text:
    Susan Nudelman, demandante y recurrida, v. Miguel A. Ferrer Bolívar, demandado y recurrente.

      Número: R-77-144

      Resuelto: 31 de mayo de 1978

      Souffront & Souffront y Héctor Santiago, abogados del recu-rrente; Nido, Berrios, Menéndez & Dubón y Bubón, González & Berrios, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A manera de prólogo consignamos nuestra esperanza de que una vez meditada la disposición final del recurso, las dife-rencias que subsistan entre las partes, en lugar de perturbar, fortalezcan el vínculo común que como progenitores les une, aun después de roto el matrimonio, a saber, el exclusivo bienestar de sus hijos. Se impone un resumen del trasfondo fáctico — que más que jurídico, es humano — según lo eviden-cia la prueba y demás constancias en autos.

Susan Nudelman contrajo matrimonio con Miguel A. Ferrer Bolívar el 4 de agosto de 1962. Procrearon dos hijos nombrados Ileana y Miguel Antonio (Mickey), de 14 y 9 años de edad respectivamente, ambos nacidos en San Juan, Puerto Rico, donde ininterrumpidamente residieron durante la vigencia del matrimonio. Ferrer posee un bachillerato y maestría en administración comercial y a través de varios años se ha desempeñado exitosamente y bien remunerado como primer vicepresidente de una corporación dedicada al corretaje de valores. En tal capacidad es responsable de las operaciones de la empresa en Puerto Rico y Sur América. Por su parte la madre ostenta un bachillerato en artes, es pintora y escultora, y, además, recientemente se le confirió el grado de maestría en sicología de la Universidad de Puerto Rico. No obstante poseer cierta experiencia limitada en la enseñanza, desde que se casó ha dedicado la mayor parte del tiempo a actividades propias del hogar.

Por serias desavenencias habidas al cabo de 13 años de casados, en el año 1974 ella presentó demanda de divorcio. En 6 de agosto de 1975 el Tribunal Superior, Sala de San Juan, disolvió la unión entre las partes, concediéndole a la madre la patria potestad y custodia de los hijos menores. Poco tiempo después, el padre se enteró a través de sus hijos que ella tenía el propósito de irse a residir a los Estados Unidos. Radicó ante el tribunal una moción solicitando orden para que se le prohibiera sacar los niños fuera de Puerto Rico ya que ello menoscababa su derecho a mantener relaciones pa-terno-filiales. Ella compareció y alegó que su deseo era residir junto a sus hijos en el estado de New York donde vivián sus padres. Dada esa razón, y en vista de que su empleo le re-quería viajar frecuentemente a New York, Ferrer accedió al traslado de residencia de sus hijos. Tal consentimiento se hizo formar parte de una estipulación que fue adoptada por el foro de instancia el 2 de octubre de 1975.

Así las cosas, a fines del mes de octubre de 1975, la madre, sin notificación previa, se trasladó con los niños a Newport Beach, California y no al estado de New York como se había acordado. Ferrer se enteró posteriormente y a mediados del mes de diciembre de 1975, se personó a Newport Beach, California a visitar a los niños. Al llegar allí encontró que su ex-esposa se encontraba viviendo extramaritalmente con un hombre de nacionalidad sueca, el cual había conocido en Puerto Rico. De inmediato le comunicó su opinión de que tal relación no era propicia al bienestar emocional de los meno-res, exhortándole que pusiera fin a la misma. Además le re-quirió que se fuese a vivir a New York, que era el lugar donde habían estipulado que residiese junto a los niños. Ella se negó informándole que tenía planes de contraer matrimonio con dicha persona en breve tiempo.

A los pocos días, Ferrer regresó a Puerto Rico en compa-ñía de sus hijos para disfrutar las vacaciones correspondien-tes a la época navideña, todo ello con el consentimiento de la madre y acorde a la resolución del tribunal que regulaba las relaciones paterno-filiales. Ya en Puerto Rico, sin dilación alguna, radicó solicitud para que le fuese concedida la custo-dia permanente de los menores. Adujo que la relación concu-binaria de la madre con otro hombre era perjudicial al desa-rrollo emocional de los niños y que el traslado a California constituía un incumplimiento a la estipulación adoptada; más aún, alegó que ésta se proponía irse a residir a Londres con su concubino, llevándose a sus hijos, lo cual le privaría total-mente de mantener relaciones paterno-filiales. Solicitó como remedio provisional la custodia temporal. Ambas solicitudes fueron notificadas a la madre Susan Nudelman.

La sala de instancia con fecha de 19 de diciembre de 1975, le concedió la custodia provisional de los menores y ordenó a la División de Trabajo Social del Tribunal que realizara una investigación y rindiera un informe sobre a quién se le debe-ría conceder la custodia definitiva, y las condiciones anticipates en que residirían los menores junto al padre o junto a la madre. Mientras todo esto ocurría, el mismo mes de diciem-bre, Susan Nudelman terminó' sus relaciones extramaritales, debido a que su compañero le comunicó que no estaba dis-puesto a convivir con sus hijos. Ante ese suceso decidió irse a vivir a un apartamento en la ciudad de San Francisco, California, donde de inmediato inició gestiones por conseguir un empleo como sicóloga. No obtuvo éxito, sin embargo con-siguió un empleo a tiempo parcial en calidad de vendedora en una galería de arte.

El 10 de marzo de 1976 comenzaron las vistas referentes a la solicitud de custodia permanente. Al inicio de las mismas la recurrida Nudelman, quien había venido a Puerto Rico para tal ocasión, solicitó con éxito del tribunal, que se alterase el orden de la prueba ya que se tenía que ausentar de Puerto Rico debido a compromisos de su nuevo empleo. Tal prueba consistió de su propio testimonio. Atestó que se encontraba re-sidiendo en California y no en New York como se había esti-pulado, ya que ella entendía que podía vivir en cualquier lugar de los Estados Unidos y que consideraba que en California existía un ambiente más propicio para criar a sus hijos. Aceptó que vivió extramaritalmente con un hombre, pero que tal relación había finalizado. Señaló además que re-sidía ahora en un apartamento en San Francisco, cerca de buenas escuelas y facilidades recreativas, y que le interesaba criar a sus hijos en aquel ambiente que les ofrecía mayor diversidad de actividades tanto a los niños, como a ella en su calidad de artista. Expuso que se ausentaba tan rápidamente de Puerto Rico, sin aún haberse visto el caso en su totalidad, debido a que no quería perder el empleo que con tanto es-fuerzo había conseguido. () Por último señaló que sus padres no residían en New York sino en Florida, por lo que ya no contaba con familiares cercanos en el primer estado.

Finalizadas las vista donde se desfiló el anterior testi-monio, con fecha de 17 de mayo de 1976, el trabajador social Jesús M. Vélez rindió el primer informe sobre la custodia de los menores, el cual concluye en síntesis — luego de una reca-pitulación de las entrevistas realizadas a las partes y a los niños — que ambos padres están capacitados para cuidar y educar a sus hijos. C) En adición, para el 1 de junio de 1976 se recibió en el tribunal un informe rendido por una trabaja-dora social del Estado de California, respecto a las condicio-nes de la residencia de la recurrida. En el mismo se hace un recuento de una entrevista que le hicieran a la madre en California y concluye que ésta muestra interés y planificación en sus asuntos. Además el informe consigna que el aparta-mento en que ella vive es uno limpio y adecuado, así como el sector donde está ubicado.

Subsiguientemente, el 29 de julio de 1976, sin aún el re-currente Ferrer haber presentado su prueba, el tribunal dictó Resolución determinando que éste debía entregar a la madre Nudelman la custodia de los menores. No conforme, radicó solicitud para que se dejara sin efecto la anterior resolución debido a que todavía no había desfilado prueba en apoyo de su petición sobre custodia permanente. El tribunal dejó sin efecto esta resolución.

En la continuación del proceso testificaron el recurrente Miguel A. Ferrer, su madrastra Anita Vicente de Ferrer, () la señora Betty Harper, () principal de la escuela donde es-tudian los niños, y los sicólogos, doctores José M. Del Valle y Agustín García.

El testimonio del recurrente básicamente enfocó lo ale-gado en su petición de custodia permanente. Reconoció que su ex-esposa era una buena madre (T.E. de 9 de sept, de 1976, pág. 30), y expresó que cuidar a sus hijos le representaba un gran sacrificio (T.E. de 9 de sept, de 1976, pág. 71). Expuso que desde que se le había concedido la custodia provisional, había tenido que renunciar a la representación que poseía para Sur América de la compañía para la cual trabaja, así como a un sinnúmero de viajes que anteriormente realizaba al extranjero en gestiones de su trabajo. Describió la rutina diaria con los niños de la siguiente manera: por la mañana, los levanta y les prepara desayuno,!) luego los lleva a la escuela y a las seis de la tarde los va a buscar a la casa de su madrastra quien se los cuida desde que salen de la escuela, entonces los lleva al apartamento y les prepara comida y pos-teriormente los acuesta.!) Por último, a preguntas de su representación legal aceptó que tenía una amiga, la cual era maestra y que era amiga de los niños. (T.E. de 9 de sept, de 1976, págs. 74-76.)

Es revelador el testimonio de los dos sicólogos que partici-paron en el caso. Ambos peritos consideran que los niños man-tienen buenas relaciones con sus padres. (Testimonio del Dr. Del Valle, T.E. de 22 de sept, de 1976, págs. 12, 17, 18; y testimonio del Dr. García, T.E. de 24 de sept, de 1976, pág. 24A.) Por su parte el Dr. Del Valle favoreció que los niños permanecieran en Puerto Rico ya que aquí han establecido relaciones estrechas con parientes cercanos, amigos de su misma edad, así como que se han acoplado a la escuela donde estudian (T.E. de 22 de sept, de 1976, pág. 11; T.E. de 30 de sept, de 1976, págs. 35, 40, 41). Favoreció que el padre tenga la custodia de los menores ya que así éstos permane-cerán en Puerto Rico. El Dr. García, por otro lado, considera que los niños deben permanecer bajo la custodia de su madre, dado que los mismos se encuentran en épocas sumamente difíciles del crecimiento, y su madre les puede ser de mejor ayuda en tales etapas. (T.E. de 24 de sept, de 1976, págs. 84, 93, 98-99, 100.) Ambos sicólogos son de opinión que la madre, en términos generales, es la persona mejor preparada para ayudar a una hija cuando ésta se encuentra en la etapa de entrar a la adolescencia, como es el caso de Ileana. (Dr. Del Valle, T.E. de 22 de septiembre de 1976, págs. 98-99, 100.) Respecto a Mickey, el menor de los hijos, el Dr. García con-sidera que éste necesita la seguridad de un hogar, ya que la situación de desplazamiento continuo entre la escuela, la casa de la abuela y el apartamento del padre, no propende a su bienestar ni mejor sentido de seguridad emocional. (T.E. de 22 de sept, de 1976, pág. 98; T.E. de 24 de sept, de 1976, pág. 106.)

Respecto a la capacidad con que cuentan los niños para tomar la importante decisión de con cuál padre desearían per-manecer, ambos sicólogos coincidieron que tanto Ileana como Mickey, no tienen la suficiente madurez y capacidad, ni los elementos de juicio adecuados para tomar por sí solos tal de-cisión. () (Dr. Del Valle, T.E. de 30 de sept, de 1976, págs. 40-41 — respecto a madurez de Ileana, Dr. García, T.E. de 24 de sept, de 1976, pág. 82.) El Dr. Del Valle inclusive expresó que la tendencia que le mostraron los niños a permanecer en Puerto Rico junto a su padre podría deberse a que durante los últimos meses han estado bajo la custodia provisional de éste, y puede haberles influido. (T.E. de 22 de sept, de 1976, pág. 23); y que a pesar de ello él considera que los niños man-tienen su objeción a tener que tomar ellos la decisión de con cuál de los progenitores permanecer. (T.E. de 22 de sept, de 1976, pág. 33.)

Por último, ambos peritos consideran que es posible que los niños no se acostumbren al principio al ambiente de California, pero que ello es natural y consideran que éstos podrán hacer los ajustes que requiera tal cambio de residencia. (Dr. García, T.E. de 24 de sept, de 1976, pág. 70; entrevista al Dr. Del Valle realizada por la trabajadora social, la cual hizo formar parte de su Informe.)

Cabe señalar que durante el transcurso de la presentación de prueba antes reseñada, el tribunal ordenó se realizara otro Informe Social sobre la custodia de los niños. En este segundo informe se reafirma la conclusión de que ambos padres están capacitados para ejercer la custodia de los niños, no obstante la trabajadora social estima que el hogar paterno les ofrece más seguridad y bienestar a los menores por lo que recomienda al tribunal le conceda la custodia permanente al padre. Es significativo mencionar que en el informe se con-signa que los niños pueden adaptarse con facilidad a vivir con cualesquiera de los dos padres, y que éstos en las entrevistas realizadas, no supieron expresar con cuál de sus progenitores deseaban permanecer.

Finalmente, el 6 de diciembre de 1976, el tribunal de ins-tancia dictó resolución donde reiteró la concesión a la madre de la custodia de sus hijos, la autorizó a residir junto a éstos en el estado de California, impuso al recurrente el pago de $1,000.00 mensuales por concepto de pensión alimenticia para sus hijos, más las costas del proceso y.honorarios de abogado.

El recurrente radicó moción de reconsideración a la anterior resolución, debidamente fundamentada. En vista de ello el tribunal ordenó una nueva evaluación del lugar y circuns-tancias en que la recurrida estaba viviendo junto a sus hijos. En 9 de marzo de 1977 sostuvo su anterior resolución.

A solicitud del padre, Miguel A. Ferrer, acordamos revi-sar. Ante nos argumenta los siguientes errores:

PRIMERO: “Erró el Honorable Tribunal de Primera Ins-tancia y actuó impropiamente al no inhibirse y entrar a conside-rar el presente caso luego de haber recibido carta personal suma-mente impropia y libelosa de la recurrida de fecha 15 de julio de 1976 y/o al no poner en conocimiento del recurrente dicha carta para darle oportunidad a éste de pedir su inhibición.”
SEGUNDO: “Erró el Honorable Tribunal de Primera Ins-tancia al predicar su Resolución en el presente caso a base del caso Muñoz v. Torres, 75 DPR 507 y conceder la custodia de los menores hijos de las partes a la recurrida para que ésta los tras-lade a California.”
TERCERO: “Erró el Honorable Tribunal de Primera Ins-tancia al no entrevistar a los menores sobre su preferencia res-pecto con quién y en qué lugar querían permanecer.”
CUARTO: “Erró el Honorable Tribunal de Primera Ins-tancia al llegar a las conclusiones que más adelante copiaremos ya que las mismas no se ajustan a los hechos ni a la prueba presentada.”
QUINTO: “Erró el Honorable Tribunal de Primera Ins-tancia al condenar al recurrente al pago de honorarios de abo-gado y al pago de la suma de $1,020.00 de pasajes de la recu-rrida para trasladarse a Puerto Rico para la vista del caso.”

I

Consideremos el primero. En éste se hace mención a una carta que le envió la recurrida Nudelman al ilustrado juez de instancia el 15 de julio de 1976. En dicha comunicación, en síntesis, ella primeramente informa que se encuentra sin re-presentación legal debido a que su abogado acababa de renun-ciar y luego expone ciertas alegaciones sobre los hechos que se ventilaban ante el tribunal. La tesis de la parte recurrente es en el sentido de que el juez erró al no inhibirse luego de recibir esta carta, o en la alternativa no haberle informado sobre su existencia para entonces pedir su inhibición. Inclusive considera que dicha carta motivó la resolución de 29 de julio de 1976 en la cual se dispuso inieialmente de la contro-versia sobre la custodia, sin haberse oído su prueba.

Hemos reflexionado sobre el particular. Ciertamente consideramos censurable que cualquier parte en un litigio— en este caso la recurrida — escriba al magistrado que preside una causa; con énfasis hemos de reafirmar que en nuestro sistema de justicia toda persona debe comprender que las alegaciones se prueban y demuestran a través de los trámites y medios evidenciarios establecidos en ley.

Las causas para la inhabilitación de un juez, sea a iniciativa propia o a solicitud de parte, establecidas en la Regla 63.1 de las de Procedimiento Civil son las siguientes:

“(a) Por estar interesado en su resultado o tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las partes o sus abogados.
(b) Por existir parentesco o consanguinidad o afinidad con cualquiera de las partes dentro del cuarto grado, o con cualquiera de sus abogados dentro del tercer grado.
(c) Por haber sido abogado o consejero de cualquiera de las partes en el pleito pendiente ante él, o fiscal en una investigación o proceso criminal donde los hechos fueren los mismos que ha-brían de ser sometidos a su resolución.”

De existir en el caso de autos algún motivo para inhibición, obviamente sería el contemplado en el inciso (a) antes transcrito, ya que los otros dos son inaplicables. No podemos convenir con la conclusión propuesta en el sentido de que el simple hecho de que un juez reciba una carta de uno de los litigantes sugiera o implica que dicho funcionario está interesado en el resultado del pleito o tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las partes o sus abogados. () De no ser así bastaría que una de las partes — o un tercero a nombre de ésta — enviara una carta personal a un juez que preside un caso para originar un motivo de inhibición. Rechazamos tal resultado porque afectaría seriamente nuestro sistema de justicia y pondría en duda la respetabilidad, ecuanimidad y objetividad de nuestra judicatura.

Por otro lado, la relación de causa y efecto que hace el recurrente entre la carta en cuestión y las conclusiones a que llega el juez en la mencionada resolución de 29 de julio de 1976, es de naturaleza especulativa. Alega que el tribunal llegó a ciertas determinaciones en tal resolución, las cuales no se hubiesen podido establecer de no haber el magistrado utilizado la información suplida en dicha comunicación. () Al hacer esta imputación pierde de vista que tales hechos es-taban accesibles mediante el examen del Informe sobre cus-todia de menores realizado por el trabajador social entregá-dole al tribunal desde el 17 de mayo de 1976. En dicho In-forme se hace un recuento de las entrevistas realizadas a las partes y surge base suficiente para la determinación fáctica en cuestión. () Resolvemos que el error no fue cometido.

h-i

En su segundo señalamiento, el recurrente alega que la sala de instancia cometió error al aplicar al caso de autos la regla enunciada en Muñoz v. Torres, 75 D.P.R. 507 (1953), al efecto de que en este tipo de caso los tribunales deben gene-ralmente preferir a la madre al conceder la custodia perma-nente, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen el privarla de ella. Su teoría es que tal norma quedó sin efecto luego de la decisión de Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976). Aduce una incongruencia entre la regla enunciada en Marrero, supra, al efecto de que “. . . las determinaciones sobre custodia deben guiarse prin-cipalmente por el bienestar y los mejores intereses del menor...y la presunción en favor de la madre descrita en Muñoz, y la aparente incompatibilidad resultante de esa pre-sunción con el pronunciamiento en Marrero, de que no existe una regla mecánica preceptiva de que los padres biológicos deben prevalecer siempre al determinarse la custodia.

Un análisis de nuestra decisión en Marrero, supra, demuestra que la misma no conlleva el conflicto jurisprudencial que le adjudica el recurrente. En su correcta perspectiva dicho caso reiteró con mayor profundidad y erudición la doctrina rectora previamente adoptada por este Tribunal, y ahora estatuida en el Art. 107 de nuestro Código Civil, () de que en la determinación de la custodia de menores, los tribunales deberán guiarse siempre por el bienestar y los me-jores intereses del menor, N.N.N. v. N.N.N., 95 D.P.R. 291 (1967); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961); Llopart v. Mesorana, 49 D.P.R. 250 (1935); Blanco v. Hernández, 32 D.P.R. 22 (1923); Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241 (1921). Tal regla necesariamente no choca con una preferen-cia básicamente en favor de la madre cuando los progenitores se encuentran en igualdad de condiciones. Esta nace de la propia doctrina del bienestar del menor. () Tampoco milita en contra el que en Marrero v. García, supra, se hiciera men-ción de la no existencia de una presunción a favor de los padres biológicos frente a otras personas que pretenden la custodia. Nos explicamos.

Admitimos que hoy en día se pone en duda y cuestiona la generalidad de que la madre sea la persona más capacitada para cuidar de sus hijos, conclusión que ha sido premisa cardinal para la creación estatutaria e interpretación judicial de preferencia hacia ella en la determinación de conflictos sobre custodia de hijos. () The Father's Right to Child Custody in Interparental Disputes, 49 Tulane L. Rev. 198 (1974); Child Custody: Preference to the Mother, 34 La. L. Rev. 881, 885 (1974); Podell, Peck and First, Custody — To Which Parent?, 56 Marq. L. Rev. 51 (1973), Comment, Measuring the Child’s Best Interests — A Study of Incomplete Considerations, 44 Denver L.J. 132 (1967). Entre las razones principales para este enfoque, se proponen: (a) el hecho de que en la sociedad contemporánea, la mujer ha asu-mido roles — voluntaria o involuntariamente — que han incre-mentado su posición economical) (b) la falta de evidencia científica de peso, que demuestre que como regla general la madre juega un papel de mayor importancia que el padre en el desarrollo de los hijos; () y (c) la duda que existe de si la preferencia en favor de la madre es constitucional. () The Father’s Right to Child Custody in Interparental Disputes, supra, págs. 198-202.

La lectura de la profusa literatura científica y jurídica sobre este tema nos lleva a reafirmar el criterio normativo de que en casos de custodia, la estrella polar que debe orientar a los tribunales, funcionarios sociales y abogados es el mejor bienestar de los menores a la luz de los siguientes factores: n. 3 (1975); Calloso, ‘Custody of the Child and the Uniform Marriage and Divorce Act’, 18 S. Dak. L. Rev. 551 (1973). Véanse: Bermúdez v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 825 (1969); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961); Rodríguez v. Torres, 80 D.P.R. 778 (1958). Ningún factor es de por sí decisivo. Hay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclina la ba-lanza y al menos aproximarse al logro de la solución más justa en asunto de tan extrema dificultad.” Marrero, supra.

“. . . la preferencia del menor, su sexo, edad y salud mental y física; el cariño que puede brindársele por las partes en contro-versia; la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y la salud psíquica de todas las partes. Oster, ‘Custody Proceedings: a Study of Vague and Indefinite Standards’, 5 J. Fam. L. 21, 22 (1965); Clark, op. cit., 591 y ss.; Taylor, ‘Child Custody Problems in Illinois’, 521, 522,

Advertimos sin embargo, que si luego de analizados todos los factores envueltos, la madre se encuentra esencialmente en la misma posición que los demás, incluyendo al padre — en ausencia de otras circunstancias excepcionales que justifiquen lo contrario — la custodia debe serle adjudicada. Influye en nuestro espíritu el que generalmente la madre, por ley natural no escrita dimanante de imperativos biológicos, y arraigada profundamente en nuestras conciencias — con reconocimiento casi universal — es la persona que con más dedicación, celo y cariño cuida de sus hijos. 2 Nelson, On Divorce: Mother Favored by Law, Sec. 1509, págs. 227, 237 (1961); Santos v. Berdecía, 73 D.P.R. 766 (1952); Rodríguez v. Pagán, 67 D.P.R. 345 (1947); Fernández v. Martínez, 59 D.P.R. 548 (1941). No podemos pasar por alto de que en Puerto Rico nuestra visión de pueblo fundada en la realidad de una cultura de origen hispánico, en su jerarquía de valores comunitarios todavía percibe a la mujer como el alma en que se desenvuelve la vida familiar: Zachry International v. Tribunal Superior, supra, 283. Ello no devalúa la importancia de la figura paterna. Los padres, aunque en apariencia y de ordinario sean menos expresivos, también comparten un ideario y una esperanza hacia el bienestar de los hijos. Sobre el particular, el caso de autos es un digno ejemplo.

I

Teniendo presente lo expuesto, analicemos los factores en juego. Hemos mencionado previamente que los menores Ileana y Mickey en las entrevistas realizadas por los sicó-logos y trabajadores sociales no supieron expresar concreta-mente su preferencia respecto a con cuál de sus progenitores deseaban vivir. () Ambos peritos coincidieron en que los niños no tienen la suficiente madurez intelectual como para poder decidir con quién desean permanecer y expresaron que se encuentran en etapas difíciles de su desarrollo. Aunque los dos gozan de buena salud física, la niña por un lado está por entrar a la adolescencia y necesita de cierta orientación para afrontar los cambios inherentes a esa etapa de crecimiento. En torno a este extremo, los dos sicólogos consideran que como regla general es la madre quien le puede brindar la orientación necesaria. En cuanto al niño, debido a su corta edad considera uno de los peritos que necesita una seguridad emocional la cual no posee todavía, y que el estar cambiando de hogar, así como el desplazamiento continuo entre la es-cuela, la casa de su abuela y el apartamento de su padre, lo están afectando emocionalmente. ()

Respecto a la relación afectiva entre las partes y los niños, no hay duda, según surge de la prueba que tanto el padre como la madre le tienen sumo cariño y que están dispuestos a criarlos. En este sentido, resulta lamentable, al igual que en otros casos, la disolución del matrimonio habido entre las partes. Subsiste un elemento de cohesión significativo a tra-vés del amor que ambos profesan a ellos que trasciende las distancias geográficas de haber los padres nacido en países distintos. Ahora bien, aceptada la realidad del divorcio — y que el sueño anhelado de todo hijo de compartir su creci-miento en unión a ambos padres se ve tronchado — creemos, independientemente de esta limitación y otras, que junto a cualesquiera de sus progenitores los niños razonablemente verán cumplimentadas sus necesidades afectivas, morales y económicas. Aun cuando aceptamos la alegación del recu-rrente de que la relación extramarital de la recurrida moral-mente no les era propicia; advertimos que para la época en que se dispuso en instancia la custodia, esta circunstancia ya había desaparecido.!) Con referencia al factor económico, resalta a la vista que el padre es una persona sumamente solvente y no tendría dificultad en la manutención de los niños; en cuanto a la madre si bien es cierto que sus recursos económicos son limitados en relación a los del padre, ello por sí solo, no es factor determinante ya que la imposición al padre de una pensión alimenticia razonable subsana y reme-dia la desigualdad pecuniaria existente: Santos v. Berdecía, 73 D.P.R. 766 (1952).

En adición, es necesario sopesar en qué medida los niños pueden ajustarse al hogar, escuela y a la comunidad en que residen o van a residir.

Sobre estos extremos, en sus informes los trabajadores sociales expusieron que eran adecuadas las condiciones de vi-vienda tanto del padre en Puerto Rico como las de la madre en California. Concurrimos con dicha observación. Además coincidimos con el juicio valorativo de los sicólogos en el sen-tido de que un cambio de hogar hacia California conllevará un nuevo ajuste; ambos consideran que no les afectaría.!) No obstante el Dr. Del Valle es del criterio de que precisa-mente porque los niños han residido aquí casi toda sus vidas, y se han ajustado al ambiente y a la educación escolar, debe-rían permanecer en Puerto Rico. Aun cuando reconocemos su preocupación, creemos que el impacto emocional inicial será pasajero y de consecuencias análogas a aquellas que experi-mentan una parte sustancial de la población infantil en cons-tante movimiento en un mundo contemporáneo de adultos que se desenvuelve en continua movilidad por razones económicas, ocupacionales, personales y de otras índoles.

Sobre la educación académica, después de regresar de California, los niños asistieron a una escuela privada, en donde según lo testificado por el recurrente Ferrer y la principal del plantel, se han desempeñado normalmente. La recu-rrida Nudelman ha testificado por su parte, que de conce-dérsele la custodia, los matriculará en una de las escuelas pú-blicas del sector donde reside en San Francisco, cuyo centro de enseñanza y facilidades físicas son estupendas. Añadió que de alcanzarle el dinero, los matricularía en un colegio privado. De hecho mientras los menores vivieron en Newpórt Beach, California, en unión a la madre, asistieron a una escuela pú-blica del sector donde no tuvieron problemas de aprendizaje, ni aun con el idioma ya que hablan con fluidez el vernáculo y el inglés.

IV

El análisis de los factores reseñados a la luz de los hechos expuestos, nos lleva a la conclusión que para el bienestar y los mejores intereses de los menores aquí envueltos, debe que-dar inalterada la apreciación de la sala de instancia con-cediendo a la recurrida la custodia de sus hijos, así como la reglamentación fijada respecto a las relaciones paterno-filia-les. Milita en nuestro ánimo el que los niños se encuentran en edades sumamente difíciles inherentes a su desarrollo y cre-cimiento, etapas de pre y adolescencia, en las cuales los sicó-logos han expresado que la madre puede serles de significa-tiva ayuda, particularmente a la niña.

Con esta perspectiva, carece de mérito el tercer error referente a la negativa del juez de instancia a entrevistar a los niños. En el caso de autos, la trascendencia de este factor había quedado limitada por el testimonio de los sicólogos y los informes de los trabajadores sociales, los cuales exponían claramente que los niños no sabían decir con quién preferían permanecer. En adición, ambos sicólogos coincidieron en que los niños no poseían la capacidad suficiente como para tomar una decisión informada, y testificaron que era posible que el deseo de los menores de permanecer en Puerto Rico se de-biera a que el padre hubiese ejercido influencia sobre ellos du-rante los meses en que había tenido la custodia provisional de los mismos.

Aclaramos que si bien es deseable, los jueces no vienen obligados a entrevistar personalmente en todo caso de custodia a los menores sobre sus preferencias respecto a los progenitores. Elementos tales como la edad, grado de apreciación de los hechos y otros dictarán la pauta a seguirse. La preferencia de un menor, si bien es uno de los factores a examinarse, no tiene que llegar a conocimiento del tribunal sen-tenciador necesariamente por boca del propio niño. La elec-ción que haga un menor, si alguna, puede ser comunicada al tribunal por otras vías tales como el testimonio de uno de los padres u otros testigos e informes periciales presentados al tribunal. Lo importante es contar con certeza respecto a la determinación del niño y evaluarla con los demás ingredien-tes de prueba. Si un tribunal estimase que hay duda sobre este factor deberá entonces tomar las medidas pertinentes para lograr conocer el verdadero sentir del niño. No obstante, no debe perderse de vista que la preferencia expresada por el menor es sólo uno de los factores a considerarse en la de-terminación de su custodia. Al aquilatarse este elemento, es menester pesar la edad del menor y el grado de manipulación, consciente o inconsciente, que cualesquiera de los padres pueda haber ejercido — máxime cuando la situación se plan-tea a corta edad y existe un control casi absoluto de uno de ellos en comparación con el otro — y si el niño está lo suficiente-mente capacitado para evaluar y proyectar en todas sus dimensiones el alcance de su decisión.

El cuarto error señalado se refiere a ciertas conclusiones de hecho a que llegó el tribunal de instancia. () Las hemos confrontado con la prueba y no advertimos una apreciación errónea que amerite una variación de la decisión llegada. Las mismas han quedado aclaradas en la exposición de hechos que hemos relacionado en esta opinión.

V

Por último, el recurrente sostiene como error la condena de honorarios de abogado y el pago de la suma de $1,020.00 en concepto de costas por los pasajes de la recurrida para trasladarse a Puerto Rico a la vista del caso.

En cuanto a los honorarios, su señalamiento debe prosperar y éstos deben eliminarse. De las determinaciones de hecho expuestas surge que los mismos no se justifican. El recurrente Ferrer actuó bona fide en la consecución de un remedio y la tramitación del caso no refleja temeridad. La génesis del proceso, así como los incidentes forenses que tuvieron lugar, respondieron a un interés genuino paternal ante una circunstancia que inicialmente y en apariencia era adversa para los niños. Desaparecida posteriormente, no se le debe penalizar por ejercitar un derecho legítimo en pro del bienestar de sus hijos.

En cuanto al pago de los pasajes aéreos de la recurrida Nudelman reclamado como costas del pleito, no le asiste la razón. Según expusimos en Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 253 (1963), “[l]as costas son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación del pleito o procedimiento que la ley ordena que un litigante reembolse al otro, o autoriza al tribunal a así ordenarlo.” No existe duda de que el testimonio de la madre era de vital importancia para poder el tribunal formular un dictamen judicial informado, máxime en un campo tan delicado y sensible como el de la custodia de menores.

Se dictará sentencia confirmando la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, pero eliminándose los hono-rarios de abogado. En atención al tiempo transcurrido de se-paración habida entre los niños y la madre, la proximidad de las vacaciones de verano, las gestiones necesarias de pre-matrícula escolar y otras diligencias, conjuntamente con este dictamen proveemos no ha lugar a la reciente solicitud del re-currente pidiendo autorización para viajar a Europa con los niños, y en su lugar disponemos — como parte del mandato— que en o antes del 30 de junio de 1978 — previa comunicación y coordinación al efecto — proceda acompañarlos al hogar ma-terno en San Francisco. Cualquier otro aspecto relativo a la transferencia de la custodia, deberá ser referido por las partes al tribunal de origen quien proveerá diligentemente el remedio correspondiente compatible con lo aquí dispuesto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín no intervinieron. El Juez Asociado Señor Rigau se inhibió. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz anularía el auto de revisión por indebidamente expedido.

      (*)E1 Informe Social de California, al cual nos referiremos más ade-lante, consigna la dificultad que existe de lograr en dicha área un buen empleo.

      (1)En la entrevista que les hiciera el trabajador social a los niños, éstos no supieron decir con cuál de sus padres desearían permanecer.

      (2)La señora Vicente de Ferrer declaró en síntesis que cuidaba a los niños, conjuntamente con otro nieto, desde las 3:00 P.M. hora en que salían de la escuela, hasta las 6:00 P.M. hora en que el recurrente los recogía (T.E. de 22 de sept. de 1976, pág. 40); que su relación con los niños era muy estrecha y que los consideraba como sus nietos (T.E. de 22 de sept. de 1976, pág. 39); y que estaría dispuesta a continuar cuidándolos a esas horas (T.E.,de 22 de sept. de 1976, pág. 42). Kespecto a si en ocasiones cui-daba los niños fuera de ese horario, contestó que a veces por circunstancias imprevistas que se le presentaban al padre y éste no los podía recoger a las 6:00 P.M. entonces ella les hacía comida y se quedaba con ellos hasta que él los viniera a buscar.

      (3)La señora Harper atestó esencialmente, que conocía a los niños y que éstos se desempeñaban normalmente en la escuela. (T.E. de 22 de sept, de 1976, págs. S4-37.)

      (4) En uno de los Estudios Sociales realizados en el caso, el recurrente le informó al trabajador social que los niños se preparaban un desayuno frugal.

      (5)Esa rutina fue calificada por el juez de instancia en su sentencia “como una situación un tanto ilógica y artificial que no podrá mantener permanentemente el recurrente, dadas las múltiples obligaciones que con-lleva su empleo.”

      (s)Ello lo confirma el hecho de que en las entrevistas que les hicieron los trabajadores sociales a los niños, éstos no expresaron preferencia sobre con cuál de los padres deseaban vivir.

      (7)En Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 D.P.R. 897, 910 (1969), expre-samos que el prejuicio o parcialidad que es motivo para la inhibición del juez debe ser personal contra la parte y no de índole judicial. Allí se in-dicó, en adición, a que por prejuicio personal nos referíamos a una actitud de origen extrajudicial, que el haber el juez intervenido en otros casos an-teriores distintos en contra de unos mismos acusados, no era suficiente mo-tivo para demostrar prejuicio personal.

      (8)Las mencionadas determinaciones fueron las siguientes:
      “Por otra parte, aunque el demandado también demuestra genuino interés en sus hijos y es persona de recursos económicos nos parece que sus múltiples obligaciones como hombre de negocios lo mantienen fuera del hogar durante el día y probablemente durante muchas noches, por lo que los niños estarán gran parte del tiempo al cuidado de otras personas que podrán ser muy buenas personas pero sin duda no pueden igualar el calor amoroso de la madre. Ante estas circunstancias nos parece que conviene mejor a los niños volver al anterior sistema de estar bajo la custodia de la madre durante el año escolar y con el demandado durante los períodos de vacaciones.
      “De conformidad con ello, el demandado deberá devolver la custodia de los niños a la demandante y continuar depositando los alimentos ya an-teriormente determinados en $1,200.00 mensuales.”

      (8) De todos modos la referida Resolución no tuvo ulteriores consecuen-cias por haber sido dejada sin efecto posteriormente por el juez a solicitud del propio recurrente.

      (10)La Ley Núm. 100 de 2 de junio de 1976 enmendó el Art. 107 del Código Civil del siguiente modo:
      “En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos: pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el Tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos.
      “El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cualquier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex-cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar de los menores conviene la referida recuperación de la custodia y la patria potes-tad.” (31 L.P.R.A. see. 383.) (Bastardillas nuestras.)

      i11) Resulta curioso el hecho de que el Art. 98 del Código Civil ha permanecido inalterado. En el mismo se establece cierta preferencia por la madre en lá custodia provisional de los hijos durante el transcurso del pleito de divorcio. Expone ese precepto:
      “Si hubiese hijos del matrimonio cuyo cuidado provisional pidieran ambos cónyuges, serán puestos bajo el cuidado de la mujer, mientras el juicio se sustancie y decida, a menos que concurran razones poderosas a juicio del Tribunal Superior para privar a la mujer del cuidado de sus hijos en todo o en parte.” (31 L.P.R.A. see. 341.)

      (12)Hay autores que señalan “. . . que la creencia de que la madre puede brindar mejor custodia a los menores es errónea desde el punto de vista histórico, económico, sociológico y filosófico.” En adición expresan que “tal creencia es infundada ya que no visualiza la unidad familiar luego del divorcio, donde la madre tiene que asumir el rol de madre y de padre a su vez.” Podell, Peck and First, Custody — To Which Parent?, 56 Marq. L. Rev. 51, 53 (1973). (Traducción nuestra.)

      (13)En Puerto Rico, según expusimos en Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 280 (1975), “. . . resulta evidente la cre-ciente incorporación de la mujer a las diversas fases de la actividad eco-nómica desplegada por nuestro pueblo poniendo en entredicho su clásica función que gira sobre el hogar. Ello constituye un esfuerzo legítimo de la mujer tendente a alcanzar mejores oportunidades de auto-expresión, re-conocimiento personal y de sostén para sí y su familia.”

      (14)Bradbrook, The Relevance of Psychological and Psychiatric Studies to The Future Development of the Laws Governing the Settlement of Inter-parental Child Custody Disputes, 11 J. Fam. L. 557, 579-585 (1971).

      (15)Varios autores consideran que la distinción que tal preferencia crea, es inconstitucional por ser una discriminación en base al sexo, la cual ha sido clasificada por el Tribunal Supremo Nacional como sospechosa y sujeta a un escrutinio estricto de parte de los Tribunales. The Father’s Right to Child Custody in Interparental Disputes, supra, págs. 201-202; Child Custody: Preference to the Mother, supra, págs. 884-885. Señalan para sustentar tal conclusión los casos de Reed v. Reed, 404 U.S. 71 (1971); Stanley v. Illinois, 404 U.S. 645 (1972) y Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677 (1973) (Opinión que no contó con una firme y absoluta mayoría del Tribunal).
      En Reed se declaró inconstitucional una ley que daba preferencia al padre sobre la madre para ser nombrado administrador de los bienes de su hijo, por la misma discriminar por razón de sexo. Por su parte, en Stanley se declaró inconstitucional una ley que privaba al padre soltero de una vista para demostrar su capacidad para tener la custodia de su hijo, antes de que el niño fuera puesto al cuidado del Estado debido a la muerte de su madre. En Frontiero, en opinión igualmente dividida, se decidió que era inconstitucional por discriminar por razón de sexo, el que un hombre miembro del servicio militar pudiera reclamar como dependiente a su es-posa con el propósito de recibir unos mayores beneficios; y que la mujer también miembro del servicio militar no pudiera reclamar lo mismo respecto a su esposo.
      Véase además: State ex rel. Watts v. Watts, 350 N.Y.S.2d 285 (1973), donde se declaró impermisiva en el estado de Nueva York la preferencia a favor de la madre a la luz de los casos reseñados.
      Cabe señalar también que en los estados de Colorado, Florida, Minnesota, Nebraska y Wisconsin se han aprobado estatutos que expresamente prohíben a los tribunales discriminar en contra del padre en la concesión de la custodia de sus hijos: Colo. Rev. Stat. Ann. 46-1-5(7) (Supp. 1967); Fla. Stat. Ann. Sec. 61.13(2) (Supp. 1974) ; ch. 107, Sec. 14, (1974) Minn. Acts 145; Neb. Rev. Stat. Sec. 42-311 (Supp. 1971); Wis. Stat. Ann. Sec. 247.24(3) (Supp. 1974). En adición, los estados de Michigan y California han derogado leyes concediendo preferencia a la madre en la custodia de sus hijos. Mich. Stat. Ann. Sec. 25.312(5) (Supp. 1974); Cal. Civ. Code Sec. 4600 (Supp. 1974).
      En varios estados donde existía jurisprudencialmente la doctrina de preferencia a la madre, recientemente se ha rechazado. Véanse In Re Marriage of Bowen, 219 N.W.2d 683, 688 (Iowa 1974); Commonwealth ex rel. Foster v. Foster, 311 A.2d 663, 665 n. 6 (Pa. Super. 1973); Minjarez v. Minjarez, 495 S.W.2d 630 (Texas Civ. App. 1973).
      En Louisiana todavía subsiste jurisprudencialmente la preferencia por la madre al conceder la custodia de los niños. Drouin v. Hildenbrand, 105 So.2d 532 (1958); Estopinal v. Estopinal, 66 So.2d 311 (1953). Allí no se ha adoptado la doctrina del bienestar y los mejores intereses del menor. Tales posiciones han sido criticadas recientemente: Child Custody: Preference to the Mother, supra; The Father’s Right to Child Custody in Inter-parental Disputes, supra.

      (16) Si bien es cierto que en una fase de los procedimientos mostraron interés de permanecer en Puerto Eico, el Dr. Del Valle expresó que ello podía deberse a que hacía once meses que se encontraban residiendo con su padre y éste pudo haber influido en ellos. (T.E. pág. 23.) Debemos recordar que en estos casos la preferencia del menor es sólo uno de los factores a considerarse y los tribunales no vienen obligados a seguirla indefectible-mente. Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.E. 523 (1977); Irizarry v. Irizarry, 98 D.P.R. 671 (1970); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961) ; Rodríguez v. Pagán, 67 D.P.R. 345 (1947); Ríos v. Lafosse, 59 D.P.R. 509 (1941); Vol. 383, The Annals: Who Will Speak for the Child?, págs. 34-47 (1969); Oster, Custody Proceeding: A Study of Vague and Indefinite Standards, 5 J. Fam. L. 21, 26 (1965).

      (17)Se ha expuesto que son perjudiciales tanto al menor como a sus parientes, las consecuencias de un pleito de custodia. De hecho se alega que los cambios temporeros que el mismo conlleva en cuanto a la propia custodia del menor envuelto, afectan a éste. The Father’s Right to Child Custody in Interparental Disputes, supra, págs. 196-197. Sobre el daño emo-cional que esto puede ocasionar al niño véase Watson, The Children of Armageddon: Problems of Custody Following Divorce, 21 Syracuse L. Rev. 55, 63-64 (1969).

      (18)En Muñoz v. Torres, suprá, la madre de la menor había vivido anteriormente en público concubinato con un hombre. Allí dijimos:
      “El hecho de que ella haya vivido, previamente, en concubinato con otro hombre, en la misma casa con la niña, no conlleva la existencia, o la probabilidad de que exista en el futuro, un ambiente de inmoralidad y corrupción tal, que quede lesionada la personalidad moral de la niña, hasta el punto de que se prive a la madre de la custodia. En Fernández v. Martínez, supra, el padre de un niño de poca edad presentó una petición de habeas corpus contra la madre, alegando, esencialmente, que ella había estado viviendo en concubinato con otro hombre, en la misma casa donde vivía el niño. Se resolvió que, en vista especialmente de que desde varios meses antes del juicio ella ya no vivía en concubinato con el otro hombre, el menor debía quedar bajo la custodia de la madre, debiendo declararse sin lugar la petición de habeas corpus.” Págs. 513-514.

      (19)Es interesante que la niña a preguntas del Dr. Del Valle expresó alegría de estar en Puerto Rico porque conocía el ambiente, pero que tam-bién le gustaba California por ser un sitio diferente. (T.E. de 22 de sept. de 1976, pág. 16, Dr. Del Valle.)

      (20)Relativas a los siguientes extremos: que la recurrida Nudelman no se trasladó a New York y sí a California en contravención a lo estipu-lado; el que el juez hiciera constar en su resolución que concedió inicial-mente la custodia provisional al padre “. . . considerando la alegación que se intentaba llevar los niños a Europa”; que el tribunal concluyera que había otorgado nuevamente la custodia a la madre, sin haberse desfilado prueba por el recurrente; la determinación referente a la posible adapta-ción de los niños en California; sobre las razones que animan a la recu-rrida para irse a residir a dicho estado; las expresiones judiciales sobre la separación que acarrea un divorcio entre personas de jurisdicciones dis-tantes; y el criterio judicial correspondiente a las labores del recurrente y sus arreglos para los niños.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Garriga Trading Company, Inc., demandante y recurrente, v. Century Packing Corp., demandada y recurrida y Secretario de Estado de Puerto Rico.

      Número: R-77-412

      Resuelto: 12 de septiembre de 1978

      Plinio Pérez Marrero, Reiehard & Colberg, abogados de la recu-rrente; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados del Secretario de Estado; Rivera & Ortiz, abogados de la re-currida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

En virtud de convenio otorgado el 19 de agosto de 1965, la recurrida Century Packing Corporation (“Century”) ad-quirió del señor Julio Garriga, Jr., por la suma de $100,000.00 los derechos a la marca de fábrica “Carmela”, registro Núm. 11,359, Departamento de Estado de Puerto Rico. Tal registro amparaba salchichas, jamones, embutidos y aceites comestibles. Century utilizó la marca ininterrumpidamente hasta el inicio de esta controversia, pero nunca la empleó para la pro-ducción de aceites comestibles. Las ventas de Century de pro-ductos “Carmela” para 1976 ascendían a la suma aproxi-mada de $4,365,000.00. Su inversión en la publicidad de la marca en los tres años anteriores al pleito alcanzó a alrededor de $550,000.00.

El 3 de enero de 1976 la recurrente, Garriga Trading Company, Inc. (“Garriga”), comenzó a utilizar la marca “Carmela” con respecto a aceites vegetales. El vicepresidente de Garriga es el propio don Julio Garriga, Jr., cedente original de la marca. Diez días más tarde Garriga solicitó el registro de la marca “Carmela” para su aceite comestible. El Secretario de Estado denegó la solicitud por confligir con el registro de la marca Century. Garriga requirió entonces la cancelación de la marca “Carmela” de Century en lo que atañía a aceites comestibles por el fundamento de abandono y desuso. Solicitó a la vez la reconsideración de la denegatoria de inscripción a su nombre.

El Secretario de Estado canceló por desuso la marca “Carmela” de Century en cuanto a aceites comestibles, pero se negó a inscribir la marca a nombre de Garriga por esti-mar, entre otros fundamentos, que se infringiría el Art. 4(f) de la Ley de Marcas de Fábrica, Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, 10 L.P.R.A. sec. 194(f). Garriga solicitó infruc-tuosamente la reconsideración de esta segunda denegatoria y luego acudió en alzada ante el Tribunal Superior, que resol-vió no ha lugar al recurso. Ante nos Garriga solicita que se ordene al Secretario de Estado de Puerto Rico a registrar la marca “Carmela” a su nombre para la venta de aceites comestibles.

La primera cuestión que estos hechos plantean es el efecto contractual de la transferencia a Century por el señor Ga-rriga de la marca “Carmela” para los fines mencionados. Está establecido en la jurisdicción federal que, en ausencia de es-tipulación en contrario, “La cesión válida de una marca de fábrica, sin embargo, indica la intención del cedente de aban-donar su uso. El cedente pierde todo derecho a la inscripción de la marca a su nombre .... El cedente de su derecho a una marca ... no puede luego limitar su propia concesión y pri-var de lo cedido al cesionario o intentar establecer un uso adverso.” 3 Callmann, The Lato of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, 3a ed., 487, 489. No podemos pronunciarnos sobre este particular ya que ignoramos los términos y condiciones del contrato de cesión ni se ha des-filado prueba sobre su validez o nulidad o argumentado en momento alguno la cuestión ante el Departamento de Estado, el Tribunal Superior o este foro. () Señalamos la existencia del problema por su importancia en casos de esta naturaleza.

Debemos enfrentarnos en consecuencia al issue de si el Secretario de Estado de Puerto Rico tiene la obligación en ley de inscribir la marca “Carmela” a nombre de Garriga. La disposición legal a interpretarse es básicamente el Art. 4(f) de la Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, 10 L.P.R.A. see. 194 (f), la que en parte provee:

“. . . Tampoco se registrará una marca de fábrica que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida que pertenezca a otro y se use en artículos de las mismas propiedades descrip-tivas, o que tanto se asemeje a la marca de fábrica perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivoca-ción en la mente del público, o dé lugar a engaño de los compra-dores ....”

Esta disposición arranca de la antigua ley federal de marcas de fábrica de 20 de febrero de 1905, ch. 592, 33 Stat. at L. 724, 728, hoy derogada. La interpretación de su texto por los tribunales y comentaristas norteamericanos tiene valor persuasivo en esta jurisdicción. Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973), n. 4. Este litigio no requiere la dilu-cidación de las serias interrogantes que suscita la adopción en Puerto Rico, del modo tan singular que se hizo, de este venerable estatuto. ()

El primer argumento de Garriga es que, de cancelarse el registro de una marca, un tercero avisado puede apoderarse sin más de la misma y exigir el registro a su nombre. No es tal la doctrina. El abandono de una marca de fábrica no obliga al Estado a inscribirla a nombre de otro hasta que su significado especial para el público se haya perdido y esfumado el peligro de confusión. Gilson, Trademark Protection and Practice, New York, 1974, sec. 3.06; 3 Callmann, op. cit, 519, 533; 1 Nims, op. cit, 630; Derenberg, op. cit.; Interstate Distilleries v. Sherwood D.&D. Co., 195 A. 387, 390-391 (Maryland 1937). Se estima, además, que puede descontinuarse el uso de una marca para ciertos productos y man-tenerse en cuanto a otros sin que ello entrañe que se ha aban-donado el uso de la marca. 3 Callmann, op. cit, 525; Robinson v. Plastic Research and Development Corp., 264 F.Supp. 852, 863 (W.D. Ark. 1967).

Debe recordarse, además, que vastas porciones del derecho a la propiedad industrial están investidas de hondo interés público. No se trata de adjudicar una simple disputa entre entidades privadas. Se trata especialmente también de proteger al público consumidor. Ni la propia Century, por convenio privado con Garriga para permitirle el uso de la marca, podría en toda circunstancia obligar al Secretario de Estado a inscribirla a nombre de Garriga. Como expresa el Art. 4(f) citado de nuestra ley, hay que convencer al Secretario de que no habrá probabilidad de confusión en la mente del público. Véanse: Waltham Watch Co. v. F.T.C., 318 F.2d 28 (7th Cir. 1962), cert. den. 375 U.S. 944 (1963); Waltham Precision Instrument Co., Inc. v. F.T.C., 327 F.2d 427 (7th Cir. 1964).

En segundo término, el peso de demostrar que una marca ha perdido su carácter propio descansa en el que pretende apropiársela por tal motivo. 2 Nims, op. cit, see. 336. En Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372, 389 (1964), dijimos: “... cuando uno usa la marca de otro, tiene el peso de justificar su uso y de demostrar que ha ejercido su derecho con razonable deferencia hacia los derechos del dueño de la marca.” Century en este caso probó su uso ininterrumpido de la marca “Carmela” por largos años hasta que surgió este litigio; el pago de una suma considerable por concepto de plusvalía de la marca; su alto volumen de ventas; su considerable inversión en la publicidad de su marca. Garriga se limitó a argumentar su derecho a apoderarse de la marca por desuso en cuanto a un artículo — argumento insuficiente en derecho, como hemos visto — y a señalar que existen siete registros en vigor de la marca “Carmela”, cinco a nombre de Century y dos a favor de otras dos entidades, adquiridos estos últimos con referencia a productos distintos a los aquí envueltos por cesión también del señor Julio Garriga, Jr. Garriga no aportó prueba para el récord, sin embargo, demostrativa de la naturaleza y lugar del uso de estas marcas y del hecho de la pérdida de singularidad por causa de las propias cesiones efectuadas por el señor Garriga. Century presentó prueba suficiente al menos para demostrar prima facie la probabilidad de confusión. Garriga estaba obligado a rebatir esta presunción. J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276, 278 (1974). No hay base en el récord elevado a nuestra consideración para intervenir con la decisión del Secretario de Estado y obligarle a inscribir la marca a nombre de Garriga.

Alega Garriga por último que el aceite comestible no tiene las mismas propiedades descriptivas que el producto vendido por Century, por lo que no existe posibilidad alguna de confusión. Importa en este sentido que nos pronunciemos sobre el criterio que impone el Art. 4(f) de nuestra ley para determinar la registrabilidad de una marca. Originalmente, si dos clases de productos diferían en sus características dis-tintivas no eran considerados artículos de las mismas propie-dades descriptivas, aun cuando pudiese provocarse confusión en el consumidor por otros motivos. Véase: California Packing Corporation v. Tillman, 40 F.2d 108, 110 (Ct. of Customs and Patent Appeals, 1930). Este enfoque fue abandonado posteriormente para darle preeminencia al criterio rector de la posibilidad de confusión. 3 Callmann, op. ciT., sec. 82.2(c), págs. 801-803. Los productos no tienen que competir entre sí; basta con la probabilidad de engaño al consumidor. Gilson, Trademark Protection and Practice, 1974, sec. 5.02; 1 Nims, op. cit., 671. La confusión a evitar no es esencialmente la re-lacionada con los productos sino la relativa al origen de éstos. Nims, loe. cit.( ) Del texto del propio Art. 4(f) de nuestra ley, 10 L.P.R.A. sec. 194(f), se desprende que el Secretario de Estado no sólo se abstendrá de inscribir una marca “que se use en artículos de las mismas propiedades descriptivas” sino también en el caso en que “tanto se asemeje a la marca de fábrica perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público, o dé lugar a engaño de los compradores ....”( )

Por las consideraciones expuestas se confirma la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín y Negrón García concurren con el resultado.

        i1) La cesión parcial de una marca, como ocurrió en este caso, presenta problemas de gran complejidad. 1 Nims, The Law of Unfair Competition and Trade-Marks, 4a ed., 1947, see. 17. Es indispensable contar con un record completo para formar juicio sobre ellos. El récord carece también de la información necesaria sobre la relación entre el señor Garriga y Garriga Trading Company, Inc. Tan solo consta que el primero es fun-cionario de la segunda.

      (2)Por exigirlo nuestra función normativa, debemos hacer varias ob-servaciones generales sobre el origen y estado del derecho sobre la propie-dad industrial en el país. Antes de la adquisición de Puerto Eico por Esta-dos Unidos, el derecho de propiedad industrial se regía por varios decretos reales, el Art. 287 y otros del Código Penal de 1879 y el Art. 1802 de nuestro Código Civil. Véanse: Mascareñas, Los Delitos contra la Propiedad Industrial, Barcelona, 1960, págs. 13-17; 1 Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7a ed., 1976, capítulo VI. El gobierno militar expidió algunas órdenes sobre la materia (véanse las O.G. 116 de 12 de agosto de 1899 y O.G. 102 de 30 de abril de 1900) y, finalmente, el Código Político de 1902, especialmente en sus Arts. 213 a 222, estableció un sistema de inscripción de marcas análogo al actual. El Art. 215 del Código Político contenía len-guaje prácticamente idéntico al antes citado de nuestra ley de 1923,. todavía vigente.
      El Art. 215 del Código Político de 1902 se fundó a su vez en el Art. 3 de la ley federal de marcas de fábrica de 3 de marzo de 1881, 21 Stat. at L. 502, 503, precursora de la ley federal de 1905. Ocurrió algo en extremo curioso, sin embargo, al aprobarse, con extrema rapidez, el Código Político. El Art. 10 de la ley federal de 1881 ordenaba que nada en dicha ley anu-laba o reducía los remedios que en derecho o equidad amparasen a una parte agraviada por el uso ilegal de una marca de fábrica. Esto significa que la protección de las marcas de fábrica en Estados Unidos derivaba— y todavía deriva — de dos fuentes: el derecho común y el derecho estatutario. Derenberg, W. J., Trademark Protection and Unfair Trading, New York, 1936, págs. 14 y 15. Puede que una marca no esté protegida por la ley pero sí por el derecho común. Derenberg, op. cit., 281; 2 Nims, op. cit., 732. La acción privada de competencia desleal, por ejemplo, se afinca básica-mente en Estados Unidos en principios de derecho común. Gilson, Trademark Protection and Practice, New York, 1974, sec. 5.05. La situación jurí-dica estadounidense es en este sentido totalmente distinta a la inglesa. En Inglaterra el derecho común ha cesado de tener ingerencia alguna en este campo, rigiéndose la materia exclusivamente por ley del reino. Trade Marks Act 1938, 1 & 2 Geo. 6, c. 22, 37 Halsbury’s Statutes of England, 3rd ed., pág. 887 y ss.
      Lo interesante es que el Código Político de Puerto Rico de 1902 omitió el mencionado Art. 10, base del sistema dual de Estados Unidos, a la par que derogó buena parte del antiguo derecho español. Esto creó una situa-ción singular. En Puerto Rico no rige el derecho común, Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763, 770 (1960), excepto en la medida que así se dis-ponga por estatuto en consonancia con nuestra Constitución. La extraña acción de 1902 se repitió en 1923, omitiéndose del estatuto actual el Art. 23 de la ley federal de 1905, equivalente al Núm. 10 de la de 1881. ¿ Cuál es la base en Puerto Rico, por tanto, de la doctrina del significado secundario y otras derivadas del derecho común ? En lo que toca al ancho campo de la competencia desleal, ¿ se rige éste exclusivamente por el Art. 1802 de nues-tro Código Civil u otros textos? Compárese: 1 Garrigues, op. cit., 243-244; Puig Peña, Compendio de Derecho Civil, vol. II, 3a ed., 1976, pág. 338 y ss.
      Estas dificultades, aunadas al hecho de que la legislación sobre la propiedad industrial en Estados Unidos y otros países ha superado el viejo estatuto de 1905, revela la urgencia de reexaminar legislativamente este campo.

      (3) Queda modificada cualquier expresión en contrario sobre estos ex-tremos vertida en Eneglotaria Medicine Co. v. Sosa López, 38 D.P.R. 604, 613 (1928) y Fonalledas v. Las Monjas Dairy Corp., 63 D.P.R. 87, 90 (1944).

      (4)La legislación federal vigente, la Ley Lanham de 5 de julio de 1946, 60 Stat. 443, 15 U.S.C.A. see. 1051 y ss., abandonó ya la referencia a “artículos' de las mismas propiedades descriptivas.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Julia R. De Vincenti, en su carácter de Administradora del Fondo del Seguro del Estado, Ex rel. Venancio Rivera Ramos, demandante y recurrente, v. Carlos Juan Maldonado Martínez y otros, demandados y recurridos.

      Número: R-78-132

      Resuelto: 12 de septiembre de 1978

      Ulises Ortiz Rodríguez, Antonio Acevedo Torres y Francisco Falú Lebrón, abogados de la recurrente; Matta & Matta, abo-gados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Administradora del Fondo del Seguro del Estado, su-brogada para beneficio del obrero Venancio Rivera Ramos, presentó demanda reclamando una suma no menor de $100,000 por concepto de daños físicos y sufrimientos morales y $1,000 por lucro cesante contra el tercero causante del daño y su aseguradora, como consecuencia de un accidente de trán-sito en que un vehículo de los demandados (auto car de cargar cemento a granel) impactó por la parte trasera una guagua Ford tipo panel resultando lesionado el demandante quien se hallaba en funciones de su empleo con un patrono asegurado; que tratándose de un accidente del trabajo el Fondo dio al lesionado la protección de ley e incurrió en gastos por $2,575.00.

La parte demandada solicitó la desestimación de la acción civil fundándose en que comprendidas las cuantías de gastos médicos!) dentro de los límites de deducciones o exenciones ordenadas en la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (ACAA) en sus Arts. 3, 5 y 9 (9 L.P.R.A. sees. 2053, 2054(1) (a) y 2058) el Fondo del Seguro del Estado no tiene derecho a recobrarlas del tercero. El juez de instan-cia resolvió “no ha lugar a la reclamación del Fondo del Seguro del Estado.”

A la solicitud de revisión del Fondo, expedimos la si-guiente orden el 27 abril, 1978:

“Tenga la parte recurrida un término hasta el 19 mayo, 1978, para mostrar causa por la que no deba revocarse la resolución de 7 marzo, 1978 que desestimó la demanda de la Administra-dora del Fondo del Seguro del Estado subrogada en lugar del obrero Rivera Ramos, y remitir el pleito a instancia para con-tinuación de procedimientos compatibles.”

La comparecencia de los recurridos no altera el criterio intimado en la orden para mostrar causa. Subrogada en tiempo la Administradora del Fondo según lo autoriza el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 32), la acción no pertenece a ella “sino propiamente al obrero lesionado [que es la parte realmente interesada] ... y que para que prospere la causa de acción debe estar reconocida a favor de dicho obrero o sus beneficiarios.” Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 818, 827 (1965). Las exenciones y deducciones dispuestas por ACAA deberán oponerse al obrero demandante en la vista en su fondo del pleito de daños. Alonso García v. Caribe Motors Corp., 104 D.P.R. 434, 436 (1975). Es al lesionado en el accidente, y no al Fondo a quien hay que deducir las cantidades señaladas en la See. 8, hoy renumerada como See. 9 (9 L.P.R.A. see. 2058) de la Ley de Protección Social (ACAA) que es la Núm. 138 de 26 junio, 1968. El Fondo del Seguro del Estado podrá recobrar sus gastos de prosperar la demanda, del balance neto() resultante de la indemnización que se otorgue al obrero en la acción civil, luego de hechas las deducciones a que por Ley Núm. 138 (ACAA) tengan los demandados recurridos. La resolución desestimatoria revisada adjudica con prematuridad el derecho del Fondo del Seguro del Estado a recobrar los gastos incurridos y desoye la prevención de 11 L.P.R.A. see. 32, párr. 5o, respecto a que no se dictará sen-tencia en la acción subrogatoria “sin hacer reserva expresa del derecho del Fondo del Seguro del Estado a reembolso de todos los gastos incurridos.” El fondo tiene por tanto un claro derecho a mantener la acción civil subrogada por el obrero le-sionado hasta que recaiga una sentencia en los méritos del caso. El tercero demandado no puede derrotar el derecho del Fondo del Seguro del Estado a subrogarse que es en efecto y resultado final, lo que en instancia logró con su moción para desestimar.

Se revocará la sentencia recurrida, y se remitirá el pleito a instancia para continuación de procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

      (ijAsí desglosados:

      (2) El Fondo recobrará únicamente si la sentencia en daños excede las deducciones de la ACAA. 11 L.P.R.A. see. 32, párr. 2o.


text:
    Tim Manufacturing Co., demandante y recurrida, v. Shelley Enterprises, Inc., Hampton Development Corp. of Puerto Rico, Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, National Insurance Company, demandadas y recurrentes la segunda y la última.

      Número: R-78-211

      Resuelto: 12 de septiembre de 1978

      Aldo Seguróla De Diego, abogado de National Insurance Company; José B. Díaz Asencio, abogado de Hampton Development Corp. of P.R.; Rafael L. Franco García, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La sala de instancia dictó sentencia el 3 mayo, 1978 ar-chivada en autos y notificada el día 5 siguiente por la que de-claró con lugar la demanda en cobro de dinero de Tim Manufacturing Co., condenando a la constructora demandada Hampton Development Corp. y a su fiadora National Insurance Co., a pagarle $116,577.86, intereses al 8% anual desde el 31 enero, 1974 en que surgió la causa de acción (Regla 44.4), costas y $20,000.00 para honorarios de abogado; y sin lugar la reconvención de Hampton. El 5 de junio de 1978, último día hábil del término para recurrir en revisión, a las 8:20 P.M. la demandada Hampton por conducto de su abo-gado entregó a un Subsecretario de este Tribunal en su resi-dencia la solicitud de revisión que en lugar del timbre de radi-cación del reloj fechador tiene puesto en manuscrito la si-guiente nota:

“Recibido por el Sr. Miguel Mercado, Subsecretario del Tribunal Supremo, hoy día 5 de junio de 1978, a las 8:20 P.M.”

La recurrida Tim Manufacturing Company ha solicitado desestimación del recurso por falta de jurisdicción, sobre la premisa de que la solicitud de revisión no llegó a Secretaría del Tribunal hasta el día siguiente de su entrega al Subsecre-tario, ya expirado el término de 30 días provisto en la Regla 53.1(b) y cita en su apoyo nuestra decisión en American Colonial Bank v. Ramos, 33 D.P.R. 890 (1924). Esta moción para desestimar fue notificada a la parte recurrente desde el 14 de junio de 1978, sin que se haya formulado oposición a la misma.()

El ejercicio del derecho a recurrir en revisión al Tribunal Supremo es un paso procesal que se cumple presentando en la oficina del Secretario la solicitud de remedio. El procedimiento está indicado en la Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil: “El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la secretaría del Tribunal Supremo dentro de los treinta (30) días sigúientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior. La secretaría del Tribunal Supremo remitirá copia de dicha solicitud a la secretaría de la Sala del Tribunal Superior que dictó la sentencia objeto del recurso.” La práctica ha demostrado que este término de 30 días es razonable y adecuado para preparar la solicitud tanto en su aspecto técnico-legal como en la organización y acopio de todos los documentos exigidos. Dicho término se torna apre-miante sólo cuando la parte que recurre no utiliza sus pri-meros 20 días; de lo que resulta que estas urgencias de último minuto que llevan a la radicación irregular son de la hechura del recurrente y no imputables a la insuficiencia del término. Esta es razón para mantener que el trigésimo o último día hábil para presentar en la Secretaría del Tribunal la solicitud de revisión termina a las 5:00 P.M. en que a tenor de la Regla 8(a) del Reglamento del Tribunal se cierra la oficina del Secretario.

Abunda sobre lo adecuado del término la modificación introducida en el Reglamento del Tribunal adoptado en el 1975 en cuanto a horas hábiles del Tribunal. Disponía la Regla 5(1) (a) del Reglamento ((de 1961) 82 D.P.R. 1151) que las oficinas del Secretario “estarán abiertas al público desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del día y desde la 1:00 hasta las 5:00 de la tarde, pero el Tribunal se considerará siempre abierto a los fines de radicar cualquier alegación o documento o expedir cualquier mandamiento.” (Énfasis suplido.) Al aprobarse la correlativa Regla 8(a) en 1975 se eliminó la frase relativa a radicación fuera de horas laborables, aun cuando se mantuvo la expresión de que “el Tribunal se considerará siempre abierto a los fines de expedir cualquier mandamiento.” La hora límite para presentar en Secretaría fue reafirmada en la actual Regla 48(a) del Reglamento en su prevención de que “cuando por mandato de este Reglamento o por orden del Tribunal un escrito deba ser presentado al Tribunal dentro de determinado período de tiempo, o en un día determinado, el plazo vencerá a las 5:00 P.M. del día correspondiente.” El término jurisdiccional de 30 días para presentar la solicitud de revisión debe entenderse en armonía con la jornada de labor del personal de Secretaría. Nadie ha sugerido, y es de presumirse que por lo absurdo de la proposición, que para preservar a los rezagados esas finales siete horas desde las 5:00 P.M. hasta medianoche del último día del término, establezcamos un turno perma-nente de personal que atienda presentaciones en dichas horas irregulares. Aun el derecho constitucional a juicio rápido se adapta en ocasiones al programa de trabajo y a realidades prácticas en el funcionamiento del sistema de administración de justicia. Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173 (1976).

La exigencia() de la Regla 53.1(b) de que “[el] recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal Supremo”, con exclusión de todo otro lugar o método es parte vital de las garantías de certeza, rectitud y seguridad que deben rodear todos los procedimientos judiciales para mantener la fe en la justicia que el Preámbulo de nuestra Constitución proclama como factor determinante en nuestra vida. La presentación fuera de Secretaría mediante entrega de documentos a funcionarios o empleados trastoca el ordenado curso procesal, aviva y extiende la contención litigiosa añadiéndole una pugna en cuanto a la corrección de lo actuado, envuelve en la contienda al que bondadosamente recibe los papeles fuera de horas de oficina, obligándolo a revalidar su probidad e integridad a cada paso, con injusta erosión de su dignidad, expone los documentos a riesgos que no se dan en la oficina del Secretario;!) y finalmente, sin más provecho que la complacencia de un litigante tardío, inyecta en el trámite de revisión elementos de insegu-ridad, falta de certeza y confiabilidad reñidos con la legalidad del proceso judicial.

En American Colonial Bank v. Ramos, supra, resolvimos que la entrega del escrito de apelación al secretario de la corte en su residencia privada a las 10:00 de la noche, no tiene efi-cacia de radicación y que la entrega surtió tal efecto cuando al día siguiente el secretario radicó el escrito en su oficina, y ya entonces había vencido el término que fija la ley para apelar. La decisión tiene particular aplicación a los hechos del presente caso, ya que con menos precisión y rigor que la vi-gente Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil, el artículo allí interpretado lo fue el 296 del Código de Enjuiciamiento Civil que ordenaba: “Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fue dictada o registrada la sen-tencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presen-tando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abo-gado.”

Parece que la doctrina de American Colonial Bank, supra, de algún modo se perdió en el tiempo dando paso a la práctica de radicar a última hora, ya cerrada la oficina del Secretario, mediante entrega a éste u otro funcionario o empleado, fuera de secretaría. La práctica debe cesar, mas no a costa de eli-minar por falta de jurisdicción el recurso de revisión en este caso, que siguió la costumbre hasta hoy tolerada, por lo que la doctrina aquí enunciada tendrá sólo efecto prospectivo.

A la moción de la recurrida para desestimar por falta de jurisdicción, no ha lugar.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1)E1 12 julio 1978 la fiadora recurrente National Insurance Company desistió de su recurso por prematuro, y lo reprodujo como “solicitud enmen-dada” el 4 agosto, 1978 bajo expediente separado que lleva el Núm. R-78-293.

      (2) Reiterada en la Regla 17(a) del Reglamento actual.

      (3)La presentación de documentos únicamente en la oficina del Secre-tario en evitación de errores es norma sostenida por la jurisprudencia nor-teamericana. La entrega a un funcionario fuera de Secretaría no surte efecto de radicación. Richmond v. Shipman, 63 Cal.App.3d 340; 133 Cal.Rptr. 742; Edwards v. Grand, 121 Cal. 254; 53 Pac. 796; In re Norton, 53 N.Y.S. 924; Brelsford v. Com. H.S. Dist., 328 Ill. 27; 159 N.E. 237; People v. Slobodion, 3 Cal.2d 362; 181 P.2d 868; Gietl v. Com. of Drainage, 51 N.E.2d 512; Hutchins v. County Clerk, 140 Cal. App. 348, 35 P.2d 563.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eleuterio Barreto González, acusado y apelante.

      Número: CR-78-38

      Resuelto: 15 de septiembre de 1978

      Gil A. Morales Rivera, abogado del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El fallo condenatorio por el delito de homicidio voluntario dictado contra el apelante en este caso no puede prevalecer. El Informe del Procurador General recoge fielmente, con notable precisión y claridad, los hechos esenciales, según sur-gen de la exposición narrativa certificada por el tribunal de instancia, los cuales demuestran que el apelante actuó en de-fensa propia por lo que no se justifica el veredicto de culpa-bilidad en su contra. Transcribimos a continuación la parte del informe que aquí nos concierne para que pueda apreciarse adecuadamente nuestra conclusión:

“Juan Iluminado Ramírez Vélez tenía 36 años de edad, era conocido como ‘un hombre peligroso’ y ‘coragiento’ cuando es-taba borracho, o sea, metido en tragos, un ‘verdugo’. Tenía ré-cord criminal y era un delincuente habitual, era ‘peligroso con un machete en la mano,’ se había tenido que ir de la casa en que lo habían criado, ‘por no coger consejos.’ Una vez picó con un machete y enterró un caballo que lo había tumbado. En otra oca-sión había herido a una ‘mujercita’ que tenía, junto a una que-brada, dándole planazos con un machete. Había estado en la Cár-cel y luego de salir de esta tuvo que ser echado de la finca en la que fue empleado, pues se emborrachaba cuando trabajaba y tenía problemas con los demás empleados, habiéndose peleado luego a los puños con el mismo propietario de la finca, o sea con Eleuterio Barreto González.
Eleuterio Barreto González es un señor de mediana edad, re-sidente en el Barrio Plata de Moca, tenido por un hombre ‘bueno, trabajador, pacífico’, que se dedica ‘a trabajar solamente’, y quien, según los testigos, ‘goza de una conducta intachable’, siendo esta la primera vez que se encontraba ‘envuelto en proble-mas.’
En horas de la mañana, como a eso de las 10:00 a.m. del do-mingo 16 de enero de 1977 Iluminado Ramírez Vélez le pidió prestado un machete a Dionisio Beltrán Rivera. Este se lo negó ‘porque era domingo y no era día de andar por las carreteras con un machete.’ ‘Iluminado se fue y por la tardecita regresó metido en tragos.’ Entre las 6:00 y 7:00 p.m., ambos salieron hacia el negocio de Diómedes González, de donde Dionisio regresó, luego de comprar unos jugos, dejando allí a Iluminado.
Iluminado se fue luego a casa de Susano Ortiz, en el Barrio Voladoras de Moca, a donde llegó ‘ya metido en palos’ como a eso de las 8:80 o las 9:00 de la noche en busca de un machete a mitad de uso que este había quedado de empatarle (ponerle alam-bre en el cabo para que no se hendiese la madera). Susano Ortiz le entregó el machete y le dio $2.00 que Iluminado le había pe-dido ‘para tomarse una botella de ron.’ Poco después, como a eso de las 10:30 o las 11:00 p.m. Iluminado regresó caminando con el machete. Cuando pasó frente a la casa de Pascual Avilés, el cual estaba ‘cogiendo fresco’ en la puerta, lo saludó, pidiéndole la bendición y raspando el machete cuatro o cinco veces contra la carretera, le gritó: ‘padrino esta noche yo mato a Teyo’ (Eleu-terio Barreto) o ‘Teyo me mata a mí’: a lo que Pascual Avilés le contestó: ‘hijo, bastantes consejos te he dado y no los has cogido, has lo que quieras.’ Iluminado siguió caminando en dirección al Barrio Plata, de Moca, hasta llegar a la casa de Dionisio Beltrán. Allí dio cantazos en los setos y en la puerta de la casa ordenando que le abrieran. Dionisio Beltrán estaba durmiendo, pero se des-pertó al oir los cantazos y al oir a Iluminado ‘hablando sucio’ le pidió que se fuera, pues esas no eran horas de venirle a molestar, sabiendo que su esposa estaba enferma. Le tiró una hamaca en la cual dormía Iluminado y una frisa. Iluminado las tomó, ca-minó más abajo de su casa, se detuvo y le dijo ‘Viejo maricón, eso lo arreglamos mañana.’
Mientras tanto, Eleuterio Barreto González, (Teyo) quien después de haber regresado de la iglesia se había acostado a dor-mir en su casa, fue despertado por su esposa como a eso de las 11:30 ó 12:00 de la noche. Esta le indicó que a su hijo se le había olvidado mudar la vaca que estaba achicada en el rancho. Eleu-terio Barreto González se levantó se puso unas chancletas, un pantalón corto y una camiseta y salió a mudar la vaca para otro sitio. Cuando iba llegando al lugar vio un bulto que se movía y pensó primero que se trataba de un becerro, pero entonces se dio cuenta de que era alguien que venía hacia él, y le preguntó ‘¿Quién viene?.’ Este se le abalanzó ‘para encima’ tirándole un machetazo mientras le decía ‘aquí llegó tu macho.’ A pesar de que lo había tomado por sorpresa, Eleuterio Barreto González reconoció a Iluminado, su atacante, pues este había trabajado en su finca antes. Este le tiró ocho o diez machetazos y Eleuterio González empezó a recular hacia atrás, pero el que lo atacaba seguía hacia él tirándole tajos con el machete. Cuando Eleuterio tropezó con el talud del camino hizo un disparo al aire para ver si esto detenía al agresor, pero este no hizo caso y siguió encima de él tirándole con el machete. Entonces Eleuterio sacó su revól-ver y le hizo tres disparos corridos a su atacante. Este cayó al piso. El corrió para su casa y luego que se tranquilizó y ‘se le pasó el temblor,’ fue a entregarse al cuartel de la Policía, donde entregó el arma homicida y entregó su licencia para portar y poseer arma.
Junto al cadáver de Juan Iluminado Ramírez Vélez, que ya-cía a orillas del pavimento, se encontró una hamaca con soga y un machete.”

No aparece de la exposición narrativa que el Ministerio Público controvirtiera los anteriores hechos ante el tribunal de instancia. No obstante, el Procurador General intenta re-chazar la impugnación del veredicto en apelación arguyendo que carece de los elementos de juicio necesarios para apreciar los detalles contenidos en la declaración del acusado y de los demás testigos pues sólo tiene a su disposición un mero resu-men de la prueba que a su juicio resulta insuficiente e inade-cuado.

El argumento es insostenible. En Pueblo v. Vega Cruz, 105 D.P.R. 1 (1976), puntualizamos la responsabilidad indeclinable del Ministerio Fiscal de velar porque la exposición narrativa refleje fielmente las sustancias de las declaraciones de los testigos y todas las incidencias ocurridas en el juicio. El descargo de esta obligación, tanto por parte del Ministerio Fiscal como por los abogados de los apelantes, es fundamental para que la exposición narrativa logre el propósito de sustituir adecuadamente la transcripción de la prueba en los casos que así lo ameriten y, al igual que ésta, pueda ser de utilidad en la revisión de los errores señalados en el recurso de apelación.

Los elementos de prueba omitidos en la exposición narrativa tienen el mismo efecto adverso que la evidencia voluntariamente suprimida sobre la parte que tiene la obligación de incorporarlos a la exposición. La extensión de esta presunción del derecho probatorio al ámbito de la apelación fortalece la función revisora de este Tribunal y garantiza la eficacia del trámite apelativo.

La exposición narrativa fue preparada con la intervención del Ministerio Fiscal, quien sometió un proyecto de correcciones el cual fue aceptado e incorporado a la exposición finalmente certificada por el tribunal de instancia. Nota-mos, además, que la exposición cubre minuciosamente los tes-timonios vertidos en el juicio tal como si fuera una transcrip-ción taquigráfica. El Ministerio Fiscal tuvo la oportunidad de incluir en la misma todos los elementos de prueba desfilada en el juicio que sostuvieran el fallo condenatorio. No puede, por tanto, valerse ahora de su propia omisión.

La única prueba que podemos tomar en consideración es la resumida en la exposición narrativa certificada por el tribunal de instancia y como de esta surge palmariamente que el apelante actuó en defensa propia el veredicto de culpabili-dad no puede prevalecer.

Se dictará sentencia revocando la aquí apelada.