author: PER curiam:

text:
    The Chase Manhattan Bank, N.A., demandante peticionaria, v. Nesglo, Inc., Néstor Cruz Soto y Gloria D. de Cruz, demandados; Alberto Rebel & Associates, interventora recurrida.

      Número: O-80-397

      Resuelto: 17 de noviembre de 1981

      María del Carmen Taboas, de Fiddler, González & Rodríguez, abogada del peticionario; Leopoldo C. Delucca, abogado de la interventora recurrida.
   PER curiam:

En noviembre de 1979, The Chase Manhattan Bank, N.A. (“el Chase”) demandó a Nesglo, Inc. (“Nesglo”), Néstor Cruz Soto y Gloria D. de Cruz (“los fia-dores”). El Chase alegó que Nesglo y sus fiadores le adeudaban $460,000, más intereses, costas y honorarios de abogado, bajo un contrato de refacción industrial y comer-cial debidamente otorgado e inscrito bajo las disposiciones de la Ley Núm. 86 de 24 de junio de 1954 (10 L.P.R.A. see. 551 y ss.) Se suplieron los datos de inscripción del refe-rido contrato. Para asegurar la efectividad de la sentencia el Chase embargó ciertos bienes.

El 11 de febrero de 1980, Albert Rebel & Associates (“la interventora”) solicitó permiso para intervenir en el pleito sobre la base de que poseía un gravamen preferente sobre los bienes embargados. Alegó que Nesglo le adeu-daba $53,138.11 por razón de equipo comprado a crédito. Tras varios incidentes el tribunal de instancia concedió el 11 de junio de 1980 la intervención de que se recurre.

Mientras este recurso estaba en trámite de perfeccio-namiento y decisión, el tribunal de instancia dictó senten-cia en rebeldía contra Nesglo y los fiadores. Para proteger los posibles derechos de la interventora el tribunal de instancia ordenó la congelación de los $53,138.11 de los fondos consignados en Secretaría hasta tanto el Tribunal Supremo emitiese juicio sobre el actual recurso. La refe-rida sentencia es hoy final y firme. La cuestión a resolver en el caso de autos se reduce en consecuencia, a deter-minar si procede la intervención de Rebel & Associates para fines de precisar si tiene algún derecho, con prefe-rencia al Chase, a los $53,138.11 consignados.

La Regla 21.1 de Procedimiento Civil, relativa a la intervención como cuestión de derecho, dispone:

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a intervenir en un pleito (a) cuando por ley o por estas reglas se le confiere un derecho incondicional a inter-venir; o (b) cuando el solicitante reclame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que pudiere de hecho quedar afectado con la disposición final del pleito.

La historia de esta Regla revela un largo esfuerzo por li-beralizar las normas relativas a la intervención. Para el análisis de las disposiciones que le precedieron —el Art. 72 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 y de 1933, la Regla 24 de Procedimiento Civil de 1943 y la 21 de 1958— véase: Cappalli, The Guest Who Came to Dinner: Intervention Practice in Puerto Rico Civil Procedure, 40 Rev. Jur. U.P.R. 461 (1971).

La Regla 21.1 actual, correspondiente en parte a la 24(a) de las Reglas Federales, expande considerablemente el ámbito de la intervención como cuestión de derecho. Ya no es necesario que el solicitante demuestre, contrario a la norma federal, que la representación de su interés por las partes en litigio no es adecuada. Se elimina también el requisito establecido por la jurisprudencia de que el solicitante pueda estar luego impedido por una sentencia bajo la doctrina de cosa juzgada. Comentarios a la Regla 21.1, Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia — 1979, Equity Publishing Corporation, Orford, N.H., 1979, pág. 52. Se ha intentado imprimirle a la Regla la máxima flexibilidad.

El historial de la Regla revela que ésta debe interpretarse liberalmente, a la luz de los objetivos que persigue. La liberalización efectuada no equivale, sin embargo, a sancionar la intervención indiscriminada ni a sentar el principio de que toda duda posible debe resol-verse a favor de la intervención. 7A Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, sec. 1904, pág. 474; Ready Mix Concrete v. R. Arellano & Co., 110 D.P.R. 869 (1981).

La Regla 21.1 impone límites a la intervención. El solicitante debe reclamar algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio y debe demostrar que tal derecho o interés puede, de hecho, quedar afectado por la disposición final del pleito. La nueva Regla obliga, no obstante, a un sutil cambio de enfoque. No se trata ahora, como antes, de analizar en modo más o menos abstracto la naturaleza del interés concernido. El criterio a utilizarse es de orden más pragmático. ¿Existe de facto un interés que amerite protección? ¿Quedaría afectado, como cuestión práctica, tal interés por la ausencia del interventor en el caso? El análisis puede variar de pleito a pleito. En el fondo, la decisión depende del equilibrio a lograrse en la situación específica entre los valores en conflicto: el interés en la economía procesal representada por la solución en un solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí y el interés en evitar que los pleitos se compliquen y eternicen innecesariamente. 7A Wright & Miller, op. cit., págs. 483, 509.

Apliquemos estos principios al caso presente. La inter-ventora apoya la existencia de su alegado gravamen en las disposiciones del primer apartado del Art. 1822 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5192, el cual provee:

Con relación a determinados bienes muebles del deudor, gozan de preferencia:
1. Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos. (Énfasis nuestro.)

La interventora le vendió a Nesglo unos bienes muebles. ¿Es correcta la aseveración de la interventora que la dis-posición citada le reconoce a ella urr crédito preferente al derivado del préstamo refaccionario concedido por el Chase?

La contestación es claramente que no. Los créditos preferentes que reconoce el Art. 1822 del Código Civil están expresamente subordinados a los contratos de refacción debidamente inscritos. El Art. 6 de la Ley Núm. 86 de 24 de junio de 1954, estatuye:

Contra un contrato de refacción industrial y comercial inscrito con arreglo a este Capítulo, no podrá prevalecer re-clamación alguna en contra del deudor que no esté garanti-zada con gravamen sobre los mismos bienes establecido con anterioridad a la inscripción de dicho contrato; Disponién-dose, sin embargo, que tal inscripción no prevalecerá sobre los gravámenes creados por ley para garantizar reclamacio-nes de obreros, proveedores, dueños de bienes inmuebles, así como del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la co-rrespondiente municipalidad en cuanto a créditos a su favor por el importe de las tres últimas anualidades y la corriente no pagadas de las contribuciones que graviten sobre la pro-piedad objeto de contrato. La efectividad y prelación del crédito representado por un contrato de refacción industrial y comercial no serán afectadas en forma alguna por lo dis-puesto en contrario en las sees. 5192 y 5193 del Título 31 ó por lo que de tales secciones pueda inferirse.

La interventora tampoco ha alegado en momento alguno que las sumas totales depositadas en corte exceden la cuantía adeudada bajo el préstamo refaccionario. Por tanto, resulta que si la interventora depende tan solo de lo dispuesto en el Art. 1822 del Código Civil y si tampoco alega que se le ha pagado o se le pudiere pagar al Chase, de entregársele la cantidad consignada, una suma mayor que la adeudada bajo el contrato de refacción, la interven-tora no tiene derecho al carácter de tal, ya que no posee un interés que pueda ser afectado concebiblemente por la entrega al Chase de la suma consignada. Permitir la intervención en tales circunstancias no sólo complicaría el pleito innecesariamente sino que constituiría un acto inútil.

Los autos guardan silencio, no obstante, sobre una cuestión de importancia. Si la interventora inscribió su venta condicional bajo las disposiciones del Art. 4 de la Ley Núm. 61 de 13 de abril de 1916, según enmendado, 10 L.P.R.A. see. 34, y si tal inscripción es anterior a la del contrato de refacción, entonces sí que su gravamen es preferente al del Chase y tendría derecho a intervenir para probar su alegado derecho a los $53,138.11 consignados en la Secretaría del Tribunal Superior.

En aras de la economía procesal y dada la sencillez de la prueba remanente, permitiremos la intervención de Rebel & Associates, mas únicamente a los fines de intentar probar que posee un contrato de venta condicional inscrito con anterioridad al de refacción o que el Chase ha recibido o recibiría, de entregarse la suma consignada, una can-tidad en exceso de lo adeudado al banco. El Tribunal fijará un término de breves días a tales efectos, bajo aper-cibimiento a la parte interventora de proceder a la entrega al acreedor refaccionario de la suma consignada.

Se modificará la resolución recurrida conforme a lo indicado y se devuelve el caso a instancia para procedi-mientos ulteriores consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Banco Central y Economías (en sustitución de Banco Metropolitano de Bayamón), recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Tercera, recurrido.

      Número: O-81-493

      Resuelto: 25 de noviembre de 1981

      Mario Muñoz García, abogado de la recurrente; el Registrador recurrido compareció pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Examinamos en este recurso el requisito que debe satisfacerse para que pueda anotarse preventivamente en el Registro de la Propiedad una demanda bajo el Art. 113 de la nueva Ley Hipotecaria sin la intervención del Poder Judicial. Veamos.

El 4 de diciembre de 1976 el demandante radicó en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón demanda titulada “Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca”. Oportuna-mente presentó en el Registro de la Propiedad copia certi-ficada de la demanda con la súplica de que fuera anotada como “pleito pendiente”. El Registrador negó la inscrip-ción bajo el siguiente fundamento:

De acuerdo al Registro sobre esta finca hay una hipoteca en garantía de pagaré al Portador o tenedor por endoso a su orden, por la suma principal de $50,000.00. No está inscrito la [ajcreencia que indica en la demanda o sea el pagaré hipotecario de $6,500.00 a que se alude en la misma. A pesar de que se explica que la hipoteca de $50,000.00 servía de garantía colateral entendemos que se trata de un derecho de carácter personal que no tiene entrada al Registro. Art. 38 de la Ley 198. (Énfasis suplido.)

Ante esa denegatoria el demandante presentó solicitud de recalificación. Art. 70 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2273. El Registrador reiteró su dictamen aunque reconoció que el Art. 38, citado originalmente en su denegatoria, no era de aplicación. No obstante, entendió que el fundamento legal quedaba inalterado y, a tenor con el Art. 71, tomó anotación preventiva a favor del demandante por un término de 60 días. De esta recali-ficación recurre el demandante.

El análisis adecuado de la controversia exige que transcribamos las alegaciones esenciales de la demanda y las súplicas que tuvo ante sí el Registrador. Se alegó que:

En o alrededor del día 3 de octubre de 1975, la parte demandada por valor recibido suscribió un pagaré colateral por la suma principal de $6,500.00 —más intereses al 9%— anual y demás créditos accesorios, incluyendo como costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial una suma igual al 10% —de principal.
Que como garantía colateral del pagaré arriba indicado la parte demandada depositó con el demandante un pagaré hipotecario por $50,000.000 —más intereses al 8% anual y demás créditos accesorios, incluyendo la cantidad líquida y estipulada de $5,000.00— para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial.
En aseguramiento del pagaré hipotecario antes mencio-nado, la parte demandada otorgó hipoteca voluntaria, según escritura número 40 de fecha 17 de junio de 1975, ante el notario Don Demetrio Luis Latoni, sobre la siguiente pro-piedad: [Se describe la propiedad.]
Dicha hipoteca se encuentra inscrita al folio 278, —del tomo 93— del Registro de la Propiedad de Toa Alta, Puerto Rico.
Que la parte demandante es la tenedora por valor recibido y de buena fe de los referidos pagarés.
Que la parte demandada ha incurrido en incumplimiento de dicho contrato de préstamo con garantía hipotecaria, por no haber satisfecho el pago del mismo ni de sus intereses a la fecha de vencimiento, a pesar de haber sido requerido para ello, por lo que la parte demandante ha declarado la totalidad de la deuda vencida ascendente a la suma de $6,500.00 más —intereses al 9% — , desde el día 1 de enero de 1976, —hasta su completo pago, más la cantidad adicional de $650.00 — , estipulada para gastos y honorarios de abogado.
Según el mejor saber y entender de la parte demandante, la propiedad antes descrita está afecta a los siguientes otros gravámenes:
Hipoteca por $34,500.00 de principal más créditos, según escritura número 66 del 22 de agosto de 1974, ante el Nota-rio Demetrio Luis Latoni e Hipoteca por $18,600.00 de principal más créditos, según escritura número 99 otorgada en San Juan, el 3 de noviembre de 1970, ante el notario Alberto Vázquez Ortiz.

Finalmente, en la súplica se solicitó que se dictara sen-tencia decretando: (a) vencida la deuda de $6,500; (b) la existencia a favor de la parte demandante de un gravamen hipotecario; (c) la venta judicial de la propiedad gravada con el pagaré hipotecario ofrecido en garantía colateral; y (d) otros extremos relacionados con la pro-puesta venta judicial.

I

Varias disposiciones de ley son aplicables. El Art. 112 de la Ley Hipotecaria, Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, reza en lo pertinente:

Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro:
1ro. El que reclamare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extin-ción de cualquier derecho registrable o el que reclamare en alguna acción que afecte al título de propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos regis-trares. 30 L.P.R.A. see. 2401.

Tiene su origen en el Art. 42(1) de la Ley Hipotecaria de 1893 y el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. El texto vigente se perfila integrando la figura procesal de anotación preventiva y la de lis pendes. Cruz La Corte v. Registrador, 109 D.P.R. 354 (1980). Aun así combinado, en la nueva Ley Hipotecaria su cláusula derogatoria no incluyó el Art. 91. Art. 254 (30 L.P.R.A. sec. 2802). Poste-riormente, en período breve, con la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el Art. 91 antes mencionado fue expresamente derogado por la Regla 72.

Por otro lado el Art. 113 de la misma Ley Hipotecaria reglamenta y cualifica el inciso primero del Art. 112 antes transcrito extableciendo que:

[N]o podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzgador, excepto cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente para su anotación en el Registro la pre-sentación de copia de la demanda. 30 L.P.R.A. see. 2402. (Énfasis suplido.)

De inmediato notamos que este artículo preceptúa dos vías o mecanismos para efectuar una anotación preventiva. La primera requiere la intervención del foro judicial a instancia de parte, y la segunda no exige dicha intervención pero la condiciona a que la causa de acción se funde en un derecho real inscrito como base para su ejercicio. Este segundo mecanismo —que constituye una excepción a la regla general que exige la intervención de un tribunal— según el historial legislativo, responde a dos propósitos fundamentales:

Para evitar las anotaciones de demandas viciosas, la me-dida dispone en su Artículo 113 que podrán anotarse me-diante la presentación de copia certificada de la demanda, aquellas acciones fundadas en un derecho inscrito. Esto aleja la posibilidad de perjuicio indebido por acciones fraudulen-tas y aligera el trámite en las ejecuciones de hipoteca. (Énfasis suplido.) Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado, sobre el alcance del P. del S. 792, el cual se convirtió en la actual Ley Hipotecaria, pág. 11.

Consúltese al respecto S. Torres Peralta, La Anotación Preventiva de Demanda y el Aviso de Pleito Pendiente al Amparo del Artículo 112(1) de la Nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 42 Rev. C. Abo. P.R. 407-427 (1981).

p-H h — I

El recurrente ampara su solicitud de anotación de su demanda en esta excepción. La debilidad y dificultad de esa posición estriba en que hermenéuticamente, siendo una excepción, la misma necesariamente debe interpretarse en forma limitada, máxime cuando la excepción de ley versa sobre una mecánica procesal que tiende a gravar la finca objeto de la misma y que ha cobrado hoy, en nuestro medio forense, una vital importancia en la efectividad de los créditos. Así lo reconocimos al interpretar el Art. 91, sobre lis pendens —que equivale a la excepción del Art. 112— en el caso rector de Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 D.P.R. 583 (1975):

El aviso de demanda que autoriza el Art. 91 no pasa por el tamiz de la discreción judicial. Es un acto voluntario del demandante, el cual cuando es procedente, ni siquiera puede ser dejado sin efecto por el demandado mediante la pres-tación de fianza. Es por ello que los Registradores deben ser exigentes en su calificación asegurándose que de la propia faz de la demanda surja claramente que la acción afecta el título o la posesión de la propiedad que se pretende gravar. Aun en el caso de las anotaciones preventivas de demanda que autoriza el Art. 42 de la Ley Hipotecaria, de las que puede librarse un demandado mediante prestación de fianza, veamos el siguiente comentario del comentarista español Morell que estimamos, por las razones que lo fundamentan, aplicable con mayor razón a los avisos de demanda:
“Dados los efectos de las anotaciones preventivas y la man-cha . . . que representan respecto al inmueble o derecho anotado, se comprende que no deban concederse con extrema facilidad, y que la ley exija la presentación de documento que se estime bastante . . . precepto que supone dos requisitos necesarios: uno, la existencia de documento que excluye toda reclamación fundada en con-tratos verbales, información testifical u otros medios más o menos informales; y otro que el documento sea bastante para obtener la anotación, llevando al ánimo cierta con-vicción de verdad y de probable éxito. . . .” Morell, Legis-lación Hipotecaria, 2da ed., 1928, T. III, pág. 39.
El Registrador de la Propiedad, por lo tanto, en el descargo de su función de calificación debe analizar en conjunto la demanda presentádale para determinar si la naturaleza de la acción incoada se refiere sólo a derechos de obligación sin trascendencia directa real. De permitirse la anotación de un aviso de demanda ante los hechos presentes en el caso de autos, hechos que no presentan con debida certeza que el título de una propiedad inmueble esté afectado, constituiría una liberalización injustificada del procedimiento de asegu-ramiento de sentencia. Ello se prestaría a la coacción, amenaza y conminación de un deudor mediante una recla-mación incierta y vaga que no persiga la obtención o modifi-cación del título de un inmueble, sin que se cumpla con el requisito de prestación previa de fianza; que es garantía esencial para responder al dueño de los daños que puedan irrogársele a consecuencia de una anotación ilegal. Págs. 588-590.

Hemos visto que el Registrador al negarse a hacer la anotación preventiva se amparó en dos fundamentos: (1) que se trataba de un derecho de carácter personal; y (2) que no estaba inscrito el pagaré de $6,500.

El primer fundamento señalado por el Registrador no es determinante sobre si procede o no la anotación. En Kermit Const. Corp., supra, reconocimos que el hecho de que la acción presentada fuera o no de naturaleza personal por sí solo no determinaba si la anotación de demanda procedía bajo el Art. 91. Lo crucial era si la acción radicada afectaba el título de una propiedad inmueble.

[Njuestra jurisprudencia ha establecido que el criterio principal que debe informar la determinación de si una acción puede ser objeto de una anotación de aviso de demanda lo es si el título o el derecho de posesión del inmueble sobre el que se pretende anotar quedaría afectado de triunfar la parte promovente en su reclamación, o sea, si el verdadero y principal propósito de la acción es el de obtener una modificación del título o del derecho de posesión. Pág. 586.

Hemos visto que de la faz de la demanda que se pretende anotar se desprende que lo que existe es una obligación personal. Para garantizarla el deudor dio en prenda el pagaré hipotecario que se describe y alude en el segundo apartado. Es evidente, pues, que una vez incumplida la deuda, ese acreedor tiene pleno derecho de proceder judicialmente al cobro de la deuda y la ejecución de la prenda, o ante notario proceder a ejecutarla, cumpliendo con los demás requisitos exigidos por el Art. 1771 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5030. Manresa reconoce esa dualidad de remedios:

En su virtud, el acreedor prendario tiene dos medios para realizar su crédito en el caso de que no sea satisfecho en su oportunidad, a saber: Io., promover el juicio correspon-diente, procediendo por la vía judicial contra la cosa pren-dada, y 2o., proceder extrajudicialmente a la enajenación de la prenda en pública subasta ante Notario con citación del deudor y del dueño de la misma si fuere persona distinta de aquél. . . . Manresa, Código Civil, 6ta ed. rev., 1973, Tomo 12, pág. 596.

Advertimos que cualesquiera de los dos mecanismos que se utilice traerá consigo un efecto sobre el pagaré hipotecario inscrito. Podemos entonces decir que al ejecutarse la prenda, necesariamente, a largo plazo, se afectará la hipoteca. En este sentido no es oponible el primer fundamento señalado por el Registrador. Ahora bien, en cuanto al segundo fundamento —novedoso en nuestro medio jurídico— le asiste la razón. El Art. 91 derogado no exigía, como lo hace ahora el Art. 113 que la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio” como requisito para que se pudiera anotar el pleito utili-zando únicamente una copia certificada de la demanda sin intervención del Poder Judicial. Esa diferencia es fundamental. Al presente no es suficiente que simplemente se afecte un derecho real, sino que es necesario que la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio.

t H-1

Ante el derecho reseñado es ineludible concluir que si bien la demanda menciona y describe la existencia de un derecho real —como lo es el pagaré hipotecario de $50,000— la obligación reclamada de $6,500, que es la verdadera causa de acción esgrimida, no tiene apoyo en ese derecho real inscrito. Esta obligación lo que posee como base es simplemente un pagaré personal que no se encuentra inscrito en el Registro. Si como apuntáramos antes, el mecanismo procesal de anotación preventiva sin mediación del Poder Judicial constituye la excepción a la regla general, resolvemos entonces que para las partes poder aprovecharlo tienen que cumplir cabalmente con todos los requisitos de ley. De lo contrario no procede la anotación tal como ocurre en el caso de autos.

Se dictará sentencia confirmando la determinación del Registrador.

       Los autos contienen información en el sentido de que un año más tarde obtuvo una sentencia a su favor. No obstante, su única petición ante el Registro fue para que se anotara la demanda.

       30 L.P.R.A. see. 2201.

       30 L.P.R.A. see. 2274.

       Seguido en Maldonado Cruz v. Registrador, 107 D.P.R. 71 (1978).

       “El texto español del Art. 91 no concuerda con el texto inglés del cual proviene, pero ya hemos resuelto que la traducción correcta es la que hicimos en Manrique de Lara v. El Registrador, 23 D.P.R. 864 (1916), que reza como sigue:
      ‘En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nom-bres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la pro-piedad afectada por dicha acción.’ Manrique de Lara, supra, págs. 865-866.” Kermit Const. Corp., supra, págs. 585-586.

      Es significativo que en el caso de autos el demandante acreedor solici-tante, al presentar su demanda para anotación, pagó derechos arancelarios co-rrespondientes al pagaré personal de $6,500 montantes a $7.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    La Sucesión de Mario Román Febres, compuesta por su viuda Carmen Andino Vigo y sus hijos Mario, Carmen Marina y Generosa Román Andino, demandantes y recurrentes, v. Shelga Corporation y Hampton Development Corporation, demandadas y recurridas; La Sucesión de Mario Román Febres, etc., demandantes y recurrentes, v. Hampton Development Corporation, demandada y recurrida; La Sucesión de Mario Román Febres, etc., demandantes y recurrentes, v. Hampton Development Corporation, National Insurance Company y Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, demandadas y recurridas.

      Números: R-80-177, R-80-181, R-80-182

      Resueltos: 14 de diciembre de 1981

      Luis M. Román y Nilda M. Landrón Bou, abogados de los recurrentes; Otero Suro & Otero Suro, abogados de los recu-rridos Shelga Corporation y Hampton Development Corporation; Rafael Álvarez Fortuno, abogado de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico; Aldo Segu-róla De Diego, abogado de la recurrida National Insurance Company.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

A los fines de considerar los recursos de epígrafe deci-dimos consolidarlos por surgir que envuelven una cuestión de derecho común entre ellos.

El recurso R-80-177 se origina con demanda en cobro de dinero instada en 21 de julio de 1978 por Mario Román Febres (hoy su Sucesión), contra las empresas Shelga Corporation y Hampton Development Corporation “por con-cepto de materiales] y trabajo de construcción realizado y no pagado, en un proyecto en el Barrio Palmas [del muni-cipio] de Cataño”. La primera corporación demandada es subsidiaria de la segunda, o sea de Hampton Development Corporation.

El recurso R-80-181 se origina con una demanda en cobro de dinero instada también el 21 de julio de 1978 por el mismo demandante, contra Hampton Development Corporation y Matsuchita Electric Corporation “por concepto de material servido en una obra de Matsuchita Electric Corporation en la cual Hampton Development Corporation era la contratista general”.

El recurso R-80-182 se origina con una demanda en cobro de dinero instada también el 21 de julio de 1978 por el mismo demandante, contra Hampton Development Corporation, National Insurance Company y Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico “por con-cepto de material servido en obras realizadas en el Proyecto VBC 53 y en el Proyecto VBC 61 (Villa Prades)”. La aseguradora demandada es fiadora del referido proyecto. La Corporación de Renovación Urbana y Vivienda es la dueña del proyecto.

La codemandada Hampton Development Corporation contestó la demanda en los tres casos mencionados prece-dentemente negando los hechos alegados, sin plantear defensa alguna contra las demandas. Por otro lado pre-sentó simultáneamente sendas mociones en solicitud de sen-tencia sumaria contra el demandante por el siguiente fundamento:

Que el demandante en el caso de epígrafe, en el caso civil número 76-1907 (904), Hampton Development Corporation vs. Mario Roman Febres, etc., Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante transacción por Estipu-lación otorgó relevo total y absoluto al [sic] aquí demanda-dos comparecientes en cuanto a cualquiera reclamación o causas de acción que pudieran haber surgido o surjan en el futuro a favor de la parte demandante compareciente y en contra de los aquí demandados comparecientes como conse-cuencia de las relaciones entre las partes mencionadas. La referida Estipulación se hizo formar parte íntegra de la sen-tencia que fuera dictada en el día 23 de agosto de 1978, fir-mada la misma por el Honorable Flavio E. Cumpiano, Juez Superior, sentencia que es final, firme e inapelable por acuerdo de las partes.

El demandante presentó oposición a la moción de sen-tencia sumaria, debidamente jurada y acompañada de varios documentos en su apoyo.

La Sala de San Juan del Tribunal Superior dictó sen-tencia sumaria en los tres casos aquí consolidados y, en su consecuencia, los desestimó por entender que la parte demandante otorgó relevo total y absoluto a favor de la parte demandada por estipulación acordada en el caso civil número 76-1907 (904), por lo que está impedida de establecer reclamación contra la demandada.

La sucesión del demandante acude ante nos en cada uno de los tres casos señalados precedentemente para que resolvamos si la estipulación suscrita por la demandada Hampton Development Corporation y el causante de aquéllos impide la reclamación de los demandantes en dichos tres casos. Dictamos sendas órdenes dirigidas a la corporación demandada para que mostrara causa por la que no debíamos dejar sin efecto las sentencias sumarias dictadas en los tres casos objeto de revisión, y en su conse-cuencia remitir al tribunal de instancia para la ventilación de los casos en sus méritos. Compareció la demandada recurrente en escrito que no nos ha persuadido a variar el criterio intimado en nuestra orden para mostrar causa.

El pleito en que se sometió la referida estipulación en que se basa la demandada para invocar el relevo, respecto a toda reclamación de la parte demandante contra ella, era de la naturaleza que pasamos a explicar. Allí, la aquí demandada Hampton Development Corporation demandó, en 2 de abril de 1978, a Mario Román Febres, a su esposa y a la sociedad de gananciales compuesta por ambos, por ciertos daños sufridos como consecuencia de un contrato de compraventa de una finca que habría de desarrollar Hampton, pero que no pudo realizar tal desarrollo por ciertas actuaciones indebidas del vendedor del terreno, Mario Román Febres. Los daños reclamados ascendían a $577,659.29, más intereses, costas y gastos, y $50,000 de honorarios de abogado. El allí demandado Román Febres negó que hubiera incumplido sus obligaciones contrac-tuales, y ripostó con una reconvención por el balance del precio de compraventa de la finca objeto del pleito, y por daños ocasionados por la falta de pago que le obligó a acudir a financiamiento para atender sus compromisos. Hampton replicó y planteó unas defensas afirmativas. El pleito terminó mediante estipulación entre las partes por virtud de la cual desistían de sus reclamaciones respecti-vas y se concedían mutuos relevos (que explicaremos más adelante), obligándose Hampton a pagar a la represen-tación legal de los allí demandados la suma de $10,000 por honorarios de abogado y Román Febres a otorgar una cesión de cierto predio de terreno a Hampton.

La estipulación referida es de 15 de agosto de 1978. Ya existían los tres pleitos objetos del presente recurso, los que fueron radicados en 21 de julio anterior. La mencio-nada estipulación no hacía alusión a estos pleitos. Tampoco se hizo mención de la estipulación de marras en las contes-taciones a las tres demandas que motivan el presente recurso.

Los párrafos pertinentes de la estipulación de 15 de agosto de 1978 son los siguientes:

1. Que la parte demandante Hampton Development Corp. (en adelante “Hampton”) desiste, con perjuicio, de todas y cada una de las causas de acción alegadas en la demanda radicada el 2 de abril de 1976.
2. La parte demandada, Mario Román Febres y Carmen Andino Vigo, en su capacidad personal y en su capacidad de representantes de la sociedad de gananciales compuesta por ambos (en adelante “los demandados”) desiste, con perjuicio de todas y cada una de las causas de acción alegadas en la reconvención radicada el 1ro de junio de 1976.
5. Hampton y sus afiliados por la presente otorgan relevo total y absoluto a los demandados en cuanto a cualesquiera reclamaciones o causas de acción que pudieran haber sur-gido o surjan en el futuro a favor de las primeras y en contra de los demandados como consecuencia de las relaciones entre las partes mencionadas hasta el día de hoy.
6. Los demandados por la presente otorgan relevo total y absoluto a Hampton y sus afiliadas en cuanto a cualesquiera reclamaciones o causas de acción que pudieran haber sur-gido o surjan en el futuro a favor de los primeros y en contra de Hampton y sus afiliadas como consecuencia de las relaciones entre las partes mencionadas hasta el día de hoy.

La citada estipulación es en esencia un contrato de transacción el cual está definido por el Código Civil en su Art. 1709 (31 L.P.R.A. see. 4821):

La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo, cada una alguna cosa, evi-tan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.

A pesar de que el contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada —Art. 1715 (31 L.P.R.A. see. 4827)— no opera para impedir que el juzgador interprete su extensión y aplicación al pleito judicial en el que se levanta como defensa. Antonio Gullón Ballesteros, La transacción. Tratado práctico y crítico de Derecho civil, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964, T. 43, Vol. 2, pág. 161.

La interpretación del alcance del contrato de transac-ción está especialmente regulado por el Art. 1714 (31 L.P.R.A. see. 4826):

La transacción no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesa-ria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.
La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción.

Al comentar el artículo correspondiente del Código Civil español —el 1815— dice Manresa:

Este artículo, como hemos dicho ya, tiene por objeto determinar la extensión de la transacción o los límites de su objeto, y su fundamento estriba en que siendo por su natu-raleza determinada la litis o la controversia extrajudicial, necesariamente tiene que tener dicho carácter la transac-ción, aun cuando se haya llevado a efecto en términos gene-rales, y por tal motivo se le considere general, pues, ... ni el pacto general puede llevarse a lo desconocido o ignorado, ni para terminar cuestiones puede hacerse de otro modo, porque la transacción surte el efecto de una sentencia, y toda sentencia, para ser congruente y válida, necesita resolver sobre todos los puntos que fueron objeto de dis-cusión en la contienda.
En cuanto a la renuncia de derechos, a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, es también evidente que por más generales que sean sus términos, tiene que seguir la naturaleza de la transacción a que va inherente y enten-derse, por tanto, limitada a los mismos objetos, o sea a las diferencias suscitadas por las partes en la controversia sos-tenida por las mismas, sobre las que ha de versar la tran-sacción. El segundo párrafo del artículo que examinamos, es, pues, una consecuencia de lo prescrito en el primero. Man-resa, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. 12, págs. 160-161.

Por su parte Scaevola señala:

[Pjarece que la ley quiso llevar a sus extremos la regla interpretativa de restricción en las transacciones, limitán-dola rigurosamente a los objetos expresamente determina-dos, o que por una inducción necesaria de sus palabras deban reputarse incluidos.
La razón está sin duda en que las transacciones se otor-gan, generalmente, con carácter complejo, por las entregas u obligaciones recíprocas de los contratantes, con sacrificios mutuos de régimen excepcional en algunos aspectos, y, por tanto, no deben ser interpretados éstos con extensión, sino limitadamente, aunque sin descuidar lo de la reciprocidad como norma interpretativa.
El segundo párrafo del artículo 1.815 es otra aplicación concreta de las normas generales de la interpretación contractual, referida a la base de las transacciones, que es la disputa o contienda existente entre ambas partes.
Pero ha de ocurrir, más o menos frecuentemente, que alrededor de la disputa se introduzcan cláusulas de alguna cesión ajenas a la transacción tomada estrictamente, y en-tonces no habrá otro remedio que aplicarles de lleno las reglas interpretativas de los contratos en común.
El precepto alude a la renuncia general de derechos, y entonces sí que se impone especialmente la aplicación con-creta del mismo, la referencia y limitación a la disputa o controversia. (Énfasis en el original.) Scaevola, Código Civil, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1953, T. 28, págs. 355-356.

Por supuesto, en lo que no sean incompatibles con esta norma particular de interpretación, son de aplicación las normas generales sobre interpretación de contratos, particularmente las contenidas en los Arts. 1233 a 1235 (31 L.P.R.A. sees. 3471 a 3473), que giran en torno a la necesidad de descubrir la verdadera intención de los contratantes cuando ésta no surge claramente de los términos del contrato.

En el contrato que nos ocupa, las cláusulas 1 y 2, supra, constituyen la esencia de la transacción, pues es en ellas que cada parte desiste de las reclamaciones judiciales que había entablado en contra de la otra en consideración de las obligaciones en que respectivamente incurren en las cláusulas 3 y 4. En adición, mediante las cláusulas 5 y 6, cada parte releva a la otra de, o lo que es igual renuncia a, cualesquiera causas de acción “que pudieran haber sur-gido o surjan en el futuro a favor de [una parte] y en contra de [la otra] . . . como consecuencia de las relaciones entre las partes mencionadas hasta el día de hoy”.

Concluimos que las reclamaciones entabladas mediante los tres pleitos de epígrafe en los cuales la parte recu-rrente pretende cobrar a la recurrida sendas deudas por concepto de materiales suplidos, no están incluidas en la renuncia de Román Febres a cualquier causa de acción que pudiera haber surgido “como consecuencia de las rela-ciones entre las partes mencionadas hasta el día de hoy”. Pasamos a exponer los fundamentos para nuestra con-clusión.

En primer lugar, la redacción de las cláusulas 5 y 6 levanta dudas sobre si las relaciones entre Hampton y Román Febres a que se refiere el relevo incluyen todas las relaciones entre ellos o sólo las que dan lugar al pleito en el cual se está sometiendo la estipulación y transacción. En particular, no está claro si el calificativo “mencionadas” se refiere a las “partes” o a las “relaciones”.

En segundo lugar, si la intención de las partes hubiera sido dar por terminados los tres pleitos de cobro, que ya estaban radicados, es lógico pensar que lo hubiesen seña-lado específicamente y no como parte de un relevo general e indeterminado que, visto en el contexto de la totalidad del contrato, luce como accesorio a la transacción principal. Además, es lógico suponer que hubiesen sometido el contrato como estipulación en los tres casos que nos ocupan.

Tercero, tal como señalan los autores citados, el Art. 1714 previamente transcrito impide interpretar, en ausencia de clara expresión al efecto, que el contrato y específicamente la renuncia general incluye materias totalmente distintas y ajenas a la controversia que motivó la transacción, como lo son las deudas por concepto de materiales suplidos y trabajo que dieron lugar a las demandas cuya desestimación examinamos, en relación a la demanda sobre incumplimiento de contrato de compraventa de una finca que motivó la transacción.

Un cuarto factor es la aparente ausencia de causa para la renuncia por parte de Román Febres de sus accio-nes en cobro de deuda dineraria. Por definición, el con-trato de transacción supone que las partes tienen dudas sobre la validez o corrección jurídica de las respectivas pretensiones que dan lugar a la controversia y que han optado por resolver haciéndose mutuas concesiones luego de un proceso de negociación. En el contrato que exa-minamos Román Febres se comprometió a ceder a Hampton cierto terreno, mientras que Hampton se obligó a satisfacer a Román Febres una suma por concepto de honorarios, resolviendo con ello su disputa sobre el con-trato de compraventa de terreno. Adicionalmente cada parte relevó a la otra de cualesquiera reclamaciones que pudieran haber surgido . . .” en aparente reciprocidad. Si interpretáramos que el relevo otorgado por Román Febres incluía un relevo de las tres causas de acción por cobro de dinero, resultaría que éste estaría renunciando a unas acciones ya concretizadas y convertidas en demandas judi-ciales a cambio de la renuncia de Hampton a reclamacio-nes meramente potenciales.

Tampoco puede decirse que la renuncia de Román Febres a sus tres demandas de cobro constituyó una con-cesión adicional o accesoria a favor de Hampton por haber accedido a la transacción del pleito sobre el terreno, puesto que esto no surge ni del contrato ni del resto de la eviden-cia según apreciada por el tribunal a quo, y como vimos el Art. 1714, supra, no permite interpretar que una renuncia general se extiende a materias ajenas al objeto específico o principal de la transacción.

A la luz de todo lo anterior podemos concluir que a través de las cláusulas 5 y 6 las partes pretendieron rele-varse mutuamente de reclamaciones adicionales que hu-bieran podido surgir o surgieren de las relaciones esta-blecidas por el contrato de compraventa de terreno como serían aquellas que surgieren de condiciones y cláusulas de dicho contrato que estaban en disputa en la demanda transigida. Esta interpretación es mucho más cónsona con los términos y naturaleza del contrato de transacción que aquella en la que el tribunal a quo se basó para deses-timar las demandas mediante sentencias sumarias, por lo que dichas sentencias serán revocadas y los casos devueltos para la continuación de los procedimientos.

       Véanse, P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223 (1975), y Amer. Col. Broad. Corp. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 283 (1967).

      Manresa, op. cit; Scaevola, op. cit. Este último autor señala que la norma del Art. 1714, supra, no es más que una extensión algo más restrictiva de la norma general del Art. 1235, supra, al efecto de que “[cjualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no debe[rán] entenderse comprendi-dos en él cosas distintas ni casos diferentes de [aquellos sobre] los que los intere-sados se propusieron contratar”. Pág. 355.
      Véase, además, Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409-411 (1969).

      Esta duda suscitada por la construcción sintáctica de la oración se incrementa por el hecho de que era innecesario calificar a las partes como las “mencionadas”, pues surgía claramente que el relevo operaba solamente respecto a las relaciones entre Hampton y sus afiliadas y “los demandados” en aquel caso, Román Febres, su esposa y la sociedad ganancial compuesta por ambos.

       Es pertinente notar que en ninguno de los escritos de la demanda sobre el contrato de compraventa que concluyó con la estipulación, se mencionó la exis-tencia de reclamaciones de Román Febres por materiales suplidos y trabajo realizado.

       Véanse, P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra; Amer. Col Broad. Corp. v. Tribunal Superior, supra; Antonio Moxó Ruano, Notas sobre la natura-leza de la transacción, 34 Rev. Der. Priv. 673 (1950); J. Ma. Sanahuja, Considera-ciones sobre la naturaleza del contrato de transacción y principales cuestiones que plantea, 29 Rev. Der. Priv. 230 (1945).

      Scaevola, op. cit., señala que no debe olvidarse respecto a la transacción, que según el Art. 1241 de nuestro Código, 31 L.P.R.A. see. 3479, en los contratos onerosos las dudas deben resolverse a favor de la mayor reciprocidad de intereses.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Ramona Torres y Otros, demandantes y apelados, v. Héctor Luis Castillo Alicea, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandados, apelante el Estado.

      Número: O-81-447

      Resuelto: 18 de diciembre de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico; Sabino Cotto Cruz y Wilfredo Morales Rodríguez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La doctrina de inmunidad del estado trae raíz de una concepción jurídica que prevaleció entre los gobiernos absolutistas de los siglos diecisiete y dieciocho. En su choque con los sistemas políticos republicanos y pluralis-tas, su influencia ha quedado reducida a la preservación contra litigios de aquellas áreas donde triunfa sobre el derecho individual irrestricto el mayor interés comunal en la realización de política pública de alto nivel y el ejercicio de fundamentales funciones de gobierno.

En Puerto Rico rige un estatuto general de consenti-miento por el Estado que autoriza demandas en casos y bajo condiciones específicas, que es la Ley Núm. 104 de 29 junio, 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077 y ss.) el cual sigue el patrón establecido por el Federal Tort Claims Act, 60 Stat. 812 et seq., enmendado, mas apartándose de éste en aspectos fundamentales, nuestro estatuto fija un límite económico a la compensación obtenible por sentencia judicial y mantiene una ingerencia continua de la Asam-blea Legislativa en el proceso adjudicativo que se da lo mismo antes de iniciar la acción judicial mediante ley especial que suspenda los límites, o en intervención post sentencia con ley que autorice el pago de aquella parte de la misma en exceso del límite.

En el caso que ahora nos ocupa la Sala de Bayamón ha declarado inconstitucional la citada Ley Núm. 104 en su totalidad, y ha compensado daños en libre ejercicio de su facultad estimativa.

Para el 18 enero, 1975 Faustino Rodríguez Ríos de 56 años de edad trabajaba por contrato en resiembra de grama del frente de la residencia de Francisco Santiago Lavandero en la Urbanización Esperanza de Bayamón. El dueño de la casa y su esposa salieron como a las 5:00 P.M. y dejaron el portón de atrás abierto para que el jardinero tuviera acceso a una caseta donde podría cambiarse de ropa al terminar la jornada. A las 7:30 P.M. llegaron a la casa, que estaba totalmente oscura, el hijo de Santiago Lavandero con su esposa e hija, y al enfocar el jardín vieron al jardinero salir de entre los arbustos e infirieron que era un escalador, por lo que se trasladaron a otra residencia de parientes de la cual se llamó a la Policía. Ya el jardinero había terminado su labor y según instruido tomó su machete corto (daguita) y entró a la caseta de atrás a cambiarse cuando llegaron los policías Castillo Alicea y Rivera Colón y revólver en mano, sin linternas, penetraron al patio oscuro en dirección al cuarto o caseta alumbrado donde se hallaba el obrero, mientras los fami-liares interesados aguardaban en la acera el resultado de la operación. Desde allí afuera no veían la caseta. Lo que ocurrió entonces quedó cuestionado por prueba contra-dictoria: el policía codemandado Castillo declaró que al acercarse fue atacado por el jardinero machete en mano y que él en defensa hizo un solo disparo que derribó a su antagonista, mientras la prueba de los demandantes, creída por el tribunal, estableció que su causante fue herido al abrir la puerta, sin hallarse en actitud de agredir a nadie. La juez dio especial relevancia al hecho de ser el guardia Castillo un agente bisoflo con apenas un año de experiencia en la Policía. El único proyectil dis-parado perforó el hígado del obrero quien no salió del hospital, donde murió a los 109 días del triste suceso, al cabo de progresiva y penosa agravación de su condición crítica desde que fue ingresado. La viuda y siete hijos mayores de edad instaron acción civil de daños y perjuicios contra el policía Castillo Alicea, el Estado Libre Asociado, y el dueño de la casa Santiago Lavandero, en la que pro-mueven la causal patrimonial o hereditaria reconocida en Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973) y Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 630 (1974); y ejercitan la acción personal por lucro cesante y sufrimientos morales. Alegaron inconstitucionalidad de la Ley que autoriza pleitos contra el Estado y solicitaron sen-tencia por cantidades que exceden por mucho los límites de $15,000 y $30,000 señalados en dicha ley. El tribunal desestimó la reclamación de lucro cesante y en las res-tantes causales concedió daños por un total de $182,000 al considerar que en el acto generador de daño preponderó el elemento de negligencia sobre el criminal (Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979); Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981)), y decretó la inconstitucionali-dad de toda la Ley Núm. 104 de 1955, en exceso de autori-dad pues sólo se cuestiona la validez de sus Arts. 2(a) y (c) y 7. El Gobierno apeló y ahora resolvemos el recurso que quedó sometido el 20 octubre, 1981.

El diseño incorporado al estatuto general de inmunidad que autoriza acciones por daños contra el Estado (Ley Núm. 104 de 29 junio, 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077 y ss.)) reparte el remedio provisto entre dos foros: el Tribunal General de Justicia y la Asamblea Legislativa. A tenor del Art. 2(a), 32 L.P.R.A. sec. 3077(a), los tribunales quedan autorizados a dictar sentencias efectivas hasta la suma de $15,000 por daños y perjuicios a la persona, o hasta $30,000 cuando la acción u omisión afectare a más de una persona, o en el caso de que sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado. La misma limitación se impone por el inciso (c) a las acciones civiles “que se funden en la Constitución, o en cualquier ley de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún departa-mento o división del Estado, o en algún contrato expreso o tácito con el Estado”. Por otro lado previene el Art. 7 de la Ley, 32 L.P.R.A. sec. 3082, que: “[p]ara ejercitar una causa de acción de las contenidas en los incisos (a) y (c) de la see. 3077 de este título, por una suma mayor que la allí autorizada y para pagar el exceso de una sentencia sobre dichas sumas, será preciso obtener autorización legislativa específica”.

La experiencia de la implementación de este estatuto de inmunidad en Puerto Rico es asaz ofensiva a la igual protección de los reclamantes y de irritante privilegio para un pequeño número de éstos que logra acción legislativa desprovista de unos criterios de elegibilidad que den a todos trato igual. A través de los años, la Asamblea Legislativa, confrontada con una petición de reclamantes contra el Estado para que en consideración a la vasta dimensión de su pérdida, se les exima de los límites econó-micos de la Ley, viene otorgando una dispensa especial de la inmunidad y autorizando la demanda fuera de cuantía del estatuto general que regula los pleitos contra el Estado. (Ley Núm. 104 de 29 junio, 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077 y ss.)). Agrava el efecto discriminatorio la realidad de que esta dispensa legislativa se ha otorgado en ocasio-nes sin más trámite que una carta petición del interesado o de su abogado, pues no existe organismo llamado a eva-luar la solicitud y hacer una determinación preliminar de existencia de causa de acción que pueda separar la validez jurídica de la reclamación, de la simpatía o solidaridad que en toda persona de sensibilidad inspiran las grandes desgracias y los padecimientos catastróficos. Este trata-miento especial para unos afortunados ha sido justamente calificado como legislación de privilegio. Rosario Cartagena v. E.L.A., 101 D.P.R. 620, 630 (1973). Súmese a esta situación de desigualdad la irrisoria indemnización a que el desarrollo de la economía ha reducido estos valores de 1955, pasados 26 años, que impide toda semblanza de ade-cuada compensación en un número sustancial de reclama-ciones, pues se pierde toda proporción entre la gravedad del daño y la compensación disponible.

Hasta ahora habíamos visto en los modestos límites económicos del estatuto un instrumento de protección del erario público contra reclamaciones gigantescas, mas la continuada práctica de dispensa especial por acción legislativa que vulnera el principio de igualdad y trato justo en la aplicación de las leyes, unida a la desvalorización de la moneda, al impulso de fuerzas inflacionarias a que hemos hecho referencia, nos insta a declarar el Art. 2(a) de la Ley Núm. 104 de 1955 citada, en contravención y conflicto con el Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución de 1952 en su categórica afirmación: “Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes.” El vicio constitucional de la estructura nace de los límites económicos irreales que dan lugar a trato especial para algunos litigantes favorecidos por leyes de privilegio. El Estado puede limitar su respon-sabilidad civil al dar su consentimiento para ser deman-dado si dicha limitación guarda un justo balance entre el interés privado y el legítimo interés del Estado en pro-teger los recursos públicos y se provee igualdad en el acceso a la fuente de compensación. Como sostiene Prosser, es preferible que la pérdida causada por conducta negli-gente recaiga sobre el Gobierno, y no sobre la persona per-judicada; y que la negligencia de los empleados públicos debe propiamente considerarse, al igual que en otros casos de responsabilidad vicaria, como un costo administrativo del Gobierno que debe distribuirse entre el público me-diante contribuciones.

Una ley, o parte de la misma, que de su faz resista el escrutinio judicial de su validez, podrá guardar vicio de inconstitucionalidad si sus efectos, en la interacción con otra legislación en el amplio campo del ordenamiento legal, operan en detrimento y vulneración de derechos fundamentales de la persona.

El Art. 2(a) y (c) de la Ley Núm. 104 citada tiene un doble efecto impermisible: primero, niega a los demandantes en daños y perjuicios con reclamaciones mayores contra el Estado, mediante fijación de un límite económico arbitrario, la indemnización que corresponde a la magnitud de su pérdida; y segundo, coloca dichos demandantes en desigualdad con los que se benefician de legislación especial que dispensa los límites económicos de $15,000 y $30,000, siguiendo un método que .deja la eficacia de la decisión judicial a merced de aprobación por la Asamblea Legislativa.

En Puerto Rico ya hemos reconocido esta fórmula de impacto del estatuto sobre el derecho personal como norma de interpretación. “‘La fórmula para la validez de un estatuto es lo que razonablemente puede hacerse de acuerdo con el mismo, y no lo que se ha hecho bajo dicho estatuto.’” Banco Popular Liquidador v. Corte, 63 D.P.R. 66, 81 (1944); no es forzoso concluir “que un precepto que viole una prohibición constitucional sea constitucional meramente porque el motivo de la Legislatura sea laudable, o porque la ley fuera de naturaleza general y uniforme en su aplicación o fuese adoptado como medida de economía para hacer frente a una situación inusitada. El objeto de una disposición constitucional es una cosa. Los medios a través de los cuales se logra ese objeto es otra”. Durand v. Sancho Bonet, Tesorero, 50 D.P.R. 940, 943 (1937).

A la ley debe atribuírsele siempre el sentido que mejor responda a la realización del resultado que por ella se quiere obtener, y no aquél que además de ser contrario a ella, conduzca a un resultado ilógico. García Commercial v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 765 (1958). Debe evitarse el resultado irrazonable. Colonos de Santa Juana v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 392 (1954); Lozada v. Antonio Roig, Sucrs., 73 D.P.R. 266 (1952).

Como doctrina general que gobierna esta situación expone el Prof. Laurence H. Tribe: “Las clasificaciones legislativas y administrativas deben someterse a escrutinio estricto y su inconstitucionalidad decretarse en ausencia de justificación gubernamental apremiante, si distribuyen beneficios o cargas de modo inconsistente con derechos fundamentales. A los fines de análisis de la igual protección, las clasificaciones pueden crear inequidades con impacto sobre derechos fundamentales, de dos maneras:

“Primero, desigualdad respecto a una libertad, propie-dad, u otro interés, como el interés en obtener un decreto judicial de divorcio, o en recibir beneficios de bienestar público, pueden estructurarse de tal modo que impida o penalice el ejercicio de un derecho que está independien-temente protegido contra intervención gubernamental. . . . Segundo, y más intrínseco al concepto de igual protección, la desigualdad podrá menoscabar directamente el acceso a, o los niveles de un derecho considerado fundamental en el sentido específico de que desviaciones de la igualdad en su disponibilidad o disfrute son sospechosas. Estas desi-gualdades son particularmente lesivas cuando intervienen con cualquiera de las dos mayores fuentes de legimitidad política y legal, a saber, la franquicia electoral y la acción civil, o con el ejercicio de opciones personales de intimidad.’ (Traducción y énfasis nuestros.)

Este Tribunal no se ha mostrado insensible a la desigualdad resultante del diseño legislativo que excluye un importante número de litigantes del beneficio del proyecto de ley que haga justicia a su reclamación dispensando el límite económico del estatuto general. Hemos declarado que los jueces deben determinar la cuantía de daños que resulte de acuerdo con la prueba, aun cuando pudiere dicha cuantía exceder de $15,000, y sobre el particular se ha resuelto que dictada una sentencia en contra del Estado en exceso de $15,000, a tenor de las disposiciones de las sees. 3077 a 3084 de este título, la parte a cuyo favor se hubiere dictado la misma puede obtener una autorización legislativa específica para que se le pague el exceso sobre dicho límite de $15,000. Vda. de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112, 122-123 (1961). Otra vez se deja la adjudicación final de justicia a la eventualidad de que pueda el reclamante, colocado en el impredecible mar de los trámites legislativos, tener acceso a otras esferas de poder que no están necesariamente obligadas por el fallo judicial. La decisiónen Vda. de Valentín v. E.L.A., supra, es testimonio de la incapacidad de la Rama Judicial para hacer plena justicia en el caso sometido a su consideración. Es de todo punto insostenible, la validez de un esquema legislativo que por un lado reconoce y adjudica una recla-mación, y por el otro difiere la validez y eficacia del fallo a lo que resuelva la Rama Legislativa. El resultado que brinda el sistema no es el obtenido en el tribunal, sino el que dicte la Asamblea Legislativa si el reclamante favore-cido por la sentencia es también beneficiario de acción por la Legislatura.

El resultado es nefasto. La sentencia del tribunal que ha evaluado y adjudicado los derechos de las partes, per-manecerá incumplida sujeta a que la Asamblea Legisla-tiva le insufle energía ejecutiva. Es decir, que el fallo judicial dependerá para su virtud y eficacia de la acción de la Asamblea Legislativa, y aun así en la óptima posibilidad de que el demandante victorioso logre la intervención de la Rama Legislativa a su favor. En último análisis queda una sentencia judicial sujeta y condicionada en su valor a que otra rama del gobierno le imparta su aprobación, todo ello, en contravención del principio de separación de poderes. El hombre perjudicado frente al Gobierno en las condicio-nes que impone el estatuto general de inmunidad tiene derecho a una total y plena vindicación de su derecho en las cortes de justicia, sin sujeción a procedimientos ulterio-res en la Asamblea Legislativa que plantean alternativas vulnerantes de fallo judicial.

Es patente la endeblez de este sistema legal que al repartir el foro de remedio entre Asamblea Legislativa y tribunal de justicia no es capaz de ofrecer un igual acceso de todo litigante a los procesos decisionales a que obligato-riamente debe someterse para obtener una adjudicación de su acción civil.

Eliminado el límite compulsorio en la indemnización, queda ésta moderada por el arbitrio judicial que en cada caso habrá de estimar la intensidad del agravio y la moti-vación del autor del acto dañoso en la totalidad de factores determinantes de la cuantía de compensación, de modo que dentro del justo principio de reparación no adquiera ésta naturaleza punitiva contra toda la sociedad que ha de absorber el costo de la negligencia. Bajo esta premisa deben modificarse por excesivas las partidas de compen-sación concedidas en instancia: la correspondiente a la causa de acción patrimonial o heredada, se reducirá de $75,000 a $35,000; y en las de causa de acción personal por sufrimiento moral, se reducirán de $20,000 a $15,000 la indemnización de la viuda Ramona Torres Rivas; de $15,000 a $10,000 la de Andrea Rodríguez Torres; y de $12,000 a $7,000 las de Gloria, Camila, Carmen, Ana y José Rodríguez Torres. Se revocará la concedida a Antonia Torres por no habérsele incluido en la determinación Núm. 21 sobre declaratoria de herederos sujeto a que el Tribunal Superior, si la omisión se debiere a error de forma, restituya su derecho a participación en la compen-sación global de origen patrimonial, y a la otra reducida de $12,000 a $7.000.

Toda vez que erró la sala de instancia al extender su decreto de inconstitucionalidad más allá de los Arts. 2(a) y (c) y 7 de la Ley, que son los que establecen límites econó-micos peculiares que contravienen la Constitución, tam-bién sufrirá modificación la sentencia en dicho extremo, y así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué está conforme y de acuerdo con la parte de la opinión que declara incons-titucionales los incisos (a) y (c) del Art. 2, y el Art. 7 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955; y disiente de que se modifiquen las cuantías concedidas por el tribunal de instancia.

       “See. 2674. Liability of United States
      “The United States shall be liable, respecting the provisions of this title relating to tort claims, in the same manner and to the same extent as a private individual under like circumstances, but shall not be liable for interest prior to judgment or for punitive damages.” 28 U.S.C. sec. 2674, Tomo 7, pág. 7673.

       Al resolver el conflicto, la sala de instancia hubo de enfrentarse a la posi-bilidad real de que el jardinero confundiera a los agentes de orden con asal-tantes según éstos y los familiares de su patrono le habían confundido a él con un ladrón.

      “Sec. 3077. Reclamaciones y acciones contra el Estado Libre Asociado— Autorización
      “Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante el Tribunal de primera Instancia de Puerto Rico por las siguientes causas:
      “(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma de $15,000 causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del mareo de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligen-cia. Cuando por tal acción u omisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de $30,000. Si de las conclusiones del Tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las per-sonas excede de $30,000, el Tribunal procederá a distribuir dicha suma entre los demandantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno. Cuando se radique una acción contra el Estado por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, el Tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general, que se notifique a todas las personas que pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el Tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder a distribuir la cantidad de $30,000 entre los demandantes, según se provee en [las sees. 3077 a 3092 de este título].
      “(b) ........
      “(c) Acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda de $15,000 de principal, y que se funden en la Constitución, o en cualquier ley de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún departamento o división del Estado, o en algún contrato expreso o tácito con el Estado.” Art. 2.
      “Sec. 3082. — Pago de sentencias; reclamaciones en exceso de sumas autorizadas
      “El Estado satisfará prontamente cualquier fallo en su contra hasta el máximo señalado en la see. 3077 de este título. Si se tratase del pago de una suma de dinero y no fuere posible hacerlo por no existir fondos a tal fin en el presupuesto corriente, se hará la correspondiente asignación de fondos para su pago en la parte del presupuesto general de gastos del siguiente año del depar-tamento o agencia correspondiente. Para ejercitar una causa de acción de las contenidas en los incisos (a) y (c) de la see. 3077 de este título, por una suma mayor que la allí autorizada y para pagar el exceso de una sentencia sobre dichas sumas, será preciso obtener autorización legislativa específica.” Art. 7.

      No obstante, se ha resuelto que la causa de acción surge de aprobación de la ley especial que autoriza a demandar. Valiente y Cía. v. Pueblo, 71 D.P.R. 646, 648 (1950).

       Prosser, Torts, 4ta ed., pág. 978.

        American Constitutional Law, 1978, pág. 1002.

       Subsiste la advertencia de Vda. de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112, 123 (1961): “[E]ste menester de los Jueces debe estar presidido por un sano juicio y por criterios razonables y ponderados en la evaluación de cada caso, con objeti-vidad de la realidad probada, de modo que siempre se conserve el sentido reme-diador del resarcimiento, que impone el artículo 1802 y el accidente no sea motivo de especulación o ganancia”.


author: PER CURIAM:

text:
    Silas Claudious Colquhoun, obrero fenecido; Ronald Sobin, patrono recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Fondo del Seguro del Estado, asegurador.

      Número: O-80-475

      Resuelto: 23 de diciembre de 1981

      Roberto López García, de Colorado, Martínez & Odell, abogado del recurrente; la parte recurrida no compareció.
   PER CURIAM:

La cuestión a resolver es si un patrono no asegurado bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., contra quien se instó una acción por daños y perjuicios ante el Tribunal Superior, y quien fue condenado a pagar compensación a los beneficiarios de un obrero fallecido como consecuencia de un accidente del trabajo, viene luego obligado a reembol-sar al Fondo del Seguro del Estado por la compensación y gastos incurridos en conexión con el obrero fallecido con-forme a resolución dictada con posterioridad a la sentencia del tribunal.

La parte pertinente de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo que cubre el derecho del trabaja-dor o sus beneficiarios a instar reclamación contra un patrono no asegurado, reza así:

Si cualquier patrono de los comprendidos en este Capítulo dejare de asegurar el pago de compensaciones por acci-dentes del trabajo de acuerdo con este Capítulo, cualquier obrero o empleado perjudicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal patrono radicando una petición para compensación ante la Comisión Industrial, y, además, pue-den ejercitar una acción contra el patrono por daños y per-juicios, lo mismo que si este Capítulo no fuera aplicable, y tendrán derecho en tal acción, sin prestar fianza, a embar-gar la propiedad del patrono por el monto que determinare el tribunal para asegurar el pago de la decisión que recayere, siempre que el tribunal estime que hay una justa causa de acción después del examen de la demanda, la cual deberá ser jurada. Tal embargo incluirá honorarios de abo-gado, que serán fijados por el tribunal, y el embargo se mantendrá hasta que el caso haya sido fallado y satisfecho el importe de la sentencia. Si como resultado de tal acción por daños y perjuicios recayere un fallo contra el patrono, en exceso de la compensación fijada por este Capítulo, la com-pensación fijada, si fuere pagada o si fuere garantizada con garantía aprobada por el tribunal, se deducirá del fallo. 11 L.P.R.A. sec. 16, 2do párr.

En Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, 107 D.P.R. 797 (1978), resolvimos que una sentencia dictada por un tribunal en acción contra un patrono no asegurado, por los daños sufridos por un obrero lesionado, era oponible como cosa juzgada a la petición para compensación posterior-mente radicada ante la Comisión Industrial. El obrero lesionado o sus beneficiarios, al elegir el remedio judicial, y obtener el remedio solicitado, quedan, pues, impedidos de acudir también al trámite administrativo ante la Comisión Industrial.

La secuencia de los hechos en este caso es como sigue. El accidente que resultó en la muerte del obrero en cues-tión en ese mismo día ocurrió en 11 de julio de 1974. Los beneficiarios del obrero, en lugar de presentar su recla-mación a la Comisión Industriál optaron por recurrir al Tribunal Superior amparados bajo el Art. 1802 del Código Civil, en 4 de septiembre de 1974. Demandaron al patrono, aquí recurrente, como patrono estatutario, a otro patrono de nombre Michael Baldassari como patrono real, y a un tercero a quien se le imputó negligencia por el accidente. Mientras se tramitaba la causa ante el Tribunal Superior, los beneficiarios presentaron una reclamación ante la Comisión Industrial en 6 de agosto de 1975. El Tribunal Superior finalmente dictó sentencia por estipulación de todas las partes en 16 de mayo de 1980. Se convino en que el aquí recurrente Ronald Sobin y/o la sociedad de ganan-ciales constituida por él y su esposa pagarían a los benefi-ciarios del trabajador la suma de $18,000, y el tercero, que operaba una excavadora que según se alegaba había cau-sado el accidente, pagaría $12,000, lo que haría un total de $30,000. El otro patrono demandado, quien se alegaba era un subcontratista, había desaparecido de Puerto Rico y se desconocía su paradero, por lo que no fue incluido en la transacción. En vista de que había reclamantes menores de edad, el tribunal exigió la presencia de la Procuradora de Relaciones de Familia, quien dio su anuencia a la tran-sacción. En 3 de junio de 1980 la Comisión Industrial dictó resolución en la que ordenaba al aquí recurrente, como patrono no asegurado, a reembolsar al Fondo del Seguro del Estado la compensación y gastos incurridos en la forma prescrita por la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo. Fue notificada en 26 de junio de 1980. La Comisión Industrial concluye que tanto el patrono esta-tutario (aquí recurrente) como el patrono real o contractual son patronos no asegurados, pero impone la responsa-bilidad del pago al aquí recurrente Ronald Sobin porque Michael Baldassari, el patrono real “se esfumó de esta jurisdicción”. El recurrente planteó oportunamente la cuestión de cosa juzgada en moción de reconsideración presentada ante la Comisión Industrial. La reconside-ración fue denegada.

Comoquiera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior advino final y firme por sus propios términos el 16 de mayo de 1980, y la resolución de la Comisión Industrial fue dictada posteriormente, en 3 de junio de mismo año, la primera es oponible a la segunda como cosa juzgada respecto a Ronald Sobin. Éste no viene, pues, obligado a pagar compensación alguna en relación con el accidente y muerte del obrero Silas Claudious Colquhoun.

Es conveniente reiterar nuestra sugerencia en Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, ante, a la pág. 803:

El estado actual de la Ley deja la recuperación de los dineros desembolsados por el Fondo del Seguro del Estado por gastos de tratamiento y compensación del obrero en los casos de patrono no asegurado, a la eventualidad de que el Administrador se entere indirectamente de que se ha ini-ciado la acción civil de daños y perjuicios. La protección de este interés del asegurador queda servida con simplemente añadir al párrafo 2o del Art. 15 de la Ley el requisito de que al tiempo de iniciar la acción civil de daños y perjuicios, el obrero o empleado perjudicado o sus beneficiarios deberán remitir copia de su demanda, por correo certificado, al Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y de faltar dicha notificación se desestimará el pleito.

En virtud de lo expuesto precedentemente, se expedirá el auto y se revocará la resolución de 3 de junio de 1980 dictada por la Comisión Industrial en tanto en cuanto ordena a Ronald Sobin a reembolsar al Fondo del Seguro del Estado suma alguna en conexión con el accidente y muerte del obrero Silas Claudious Colquhoun. Debe seña-larse que el alcance de esta opinión no es de eximir al patrono real, Michael Baldassari, de su obligación en cuanto al Fondo, toda vez que la sentencia judicial no cons-tituye cosa juzgada en cuanto a dicho patrono real, quien no pudo ser ni siquiera emplazado.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Tastee Freez de Puerto Rico, Inc., peticionario, v. Negociado de Seguridad de Empleo y Hon. Secretario del Trabajo, recurridos.

      Número: O-78-205

      Resuelto: 28 de diciembre de 1981

      Benjamín Rodríguez Ramón, Teodoro Peña García y José Raúl Cando Bigas, abogados de la peticionaria; Jorge Soto Ma-rrero, Miguel Rodríguez Villanueva y Lydia Lizarríbar Buxó, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

En nuestra opinión original en este caso, 108 D.P.R. 495 (1979), revocamos una determinación del Departa-mento del Trabajo de Puerto Rico, sancionada por el Tribunal Superior, al efecto de que tanto los empleados de los arrendatarios de Tastee Freez como los arrendatarios mismos son empleados de tal firma. Se solicitó la recon-sideración de nuestro dictamen. Estimamos que debemos reexaminar el tema.

Tastee Freez, como indicamos originalmente, opera un negocio de comestibles ligeros los que vende en Puerto Rico en dieciocho establecimientos de su propiedad. La cuestión a resolver es si los arrendatarios y empleados de estos establecimientos son empleados de Tastee Freez, exclusivamente para fines de la Ley de Seguridad de Empleo, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. see. 701 y ss.), y de la Ley de Beneficios por Incapacidad, Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968 (11 L.P.R.A. see. 201 y ss.). La decisión de este asunto no entraña determinación alguna sobre si las referidas personas constituyen o no empleados bajo otras disposiciones de ley.

El Art. 2(k)(5) de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 L.P.R.A. sec. 702(k)(5), provee:

El servicio prestado por una persona será considerado como empleo bajo esta ley independientemente de si existe o no una relación obrero-patronal, a menos y hasta que se demuestre a satisfacción del Secretario que—
(A) En relación con la prestación de su servicio, tal persona ha estado y continuará actuando sin sujeción a mando o supervisión, tanto como cuestión de hecho como bajo su con-trato de servicios; y
(B) Tal servicio es prestado bien fuera del curso usual del negocio para el cual se trabaja o fuera de todos los sitios de negocio de la empresa para la cual se trabaja; y
(C) Dicha persona está usualmente ocupada en algún tra-bajo, profesión o negocio independientemente establecido de la misma naturaleza de aquel comprendido en el servicio prestado.

Esta misma definición se reproduce en la Ley de Benefi-cios por Incapacidad. 11 L.P.R.A. sec. 202(j)(5).

La raíz de los criterios reseñados, conocidos en conjunto como la prueba “ABC”, se remonta a un borrador de proyecto de ley preparado en 1937 por la Junta de Segu-ridad Social. T. F. Broden, Law of Social Security and Unemployment Insurance, Mundelein, Illinois, Callaghan & Co., 1962, pág. 87. El primer estado en aprobar la prue-ba “ABC” fue Wisconsin. Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 105 D.P.R. 803, 809 (1977). Un gran número de estados la adoptó posteriormente, en todo o en parte. Asia, Employment Relation: Common-Law Concept and Legislative Definition, 55 Yale L.J. 76, 83-85 (1945).

Ha habido una dificultad histórica en la aplicación de la prueba. El problema estriba en que una minoría de jurisdicciones insiste, al interpretar los criterios “ABC”, en utilizar conceptos del derecho consuetudinario desarrolla-dos para medir la responsabilidad torticera del patrono hacia terceros por actos de sus empleados. De ahí que lo verdaderamente determinante en tales foros sea la exis-tencia o no de control, según se entendía el término tradi-cionalmente en el derecho común angloamericano. Will-cox, The Coverage of Unemployment Compensation Laws, 8 Vand. L. Rev. 245, 256-259 (1955). La legislación federal está también atada al antiguo entendido de la relación obrero-patronal. Broden, General Rules Determining the Employment Relationship under Social Security Laws: After Twenty Years an Unsolved Problem, 33 Temp. L.Q. 307 (1960). La mayoría de los estados que utilizan en alguna forma los criterios “ABC” estiman, no obstante, que estos deben interpretarse a la luz de los propósitos singulares de la legislación sobre el seguro contra el desempleo. Willcox, op. cit., pág. 259. A pesar del texto de la legislación federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha inclinado igualmente a trascender la doc-trina convencional del derecho común en este campo y a definir en otras formas el vocablo “empleo”. United States v. Silk, 331 U.S. 704 (1947); Bartels v. Birmingham, 332 U.S. 126 (1947).

En Avon Products, Inc., supra, págs. 805-807, recalca-mos la naturaleza singular del vocablo “empleo” en el con-texto de nuestra legislación y el objetivo distinto a que sirve dentro del marco del derecho común. Allí dijimos:

El término empleo ha sido objeto de consideración por este Tribunal en contextos muy variados. ...
En el presente caso, sin embargo, el término empleo tiene bajo la Ley de Seguridad de Empleo una configuración pro-pia cuyo propósito es precisamente obviar las dificultades y el curso azaroso que ha seguido la jurisprudencia al consi-derar la diversidad de criterios que delimitan el ámbito de esta relación.. ..
En el derecho común la responsabilidad del principal por los actos de sus empleados o agentes se fundaba en el control que aquél ejercía o podía ejercer sobre los actos de éstos para aminorar el riesgo de daño. . . . Quizás pudiera justifi-carse en algunos casos el criterio de control como medida de responsabilidad por el hecho ajeno. Pero no le vemos conexión alguna con el riesgo de desempleo que es conse-cuencia de múltiples y complejos factores socio-económicos_ Esta discrepancia fundamental en los propósitos de ambos preceptos legales requiere la aplicación de criterios más afines con la política pública de la Ley de Seguridad de Empleo... .

Nuestra Ley de Seguridad de Empleo no deja margen a dudas sobre su propósito. En la Exposición de Motivos se expresa:

La inseguridad económica producida por el desempleo es una seria amenaza a la salud, seguridad y bienestar del pueblo de Puerto Rico. El desempleo es, por lo tanto, mate-ria de interés e incumbencia general que requiere la adop-ción por la Asamblea Legislativa de medidas adecuadas tendientes a evitar su desarrollo y a aliviar la carga que el mismo produce y que recae sobre el trabajador desempleado y su famila.

La protección contra la inseguridad económica, contra el riesgo de desempleo, es en consecuencia el factor clave para precisar el significado de los criterios que estipula la legislación que nos ocupa. Conceptos derivados de otros usos de la voz “empleo” no vienen al caso.

Debe señalarse también que nuestra legislación es más lata que la fuente de donde parte. La versión típica de la introducción a la prueba “ABC” provee, en inglés (Asia, op. cit, pág. 84):

(5) Services performed by an individual for wages shall be deemed to be employment subject to this act unless and until it is shown to the satisfaction of commissioner that. . . . (Énfasis nuestro.)

Nuestra legislación no requiere que los servicios se com-pensen sobre la base de salarios. Pueden utilizarse otras formas de compensación —las comisiones, otros modos de participación— sin que por ello la persona deje de ser empleado, en caso de no cumplirse las tres disposiciones de la prueba “ABC”. Obsérvese, además, que la parte de nuestra legislación correspondiente a la citada añade al texto típico una frase muy significativa, la cual sub-rayamos:

(5) El servicio prestado por una persona será considerado como empleo bajo esta ley independientemente de si existe o no una relación obrero-patronal, a menos que y hasta que se demuestre a satisfacción del Secretario que. . . . (Énfasis nuestro.)

En Avon Products, Inc. ante, págs. 808-809, señalamos el extraordinario impacto de esta nueva frase:

La definición formulada en la ley establece con meridiana claridad la presunción de que todo servicio prestado por una persona constituye empleo aun cuando no exista una relación de empleo tradicional u ortodoxa. Inequívocamente el legis-lador subraya el propósito de que no se excluya de la pro-tección de la ley a ninguna persona, aun las que pudieran considerarse contratistas independientes de acuerdo con las restricciones técnicas tradicionales.

Es a la luz de este trasfondo que deben examinarse los criterios “ABC” para resolver si en este caso se cumplen sus requisitos. Los tres requisitos tienen que cumplirse para excluir al empleado de esa categoría. Revlon Serv., Inc. v. Employment Division, 567 P.2d 1072, 1074 (1977). La carga de la prueba recae sobre quien alega que se satisfacen los tres criterios y que el alegado empleo no lo es. Sears Roebuck & Co. v. Dept. of Industry, Labor and Human Relations, 280 N.W.2d 240 (1979). Cada pleito de esta naturaleza exigirá análisis independiente.

El criterio “A”. Este primer criterio, al efecto de que la persona a quien se le imputa no ser empleado “ha estado y continuará actuando sin sujeción a mando o supervisión, tanto como cuestión de hecho como bajo su contrato de servicios” difiere, por las razones expresadas, del concepto “control” que integra el principio de respondeat superior y otras doctrinas del derecho común. Para satisfacer este criterio, el supuesto patrono tiene que probar que él no tiene derecho alguno a dirigir la con-ducta del agente. La mera posibilidad de control futuro basta convertir al agente en empleado para los fines de las leyes que aquí nos conciernen. Asia, op. cit., págs. 86-87. El término “control” debe interpretarse a la luz de las reali-dades económicas subyacentes y del propósito de la legis-lación. El análisis abstracto o puramente verbal del acuerdo no es suficiente.

El contrato que nos ocupa contiene las siguientes cláusulas de interés para el estudio del criterio “A”. Tastee Freez es la dueña de todos los establecimientos. Ella únicamente los arrienda, junto a su plusvalía y el nombre “Tastee Freez” o “Carrol’s” (cl. 1). El término del arren-damiento es técnicamente un año (el. 2), pero cualquiera de las partes puede cancelarlo unilateralmente, sin necesi-dad de probar justa causa, mediante notificación por escrito de no menos de treinta días (el. 24). El arrendata-rio deberá contar con la autorización escrita de Tastee Freez antes de efectuar alteraciones en la propiedad, mueble o inmueble (el. 4). Tastee Freez es quien reem-plaza el equipo deteriorado (el. 12). El arrendatario está obligado a utilizar el nombre de Tastee Freez o Carrol’s en la operación del negocio y se obliga “a no usar para la venta ninguna mezcla de mantecado, syrops \_sic\, hamburgers y/o cualquiera otro producto similar que no sea autorizado por escrito por la arrendadora” (el. 13). El arrendatario tiene que depositar diariamente el 81% del producto de sus ventas al detalle en una cuenta de Tastee Freez, en el banco que esta designe, para garantizar sus obligaciones de pago a Tastee Freez. El Supervisor de la arrendadora recogerá el depósito y la liquidación diaria-mente (el. 17). El Supervisor de Tastee Freez tendrá el derecho en todo momento de entrar al negocio e inspec-cionar los productos que se están vendiendo para asegu-rarse de su calidad (el. 18). El Supervisor puede también verificar dentro del negocio que se está cumpliendo con otras obligaciones del arrendatario bajo el contrato (el. 19). El Supervisor puede requerir que se pinte el edificio, a costo del arrendatario, cuando su condición lo requiera, pero nunca menos de dos veces al año (el. 19). El Supervisor puede exigir que se emplee a más personas a fin de mejorar el servicio (el. 20). El arrendatario, por último, no puede ausentarse del negocio por más de 24 horas sin avisar al Supervisor con no menos de 72 horas de antici-pación para que este haga los arreglos pertinentes.

Gran parte de estas cláusulas obedecen sin duda al legí-timo interés de la arrendadora de controlar la calidad de su producto y proteger el nombre y la plusvalía de su negocio, mas otras forjan una cadena tan corta y potente que al menos crean una posibilidad real de control de la prestación del servicio. El arrendatario está, en términos económicos prácticos, virtualmente a la merced de la com-pañía arrendadora. Su contrato puede ser revocado abrup-tamente en cualquier momento. Sus ganancias o pérdidas pueden ser afectadas decisivamente por exigencias de la arrendadora. Tastee Freez controla férreamente el flujo diario de las entradas brutas.

No tenemos que expresarnos definitivamente sobre el cumplimiento o no del criterio “A” en este caso, no obstante, ya que la inobservancia de los otros requisitos es evidente.

El criterio “B”. El criterio “B” exige que el servicio sea prestado “bien fuera del curso usual del negocio para el cual se trabaja o fuera de todos los sitios de negocio de la empresa para la cual se trabaja”. La primera alternativa requiere que el servicio se preste fuera del curso usual del negocio del principal o patrono. Tal alternativa se preo-cupa por determinar si el negocio en el que se trabaja es de índole tan equivalente a la del negocio del patrono que en realidad lo que se hace es llevar a cabo el negocio de este. No tiene pertinencia a tal efecto, por tanto, la cues-tión de si el supuesto empleado tiene su propio estableci-miento. La segunda alternativa es la que tiene que ver con el sitio en que se trabaja. Asia, op. cit., pág. 87.

De lo expuesto sobre las cláusulas del contrato se desprende que Tastee Freez no cumple ninguno de los dos extremos del criterio “B”. La totalidad del negocio es de Tastee Freez. Los arrendatarios prestan sus servicios en el curso usual de ese negocio. Los servicios se prestan, además, en los establecimientos de Tastee Freez, no fuera de los sitios de negocio de esta, según requiere el criterio “B”. Recuérdese que en Avon Products, Inc., ante, pág. 810, resolvimos que, por efectuarse las ventas del producto de casa en casa, cada casa constituía el sitio de negocio de Avon. Se incumplió allí el criterio “B”. Se incumple aquí también, a fortiori.

El criterio “C”. Aunque el incumplimiento de uno solo de los tres criterios basta para que se considere “empleado” al trabajador concernido para los fines de la legislación que venimos analizando, importa que nos refiramos también al criterio “C” por el papel crítico que desempeña en la aplicación de la fórmula “ABC”. El criterio “C” exige que la persona esté “usualmente ocupada en algún trabajo, profesión o negocio independientemente establecido de la misma naturaleza de aquel comprendido en el servicio prestado”. Si el negocio existe tan solo por razón de una relación especial con determinada empresa y desaparecía de liquidarse ésta, no se satisface el criterio “C”. Asia, op. cit., pág. 87-88. Se da en tal caso la dependencia económica y la amenaza de desempleo que motiva la legislación bajo estudio. En el caso presente el contrato entre las partes revela, con toda claridad, que los arrendatarios de Tastee Freez no tienen un negocio independientemente establecido. La prueba no muestra, como tiene que mostrar, que la desaparición de Tastee Freez o la cancelación de los contratos aquí envueltos no afectaría la seguridad en el empleo de sus arrendatarios y la de los empleados de éstos. Véase: Avon Products, Inc., ante, págs. 810-811. Concluimos en consecuencia que tanto los arrenda-tarios de Tastee Freez como los empleados de estos son “empleados” a los fines de la Ley de Seguridad de Empleo y la Ley de Beneficios por Incapacidad.

Por las razones expuestas se reconsiderará nuestra sen-tencia anterior y se confirmará la sentencia recurrida.


text:
    Dr. Reinaldo J. Carreras y Doña Emma Lou Quiñones, por sí y como miembros de la Sociedad de Gananciales constituida entre ambos, demandantes y recurrentes, v. Epifanio González Santos y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-80-571

      Resuelto: 28 de diciembre de 1981

      Fernando Barnés Vélez, abogado de los recurrentes; Ramón Lloverás Otero y Carlos A. Quilichini, abogados de los recu-rridos José M. Fidalgo & Asociates y José M. Fidalgo; los recurridos no comparecieron.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea otras cuestiones noveles sobre la responsabilidad por defectos de construcción.

Los esposos Carreras (“los dueños”) contrataron la firma de José M. Fidalgo y Asociados (“Fidalgo” o “el arquitecto”) para la preparación de los planos de su resi-dencia. Fidalgo solicitó de unos especialistas la realización de un estudio del suelo. Los especialistas recomendaron que, de utilizarse relleno en el solar, se compactase a un grado mínimo de 90% y que no se construyese zapata alguna sobre el relleno compactado. Fidalgo diseñó los planos de tal modo que seis de las doce zapatas descansa-ban sobre el relleno a compactarse.

Los dueños de la obra le otorgaron el contrato de cons-trucción al Ing. Epifanio González Santos (“el contratista”) y el de supervisión a Fidalgo, el arquitecto. El contratista subcontrató a Roberto Campos Martín (“el subcontratista”) para la labor de colocar y asentar o compactar el terreno.

Se llevaron a cabo estas últimas tareas y comenzó la construcción de la vivienda. El dueño, persona lega en materia de construcción, visitó la obra y, al notar que estaban construyendo varias de las zapatas sobre el te-rreno rellenado, les llamó la atención al contratista y al arquitecto. Estos le expresaron que las conclusiones del estudio del suelo eran exageradas.

Se completó la obra, se mudaron los dueños y al poco tiempo, en forma progresiva, empezó a agrietarse severa-mente la casa. Algunas grietas eran de tal magnitud que las paredes se rajaban totalmente y podía verse a través de ellas. Defectos de comparable gravedad se manifes-taron en los techos y los pisos.

Los dueños acudieron infructuosamente al contratista para que investigara el origen de los vicios y los corri-giese. Contrataron entonces una empresa para tal fin, la cual concluyó en diciembre de 1978 que el origen de los problemas era la compactación deficiente del terreno, muy por debajo del 90% requerido, agravado por la colocación indebida de seis de las zapatas. No se controvirtió esta prueba.

El 27 de marzo de 1979 los dueños demandaron al arquitecto, al contratista y al subcontratista. El tribunal de instancia falló que el subcontratista no les respondía a los dueños, pero que el contratista y el arquitecto les eran solidariamente responsables. Luego, en reconsideración, declaró, sin efectuar nuevas determinaciones de hechos, que la responsabilidad era mancomunada y que el contra-tista respondía por el 75% de los daños y el arquitecto por el 25%. Los propietarios demandantes instaron solicitud de revisión. Reclaman que no puede exonerarse al subcontra-tista y que se cometió error igualmente al fallar que el contratista y el arquitecto no les son responsables soli-dariamente.

La responsabilidad, del subcontratista.

La primera cuestión a considerar es si un subcontra-tista está sujeto a la responsabilidad decenal que impone el Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124. El Art. 1483 guarda absoluto silencio sobre los deberes del subcontratista, mas la doctrina y la jurisprudencia se han expresado a menudo sobre el tema.

La cuestión inicial a resolver es si se trata verdaderamente de un subcontratista, de una persona o entidad con quien se conviene un contrato de obra, o si se trata de un suplidor. En este último caso estamos ante la figura de la compraventa y no cabe la responsabilidad decenal. Tampoco procede en el caso de los obreros a destajo o jornal. En el primer caso cabe, conforme las opiniones más autorizadas, en lo que respecta a la parte que el subcontratista realice. Todos los técnicos vinculados al empresario por un contrato de obra están sujetos a tal responsabilidad parcial al extremo que lo esté el propio contratista. Mazeaud y Mazeaud, Traite Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 6ta ed. (por A. Tune), París, 1970, T. II, pág. 69; Colin y Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, 1955, T. 4, págs. 501-502; J. Cadarso Palau, La Responsabilidad Decenal de Arquitectos y Constructores, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, pág. 210 y ss.; J. Herrera Catena, Responsabilidades en la Construcción, Granada, 1977, Vol. II, pág. 212. En el caso presente es claro que estamos ante la figura del subcontratista y no de la del suplidor o del obrero.

Establecida la posible responsabilidad decenal parcial del subcontratista, corresponde examinar entonces hacia quién fluye esa obligación. ¿Puede instar el dueño una acción directa contra el subcontratista bajo el Art. 1483 por defectos causados por los actos a su cargo o le está reservado ese derecho éxclusivamente al contratista?

Las autoridades están divididas sobre este particular. Un nutrido grupo de comentaristas considera que el dueño no puede instar acción decenal directa contra un subcon-tratista por no existir vínculo contractual entre ellos, entre otras razones. Cadarso Palau, op. cit., págs. 214-217, 219-232; Mazeaud y Mazeaud, op. cit., pág. 76; Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1951, T. XXIV, pág. 156. Otro importante sector sostiene la posición contraria. Estima este grupo que la responsabilidad decenal no es estrictamente contractual en su esencia. La responsabilidad no dimana del contrato de empresa que se otorga, sino de la ley. Es una obligación ex lege y no ex contractu. J. Herrera Catena, op. cit., pág. 212; Colin y Capitant, op. cit., pág. 502. En Inglaterra, donde se ha legislado no hace mucho sobre el particular, se prefiere esta última posición, considerada como la minoritaria. La Defective Premises Act 1972, sec. 1, 42 Halsbury’s Statutes of England, 3ra ed., Butterworth, Londres, 1973, págs. 1396-1397, deroga la regla del derecho común sobre este extremo, que exigía la existencia de “privity of contract” como condición para acciones de este tipo, y da paso a la demanda directa del dueño contra el subcontratista. Algunos autores permiten esta acción directa, pero tras impartirle carácter subsidia-rio. Primero habría que accionar contra el contratista culpable. R. López Vilas, El Subcontrato, Madrid, Ed. Tec-nos, 1973, pág. 134.

En este caso no es indispensable resolver, previo un análisis más a fondo del asunto, cuál es la doctrina que debe prevalecer en Puerto Rico en ausencia de expresión legislativa. No es indispensable porque es clara la responsabilidad delictual del subcontratista.

La doctrina reconoce generalmente la responsabilidad delictual de los subcontratistas frente al propietario, fuera de la posición que se asuma sobre la procedencia de la acción decenal. G. Liet-Veaux, Le Droit de la Construction, 5ta ed., París, Librairies Techniques, pág. 264; Dalloz, Encyclopédie Juridique, 2da ed., “Contrat d’Enterprise”, par. 341, 352. En el caso presente se dan todos los elemen-tos para el reconocimiento de una acción bajo el Art. 1802. El subcontratista, según la determinación de hechos en instancia, era una persona con cuarenta años de experien-cia en su trabajo. Los planos le instruían a rellenar y com-pactar el terreno a un grado mínimo de 90%. El subcon-tratista fue crasamente negligente en la realización de sus obligaciones. Se hicieron pruebas en nueve lugares del solar, las que arrojaron los siguientes resultados de com-pactación: 50%, 57.6%, 63%, 69.8%, 70.8%, 74.5%, 74.5%, 76% y 93.4%. El testimonio pericial no controvertido estableció que, de haberse efectuado las pruebas a raíz de comple-tarse la labor subcontratada, los resultados hubiesen sido de un 4 a un 6 por ciento más bajos. El tribunal de instan-cia concluyó que los daños se debieron a la compactación indebida del terreno y a la colocación de las zapatas, sin precisar el grado al que una y otra acción contribuyeron a los perjuicios sufridos.

El tribunal exoneró al subcontratista por estimar, a todas luces, que la inexistencia de vínculo contractual con el dueño le libraba de toda responsabilidad civil frente a éste. La conclusión es incorrecta, al menos en lo que atañe a la acción de daños fundada en el Art. 1802 del Código Civil, no prescrita en este caso.

La solidaridad.

En Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 D.P.R. 655 (1981), señalamos que la solidaridad normalmente no nace fuera de acuerdo de las partes, excepto cuando la ruina se origina en culpa conjunta o cuando la causa del defecto es indeterminable o cuando hay concurrencia de culpas y éstas se encuentran tan íntimamente ligadas que no es posible separarlas.

Los daños en este caso se deben, según se desprende de las determinaciones de hechos, a la culpa con-junta del arquitecto, del contratista y del subcontratista. No hemos hallado en autos prueba alguna que justifique vulnerar la responsabilidad solidaria de estos demandados frente al dueño. Los autos están huérfanos de indicio alguno que permita desentrañar la trabazón de culpas aquí existente. La carga de la prueba recae en tal situación en los legitimados pasivos. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., págs. 119-121, 799 y ss. Ante la actual situación de hechos, el arquitecto, el contratista y el subcontratista son solidariamente responsables frente al dueño, sin perjuicio de la acción de regreso que quepa entre ellos.

Por las consideraciones expuestas, se modificará la sen-tencia recurrida.