author: Juez Presidente, Señor Trías Monge, Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Toledo Barbosa, acusado y apelante.

      Número: CR-76-2

      Resuelto: 1ro. de noviembre de 1976

      Heyda Vigil McClin, abogada del acusado; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Josefa A. Román y Justo Gorbea Varona, Procuradores Generales Auxiliares, aboga-dos de El Pueblo.
   SENTENCIA

Se confirma la sentencia apelada. Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el señor Secretario. El Juez Presidente, Señor Trías Monge anunció la sentencia del Tribunal y emitió una opinión a la cual se unen los Jueces Aso-ciados Señores Rigau, Torres Rigual y Díaz Cruz. El Juez Asociado Señor Martín concurre sin opinión. El Juez Aso-ciado Señor Irizarry Yunque emitió una opinión disidente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila y Negrón García.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

Opinión emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Torres Rigual y Díaz Cruz.

Se halló culpable al apelante en juicio por jurado de los delitos de apropiación ilegal agravada y robo, Arts. 166 y 173 del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. sees. 4272 y 4279. Se le condenó a cumplir de cuatro a diez años de presidio con trabajos forzados en cada causa. El apelante alega que su identificación fue poco confiable y sugestiva, en violación del debido proceso de ley; que erró el tribunal al no impartir a los señores del jurado instrucciones sobre identificación; y que erró igualmente al no instruir al jurado sobre la alterna-tiva de declararle no culpable del delito de apropiación ilegal agravada.

Los hechos fueron los siguientes. El señor Román Figueroa llevó a un amigo al aeropuerto, donde tomó unas cerve-zas de despedida. De regreso a su casa, alrededor de la una de la mañana se detuvo en un bar. (T.E. pág. 11.) El bar estaba bastante oscuro. (T.E. págs. 22-23.) Dentro había sólo dos parroquianos a quienes Román Figueroa no conocía, y la cantinera. (T.E. págs. 19-21.) Al propio momento de entrar, sin que mediase palabra entre Román Figueroa y los dos individuos presentes allí, según relata la víctima, los hombres lo agreden (T.E. págs. 12, 21, 24-25), lo arrastran afuera, siguen golpeándolo y le quitan la cartera y las llaves de su automóvil. (T.E. págs. 12-13.) Román no recuerda quién le daba y quién lo aguantaba, pero declaró que desde que empezaron los golpes en el bar hasta que le dejaron ten-dido en la calle, que estaba alumbrada por un faro, trans-currieron tres o cuatro minutos, lo que le permitió ver bien a sus agresores. (T.E. pág. 28.) Antes había testificado que los observó por quince minutos o quizás más. (T.E. pág. 21.) Una ambulancia recogió al agredido, le tomaron unos puntos en el hospital y se le trasladó a su casa. A las 3:00 A.M. de la misma noche la policía lo lleva al cuartel de Gurabo y allí identifica su carro. Luego le muestran dos personas deteni-das en el cuartel, una de las cuales era el apelante, y le pre-guntan si ellos fueron sus agresores. (T.E. págs. 15-1-6; 27-29.) El contesta que sí. No había más civiles en el cuar-tel en dicho momento.

La única otra prueba de cargo, en adición al testimonio del perjudicado, fue la del detective Víctor Avilés, quien declaró que llegó al cuartel a eso de las ocho de la mañana y poco después sometió el caso; que de conocimiento propio sólo sabía del mismo que vio al perjudicado en el cuartel con un golpe en la nariz, así como una llave con la cual prendía el automóvil estacionado al lado del cuartel. (T.E. págs. 35-36.) No se ofreció prueba sobre cómo y dónde se recuperó el auto-móvil de la víctima; ni sobre el arresto del apelante. No consta si los detenidos viajaban en el referido automóvil, ni a quienes se les ocuparon las llaves del mismo. El policía Narciso Cruz, sin embargo, ante quien el perjudicado iden-tifica el automóvil y a los presuntos asaltantes (T.E. págs. 16-27), murió antes del juicio. Estaba también en el cuartel al momento de llegar el perjudicado el guardia de retén. (T.E. pág. 27.) Se ignora quiénes más intervinieron en este caso ni el grado de intervención de los mencionados. En la acusación por el delito de apropiación ilegal agravada consta que el fiscal se proponía utilizar a Narciso Cruz como testigo, en adición a la víctima y a Avilés, pero no en el caso de robo, radicado el mismo día.

Discutiremos conjuntamente los dos primeros plantea-mientos de error. La defensa solicitó la absolución del ape-lante a base de que no se le conectó con la posesión del vehí-culo. El tribunal de instancia denegó correctamente la solici-tud. Las lagunas de la prueba de cargo en dicho sentido no impedían al jurado asentar su veredicto sobre la confiabili-dad del testimonio del perjudicado respecto a su observación de los asaltantes y a su capacidad de identificarlos.

Denegada su primera solicitud, la defensa, no obstante, atacó vigorosamente ante el tribunal de instancia, como cues-tión de derecho, la confiabilidad de la identificación. No he-mos vacilado en repetidas ocasiones en revocar condenas en juicios por jurado cuando hemos estimado que las circunstan-cias del caso específico necesariamente viciaban la identificación. Pueblo v. Delgado Meléndez, 101 D.P.R. 79 (1973); Pueblo v. Tanco, 101 D.P.R. 75 (1973). En Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 252 (1969), expresamos que “No puede haber un juicio justo e imparcial si no se garantiza debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la comisión de un crimen.” Consignamos en dicha sentencia pautas, las que reafirmamos aquí, para rodear el proceso de identificación de las salvaguardas necesarias.

La validez de una identificación, sin embargo, debe pre-cisarse a la luz de las circumstancias particulares de cada caso. Simmons v. United States, 390 U.S. 377, 383 (1968); Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 111 (1974). Hemos sancionado en ocasiones la no utilización del procedi-miento de rueda de detenidos cuando hemos estimado que las circunstancias presentes permitían una identificación confiable. Pueblo v. Rivera Vázquez, 102 D.P.R. 758 (1974); Pueblo v. Gómez Incera, supra.

La determinación en cuanto a si la prueba de identifica-ción es prima facie suficiente y admisible en evidencia, es función del juez y no del jurado. Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 103 (1974). La moción para que no se admita en evidencia la identificación del acusado debe hacerse antes del juicio, a menos que concurran circunstan-cias excepcionales que justifiquen la tardanza. Si el juez queda satisfecho de la suficiencia y confiabilidad prima facie de la identificación establecida en la determinación de causa probable y mediante examen de las demás constancias en el expediente, y si necesario fuere, en el sumario fiscal, desesti-mará de plano la cuestión suscitada por la defensa, admitirá la prueba y procederá al juicio. Queda reservado al acusado el derecho a presentar prueba ante el jurado, en el turno de defensa, para sostener que hubo equivocación o error subs-tancial en la identificación y esa evidencia será tomada en cuenta, junto con el resto de la prueba producida en el juicio, para hacer la determinación fundamental en cuanto a si fue o no el acusado el autor del delito imputado en la acusación.

En el caso de autos se dieron circunstancias que militaban en contra de una determinación por el tribunal sentenciador, como cuestión de derecho, que la identificación estaba viciada fatalmente. El perjudicado no conocía al apelante y lo ob-servó por corto tiempo en medio de una refriega, pero lo vio no solo en la semioscuridad del bar sino también afuera, en una calle alumbrada. Transcurrió muy poco tiempo entre la agresión y la identificación del apelante. Estaba fresca en la mente de la víctima la imagen que pudo haber captado de él. No hubo evidencia directa sobre las circunstancias en que se arrestó al apelante. De haberla habido, se hubiese expli-cado mejor el método de identificación empleado, pero esto no privó al tribunal, dados los otros aspectos de la prueba deS-filada, del derecho que le asistía en este caso específico a per-mitir que el jurado resolviese las interrogantes existentes sobre la identificación del acusado.

La defensa plantea ante nos, sin embargo, que el tribunal de instancia debió impartir a los señores del jurado instruc-ciones sobre el asunto de la identificación. En la opinión con-currente emitida en Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 926-927 (1972), en que la defensa solicitó que se ins-truyese al jurado sobre el extremo de la identificación y el tribunal rehusó, se dijo:

“Para que el jurado hiciera una determinación consciente sobre la credibilidad de la prueba presentada relacionada con la identificación del apelante, el juez debió haberlo instruido ade-cuadamente sobre este extremo. Procedía instruirle que al ju-rado incumbía determinar si la identificación había sido estable-cida más allá de duda razonable; que lo aconsejable es que se presente al sospechoso en unión a otras personas para que el testigo proceda a identificarlo, que en el presente caso no se hizo así, pero que si los jurados entendían que por el hecho .del testigo haber declarado que los había visto por la tarde, era innecesaria la confrontación en rueda, a ellos incumbía determi-nar si la identificación era confiable.”

Lo expresado en Montañez Ramos representa la doctrina vigente en varios tribunales, cuando existen dudas sobre la confiabilidad de la identificación. United States v. Levy, 405 F.2d 380, 382-383 (4th Cir. 1968); United States v. Holley, 502 F.2d 273 (4th Cir. 1974); United States v. Hodges, 515 F.2d 650 (7th Cir. 1975); United States v. Kimbrough, 528 F.2d 1242 (7th Cir. 1976); cf. United States v. Sambrano, 505 F.2d 284, 286 (9th Cir. 1974). En United States v. Telfaire, 469 F.2d 552 (D.C. Cir. 1972) y en Kimbrough, supra, se sugieren también tipos de instrucciones a impartir en estas circunstancias. Si la identificación del acusado es una controversia central al pleito y la defensa solicita instruc-ciones sobre si dicha identificación es confiable, el tribunal está obligado a darlas.

La instrucción que generalmente recomendamos para su uso en esta jurisdicción es la siguiente, sujeto a los cambios que exijan las circunstancias de cada caso:

Una cuestión importante en este caso es la identificación del acusado como autor del crimen. El Pueblo de Puerto Rico viene obligado a probar esa identidad, más allá de duda razonable. No se requiere que el testigo mismo declare no tener duda respecto a la corrección de su testimonio. No obstante, ustedes, se-ñores del jurado, deben estar satisfechos .más allá de duda razonable de la certeza de la identificación del acusado antes de que puedan hallarlo culpable. Si no tienen el convencimiento, libre de duda razonable, de que el acusado fue la persona que cometió el crimen, deberán declararlo inocente.
El testimonio sobre identificación expresa la creencia o im-presión del testigo. Su valor depende de la oportunidad que tuvo el testigo para observar al acusado mientras cometía el delito y para hacer después una identificación confiable.
Al considerar la declaración de identificación de un testigo, deberán ustedes tomar en cuenta lo siguiente:
1) ¿Están ustedes convencidos de que el testigo tuvo la capa-cidad y adecuada oportunidad para observar al acusado?
Si el testigo tuvo o no oportunidad adecuada para observar al ofensor al tiempo de cometer el delito es determinación que está sujeta entre otros factores, a circunstancias como el tiempo corto o relativamente largo de que dispuso; a qué distancia se hallaba del testigo; cuáles eran las condiciones de visibilidad o alumbrado; si el testigo conocía o había visto al acusado en oca-sión anterior.
2) ¿ Están ustedes convencidos de que la identificación por el testigo después de perpetrado el delito fue producto de su propio recuerdo? Deben tomar en cuenta tanto la fuerza de la identifica-ción como las circunstancias que rodearon la misma.
Si la identificación por el testigo pudo ser influida por las circunstancias en que le presentaron al acusado para que lo identificara, deben ustedes examinar esa identificación con gran cuidado. Pueden ustedes considerar también el tiempo trans-currido desde la ocurrencia del crimen hasta la próxima opor-tunidad que tuvo el testigo de ver al acusado, como elemento que afecta la confiabilidad de la identificación.
Pueden también considerar que la identificación que se hace señalando al acusado entre un grupo de individuos que se le pa-recen, generalmente es más confiable que aquélla que se obtiene presentando únicamente al acusado al testigo.
3) Pueden ustedes considerar cualquier ocasión en que el testigo falló en identificar al acusado, o hizo una identificación inconsistente con la que lleva a efecto en el juicio.
4) Finalmente, deben ustedes considerar la credibilidad de un testigo de identificación del mismo modo que la de cualquier otro testigo, considerar si dice la verdad, y si tuvo la capacidad y la oportunidad de hacer una observación de manera confiable de los hechos que narra en su declaración.
Les repito que el Fiscal lleva todo el peso de la prueba para establecer los elementos del delito imputado en la acusación, y esto incluye la obligación de probar más allá de duda razonable la identidad del acusado como autor del crimen por el que se le acusa. Si considerada toda la prueba queda en ustedes una duda razonable respecto a la certeza de la identificación, deberán traer un veredicto de no culpable.

En este caso, sin embargo, la defensa no solicitó dichas instrucciones. Nuestra jurisprudencia establece que si se omite solicitar instrucciones sobre determinado extremo, se renuncia a alegar su omisión como error, Pueblo v. del Valle, 91 D.P.R. 174, 179 (1964); Pueblo v. Negrón, 79 D.P.R. 296 (1956), a menos que puedan lesionarse derechos básicos del acusado. Pueblo v. Álvarez de Jesús, 99 D.P.R. 124 (1970). Fuera de la inquietante opinión concurrente del Juez Baze-lon en Télfaire, no hemos hallado base jurisprudencial que sostenga la posición del apelante de que las instrucciones sobre identificación deben impartirse aun sin solicitarse. La regla general es, de hecho, en sentido contrario. United States v. Pérez, 431 F.2d 941 (9th Cir. 1970).

En lo que concierne al último planteamiento de error, estimamos que es inmeritorio. Leídas en conjunto, el tribunal de instancia instruyó debidamente al jurado sobre la presunción de inocencia que acompaña a todo acusado y sobre el hecho de que su culpabilidad debe ser probada fuera de toda duda razonable. El caso presente es distinguible de Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

Por las consideraciones expuestas, confirmaría la senten-cia apelada.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Dá-vila y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 1ro. de noviembre de 1976

Los hechos ocurridos, tal como se relatan en la opinión del Juez Presidente, son suficientes para viciar de nulidad el procedimiento aquí utilizado para la identificación del ape-lante. Esa identificación se basó exclusivamente en el testi-monio de la víctima, sugerida en el cuartel de la policía, sin las garantías que como normas del debido proceso de ley señalamos en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969). La sugestividad cobra mayor importancia en este caso si consideramos las circunstancias de la víctima. Se agrava aún más por lo incompleto de la investigación policíaca, y la ausencia total de otros elementos de prueba que pudieran corroborar la identificación, sin que se ofreciera explicación alguna que justifique tal ausencia de prueba.

Respecto a la sugestividad, no creo que pueda negarse. Copiamos de la opinión circulada: “A las 3:00 A.M. de la misma noche la policía lo lleva al cuartel de Gurabo y allí identifica su carro. Luego le muestran dos personas deteni-das en el cuartel, una de las cuales era el apelante, y le pre-guntan si ellos fueron sus agresores. (T.E. págs. 15-16; 27-29.) El contesta que sí. No había más civiles en el cuartel en dicho momento.”

No hay explicación alguna en los autos de por qué no se presentó al apelante en rueda de confrontación. No creo que hubiese sido difícil hacerlo. El hecho que no hubiese “más civiles” en el cuartel en aquel momento no puede explicar satisfactoriamente y excusar la desviación de las normas de Gómez Incera. ¿Es que no podía hacerse un esfuerzo por con-seguir más personas, entre ellas policías que formaran parte de la rueda de confrontación, vestidos en ropa corriente? ¿Es que no podía esperarse algún tiempo? ¿Qué prisa había? No creo que se justifique aquí apartarnos de la siguiente pauta, establecida en Bates v. United States, 405 F.2d 1104 (D.C. Cir. 1968) por el hoy Juez Presidente de los Estados Unidos, que citamos con aprobación en Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 106 (1974), opinión del Juez Davila: “Trabajo policial prudente requiere la limitación de estas identificaciones en el lugar de los hechos a situaciones en que hay que resolver prontamente posibles dudas sobre la identificación; en ausencia de dicha necesidad, la rueda de confrontación convencional es el procedimiento apropiado.”

En Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 923-924 (1972), censuramos que la policía, a pesar de estar vigente la norma de Gómez Incera, no la siguiese. En Pueblo v. Tanco, 101 D.P.R. 75 (1973), volvimos a expresarnos sobre la falta de cumplimiento, por parte de la policía, con dicha norma. En Pueblo v. Delgado Meléndez, 101 D.P.R. 79-80-81 (1973), dejamos ver nuestro disgusto ante la práctica una vez más evidenciada en la investigación policíaca, de igno-rarla y no aplicarla, no obtsante que hacía seis meses estaba vigente la norma de Gómez Incera. Los hechos del caso de autos ocurrieron cinco años después de adoptada dicha norma. Ante una situación en que no solamente se ignoró la norma sino también se sugirió directamente la identificación, ¿vamos a cruzarnos de brazos? ¿Vamos a permitir que la norma sea anulada por la práctica de no aplicarla?

La víctima había estado tomando cervezas hasta la hora en que ocurren los hechos. Es de presumirse, que estaba bajo los efectos de la bebida. Declaró que fue agredido por sus asaltantes “al propio momento de entrar” al bar y sin que mediaran palabras entre ellos. El bar estaba oscuro. No conocía a sus asaltantes. Ellos lo golpearon, lo arrastraron hacia afuera, siguieron golpeándolo y lo dejaron herido, semi inconsciente, al extremo que fue necesario llevarlo a curar en una ambulancia. Le habían roto el tabique de la nariz, y ello requirió varios puntos de sutura. ¿Es de fiar que bajo esas circunstancias hubiese recuperado su completa lucidez mental dos horas después e identificar, fuera de duda razo-nable, a dos personas que le fueron sugeridas directamente por la policía como sus asaltantes?

Aparte de la declaración de la víctima no hubo otra prueba que identificara a los dos sospechosos, y al apelante en particular. Siendo la declaración de la víctima sobre la identificación del apelante la única prueba que tuvo ante sí el jurado, y habiendo sido dicha identificación sugerida por la policía en la primera oportunidad, quedó viciada y no podía admitirse ni servir de base para la convicción.

En Montañez Ramos, supra, este Tribunal revocó una convicción por asesinato en primer grado, hecha por un jurado, y decretó la absolución del apelante. Se basó en que su identificación por el cantinero de un bar en el que ocurrie-ron los hechos no se hizo siguiendo la norma de Gómez lucera. La prueba en dicho caso estableció que el cantinero vio al apelante en la tarde del día de los hechos, cuando éste estuvo en el bar e inquirió por el occiso: lo volvió a ver por la noche, cuando el apelante hizo los disparos fatales; y, fue gracias a la descripción que dio el cantinero a la policía que el ape-lante pudo ser detenido luego de ocurrir el crimen. Más aún, su seguridad sobre la identidad del apelante se robusteció al identificarlo al bajarse de un automóvil de la policía, donde estaba en compañía de otras personas. Compárense esos hechos con los del caso ante nos. Aquí no hay prueba de que la víc-tima describiera a sus asaltantes antes de serles presentados los dos sospechosos, entre ellos el aquí apelante, en el cuartel de la policía. La prueba establece que la víctima entró a un bar oscuro e inmediatamente fue asaltado por dos individuos que lo golpearon, lo arrastraron a la acera y allí lo siguieron golpeando, le sacaron su cartera de un bolsillo, y lo dejaron tirado en la acera semi inconsciente, y allí permaneció, en ese estado, hasta que una ambulancia lo recogió y lo llevó al hospital. Declaró que todo ocurrió rápido, y que transcurrieron de cinco a diez minutos desde que se inició el incidente hasta que fue recogido por la ambulancia. Nunca había visto a sus asaltantes. En ausencia de más prueba sobre “la totali-dad de las circunstancias,” de que hablamos en Gómez lu-cera, no veo cómo pueda justificarse en este caso que se pres-cindiera de la norma allí establecida, a menos que se revoque a Gómez lucera y a toda la línea de casos posteriores, inclu-yendo a Moutañez Ramos.

Parafraseando al compañero Juez Díaz Cruz en su opi-nión disidente en Pueblo v. Kravitz, 105 D.P.R. 158 (1976): “Mi sentido de justicia no me permite anular la libertad del apelante descansando en tan cuestionable evidencia.”

Respecto a la instrucción al jurado sobre la identifica-ción del apelante, creo que su omisión constituye fundamento adicional para revocar. La opinión del Juez Presidente con-cluye que como no se solicitó tal instrucción, se renunció al derecho a apuntarlo como error. Cita como autoridad Pueblo v. Álvarez de Jesús, 99 D.P.R. 124 (1970); Pueblo v. del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964); y Pueblo v. Negrón, 79 D.P.R. 296 (1956). Señala, por último, que aparte de la opinión concurrente del Juez Bazelon en United States v. Telfaire, 469 F.2d 552 (C.A. D.C. 1972), no se ha encontrado base juris-prudencial que sostenga que las instrucciones sobre identifi-cación deben impartirse aunque no se soliciten.

La ausencia de precedentes en la jurisprudencia federal y en los estados no tiene ni puede tener alcance alguno. Como dijera el Juez Díaz Cruz en Ortiz v. Levitt & Sons, 101 D.P.R. 290, 295 (1973), “no tenemos que rebasar nuestras fronteras del Mar de las Antillas en busca de precedentes/’ No tenemos que esperar a que de afuera nos tracen las pau-tas de liberalidad. Las garantías a la libertad que nuestro Derecho reconoce no están supeditadas a moldes estrechos de otras jurisdicciones. No hemos vacilado en otras ocasiones, ni debemos vacilar ahora, en ir más lejos en defensa del de-bido proceso de ley que los tribunales federales o estatales. Para ejemplo, baste citar a Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), en que adoptamos normas res-pecto del derecho de un acusado a ser informado, en la etapa investigativa, de su derecho a estar asistido de abogado, más allá de lo reconocido por el Tribunal Supremo federal en Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964), y que se reconocieron posteriormente en Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Cf. Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731, 734 (1964).

En cuanto a la jurisprudencia nuestra, los casos citados en la opinión el Juez Presidente — Álvarez de Jesús, del Valle y Negrón — no pueden considerarse autoridad para sostener que la omisión de solicitar instrucciones al jurado sobre el pro-cedimiento de identificación impide que la cuestión se plan-tee ante nos en apelación. Los citados casos se hacen eco de un principio jurisprudencial que ha quedado consagrado en la Regla 137 de Procedimiento Criminal, que en lo aquí perti-nente dice:

“. . . Ninguna de las partes podrá señalar como error cual-quier porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud....”

Pero bien claramente se ocupan dichos casos de señalar que cuando se trata de derechos fundamentales el juez de instan-cia viene obligado a instruir al jurado sobre ello, y que la omisión de objetar dicha instrucción no implica una renuncia a plantear la cuestión en apelación. Álvarez de Jesús, supra, pág. 127; del Valle, supra, pág. 179, Negrón, supra, págs. 301-302. En el más reciente caso de Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703, 711-714 (1972), pasamos sobre el tecnicismo de la Regla 137 y revocamos una convicción por asesinato porque entendimos que, aunque no se objetó determinada ins-trucción, la omisión afectó un derecho fundamental.

¿Es el derecho a que se instruya al jurado sobre la vali-dez del procedimiento mediante el cual se identifica al acu-sado un derecho fundamental? Entendemos que sí. Dijimos en Gómez Incera, supra, pág. 251, que: “[la] identificación del acusado es una fase esencial en el procedimiento criminal.” Y citamos la trilogía de Wade, Gilbert y Stovall, y el más reciente caso de Foster v. California, 394 U.S. 440 (1969), al efecto de que “. . . en algunos casos los procedi-mientos que llevan a una identificación ocular, pueden estar tan viciados que como cuestión de derecho hagan constitu-eionalmente inadmisible la identificación.” Gómez Incera, a la pág. 251. Es que, según resolvimos en Gómez lucera y hemos reiterado en los casos posteriores que ya hemos citado, cuando se violenta la norma allí establecida se priva al acu-sado del debido proceso de ley. “No puede haber un juicio justo e imparcial si no se garantiza debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la comisión de un crimen.” Gómez Incera, pág. 252. ¿Hay derecho más fundamental para la protección de la libertad que el derecho de un acusado a que se le garantice un juicio justo e imparcial?

En Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 415-416 (1974), al revocar a Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970), sobre la renuncia implícita al derecho a juicio rá-pido, dijimos: “Las renuncias a los derechos fundamentales deben ser expresas, no presuntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno conocimiento de causa.” Este principio había sido reconocido en Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972), respecto de la renuncia a juicio por ju-rado. Hace poco, en la esfera administrativa, reconocimos como fundamental el derecho del Administrador del Fondo del Seguro del Estado a una vista ante la Comisión Industrial y dijimos: “Cuando se trata de derechos fundamentales surge de hecho una presunción contraria a su renuncia.” F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261 (1976).

Para concluir, no tengo reparo a que se adopten las ins-trucciones al jurado que en materia de identificación del acusado propone la opinión del Juez Presidente. Su adopción subraya mi contención de que estamos frente a un derecho fundamental del acusado. Debo aclarar, sin embargo, que el adoptar estas instrucciones no debe entenderse como un aflo-jamiento de la norma establecida en Gómez Incera. Dicha norma establece una regla de exclusión en materia de prueba, a saber, que es inadmisible la identificación hecha a base de sugestividad porque ello viola el debido proceso de ley. El tribunal de instancia debe pasar sobre el aspecto de admisi-bilidad como cuestión de Derecho. Si entiende que como cues-tión de Derecho no se ha violado el debido proceso de ley, procede entonces que como cuestión de hecho determine el jurado si el acusado ha sido identificado positivamente como el autor del delito que se le imputa, más allá de duda razona-ble. Es a tales fines que procedería impartir las instruc-ciones propuestas en la opinión del Juez Presidente.

       Necesariamente ha de ser ésta la regla, porque de cuestionarse la identificación por la defensa y considerarse fundada la objeción por el juez, sencillamente no hay caso alguno que someter para ejection al jurado. No hay necesidad de trasladar al juicio en el comienzo del mismo todo el procedimiento de identificación presentando prueba de esa etapa investigativa.

       Sabemos que la estimación del tiempo que dura un incidente es en extremo subjetiva. No creo que haya quien discuta que a una persona herida que espera por una ambulancia, y que no está del todo consciente, el tiempo se le figura mucho más largo. En el sabio decir popular, “el que espera se desespera.”

         United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967); Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967); y Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Ibraim Arce, etc., demandantes y recurrentes, v. Club Gallístico de San Juan, demandado y recurrido.

      Número: R-76-313

      Resuelto: 12 de noviembre de 1976

      Calderón, Rosa Silva & Vargas y David Rivé Rivera, abogados de los recurrentes; Roberto Avila Rivera y Carmelo Avila Medina, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Con fecha 27 de noviembre de 1974, veintiocho socios del Club Gallístico de San Juan incoaron acción contra dicha entidad solicitando su disolución, liquidación y la adjudica-ción de las respectivas participaciones de todos sus miem-bros. La demanda fue contestada en 16 de enero de 1975. Durante el transcurso de los meses de febrero, marzo y abril las partes intercambiaron varios documentos relacionados con una sentencia sumaria promovida por la demandada, la cual el 19 de mayo de 1975 fue denegada al estimarse que existían hechos en controversia que la hacían improcedente.

Subsiguientemente, el tribunal de instancia señaló una conferencia con antelación a juicio el 11 de septiembre, y como resultado, las partes acordaron reunirse con posteriori-dad extrajudicialmente para tratar de simplificar las contro-versias. Las gestiones entre sus abogados para coordinarla, fueron infructuosas. No habiendo existido trámite judicial al respecto, el 3 de junio de 1976, el tribunal dictó sentencia al amparo de la Regla 11 de las de Administración; dicta-men que sostuvo en reconsideración. Ello motiva el presente recurso interpuesto por los demandantes en orden a dos planteamientos.

El primero cuestiona la constitucionalidad de la Regla 11. El señalamiento es inmeritorio. La regla está basada no sólo en el poder inherente y autoridad expresa de este Tribunal para adoptar Reglas de Administración para los Tribunales de Primera Instancia, sino en la doctrina jurisprudencial previa que así lo reconoce, dentro del espíritu y lenguaje de la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil. Bajo los términos de su antecesora, la Regla 41 (b) de las de Enjuiciamiento Civil de 1943, habíamos establecido la autoridad de un tribunal, a instancia propia, a desestimar una demanda por falta de ulterior gestión: Costas Purcell v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 10, 18 (1963); Souchet v. Cosío, 83 D.P.R. 758, 762 (1961) y casos allí citados. La Regla 11, al amparo de las nuevas corrientes de reforma procesal cuya finalidad óptima es la pronta y justa solución de las controversias judiciales, recoge el criterio jurisprudencial y descansa en el supuesto que una inactividad de las partes en ex-ceso de seis meses es irrazonable y presume ausencia de interés o abandono de éstas. Ortiz v. C.R.U.V., 104 D.P.R. 704 (1976); Ortiz v. Fernós López, 104 D.P.R. 851 (1976); Madera Meléndez v. Negrón, 103 D.P.R. 749 (1975); y Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844 (1975).

El segundo planteamiento es en el sentido de que, en las circunstancias del caso, no debió aplicarse la Regla 11. Sin que ello implique un relajamiento en cuanto a su aplica-ción, debemos reconocer que la desestimación de un pleito bajo la Regla 39.2 o la 11 de las de Administración debe prevalecer únicamente en casos extremos al quedar expuesto el desinterés y abandono total de la parte de su caso. Las actuaciones u omisiones de sus abogados, deben ser objeto de escrutinio judicial y de sanciones, antes de atribuirle a las partes todo el rigor y consecuencias de las mismas. Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787 (1974).

Hace unos días sintetizamos la norma al respecto del siguiente modo:

“Ciertamente nos preocupa, y siempre nos ha preocupado, que la indolencia de una o de ambas partes en un litigio pueda frustrar el propósito de que se haga justicia rápida. Nuestras ■decisiones han estado dirigidas a fortalecer el poder de las Salas de instancia para aligerar los procedimientos, si necesario fuere mediante la drástica sanción de decretar la desestimación y ar-chivo de la demanda de la parte actora, y según sea el caso, eliminar las alegaciones de la parte demandada, declararla en rebeldía y resolver la causa en su contra. No vamos a aflojar esa norma en lo más mínimo. Pero tiene por necesidad que apli-carse en cada caso conforme a sus particulares hechos y pers-pectivas.” Secretario del Trabajo v. Mayagüez O. M. Club, 105 D.P.R. 279 (1976).

En Ortiz v. Fernós López, supra, resolvimos que ni los cambios en representación de abogado ni conversaciones extrajudiciales entre las partes constituyen gestiones que interrumpen el término de inactividad. Reiteramos tales pronunciamientos, enfatizando que acuerdos privados entre abogados o partes con el propósito de no ventilar prontamente el caso, sin que medie autorización expresa del tribunal, de ordinario, no impiden la aplicación estricta del período preceptuado en la Regla 11. Sin embargo, en las circunstancias del caso de autos, las gestiones extrajudiciales entre los abogados de las partes cumpliendo con el acuerdo adoptado ante el tribunal como consecuencia de la conferencia con antelación a juicio, debió estimarse como un interés de los demandantes en proseguir el pleito. El tribunal a quo debió reconsiderar y reabrir el caso previa imposición de una sanción a los abogados de los demandantes.

Se dictará Sentencia expidiendo el auto solicitado orde- nando la reapertura del caso sujeto a que los abogados de la parte demandante, dentro del término de quince (15) dias a partir del recibo del mandato, consignen en concepto de hono-rarios de abogado para la parte demandada la suma de $250.00.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión y el Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       Habiendo comparecido ambas partes, hemos considerado dar por sometido el mismo en virtud de la Regla 50 de nuestro Reglamento y dictar la decisión correspondiente.

       Véase: Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797 (1976).

       En lo pertinente dispone: “Si el demandante deja/re de proseguir el pleito o de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, un demandado podrá solicitar la desestimación del pleito o de cualquier re-clamación contra él.” (Énfasis suplido.)


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    María Luisa Pujols Vda. de Gerena, demandante y recurrente, v. United States Department of Agriculture et als., demandados y recurridos.

      Número: R-76-184

      Resuelto: 15 de noviembre de 1976

      Wilfredo Pérez Candelaria, Eugenio Alemañy Fernández y Ni-canor Laguillo Rodríguez, abogados de la recurrente; Julio Morales Sánchez, Fiscal Federal, y Jesús A. Castellanos, Fiscal Federal Auxiliar, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En su demanda ante el Tribunal Superior (Mayagüez) reclamando daños y perjuicios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de su empleado Cecil D. Burger, alega María Luisa de Gerena que mientras se hallaba estacionada en su vehículo frente a un semáforo esperando cambio de luz, fue impactada por la parte posterior por un automóvil Plymouth propiedad del Departamento de Agricultura Federal conducido por su empleado Burger. Se da como fecha del accidente la del 13 de marzo de 1973 y la demanda se presenta en Mayagüez el 12 de marzo de 1974. Se libran emplazamientos pero éstos no fueron diligenciados hasta el 28 de octubre de 1975 el correspondiente al Departamento de Agricultura Federal, en la persona del Director del Instituto Mayagüezano de Agricultura Tropical; y el 17 de noviembre de 1975 el correspondiente al empleado Burger en las personas de un abogado y una secretaria de dicho Departamento. Mientras demoraba la diligencia del emplaza-miento la demandante presentó acción civil el 13 de marzo de 1975 por los mismos hechos en la Corte Federal, contra el Gobierno de los Estados Unidos, al amparo del Federal Tort Claims Act (28 U.S.C.A. secs. 1346(b) y 2679(b)) que fue desestimada el 13 de agosto de 1975 por no haber la actora cumplido con el previo requisito jurisdiccional de radicar una reclamación administrativa válida como exige 28 U.S.C.A. sec. 2675 (a) y por haber prescrito su acción contra los Esta-dos Unidos. De Gerena v. United States, 398 F.Supp. 93-D.C. P.R.—(1975). Obtenida sentencia en la jurisdicción federal, el fiscal de dicha corte solicitó la desestimación de la demanda pendiente en el Tribunal Superior de Mayagüez fundada en que la jurisdicción para conocer de esta acción civil es exclusiva de la Corte Federal toda vez que por dis-posición de la citada Sec. 1346(b) del Federal Tort Claims Act la misma se reduce a un pleito en que el único demandado efectivo es el Gobierno de los Estados Unidos, impugnando además la suficiencia del emplazamiento. El Tribunal Superior acogió el planteamiento y desestimó por falta de juris-dicción.

Recurrió en revisión la demandante y en su solicitud se allana a la desestimación respecto al demandado Departa-mento de Agricultura Federal admitiendo que “la sección 1346(b) del Título 28 del Código de los Estados Unidos en forma clara y expresa concede jurisdicción exclusiva a los Tribunales de Distrito Federal [sic] en acciones de daños dirigidas contra el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-rica.” Ibid, pág. 2. Solicitó, no obstante, la revocación del fallo desestimatorio en cuanto al empleado codemandado Burger alegando que en lo relativo a éste la jurisdicción federal no es exclusiva, y que sólo si el Gobierno federal acep-tara asumir responsabilidad por su empleado procedería el traslado a la Corte de los Estados Unidos, pero nunca la de-sestimación del pleito. Sin embargo, una vez expedido el auto, la recurrente se retractó de su posición original e in-siste en que el Tribunal Superior asuma jurisdicción tam-bién sobre el Gobierno de los Estados Unidos como dueño del vehículo causante del daño bajo la norma de responsabilidad contenida en la sec. 13-101 de la Ley de Tránsito. (9 L.P.R.A. sec. 1751.)

El Tribunal General de Justicia de Puerto Rico carece de jurisdicción para conocer de y adjudicar este pleito en cuanto concierne al Departamento de Agricultura Federal, agencia sin personalidad jurídica propia del Gobierno de los Estados Unidos. Al dar su consentimiento para ser demandado el Gobierno Federal lo sujetó a la disposición de que las acciones civiles en su contra se promuevan exclusivamente en las cortes federales 28 U.S.C.A. sec. 1346(b). Dicha jurisdicción exclusiva no se afecta porque la acción se traiga bajo un estatuto general de negligencia como el Art. 1802 del Código Civil, o uno especial como la Ley de Tránsito.

Tiene aspectos más complicados la jurisdicción sobre el conductor empleado federal Burger, pero la propia demandante los ha despejado al alegar afirmativamente en el párrafo tercero de su demanda que aquél “se encontraba al momento del accidente en gestiones de su empleo.” En 1961 la See. 2679 (b) del Título 28 del Código Federal fue enmendada para conceder inmunidad contra acciones por daños al empleado federal envuelto en un accidente de automóviles en el curso de su empleo. Ahora el Gobierno Federal asume responsabilidad por su empleado y la acción contra el Gobierno bajo el Federal Tort Claims Act constituye el único y exclusivo remedio del perjudicado para recobrar daños, si concurre el requisito indispensable de que el empleado causante del daño se hallaba en gestiones oficiales. Gustafson v. Peck, 216 F.Supp. 370 (1963); Henderson v. United States, 429 F.2d 588, 590 (1970); Meeker v. United States, 435 F.2d 1219, 1221 (1970). El propósito de la enmienda de 1961 fue quitar de los hombros del empleado en gestiones oficiales los riesgos, inconvenientes y carga económica que conlleva la res-ponsabilidad personal por daños mientras conduce un vehí-culo de motor. Fue tan manifiesta y clara la intención del Congreso de sustituir el Gobierno en lugar del empleado en estos casos que se rechazó una enmienda disponiendo que aquellas acciones iniciadas en las cortes estatales contra el empleado federal en su capacidad personal, no podrían ser trasladadas a la corte federal sin el consentimiento del de-mandante. (1961 (2) U.S. Code Congressional & Administrative News, pág. 2784 y ss.) El comienzo de la acción en la corte estatal contra el empleado como individuo particular no logra evadir el propósito del estatuto y los requisitos juris-diccionales allí dispuestos. Meeker v. United States, supra.

Ahora bien, el pleito iniciado en la corte estatal prosigue y el empleado federal no queda relevado de responsabilidad hasta que los Estados Unidos no la asumen expresamente y promueven el traslado a la Corte Federal. Jarrell v. Gordy, 162 So.2d 577, 584 (1964). En los casos apropiados el fiscal expide la certificación de hallarse el empleado en el curso del empleo y obtiene de la Corte Federal la orden para el traslado del pleito a ésta. 28 U.S.C.A. sec. 2679(c) y (d). La demandante en el caso de autos hizo innecesaria esa determinación porque aseveró en su demanda que Burger causó el accidente hallándose en “gestiones de su empleo.” Esta admisión y la previa desestimación del pleito en la jurisdicción federal convierten en fútil el procedimiento ortodoxo de solicitar traslado a la Corte Federal, en lugar de pedir la desestimación de la demanda como actuó el fiscal de los Estados Unidos. No tiene sentido seguir una ruta procesal formal más larga cuando el traslado a la Corte Federal producirá inevitablemente la misma desestimación de la acción civil ordenada por el Tribunal Superior de Mayagüez, pues ya el caso tuvo una adjudicación final en aquella jurisdicción. Confirmada.

       “Sec. 1751. Responsabilidad de dueños de vehículos de motor cuando medie culpa o negligencia
      “El dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho vehículo, interviniendo culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea operado o esté bajo el control físico y real de cualquier persona que, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona, obtenga su posesión mediante la autorización expresa o tácita del dueño. En todo caso se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que opera o tiene bajo su dominio o control un vehículo de motor, ha obtenido su posesión con la autorización de su dueño, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona.
      “La persona por cuya negligencia haya de responder el dueño de Tin vehículo de acuerdo con las disposiciones del párrafo anterior vendrá obligada a indemnizar a éste.”

       Ordena él artículo relativo a jurisdicción del Federal Tort Claims Act:

      “(b) Subject to the provisions of Chapter 171 of this title, the district courts, together with the United Sates District Court for the District of the Canal Zone and the District Court of the Virgin Islands, shall have exclusive jurisdiction of civil actions on claims against the United States, for money damages, accruing on and after January 1, 1945, for injury or loss of property, or personal injury or death caused by the negligent or wrongful act or omission of any employee of the Government while acting within the scope of his office or employment, under circumstances where the United States, if a private person, would be liable to the claimant in accordance with the law of the place where the act or omission occurred.” 28 U.S.C.A. sec. 1346(b).

       Antes de la enmienda de 1961 al F.T.C.A. el empleado del Go-bierno Federal que causaba daños mientras conducía un vehículo de motor en funciones de su empleo podía ser demandado en su capacidad personal en las cortes estatales. 14 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice & Procedure, sec. 3658, págs. 228-229; Gustafson v. Peck, 216 F.Supp. 370, 372-373 (1963); Gurzo v. Gregory Park, Inc., 240 A.2d 25, 31 (1968); Smith v. United States, 328 F.Supp. 1224, 1225 (1971). Según enmendada, la referida sección ordena:
      “(b) The remedy against the United States provided by sections 1346(b) and 2672 of this title for injury or loss of property or personal injury or death, resulting from the operation by any employee of the Government of any motor vehicle while acting within the scope of his office or employment, shall hereafter be exclusive of any other civil action or proceeding by reason of the same subject matter against the employee or his estate whose act or omission gave rise to the claim.” 28 U.S.C.A. sec. 2679(b), Supto.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Adalberto Andreu González y Otros, acusados y recurridos.

      Número: O-76-83

      Resuelto: 16 de noviembre de 1976

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Candita R. de Orlandi, Procuradora General Auxiliar, y Maribel Pérez Mora, abogada del Departamento de Justicia, abogadas del peticionario; Justino Ferrer Muñoz, abogado de la Corpora-ción Ganadera del Este; Julio C. Rivera y Luis Laguna Mi-moso, abogados de los acusados; Guillermo Nigaglioni y Raúl Torres, pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Fiscal formuló acusaciones contra varias personas naturales y jurídicas por el delito de adulteración de leche — Ley Núm. 234 de 23 de julio de 1974 (24 L.P.R.A. sec. 791)— ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao. Dicho foro, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento sobre Toma y Análisis de Muestras de Alimentos, Drogas y Cosméticos — número 12 — en vigor desde el 10 de febrero de 1945 (24 R.&R.P.R. sec. 730-1 et seq.), el Reglamento Sanitario Núm. 133, vigente desde el 6 de julio de 1970, (24 R.&R.P.R. sec. 790-301 et seq.), y el caso de Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 64, 71 (1963), acogió los plan-teamientos de los acusados y resolvió que el haber el Secre-tario de Salud tomado una sola muestra de leche para deter-minar la presencia de antibióticos, negaba a los acusados la oportunidad de tener su día en corte en igualdad de condi-ciones; en su consecuencia determinó la inadmisibilidad de los resultados de tales muestras. A solicitud del Estado, ex-pedimos auto de certiorari, celebramos vista oral, habiendo quedado sometido el recurso para dictamen.

La teoría del tribunal de instancia, reiterada en alzada por los acusados, descansa básicamente en lo resuelto en Pueblo v. Zalduondo, supra, en que dijimos:

“Atendido el efecto evidenciario de las presunciones que esta-blece la ley en relación con el resultado de los análisis de las muestras, y ante la posibilidad de la existencia de error en los exámenes, fácil es comprender que el propósito legislativo al incorporar el examen de la tercera muestra fue garantizar al ciudadano la oportunidad de comprobar la corrección de los re-sultados cuando existe discrepancia entre los efectuados. Para ello debe establecerse la existencia de la discrepancia entre el análisis oficial y el hecho privadamente por instrucciones del acusado_” Pág. 71.

Primeramente, es menester aclarar que los pronun-ciamientos del caso de Zalduondo no son de estricta aplica-ción al de autos, ya que aquéllos deben entenderse en el con-texto de la Ley de Vehículos y Tránsito allí interpretada en la cual el Legislador reconoció expresamente el derecho de un ciudadano a obtener una muestra adicional de sangre u orina para su análisis privado y una tercera muestra para análisis posterior por instrucciones del tribunal en caso de discrepancia, ello por razón de la presunción concluyente sobre embriaguez alcohólica que la propia ley fija. En casos de adulteración de la leche, ni por ley o reglamento se establece presunción alguna. El valor evidenciario del aná-lisis de una muestra es el ordinario, a saber, establecer un hecho, que de no ser satisfactoriamente impugnado y mere-cerle crédito al tribunal, se torna entonces en prueba concluyente. Pueblo v. Ruidíaz Pastrana, 89 D.P.R. 284, 286 (1963).

En segundo lugar, aun en casos de análisis por alegada embriaguez en la conducción de un vehículo de motor como el de Zalduondo, supra, el Tribunal dejó entrever algunas cir-cunstancias justificativas para prescindir del examen de comprobación, al señalar: “No hemos pasado por alto la posibilidad de que la tercera muestra que se conserva en el laboratorio del Departamento de Salud se dañe o esté inservi-ble, bien por el tiempo transcurrido desde que se tomó o por cualquier otro factor que corresponde a los químicos explicar. Si así fuere este hecho puede probarse ante el tribunal y podría constituir una justificación razonable para que no se efectuara el examen de comprobación.” Pág. 71. (Énfasis suplido.)

Aclarada la perspectiva del caso de Zalduondo, analicemos el que nos ocupa.

Conforme el historial explicativo y su contenido, el Reglamento de Salud Núm. 12 del año 1944 que el tribunal a quo consideró rigurosamente aplicable, es uno que abarca los trámites relacionados con la toma de muestras, notifica-ción al fabricante o vendedor del producto y el procedimiento del análisis e informe final del laboratorio. En lo que no estu-viere en conflicto, estimamos que se extiende a toda otra reglamentación que contemple la gestión de tomar muestras alimenticias, entre las cuales está las relacionadas con la leche. En este sentido no podemos convenir con la tesis del Estado de que el Reglamento Núm. 133, por ser uno especial y posterior — que regula minuciosamente y con lujo de detalles los aspectos de la producción de la leche — derogó tácitamente las normas sobre toma de muestras en triplicado antes trans-critas. Precisamente el Art. XXI del Reglamento 133 dis-puso la abolición expresa de varios reglamentos y de “. . . todo Reglamento o parte de Reglamento que se oponga al presente. . . pero no derogó específicamente el Núm. 12. Debe pues entenderse, que ambos reglamentos subsisten en la medida en que no estuvieren en pugna o conflicto entre sí. Compárese: González Saldaña v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 267, 272 (1963).

Ahora bien, contrario a la posición de los acusados, el principio antes expuesto no significa que en todo caso tiene que seguirse mecánica e indefectiblemente los trámites de tomar tres muestras y que su omisión viola per se el debido proceso de ley. El derecho al debido proceso de ley no es un molde riguroso que se da en el abstracto, pues su naturaleza es eminentemente “circunstancial y pragmática”. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974). Cada caso exige una evaluación concienzuda de las circunstancias envueltas, la naturaleza del alimento, la técnica utilizada, los factores químicos que afectan la muestra, su carácter perecedero, la urgencia de detectar si el alimento está o no adulterado, y el tipo de adulteración. Ya en el pasado, en casos de adulteración de leche con agua, habíamos resuelto que no es impedimento para encauzar un .caso criminalmente, el que a un acusado no se le hubiese entregado la muestra: Pueblo v. Ramos, 72 D.P.R. 833, 835 (1951) y El Pueblo v. Pérez, 23 D.P.R. 877, 880 (1916); como tampoco enerva el proceso el que no se hubiese hecho el examen de comprobación: Pueblo v. Palacios, 66 D.P.R. 961, 963 (1947).

En el caso de autos, el Estado ha alegado que la observancia del Reglamento Núm. 12 sobre muestras en triplicado es improcedente debido a la naturaleza perecedera de la leche y estar tal trámite en conflicto con la metodología moderna utilizada para los análisis químicos de muestras, en particular para detectar sustancias antibióticas como la peni-cilina. Aduce que al añadirse a tales muestras preservativos, éstos actúan e interfieren con los resultados, y por ende solamente se toman muestras en triplicado para aquellos aná-lisis químicos por adulteración de leche con agua. De ser cierta esta alegación, ello sería motivo suficiente para no aplicarse el Reglamento Núm. 12, ya que estaría en conflicto con el Reglamento Núm. 133, con el criterio de razonabilidad y con el curso natural de lo físicamente posible. El debido proceso de ley ni el derecho coexisten para exigir cosas impo-sibles, absurdas, ni inútiles o innecesarias.

Reconocemos que tal eventualidad, de ser correcta, pone a los acusados en una posición difícil en la defensa de sus intereses, pero ello no implica un estado de total indefensión. Como productores de un alimento tan básico, revestido de interés público, sobre ellos recae una gran responsabilidad, y en la conjugación de los intereses envueltos, la balanza necesariamente se ha de inclinar a garantizar la salud máxi-ma del pueblo, la cual “. . . es ley suprema y debe protegerse por todos los medios que sean justos y procedentes.” El Pueblo v. Rodríguez, 23 D.P.R. 424, 426 (1916). Nada les impide que periódicamente realicen los exámenes de rigor para ase-gurar la pureza de la leche; no vienen obligados a examinar el producto y a reaccionar únicamente cuando el Estado in-terviene. En esta balanza, es determinante el hecho — contra-puesto al poco perjuicio que emana de la leche adulterada por agua — que la presencia de residuos antibióticos en este ali-mento resulta extremadamente nociva a la salud debido a los efectos de inmunización a los antibióticos, las reacciones alér-gicas y resistencia microbiana que ello puede producir sobre toda una población de niños y adultos consumidores.

Se dictará Sentencia revocando la Resolución del Tribunal Superior, Sala de Humacao de 15 de enero de 1976 y se devolverán los autos originales para la continuación de los procedimientos ulteriores compatibles con los términos de la presente.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Dávila no intervinieron. El Juez Asociado Señor Mar-tín concurre en el resultado sin opinión.

       Respecto a la suficiencia de una acusación por este delito, véase Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 209 (1975). El concepto “adul-teración de leche” aquí utilizado es uno amplio que describe la situación en que se le añade directa y voluntariamente una sustancia extraña no permitida a la leche, o la situación en que debido al tratamiento o a la alimentación que ha recibido el ganado, al ser ordeñado, la leche contiene las substancias en cuestión. La responsabilidad absoluta que impone la ley en cualesquiera de estas circunstancias es de fácil comprensión.

      Cabe destacar otras diferencias menos aparentes entre ambas situaciones. En el caso del conductor intoxicado, la presencia de alcohol en su cuerpo es pasajera y por condición inherente al estado de embria-guez no es posible exigirle que por sí realice gestiones conducentes a obte-ner muestras contemporáneas con su propio médico o químico, aparte del factor tiempo que ordinariamente transcurre en orden de los trámites in-vestigativos de la policía y ante la autoridad judicial. En el caso de la leche, la fuente de la cual se toma la muestra se encuentra bajo el control del productor quien no está impedido ni restringido de hacer periódica-mente los análisis de rigor necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley y la pureza del alimento.

      En lo pertinente dispone:

        “Sección 9

      “Las muestras oficiales se tomarán en triplicado cuando menos. Se podrá tomar un número mayor si fuere necesario, debiéndose entregar una de ellas al interesado y poniéndose las otras a disposición del Departamento de Salud para la investigación pertinente del caso. Las muestras infor-males, llamadas ‘muestras de investigación’ son para orientación del labo-ratorio correspondiente y constarán de una sola unidad, pero se recogerán en triplicado si posteriormente se ordena la toma de una muestra oficial.

        “Sección 19

      “Cuando del examen, análisis o investigación de una muestra oficial resultare que a juicio del Departamento existe adulteración, contaminación, falsa rotulación o en alguna forma el alimento o droga no sea propio para consumo público, se notificará al interesado, advirtiéndole de que si se deseare por este último la comprobación del examen, análisis o investiga-ción en la muestra oficial en su poder, éste deberá ser hecho dentro del término que se establezca en el aviso de acuerdo con lo que se dispone más adelante.

        “Sección 11

      “En los casos por adulteración de leche, el examen de comprobación se llevará a efecto, de solicitarlo la parte interesada, dentro del término de 10 días a partir de la fecha de la notificación al interesado de que la muestra tomádale resultó adulterada; Disponiéndose que, en casos merito-rios y si se alegaren razones satisfactorias ante nos, podremos extender dicho término por 5 días más; pero nunca se permitirán exámenes para comprobación de muestras de leche luego de transcurridos 15 días a contar desde la indicada notificación o si las muestras de leche se encontraren en estado de acidez incipiente . . . .” (24 R.&R.P.K. secs. 730-9, 730-10 y 730-11.)

       Véanse: United States v. Bel-Mar Laboratories, Inc., 284 F.Supp. 875, 877 (1968) y United States v. Kendall Company, 324 F.Supp. 628, 630 (1970), en los cuales respectivamente se resuelve qué cambios en las condiciones de una droga y la destrucción de las pastillas examinadas cons-tituyen fundamento para relevar al gobierno de las muestras.

       Goldberg, H., Veterinary Medical and Nonmedical Use of Antibiotics, Vol. 22, No. 1, Food Drug Cosm. L.J., págs. 33-40 (1967).

      En la vista oral los abogados de los acusados apelados aceptaron tal posibilidad, argumentando que debería entonces notificárseles inmedia-tamente para ellos poder verificar la certeza del análisis observando su realización o contratando un químico particular.

        Agostini v. Agostini, 27 D.P.R. 516, 518 (1919).

         Pueblo v. Galarza, 41 D.P.R. 606, 614 (1931).

         López, Alcalde v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 304, 314 (1964); Piereschi v. Comisionado Agricultura, 62 D.P.R. 114, 120 (1943).


text:
    Carlos A. Márquez Alfonso, lesionado; Continental Collection Serv., Inc., patrono; Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada y recurrida, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-76-377

      Resuelto: 17 de noviembre de 1976

      Víctor G. Colón Hernández, Guillermo Figueroa Prieto y Francisco Falú Lebrón, abogados del recurrente; Gerardo Mariani Padilla y Raymundo Suárez Lazú, abogados del lesionado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 23 de enero de 1968, aproximadamente a las 7:00 P.M., mientras conducía un vehículo de motor en gestiones propias de su empleo, Carlos A. Márquez Alfonso tuvo un violento y serio accidente en la intersección de las carreteras números 2 y 165, Toa Baja, Puerto Rico. La evidencia desfilada ante la Comisión Industrial demuestra, en síntesis, que de dicho lu-gar fue llevado de inmediato al Centro de Salud de Toa Baja donde fue atendido por un facultativo que le diagnosticó un rasguño en el brazo izquierdo. Accediendo a su solicitud y por ser miembro de la institución, fue trasladado al Hospital Auxilio Mutuo en Río Piedras, donde ingresó con carácter de emergencia quejándose de fuerte dolor en el pecho. Las radiografías demostraron fracturas de las costillas 4, 5, 6 y 7 izquierdas y se le diagnosticó hemo-neumotorax. En el transcurso de las horas experimentó dificultad para respirar, condiciones que requirieron drenaje (punción en el pulmón) y traqueotomía en la sala de operaciones. Estuvo en la Uni-dad de Tratamiento Intensivo hasta el 2 de febrero de 1968, y luego en la Sección de Cirugía hasta el 21 de febrero, en cuyo día se le ubicó en la Sección de Medicina hasta que fue dado de alta el 14 de marzo de 1968.

Aun cuando de los documentos ante nuestra consideración no aparece la fecha precisa, su abogado notificó al Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado del accidente y su reclusión hospitalaria. Previa investigación, evaluación y tratamiento médico ulterior en el Fondo, se rindió finalmente el siguiente diagnóstico: fracturas de las costillas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 izquierdas; de las costillas 2, 3 y 4 derechas; hemo-neumotorax recuperado; pleural engrosados y adherencias pleurodiagrasmáticas lado izquierdo, todo relacionado con el accidente. En vista de ello, el Administrador determinó que el accidente era compensable y le reconoció una incapacidad del 50% de las funciones fisiológicas generales que la Comi-sión Industrial amplió al adjudicarle una incapacidad total permanente.

En 21 de abril de 1972 el obrero Márquez solicitó del Ad-ministrador el reembolso de la suma de $5,595.43 en con-cepto de “tratamiento especial”, “intervención de especialis-tas” y “enfermeras especiales” durante su estancia en el Auxilio Mutuo por el período comprendido desde la fecha de su ingreso hasta el 21 de febrero, esto es limitado al tiempo en que estuvo en la Unidad de Tratamiento Intensivo y en la Sección de Cirugía. El Administrador denegó adu-ciendo que en la solicitud de reembolso el peticionario “. . . expresó que como podía pagar los servicios prefirió quedarse allí ya que su condición requería tratamiento médico especial y la intervención de especialistas. . . .”, decidiendo que “. . . en igualdad de condiciones el aquí peticionario ignoró las facilidades médicas provistas y disponibles por el Asegura-dor.” En alzada la Comisión Industrial revocó al Adminis-trador, quien mediante el presente recurso de revisión acude ante nos solicitando reinstalemos su dictamen argumentando haber la Comisión incurrido en los siguientes errores:

“Que la Honorable Comisión Industrial cometió error de derecho al resolver contrario a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 LPRA-6), cuando concluyó, que a pesar de que voluntariamente el lesionado solicitó ser trasladado y se trasladó al Hospital Auxilio Mutuo donde recibió tratamiento, el Fondo del Seguro del Estado viene obligado a reembolsar los gastos en que incu-rrió en dicho Hospital.
“Que la Honorable Comisión Industrial incurrió en error de derecho al resolver contrario a la jurispudencia establecida por esta Honorable Superioridad en los casos de Montaner, Admor., vs. Comisión Industrial, 58-DPR-356 y Rivera, Admor., vs. Comisión Industrial, 101-DPR-281.
“Que la Honorable Comisión Industrial cometió error de derecho en la evaluación del testimonio de los peritos médicos; y también al no considerar la totalidad de la evidencia, haciendo así caso omiso de lo dispuesto por nuestro Honorable Tribunal Supremo en el caso de Alonso García vs. Comisión Industrial, recurso número O-75-45, resuelto en 21 de abril de 1975.”

Analicemos conjuntamente estos errores.

I

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, — denominada Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo — representa el andamiaje jurídico, sustantivo y procesal, para proveer indemnización, sujeto a ciertas normas, a los obreros que resultaren lesionados y a sus dependientes, si aquellos fallecieren, como resultado del desempeño de sus oficios y ocupaciones. Como ocurre con otras leyes esta pieza legislativa contiene disposiciones que son amplias y específicas, otras claras y obscuras, y algunas lagunas sobre las cuales de vez en cuando, los tribunales vienen obligados a interpretar al adjudicar controversias. El caso que nos ocupa corresponde a este último extremo, pues la única disposición que guarda cierta relación con la controversia es su Art. 5. Al amparo de dicho artículo hemos repetida-mente resuelto que un obrero por regla general viene obli-gado, salvo circunstancias eximentes, a notificar o personarse al Fondo dentro del término de cinco (5) días y a obtener la previa autorización del Administrador para cualesquiera tratamientos médicos necesarios, por ser éste el funcionario . . responsable de la buena inversión de los fondos bajo su custodia”, Montaner Adm. v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 356, 359 (1941). Por excepción solamente ante “una situa-ción de emergencia” es que se puede ignorar el trámite ofi-cial, Administrador v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 281, 285-286 (1973). Resulta claro, que de ordinario todo trata-miento médico, incluyendo la hospitalización del obrero, debe ser en las facilidades hospitalarias gubernamentales tanto a nivel estatal como municipal, autorizados por el Fondo y que lo contrario es la excepción. Toda demora en notificar al Fondo o presentarse a examen médico tiene que ser satis-factoriamente explicada y documentada. González Saldaña v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 267, 275 (1963).

Al igual que otras áreas del derecho, no existe una regla mecánica e inflexible que permita medir con precisión matemática cuáles hechos constituyen casos excepcionales de “situación de emergencia”; sin embargo es posible detectar ciertos criterios que nos permiten precisar en cierto grado el concepto, tales como el elemento tiempo, el estado de consciencia del obrero y el carácter o naturaleza de la lesión.

En primer lugar, debe tratarse de una emergencia real o aparente que exija y amerite pronta atención médica para salvar la vida del obrero o evitar grave daño o complicación adicional en orden al carácter de las lesiones recibidas. El concepto emergencia denota una combinación de circunstan-cias que necesariamente requieren un inmediato curso de acción o remedio. En síntesis, la doctrina enuncia una situa-ción de hechos que imperativamente conlleva acción rápida en evitación de la muerte del lesionado o grave complicación a su salud. No toda conducta ante una emergencia convalida el curso de acción seguido, sino que debe ser razonable den-tro de las circunstancias particulares de cada caso y no hijas de una mera irreflexión o conveniencia. Ejemplarizantes de situación de emergencia en el contexto de la ley que nos ocupa, merecen aprobación las siguientes situaciones:

“a) Cuando el obrero lesionado se desmaya o queda incons-ciente y terceras personas lo recluyen en la primera facilidad hospitalaria adecuada que encuentren;
b) Cuando el obrero lesionado padece de una condición emo-cional [que pone en riesgo su vida o la vida de las personas que le rodean] y es recluido por sus familiares o terceras personas en facilidades hospitalarias ajenas al Fondo del Seguro del Estado; y
c) Cuando la condición física del lesionado es tan crítica que su reclusión es de emergencia y tiene que recluirse en facili-dades ajenas al Fondo del Seguro del Estado por quedar éstas distantes o por lo intensivo de la hora en que el lesionado entre en crisis/'

De los dos primeros ejemplos, como denominador común se desprende que el obrero lesionado no ha intervenido, debido a su condición, en la decisión adoptada por terceros de recluirlo en determinado hospital; y del tercero, un estado físico grave en relación con la accesibilidad del hospital a base de consideraciones prácticas de distancia y hora, y fa-cilidades adecuadas. Otra excepción que cabe mencionar es la ignorancia total y absoluta, bona fide, del lesionado de que el accidente que motivara la hospitalización es uno com-prendido en la Ley de Accidentes del Trabajo.

Finalmente, el tratamiento debe haber producido efectos satisfactorios, no haberle privado al Administrador de investigar oportunamente el caso: González Saldaña, supra, pág. 276; y para que proceda el reembolso de los gastos incurridos deben concurrir los siguientes requisitos: (1) hayan sido necesarios e indispensables (no simple conveniencia) ; (2) se hayan efectiva y realmente incurridos por el lesionado (no satisfechos por otras fuentes colaterales, tales como seguros públicos o privados u otros tipos de planes médicos); y (3) correspondan a las tarifas o cuantías razonables que el Administrador fija y acepta.

II

Apreciada en su justa perspectiva el trasfondo de prin-cipios jurídicos envueltos a la luz de las circunstancias de hechos específicos probados, coincidimos con la Comisión Industrial de que en este caso se trataba de una “situación de emergencia” que ameritaba la inmediata hospitalización del lesionado. En los autos hay suficiente base para respetar la apreciación de prueba de la Comisión concluyendo que . . aun cuando no hubiera un estado de semi-inconsciencia por parte del obrero al momento de él solicitar, si fue que solicitó, que fuera llevado al Hospital Auxilio Mutuo, lo cierto es que las condiciones en que estaba ... no le permitían hacer o to-mar una decisión fría, calculada y razonable, y por consi-guiente inteligente, que lo llevara a menospreciar deliberada-mente las facilidades del Fondo del Seguro del Estado.” Re-sulta atinada y sostenible la expresión “... de que si en algún momento el obrero mostró alguna predilección por que fuera llevado al Hospital Auxilio Mutuo, en un posible estado de semi-inconsciencia, la misma es una reacción natural de una persona seriamente accidentada que menciona el nombre de un hospital que probablemente conoce y que le presta con-fianza en los momentos tan difíciles que estaba pasando.. . .”

No obstante, lo anterior no sería suficiente para haber omitido los trámites de ley y haberse hospitalizado en una institución privada. Sin embargo, la presencia de otros factores determinantes abonan a la conclusión de la Comisión Industrial. A tal efecto, la prueba concluyentemente demostró que el lesionado desconocía, de buena fe, que el accidente fuera compensable, ya que era la primera vez que salía en automóvil en una gestión en cobro de dinero. El Administrador correctamente aceptó implícitamente tal realidad al admitir la notificación tardía.

Y además, el lesionado era socio del Auxilio Mutuo. To-mamos conocimiento judicial de que esta institución brinda a sus miembros los servicios necesarios de trata-miento médico y hospitalización sin costo adicional al de la cuota mensual. El haberse ingresado y tratado al lesionado en dicho hospital, tuvo como consecuencia reducir los gastos que se hubiesen incurrido en un hospital gubernamental. Todo indica que el tratamiento fue satisfactorio y que hasta la fecha en que el lesionado limita su reclamación de reem-bolso, padecía de una condición delicada y de cuidado, que a juicio unánime de los facultativos no era compatible con un traslado a otro hospital.

En su consecuencia resolvemos que la Comisión Industrial no cometió ninguno de los errores señalados al ordenar el reembolso.

En la determinación de cuáles gastos deben ser reembol-sados, el Administrador viene obligado a examinar que los mismos cumplan con los requisitos apuntados en esta opinión, a saber: necesarios e indispensables; incurridos realmente por el lesionado; y de cuantía razonable. A tal efecto cabe mencionar que la decisión de proveer enfermeras especiales, según el propio testimonio del obrero, fue una adoptada por su hijo. El Administrador deberá determinar si los gastos incurridos en el servicio de enfermeras y los otros cumplen con los criterios mencionados.

Se dictará la correspondiente Sentencia expidiendo él auto y modificando la Resolución de la Comisión Industrial conforme los criterios expuestos.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado sin opinión.

      En adición se le hicieron análisis rutinarios y una prueba que re-sultó negativa en cuanto a posible rotura del esófago.

       11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

      En lo pertinente dispone:
      “Durante el período de inhabilitación, el obrero o empleado lesionado o enfermo, bajo las circunstancias que cubre esta Ley se dejará tratar y examinar a horas y en sitios oportunos por un médico competente desig-nado por el Administrador; disponiéndose, que si el Administrador no proveyera asistencia adecuada al obrero o empleado, éste podrá acudir ante la Comisión Industrial y ésta, previa investigación por un médico designado al efecto, ordenará la asistencia que convenga al caso y el Ad-ministrador cumplirá con la orden de la Comisión y Disponiéndose además, que cuando por naturaleza del accidente a discreción del Administrador o su representante autorizado, fuere necesario alojar y atender al obrero o empleado lesionado en un hospital gubernamental, dicho hospital guberna-mental podrá cobrar al Fondo del Seguro del Estado, por la asistencia y estadía de dicho lesionado en un hospital, aquella cantidad que acordare con el Administrador.
      “El obrero o empleado lesionado tendrá derecho a designar por su cuenta un médico o un cirujano para que presencie su examen o le preste tratamiento. Esto, sin embargo, no afectará el derecho del médico o del cirujano designado por el Administrador para visitar al obrero o em-pleado lesionado en todos los momentos que considere oportuno y bajo cir-cunstancias razonables, durante el tiempo que esté imposibilitado de traba-jar.” (11 L.P.R.A. sec. 6.)

       Mediante la Ley Núm. 48 de 22 de mayo de 1968 se eliminó la res-tricción a hospitales municipales y límite de costo ascendente a $2.00 diarios que prevalecía, autorizándose no sólo el uso de cualesquiera hospi-tales gubernamentales, sino el cobro, por la asistencia y estadía del obrero de “. . . aquella cantidad que [el hosiptal] acordare con el Administrador.” Vol. 22, IV Diario de Sesiones, págs. 1517-1518 (1968).

       Consúltese: Armstrong v. Allstate Ins. Co., 217 S.E.2d 486, 487 (1975); Ingalls Shipbuilding Corp. v. Holcomb, 217 So.2d 18, 21-23 (1969).

      Memorándum del recurrente, pág. 12.

       Mientras estaba hospitalizado fue que por asesoramiento de su abogado advino en conocimiento de tal eventualidad.

        Candal v. Sociedad Auxilio Mutuo, 37 D.P.R. 874 (1928).


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    José Luis Loyo Colón, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Bargain Town de Puerto Rico, Inc., etc., et als., demandados y recurrentes.

      Número: R-76-214

      Resuelto: 18 de noviembre de 1976

      Charles A. Cordero, abogado de los recurrentes; Carlos Rodrí-guez Sierra, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

En este caso se dictó una sentencia que totaliza $12,750.00. Se trata de uno de estos casos en que un empleado de la firma demandada llama la atención o interviene con un visitante a un establecimiento comercial cuando surgen dudas de si dicho visitante ha pagado por determinada mercancía que tiene en sus manos y que saca o trata de sacar del esta-blecimiento.

Hemos examinado la sentencia del tribunal de instancia, la solicitud de revisión fundamentada, el memorando en opo-sición a que se expida el auto y la exposición narrativa de la prueba sometida por la demandante recurrida.

Somos de opinión que el empleado de la demandada actuó dentro del marco que exigían las circunstancias y que la con-ducta de las demandantes le indujo a ello, no habiendo pues incurrido en negligencia y que por lo tanto procede revocar la sentencia recurrida, como por la presente se revoca.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Presidente Señor Trías Monge, no intervino. Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual, Irizarry Yun-qué y Negrón García disintieron. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

Voto Disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 1976.

El incidente que dio origen a la acción ejercitada por los demandantes recurridos ocurrió el 4 de diciembre de 1973. Es recogido de la siguiente manera en las determinaciones segunda y tercera que sobre los hechos hizo el tribunal sen-tenciador, que están basadas en prueba no contradicha, pues la parte demandada descansó en la aportada por la parte demandants.

“2. Alrededor de las 12:30 a 1:00 de la tarde de dicho día las mencionadas demandantes compraron una caja de galletas y otra de chocolates y pagaron por esos artículos. Después de pasar por la caja abrieron los referidos paquetes de comestibles y comenzaron a comer de los mismos. En eso se les acercó un empleado de la tienda y les preguntó si habían pagado por los artículos, ellas le contestaron en la afirmativa, pero el empleado insistió en registrarlas. Les puso un pie al frente y las obligó a ir hasta una esquina donde registró la mercancía percatándose que la misma había sido pagada y se disculpó por su interven-ción con las co-demandantes.
3. El incidente duró alrededor de 15 minutos y como se tra-taba de la época pre-navideña había mucha gente en el lugar incluyendo a un joven del pueblo de Barranquitas que conocía a las co-demandantes ya que éstas también vivían en ese pueblo.”

El Pueblo puertorriqueño, al adoptar su Carta de Dere-chos, estableció como primera premisa, como pauta fundamental y norma regidora de todo el sistema constitucional, la siguiente: “La dignidad del ser humano es inviolable.” Art. II (Carta de Derechos), sección primera de la Constitución. Concluye esa sección con el mandato para que las leyes y el sistema de instrucción pública encarnen éste y los demás principios “de esencial igualdad humana” que allí se enun-cian.

El poder judicial, cuya máxima autoridad radica en este Tribunal Supremo, tiene la ineludible obligación de velar porque se respeten y se cumplan esos principios. Si se hace una sola excepción se afloja y se relaja la norma y se pone en peligro todo el sistema.

Estoy consciente que Bargain Town y tantas otras em-presas comerciales que han proliferado en nuestro país ope-rando como parte de grandes centros comerciales a base del sistema de auto servirse sus patrocinadores son frecuente-mente objeto de hurtos de mercancía. Si desean conjurar el mal, deben valerse de medidas que sean legalmente válidas y que no transgredan el respeto y la consideración que le deben a nuestra sociedad, de cuyo patrocinio se benefician. No podemos, en aras de proteger el interés económico de Bargain Town hacer una excepción y dar por bueno, sin ulterior responsabilidad para Bargain Town, que sus empleados a base de meras sospechas, detengan a los parroquianos a la salida de sus establecimientos, les impidan la salida a la manera de las películas del Oeste, groseramente interpo-niendo sus pies al paso de éstos, les obliguen a arrinconarse en determinado sitio y allí los registren, como sucedió en este caso con las tres damas demandantes.

Los valores que ordena salvaguardar la Carta de Dere-chos, aquí presentes, están muy por encima de los intereses económicos de una tienda o establecimiento comercial. Mi sentido de respeto a la dignidad de la persona humana, y la obligación que como puertorriqueño y como juez tengo de hacer valer lo que el Pueblo ha mandado que sea su voluntad suprema, me obligan a disentir.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bienvenido Vargas Delgado, acusado y apelante.

      Número: CR-76-129

      Resuelto: 23 de noviembre de 1976

      Wüfredo Figueroa Vélez, abogado del acusado; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos relevantes, correctamente resumidos por el Procurador General, son que el 11 de febrero de 1972 la Poli-cía recibió una llamada anónima; que con motivo de la misma el agente Medina Martínez se dirigió a la Barriada Las Monjas, específicamente al final de la Calle Popular, donde había un garage de hojalatería; que pudo notar que había un automóvil afuera del referido garage y que por las condicio-nes en que se encontraba parecía como si estuvieran traba-jando en él; que preguntó quién era el dueño del garage de hojalatería; que luego de identificarse con el Sr. Ismael Sán-chez Guzmán, quien resultó ser el dueño del garage, le pidió a éste los papeles de los vehículos estacionados afuera, pro-duciéndolos todos excepto los del vehículo objeto de este re-curso, un Dodge Swinger, modelo de 1969, color verde.

También declaró dicho agente, luego de mencionar el hecho de que tenía conocimiento de la existencia de una que-rella con relación a ese vehículo, que en unión al Sr. Ismael Sánchez Guzmán se llevaron el vehículo hacia la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico, en donde una vez allí, se personó una joven identificando el auto como de su propiedad. Dicha joven resultó ser la esposa del ape-lante. También declaró que tomó la numeración que había en el dashboard más otra numeración que el vehículo tiene en otro sitio y resultó que la del dashboard pertenecía a un Dodge dell968, inscrito a nombre del apelante Bienvenido Vargas Delgado y “la otra numeración apareció a nombre del Señor Berdeguer [sic] que era un Dodge-Swinger del 1969, exactamente como habíamos recibido la querella, que el auto había sido hurtado en la calle Marginal de la Baldorioty, en enero”; que luego citó al perjudicado, el señor Verdegué, a la División de Vehículos Hurtados, para que identificara su vehículo como en efecto lo hizo.

Juzgado por tribunal de derecho, previa renuncia al ju-rado, el acusado Vargas Delgado fue convicto del delito de hurto mayor y sentenciado el 9 de mayo de 1973 a la pena de 1 a 3 años de prisión. En su recurso de apelación formula dos planteamientos contra la sentencia: Io Que la toma u ocupa-ción del vehículo por la Policía fue ilegal por no basarse en causa probable, y que faltando una orden judicial no podía ser ni incautado ni registrado sin estar presente el acusado; y 2o Que la restitución del vehículo a su dueño antes del juicio viola el derecho del acusado a confrontarse con los testigos y la evidencia en su contra. El apelante no impugna la suficiencia de la prueba en que descansa la convicción que incluye testimonio oral del dueño del taller de hojalatería al efecto de que el acusado le llevó el carro “para pintarlo y arreglarlo.” (T.E. pág. 53.)

La historia y propósitos de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, antecesora y concordante del Art. II, Sec. 10 de la nuestra, la destacan como protección contra invasiones de “la santidad del hogar y la intimidad [privacies'] de la vida.” Su propósito esencial es proteger el derecho a la vida íntima y no el de propiedad. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos siguiendo este cri-terio, consistentemente ha descartado barreras ficticias y pro-cesales erigidas sobre conceptos propietarios. Warden, Maryland Penitentiary v. Hayden, 387 U.S. 294, 301, 304 (1967). Schneckloth v. Bustamante, 412 U.S. 218, 242 (1973). ¿Es concebible que quien hurta un automóvil tenga una legítima expectativa de privacidad respecto al mismo? De lo menos que puede calificarse esa expectativa es de teórica y abs-tracta. “ ‘El registro de un automóvil es una intrusión mucho menor en los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda, que el registro de la persona o de un edificio.’ Almeida-Sánchez v. United States, 413 U.S. 266, 279 (1973). Uno tiene menos expectativa de intimidad (privacy) en un vehículo de motor porque se destina a la transportación y raras veces sirve de vivienda o depósito de efectos personales. Un auto-móvil tiene poca capacidad para escapar a la observación pública. Se desplaza por las vías públicas donde sus ocupan-tes y su contenido están a plena vista. ‘Lo que una persona a sabiendas expone a la vista pública, aun en su propio hogar u oficina, no es sujeto de protección por la Cuarta Enmienda.’ Katz v. United States, 389 U.S. a la pág. 351 (1967); United States v. Dionisio, 410 U.S. a la pág. 14 (1973). No quiere esto decir que ninguna parte del interior de un auto-móvil tenga la protección de la Cuarta Enmienda; el ejercicio de un deseo de movilidad no implica, claro está, renuncia del derecho a estar libre de intrusión irrazonable por el gobierno. Pero la medida en que la protección de la Cuarta Enmienda se extiende a un vehículo de motor, ha de determinarse usan-do como criterio el derecho a la intimidad (right to privacy).” Cardwell v. Lewis, 417 U.S. 583, 590-91 (1974).

Predicada la protección contra registros ilegales en el derecho de intimidad de quien la invoca, el apelante que ad-vino a la posesión mediante hurto del automóvil Dodge, ca-rece de capacidad jurídica e interés legítimo para promover la supresión de la evidencia. El derecho de intimidad (privacy) no se da ni se reconoce en un automóvil robado, sin que importe que el acusado no haya admitido el hurto, si éste-resulta probado en el juicio.

Además, ninguna orden judicial necesitaba la Policía para incautarse de este automóvil y examinarlo. La notificación del dueño de que lo habían hurtado, su aparición en la calle, sin tablillas, frente a un taller de hojalatería, la notoria frecuencia con que en Puerto Rico se hurtan automóviles y se altera su identidad para encubrir el delito, el hecho de que el encargado del garage pudo producir las licencias de todos los vehículos que allí se encontraban menos la de éste, cuyas llaves tenía y entregó al agente de orden público, son todos elementos que inexorablemente habrían de inducir la fundada creencia en el policía de que se hallaba frente a la evidencia física de un delito de hurto mayor y ninguna orden necesitaba para ocupar el vehículo. Tampoco la necesitaba para arrestar la persona en posesión del mismo. Regla 11(c) de Procedimiento Criminal. A los fines de la Cuarta Enmienda hay una diferencia constitucional entre hogares y automóviles. Cady v. Dombrowski, 413 U.S. 433, 439 (1973) in fine.

La devolución del automóvil por la Policía a su dueño Yerdegué antes del juicio y su entrega por éste a su aseguradora que lo vendió a un negociante en piezas, no afectó la legalidad del juicio. Hubo prueba de que hallándose el automóvil en la División de Vehículos Hurtados de la Policía, se personó allí una joven reclamándolo como de su propiedad y que dicha joven resultó ser la esposa del apelante; que una inspección del vehículo reveló una numeración en el dashboard que pertenecía a otro Dodge (1968) registrado a nombre del apelante; que el perjudicado, quien es ingeniero eléc-trico, identificó el carro como suyo en forma indubitable, y de que el acusado llevó el vehículo sin licencia al hojalatero “para pintarlo y arreglarlo”. Aun cuando no se presentara la evidencia objetiva consistente en el vehículo, su dashboard con la numeración y su licencia expedida a Yerdegué, la evi-dencia testifical estableció un fuerte caso prima facie que no pudo destruir el acusado y que sostiene la convicción. La des-cripción e identificación del objeto hurtado no exige en todo caso su presentación en juicio para sostener la acusación. Pueblo v. Monsanto, 95 D.P.R. 479, 481 (1967). El acusado tuvo amplia confrontación con los testigos en su contra por lo que no se vulneró su derecho sobre tal extremo garantizado por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico. Confirmada.

       Sec. 10, Carta de Derechos
      “No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
      “No se interceptará la comunicación telefónica.
      “Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
      “Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.”

       "P ¿Por qué identificó ese carro usted como el suyo?
      “R Empezando porque al el automóvil este ser traído a Puerto Rico, se le rompió la pata del clutch en el interior del vehículo y se le hizo una soldadura en Puerto Rico, la cual reconocí. Además de esto, el automóvil presentaba un cambio, que personalmente yo había cambiado, una serie de cables en la ignición. Estos cables eran los mismos que yo había puesto. El gorro del carburador era diferente al que el modelo trae. Yo había adaptado un gorro de un modelo de un automóvil Corvette del 1967. Ade-más de esto, el automóvil, al ser embarcado en Jacksonville, de Jacksonville a Puerto Rico, se le escribió las letras J.K.X.” (T.E. pág. 17.)