text:
    María Rosa Buxó, demandante y recurrente, v. Álvarez & Zavala, Inc., demandada y recurrida; María Rosa Buxó, demandante, v. Álvarez & Zavala, Inc., demandada; Rodríguez Pórtela & Co., Inc., interventora y recurrente, Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Departamento del Trabajo, Negociado de Seguridad de Empleo), interventor y recurrido.

      Números: R-75-18
    R-75-19

      Resueltos: 9 de marzo de 1976

      L. Morales Contreras y Rosario Morales Señeriz, abogados de María Rosa Buxó; Rafael L. Franco García, abogado de Ro-dríguez Pórtela & Co., Inc.; Jorge Soto Marrero, Ana L. López Vélez y Ovidio Quesada Santiago, abogados del Negociado de Seguridad de Empleo, Departamento del Trabajo, Estado Libre Asociado; Álvarez & Zavala, Inc., no compareció.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Desde los albores del siglo que ya alcanza sus postrimerías, reconocimos en Puerto Rico que es hipoteca legal tácita la dimanante de “la contribución impuesta sobre la propiedad real del contribuyente o sea sobre los bienes inmuebles, [y] constituye un gravamen, lo que en el lenguaje jurídico significa una verdadera carga real, que pesa sobre los bienes cualquiera que sea su poseedor.” Sucesión Romero v. Willoughby, 10 D.P.R. 71, 77 (1906); Schroder v. Ayuntamiento de Mayagüez, et al,; 7 D.P.R. 1, 5 (1904). Y en Cueto v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 244, 247-248 (1927) expusimos que “ [p] or ser fundamento de la Ley Hipotecaria la publicidad y la especialidad de los gravámenes en la propiedad inmueble quedaron suprimidos por ella todos los gravámenes ocultos, quedando sólo como hipoteca tácita legal la preferencia que la misma ley en su artículo 218, enmendado en 1907, concede al Pueblo de Puerto Rico. . . .” Posteriormente reafirmamos dicha doctrina en Riera v. Registrador, 57 D.P.R. 673, 677-678 (1940).

Jurídica e históricamente esta hipoteca tácita, “. . . hace o surte efectos sin necesidad de acto constitutivo especial alguno, ni de inscripción. Es un residuo, mantenido, con fundamento, vigente, del antiguo régimen de clandestinidad hipotecaria.” Roca Sastre, IV-2, Derecho Hipotecario, pág. 917 (Sexta Edición). Contrario a otras hipotecas legales, no necesita inscripción de título para su constitución por ser automática o de lege. La justificación de que se exceptúe de este requisito — según Roca Sastre, haciéndose eco de autores tales como Gayoso, Morell, Beraud y Lezón “[. . . descansa en que] existiendo ella de pleno derecho y por el solo ministerio de ley, no es lícito a nadie ignorar lo que ésta dispone, pues basta la publicidad que la ley lleva consigo. Por tratarse de una hipo-teca que grava todos los inmuebles de la Nación no es posible prácticamente someterla a inscripción para cada uno de ellos; todos los propietarios, y cuantos quieran serlo, saben que debe pagarse la contribución impuesta sobre las fincas y no cabe exigir mayor publicidad. Serían enormes los gastos que supon-dría registrar estas hipotecas.” Op. cit., págs. 917-918.

Las disposiciones de ley que otorgan a la hipoteca legal tácita características de un “crédito singularmente privile-giado”, en lo que es aquí pertinente, son las siguientes:

Ley Hipotecaria, Art. 168:

“Se establece hipoteca legal:

5. En favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la correspondiente municipalidad sobre los bienes de los contribu-yentes por el importe de las contribuciones de las tres últimas anualidades y la corriente no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.” (30 L.P.R.A. see. 292.)

Código Político, Art. 315:

“. . . La contribución que se impusiere por el corriente año económico y por los tres años económicos anteriores sobre cada finca o parcela de propiedad inmueble e, inclusive, sobre cuales-quiera mejoras que en ella existan o que posteriormente se hi-cieren en la misma, constituirá el primer gravamen sobre dicha propiedad, el cual tendrá prelación sobre cualesquiera otros gravámenes sobre dicha finca o parcela de cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen éstos sobre ella antes o después que el gravamen determinado por dicha contribución.” (13 L.P.R.A. see. 462.)

Código Civil, Art. 1823:

“Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:

1. Los créditos a favor 'del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de la correspondiente municipalidad, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de las tres últimas anualidades, y la corriente no pagada, de las contribuciones que graviten sobre ellos.” (31 L.P.R.A. see. 5193.)

Ley de Contribuciones (Núm. 14 de 24 de agosto de 1933) :

“Por la presente se declaran gravámenes preferentes a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro concepto, los créditos hipotecarios y los créditos refaccionarios, con excepción de las contribuciones sobre la propiedad gravada por tres años y la anualidad corriente.” (13 L.P.R.A. see. 361.)

Y reafirmativo del principio rector de derecho inmobiliario de que toda hipoteca, aun las legales, tiene que ser inscrita para tener efectividad prospectiva frente a terceros, la Ley Núm. 14 de 24 de agosto de 1933 dispone:

“Las contribuciones impuestas por la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, según ha sido enmendada, las contribu-ciones de rentas internas de todas clases, incluyendo las impues-tas sobre alcoholes y bebidas embriagantes, la contribución sobre herencias y donaciones, la contribución denominada ‘Impuesto de la Victoria’, las cuotas de indemnizaciones a obreros, las primas al Fondo del Seguro del Estado y las compensaciones por acci-dentes del trabajo, así como los recargos, penalidades e intereses adicionales a dichas contribuciones, cuotas, primas o compensa-ciones, serán cobradas por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico mediante el mismo procedimiento de apremio establecido por la ley para el cobro de contribuciones sobre la propiedad, pero el embargo que para el cobro de las anteriores contribu-ciones, cuotas, primas o compensaciones y sus recargos, penali-dades e intereses se practique sobre los bienes inmuebles o dere-chos reales, solamente tendrá preferencia desde la fecha de su inscripción en el registro y únicamente sobre gravámenes y cargas posteriores a dicha fecha. Tan pronto cualesquiera de dichas con-tribuciones, cuotas, primas o compensaciones haya sido impuesta y sin que sea necesario dejar transcurrir el período que conceden las leyes para pagar ni proceder antes a embargar o intentar embargar bienes muebles, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico podrá ordenar al colector o colectores de rentas internas correspondientes que procedan a embargar y a anotar en el regis-tro de la propiedad embargo preventivo sobre bienes inmuebles o derechos reales que figuren a favor del deudor, para asegurar el pago de la citada contribución, cuota, prima o compensación, más una cantidad razonable para los recargos, penalidades e intereses en que hubiere incurrido o pudiere incurrir el deudor. El registrador de la propiedad al recibir la notificación del embargo tomará nota de la misma al margen o a continuación de las inscripciones de las fincas o derechos reales del contribuyente; Disponiéndose, que si de conformidad con esta sección el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se adjudicare para el cobro de dicha contribución, cuota, prima o compensación y sus recargos, una propiedad inmueble sujeta a un gravamen anterior, el dueño de tal gravamen podrá ejecutarlo contra dicha propiedad ha-ciendo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico parte demandada en el procedimiento que se siga, para lo cual el Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga su consentimiento.” (13 L.P.R.A. see. 365.) Énfasis suplido.

No obstante el derecho vigente antes reseñado, al declarar con lugar una acción sobre ejecución de hipoteca iniciada por la recurrente María Rosa Buxó — acreedora de un pagaré hipotecario al portador otorgado el 31 de diciembre de 1966 por la demandada Alvarez & Zavala, Inc., e inscrito en el Registro de la Propiedad desde el 27 de febrero de 1967, con un valor nominal de $47,952.07 y del cual se le adeuda la suma de $20,474.43 más los intereses, costas y honorarios de abogado — el Tribunal Superior, Sala de Caguas, dictaminó que las contribuciones adeudadas por un patrono (Alvarez & Zavala, Inc.) al seguro por desempleo establecido bajo la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada (29 L.P.R.A. see. 701 et seq.), constituía un gravamen preferente^ garantizado por una hipoteca legal tácita, y que por lo tanto, la reclamación del interventor recurrido Secretario del Trabajo tenía prelación sobre dicha primera acreedora hipotecaria y demás embargos anotados previamente en el Registro sobre una finca propie-dad de Alvarez & Zavala, Inc.

La sentencia se produjo al estipularse, en adición a la certeza del crédito hipotecario reclamado, la existencia de varios embargos anotados a favor de las siguientes personas jurídicas: Banco Crédito y Ahorro Ponceño por la suma de $131,184.83 de fecha 24 de febrero de 1970; Rodríguez Pórtela & Compañía por la suma de $30,000.00 de fecha 27 de febrero de 1970, quien intervino en primera instancia y es uno de los recurrentes; Banco de Ponee por la suma de $5,000 de fecha 3 de junio de 1970; y Negociado de Seguridad de Empleo a través de su interventor Secretario del Trabajo, por la suma de $18,356.51, de fecha 4 de junio de 1970. Fue basada en la tesis sustentada por el Secretario del Trabajo de que la Asam-blea Legislativa estableció, por conducto de las subsecciones 9 (c) y 9 (e) (3) de la Ley de Seguridad de Empleo, una hipo-teca legal tácita a favor del Estado por concepto de contribu-ciones por desempleo.

Tales disposiciones, en lo pertinente, leen:

“ (c) Orden de preferencia para reclamaciones:—

Excepto lo dispuesto más adelante en este inciso, cualesquiera reclamaciones por concepto de contribuciones, intereses o penali-dades, que se deban o acumulen bajo este Capítulo, serán paga-deras íntegramente con preferencia a cualesquiera otras reclama-ciones incluyendo las reclamaciones por concepto 'de otras contri-buciones o cantidades adeudadas al gobierno de Puerto Rico. Cuando existieren reclamaciones por contribuciones, intereses o penalidades y reclamaciones por salarios, contra el mismo pa-trono, el orden de preferencia, entre dichas reclamaciones y otras reclamaciones será el siguiente no obstante cualesquiera otras disposiciones consignadas en las leyes de Puerto Rico:

(1) aquellas reclamaciones por salarios, a excepción de remu-neración a funcionarios ejecutivos o administrativos de corpora-ciones, hasta la suma de $250 para cada trabajador devengados dentro de seis meses del comienzo de los procedimientos, o de la fecha en que se adoptare un arreglo que no hubiere sido ordenado judicialmente para la distribución del capital de un patrono;

(2) aquellas reclamaciones por contribuciones, intereses o penalidades adeudadas o acumuladas bajo este Capítulo; y

(3) otras reclamaciones en orden de preferencia según se disponga por otras disposiciones legales.

(e) Computaciones:—

(3) Si un patrono dejare de pagar la cantidad que hubiere sido computada de acuerdo con esta sección, el Secretario podrá radicar en la sala del Tribunal Superior de aquella jurisdicción donde el patrono tenga su oficina principal, un certificado bajo su sello oficial haciendo constar el nombre del patrono, su dirección, la cantidad que le ha sido computada por concepto de contribu-ciones e intereses adeudados y la cantidad de cualesquiera penali-dades impuestas y radicará copia de dicho certificado en la sala del Tribunal Superior de cualquier jurisdicción en que dicho pa-trono posea propiedad mueble o inmueble; debiendo los secre-tarios de las respectivas salas hacer constar en el libro de sen-tencias mediante Acta el nombre del patrono que figura en el certificado, la cantidad computada y adeudada de contribuciones, intereses o penalidades y la fecha en que dicho certificado fuere radicado. Cuando la referida Acta de Sentencia haya sido debida-mente registrada, la cantidad del cómputo constituirá un gravamen sobre todos los derechos del patrono, legales o equitativos, con respecto a cualquier propiedad, mueble o inmueble, tangible o intangible situada en la jurisdicción donde el certificado o una copia del mismo hubiere sido radicada. Para determinar la prela-ción del gravamen así constituido, se seguirá el mismo orden de preferencia que dispone la subsec. (c) de esta sección. Ningún gravamen por concepto de contribuciones, intereses o penalidades será válido contra una persona que adquiera por compra propie-dad mueble del patrono en el curso usual del negocio, de buena fe y sin tener conocimiento legal de la existencia de dicho gravamen. Dicho gravamen podrá ser ejecutado por los alguaciles del Tribunal Superior o previa notificación a dicho tribunal por cual-quier funcionario o empleado del Negociado de Seguridad de Empleo que el Director designe sobre cualquier propiedad mueble o inmueble en la misma forma que una sentencia del Tribunal Superior debidamente registrada; Disponiéndose, que en la ejecu-ción de dicho gravamen el funcionario o empleado designado tendrá los mismos poderes y facultades conferidos por ley a los alguaciles del Tribunal Superior, incluyendo la facultad de dili-genciar mandamientos de embargo y ejecución de sentencias, em-bargando y vendiendo bienes muebles e inmuebles de los deudores en dichas sentencias, anunciando las subastas, haciendo las noti-ficaciones y otorgando las escrituras de traspaso, actas, certifi-cados de diligenciamiento y demás documentos que sean propios de estos actos y realizando cualquier otra actividad de las que corrientemente realizan los alguaciles del Tribunal Superior en casos 'de esta naturaleza. Disponiéndose, además, que cualquier embargo de bienes o ejecución de sentencia podrá hacerse con o sin incautación de dichos bienes, bastando para ello con que se notifique al deudor sobre los bienes embargados, dándole una re-lación escrita de éstos y notificándole que no podrá usar, enajenar, gravar, alterar, remover o de otro modo disponer fie los mismos hasta tanto el tribunal provea lo contrario; y cualquier uso, gravamen, enajenación, remoción u otra disposición de dicha propiedad que se haga en ausencia de una orden judicial que lo permita, será considerada como absolutamente nula e ineficaz. En adición a cualquier otra penalidad provista en la see. 714 de este título, el patrono que dejare de cumplir con esta disposición podrá ser castigado por desacato.” (29 L.P.R.A. sec 709(c) y (e).)

Concluimos que el tribunal de instancia erró al estimar la existencia de una hipoteca legal tácita. Ni del lenguaje de las disposiciones transcritas, ni de su historial legislativo se desprende una hipoteca legal tácita análoga a la que pesa, ex proprio vigore, por contribuciones territoriales sobre todo bien inmueble en nuestro país en virtud de la Ley Hipotecaria y demás leyes mencionadas.

Primeramente, el orden de preferencia que establece la subsección 9 (c) se refiere a reclamaciones, no a gravámenes. Esto significa que la reclamación del Secretario goza de prioridad respecto a cualesquiera otros acreedores no ase-gurados pero no frente a acreedores cuyo crédito consta en hi-poteca previamente inscrita o mediante embargo debidamente anotado.

Su lenguaje es con referencia a contribuciones en términos generales, lo cual no es suficiente para abarcar a las contribuciones territoriales, las cuales han recibido históricamente un tratamiento especial, de carácter privilegiado, y están protegidas por una garantía real en orden a los fundamentos expuestos al inicio de esta opinión. Frente al principio de hermenéutica de que las contribuciones no constituyen un gravamen tácito, sobre determinada propiedad a me-nos que el estatuto lo diga expresamente no podemos por fiat judicial reconocer hipotecas donde no las hay; Banco Popular v. Ramírez, 57 D.P.R. 618 (1940) y Martínez v. Sancho Bonet, Tes., 53 D.P.R. 553 (1938), máxime que cuando el legislador ha establecido una hipoteca legal tácita, se ha expresado en términos claros e inequívocos.

En segundo lugar, la regla general de que toda hipoteca legal creada en protección de ciertas personas e intereses requieren para su eficacia, que se constituyan mediante la correspondiente inscripción — Art. 159, Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 283) — milita contra el dictamen del tribunal de instancia.

En tercer lugar, el texto- de la subsección 9 (e) (3) de la ley no da margen a la interpretación de la sala sentencia-dora. Crea un gravamen sui generis que surge cuando el Acta de Sentencia ha sido debidamente registrada. Para determinar la prelación de este gravamen así constituido su lenguaje nos remite a la subsección 9(c), la cual no tiene otro efecto que reafirmar el orden de preferencia respecto a cualesquiera otras reclamaciones. Su propósito es proveer un método rápido de obtener una sentencia, otorgar un carácter preferente al crédito del Secretario, y diligenciar rápidamente su ejecu-ción. Aparentemente, la inclusión del vocablo “gravamen”, el cual de ordinario implica la existencia de un derecho real, genera cierta confusión; ahora, en el contexto de la ley y a la luz de los principios que informan nuestro derecho inmobi-liario nos vemos compelidos a resolver que dicho crédito pre-ferente no recae o afecta automáticamente bienes inmuebles y sólo si gana acceso al Registro de la Propiedad podía con carácter prospectivo, adquirir preferencia sobre otros crédi-tos y contribuciones no territoriales.

Finalmente, aun cuando reconocemos la importancia de la Ley de Seguridad de Empleo, no estamos autorizados a ignorar los principios cardinales de nuestro derecho inmobiliario re-gistral de publicidad y especificación de gravámenes en cada una de las fincas afectadas por las mismas, destruyendo la certeza y seguridad de los créditos hipotecarios y por embar-gos que encuentran cabida registral.

Se dictará sentencia modificando la del Tribunal Superior, Sala de Caguas, fechada S de diciembre de 197U, conforme los pronunciamientos previamente expuestos.

      Roca Sastre: op. cit., pág. 810.

       Mediante la Ley Núm. 125 del 23 de julio de 1974 todas las dispo-siciones de ley aquí citadas fueron enmendadas a los fines de aumentar el término del gravamen de tres (3) a cinco (5) años.

       Hemos examinado cuidadosamente las versiones originales y los. debates habidos en tomo a la Ley especial que nos ocupa, y sus sucesivas, enmiendas, y no existe el más mínimo asomo de que la Asamblea Legisla-tiva intentara darle a la misma el alcance que le dió el tribunal sentenciador..

      Es interesante notar que la Sec. 9(c) de la Ley Núm. 139 de 26'-de junio de 1968 — Ley de Beneficios por Incapacidad — sigue un texto aná-logo al de la See. 9 (e) que nos ocupa, pero su título se refiere a Prioridad en el Pago de las Contribuciones. (11 L.P.R.A. see. 209.)

       Compárese el siguiente texto del Art. 3 de la Ley Núm. 111 de 22 de junio de 1961, en que el legislador reafirma el principio de inscripción registral y lo excepcional de un crédito hipotecario:
      “(b) Los salarios que devenguen los trabajadores de la obra gozarán de preferencia absoluta, en cuanto al pago, sobre las demás deudas del contratista, a excepción de los créditos hipotecarios sobre determinados bienes inmuebles o muebles o derechos reales del deudor, inscritos en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la fecha en que el salario hubiere sido devengado, y a excepción de las contribuciones que el contra-tista pueda adeudar al Estado Libre Asociado o a sus municipios.” (29 L.P.R.A. see. 197.)


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Rolón Marxuach, acusado y apelante.

      Número: CR-68-202

      Resuelto: 10 de marzo de 1976

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del ape-lante; Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   per curiam:

El acusado fue juzgado por tribunal de derecho y convicto el 15 de febrero de 1968 por los delitos de ataque para cometer asesinato e infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Pronunciado el fallo se produjo la siguiente alocución del juez al Lie. César Andréu Ribas, abo-gado del apelante:

“Hon. Juez:
Bien, conocido el fallo por el compañero .de la Defensa, quiere llevar al récord alguna cuestión?
Defensa:
No. V.H., yo respeto el criterio de S.S. No tengo ningún comentario que hacer. Tenga usted la completa seguridad de que como abogado y en nombre de mi propio representado le tengo que decir a S.S. que este juicio se ha conducido con toda la im-parcialidad dándonos todas las oportunidades en ley para presen-tar y procurar nuestros testigos y aportar la prueba, y que con-tinúo y creo que me moriré teniendo de S.S. la misma opinión que he vertido aquí en el día de hoy.” T.E. Tomo III, págs. 132-33.

El 19 de febrero de 1968 el acusado fue sentenciado a penas concurrentes de 1 a 10 años de presidio en el caso de ataque para cometer asesinato, 1 a 5 años en el de Art. 8 de la Ley de Armas, y 1 año de cárcel en el de Art. 6 de la misma ley. Apeló y con ello obtuvo automáticamente el derecho a la transcripción de toda la prueba oral. Como no produjera su alegato después de numerosas prórrogas, desestimamos el recurso por abandono. Un nuevo abogado pidió la reinstalación fundando la petición en la grave enfermedad que durante una parte sustancial de la demora quebrantó la salud del defensor que representó al acusado en el juicio. Atendiendo esa razón y habiéndose traído finalmente moción fundada reinstalamos la apelación y concedimos plazo para alegato. El resultado ha sido decepcionante. El único y solitario señalamiento imputa error al juez de instancia porque no hizo “conclusiones de derecho y de hecho en el caso del acusado-apelante, para justificar que éste era culpable de los delitos que se le imputaron.” Pretende la Defensa injertar en nuestro proceso apelativo para casos criminales la práctica seguida en la jurisdicción federal or- , denada por su Regla 23(e) que provee: “En juicio celebrado sin jurado el tribunal hará una conclusión genérica [de culpabilidad], y de serle pedidas formulará determinaciones de hecho especiales . . . .” Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, Tomo 2, págs. 4 y 14, secs. 371 y 374, ed. 1969; Orfield, Criminal Procedure under the Federal Rules, Tomo 3, pág. 2. El señalamiento de error queda suspendido en el aire pues no hay regla que lo sostenga ni solicitud del acusado al efecto. En nuestras Reglas de Procedimiento Criminal no existe disposición que requiera del juez constituido en tribunal de derecho la formulación de determinaciones de hecho. Por tanto su ausencia en el caso en nada afecta la validez del fallo. Pueblo v. Acevedo Colón, 103 D.P.R. 501 (1975).

El costo social de esta apelación ha sido desproporcionado en horas de servicio público. destinadas a la sórdida labor de transcribir 471 páginas de récord inútil enajenando al taquígrafo de otras funciones de provecho y urgencia para la administración de justicia, y en tiempo adicional de funcionarios en los trámites hasta la decisión final. La defensa de acusados debe integrarse sin privilegios a los procesos vitales de la sociedad democrática, sin sacrificarla con recursos estériles. El derroche de tiempo útil en la provisión de justicia justificó plenamente la Regla 15 de nuestro Reglamento y fortalece la corriente reformista que ya apunta hacia una ulterior modificación del proceso apelativo que sujetaría la aceptación del recurso a discreción del tribunal de última instancia, método seguido en el procedimiento civil. Las apelaciones frívolas se encargarán de precipitar la poda de hojarasca exuberante que entorpece el curso procesal. Cf. Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 D.P.R. 96 (1975).

Se modificará la pena impuesta por infracción del Art. 6 de la Ley de Armas reduciéndola a seis meses de cárcel. Ley Núm. 9 de 7 de julio de 1971 (SU L.P.R.A. see. 1712); Arts. Ip y 12, Código Penal de 197U (S3 L.P.R.A. secs. SOOlp y SOlplp). Así modificada la de cárcel, ésta y las demás sen-tencias recurridas serán, confirmadas.

       Aquella situación primitiva fue superada por la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo que exige comprobación de la necesidad de dicha transcripción.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Vicente Rivera Pérez, etc., et als., demandantes y recurridos, v. Miguel Carlo Aymat, demandado y recurrente.

      Número: R-75-117

      Resuelto: 10 de marzo de 1976

      Enrique Báez Garda, abogado del recurrente; Ramos & Riera, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente Cario Aymat era dueño de un caballo de muy poca alzada del que se valía su capataz como medio alterno de una guagua para trasladarse de su casa a la finca de ganadería de su patrono. Un domingo el capataz le cedió el uso del pequeño caballo a su hijo quien se dirigió al parque atlético del barrio. Allí se encontró con jóvenes a quienes les ofreció o de alguna manera insinuó que podían dar una carrera en el caballito, si era de su agrado. El joven Melvin Velázquez Torres quiso montarlo y tuvo tal dificultad con las piernas que no llegó a acomodarse en la silla resultando que al arrancar el caballo y resbalar en el asfalto, cayó sobre el cuerpo del jinete quien falleció poco después.

Por entender que no hubo “culpa” de la víctima, la sala de instancia halló responsable al dueño del animal y le condenó a indemnizar en $27,500.00 a los familiares del occiso, sentencia contra la cual recurrió el demandado. Habiéndose elevado la transcripción de la evidencia oral y un escrito de los demandantes recurridos oponiéndose a la revisión, nos hallamos en conocimiento de la posición de ambas partes y en aptitud de expedir el auto y decidir de consuno. (Regla 50 del Reglamento.)

Declara y manda el Art. 1805 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5144) que el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe; y que sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.

Para resolver este caso no es necesario desmenuzar las variadas proyecciones de responsabilidad llamada sin culpa, de causalidad o de riesgo jurídico, que al propietario o usuario de todo animal impone dicho artículo por falta de vigilancia o en la mala elección, es decir in vigilando o in eligendo, toda vez que los hechos ubican la controversia dentro de una de sus dos excepciones: culpa del que sufrió el daño. En el contexto del Art. 1805 la voz “culpa” no siempre tiene una connotación activa censurable. Incluye el consentimiento a una situación que si bien se inicia como inocua e irreprochable tendrá luego un desenlace lesivo para quien consintió a ella.

El causante de los demandantes era un joven de catorce años, de normal desarrollo intelectivo que ya honraba la obligación de ganar su sustento como trabajador agrícola. De las determinaciones de instancia, sostenidas por la prueba cuya transcripción hemos leído, surge que usando su discerni-miento tomó la libre decisión de probar el caballo. Su acto es análogo al del viandante que irrumpe voluntariamente a cruzar frente a un vehículo sin tiempo para ganar la acera opuesta. En uno y otro caso el individuo se somete a con-secuencias imponderables.

Cuando el daño tiene su origen en acto voluntario del que lo sufre se rompe el vínculo causal entre el poseedor y su animal, y en tal caso deberá situarse a la víctima justo al comienzo del nexo por haber desencadenado con sus actos la secuencia fijadora de responsabilidad. Por presentar este caso como elemento dominante en la relación de per-sonas el consentimiento de la víctima que la prueba muestra intachable, ya que no fue contrario a prohibición legal o a las buenas costumbres o ineficaz por razón otra alguna, la antijuricidad queda excluida según la vieja máxima que reitera Puig Brutau, de volenti non fit iniuria. Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 2, Yol. 2, ed. 1956, pág. 673 y ss.; Castán Tobeñas, Derecho Civil, Tomo 4, Novena Edi-ción (1961), pág. 860. Colin y Capitant, al comentar el Art. 1385 del Código Civil Francés, concordante del 1805, aun cuando desprovisto de las excepciones que el nuestro predica en fuerza mayor o culpa del perjudicado, afirman que el demandado podrá librarse de responsabilidad probando “que el hecho le es extraño, la culpa de la víctima o de un tercero, o también el caso fortuito que haya producido el accidente.” Op. cit., Derecho Civil, Tomo 3o, Cuarta Edición, (1960), pág. 828. Revocada.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

       Regla 50, Reglamento del Tribunal Supremo.
      “En situaciones no previstas por este Reglamento el Tribunal encau-zará el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores intereses de todas las partes.
      “Queda reservada la facultad del Tribunal para en casos apropiados prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en orden al más justo y eficiente despacho del caso.”


text:
      In re Consulta del Secretario sobre inscripción de ratificación de poder en el Registro de Poderes de este Tribunal.
    Número:-

      Resuelto: 11 de marzo de 1976

      En este caso no intervinieron abogados.
   RESOLUCIÓN

Ante el notario Ramón Morán Loubriel compareció Robert H. Wahlert el 6 de junio de 1975 y otorgó las escrituras públi-cas núms. 14, 15 y 16 en las que representando como manda-tario verbal a su esposa Donna J. Wahlert; a los esposos David W. y Beate D. Wahlert; y a los esposos Charles E. y Jean L. Stoltz, respectivamente, entregó en fideicomiso al Banco Crédito y Ahorro Ponceño acciones comunes de la cor-poración Edelcar, Inc., pertenecientes a él y sus mandantes, para beneficio de los hijos de los fideicomitentes. Dichos man-dantes ratificaron lo así actuado por Robert H. Wahlert en tres documentos por todos ellos suscritos el 10 de junio de 1975 en Dubuque, Iowa, ante el notario Clifford M. Less, refren-dada la facultad de éste por certificación de Melvin D. Syn-horst, Secretario de Estado de Iowa.

Mediante su escritura núm. 17 otorgada en San Juan el 24 de junio de 1975 el notario Morán Loubriel protocolizó dichos instrumentos de ratificación otorgados en Iowa, y noti-ficó la protocolización al Registro de Poderes de este Tribunal en cumplimiento de 4 L.P.R.A. sees. 922 y 923.

El Secretario ha detenido la anotación en el Registro de Poderes y elevado consulta al Juez Presidente por entender que el documento de protocolización no debe tener acceso al Registro de Poderes invocando la letra de la See. 4 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 923) que copiamos:

“See. 923. Instrumentos otorgados fuera de Puerto Rico
Todo instrumento de constitución, modificación, ampliación, sustitución, renuncia o revocación de poder otorgado fuera del Estado Libre Asociado no surtirá efecto en Puerto Rico, a menos que sea previamente protocolizado en Puerto Rico, siendo obliga-ción del notario que verifique dicha protocolización dar cumpli-miento a las disposiciones de la see. 922 de este título, tal y como si el documento motivo de protocolización hubiera sido otorgado ante él.”

Si bien la ley no incluye en su texto el vocablo “ratifica-ción” es indudable que dicho acto o concepto está comprendido en el propósito legislativo de reglar con óptima legalidad, cer-teza y seguridad el otorgamiento de escrituras relacionadas con mandatos. Toda vez que el poder de Robert H. Wahlert para convenir el fideicomiso de acciones con el Banco no se re-dujo a escrito, su ratificación no es más que su demorada constitución según las formalidades de nuestra Ley Notarial entre las cuales se cuentan la protocolización en instrumento público autorizado por notario “tal y como si el documento [protocolizado] hubiera sido otorgado ante él” y su notifica-ción al Secretario del Tribunal Supremo. Aun cuando tuvo una anterior eficacia en la esfera de contratación civil, no es hasta la protocolización que nace este poder en el campo formal regulado por la Ley Notarial.

Se ajusta a Derecho, por tanto, la notificación hecha por el notario en este caso al Secretario del Tribunal, quien de no tener otro motivo de objeción deberá asentar la referida escri-tura de protocolización en el Registro de Poderes como instruye 4 L.P.R.A. see. 924.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Sr. Irizarry Yunqué no intervino.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario


author: PER CURIAM;

text:
    Ponce Gas Service Corp., peticionaria, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-75-536

      Resuelto: 15 de marzo de 1976

      Benito Gutiérrez Díaz, abogado de la peticionaria; Federico Díaz Ortiz, Richard V. Pereira y José Velaz Ortiz, abogados de la demandada.
   PER CURIAM;

José A. López fue despedido de su empleo por la peticionaria el 28 de agosto de 1973. Varios días después la Federación Puertorriqueña de Sindicatos Democráticos formuló ante la Junta de Relaciones del Trabajo un cargo en que alegó que el motivo del despido fue la actividad gremial del señor López a favor de la Federación.

Presentada la correspondiente querella, celebrada audien-cia y recibido un informe de la oficial examinadora, la Junta emitió decisión y orden el 13 de septiembre de 1974 en que adoptó el informe en tanto concluyó que la peticionaria incu-rrió en las prácticas ilícitas de trabajo que se le imputaban, y le ordenó cesar y desistir de las mismas y pagar a López $6,596.27 por concepto de los salarios que hubiera percibido de no haber sido despedido. Se apartó del informe en cuanto éste no recomendó que se ordenara la reposición de López en su empleo. La Junta ordenó a la peticionaria que lo repu-siera.

Luego de la decisión y orden de la Junta, el asunto ha venido ante nos en tres ocasiones. Primero recurrió la Junta mediante petición para que pusiéramos en vigor su orden. Así lo dispusimos por resolución de 5 de marzo de 1975, caso 0-75-9, que el 14 de mayo de 1975 nos negamos a reconside-rar sin perjuicio de que el patrono (la aquí peticionaria) ges-tionara la reapertura del caso por la vía administrativa ante la Junta. Hecha esta gestión, la Junta se negó a reabrir el caso y la peticionaria nos solicitó auto de certiorari para revi-sar su actuación. El 7 de agosto de 1975 concedimos término a la Junta para mostrar causa por la cual no debíamos dejar sin. efecto su resolución, A ello replicó la Junta con un extenso memorando. El 11 de septiembre de 1975 resolvimos negán-donos a expedir el auto, resolución que nos negamos a recon-siderar el 2 de octubre de 1975. Es el caso 0-75-345.

Por tercera vez vuelve la cuestión ante nos mediante el recurso de epígrafe. La Federación Puertorriqueña de Sin-dicatos Democráticos, que había estado representando los intereses de López, se retiró del caso, y López y la peticionaria acordaron una estipulación que sometieron a la Junta, en virtud de la cual (1) se transigió por $1,000 la cantidad que la peticionaria debía pagar a López por orden de la Junta y (2) López renunció a ser repuesto en su cargo. La Junta se negó a aceptar la estipulación. Es de esa negativa que recurre la peticionaria.

El 16 de enero de 1976 concedimos quince días a la Junta para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado y revisar su resolución. La Junta ha comparecido mediante un bien elaborado alegato. Puede sintetizarse su contención en que por las consideraciones de política pública envueltas en su decisión y orden, no le es permisible al obrero y al patrono transigir los derechos que la Junta reconoció al primero en su referida decisión.

Ciertamente, como señalamos en U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 528 (1970), las funciones de la Junta “son estric-tamente las de realizar los propósitos públicos de la Ley de Relaciones del Trabajo y sus órdenes van dirigidas a vindicar el interés público y no intereses privados.” Pero también re-conocimos en U.T.I.E.R. v. J.R.T., supra, en la misma pág. 528 y casi a renglón seguido del entrecomillado anterior: “Sería erróneo caracterizar como punitivo un remedio u orden de la Junta que sea adecuado o apropiado para realizar los propó-sitos de la ley que la Junta administra.” Señalamos en el mismo caso, págs. 528-529, que la facultad que tiene la Junta para ordenar reparaciones económicas “es el remedio más adecuado para efectuar la política pública de mantener la paz industrial y desalentar” las prácticas ilícitas de trabajo.

La Junta aquí halló probado que la peticionaria incurrió en una práctica ilícita de trabajo al dejar cesante al señor López. El interés público queda vindicado con su orden de cesar y desistir. La reparación económica se logra al ordenar la reposición del empleado y el pago de los salarios que debió devengar. Estas dos últimas no son medidas punitivas. Son medidas reparadoras, cuyo efecto es reconocer deberes y dere-chos, a saber, el deber del patrono de reemplear al obrero y pagarle por lo que debió ganar de no haber sido despedido, y el derecho del obrero a ser reempleado y a que se le pague por dicho concepto.

Empero, no debemos consagrar como dogma la irrenunciabilidad de los derechos en estos casos. Salvo cuando la ley expresamente lo prohíbe o lo limita, los derechos son renunciables y transigióles. Un ejemplo de prohibición o limitación de ley es el Art. 13 de la Ley Núm. 379 de Mayo 15,1948, 29 L.P.R.A. see. 282, que en su último párrafo dispone:

“. . . Será nula toda transacción extrajudicial sobre el pago del salario correspondiente a las horas regulares, a las horas extras de trabajo o sobre el pago de la suma igual a la reclamada que fijan las sees. 271 a 288 de este título por concepto de liquida-ción de daños y perjuicios; Disponiéndose, sin embargo, que será válida a los propósitos de las sees. 271 a 288 de este título toda transacción que se verifique ante el Secretario de Trabajo o cual-quiera de los abogados del Departamento de Trabajo, designado por dicho Secretario.”

Aquí no se trata de reclamación de salarios. La protección paternalista consagrada en la transcrita disposición no halla eco en la Ley de Relaciones del Trabajo no obstante que ambas leyes persiguen implementar la política pública del Estado. La transacción de una causa de acción entre litigantes debe responder a la libérrima voluntad de las partes, limitada en el caso de la Ley Núm. 379 por disposición expresa del legisla-dor. Las limitaciones a la libertad, cuando por necesidad exis-ten, deben ser expresas. Jamás deben ser tácitas.

El señor López hizo expresión de su deseo de no volver a trabajar para la peticionaria desde que su caso se hallaba bajo investigación de la oficial examinadora. Ello quedó ratificado en la estipulación presentada a la Junta. No tiene utilidad práctica alguna que so color de interés público se exija a la peticionaria reemplearle contra su voluntad. Tampoco la tiene el obligar a la peticionaria a pagar más de lo que haya acordado en transacción con el trabajador, sobre todo si median circunstancias especiales.

No pasamos por alto el legítimo empeño de la Junta en hacer valer su decisión y orden. Pero no se nos ha demostrado que hubiera una determinación por parte de la Junta, basada en hechos probados, de que la transacción no sea válida. Apor-tar el dato de que el señor López transigiera el caso prescin-diendo de la organización obrera que le representaba y de su abogado, como hechos indicativos de un posible vicio de su consentimiento o de una ventaja indebida de la peticionaria es una mera conjetura. Esa circunstancia podría tener algún peso si se impugnase como no válida la transacción, cuestión a ser dilucidada en primera instancia y no ante nosotros. No estamos en condiciones de pasar sobre ello.

No estamos resolviendo que la Junta no pueda investigar sobre la validez o legitimidad de una estipulación como la que aquí nos ocupa, en que se transige sobre derechos reconocidos a un empleado en virtud de una decisión y orden de la Junta. Resolvemos que, bajo las circunstancias aquí presentes, no habiéndose probado que la transacción esté viciada de nulidad o sea contraria a ley, se excedió la Junta en el ejercicio de sus poderes al no aprobarla.

Se expedirá el auto solicitado, se dejará sin efecto la resolu-ción de la Junta de Relaciones del Trabajo aquí recurrida, y se dictará otra ordenando el archivo del caso.

       En la número 2 de sus recomendaciones el informe dice:

        “2. No se recomienda que se reponga en su trabajo al señor José A. López López, ya que con sus propias manifestaciones no interesa volver a trabajar allí.”


author: per curiam :

text:
    Wanda Esther Ortiz, etc., et al., demandantes y recurrentes, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda et al., demandados y recurridos.

      Número: R-76-26

      Resuelto: 19 de marzo de 1976

      Benito Gutiérrez Díaz y Luis E. Delannoy, abogados de los recu-rrentes; Géigel, Silva, Soler Favale & Arroyo y José A. Masini Soler, abogados de los recurridos.
   per curiam :

En la demanda en este caso se recla-man daños de la Corporación de Renovación Urbana y Vi-vienda y su aseguradora por fracturas que sufrió una niña al caerse de una balconeta en enero de 1970 y rodar por una escalera en abril de 1973, ambos accidentes ocurridos en apar-tamentos de Caserío Manuel A. Pérez donde vivía. La de-manda fue contestada y el 22 de enero de 1975 terminó el descubrimiento de prueba, entrando el pleito en período de inacción que se prolongó por diez meses, dictándose el 26 de noviembre de 1975 sentencia de desestimación y archivo con-forme a la Regla 11 de Administración del Tribunal de Pri-mera Instancia que ordena: “El Juez Administrador, o el juez en quien éste delegare, desestimará y ordenará el archivo de todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se hubiere efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes durante los últimos seis meses. Mociones de prórroga no serán consideradas como un trámite a los fines de esta regla. La de-sestimación bajo esta regla constituirá cosa juzgada.” Solicitó la demandante en moción encauzada en la Regla 49.2 de Pro-cedimiento Civil que se le relevara de dicha sentencia adu-ciendo como único fundamento que hallándose el caso listo para conferencia o juicio competía al tribunal señalarlo, citando de Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187 (1965). Al denegar la sala de instancia la moción bajo la Regla 49.2, la parte demandante instó recurso de revisión contra la senten-cia de archivo fuera de término, toda vez que la moción bajo la Regla 49.2 no afecta la finalidad de la sentencia ni suspeñ3e sus efectos, y que por el interés contemporáneo del plantea-miento hemos tomado como certiorari.

Aparte de que Ortiz Rivera v. Agostini, supra, adjudicó una situación meritoria que movió la discreción judicial, circunstancia que no se da en el caso de autos, las actuales Reglas 4 y 5 de Administración al conceder al juez facultad exclusiva para señalar tanto las conferencias con antela-ción como el juicio, no relevan a las partes de pedir señala-miento. Precisamente previene la Regla 5.2 que nada de lo dispuesto en las Reglas impedirá la aplicación de la once. Res-ponde dicha salvedad a la realidad práctica de que la moción de señalamiento es el medio más directo y eficiente para ente-rar al tribunal que el pleito se halla listo para inclusión en el calendario de vistas. De no ser así habría que destacar un fun-cionario de secretaría en constante seguimiento del progreso procesal de cada expediente para determinar el momento en que madura para conferencia con antelación o juicio e incorpo-rarlo al calendario continuo. Resulta más expedito formar el calendario de vistas siguiendo el orden y prioridad de las mociones de señalamiento. Coincide la exigencia de ese aviso a modo de solicitud de señalamiento con la indeclinable obliga-ción de los abogados de mantener una constante y dinámica gestión del interés de su cliente, actividad indelegable por ser parte principalísima de su encomienda profesional.

En el clima de reforma y de rápida tramitación de los casos no hay sustituto para la continua vigilancia por el abo-gado de los términos dispuestos especialmente para imprimirle agilidad óptima al proceso judicial. De adoptar un compás de espera dependiendo de que otro mueva el caso se corre el riesgo conocido de la desestimación.

No siendo la aducida por el recurrente causa que justifique relevo de la sentencia de desestimación bajo la Regla 11, no procede la expedición del auto.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Méndez & Co., Inc., demandante y peticionaria, v. Federico Hernández Denton, Secretario Departamento Asuntos del Consumidor, demandado y recurrido.

      Número: O-76-436

      Resuelto: 19 de marzo de 1976

      Bubón & Dubón, abogados de la peticionaria; Wilfredo López Irizarry, Reynaldo Rodríguez Pagan, Samuel Mártir Santiago, Mario Batiz Santos, Yusif Mafuz Blanco, Julio López Keelan, Migdalia Fratichelli, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Como consecuencia de inspecciones realizadas por la Divi-sión de Pesas y Medidas del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), en dos negocios dedicados a la venta al por menor, se encontraron varios paquetes de una libra de granos de habichuelas coloradas y pintas y habas de lima em-paquetadas por la peticionaria Méndez & Co., Inc., con un peso menor que el indicado en su rotulación. Le fueron imputadas dos infracciones a la Sec. 15 de la Ley Núm. 145 de 27 de junio de 1968 — Ley de Pesas y Medidas — consistente en “vender . . . [una] cantidad menor que la indicada para cualquier artículo o servicio.” La vista administrativa cele-brada culminó con multas de $25.00 y $35.00 respectivamente.

Denegada la reconsideración administrativa y confirmado dicho dictamen por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, a solicitud de la peticionaria Méndez & Co., Inc., expedimos auto de certiorari para examinar los méritos de sus señala-mientos en el sentido de que las determinaciones de hecho del DACO no están sostenidas por la prueba y de que es inconsti-tucional, en su aplicación a la peticionaria, la Sec. 15 de la ley.

El primer planteamiento descansa en la tesis de que la mencionada Sec. 15 exige, para su infracción, que se pruebe que la deficiencia existía al momento de la venta. Nos pro-pone que resolvamos que la comprobación o verificación del peso se haga en la fecha en que la mercancía es vendida al comerciante detallista.

La interpretación que se nos pide no se justifica ni jurídica ni pragmáticamente. La Ley de Evidencia autoriza a hacer inferencias razonables de los hechos básicos probados; en consecuencia, como regla general, y en ausencia de una explicación adecuada, de la falta de peso al momento de la inspección, es sostenible la inferencia de que la misma ocurrió al momento del empaque, máxime si los paquetes no han sido abiertos. La posición de la recurrente de que la comprobación del peso se haga al momento de la venta, no sólo mutilaría en su implementación la facultad fiscalizadora del DACO en la protección del público consumidor — imponiéndole la casi imposible y onerosa condición de practicar su investigación según la conveniencia de los empacadores — sino que representaría una solución que no se deriva de los términos de la ley. Esta, por el contrario, al exigir en su Sec. 16 que en la parte exterior de todo paquete se haga constar en forma clara y conspicua el peso neto del producto, dispone que “. . . en los paquetes que no estén sujetos a la venta en el sitio donde se efectúa el empaque ... [se indique] el nombre y la dirección del empacador o distribuidor . . . ”, refleja el interés legislativo legítimo de que tal información esté dis-ponible en todo momento para que de descubrirse una falta, puedan fijarse responsabilidades en todos los niveles de dis-tribución de la mercancía.

El personal de la División de Pesas y Medidas utiliza para el repeso de los productos empacados las guías estable-cidas en el Manual publicado por el National Bureau of Standards intitulado, Checking Prepackaged Commodities. Inde-pendientemente de que el uso de este Manual sea el resultado de haber sido asimilado al Reglamento Núm. 9 de la agencia (T.E. pág. 24) o que responda a una práctica administra-tiva interna, el mismo está inspirado en los siguientes dos conceptos:

(1) el promedio de los pesos de los artículos utilizados en la muestra no puede ser menor que el fijado en el paquete; y (2) no puede haber una falta de peso irrazonable en cual-quiera de los paquetes tomados de la muestra. El Manual contiene una lista de márgenes de errores razonables, de más o de menos, según el peso del paquete. A paquetes como los del caso de autos y aquellos cuyo peso oscila entre ocho onzas y 2 libras, se les ha fijado un margen de error de menos peso, de un. cuarto de onza (4/16). Esta concesión de un margen de error razonable se hace en consideración a las posibles diferencias meditivas entre las máquinas comerciales usadas por la empacadora y la balanza empleada para cotejar el peso de cada paquete, y por estar consciente la agencia de los errores humanos en ambas operaciones así como de cuán efectivo de una medición precisa es el producto en particular al momento del empaque.

Según la práctica administrativa del DACO, se escoge una muestra de los paquetes a ser inspeccionados y se entiende que se ha infringido la ley cuando alguno de los paquetes contiene menos peso que el supuesto, salvo que esté dentro del margen de error razonable de un cuarto de onza (4/16), en cuyo caso se considera si el peso promedio de los paquetes de la muestra, sumados los que tienen de más a los que tienen de menos (+ y —), es inferior al indicado en su rotulación. Si el peso promedio es menor que el indicado en el paquete, se considera cometida la infracción.

Conforme a esta práctica, se viola la ley de dos maneras: (a) cuando el defecto en el peso de un paquete sobrepasa el margen de error razonable o (b) cuando el peso promedio de los paquetes de la muestra (sumados + o —) resulta inferior al peso indicado en la rotulación. El método expuesto está reconocido en la mayoría de las jurisdicciones estatales norteamericanas y parte de la premisa de que resulta imposible para una agencia reguladora inspeccionar todos y cada uno de los paquetes que se venden, exige de los empacadores que mantengan a un mínimo el número de paquetes incompletos y les induce a añadir una cantidad adicional del producto en cuestión. Su razonabilidad estriba en que representa una medida de precaución para contrarrestar los errores humanos y mecánicos atribuibles al empacador a la par que les beneficia pues no se le imputa automáticamente una violación de ley por el solo hecho de que un paquete no contenga el peso exacto rotu-lado — que no sea una deficiencia irrazonable — si la falta es subsanada por el resto de los paquetes de la muestra.

En su segundo planteamiento, la peticionaria argumenta que la prueba demostró que la falta de peso se debió a la resecación del grano de habichuela y por lo tanto, que la aplicación estricta de la ley, sin que se hubiese tomado en consideración esa pérdida natural de peso, constituye una privación de la propiedad sin el debido proceso de ley. Examinemos la validez del mismo.

Es un hecho incontrovertido y científico la naturaleza higroscópica del grano de la habichuela, esto es, presenta la característica de absorber y de exhalar la humedad según las circunstancias ambientales que le rodean. En consecuencia, el peso de las habichuelas disminuye paulatinamente a medida que se evapora la humedad intrínseca del grano, a tenor con las condiciones climatológicas de Puerto Rico. Un experimento realizado por el DACO, a sugerencia de la peticionaria, demos-tró que perdió 5/16 de onza en el lapso de cinco meses.

La validez de una reglamentación o práctica administrativa en este campo presupone el reconocimiento de unas tolerancias o variaciones permisibles por razón de la resecación natural del grano. En el caso ante nos, la agencia está facultada por ley para emitir Reglamentos en su implementación tanto para fines del público en general como para procesos internos. (23 L.P.R.A. see. 906 (a) y 23 L.P.R.A. see. 1005 (a).) Ni la ley ni su historial legislativo dan margen para concluir que la agencia está carente del poder necesario para hacerla cumplir adoptando internamente aquellas guías y mejores prácticas administrativas que un sistema moderno de medición aconseje, sin perjuicio de que oportunamente sea divulgado para su mejor cumplimiento.

La norma rectora implica que tanto el comerciante como el consumidor deben soportar proporcionalmente las consecuen-cias del fenómeno higroscópico. El primero por las razones de control expuestas en la fase mecánica de empaquetar y el conocimiento del lugar de procedencia del grano y tipo de clima prevaleciente antes de ser introducido en nuestro país, circunstancia de gran importancia a los fines de determinar el grado de humedad; y el segundo, ante la realidad de que el grano vuelve a absorber la humedad perdida al procesarse para fines del consumo humano. Ello derrota el argumento de la peticionaria de que debe haber una tolerancia que guarde co-rrespondencia matemática exacta entre el tiempo transcurrido y la resecación del producto a razón de 1/16 de onza por mes.

La jurisprudencia y la literatura más reciente consultada nos señala esa tendencia al reconocer variaciones razonables por pérdida y ganancia en la humedad del producto en el curso de buenas prácticas comerciales de distribución establecidas. El DACO así lo hizo, aumentando en mayo de 1972 el margen de error de menos peso a 6/16 de onza, lo que constituyó propiamente la aceptación de la resecación del grano a los fines de implementar la ley. La deferencia que dicha agencia especializada merece, nos inhibe de intervenir con dicha determinación administrativa la cual se presume correcta. Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975).

Bajo ningún supuesto, la peticionaria tiene razón. La relación cronológica relevante demuestra que en el caso P.M. 7813 las habichuelas fueron empaquetadas los días 22 de julio y 10 de noviembre de 1971, se vendieron al detallista los días 7 de octubre y 18 de noviembre de 1971 y la falta de peso se detectó el 17 de marzo de 1972, mientras que en el caso P.M. 7891 de habas de lima, la venta se hizo el 12 de noviembre de 1971 y el hallazgo el día 10 de abril de 1972; o sea, un período de cuatro, cinco y seis meses después de las ventas es que, pesadas por el inspector del DACO, se determina la incongruencia entre el peso real y el peso rotulado.

A cada paquete se le aplicó al repesarse el margen de error de 4/16 de onza establecido en aquel momento, el cual posteriormente fue aumentado a 6/16. Si bien es cierto, como alega la peticionaria, que el testimonio del propio inspector de la agencia demostró que ningún paquete a la fecha del re-peso había sufrido una merma en exceso de 5/16 de onza, tal conclusión únicamente es válida en lo referente a las habi-chuelas pintas ya que, con relación a las habichuelas colo-radas y a las habas de lima, los informes de repeso de los paquetes en evidencia reflejan unos márgenes de error irra-zonable en deficiencia en peso, que aún aplicándole la norma que propone la peticionaria — a razón de 1/16 de onza mensual por el fenómeno higroscópico — la ubican al margen de la ley; máxime si nos percatamos de que cualquier con-cesión en deficiencia por resecación necesariamente debe com-putarse a partir de la fecha en que el producto es vendido al detallista por estar hasta ese momento bajo el control exclu-sivo de la peticionaria.

En vista del análisis precedente, concluimos que el ataque de inconstitucionalidad que hace la peticionaria a la aplicación de la Sec. 15 de la Ley de Pesas y Medidas es infundado. Se anula el auto de certiorari expedido y se confirma la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado, Señor Martín, no intervino.

      23 L.P.R.A. see. 915 (suplemento).

      Ley de Evidencia, Art. 97 y 99 (32 L.P.R.A. sees. 1882 y 1884).

      En el idioma original, lee así en lo pertinente:
      “There is presented here a method of control of prepackaged commodities (commodities put up in packages in advance of being offered for sale) for use by State and local weights and measures officials — a method based on two concepts:
      “(1) Variations in quantities of package are not permitted to such extent that the average of the quantities in the packages comprising a lot, shipment, or delivery is below the quantity stated, and an unreasonable shortage in any individual package is not acceptable, even though overages in other packages in the same lot, shipment, or delivery compensate for such shortages. (This is the basic quantity requirement of the Model Regulation for Prepackaged Commodities adopted by the National Conference on Weights and Measures and of the Federal Food and Drug Administration.)
      “(2) Perfection in either mechanical devices or human beings has not yet been attained; thus the existence of imperfection must be recognized and allowances for such imperfection must be made. These allowances are recognized in the ‘average’ concept.” (Pág. 1.)

        Diario de Sesiones, Vol. 10, págs. 1213-1217 v 1933-1936 (1968).

        The Rath Packing Co. v. Becker, et al., U.S. Court of Appeals (9th Cir.) resuelto en 29 de octubre de 1975; General Mills, Inc. v. Jones, idem; General Mills, Inc. v. Furness, 398 F.Supp. 151 (1974). Manual 67 del National Bureau of Standards denominado Checking Prepackaged Commodities, Nov. 1975; Model Weights & Measures Ordinance, U.S. Dept, of Commerce (1975); Model State Packaging & Labeling Regulation, U.S. Dept, of Commerce (1975).

      Sobre el particular su texto original dispone:

        “It will be noted that the suggested plus allowances are twice the suggested minus allowances at each ‘labeled quantity’. This is an acknowledgment that packers must be allowed to overfill such packages as are susceptible of moisture loss.

        “UNREASONABLE MINUS OR PLUS ERRORS
      “Labeled quantity Minus error Greater than Plus error Greater than
      0 to 2 ounces . 1/8 ounce . 1/4 ounce.
      2 -)- to 8 ounces. 3/16 ounce . 3/8 ounce.
      8 ounces + to 2 pounds .. 1/4 ounce. 1/2 ounce.
      2 + to 4 pounds . 6/16 ounce . 5/8 ounce.
      4 + to 7 pounds . 3/8 ounce. 3/4 ounce.
      7 + to 14 pounds. 1/2 ounce. 1 ounce.
      14 -f- to 24 pounds . 3/4 ounce. 1 1/2 ounces.
      24 -)- to 36 pounds . 1 ounce. 2 ounces.
      36 -f to 51 pounds . 8 ounces. 1 pound.
      51 + to 101 pounds . 2 pounds . 4 pounds.
      “The figures offered above are suggested for the determination of the ‘reasonableness’ of errors in individual packages; they should not be used as tolerance figures.” (Págs. 7-8, énfasis suplido.)
      Aun cuando el récord está huérfano, resulta obvio que al aumentarse a 6/16 el error razonable por deficiencias, el margen de error por exceso debió aumentarse a 10/16.

      No surge de la transcripción de evidencia de la vista administra-tiva, como tampoco de los demás documentos elevados ante nuestra con-sideración, la fecha exacta en que las habas de lima fueron empacadas.

      E1 expediente administrativo sobre el particular refleja, indicadas en dieciseisavo de onza, las siguientes deficiencias en peso: Habichuelas coloradas, —8; —13; —6; —11; —12; —6; —1; —6; —9; —13; —11; —10; —13; —11; —11; —12; —19; —14; —9; Habas de lima: —13; —16; -13; -4; -8; -9; -6; -11; -12; -12; -14; -5; -12; -9; -12; -16; -11; -8; -10; -7; -8; -10; -8; -8; -16; -9; -11; -10; -12; -13; -7; -9; -6; -10; -9; -10.

        Cf. El Pueblo v. Díaz, 26 D.P.R. 279 (1918).


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    José Raúl Ortiz Reyes et al., demandantes y recurridos, v. F. W. Woolworth et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-75-391

      Resuelto: 30 de marzo de 1976

      Seguróla & Montalvo, abogados de los recurrentes; Ramos & Riera, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

Una hija de los demandantes recurridos sufrió una caída en el establecimiento comercial de F. W. Woolworth radicado en Mayagüez Mall, al encajársele un zapato en una moldura que sujetaba la alfombra del piso donde comenzaba el Depar-tamento de Niños. La moldura sobresalía alrededor de un cuarto de pulgada del piso de otros departamentos. Al perder el balance, la menor cayó en tal forma que trajo consigo al piso un carro utilizado para la transportación de compras, fracturándose la niña la pierna izquierda. Se radicó la corres-pondiente demanda contra F. W. Woolworth, emitiéndose finalmente sentencia a favor de los demandantes, por esti-marse que F. W. Woolworth había sido negligente al permitir que la moldura de la alfombra sobresaliese del piso, así como al no retirar del espacio en cuestión el carro de compras abandonado. El Tribunal Superior le concedió a la menor perjudicada la cantidad de $6,000, y $3,000 a la madre y $1,500 al padre por razón de sufrimientos y angustias men-tales. Se condenó a la parte demandada al pago de las costas de la acción y a la cantidad de $400 en pago de honorarios de abogado.

El 22 de enero de 1976 dictamos orden para que la parte recurrida mostrase causa por la cual no debía revocarse la referida sentencia. La parte recurrida radicó el escrito co-rrespondiente, pero no nos ha convencido de que haya mediado negligencia en este caso por parte de F. W. Woolworth. No es irrazonable alfombrar uno o más departamentos de una tienda y es de esperar que en tal caso la moldura que se utilice para fijar la alfombra sobresalga levemente. Tampoco constituye negligencia la caída contra un carro de compras en las cir-cunstancias de este caso. Los hechos revelan más bien la ocurrencia de un accidente desafortunado que la comisión de actos de negligencia por la parte recurrente.

Se revoca en consecuencia la sentencia recurrida. Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, disiente en voto separado.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Voto Disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 1976

En Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473, 474 (1955), adoptamos la doctrina, como principio universal de Derecho, “que cuando una persona o empresa mantiene abierto un estable-cimiento al público, con el objeto de realizar en dicho estable-cimiento operaciones comerciales para su propio beneficio, debe mantener dicho establecimiento en condiciones de seguri-dad tales, que la persona inducida a penetrar en el mismo, no sufra ningún daño.” Señalamos en Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523, 530 (1956): “El cliente de una tienda, por ejemplo, espera de ordinario que los pasillos y los corredores abiertos al público estén libres de obstáculos, trampas y sitios resbalosos. Como esto es así, condiciones claramente visibles muchas veces pueden ser peligrosas irrazonablemente para el cliente, ya que de hecho éste no está supuesto a observarlas.” Estas doctrinas han sido reiteradamente reconocidas en Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967); Corchado v. Fernández Carballo, 88 D.P.R. 100 (1963); Aponte Betancourt y. Meléndez, 87 D.P.R. 652 (1963); Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962) y Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961). No veo razón para que en el caso que aquí nos ocupa nos apartemos de ellas.

Aquí, la niña caminaba delante de su madre mientras ésta empujaba un carrito en que cargaba algunos artículos que se proponía comprar. No incurrió en acto alguno de negligencia. Se cayó porque, según concluyó el tribunal recurrido, la niña tropezó con una moldura en el lugar en que comenzaba una alfombra, la cual sobresalía del piso. Esa circunstancia fue la causa de la caída de la niña.

Era fácil prever, al instalar la alfombra, que si la mol-dura sobresalía, una persona que caminase y no se percatase de ello podía tropezar y caerse. Se creó una condición peli-grosa que fue causante de la caída de la niña. No veo cómo pueda eximirse de responsabilidad a la empresa dueña del establecimiento y a su compañía aseguradora sin revocar los casos citados. Y no veo razón para alterar los principios de responsabilidad que en ellos se reconocen.

Por las consideraciones arriba expresadas disiento.


text:
    Cooperativa de Viviendas Villas de Navarra, Inc., etc., demandante y recurrente, v. Villas de Navarra, Inc. y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-75-385

      Resuelto: 31 de marzo de 1976

      Orlando Collado Medina, abogado de la recurrente; Ramírez & Segal & Latimer, abogados de los recurridos.
   per curiam :

Se plantea en este caso el problema de la res-ponsabilidad por vicios de construcción de los arquitectos hacia compradores de viviendas que no haya contratado con ellos.

La demanda original en este caso se radicó por la Coopera-tiva de Viviendas Villas de Navarra Ine., (“la adquirente”), que alegó haber adquirido un proyecto de viviendas de la empresa que construyó dicho proyecto (“la constructora”). Se basó la demanda en alegados vicios de construcción de las 28 edificaciones que componen el proyecto, incluyéndose como partes demandadas, entre otras, a la constructora y vendedora, a varios contratistas y a los arquitectos. Los arquitectos de-mandados-recurridos solicitaron sentencia sumaria ante el Tribunal Superior basándose en que la reclamación de la demanda se funda en el Art. 1483 del Código Civil, (31 L.P.R.A. see. 4124), y que los demandados no tuvieron re-lación contractual alguna con la adquirente, sino que hicieron el diseño bajo un contrato con la constructora. En segundo lu-gar se alegó en la moción de sentencia sumaria que no incurrie-ron en falla del diseño o la dirección de la obra.

El Tribunal Superior luego de la vista correspondiente dictó sentencia sumaria parcial a favor de los arquitectos de-mandados-recurridos, en vista de que a su entender el Art. 1483 del Código Civil requiere la existencia de un vínculo jurídico directo entre la adquirente demandante y los arqui-tectos recurridos. Solicitada la revisión de esta sentencia sumaria parcial por la adquirente, por resolución de 12 de febrero de 1976 emitimos una orden para que la parte recurri-da mostrase causa por la cual no deba revocarse la referida determinación del tribunal de instancia.

Se ha establecido en el derecho civil español que la responsabilidad que le impone al arquitecto el Art. 1591 del Código Civil Español, equivalente al Art. 1483 del nuestro, beneficia a cualquier propietario de la construc-ción, siempre que la acción se inste dentro del plazo señalado por el código. Al efecto se expresa Manresa:

“. . . es evidente que el demandante está investido de la acción que le concede el artículo 1101 con carácter general y especial-mente el 1591 al señalar la responsabilidad del arquitecto y del contratista en caso de ruina de un edificio durante el plazo de diez años, sin distinguir si la finca ha cambiado o no de propie-tario.” Manresa, Código Civil Español, 6a ed. rev., Tomo X, 1969, pág. 713.

Puig Brutau es también del mismo criterio, señalando que la obligación que impone el Art. 1591 no sólo está establecida a favor del comitente, sino a favor de cualquier propietario del edificio. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, vol. II, 1966, pág. 396, nota 11. Castán es de la misma opi-nión, Derecho Civil Español, Común y Foral, 8a ed., 1956, 491; así como los comentaristas de la obra de Enneccerus, Derecho de Obligaciones, 15a ed. rev. por Lehman, notas de la traducción Española de Blas Pérez González y José Alguer, vol. II, Parte Ia, 1966, pág. 529. Véase también a Scaevola, Código Civil, vol. XXIV, Parte 2a, 2a ed., 1951, págs. 101-102. El comenta-rista sobre derecho civil puertorriqueño, profesor Guaroa Ve-lázquez, se ha unido a esta opinión general. Velázquez, Res-ponsabilidad por los Defectos en Edificios, 20 Rev. Jur. U.P.R. 13-31 (1950). El tribunal Supremo de España también ha resuelto esta cuestión del modo antes apuntado. Sentencia de 5 de mayo de 1961 (Esp.).

En el derecho italiano rige la misma regla, disponiéndose en este caso expresamente que el empresario es responsable del comitente y de sus causahabientes. The Italian Civil Code, Oceana Publishing, N.Y. 1969, Art. 1969, pág. 419.

La doctrina francesa es también prácticamente unánime al efecto de que el adquirente de un inmueble puede demandar directamente al arquitecto aunque no haya tenido nexos contrac-tuales con él por vicios de la construcción. Véanse las citas de Aubry et Rau, Planiol et Ripert y de muchos otros autores, Code Civil Annoté — Ed. Fuzier-Herman, 6.6, 1949, pág. 152.

En Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 65 (1967), se sostiene esta doctrina. Véanse también nuestras expresiones en Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50 (1962) y Gorbea v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 138 (1975).

En vista de lo expuesto, se revocará la sentencia sumaria parcial dictada por el Tribunal Superior.

El Juez Asociado, Señor Negrón García, concurre en el resultado sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. David Figueroa Navarro, acusado y peticionario.

      Número: O-75-461

      Resuelto: 31 de marzo de 1976

      Joaquín Monserrate Matienzo, abogado del peticionario; Miriam Naveira de Radón, Procuradora General, y Candila R. Or-landi, Procuradora General Auxiliar, abogadas del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El 19 de octubre de 1974 por encomienda de la Wacken-hut -Corp., el detective privado David Figueroa Navarro co-menzó a investigar a Enrique Jordán Mussa. Su encomienda incluía observar sus actividades en el hogar y retratarlo si lo veía realizar labores que requirieran de algún esfuerzo físico. Esta información había sido solicitada por la parte deman-dada en un pleito de daños y perjuicios en el que Jordán alegaba haber sufrido daños ascendentes a $210,000.

Figueroa llegó a los alrededores de la calle Ter en Río Piedras Heights como a las diez de la mañana acompañado de su esposa. Llevó unos binoculares y una cámara con lente telescópico. Pasó lentamente con su auto varias veces mirando insistentemente hacia la casa de Jordán. Esto atemorizó a la señora Jordán quien se encontraba sola con sus hijos. En su declaración en el Tribunal de Distrito la Sra. Jordán viva-mente relata: “que el día de los hechos . . . con la ayuda de la nena limpiaba la marquesina; que pasó lentamente un carro, que pasó varias veces; que miraba la casa; que anotó la ta-blilla del auto 70T130; que el color era anaranjado y capota negra; que la Calle Ter termina en la Calle Ural; identificando al acusado, declara que éste estacionó el carro, levantó el bo-nete y miraba insistentemente; que movió el carro y se volvió a estacionar otra vez en la marginal; que se preocupó por su esposo; el cargo de éste [Fiscal Auxiliar]; que llamó a la Guardia Nacional; que al ir a llamar a su esposo vio al acusado dar vuelta en la Calle Tinto, alinearse — estacionarse—sacar binoculares; que se puso intranquila; que el acusado se bajó del carro; que su esposo llegó a la 1:30 de la tarde con un paquete; que mientras le explicaba a éste lo que estaba pasando [Figueroa] volvió a subir el carro, se estacionó en la Calle Tinto, que desde allí el acusado sacó una cámara con lente largo y retrató a la nena; que el acusado bajó por la Calle Ter y se estacionó tres casas al frente, sacó binoculares y empezó a mirar; que éste se enñangotó frente al carro al lado del guía y empezó a mirar con los binoculares; que no sabe la idea, se intranquilizó; que el acusado escondió la cámara dentro del baúl del carro; que levantaba el bonete todas las veces que se estacionaba.” (Énfasis nuestro.) Pág. 5, Resolución del Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, de 4 de abril de 1975.

Jordán salió de la casa y se dirigió hacia Figueroa. Figueroa le preguntó si él era Jordán. Después de contestarle en la afirmativa, Jordán le preguntó qué hacía allí. “[E]l acusado le contestó que no tenía que contestar esa pregunta y entonces le preguntó por la residencia de una familia amiga; que el acusado no le pudo decir el nombre ni apellido de dicha familia y contestó que no recordaba el nombre ni la dirección de ésta; que le preguntó porque atisbaba y retrataba su casa; que el acusado no contestó y le dijo que se estacionaba por-que el auto estaba dañado; que le mostró licencia de conducir provisional del Tribunal de Distrito de Carolina donde surgía que la residencia del acusado era Camuy; que le dijo que se marchara; que iba a dar parte a la policía, que viró la es-palda, que oyó ruido de bonete, que el carro se movió; que estaba alarmado, que por el trabajo que realiza, se le había disparado a su auto, que temía el secuestro de sus hijas, es-posa y daños a su persona; que para la fecha de los hechos estaba investigando un caso criminal complicado.” Resolución, Tribunal Superior, Sala de Hato Rey, de 4 de septiembre de 1975, pág. 2.

El 9 de diciembre de 1974 se presentó denuncia contra Figueroa en el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras por infracción al Art. 368 del anterior Código Penal (33 L.P.R.A. see. 1439). El Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, Doris Figueroa, J. declaró al acusado culpable del delito de alteración a la paz y lo sentenció a pagar una multa de $200.00 más las costas. Inconforme con esta determinación el acusado apeló. Fue confirmada la sentencia. Acordamos revisar.

En Puerto Rico el derecho a disfrutar de tranquilidad en el hogar está consagrado en nuestra Constitución. Como expresamos en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975):

“El derecho a la protección de la vida privada o familiar— el derecho a la intimidad — tiene un historial distinto en Puerto Rico a su evolución en Estados Unidos. Dicho derecho adquiere rango constitucional en Puerto Rico mucho más temprano que en la Unión Americana. La Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico dispone desde 1952 que 'Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.’ (Art. II, sec. 8). Esta disposición es una copia exacta del artículo V de la Declara-ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Ed. U.P.R. 1954, pág. 236, y en-tronca también con el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dispone que:
‘Nadie será objeto de ingerencia arbitraria en su vida pri-vada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la. protección de la ley contra tales ingerencias o ataques.’ (Op. cit., 246.)

El reconocimiento del derecho a la intimidad en la Constitu-ción de Puerto Rico obedeció básicamente a dos factores. Se estaba respondiendo, en primer término, a un concepto del indi-viduo hondamente arraigado en nuestra cultura. Para un análisis detallado de las diferencias al respecto en los sistemas de valores de Latinoamérica y Estados Unidos, véanse: Wells, Henry, La Modernización de Puerto Rico, Ed. U.P.R. (traduc-ción), 1972, pág. 21 et seqRené de Visme Williamson, Culture and Policy; The United States and the Hispanic World, Univ. of Tenn. Press, 1949, pág. 9.

En segundo término, se quería formular una Carta de Dere-chos de factura más ancha que la tradicional, que recogiese el sentir común de culturas diversas sobre nuevas categorías de derechos. De ahí que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos y De-beres del Hombre ejerciesen una influencia tan significativa en la redacción de nuestra Carta de Derechos.”

Aun en otras jurisdicciones donde no existe una disposición constitucional igual a la nuestra, se considera que “La paz pública es esa sensación de seguridad y tranquilidad, tan necesaria para nuestro bienestar que toda persona siente bajo la protección de la ley; y una alteración de la paz es una invasión a la protección que la ley así proporciona.” State v. Sanderson, 185 A.2d 730,731 (Yt. 1962). Así también se ha dicho que “El hogar de cada uno es como un castillo y fortaleza tanto para su defensa en contra de injurias y violencia como para su reposo_” Semayne’s Case, 77 Eng. Rep. 194, 195 (K.B. 1604) citado en Ervin, Privacy and the Constitution, 50 N.C.L. Rev. 1016 (1972).

Con lo expresado como trasfondo es inescapable concluir que la conducta del peticionario constituye una conducta ofen-siva que perturbó la paz y tranquilidad de la familia Jordán. En Ramos v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 417 (1952.) con-sideramos que constituía una infracción del Art. 368 el “atis-bar por una de las ventanas de su residencia en momentos en que el perjudicado y su esposa se disponían a dormir, dando lugar de esta manera al aquí acusado, a que por su conducta completamente impropia y desordenada el Sr . . ., esposa y demás familiares se alarmaran.”

La conducta del peticionario rondando la casa, deteniendo el vehículo al frente de la misma, mirando insistentemente, haciendo uso de binoculares y utilizando una cámara con lente largo y retratando a la niña constituye la conducta ofensiva que proscribía el Art. 363. del anterior Código Penal. Para realizar la investigación encomendádale el peticionario no tenía que actuar en la forma ostensible y atrevida en que lo hizo.

El caso en el que el peticionario basa mayormente su recurso, People v. Weiler, 71 N.E. 462 (1904), es distinguible al de autos. Allí el detective nunca advino en contacto directo con el investigado y éste no se dio cuenta de que lo seguían. De hecho, se enteró por un tercero. A ese efecto expresó el Tribunal:

“. . . Realmente tan inofensivo fue el acusado que el quere-llante no se dio cuenta de que era seguido hasta que fue infor-mado por otros, y, excepto por esta información, probablemente hubiese ignorado el hecho de que estaba siendo seguido por un detective.” People v. Weiler, supra, pág. 402.

Es evidente que éstas no son las circunstancias que rodean el caso de autos. El detective aquí envuelto tuvo un contacto' directo con, el investigado y su familia.

Debemos tener en mente también el lugar de los hechos: los alrededores del hogar del perjudicado. Como hemos visto uno de los derechos claves en nuestra Constitución es el de-recho a la protección de la privacidad y la intimidad en el seno del hogar. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra.

El hogar deja de ser refugio de paz y tranquilidad cuando sus moradores se ven envueltos en una investigación que palpablemente atenta contra su privacidad y hiere sus sentimientos angustiando al investigado y su familia. Las actuaciones de Figueroa constituyeron la conducta ofensiva que proscribía el Art. 368 del Código Penal. Ramos v. Tribunal, supra; Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334 (1921).

Se confirmará la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hato Rey).

      Así reza dicho artículo:
      “§ 1439. Perturbación, de la paz

      Toda persona que maliciosa y voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con fuertes o inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calle de alguna ciudad o pueblo, o en las vías públicas disparare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa o inconveniente, incurrirá en delito menos grave y será castigada con multa máxima de doscientos dólares, o cárcel por un término máximo de noventa días o ambas penas, a discreción del tribunal. Código Penal, 1937, art. 868.”