text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Nelson Eliú Sanabria Pérez, acusado y apelante.

      Número: CR-81-96

      Resuelto: 10 de enero de 1983

      Rafael Santiago Erans, abogado del apelante; Miguel Pagán, Pro-curador General Interino, y Josefa A. Román García, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La ola de criminalidad que azota a Puerto Rico consti-tuye —si no la más grande— una de las preocupaciones mayores de nuestra ciudadanía. En relación con dicho pro-blema, una de las “llagas” que debemos tratar de erradicar es aquella del negocio ilícito de la venta de narcóticos, el uso de los cuales no sólo está destruyendo, literalmente, a nues-tra ciudadanía —especialmente a nuestra juventud— sino que también propicia la comisión de otros delitos tales como robos, escalamientos, asesinatos, etc., ya que el adicto es capaz de cualquier cosa en su desesperación por poder con-seguir el dinero para comprar la droga.

De la imperiosa necesidad que tenemos de erradicar este mal de nuestra sociedad, y en vista de que dichas transac-ciones por lo general se llevan a cabo en la clandestinidad, es que surgió la práctica de la utilización por parte de los organismos a cargo de hacer cumplir las leyes, de los lla-mados agentes encubiertos, que, como es sabido, son agentes de la Policía que, haciéndose pasar por traficantes o adictos, se “infiltran en esta subcultura” que desafortunadamente existe en nuestra sociedad.

Dicha práctica ha resultado de gran beneficio para Puerto Rico en tanto en cuanto ha permitido el poder acusar y encarcelar a miles de traficantes de drogas durante los últimos años. La misma, sin embargo, no deja de ser un tanto inquietante por cuanto implica, en la gran mayoría de los casos, que un ciudadano puede ser acusado, condenado y sentenciado a prisión por un gran número de años, exclusi-vamente a base de la declaración, no corroborada en cuanto a los hechos esenciales de la misma, del agente encu-bierto.

Es por ello que este Tribunal, a pesar de haber reconocido expresamente en el pasado la necesidad y conveniencia del uso de agentes encubiertos en la guerra contra las drogas, a través de los años ha establecido unas normas o guías con el propósito de tratar de minimizar la posibilidad de que un inocente pueda perder su libertad a base de la declaración de un agente encubierto inescrupuloso.

Aun cuando no tenemos a la mano estadísticas al efecto, nos parece que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el porcentaje de condenas en casos de narcóticos —tanto por Jurado como por tribunal de derecho— es impresio-nante, indicativo de que nuestra sociedad y los tribunales han actuado siempre con “mano fuerte” en relación con el problema de las drogas.

Ha habido casos, sin embargo, en que la prueba presen-tada por el Estado nos ha causado, por decirlo así, un “mal sabor”. En esas ocasiones hemos exonerado al acusado en obediencia del mandato constitucional de que cuando existe una duda razonable sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado procede la absolución del mismo. El presente caso es un ejemplo de ello. Examinemos la prueba.

Se le imputó al apelante que el día 18 de julio de 1979, alrededor de la 1:30 p.m., frente a la Plaza Las Delicias en Ponce, Puerto Rico, le vendió a un agente encubierto, de nombre Carlos De Jesús Rivera, diez bolsas (decks) de la droga narcótica conocida como heroína, por la suma de $200.

La prueba de cargo consistió de las declaraciones del agente De Jesús Rivera, su supervisor, el agente Heriberto Pérez Irizarry y del químico Ángel L. Toro. De Jesús Rivera declaró, en síntesis, que ese día en unión a un confidente que sólo conoce por el apodo de Capirolo llegó a dicha plaza y se sentaron en un banco; que no recuerda que ese día el tiempo estuviera malo; que llegó el acusado (Nelson Eliú Sanabria Pérez), persona que él no conocía, a quien Capirolo se lo presentó como “Barreto”] que el confidente le preguntó a Barreto por una persona; que éste le contestó que esa persona no se encontraba en Ponce; que ahí hablaron de la transacción; que Barreto dijo tener diez bolsas de “man-teca” y que las vendía por $200; que el agente fue a su carro, a sugerencia de Barreto, y examinó las envolturas; que regresó a la plaza y le entregó los $200 a Barreto; y que se retiró con el confidente del lugar y le hizo entrega de la evidencia a su supervisor, el agente Pérez Irizarry, ese día a las 3:00 p.m. en el Cuartel de la Policía de la calle Molina en Ponce, y que identificó a Barreto, para su supervisor, en horas de la noche, dos semanas más tarde.

A preguntas de la defensa aceptó, al ser confrontado con un informe confidencial escrito que había rendido él ese mismo día 18 de julio de 1979, que había descrito en dicho informe al acusado conocido por Barreto como una persona de 23 a 25 años de edad, blanco, de 150 a 160 libras de peso, pelo negro largo, y de 5’6” a 5’8” de estatura. Confrontado el agente De Jesús con la persona del acusado, quien para la fecha del juicio contaba con la edad aproximada de U5 años —habiendo nacido el 18 de noviembre de 1936, según certi-ficado de nacimiento admitido en evidencia— y es una persona de 5’10” de estatura, de 180 libras de peso, con bigote y con el pelo negro, tipo curly, explicó que no incluyó en la descripción que diera en el informe confidencial lo del bigote y lo del pelo tipo curly por no considerarlo necesario; que se pudo equivocar respecto a lo de la estatura debido a que, en ocasiones, estuvo sentado mientras el acusado per-manecía de pie; no ofreció ni dio explicación alguna respecto a la diferencia notable en la edad y en cuanto al peso del acusado; y añadió que la trasacción con el apelante duró 15 minutos. Es de rigor, además, el señalar que el agente De Jesús aceptó que él había participado en tres redadas en el área de Ponce; que la del apelante fue la segunda de ellas; y que un mes antes —o sea en junio de 1979— de hacer la transacción con el apelante él había declarado en varios casos como testigo, en relación con la primera redada, en el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce. La declaración del agente Pérez Irizarry, supervisor del encubierto, se limitó a corroborar el hecho de que el encubierto le había entregado diez decks de supuesta heroína el día 18 de julio de 1979, a las 3:00 p.m., en el Cuartel de la Policía antes indicado, evi-dencia que él le entregó al químico, y que dos semanas más tarde, en horas de la noche, el encubierto identificó al ape-lante como la persona conocida por Barreto. El químico Toro declaró que la evidencia que le fue entregada por el agente Pérez Irizarry dio positivo de la droga conocida como heroína.

La prueba de defensa fue a los efectos de que el apelante, persona que había residido tanto en los Estados Unidos de América como en Puerto Rico, nunca había sido convicto de delito alguno; que hacía años que trabajaba como empleado en un negocio conocido como “Kentucky Fried Chicken” en el turno de 4:00 p.m. a 12:00 de la medianoche; y que el día de los supuestos hechos, desde horas tempranas en la tarde se había dedicado a ayudar a asegurar las puertas y venta-nas del hospedaje en que vivía —hecho corroborado por el testimonio del encargado del referido hospedaje— en vista de que se aproximaba a Puerto Rico la tormenta Claudette y existía mal tiempo, consistente el mismo de fuerte lluvia y ventarrones.

Con dicha prueba el Jurado que intervino en el caso rindió un veredicto de culpabilidad, sentenciando el tribunal de instancia al apelante a cumplir una sentencia de 10 a 12 años de presidio. Con posterioridad a dicho día, el tribunal de instancia le concedió al apelante una fianza en ape-lación.

Es correcto que reiteradamente hemos resuelto que de ordinario en ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcia-lidad o pasión no intervendremos con la apreciación que de la prueba haga el Jurado. Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734, 738 (1981), y Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 882 (1976).

En el presente caso, sin embargo, nos impacta sobremanera, primero, el hecho de las diferencias existentes entre la descripción plasmada en el informe confidencial y la realidad de la persona del apelante. Haciendo un gran esfuerzo podríamos considerar plausible el que el agente De Jesús se equivocara en cuanto al peso y la estatura del apelante y aceptar su explicación del porqué de la omisión de hacer constar que el apelante tenía bigote y el pelo curly. Lo que resulta totalmente inaceptable es que un agente de la Policía de Puerto Rico que observa a una persona a plena luz del día y por espacio de quince minutos, exprese que éstq., en su opinión, cuenta con una edad de entre 23 a 25 años, cuando en realidad la persona casi dobla esa edad. En Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809 (1974), en donde el acusado contaba 20 años de edad, pesaba 170 libras y medía 5’10” de estatura, y el agente encubierto, en el informe confidencial, lo describió como de 29 a 35 años de edad, de 149 libras de peso y 5’5” de estatura, dijimos:

Aceptamos que una persona pueda equivocarse al calcular la edad, peso y estatura de otro. Pero el que aquí hizo el cálculo no es una persona corriente en estos menesteres. Se trata de un agente de la Policía, con tres años de experiencia en la persecución del tipo de delito que aquí nos ocupa, entrenado especialmente para hacer esos cálculos y presentar informes exactos de lo que observa. Si se tratase de pequeños errores en sus cálculos sería pasable. Pero aquí se trata de equívocos imposibles de superar. Rivera no era aquí un casual observa-dor de unos hechos. El provocó la transacción con esa persona que dijo no conocer y era su deber vaciar los datos precisos en el informe que debía hacer y retenerlos para en su día prestar testimonio en el juicio que se siguiera al acusado. La descrip-ción de éste, por el hecho de no serle conocido hasta ese momento, tenía que ser la más exacta posible. Jamás podría identificarse al acusado aquí apelante, un joven de 20 años de edad, de 170 libras de peso y de cinco pies diez pulgadas de estatura como el hombre que describió el agente Rivera en su informe. Añádase a eso que en el informe sobre la transacción del día primero de junio con el mismo acusado, el agente Rivera da una descripción que no coincide con la que hizo en su informe del día anterior.... (Énfasis suplido.) Págs. 812-813.

En segundo lugar, la declaración del agente De Jesús en el presente caso amerita la calificación de “testimonio flaco y descarnado”, frase que acuñáramos en el caso Pueblo v. Ayala Ruiz, supra. El agente recuerda con una exactitud increíble los hechos específicos de la transacción en sí. Sin embargo, y a manera de ejemplo, no sabe o no recuerda el nombre del confidente Capirolo; no recuerda en qué sitio y a qué hora se encontró con Capirolo ese día 18 de julio de 1979; no sabe, o no recuerda, los nombres —sólo los apo-dos— de las demás personas a quienes compró narcóticos y que fueron acusados en la redada del apelante; no recuerda si el día 18 de julio de 1979 hacía buen o mal tiempo, etc.

En tercer lugar, resulta inquietante el hecho de que un agente de la Policía de Puerto Rico que públicamente declara durante el mes de junio de 1979 en el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce, en casos de drogas en relación con una redada en que él estuvo envuelto, regrese a la calle en la misma ciudad de Ponce un mes más tarde —durante julio de 1979— a trabajar como agente encubierto una vez más. La Policía de Puerto Rico debe evitar que situaciones como la antes señalada ocurran. Aparte de que la misma conlleva riesgos para la vida y seguridad de los agentes involucrados, ello le resta credibilidad al testimonio de dichos agentes. En adición, la Policía de Puerto Rico debe velar porque la labor de supervisión que realiza el agente supervisor del encubierto no se limite meramente a recibir la evidencia de manos de este último. Donde las circunstancias lo permitan, se debe hacer un esfuerzo para que la referida labor de supervisión sea más efectiva, haciendo lo posible para lograr 'que la declaración del agente encubierto sea corroborada sustancialmente por el supervisor de dicho agente. Estamos conscientes de que en muchas ocasiones ello no es factible debido a distintas razones, tales como la rapidez con que se lleva a cabo la transacción, lo imprevisible de la misma, el lugar donde se efectúa, el hecho de que, por falta de recursos, la Policía tiene que asignar un supervisor a varios agentes encubiertos, etc. Ello no obstante, repetimos, se debe hacer un esfuerzo para tratar de lograr dicho propósito.

Por las razones expresadas procede la revocación de la sentencia apelada y la absolución del apelante. Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí expresado.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Díaz Cruz y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

       Naturalmente que la Regla 10, Inciso D, de las Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979 dispone que la evidencia directa de un tes-tigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que por ley otra cosa se disponga.

      En Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 733 (1961) (caso por infracción a la Ley de Bolita), señalamos que el tribunal de instancia, en los casos en que no se pre-senta prueba física de la supuesta venta de bolita, “debe ser muy cauteloso” en su apreciación; en Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961) (bolita), expresa-mos preocupación debido a que estábamos notando que las declaraciones juradas que se presentaban para servir de base a órdenes de allanamiento contenían “expresiones estereotipadas”; en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966) (bo-lita), rechazamos lo que calificamos como testimonio “flaco y descarnado” de los agentes encubiertos; en Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967) (bolita), invocando en forma expresa nuestra facultad inherente de supervisión de los procedimientos judiciales expresamos que no estábamos en disposición de aplicar con precisión electrónica la doctrina de no intervención con la apreciación que de la prueba hiciera el tribunal de instancia; en Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973) (narcóticos), extendimos la regla de los casos de Ayala Ruiz y Soto Zaragoza a los casos de infracción a la Ley de Sustancias Controladas; en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974) (narcóticos), expresamos preocupación ante testimonio estereotipado relativo al “acto ilegal a plena vista”, cuando de ordinario los mismos se llevan a cabo en la clandestinidad, y expresamos que recaía en el fiscal la carga de la prueba para “librar de sospechas” ese testimonio que consideramos estereotipado; y en Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979) (bolita), reafirmamos el deber y la necesidad de que la rama judicial fije pautas en esta clase de situaciones, aparte de las que puedan establecer las ramas legislativa y ejecutiva, para así poder lograr el debido y difícil balance entre los valores en juego.

       Es de rigor señalar que la defensa intentó infructuosamente presentar en evidencia un recorte del periódico El Mundo correspondiente al día 19 de julio de 1979, en el cual supuestamente se hacía alusión al mal tiempo habido en el área sur de Puerto Rico debido a la lluvia que cayó en dicha área como consecuencia de la tormenta. Al no ser admitido por el tribunal de instancia, no contamos con el beneficio del mismo en apelación.

       Recordemos, además, el hecho de que cuando el agente De Jesús identifica al apelante para su supervisor es en horas de la noche, dos semanas más tarde, circunstancias que pueden haber inducido al agente a cometer un error.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    Amalia Calimano Díaz, demandante y recurrente, v. Francisco Rovira Calimano, etc., demandado y recurrente; Yvonne Fanton Benard, demandada y recurrida.

      Número: R-81-23

      Resuelto: 12 de enero de 1983

      Francisco G. Bruno Rovira, de Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago & Pérez, abogado de los recurrentes; Santiago Polanco Abreu, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Don Fernando Calimano Díaz falleció el 17 de diciembre de 1964. Al momento de su muerte, y desde noviembre de 1933, estaba casado con doña Yvonne Fanton Benard bajo el régimen de separación de bienes. No le sobrevivieron ascendientes ni descendientes.

Á su muerte, don Fernando había expresado su última voluntad en un testamento otorgado el 1ro de junio de 1962. Se inició entonces por la hermana de don Fernando, doña Amalia Calimano Díaz, acción para anular dicho testa-mento. Prevaleció en la acción porque los testigos instrumen-tales no eran vecinos del lugar del otorgamiento —Río Pie-dras— sino del domicilio del testador —Guayama. Pero véase Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565 (1979). Al anularse el testamento otorgado en 1962 cobró vigencia y vino a prevalecer uno previo otorgado en abril de 1955. En éste don Fernando había instituido como heredera universal a doña Amalia. Véase Calimano Díaz v. Calimano, 103 D.P.R. 123 (1974). Había dispuesto, además, en dicho testamento que sus herederos pagarían con cargo a los bienes de su herencia que se adjudicaran una renta vita-licia de trescientos dólares ($300) mensuales para beneficio de su esposa. Asimismo, legó a ésta la suma de $10,000. A la fecha de su fallecimiento, el capital de don Fernando se estimó en $475,621.32 para propósito contributivo.

Pasó el tiempo y doña Amalia pagó a doña Yvonne sumas varias a modo de “anticipos” de la participación de ésta en la herencia. Al 20 de diciembre de 1978 dichos “anticipos” sumaban $163,604.23. Decidió entonces doña Amalia capitalizar los derechos de doña Yvonne sobre el caudal relicto. Toda vez que “no anticipaba poder llegar a un acuerdo” con ésta, presentó la solicitud correspondiente ante el Tribunal Superior. Véase el Art. 765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2415.

El Tribunal Superior, Sala de Guayama, dictó sentencia en que estimó que para liquidar la participación de doña Yvonne en la herencia, debía doña Amalia satisfacerle la suma de $305,420.14. Para alcanzar dicha cantidad, procedió de la siguiente manera.

En primer lugar, determinó cuánto se le adeudaba a doña Yvonne por el período de tiempo transcurrido entre la muerte del causante y el momento de solicitarse la capitali-zación de sus derechos legales y testamentarios. Para esos propósitos, estimó el valor de los derechos de doña Yvonne a la muerte de don Fernando; o sea, estimó cuánto hubiera recibido ella si doña Amalia hubiese decidido capitalizar los derechos viduales al abrirse la sucesión de don Fernando. Dicho valor ascendió a $115,924.83. El tribunal tomó esta suma, que llamó “principal”, y determinó el rendimiento que doña Yvonne hubiese obtenido de ella desde 1964 hasta 1978 a base de un 6% anual como rédito. Durante esos catorce años el capital hubiese aumentado a $262,094.91. De esta última cantidad el tribunal restó los $163,604.23 que doña Yvonne había recibido de la heredera durante los 14 años de viudez, concluyendo, por tanto, que al momento de la conmutación doña Amalia adeudaba a la viuda $98,490.68.

Acto seguido, procedió el tribunal a calcular el valor de los derechos futuros de doña Yvonne sobre el caudal relicto a la fecha de la conmutación requerida. Con ese fin tomó el valor de los bienes al 20 de diciembre de 1978 ($930,670) y estimó que la expectativa de vida de doña Yvonne a partir de esa fecha era de 8.6 años. La valoración ascendió a $206,929.46.

Condenó, pues, el tribunal a doña Amalia a pagar a doña Yvonne la suma de $305,420.14, representativa de la deuda de $98,490.68 pendiente al momento de pedirse la conmu-tación, más los $206,929.46 equivalentes a dicha conmu-tación. Insatisfecha, la heredera recurrió ante nos, impután-dole al tribunal sentenciador la comisión de varios errores. También acudió el administrador judicial, quejándose de que la corte de instancia nada ha provisto con respecto a su solicitud de que se concluya la administración luego de aprobarse las cuentas que se han rendido. Decidimos re-visar.

El grueso de los errores que la heredera recurrente, doña Amalia, le imputa al tribunal sentenciador se refieren a la manera en que éste calculó los derechos de la viuda recurrida, doña Yvonne.

Uno de los señalamientos tiene, no obstante, un carácter más sustantivo y lo discutiremos primero. Mediante dicho apuntamiento se cuestiona la propiedad jurídica de acumu-lar la cuota vidual usufructuaria ordenada por ley con los derechos testamentarios dispuestos por don Fernando a favor de doña Yvonne. La heredera argumenta que los mencionados derechos deben fundirse y que las gracias tes-tamentarias dispuestas por el causante a beneficio de su viuda deben imputarse a la legítima de ésta, correspon-diéndole, sólo adicionalmente, el complemento que sea de rigor para alcanzar el derecho legal. La heredera tiene razón sólo con respecto a la renta vitalicia. El reciente de-sarrollo habido en la doctrina interpretativa de nuestro Código Civil, así como nuestras expresiones jurispruden-ciales, confirman definitivamente su postura. Veamos.

Como es natural en la interpretación de los testamentos prevalece la voluntad del testador, Vda. de Sambolín v. Registrador, 94 D.P.R. 320, 327-328 (1967). Ahora bien, en defecto de directriz de parte del de cujus y tratándose del legitimario, el legado o manda hecho a favor de éste se tiene por hecho a cuenta de su legítima, por lo que sólo puede reclamar el legitimario “el complemento de la misma”. Art. 743 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2369; Cortés v. Cortés, 73 D.P.R. 693, 705-706 (1952). No obstante lo anterior, y negándole naturaleza de verdadera legítima a la cuota usufructuaria del cónyuge, un reputado sector doctrinal consideró que en ausencia de expresión en contrario por el testador, la solución debía ser la opuesta y debía acumularse la cuota legal con el legado testamentario. Véanse, i.e., Vallet de Goytisolo, Imputación de legados otorgados a favor de legitimarios, 32 Rev. Der. Privado 315, 343-345 (1948); J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1963, T. V, Vol. III, págs. 157-158. Estos prestigiosos exponentes han sido persuadidos de que la solución contraria es en verdad la correcta. Así pues, admite hoy el propio Vallet de Goytisolo el error de su anterior postura. Al aceptar la tesis de Manuel de la Cámara Álvarez explica:

Nosotros, una vez agotada la posibilidad de resolver la cuestión interpretando la voluntad explícita o implícita del causante, y “ante la necesidad de dar una solución”, nos habíamos inclinado también a favor de la acumulación de cuota y legado partiendo de la especial naturaleza de la cuota vidual, respecto de la cual —a diferencia de las otras legíti-mas— pensábamos entonces que se obtenía “ope legis” por una delación legal directa de dicha cuota.
Cámara Álvarez, ante este supuesto, ha rechazado tanto la acumulación de legado y cuota como la posibilidad de que el cónyuge viudo opte por aquél y por ésta, y ha afirmado que el cónyuge viudo deberá aceptar el legado —aunque sea de metálico, que se imputará a su cuota legal — , pues, cree, que “no existe un llamamiento legal autónomo a favor del cónyuge por su cuota legal usufructuaria”, sino sólo subsidiario, en cuanto el valor de lo que el testador le haya asignado no cubra su cuota. Por lo cual, el criterio aplicable a los demás legiti-marios, en análogo supuesto, no debe variar tratándose del cónyuge viudo. . . . [H]emos aceptado esta rectificación de Cámara a nuestra tesis de la naturaleza jurídica de la legí-tima vidual, por lo tanto, también aceptamos aquí su conse-cuencia lógica para el supuesto que estudiamos. (Escolios suprimidos.) J. Vallet de Goytisolo, Limitaciones de derecho sucesorio a la facultad de disponer las legítimas, 1924, T. I, Vol. 2, págs. 855-856.

En igual sentido, véase: J. Puig Brutau, op. cit, 2da ed., 1977, pág. 170. En realidad, ya en Vda. de Sambolín, ante, pág. 330, habíamos resuelto que sólo procederá la acumu-lación de la cuota vidual con gracias testamentarias de otro título, de ser “ aparente, a la luz de las circunstancias y dis-posiciones testamentarias”, que esa era la intención del tes-tador.

¿Refleja el testamento que rige el presente caso esa intención de parte del testador? Creemos que no con respecto a la renta vitalicia. El testador ni siquiera men-cionó el usufructo viudal, bien en su institución de herede-ros, bien en sus mandas a beneficio de doña Yvonne. Véase Vallet de Goytisolo, Imputación de legados otorgados, ante, pág. 345. Advertimos, por el contrario, que la renta vitalicia dependería, para sus comienzos, de la disponibilidad de las rentas y créditos del caudal, es decir, que estuvo ligada a la utilidad de los bienes. Tampoco se nos apunta, ni hallamos nosotros, las circunstancias convincentes que, según apun-tamos en Vda. de Sambolín, ante, págs. 328-329, movieron al Tribunal Supremo de España en su sentencia del 3 de junio de 1947 a determinar que procedía la acumulación. Por el contrario, el testamento de autos parece indicar que quiso don Fernando asegurarle a doña Yvonne una renta mínima durante su viudez, de monto sustancial allá para 1955, cuando fue dispuesta. Coincide su propósito con el del usufructo vidual que, naturalmente, complementará a aqué-lla cuando su valor la rebase.

Distinta parece haber sido la intención del testador con respecto al legado de $10,000. Surge claro su propósito de proveerle dicha suma a la viuda de inmediato y con inde-pendencia de las resultas operacionales del caudal. Resulta, pues, de su contexto testamentario, que dicho legado debe acumularse con el usufructo legal.

Hasta tanto se realiza la conmutación, el viudo es usufructuario de todos los bienes de la herencia en la porción correspondiente (la mitad en este caso) de su productividad. Art. 765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2415; J. L. Mezquita del Cacho, Conmutación del usufructo vidual común, 15 Rev. Der. Not. 213, 233-234 (1957); A. Gullón Ballesteros, La conmutación del usufructo legal del cónyuge viudo, 17 Anuario de Der. Civil 583, 618-619 (1964). En el presente litigio, no hubo controversia en torno a los ingresos y egresos del caudal durante los años anteriores a la solicitud de conmutación. Se estipuló, por el contrario, que “[l]as cuentas trimestrales y la cuenta final rendida por el Administrador Judicial . . . reflejan adecuadamente los ingresos y egresos de la sucesión y el inventario existente al fallecimiento del causante y el inventario actual de la herencia”. (Exhibit 12.) Así pues, como no hay controversia en torno al beneficio generado por los bienes durante el usufructo, es lo más ajustado a derecho que se proceda, sencillamente, a determinar cuánto se le debió entregar a doña Yvonne de esos beneficios en exceso de la renta de $300 mensuales dispuesta por su marido en testamento. Se trata de una liquidación ordinaria de cuentas. No era necesario acudir a método alterno alguno para determinar las sumas que tenía derecho a devengar doña Yvonne durante la duración del usufructo. Erró el tribunal sentenciador en su proceder.

El Tribunal Supremo de España postula la doctrina de que la apreciación del “efectivo numerario de la cuota vidual cuando ... no exista acuerdo entre los interesados ... [es una] cuestión de hecho [no] impugnable en casación [cuando] no se demuestra error evidente”. Senten-cia del 5 de noviembre de 1913, 128 Jurisprudencia Civil 597, 617; Gullón Ballesteros, op. cit, pág. 610. El reclamo de error que la heredera hace con respecto a la valoración de los derechos de la viuda es en el presente caso inmerito-rio. Argumenta la heredera en apoyo de su contención que el tribunal de instancia debió tomar como base para estimar la cuota vidual el valor de los bienes en 1964. Contra los argumentos de la recurrente son contundentes los adelantados por José Luis Mezquita del Cacho en la pág. 292 de la monografía que antes citamos:

. . . nosotros nos inclinamos a la opinión de que la determi-nación de la equivalencia debe hacerse con referencia al momento de la conmutación, sin perjuicio de que el Juez introduzca cuantas modificaciones y correcciones aconseje la equidad. En primer lugar, esta solución se acomoda más a la doctrina clásica, romana, de los legados per damnationem, a los que se asemeja el legado legal de usufructo vidual. En segundo término, y sin perjuicio de admitir, además, toda clase de apreciaciones periciales sobre rendimientos poten-ciales, es evidente que la observación empírica es insuperable para conocer el margen neto de los beneficios del usufructo. En tercer lugar, esta solución es la única justa en el caso de que la evaluación se haga como capitalización, a los efectos del pago en efectivo, y resulta complejo e infundado esta-blecer una diversidad de criterios para cada caso. (Énfasis en el original; escolio suprimido.)

No se cometió el error apuntado.

Se queja la recurrente de que el tribunal sentenciador le ordenó satisfacer en efectivo - el valor conmutado del usu-fructo vidual. Apunta que el anteriormente citado Art. 765 del Código Civil concede a los herederos la facultad de escoger, entre las alternativas legales, aquélla que más les convenga. Concluye, por tanto, que el tribunal debió permi-tirle “al menos negociar con la viuda la forma de pago”. No tiene razón.

Ha sostenido el Tribunal Supremo español que, procediendo la conmutación y ante el desacuerdo de herede-ros y viudo, el Art. 765 del Código Civil confiere al tribunal autoridad para decidir “la forma de pago que estime más equitativa y justa de las que la ley establece”. Sentencia del 28 de junio de 1962, XXIX-II Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, núm. 3094, pág. 2125. Véase J. Puig Bru-tau, op. cit, 2da ed., pág. 145. La propia heredera, que solicitó la conmutación, no proveyó al tribunal un catálogo de bienes que a su juicio fueren propios para el saldo del valor de la conmutación. Es en moción de reconsideración donde levantó por primera vez la cuestión, sin todavía apuntar qué bienes sugiere como apropiados. Más aún, el tribunal sentenciador concluyó que la viuda es señora de muy avanzada edad. Por tanto, la propuesta de la heredera de “entrar en negociaciones” claramente le perjudica. Ac-tuó correctamente la sala de instancia a la luz del derecho aplicable y de las circunstancias del caso, al disponer que la conmutación del derecho de doña Yvonne se satisfaga en efectivo.

Pasamos a considerar la terminación de la adminis-tración judicial. Siendo evidente que las gestiones del administrador judicial en este caso serán necesarias, al menos hasta tanto se liquide la cuota vidual de doña Yvonne, el tribunal a quo actuó dentro de su prudente dis-creción al negarse a dar por terminada la administración. No intervenimos con su juicio.

La solución del caso de autos ha padecido ya de dilación excesiva. Este tipo de recursos, por su naturaleza, debe ser objeto de pronta solución. Gullón Ballesteros, op. cit., pág. 603. En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que sólo resta por dilucidar, primero, la liquidación de los derechos de la viuda a la luz de las cuentas indisputadas del adminis-trador durante los años de usufructo; y segundo, el valor de su usufructo futuro, sin acumular la renta vitalicia con el mismo (véase el escolio 3), deberá el tribunal sentenciador recibir en plazo expedito la ilustración que sea necesaria para esos fines y ajustar la sentencia correspondiente. Para que así se proceda, se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado.

       Dispone así:
      “Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignán-dole una renta vitalicia, o los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo, y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.
      “Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte de usufructo que corresponda al cónyuge viudo.”

      E1 cómputo se hizo del siguiente modo: doña Yvonne tenía, a la muerte de don Fernando, una expectativa de vida de 17.9 años. Así pues, el tribunal deter-minó que el valor a diciembre de 1964 de una renta de $300 mensuales por 17.9 años era $30,181.84.
      Asimismo estimó qué valor tenía a esa fecha el derecho de la viuda sobre el caudal relicto. El caudal estaba valorado en $475,621.32. Correspondía a doña Yvonne la mitad del mismo ($237,810.66) en calidad de usufructo. Tomando como rédito razonable un 6% anual ($14,268.64), el tribunal estimó el valor, a 1964, del derecho de doña Yvonne sobre el mismo en $119,626.05.
      Sumados el valor de la renta vitalicia, el valor del derecho vidual sobre el caudal relicto y el legado de $10,000, obtuvo la cantidad de $159,807.89. Final-mente, el tribunal restó el monto de la contribución sobre herencias correspon-diente a doña Yvonne ($43,882.76) y obtuvo la cantidad de $115,924.83 (Exhibit 12.)

       La viuda tiene derecho de usufructo sobre la mitad de los bienes ($465,335) que, produciendo un 6% de rédito cada año ($27,920), representa un valor de $183,295.46. Véase el Art. 764 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2414.
      A esta última suma añadió el tribunal el valor a diciembre de 1978, de la renta vitalicia de $300 mensuales que por 8.6 años debía recibir doña Yvonne ($23,634). La suma de estas dos partidas arroja el saldo de $206,929.46.

       Dispone así:
      “El heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma.”

       Luego de hacer la institución de herederos, donde no se mencionó a doña Yvonne, el testador dispuso como sigue:
      “Es mi deseo establecer para beneficio de mi antes nombrada esposa una renta vitalicia de TRESCIENTOS DOLARES ($300.00) mensuales que mis herederos pagarán con cargo a los bienes de mi herencia que se adjudiquen, comenzando el pago de dicha renta vitalicia a partir de la fecha en que puedan disponer de las rentas o réditos de mis bienes hereditarios y de igual manera lego a favor de mi propia mencionada esposa la suma de DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00) en efectivo que mis herederos pagarán a dicha legataria preferente-mente y tan pronto como puedan.” (Exhibit 2.)

       Como vimos antes, en el escolio 2, la ilustrada sala de instancia retrotrajo la conmutación hasta la fecha de la muerte del causante y determinó cuánto debió entregársele a doña Yvonne de haberse hecho la conmutación entonces. Aparte de las deficiencias en que incurrió el tribunal recurrido al sumar todos los págos parciales hechos a modo de “adelantos” durante 14 años de usufructo y darle el valor de dinero al 1979, la operación era innecesaria a falta de controversia sobre la realidad operacional de los bienes durante el usufructo.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Fermina Negrón De León, Pedro Ortiz Rodríguez y Brígida Ramos Ramos, demandantes y apelantes, v. Héctor Rafael Orozco Rivera, La Policía de Puerto Rico, y El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandados y apelados.

      Número: O-82-620

      Resuelto: 12 de enero de 1983

      Roberto Buso Aboy, abogado de los recurrentes; Miguel Pagan,

      Procurador General Interino, y Gerardo Mariani Padilla, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos que dan lugar a esta acción de daños y per-juicios promovida por la viuda y los padres de Benjamín Ortiz Ramos, muerto a tiros por el policía Héctor Rafael Orozco en el cuartel de Aguas Buenas están resumidos por la sala de instancia así:

La prueba que tuvo ante sí el Tribunal fue que Benjamín Ortiz Ramos y Héctor Rafael Orozco Rivera sostuvieron una discusión acalorada en una carretera de Aguas Buenas por motivos personales de ambos y mientras el último se hallaba fuera de servicio y en gestiones totalmente ajenas al servicio público. En dicho lugar se insultaron y se profirieron mutuamente palabras obscenas.
El Sr. Benjamín Ortiz fue a querellarse al Cuartel de la Policía de Aguas Buenas, y estando allí llegó el policía Orozco quien informó que había tenido problemas con un individuo y al ver allí a Benjamín Ortiz lo señaló como la persona a quien se estaba refiriendo. En esos momentos sólo hubo un inter-cambio de palabras (es importante señalar que en ningún momento hubo en el retén forcejeo alguno o intento de agresión por alguna de las partes, según la prueba desfilada).
En esos momentos el Sargento Pérez dijo que por tratarse de un guardia tenía que encargarse de la investigación del caso un sargento. El sargento Alcázar se hace cargo de la investigación e inmediatamente procede a separar del sitio del retén a los querellantes, llevándose consigo al Policía Orozco a un cuarto aparte el cual se utiliza para hacer las investigaciones y comienza [a] hacer la misma. A todo esto, Benjamín Ortiz permanece afuera en el retén.
Mientras estaba el Sargento Alcázar haciendo la investi-gación de lo sucedido, llama al Sargento Pérez y cuando el Sargento Pérez va entrando al cuarto detrás de él, sin haberlo llamado nadie, fue Benjamín Ortiz e inmediatamente le repite unas palabras obscenas [] al policía Orozco y éste rápi-damente sacó su revólver y le disparó hasta ocasionarle la muerte.
Es importante señalar que de la prueba desfilada se esta-bleció que el día de los hechos que dan origen a la demanda, el policía Orozco se encontraba fuera de sus funciones como Policía y que estaba reportado enfermo y bajo tratamiento médico hacía varias semanas.

El pleito de daños y perjuicios contra el policía Orozco y su empleador el Estado Libre Asociado fue a juicio y al terminar la presentación de prueba por la parte deman-dante, el Gobierno formuló moción de insuficiencia (non-suit) basada en el consentimiento limitado del Estado para ser demandado que deja fuera actos intencionales de natu-raleza criminal de sus funcionarios que ni fomentan ni sirven a sus intereses. Jiménez v. El Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961). El Tribunal Superior desestimó la demanda por entender que la reclamación estaba circunscrita al acto criminal del agente Orozco y absolvió perentoriamente al Gobierno de responsabilidad por los graves daños causados a los demandantes. Éstos interpusieron recurso de revisión al que este Tribunal proveyó el 4 noviembre, 1982 con orden al Gobierno para mostrar causa por la que no deba revo-carse la decisión recurrida “considerando que hubo negli-gencia del Estado en no proveer la necesaria seguridad y protección al ciudadano querellante Benjamín Ortiz para impedir el previsible resultado de violencia en que perdió la vida dicha persona en el propio Cuartel de la Policía”.

El escrito-contestación del Estado evade la cuestión señalada, concentra su argumento en defensa de la consti-tucionalidad de la Ley que autoriza pleitos contra el Estado y a tal punto rindió su posición ante el ataque de los deman-dantes a la resolución recurrida basado en previsibilidad e incumplimiento del deber de cuidado en la Policía para con el ciudadano Ortiz Ramos, manifiesta en alto relieve en la declaración jurada del sargento Alfredo Pérez presen-tada en evidencia y que no impugna el Estado.

La causa eficaz y determinante de la muerte de Benjamín Ortiz Ramos es una compuesta por el acto afirmativo del policía Héctor Rafael Orozco al disparar el revólver contra su antagonista, y por la omisión negligente de los miembros de la Policía a cargo de la seguridad y orden en el cuartel de Policía de su deber de evitar la confrontación directa entre estas personas y de proteger a un ciudadano quejoso que allí acudió desarmado en busca de reparación de agravio, de la reacción del guardia querellado a quien se mantuvo en posesión de su arma de reglamento. Del acto criminal del policía no responde el Estado ya que el Art. 6(d) de la Ley Núm. 104 de 29 junio, 1955 (32 L.P.R.A. sec. 3081(d)) excluye la acción civil de daños y perjuicios por acto de funcionario constitutivo de agresión u otro delito contra la persona; y por no percibirse en el acto en sí de dar muerte preponderancia de un elemento de negligencia sobre el de conducta criminal que abriría paso a indemnización por el Estado bajo la doctrina de Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979). Sin embargo, el palio de inmunidad no ampara la omisión negligente por la Policía del deber de proteger la vida en el cuartel.

Hubo esa omisión negligente separada y distinta de la agresión, por parte de los miembros de la Policía que atendieron la queja e iniciaron una investigación en el propio cuartel sin tomar las medidas de elemental prudencia y cautela dentro de las circunstancias con lo cual se quebró la garantía de seguridad, y se incumplió la obligación de proteger la vida del querellante occiso aun de sus propios impulsos y acción inconsulta. Conocida la tirantez y hostilidad, y el estado de ánimo entre ciudadano y policía generados por el encuentro acabado de ocurrir y que se manifiestan vivas en el propio cuartel, era enteramente previ-sible para el hombre común, y en mayor grado para la Policía en contacto día tras día con la conducta violenta de sus intervenidos, una nueva explosión de violencia entre estas personas y la posibilidad de que el único armado de ellos respondiera a la provocación a tiros. En el hombre la pasión desbordada tarda más que el agua de creciente en retornar a su cauce. “La culpa consiste en la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso. [Cita omitida.] La diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano medio, el buen pater familias. Si el daño es previsible por éste hay responsabilidad.” Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 (1982).

El cuartel de Policía debe ser siempre reducto de máxima seguridad para quien allí busca asilo contra la per-secución o la corrección de un agravio. Es el centro de audiencia original, el primero en orden cronológico, que ha de responder al hombre en busca de justicia; donde se inicia la restauración y remedio al orden social perturbado por la conducta del querellado. Tiene por tanto una dignidad y debe proveer una garantía de trato justo que propiamente corresponde a la primera puerta que se toca en reclamo de justicia penal. Como la Policía es un cuerpo armado para mantener el orden y enfrentarse a la conducta violenta, su casa que es el cuartel debe no sólo representar, sino efecti-vamente ofrecer al pueblo a quien sirve, óptimas condi-ciones de seguridad. La muerte de un ciudadano desar-mado, en terrible desigualdad, a manos de un policía y ejecutada en el propio cuartel, estremece la conciencia ci-vilizada, y es mancha en nuestra cultura dirigida por un avanzado orden constitucional de reverencia por la vida y todos los demás derechos fundamentales del hombre.

Con conocimiento, o simplemente con razonable sospecha, de que el policía contra quien se quejaba el ciudadano estaba armado dentro de un recinto donde era mínima la distancia entre uno y otro, en su propia protección, y en la de probables víctimas de la violencia, sería inconcebible que el oficial a cargo de la investigación no tome las medidas necesarias para determinar si en efecto alguien porta un arma y así extirpar la amenaza de daño físico. Cf. Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 24 (1967).

La falta de diligencia de la Policía en desarmar al querellado abrió vía y oportunidad a su violencia criminal. “Hay situaciones en las que una responsabilidad especial descansa en el demandado para protección del demandante, o en que una especial tentación y oportunidad de conducta criminal facilitada por el demandado, le impondrán el deber de tomar precauciones contra su ocurrencia.” Esa responsabilidad especial se concreta si el demandado está en posición de controlar al propio ofensor y se le considera en la obligación de contenerlo, y la misma se extiende a cualquier persona perjudicada por su falta de ejercicio de cuidado razonable. William L. Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4ta ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1971, págs. 174-175.

Sin embargo, no estuvo el causante de los demandantes totalmente libre de culpa en el desencadenamiento de hechos que desembocaron en su extinción. Como era ente-ramente predecible en su estado de cólera, él no se mantuvo quieto en el área de retén donde aguardaba por el curso de la investigación, y por el contrario caminó sin restricción la corta distancia que le separaba de la habitación donde se interrogaba a su adversario y en un descuido del sargento Pérez llamado por el policía Orozco entró allí y retó al po-licía querellado a que le pegara un tiro si era guapo y estaba entre los suyos, palabras que pudieron ser factor exacerbante de la desproporcionada reacción de aquél. Aun dominado el panorama total del caso por la crasa negligen-cia de la Policía que viabilizó el episodio final de conflicto en que las balas acallaron las palabras, la prueba hasta ahora establece un caso prima facie de negligencia compa-rada entre la responsabilidad del Estado y la atribuible a la iniciativa imprudente de la víctima.

Con estos antecedentes y fundamentos ha de expedirse el auto, revocar la sentencia revisada y devolver el caso a instancia para continuación de procedimientos compatibles.

      No hay tal elemento de obscenidad si nos referimos al testigo presente Sgto. Alfredo Pérez que en su declaración narra: “En esos momentos el Pol. Orozco me llama para que pasara al Cuarto de Informes y cuando voy caminando hacia el cuarto, Benjamín aprovecha y se me viene detrás y volvió a repetirle al guardia Orozco que éste era guapo porque estaba entre los suyos y su gallinero pero que no se atrevía pegarle un tiro con ese casco de revólver. Orozco hace uso de su revólver y le hace varios disparos a Benjamín.”

      Los demandantes formulan correctamente la relación causal entre negli-gencia de la Policía y la muerte del querellante a las págs. 6 y 7 de su solicitud de revisión al expresar:
      “Los hechos ante este Honorable Tribunal demuestran claramente que la po-licía de Puerto Rico, en el Cuartel de Aguas Buenas, tenía conocimiento del alter-cado que había ocurrido entre Benjamín Ortiz y Héctor Orozco, antes de llegar estas personas al Cuartel. Además, tenían conocimiento de la queja formulada por Benjamín Ortiz, a los efectos de que Héctor Orozco le había encañonado momentos antes con un arma de fuego. También sabían que Orozco estaba armado. Ben-jamín Ortiz no estaba armado. En adición a esto, en el propio Cuartel y en presen-cia de los policías que han testificado, tanto por la parte demandante como por el Estado Libre Asociado, comenzaron una vez más el altercado. La policía no tomó la acción razonable para evitar un daño obviamente previsible. Cuando menos, requería desarmar a Orozco, quien no solamente estaba peleando dentro del Cuar-tel, sino que había sido acusado de encañonar a la persona con quien peleaba momentos antes de llegar al Cuartel. Además, al separar a las personas, no tomaron medidas que evitaran la reunión de los mismos, a pesar de su estado de ánimo. No hay que ser más que un hombre promedio para poder prever que en una situación de esta naturaleza existe la posibilidad real de que se utilizara el arma de fuego por parte de Orozco y que la verdadera medida de prudencia era desarmarlo en el Cuartel.”

       Dice así:
      “Hoy 4 de enero de 1978, hora 11:20 A.M. se personó al Cuartel de la Policía de Aguas Buenas el ciudadano Benjamín Ortiz Ramos c/p Choby, a querellarse de que un individuo le había apuntado con un revólver. En esos momentos hace pre-sencia en el Cuartel el Policía Héctor Rafael Orozco a informar que había tenido problemas con un individuo el cual le había dicho cabrón frente a su esposa. Benjamín reconoce al guardia como que fue la persona que le había encañonado con un revólver; y el Policía Orozco reconoce a Benjamín como la persona que momentos antes le había dicho cabrón delante de su esposa. Surge un intercambio de palabras; Benjamín le dice a Orozco ‘tú me apuntaste con el revólver pero no eres macho para usar ese casco de revólver.’ Intervengo y paro la discusión y le digo al Sgto. Manuel Alcázar 8-89 ‘que tratándose de un guardia un sargento tenía que hacerse cargo de la investigación, y éste me dijo que él se haría cargo de la misma. El Sgto. Alcázar pasa al Pol. Orozco al Cuarto donde se confeccionan los informes en unión a su esposa, su padre Heriberto Orozco y de un menor. Yo me quedo en la parte del frente de la mesa de retén para tratar de que las partes no volvieran a reanudar la discusión. En esos momentos el Pol. Orozco me llama para que pasara al Cuarto de Informes y cuando voy caminando hacia el cuarto, Ben-jamín aprovecha y se me viene detrás y volvió a repetirle al guardia Orozco que éste era guapo porque estaba entre los suyos y su gallinero pero que no se atrevía pegarle un tiro con ese casco de revólver. Orozco hace uso de su revólver y le hace varios disparos a Benjamín.”

      “Hay responsabilidad únicamente si el demandado es negligente al no tomar medidas contra el posible crimen, si el riesgo previsible es mayor que el de tipo común y corriente.” William L. Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4ta ed„ St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1971, págs. 175-176.