author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Bucaré Management, una división de Bucaré Development Corporation, demandante y recurrida, v. Miguel Arriaga García y su esposa Gladys Ocasio, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandados y recurrentes.

      Número: MC-89-60

      Resuelto: 16 de enero de 1990

      Eduardo A. Escribano Román, de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, abogado de los recurrentes; Enrique Umpierre Suárez y José Gerardo Cruz Arroyo, del Bufete Enrique Umpierre Suárez, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos da la oportunidad de resolver si un de-mandado en una acción de desahucio cuya probada insolven-cia económica ha sido reconocida por el tribunal, según lo requiere y autoriza la Ley Núm. 6 de 26 de junio de 1980 en sus Arts. 623 y 635 (32 L.P.R.A. sees. 2824 y 2836), está exo-nerado de otorgar fianza o consignar el importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia como condición para poder instar un recurso de revisión ante nos o una apelación ante el Tribunal Superior. Arts. 631 y 634 del Código de En-juiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 2832 y 2835.

Resolvemos en la afirmativa. Al así actuar, le impartimos un sentido lógico al procedimiento y le damos vigencia real a la intención legislativa que plasma la política pública de reco-nocerle un interés particular y otorgarle derechos distintos a los indigentes que están sujetos a una acción de desahucio.

HH

El recurso instado por la parte demandada cuestiona la orden emitida por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, que le fija una fianza de treinta mil dólares ($30,000) como condi-ción para presentar un recurso de revisión contra la senten-cia que declaró con lugar la demanda de desahucio.

La orden del tribunal está fundada en los requisitos esta-tuidos en los Arts. 631 y 634 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, los cuales, respectivamente, disponen:

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las costas de la apelación; pudiendo el demandado, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades conve-nidas, a su elección, otorgar dicha fianza o consignar en secre-taría, el importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia.
En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos por falta del pago del canon estipulado, será deber del demandado consignar en la secretaría del tribunal el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo u otor-gar fianza, a satisfacción del tribunal, para responder del im-porte de todos y cada uno de dichos arrendamientos.

Por otra parte, la citada Ley Núm. 6 enmendó los Arts. 623 y 635, supra, para establecer que:

Sec. 282Jf.. Comienzo del juicio; fecha para la vista
Se promoverá el juicio por medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en él Código de Enjuiciamiento Civil y presentada aquélla, se mandará convo-car [al] actor y al demandado para comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a aquél en que se presente la reclamación.
Disponiéndose, que si en dicha vista quedare demostrado que el mandamiento es contra una familia de probada insol-vencia económica, el Tribunal ordenará que se notifique a los Secretarios de los Departamentos de Servicios Sociales y de la Vivienda, con copia de la demanda de desahucio promovida. Estas agencias evaluarán la condición socioeconómica de la familia y le brindarán la ayuda social que esté justificada.
Además, rendirán un informe al Tribunal en el término im-prorrogable de treinta (30) días sobre las ayudás a que la fa-milia tenga derecho, y cuáles se le habrán de proveer.
See. 2836. Términos para el lanzamiento después de sen-tencia
La sentencia que deciare con lugar la demanda de desahu-cio ordenará el lanzamiento del demandado dentro del tér-mino de veinte (20) días contados desde que dicha sentencia sea firme. Disponiéndose, que cuando se trate de desahucio de una casa destinada a habitación o vivienda de familia, o de personas que estén ocupando ilegalmente terrenos ajenos, el término para el lanzamiento será de cuarenta (40) días. En aquellos casos en que el Tribunal, de conformidad a lo dis-puesto en la see. 2828 de este título, haya determinado la in-solvencia económica de la familia contra la cual procede el de-sahucio, se notificará con copia de la sentencia, luégo de que ésta sea firme, a los Secretarios de los Departamentos de Ser-vicios Sociales y de la Vivienda, para que estas agencias conti-núen brindando sus servicios a la familia afectada. En estos casos el término de cuarenta (40) días empezará a contarse a partir de la fecha dé notificación. No se expedirá el manda-miento a que se refiere la see. 2837 de este título hasta ha-berse cumplido con el anterior requisito.
No podrá verificarse el lanzamiento de ninguna familia de probada insolvencia económica a menos que esté presente al momento de efectuarse el mismo un funcionario del Departa-mento de Servicios Sociales, designado por el Secretario de dicho Departamento, quien velará por la seguridad física y emocional de la familia desahuciada. El Alguacil de Tribunal coordinará la comparecencia de dicho funcionario con la ofi-cina más cercana de la agencia al lugar donde se realice el desahucio.

Asumimos jurisdicción y emitimos la resolución siguiente:

Examinado el recurso de epígrafe, la parte demandante-re-currida tendrá hasta el 11 de octubre de 1989 para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado para revocar o modificar la orden recurrida por haber el tribunal de instancia abusado de su discreción al fijar, amparándose en el Art. 634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 2835, la fianza excesiva de $30,000.
En su comparecencia la recurrida deberá, además, fijar su posición sobre la solicitud de la parte demandada de que por haber sido reconocida por el tribunal de instancia como un litigante insolvente, se le exima totalmente del requisito de prestar fianza.
En auxilio de nuestra jurisdicción, el término para solicitar revisión de la sentencia queda interrumpido y se paralizan los procedimientos en instancia hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Resolución del Tribunal Supremo de 29 de septiem-bre de 1989.

f-H HH

La parte demandante compareció. Sorpresivamente sos-tiene que la fianza de treinta mil dólares ($30,000) no es exce-siva. Su posición es insostenible.() La cantidad es tan ridicu-lamente alta que hiere nuestra sensibilidad judicial. No sólo a este litigante le resulta imposible prestar una fianza tan excesiva, sino que de perpetuarse un enfoque tan restrictivo se patrocina y autoriza un abuso del derecho. Así parece re-conocerlo el arrendador. A fin de cuentas se allana a que se modifique la orden para que se consigne lo adeudado por concepto de los cánones de arrendamiento vencidos.

.En vista del resultado a que llegamos, es innecesario fijar directamente una suma razonable o devolver el caso a instan-cia para que haga esa determinación.

HH HH HH

En cuanto a si los insolventes deben estar exonerados, estamos ante una situación análoga a la que se expone ep Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297-298 (1988). Allí re-conocimos el propósito legislativo de beneficiar a los liti-gantes insolventes. Resolvimos que:

No tenemos que considerar la impugnación de las recu-rrentes de la validez constitucional de la aplicación a su caso del requisito de fianza, pues la interpretación del estatuto per-mite atender adecuadamente sus planteamientos. Al así dis-poner del asunto no hacemos mas que seguir la norma consis-tentemente reiterada por este Tribunal de no abordar cues-tiones constitucionales cuando se puede resolver el caso en armonía con los criterios del recurrente y en consonancia con los mejores fines de la justicia. Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971).
Como se sabe, la Regla 69.5 de Procedimiento Civil tiene el propósito de garantizar a la parte victoriosa el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado por el litigante no resi-dente que ha perdido el pleito. Práctica Procesal Puertorri-queña, Vol. II, pág. 404. Debe notarse que la fianza no es re-querida insoslayablemente en todo caso, sino que a tenor con la Regla 69.6 se dispensa de la misma al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, a los cónyuges en pleitos de divorcios, de relaciones de familia o sobre bienes gananciales y en recla-maciones de alimentos. Esta dispensa selectiva sigue la tónica flexible de esencial justicia sentada en la Regla 56.3(2) con respecto a los aseguramientos de sentencia.
“Cuando se tratare de un litigante insolvente que estu-viere expresamente exceptuado por ley para el pago de aran-celes y derechos de radicación y a juicio del tribunal la de-manda adujere hechos suficientes para establecer una causa de acción cuya probabilidad de triunfo fuere evidente o pu-diere demostrarse, y hubiere motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que de no obtenerse inmediatamente dicho remedio provisional, la sentencia que pudiera obtenerse resultaría académica porque no habría bienes sobre los cuales ejecutarla.”
Ambas disposiciones tienen propósitos análogos en benefi-cio de litigantes insolventes que deben ser interpretadas de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica, principio rector en la interpretación de las Reglas de Procedi-miento Civil.
De lo anterior podemos razonablemente colegir la intención del legislador de abrir las puertas de los tribunales a los liti-gantes pobres. Es por eso que concluimos que en virtud de la Regla 56.3 un litigante indigente que vive fuera del país está exento de prestar fianza de extranjero, claro está, siempre que demuestre que su razón de pedir puede tener méritos.

En el caso ante nos el tribunal de instancia determinó que los recurrentes eran insolventes. La realidad es que si son insolventes no tienen la capacidad económica para otor-gar una fianza o consignar los cánones adeudados.() De no ser exonerados se les estaría imponiendo una condición im-posible de cumplir. ()

El hecho de que al aprobar la Ley Núm. 6, supra, el legis-lador no enmendara también los Arts. 631 y 634, supra, no nos obliga a llegar a un resultado distinto. Ello evidente-mente es un lapsus de su parte. No es lógico que se reco-nozca la insolvencia para unos fines y se le ignore para otros más fundamentales como el de tener disponible un recurso adecuado para impugnar la sentencia y sus fundamentos.

Resolvemos que los demandados están exentos de cum-plir con los requisitos fijados en los Arts. 631 y 634 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, supra.

Se devolverá el caso para que continúen los procedi-mientos en forma, compatible con lo aquí expuesto.

      (1) Al emitir la orden para mostrar causa pensamos que esa suma de dinero tali eleveda se debía a algún error mecanográfico al transcribir la orden. Aparen-temente nos equivocamos ya que la demandante sostiene su razonabilidad.

      (2) El tribunal declaró con lugar la demanda fundada en la existencia de dos (2) causales distintas: infracción a las condiciones del contrato de arrendamiento y falta de pago.

      (3) El arrendador pretende en esta etapa cuestionar la determinación de in-solvencia. No hay fundamento en los autos para alterar esa parte del dictamen.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Josué Flores Torres.

      Número: 4503

      Resuelto: 19 de enero de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Ojicina de Inspección de Notarías.

   PER CURIAM:

Mediante opinión per curiam de 17 de no-viembre de 1987 suspendimos del ejercicio del notariado por seis (6) meses al Ledo. Josué Flores Torres por no haber cumplido con el deber de ilustración y consejo notarial en ocasión de autorizar una escritura de hipoteca. Como conse-cuencia, su obra notarial fue incautada y remitida al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris.

Oportunamente, su examen reveló, como deficiencias, la falta de una firma e iniciales de una otorgante en una escri-tura, los Protocolos de 1986 y 1987 sin índice ni encuaderna-ción, y la omisión de no haber cancelado ciento sesenta y siete (167) Sellos de Asistencia Legal en su Registro de Afi-dávit.

El 12 de enero de 1989 le requerimos que subsanara esas deficiencias. El 1ro de marzo de 1989 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos rindió un informe expositivo indicando de que a esa fecha el notario Josué Flores Torres no había subsanado las defi-ciencias relativas a no haber cancelado ciento sesenta y siete (167) Sellos de Asistencia Legal en su Registro de Afidávit según le fue informado desde el 16 de diciembre de 1987.

Ante esa situación, el 31 de marzo le concedimos un tér-mino de veinte (20) días para que subsanara esas omisiones y, simultáneamente, compareciera a mostrarnos causa por la cual no debería ser disciplinado.

El 14 de abril el notario Flores Torres suministró y can-celó dichos sellos. Nos incumbe, pues, determinar la sanción disciplinaria.

I

En In re Platón, 113 D.P.R. 273 (1982), establecimos claramente que la obligación del notario de cancelar los sellos requeridos por ley en los instrumentos públicos es de estricto cumplimiento. Poco después, en In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984), reiteramos esa obligación y expusimos que su incumplimiento exponía al notario a graves sanciones disciplinarias, incluso separación del ejercicio de la abogacía. Caracterizamos entonces que esa responsabilidad de adherir y cancelar los sellos era de naturaleza continua. Final-mente, en In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812, 813-814 (1984), expandimos estos pronunciamientos y resolvimos que la práctica notarial de no cancelar los correspondientes Se-llos de Rentas Internas inmediatamente después de otor-gada una escritura constituía una violación a la Ley Notarial de Puerto Rico que podría incluso “resultar en la configura-ción de un delito de apropiación ilegal, por cuanto el im-porte de dichos sellos es por lo general cobrado por el nota-rio a su cliente al momento de la otorgación del instrumento con el propósito expreso y específico de la compra y cancela-ción de los referidos sellos. Cuando menos, constituye una práctica altamente censurable [e intolerable] que no debe ser continuada ... y que puede constituir, por sí sola, causa suficiente para la separación de un abogado del ejercicio de la notaría en Puerto Rico”. (Énfasis suplido.)

A tono con ese lineamiento jurisprudencial, en In re Quidgley Viera, 119 D.P.R. 72 (1987), suspendimos del ejercicio de la profesión a dicho abogado por ignorar nuestros requerimientos de que subsanara la omisión en cancelar los sellos después de ser separado de la notaría. Ante esa inacción, dijimos: “Enfatizamos una vez más la importancia de cancelar los sellos de rentas internas y notariales. Hemos señalado que ‘se defrauda al erario cuando se persiste obstinadamente en no adherir a las escrituras los sellos de rentas internas que ordena el arancel notarial’ .” íd., págs. 73-74.

Reafirmamos una vez más la importancia que reviste la cuestión en protección de los intereses públicos y privados confiados a los notarios. La omisión de cancelar los Sellos de Rentas Internas en escrituras o los impuestos de Asistencia Legal en ios Registros de Afidávit es una infrac-ción seria que debemos desalentar.

En primer lugar, priva a la Sociedad para Asistencia Legal de esos ingresos inmediatos, cuya razón de ser es su uso para gastos operacionales. Y segundo, más allá del aspecto fiscal, en lo sustantivo, el cancelar estos sellos “forma parte esencial e integral de la actividad notarial al certificar un afidávit”. Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110, 130 (1986). En materia de Sellos de Rentas Internas, hasta tanto esos sellos no sean adheridos y cancelados, la validez de las escrituras o de las copias certificadas está en entredicho, pues las mismas son anulables. Art. 10 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2021; Banco de Santander de P.R. v. Registrador, 115 D.P.R. 44 (1984); Rivera Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661 (1982); Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 D.P.R. 50 (1978); Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976); Sánchez v. Registrador, 69 D.P.R. 474 (1949); In re Feliciano, supra; In re Merino Quiñones, supra; S. Torres Peralta, La Nueva Ley Notarial de P.R., 48 (Núm. 3) Rev. C. Abo. P.R. 3, 104 (1987); P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Ponce, Ed. Corripio, 1988, págs. 115-116.

Ante estas circunstancias, la subsanación de las deficiencias no descarta la sanción disciplinaria. Procede decretar su suspensión del ejercicio del notariado por el término de dos (2) años. In re Aponte Arché, 117 D.P.R. 837, 838 (1986).

Se dictará la correspondiente sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Ortiz de-cretarían su suspensión indefinida.


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis Castro Rosario, acusado y apelante.

      Número: CR-87-102

      Resuelto: 19 de enero de 1990

      Mark Anthony Bimbela, Carmen Ana Rodríguez Maldonado y Cándida Valdespino Zapata, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procura-dor General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El 5 de octubre de 1987, tras haber sido convicto por vio-lación al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404, y luego de un juicio por tribunal de derecho, el Tribunal Superior, Sala de Carolina, sentenció al acusado apelante a cumplir dos (2) años de re-clusión concurrente con la sentencia dictada en el Tribunal de Caguas, pero consecutiva con cualquier otra pena por dis-posición de ley.

No conforme, apeló alegando que el tribunal de instancia erró al: (1) no suprimir evidencia que fue ocupada ilegal-mente por ser producto de un registro contrario a derecho y (2) no establecer la culpabilidad más allá de duda razonable.

El único testigo del Ministerio Público fue el policía Fernando Soler. Las partes estipularon la prueba de campo, el análisis químico y “que en el registro efectuado, no medió orden de arresto, registro o allanamiento y el peso de la prueba le corresponde al fiscal”. E.N.P. enmendada, pág. 1. La defensa no presentó prueba.

I

Los hechos

En síntesis, el policía Soler declaró que en la noche de 18 de diciembre de 1985 se encontraba en una patrulla fantasma —no rotulada— en la Carretera Núm. 3, Km. 6.4, jurisdic-ción de Carolina. Estaba uniformado. Como a una distancia de unos treinta (30) o treinta y cinco (35) pies observó al acusado que conducía un vehículo y fumaba algo que aparen-taba ser un cigarrillo de marihuana. Entonces, el vehículo cruzó la luz roja y él le ordenó detenerse. Continuó atesti-guando que cuando el acusado se percató de su presencia se tragó lo que tenía en la mano.

Una vez el acusado detuvo el vehículo, el policía le ordenó a éste y a su acompañante que se bajaran del mismo. El acu-sado, entonces, pidió que no le hiciera daño, que tenía unos materiales en el vehículo. El policía Soler entendió que esto significaba que el acusado tenía más droga en el vehículo. Ante estas circunstancias, solicitó ayuda por el radiotelé-fono. Este momento de distracción lo aprovecharon, el acom-pañante del acusado para correr y evadirse, y el acusado para encerrarse en el vehículo, rehusando salir del mismo y diciendo que para bajarlo tenían que matarlo. Luego puso en marcha el vehículo y huyó.

Entonces, el policía Soler procedió a perseguir al acusado hasta el Residencial Sabana Abajo, donde éste dejó el ve-hículo prendido de forma directa y continuó huyendo a pie. Como el sitio era oscuro y habían ocurrido ciertos altercados a tiros allí, el policía Soler se quedó en la patrulla en lo que llegaban otros agentes. Una vez llegaron éstos, se dirigió al vehículo y tan pronto abrió la puerta vio un cono cerca de la emergencia. Lo ocupó y comprobó que contenía picadura que aparentaba ser marihuana. Continuó buscando y en el ceni-cero encontró un cigarrillo de marihuana. En el vehículo también encontró una cartera color marrón, una licencia y un pasaporte con la foto del acusado. Entonces, cotejaron la tablilla y averiguaron qué el vehículo era hurtado.

f — (

Registro sin orden judicial de vehículo de motor abando-nado luego de una persecución

Una vez más nos confrontamos con evidencia obtenida por agentes del orden público luego del registro de un automóvil sin orden judicial. Reiteradamente hemos expresado que aunque la expectativa de intimidad es menor cuando se trata del registro de un automóvil, esto no significa, sin embargo, que éste no esté cobijado por la protección que brinda la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, “‘contra registros, incautacionés y allanamientos irrazonables’. . .”. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 474 (1988). Véase Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982).

Hemos establecido, como norma general, que la legalidad del registro de un automóvil sin autorización judicial dependerá de si éste es razonable a la luz de “los hechos y circunstancias —la atmósfera total— del caso... [y qüe u]na mera infracción menor de tránsito no justifica el registro de un automóvil [a menos que] circunstancias especiales pued[an] proveer la justificación necesaria, en adición a [la] infracción de tránsito”. Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345, 359 (1965). Véase Pueblo v. Malavé González, supra. Además, que una vez se efectúa un registro sin orden judicial surge una presunción de ilegalidad y el Fiscal “viene obligado a probar que el registro realizado fue legal y razonable . . Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 502 (1988). Véanse: Pueblo v. Malavé González, supra; Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986).

Ahora bien, la norma constitucional que prohíbe el regis-tro sin orden judicial previa no es absoluta. Regla 11 de Pro-cedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Rivera Rivera, supra; Pueblo v. Vázquez Méndez, supra; Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982); Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326 (1980); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); Pueblo ex rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99 (1978); Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98. D.P.R. 75 (1969); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966); Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965); Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206, 210-215 (1954); Informe sobre Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico del Secretariado de la Conferencia Judicial, Revisión de 1982, pág. 26; D. Nevares-Mufiiz, Suma-rio de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, Sees. 7.5 a 7.7. Hemos reconocido excepciones: (a) cuando se trate de un registro de la persona y del área al alcance inmediato de donde se encuentre, siempre que sea incidental a un arresto legal (Pueblo v. Malavé González, supra; Pueblo v. González Rivera, supra; Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964); Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 132 (1956)); (b) cuando se da el consentimiento para el registro o se renuncia al derecho constitucional contra registros y allanamientos irrazonables (Pueblo v. González Rivera, supra, págs. 656-657), y (c) cuando el registro se da en situación de emergencia (Pueblo v. Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988)). Véase, también, en parte, O. Resumil de Sanfilippo, En nombre del debido proceso de ley, LVIII Rev. Jur. U.P.R. 135, 171 (1989). También hemos establecido que no es necesaria una orden judicial previa cuando se trata de evidencia que se encuentra a plena vista (Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); Pueblo v. Espinet Pagán, 112 D.P.R. 531, 537 (1982)), cuando el agente del orden público obtiene conocimiento de la existencia del material delictivo por el olfato (Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, pag. 779), o cuando el material ha sido abandonado o arrojado (Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R. 567 (1988); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 189 (1985)).

El mandato constitucional de que “[s]ólo se expedirán mandamientos autorizando registros y allanamientos ... por autoridad judicial” (Art. II, Sec. 10 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299) tiene como propósito “proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la cuidadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intrusión”. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984); Pueblo v. Dolce, supra, págs. 429-431; Pueblo v. Malavé González, supra.

El derecho de un acusado a impugnar un registro sin orden judicial por irrazonable depende exclusivamente de si éste era acreedor a “la protección constitucional y si tenía o no una expectativa legítima de intimidad sobre el lugar que fue objeto del registro y sobre los objetos que fueron ocupados”. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1980); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra; W. Rinjel, Searches & Seizures, Arrests and Confessions, Nueva York, C. Boardman Co., 1985, Sec. 11.7; W. LaFave, Search and Seizure, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 1, Sec. 2.6(b), págs. 466-467. Este principio apuntala la norma de que la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables no proteje las estructuras abandonadas (Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968)), evidencia arrojada o abandonada (Pueblo v. Ortiz Zayas, supra; Pueblo v. Ortiz Martínez, supra; Pueblo v. Rivera Martínez, 97 D.P.R. 814 (1969)), evidencia a “plena vista” (Pueblo v. Dolce, supra) y que sólo el “titular” del derecho puede válidamente renunciar al mismo (Pueblo v. Narváez Cruz, supra; Pueblo ex rel. F.J.M.R., 111 D.P.R. 501 (1981); Pueblo v. Barrios, 72 D.P.R. 171 (1951)).

Como hemos señalado, no hay duda alguna de que los vehículos caen dentro del ámbito de protección de la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. Malavé González, supra. Los registros que de ellos se hagan están sujetos a los estándares constitucionales de razonabilidad. LaFave, op. cit, Sec. 2.5(a), pág. 443. No puede efectuarse un registro sin orden en un automóvil sobre el cual su dueño o conductor retenga una expectativa legítima de intimidad, a pesar de que la misma es menor cuando se trata del registro de un vehículo. Dicha expectativa se pierde cuando el automóvil ha sido abandonado.()

Para determinar si un vehículo ha sido abandonado hay que examinar ciertas circunstancias que, de estar presentes, nos llevarían a tal conclusión. En este sentido, La-Fave nos señala que, cuando el Estado descansa en la teoría del abandono para justificar el hallazgo de evidencia en un vehículo, tiene que establecer que hubo la intención de abandonar dicho vehículo, por parte de su dueño o conductor. Ex-pone el tratadista que para establecer este elemento intencional se puede acudir a la definición del derecho de propiedad en términos de qué constituye un bien abandonado. Sin embargo, continúa diciendo, dicha definición no ofrece una explicación razonable y suficiente para resolver muchos de los casos que tienen que considerar nuestros tribunales. Surge así la necesidad de aplicarse un principio mucho más amplio:

.[L]o importante no es determinar si alguien “tiene un in-terés propietario o posesorio en el automóvil al momento de la actividad policíaca en cuestión”, tomando en consideración las “sutiles distinciones de los conceptos del derecho de propie-dad”, sino hasta qué punto “el acusado tenía derecho a una expectativa legítima de que su vehículo estuviera libre de toda intervención gubernamental”. (Traducción nuestra.) LaFave, op. cit, Sec. 2.5(a), pág. 444.

Expresa además LaFave que para determinar si el dueño o el conductor del vehículo carece de toda expectativa legítima de intimidad sobre el mismo hay que examinar la totalidad de las circunstancias relacionadas con el tratamiento que éste le ha dado al automóvil. Ciertamente hay circunstancias en las que, dependiendo de la forma en que el vehículo fue abandonado en la escena del delito, es razonable concluir que con respecto a dicho automóvil no existe ninguna éxpectativa legítima de intimidad.

Los tribunales han concluido que un auto ha sido abando-nado cuando surge que el conductor del mismo lo dejó en un esfuerzo por evitar ser capturado por la policía. Algunas veces la policía ha estado persiguiendo el automóvil y el conductor de éste decide dejarlo y huir a pie. En otras ocasiones el vehículo está estacionado cuando su ocupante, luego de per-catarse de que la policía se acerca, sale del mismo y huye. (Citas omitidas, énfasis suplido y traducción nuestra.) LaFave op. cit., Sec. 2.5(a), pág. 447.

A la luz de la doctrina antes expuesta, examinemos los hechos en el caso de autos para determinar si de los “hechos y circunstancias —atmósfera total — ” subjgen las circunstan-cias especiales que proveen la justificación necesaria para que, unido a la infracción menor de tránsito, el registro sin orden judicial sea razonable y válido. Veamos.

HH HH l-H

Aplicación de las normas de derecho a los hechos

De la exposición narrativa de la prueba surge que, mien-tras el acusado conducía un vehículo que luego resultó ser hurtado, el policía Soler lo vio fumando lo que aparentaba ser un cigarrillo de marihuana. Cuando aquél cruzó una luz roja el policía Soler le ordenó detenerse, a la vez que observó cuando el acusado se tragó lo que tenía en la mano. Ya fuera del vehículo, el acusado hizo referencia a que tenía lo que el policía Soler entendió era más droga en el automóvil. Más tarde, el acusado aprovechó el hecho de que el policía Soler estaba pidiendo ayuda por el radioteléfono para montarse en el vehículo y, tras rehusar abrir la puerta y bajarse, huyó. En ese momento el policía comenzó una persecución del vehículo conducido por el acusado apelante. De forma contemporánea a la persecución, el acusado detuvo el auto en el Residencial Sabana Abajo y lo dejó allí con el motor en marcha para con-tinuar su huida a pie.

Indudablemente estas actuaciones y observaciones le dieron al policía Soler suficientes motivos fundados para creer que el acusado estaba cometiendo un delito; en este caso, que tenía sustancias controladas en el vehículo.

A base de todo lo antes expuesto, podemos concluir que el acusado apelante abandonó el vehículo en que emprendió la huida. A partir de ese momento perdió toda expectativa legí-tima de intimidad que pudo tener sobre dicho vehículo.()

Resolvemos, pues, a la luz de lo aquí señalado, que cuando estén presentes estos elementos, y si tras una persecución policíaca el conductor del vehículo abandona éste en la vía pública y continúa huyendo a pie, los agentes del orden público tienen derecho, allí en ese momento y sin orden judicial, a registrar el vehículo y tomarlo bajo custodia. No se cometió el primer error señalado por el acusado apelante.

El resultado a que hemos llegado al analizar el primer señalamiento de error nos lleva a concluir que el segundo error señalado tampoco fue cometido. Además, la exposición narrativa de la prueba que hemos reseñado demuestra que la culpabilidad fue establecida más allá de duda razonable.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que con-firma la dictada por el tribunal de instancia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García concu-rre con el resultado con opinión escrita.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Concurrimos con la decisión del Tribunal confirmatoria de la sentencia del tribunal de instancia. Sin embargo, aun-que la doctrina de evidencia arrojada o abandonada dis-pone del asunto ante nos, es menester analizar el aspecto central que la configura, a saber, la “atmósfera total” del caso que dio lugar a la intervención legítima policíaca. Para determinar la presencia o el abandono a la expectativa de intimidad que una persona pueda tener sobre un bien u ob-jeto es necesario atender, mediante un examen objetivo, las circunstancias contemporáneas al registro conocidas por el funcionario. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988), opinión disidente; Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988), opinión disidente. Expongamos suscinta-mente los hechos.

I

La noche de 18 de diciembre de 1985 —en la Carretera Núm. 3, Km. 6.4 de Carolina— el policía Fernando Soler in-tervino con Luis Castro Rosario por éste no haber detenido el vehículo de motor que conducía ante la luz roja de un se-máforo. Le ordenó que se detuviera. Acatada esa orden, So-ler les pidió a Castro Rosario y a su acompañante que se bajaran del vehículo. Ambos obedecieron. Luego de una breve conversación, Soler fue a su auto patrulla a solicitar ayuda a través del sistema de radio. En ese momento, el indi-viduo que acompañaba a Castro Rosario corrió y abandonó el área y éste entró, se encerró dentro del vehículo, lo puso en marcha y huyó.

Inmediatamente, el policía Soler emprendió una persecu-ción que lo llevó al Residencial Sabana Abajo, Carolina. Allí, Castro Rosario dejó encendido el vehículo y se adentró en el residencial. Soler, en vista de la oscuridad del lugar y cono-ciendo que en el pasado se habían desatado varios altercados de balas, optó por permanecer en su vehículo en espera del respaldo policial solicitado.

Una vez llegó la ayuda, Soler se dirigió al vehículo aban-donado con el propósito de detener la marcha del motor. Al hacerlo, se percató de la presencia de un cono de papel en el área de los asientos delanteros.() Lo ocupó y encontró en su interior lo que parecía ser picadura de marihuana. Continuó su búsqueda y en el cenicero halló “una envoltura de papel a manera de cigarrillo” que aparentemente tenía picadura de marihuana. También encontró y ocupó una cartera color ma-rrón que contenía en su interior una licencia y un pasaporte con la foto de Castro Rosario.

Ante estas circunstancias, Soler solicito por radio una re-lación del número de la tablilla del vehículo y fue notificado que aparecía reportado como hurtado. Junto con los demás policías, lo trasladó a la División de Tránsito en Carolina.

La prueba de campo, al igual que un análisis posterior de laboratorio, dio como resultado “positivo de marihuana”. Oportunamente, Castro Rosario fue acusado en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, por su posesión ilegal. Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404.

Durante el proceso, Castro Rosario pidió la supresión de la marihuana. En esencia, sostuvo que su ocupación fue pro-ducto de un registro sin orden, pues el policía Soler careció de motivos fundados. Dilucidada la cuestión conjuntamente con los méritos del caso, el tribunal ordenó la supresión del cigarrillo de marihuana pero sostuvo la admisibilidad de la marihuana del cono y lo declaró culpable.

IncQiiforme, en apelación cuestiona la suficiencia y admi-sibilidad de esa prueba.() No tiene razón.

r — H HH

El Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, consigna, como regla general, que todo registro, allanamiento o incautación se lleve a cabo mediante orden judicial previa. Sólo “[circunstancias de emergencia pue-den provocar excepciones, a la regla general”. (Énfasis su-plido.) E.L.A. v. Coca Cola Bott Co., 115 D.P.R. 197, 207-208 (1984).

Para un acusado poder impugnar un registro sin orden judicial previa es necesario, en primer lugar, que posea capa-cidad o legitimación activa para invocar su derecho a la pri-vacidad. Una vez demostrado que es acreedor a esa expecta-tiva legitima sobre el bien o lugar en cuestión, podrá el tribunal adjudicar la legalidad del registro. El peso corres-ponde al Estado. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283, 291-292 (1986); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra. De carecer de legitimación activa, la intervención judicial culmina ahí, puesto que el registro lo realizó el Estado bajo^ circunstan-cias que le eximían del requisito de orden judicial previa.

De ordinario, defede el momento en que una persona arroja o abandona un objeto, pierde toda expectativa de inti-midad y con ello la necesidad de que mediara una orden judicial previa para su registro, allanamiento o incautación. Tal renuncia ha de inferirse de un examen objetivo de los hechos conocidos al momento en que ocurre el abandono. United States v. Kendall, 655 F.2d 199, 201 (9no Cir. 1981). El análi-sis requiere, entre otros aspectos, determinar: “(1) si el abandono fue voluntario o inadvertido; (2) el lugar donde ocurrió el abandono; (3) las circunstancias en que fue aban-donado; (4) la naturaleza y las características del objeto abandonado; (5) si hubo intentos de recuperación del objeto abandonado; (6) el tiempo transcurrido entre el abandono y el intento de recuperación, y (7) las medidas tomadas para preservar la intimidad.” Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 D.P.R. 391, 402-403 (1989), opinión concurrente. Véase United States v. Walker, 624 F. Supp. 99, 101 (D. Md. 1985).

Ahora bien, cuando el abandono ha sido el resultado de una persecución policíaca, es necesario atender otros crite-rios adicionales. Primeramente, la persecución tiene que ser legal, esto es, los agentes deben haber tenido una razón para tal actuación. Las circunstancias tienen que ser tales que si-túen a la persona perseguida en posición de conocer la pre-sencia y persecución por parte de los agentes públicos (guilty flight). Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450, 451 (1961); United States v. Masiello, 491 F. Supp. 1154, 1161 (D.S.C. 1980); United States v. Williams, 569 F.2d 823, 826 (5to Cir. 1978).

Bajo esta normativa, el conductor que se da a la fuga —pretendiendo escapar de la justicia— y deja atrás el ve-hículo y su contenido, en efecto da a conocer *su intención de abandonarlo a los fines de renunciar cualquier expectativa de intimidad que pudiese tener. Thom v. State, 450 S.W.2d 550 (S. Ct. Ark. 1970); State v. Asbury, 602 P.2d 838 (Ariz. App. 1979); United States v. Masiello, supra; W. LaFave, Search and Seizure, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 1, Sec. 2.5(a). De no ser esa la situación, es necesa-rio ir más allá y estudiar la razonabilidad del registro reali-zado ante el derecho y prerrogativa de la persona a esperar cierto grado de intimidad. Expongamos esta dimensión.

I — I I — I

Existen marcadas diferencias en lo que respecta a la ra-zonabilidad de un registro llevado a cabo en un vehículo de motor, a diferencia del que se realiza en una residencia o estructura inmueble. La expectativa de intimidad que puede esperarse del vehículo que transita por las vías públicas es de menor grado. Ese enfoque se apuntala en que el automó-vil es un objeto de casi continua exposición al público, que existe una reglamentación vehicular gubernamental deta-llada y que su operación está sujeta a detenciones investiga-tivas por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Su naturaleza y disposición lo sitúan en una posición de alto escrutinio por parte de las autoridades gu-bernamentales. Pueblo v. Malavé González, supra; Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 776 (1982). Ante la expec-tativa de intimidad, aunque aminorada, subsiste el requisito de causa probable o motivo fundado para que una interven-ción policíaca sea válida sin orden judicial. Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345, 359 (1965).

Al respecto, el requisito de motivo fundado para interve-nir con una persona que conduce un vehículo de motor o que acredite su registro no reside en una “mera infracción menor de tránsito .. . [p]ero circunstancias especiales pueden pro-veer la justificación necesaria, en adición a [la] infracción de tránsito”. Pueblo v. De Jesús Robles, supra; Pueblo v. De Jesús Franqui, 96 D.P.R. 643 (1968). Estas circunstancias especiales se presentan cuando un agente de la policía descu-bre evidencia intrínsecamente delictiva a plena vista luego de una detención investigativa por una infracción de trán-sito. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); Pueblo v. Malavé González, supra. También, se suscitan cuando el agente presta ayuda a un conductor accidentado que se encuentra inconsciente, observando en el interior del véhículo ciertos instrumentos aparentemente utilizados para cometer un de-lito y descubriendo cocaína dentro de una cajetilla de cigarri-llos que se le cayó al conductor mientras era sacado del auto-móvil. Pueblo v. Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988).

' Ciertamente, esta casuística no agota el inventario. Exis-ten otras instancias en que un policía puede válidamente en-trar en el interior de un vehículo de motor. Aun así, deben concurrir circunstancias excepcionales que lo justifiquen, por lo que tiene que limitarse la extensión del registro a lo razonable. Pueblo v. Rivera Collazo, supra. Estas deben in-fundir en el “policía ... la creencia razonable de que existe una [situación] que requiere de su inmediata asistencia para la protección de vidas o propiedad; [no pudiendo estar moti-vada] ia entrada o registro . . . por un intento de arrestar o buscar evidencia y debe haber alguna relación entre la [si-tuación] y el área o sitio en que se penetra”. íd.

Así, toda evidencia ilegal a plena vista podrá ser ocupada sin mediar orden judicial previa, si el artículo se descubrió por estar a plena vista y no en el curso o por razón del regis-tro; el agente tenía derecho a estar en la posición desde la cual podía verla; la descubrió inadvertidamente, y la natura-leza delictiva del objeto surgió de su simple observación. Pueblo v. Dolce, supra, pág. 436.

A la luz de lo expuesto, evaluemos si debió suprimirse la marihuana ocupada por el policía Soler.

<

Concluimos que los hechos que culminaron en la ocupa-ción del cono contentivo de la marihuana fueron suficientes para justificar esa intervención. El vehículo de motor deso-cupado, con el motor encendido, no podía permanecer desa-tendido, máxime cuando el agente interventor conocía con razonable certeza que su conductor no regresaría. A fin de cuentas se dio a la fuga luego de ser detenido por una infrac-ción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. No éra de esperarse que retornara al área donde lo había abando-nado a toda prisa.

Ante este cuadro fáctico, es obvio que el policía Soler tuvo motivos fundados para penetrar en su interior. Como resuelve la mayoría, para efectos de la garantía constitucio-nal contra registros y allanamientos irrazonables, el aban-dono de dicho vehículo relevó al Estado de una orden judicial.

Tal vez él retuvo una esperanza de que podría lograr dos propósitos: su protección contra la posesión de evidencia mientras era perseguido y la posibilidad de recobrar el [ve-hículo] si ni [el oficial] ni alguien más lo tomaba .... Tal con-ducta es claramente un abandono del firme agarre de la pro-piedad y una. dependencia en la débil esperanza de la readqui-sición. (Traducción nuestra.) United States v. Williams, 569 F.2d 823, 826 (5to Cir. 1978).

Ahora bien, independientemente del abandono del ve-hículo, el agente Soler tuvo razones adicionales que justifi-caron su intervención. Por razones de seguridad, era necesa-rio que detuviese la marcha del motor. La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, en sus Secs. 5-701.1 y 5-710, auto-riza a los agentes de policía a intervenir y remover vehículos de motor cuando éstos se encuentran ilegalmente estacio-nados y el conductor no está disponible. 9 L.P.R.A. sees. 1012 y 1022. Por ello, la entrada al vehículo fue razonable y justificada dentro de las circunstancias. Así pues, la presen-cia a plena vista en el interior del vehículo de un cono de papel de apariencia similar al utilizado para guardar pica-dura de marihuana alertó al agente, quien al abrirlo confirmó sus sospechas. Su conducta fue razonable. Por la naturaleza delictiva del objeto, éste fue debidamente ocupado.

Actuó correctamente el tribunal de instancia al negar la supresión de esa evidencia. La misma, en unión al testimonio del agente Soler, demostró la culpabilidad de Castro Rosario más allá de duda razonable. Pueblo v. Malavé González, supra, y Pueblo v. Martínez Torres, supra, opiniones disi-dentes.

      (1) Al hablar de vehículos abandonados no nos referimos a la definición que de este término provee la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 301 et seq., específi-camente en la See. 1151.

      (2) Cabe señalar que el acusado tampoco tenía interés legal en la propiedad, pues el vehículo objeto del registro y allanamiento resultó ser hurtado.
      En relación con el registro sin orden judicial de un vehículo hurtado, véase W. LaFave, Search and Seizure, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 4, Sec. 11.3(e).

      (1) En algunos extremos su declaración fue confusa. En diversas ocasiones atestó que el cono de papel se encontraba tanto en el asiento del conductor como entre el asiento del pasajero y la palanca de emergencia. E.N.P., págs. 3 y 14.

      (2) Sus señalamientos de error disponen:
      “(a) La prueba que presentó el Ministerio Público es insuficiente en derecho para establecer la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable por el delito imputado, ya que la misma fue increíble y totalmente estereotipada.
      “(b) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar parcialmente con lugar y parcialmente sin lugar nuestra Moción de Supresión de Evidencia, admi-tiendo prueba en evidencia que fue ocupada ilegalmente al ser producto de un registro contrario a derecho. Toda la evidencia ocupada y que se pidió mediante la Moción de referencia fuese suprimida, fue producto del registro en controversia.
      “(c) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que el registro efectuado se ajustaba a la Doctrina a ‘plena vista’.” Escrito de apelación, pág. 1.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Hon. Héctor Luis Acevedo, Etc., demandantes y recurridos, v. Asamblea Municipal del Municipio de San Juan, etc., demandados y recurrentes.

      Número: CE-89-750

      Resuelto: 22 de enero de 1990

      Héctor Urgell Cuebas, abogado de los recurrentes; Edna Hernán-dez, de Lasa, Escalera & Reichard, abogada de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

r-H

El 15 de junio de 1989 la Asamblea Municipal de San Juan (en adelante Asamblea) aprobó en sesión especial el presupuesto municipal para el año fiscal 1989-1990 mediante la Ordenanza Núm. 81, Serie 1988-1989. Sometida a la consi-deración del Alcalde Héctor L. Acevedo Pérez, éste la devol-vió a la Asamblea el 21 de junio siguiente sin su firma y acompañada de sus objeciones y recomendaciones. La Asam-blea, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de junio de 1989, aprobó con el voto afirmativo de más de dos terceras (%) partes del total de sus miembros el proyecto de orde-nanza. La notificación y copia del proyecto aprobado fue en-viada al ayudante ejecutivo del alcalde, Jesús Joel Pérez, el 10 de julio de 1989. Esta aprobación versó sobre un proyecto similar, en sustancia, al rechazado por el alcalde.

El 24 de agosto de 1989 el Alcalde de San Juan —Acevedo Pérez— presentó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una acción de “interdicto permanente” contra la Asamblea, sus miembros y su secretario, en la cual solicitaba la suspen-sión de la ejecución y la nulidad de la citada Ordenanza Núm. 81. En esencia, sostuvo que ésta invadía indebidamente las facultades de nombramiento y contratación que expresa-mente le reservaba la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, impidiéndole ejercitar tales prerrogativas y po-niendo así en peligro la continuidad en la prestación de servi-cios esenciales a la municipalidad.

Mediante moción presentada el 7 de septiembre de 1989, la Asamblea demandada solicitó la desestimación del pleito por falta de jurisdicción del tribunal para entender en el asunto. Sostuvo que la demanda fue presentada transcurrido el término de caducidad de veinte (20) días provisto por el Art. 11.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico (en adelante Ley Municipal), según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 3402. El foro de instancia (Hon. Arnaldo Ló-pez, Juez) el 5 de octubre se negó a desestimar() y ordenó a la Asamblea demandada que contestara la demanda en diez (10) días. Subsiguientemente reiteró su dictamen y han con-tinuado los procedimientos.

Inconforme, la Asamblea recurrió, reproduciendo su con-tención de que el foro de instancia carece de jurisdicción. El Alcalde Acevedo Pérez ha comparecido por escrito ante nos y argumenta que el referido Art. 11.02 no cobija esta situación. No plantea cuestión alguna sobre la validez intrínseca del estatuto.

H-1 H-1

La labor polifacética de todo alcalde, según dispone la Ley Municipal en su Art. 3.02 (21 L.P.R.A. see. 3002), no se limita a ejecutar ciegamente toda ordenanza o resolución que la Asamblea Municipal promulgue, velando siempre por los mejores intereses de sus constituyentes. Sus deberes se extienden desde la administración del gobierno municipal hasta la preparación del proyecto de presupuesto que ha de considerar la Asamblea en primera instancia.

Este deber del alcalde de proteger al municipio es la pre-misa que le faculta a representar legítimamente al municipio cuando éste se vea agraviado o afectado ante actuaciones de la Asamblea Municipal. Así lo reconocimos hace décadas en Banuchi v. Asamblea Municipal, 37 D.P.R. 946 (1928), donde la Asamblea Municipal de Isabela aprobó —con el voto afirmativo de más de dos terceras (%) partes de sus miembros— el presupuesto municipal sobre la objeción y veto del alcalde. Éste impugnó judicialmente la validez del presupuesto aprobado() al amparo del Art. 65 de la Ley Municipal de 1919 —predecesor y sustancialmente igual al Art. 11.02 de la Ley Municipal actual, supra.

Es el alcalde —como primer ejecutivo municipal— quien se ve perjudicado cuando la Asamblea Municipal le priva de los medios necesarios para cumplir con sus deberes. Banuchi v. Asamblea Municipal, supra, pág. 952. “Y si se ahonda un poco más en la situación creada por una asamblea que suprima sueldos necesarios y asignaciones precisas para ser-vicios públicos, se podría concluir que la verdadera parte perjudicada era la comunidad en general y en particular la administración municipal elegida cuyo legítimo represen-tante es el alcalde.” íd.

Ahora bien, esta capacidad representativa no es irres-ticta. La Ley Municipal precisa que se ejerza y canalice a través de una disposición estatutaria provista por el legisla-dor, la cual es el citado Art. 11.02. En el pasado, ha sido con-siderado como medio propio y eficaz para “(a) [rjevisar o anular cualquier acto legislativo o administrativo de la Asamblea, de la Junta de Subasta, del Alcalde o de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos constitucio-nales de los querellantes o que sea contrario a las leyes de Puerto Rico[, y] (b) [p]ara suspender la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden de la Asam-blea, de la Junta de Subasta, del Alcalde y cualquier funcio-nario del municipio que lesione derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por leyes estatales”. Art. 11.02(a) y (b), supra. Véase Banuchi v. Asamblea Municipal, supra, pág. 951, que interpreta el antiguo Art. 65 de la ley Municipal de 1919, de similar redacción y contenido al citado Art. 1Í.02. Como un dato his-tórico, la aplicación de este artículo y sus antecesores no se ha limitado a situaciones donde el perjudicado es un “indivi-duo fuera del organismo” municipal exclusivamente, como pretende establecer el Alcalde Acevedo Pérez. Esta disposi-ción de la Ley Municipal se ha utilizado para un sinnúmero de propósitos: en acciones de un alcalde contra la Asamblea Municipal, Banuchi v. Asamblea Municipal, supra, y de asambleístas contra la Asamblea Municipal, Corrada v. Asamblea Municipal, 79 D.P.R. 365 (1956); Alfaro v. Asamblea Municipal, 35 D.P.R. 788 (1926). También en múltiples instancias específicas para impugnar el presupuesto municipal, Banuchi v. Asamblea Municipal, supra; Sosa v. Asamblea Municipal, 43 D.P.R. 801 (1932), y Berríos v. Asamblea Mun. de Yabucoa, 30 D.P.R. 414 (1922).

Aclaramos, no obstante, que no estamos resolviendo la posibilidad de otras acciones autorizadas “por ley” o bajo otros esquemas susceptibles de ser válidamente invocados.

HH HH hH

Es claro, pues, que la interpretación que pretende darle el Alcalde Acevedo Pérez al Art. 11.02 de la Ley Municipal, supra —que adoptó el foro de instancia— es contraria a la trayectoria jurisprudencial. No se nos ha presentado una ra-zón de peso que sugiera una reconsideración a nuestra nor-mativa sentada hace más de medio siglo.

El único vehículo que otorga jurisdicción al Tribunal Superior en un caso como el de autos —para un alcalde y la Asamblea Municipal y sus miembros dilucidar estas contro-versias— es el Art. 11.02 de la Ley Municipal, supra. Su pro-pósito es impartirle certeza y finalidad a las actuaciones del gobierno municipal. La presente acción del Alcalde Acevedo Pérez, al quedar enmarcada dentro de esta disposición, debió instarse dentro de un término de veinte (20) días, a contar de la fecha en que la ordenanza fue promulgada o comunicada a la parte querellante, a menos que la ley disponga otra cosa.

Este término de veinte (20) días es un período de caduci-dad, que puede ser levantado como defensa por la parte inte-resada e incluso debe invocarlo el tribunal sua sponte. Centeno Rivera v. Pacheco de Algarín, 94 D.P.R. 528, 531 (1967). Así, en Quiñones v. Asamblea Municipal, 49 D.P.R. 403 (1936), señalamos que toda acción presentada fuera del tér-mino concedido por la legislación anterior —treinta (30) días— es tardía. Cuando se trata de una ordenanza de las que comúnmente requiere para su validez la aprobación y firma del alcalde —como es una que contenga el presupuesto municipal— el plazo comenzará a contarse desde el momento en que ésta haya sido notificada a la parte querellante. Piñero v. Sancho Bonet, 53 D.P.R. 460, 466 (1938).

Con este marco procesal presente, consideramos los he-chos específicos ante nos.

I — l <

El remedio que solicita el Alcalde de San Juan Acevedo Pérez en esta acción judicial no es otro que el provisto en los incisos (a) y (b) del Art. 11.02 de la Ley Municipal, supra. Esta es la disposición estatutaria que reglamenta el ejercicio de jurisdicción del Tribunal Superior sobre este asunto.. En consecuencia, a la acción presente inexorablemente le es aplicable el plazo de veinte (20) días allí dispuesto.

Aunque la Ordenanza Núm. 81, Serie 1988-1989, supra, fue aprobada el 28 de junio de 1989, no es hasta el 10 de julio que el alcalde fue notificado de su aprobación a través de su ayudante ejecutivo.() Un simple cómputo matemático revela que toda persona que deseara suspender la ejecución y dejar sin efecto esta ordenanza tenía hasta el 30 de julio de 1989 para presentar su acción en el Tribunal Superior.

Toda vez que el Alcalde de San Juan, Acevedo Pérez, pre-sentó su acción el 2k de agosto de 1989 y la Asamblea oportu-namente planteó que lo hizo tardíamente, su causa de acción ya estaba caduca y extinta.

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, se expedirá el auto y se dictará sentencia que desestime la demanda.

      (1) La posición del demandante Acevedo Pérez —tanto en su moción en oposi-ción a la desestimación como en su escrito en oposición a la Solicitud de Certiorari
        que aquí consideramos— se funda en una interpretación de la Ley Orgánica de los Municipios. Sostiene que “[e]l artículo 11.02 forma parte del capítulo XI de la Ley Municipal, el cual trata sobre la jurisdicción de los tribunales. Un análisis de dicho capítulo demuestra que éste se refiere a las acciones de daños y perjuicios, daños a la propiedad, violación de derechos constitucionales, etc. Este capítulo tiene la in-tención de proteger a los residentes del municipio de acciones del organismo municipal, como un ente, que causaren perjuicios a éstos. Es dentro de este marco que el Artículo 11.02 debe interpretarse. Este artículo se refiere a posibles lesiones cau-sadas a individuos fuera del organismo municipal, no a acciones ‘ultra vires’ de usurpación de poderes y funciones reconocidas por la propia ley”. Oposición a soli-citud de certiorari, pág. 5.

      (2) Coincidentalmente —al igual que en la demanda de autos— el Alcalde de Isabela alegaba, ente otras cosas, “que la Asamblea había actuado fuera de sus atribuciones al no limitarse a enmendar sino a variar de tal manera el presu-puesto que de hecho anuló la intervención del alcalde y la posible de los contribu-yentes; ... y que el presupuesto aprobado era ... nulo porque las variaciones en él introducidas no se habían inspirado en la necesidad o utilidad públicas . . Banuchi v. Asamblea Municipal, 37 D.P.R. 946, 947 (1928).

      (3) El 20 de julio de 1989 el Secretario de la Asamblea Municipal volvió a comunicarse con el Ayudante Ejecutivo del Alcalde a los efectos de señalarle que había ciertos errores en la copia de la Ordenanza Núm. 81 que se le enviara el 10 de julio anterior. Entendemos que estos errores de forma en uno de los “Por Cuanto” en nada afectaba el fondo y contenido sustantivo de ésta. Aun así, asu-miendo que el término para presentar la acción comenzó a correr desde esta última notificación, el resultado sería el mismo.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Adalberto Vega Vélez, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-282

      Resuelto: 23 de enero de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Josefa A. Román García, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Luis A. Amorós, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos brinda la oportunidad de resolver si los jueces de instancia, al dictaminar que un convicto cualifica para recibir los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida,() tienen la facultad para imponer como condi-ción de la sentencia la reclusión del convicto en una institu-ción penal por una parte del término fijado en la misma. En otras palabras, determinamos en el día de hoy la procedencia jurídica en nuestra jurisdicción de lo que comúnmente se co-noce como una sentencia suspendida “fraccionada o mixta”.

f — I

Con motivo de unos hechos ocurridos en la noche del 15 de abril de 1983, en jurisdicción de Cayey, Puerto Rico, re-sultó gravemente herido de bala el joven Frank Ricardo Martínez Cruz. En relación con dichos hechos, el Ministerio Fiscal radicó acusaciones ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, por los delitos de encubri-miento, mutilación, perjurio, daños agravados e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, contra tres (3) agentes de la Policía de Puerto Rieo.() Llamados los casos para él acto del juicio, los agentes del orden público hicieron alegación de culpabili-dad, solicitando que sus casos fueran referidos, para la co-rrespondiente evaluación e informe al tribunal, a la oficina de oficiales probatorios.

Llegado el día del acto de imposición de sentencia, el foro de instancia le concedió los beneficios de una sentencia sus-pendida al teniente Negrón Burgos y al policía Haddock Dones, no así al aquí recurrido Vega Vélez. Este último fue condenado a tres (3) y a cinco (5) años de prisión por infrac-ción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, respectivamente; seis (6) años por cada uno de los tres (3) cargos de perjurio; cinco (5) años por el delito de daños agravados, y ocho (8) años por el delito de mutilación. Dispuso el tribunal de instancia que las sentencias habrían de cumplirse en forma concurrente excepto en el caso del delito de mutilación, donde la sentencia debería cumplirse en forma consecutiva con las demás para un total de catorce (14) años.

Posteriormente ese mismo día, sin embargo, el tribunal enmendó la sentencia papa que se incluyera como “condición especial” que el convicto cumpliera cinco (5) años en una ins-titución penal “y una vez cumplido dicho término podrá ser considerado para los beneficios de una sentencia suspen-dida”. Mediante moción de reconsideración de fecha 16 de mayo de 1986, el Ministerio Público solicitó del tribunal que eliminara la referida condición de la sentencia y ordenara la reclusión del convicto por el término total de la sentencia aduciendo que dicha condición era ilegal. Igualmente compa-reció el convicto recurrido en moción de reconsideración de sentencia. Éste, por su parte, también alegó que en nuestra jurisdicción un tribunal no puede dictar una sentencia frac-cionada según lá dictada por el tribunal; sostuvo, sin embargo, que habiendo sido el informe del oficial probatorio favorable, debió habérsele concedido la suspensión de la sen-tencia por la totalidad del término de la misma, según se contempla en la Ley de Sentencia Suspendida y según le fuera ésta concedida a los demás policías..

Luego de haber celebrado una vista con el propósito de escuchar los distintos planteamientos de las partes, el día 30 de enero de 1986 el foro de instancia emitió una “Resolución y Sentencia Enmendada” en la cual resolvió los dos (2) plan-teamientos que, a su juicio, estaban ante su consideración; esto es: primero, si tenía facultad en ley para dictar senten-cias “fraccionadas” y, segundo, si debía “mover su discreción [para] conceder al convicto los beneficios de la ley de senten-cias suspendidas”. Exhibit I, pág. 2.

Siguiendo la máxima legal in eo quod plus sit, semper inest et minus,() concluyó que si la ley en cuestión le facul-taba para suspender la sentencia por el período total fijado en la misma, era lógico suponer que lo facultaba para sus-penderla en parte. Expresó, además, que siendo la rehabili-tación del convicto el propósito principal del estatuto, no ha-bía razón para que no pudiera imponer, como condición para la probatoria, la reclusión por un período determinado si ello resulta en la consecución de ese fin. En cuanto al segundo planteamiento, esto es, si debía conceder al convicto una sen-tencia suspendida, el tribunal tras “repasar varios aspectos del caso y sus circunstancias para hacer un balance justi-ciero con miras a lograr la rehabilitación del convicto”, re-consideró la sentencia impuesta reduciendo el período de re-clusión de cinco (5) a dos (2) años y dispuso que, cumplido el mismo, el convicto gozaría de los beneficios de la Ley de Sen-tencia Suspendida por el balance del tiempo restante a cum-plir, doce (12) años. El tribunal dispuso, además, que trans-curridos los primeros sesenta (60) días desde que el convicto empezara a disfrutar de la libertad a prueba, debería éste pasar mensualmente, por concepto de restitución, doscientos (200) dólares al perjudicado con el propósito de ayudarlo a sufragar los gastos médicos en que éste viene obligado a in-currir debido a la condición física resultante de los actos de-lictivos cometidos por el recurrido y los otros dos (2) agentes del orden público.

Inconforme, acudió el Procurador General de Puerto Rico ante este Tribunal, imputándole error al tribunal de ins-tancia al así resolver. En el recurso de certiorari que radi-cara sostiene, en síntesis, que un juez de instancia única-mente tiene facultad para dictar una sentencia como la aquí recurrida si el estatuto en cuestión expresamente lo permite, no siendo esa la situación de nuestra Ley de Sentencia Sus-pendida. Cita el Procurador General, en particular y en apoyo de su posición, una opinión del Secretario de Justicia de Puerto Rico de fecha 18 de febrero de 1986.() Expedimos el auto de certiorari solicitado. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

rH hH

La idea básica tras el mecanismo de la sentencia suspendida es sumamente sencilla: lograr que un convicto de delito viva una vida productiva en la sociedad, alejado del trasiego delictivo, bajo un sistema de supervisión. La sentencia suspendida es una alternativa beneficiosa en casos apropiados, tanto para el convicto como para la sociedad. La concesión de una sentencia suspendida a un convicto de delito “evita los efectos negativos en el individuo que la reclusión tan frecuentemente produce, minimiza el impacto de la reclusión sobre los dependientes y familiares del convicto, preserva la libertad del delincuente sin sacrificar el interés social en la prevención y corrección del crimen, y promueve afirmativamente la rehabilitación del delincuente al permitirle mantener contactos sociales normales pero condicionados en la comunidad. A.B.A. Advisory Committee on Sentencing and Review: Standards Relating to Sentencing Alternatives and Procedures Secs. 1-2 (1976)”. Pueblo v. Esmurria Rosario, 117 D.P.R. 884, 887 (1986), voto particular de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Desde el punto de vista del Estado, la concesión de una sentencia suspendida tiene el efecto de permitir que el individuo beneficiado por la misma se sostenga a sí mismo, representando ello una economía sustancial, ya que el trata-miento en libertad a prueba resulta menos costoso que man-tener a la persona recluida en una institución penal. Informe Especial sobre Derecho a la Vida, la Seguridad y la Libertad Personal Frente a los Problemas de la Delincuencia de 20 de marzo de 1968, pág. 551, preparado por la Comisión de Dere-chos Civiles. No debe perderse de vista, en adición, el hecho de que dicho mecanismo contribuye a resolver el serio pro-blema de hacinamiento carcelario, el cual se ha agravado en los últimos años.

Conforme al concepto tradicional, la sentencia suspendida es una alternativa disponible en casos apropiados para evitar la encarcelación. Por ello se entendía que la imposición de un período de reclusión era incompatible con la libertad a prueba. Sin embargo, ya no se considera que un término de encarcelación sea necesariamente inconsistente con la concesión de una sentencia suspendida, pues se enfatiza el propósito rehabilitador de la misma y se sostiene que un término de reclusión puede en algunos casos promover el fin que persigue este mecanismo. Esta es la posición que sostienen las autoridades modernas.()

Hoy día es práctica muy común en otras jurisdicciones conceder una sentencia suspendida sujeta a que la persona cumpla una parte del término de la sentencia en una institu-ción penal. Son muchos los estados de la Unión Norteameri-cana que específicamente han legislado para incluir un perí-odo de reclusión entre las condiciones que puede un juez prescribir al conceder la suspensión de los efectos de una sentencia.() En la jurisdicción federal también se ha incluido un término de encarcelación entre las condiciones que el juez tiene facultad para imponer al suspender la ejecución de una sentencia.()

Resulta pertinente resaltar el hecho de que tribunales de otras jurisdicciones estatales, dotídé no existe una disposi-ción estatutaria específica que autorice expresamente un pe-ríodo de encarcelación como condición para suspender los efectos de tina sentencia, han resuelto que aquellas disposi-ciones generales de la ley que permiten a un juez imponer las condiciones que crea convenientes o necesarias para la pro-batoria le facultan para fijar esta condición. Véanse: State v. Jones, 327 So. 2d 18 (Fla. 1976); State v. Wagenius, 581 P.2d 319 (Idaho 1978); State v. Maldonado, 578 P.2d 296 (Montana 1978); Creps v. State, 581 P.2d 842 (Nev. 1978), cert. denegado 439 U.S. 981 (1978); Tabor v. Maxwell, 194 N.E.2d 856 (Ohio 1963); State v. Eichler, 483 P.2d 887 (Utah 1971).()

Es preciso señalar, sin embargo, que otras jurisdicciones estatales, a pesar de reconocer lo beneficioso que podría re-sultar un período de reclusión en algunos casos en que se concede la probatoria, han adoptado una posición contraria resolviendo que no puede imponerse esta condición en au-sencia de una disposición estatutaria que específicamente lo autorice. Estos tribunales han resuelto que siendo la proba-toria, por definición, la libertad condicional sin encarcela-ción, resulta ser inconsistente la imposición de un período de reclusión como condición de la misma. Véanse: Boyne v. State, 586 P.2d 1250 (Alaska 1978); People v. Ledford, 477 P.2d 374 (Colo. 1970); Franklin v. State, 392 P.2d 552 (Idaho 1964); People v. Pickett, 305 N.E.2d 551 (Ill. 1973); Stone v. State, 405 A.2d 345 (Md. Ct. Spec. App. 1979); State ex rel. St. Louis County v. Stussie, 556 S.W.2d 186 (Mo. 1977); State v. Nuss, 212 N.W.2d 565 (1973); State v. Marshall, 247 N.W.2d 484 (S.D. 1976).()

HH J — I HH

No hay duda de que una lectura de la terminología contenida en algunas de las disposiciones de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.Á. sees. 1026-1029, puede producir la impresión de que le asiste la razón al Procurador General de Puerto Rico al sostener que la referida ley no autoriza la concesión de una sentencia suspendida fraccionada.() Dicha terminología, sin embargo, no debe ni puede, por sí sola, ser obstáculo para resolver lo con-trario en ausencia de una prohibición expresa al efecto. En primer iugar, no contamos con el beneficio de un historial legislativo de dicha ley que ños permita cerciorarnos de cuál fue la verdadera intención del legislador en lo relativo a este aspecto; desafortunadamente el expediente original de la misma se extravió en la Legislatura. Véase Pueblo v. Tribunal de Distrito, 66 D.P.R. 399, 400 (1946).

En segundo lugar, nuestra Ley de Sentencia Suspendida tiene el propósito, entre otros, de hacer viable la implantación de la política pública enunciada en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 379, a los efectos de “propender, deiitro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. (Énfasis suplido.() Consubstancialmente, el Art. 60 del vigente Código Penal() contempla, entre otros, como “objetivos generales que informan la imposición de la pena”, la rehabilitación moral y social del autor del delito, el castigo justo al mismo, y el efecto disuasivo de la misma en relación con futura conducta delictiva. Somos del criterio que la imposición de un período de reclusión como condición de la sentencia suspendida que se le imponga a un convicto en particular puede resultar ser, en determi-nados casos, de gran ayuda en la “rehabilitación moral y social”, Art. 60 del Código Penal, supra, del mismo. Dicha con-dición, de ordinario, no sólo tiene un efecto punitivo y disua-sivo sobre el probando, sino que crea consciencia en el con-victo de la seriedad del delito por él cometido.

En tercer lugar, de una lectura integral de las disposiciones de la Ley de Sentencia Suspendida se desprende, con meridiana claridad, que la discreción es parte o eje vital del esquema teórico de la misma. La razón es sencilla: para lograr los objetivos de este sistema resulta indispensable que los jueces de instancia tengan una gran flexibilidad, o discreción, en la administración de la misma. El logro del objetivo de la rehabilitación del convicto que persigue este sistema depende en gran medida de la facultad del juez de poder individualizar cada caso, imponiendo las condiciones pertinentes y necesarias que en su opinión la situación particular ante su consideración requiere y amerita. Esa precisamente es, en nuestra opinión, la razón de ser del lenguaje contenido en 34 L.P.R.A. see. 1031, la cual, en lo pertinente, establece:

Durante el término de cualquier sentencia que haya sido suspendida, el acusado quedará sujeto a la autoridad del tribunal en que se impuso la sentencia, y el juez de dicho tribunal tendrá facultades para prescribir las condiciones para la suspensión de la sentencia, y, cuando esté convencido de la mala conducta del acusado, ordenar su arresto ppr el tiempo que falta para terminar su. sentencia. (Énfasis suplido.)()

Somos del criterio que los términos, generales y amplios, en que está fraseada la transcrita disposición legal constituyen base estatutaria suficiente para sostener la facultad de los tribunales de instancia para ordenar, como condición de una sentencia suspendida, la reclusión del convictoprobando en una institución penal durante parte del término total de la sentencia suspendida impuesta. La adopción de la posición contraria, la cual sostiene el Procurador General en representación del Estado, colocaría a nuestros jueces de instancia en la disyuntiva inaceptable de tener que escoger entre la suspensión de la totalidad de la sentencia a un convicto que consideran podría beneficiarse de un breve período de reclusión o en la de ordenar su encarcelación, por el término total de la sentencia impuesta, a pesar de entender que ello no es necesario para lograr su rehabilitación. Ello realmente no es lo más conveniente para el mejor funcionamiento de nuestro sistema de justicia criminal.

í=H <¡

Siendo la Ley de Sentencia Suspendida una ley de naturaleza remedial con un propósito rehabiíitador —razón por la cual la misma debe ser interpretada liberalmente, Alcalá v. Corte, 66 D.P.R. 430 (1946); Martínez Reyes v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 407 (1975); Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522 (1985)— resolvemos que los tribunales de instancia tienen el poder y la facultad, al amparo de las disposiciones de la citada ley, para imponer un período de reclusión Como condición de la concesión de los beneficios de una sentencia suspendida en aquellos casos en que así lo entiendan procedente y necesario. No existe disposición estatutaria en estos momentos que regule la duración del período de tiempo durante el cual el probando puede ser recluido, como condición de la sentencia suspendida, en una institución penal. Hasta tanto la Asamblea Legislativa de Puerto Rico actúe al respecto —ya autorizando expresa-mente la condición en controversia, ya prohibiendo específi-camente la misma— resolvemos que el mismo no podrá exce-der del término de un (1) año.()

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia modificando la “sentencia enmendada” emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, el día 30 de enero de 1986, a los efectos de reducir al período de un (1) año el término de tiempo durante el cuál el recurrido Vega Vélez deberá ser recluido en una institución penal, y, así modificada, se confirmará la misma.

      (1) Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1026-1029.

      (2) Teniente Daniel Negrón Burgos, el policía Jorge Haddock Dones y el aquí recurrido, Sargento Adalberto Vega Vélez.

      (3) Se traduce: “En lo que es más está siempre comprendido también lo que es menos”. Esta máxima tiene su origen en el Digesto de Justiniano. Véase Dr. I.L. García Del Corral, Cuerpo del Derecho Civil Romano, Barcelona, Imprenta de Redondo y Xumetra, 1897, T. III, pág. 953.

      (4) Como es sabido, las opiniones que emite el Secretario de Justicia de Puerto Rico no son obligatorias para los tribunales de justicia. Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1 (1987).

      (5) Véase N.P. Cohen y J. J. Coberfc, The Law of Probation and Parole, Colorado, McGraw-Hill, 1983, págs. 240-241, donde se resumen los argumentos esgri-midos por aquellos que favorecen la imposición de esta condición y aquellos que se oponen.

      (6) Véase N. Parisi, Combining Incarceration and Probation, 44 (Núm. 2) Federal Probation 3 (1980). En este trabajo se señala que para enero de 1980 los siguientes estados habían legislado específicamente para incluir un período de encarcelación entre las condiciones que un juez puede imponer al suspender los efectos de una sentencia: Arizona, Arkansas, California, Colorado, Hawaii, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Oregon, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wisconsin.

        La mayoría de los estatutos aprobados establecen un período máximo de encarcelación que fluctúa generalmente entre treinta (SO) días y un (1) año. Así, por ejemplo, Arizona establece un período máximo de un (1) año (Ariz. Rev. Stat. Ann. Sec. 13-901(E)); Hawaii de seis (6) meses para delitos menos graves y un (1) año para delitos graves (Haw. Rev. Stat. See. 706-624(3)); Kentucky de seis (6) meses (Ky. Rev. Stat. Ann. Sec. 533-030(5) (Michie 1985)); Michigan de un (1) año (Mich. Comp. Laws Ann. Sec. 771.3(2)(a). (West 1982)); Washington de un (1) año (Wash. Rev. Code Sec. 9.95.210 (1988)); Texas de treinta (30) días para delitos menos graves (Tex. Code Crim. Proc. Ann. Art. 42.12, Sec. 6B (Verrion 1979)). El Código Penal Modelo Art. 301.1(3) establece un máximo de treintá (30) días.

      (7) En 1958 la Ley Federal de Sentencia Suspendida conocida como The Probation Act, 18 U.S.C. sec. 3651, fue enmendada para permitir la suspensión de los efectos de una sentencia en forma fraccionada con la limitación de que el período de encarcelación no podría exceder de seis (6) meses.
      La See. 3651 fue recientemente derogada por Pub. L. 98-473, Title II, Sec. 212(a)(1), (2) de 12 de octubre de 1984 (Sentencing Reform Act).

      Esta ley dispone en lo pertinente: “(b) DISCRETIONARY CONDITIONS. —The court may provide, as further conditions of a sentence of probation ... that the defendant... (11) remain in the custody of the Bureau of Prisons during nights, weekends, or other intervals of time, totaling no more than the lesser of one year or the term of imprisonment authorized for the offense, [in section 3581(b)] during the first year of the term of probation.” 18 U.S.C. sec. 3563.

      (8) En Creps v. State, 581 P.2d 842, 850 (Nev. 1978), el Tribunal Supremo de Nevada expresó, en lo pertinente, que:
      “Whatever the ‘semantic content’ of the term ‘probation’ may once have been, it can no longer be argued convincingly that ‘probation’ necessarily involves an immediate release from incarceration. Through statutory amendment specifically to permit the imposition of incarceration as a condition of probation, case law interpretation of statutes which, like NRS 176.185 and 176.205, do not specifically enumerate a list of permissible conditions, and scholarly commentary, ‘probation’ has come to signify less a necessary and immediate release from custody that a carefully tailored program of rehabilitation, potentially involving a short term of incarceration, judicially fashioned to suit the needs and character of a particular convicted person.” (Énfasis suplido y escolios omi-tidos.)

      (9) En People v. Ledford, 477 P.2d 374, 375 (Colo. 1970), el Tribunal Supremo de Colorado expresó:

        “By its very nature and definition, probation means and signifies liberty under certain imposed conditions. Its basic purpose is to provide a program which offers an offender the opportunity to rehabilitate himself without confinement.
      “When an accused is granted probation, he is also granted his liberty and freedom from confinement in a jail or penitentiary. Unless there is specific statutory authority to the contrary, a trial court may not on the one hand grant probation and on the other hand impose institutional confinement or a jail sentence as a condition of that probation. Trial courts have a wide discretion in imposing certain conditions upon a probationer, but not included within its discretionary power is the authority to impose jail confinement as a condition.”

      (10) El Art. 2 de la Ley Núm. 259, ante, 34 L.P.R.A. sec. 1027, le concede, en lo pertinente, discreción al Tribunal Superior para conceder los beneficios de una sentencia suspendida a convictos de ciertos delitos graves y en casos de delitos menos graves que surjan de los mismos hechos de los referidos delitos graves
      "... siempre que al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran todos los requisitos que a continuación se enumeran: (1) que dicha persona, con anteriori-dad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dictada, no hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en prisión por delito alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada; y a la cual no se hubiere suspen-dido los efectos de una sentencia anterior por delito grave; (2) que las circunstan-cias en que se cometió el delito no evidencien que existe en el autor del mismo un problema de conducta o de carácter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiera la reclusión de dicha persona en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico; (3) que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corre-ción después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún as-pecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección ade-cuada a la comunidad.”

        Por otro lado, el Art. 3 de la referida ley, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1028, establece, en lo pertinente que:
      “La duración del período de libertad a prueba a que se hace mención en las sees. 1026 a 1029 de este título será igual a la duración del período fijado en la sentencia.”

      (11) Véase Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el P. de la C. 791 que se convirtió en la Ley Núm. 2 de 26 de febrero de 1987. La misma enmendó la ley que crea la Junta de Libertad bajo Palabra. En el informe se expresa que al igual que la institución de la Sentencia Suspendida, la de Libertad bajo Palabra tiene su origen en el Art. VI, Sec. 19, de la Constitución del Estado Libre Asociado.

      (12) 33 L.P.R.A. see. 3284.

      () En Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 618 (1985), sostuvimos —a base de la amplia discreción que le concede la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946— la facultad de los tribunales de instancia para, no obstante concederle al allí peticionario los beneficios de una sentencia suspendida, ordenar el ingreso del mismo a los Hogares Crea con el propósito de que recibiera tratamiento para su adicción.

      (14) Como expresáramos en el esc. 6, ante, las distintas jurisdicciones esta-tales que han legislado sobre la materia han establecido un término que fluctúa entre los treinta (30) días y un (1) año. Consideramos apropiado establecer en nuestra jurisdicción, como término máximo, el período de un (1) año.