 6 de mayo, 1907.
“El Pueblo de Puerto Rico v. José Maiz, resuelto en 2 de junio, 1907.
“El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel M. Paz, resuelto en 29 de junio, 1907.”

La regia que deben observar los Jueces de Paz y las cortes municipales, se encuentra en el artículo 54 del Código de En-juiciamiento Criminal, que dice lo siguiente:

“Cuando se dicte sentencia contra el acusado, imponiéndosele multa y el pago de las costas del juicio, si dejare de hacerlas efectivas inmediatamente, el juez ordenará que se le detenga en prisión, á ra-zón de un día por cada cincuenta centavos de multa y costas que de-jare de pagar, siempre que la totalidad de dicha prisión no excediere de noventa días.”

Parece que dichos tribunales están obligados á fijar la multa y luego computar la prisión alternativa en el caso de que no se paguen la multa y las costas, á razón de un día por cada cincuenta centavos de la suma total de la multa y costas, y que no se les concede ninguna discreción para 'señalar una prisión que sea mayor ni menor que la que resulte del tipo ó proporción anteriormente mencionada; disponiéndose, por supuesto, según lo prescrito por la ley, que la prisión no de-berá exceder de noventa días; es decir, si la multa y las costas importan más de cuarenta y cinco dollars, la prisión no debe computarse en la misma proporción, sino deberá limitarse á un período de noventa días, cualquiera que sea el importe de la multa y las costas.

La regla, prescrita para la imposición de la prisión alter-nativa por la corte de distrito, se baila establecida en los artí-culos 322 y 323 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuyos artículos dicen lo que sigue:

“Artículo 322. Un fallo en que el acusado sea condenado á pagar una multa, puede también disponer que se le reduzca á prisión hasta que la multa sea satisfecha. Pero la sentencia habrá de determinar la duración de la prisión, que no debe exceder de un día por cada dollar de multa, ni pasar más allá del término á que pudiere ser sen-tenciado á prisión el acusado, por el delito de que ha sido convicto.
“Artículo 323. Siempre que cualquier acusado haya sido recluido en la cárcel por falta de pago de multa y costas á que hubiere sido condenado, y haya dejado de probar á satisfacción del tribunal ó de un juez del mismo, que no puede satisfacer ni el todo ni parte de dicha multa y costas, el tribunal debe ordenar que se le excarcele, después de haber cumplido la condena de un día por cada dollar de la multa impuesta; pero esto no le releva de cumplir la sentencia á pagar la multa y costas, que en cualquier tiempo después, dentro del término fijado por la ley, pueden ser hechas efectivas por medio de ejecución expedida contra bienes de su propiedad.”

La proporción fijada én dichos artículos, es la de un día por cada dollar, hasta el importe total de la multa; disponién-dose que la prisión en ningún caso debe exceder del término por el cual un acusado pueda ser condenado á prisión, por el delito del cual baya sido declarado culpable. Se observará que en el tribuanl de distrito no se toman en cuenta las costas, como sucede, en los Juzgados de Paz, y á'los tribunales de distrito también se les concede alguna discreción en el asunto, que les da la facultad de fijar la prisión en cualquier período que sea menor que el que resultaría computándose la pri-sión á razón de un día por cada dollar del importe de la multa; disponiéndose, por supuesto, que dicha prisión no debe exce-der del citado importe ni del período por el cual pudiera .ser sentenciado el acusado, al ser declarado culpable, según se ha dicho anteriormente.

El fiscal, en su informe oral, cita dos secciones del Código Penal de California, á saber: las secciones 1446 y 1205, mani-festando que el primero, es idéntico al artículo 54 de nues-tro Código de Enjuiciamiento Criminal, y el segundo, al 322 del mismo Código. Esta afirmación es inexacta. La sección 1446 del Código Penal de California, es muy distinta del artí-culo 54 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, como se verá, comparando dicha sección con el expresado artículo. Sin embargo, la sección 1205 del Código Penal de California, es sustancialmente idéntica al artículo 322 del Código de En-juiciamiento Criminal de Puerto Rico, siendo la única diferen-cia, la sustitución de un dollar en el Código de Puerto Rico, en vez de dos dollars en el Código de California.

El Letrado defensor del Estado, también cita el caso de Erdman, Ex parte, en 88 Cal., 580, en cuyo caso se interpreta la sección 1205 del Código Penal de dicho Estado. Con esa opi-nión estamos enteramente de acuerdo, y anteriormente hemos dictado decisiones de conformidad con la misma. Pero él también cita el caso de Soto, Ex parte, 88 Cal., 624, que fué resuelto por un tribunal dividido, reproduciendo la opinión emitida por el Presidente del tribunal, Beatty, con cuya opi-nión estaban de acuerdo los Jueces Asociados Paterson y McFarland, que declararon que la sección 1446 del Código Penal de California, concede á un Juez de Paz ó Juez municipal la discreción de fijar cualquier tipo de prisión dentro del máxi-mun prescrito por la ley, ó sea un día de prisión por cada dollar de la multa. De esta opinión, los Jueces Asociados De-Haven y Harrison disintieron en cuanto se refería á la inter-pretación de la ley; pero ellos estuvieron conformes con que la resolución del tribunal, devolviendo el acusado (á la pri-sión) , debía sostenerse, puesto que la sentencia era solamente anulable, y no nula. 'Sin embargo, el Juez Asociado, G-aroutte, disintió enteramente del dictamen del tribunal, basando su disensión en los casos de Bernert, Ex parte, 62 Cal., 524, y Baldwin, Ex parte, 60 Cal., 435. No es necesario discutir es-tás opiniones, puesto que, según nuestro parecer, liay razones para sostener que la sección 1446 del Código Penal de California, confiere discreción al tribunal; pero esto no nos induce á declarar que el artículo 54 de nuestro Código de Enjuiciamien-to Criminal, también la confiera. Nuestra ley es clara y no necesita interpretación; y en tales casos, la ley por lo general resulta más clara que el dictamen del tribunal que trata de interpretarla.

Hay una diferencia muy substancial entre el lenguaje em-pleado en el artículo 54, y el que se usa en la sección 322 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal. En esta última sección, se confiere una discreción, pero no se concede dis-creción alguna en la sección anterior, ó sea la 54. Si se hu-biera tenido la intención de conferir discreción en ambos casos, se hubiera empleado las mismas palabras. No pode-mos considerar los casos de California como autoridades que deban regular el presente caso.

En el caso de que se trata, la prisión impuesta por el tribunal inferior, es de veinte días en vez de diez días, que es la prisión máxima señalada por las secciones del Código de En-juiciamiento Criminal, citadas anteriormente. Esto es mani-fiestamente erróneo.

También ha llamado la atención de este tribunal, el que en muchos de estos casos, en efecto, en casi todos, la forma de la sentencia.dictada por los tribunales de distrito, así como por las cortes municipales y Juzgados de Paz, es demasiado breve •para ser clara. Por ejemplo, en el presente caso, la corte de distrito declara á “Rafael Laviosa culpable, y, por lo tanto, le l ^ • condena á la pena de diez -dollars de multa ó veinte días dq cárcel y costas.” Dicha corte debía decir que “habiéndose de-clarado culpable á Rafael Laviosa, se le condena, por tanto, á pagar al Pueblo de Puerto Rico una multa de diez dollars y todas- las costas de este procedimiento; y si dejare de pagar inmediatamente dicha multa, será detenido en la cárcel de dis-trito durante un período de diez días, ó hasta que la multa sea completamente satisfecha.” Empleándose una forma idéntica ó semejante á la indicada, aparecerá claramente que la prisión es una pena alternativa por la falta de pago de la multa, lo que debe ser, con arreglo á la ley y según la inten-ción de la misma.

En el caso de que se trata, debe refornuvrse la sentencia en el sentido de fijar la prisión alternativa ,,del acusado, en diez días en vez de veinte, de acuerdo con ]y dispuesto por el tribunal inferior.

Por las razones expuestas en la presente, la sentencia de este Tribunal Supremo, debe dictarse al efecto de qué se modi-fique la dictada por la corte de distrito, en la forma indicada anteriormente, y que después de tal modificación, sea confir-mada con las costas al apelante.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-ciados, Hernández, Figueras y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Figueras,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Padilla.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 103.
    Resuelto en noviembre 4, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apare-ciendo de los autos que se haya cometido error alguno que justifique la revo- ' cación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueras,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso originado en la corte municipal de San Hermán y de ésta pasó en grado de apelación á la Corte de Distrito de Mayagüez en donde, después de nuevamente juz-gado el acusado Felipe Padilla, se le condenó en Io. de febrero de 1907, por-un delito contra el derecho electoral, á la pena de cincuenta dollars de multa ó en su defecto á un mes de cárcel y costas.

Contra este fallo también apeló.

Pero no hay pliego de excepciones, ni exposición de hechos, ni siquiera ha comparecido el apelante ante esta Corte Su-prema y por tales razones tal parece que su único propósito, al interponer este nuevo recurso, ha sido retardar el cumpli-miento de la sentencia condenatoria dictada por la corte de Mayagüez.

Se ha cumplido en el señalamiento de la pena con el artí-culo 322 del Código de Enjuiciamiento- Criminal y como no consta en el récord que se haya cometido algún error fundamental, la sentencia apelada debe confirmarse con las costas al apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. García alias Chivero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 104.
    Resuelto en noviembre 6, 1907.
    Apelación — Errores Manifiestos. — No apareciendo de los autos que se- haya cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció:
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso procede de la corte municipal de Ma-yagüez, donde se formuló una denuncia por abuso de con-fianza. Interpuesta apelación á la Corte de Distrito, se celebró nn juicio, condenando dicha corte al acusado á sufrir dos meses de cárcel y al pago de las costas. La causa se- en-cuentra ante este tribunal en apelación, pero la prueba no ha sido certificada en forma alguna, y puesto que no hemos en-contrado error alguno en los autos, debe confirmarse la sen-tencia recurrida. ,, ,

,, , Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Su. Figuehas,

text:
    Del Valle v. Andreu et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 162.
    Resuelto en noviembre 7, 1907.
    Apelación — Escrito de Apelación — Jurisdicción.—Si en la transcripción de autos presentada á los efectos de una apelación, no se hubiere incluido copia del escrito de apelación, el tribunal carecerá de jurisdicción para conocer de dicha apelación, y ésta deberá, desestimarse.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: 'Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado.del apelado: Sr. Aponte.

   El Juez Asociado Su. Figuehas,

emitió la' opinión del tribunal.

En nn juicio de desahucio, ya terminado, presentaron los. demandados, ante la Corte de Distrito arriba expresada, un memorandum sobre costas, ascendente á ciento veinte y seis, pesos setenta y nueve centavos, y que, según ellos, debía satis-facer el.demandante del Valle Atiles, con arreglo á la senten-cia definitiva que en dicho juicio de desahucio dictó este Tribunal Supremo en 5 de diciembre de 1906.

La corte de distrito dió curso al asunto, conforme á ley, y como del Valle Atiles, no impugnó el memorandum en el plazo-concedido para ese objeto, se concedió la referida cantidad reclamada como costas con fecha 9 de enero de 1907.

Más luego del Valle Atiles, dirigido por abogado, presentó ante dicha corte una moción con el fin de que se reconsiderase la anterior orden, alegando las razones que creyó pertinentes á su derecho; pero la corte negó la moción en 9 de febrero de 1907.

Esas dos son las órdenes apeladas.

Aquí tenemos una exposición del caso aprobado por el juez, pero no existe en el récord escrito alguno de apelación, y carecemos, por tanto, de jurisdicción para conocer del re-curso interpuesto, porque' abiertamente se ha infringido el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice asir

“En la apelación contra una sentencia definitiva, el apelante debe presentar á la corte de apelación una copia del escrito interponiendo el recurso, del legajo de la sentencia y de cualquier pliego de excep-ciones ó alegación hecha en el caso, en los cuales se apoyare el ape-lante, etc.”

Y en este caso es de aplicación el 303, que es como sigue:

“Si el apelante dejare, de presentar los documentos requeridos, la apelación deberá ser desestimada.”

Ya ésta es cuestión que ha sido resuelta en tres distintas ocasiones, es á saber:

“No. 62. José A. Fernández, v. Sucesión de María Irizarry y otros, fallada en 26 de enero de 1906. Ponente — Juez Sr. Hernández.
“No. 18. Margarita Hecht, Ex parte, fallada en 29 de junio de 1906. Ponente — Presidente Sr. Quiñones.
“No. 67. Ignacio Franco, Ex parte, fallada en 16 de octubre de 1906. Ponente — Juez Sr. Wolf.”

Con tales antecedentes, el juez que suscribe, entiende que debe desestimarse el recurso de apelación que se dice estable-cido por Don Manuel del Valle Atiles con las costas del re-curso á síl cargo como apelante.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos,' Hernández y Wolf.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Heenández,

text:
    El Pueblo v. Sánchez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 105.
    Resuelto en noviembre 8, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no apa-ciendo de los autos que se haya cometido error alguno que justifique la revo-cación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció1.
   El Juez Asociado Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente causa se originó en la corte municipal de Mayagüez, á virtud de denuncia contra los individuos llamón Sánchez, Víctor Ecliavarría, Lorenzo Eosas, Eladio Henrí-quez, Juan Defilló, Manuel Franco Figueroa y Eamón Santana, por haber sido sorprendidos jugando al monte, y terminó por sentencia absolutoria respecto de Santana y condenatoria en cuanto á los demás, habiendo interpuesto éstos, contra la misma, recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Mayagüez, la que, mediante la celebración de nuevo juicio, condenó á cada uno' de los apelantes, en 9 de marzo del corriente año, á la pena de cien dollars de multa ó, en defecto, á noventa días de cárcel y costas.

También esa sentencia fué apelada,.sin que haya venido á esta Corte Suprema pliego de excepciones, ni exposición del caso, ni tampoco los apelantes hayan hecho en su defensa, por sí ó por medio de abogado, alegación alguna escrita ni oral.

N Examinado detenidamente el récord, no aparece que se haya cometido por la corte inferior error alguno que vicie.de nulidad la sentencia pronunciada; y antes por el contrario han tenido debida aplicación los artículos 299 del Código Penal y 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal, procediendo en su consecuencia la confirmación de la sentencia apelada con las costas del recurso también á cargo de los apelantes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Figubbas,

text:
    El Pueblo v. Santiago.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 111.
    Resuelto en noviembre 8, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no apa-reciendo de los autos que se haya cometido error alguno que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figubbas,

emitió la opinión del' tribunal.

Esta cansa se originó en la corte municipal de San Germán y pasó á la Corte de Distrito de Mayagüez, en virtud de re-curso de apelación que interpuso el acusado Esmeraldo Santiago. Celebrado ante esta última corte un nuevo juicio, se le con-denó en 14 de marzo de 1907, por un delito contra el derecho electoral, á la pena de un mes de cárcel y las costas.

También contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación. Pero no se ha presentado aquí pliego de excep-ciones, ni’exposición del caso, ni siquiera alegato escrito.

La sentencia se ajusta al artículo 322 dél Código de Enjui-ciamiento Criminal, y del récord no aparece que se haya come-tido ningún error fundamental.

Por cuya razón, el fallo apelado debe confirmarse con las costas del recurso á cargo del apelantes

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo v. Cintrón.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 95.
    Resuelto en noviembre 11, 1907.
    SeduocióN — Pbuebas—Testimonio de la Denunoiante. — En las causas por se-ducción, el solo testimonio de la denunciante, es suficiente para fundar en él una declaración de culpabilidad, sin que sea necesario que esté corroborado por prueba alguna.
    Id.' — Nuevo Juicio — Veredicto Contrario á las Pruebas — Descubrimiento de Nuevas Pruebas. — Cuando la moción se funde en que el veredicto no está justificado por las pruebas, y éstas no se hubieren incluido en una relación de hechos ó pliego de excepciones, tal fundamento no podrá considerarse en apela-ción; y si se alegare, también como fundamento de la moción, el descubri-miento de nuevas pruebas, y éstas tendieren simplemente á impugnar la veracidad de los testigos de cargo, no constituye ello motivo suficiente para conceder el nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Boerm'an.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el acusado contra sentencia dictada por-la Corte de Distrito de Ponce. Dicha sentencia le condenó á sufrir un año de presidio y al pago de las costas, estando fundada la misma en una acu-sación que le imputaba el delito de seducción bajo promesa de matrimonio de la joven Cruz del Valle, soltera y hasta en-tonces reputada como pura. Se celebró juicio por jurados.

Antes del pronunciamiento de la sentencia en corte inferior, el acusado presentó una moción para nuevo juicio,- fun-dándola en varios motivos, siendo el primero, que la declara-ción de la denunciante era la tínica que había respecto al trató carnal, y que tal prueba no era por sí suficiente para declarar culpable al acusado. No se ha presentado pliego de excep-ciones, ni relación de hechos ante el tribunal, siendo, por tanto, imposible determinar la naturaleza de la declaración -dada. Además, en el caso del Pueblo de Puerto Rico contra Salusticmo Rodriguez, resuelto en 29 de junio de 1906, esta corte resolvió, siguiendo la jurisprudencia general sobre la materia, que, en juicios por seducción, la declaración de la ofendida es bastante para basar en ella un veredicto de cul-pabilidad.

Otro fundamento que también se alegó para que se conce-diera un nuevo- juicio, fué el de que el acusado había encon-trado nuevas pruebas que no pudieron aportarse durante el juicio. Esta nueva prueba solamente atacaba la credibilidad del testigo de cargo. Esto no es motivo suficiente para con-ceder un nuevo juicio". Hace referencia á este particular el caso de Pueblo v. McCurdy anotado en 68 California, página 576, citándose otras autoridades en .el volumen 16 de la Enci-clopedia Americana é Inglesa de Ley en la página 572.

Además, no hay nada ante Nos que pueda destruir la pre-sunción de que la corte ejercitó una sana discreción al denegar la moción. No habiendo encontrado error alguno en los autos, la sentencia de la corte de distrito debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciado MacLeary.

Los Jueces Asociados Sres. Hernández y Pigueras, no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo v. Mercado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 101.
    Resuelto en noviembre 11, 1907.
    .Apelación — Ekrobes Manifiestos. — No apareciendo de los autos que se haya cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado Salustiano Mercado fué acusado en la Corte de Distrito de Mayagüez del delito electoral, y después del juicio fué condenado á la pena de $50, ó en su defecto, á un mes de cárcel y costas.

La causa fué elevada á este Tribunal Supremo en apela-ción, pero no nos ha sido certificada la prueba en manera al-guna, y puesto que no hemos encontrado en el récord ningún error, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    El Pueblo v. Del Toro.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 100.
    Resuelto en noviembre 12, 1907.
    Multa — Prisión Subsidiaria — Sentencia.—La prisión subsidiaria que por de-fecto del pago de multa pueden imponer las cortes de distrito no puede ex-ceder de un día por cada dollar que el acusado dejare de satisfacer, y la sen-tencia que en su virtud se dicte" no debe serlo en la forma de que el acusado pague la multa ó sufra prisión, dejando á su elección el cumplimiento de la sentencia, sino que debe especificarse en ésta que en defecto del pago de la multa á que dicho acusado haya sido. condenado, se le reduzca á prisión por el término que corresponda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado:. Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueeas,

emitió la opinión del tribunal.

Esta cansa tuvo origen en la corte municipal de Mayagüez, por virtud de denuncia de un policía insular contra el acusado por delito contra la paz pública. Pasó á la corte de distrito en grado de apelación, y celebrado el nuevo juicio, se le condenó' á la pena de “ quince dollars de multa ó treinta días de cárcel y costas.”

Contra ese fallo, dictado en seis de marzo de 1907, inter-puso el culpable recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y aquí sólo tenemos, para juzgar el caso, el legajo de la sentencia, que en este caso lo constituye la denuncia y la sentencia apelada, toda vez que no bay pliego de excepcio-nes, ni exposición de hechos, ni siquiera alegato escrito en defensa de los derechos del apelante.

Examinando la sentencia, objeto del recurso pendiente, vemos que la pena personal es excesiva, por cuanto la ley de aplicación á este caso, es el artículo 322 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, y éste dispone que aquélla “no debe exce-der de un día por cada dollar de multa, ni pasar más allá del término á que fuese sentenciado • á prisión el acusado por el delito de que ha sido convicto.”

De modo, que la pena que debió imponerse es de quince dollars de multa ó de quince días de cárcel, empleando, por ahora, la forma confusa seguida por la sentencia apelada.

Esta doctrina referente al artículo 322 ya citado, ha sido tratada ya por este tribunal en los casos siguientes:

“Guadalupe Andino, Ex parte, 20 de mayo 1905.
Benito Delgado, Ex parte, 25 abril, 1907.
El Pueblo de Puerto Rico v. Gabriel Díaz, 6 mayo, 1907.
El Pueblo de Puerto Rico v. José Maiz, 2 junio, 1907
El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel M. Paz, 29 junio, 1907.”

Y muy especialmente se trató este punto considerando el citado artículo 322, 323 y el 54, todos del Código de Enjuicia-miento Criminal, en el caso fallado -recientemente, 30 de octu-bre último, de El Pueblo de Puerto Rico v. Rafael Laviosa, en qne fné ponente el Sr. MacLeary. En ese dictamen se estu-dian la primera y 3a. disposición citadas, comparándolas con las referentes secciones del Código Penal de California.

De modo, qne aqní dejamos otra vez establecido qne la sen-tencia recurrida se excedió en la pena que no debió pasar de un dollar por cada día ó sean quince días de cárcel.

La forma de la parte dispositiva de la sentencia es confusa, liemos dicho antes, porque parece que se deja al acusado la elección de las penas de multa ó de cárcel y esto ni puede ser así, ni creemos que haya sido el .propósito de la corte.

Para evitar esto, nos parece más claro decir “se declara culpable á Manuel M. del Toro, y por tanto, se le condena á la pena de quince pesos de multa y en defecto de su pago inmediato, sufrirá quince días de cárcel y costas.”

Este punto también está tratado en el caso de Laviosa, que se ha citado, y á él también nos referimos.

De modo que, con tales correcciones ó enmiendas, puede dictarse la sentencia por esta Corte Suprema.

Resuelto de conformidad.

' Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. HeRNÁndez,

text:
    El Pueblo v. Lugo.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayag’üez.
    No. 102.
    Resuelto en noviembre 12, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Eeroebs Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no apa-reciendo de los autos que se haya cometido error alguno que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. HeRNÁndez,

emitió la opinión del tribunal.

.El presente es nn recurso de apelación interpuesto por Angel Salvador Lngo contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez, que, en grado de apelación y mediante la cele-bración de nuevo juicio, le condenó en Io. de febrero del co-rriente año á la pena de cincuenta dollars de multa, ó en su defecto, á un mes de cárcel.

No ba venido á esta Corte Suprema pliego de excepciones, ni exposición de hechos, y tampoco el apelante ha hecho en su defensa, por sí ó por medio de abogado, alegación alguna escrita ú oral.

Examinado detenidamente el récord, no encontramos que se haya cometido por la corte inferior error alguno que vicie de nulidad la sentencia pronunciada; y antes por el contrario, han tenido debida aplicación los artículos 162 del Código Penal y 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal, debiendo en. su consecuencia, confirmarse la sentencia apelada, con las cos-tas del recurso también á cargo del apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Presidente Sr. Quiñones,

text:
    Franceschi v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Ponce.
    No. 12.
    Resuelto en noviembre 12, 1907.
    Mandatario — Inscripción.—Autorizado un mandatario, como presidente de una sociedad Agrícola, para trasmitir el dominio de las tineas qué ésta posea, á los socios que las hubieran aportado á dielia sociedad, 6 á las personas que aquellos tuvieran á bien designar, ro se excede, sino que por el contrario se ajusta á las atribuciones conferídales, el mandatario que traspasa á un ter-eero, por orden de uno de los socios, las fincas aportadas por éste á la sociedad, sin que sea necesario otorgar la rescisión de la aportación y la enagenación al tercero, en documentos distintos, pues ambos actos pueden formaliJarse en una misma escritura, que es perfectamente inscribible.
    Id. — Escritura de Compra-Venta. — Autorizado un mandatario, para reclamar, cobrar y percibir cuantas cantidades de dinero, frutos ú otras especies se adeuden ó adeudaren á su poderdante, otorgando los correspondientes recibos, cartas de pago y -cancelaciones, etc., queda implícitamente autorizado para recibir ó aceptar, á, nombre de su poderdante, una escritura de compra-venta de bienes inmuebles.
    Id. — Ratificación del Contrato. — La impugnación, por el poderdante, de una nota denegatoria de-inscripción de un contrato otorgado por su mandatario, y la interposición, por aquél, del correspondiente recurso gubernativo, constituye una ratificación de los actos del mandatario que convalidaría cualquiera ex-tralimitación de facultades en que el último Rubiera podido incurrir.
    Id. — Defectos Subsanables — Falta de Descripción de la Finca. — La falta de descripción de la finca originaria de que se segregara aquella que se pretende inscribir, constituye un defecto subsanable que debe hacerse constar en' el registro de la propiedad.
    Id. — Edad de los Otorgantes. — La falta de expresar en la escritura la edad de los otorgantes no constituye defecto alguno, si de la misma aparece que todos son mayores de edad, pues esta circunstancia es suficiente para que el regis-trador pueda juigar de la capacidad de los comparecientes para otorgar la referida escritura.
    Los bechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Yordán Dávila.

   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don L. Yordán Dávila, á nombre de Don Francisco-María Francesclii .y Gregori contra nota denegatoria del Re-gistrador de la Propiedad de Ponce á inscribir una escritura de compra-venta, compromiso de venta y arrendamiento.

Resultando: que por escritura pública otorgada en el pueblo de Adjuntas, ante el notario de esta Isla, con residencia, en Ponce, Don Garlos F. Cliardón y León, en 27 de octubre de 1904, Don Lucas Amadeo y Antonmarchi y Don Jnan Gutié-rrez Velasco, en su carácter de presidente y secretario, respec-tivamente, de la sociedad anónima titulada “Unión Agrícola,” domiciliada en la ciudad de Ponce, en cumplimiento del acuerdo tomado por la junta general de accionistas de dicha sociedad celebrada en el pueblo de Adjuntas, en 15 de mayo-del mismo año, por el que, entre otros particulares, se autorizó al director gerente, que lo era el presidente Don Lucas Ama-deo, para trasmitir el dominio de las fincas que poseía la “Unión Agrícola” á las personas que las aportaran á la socie-dad, por no haber podido pagarles el precio en que habían sido valoradas dichas fincas al ser aportadas, quedando igualmente facultado para hacer dicho traspaso á favor de las personas que designaran los dueños de las fincas, en cuyo caso éstos deberían concurrir al otorgamiento de la escritura para, auto-rizar la transferencia; en uso de la autorización contenida en el citado acuerdo, vendieron á Don Francisco Ma. Frances-chi y Gregori una finca rústica de 175 cuerdas de terreno, 25 céntimos de otra, radicada en el barrio del “Pueblo” del tér-mino municipal de Adjuntas, que había adquirido dicha socie-dad de Don Anecto Caballero y Balbás, en precio y cantidad de 15,000 dollars que le era éste en deber, y que en esa forma debían éntenderse pagados, siendo además, convenido en dicha escritura que el comprador Don Francisco Ma. Franceschi, por conducto de su apoderado Don Antonio Luchetti, que también concurrió al otorgamiento de la escritura y M había aceptado, daba en arrendamiento á Don Anecto Caballero la misma finca que acababa de adquirir por el término de 10 años y por el canon y bajo las demás condiciones que se especifican en dicho contrato; bien entendido que si el arrendatario Sr. Caballero y Balbás, dentro del plazo de los 10 años estipulados, entre-gase á Don Francisco María Franceschi y Gregori, ó' á su legí--timo representante, los 15,000 dollars que se habían dado de valor á la finca arrendada, dicho Sr. Franceschi, ó quien legal-mente lo representara, le otorgaría inmediatamente la escri-tura de venta de la mencionada finca, al Sr. Caballero, ó á la persona que éste designara, quedando ipso facto terminado el contrato de arrendamiento; cuya escritura fue aceptada en todas sus partes por Don Anecto Caballero y su esposa Doña Teresa Amadeo, que también concurrió á su otorgamiento.

Resultando: que presentada una copia de esta escritura al Eegistro de la Propiedad de Ponce para su inscripción, la denegó el registrador por los motivos que expresa la nota qne puso al pie de dicho documento, la qne copiada á la letra dice así:

“Denegada la inscripción del documento que precede por los defectos insubsanables siguientes: Primero. Porque los representantes de la “Unión Agrícola” carecían de facultades, según los tér-minos del acuerdo, de la junta de accionistas de 30 de julio de 1905, para otorgar la venta á Don Francisco María Franceschi, que resulta del precedente documento; pues del total contenido del acuer-do de la junta que al particular se refiere, se ve claramente que su único propósito es la rescisión de las aportaciones de las respectivas fincas que hicieron los socios al constituir dicha sociedad, y si bien la ampliaron hasta facultar al Presidente para traspasar las propie-dades á terceras personas que designasen los accionistas interesados, semejante traspaso había de verificarse al único título existente, que es el de rescisión, y en tal caso carecería de causa en cuanto al tercer adquirente, que no fué parte en el convenio. Segundo. Por la confu-sión que resulta, de haber tratado de simular en un contrato anómalo de compra-venta, que ha exigido la concurrencia de tres partes diver-sas, dos contratos absolutamente distintos, que son: la rescisión de la aportación que á la sociedad hizo Don Celso Caballero, y la dación en pago que hace éste á su acreedor Don Francisco María Franceschi, operaciones ambas que han debido realizarse separadamente. Y ter-cero. Porque el poder de Don Francisco María Franceschi á Don Antonio Luchetti, no le confería facultades para autorizar la compra á que se refiere el anterior documento. Y tomada en su lugar ano-tación preventiva por 4 meses, al folio 85 del tomo 61 del ayunta-miento de Adjuntas, finca número 2735, anotación letra A, en la que se consignaron, además, los defectos subsanables de no expresarse en la escritura que antecede la edad de los otorgantes ni describirse total-mente la finca originaria de que se segrega la enajenada. — Ponce, y mayo 13 de 1907.”

Resultando: qne contra esta nota ha interpuesto en tiempo el ahogado L. Yordán Dávila, á nombre de Don Francisco Ma. Franceschi, el presente recurso gubernativo para que se revoque y se le ordene al registrador la inscripción de la escri-tura.

Resultando: del poder otorgado por Don Francisco Ma. FrancescM y Gí-regori á favor de Don Antonio Lnclietti y Cia-valdini en Ponce, á 14 de mayo de 1898, qne en testimonio feha-ciente se presentó al registro, en unión de la escritnra de qne se trata, qne el compareciente Don Francisco Ma. FrancescM daba y confería el más amplio y eficaz poder á sn apoderado el Don Antonio Luchetti para qne á voz y nombre del otor-gante y representando sn propia persona, derechos y acciones, y con arreglo á las instrucciones qne por separado le comuni-cara, hiciera y practicara lo siguiente:

“Primero. Administre, dirija y gobierne todos los bienes, derechos y acciones qne por cualquier título ó motivo posee en la actualidad el señor otorgante, ó pueda adquirir en lo sucesivo, sea cual fuere su procedencia • atienda á su conservación y fomento y los dé en inquili-nato ó arrendamiento por el tiempo y bajo el canon y condiciones que estime convenientes, etc.
' Segundo. Reclame, cobre y perciba cuantas cantidades de dinero, frutos ú otras especies se estuvieren adeudando ó adeudaren en lo sucesivo al señor exponente, sea cual fuere su procedencia; y de lo que percibiere y llevare á su poder, otorgue los correspondientes re-cibos, cartas de pago y cancelaciones totales ó parciales, escriturarias ó bipoteearias, etc.”

Resultando: del acta de la junta general de accionistas de la sociedad “Unión Agrícola” de 30 de julio de 1905, á que se refiere el registrador en su nota, y que obra agregada á la escritura de protocolización de las actas de dicha sociedad, otorgada en Ponce, ante el notario Don Carlos F. Charclón y León en 18 de agosto de 1905, y que tuvo el registrador á la vista al calificar la escritura de que se trata, que ésta fué pre-cisamente una de las aprobadas por dicha junta general entre otras muchas más otorgadas por el presidente Don Lucas Amadeo y Antonmarchi, en uso de la autorización que se le había conferido por la junta general de accionistas que tuvo lugar en Adjuntas el 15 de mayo de 1904, para trasmitir el dominio de las propiedades de la sociedad á los accionistas que las habían aportado, ó á las personas que éstos designa-ran, con las demás condiciones consignadas en el expresado acuerdo.

Considerando: que estando autorizado competentemente el presidente de la sociedad “Unión Agrícola” por el acuerdo de la junta general de accionistas, celebrada en 15 de mayó de. 1904 en el pueblo de Adjuntas, para trasmitir el dominio de las fincas que poseía la “Unión Agrícola” á-las personas que las habían aportado á la sociedad, ó á las que éstas tuvie-ran á bien designar, no se excedió, sino antes al 'contrario, se ajustó estrictamente á las atribuciones que se le habían con-ferido, al vender y traspasar por la escritura de que se trata á Francisco Ma. Franceschi, por orden de Don Celso Caballero, la finca de 175 cuerdas que había éste aportado á la sociedad, en pago de los 15,000 dollars de que le era deudor al comprador; y cuya escritura, á mayor abundamiento, re-sulta aprobada y ratificada expresamente por la misma junta general celebrada en el mismo pueblo de Adjuntas el 30 de julio de 1905, por lo que no puede sostenerse que los represen-tantes de la “Unión Agrícola carecieran de facultades para otorgarla á Don Francisco Ma. Franceschi, como lo consigna el registrador en su nota.

Considerando: que no existe confusión ni dificultad alguna en que el presidente de la “Unión Agrícola” y Don Celso Caballero, autorizado el primero por la junta de accionistas, hubieran dado por rescindida la aportación á la sociedad de la finca del Sr. Caballero, y que en la misma escritura la hu-biera éste vendido al Sr. Franceschi en pago de los 15,000 dollars que le debía, pues no hay ley ni principio alguno que lo prohiba, ni que requiera en estos casos, la extensión de dos documentos separados.

Considerando: que estando autorizado Don Antonio Lu-chetti, como apoderado de Don Francisco María Franceschi, entre otras facultades, para reclamar, cobrar y percibir cuan-tas cantidades de dinero, frutos ú otras especies se estuvieren adeudando ó adeudaren en lo sucesivo al poderdante, sea cual fuere su procedencia, y de' lo que percibiere y llevare á su poder, otorgara los correspondientes recibos, cartas de pago y cancelaciones totales ó parciales, etc., implícitamente lo es-taba para recibir ó aceptar la venta de la finca del Sr. Caballero en pago de lo que éste le debía á su poderdante, máxime cuanto que, habiendo impugnado el Sr. Franceschi la nota del registrador de la propiedad en el presente recurso guber-nativo y solicitado que se revoque dicha nota y se ordene al registrador la inscripción de la escritura, es visto que la acepta en todas sus partes, lo que equivale á una ratificación tácita de la misma que la convalidaría en el caso de haber sido otorgada por el apoderado con extralimitación de sus facultades.

Considerando: por tanto, que ninguno de los motivos con-signados por el registrador en su nota, únicos de que este tribunal puede ocuparse en el presente recurso gubernativo constituye defecto ó vicio de nulidad que impida la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad.

Considerando: en cuanto á los defectos subsanables rela-cionados por el registrador que, sólo puede admitirse como tal, el de no haberse descrito totalmente en la escritura la finca originaria de la que se segrega la enajenada, como lo es-tablece lá resolución de la dirección general de los registros de Io. de diciembre de 1892; mas no así 'el que se refiere á no expresarse en la escritura la edad de los otorgantes; pues constando en ella que todos son mayores de e"dad, basta esto para que el registrador pueda juzgar de la capacidad de los comparecientes para otorgar la escritura de que se trata.

Vistos los artículos 1058,1222,1225 y 1226 del Código Civil revisado, el 65 de la Ley Hipotecaria y el 110 del Reglamento de la misma, y la resolución citada de la Dirección General de los Registros.

.Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Ponce al pie de la escritura de que se trata en el presente recurso, y se declara que ésta es inscribible; y.con devolución de dicha escritura y de los demás documentos acompañados, remítase al registrador con copia certificada de la presente resolución para que proceda á la inscripción de la escritura con el defecto snbsanable á que se refiere en el segundo extremo de su nota.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


text:
    Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 34.
    Resuelto en noviembre 20, 1907.
    Ejecución de Hipoteca — Venta de Bienes no Hipotecados. — La aplicación de la sección primera de la ley de marzo 9, 1905, referente á las sentencias y á la manera de satisfacerlas, en cuanto permite la venta de otros bienes del deudor para satisfacer la obligación, ó aquella parte de la misma que no baya sido pagada, debe limitarse á los casos en que haya habido una sentencia ordenando el pago de la deuda, después de un juicio ’ordinario, y no debe ex-tenderse su aplicación, al procedimiento sumario establecido por la Ley Hipo-tecaria.
    Id. — .No ha podido ser la intención de la Legislatura autorizar la venta de bienes del deudor, que no hubieran sido expresamente hipotecados, y en un procedi-miento en que el deudor no haya sido oído, como ocurre en el procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria. Solamente aquella parte de la Ley de marzo 9, 1905, que autoriza la venta de los bienes por el marshal, es la que tiene aplicación á dicho procedimiento sumario.
    Id. — Naturaleza de la Resolución Dictada en un Procedimiento Sumario— Sentencia Definitiva. — Aun cuando la acción de la corte en un procedimiento sumario, necesariamente resuelve los derechos de las partes por lo que á dicho procedimiento se refieran, sin embargo, la resolución dictada en el mismo no tiene el carácter de sentencia definitiva, por virtud de la cual pueda expedirse ejecución en términos generales.
    Id. — La palabra decisión, usada en la Ley de marzo 9, 1905, tiene aplicación á la orden dictada en un procedimiento sumario, á la que no puede aplicarse el calificativo de sentencia, empleado -en la misma ley, siendo la orden de pago, y no la de venta de los bienes, la que tiene el carácter de resolución definitiva á los efectos de dicho procedimiento.
    Id. — Guando la acción de la corte en un procedimiento sumario en ejecución de hipoteca, sea más amplia de lo que la ley permite, el mismo deudor puede impugnarla, utilizando para ello los recursos adecuados.

      Certiorari — Recurso Ordinario.- — Certiorari es el recurso procedente para corre-gir procedimientos no autorizados por la ley, cuando no hay un recurso ordi-nario, ó cuando éste no es rápido, adecuado y eficaz para subsanar las faltas cometidas.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Díaz Navarro.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna solicitad para que se expida un auto de cer-tiorari dirigido contra Pedro de Aldrey, juez de la Sección Primera de la Corte de Distrito de San Juan. La Porto Rico Leaf Tobacco Co. estableció el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria contra Amador Frías ante la Corte de Distrito de Guayama, pero como el juez de esa corte estaba inte-resado en el asunto, se trasladó el caso á la Corte de Distrito de -San Juan.

El día 18 de mayo de 1907, la corte de distrito dictó su deci-sión ú orden requiriendo al deudor para que hiciera efectiva la cantidad adeudada, según la hipoteca. El deudor fué debi-damente notificado, y más de treinta días después, ó sea el día 28 de septiembre de 1907, el peticionario pidió que se ordenara la venta de la finca, y si no se encontrase la finca hipotecada, ó si el producto de la venta fuese insuficiente para satisfacer la sentencia, que proceda entonces á recuperar el dinero sobre cualquier otra propiedad del demandado como en el caso de cualquier ejecución ordinaria. El juez dictó orden ó decisión á este efecto, disponiendo que fuera regis-trada como sentencia en la forma prescrita por la ley para la venta de bienes bajo ejecución. La orden de la corte de distrito es como sigue:

“Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Pico. — Sección Ia. — Porto Rican Leaf Tobacco Co., demandante, v. Amador Frías y Silva, demandado. — Acción hipotecaria en cobro de pesos. Orden. Por cuanto, á esta corte y sección fué presentada por el demandante su demanda contra el demandado Amador Frías y Silva, formulándola, de acuerdo con los preceptos de la Ley Hipote-caria :
“Por cuanto, examinada aquella demanda y sus documentos, la Corte, por 'su orden de 18 de mayo de 1907, dispuso que el dicho demandado Amador Frías y Silva fuera requerido.de pago para satis-facer siete mil doscientos pesos por principal adeudado de su hipoteca, los intereses devengados por esa suma hasta el día último de abril anterior, que montan á 3,976 dollars, y los que se devenguen hasta ■el definitivo pago de dicha responsabilidad, y las costas causadas y que se causen, incluyendo en. ellas doscientos cincuenta pesos por to-dos los honorarios del abogado del demandante;
“Por cuanto, el día doce de julio del corriente año, fué requerido el deudor para pagar dichas responsabilidades y se le apercibió de procederse á la subasta de la finca hipotecada si no verificaba el pago dentro de los 30 días siguientes y que el acreedor recuperaría el im-porte total de las expresadas sumas, procediendo á la venta de la finca hipotecada;
“Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Hipoteca-ria vigente, y en la Ley de 9 de marzo de 1905, sobre sentencias y manera de satisfacerlas,
“Decido y Ordeno: Que el demandante en este caso recupere del demandado la cantidad de siete mil doscientos dollars, los intereses devengados por esa suma que montan, hasta el día último del pasado abril, á la suma de 3,976 dollars, los que'se devenguen hasta el defini-tivo pago al tipo convenido, las costas de esta ejecución, y doscientos cincuenta dollars por honorarios de abogado, expidiéndose al efecto una orden al Marshal del Distrito en que la propiedad hipotecada radique para satisfacer esta decisión, que se anotará como sentencia, en la forma prescrita por la ley, para la venta de propiedad bajo eje-cución; y si no se encontrase la finca hipotecada, ó si el resultado de su venta fuese insuficiente para satisfacer la totalidad de la sen-tencia, entonces el Marshal procederá á recuperar el resto del dinero ó remanente del importe de la sentencia sobre cualquiera otra propie-dad del demandado, como en el caso de cualquiera otra ejecución ■ordinaria.
“Dada en corte abierta el día diez de octubre de 1907. Pedro de Aldrey, Juez.”

La sentencia es como signe:

‘ ‘ Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R. — Sec-ción Ia. — Porto Rican Leaf Tobacco Co., demandante, v. Amador Frías y Silva, demandado. — No. 1469. — Sobre acción hipotecaria en cobro de pesos. Sentencia. — El día 18 de mayo último se dictó por esta corte, en virtud de petición del demandante arriba expresado, presentada, con arreglo á la ley hipotecaria, una orden para que se requiriese de pago al demandado también expresado arriba, para que satisficiera al demandante 7,200 pesos por principal, los intereses devengados por esa suma basta el día ultimo de abril anterior que montan á 3.976 dollars, y los que se devenguen hasta el definitivo pago de dicha responsabilidad, más las costas causadas y que se causen, incluyendo en ellas doscientos cincuenta pesos por todos los honorarios del abogado del demandante.
“El día doce de julio último, fue requerido el deudor, de acuerdo con la orden de esta corte, y con el apercibimiento de procederse á la subasta de la finca hipotecada si no hacía el pago dentro de los treinta días á contar del requerimiento referido.
“Y la corte, de conformidad con los hechos expuestos, y con lo previsto en la Ley Hipotecaria y en la “Ley sobre la manera de satis-facer las sentencias,” ordena que el demandante en este caso recupere del demandado la cantidad de siete mil doscientos dollars, los intereses devengados por esa suma, que montan, hasta el mes de abril último, á la suma de tres mil novecientos setenta y seis dollars, los que se der venguen hasta el definitivo pago al tipo convenido, las costas de esta ejecución, y doscientos cincuenta dollars por honorarios de abogado. Y líbrese mandamiento • por el secretario al marshal, de conformidad con lo dispuesto en la referida “Ley sobre la manera de satisfacer las sentencias.” Pronunciada en corte abierta el día 10 de octubre de 1907, y registrada en la misma fecha. (Firmado) Pedro de Aldrey, Juez.”

Llama la atención de esta corte que el juez inferior en la misma fecha, 10 de octubre de 1907, haya dictado dos resolu-ciones sustancialmente idénticas, una, con el nombre de orden y otra, con el nombre de sentencia. No vemos la razón legal de la duplicidad de dichas resoluciones.

El ejecutante ante la corte inferior que es también peticio-nario en el procedimiento de certiorari impugna la acción de la corte al dictar y registrar una sentencia final cuando parece que el mismo pidió que se decretara una ejecución en la forma ordinaria, dando ocasión con semejante proceder á que se dictara una sentencia que sirviera de base á la ejecución soli-citada.

El peticionario alega ahora ante este tribunal que la acción de la corte de distrito, al dictar una sentencia definitiva le- lia demorado el procedimiento; pero el mismo es responsable en gran parte de esa dilación por haber pedido y obtenido una orden de ejecución de carácter general. Procederemos á exa-minar los derechos de un acreedor que siga el procedimiento sumario en lo que respecta á sentencia y ejecución, con arreglo á la ley vigente.

En el caso de Emilia Giménez et al. v. Julio Brenes y Aponte, hemos resuelto que el procedimiento especial de la Ley Hipotecaria no ha sido derogado por el Código de Enjui-ciamiento Civil, ni ha sido ninguna de sus disposiciones afec-tada por el mismo. También digimos en aquella opinión que la ley de de marzo 9 de 1905, referente á las sentencias y á la manera de satisfacerlas, fué el primer paso que dio la legisla-tura en el sentido de modificar el procedimiento de la Ley Hipotecaria. Consideremos esa ley.

Es verdad que el texto inglés de la ley de 9 de marzo de 1905 habla de decisión y sentencias pronunciadas en toda clase de acciones ó procedimientos especiales para el cobro de hipotecas, pero á la vez debemos reconocer que la última parte de dicho artículo relativa á que “si no se encontrase la finca hipotecada ó si el resultado de su venta fuese insufi-ciente para satisfacer la totalidad de la sentencia, entonces el marshal procederá á recuperar el resto del dinero ó rema-nente del importe de la sentencia sobre cualquiera otra pro-piedad del demandado como en el caso de cualquiera ejecución ordinaria,” debe limitarse al caso en que haya, habido un juicio en forma, declarando por sentencia la obligación de deber, y no hacerse extensivo al caso en que no haya habido verdadera sentencia previa la celebración del correspondiente juicio, como en el procedimiento sumarísimo establecido por la Ley Hipotecaria y su Reglamento.

La Legislatura no pudo haber tenido la intención de per-mitir que se embargaran y vendieran además de los bienes hipotecados, otros bienes del deudor, por virtud de úna ejecu-•ción, cuando no se le lia dado la oportunidad de ser oído en el procedimiento principal, y cuando el contrato hipotecario hecho entre él y su acreedor se refería únicamente á las fincas descritas en la hipoteca, y no á otra alguna. La ley de 9 de marzo de 1905, no puede considerarse aplicable al procedi-miento de la Ley Hipotecaria más que en aquella parte en que sus palabras y su espíritu puedan tener aplicación á cual-quiera otro procedimiento sumario. En otras palabras, la única parte de esa ley que tiene aplicación al procedimiento sumario es la que dispone que la propiedad debe ser vendida por el marshal. . El procedimiento conocido con el nombre de vía de apremio ha sido derogado, según se ha dicho en el caso de Brenes. t

Debemos dar efecto á la ley de 9 de marzo de 1905pero esa ley no ha dado el carácter de sentencia final á las deci-siones ó resoluciones de la corte en un procedimiento hipote-tecario en el sentido en que se usa esa frase en el Código de Enjuiciamiento Civil. No todas las resoluciones ó decisiones de un tribunal tienen el carácter de sentencia. Esto es por sí mismo evidente y se desprende además, de los términos de la sección 213 del Código de Enjuiciamiento Civil. • Esta sección, al hablar de las órdenes y sentencias que se consideran excep-cionadas por ministerio de la ley, enumera “una providencia ó decisión dada sobre una moción controvertida” ó una pro-videncia ó decisión contra la que pueda establecerse apela-ción, sin que esas decisiones sean reputadas sentencias. La misma sección trata también de sentencia definitiva y de otras providencias ó resoluciones distintas de las dos mencionadas.

Ahora bien, aunque la resolución de la corte en un proce-dimiento hipotecario resuelve necesariamente los derechos de las partes dentro de ese procedimiento especial, sin embargo, las resoluciones ó providencias que en el mismo se dicten no tienen el carácter de una sentencia general, por virtud de la cual pueda expedirse una orden de ejecución en términos generales. Así se desprende del artículo 168 del Re-glamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, el cual dispone que el procedimiento sumario se dirija tan sólo contra los bienes gravados con la hipoteca. En dicha ley no se en-cuentra disposición alguna que dé á estas resoluciones ó pro-videncias el carácter de sentencias, y estamos de acuerdo con el abogado del peticionario en que la palabra “decisión,” usada en la ley de 9 de marzo de 1905", tiene aplicación á la Ley Hipotecaria, mas no la palabra “sentencia.” También esta-mos de acuerdo con él en que la orden requiriendo de pago, y no la orden de venta, es la que tiene el carácter de resolución final.

Pasemos á considerar ahora los recursos que tienen las-partes después de dictada la orden y sentencia por el tribunal inferior. Creemos que como el tribunal ha dado á estos procedimientos mayor amplitud de la que permite el procedi-miento sumario, el deudor hubiera podido perfectamente esta-blecer algún recurso, que no discutimos cuál sea, contra esa sentencia. Pudiera surgir alguna duda con respecto á si el acreedor ha sido perjudicado por tal sentencia á pesar de haber obtenido una orden de ejecución de carácter tan general, que da al contrato hipotecario un efecto que nunca tuvieron en su mente las partes. Si por consiguiente, hubiera sido el deudor el que hubiera presentado esta petición, no habríamos de pen-sar para declarar la sentencia nula y sin ningún valor.

Sin embargo, al acreedor se le ha demorado en su ejecu-ción, y aunque en cierto modo se debe á su propia falta el que se encuentre en esta situación, creemos, no obstante, que los intereses de las partes quedan mejor guardados si ejercemos nuestra jurisdicción en materia de certiorari. Es verdad que el certiorari no procede ordinariamente en los casos en que exista la apelación y así lo hemos resuelto en varios casos. (Ex parte Arpin, 2 Dec. de P. R., p. 360; Delgado v. Cabassa, 2 Dec. de P. R., p. 463; Giménez v. La Corte de Distrito, 2 Dec. de P. R., p. 635.) Pero el principio que sientan estas deci-ciones es que el 'mismo resultado podría obtenerse regular, adecuada y rápidamente en el curso de una apelación. Este es el principio qne el tribunal ha sostenido y continuará sos-teniendo. Por lo qne á este caso se refiere, no es la apelación, si procede, el recurso adecuado y rápido.

Sin embargo, cualquiera que' sea la interpretación que se dé á esas resoluciones, la cuestión presentada en el caso de autos está claramente comprendida dentro.de los fines de la misma ley de certiorari que prescribe que se expedirá el auto ó procederá .el recurso en los casos en que el procedimiento no estuviese ajustado á la ley. La corte inferior no ha estado justificada al proceder en la forma en que lo hizo.

. Las resoluciones que con el nombre de orden y sentencia dictó la corte inferior en 10 de octubre de 1907, deben esti-marse nulas .en cuanto hace extensivos los efectos de la ejecu-ción á otros bienes del deudor que no sean los hipotecados y en cuanto se ha dispuesto que se registre dicha orden como sentencia cuando no tiene semejante carácter y el juez ha debido limitarse á ordenar la subasta de los bienes hipote-cados, expidiendo la correspondiente orden al marshal.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández y Figueras.

Jueces disidentes: Sres. Presidente Quiñones y Asociado, MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez,

text:
    El Pueblo v. López.
    Apelación' procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 99.
    Resuelto en noviembre 22, 1907.
    Multa — Prisión Subsidiaria — Sentencia.'—El cumplimiento de la sentencia dictada en una causa criminal, no debe dejarse á elección del acusado, y si la sentencia le condenare al pago de una multa deberá especificarse en la misma, que en defecto de tal pago el acusado debe ser reducido á prisión por el tér-mino que corresponda.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

La presente cansa se originó en la corte municipal de Mayagüez, á virtud de denuncia hecha por Juana Bastel contra Virgilio López Agostini, por haber agredido éste á aquélla dándole una fuerte bofetada, y terminó por sentencia conde-natoria que fué apelada para ante la corte de distrito, la que mediante la celebración de nuevo juicio, declaró al López Agostini culpable del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y por tanto, le condenó á la pena de cincuenta dollars de multa ó un mes de cárcel y costas, sen-tencia que ha venido á esta Corte Suprema en grado de apelación.

No hay en el récord pliego de excepciones, ni exposición del caso, y tampoco el apelante ha hecho en su defensa por sí ó por medio de abogado alegación alguna escrita ú oral.

Examinada la denuncia no contiene defecto alguno sustan-cial.

En cuanto á la sentencia, su parte dispositiva es confusa, porque podría deducirse de los términos de la misma, que se deja al acusado la alección de las penas de multa ó de cárcel* sin que tal haya sido la intención de la corte sentenciadora. El ejercicio de esa facultad discrecional no compete al acusado sino al juez.

Para evitar aquella deducción errónea debe aclararse la sentencia en el sentido de que el apelante se'entienda conde-nado como culpable del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes á la pena de cincuenta dollars de multa, y en defecto de su pago, á un mes.de cárcel con las costas á su cargo en uno y otro caso. Así resulta debidamente aplicada ia sección 8a. de la Ley de 10 de marzo de 1904 que trata de la materia, en relación con el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Véase la doctrina ya establecida por esta Corte en los casos siguientes:

El Pueblo de Puerto Rico v. Rafael Laviosa, fallado en 30 de octubre, 1907.

El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel M. del Toro, fallado en 12 noviembre de 1907.

Por las razones expuestas, procede se confirme la senten-cia apelada con la aclaración ya expresada.

Confirmada.

Jueces concurrentes Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


text:
    El Pueblo v. Lugo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 113.
    Resuelto en noviembre 22, 1907.
    Apelación — Errores Manifiestos. — No apareciendo de los autos que se haya cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta apelación en el presente caso á la Corte de Dis-trito de Mayagüez contra la sentencia dictada por la corté municipal de San Germán, dicha corte de distrito condenó al acusado á un mes de cárcel y al pago de las costas. No se hizo diligencia alguna por parte del apelante, excepto la interposi-ción del recurso, lo que manifiestamente se hizo para demorar el procedimiento. T no encontrando nosotros error alguno en los autos, debemos confirmar la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Figueras, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Abril v. Moreno et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 139.
    Resuelto en noviembre 25, 1907.
    Apelación — Jurisdicción.-—La cuestión de si una apelación ha sido ó no inter-puesta en tiempo, es una cuestión de jurisdicción, y por consiguiente, inter-puesto el recurso fuera de término, el consentimiento ó pasividad del apelado no afecta en modo alguno á la cuestión, y procede la desestimación de la apelación. •
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Sweet, Bossy y Campillo.

    Ahogada del apelado: Sr. Méndez Vas.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación fué registrada en la Corte de Distrito de Mayagüez el 25 de febrero de 1907. La apelación se anotó en 3 de' abril de 1907, alegándose por primera vez que la ape-lación no fué establecida en tiempo. Sostiene el apelante que al preparar la exposición del caso lo mismo que en otros pro-cedimientos en el tribunal inferior, el apelado estuvo confor-me con la demora. En otras palabras, que la rebeldía era de tal carácter que el apelado había renunciado' á su,derecho á discutir la cuestión de competencia de la corte, por su silen-cio y conformidad. Con respecto á este punto hay alguna con-tradicción entre las autoridades dejos diferentes Estados; la alegación del apelante parece estar de acuerdo con la práctica del Estado de New York, pero en el caso de González v. Principe et al., resuelto en 26 de’abril, 1906, resolvimos que el punto de si una apelación había sido interpuesta en tiempo ó no en-volvía una cuestión de competencia, debiendo ser interpreta-dos estrictamente los estatutos que fijan el tiempo "dentro del cual deben interponerse las apelaciones. Y citamos y segui-mos las reglas de procedimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos y' las del Estado de California.

Entendemos que el caso de González v. Principe et al. es al que debemos atenernos en la presente apelación. No se lia cumplido con los requisitos que exige la sección 295 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que debe desestimarse la apela-ción.

Desestimada.

Jueces concurrentes Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Figueras, no intervino en la resolu1 ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Salcedo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 108.
    Resuelto en noviembre 27, 1907.
    Denuncia — Lugar en que se Cometió el Delito — Apelación.—Cuando en una denuncia no apareciere que el delito fué cometido en un lugar que esté dentro de la jurisdicción de la corte, á falta de excepción interpuesta oportunamente, el defecto no es substancial como para justificar la revocación de la sentencia; •pero si la denuncia ha sido oportunamente excepcionada, la excepción debe sostenerse y si se rechazara, procede la revocación de la sentencia.
    Id. — Juegos Prohibidos — Monte.—En una denuncia ó acusación imputando á los acusados el delito de haber tomado participación en un juego de monte, es necesario alegar que dichos acusados jugaban por dinero, cheques, crédito ó fichas que representaban valores, y la falta de esa alegación da lugar á una excepción, que si se formula, debe sostenerse, y si se rechazara, el error justifi-caría la revocación de la sentencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión, del tribunal.

La presente fué nn proceso originado por una denuncia presentada en la corte municipal de Coamo por el delito de jugar á juegos prohibidos, contra Salcedo y cinco personas más, incluso el secretario y el marshal de dicha corte. Fue-ron declarados culpables por la corte municipal, y apelaron el caso á la Corte de Distrito de Ponce, donde volvieron á ser declarados culpables; y se les impuso la misma pena.

El día 3 de abril de 1907 la Corte de Distrito de Ponce, habiendo dictado previamente una sentencia condenatoria, impuso una multa de ciento veinte y cinco dollars á cada uno, á Salcedo, Colón y Quesada; con una pena alternativa de cua-renta días de cárcel, habiendo impuesto á Suro, Pérez y Rico una multa de cien dollars á cada uno, con alternativa de trein-ta días de cárcel. La sentencia dice que confirma parcialmen-te la de la corte municipal. Por supuesto, esta última resolu-ción era errónea, como hemos demostrado anteriormente, en varios casos; entre otros, en el de Laviosa, resuelto el 30 de octubre último pasado. La prisión alternativa en la corte municipal fué la misma en la corte de distrito, y fué errónea en la primera, mientras que era admisible en la segunda, como queda consignado en el caso de Laviosa.

Es demás discutir nuevamente estas cuestiones, puesto que las observaciones hechas en el dictamen á que se ha hecho re-ferencia, son completamente aplicables á los errores en el pre-sente caso, así como á los del caso en que fueron empleadas primitivamente.

Al hacer un examen de la denuncia contra la cual fué pre-sentada la excepción previa, la encontramos mala. El primer fundamento de la excepción fué que no se determinó debi-damente el sitio; en otras palabras, que no se expresó en la denuncia, que el delito fué cometido en un sitio dentro de la jurisdicción de la corte municipal de Coamo. Hemos resuelto en varios casos que cuando no se hiciera constar la excepción en la corte inferior, esta objeción no se tomaría en considera-ción por primera vez en esta corte; es decir, Remos resuelto que la falta de designación del lugar del delito no es un defec-to sustancial de la denuncia que sin ser alegado como excep-ción pueda anular la sentencia; pero hemos dado á entender indirectamente que cuando se toma excepción debidamente, debería ser sostenida. Esta excepción fué debidamente pre-sentada en la Corte de Distrito de Ponce y fué-desestimada, y se hizo constar la excepción hecha á la resolución de la corte. Creemos que se incurrió en error al desestimar la excepción previa presentada á la demanda.

El segundo fundamento de excepción, presentado en la Corte de Distrito de Ponce contra la denuncia, fué que no se alega en la misma que se jugaba con dinero, sino que se jugaba al monte. Es posible que se hubiera podido jugar al monte meramente con' el fin de distraerse, sin usar el dinero, sino ha-bichuelas, fichas, ó cualquiera cosa que no tuviera valor y que no fuera redimible en dinero ú otra cosa de valor.

El Código Penal, sección 299, bajo la cual se formuló esta denuncia, al definir el delito, prescribe que para completarlo es necesario que se juegue ó que se establezca ó abra un juego por dinero, cheques, crédito ú otra cosa que represente dinero, ó que se apueste dinero ó alguna cosa de valor, y esta es una alegación que Ha debido consignarse en la denuncia ó en la acusación, según sea el caso, pudiendo dar lugar su omisión á una excepción, que cuando se alegue debe ser admitida. La corte desestimó-la objeción, y se hizo constar excepción á la resolución. Creemos que, al dictar esta sentencia, la corte de distrito incurrió en error, por lo cual debe revocarse la sentencia.

„ En vista de la indicación hecha respecto á la revocación‘de la sentencia, no hay ocasión de examinar los hechos en el caso, respecto á si son ó no suficientes para- justificar la sentencia dictada.

, Por los motivos expresados, debe revocarse la sentencia dictada por la Corte inferior, por los errores indicados, y desestimarse el caso.

Desestimada.

Jnces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras'y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaky,

text:
    El Pueblo v. Martínez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 117.
    Resuelto en noviembre 27, 1907.
    Acusación — Seducción—Carácter—Reputación.—La frase hasta entonces repu-tada por pura, usada en el texto español del artículo 261 del Código 'Renal, equivale substancialmente á la frase of previous chaste character que se em-plea en el texto inglés, pues la palabra pura significa easta (chaste), especial-mente si se usa en acusaciones por seducción, y el concepto de la palabra reputación (reputation), á los efectos del artículo 261 citado, es equivalente al de la palabra carácter (character).

    Ip. — Nuevo Juicio — Veredicto Contrario á Derecho y á las Pruebas — Prue bas — Promesa de Matrimonio. — A los efectos de una acusación por seducción, no afecta en modo alguno la circunstancia de que el acusado, en la época en que cometiera el delito, estuviera comprometido para contraer matrimonio con otra mujer; si se prueba que la denunciante tenía conocimiento de este hecho, ello puede arrojar alguna duda con respecto á si la seducción tuvo lugar, por virtud de una promesa de matrimonio; pero la apreciación de aquel hecho es de la competencia del jurado. La existencia de tal compromiso y el conoci-miento de que él tuviera la denunciante son hechos completamente inmateriales en los casos de seducción, y no pueden constituir motivo para deere'tar un nuevo juicio. .
    Id. — Corroboración del Testimonio de la Denunciante. — En los casos’ de seducción, si el jurado da crédito á la declaración de la mujer seducida, el acusado puede ser convicto con esa sola declaración, sin necesidad de que esté corroborado con alguna otra prueba.
    Id. — Estado de la Denunciante. — Como toda mujer nace soltera, la ley presume que ese es su estadó, mientras no se demuestre lo contrario; si la mujer es casada, la prueba de este extremo corresponde al acusado.
    Id. — Castidad.—En las causas por seducción la prueba de que la mujer seducida era pura ó casta, corresponde al Eiseal.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaky,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el apelante fue procesado y declarado culpable de haber seducido, bajo promesa de matrimonio, á la joven Angela Collazo. Se formuló acusación contra él en 30 de julio 1906, siendo declarado culpable en 22 de enero, 1907, y condenado á pagar una multa de mil dollars, quedando en prisión hasta que la misma fuera satisfecha, no pudiendo exce-der dicha prisión de un año. También se ordenó que el acu-sado pagara las costas. Interpuso apelación contra la senten-cia dictada por la corte, la orden denegando el nuevo juicio, y contra la orden desestimando la moción de sobreseimiento.

Las alegaciones que se hicieron en la moción para nuevo juicio y en las cuales estaba basada la referida moción, fue-ron las de que el veredicto era contrario á la ley y á la prueba, y que la corte cometió error al instruir al jurado.

La moción por la que se solicitaba el sobreseimiento de la causa estaba basada en cierto supuesto defecto de la acusa-ción.

La apelación interpuesta contra la sentencia comprende las otras dos alegaciones y todas serán consideradas conjun-tamente. No se presentó informe oral, ni por escrito, ante este tribunal, eñ favor del acusado.

Examinemos la acusación, omitiendo el encabezamiento ordinario; es como sigue:

“En la Corte de Distrito de Ponce, á 30 de julio de mil nove-cientos seis.- — El fiscal formula acusación contra Gerardo Martínez como autor de un delito grave de seducción, previsto y penado en el artículo 261 del Código Penal, cometido como sigue: En una casa sita en el camino de la Playa de la ciudad de Ponce, distrito judicial del mismo nombre, y en la primer semana del mes de mayo del corrien-te año 1906, el acusado Gerardo Martínez, que sostenía relaciones amorosas con Angela Collazo, mujer soltera, basta entonces reputada por pura, la sedujo, con promesa de matrimonio, y tuvo con ella actos, carnales, disfrutando de su virginidad. Esto hecho es contrario á la ley para tal caso prevista y á la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

Alega el abogado del acusado que esta acusación no imputa á dicho acusado ningún delito público, porque la misma no con-tiene una exposición de todos los elementos que constituyen el delito de seducción, puesto que, en efecto, én ella se alega, que la mujer perjudicada “estaba reputada como pura hasta entonces,” pero no se dice que ella fuera una mujer “de anterior carácter casto; ” de modo que esta excepción hecha á la acusación, descansa sobre el punto de si la traducción española, se ajusta ó nó al original inglés. La palabra “pura” signi-fica “casta,” especialmente cuando se usa en casos como el que ha sido usada en la acusación.

La traducción literal de las palabras españolas “ hasta en-tonces reputada como pura” es “up to that time reputed to be chaste.” Esto presenta la cuestión de la diferencia entre las palabras £ ‘ carácter ” y “ reputación. ’ ’ El gran lexicógrafo-Webster, dice:

“Convendría que se usaran distintivamente las palabras carácter y reputación. En verdad, el carácter es la persona misma; reputa-ción es lo que se supone que sea. El carácter está en sí mismo, la reputación pertenece al juicio de los demás.”
(Diccionario Internacional de Webster', p. 240.)

La misma autoridad dice que la palabra “reputación” en derecho significa “el carácter que se la atribuye á una persona en la comunidad en que vive.” (En el mismo libro, p. 1222.) De modo que aparece claramente que, en todo aquello que con-cierne á esta sección de nuestra ley criminal, el carácter y la reputación son términos equivalentes; y las palabras Españo-las é Inglesas* usadas allí están de acuerdo en substancia. A esta acusación no puede hacerse tal excepción y la misma es suficiente. La moción sobre sobreseimiento fuá debidamente desestimada.

La moción hecha para un nuevo juicio por el fundamento de que el veredicto del jurado era contrario á la ley, y la prueba, está en efecto, fundada en las siguientes razones:

“ (a) Porque la ofendida sabía desde el principio de sus relaciones con el acusado qúe él estaba comprometido para casarse con otra joven.
“ (b) Porque de la carta de fecha 17 de abril de Í906, dirigida por la perjudicada al acusado, aparece que sostenía relaciones amo-rosas con él, sin consideración á ninguna promesa de matrimonio por parte de éste.
“(c) Porque la sola declaración de la perjudicada es insuficiente para demostrar su virginidad ó pureza, teniendo en cuenta la falsedad en que ha incurrido al declarar que nunca había escrito al acusado respecto á las relaciones de éste con otra joven, de acuerdo con la doctrina de que un testigo falso en un extremo no merece crédito en cuanto á los demás.
“(d) Porque no existe prueba de la soltería de la perjudicada.’'

Con respecto á la primera proposición indicada anterior-mente por la letra (a), podemos decir que no interesa á la cuestión en manera alguna el hecho de que el acusado estu-viera comprometido para casarse con otra mujer en la época en que se cometió este delito. Los hombres, á veces, y las mujeres también, probablemente, tienen dos ó tres compromi-sos de esta clase pendientes al mismo tiempo. Desde luego, que esto no es correcto, y el hombre “debe haber terminado con los antiguos amores antes de- emprender otros,” pero ahora y entonces, él prefiere tener “dos cuerdas en su arco.” La única ventaja que este hecho, si se probara, podría repor-tar al acusado, seriadla de producir la duda de si el acto carnal había sido consumado “bajo promesa de matrimonio,” si la mujer tuviere conocimiento del mismo. Si esta duda surgió durante el juicio, ella fué resuelta por el jurado en contra del acusado. Podía el jurado resolverla y no vemos razón alguna para intervenir en esa resolución. Según muy bien se lia dicho por el Fiscal, al hacer su informe ante este Tribunal.

‘ ‘ Pero aún admitiendo que Angela Collazo tuviera conoeimieni y de ese estado de cosas, es necesario reconocer que en nada alteraban el valor de la promesa de matrimonio que le había hecho el acusado, por-que una mujer, aun cuando acepte que su amante mantiene relaciones con otra distinta, siempre cree y confía que ella ha de ser la preferida y que las promesas que á ella le hacen, han de serle cumplidas con pre-ferencia á toda otra consideración.”

El compromiso anterior para casarse con otra mujer y el conocimiento del mismo por parte de Angela Collazo, son hechos completamente inmateriales para el juicio de esta causa.

Con referencia á la proposición designada por la letra (b), debemos decir que la carta que se supone haber sido es-crita por la ofendida, en 17 de abril, 1906, no muestra que estas relaciones amorosas se sostenían y que se cometiera el acto criminal sin tener en consideración ninguna promesa de matrimonio. Aunque, por lo general, es difícil saber la signi-ficación verdadera del contenido de las cartas amorosas, sin embargo, se verá claramente por una lectura detenida de esta carta, que esta joven estaba grandemente enamorada del hombre de su predilección, y, aunque atormentada por las dudas que tenía de' su fidelidad, no había perdido la creencia que te-nía en sus promesas de matrimonio, no viéndose por dicha car-ta, en manera alguna, determinación por parte de ella de per-der su reputación y entregarse en cuerpo y alma á su seductor, sin tener en cuenta las consecuencias que por ello se ocasiona-rían. No podemos dar tal interpretación á esta tierna carta.

Al examinar la proposición designada por la letra (c), debemos empezar diciendo que el antiguo lema, Fálsus in uno fálsus in omnibus, no puede ser aplicado tan estrictamente como se trata de hacer, á favor del acusado, con respecto á la declaración de la joven que se dice haber sido seducida por él. La Santísima Trinidad, 20 IT. S., 339. Podríamos aplicar más propiamente aquella sección de nuestra ley de evidencia, que dice:

“La evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito, es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo perjurio ó traición.”
(Sec. 18, Ley de Evidencia; Leyes de 1905, p. 6.)

El abogado del acusado cree que la sección 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal es aplicable á este caso. No tiene aplicación. En él no se menciona el delito de seducción. El es-tatuto no exige corroboración alguna de la declaración de la persona seducida; y si el jurado cree que ella dijo la verdad, puede basarse en dicha declaración una' convicción, aunque la misma no esté corroborada por otra prueba. Además, en cuanto á lo que se refiere á haberse hecho la promesa de matri-monio con anterioridad al acto carnal, su testimonio está am-pliamente sostenido por la declaración de su hermana Flora Collazo. Pero hemos tratado este punto en el caso de Salus-tiano Eodríguez, resuelto por este tribunal en 29 de junio, 1906. También los siguientes casos: El Pueblo v. Santos, fallado en 28 abril, 1905; El Pueblo v. Durán, fallado en 17 de junio, 1905, y El Pueblo v. Córdoba, fallado en 6 noviembre, 1905.

En lo que concierne á la proposición designada por la letra {d), podemos decir que todas las mujeres nacen solteras y la ley presume que ese estado, una vez establecido, continúa igual hasta tanto que se presente prueba, respecto á algún cambio del mismo. Por consiguiente, si la mujer perjudicada era casada, incumbía al acusado probar eso. Pero todas las circunstancias prueban el estado de soltería de la perjudicada. Tenía solamente diez y siete años de edad, vivía con su tía, asistía á la escuela, y siempre que salía á la retreta le acom-pañaba su hermana, siendo considerada como joven soltera en todas las ocasiones. No hay nada en esta alegación en que pueda basarse un nuevo juicio.

Pero encontramos qne la moción se basaba también en que la corte babía instruido erróneamente al Jurado en cuanto á los puntos siguientes;

“Io. Que la ley presume á la mujer casta.
“2o. Que no se requiere prueba de la soltería de la perjudicada.”

Hemos virtualmente terminado con el supuesto segundo error, en la discusión anterior. Si la presunción mencionada por la corte no prevaleció, había suficiente prueba aportada al juicio para demostrar el estado de soltería de la ofendida. Así, pues, aun cuando la instrucción fuera errónea en este punto, el error no era perjudicial; y, por consiguiente, no podía pedirse la revocación de la sentencia.

(Leyes de 1904, p. 10, Ley de 10 de marzo, 1904.)

En cuanto á la afirmación de que la instrucción dada por el juez al jurado sobre la castidad de la mujer, es errónea, es necesario decir que no lia habido tal error en esa afirmación, ó juzgar por los términos de la instrucción misma, y aun cuando tal error haya existido, fué rectificado inmediatamente por el mismo juez, cuando dijo que el fiscal tiene la obliga-ción ó el deber de demostrar ese hecho de la castidad al jura-do, de una manera positiva.

Habiendo encontrado que ninguna de las objeciones hechas por el abogado del acusado proceden, y no apareciendo de los autos error substancial alguno, debemos confirmar la sen-tencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes Sres. Presidente Quiñones y Asociados, Hernández y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Figueras, no intervino en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo v. Justiniano.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 112.
    Resuelto en noviembre 29, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apare-ciendo de los autos que se haya cometido error alguno que justifique la revo-cación de la sentencia apelada^ ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueras,

emitió la opinión del tribunal.

Esta cansa se originó en la corte municipal de San Germán y pasó á la Corte de Distrito de Mayagüez, en virtud de re-curso de apelación que interpuso el acusado Arturo Justi-niano. Celebrado ante esta última.corte un nuevo juicio, se le condenó en 14 de marzo de 1907, por un delito contra el derecho electoral, á la pena de un mes de cárcel y las costas.

También contra esta sentencia se interpuso recurso de ape-lación. Pero no se ha representado, aquí pliego de excepcio-nes, ni exposición del caso, ni siquiera alegato escrito.

La sentencia se ajusta al artículo 322 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, y del récord no aparece que se haya come-tido ningún error fundamental.

Por cuya razón el fallo apelado, debe confirmarse, con las costas del recurso á cargo del apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. MaoLeaby,

text:
    El Pueblo v. Maldonado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 118.
    Resuelto en diciembre 2, 1907.
    Multa — Costas—Prisión Subsidiaria — Sentencia.—En los casos en que el acusado sea condenado por la corte de distrito al pago de multa y costas, no puede .imponerse prisión -por falta de pago de las costas, sino por el de la inulta, ó parte de multa no satisfecha, á razón de un día por cada dollar que eh aeusado dejara de satisfacer, expresándose que se le reduzca á prisión en defecto del pago de dicha multa, por el término que corresponda, sin que deba hacerse referencia en la sentencia, á la dictada por la corte municipal, en los casos que procedan de estas cortes.
    Apelación- — Pruebas Contradictorias. — En los casos de prueba contradictoria, y cuando haya prueba de cargo suficiente para justificar la sentencia dictada por la corte, se presumirá que ésta consideró y apreció debidamente dichas pruebas contradictorias, y tal apreciación debe ser aceptada por el tribunal de apela-ción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. MaoLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una causa por acometimiento y agresión, que tuvo su origen en la corte municipal de Adjuntas. Había dos procesados. Ambos fueron declarados culpables y se les impuso una multa con pena alternativa. Mediante recurso de apelación, elevaron el caso á la Corte de Distrito de Ponce, en donde se celebró nuevamente el juicio. Se les impuso multa á los dos, lo mismo que en la corte inferior, y uno de ellos interpuso recurso de apelación para ante este tribunal, mien-tras que el otro cumplió su condena en la cárcel..

La- Corte de Distrito de Ponce, al dictar sentencia, dice que confirma parcialmente la sentencia de la corte municipal de Adjuntas, y dice además, que condena al demandado, Angel Maldonado, á la pena de treinta dollars de multa y las costas de ambas cortes, y eli defecto de pago, que sufriera un día de cárcel por cada dollar que quedara sin satisfacer.

Esta sentencia no está en debida forma, como quedará demostrado por nna referencia al dictamen en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Laviosa, resuelto por esta corte el día 30 de octubre de 1907. La sentencia de la corte de distritdebe dictarse sin hacer referencia á la dictada por la corte-municipal, y la pena alternativa no puede imponer un solo día-de prisión por el defecto de pago de costas, sino únicamente por falta de pago de la multa; de manera que la prisión lía-debido ser limitada en el presente caso á treinta días, ó á un número de días igual al número de dollars de la multa que que-daban sin pagar, sin tomar en consideración las costas. Es decir, treinta dollars de multa ó treinta día.s de cárcel. No es necesario dar á este punto una amplia consideración, toda vez que también ha sido detenidamente discutido y resuelto en el caso de Laviosa, arriba mencionado.

Aparece en el récord una exposición de los hechos que erróneamente ha sido titulado exposición del caso, en el cual las declaraciones de los testigos, tanto del demandante como del demandado, quedan consignadas ampliamente. Hemos examinado este documento cuidadosamente en todas sus par-tes. No aparece ningún pliego de excepciones en el récord. No se ha presentado alegato en esta corte á -favor del ape-lante, y el abogado que lo defiende no pronunció ningún informe oral.

Las declaraciones de los distintos testigos son algo contra-dictorias, pero como hemos resuelto anteriormente en muchos casos, puesto que la prueba del demandante es suficiente para justificar la" sentencia de la corte, se presumirá que las contra-dicciones entre las declaraciones fueron debidamente concilia-das y apreciadas por el juez sentenciador. Las oportunidades de éste para separar la verdad y la mentira, y para determinar cuáles son los testigos, cuyas declaraciones merecen crédito, son muy superiores á las de esta Corte, que se halla limitada en la consideración del caso, á los autos escritos en maquinilla.

No habiendo nada que justifique la revocación de la sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce, en este caso, el día 6 de septiembre de 1907, se confirma la misma en cnanto por ella es condenado el apelante á satisfacer la malta de treinta dollars y las costas, y en defecto de pago, á sufrir nn día de cárcel por cada dollar qne deje de pagar, bien entendido qne por falta de pago de las costas no tendrá qne sufrir pri-sión alguna.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sre#Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y Wolf.