author: Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Comisión para los Asuntos de la Mujer, ex rel. A.I.A.R., demandante y apelante, v. Miguel Giménez Muñoz, Secretario de Justicia del E.L.A. de Puerto Rico; y Juan González Ríos, demandados y apelados.

      Número: O-79-213

      Resuelto: 29 de abril de 1980

      Maricarmen Ramos de Szendrey, Rafael Ortiz Carrión y Angelita Rieckhoff, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   Opinión emitida por el

Juez Asociado Señor Negrón García

exponiendo la opinión del Tribunal en sus partes I y III.()

Se impugna la constitucionalidad de la Regla 154 de Procedimiento Criminal, exigiendo, como requisito para una convicción, la corroboración del testimonio de una mujer alegadamente víctima de violación por un hombre, si se aduce prueba de que ella tuvo con éste relaciones amistosas o amorosas, o íntimas, o de igual naturaleza. (Ley Núm. 209 de 23 de julio de 1974.) Por ello, la apelación trasciende el interés individual de los conten-dientes, e intenta dar cabida a una norma colectiva de igualdad en el derecho vivo. Sin necesidad de un conocimiento técnico legal, la contienda suscita el instinto de justicia que anida en todos — juristas y legos — el cual es fuerza inspiradora que va diariamente adquiriendo mayor energía y aplicación contra el anacronismo y la antinomia que aún subsiste en nuestra sociedad en perjuicio de la mujer.

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Este singular drama judicial se inicia mientras pendía ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, causa criminal contra Juan González Ríos por el delito de violación en la persona de A.I.A.R. () Por haber existido previamente relaciones amorosas entre dicho acusado y la supuesta víctima — según estipulación — el Ministerio Fiscal creyó necesario y se proponía presentar prueba de corroboración del testimonio de ésta. En vista de ello, en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la Comisión Para los Asuntos de la Mujer, a través de su antecesora, () ex rel. A.I.A.R., solicitó () sentencia declaratoria e injunction contra el Secretario de Justicia y Juan González Ríos, para que se ordenara al Ministerio Fiscal abstenerse en dicho juicio criminal de presentar prueba de corroboración, y que además, se decretara ese requisito nulo e inconstitucional a la luz de las disposiciones de las Secs. 1 y 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Previo diligenciamiento de emplazamientos al efecto, la Sala de San Juan celebró vista en la cual se discutió y declaró sin lugar una moción de desestimación promovida por el Secretario de Justicia. La demandante urgía el remedio de injunction aduciendo la posibilidad de que el caso se tornara académico; sin embargo, sobre este extremo dicho foro consignó su criterio de que por ser un asunto capaz de repetirse, el caso no se convertiría en académico por la terminación del proceso criminal. Las partes estipularon los hechos del caso criminal antes relacionados y la admisibilidad de varios documentos. ()

Anotada la rebeldía al codemandado González Ríos y sometidos memorandos, el tribunal desestimó la solicitud de sentencia declaratoria e injunction. Dicho foro analizó las razones tradicionales en apoyo del requisito de corroboración, a saber: que es una salvaguarda esencial en aquellos casos en que el riesgo de una convicción injusta es alta; que intenta proteger al hombre de imputaciones frecuentes producto de la imaginación de las querellantes o donde existe algún motivo para fabricar una acusación; qpe regularmente tanto el inocente como el culpable cuenta sólo con su propio testimonio como defensa; que el jurado es propenso a inclinarse a favor de la víctima, debilitándose la presunción de inocencia; y que el delito de violación es utilizado como un arma en contra de ciertos sectores sociales. Contrastó estas razones con las posiciones en contrario, según las cuales hay poca evidencia de peso demostrativa de tal inclinación del jurado, y que el requisito por sí es discriminatorio. Luego de evaluar su naturaleza y señalar las disposiciones de la Regla 154.1 de Procedimiento Criminal que hacen inadmisible prueba sobre la conducta o historial sexual de la víctima en casos de violación, enfatizó que la corroboración requerida no es de todos los elementos del delito, y se admiten manifesta-ciones posteriores oídas por terceras personas como parte del res gestae. Siguiendo el análisis de Reed v. Reed, 404 U.S. 71 (1971), concluyó que no existía trato desigual para hombres y mujeres similarmente situados y no había una clasificación a base del sexo, sino fundada en la caracterís-tica de una mujer haber tenido relaciones amorosas con el acusado.

No conforme, la parte demandante apeló. Original-mente desestimamos el recurso por entender que no planteaba una cuestión constitucional “justiciable”. Sin embargo, a la luz de una reconsideración fue reinstalado hasta que otra vez lo desestimamos al advenir en conocimiento de que el caso criminal había finalizado mediante una declaración de culpabilidad por el delito menor de agresión agravada. Nuevamente fuimos convenci-dos de que el caso no era académico y decidimos resolver el recurso en sus méritos.

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Las vicisitudes procesales del trámite en apelación reseñadas, nos obligan, como prerrequisito a su adjudica-ción, a unas breves reflexiones sobre las normas jurídicas pertinentes en torno a los conceptos de “cuestión constitu-cional substancial”, “justiciabilidad”, “academicidad” y sus otros corolarios. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

A — Cuestión Constitucional Substancial:—

Se trata de un recurso apelativo mandatorio en casos civiles conferido a este foro por el inciso (a), Sec. 14 de la Ley de la Judicatura — Núm. 11 del 24 de julio de 1952, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 37 — en sentencias finales dictadas por el Tribunal Superior “en las cuales se plantea o resuelve una cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución de los Estados Unidos o la de Puerto Rico”. (Bastardillas nuestras.) Nuestra doctrina jurisprudencial establece que no existe tal cuestión si un examen del planteamiento invocado refleja la presencia de un error, que tiende a involucrar un argumento constitu-cional inexistente. Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885, 889 (1968); Banco Crédito v. Chico Sagastibelza, 90 D.P.R. 125, 132 (1964); Fuentes v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 492, 512 (1962); Ortiz v. Burgos, 85 D.P.R. 42, 44 (1962); Soltero Peralta v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 26, 28 (1962).

En el caso de autos se cumple satisfactoriamente esta exigencia. Como correctamente expresó la ilustrada Sala Sentenciadora “la controversia escueta [. . . era] si desde el punto de vista constitucional se justifica o no la corrobora-ción en el delito de violación”.

B — Justiciabilidad:—

El concepto justiciabilidad tiene su génesis en la jurisdicción norteamericana como derivado del Art. Ill de dicha Constitución. Requiere la existencia de un caso y controversia real para el ejercicio válido del poder judicial federal. Es el término artístico empleado para expresar una doble limitación impuesta sobre los tribunales, a saber: (1) que sólo pueden decidir “cuestiones presentadas en un contexto adversativo y en una forma históricamente visualizada como capaz de ser resueltas a través del proceso judicial” y (2) la restricción que surge del papel asignado a la judicatura en una distribución tripartita de poderes, diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas del gobierno. Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968). La doctrina es auto-impuesta. En virtud de ella los propios tribunales se preguntan y evalúan si es o no apropiado entender en determinado caso tomando en cuenta diversos factores y circunstancias mediante un análisis que les permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder constitucional. Tales elementos son los corolarios de la norma de justiciabilidad. Es de rigor que pasemos a analizarlos para ver la forma en que se manifiestan en el caso de autos. ()

1. Opinión Consultiva (Advisory Opinion):—

Recoge la norma de que no es función de los tribunales ni éstos pueden actuar como asesores o consejeros. E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-560. Intenta evitar que se produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto o bajo hipótesis de índole especulativa. Note: The Validity of the Restrictions on the Modern Advisory Opinion, 29 Maine L. Rev., 305-324 (1978).

En este caso no estamos frente a una petición para que emitamos una opinión consultiva solicitada amigable o colusivamente sin la existencia real de adversidad entre las partes. No lo hemos detectado como tampoco ha sido sugerido ni planteado por ninguna de las partes. Por el contrario, se nos pide un remedio que de concederse, como veremos más adelante, no sólo ha de ser efectivo, sino que goza de naturaleza propiamente judicial. No se trata de que el Tribunal pase juicio sobre una controversia hipotética para el beneficio de ambas partes en conducta futura y especulativa, () sino que existe un debate legítimo en cuanto a los derechos de las partes y se cumplen satisfactoriamente los requisitos procesales para el uso de la sentencia declaratoria como vehículo procesal para despejar esa incertidumbre. ()

2. Cuestión Política:—

No nos enfrentamos a problema alguno de cuestión política o de separación de poderes. Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962). Tampoco existe mandato constitu-cional “demostrable textualmente” asignando el dictamen o solución de la cuestión planteada a otra rama de gobierno. La autoridad para interpretar la Constitución y las leyes del país es prerrogativa de la Rama Judicial. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759-760 (1977); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 598.

3. Madurez (Ripeness)-.—

Se ha dicho que la madurez de un caso “enfoca la proximidad temporal del daño sobre el litigante, mientras que la capacidad enfoca la naturaleza del interés invocado por el litigante”. Brilmayer, Judicial Review, Justiciability and the Limit of the Common Law Method, 57 Boston Univ. L. Rev. 807, 821 (1977). “La Corte ha articulado la madurez a través de una investigación dual: si la controversia sustantiva sobre validez es apropiada para resolución judicial y si el daño a la parte es suficiente para requerir una adjudicación”. Albert, L., Justiciability and Theories of Judicial Review: A Remote Relationship, 50 So. Cal. L. Rev. 1139,1155 (1977).

No puede ponerse en duda de que este requisito se ha cumplido en este caso. () Al ser radicado era inminente que se iba a dilucidar la causa criminal iniciada contra González Ríos, y que habiendo mediado relaciones amoro-sas anteriores con la peticionaria, el testimonio de éste requería corroboración. Ello libra de toda abstracción o contingencia la cuestión planteada. Rizzo v. Goode, 423 U.S. 362 (1976); O’Shea v. Littleton, 414 U.S. 488 (1974); United Public Workers v. Mitchell, 330 U.S. 75 (1974); Asoc. Guardias Penales v. Srio. de Justicia, 87 D.P.R. 711 (1963).

4. Capacidad (Standing)'.—

Respecto a la capacidad (standing), () de la parte demandante, este elemento difiere de todos los otros ingredientes de justiciabilidad porque gira primordial-mente en torno a la parte que prosigue la acción y sólo secundariamente en cuanto a las cuestiones a adjudi-carse. () Es objeto de discusión si el requisito de daños, así como el de estar dentro de la “zona de intereses” del estatuto o disposición constitucional pertinente son requisi-tos constitucionales o si son sólo conceptos para limitar la habilidad de los tribunales para conferir capacidad en ausencia de un estatuto que la otorgue. Se razona que cuando un estatuto otorga capacidad debe inferirse que el derecho de una persona — sea sustantivo o procesal — ha sido lesionado o infringido. Además, confiriéndose a una parte capacidad por vía legislativa, desaparecen en gran medida los escrúpulos judiciales que frenan a los tribunales ante el temor de una violación a la separación de poderes.

En este caso comparecen como demandantes la Comisión y A.I.A.R., presunta víctima de un acusado del delito de violación. La capacidad de la Comisión para “iniciar las acciones que crea pertinente para evitar que se realicen actos discriminatorios por razón de sexo ante los tribunales de Puerto Rico en representación de parte interesada o ante cualquier instrumentalidad, división o subdivisión política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, le ha sido concedida por ministerio de ley y resulta incues-tionable. La capacidad de A.I.A.R. cobra virtualidad ya que estaba en eminente peligro que se le violaran sus derechos bajo sus reclamos de “igual protección de las leyes” y que se discriminara en su contra por razón de su sexo en virtud de la exigencia de que en el caso criminal su testimonio fuese corroborado. Poseía un interés sufi-ciente en la controversia, de carácter justiciable. Era de su legítima incumbencia que se resolviera su contención. En resumen, ella hizo alegaciones que la colocaban dentro de la zona de intereses protegidos por la Constitución de Puerto Rico en sus cláusulas prohibitivas del discrimen por razón del sexo, la denegación de la igual protección de las leyes y la violación a la dignidad del ser humano. Esta capacidad es completada por la conferida a la Comisión en ley para iniciar acciones pertinentes en evitación de discrímenes a base de sexo. Tal entidad hace una defensa vigorosa de los derechos de toda mujer colocada en la situación de A.I.A.R., elemento que robustece el cumpli-miento del requisito de “caso y controversia”. Del mismo modo, el interés del Estado en la constitucionalidad de nuestras leyes, asegura la debida defensa ante el foro judicial.

5. Academicidad (Mootness):—

Este concepto recoge la situación en que, aun cumplidos todos los requisitos de justiciabilidad, los cambios tácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia, tornan en académica o ficticia su solución. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. “Las justificaciones que con mayor frecuencia se brindan en su apoyo son: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar suficiente contienda adversativa sobre las contro-versias para que sean competentes y vigorosamente presentados ambos lados; y (3) evitar un precedente innecesario.” Note, Mootness, Bringham Young Univ. L. Rev. 181, 183 (1975); Kates & Baker, Mootness in Judicial Proceedings: Toward a Coherent Theory, 62 Calif. L. Rev. 1385 (1974). Sin embargo, cabe mencionar, como excep-ciones reconocidas a la aplicación del concepto de academi-cidad y elaboradas para evitar se frustre la justicia: (a) el carácter recurrente o repetitivo del asunto planteado; y (b) la terminación voluntaria por el demandado de su alegada conducta ilegal.

En cuanto a la aplicación de este requisito al caso ante nos, resolvemos que la terminación del proceso criminal contra González Ríos no tiene el efecto de convertirlo en académico. La controversia no ha perdido vigencia, () pues existe todavía una pugna concreta y justiciable entre dos de las partes — Comisión v. Secretario de Justicia — a pesar de que en cuanto a otra de ellas — A.I.A.R.—el perjuicio de la alegada infracción constitucional ya no exista. Obsérvese, además, que la controversia es susceptible de surgir nuevamente aunque no sea entre los mismos protagonistas. Haya concluido o no el caso entre tales partes, es una controversia “capaz de repetirse pero sujeta a evadir su adjudicación”. Southern Pacific Terminal Co. v. Interstate Commerce Commission, 219 U.S. 498, 514-515 (1911).

La conducta humana, aun la patógena, tiende a repetirse. Toda sociedad tiene sus agresores sexuales. Se ha demostrado la existencia de los siguientes tipos:

“. . . encontramos entre los casos de violadores al asaltante agresivo sadista, para quien la gratificación sexual debe estar precedida, acompañada o seguida de violencia física. Estos hombres odian las mujeres, usualmente actúan solos, frecuente-mente usan armas, son indiferentes al atractivo físico de sus víctimas, y muchas veces no pueden culminar el acto sexual. Una segunda variedad es el delicuente amoral cuyo concepto de la mujer es aquél de que ella es un mero objeto de placer sexual. Es hedonista, deficiente en sus controles sociales, y no es sadista ni hostil a sus víctimas, aun cuando usará la fuerza para dominar cualquier resistencia. También el agresor sexual. El patrón de conducta de estos violadores, bajo influencia del alcohol, [o de alguna otra sustancia] puede variar desde intentos torpes para ganar aceptación de las mujeres, a quienes erróneamente creen amenas, hasta la de aquellos hombres sobre quienes el alcohol tiene el efecto de desencadenar violencia patológica potencial.
La violación es a veces cometida como un acto explosivo por hombres de quien la agresión sexual repentina resulta aparente-mente inexplicable, aunque a través de un estudio se revela evidencia psicótica. Existen también aquellos violadores que aplican estándares dobles, diferenciando la mujer buena de la mala, y racionalizando el uso o amenaza de la fuerza, para compeler a la mujer a hacer buena su conducta implícita. (Tales como el haberle aceptado unos tragos, haberse subido en su automóvil, visitado su apartamento, o haberle permitido ciertas libertades con su cuerpo.) Frecuentemente, la violación por este tipo de agresor es una respuesta a lo que interpretan como una conducta provocativa de la mujer. El violador puede también ser un deficiente mental, un psicótico o una mezcla de los tipos antes descritos.” D. MacNamara, Sex Offenses and Sex Offenders, 376 Annals of Am. Acad, of Political & Social Science 139, 151-152 (1968). (Traducción nuestra.)

Sin duda habrán violaciones en el futuro y surgirán nuevamente los casos en que los acusados habrán tenido relaciones amorosas anteriores con sus víctimas, surgiendo así también la exigencia de corroboración del testimonio de la mujer agraviada. La Comisión seguirá teniendo un interés adverso al del Ministerio Fiscal en cuanto a tal requisito. Los representantes del Ministerio Fiscal conti-nuarán cumpliendo con su deber de presentar prueba de corroboración en casos como el de autos y la Comisión— por ser de opinión que la disposición legal que la requiere es inconstitucional — continuará desempeñando la misión encomendádale de evitar discrímenes por razón de sexo. El requisito de academicidad, distinto al de madurez, “mira primordialmente a la relación entre eventos pasados y el ataque presente para determinar si todavía subsiste un caso o controversia que pase el examen de justiciabili-dad del Artículo III”. Tribe, op. cit, pág. 62.

Recapitulando, cuando un caso se torna académico, no hay base sobre la cual puede operar la decisión. Nowak et al., op cit., pág. 57; E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. No ocurre aquí así. Este foro puede y debe decidir la cuestión planteada porque aun siendo capaz de repetirse puede evadir revisión por este Tribunal dada la prontitud que venimos inyectándole a los procedimientos civiles y criminales y a las garantías de juicio rápido, entre otras, que existen a favor del acusado. Vivo ejemplo es el presente caso, en el que no obstante haberse acelerado en instancia sus trámites, el proceso criminal terminó antes de haberse podido dilucidar la constitucionalidad de la regla impugnada. Es de aplicación al caso de autos la excepción a la regla sobre prohibición general de entender en casos ficticios acuñada en Southern Pacific Terminal Co. v. Interstate Commerce Comm’n, supra, y sostenida posteriormente en Moore v. Ogilvie, 394 U.S. 814 (1969) y Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). En dichos casos influyó la importancia de las cuestiones envueltas. Hemos visto, además, que un caso no se torna ilusorio por conducta voluntaria de un demandado, quien luego puede “retornar a sus viejos caminos”. Nowak, Rotunda y Young, op. cit, págs. 58-59. Si bien originalmente se requería en este respecto que la controversia fuese capaz de repetirse entre las mismas partes, se ha admitido luego la variante de que la controversia pueda repetirse con otras personas.

En conclusión, la apelación es justiciable y no existe obstáculo procesal que nos impida evaluarla en sus méritos.

HH 1 — 1 I — I

En Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 279 (1975), dijimos:

“En Puerto Rico, nuestra Constitución no sólo garantiza la igual protección de las leyes en su Art. II, Sec. 7, sino que, contrario a la federal, prohíbe expresamente en su Art. II, Sec. 1, el discrimen por razón de sexo. En consecuencia, al confrontarnos con la dicotomía que representa la crítica determinación de cuál fórmula analítica aplicar a los casos por razón de sexo, nos inclinamos en favor — debido a la interacción de los valores contenidos en nuestra Ley Fundamental en contra del discrimen por razón de sexo y la igual protección de las leyes — de la fórmula de estricta supervisión judicial.”

Admitimos también:

“. . . que la Constitución reconoce, al igual que la propia naturaleza, diferencias por razón de sexo y permite las mismas si éstas no discriminan.” Y que “[e]n virtud de sus diversas disposiciones y su aplicación a distintas áreas, no pueden extenderse prohibiciones absolutas que impidan el ejercicio legítimo del poder de reglamentación del Estado para aprobar medidas razonables con el objetivo de salvaguardar el interés común. Una pieza legislativa debe sostenerse o anularse en orden a la dimensión, sustancialidad y realidad de los principios comunitarios e individuales envueltos y los problemas sociales que intenta corregir.”

Reconocimos además “la creciente incorporación de la mujer en las diversas fases de la actividad económica desplegada por nuestro pueblo [que pone] en entredicho su clásica función que gira sobre el hogar [lo que constituía] un esfuerzo legítimo de la mujer tendente a alcanzar mejores oportunidades de autoexpresión, reconocimiento personal y de sostén para sí y su familia”. También nos referimos al derrotero de la Convención Constituyente de “reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud del derecho y a la igualdad de oportunidades con el hombre”, y expresamos, que no era “necesario encontrar apoyo en la legislación y jurisprudencia federal sobre derechos civiles, pues nuestra Carta de Derechos es lo suficientemente amplia para cubrir a satisfacción la situación. . .”. () Finalmente consignamos que la prohibición contemplaba todo trato desigual basado en “premisas subjetivas erróneas, tradicionales y estereotipadas que emanan de una visión masculina que — consciente o inconscientemente — tiene su razón de ser en la concepción y caracterización de la mujer como ‘sexo débil’ ”. Págs. 279-282.

Con estos pronunciamientos jurídicos dirigimos nuestros esfuerzos a determinar si existe o no una discriminación odiosa en la presente regla de corroboración que frustre el propósito de la Ley Fundamental encarnado en la prohibición del discrimen por sexo en nuestra Constitución.

Lo primero que llama la atención es que el legislador ha establecido una clasificación, que tomando prestada la frase de Geduldig, () supra, no está basada “en género como tal”, pues no exige corroboración del testimonio de toda mujer en cualquier proceso criminal, sino sólo de las víctimas en los procesos por violación. Por otro lado, no se exige corrobora-ción del testimonio de la perjudicada en todo caso de violación. Más bien, el legislador para clasificar utiliza como rasgo definidor la circunstancia que la mujer alegadamente violada haya tenido con el acusado relaciones amorosas, de amistad u otra índole similar, con anterioridad a la comisión del delito. Señala así un subgrupo dentro de un género que es el femenino.

Bajo nuestro más amplio análisis de riguroso escrutinio, podemos advertir y concluir la existencia de una discriminación. Nos explicamos. Aunque bajo nuestro ordenamiento penal, la mujer es la única que puede ser violada, es incuestionable que el interés tutelado por el Legislador es prohibir la relación o agresión sexual contra su voluntad. Aunque técnicamente el hombre no puede ser víctima de este delito, sí puede serlo de otras ofensas o agresiones sexuales. A tales efectos, en años recientes se ha evidenciado una tendencia a reformular mediante un enfoque científico los delitos sexuales integrándolos en estatutos redactados en términos neutrales, en los cuales se tutelan las víctimas de ambos sexos y de todas las edades. Se eliminan así las clasificaciones tradicionales. Brown, et al., Women Rights and the Law, New York, Praeger Publishers, 1977, págs. 45-56; Ireland, op. cit, pág. 185. Al comparar el trato que se le brinda a la mujer y al hombre — como víctimas de una agresión sexual — advertimos que a ella se le trata diferente. La mujer, como testigo no goza frente al hombre de la misma presunción de credibilidad, ya que a éste no se le impone ningún obstáculo aun en casos de otros delitos sexuales de los cuales sí pueden ser víctimas. Note, The Rape Corroboration Requirement Repeal, Not Reform, 81 Yale L.J. 1365-1372 (1972). Si se toma en cuenta que toda mujer está sujeta al peligro de ser violada por las personas mencionadas en el estatuto, la clasificación viene a ser una que pende perjudicialmente sobre toda la clase () y se manifiesta así su endeblez constitucional.

Lo expuesto queda constatado de una ojeada a los propósi-tos que movieron a la Asamblea Legislativa a modificar el requisito de corroboración a los fines de limitarlo sólo a los casos de existencia previa de relaciones amorosas, de amistad o igual naturaleza. Su lectura refleja que el estatuto no resiste siquiera un examen de mera racionalidad y menos el análisis estricto. En este sentido su Exposición de Motivos lee:

“El fundamente histórico y clásico legal que dio vida a la regla de corroboración en delitos sexuales, obedeció a la necesidad de proteger al acusado de imputaciones infundadas y que pudieran ser hijas de la reacción femenina ante el desamor o inconstancia del hombre, y ello no tiene aplicación en casos de inexistencia de relaciones previas.” Ley Núm. 209 de 23 de julio de 1974; 12 Servicio Legislativo de Puerto Rico, Núm. 5, págs. 1352-1353. (Bastardillas nuestras.)

Se revela inmediatamente una expresión legislativa basa-da en una clasificación imputando a toda mujer que se vea en tal situación, 'presunción de que miente. ¿De lo contrario, por qué exigir se corrobore su testimonio? Del hecho aceptado de que quizás algunas mujeres puedan mentir y acusar falsa-mente de violación, no puede racionalmente inferirse que todas van a hacerlo. No obstante, como resultado se tacha a priori la suficiencia y presunción de veracidad que cobija a todo testigo en nuestra jurisdicción. () Ello es una afrenta a su dignidad que agrava la lesión física sufrida y contribuye a que sea víctima de dos ofensas, la del ataque sexual y la de la sociedad.

“En procesos criminales contra acusados de violación, existe una tendencia a considerar la perjudicada como una pieza más de evidencia. El rol de la víctima es establecer un caso legal contra el ofensor; las víctimas frecuentemente informan que sus encuentros con la Policía, fiscales y personal del tribunal fueron más traumáti-eos que el incidente de la violación.” Judicial Attitudes Toward Rape Victims, 57 Judicature 303 (1974).

Es evidente que la legislatura ha actuado a base de meras conjeturas, prejuicios arcaicos y nociones estereotipadas, con abstracción de las características verdaderas de los miem-bros del género femenino. En Zachry, supra, dijimos:

“Al condenar el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen social, ideas políticas o religiosas, nuestra Constitución reconoce un sistema jurídico humanitario que postula la dignidad del ser humano, su inviolabilidad e igualdad ante la ley. Con ello se intenta superar y sobrepasar los accidentes circunstan-ciales que tengan origen en la naturaleza o en la cultura. Es evidente que el sexo, al igual que la raza, constituyen rasgos que surgen en el ser humano por un simple hecho fortuito: el nacimiento; éste nada tiene que ver con la habilidad de la persona de oportuna-mente aportar y contribuir a los esfuerzos legítimos de una sociedad. Es por ello que nos reafirmamos en que ante este foro judicial, una diferencia basada en el sexo resulta una clasificación sospechosa, en particular cuando la misma tiende a relegar a un estado legal de inferioridad a una clase con abstracción de las potencialidades y características individuales de sus miembros.” Págs. 281-282.

El fin legislativo expresado, es de por sí impermisible bajo nuestra Constitución por intentar proteger al hombre no de un peligro real sino de meras sospechas de que pueda ser acusado falsamente de violación, atribuyéndose así a la mujer en general una característica o rasgo que no todas poseen. El propósito envuelto choca con la expresión constitucional que veda el discrimen por razón de sexo. Bajo el escrutinio estricto, ha de haber un propósito apremiante de beneficio al interés común. El Estado tiene el peso de probar que no hay otras alternativas menos drásticas y que la clasificación es necesaria. Gunther, The Supreme Court 1972 Term, In Search of an Envolving Doctrine on a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection, 86 Harv. L. Rev. 1 (1972). Ello no se ha demostrado aquí. Se viola la dignidad del ser humano femenino imponiendo a priori trabas a su credibilidad.

No podemos permanecer impasibles ante el descrédito que sufre hoy día el requisito de corroboración en el delito de violación en un sinnúmero de jurisdicciones, () advertido su verdadero origen en las visiones arcaicas y estereotipadas prevalecientes en una época de antaño () y venidas al acervo jurídico actual por voz del famosos jurista inglés Lord Mathew Hales () y luego a través del tratadista Wig-more. () El requisito de corroboración tiene hoy escasa validez para corregir los problemas percibidos en la época de sus génesis. Se ha razonado que en los días de Lord Hale, en que no habían cristalizado como derechos el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de la duda razonable, la asistencia de abogado, o el descubrimiento de prueba, subpoenas, quizás se justificaba lo dicho por ese jurista: “Así, en un período de la historia en el que la gente creía en brujerías y en el uso del cinturón de castidad, se justificaba tal precaución especialmente cuando el violador sufría la muerte en la horca como resultado de su convicción”. El Tribunal Supremo de California, al invalidar en People v. Rincón Pineda, 538 P.2d 247 (1975), las instrucciones de tomar cautela con relación al testimonio de la víctima de violación, con gran pragmatismo expresó: “Cuando un prisio-nero está indefenso, su posición es a menudo lamentable aun si tiene un buen caso; reconocemos que bien pudo haber tenido mérito la aserción de Hales de que un procesamiento por violación era un instrumento ideal de malicia dado que forzaba a un acusado, en juicio por su vida, a pararse solo ante un jurado inflamado por pasiones y a intentar refutar un relato cuidadosamente elaborado sin el beneficio de abogado-, testigo o siquiera la presunción de inocencia. Pero el espectro de una convicción equivocada, sea por violación o cualquier otro crimen, ha llevado a nuestra sociedad a armar a los acusados modernos con los avíos del debido procedimiento que hacen el constreñimiento adicional de la cautela de Hales supérfluo y caprichoso”. ()

El requisito de corroboración, junto a otras reglas eviden-ciarías especiales que fueron desarrollándose para el delito de violación, descansaron en varias creencias según las cuales dada la severidad de la penalidad por el delito de violación, que en muchos ordenamientos llegaba hasta la pena de muerte y las circunstancias en que de ordinario se cometía el delito — sin la presencia de testigos, en sitios aislados y oscuros — era injusto dejar al acusado con sólo su palabra ante la de la víctima. Máxime cuando el delito de violación era altamente reprensible en la sociedad, pudiendo ello dar lugar a que el juez o jurado se parcializaran a favor de la víctima y en contra del acusado, resultando ello a su vez en una convicción injusta de un inocente. Fundamental en la justifica-ción del requisito de corroboración era también la creencia de que la acusación de violación era fácil de hacer y difícil de rebatir o defenderse de ella.

Aunque en nuestra jurisdicción la penalidad por una convicción por el delito de violación es severa, es incuestiona-ble que todo acusado tiene a su disposición eficaces recursos tales como el contrainterrogatorio, descubrimiento de prueba y otros mecanismos procesales, que salvaguardan y remedian la situación de falta de prueba corroborativa. Siempre hay la posibilidad de poder presentar prueba circunstancial que evite que se pueda determinar culpabilidad más allá de duda razonable. Aun cuando existen riesgos de convicciones injus-tas, no es menos cierto que el requisito de corroboración y sus reglas hermanas, han causado un mal mayor por cuanto parecen funcionar para hacer sumamente difícil una convic-ción, aun en casos claros, por no haber tal corroboración. Además, los procesos investigativos del delito funcionan como un filtro para evitar que los casos débiles lleguen a juicio.

No se nos escapa el argumento de que es fácil fabricar una acusación convincente y detallada de una violación. Al reflexionar sobre el mismo, sin embargo, advertimos que hay factores que vigorosamente actúan como disuasivos a la radicación de una causa por violación, a saber, las molestias, contratiempos y vejámenes del proceso, así como el estigma imborrable que acarrea para las víctimas. Estos factores inhibitorios han influido para que en nuestra jurisdicción se haya legislado para excluir al público de la sala cuando la perjudicada vaya a declarar (Regla 131 de las de Procedi-miento Criminal, 1963) y para evitar, excepto en circunstan-cias especiales, que sea inadmisible evidencia sobre el histo-rial o conducta sexual anterior de la perjudicada. (Regla 154.1 de las de Procedimiento Criminal.)

En cuanto al planteamiento respecto al peligro de que exista prejuicio por parte del juez o del jurado en contra del acusado por simpatizar aquéllos con la víctima, basta señalar que los estudios realizados sobre este asunto indican precisa-mente lo contrario. Los resultados reflejan una marcada renuencia — aun en jurisdicciones donde no se exige la corrobora-ción — a condenar a un acusado si solo existe el testimonio de la víctima. () Así mismo, demuestran una tendencia en los jurados a absolver en los casos ordinarios de violación y a condenar sólo cuando hay circunstancias agravantes estable-cidas tales como el uso de la fuerza o abusos brutales. () Muchos jurados y algunos jueces lamentablemente acogen la teoría de que la violación es un crimen precipitado por la conducta de las víctimas. Al presente existe una tendencia a estimar suficientes para proteger al acusado en estos casos las garantías dispuestas en el procedimiento penal, tales como la presunción de inocencia y la norma de no condenar a un acusado sin un convencimiento de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. () Esta misma tendencia a estimar suficientes tales garantías está detrás de la derogación o eliminación por legislación o jurisprudencia de otras disposi-ciones evidenciarias que se basaron en las mismas concep-ciones que el requisito de corroboración, a saber, la norma de instruir al jurado a tomar con cautela el testimonio de la víctima () y las reglas según las cuales la conducta o el historial sexual de la perjudicada podía ser traído a colación a fines de impugnar la credibilidad de la acusada en cuanto a su falta de consentimiento al acto sexual o a fines de la determinación misma de si hubo o no tal consentimiento. () También se ha criticado en gran medida el ordenar los tribunales exámenes siquiátricos de las víctimas para deter-minar posibles padecimientos mentales que puedan llevarlas a hacer acusaciones falsas de violación producto de fantasías o alucinaciones sexuales. ()

En consideración a los fundamentos expuestos y que “de su faz infringe la prohibición constitucional de discrimen por razón de sexo, pues a priori arroja dudas sobre la suficiencia y veracidad del testimonio de toda mujer enervándolo frente al del hombre, cuya vigencia en nuestro ordenamiento jurídico no sólo representa un trato diferente, arcaico e injustificado atribuible a su condición única femenina, sino una afrenta que constantemente lesiona la dignidad humana de dicho ser..() se dictará sentencia declarando inconstitucional lo dispuesto en la Regla 15U de las de Procedimiento Criminal requiriendo que el testimonio de la mujer perjudicada, en los procesos por delitos de violación o tentativas de cometerlo, sea corroborado cuando de la prueba surja la existencia de relaciones amistosas, o amorosas o íntimas o de igual naturaleza, con el acusado.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau concurren en el resultado sin opinión.

      (*) El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué se une a la totalidad de la Opinión; los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual, Martín y Díaz Cruz a las partes I y III. El Juez Presidente, Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau concurren con el resultado sin opinión.

      (1) Omitimos el nombre en protección de su privacidad.

      (2) Antes denominada Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer hasta su modificación mediante la Ley Núm. 56 de 30 de mayo de 1979. La Comisión basó su capacidad en que su Ley Orgánica, Núm. 57 del 30 de mayo de 1973, le otorgó autoridad para iniciar acciones judiciales en evitación de actos discriminatorios por razón de sexo y en representación de parte interesada.

      (3) Se alegó la existencia de una controversia real y efectiva en cuanto a los derechos constitucionales de la perjudicada; que la Regla 154 exigiendo corrobora-ción de su testimonio, “de su faz infringía la prohibición constitucional de discrimen por razón de sexo del Artículo II, sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado”, pues a “priori arroja dudas sobre la suficiencia y veracidad del testimonio de toda mujer, ya que se parte de la premisa de que la mujer miente estableciendo mediante dicha regla una diferencia de trato entre la mujer y el hombre”; “que la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de dicha regla no sólo representa un trato diferente, arcaico e injustificado atribuíble a su condición única de femenina, sino una afrenta que constantemente lesiona la dignidad humana de dicho ser”; que tal requisito “de su faz infringe la disposición sobre igual protección de las leyes del Artículo II, See. 7 de [nuestra Constitución] ya que considera a la mujer dentro de una clase de testigos con un trato especial y diferente al de cualquier otro testigo. Mientras que en este proceso con el testimonio, de ser creído, de cualquier otro testigo, se podría declarar convicto al acusado..., sin embargo, el testimonio de la mujer [alegadamente] agraviada, no sería suficiente para declararlo convicto aun cuando éste sea creído. Esto es el equivalente a establecer una clasificación arbitraria por razón de sexo” y; que tenía capacidad para presentar la acción por sufrir directamente un daño, en vista de que era inminente la celebración del juicio donde ella declararía y se le violarían sus derechos constitucionales.

      (4) A saber: “1. Que el día 20 de abril de 1978 en una vista preliminar celebrada en el Tribunal de Distrito se encontró causa probable contra el Sr. Juan González Ríos; 2. Que la acción criminal está señalada para el día 20 de junio de 1978, a las nueve de la mañana, en el Tribunal Superior de Caguas; 3. Que A.I. A.R., es la mujer perjudicada y que sí hay prueba sobre relaciones amorosas entre ella y el acusado; 4. Que la parte demandante, de declarar declararía que se le está violando sus derechos a que se [sic] discrimine en su contra por razón de sexo, al no dársele a su testimonio credibilidad, situación que pone [sie] a ésta a verse humillada y discriminada; [y] 5. Que de declarar el Fiscal Silva Izquierdo, declararía que él u otro Fiscal vendría obligado a presentar prueba de corroboración.”
      Además, se admitió en evidencia copia certificada de la acusación Núm. 1278-163 contra Juan González Ríos y copia de la minuta del 21 de abril de 1978 en dicho caso.

      (5) Tribe, American Constitutional Law, Mineóla, N.Y., Foundation Press, 1978, seos. 3-7,3-8, págs. 52-55. Sobre las consideraciones envueltas en el concepto de justiciabilidad, en Note, Mootness on Appeal, 83 Harv. L. Rev. 1672 (1970), se dice: “[El concepto de] justiciabilidad... delimita los límites judicialmente percibidos de la competencia funcional de los tribunales. . . . Aunque el concepto se basa en restricciones constitucionales, el Artículo III está tan generalmente redactado que su invocación en aras de impedir revisión es en realidad un ejercicio de autorrestric-ción por el tribunal en una apreciación de la ausencia de prerrequisitos a la operación exitosa del proceso judicial. Este aspecto de la justiciabilidad persigue satisfacer tres necesidades fundamentales de un tribunal judicial: primero, un récord completo de los hechos en disputa, la materia prima del quehacer decisional; segundo, una presentación de las reclamaciones opuestas y defensas relacionadas a transacciones judiciales y política social, los cuales proveen propuestos criterios impersonales para la decisión judicial; y tercero, el potencial de resolución efectiva de la disputa, la ‘raison d’etre’ de la institución.” 1672-73.

      (6) No se puede decir que se esté pidiendo al Tribunal que emita “expresiones adelantadas de juicio legal sobre cuestiones que quedan fuera de foco porque no han sido levantadas ante el Tribunal con la clara concreción que se provee cuando una cuestión emerge precisamente delimitada cuya decisión se haga necesaria debido al choque de argumentos adversativos que exploran todo aspecto de una cuestión multifacética que envuelve interés, conflictos. . .”. Tribe, op. cit, sec. 3-10, págs. 56-57.

      (7) La Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias — Núm. 47 de 25 de abril de 1931, 32 L.P.R.A. see. 2291 etseq. — permite la utilización de este medio para hacer planteamientos constitucionales. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

      (8) El “análisis de madurez” se centra sobre los tipos de funciones que los tribunales deben desempeñar “... la conclusión de que una cuestión no está madura para adjudicación, de ordinario enfatiza un examen prospectivo de la controversia que indica que eventos futuros pueden afectar su estructura de manera que determinan su presente justiciabilidad, ya sea haciendo más apropiada una decisión posterior o demostrando directamente que la materia todavía no está apropiada para adjudicación por un tribunal bajo el Art. III...”. Tribe, op. cit., sec. 3-13, págs. 60-61. En la nota (b) a la pág. 61 expresa el autor que “como materia de artículo III, todo lo que se necesita para asegurar que un caso está maduro es que el evento contemplado— sea conducta privada o acción oficial o ambos — con toda probabilidad va a ocurrir”.

      (9) Entramos en el análisis en cuanto a la existencia de capacidad para litigar la cuestión presentada a tono con la tendencia liberal reconocida y adoptada en P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716, 719 (1974).

      (10) Tribe, op. cit., sec. 3-17, págs. 79-82; Nowak, Rotunda y Young, Constitutional Law, págs. 69-79 (1978).

      (11) “[U]n caso es académico, y por lo tanto no justiciable, si el paso del tiempo ha hecho que pierda su carácter como una controversia viva de la clase que debe existir [si los tribunales] quieren evitar las opiniones consultivas sobre proposiciones abstractas de ley.”
      El requisito de que los casos no sean académicos, en sus orígenes no era uno constitucional pero luego se ha encontrado imbuido en la Constitución. Al mismo tiempo, hay quienes sostienen que la norma se deriva también de una sana preocupación de los tribunales por autorestringirse que debe ceder ante cuestiones constitucionales importantes. Tribe, op. cit., págs. 62-63; Nowak, Rotunda y Young, op. cit., págs. 67-68 y Note, Mootness on Appeal, supra, 1674-75.

      (12) Reafirmamos nuestra renuencia a utilizar el análisis intermedio de igual protección según establecido en Reed v. Reed, 404 U.S. 71 (1971) y desarrollado luego en su progenie, en cuanto resulta insatisfactorio para cubrir las variadas situaciones que pueden surgir en el ámbito de la conducta humana en lo que a discrimen por sexo respecta, al etiquetar como tal sólo aquellas clasificaciones basadas en “género como tal”, (Geduldig v. Aiello, 417 U.S. 484 (1974)), y sólo cuando existen hombres y mujeres similarmente situados, tratados en forma distinta. El “test” intermedio a que aludimos, ha sido fraseado en Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976), como requiriendo que se cumplan intereses o propósitos gubernamentales importantes y que los medios utilizados tengan relación sustancial con los objetivos perseguidos. Véase en general: R. Ginsburg, Sexual Equality Under the Fourteenth and Equal Rights Amendments, 1979 Wash. U. L.Q. 161 y de la misma autora, Sexual Equality omd the Constitution, 52 Tul. L. Rev. 451 (1978). K. Endem, Intermediate Tier Analysis of Sex Discrimination Cases, Legal Perpetuation of Traditional Myths, 43 Albany L. Rev. 73 (1978); Comment, Constitutional Law, Equal Protection, Standard of Review Applicable in Sex Discrimination Cases, 45 Tenn. L. Rev. 514-533 (1978). J. Vincent, Equal Protection and the Middle Tier, The Impact of Women and Illegitimates, 54 Notre Dame Lawyer, 303-22 (1978). Comment, Constitutional Law, Equal Protection — Gender Discrimination — Califano v. Goldfarb, 23 N.Y.L.S. L. Rev. 503 (1978); Note, Gender Based Legislative Classifications — Califano v. Goldfarb, 57 Neb. L. Rev. No. 2, 555 (1978). Particularmente en cuanto a Craig v. Boren, supra, y el “test” allí enunciado: Gender Classifications and the Equal Protection Clause, 42 Miss. L. Rev. 470(1977); Gender Based Discrimination and a Developing Standard of Equal Protection, 46 Univ. of Cinn. L. Rev. 572 (1977); Gender Based Discrimination and Equal Protection, an Emerging Intermediate Standard, 29 Univ. of Fla. L. Rev. 582 (1977); Note, Search for a Standard of Review in Sex Discrimination Questions, 14 Houston L. Rev. 721 (1977).

      (I:)) Las decisiones de Geduldig, supra y General Electric Co. v. Gilbert, 429 U.S. 125 (1976), han sido muy criticadas. En éstos el Tribunal se aferró a la decisión estrecha de Reed y declaró que una clasificación usando como característica o rasgo la preñez, no violaba la igual protección de las leyes y que no había discriminación basada en el sexo como tal. Algunos perciben estas decisiones como otro rompimiento con la trayectoria de análisis intermedio que venía desarrollándose a partir de Reed. Comment, Sex Discrimination Distinctions Between Title VII and Equal Protection— General Electric Co. v. Gilbert, 31 Rutgers L. Rev. 91, 100-105 (1978). Comment, Geduldig v. Aiello, Pregnancy Classification and the Definition of Sex Discrimination, 75Colum. L. Rev. 441,442(1975). Se especula que el Tribunal parece no haberse percatado de que por el hecho de estar envuelta una característica exclusiva de un sexo puede haber un discrimen oculto. Sin embargo, nos parece que la propia decisión en Geduldig, dejó abierta la puerta para que en otro caso pudiera demostrarse que la utilización de la característica exclusiva fuese un nuevo pretexto para discriminar. Geduldig se basó primordialmente en un análisis de alternativas y costos encontrándose que el Estado tenía un propósito legítimo y unas razones válidas para excluir la preñez del plan de beneficios envueltos. El caso de Gilbert, se sostuvo en razonamientos similares pero disipó las dudas pendientes desde Geduldig de si se llegaría al mismo resultado de Geduldig — decidido bajo la cláusula de igual protección — bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles federal que expresa-mente prohibía el discrimen por razón de sexo. Gilbert fue igualmente criticado y posteriormente revocado por el Congreso.

      (14) K. Karst, The Supreme Court 1976 Term, 91 Harv. L. Rev. 241-244, para una posición crítica de la decisión de Gilbert en cuanto ésta parece requerir que para que haya discrimen la clasificación sea coextensiva con la clase que se intente proteger. Se arguye allí que: “sólo las clasificaciones más extremas tienen impacto directo o inmediato sobre todo miembro de una clase protegida y que clasificaciones mucho menos inclusivas pueden desfavorecer substancialmente a tal clase [y que ello es] particularmente cierto cuando ...: (1) la subclase adversamente afectada por una clasificación en particular es amplia en proporción con la totalidad de la clase protegida o (2) la posibilidad, de caer dentro de la subclase que recibe el peso, está dispersada a lo largo de toda la clase aunque relativamente pocas personas caigan realmente dentro de esa subclase." (Traducción y énfasis nuestro.)

      (15) Presunción susceptible de ser controvertida por la forma de declarar, el carácter de la declaración o mediante evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad o móviles o por evidencia contradictoria. 32 L.P.R.A. sees. 1661, 1664, 1667, 2150 y Regla 131 de las de Procedimiento Criminal. Además Reglas 10(E), 18, 44, 45 y 46 de las de Evidencia de 1979.

      (16) Para un análisis de la situación en los diferentes estados: Note, supra, 81 Yale L.J. 1365, 1366-67 (1972). D. Luginbill, Repeal of the Corroboration Requirement, Will It Tip the Scales ofJustice? 24 Drake L. Rev. 669,672-73 (1975). Note: The Victimin a Forcible Rape Case, II Am. Crim. L. Rev. 335,336 (1973). J.B. Pratt, The Demise of the Corroboration Requirement, 26 Emory L.J. 830-32, Notas 134 y 135 (1977); M. Ireland, Reform Rape Legislation, 49 Univ. of Colo. L. Rev. 185, 192-93, 197 (1978); Note, Corroborating Charges of Rape, 67 Col. L. Rev. 1137, 1137-38 (1967).

      (17) Entre las concepciones arcaicas y estereotipadas que han dado base al requisito de corroboración en sus orígenes se encuentran, a manera de ejemplo: la visión de que muchas veces la fémina se somete cuando le han “hablado mucho” y ha tomado licor, para luego decir que ha sido violada; o que muchas veces dice que no con la boca, pero están diciendo que sí con los ojos; o que las mujeres usan las leyes de violación para conseguir al hombre que quieren. Rosenblat, Justice Denied, pág. 36 (1971), citado en Note, supra, II Am. Crim. Rev. 335 (1972). J. Mercado Ruíz, Violación Sexual: Nueva Responsabilidad del Estado, II, Núm. 1, Rev. Ad. Pub., 99 et seq. (1978).

      (18) Lord Hales en Inglaterra se expresó de la siguiente manera: “la violación es una acusación fácil de hacer y difícil de probar y más difícil aún para defenderse de ella la parte acusada.” Cita tomada de Note, supra, 67 Col. L. Rev. 1137 (1967).

      (19) Wigmore dio gran impulso a las ideas de Lord Hales expresándose afavor de la corroboración del testimonio de las víctimas de violación. Por ello ha sido muy criticado pues sus fundamentos son de dudosa validez. Ver: Note, supra, II Am. Crim. L. Rev. 335,336-337 (1972-73). O’Neale, Court Ordered Psychiatric Examination of a Rape Victim in a Criminal Rape Prosecution or How Many Times Must a Woman be Raped? 18 Santa Clara L. Rev. 119, 120-121 y 133-135 (1978).

      (20) Ver Armand Arabian, The Cautionary Instruction in Sex Cases: a Lingering Insult, 10 S.W. Univ. L. Rev. 588-590 (1978); Comment, People v. Rincón Pineda, 16 Santa Clara L. Rev. 691, 692 (1975-76). Para una posición en el sentido de que las palabras de Lord Hales han sido además mal interpretadas o tomadas fuera de contexto, véase J. Pratt, op. cit, 26 Emory L.J. 805, 811-12, 813-14 (1977).

      (21) Aunque la información es limitada, en Puerto Rico, después de eliminada la regla absoluta sobre corroboración, a partir de los años 1974-75 hasta el 1977-78, las estadísticas disponibles no reflejan un patrón definido en que predomine una preferencia por la convicción de los acusados. Si pudiera hacerse alguna inferencia válida de esta limitada información, indicaría una aparente inclinación hacia la absolución;

      (22) C. Burnim, Massachusetts Rape Shield Law — An Over Step in the Right Direction, 64 Mass. L. Rev. 61,62 nota 11(1979); Comment, Arnolds v. United States, 358 A.2d 335 (1976) en 15 Duquesne L. Rev. 305, 312 (1976-77), donde se cita el estudio de Kalven and Zeizel, The American Jury, 249 (1966), para esos hallazgos.

      (23) J. Pratt, op. cit., pág. 839 donde se expresa que basta para proteger al acusado la presunción de inocencia y el poder del juez para ordenar dejar sin efecto el veredicto si la evidencia es insuficiente para una convicción. D. Luginbill, op. cit., 24 Drake L. Rev. 669, 680 (1975), donde se estima que un sistema efectivo de jurado junto al poder del juez para ordenar la absolución por insuficiencia de evidencia para sostener su veredicto, son garantías suficientes para estos propósitos.

      (2i) Para un interesante recuento de lo que se ha hecho en varios estados de la unión norteamericana en cuanto a instrucciones: A. Arabian, op. cit., pág. 585. El autor, juez de instancia en el caso de People v. Rincón Pineda, supra, decisión confirmada por el Supremo de California al descartarse las instrucciones de cautela en esa jurisdicción, se negó a impartir las mismas con las siguientes palabras:
      “Sin embargo, a nosotros jueces del Tribunal de lo Criminal, en 1974, en tiempos iluminados y como ministros en la administración de justicia se nos pide nos arrodillemos en obediencia ciega ante esta regla y ordena instruir a doce personas laicas que el testimonio de estas víctimas debe examinarse con especial cautela.
      “Encuentro que dar tal instrucción en este caso no se justifica ni en ley ni en razón, que ello discrimina arbitrariamente contra las mujeres, les deniega la igual protección de la ley y contribuye a la brutalización de las víctimas de violación al proveerse un balance desigual entre sus derechos y los derechos del acusado en corte.”
      California adoptó una instrucción en cuanto a credibilidad aplicable a todos los casos y a todo testigo. Comment, supra, 16 Santa Clara L. Rev. 691. Pratt, op. cit., pág. 812 afirma que las palabras famosas de Lord Hales justifican más una instrucción de cautela que un requisito de corroboración. Note, Effects of Corroboration Instructions in a Rape Case on Experimental Juries, 15 Osgoode Hall L.J. 701 (1971).

      (25) Lawrence, What’s Wrong with the Rape Reform Laws, 3 Civil Liberties Review, No. 5, 60 (1976); Ireland, op. cit., 49 Univ. of Colo. L. Rev. 185 (1978).

      (26) O’Neale, op. cit., 18 Santa Clara L. Rev. 119; y Note, supra, 67 Col. L. Rev. 1141-42 (1967).

      (27) Voto separado Pueblo v. Pagán Rivera, 105 D.P.R. 493, 497 (1977).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Dávila.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Carlos L. Rey Marrero, acusado y recurrido.

      Número: O-80-112

      Resuelto: 30 de abril de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Miguel T. Morales Adames y José Manuel Cruz Ellis, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos en el presente recurso que la identificación del imputado, hecha en el acto del juicio por testigos oculares de los hechos delictivos ventilándose, es admisible bajo las circunstancias aquí presentes, no empece que durante el curso de la investigación policíaca se utilizara, para fines de su identificación por dichos testigos, una fotografía tomádale al imputado sin su consentimiento y mientras permanecía detenido ilegalmente en un cuartel de policía. Consideramos, además, que el planteamiento para suprimir el testimonio sobre su identificación, se hizo en este caso tardíamente.

Veamos los hechos. Ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, se inició juicio por jurado contra Carlos L. Rey Marrero bajo acusaciones de asesinato en primer grado, robo y dos infracciones de la Ley de Armas. Se le imputó que en la noche del 20 de agosto de 1979 dio muerte al señor Luis Alberto Díaz Díaz, dueño de un establecimiento comercial conocido por Supermercado Fulton, en ocasión de un asalto y robo a dicho establecimiento. Reproducimos a continuación el resumen de la prueba como aparece en la petición de certiorari ante nos.

“La noche en que ocurrieron los hechos, a eso de las 9:00 p.m., el joven Luis A. Díaz Mercado, de quince (15) años de edad siguiendo las instrucciones de su padre, salió del negocio y se mantuvo vigilante. Observó cuando se detuvo en dos ocasiones un automóvil pequeño, de color azul, como un Toyota, que pasó en forma sospechosa, lentamente y sus ocupantes mirando hacia el negocio. Se lo notificó a su padre quien salió del negocio y se sentó en un cajón de distribuir leche. Momentos después vio que el auto pasó por el frente de él y se estacionó detrás del camión de su padre. El lugar estaba totalmente iluminado por las luces del negocio y de otro comercio que hay en el lugar. Al detenerse el carro, sus ocupantes estuvieron dentro como tres (3) minutos y luego se bajó un individuo a quien el testigo Díaz Mercado describió ampliamente y posterior-mente identifica como Alfredo Cintrón Maldonado (coautor), quien no es el acusado en este caso. Este individuo se dirige hacia el interior del negocio y el dueño del negocio (el occiso) entró tras él.

“Continuó observando el testigo Díaz Mercado y ve que inmediata-mente que se bajó el primer individuo del automóvil, se bajó un segundo individuo (el acusado) a quien describe ampliamente. El acusado caminó hacia el negocio y se paró frente a la puerta del negocio mirando hacia el interior. Indicó el testigo Luis A. Díaz Mercado que tuvo la oportunidad de observarlo por espacio de dos (2) a tres (3) minutos.

“Observó el testigo Díaz Mercado que su padre salió y cerró la puerta del negocio — una de las hojas de la puerta que quedaba abierta. Cuando su padre caminó hacia la calle, observó que el acusado sacó de su cintura un revólver y le hizo un disparo a su padre. El acusado se encontraba como a dos pies del occiso cuando le hizo el disparo. Al ver lo ocurrido, el testigo corrió a donde una vecina y llamó la policía. A su regreso, ya a su padre se lo habían llevado. Indicó que cuando fue a llamar a la policía, escuchó varias detonaciones de un arma de fuego (dichas detonaciones las hizo el dueño de un negocio vecino para asustar a los asaltantes). Declaró que no sabía cuál de los cuatro (4) individuos manejaba el automóvil, pero que sí sabía que el acusado fue el segundo individuo que se bajó del vehículo, lo vio caminar hasta el frente de la puerta y tuvo la oportunidad de verlo claramente. Indicó que desde que vio el automóvil sospechoso hasta que el acusado le disparó a su padre, transcurrieron de seis (6) a siete (7) minutos.

“Al testigo Díaz Mercado se le mostraron varios álbumes de fotografías, de entre las cuales pudo identificar al coacusado Wilfredo Cintrón Maldonado. No pudo identificar al acusado Carlos L. Rey Marrero; su fotografía no se encontraba entre las que se le mostraron al testigo. El día 13 de septiembre de 1979 el testigo prestó declaración jurada sobre los hechos del caso y describió adecuadamente a dos de los asaltantes, siendo el acusado Carlos L. Rey Marrero uno de ellos.

“Con posterioridad se le mostraron al testigo dos álbumes de fotografías adicionales en el Supermercado Fulton, de entre las cuáles identificó positivamente al acusado. No se levantó acta alguna con relación a este procedimiento.

“El día 18 de septiembre de 1979 el testigo fue citado al Cuartel General de la Policía para que observara la celebración de una rueda de detenidos. El testigo nuevamente identifica positivamente al acusado. De este procedimiento se levantó la correspondiente acta.

“Durante el juicio, el testigo realizó en sala una tercera identifi-cación positiva del acusado, tanto a preguntas del Ministerio Público como de la defensa.

“Por su parte, la testigo de cargo Nilka Mercado, cuñada del occiso que se desempeñaba como cajera en el supermercado cuando ocurrieron los hechos, narró la forma en que sucedieron los eventos dentro del negocio e identificó positivamente tanto al coacusado como al acusado Rey Marrero. Indicó que pudo observar al acusado de frente y a través de un cristal por espacio de tres (3) segundos.

“Originalmente a la testigo se le mostraron varios álbumes de fotografías de entre los cuales pudo identificar al coacusado, pero no al acusado (su fotografía no se encontraba entre aquellas que se le mostraron); con posterioridad identificó positivamente al acusado de entre otras fotografías que se le mostraron en el supermercado. El día 18 de septiembre de 1979, en el Cuartel General de la Policía, identificó nuevamente al acusado en una rueda de detenidos. Se levantó la correspondiente acta de dicho procedimiento de confrontación.

“Una vez concluido el testimonio de la señora Nilka Mercado, el Ministerio Público sentó a declarar al Patólogo que investigó la causa que motivó la muerte del señor Luis A. Díaz Díaz y puso a la disposición de la defensa el testimonio de agente Serrano, persona que investigó el caso.

“La prueba de defensa (coartada) fue presentada por tres (3) testigos. En ausencia del jurado y para los fines de atacar la identificación que se hiciera del acusado como uno de los autores de los delitos imputados, la defensa presentó el testimonio del acusado y el de otro testigo de defensa. El acusado manifestó que a mediados de septiembre de 1979 fue intervenido en una pizería por agentes del orden público, quienes lo condujeron junto a un amigo al Cuartel de Puerto Nuevo. De ahí lo llevaron al Cuartel General en donde, luego de hacerle varias preguntas, le tomaron una fotografía y sin informarle la razón de la detención, lo regresaron al Cuartel de Puerto Nuevo de donde le permitieron irse a su casa. Alegó el acusado que el agente Edwin Cotto, entre otros agentes, lo había detenido.

“El Ministerio Público por vía de refutación presentó el testi-monio del agente Edwin Cotto quien manifestó que vio la interven-ción de los agentes cuando detuvieron al acusado, pero desconocía la razón por la cual fue detenido.

“El agente Serrano declaró y aseguró que la fotografía del acusado no estaba en los álbumes que mostró originalmente, pero que ésta se encontraba en los que mostró en fecha posterior. No supo explicar el origen de la fotografía.

“La defensa solicitó la supresión de la identificación y el Hon. Tribunal de Instancia la declaró con lugar.

“Resolvió el Honorable Tribunal de Instancia que habiendo ocurrido una detención ilegal [durante la cual la policía le tomó una fotografía al acusado que posteriormente resultó útil para su identificación como el autor de los delitos aquí imputados], era de aplicación al caso de autos la regla de exclusión de evidencia de nuestra constitución, y en consecuencia, ordenó la supresión de la identificación del acusado [hecha en las distintas etapas del proceso] por entender que había sido el producto de una foto adquirida en una detención ilegal del acusado.”

A solicitud del fiscal el tribunal detuvo los procedimientos para permitir al Ministerio Público recurrir ante nos. Así lo hizo el Procurador General mediante petición de certiorari. Concedimos términos al imputado recurrido para compare-cer y mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto y revocar la resolución del tribunal de instancia. El imputado ha comparecido en un extenso escrito de fecha 11 de abril de 1980.

Ante una situación de hechos muy similar a la del caso de autos, resolvió el Tribunal Supremo federal en United States v. Crews, en decisión unánime de 25 de marzo de 1980, 445 U.S. 463, que la identificación hecha en el acto del juicio (■in-court identification) era admisible. Los hechos de dicho caso pueden resumirse así: Una mujer fue asaltada a punta de pistola en una sala de descanso del monumento a Washington en la capital federal. Inmediatamente después ella notificó a la policía y dio una descripción completa del asaltante. Varios días después se observó al acusado Crews, cuya descripción coincidía con la que ella diera, merodeando cerca del mismo lugar. Interceptado por agentes del orden, Crews dijo tener diez y seis años de edad y que se había salido de su escuela. Un policía trató de fotografiarlo con una cámara de exposición instantánea, pero no le funcionó. Como el joven respondía a la descripción del asaltante, que era la misma dada por otras dos mujeres que fueron también asaltadas en condiciones similares, en el mismo sitio, se le detuvo, fue llevado a una estación o cuartel de policía, se le tomó una fotografía, y se notificó a su escuela. Al igual que en nuestro caso, no se le formuló denuncia alguna. Al cabo de una hora, se le dejó en libertad.

Al otro día la policía mostró a la víctima un grupo de ocho fotografías en que se incluía la tomada a Crews. Ella había examinado numerosas fotografías antes, sin resultado posi-tivo. Al examinar estas ocho, identificó enseguida a Crews como su asaltante. Se detuvo a Crews y más tarde fue también identificado por la víctima en rueda de detenidos. Crews fue luego formalmente acusado por los hechos por un gran jurado.

Oportunamente, antes del juicio, Crews presentó moción para suprimir todo el testimonio sobre su identificación, por estar basado en su detención ilegal. El tribunal de instancia le sostuvo en cuanto a que su identificación mediante la fotogra-fía y luego en rueda de detenidos eran inadmisibles, pero concluyó que en el juicio, su identificación por la víctima era admisible por estar basada en su recuerdo independiente, no maculado por el proceso identificativo de la fotografía. Durante el juicio la víctima identificó a Crews positivamente como su asaltante y fue convicto.

El ilustrado juez de instancia, al resolver que la identifi-cación del aquí recurrido en el acto del juicio estaba tan viciada como la hecha mediante fotografías y en rueda de detenidos, no tuvo el beneficio de la decisión en Crews que, como hemos visto, se produjo el 25 de marzo de 1980. Si acaso, pudo persuadirle, por el contrario, la decisión del mismo caso hecha en apelación por la District of Columbia Court of Appeals— Crews v. United States, 389 A.2d 277 (D.C. 1978)— que había revocado la convicción por entender que la identifi-cación en el acto del juicio era “fruto del árbol venenoso”, doctrina enunciada en Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963) y Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920).

Al revocar al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y mantener por tanto la validez de la convicción de Crews, dijo el Tribunal Supremo federal:

“En el lenguaje de la ‘desgastada por el tiempo metáfora’ del árbol venenoso, Harrison v. United States, 392 U.S. 219, 222 (1968), la toxina en este caso fue inyectada después de que el capullo evidenciario hubo florecido; la fruta servida en el juicio no estaba envenenada.”

Como en el citado caso de Crews, en el que aquí considera-mos se produjo una detención ilegal del imputado Rey Marrero. La prueba no dejó establecido que éste hubiera sido identificado como uno de los asaltantes del Supermercado Fulton antes de su detención en la pizería a mediados de septiembre de 1979. El hecho de que su descripción pudiera coincidir con la que fuera dada por los testigos Luis Díaz Mercado y Nilka Mercado no autorizaba, sin más, su deten-ción. Bajo circunstancias más extremas se entendió en Crews que su detención fue ilegal. En dicho caso, aparte de la descripción dada por la víctima, hubo otras descripciones por otras víctimas de asaltos similares que coincidían con la descripción de Crews, éste fue sorprendido en la escena del crimen por agentes que conocían de tales hechos y de las descripciones dadas, y pudieron constatar que el joven Crews era un escapado de su escuela. No obstante, se resolvió que su detención, sin una orden de arresto, fue ilegal. Dijo el Tribunal:

“En cuanto a la impugnación que hace el recurrido de su propia presencia en el acto del juicio, él no puede reclamar inmunidad contra su enjuiciamiento simplemente porque su comparecencia a corte fuera precipitada por un arresto ilegal. Un arresto ilegal, sin más, nunca se ha considerado como impedimento para un subsi-guiente encausamiento, ni como defensa contra una válida convic-ción. [Citas] El principio de exclusión de Wong Sun y Süverthorne Lumber Co. delimita la prueba que el Gobierno puede ofrecer contra el acusado en el juicio, cerrando la puerta de la corte a pruebas obtenidas mediante actos oficiales ilegales. El recurrido no es en sí mismo una ‘fruta’ suprimible, y la ilegalidad de su detención no puede privar al Gobierno de la oportunidad de probar su culpabilidad mediante la presentación de pruebas totalmente libres de la mancha de la conducta indebida de la policía.”

Al distinguir entre la prueba de identificación mediante la fotografía y la identificación en el acto del juicio, expresó el Tribunal en Crews:

“...La identificación antes del juicio obtenida mediante el uso de la fotografía tomada durante la detención ilegal del recurrido no puede ser admitida; pero la identificación hecha en el acto del juicio es admisible, aun si se acepta el argumento del recurrido, porque el conocimiento que tenía la policía de la identidad del recurrido y el recuerdo independiente que de él tenía la víctima, ambos eran de fechas anteriores al arresto ilegal y no estaban por tanto maculadas por la violación constitucional....”

No estamos resolviendo que una fotografía de una persona, utilizada sin su consentimiento para fines de su identificación, anule el proceso investigativo. Ya en Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537, 545 (1977), resolvimos que la policía puede utilizar en el proceso investigativo y para fines de identificación el retrato de un sospechoso de delito adherido a una solicitud de licencia para conducir vehículos de motor obrante en el Departamento de Obras Públicas. Señalamos, pág. 545, que: “La protección contra registros irrazonables tiene un costo social que ha de medirse en cada caso por el grado de obstrucción que enfrenta a la investigación criminal y por su efecto frustrante del propósito central del juicio que es buscar y fijar la verdad.”

No podemos sancionar, sin embargo, que en su labor investigativa tenga mano libre la policía para detener a las personas en cualquier sitio en que se encuentren pacíficamente — el hogar, la casa de un amigo, el sitio de trabajo, el colmado, una pizería — y conducirlas a sus cuarteles, sin orden de arresto, con el solo propósito de tomarles fotografías con fines investigativos. Ello violaría la cláusula constitucional que prohíbe se prive a una persona de su libertad sin el debido proceso de ley (Art. II, Sec. 7); la que reconoce el derecho a protección contra ataques abusivos a la honra, a la reputación y a la vida privada y familiar de las personas (Art. II, Sec. 8); la que prohíbe arrestos y allanamientos, excepto por mandamiento judicial a base de una previa determinación de causa probable apoyada en juramento o afirmación (Art. II, Sec. 10); y la primerísima de las disposiciones de nuestra Carta de Derechos, relativa a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano (Art. II, Sec. 1). Si esto se permitiese, en aras de la protección policíaca indudablemente necesaria, nos convertiríamos en un estado policial indudablemente repudiable.

Al igual que en Crews, en el caso ante nos la identificación del recurrido Rey Marrero, hecha en el acto del juicio, no fue el producto de su detención ilegal ni quedó maculada por el uso de la fotografía ilegalmente obtenida en el proceso identificatorio anterior al juicio. Es posible, como señalamos en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 253 (1969), que la identificación durante el proceso investigativo vicie de tal manera los derechos del acusado que no pueda defenderse de la identificación que de él se haga en el acto del juicio. Ello sucedería si esa identificación posterior es el producto de la sugestividad que hubiese permeado de invalidez la identifi-cación en la etapa investigativa. Pero no siempre es ese el resultado, y por ello señalamos en Gómez Incera, pág. 257, que la determinación de si se ha violado el debido proceso de ley dependerá de la totalidad de las circunstancias que rodearen el procedimiento de identificación. Aquí, como en Crews y en el mismo caso de Gómez lucera, las circunstancias determi-nantes de la identificación en el acto del juicio la ponen fuera del alcance de la doctrina del fruto del árbol venenoso.

Ciertamente, la identificación del recurrido por la testigo Nilka Mercado, quien dijo haberlo observado a través de un cristal durante tres segundos, sería insuficiente por sí sola para inculpar al recurrido. Pero su identificación por Luis Díaz Mercado, joven de quince años que precisamente mantenía una actitud vigilante por encomiendas de su padre, que ya tenía sospechas de los ocupantes del automóvil que merodeaba el establecimiento, y quien pudo observar al recurrido durante dos o tres minutos, en un sitio totalmente iluminado, y no bajo el efecto alarmante de un asalto y de un asesinato, sino antes de que esos hechos ocurrieran, es enteramente confiable, nada contiene de sugestividad, y en ninguna forma pudo ser manchada por la detención ilegal y ulterior procedimiento identificatorio de la policía. El fruto del árbol ya había madurado y estaba fuera del alcance de la toxina inyectada después, si se permite la paráfrasis de la cita de Crews. La identificación hecha por Díaz Mercado se conforma fielmente al análisis de los elementos de confiabilidad que expusimos en Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978). Hubo (1) amplia oportunidad de observar, (2) buen grado de atención, (3) completa fidelidad, (4) nivel de certeza en la descripción del recurrido, y (5) el tiempo transcurrido entre su observación del recurrido y su confrontación con él fue razonablemente corto.

Aunque no se nos ha planteado, nos preocupa que el juicio en este caso haya tenido que interrumpirse cuando ya ha desfilado toda la prueba de cargo, con el consabido riesgo de que por el transcurso del tiempo — la resolución recurrida se produjo el 5 de febrero de 1980 — se haya podido afectar el recuerdo de detalles importantes en los testimonios prestados y, aun peor, que puedan los miembros del jurado haber estado expuestos a influencias indebidas. Esto se hubiese evitado si el planteamiento sobre inadmisibilidad de la prueba sobre identificación del recurrido se hubiese hecho oportunamente antes del juicio. Entendemos que se hizo tardíamente y debió desestimarse de plano por esa razón.

La Regla 234 de Procedimiento Criminal () regula lo concerniente a la supresión de evidencia por un allanamiento o registro ilegal, y señala que:

“La moción se hará cinco días antes del juicio a menos que no hubiere oportunidad para ello o que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal.”

Si bien dicha regla parece referirse más bien a prueba objetiva o material, el mismo principio debe regir si se trata de suprimir testimonio que de resultar inadmisible obligaría a la desestimación de los cargos y la absolución del acusado. La razón de la regla es tanto de economía de tiempo como de gastos. Es contrario a esa economía esperar al día del juicio para hacer una pausa en el mismo a los fines de dilucidar la cuestión colateral sobre admisibilidad de una prueba cuyo ofrecimiento en el juicio debió anticiparse. Véase Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146, 149 (1964), y compárese, Pueblo v. Nieves, 67 D.P.R. 305, 307 (1947), y casos allí citados.

La Regla 234 reconoce tres excepciones a la norma de que la moción se presente por lo menos cinco días antes del juicio, a saber: (1) que no hubiere oportunidad para presentarla, o (2) que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o (3) que la ilegalidad de la obtención de la prueba, es decir, su inadmisibilidad, surgiere de la prueba del fiscal. Ninguna de las excepciones está aquí presente.

El recurrido tuvo amplia oportunidad de solicitar la supresión de la prueba sobre identificación con antelación a la fecha señalada para el juicio. Los fundamentos de su petición le constaban cuando menos desde que se celebró la vista preliminar el 19 de octubre de 1979 y se determinó causa probable para fomularle acusaciones por los delitos de que ahora responde. Para dicha vista fueron citados los testigos Luis A. Díaz Mercado y Nilka Mercado, y es de presumirse que sobre la base de sus testimonios, únicos testigos oculares de los hechos delictivos imputádosle, se determinó causa probable. Se celebró acto de lectura de acusación el 15 de noviembre de 1979, señalándose el juicio para el 20 de diciembre, suspendiéndose a solicitud del recurrido, y hacién-dose en nuevo señalamiento para el 23 de enero de 1980, fecha en que comenzó el juicio. En todas dichas ocasiones estuvo presente el recurrido, debidamente representado por abo-gado.

No es éste un caso en que la alegada ilegalidad de la prueba de identificación surgiera de la prueba del fiscal en el acto del juicio y que fuese entonces cuando se presentase la oportunidad al recurrido para cuestionarla. Para establecer que la prueba de identificación era inadmisible era necesario que el imputado aportara prueba de los hechos que la harían inadmisible. Por ello fue necesario hacer una pausa en el juitíio, retirar al jurado, y oírlo a él para que narrara el incidente de su detención en la pizería, su traslado a los cuarteles de policía, y la toma de su fotografía sin su consentimiento. Esto no surgió de la prueba de cargo.

Este juicio, que se inició el 23 de enero, se extendió por varios días en que se desinsaculó un jurado y declararon testigos de ambas partes y se ofreció prueba documental, hasta que el 5 de febrero hubo de paralizarse todos los procedimientos al producirse la resolución objeto del recurso que aquí consideramos. De haberse hecho el planteamiento sobre supresión de la prueba de identificación con antelación al juicio se hubiese economizado tiempo, gastos del proceso, molestias a testigos y jurados, y sobre todo la situación indeseable que en este momento prevalece en el caso.

Resolvemos que en circunstancias como las aquí presentes, la moción sobre supresión de prueba debe instarse por lo menos cinco días antes del juicio, al igual que la moción que al mismo efecto se contempla en la Regla 234 de Procedimiento Criminal.

En mérito de los razonamientos expuestos en esta opinión, se expedirá el auto de certiorari solicitado por el Procurador General, se revocará la resolución recurrida y se ordenará que continúen los trámites ante el tribunal de instancia sin ulterior dilación ni interrupción a la mayor brevedad posible.

El Juez Asociado Señor Dávila emitió una opinión particular.

—O—

Opinión particular del

Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 1980

No puedo dar mi conformidad a lo expresado en la opinión del Tribunal al efecto de que la identificación llevada a cabo al celebrarse el juicio es confiable. Como expresamos en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 253:

. No se debe depender de la identificación que pueda hacer en corte el día del juicio. La identificación en el juicio estaría maculada por los vicios de que adoleció la llevada a cabo en la etapa investigativa. Ver People v. Caruso, supra; IV Wigmore, On Evidence, Sec. 1130 (ed. 1940). Los testigos ya habían determinado que el acusado era el responsable. La identificación durante el juicio resulta una mera formalidad. Como se expresó en el artículo escrito por Williams ¡and Hammelmann, supra, y que se cita en Wade a la pág. 229: ‘La experiencia ha demostrado que una vez un testigo señala al acusado en la confrontación, no es de esperarse que se retracte más tarde, de tal manera que en la práctica la controversia de la identificación puede (en la ausencia de otra evidencia relevante) para todos los propósitos prácticos ser deter-minada en ese momento, antes del juicio ..

Me he unido a la opinión del Tribunal porque según se expresa en la misma: “Pero su identificación por Luis Díaz Mercado, joven de quince años que precisamente mantenía una actitud vigilante por encomiendas de su padre, que ya tenía sospechas de los ocupantes del automóvil que merodeaba el establecimiento, y quien pudo observar al recurrido duran-te dos o tres minutos, en un sitio totalmente iluminado, y no bajo el efecto alarmante de un asalto y de un asesinato, sino antes de que esos hechos ocurrieran, es enteramente confia-ble, nada contiene de sugestividad, y en ninguna forma pudo ser manchada por la detención ilegal y ulterior procedimiento identificatorio de la policía.”

      (1) Dicha regla dispone:
      “La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la regla anterior la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
      “(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
      “(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
      “(e) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro.
      “(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
      “(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente.
      “(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
      “El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. La moción se hará cinco días antes del juicio a menos que no hubiere oportunidad para ello o que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal.”


author: PER CURIAM:

text:
      In re Jaime Classen González, Juez de Paz, querellado.

      Número: O-77-388

      Resuelto: 6 de mayo de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís OrsiniZayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Luis A. Amorós, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

El Procurador General formuló cinco car-gos contra el Juez de Paz Sr. Jaime Classen González por violación de los Cánones I, II y XXI de Ética Judicial con las siguientes especificaciones: I. Utilizar en su provecho y en dos ocasiones durante el mes de julio de 1975 un automóvil embargado que se hallaba en custodia legis; II, III y IV, admitir fianzas a favor de los acusados William Ferrer Clemente, Carlos Santiago Maysonet y Gilberto Flores Martí-nez sin que el fiador, Félix Miranda Mercado, firmara en su presencia y sin examinar el título de la propiedad dada en garantía; y V, dejar de registrar e informar la admisión de una fianza para excarcelación de Ángel Luis Otero.

Este Tribunal designó al abogado Sr. Santiago Soler Favale Comisionado Especial quien recibió toda la prueba del Procurador General y del querellado en la vista del 13 junio, 1979 y emitió informe y conclusiones en que estima probados los siguientes hechos:

El Lie. Ismael Cuevas Velázquez, abogado del deman-dante que había embargado un automóvil “Dodge” 1970, le pidió al juez de paz le permitiera dejar, frente a la casa de éste, el vehículo embargado porque el abogado vivía en un área de alta incidencia de hurto de automóviles y temía por la seguridad del vehículo. El juez accedió y el vehículo per-maneció estacionado frente a su residencia por unos días. El Comisionado no estimó probado el cargo de que el querellado hubiera hecho uso del automóvil embargado durante el mes de julio de 1975.

El 22 agosto, 1975 el querellado, a súplica del abogado Sr. Francisco Valcárcel, se personó al Tribunal Superior, Sala de Bayamón, donde legalizó la firma del fiador Félix Miranda Mercado en dos pliegos de fianza a favor de William Ferrer Clemente por $1,000 y $9,000; tres a favor de Carlos Santiago Maysonet, por $3,000, $1,000 y $3,000; y tres a favor de Gilberto Flores Martínez por $5,000, $2,000 y $500.00. Al llegar el juez querellado al tribunal, los pliegos de fianza estaban llenos con la información anotada por el Lie. Valcárcel o bajo su dirección. Él era abogado de Ferrer Clemente y del fiador Miranda Mercado quien se hallaba en el tribunal para la vista de su moción solicitando fianza en apelación. Antes de tomar juramento y firma al fiador, el querellado leyó la información puesta en cada pliego; él conocía al fiador y sabía que había servido como tal en otras ocasiones. No examinó el título de la propiedad ofrecida en garantía ya que no estaba disponible en el momento, y dependió de la afirmación del abogado en cuanto a haberla examinado él ese mismo día. En los pliegos se señala a dicho inmueble, que consta inscrito en el Registro de la Propiedad, un valor de $60,000; el fiador declaró que un banco lo había tasado en $31,500 y la certificación del Registro no brinda claridad ni certeza respecto a dicho extremo. El total afianzado es de $24,500.

El cargo Y en que se imputa al juez querellado haber admitido fianza para excarcelación de Ángel Luis Otero el 24 marzo, 1976, la cual ni registró, ni informó al tribunal quedó totalmente desprovisto de prueba ante el Comisionado que en su informe expresa: “... no encontramos nada que sostenga lo imputado en el Cargo núm. V. Si alguna conclusión puede derivarse del contenido de la declaración jurada prestada por el querellado, ésta sería que él no autorizó ni admitió la fianza a que se refiere el Cargo número V por lo que no tenía que registrar ni informar la misma.” Ibid., pág. 8.

El Procurador General presentó un escrito titulado “Comentarios al Informe del Comisionado” en el que de modo indirecto pero explícito acepta la insuficiencia de prueba en los cargos II, III y IV; admite la total ausencia de prueba en el cargo V; y sólo plantea una débil objeción a las conclusiones del Comisionado en el cargo I impugnando su apreciación de la prueba, aduciendo que debió presumir que el automóvil se utilizó ilegalmente a pesar de que ningún testigo vio al juez usándolo, pues en el año en que dijeron haber visto el auto circulando ya éste no se hallaba disponible frente a la residencia del querellado. Hemos examinado el récord taqui-gráfico de la audiencia ante el Comisionado y encontramos que sus conclusiones se ajustan a derecho y justifican plena-mente la exoneración del juez querellado.

Surge del récord que en 8 agosto, 1977 el Fondo del Seguro del Estado dictó resolución compensando al juez querellado por incapacidad relacionada de 35% de sus funciones fisioló-gicas generales, como consecuencia de accidente ocurrido el 25 marzo, 1975 al caer por las escaleras del tribunal, determi-nándose una condición de neurosis de ansiedad moderada; y que en 12 septiembre, 1977 el querellado presentó la renuncia de su cargo en carta cursada al Gobernador de Puerto Rico quien a la fecha no ha tomado acción sobre la misma.

Con estos antecedentes y fundamentos se dictará sentencia absolviendo al querellado de los cargos, y de no aceptarse su renuncia por el Gobernador de Puerto Rico dentro de los treinta días siguientes de notificado de esta decisión, orde-nando la reposición del querellado en su cargo de Juez de Paz con abono de salarios dejados de percibir desde que fue suspendido de empleo y sueldo el 6 septiembre, 1976.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Angélica Oyóla Solís, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Séptima, recurrido.

      Número: O-79-37

      Resuelto: 6 de mayo de 1980

      Federico A. Cordero, abogado de la recurrente; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley Núm. 1 de 11 de julio de 1972,28 L.P.R.A. see. 711 y ss., es una ley de fines sociales. Contiene una exposición de motivos a esos efectos. Considera el problema de los campesi-nos “agregados” y dispone para la donación de parcelas a personas y familias que no tuviesen hogar propio. Asigna $15 millones para la adquisición de terrenos y para el desarrollo de un plan de Comunidades Rurales. Como tal, la misma debe interpretarse teleológicamente, esto es, atendiendo a sus fines.

Tratándose también de una ley especial para unos fines determinados la misma debe prevalecer sobre las normas generales supletorias, siempre que sea legítimo su objetivo y siempre que no se haga violencia injustificada a los grandes parámetros de nuestro ordenamiento jurídico.

En 2Q de abril de 1977, mediante Escritura de Segrega-ción y Traspaso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de la Vivienda, denominado “el Cedente”, cedió y traspasó a favor de “el Cesionario” un solar rústico sito en el término municipal de Río Grande, con una cabida de 560 metros cuadrados. Se expresa en la escritura que el traspaso se efectúa a tenor con lo dispuesto en la citada Ley Núm. 1 de 11 de julio de 1972.

Dispone la escritura que “la persona cuyo nombre y circunstancias personales se consignan en el párrafo Segundo de esta escritura” es “el Cesionario”. En dicho párrafo segundo se describe al cesionario de la siguiente forma: “Doña Angélica Oyóla Solís, mayor de edad, casada con Don Félix Nazario Morales, propietaria y vecina de Río Grande, Puerto Rico.” Esa es toda la descripción que se hace de “el Cesionario”.

De la nota manuscrita del Registrador que aparece al dorso de la última página de dicha escritura surge que la misma fue inscrita al folio 277 del tomo 187 de Río Grande, libre de cargos. Nada dice, desde luego, dicha nota sobre a favor de quién se hizo la inscripción. Sin embargo, de los autos surge que la parcela fue inscrita a favor de la sociedad legal de gananciales compuesta por Angélica Oyóla Solís y Félix Nazario Morales, sin que en el documento presentado hubiese comparecido Félix Nazario Morales.

Posteriormente se presentó al Registro la escritura objeto del presente recurso, mediante la cual Angélica Oyóla Solís vende dicha parcela a Carmen Lydia Valentín. La ilustrada Registradora recurrida denegó su inscripción basándose en que la parcela constaba inscrita a favor de la sociedad legal de gananciales antes mencionada, sin que en la escritura de compraventa presentada compareciese Félix Nazario Morales.

La controversia gira en torno a si la parcela en cuestión es un bien privativo de Angélica Oyóla Solís o, si por el contrario, pertenecía a la sociedad legal de gananciales com-puesta por Angélica y su esposo.

Normalmente, desde luego, el bien sería considerado como perteneciente a la sociedad legal de gananciales. () Sin embargo, militan en contra de esa conclusión las siguientes circunstancias. Cuando el Secretario de la Vivienda, traspa-só, a tenor con lo dispuesto en la citada Ley Núm. 1 de 11 de julio de 1972, la parcela al “Cesionario”, el cesionario, como vimos, era Angélica Oyóla Solís, quien aunque casada con Félix Nazario Morales estaba separada de su esposo desde septiembre de 1975. Fue ella una de las víctimas de las inundaciones causadas por el huracán Eloísa en aquel año. Estuvo asilada en un refugio público e hizo solicitud de solar ante la Administración de Programas Sociales, antecesora de la Administración de Vivienda Rural. Su nombre fue incluido en el sorteo correspondiente, como resultado del cual le tocó la parcela.

La solicitud informaba que vivía separada de su esposo; que era jefe de una unidad familiar que incluía a su hijo de un año de edad y a su hijita de tres meses. Su esposo no aparece solicitando la parcela.

Dispone la citada Ley Núm. 1 que serán elegibles para recibir gratuitamente los solares, entre otros, los solicitantes de áreas susceptibles a inundaciones y que sean personas de escasos recursos económicos. La ley define a persona de escasos recursos económicos como un jefe de familia cuyo ingreso no exceda de $5,500 al año. 28 L.P.R.A. sec. 719(a). La ley no distingue ni determina si ese jefe de familia debe ser necesariamente varón o mujer.

Entendemos que debido al propósito social de la ley poco importa el sexo para determinar si el cesionario o cesionaria cualifica como jefe de familia. A la luz de la letra de la ley y de su espíritu lo determinante es que fuese persona de escasos recursos económicos y que cumpla con ciertos requisitos — más que requisitos son desventuras — que hagan acreedor a esa persona a la ayuda social que la ley se propone dar.

La propia ley al establecer los requisitos para ser elegible para recibir gratuitamente los solares expresa que tendrán prioridad, entre otros, “mujeres que sean jefes de familia y estén desempleadas”. Aunque Angélica Oyóla Soils estaba casada al recibir el solar debemos entender que era un jefe de familia. Vivía separada de su esposo y tenía a su cargo sus dos hijos menores y estaba dentro de las circunstancias económicas que la ley contempla. El término jefe de familia aquí utilizado se refiere única y exclusivamente a los propósitos especiales y específicos de la citada Ley Núm. 1 de 11 de julio de 1972 y no pretende, dicho término, enmendar o variar los conceptos generales del Derecho Civil sobre esa materia.

Como puede verse, este caso es un ejemplo vivo de la eterna paradoja con la cual ha vivido y tiene que vivir el Derecho. Esto es, que el Derecho deber ser estable pero no estático. Debe dar sensación de certeza y seguridad pero sus propios fines y su propia vida le exige ser dinámico. Como señalamos antes, su dinamismo y desarrollo debe mantenerse dentro de unos límites de prudencia y de rigor científico. No se trata, desde luego, de una carta blanca para incurrir en transgresión de la ley pero, como los extremos son viciosos, tampoco podemos limitarnos por un formalismo excesivo. Las tenden-cias teleológicas y vitalistas iniciadas por Rodolfo Von Ihering son hoy patrimonio del Derecho universal.

Castán, al ocuparse del asunto, señala que el Derecho tiene, a un mismo tiempo, dos exigencias difíciles de armoni-zar: de un lado, requiere seguridad y certeza, y de otro, movilidad y posibilidades de adaptación a la realidad cam-biante. Castán, Teoría de la Aplicación e Investigación del Derecho (1947), pág. 356. Véanse, además, Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624, 632-633 (1967); Pound, Law Finding Through Experience & Reason (1960), pág. 23; y Friedmann, Legal Theory, 5ta ed. (1967), pág. 86, (en la 4ta ed., pág. 32).

Por las consideraciones anteriores se revocará la nota recurrida y se ordenará la inscripción de la Escritura Núm. 1 de 18 de febrero de 1978 otorgada por Doña Angélica Oyóla Solis y Doña Carmen Lydia Luna Valentín ante el notario Don Federico A. Cordero.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

      (1) Véase Silva Ramos v. Registrador, 107 D.P.R. 240 (1978).