text:
    Robert Ades, demandante y recurrido, v. Harry Zalman y Otros, demandados; Lic. Luis Roberto Santos Montalvo, peticionario.

      Número: O-84-165

      Resuelto: 6 de junio de 1984

      Enrique Alcaraz Micheli, de Ferrer & Alcaraz, abogado del peticio-nario; Frank Gotay Barquet, de Feldstein, Gelpí & Hernández, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

¿Puede ser sometido a la toma de una deposición por la parte contraria el abogado que representa en una causa judicial a uno de los litigantes?

Robert Ades demandó en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, a Harry Zalman, Samuel Sherman, Perfect Jacket Manufacturing Co., Perfect Shirt Company, Lico Corporation y Brass Uniforms, Inc., por alegado incumpli-miento de obligaciones contractuales y fiduciarias. Las tres últimas corporaciones están representadas por el Lie. Luis Roberto Santos Montalvo. Éste, el 25 de enero de 1984, fue notificado de una toma de deposición por los abogados de Ades. El aviso requirió los siguientes documentos:

1. Todos y cada uno de los cheques cancelados, recibos, copias de giros, o cualquier otro documento que evidencie el pago o pagos hechos al Ledo. Eudaldo Báez Galib por servicios a las corporaciones Lico Corp., Perfect Shirt, Inc. y Brass Uniforms, Inc.
2. Todos y cada uno de los contratos, copias de licencias, afidávits, o cualquier otro documento que evidencie la venta o traspaso, incluyendo lo relativo al precio cobrado y pagado, de los cuatro vehículos propiedad de las codemandadas Lico Corp., Perfect Shirt, Inc. y Brass Uniforms, Inc., cuya venta fue hecha por el licenciado Luis Roberto Santos.
3. Todos y cada uno de los cheques cancelados, copias de giros, recibos o cualquier otro documento relacionado con el desembolso, utilización o transferencia de los dineros obteni-dos de la venta de los automóviles a los cuales se hace referen-cia en el párrafo anterior.
4. Todos y cada uno de los cheques cancelados, copias de giros, recibos o cualquier otro documento que evidencie pagos hechos por el Ledo. Luis Roberto Santos al Negociado Federal de Rentas Internas (“Internal Revenue Service”) por concepto de contribuciones, penalidades o intereses adeudados por Lico Corp., Perfect Shirt, Inc. y Brass Uniforms, Inc.
5. Todos y cada uno de los libros de contabilidad, minutas, récords corporativos, listados de equipo y maquinaria de Lico Corp., Perfect Shirt, Inc. y Brass Uniforms, Inc.
6. Expedientes de todos y cada uno de los casos seguidos por y en contra de Lico Corp., Perfect Shirt, Inc. y Brass Uniforms, Inc. en los cuales éstas fueron representadas por el Ledo. Luis Roberto Santos.

El licenciado Santos se opuso y como medida protectora solicitó que se dejara sin efecto dicha citación. Adujo que toda “la información requerida ..., con excepción de la men-cionada bajo el número 6, surgen o deben surgir de los libros corporativos de las tres compañías demandadas, los cuales pertenecen y están bajo la custodia de dichas corporaciones y de sus oficiales y no de su abogado”. (Énfasis nuestro.) En cuanto a los expedientes de casos reclamó ser “el producto del trabajo del abogado y además conte[ner] información” privilegiada. Instancia se negó. El licenciado Santos acudió ante nos. En auxilio de nuestra jurisdicción paralizamos los procedimientos en dicho foro. La comparecencia de ambas partes nos permite decidir prontamente bajo la Regla 50 del Reglamento.

I — I

No se cuestiona que la toma de una deposición es un método aceptado de descubrimiento de prueba consagrado en la Regla 27 de las de Procedimiento Civil. () Ha sido definida como aquella “declaración que precediendo jura-mento (en la actualidad se le ha substituido por la promesa de decir verdad) se recibe al reo, o testigos u otro en alguna causa civil o negocio civil. Llámese deposición, porque depone, asienta o afirma lo que ha llegado a su noticia, o sobre lo que se le pregunta”. E. Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 14 ed., México, Ed. Porrúa, 1981, pág. 234. Su razón de ser responde al enfoque moderno “de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia. Un pleito no debe continuar siendo una batalla de talentos entre los abogados. Las partes deben poner las car-tas sobre la mesa antes del juicio, ya que ‘cualquier parte puede obligar a la otra a revelar cualesquiera hechos que tenga en su poder’”. Shell Co. (P.R.) Ltd. v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 451, 461 (1952).

Hoy día se reconoce universalmente que la información poseída por cada parte no es de su exclusiva propiedad. Así, a través de los distintos mecanismos sobre descubrimiento de prueba puede lograrse limitar las cuestiones a dilucidarse y circunscribir la presentación de evidencia durante el juicio a aquellas en controversia u obtener evidencia adicional, o información que sirva de pista para encontrarla. En síntesis, el derecho al descubrimiento de prueba es uno “amplio y liberal”. Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830 (1982). Aún así, admite justificadas excepciones. Ya en Zaragoza v. Tribl. Superior, 78 D.P.R. 447, 451 (1955), citando al comentarista Moore, habíamos anticipado “en vista del derecho ilimitado de descubrimiento otorgado por la Regla 26 [actual Regla 27 nuestra], raras veces se presentarán situaciones en que una orden al efecto de que la deposición no sea tomada ha de resultar apropiada. Semejante orden no debe ser dictada a menos que exista ‘justa causa’ (good cause), requiriéndose un caso convincente para que se niegue totalmente a una parte el derecho a tomar una deposición”. Ante una situación de ese género, en Rivera Alejandro v. Algarín, supra, pág. 833, advertimos que la regla sólo excluye materia privilegiada y la que no sea pertinente al asunto en controversia. Véase M. R. Aguiló, Modificación al descubrimiento de prueba en las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, 74 Rev. Der. Puertorriqueño 235 (1979).

Con estos horizontes decisorios en mente evaluemos el reclamo del licenciado Santos basado en que es abogado que representa partes en litigio.

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Lo primero que advertimos es que la Regla 27.1, antes transcrita, no contiene limitaciones respecto a quiénes se les puede tomar deposiciones. Autoriza el examen a “cualquier persona”. Por ende, teóricamente no excluye al abogado de uno de los litigantes. Sin embargo, la naturaleza adversativa en que se cimenta nuestro sistema adjudicativo y el alto grado de participación intrínseca y envolvimiento del abogado en los procesos, como asesor clave y confidente de una parte, invita a ciertas reflexiones en torno a la diná-mica viva que conlleva la práctica forense. Después de todo, el “derecho no es una exótica flor de invernáculo, ni una estructura fósil, ni un sarcófago. Pero, tampoco es un pro-ducto de laboratorio. Es todo un proceso histórico, vital. Es vida, que sigue proyectándose en el presente y es también presente preñado de futuración”. J. B. Iturraspe, Función Social de la Abogacía, 2da ed., Sante Fe, Argentina, Ed. Castellví, 1967, pág. 47.

En Pereyó v. López et al., 22 D.P.R. 780, 783 (1915), citando el Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, en términos generales definimos al abogado como aquel “que defiende causa o pleito suyo o ajeno, demandando o respondiendo; pero según el estado de nuestra legislación, es el profesor de jurisprudencia que con título legítimo se dedica a defender en juicio por escrito o ‘de palabra los intereses o causas de los litigantes”. Por ende, al ser consultado y contratado toda persona deposita en él su más absoluta confianza. Basado en esa relación fiduciaria le comunica intimidades personales, de negocios, etc., presta declaraciones y entrega documentos y valores. De ordinario se establece una relación muy estrecha y singular. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). En lo que atañe al recurso, para proteger ese vínculo tan íntimo, la Regla 25 de Evidencia establece el privilegio de abogado-cliente, también denominado secreto profesional. Fundado en serias consideraciones de política pública propicia crear un ambiente de seguridad en toda comunicación profesional. La rúbrica legal es de confidencialidad. El deber de guardar el secreto profesional es de tal importancia, que como afirma el decano Cisnero, “si desapareciera, la profesión estaría destinada a perecer”. Citado en M. Gómez Calvo, El Secreto Profesional en la Abogacía, 11 Rev. Cs. Jur. Univ. Costa Rica 229 (1968). Al decir de Parry, la defensa “[d]eja de ser libre si el abogado, trans-formado en testigo, es obligado a la divulgación pública de lo que ha sabido gracias al secreto profesional”. A. E. Parry, Ética de la Abogacía, Argentina, Ed. Jur. Argentina, 1940, T. I, pág. 251.

Esta especial relación tiene además una dimensión y un fundamento ético. El Canon 22 del Código de Ética reconoce la necesidad de que el abogado no sea parte ni incorporado al elemento probatorio. Reza: “Excepto cuando sea esencial para los fines de la justicia, el abogado debe evitar testificar en beneficio o en apoyo de su cliente. Cuando un abogado es testigo de su cliente, excepto en materias meramente formales, tales como la comprobación o custodia de un documento y otros extremos semejantes, debe dejar la dirección del caso a otro abogado.” El desalentar la participación del abogado como elemento evidenciarlo en un pleito va dirigido no a tronchar, sino a robustecer, esa seguridad anhelada por el cliente. Evita en lo posible mezclar la función del abogado con el papel de un testigo. Véase R. H. Viñas, Ética y Derecho de la Abogacía y Procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1972, págs. 207-211.

El binomio abogado-testigo se acepta en la jurisdicción federal. La norma general es que “la condición de ser abogado no crea una inmunidad contra deposiciones, y por lo tanto, bajo ciertas circunstancias una parte puede deponer a un abogado de la parte contraria, sujeto a las objeciones por privilegio. Sin embargo, la toma de deposición de un abogado no es común”. 10 Fed. Proc., L. Ed., See. 26:104 (1982). Igual criterio siguen el Shepard’s Manual of Federal Practice, 2da ed. (1979); 4A Moore’s Federal Practice, 2da ed. (1984); 3 Kooman, Fed. Civ. Frac. (1970); 7 Cyc. Fed. Proc., 3ra ed. (1971).

Este enfoque, aunque plural, no es unánime. Existen variantes que responden a distintas preocupaciones judicia-les dignas de ser conocidas. En In re: Arthur Treacher’s Franchisee Litigation, 92 F.R.D. 429 (1981), el tribunal con-cluyó que lo más apropiado, bajo una situación similar, era sustituir el requerimiento sobre una deposición oral por una escrita. Más aún, en Draney v. Wilson, 30 FR Serv2d 960 (1980), se negó bajo el siguiente razonamiento: “Permitirle a un abogado convertirse en el inquisidor del abogado de la parte contraria, conllevaría el agudo riesgo de añadirle un elemento más a las tensiones que se crean en un proceso adversativo entre los representantes legales. La deposición a un abogado de récord sólo será permitida ocasionalmente y sólo cuando sea mostrada justa causa.” (Traducción nuestra.) Véase además Walker v. United Parcel Services, 87 F.R.D. 360 (1980).

Nos encontramos, pues, ante una doble y compleja acu-mulación de funciones por un abogado: actividad represen-tativa forense y la testifical. Por ende, las inquietudes men-cionadas no pueden tomarse a la ligera. Según Don Ángel Osorio,“la materia referente al secreto profesional de los abogados es gravísima; que aparecen en pugna constante el derecho del cliente a la reserva y el derecho de la Justicia a buscar la verdad; que el abogado puede ser un sacerdote o un encubridor; y que cada caso ofrece matices, sutilezas y detalles que son imposibles de prevenir”. Citado en Gómez Calvo, op. cit., págs. 239-240.

Además, la cuestión sobre el posible confrontamiento directo entre abogados y un potencial de situaciones irri-tantes, no pertenece al mundo de lo teórico. Al igual que en otras latitudes, el foro puertorriqueño aglutina diferentes especies de temperamentos (también detectable entre los miembros de la judicatura). Ello se traduce en la forma de postular.

Las cualidades humanas del abogado son, como es obvio, elementos imprescindibles de su personalidad y se traducen de varias maneras en el desarrollo de la actividad profesional. De ello resulta un cuadro lleno de luces y de sombras en el que la persona del abogado emerge con sus virtudes y defectos y se individualiza bajo estos dos aspectos. Candían ha diseñado un vivo bosquejo y vale la pena relatarlo brevemente. Este autor ha diferenciado al abogado “atrabiliario”, escorbútico y per-manentemente irritado; al lleno de autosuficiencia y persua-dido de que es el único depositario de la verdad jurídica, la “vestal del Derecho”; al fraudulento, del que es preciso descon-fiar, y al condescendiente, dispuesto a renunciar a una excep-ción procesal para favorecer al colega distraído, con la preten-sión de obtener de éste un trato de reciprocidad en la primera ocasión, y, finalmente, al abogado “atérmico”, frío, sutil, dis-tante y probablemente mal colega. Existe también el “super-hombre invencible”, que se comporta como contrario inmo-desto y prepotente. Finalmente, Candían pasa a tratar los rasgos de otros tipos o temperamentos de abogados en aten-ción a sus dotes de iniciativa personal en el desempeño de su actividad profesional. Así, distingue al abogado “intervencio-nista” del que se perfilan algunos subtipos, como el interven-cionista habitual (¡el peor de todos!) y el ocasional y opuesta-mente al no intervencionista, es decir, al neutralista y, junto a él, al “pseudoneutralista”.
A este complejo cuadro, pintado magistralmente con sutil ironía, se puede oponer otro de distinto y más agradable colo-rido, pues, si bien sus sujetos no son muy numerosos, debemos dar fe de que existe el abogado entusiasta de su profesión, enamorado de la causa y de las cuestiones jurídicas inherentes a ella, de las que habla con todos sus colegas; existe el abogado altruista, dispuesto a renunciar de buen grado a sus honora-rios en los casos “piadosos”; existe también el abogado fraternal, que ayuda al colega inexperto o imposibilitado. Existe, por tanto, en el mundo de la profesión forense toda una huma-nidad en la que se mueve un microcosmos de pasiones, de ideales, de intereses y de sentimientos, que se sintetiza en la persona de un hombre que tiene el deber de asistir, defender y sostener a otro hombre que se encuentra en condiciones de necesidad y que se ve forzado a reclamar su ayuda; o bien, a asistir a otro sujeto cualquiera (una entidad, una empresa, una sociedad) cuyos intereses deben ser igualmente tutelados. En todo caso, el abogado tiende a realizar dentro de sus posibili-dades una justicia material, superior a la formal, sirviéndose de los instrumentos, más diversos en relación con su persona-lidad y con su temperamento. De aquí que el arte forense se manifieste con formas poliédricas, pero todas ellas impregna-das de humanidad. (Escolios omitidos.) C. Lega, Deontología de la Profesión de Abogado, España, Ed. Civitas, 1976, págs. 43-44.

El ideal de justicia aborrece los extremos. Se presta a abusos. Tales abusos en el uso de los mecanismos sobre descubrimientos de prueba es una posibilidad real. Para curarlos no existen recetas mágicas ni antídotos instantáneos. Las modalidades varían. “El término ‘abuso de descubrimiento de prueba’ ha sido utilizado como un concepto único, pero incluye diversos aspectos. Así, es adecuado subdividir ‘abuso’ en ‘uso impropio’ y ‘sobreutilización’. Cuando nos referimos a ‘uso impropio’, incluimos no sólo las violaciones directas a la regla, como faltar a responder a un requerimiento de descubrimiento dentro del tiempo límite establecido, sino también a más sutiles intentos de acosar u obstruir al oponente, como darle respuestas inadecuadas o requerirle información que claramente se encuentra fuera del ámbito del descubrimiento. Por ‘sobreutilización’ se entiende inquirir más información de la necesaria o apropiada para ese caso en particular. ‘Sobreutilización’, por su parte, puede ser subdividida en problemas de ‘profundidad’ y de ‘extensión’; con ‘profundidad’ nos referimos a requerimiento de descubrimiento de materia que podría ser relevante pero que es simplemente excesiva, y por ‘extensión’ nos referimos al requerimiento de descubrimiento que va a materias demasiado remotas del caso.” (Traducción nuestra.) C. A. Wright, Law of Federal Courts, 4ta ed., St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1983, pág. 542.

Estamos conscientes de que el reconocer de manera abso-luta la prerrogativa de llamar a deponer a un abogado del litigante contrario, para que declare sobre aspectos del caso y produzca determinados documentos, puede convertirse en un medio mortificante, abusivo y opresivo no sólo hacia ese abogado, sino hacia su representado. Podría además tener la consecuencia de que un número sustancial, si no todas las preguntas formuladas, fueran apropiadamente objetadas bajo el fundamento del privilegio abogado-cliente. Ello tras-tocaría el curso ordinario de la litigación normal. Causaría dilaciones innecesarias.

III

Nuestro sistema de justicia se erige en la esencial igual-dad de todos los seres humanos. Rechaza toda noción de ven-taja y favoritismo. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704 (1983). El abogado no es la excepción.

Ante la disyuntiva expuesta y los intereses legítimos en conflicto —permitir a un litigante descubrir el mayor número de elementos evidenciarios, versus el interés público de proteger al máximo el ejercicio libre de la función de abogado— adoptamos como regla reconocer cualificadamente el derecho a tomar una deposición de un abogado de una parte, siempre que previa y adecuadamente se establezca “justa causa”. Esta medida (test) exige un estricto y ponderado escrutinio de los tribunales. Tiende a evitar que se produzcan rozamientos y tensiones innecesarias. Como elemento determinante el foro judicial debe tratar de detectar si la información que se busca descubrir a través del abogado es susceptible de ser obtenida de otras personas o medios menos onerosos y complejos. De existir otras fuentes de información accesibles y aptas debe prescindirse de ese curso de acción. Sin embargo, una vez establecida satisfactoriamente “justa causa”, el abogado puede ser requerido a deponer. En esa eventualidad el examen y descubrimiento se extiende a toda materia pertinente, no privilegiada, y que no sea “producto de su trabajo (work product)”. () Sin embargo, para “atemperar el rigor de toda citación de este género, los interesados deben coordinar, o en su defecto el Tribunal dic-tar, la fecha, hora y sitio y demás condiciones que propendan a garantizar el menor de los perjuicios al deponente”. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 720.

Al aplicar los principios expuestos al caso de autos, observamos que el aviso de toma de deposiciones al abogado Santos esencialmente consiste y va acompañado del requerimiento de un sinnúmero de documentos relacionados con los negocios y actividades comerciales de las corporaciones Perfect Shirt Co., Lico Corporation y Brass Uniforms, Inc. Es innegable que estos documentos pueden ser obtenidos por otros medios procesales. El demandante Ades, como promovente, no ha demostrado, con justificación en esta etapa, la necesidad de la deposición. El examen de los expedientes de casos que están bajo el control del abogado, de ordinario está fuera del escrutinio forense como “producto del trabajo”. () La información relevante sobre éstos a menudo está disponible a través de los récords originales en las secretarías de los distintos tribunales. Para orientar su búsqueda basta conocer el número de radicación y acudir a la dependencia judicial.

En estas circunstancias, debe dictarse sentencia que deje sin efecto la resolución del tribunal de instancia que ordena deponer al licenciado Luis Roberto Santos Montalvo, sin menoscabo de que continúen los procedimientos ante dicho foro compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (14) En lo pertinente la Regla 27.1 reza:
      “(a) Luego de iniciado un pleito, cualquier parte podrá tomar el testimonio de cualquier persona, incluyendo el de una parte, mediante deposición en forma de examen oral, sin permiso del tribunal, excepto que el demandante no podrá tomar ninguna deposición sin permiso del tribunal dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha del emplazamiento del demandado. Si el demandado inicia cualquier tipo de descubrimiento dentro del referido plazo, dicha limitación no será de aplicación. Los testigos podrán ser obligados a comparecer mediante citaciones expedidas de acuerdo con las disposiciones de la Regla 40. La deposición de una persona que esté recluida en prisión podrá ser tomada solamente con el permiso previo del tribunal, bajo las condiciones que éste prescriba.” (Énfasis nuestro.)

      (2) Regla 23.1(b):
      . . Estarán fuera del alcance del descubrimiento las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teorías legales sobre el caso, del abogado o de cualquier otro representante de una parte.”

      (3)“E1 producto de la labor del abogado (work product) consiste de esa infor-mación que él ha reunido y las impresiones mentales, teorías legales y estrategias que él persigue o ha adoptado, derivadas de entrevistas, declaraciones, memorán-dum, correspondencia, resúmenes, investigaciones de hechos o de derecho, creen-cias personales y otros medios tangibles o intangibles.” State ex rel. Dudek v. Circuit Court for Milwaukee County, 150 N.W.2d 387 (1967). Para una exposición más profunda de este concepto véanse: Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947); 35 A.L.R. 3d 412; E. M. Boyle, Comentario, Discovery — The Work Product Protection, 13 U. Kan. L. Rev. 125 (1964); A. B. Lafrance, Work-Product Discovery: A Critique, 68 Dick. L. Rev. 351 (1964); V. K. Yamaguchi, Discovery and the Work Produet Doctrine, 11 Loy. U. Chi. L.J. 863 (1980); D. G. Wills, Waiver of the Work Product Immunity, 1981 U. Ill. L. Rev. 953 (1981); R. D. Stokes, Discovering Investigative Reports Under the Work Product Doctrine, 34 Baylor L. Rev. 156 (1982).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    José A. Sepúlveda et al., demandantes y recurridos, v. Universidad de Puerto Rico, demandada y peticionaria.

      Número: O-84-210

      Resuelto: 7 de junio de 1984

      A. Luis Pérez López, abogado de la peticionaria; Alberto L. Már-quez, abogado de los recurridos.
   per curiam:

A José A. Sepúlveda Vargas, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, alegadamente le fue hurtado su vehículo estacio-nado en el área de estacionamiento cercana al zoológico de dicho recinto. Demandó a la institución.

La Universidad solicitó sentencia sumaria y el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, la negó bajo el fundamento de que las referidas áreas de estacionamiento “caen bajo la categoría con ‘ánimo indirecto de lucro'”, según Acevedo v. Plaza Las Américas, Inc., 109 D.P.R. 311, 315 (1980). Me-diante trámite de mostrar causa, revisamos.

t — H

Resolvemos que erró el tribunal de instancia. Debe deses-timarse la demanda. Los hechos alegados no configuran una causa de acción válida a favor del demandante Sepúlveda.

No se cuestiona la naturaleza y propósitos de la Universidad de Puerto Rico. Es una corporación pública, de génesis legislativa, encargada de la educación superior en Puerto Rico según la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. see. 601 et seq.). Como universidad del Estado tiene una “obligación de servicio al Pueblo de Puerto Rico”. Económicamente funciona con fondos gubernamentales. Recibe el nueve por ciento (9%) del promedio del monto total de las rentas anuales devengadas según las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresados en el Tesoro de Puerto Rico, Art. 2, Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. see. 621). Sus estudiantes sólo cubren una ínfima parte del costo pagando una cantidad limitada por concepto de matrícula. La universidad no opera con ánimo directo ni indirecto de lucro. Siempre ha considerado sus áreas de estacionamiento como una facilidad gratuita al estudiante, de carácter privilegiado.

rH HH

En Puerto Rico, la responsabilidad en áreas de estacio-namiento público está regulada por la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, según enmendada. En lo pertinente dispone:

(d) Area de estacionamiento público — significará cualquier local, solar o área que se utilice por cualquier persona para permitir que en el mismo se estacionen vehículos de motor mediante el pago de alguna cantidad de dinero. (Énfasis suplido.)
(e) Operador — significará cualquier persona que opere un área de estacionamiento público, bien sea en calidad de dueño, representante del dueño, arrendatario o poseedor. (Énfasis suplido.) 23 L.P.R.A. see. 806.

En Acevedo v. Plaza Las Américas, Inc., supra, pág. 314, resolvimos:

De la interacción de estos preceptos, advertimos que la ley abarca dos tipos de estacionamientos. Los que caen bajo la categoría de “ánimo directo de lucro”, a saber, operados como negocio principal y único, a los cuales les aplican todas sus disposiciones, inclusive la relativa a la jurisdicción primaria de DACO en reclamaciones por daños a la propiedad en cuyas adjudicaciones “se entenderá que el operario ha actuado como depositario del vehículo del usuario”. (Art. 8.) En este aspecto cobra vigencia la teoría jurisprudencial que impone responsa-bilidad al dueño u operador de un área de estacionamiento esbozada en Rivera v. San Juan Racing Assoc., Inc., 90 D.P.R. 144 (1964); Dávila v. International Parking Co., 91 D.P.R. 203 (1964).
Y segundo, aquellas áreas de estacionamiento caracteriza-bles como de “ánimo indirecto de lucro”, esto es, “operadas principal y esencialmente como un servicio para conveniencia de los clientes, parroquianos, o personas relacionadas con algún negocio o actividad que se lleve a cabo en dicha área de estacionamiento”. Bajo esta clasificación, notamos que la acti-vidad del área de estacionamiento es una de carácter acceso-rio, como servicio incidental a la actividad real del negocio principal. Aunque de la operación total se derive indirecta-mente cierto lucro, no representa el negocio principal del operador, sino que se opera esencialmente como un servicio para conveniencia de los parroquianos....

Bajo ese diseño legislativo y administrativo no podemos incluir las áreas de estacionamiento de la universidad. No es un negocio. Debe desestimarse la demanda. Se dictará la sen-tencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

text:
    Nelson Escalona Vicenty, peticionario, v. Comisión Estatal de Elecciones et al., recurridos.

      Número: JO-84-8

      Resuelto: 7 de junio de 1984

      Nelson Escalona Colón, abogado del aspirante; Mariano Canales Delgado, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Nelson Escalona Vicenty, como aspirante a uno de los dos puestos de candidato a Senador por el Distrito Núm. 5 de Ponce del Partido Nuevo Progresista, instó ante este Tribunal un recurso de mandamus contra la Comisión Estatal de Elecciones. Alegó que de 4,000 peticiones de primarias exi-gidas por el Art. 4.009 de la Ley Electoral, () presentó aproxi-madamente 2,000 antes de las doce del mediodía del 17 de abril, último día hábil, () y el remanente de 2,269 papeletas a las 2:30 de esa tarde. Trece (13) días después, el 30 de abril, la Comisión rechazó y le devolvió 196 papeletas. Escalona Vicenty las sustituyó.

Transcurrió el tiempo. Al ver que no se emitía decisión en su caso, el 11 de mayo solicitó que se validaran todas las peti-ciones. Ese día la Comisión celebró una vista. El asunto quedó sometido. Otra vez el tiempo pasó. Al no recibir con-testación, el 22 de mayo presentó el recurso de mandamus que nos ocupa. El 24 de mayo concedimos a la Comisión cinco (5) días para expresarse. Al otro día, la Comisión actuó y denegó la validación de papeletas. Inconforme, Escalona Vicenty nos dió conocimiento de ese dictamen, lo objetó y suplicó que con urgencia resolviéramos favorablemente su candidatura. El 1ro de junio la Comisión compareció.

M

Según antes relacionado, en vista de que la Comisión, aunque con cierta tardanza resolvió, de ordinario, técnicamente podríamos negarnos a ejercer jurisdicción original, declarar académico el mandamus y exigir del peti-cionario Escalona Vicenty que agotara los trámites proce-sales ante dicho organismo administrativo o ante el foro judicial de instancia correspondiente. Sin embargo, en con-sideración al gran interés que reviste su planteamiento y al poco tiempo que resta para que se celebre el proceso prima-rista —10 de junio— justificadamente hemos de prescindir de ese enfoque y adjudicar en sus méritos su reclamo. Véanse Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 492 (1970); Quiñones v. A.C.A.A., 102 D.P.R. 746, 750 (1974).

f — I HH

Su petición se basa en un análisis dual originado en el texto del Art. 4.013 de la Ley. () Esta disposición, en lo per-tinente, concede a la Comisión diez (10) días para evaluar, rechazar y devolver a cualquier aspirante toda papeleta, bajo apercibimiento de estimarse aceptada. Primeramente alega que las 196 peticiones devueltas por la Comisión quedaron validadas automáticamente al no habérselas remi-tido dentro de 10 días de ser presentadas. En segundo término, argumenta, que por igual razón, las restantes papeletas, inclusive las 2,219 presentadas tardíamente, tam-bién quedaron aceptadas al no ser objetadas. Finaliza su ruego exponiendo que al quedar validadas todas esas peti-ciones procedía que la Comisión lo certificara.

No tiene razón. La tesis del peticionario Escalona Vicenty de que existe un deber ministerial de la Comisión en certificarle como aspirante, debido al automatismo adjudi-cativo prescrito en el Art. 4.013, no es correcta.

Ciertamente la ley decreta ipso jure válida toda petición que la Comisión no devuelva dentro del término de 10 días. Sin embargo, la aplicación de ese precepto inexorablemente tiene que descansar sobre la premisa de que tales peticiones han sido radicadas en la Comisión a tiempo, en este caso, en o antes del mediodía del 17 de abril de 1984. No podemos sostener una convalidación jurídica innecesaria de papeletas que ab initio no cumplan con la ley. Resolvemos que para que opere el automatismo del Art. 4.013 es condictio juris la radicación a tiempo de las papeletas.

El peticionario Escalona Vicenty no cumplió con lo dis-puesto en el Art. 4.009(a). Sólo presentó algunas peticiones de primarias a tiempo. Las otras 2,219 las llevó por la tarde, ya vencido el término. Sobre estas últimas no opera el pre-cepto de ley. La Comisión no venía obligada a observar el término de 10 días del Art. 4.013 para rechazarlas.

Se dictará sentencia que declare que el peticionario Nelson Escalona Vicenty no cumplió con los requisitos de ley para ser aspirante al puesto de candidato a Senador por el Distrito Núm. 5 de Ponce.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Reza:
      “Salvo lo dispuesto en este Subtítulo, cualquier elector que desee concurrir a unas primarias, deberá radicar ante la Comisión peticiones de primarlas en can-tidad no menor de veinticinco (26) peticiones, o del cinco por ciento (5%), el cual sea mayor, del total de votos obtenidos por su partido en las elecciones generales prece-dentes, para el mismo cargo electivo a que aspire. Para los cargos de asambleístas municipales la Comisión determinará por reglamento el número mínimo o el por ciento de peticiones que cada candidato deberá radicar tomando en consideración la población electoral de cada muncipio. La cantidad de peticiones requeridas en ningún caso será mayor de diez mil (10,000), ni se podrá radicar más del ciento diez por ciento (110%) de peticiones válidas en cada caso.
      “A los efectos de esta sección, cuando un candidato a alcalde radique su candi-datura junto a un grupo de candidatos a asambleístas, se entenderá que represen-tan una sola candidatura agrupada.
      “(a) Se podrán radicar tales peticiones hasta el mediodía del 15 de abril del año en que deban celebrarse unas elecciones generales.

      “(b) Los partidos por petición y los que no tengan funcionarios electos para un cargo específico en la elección precedente, usarán como base del requisito de radi-cación en cada caso el número de peticiones requeridas para inscribir un partido por petición en la jurisdicción de cada posición o candidatura.” (Énfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3159.

      (2) Los días 15 y 16 de abril fueron festivos. Por ende el término se extendió hasta el 17.

      (3) Dispone:
      “El Presidente en unión al Comisionado Electoral del partido concernido, pasará juicio sobre la validez de las Peticiones de Primarias presentadas. Tendrán hasta las doce (12) del mediodía del décimo día natural siguiente a la radicación de una petición para evaluar y rechazar la misma mediante devolución al aspirante. Toda petición no rechazada dentro de dicho término se tendrá por aceptada y tendrá que acreditársele al aspirante que la radicó.

      “Durante los últimos quince (15) días del período de radicación, si la devolución de peticiones afectara la certificación del aspirante, éste tendrá un período de diez (10) días desde la devolución para sustituir las peticiones devueltas.
      “Las razones para rechazar una petición serán las siguientes:
      “(a) Que el peticionario no es un elector afiliado al partido del candidato, o no es elector de ese precinto; o
      “(b) Que la petición está incompleta; o
      “(c) Que el peticionario ya ejercitó su derecho de petición con otro aspirante al mismo cargo; o
      “(d) Que el peticionario agotó su derecho de petición para todos los candidatos a que tiene derecho en su precinto. El Presidente expedirá una certificación de los aspirantes, que habiendo completado los requisitos necesarios, figurarán en la papeleta correspondiente.” (Énfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3163.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    José R. Vélez Reboyras, etc., demandantes y recurridos, v. Secretario de Justicia, demandado y recurrente.

      Número: R-83-382

      Resuelto: 25 de junio de 1984

      Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogado de El Pueblo, recurrente; Pedro T. Anea Marín y Jorge Orama Monroig, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley Núm. 45 de 4 de junio de 1982, en lo pertinente, establece que;

Sección 1. Ningún establecimiento donde se operen máqui-nas electrónicas de juegos o máquinas de “Pin Ball” que fun-cionen con monedas o fichas podrá situarse a una distancia menor de doscientos (200) metros de una escuela pública o privada.
Los establecimientos dedicados exclusivamente a operar máquinas electrónicas de juegos o máquinas de “Pin Ball” que funcionen con monedas o fichas que ya estuvieren situados a una distancia menor de la aquí establecida, 'permanecerán ce-rrados durante las horas de funcionamiento del plantel escolar en cuya proximidad se hallen.
Aquellos establecimientos que se dediquen a otro tipo de negocio en los cuales haya ubicadas máquinas electrónicas de juegos o máquinas de “Pin Ball” que funcionen con monedas o fichas y los cuales ya estuvieren situados a una distancia menor de la aquí establecida, no podrán operar ni permitir que sean operadas dichas máquinas durante las horas de fun-cionamiento del plantel escolar en cuya proximidad se hallen.
Sección 2. Toda persona que infringiere las disposiciones de la Sección 1 de esta ley incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será castigado con multa que no excederá de quinientos (500) dólares. Cada infracción constituirá un delito distinto y separado.
Sección 3. —Esta ley empezará a regir desde la fecha de su aprobación. (Énfasis suplido.)

El demandante-recurrido José Vélez Reboyras es dueño de un negocio dedicado exclusivamente a máquinas elec-trónicas de video-juegos en Utuado, Puerto Rico, el cual se encuentra ubicado a menos de doscientos (200) metros de la Escuela Pública Elemental Félix Seijo. El señor Vélez Reboyras ha sido denunciado por agentes de la Policía de Puerto Rico en diez (10) ocasiones por supuestamente infrin-gir las disposiciones de la citada Ley Núm. 45. En octubre de 1982, el señor Vélez Reboyras instó demanda sobre injunction preliminar y permanente ante el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado, en la cual solicitó de dicho foro, en síntesis, que le prohibiera a la Po-licía de Puerto Rico el denunciar y/o interferir con dicho negocio y que declarase la referida Ley Núm. 45 inconstitu-cional en su aplicación al negocio de su propiedad.

Luego de celebrada una vista evidenciaría, el tribunal de instancia, () mediante una confusa orden de fecha 4 de mayo de 1983, concedió lo solicitado. Determinó en síntesis que, a pesar de que el negocio del demandante-recurrido en efecto se encontraba localizado a menos de doscientos (200) metros de la escuela elemental en controversia y que en virtud de la “estricta aplicación de la Ley número 45” dicho negocio debía permanecer cerrado durante las horas de funciona-miento de la escuela, procedía conceder lo solicitado por razón de que: el obligar a los demandantes a cerrar su nego-cio tiene el “efecto práctico de privar a éstos del libre uso y disfrute de su propiedad sin la debida compensación por el Estado”; que quedó demostrado “una clara violación de la igual protección de las leyes” por cuanto hay un “patrón de evidente discrimen contra los imputados y abuso patente de discreción de las autoridades policíacas al aplicar la Ley #45” ya que sólo se interviene con el negocio del demandante y no con otros negocios en circunstancias similares; que por dicho negocio haber sido establecido con anterioridad a la fecha de aprobación de la Ley Núm. 45, los demandantes tenían “derechos adquiridos que no pueden ser violados”; y que la aplicación de la citada ley al negocio de los deman-dantes es “irrazonable, arbitraria y caprichosa, ya que re-sulta confiscatoria de la propiedad de éstos; les obliga a fun-cionar con pérdidas y los pone en claro peligro de perder todas sus propiedades” privándolos de ese modo “de su pro-piedad sin seguirse el debido procedimiento de ley”.

Inconforme, el señor Secretario de Justicia de Puerto Rico recurrió ante este Tribunal. A los fines de evaluar el recurso, ordenamos la transcripción de los procedimientos celebrados en instancia. Examinada dicha transcripción de evidencia, mediante resolución de fecha 23 de diciembre de 1983, requerimos de la parte demandante-recurrida el que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía revocar la orden emitida por el tribunal de instancia de fecha 4 de mayo de 1982. Dicha parte ha comparecido. Estando en con-diciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

h-I

Como surge de una simple lectura de la misma, la ley aquí en controversia establece unas clasificaciones. Veamos si ello infringe la cláusula sobre igual protección de las leyes. Como es sabido en el análisis constitucional bajo la referida cláusula en muchas jurisdicciones se utilizan tres (3) criterios (tests), a saber: 1— el de escrutinio estricto o del examen minucioso; 2 — el intermedio; y 3 — el tradicional mínimo o de nexo racional, clasificación tripartita que ha sido criticada en otros foros. Véanse León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813-815 (1980); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983); y S. H. Bice, Standards of Judicial Review Under the Equal Protection and Due Process Clauses, 50 So. Cal. L. Rev. 689 (1977).

Los dos primeros criterios no son aplicables al caso de autos; () sí lo es el tradicional mínimo o de nexo racional. Éste dispone que una clasificación legislativa no debe ser declarada inválida a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un interés legítimo del Estado. Bajo este criterio se ha resuelto que es constitucional una ley siempre que pueda concebirse razonablemente una situación de hechos que justifique la clasificación, teniendo el peso de la prueba aquel que alega la inconstitucionalidad de la legislación en controversia. Zachry International v. Tribunal Superior, ante; L. H. Tribe, American Constitutional Law, Mineola, N.Y., Foundation Press, 1978, Sec. 16-2, págs. 994-996.

A esos efectos, en Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., ante, pág. 81, expresamos que bajo el criterio tradicional cuando “se trata de legislación de tipo económico o social, sólo exige que la clasificación no sea arbitraria y que la misma pueda establecer un nexo racional con los propósitos del estatuto”.

Este es el caso que nos ocupa. La exposición de motivos de la citada Ley Núm. 45 constituye un resumen excelente de la situación imperante y el “mal social” que nuestro legis-lador correctamente quiso corregir o regular al aprobar dicha legislación. Se expresó en dicha exposición de motivos que:

En los últimos años se ha proliferado el establecimiento de máquinas electrónicas de juegos y máquinas de “Pin Ball” operadas por monedas, en diferentes clases de negocios. Muchos de estos negocios están ubicados en la proximidad de escuelas. La clientela mayor para este tipo de juegos lo consti-tuyen los niños y jóvenes en edad escolar.
La aglomeración de niños y jóvenes en estos negocios generan ruidos que interrumpen las labores académicas. La accesibi-lidad de estos negocios favorece que muchos escolares se ausenten de clases para jugar en estas máquinas lo que oca-siona que se afecte adversamente su aprovechamiento acadé-mico. En adición a esto muchos estudiantes se privan de algún alimento para utilizar los pocos recursos de que disponen jugando en estas máquinas.
Las ganancias producidas por estas máquinas es tal que se han establecido negocios dedicados exclusivamente a ese propósito.
Es responsabilidad del Estado velar por el bienestar de todos los ciudadanos especialmente aquellos que por su juventud e inexperiencia son más vulnerables. Procede, pues, legislar a fin de que los negocios donde se operan estas máquinas de juegos se ubiquen a prudente distancia de los planteles esco-lares y en el caso de aquellos que ya estén situados en la proxi-midad de las escuelas se limiten las horas en que pueden operar dichas máquinas con el propósito de mantener el clima de estudio que debe prevalecer en todo centro docente para bene-ficio de los estudiantes que acuden a los mismos. (Énfasis suplido.)

Resolvemos que la Ley Núm. 45 de 4 de junio de 1982 es razonable y corresponde a un interés legítimo por parte del Estado que cumple con los requisitos de la cláusula de la igual protección de las leyes.

I — I I — I

Como hemos visto, el tribunal de instancia dictaminó que la aplicación al caso de autos de la citada Ley Núm. 45 tenía el efecto de privar a los demandantes recurridos “de su pro-piedad sin seguirse el debido procedimiento de ley”, era “irrazonable, arbitraria y caprichosa, ya que resulta confis-catoria de la propiedad de éstos”, y que los demandantes tenían “derechos adquiridos que no pueden ser violados ..

Dispone el Art. II, Sec. 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. No hay duda de que el derecho a la propiedad privada constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema democrático de gobierno. Ello no significa, sin embargo, que dicho derecho sea uno de naturaleza absoluta o, como se consideraba en antaño, uno “sagrado”. En el mundo en que vivimos “al propietario no sólo se le reconocen derechos, sino que, además, se le requiere el cumplimiento de ciertos deberes para la sociedad; es decir, el contenido de la propiedad, como afirman Wolff y Raiser, ‘puede ser configurado de tal suerte, en interés público o en el de la economía general, que al propietario le sean negadas determinadas formas de uso, o se le impongan deberes de tolerancia, o se le exijan acciones positivas’”. J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Art Printing, 1983, T. II, pág. 74. En otras palabras, en el mundo moderno la propiedad, en adición a servir a su dueño, también debe servir a la sociedad. Rivera v. R. Cobián Chinea & Co., 69 D.P.R. 672 (1949).

En E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 402 (1966), seña-lamos que hoy día “ya no se cuestiona seriamente que en el ejercicio de su poder de reglamentación en el interés público el Estado puede adoptar medidas para proteger la salud, la moral y el bienestar general de la comunidad, sin que las restricciones que surjan de tales medidas sean contrarias al concepto de debido procedimiento de ley. Este poder del Estado moderno de velar por los antes mencionados valores sociales es también su deber. Es sabido, que en ocasiones es necesario que en el ejercicio del poder público del Estado se llegue hasta a destruir propiedad privada sin compen-sación”. A esos mismos efectos véase, en adición, Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 547-548 (1963).

A pesar de que, como sabemos, ese poder del Estado no es ilimitado y el ejercicio del mismo nunca puede ser arbitrario o irrazonable, Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973), el hecho de que en determinada ocasión el ejercicio legítimo de dicho poder haga imposible la utilización más económica de una propiedad en particular no lo hace inconstitucional, Texaco, Inc. v. Srio. de Obras Públicas, 85 D.P.R. 712 (1962), debiendo resolverse cada caso a base de sus hechos particulares. Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980); Berman v. Parker, 348 U.S. 26, 32 (1954).

Dispone por su parte el Art. 3 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3, en lo pertinente que en “ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior”.

Scaevola, al comentar el artículo del Código Civil español equivalente al citado Art. 3, expresa que sería “contrario a la esencia del Poder legislativo el que éste estuviese como atado por la regla de que la ley no dispone más que para el porvenir.... Hay casos... en que la ley debe regir el pasado, sea en interés social, sea en interés de los ciudadanos. De aquí que el legislador no debe estar encadenado por un principio absoluto, que coartaría su libertad de acción en perjuicio de la sociedad y los individuos”. () (Énfasis suplido.)

M. Albadalejo, Comentarios al Código Civil y compila-ciones fonales, () por su parte expresa:

Pero la retroactividad es en muchas ocasiones indispensable y es precisamente un medio de transformación y progreso de situaciones pasadas que se consideren de conveniente remoción, y como la ley debe ser conveniente al lugar y al tiempo, no se puede renunciar de antemano a lo que es un instrumento para esa necesaria evolución cual acontece con la predicha retroac-tividad.
Por otra parte no hay que olvidar que hay leyes que son esencialmente retroactivas, v. gr. las que tienen por objeto interpretar una disposición anterior. Así lo entiende la doc-trina y lo acepta el T.S.
Consecuencia de todo lo dicho es que el principio de la abso-luta irretroactividad resulta falso, razón por la que nuestro Código civil, en antiguo artículo tercero, y hoy en el 2.°-3, co-rrige y dice: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”.
Pero ni aún así resulta exacta la regla, siquiera reconozca la posible retroactividad de la ley. Porque parece que ésta sólo se producirá cuando hay una disposición expresa en la propia ley y esto no es así, pues implícitamente puede establecerse la re-troactividad por el simple hecho de que se refiera a situa-ciones pasadas, o que su contenido revele claramente que para su debida aplicación ha de dársele precisamente carácter re-troactivo. (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

Conforme a lo anterior, hemos resuelto en el pasado que las disposiciones del citado Art. 3 del Código Civil sólo tienen el alcance de una regla general de interpretación de estatutos, no constituyen sus disposiciones un principio rígido de aplicación absoluta. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, ante, pág. 384. Más adelante expresamos en dicho caso —pág. 396— que la “razonabilidad del estatuto se determina tomando en consideración principalmente la sustancialidad del interés público promovido por el mismo y la dimensión del menoscabo ocasionado por su aplicación retroactiva” y que mientras “más grave sea el mal social que el estatuto intenta remediar más grande es el interés público envuelto, y, por tanto, mayor justificación para su aplicación retroactiva”.

No consideramos que la ley aquí en controversia menos-cabe “derechos adquiridos” del recurrido “al amparo de una legislación anterior”. El “derecho” que le asistía a éste antes de la aprobación de la citada Ley Núm. 45 era aquel que bajo nuestro ordenamiento jurídico tiene toda persona a dis-frutar libremente de su propiedad, precisamente, sin más limitaciones que las que imponen las leyes aplicables; “dere-cho” naturalmente sujeto al poder de reglamentación y de razón del Estado en protección del bien común. No existía, antes de la aprobación de la Ley Núm. 45, legislación especí-fica que le confiriera a persona alguna el “derecho” a operar ilimitadamente un establecimiento dedicado exclusivamente a la operación de máquinas de pin balls. Al recurrido no se le ha confiscado propiedad tangible; continúa con el título de sus bienes. Únicamente, en favor del bien común, se le ha limitado la facultad de utilizar su propiedad en determinada manera y a partir de la aprobación de la citada Ley Núm. U5.

Como expresáramos anteriormente, la Ley Núm. 45 de 4 de junio de 1982 corresponde a un interés legítimo por parte del Estado que cumple con los requisitos de la cláusula sobre el debido procedimiento de ley. La misma intenta corregir o controlar un “mal social” que está afectando a nuestra juventud, cuyo futuro, formación educativa y bienestar es la obligación de todos. Dicha ley no ordena la erradicación total de los negocios que existían con anterioridad a su aprobación; meramente limita las horas durante las cuales éstos pueden operar, ordenando que permanezcan cerrados durante las horas de clase de las escuelas aquellos que se dedican exclusivamente a la operación de las máquinas en controversia. Ello es razonable; evita a los estudiantes la tentación de ausentarse de las aulas para ir a jugar en dichas máquinas. Cf. Pueblo v. García & García, 22 D.P.R. 817 (1915). Resolvemos que este es uno de los casos en que el interés propietario tiene que ceder ante el bien común.

I I — I

La ley aquí en controversia tampoco adolece del defecto de nulidad por razón de ser la misma vaga, imprecisa o ambigua. Como regla general, una ley es nula por razón de vaguedad si personas de inteligencia común se ven obligadas a adivinar su significado, Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1950); In re Guzmán Géigel, 113 D.P.R. 122 (1982); y si resulta difícil el poder establecer la forma y manera en que la ley debe ser aplicada, creando en conse-cuencia el peligro de que la misma pueda ser arbitraria y discriminatoriamente “administrada”, Smith v. Goguen, 415 U.S. 566 (1974); Aladdin’s Castle, Inc. v. City of Mesquite, 630 F.2d 1029 (1980).

En otras palabras, como expresáramos en In re Guzmán Géigel, ante, pág. 129, la “doctrina de nulidad por imprecisión no solamente requiere que se alerte adecuadamente a la persona sobre la conducta prohibida sino que requiere de la Asamblea Legislativa que establezca guías razonablemente claras para regir la discreción que pueda tener el funcionario a cargo de la implementación del estatuto”. Ello no quiere decir, sin embargo, que debemos caer “en la superficialidad de creer que una ley penal es nula por defecto de vaguedad debido a que requiera interpretación”. Como señala el maestro Jiménez de Asúa, “todas las leyes, aun las ‘clarísimas’ requieren interpretación”. Pueblo v. Trib. Superior, 81 D.P.R. 763 (1960).

Un examen objetivo de las disposiciones de la citada Ley Núm. 45 de 4 de junio de 1982 nos convence, repetimos, que la misma no adolece del defecto de vaguedad. La misma le da una oportunidad razonable a un ciudadano de ordinaria inteligencia para saber lo que ésta le prohíbe realizar y provee normas lo suficientemente claras para aquellos que tienen la responsabilidad de implementar la misma.

r — n <3

Consideramos, por último, la determinación del tribunal de instancia de que quedó demostrado un “patrón de evi-dente discrimen contra los imputados y abuso patente de discreción de las autoridades policíacas al aplicar la Ley #45” ya que la Policía de Puerto Rico sólo intervenía con el negocio de los demandantes-recurridos y no con otros nego-cios en circunstancias similares.

El caso normativo en la jurisdicción federal sobre la violación a la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes cuando un estatuto, válido de su faz, es aplicado en una forma discriminatoria lo es Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 373-374 (1886). Expresó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en lo pertinente, que: “Though the law itself be fair on its face and impartial in appearance, yet, if it is applied and administered by public authority with an evil eye and an unequal hand, so as practically to make unjust and illegal discriminations between persons in similar circumstances, material to their rights, the denial of equal justice is still within the prohibition of the Constitution.” Véanse, en adición, Hernández v. Texas, 347 U.S. 475 (1954); Palmer v. Thompson, 403 U.S. 217 (1971).

En A.R.P.E. v. Chang Louk, 113 D.P.R. 295, 297 (1982), expresamos que en “ausencia de prueba de un patrón de evidente discrimen y abuso patente de discreción, una persona o entidad no puede justificar su violación de la ley sobre la base de que no se ha perseguido a otros infractores”. (Énfasis suplido.) United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974).

Es correcto que no somos dados a intervenir con frecuencia con las determinaciones de hecho que hace un tribunal de instancia y a sustituir nuestro criterio por el del juzgador ante quien declararon los testigos y quien tuvo la oportunidad de verlos declarar y apreciar su demeanor, Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982), a menos que se demuestre que dicho foro actuó con pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976). Sin embargo, el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978).

Una lectura de la transcripción de evidencia que ordená-ramos en el presente caso demuestra que la única prueba que tiende a sostener la determinación o conclusión del tribunal de instancia a los efectos de que quedó demostrado un “patrón de evidente discrimen” contra los demandantes-recurridos lo es precisamente la declaración que prestara en la vista celebrada el propio demandante a los efectos de que otros dueños de negocios de máquinas de video-juego en el área de Utuado no habían sido denunciados. No tomó en consideración el tribunal de instancia la declaración del po-licía estatal William Collazo a los efectos de que él perso-nalmente ha realizado visitas de inspección a otros negocios en dicha área de similar naturaleza pero que no los ha denun-ciado por razón de que éstos, al momento de su intervención, no han estado violando dicha ley.() La prueba presentada por la parte demandante claramente no demuestra el “patrón de evidente discrimen y abuso patente de dis-creción” requerido por este Tribunal en A.R.P.E. v. Chang Louk, ante. ()

Ante dicha realidad, estamos convencidos que la deter-minación antes señalada que hiciera el tribunal de instancia no representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia que desfilara ante instancia y por lo tanto la misma no debe prevalecer. Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961); Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977).

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dicta sentencia que revoca la orden de fecha U de mayo de 1982 emitida por el tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado sin opinión.

      (1) Hon. Rubén Hernández Rosario, Juez.

      (2)E1 criterio del escrutinio estricto impone el nivel más riguroso de revisión sobre la legislación impugnada. Bajo este criterio la clasificación se considerará inconstitucional a menos que se pueda justificar por un interés gubernamental apremiante. Este criterio es generalmente utilizado cuando una ley establece una clasificación inherentemente sospechosa o cuando se afectan derechos fundamen-tales. Están sujetos a un minucioso examen judicial, por considerarse inherente-mente sospechosas, todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley. Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518 (1972).
      En Puerto Rico no hemos aplicado nunca el criterio intermedio. Contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la discriminación por razón de sexo o nacimiento está sujeta al criterio de escrutinio estricto y no al intermedio.

      (3) Q. M. Scaevola, Código Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1949, T. I, pág. 237.

      (4) Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, T. I, págs. 74-76.

      (5)T.E., pág. 40.

      (6)Como expresáramos en Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978), la “igual protección de las leyes no implica igual protección de la violación de las leyes”.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. Pedro Pérez Rodríguez, querellado.

      Número: O-82-441

      Resuelto: 29 de junio de 1984

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Jesús E. Palmer, Manuel Martínez Empierre y Juan Cancel Ríos, abogados del querellado; Pedro Pérez Rodríguez, pro se.

   PER CURIAM:

El Procurador General formuló querella contra el abogado y notario Ledo. Pedro Pérez Rodríguez en que le formuló los siguientes cargos:

Cargo I
El abogado-notario Pedro Pérez Rodríguez incurrió en con-ducta inmoral, antiética y en contravención a la Fe Pública Notarial cuando autorizó un affidavit, el cual utilizó como prenda el señor Israel Candelaria [Galán] para coger un préstamo en el Banco de San Juan, el cual no pagó el Sr. Can-delaria [Galán] y por lo cual fue luego demandado junto a su hermana en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. El Sr. Israel Candelaria [Galán], hermano de la querellante Aida Candelaria Maldonado, presentó al Banco dicha prenda como que fue firmado por ella ante el abogado querellado, cuando ella jamás compareció ante él a firmar dicho documento. El abogado aceptó la falsificación de la firma y el endoso fraudulento ante él. Su conducta viola la sección 1006 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. secs. 1001 et seq.).
Cargo II
El abogado Pedro Pérez Rodríguez actuó en forma antié-tica, tratando de relevarse u obviar su responsabilidad en relación con doña Aida Candelaria Maldonado al radicar un pleito contra la querellante Aida Candelaria Maldonado, quien fue la persona verdaderamente afectada por la omisión y/o negligencia del propio querellado en el otorgamiento del affidavit a que hemos hecho alusión en el Cargo I. (Refiérase al caso Civil Número 78-1309 radicado en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, del Banco de San Juan vs. Israel Candelaria Galán, Aida M. Candelaria y otros sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca y al caso Civil Número 80-2072 radicado en el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, de Fructuosa Rodríguez Rosado y Pedro Pérez Rodríguez vs. Israel Candelaria Galán y Aida Candelaria Maldonado.) Con dicha conducta violó [los Cánones] 34 y 35 de los de Ética Profesional.
Cargo III
El abogado Pérez Rodríguez incurrió en conducta inmoral y antiética al comprar al señor Israel Candelaria Galán su par-ticipación equivalente a una mitad en la propiedad descrita en la demanda radicada en el caso 80-2072 supra (alegaciones cuarta y quinta de la demanda), adquiriendo bienes que esta-ban en litigio entre los hermanos Candelaria. Dicha conducta viola [los Cánones] 26 y 35 de los de Ética Profesional.

En su contestación, el querellado admitió haber autori-zado el afidávit a que se refiere el cargo número I, y señaló que la persona firmante le fue presentada por el Gerente del Banco de San Juan y le fue identificada por el Sr. Israel Candelaria Galán como su hermana Aida Candelaria Maldonado. Negó, en cuanto al cargo número II, que tratara de relevarse u obviar su responsabilidad en relación con doña Aida Candelaria Maldonado y alegó que “[p]or el contrario, entendemos que nuestra intervención como Abogado [sic\ y Notario [sic] en torno a los hechos objeto de la presente que-rella se realizó en todo momento dentro de un marco de la más estricta responsabilidad profesional”. Alegó, en cuanto al cargo número III, que “[s]e ignoraba que la participación de Israel Candelaria tuviera algún tipo de litigio”.

Designamos un Comisionado Especial para recibir las pruebas. Éste así lo hizo y formuló las correspondientes determinaciones de hecho que hemos examinado y hallan apoyo en dichas pruebas. Son las siguientes:

1. El 12 de febrero de 1975 comparecieron cuatro personas ante el querellado, quien actuando como notario, en el docu-mento notarial 25,850, manifiesta que el titulado Pagaré Cola-teral, que es el Exhibit IV, fue reconocido por Aida Margarita Candelaria ante él. La prueba desfilada demuestra fuera de toda duda que Aida Margarita Candelaria no compareció en forma alguna a hacer tal reconocimiento, ni el contrato de prenda que es el Exhibit V; este último reconocimiento lleva el número 25,851. Una persona que no era Aida Margarita Candelaria compareció y firmó como si fuera Aida Margarita Candelaria.
2. La persona que se hizo pasar como Aida Margarita Can-delaria fue identificada con pleno conocimiento del engaño por Israel Candelaria que también reconoció los documentos y tal identificación también la hizo el gerente del banco, Elíseo Serrano Reyes, irresponsablemente porque él no conocía a doña Aida.
3. El querellado dependió de estas poco confiables identifi-caciones para desempeñar su función notarial y no utilizó las normas confiables y fehacientes de identificación de personas desconocidas para el notario que están prescritas por nuestro ordenamiento jurídico.
4. El querellado no presentó el pleito 78-1309 a que se alude en el segundo cargo y eventualmente pagó la deuda eviden-ciada por el pagaré — Exhibit IV y que obligaba a Aida Margarita Candelaria.
5. El pleito 80-2072 fue instado por el querellado y su señora madre para reclamar unos derechos que según se ase-vera en la demanda se originaron en una venta de partici-pación hereditaria en un inmueble que hizo Israel Candelaria por escritura 51, de 29 de septiembre de 1978, ante el notario Miguel A. Chaar. La otra heredera es Aida Margarita Cande-laria. Posteriormente y en virtud de sentencia judicial se otorgó una escritura de Partición y Adjudicación de Bienes Hereditarios, la núm. 13 de 4 de octubre de 1979 ante el nota-rio Domingo Pillot Resto. Como puede observarse por la secuencia de las fechas, cuando, según se asevera en estos documentos, se adquiere la participación hereditaria en 1979, ésta no es un bien litigioso.
6. Por los hechos expuestos en la quinta determinación se dispone, en cuanto hechos, del tercer cargo. El bien adquirido no era litigioso.

r — i

En cuanto al cargo número I es claro que el querellado, actuando como notario, dio fe de conocer a una persona que no era la que suscribió ante él el pagaré que ante él se debía autenticar. La dación de fe de conocer al otorgante supone una diligencia que no se efectuó en este caso. Véase In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441 (1982).

El querellado tampoco expresó que su conocimiento era a base de testigos de conocimiento, si es que los utilizó. Este método supletorio se emplea cuando el notario no conoce personalmente al otorgante. Ley Notarial, Sec. 16 (4 L.P.R.A. see. 1016). En los casos “graves y extraordinarios” en que el notario no pueda dar fe del conocimiento del otorgante, ni puedan las partes presentar testigos de conocimiento, puede entonces recurrirse a la utilización de documentos supletorios que indiquen la identidad del compareciente. Ley Notarial, Sec. 16; In re Olmo Olmo, ante, pág. 462.

El Ledo. Pérez Rodríguez no cumplió los requisitos que la ley exige al dar fe de conocer a un otorgante de un documento notarial. No utilizó los métodos apropiados y confiables de identificación de desconocidos. Su dejadez exige la sanción apropiada.

HH

El segundo cargo guarda estrecha relación con el primero. El querellado sabía que había cometido una falta en el ejercicio de su función notarial. En lugar de informar inmediatamente de ello a los organismos pertinentes, como era su deber, prefirió guardar silencio y solucionar el problema pagando la deuda, colocándose así en el lugar del acreedor y condonando entonces la deuda de la persona que aparecía falsamente asumiendo la obligación en el pagaré que él había notarizado. Con su conducta el querellado violó el último párrafo del Canon 26. ()

H 1 — 1

No hallamos méritos en el tercer cargo.

El querellado no engañó a Aida Margarita Candelaria cuando le prometió no cobrarle la deuda que el Banco de San Juan había intentado cobrarle a ella. El pleito que el Ledo. Pérez Rodríguez entabló contra la señora Candelaria se debía a la supuesta deficiencia en la partición hereditaria. Este último pleito es distinto al instado por el Banco, aunque la misma propiedad estuviese involucrada. Por esta razón no puede acusarse al querellado de haber actuado en contra-vención de los principios de sinceridad y honradez enuncia-dos en el Canon 35. ()

Coincidimos con el Comisionado Especial cuando expresa que el querellado no compró bienes litigiosos. Cuando él compró su parte de la finca de los Candelaria, ésta no estaba en litigio. El Banco de San Juan había desistido del pleito instado.

Finalmente, el querellado no compró la porción heredita-ria de Israel Candelaria para entablar un pleito contra Aida Candelaria. Adquirió esa porción en pago de una deuda. En ningún momento pensó que se le adjudicaría en la partición menos de lo que le correspondía. Tampoco imaginó que ten-dría que litigar contra Aida Candelaria. Esto, unido a que la cosa adquirida —una parte de la herencia— no era “cosa liti-giosa”, nos hace concluir que el querellado tampoco violó la Sec. 11 de la Ley del 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 742). ()

<1

Las actuaciones del querellado, a que nos hemos referido, le incapacitan para ser depositario de la fe pública y pro-cede, por tanto, que se le separe permanentemente del ejercicio del notariado. Su conducta al hacerse cargo de la deuda que fraudulentamente se le imputaba a la Sra. Aida Margarita Candelaria, y pagarla, atenúa el rigor de la acción discipli-naria que merecería como abogado, bastando por ahora que le suspendamos del ejercicio de la profesión por un período de dos meses a partir del 1 de julio de 198 U, y le apercibamos de que cualquier desviación futura por su parte de los Cánones de Etica Profesional podrá merecer nuestra más severa sanción.

El Juez Asociado Señor Rebollo López limitaría la san-ción a la suspensión permanente del ejercicio del notariado. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1) “Canon 26. — Derechos y Limitaciones en Relación con Clientes

      “Es impropio de un abogado relevarse de responsabilidad por actos u omi-siones negligentes en su gestión profesional.”

      (2) “Canon 85. — Sinceridad y Honradez

      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.”

      (3) La misma dice, en lo pertinente:
      “See. 742. Compra de cosa litigiosa, prohibida

      “El abogado, o cualquiera otra persona, no comprará, directa ni indirecta-mente, ni estará en ninguna forma interesado en comprar un bono, pagaré, letra de cambio, cuenta o cualquiera otra cosa litigiosa, con la intención y con el fin de enta-blar un pleito sobre ello; pero esta disposición no prohibirá que se reciban esos dere-chos, en pago de propiedad vendida, o por servicios realmente prestados, o por una deuda contraída con anterioridad.
      “Los tribunales velarán por el estricto cumplimiento de lo dispuesto y la infrac-ción a esta disposición será causa para acción disciplinaria del abogado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    General Office Products Corp., demandante, v. A. M. Capen’s Sons, Inc., demandada.

      Número: O-84-278

      Resuelto: 29 de junio de 1984

      Mario Arroyo Dávila, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado de la peticionaria; Philip E. Roberts, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Dis-trito de Puerto Rico nos ha certificado la cuestión siguiente, conforme lo dispuesto en la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico y la Regla 27 de nuestro Reglamento:

Whether a cause of action exists under Article 1802 of the Puerto Rico Civil Code, 31 L.P.R.A. Section 5141, for tortious interference with a contract relation. Exp., Anexo 1, pág. 1.

Los hechos que dan margen a la pregunta fueron descritos así por el tribunal. Gussco Manufacturing, Inc. le concedió en 1979 a la demandante, General Office Products Corp., el derecho a la distribución en exclusiva de sus productos en Puerto Rico. La demandada, A. M. Capen’s Sons, Inc., vendía productos Gussco en Puerto Rico desde los años sesenta y los siguió vendiendo después del referido contrato de exclusiva. El 3 de octubre de 1983 General Office Products, Corp. demandó a Capen y alegó que ésta ha estado interfiriendo intencionalmente con el contrato entre aquélla y Gussco y que ha inducido a Gussco a violarlo. La deman-dada Capen presentó una moción de desestimación o senten-cia sumaria en que aduce que en el Derecho de Puerto Rico no cabe acción én daños por interferencia intencional con obligaciones contractuales. La demandada funda su posición en el argumento de que los tribunales de Louisiana, al inter-pretar el Art. 2315 de su Código Civil, análogo al 1802 nues-tro, —31 L.P.R.A. see. 5141— no han reconocido tal acción. Expresa la demandada que el derecho de daños en Puerto Rico se rige por el Derecho Civil — Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 695-697 (1979); Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853, 855 (1976); Reyes-Cardona v. J. C. Penney Co., Inc., 694 F.2d 894, 896 (1rst Cir. 1982); Republic Sec. Corp. v. Puerto Rico Aqueduct, etc., 674 F.2d 952, 958 (1rst Cir. 1982); Edwards v. Sotomayor, 557 F. Supp. 209, 218 (D.C. P.R. 1983)— y que la jurisprudencia de Louisiana provee un modelo apto para el análisis de la situa-ción presente. Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718, 729 (1945).

Varios factores militan contra el uso en este caso de la norma prevaleciente en Louisiana: la doctrina en esa juris-dicción no se basa en fuentes civilistas y se encuentra actualmente bajo fuerte ataque en la propia Louisiana. Esta regla es, de todos modos, contraria al criterio que rige hoy en los países civilistas más cercanos a nuestra tradición.

La doctrina de Louisiana se sentó en Kline v. Eubanks, 33 So. 211 (La. 1902). El tribunal no utilizó fuentes civilis-tas para sustentar su teoría. Se basó en vez, en la jurispru-dencia que para entonces regía en Kentucky, Maryland, California y Missouri, a pesar de que se trataba de una interpretación del Art. 2315 del Código Civil. De entonces para acá estos cuatro estados han abrazado la regla vigente en el resto de Estados Unidos, al efecto de reconocer la acción de intervención torticera con obligaciones contrac-tuales. Moss v. Guarisco, 409 So.2d 323, 329 (La. App. 1981).

El Art. 2315 del Código Civil de Louisiana es copia del Art. 1382 del Código Civil de Francia. De haberse exami-nado la doctrina y jurisprudencia francesas de la época se hubiese hallado que la evolución de este aspecto de la responsabilidad civil en Francia comenzó a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo diecinueve y se reco-noció por la jurisprudencia desde comienzos de este siglo. Yves Serra, nota a la S. de 13 de marzo de 1979 de la Corte de Casación (Ch. Com.), 1980 Recueil Dalloz Sirey, Jurisprudence 1, 2. El desarrollo francés, aunque con perfiles dis-tintos, es en este sentido comparable a la evolución en Ingla-terra y Estados Unidos, que se gesta para la misma época. Comentario, An Analysis of the Formation of Property Rights Underlying Tortious Interference with Contracts and Other Economic Relations, 50 U. Chi. L. Rev. 1116 (1983); Nota, Tortious Interference with Contractual Relations in the Nineteenth Century: The Transformation of Property, Contract, and Tort, 93 Harv. L. Rev. 1510 (1980).

A la luz de lo anterior es entendióle la crítica dirigida a la regla de Kline en la propia Louisiana. Moss v. Guarisco, supra, págs. 328-330; Moss v. Guarisco, 412 So. 2d 540 (La. 1982); Desormeaux v. Central Industries, Inc., 337 So. 2d 225 (La. 1976); Nota, Inducing Breach of Contract, 30 La. L. Rev. 713 (1970). En su expresión más reciente sobre el particular el Tribunal Supremo de Louisiana ha expresado, Sanborn v. Oceanic Contractors, Inc., 448 So. 2d 91, 95 n. 5 (La. 1984):

Plaintiff has argued in both lower courts that his petition and supplemental petitions state a cause of action for tortious interference with contracts. Such a cause of action has been rejected by this Court in Forcum-James v. Duke Transportation, 231 La. 953, 93 So. 2d 228 (1957). See also Kline v. Eubanks, 109 La. 241, 33 So. 211 (1902). However, there have been recent expressions by some members of this Court that, in a case squarely presenting the issue, Forcum-James should be re-examined_As this case is presently before us, it does not present the issue (especially considering the state of the record) and an opinion on the subject at this time would be advisory at best. However, were plaintiff to allege and prove defendant intentionally and willfully interfered with plaintiff’s contract with Scimitar, that such intentional interference was the proximate cause of the failure of the contract, and that defendant’s actions were motivated by malice, or at least not by a significant interest of its own, he might well be entitled to relief (Énfasis nuestro.)

Independientemente de la situación en Louisiana, la cuestión certificada es si cabe la acción de referencia bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico. Este artículo de-riva, como se sabe, del 1902 español, el cual a su vez se funda en el Art. 1382 del Código Civil francés. Examinemos la situación en Francia y España.

La doctrina y jurisprudencia francesas reconocen uni-formemente la causa de acción. J. Ghestin y G. Viney, Traité de Droit Civil —Les Obligations, La Responsabilité: conditions, París, Ed. L.G.D.J., 1982, Vol. IV, pág. 237 y ss.; B. Starck, Droit Civil: Obligations, París, Ed. Librairies Techniques, 1972, pág. 581; H. et L. Mazeaud y A. Tune, Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 6ta ed., París, Ed. Montchrestien, 1965, T. 1, pág. 144 y ss. Los tribunales han resuelto específicamente que toda persona que se asocia a sabiendas con la violación de un contrato con cláu-sula de exclusiva se expone a los efectos de la responsabi-lidad civil. R. Prieur, nota a la S. de 30 de octubre de 1968, Com., 1969, Juris-Classeur Périodique II No. 15964; S. de 11 de octubre de 1971 de la Corte de Casación (2da Ch. Civ.), 1972 Recueil Dalloz Sirey, Jurisprudence 119,120.

La responsabilidad en que se incurre es de naturaleza cuasidelictual. Mazeaud y Tunc, supra, pág. 176. No basta la mera negligencia del tercero para establecer la responsabi-lidad. El actor debe probar que el tercero tuvo conocimiento efectivo del contrato a la violación del cual contribuye. Ghes-tin y Viney, op. cit., págs. 244-246. Existen dos corrientes sobre la naturaleza de la culpa necesaria para que surja responsabilidad. La posición minoritaria requiere, a fin de que se incurra en responsabilidad, que el interventor actúe de manera determinante, particularmente activa, en la pro-vocación del incumplimiento contractual. La corriente ma-yoritaria, favorecida por la Corte de Casación, exige única-mente el conocimiento de causa. No es necesario que el tercero incite al deudor a violar su obligación o que él juegue un papel decisivo en el incumplimiento del contrato. Serra, op. cit., pág. 1.

En España se reconoce en términos análogos la respon-sabilidad del tercero que se inmiscuye en las relaciones con-tractuales de otro, aunque no se ha analizado tan detallada-mente como en Francia, C. Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Ed. Talleres Tip. “Cuesta”, 1937, T. III, pág. 284 y ss.; A. Gullón Ballesteros, En torno a los llamados contratos en daño de tercero, 20 Rev. Der. Not. Ill (1958); F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. III, pág. 386 y ss.; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. II, pág. 108 y ss.

La responsabilidad es de naturaleza extracontractual o cuasidelictual y se rige por sus términos. Puig Peña, op. cit. pág. 390. La responsabilidad de quien interfiere con el contrato es solidaria con la responsabilidad del contratante que lo inejecuta a sabiendas. Diez-Picazo y Gullón, supra, pág. 109. Si el tercero sabe que ha de producirse la lesión se incurre en responsabilidad. Ibid. El pacto de exclusiva en circunstancias como la presente cabe dentro de los contornos expuestos. S. de 29 de octubre de 1955, núm. 131, 52 Juris. Civil 1539. La jurisprudencia española recoge las normas doctrinales reseñadas. S. de 4 de mayo de 1973, núm. 2291, Aranzadi, XL Repertorio de Jurisprudencia 1822.

A la luz de lo anterior resolvemos que el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico permite, al igual que sus equivalentes en la legislación española y francesa, la acción por interferencia culposa con las obligaciones contractuales de terceros. La acción se aplica a pactos de exclusiva como el presente. Hay situaciones en las que no se da, mas ello ocurre mayormente cuando intereses públicos de alto rango lo impiden. No es este el caso para discutir las excepciones a la regla o figuras afines como la del contrato en daño de tercero. Señalamos más bien los elementos constitutivos de la acción, conforme las autoridades citadas.

En primer término, debe existir un contrato con el cual interfiera un tercero. Si lo que se afecta es una expectativa o una relación económica provechosa sin que medie contrato, la acción no procede, aunque es posible que se incurra en responsabilidad bajo otros supuestos jurídicos.

En segundo lugar, debe mediar culpa. Adoptamos la posición mayoritaria de que basta a tal efecto con que el per-judicado pruebe o presente hechos que permitan inferir que el tercero actuó intencionalmente, con conocimiento de la existencia del contrato.

El tercer elemento es que se ocasione un daño al actor y el cuarto, que ese daño sea consecuencia de la actuación culposa del tercero. El nexo causal necesario es entre el acto del tercero y su efecto sobre el perjudicado. Es impertinente a estos efectos que el cocontratante del perjudicado haya tenido la intención de incumplir el contrato. Basta con que el tercero haya provocado o contribuido a la inejecución. En caso de concurrencia de culpas la responsabilidad es solidaria.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia para contestar la cuestión certificada en la afirmativa.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Continental Construction Corp., demandante y recurrida, v. Municipio de Bayamón y Redondo Construction Corp., demandados y peticionarios.

      Números: O-84-359, O-84-394

      Resueltos: 29 de junio de 1984

      Emilia M. Román Nevárez, abogada del peticionario Municipio de Bayamón; José R. Lázaro Paoli, de Correa Calzada, Collazo, Salazar, Herrero & Lázaro Paoli, abogado de la peticionaria Redondo Construction Corporation; Antonio Moreda, de Moreda & Moreda Toledo, abogado de Continental Construction Corp., recurrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Continental Construction Corp. impugnó en el tribunal de instancia la adjudicación de la buena pro de la Subasta del Coliseo Municipal de Bayamón. Subsiguientemente solicitó remedios provisionales bajo la Regla 56 de Procedi-miento Civil a fin de que se ordenara al municipio abste-nerse de otorgar el contrato de construcción. Luego de cele-brarse vistas por cerca de quince días el tribunal expidió una resolución y orden mediante la cual ordenó al municipio y a Redondo Construction Corporation que se abstuvieran de realizar trabajo alguno al amparo del contrato de construc-ción, sujeto a la prestación de una fianza de $250,000 por la recurrente Continental.

Tanto el municipio como el contratista Redondo acudieron ante este Tribunal con sendas solicitudes de certiorari para que dejáramos sin efecto dicha orden.

Consolidamos ambos recursos y proveemos al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, por haber comparecido la recurrida en escrito de oposición a la petición de certiorari. No es necesario considerar los plan-teamientos procesales del recurso, en vista de que conclui-mos que debe anularse la subasta.

Aparece del expediente que el sistema de licitación utili-zado por el municipio fue el de una oferta básica que incluía la estructura del Coliseo y siete alternas aditivas para cubrir la construcción del (1) estacionamiento; (2) sistema control de fuegos; (3) asientos fijos; (4) asientos telescópicos; (5) can-cha de baloncesto; (6) pizarra electrónica; (7) sistema de semáforos. Este sistema permitía desarrollar la construcción del proyecto en diferentes etapas de acuerdo con la disponi-bilidad de fondos. Conforme surge de la sentencia recurrida el municipio utilizó este sistema precisamente porque al momento de anunciarse la subasta no había suficientes fon-dos asignados. El costo estimado por los arquitectos que dise-ñaron el proyecto fue de $7,583,906. No obstante, al abrirse las licitaciones sólo se había asignado para la construcción la cantidad de $6,400,000.

Con posterioridad al aviso de subasta, se notificó a los licitadores una enmienda a la alterna 4 relativa a los asien-tos telescópicos, la cual añadía elementos y detalles a las especificaciones notificadas originalmente.

La oferta más baja propuesta para la construcción de la estructura básica del Coliseo fue la de la recurrida Continental. Igualmente su oferta fue la más baja para dicha estruc-tura y las primeras tres alternas —estacionamiento, sistema control de fuego y asientos fijos. De la cuarta alterna en ade-lante Redondo resultó ser el mejor postor.

Luego de abiertos los sobres con las licitaciones, un funcio-nario municipal, el arquitecto Cermeño, solicitó a los pos-tores más bajos —Continental, Rodríguez y Del Valle y Redondo— un desglose de las partidas para poder estudiar mejor las propuestas. Cermeño entregó los desgloses a los arquitectos del proyecto para que hicieran recomendaciones. Pero la Junta de Subasta otorgó la buena pro a Redondo, sin esperar por las recomendaciones de los arquitectos. Éstos señalaron en su informe que la alterna 4 —asientos telescó-picos— requería de los contratistas información detallada, pero que desafortunadamente ninguno de ellos suplió las especificaciones exigidas. Señalaron, además, que no enten-dían cómo Redondo podía ofrecer la mitad de lo cotizado por los otros licitadores. Recomendaron que los dos postores más bajos especificaran el equipo ofrecido para garantizar el cumplimiento de la subasta y evitar órdenes de cambio. Específicamente, recomendaron que: “En el mejor interés del Municipio el equipo ofrecido por los dos postores más bajos debe ser analizado para garantizar el cumplimiento con los documentos del aviso de subasta de manera de evitar cambios innecesarios y costosos al momento.de la construc-ción.”

Un día antes de adjudicar la subasta el alcalde convocó a la Asamblea Municipal a sesión extraordinaria y ésta aprobó la Ordenanza Núm. 97 que aumentó el presupuesto de obras y mejoras en la cantidad de $1,943, 389.64. De esos fondos se contabilizó la cantidad de $1,270,000 para com-pletar los dineros necesarios para poder adjudicar la pro-puesta básica y las seis alternas aditivas. Dicha cantidad cuadraba perfectamente con la oferta de Redondo. Esta acción, sin embargo, se tomó once días después de la subasta y sin recomendación de la Junta de Subasta. Finalmente se le adjudicó la subasta a Redondo por la oferta básica y las seis primeras alternas. Así las cosas, Continental instó la damanda objeto de este recurso.

El Art. 8.03(c) de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 3253,() dispone que la Junta de Subasta Municipal adju-dicará a favor del postor más bajo, tomando en cuenta, entre otros factores, que la propuesta sea conforme a especifica-ciones. En el caso de autos ninguno de los postores incluyó las especificaciones establecidas en la adenda 2 para la alterna 4, asientos telescópicos. Se recordará que los arqui-tectos que diseñaron el proyecto recomendaron, para evitar órdenes de cambio y lograr el cumplimiento de la subasta, que los dos licitadores más bajos especificaran el equipo ofrecido. No se siguió esta recomendación.

Ciertamente para cumplir con lo preceptuado en la Ley Municipal, la Junta de Subasta debió esperar las recomendaciones de los arquitectos que contrató el municipio para diseñar la obra. Más aún, debió seguir las prudentes recomendaciones de los arquitectos y pedir las especificaciones. El hecho de que se hubiese otorgado la subasta no impedía a la Junta seguir las recomendaciones de sus asesores y de considerarlo necesario para la protección de los intereses del municipio revocar la adjudicación de la subasta. La norma al respecto reconoce esta facultad de la Junta de Subasta precisamente para evitar la posibilidad de favoritismo, descuido, extravagancia y corrupción. Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971) y Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300-301 (1973).

En vista de lo anterior, concluimos que la omisión de la Junta de Subasta en no seguir el prudente asesoramiento de los arquitectos y asegurarse de que las licitaciones cumplie-ran con las especificaciones, según lo requiere el citado Art. 8.03(c) de la Ley Municipal, invalida la adjudicación de la subasta.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia que anule la subasta.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

      (1) Dicho artículo dispone en lo pertinente:
      “(c) La Junta adjudicará en favor del postor razonable más bajo en el caso de compras, construcciones o suministros de servicios y al postor más alto en casos de ventas o arrendamientos, tomando en consideración que las propuestas sean con-formes a especificaciones; términos de entrega; la habilidad del postor para rea-lizar y cumplir con el contrato; la responsabilidad económica del lidiador; reputa-ción e integridad comercial y otras condiciones insertadas en el pliego de subastas; Disponiéndose que la Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente el más bajo o más alto, según sea el caso, si con ello se beneficia el interés público.”


text:
    Miguel Hernández Agosto, Presidente del Senado de Puerto Rico, etc., demandantes y recurridos, v. Carmelo Ortiz Montes y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-84-276

      Resuelto: 29 de junio de 1984

      Hon. Nelson Martínez Acosta, Secretario de Justicia, Lourdes del Carmen Rodríguez e Iraelia Penas, abogadas del Departa-mento de Justicia, abogados de los recurrentes; Marcos A. Ramírez, de Ramírez & Ramírez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Consideramos en este recurso si las comisiones legislati-vas pueden continuar ejerciendo sus funciones después de la fecha en que finaliza la sesión ordinaria. El tribunal de instancia resolvió afirmativamente la cuestión al solicitarle el señor Presidente del Senado, Hon. Miguel Hernández Agosto, por sí y en representación del Senado, que expidiera una orden de citación contra los recurrentes para que com-parecieran ante la Comisión de Instrucción del Senado el día 1ro de junio del corriente, en vista de la reiterada negativa de éstos a comparecer a testificar ante los organismos de dicho cuerpo.

No conforme con dicha orden los recurrentes acudieron ante este Tribunal en solicitud de revisión.

Habida cuenta de que el recurrido ha sometido su posición por los argumentos y fundamentos contenidos en su escrito de Oposición a Solicitud de Paralización de Orden de Citación ante el tribunal de instancia, proveemos al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal.

La controversia surgió con motivo de la investigación encomendada por el Senado a su Comisión de Instrucción mediante las Resoluciones del Senado 653 de 22 de abril de 1983 y 667 de 29 de abril de ese mismo año. () Ambas reso-luciones dispusieron que los informes finales se rindieran al comienzo de la siguiente sesión ordinaria. En vista de que las Comisiones no habían podido terminar su investigación, el Senado extendió el término para rendir informes finales “hasta el último día de la presente Asamblea Legislativa” conforme aparece en la Resolución del Senado 827 de 30 de abril de 1984.

La posición de los recurrentes es al efecto de que las comisiones del Senado carecen de facultad para realizar investigaciones una vez ha concluido la sesión ordinaria de ese cuerpo legislativo. Arguyen que reconocer tal facultad a las comisiones legislativas equivaldría a concederle a la Asamblea Legislativa unos poderes que el ordenamiento jurí-dico no le confiere, quebrándose así el principio de la sepa-ración de poderes.

A poco que examinemos la Sec. 10 del Art. Ill de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su antecedente histórico nos convenceremos de que no tienen razón.

La Carta Orgánica de 1917 restringía la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa a periodos anuales que comenzaban el segundo lunes de febrero de cada año y terminaban, a más tardar, el 15 de abril, 1 L.P.R.A. see. 33. Esta limitación reducía la eficacia de la función legislativa en detrimento de la solución a los complejos problemas que requerían acción de los cuerpos legislativos. De ahí que la Convención Constituyente invistiera con carácter de continuidad las funciones legislativas, precisamente con el propósito de eliminar esas dificultades.

Así, la Sec. 10 del Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresamente reconoce que la Asamblea Legislativa es un cuerpo de carácter continuo. Al respecto dispone:

La Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter conti-nuo durante el término de su mandato y se reunirá en Sesión Ordinaria cada año a partir del segundo lunes de enero. La duración de las sesiones ordinarias y los plazos para la radi-cación y la consideración de proyectos serán prescritos por ley.

Los debates de la Convención Constituyente iluminan el alcance y propósito de esta disposición. Reproducimos, en lo pertinente, la discusión del tema según aparece en el Diario de la Convención Constituyente:

Sr. Reyes Delgado: A los efectos de ilustrarnos mejor para votar en relación con esta enmienda, quisiéramos que se nos aclare cómo han de diferir las funciones de los legisladores bajo el sistema ordinario de trabajo de una legislatura continua, frente a los que desempeñaba el legislador en la legisla-tura del tipo que organizó la Carta Orgánica.
Sr. Negrón López: La diferencia consiste...
Sr. Reyes Delgado: ¿Entendió mi pregunta?
Sr. Negrón López: Sí, cómo no. La diferencia consiste, en primer término, sobre cosas adjetivas, está en la diferencia básica inicial de que los proyectos se radican una sola vez, como se radican en el Congreso americano, para un solo con-greso y no hay que hacer radicaciones anuales ni mucho menos radicaciones para sesiones extraordinarias.
Puede haber hasta una sesión extraordinaria convocada por el Gobernador para tratar temas que han sido objeto de legis-lación ya radicada y pendiente de acción en las comisiones. Eso implica que cuando termina, cuando expira un término legislativo, no muere la encomienda de la comisión. No finaliza la encomienda de la comisión. La comisión tiene una enco-mienda continua, que le permite, y no solamente le permite, sino que le señala el deber de continuar estudiando las proposi-ciones■ que puedan haber y las materias que puedan estar incluidas en esa legislación, con miras a recomendaciones en sesiones extraordinarias en que el tema se abra a discusión, o en sesiones ordinarias futuras.
Por otra parte, en el proceso legislativo que hemos seguido hasta ahora, que lo hemos utilizado quizás un poquito más de lo que era deseable, pero que era inevitable bajo las disposi-ciones tan herméticas de la Ley Jones, el poder legislativo no se toma la iniciativa de producir afirmativamente la legislación. El poder legislativo tiende a caer en la rutina de aceptar las recomendaciones del Ejecutivo y revisarlas y pasar sobre las motivaciones o sobre los fundamentos de las medidas que se adopten.
Con un sistema legislativo de funcionamiento continuo el poder legislativo tendrá la oportunidad y además, señalado constitucionalmente, el deber de dedicarse a estudiar los pro-blemas que atañen a los legisladores como tales.
Me imagino que las comisiones fiscales, estudiarán los pro-blemas fiscales del país. Las comisiones jurídicas, los proble-mas judiciales, la del trabajo, los problemas del trabajo, la de agricultura, los problemas de la agricultura, la de industria, los problemas de la industria. Y sin duda alguna, cuando lle-guen las sesiones, el legislador podrá estar empapado. El cuerpo legislativo como instrumento, como organismo total tiene la oportunidad de enterarse de los problemas con los cuales tiene que confrontarse.
Sr. Reyes Delgado: ¿Entonces, la función de las comisiones ha de ser continua?
Sr. Negrón López: Continua.
Sr. Reyes Delgado: Nada más.
(Énfasis nuestro.) 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1247-1248 (1951).

Esta discusión demuestra ciertamente que el propósito de investir de continuidad a las funciones de la Asamblea Legislativa fue que al finalizar la sesión ordinaria el 30 de abril, las comisiones pudieran seguir desempeñando sus funciones en beneficio de las responsabilidades constitucionales de la Asamblea Legislativa.

Los cuerpos legislativos tienen, pues, la potestad de ordenar a sus respectivas comisiones, como lo hizo el Senado en este caso, que continúen sus trabajos hasta el último día de la Asamblea Legislativa, o sea, hasta que los miembros de la nueva Asamblea Legislativa ocupen sus puestos el mes de enero siguiente a la última elección general. (Art. Ill, Secs. 1 y 10 de la Constitución.) Aceptar el argumento en contrario de los recurrentes constituiría un regreso al antiguo sistema legislativo de la Ley Jones en menoscabo del nuevo esquema expresamente adoptado en nuestra Constitución.

Los recurrentes argumentan, además, que la Resolución del Senado 827 tan sólo concedió a la Comisión de Instruc-ción una prórroga para “rendir informes finales” y no para continuar la investigación autorizada por las Resoluciones del Senado 653 y 667. El argumento pierde de vista que en la Exposición de Motivos de dicha resolución se expresa cla-ramente la razón de su aprobación en los siguientes términos:

Estas investigaciones están en proceso. En algunas áreas la fase investigativa y analítica ha terminado. En otras, está aún en proceso.
En ocasiones el Departamento de Instrucción Pública ha solicitado prórrogas para someter información que se ha soli-citado. Otras veces, funcionarios citados se han negado a com-parecer y a prestar declaración ante la Unidad de Investi-gación Legislativa del Senado.
En vista de estas circunstancias es necesario conceder una prórroga a las comisiones de Instrucción y de lo Jurídico para radicar informes finales de las resoluciones del Senado 653 y 667. Dicha prórroga debe extenderse hasta el último día de la presente Asamblea Legislativa.

Es decir, la extensión del término para rendir informes finales fue precisamente para que las comisiones pudieran terminar la investigación. Los propios recurrentes admiten en su solicitud de revisión que “las comisiones no pueden rendir sus informes finales si no cuentan con una investi-gación completa”. No es lógico, pues, entender que la Reso-lución del Senado 827 sólo prorrogó el término para rendir informes de una investigación incompleta.

No es admisible el argumento de que no procedía ordenar la comparecencia de los recurrentes porque no había representación de la minoría en las vistas de la comisión. Los recurrentes, entre otras razones, no aducen haber sufrido perjuicio que amerite remedio en este recurso.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia que confirme la aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López está conforme con la opinión del Tribunal, y por lo tanto suscribe la misma, haciendo la salvedad de que la situación podría ser distinta en el caso de aquellas comisiones legislativas cuyas funciones sean de naturaleza diferente a las de las comisiones aquí en controversia.

      (1) La Res. del Senado 653 encomienda a la Comisión de Instrucción realizar un análisis a fondo en torno al funcionamiento del Departamento de Instrucción Pública. La Resolución 667 ordena a la Comisión de Instrucción y de lo Jurídico investigar las operaciones y el funcionamiento de los servicios públicos de Radio y Televisión WIPR Canal 6, WIPM TV Canal 3, y WIPR AM-FM.