author: Juez Asociado Señor Torres Rigual() Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    José, mejor conocido por Pepito Torres Silva, etc., et al., demandantes y recurrentes, v. El Mundo, Inc., y United Press International, Inc., demandados y recurridos.

      Número: R-76-155

      Resuelto: 18 de octubre de 1977

      Otero Suro <6 Otero Suro, Rodrigo Otero Bigles y José R. Otero, abogados de los recurrentes; Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogados de El Mundo, Inc.; Francis, Doval, Colorado & Carlo y Arturo Trías, abogados de United Press International, Inc. y Star Publishing Corporation.
   Opinión emitida por el

Juez Asociado Señor Torres Rigual()

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila, Mar-tín y Negrón García.

Este caso plantea importantes cuestiones relacionadas con la norma de responsabilidad aplicable a un periódico por la publicación de información errónea de carácter difama-torio.

El 26 de agosto de 1974 los periódicos El Mundo y el San Juan Star publicaron la noticia de que Pepito Torres Arroyo, hijo del Director de la Orquesta Siboney, Pepito Torres Silva, fue arrestado y acusado en tres casos de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y de perversión de menores. () La información fue suministrada a estos rotativos por la co-recurrida United Press International, Inc., en virtud de un contrato de suministro de noticias. Ambos rectificaron pron-tamente la información haciendo constar que la persona arrestada — José Torres Arroyo — no era hijo del Director de la Orquesta Siboney, Pepito Torres Silva.

Torres Silva es un conocido Director de Orquesta ya reti-rado. Fundó y dirigió la Orquesta Siboney por más de 20 años, retirándose como su Director en el 1971, aunque oca-sionalmente acompaña actividades de esta orquesta cuando las mismas se celebran cerca de su residencia en la Playa de Vega Baja. Grabó discos para varias casas y amenizó por espacio de quince años el “Show Libby’s” que se transmitía por radio y televisión; también amenizó bailes y actividades sociales. Torres Silva y su Orquesta Siboney han sido men-cionados en periódicos, revistas, programas sociales y de tele-visión. Fue entrevistado en uno de los programas del “Show de Tommy” por el productor de televisión Tommy Muñiz. Nunca ha ocupado cargos públicos ni ha participado directa o indirectamente en asuntos públicos o de interés general para la comunidad.

El tribunal de instancia dictó sentencia sumaria desesti-mando la demanda incoada por Torres Silva contra los men-cionados rotativos y contra United Press International, Inc., al considerar que de acuerdo con los hechos esbozados no había posibilidad alguna de que el recurrente demostrara la existencia de malicia real. Concluyó el tribunal que Torres Silva se había convertido en figura pública por sus activi-dades como Director de la Orquesta Siboney y, en consecuen-cia, le era aplicable la norma de responsabilidad que limita la reclamación de daños a la reputación causados por la pu-blicación de información difamatoria a los casos en que se demuestre que la publicación fue hecha a sabiendas de que la misma era falsa o en grave menosprecio de si era falsa o no. Fundó su fallo en New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967) y Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973).

Torres Silva sostiene en su recurso de revisión que el tribunal de instancia incidió al considerarlo figura pública y, como consecuencia de ello, condicionar su reclamación a la existencia de malicia real.

El estudio que hemos hecho de la cuestión nos convence que, si bien fue errónea la conclusión del tribunal de instan-cia catalogando al recurrente Torres Silva como figura pública y aplicarle una norma restringida de responsabilidad, debemos, sin embargo, confirmar la sentencia recurrida por los fundamentos que discutiremos más adelante. Procederé-mos a analizar la doctrina constitucional imperante para luego aplicarla a los hechos específicos de este caso.

I

NORMA DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

La formulación y aplicación a casos específicos de una norma de responsabilidad que satisfaga el interés social pro-tegido por la libertad de prensa de promover la discusión franca y vigorosa de los asuntos públicos y el interés en la protección del ciudadano contra la publicación de informa-ción difamatoria falsa, ha sido fuente de controversia dentro y fuera de la esfera judicial. Véanse al efecto New York Times v. Sullivan, supra; Curtis Publishing Co. v. Butts, supra; Rosenbloom v. Metromedia, 403 U.S. 29 (1970); Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974); Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448 (1976); Robertson, David W.: Defamation and the First Amendment, 54 Texas L. Rev. 199 (1976); Anderson, David A.: A Response to Professor Robertson: The Issue is Control of Press Power, 54 Texas L. Rev. 271 (1976); Note: An Analysis of the Distinction Between Public Figures and Private Defamation Plaintiffs Applied to Relatives of Public Persons, 49 So. Cal. L. Rev. 1131; Comentario: Sowing the Seeds of Gertz, 43 Brooklyn L. Rev. 123 (1976); Eaton, Joel D.: The American Law of Defamation Through Gertz v. Robert Welch, Inc., and Beyond, 61 Va. L. Rev. 1349 (1975); Keeton, Robert: Some Implications of the Constitutional Privilege to Defame, 25 Vand. L. Rev. 59 (1972); Kalven, Harry: The New York Times Case: A Note on “The Central Meaning of the First Amendment,” The Supreme Court Rev. 191 (1964); The Supreme Court Term, 88 Harv. L. Rev. 139 (1974-75). Véanse además, Cortés Portalatin v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975) y Chico v. Editorial Ponce, Inc., supra.

New York Times v. Sullivan, supra, marca un nuevo hito en el fortalecimiento de la garantía constitucional de la libertad de prensa al determinar que la publicación de un informe falso o comentarios injustificados relacionados con la conducta oficial de un funcionario público están inmunes de reclamaciones por libelo y gozan de un privilegio restringido, a menos que la información fuera publicada a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no. Será necesario de ahí en adelante que el funcionario público demuestre la existencia de malicia real como requisito indispensable, para ser indemnizado por daños a su reputación. Id. a las págs. 279-280. La nueva doctrina asegura el espacio vital para el mantenimiento de un clima saludable, de puertas abiertas, en la discusión franca y vigorosa de la conducta y de las ejecutorias de los funcionarios públicos.

Se intentó extender esta doctrina a las acciones de libelo ejercitadas por una persona privada por la publicación difamatoria falsa relacionada con su participación en un asunto de interés público o general. Rosenbloom v. Metro-media, supra. La naturaleza del asunto independientemente de la condición de la persona difamada como determinante para la aplicación de la doctrina vino a constituir un serio obstáculo a las acciones de daños por libelo, en menoscabo del interés individual en la protección de la reputación. Reconociendo esta dificultad y la tensión que inevitablemente produce la afirmación de un interés social sobre otro, en Gertz v. Robert Welch, Inc., supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos elaboró una fórmula de conciliación de ambos intereses, el de la libertad de prensa y el de la reputación de la persona. Se ubica el ámbito de uno y otro interés en la naturaleza del “status” de la persona injuriada. Si la persona injuriada es un funcionario público o una figura pública la norma de responsabilidad aplicable será la restrictiva, de New York Times v. Sullivan, supra. Pero si la persona in-juriada no es figura pública, sino privada, las leyes esta-duales podrán establecer una norma de responsabilidad menos exigente siempre que no sea la de responsabilidad sin falta, Gertz v. Robert Welch, supra, a la pág. 347. Tam-poco podrá presumirse daños a menos que se pruebe malicia real. Id. a la pág. 349.

El fundamento racional de la dicotomía figura pública-privada consiste en que la figura pública, por lo general, goza de un acceso mayor a los medios de comunicación para re-futar la publicación difamatoria y contrarrestar su efecto. Además, se asume que la figura pública se ha expuesto volun-tariamente al riesgo de un juicio más riguroso por el público. Pero tal asunción no se justifica en el caso de las figuras pri-vadas que no se han lanzado a la palestra pública y cuyo in-terés en la reputación personal no ha sido menguado por ninguna actuación voluntaria de su parte. La reparación del daño en estos casos es más digna de ser atendida y más justi-ficado el interés del estado en proteger su reputación. Gertz v. Robert Welch, supra.

La jurisprudencia señala los rasgos más peculiares de la figura pública, a saber: 1) especial prominencia en los asuntos de la sociedad, 2) capacidad para ejercer influencia y persuasión en la discusión de asuntos de interés público y 3) participación activa en la discusión de controversias públicas específicas con el propósito de inclinar la balanza en la resolución de las cuestiones envueltas. Time, Inc. v. Firestone, supra a la pág. 443; Gertz v. Robert Welch, Inc., supra a las págs. 342, 345 y 351; Curtis Publishing Co. v. Butts, supra a las págs. 145-164.

Gertz define la figura pública en los siguientes términos:

“En su mayor parte aquellos que alcanzan este status han asumido roles de especial prominencia en los asuntos de la socie-dad. Algunos ocupan posiciones de tal poder e influencias que se consideran figura pública para todo propósito. Mas comúnmente, aquellos clasificados como figura pública se han lanzado a la palestra de una controversia pública en particular para influir en-, las soluciones de las cuestiones envueltas.” Gertz, a la pág. 345.

Esta definición se ratificó en Time, Inc. v. Firestone, a la pág. 453.

Hemos visto como progresivamente el régimen de responsabilidad civil establecido en la Ley de Libelo y Calumnia, 32 L.P.R.A. see. 3141 et seq., ha sido modificado por estas doctrinas constitucionales que proscriben la presunción de malicia, la responsabilidad sin falta y la presunción de daños.

W H-4

STATUS DEL RECURRENTE

¿Puede afirmarse que el recurrente Torres Silva es una figura pública conforme los criterios que hemos reseñado? Torres Silva es un Director de Orquesta conocido y, sin duda, respetado y admirado en el mundo de la farándula. Más aún, su nombre puede ser familiar en algunos sectores de la comu-nidad, pero no tiene, sin embargo, tal notoriedad y promi-nencia en la vida puertorriqueña, en los asuntos de nuestra sociedad, que lo convierta en una figura pública. Tampoco se ha lanzado a la palestra pública en una controversia sobre el problema de las drogas que es el asunto al que se refiere la información difamatoria que dio motivo a este pleito.

La conclusión del tribunal de instancia considerán-dolo figura pública es, a la luz de lo anterior, equivocada pero ello no es suficiente para la revocación de la sentencia recu-rrida, a menos que concluyéramos que los recurridos incurrie-ron en negligencia al publicar la información a que se re-fiere este caso. Ello es así porque al no proceder la imposición de responsabilidad sin falta, Gertz v. Welch, supra, ésta sólo puede prosperar sobre la base de negligencia que es la norma formulada por el Código Civil en el Art. 1802, 31 L.P.R.A. see. 5141, para las acciones de reclamación de daños. La ac-ción de libelo es una acción de resarcimiento de daños dirigida a vindicar el interés social en la reputación de la persona, razón por la cual encaja perfectamente en la norma de res-ponsabilidad estatuida en el Art. 1802. Antes de la formula-ción de la nueva doctrina ya habíamos aplicado a una acción de libelo la norma de responsabilidad establecida en el Art. 1802 en otras circunstancias. Véase Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963). Su aplicación a todas las acciones de libelo ejercitadas por personas privadas está en armonía con los nuevos desarrollos doctrinales.

Procede ahora que formulemos los criterios que configu-ran la determinación de negligencia en este caso para resolver si, en efecto, el recurrente adujo prueba para sustanciar su causa de acción.

III

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NEGLIGENCIA

El tribunal de instancia determinó como hechos incontro-vertidos que la información sobre el arresto de Pepito Torres Arroyo fue suministrada a los periódicos El Mundo y The San Juan Star por United Press International. El Sr. Eyter Piñón, reportero de United Press en el área de Mayagüez cubrió la información visitando la estación de policías donde fue informado por el Teniente Luis Nieves que la persona arrestada era hijo del conocido Director de Orquesta Pepito Torres. El Teniente Nieves ha sido a través de los años una fuente confiable de noticias para el reportero Piñón. Varios policías corroboraron la información del Teniente Nieves con respecto a los lazos de parentesco existentes entre el arrestado y el recurrente Torres Silva. Piñón envió la noticia por telex a la oficina de United Press International, siendo recibida por la Srta. Sherryll Brownstein, quien le dio curso como parte de su deber de mantener al público informado de noti-cias de interés general, sin que con ello mediara malicia al-guna hacia el recurrente Torres Silva. Piñón no conocía al recurrente ni tenía motivo alguno para dudar de la asevera-ción del Teniente Nieves y de los otros policías. La Srta. Brownstein tampoco conocía a Torres Silva y consideraba a Piñón uno de los reporteros más competentes de la empresa.

Surge, además, de la sentencia recurrida, que alrededor de cinco años antes de publicada esta noticia Torres Silva obtuvo información de que una persona de nombre José Torres Arroyo alegaba que era hijo suyo y por tal motivo visitó el periódico El Mundo donde fue entrevistado por la reportera Isabelita Cintrón. Su visita ocasionó que se publi-cara el 26 de septiembre de 1969 un artículo titulado “Director Orquesta Demandará Músico por Falsa Representa-ción.” ()

La formulación de los criterios para la determinación de negligencia en este contexto debe propiciar la armonización de los intereses en conflicto. A esos fines consideramos de utilidad los siguientes factores que deberán ser tomados en consideración:

1) La naturaleza de la información publicada, la impor-tancia del asunto que trata y especialmente si ésta es difama-toria de su propia faz y puede preverse el riesgo de daños.

2) Origen de la información y confiabilidad de su fuente.

3) Razonabilidad del cotejo de la veracidad de la infor-mación tomando en consideración el costo en términos de dinero, tiempo, personal, urgencia de la publicación, carácter de la noticia y cualquier otro factor pertinente.

La información publicada en este caso quizá pueda ser considerada molestosa y desconcertante para el recurrente Torres Silva pero no es difamatoria de su propia faz. Nótese que la información no le imputaba a Torres Silva la comisión del delito informado en la noticia sino a Torres Arroyo, quien no es parte en el pleito. No puede considerarse difamatoria la información errónea de que éste era hijo de aquél. Uno de los valores más preciados en nuestra sociedad es que a las personas se les juzga por hechos propios y no por asociación de parentesco o de otra índole con otras personas. Pero, aun si el grado de parentesco se considerara difamatorio, el riesgo de daños sería mínimo en este caso porque según las alega-ciones de Torres Silva él no tiene hijos varones, lo que es de conocimiento de sus familiares, vecinos, amigos y de las per-sonas cuyo juicio usualmente nos preocupa. Las molestias ocasionadas a Torres Silva ciertamente fueron remediadas por la pronta rectificación del error por los periódicos recu-rridos.

Es de notar que la información se refiere a un asunto de interés general como es el tráfico de drogas y los esfuerzos de la sociedad en combatirlos y no a un asunto de limitado interés.

La información se recibió de un servicio confiable de su-ministro de noticias como lo es United Press International. Esta lo obtuvo a su vez de un oficial de la policía que en la experiencia del reportero Piñón era una fuente confiable, siendo, además, corroborada por otros policías. Los recurri-dos podían razonablemente descansar en la veracidad de la información suministrada por United Press International.

Imponerles a los periódicos en estas circunstancias la verificación de la información recibida constituiría una norma de autocensura en conflicto con la garantía constitucional de la libertad de prensa. Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374 (1967). La verificación de noticias es un proceso costoso en dinero, tiempo y personal que sólo debe exigirse cuando de la propia faz de la información surgen dudas de su veracidad o cuando la información pueda ser fácilmente comprobada debido a circunstancias especiales. Robertson, op. cit., a la pág. 261; Defamation Law After Gertz, 69 Nw.U.L.Rev. 960 (1975), cf. Washington Post Co. v. Keogh, 365 F.2d 965 (1966).

Ya vimos que la información publicada en este caso no era difamatoria ni de su propia faz surgen dudas de su veracidad.

El recurrente tampoco ha aducido prueba de que los perió-dicos recurridos mantengan un archivo clasificado de per-sonas privadas en el cual pudieran fácilmente constatar la veracidad de la información. Es, por demás, muy poco probable que ellos mantengan este tipo de archivo ya que los periódicos no llevan archivo de personas privadas. Robertson, op. cit, 262, nota 387.

Las anteriores consideraciones nos convencen que los hechos concluidos por el tribunal de instancia son insuficientes para determinar que los recurridos actuaron negligentemente al publicar la información a que se refiere este pleito.

IY

En resumen, para que prospere una acción de libelo es necesario que la persona difamada alegue y pruebe que: a) la información difamatoria es falsa, b) en el caso de funcionarios o figuras públicas, que se publicó a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no, c) en el caso de la persona privada, que la publicación se hizo negligentemente y d) que se causaron daños reales.

Establecemos así un balance razonable entre el interés social encarnado en la libertad de prensa y el interés individual en la reputación protegido por la Ley de Libelo y Calumnia, supra, y reconocemos la importancia relativa de cada uno de ellos en nuestro ordenamiento constitucional.

En orden a los anteriores fundamentos se dictará senten-cia confirmando la aquí recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió; el Juez Asociado Señor Rigau no intervino; el Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió opinión a la cual se unen los Jueces Aso-ciados Señores Dávila, Martín y Negrón García; el Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto concurrente al cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

—O—

Opinión concurrente con la sentencia, del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 1977

Al igual que la mayoría no considero libelosa la noticia inserta en el periódico El Mundo referente al parentesco del director de orquesta Pepito Torres con un individuo arres-tado por infracción de la Ley de Sustancias Controladas.

Mas difiero fundamentalmente de su razón de decidir atada sin necesidad a precedentes foráneos y a doctrinas ex-trañas a nuestra cultura y contrarias a preceptos terminan-tes de nuestra Constitución y leyes. () Al amparo de ellas ha disfrutado la prensa del país de inigualable libertad y se ha elaborado una doctrina jurisprudencial fundada en el privilegio restringido y presunción de malicia que ha servido bien al ideal de armónica coexistencia entre la libertad de prensa y la preservación del honor y la reputación personal. Véanse anotaciones bajo 32 L.P.R.A. sees. 3141-3149. De ello dan testimonio las reiteradas declaraciones de la S.I.P. y demás congresos de periodistas que año tras año, invaria-blemente, destacan a Puerto Rico como uno de los pocos pueblos del mundo en que la libertad de prensa alcanza su pleni-tud. La opinión sin decirlo intenta desmantelar y arrumbar el valioso acervo de jurisprudencia patria, revocando de paso sus más recientes expresiones que son Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975), y Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). Constituyen vibrantes voces de nuestra doctrina histórica la declaración del Juez MacLeary: “[E]s la libertad de prensa y no la licencia desen-frenada lo que se intenta proteger por esta disposición de la Constitución.” en Ex Parte Bird, 5 D.P.R. 247, 252; y el siguiente fundamento de decisión en In Re Balbás, 16 D.P.R. 109, 113: “. . . [E]s indiscutible el derecho que tiene el perio-dista para censurar los actos públicos y oficiales de toda autoridad o funcionario, así como el de criticar y discutir razonadamente todas las resoluciones de cualquier tribunal de justicia por alto que éste sea después de terminado el juicio o procedimiento, pero sin infringir con las palabras y conceptos estampados en el periódico las leyes penales a las que está sometido como otro ciudadano cualquiera que tenga libres y sanas sus facultades mentales.”

No se justifica descartar el Derecho patrio en pro de deci-siones pragmáticas de tribunales norteamericanos en un campo que se halla en estado fluido, con vaivenes mercuriales. El propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, recono-ciendo la variedad de conceptos morales aún dentro de los estados federados, ha dejado en manos de la Asamblea Legis-lativa estatal la formulación de política respecto a las dis-tintas expresiones pornográficas. Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973); Hamling v. United States, 418 U.S. 87 (1974). No veo razón para que Puerto Rico no tenga la misma autonomía para trazar su propia línea entre perio-dismo y difamación. La diversidad de estados y comunidades es una de las fuentes de creatividad en el derecho constitu-cional americano de nuestros días. Desoyendo la apertura del Tribunal Supremo nacional que alienta la expresión na-tiva en materia de ética, tradición y moral públicas, no hemos podido superar la rutina de adhesión.

La eliminación de la presunción de malicia en el libelo per se (Art. 5 de la Ley) tiene proporciones de desastre en términos de civilización. Bajo la doctrina que acoge la otra expresión concurrente precariamente sostenida en Gertz v. Welch, ( ) 418 U.S. 323 (1974); 41 L.Ed. 2d 789, un hombre honrado calificado de ladrón por un periódico vendría obligado a probar su honradez, entre otras cosas, e igual cuesta pro-cesal tendría que repechar una mujer honesta que ve su honor enredado en titulares.

Este Tribunal responde esencialmente a los valores pre-servados y enaltecidos en nuestra propia legislación. A las fuentes extrañas se acude para tomar de ellas lo bueno que pueda integrarse a nuestro Derecho sin el trauma de un tras-plante que el organismo rechaza. ¿O es que regresamos a la euforia innovadora a ultranza, descartando la tradición jurí-dica por el último eco de Idaho, Utah o California?

Los hechos de este caso son de solución simple. La de-manda no pasa la prueba de suficiencia y el auto fue indebi-damente expedido. Ha sido innecesaria esta incursión en los difusos predios del Norte al punto de inyectar “el costo en términos de dinero” (pág. 425, ponencia) como uno de los factores atenuantes de responsabilidad en libelo. La prensa que honra sus credenciales constitucionales respetando dere-chos humanos de igual jerarquía, se ha sentido libre y en salud hasta ahora en nuestro país, sin la ortopedia de Gertz y sus antepasados inmediatos que en gesto oficioso le ofrece ahora el inocuo voto mayoritario, y que en resultado final abriría puertas al abuso del derecho en la desigual confron-tación entre el periódico y la persona que difiere de sus puntos de vista, o que es tema de sus columnas.

Creo que este Tribunal ha debido formular, y en gran medida ratificar, su doctrina autóctona en torno a los funda-mentales derechos de libertad de expresión y protección del honor y la vida íntima, de la que dolorosamente se aparta el voto concurrente del Juez Torres Rigual. La desviación ni siquiera se justifica ante los ojos de aquellos que anteponen la libertad de palabra al derecho de privacidad y esencial dignidad humana, toda vez que con los hechos que este caso presenta, no había necesidad de renegar de nuestra doctrina para absolver al periódico. Al tomar este curso la mayoría, aun cuando académica, transgrede su propia norma en cuanto a que los tribunales deben evitar cuestiones constitucionales si el caso puede ser resuelto por otros motivos. Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971), principio que adoptamos persuadidos por la juridicidad de Ashwander v. Tenn. Valley Authority, 297 U.S. 288, 346-347 (1936), en E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 595-596 (1958), seguido por Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965). Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Martínez Rodríguez v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 629, 642 (1965).

Hubiese confirmado la sentencia del Tribunal Superior desestimando el recurso indebidamente expedido, sin mayor expresión.

      (*)NOTA DEL COMPILADOR: Esta opinión no fue certificada como opinión del Tribunal Supremo.

      (1) La noticia de El Mundo aparecía con el título de “ACUSAN HIJO DIRECTOR ORQUESTA POR DROGAS” y en lo pertinente el texto leía:
      “Pepito Torres Arroyo, hijo del director de la Orquesta Siboney, fue arrestado en Isabela el sábado y acusado de tres casos de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y perversión de menores, según informó la Policía.
      “Torres Arroyo, hijo de Pepito Torres Silva, fue arrestado en una redada de un bar de esa población y conducido ante el juez de paz Nelson Rivera Castillo, quien le impuso $20,000 de fianza, siendo ingresado en la granja Penal El Limón al no poder prestarla.
      “La Policía informó que agentes de la Unidad de Drogas de la Policía ocupó una cantidad indeterminada de marihuana en la redada.
      “Tres mujeres y tres menores también fueron arrestados.
      La noticia del Star aparecía con el título “SIBONEY BANDLEADER’S SON HELD IN CLUB RAID” y se refería a una información similar a la de El Mundo.

      (2)En dicho artículo se dijo, entre otras cosas, que Torres Silva se proponía presentar una demanda por falsa representación contra un joven músico que alegadamente estaba valiéndose de su similitud en los nombres de ambos para hacerse publicidad. Se informó, además, que Torres Arroyo había manifestado que si usaba el nombre “Pepito Torres Junior” era porque en realidad ése era su nombre.

      (1) Art. II, Sec. 1. — La dignidad del ser humano es inviolable. Consti-tución.
      Art. II, Sec. 8. — Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Constitución.
      Art. 118, Código Penal (1974)
      “Toda persona que maliciosamente a través de cualquier medio, o de cualquier modo, públicamente deshonrare, o desacreditare, o imputare la comisión de hecho constitutivo de delito o impugnare la honradez, integri-dad, virtud o buena fama de cualquier persona natural o jurídica, o deni-graré la memoria de un difunto, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses o multa que no excederá de qui-nientos dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.” 33 L.P.R.A. see. 4101.
      Art. 2, Ley de Libelo y Calumnia de 1902
      “Se entiende por libelo la difamación maliciosa que públicamente se hace en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato social, o a perjudicarle en sus negocios; o de otro modo desacreditarle, menospreciarle, o deshonrarle, o cualquiera difa-mación maliciosa publicada, como antes se ha dicho, con la intención de denigrar o deprimir la memoria de un muerto y desacreditar o provocar los parientes y amigos sobrevivientes.” 82 L.P.E.A. see. 3142.
      Art. 5, Ley de Libelo y Calumnia de 1902
      “Se presumirá que existe malicia en cualquier comunicación o escrito infamatorio o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pa-riente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comunicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación semejante.” 32 L.P.E.A. see. 3145.

      (2) Gertz es una decisión por mayoría de 5 a 4 con el Juez Blackmun uniéndose a la mayoría “because his vote was needed to create a majority.”
      El Juez Presidente, uno de 4 disidentes, dijo, “that he would prefer the area of the defamation law with respect to private citizens to evolve as it has up to now, rather than embark on a new doctrine without jurisprudential ancestry.”


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Torres Rigual()

license: Public Domain

text:
    Jesús Zequeira Blanco y su esposa Nellie J. de Zequeira, demandantes y recurridos, v. Periódico el Mundo, Inc., demandado y peticionario.

      Número: O-76-201

      Resuelto: 18 de octubre de 1977

      Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogados del peticionario; Manuel J. Medina Aymat, Angel R. de Corral Julia, Alfonso Miranda Cárdenas y Guillermo Silva Janer, abogados de los recurridos.
   Opinión emitida por el

Juez Asociado Señor Torres Rigual()

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín y Negrón García.

Este caso complementa la decisión emitida en el día de hoy en Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977), con respecto a las normas y principios de derecho que gobier-nan las acciones de libelo ejercitadas por funcionarios públi-cos. Allí consideramos la fase relativa a las acciones de libelo ejercitadas por personas privadas.

En edición del 20 de junio de 1965, el periódico El Mundo publicó un editorial titulado “El Asombroso Caso Ojeda” enjuiciando el sistema de fianzas en casos criminales como uno de patética permisibilidad. Se afirmó en el editorial que el recurrido Zequeira Blanco en el ejercicio de sus funciones como Juez de Distrito había rebajado a $12,000 la fianza a Filiberto Ojeda, quien estaba acusado de violar la Ley de Ex-plosivos. Este hecho no era cierto y El Mundo rectificó pronta-mente la información aclarando que el recurrido Jesús Ze-queira Blanco no había tenido nada que ver con el caso de Filiberto Ojeda Ríos. No obstante, el recurrido Zequeira instó inmediatamente una acción reclamando daños por las alegadas imputaciones libelosas del editorial.

El Mundo solicitó sentencia sumaria para desestimar la demanda aduciendo que para la fecha a que se referían los hechos mencionados en el editorial el recurrido Zequeira era un funcionario público y, por tal razón, tenía que alegar y probar la existencia de malicia real con prueba clara y con-vincente. Acompañó su moción con una declaración jurada suscrita por el Editor de Noticias Darío Cario Vélez de la cual surge que éste obtuvo la información sobre la reducción de fianza del Sr. Ramón Díaz, Director de Relaciones con la Comunidad de la Policía; que era costumbre de los periodis-tas dirigirse al Sr. Díaz para este tipo de información por ser él vocero oficial de la Policía; que conocía al Sr. Díaz hacia más de 25 años manteniendo con él una relación estrecha de amistad y compañerismo, considerándolo una fuente informa-tiva de gran confiabilidad por su vasta experiencia en este campo.

El tribunal de instancia se negó a dictar sentencia su-maria resolviendo que el recurrido Zequeira no tenía que probar malicia real, ya que se trataba de una equivocación en el nombre no siendo de aplicación la norma restrictiva de New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) y que bas-taba para sustanciar su causa de acción prueba de negligen-cia; y, que aun asumiendo que la norma restrictiva fuera aplicable, la declaración jurada presentada por El Mundo en apoyo de su moción de sentencia sumaria no era suficiente para concluir que no existió malicia, y, aunque se pudiera concluir que El Mundo no tenía conocimiento de la falsedad de la manifestación, no podía concluirse que no fue hecha con indiferente menosprecio de si la misma era falsa o no.

Concedimos término al recurrido para que compareciera a mostrar causa, por la cual no se debía expedir el auto, y una vez expedido, revocar la resolución recurrida. Hemos considerado sus argumentos en oposición a la expedición del auto y estamos plenamente convencidos de que la resolución recurrida no puede prevalecer.

La mezcla de conceptos en que incurre la decisión recurri-da hace necesario hacer las distinciones de rigor para man-tener con precisión y claridad la aplicación de las normas de responsabilidad en este caso.

El editorial en cuestión se refiere a hechos acaecidos durante la incumbencia del recurrido Zequeira Blanco en el cargo de Juez de Distrito y en relación con sus ejecutorias oficiales como tal. El era, por tanto, un funcionario público que se rige por la norma restrictiva de New York Times v. Sullivan, supra, al efecto de que para recuperar daños por una manifestación difamatoria es indispensable demostrar la existencia de malicia real, es decir, que la manifestación fue hecha a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no.

La norma de responsabilidad fundada en negligencia sólo se aplica a la acción de libelo ejercitada por una persona privada, conforme nuestra decisión en Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra. Incidió el tribunal de instancia, por tanto, al determinar que Zequeira no venía obligado a demostrar la existencia de malicia real.

No hay alegación de hecho alguna en la demanda sobre la existencia de malicia real, limitándose las alegaciones a la conclusión de derecho de que la manifestación fue hecha con malicia. Tampoco en la oposición a la moción de sentencia sumaria adujo el recurrido hecho alguno para refutar la declaración jurada del Sr. Darío Cario Vélez y establecer una controversia sobre la existencia de malicia real. Esto en sí era motivo suficiente para dictar sentencia sumaria desesti-mando la demanda.

El recurrido insiste en su oposición al recurso que no es necesario probar el elemento de malicia real porque la Ley de Libelo y Calumnia la presume. Ya dispusimos de igual contención en Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, en forma adversa al recurrido.

Reiteramos, en rechazo del argumento del recurrido de que la libertad de prensa sólo cubre la publicación de informaciones correctas, que las manifestaciones erróneas son inevitables en la discusión de los asuntos públicos. El propósito de la garantía constitucional es mantener un clima abierto para la discusión franca y vigorosa de los asuntos de interés público y de la conducta y ejecutoria de los funcionarios públicos. Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra. Por eso, la libertad de prensa incluye tanto la manifestación veraz como la incorrecta; “. . . el ataque vehemente, cáustico y muchas veces desagradablemente punzante al gobierno y funcionarios públicos.” New York Times v. Sullivan, supra a la pág. 270.

La acción del recurrido sólo puede prosperar alegando y probando que El Mundo tenía conocimiento de la falsedad de su afirmación o, por lo menos, que tenía serias dudas en cuanto a su veracidad. Cf. St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727 (1968).

Se dictará sentencia revocando la resolución aquí recu-rrida y desestimando la demanda incoada por el recurrido.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió; el Juez Asociado Señor Rigau no intervino; el Juez Asociado Señor Torres R'igual emitió opinión a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín y Negrón García; los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué con-curren con el resultado por los fundamentos expresados en su voto concurrente en Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415, resuelto en el día de hoy.

      (*)NOTA DEL COMPILADOR: Esta opinión no fue certificada como opinión del Tribunal Supremo.


author: per CURIAM:

text:
    Roberto Meléndez y Otros, demandantes y recurridos, v. Levitt and Sons of Puerto Rico, Inc., codemandada y recurrente.

      Número: O-76-562

      Resuelto: 19 de octubre de 1977

      O’Neill & Borges, Raúl E. González Díaz y Wilda Joy Nin, abo-gados de la peticionaria; Juan T. Peñagarícano, Jr., abogado de los recurridos.
   per CURIAM:

Interesa la peticionaria que revisemos la resolución dictada por el tribunal de instancia por medio de la cual desestimó los siguientes dos planteamientos: (1) que el tribunal carece de jurisdicción para entender en estos casos porque cada uno de los demandantes debió haber cancelado el sello de rentas internas de $10.00 y el sello forense de $1.00 y no habiéndose hecho así, son nulas las demandas y (2) no procede el nombramiento de un Comisionado Especial.

La resolución recurrida sostiene que basta que se cancele un sello de rentas internas de $10.00 y un sello forense de $1.00 para cada una de las demandas. La referida resolución sostiene, además, la procedencia de la designación de un Comisionado Especial en sustitución del que había renun-ciado.

No erró el tribunal al negarse a desestimar las demandas. La omisión de unir a un escrito los correspondientes sellos de rentas internas lo hace nulo e ineficaz y una demanda radicada sin los correspondientes sellos, debe ser tenida por no presentada. Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976). Pero lo que la ley dispone es el arancel que deberá pagarse a los Secretarios de los tribunales por cada demanda en pleito civil contencioso ante el Tribunal Superior, 32 L.P.R.A. sec. 1477 (A). La ley se refiere claramente a cada demanda y no a cada demandante.

El planteamiento de la peticionaria se reduce a cuestionar la acumulación de varios demandantes bajo la Regla 17.1 de las de Procedimiento Civil. Dispone dicha regla:

“Cualquier número de personas podrá acumularse en un pleito, como demandantes o como demandados, si reclamaren o se reclamare contra ellas mancomunada, solidariamente, o en la alternativa cualquier derecho a un remedio relacionado con, o que surja de la misma transacción, evento, o serie de transaccio-nes o eventos siempre que cualquier cuestión de hecho o de derecho, común a todas, hubiere de surgir en el pleito. No será requisito que un demandante o demandado tenga interés en obte-ner o defenderse de todo el remedio solicitado. Podrá dictarse sentencia a favor de uno o más demandantes de acuerdo con sus respectivos derechos a un remedio y contra uno o más de-mandados de acuerdo con sus respectivas responsabilidades.”

Hemos resuelto que: “aun en los casos en que hay una indebida acumulación de partes, ello no constituye motivo para desestimar un pleito.” Torres Reyes v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 398, 400 (1967). Cumplidos los requisitos que señala la Regla 17.1, es discrecional del tribunal de instancia permitir o no la acumulación. Este Tribunal no intervendrá con tal discreción, salvo casos de craso abuso.

Entendemos que no abusó de su discreción el tribunal al permitir la acumulación. La Regla 17.1 exige dos requisitos para que sea permisible la acumulación de demandantes: (1) que reclamen mancomunada, solidaria o alternativamente cualquier derecho a un remedio relacionado con, o que surja de la misma transacción, evento, o serie de transacciones o eventos; (2) la existencia de cualquier cuestión de hecho o de derecho común a todas las reclamaciones. En el presente caso se trata de reclamaciones que surgen de la misma serie de transacciones o eventos. Además hay cuestión de hecho común a todas las reclamaciones, que son los alegados vicios en la construcción de las residencias. () La cuestión de derecho común es la responsabilidad de la constructora por estos vicios.

No podemos favorecer una interpretación restrictiva de esta Regla. En Carrasquillo v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 661 (1963), examinamos la acumulación de demandados y no de demandantes. Es significativo, sin embargo, lo que allí dijimos a la pág. 668: “[l]a tendencia de las cortes es a favorecer la acumulación en aras de evitar el inconveniente, la pérdida de tiempo, y la duplicidad de costas al celebrarse juicios por separado.”

La Regla 20(a) de las de Procedimiento Civil Federal, similar a la Regla 17.1 nuestra, ha sido interpretada liberalmente a favor de la acumulación. Véanse Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, Vol. 7, sees. 1652, 1656 y Moore, Federal Practice, sec. 2005. Así, por ejemplo, se ha permitido a los pasajeros de una guagua que sufren daños en un accidente demandar juntos al causante del daño. Matanuska Valley Lines, Inc. v. Neal, 229 F.2d 136 (1955). Se ha decidido también que nada tiene que ver la ausencia de relación entre las personas que sufren el daño. Es común la práctica de la acumulación de demandantes en pleitos contra compañías constructoras incoados por los que alegan haber sufrido daños en virtud de vicios de construcción. Así, por ejemplo, en Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967), fueron incluidos 75 demandantes. Véase además, Rivera v. Caribbean Home Const. Corp., 100 D.P.R. 106 (1971). En la jurisdicción federal, véase Balkind v. Tri-Pak Development Corp., 17 F.R. Serv.2d 77 (1973). En este caso se permitió bajo la Regla 20(a) la acumulación de varios compradores que demandaron a la vendedora de sus casas por defectos en la construcción de éstas, causados por el uso de unos mate-riales que no eran los que supuestamente debían ser usados.

El segundo error no fue cometido. Desde 1974, año en que se determinó nombrar al Comisionado, “Levitt” tuvo la oportunidad de atacar la procedencia de dicho nombramiento y no lo hizo. Mediante su inacción, la recurrente asintió a la procedencia de tal nombramiento. Su ataque ahora es tardío.

Se confirmará la resolución recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos consistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no inter-vinieron.

      (1) Los vicios alegados en todas las demandas se relacionan entre sí. Dichos vicios se reducen prácticamente a grietas y manchas en los pisos y paredes, losetas y zócalos despegados, desprendimiento del empañetado, filtraciones y grietas en los techos, asentamientos y pintura en malas con-diciones en los marcos de las puertas.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis A. Delgado López, acusado y apelante.

      Número: CR-77-80

      Resuelto: 28 de octubre de 1977

      Cancio & Cando, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Ricardo Alegría Pons y Maribel Pérez Mora, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado y convicto del delito de adultera-ción de leche penado por el Art. 1 de la Ley Núm. 77 de 12 de agosto de 1925, 24 L.P.R.A. see. 791 y siguientes. Alega que erró el tribunal a quo al negarse a ordenar al fiscal que le mostrara un memorandum o exposición de los hechos preparado por el inspector que obtuvo la muestra de leche, único testigo de cargo, y que erró además al condenarle no empece que la muestra se tomó en su vaquería sin que él, due-ño y único encargado, estuviera presente. El segundo apunta-miento es inmeritorio. El primero amerita la revocación.

Disponemos primero del segundo señalamiento. Alega el apelante que la única persona presente en su vaquería cuando el inspector del Departamento de Salud tomó la muestra de leche era un empleado de limpieza. Invoca el Reglamento Sanitario Núm. 96. Su falla es que dicho Reglamento, que requería la “presencia del propietario o encargado del establecimiento” al tomar una muestra, fue derogado por el Núm. 133, de 18 de mayo de 1970, que no exige tal re-quisito. () Se alega en la acusación que la infracción ocurrió el 16 de agosto de 1976. Aunque es deseable, para mayor pureza del procedimiento, que las muestras se tomen en pre-sencia del propietario de la vaquería o de alguna persona que le sea directamente responsable' — compárense Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 64 (1963) y Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169, 174-175 (1963) — tal requisito no es de estricta aplicación en casos como el de autos en que el esta-tuto penal tiene por miras velar por la salud de la comunidad. Pueblo v. Solla, 66 D.P.R. 957 (1947). Tanto es así que para que se cometa el delito no se requiere ni conocimiento ni in-tención por parte del propietario. Pueblo v. Marrero, 93 D.P.R. 694, 696 (1966); Pueblo v. Iturregui, 33 D.P.R. 247, 248 (1924); Pueblo v. Vázquez, 26 D.P.R. 14 (1917). Cabe señalar, además, que aquí la muestra se tomó en presencia de un empleado del dueño que, aunque de escasa preparación, vio el procedimiento, que es de naturaleza sencilla, sin que se demostrase que no lo comprendiera ni que no supiera de qué se trataba. Podía considerarse, a tales efectos, que represen-taba al dueño. Cf. Pueblo v. González, 63 D.P.R. 144, 146 (1944).

En cuanto al primer planteamiento del apelante, surge de la exposición narrativa de la prueba que, mientras declaraba el testigo Ernesto Medina Díaz, empleado del Departamento de Salud que tomó la muestra de leche, expresó que había hecho una “exposición de hechos” que constituye “una decla-ración de él anterior donde relata todo lo que ocurrió,” “la cual tenía consigo en ese momento,” que no había prestado declaración al fiscal y sí le había entregado “esa misma ‘ex-posición de hechos’.” El abogado del apelante solicitó al tribunal que ordenara que se le entregase dicha “exposición de hechos.” El fiscal se opuso “a base de que el documento no formaba parte del expediente ni era un documento bajo jura-mento.” El tribunal lo sostuvo. E.N.P. pág. 5.

En Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961), dejamos sin efecto una serie de casos que exigían que se sentaran bases de impugnación, en el contrainterrogatorio de un testigo de cargo, para poder obtener copia de la declaración prestada por él en el curso de la investigación fiscal. Esta decisión se produjo pocos años después de resolverse Jencks v. United States, 353 U.S. 657, 77 S.Ct. 1007, 1 L.Ed.2d 1103 (1957), que reconoció el derecho del acusado a obtener unos informes regularmente sometidos al Negociado Federal de Investiga-ciones por dos testigos de cargo que, infiltrados en el Partido Comunista, pudieron comprobar que el allí peticionario Jencks era miembro de dicho partido y había por tanto come-tido perjurio al suscribir, como presidente de una unión obrera, una declaración jurada — Affidavit of Non-Communist Union Officer — presentada y archivada en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.

Se sostuvo' en Jencks que tales informes, por ser pertinen-tes, debían entregarse al acusado una vez los que los prepara-ron ocuparon la silla testifical. Como en el caso de autos, tales informes no eran declaraciones juradas ni formaban parte del expediente fiscal. La pertinencia de la “exposición de hechos” preparada por el testigo Medina Díaz es incuestiona-ble. Constituía, según sus palabras, “una declaración de él anterior donde relata todo lo que ocurrió.”

El fiscal está en la obligación de poner a disposición del acusado aquella prueba que sea relevante a su defensa. Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506, 510 (1974); Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974). El interés principal del Estado en una causa criminal “. . . no es ganar un caso, sino que se haga justicia.” Berger v. United States, 295 U.S. 78, 88 (1935) 79 L.Ed. 1314, 1321, citado en Jencks, supra, 353 U.S. 668, 1 L.Ed.2d 1112. “No se debe perder de vista que el objetivo de todo procedimiento judicial es el esclare-cimiento de la verdad.” Pueblo v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 702, 705 (1958). “Después de todo las cortes existen para derribar obstáculos en el camino hacia lo justo.” Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 377 (1973).

Resolvemos que siempre que declare un testigo de cargo, o un testigo presentado por la defensa que hubiere sido renunciado por el fiscal — Pueblo v. Díaz Díaz, 86 D.P.R. 558 (1962) — la defensa tiene derecho a examinar cualquier escrito del testigo sobre el asunto que sea objeto de su testimonio que esté disponible en el momento en que declare y que no tenga carácter privilegiado, no importa que no fuese hecho bajo juramento o que no esté en posesión del ministerio público. Véanse: Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 746 (1968) y Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974).

Se revocará la sentencia apelada y se ordenará la celebra-ción de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)E1 Reglamento Núm. 133 dispone (24 R.&R.P.R. see. 790-504 (e):
      “(e) Toma de muestras. El Secretario queda autorizado a tomar todas las muestras de leche y de productos de leche en los lugares o sitios en que fuere necesario para el cumplimiento de sus responsabilidades y cuando más convenga a las finalidades del servicio. Además de las muestras de leche y productos de leche que estime pertinente, tomará muestras de bactericidas, detergentes, antibióticos, envases, equipo, etc. para las pruebas y exámenes correspondientes.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Petronila Ortiz Serrano, demandante y recurrida, v. Ricardo Ortiz Díaz, demandado y peticionario.

      Número: O-77-283

      Resuelto: 28 de octubre de 1977

      Meléndez Vela y Davison Lampón, abogados del peticionario; la recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Petronila Ortiz Serrano demandó a Ricardo Ortiz Diaz, aquí recurrente, para obtener el deslinde entre dos fincas que antes formaron un solo fundo indiviso perteneciente a ambos. El demandado compareció en autos y contestó la demanda para oponerse.

Mediante escrito fechado el 8 de febrero de 1977, fecha para la cual se había señalado una conferencia con antelación al juicio, la abogada del demandado, Leda. Alma Delgado, solicitó del tribunal de instancia que le permitiera renunciar su representación debido a encontrarse enferma. El tribunal se negó a ello mediante resolución del 10 de febrero. Señalado el caso para juicio para el 28 de marzo, comparecieron la demandante y su abogado. No compareció el demandado. Lo hizo la Leda. Delgado para informar que continuaba enferma, a lo que dispuso el tribunal relevándola de representar al de-mandado. Procedió a celebrar el juicio en ausencia de éste. No surgen de autos las razones por las que el demandado no estaba presente. El tribunal dictó sentencia a favor de la demandante, en que hizo constar:

“El día 4 de marzo de 1977 se señaló y se notificó a las partes la vista en su fondo del caso para el día 28 de marzo de 1977. Llamado el caso para vista en ese día compareció la parte de-mandante personalmente y asistida de su abogado, Ledo. Carmelo L. Marcucci, la parte demandada no compareció personalmente. Con anterioridad a este incidente la Leda. Alma Delgado com-pareció el mismo día al Tribunal y solicitó fuera relevada de toda responsabilidad profesional indicando ella que el deman-dado en forma alguna se había comunicado con ella. Ante esta situación, el Tribunal entendió que el demandado no tenía inte-rés de clase alguna por lo que procedió a la vista del caso en sus méritos.”

Representado por sus actuales abogados, el deman-dado solicitó relevo del efecto de la sentencia al amparo de la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil. () El tribunal denegó de plano la solicitud sin celebrar vista, y el demandado ha recurrido en solicitud de certiorari para que revisemos tal resolución. Sostiene ante nos que la celebración de una vista, una vez se invocó la Regla 49,2, era mandatoria. Cita Constructora del Oeste v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 785 (1969) y Pérez Rodríguez v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 182 (1971).

Debemos revocar, según lo intimamos en resolución de 4 de agosto en que concedimos a la recurrida 15 días para mostrar causa. La recurrida no ha respondido a dicho requerimiento. Precisa, además, que pongamos en claro que la celebración de una vista siempre que se invoque la Regla 49.2 no es necesariamente obligatoria.

La Regla 49.2 provee un mecanismo procesal post sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia. Nada es más frustrante para el logro de ese propósito que negar a una parte su día en corte. No obstante, esta Regla “no es [una] llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente dictada.” Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974). La norma que permea todo el ordenamiento procesal es garantizar “una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.” Regla 1 de Procedimiento Civil. Requerir la celebración de una vista en todos los casos, especialmente si de la faz de la moción es evidente su carencia de méritos, sería obligar a un ejercicio inútil en contravención de esos principios.

Ciertamente, en Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358 (1961), E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 692 (1962), Constructora del Oeste v. Tribunal Superior, supra, y Pérez Rodríguez v. Tribunal Superior, supra, dijimos que al invocarse la Regla 49.2 debía celebrarse una vista, pero en cada uno de esos casos las circunstancias así lo exigían pues para sustanciar lo alegado en la moción era necesario presentar prueba. Siempre que ésa sea la situación, es decir, que se invoquen razones válidas que requieran la presentación de prueba para sustanciarlas, la celebración de una vista será mandatoria. Los citados casos deben interpretarse en el marco de sus hechos. No tienen el alcance de requerir la celebración de vista indiscriminadamente siempre que se in-voque la Regla 49.2.

Aplicando estas normas al caso ante nos concluimos que el tribunal de instancia debió dar audiencia al demandado y oírlo. No surge de los autos ante nos que él tuviera conocimiento del señalamiento para el 28 de marzo. Tampoco está claro si él contaba o no con la representación de la Leda. Alma Delgado pues mientras por una parte surge de su moción de renuncia de representación que fue notificada al demandado, no se desprende del expediente que se le notificara la negativa del tribunal a aceptarla. La renuncia, aceptada luego el mismo día señalado para juicio, en ausencia del demandado y sin su conocimiento no debe militar en su contra. No hallamos base para la conclusión del tribunal de “que el demandado no tenía interés de clase alguna” en el litigio. Todo ello debió dilucidarse en una vista para entonces determinar si procedía dejar sin efecto la sentencia o si se justificaba la sanción impuesta o cualquier otra.

Se expedirá el auto solicitado y se ordenará la celebra-ción de una vista ante el tribunal de instancia para ulteriores procedimientos consistentes con lo aquí expresado.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)La Regla 49.2 dispone:
      “49.2 Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable, descubrí-miento de nueva prueba, fraude, etc.
      Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una senten-cia, orden o procedimiento por las siguientes razones:

        (1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;
      (2) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;
      (3) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado intrín-seco y también el llamado extrínseco), falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa;
      (4) Nulidad de la sentencia;
      (5) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor; o
      (6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.
      Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que la moción se funde en las razones (3) ó (4). La moción se presentará dentro de un término razona-ble, pero en ningún caso después de transcurridos seis meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para (a) conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, orden o procedimiento; (b) conceder un remedio a una parte que en realidad no hubiere sido emplazada; y (c) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal.
      Mientras esté pendiente una apelación de una sentencia, el tribunal apelado no podrá conceder ningún remedio bajo esta Regla 49.2, a menos que sea con el permiso del tribunal de apelación. Una vez que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá concederse ningún remedio bajo esta Regla 49.2 que sea inconsistente con el mandato, a menos que se obtenga previamente permiso para ello del tribunal de apelación. En ambos casos, la moción de relevo deberá siempre presentarse ante el tribunal apelado dentro del término antes señalado, y si éste determina que estaría dis-puesto a conceder el remedio, se acudirá entonces ante el tribunal de apela-ción en solicitud del referido permiso.”


author: per curiam:

text:
      In re Lic. Carlos M. Díaz Lamoutte, Lic. Libertad Díaz Ortiz.

      Número: MC-77-30

      Resuelto: 31 de octubre de 1977

      Libertad Díaz Ortiz y Carlos M. Díaz Lamoutte, por propio derecho.
   per curiam:

El Procurador General de Puerto Rico in-vestigó una queja presentada por la Sra. Agustina Dávila Vega y su esposo Generoso Vázquez Torres contra los aboga-dos Carlos M. Díaz Lamoutte y Libertad Díaz Ortiz. Alega la quejosa que los mencionados abogados (1) representaron a su esposo lesionado y a ella en un caso de subrogación pre-sentado por el Fondo del Seguro del Estado ante el Tribunal Superior sin que ni ella ni su esposo lo autorizaran; (2) acordaron una transacción en el caso sin la intervención de la quejosa y su esposo y (3) retuvieron para sí en concepto de honorarios de abogados el 60% de la suma obtenida por su dicho esposo lesionado sin intervención del tribunal para la fijación de honorarios.

El Procurador General obtuvo mediante declaraciones juradas las versiones de la quejosa y su esposo y las de los abogados querellados.

Los hechos son los siguientes. El trabajador Generoso Vázquez Torres sufrió un accidente del trabajo. Reclamó com-pensación del Fondo del Seguro del Estado, para sí y para la sociedad de gananciales compuesta con su esposa Agustina Dávila Vega. En los procedimientos ante el Fondo, en los que no intervinieron los abogados Díaz Lamoutte y Díaz Ortiz, el Fondo desembolsó la suma de $62,868.32 para sufragar los gastos de hospitalización, tratamiento, etc. y para satisfacer los beneficios que por ley correspondían al lesionado.

El Fondo instó entonces una acción de subrogación contra el causante del daño y su aseguradora bajo las disposiciones de la See. 32 del Título 11 de las Leyes de Puerto Rico Ano-tadas, para beneficio del Fondo y del lesionado y su esposa. El Fondo solicitaba $62,868.32 en subrogación para recobrar sus desembolsos, más la suma de $150,000 por los daños y perjuicios sufridos por el lesionado y $50,000 por los de su esposa. Dispone la citada See. 32 del Título 11 que “cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transac-ción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o em-pleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la mis-ma.” También dispone la referida See. 32 que no podrá llevarse a cabo transacción alguna entre el obrero lesionado y el tercero responsable después del Administrador del Fondo haber presentado su demanda a menos que se satisfagan previamente los gastos incurridos por el Fondo en el caso; y no podrá dictarse sentencia, ni podrá aprobarse transacción alguna con relación a los derechos de las partes sin hacer reserva expresa del derecho del Fondo a reembolso de todos los gastos incurridos. Requiere además la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo que cualquier suma obte-nida por el Fondo según queda dicho precedentemente, será ingresada en el Fondo a beneficio del grupo particular en que se clasificaba la ocupación o la industria en que se empleaba el obrero lesionado.

Surge del expediente que unos meses después de haberse presentado la subrogación los abogados querellados compare-cieron en el pleito en representación de los reclamantes, con la autorización por escrito de la esposa del lesionado mediante un contrato de servicios en el que se convenía “que el importe de los honorarios de abogado será un 40 % de cualquier suma que se obtenga mediante transacción y/o sentencia del Tribunal de la reclamación y causa de acción objeto del men-cionado pleito.”

El tribunal de instancia dictó sentencia por estipulación transaccional por la suma de $88,000 “como resarcimiento total por todos los daños sufridos por el demandante como consecuencia del accidente objeto de este litigio” de cuya can-tidad el tribunal asignó al Fondo la suma reclamada en su-brogación ascendente a $64,662.32, y al lesionado y su esposa la suma de $23,337.68. La sentencia se dictó sin especial con-dena en costas y honorarios de abogados.

La investigación realizada por el Procurador General en torno a la queja de la Sra. Dávila Vega y su esposo revela que los abogados querellados obtuvieron una autorización de aquéllos para representarlos en el caso de subrogación presen-tado por el Fondo y que también autorizaron la transacción acordada con el causante del daño y su compañía asegura-dora. También quedó demostrado que los esposos Vázquez-Dávila convinieron con los Ledos. Díaz Ortiz y Díaz Lamoutte que el importe de los honorarios de abogados sería un 40% () de cualquier suma que se obtuviera mediante tran-sacción y/o sentencia del tribunal con respecto al pleito de daños y perjuicios presentado contra el causante del daño y su compañía aseguradora.

Procede resolver si el porcentaje de honorarios habría de computarse sobre la totalidad de la sentencia o sobre el exceso obtenido sobre la suma que por ley corresponde al Fondo. Según reza la See. 32 citada precedentemente el obrero tendrá derecho a cualquier suma recibida en exceso de los gastos incurridos por el Fondo, ya que por disposición expresa de ese mismo precepto legal el reembolso que corresponde al Fondo debe ser ingresado en dicha agencia gubernamental a beneficio del grupo en que se clasificaba al obrero lesionado. Y, por ello el Fondo estaba representado por sus abogados en la acción de subrogación que instara. Es evidente que el trabajador solamente tenía derecho a recibir la suma de $23,337.68 que ordenó el tribunal sentenciador. Y, sobre esa suma es que se han de computar los honorarios de los abogados contratados por el trabajador lesionado y su esposa. El 40% de dicha suma de $23,337.68 resulta ser la cantidad de $9,337.68. Habiendo cobrado los abogados querellados $14,000, procede que le devuelvan a los esposos Vázquez-Dávila el exceso cobrado ascendente a $4,662.32.

El Canon 24 de los de Ética Profesional que establece los criterios para fijar el valor de los honorarios profesionales toma en consideración la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios que ha de derivar el cliente de los servicios del abogado. Y exige, además, que los honorarios profesionales deben ser acordados al inicio de la relación profesional y el acuerdo debe ser reducido a escrito.

En este caso los abogados querellados asumieron la representación profesional en 30 de diciembre de 1970 y no fue hasta un mes después que se firmó el convenio. Al fijar los honorarios a base del 40% de cualquier suma obtenida, los abogados no podían incluir suma otra alguna que no fuera la que se adjudicara para beneficio de sus clientes, que resultan ser los esposos reclamantes. Los abogados deben ser cuidadosos en la confección del contrato de servicios profesionales pues no deben dar lugar a dudas o a malas interpretaciones que luego causan fricción entre abogado y cliente. En los casos en que los honorarios sean contingentes deben procurar que sean razonables. Por ello el Canon 24 de los de Ética Profesional expresa la siguiente norma:

“La fijación de honorarios profesionales debe regirse siempre por el principio de que nuestra profesión es una parte inte-grante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro.”

Se ordena a los abogados querellados que de los $14,000 que retuvieron como honorarios profesionales devuelvan a los esposos Vázquez-Dávila la suma de $4,662.32 que les fue co-brada en exceso de lo acordado contractualmente. Dicha suma es parte de la compensación que le fuera concedida a dichos esposos por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso civil núm. 70-4625, Generoso Vázquez Torres et ais. v. Industries Freight Services, Inc.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)En el pasado surgían a menudo desavenencias entre abogado y cliente por motivo de los honorarios de abogados especialmente en los casos de daños y perjuicios. En ánimo de corregir esa situación la Asamblea Legislativa implemento legislación que fue aprobada en 1974 regulando los honorarios de abogados de naturaleza contingente en acciones de daños y perjuicios limitándolos al 33% del producto final de la sentencia, transac-ción o convenio, excepto en casos de menores o incapacitados que están limitados al 25% a menos que el tribunal autorice el cobro hasta no más del 33%. Esta reglamentación encuentra justificación, según expresa la exposición de motivos de la referida ley, por estar el ejercicio de la aboga-cía revestido de interés público y en aras de que esté accesible a toda persona una adecuada representación legal. Ley Núm. 9 de 8 de agosto de 1974.


text:
      In re Lic. Neftalí Hernández González, querellado.

      Número: MC-77-28

      Resuelto: 31 de octubre de 1977

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadis Orzini Zayas, Procuradora General Auxiliar, firmantes del Informe dirigido al Tribunal Supremo de Puerto Rico recomendando medidas disciplinarias contra el notario Neftalí Hernández González; Eli B. Arroyo, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

El Lie. Neftalí Hernández González autorizó como notario la escritura pública Núm. 4 de 29 de marzo de 1972 sobre compraventa entre el Dr. Maldonado Sierra y esposa como vendedores, y Hato Tejas Towers Corporation como compra-dora, en la que compareció en representación de dicha corpo-ración su presidente Sr. Abimaél Hernández quien es her-mano del notario fedante. Enterado el Hon. Procurador General de dicho otorgamiento en el curso de una investigación del Banco Obrero y del Banco Cooperativo presentó un informe a este Tribunal imputándole al abogado notario conducta ilegal e inmoral en contravención del Art. 8 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 1008) que ordena:

See. 1008. Incapacidad por interés o parentesco
“Ningún notario podrá autorizar contratos en que él inter-venga como parte, que contenga disposición en su favor, o en que alguno de los otorgantes sea pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Cuando un notario intervenga en el otorgamiento de escrituras que hayan de ser inscritas en un registro de la propiedad que esté a cargo de algún pariente suyo, dentro de los grados antes especificados, el registrador de la propiedad vendrá obligado a inhibirse en la calificación del documento.” 4 L.P.R.A. see. 1008.

El notario impugnado ha comparecido sosteniendo la corrección de lo actuado, y procedemos a resolver la cuestión ética.

Concuerda el precitado Art. 8 de la Ley Notarial de Puerto Rico de 1957, con el Art. 22 de la española, Ley Or-gánica del Notariado que dispone:

“Art. 22. — Ningún notario podrá autorizar contratos que contengan disposiciones en su favor, o en que alguno de los otorgantes sea pariente suyo dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad.”

Í1] La comparecencia como otorgante, de un pariente del Notario no tiene efecto de nulidad del documento ni en Puerto Rico ni en España. Art. 20, Ley (4 L.P.R.A. see. 1020); Art. 27, Ley Orgánica del Notariado Español. La sanción se limita, tanto aquí como en España, a negarle efecto a las disposiciones a favor de parientes, dentro del grado an-teriormente prohibido, del que autorizó el instrumento en que se hicieron. Art. 21, Ley (4 L.P.R.A. see. 1021); Art. 28, Ley Orgánica del Notariado Español.

Es dentro de esta concurrencia de textos de nuestra Ley Notarial y la de España que se desarrolla la doctrina negando eficacia a las disposiciones favorables al otorgante sólo cuando éste sea parte directamente interesada, mas no cuando comparece en el instrumento en calidad representa-tiva. Sobre el particular se expresó el Prof. Domingo Toledo Alamo: “Será válida, sin embargo, la escritura otorgada por una persona ante su pariente el Notario cuando dicha escri-tura en nada favorece al otorgante, sino que por el con-trario sólo le perjudica. Tal sería el caso de una fianza hipo-tecaria gratuita otorgada por un soltero, o por un casado, pero sobre sus bienes privativos, ante un Notario ligado a él por los mencionados vínculos de parentesco.” Revista Jurídica Universidad Interamericana, Vol. X, Núm. 1 (1975).

Y los Sres. Galindo y Escosura, al tratar sobre la incom-patibilidad del Notario para autorizar contratos a su favor o al de sus parientes, y aquellos en que intervenga como ad-ministrador, representante, apoderado o mandatario de cual-quiera de los otorgantes, se expresan:

“El art. 22 de la Ley del Not., prohíbe en general a los No-tarios autorizar contratos que contengan disposición a su favor, o en que alguno de los otorgantes sea pariente suyo -dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad; el 27 declara nulo el instrumento en el primer caso, y el 28 determina que no produz-can efecto las disposiciones a favor de parientes dentro de aquel grado, del que autorizó el instrumento. En su virtud, el Registra-dor no inscribirá las escrituras a que se refiere el Art. 27 en todo caso, y las a que se refiere el 28, cuando no contengan más que disposiciones a favor de los parientes; y no deberá rechazar las autorizadas por parientes de los otorgantes, si no hay disposi-ción ninguna en su favor ni en el de éstos, o las hay además en favor de otras personas; porque ni el instrumento es nulo, ni tampoco la obligación, debiendo por tanto, inscribirse respecto a los derechos adquiridos por esas otras personas, y denegarse respecto de los que adquieran los parientes.
Por Resolución de la Dirección, a consulta de la Junta direc-tiva del Colegio Notarial de Granada, se decidió en 14 Nov. 1890, que los Notarios podían autorizar escrituras otorgadas por parientes suyos, cuando obrasen en concepto de apoderados y no como directamente interesados.” Galindo y Escosura, Comenta-rios a la Legislación Hipotecaria de España, Tomo II, pág. 45, Cuarta Ed. (1908).

Como se indica al principio, el otorgante hermano del notario en el presente caso compareció, no como parte directamente interesada, sino como mandatario de una corporación, y el documento no contiene disposición en favor del pariente. Cf. M. Grau e Hijos v. Registrador, 23 D.P.R. 380, 382-3 (1916). No encontramos ilegalidad ni inmoralidad en la actuación del Notario a quien absuelven los austeros precedentes doctrinales citados.

Archívese. Publíquese para conocimiento del Notariado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Asociado Señor Rígau no intervino. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disintió sin opinión.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jorge Luis García, acusado y apelante.

      Número: CR-77-11

      Resuelto: 1ro. de noviembre de 1977

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Jorge Luis García fue acusado y declarado culpable del delito de violación, cometido el 16 de enero de 1973, en Coamo, Puerto Rico, contra la joven Maritza Santiago Rodríguez. ()

No conforme, argumenta dos errores. Nos limitaremos al primero por estimar que fue cometido.

La tesis del apelante descansa en que el testimonio de la tía de la perjudicada no constituye prueba válida y suficiente ya que las manifestaciones no fueron espontáneas ni hechas en la primera oportunidad posible, y sí al cabo de transcurri-das varias horas de ocurrido el hecho delictivo.

De la exposición narrativa y transcripción de evidencia se desprende: que la perjudicada convino voluntariamente en salir a pasear con el apelante; que fueron a dar una vuelta por cerca del Motel Dayan en Juana Díaz, Puerto Rico, pero no entraron; siguieron dando vueltas por el pueblo de Juana Díaz, y luego de buscar unos libros se fueron para Villalba; que en el viaje hacia Villalba el acusado le dijo que usaba marihuana y le enseñó unos cigarrillos finitos pidiéndole que los fumara pero ella no aceptó; que después se dirigieron al pueblo de Coamo y el acusado le compró un jugo de china en una pizzeria y después de tomárselo empezó a sentirse ma-reada y con dolor de cabeza; que al llegar a un puente que va para el pueblo de Aibonito, empezó a besarla y acariciarla, le quitó los panties, le alzó la falda, él se bajó el zipper del pantalón y tuvo relaciones sexuales con ella; que mientras el acusado sostenía relaciones con ella, lo empujaba pero como se sentía cansada y mareada no podía hacer nada; que no gritó porque era un sitio solo y no veía casas;’ que después la llevó a la residencia donde vivían consensualmente como ma-rido y mujer Gilberto Rodríguez, primo del acusado y Mirta Maldonado; que el acusado se fue y regresó como a las 10:00 de la noche y durante ese tiempo no le contó nada a dicha pareja, porque no tenía confianza en ellos; que mientras estaba en dicha casa llegaron dos tíos de ella a buscarla y la llevaron a casa de sus padres; que al llegar abrazó primero a su madre quien la estaba esperando en unión a su esposo y otros familiares; que en el trayecto hacia su casa no contó nada de lo sucedido a sus tíos y al llegar tampoco a sus padres por no estimarlo conveniente y estar nerviosa; que fue a preguntas de su tía que lo explicó.

A la luz de la versión de la perjudicada, no queda satis-fecha plenamente la conciencia del juzgador respecto a la credibilidad de las manifestaciones suyas a través de su tía. Están carentes los requisitos de espontaneidad y primera oportunidad exigidos por la doctrina de res gestae según expuesta en Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967), Pueblo v. Pérez Morales, 94 D.P.R. 609 (1967) y Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220 (1962). Si bien recono-cemos que ambos requisitos no son automáticamente precisa-bles en cuanto al factor tiempo, y por ende es comprensible que la perjudicada se abstuviera de explicar lo acontecido al primo del acusado y su esposa — por no merecerles confianza y ser extraños — tal renuencia no se justificó respecto a los tíos que fueron a buscarla y, una -vez en su casa, a sus padres. El factor tiempo unido al criterio “de conveniencia” que ella adujo para omitir explicaciones a sus parientes cercanos, resulta incompatible con su estado de nerviosidad. La medida de “garantía circunstancial de veracidad” que nutre la doc-trina de res gestae justificada por la espontaneidad y sin-ceridad a sensaciones y percepciones reales producto de reac-ciones naturales a situaciones externas no concurren en el caso de autos.

Se revoca la sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz disintió con opinión, a la cual se une el Juez Asociado Señor Martín.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1977

Disiento de esta sentencia que margina el veredicto del jurado y absuelve a un convicto de violación. De autos surge que la perjudicada es una estudiante de 14 años a quien el acusado saca de la escuela para un paseo en automóvil. No hay prueba de que mediara una relación amorosa entre ellos. Sí hay un intenso indicio de que enervó la voluntad de la niña con un vaso de refresco “arreglado”.() Primero le ofrece un cigarrillo de marihuana que tiene un conocido efecto relajante y enervante y cuando ella lo rechaza se de-tiene en una pizzeria donde le compró un jugo de china pre-parado, no de botella (T.E. pág. 9, Líneas 13-17); ella no tarda en sentirse mareada y con dolor de cabeza y él aprove-chó para gozar su virginidad mientras ella “lo empujaba pero como se sentía cansada y mareada, no podía hacer nada”; ni siquiera gritar porque el sitio era despoblado. (E.N.P. pág. 2.)

El acusado no declaró; eligió no negar lo declarado por la menor, a pesar de que presentó una testigo de defensa quien dijo que la joven se veía tranquila cuando después de des-florarla él la dejó por unas horas en su casa.

El apelante pretende anular el veredicto del jurado a cuya justicia se sometió, impugnando la suficiencia de la corrobora-ción. Busca en apelación la credibilidad que le negaron sus pares. Aparte del total desprestigio y de la endeblez constitu-cional de la exigencia de corroboración del testimonio de la ofendida, la alegación del acusado no cualificaría ni en la época de oro del tecnicismo. Cuando llega a su hogar la ofen-dida le narra el abuso de que fue objeto a una tía que allí esta-ba con sus padres. Tiene de ingenuo y artificioso a la vez negar espontaneidad a estas manifestaciones porque no habló de su desgracia antes a los tíos que fueron a buscarla donde la dejó el acusado. A una estudiante de 14 años que acaba de tener su primera experiencia sexual sin haber consentido a ello, perturbada emocionalmente, agravada su condición por la bebida ingerida, no puede exigírsele que salga de los brazos de su raptor, propalando su infortunio como una grabadora que repite la cinta, a todos los que encuentre en su camino. Cuando todavía la jurisprudencia mostraba una insensibili-dad discriminatoria contra la mujer violada, y el tecnicismo abortaba la justicia, este Tribunal resolvió: “.. . [pjarece ser la mejor norma al considerar la admisión de manifestaciones como la aquí envuelta, que cada caso se considere por sus méritos intrínsecos, siendo deber de todo juez ejercer una in-formada y cuidadosa discreción al determinar si los hechos y circunstancias presentes justifican la admisión de la eviden-cia.” Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220, 230 (1962); y “Es bien sabido que aunque el tiempo transcurrido entre los hechos y las manifestaciones de la persona perjudicada es un elemento de los que son considerados en estos casos para admitir esas manifestaciones como parte del res gestae, sin embargo, también es cierto que ese factor tiempo no es por sí solo determinante de si unas manifestaciones de esa naturaleza son admisibles o no. La extensión del tiempo que ha de determinar si las manifestaciones son admisibles o no dependerá de las circunstancias de cada caso.” Pueblo v. Pérez Morales, 94 D.P.R. 609, 612 (1967).

La sentencia debió confirmarse. Toda vez que el acusado se hallaba inmerecidamente bajo fianza en apelación desde el día 13 de agosto de 1973, fecha en que se le sentenció a la pena de 1 a 5 años de presidio, apareciendo que la demora de más de 4 años es imputable al sistema y ante la posibilidad de que después de su convicción haya el acusado observado una conducta correcta, el expediente debió devolverse a ins-tancia con instrucciones de que siguiendo un procedimiento similar al dispuesto en la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal se fijara la situación actual del acusado, y de haber méritos se procediera en bien de la justicia como lo autoriza la Regla 185 (a) de Procedimiento Criminal.

      (1) Le fue impuesta una pena de presidio de 1 a 5 años.

      (1)Uno de los más antiguos medios de vencer la resistencia de la mujer deseada es la solución en la bebida que se le ofrece de elementos de-presivos o afrodisíacos. Al efecto disponía el Art. 255 del Código Penal vigente cuando se cometió el delito: “Se comete violación .... 3. Si [la mujer] estuviere impedida de oponer resistencia . . . por efecto de cual-quier narcótico o anestésico, administrado por el reo, o con conocimiento de éste.”


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Enrique Casiano Vélez, acusado y apelante.

      Número: CR-77-41

      Resuelto: 3 de noviembre de 1977

      Héctor Lugo Bougal, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de E‘l Pueblo.
   SENTENCIA ()

El apelante José Enrique Casiano Vélez fue acusado y declarado culpable ante jurado de los delitos de asesinato en primer grado, acometimiento y agresión grave — reducido de ataque para cometer asesinato — e infracción al Art. 8 de la Ley de Armas; por Tribunal de Derecho fue convicto de violar el Art. 6 de la referida Ley. ( )

Tanto en primera instancia como ante este foro apela-tivo apoya su recurso en el siguiente señalamiento:

“La difícil percepción por testigos del autor de los hechos criminosos imponía en el presente caso la identificación del acu-sado previa utilización del mecanismo de la rueda de sospechosos, garantía constitucional que evita un ‘miscarriage of justice’.”

El análisis de la prueba según surge de la exposición na-rrativa y el récord taquigráfico correspondiente al testigo de cargo, detective Víctor M. Zayas, nos convence que no se vio-lentó la norma sobre identificación expuesta en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), ya que las circunstan-cias que rodearon el reconocimiento del apelante por cuatro testigos al momento de ocurrir los hechos, unido a la identi-dad del vehículo en que huyó, hicieron innecesaria la celebra-ción de una rueda de detenidos.

A tal efecto, la evidencia estableció que en la tarde del día 12 de enero de 1973, aproximadamente a las 5:30 P.M. cinco jóvenes amigos que habían estado disfrutando de una tarde bañándose en un río y comiendo toronjas en la residencia de un familiar ubicada en el Barrio El Semil de Villalba deci-dieron ir a una tienda cercana a comprar cigarrillos; mien-tras se dirigían por la carretera el apelante, hasta entonces desconocido para ellos, en compañía de otra persona se les interpuso con un rifle en sus manos, les apuntó, preguntán-doles qué pasaba y disparó un tiro al aire; el joven Luis Sig-frido Negrón (Chipre) no se detuvo y continuó caminando, entonces el apelante le hizo un disparo mortal e inmediata-mente disparó e hirió a otro joven nombrado Manuel Frances-chi. Acto seguido el apelante y su acompañante se fueron en un automóvil que los jóvenes claramente identificaron como marca Falcon, convertible, color gris, de capota negra y gomas con aros de magnesio. Este vehículo fue localizado oportunamente por la policía (Detective Zayas) en virtud de una alarma transmitida por el sistema de radio-comunicación mientras era conducido de Villalba a Juana Díaz por la Ca-rretera Núm. 149, como a las 10:30 P.M.; su entonces conductor “Maneco”, primo del acusado-apelante que lo acompa-ñaba, se dio a la fuga al ser detenido por el Sargento Luis M. Fernández y el detective Zayas. A los 15 minutos el auto finalmente fue hallado sin sus ocupantes en un solar en el Barrio Guanábano frente al Hotel Sayán (T.E. págs. 16-19).

Subsiguientemente, la misma noche como a las 3:00 A.M., la policía les mostró dos personas a los testigos Carlos Luis León Marrero, Dimas Díaz y Víctor Ramel Ortíz, una de las cuales era el acusado-apelante. La otra resultó ser su acompa-ñante, su primo “Maneco”.

La fluidez de situaciones exige que reiteremos que la vali-dez de una identificación debe precisarse evaluándose las cir-cunstancias peculiares de cada caso: Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976); Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10 (1974); Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 111 (1974). Y en Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 916 (1972) manifestamos:

“Por supuesto que este problema de la confrontación no puede surgir cuando el acusado es una persona conocida del testigo identificante con anterioridad a la comisión del delito o cuando dicho testigo testifica que observó al acusado durante un tiempo razonablemente largo mientras cometía el delito im-putado, de manera que pudiera identificarlo con tal certeza y precisión que no pudiera dar lugar a un irreparable error de identificación, como en Gómez Incera, supra, en Boyd v. State, 472 S.W.2d 125 (Texas 1971) y en Edmisten v. People, 490 P.2d 58 (Col. 1971).” (Bastardillas nuestras.)

La identificación del apelante por los testigos de cargo fue confiable pues tuvieron amplia oportunidad de verlo por un minuto o más en un día claro, aunque declinando el sol; su físico fue apreciado a distancias cortas que oscilaron entre 21 pies y tres pulgadas y 35 a 40 pies. Ninguno mostró dudas al respecto. El episodio relacionado con el automóvil descrito previamente por los testigos fortalece la certeza de la iden-tificación pocas horas más tarde.

Finalmente cabe mencionar que la prueba de la defensa no desvirtuó la de cargo, pues se circunscribió a señalar que el acusado no fue visto en el lugar de los hechos a raíz de los disparos, aunque el testigo Nelson Rafael Torres López notó un auto “con gomas anchas”. El testimonio del propio ape-lante, en su contenido, constituyó uno tendente a establecer la defensa de coartada, que no mereció crédito a los juzga-dores de instancia.

Se confirma la sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disienten. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió Voto Disidente al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—O—

Voto Disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 1977

No surge de los autos de este caso que hubiera justifica-ción alguna para que la policía prescindiera de aplicar la norma de Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969). Una vez más nos encontramos con la situación que censuramos en Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 923-924 (1972); Pueblo v. Tanco, 101 D.P.R. 75 (1973); Pueblo v. Delgado Meléndez, 101 D.P.R. 79, 80-81 (1973), en mi opinión disidente en Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976), y en mi voto particular en Pueblo v. Mangual Serrano, 106 D.P.R. 225 (1977), de que estando vigente la norma, sea ig-norada por la Policía.

La prueba no establece que en el momento de ocurrir los hechos de sangre que dieron base a la acusación el apelante fuera persona conocida por los testigos de cargo. Ni siquiera hay prueba de que le hubieran visto antes. Lo ven por primera vez, según ellos, en el corto espacio de un minuto y bajo la tensión natural que produce un acto criminal en que una persona pierde la vida y otra es herida. La identificación posterior, en el cuartel de policía de Ponce, donde les presentaron a los testigos al apelante y a otra persona como quien le acompañaba es claramente la identificación sugerida que este Tribunal ha rechazado por ser violativa del debido proceso de ley.

Revocaría la sentencia.

—O—

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 1978.

Pasados cuatro meses de haberse celebrado la vista oral y haberse dictado sentencia confirmatoria en el caso de epí-grafe, en escrito radicado el 18 de marzo de 1978, el ape-lante José E. Casiano Vélez solicita que se le absuelva por haber participado en la decisión el Juez Asociado Señor Díaz Cruz. Funda su petición en una declaración jurada de su primo Nelson Meléndez Casiano quien afirma que el 13 de enero de 1973 visitó, en unión de otras personas, la oficina profesional del Lie. Jorge Díaz Cruz para solicitar “. . . sus servicios como abogado en un caso que se había presentado contra mi primo José Enrique Casiano Vélez y por el cual habían confiscado mi carro.”

La entrevista que se alega “. . . duró como una hora” se llevó a efecto casi cinco años antes de la vista celebrada en el presente caso. Semanas después de la entrevista, el Lie. Díaz Cruz fue designado a este Tribunal y juramentado el 16 de marzo de 1973. A pesar de que el magistrado ocupó su sitio en el estrado durante la vista pública celebrada el 17 de octubre de 1977 no se solicitó su inhibición por el abogado de-fensor Lie. Héctor Lugo Bougal. () Es razonable concluir que debido al transcurso del tiempo y al factor memoria, tanto el Juez Señor Díaz Cruz como el Lie. Lugo Bougal no estaban conscientes ni relacionaron dicha vista con el caso de autos. En el cúmulo de asuntos judiciales, visitas, inves-tigaciones de innumerables casos, es explicable que un abo-gado en el ejercicio de una intensa práctica pueda olvidar detalles de los innumerables asuntos en que ha intervenido y no tenemos duda de que éste ha sido el caso.

A la luz de lo expuesto, y en consideración a que nuestra opinión [sic] y sentencia confirmatoria del 3 de noviembre de 1977 representa el criterio de un Tribunal colegiado, la parti-cipación del Juez Asociado Señor Díaz Cruz no infringió el debido proceso de ley.

No obstante hemos considerado nuevamente la cuestión central planteada por el apelante en su recurso de apelación y ratificamos la sentencia confirmatoria emitida el 3 de noviembre de 1977 por entender que las circunstancias del caso no justificaban que se identificara al acusado en una rueda de detenidos. Los hechos por los cuales se acusó al ape-lante ocurrieron después de las cinco y media de la tarde y la identificación se llevó a cabo unas horas después.

En Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), esta-blecimos que la forma más confiable para identificar a un sospechoso por un testigo que no lo conocía de antemano era mediante la confrontación en rueda de detenidos, pero se re-conoce que “[e]n ciertas ocasiones se puede dispensar de este requisito, como cuando la identificación se realiza poco tiempo después de ocurrido el acto delictivo, pues se reconoce que todavía está fresca en la memoria la imagen de la persona.” Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101-105 (1974); Bates v. United States, 405 F.2d 1104 (D.C. Cir. 1968).

En Norris v. Slayton, 540 F.2d 1241 (4th Cir. 1976), se consignó: “No hay prohibición alguna en contra de obser-var un único sospechoso en una rueda de un solo detenido cuando tiene lugar poco después del alegado acto criminal, pues esa observación, en vez de producir una identificación errónea tiende bajo algunas circunstancias a asegurar la exactitud de la identificación.”

Y como expresó el Juez Burger cuando pertenecía a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, la identificación “en circunstancias como éstas fomenta los deseables objetivos de una identificación reciente y exacta, la cual, en algunos casos puede inducir a poner en libertad inmediatamente a un sospechoso inocente y a la misma vez permitir a la policía reanudar la búsqueda del criminal en fuga mientras el rastro está fresco.” Bates v. United States, supra a la pág. 1106.

Si bien es verdad que algunos tribunales han establecido reglas estrictas en cuanto al tiempo que debe transcurrir entre el hecho delictivo y la confrontación para dispensar la celebración de una rueda de detenidos, la norma general-mente aceptada es que la confrontación debe ocurrir dentro de un tiempo razonable que no debe extenderse más allá de las 24 horas. Stanley v. Cox, 486 F.2d 48 (4th Cir. 1973) ; Norris v. Slayton, 540 F.2d 1241 (4th Cir. 1976); People v. Hunt, 568 P.2d 376 (Calif. 1977); People v. Floyd, 464 P.2d 64 (Calif. 1970); People v. McKinley, 355 N.E.2d 324 (Ill. App. 1976); Nota, Due Process Considerations in Police Showup Practices, 44 N.Y.U. L. Rev. 377 (1969).

La identificación llevada a cabo en este caso es confiable pues los testigos tuvieron la oportunidad de observar al acu-sado a corta distancia, y se lo presentaron pocas horas des-pués de ocurridos los hechos cuando todavía estaba fresca en sus mentes la imagen de lo que habían visto. Si a esto uni-mos el hecho de que los testigos de cargo identificaron el auto-móvil en que viajaba el agresor como uno marca Falcon, convertible, color gris de capota negra y gomas de aro de magne-sio y fue en vehículo que corresponde a esa descripción donde la policía vio poco después al apelante, no cabe duda de que la identificación es confiable.

En mérito de lo expuesto se ratifica la sentencia confirma-toria emitida el 3 de noviembre de 1977.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué están conformes con la determinación de que la participación del Juez Asociado Señor Díaz Cruz no le-sionó el debido proceso de ley, pero se ratifican en el criterio expuesto en la opinión disidente de que en este caso debió utilizarse la rueda de detenidos en el proceso de identificación del apelante. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz no participaron.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

      (*)NOTA DEL COMPILADOR: Véase Resolución de este Tribunal de fecha 16 de marzo de 1978 resolviendo una “Moción de Naturaleza de Auto Inhibitorio; de Solicitud de Auxilio de Jurisdicción; de Solicitud de Revoca-ción y Otros Extremos” radicada el 13 de marzo de 1978 en el caso de autos por el Lie. Luis F. Abreu Elias, pág. 468 de este tomo.

      (1)Con carácter concurrente fue sentenciado a purgar de once (11) a veintidós (22) años de presidio en el caso por asesinato en segundo [sic] grado; de dos (2) a cinco (5) años por la infracción al Art. 8 de la Ley-de Armas; y seis meses de cárcel en cada uno de los delitos menos grave.

      (1)En el escolio 4 de su escrito el apelante nos solicita vista oral para someter prueba demostrativa “de que luego el Hon. Jorge Díaz Cruz le solicita al Ledo. Héctor Lugo Bougal que el continu[ara] con el caso.” En virtud de los términos de la presente consideramos innecesaria la misma.