author: per CURIAM:

text:
      In re Marco A. Rigau, Jr.

      Número: 3616

      Resuelto: 16 de diciembre de 1986

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante; Marco A. Rigau, Jr., pro se.

   J-H

per CURIAM:

El Director de la Oficina de Inspección de No-tarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, nos rindió un informe expositivo de que el notario Marco A. Rigau, Jr. —en contra-vención a lo dispuesto en la See. 26 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1026— omitió rendir los informes notariales semanales desde enero de 1980 hasta octubre de 1986. Nos informó además, que las gestiones telefónicas y escritas diri-gidas a dicho notario habían resultado infructuosas y que éste no había rendido los informes anuales (Regla 12(d) de nues-tro Reglamento), como tampoco notificado cambio de dirección de su oficina y residencia según requerido en la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1002.

Concedimos al notario Rigau, Jr., término para que com-pareciera por escrito a mostrar causa por la cual no debería ser suspendido de la notaría.

En su comparecencia, acepta que incurrió en las referidas deficiencias, las cuales subsanó el 7 de noviembre. Lamenta su proceder. Como no tiene explicaciones justificativas, nos pide permiso para retirarse del ejercicio de la notaría. Nos indica que su práctica fue mínima e incidental. Expone que casi todas las declaraciones juradas fueron gratuitas, nunca se han cuestionado judicialmente, y que su desempeño ha sido con total integridad y honestidad.

De los documentos ante nuestra consideración se des-prende que durante ese período, efectivamente su práctica notarial estuvo cuantitativamente limitada a: once (11) es-crituras y sesenta y nueve (69) afidávit. Ello, en cierto sentido, pone de manifiesto su inexplicable inobservancia de la Ley.

HH > — 1

Nuestros pronunciamientos recientes son claras señales de una irreversible política judicial encaminada a lograr máxima excelencia en todas las áreas del quehacer notarial. In re Pedraza González, 118 D.P.R. 87 (1986); In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985). La obligación legal de rendir índices notariales forma parte integral e im-portante del esquema legislativo conducente a rodear el acto de fe pública con la más completa garantía de veracidad. Mojica Sandoz v. Bagamán Federal Savings, 117 D.P.R. 110 (1986).

El deber de todo abogado y notario, de notificar cualquier cambio de residencia o de oficina notarial —también impuesto en la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1002— y el de rendir un informe anual, ambos conforme la Regla 12 (a) de nuestro Reglamento, son medidas necesarias adoptadas por este foro en su función rectora constitucional de regular el ejercicio de la abogacía investida de carácter público. Tienen como propósito proveer un mecanismo simple y económico de comunicación ante el aumento en espiral que ha experimentado en los últimos años la profesión de abogado.

En In re Todd Arias, supra, rechazamos aceptar la renuncia del notario que también había incumplido con el deber de notificar sus índices. Allí condicionamos su renuncia al cumplimiento previo de una sanción disciplinaria de tres (3) meses. No obstante, en el caso de autos no podemos seguir automáticamente ese curso decisorio. Aquí, la infracción notarial se extendió durante seis (6) años y nueve (9) meses. El extenso tiempo transcurrido es factor agravante que en justa metodología adjudicativa, justifica la suspensión indefinida de la notaría.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que suspenda al Lie. Marco Antonio Rigau, Jr., indefinidamente del ejercicio de la notaría. El Alguacil del Tribunal procederá a incautarse de su obra notarial para ser entregada al Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibieron. El Juez Asociado Se-ñor Rebollo López no intervino.

       Sobre transacciones tales como poderes, hipotecas, compraventa, cancelación de pagarés y otros.

       Certificados de incorporación, petición de quiebra, memorando de costas, certificaciones a interrogatorios, solicitudes de portar armas, licen-cias de tiro al blanco, traspasos de vehículos de motor, pagarés hipotecarios y otros.

      E1 Secretario del Tribunal notificará la presente al Colegio de Abo-gados y al Departamento de Estado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    Haydeé Rodríguez, demandante y peticionaria, v. Alfred Nasrallah, demandado y recurrido.

      Número: CE-86-110

      Resuelto: 19 de diciembre de 1986

      Gerardo M. Mariani, de Woods & Woods, abogado de la parte pe-ticionaria; Agustín F. Fortuno, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso revisamos la resolución que dejó sin efecto la sentencia en una demanda de liquidación y división de sociedad de gananciales incoada por la peticionaria Haydeé Rodríguez Morales en contra de Alfred Nasrallah, recurrido. Las partes se conocieron en Puerto Rico y luego de que con-trajeran matrimonio en Jacksonville, Florida el 30 de junio de 1961, regresaron a Puerto Rico donde residieron por espacio de diecisiete años y donde procrearon dos hijos. Las relaciones entre las partes se deterioraron y la peticionaria instó de-manda de divorcio en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, dictándose sentencia de divorcio el 20 de octubre de 1980. Al presente dicho caso continúa activo liti-gándose en lo concerniente a alimentos.

Con el propósito de instar demanda de liquidación de la so-ciedad de gananciales, la peticionaria trató de conseguir la dirección del recurrido. Ésta alega que no conocía la dirección de su ex esposo, quien se fue de Puerto Rico luego del divorcio. También alega que inquirió a los familiares del recurrido sobre la dirección de éste, pero le contestaron que tenían ins-trucciones de no divulgar tal dirección. Durante los primeros meses de 1982, el recurrido escribió a uno de sus hijos una carta donde señalaba la dirección de “2482 S.W. 17th Ave., Miami, Florida”, como la del remitente. En marzo de 1982 los hijos menores de las partes visitaron a su padre en la ciudad de Miami, y se hospedaron todos con un primo del recurrido.

Durante el 1982 el recurrido visitó varias veces Puerto Rico y compartió con sus hijos. La recurrente alega que los menores no sabían decirle dónde se hospedaba el recurrido y que ellos tenían temor de divulgar lo que podían saber por razón de advertencias que les hiciera su padre.

La peticionaria presentó demanda de liquidación de socie-dad de gananciales el 19 de abril de 1982 en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón. Posteriormente se presentó una moción jurada para solicitar emplazamiento por edicto, a tenor con la Regla 4.5 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III. En la misma se alegó que el demandado residía fuera de Puerto Rico y que su última dirección conocida era el “2482 S.W. 17th Ave., Miami”. El tribunal de instancia accedió a dicha petición. El demandado fue emplazado por edictos publicados en el periódico El Vo-cero el 4 de agosto de 1982, y también se acreditó que el 9 de agosto siguiente, mediante correo certificado con acuse de re-cibo, se dirigió al demandado, a su última dirección conocida, “2482 S.W. 17th Ave., Miami”, copia de la demanda, del em-plazamiento, de la orden y del edicto. Estos documentos los recibió la Sra. Nancy McKool. El demandado nunca compare-ció ante el tribunal de instancia y el 10 de noviembre de 1982, luego de celebrar una vista, el tribunal dictó sentencia en re-beldía, condenando a éste a satisfacer a la demandante la suma de cinco millones de dólares ($5,000,000) y al pago de costas sin especial condena de honorarios de abogado. En pago parcial de la participación de la demandante, se le ad-judicó a ésta en dicha sentencia una propiedad con valor de doscientos doce mil dólares ($212,000).

A partir de mayo de 1985 se presentaron mociones y se dictaron órdenes del tribunal de instancia dirigidas a la eje-cución de la sentencia de 10 de noviembre de 1982, en las cuales se señalaba al final de las mismas que se notificaba al “Sr. Alfred Nasrallah, a su dirección en: 2782 Park Street en Jacksonville, Florida, 23305”.

El 26 de septiembre de 1985, la parte demandada presentó una moción de relevo de sentencia (Regla 49.2 de Procedi-miento Civil), en que alegaba que la sentencia de 10 de no-viembre de 1982 era nula por no haber adquirido jurisdicción el tribunal de instancia, ya que no se emplazó “al lugar de su última residencia conocida” a tenor con la Regla 4.5 de Pro-cedimiento Civil. Señala el demandado que su dirección resi-dencial es 2782 Park Street en Jacksonville.

El 13 de diciembre de 1985 se celebró la vista señalada para discutir en la referida moción sobre nulidad de senten-cia. La parte demandante manifestó que su posición se expli-caba en su moción. El tribunal concedió a la demandante cinco días para exponer su posición por escrito y dispuso que resol-vería la moción luego de las partes radicar sus respectivos escritos.

El 16 de enero de 1986 el tribunal de instancia emitió una resolución donde señala lo siguiente:

Examinados los autos y los escritos radicados por las par-tes junto con la prueba documental en apoyo de la moción de relevo de sentencia radicada por la demandada, conclu[i]-mos que este Tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre él demandado, por lo que se declara nula e inválida la sentencia dictada en rebeldía el 10 de noviembre de 1982.

Recurre mediante petición de certiorari la parte deman-dante señalando que erró el tribunal de instancia al declararse sin jurisdicción, ya que la dirección a la cual se le emplazó fue el lugar de la última residencia conocida. Alega que fue el recurrido quien produjo la dirección de Miami y que ahora no puede ir en contra de sus propios actos. Alega también la peticionaria que toda esta situación es resultado de la perenne actitud del demandado de estar escondiéndose y por lo tanto, “ ‘quien ha dado lugar a la situación engañosa ... no puede hacer que su derecho prevalezca por encima del derecho de quien ha depositado su confianza en aquella apariencia’ ”. (Citando a J. Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado, Barcelona, Eds. Ariel, 1951, pág. 103.)

Examinada la petición y su apéndice concedimos término al demandado-recurrido para mostrar causa por la cual no de-bía revocarse la resolución del tribunal de instancia.

El recurrido ha comparecido. Sostiene que la demandante tenía conocimiento de la residencia del demandado en Jacksonville en todo momento, hecho que se demuestra cuando inició procedimientos para ejecutar la sentencia, año y medio más tarde, los cuales notificó a su residencia en Jacksonville. Res-pecto a la dirección de “2482 S.W. 17th Ave., Miami”, el re-currido señala que pertenece a una tintorería (laundry) de unos amigos, la cual él utiliza como dirección de devolución porque es un comerciante que viaja mucho. En una declara-ción jurada efectuada el 19 de septiembre de 1985 el recurrido señaló que:

That if any person or party stated that my address was #2482 S.W. 17th Ave., Miami, Florida, such information is wrong, false and/or fraudulent. To the best of my knowledge and belief said address pertains to a laundry and is not and has never been my address, particularly for the year 1982 when the alleged case occurred.

Estamos en posición de resolver según lo intimado. Nues-tra Regla 4.5 de Procedimiento Civil dispone como sigue:

U.5 Emplazamiento por edictos y su publicación
Cuando la persona a ser emplazada estuviera fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico, no pudiere ser locali-zada después de realizadas las diligencias pertinentes, o se ocultare para no ser emplazada ... y así se comprobare a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada, con expresión de dichas diligencias, y apareciere también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento ne-gativo como condición para dictar la orden disponiendo que el emplazamiento se haga por edicto.
La orden dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de circulación diaria general en la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto, se le dirija al demandado, por correo certificado con acuse de re-cibo una copia del emplazamiento y de la demanda presen-tada, al lugar de su última residencia conocida, a no ser que se justifique por declaración jurada que a pesar de los esfuer-zos realizados, con expresión de éstos, no ha sido posible loca-lizar residencia alguna conocida del demandado, en cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta disposición. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 4.5.

Hemos exigido un cumplimiento estricto cuando se trata de los requisitos para el emplazamiento. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721 (1981); Planas v. Chambers, 59 D.P.R. 494 (1941); Rivera v. Rivera, 31 D.P.R. 449 (1923); Quintana et al. v. Aponte, Juez, y Centeno, 26 D.P.R. 196 (1918); Delgado v. El Registrador de Humaeao, 25 D.P.R. 486 (1917). La importancia de tan estricto cumplimiento es que la Regla 4 de emplazamiento persigue que se notifique al demandado que se instó una acción judicial en su contra, de manera que se le dé una oportunidad de ser oído y defenderse.

En 4 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 1083, pág. 335 (1969), señala que:

. . . Rule 4, which with few exceptions deals only with service of process . . . .
. . •. service of process is merely the means by which the court, having a sufficient basis for jurisdiction and venue, asserts them over the party and affords him due notice of the commencement of the action.

Luego de atender los objetivos que persigue el emplazamiento debe señalarse que de no cumplirse estrictamente con los requisitos del' mismo, el tribunal no adquiere jurisdicción.

... a failure to provide defendant with proper notice and an opportunity to be heard will subject a judgment to collateral attack. The decisions of the Supreme Court make it clear that the requirement of reasonable notice must be regarded as part of the due process limitations on the jurisdiction of a court. (Escolios omitidos.) Wright & Miller, supra, Sec. 1074, págs. 292-293.

En cuanto a la manera de emplazar, es indiscutible que el emplazamiento diligenciado personalmente es el más apropiado. No obstante, se pueden utilizar otros medios para diligenciar el emplazamiento sin violar las limitaciones del debido procedimiento de ley.

En el caso Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306, 94 L. Ed. 865 (1950), el tribunal señala que aunque la notificación personal dentro de la jurisdicción es la forma clásica de emplazar, hay veces que no es posible o no es prác-tica ésta. Resulta entonces que el diligenciamiento construc-tivo es la única forma viable, como lo es también aquélla por edicto. El tribunal procede entonces a establecer un requisito para el cumplimiento del debido procedimiento de ley cuando se intenta emplazar:

An elementary and fundamental requirement of due process in any proceeding which is to be accorded finality is notice reasonably calculated, under all the circumstances, to apprise interested parties of the pendency of the action and afford them an opportunity to present their objections. (Én-fasis suplido.) Mullane v. Central Hanover Tr. Co., supra, pág. 314.

Posteriormente se decidió Mennonite Board of Missions v. Adams, 462 U.S. 791, 77 L. Ed. 180 (1983), el cual reiteró el anterior requisito de Mullane v. Central Hanover Tr. Co., supra, y añadió lo siguiente:

When the mortgagee is identified in a mortgage that is publicly recorded, constructive notice by publication must be supplemented by notice mailed to the mortgagee’s last known available address, or by personal service. But unless the mortgagee is not reasonably identifiable, constructive notice alone does not satisfy the mandate of Mullane. (Énfasis nuestro.) Mennonite Board of Missions v. Adams, supra, pág. 798.

Debemos adentramos en el requisito de “lugar de su última residencia conocida”, Regla 4 de Procedimiento Civil, para lo cual podemos referimos a la jurisprudencia interpretativa de los estados que contienen este requisito en sus Reglas de Procedimiento Civil.

En Graham v. Sawaya, 632 P.2d 851 (Utah 1981), se dis-cutió la siguiente controversia: ¿Podía un tribunal sentenciar en rebeldía, en una acción in personam, cuando sólo se diligen-ció el emplazamiento por edicto y se envió notificación al lugar de la última residencia conocida del demandado, de quien se desconoce su actual residencia, y quien no se encontró después de que se efectuaran las debidas diligencias? Ese tribunal, ci-tando a Mullane v. Central Hanover Tr. Go., supra, resuelve que no es válida la sentencia dictada en esa situación y señala:

... In this important matter, the United States and Utah Constitutions therefore require reasonable assurance of actual notice . . . , not just a showing that the means of notice employed was the best available in the circumstance. Notice by publication, even when accompanied by mailing to the “last known address” of the defendant, does not measure up. Graham v. Sawaya, supra, pág. 854.

Debe puntualizarse que el criterio que se utilizó en Mullane v. Central Hanover Tr. Co., supra, pág. 314, fue el de “reasonably calculated, under all the circumstances”, el cual es muy diferente al de “reasonable assurance of actual notice” utilizado en la decisión anterior.

Una decisión enteramente contraria a Graham v. Sawaya, supra, se decretó en Evans v. Galloway, 701 P.2d 659 (Idaho 1985). Galloway se encontraba recluido en la prisión de Montana cuando se le demandó en un estado donde éste residió, Idaho. Cuando se le fue a emplazar a la prisión de Montana, Galloway se había escapado. Los demandantes optaron por emplazarlo por edicto enviando copia del edicto, así como copia de la demanda al lugar de su última residencia conocida en Idaho. El tribunal de Idaho reconoció que los tribunales esta-tales de Estados Unidos están divididos en cuanto a cómo de-ben resolver este tipo de situación, y señaló lo siguiente:

. . . Under these circumstances, we are inclined to follow those courts which have held that, for persons engaged in actionable conduct who subsequently move leaving no forwarding address by which their whereabouts may be determined, service of summons by publication in a newspaper of general circulation in the area, and a mailing of copies of the summons and complaint to that party’s last known address is reasonably calculated under all the circumstances to apprise that party of the pendency of an action. (Citas omi-tidas y énfasis nuestro.) Evans v. Galloway, supra, pág. 661.

Adoptamos esta última norma como la más adecuada, ya que la misma protege los derechos de ambas partes y resulta la más fácil y conveniente de implantar.

En el caso de autos la demandante efectuó las debidas dili-gencias para tratar de conseguir la dirección del lugar de la última residencia conocida. Tomando en consideración las cir-cunstancias, la dirección que la demandante consiguió (“2482 S.W. 17th Ave., Miami”) en el remitente de una carta del demandado (forwarding address) pudo correctamente utili-zarse porque ésta cumple con el requisito de estar razonable-mente calculada, dentro de todas las circunstancias concu-rrentes, a darle aviso a la parte contraria.

Algunas cortes estatales y federales han establecido el re-quisito de que las gestiones que se lleven a cabo para localizar al demandado que se intenta emplazar deben efectuarse de buena fe. En Emery v. Emery, 369 N.W.2d 728, 732-733 (Wis. 1985), el cual contiene unos hechos muy similares al caso de autos, el tribunal de Wisconsin impuso al demandado, que solicitaba relevo de una sentencia en rebeldía, el peso de la prueba para que demostrara que no se efectuaron las debi-das diligencias para emplazarlo.

The circuit court in the instant case properly placed the burden upon Mr. Emery, who sought to vacate the judgment, to produce credible evidence to show that Ms. Emery did not exercise reasonable diligence in her attempt to personally serve him. Emery v. Emery, supra, págs. 732-733.

En el caso de autos el demandado basa su solicitud de relevo de sentencia primordialmente en el hecho de que a éste se le enviaron unas mociones y órdenes para la ejecución de la sentencia a su residencia en Jacksonville, Florida, y no a la dirección de Miami, Florida, donde fue emplazado. Debido a ese hecho el demandado alega que se demostró que los demandantes conocían la dirección de Jacksonville. No tiene razón. Al momento de dictarse la orden que autorizaba el emplazamiento por edicto no se conocía la dirección de Jacksonville. Después de todas las diligencias efectuadas por la parte demandante para adquirir la dirección del demandado y las demás circunstancias que reflejan la buena fe de la demandante, no procede anular el emplazamiento y la sentencia a base de unos hechos que tuvieron lugar año y medio después de recaída la sentencia.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se dic-tará sentencia que revoque la resolución del 16 de enero de 1986 y declare sin lugar la moción sobre relevo de sentencia.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

      Esta sentencia se dictó a tenor con unas amplias y detalladas de-terminaciones de hechos y conclusiones de derecho formuladas por el mismo magistrado que dictó la orden aquí recurrida.

      En la minuta de dicha vista se identifican erróneamente a las par-tes. Donde dice demandante debe leer demandado y viceversa.

      La decisión recurrida es tan escueta que resulta sumamente difícil determinar cuál fue el razonamiento del magistrado y los fundamentos en que se apoyó. En casos como este los magistrados deben esforzarse para que las partes y este Tribunal estén en condiciones de emitir juicio sobre la co-rrección de su determinación. Es claro que limitarse a exponer una conclu-sión final —“nunca adquirió jurisdicción”— va en contra de los principios establecidos en nuestro sistema procesal. Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 43.5.

       4 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil See. 1083, págs. 335, 336 (1969). La Regla 4 federal trata el tema de emplazamientos,

        Wright & Miller, supra, Sec. 1074, pág. 294.
      “Various other means of service also may be employed without any concern about transgressing due process limitations.”

       Nuestra Regla 4.5 proviene del Art. 95 del Código de Enjuicia-miento Civil de 1904, que a su vez proviene del Art. 413 del Código de En-juiciamiento Civil de California y del Art. 3196 del Código de Enjuicia-miento Civil de Idaho. Refiérase al historial, 32 L.P.R.A. see. 459 (dero-gada) .
      Las reglas federales no hacen referencia a este concepto de last known address. En lo pertinente señalan en la Regla 4:
      “4(e) Summons: Service Upon Party Not Inhabitant of or Found Within State. Whenever a statute of the United States or an order of court thereunder provides for service of a summons, or of a notice, or of an order in lieu of summons upon a party not an inhabitant of or found within the state in which the district court is held, service may be made under the circumstances and in the manner prescribed by the statute or order, or, if there is no provisions therein prescribing the manner of service, in a manner stated in this rule. Whenever a statute or rule of court of the state in which the district court is held provides (1) for service of a summons, or of a notice, or of an order in lieu of summons upon a party not an inhabitant of or found within the state, or (2) for service upon or notice to him to appear and respond or defend in an action by reason of the attachment or garnishment or similar seizure of his property located within the state, service may in either case be made under the circumstances and in the manner prescribed in the statute or rule.”

        Evans v. Galloway, 701 P.2d 659, 661 (Idaho 1985): “We acknowledge that there is substantial and persuasive authority to the contrary, see, e.g. Graham v. Sawaya, . . . which we have chosen not to follow under the circumstances of this case.” (Citas omitidas.)

         Kittannning Coal Co. v. International Mining Co., 651 F. Supp. 884, 840 (Pa. 1982): “Plaintiffs have made the prerequisite good faith effort to provide . . . with service of process.” Giacobbi v. Hall, 707 P.2d 404, 408 (Idaho 1985): “it is an inquiry made with good faith”.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Daniel Montalvo Cruz, notario público.

      Número: 6751

      Resuelto: 23 de diciembre de 1986
   PER CURIAM:

Habiendo resultado infructuosas todas las gestiones realizadas por el Colegio de Abogados de Puerto Rico para lograr que el abogado-notario Daniel Montalvo Cruz satisficiera el importe de la prima de su fianza notarial, la cual estaba vencida desde el 21 de mayo de 1985, dicha insti-tución solicitó de este Tribunal la cancelación de la referida fianza. Mediante carta de fecha 16 de enero de 1986, el Secre-tario General Interino de este Tribunal le concedió al licen-ciado Montalvo Cruz el término de sesenta (60) días para que así lo hiciera, apercibiéndole de que de “no renovarla . . . , se elevará este asunto ante la consideración del Tribunal en Pleno”.

Expirado dicho término sin que el licenciado Montalvo Cruz compareciera en forma alguna ante este Tribunal, me-diante resolución de fecha 12 de mayo de 1986 se ordenó la cancelación definitiva de la fianza notarial, se le ordenó al mencionado abogado-notario para que cesara inmediatamente en el ejercicio del notariado y procediera a hacer entrega den-tro del término de treinta (30) días de sus protocolos nota-riales y registros de afidávit al Señor Inspector de Notarías.

Mediante memorando de fecha 30 de julio de 1986, el men-cionado funcionario nos informó que el notario no había cum-plido con la orden de entrega de protocolos y registros de afi-dávit. El 15 de agosto de 1986 le concedimos términos al licen-ciado Montalvo Cruz para que mostrara causa “por la cual no deba ser objeto como abogado de sanciones disciplinarias”. (Énfasis suplido.) No ha comparecido. Resolvemos.

I

Como consecuencia del poder inherente que posee este Tribunal para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico, In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984), en el pasado hemos separado del ejercicio de la profesión de abogado a algunos miembros que inexplicable e incomprensiblemente se han cruzado de brazos negándose a contestar requerimientos que le han sido hechos por este Tribunal en la esfera de su jurisdicción disciplinaria. In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984); In re Pereira Esteves, 116 D.P.R. 791 (1986); In re Freytes Moni, 117 D.P.R. 11 (1986).

Advertimos, una vez más, que no estamos en disposición de tolerar esta clase de actitud por parte de los miembros de la profesión, y que este patrón de conducta inexorablemente desembocará en la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía, por cuanto el mismo resulta detrimental a una eficiente administración de la justicia en nuestra jurisdicción, In re Pereira Esteves, ante, y es indicativo de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171 (1975).

Por los fundamentos antes expresados, se dictará senten-cia para suspender indefinidamente del ejercicio de la aboga-cía en Puerto Rico al abogado Daniel Montalvo Cruz. El señor Alguacil General de este Tribunal notificará en forma personal al abogado en controversia con copia de la presente opi-nión y de la sentencia que se dicte. Procederá, en adición, sin dilación alguna a la incautación de los protocolos notariales y registros de afidávit del referido abogado entregándolos, para el correspondiente examen e informe, al Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Carmen G. Sánchez Millet et al., demandantes y peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados y recurridos.

      Número: CE-86-262

      Resuelto: 23 de diciembre de 1986

      Gabriel I. Peñagarícano, abogado de la parte peticionaria; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Luisa A. Inclán Bird, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La parte peticionaria radicó demanda de daños y perjui-cios ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ad-ministración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la Univer-sidad de Puerto Rico y otros codemandados denominados con nombres ficticios alegando, en síntesis y en lo pertinente, negligencia médica en el cuido y tratamiento de una joven mujer que se encontraba recluida en el Hospital de Psiquia-tría del Centro Médico de Río Piedras, Puerto Rico, hechos negligentes supuestamente acaecidos en el mes de noviembre de 1985.

La codemandada Universidad de Puerto Rico radicó mo-ción de desestimación, predicada la misma en que la demanda no había sido juramentada y en que la Administración del Fondo de Compensación al Paciente no había sido incluida como parte demandada, todo ello según lo requiere el Art. 41.100 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4110. Oportunamente, la peticionaria se opuso a la desestima-ción solicitada; subsanó la omisión en que había incurrido respecto a la falta de juramentación de la demanda; en cuanto a la alegación de parte indispensable, adujo que la Adminis-tración del Fondo de Compensación al Paciente no tenía que ser incluida como parte demandada por cuanto la misma no responde por las reclamaciones contra el Estado. Acompañó, por último, una certificación expedida por la referida Admi-nistración en la que se hace constar que ninguno de los code-mandados mencionados en la demanda radicada tenía “póliza de responsabilidad a su favor con esta Administración ya que según el Artículo 41.060(1) de la Ley 55 del 18 de julio de 1978 las instituciones para el cuidado de salud que pertenez-can al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependen-cias, instrumentalidades y municipios están exentas de hacer su aportación a esta Administración”.

El foro de instancia, no obstante los fundamentos antes expresados, acogió favorablemente la solicitud de desestima-ción expresando, mediante orden de fecha 24 de marzo de 1986, que en “todo caso de impericia profesional médica es re-quisito incluir a la Administración del Fondo de Compensa-ción al Paciente, aunque posteriormente sea excluido por el Tribunal”.

Habiendo recurrido la parte demandante - ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de certiorari, por resolución de fecha 22 de mayo de 1986 le con-cedimos término a todos los codemandados para “mostrar causa por la cual este Tribunal no deba expedir el auto de certiorari radicado y dictar sentencia revocatoria de la orden recurrida emitida en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, por razón de que no es parte indispensable en este caso la Administración del Fondo de Compensación al Paciente”. Únicamente ha comparecido el Procurador General de Puerto Rico en representación del co-demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Resolvemos.

I

Como es sabido, la Administración del Fondo de Compensación al Paciente advino a la luz pública en virtud de la aprobación por nuestra Asamblea Legislativa de la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria, 26 L.P.R.A. see. 4101 et seq. Su propósito es “proveer una cubierta de responsabilidad profesional médico-hospitalaria” que cubra aquella porción de cada reclamación de daños por culpa o negligencia médica en el cuido y tratamiento de pacientes en Puerto Rico que exceda los límites de responsabilidad financiera requerida a los profesionales e instituciones dedicadas al cuidado de la salud. 26 L.P.R.A. see. 4105 (1) (a).

Conforme las disposiciones del Art. 41.060 de la referida ley, 26 L.P.R.A. see. 4106, “cada profesional en el cuidado de la salud e institución para el cuidado de la salud que preste activamente servicios en Puerto Rico vendrá obligado a pagar a la Administración la aportación establecida por ésta para la cubierta provista en la see. 4105 (1) (a) de este título”.

La citada See. 4106, sin embargo, exime expresamente del pago de la referida aportación a (1) los profesionales en el cuidado de la salud que no ejercen privadamente su profesión y trabajan exclusivamente como empleados de instituciones privadas para el cuidado de salud y estuvieren cubiertos por la aportación de éstas a la Administración, (2) los profesionales que exclusivamente trabajan para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios y que no ejercen privadamente su profesión, y (3) aquellas instituciones para el cuidado de la salud que pertenezcan al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios.

En consonancia con lo antes expresado, en Ramos v. Hosp. Sub-Regional de Aguadilla, 111 D.P.R. 744 (1981), resolvi-mos que como la Ley Núm. 74 de 1976 no requiere que el Es-tado se asegure y haga aportaciones al fondo de compensación al paciente, la “Administración no responde por las reclama-ciones contra el Estado como tampoco puede responder por las reclamaciones dirigidas contra los médicos e instituciones que no hacen las aportaciones a que vienen obligados por disposi-ción expresa de la ley”. Id., pág. 749.

Lo anteriormente expresado, de ordinario, conllevaría que en un litigio donde no figura como codemandado un “asegu-rado” de la Administración no existe ninguna necesidad de que ésta sea parte en el mismo. Ahora bien, el citado Art. 41.100 de la Ley Núm. 74 de 1976 expresamente establece que en “[t]oda acción civil que surja de una reclamación de daños por culpa o negligencia (malpractice) se iniciará mediante la radicación de una demanda” en la cual “la Administración será una parte indispensable”.

¿Significa ello, como resolvió el foro de instancia, que en toda demanda de daños y perjuicios que por mala práctica profesional de la medicina que se radique en Puerto Rico la Administración tiene que ser incluida como parte codeman-dada no obstante no existir posibilidad alguna de que sea en-contrada responsable por no figurar como codemandado uno de sus asegurados?

No hay duda de que una aplicación mecánica e inflexible de lo dispuesto por el antes citado Art. 41.100 de la Ley nos obligaría a contestar en la afirmativa, lo cual nos llevaría a un resultado absurdo e ilógico, situación que tenemos el deber de evitar. Cf. Pardavco, Inc. v. Srio. de Hacienda, 104 D.P.R. 65 (1975). Estaríamos obligando a toda parte demandante en un pleito por mala práctica profesional de la medicina a incu-rrir en trabajo y costos innecesarios y a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente a desembolsar cuantiosas sumas de dinero por concepto de honorarios de abogado en casos donde, por razón de que no figuran como codemandados ninguno de sus asegurados, ésta no tiene ningún “interés co-mún” con los demandados; esto es, en casos donde la Adminis-tración realmente no es una parte indispensable. Véanse: Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil de 1979; Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982).

Resolvemos, en su consecuencia, que no es necesario que la Administración del Fondo de Compensación al Paciente sea incluida como parte demandada en un pleito por mala práctica profesional de la medicina en casos donde no existe la posibilidad de que ésta sea responsabilizada por razón de no figurar como codemandado uno de los asegurados de la Administración.

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En el presente caso la Administración del Fondo de Compensación al Paciente, al amparo de lo resuelto en Ramos v. Hosp. Sub-Regional de Aguadilla, supra, no responde por los actos negligentes, si algunos, de los codemandados identifi-cados en la demanda radicada por razón de que éstos, como viéramos anteriormente, están exentos de hacer aportación alguna a la Administración bajo las disposiciones del citado Art. 41.060 de la Ley.

La Oficina del Procurador General de Puerto Rico en su comparecencia, nos señala el hecho de que la parte deman-dante incluyó como codemandados —en el párrafo quinto de la demanda que radicara — a unos demandados descono-cidos. Argumenta que como en esta etapa de los procedimien-tos se desconoce quiénes son estos codemandados y como existe la posibilidad de que alguno de ellos esté asegurado con la Administración, ésta debe ser incluida como codemandada.

Debemos mantener presente que los alegados actos de im-pericia o negligencia médica supuestamente cometidos en la persona de la joven mujer a que se refiere la demanda alega-damente ocurrieron mientras ésta se encontraba recluida en el Hospital de Psiquiatría del complejo hospitalario guberna-mental conocido como Centro Médico de Puerto Rico. Indepen-dientemente de lo alegado en el párrafo quinto de la demanda radicada, es lógico pensar que todos y cada uno de los “profe-sionales en el cuidado de la salud” que intervinieron con dicha joven mientras ella allí estuvo recluida tienen que haberlo hecho mientras actuaban “en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios”. (Énfasis suplido.) Art. 41.080(1). Resulta verdaderamente difícil pensar lo contrario; esto es, que por el Centro Médico de Puerto Rico deambulan, atendiendo pacientes allí reclui-dos, “profesionales en el cuidado de la salud” que no son em-pleados del Estado Libre Asociado, sus dependencias, instru-mentalidades o municipios.

Debe recordarse que hemos resuelto, en Lind Rodriguez v. E.L.A., 112 D.P.R. 67, 68 (1982), que el “Art. 41.080 del Código de Seguros exime de responsabilidad no sólo a los médicos que trabajan exclusivamente para el Estado, sino también a los que, como en este caso, en adición ejercen práctica privada, mientras actúen en el cumplimiento de su deber como empleados del Estado”. (Énfasis suplido.) Ello, naturalmente, significa que la Administración del Fondo de Compensación al Paciente no responde por ninguno de los “profesionales en el cuidado de la salud” que atendieron a la joven objeto de los alegados actos de impericia médica en el presente caso, siempre y cuando en esos momentos dichos profesionales estuvieran “en el cumplimiento de su deber como empleados del Estado”. Lind Rodriguez v. E.L.A., supra, pág. 68. Resulta completamente innecesario, por tanto, que la Administración sea parte en el presente pleito.

Por las razones antes expresadas, procede que se expida el auto, se dicte sentencia revocatoria de la orden de fecha 2U de marzo de 1986 emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el presente caso y se devuelva el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos ulte-riores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

       Se expresa, en el párrafo Núm. 5 de la demanda radicada, lo si-guiente:
      “Fulanos de Tal del 1 al 10 se denominan así por desconocerse los nom-bres de las personas que intervinieron con la codemandante Lourdes M. Arroyo Sánchez y que pueden ser legalmente responsables independiente-mente de la responsabilidad vicaria de aquellas entidades o personas en be-neficio de quienes desempeñan sus labores. Igualmente se denominan ficti-ciamente aquellas personas que intervinieron con la mencionada codeman-dante y que no tienen relación contractual alguna con las entidades ya seña-ladas en la demanda.”

      Los codemandados Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ad-ministración de Servicios Médicos de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico.

       El cual transcribiéramos en el escolio Núm. 1, ante.

       De acuerdo a nuestro estado de derecho actual todo profesional en el cuidado de salud que trabaje exclusivamente para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades o municipios, estará exento de efectuar contribución alguna a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente, así como de toda responsabilidad por negligencia incurrida en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, aquel profesional que además de trabajar para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenga práctica privada, tendrá que efectuar los pagos correspondientes a la Ad-ministración y sólo estará libre de responsabilidad por la negligencia come-tida durante el desempeño de sus funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades o municipios.


text:
    Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y peticionario.

      Número: CE-86-459

      Resuelto: 23 de diciembre de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Carmen A. Bravo de Riefkhol, Procuradora General Auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Miguel Colón Hernández, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El día 10 de octubre de 1985 un agente de la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico “ocupó” un vehículo de motor propiedad del interventor-recurrido José L. Berrios Pérez por razón de que los números de serie e identi-ficación de fábrica de dicho vehículo habían sido mutilados y/o sustituidos por otros.

Radicada la correspondiente demanda de impugnación de confiscación, y la contestación a la misma, la parte deman-dante-recurrida radicó una moción de sentencia sumaria en la que alegó, en síntesis y en lo pertinente, que la notificación requerida por el Art. 2(a) de la Ley Uniforme de Confisca-ción de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, 34 L.P.R.A. sec. 1722(a), se hizo vencido el término de diez días que re-quiere el mismo. Luego de radicada la correspondiente oposi-ción, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, mediante sentencia de fecha 9 de abril de 1986, declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria de la parte deman-dante resolviendo, en síntesis y en lo pertinente, que la confis-cación y notificación correspondiente había sido en efecto “realizad [a] pasado el término de diez (10) días que concede la Ley”.

Inconforme, la parte demandada acudió ante este Tribunal mediante la radicación del presente recurso de certiorari. Mediante resolución de fecha 4 de agosto de 1986 le concedi-mos término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dic-tar sentencia revocatoria de la dictada por el tribunal de ins-tancia. Ha comparecido. Resolvemos.

I

El Art. 77 (f) (6) de la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico (13 L.P.R.A. see. 4077 (f) (6)) le confiere facultad al Secretario de Hacienda de Puerto Rico para confiscar:

Cualquier vehículo de motor, aparato, equipo, maquinaria, o artefacto mecánico, eléctrico, o de gas fluido del cual se haya removido, alterado, desfigurado o destruido en forma alguna los números de serie del manufacturero o cualquier otro número de identificación.

La confiscación que así realice el Secretario deberá ser llevada a efecto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Uni-forme de Confiscación, la cual en su Art. 2(a) dispone:

El procedimiento se iniciará mediante la ocupación de la propiedad por el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda, o el Superintendente de la Policía, por conducto de sus delegados, policías o agentes de orden público. El funcio-nario bajo cuya autoridad se actúe notificará al dueño, en-cargado o persona con derecho o interés conocido en la pro-piedad ocupada, de la ocupación y tasación de los bienes ocupados; debiendo efectuarse la notificación en forma feha-ciente, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocupación; entendiéndose perfeccionada la notificación mediante su en-vío por correo con acuse de recibo. Los dueños, encargados o interesados en los bienes ocupados podrán impugnar la con-fiscación dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación, mediante demanda contra el funcionario bajo cuya autoridad se haya efectuado la confiscación, a quien se notificará y quien deberá formular sus alegaciones dentro de los diez (10) días siguientes a la. notificación. La demanda deberá radicarse en la Sala del Tribunal Superior de Puerto Rico, correspondiente al lugar donde se efectuó la ocupación, y el juicio se celebrará sin sujeción a calendario. Las cuestiones que se susciten deberán resolverse, y los de-más procedimientos tramitarse de la misma manera que si se tratase de una acción civil ordinaria. Contra la sentencia que recaiga no habrá otro recurso que el certiorari para el Tribunal Supremo, limitado a cuestiones de derecho. La radica-ción de la demanda de impugnación dentro del término aquí establecido se considerará requisito jurisdiccional previo para el ejercicio de la acción aquí autorizada. (Énfasis su-plido.) 34 L.P.R.A. sec. 1722(a).

No hay duda de que el término de diez (10) días que provee el citado Art. 2(a) de la Ley es uno de “estricto cumplimiento”, la violación del cual de ordinario conlleva la nulidad de la confiscación realizada. Colón Medina v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 540 (1980); Vázquez Fontánez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 396 (1974); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 116 (1968); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158 (1967).

Ahora bien, el Art. 388 del Código Político de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. see. 72, dispone que el “tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido”. (Énfasis suplido.) En adición a lo anteriormente expresado tenemos, como hemos visto, que el antes transcrito Art. 2(a) de la Ley Uniforme de Confiscación dispone que en los pleitos de impugnación de confiscación, las “cuestiones que se susciten deberán resolverse, y los demás procedimientos tramitarse de la misma manera que si se tratase de una acción civil ordinaria”. En armonía con lo antes dispuesto, en Ortiz González v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 55 (1984), resolvimos que las Reglas de Procedimiento Civil son aplicables a los procedimientos de impugnación de confiscación de vehículos de motor en todo aquello que no sea incompatible con dicha ley especial.

Como es sabido, la Regla 68.1 de las de Procedimiento Civil de 1979 establece que:

En la computación de cualquier término prescrito o con-cedido por estas reglas, o por orden del tribunal o por cual-quier estatuto aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento o incumplimiento después del cual el término fijado empieza a correr. El último día del término así compu-tado se incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni día legal-mente feriado. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 68.1.

A nuestra manera de ver las cosas, no existe incompatibilidad o razón alguna para no aplicar el claro mandato contenido en el citado Art. 388 del Código Político y lo preceptuado por la transcrita Regla 68.1 a las disposiciones del citado Art. 2(a) de la Ley Uniforme de Confiscación. Por el contrario, no aplicar las referidas disposiciones significaría que el funcionario que realice la confiscación tendría menos del término estatutario de diez (10) días para actuar en todo caso en que el décimo día venza sábado, domingo o día feriado. Ello ni es lógico ni resulta razonable. Debe recordarse que a igual conclusión llegamos respecto al término jurisdiccional de treinta (30) días que se tiene para presentar y notificar un escrito de revisión o apelación. Véase Montalvo v. Ceramic Enterprises, 107 D.P.R. 698 (1978).

En vista de lo anteriormente expresado, resolvemos que cuando el término de diez (10) días establecido por el Art. 2 (a) de la Ley Uniforme de Confiscación venza en sábado, do-mingo o día feriado, el plazo antes mencionado se extenderá hasta el próximo día hábil.

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En el presente caso el vehículo de motor en controversia fue “ocupado” el día id de octubre de 1985. En su consecuen-cia, el “último” día que tenía el Secretario para notificar la confiscación realizada era el 20 de octubre, él cual era do-mingo. En virtud de lo dispuesto por el Art. 388 del Código Político y por la referida Regla 68.1, sin embargo, el Secre-tario de Hacienda tenía hasta el lunes 21 de octubre de 1985 para realizar la notificación; fecha en que precisamente alega dicho funcionario que lo hizo; alegación que se le debe per-mitir que sustancie en una vista señalada a esos efectos.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto solicitado y se dictará sentencia revocatoria de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, en el presente caso y se devuelve el mismo a dicha sala para la continuación de los procedimientos ulteriores, compatibles con lo aquí resuelto.

      Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960.

      Ley Núm. 2 del 20 de enero de 1978.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

text:
    Manuel A. García Larrinua et al., demandantes y recurridos, v. Karen Lichtig, demandada y recurrente.

      Número: R-85-205

      Resuelto: 23 de diciembre de 1986

      Pedro J. Córdova, abogado de la recurrente; José A. Figueroa Morales, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los esposos codemandados Gerard y Madelyn Bryan eran dueños de dos (2) apartamentos contiguos localizados en el Condominio Mansiones Los Caobos identificados como los apar-tamentos 8-B y 8-C. Dicho condominio, localizado en Guay-nabo, Puerto Rico, está sometido al régimen de propiedad horizontal. La descripción que de dichos apartamentos consta desde su inmatriculación en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad es la siguiente:

URBANA: Propiedad Horizontal: Condominio Mansiones Los Caobos, Apartamento 8-B. Está situado en el lado Oeste y en el nivel ocho. Está enmarcado en un rectángulo de for-ma irregular que mide de ancho 29 pies por 35 pies 6 pul-gadas de longitud y tiene además un rectángulo que mide de ancho 15 pies 4 pulgadas [, y] 12 pies 6 pulgadas de longitud, tiene un área total de 1,221.12 pies cuadradados, equivalen-tes a 113.4-9 metros cuadrados. Limita por su frente norte con paredes exteriores de hormigón hacia el área de jardine-ría Norte, por el Sur con el corredor de entrada a los aparta-mentos y elevadores, por el este, con paredes interiores de hormigón que lo separa del apartamento 8-C y por el oeste con paredes interiores de hormigón que lo separa del aparta-mento 8-A. Este apartamento está formado por sala-come-dor, con terraza mirando al norte, pasillo interior, dos dormitorios, uno con dos closets y tocador con lavamanos, otro con un closet y un tablillero y un salón de estar con un closet, además tiene este apartamento dos baños, linen closet, closet lavandería en el pasillo interior, cocina con closet, des-pensa. Le corresponde el espacio de estacionamiento marcado 8-B. Le corresponde una participación en los elementos co-munes generales de 1.23%.
Inscrit[a] al folio 105 del tomo 216 de Guaynabo, finca nú-mero 3,195.
URBANA: Propiedad Horizontal: Condominio Mansiones Los Caobos. Apartamento 8-C. Este apartamento está si-tuado en [el] nivel ocho. Está formado por dos rectángulos de forma irregular y en forma de ‘L’ invertida, con un ancho (lado mayor) de 29 pies y de 13 pies 8 pulgadas (lado me-nor) una longitud de 25' (lado mayor) y 12'6" (lado menor). Tiene un área total de 533.38 p/c, equivalentes a 49.57-m.c. Linda por el frente Norte en una longitud de 12'6" con pare-des interiores de hormigón que lo separan del apartamento 8-B y con interiores del edificio hacia el área de jardinería Norte, por el Sur, con el vestíbulo de acceso a los aparta-mentos y elevadores, por el este, con paredes interiores de hormigón que lo separan del apartamento 8-D y por el oeste con paredes interiores de hormigón que lo separan del apar-tamento 8-B. Está formado por sala-comedor, con terraza mirando hacia el Norte, con baño, “linen closet”, cocina con closet, despensa y closet laundry. Le corresponde el estacio-namiento 8-C y en los elementos comunes generales 0.55%.
Se halla inscrita al folio 240 del tomo 568 finca 22,966. (Énfasis suplido.)

Los codemandados Bryan, en algún momento luego de ad-quirir los dos apartamentos, llevaron a cabo una modificación de dichas unidades. La misma consistió en anexar al aparta-mento 8-C el “salón de estar con closet” que pertenecía al apar-tamento 8-B, el cual salón tenía una cabida aproximada de doscientos sesenta (260) pies cuadrados. Con motivo de la obra realizada, la unidad 8-C se convirtió de un “estudio” {efficiency) a un “apartamento de una habitación”. Los tra-bajos de remodelación se hicieron sin la aprobación del con-sejo de titulares del referido condominio, sin que hubiera aprobación de plano alguno por la Administración de Regla-mentos y Permisos, sin que se hubieran consignado las nuevas descripciones de los apartamentos en escritura pública, y sin que se hubiese hecho inscripción alguna de dichas modifica-ciones en el Registro de la Propiedad correspondiente.

El 21 de agosto de 1980 los esposos Bryan vendieron, me-diante escritura pública, el apartamento 8-C a la codeman-dada recurrente Karen Lichtig por la suma de $35,320.07. En esa misma fecha —igualmente mediante escritura pública— los esposos Bryan vendieron el apartamento 8-B por la canti-dad de $55,399.49 a la Sra. Milagros Amill, la cual compare-ció en dicha escritura como testaferra de los demandantes re-curridos Manuel Antonio García y Carmen Miriam Sureda por razón de que estos últimos, a la fecha de la otorgación de la escritura, no estaban casados entre sí y no “cualificaban” para la otorgación de un préstamo hipotecario. Posterior-mente —el 12 de junio de 1981— y luego de haber contraído matrimonio los demandantes recurridos, la señora Amill otor-gó “escritura de traspaso del inmueble” a nombre de los men-cionados demandantes.

Mediante demanda sobre “reivindicación o resolución, de contrato”, radicada el 12 de enero de 1982, los esposos García-Sureda acudieron ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón. En la misma expresaron, en síntesis y en lo pertinente, que los esposos Bryan les “representaron en todo momento que el apartamento 8-B contenía un área superficial de 1221.12 pies cuadrados, cuando lo cierto es que sólo tiene un área superficial de 961 pies, pues la diferencia fue anexada al apartamento 8-G”, y que tanto los esposos Bryan como la codemandada Lichtig se niegan a “devolverle” la referida área. Por último, solicitaron del tribunal de instancia que dictara sentencia “condenando a los demandados a devolver a los demandantes el área ilegalmente anexada al apartamento 8-C, en la alternativa, pronuncie la resolución del contrato de venta de dicho apartamento, con el resarcimiento de los da-ños, más las costas, gastos y honorarios de abogado”. La posi-ción asumida por los codemandados Bryan por su parte, en síntesis y en lo pertinente, fue a los efectos de que los deman-dantes tuvieron la oportunidad de ver el apartamento que finalmente adquirieron antes de así hacerlo y que “pactaron la compra de lo existente”. La codemandada Lichtig, en lo per-tinente, se limitó a aceptar que había adquirido un aparta-mento de una habitación de los codemandados Bryan, negando todas las demás alegaciones. Radicó, en adición, demanda de coparte contra los esposos Bryan solicitando del foro de ins-tancia que, de prevalecer los demandantes, condenara a los Bryan a resarcirle “lo que en ley le corresponda”.

Ante ese cuadro de hechos, el tribunal de instancia declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria radicada por la parte demandante. Expresando que la modificación realizada no podía surtir “efecto legal alguno” por razón de que la misma contravenía las disposiciones del Art. 32-A de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1292j-l, dicho foro resolvió que procedía la restauración de los apartamentos a su diseño original. Decretó, en adición, que los gastos de dicha restauración serían de cargo de “los demandados”. Por úl-timo, el referido tribunal declaró sin lugar la demanda de coparte radicada por la codemandada Lichtig contra los espo-sos Bryan por el fundamento de que en el presente caso la “responsabilidad de sanear es inexistente” ya que Lichtig “no adquirió ni pagó por el área de 260 p.c., 1 [a] cual pertenece al apartamento 8-B”; ello debido, según razonó el referido foro, a que al ella comprar “sabía, o debía saber, por las cons-tancias del Registro de la Propiedad, que esa área de 260 p.c. no le pertenecía al apartamento 8-C”.

Acudió en revisión ante este Tribunal únicamente la code-mandada Karen Lichtig. Declaramos, originalmente, “no ha lugar” al recurso radicado. Posteriormente, en reconsidera-ción, le concedimos término a la parte demandante recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la dictada por el foro de instancia. La parte recurrida ha comparecido. Re-solvemos.

I

Como es sabido, el régimen de propiedad horizontal está rigurosamente supeditado al requisito de inscripción registral. En otras palabras, para que exista dicho régimen en relación con una propiedad en particular, el mismo tiene que constar inscrito en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. see. 1291).

La escritura pública que a esos efectos tiene que otorgarse deberá contener o expresar las siguientes circunstancias :

(a) Descripción del terreno y descripción general de lo allí construido, con expresión de sus áreas respectivas y materia-les de construcción.
(b) Descripción de cada apartamiento y número de cada uno, con expresión de sus medidas, situación, piezas de que conste, puerta principal de entrada y lugar con el cual in-mediatamente comunique, y demás datos necesarios para su identificación.
(c) Descripción de los elementos comunes generales del inmueble y, en su caso, de los elementos comunes limitados a cierto número de apartamientos, con expresión de cuáles sean esos apartamientos.
(d) Indicación clara del destino dado al inmueble y a cada uno de sus apartamientos.
(e) Superficie de la totalidad de los apartamientos en el inmueble y superficie de cada apartamiento, fijándose de acuerdo con estas medidas el porcentaje que tengan los pro-pietarios en los gastos, ganancias y derechos en los elementos comunes.
(f) Lo relativo a la administración del inmueble, en su caso.
(g) Y cuanto más se refiera al inmueble y sea de interés hacerlo constar. (Énfasis suplido.) 31 L.P.E.A. see. 1292.

Debe señalarse, en adición, que según las disposiciones en 31 L.P.R.A. sec. 1292b la “copia certificada de la escritura que origine la primera inscripción del inmueble total y la copia certificada de la que origine la primera inscripción del apartamiento individualizado, para su inscripción en el Registro de la Propiedad, deberán tener agregadas copias completas y fieles de los planos de dicho inmueble o de los planos del apartamiento de que se trate, según los casos, para que queden archivados en el Registro de la Propiedad”. (Énfasis suplido.)

Una vez se ha sometido una propiedad (conjunto de apartamentos o unidades) al régimen de propiedad horizontal, cada apartamento o unidad se convierte en “finca independiente” y “podr[á] individualmente transmitirse y gravarse y ser objeto de dominio o posesión, y de toda clase de actos jurídicos [í]nter[ ] vivos o mortis causa, con independencia total del resto del inmueble de que form [a] parte, y los títulos correspondientes serán inscribibles en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo y la Ley Hipotecaria”, 31 L.P.R.A. sec. 1291b.

Por otro lado, cualquier segregación o agrupación que los titulares de esos apartamentos interesen llevar a cabo res-pecto a los mismos, deberá ser realizada conforme las disposi-ciones del Art. 32-A de la citada ley, 31 L.P.R.A. sec. 1292j-l, el cual dispone:

A menos que la escritura matriz, el Reglamento del inmue-ble o la Administración de Reglamentos y Permisos específi-camente lo prohíban, los apartamientos y sus anejos podrán ser objeto de división material, mediante segregación, para formar otra u otras unidades susceptibles de aprovecha-miento independiente; o podrán ser aumentados por agrupa-ción de otras partes colindantes del mismo inmueble; pero ninguna segregación o agrupación así realizada tendrá el efecto de variar el destino o uso dispuesto en la escritura matriz para el apartamiento o apartamientos que quedaren modificados.
En tales casos se requerirá, además el consentimiento de los titulares afectados, la aprobación del Consejo de Titu-lares, correspondiéndole al Director o a la Junta de Direc-tores la fijación de los porcentajes o cuotas de participación, con sujeción a lo dispuesto en la sec. 1291f de este título y sin alterar los porcentajes correspondientes a los restantes titulares. La nueva descripción de los apartamientos afec-tados, así como los porcentajes correspondientes, deberán consignarse en la escritura pública de segregación o agrupa-ción que se otorgue, la cual no surtirá efecto hasta tanto se inscriba en el registro particular de cada una de las fincas filiales afectadas, dejándose copia certificada archivada en el Registro de la Propiedad, unida a la escritura matriz. A dicha copia certificada se unirá un plano, certificado por un ingeniero o arquitecto, autorizado para la práctica de su pro-fesión en Puerto Rico, que de modo gráfico indique clara-mente los particulares del apartamiento o apartamientos según resulten modificados. Cuando se tratare de una segre-gación, dicho plano deberá también aparecer aprobado y certificado por la Administración de Reglamentos y Permi-sos. (Énfasis suplido.)

Como podemos notar, de no existir prohibición expresa al efecto, el titular o titulares de uno o más apartamentos de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal pueden llevar a efecto respecto a los mismos alteraciones tales como segregaciones o agrupaciones, siempre y cuando las mismas se consignen en escritura pública. Para ello, sin embargo, necesitarán contar con el consentimiento del consejo de titulares del condominio y la aprobación por parte de la Administración de Reglamentos y Permisos de un plano certificado por ingeniero o arquitecto autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico.

Merece destacarse el hecho de que la citada disposición legal establece expresamente que dicha segregación o agrupación tendrá que elevarse a escritura pública y la misma “no surtirá efecto hasta tanto se inscriba en el registro particular de cada una de las fincas filiales afectadas, dejándose copia certificada archivada en el Registro de la Propiedad, unida a la escritura matriz”. 31 L.P.R.A. sec. 1292j-l.

HH 1 — I

De las disposiciones antes transcritas surge con meridiana claridad que nos encontramos no sólo ante la llamada “inscripción constitutiva” sino que, en relación con la Ley de Propiedad Horizontal vigente en nuestra jurisdicción, el Registro de la Propiedad tiene las características de un sis-tema catastral. Así lo reconocimos en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 256-257 (1978), donde expre-samos :

A tal efecto, comentando esta disposición, el Doctor Aguirre acertadamente nos dice que “[l]a Ley, pues ha esta-blecido un verdadero sistema catastral para los edificios en propiedad horizontal.” Of. cit., 335. En aquellos países en que existe el sistema de catastro, éste comprende “toda ope-ración cuya finalidad y resultado sea la determinación de los valores y extensión de los fundos”. I Diccionario de Derecho Privado, 828 (1954). Su formación requiere ope-raciones técnicas y su importancia radica en “su carácter complementario del Registro de la Propiedad, ya que por constituir el catastro una descripción gráfica de los fundos o edificaciones pertenecientes a cada propietario, completa y perfila definitivamente la finalidad del Registro de la Pro-piedad, garantizando la existencia real de las fincas y de sus límites, que en el Registro de la Propiedad sólo constan en un simple asiento. En tal sentido, el catastro cumple el importantísimo papel de proporcionar un título real de pro-piedad, gráfico y descriptivo, complemento eficacísimo y ne-cesario de la mera titulación literal que el Registro de la Propiedad ofrece.” Ibid. (Bastardillas nuestras.)
Al reflexionar sobre los propósitos de este requisito en nuestra ley —unir al proceso de protocolización de la es-critura pública dichos planos— advertimos que el Legislador ha partido de la premisa de que habrá correspondencia entre la relación expuesta en la escritura descriptiva del edificio y .los planos que gráficamente ilustran tal descripción. . . .
Y concluye, que la ley persigue de este modo “. . . garan-tizar al comprador que no se alterara su porcentual, la línea de construcción ni las superficies del edificio. ... Si al final la autoridad administrativa ... no estuviera de acuerdo con el proyecto del constructor, se crearía un conflicto, y se va a crear, pero no hay dudas que en este caso habrá que es-tarse al proyecto, con la consiguiente responsabilidad del profesional interviniente, si no sería muy fácil burlar la ley, y estaría desvirtuada la intención tuitiva de la norma". Palmiero, op. cit., 123.... (Énfasis suplido.)

Lo anteriormente expresado es la razón por la cual en el caso de la Ley de Propiedad Horizontal no es de aplicación la norma general de que el Registro de la Propiedad no es garantizador de cabida. Esto es, de ordinario, el Registro no da fe de las características físicas de los inmuebles. Véanse: L. Mojica Sandoz, El exceso de cabida de las fincas inscritas en él registro de la propiedad, 28 Rev. C. Abo. P.R. 763 (1968) ; D. Martínez Irizarry, El principio de la fe publica registral en Puerto Rico, 28 Rev. C. Abo. P.R. 719, 751 (1968), y R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. I, pág. 618.

Teniendo el Registro en cuanto a dicha ley las características de un catastro, la realidad extrarregistral tiene que corresponder con la que surge del Registro. Es por ello que al comprador de un apartamento de un edificio que está some-tido al régimen de la Ley de Propiedad Horizontal se le puede oponer e imputar, por ficción de ley, el conocimiento no sólo de las constancias del Registro en lo referente a la titularidad del mismo, sino que se le imputa el conocimiento de las “circuns-tancias particulares”, tales como cabida o superficie total, del apartamento individual de que se trate.

Y es que no queda otra alternativa que no sea la de que la realidad extrarregistral coincida con la que surge de las constancias del Registro de la Propiedad. Dada la naturaleza del sistema, el pietaje que le puede “faltar” a uno de los apartamentos por necesidad tiene que estar errónea o ilegalmente anexado a otro de los apartamentos o como parte de los elementos comunes del edificio. Además, por mandato expreso del inciso (e) de la antes transcrita See. 1292 del Tít. 31 de L.P.R.A. el porcentaje que cada condomino tiene relativo a los gastos, ganancias y derechos en los elementos comunes se fijará de acuerdo con las “medidas” que tenga su apartamento.

Como consecuencia forzoza de todo lo anteriormente expresado, al comprador de un apartamento de un edificio sujeto al régimen de nuestra Ley de Propiedad Horizontal se le imputa —por ficción de ley y de acuerdo con el principio de la fe pública régistral— el conocimiento de la cabida o superficie del apartamento que surge de las constancias del Registro de la Propiedad y, aún más importante, “compra de acuerdo a ello”, Arce v. Caribbean Home Const. Corp., ante.

La aplicación de las antes transcritas disposiciones legales y de los mencionados principios nos llevan a concluir que la modificación o alteración de los apartamentos en controversia que los codemandados Bryan —dueños únicos en un momento determinado de los referidos apartamentos— llevaron a cabo no puede prevalecer. No hay duda de que los trabajos por ellos realizados cualifican como la “segregación y agrupación” que está expresamente regulada por la antes transcrita Sec. 1292j-l del Tít. 31 de L.P.R.A. No habiéndose cumplido con ninguno de los requisitos que exige la citada disposición legal para así hacerlo, por mandato expreso de la Ley, lo realizado por ellos es inexistente a todos los efectos legales.

En adición a lo antes expresado, surgiendo del Registro de la Propiedad que la cabida del apartamento 8-C del Condo-minio Mansiones Los Caobos era una correspondiente a “un área total de 533.38 p/c, equivalentes a 49.57 m.c.”, la code-mandada recurrente Lichtig “sabía o debía saber” que al apartamento que compró de los codemandados Bryan no le correspondían los doscientos sesenta (260) pies cuadrados adicionales que estos últimos le habían anexado al mismo. No tiene derecho legal a dicha área.

No habiendo acuerdo posible entre los dos titulares actua-les de los apartamentos en controversia procede que en su día y por imperativo de ley —una vez advenga final y firme la sentencia que eventualmente se dicte en el presente caso— se restauren los apartamentos a su diseño original. Cf. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., ante.

Esto es y debe ser así debido a las características particu-lares de la convivencia en un edificio sujeto al régimen de la Ley de Propiedad Horizontal. No puede fomentarse, como cuestión de política pública, la indiscriminada y no autorizada alteración de los apartamentos que componen un edificio su-jeto a dicho régimen. Dichas alteraciones pueden poner en riesgo no sólo la vida y seguridad de los dueños de esos apar-tamentos, sino que la de los otros condominos. Debe mante-nerse presente que la alteración de un apartamento no sólo puede afectar la estética del edificio, sino que la solidez estruc-tural del mismo. Posiblemente esta sea una de las situaciones donde más claramente es de aplicación el principio a los efec-tos de que los derechos de una persona terminan donde co-mienzan los derechos de otra.

III

Lo anteriormente resuelto: ¿causa que nazca, en su día, a favor de la recurrente Lichtig —y en contra de los esposos Bryan— la acción rescisoria y la de indemnización consa-grada en nuestro Código Civil?

Como es sabido, el Art. 1364 del citado cuerpo legal dispone, en lo pertinente, que tendrá “lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y a virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 3832. La doctrina mayoritaria sostiene que la causa de la evicción tiene que existir desde antes del momento en que se consuma el negocio jurídico y la misma tiene que ser imputable exclusivamente al vendedor o sus causantes. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. 10, Vol. 1, págs. 283-284. Este autor sostiene que no puede hablarse de error cuando no ha habido ignorancia y que la ignorancia —por parte del comprador— es legalmente imposible cuando hay un registro público cuyo principal objetivo es evitar todo motivo de error en las transacciones. Manresa, op. cit., págs. 328-329. Véanse, en adición, J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1985, T. 4, pág. 31; J. Ossorio Morales, Sobre una interpretación del artículo 1.U8S del Código Civil, 16 Rev. Der. Privado 150 et seq. (1929). Dicha posición cobra fuerza cuando consideramos que el Art. 1427 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3961, establece que todo “lo dispuesto en esta parte [contrato de compra y venta] se entiende con sujeción a lo que respecto de bienes inmuebles se determine en la Ley Hipotecaria, Título 30”.

Acorde con lo antes expresado, hemos resuelto —respecto a cargas o gravámenes hipotecarios— que así como al comprador le afecta la apariencia física de la servidumbre aun cuando la misma no se mencione en la escritura, tampoco puede éste evadir el mismo efecto generado por la apariencia o exposición derivada de la publicidad registral, Miralli v. Fullana Corp., 98 D.P.R. 330 (1970). Hemos resuelto, en adi-ción, que el nacimiento de la acción rescisoria y la de indemni-zación provistas en el Art. 1372 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3840, está subordinada a los principios de legalidad, pu-blicidad y especialidad que informan el Derecho registral por así ordenarlo el citado Art. 1427 del Código Civil, y, que visto lo dispuesto por el Art. 23 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2101, a los efectos de que el Registro de la Propiedad es público para quienes tengan interés en averiguar el estado jurídico de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos, si el comprador no “consulta” al Registro “no tendrá derecho a pedir rescisión del contrato ni indemnización”. García v. Rafael Durand & Assocs., 114 D.P.R. 440, 444 (1983).

En el presente caso, el vendedor —los esposos Bryan— fue el responsable de la “remodelación” realizada en los apartamentos en controversia. Como hemos visto, sin embargo, por ficción legal se le imputa a la recurrente Lichtig el “conocimiento” de la constancia registral al momento de ella comprar el apartamento 8-C y, más importante aún, el “conocimiento” de la discrepancia existente en ese momento entre la “realidad física” y la descripción registral. Igual que en el caso del gravamen hipotecario, al surgir del Registro de la Propiedad dicha situación, la recurrente Lichtig /‘conocía o debía conocer” la misma y, por lo tanto, como regla general no procede que se obligue al vendedor al saneamiento, Miralli v. Fullana Corp., ante, por lo que los esposos Bryan, de ordinario, no vendrían obligados a responderle a la recurrente.

Ahora bien, en el citado caso de García v. Rafael Du-rand & Assocs., ante, ratificamos la excepción que a la anterior regla general habíamos establecido en Sánchez v. Coll, 69 D.P.R. 925, 931 (1949) a los efectos de que “cuando el vendedor asegura que la finca se halla libre de cargas y se obliga al saneamiento queda el comprador excusado —fiado en la responsabilidad personal de aquél— de la consulta al Registro ineludible en defecto de pacto expreso”. (Énfasis suplido.) García v. Rafael Durand & Assocs., supra, pág. 445.

No vemos razón alguna por la que dicha excepción no sea igualmente aplicable a situaciones como la que se plan-tea en el presente caso. En otras palabras, si el propietario de un apartamento de un edificio sometido al régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, en la escritura pública mediante la cual vende el mismo, se obliga expresamente al saneamiento en caso de evicción y asegura ser dueño del apartamento según éste se describe en dicha escritura, en caso de que pos-teriormente el comprador sea “despojado” de parte de dicho apartamento en pleito de reivindicación por no concordar la “realidad física” de dicho inmueble con la descripción regis-tral, el comprador podrá instar la correspondiente acción de saneamiento.

En su consecuencia, procede que se determine si a la recurrente Lichtig le aplica —respecto al derecho de saneamiento por evicción— la regla general antes reseñada, o por el contrario, le cobija la excepción a la misma. Recordemos que de acuerdo con el antes citado Art. 1364 del Código Civil, en lo pertinente, tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme, de todo o parte de la cosa comprada. La demanda contra coparte que la recurrente radi-cara contra los esposos Bryan no “madura” hasta ese mo-mento. No obstante, es permisible y contingente al resultado del pleito principal. Rodón v. Fernández Franco, 105 D.P.R. 368, 370-371 (1976). El tribunal de instancia deberá enten-der en la causa de acción presentada en la demanda contra coparte, y comenzar el trámite correspondiente, luego de la devolución de nuestro mandato en el caso de autos.

IV

Consideramos, por último, las determinaciones del tribunal recurrido a los efectos de que los gastos de la restauración de los apartamentos a su diseño original son de cargo de “los demandados” y la imposición, en forma solidaria, a éstos de la suma de $3,000 por concepto de honorarios de abogado, determinaciones que cuestiona, en cuanto a ella se refiere, la recurrente Lichtig.

Cuando los esposos Bryan realizaron la remodelación de los apartamentos, ellos eran los titulares de ambos inmuebles. Ello impide que consideremos el asunto enmarcado dentro del concepto de edificante de “buena o mala fe”, por cuanto el mismo conlleva implícitamente que la construcción sea realizada en propiedad ajena. Se trata, en realidad, de un edificante “en violación de ley”. Esto es, las obras de construcción realizadas por los esposos Bryan, como hemos visto, fueron en violación de las disposiciones del citado Art. 32-A de la Ley de Propiedad Horizontal. No obstante el argumento de que al comprar el apartamento 8-C la recurrente Lichtig “sabía o debía saber” que lo realizado por los Bryan no era legal, somos del criterio que los gastos de restauración de los apartamentos deben ser de cargo exclusivo de los esposos Bryan; esto es, de los titulares que realizan las alteraciones ilegales. Razones de política pública aconsejan que así sea. Ello tiene un efecto disuasivo y posiblemente evite la violación indiscri-minada de la Ley de Propiedad Horizontal por parte de los propietarios de apartamentos sometidos al régimen de esta Ley.

La imposición de honorarios de abogado a la recurrente Lichtig resulta improcedente dado los hechos particulares del presente caso y la complejidad y lo novedoso de los planteamientos contenidos en el mismo. No creemos que haya habido, por su parte, la temeridad que nuestra jurisprudencia entiende que amerita la imposición de honorarios de abogado. Coloca v. C.I.A.A., 108 D.P.R. 164 (1978); Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, 110 D.P.R. 1 (1980); Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981).

Por las razones antes expresadas, se expide el auto de re-visión solicitado y se dictará sentencia modificatoria de la dictada por el tribunal de instancia en la forma y manera antes indicada, y así modificada, se confirma la misma, de-volviéndose el caso a dicho foro para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurren en el resultado sin opinión escrita, y el Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resultado con opinión escrita.

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Como las alteraciones a los apartamentos hechas por los esposos Bryan se efectuaron en contravención de los requisitos de la Ley de Propiedad Horizontal, Art. 32-A, 31 L.P.R.A. see. 1292j-l, las mismas no pueden permanecer. La Ley re-quiere que, cuando se segreguen o agrupen los apartamentos de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, se consignen dichas modificaciones en escritura pública y se ob-tenga el consentimiento de los titulares afectados y la apro-bación del Consejo de Titulares.

El Art. 32-A de la Ley de Propiedad Horizontal fue incor-porado en 1976 precisamente para permitir las segrega-ciones o agrupaciones de los apartamentos y para establecer un procedimiento que salvaguardara los intereses de los de-más titulares del inmueble. Hasta la incorporación de ese artículo en la revisión efectuada en el 1976, no se sabía con certeza si la ley permitía estos cambios. Véase F. Hernández Denton, La Ley de Propiedad Horizontal — un análisis de las enmiendas del 1976, 44 Rev. C. Abo. P.R. 257, 271 (1983).

El Art. 32-A aprobado en el 1976 incorpora disposiciones del Art. 8 de la Ley de Propiedad Horizontal española de 1960. Mediante dicho artículo se quiere lograr que “ninguna segregación o agrupación así realizada ten[ga] el efecto de variar el destino o uso dispuesto en la escritura matriz” para los apartamentos envueltos. También permite que en la escri-tura matriz o el Reglamento se prohíba la segregación o agru-pación de los inmuebles. Véase Informe conjunto a la Cámara de Representantes sometidos por las Comisiones de lo Jurídico Civil, Desarrollo y Vivienda, y Asuntos del Consumidor, P. de la C. 1862, Historial Legislativo, abril de 1976.

El propósito del Art. 32-A fue proteger tanto a los com-pradores potenciales de los apartamentos, como a los titulares de las otras unidades del edificio. Otorgó a éstos el poder de rechazar segregaciones o agrupaciones y los autorizó a fijar unas nuevas cuotas de participación sin alterar los porcen-tajes correspondientes a los restantes titulares. 31 L.P.R.A. sec. 1292j-l.

En este caso los Bryan violaron el mandato expreso de la Ley de Propiedad Horizontal. No obtuvieron la aprobación necesaria del Consejo de Titulares. Tampoco consignaron los cambios ni los nuevos porcentajes de participación mediante una escritura pública ni los inscribieron en cada una de las fincas filiales afectadas. Finalmente, los cambios no fueron aprobados ni certificados por la Administración de Reglamen-tos y Permisos.

Su actuación viola también las más elementales normas de convivencia en un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal. En estas circunstancias, procede que actuemos ri-gurosamente para evitar que otros titulares violen impune-mente estas disposiciones. Dada la ilegalidad de la alteración, no es necesario entrar a decidir si la fe pública registral se extiende a las constancias físicas de un apartamento sujeto al régimen de propiedad horizontal.

En vista de que los cambios realizados por la familia Bryan eran ilegales, procede que se le impongan los gastos de restauración de los apartamentos a su diseño original. Tam-bién procede que el Tribunal a quo considere la acción instada por la señora Lichtig en su demanda contra coparte. Esta es la solución más justa a la luz de la actuación ilegal de los Bryan.

       Al respecto, nos ilustra Eoca Sastre:
      “. . . Es constitutiva la inscripción cuando la misma es requisito necesario o sine qua non para que la transmisión del dominio de inmuebles o la constitu-ción o transmisión de un derecho real inmobiliario se produzca ....
      “Cuando la inscripción es constitutiva, asume el valor de factor, ele-mento o requisito indispensable para que el título traslativo o constitutivo 'produzca este efecto traslativo o constitutivo. El asiento no sirve solamente para exteriorizar la existencia de una traslación o gravamen, sino que con-curre como ingrediente o elemento esencial para que el fenómeno traslativo o constitutivo tenga lugar en la realidad de la vida jurídica.” (Énfasis en el original.) E. M. Eoca Sastre, Derecho Hipotecario, 5ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. I, pág. 147 et seq.

       Ahí la razón por la cual, como hemos visto anteriormente, la See. 1292 del Tít. 31 de L.P.R.A. exige que la escritura matriz que se otorgue debe contener o expresar, entre otras la “[d]escripción de cada aparta-miento y número de cada uno, con expresión de sus medidas, situación, pie-zas de que conste . . .”, y la “[s]uperñcie de la totalidad de los apartamien-tos en el inmueble y superficie de cada apartamiento . . .”, y la razón del requisito exigido por la Sec. 1292b del mismo título a los efectos de que las copias certificadas de la escritura que origina la primera inscripción del inmueble y de la escritura que origina la primera inscripción del aparta-miento individualizado “deberán tener agregadas copias completas y fieles de los planos de dicho inmueble o de los planos del apartamiento de que se trate, según los casos, para que queden archivados en el Registro de la Propiedad”.

      Art. 1350 (31 L.P.R.A. see. 3801 et seq.).

       En el escolio Núm. 7 de la referida decisión se expresa que el “texto clásico del pacto en la práctica notarial puertorriqueña”, mediante la cual se logra la aplicación de la referida excepción lo es: “ ‘El vendedor se obliga expresamente al saneamiento en caso de evicción o gravamen oculto’.” García v. Rafael Durand & Assocs., 114 D.P.R. 440, 445 n. 7 (1983).

        No podemos desvincular los principios generales del Derecho hipo-tecario de los criterios generales de la buena fe en la contratación. Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 D.P.R. 813, 820-821 (1975). Así, cuando un vendedor incurre en representaciones y garantías, como las arriba indica-das, sobre el pietaje y cabida de un apartamento, la confianza depositada en ellos por el comprador merece protección en nuestro ordenamiento jurídico conforme al principio de la buena fe. Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985).

       Debido a que los esposos Bryan no radicaron reconvención alguna contra los demandantes García Sureda —en donde pudieron haber “am-pliado y elaborado” su alegación de que éstos “pactaron la compra de lo existente”— como tampoco recurrieron de la sentencia emitida, no es nece-sario pronunciarnos sobre la procedencia en derecho, si alguna, de dicha alegación.


text:
    Isabel Castro Vidal et al., demandantes y apelantes, v. Metropolitan Hospital and Nursing Home, Inc., et al., demandados y apelados.

      Número: RE-86-365

      Resuelto: 23 de diciembre de 1986

      Robert J. Walser, abogado de la parte peticionaria; José A. Masini Soler, de Soler Favale y Masini Soler, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Con motivo de una intervención quirúrgica a que fue so-metida la Sra. Isabel Castro Vidal —relacionada la misma con una condición de incontinencia urinaria— se radicó una demanda de daños y perjuicios ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra los facultativos médi-cos que llevaron a efecto dicha operación y contra el hospital donde se realizó la misma, el Metropolitan Hospital and Nursing Home, Inc. La parte demandante posteriormente desistió de su demanda contra la institución hospitalaria, dictándose sentencia a esos efectos en el caso.

En la continuación de los procedimientos contra los doc-tores demandados, la parte demandante decidió deponer a uno de los funcionarios del hospital. Notificó la toma de la deposi-ción por conducto de la representación legal que había tenido la referida institución. No habiendo comparecido el funciona-rio a la toma de la deposición, la parte demandante solicitó la imposición de sanciones. Ello motivó una “comparecencia especial” del hospital en la que alegó que la notificación tenía que hacerse en virtud de las disposiciones de la Regla 40 de Procedimiento Civil de 1979. El tribunal de instancia decretó que le asistía la razón al Metropolitan Hospital. La parte demandante, no obstante, insistió en la notificación por conducto de la representación legal de la referida institución hospitalaria. El foro de instancia señaló el asunto para vista oral, luego de la cual solicitó memorandos de derecho. Emitió resolución ratificándose en su decisión original.

El hospital, por vía de reconsideración, solicitó entonces imposición de sanciones en virtud de los gastos en que había incurrido por razón de la “temeridad” de la parte deman-dante. Luego de la celebración de una nueva vista el tribunal de instancia, al concluir que la parte demandante había pro-cedido “con temeridad al sostener insistentemente una con-ducta contraria a derecho que claramente surgía de las Reglas 40.3 y 4.4 de las de Procedimiento Civil”, le impuso a la parte demandante una sanción de $1,000, pagadera la misma a favor del Metropolitan Hospital.

Inconforme, la parte demandante acudió vía certiorari ante este Tribunal. En el recurso, en síntesis y en lo perti-nente, cuestiona la corrección de la determinación del foro de instancia a los efectos de que la citación del funcionario del Metropolitan Hospital tenga que hacerse bajo la citada Regla 40 y, naturalmente, la procedencia de la sanción de $1,000 que le fuera impuesta. Le concedimos término a Metropolitan Hospital and Nursing Home, Inc. para que mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado y dictarse sentencia revocatoria de la resolución y orden recurrida. Ha compare-cido. Resolvemos.

1-4

No obstante la frecuencia con que se suscita ante las distintas salas del tribunal de primera instancia, el asunto de la citación de testigos que no son parte en el pleito para la toma de una deposición, curiosamente el mismo nunca había sido objeto de consideración directa por parte de este Tribunal. Dicho asunto, sin embargo, ni es de difícil solución ni amerita que nos" extendamos mucho en su disposición. Una lectura conjunta de las reglas de Procedimiento Civil pertinentes a la materia en controversia —Reglas 27.1, 27.2, 40.1, 40.3, 40.4, 67.1 y 67.2— es suficiente para concluir que cuando se pretende deponer a una persona natural o jurídica que no es parte en el pleito la citada Regla 40 es la que gobierna la situación. Por lo tanto, luego de que se prepare y se notifique a las partes el aviso de toma de deposición, procede el diligenciamiento, por las personas que contempla la Regla 4.3, de la citación que a esos efectos viene obligado a expedir el secretario del tribunal correspondiente, entregándole a la persona citada los gastos de transportación y dietas dispuestos en la Regla 40.3. Esa es, igualmente, la norma imperante en la jurisdicción federal relativa a la Regla 45 de las de Procedimiento Civil federal, el texto de la cual corresponde a la Regla 40 de las nuestras. Véase 9 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Civil Sec. 2458 (1971).

En el presente caso, Metropolitan Hospital and Nursing Home, Inc., había dejado de ser parte en el pleito incoado por sentencia final y firme. En su consecuencia, si la parte deman-dante interesaba deponer a un funcionario de la referida ins-titución hospitalaria venía obligada a darle cumplimiento a las disposiciones de la citada Regla 40.

► — (

La parte demandante peticionaria cuestiona la proceden-cia jurídica de la imposición de sanciones en esta clase de situaciones. No le asiste la razón. La Regla 34.1 de las de Pro-cedimiento Civil, en lo pertinente, dispone:

REGLA SU. NEGATIVA A DESCUBRIR LO SOLICITADO Y SUS CONSECUENCIAS
3U-1- Moción para que se ordene a descubrir lo solicitado
Cuando una parte se negare a descubrir lo solicitado, la parte promovente de una moción bajo esta regla, mediante notificación razonable a todas las personas a quienes pudiere afectar, podrá requerir del tribunal que dicte una orden para que se obligue a la parte promovida a descubrir lo solicitado según se dispone a continuación.
(d) Concesión de gastos. Si se declarare con lugar la mo-ción, el tribunal, después de dar a las partes la oportunidad de ser oídas, impondrá a la parte o al deponente que in-cumplió o a la parte o al abogado que hubiere aconsejado tal conducta, o a ambos, el pago a la parte promovente del importe de los gastos incurridos en la obtención de la orden, incluyendo honorarios de abogado, a menos que el tribunal determine que existía justificación válida para oponerse a la solicitud o que dentro de las circunstancias, el pago de los gastos resultaría injusto.
Si se declarare sin lugar la moción, el tribunal, después de dar a las partes la oportunidad de ser oídas, impondrá a la parte promovente o al abogado que la aconsejó, o a ambos, el pago a la parte o deponente que se opuso a la moción, del importe de los gastos razonables incurridos en la oposición a la moción, incluyendo honorarios de abogado, a menos que el tribunal determine que existía justificación válida para presentar la moción o que dentro de las cir-cunstancias el pago de los gastos resultaría injusto.
Cuando las circunstancias lo justifiquen, el tribunal po-drá prorratear los gastos incurridos entre las partes o las personas envueltas, o entre ambas. (Énfasis suplido.)

En el caso de autos, como hemos visto, el funcionario del Metropolitan Hospital se negó a comparecer al acto de la toma de la deposición que le fuera notificada por la parte demandante; ésta acudió al tribunal en solicitud de remedio, aun cuando así no lo hizo constar, bajo las disposiciones de la transcrita Regla 34. Al oponerse dicha institución, y luego de celebrar vista, el tribunal declaró sin lugar la moción radicada por la parte demandante al determinar que el método utilizado para lograr la comparecencia del funcionario no era el correcto. En virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso (d) de la citada Regla 34.1 el foro de instancia tenía la facultad incuestionable de imponerle a la parte demandante la obligación de pagar “a la parte o deponente que se opuso a la moción, [el] importe de los gastos razonables incurridos en la oposición a la moción, incluyendo honorarios de abogado”. (Énfasis suplido.)

Procede señalar, por último, que esta facultad o autoridad del tribunal para obligar a la parte que realizó el descubrimiento a pagar los gastos en que ha incurrido un deponente que no es parte en el pleito emana no sólo de la citada Regla 34.1 sino también de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil de 1979. Refiriéndose a la Regla 26(c) federal, de donde proviene nuestra Regla 23.2, el comentarista Moore señala:

“Rule 26(c) gives the court authority to make orders regarding the expenses of discovery. Courts have used this power to order payment of discovery expenses incurred by non-parties, and, in certain circumstances, have ordered payment of a party’s expenses for attending depositions of non-party witnesses.” 4 Moore’s Federal Practice Sec. 26.77, págs. 26-493 a 26-495 (1986). (Énfasis suplido.)

H-1 HH hH

No obstante todo lo anteriormente expuesto, consideramos que a la luz de los hechos particulares del presente caso, la suma de $1,000 impuesta por el foro de instancia es excesiva. Entendemos razonable la cantidad de $400, la cual deberá ser satisfecha al Metropolitan Hospital por la representación legal de la parte demandante. Procede, en su consecuencia, la expedición del auto y que se dicte sentencia modificatoria de la resolución y orden recurrida, devolviéndose el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resultado sin opinión escrita.

       La Regla 34.1 fue enmendada en el 1979 para adoptar las enmien-das que en 1970 se hicieron a su contraparte en el ámbito federal, la Regla 37. Informe sometido por el comité sobre procedimiento civil de la Conferen-cia Judicial de Puerto Rico según revisado por el Secretariado de la Con-ferencia Judicial, 1978, pág. 102. Sin embargo, al hacer la adaptación en español a nuestro sistema procesal equivocadamente se utilizó, en la primera oración de la mencionada Regla 34.1, un lenguaje que parece limitar el uso de esta regla a la situación en que “una parte se negare a descubrir lo soli-citado”. (Énfasis suplido.) Ello obviamente fue un error por cuanto, como hemos visto, en el segundo párrafo del inciso (d) de la citada Regla se habla de parte o deponente.

        ‘‘Regla 23.2. Ordenes Protectoras

      “A solicitud de parte o de la persona en relación con la cual se utiliza el descubrimiento, y por justa causa, el tribunal podrá emitir cualquier orden que se requiera en justicia para proteger a dicha parte o persona de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto o moles-tia indebido. La orden del tribunal podrá incluir una o más de las siguientes medidas:
      “Si la moción solicitando una orden protectora es denegada en todo o en parte, el tribunal podrá, bajo aquellos términos y condiciones que sean justos, ordenar que el solicitante provea o permita el descubrimiento así in-teresado. Las disposiciones de la Regla 3U serán de aplicación en lo con-cerniente a la concesión de gastos y honorarios en relación con dicha mo-ción.” (Énfasis suplido.)