text:
    Ramón A. Rivera Rivera, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; Roberto Lozano Lautier, lesionado.
    Número: O-71-190

      Resuelto: 22 de enero de 1973

      Leoncio Carrasquillo Suárez, Manuel Candelario Muñiz, Milagros Muñiz Bou y Miguel A. Guzmán Soto, abogados del recu-rrente; Fiddler, González & Rodríguez y Luis C. Morera, abogados de la interventora Bache & Co., Pán American, Inc. El abogado del lesionado no compareció.
   per CURIAM:

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado le negó compensación al Sr. Roberto Lozano Lautier, un empleado a comisión de Bache -& Co., firma de corredores de valores en la Bolsa de Nueva York, con oficinas locales en Hato Rey, por lesiones sufridas en su muñeca izquierda al resbalar en un charco de agua del baño de su residencia y caerse al piso, luego de terminar de hablar por teléfono con un cliente y dirigirse al servicio sanitario. La Comisión Industrial revocó por entender que el accidente descrito es uno compensable por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A. sec. 1-42. Concluyó la Comisión que el empleado no tenía horas fijas de trabajo, que recibía llamadas telefónicas de clientes en su casa donde también tenía una oficina y reali-zaba un setenta por ciento de su labor; que, dada la natura-leza del negocio del patrono, el hogar de este empleado se con-vertía prácticamente en parte de los predios del patrono o en “sitio de trabajo”; que, aun cuando el patrono no le suplía equipo de oficina ni teléfono al empleado, éste realizaba una parte sustancial de su labor como vendedor de valores, acciones, etc., desde su hogar usando sus propias facilidades —oficina y teléfono — que allí tenía.

Acordamos revisar. El Fondo del Seguro del Estado no es un asegurador absoluto de la salud o de la vida de los obreros por toda clase de accidentes que puedan éstos sufrir. La compensabilidad por determinado accidente que sufra el empleado se rige por la Ley. Ésta, en su Art. 2, 11 L.P.R.A. see. 2, prescribe tres requisitos que deben concurrir para que un accidente sea compensable. Estos son que el accidente (1) provenga de cualquier acto o función del obrero; (2) sea inherente al trabajo o empleo del obrero; y (3) ocurra en el curso de éste. Montaner v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 197 (1938); Candelaria v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 20 (1962); Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 581 (1963). La protección de la Ley de Compensaciones no se extiende, según lo dispone expresamente el Art. 2, a:

“[a]quellos obreros y empleados cuya labor sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, industria y profesión u ocupación de su patrono y además aque-llas personas que trabajan en sus domicilios.” (Énfasis suplido.)

La caída sufrida por el empleado en el baño de su hogar no era un riesgo peculiar de su trabajo como vendedor de valores. La exclusión del Art. 2 tiene el propósito evidente de reducir los costos del sistema de compensación por accidentes del trabajo eliminando ciertos riesgos que presentan serios problemas de prueba para el asegurador. Extender la cubierta del sistema al accidente en este caso va en detrimento del Fondo del Seguro del Estado y en perjuicio de patronos y empleados. La tendencia natural hacia la compensación debe detenerse ante los claros términos de la exclusión provista en el Art. 2 de la Ley.

Concluimos que la Comisión Industrial incidió al declarar compensable el accidente sufrido por el empleado lesionado Sr. Roberto Lozano Lautier al resbalar y caerse en el baño de su residencia. En consecuencia, se revocará y dejará sin efecto la resolución dictada por la Comisión Industrial de Puerto Rico objeto de este recurso, y se le ordenará que dicte otra confirmando la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Virginia Goyanes, acusada y apelante.
    Número: CR-72-105
    Resuelto: 23 de enero de 1973

      Reginald J. Barney, abogado de la apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo Negrón Cruz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

La apelante fue acusada y convicta por con-ducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embria-gantes, 9 L.P.R.A. see. 1041. Fue sentenciada a pagar $125 de multa y le fue suspendida la licencia de conducir por el término de un año y por un término adicional de tres meses por su negativa a someterse a uno de los exámenes químicos dispuestos por ley.

El teniente de la policía Genaro Del Valle declaró que alrededor de las cinco de la madrugada mientras patrullaba por la marginal de la Avenida Baldorioty De Castro, en direc-ción de Santurce a Carolina, observó el. automóvil de la acu-sada detenido con las luces encendidas y “el motor prendido y acelerando”. Le requirió a la acusada su licencia y ésta le entregó una licencia vencida. Mientras hablaba con la acusada notó que ésta expelía un fuerte olor a licor y al bajarse del vehículo apenas podía sostenerse en sus pies. Luego de hacerle las advertencias de rigor le pidió que se sometiera a uno de los exámenes químicos provistos por la ley a lo que la acusada se negó.

Por su parte la apelante declaró lo siguiente:

“Después que cenamos en un restaurante, entonces iba para casa y no me sentí bien y decidí' parar el carro y me acosté a dormir.”

Al preguntarle el fiscal si había ingerido alcohol, la apelante dijo: “Sí, como a las nueve y media cuando estába-mos cenando yo tomé dos coktail [sic]”. Nótese que la ape-lante admitió haber estado conduciendo el automóvil hasta que decidió estacionarse y acostarse a dormir.

En la acusación se le imputó a la acusada que “conducía en la vía pública un vehículo de motor estando bajo los efectos de bebidas embriagantes”. En sus señalamientos de error la apelante no impugna la determinación del tribunal de que estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, solamente apunta como error que la prueba presentada no demostró que la acusada se encontrara conduciendo un vehículo de motor ya que al ser detenida su automóvil no se encontraba en movi-miento.

La prueba presentada sostiene la convicción por el delito de conducir en la vía pública un vehículo'de motor estando bajo los efectos de bebidas embriagantes. La propia acusada aceptó que antes de detener el automóvil venía conduciendo el mismo. En este sentido el presente caso se diferencia del caso de Pueblo v. Rivera Flores, 87 D.P.R. 328 (1963) invocado por la apelante. En dicho caso el acusado se encontraba en un cafetín tomándose unas cervezas y al sentirse mal se retiró a su jeep. Al llegar al mismo sintió un malestar quedándose encima del guía. No hubo prueba de que el acusado condujo dicho vehículo. Por el contrario, en el caso de autos la propia acusada aceptó que conducía el vehículo cuando se sintió mal y lo detuvo.

Por las razones expuestas se confirmará la sentencia dic-tada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en este caso en 31 de enero de 1972.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Herminio Flores Rodríguez, demandante y recurrente, v. Pedro H. Flores Toledo y Vicente Rodríguez, demandados y recurridos.

      Número: R-72-6
    Resuelto: 23 de enero de 1973

      Edwin H. Flores Tirado, Víctor E. Báez y Enrique Báez García, abogados del recurrente; Hernán Longoria y Julio Irving Rodríguez Torres, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una acción de desahucio iniciada por Herminio Flores Rodríguez, el propietario de una finca rústica radicada en el Barrio Laguna de Guánica, contra Pedro H. Flores Toledo, el arrendatario, y Vicente Rodríguez subarrendatario de la misma. El Tribunal Superior, Sala de Ponce, después de realizada la vista correspondiente, declaró sin lugar la demanda y condenó al demandante a pagar las costas y los gastos del pleito al demandado, más $500.00 para honorarios de abogado. Recurrió el demandante.

En la demanda de desahucio se alegaron tres causas para justificar la concesión del remedio solicitado: que los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de abril y mayo de 1971 no habían sido pagados; que el arrendatario, al momento de radicarse la demanda adeudaba al erario público las contribuciones sobre el inmueble de los últimos tres años, por lo que el inmueble fue embargado para el cobro de las mismas; y que el arrendatario removió del inmueble arren-dado un establo y su equipo así como el techado de los bebe-deros y comedores para ganado y los destruyó sin sustituirlos en forma alguna.

El contrato de arrendamiento se formalizó mediante la escritura número 158 de 30 de octubre de 1962, otorgada en Cabo Rojo, Puerto Rico, ante el Notario Público Don Raúl Ramos Torres. Comparecieron en dicha escritura el arren-dador Herminio Flores Rodríguez, su entonces esposa Regina Cándida Toledo Rodríguez, y el arrendatario Pedro H. Flores Toledo quien es hijo de dichos esposos. Dispone el referido contrato, en lo que es aquí pertinente que:

Es convenido que si el arrendatario no satisficiese el canon correspondiente a dos mensualidades consecutivas en la forma ya estipulada, o dejase de cumplir cualesquiera de los requisitos del presente contrato de arrendamiento, se entenderá vencido el mismo como si hubiese llegado a su término, quedando en tal caso la parte arrendadora en aptitud de poder desahuciar al arrenda-tario, sus herederos o cesionarios, sin más requerimiento o aviso, y sin derecho a indemnización por las mejoras que se hubieren introducido en la finca arrendada.
Las contribuciones territoriales impuestas o que se impongan sobre la finca arrendada, serán satisfechas por la parte arrenda-taria durante el término del presente contrato de arrenda-miento.” (Énfasis nuestro.)

En 31 de julio de 1964, e igualmente por escritura pública, las partes modificaron el referido contrato de arrendamiento para aumentar el canon a $4,800.00 anuales, pagaderos a razón de $400.00 mensuales, quedando subsistente en cuanto a todas las demás disposiciones.

El 31 de julio de 1964, en Cabo Rojo, Puerto Rico, me-diante la escritura número 61 otorgada ante el Notario Público Amador Ramírez Silva, Herminio Flores Rodríguez y Regina Toledo Rodríguez liquidaron la sociedad de ganan-ciales existente entre ellos adjudicándose al primero el in-mueble objeto del arrendamiento. En la cláusula sexta de dicha escritura convinieron los otorgantes que “. . . si apareciesen otros bienes o derechos correspondientes a la extinta sociedad de gananciales se dividirán y adjudicarán de por mitad para cada uno.”-

El 25 de marzo de 1954, Tomás López Silva y su esposa María D. González habían suscrito un pagaré por $2,000.00 a la orden de Herminio Flores Rodríguez. Los esposos López González habían abonado $1,000.00 a la deuda y no habían pagado los otros $1,000.00, por lo que Herminio Flores Ro-dríguez encomendó al Lie. Arcadio Toro Goyco el cobro del pagaré.

El Lie. Toro Goyco recobró, mediante reclamación judicial, un total de $2,742.00. Pagados los gastos incurridos y los honorarios del propio Lie. Toro Goyco el total se redujo a $1,800.00. El Lie. Toro Goyco recibió instrucciones de Hermi-nio Flores Rodríguez de llevarle a Regina Cándida Toledo Rodríguez la suma de $900.00. Concluye el tribunal inferior a tal respecto que:

“El Líe. Toro Goyco fue a la residencia de Regina Cándida Toledo Rodríguez con los $900.00, pero ella rehusó recibirlos diciéndole que lo llamaría. El. Lie. Toro Goyco se llevó el dinero y más tarde recibió una llamada en que Regina Cándida le in-formó que el dinero no le pertenecía, que correspondía a un pago de Herminio Flores Rodríguez. También habló con el Lie. Toro Goyco, Pedro II. Flores Toledo, quien le dijo que diera ese dinero a Herminio Flores Rodríguez porque estaba autorizado por Herminio Flores Rodríguez para descontarlo de los cánones de arrendamiento de la finca. El Lie. Toro Goyco fue a casa de Herminio Flores Rodríguez, no lo encontró, y se llevó el dinero a su oficina.
Por instrucciones del Lie. Edwin H. Flores Tirado el Lie. Toro Goyco depositó, en un sobre que selló (según él lacró) con cinta adhesiva o ‘tape’, los $900.00 en billetes de a .$100.00 y se los entregó al Lie. Flores Tirado, no sin antes hacer unas anota-ciones en el sobre y ponerle un sello.”

Concluyó, además, el tribunal que, para el 2 de julio de 1971, la finca arrendada por Herminio Flores Rodríguez a su hijo Pedro H. Flores Toledo adeudaba, por concepto de contribu-ciones sobre la propiedad de los años económicos 1968-69, 1969-70, 1970-71 y 1971-72 la suma total de $4,037.50. En el Registro de la Propiedad, Sección de San Germán, aparece una anotación de embargo a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para responder de $540.57 de contribuciones más $4,917 de recargos, más $35.00 de intereses; que los atrasos se debieron a problemas que tuvo el arrendatario con un subarrendatario anterior de la finca, quien no le pagó ni los cánones de subarriendo ni las contribuciones; que Flores Toledo había hecho promesa de pago al Colector de Rentas Internas de Guánica, Luciano Valentín Ortiz y que el 18 de octubre dé 1971 pagó las contribuciones sobre la propiedad hasta el 30 de junio de 1972.

Como cuestión de derecho concluyó el tribunal inferior que: (1) en efecto el pago de los cánones correspondientes a los meses de abril y mayo de 1971 se había realizado, pues para la fecha en que se interpone la demanda (8 de junio de 1971) ya se había manifestado la intención de “. . . dejarle ese dinero [los $900.00 correspondientes a Regina Cándida Toledo] al demandante para abonarlo a los cánones de arren-damiento que venía obligado a pagar el demandado”; (2) no hay incumplimiento o infracción a las condiciones pactadas, ya que las contribuciones fueron satisfechas durante el término de contrato tal y como se acordó por las partes; y (3) que el retiro del establo realizado por el demandado no ocasionó detrimento alguno a la cosa arrendada.

No creemos necesario considerar la cuestión de si hubo o no una efectiva compensación de los créditos correspondientes a los dos meses de rentas adeudadas y el producto de la dona-ción que le hizo la madre del arrendatario a éste ($900) para que pagase tal renta adeudada. Basta con concluir que el desahucio debió proceder por el no pago a tiempo de las con-tribuciones.

Antes de exponer los fundamentos en apoyo de la anterior conclusión es necesario aclarar las siguientes cuestiones:

Aplicación de la Ley de Alquileres Razonables

Fue pactado por las partes que a partir del 1ro. de agosto de 1964, el canon mensual de arrendamiento sería — y es en la actualidad — de $400.00 mensuales, por lo que, independientemente de si se trata de una vivienda o negocio o ambas cosas, o de una finca urbana o rústica, no le es aplicable la Ley de Alquileres Razonables. Véanse 17 L.P.R.A. sees. 184 y 212; Pons v. Dir. Adm. S. Consumidor, 99 D.P.R. 551 (1971).

Procedencia del desahucio por la vía sumaria fundado en el no pago de las contribuciones en violación del contrato.

Dispone el Art. 621 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 2822) que:

“Procederá el desahucio contra los inquilinos, colonos y de--más arrendatarios, los administradores, encargados, porteros o guardas, puestos por el propietario en sus fincas, y cualquiera otra persona que detente la posesión material o disfrute, precaria-mente, sin pagar canon o merced alguna.”

Los Arts. 628 y 631 del mismo cuerpo legal (32 L.P.R.A. sees. 2829 y 2832) hacen referencia, además, a la falta de pago como causal de desahucio.

Hemos resuelto que procede el desahucio contra un arren-datario por la vía sumaria por una causa distinta a la falta de pago, no obstante que tal es la causa específica a que hace referencia la ley de desahucio.

En adición a la Ley de Desahucio dos cuerpos legales establecen causales para dicho remedio en nuestra jurisdicción: el Código Civil (Art. 1459, 31 L.P.R.A. see. 4066) y la Ley de Alquileres Razonables (Art. 12A, 17 L.P.R.A. see. 193, Suplemento). Se ha reconocido la procedencia del desahucio por la vía sumaria en acciones fundadas en causales de ambos cuerpos legales. Véanse: Campos v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 370 (1953), Veve et al. v. Fajardo S. G. Association, 18 D.P.R. 282 (1912).

Ahora bien, en Veve, supra, a las págs. 297-298, se cita con aprobación al Tribunal Supremo de España a los efectos de que:

“. . . establecido el juicio de desahucio como .procedimiento de reintegrar al dueño de una finca en el pleno ejercicio de sus derechos dominicales, cuando el arrendatario falta abierta y conocidamente a las obligaciones del contrato o cuando haya expirado su término, es preciso, según reiterada doctrina del expresado Tribunal, para el éxito de la acción, que sean de tal naturaleza las relaciones entre arrendador y arrendatario, que se compruebe claramente en el juicio la infracción de las obliga-ciones pactadas, ya con relación al pago del precio o merced estipulada, ya respecto de cualquier otra obligación relativa a la manera de llevarse la finca arrendada, pues cuando las obliga-ciones respectivas son de tal naturaleza o tan especiales o tan complejas que no sea racionalmente posible apreciar con exacti-tud su finalidad y trascendencia, se convertiría el procedi-miento sumario del juicio de desahucio en un medio de obtener con cierta violencia la rescisión de un contrato sin las garantías de defensa e información que ofrecen los juicios declarativos.
“. . . la acción de desahucio sólo es procedente cuando entre el arrendatario y el arrendador o el dueño de la finca y quien la lleva en precario no existen más relaciones jurídicas que los derivados de dicho carácter, y cuando acerca de ellas no existen dudas fundadas que requieran un examen y discusión propios solamente del juicio declarativo correspondiente.”

A los mismos efectos véanse Andino v. Canales, 27 D.P.R. 281 (1919); Carrillo v. Alejandrino, 32 D.P.R. 437 (1923); Pueblo v. Georgetti & Co. Ltd., 46 D.P.R. 61 (1934).

Los casos citados, sin embargo, tratan situaciones en que han surgido conflictos de título o derechos de terceros que no son partes en el pleito de desahucio. Aquí, por el contrario, se trata de una acción de desahucio cuya causal tiene un origen contractual y que puede dirimirse con la mera interpre-tación del contrato. Cabe citar a este respecto el caso de Saldaña v. L. Rinaldi & Co., 15 D.P.R. 133 (1909), en el cual se establece, citando con aprobación al Tribunal Supremo de España, que:

“Las declaraciones referentes a si han sido o no infringidas las condiciones estipuladas en los contratos, deben hacerse, por regla general, en los juicios que llevan el nombre de declarativos, para poder ventilar su razón y fundamento sin que, . . . , hayan de producirse en los sumarios, como el de desahucio, sino en casos especiales en que el dolo, culpa o negligencia del arrenda-tario, hagan tan evidente la infracción por éste cometida, que se imponga como necesidad perentoria e ineludible la reintegra-ción al propietario de sus derechos.”

Hay que preguntarse si ha habido aquí tal negligencia de parte del arrendatario que se justifique en este procedimiento sumario la restitución de sus derechos al propietario. Como cuestión preliminar es preciso determinar también si ha habido incumplimiento de contrato.

La disposición contractual envuelta es la que dispone que las contribuciones territoriales serán satisfechas por el arren-datario “. . . durante el término del presente contrato de arrendamiento.”

El tribunal de instancia entendió que, en vista de que las contribuciones se pagaron antes del vencimiento del contrato, no hubo incumplimiento alguno de la cláusula. Alega el apelante que dichas contribuciones, para cumplir con los términos del contrato, debieron pagarse de conformidad con el Art. 330 del Código Político (13 L.P.R.A. see. 476).

La disposición contractual citada puede interpretarse en el sentido de que otorga al arrendatario un plazo contractual para el pago de las contribuciones — interpretación que le dio el tribunal a quo — o de que fija, no el plazo para el pago, sino la extensión temporal de la responsabilidad del arrendatario. Entendemos que la interpretación correcta es la segunda, pues la primera llevaría al absurdo de que el arrendatario podría dejar acumular las contribuciones de los diez años del término contractual, con el subsiguiente embargo y ejecución de la finca por el Estado Libre Asociado, sin incurrir en una viola-ción del contrato. El Art. 1239 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3477) dispone que:

“el uso o la costumbre del ,país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen estable-cerse.”

Trátase aquí de una práctica que no surge del uso o la costumbre sino de la ley. Pero también la ley puede servir, existiendo omisiones o intención confusa de los contratantes, de base supletoria para la interpretación de los contratos. Véase Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VIII, Vol. II, págs. 534-535.

Concluimos que se incumplió el contrato al no pagarse las contribuciones territoriales de conformidad con el Art. 330 del Código Político, supra.

El incumplimiento, además, ha sido evidente y negligente-mente causado por el arrendatario. Ha dejado acumular cuatro años de contribuciones sin pagar, ha provocado un embargo poniendo al propietario en riesgo de perder su propie-dad. Cierto es que el pago fue realizado en definitiva, pero al realizarse hacía más de cuatro meses que se había radicado la demanda y unos tres meses que se había contestado la misma y nada se alegó en la contestación con respecto al no pago de las contribuciones, de manera que en derecho tal alegación de la demanda se aceptó.

El hecho del pago así realizado, además, no puede entenderse que derrota la acción de desahucio. No constituye una renuncia, pues no es el arrendatario sino el Colector quien acepta el pago. El pago no se ofreció al demandante ni se consignó. El hecho de que el demandante no hiciese expresión alguna o que no tomase medida otra alguna en relación con dicho pago, el cual no estaba en condiciones de evitar o impe-dir, no puede tener el efecto en derecho de una renuncia a su acción de desahucio. Véanse: Igartúa v. Ruiz, 73 D.P.R. 354 (1952); Campos v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 370 (1953).

Debe concluirse que, al no pagar las contribuciones conforme a las disposiciones del Código Político, Art. 330, supra, dejando acumular las mismas durante cuatro años y ocasionando el embargo de la propiedad, el demandado incurrió en incumplimiento del contrato de arrendamiento que, conforme a las cláusulas del mismo, da lugar a su resolución. Deberá revocarse la sentencia y decretarse el desahucio de los demandados.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado.

       La sentencia en dicho pleito fue dictada en 30 de septiembre de 1970, en rebeldía, por él Secretario del Tribunal de Distrito, Sala de Mayagüez.

       “También hijo del demandante, Herminio Flores Rodríguez, en su segunda esposa, y abogado de éste en el presente recurso.
      Pedro H. Flores Toledo es administrador de los bienes de su madre, Regina Cándida Toledo Rodriguez.”

       Dispone en parte dicho artículo que:
      “Las contribuciones impuestas sobre el valor de los bienes muebles e inmuebles serán pagaderas semestralmente por adelantado, el día primero de julio y de enero de cada año. Dichas contribuciones se convertirán en morosas si no se satisfacen dentro de los noventa (90) días después de la fecha en que las mismas se vencieron... .”


author: per curiam:

text:
    Emilio Nevárez, etc., demandantes y recurridos, v. Municipio de Vega Alta, demandado y recurrente.

      Número: R-66-399

      Resuelto: 25 de enero de 1973

      J. B. Fernández Badillo, Procurador General, Gilberto Gierbolini, Procurador General, Ida Cardona Hernández, y Magda E. Haydar de Marti, Procuradoras Generales Auxiliares, aboga-das del recurrente; Ángel Manuel Ciordia, abogado de los recurridos.
   per curiam:

Por los fundamentos relacionados más ade-lante concluimos que debe revocarse la sentencia en este caso que responsabilizó al recurrente por los daños ocasionados a la entonces niña Yilma Nevárez con motivo de la caída de un poste del alumbrado de la plaza de la recurrente.

Los hechos del caso son sencillos. Aparecen relacionados en las conclusiones de hecho así:

“1 — El .primero de julio de 1952 un grupo de niños y niñas de corta edad, a eso de las 7:30 de la noche, practicaban en la Plaza de Recreo de Vega Alta, un juego conocido como ‘la cebo-llita’. Este juego consistía en formar una fila de niños que se agarraban por la cintura, mientras el primero de la fila se agarraba de un poste ornamental del alumbrado del Parque de Recreo. Luego, uno de los niños halaba al último de la fila para ver de lograr desprenderlo de la fila.
2 — El poste en cuestión, era uno, como se dijo, ornamental, de una altura de 15 pies aproximadamente; toda su estructura era de metal, con una base metálica también de mayor anchura. En el tope tenía un foco esférico.
8 — El poste en cuestión cedió lentamente al halón que le daba la fila de niños y se vino al piso. Al caer alcanzó a la demandante Vilma Nevárez, una niñita entonces de 8 años de edad. La niña quedó inconsciente, fue llevada sangrando de una herida en la frente y otra en el hombro derecho al Hospital Municipal de ese pueblo, de donde fue trasladada al Hospital de Distrito de Bayamón. En el Hospital de Distrito de Bayamón estuvo recluida por espacio de 8 días bajo observación. Allí le hicieron seis puntos de sutura en la herida del hombro y uno en la herida de la frente. Hoy día tiene una cicatriz muy pequeña en la frente de aproximadamente un centímetro y en la región escapular, o sea, en el hombro hacia la espalda tiene una cicatriz de aproximada-mente 2de largo y como de anchura, con tejido levantado. En el Hospital de Distrito estuvo bajo observación esta niña, porque se temía una laceración en el pulmón izquierdo ya que la herida en la escápula tenía alguna apariencia de enfisema del tejido subcutáneo. No pudo comprobarse plenamente la existen-cia de tal enfisema. También estuvo bajo observación y trata-miento por temerse la ocurrencia de una concusión cerebral. Mientras estaba hospitalizada esta niña, el día 3 de julio de 1952, durante la noche, tuvo un episodio de vómitos y las pupilas dilatadas, apareciendo la paciente como adormilada. Este epi-sodio terminó sin consecuencias específicas. El mismo pudo deberse a un edema cerebral resultante del golpe recibido, pero no hay constancia pericial de este hecho. Los tratamientos a que fue sometida la niña en el hospital fueron dolorosos; sin embargo fue dada de bajo al noveno día de hospitalización en buen estado y no tuvo que recibir tratamiento adicional.
6 — El poste ornamental a que se ha hecho referencia en la determinación de hechos, se encontraba en mal estado. Puede hacerse esta inferencia por el hecho de que cediera ante el halón de un grupo de niños de alrededor de 13 años. Este halón ño pudo ser más fuerte de lo que era capaz de soportar los brazos del único niño que se asía al poste.
7 — El poste causante del accidente, así como el lugar donde jugaban los niños pertenencia y estaba bajo el control y adminis-tración del municipio demandado.
8 — La niña Vilma Nevárez no estaba participando del juego de ‘la cebollita’ cuando ocurrió el accidente; ella se encontraba sentado en un banco cercano. Cuando se dio cuenta que el poste se venía, salió corriendo, pero siempre una parte de la estructura superior del poste la alcanzó en el hombro derecho y algunos vidrios del farol le produjeron la laceración en la frente y en el cuero cabelludo.
9 — Se estiman los daños y perjucios, en términos generales, sufridos por la demandante en este caso, compensables en una suma de $7,000.00 por concepto de indemnización.
10 — Los postes del alumbrado en la Plaza o Parque de Recreo, donde aconteció el accidente a que se refiere esta demanda, fueron cambiados por postes nuevos de aluminio, poco después del acci-dente en cuestión.”

Apunta el Procurador General que el tribunal de instancia incidió al concluir que el referido municipio incurrió en negli-gencia. Tiene razón.

El tribunal declaró al municipio incursó en negligencia porque (1) el tribunal hizo la inferencia de que el poste ornamental se encontraba en mal estado por el mero hecho de que cedió y se cayó mientras los niños jugaban, unos tratando de separar a otros asidos en cadena al más fuerte a su vez asido al poste y (2) porque poco después del accidente los postes de la referida plaza fueron cambiados. No se adujo prueba alguna de falta de cuidado del poste o de que el municipio tuviese conocimiento de que alguno de tales postes, y el que se cayó en particular, estuviese en mal estado, a pesar de que se presentó al tribunal el poste que se cayó. El interrogatorio por el juez de instancia del testigo que lo identificó fue el si-guiente :

“P — Ese poste al caerse arrancó la base o se partió donde aparece ahí ?
R — Se partió ahí.
P — Entonces la base se quedó empotrada ?
R — Se cayó con todo.
P — Pero por dónde partió el poste ?
R — Se partió aquí.
P — Entonces se quedó la base allí.
R — Sí, señor, se partió por ahí.
P — Entonces partió donde termina ahí ?
R — -Sí, señor.
P — Ese que está ante nosotros se quedó allí en la forma original en que estaba?
R- — -No, se cayó todo.
P — Entonces se partió o se cayó ?
R — Cuando cayó se partió el tubo también.
P — El tubo quedó separado de esa parte ?
R — Sí, señor, la base cayó así y al caer así se partió el tubo.”

No hubo prueba pericial o de otros testigos de porqué se partió dicho poste a no ser por la acción de los niños.

Es posible que el juez de instancia aplicara, sin así decirlo, la doctrina res ipsa loquitur. Dicha doctrina no es de aplicación en este caso, pues de la prueba no puede sostenerse que el accidente no hubiera ocurrido a no ser por la negligencia de los agentes o empleados de la recurrente.

Tampoco procede aplicar a las circunstancias de este caso la responsabilidad estricta impuesta a los municipios en relación con columpios y otros artefactos que usualmente se instalan en los parques para el uso y deleite de los niños. Los postes del alumbrado no se instalaron para el entreteni-miento de los niños. El hecho de que éstos los usaran con ese fin no puede imponer mayor obligación al municipio que la que usual y corrientemente tendría.

Tampoco es de aplicación a las circunstancias de este caso la norma que obliga al dueño de una propiedad a tomar precauciones razonables para proteger a sus invitados. No pueden clasificarse los referidos niños, que realizaban el juego de la “cébollita” como invitados del municipio para ese fin. No hubo prueba de que el municipio, mediante la inspección de los postes, hubiera descubierto condiciones peligrosas en los mismos, o de que pudo anticipar algún peligro en los postes para sus invitados que eran los concurrentes a la plaza. La prueba indica que a no ser por el halón que los niños le dieron al poste, éste no hubiese caído y la niña no hubiese sufrido las lesiones que la caída del poste le ocasionó.

Por los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Baya-món, en 4 de noviembre de 1966.

         Las dilaciones en el procesamiento de este caso son tan inusitadas que resulta necesario relacionarlas con el propósito de que en lo sucesivo no sólo se eviten sino, más bien, que no se permitan por acción positiva de los abogados de los litigantes, y de los tribunales en aquellos extremos al alcance de sus atribuciones. Aunque el accidente ocurrió el primero de julio de 1952 no es hasta el 16 de diciembre de 1960 que se radica la de-manda de daños y perjuicios en contra del municipio. El juicio se comenzó a ver seis años más tarde, en 22 de agosto de 1966. Las conclusiones de hecho y de derecho y la sentencia se dictaron en 4 de noviembre de 1966, es decir, con encomiable prontitud. En 4 de enero de 1967 concedimos término a la recurrente para la transcripción. Esta no se terminó y radicó hasta el 17 de marzo de 1972, o sea cinco años después, a pesar de que sólo se trata de una transcripción de 58 páginas.

        Silverstein v. Camp David, Inc., 59 N.Y.S.2d 6 (1945); Rouillard v. Canadian Klondike Club, 54 N.E.2d 680 (Mass. 1944); Edwards v. City of San Diego, 14 P.2d 119 (Dist. Ct. of App. Cal. 1932).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aybonet Tanco Cora, acusado y apelante.

      Número: CR-71-155

      Resuelto: 25 de enero de 1973

      Raúl M. Olmo Olmo, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

Vuelve a surgir ante nos la falta de cumpli-miento por parte de la policía con la norma que establecimos en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969). Tal falta nos obliga a revocar la convicción en este caso.

El apelante fue acusado y convicto de escalamiento en primer grado. La testigo que lo relacionó con los hechos que dieron lugar al delito fue una joven de 16 años que testificó, en síntesis, que a eso de las dos de la mañana del día 13 de enero de 1970, mientras dormía en su habitación en el hogar de sus padres en Villa Palmeras de Santurce, “de momento desperté y vi en la esquina de mi cama, alzando mi mosquitero, a un hombre ... bajito, medio delgado, fuerte, trigueño y con manchas . . . estaba desnudo de la cintura para arriba . . .”; que le llamó la atención la cara, así como las manchas en los brazos; que había claridad suficiente en el cuarto proveniente de la luz en un poste de la calle para ver a una persona; que desde el momento que se despertó hasta el momento que vio a dicha persona transcurrieron unos cuatro o cinco segundos; que “el individuo salió corriendo del cuarto”; que la policía fue informada del suceso con motivo de lo cual vino un policía esa noche y un detective al día siguiente a informarse de los hechos; que a los dos días unos detectives fueron al colegio donde estaba la testigo “y le dijeron que tenían dos sospechosos en el carro” y entonces ella salió hacia el carro donde estaba el apelante y otro individuo alto y trigueño y ella identificó al apelante como la persona que vio junto a su cama en la noche de los hechos; que no había visto al apelante antes de esa noche; que de su casa faltaba “dinero de mi mamá ... prendas . . . pulsera de charms, cadenas, relojes, un alfiler con piedra de topacio y otras cosas.”

Terminada la prueba de cargo, la defensa solicitó la abso-lución perentoria del apelante por estar viciada la identifica-ción del apelante al no haberse llevado a cabo en armonía con la norma que establece el caso de Gómez Incera, supra. Su moción fue denegada porque “la identificación en este caso es producto de una observación de la testigo la noche de los hechos”, de manera que el caso de Gómez Incera no es apli-cable; que “Sin debida asistencia de abogado y sin debido ‘line up’, si la evidencia se admite sin objetarse, se renuncia a todo lo demás.” Al terminar el juicio cuando se volvió a plantear la cuestión de la nulidad de la identificación, deter-minó el tribunal de instancia que:

“. . . entiende el Tribunal que no es [sic] de aplicación en [sic] los casos de Wade, Guilbert y Simmons y que más bien es de aplicación en el caso de Gómez Incera, en aquel aspecto donde el Tribunal Supremo establece que bajo aquellas circunstancias, estaba plenamente convencido que las testigos identificaron co-rrectamente al acusado. Entendemos que en este caso, al igual que en el caso de Gómez Incera, entendemos que no ha habido duda alguna de parte de la joven Ivette González Meléndez de que la persona que ella observó la noche de los hechos y que luego identificó sin vacilación alguna, es la misma persona y en la forma que declaró la testigo, tomando en consideración que solo es una persona de 16 años de edad, la testigo identificó al acusado conforme a derecho, a pesar de que no hubo la situación del line up tantas veces mencionado en el caso del Honorable Tribunal Supremo de los Estados Unidos.”

En el curso de la presentación de .la prueba de la defensa, el apelante renunció a juicio por jurado y el caso continuó por tribunal de derecho.

En este recurso el apelante apunta que el tribunal de instancia incidió al admitir en evidencia la identificación del apelante y el testimonio sobre dicha identificación.

El récord demuestra que no se cumplió con la norma que establecimos en Gómez Incera, supra, y que no hubo en este caso circunstancia alguna como dijimos en Pueblo v. Montañez Ramos 100 D.P.R. 911 (1972), que justificara el no aplicar dicha norma. El dejarla de aplicar en circunstancias como la de este caso constituye una negación al apelante del debido proceso de ley. En otras palabras, los procedimientos que llevan a una identificación están tan viciados “que como cuestión de derecho hagan constitucionalmente inadmisible la identificación.” Foster v. California, 394 U.S. 440, 443 (1969).

Es tiempo ya de que la policía y los fiscales se apresten a aplicar el procedimiento de identificación que establecimos en Gómez Incera, supra, en circunstancias como las de este caso pues al dejar de hacerlo anulan la identificación y nos obligan a revocar las sentencias que se dictan en casos como el que nos ocupa.

De conformidad con lo dicho, se revocará la sentencia dictada en este caso por el tribunal de instancia, en 10 de julio de 1970, y se absolverá al apelante.

El Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel, y los Jueces Asociados, Señores Martínez Muñoz y Martín, disien-ten.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Manuel Delgado Meléndez, acusado y apelante.

      Número: CR-72-50

      Resuelto: 25 de enero de 1973

      José Torres Ortiz, abogado del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Acusado y convicto del delito de hurto mayor por una mayoría de once a uno del jurado, el apelante fue sentenciado a cumplir la pena de cuatro a siete años de presidio.

En apoyo de este recurso apunta que el tribunal de ins-tancia incidió (1) en sus instrucciones sobre coartada y al instruir al jurado sobre el uso y propósito de la declaración jurada de la perjudicada; y (2) . . al no entregar o dar lectura para el Jurado de la Denuncia y las notas del Lie. Castillo Marín admitidas en evidencia.” Además alega que incidió al denegar la moción de absolución perentoria y para dejar sin efecto el veredicto, ya que la identificación del apelante no se estableció más allá de duda razonable.

De entrada es necesario llamar la atención al juez sentenciador a que está obligado a seguir y aplicar la norma que establecimos en Pueblo v. Moreu Pérez, 96 D.P.R. 60 (1968), con respecto a instrucciones sobre la defensa de coartada. Al dar instrucciones al efecto de que “Si la prueba presentada para establecer una coartada deja de demostrar claramente que el acusado se encontraba en el sitio que alega y precisamente en el mismo momento de la ocurrencia de los hechos o que él no pudiera encontrarse en el lugar del delito al tiempo de ocurrir éste, la coartada ha dejado de establecerse.” es aparente que dicho juez, o desconocía la norma de Moreu Pérez o, conociéndola, simplemente no la recordó por inadvertencia, o hizo caso omiso de la misma. Tal instrucción se dio a pesar de que, al terminar el juez sentenciador de dar su instrucción al jurado, la defensa en efecto le llamó la atención de que esa instrucción no era correcta. Este error perjudicial sería suficiente para dejar sin efecto la sentencia y ordenar un nuevo juicio.

Resulta, sin embargo, qué la policía continúa actuando con respecto a la identificación de sospechosos en circunstancias como la de este caso, como si aún no hubiéramos establecido la norma de que tal identificación se practicará poniendo al sospechoso a la vista del que hubiere de identificarlo en unión de otras personas de circunstancias exteriores similares, de manera que en presencia de todas estas personas en tal rueda o grupo, o desde un punto en que no pudiese ser visto, el que deba practicar el reconocimiento, manifestará si se encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones, designándolas en caso afirmativo clara y determinadamente. Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 260 (1969). La policía venía obligada a aplicar esa norma en este caso ya que la identificación en el mismo se practicó el 5 de diciembre de 1970, o sea, unos seis meses con posterioridad a nuestra séntencia de 6 de mayo de 1970 en Gómez lucera, supra.

Las circunstancias de este caso requerían que la identificación del sospechoso se hiciera de acuerdo con la referida norma. El siguiente resumen de la prueba lo demuestra.

Mientras la testigo Srta. Haig y una amiga caminaban por la calle Caribe, entre la Avenida Ashford y la calle Magdalena, en el sector del Condado en el municipio de San Juan, como a las siete de la noche, la Srta. Haig oyó alguien co-rriendo detrás de ella, sintió algo que le dio en el hombro izquierdo, y un hombre le pasó quitándole la cartera de su mano. Esa noche era “entre medio” de claro y oscuro; había una luz indirecta. La Srta. Haig corrió tras el referido sujeto como 20 ó 25 pies, por unos segundos, separados el uno del otro por unos tres pies. En la esquina dicho individuo abordó un vehículo de motor conducido por otro. Se alejaron de allí rápidamente pero la Srta. Haig pudo recordar el número de la tablilla y el color amarillo claro del vehículo el cual era ni muy viejo ni muy nuevo, con capota dura del mismo color. La Srta. Haig dice que le vio la cara al hombre que le arrebató la cartera porque mientras corría éste se viró dos veces. A esos efectos el interrogatorio de la Srta. Haig fue el siguiente:

“R. Una vez bien ligeramente y después un' poco más largo cuando vio que de veras yo estaba corriendo detrás de él.
P. Tenía alguna cicatriz en la cara o algo ?
R. No.
P. Que no la tiene o no la vio ?
R. Que yo no vi.
P. Pudo ver la forma de la boca ?
R. Yo vi la forma de su cara y sus ojos.
P. Los ojos son achinados o grandes?
R. Ninguna de las dos.
P. Cómo eran los ojos ?
R. No grandes ni pequeños, blancos, bien claros y el iris bien oscuro.
P. Esos son los ojos. La pupila y el iris bien claro, ni grandes ni chicos. Cuántas personas usted ha visto hasta el día de hoy con los ojos que responden a esa misma característica?
R. Ninguna.
P. Que tenga ojos negros, la pupila ni grande ni chica?
R. Yo no estaba mirando los ojos de nadie hoy.
R. El pelo no era estilo hippie, pero el estilo era un poco más largo, era más largo que corto, pero no el estilo hippie.
P. Y mirándolo de espalda, hasta dónde le llega ya el pelo, hasta el cuello de la camisa?
R. Hasta el cuello.
P. Hasta la parte superior o inferior del cuello, en la base acá?
R. No sé lo que quiere decir.
P. Sí, tenga la amabilidad de tocarse ella hasta qué sitio le llegaba el pelo ?
R. En alguna gente es más corto, era un peinado normal, el pelo estaba normalmente, en una parte normal, la línea del pelo.
P. Tenía ondas el pelo ?
R. Muy ondulado.
P. De dónde empezaban las ondas?
R. En la cabeza, superior.
P. Había visto ella en otras ocasiones a una persona con todo el pelo ondulado ?
P. Esta persona con ese pelo ondulado en toda la cabeza, es la primera que usted ve una persona así ?
R. No, mucha gente en Puerto Rico tiene cabellos así.
P. Y en Puerto Rico no ha visto personas con ojos negros, bien negros, azabache que le llaman?
R. Yo he visto mucha gente con ojos bien oscuros.
P. Ni grandes ni pequeños?
R. Yo he visto todo estilo de ojos, en todos los colores y esti-los y también ...
P. Color de los ojos más como ella cree que son?
R. Brown.
P. Dark or light?
P. Si aparece de la declaración jurada algo sobre la identifi-cación del acusado, o sea, de la persona ?
R. Sí, cuando él viró, que yo claramente vi su cara.
P. Pero nada en cuanto a las características de la persona ?
R. No me dijeron que tenía que escribir eso.
P. Entonces usted . . . esta persona miraba hacia atrás mientras corrió o se detuvo ?
R. No, él estaba corriendo y mirando hacia atrás, a mí.
P. Usted dijo que había mirado dos veces hacia atrás?
R. Una vez ligeramente y una por un tiempo más largo.
P. Por cuánto la primera vez ?
R. Medio segundo.
P. Allí pudo ver alguna característica de esta persona, del físico, esa primera vez ?
R. El perfil.
P. La segunda, por cuánto fue que dijo que lo vio?
R. Cinco o seis segundos.
P. Cinco o seis segundos en un trayecto de 25 pies ?
R. Aproximandamente.
P. Y corrió la persona por seis segundos ?
R. Yo estaba corriendo.
P. Y le vio las características entonces de esa persona por seis segundos ?
R. Posiblemente era un poquito más largo que eso, no podía ser más corto tiempo, yo estuve un buen rato mirando al hombre.
P. Y habló del tiempo. Si fue menos tiempo ?
R. No.
P. Fueron seis segundos o más ?
R. Seis segundos o más.”

Como el color del vehículo no aparecía en su declaración jurada, a preguntas de la defensa, la Srta. Haig testificó que “me han informado que el auto es amarillo”; que se lo informó el abogado del dueño del auto.

La Srta. Haig testificó que al día siguiente de los hechos la policía la llamó y fue al cuartel. Allí volvió a ver al apelante. Su interrogatorio al efecto fue el siguiente:

“P. Y al acusado lo identificó también en un grupo de per-sonas o no había grupo de personas, en un line up, que llaman ?
R. No.
P. Estaba solo o estaba acompañado el acusado cuando usted supuestamente lo identificó? ■
R. Primero yo no sabía que ellos tenían al acusado. Cuando entré al Cuartel de la Policía lo vi sentado allí y cuando el policía entró al cuartel, yo le dije a él...
P. Qué le dijo?
R. Ese es el hombre que me robó.
P. Y así lo dice la declaración jurada?

Hon. Juez:

Un momentito, la intérprete no ha interpretado al español la contestación.
R. A mi me dijeron que entrara al cuartel, habían dos hombres sentados allí y no estaba segura que uno de ellos fue él que me robó, pero no podía ni pensar que el policía lo dejaría, un hombre cómo éste, sin tener cierta autoridad alrededor de él con todas las puertas abiertas y no había ningún policía en la esta-ción, en el cuartel. (Énfasis nuestro.)
R. Fuimos adonde estaba el policía y le dijimos que ese fue el hombre que me robó.
P. Quién fue la primera en hablar al policía ?
R. Yo le hablé a ella primero y como ella habla más español que yo, pues ella habló al policía?
R. Después que la dueña de la casa donde yo vivía le habló, entonces el policía se viró y me preguntó si ese era el hombre y yo le dije que sí. (Énfasis nuestro.)
P. Dónde estaba el hombre éste, cuando usted le dice al poli-cía que ese era el hombre?
R. En el cuartel, al frente.
P. Ese señor estaba solo o acompañado o estaba en un grupo de otras personas cuando usted lo identifica?
R. A principio él estaba con un hombre más bajito.
P. Al momento que lo identifica?
P. Cuando el policía le pregunta a ella si ése es el hombre, si es este hombre, el acusado estaba solo o estaba acompañado o estaba entre un grupo de otras personas ?
R. El estaba sentado con otro hombre.
P. No es cierto que usted le dijera al señor policía, el hombre que está sentado al lado de ese otro fue el que irte llevó mi cartera ?
R. Sí.
P. Entonces, no es que el policía le pregunta si ese era el hombre?
R. Yo no sé lo que la dueña de la casa le dijo en español, pero el policía me preguntó; ¿ese es el hombre? Y yo le dije que sí, indicando uno de los hombres que era el hombre. (Énfasis nuestro.)
P. Indicando, pero no diciéndole; el hombre sentado al lado de ese otro es el que me llevó la cartera? Si esa expresión la hizo o no la hizo ?
R. No, yo no indiqué hasta más tarde.
P. A pesar de que el policía le había hecho una pregunta señalando que.... ?
R. No estaba en el mismo salón cuando me preguntó eso el policía.
P. Entonces, cómo ella sabía a quién se refería el policía si no está en el mismo salón ?
R. Habían nada más que dos hombres allá dentro.” (Énfasis nuestro.)

Las circunstancias que hacían imperativo aplicar la norma de Gómez Incera, supra, a este caso, son las siguientes:

1. — Los hechos ocurren en una semiobscuridad.

2. — La Srta. Haig le corre detrás al sospechoso por unos 20 ó 25 pies, cosa de segundos. Su testimonio es que le vio la cara porque él mantuvo su cara virada hacia ella durante unos 5 ó 6 segundos mientras corría hacia adelante, es de dudosa credibilidad pues resultaba, de ser esto cierto, que durante casi todo el trayecto el sujeto que le quitó la cartera a la Srta. Haig corrió de espaldas hasta el vehículo hacia el cual se dirigía.

3. — Los detalles de la cara y vestimenta del sospechoso no se relacionaron en la declaración jurada de la Srta. Haig.

4. — En contraste con su buena memoria con respecto a los hechos del caso y de la identificación, no recordaba dónde y bajo qué circunstancias “creía” que había visto al Lie. Castillo Marín. Resulta que éste asistió al sospechoso en la vista preliminar y allí vio y oyó declarar a la Srta. Haig. Su interrogatorio al efecto fue el siguiente:

“P. Sin referirse a sus notas, usted recuerda si esta Srta. Doris Jaig \_sic], en cuanto a Víctor Manuel Delgado Meléndez, en la vista preliminar lo identificó positivamente?
R. No entiendo la pregunta.
P. Si hubo una identificación positiva de la señorita Haig en cuanto a Víctor Manuel Delgado Meléndez, cuando usted le pre-guntó si lo conocía o no ?
R. En la oficina del Juez?
P. Sí, en la vista preliminar.
R. En la oficina del Juez, ella declaró que había visto una persona, uno de los acusados. Primeramente dijo que era el otro acusado contra él cual no hubo causa probable y después dijo que no, que era éste aquí presente, señor Víctor, que lo había visto por allí por él sitio.
P. Pero primero dijo que fue el otro ?
R. Primero dijo que fue el otro y después dijo que fue éste.
P. En algún momento ella dijo que no conocía a Víctor Manuel, al acusado?
R. Perdón?
P. Si en algún momento en esa vista, ella dijo que no conocía ni había visto a Víctor ?
R. Por eso, dijo que no lo conocía. Había visto por el sitio donde ella vivía el otro y luego dijo que era éste.
P. Cuál fue la persona que ella señaló como la que le arrebató la cartera el 4 de diciembre de 1969 en la Avenida Ashford?
R. El aquí acusado.
P. Lo señaló y dijo que, ese es ?
R. Sí, señor.
P. Originalmente esta señorita Haig señaló a este acusado como que fue el que le arrebató la cartera, en la vista preli-minar?
R. En 'la vista preliminar.
P. Al preguntarle si conocía a Víctor Manuel como el que le había arrebatado la cartera, qué fue lo que dijo ella original-mente?
R. Ella habló de que conoció ... Se le preguntó específica-mente que si conocía alguna de estas personas de antes de los hechos. Ella dijo primero que había visto a este señor Víctor anteriormente por el sitio donde ella vivía y posteriormente, perdón, había visto primero . . . primero dijo que había visto al otro señor por el sitio donde ella vivía y que lo conoció de vista y luego dijo que no, que era a este otro señor, a Víctor. Es la misma pregunta que se había formulado.”

En vista de lo expuesto, debe revocarse la sentencia dictada en este caso el '30 de septiembre de 1970 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y absolverse al apelante.

Los Jueces Asociados, Martínez Muñoz y Martín, disien-ten.


text:
    Cecilio Méndez Pérez, et al., peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Daniel E. López Pritchard, Juez, demandado.

      Número: O-72-101

      Resuelto: 26 de enero de 1973

      Wilfredo A. Geigel, abogado de los peticionarios; Tomás Torres Marrero, abogado del interventor.
   per curiam :

Se recurre ante nos de la resolución del tribunal de instancia en 28 de enero de 1972 la cual denegó la reconsideración de. los peticionarios de la sentencia que declaró con lugar la reconvención de los demandados en el caso iniciado en su contra por los peticionarios. Previamente se había desestimado la demanda porque los peticionarios no contestaron unos interrogatorios de los demandados. Dicha sentencia condena a los peticionarios a pagar a los deman-dados la suma de $8,096.00 de daños más $400 por concepto de honorarios de abogado.

A continuación relacionamos los hechos del caso.

Según el testimonio del Ledo. Cayetano Coll Pujols, a principios de 1968, la Alcaldesa de Orocovis visitó al testigo en su hogar a solicitarle que representaran al peticionario Cecilio Méndez Pérez en una denuncia por infracción a la Ley de Automóviles a lo cual accedió. Compareció al Tribunal de Distrito donde obtuvo la absolución del acusado; que entonces el peticionario le pidió radicara una demanda por los daños que había sufrido con motivo de la colisión del vehículo del peticionario con el de los demandados en el caso; que dictó la demanda a la secretaria de su hermano Víctor Coll Pujols y le pidió que se la diera a dicho hermano para que la firmara y la radicara lo cual éste hizo. Testificó que:

“Como ya nosotros nos habíamos retirado de la práctica activa de la profesión expresamente en cuanto a lo civil se refería. Nos dedicábamos exclusivamente a la parte penal de la ley, a la parte criminal, pues yo iba por la oficina de Víctor de vez en cuando, esporádicamente, había veces que pasaban dos meses, tres meses y entonces yo más bien iba de visita. Claro, los asuntos que yo tenía pendiente los Secretarios de los Tribunales me los remitían a la oficina, a la dirección del hermano mío, allá a las oficinas pero la secretaria de él lo que hacía era cogía esos . . . esas comunicaciones, verdad, las metía en un sobre y me las dirigía a casa. Muchas llegaban a tiempo, otras llegaban después que ya la fiesta había pasado y yo no podía asistir.
. . . una vez creo que por casualidad recibí una copia de una resolución del Honorable Juez de este Tribunal Superior don Héctor Somohano donde declaraba sin lugar la demanda por incomparecencias y demás y dejaba en pie la reconvención. Yo inmediatamente, porque da la casualidad que ese día pues llamé inmediatamente a la oficina y le dije a Luz María que le escri-biera una carta a Ofelia diciendo lo que había pasado para que notificara al cliente que viniera por la oficina porque yo no lo volví a ver más, después de ese primer día no lo volví a ver más.
Y hace cosa de dos meses el hombre llegó a casa a decirme que él ... y le dije bueno pero yo de eso no se nada, yo no tengo nada que ver con eso.”

El testigo Víctor Coll Pujols testificó que nunca había visto a Méndez Pérez; que su única ingerencia en el caso fue firmar los documentos que su hermano dictó a la secretaria de aquél. En cuanto a los interrogatorios que le notificaron en el caso, testificó que “se la pasaba yo a mi hermano, o sea, mi secretaria, como él no tiene teléfono, lo que hacía era que compilaba todos los documentos que venían y se los mandaba en un sobre a mi hermano. Y verá V. H. también que no hay contestación a interrogatorios porque mirando el expediente creo que no existe contestación a interrogatorios, tengo entendido fue la alcaldesa la que estaba lidiando con este caso”; que “Yo nunca tuve la contratación profesional entre el señor Méndez y yo porque nunca hubo, primeramente yo no era el abogado de él, no existía esa relación de cliente y abogado porque el abogado del señor Méndez no era yo, tan es así que nunca he tenido el honor de conocerlo y el caso se lo llevaron a mi hermano a mi no me lo llevaron.”

El peticionario, Sr. Méndez Pérez, testificó que no conocía al Ledo. Víctor Coll Pujols ni lo autorizó a representarlo; que su propósito al solicitar del Ledo. Cayetano Coll Pujols que radicase la demanda en cuestión era “. . . nada más para aguantar el caso en caso de que hubiera una demanda de la parte contraria en contra mía pero no con el mero hecho ni con tal propósito de obtener nada de ese señor envuelto en la otra parte”; que “. . . Al terminar el juicio y yo salir absuelto yo le pregunté [al Ledo. Cayetano Coll Pujols] respecto a la demanda y él me dijo que había que esperar, que se iba a quedar pendiente y que había que esperar por lo menos seis meses para saber si la otra parte contrademandaba o no." (Énfasis nuestro.) Con respecto al interés del demandante en el caso, el siguiente interrogatorio es revelador:

“Hon. Juez:
Compañero, hemos entendido hasta donde ha expresado el testigo el propósito era detener una reclamación en su contra. Lie. Torres Marrero:
P. Eso era ¿verdad?
R. Correcto.
P. ¿ Ese era su interés ?
Hon. Juez:
Un momentito compañero, lo que está envuelto aquí es la representación, vamos a...
Lie. Torres Marrero:
Correcto, V. H. fíjese ahora la pregunta.
P. ¿Y si ese era su interés, verdad, usted tenía interés en el caso por esa razón, entonces, si ese era su interés porqué usted a pesar de haber transcurrido tantos años usted ni siquiera fue a visitar a este abogado para ver como iba su caso que usted interesaba ?
R. ¿Y cómo usted sabe que yo no fui a verlo a él? Si usted me puede probar a mi que yo fui a su casa y no lo encontré en dos ocasiones que fui a su casa. ¿Usted me puede probar lo con-trario? Pruébemelo.
P. Oiga testigo, ¿ usted no habló con él, verdad que no ?
R. ¿ Como que no hablé con él ?
P. ¿ Con el Licenciado Cayetano Coll, habló con él ?
R. Sí señor, la primera vez que lo vi sí.
P. Después usted dice que lo fue a procurar y no habló con él.
R. El no estaba en su casa.
P. ¿No habló con él verdad que no?
R. No señor.
P. ¿Y ahora habló con él, verdad que sí? ¿Después que reci-bió la sentencia, habló con él ?
R. Tuve que localizarlo, me vi forzado a localizarlo para ver cual era el procedimiento, que había pasado porque yo ignoraba...
P. Ahora que recibió la sentencia habló con él.
R. Correcto.
P. Antes no.
R. Vuelvo y le digo que en dos ocasiones fui a su casa y no lo pude conseguir en su casa para relacionarme con el caso.
P. Pero no hizo 'las gestiones para hablar con él a pesar de no haberlo conseguido.
R. Entonces cual es el hecho si yo voy a su casa en dos ocasiones y no lo encuentro en su casa, que usted quiere, él no tiene medios de comunicación, no tiene teléfono, no tiene oficina porque la oficina que él tiene es la del hermano, como se dijo anteriormente aquí, como usted quiere que yo sea un fantasma y me presente donde él está.
P. Entonces como no lo encontró pues el caso allá que se resuelva en la forma que se resuelva porque usted no lo .encontró.
R. No, no. No es como usted lo dice, no es que se resuelva como se resuelva, si la otra parte contrademandó yo ignoraba completamente porque en ningún momento el señor me comunicó a mi que el caso había proseguido.
P. Y ustedes supieron de esta sentencia porque este abogado se lo comunicó a ustedes, ¿ es correcto ?
R. Según tengo entendido usted habló con mi esposa. . .

La demanda en el caso lleva fecha de 18 de abril de 1968. En 28 de mayo de. ese año se radicó la contestación la cual incluía una reconvención que reclamaba $75,000 de daños y perjuicios, $2,500, por daños al vehículo y $5,000 de daños sufridos por la esposa del reconvencionista. En 29 de agosto de 1968 notificó este último unos interrogatorios a los peticio-narios a través de su abogado de récord Ledo. Víctor Coll Pujols. Como no se contestaron, en 7 de octubre de 1968 el reconvencionista solicitó orden del tribunal que obligara al peticionario a contestar, orden que se expidió 8 días después. En 11 de diciembre de 1968 se solicitó se tomaran sanciones contra los peticionarios por no contestar los interrogatorios. A petición del Ledo. Víctor Coll Pujols se pospuso la vista de esta moción para el día 4 de enero de 1969 a la cual no com-parecieron las partes.

El 10 de febrero de 1969, en vista de lo expuesto, el tribunal de instancia dictó sentencia desestimando la demanda dejando pendiente de consideración la reconvención. Esta se señaló por segunda vez para ser vista en 29 de agosto de 1970 cuando sólo compareció el reconvencionista y pasó su prueba en apoyo de su reclamación.

En 16 de julio de 1971, dictó el tribunal sentencia decla-rando con lugar la reconvención y condenando a los peticio-narios a pagar los daños previamente indicados. Luego de ordenarse la ejecución de esta sentencia mediante el embargo de bienes de los peticionarios en que éstos, a través de otro abogado, solicitaron en 1ro de octubre de 1971, que se dejara sin efecto esta última sentencia, moción que, luego de oídas las partes y considerados sus memorándums, fue declarada sin lugar por el tribunal de instancia en 28 de enero de 1972.

Apuntan los peticionarios que el tribunal de instancia incidió al denegar su solicitud para que se dejara sin efecto la última sentencia dictada en este caso. Se basan en lo dispuesto en las Reglas 49.2(1) y 49.2(6) de las de Procedimiento Civil. Sostienen que “aquí no se trata de la actuación o la falta del abogado de la parte [sino] que el abogado que aparece de récord no es el abogado contratado por la parte”, por lo que a los peticionarios no se [sic] les puede imputar las consecuencias producidas por la falta o negligencia de su abo-gado. Invoca la doctrina de Ramírez de Arellano v. Secretario de Hacienda, 85 D.P.R. 823 (1962).

En González v. González, 76 D.P.R. 18, 21 (1954) dijimos que “No debe relevarse a una parte de las consecuencias pro-ducidas por la falta o negligencia de su abogado, a menos que se trate de un caso extraordinario donde de otra suerte resul-taría un completo fracaso de la justicia.”

En Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88, 89 (1966) añadimos que:

“Por regla general, y en ausencia de circunstancias que justi-fiquen lo contrario, todo litigante que escoge libremente a un abogado para que lo represente en un litigio no puede evitar las consecuencias de los actos y omisiones de tal agente y debe con-siderarse que ha tenido aviso de todos los hechos y actos que le han sido notificados a su abogado.

Cuando se solicita el remedio provisto por la Regla 49.2, no es suficiente alegar que la omisión que dio lugar a que se dictase la sentencia se debió a error, inadvertencia, sorpresa o negli-gencia excusable. Hay que indicar los hechos que constituyen la justificación de la omisión ... El peso de probar negligencia excusable gravita sobre el afectado por la sentencia, y éste debe justificar su posición por una preponderancia de la prueba.” Véase, además, Barletta v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 379 (1970).

La prueba demuestra que el abogado contratado por los peticionarios para iniciar la acción en este caso incurrió en una crasa negligencia que ocasionó su completo y absoluto abandono del caso. Más aun, indebidamente delegó la repre-sentación legal de los peticionarios en otro abogado, quien, a su vez, también incurrió en negligencia, pues aunque no estaba expresamente autorizado por los peticionarios para representarlos, no se ocupó de proteger los derechos de los peticionarios asegurándose que los interrogatorios llegasen a manos del abogado contratado por los peticionarios y que éstos estuviesen representados por abogado en las vistas del caso subsiguientemente señaladas o por lo menos, que tuviesen los peticionarios conocimiento de lo que venía ocurriendo en el caso.

Concluimos, sin embargo, que la referida negligencia de los abogados Coll Pujols, bajo las circunstancias de este caso, no debe ser causa o motivo de que se responsabilice a los peticionarios en ausencia de una vista sobre los méritos de la reconvención en la cual los peticionarios tengan la oportunidad de una adecuada defensa pues el sostener la sentencia impugnada resultaría en un completo fracaso de la justicia. La prueba demuestra que el peticionario Méndez Pérez, carente por completo de experiencia en asuntos litigiosos al extremo que testificó que lo hacía por primera vez en su vida, trató sin éxito de comunicarse con su abogado durante los meses subsiguientes al instruir a dicho abogado que radicase la demanda en este caso, de manera que si hubo alguna negli-gencia de su parte en enterarse del progreso del caso la misma constituyó la negligencia excusable a que se refiere la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil.

En vista de lo expuesto debe revocarse la resolución dic-tada por el tribunal de instancia en 28 de enero de 1972 y en su lugar debe dictarse sentencia dejando sin efecto la sen-tencia dictada por dicho tribunal en 16 de julio de 1971. En tal virtud debe devolverse el caso al tribunal de instancia para que señale y celebre la vista de la reconvención en sus méritos.

       Estas Reglas disponen que “Mediante moción y bajo aquellas con-diciones que sean justas el Tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:
      1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable.
      2) . . . . . . . .
      3) . . . . . ...
      4) Nulidad de la sentencia
      5) .
      6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.”


text:
    Stargus Properties (Puerto Rico), Berens Mortgage Bankers, Inc., Clyde D. Frame y Juan A. Rodríguez Segura, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, Honorable Juan Taboas Santiago, Juez Superior, demandado.

      Número: O-72-288

      Resuelto: 26 de enero de 1973

      Dubón & Dubón y Heberto J. de Vizcarrondo, abogados de los peticionarios.
   per curiam:

Ida M. Hernández y los esposos Quiñones-Santiago, Hernández-vMartínez, y Díaz Soto-Díaz, radicaron demanda contra Méndez & Associates Development Corporation (en lo sucesivo designada Development), Méndez Deynes, Berens Inc. y Stargus Properties Puerto Rico, Inc. en la que alegaron:

(1) haber celebrado cada uno con Development por con-ducto de Méndez Deynes, un contrato de compra de las siguientes propiedades en la Urbanización de la Development en el Reparto El Maestro de Camuy, P.R.: ■

Ida M. Hernández — solar de 300.15 metros cuadrados, con casa, precio $14,250, depositó con Development $950.

Hernández-Martínez — solar de 315 metros cuadrados, con casa, precio $15,000, depositó con Development $1,000.

Quiñones-Santiago — solar de 300.15 metros cuadrados con casa, precio $14,300, depositó con Development $4,300.00.

Díaz Soto-Díaz — solar de 361.93 metros cuadrados, con casa, precio $15,500, depositó con Development $1,500.00.

(2) que Berens, a través de Stargus, sé hizo cargo del proyecto al fracasar Development.

(3) que al terminarse el proyecto y exigir los deman-dantes sus propiedades, las demandadas les exigen pagos adi-cionales no convenidos que sobrepasan los precios contratados.

(4) que solicitan se les entregue las propiedades compra-das a los precios originalmente convenidos, $5,000 a cada demandante por concepto de angustias mentales sufridos, más $6,000 a cada demandante por concepto de intereses. Development y Méndez en su contestación negaron las alegaciones de la demanda y en adición Méndez alegó que como individuo no es responsable por ninguna deuda de Development.

Luego de declararse sin lugar su moción de desestimación, Berens y Stargus radicaron su contestación negando las ale-gaciones de la demanda, admitiendo haber terminado algunos trabajos en el referido proyecto; que Stargus le ha ofrecido venderles las casas y solar a los demandantes en determinados términos y condiciones; que no han contratado con ninguno de los demandantes por lo que no existe nexo contractual alguno entre los demandantes y estos demandados ni obliga-ción cuyo cumplimiento pueda exigírsele a éstos.

Solicitaron sentencia sumaria los demandantes apoyán-dola en declaraciones juradas de éstos, acompañadas las de Díaz Soto-Díaz y Hernández-Martínez de sus contratos de Promesa Bilateral de Compra y Venta otorgados por ellos y Development por virtud de los cuales Development se obligó a vender a éstos los solares A-9 de 361.93 metros cuadrados y A-21 de 315 metros cuadrados, con casas y éstos a comprarlos por $15,500 y $15,000 respectivamente, de lo cual se hicieron depósitos de $1,500 y $1,000, conviniéndose que las escrituras de venta y de hipoteca se otorgarían dentro de 10 días de notificar Development que están listas, y que Development haría entrega de las propiedades “. . . luego de haberse expe-dido el correspondiente Certificado de Tercera Inspección Final por la Administración Federal Sobre Hogares, (FHA), y/o el Permiso de Uso por la Junta de Planificación de Puerto Rico.”

Berens y Stargus radicaron oposición a dicha moción y en apoyo de dicha oposición radicaron una declaración jurada a la que se unió copia de la escritura de compra de una finca de 8.6205 cuerdas en Camuy, sujeta a una hipoteca en garantía de un pagaré al portador por $445,000. No aparece en dicha escritura referencia alguna a los contratos alegados por los demandantes en su demanda. Ni aparece que éstos se hubiesen presentado al Registro de la Propiedad para tomarse cuenta de los mismos en la inscripción de la referida finca.

En dicha escritura se convino que “. . . la COMPRADORA, [Stargus] no asume ninguna responsabilidad personal por el pago de dichas sumas, [cargos ascendentes a $6489.78] de-biendo los acreedores de la vendedora [Development] recurrir únicamente contra la propiedad para el cobro de sus respecti-vas acreencias.”

Sometida la anterior moción, el juez de instancia dictó, en 24 de mayo de 1971, la siguiente orden, luego de indicar que “sobre esta propiedad debe haber una total congelación”:

“Este Tribunal en virtud de la Regla #56 de Procedimiento Civil vigente, decreta la prohibición de disponer o de cualquier acción de dominio eminente sobre la propiedad objeto de este litigio.”

La fianza de $5,000.00 fijada en dicha orden y posterior-mente aprobada por dicho tribunal aparece jurada y firmada ante notario por los cuatro demandantes. En la misma aparece la firma del fiador pero no aparece, reconocida y suscrita por éste último ante notario u otro funcionario autorizado para ello.

Apareció de interrogatorios al efecto que los solares A-9 y B-5 fueron vendidos por Stargus a otras personas lo que los demandantes notificaron al tribunal en 31 de agosto de 1971. El tribunal señaló vista por lo que no deba ser declarada la parte demandada ineursa en desacato. Más tarde ordenó el tribunal la comparecencia de la Junta de Directores de Star-gus para explicar la venta de las casas que el tribunal había ordenado no hiciese y solicitó que las partes se reuniesen y discutiesen la fianza que los demandados debían prestar de salir incursos en desacato. Como a la continuación de la vista sobre desacato no compareció la representación legal de los demandados, y su moción de suspensión no se envió a tiempo, el tribunal ordenó el arresto del letrado “por desacato con $2,500 de fianza” y se impuso a los demandados $200 de honorarios para los demandantes más las costas de la suspen-sión. En la vista del 21 de abril de 1972 la representación legal de los demandados fue exonerada del desacato que se le imputó.

En 2 de agosto de 1972 dictó el tribunal de instancia una resolución por virtud de la cual concluyó que el otorgamiento por Stargus de las escrituras de compraventa antes menciona-das se realizaron en violación de la Orden de 24 de mayo de 1971 que decretó “. . . una total congelación” de “. . . la propiedad objeto de este litigio”, la que “dan lugar a desacato civil así como criminal.” En tal virtud se dispuso en la referida resolución que (1) “. . . debe la corporación demandada [Stargus] depositar en la Secretaría de este Tribunal el valor de los dos solares vendidos en violación de la Orden, esto es la cantidad de $36,400 los cuales quedarán a las resultas del pleito matriz.” y (2) “Por el acto considerado desacato criminal se condena a los Sres. Frame y Rodríguez Segura al pago de $200.00 de multa cada uno.”

En este recurso se impugna la anterior resolución del tribunal de instancia por errónea; por no ajustarse a derecho, porque fue dictada sin jurisdicción o en exceso de jurisdicción y por que al dictarse el tribunal incidió pues (a) la orden de 24 de mayo de 1971 fue dictada sin previa notificación a los demandados y sin haberles dado oportunidad de ser oídos; (b) la fianza prestada es inválida por no haber sido jurada y suscrita por el fiador ni haberse acompañado de una declara-ción suscrita y jurada por dicho fiador; (c) no se expidió mandamiento alguno de prohibición de enajenar y no se anotó en el Registro, ni se notificó, la orden al demandado; (d) no se describieron los bienes en la orden. En adición, apuntan los demandados Berens, Stargus, y los Sres. Frame y Rodríguez que:

“Tercera: Porque al condenar a las recurrentes Berens y Stargus a depositar en la Secretaría del Tribunal la suma de $36,400.00 para responder de las resultas del pleito, por vía de castigo por el desacato imputado y disponiendo el encarcelamiento de los recurrentes Frame y Rodríguez Segura hasta que ellos lo verificaran si no se efectuaba por las demandadas en el plazo de diez días, el Tribunal recurrido en efecto, decretó el asegura-miento de la efectividad de la sentencia que en su día pudiera recaer en dicho pleito, sin exigir prestación de fianza.
Cuarta: Porque si la condena impuesta a las recurrentes de depositar en la Secretaría del Tribunal fue impuesta como un castigo por el desacato imputado, y no por vía de aseguramiento de la efectividad de la Sentencia que en su día pudiera recaer en dicho pleito, dicha condena es inválida por las siguientes razones:
(a) Si fue impuesta como castigo por un desacato civil, dicha condena es improcedente e inválida;
(i) Porque habiéndose consumado el acto cuya prohibi-ción había sido objeto de la Orden del 24 de mayo de 1971 (Exhibit 6) decretando la prohibición de enajenar, los recu-rrentes no estaban en condiciones de purgar dicho desacato.
(ii) Porque no habiendo sido impuesta dicha condena para beneficio de los demandantes con el objeto de indemnizarles de los daños sufridos en consecuencia de la violación de la Orden del 24 de mayo de 1971 (Exhibit 6) y no habiendo probado dichos demandantes que hubieran sufrido daños algunos como consecuencia de dicha violación la referida condena constituye un castigo punitivo que sólo procede en los casos de desacato criminal en los cuales dicho castigo está limitado por ley a una multa máxima de $200.00.
(iii) Porque al ordenar el Tribunal recurrido el encarce-lamiento de Frame y de Rodríguez Segura hasta que ellos verifi-caran el referido depósito de $36,400.00 si las demandadas no lo hacían en el término de diez días, se les priva a ellos de su libertad y de su propiedad sin un debido procedimiento de ley negándoseles también la igual protección de las leyes. (Énfasis en el original.)
(b) Si fue impuesta como castigo por un desacato criminal, dicha condena es nula .por haber sido impuesta sin un debido procedimiento de ley y por haberse negado a los recurrentes la igual protección de las leyes.”

Concluimos que la Orden de 24 de mayo de 1971 es nula pues no se dictó ni se procesó de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 56 de las de Procedimiento Civil. No aparece en el récord moción alguna de los demandantes solicitando dicha orden y que justificase su expedición. La Regla 56 no autoriza al tribunal a dictar tal orden sua sponte, sin que la parte interesada la solicite por razones que relacione en su moción al efecto y que el tribunal juzgue justificadas. Tampoco aparece del récord que se cumpliese que el requisito de la Regla 56.4 al efecto de que “el embargo y la prohibición de enajenar se efectuaran anotándolos en el Registro de la Propiedad y notificándolos al demandado.”

Por último resulta del récord que la fianza prestada es defectuosa pues no aparece jurada y suscrita por el fiador ni aparece acompañada de una declaración jurada demostra-tiva de que tiene bienes por el doble de la, cantidad especificada en la obligación. Regla 69.1 de las de Procedimiento Civil. Goodyear Tire Etc. Co. Ltd. v. Brugueras, 44 D.P.R. 622, 627, (1933).

La orden de 24 de mayo de 1971 es ambigua, indefinida y dudosa pues no hace referencia a propiedades específicas algunas que pudieren permitir la anotación en el Registro de la Propiedad de la prohibición de su enajenación. Ni en la demanda ni en la moción de sentencia sumaria se ha hecho referencia específica a solar y casa alguna. Sólo aparecen en el récord los contratos de compromiso de venta de las casas de los Sres. Hemández-Díaz, Soto-Díaz y Hernández-Martínez en los que sí se hace referencia a solar y casa por la designa-ción de bloque y número de solar y tipo de casa en la referida urbanización.

No es necesario considerar el apuntamiento que impugna la validez de la condena por desacato pues dicha condena no puede subsistir en vista de la improcedencia de la prohibición de enajenar.

La parte de la resolución impugnada que ordena a los recurrentes a depositar en la secretaría del tribunal la suma de $36,400 “los cuales quedaron a las resultas del pleito matriz” es de la naturaleza de una orden en aseguramiento de sentencia. No aparece del récord que haya sido solicitada mediante moción de los demandados en el pleito matriz y tampoco aparece que se exigiese a dichos demandados que prestasen la fianza requerida.

En vista de lo expuesto debe dejarse sin efecto la resolu-ción del tribunal de instancia de 2 de agosto de 1972 así como su Orden de 21 de mayo de 1971, sin 'perjuicio de que los de-mandantes en el pleito matriz soliciten del tribunal cualquier remedio provisional en aseguramiento de sentencia a que su juicio proceda. Debe devolverse el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos.

         La Regla 66.1 de las de Procedimiento Civil dispone que toda orden provisional para asegurar una sentencia podrá ser dictada “por moción del reclamante” y a su solicitud.

       En Pueblo v. Pérez Díaz, 99 D.P.R. 788 (1971), hicimos una exposi-ción de la naturaleza y procedimiento a seguir en los casos de desacato.


text:
    La Sociedad de Gananciales compuesta por José Ángel Amill Félix y su esposa Edmelinda Rivera, demandantes y recurridos, v. Miguel A. Meléndez Borrero, Borinquen Music Corporation y Commercial Insurance Company, demandados y recurrentes.

      Número: R-72-116
    Resuelto: 29 de enero de 1973

      Vivas, Martínez-Texidor & Limeres, abogados de los recurrentes; Luis Carmona Buitrón y José A. Rivera Mercado, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Se recurre de la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que condenó a los recurrentes a pagar $15,000 al recurrido José A. Amill Félix y $4,000 a su esposa Edmelinda Rivera por concepto de daños sufridos con motivo de una colisión de vehículos de motor.

Los recurrentes apuntan, en síntesis, que el tribunal de instancia incidió (1) en la apreciación de la prueba y (2) al condenar a los recurrentes a pagar $4,000 como compensa-ción por los daños sufridos por la Sra. Rivera de Amill así como el pago de intereses y honorarios de abogado.

Concluimos que debemos revocar la sentencia dictada en este caso.

El tribunal de instancia concluyó que:

“(1) El día 26 de octubre de 1969 a eso de las 9:00 de la noche el demandante José A. Amill Félix manejaba una guagua ‘.pick up’ en dirección de San Juan a Bayamón. Conducía por el segundo carril de la Carretera Número 2 contados éstos de Norte a Sur. Cuando iba por un sitio conocido por ‘La Caridad’, un truck que le precedía por el carril de su derecha entró al carril ocupado por el demandante. El señor Amill se desvió entonces hacia el carril central y mientras discurría por el mismo una guagua propiedad de la compañía demandada y manejada por Miguel A. Meléndez Borrero que viajaba en dirección con-traria por el segundo carril contados de Sur a Norte por dicha carretera, abandonó dicho carril y entró también al carril central. El señor Amill, demandante en este caso vio este movimiento como a 40 pies al frente. Trató de desviar hacia su derecha para evitar un accidente con el automóvil que avanzaba de frente pero éste siempre lo impactó por su lado izquierdo.
(2) Para la fecha de este accidente la Carretera #2 en el mencionado tramo estaba divida en cinco carriles separados por líneas blancas. A la hora del accidente el tránsito por el carril central estaba prohibido en ambas direcciones, ya que la .señal de tránsito en forma de ‘X’ que regula el tránsito por el mismo estaba roja hacia ambos lados del tránsito.
(3) Como resultado de dicho accidente el demandante sufrió fractura del tercio medio del húmero izquierdo, fractura con-minuta de la base del segundo, tercero, cuarto y quinto meta-carpiano de la mano izquierda, fractura de la segunda y tercera falange de la porción proximal de la mano izquierda y amputa-ción transversa de la falange distal del quinto dedo de la mano izquierda. Fue recluido en el Hospital Universitario donde le hicieron un debridamiento de las heridas, sutura e inmoviliza-ción del brazo izquierdo mediante enyesamiento de dicho brazo (long-cast). Estuvo recluido en dicho hospital por espacio de ócho días y después fue tratado en la Clínica de Ortopedia como paciente externo hasta el día 23 de diciembre de 1969. En esta última fecha le removieron el yeso.
A la fecha de la vista de este caso el demandante tiene limita-ción para la rotación del antebrazo izquierdo, ligera limitación de rotación, elevación y anteversión de dicho brazo izquierdo. No tiene suficiente fuerza para agarrar con la mano izquierda y además tiene una ligera elevación del dorso de la mano izquierda debido a fractura de los huesos de la mano.
(4) Para la fecha del accidente el demandante tenía unos 80 años de edad y era maestro de albañilería. Obtenía un ingreso semanal de unos $125.00 semanales [sic]. Como resultado de este accidente no ha .podido volver a trabajar en dicho oficio. Sólo recibe un ingreso semanal de unos $25.00 que le paga su padre por ayudarlo y algunas colectas que hacen sus amigos y compa-ñeros de trabajo.
(6) El señor Miguel A. Meléndez Borrero, empleado de la demandada fue negligente al abandonar súbitamente el carril por donde discurría y entrar al carril central de la carreterá sin tomar precauciones para evitar chocar con el auto del deman-dante que discurría en dirección contraria por dicho carril.
El demandante fue negligente al manejar su automóvil por un carril por el cual estaba prohibido el tránsito a la hora de este accidente.
(7) Habiéndose establecido la concurrencia de faltas como la causa de los daños, el Tribunal concluye que la parte deman-dada fue responsable en un 75% del total de los daños sufridos por el demandante y que éste también fue negligente en un 25 % de dichos daños. Artículo 1802 del Código Civil, supra; Quintana Martínez v. Valentín, [99 D.P.R. 255 (1970)].”

El testimonio directo del recurrido con respecto a como ocurrió el accidente, fue el siguiente:

“Cuando estaba llegando al Hectómetro 2, por ahí, venía en el carril del medio, entonces de momento un caro [sic] se me crusó [sic] en el medio, entonces el carril del lado de allá, como estaba completamente desabitado [sic] que se podía usar en el momento ...

Hon, Juez:

¿Cuál otro, el que queda a su izquierda o a su derecha? Testigo:
En ese momento, a la izquierda mía, pues entonces salí por un momento para no tener problemas'con el auto que se había metido, me metí al carril del medio para volver a meterme al segundo carril.

Lodo. Carmona:

¿ Qué tiempo usted transitó por ese carril del medio ?
R. Como minuto y medio; cuando de momento había caminado como un minuto, viene una guagua de frente que no estaba en ningún momento por allí y me invadió el carril mío y me destrosó [stc] mi brazo izquierdo.

Hon. Juez:

¿ Entonces apareció otro auto ?
R. Sí, era una guagua.
P. ¿ Por dónde apareció ?
R. Venía de frente.
P. ¿De frente a usted?
R. No, ella venía, cuando yo me metí al carril estaba vacío, pero de momento no me dio tiempo ni oportunidad de nada, me dio en el lado izquierdo, llevándose el parabrisas y la mano mía.

Hon. Juez:

¿ Por donde ?
R. En el lado izquierdo.
P. ¿ Y qué fue lo que le llevó?
R. Bueno me undio [sic] el guardalodo izquierdo, el lado izquierdo, el cual en 'ese momento pues recibí ese golpe en ese brazo, verdad.

Hon. Juez:

¿ En cuál ?
R. En el izquierdo.

Lodo. Carmona:

¿Señor Amill quien entró, de las dos partes, quién fue el pri-mero en entrar a ese carril ?
R. Yo entré primero.

Lodo. Carmona:

¿ El automóvil suyo sufrió algún daño ?
R. Sí, sufrió el guardalodo izquierdo y toda esa parte a lo largo desde atrás hasta alante, sufrió daños en toda esa área.” (Énfasis en el original.)

En contrainterrogatorio añadió que mientras conducía su vehículo por la carretera número dos hacia Bayamón, en las cercanías de los establecimientos de Marcelino Mercury, iba un truck delante de él por el carril Núm. 4 y que:

“P. [sic] ... entonces más adelante parece que había un carro estacionado.
P. ¿Parece o lo había?
R. Bueno, estaba parado.
P. ¿ En el número cinco ?
R. Sí, estaba dañado o parado allí.
P. ¿ En el medio ?
R. Estaba alineado así.
P. ¿ Fuera de la vía de rodaje ?
R. No, dentro del carril.
P. ¿ Como ?
R. O sea, que ocupaba el carril, entonces el truck se vio obli-gado a meterse hacia el carril mío.

Hon. Juez:

¿ El truck tiró hacia la izquierda ?
R. Sí, para el carril cuatro como dice usted.

Lcdo. Limeres:

¿ Qué más ?
R. Entonces, como yo venía en ese carril me metí al otro carril que no se usa, con el propósito de que tan pronto le pasara al truck volver hacia mi carril.
P. ¿ Tan pronto pasara a quién ?
R. Tan pronto pasara el truck que se me había metido a mi carril, volver a meterme en mi carril.
P. ¿ Cómo usted sabe que ese truck iba a meterse en su carril ? R. Porque lo hizo.
P. ¿Hizo alguna señal el truck?
R. Sí, me hizo señales.
P. ¿Y el truck iba al frente suyo?
R. Sí.
P. ¿ Entonces el truck cambió de carril ?
R. Y ocupó el carril en que yo iba.
P. ¿Y usted hizo lo mismo?
R. No, yo reducí [sic] la velocidad.
P. ¿ Usted se salió de su carril y ocupó el carril del centro ?
R. Sí, señor.
P. ¿A qué velocidad iba usted por ahí?
R. Bueno, como de 25 a 30 millas.
P. ¿Y dónde ocurrió el impacto con el carro de la Borinquen Music, el lugar de la carretera ?
R. Bueno ocurrió, o sea, cuando yo ocupé el carril, caminé en él como un minuto o algo así.
P. ¿A 30 millas por hora?
R. Más o menos, ese carril estaba completamente limpio.
R. . . . cuando yo vi que venía de frente el truck, traté de des-viarme.

Hon. Juez:

¿Hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda?
R. No, hacia la derecha y mi carro quedó atravesado . . .
P. ¿Testigo, qué tan'lejos estaba este señor, cuando usted lo ve por primera vez ?
R. Como ... como a 50 pies.
P. ¿ Cómo es esta carretera, curva o recta ?
R. Recta.
P. ¿Y usted dice que .venía con las luces prendidas?
R. El venía .•. .
P. ¿ Prendidas o apagadas ?
R. Prendidas.
P. ¿Y usted le dice al Tribunal que en una carretera recta usted lo ve a 50 pies?
R. Se ve más lejos, pero cuando se me tiró encima,, invadién-dome el carril...

Lodo. Limeres:

Esa no es mi pregunta.

Hon. Juez:

Deje que termine de contestar, compañero.

Lodo. Limeres:

Es que no es responsivo.

Hon. Juez:

¿ Dónde es que empiesan [sic] los 50 pies ?
R. Bueno, el carro se ve a lo largo, como la carretera no tiene curva, pero cuando yo lo vi venía como a 40 ó 50 pies y no pude defenderme, cuando me di cuenta ya él me había invadido a mi por aquí. (Señala el mapa en la pizarra.)
P. ¿Y entonces a 50 pies usted dice que este señor le invade el carril suyo ?
R. Sí,señor.
P. ¿ En qué forma lo hizo ?
R. O sea, cuando él llegó aquí me cortó, ya yo estaba aquí cuando él me cortó, yo traté de desviarme y ahí fue que él hizo un viraje así y con la parte ésta me le dio a la guagua mía. •
P. ¿ Entonces él trato de salirse del carril ?
R. Sí, se metió el carril y salió de nuevo.
P. ¿Vamos a ver, había algún carro, algún vehículo a la derecha de este señor?”
Por el contrario el testigo Wilfredo Rodríguez quien mani-festó no estar relacionado con ninguna de las partes, testificó que al ocurrir el accidente, él transitaba detrás del vehículo conducido por el recurrente Meléndez Borrero por el segundo carril de Bayamón a San duan y que “cuando yo venía de frente a mí venía una guaguita, vi que de momento se desvió impactando a la guagua que iba al frente mío en el carril donde yo estaba.”
P. ¿Testigo, de qué carril, o sea, usted dice que viene una guagua en qué dirección?
R. De San Juan a Bayamón.
P. ¿En qué carril viajaba esa guaga que venía de San Juan. para Bayamón?
R. En el momento que yo pude apreciar, venía del segundo y cortó al tercero.
P. ¿Mirando el diagrama que está en la pizarra, tenga la bondad de con la tiza de decir de qué carril?
R. Por éste carril, por aquí.

Hon. Juez:

Señala el segundo carril en dirección de San Juan a Bayamón. Testigo:
De momento cortó hacia el tercero que es el carril del centro y viene a darle a la guaguita que venía al frente mío, aquí. •

Hon. Juez:

¿Entonces dice que invadió el segundo carril de la otra direc-ción?
R. Y al pasarle fue que le dio a la otra guagua que venía de frente.

Lodo. Limeres:

¿Testigo, usted dice que le dio en el carril segundo, qué hizo la guagua que venía de San Juan para Bayamón luego de darle al vehículo que iba de Bayamón hacia San Juan?
R. Bueno, al darle a la guagua, siguió y fue a parar bastante atrás, a un garaje de la 'Gulf’ que hay a la entrada de Villa España.
P. ¿Le pregunto si la persona que viajaba de San Juan a Bayamón se quedó estacionada en el sitio de los hechos ?
R. ¿La que iba de San Juan a Bayamón?
P. Sí.
R. No, él paró bástante alante [sic].
P. ¿ Mostrándole esta fotografía , podría usted decir qué es lo que le muestra esa fotografía ?
R. Bueno, aquí yo veo el garaje ‘Gulf’ donde ella se paró.
P. ¿Y antes del impacto, vio si el señor hizo algo? [el recu-rrente]
, R. Bueno, en el momento que vio la guaguita, trató de esqui-var el golpe.
P. ¿Cómo?
R. Al virar a la derecha.
P. ¿ Viró a esquivar el golpe, tiró hacia la izquierda o hacia la derecha?
R. Hacia la derecha.”
El recurrente testificó que en la noche del accidente con-ducía un camión Chevrolet de Borinquen Music Corp. por la Carretera No. 2 hacia San Juan por el segundo carril cuando al pasar por Villa España
' “[D]e frente se me acercó un vehículo ocupando el carril del centro y el carril que yo ocupaba, cruzó un poco de la línea y me tuve que desviar 'hacia la derecha, pero siempre lo impacté el espejo retrovisor.
. R. Al momento de crusar [sic] que fue tan rápido que se me acercó y crusando [sic] el carril que estaba vació y que tenía una flecha, una ‘X’.
R. Cuando vi que ocupó el carril, pues di hacia la derecha, pero siempre impacté con el espejo retrovisor.”

Edelmiro Rodríguez, quien acompañaba al recurrente Meléndez Borrero, en la noche del accidente por ser su ayu-dante, corroboró el anterior testimonio de W. Rodríguez. Testificó que:

“Testigo:
Nosotros viajábamos por el carril número 2.
Lodo. Limeres:
¿ Por qué carril viaj aba el Sr. Amill ?
R. Por el carril número 3.
P. ¿ Qué pasó allí en el km. 9.2?
R. Pues él se salió del carril 3 y nos dio a nosotros.
P. ¿ Qué fue lo que les hizo ?
R. Pues, bueno que nos dio en el espejo de afuera.
P. ¿ Y en ese momento, por dónde viajaban ustedes?
R. Por el carril 2.”

De lo expuesto es evidente que los testimonios de Amill y Rodríguez son contradictorios. Sin embargo el de Rodríguez ha sido corroborado por un testigo ocular desinteresado. El testimonio de Amill no ha debido merecer crédito pues estuvo lleno de evasivas y contradicciones.

Como indica el recurrente:

“. . . Declaró el señor Amill Félix que en el Km. 9 de la carre-tera #2 existen cinco carriles y al llegar al Km. 9.2, un carro se le cruzó en el medio obligándolo a ocupar el carril central . . . Por otro lado, declaró no conocer de los hectómetros en dicha carretera, ni de lugares con excepción de Marcelino Mercury, [a pesar de ser] una persona que ha residido en Bayamón y ha utilizado ‘bastante’ dicha carretera. También declaró que la razón por la cual él ocupó el carril central fue para pasarle a un camión que le precedía y había ocupado el carril por el cual él viajaba, sin embargo, nunca llegó a pasarle a este camión.
• En una ocasión testificó que no lo hizo porque el choque se lo impidió; ... en otra ocasión porque no llegó a darle alcance al camión, ya que iba bastante adelante. . . .”

El anterior análisis de la prueba demuestra que la versión del recurrido de cómo ocurrió el accidente es inverosímil y físicamente imposible. Román Montalvo v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428, 436, 437 (1963); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961); Villaronga v. Tribunal de Distrito, 74 D.P.R. 331, 345 (1953); Biaggi v. Sucn. Esbrí, 71 D.P.R. 450, 457 (1950).

Su testimonio sobre el daño a su vista que le ocasionó el accidente no le mereció crédito al tribunal de instancia.

Aunque Amill testificó que al ocurrir el accidente su .ve-hículo permaneció en el lugar de la colisión, la prueba demos-tró que lo condujo hasta un garaje de la “Gulf” a la entrada de Villa España. De ser cierto su testimonio con respecto a cómo ocurrió la colisión es difícil creer que el único daño al camión fuese la rotura del espejo de retrovisión y que el vehículo de Amill mostrase abolladuras por su costado izquierdo delan-tero. La evidencia más bien demuestra que el impacto consistió de un roce de ambos vehículos por el lado izquierdo. Si Amill desvió su vehículo hacia la derecha como testificó al notar que se le acercaba el camión de la recurrente por el mismo carril, no es posible que la plataforma de este último vehículo viniera en contacto con el guardalodo delantero del vehículo de Amill. En este caso, al desviarse ambos vehículos hacia sus respecti-vas derechas, el contacto entre ellos debió ocurrir entre sus partes posteriores.

Estaba prohibido transitar por el carril central al cual se movió Amill momentos antes del accidente. No obstante lo hizo, según su testimonio, para pasarle a un camión que se le cruzó delante en el cuarto carril, por donde él se dirigía. No hay en la prueba explicación ni razón alguna que justificara que Meléndez condujera su vehículo por ese carril. La deducción más lógica, nos parece, es que al desviarse Amill al carril central se pasó lo suficiente por un instante, al segundo carril por donde venía Meléndez y, aunque Amill se desvió enseguida a su derecha, no pudo evitar el roce de la parte delantera izquierda de su vehículo con la parte delantera izquierda del camión de la recurrente conducido por Meléndez.

En vista de lo expuesto, debe revocarse la sentencia dic-tada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en 29 de marzo de 1972, y desestimarse la demanda.

Los Jueces Asociados, Señores Torres Rigual y Martín, concurren .en el resultado.

       “(8 La prueba practicada no convence al Tribunal de que la incapa-cidad que está sufriendo el demandante al tener dificultad para ver por su ojo izquierdo está conectada con este' accidente.” — Conclusiones de Hecho del Tribunal Inferior.