author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Molini y Vélez Orthodontics, demandante y recurrente, v. Negociado de Seguridad de Empleo, demandado y recurrido.

      Número: O-84-15

      Resuelto: 20 de marzo de 1984

      Jaime Santos Mirabal, abogado de la recurrente; Miguel Rodrí-guez Villanueva, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los odontólogos Noel Molini y Hernán Vélez estable-cieron una sociedad profesional ( ) para la práctica privada de su profesión con oficinas principales en la ciudad de San Juan, Puerto Rico-. En el desempeño normal de sus funcio-nes, dicha sociedad emplea asistentes dentales y personal de oficina y administrativo. La sociedad es y ha sido “patrono” bajo las leyes de Seguridad de Empleo y Beneficios por Incapacidad desde el 1ro de octubre de 1979. () El Nego-ciado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizó una investigación con el propósito de corroborar si en los informes trimestrales rendidos por la referida sociedad se habían incluido todos los salarios pagados a los “empleados” de la misma. Se encontró que la sociedad no incluía en dichos informes trimestrales —por lo que no pa-gaba por ello— los “salarios” pagados por ésta a los doctores Molini y Vélez.

Cuestionada por la sociedad la corrección de dicho seña-lamiento y solicitada por ésta una vista administrativa, con el propósito de exponer sus argumentos y la prueba perti-nente en contrario, el Negociado concedió una reunión informal con el funcionario que había realizado la interven-ción y con el supervisor de éste. Con posterioridad a dicha reunión el referido Negociado notificó a la sociedad, me-diante formularios al efecto, unas deficiencias relativas a los salarios de los mencionados socios. () Apeló la sociedad ante el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. Dicho foro —Hon. Ángel D. Ramírez, Juez— mediante una escueta sentencia declaró sin lugar el recurso radicado.

Inconforme, recurrió la sociedad ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de certio-rari. () En el mismo imputó al tribunal de instancia la comisión de tres (3) errores, a saber:

La sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Instan-cia es errónea por los siguientes fundamentos:

1— Porque es contraria a las mismas disposiciones de las leyes número 74 y 139 supra ya que en su sección 7 se esta-blece el derecho de una unidad de empleo a la celebración de vistas administrativas para la determinación de si una unidad de empleo es un “patrono” y si el servicio prestado a la misma constituye “empleo”.

2— Porque dicha sentencia priva a los Recurrentes de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y le niega la igual protección de las leyes, todo ello en violación de la Cláu-sula Séptima de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

3— Porque dicha setencia [sic] confirma actuaciones erró-neas de la Parte Recurrida al considerar para fines de la con-tribución que imponen las leyes número 74 y 139, supra que:

a— Molini y Vélez Orthodontics era “patrono” de sus socios doctores Noel Molini y Hernán Vélez y
b— el servicio prestado por los doctores Molini y Vélez constituye “empleo”.

Con fecha de 2 de febrero de 1984 emitimos una reso-lución mediante la cual concedimos el término de veinte (20) días a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado, revocar la sentencia dictada por el tribunal de instancia y devolver el caso a la fase administrativa en vista de que la agencia concernida no había cumplido con el trámite adminis-trativo estatuido por el Art. 7 de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 L.P.R.A. see. 707.

El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha comparecido. Su comparecencia es a los efectos de que no le asiste la razón a la sociedad recurrente, en vista de que siendo ésta un “patrono” desde el 1979, el Negociado de Seguridad de Empleo no tenía que hacer determinación “nueva” alguna sobre ello bajo la citada See. 707; que es “meridianamente claro” que para efectos de las leyes aquí en controversia() es tributable la “compensación” recibida por los socios de una sociedad profesional; que la intervención de la agencia, en su consecuencia, se limitó a la realización de unos meros cómputos en relación con los salarios de los “empleados” (los socios) no incluidos por la sociedad en los informes trimestrales; que en vista de todo lo anteriormente expresado, las disposiciones legales aplicables al caso ante nuestra consideración lo son las Secs. 709(e)(1) y la 209(e)(1) de los Títulos 29 y 11, respectivamente, de las Leyes de Puerto Rico Antodas() y no la citada See. 707, la cual es la que requiere que se siga un determinado y específico trámite administrativo; () por último, en apoyo de su posición la parte recurrida nos cita como “precedente juris-prudencial” una sentencia emitida —en relación con otro caso que tuvo el referido Departamento— por la Sala de Ponce del honorable Tribunal Superior de Puerto Rico. ()

h — I

La Sec. 7 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. sec. 707) conocida como la Ley de Seguridad de Empleo, en lo pertinente dispone:

(a) Determinaciones y reconsideraciones.—
(1) El Director determinará a base de sus conclusiones de hecho, bien a iniciativa propia o a solicitud de una unidad de empleo, o de uno o más de los empleados de ésta, si la unidad de empleo es un patrono y si el servicio prestado a la misma constituye empleo. La determinación deberá hacerse dentro de los cinco (5) años después de haber ocurrido los hechos que la motivan.
(3) Una notificación de la determinación hecha por el Director bajo la cláusula (1) ó (2) de este inciso que contendrá una exposición de los hechos encontrados prohados por el Director será enviada por correo o en alguna otra forma a la última dirección conocida de la unidad de empleo correspondiente y del empleado o empleados solicitantes.
(4) Dentro de quince (15) días después del envío por correo o algún otro medio de una notificación de una determinación hecha bajo la cláusula (1) ó (2) de este inciso a la última direc-ción conocida de una unidad de empleo y del empleado o empleados solicitantes, dicha unidad de empleo o cualquiera de sus empleados puede solicitar del Director la reconside-ración de su determinación a la luz de evidencia adicional y que dicho funcionario emita una redeterminación. De acceder a lo solicitado, el Director enviará por correo o algún otro medio a la última dirección conocida de la unidad de empleo correspondiente, o del empleado o empleados solicitantes, un aviso de la redeterminación, que incluirá una exposición de los hechos en apoyo de la misma que han sido encontrados proba-dos por el Director, si la solicitud fuera denegada suministrará aviso de dicha denegatoria.
(5) Dentro de quince (15) días del envío por correo o algún otro medio a la unidad de empleo y al empleado o empleados solicitantes, de una determinación hecha bajo la cláusula (1), (2), [ó] (4) de este inciso o de una denegatoria de solicitud bajo la cláusula (4) de este inciso, dicha unidad de empleo o el empleado o empleados solicitantes, podrán apelar de la determinación al Secretario. El Secretario concederá a las partes oportunidad razonable para tener una audiencia justa según se provee en la see. 706 de este título para el caso de audiencias ante los árbitros. La decisión del Secretario será final a menos que dentro del término de diez (10) días del envío por correo o algún otro medio a la última dirección conocida de una parte, ésta inicie procedimientos de revisión judicial de acuerdo con la sec. 706(i) de este título. Cuando la parte apelante fuere la unidad de empleo el tribunal judicial podrá requerir de ésta la prestación de una fianza para ga-rantizar el pago de cualesquiera contribuciones e intereses que dicho tribunal finalmente determine que se adeudan por el apelante. (Énfasis suplido.)

II

Independientemente de que para el recurrido Secretario del Trabajo resulte ser “meridianamente claro” que son tributables los “salarios” o compensación que reciben los socios de una sociedad profesional bajo las leyes de Segu-ridad de Empleo y la de Beneficios por Incapacidad, () la posición asumida por dicho funcionario en el presente caso no puede prevalecer.

Aceptar la misma convertiría la citada See. 707 de la ley en inoperante. Representaría que, una vez una “uni-dad de empleo” ha cualificado como “patrono” a los fines de la ley en relación con un tipo o clase de “servicio”, ese patrono no pueda posteriormente cuestionar administrativamente la determinación “ministerial” del Departamento del Trabajo en relación con un nuevo tipo o clase de “servicio”.

No podemos perder de vista que si bien es cierto que la sociedad recurrente ya tenía status de “patrono” desde el 1979, no es menos cierto que el Negociado, al “notificar” la deficiencia aquí en controversia, está en efecto haciendo una nueva determinación sobre “unidad de empleo” y sobre si el “servicio” prestado por los socios a la misma constituye “empleo”.

Resolvemos que no concederle a un patrono, bajo esas circunstancias, el derecho a vista —en la cual tenga éste la oportunidad de exponer sus argumentos y presentar la prue-ba pertinente que entienda procedente— constituye una vio-lación al debido procedimiento de ley. Cf. Srio. del Trabajo v. Ríos, 99 D.P.R. 538, 540-541 (1971).

No hay duda de que en este momento podríamos entrar a resolver el punto legal aquí en controversia. Preferimos, sin embargo, no hacerlo. Como es sabido, “la interpretación administrativa de un estatuto por aquellos organis-mos encargados de ponerlos en vigor y velar porque sus fines se cumplan nos merecen un gran peso”. Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87, 96 (1974); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). Ello es así por cuanto dichos organismos cuentan con una vasta experiencia y conocimiento (expertise) en relación con la materia con la que bregan día tras día. La interpretación que del estatuto éstos hagan y los fundamentos que aducen en apoyo de la misma, resultan de gran ayuda para los tribunales de justi-cia al éstos encontrarse en la posición de tener que pasar juicio sobre la corrección o no de las decisiones emitidas por dichos organismos.

En el presente caso, por razón de la posición errónea asumida por el recurrido Secretario del Trabajo, no conta-mos con el beneficio de una decisión fundamentada y, por tanto, con el “asesoramiento” administrativo pertinente de parte de este funcionario. Sería sumamente conveniente tenerlo. Es por ello que resolvemos devolver el caso a la agencia concernida para que, previo cumplimiento con las disposiciones de la See. 707, emita una fundamentada decisión al respecto.

Se expide el auto de certiorari solicitado; se dicta senten-cia que revoca la emitida en el presente caso por el tribunal de instancia y se devuelve el caso a ese foro para procedi-mientos ulteriores compatibles con lo aquí expuesto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asocia-do Señor Negrón García concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz se inhibió.

      (1) Bajo el nombre de “Molini y Vélez, Orthodontics”.

      (2) Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. sees. 701 a 717) y Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968 (11 L.P.R.A. sees. 201 a 212).

      (3) Ascendente la misma a la suma de $13,899.97. En los mismos no se expone fundamento alguno; sólo contiene cómputos matemáticos.

      (4) Previa la consignación ante el tribunal de instancia, según lo exige la ley, de la referida suma de $13,899.97.

      (5) Ley de Seguridad de Empleo y la Ley de Beneficios por Incapacidad.

      (6) Que son las que regulan la situación de informes trimestrales “incorrectos o insuficientes”.

      (7) Trámite que como veremos más adelante, requiere no sólo que la decisión que emita el director del Negociado de Seguridad de Empleo contenga “una expo-sición de los hechos encontrados probados” por éste, sino que el Secretario del Departamento del Trabajo conceda a la parte apelante una “oportunidad razonable para tener una audiencia justa según se provee en la see. 706 de este título para el caso de audiencias ante los árbitros”. (Énfasis suplido.)

      (8) Las decisiones de los tribunales de instancia, no obstante merecer el respeto de todos, no constituyen precedentes.

      (9) Punto que es debatible.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Liliana Laboy, Basilio Ortega, Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-83-303

      Resuelto: 23 de marzo de 1984

      Fernando E. Agrait, abogado de los recurrentes; Miguel Pagan, Procurador General Interio, y Doris M. Santiago, abogada del Departamento de Justicia, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Los recurrentes, dos empleados del Fondo del Seguro del Estado, cuestionan la legalidad del nombramiento de María de L. Ramos Rodríguez al puesto de Jefe de la División de Reclamaciones de dicha agencia. Sostienen que el Adminis-trador del Fondo evadió las disposiciones del Reglamento de Personal de la agencia para poder nombrar a la recurrida, candidata sin ningún tipo de experiencia en el Fondo, al excluir a empleados del Fondo que reunían los requisitos reglamentarios. El Reglamento del Fondo, aprobado el 30 de diciembre de 1976, disponía en su See. 8.8 () que para llenar una vacante debían certificarse cinco candidatos que figuren en los cinco registros de elegibles de la agencia. La elección se haría de esos cinco candidatos.

La disposición reglamentaria en cuestión patrocina que al haber más de cinco candidatos, todos cualificados para el puesto, se dará prioridad a los propios empleados con expe-riencia en el Fondo, pues, al efectuarse el nombramiento, ello conllevaría una reubicación, un ascenso o traslado interno.

Al oponerse a la demanda de sentencia declaratoria radicada por los recurrentes, la parte recurrida impugnó por nulidad la disposición de su propio reglamento por vio-lar el principio de mérito. Sostiene que obstaculiza el libre acceso en igualdad de condiciones a toda persona que inte-rese ingresar en el servicio público y, por tanto, limita re-clutar el personal más idóneo.

El tribunal dictó sentencia por las alegaciones, en que desestimaba la demanda. Concluyó que la acción se limitaba a determinar la validez de la See. 8.8 del Reglamento antes transcrita. Resolvió que tal disposición era nula por infrin-gir el principio de mérito. Los demandantes acudieron en solicitud de revisión. El 29 de julio de 1983 expedimos la siguiente orden para mostrar causa:

Vista la petición de Revisión y sus anejos se concede un término de treinta (30) días a la parte recurrida para que comparezca a mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado y revocar la sentencia recurrida. Específi-camente se le requiere que exponga las razones por las cuales entiende que el método de establecer niveles de prioridades contemplado en la Sección 8.8 del Reglamento de la agencia recurrida es contrario a los principios de selección y de ascenso, ambos áreas esenciales al sistema de mérito encar-nado en nuestra Ley de Personal.

La recurrida ha comparecido, mas no nos convence. No consideramos que el método de establecer prioridades dis-puesto en la See. 8.8 del Reglamento del Fondo sea contrario al sistema de mérito.

El Fondo del Seguro del Estado, a pesar de ser agencia independiente excluida de la Ley de Personal, está obligada a adoptar un reglamento de personal que incorpore el principio de mérito. Así lo dispone la Ley Orgánica del Fondo. 11 L.P.R.A. sec. 8.() La Ley de Personal, en la de-claración de política, 3 L.P.R.A. see. 1311(1), ofrece una guía de lo que es el principio de mérito.

Establecer el mérito como el principio que regirá todo el servicio público, de modo que sean los más aptos los que sirvan al Gobierno y que todo empleado sea seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su empleo en consideración al mérito y a la capacidad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políti-cas o religiosas.

De la cita anterior se desprende que una disposición reglamentaria que controle la selección o ascenso del personal a base de prácticas discriminatorias por razón de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen, condición social, ideas políticas o religiosas infringe patentemente el principio de mérito y sería nula. Véase Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40 (1980). Pero una disposición reglamentaria que regule los ascensos y la selección del personal a base de la capacidad e idoneidad de los candidatos instrumentaría el principio de mérito. La See. 8.8 ante nuestra consideración cae bajo esta segunda cateogría. Esta disposición fomenta los criterios de antigüedad y experiencia. Estos dos elementos ayudan a seleccionar una persona idónea y capacitada para un puesto. Partimos de la premisa de que el Fondo ha aplicado el principio de mérito en la selección de todo su personal, escogiéndose así a personal de excelencia. A base de los criterios de antigüedad y experien-cia, se seleccionan los mejores entre los empleados de la agencia. Son los empleados con años de servicio y experien-cia los que se destacan, son los que a través de los años paciente y sacrificadamente van acumulando un expediente que les acredita a continuar en el servicio público. Por otro lado, lograr un ascenso sirve de estímulo al empleado expe-rimentado y ayuda a su retención. La See. 8.1(1) de las enmiendas al Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, aprobada el 17 de marzo de 1980, fomenta la retención de los buenos empleados mediante los ascensos.

La propia Ley de Personal estimula la utilización de criterios de antigüedad y experiencia en los traslados y ascensos de empleados y faculta al administrador de cada agencia para aplicar estos criterios en determinados puestos. 3 L.P.R.A. see. 1334. ()

Aduce la recurrida que la disposición reglamentaria impide que candidatos idóneos fuera del Gobierno o del Fondo puedan ser reclutados. Diferimos. La See. 8.8 no patrocina el tipo de discrimen que para el reclutamiento o la selección de empleados prohíbe la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1333. () Una vez se llene la plaza conforme a la disposición reglamentaria 8.8 surgirán una o más vacantes, que a su vez podrán ser cubiertas con candidatos de la agen-cia, del Gobierno o fuera del servicio. Los candidatos así escogidos podrán acumular experiencia y en su día hacerse acreedores para ocupar puestos más altos.

El nombramiento impugnado, efectuado por el Adminis-trador del Fondo, rompe el balance obrero patronal estable-cido por la ley especial. () El Administrador obvió una reglamentación que conforme a la Ley Orgánica se preparó en consulta y armonía con la Unión de Empleados y Trabaja-dores de la Agencia. Por otro lado, el tribunal de instancia erró al no darle la consideración y el respeto que ameritaba la disposición reglamentaria, especialmente cuando fue aprobada luego de la aprobación de la Ley de Personal y cuando se le concedió a la agencia un grado de autonomía y procedimiento especial para aprobar la reglamentación. Cf. Ready Mix Concrete v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 37 (1965).

El sistema de mérito condena ciertas prácticas discrimi-natorias —ninguna de las cuales fomenta la See. 8.8 concer-nida— y para escoger a los más aptos fomenta la utilización de diversos criterios, como los de antigüedad y experiencia, al efectuarse nombramientos. La recurrida ha fundamen-tado su alegato en que la esencia del principio de mérito es la libre compentencia de candidatos de dentro y fuera del sistema público o la agencia para llenar vacantes, pues sólo así se seleccionan los más idóneos. Pero en correcta perspec-tiva, la selección de los más idóneos para un puesto conlleva mucho más que eso. Hay que atender problemas de adminis-tración de la agenda, especialización de la plaza, armonía en el centro de trabajo, retención de empleados experimenta-dos, derecho a ascenso del empleado probado y otros.

Habiendo determinado que la See. 8.8 impugnada es válida y que no violenta el principio de mérito, concluimos que el Administrador del Fondo actuó ultra vires al efectuar el nombramiento. El Tribunal Superior debió ordenar que se efectuara el nombramiento según la disposición reglamentaria.

Procede expedir el auto de revisión. Se revocará la reso-lución recurrida y se devolverá al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto disi-dente.

—O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Entiendo, al igual que el tribunal de instancia, que la disposición reglamentaria en controversia es nula por con-travenir el “principio de mérito” que consagra la Ley de Personal de 1975; principio que, como bien señala la opinión mayoritaria, se aplica a la agencia concernida. Como sabe-mos, el referido principio establece el mérito y la capacidad como “guía rectora” en la selección, adiestramiento, ascenso y retención de empleados públicos; en otras palabras, sólo los más aptos deberán ser los seleccionados, adiestrados, ascen-didos y retenidos en el Gobierno.

La See. 8.8 del Reglamento del Fondo del Seguro del Estado impide que personas cualificadas, provenientes tanto de otras agencias del Gobierno de Puerto Rico como de fuera del servicio público, compitan y sean reclutadas para tra-bajar en la referida agencia.

No podemos cerrar los ojos a la realidad. Al ocurrir una vacante dentro del Fondo, siempre existirán empleados de menor jerarquía en dicho organismo administrativo que “cualifican” para el puesto y, por lo tanto, siempre se podrá llenar la vacante con uno de ellos. En otras agencias de nues-tro Gobierno, sin embargo, habrá otros empleados todavía más “cualificados” que aquellos del Fondo que, bajo la opinión que hoy emite el Tribunal, se verán impedidos de competir y ser seleccionados para la vacante. De igual forma existirán otras personas, fuera del servicio público en esos momentos, que interesan entrar al mismo y cuyas aspira-ciones también quedarán tronchadas bajo la decisión que hoy se emite.

La aplicación, y convalidación por este Tribunal, de la sección reglamentaria en controversia implica e impide que sean los más aptos los que trabajen para nuestro Gobierno. ()

Por las razones antes expresadas, confirmaría la reso-lución emitida por el tribunal de instancia en el presente caso.

      (1) Dispone la mencionada See. 8.8:
      “1) La certificación y selección de candidatos se efectuará -siguiendo las siguientes normas:
      “a— Los puestos vacantes se cubrirán mediante la certificación y selección de los candidatos que figuran en los registros de elegibles.
      “b— A los fines del uso de los registros de elegibles, cada certificación incluirá cinco (5) candidatos que estén disponibles y en turno de certificación co-rrespondiente y la selección se hará de entre tales candidatos.
      “d— Para determinar los candidatos a ser certificados se seguirá el siguiente orden de prioridad en los registros de elegibles (énfasis nuestro);
      “1) Registro de Reubicación
      “2) Registro de Ascenso
      “3) Registro de Traslado Interno
      “4) Registro de Reingreso
      “5) Registro de Ingreso”

      (2) Esta sección de la Ley Orgánica establece además que el administrador aprobará la reglamentación concerniente al área de personal en consulta con la Unión de Empleados y Trabajadores y que las diferencias resultantes serán diri-midas finalmente por un Comité de Querellas. Dispone:
      “Todo el personal de la Comisión Industrial quedará comprendido dentro del Servicio por Oposición y todo el personal del Fondo del Seguro del Estado quedará comprendido dentro del Servicio Exento.
      “El sistema de personal que por este Capítulo se faculta al Fondo del Seguro del Estado a establecer deberá estar basado en el principio de mérito y en confor-midad con las reglas y reglamentaciones que al efecto adopte el Administrador del Fondo. Dichas reglas y reglamentos deberán ser adoptadas en consulta con la Unión de Empleados y Trabajadores de la agencia, según fuere certificada[,] dis-poniéndose que si las partes no llegasen a un acuerdo en la adopción de dichas reglas y reglamentos, la parte que se considere afectada podrá apelar dentro de los próximos quince (15) días ante el Comité de Querellas y la decisión de dicho Comité será final y obligatoria.”

      (3) Dispone en lo pertinente:
      “La administración de personal deberá proveer oportunidades y mecanismos para el ascenso de los empleados. Así también deberá proveer para la mejor utili-zación de los empleados a través de los traslados.
      “Para el logro de estos objetivos se establecen las siguientes disposiciones:
      “(1) La Administración Central o cada Administrador Individual, según sea el caso, determinará las clases de puestos que debido a las necesidades particulares de la agencia o a la naturaleza de las funciones de las clases de puestos requieren que se cubran mediante el ascenso de empleados. Para cubrir estas clases de puestos se utilizará el mecanismo de los ascensos, conforme a lo siguiente:
      “(a) Los empleados en puestos de carrera ascenderán mediante exámenes que podrán consistir de pruebas escritas, orales, físicas, de ejecución, evaluaciones de experiencia y preparación, evaluaciones del supervisor, análisis del récord de trabajo, resultados de adiestramiento u otros.”

      (4) Lee así:
      “La Administración Central y cada Administrador Individual deberá ofrecer la oportunidad de competir a toda persona cualificada que interese participar en las funciones públicas del país. Esta participación se establecerá en atención al mérito sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas y religiosas.”

      (5) Véase el escolio 2.

      (1) Entendemos, en adición, que elimina la competencia, el deseo de supera-ción y, por consiguiente, impide el mejoramiento de los servicios que se prestan a la ciudadanía en general. Ello es así por cuanto, al saberse que no habrá competen-cia por parte de “gente de afuera” en relación con los futuros ascensos, el resultado es la “complacencia” y la ineficiencia en los servicios a prestarse al público.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., demandantes y recurrentes, v. Coca Cola Bottling Company of Puerto Rico, et al., demandados y recurridos.

      Número: R-83-279

      Resuelto: 28 de marzo de 1984

      Héctor Reichard De Cardona, Secretario de Justicia, Gloriana Ruiz Jiménez, Secretaria Auxiliar de Justicia, Oficina de Asuntos Monopolísticos, Irma Rodríguez Justiniano y José A. Santiago Martínez, Fiscales Especiales de la Oficina de Asun-tos Monopolísticos del Departamento de Justicia, abogados de los peticionarios; José A. Trilla, de McConnell, Valdés & Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La naturaleza y límites de las investigaciones y registros administrativos, con especial referencia a las facultades de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (O.A.M.), constituyen el tema central de este caso. Examinemos los hechos para determinar las cuestiones pre-cisas planteadas dentro de ese tema.

En la primavera de 1983 la O.A.M. solicitó y obtuvo ex parte del Tribunal Superior una orden para incautarse de ciertos documentos de Coca-Cola Bottling Co. y Caribbean Refrescos, Inc. La petición de la O.A.M. exponía que estaba en curso una investigación de la industria de manufactura y distribución de refrescos y sus derivados; que la O.A.M. tenía conocimiento de que las referidas corporaciones “están destruyendo evidencia sustancial y esencial a la investi-gación”; que la O.A.M. tenía “motivos fundados para creer que los demandados requeridos han violado los artículos 2, 3, 4, 7 y 8 de la Ley de Monopolios de Puerto Rico”; y que era vital obtener la información que se relaciona al margen () para corroborar la existencia de tales violaciones. La O.A.M. no acompañó declaración jurada alguna en apoyo de su petición. En ningún momento ilustró al Tribunal sobre la prueba indicativa que se estaba destruyendo evidencia ni sobre sus “motivos fundados” para entender que se estaban violando los artículos mencionados de la Ley de Monopolios, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sees. 258, 259, 260, 263 y 264).

Al día siguiente de obtener la orden, a las 10:30 A.M., varios funcionarios de la O.A.M., acompañados de un algua-cil, irrumpieron en las oficinas de la Coca-Cola en Carolina y de Caribbean Refrescos en Cidra. Conforme la declaración jurada del gerente de esta última corporación, el fiscal que dirigía el grupo requirió en forma agresiva y hostil que le indicasen dónde estaban los documentos relacionados en la orden. El gerente solicitó permiso para comunicarse con sus abogados. El fiscal le expresó que no podía consultar con abogados, que entregase inmediatamente los documentos. El gerente ordenó el comienzo de la entrega y aprovechó para comunicarse con su representación legal, la que le aconsejó que supliese únicamente fotocopias, mas no los originales, de los documentos pertinentes. Al enterar el gerente al fiscal de las instrucciones recibidas, éste montó en cólera y en forma destemplada le grito: “Macho, voy a llevar conmigo cual-quier documento que yo quiero, tengo el poder, no me hace falta la orden del Juez, pero por la Ley de Monopolio [sic] debe entregar los originales que quiero, voy a ponerle en la nevera y no puede salir hasta el lunes próximo, hasta que el Tribunal regrese de vacaciones.” El fiscal ordenó al alguacil que registrase al gerente y lo sacara del lugar. Los abogados de la compañía pudieron ser avisados y ellos se comunicaron con el juez, quien modificó su orden para aclarar que los originales no podían ser objeto de incautación, aunque sí de examen. Los documentos no examinados fueron colocados por las partes en un salón clausurado y sellado, donde aún permanecen.

El allanamiento de las oficinas de la Coca-Cola en Carolina provocó incidentes comparables. El fiscal a cargo de la operación le advirtió al abogado de la compañía que su negativa a permitir el acceso a la comunicación privilegiada entre abogado y cliente conllevaría su remoción o arresto.

Al poco tiempo las compañías acudieron al Tribunal Superior para que dejase sin efecto la orden ex parte y protegiese determinados derechos de las compañías. Éstas alegaron básicamente que no cuestionaban la autoridad de la O.A.M. para requerir la información y documentos no privilegiados que fuesen pertinentes a la investigación a rea-lizarse, pero que objetaban la invasión de sus oficinas en vio-lación de las disposiciones de la Sec. 10 del Art. II de la Cons-titución del Estado Libre Asociado y de la Cuarta En-mienda de la Constitución de Estados Unidos.

Tras la vista correspondiente, el Tribunal determinó que cuando a la investigación se le imparte carácter criminal la O.A.M. no puede allanar establecimientos comerciales sin orden judicial, previa determinación de causa probable. “Si la investigación es una [s¿c] rutinaria que no es de carácter criminal es necesario que la OAM establezca un plan administrativo que siga unas normas de razonabilidad y unos criterios específicos y neutrales.” El Tribunal concluyó que si la O.A.M. deseaba llevar a cabo una investigación con carácter criminal tenía que hacer una determinación de causa probable “conforme lo dispone la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal y el Artículo II, Sección 10 de nues-tra Constitución . . .”. El Tribunal resolvió también que la O.A.M. no le había puesto en condiciones de establecer la razonabilidad de la inspección, ni le informó sobre el plan administrativo que supuestamente la gobernaba ni sobre los criterios específicos y neutrales que el mismo seguía. Auto-rizó a la O.A.M. a proseguir con la investigación, “limitada al carácter rutinario no criminal de la misma, disponiéndose que esta Orden ni la original le confieren autoridad para efectuar registros y allanamientos de lugares, escritorios y archivos con el fin de incautarse de documentos no autoriza-dos a menos que obtenga previamente el consentimiento de los demandados”. El Tribunal añadió: “No podrá la OAM tampoco incautarse de los libros, documentos y escritos ori-ginales para llevárselos a sus oficinas con el fin de ser fotoco-piados y devolverlos a menos que obtenga previamente el consentimiento de la parte demandada.” La O.A.M. solicita la revisión de esta orden.

El caso plantea las cuestiones siguientes: ¿Es aplicable la garantía contra allanamientos, registros e incautaciones irrazonables a las investigaciones administrativas? ¿Existe distinción alguna entre el requerimiento de unos documen-tos y su incautación directa tras el registro del lugar concer-nido? De aplicarse la garantía constitucional, ¿ampara a los establecimientos comerciales? ¿Cuál es el procedimiento a emplearse? ¿Existen diferencias entre los registros adminis-trativos y los de índole penal en lo que respecta a la deter-minación de causa probable? ¿Es suficiente para la expe-dición de una orden de registro la sospecha, sin más especificación, de que se está violando la ley? ¿Qué consti-tuye un programa de inspecciones basado en criterios neu-trales y específicos? ¿Puede utilizarse la causa probable menos rigurosa al examinar la validez de cualquier registro administrativo o sólo para aquellos que son rutinarios y pro-gramados? ¿Es necesario utilizar la causa probable tradi-cional cuando el estatuto que autoriza el registro impone sanciones penales por violaciones al mismo?

Estas interrogantes se examinan a continuación dentro del contexto genérico de hechos en que se producen y a la luz exclusivamente de las normas expuestas en el Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Las referencias a casos y materiales estadounidenses en el curso de esta opinión se efectúan únicamente para fines comparativos o, cuando se trata de algunas sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos relativas a la Enmienda Cuarta, para indicar el contenido mínimo de la Sec. 10.

1. Las investigaciones administrativas están sujetas, por norma general, a la garantía provista por el Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico contra allanamientos, registros e incautaciones irrazonables.
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incauta-ciones y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello única-mente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a regis-trarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Antes de examinar detenidamente el significado de esta sección, veamos el tratamiento de este problema por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Éste ha estado sujeto a movimientos pendulares. En Frank v. Maryland, 359 U.S. 360 (1959), se resolvió que el propósito de la Cuarta En-mienda era escudar a los ciudadanos únicamente contra registros encaminados a ocupar evidencia a ser utilizada en procesos penales. Los registros administrativos sólo afectaban la periferia de los intereses protegidos por la disposición constitucional. En Camara v. Municipal Court, 387 U.S. 523 (1967), se derogó a Frank, resolviéndose que, en ausencia de circunstancias apremiantes, los registros administrativos requieren el consentimiento de la persona afectada o una orden judicial debidamente emitida. See v. City of Seattle, 387 U.S. 541 (1967), expandió la norma de Camara a otros géneros de situaciones. Pocos años más tarde, en Colonnade Corp. v. United States, 397 U.S. 72 (1970) y United States v. Biswell, 406 U.S. 311 (1972), Camara y See, supra, sufrieron considerable erosión, bamboleándose su norma. La regla adquirió nueva vitalidad, no obstante, en Almeida-Sánchez v. United States, 413 U.S. 266 (1973); G. M. Leasing Corp. v. United States, 429 U.S. 338 (1977); y Marshall v. Barlow’s, Inc., 436 U.S. 307 (1978). Véase: M. Lacek, Camara, See, and Their Progeny: Another Look at Administrative Inspections Under the Fourth Amendment, 15 Colum. J. L. & Soc. Probs. 61 (1979); M. Rothstein and L. Rothstein, Administrative Searches and Seizures: What Happened to Camara and See?, 50 Wash. L. Rev. 341 (1975).

En Puerto Rico hemos expresado que la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado ampara a los ciudadanos contra citaciones administrativas irrazonables. E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983). En Pueblo v. Rodriguez, 107 D.P.R. 804 (1978), examinamos la entrada sin orden judicial de agentes de Rentas Internas al negocio del apelante, donde se vendían bebidas alcohólicas sin licen-cia para ello. El Art. 101 de la Ley de Bebidas Núm. 143 de 30 de junio de 1969, permitía al Secretario o sus designados la entrada “en cualquier destilería, fábrica, planta, estable-cimiento comercial o almacén sujeto a las disposiciones de esta ley para realizar investigaciones relacionadas con esta ley”. El acusado había consentido a la inspección y confir-mamos la condena. Afirmamos, no obstante, que “esa facul-tad concedida al Secretario por el estatuto no es una ilimita-da e irrestricta. Si el dueño o su representante objetan, no procede hacer uso de la fuerza para llevar a cabo la inspec-ción”. Pueblo v. Rodríguez, supra, págs. 807-808. En Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 D.P.R. 21 (1969); Cooperativa Cafeteros P.R. v. Colón Torres, 84 D.P.R. 278 (1961); y Srio. de Hacienda v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 666 (1960), el énfasis recayó más bien en el alcance de la investigación administrativa. No discutimos la cuestión referente a la aplicación de la garantía constitucional contra allanamien-tos, registros e incautaciones irrazonables.

En el caso de autos se presenta de lleno esta última cuestión. Resolvemos que, sujeto a contadas excepciones de alcance rigurosamente definido, la garantía contenida en la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico cubre tanto los registros administrativos como los penales. La regla general es, en consecuencia, que todo registro, allanamiento o incautación que se realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa. Los tres objetivos históricos que persigue la garantía: proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intrusión, Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 429-431 (1976), se justifican en uno u otro tipo de registro. Según se expresó en Camara, supra, pág. 530:

. . . we cannot agree that the Fourth Amendment interests at stake in these inspection cases are merely “peripheral.” It is surely anomalous to say that the individual and his private property are fully protected by the Fourth Amendment only when the individual is suspected of criminal behavior.

El peso particular de los intereses públicos y privados en conflicto puede variar según los hechos. Circunstancias de emergencia pueden provocar excepciones a la regla general. Para ejemplos en otras jurisdicciones de algunas excep-ciones admitidas, véanse: North American Storage Co. v. Chicago, 211 U.S. 306 (1908) (incautación de alimentos con-taminados); Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905) (vacunación compulsoria); Kroplin v. Traux, 165 N.E. 498 (Ohio 1929) (destrucción sumaria de ganado enfermo).

La particularidad de la autorización para el registro concedida por un estatuto no impide per se la aplicación de la regla general. En Marshall, supra, el Art. 8(a) de la Occupational Safety and Health Act facultaba a los agentes del Secretario del Trabajo a allanar cualquier establecimiento sujeto a las disposiciones de la ley. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que inspecciones fundadas en tal disposición, sin autorización judicial, violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Consideramos que Marshall tiene valor persuasivo en esta jurisdicción en situaciones análogas. La regla general prevalece, a menos que se consienta al registro, directa o indirectamente, o circunstancias de emergencia requieran lo contrario y el peso de los intereses en conflicto exija una solución distinta. La simple autorización del registro por la Asamblea Legislativa no obvia la regla general. Valga señalar también que la deseabilidad de actuar por sorpresa no basta para detener la aplicación de la regla general. La obtención de una orden judicial ex parte le permite al gobierno preservar el elemento de sorpresa. Véase: Marshall, supra, pág. 316.

Más adelante se examinan el estatuto que regula las actividades de la O.A.M. y la relación de los hechos de este caso con la regla general.

2. El requerimiento y la incautación directa de documentos son conceptos distintos.

En E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, así como en P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976); Cooperativa Cafeteros P.R. y Comisionado de Seguros, supra, hablamos del ámbito de las investigaciones admistrativas. Expresamos en P.R. Tel. Co. que la investigación debe estar dentro de la autoridad de la agencia, que el requerimiento no debe ser demasiado indefinido y que la información solicitada debe ser pertinente a la investigación. La O.A.M., en su ale-gato ante este foro, trata este caso básicamente como si el planteamiento central fuese determinar el alcance de la investigación. Ese problema está presente, pero la cuestión principal en este caso no es tanto el alcance de la investi-gación como el método de conducirla. Este Tribunal no ha tenido ocasión de enfrentarse de lleno a este segundo problema.

3. La garantía contra los allanamientos, registros e incautaciones irrazonables del Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico se extiende a los establecimientos comerciales.

Antes de comenzar a discutir el problema del método de las investigaciones administrativas, de las condiciones del procedimiento para su ejercicio, debe precisarse si la ga-rantía constitucional citada protege a los establecimientos comerciales. La contestación en Estados Unidos es que sí. Las corporaciones están protegidas por las disposiciones de la Cuarta Enmienda. Hale v. Henkel, 201 U.S. 43 (1906); Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920) (Holmes); Go-Bart Co. v. United States, 282 U.S. 344 (1931). Los establecimientos comerciales, sean o no propiedad de corporaciones, pueden invocar la Cuarta Enmienda. See v. City of Seattle, supra, pág. 543. En See, al sostener el Tribunal Supremo de Estados Unidos la negativa a que se inspec-cionase sin orden judicial por el Departamento de Bomberos de Seattle un almacén cerrado, se rechazó una vez más el argumento de que tan sólo las residencias están amparadas por la referida disposición constitucional.

En cuanto al aspecto que nos ocupa en esta sección, See no enuncia un principio investido a lo sumo de valor persua-sivo, aceptable o no por las cortes estatales de última instan-cia —y aquellas que ocupan una posición comparable— sino que define el ámbito mínimo de la garantía constitucional envuelta. En consecuencia resolvemos que la regla general consagrada en el Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico se aplica a los establecimientos comerciales.

4. Las condiciones para la expedición judicial de órdenes de registro administrativo.

a) Los requisitos del estatuto.

Una orden judicial de allanamiento, registro e incautación tiene naturalmente que cumplir, en primer término, con las condiciones que imponga la Asamblea Legislativa. El Art. 15 de la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. see. 271, provee en parte:

(1) Se autoriza al Secretario de Justicia a designar como fiscales especiales al Secretario Auxiliar y a los abogados ads-critos a la Oficina de Asuntos Monopolísticos que más ade-lante se crea. Cada uno de dichos funcionarios así designado tendrá todas las atribuciones y facultades de un fiscal, pudiendo actuar como tal ante cualquier Sala del Tribunal Superior en cualquier caso criminal en que se impute la vio-lación de cualesquiera de las disposiciones de este Capítulo.
(2) Toda persona citada como testigo por cualquiera de dichos abogados estará obligada a comparecer y a testificar, o a presentar libros, archivos, correspondencia^] documentos y todo otro tipo de evidencia que se le requiera en cualquier investigación, procedimiento, o proceso criminal relacionado con este Capítulo. A cualquier persona podrá requerírsele, en adición a, o en sustitución de, su comparecencia personal, que ponga a disposición de los funcionarios del Departamento de Justicia, en el local en que dicha persona mantenga su nego-cio, para inspección, copia o reproducción, cualquier documen-tación u otra evidencia de la clase descrita. El material así obtenido por los abogados del Departamento de Justicia podrá utilizarse por dicho Departamento en cualquier procedimiento autorizado por este Capítulo.

El Art. 16 (10 L.P.R.A. see. 272) dispone en parte a su vez:

(1) Compilar y ordenar información sobre las prácticas competitivas en el mercado de Puerto Rico y sobre la relación de éste con los mercados de Estados Unidos y del extranjero, con el fin de determinar cuáles prácticas conllevan restric-ciones al libre comercio y propenden a la indebida concen-tración del poder económico, y requerir de cualquier persona, según se define dicho término en este Capítulo, aquellos informes que se consideren necesarios a tales fines, debiéndose prescribir por reglamento los períodos que cubrirán dichos informes, así como la forma y el contenido de los mismos. Dichos informes podrán requerir, no sólo información interna con relación a la persona afectada, sino también información pertinente a las relaciones comerciales de ésta con otras per-sonas. El dejar de rendir un informe dentro del término fijado reglamentariamente constituirá delito menos grave y la persona que incurriere en el mismo podrá ser castigada con una multa no mayor de mil (1,000) dólares o cárcel por un término no mayor de noventa (90) días o ambas penas. En el caso de una corporación la multa mínima será de quinientos (500) dólares.
(2) Llevar a cabo las investigaciones necesarias y tomar la acción correspondiente para asegurarse del cumplimiento de sus propias órdenes y las de los tribunales de justicia, dictadas al amparo del presente Capítulo.

Se habrá advertido que el Art. 15(2) expresa que “A cual-quier persona podrá requerírsele ... que ponga a disposición de los funcionarios del Departamento de Justicia, en el local en que dicha persona mantenga su negocio, para inspección, copia o reproducción, cualquier documentación u otra evi-dencia de la clase descrita”. Esta autorización para el reque-rimiento de prueba no puede interpretarse como un permiso para irrumpir sin orden judicial válida en un estableci-miento comercial no abierto al público. De interpretarse así, la constitucionalidad del estatuto peligraría seriamente. Marshall, supra. Preferimos la interpretación que obvia el problema constitucional.

Obsérvese también que la disposición a que nos hemos referido faculta a requerir documentación, mas no especifica el procedimiento para ello. Tal procedimiento tampoco se consigna en otras partes de los Arts. 15 y 16 citados. Nuestro estatuto contrasta con la legislación federal sobre la materia. Ésta define claramente los pasos a cumplirse por el Depar-tamento de Justicia. 15 U.S.C. see. 1311 et seq.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no puede irrumpir sin permiso en una residencia o establecimiento comercial y requerir allí la información que, a su solo arbitrio, estime necesaria para una investigación de naturaleza civil. La legislación exige que se le sirva primero copia del requerimiento a la parte interesada. 15 U.S.C. see. 1312. El requerimiento debe ser específico y no podrá vul-nerar las normas aplicables a las citaciones. Ibid. Si la persona concernida rehúsa entregar la información, el Depar-tamento de Justicia únicamente puede instar demanda en corte, como se hizo en E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, para poner en vigor una orden. 15 U.S.C. see. 1314. Sobre la expedición ex parte de órdenes, véase: W. R. LaFave, Search & Seizure — A Treatise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1978, Vol. 3, pág. 196 et seq. Cuando el estatuto que autoriza la inspección no prescribe el procedimiento para realizarla, las reglas restrictivas que normalmente impone la garantía contra los' allanamientos, registros e incautaciones irrazonables tienen, a fortiori, que aplicarse. Véase: Donovan v. Dewey, 452 U.S. 594 (1981). Veamos esas reglas.

b) La determinación de causa probable. En el caso de registros administrativos el estándar para medir la existencia de causa probable es diferente.

En ausencia de consentimiento o circunstancias apremiantes, como hemos indicado, un registro administrativo no puede realizarse sin orden judicial fundada en causa probable. Puede concebirse razonablemente que el concepto tradicional de causa probable en los procedimientos administrativos es idéntico o, al menos, análogo al exigible en el caso de los registros con finalidad penal. No obstante, la tendencia más vigorosa en Estados Unidos es a distinguir entre ambos. Camara v. Municipal Court; See v. City of Seattle; y Marshall v. Barlow’s, Inc., supra; Michigan v. Tyler, 436 U.S. 499 (1978). Nos inclinamos a pensar, y así lo resolve-mos, que existen diferencias entre los dos tipos de registro, y aun entre clases de registros administrativos entre sí.

La relación entre los valores concernidos puede variar de contexto a contexto. Consideramos que existen diferencias entre el procedimiento criminal y el administra-tivo de orden civil que son de tal índole que en determinadas circunstancias justifican en el contexto administrativo una visión más flexible de la garantía constitucional en lo que respecta a la forma de medir la causa probable. Por ejemplo, los registros policíacos se efectúan por funcionarios arma-dos. El registro de este género se percibe públicamente como algo más ofensivo que una inspección administrativa. El daño potencial a la reputación es mayor. El grado de intrusión con la intimidad y dignidad del intervenido es, en suma, generalmente más intenso en los registros penales que en los administrativos. Esta distinción justifica estándares diferentes, menos rigurosos, para fijar la naturaleza de la prueba necesaria para establecer causa probable en casos de registros administrativos. Mientras estos adquieran más visos de carácter penal, sin embargo, más se acercarán los dos géneros de registro. Véase: Michigan v. Tyler, supra. Si el objetivo primario de un registro administrativo es obtener evidencia para un proceso penal, deberá cumplirse con las normas tradicionales exigibles en las causas de naturaleza criminal. Del otro lado, si en el curso de una inspección civil bona fide se descubre prueba utilizable en un proceso penal, ello de por sí no invalidará el registro.

Las inspecciones o investigaciones rutinarias y programadas, basadas en principios neutros, son las que más claramente validan el empleo de la causa probable no tradicional. Se cumple así más fácilmente el propósito de escudar a la ciudadanía contra actuaciones gubernamentales arbitrarias. De ahí que en la minoría de las jurisdicciones se estime que cuando la investigación administrativa se inicie por motivo de una querella o de una confidencia deberá utilizarse un tipo de causa probable más parecido al que se exige en el procedimiento penal. R. Rader, OSHA Warrants and Administrative Probable Cause, 33 Baylor L. Rev. 97, 104-108 (1981); Comentario, Fourth Amendment Implications of Warrantless Occupational Safety and Health Act Inspections, 82 Dick. L. Rev. 773, 796 (1978); Rothstein y Rothstein, supra, pág. 348; Nota, Administrative Search Warrants, 58 Minn. L. Rev. 607, 641-642 (1974). Véanse, además: Marshall v. Central Mine Equipment Co., 608 F.2d 719, 720-721 (8th Cir. 1979); Matter of Brickner, 453 F. Supp. 91 (E.D. Wis. 1978); United States v. Anile, 352 F. Supp. 14 (N.D. W. Va. 1973). La posición mayoritaria, con la que coincidimos, se funda en la convicción de que el orga-nismo administrativo no debe ser penalizado, mediante la exigencia de un grado de causa probable mayor, por el simple hecho de que se la ha advertido de la necesidad de inspeccionar determinado establecimiento en particular. Para estos estudiosos del problema, la dicotomía entre regis-tros programados y no programados carece de fundamento. M. Rothstein, OSHA Inspections after Marshall v. Barlow’s, Inc., 1979 Duke L.J. 63, 91 (1979); Lacek, supra, págs. 93-96; Nota, The Fourth Amendment and Housing Inspections, 77 Yale L.J. 521, 533 (1968). Véanse, además: United States v. Acklen, 690 F.2d 70, 73 (6th Cir. 1982); Burkart Randall Div. of Textron, Inc. v. Marshall, 625 F.2d 1313, 1317 (7th Cir. 1980); Matter of Searches and Seizures Conducted, etc., 665 F.2d 775 (7th Cir. 1981); In the matter of Establishment Inspection of Gilbert & Bennett Mfg. Co., 589 F.2d 1335, 1338 (7th Cir. 1979); United States v. Consolidation Coal Co., 560 F.2d 214, 218 (6th Cir. 1977); United States v. Goldfine, 538 F.2d 815, 819 (9th Cir. 1976); United States v. Blanchard, 495 F.2d 1329, 1330-1331 (1st Cir. 1974).

Consideramos que la insistencia de algunos sectores de opinión en que los registros administrativos no programados deben acercarse lo más posible, si no unirse, al concepto de causa probable tradicionalmente empleado en los casos penales no responde adecuadamente a las realidades y valores envueltos. Los procesos administrativos son demasiado variados y complejos para encajarlos en un número reducido de moldes. Es cierto que las clasificaciones sencillas ejercen poderosa atracción. Facilitan la determinación y aplicación del derecho, objetivo loable. Sin embargo, el logro de ese propósito no debe hacerse a costa de otros objetivos igualmente meritorios. Lo cierto es que este problema pre-senta una gran diversidad de situaciones en que el peso de los intereses públicos y privados fluctúa. Distintas catego-rías de casos exigen formas diferentes de armonizar los inte-reses en juego. La naturaleza del registro, su periodicidad y razón para llevarse a cabo, son sólo algunos de los factores a considerarse. Exigir que se cumpla prácticamente con la causa probable tradicional en todo caso en que el registro no sea rutinario o responda a una queja, puede dificultar innecesariamente los procesos administrativos. Pueden eri-girse vallas adecuadas contra la arbitrariedad y protegerse debidamente la intimidad de personas y empresas, a la par que se distingue entre géneros de situaciones.

Por el mismo motivo rechazamos la posición de algunas cortes y comentaristas que predican el empleo de la causa probable tradicional cuando el estatuto en que se funda el registro impone sanciones penales. Esta es otra norma exce-sivamente mecánica. Compárese: Comentario, Administrative Inspection Procedures under the Fourth Amendment — Administrative Probable Cause, 32 Alb. L. Rev. 155, 175-176 (1967), con United States v. Jamieson-McKames Pharmaceuticals, 651 F.2d 532 (8th Cir. 1981), cert. denegado: 455 U.S. 1016 (1982); y United States v. Prendergast, 585 F.2d 69 (3rd Cir. 1978).

La naturaleza, alcance y onerosidad de la intervención gubernamental son elementos más realistas a sopesar. La guía esencial es demostrar al juzgador la ausencia de arbitrariedad en la selección del lugar a inspeccionar y la razonabilidad del registro.

A la luz de lo anterior, examinemos el grado de prueba requerido para el establecimiento en situaciones como la de autos de causa probable para un registro.

c) Los elementos de la causa probable en casos como el presente.

Aunque hemos resuelto que el recibo de una queja o confidencia no resulta mecánicamente en que haya que emplear el criterio penal o algo parecido a él, tampoco podrá establecerse causa probable para un registro administrativo con la simple afirmación por la agencia, como sucedió aquí, que “tiene motivos fundados para creer que los demandados requeridos han violado los artículos 2, 3, 4, 7 y 8 de la Ley de Monopolios de Puerto Rico”. En otras jurisdicciones está firmemente sentado que expresiones de tal generalidad no bastan para demostrar la razonabilidad de la intervención. In the matter of Establishment Inspection of Gilbert & Bennett Mfg. Co., supra, pág. 1339; Weyerhaeuser Co. v. Marshall, 452 F. Supp. 1375 (E.D. Wis. 1978); In the matter of Establishment Inspection of Northwest Airlines, Inc., 587 F.2d 12 (7th Cir. 1978). En situaciones tales el organismo administrativo debe explicar en qué se basan esos “motivos fundados”; cuál fue la información precisa recibida, aunque no la identidad de la fuente, si es que ésta debe razonablemente mantenerse en el anonimato; la naturaleza detallada de la supuesta violación y la fecha de su ocurrencia hasta donde alcance la información del organismo administrativo; la fecha en que se enteró la agencia de la información alegada. Se ilustrará al juez, además, sobre el día, la hora, el objetivo, si civil o penal, y el alcance de la inspección a realizarse, así como sobre la pertinencia de la información específica solicitada y la autorización estatutaria para requerirla. Véanse: In the matter of Establishment Inspection of Gilbert & Bennett Mfg. Co., supra; In the matter of Establishment Inspection of Federal Clearing Die Casting Co., 484 F. Supp. 215 (N.D. Ill. 1980); Marshall v. North American Car Co., 626 F.2d 320 (3rd Cir. 1980); Empire Steel Mfg. Co. v. Marshall, 437 F. Supp. 873 (D. Mont. 1977).

El requisito constitucional de la causa probable para la autorización judicial de allanamientos, registros e incautaciones existe, como hemos indicado, entre otras razones, para interponer el juicio ponderado e imparcial de un magistrado entre el arbitrio de los administradores y la ciudadanía. Las solicitudes para la autorización de registros no pueden ser peticiones a los magistrados para que efectúen, sin base suficiente, actos de fe. Tales solicitudes tienen que fundarse en hechos concretos, particularizados, que le permitan al juez desempeñar adecuadamente su delicada función. Si la inspección corresponde a un pro-grama, ésta debe describirse y la solicitud explicar cómo el registro requerido forma parte de él, In the matter of Establishment Inspection of Northwest Airlines, Inc., supra, pág. 15. Los criterios neutros utilizados para seleccionar el local a inspeccionarse deben señalarse también. In the matter of Establishment Inspection of Gilbert & Bennett Mfg. Co., supra, pág. 1341. La piedra de toque, reiteramos, viene a ser esencialmente la presentación al juez de los hechos demos-trativos de la neutralidad y objetividad administrativas al seleccionar el establecimiento a inspeccionarse y de la razo-nabilidad del registro dentro de las circunstancias que se especifiquen en la solicitud.

La solicitud de registro presentada en el caso de autos incumple varios de los requisitos expuestos. La sensible omisión de toda exposición fáctica de los “motivos fundados” en que se basa la solicitud basta para su rechazo.

Los principios reseñados en esta opinión se refieren a investigaciones de carácter civil. De interesarle a la O.A.M. efectuar una investigación criminal deberá cumplir en vez con los criterios tradicionales, mucho más rigurosos, para ese género de casos. Reafirmamos, del otro lado, en todos sus aspectos, nuestras expresiones en P.R. Tel. Co., supra, sobre las amplias facultades investigativas de la O.A.M. Las compañías y personas afectadas tienen la obligación de suministrar toda la información legalmente requerida. De cuestionarse la legalidad de una orden de registro o de un simple requerimiento, el tribunal de instancia podrá dictar las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la investigación.

No podemos, por último, pasar por alto la forma en que se intentó conducir los registros en este caso. A tal efecto, hacemos nuestras las acertadas palabras del ilustrado juez de instancia:

Por último, reprochamos la actitud desplegada por los fun-cionarios de la OAM durante las visitas a los respectivos lugares de negocios de las compañías siendo investigadas. Si bien la ley establece como delitos el rehusar contestar alguna pregunta, sin excusa legal, y negarse a presentar o a permitir la inspección de libros, documentos y otros escritos, no es menos cierto que las corporaciones en cuestión tienen ciertos derechos y garantías constitucionales, y que no es distintivo de una sociedad democrática que se nutre en el respeto a la ley el intentar forzarles a renunciar a tales derechos mediante la constante amenaza de encarcelamiento e incluso del uso de un amplio poder aun cuando ya éste había sido limitado por orden del Tribunal.

Por las razones expuestas se anula la orden de registro expedida. Como medida provisoria, se mantendrán sellados, como hasta ahora, los documentos no examinados por la O.A.M. hasta que el tribunal de instancia disponga otra cosa. La O.A.M. podrá, en cualquier momento, presentar en instancia otra petición para la autorización del registro con-forme a las normas reseñadas aquí.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual, Negrón García y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

      (1) Los documentos solicitados, según se desprende de la petición, fueron los siguientes:
      a) Estados financieros mensuales (Profit and Loss Statements) de los años 1981, 1982 y 1983.
      b) Diarios personales u oficiales preparados por los Gerentes de Ventas y Mer-cadeo donde se consignen las transacciones de negocios realizadas y aproba-das diariamente por éstos.
      c) Los ajustes de crédito (Journal Voucher) que se encuentren en posesión de los representantes o empleados de las corporaciones requeridas o en su lugar de trabajo u oficina y en especial aquellos que se encuentren en el Departa-mento de Crédito.
      d) Todas las facturas para los años 1981, 82 y 83 donde se evidencien las com-pras de concentrados de Coca-Cola, CO2 plásticos, latas, cajas de cartón y los plásticos que retienen las latas, botellas plásticas y de vidrio.
      e) Toda factura que para los años 1981, 82 y 83 evidencie los costos de distri-bución del producto manufacturado, la depreciación, los gastos administra-tivos, los costos del combustible utilizado por los vehículos que distribuyen el producto (gas y gasolina).
      f) Todos los documentos, facturas, memoranda, cartas, comunicaciones o cual-quier otra evidencia escrita donde se concedan descuentos (allowance or rebate) a sus clientes para los años de 1981 a 1983.
      g) Todas las agendas de las reuniones de los Gerentes de Venta, Gerente de Mercadeo, Oficiales de la Corporación (presidente, vicepresidente, tesorero, secretario), Gerentes Generales; los reading files de todas las secretarias de los ejecutivos, especialmente de la de los señores Jaime I. del Valle, Luis Núñez, José Irizarry y Carlos Chimini, correspondiente a los años 1981, 82 y 83.
      h) Todos los documentos, archivos, memoranda, facturas, agendas y costos relacionados con el negocio de post-mix.

      i) Todo documento demostrativo de la comisión de una práctica ilícita de comercio.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Rosario Calvo Mangas, demandante y recurrida, v. Víctor M. Aragonés Jiménez, demandado y recurrente.

      Número: R-83-237

      Resuelto: 29 de marzo de 1984

      Elmer Ramírez Vincenty, abogado del recurrente; Hermes Acevedo Lebrón, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En 1963 Víctor M. Aragonés Jiménez, siendo soltero, adquirió en Añasco dos solares con sus respectivas estructu-ras. Satisfizo $3,000 por cada uno. Tres años más tarde con-trajo matrimonio con Rosario Calvo Mangas. Durante su vigencia destruyeron una de las casas y construyeron una nueva. En el otro inmueble sobre la primera planta de hor-migón añadieron una segunda de madera. Además adqui-rieron varios bienes e, inclusive, establecieron un negocio comercial conocido como “Sandra Shop”. En 1980 se divor-ciaron.

La Señora Calvo solicitó la liquidación de la sociedad de gananciales. Un contador partidor rindió un informe que oportunamente el tribunal de instancia acogió en su senten-cia. A petición de Aragonés Jiménez revisamos.

I

El primer señalamiento gira en torno a los dos inmuebles mencionados. El contador partidor les asignó un valor de $60,000 y $33,000. Esa apreciación corresponde a su valor al momento de la liquidación. Sobre este extremo no hay con-troversia. La hay sobre el monto del crédito a que tiene derecho Aragonés Jiménez por haberlos adquirido antes del matrimonio. El contador partidor decidió que era el costo al tiempo de su adquisición. Incidió.

El precepto legal que gobierna la fiel solución del caso y bajo el cual examinamos separadamente cada inmueble es el Art. 1304 del Código Civil. Reza:

Las expensas útiles, hechas en los bienes peculiares de cual-quiera de los cónyuges mediante anticipaciones de la sociedad o por la industria del marido o de la mujer, son gananciales.
Lo serán también los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonán-dose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca. 31 L.P.R.A see. 3644.

A— Casa en Calle Victoria núm. 30

Preliminarmente hemos de dilucidar si este inmueble es ganancial o privativo.

En su verdadera dimensión, el segundo párrafo del citado artículo () consagra la denominada “accesión al revés o la antiaccesión”. J. M. Reyes Monterreal, El Régimen Legal de Gananciales, Madrid, Ed. Gráficas Menor, 1962, pág. 154. Es una excepción al principio general de la accesión de superficies solo cedit establecido en el Art. 294 del Código Civil. () Piazza v. Registrador, 78 D.P.R. 301, 307 (1955); Salazar v. El Registrador, 27 D.P.R. 63, 66-67 (1919); J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 710,1er párr. Como norma general las edificaciones son accesorias al suelo. Bajo esta premisa, si se construyen a costa de la sociedad legal de gananciales serían del cónyuge dueño del solar conforme el primer párrafo del precepto. Sin embargo, según su segundo párrafo estos edificios son gananciales y se abona el valor del terreno al cónyuge propietario del suelo. Manresa, op. cit. O sea, la sociedad de gananciales, que es la propietaria de la edificación, adquiere el terreno.

Resolvemos que este inmueble es ganancial. La demo-lición de la estructura original y edificación de una nueva en nada altera esta conclusión si, como ocurrió, la demolición fue total. () J. García Granero, Edificación con dinero ganancial en suelo propio de uno de los cónyuges, 34 Rev. Der. Privado 193, 211 (1950); Manresa, op. cit, pág. 712.

Aclarado el carácter ganancial del inmueble subsiste la interrogante: ¿en qué momento se tomará para valorizar el crédito del cónyuge dueño del solar? La respuesta exige precisar cuándo es que la sociedad adquiere el suelo para entonces fijar su valor. García Granero, op. cit., págs. 213-215.

La doctrina admite que caben tres probabilidades: (1) al comienzo de la obra; (2) al terminarse el edificio; o (3) al liquidarse la sociedad de bienes. García Granero, op. cit., págs. 213-214. Este autor con buen juicio descarta la pri-mera. Razona que el citado Art. 1304 aduce y se refiere a “edificios construidos”. Entiende que la terminación de la construcción es condición sine qua non para su aplicación.

Respecto a la tercera posibilidad —al tiempo de liqui-darse la sociedad— reconoce varios argumentos a su favor. Señala que teóricamente se puede argüir que el traspaso se realiza al efectuarse la indemnización. Y, también, que no es hasta que se liquida la sociedad que se conoce si hay pérdi-das o ganancias, esto es, si realmente existen bienes ganan-ciales. Aun así, también prescinde de ella porque en su análisis final le convencen las razones, cuantitativas y cuali-ficativas, que existen a favor de la segunda.

A tal efecto, en apoyo de la segunda alternativa, como razones de peso aduce que: (1) la construcción del edificio es en sí la causa de la transferencia; (2) en su dinámica conceptual operativa, la figura jurídica que aflora es la de una compraventa con precio aplazado, pues no resulta necesario la entrega previa o coetánea del precio del solar para la adquisición de su dominio; y (3) aunque cierta y realmente no puede determinarse si el edificio es ganancial hasta la liquidación de la sociedad, ese mismo fenómeno ocurre, en general, con todo bien adquirido durante el matrimonio y ello no impide que la norma legislativa repute ganancial tales adquisiciones. García Granero op. cit., págs. 213-215. A tono con ese razonamiento concluye que el valor del solar a los efectos del crédito que tiene el cónyuge propietario del suelo cuando se liquide la sociedad, será cuando se terminó la construcción de la edificación. íd., pág. 215. Con esta opinión coinciden varios autores. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. I, pág. 673; Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. XXII, pág. 429; E. Vaz Ferreira, Tratado de la Sociedad Conyugal, 2da ed., Montevideo, Ed. Martín Bianchi, 1963, T. I, págs, 329-330. En contra, vide A. De Cossío, La Sociedad de Gananciales, en Tratado práctico y crítico de Derecho Civil, Madrid, Ed. Inst. Nac. Est. Jur., 1963, T. 50, Vol. I, pág. 74.

Estimamos que la posición mayoritaria es la más co-rrecta y justiciera. () Por lo tanto, erró el ilustrado tribunal a quo al dejar de reconocer y adjudicar, como crédito al que tenía derecho Aragonés Jiménez, el valor del solar al momento en que se terminó de construir la nueva edificación. En este particular la sentencia será modificada.

B— Casa en la Calle Victoria núm. 62

Nuevamente, dependiendo de si se aplica el primer o segundo párrafo del Art. 1304 estaremos ante un bien priva-tivo o ganancial. Ello determinará a quién pertenece ese crédito. Como hechos esenciales valga recordar que la pri-mera planta de la edificación era de hormigón. Fue adqui-rida antes del matrimonio por el recurrente. La segunda se construyó vigente el matrimonio y es de madera.

La glosa considera, como requisitos necesarios para que aplique el segundo párrafo, () que las edificaciones sean obras independientes y principales y se construyan de nueva planta. Gatcía Granero, op. cit., pág. 210; J. L. La Cruz Berdejo y F. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, Vol. I, pág. 234; B. C. Sánchez Cañete, El artículo 1.U0J+ del Código Civil y las declaraciones de obra nueva, 27 Rev. C. Der. Inmob. 785, 791 (1954); Puig Brutau, op. cit., pág. 669; Manresa, op. cit., pág. 711. Ello excluye, por lo tanto, este tipo de construcción.

Una edificación como la de autos, segunda planta, no encaja en el segundo párrafo del citado Art. 1304. A este tipo de construcción le aplica el primero. Se considera más bien una expensa útil. Sánchez Cañete, op. cit, pág. 796; Man-resa, op. cit, pág. 708. Por ende, lógicamente todo el bien, tanto el solar como el edificio —ambas plantas— siguen siendo privativos.

Esta circunstancia no representa un destierro absoluto para la sociedad de gananciales. Aunque se argumenta que existe una cotitularidad o condominio entre el cónyuge propietario y la sociedad, la doctrina favorece concederle solamente un derecho de crédito. Puig Brutau, op. cit., pág. 707; Scaevola, op. cit., pág. 424; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 9na ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. V, Vol. I, pág. 368. Véase además la Sentencia Núm. 122 del Tribunal Supremo de España de 25 de mayo de 1950.

Esa solución implica decidir si dicho crédito es por el dinero gastado en la expensa o el aumento en valor del bien mejorado. A su vez, esta última alternativa conlleva precisar cuál ha de ser el momento en el que se computa este valor. () D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 7ma ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, Vol. IV, págs. 274-275.

Existen varias teorías. Se ha expresado que sólo se tiene derecho a la suma ganancial invertida o al valor del trabajo realizado por los cónyuges y no al aumento en el valor del bien privativo que la expensa le ha proporcionado. Puig Brutau, op. cit., pág. 664; Castán, op. cit, pág. 368; Scaevola, op. cit., pág. 424; A. M. Borrel y Soler, Derecho Civil Espa-ñol, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. IV, págs. 430-431; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. V, pág. 154; De Cossío, op. cit., pág. 72. En circunstancias apropiadas, pero sin elabo-rarse, esta solución la adoptamos en García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 326-328 (1978) y Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442, 448-449 (1968).

Por otro lado, Manresa señala que está de acuerdo en que sea el dinero invertido lo que se le deba a la sociedad cuando se haya realizado el gasto. Ahora bien, si la mejora es por el trabajo o la industria de los cónyuges, o una parte es del caudal de la sociedad y la otra se debe a ese trabajo, o se desconoce la suma invertida, el crédito ganancial debe ser el aumento en valor del bien privativo. Manresa, op. cit., págs. 45-46.

Otra posición, adoptada en la legislación de varios países, reclama que sea el aumento en valor del bien. Véase Royo Martínez, Derecho de Familia, Sevilla, 1949, pág. 202, según citado por O. V. Torralba Soriano, Las expensas útiles del apartado primero del articulo l.kOk del Código Civil, 46 Rev. Der. Inmob. 93, 111-112 n. 36 (1970); el Art. 1.485 del Código de Venezuela y el núm. 60 del Art. 1.1916 del Código de Uruguay, según citados por Manresa, op. cit., pág. 708.

Todos estos comentaristas y tratadistas examinan muy brevemente la cuestión. Frente a este tratamiento subsiste la tesis de Torralba Soriano, op. cit., quien la discute amplia-mente y sustenta una posición distinta. Este autor objeta la doctrina de que el crédito sea por lo gastado, porque puede conducirse a un resultado injusto cuando la mejora se ha deteriorado y no produce un aumento. En cuanto a la solución de que sea el incremento en valor, se opone. No sería justo para el cónyuge propietario cuando el aumento es mayor que lo gastado y se debe, en por lo menos parte, al propio bien. Sobre esta posición señala además que choca con el principio accesorium sequitur principale en el caso de que el aumento en valor sea considerable.

También descarta otra posibilidad. Aquella basada en el Art. 382 del Código Civil —Art. 453 español — () mediante la cual se consideraría al cónyuge propietario como poseedor de buena fe a escoger entre pagar los gastos útiles y el aumento en valor. Aduce como razón de mayor peso que el crédito se limitará como máximo a lo gastado, pues si el aumento en valor excede esta suma, el propietario optará por el importe de lo invertido.

Ante estas opciones, propone la tesis del aumento en el valor con ciertas modificaciones. Torralba nos señala que debe distribuirse el aumento en valor entre el cónyuge, pro-pietario y la sociedad de gananciales en proporción al valor del bien y al costo de la mejora al momento en que ésta se hizo. Como ventaja apunta que la sociedad tendría interés en hacer las mejoras y éstas se considerarían una buena inver-sión si se le da participación adecuada en el aumento en valor. Otra razón favorable es que tal solución es más consis-tente con la razón de la ganancialidad pues, según ésta, todos los beneficios y aumentos en valor por el esfuerzo o trabajo de los cónyuges deben ser gananciales.

De todas las posiciones señaladas, la última es la más justa y correcta en nuestro ordenamiento jurídico. Toma en cuenta el interés de que la sociedad de gananciales se benefi-cie de sus inversiones, estimula que las haga y a la vez no perjudica al cónyuge propietario. Éste siempre retiene su derecho a percibir el incremento en valor que tiene su bien, independientemente de la mejora.

Debe modificarse la sentencia recurrida a estos efectos y hacerse el ajuste correspondiente.

II

El segundo planteamiento versa sobre el valor concedido al negocio “Sandra Shop” localizado en el inmueble de la Calle Victoria núm. 30, adjudicádole a la recurrida Calvo Mangas. El contador partidor sumó el inventario de mer-cadería, los muebles y enseres y las cuentas por cobrar y le restó las cuentas a pagar. Aragonés Jiménez alega que se debió determinar e incluir los beneficios que la recurrida Calvo Mangas devengó desde el divorcio hasta su liquidación mientras ella estuvo en exclusiva posesión del mismo y la plusvalía del negocio (good will) como un activo.

Sobre el primer aspecto, es claro, según los Arts. 105 y 1315 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 381 y 3681, que una vez el matrimonio es disuelto por sentencia de divorcio, concluye la sociedad. García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 395 (1974); Vega v. Tossas, 70 D.P.R. 392, 395 (1949). Al terminarse dicha sociedad, surge una comunidad de bienes ordinarios entre los ex cónyuges que se rige, a falta de contrato o disposiciones especiales, por las normas de dicha figura jurídica establecidas en los Arts. 326 al 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1271-1285. García López v. Méndez García, supra, pág. 395. Véase además, García v. Montero Saldaña, supra, págs. 331-332.

Al acudir al Art. 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1272, notamos que cada comunero participa en los beneficios y las cargas de la comunidad en proporción a su cuota. En casos como el de autos, la participación de los comuneros —ex esposos— es por partes iguales. Art. 1322, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3697. El recurrente Aragonés Jiménez, en principio, tiene derecho a participar en la mitad de esos beneficios.

Ahora bien, de los autos surge que en la sentencia de divorcio se condenó al recurrente Aragonés Jiménez a pagar una pensión alimenticia de $400 más todos los beneficios que se devengaran del negocio “Sandra Shop” hasta que se liquidara la sociedad. Por esta razón el contador partidor estimó que el recurrente no tenía razón en su planteamiento de que tales beneficios debieron formar parte del caudal ganancial. Incidió. Una vez se disuelve el matrimonio, y hasta la liquidación de la sociedad, los alimentos de los hijos se reparten entre los padres en proporción a su caudal en los bienes gananciales. López Martínez v. Yordán, 104 D.P.R. 594, 597 (1976). Si uno paga en exceso de lo que le corres-pondía, tiene un crédito a su favor por ese excedente. Véase López Martínez v. Yordán, supra, págs. 597-598. En este sentido el informe del contador partidor es erróneo. No toma esta norma en consideración. Deben hacerse también los cómputos correspondientes y modificarse la sentencia.

Resta decidir si procede incluir el valor comercial desa-rrollado (good will) como un activo del negocio de las partes, y que según vimos, le fue adjudicado exclusivamente a la recurrida Calvo Mangas. Anteriormente, sin discusión, hemos aceptado que es un activo. Véanse Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 281 (1964); Yumet v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 680, 699-701 (1958); Sucn. González v. Roque González & Cía., 33 D.P.R. 569 (1924).

Existe gran debate sobre lo que la doctrina denomina empresa. Es un concepto no reglado sistemáticamente por nuestro Derecho positivo. () Ante esta laguna la doctrina científica ha intentado construir una teoría jurídica y como consecuencia se han elaborado varias tesis sobre su natura-leza jurídica. () No hemos detectado, como tal, una posición mayoritaria. Existe confusión hasta en la terminología que se usa. Véase E. Langle y Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II, págs. 31-37.

Para fines decisorios no es menester refrendar una de esas posiciones. Se acepta que al valorar una empresa debe incluirse no sólo el activo neto del balance contabilizado, sino también los elementos que por su naturaleza no pueden ser estimados en ese balance y que completan su verdadero valor. C. Massó Escofet, Criterios y métodos de valoración del fondo de comercio, 58 Rev. Jur. Cataluña 212 (1959); Sentencia Núm. 18 del Tribunal Supremo de España de 13 de enero de 1944, 5 Rev. Gen. Leg. Jur. 136 (1944). La doctrina en general acepta la existencia, entre los elementos integrantes de la empresa aquí pertinentes, de las llamadas “relaciones materiales de valor económico”. A. Polo Diez, Valoración del fondo de comercio, 58 Rev. Jur. Cataluña 201, 202 (1959). También se les conoce como las “relaciones de hechos”. J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, Ed. Aguirre, 1976, Vol. I, págs. 193-194. Estas son las expectativas y la clientela. Aunque también existen diferencias en la doctrina sobre su concepto y naturaleza, las examinaremos a base del consenso general.

Primeramente, las expectativas son las perspectivas de obtener ciertos beneficios a base de la organización de la empresa y de las circunstancias favorables y consecuencias derivadas de esa organización. Garrigues, op. cit., pág. 194; Langle y Rubio, op. cit., pág. 38; F. Soto Nieto, El traspaso de locales de negocio, Barcelona, Ed. Nereo, 1968, pág. 23. También se le conoce como aviamiento, () achalandage, good will y chancen. Langle y Rubio, op. cit., pág. 37. Las diversas teorías sobre su naturaleza jurídica coinciden en reconocer su valor patrimonial. R. Uría, Derecho Mercantil, 12ma ed., Madrid, Ed. Aguirre, 1982, pág. 38; R. Gay de Montellá, Elementos constitutivos del fondo de comercio como valor incorporal, 58 Rev. Jur. Cataluña 206, 209 (1959); Soto Nieto, op. cit., pág. 22; Langle y Rubio, op. cit., págs. 38-39.

Por otro lado, la clientela se define como el conjunto de personas que de hecho mantienen relaciones continuas con la empresa en demanda de servicios o bienes. Garrigues, op. cit., pág. 193; Langle y Rubio, op. cit., pág. 40; D. A. Calvo Alfageme, La empresa mercantil como objeto de negocios jurí-dicos, 1 Anales de la Academia Matritense del Notariado 511, 522 (1945). Es el resultado y la manifestación externa del aviamiento. Aunque no existe un derecho a ella —porque no es susceptible de dominio jurídico— ciertamente es una noción jurídica y un valor económico. Garrigues, op. cit., pág. 193; Polo Diez, op. cit., pág. 205.

El problema surge al tratar de valorizar estos elementos. Gay de Montellá, op. cit., pág. 210; Massó Escofet, op. cit., págs. 212-213. Reconocemos que existen varios métodos. () Sin embargo, en el caso de autos, el récord está huérfano y no hubo prueba sobre cuál utilizar, y por ende, adjudicar. En justicia debe devolverse el caso a instancia para que dicho foro resuelva el método y base a usarse, y claro está, el valor, si alguno, que tienen estos elementos en el estableci-miento comercial aquí envuelto.

Se dictará sentencia en la que se devuelva el caso al tribunal de instancia, para la continuación de procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asocia-dio Señor Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

      (1) Fue eliminado en el nuevo Código Civil español. Véase J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común yforal, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. V, Vol. I, pág. 385. En Francia no existe disposición análoga, pues la norma es que las edificaciones en terrenos privativos de un cónyuge son de la misma naturaleza que el solar. Véase A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1955, T. VI, págs. 198-199.

      (2) Dispone:
      “Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y las mejoras o reparacio-nes hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos, con sujeción a lo que se dispone en las secciones siguientes.” 31 L.P.R.A. see. 1161.

      (3) Si se conserva parte de la edificación antigua, la cuestión debe resolverse caso a caso. A priori, de manera inflexible no puede establecerse una regla general. J. García Granero, Edificación con dinero ganancial en suelo propio de uno de los cónyuges, 34 Rev. Der. Privado 193, 211 (1950); E. Vaz Ferreira, Tratado de la Sociedad Conyugal, 2da ed., Montevideo, Ed. Martín Bianchi, 1963, T. I, pág. 330.

      (4) Lo expresado al respecto en contrario en Espéndez v. Vda. de Espéndez, 85 D.P.R. 437, 445 (1962), fue un dictum y por lo tanto no nos obliga.

      (5) Son varios los requisitos establecidos para que aplique esta disposición. Véase García Granero, op. cit, págs. 208-213. En el caso de autos sólo está envuelto el que exige que se trate de una edificación.

      (6) Esta incógnita ha sido resuelta en el nuevo texto del Código Civil español al incorporarse el apartado 2 del Art. 1359 que establece:
      “No obstante, si la mejora hecha en bienes privativos fuese debida a la inver-sión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad será acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la mejora, al tiempo de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejo-rado.” Citado en D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 7ma ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, Vol. II, pág. 275.

      (7) El Art. 382 dispone:

        “Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se los satisfagan.
      “Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión, por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.” 31 L.P.R.A. see. 1468.

      (8) Existen varias disposiciones dispersas en nuestras leyes que se refieren a la empresa. Véanse, por ejemplo, los Arts. 201 y 269 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sees. 1573 y 1773 y el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5142. Igual situación existe en España. Véase M. De la Cámara, Estudios de Derecho Mercantil, 2da ed., Jaén, España, Ed. Der. Financiero, 1977, T. I, Vol. 1, págs. 13-23. Donde único hemos encontrado un intento de reglamentarla es en Italia. Véanse los Arts. 2082 y 2555 del Código Civil italiano de 1942.

      (9)Para una explicación de éstas, véanse De la Cámara, op. cit., págs. 8-13; J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, Ed. Aguirre, 1976, Vol. I, págs. 168-173; D. A. Calvo Alfageme, La empresa mercantil como objeto de negocios jurídicos, 1 Anales de la Academia Matritense del Notariado 511, 524-533 (1945).

      (10) Este término fue usado en el siglo XV por el Cardenal de Lucca y la cien-cia italiana moderna lo ha resucitado. R. Gay de Montellá, Elementos constitutivos del fondo de comercio como valor incorporal, 58 Rev. Jur. Cataluña 206, 209 (1959). Aunque hay autores que sostienen que las expectativas y el aviamiento son distin-tos, en general, se equiparan los conceptos. Véanse: F. Soto Nieto, El traspaso de locales de negocio, Barcelona, Ed. Nereo, 1968, pág. 23; E. Langle y Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II, págs. 37-40.

      (11) Véanse como ejemplos, los señalados en el Art. 3 de la Ley de Contratos de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 278b); Yumet v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 680, 700 n. 8 (1958); C. Massó Escofet, Criterios y métodos de valoración del fondo de comercio, 58 Rev. Jur. Cataluña 212, 213-214 (1959); T. Watkins, What Price Good Will, 42 U. Det. L.J. 531 (1965); H. Kohn, Valuation of Good Will, 14 W. Reserve L. Rev. 207 (1963).