author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. María Santiago Alicea, acusada y peticionaria.

      Número: CE-93-243

      Resuelto: 18 de abril de 1995

      Antonio Miguel Sagardía, abogado de la peticionaria; Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procuradora General Auxiliar.

   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

María Santiago Alicea recurre de una resolución dictada por el Tribunal Superior que declaró sin lugar una moción de supresión de evidencia porque la peticionaria consintió voluntariamente al registro sin orden efectuado en su residencia. Por entender que su consentimiento no fue vo-luntario, revocamos.

r-H

La prueba presentada por el Ministerio Público y por la defensa constó de las declaraciones del Sargento Aníbal Rodríguez y de la Sra. María Rivera Ramírez.

Según surge del testimonio del sargento Rodríguez, éste se encontraba en horas de la tarde investigando el asesi-nato de tres (3) personas en el Residencial Vista Hermosa en Río Piedras cuando le informaron sobre una confidencia recibida en el Cuartel de Puerto Nuevo de que las armas utilizadas en esas fechorías se encontraban en el edificio Núm. 64, apartamento 755 de dicho residencial.

Enterados de esta información, el Sargento y agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas, desplegando sus ar-mas, rodearon el apartamento. El Sargento llamó hacia el interior de éste y una menor, hija de María Santiago Ali-cea, le contestó que su madre se encontraba en la esquina del edificio conversando con unos vecinos. En ese momento llegó Santiago Alicea y el Sargento le pidió permiso para registrar su apartamento. Ésta se opuso y le exigió una orden de allanamiento. El oficial policiaco le expresó que no la tenía y ante la negativa de ella a dejarlo entrar, el Sargento se lo informó al Fiscal a cargo del operativo.

El Fiscal solicitó hablar con Santiago Alicea y el Sar-gento la llevó hacia donde él se encontraba. Luego de con-versar con él, Santiago Alicea accedió a que registraran su apartamento. Como resultado del registro los policías en-contraron tres (3) armas de fuego y arrestaron a Santiago Alicea y a su hija.

En el contrainterrogatorio, el sargento Rodríguez testi-ficó que la confidencia no fue recibida por él y que no tenía información sobre la persona que la ofreció. Declaró, ade-más, que no existía documento por escrito en la Policía que demostrase la existencia de dicha confidencia y que el po-licía que le informó sobre ella no fue quien la recibió. El sargento Rodríguez aceptó que tanto él como el Fiscal le dijeron a Santiago Alicea que si no consentía al registro la Policía se encargaría de conseguir una orden de allana-miento ese mismo día. Además, el Sargento aceptó que la única prueba que tenía para sospechar que en ese aparta-mento había ármas de fuego fue la confidencia recibida en el Cuartel.

Por otro lado, la Sra. María Rivera Ramírez, una resi-dente del mismo residencial, testificó que el día de los he-chos se encontraba en su apartamento en horas de la tarde. Al llegar la Policía a investigar los asesinatos, ella bajó de su apartamento y se sentó a dialogar con Santiago Alicea y otras personas del residencial. De momento ob-servó que la Policía estaba tratando de abrir una ventana del apartamento donde residía Santiago Alicea. Al ver esta acción, ella se dirigió hacia dicho apartamento y encontró a Santiago Alicea preguntándole al sargento Rodríguez por qué estaban tratando de abrir la ventana de su apartamento. Este le informó sobre la confidencia que ha-bían recibido.

En su testimonio ella declaró que el Sargento le indicó a Santiago Alicea que si los dejaba entrar a su apartamento no la acusaría a ella ni a su hija menor. Testificó que Santiago Alicea le exigió al Sargento una orden de allana-miento y éste le contestó que no la tenía, pero que recor-dara que a ella no le iba a pasar nada. Declaró, además, que el Sargento le dijo que si se negaba a dejarlos entrar, dejaría a la Unidad de Operaciones Tácticas rodeando el apartamento en lo que conseguían la orden. Por último, la testigo manifestó que ante la negativa de Santiago Alicea, el Sargento la llevó hacia donde se encontraba el Fiscal.

Examinados los hechos narrados anteriormente y al amparo de la norma expuesta en el caso de Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973), el Tribunal Superior (Hon. Laura E. Nieves de Van Rhyn, Juez) denegó la mo-ción de supresión de evidencia. Concluyó que a la luz de la totalidad de las circunstancias la acusada había consentido al registro.

Por no estar de acuerdo con este dictamen, Santiago Ali-cea acude ante esta Cüria y en su petición de certiorari sostiene que se debe suprimir la evidencia ocupada porque el consentimiento prestado en este caso fue el producto de coacción e intimidación por parte de los agentes del orden público. También señala que la confidencia que le fue in-formada al Sargento no fue corroborada y, en consecuencia, los policías no tenían causa probable para obtener la orden de allanamiento que había intimado el Sargento el día de los incidentes que originaron la acusación. Decidimos revi-sar y expedimos el recurso.

pH HH

El Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299, en lo pertinente establece:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautacio-nes y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, alla-namientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirma-ción, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

En esencia, este artículo protege la intimidad del indi-viduo contra intrusiones arbitrarias del Estado.

Es ún principio firmemente establecido que todo registro, allanamiento e incautación llevado a cabo sin or-den judicial previa se presume irrazonable y, por ende, inválido. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 476 (1988); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979). Le corresponde al Ministerio Público rebatir esta presunción de invalidez demostrando que el registro realizado fue legal y razonable. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986).

No obstante, existen varias excepciones al citado principio constitucional. Una de estas excepciones es el registro llevado a cabo a base de un consentimiento válido. Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 436. Dicha excepción “se configura en virtud de la facultad que posee el titular de la protección constitucional para renunciarla”. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 776, 777 (1982); Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965). Esta renuncia se deduce del acto del acusado de autorizar la entrada del funcionario de orden público o cuando se puede establecer que hubo una invitación implícita de su parte. Sin embargo se “requiere que esa renuncia sea expresa o implícita, pero voluntaria”. (Escolio omitido.) Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, pág. 777. Véase, además, Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 728-729 (1961).

En Pueblo v. Seda, supra, expusimos algunos de los factores determinantes sobre si medió o no una renuncia expresa o tácita. Estos son:

1) si ha mediado fuerza.o violencia ... 2) si se efectuó el re-gistro después de practicado un arresto ... y 3) si se encontra-ban otras personas presentes .... Pueblo v. Seda, supra, pág. 729.

Hemos establecido, además, que lo determinante es que la prueba sobre la renuncia del derecho constitucional sea clara, demostrativa de que no existió coacción verdadera de clase alguna, directa o indirecta. Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, pág. 777; Pueblo v. Tribunal, 91 D.P.R. 19 (1964).

Recientemente en Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994), señalamos que “la voluntariedad de la renuncia dependerá de la totalidad de las circunstancias, Schneckloth v. Bustamante, 412 U.S. 218 (1973); no bas-tando demostrar una mera sumisión a la autoridad de un oficial del orden público”.

Al examinar la totalidad de las circunstancias de cada caso se deben considerar tanto las características de la persona que alegadamente ha consentido al registro como el ambiente en el cual se llevó a cabo. Estos factores no deben ser aplicados mecánicamente, sino que deben ser utiliza-dos como una guía en el anáfisis de cada caso.

En cuanto a las características personales hay que examinar la edad; la inteligencia promedio; la educación; si la persona estaba intoxicada o bajo la influencia de drogas al momento de prestar el consentimiento; si la persona consintió luego de ser informada de su derecho de rehusarse a consentir o habérsele dado las advertencias “Miranda”; y si había sido arrestado anteriormente y, por lo tanto, tenía conocimiento de las protecciones que provee el sistema legal a los sospechosos de un delito. Véase U.S. v. Chaidez, 906 F.2d 377 (8vo Cir. 1990).

En cuanto al ambiente en el que se prestó el consentimiento, hay que considerar si la persona que consintió fue amenazada, intimidada físicamente o maltratada por la Policía; si descansó en promesas o representaciones falsas de la Policía y si estaba en un lugar público o aislado. Por otro lado, si la persona inicialmente no permitió el registro, pero posteriormente lo autorizó, hay que determinar si fue obtenido luego de que la Policía amenazó al ciudadano diciéndole que si no consentía obtendrían una orden de registro y entrarían de todas formas. Véase United States v. Chaidez, supra.

Esta norma, expuesta por los tribunales federales, tam-bién ha sido adoptada por los tribunales estatales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Connecticut, en el caso de Dotson v. Somers, 402 A.2d 790 (1978), aplicó los factores antes mencionados para suprimir una evidencia obtenida mediante un registro consentido. En este caso la peticiona-ria inicialmente se negó a dejar a tres (3) agentes de la Policía entrar a su hogar. Los agentes le advirtieron que negarse era inútil pues ellos podían conseguir una orden de allanamiento y regresar a registrar su hogar. Le expre-saron que esa sería una situación vergonzosa para ella. Ante estos hechos, el tribunal determinó que el consenti-miento no había sido voluntario, pues medió intimidación por parte de la Pobcía. En apoyo de su contención el Tribunal Supremo de Connecticut afirmó que la amenaza por la Policía de obtener automáticamente una orden es tan intimidante como la presentación de una expedida ilegalmente.

Por su parte, el profesor La Fave en su conocido tratado sobre registros y allanamientos examina cuidadosamente las circunstancias físicas o psicológicas que vician un consentimiento. La Fave establece que por lo general una amenaza por parte de la Policía de que obtendrá una orden de allanamiento invalida el consentimiento consecuente-mente prestado, si en el momento en que se hizo la ame-naza no había causa probable para emitir dicha orden. En particular, señala lo siguiente:

...If the police make a show of force at the time the consent is sought, or if the surroundings are coercive in other respects, this is to be taken into account in determining whether the consent was voluntarily given. While it is unlikely that a single coercive element will, standing alone, be enough to invalidate a consent, several of them in combination certainly will....
It is significant, for example, that consent has been obtained while the consenting party was confronted by many police officers. The presence of a number of policemen is likely to suggest that the police are contemplating an undertaking which does not depend upon the cooperation of the individual from whom permission to search is being sought....
Similarly, the “display of weapons is a coercive factor that sharply reduces the likelihood of freely given consent”. (Escolio omitido.) W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 3, Sec. 8.2, pág. 181.

De la exposición normativa anterior se desprende que en Puerto Rico la validez de un registro consentido es una cuestión de hecho que se determina mediante un examen cuidadoso de la totalidad de las circunstancias que rodean el caso. En particular, al hacer el análisis de la totalidad de las circunstancias del caso, hay que tomar en cuenta las características de la persona que consiente y el ambiente en el cual prestó el consentimiento.

HH 1 — I hH

En el caso de autos, Santiago Alicea se encontraba en la esquina del edificio donde residía en el Residencial Vista Hermosa conversando con otros vecinos cuando la Unidad de Operaciones Tácticas, desplegando sus armas, rodeó su apartamento. La Sra. María Rivera observó que la Policía estaba tratando de abrir una ventana del apartamento de Santiago Alicea. En ese momento ésta se acercó hacia su apartamento, se negó al registro que pretendía hacer la Policía y les exigió una orden. El sargento Rodríguez, quien no tenía una orden de registro y allanamiento, junto con el Fiscal que dirigía la investigación, amenazaron a Santiago Alicea con que si no los dejaba entrar dejarían el edificio rodeado por la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía en lo que conseguían la orden y entrarían de todas formas. Luego de esta amenaza es que Santiago Ali-cea consiente al registro sin orden.

La presencia de la Unidad de Operaciones Tácticas ro-deando el edificio de Santiago Alicea, con sus armas ex-puestas, es un factor que . intimidaría a cualquier ciudadano. El hecho de que el operativo policiaco se efectuó con un contingente de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía, con sus armas expuestas y en presencia de todos los vecinos, claramente incrementó la presión de los agentes del orden público sobre Santiago Alicea para que consintiera el registro. El hecho de que tanto el Fiscal como el Sargento la amenazaron con que si no les permitía en-trar dejarían el edificio rodeado con los policías de la Uni-dad de Operaciones Tácticas mientras obtenían la orden judicial, y que conseguirían ésta y entrarían de todas for-mas, constituyó otro factor que le infundió miedo a Santiago Alicea.

Además de ser intimidante, dicha amenaza de los policías, de obtener automáticamente una orden de allanamiento, fue un engaño a Santiago Alicea, pues la única prueba que tenían en su contra era la confidencia sobre la localización de las armas y ésta no fue corroborada. Al no ser corroborada esta confidencia, no constituye causa probable para emitir una orden de allanamiento.

Aunque de los hechos se pueda inferir que Santiago Ali-cea conocía su derecho a no autorizar un registro sin orden, y que en el ejercicio pleno de sus facultades mentales se negó a permitir el registro, la amenaza de los agentes, unida a las demás circunstancias intimidantes descritas anteriormente, la llevaron a creer que el registro era inevitable y que en realidad no dependía de su consentimiento. Fue este ambiente coercitivo el que llevó a Santiago Alicea a temer por su seguridad y la de su hija menor y, por con-siguiente, a acceder al registro sin orden.

Examinadas las circunstancias particulares descritas anteriormente y la doctrina aplicable, concluimos que el consentimiento prestado por Santiago Alicea estuvo viciado. Su consentimiento fue involuntario, pues fue pro-ducto de intimidación y coacción de la Policía. Por ende, el registro de la residencia de Santiago Alicea, peticionaria, fue irrazonable y la evidencia fue obtenida ilegalmente. Procedía la supresión solicitada.

Se dictará sentencia para revocar la resolución recurrida.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Estoy conforme con el resultado al que llega la mayoría en su opinión. Considero que el Tribunal de instancia no tenía bases adecuadas para concluir que la peticionaria ha-bía consentido voluntariamente al registro, cuya validez ha sido impugnada ante nos en este caso.

No obstante, no estoy conforme con algunos de los pro-nunciamientos normativos formulados en la opinión de la mayoría. En particular, difiero de la conclusión de que a la luz de la totalidad de las circunstancias presentes en este caso, el consentimiento prestado por la peticionaria fue in-voluntario y estuvo viciado, por ser producto de intimida-ción de parte de la Policía. Según mi criterio, no tenemos bases suficientes para llegar a tal conclusión. Sencilla-mente no sabemos si hubo coacción.

La mayoría, en su opinión, asume que la presencia de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía en los alre-dedores del edificio de la peticionaria, con sus armas ex-puestas, “es un factor que intimidaría a cualquier ciudadano”. Opinión mayoritaria, pág. 239. Por eso, ésta concluye que dicha presencia forma parte importante del supuesto “ambiente coercitivo” que llevó a la peticionaria a acceder a un registro sin que mediara orden previa. Estas determinaciones de la mayoría me parecen insostenibles por dos razones. En primer lugar, como cuestión de norma general, no me parece jurídicamente válida la presunción de que una situación en la que unos agentes policíacos es-tán legítimamente armados, ejercitando lo que es propia-mente una de sus funciones como oficiales del orden pú-blico, constituye per se un elemento de coacción o intimidación que vicie el consentimiento de los ciudadanos relacionados con la acción policíaca. Adoptar tal posición como una norma jurídica, como lo hace la mayoría en este caso, le impone una traba irrazonable a los agentes del orden público en la consecución de sus funciones oficiales. Además, en el caso particular ante nos, no hay base en los hechos para llegar a la conclusión formulada por la mayoría. Según surge de los propios hechos relatados en su opinión, la peticionaria, en presencia precisamente de los agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas, se negó ini-cialmente a acceder al registro. Evidentemente la peticio-naria no se había sentido intimidada por la presencia de los agentes policíacos armados. Su cambio de actitud res-pecto a permitir el registro ocurrió luego de su conversa-ción con el Fiscal. Si hubo intimidación o coacción, tiene que haber sido como resultado de dicha conversación. Por ello, es el contenido y el efecto de esa conversación lo que tendría que examinarse cuidadosamente para decidir si, en efecto, el consentimiento prestado por la peticionaria al re-gistro fue voluntario o no.

En mi criterio, pues, el tribunal de instancia debió ha-ber examinado la reacción subjetiva de la peticionaria ante la amenaza del Fiscal de obtener una orden judicial para el registro, a fin de determinar si esa amenaza en efecto vició o no el consentimiento al registro prestado por ella. En el caso ante nos, el foro de instancia resolvió que la peticio-naria había consentido al registro. No hay indicio alguno, sin embargo, de que dicho foro haya realizado el crucial examen sobre la reacción subjetiva de la peticionaria ante la amenaza del Fiscal, que debió realizarse. Es posible que la peticionaria haya cambiado de parecer sobre el asunto del registro por haber sido coaccionada por la amenaza del Fiscal. Pero también es posible que su cambio de actitud se haya debido sencillamente a que, luego de haber hablado con el Fiscal, entendió que él registro procedía en derecho e iba a ser inevitable, por lo que voluntariamente accedió a él. Pueden existir, pues, diversos motivos o razones encon-tradas que expliquen el cambio de parecer de la peticionaria. Por ello, para adjudicar la validez del consen-timiento prestado, luego del cambio de actitud de ésta, era menester inquirir sobre su reacción subjetiva a la amenaza en cuestión.

No surge de los autos que el foro de instancia haya rea-lizado el aludido examen y ya no puede realizarse por el foro de instancia, ni este Tribunal, en revisión, tiene la posibilidad de hacerlo. En vista de ello, no queda otro re-medio que concluir que la determinación del tribunal a quo, de que la acusada accedió voluntariamente al registro, no estuvo adecuadamente fundada, por lo que procede que se revoque dicha determinación. Lo anterior, sin embargo, es muy distinto a lo que hace la mayoría en este caso. Ésta, en efecto, presume que la peticionaria sintió miedo y actuó a base de una supuesta intimidación y coacción de la Policía. No creo que existan fundamentos sólidos en los autos ante nos para llegar a tal conclusión. Por eso me veo obligado a concurrir con el resultado de la mayoría, sin poder coincidir con los fundamentos particulares que ofrece para justificarlo.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Fue válido el consentimiento de la peticionaria María Santiago Alicea al registro de su apartamento, cuyo saldo fue varias armas alegadamente utilizadas en el asesinato de tres (3) personas en el Residencial Vista Hermosa, en Río Piedras.

I

No hay una limitación taxativa de los requisitos al eva-luar la voluntariedad de un consentimiento. La doctrina sólo requiere que esa renuncia, expresa o implícita, sea voluntaria. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 777 (1982).

El criterio rector es la totalidad de las circunstancias en relación con factores tales como “la edad, inteligencia apa-rente, si hubo advertencia previa de los derechos constitu-cionales, cuánto tiempo estuvo detenido previo a éste pres-tar el consentimiento, si hubo coacción física o si se estaba bajo custodia policiaca. Schneckloth v. Bustamonte, ante, pág. 226; United States v. Rojas, 783 F.2d 105, 109 (7mo Cir.), cert. denegado, 479 U.S. 856 (1986). El tribunal debe tomar en consideración, en adición, si hubo tretas o enga-ños, promesas o indicación de alguna clase de coacción; al igual que si el consentimiento fue prestado en un sitio pú-blico o mientras se encontraba en una estación de policía y, a su vez, si hay indicación alguna de deficiencia mental o cualquier otro motivo que le impida al sujeto escoger libre-mente entre las alternativas de consentir o no. Véase United States v. Watson, 423 U.S. 411 (1976)” Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 967 (1994).

Ninguno de estos factores es determinante; sí es medu-lar examinar el estado subjetivo de la persona. Acometa-mos sucintamente esa tarea.

i — 1 H

Sostiene la mayoría del Tribunal que el consentimiento de la peticionaria Santiago Alicea fue viciado pues accedió luego que el Fiscal le informara que, de negarse, consegui-ría una orden, judicial. Concluyen intimidación y engaño. Aducen que no existía causa probable para dicha orden, pues la confidencia que dio base a la movilización policíaca no fue corroborada.

En lo sustantivo, de entrada, rechazamos la tesis de que la sola mención de una orden de registro, per se, sea factor coercitivo que invalide un consentimiento. Y en este caso no era menester dirimir si existía causa probable para su expedición, pues cuando hablamos de consentimiento, en recta lógica, estamos ante una de las excepciones reconocidas. Como dijimos en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, págs. 777-778:

Varias razones de peso se aducen para fundamentar la alter-nativa de proceder a un registro luego de obtenerse el consentimiento. Se estima que puede ser percibido como el curso de acción más seguro en términos de minimizar el riesgo de la supresión. Ello tiende a economizar tiempo cuando ese factor es esencial. De igual modo se prescinde de cumplir con los requisitos técnicos exigidos para una solicitud y expedición del mandamiento. 2 La Fave Search and Seizure, 1978, sec. 8.1, pág. 611. Aún más, se acepta que puede solicitarse el consenti-miento sin existir causa probable, ya que provee un mecanismo de pronta exoneración de aquellas personas sobre las cuales se ha sospechado erróneamente. Gardner, Consent As a Bar to Fourth Amendment Scope — A Critique of a Common Theory, 71 J. Crim. L. 452 (1980). (Énfasis suplido.)

No es lógico supeditar la validez del consentimiento a la existencia de causa probable que exige nuestra Constitu-ción para librar una orden. El requerimiento de consenti-miento persigue precisamente eludir los rigores técnicos de ese trámite. Lo crucial es que de la totalidad de las circuns-tancias se desprenda su voluntariedad. Y ciertamente aquí, el que el Fiscal aludiera a que conseguiría una orden no significa coacción alguna pues, repetimos, antes de soli-citar el consentimiento, no venía obligado a corroborar la confidencia recibida. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429, 446-447 (1988). Obviamente para evitar que se tenga que seguir ese curso, solicitó y obtuvo el consentimiento de la peticionaria Santiago Alicea.

HH hH

En los méritos, fácticamente tampoco medió coacción o engaño alguno.

El ilustrado tribunal de instancia tuvo ante sí la prueba del Ministerio Público consistente del testimonio del Sar-gento Aníbal Rodríguez y, por la defensa, la declaración de la Sra. María Rivera Ramírez. Aquilató credibilidad y con-cluyó que medió un consentimiento válido.

Debimos respetar su dictamen. Carecemos de una expo-sición narrativa de la prueba que nos permita descartarlo justificadamente. Aún bajo la relación mayoritaria, nin-guno de los testimonios revela que la peticionaria Santiago Alicea se hubiera sentido coaccionada. Todo lo contrario. Los dos (2) únicos testigos coinciden en que ella, aún frente a varios policías armados que rodeaban el edificio y ante la presencia de sus vecinos que observaban los acontecimien-tos, “exigió” una orden de allanamiento. Sólo después de conversar con el Fiscal cambió de opinión.

Debemos recalcar que para determinar la voluntariedad del acto es imprescindible evaluar la reacción subjetiva de la persona. Es su conducta individual en ese momento lo importante. El criterio que se ha de seguir, por lo tanto, es el subjetivo-, no el objetivo de la persona promedio ante una situación fáctica similar, que es el que usa la opinión mayoritaria.

Por ello nos asombra que sin tener la exposición narra-tiva de la prueba pretenda afianzarse en unas afirmacio-nes genéricas y cuestionables, tales como que la presencia de los policías con sus armas expuestas “intimidarían a cualquier ciudadano”; que el despliegue de agentes con sus armas en presencia de los vecinos “claramente incrementó la presión” para que ella consintiera; que la amenaza de dejar a los policías para rodear el edificio en lo que se con-seguía la orden “constituyó otro factor que le infundió miedo a Santiago Alicea.” Opinión mayoritaria, pág. 239.

' Esas afirmaciones son sólo producto de unas conjeturas no avaladas por la prueba. Más aún, su validez es susceptible de examinarse al anverso. La presencia de muchos de los vecinos en el “territorio” de la peticionaria Santiago Ali-cea, lejos de añadir presión, ¿no alivió cualquier posible coacción psicológica? Si se trata de incursionar en el campo especulativo, ¿no es más razonable deducir que el consen-timiento dado por una persona cuyo apartamento fue ro-deado por agentes armados está investido de mayor volun-tariedad cuando numerosos vecinos presencian y fiscalizan las acciones policíacas, que cuando el ciudadano está solo con los agentes o bajo custodia? ¿Cómo puede la mayoría afirmar que la portación de armas por parte de la Policía es intimidante para “cualquier ciudadano”? Al así hacerlo, ¿no olvida la mayoría el análisis objetivo? En el peculiar contexto fáctico en que se buscaba en el apartamento unas armas largas y automáticas alegadamente utilizadas en una masacre, ¿cuál hubiese sido la conducta normal de la Policía? Al buscar armas largas, ¿debían ir sólo con revól-ver? ¿Mantenerlos en sus fundas? Es incompatible que la mayoría caracterice como “amenaza” mantener rodeado el edificio, olvidando así que esa era la única medida lógica y razonable para evitar cualquier intento de sacar u ocultar tales armas.

Finalmente, si algo revela la prueba es que esas circuns-tancias no “intimidaron” a la peticionaria Santiago Alicea, quien, repetimos, le “exigió” a la Policía una orden judicial de allanamiento.

Hemos visto que la peticionaria Santiago Alicea no declaró. Ello no significa que el tribunal de instancia no pudiera evaluar correctamente su reacción subjetiva y la voluntariedad del consentimiento; precisamente lo hizo a través de los testimonios de los dos (2) testigos que deta-llaron su comportamiento. Sin una exposición narrativa de la prueba no debimos imponer un criterio distinto que desde este estrado apelativo responde a una especulación.

Confirmaríamos.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

Hechos

El Ministerio Público presentó acusaciones contra Ma-ría Santiago Alicea (en adelante la peticionaria) por infrac-ciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, luego de que varios agentes registraran su apartamento tras obtener su consentimiento expreso. Esta solicitó la supresión de la prueba ocupada. El Tribunal Superior celebró vista para la discusión de la referida moción. La prueba del Pueblo con-sistió del testimonio del Sargento Aníbal Rodríguez. La de-fensa presentó, como testigo, a la Sra. María Rivera Ramírez.

El sargento Rodríguez declaró, en síntesis, que el 18 de enero de 1993, en horas de la tarde, se encontraba en el Residencial Vista Hermosa, en Río Piedras, investigando el asesinato de tres (3) personas. Allí fue informado de una confidencia recibida en el Cuartel de la Policía de Puerto Nuevo, en la cual indicaron que las armas utilizadas en el crimen estaban en el apartamento 755 del edificio 64 del mencionado residencial.

El sargento Rodríguez y otros agentes de la unidad "SWAT” se dirigieron al edificio. Todos estaban armados. Al llegar al edificio, llamó hacia el interior del apartamento, asomándose una menor de edad quien resultó ser hija de la peticionaria. El sargento Rodríguez le preguntó por la dueña del apartamento y la menor le señaló que se encon-traba en la esquina del edificio. La peticionaria llegó en ese momento, informándole el sargento Rodríguez sobre la confidencia recibida. Este le pidió permiso para registrar el apartamento, a lo que la peticionaria se opuso exigiéndole una orden de allanamiento. El sargento Rodríguez le in-dicó que no la tenía en ese momento y procedió a infor-marle al Fiscal José R. Cancio, quien dirigía la investiga-ción, sobre la negativa de la dueña del apartamento a acceder al registro. El Fiscal pidió hablar con la peticiona-ria y el sargento Rodríguez la llevó con él. Luego de hablar con el Fiscal, la peticionaria prestó su consentimiento para que registraran el apartamento. Los agentes ocuparon tres (3) armas de fuego, procediendo a arrestar a la peticionaria y a su hija.

En el contrainterrogatorio el sargento Rodríguez de-claró que no tenía información sobre quién había recibido la confidencia y que ésta no estaba registrada. Negó que hubiese dicho a la peticionaria que si consentía al registro no sería acusada. Indicó que tanto él como el Fiscal Cancio le dijeron que si no consentía al registro, la Policía se en-cargaría de conseguir una orden de allanamiento ese mismo día. Señaló, también, que no se le habían dado ad-vertencias de ley a la acusada antes de que ésta diera su consentimiento. Informó que, además de la peticionaria y su hija, residían en el apartamento tres (3) hijos mayores de edad, y que las armas no fueron encontradas en el cuarto de la peticionaria. Declaró, por último, que la única prueba que tenía para sospechar que había armas en el apartamento era la confidencia y que, mientras hablaba con la peticionaria, los otros agentes rodeaban el apartamento.

La prueba de la defensa, como ya dijimos, consistió en el testimonio de la Sra. María Rivera Ramírez, quien reside en el apartamento 738 del edificio 62 del antedicho residencial. La testigo declaró que en la tarde de 18 de enero de 1993 se encontraba en su residencia. Al llegar la Policía al residencial, bajó de su apartamento y se sentó a hablar con la peticionaria y otros vecinos. Señaló que vio cuando la Policía trataba de abrir una ventana del aparta-mento de la peticionaria y le preguntó al sargento Rodrí-guez por qué lo estaban haciendo. De acuerdo con la tes-tigo, éste le contestó que había recibido una confidencia de que las armas utilizadas en los asesinatos estaban guarda-das en dicho apartamento y que le había indicado a la pe-ticionaria que si dejaba entrar a la Policía, ni ella ni su hija serían acusadas. Señaló la testigo que la peticionaria exi-gió al sargento Rodríguez una orden de allanamiento, pero que éste le dijo que no la tenía en ese momento y que si se negaba a dejarlos entrar, dejaría a la Policía rodeando el apartamento en lo que la conseguían. Después de este su-ceso, el sargento Rodríguez y la peticionaria se dirigieron hacia donde estaba el Fiscal.

Luego de escuchar los testimonios vertidos en la vista, el tribunal dictó resolución denegando la solicitud de su-presión de evidencia “por entender que el registro se soste-nía como una actuación razonable dentro de las circuns-tancias y que la acusada había consentido al registro ...” Inconforme con el resultado, la peticionaria acude ante nos, mediante recurso de certiorari, para solicitar la revo-cación de la resolución y, por consiguiente, la supresión de la evidencia ocupada. Señala los errores siguientes:

1) Por ser un allanamiento sin orden(,) corresponde al (E)stado establecer por cual excepción legal registraron el apartamento. 2) Se debe suprimir la evidencia ocupada en el apartamento ya que teniendo información la policía que podría incriminar a la acusada, tenía la obligación legal de hacerle las advertencias de ley. 3) Se debe suprimir la evidencia ocupada ya que el consenti-miento en este caso no fue uno inteligente ni voluntario. 4) Se debe suprimir la evidencia ocupada ya que el Sargento Rodríguez(,) cuando le indicó a la peticionaria que iba a conse-guir una orden de allanamiento!,) no tenía la causa probable requerida por la jurisprudencia para conseguir la misma; por lo tanto(,) el consentimiento dado por la acusada en estas circuns-tancias no fue uno inteligente.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

rH

La protección contra registros, incautaciones y allanamien-tos irrazonables

La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299, garantiza “el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incau-taciones y allanamientos irrazonables”, salvo autorización judicial “cuando exista causa probable apoyada en jura-mento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse”. Igual protección ofrece la Constitución de Esta-dos Unidos de América en la Enmienda Cuarta, con la diferencia que en la nuestra se dispone, expresamente, la inadmisibilidad de la evidencia obtenida mediante regis-tros, incautaciones y allanamientos irrazonables. Los obje-tivos básicos que persigue nuestra disposición constitucio-nal son “proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios pú-blicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de ra-zonabilidad a la intrusión ...” E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984). Ahora bien, esta garantía ten-drá efecto sobre objetos y lugares sólo si están protegidos por un interés individual fundado en una expectativa legí-tima de intimidad. Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363 (1992).

Como corolario a este mandato constitucional, el regis-tro, allanamiento e incautación sin orden se presume irra-zonable y, por ende, inválido. Pueblo, v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 476 (1988); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 329 (1979). No obstante, tanto la jurisprudencia federal como la de Puerto Rico han reconocido ciertas excepcio-nes bajo las cuales resultan constitucionalmente válidos los registros, allanamientos e incautaciones sin orden judicial. Por tal razón, para rebatir la presunción de ilega-lidad, el Ministerio Público tiene que presentar prueba so-bre las circunstancias especiales que le permitieron actuar sin orden. Pueblo v. Ramos Santos, supra; Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 176-177 (1986).

HH HH

El registro consentido

Una de las excepciones a la norma constitucional de que todo registro, incautación y allanamiento debe realizarse con orden judicial lo constituye el registro llevado a cabo a base de un consentimiento válido. Katz v. United States, supra; Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42 (1970); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 D.P.R. 391 (1989); Pueblo v. Ramos Santos, supra. Aunque éste, mas que una limitación al alcance de la protección, es una renuncia a dicha protección. Si una persona accede a un registro, contra el cual está protegido constitucionalmente, renuncia a la protección y queda así validada la actuación gubernamental. El efecto concreto que esto tiene es que no progresaría una moción de supre-sión de evidencia con relación a una incautación producto de un registro consentido. E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, 1991, Yol. 1, Sec. 6.15A, pág. 424.

HH 1 — 1 WH

Las advertencias en los registros consentidos

En Estados Unidos el caso principal sobre esta materia es Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973). En éste se explora lo que constituye un consentimiento prestado voluntariamente y la prueba que debe presentar el Minis-terio Público para demostrar la voluntariedad del consentimiento. La controversia principal en cuanto a la validez del consentimiento se refería a si era requisito esencial que la persona que consintió hubiera estado cons-ciente de que tenía la alternativa de no consentir, y si ha-bía que advertir del derecho a no consentir.

El primer aspecto que se destaca es que no existe una definición talismánica de voluntariedad. El marco de refe-rencia jurisprudencial existente era el relacionado a las confesiones voluntarias de sospechosos bajo custodia. Den-tro de ese contexto ningún criterio era, por sí solo, deter-minante, sino que la voluntariedad de la confesión se de-ducía de un análisis de la totalidad de las circunstancias presentes en el caso. Schnerkloth v. Bustamonte, supra, págs. 224, 226. El Tribunal Supremo extendió ese análisis al contexto de los registros y allanamientos consentidos a los fines de determinar la voluntariedad del consentimiento. íd., pág. 227. Resolvió que lo único deci-sivo era si, bajo la totalidad de las circunstancias, el con-sentimiento fue voluntario. Entre los factores que pueden tomarse en consideración están si la persona conocía o no su derecho a no consentir, y si estaba bajo arresto o custodia. Sin embargo, lo importante y determinante es que el consentimiento, expreso o implícito, no sea el pro-ducto de coacción o coerción ejercida por los agentes de la policía en forma expresa o implícita. Id., págs. 248-249.

El Tribunal Supremo se negó a aplicar, para la validez de un registro consentido, la doctrina que exige el conoci-miento previo del derecho y las consecuencias de su renuncia. Por tal razón rechazó establecer como norma el requisito de hacer unas advertencias legales tipo Miran-c¿a antes de obtener el consentimiento para un registro sin orden. Schneckloth v. Bustamante, supra, págs. 231-232. Una norma, a esos efectos, había sido amplia-mente rechazada tanto por las cortes federales como por las estatales, ya que su imposición resultaba poco práctica a la luz de las circunstancias en que normalmente ocurren los registros consentidos. Se señala que éstos suelen ocu-rrir, por ejemplo, en las carreteras o en la casa u oficina de la persona, bajo condiciones informales y distintas a la at-mósfera "estructurada” de un juicio formal y de un interro-gatorio bajo custodia. íd.

Señaló el Tribunal que los derechos bajo la Enmienda Cuarta nada tienen que ver con el derecho de un acusado a un juicio justo, lo que pretende protegerse con tales adver-tencias, y que existe una amplia diferencia entre ambos derechos. Sobre el particular, entendió que los requisitos de “conocimiento” e “inteligencia”, como elementos inte-grantes de la validez de una renuncia, se articulan para aquellos derechos dirigidos a asegurar la integridad de todo el proceso criminal instado contra el acusado y a la búsqueda de la verdad; mientras que los derechos bajo la Enmienda Cuarta sólo protegen la privacidad de la persona contra las intrusiones arbitrarias del Estado, o como se dijo en Tehan v. Shott, 382 U.S. 406 (1966), “el derecho del individuo a que se le deje solo”. (Traducción nuestra.) De ahí que el requisito de demostrar una renuncia o aban-dono intencional de un derecho o privilegio conocido; esto es, que la persona estaba consciente de lo que estaba re-nunciando, estándar fijado en Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938), para la renuncia de los derechos constituciona-les garantizados a los acusados no es aplicable a los re-gistros y allanamientos consentidos. Véase parte C de la opinión de Schneckloth v. Bustamonte, supra, págs. 235-246. El tribunal distingue a Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), de los hechos de Schneckloth v. Busta-monte, supra, al indicar que las técnicas de interrogatorio empleadas por la policía en Miranda v. Arizona, supra, y la forma en que tuvieron lugar —bajo custodia— produjeron una situación inherentemente coercitiva de la cual no po-día concluirse que las respuestas de la persona fueran el producto de su libre selección. En cambio, cuando la persona consiente al registro en respuesta a la solicitud que le hace el agente, en un lugar cuya naturaleza es distinta al ambiente aislado de una estación de policía remota, no hay por qué creer que la respuesta fue producto de la coerción o coacción de la policía. Bustamonte, supra, pág. 247. Se se-ñala, incluso, que los registros consentidos forman parte de las técnicas de investigación utilizadas por los agentes del orden público. Bustamonte, supra, pág. 231.

Al final, el Tribunal resume la norma de la forma si-guiente:

Resolvemos ... que cuando el sujeto de un registro no está bajo custodia y el Estado intenta justificar un registro basado en el consentimiento, las enmiendas cuarta y décimocuarta re-quieren que éste demuestre que el consentimiento fue volunta-rio, y no el producto de coacción o coerción, sea expresa o implícita. La voluntariedad es una cuestión de hecho ha ser determinada de la totalidad de las circunstancias, y aunque el conocimiento del sujeto sobre su derecho a rehusarse es un factor a tomarse en consideración no se le requiere al Estado que demuestre tal conocimiento como requisito para establecer que el consentimiento fue voluntario. (Traducción nuestra.) Schnec-kloth v. Bustamonte, supra, págs. 248-249.

IV

La amenaza de gestionar u obtener una orden de registro

La norma de la totalidad de las circunstancias ha sido interpretada por la jurisprudencia federal para incluir una serie de factores a fin de determinar la voluntariedad del consentimiento.

En U.S. v. Chaidez, 906 F.2d 377, 381 (8vo Cir. 1990), se resumen de la manera siguiente:

Las siguientes características de la persona que ha dado el consentimiento son relevantes al momento de valorar la volun-tariedad del consentimiento prestado: (1) su edad, [Scheneckloth v. Bustamonte, supra,] pág. 226, 93 S.Ct., pág. 2047; Haley v. Ohio, 332 U.S. 596, 599 (1948); (2) su inteligencia promedio y su educación, United States v. Watson, 423 U.S. 411, 425 (1976); Bustamonte, 412 U.S., pág. 226, 93 S.Ct., pág. 2047; Payne v. Arkansas, 356 U.S. 560, 567 (1958); Fikes v. Alabama, 352 U.S. 191, 196-97 (1957); (3) Si la persona estaba intoxicada o bajo la influencia de drogas, al momento del con-sentimiento, United States v. Rambo, 789 F.2d 1289, 1297 (8vo Cir. 1986); (4) Si la persona consintió luego de ser informada de su derecho de rehusarse a consentir o habérsele dado las adver-tencias Miranda, Watson, 423 U.S., págs. 424-25, 96 S.Ct., pág. 828; Bustamonte, 412 U.S., pág. 226, 93 S.Ct., pág. 2047; y (5) si había sido arrestado anteriormente y, por lo tanto, tenía co-nocimiento de las protecciones que provee el sistema legal a los sospechosos de un delito, Watson, 423 U.S., págs. 424-25, 96 S.Ct., pág. 828, Laing v. United States, 891 F.2d 683, 686 (8vo Cir. 1989); United States v. Carter, 884 F.2d 368, 375 (8vo Cir. 1989).
Al examinar el ambiente en el cual se prestó el consenti-miento, los tribunales deben examinar si la persona que con-sintió: “(1) estaba detenida o fue interrogada por un período largo o corto de tiempo, Bustamonte, 412 U.S., pág. 226, 93 S.Ct., pág. 2047; (2) si fue amenazada, intimidada físicamente, o maltratada por la policía, Watson, 423 U.S., pág. 424, 96 S.Ct. pág. 828; Bustamonte, 412 U.S., pág. 226, 93 S.Ct., pág. 2047; Reck v. Pate, 367 U.S. 433, 442-43 (1961); Laing, 891 F.2d, pág. 686; (3) si descansó en promesas o falsas representaciones rea-lizadas por la policía, Watson, 423 U.S., pág. 424, 96 S.Ct., pág. 828; Laing, 891 F.2d., pág. 686; Carter, 884 F.2d, págs. 374-75; (4) estaba bajo custodia o arrestado cuando dio el consenti-miento, Watson, 423 U.S., pág. 424, 96 S.Ct., pág. 828; (5) es-taba en un lugar público o aislado, id.; o (6) se rehusó al regis-tro o se mantuvo en silencio mientras éste se realizaba, United States v. Olivier-Becerril, 861 F.2d 424, 425-26 (5to Cir.1988); United States v. Espinosa, 782 F.2d 888, 890-92 (10mo Cir.1986); United States v. López, 777 F.2d. 543, 546-48 (10mo Cir.1985).” (Traducción nuestra.)

Entre estos factores también se encuentra si el consen-timiento para el registro fue obtenido luego de que la Poli-cía ha amenazado al ciudadano de que, si no consiente, procederán a gestionar u obtener una orden de registro.

Los tribunales federales han tenido dificultad en esta-blecer una norma uniforme para estos casos. Particular-mente han tenido el problema de distinguir dicha situación de la acaecida en Bumper v. North Carolina, 391 U.S. 543 (1968). En este caso, la abuela del acusado permitió que la policía registrara su casa luego de que uno de los agentes le indicara que tenía una orden de registro. Durante la vista de supresión de una evidencia obtenida dentro de la casa, el Ministerio Público no presentó la orden de registro. El Tribunal Supremo federal resolvió que no se puede jus-tificar un registro realizado mediante consentimiento, cuando éste fue dado luego de que un agente aseguró que poseía una orden. Id., pág. 549. Señaló el Tribunal:

Cuando el Ministerio Público pretende descansar en que hubo consentimiento para justificar la legalidad de un registro, éste tiene el peso de probar que el consentimiento fue, de hecho, libre y voluntario. No se cumple con tal requisito si se presenta, meramente, que la persona consintió ante un reclamo de autoridad. Un registro realizado mediante una orden no puede justificarse sobre la base del consentimiento si luego resulta que la orden de registro es inválida. El resultado sería igual cuando el estado no intenta validar la orden, o no puede presentar la orden.
Cuando un agente del orden público reclama autoridad para llevar a cabo un registro, está anunciando, en efecto, que el ocupante no tiene derecho a resistir el registro. Esta es una situación coercitiva[...Y] cuando existe coerción no puede haber consentimiento. (Traducción y énfasis nuestros y escolios omitidos.) Bumper v. North Carolina, supra, págs. 548-550.

Varias jurisdicciones han resuelto que la amenaza de gestionar una orden de registro no es una situación similar a la de Bumper v. North Carolina, supra. Señalan, en sín-tesis, que en dicho caso el Tribunal Supremo federal resol-vió que existe coerción cuando la policía informa que posee una orden de registro, ya que dicha orden autoriza a que la policía realice el registro, independientemente de que haya o no consentimiento. Por lo tanto, no puede establecerse que hubo un registro consentido luego de que la policía muestra una orden de registro, que es, posteriormente, de-clarada inválida, debido a que la orden obliga al ciudadano a someterse a las autoridades. Por el contrario, razonan que la amenaza de gestionar una orden de registro no es una manifestación intrínsecamente falsa o un reclamo de autoridad infundado. La policía sencillamente está infor-mando que tiene la autoridad legal para llevar a cabo dicha gestión. Por tal razón, esas jurisdicciones han validado el consentimiento prestado luego de tal amenaza, ya que la persona respondió a una manifestación de algo que es le-galmente correcto.

Sin embargo, también se ha concluido que el resultado sería distinto cuando la Policía declara que obtendrá una orden de registro. Existen opiniones que señalan una gran similitud entre los casos en que la Policía tiene una orden de registro inválida y aquellos en que amenaza con obtener la orden. Estas discuten que en Bumper v. North Carolina, supra, el Tribunal Supremo federal resolvió que el consentimiento fue obtenido bajo coacción debido a que "cuando los agentes reclamaron autoridad para registrar la casa mediante una orden, estaban anunciando que, en efecto, el inquilino no tenía derecho a resistirse”. (Traduc-ción nuestra.) íd., pág. 550. Bajo esas circunstancias el ciu-dadano permitirá el registro, ya que entiende que éste es inevitable. De igual forma, cuando la Policía amenaza con obtener una orden, el ciudadano consentirá porque creerá que el registro es inevitable. Por esta razón aseguran que ambas situaciones están basadas en la inevitabilidad del registro y, por lo tanto, ambas son inherentemente coercitivas. La única diferencia entre éstas es el elemento de inmediatez. Los que consideran que esta distinción ges-tionar-obtener es importante argumentan que la Policía no puede crear la impresión de que no existe la discreción de un funcionario para la expedición o no de una orden de registro. Entienden que amenazar con que la orden será expedida automáticamente es una situación tan coercitiva como la ocurrida en Bumper v. North Carolina, supra. Incluso, se recomienda, en uno de estos casos, que la Poli-cía podría muy bien informar que va a gestionar que se expida una orden de registro y que, según su experiencia, considera que ésta será expedida; pero haciendo la aclara-ción de que la decisión de expedirla o no descansa en la sana discreción del funcionario judicial a quien se le solicitad

No obstante lo anterior, existen opiniones que señalan qúe la manifestación de que se va a obtener una orden de registro no es coercitiva per se, y que no hay por qué asu-mir que un consentimiento prestado luego de tal amenaza es inválido. Otras añaden que la decisión de Bumper v. North Carolina, supra, gira en torno a la reacción subjetiva del individuo ante el anuncio o amenaza de la policía, y no en dichas manifestaciones como tal. Es decir, lo impor-tante no es lo que le dijo la Policía, sino el hecho de si el ciudadano se sintió coaccionado. Conforme a estos casos, la decisión de Bumper v. North Carolina, supra, no aplicará a aquellas situaciones en que la persona consintió volunta-riamente al registro, independientemente de cuál haya sido la manifestación realizada por la Policía. Esto es, que dicho consentimiento no respondió a un reclamo de autori-dad por parte de la Policía, ya emanara éste de una orden de registro invalidada o de las propias palabras de la Policía. Estos tribunales validaron el registro sobre la base del consentimiento debido a que el ciudadano no fue coaccionado.

De todo lo anterior surge que lo importante, según la decisión de Bumper v. North Carolina, supra, es examinar la reacción subjetiva del ciudadadano ante las manifesta-ciones de la Policía. Por consiguiente, los tribunales, al en-frentarse a una situación en la cual la Policía haya amena-zado con buscar una orden de registro, deberán examinar la reacción subjetiva del individuo ante tal anuncio o ame-naza a fin de determinar, dentro de la totalidad de las cir-cunstancias, si hubo o no consentimiento.

V

Los registros consentidos en Puerto Rico

En Puerto Rico, la doctrina sobre los registros consenti-dos, según expuesta en Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982), establece que la renuncia a la protección constitucional ha de hacerse por el titular de ésta de forma “expresa o implícita, pero voluntaria.” (Enfasis suplido.) Id., pág. 777.

Señalamos en dicho caso que algunos de los factores a considerar para determinar si en efecto medió o no una renuncia expresa o tácita son: (1) si hubo fuerza o violen-cia; (2) si el registro se realizó después de un arresto; (3) si se encontraban otras personas presentes. Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, pág. 777. Véase, también, Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 729 (1961). Aunque hicimos alusión únicamente a los tres (3) factores enumerados, también hemos señalado que éstos son solo algunos de los factores determinantes. Pueblo v. Acevedo Escobar, supra; Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 444. La renuncia puede dedu-cirse del acto del acusado de permitir la entrada del agente, Pueblo v. Rivera Romero, 83 D.P.R. 471, 481 (1961); o cuando puede establecerse que hubo una invitación ex-presa o ímplicita de su parte, Pueblo v. Pérez Narváez, 121 D.P.R. 429, 444 (1988); Pueblo v. Acevedo Escobar, supra; Pueblo v. Rivera Romero, 83 D.P.R. 471, 481 (1961). Como podemos notar, la doctrina adoptada por este Tribunal coincide con lo resuelto en Schneckloth v. Bustamonte, supra; sólo se requiere que el consentimiento o renuncia a la pro-tección constitucional sea expresa o implícita, pero voluntaria. Al igual que lo establecido en la doctrina federal, concluimos que “la prueba sobre la renuncia ha de ser clara demostrativa de que no existió coacción verda-dera de clase alguna, directa o indirecta.” Id. De igual forma omitimos el requisito del conocimiento.

De lo anterior surge que en Puerto Rico el consenti-miento prestado a un registro se determinará mediante un examen de si éste fue voluntario y si hubo ausencia de coacción, ya sea física o psicológica, siendo esta última determinable, dentro de la totalidad de las circunstancias, de acuerdo al estado subjetivo vulnerable de quien la presta y dentro de un criterio de razonabilidad.

En cuanto a las advertencias antes de un registro con-sentido, es ahora cuando tenemos la primera oportunidad de expresarnos. Consideramos apropiado seguir el curso decisorio establecido en Schneckloth v. Bustamonte, supra. Por tal razón opinamos que los agentes del orden público no tienen la obligación de impartir advertencias legales tipo Miranda, como por ejemplo una que le ad-vierta al ciudadano que puede rehusarse a que se lleve a cabo, en su persona o en su propiedad, un registro sin orden. Cabe recordar que para que surja la obligación de advertir sobre la existencia de una serie de derechos cons-titucionales garantizados por nuestro ordenamiento, la doctrina jurisprudencial firmemente establecida, tanto en la jurisdicción federal como en la nuestra, postula que la investigación criminal iniciada por los agentes del orden público debe estar centrada en una persona en particular y dicha persona debe estar bajo custodia y sujeta a ser inte-rrogada por los agentes. Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964); Miranda v. Arizona, supra; Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 781 (1965); Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1992). Dichas advertencias hay que hacerlas inmediatamente que la persona está bajo cus-todia y se le intenta interrogar. Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551, 565 (1989); Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791, 802 (1988). Seguir un curso de acción dis-tinto, como por ejemplo, que sea necesario que la Policía haga unas advertencias tipo Miranda, antes de solicitar el consentimiento para registro, iría en contradicción con de-cisiones anteriores de este Tribunal. Véanse: Pueblo v. Pellot, supra, y Pueblo en interés menor J.A.B.C., supra, entre otros. En ellos establecimos, enfáticamente, que se estaba imponiendo el requisito de las advertencias única-mente cuando se interroga a un sospechoso bajo custodia gubernamental. No hemos decidido que hay que hacerle las advertencias a todo posible sospechoso de un delito en una investigación criminal. Sería contradictorio eximir al Estado de que le haga las advertencias legales a un posible sospechoso de un delito sobre el cual no se ha centralizado la investigación y no se encuentra bajo custodia; y por otro lado, exigirle que le brinde unas advertencias a un posible sospechoso, en igual situación, para que éste consienta a que se lleve a cabo, en su persona o en su propiedad, un registro. De esta forma armonizamos las situaciones de re-gistros de personas que no están bajo custodia con los in-terrogatorios de personas en circunstancias similares.

Los fundamentos de razonabilidad para practicar un re-gistro sin orden cuando la persona ha consentido los expu-simos en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, págs. 777-778. Allí expresamos:

Varias razones de peso se aducen para fundamentar la alter-nativa de proceder a ún registro luego de obtener el consentimiento. Se estima que puede ser percibido como el curso de acción más seguro en términos de minimizar el riesgo de la supresión. Ello tiende a economizar tiempo cuando ese factor es esencial. De igual modo se prescinde de cumplir con los requisitos técnicos exigidos para una solicitud y expedición del mandamiento. ... Aún más, se acepta que puede solicitarse el consentimiento sin existir causa probable, ya que provee un mecanismo de pronta exoneración de aquellas personas sobre las cuales se ha sospechado erróneamente....

Nótese, sin embargo, que esta última expresión se re-fiere a que para solicitar el consentimiento para el registro no es necesario que exista causa probable de que la persona a quien se le solicita el consentimiento haya cometido algún delito. A nuestro entender, dicha expresión no se ex-tiénde a que la Policía puede amenazar con obtener una orden de registro cuando no existe causa probable para su expedición y obtiene, mediante tal amenaza, el consenti-miento de la persona a registrarse. Sin embargo, como ve-remos más adelante, la situación fáctica del caso de autos hace innecesario expresarnos sobre ese asunto. Lo crucial en este caso es examinar cuál fue la reacción subjetiva de la peticionaria ante tal anuncio o amenaza, para así poder determinar, dentro de la totalidad de las circunstancias, si hubo o no coacción. El anuncio o la amenaza de obtener una orden de registro es sólo uno de los factores que se tomará en cuenta para determinar la validez del consenti-miento subsiguientemente prestado y no es, por sí solo, un criterio determinante. Tampoco constituye, por sí mismo, coacción o coerción.

VI

Aplicación de las normas de derecho a los hechos de este caso

En el caso que nos ocupa, la peticionaria impugna la validez del consentimiento prestado en las circunstancias aquí presentes, específicamente porque la Policía, al tener información que podía incriminarla, tenía la obligación de hacerle unas advertencias legales tipo Miranda antes de tratar de conseguir el consentimiento, y porque el consen-timiento no fue inteligente ni voluntario. Opinamos que no tiene razón.

Los funcionarios públicos no tenían ninguna obligación de impartir advertencias legales de clase alguna. De acuerdo con los hechos consignados por las partes, la con-fidencia recibida por la Policía indicaba que las armas uti-lizadas en la comisión de los asesinatos perpetrados ese día en el Residencial Vista Hermosa se ocultaban en el apar-tamento 755 del edificio 64 del mencionado complejo de viviendas. La confidencia no mencionaba personas ni le im-putaba a la peticionaria la comisión de algún delito. Se limitaba a señalar el lugar donde se escondían las armas. La peticionaria no figuraba como sospechosa de delito en ese momento y, mucho menos, se centraba en su persona la investigación de los agentes. La peticionaria tampoco es-taba bajo custodia de la Policía ni sujeta a interrogatorio. Cuando el sargento Rodríguez le solicitó permiso para registrar el apartamento, la peticionaria se encontraba en la esquina del edificio conversando con otros vecinos. Al ne-garse al registro y exigir una orden de allanamiento fue llevada ante el Fiscal que se encontraba en el residencial investigando los hechos. Luego de conversar con él, prestó su consentimiento. No hay indicios de que estuviera bajo arresto o de que su libertad estuviera restringida. Cfr. Pueblo v. Pacheco Báez, 130 D.P.R. 664 (1992). Mucho menos estaba sujeta a un interrogatorio bajo custodia. Véase Pue blo v. López Guzmán, supra. Por el contrario, la peticiona-ria se encontraba en lo que puede calificarse como su pro-pio “territorio”, su vecindario. Schneckloth v. Bustamonte, supra, pág. 247.

En cuanto a una advertencia de su derecho a no consen-tir al registro, ya señalamos que los agentes del orden pú-blico no están obligados a impartirla. Además, ésta hubiera sido innecesaria, toda vez que la peticionaria demostró cla-ramente conocer cuál era su derecho al negarse al registro y exigirle al agente una orden de allanamiento.

Tampoco surge de la prueba que mediara violencia o coacción por parte de la Policía. No hubo actos de violencia contra la peticionaria ni contra los vecinos. El que los agentes estuviesen armados, lo cual es propio de sus fun-ciones como oficiales del orden público, no constituye un elemento de coerción o intimidación a los fines de viciar el consentimiento. La peticionaria ni siquiera alega haberse sentido intimidada por ello y, de hecho, estando en presen-cia de todos los agentes se negó, inicialmente, a acceder al registro. El único elemento que produce un cambio en la opinión de la peticionaria fue su conversación con el Fiscal. No existe indicio alguno de actos impropios de parte de este funcionario, ni se alegan hechos o palabras que pue-dan establecer que el consentimiento prestado estuviera viciado como resultado de esta conversación. La única ale-gación es que el funcionario le dijo que si consentía al re-gistro, ni ella ni su hija serían acusadas, y que, por el con-trario, si no consentía al registro la policía se encargaría de conseguir una orden de allanamiento. La peticionaria sus-tenta la primera manifestación, supuestamente hecha por el Fiscal, mediante el testimonio de la testigo que declaró en la vista. Este testimonio no le mereció credibilidad al tribunal de instancia. De otro lado, el sargento Rodríguez admitió haberle hecho la segunda manifestación. Al res-pecto, la peticionaria argumenta que por ser la confidencia insuficiente para establecer causa probable a los fines de una orden de allanamiento, los funcionarios no podían de-cirle que gestionarían una orden. Alega que como resultado de ello prestó consentimiento bajo engaño de que la expe-dición de la orden era segura. Aparte de que no existe prueba en este caso de que los funcionarios actuaran de mala fe al decirle a la peticionaria que conseguirían una orden, tampoco hay prueba de que ésta fuera coaccionada mediante tal anuncio o “amenaza”, factor éste que es determinante.

Siguiendo los criterios citados en U.S. v. Chaidez, supra, referentes a las características de la persona que presta el consentimiento, encontramos que la peticionaria es una persona adulta, de inteligencia y educación promedio. No se alegó ni estableció que padeciera de enfermedad o defi-ciencia mental. También estaba en perfecto estado de consciencia. No se alegó ni demostró que estuviera bajo los efectos de sustancias tóxicas o embriagantes cuando consintió. Estaba consciente, y así lo demostró, de que te-nía la alternativa de no consentir al registro al exigirle a la Policía una orden de allanamiento. En cuanto al ambiente imperante al momento de prestar el consentimiento, la prueba demostró que la peticionaria no estaba detenida, arrestada o bajo custodia, ni sujeta a interrogatorio de la Policía. El consentimiento se hizo expresamente en un lu-gar público y abierto, y en el que estaban presentes otras personas.

A la luz de la totalidad de las circunstancias presentes en este caso, las cuales surgieron con meridiana claridad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público y la apor-tada por la peticionaria, opinamos que el consentimiento prestado por la peticionaria fue libre y voluntario. La dis-cusión de si la confidencia era o no suficiente para configu-rar la causa probable de una orden de registro y allana-miento es innecesaria. Pueblo v. Narváez Cruz, supra, págs. 446-447. Por consiguiente confirmaríamos la Resolu-ción emitida por el Tribunal Superior, razón por la que disentimos.

      . El Sargento Aníbal Rodríguez manifestó que en el apartamento registrado, además de la peticionaria y su hija menor de edad, residían tres (3) hijos mayores de edad, tas armas no fueron encontradas en la habitación de la peticionaria.

       Véase State v. Morgan, 423 So. 2d 478 1982); State v. Mitchell, 360 So. 2d 189 (1978); U.S. v. Kaplan, 896 F.2d 618 (9no Cir. 1990).

       Al evaluar la suficiencia de una declaración jurada parcialmente basada en confidencias, y que se tomó en cuenta en la expedición de una orden de registro o allanamiento, deben considerarse los criterios establecidos en Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 354 (1977), a saber: “1) [si] el confidente previamente ha suminis-trado información correcta; 2)[si] la confidencia conduce hacia el criminal en térmi-nos de lugar y tiempo; 3)[si] la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes; y 4)[si] la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse.” Se requiere establecer que la información provista por el confidente es confiable, bien mediante corroboración o por otros medios. Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992).
      En el caso de autos, el sargento Rodríguez testificó que no conocía quién había dado la confidencia, que no existía documento escrito en la Policía que demostrase la existencia de la confidencia, que en la confidencia no se mencionó al dueño del apar-tamento y que tampoco se mencionó que el dueño del apartamento o cualquier otro residente de éste estuvo implicado en los hechos de la confidencia. Aceptó que la única prueba que tuvo para sospechar que en el apartamento de la peticionaria había armas de fuego fue la confidencia dada. Es preciso concluir que la confidencia no fue corroborada.

      x) Ante una situación similar, se expresó en United States v. Agosto, 502 F.2d 612, 614 (9no Cir. 1974):
      “[N]o consideramos que el anuncio de los oficiales de su intención de ‘asegurar los predios del garaje’ mientras obtenían una orden, requiere que se concluya que cualquier consentimiento brindado de ahí en adelante era ‘involuntario per se’ ... Más bien, haberlo hecho de otra forma podría haber perjudicado sus oportunidades de obtener la orden así como exponerlos a crítica por descuidadas prácticas policiales si durante su ausencia hubiera desaparecido el contrabando.” (Traducción nuestra.)

       La resolución recoge un breve resumen de lo que declararon los testigos. Se señala, por error, que la peticionaria prestó testimonio durante la vista.

        Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).

       Como, por ejemplo, el derecho de asistencia de abogado o el derecho a confrontación.

       Véase, además, W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. S, Sec. 8.2, págs. 174-235, donde se discuten las distintos factores que se han tomado en cuenta para determinar si el consentimiento para el registro fue voluntario.

       Véanse: State v. Kissner, 252 N.W.2d 330, 334 (1977); People v. Hancock, 525 P.2d 435, 437 (1974); Commonwealth v. Mamon, 297 A.2d 471, 474 (1972); United States v. Boukater, 409 F.2d 537, 538 (5to Cir. 1969).

       Véanse: United States v. Faruolo, 506 F.2d 490, 493-495 (2do Cir. 1974); United States v. Boukater, supra.

       Véanse: Dotson v. Sumers, 402 A.2d 790, 794 (1978); LaPave, op. cit., pág. 187; Nota, Consent to Search in Response to Police Threats to Seek or to Obtain a Search Warrant: Some Alternatives, 71 J. Crim. L. & Criminology 163, 166 (1980).

       Véanse: United States v. Faruolo, supra, opinión concurrente del Juez de Distrito Federal Newman.

       Véanse: Stephenson v. State, 494 S.W.2d 900, 904-905 (1973); United States v. Agosto, 502 F.2d 612, 614 (9no Cir. 1974); State v. Rathburn, 239 N.W.2d 253, 256 (1976); State v. Lange, 255 N.W.2d 59, 64-65 (1977); U.S. v. Twomey, 884 F.2d 46, 50-52 (ler Cir. 1989); U.S. v. Hummer, 916 F.2d 186, 190 (4to Cir. 1990); State v.

        Graham, 492 N.W.2d 845, 848-849 (1992); State v. Partee, 482 N.W.2d 272, 277 (1992).

       Véanse: Hoover v. Beto, 467 F.2d 516, 521-522 (5to Cir. 1972); Earls v. State, 496 S.W.2d 464, 467 (1973); Earls v. State of Tennessee, 379 F. Supp. 576, 579-580 (E. Tenn. 1974).

       En varias jurisdicciones se ha resuelto que la amenaza de obtener una orden de registro, cuando no existía causa probable para la expedición de una orden, tendrá el efecto de invabdar el consentimiento prestado luego de tal amenaza. Véanse: Dobson v. Somers, 402 A.2d 790, 795-796 (1978); State v. Mitchell 360 So. 2d 189, 191 (1978); State v. Morgan, 423 So. 2d 478, 479 (1982). A contrario sensu, no se afectará la validez del consentimiento prestado si la Policía, al informar que obtendría una orden de registro, tenía la causa probable necesaria para que ésta se expidiera. United States v. Scheiblauer, 472 F.2d 297, 301 (9no Cir. 1973); Code v. State, 214 S.E.2d 873, 877 (1975); State v. Rathburn, 239 N.W.2d 253, 255-256 (1976); Schikora v. State, 652 P.2d 473, 477 (Alaska 1982); United States v. Calvente, 722 F.2d 1019, 1023 (2do Cir. 1983); State v. Hanley, 363 N.W.2d 735, 739 (Minn. 1985). State v. Owens, 418 N.W.2d 340, 342-344 (Iowa 1988); State v. Brown, 783 P.2d 1278, 1281-1285 (1989); U.S. v. Kaplan, 895 F.2d 618, 622 (9no Cir. 1990); U.S. v. Duran, 957 F.2d 499, 502 (7mo Cir. 1992); U.S. v. White, 979 F.2d 539, 542 (7mo Cir. 1992). Sobre esta última situación se ha decidido que no existe coerción cuando un agente informa que si la persona no consiente al registro, obtendrá una orden de registro y allanamiento y existía base para solicitar y obtener dicha orden. United States v. Faruolo, supra. Esta conclusión está predicada en que la amenaza, en tales circuns-tancias, no envuelve ningún tipo de treta o engaño, sino que, al contrario, están informándole al ciudadano de la situación legal en que éste se encuentra. Véanse: People v. McClure, 39 Cal. App. 3d 64, 113 Cal. Reptr. 815, 819 (1974); Commonwealth v. Woods, 368 A.2d 304 (1976); United States v. Dennis, 625 F.2d 782, 793 (8vo Cir. 1980).
      Conforme a LaFave, no es suficiente, para que el consentimiento sea válido, que la Policía piense, de buena fe, que se va a expedir el mandamiento, sino que es necesario que exista, de hecho, causa probable para el registro o allanamiento. La-Fave, op. cit., pág. 188.

       En Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 777 (1982), nos referimos al consentimiento como el ejercicio de la “facultad que posee el titular de la protección constitucional para renunciarla”.

       Véase Chiesa, op. cit., pág. 426.

       En cuanto a un resultado igual bajo Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973), véase The Supreme Court, 1972 term, 87 Harv. L. Rev. 55, 218-219 (1973).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

license: Public Domain

text:
      José Maldonado Rodríguez y otros, demandantes y recurrentes, v. Banco Central Corporation, demandado y recurrido.

      Número: RE-92-547

      Resuelto: 21 de abril de 1995

      Víctor M. Hernández, abogado de la parte recurrente; Agustín Collazo Mojica, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

El 4 de enero de 1984 José Maldonado Rodríguez co-menzó a trabajar en el Banco Central Corporation (en ade-lante Banco), donde se desempeñó como gerente de la su-cursal de Ponce hasta que fue despedido el 13 de agosto de 1990.

El 21 de marzo de 1991 Maldonado Rodríguez, su es-posa Silvia Colón Hernández y la sociedad legal de ganan-ciales demandaron al Banco alegando que su despido fue por edad, en contravención a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 146 — 151. Además de reclamar los sufrimientos emocio-nales y las angustias mentales de Maldonado, alegaron que el despido causó daños económicos a la sociedad legal de gananciales consistentes de los ingresos dejados de per-cibir y lucro cesante.

El Banco negó el despido por razón de edad y adujo afir-mativamente, entre otras defensas, que “[e]l Demandante fue despedido mediante justa causa conforme a las dispo-siciones legales aplicables por no desempeñarse eficiente-mente como Gerente. El Demandante violó reiteradamente las normas interiores de la Compañía de las cuales recibió copia. El Demandante actuó de una manera que afectaba adversamente el buen y normal funcionamiento de la compañía. El despido del Demandante no fue arbitrario ni caprichoso y la razón estuvo relacionada con el buen y normal funcionamiento de la Compañía”. Anejo F, pág. 2. Fi-nalmente el Banco cuestionó la causa de acción de la socie-dad legal de gananciales y la de la esposa Colón Hernández, bajo la Ley Núm. 100, supra, sosteniendo que la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sees. 185a-1851), era el único remedio en casos de despido.

Subsiguientemente, el Banco pidió y obtuvo Sentencia Sumaria Parcial desestimatoria contra la señora Colón Hernández y la sociedad legal de gananciales. El Tribunal Superior, Sala de Ponce (Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez), concluyó que la Ley Núm. 80, supra, constituía un remedio exclusivo para un empleado despedido injustificadamente y que la Ley Núm. 100, supra, no proveía remedio para sus familiares. En reconsideración reiteró su dictamen.

A solicitud de los demandantes Maldonado Rodríguez et. al., revisamos.

H

Sabido es que la Ley Núm. 100, supra, prohíbe el discrimen por razón de edad, raza, color, religión, sexo, ori-gen social, nacional o condición social en el empleo. 29 L.P.R.A. sec. 146; Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994); Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc. 122 D.P.R. 193 (1988); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985); Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42, 50 (1983).

La compensación que a su amparo se concede incluye, entre otras, la pérdida económica según los ingresos y beneficios que un demandante dejó de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra, págs. 505-506. Dicha compensación por ingresos dejados de percibir es parte y goza del mismo carácter de ganancialidad que le hemos adjudicado al lucro cesante. Y al referirnos al “lucro ce-sante”, lo hemos calificado como “ingresos dejados de percibir”. En este sentido la reclamación referente a ingre-sos dejados de percibir queda inmersa dentro del concepto de “lucro cesante”; no son susceptibles de, ser compensados separadamente. Siendo los salarios un elemento esencial de la relación obrero-patronal, el lucro cesante está clara-mente comprendido dentro de los daños incluidos bajo la citada Ley Núm. 100. Vigente un matrimonio, estos ingre-sos se presumen gananciales. Art. 1307 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3647. Además, son gananciales aquellos bie-nes “obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cón-yuges o de cualquiera de ellos”. Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3641(2). Véanse: J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. EX, págs. 680-681; J.M. Reyes Monte-rreal, El régimen legal de gananciales, Madrid, Ed. Gráfi-cas Menor, 1962, págs. 158-163.

Al instar su acción bajo la Ley Núm. 100, supra (de carácter especial protector) un empleado casado implícitamente reclama en representación de su sociedad de gananciales las partidas que a ésta corresponden. En este sentido, la comparecencia de la sociedad de gananciales en reclamaciones de esta índole no es imprescindible ni necesaria para que queden compensadas las partidas gananciales. A fin de cuentas, la procedencia del lucro cesante no depende del estado civil del obrero.

De lo contrario, la Ley Núm. 100, supra, sólo compensa-ría por lucro cesante a aquellos obreros solteros. No pode-mos atribuir esa intención al legislador. La imposición do- ble de dicha compensación simplemente es un elemento punitivo contra el patrono para disuadirlo de cometer actos discriminatorios; no desnaturaliza su carácter ganancial.

HH HH HH

Por otro lado, no cabe duda que la Ley Núm. 100, supra, es una legislación protectora de empleados y solicitantes de empleo; tiene como propósito eliminar los discrímenes existentes en. la relación obrero-patronal. Por lo tanto, sólo el empleado puede reclamar por discrimen bajo esta legislación.

Sin embargo, a tono con el Art. 1802 del Código Civil, supra, bajo el supuesto de que la acción por discrimen del recurrente Maldonado Rodríguez prosperara, no hay razón alguna para no compensar a su esposa Colón Hernández por los daños que dicha conducta le ocasionó.

Reiteradamente hemos reconocido que “ ‘el concepto de culpa del Art. 1802 es tan infinitamente amplio como cualquier falta de una persona que produce un mal o un daño’”. Soc. de Gananciales v. El Vocero de P.R., 135 D.P.R. 122 (1994); Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 610 (1987); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 579 (1982).

En Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, pág. 14, resolvimos que “los parientes de un empleado que haya sido víctima de trato discriminatorio por su patrono bajo la Ley Núm. 100, supra, tienen una causa de acción propia al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, para obtener indemnización por los daños que ellos mismos hayan sufrido a consecuencia del referido discrimen laboral. En tales circunstancias, se compensarán los daños propios sufridos por los parientes, una vez quede establecido el trato discriminatorio en cuestión”. (Enfasis suplido.) Citando a Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 97 (1957), dijimos que “son compensables no sólo los daños que sufre la víctima o el perjudicado directamente por un acto culposo o negli-gente, sino también los daños morales sufridos por las per-sonas vinculadas por lazos de parentesco, afecto y cariño’ con la víctima o peijudicado. ... Explicamos con gran auto-ridad en Hernández v. Fournier, supra, que el perjuicio material y moral que causa un acto culposo o negligente ‘pue-de refluir sobre varias personas. Y en tal caso, cada una de éstas adquiere una acción independiente contra el cau-sante ... pues la fuente de la responsabilidad es precisa-mente el perjuicio particular y personal sufrido por cada uno’ de ellos”. (Enfasis en el original.) Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, pág. 10.

De forma análoga, resolvimos que la esposa de una persona difamada tiene una causa de acción por los daños y angustias mentales que tal acto le ocasionó. Esta reclamación es contingente a la causa de acción por libelo de su cónyuge. Soc. de Gananciales v. El Vocero de P.R., supra.

Al enmarcar esa causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, dijimos que “ ‘[e]se precepto "... no admite limitación ni excepción de clase alguna; y por consiguiente el causante de un daño debido a culpa o negligencia, sean las que sean sus consecuencias, está obligado a repararlo ....” Borrell, [ojo. cit., pág.] 169.’ ” (Énfasis en el original.) Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96-97 (1957), citando a A. Borrell Macia, Responsabilidades derivadas de la culpa extracontractual civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1942, pág. 169. Véase Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 311-312 (1970). “En fin ‘[e]Z concepto de la culpa incluye todo tipo de transgresión humana tanto en el orden legal como en el orden moral’. Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, supra, pág 313”. (Énfasis suplido.) Soc. de Gananciales v. El Vocero de P.R., supra, pág. 134.

Ciertamente los daños sufridos a consecuencia de la actuación patronal discriminatoria caben dentro de la conducta culposa que el Art. 1802 del Código Civil, supra, prohíbe; por ende resolvemos que la esposa e hijos de una persona discriminada que sufren daños y angustias men-tales, tanto en su quehacer diario en la sociedad como en su desenvolvimiento familiar, tienen una causa de acción separada y contingente.

Recapitulando, la reclamación de Maldonado Rodríguez incluye la compensación concedida bajo la Ley Núm. 100, supra, en concepto de ingresos dejados de percibir, pues implícitamente representa la sociedad de gananciales. Además, existe una causa de acción del cónyuge del em-pleado discriminado bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, contingente a la acción del consorte discriminado bajo la Ley Núm. 100, supra. De probarse sus tres (3) elementos, se compensarían los daños sufridos por el cónyuge como consecuencia del discrimen decretado en acción separada bajo la Ley Núm. 100, supra. Esta acción es contingente ya que si el empleado no prevalece, su consorte no puede re-clamar por un discrimen no probado.

Se dictará la correspondiente sentencia.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

Este caso presenta las mismas controversias que estu-diamos detenidamente en Martínez Campos v. Banco de Ponce, 138 D.RR. 366 (1995). Basándonos en los funda-mentos que expusimos en nuestra opinión disidente en dicho caso, disentimos de la sentencia que emite hoy la mayoría. Para enfatizar, y explicar aún más las razones que nos mueven a disentir, es necesario hacer unas mani-festaciones. sobre el accidentado esquema de reclamaciones que impone el Tribunal en menosprecio de la voluntad le-gislativa expresada claramente en la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 146-151 (Ley 100).

HH

Hechos

El Sr. José Maldonado Rodríguez trabajó en el Banco Central Corporation (en adelante Banco) desde el 4 de enero de 1984 hasta el 13 de agosto de 1990, fecha en la que fue despedido de su empleo. Al momento de su despido se desempeñaba como gerente de la sucursal de Ponce.

El señor Maldonado Rodríguez, su esposa, la Sra. Silvia Colón Hernández, y la sociedad legal de gananciales com-puesta por ambos, demandaron al Banco por razón del despido. Alegaron que éste fue injustificado y discriminato-rio por edad. Al momento de su despido, el señor Maído-nado Rodríguez tenía cuarenta y seis (46) años de edad y fue sustituido por un empleado de veintisiete (27) años. El señor Maldonado Rodríguez reclamó $9,509 de indemniza-ción por despido injustificado, según provee la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a-1851 (Ley 80). Además, solicitó $3,693 por pago de vacaciones; $1,465.85 de salarios que le adeudaban; $3,570 en concepto de bono, y $50,000 por las angustias mentales que el despido le ocasionó. La sociedad legal de gananciales reclamó compensación por los daños económi-cos que le causó el despido. A este fin solicitó $27,790 por ingresos dejados de percibir hasta el 12 de marzo de 1991 y no menos de $531,572 de lucro cesante hasta que el de-mandante Maldonado cumpla sesenta y cinco (65) años. La codemandante Colón reclamó $25,000 de indemnización por los sufrimientos y angustias mentales que experimentó por razón del despido de su cónyuge.

El Banco contestó la demanda, alegando que ni la socie-dad legal de gananciales ni la codemandante Colón Her-nández tenían causa de acción a su favor. Luego de varios incidentes procesales, el demandado presentó moción soli-citando sentencia sumaria parcial. Sostuvo que el remedio exclusivo que dispone la citada Ley 80 sólo puede ser re-clamado por el empleado despedido. Por lo tanto, ni la es-posa de éste ni la sociedad de gananciales compuesta por ambos podían solicitar la indemnización que la ley dispone. Sobre la mencionada Ley 100, esbozó un planteamiento similar. Señaló que el texto de la ley claramente estipula que únicamente el empleado o solicitante de empleo puede instar una reclamación por el remedio que ésta provee. Por tal razón, concluyó que la Ley 100, supra, no provee reme-dios a favor del cónyuge de un empleado despedido o la sociedad de gananciales compuesta por éstos.

Los demandantes presentaron Oposición a la moción so-licitando sentencia sumaria. Sostuvieron que los daños económicos que compensa la Ley 100, supra, por concepto de ingresos dejados de percibir y lucro cesante pertenecen a la sociedad legal de gananciales del empleado despedido. Por lo tanto, es ésta quien los debe reclamar. En cuanto a la solicitud de indemnización por angustias mentales ins-tada por la codemandante Colón Hernández, argumenta-ron que ésta procede tanto bajo la Ley 100, supra, como bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Sobre la Ley 100, supra, señalaron que la misma “estable-ce una prohibición [inter alia] contra todo patrono que des-pida a un empleado por razón de edad y le impone la res-ponsabilidad civil por los daños”. Anejo H, pág. 2. Indicaron que el despido de un empleado casado afecta a su cónyuge y a la sociedad legal de gananciales que com-ponen y que, independientemente de que la ley no lo ex-prese, el derecho del cónyuge y la sociedad está implícito en la violación de la obligación de no discriminar y en la responsabilidad que le impone la Ley 100, supra, al pa-trono de indemnizar los daños que cause por su contravención. Señalaron, además, que aunque no se reco-nociera derecho alguno al cónyuge bajo la Ley 100, supra, éste puede aún reclamar indemnización por vía del Art. 1802 del Código Civil, supra, pues éste “ ‘incluye todo tipo de transgresión humana tanto en el orden legal como en el orden moral’ ”. Anejo H, pág. 2.

Así las cosas, el tribunal emitió Sentencia Parcial en la que declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó las reclamaciones de los codemandantes Colón Hernández y la sociedad legal de gananciales. Declaró que el remedio exclusivo que provee la Ley 80, supra, sólo puede ser reclamado por el empleado. En cuanto a la Ley 100, supra, dispuso que aunque provee remedios más am-plios que la Ley 80, supra, para casos de despido discrimi-natorio, no establece remedio alguno para los familiares del empleado. Señaló que dicha ley debe ser interpretada a la luz de su propósito: que el trabajador pueda reclamar daños, no sus familiares.

Inconformes, los demandantes presentaron ante nos una solicitud de revisión en la que plantearon las contro-versias siguientes:

PRIMERO: Si bajo la Ley Núm. 100 del 30 de jimio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151) sobre discrimen en el empleo, le son compensables a la sociedad legal de gananciales los daños eco-nómicos consistentes en los ingresos dejados de percibir y lucro cesant[e] causad[o] por el despido por razón de edad dé uno de los cónyuges que la componen.
SEGUNDO: Si era desestimable el reclamo de daños econó-micos por razón de que conforme a la Ley Núm. 100, supra, la sociedad legal de gananciales no tiene derecho a reclamarlos, sin haber dado oportunidad de que el cónyuge despedido por razón de edad los reclamara para sí o para la sociedad.
TERCERO: Si bajo la Ley Núm. 100, [supra], o el Art. 1802 del Código Civil le son compensables los daños emocionales que sufre un cónyuge a causa del despido por razón de edad de[l] otro cónyuge. Solicitud de revisión, pág. 4.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

H — i

Discutiremos los primeros dos (2) errores conjunta-mente debido a la estrecha relación que hay entre ellos.

El Art. 1 de la Ley 100, supra, 29 L.P.R.A. sec. 146, dispone, entre sus remedios, indemnización por daños pecuniarios. Hemos establecido que esta indemnización in-cluye la pérdida económica, la pérdida de ingresos futuros, o ambos, de los empleados o solicitantes de empleo. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 504-510 (1985). Esta indemnización se computa a base del in-greso que devengaba el empleado, pero no por esto consti-tuye un sustituto de sueldo o retribución por servicios.

La ley dispone que la indemnización consistirá del doble de los daños ocasionados. A ese fin el tribunal utilizará el ingreso que devengaba el empleado como base para el cóm-puto de la partida de daños económicos. La cantidad que se determine como daño económico no constituirá la indemni-zación, sino el doble de ésta. Esta determinación legisla-tiva de que se indemnice por el doble de los daños causados no tiene el propósito de sustituir ingresos provenientes del trabajo como el lucro cesante. Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192, 195 (1978). Por el contrario, su intención es servir como medida disuasiva para que. los patronos se abstengan de incurrir en actos o prácticas discriminatorias. La indemnización por daños económicos que provee la Ley 100, supra, no constituye un sustituto de ingresos provenientes del trabajo. La sociedad legal de ga-nanciales del empleado discriminado no tiene ningún dere-cho a ésta y carece de capacidad para reclamarla.

El empleado alegadamente discriminado, en este caso el señor Maldonado Rodríguez, es quien tiene derecho a re-clamar los daños. Consideramos que el tribunal a quo ac-tuó correctamente al desestimar la reclamación de la socie-dad legal de gananciales. Sin embargo, el demandante Colón puede reclamar para sí la indemnización por daños económicos.

HH h-H hH

Sobre el tercer y último señalamiento de error, reciente-mente en nuestra Opinión disidente en Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994), expresamos que el texto de la Ley 100, supra, su historial legislativo y nuestra ju-risprudencia interpretativa de la ley señalan que los reme-dios que ésta dispone en su Art. 1, supra, son únicamente para personas que se vean perjudicadas en su empleo por las prácticas discriminatorias del patrono. Si el cónyuge del empleado discriminado por razón de edad no ha sufrido este perjuicio, no tiene derecho a remedio alguno bajo la Ley 100, supra. Allí también consideramos si los familiares del empleado discriminado podían reclamar compensación por daños emocionales al amparo del Artículo 1802 del Có-digo Civil, supra. Al concluir en la negativa, señalamos que el uso supletorio del Código Civil es incompatible con el texto claro y con el propósito de la Ley 100, supra. Esto es, la protección exclusiva a empleados y aspirantes a empleo. Sobre el particular indicamos que la Ley 100, supra, por sus características y regulación especial para el área labo-ral repele la aplicación supletoria del Art. 1802, supra, se-gún la proponen los recurridos. Concluimos que el cónyuge de un empleado que alega haber sido objeto de discrimen por razón de edad, en violación de la Ley Núm. 100, supra, no tiene derecho a reclamar compensación en virtud del Art. 1802 del Código Civil, supra, por los daños que el dis-crimen alegadamente le ocasionó.

Por los motivos antes expuestos, y los que emitiéramos en nuestras opiniones disidentes en Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, y Martínez Campos v. Banco de Ponce, supra, confirmaríamos la sentencia emitida por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, el 19 de marzo de 1992, la cual desestimó la reclamación de los codemandantes Colón Her-nández y la sociedad de gananciales.

       Específicamente señalaron que Maldonado Rodríguez, a la sazón de cuarenta y seis (46) años, fue sustituido por una persona de veintisiete (27) años.

       Reclamaron $3,693 de vacaciones; $1,465 de salarios adeudados; $9,509 de indemnización por despido injustificado a tenor con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a-1851; $27,790 en daños por concepto de ingresos dejados de percibir; $531,572 de lucro cesante hasta cumplidos sus se-senta y cinco años de edad; $50,000 por los sufrimientos y angustias mentales sufri-das por el señor Maldonado Rodríguez y $25,000 por los de su esposa, la señora Colón, y $3,770 en concepto de bono.

        Posteriormente, los demandantes, Maldonado Rodríguez et al. redujeron las reclamaciones por el bono y vacaciones. El 18 de diciembre de 1991 el foro de instan-cia, a solicitud de éstos, ordenó el desistimiento con perjuicio de estas dos (2) reclamaciones.

       Argumenta:
      “PRIMERO: Si bajo la Ley Núm. 100 del 30 de junio del 1959 (29 [L.P.R.A]: sees. 146-151) sobre discrimen en el empleo, le son compensables a la sociedad legal de gananciales los daños económicos consistentes en los ingresos dejados de percibir y lucro cesantEe] causados por el despido por razón de edad de uno de los cónyuges que la componen.
      “SEGUNDO: Si era desestimable el reclamo de daños económicos por razón de que conforme a la Ley Núm. 100, [supra], la sociedad legal de gananciales no tiene derecho a reclamarlos, sin haber dado oportunidad de que el cónyuge despedido por razón de edad los reclamara para sí o para la sociedad.

        “TERCERO: Si bajo la Ley Núm. 100, [supra], o el Art. 1802 del Código Civil le son compensables los daños emocionales que sufre un cónyuge a causa del despido por razón de edad del otro cónyuge.” Solicitud de revisión, pág. 4.

       El patrono que viole sus disposiciones:
      “(a) incurrirá en responsabilidad civil
      “(1) por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o solicitante de empleo;
      “(2) o por una suma no menor de cien (100) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares, a discreción del tribunal, si no se pudieren determinar daños pecuniarios;

        “(3) o el doble de la cantidad de los daños ocasionados si ésta fuere inferior a la suma de cien (100) dólares, y
      “(b) incurrirá, además, en un delito menos grave y, convicto que fuere, será castigado con multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas, a discreción del tribunal. ...
      “El tribunal en la sentencia que dicte en acciones civiles interpuestas bajo las precedentes disposiciones podrá ordenar al patrono que reponga en su empleo al trabajador y que cese y desista del acto de que se trate.” 29 L.P.R.A. see. 146.

       Posteriormente en García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988), este Tribunal resolvió que también eran compensables bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 146-151, los daños emocionales que un despido discriminatorio causaba al empleado. La porción de la compensación concedida a esos efectos no se considera ganancial ya que busca resti-tuir la integridad física de la persona a como era antes de la actuación discrimina-toria del patrono. Véanse: El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 149 (1975); Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968).

       Vale recordar que la sociedad legal de gananciales constituye una entidad separada y distinta de los cónyuges que la componen. Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 549 (1993); Cruz Viera v. Registrador, 118 D.P.R. 911, 914 (1987); Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981); García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319 (1978).

       Por razón de pagos realizados se redujeron las cuantías por vacaciones y bono, y se eliminó la partida de salario. Luego los demandantes solicitaron permiso para desistir de las reclamaciones por concepto de vacaciones y bono. Mediante Sen-tencia-Parcial el tribunal declaró con lugar la moción de desistimiento, con periuicio.

       La compensación por pérdida de ingresos futuros procede únicamente en aquellas situaciones mencionadas en esta opinión.