author: El Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Félix F. Rodríguez, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Dr. Ramón A. Cruz, Secretario de Instrucción Pública de Puerto Rico, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-76-237

      Resuelto: 27 de noviembre de 1979

      Miriam Na reirá de Rodón y Héctor A. Colón Cruz, Procuradores Generales, Mario N. Paniagua y Justo Gorbea Varona, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de la parte recurrente; Roberto Buso Aboy, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos conduce a examinar la validez constitucional de la reglamentación que el codemandado, Secretario de Instrucción Pública de Puerto Rico, ha adoptado para regir las actividades de reclutamiento de socios como la que lleva a cabo en las escuelas públicas del país la demandante, Federación de Maestros de Puerto Rico.()

Los hechos son los siguientes. La Federación de Maestros es una entidad que agrupa profesores del sistema de instrucción pública, para lo cual está autorizada por el Secretario de Trabajo de Puerto Rico. Con el fin de promover su matrícula, solicitó del Departamento de Instrucción que le permitiera a sus organizadores acudir a los planteles escolares durante la hora del almuerzo para reunirse allí con los maestros y persuadirles a ingresar en la colectividad. Los oficiales del Departamento de Instrucción se negaron a conceder el permiso atendiendo a las normas establecidas por el Secretario de Instrucción Pública mediante dos memoranda circulados al efecto,() en los que disponía que la labor de reclutamiento sólo se permitiría “fuera de las horas regulares de trabajo y de tal modo que no interrumpa las funciones normales de la escuela”; aclarándose que las horas regulares de trabajo incluían los períodos de trabajo por equipo. Las frases citadas precedentemente fueron luego interpretadas por el Secretario mediante comunicaciones() dirigidas al demandante Félix F. Rodríguez al efecto de que “[l]a hora del almuerzo forma parte del programa escolar, ya que durante la misma se realizan algunas tareas relacionadas con la función docente.”

La reglamentación del Secretario exige que el horario regular de enseñanza se dedique única y exclusivamente a actividades educativas y docentes. Además, provee que el horario escolar ordinario comienza una hora antes de iniciarse la labor escolar y concluye una hora después de terminar ésta, cubriendo las etapas de clase, almuerzo, biblioteca y otros períodos no lectivos. La Federación sostiene que no es su intención el causar problemas administrativos a las autori-dades escolares, y que por el contrario avisaría con antelación las fechas de las visitas de sus organizadores a los planteles escolares. Sostiene, además, que las normas adoptadas por el Secretario de Instrucción impiden que la Federación y sus miembros se reúnan para dialogar con los maestros de las diferentes escuelas públicas durante la hora de almuerzo, en que dichos maestros están libres de su labor docente. Por ende, entiende que la reglamentación adoptada es irrazonable y por tanto atenta contra los derechos de libre expresión y asociación garantizados por las secciones primera, cuarta, sexta y séptima de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, razón por la cual acudió ante el tribunal de instancia en demanda de injunction contra el Secretario de Instrucción suplicando que se le ordenara a éste permitir a los organizadores de la Federación de Maestros a entrar a las escuelas públicas durante la hora de almuerzo para comunicarse con los maestros en gestiones conducentes a reclutar miembros para la Federación.

El Tribunal Superior acogió el planteamiento de la demandante y dictó el interdicto solicitado. El Secretario acudió en alzada ante nos.

I

Hemos señalado que los oficiales de la Federación de Maestros desean reunirse con los profesores de las escuelas públicas en los planteles escolares en la hora de almuerzo. Durante ese tiempo los maestros se encuentran fuera de sus actividades de enseñanza, excepto que hay planteles donde suelen turnarse los profesores para vigilar en el comedor escolar. Aun así los directores del Departamento de Instruc-ción entienden que no procede permitir las reuniones, justificando su negativa en su propósito de evitar que los alumnos se sometan al fragor de campañas sindicales, de reducir la posibilidad de brotes de desorden o de violencia entre partidarios de entidades rivales, y por razón de que es deseable fomentar el que los miembros.de la facultad estén disponibles para el estudiantado durante la hora de almuerzo “aunque sólo sea para confraternizar.” Como alternativa, las autoridades escolares ofrecen a la Federación el uso de los tablones de edictos y los buzones de correspondencia de cada maestro para ser utilizados en la comunicación con éstos.() La Federación por su parte, en ánimo de evitar que sus visitas redunden en inconvenientes administrativos, está dispuesta a notificar con antelación a los directores escolares su intención de visitar la escuela, de manera que puedan tomarse las medidas de rigor.

Resalta pues en el caso de autos un conflicto entre dos legítimos intereses sociales, los cuales son, la necesidad de proteger el derecho ciudadano de expresión y asociación, y el deber de mantener en las aulas escolares el clima de paz y sosiego que se requiere para el aprendizaje.() Ahora bien, nuestro sistema constitucional, como veremos, provee el balance entre los intereses encontrados.

II

La sección cuarta de la Carta de Derechos de nuestra Constitución() consagra la prerrogativa de los individuos de expresarse libremente. Como corolario del derecho de expresión, la sección sexta del mismo cuerpo reconoce el derecho de las personas a asociarse y organizarse para cualquier fin lícito con igual libertad.() Ambos derechos son fundamentales para la consecución y ejercicio de la libertad de conciencia lo que nos obliga a su más celosa protección. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Vol. 4, pág. 2564.() A pesar de la honda estima social de que disfrutan tales postulados ello no los hace acreedores de irrestricción absoluta, sino que por el contrario han de subordinarse a otros intereses en circunstancias en que la conveniencia y necesidad pública así lo requieran. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968). Los tribunales deben pues, sopesar el alcance de la restricción a la libre expresión y asociación y la importancia del interés gubernamental que anima la restricción, a la luz de la amenaza que la conducta impedida representa para tal interés del Estado. Deben considerarse las alternativas que tiene el poder guberna-mental para alcanzar el objetivo de su limitación de la manera que menos lesione el derecho de expresión; y consi-derarse además las alternativas que tiene disponibles la persona para el ejercicio de su libertad de expresión y de asociación sin afectar adversamente las pretensiones guberna-mentales. El principio rector del conflicto entre los derechos señalados puede resumirse expresando que a mayor limitación al derecho de expresión, mayor debe ser el interés estatal que requiere protección() y mayor la lesión a ese interés.

Demás está decir que hay lugares que resultan impropios para ejercitar algunos modos de expresión.() Los tribunales, los hospitales, los templos y las escuelas son algunos de esos sitios. Así reconocimos en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 443-444(1975), al adoptar expresiones del Juez Hugo L. Black en Gregory v. City of Chicago, 394 U.S. 111 (1964), que nada impide al Estado mantener las escuelas y otros lugares similares libres del bullicio propio de la política y de los negocios, protegiendo así el sosiego que en ellas debe prevalecer.() En contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario. Tienen pues la naturaleza de foros semipúblicos. En instituciones de esa índole el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole. Pero, por otro lado, como bien señala el Profesor Tribe, el Estado carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión. L. H. Tribe, American Constitutional Law, Mineóla, N.Y., 1978, pág. 690.

Concretando en los hechos del caso de autos a la luz del principio rector que permite la libre expresión y asociación en los planteles escolares limitado por los fines para los cuales existen, no hemos podido encontrar en el récord evidencia que nos conduzca a pensar que las visitas de los miembros de la Federación a los planteles escolares con fines organizativos habrán de redundar en menoscabo al orden que debe imperar en tales centros de enseñanza. En ausencia de tal prueba la absoluta proscripción que impone el Secretario no debe subsistir.

Los derechos básicos garantizados por nuestra Constitución acompañan tanto a maestros como a estudiantes durante su permanencia en los predios escolares.() La prohibición de su ejercicio tiene pues que obedecer a motivos que trasciendan del mero deseo de evitar inconvenientes triviales.() Por ello, se requiere de las autoridades escolares que muestren los hechos que razonablemente las han llevado a concluir que de permitir la actividad proscrita, se alterarían substancialmente o se causaría una seria intervención con las actividades docentes. Concretamente, debe demostrarse que las restricciones impuestas responden a la necesidad real de defender la eficiencia e integridad del servicio público.() No es suficiente sentir un temor infundado al bullicio sindical o el deseo de que todos los maestros compartan con los estudiantes durante las horas de almuerzo de todos y cada uno de los días escolares, para sostener prohibición tan estricta como la que plantea el caso de autos, que tiene el efecto de limitar al escueto tablón de edictos toda comunicación entre la de-mandante y los profesores. Véase Teachers’ Freedom of Expression Outside the Classrom: An Analysis of the Application of Pickering and Tinker, 8 Ga. L. Rev. 900, 907 et seq. (1974).

Ill

El deseo de mantener un ambiente de paz, orden y camaradería que persigen las autoridades escolares, legítimo como es, puede adelantarse de manera menos lesiva a la libertad de expresión y asociación de los maestros.()

Ahora bien, cuando se enfrentan los tribunales a medidas que, como en el caso de autos, se relacionan con la función escolar, su proceder ha de ser particularmente cuidadoso. El peligro que puede acarrear una actitud distinta ha sido reiteradamente expresado judicialmente y en pronuncia-mientos doctrinales. Véanse Black en Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503, 515 (1969); T. Harvie Wilkinson III, Goss v. Lopez: The Supreme Court as School Superintendent, 1975 Sup. Ct. Rev. 25. No nos corresponde diseftar las normas que deben reglamentar las relaciones entre los pro-fesores y las entidades que los agrupan.() La estructuración y control de las actividades escolares es prerrogativa de los oficiales escolares,() dentro del marco de las fundamentales garantías constitucionales que cobijan la libre expresión y asociación. Healy v. James, 408 U.S. 169, 180 (1972). En las medidas que adopten al efecto han de proveerse los meca-nismos para evitar conflictos entre entidades que agrupen a los maestros “con fines de promover su progreso social y económico, el bienestar general... y fomentar y estimular una actitud liberal y progresista hacia la administración pública, y promover la eficiencia en los servicios públicos”, conforme lo autoriza la ley; cónsono con el mantenimiento del deseable sosiego en las aulas escolares y de la prestación a los estudiantes de la necesaria supervisión y compañía a que son acreedores; procurando en el proceso no menoscabar las garantías consagradas en la Constitución ni el balance que debe mantenerse entre la libertad de expresión y asociación por un lado, y las restricciones que son necesarias para mantener la paz y el orden en las aulas escolares.

Por los antedichos fundamentos la sentencia del tribunal de instancia será confirmada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz suscribió voto disidente al que se une el Juez Asociado Señor Rigau; el Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

-0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 1979

El proselitismo de asociaciones o federaciones de maestros no debe perturbar el clima de estudio en el aula escolar. Los mismos fundamentos constitucionales que se aducen para permitir la irrupción anunciada de agentes sindicalistas en los predios del salón de clases, a mitad de jornada docente que es la hora de almuerzo, servirían a los organizadores de los partidos políticos() para reclamar tiempo igual en el curso del día de estudios. Tanto el líder de barrio organizador político como los activistas de sindicatos y asociaciones análogas están supeditados en su reclamo de libre expresión y asociación, al superior derecho constitucional del estudiante a una educación, cuidadosamente garantizado en el Art. II, Sec. 5, de nuestra Constitución, que ordena:

“Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no guberna-mentales. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.”

Precisamente para preservar los derechos fundamentales debe la escuela mantenerse libre de influencias ajenas al reposo académico. Así lo entendió la Comisión de Carta de Derechos de la Convención Constituyente, en su informe de 14 de diciembre de 1951, a cuyas páginas 12 y 13 se expresa así:

“El establecimiento de un sistema de instrucción pública libre y enteramente no sectario es una consecuencia natural de los postulados anteriores [esencial dignidad e igualdad humana, sufragio universal, libertad de culto, de palabra, de prensa, de reunión y de petición]. La sociedad democrática tiene la obligación de proveer para que a las nuevas generaciones se les trasmita el conocimiento, los valores, las técnicas, las aptitudes que el continuado esfuerzo de siglos ha traducido en patrimonio de la vida civilizada. Ya en la primera Sección se hacía referencia al sistema de instrucción pública para imponerle la responsabilidad de educar en los principios de esencial igualdad humana. Hay desde luego, una íntima correspondencia entre la cultura y la ley. Las directrices vitales contenidas en una constitución derivan parte substancial de su eficacia del aprecio habitual en que las tiene la ciudadanía. La escuela pública ha sido una de las mayores fuerzas de democracia, de unidad colectiva y de oportunidad abierta al talento en la vida puertorriqueña. En su salón de clase se han educado codeándose hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todos los grupos políticos, de todas las razas. En ella han aprendido la igualdad, la tolerancia, el esfuerzo. Debe continuar y ampliar ésta su responsabilidad y trayectoria. El sistema educativo ha de continuar como hasta ahora, siendo completamente no sectario.”

El compromiso del Estado con la instrucción pública sólo puede cumplirse en la escuela. Los organizadores laborales y políticos en cambio tienen a su disposición todo el tiempo y lugar no ocupado por la jornada docente. Y no se diga que el proselitismo del líder obrero es distinto al del capitán de precinto porque en Puerto Rico las fronteras entre uno y otro tipo de agrupación son ilusorias, o inexistentes o evanescentes.

No hay que buscar prueba en el récord indicativa de lo que será una escuela convertida en terreno de lucha sectaria, alojando en el corazón mismo del recinto donde se enseña a pensar y a honrar la universalidad de las ideas, elementos que provocarán fricción, disgusto, altercados y hasta violencia porque su particular propaganda necesariamente no ha de tener acogida unánime entre el profesorado, y los opositores a determinado agitador u organizador no van a cruzarse de brazos frente a la impropia intervención en la paz académica. El timbre que marca la terminación del receso para almuerzo, no va a cortar allí y entonces la grave lesión al clima de estudio; los efectos venenosos de la introducción de la agitación gremial y el proselitismo político en la escuela perdurarán cuando ya se haya marchado el último de sus agentes al igual que el manto de radioactividad queda después de la fisión nuclear. La escuela convertida en este campo de lucha() es la antítesis del derecho de toda persona “a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al for-talecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. Por su propia excelencia fundida en la doctrina de interés dominante del Estado, la educación ocupa un primer plano de calidad que cobra particular valía en Puerto Rico donde el derecho a instruirse ha alcanzado afirmación expresa en la Constitución del Estado Libre Asociado. El alto relieve y jerarquía de este derecho del hombre() y la presencia de una política pública que año tras año canaliza hacia la instrucción la proporción mayor de los recursos del Erario en esfuerzo “constante y desesperado por extender sus beneficios a toda la comunidad”() fueron acertadamente señalados en la compilación de informes a la Convención Constituyente de la Escuela de Administración Pública de la Universidad bajo el título de La Nueva Constitución de Puerto Rico, págs. 225-226, así:

“Los nuevos derechos económicos y sociales son parte indispensable de la libertad. Sin ellos ésta es, a lo sumo, una realidad incompleta. Para la gran mayoría del pueblo no pasa de ser una fórmula retórica. Por más que se insista en el concepto negativo de que la libertad es ausencia de restricciones externas y en conse-cuencia se limiten al mínimo las funciones de la sociedad y del Estado, lo cierto es que nadie puede disfrutar el verdadero valor de la libertad — que consiste en el pleno desarrollo de la personalidad humana — si no cuenta con los medios materiales y espirituales que se necesitan, ni con la ayuda de la sociedad para conseguirlos.
Si las facilidades materiales son medios indispensables, sin los cuales la subsistencia está en peligro, la educación y la participación en la vida cultural de la comunidad son ya la libertad misma, la expresión y el perfeccionamiento de lo que es esencialmente humano. El desarrollo espiritual de los ciudadanos es, por lo tanto, uno de los fines primordiales del orden social. Así como la libertad no es antítesis, sino objetivo de la ordenación social, la educación por la libertad es uno de los deberes cardinales del Estado. Su valor es tanto social como individual. Es una de la bases de la democracia.”

La decadencia de la educación nos enfila en ruta de reversión y arriesga preciados valores de civilización, entre ellos los derechos fundamentales que los recurridos justamente dis-frutan. De inmediato nos destacaríamos como jurisdicción donde la paz del recinto escolar tiene menos protección que la extendida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a establecimientos comerciales contra la actividad de piquetes. Cf. Central Hardware Co. v. NLRB, 407 U.S. 539 (1972); Hudgens v. NLRB, 424 U.S. 507 (1976); Lloyd Corp. v. Tanner, 407 U.S. 551 (1972).

Es de conocimiento universal que la actividad sindical por naturaleza está cargada de pasión y de energía desbordada que si bien cumple un propósito respetable en el taller y la fábrica, resulta irreconciliable con la reposada dedicación a la enseñanza y el aprendizaje, el sosegado análisis y la moderada discusión de ideas en el salón de clases. Ya este Tribunal percibió de cerca los feos desarrollos que genera la contienda laboral en las escuelas cuando hubimos de decidir si la amnistía concedida por el Secretario de Instrucción i los maestros huelguistas se extendía a la agresión por uno de ellos al esposo de una maestra que la acompañó ese día hasta el salón de clase. Srio. de Instrucción v. Quiñones Díaz, 108 D.P.R. 344 (1979).

La Ley de Evidencia no exige prueba de lo que es notorio. (Regla 11(A)(1) de Evidencia (1979).) La preterición en la opinión del derecho constitucional a una educación libre, no sectaria, y su considerable dependencia en falta de prueba de lesión a la docencia, en una situación palmaria y patente de la que venimos obligados a tomar conocimiento aun en etapa de revisión (Regla 11(D)), enervan los fundamentos de decisión y su enajenación de la circunstancia vital de nuestra patria la reduce a proposición utópica.

Por considerar que bajo nuestra Carta de Derechos el reglamento impugnado guarda armonía con el mandato constitucional, estimo que la sentencia del Tribunal Superior debe ser revocada.

      (1)La Federación está organizada bajo la Ley Núm. 134 del 19 de julio de 1960, 3 L.P.R.A. see. 702.

      (2)Tienen los mismos fecha de 13 de septiembre y 11 de diciembre de 1973, respectivamente.

      (3)Cartas de 23 de septiembre de 1974 y 21 de octubre de 1975.

      (4)No obstante, quedó probado ante el tribunal sentenciador que los directores de la Federación no tienen garantía alguna de que el material que se le entregue al director del plantel llegaría finalmente a colocarse en los tablones.

        (5)Procunier v. Martínez, 416 U.S. 396. 409-410 (1973).

      (6) Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 4.

      (7)También la Constitución de los Estados Unidos, por medio de sus enmiendas primera y decimocuarta protege en Puerto Rico los derechos de expresión y asociación. Aponte Martínez v. Luyo, 100 D.P.R. 282, 287 (1971). No obstante, la extensión en que los tutela nuestra Constitución no es menor que la extensión en que los garantiza aquélla. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 427 (1964). Basta entonces con referirnos a la nuestra.

      (8)En los Estados Unidos de América distinguidos juristas han señalado que es improcedente conceder énfasis particular a la garantía de expresión. Ver por ejemplo la opinión del Juez Frankfurter en Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77 (1949) y Learned Hand. The Spirit of Liberty, New York, 1953, págs. 201-208. Otros entienden que el privilegio concedido a la primera enmienda es todavía muy modesto. Véanse H. L. Black, The Bill of Rights. 35 N.Y.U.L. Rev. 865-871(1960) y Cahn, Justice Black and First Amendment Absolutes: A Public Interrieir, 37 N.Y.U.L. Rev. 549-563 (1962). La jurisprudencia, por su parte, intenta un balance de posiciones justipreciando intereses.

      (9) Véanse United States v. O’Brien, 391 U.S. 367, 376-377 (1968); Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1944).

      (10)Véanse entre muchos otros Shenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919); Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972); Adderley v. State of Florida, 385 U.S. 39 (1966) y Kalven, The Concept of the Public Forum: Cox v. La., 1965 Sup. Ct. Rev. 1.

      (11)Empero, es preciso distinguir con claridad entre el bullicio que impide la consecución de un clima propio para la enseñanza, y la discusión enérgica de las ideas, esencias para la formación intelectual del hombre. Shelton v. Tucker, 364 U.S. 479, 487 (1960).

      (12)Véanse Pickering v. Board, of Education, 391 U.S. 563 (1968); Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503, 506 et seq. (1969); Goss v. Lopez, 419 U.S. 565, 574 (1975).

      (13)Recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha protegido derechos de profesores en distintas áreas. Véanse entre otros Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589 (1967); Shelton v. Tucker. 364 U.S. 479 (1960).

      (14) Este principio cobra mayor relieve en el caso de autos donde no se trata de proscribir una actividad continua sino unas visitas esporádicas.

      (15)En ocasión en que se enfrentara a hechos similares a los de autos, el Tribunal Supremo del estado de California llegó a un resultado análogo al que exponemos nosotros hoy, aplicando la Primera Enmienda de la Constitución federal esta-dounidense. Los Angeles Teachers U. v. Los Angeles City Bd. of Ed., 455 P.2d 827 (1969).

      (16)Procede, por ejemplo, que se elaboren normas que regulen aspectos tales como la antelación con que debe solicitarse el permiso — dando lugar así a que se puedan sustituir los maestros que permanecen en vigilancia, a la vez que se evita conflicto con entidades rivales; el tipo de actividad a realizarse — de suerte que por su naturaleza no genere ruidos excesivos que redunden en desorden; y la época del año escolar en que deben llevarse a cabo — proveyendo para evitar que los períodos de evaluación, conferencias, etc. queden perjudicados.

      (17)Una vez se adopte una norma razonable, su interpretación por las autoridades escolares debe ser objeto de gran deferencia ante los tribunales. Wood v. Strickland, 420 U.S. 308, 326 (1975); Ingraham v. Wright, 430 U.S. 651 (1977).

      (1)El Art. 6 de nuestra Carta de Derechos extiende la libertad de organización y libre asociación a gran número de agrupaciones de carácter obrero, vocacional, profesional, ideológico, cívico, recreativo y cultural. (Informe de la Comisión de Carta de Derechos, infra, pág. 16.)

      (2)E1 notorio estado de pugna incontrolable que en proporción determinante ya estremece la urdimbre de nuestra sociedad, ha sido expuesto por el eminente educador don Jaime Benitez en su artículo “El Deteriorado Debate Público”, en el periódico El Mundo, del 27 de octubre de 1979, pág. 9-A, así:
      “Por la ruta que lleva la controversia pública, por las actitudes que la determinan, por las reacciones que ese estilo de debate provoca, los puerto-rriqueños no caminamos hacia una sociedad más justa ni más libre ni más unida. Tampoco vamos al encuentro de un mejor destino. Marchamos hacia el encontronazo de unos contra otros rumbo de una estéril lucha fratricida.
      “Mientras la contienda se enardece y desmesura, un creciente grupo de personas capacitadas para desempeñar responsabilidades colectivas se desentiende de ellas, opta por encontrar falta en privado mientras calla en público, atiende sus propios intereses, aislados de su medio, o aprovecha su superior entrenamiento para buscar tarea fuera. Este descenso en la calidad de la vida pública y esa deserción de ella de los más aptos se manifiesta en las instituciones profesionales, en el sector laboral, en la educación, en la política.”

      (3)E1 derecho a la-educación aparece proclamado en el Art. XII, Cap. I de la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”; en el Art. II de la Declaración de los Derechos Humanos Esenciales (propuesta por American Law Institute a O.N.U.); y en el Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre (Naciones Unidas, 10 die. 1948) que en parte expresa: “Toda persona tiene derecho a la educación . . . [que] tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales.” La Nueva Constitución de Puerto Rico, págs. 231-250.

      (4)La Nueva Constitución de Puerto Rico, pág. 226.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Jorge Negrón Vázquez, acusado; Miguel a. Rodríguez, fiador peticionario.

      Número: O-79-423

      Resuelto: 28 de noviembre de 1979

      Hermes Acevedo Lebrón, abogado del peticionario; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Marta Quiñones de Torres, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea una cuestión novel sobre la respon-sabilidad del fiador bajo la Regla 219(a) de Procedimiento Criminal.

El acusado estuvo en libertad bajo fianza, prestada por el peticionario, mientras se ventilaron las acusaciones contra él. Fue declarado culpable y convicto, se le sentenció y se le concedió la libertad a prueba. El acusado compareció debidamente a todas las fases del procedimiento.

Al cabo de varios meses se señaló una vista para la revocación de la libertad a prueba y la determinación de si debía confiscarse la fianza. El tribunal de instancia resolvió que, debido a que el fiador no había podido localizar al convicto, la Regla 219(a) exigía la confiscación de la fianza prestada.

El 11 de octubre de 1979 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debemos revocar la resolución emitida. El Ministerio Público se ha allanado a la revocación, mas la cuestión presentada posee tal valor normativo que debemos pronunciarnos sobre el particular.

La Regla 219(a) dispone:

“Antes de la convicción. Toda fianza prestada en cualquier momento antes de la convicción garantizará la comparecencia del acusado ante el magistrado o el tribunal correspondiente y su sumisión a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de los mismos, incluyendo el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la comparecencia del acusado a la vista preliminar en los casos apropiados, y que en su defecto los fiadores pagarán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada cantidad de dinero.”

La fianza suscrita por el peticionario se atiene básicamente al lenguaje de la regla citada. La parte de la regla que causa dificultad especial es la requiere que se garantice “la ejecu-ción de la sentencia”. ¿Qué significa esta frase? ¿Cuándo es que termina la responsabilidad del fiador?

La Regla 219(a) proviene principalmente de las dispo-siciones del Art. 375 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico de 1935, que se fundó a su vez en el Art. 1273 del Código Penal de California, 51 West’s Anno. Cal. Codes, Penal, sec. 1273, y de lo provisto en la Regla 82 del Código Modelo de Procedimiento Criminal, A.L.I., Phil., 1930. No hay indicio de que estos cuerpos de ley intentaron alterar el objetivo histórico de la fianza antes de la convicción.

La fianza antes de la convicción se requiere históricamente para asegurar la presencia del acusado en las diversas etapas del juicio. Ex parte Milburn (1835, U.S.), 9 Pet 704, 9 L.Ed. 280; 6 Orfield, Criminal Procedure under the Federal Rules, 1967, secs. 46.1 y 46.77; 2 Wharton, Criminal Procedure, 12th ed., 1975, sec. 306. No hemos hallado precedentes para el uso de la fianza tradicional antes de la convicción con el fin de asegurar el cumplimiento de la pena.

La fianza se extingue en California al entregarse al acusado para su ingreso a prisión o al concedérsele la libertad a prueba. People v. Doe, 342 P.2d 533 (Cal. App. 1959); Cf. People v. Allied Fidelity Ins. Co., 147 Cal. Rptr. 245, 247 (Cal. App. 1978); Witkin, California Criminal Procedure, 1963, págs. 152-153. En ambas situaciones, la custodia pasa de las manos del fiador a las del Estado. Así lo reconoce expresamente nuestra legislación sobre la libertad a prueba cuando afirma que “una vez puesta a prueba, la persona quedará bajo la custodia legal del tribunal hasta la expiración del período máximo de la sentencia”. 34 L.P.R.A. see. 1027. La responsabilidad del fiador expira, por tanto, en ausencia de obligación contraria, cuando entrega la custodia del acusado a la autoridad competente.

¿Cómo se explica entonces el mandato de la Regla 219(a) de que el fiador garantiza la comparecencia del acusado al pronunciamiento y “la ejecución de la sentencia”? La explicación es que, dentro del contexto de esta situación, según los precedentes citados, la ejecución de la sentencia difiere de su cumplimiento. Bajo nuestro actual ordenamiento jurídico, la sentencia en un caso penal se ejecuta cuando el convicto se somete a la misma, cuando se le entrega a la custodia del Estado. Después es que la cumple. La confusión parece haber surgido al traducir el texto original en inglés del Art. 378 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, en que se expresaba que el acusado, “if convicted, will appear for judgment, and render himself in execution thereof”. Esta frase nunca fue utilizada en California para ampliar la garantía del fiador más allá de sus límites conocidos. No hallamos razón para interpretarla de modo diferente.

No es necesario que nos pronunciemos en este caso, por no haberse planteado, sobre si la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1026 y ss., que establece nuestro sistema de libertad a prueba, permite la prestación de una fianza separada como condición para suspender los efectos de una sentencia. Existen posiciones encontradas sobre el hecho de si la libertad a prueba debe condicionarse de este modo. El Código Penal Modelo (10 U.L.A.), St. Paul, 1974, Art. 301.1, favorece la condición. La Asociación Americana de Abogados la proscribe. Standards Relating to the Administration of Criminal Justice, 1974, “Probation”, sec. 3.2(e). Un estudio del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Probation in Puerto Rico, s.f., mimeo, pág. 54, tampoco recomienda este tipo de fianza. La cuestión exige estudio detenido cuando se suscite.

Por las razones expuestas se expide el auto y se revoca la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. El Juez Asociado Señor Dávila concurre en el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Martin

text:
    Moisés Marín, demandante y recurrido, v. Gaspar Montijo, demandado y recurrente.

      Número: R-76-286

      Resuelto: 29 de noviembre de 1979

      Samuel Ramírez Torres, abogado del recurrente; Jorge Marín Báez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martin

emitió la opinión del Tribunal.

En 4 de agosto de 1975 el demandante instó un pleito de desahucio contra el demandado alegando ser dueño de un local destinado al negocio de panadería que había cedido en arrendamiento al demandado, de mes a mes, por un canon mensual de $125.00. Como razón para el desahucio alegó que deseaba retirarlo del mercado de alquileres para dedicarlo de buena fe a su propio uso. El demandado inquilino aceptó la primera alegación reseñada precedentemente pero negó la buena fe del demandante al retirar el local del mercado de alquileres.

El tribunal de instancia concluyó que el demandante era dueño del local en cuestión y reconoció la buena fe del desalojo conforme lo autoriza el inciso 6 del Art. 12-A de la Ley de Alquileres Razonables. 17 L.P.R.A. see. 193(6).

No conforme con la sentencia dictada el inquilino recurre ante nos haciendo tres señalamientos de error.

En el primero impugna la jurisdicción del Tribunal Superior para conocer originalmente en el caso por no exceder el canon de arrendamiento, fijado por el Depar-tamento de Asuntos del Consumidor, de mil dólares computado por una anualidad, conforme lo dispone el Art. 622 del Código de Enjuiciamiento Civil, 1933; 32 L.P.R.A. see. 2823. Hemos resuelto reiteradamente, a tenor con la Sec. 10 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. see. 62, que no ha de desestimarse ningún caso por el fundamento de haberse presentado en una sección del Tribunal de Primera Instancia que no tenga atribución legítima (competencia) para conocer del asunto. Gómez Hermanos, Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625, 628 (1972). Sólo es menester que medie el convenio de las partes y la anuencia del juez. El demandado no objetó oportunamente la competencia del Tribunal Superior y al no hacerlo accedió a que continuara ventilándose el caso allí. Véase Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 730 in fine (1953). El juez de instancia por su parte mostró su anuencia al conocer del asunto.

En su segundo señalamiento el inquilino impugna la conclusión del juzgador de que el demandante sea dueño del local objeto del desahucio. Alega por tanto que el demandante no tiene capacidad para instar la acción de desahucio por no autorizarla el Art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2821.

Comenzaremos por señalar que el inquilino aceptó en su contestación que el demandante era el dueño de la propiedad y que se la había cedido en arrendamiento. En un movimiento tardío, tratándose de un pleito sumario, el inquilino presentó en el juicio — más de ocho meses después de instada la acción — una certificación del Registro de la Pro-piedad que databa de unos días después de la consolidación de la primera comparecencia y de la vista en su fondo, demostrativa de que una hermana del demandante aparecía como titular registral. Es sabido que con excepción de un derecho hipotecario, Art. 1774 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5042, o un derecho sujeto a las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 1291, la inscripción registral es sólo declarativa y no es fuente de derechos. Véanse Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.P.R. 170, 205 (1962); Baldrich v. Registrador, 77 D.P.R. 739, 745 (1954). La inscripción en él Registro no es modo de adquirir derechos, sino de garantizar los ya existentes legalmente mediante la publicidad registral. Goenaga v. O’Neill de Milán, supra; véase Jiménez v. Alvarez, 69 D.P.R. 323, 332 (1948). Salvo las dos excepciones ya mencionadas, en nuestra jurisdicción los derechos reales se constituyen, transmiten, modifican y extinguen con arreglo a las disposiciones del Código Civil y las otras leyes sustantivas aplicables.

Independientemente del anterior razonamiento veamos quién puede instar una acción de desahucio. Las fuentes legales para instar una acción de desahucio en esta jurisdic-ción son la Ley de Desahucio, 32 L.P.R.A. see. 2821 et seq.; el Art. 1459 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4066, y la Ley de Alquileres Razonables, Art. 12-A, 17 L.P.R.A. see. 193. Flores v. Flores Toledo;-101 D.P.R. 61, 66 (1973).

Las personas con derecho a promover la acción de desahucio están designadas en el Código de Enjuiciamiento Civil que dispone:

“Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, los usufructuarios y cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus causahabientes.” Art. 620. (Énfasis nuestro.)

Por otro lado la Ley de Alquileres Razonables, que es la que rige este caso por estar sujeto el local en cuestión a sus disposiciones, establece el derecho del -propietario de un local arrendado a retirarlo del mercado de alquileres cuando de buena fe desee utilizarlo para su propio uso. Art. 12-A, inciso 6; 17 L.P.R.A. sec. 193(6). Dicha Ley define los términos propietario y dueño como que “incluyen y significan según su aplicación a todo propietario, dueño, arrendador, suba-rrendador, administrador, persona natural o jurídica, gerente y apoderado para los efectos de la Administración de una o más propiedades de alquiler”. (Énfasis nuestro.) Art. 22, inciso (c); 17 L.P.R.A. sec. 212(c).

Aparte de que la Ley de Desahucio autoriza a cualquiera otro que tenga derecho a disfrutar la propiedad, entre los que claramente se encuentra un arrendador, la Ley de Alquileres Razonables, que es la que aplica, extiende el concepto “dueño” o “propietario” al arrendador. Comoquiera que el inquilino aceptó que gozaba del disfrute del local por virtud de arrendamiento concedídole por el demandante, éste tiene derecho a instar desahucio por los motivos que autoriza la Ley de Alquileres Razonables.

Como tercero y último señalamiento el inquilino demandado alega que cometió error el juez recurrido al concluir que el demandante retiraba de buena fe la propiedad del mercado de alquileres. Sobre este aspecto desfiló prueba contradictoria cuyo conflicto fue dirimido por el juzgador. La buena fe consiste en demostrar que el demandante no haya actuado motivado por cualquier intención que no sea la de obtener el local para establecer su negocio. Sucn. Pérez v. Gual, 75 D.P.R. 385, 391 (1953). El tribunal de instancia dirimió el conflicto de la prueba a favor del demandante por merecerle entero crédito su declaración al efecto de que habría de utilizar el local para establecer un negocio propio.()

Para derrotar la acción de desahucio, atacando la buena fe del demandante el inquilino declaró que unos meses antes y con su consentimiento había incurrido en reparaciones ascendentes a $15,000. De la prueba surge que las repa-raciones hechas por el inquilino eran necesarias para conservar la propiedad en estado de servir para el uso a que ha sido destinada. Surge además que el inquilino dio noti-ficación adecuada y suficiente al arrendador de su necesidad, y que éste se negó a llevarlas a cabo consintiendo expresamente a que el inquilino las hiciera a su costo para poder así continuar operando su negocio.

Esta peculiar circunstancia de que el arrendador supiera que el arrendatario estaba realizando las reparaciones señaladas no desvirtúa el hecho de que el dueño deseara luego la propiedad para su propio uso. El requisito de buena fe requerido del dueño o arrendador por la Ley de Alquileres Razonables no queda afectada por el solo hecho de que éste haya consentido a las reparaciones. Pues la buena fe requerida al dueño o arrendador lo es “el de retirar la propiedad del mercado de alquileres para su propio uso”. Art. 12-A, 17 L.P.R.A. see. 193. Valentín v. Figueroa, 79 D.P.R. 444, 452 (1956); Roselló Hnos. v. Figueroa, 78 D.P.R. 261 (1955); Segarra Serra v. Scott, 242 F.2d 315 (1957). Debemos, sin embargo, definir con precisión aquellos derechos que asisten a un inquilino que con el expreso consentimiento de su arrendador hace mejoras a la cosa objeto del arrendamiento que resultan ser necesarias para su adecuado disfrute.

Coniforme dispone el Código Civil en su Art. 1444, 31 L.P.R.A. see. 4051, referente alas relaciones arrendaticias, y la Ley de Alquileres Razonables en su Art. 10, 17 L.P.R.A. see. 190, es obligación del arrendador, salvo pacto en contrario, hacer en la cosa arrendada todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada. Maldonado v. Interamerican University, 104 D.P.R. 420, 425 (1975); Oiler v. Purcell Bauza, 92 D.P.R. 148, 151 (1965). Pero puede suceder que a pesar de haber sido debidamente interpelado para que proceda a reparar, el arrendador se niegue a hacerlo aduciendo excusas de cualquier grado de validez. En estas circunstancias el inquilino está facultado, a tenor con el Art. 1446 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4053, para pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios; o sólo esto último dejando el contrato subsistente. Branizar v. Méndez, 68 D.P.R. 809, 811 (1948). Y en casos como el de autos en que opera la Ley de Alquileres Razonables, puede también el inquilino acudir ante el Departamento de Asuntos del Consumidor en reclamo de protección.()

Ahora bien, la doctrina científica sostiene con atinado criterio que el arrendatario puede también verificar por sí las reparaciones, especialmente si media el consentimiento del arrendador, obteniendo así un derecho contra el dueño para, por la acción de conducción, pedir el resarcimiento de su costo. Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, 1952, T. XXIV, primera parte, págs. 719-720; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOmaed., Madrid, 1977, T. IV, pág. 311; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, 1956, T. II, Vol. II, págs. 274-275. Igual posición sustentan la jurisprudencia francesa, J. Ma. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, 1969, T. X, Vol. II, pág. 126; y la legislación argentina, C. Arias, Derecho de Arrendamientos Urbanos, Buenos Aires, 1966, pág. 279. Su gran sentido funcional nos mueve a adoptarla.

Así, el inquilino que efectúa reparaciones necesarias mediando la anuencia del casero, deriva contra éste un crédito que asciende al costo de las obras realizadas y es preciso determinar si de alguna manera queda garantizada su acreencia al ser válidamente obligado por el dueño a abandonar la propiedad donde hizo las reparaciones.

La controversia no es, en esencia, nueva ante este Tribunal. Nos hemos enfrentado a aspectos muy similares al interpretar el Art. 1463 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4070. Castro Anguita v. Figueroa, 103 D.P.R. 847 (1975); Toro v. Mojica, 79 D.P.R. 630 (1956); Marchand v. Montes, 78 D.P.R. 131 (1955); García v. Stella, 69 D.P.R. 977 (1949); Figueroa v. Rodríguez, 68 D.P.R. 266 (1948); Freyre v. Blasini, 68 D.P.R. 211 (1948). Atemperando el rigor del artículo citado, que tiene el efecto de considerar como poseedor de mala fe a todo arrendatario sobre las mejoras útiles o de recreo que establezca, resolvimos en los casos citados que un arrendatario que con permiso del dueño edifique sobre el terreno arrendado debe ostentar el rango de edificante de buena fe, conforme al Art. 382 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1468, con derecho de retener la cosa arren-dada hasta tanto se le compense por las obras realizadas.() Véase R. E. Bernier, El Derecho de Accesión en Puerto Rico, Barcelona, 1970, pág. 88. Las razones que justificaron nuestras decisiones en los casos mencionados con mucha más fuerza nos conducen a conceder el derecho de retención a un inquilino que se vio obligado a llevar a cabo reparaciones necesarias en la propiedad que disfrutó en arrendamiento. La buena fe del arrendatario resalta ahora con más elevado relieve cuando no meramente construye con permiso del propietario, sino que con su anuencia procede a relevarlo en el ejercicio de una obligación que la ley le impone,() con-servándole un elemento de su patrimonio cuyo deterioro es inminente. Freyre v. Blasini, 68 D.P.R. 211, 214 et seq. (1948). Ver P. Beltrán de Heredia de Onís, El derecho de retención, en XXXVI Rev. Der. Privado 1005 et seq. (1952).

Como hemos dicho antes, en cuanto a las mejoras útiles, el Código equipara los derechos del arrendatario con los del usufructuario. En este sentido debe destacarse que aunque la ley guarda silencio en el caso de mejoras necesarias, hechas por el arrendatario, el usufructuario tendría derecho a la retención en tales casos a tenor con el Art. 430 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1522. No podemos dudar, por tanto, que el mismo principio debe regir el caso de arrendamientos, obedeciendo a la analogía que el propio Código establece, sin que deba menoscabarse el derecho del arrendatario por el solo hecho de que la acción elegida por el arrendador en cierto caso sea el desahucio y no la accesión u otra acción ordinaria. Sentencia del Tribunal Supremo de España del 18 de marzo de 194-8; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, 1971, T. Ill, Vol. 1, pág. 405; M. Moreno Mocholi, El Precario, Barcelona, 1951, pág. 347. No debe, pues, obligarse al inquilino que efectuó reparaciones necesarias a abandonar la propiedad hasta tanto se le reembolsen sus gastos de acuerdo con las normas que rigen la accesión — aunque claro está que el desalojo del poseedor como secuela de la acción de accesión solamente puede llevarse a cabo en los casos de excepción que permite el Art. 12-A de la Ley de Alquileres Razonables, entre los que se encuentra la necesidad de ocupar para sí de buena fe el local de comercio del propietario o arrendador, cuando éste no tuviere otro local en el mismo edificio. Toro v. Mojica, 79 D.P.R. 630, 633 et seq. (1956).

Debe señalarse, sin embargo, que tratándose el desahucio de un procedimiento de naturaleza sumaria de gran utilidad, no puede derrotarse con sólo aducir que se han hecho mejoras necesarias con el consentimiento expreso del arrendador. Al igual que sucede cuando se plantea un conflicto de título, no basta una mera alegación para que prospere la defensa. Ver Pérez v. Castro, 52 D.P.R. 274, 282 (1937). Por ello le corresponde al demandado, más que alegar, demostrar satisfactoriamente el mérito de su reclamo. Sin causar dilaciones en el proceso debe, en el momento oportuno, presentar prueba que lleve al ánimo del juzgador la razonable certeza de que habrá de demostrar en su día que con el expreso consentimiento del arrendador demandante, ha ejecutado mejoras necesarias en la propiedad arrendada, cuyo costo no le ha sido satisfecho. Véase C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318, 322 (1971).

Procede que se modifique la sentencia de desahucio dictada por el Tribunal Superior, Sala de Utuado, en 28 de julio de 1976 en el sentido de suspender los efectos de dicha sentencia, hasta que — determinada por el tribunal o por estipulación de las partes la cantidad que se le adeuda al inquilino por concepto de reparaciones necesarias hechas con el consenti-miento expreso del arrendador, en la propiedad objeto del pleito — quede demostrado cumplidamente que ha sido compen-sada. Así modificada se confirmará. Se devolverán los autos al tribunal sentenciador para que se continúen los procedi-mientos enforma compatible con lo expresado en esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rigau disiente sin opinión.

      (1)Su posición encuentra sólido fundamento en los autos. Flores v. Kambourian, 98 D.P.R. 185 (1969). A preguntas de su abogado contestó el Sr. Marín:
      “Ledo. Marín:
      “Dígame Sr. Marín Báez, usted además de comerciante de mercancía seca ¿quiere dedicarse a algo más?
      “Testigo:
      “Sí señor. Me gustan los muebles, porque esto está tan competido el ramo éste de mercancía seca y yo intereso esa propiedad porque yo tengo un yerno, verdad, y quería ponerle la tienda de mercancía seca por que él fue administrador en Felipe García como nueve años y sabe de eso.
      “Ledo. Marín:
      “¿Usted quiere dedicarse ahora a mueblero?
      “Testigo:
      “A mueblero.
      “Ledo. Marín:
      “¿Y utilizaría ese local que tiene Montijo para mueblería?
      “Testigo:
      “Sí señor.
      “Ledo. Marín:
      “Usted sabe que si usted no dedica ese local para mueblería el Sr. Montijo tiene una acción contra usted de triple daño o sea está obligado a dedicarse a mueblero. “Testigo:
      “Sí lo entiendo así.
      “Ledo. Marín:
      “O sea, usted necesita retirar del mercado de alquileres el local.
      “Testigo:
      “Correcto.
      “Ledo. Marín:
      “Y eso es lo único que lo mueve a usted ....
      “Testigo:
      “Solamente eso.”

      (2)La See. 33 del Reglamento de Inquilinato de 15 de diciembre de 1964, 17 R.&R.P.R. § 186 — 33 provee una elaborada estructura que ha de regir cuando el arrendador de propiedades cubiertas por la Ley de Alquileres Razonables se niega a hacer las mejoras de rigor. Ello no es óbice, sin embargo, para que las partes acuerden proceder de distinta manera quedando obligadas en virtud de los acuerdos que adopten. Recuérdese que en el caso de autos el inquilino hizo las reparaciones luego de obtener el consentimiento del arrendador.

      (3)E1 rembolso al arrendatario de las mejoras útiles es tutelado en España desde 1929 en virtud de los Arts. 15 al 18 del Real Decreto sobre arrendamientos rústicos del 21 de noviembre de aquel año acercándose otra vez al criterio sustentado en la ley 24, título VIII de la quinta Partida del Rey Sabio, de antiguo origen, abandonado por el Código.

      (4)Así, se asemeja más el inquilino a las figuras que tradicionalmente han disfrutado del derecho de retención, cuales son el mandatario, Art. 1621 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4464, el arrendatario de obras, Art. 1492 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4133, o el arrendatario de servicios para quien modernamente se reclama dicha protección. José Ma. Ramos González, El ámbito del derecho de retención. Su problemática. Revista General de Derecho, números 385-386, pág. 959 et seq. (1976).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Sociedad de Gananciales compuesta por Pedro Juan Muriente y Otra, demandantes, v. Sociedad de Gananciales compuesta por José Biascochea Escobar y su esposa Maryvonne Martínez Andino y Sociedad de Gananciales compuesta por Pablo Miguel Rubio Sexto y su esposa Lissette Rivera, demandadas; recurrente la primera sociedad y recurrida la segunda.

      Número: R-79-289

      Resuelto: 29 de noviembre de 1979

      Alvaro Toro Solís, abogado de la recurrente; Pedro M. González Sánchez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Plantea el presente recurso si puede un deudor solidario que ha pagado el balance de una deuda objeto de sentencias contra él y un codeudor solidario suyo, instar acción de reembolso contra dicho codeudor dentro del mismo pleito no obstante haber transcurrido más de seis meses desde que se dictaron y advinieron firmes las sentencias. Dicho de otro modo, se plantea si la acción de reembolso puede ser instada dentro del pleito en que se determina la responsabilidad solidaria de los demandados si hubiesen transcurrido más de seis meses desde que fuere firme la sentencia que hiciera tal determinación. Resolvemos en la afirmativa. No es preciso instar la acción de reembolso en pleito independiente.

Exponemos a continuación los hechos. La señora Jenny Sexto de García y la sociedad legal de gananciales compuesta por Pedro Juan Muriente y su esposa, demandaron a las sociedades legales de gananciales compuestas por José Biascochea Escobar y su esposa y Pablo Miguel Rubio Sexto y esposa, en cobro de $35,000.00 de principal, intereses al 8% anual y $3,500.00 para honorarios de abogado y costas, cantidades especificadas en un pagaré al portador, ya vencido, del que eran tenedores los demandantes. Los integrantes de las sociedades de gananciales demandadas habían suscrito el pagaré como deudores solidarios. Para garantizar su pago cada sociedad de gananciales constituyó hipoteca sobre sendos solares pertenecientes a cada una. Emplazados que fueron los demandados, comparecieron por separado y a base de su aceptación de lo alegado en la demanda se dictaron sentencias parciales el 3 de junio de 1975 y el 6 de noviembre de 1975 en que se declaró con lugar la demanda y se condenó, respecti-vamente, a la sociedad de gananciales Rubio Sexto y a la sociedad de gananciales Biascochea Escobar a pagar soli-dariamente a los demandantes las sumas reclamadas.

En procedimiento sobre ejecución de dichas sentencias se vendieron en subasta pública los dos inmuebles hipotecados cada uno por $15,000.00, siendo adjudicados a la sociedad de gananciales demandante() por un total de $30,000.00. Dicha adjudicación se efectuó el 14 de junio de 1976. El 29 de septiembre de 1977 la sociedad de gananciales Biascochea consignó en el tribunal el balance adeudado, que con sus intereses acumulados hasta esa fecha ascendió a $17,252.10. Cerca de un mes más tarde, el 27 de octubre, la sociedad Biascochea presentó moción al tribunal en que solicitó sen-tencia a su favor contra la sociedad de gananciales Rubio, reclamándoles por concepto de contribución la cantidad de $8,626.15, que es la mitad de lo pagado por la primera. Fue notificada la sociedad Rubio. Ésta se opuso a lo pedido por la sociedad Biascochea, hubo una vista, y el 26 de junio de 1978 el tribunal dictó sentencia en que concedió lo solicitado por la sociedad Biascochea. La sociedad Rubio solicitó reconsi-deración, se señaló vista y finalmente se dictó resolución el 5 de julio de 1979 en que se dejó sin efecto la sentencia de 26 de junio de 1978. Entendió el tribunal que por haber transcurrido más de seis meses desde sus sentencias en que declaró con lugar la demanda original, carecía de jurisdicción para entender en la reclamación de la sociedad Biascochea contra su codeudora solidaria, reclamación que desestimó sin per-juicio de que la sociedad Biascochea instara acción en otro procedimiento.

La sociedad Biascochea nos ha solicitado que revisemos dicha resolución. La parte recurrida — sociedad Rubio — ha comparecido a oponerse. Estamos en condiciones de resolver el caso sin más trámites, conforme lo autoriza la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Antes de considerar el planteamiento central conviene hacer breve exégesis sobre el derecho de contribución, dentro de cuyo ejercicio se ubica este caso. El derecho de contribución, también llamado de nivelación, de reembolso, y de regreso, entre codeudores solidarios, está reconocido en el Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3109, que dispone:

“El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.
El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.
La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno.”

Se refiere este artículo al caso de la solidaridad pasiva así denominada cuando, como aquí, hay pluralidad de deudores solidarios frente a un solo acreedor.() Todos los

deudores están obligados, cada uno, a pagar la totalidad de lo adeudado al acreedor, quien se encuentra garantizado por la responsabilidad total que alcanza a cada deudor.() La prestación de cada deudor es una sola: la totalidad de lo adeudado,() y el acreedor tiene, frente a cada deudor, un “derecho de elección, pudiendo dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, o contra todos ellos simultánea-mente”.() Y añade el Art. 1097 del Código Civil: “Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.” Tal es la relación externa entre los deudores solidarios y el acreedor.

Como hemos señalado, el pago por la sociedad Biascochea Escobar del balance adeudado e intereses acumulados se efectuó luego de haber transcurrido más de un año desde que se dictaran las sentencias contra cada sociedad de gananciales como deudora solidaria de lo reclamado. Fue entonces cuando surgió para la sociedad Biascochea Escobar el derecho de nivelación. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191, 198 (1973); García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951).

La sociedad Biascochea Escobar pudo ejercitar su acción de nivelación contra la sociedad Rubio Sexto mediante la interposición de una demanda en pleito separado. No estaba impedida, sin embargo, de formular su reclamación dentro del mismo pleito de cobro de dinero no empece el tiempo transcurrido desde que se dictaron las sentencias. Si bien dicho pleito había concluido en lo que respecta a la demanda de los acreedores, el tribunal tenía jurisdicción sobre las partes y nada le impedí a conocer, como lo hizo en un principio, de la acción de nivelación instada por Biascochea Escobar. Su actuación de entonces estaba más a tono con el principio de economía procesal anticipada por este Tribunal en Colón v. Corte, 62 D.P.R. 749 (1944) y que es pauta señalada por la número uno de las Reglas de Procedimiento Civil entonces vigentes, recogida también en la número uno de las Reglas de Procedimiento Civil adoptadas por este Tribunal el 9 de febrero de 1979 y en vigor desde el 20 de agosto de este año. Cf. Rodón v. Fernández Franco, 105 D.P.R. 368 (1976). ¿Por qué instar un pleito independiente, con el consiguiente trámite de emplazamiento y costos propios de tal acción, cuando las partes están presentes en el caso ante el tribunal y basta una mera notificación al abogado del codeudor solidario para que dicha parte tenga suficiente aviso y, como aquí lo hizo, comparezca a defenderse?

El Art. 307 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1331, en vigor al instarse la acción de nivelación, permitía que al obtenerse sentencia contra uno o más entre varios deudores solidarios, se hiciere comparecer a los que no hubieren sido parte en el pleito, para que mostraren causa por la cual no habrían de estar obligados por la sentencia “de igual modo que si hubiesen sido citados desde un principio.” Es decir, que mediante simple citación a un codeudor solidario que no hubiese sido demandado se le podía hacer comparecer, después de sentencia, para que demostrara por qué no debía estar obligado por ella. Con más razón puede exigirse reembolso, luego de sentencia y dentro del mismo pleito, a un deudor solidario que desde un principio ha sido parte y está bajo la jurisdicción del tribunal. Es de notarse que las nuevas Reglas de Procedimiento Civil adoptan en la 51.7 ese procedimiento del citado Art. 307 y, en consonancia con el principio de rapidez y economía, dicha Regla 51.7 establece específicamente que para ello: “No será necesario entablar nueva demanda.”()

El tribunal de instancia invocó, para dejar sin efecto su sentencia de 26 de junio de 1978, lo resuelto en García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 393 (1974), a los efectos de que no se puede alterar nunc pro tune una sentencia que es final y firme. Dicho caso es inaplicable a la situación aquí presente. No se trata aquí de alterar las sentencias finales y firmes de 3 de junio y 6 de noviembre de 1975 en que se declaró con lugar la demanda contra los deudores solidarios. Dichas sentencias en nada han de ser afectadas por la acción de nivelación entre los codeudores solidarios.

No puede invocarse tampoco la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, que es la que fija un plazo de seis meses para “relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento”, según el lenguaje de la citada Regla en su primer párrafo. Aquí no trata de relevar a parte alguna de cumplir las sentencias dictadas en 1975. Se trata más bien de obligar a una parte a pagar lo que le corresponda por su condición de deudora solidaria, según determinado por dichas sentencias.

En resumen, el codeudor solidario que por haber pagado en exceso de lo que le corresponda a base de la relación interna entre codeudores solidarios, tenga derecho a ejercitar la acción de nivelación, tiene la opción de hacerlo mediante un pleito independiente o dentro del pleito en que se dictara la sentencia en que se hubiere determinado la solidaridad de la obligación. En el presente caso, en pos de la rapidez y economía procesal, convenía hacerlo dentro del pleito y no por demanda en pleito independiente. La finalidad de las sentencias en que se determinó la solidaridad de la obligación y el tiempo transcurrido no privaron al tribunal de instancia de jurisdicción para entender en el asunto.

Se expedirá el auto de revisión solicitado y se revocará la resolución que dejó sin efecto la sentencia de 26 de junio de 1978, la cual quedará en todo vigor.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente con opinión. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

-0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 1979

La ejercitada por la sociedad de gananciales Biascochea contra su codeudora solidaria sociedad conyugal Rubio para recuperar de ésta la mitad del balance adeudado postsubasta que era de $17,252.10, es reclamación o causa de acción extraña por completo al pleito en que ambas sociedades fueron demandadas por sus acreedores comunes. El derecho a contribución nació el 29 septiembre, 1977 fecha en que Biascochea pagó dicho balance de sentencia. Habían transcu-rrido cerca de dos años desde que recayó sentencia firme y más de un año desde que se adjudicó la propiedad hipotecada a los acreedores en subasta judicial. Las partes demandantes originales, o sea, los acreedores ya pagados y satisfechos, nada tienen que ver con la acción de sus anteriores deudores entre sí para distribuirse el citado balance. Luego, no hay adelanto ni conveniencia procesal en la pretensión de Biascochea de litigar su derecho de nivelación mediante moción en el pleito terminado, en vez de iniciar acción civil aparte. Lo único que se percibe es la pérdida para el Erario() de los derechos de arancel exigidos por radicación y empla-zamiento, y posiblemente hasta el impuesto forense. El atrecho no está autorizado por ninguna de las Reglas y es de cuestionable solvencia en términos del debido proceso de ley.

La demorada acción del fiador está fuera del cauce del Art. 307 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1331, hoy Regla 51.7 (1979), que regula los procedi-mientos en sentencia contra deudores solidarios “que no fueren parte en la acción” frente a su acreedor demandante que ha obtenido sentencia. Biascochea no ha obtenido sen-tencia alguna contra los Rubio quienes tampoco'son sus deudores solidarios, sino copartícipes en responsabilidad que alegadamente no han resarcido a su codeudor, y demandados en nivelación a quienes no puede negárseles a priori un juicio plenario.

La acumulación de reclamaciones, que es la propuesta de Biascochea, se da en la acción civil viva y militante. Regla 14.1 (1979). No procede la acumulación o consolidación de acciones cuando una de ellas está extinta por sentencia final y firme. Si hay algo más nocivo a la solución justa, rápida y económica que la “vida eterna”() que al parecer disfrutan algunos expedientes judiciales, lo es la resurrección del expediente con la infusión de reclamación extraña y despro-vista de contemporaneidad con el tiempo en que el pleito tuvo su curso. En nombre de la “economía procesal” se recomienda esta rara e impermisible acumulación de reclamaciones. La economía en derechos de arancel y en debido proceso de ley que persigue el recurrente no cabe en el concepto de la primera Regla de Procedimiento Civil.

No es ésta la situación de Colón v. Corte, 62 D.P.R. 749, 751 (1944), en la que resolvimos admitir vía moción en el pleito principal de injunction la reclamación de daños y perjuicios del demandado contra la fianza prestada por el demandante, tan pronto el auto preliminar fue anulado mediante certiorari expedido por este Tribunal. En Colón, supra, no hubo interrupción en la secuencia litigiosa toda vez que la reclama-ción de daños se consideró incidente del pleito que tomó la forma de una “moción sobre confiscación de fianza” equiva-lente a reconvención del demandado contra el peticionario en injunction. La existencia de un mismo curso procesal ininte-rrumpido y la reclamación de daños una vez disuelto en apelación el injunction preliminar y tan pronto el caso fue devuelto por este Tribunal a instancia para procedimientos consistentes, fue también razón de decidir en Avalo v. Cacho, 73 D.P.R. 286, 288 (1952), que siguió a Colón, supra. Tanto en uno como en otro de los citados precedentes de jurisprudencia, persistía la contienda judicial entre las partes originales, y se mantenía la jurisdicción del tribunal sobre ellas. Había un pleito en que estaba en orden la continuación de procedi-mientos. En el caso que nos ocupa ahora la acción civil principal llegó a su etapa final con la realización en subasta pública de la propiedad de las demandadas, hacía ya más de un año. Los “incidentes” surgen o se promueven en el pleito que existe, no en el que ha finalizado. Es aún más significa-tivo, que la reclamación que se pretende introducir en la acción civil terminada se refiere a una relación económica privada entre codeudores, extraña y ajena por completo a la parte demandante que promovió el pleito original.

El cofiador demandado en contribución, que es derecho substantivo y no procesal (García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 146 (1951)) enraizado en los Arts. 1098 y 1743 del Código Civil, tiene como todo demandado, derecho a oponer y sustanciar su defensa a la reclamación del cofiador que le demanda. Cabe la posibilidad de que ya él haya resarcido al fiador que pagó, o que exista entre ellos compen-sación de pagos que excluye toda reclamación. La alegación del demandante no puede ser aceptada sin más por el tribunal porque siendo la demanda de nivelación vulnerable a una legítima defensa del demandado, no pueden negarse a éste los recursos procesales de descubrimiento de pruebas, recon-vención, fraude y todos los demás que al demandado proveen las Reglas de Procedimiento Civil. ¿En qué abrevia entonces el procedimiento revivir el pleito finiquitado para iniciar el discurso procesal pleno y completo que el debido proceso de ley garantiza al demandado en nivelación?

En un procedimiento civil cuya agilidad está predicada en términos definidos y abreviados para los distintos recursos (6 meses para relevo de sentencia, para desestimar por inacción y diligenciar el emplazamiento, 30 días para recurrir en revisión o apelación, 60 días para descubrimiento y otros numerosos más cortos) el tribunal inyecta hoy la moción de restitución entre fiadores solidarios sin término fijo, con virtualidad de conferir jurisdicción a la sala de instancia sobre una parte demandada que no ha sido emplazada. La jurisdicción sobre las partes después de sentencia final y firme se retiene por afirmación del tribunal o ministerio de ley cuando la cuestión litigiosa adjudicada necesita ulterior implementación o seguimiento que garantice el cumplimiento de lo ordenado. No nos confrontamos con tal situación en el presente caso. No veo cómo la reinstalación del pleito propicie la acción del demandante en contribución y la defensa de su demandado, que no sea eximiéndolos a ambos del pago de derechos de arancel que conlleva toda acción civil, despla-zando en el calendario contencioso a otros litigantes que sí han satisfecho el arancel.

Sobre los fundamentos aquí expresados descansa mi criterio de que no procede la expedición de auto de revisión, a cuya solicitud proveería, no ha lugar.

      (1)La demandante Jenny Sexto de García les había hecho cesión de su parteen el crédito.

      (2)Los comentaristas del Código Civil distinguen tres posibles casos de solidaridad, a saber, cuando hay pluralidad de acreedores solidarios (solidaridad activa), pluralidad de deudores solidarios (solidaridad pasiva) y el caso menos frecuente de pluralidad de acreedores solidarios y de deudores solidarios frente a una misma obligación (solidaridad mixta). Véanse, Albaladejo, Curso de Derecho dril Español, ed. 1977, T. II, pág. 51; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho dril. ed. 1976, T. I, Vol. II, pág. 162 ss.; Puig Peña, Compendio de Derecho dril Español, ed. 1976, T. III, pág. 81; Vázquez Bote, Derecho dril de Puerto Rico, ed. 1973, T. III, Vol. I, págs. 155-161.

      (3)Albaladejo, op. cit., pág. 53.

      (1)Véase Puig Brutau, op. cit., pág. 167; Puig Peña, op. cit., pág. 81.

      (3)Vázquez Bote, op. cit„ págs. 157-158; Art. 1097 Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3108.

      (6)La citada Regla 51.7 dice:
      “Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios deudores solidariamente responsables de una obligación, aquellos deudores que no fueren partes en la acción, podrán ser citados para que comparezcan a mostrar por qué causa no han de estar obligados por la sentencia de igual modo que si hubieren sido demandados desde un principio. La citación, conforme lo dispuesto en esta regla, deberá relacionar la sentencia, y requerir a la persona citada para que comparezca determinado día y hora a mostrar causa de por qué no ha de estar obligada por dicha sentencia. No será necesario entablar nueva demanda. La citación deberá acom-pañarse de una declaración escrita y jurada del demandante, su agente, representante o abogado, manifestando que la sentencia o parte de ella, permanece incumplimentada y expresando además, la cantidad que a cuenta de la misma se debiere.
      Hecha la citación, el deudor citado deberá comparecer en la fecha que se indica en la citación, y en dicha vista podrá aducir cualquier defensa de hecho y de derecho para eximirle de responsabilidad. Las cuestiones así planteadas podrán substanciarse como en los demás casos.”

      (1)A través del tiempo los contribuyentes han agotado su fecunda imaginación y argucia frente a la gestión impositiva del Estado.

        (2)Madera Meléndez v. Negrón, 103 D.P.R. 749 (1975).


author: PER CURIAM:

text:
    Ramona Vega Cruz, lesionada, Hogar Carmelitano, Inc., patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Fondo del Seguro del Estado, asegurador-recurrente.

      Número: O-79-404

      Resuelto: 30 de noviembre de 1979

      Alma Osorio de Davis, Antonio Acevedo Torres, Francisco Falú Lebrón y Jorge Márquez Gómez, abogados del recurrente; Rafael A. Oliveras Vera, abogado de la parte lesionada.
   PER CURIAM:

La Administración del Fondo del Seguro del Estado nos pide que revisemos resolución de la Comisión Industrial de 22 de mayo de 1979 en virtud de la cual determinó que doña Ramona Vega Cruz, quien sufrió una lesión el 11 de agosto de 1975, mientras trabajaba para el patrono Hogar Carmelitano, Inc., tiene derecho a dietas por el período comprendido entre el 9 de diciembre de 1972 (tres años antes del accidente) y el 12 de junio de 1977.

El 13 de septiembre de 1979 dictamos la siguiente resolución:

“Tenga la parte recurrida Ramona Vega Cruz un plazo a vencer el 8 de octubre de 1979 para mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto de revisión solicitado por el Fondo del Seguro del Estado y revocar la resolución de 22 de mayo de 1979 de la Comisión Industrial en el caso #76-4-0424. Se ordena a la Comisión Industrial elevar a este Tribunal los autos originales de dicho caso en o antes de la indicada fecha.”

Con fecha 19 de septiembre de 1979, la interesada, señora Ramona Vega Cruz, presentó moción informativa en que dice que en la resolución de la Comisión Industrial hay un error tipográfico, pues donde dice 9 de diciembre de 1972 quiso decir 9 de diciembre de 1975. Parece que así es, pero sorprende a este Tribunal que habiéndosele llamado la atención sobre ello mediante moción de reconsideración oportunamente presentada por la Administradora del Fondo, la Comisión, en resolución fechada a 23 de julio de 1979 se ratificó en su determinación, reafirmando el derecho al pago de dietas desde el 9 de diciembre de 1972. Sorprende aún más que en dicha resolución hace constar la Comisión Industrial lo siguiente: “Hemos examinado el expediente del cado [sic\ y después de analisados [s-¿c] los hechos, no encontramos funda-mento alguno que pueda variar nuestro criterio sustentado en laresolución [s-ic] antes mencionada”. Evidentemente esta expresión no se ajusta a la realidad. De haber examinado el expediente se hubiese dado cuenta la Hon. Comisión Industrial de su palmario error.

En nuestra resolución de 13 de septiembre de 1979 ordenamos a la Comisión que elevara a este Tribunal los autos originales en el plazo concedido, es decir, en o antes del 8 de octubre de 1979. No lo ha hecho. Nos vimos precisados a así requerirlo pues su resolución en que concede el pago de dietas es parca. No contiene determinaciones de hechos ni conclu-siones de derecho. Se limita a señalar que “ACEPTA [sie\ y hace formar parte de esta resolución las las [s-ic] conclusiones de hecho y derecho sometidas a nuestra consideración en el informe del Oficial Examinador que presidió la vista pública en este caso y el cual informe también SE ACEPTA [sic\ y se hace formar parte de esta resolución...”. Hemos leído la copia del informe que forma parte de la petición ante nos presen-tada, y no encontramos en él conclusiones de hechos ni de derecho. Se limita a decir que “los asesores médicos antes menciona-dos manifestaron que procede el pago del período de dietas solicitado entre el 9 de diciembre de 1972 al 12 de junio de 1977.” Aunque se hace alusión a “los asesores médicos antes mencionados,” dicho informe hace mención de un solo asesor médico, Dr. Rafael Serra.

La petición informa que en la vista pública celebrada el 26 de abril de 1979 “los médicos asesores tanto del Fondo como de la Honorable Comisión Industrial entendieron que procedía el pago de dietas reclamadas desde el 10 de febrero al 12 de junio de 1977, correspondiendo denegar el resto del término reclamado.” Por otro lado, la moción informativa de la lesionada nos dice que en dicha vista pública “los médicos que intervinieron como peritos de la Hon. Comisión Industrial estuvieron de acuerdo ambos en que la lesionada ameritaba el pago de dietas por el período apelado, o sea del 9 de diciembre de 1975 a 10 de junio de 1977”.

Como puede verse, la información que surge del expediente ante nos es contradictoria y no nos permite resolver lo que en justicia corresponda.

La ausencia de conclusiones de hechos en la resolución de la Comisión Industrial y en el informe del Oficial Examinador es contraria a las disposiciones expresas del Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Éste dispone, en sus partes pertinentes, que:

“Si el caso fuere señalado para ser oído por un Comisionado o por un oficial examinador, la vista tendrá lugar en la localidad donde haya ocurrido el accidente o en cualquier otro sitio que la Comisión Industrial designare, y la decisión del Comisionado o del oficial examinador con sus conclusiones sobre los hechos y el derecho, y otras materias pertinentes a la cuestión planteada ante él, será radicada en la Comisión Industrial para su decisión.. . .
... El informe que radique el oficial examinador deberá contener un resumen de toda la evidencia recibida, una exposición de sus conclusiones de hecho y conclusiones de derecho a tenor con la evidencia recibida, los hechos y la ley aplicable.” 11 L.P.R.A. see. 11. (Bastardillas nuestras.)

Ya desde 1944 señalamos la necesidad de que la Comisión haga conclusiones de hechos. “Es deber de la Comisión ... resolver el conflicto de los hechos a favor de una u otra parte. Ese es el propósito de la ley. Es deber que no puede eludir la Comisión teniendo en cuenta que, de conformidad con la sección 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, en los recursos que se interpongan ante este tribunal para revisar sus resoluciones, estamos obligados a aceptar sus conclusiones de hechos limitándonos exclusivamente a revisar cuestiones de derecho, excepto cuando se trate de apreciación de prueba de carácter pericial.” Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 924, 926-927 (1944). Véase, además, Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 72 D.P.R. 417, 421 (1951).

Este Tribunal tiene que hacer constar su preocupación ante las irregularidades que informa el trámite de este caso. Es comprensible que el cúmulo de asuntos ante la consideración de la Comisión Industrial pueda explicar algunos lapsos en la diligencia que debe observarse al atender y resolver los asuntos que se planteen. Ello, sin embargo, no justifica que se prescinda de la obligación de formular conclusiones de hechos y de derecho ni que se desatienda una moción de reconsideración que apunta un error claro y de fácil comprobación.

Se revocará la decisión de la Comisión Industrial y se le instruirá para que formule determinaciones de hechos comple-tas a base de las pruebas que tuvo ante sí, formule además conclusiones de derecho y dicte la resolución que en derecho corresponda.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Alfonso L. García Martínez y Otros, demandantes y recurrentes, v. El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y recurridos; Josefina Vives Nazario Viuda de Freyre, interventora y recurrente.

      Número: R-78-179

      Resuelto: 11 de diciembre de 1979

      Alfonso L. García Martínez, pro se; y Martín Almodovar Acevedo, abogado de los recurrentes y de la interventora; Donato Rivera De Jesús, abogado de la Asociación Puertorriqueña de la Judi-catura, Inc.; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Maggie Correa Aviles, Procuradora General Auxiliar, abogados del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Varios “participantes” en el Sistema de Retiro de la Judicatura así como la viuda de otro y acreedores también a ciertos beneficios que concede la Ley Federal de Seguridad Social, 42 U.S.C.A. see. 401 et seq., impugnan la validez constitucional del párrafo 2do del Art. 1ro de la Ley Núm. 105 del 28 de junio de 1969, 3 L.P.R.A. sec. 788a (Suplemento 1978), en cuanto rige los derechos de pensiones del cónyuge supérstite e hijos menores o incapacitados de cualquier juez que muera retirado y recibiendo beneficios del Sistema de Retiro de la Judicatura.

La disposición impugnada dispone de la siguiente manera:

"Al fallecer un participante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y/o del Sistema de Retiro de la Judicatura de Puerto Rico mientras estuviere recibiendo una anualidad por retiro o por incapacidad de dicho Sistema, el cónyuge supérstite e hijos menores o física y/o mentalmente incapacitados tendrán derecho a una pensión que se determinará de acuerdo a lo dispuesto en esta sección.
Si el participante retirado, al momento de fallecer estuviese cubierto por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social, las personas antes mencionadas no tendrán derecho a la pensión que por esta sección se concede.” (Bastardillas nuestras.)

Tanto las partes como el tribunal sentenciador interpretan el estatuto en el sentido más literal posible, esto es, entienden que la citada disposición priva de todo beneficio a los hijos menores o incapaces y al cónyuge supérstite de cualquier participante en el Sistema de Retiro de la Judicatura que por alguna razón estuviera cubierto al momento de fallecer por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social. El Tribunal Superior determinó que el requisito contenido en la ley guarda relación con su propósito, y sostuvo la validez del estatuto. Los demandantes acuden ante nos y esgrimen una vez más contra el estatuto argumentos constitucionales predicados en las cláusulas del debido procedimiento de ley e igual protección de las leyes de nuestra Constitución, Art. II, Sec. 7. Decidimos revisar.

La solución de la controversia radica en una interpretación adecuada de la legislación impugnada y, como veremos, al poner dicho estatuto en su correcta perspectiva, queda definitivamente soslayado todo el problema constitucional. Ver Aguayo v. E.L.A., 80 D.P.R. 552-596 (1958).

I

Es conveniente consignar que no es posible abordar los problemas que se suscitan en torno a los sistemas de seguros públicos o privados sin antes estudiar con alguna extensión el marco económico y el trasfondo social en que cada sistema opera. Caloca v. C.I.A.A., 108 D.P.R. 164 (1978). Hay que identificar sus objetivos, advertir los pormenores de su estructura de operación y definir con claridad su relación con otros sistemas; pues la omisión de esos detalles puede dar margen a inexactitudes en la interpretación. Fraticelli v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 363, 365 (1976); Martínez Reyes v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 407, 410 (1975); Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45, 51 (1970); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 783 (1968); Méndez & Cía. v. Corte, 57 D.P.R. 845, 848 (1941).

II

El sistema de retiro para los jueces tiene rango constitucional. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la sección décima de su quinto artículo, dispone que la Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro pará los jueces. Cumpliendo el mandato constitucional, única ocasión en que la Ley Fundamental lo exige, se aprobó la Ley de Retiro de la Judicatura, Ley Núm. 12 del 19 de octubre de 1954,4 L.P.R.A. sees. 233 a 246. El propósito del Sistema de Retiro de la Judicatura es establecer un medio eficiente para proveer a los jueces retirados pensiones y otros beneficios. Se diseña un mecanismo mediante el cual los jueces del Estado Libre Asociado de Puerto Rico acumulan reservas para su vejez, incapacidad, separación del servicio o muerte, garantizando así la independencia del poder judicial. Debe tenerse siempre presente el propósito de la Convención Constituyente de garantizar la independencia judicial y que uno de los medios para garantizarla es el establecimiento de un sistema de retiro para los jueces, de suerte que el juez durante su gestión esté libre de preocupaciones económicas al retirarse, y que al fallecer, tenga la tranquilidad de que su viuda e hijos menores queden adecuadamente protegidos.

Hay sistemas gubernamentales de retiro que, como resultado de cierto convenio celebrado entre el Secretario Federal de Salud, Educación y Bienestar y el Gobierno de Puerto Rico,() están integrados al Sistema Federal de Seguridad Social. Por ejemplo, los empleados acogidos al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, participan del Sistema Federal comprando así las protecciones y beneficios que dicho sistema otorga. El Sistema de Retiro de la Judicatura no es uno de esos programas integrados al Sistema de Seguridad Social Federal y por lo tanto, los jueces, mientras se desempeñan como tales, no hacen aportaciones, ni adquieren derechos bajo la ley federal. El Sistema de Retiro de la Judicatura opera pues completamente al margen del mecanismo federal de seguridad social.

Los participantes en sistemas de retiro auspiciados por el Estado Libre Asociado pueden colocarse en uno de dos grupos: (a) los participantes en un sistema de retiro coordinado con la Ley Federal de Seguridad Social — como por ejemplo los afiliados al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, y (b) los participantes en un sistema de retiro divorciados de la Ley Federal de Seguridad Social — como son los cobijados por el Sistema de Retiro de la Judicatura.

La diferencia entre ambos grupos consta de que el primero hace las aportaciones requeridas por la Ley Federal de Seguridad Social y recibe unos beneficios bajo dicha ley los cuales, combinados con los beneficios que recibe del sistema de retiro, forman un plan equitativo y racional de retiro. El segundo grupo hace aportaciones únicamente al sistema de retiro y recibe de éste unos beneficios los cuales, sin más, deben formar también un plan equitativo y racional de retiro.

Así advertidos, conviene entonces dilucidar la relación que tiene con ésta estructura bilateral de sistemas de retiro la Ley Núm. 105 del 28 de junio de 1969.

H — I I — I HH

El propósito de la ley es proveer una asistencia económica al cónyuge supérstite e hijos del participante que con mayor probabilidad dependían del ingreso económico de éste para subsistir. Es de importancia cardinal tener presente que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno ofrece un beneficio similar a sus participantes mediante su coordinación con la Ley Federal de Seguridad Social, razón por la cual fue necesario y lógico limitar la pensión concedida por la Ley Núm. 105 a aquellos casos donde las personas beneficiadas no tuvieran la protección concedida por el Sistema de Retiro a través de la Ley Federal de Seguridad Social.

Resulta, pues, que la Ley Núm. 105, supra, es una protección suplementaria para cubrir aquellos casos en que la protección principal, la Ley Federal de Seguridad Social, no ampara las personas mencionadas; es una medida legislativa pensada para servir fundamentalmente la necesidad de aquel grupo de empleados acogidos a un sistema de retiro no integrado al Sistema de Seguridad Social Federal.

La Ley Núm. 105, supra, se hace expresamente extensiva a los participantes en el Sistema de Retiro de la Judicatura de Puerto Rico, sistema que no se relaciona con el mecanismo federal de seguro social. Así pues, la Ley Núm. 105, supra, según enmendada por la Ley Núm. 32, de 18 de junio de 1971, priva sobre situaciones del todo dispares: de un lado, aplica a los participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, sistema coordinado con la Ley Federal de Seguridad Social; y de otra parte, rige sobre los participantes del Sistema de Retiro de la Judicatura, sistema que está separado de la Ley Federal de Seguridad Social. Debemos pues, armonizar esa aparente discrepancia.

>

La Ley Núm. 105, en su perspectiva original, es una ley suplementaria: si el participante no lograba la condición de asegurado bajo la Ley Federal de Seguridad Social, principal beneficio provisto por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, entonces recibía la pensión concedida por la Ley. De esta manera todos los participantes de dicho sistema recibían del sistema una asistencia económica para su cónyuge e hijos en las circunstancias descritas. Por otro lado, si consideramos que los miembros de la Judicatura, como tales, no disfrutan como los empleados regulares del Estado de los beneficios que concede la Ley Federal de Seguridad Social, no tiene sentido, en cuanto a ellos, calificar como suple-mentarias las concesiones de la Ley Núm. 105 y excluir de su ámbito de protección a la viuda e hijos de ciertos partici-pantes por el hecho colateral de recibir éstos pagos a que tenían derecho por circunstancias totalmente ajenas al Sistema de Retiro al que pertenecía su causante.

Tanto los beneficios concedidos por la Ley Federal de Seguridad Social como los beneficios concedidos por los sistemas de retiro auspiciados por el Gobierno de Puerto Rico varían en relación con los años trabajados y la compensación recibida. Ambos sistemas están diseñados de manera que sus participantes adquieran una protección económica adecuada y a la misma vez proporcional a sus aportaciones que dependerá de los años trabajados y la compensación recibida. Mas un participante en el Sistema de Retiro de la Judicatura no adquiere, en virtud de los años trabajados y la compensación recibida mientras participa en dicho sistema, derecho alguno a recibir beneficios bajo la Ley Federal de Seguridad Social.

Por tanto, la persona que recibe un beneficio bajo la Ley Federal de Seguridad Social en consideración a empleos y aportaciones anteriores y también recibe un beneficio de naturaleza similar en consideración a servicios prestados mientras participaba en el Sistema de Retiro de la Judicatura, no está recibiendo doble beneficio. Cada derrama tiene su causa y no podemos leer en la Ley intención de privar al participante de una por estar recibiendo la otra. Sostienen los demandados recurridos que para evitar una carga económica excesiva al Sistema de Retiro, los legisladores concedieron el beneficio únicamente a las personas que realmente tuvieran una necesidad económica, haciendo esta distinción a base del derecho a recibir beneficios bajo la Ley de Seguridad Social.

El propósito del Sistema de Retiro de la Judicatura es que los jueces puedan acumular reservas para su vejez, incapa-cidad, separación del servicio o muerte, garantizando su independencia. Reconociendo las circunstancias en las cuales esta reserva es necesaria, el sistema de retiro ofrece beneficios con el propósito de suplir estas necesidades generalmente aceptadas. Los participantes, a través de las aportaciones que hacen, compran su derecho a estos beneficios. El patrono hace aportaciones adicionales a las del empleado como retribución adicional. Generalmente, ser acreedor de un beneficio depende de haberlo “comprado” y no de la necesidad de la persona. Para interpretar esta ley en forma opuesta a la estructura uniforme de los sistemas de retiro sería indispensable alguna indicación clara de que el legislador quiso variar dicha estructura. Tal indicación no existe en el caso de autos. Ciertamente, no basta decir como lo hace el recurrido, que “[l]a intención del Legislador, según se desprende de nuestra interpretación de la ley . . . .” es tal. En todo caso, nuestra interpretación debe desprenderse de la intención del legislador.

Más aún, la interpretación que rechazamos no estaría de acuerdo con el propósito que anima esta legislación: garanti-zar la independencia judicial. Los causahabientes de ciertos jueces tendrían que subsistir con cuanto recibieran del Seguro Social Federal por exiguo que fuera mientras que los otros disfrutarían de una pensión adecuada bajo la Ley Núm. 105. Todo ello sin tomar en consideración que todos los jueces hacen al Sistema de Retiro aportaciones similares resultando unos en la precaria situación de verse obligados a contribuir para beneficiar expectativas ajenas.

Así pues, considerando el propósito de la Ley Núm. 105 de proveer una pensión al cónyuge supérstite e hijos menores o física o mentalmente incapacitados de participantes en los sistemas de retiro auspiciados por el Gobierno, la relación que existe entre los distintos sistemas de retiro y la Ley Federal de Seguridad Social, y la manera en la cual se ha logrado el propósito de la ley en otros sistemas de retiro, () concluimos que para propósitos del párrafo 2do del Art. 1ro de la Ley Núm. 105, supra, un participante cubierto por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social, es aquel participante en un sistema de retiro coordinado con la Ley Federal de Seguridad Social que adquiere la condición de asegurado bajo dicha Ley.

Los demandantes recurrentes en el caso de autos, participantes en el Sistema de Retiro de la Judicatura, no son “participantes cubiertos” según la ley por no estar dicho Sistema coordinado con la Ley Federal de Seguridad Social. Por tanto, aunque sus ataques constitucionales a la Ley Núm. 105 del 28 de junio del969 resultan así infundados, procede que se conceda el remedio a que tienen derecho, declarándose que aunque por cualquier razón ajena a sus funciones como juez tengan los demandantes algún derecho adquirido bajo la Ley Federal de Seguridad Social, sus cónyuges supérstites e hijos menores o incapacitados tienen derecho a los beneficios concedidos por la Ley Núm. 105 de 1969 por no estar el Sistema de Retiro de la Judicatura integrado con la Ley Federal.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Convenio autorizado tanto por la Ley Federal como por nuestra legislación. Ver 42 U.S.C. See. 418 y la Ley Núm. 396 del 12 de mayo de 1952,.3 L.P.R.A. see. 814.

      (2)La Ley Núm. 169 del 30 de junio de 1968, en su Art. 1, dispone:
      “Al fallecer un miembro del Cuerpo de la Policía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mientras estuviere recibiendo una pensión del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno Estatal de Puerto Rico y sus instrumentalidades, o de cualquier otro sistema o ley de pensión gubernamental aplicable a miembros de la Policía de Puerto Rico, los beneficiarios designados por él a tales efectos, o sus herederos, incluyendo el cónyuge supérstite, tendrán derecho a una pensión que se determinará de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo.
      “Los beneficiarios antes mencionados no tendrán derecho a pensión, si el miembro del Cuerpo de la Policía, como participante del Sistema de Retiro de Ion Empleados del Gobierno de Puerto Rico, quedare acogido al Título II de la Ley Federal de Seguro Social.” 25 L.P.R.A. see. 391. (Énfasis suplido.)