author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Felipe Bonilla Romero c/p Felo Bonilla y Otros, acusados y recurridos.

      Número: CE-86-473

      Resuelto: 10 de diciembre de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Miguel A. Cochrán, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce — mediante una extensa resolución a esos efectos y fundán-dose principalmente en falta de credibilidad de la prueba del Ministerio Fiscal— ordenó la supresión tanto de la evidencia que fuera ocupada por agentes de la Policía de Puerto Rico al éstos arrestar, sin orden judicial previa, al recurrido Felipe Bonilla Romero el día 18 de septiembre de 1985, como de la evidencia que éstos ocuparon al otro día en la residencia de Bonilla Romero al diligenciar una orden de registro y allana-miento expedida por el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce — Hon. Víctor Rodríguez Bou, Juez— a base de las declara-ciones juradas prestadas ante dicho tribunal por dos agentes del orden público referentes las mismas a los hechos alega-damente ocurridos el día dieciocho.

Por razón de que el recurso de certiorari radicado por el Procurador General de Puerto Rico en revisión de la referida resolución contempla' situaciones específicas dentro del campo del procedimiento criminal que nos brindan la oportu-nidad de orientar la profesión en general, una sala especial de verano expidió el mismo.

Los hechos básicos necesarios para la solución del pre-sente recurso surgen principalmente de las dos declara-ciones juradas que ante el Tribunal de Distrito de Ponce prestaran el día 19 de septiembre de 1985 los agentes Caín Santiago Figueroa y Ángel L. Negrón Santiago; transcri-bimos a continuación las mismas:

DECLARACION JURADA DE AGTE. CAIN SANTIAGO FIGUEROA 10969
En Ponce, Puerto Rico, a-de septiembre de 1985, ante este Tribunal comparece el declarante, mayor de edad y ve-cino de Yauco, P.R. y previo juramento conforme a la ley, de-clara:
QUE MI NOMBRE Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PER-SONALES SON COMO ARRIBA SE EXPRESAN.
Por instrucciones del Sgto. Pedro F. Arévalo Echevarría 8-1523, Encgdo. de la Sección de Inteligencia y Asuntos Confi-denciales de la Div. Drogas de Ponce, comencé una investiga-ción relacionada con actividades ilegales que se llevan a cabo en la residencia del Sr. Felo Bonilla, la cual está ubicada en la Calle 42, PP-58, Urb. Jardines del Caribe, Ponce, Hora 8:30 A.M., utilizando una guagua especial para vigilancias. Me dirigí hasta el sector dnde [sic] está la residencia de Felo Bo-nilla y comencé una vigilancia a dicha residencia como a eso de las 9:30 A.M. pude observar que un vehículo Champ crema se estacionó en la calle que sube, hasta llegar a la Calle 42, casi en la esq. de la calle 41 y se dirigió a la residencia de Felo Bonilla, llamó y entró hasta la residencia donde se mantuvo por espacio de 5 minutos apróx., que salió llevando en su mano una bolsa plástica pequeña transparente por lo que aparentaba ser de las que comúnmente utilizan las personas que se dedican al tráfico y consumo de la sustancia c/p hero-ína y cocaína. Cuando este señor salió puso esa bolsa en dirección al sol y la chequeó y la guardó en el bolsillo de la camisa. Que el conductor de este vehículo dió [sic] retroceso y se marchó del lugar. A eso de las 10:30 A.M., llegó al lugar un vehículo Mitsubishi, color blanco, tablilla 12-C-265, y se esta-cionó frente a la residencia de Felo bonilla [sic], del mismo .se bajó un individuo trigueño obscuro, pelo en forma de afro pe-queño, de 5’6”-5’8” de estatura apróx., de 170 a 190 lbs. de peso apróx., llamó hacia la residencia de Felo Bonilla, y através [sic] de los portones de la residencia de Felo Bonilla hablaron algo, Felo Bonilla, se separó de él hacia el interior de ésta y le trajo una bolsa plástica transparente similar a la anterior, pero de un tamaño mayor. Felo, se las [sic] entregó al individuo, éste las [sic] chequeó, y sacó de su bolsillo dere-cho del pantalón varios billetes, los cuales le entregó a Felo. El individuo aborda su vehículo y se marcha del lugar. Solicité por radio-comandancia la relación de esta tablilla y en la relación éste aparece hurtado, por lo que me dirijo a la divi-sión para darle conocimiento al Sgto. Arévalo. A eso de las 12:30 P.M., en unión al Agte. Angel L. [Negrón], éste condu-ciendo la misma guagua oficial, nos dirigimos a la Urb. Jar-dines del Caribe, para que éste me dejara allí en la parte de atrás de la guagua y seguir prestando dicha vigilancia. El Agte. Negrón, estacionó la guagua en un sitio desde donde yo podía tener buena visivilidad [sic] hacia el frente de la resi-dencia de Felo, luego de estacionado el Agte. Negrón se fue a pié [sic]. A eso de la 1:35 P.M., Felo Bonilla, sale de su resi-dencia, portando en su cintura, lado izquierdo una pistola, procede a abrir la puerta del vehículo y antes de montarse con su mano derecha extrae la pistola de la cintura y en-tonces se monta en el vehículo, lo enciende y lo pone en mar-cha en dirección de la carretera principal osea [sic] la carretera 132, al pasar al lado de mi vehículo inmediata-mente anoté la tablilla 33-JljS y procedí a llamar al Agte. Angel L. Negrón, informándole el hecho de que esta persona llevaba sobre su persona una pistola negra y que lo pusiera inmediatmente [sic] bajo arresto ya que es de mi conoci-miento que éste no posee licencia para portar ninguna arma de fuego. En la información que pasé al Agte. Negrón, le in-formaba además de la tablilla, la descripción del vehículo tan pronto él tomó la calle que conduce a la carretera principal me mobí [sic] al haciento [sic] del conductor con el propposito [sic] de seguirlo. Lo que hice. Puede [sic] observar cuando se dirigía por la carretera 132, hacia Peñuelas, esta información se la iba trasmitiendo al Agte. Negrón, quien ese momento me informó que me mantuviera en el semáforo que da a la entrada. A los varios minutos recibo una llamada de Negrón, donde me informa que se arrestó la persona y que se ocupó la pistola así como otra evidencia.
Ya en la división examiné la evidencia y puede [sic] ver que era la misma pistla [sic] negra que llevaba cuando salió de su residencia. Que se le habían ocupado dos bolsas transpa-rente [sic] similares a las que este señor entregó a la primera persona que hago mención en esta declaración y las cuales fueron sometidas al Laboratorio de la Policía al Sr. Mario Tripari, quien entregó un certificado de Positivo de Heroína y Cocaína. Se sometió el caso al Hon. Juez Prudencio Collazo Padín, quien determinó causa probable en dos casos de la Ley de Armas, Art[s]. 6 y 8 y dos casos de sustancias controladas y le imposo [sid una fianza total de $57,000.00.
Por lo antes expuesto y considerando los hechos expuestos ante usted por el Agte. Angel L. Negrón Santiago 0767, en su declaración jurada, tengo la convicción moral de que en la residencia del Sr. Felipe Bonilla Romero, la cual se describe de la siguiente mantera [sic]:
Residencia construida de cemento pintada de blanco o blanco hueso, con rejas al frente un portón de rejas en la marquesina y otro portón de rejas a la entrada de la misma color blanco, tiene en el techo/rejas a la vuelta redonda como especie de terraza con rejas alrededor, al frente tiene verja de ladrillos y rejas también, además en el techo tiene una antena parabólica estilo radar.
Mirándola de frente por el lado derecho de la residencia colinda con una residencia de cemento pintada de blanco con rejas al frente color blanco con el número 57, al final de la calle hay una casa que no le pude leer el número.
[S]e está violando la ley de Sustancias Controladas, al es-tarse guardando, almacenando y distribuyendo allí sustan-cias controladas, por lo que muy respetuosamente solicito de este Hon. Magist [sic] que si de la forma y manera declarado por mi y el Agte. Negrón Santiago, encuentra que en dicha residencia se está violando la Ley de Sustancias Controladas, se sirba [sic] autorizar o expedir una orden de allanamiento para buscar en dicha residencia cualquier sustancia contro-lada que se encuentre allí en violación a la ley o cualquier otra cosa en violación a cualquier otro estatuto y si las ocupó [sic] las llevaré ante un magistrado sin dilación innecesaria.
QUE LO DECLARADO ES LA VERDAD Y NADA MAS QUE LA VERDAD
AGTE. CAIN SANTIAGO FIGUEROA 10969 Jurada y suscrita ante mi hoy día 19 de septiembre de 1985, hora 4:55 P.M. en Ponce, P.R.
Affidavit 7641 '_
LIC. VICTOR RODRIGUEZ BOU
DECLARACION JURADA DE AGTE. ANGEL L. NE-GRON SANTIAGO 0767
En Ponce, Puerto Rico, a-de septiembre de 1985, ante este Tribunal comparece el declarante, mayor de edad y ve-cino de Villalba y previo juramento conforme a la ley, declara: QUE MI NOMBRE Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PER-SONALES SON COMO ARRIBA SE EXPRESAN.
Que el día 18 de septiembre de 1985, a eso de las 10:í5 A.M., llegó a la División de Drogas el Agte. Caín Santiago 10969, e informó que mientras prestaba la vigilancia a la residencia del individuo Felipe Bonilla Romero, para un posible allana-miento, llegó a esa residencia un vehículo color blanco con tablilla 12-C-265, y que éste pidió la relación y este resultó ser hurtado. Al o[í]r esto el Sgto. Arévalo 8-1523, nos di[o] instrucciones para que sali[é]ramos en la guagua oficial que tenía el Agte. Santiago y yo, para prestarle una vigilancia a la residencia de Felo Bonilla, pero esta vez iba yo conduciendo la guagua y el Agte. Santiago, como pasajero, que sal[i]mos de la Div. Drogas, como a las 12:30 P.M., que unas calles antes de llegar a la residencia de Felo Bonilla, detuve la guagua y el Agte. Santiago, se pasó a la parte de atrás de la guagua y yo seguí conduciendo y fui y me estacioné en un sitio estrátegico [sic]. El Agtei Santiago, desde la parte de atrás de la guagua podía ver con facilidad la parte del frente y principalmente la entrada de dicha residencia. Que le entregué las llaves de la guagua a Santiago y me fui a pie desde el lugar, no sin antes comunicarme por radio con el Sgto. Arévalo, e indicarle que me esperara en el Centro Comunal, que está cerca de la casa de Felo. Cuando llegué al Centro Comunal abordé el vehículo oficial marca Buick, que era conducido por el Agte. Campos, y de ese momento en adelante yo conduje ese vehículo, desde donde partimos [sic] por ca [sic] carretera 132, en dirección a la Urb. Las Delicias, para ver si podíamos localizar el vehículo reportado hurtado. Además de el [sic] Agte. Campos y yo, est[á]bamos en este vehículo los Sgtos. Arévalo y Ortiz. Que a eso de [la] l:f0 P.M., más o menos recibimos [sic] por radio-teléfono una llamada de el [sic] Agte. Santiago, donde infor-maba que la tarjeta osea [sic] Felipe Bonilla Romero, donde [é]l prestaba la vigilancia había abordado un vehículo Trans-Am color negro y oro con tablilla 88-J-lfS, y que éste llevaba una pistola negra en la cintura, que al recibir esta llamada nos encontrábamos [sic] en la calle principal de la Urb. Las Delicias, el Agte. Santiago, nos informó que el ve-hículo se dirigía hacia la carretera 132, de Ponce a Peñuelas. Por lo que partimos [sic] hacia la carretera 132, para ver si dábamos [sic] con dicha tarjeta osea [sic] Felipe Bonilla Romero. Además de esto el Agte. Santiago, nos informó que lo pusiéramos bajo arresto. Que encontramos a Felo, en su ve-hículo en un Garaje Texaco, echándole combustible en la Carr. 132, de Ponce a Peñuelas. Que llegamos allí y lo pu-simos [sic] bajo arresto en el asiento delantero del vehículo Trans-Am, ocupé la pistola y el Agte. Campos, al momento de registrar a éste le ocupó dos bolsas plásticas transparentéis] conteniendo [sic] en su interior, una un polvo blanco y la otra un polvo crema de supuesta cocaína y heroína. Que la pistola es marca Beretta, modelo 84-B, cal. 9 Short, 380 auto, serie B-74400Y, color negra, cargada con un magacine [sic] con 13 balas y un magacine [sic] adicional con 13 balas más, además de la pistola había una cuchilla de 5" de hoja de largo y cabo de 6Vz" de largo, está cogida con un cuero color lila y un cordón de cuero adherido al cabo, todo esto dentro de la cartera de cuero color brown, de las llamadas mariconeras. La sustancia ocupada al Sr. Felipe Bonilla Romero, fue so-metida al Lab. Criminal de la Policía de Ponce, donde el Quí-mico Mario Tripari, analizó el contenido de ambas bolsas plásticas dando un certificado de Positivo de cocaína y hero-ína. El caso fue llebado [sic] ante la presencia del Hon. Pru-dencio Collazo Padín, quien luego de escuchar la prueba determinó la existencia de causa probable, tanto en dos casos de sustancias controladas, como en los artículos 6 y 8 de la Ley de Armas de P.R., fijándole una fianza de $57,000.00, siendo ingresado en la Cárcel de Distrito de Ponce.
El fiscal Armstrog [sic], autorizó la radicación de estas denun-cias.
QUE LO DECLARADO ES LA VERDAD Y NADA MAS QUE LA VERDAD
AGTE. AMGEL [sic] L. NEGRON SANTIAGO 0767 Jurada y suscrita ante mi hoy 19 de sept, de 1985, hora 4:55 P.M. en Ponce, P.R.
Affidavit 7642 _
LIC. VICTOR RODRIGUEZ BOU
(Énfasis suplido.) Anejo XVIII, págs. 37-40.

La orden de registro y allanamiento que expidiera el Tribunal de Distrito de Ponee, como consecuencia de las dos antes transcritas declaraciones juradas, fue diligenciada el mismo día 19 de septiembre de 1985 en horas de la noche. Los agentes del orden público ocuparon ese día en la resi-dencia de Bonilla Romero cuatro bolsas plásticas conte-niendo la droga narcótica conocida como cocaína, con un peso total de 140.26 gramos; una bolsa plástica conteniendo la droga narcótica conocida como heroína, con un peso de 181.13 gramos; una bolsa conteniendo picadura de marihuana, y una pistola no registrada. El recurrido Bonilla Romero fue acusado tanto por los hechos del 18 como del 19 de septiembre de 1985. En relación con los hechos del 19 de septiembre, fueron adicionalmente acusados la esposa de Bonilla Romero y tres otras personas que se encontraban en la residencia de éstos al momento del allanamiento. Los re-curridos presentaron dos mociones de supresión de eviden-cia.

En cuanto a los hechos del 18 de septiembre alegaron, en lo pertinente, que:

... los hechos que alega la Policía para justificar el arresto del imputado, Sr. Bonilla Romero, sin previa orden ese día 18 de septiembre de 1985, . . . son totalmente falsos. Siendo falso[s] dichos hechos no existía causa probable ni motivos fundados para el arresto y el subsiguiente registro a su persona y vehículo de motor .... (Énfasis suplido.) Anejo XVIII, pág. 36.

Respecto a lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 se alegó, en lo pertinente, que:

1. ... es insuficiente la declaración jurada que sirvió de base para la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración jurada es falso.
2. Que la declaración jurada que sirvió de base para la ex-pedición de la orden de allanamiento no indica la fecha en que el agente observó los alegados hechos delictivos, por lo tanto, no existe causa probable para su expedición. (Énfasis su-plido.) Anejo XVIII, pág. 36.

La vista señalada por el tribunal de instancia, con el pro-pósito de dilucidar las dos mociones de supresión radicadas, se extendió por un período de tres días. El Ministerio Fiscal descansó principalmente en el testimonio de los agentes Santiago Figueroa y Negrón Santiago. La defensa presentó tanto prueba testifical como documental con el propósito de demostrarle al tribunal la falsedad de lo aseverado por los referidos agentes.

En relación con los hechos ocurridos el día 19 de septiem-bre de 1985 —los del allanamiento— el foro de instancia de-terminó que procedía la supresión solicitada por razón de que: la declaración jurada prestada ante el Tribunal de Dis-trito de Ponce por el agente Caín Santiago Figueroa era “fa-talmente defectuosa, ya que ésta no informa ni de la misma se desprende la fecha en que dicho Agente observó los ale-gados hechos delictivos que narra en el referido documento”; que la declaración jurada prestada por el Agente Negrón Santiago no “salva el defecto de que adolece la declaración del Agente Caín Santiago”; que a pesar de que la declaración jurada prestada por este último agente expone prima facie hechos que de ser ciertos podrían dar base para la expedi-ción de la orden de allanamiento, ello no podía ser tomado en consideración por cuanto la misma “adolece del defecto fatal de no informar la fecha de los mismos”, y que la declaración prestada por el agente Caín Santiago Figueroa, a la luz de toda la prueba presentada, era indigna de crédito.

Este último argumento —el de no merecer credibilidad la versión brindada por los testigos del Ministerio Fiscal— fue el fundamento utilizado por el foro de instancia para resolver que igualmente procedía declarar con lugar la moción de su-presión radicada respecto a la evidencia ocupada el día 18 de septiembre como consecuencia del arresto de Bonilla Romero. Expresó el tribunal de instancia que:

... la prueba presentada por El Pueblo resulta sumamente conflictiva, altamente sospechosa y plagada de testimonio es-tereotipado (“dropsy testimony”) en su modalidad del “acto-ilegal-a-plena-vista” en transacciones que por su naturaleza se amparan en la clandestinidad. También la referida prueba de El Pueblo está saturada de testimonios con versiones irre-ales o altamente improbables. Las abismales contradicciones sobre hechos esenciales entre los mismos testigos de dicha parte fueron la orden del día. (Énfasis suplido. Anejo XVIII, pág. 71.

h — I HH

En la solicitud de certiorari que radicara el Procurador General de Puerto Rico plantea, como único señalamiento de error, que:

Incurrió en error el Honorable Tribunal a quo al declarar con lugar dos mociones de supresión de evidencia, en los casos de epígrafe, y consiguientemente resolver que fue ilegal el re-gistro del imputado Felipe Bonilla Romero en 18 de septiem-bre de 1985, y nula la orden de allanamiento librada y dili-genciada contra la residencia de éste el día 19 de septiembre de 1985. Petición de certiorari de 18 de julio de 1986, pág. 9.

En la argumentación de la cuestión planteada, el Procu-rador General no discute, de manera directa, la cuestión de si el tribunal de instancia tenía o no facultad para dirimir credibilidad en la vista que sobre la supresión solicitada ce-lebrara. Se limita a argumentar —rechazando, en forma in-directa, que el tribunal de instancia tuviera la mencionada facultad— que dicho foro se debió circunscribir a resolver si los agentes de la Policía de Puerto Rico tenían o no “motivos fundados” para arrestar al recurrido Bonilla Romero el día 18 de septiembre de 1985 y si el Tribunal de Distrito de Ponce, en el momento de expedir la orden de allanamiento, tenía ante sí, a la luz de la “totalidad de las circunstancias”, unos hechos que justificaban que se expidiera la referida or-den; esto es, si existía o no causa probable para su expedi-ción.

Somos del criterio, por el contrario, que la correcta solu-ción de ambas situaciones necesariamente requiere que nos enfrentemos a la cuestión de si el magistrado que preside una vista sobre supresión de evidencia puede dirimir credibi-lidad en la misma. Veamos por qué.

I-H h — 1

A. Los hechos del 18 de septiembre de 1985

En cuanto al arresto efectuado por agentes de la Policía de Puerto Rico y la ocupación de la evidencia impugnada, el día 18 de septiembre de 1985 resulta aplicable lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315, 324 (1982). En el referido caso —citando con aprobación al comentarista J.A. Varon— expresamos que:

... El concepto de motivos fundados, consignado en la Re-gla 11 de Procedimiento Criminal, no es incompatible con la persecución del crimen, cuando actúen coordinada y concerta-damente los agentes de la Policía. A tal efecto, se ha sostenido que el conocimiento de cada agente —cuando trabajan cerca y se mantienen informados— es atribuible a los demás. “Se puede establecer la existencia de causa probable para justifi-car un arresto sin orden, basado en información policiaca co-lectiva al momento del mismo, siendo innecesario que el oficial que lleva a cabo el arresto lo haga basándose únicamente en su conocimiento personal de las circunstancias. Basta con que el agente de la Policía que inició la cadena de comunica-ciones tenga información de primera mano.” (Énfasis su-plido.)

En el presente caso tenemos que el agente Caín Santiago Figueroa declaró que, mientras prestaba vigilancia a la casa de Bonilla Romero desde una guagua estacionada cerca de la misma, él vio cuando éste abordó un automóvil portando so-bre su persona lo que según su experiencia era un arma de fuego, esto es, una pistola. Declaró, en adición, que él tenía conocimiento personal de que Bonilla Romero no tenía licen-cia para portar armas de fuego. De manera pues que, de ser cierto lo asi declarado, el agente Caín Santiago Figueroa tenía “motivos fundados” para arrestar a Bonilla Romero al amparo de las disposiciones del inciso (a) de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véase, en adición, Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982).

De acuerdo a la declaración del agente Santiago Figueroa, esa información y la descripción del vehículo en el cual transitaba Bonilla Romero fue transmitida vía radio-teléfono por él a sus otros compañeros. Estos otros agentes, al am-paro de lo resuelto en Pueblo v. Luzon, ante —y de ser cierto lo informado por el agente Santiago Figueroa— estarían fa-cultados para arrestar a Bonilla Romero por cuanto el cono-cimiento que tenía el agente Santiago Figueroa sería atri-buible a ellos. El registro que dichos agentes realizaron en la persona de Bonilla Romero, bajo esas circunstancias, seria uno razonable por cuanto el mismo se llevó a efecto con el propósito de .. ocupar armas que puedan ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a los agentes del orden público o para intentar una fuga, y para ocupar evidencia que de otro modo el arrestado podría destruir”. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1971); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); Pueblo v. Del Río, ante; Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

La situación, sin embargo, se complica a la luz de la de-terminación que hace el magistrado que presidió la vista de supresión de evidencia en el presente caso a los efectos de que la declaración del agente Caín Santiago Figueroa no le merece crédito alguno. De hecho —como surge del escolio núm. 4, ante— el Hon. Juez López Rodríguez específica-mente determinó en la resolución que emitiera que no cree la versión del agente Caín Santiago Figueroa a los efectos de que estuvo prestando vigilancia a la casa de Bonilla Romero desde una guagua y que, por el contrario, le merece entero crédito la declaración de una vecina de éste de que ese día allí nunca estuvo estacionado vehículo alguno.

Esa determinación expresa del referido magistrado sig-nificaría que es falso lo expresado por el agente Santiago Figueroa a los efectos de que él observó a Bonilla Romero salir de su casa en un automóvil portando sobre su persona un arma de fuego ilegalmente. Habiendo sido ello determi-nado como cuestión de hecho —y de sostenerse esa determi-nación en revisión— tendríamos que los “motivos fundados” que dicho agente “tenía” para arrestar a Bonilla Romero eran inexistentes. Dicha situación, a su vez, tendría la conse-cuencia legal de que los agentes que arrestaron a Bonilla Romero no tenían motivos fundados para así hacerlo por cuanto el agente Santiago Figueroa no podía transmitirles lo inexistente. Véanse: Whiteley v. Warden, 401 U.S. 560, 568 (1971); Pueblo v. Luzon, ante.

De sostenerse que el magistrado en el presente caso es-taba facultado para dirimir credibilidad y mantenerse su de-terminación de que la prueba de cargo presentada no es digna de crédito, la evidencia que le fuera ocupada el día 18 de septiembre de 1985 a Bonilla Romero al ser éste arres-tado sería “el fruto del árbol venenoso”, Wong Sun v. United States, 871 U.S. 471 (1963); Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 746 (1980), y por lo tanto, inadmisible en eviden-cia. Art. II, Sec. 10, de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982.

B. Los hechos del 19 de septiembre de 1985

Como surge de la relación de hechos realizada, el Tribunal de Distrito de Ponce expidió una orden de allanamiento contra la residencia del recurrido Felipe Bonilla Romero a base de las declaraciones juradas prestadas por los agentes Caín Santiago Figueroa y Ángel Negrón Santiago, quien fue uno de los agentes del orden público que arrestó a Bonilla Romero como consecuencia de la información brindada por el primero.

Como hemos visto, el tribunal de instancia declaró con lugar la moción de supresión radicada en cuanto al allana-miento realizado principalmente por dos razones, a saber: primero, que la declaración jurada prestada por el agente Santiago Figueroa es “fatalmente defectuosa” por razón de no expresar la fecha en que observa los supuestos hechos delictivos y, segundo, por razón de que dicha declaración es indigna de crédito.

Hemos resuelto que una orden de registro y allana-miento es nula cuando la misma es expedida a base de una declaración jurada que no contiene la fecha en que el depo-nente alegadamente observó la comisión del acto o la con-ducta delictiva. Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 742 (1956); Figueroa v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 24 (1951). Ratifi-camos dicha norma en el día de hoy. La misma, entre otras cosas, garantiza que la orden de registro y allanamiento no será expedida respecto a alegados hechos delictivos obser-vados en fecha remota, la razonabilidad de cuyo término será determinada de acuerdo a las circunstancias particulares presentes en cada caso. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964); Pueblo v. Rivera, ante; Pueblo v. Albizu, 77 D.P.R. 896 (1955); SGRO v. United States, 287 U.S. 206 (1932).

Es correcto que la declaración jurada que el agente Caín Santiago Figueroa prestara ante el tribunal que expidió la orden de allanamiento no contiene la fecha en que él alegadamente observó la conducta delictiva en la residencia de Bonilla Romero. Ahora bien, dicha orden de allanamiento no fue expedida exclusivamente a base de esa declaración jurada; la orden se emitió a base de dos declaraciones juradas: la del agente Santiago Figueroa y la del agente Negrón Santiago. Una lectura conjunta de las dos declaraciones demuestra que la alegada conducta delictiva que alega el agente Santiago Figueroa haber observado en la residencia de Bonilla Romero ocurrió, sin lugar a dudas, el día 18 de septiembre de 1985. Ello tiene el efecto de evitar la nulidad de la orden expedida por ese motivo. No podemos perder de vista, por otro lado, que ambas declaraciones tam- bién se complementan en cuanto al “contenido” de la ale-gada conducta delictiva. Recordemos que el agente Santiago Figueroa declaró que observó al recurrido Bonilla Romero transferir a otras personas, a cambio de dinero, dos bolsas plásticas y que las mismas eran similares a las que fueron ocupadas —dando su contenido positivo de cocaína y heroína— por el agente Negrón Santiago y sus compañeros en posesión de Bonilla Romero al éste ser arrestado por ellos. Lo aseverado de esa manera en ambas declaraciones —de ser ello cierto— constituiría a nuestro juicio causa probable suficiente para la expedición de la referida orden de allanamiento. Véase Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972).

Respecto a estos hechos del 19 de septiembre, sin embargo, existe la misma complicación que en cuanto a los he-chos del 18 de septiembre de 1985: la determinación expresa del tribunal de instancia de que el testimonio del agente Santiago Figueroa a los efectos de que él hizo estas observa-ciones desde una guagua estacionada frente a la residencia de Bonilla Romero no le mereció crédito alguno. De esa de-terminación de hecho ser sostenida por este Tribunal, proce-dería la supresión de la evidencia ocupada con motivo del allanamiento realizado al amparo de las disposiciones del in-ciso (f) de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Pasamos, en su consecuencia, a considerar la cuestión de si el magistrado que preside la vista sobre supresión de evi-dencia puede o no adjudicar credibilidad.

C. Determinación de credibilidad en la vista sobre supre-sión de evidencia

La Regla 234 de Procedimiento Criminal dispone:

REGLA 23L ALLANAMIENTO;
MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA
La persona agraviada por un allanamiento o registro ile-gal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la regla anterior la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allana-miento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimen-tada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sir-vió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evi-dencia en ningún juicio o vista. La moción se hará cinco días antes del juicio a menos que no hubiere oportunidad para ello o que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234.

Una simple lectura de la transcrita disposición legal es todo lo que se necesita para concluir que el magistrado que presida una vista sobre supresión de evidencia al amparo de la citada Regla 234 efectivamente está facultado para adjudicar o dirimir credibilidad en la misma. Ello es conse-cuencia lógica e inescapable de los términos en que está con-cebida dicha disposición legal. Si el tribunal está facultado para oír prueba sobre “cualquier cuestión de hecho necesa-ria para la resolución de la solicitud” y uno de los fun-damentos para declarar con lugar la misma precisamente lo es que “lo afirmado bajo juramento en la declaración [que sirvió de base para la expedición de la orden de allana-miento] es falso, total o parcialmente”, resulta obvio que el tribunal tiene el poder para adjudicar credibilidad en dicha vista. Así lo hemos reconocido en el pasado. Véanse: Pueblo v. Torres, 80 D.P.R. 245, 247 (1958); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 584-585 (1961); Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381,391 (1965); Rodríguez Muñoz v. Jefe Penitenciaría, 94 D.P.R. 201, 203 (1967). Ratificamos dicha norma en el día de hoy.

Debe quedar claro, en adición, que si bien es cierto que la citada Regla 234 aparenta referirse exclusivamente a la vista de supresión relativa a casos de allanamientos, no debe haber duda alguna que la referida norma es aplicable a toda vista de supresión que se celebre con el propósito de dilucidar la legalidad o razonabilidad de la ocupación de evidencia por parte de agentes del orden público. Respecto a esta facultad no existe razón alguna válida en derecho para establecer diferencia entre una vista de supresión relativa a la ocupación de evidencia en un allanamiento y una evidencia ocupada como consecuencia de un arresto sin orden previa. Cf. Wong Sun v. United States, ante; Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456 (1964); Pueblo v. Rey Marrero, ante.

) — I <1

Reiteradamente hemos resuelto que este Tribunal no intervendrá con la apreciación y adjudicación de credibilidad que en relación con la prueba testifical haya realizado el juzgador de los hechos a nivel de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Dicha determinación, como es sabido, es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien, de ordinario, está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue quien oyó y vio declarar a los testigos. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, ante.

En el presente caso, como hemos visto, el juez que presi-dió la vista sobre supresión de evidencia expresamente de-terminó que no le merecía crédito alguno el testimonio prestado por el agente Caín Santiago Figueroa, testimonio que sirvió de base tanto para el arresto, sin orden, del recu-rrido Bonilla Romero el 18 de septiembre como para la ex-pedición de la orden de allanamiento el 19 de septiembre de 1985. Debe enfatizarse el hecho que el Procurador General de Puerto Rico no alega que el referido magistrado actuara movido por pasión, prejuicio, parcialidad y/o que incurriera en error manifiesto al así decidir.

Por otro lado, hemos examinado cuidadosamente la ex-tensa resolución emitida por el Hon. Juez Arnaldo López Ro-dríguez en donde éste ofrece, en detalle, las razones en apoyo de su determinación de que el testimonio del agente Caín Santiago Figueroa es indigno de crédito. Si bien es cierto que entendemos que algunos de los fundamentos por él ofrecidos no son suficientes, por sí solos, para sostener la mencionada determinación, somos del criterio que una eva-luación integral de dichos fundamentos sostiene la misma. No puede perderse de vista que fue dicho magistrado quien tuvo ante sí los testigos y quien estuvo en mejor posición para apreciar el comportamiento de éstos mientras declara-ron y la forma en que lo hicieron, la naturaleza o carácter del testimonio prestado, etc. Regla 44(B) de Evidencia para el Tribunal General de Justicia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975). Si a ello le añadimos, repetimos, que el Procurador General no impugna dicha ac-tuación, forzoso es concluir que no tenemos fundamento al-guno para intervenir con esa apreciación.

V

Nuestra Constitución, en su Art. II, Sec. 10, supra, pág. 299, dispone:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incauta-ciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello úni-camente cuando exista causa probable apoyada en jura-mento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inad-misible en los tribunales. (Énfasis suplido.)

Siendo falsa la información que brindara por radio-teléfono el agente Caín Santiago Figueroa el día 18 de septiembre de 1985, los agentes que procedieron a arrestar, sin más, al recurrido Bonilla Romero no tenían “motivos fundados” para así hacerlo. Pueblo v. Luzon, ante; Whiteley v. Warden, ante. La evidencia ocupada por dichos agentes como consecuencia del registro incidental a dicho arresto nunca podría ser admisible en evidencia. Ello es así, por cuanto siendo ilegal el arresto que precedió al registro, éste es igualmente ilegal. Únicamente cuando el arresto reali-zado es legal es que podemos entrara considerar si el regis- tro incidental al arresto es o no razonable. Como expresara uno de los miembros de la Asamblea Constituyente, al discu-tirse las disposiciones de la transcrita Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución:

SR. REYES DELGADO: Contra la ilegalidad no hay que garantizar nada. Lo ilegal es ilegal. Lo irrazonable pudiera ser que fuese legal y ser irrazonable. Por eso es que la garan-tía es contra registros, allanamientos irrazonables, porque en eso hay un margen de discreción, y son los tribunales los que tienen que decidir si se actuó con razonabilidad o no. Pero contra la ilegalidad no hay garantía. Lo ilegal es ilegal y no puede prevalecer en ningún sitio.

De igual forma, siendo falsa la declaración que prestara el agente Caín Santiago Figueroa el 19 de septiembre de 1985 ante el magistrado que expidió la orden de allanamiento, no existía .. causa probable apoyada en juramento o afirmación . . para la expedición de dicha orden por lo que la evidencia ocupada como consecuencia del allanamiento realizado ese día 19 de septiembre resulta, por mandato constitucional, inadmisible en evidencia. Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia confirmatoria de la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita.

       La resolución recurrida, emitida por el Hon. Juez Superior Arnaldo Ló-pez Rodríguez, consta de cuarenta y cinco (45) páginas.

       Sala integrada por su Presidente el Juez Asociado Señor Rebollo López y los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Hernández Denton.

       En adición, presentó el testimonio de otros dos agentes del orden público.

       El Juez López Rodríguez específicamente determinó que no le daba cré-dito alguno a la versión del agente Caín Santiago Figueroa de que él había pres-tado vigilancia a la casa de Bonilla Romero desde una “guagua van” estacionada cerca de la misma. Por el contrario, expresó que le daba entero crédito a una testigo de defensa, vecina de Bonilla Romero, quien declaró que durante el día 18 de septiembre de 1985 “ella no vio dicho vehículo en ningún momento en ese sitio”. (Énfasis en el original.) Anejo XVIII, pág. 74.

       El Procurador General de Puerto Rico, una vez el auto de certiorari fue expedido, “sometió el caso” por los argumentos expuestos en la solicitud de cer-tiorari que radicara.

       J.A. Varón, Searches, Seizures and Immunities, 2da ed., Indianapolis, Bobbs-Merrill Co., 1974, Vol. 1, pág. 128.

       Ello es así debido a que, al igual que en los casos del “ciudadano infor-mante” (citizen informer), se presume confiable la información que le brinda un policía a otro. United States v. Ventresca, 380 U.S. 102, 111 (1965); People v. Galosco, 149 Cal. Rptr. 407, 409-410 (1978).

       Debe mantenerse presente que los agentes que arrestaron a Bonilla Romero lo hacen exclusivamente a base de la información que les transmitió el agente Santiago Figueroa; esto es, ellos no hicieron ninguna observación personal que de alguna forma corroborara la información brindada por Santiago Figueroa a los efectos de que éste portaba sobre su persona un arma de fuego. Siendo ello así, necesariamente hay que analizar la situación exclusivamente a base de los alegados “motivos fundados” que tenía el “agente transmisor” de la información, esto es, del agente Caín Santiago Figueroa.

       En dicho caso, este Tribunal resolvió que la citada Regla 234 de Procedi-miento Criminal si bien parece referirse únicamente a prueba objetiva o material también rige respecto a la supresión de testimonio que de resultar inadmisible obligaría a la desestimación de los cargos y la absolución del acusado.

       3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1566 (1952).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Ortiz.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Milagros Rivera Arroyo, acusada y peticionaria.

      Número: CE-87-57

      Resuelto: 10 de diciembre de 1987

      Ivette Aponte Nogueras, abogada de la peticionaria; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos plantea si, a la luz de la situación de hechos del caso ante nos, existió justa causa para la no celebración de una vista preliminar en alzada dentro del término de sesenta (60) días conforme a lo expuesto en Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246 (1976). Resolvemos que la dilación no estuvo justificada.

I

Contra la imputada Milagros Rivera Arroyo se presenta-ron denuncias por alegada violación al Art. 166 del Código Penal de Puerto Rico (apropiación ilegal agravada), 33 L.P.R.A. sec. 4272, y a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 418. Celebrada en 22 de septiembre de 1986 la vista preliminar a los fines de determi-nar la existencia de causa probable para acusar por los de-litos de apropiación ilegal agravada y violación al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, el Tribunal de Distrito, Sala de Bayamón, sostuvo que no existía causa probable. No conforme, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una moción en la que solicitaba la celebración de una vista preliminar en alzada, la cual fue señalada para el 3 de noviembre de 1986.

Las denuncias contra la imputada habían sido presen-tadas el 27 de agosto de 1986. Por razón de ésta no poder prestar las fianzas correspondientes, fue ingresada el 31 de agosto de 1986 en la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta. No obstante la determinación del Tribunal de Dis-trito, Sala de Bayamón, sobre la no existencia de causa probable para acusar por los delitos de apropiación ilegal agra-vada y violación al Art. 8 de la Ley de Armas, supra, la impu-tada permaneció recluida en la mencionada institución peni-tenciaria por estar pendiente contra ella la denuncia por el delito menos grave provisto por el Art. 6 de la Ley de Armas, supra. No es hasta el 21 de noviembre de 1986 que la peticio-naria queda en libertad provisional al prestar la fianza re-querida.

Llegado el 3 de noviembre de 1986 y llamado el caso para la celebración de la vista señalada, no comparecieron a la misma ni la peticionaria ni su representación legal. La prueba desfilada en la vista demostró que el alguacil del tribunal diligenció sin éxito la citación de la peticionaria a su última dirección residencial conocida. Fuera de esto, no se hicieron gestiones ulteriores para localizarla.

A instancias del Ministerio Público, el tribunal expidió una nueva citación a la imputada y señaló el 24 de noviembre de 1986 para informarle los resultados. Ya en libertad provisional por haber prestado fianza el 21 de noviembre de 1986, la imputada compareció a la vista. Por voz de su representa-ción legal expresó que el 3 de noviembre se encontraba re-cluida en la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta; que su incomparecencia a la vista preliminar en alzada de 3 de noviembre se debió a la falta de citación por parte del Ministerio Público. Alegó, además, que al haber transcu-rrido más de sesenta (60) días desde la determinación de no haber causa probable para acusar, correspondía al Ministe-rio Público demostrar la existencia de justa causa de por qué no se había celebrado la vista preliminar en alzada. Final-mente alegó que no constituía justa causa la mera gestión de diligenciar la citación a la imputada a su última dirección conocida, toda vez que el Ministerio Público sabía o debió saber que ésta se encontraba bajo la custodia del Estado en la Administración de Corrección.

El tribunal de instancia concluyó que había justa causa para la no celebración de la vista preliminar en alzada dentro del término de sesenta (60) días y señaló el 9 de diciembre de 1986 para la celebración de dicha vista. En ésta, la defensa reprodujo sus argumentos al efecto de que el peso de la prueba para demostrar la existencia de justa causa recaía sobre el Ministerio Público, y que éste no la había demos-trado. El tribunal se reafirmó en su dictamen y determinó la existencia de causa probable para acusar. La peticionaria, no conforme con dicha determinación, acude ante nos en auxilio de nuestra jurisdicción. El 3 de febrero de 1987 paralizamos los procedimientos en instancia y concedimos término al Procurador General para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la resolución del tribunal de instancia. Contamos con el beneficio de su comparecencia.

rH I

La Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, vigente al momento de los hechos delictivos impu-tados a la peticionaria dispone:

Si, luego de la vista preliminar, el magistrado hiciere una determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la de-terminación fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.

Movidos por un interés práctico en ponerle término a la regla citada, sostuvimos en Pueblo v. Vélez Castro, supra, pág. 248:

A tenor con lo antes expuesto, es evidente que la vista preli-minar en alzada ante el Juez Superior debió celebrarse dentro de un término razonable a partir de la resolución del Juez de Distrito determinando que no había causa probable. Conside-ramos como razonable un término máximo de 60 días.

Pueblo v. Vélez Castro, supra, constituyó un paso de avance en nuestro curso de hacer extensivas a los procedi-mientos preliminares al juicio las garantías constitucionales a un juicio rápido. Ya en Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169 (1975), habíamos establecido que “[e]l derecho a juicio rápido no se circunscribe al acto del juicio propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en progresión gradual desde la imputación inicial de delito”. A la luz de tales pronunciamientos reconocimos que le asistía, como le asiste, a todo imputado de delito el derecho a la celebración de la vista preliminar dentro del término de sesenta (60) días, contado a partir de la fecha del arresto o de la citación.

Si bien Pueblo v. Opio Opio, supra, reconoció que no ne-cesariamente se viola el derecho constitucional a un juicio rápido de no celebrarse la vista preliminar dentro del tér-mino establecido, ya porque exista justa causa para la de-mora, ya porque ésta se deba a solicitud del acusado o a su consentimiento, Pueblo v. Vélez Castro, supra, guardó un dis-creto silencio sobre el particular.

Aun cuando en reiteradas ocasiones hemos reconocido que el derecho constitucional a un juicio rápido es de carácter fundamental, Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977); Pueblo v. Opio Opio, supra; Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974); Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970), hemos igualmente afirmado que no es absoluto. Pueblo v. Rivera Navarro, 113 D.P.R. 642, 644 (1982). Más bien es un derecho que requiere tomar en cuenta las circunstancias que rodean cada reclamo del mismo. Pueblo v. Reyes Herrans, supra. Es por virtud de ello y del carácter relativo que le es inherente, Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986), que hemos aceptado como constitucionalmente válido el condicionamiento que impone la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal vigente, 34 L.P.R.A. Ap. II, al reclamo que al amparo de ella hagan los imputados o los acusados de delito, esto es:

1. Justa causa para la demora.
2. La demora se debe a la solicitud del acusado o a su con-sentimiento.

En atención al carácter relativo del derecho a un juicio rápido que queremos señalar, expresamos en Pueblo v. Arcelay Galán, supra, que el derecho a juicio rápido es renunciable, aunque por tratarse de un derecho fundamental la renuncia al mismo debe ser expresa y no presunta, voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa. Dándole seguimiento a los anteriores pronunciamientos, en Pueblo v. Reyes Herrans, supra, y en Pueblo v. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977), sostuvimos que el acusado renuncia a su derecho a juicio rápido si no presenta objeción a un señalamiento de vista para una fecha posterior al vencimiento de los términos vigentes estatuidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. De igual forma, el acusado renuncia a su derecho ajuicio rápido si no presenta moción de desestimación al efecto correspondiente el día de la vista.

En Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987), hicimos extensivas las anteriores normas legales al término de sesenta (60) días para la celebración de la vista preliminar en alzada. Resolvemos ahora que si el imputado de delito se encuentra recluido en una institución penal del Estado, la vista preliminar en alzada deberá celebrarse dentro de un término de sesenta (60) días. Dicho término debe contarse a partir de la determinación inicial de falta de causa probable para acusar, a menos que: (1) exista justa causa para una demora; (2) ésta se deba a la solicitud del imputado o a su consentimiento, o (3) el imputado haya renunciado a su derecho a un juicio rápido de forma expresa, voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa.

r — H ) — I HH

En el caso de autos no ha habido solicitud de la imputada a los efectos de que la vista preliminar en alzada se celebre con posterioridad al vencimiento del término de sesenta (60) días establecido en Pueblo v. Vélez Castro, supra, ni ha pres-tado su consentimiento para la demora. Tampoco la impu-tada ha renunciado a su derecho a juicio rápido. Por el con-trario, en la vista celebrada el 24 de noviembre de 1986 presentó oportuna objeción al señalamiento de una vista pre-liminar en alzada para el 9 de diciembre del mismo año, por razón de haber vencido el aludido término de sesenta (60) días. Llegado el 9 de diciembre y comenzada la celebración de la vista, solicitó la desestimación del proceso.

En el caso de autos tampoco existió justa causa para la inobservancia del término de sesenta (60) días. La incompa-recencia de la imputada a la vista de 3 de noviembre de 1986, razón por la cual no pudo cumplirse con el término señalado, se debió exclusivamente a la falta de la debida diligencia por parte del Estado. Un examen de los autos originales revela que en la vista celebrada el 3 de noviembre de 1986, el algua-cil de sala, Alfonso Díaz, informó que el alguacil que diligen-ció la citación [a la imputada] “notificó que la acusada se mudó de dicha dirección, y se desconoce su nueva dirección”. Exhibit VIII, pág. 1. Contradictoriamente, el policía Félix Aponte “informó al tribunal por conducto del perjudicado que estaba presente en sala, que la acusada estaba fuera de Puerto Rico”. Sin embargo, y según surgía de los récord en poder del Estado, la imputada se encontraba confinada en una institución penitenciaria bajo el control de la Adminis-tración de Corrección. Era fácil constatar el hecho de la re-clusión de la señora Rivera Arroyo en la Escuela Industrial para Mujeres, pues es el Estado el depositario de los récord oficiales, Pueblo v. Garrick, 105 D.P.R. 178, 181 (1976), por lo que no puede alegar desconocimiento de lo que consta en aquello que está bajo su exclusiva posesión y control.

En el caso que nos ocupa, tanto la actuación de los algua-ciles como la del Ministerio Público no se justifica. La aspira-ción a que el sistema de administración de justicia criminal opere cada vez más eficientemente no puede darse con un sistema burocrático en el que funcionarios del propio Estado no saben que un imputado está en prisión. Tal grado de ope-ración ineficiente del sistema no puede derrotar el reclamo de las garantías constitucionales fundamentales.

En su comparecencia ante nos, el Procurador General señala que el término de setenta y ocho (78) días transcurridos entre la determinación de no causa y la celebración de la vista preliminar en alzada no es excesivo. También señala que, si bien la razón para la no celebración de la vista preliminar en alzada dentro del término de sesenta (60) días fue la falta de una adecuada diligencia en el desempeño de sus funciones, al no haber sido la misma cometida de mala fe, procede la celebración de la vista en alzada. No tenemos dificultad en coincidir con el Procurador General en que la falta de diligencia en el desempeño de las funciones atinentes del Estado tuvo como consecuencia que no se celebrara la vista preliminar en alzada oportunamente. Es por ello que no constituye justa causa la vaga alegación de que a pesar de hacerse los intentos por citar a la señora Rivera Arroyo, ésta no pudo ser localizada. Sin embargo, diferimos de su intento de añadir como elemento condicionante al reclamo de todo ciudadano a un juicio rápido la existencia o ausencia, según sea el caso, del elemento de mala fe. Este elemento no participa en el balance de intereses involucrados a la hora de dilucidar el reclamo de un derecho a juicio rápido.

hH <¡

A la luz de lo expuesto, se expedirá el auto de certiorari solicitado, se revocará la resolución del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, de 9 de diciembre de 1986, y se ordenará el archivo del caso.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opi-nión concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Ortiz disiente con opinión escrita.

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Aunque coincidimos con el resultado de la opinión del Tribunal de que en las circunstancias de autos —por estar re-cluida la peticionaria Rivera Arroyo en la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta— se infringió su derecho a un proceso rápido, disentimos del análisis y pronunciamiento para evaluar estos casos. Lo que es un período oneroso e irrazonable depende de los hechos peculiares de cada caso. No puede aprisionarse la norma establecida en Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246 (1976), a una cronología de “tiesa aritmética” improrrogable. Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173, 177 (1976).

Finalmente, contrario a la opinión de hoy del Tribunal, rechazamos la conclusión de que el elemento de buena o mala fe del Ministerio Fiscal —esto es, una conducta dilatoria in-tencional— no sea factor a tomarse en cuenta. Ello resulta esencial para adjudicar en buena juridicidad si una tardanza de este género justifica el archivo del caso. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986). Resolver lo contrario es apar-tarse de un principio elemental en la adjudicación de toda controversia humana.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Ortiz.

Me veo obligado a disentir de la opinión del Tribunal por entender que la misma está fundamentalmente en conflicto con las normas vigentes, según recientemente expuestas y ratificadas en Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 325 (1987). Allí resolvimos que:

... En primera instancia la vista preliminar en alzada debe celebrarse dentro de sesenta días a partir de la resolución del juez de distrito la cual determina que no había causa probable. Para esta primera vista el imputado será citado según el pro-cedimiento de las Reglas 24(c) y 235 vigentes. Si no se puede citar al acusado por haber éste cambiado su dirección sin in-formar al tribunal o a su abogado, y el tribunal entiende que hubo una debida diligencia para localizarlo y citarlo, entonces el término de sesenta días para la segunda o subsiguientes vistas comenzará a computarse a partir de la fecha en que el acusado sea efectivamente citado. En todos los casos el tér-mino sólo podrá ser extendido por justa causa o por demora imputable al acusado o consentida por éste. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975). Queda excluida como justa causa aquella demora intencional y opresiva. (Énfasis nues-tro y escolio omitido.)

La opinión del Tribunal varía las normas al resolver que:

Sin embargo, diferimos de su intento de añadir como elemento condicionante al reclamo de todo ciudadano a un juicio rápido la existencia o ausencia, según sea el caso, del elemento de mala fe. Este elemento no participa en el balance de intereses involucrados a la hora de dilucidar el reclamo de un derecho a juicio rápido. Opinión mayoritaria, pág. 122.

No vemos razón alguna para que escasamente cuatro meses después eliminemos uno de los criterios fundamen-tales a ser considerados en estos casos. Me preocupa mucho más el hecho de que el cambio no se limita a la situación ante nos, o sea el término para celebrar la vista preliminar en alzada. La opinión del Tribunal expresamente cubre todas las situaciones en que pueda reclamarse el derecho a juicio rápido.

Contrario a lo que se resuelve en este caso, soy de la opi-nión que el elemento de mala fe es parte integrante del balance de intereses involucrados en estos casos. Su conside-ración resulta conveniente para ambas partes. La persona acusada puede excluir como justa causa el hecho de que la demora fue intencional y opresiva. El fiscal debe tener la oportunidad de establecer que el Estado ha actuado de buena fe y que este factor se considere, junto con los otros presentes, al decidir la controversia y al hacer el balance co-rrespondiente. Después de todo, la buena o mala fe es parte integrante y esencial del derecho constitucional, de la equi-dad y de la buena administración de la justicia.

Aplicados los criterios señalados a este caso, resolvería que existe justa causa para la demora y que la misma no es onerosa ni irrazonable.

       La Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, fue en-mendada por la Ley Núm. 29 de 9 de junio de 1987, aunque la enmienda no repre-senta un cambio sustancial.
      La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, también sufrió cambios. Éstos, sin embargo, no convierten necesariamente en académicos los pronunciamientos que aquí hacemos.

       En Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986), extendimos en nues-tra jurisdicción cuatro criterios relevantes para evaluar las reclamaciones de vio-laciones al derecho a juicio rápido. Ellas son: (1) duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado oportunamente ese derecho, y (4) perjuicio resultante de la tardanza.

       Claro está, no estamos proponiendo que la defensa venga obligada a pro-bar en todos los casos que el Estado ha actuado de mala fe para poder establecer su reclamo.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Julio Ramón Méndez Pérez, acusado y peticionario.

      Número: CE-86-601

      Resuelto: 17 de diciembre de 1987

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

En Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 325 (1987), establecimos la forma y manera en que debe calcularse el término de sesenta días para la celebración de la vista preli-minar en alzada en aquellas situaciones en que el imputado no puede ser citado para comparecer a dicha vista. Resol-vimos que “[s]i no se puede citar al acusado por haber éste cambiado su dirección sin informar al tribunal o a su abo-gado y el tribunal entiende que se hizo la debida diligencia para localizarlo y citarlo, entonces el término de sesenta días para la segunda o subsiguientes vistas comenzará a compu-tarse a partir de la fecha en que el acusado sea efectivamente citado”. (Enfasis suplido.) El asunto que ahora se plantea — no suscitado en Pueblo v. Rivera Colón, supra— es si en esas mismas circunstancias de incomparecencia puede celebrarse la vista preliminar en alzada en ausencia del imputado, exo-nerado en la primera vista, y sin que fuera efectivamente informado o apercibido de que el proceso criminal habría de reiniciarse en una nueva etapa. Resolvemos en la negativa.

I — I

El Ministerio Público presentó denuncia contra Julio Ra-món Méndez Pérez, Rafael Colón Dávila y Héctor Manuel Roldán Pereira por los delitos de apropiación ilegal agravada e infracción a los Arts. 271 y 272 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4591 y 4592.

El 13 de mayo de 1986 se celebró la vista preliminar y se determinó que no existía causa probable contra los impu-tados en ninguno de los cargos. El 4 de junio de 1986 el Mi-nisterio Público solicitó vista preliminar en alzada y fue se-ñalada para el 30 de junio de 1986.

Ese día la vista fue suspendida y reasignada para el 15 de julio de 1986. La suspensión se debió al hecho de que la prue-ba de cargo no había podido ser citada. Con relación a los coimputados, sólo Rafael Colón Dávila compareció. Los otros dos no pudieron ser citados. El tribunal ordenó al agente Orlando Meléndez que diligenciara las correspon-dientes citaciones para el nuevo señalamiento.

El 15 de julio de 1986 al ser llamada la vista preliminar en alzada, sólo se encontraba presente nuevamente Rafael Co-lón Dávila. El agente Meléndez informó al tribunal que había citado verbalmente al imputado Héctor Manuel Roldán y que Méndez Pérez no había podido ser citado, ya que aparente-mente no se encontraba en Puerto Rico. La defensa alegó que se había cumplido el término de sesenta días para la ce-lebración de la vista preliminar en alzada. El tribunal de-claró sin lugar el planteamiento.

Se celebró la vista y luego de sometido el caso el tribunal determinó que no existía causa probable contra Colón Dá-vila, pero sí contra los imputados que no estaban presentes en cada uno de los tres cargos. Se solicitó reconsideración en cuanto a Méndez Pérez en vista de que éste no había sido citado y, por lo tanto, el tribunal carecía de jurisdicción para determinar causa probable en su contra. Dicho plantea-miento fue declarado sin lugar.

El acto de lectura de la acusación fue señalado para el 13 de agosto de 1986. Tanto el peticionario Méndez Pérez como el otro imputado no comparecieron. Ambos fueron decla-rados prófugos de la justicia y les fue fijada fianza de $50,000 a cada uno. Se pospuso el acto de lectura de la acusación.

A solicitud del peticionario Méndez Pérez acordamos re-visar la resolución del tribunal de instancia, que declaró causa probable en alzada en su contra.

p — I h-H

En su informe, el Procurador General invoca, amparán-dose en la determinación de “prófugo de la justicia” que pesa contra el peticionario, la norma de Pueblo v. Rivera Rivera, 110 D.P.R. 544, 545 (1980), donde expresamos por vía de dictum que “[l]os fugitivos, al menos mientras continúe su con-dición de tales, renuncian su derecho a que una corte de apelación considere sus planteamientos sobre la base de una justicia que ellos han decidido burlar”.

Se trataba allí de un convicto de varios delitos que se fugó de la cárcel. La situación ante nuestra consideración es cla-ramente distinguible tanto desde la perspectiva de los he-chos como del derecho. A la fecha en que se trató de citar infructuosamente al imputado para la vista preliminar en al-zada no existía procedimiento legal pendiente en su contra. Tampoco ha desfilado prueba en este caso de que el imputado esté huyendo de la justicia. El argumento de que el peticio-nario es prófugo y por lo tanto renuncia a que el tribunal apelativo considere sus planteamientos no puede prosperar, por definición, en situaciones donde inexcusablemente está en controversia si en efecto el imputado ha incomparecido voluntariamente, se ha ocultado de la justicia, o simplemente la citación no ha podido ser diligenciada por no estar resi-diendo en la dirección por él suministrada al ser intervenido inicialmente.

Tanto el presente caso, como el de Pueblo v. Rivera Colón, supra, plantean diversos problemas relacionados con el contenido y los efectos de la resolución judicial que exonera y pone en libertad a un individuo, una vez el juez instructor hace una determinación de que no existe causa probable para acusar, Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y entonces el Ministerio Público decide acu-dir en alzada al amparo de la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, según enmendada por la Ley Núm. 80 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. Ap. II). El marco normativo que provee la Regla 24 es notablemente escaso. Sin duda nos encon-tramos ante un problema existente en los foros de instancia que requiere nuestra atención. En general, véase el Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial sobre la Vista Preliminar, noviembre de 1979, págs. 86-87\ Pueblo v. Rodriguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663 (1985).

En fecha reciente la Legislatura abordó parcialmente la cuestión al aprobar la Ley Núm. 80, supra, que enmienda la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra, para estable-cer con claridad la obligación del tribunal de citar tanto a testigos como a imputados. Sin embargo, dicha legislación no dispuso medida alguna que permita garantizar la compare-cencia al tribunal de personas imputadas una vez el Ministe-rio Público decide acudir en alzada.

En ausencia de acción legislativa en esta área, hace poco establecimos un balance entre los intereses en pugna y resolvimos que la única consecuencia que tiene el diligenciamiento negativo de una citación para vista preliminar en alzada, solicitada oportunamente, era paralizar o interrumpir el término de sesenta días que tiene el fiscal para acudir ante un magistrado de categoría superior, siempre y cuando se demostrara diligencia para localizar y citar a la persona.

La citación del imputado a la vista preliminar en alzada es requisito indispensable del debido proceso de ley, habida cuenta de que la determinación de no causa en la vista preliminar obliga al magistrado a exonerar a la persona y ordenar que sea puesta en libertad. Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra. Por ello hemos resuelto que éste no es un trámite de apelación de la primera vista, sino independiente, separado y distinto. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28, 30 (1984); Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968).

Atenta contra el debido proceso de ley garantizado por nuestra Constitución y la Constitución federal, la continuación de procedimientos criminales ulteriores, tras la exoneración del imputado, sin citarle ni advertirle de tal posibilidad. Esto es tan sólo permisible a partir de la lectura de la acusación, bajo las condiciones exigidas en la Regla 58(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Nótese que el apercibimiento de que se continuarán los procedimientos en caso de ausencia es esencial. Véase Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515 (1987).

La contingencia de que existan procedimientos ulteriores podría justificar imponerle al individuo la obligación de mantener al tribunal informado de cambios de dirección sólo si es informado y apercibido adecuadamente de tal propósito. Una vez el juez instructor de causa hace una determinación de que no existe causa probable para acusar, el Ministerio Público debe informar al magistrado si habrá de solicitar una vista preliminar en alzada. El tribunal deberá entonces advertir al imputado que el fiscal se propone acudir ante un magistrado de categoría superior, que deberá comparecer el día señalado y que su ausencia injustificada constituirá anuencia a que se celebre la vista en su ausencia. Debidamente advertido y citado en sala, el imputado queda informado de que el procedimiento habrá de reiniciarse en una nueva etapa y que deberá asistir a la misma. La intervención con su libertad es mínima de esa forma; tampoco se le imponen pesadas cargas a fiscalía. Esta es la única forma en que el tribunal puede conservar jurisdicción sobre la persona del imputado, que de otra forma cesaría con la determinación de ausencia de causa probable.

Si el fiscal desconoce o no ha decidido solicitar una vista preliminar en alzada, entonces deberá cumplir cabalmente con las disposiciones de las Reglas 24(c) y 235 de Procedimiento Criminal, según fueron enmendadas, 34 L.P.R.A. Ap. II. No podrá celebrarse esta vista sin que antes se diligencie adecuadamente la citación correspondiente. La única consecuencia que podrá tener el diligenciamiento negativo de una citación es la de interrumpir el término de sesenta días “para la segunda o subsiguientes vistas [que] comenzará a computarse a partir de la fecha en que el acusado sea efectivamente citado”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 325.

H-l H — I H — I

En resumen, en el caso ante nos estamos ante una vista separada e independiente, por lo que surge el deber de expedir nuevas citaciones para testigos e imputados. Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra. El procedimiento para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona tiene que iniciarse.

Al determinarse no causa en la vista preliminar, el señor Méndez Pérez no fue citado para la celebración de otra vista ni el tribunal le hizo algún tipo de apercibimiento. En ese momento el fiscal no anunció al tribunal su intención de so-meter el asunto nuevamente a un magistrado de categoría superior. Esto se hizo tres semanas después. Para todos los efectos legales —independientemente del derecho estatuta-rio que tiene el Ministerio Público a acudir en alzada— Mén-dez Pérez era una persona libre. Había sido exonerado por el Estado de los cargos imputados. Su incomparecencia en estas circunstancias, debido a que no pudo ser citado 22 días después, no puede considerarse una renuncia a su derecho a estar presente en dicha vista.

La determinación de causa probable sin notificación alguna ni oportunidad de oír al imputado contradice los principios más elementales de debido proceso de ley. Resolvemos que la vista preliminar en alzada ante el Tribunal Superior no podía celebrarse porque dicho tribunal carecía de jurisdicción. Procede, por lo tanto, dejar sin efecto lo actuado con relación al peticionario Méndez Pérez.

Desde la determinación de no causa al presente ha transcurrido tiempo en exceso de un año. Sin embargo, de acuerdo con la norma de Pueblo v. Rivera Colón, supra, no procede el archivo definitivo del caso. Devolvemos el mismo a instancia para determinaciones compatibles con lo allí expresado.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García, Rebollo López y Ortiz concurren con el resultado sin opinión escrita.

       En Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 325 esc. 8 (1987), trajimos a colación el P. del S. 146 y el P. de la C. 209 que autorizarían al magistrado a mantener en vigor la fianza por el término que tiene el Ministerio Público para acudir en alzada. El Procurador en su informe hace referencia a medidas simi-lares que no se han convertido en ley.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Rubén Báez García, etc., demandantes y recurrentes, v. Cooper Laboratories, Inc., etc., demandos y recurridos.

      Número: R-85-279

      Resuelto: 18 de diciembre de 1987

      Enrique Alcaraz Micheli, de Ferrer & Alcaraz y Luis Roberto Santos, de Santos & Báez, abogados de los recurrentes; Lydia González y Rossell Barrios Amy, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En demandas separadas, oportunamente consolidadas por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, Rubén Báez García y su esposa Joyce Dixon formularon reclamación contra Cooper Vision Pharmaceuticals, Inc. (en adelante Cooper). Alegaron despido injustificado y discrimen por edad, respectivamente, al amparo de la Ley de Despido In-justificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.), y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 146 et seq Cooper negó tales alegaciones y adujo que el despido estuvo justifi-cado y que la edad no fue factor determinante. Luego de eva-luar la prueba testifical y documental, el tribunal de instancia declaró sin lugar ambas reclamaciones. A solicitud de Báez-Dixon acordamos revisar el reclamo de que el foro primario erró al apreciar la prueba.

HH

La fiel solución del recurso exige una referencia al tras-fondo fáctico fundamentado en un análisis cuidadoso y esme-rado de la prueba.

El 1ro de julio de 1972, Báez García, de 52 años, fue con-tratado por Cooper para la posición de Gerente de Personal al ésta iniciar sus operaciones en su planta de San Germán. Ocupó la plaza hasta el 11 de enero de 1978, fecha en que fue nombrado Director de Relaciones con la Comunidad y el Personal. En adición a las funciones que caracterizan el puesto de Gerente de Personal en toda empresa, Báez García tenía a su cargo el área de la cafetería, el programa de deportes y el periódico interno de la compañía.

Las evaluaciones de sus superiores desde 1973 a 1978 fueron positivas: “Very Good” en 1973 y “Good” en los próxi-mos años. Sin embargo, en todas ellas se sugiere que reciba adiestramiento en áreas como liderato, gerencia, recluta-miento, técnicas de entrevista y consejería. No obstante, estas recomendaciones no fueron obstáculo para que se le concedieran aumentos de sueldo en cada uno de esos años.

Desde sus inicios en Cooper hasta 1978, Báez García co-nocía de las deficiencias que existían en ciertas áreas que eran de la competencia exclusiva de su puesto. Sin embargo, no se veía un esfuerzo de su parte para mejorarlas. Al decir del tribunal sentenciador, “durante largo tiempo muchas de las comunicaciones escritas que se le enviaban al deman-dante de la corporación matriz se quedaban sin contestar. En ocasiones le enviaban memorandos internos como segui-miento a un mismo asunto. Por esta razón, de las oficinas de la corporación matriz tenían que insistir con él una y otra vez que se corrigieran los errores y se solucionaran los pro-blemas”.

Esta situación continuó irremediablemente igual, con el agravante de que a medida que la planta de San Germán se desarrollaba, las funciones de la Oficina de Personal se tor-naban más complejas y la incompetencia de Báez García, ma-yormente en el área técnica, se hacía patente. Evidente-mente no podía desempeñar de forma satisfactoria y con la excelencia deseada todos los deberes como gerente.

Ello motivó que en enero de 1978 —como parte de una reorganización administrativa— fuera relevado de sus fun-ciones como Gerente de Personal y ubicado en la posición de Director de Relaciones con los Empleados y la Comunidad. Marshall Bautz, Gerente General de la planta, estimó que la personalidad de Báez García —carácter afable y amistoso— se ajustaba más a las funciones de su nuevo cargo. Cabe des-tacar que, aunque sus deberes y responsabilidades fueron disminuidos considerablemente, en particular la fase téc-nica, su salario y beneficios marginales permanecieron iguales.

A tono con este nuevo diseño administrativo José Lla-vona fue nombrado Gerente de Personal en febrero. Coetá-neo a este nombramiento de Llavona se implantaron otros cambios. Varias de las funciones de la Oficina de Personal fueron transferidas a otros departamentos, su recepcionista pasó a reportarse directamente al Director de Finanzas, se reclutó personal adicional y se asignaron tareas específicas a cada empleado.

Transcurrieron varios meses. La Oficina de Personal es-taba reorganizada y funcionaba adecuadamente. En octubre Báez García fue nuevamente designado para ocupar su anti-gua posición. Otra vez las posiciones de Gerente de Personal y de Director de Relaciones con los Empleados y la Co-munidad quedaron fusionadas. Báez García tuvo una se-gunda oportunidad de demostrar su capacidad y competen-cia para ocuparla. La oficina estaba reestructurada y sus responsabilidades reducidas. Aunque había más personal, las funciones técnicas —área de su mayor dificultad— ha-bían sido transferidas a otros departamentos. Lamentable-mente no pudo demostrar su habilidad. A partir de su incumbencia, desde octubre de 1978 hasta octubre de 1979, surgieron y se presentaron los mismos problemas que exis-tían antes de la reorganización.

Esta situación llevó a Browning —Jefe del Departamento y Supervisor de Snyder— a intervenir directamente en la evaluación de Báez, correspondiente a marzo de 1979. Su de-sempeño fue calificado de “Fair” y no se le concedió aumento de sueldo. El 15 de octubre del mismo año fue nombrado nuevamente Director de Relaciones con los Empleados y la Comunidad, con el mismo salario y beneficios que devengaba hasta el momento. Doce días más tarde, Báez acudió al De-partamento del Trabajo y Recursos Humanos y presentó un cargo en el que alegaba discrimen por razón de edad.

Aun cuando sus evaluaciones fueron negativas a partir de febrero de 1980, en marzo recibió un aumento de sueldo.

El pobre desempeño, la falta de motivación y la falta de iniciativa de Báez García ocasionaron —al igual que en 1979— que no se le aumentara el sueldo a tenor con una eva-luación de marzo de 1981. Subsiguientemente, de acuerdo con las normas de la empresa, fue evaluado en agosto de 1981. Al no existir modificación alguna en su actitud hacia el trabajo y la empresa, fue despedido y la plaza que ocupaba fue consolidada nuevamente con la de Gerente de Personal.

t — ■i 1-1

Ante nos, Báez García señala y discute cuatro errores susceptibles de ser analizados en dos.

Primeramente, cuestiona la apreciación de instancia de que hubo justa causa para su “degradación” y despido. Segundo, alega error perjudicial en la exclusión indebida de cierta evidencia que ofreciera.

El más profundo respeto hacia las disposiciones constitucionales y estatutos que garantizan y protegen los derechos de los trabajadores puertorriqueños, nos impiden refrendar su tesis. La Ley de la Mesada, si bien establece una indemnización para todo empleado contratado sin tiempo determinado, se apuntala en que el despido sea sin justa causa. Su Art. 2 contiene guías orientadoras al respecto. Constituye justa causa para el despido:

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y re-glamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público.
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganan-cias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.
No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o. sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. (Énfasis nuestro.) 29 L.P.R.A. sec. 185b.

Al enumerar las posibles circunstancias, el legislador concrecionó unas situaciones que sirvieran de norte a los tribunales en los casos en que se invocara esta ley. Aun así, al valorar esa dinámica en una relación típica obrero-patronal, en el Art. 8 determinó imponerle a todo patrono la carga probatoria de justificar en la afirmativa su actuación, exponiendo en la contestación a una querella los hechos que dieron origen al despido. 29 L.P.R.A. sec. 185k.

En el caso de autos, Cooper cumplió satisfactoriamente con esa exigencia desde el inicio del trámite. Mediante prueba testifical y documental estableció la incompetencia de Báez García para desempeñar cabalmente la plaza de Ge-rente de Personal. No hay el más mínimo indicio de que ac-tuara festinada o improvisadamente. Cuando las funciones de la plaza se tornaron más complejas, Báez García no pudo controlar la situación. En lugar de prescindir de sus servi-cios, Cooper le brindó la oportunidad de continuar en la com-pañía como Director de Relaciones con los Empleados y la Comunidad y, luego de reorganizar la Oficina de Personal, le permitió ocupar nuevamente su antigua posición de Gerente de Personal. Simplemente la idea no funcionó. Su desempeño no fue satisfactorio. Aun así, en octubre de 1979, se le volvió a nombrar al puesto de Director de Relaciones con los Em-pleados y la Comunidad.

No nos convence la tesis de Báez García —como tampoco convenció al tribunal de instancia— de que la empresa estuvo “preparando” el caso para despedirlo. Primeramente, desde el punto de vista de ley, un patrono tiene perfecto derecho a evaluar a su personal según las normas de la empresa. Aquí no .se sugiere que las evaluaciones fueran irrazonables. Esa tarea evaluativa es congruente y armonizable con recomendaciones de competencia, mejoramiento y apercibimientos por deficiencias u otras razones. Forman parte del historial individual de cada empleado. Su licitud y utilidad para múltiples fines administrativos son incuestionables.

Segundo, los antecedentes tácticos derrotan tal conten-ción. Desde su primera evaluación en 1973, a Báez García le fueron señaladas deficiencias en el área técnica y gerencial. En autos existen comunicaciones escritas en donde se le llama la atención por sus reiteradas fallas administrativas. Así, el 17 de febrero de 1976 la Sra. Linda Grimes, de la Oficina Central de Personal, le envió un memorando donde le notificaba la necesidad de que se llenasen correctamente las formas P-ll de personal, y caracterizaba la situación como un área problemática que se le había planteado en varias oca-siones anteriores. Báez García no corrigió la situación. El 31 de agosto del mismo año, Dale Hungerford le escribió otro memorando en el que le requería que la corrijiera.

En mayo de 1979 Koluch le envió un memorando confi-dencial a Hungerford y señala que Báez García no cumplía con sus funciones de Gerente de Personal. Se informa que no ha seguido la política de la compañía, no ha hecho estudios de los puestos, no conoce la estructura organizacional ni los cambios que habían ocurrido en San Germán, como tampoco había podido lograr que se complementaran correctamente las ya mencionadas formas P-ll.

En resumen, esta evidencia en unión a otra derrotan la tesis propuesta por Báez García de que la empresa estuvo preparándole un caso en su contra con cuatro o cinco años de anticipación. Todas las circunstancias apuntadas nos mueven a coincidir con el foro de instancia de que su despido no fue caprichoso ni abusivo. En términos jurídicos, el patrono Cooper demostró satisfactoriamente justa causa para el despido, pues fue el resultado de una “transacción lícita y en el curso de los negocios”, Aviles v. Corte, 69 D.P.R. 1 (1948), como consecuencia de la incompetencia en el desempeño de Báez García. Blanes v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 113 (1948). Que prescindiera de sus servicios —después de reinstalarlo al puesto de Gerente de Personal— no altera el dicta-men. Cooper ofreció una “cristalina justificación” para despedirlo. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979).

I — I I — I h — I

En cuanto a su alegación de que hubo discrimen por razón de edad al despedírsele de su empleo, tampoco tiene razón. Esta reclamación, basada en la Ley Núm. 100 de 1959, supra, descansa en la presunción de su Art. 3, en el sentido de que “[s]e presumirá que cualquiera de los actos mencionados en las secciones precedentes fueron cometidos en violación de [esta ley] cuando los mismos hayan sido realizados sin justa causa. Esta presunción es de carácter controvertible”. (Énfasis nuestro.) 29 L.P.R.A. see. 148.

Adviértase, sin embargo, que la mencionada ley no contiene una definición del significado de justa causa para un despido. Por tal razón, en buena hermenéutica, hemos de “recurrir a otras leyes in pari materia”. Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522, 526-527 (1985). Ciertamente, las disposiciones sobre justa causa de la Ley de Despido Injustificado sirven de punto de referencia al interpretar la Ley Núm. 100 de 1959, supra. Bajo este prisma, en ausencia de otras circunstancias, nuestra conclusión de que existió justa causa para el despido de Báez García dispone del planteamiento de que la decisión de Cooper estuviera fundamentada en una política discriminatoria por razón de edad.

> hH

Restaños discutir su señalamiento sobre la exclusión de cierta evidencia. A juicio suyo, constituyó error sustancial que amerita revocar la sentencia —Reglas 5 y 6 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV— no haberse admitido un memo-rando interno que se le envió en noviembre de 1978. Allí se indica —con relación al reclutamiento potencial del reem-plazo de J. Lagos— “[e]n general, estamos buscando a una persona joven y dinámica, con experiencia”. (Traducción nuestra.) Exhibit VI, pág. 123.

Del contenido de esa comunicación Báez García deduce y nos sugiere que era política de la empresa favorecer a los jóvenes en el reclutamiento de su fuerza trabajadora. Sos-tiene su admisibilidad bajo la Regla 20(D) de Evidencia:

Cualquier evidencia de hábito o de costumbre es admisible para probar conducta en una ocasión específica de conformi-dad al hábito de costumbre. 32 L.P.R.A. Ap. IV.

No tiene razón.

Para establecer que una persona actuó de conformidad con su hábito o costumbre es menester que se demuestre la existencia de un patrón de conducta reiterado. Por definición, un acto aislado no constituye base suficiente para establecer dicho hábito. Después de todo, “[l]as notas características del hábito son la uniformidad y regularidad”. E.L. Chiesa, Evidencia de carácter y de conducta específica bajo las Reglas de Evidencia de 1979,15 Rev. Jur. ILL 45, 63 (1980). En igual sintonía, véanse: McCormick, Evidence Sec. 195 (2da ed. 1972); S. Saltzburg y K. Redden, Federal Rules of Evidence Manual, 3ra ed., Charlottesville, Virginia, The Michie Co., 1982; United States v. Angelilli, 660 F.2d 23 (1981); Meyer v. United States, 464 F. Supp. 317 (1979); Reyes v. Missouri Pac. R. Co., 589 F.2d 791 (1979); Wilson v. Volkswagen of America, Inc., 561 F.2d 494 (1977).

Salvo esta comunicación y la referente al reclutamiento de recién graduados en el Colegio de Mayagüez, no se pre-sentó prueba suficiente que nos permita inferir o concluir que Cooper acostumbraba discriminar en el reclutamiento o retención de sus empleados por razón de edad. Nada más hay en los autos para sostener lo contrario. No existe nin-guna otra instancia, en los muchos años en que Báez García fue Gerente de Personal —estrechamente relacionado con el reclutamiento de los numerosos empleados de Cooper— en qué afianzar una política discriminatoria por edad. De haber existido, lógicamente por su conocimiento y acceso, la hu-biese presentado.

V

A modo de epílogo, merece unos comentarios el señala-miento de Báez García, de que las Determinaciones de He-cho y de Derecho de la Sentencia del Tribunal Superior son idénticas a las presentadas por Cooper en su proyecto de sentencia. La práctica no es per se censurable. Es instru-mento auxiliar para los magistrados del país sobrecargados y agobiados de una carga enorme de causas judiciales. Así lo visualiza el Canon II de Etica Judicial que, en lo pertinente, dispone:

En el cumplimiento de este deber, el Juez resolverá cada controversia a base de su propia evaluación de la prueba pre-sentada. En cualquier asunto sometido a su consideración, po-drá, cuando a su juicio lo requieran los fines de la justicia, soli-citar de las partes proyectos de sentencias, resoluciones u ór-denes. 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, C. II.

Como señalamos en Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 508 (1982): “la costumbre existente en los tribunales de instancia de solicitar que las partes sometan proyectos de sentencia no es, de por sí, una mala práctica . . .”. Lo que resulta altamente impropio es “ ‘firmar a ciegas’ dichos proyectos de sentencia”. (Énfasis en el original.) También véase Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971).

Nuestro análisis a nivel apelativo demuestra que no hay base para concluir que el tribunal de instancia haya eludido su responsabilidad al evaluar la prueba. Su decisión es con-firmada.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

       Bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a), se reclamaron $6,500 por el alegado despido, $2,500 de honorarios de abogado, más las costas e interés legal. En la otra reclamación solicitó $250,000 de honorarios, costas e intereses. Pidió, además, su reinstalación en el empleo.

       A saber:
      “Las funciones y deberes del demandante como Gerente de Personal esta-ban especificados en la descripción de la plaza y eran los inherentes a un puesto de esa categoría. Básicamente comprendían el reclutamiento de personal, esta-blecer, aplicar y administrar la política y programa de salarios y beneficios, las relaciones con los empleados, establecer e interpretar la política de la demandada en materia de personal, mantener récords completos, mantener la moral de los empleados, cuidar por la salud y seguridad de los empleados, administrar las reglas de seguridad, la cafetería de los empleados, publicar el periódico interno de la empresa (Capilo), organizar el programa deportivo, atender las quejas de los empleados y, además, desarrollar y mantener las relaciones con la comu-nidad.” Anejo E, pág. 15.

       Esta decisión la adoptó el nuevo Gerente General de la planta, James Snyder. No fue del agrado de la Oficina Central de Cooper en New Jersey, según surge de un memorando fechado 10 de noviembre de 1978. En el mismo, Dale Hungerford —de la Oficina Central de Personal— le hizo saber de esta situación a Jack Browning. En lo pertinente, dicho memorando expresa en su idioma original:
      “In my opinion and with which Dr. Bautz agrees, Ruben Baez is a very nice person who is liked by all employees, but his professional skills are weak, especially for an individual who has been in Personnel as long as he has. In addition, he is weak as a manager in that he is not aggressive and does not fight for what he believes is right. For these reasons, Dr. Bautz removed him from the Personnel Manager’s job.
      “Thus, when I was informed that Ruben was again responsible for Personnel, I was disappointed because this says to me that P.R. does not want a strong knowledgeable Personnel Manager who can contribute, but one who will let all the other managers in the facility do their own thing in the area of personnel.
      “For your information, every member of my staff was disappointed when they were informed of the change as the quality of work from the P.R. Personnel Department had improved under Jose’s leadership.”

       Art. II, Secs. 16,17 y 18, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982; Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945 (29 L.P.R.A. sec. 61 et seq.); Ley de Salario MInimo de Puerto Rico, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. see. 245 et seq.); Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. see. 271 et seq.), que regula la jornada de trabajo; Ley Núm. 289 de 9 de abril de 1946 (29 L.P.R.A. see. 295), que establece un día de descanso por cada seis de trabajo.

       En las Guías “para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 aprobada el 30 de mayo de 1976, págs. 28-29, preparadas por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se señala:
      “Esta serie de circunstancias y actos que pueden dar lugar al despido justifi-cado de un trabajador tipifican las circunstancias que ajuicio del legislador justi-fican el despido de un empleado y aunque no necesariamente agotan las situaciones que pueden constituir justa causa para el despido, definitivamente delinean el pensamiento y la preocupación del legislador de que la determinación de justa causa no incida, como bajo la Ley Núm. 50, en el arbitrio de los tribu-nales. La discreción de los administradores de la ley y de los tribunales en la determinación de lo que constituye causa debe necesariamente de partir de la especificación contenida en la ley y la discreción podrá ejercerse solamente en aquellos aspectos relativos a grados o matices, que por la misma naturaleza y limitaciones del proceso legislativo no son susceptibles de ser abarcados exhaus-tivamente por un estatuto. Muchos de los principios jurisprudenciales sentados bajo la Ley Núm. 50 continuarán vigentes y sirviendo como faros orientadores en la interpretación de la Ley Núm. 80.”

       Los hechos en Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979), son dis-tinguibles al de autos. Allí nos enfrentamos al problema de la primera falta como causal de un despido justificado. Aquí las recurrentes fallas de Báez García y la actitud hacia sus deberes fueron los factores determinantes del despido.

       No tiene el alcance probatorio pretendido, la existencia de un memorando que indica que la filosofía de E.J. Browning es dar oportunidades de empleo en posiciones de aprendices a jóvenes brillantes recién graduados de universidad, y que por ello, la Oficina Central de Personal se había comunicado con el Decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.