author:
(.Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Sub Secretario General
     Juez Asociado Señor Re-bollo López,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José L. Torres Rivera, apelante.

      Números: CR-87-123
    CE-89-34

      Resueltos: 28 de junio de 1991

      Juan Reyes Vélez, abogado del apelante; José Luis Torres Rivera, pro se; Rafael Ortiz Carrión y Jorge E. Pérez Díaz, Procuradores Generales, Norma Cotti Cruz, Procuradora General Interina, y Blanca Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

HH

El 8 de diciembre de 1987 fue sentenciado el apelante, José L. Torres Rivera (c/p “Papo Penetration”), a ciento die-cinueve (119) años de prisión por la comisión de los delitos de asesinato en primer grado, conspiración y varias infrac-dones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418.()

Inconforme, el apelante presentó ante nos un escrito de apelación (CR-87-123) en el cual planteaba que el vere-dicto rendido por el Jurado fue contrario a la prueba des-filada durante el juicio y que éste estuvo influido por un informe de naturaleza opresiva ofrecido por el Ministerio Público. De igual manera, sostuvo que erró el foro de ins-tancia al no permitirle explicar al Jurado el alcance de la Regla 156 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, en cuanto al testimonio del coautor.

Estando pendiente la aprobación de la exposición narra-tiva de la prueba, el 17 de agosto de 1987 el apelante pre-sentó ante nos una moción de solicitud de nuevo juicio al amparo de las Reglas 192 y 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En dicha solicitud adujo que du-rante la tramitación de su apelación había descubierto nueva evidencia que no había estado a su disposición al momento de celebrarse el juicio en su contra y que ameri-taba la celebración de un nuevo juicio. Dicha evidencia con-sistía, básicamente, en un acuerdo logrado entre el coautor Héctor Manuel Delgado Rivera c/p “Mani”) y el Ministerio Público, mediante el cual aquél haría alegación de culpabi-lidad por el delito de asesinato en segundo grado y coope-raría con la Fiscalía en calidad de testigo de cargo en el juicio que se ventilaría contra el apelante. A cambio, el Ministerio Público no se opondría a la solicitud de Mani para que se le fijara la pena mínima del asesinato en se-gundo grado (doce (12) años).

El apelante alega que el Ministerio Público le ocultó la existencia de dicho acuerdo a pesar de que su defensor lo había solicitado en el descubrimiento de prueba. Aduce, además, que como consecuencia de ello se le negó la opor-tunidad de impugnar el testimonio del alegado coautor du-rante el juicio.

La otra nueva evidencia consistía en una declaración jurada, prestada por Mani con posterioridad al juicio, que exculpaba al apelante de la responsabilidad por la muerte de la víctima. Finalmente, adujo que el foro de instancia cometió un error al impartirle las instrucciones al Jurado.

El 25 de agosto de 1988 autorizamos al apelante a pre-sentar la solicitud de nuevo juicio ante el foro de instancia y le ordenamos que nos mantuviera informados sobre el resultado de dicha solicitud.

Celebrada una vista evidenciaría, el foro de instancia denegó la solicitud de un nuevo juicio. El apelante acudió ante nos mediante recurso de certiorari (CE-89-34) cues-tionando la determinación del foro de instancia sobre su moción de nuevo juicio. Aduce en esta ocasión que:

A. Erró la ilustrada sala al resolver que la prueba sobre el acuerdo entre la fiscalía y el testigo Héctor M. Delgado Rivera siempre estuvo disponible y que la defensa no fue diligente y por tal razón no aplicó lo resuelto en Giglio VS. U.S., 405 U.S. 150.
B. Erró la ilustrada sala al resolver que la declaración del tes-tigo Héctor M. Delgado Rivera en corte abierta era poco creíble. C. Erró la ilustrada sala al resolver que las instrucciones al jurado en este caso fueron correctas y que dicho planteamiento era uno tardío. Petición de certiorari, pág. 11.

Mediante trámite para mostrar causa, solicitamos al Procurador General que justificara por qué no debíamos revocar la resolución del foro de instancia que denegó un nuevo juicio.

El 22 de jimio de 1989 consolidamos el recurso de ape-lación (CR-87-123) con el de certiorari (CE-89-34) y con-cedimos al Procurador General un término para presentar su alegato en el recurso de apelación. El apelante ha pre-sentado su alegato en apelación. El Procurador General ha hecho lo propio en el trámite para mostrar causa del cer-tiorari y en el recurso de apelación. Estamos en condicio-nes de resolver y así lo hacemos.

II

Veamos los hechos y la prueba que dieron fundamento a las acusaciones y a la convicción del apelante según surgen de los autos y de la exposición narrativa de la prueba. Ello nos permitirá poner los planteamientos del apelante en su justa perspectiva.

El domingo 23 de marzo de 1986 fue ultimado de dos (2) balazos el Sr. Félix Campos Maldonado (c/p "Félix El Gran-de”) en el residencial público Virgilio Dávila de Bayamón. Por esa muerte fue acusado de asesinato en primer grado el Sr. Héctor Manuel Delgado Rivera (c/p "Mani”). En este caso, Mani se declaró culpable tras haber llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para declarar como tes-tigo de cargo en contra del autor intelectual del asesinato. Los términos de este acuerdo fueron recogidos en la Mi-nuta de 29 de abril de 1987 (G-86-3037, 3038, 3039, 3103 y 3104) en casos contra Mani. Allí se expresa:

Manifiesta la defensa que en estos casos se ha llegado a un pre-acuerdo con el señor Fiscal de Distrito en el cual el caso por Asesinato en Primer Grado se rebajará a uno de Asesinato en Segundo Grado. Una vez así rebajado se entrará en alegación de culpabilidad por el mismo y se entrará además en alegación de culpabilidad por los delitos de Robo e Infracción a los Artí-culos 8, 7 y 6 (2) de la Ley de Armas según imputados. Hay una recomendación de una pena atenuada de Doce (12) años con una concurrencia entre estos casos en ánimo de que el señor imputado aporte una información para la detención del co-autor intelectual de estos hechos.
El Fiscal de Distrito solicita que en vista de que este acuerdo contiene información con relación a una investigación que se realizará solicita el desalojo de la sala.
Con la anuencia de la defensa así se ordena.
Manifiesta el Ministerio Fiscal que el acuerdo, y que son las razones por las cuales se ha accedido a la reclasificación del delito de Asesinato en Primer Grado a uno de Asesinato en Segundo Grado, es que el acusado ha manifestado que tiene información que corroborada por las autoridades investigativas pertinentes podrían dar lugar a que se sometiera a la conside-ración de un Magistrado prueba con la cual se encuentre causa para el arresto de otra persona que conjuntamente con el acu-sado cometió los hechos. Hace constar que hubo’ otra persona que también conjuntamente cometió los hechos y ya falleció. Esta investigación daría con el responsable intelectual de este asesinato. En la medida de que el imputado proporcione prueba relacionada con el arresto de otra persona, de la persona res-ponsable de la planificación intelectual de este asesinato. Por tal razón es que se ha accedido a la pena mínima en estos casos y la concurrencia en los mismos. Hay además un compromiso de hacer las gestiones con la Administración de Corrección para que el acusado sea colocado en aquella institución que mejor garantice su seguridad.
El Tribunal tiene ante sí Moción sobre Alegación pre-acordada suscrita por las partes en la cual se hace constar el acuerdo habido y el Tribunal luego de interrogar al imputado en cuanto al mismo aprueba dicho acuerdo en principio sujeto a la apro-bación de la alegación de culpabilidad. Exhibit V, pág. 10.

El Ministerio Fiscal estuvo representado en estos casos por el Ledo. Luis Jiménez Reverón.

Abase del testimonio brindado al Ministerio Público por Mani se presentaron las denuncias por asesinato en primer grado y por varias violaciones de la Ley de Armas de Puerto Rico contra el apelante.

Durante el juicio por esos cargos, Mani testificó como testigo de cargo e identificó al apelante como el autor inte-lectual de los hechos. Atestó que él y Santiago “Chago” Qui-les eran gatilleros; que se dedicaban a matar por contrato a cambio de drogas y de dinero. Durante el tiempo en que conoció a Chago Quiles, habían matado a cinco (5) o seis (6) personas por encargo de otros. Tanto él como su “socio” eran drogadictos y se habían conocido en el hogar juvenil. Allí conocieron a un tal “Mosquito”.

El testigo de cargo había conocido al apelante antes de que éste lo contratara para matar porque le había vendido droga varias veces. Testificó que el día de los hechos se encontraba en casa de Manolete en compañía de Chago Quiles y la viuda de Manolete. Allí se presentó Mosquito para informarles que el apelante quería hablar con ellos. Los tres (3) se dirigieron al residencial Virgilio Dávila, donde se reunieron con el apelante detrás de uno de los edificios del residencial. El apelante alegadamente les dijo que le iba a dar un paquete de droga y $500 para que mataran a Félix El Grande. Además, les daría $2,000 si le entregaban el reloj “Juvenia” de Félix El Grande.

Según el testigo, el apelante y Félix El Grande eran “tiradores” de droga y la razón para matar a este último era el control de su “punto” en el residencial.

Luego de esta reunión, salieron en busca de Félix El Grande. Al encontrarlo, simularon un robo a su persona y, luego de despojarlo del reloj “Juvenia” y de varias cadenas de oro, Chago Quiles le hizo un disparo que le traspasó el cuello. Al caerse al piso, el testigo le hizo un disparo en la cara para “arremacharlo”.

Perpetrados los hechos, se fueron a esconder a casa de José Osorio Rivera (c/p “Tatito”). Allí hicieron uso de dro-gas y luego se presentó el apelante con un paquete de droga y $500 para cada uno. El testigo y Chago Quiles le entregaron el reloj “Juvenia” y el apelante les dijo que iba a buscar un carro para sacarlos del residencial y que fueran al otro día a buscar los $2,000.

El apelante salió del apartamento de Tatito y trajo un Toyota rojo de cuatro (4) puertas, en el que salieron del residencial Mani, Chago Quiles y el apelante.() De allí se dirigieron a casa de Manolete.

El 13 de agosto de 1986 el testigo fue arrestado y acu-sado de asesinato por esos hechos. Ya en la cárcel —conti-nuó testificando— intentó fugarse, ya que temía por su vida. Durante el contrainterrogatorio, Mani negó que entre él y el Ministerio Público existiera un acuerdo para que declarara en contra del apelante.

Por su relevancia con respecto al acuerdo entre el tes-tigo de cargo Héctor M. Delgado y el Ministerio Público, relatamos la cronología de eventos ocurridos en el proceso llevado en su contra por la muerte de Félix El Grande. Mani fue arrestado por esos hechos el 13 de agosto de 1986.

El 29 de abril de 1987, según surge de la minuta de ese día, la defensa informó al tribunal sobre el acuerdo concer-tado con la Fiscalía para que Mani testificara en contra del apelante. El Ministerio Público, representado por el Fiscal Luis Jiménez Reverón, informó al tribunal que accedió a solicitar la pena mínima para el asesinato en segundo grado, así como la concurrencia de las penas.

El entonces acusado, Mani, hizo alegación de culpabili-dad en todos los cargos. El foro de instancia, luego del exa-men de rigor, aceptó la alegación de culpabilidad y declaró a Mani culpable de los delitos imputados.

El 31 de julio de 1987 el foro de instancia sentenció a Mani a cumplir una sentencia de treinta y cinco (35) años de cárcel. Ya el 13 de julio de 1987 se había presentado la acusación contra el apelante. El 12 de noviembre comenzó el juicio en su contra.

En diciembre de 1987, luego de Mani haber declarado contra el apelante, es que la defensa de Mani solicita la reconsideración de la sentencia para conformar la pena im-puesta a la solicitada por el fiscal para llegar a la alegación preacordada.

Según testificara el juez que presidió el proceso contra Mani (Hon. Félix Ortiz Juan), le impuso una pena de treinta y cinco (35) años y no accedió a la solicitada en el acuerdo original “debido a que se trataba de una serie de muertes y le parecía insensato imponer una sentencia de 12 años por el mero hecho de que había un acuerdo entre el fiscal y esa persona Petición de certiorari, pág. 8.

El 25 de marzo de 1988 el Honorable Juez Ortiz Juan acogió la moción de reconsideración de sentencia instada por Mani, ya que se estableció “el hecho de que dicho acu-sado había declarado según lo acordado originalmente contra el autor intelectual del crimen (Énfasis suprimido.) Moción de reconsideración, pág. 6.

Durante el juicio, los otros dos (2) testigos de cargo fue-ron el Sr. Ildefonso Avilés, hijo del occiso, y el agente Pedro Albino.

El señor Avilés testificó que el día de los hechos pasaron frente a él, por la casa de su padre, Mani y Chago Quiles portando dos (2) armas. Luego escuchó dos (2) tiros, salió de su casa y vió a su padre tirado en el suelo, todo ensangrentado. Sin embargo, ese día no vio al apelante por el residencial público.

El agente Albino declaró que el día de los hechos recibió una llamada en su carro donde le indicaban que pasara por el Hospital Municipal de Bayamón, ya que allí había una persona muerta; que esa persona resultó ser Félix El Grande, quien presentaba dos (2) impactos de bala, uno en el lado derecho del cuello y otro en el lado izquierdo de la cara. Luego de realizar la investigación pertinente, identi-ficó a Mani y a Chago Quiles como los autores materiales del crimen. A preguntas de la defensa atestó que, en la vista preliminar en contra de Mani, éste no declaró nada con relación a esa muerte y que fue hasta comenzado el juicio en su contra que Mani decide declarar. Testificó que desconocía si existía un acuerdo entre el Ministerio Público y Mani para declarar en contra del apelante. Continuó tes-tificando “[q]ue como resultado de su investigación deter-minó que el móvil del asesinato había sido el punto de dro-gas que tenía Félix El Grande en el residencial”. Relación narrativa de la prueba desfilada, pág. 5. Sostuvo, además, que supo que el apelante era el autor intelectual del asesi-nato por una declaración prestada por Mani después de haberse declarado culpable.

La defensa del apelante trajo como testigo a José Osorio Rivera (c/p “Tatito”) y a Víctor Manuel Pérez Sevilla (c/p “Natito”).()

Tatito declaró que conoció a Mani y a Chago Quiles en el hogar juvenil y al apelante en el residencial Virgilio Dávila. Según el testigo, el día de los hechos se encontraba en su apartamento del Residencial Virgilio Dávila en com-pañía de su padre y de Natito. A eso del mediodía llegaron allí el individuo identificado como Mosquito, Mani y Chago Quiles. Mosquito le pidió que abriera la puerta y los dejar entrar. El los dejó entrar. Ya dentro del apartamento se fueron a su cuarto a consumir drogas (“curarse”). Allí, Mani y Chago sacaron prendas, dinero, dos (2) pistolas y le explicaron que habían matado a Félix El Grande porque se había resistido al robo (“cañona”) y que, si no lo mataban, él los podía matar a ellos. Declaró que, entonces, lo man-daron a comprar drogas (“capear”) mientras ellos se que-daban en el cuarto. Al salir, vio a Natito en la escalera de la entrada del edificio por donde tiene que entrar y salir cual-quier persona que entre o salga del apartamento. Compró la droga y regresó al apartamento. Natito aún permanecía en la escalera. Al llegar al cuarto, todos los que allí estaban hicieron uso de drogas. Luego Mosquito salió a buscar a alguien para sacar a Mani y a Chago Quiles del residencial. Al regresar se llevó a Mani y a Chago en el carro de Natito.

Según este testigo, el apelante nunca estuvo el día de los hechos en su apartamento. A preguntas del Ministerio Público declaró que no dijo nada de esto a la Policía por temor a represalias contra su familia.

Como último testigo de la defensa declaró Natito, quien, según atestó, se encontraba en el apartamento de Tatito el día de los hechos arreglando una lavadora. Testificó que estando allí oyó a Mosquito llamar a Tatito para que le abriese la puerta del apartamento. Vio cuando Tatito abrió la puerta y entraron Mosquito, Mani y Chago Quiles. Mosquito sacó un arma y él se asustó y salió fuera del aparta-mento hacia la escalera del edificio. Allí se sentó y, al rato, vio salir a Tatito. Éste regresó como a los quince (15) o veinte (20) minutos y volvió a entrar al apartamento. Al rato salió Mosquito y le pidió como favor que sacara a sus amigos del caserío porque ellos se habían fugado de la Es-cuela Industrial de Mayagüez. Natito le dijo que estaba bien, que los sacaría en su carro, un Datsun rojo de cuatro (4) puertas. Testificó que no conocía a Mani ni a Chago Quiles con anterioridad a ese día, el día en que Mosquito se los presentó en el carro. Mani y Chago le indicaron que los dejara en casa de Manolete y que luego se fuera. El testigo así lo hizo. Al regresar al residencial, una de las residentes le dijo que esos individuos habían asesinado a Félix El Grande. Atestó que durante todo el tiempo que estuvo en casa de Tatito nunca vió allí al apelante. Adujo que no in-formó nada de esto a la Policía por temor a que lo acusaran a él también por ayudar a los autores del asesinato.

Luego de que el Ministerio Público y la defensa rindie-ran sus respectivos informes al Jurado, el juez de instancia leyó a éste las instrucciones del Manual de Instrucciones al Jurado sobre los posibles veredictos a rendirse. Hecho esto, el juez de instancia le preguntó a las partes si tenían al-guna objeción, a lo que éstas contestaron en la negativa. El Jurado se retiró a deliberar y, al anunciar que deseaba regresar a Sala y al reabrirse la sesión, la defensa del ape-lante solicitó que se impartieran nuevas instrucciones. El juez las denegó por considerar la solicitud tardía.

Con esa evidencia el Jurado rindió un veredicto de cul-pabilidad en todos los cargos contra el apelante.

HH HH HH

Discutiremos, en primer lugar, los errores planteados por el apelante en su recurso de apelación para luego con-siderar la procedencia de la moción de nuevo juicio.

Como primer señalamiento de error plantea el apelante que el veredicto en este caso fue contrario a la prueba, toda vez que ésta establece una duda razonable en cuanto a la culpabilidad del convicto. No tiene razón.

Reiteradamente hemos sostenido que todo acusado de delito público tiene derecho a que el Ministerio Público de-muestre su culpabilidad más allá de duda razonable en un juicio público, justo e imparcial. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750 (1990); Pueblo v. Gabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). Esta concretización práctica de la presunción de inocencia es parte del debido proceso de ley. In re Winship, 397 U.S. 358 (1970); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3, 25 (1984), opinión del Juez Asociado Señor Negrón García.

La duda razonable es aquella insatisfacción o intranqui-lidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la culpabilidad del acusado una vez desfilada la totalidad de la prueba del pueblo. Pueblo v. Robles González, supra; Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169, 175 (1963). “Esa prueba, además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación.” Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974). Véanse, además: Regla 10(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80 (1988).

En el caso de autos el veredicto del Jurado tuvo que fundamentarse en la declaración del coautor Héctor Manuel Delgado Rivera, ya que éste fue el único testigo de cargo que conecta al apelante con los hechos. Al Jurado se le instruyó que ese testimonio debía ser considerado con desconfianza. Regla 156 de Procedimiento Criminal, supra. Este testimonio claramente confligía con el de los testigos de la defensa. Por un lado, el coautor sostuvo que el ape-lante lo contrató a él y a Chago Quiles para que asesinaran a Félix El Grande a cambio de $500 y un paquete de droga; que el motivo fue eliminar la competencia y obtener la su-premacía en la venta de drogas en el Residencial Virgilio Dávila de Bayamón; que el apelante se reunió con ellos en el apartamento de Tatito luego del crimen, les hizo entrega de la paga y retuvo el reloj “Juvenia” perteneciente al oc-ciso para venderlo y luego pagarle los $2,000, y que luego buscó un auto y los sacó del residencial público para llevar-los a casa de Manolete.

Por otra parte, los testigos de la defensa sostuvieron que luego de matar a Félix El Grande los coautores Mani y Chago Quiles, en compañía de Mosquito, fueron al aparta-mento y admitieron haber matado a Félix. Ambos testigos trataron de establecer que el motivo del asesinato fue el robo, que el apelante nunca fue al apartamento de Tatito y que fue Natito en su auto —y no el apelante— quien sacó del residencial a los autores materiales del crimen.

Claramente ambas versiones son irreconciliables. Una de las dos (2) es falsa. El Jurado claramente le dio crédito a la versión del coautor, a pesar de haber sido advertidos de que examinaran el mismo con desconfianza. No le dio crédito a la versión de los testigos de defensa. El veredicto condenatorio así lo demuestra.

Es norma trillada que los jueces de instancia y los Ju-rados normalmente están en mejores condiciones de aqui-latar la prueba oral. Tienen la ventaja de ver y escuchar directamente a los testigos y, por ello, sus determinaciones sobre credibilidad merecen gran respeto. Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988); Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973). De ordinario, esa determinación de credi-bilidad en un juicio por jurado sólo será alterada por este Foro ante parcialidad o error manifiesto en la evaluación que dicho Jurado haga sobre la evidencia sometida por las partes —Pueblo v. Millón Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Ramos, 96 D.P.R. 699, 703 (1968); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981); Pueblo v. Cabán Torres, supra, págs. 653-654— porque dichos juzgadores no están inmunes al error. Pueblo v. Carrasquilla Carrasquilla, supra, pág. 551.

Corresponde al apelante demostrar que procedía nues-tra intervención con el fallo condenatorio. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 654. Aquí no encontramos la parciali-dad o el error manifiesto necesario para rechazar las deter-minaciones del Jurado.

Una lectura de la exposición narrativa de la prueba, cer-tificada como correcta por el tribunal de instancia, es todo lo que se necesita para concluir que la prueba presentada en este caso por el Ministerio Público —la que fue creída por el Jurado— es más que suficiente para sostener las conclusiones decretadas contra el apelante, más allá de duda razonable, por los delitos, que le fueron imputados en la acusación. Dicha prueba no solo versa sobre todos los elementos de esos delitos, sino que conecta al apelante y establece su responsabilidad como autor intelectual de los mismos por cuanto conspiró, instigó, indujo y ayudó a los autores materiales en la comisión de los hechos antes, du-rante y después de los mismos. El error no fue cometido.

IV

Como segundo error() sostiene el apelante que erró el foro de instancia al no permitirle a su defensor explicar al Jurado la Regla 156 de Procedimiento Criminal, supra, en cuanto al testimonio del cómplice. Aduce que durante el informe de la defensa al Jurado, ésta trato de leerle la Regla 156, supra, con el propósito de explicarle la forma y manera en que debía tomar el testimonio del coautor, y el foro de instancia no se lo permitió aduciendo que en las instrucciones al Jurado el tribunal impartiría esa instrucción. Así lo hizo el foro de instancia. Sin embargo, el apelante alega que el no permitirle ese “derecho” conllevó que el Jurado no entendiera la forma y manera en que debían examinar la declaración del único testigo que lo co-nectaba con los hechos, privándolo así de un juicio justo e imparcial.

El señalamiento resulta inmeritorio. El juez que preside la vista en un juicio por jurado tiene amplia discreción para dirigir la etapa de los informes y la argumentación de las partes ante el Jurado. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 312 (1977). Éste puede permitir a la defensa o al fiscal que argumenten en sus informes sobre la ley apli-cable al caso siempre que tal exposición de la ley sea co-rrecta y no tienda a confundir al Jurado.

En Pueblo v. Colón, 65 D.P.R. 760, 765 (1946), expresamos que:

Desde que se resolvió el caso de El Pueblo v. Salinas, 9 D.P.R. 371, 375, se estableció en esta jurisdicción la regla de que los abogados no tienen derecho a leer al jurado libros de leyes.
En el caso de People v. Onessimo, 224 Pac. 101, 102 (Cal. 1924), se dijo por la corte que por regla general la práctica de permitir a los abogados leer la ley al jurado, no es una buena y no debe ser tolerada, puesto que el resultado por lo general, es confun-dir, más bien que ilustrar, al jurado. (Énfasis suplido.)

Más aún, la solicitud de la defensa de explicar el alcance de la Regla 156 de Procedimiento Criminal, supra, en este caso resultaba en una innecesaria repetición, con el riesgo de confundir al Jurado.

La instrucción del juez al Jurado sigue esencialmente la instrucción con relación al testimonio del coautor dis-puesta en el Manual de Instrucciones al Jurado. Esta ins-trucción recoge lo dispuesto en la Regla 156 de Procedi-miento Criminal, supra, y en nuestra jurisprudencia interpretativa al respecto —Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727 (1961); Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441-443 (1974)— y goza de una presunción de corrección. Pueblo v. Mattel Torres, 121 D.P.R. 600 (1988).

El juez en este caso instruyó al Jurado de una manera clara y sencilla sobre el alcance de la Regla 156 de Proce-dimiento Criminal, supra, en cuanto al testimonio del coautor. Eso era lo que pretendía lograr la defensa. En nada se perjudicó el acusado con que no se le permitiera a su defensa hacer lo que posteriormente, y con menor pro-babilidad de confundir al Jurado, hizo el juez que presidía el juicio. No abusó de su discreción el magistrado al así limitar la argumentación de la defensa sobre el derecho aplicable al caso.

V

Señala el apelante, como tercer error, que las instruccio-nes al Jurado no fueron claras ni precisas, creando así con-fusión al jurado.()

En primer lugar, sostiene el apelante que el juez que presidía la vista cometió mi error al instruir al Jurado que “[u]n solo testigo que le mereciere entero crédito es sufi-ciente para probar cualquier hecho” (alegato del apelante, pág. 19) sin especificarle nuevamente que el testimonio del coautor había que examinarlo con cautela. Según el ape-lante, esto provocó que el Jurado equiparara el testimonio del coautor al de un testigo común y corriente.

En segundo lugar, aduce el apelante que el juez no le expresó al Jurado los posibles veredictos que podían traer en el caso. El error no fue cometido. Veamos.

En autos, las instrucciones que se le brindaron al Ju-rado fueron leídas del Manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico. Por lo tanto, go-zan de una presunción de corrección. Pueblo v. Mattel Torres, supra. De acuerdo con estas instrucciones, se expresó al Jurado los posibles veredictos que deberían ser rendidos en el caso: culpable o no culpable. El apelante sostiene que el juez de instancia no impartió la instrucción de que los miembros del Jurado podían traer un veredicto de culpabi-lidad en unos cargos y de no culpabilidad en otros. Sin embargo, al finalizar las instrucciones al Jurado, el juez que presidía la vista le preguntó a las partes si tenían al-guna objeción a las instrucciones impartidas. Las partes contestaron que no. El Jurado estuvo deliberando por al-gún tiempo, y al anunciar que deseaba regresar a Sala y al reabrirse la sesión es que la defensa solicita que se le im-parta esa nueva instrucción.

El tribunal de instancia determinó que el planteamiento de la defensa era tardío. No incurrió en error al así resolver.

Hemos dicho que el propósito de las instrucciones al Ju-rado es el de ilustrar y familiarizar a ese Cuerpo con unas normas básicas de derecho. De ahí que éstas deben ser claras, consistentes, precisas y lógicas. Pueblo v. Andrades González, 83 D.P.R. 849 (1961).

Resulta inmeritorio el señalamiento del apelante de que el juez debía repetir la instrucción sobre el testimonio del coautor, luego de instruir al Jurado que el testimonio de un solo testigo que le mereciera crédito era suficiente para probar cualquier hecho. Olvida el apelante que una convic-ción puede sostenerse a base del testimonio de un coautor cuando el mismo no es “flaco y descamado” y establece to-dos los elementos del delito. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454 (1988). Esto es, el hecho de que el testimonio del coautor sea examinado con desconfianza no es óbice para que el Jurado le dé crédito. De ser así, tal testimonio sería suficiente para probar cualquier hecho. No resulta, pues, incompatible brindar por separado una y otra instrucción, pues con ello no se equipara el testimonio del coautor al de un testigo común y corriente. Todo de-pende de la credibilidad que le da el Jurado al testimonio, pues a un coautor puede darle crédito, luego de examinar su testimonio con cautela, y no darle crédito a un “testigo común y corriente” a quien la ley no le impone el examen cauteloso de su testimonio.

Además, reiteradamente hemos sostenido que la repeti-ción innecesaria de las instrucciones puede producir confu-sión en la mente de los oyentes. Pueblo v. Velázquez Carabailo, 110 D.P.R. 369, 374 (1980).

Por otro lado, el tribunal debe instruir apropiadamente al Jurado sobre todas las cuestiones sometidas ante su con-sideración y debe ofrecerle las instrucciones sobre posibles veredictos a la luz de la prueba admitida en el juicio. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

Ahora bien, resulta tardío un planteamiento hecho por la defensa a los efectos de que el tribunal había dado al Jurado únicamente parte de las instrucciones solicitadas por el acusado, cuando tal planteamiento se hace después de haberse retirado dicho Jurado a deliberar. Pueblo v. Saenz Forteza, 100 D.P.R. 956 (1972). Mucho más tardío el de este caso, que se hizo cuando ya el Jurado traía su veredicto.

VI

¿Procedía la concesión de un nuevo juicio ante la ale-gada nueva evidencia descubierta por el apelante?( )

El 14 de agosto de 1987 el peticionario presentó una moción de descubrimiento de prueba en virtud de lo dis-puesto en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En el párrafo tercero, inciso (C), de dicha moción, solicitaba del Ministerio Público una “[c]opia del acuerdo o información al respect[o e]ntre el testigo Héctor Manuel Delgado Rivera y la Fiscalía de Bayamón me-diante el cual el testigo Héctor Manuel Delgado Rivera se hizo testigo del Pueblo”. Exhibit III. El Ministerio Público nunca contestó este requerimiento de la defensa. No aceptó ni negó la existencia del acuerdo. Adoptó una posición pa-siva ante el descubrimiento de prueba pre-juicio. Durante el juicio surgió un incidente, certificado por el juez de ins-tancia, cuando la defensa interrogaba al agente Albino. La defensa preguntó a este testigo si conocía de la existencia de un acuerdo entre el coautor Héctor M. Delgado y la Fis-calía para que aquél declarase en contra del apelante. El agente Albino contestó que desconocía la existencia de al-gún acuerdo con el coautor. En ese momento el Fiscal Julio Soto manifestó al tribunal de instancia que él no participó en el proceso seguido contra el coautor Delgado Rivera y que no sabía si hubo acuerdo o no entre el testigo y la Fiscalía. Así lo indicó a los miembros del Jurado el juez que presidía el proceso, instruyéndoles que “[n]o hay escrito alguno sobre la información que se nos [h]a comentado de acuerdo entre el Ministerio Público y el señor conocido por Mani. Cualquier testimonio [en] ese sentido se habrá de hacer al señor Héctor Manuel Delgado Rivera ... al mo-mento que venga a declarar. A este momento el fiscal Soto no intervino en ese proceso y desconoce si hay acuerdo al-guno entre fiscalía y ese testigo”. Exhibit IV.

Durante el contrainterrogatorio a Mani, éste negó que existiera un acuerdo con la Fiscalía para que él declarara contra el apelante a cambio de que se le acusara por ase-sinato en segundo grado y se solicitara la pena mínima de ese delito (doce (12) años).

Tanto el Fiscal que presentó la prueba de cargo contra el apelante (Fiscal Soto) como el que continuó el proceso contra el testigo de cargo (Fiscal José Aponte) desconocían de la existencia del acuerdo. Conforme a la versión del Fiscal Aponte en la vista sobre la moción de nuevo juicio, ello se debió a que el Fiscal que inició el proceso contra Mani (el entonces Fiscal Luis Jiménez Reverón) concertó dicho acuerdo con el testigo, pero cuando aquél renunció a su cargo de Fiscal, aparentemente no le informó a sus suceso-res de la existencia del acuerdo. La situación se complicó por el hecho de que, según el testimonio del Honorable Juez Ortiz Juan, dicho acuerdo fue sellado y guardado en la bóveda del tribunal para seguridad del testigo.

Ante estas circunstancias, debemos concluir que el Mi-nisterio Público actuó de buena fe al informar su descono-cimiento del acuerdo entre el testigo principal de cargo y el Estado. Recuérdese que el fiscal de sala adujo, en todo mo-mento, desconocer la existencia del acuerdo. Así lo expresó, además, el agente Albino en su testimonio. Sólo el propio testigo de cargo negó la existencia del acuerdo.

En el caso de autos, al igual que en Giglio v. United States, 405 U.S. 150 (1972), al testigo principal y coautor del delito se le había ofrecido un acuerdo —para que decía-rara en contra del acusado— por otro miembro del Minis-terio Público y con el desconocimiento del Fiscal que desfiló la prueba de cargo. Este hecho no tiene efecto alguno al determinar si al acusado se le violó el debido proceso de ley, puesto que lo que realmente cuenta no es la buena inten-ción o mala fe, o el conocimiento o desconocimiento del acuerdo por parte del Fiscal que presentó la prueba de cargo, sino la posibilidad de daño al acusado y cómo tales hechos pudieran variar el veredicto del Jurado. Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506, 508-509 (1974); United States v. Agurs, 427 U.S. 97, 104 (1976). Después de todo, la Oficina del Ministerio Público es una sola entidad y las promesas hechas por uno de sus abogados vinculan al Estado. Giglio v. United States, supra, pág. 154. Su buena o mala fe, conocimientos o desconocimientos no los libera de su obligación constitucional de revelar prueba relevante a la inocencia del acusado o a su castigo. Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963); Giles v. Maryland, 386 U.S. 66 (1967); United States v. Agurs, supra, pág. 97; Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

Esa obligación del Ministerio Público responde, en esen-cia, a que el interés principal del Estado en una causa criminal no es ganar un caso, sino que se haga justicia. Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441, 444 (1977). Por ello, desde Brady v. Maryland, supra, el Tribunal Supremo federal dejó establecido que en casos estatales el Ministerio Público viola el debido proceso de ley de la Emda. XIV, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, a un acusado cuando oculta, suprime u omite evidencia favorable que solicita la defensa y que es relevante a la inocencia o al castigo de dicho acusado. Esto es independiente de la buena o mala fe del Ministerio Público al así actuar. Véanse, además: Giles v. Maryland, supra; Comentarios, Materiality and Defense Requests: Aids in Defining the Prosecutor’s Duty of Disclosure, 59 (Núm. 1) Iowa L. Rev. 433 (1973); Comentarios, Brady v. Maryland and the Prosecutor’s Duty to Disclose, 40 (Núm. 1) U. Chi. L. Rev. 112 (1972); R.J. Traynor, Ground Lost and Found in Criminal Discovery, 39 N.Y.U. L. Rev. 228 (1964). Esa norma fue extendida a los acusados por delitos federales protegidos por la Emda. V, Const. EE. UU., supra —United States v. Agurs, supra— y adoptada en nuestra jurisdicción en Pueblo v. Hernández García, supra, Pueblo v. Delgado López, supra, y en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra. Se ha sostenido igualmente que la evidencia para impugnar la credibilidad de un testigo principal de cargo() es evidencia incluida en la norma de Brady v. Maryland, supra, ya que puede ser evidencia favorable al acusado, que de ser revelada y efectivamente utilizada por la defensa, puede hacer la diferencia entre su convicción o su absolución. Giglio v. United States, supra. La supresión de tal evidencia por parte del Ministerio Fiscal privaría al acusado de un juicio justo. United States v. Bagley, 473 U.S. 667 (1985); Napue v. Illinois, 360 U.S. 264, 269 (1959).

Sin embargo, no toda evidencia para impugnar la credi-bilidad de un testigo principal de cargo —no revelada al acusado durante el juicio y descubierta por éste con poste-rioridad a él— requiere automáticamente la concesión de un nuevo juicio. Se requiere determinar que tal evidencia es relevante, esto es, que su supresión socava la confianza en el resultado del juicio. United States v. Bagley, supra, pág. 678.

Según este principio, el tribunal apelativo sólo revocará una sentencia y ordenará un nuevo juicio cuando se haya cometido un error constitucional {constitutional error) al suprimir tal evidencia. Debemos recordar que “[n]o todo error que afecte derechos constitucionales de la parte afec-tada acarrea revocación. Es decir, la admisión o exclusión errónea puede afectar derechos constitucionales y el error ser considerado no perjudicial en el sentido de que de no haberse cometido el error el resultado aparentemente hu-biera sido el mismo”. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, págs. 9-10.

De suerte que un error constitucional puede ser “no per-judicial” (harmless error) si el tribunal apelativo queda convencido de ello más allá de duda razonable. Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967); Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 D.P.R. 92 (1982).

Es norma para determinar la relevancia de la evidencia impugnatoria favorable al acusado, y suprimida por el Mi-nisterio Público, el examinar “si existe una probabilidad razonable de que si tal evidencia hubiera sido divulgada a la defensa durante el juicio, el resultado del procedimiento habría sido diferente. Una probabilidad razonable es aque-lla probabilidad suficiente para socavar la confiabilidad en el resultado”. (Traducción nuestra.) United States v. Bagley, supra, pág. 682.

Si el tribunal apelativo queda convencido de la existen-cia de esa probabilidad razonable, esto es, de la relevancia de la evidencia, y queda demostrado que el Ministerio Pú-blico indujo a la defensa a no impugnar al testigo principal (a base de interés en su testimonio, etc.) por omisión, res-puesta errónea o supresión de tal evidencia relevante sobre un acuerdo, arreglo, promesa o recompensa a dicho testigo por su testimonio, debe entonces revocar la convicción y ordenar un nuevo juicio. Dicho en forma sencilla: la eviden-cia impugnatoria de la credibilidad de un testigo principal de cargo (relevante y favorable al acusado) que es negada, ocultada o suprimida por el Ministerio Público, deviene en un error constitucional que acarrea la revocación de la convicción. El error constitucional consiste en tales cir-cunstancias, en no ofrecerle al acusado un juicio justo.

Si, por el contrario, el tribunal apelativo queda conven-cido más allá de duda razonable de que no existe dicha probabilidad razonable de un veredicto distinto aun cuando el Fiscal haya ocultado, inducido a error o supri-mido la evidencia impugnatoria favorable a la defensa, debe confirmar la convicción y denegar el nuevo juicio. Ello es así, ya que aun cuando se haya ocultado tal evidencia puede que ésta no sea relevante en el sentido que hemos definido. En tal caso, aparte de lo censurable que haya sido la conducta del Ministerio Público, sólo se habría cometido un error sin perjuicio (harmless error). En este sentido, la evidencia irrelevante ocultada a la defensa sería sólo un error sin perjuicio alguno para el acusado y sin ulteriores efectos sobre la convicción. Véanse: Anotación, Prosecutor’s Duty, under Due Process Clause of Federal Constitution, to Disclose Evidence Favorable to Accused — Supreme Court Cases, 87 L.Ed.2d 802, 810; Pennsylvania v. Ritchie, 480 U.S. 39, 58 (1987); Patillo v. Georgia, 102 L.Ed.2d 367, cert. denegado, 488 U.S. 948, 949-950 (1988), opinión disidente del Juez Marshall; Anotación, Withholding or Suppression of Evidence by Prosecution in Criminal Case as Vitiating Conviction, 34 A.L.R.3d 16, 47-52; Coleman v. Maxwell, 399 F.2d 662 (6to Cir. 1968), cert. denegado, 393 U.S. 1058 (1969).

Por otro lado, es norma trillada de este Tribunal que la moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de nueva prueba procede cuando la misma: (1) no se pudo descubrir con razonable diligencia antes del juicio; (2) no es meramente acumulativa; (3) no impugna la prueba adu-cida durante el juicio; (4) es creíble, y (5) probablemente producirá un resultado diferente. Pueblo v. Rivero Lugo y Almodovar, supra, y casos allí citados.()

Para examinar un reclamo de nueva prueba de carácter impugnatorio de la prueba producida en el juicio, en casos como el de autos, debemos aplicar los criterios esbozados en Giglio v. United States, supra, y en United States v. Bagley, supra. Ello, ya que, aun cuando la alegada nueva prueba va dirigida a impugnar la prueba de cargo aducida en el juicio, implica el derecho del acusado a un juicio justo en donde se le garantice el debido proceso de ley frente a la conducta del representante del Estado. Pueblo v. Hernán-dez García, supra, págs. 510-511.

Bajo las circunstancias de autos, tenemos que concluir que se cometió error al no suplirle a la defensa el acuerdo entre el Ministerio Público y el testigo principal de cargo. Aquí la defensa hizo un requerimiento específico del acuerdo. El testigo insistentemente negó la existencia del mismo.

Ahora bien, estamos convencidos, más allá de duda ra-zonable, de que dicho error no perjudicó al acusado y de que aun cuando el juzgador de los hechos hubiera tenido ante sí el acuerdo, el resultado habría sido el mismo.

En primer lugar, ante la actitud pasiva del Ministerio Público, la defensa debió haber reproducido su solicitud de descubrimiento de prueba pre-juicio durante el juicio en su fondo. Así habría cumplido con la diligencia necesaria que requiere nuestra jurisprudencia para conceder un nuevo juicio. Adviértase que la existencia del acuerdo y sus tér-minos surgían de la Minuta de 29 de abril de 1987 y el juicio del peticionario comenzó en noviembre de 1987. Con esa minuta, que desde abril estaba disponible para el acu-sado, se podía impugnar el testimonio del testigo principal de cargo. Contrario al caso ante nos, en Giglio v. United States, supra, la prueba impugnatoria de la credibilidad del testigo principal de cargo sólo pudo ser obtenida con razonable diligencia, posterior a la convicción.

En segundo lugar, en las circunstancias de este caso, el acuerdo entre el testigo principal de cargo y el Ministerio Público era irrelevante, esto es, no existía una probabili-dad razonable de que aun cuando se revelara el acuerdo para impugnar la credibilidad del testigo principal, el juz-gador de los hechos llegara a un resultado distinto.

La defensa solicitó el acuerdo con la intención de impug-nar el testimonio del testigo principal de cargo por interés en el resultado. Sin embargo, como acepta la defensa del apelante, el referido acuerdo se vino a configurar el 25 de marzo de 1988, esto es, cuatro (4) meses después de que dicho testigo atestara contra el apelante. Al momento de testificar, el referido testigo había sido condenado a treinta y cinco (35) años de prisión por la muerte de Félix El Grande y no a doce (12) años, como era el acuerdo. De ahí que se explique por qué el testigo insistentemente negó la existencia del acuerdo.

En tercer lugar, la defensa contrainterrogó extensa-mente a dicho testigo sobre su interés en testificar contra el apelante. Nos parece sumamente convincente su expre-sión de que el apelante “lo había usado, ya que él era adicto y por lo tanto debía pagar”. Relación narrativa de la prueba desfilada, pág. 8.

En cuarto lugar, aquí no estamos ante un testigo de cargo que se caracterice por su buena reputación en la comunidad. Aquí el Jurado escuchó a este testigo narrar su vida delictiva desde temprana edad. Lo escuchó señalar que estuvo recluido en una institución correccional juvenil; que era un adicto crónico; que se dedicaba a matar perso-nas a cambio de dinero y drogas, y que en su vida como gatillero había matado a cinco (5) o a seis (6) personas.

El juzgador de hechos oyó a ese testigo relatar con una pasmosa tranquilidad el sangriento crimen de Félix El Grande desde su etapa de planeamiento, realización y posterior huida del residencial. Los detalles sobraron. Sobre cada una de esas actividades y sobre cada una de las fases del asesinato de Félix El Grande la defensa contrainte-rrogó incisivamente a este testigo, tratando de impugnar su versión y la conexión del acusado con ese crimen.

Sobrados fundamentos para impugnar el testimonio de este testigo tuvo la defensa y utilizó efectivamente cada una de ellas. El Jurado dirimió ese conflicto en su contra y no tenemos dudas de que aun cuando tuviera ante sí los términos del acuerdo entre ese testigo y el Ministerio Pú-blico, el veredicto habría sido el mismo. Este Jurado le dio mayor credibilidad a la teoría del Ministerio Público de que el asesinato de Félix El Grande (un “tirador” de drogas) fue planeado y ejecutado por el apelante con motivo de un plan concertado con dicho testigo y otras personas para que-darse con el control del trasiego de estupefacientes en el residencial Virgilio Dávila de Bayamón.

El error cometido por el Ministerio Público, de no reve-lar el acuerdo, no fue perjudicial al acusado. Por lo tanto, no amerita revocación de su condena ni la celebración de un nuevo juicio.

La declaración jurada postsentencia prestada por Maní

Finalmente, el apelante avaló su solicitud de nuevo jui-cio con una declaración jurada prestada por Mani, donde éste sostiene que el testimonio ofrecido durante el juicio contra el apelante era falso. En dicha declaración jurada, así como en la vista para discutir la moción de nuevo juicio, atestó que el caso contra el apelante había sido fabricado por el agente Albino y por el Fiscal Soto, pues éstos desea-ban “sacarlo de carrera”. Declaró, además, que la persona responsable y autora intelectual de la muerte de Félix El Grande era la viuda de Manolete, quien los contrató (a él y a Chago Quiles) para que lo mataran y así vengar la muerte de su esposo Manolete. Desmintió que le hubiera dicho al Fiscal Aponte que lo afirmado en la declaración jurada era falso.

Por su parte, el Fiscal de Distrito José Aponte testificó que, luego de haber prestado la declaración jurada, Mani le expresó que lo allí expresado era falso; que la había pres-tado por sentirse presionado en el penal, ya que en ese entonces había sido movido a un área del presidio donde estaba expuesto a la población carcelaria y a los amigos del apelante que lo habían amenazado de muerte.

El foro de instancia expresó en la resolución que dene-gaba el nuevo juicio que el comportamiento exhibido por el testigo durante el juicio y el demostrado en la vista rela-tiva a la moción de nuevo juicio eran diametralmente opuestos. En el juicio, según el magistrado, demostró aplomo y seguridad, mientras que en la vista evidenciaría se manifestó inseguro y ambivalente. Ante ese comporta-miento, el magistrado concluyó que su nueva versión de los hechos no era creíble.

Aduce el apelante que “[cjlaramente la función del ma-gistrado en una Moción de Nuevo Juicio no debe de ser la de dirimir conflictos de prueba, ya que esa función le co-rresponde única y exclusivamente al nuevo jurado, máxime cuando ya ese Juez le ha impuesto una pena de 119 años al convicto de este caso y ya había participado en el juicio en que resultó convicto”. Petición de certiorari, pág. 18.

El argumento del apelante carece de méritos. Desde 1946 resolvimos en Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10, 21 (1946), que es al juez sentenciador a quien corresponde dirimir los conflictos sobre la credibilidad entre la versión de un testigo en el juicio y la versión ofrecida por la nueva prueba en la vista sobre la moción de nuevo juicio.

En el caso ante nos existe evidencia suficiente para sos-tener la determinación del juez de instancia de no darle crédito a la nueva versión de Mani. El hecho de que éste hubiera intentado fugarse de la cárcel en más de una oca-sión (por temer por su seguridad), unido al hecho de que parte del acuerdo era obtener un arreglo con la Adminis-tración de Corrección para colocarlo en una institución que garantizara su seguridad, corrobora la versión del Fiscal Aponte de que el testigo prestó la declaración temiendo por su seguridad y que lo así atestado era falso. Además, el magistrado, quien observó el comportamiento del testigo durante el juicio y la inconsistencia demostrada en la vista sobre nuevo juicio, estaba en mejor posición para dirimir ese conflicto.

Finalmente, debemos destacar que la nueva versión in-troducida en la vista era, por sí, de naturaleza impugnato-ria de su versión original. Conforme a lo dispuesto en nues-tra jurisprudencia, la prueba que da paso al nuevo juicio no puede impugnar la aducida en el juicio. No erró, pues, el foro de instancia al denegar la solicitud de nuevo juicio por este fundamento.

Por los fundamentos expuestos, se dicta sentencia que confirma las convicciones del apelante, se expide el auto de “certiorari” y se confirma la resolución del foro de instancia que deniega la solicitud de nuevo juicio.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Sub Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió mediante opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Andréu García. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

(.Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Sub Secretario General

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Andréu García.

Conforme correctamente se expresa en la sentencia ma-yoritaria emitida por el Tribunal en el presente caso: el Ministerio Público tiene la “obligación constitucional” de revelarle a un imputado de delito aquella prueba en su poder que pueda beneficiarle a éste; que cuando el Estado oculta, suprime u omite evidencia favorable a la defensa de un imputado de delito, se incurre en una violación del de-bido procedimiento de ley, independiente-mente del hecho de que el Estado haya actuado o no de buena fe; que esta norma incluye evidencia constitutiva de prueba de impug-nación de la credibilidad de un testigo, constituyendo la supresión de esta clase de evidencia una violación al dere-cho de todo imputado de delito de su derecho a tener un juicio justo e imparcial, y que la norma antes expuesta responde a la premisa de que el interés del Estado, en re-presentación de la ciudadanía en general, es de que se haga justicia. Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963); Giles v. Maryland, 386 U.S. 66 (1967); Giglio v. United States, 405 U.S. 150 (1972); United States v. Agurs, 427 U.S. 97 (1976); United States v. Bagley, 473 U.S. 667 (1985); Pennsylvania v. Ritchie, 480 U.S. 39 (1987); Pueblo v. Hernán-dez García, 102 D.P.R. 506 (1974); Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

En el presente caso no hay la más mínima duda, ni con-troversia, sobre el hecho de que el Estado —a pesar de la existencia de un requerimiento específico de la defensa a esos efectos— ocultó, suprimió u omitió informarle a la de-fensa sobre el hecho de que el único testigo de cargo que conecta al aquí apelante con los hechos que le imputan a éste había entrado en un acuerdo con el Estado de declarar contra el apelante a cambio de que se le rebajara la califi-cación del delito y ser sentenciado a una pena de prisión relativamente benévola.

Conforme dispone la Regla 44 (B) (4) de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV), la credibilidad de un testigo puede ser impugnada mediante la demostración de la exis-tencia de “cualquier prejuicio, interés u otro motivo de par-cialidad por parte del testigo”. (Énfasis suplido.)

El “beneficio”, producto del acuerdo antes mencionado, recibido por el testigo en controversia consistió, nada más y nada menos, en que en lugar de ser sentenciado a no-venta y nueve (99) años de presidio, a éste le fue impuesta una sentencia de doce (12) años. Procede que uno se cues-tione si resulta ser fundamental y determinante, en la de-cisión que tiene que hacer el juzgador de los hechos sobre la credibilidad que le pueda merecer, o no, un testigo de cargo, el “dato” de que ese testigo iba a recibir un beneficio de esa magnitud a cambio de su declaración adversa al aquí apelante. Esto es, si ese hecho constituía o no sufi-ciente “interés” o aliciente que, en opinión de los señores del Jurado, pudieran haber llevado al referido testigo a implicar falsamente al apelante en el asesinato que dicho testigo cometió, todo ello con el propósito de “salvarse” de una reclusión de por vida en una institución penal.

Conforme surge de la sentencia emitida, una mayoría de los integrantes de este Tribunal contesta la referida in-terrogante expresando que está convencida “más allá de duda razonable, de que dicho error no perjudicó al acusado y de que aun cuando el juzgador de los hechos hubiera tenido ante sí el acuerdo, el resultado habría sido el mismo”. Sentencia, pág. 354. Cómo llega a esa sorpren-dente conclusión, es algo que la mayoría no explica. Dicha actuación, a nuestra manera de ver las cosas, constituye evidencia incuestionable de una peligrosa tendencia por parte de este Tribunal de convertirse en “juzgador de los hechos” desde este estrado apelativo.

En resumen, disentimos por cuanto el resultado a que se llega en el caso es uno erróneo. De nada sirve que en las decisiones que se emitan en los casos que vienen ante la consideración de este Tribunal se haga una exposición co-rrecta de la ley y la jurisprudencia pertinente si éstas son aplicadas erróneamente en los mismos. Cuando se actúa en esta forma, no hay duda, se "ilustra” al foro y a las partes sobre el derecho aplicable; lamentablemente, sin embargo, no se hace justicia.

      (1) El foro de instancia le impuso noventa y nueve (99) años en el asesinato en primer grado; cinco (5) años por el cargo de conspiración a ser cumplidos concurren-temente con el de asesinato; diez (10) años por violación al Art. 8 y cuatro (4) años por violación al Art. 6, ambos de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 418 y 416, concurrentes entre sí pero consecutivos con los cargos de asesinato y de conspiración, y diez (10) años en otra violación al Art. 8, supra, así como otros cuatro (4) años por otra violación al Art. 6, supra, concurrentes entre sí pero consecutivos con las demás condenas.

      (2) El día y en el lugar de los hechos mataron también al individuo identificado como “Mosquito”. En jubo de 1986, en la Barriada Cucharillas del Municipio de Cataño, encontró la muerte Santiago “Chago” Quiles.

      (3) Testificó, además, la madre del acusado sobre aspectos impertinentes a esta apelación.

      (4) El apelante, en su alegato, desistió de discutir los errores numerados' en su apelación como segundo y tercero, por lo que no venimos obligados a considerarlos. Pueblo v. Dieppa Beauchamp, 115 D.P.R. 248 (1984).

      (5) Este señalamiento de error también se levanta en la moción de nuevo juicio del apelante, por lo que lo aquí discutido aplica también a ese señalamiento en los errores aducidos por el apelante en su solicitud de certiorari sobre la denegación del nuevo juicio.

      (6) Circunscribimos nuestro examen a la posible procedencia de un nuevo juicio, por cuanto el efecto de la alegada nueva prueba en este caso sólo tiene el efecto de atacar o afectar la credibilidad que le mereció al juzgador de los hechos el testimonio del coautor Héctor M. Delgado Rivera. Tal prueba, por sí sola, no puede derrotar la determinación que sobre la culpabilidad del acusado hizo el juzgador de los hechos a nivel de instancia, de suerte que nos permita decretar la absolución total del ape-lante peticionario. Pueblo v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107, 109-110 (1984).

      (7) Se ha sostenido, además, que la evidencia alegadamente suprimida debe ser útil para impugnar la credibilidad de un testigo de cargo principal o clave y no de cualquier testigo de cargo. Ello es así, ya que sólo la evidencia para impugnación de la credibilidad de este tipo de testigo es relevante a la inocencia o culpabilidad del acusado y puede variar el fallo o veredicto. Giglio v. United, States, 405 U.S. 150 (1972).

      (8) La moción de nuevo juicio va dirigida a la discreción del tribunal sentenciador. Si dicho foro la deniega, su determinación debe ser respetada, salvo que se le demuestre al foro apelativo un claro e inequívoco abuso de discreción por parte del foro de instancia. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Asociación de Academias y Colegios Cristianos de Puerto Rico et al., apelados, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., apelantes.

      Número: AC-91-478

      Resuelto: 9 de agosto de 1991

      Julio Nigaglioni Arrache, de Ledesma, Palou & Miranda, abogado de los apelantes; Edric E. Vivoni Forage, abogado de los apelados.
    Sala Especial de Verano integrada por su presidente, el Juez Asociado Señor Rebollo López, y los Jueces Asociados Se-ñora Naveira de Rodón y Señor Andréu García.
   RESOLUCIÓN

Evaluadas las mociones de los demandantes apelados en auxilio de nuestra jurisdicción, a la luz del escrito para mostrar causa presentado por la Universidad de Puerto Rico y considerando como circunstancias extraordinarias el que los siete (7) estudiantes codemandantes ya habían sido admitidos conforme a la sentencia de la cual se apela, y que la proximidad del comienzo del año académico en las distintas instituciones universitarias de Puerto Rico habrá de dificultar, sino imposibilitar, la admisión de éstos por otras universidades, se accede a lo solicitado por dichos estudiantes y se ordena la admisión provisional de éstos a la Universidad de Puerto Rico hasta tanto otra cosa sea dispuesta por este Tribunal.

Se ordena la notificación inmediata de la presente por la vía telefónica en adición al método ordinario.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto particular de conformidad.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

Expresaba recientemente una persona que “nuestro Puerto Rico era el mejor país del mundo”. Cuestionada su asombrosa expresión por sus amigos —los cuales inmedia-tamente lo confrontaron con la obviamente deficiente, y continuamente decreciente, calidad de vida que sufrimos todos los que aquí vivimos— prontamente se reafirmó en su posición expresando que “definitivamente Puerto Rico tiene que ser el mejor país en el planeta por cuanto aquí todo el mundo hace lo que le da la gana”. Los hechos que dan lugar al presente recurso constituyen evidencia feha-ciente de la manera de actuar, y proceder, a la que se refe-ría el mencionado ciudadano.

I — (

En lo pertinente al recurso ante nuestra consideración, nuestro ordenamiento jurídico establece: que toda institu-ción educativa privada en los niveles preescolar, elemental, secundario, vocacional, técnico o post secundario no universitario que pretenda operar en nuestro País vendrá obligada a solicitar, y a obtener, una licencia del Secretario del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico; que la facultad del Secretario de Instrucción para emitir la referida licencia, o reconocimiento, es una exclusiva de éste, no teniendo ningún departamento, instrumentalidad, oficina, junta, negociado o comisión del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, poder para hacer determinaciones, autorizaciones o acreditaciones de instituciones educativas o para reconocer o acreditar grados, diplomas, certificados o cursos expedidos por estas instituciones a sus estudian-tes; que toda persona natural o jurídica que opere una ins-titución educativa privada, a los niveles mencionados, sin la licencia del Secretario incurrirá en delito menos grave; y que el Secretario de Instrucción, en caso de que una insti-tución persista o insista en operar sin licencia, luego de ser advertida sobre ello, podrá acudir al Tribunal Superior de Puerto Rico para obtener una orden de interdicto contra dicha institución educativa y sus funcionarios. A esos efec-tos, véanse: Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976 y la Ley Núm. 49 de 30 de junio de 1988 (18 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.).

A pesar de que el requisito de la obtención de la mencio-nada licencia es uno que está en vigor desde el año de 1976, la Asociación de Academias y Colegios Cristianos de Puerto Rico —la cual organización agrupa unos doce (12) centros de educación elemental y secundaria que son opera-dos por iglesias que profesan la fe bautista— se ha negado consistentemente a solicitar la referida licencia del Secre-tario de Instrucción Pública. Su negativa se basa “en el convencimiento teológico de que el Estado no puede contro-lar o dictarle pautas a una entidad que pertenece a Dios En palabras sencillas, para dicha Asociación “permitir que el Estado apruebe, acredite o reglamente áreas sustan-tivas de sus iglesias-escuelas equivaldría a la aprobación, acreditación o reglamentación de su fe”.()

Ello no obstante, la mencionada Asociación de Acade-mias y Colegios Cristianos no realizó acción afirmativa al-guna respecto a la referida legislación durante catorce (14) años; esto es, de 1976 a 1990. En otras palabras, dicha Asociación no impugnó durante dicho período de tiempo la constitucionalidad de la misma ante los tribunales de jus-ticia de Puerto Rico; meramente se limitó a violar la refe-rida legislación mediante la operación de escuelas, sin la debida licencia del Secretario de Instrucción Pública, du-rante catorce largos años.

Si sorprendente resulta ser la actuación de la Asociación de Academias y Colegios Cristianos, verdaderamente asom-brosa ha sido la actuación durante ese período de catorce años del Poder Ejecutivo de nuestro Gobierno, el cual, como es sabido, tiene la obligación legal de poner en vigor la legislación que aprueba la Rama Legislativa de nuestro País. El Estado nunca ha acudido a los tribunales de jus-ticia de Puerto Rico para obligar a la mencionada Asocia-ción a cumplir con la legislación en controversia. Esto es, el Departamento de Justicia nunca ha intentado procesar cri-minalmente a ninguno de los funcionarios de la Asociación como tampoco el Secretario de Instrucción Pública ha tra-tado de ponerle fin a dicha ilegal actuación mediante la obtención de una orden de interdicto contra la referida Asociación.

Pero, todavía, hay más. Durante el antes mencionado período de catorce (14) años, la Universidad de Puerto Rico, en violación de las citadas Leyes 31 y 49, le ha reco-nocido validez a los “diplomas” de escuela superior que han expedido los diferentes centros de estudio que agrupa la referida Asociación y ha venido admitiendo a la Universi-dad a los egresados de dichos centros de estudio; ello, igual-mente, en violación de las citadas Leyes Núm. 31 y Núm. 49.

De manera, pues, que tenemos que durante un período de catorce (14) años la Asociación de Academias y Colegios Cristianos y la Universidad de Puerto Rico continuamente han violado las disposiciones de la legislación en controver-sia, sin que el Estado haya hecho nada al respecto. Como decía nuestro amigo, “este es el mejor País del mundo”.

I — I 1 — 1

Finalmente, en el año de 1991, el Presidente de la Uni-versidad de Puerto Rico, Dr. José M. Saldaña, decidió que “algo” tenía que hacerse al respecto. Escribió una carta; la misma dirigida al director de uno de los doce centros que agrupa la Asociación de Academias y Colegios Cristianos de Puerto Rico, esto es, al Colegio Bautista de Yauco.

En carta de fecha 29 de enero de 1991 —a pesar de “hacer claro” que, en su opinión, la Universidad de Puerto Rico no está “sujeta a la prohibición legal de reconocer diplomas otorgados por instituciones educativas que no po-sean la licencia del Departamento de Educación”— el doctor Saldaña le informó al Colegio Bautista de Yauco que la Universidad había decidido “exigir que los graduandos so-licitantes provengan de aquellas [instituciones educativas] que posean dicha licencia porque de esta manera se garan-tiza el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos ...”. (Énfasis suplido.)

El doctor Saldaña en la referida carta, por último —y convenientemente olvidándose de la omisión en que ha in-currido la institución que él dirige— exhortó al Colegio Bautista a tomar “las medidas pertinentes a la brevedad posible para que el Colegio ... obtenga la licencia que le exige la ley”. Ello, conforme el doctor Saldaña, con el noble propósito de evitar que “jóvenes que aspiran a ser admiti-dos en [la] Universidad en el futuro o que deseen trabajar en alguna dependencia gubernamental se vean impedidos de ello por la omisión de su institución educativa”. (Enfasis suplido.)

El 17 de mayo de 1991, la Asociación de Academias y Colegios Cristianos de Puerto Rico, en representación de los doce centros de estudio que agrupa, los directores de dichos centros, y siete estudiantes graduandos de dichos centros de estudio, representados por sus respectivos padres, radicaron ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, una demanda “sobre sentencia declara-toria, entredicho provisional, interdicto preliminar e injunction permanente”, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Educación, el Secretario del Departamento de Justicia, y la Universi-dad de Puerto Rico, y su Presidente, el Dr. José M. Saldaña.

En la referida demanda, los centros de estudio deman-dantes alegaron, en síntesis, que el requisito de obtención de licencias, exigido por las citadas Leyes Núm. 31 de 1976 y Núm. 49 de 1988, viola la doctrina de separación de Es-tado e Iglesia por lo que el mismo resulta ser inconstitucional. Por su parte, los estudiantes demandan-tes alegaron que la actuación de la Universidad de Puerto Rico —según expuesta en la carta suscrita por el doctor Saldaña— violaba la cláusula constitucional sobre igual protección de las leyes y su derecho constitucional a recibir una educación.

El tribunal de instancia bifurcó las reclamaciones con-tenidas en la demanda radicada, atendiendo las de los es-tudiantes vía injunction preliminar y permanente y consi-derando las de las escuelas como una de sentencia declaratoria. Luego de unos trámites procesales, que re-sulta innecesario enumerar, el foro de instancia dictó “Sen-tencia Parcial” con fecha de 25 de junio de 1991. La misma tuvo el propósito de resolver, con carácter prioritario, la reclamación de los estudiantes demandantes, esto es, “la legalidad del requisito de admisión impuesto por la U.P.R.

En la sentencia parcial que dictara, el tribunal de ins-tancia decretó que el referido requisito era inconstitucional. Ello por dos fundamentos, a saber: que dicho requisito viola la cláusula de igual protección de las leyes, y, que incidiendo el mismo “sobre un derecho consti-tucional fundamental, el derecho a la educación”, el Estado no había podido demostrar un “interés apremiante”. Or-denó, en consecuencia, que la Universidad de Puerto Rico admitiera a los siete estudiantes demandantes.

Inconforme, acudió el 16 de julio de 1991 la Universidad de Puerto Rico ante este Tribunal, vía la radicación de un “escrito de apelación o solicitud de revisión”, imputándole al foro de instancia haber errado al resolver que el requi-sito en controversia es inconstitucional. Mediante Resolu-ción de fecha 30 de julio de 1991, una “Sala Especial de Verano”, compuesta por tres Jueces, le “dio curso” al re-curso de apelación radicado, quedando en suspenso, en consecuencia, la orden de admisión emitida por el foro de instancia. En esa ocasión, el Juez suscribiente solitaria-mente hizo constar que “ordenaría, en auxilio de nuestra jurisdicción, la admisión provisional de los estudiantes re-curridos a la Universidad de Puerto Rico, siempre y cuando cumplpn con todos los demás requisitos de admisión, hasta tanto se resuelva finalmente la apelación entablada”.

La parte demandante apelada prontamente radicó una “moción urgente en auxilio de jurisdicción y reconsideración”. En la misma, en lo pertinente, nos in-formó que la Universidad de Puerto Rico, con anterioridad a la fecha de radicación de su recurso ante este Tribunal, había ya aceptado a los siete estudiantes demandantes. Solicitaron que le permitiéramos a éstos, en auxilio de ju-risdicción, comenzar sus estudios universitarios en la Uni-versidad por cuanto ya ellos habían hecho todos los arre-glos necesarios —económicos y de otra índole— para estudiar en la misma.

Mediante Resolución de fecha 2 de agosto de 1991 le concedimos término a la Universidad de Puerto Rico para que:

... se exprese sobre las alegaciones contenidas en dicho es-crito y sobre el remedio que se solicita. En adición, deberá la Universidad de Puerto Rico informar a este Tribunal las razo-nes que tuvo para no informar en sus escritos anteriores los hechos alegados por los apelados en la mencionada moción re-lativos a la admisión de éstos a dicha Universidad.

La comparecencia de la Universidad constituye prueba fehaciente adicional de que la delicada situación que se plantea en el presente recurso de apelación —donde está en juego, entre otros, nada más y nada menos que el futuro profesional de cientos, o quizás miles de jóvenes puertorri-queños— está siendo manejada por las personas con inje-rencia sobre la misma de una manera superficial e insensible; funcionarios y educadores que, aparentemente, no les preocupa mucho el bienestar y el futuro de esos jóvenes ciudadanos.

Nos informa la representación legal de la Universidad de Puerto Rico que efectivamente es cierto que la Univer-sidad aceptó a los referidos demandantes como estudiantes para el próximo año universitario; que dicho hecho no fue informado a este Tribunal en el recurso que se radicara debido a que los abogados desconocían el mismo; que su desconocimiento se debió a “una aciaga falta de comunica-ción entre los suscribientes [los abogados] y el aparato bu-rocrático de la U.P.R.”; esto es, a “una falta de coordinación y comunicación entre los distintos apéndices de la U.P.R.

Por otro lado, igualmente admite la representación legal de la Universidad de Puerto Rico, en la referida y hasta cierto punto desafortunada comparecencia, que es cierto “que en el pasado la U.P.R. había admitido estu diantes de escuelas no certificadas...”. Argumentan, sin embargo, que ese hecho “de por sí no tiene implicaciones legales para este caso”. Ello, conforme los abogados de la Universidad, debido a que la “admisión en el pasado de estos estudiantes se debió a un error de interpretación, pues la U.P.R. había interpretado que la Ley Número 49 ... le era inaplicable”. (Énfasis suplido.)

La mencionada representación legal nos “informa”, por último, que habiendo decidido este Tribunal acoger la ape-lación interpuesta por la Universidad, “la sentencia del Tribunal Superior no es final y firme”, razón por la cual “durante el curso de esta semana se informará [por la Universidad] a los estudiantes que sus admisiones han sido revocadas”.

III

Independientemente de la corrección jurídica de la sen-tencia parcial dictada por el tribunal de instancia, cuestión sobre la cual no emitimos juicio en este momento; de si la inercia, inacción, y omisión, durante catorce largos años, tanto de los Departamentos de Justicia e Instrucción Pú-blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como de la Universidad de Puerto Rico constituyen, o no, razón legal suficiente para “eximir” a los estudiantes demandantes de la aplicación de las leyes en controversia; y del plantea-miento técnico a los efectos de que el habérsele dado curso a la apelación radicada tiene el efecto de paralizar la sen-tencia dictada a nivel de instancia, razón por la cual la Universidad puede, por el momento, hacer caso omiso de la misma, no podemos permanecer impasibles e insensibles ante la trágica situación por la que atraviesan las verdade- ras víctimas de este desgraciado drama: los estudiantes egresados durante el presente año de. las escuelas demandantes.

La proximidad de la fecha del comienzo de los estudios en todas las instituciones universitarias existentes en nuestro país hace prácticamente imposible que estos estu-diantes puedan aplicar, y ser admitidos, en otras institu-ciones universitarias privadas. De “revocarse” su admisión por la Universidad, el daño para dichos estudiantes puede ser irreparable. Su admisión y permanencia en la Univer-sidad mientras se dilucida el recurso de apelación, por el contrario, no resulta en daño alguno para la Universidad.

No debemos olvidar —que no obstante la existencia de las Leyes Núm. 31 y Núm. 49, ante— que cientos, quizás miles, de estudiantes en igual situación han cursado estu-dios, y recibido diplomas de la Universidad de Puerto Rico, durante los últimos catorce años, con el beneplácito no sólo de la Universidad sino que de los Departamentos de Justi-cia e Instrucción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Luego de permanecer con los “brazos cruzados” por tan-tos años, realmente no entendemos la “urgencia” que ahora tiene la Universidad de Puerto Rico de que se observen al pie de la letra las disposiciones de la legislación en controversia.

      (1) Véase pág. 8 de la demanda radicada por la Asociación en el presente caso ante el tribunal de instancia.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Lucía Núñez Martínez et al., demandantes y recurrentes, v. Héctor Martínez Rosado et al., demandados y recurridos.

      Número: RE-91-424

      Resuelto: 27 de septiembre de 1991

      Osvaldo Pérez Marrero, abogado de los recurrentes; Harold D. Vicente, de Vicente & Cuevas, abogado de los recurridos.
    Sala Especial de Verano integrada por su presidente el Juez Asociado señor Negrón García y los Jue es Asociados seño-res Hernández Denton y Alonso Alonso.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

Discrepamos de la negativa de la Sala() a expedir y revocar la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Gua-yama (Hon. Carmen J. Ortiz Ramos, Juez), que declaró sin lugar la demanda de mala práctica médica. Prima facie, la parte actora, Sra. Lucía Núñez Martínez, probó su caso: estableció que las obstrucciones a sus riñones se debieron a que negligentemente le suturaron dos (2) áreas del uréter durante un procedimiento de histerectomía. Este hecho no contradicho activó la regla de res ipsa loquitur.

Es incomprensible, pues, el fundamento del ilustrado foro de instancia de que no se produjo evidencia de un acto u omisión en el ámbito de la responsabilidad profesional médica. Menos comprensible es concluir que esas suturas fueran un riesgo o complicación inherente de la operación de histerectomía incapaz de activar la norma de res ipsa loquitur. Si toda cirugía conlleva múltiples riesgos, bajo ese razonamiento, ¿en qué situaciones podrá invocarse?

II

El enfoque del tribunal sentenciador es contrario a toda la literatura médica. Así lo documentamos en Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 653-654 (1988):

Toda vez que no existe un método único comprobado para la prevención de los daños ureterales, se hace indispensable que el médico se relacione con las estructuras anatómicas localiza-das en el área a ser intervenida, así como de cualquier altera-ción anatómica que presente el paciente a ser sometido a operación. [M.J.] Campbell y [J.H.] Harrison, [Urology, Philadelphia, Ed. W.B. Saunders, 1970, Vol. I], pág. 827.
La buena práctica de la medicina le exige al médico que vaya a operar a una paciente con una condición similar a la de autos que identifique y que visualice el uréter. Este proceso de visualization y de palpación debe ser continuo durante toda la inter-vención quirúrgica. Campbell y Harrison, op. cit., pág. 828. Cuando el campo operatorio presenta masas inflamadas o tu-mores, el médico debe también identificar las estructuras ana-tómicas, los márgenes de la vejiga y los ligamentos presentes en el área. La identificación del uréter se completa entonces con la palpación e inspección del mismo. [L.A.] Orkin, [Trauma to the Ureter: Pathegenesis and Management, Philadelphia, Ed. F.A. Davis, 1964], pág. 155.
Una vez que el médico se ha cerciorado de que no ha ocurrido una lesión en el uréter, como paso previo a cerrar el abdomen, debe inspeccionar y visualizar el uréter. También debe cercio-rarse de que no exista extravasación de orina. [4B Attorney’s Textbook on Medicine Cap. 284, Sec. 284.35], pág. 248-16.
Se ha sostenido en algunos tratados médicos que el reconoci-miento durante la realización de una operación de que se ha causado una lesión al uréter, depende en primera instancia de la sospecha que el cirujano tenga sobre la posibilidad de que haya ocurrido una lesión. Campbell y Harrison, op. cit., pág. 831; [6] Lawyers’ Medical Cyclopedia [Sec. 44.28(D), pág. 529 (1977)]. Uno de los aspectos más importantes a considerar en la determinación de la lesión al uréter y la imputación de respon-sabilidad a un facultativo lo es el reconocimiento temprano de la lesión. Como muy correctamente señalara Charles Higgins, M.D., “[e]l pecado venial es el daño al uréter, pero el pecado mortal es la falta en reconocerlo”. ... [M.C.] Daley, [Ureteral Injuries, 1972 Med. Trial Tech. Q. 251, 256 (1972)]. (Énfasis en el original.)

hH h-1

Evidentemente la jurisprudencia reciente ha causado una honda erosión en esta sensible área de la justicia. Como dijimos en nuestro disenso en Pagán Rivera v. Mun. de Vega Alta, 127 D.P.R. 538, 553 (1990), “[n]os preocupa seriamente que este Foro apelativo siga adjudicando casos de esta naturaleza sobre la base de la premisa de que existe una ‘presunción’ de que un médico ejerce un grado razonable de cuidado en el tratamiento de sus pacientes. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789 (1979). Al hacerlo, continúa arrastrando un grave error evidenciario que aca-rrea repetidas injusticias. No existe tal presunción. La norma jurídica correcta ha sido malinterpretada. De la obligación que tiene todo reclamante de probar su caso me-diante ‘preponderancia de prueba’ —Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521-522 (1980); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 744 (1983)— incluso activando la doctrina de res ipsa loquitur, se ha arribado a semejante presunción mediante un salto cuya lógica no alcanzamos a entender”. (Énfasis en el original.)

Si se continúa con esta tendencia judicial, debe exami-narse la posibilidad de eliminar de los textos de las escue-las de derecho el capítulo referente a la negligencia (malpractice) médica.

      (1) Integrada al presente por los Jueces Asociados Señores Hernández Denton, Alonso Alonso y el que suscribe.


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:-

      Resuelto: 18 de octubre de 1991
   RESOLUCIÓN

Los trabajos de la Décimoquinta Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, convocada para los días 14 y 15 de noviembre de 1991, en el Hotel San Juan, Isla Verde, Puerto Rico, se regirán por la agenda siguiente:

I. PROGRAMA

Jueves, 14 de noviembre de 1991

Sesión de la mañana

8:30 Registro de participantes

9:15 Apertura

9:30 Mensaje sobre el Estado de la Judica-tura, Juez Presidente, Hon. Víctor M. Pons Núñez

10:00 Presentación de los trabajos sobre los temas especialmente designados:

Hon. Ramón Negrón Soto Secretario de la Conferencia Judicial de Puerto Rico

10:15 Informe de Progreso, Comité de Reglas de Procedimiento Criminal — Hon. Cri-santa González de Rodríguez, Presi-dente

10:30 Presentación y discusión del “Primer Examen de las Reglas de Procedi-miento para Asuntos de Menores:

Recomendaciones y enmiendas”, Co-mité Asesor Permanente de Reglas so-bre Asuntos de Menores Hon. José A. Aponte Pérez, Presidente

12:00 Almuerzo

Sesión de la tarde

2:00-5:00 Presentación y discusión del “Borrador del Reglamento Notarial de Puerto Rico”.

Comisión sobre la Reglamentación del Ejercicio y Admisión al Notariado — Ledo. Enrique Godinez, Presidente

5:30 Actividad social auspiciada por el Cole-gio de Abogados de Puerto Rico

Viernes, 15 de noviembre de 1991

Sesión de la mañana

8:30 Apertura de la sesión

8:40 Presentación y discusión del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil. Co-mité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil — Hon. Guillermo Arbona Lago, Presidente

12:00 Almuerzo

2:00 - 5:00 Presentación y discusión del Proyecto de Reglas de Evidencia. Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia — Hon. Elpido Batista, Presidente

:): * * ‡ * *

Las sesiones de trabajo y los procedimientos de la Con-ferencia Judicial de Puerto Rico (en adelante Conferencia Judicial) se regirán por las siguientes reglas:

1. El Juez Presidente llamará al orden y declarará cons-tituida, para comenzar sus trabajos, la Décimoquinta Se-sión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico.

2. Para un normal desarrollo de los trabajos de la Con-ferencia, deberán ser evitadas las conversaciones dentro y fuera del salón, y las salidas y entradas de éste que tien-den a distraer la atención de los asuntos discutidos.

También, los asistentes deberán abstenerse de fumar en el salón de sesiones.

3. Conforme a la agenda aprobada y siguiendo el horario prescrito en ella, cada ponente hará una exposición del tema que le ha sido asignado, dentro del tiempo estable-cido, incluyendo sus conclusiones y recomendaciones.

4. El Secretario de la Conferencia Judicial, como mode-rador, presentará la agenda de los trabajos durante la Conferencia. Podrán participar en la discusión de los te-mas, los Jueces y otros miembros de la Conferencia Judicial. Los turnos en la discusión de los temas presenta-dos serán primeramente consumidos en el orden que ha-yan sido solicitados y concedidos anticipadamente, y su du-ración será conforme a las circunstancias con el propósito de que el mayor número de participantes pueda expresar su criterio.

5. El Juez Presidente podrá declarar fuera de orden cualquier planteamiento que no forme parte de la agenda o no sea pertinente a los temas de la Conferencia.

6. Las ideas expuestas por los ponentes y las sugeren-cias que formulen los miembros de la Conferencia Judicial en sus escritos y durante las discusiones plenarias serán objeto de ulterior análisis por el Secretariado de la Confe-rencia Judicial de Puerto Rico, la Oficina de Administra-ción de los Tribunales y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

7. El Secretario de la Conferencia Judicial será respon-sable de grabar los procedimientos y de procurar que las memorias de la Conferencia sean publicadas.

8. El Tribunal designa Secretario de la Conferencia Judicial al Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Ramón Negrón Soto. El Secretario General y el Alguacil General del Tribunal Supremo, al igual que el personal del Secretariado de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, auxiliarán al Tribunal, al Secretario y a los miembros par-ticipantes de la Conferencia en el curso de las sesiones en todos los procedimientos preparativos y adicionales que sean necesarios.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re Johnny Cruz Ramos.

      Número: 5613

      Resuelto: 25 de octubre de 1991

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

El 21 de febrero de 1991, mediante opinión per curiam, suspendimos al Ledo. Johnny Cruz Ramos del ejercicio de la notaría por el término de un (1) año por incumplir su obligación de rendir índices. Con motivo de dicha suspensión, el 28 de febrero de 1991 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martí-nez Suris, se incautó de su obra notarial.

Efectuada la inspección correspondiente de los Protoco-los de 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1991, éstos arrojaron unas deficiencias en sellos de Rentas Inter-nas, asistencia legal e impuesto notarial ascendentes a $8,332.50. En diversas ocasiones requerimos del licenciado Cruz Ramos que las subsanara. Únicamente cubrió fallas por el valor de $426 correspondientes al Protocolo de 1983. Al día de hoy los esfuerzos realizados para subsanar los $7,906.50 restantes han sido infructuosos.

Referido el asunto a nuestra consideración, concedimos al licenciado Cruz Ramos término para que compareciera a mostrar causa por la cual no deberíamos suspenderlo del ejercicio de la profesión de abogado hasta tanto subsanara las deficiencias antes aludidas y demostrara ser acreedor a ser readmitido. Han transcurrido más de tres (3) meses sin acción de su parte.

En diversas instancias hemos reiterado “que la obligación de cancelar sellos en los instrumentos públicos es de estricto cumplimiento y su omisión expone al notario a sanciones disciplinarias”. In re Duprey Maese, 125 D.P.R. 336, 339 (1990), y casos allí citados. Aquí, las deficiencias son graves y debieron ser subsanadas diligentemente. Ante la inacción del notario Cruz Ramos, el único curso de ac-ción es decretar su suspensión del ejercicio de la abogacía.

Se dictará la correspondiente sentencia.