author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Raúl Santiago Lugo, acusado y peticionario.

      Número: CE-93-8

      Resuelto: 15 de noviembre de 1993

      Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, Jaime L. Vázquez Bernier y Héctor Clemente Delgado, Pro-curadores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Federico Torres Jiménez, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Convicto que fuera, en juicio celebrado por jurado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, por una infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Contro-ladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 240, Raúl Santiago Lugo apeló de la sentencia de quince (15) años de reclusión que dicho foro judicial le impusiera, imputándole al mismo la supuesta comisión de tres (3) errores, a saber:

1. Erró el jurado en su apreciación de la prueba, toda vez que en un balance justo y razonable de ésta no establece la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable y fundada.
2. Erró el Tribunal en su determinación en torno a una so-licitud de supresión de evidencia presentada durante el juicio basada en que la ilegalidad de la obtención de la evidencia sur-gía de la prueba del fiscal, habida cuenta de que el Honorable Juez que presidió el juicio no emitió el dictamen de rigor res-pecto a dicha solicitud, limitándose a señalar lo siguiente: “El planteamiento que hace la defensa mas bien va a la credibili-dad de los testigos y eso es por los señores del jurado que la adjudicarán.”
3. Erró el Tribunal al no reprender a la fiscal ni instruir apropiadamente al jurado, tras contrainterrogar la misma al acusado con miras a atacar su credibilidad, por no haber' éste declarado en la etapa de determinación de causa probable para el arresto. Exhibit, págs. 1-2.

Mediante Sentencia de 8 de diciembre de 1992, la Sec-ción Norte del extinto Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la convicción decretada() Inconforme, Raúl Santiago Lugo radicó, en tiempo, recurso de certiorari ante este Tribunal imputándole a dicho foro judicial haber errado al así actuar. El 5 de febrero de 1993, le concedimos término a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico

...para mostrar causa por la cual este Tribunal no debe expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Sección Norte.
En adición, ordenamos:
...al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Sección Norte, que eleve a este Tribunal los autos originales, o una copia certifi-cada de los mismos, en el caso Núm. SNAP92-0043, El Pueblo de P.R. v. Santiago Lugo, incluyendo la Exposición Narrativa de la Prueba. Resolución de 5 de febrero de 1993.

El Procurador General de Puerto Rico ha comparecido en cumplimiento de la orden de mostrar causa emitida. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

H-I

Durante el transcurso del juicio celebrado a nivel de ins-tancia, el apelante-peticionario ejercitó su derecho a testifi-car en su propia defensa. Habiendo terminado el interroga-torio directo y estando en la etapa del contrainterrogatorio por el representante del ministerio Fiscal sucedió —con-forme suije de las págs. 32, 33, 34 y 35 de la Exposición Narrativa de la Prueba certificada como correcta por el juez de instancia— lo siguiente:

Fiscal: Usted fue llevado el mismo día 6 de noviembre de 1991 ante el juez instructor. ¿Se acuerda quién fue el magistrado?
Testigo: No me...
F: ¿Honorable Juez?
T: No me acuerdo.
F: ¿No se acuerda?
T: No.
F: ¿Era hombre o era mujer?
T: Yo creo que era una mujer.
F: Bien, era una mujer. Y allí esa Juez que le instruyó de cargos escuchó prueba y usted estaba de frente.
T: Es correcto.
F: Cuando escuchó la prueba, ¿ usted le dijo que eso era men-tira, que usted no tenía que ver nada con este caso?
Defensa: Vuestro Honor, yo no quisiera interrumpir, pero el Tribunal Supremo ha resuelto que eso no se puede hacer. Ha dicho que el fiscal que haga eso merece la más severa repri- menda, porque está comentando el silencio del acusado, que él tiene derecho de abstenerse de hacer ninguna expresión en todas las etapas' del procedimiento. A mi no me gustaría interrumpir, pero es tan impropio y el Tribunal Supremo lo ha censurado como una de las prácticas más indignas de un fiscal. Yo le puedo traer la jurisprudencia. Su señoría la conoce, donde dice que merece la más severa reprimenda un fiscal que haga eso, porque es un derecho constitucional de un acusado abstenerse de hacer declaración en todas las etapas del procedimiento y eso no puede operar en su contra. Yo no quisiera interrumpir, pero me han obligado las circunstancias y por eso levanto ese reparo.
Juez: Con lugar la objeción, absténgase la compañera fiscal de ese tipo de pregunta.
F: Podemos acercarnos a su señoría, porque no quiero co-mentarlo delante del jurado.
J: Acérquese si lo desea.
D: Yo no tengo reparo a que ella se acerque, vuestro honor.
J: Adelante, compañera fiscal, la próxima pregunta.
F: Voy a cambiar la pregunta. ¿Le declaró usted a la juez que le...
D: Vuestro Honor, la verdad es que yo me siento..., me siento apenado...
F: Estoy cambiando la pregunta.
D: que personas que han estudiado derecho no lo apliquen en los tribunales.
J: Deje que ella haga la pregunta. Haga la pregunta fiscal.
F: Si le declaró en la vista de determinación de causa el día 6 de diciembre, ¿declaró usted ante la honorable juez? Esa es la pregunta.
D: Vuestro Honor, que yo hasta me abochorno de que su-ceda esto. O sea, si yo hubiese pensado que iba a caer la cosa en un nivel tan antijurídico, hubiese venido preparado para pre-sentar los casos; que es una cosa tan elemental que es inconce-bible que se pretenda hacer esto para uno tratar de ganar un caso cuando la vorágine del barco se hunde. Esto es una cosa que me da pena.
F: Esto es lo que no se debe soportar aquí.
D: Yo tengo la jurisprudencia en mi oficina porque un fiscal desafortunadamente...
F: Le vamos a pedir que se retiren las damas y caballeros del jurado.
D: Que no se retiren.
J: No pueden hablar los dos a la vez. Compañera fiscal tenga la bondad de hacer silencio en lo que termina la defensa. Termine compañero.
D: Yo tengo la jurisprudencia abundante en mi oficina por-que desafortunadamente sucedió lo mismo en otro caso. Si su señoría quiere que yo traiga esa información, yo voy corriendo a mi oficina y en cinco minutos estoy de regreso, donde el Tribunal Supremo decide que a un fiscal que haga lo que ella ha hecho se le dé la más severa reprimenda en el tribunal y se le advierta al jurado que no considere eso, porque es una conducta impropia de un fiscal hacer lo que [la] distinguida compañera está haciendo.
J: Bien, sometido.
D: Sí, señor.
J: Con lugar la objeción. Compañera, haga otra pregunta. (Énfasis suplido.) Exhibit III, págs. 32-35.

Como podemos notar, de lo anteriormente transcrito surge con Meridiana claridad: que el representante del Mi-nisterio Público efectivamente —de manera sustancial, directa, e inequívoca— “comentó el silencio del acusado”; que la representación legal del acusado apelante oportuna-mente objetó dicha acción o conducta; y que el juez que presidió el proceso, a pesar de que declaró con lugar la objeción de la defensa a esos efectos, ni reprendió al Fiscal por ello ni instruyó a los señores del Jurado al respecto conforme establece y ordena nuestra jurisprudencia sobre la materia.

Esto es, no hay duda de que se cometió el tercer error señalado. ¿Constituye ello base suficiente para que decrete-mos la revocación de la sentencia apelada y devolvamos el caso al tribunal de instancia para la celebración de un nuevo juicio ?

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La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le garantiza a toda persona acusada de la supuesta comisión de un delito público —en nuestra jurisdicción— el derecho a que su inocencia o culpabilidad se dilucide en un juicio justo, público e imparcial, juicio que tiene como propósito la búsqueda de la verdad; teniendo el Estado la obligación y responsabilidad de demostrar, en ese juicio, la culpabilidad del imputado más allá de duda razo-nable a base de prueba pertinente y admisible, y de las inferencias razonables que de la misma puedan hacerse, y no a base de influencias, o estratagemas, extrañas al pro-ceso y a nuestro sentido de justicia.

Como corolario, o garantía adicional, de ese mandato constitucional de índole general, la Sec. 11, Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 308, decreta, en lo pertinente, que “[n]adie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra”. Este fundamental precepto constitucional tiene su origen, naturalmente, en la presunción de inocencia que cobija a todo ciudadano que es acusado de la supuesta comisión de un delito público en nuestra jurisdicción. Pueblo v. Esquilín París, 98 D.P.R. 505 (1970).

No puede enfatizarse lo suficiente el hecho de que ese derecho constitucional, a declarar o no declarar y/o a no incriminarse, cobija o protege al imputado de delito a través de todo el proceso criminal. Véase Pueblo v. Esquilín París, ante, pág. 516. Dicho en otra forma, y de manera más directa, si el acusado decide tomar la silla testifical durante la celebración del juicio como testigo en su propia defensa, el Estado no puede confrontarlo con el hecho de que así no lo hizo en etapas anteriores al juicio.

Si así lo hiciera el representante del ministerio público, dicho funcionario estaría incurriendo en lo que se conoce como “comentar el silencio del acusado”, lo cual es impermisible en nuestra jurisdicción. No puede ser de otra forma. Ello así, ya que el comentar el silencio del acusado equivale, a todos los fines prácticos, a traer a la mente del juzgador —por aquello “de él que calla, otorga”— prueba similar a la de una admisión de culpabilidad. Esto es, el propósito infame que persigue el “comentario al silencio del acusado” lo es el de convencer al juzgador de los hechos de que ese acusado —al no hablar, protestar o clamar por su inocencia, teniendo la oportunidad para hacerlo— “admi-tió”, mediante su silencio, ser responsable de los hechos que se le imputan.

Dicha situación, de permitirse, resulta ser extremadamente perjudicial para el acusado por razón de que si algo demuestra la práctica de la profesión en el campo de lo penal lo es que, de ordinario, una de las pruebas más incriminatorias, perjudiciales y devastadoras con que puede contar el Ministerio Fiscal contra un imputado de delito lo es la de que éste admitió la comisión del delito que se le imputa. Ello, naturalmente, tiene un mayor impacto perjudicial en casos en que la inocencia o culpabilidad del acusado es determinada por un jurado.

Ello así ya que, como correctamente expresara este Tribunal en Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 D.P.R. 34, 38 (1974), el:

“...jurado no está habituado a la prudencia del juez, que espera conocer la totalidad de las pruebas, para luego inferir de ellos su convicción. Por el contrario, lo impresionan las pequeneces y se torna daltónico en cuanto a pruebas más graves. A veces una fruslería procesal, a la cual no le daría importancia alguna el técnico, llega a ser como el punto céntrico de orientación mental, suficiente para convencer en uno u otro sentido.” E. Altavilla, Sicología Judicial, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1970, Vol. II, págs. 1198-1199.

Seguramente debido a todo lo anteriormente ex-presado es que, ante una situación en que el Fiscal “comentó el silencio del acusado” en presencia de los señores del Jurado, expresamos, y ordenamos, hace más de cuatro (4) décadas en Pueblo v. Díaz, 69 D.P.R. 621, 629 (1949), que:

El derecho de un acusado a no declarar y a que tal circuns-tancia no establezca presunción alguna en su contra no debe ser invadido por el ministerio público con comentarios adversos ni insinuaciones de clase alguna. Si lo fuera, debe recibir del juez que presida el juicio la más severa e inmediata recrimina-ción por conducta impropia; y el jurado ser instruido por la corte inmediatamente en forma apropiada, de suerte que en el ánimo de los juzgadores de hecho no pueda quedar vestigio al-guno de tales comentarios vertidos ante ellos. (Enfasis suplido.)

Y es que no puede ser de otra manera. Todas las personas que están envueltas en la difícil y delicada misión de impartir justicia en nuestro País —en especial, los jue-ces— tienen la obligación de velar porque los procesos judi-ciales se lleven a cabo en la forma más correcta, justa e imparcial que sea posible. En lo que respecta al campo de lo criminal, conviene recordar las sabias expresiones de este Tribunal en Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29, 37 (1961), a los efectos de que:

No por haberse expresado en innumerables ocasiones debe dejarse de repetir ... uno de los derechos más preciados que tiene el ciudadano en nuestra comunidad es que cuando se le acusa de delito se le juzgue en tales circunstancias que el pro-ceso que se le celebre esté rodeado de todas las garantías que hacen posible un juicio justo. (Enfasis suplido.)

Un juicio justo, naturalmente, no significa un juicio perfecto. Los procedimientos judiciales, no hay duda, son dirigidos por, y dependen de, los seres humanos. No pode-mos exigir, en consecuencia, que los procesos criminales que se celebran en nuestra jurisdicción se lleven a cabo libre de errores. Es deber de todos, sin embargo, aspirar y velar porque dichos procesos sean justos e imparciales. De hecho, ello constituye un mandato constitucional.

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El Tribunal de Apelaciones, en la sentencia confirmato-ria que emitiera el 8 de diciembre de 1992, resolvió, en síntesis, en cuanto al tercer señalamiento de error res-pecta, que el mismo, de haberse cometido, no conllevaba la revocación de la sentencia condenatoria.

Dicho foro judicial, acogiendo la posición expuesta por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, consideró, en primer lugar, que el comentario al silencio del acusado en el presente caso había sido uno de “corta duración”, el cual había sido debidamente subsanado por el tribunal de instancia al declarar con lugar la objeción de la defensa.

Por otro lado, y citando al Profesor Chiesa,() ex-presó dicho foro judicial que la “norma general es que algún tipo de comentario por el Fiscal sobre el silencio del acusado no acarrea la disolución automática del proceso criminal (decretar un mistrial) ni la revocación automática de una convicción”.

Por último, dicho foro apelativo aplicó al caso la doc-trina del “error constitucional no perjudicial”, elaborada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Chapman v. United States, 386 U.S. 18 (1967). Al así hacerlo, resolvió que un “examen de la totalidad de la prueba desfilada no sostiene una absolución y tampoco refleja que el comenta-rio al silencio del acusado constituyó un error que de no haberse cometido el resultado del juicio hubiese sido distinto”. Exhibit, pág. 12.

IV

No estamos de acuerdo', ello, por varias razones. En primer lugar, realmente no es correcta la apreciación fáctica-jurídica que hizo el Tribunal de Apelaciones de la situación ocurrida a nivel de instancia. Si algo demuestra una lec-tura de la Exposición Narrativa de la Prueba lo es que el incidente relativo al comentario del silencio del acusado ciertamente no fue uno de “corta duración”. Es más, ese dato no es lo más importante en esta clase de situaciones; lo verdaderamente determinante es si en efecto se comentó el silencio del acusado en una forma directa, intensa e ine-quívoca y si el tribunal de instancia efectivamente tomó la acción pertinente y procedente para subsanar la situación. En cuanto a este último aspecto de la cuestión, resulta ob-vio que el juez de instancia no cumplió con la norma, clara y precisa, que este Tribunal estableció en Pueblo v. Díaz, ante. La escueta expresión de “con lugar la objeción” no subsana la conducta impermisible en que incurrió el Fiscal en el presente caso.

Por otro lado, y aun cuando estamos contestes con lo expuesto por el Tribunal de Apelaciones —citando al Pro-fesor Chiesa— a los efectos de que la norma general es de que “algún [o cualquier] tipo de comentario” sobre el silen-cio del acusado necesariamente no acarrea la revocación automática de una convicción, no puede enfatizarse lo sufi-ciente la importancia de que los tribunales de instancia observen la norma establecida en el citado caso de Pueblo v. Díaz, ante, esto es, que el juez inmediatamente después de ocurrido el incidente reprenda, en forma severa, al Fiscal y que, en adición, inmediatamente instruya a los señores del Jurado en forma tal que no quede en el ánimo de éstos vestigio alguno del comentario realizado; acción correctiva judicial que no fue tomada en el presente caso.( )

Por último —ya en cuanto a la doctrina del “error cons-titucional no perjudicial”, establecida originalmente por el Tribunal Supremo federal en Chapman v. United States, ante,() y partiendo de la premisa de que la misma es de aplicación en el presente caso, aún en ausencia de la acción correctiva inmediata por parte del tribunal de instancia— un examen de los autos revela una pobre argumentación, por parte del Estado, con el propósito de convencer a este Tribunal, más allá de duda razonable, de que el error co-metido a nivel de instancia fue uno “no perjudicial”. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991); Pueblo v. Ruiz Torres, 127 D.P.R. 612 (1991); Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988).

En el caso de autos la magnitud del error cometido por el Ministerio Fiscal, comentando el silencio del acusado en una forma sustancial y directa, y la ausencia total por parte del juez de unas instrucciones enérgicas, oportunas y apropiadas que subsanaran —si es que se podía subsa-nar— dicho error, privaron al acusado de un juicio justo e imparcial. Nuestra decisión no se basa en la mera comisión del referido error constitucional, sino en su patente inten-sidad y magnitud. Pueblo v. Perales Figueroa, ante. En re-sumen, procede revocar el dictamen del tribunal de instan-cia y ordenar la celebración de un nuevo juicio.()

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió “por co-incidir con el análisis del Tribunal de Apelaciones, Sección Norte, a los efectos de que el comentario fue subsanado mediante las instrucciones al Jurado”. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) Panel integrado por el Juez Negrón Soto, como su presidente, y los Jueces Alfonso de Cumpiano y Brau Ramírez.

      (2) E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, See. 4.2, pág. 195.

      (3) El hecho de que, posteriormente y en la etapa de las instrucciones generales al Jurado, el magistrado que preside el proceso escuetamente instruya al Jurado en cuanto al derecho del acusado a declarar o no declarar no subsana el error cometido. Pueblo v. Perales Figueroa, 92 D.P.R. 724, 727 (1965); Pueblo v. Velázquez, 72 D.P.R. 42 (1951).

      (4) Como es sabido, en dicho caso el Supremo Federal resolvió que cuando se trata de un “error constitucional”, para que el mismo pueda ser considerado como uno “no perjudicial” por el tribunal apelativo, dicho foro tiene que estar convencido de ello “mas allá de duda razonable”; obligación que recae sobre el Estado.

      (5) En cuanto a la devolución del caso al tribunal de instancia para la celebra-ción de un nuevo juicio, véase Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Wilfredo Rodríguez Mercado.

      Número: CP-90-27

      Resuelto: 15 de noviembre de 1993

      Efrain Bermudez Rivera, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Atendido lo expresado por el abogado Wilfredo Rodrí-guez Mercado, en su moción solicitando reinstalación al ejercicio de la notaría de 18 de octubre de 1993, se declara con lugar la moción referida y, en consecuencia, se ordena la reinstalación de Wilfredo Rodríguez Mercado al ejercicio de la notaría en Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re Vanessa Vergne Torres.

      Número: 6630

      Resuelto: 16 de noviembre de 1993

      Vanessa Vergne Torres, pro se.

   per curiam:

El 10 de febrero de 1993 emitimos resolución a los efectos siguientes:

Vista la Petición presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitando la Suspensión del Ejercicio de la Profe-sión de Abogados por falta de pago de la cuota anual, se le concede a la Lie. Vanessa Vergne Torres un término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta resolución, para mostrar causa por la cual no debe ser suspendida del ejer-cicio de la abogacía. Se le apercibe que el incumplimiento con los términos de esta resolución conllevará la suspensión auto-. mática del ejercicio de la abogacía y podrá dar lugar a sancio-nes disciplinarias adicionales.

Como la licenciada Vergne no compareció, mediante Re-solución de 30 de abril de 1993 le concedimos un término final de quince (15) días para cumplir con la Orden de 10 de febrero. Se le advirtió nuevamente que su incumpli-miento conllevaría una suspensión automática del ejercicio de la abogacía. Esta resolución fue notificada personal-mente al esposo de la querellada el 26 de mayo de 1993.

La licenciada Vergne compareció mediante moción el 8 de junio de 1993. Informó que desconocía la orden dictada el 10 de febrero y solicitó un término razonable para contestarla.

El 30 de junio emitimos resolución concediéndole a la licenciada Vergne treinta (30) días para contestar. Esta re-solución fue notificada personalmente al esposo de la que-rellada el 8 de julio de 1993. La licenciada Vergne no contestó. Ordenamos entonces que se le notificara perso- • nalmente a la querellada; esto se hizo el 2 de septiembre de 1993. La querellada aún no ha contestado.

Hemos expresado que seremos rigurosos en los casos en que los abogados no contesten nuestras órdenes, luego de ser emplazados para ello. En el contexto de la notaría, afir-mamos que:

Este Tribunal será estricto con los notarios que después de ser oportunamente notificados de su deficiencia en la fianza, hacen caso omiso a nuestras resoluciones. No estamos en dis-posición de tolerar esta clase de actitud por parte de los miem-bros de la profesión y en particular la de los notarios irrespon-sables que se niegan a reconocer la importancia de la fianza notarial. In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992).

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la Leda. Vanessa Vergne Torres hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosa-mente con nuestras órdenes y con las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. see. 771 et seq.),( ) y el Tribunal disponga lo que proceda en derecho.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En. particular con sus Arts. 9 y 10 (4 L.P.R.A. sees. 780-781).


text:
    Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Minerva Torres Collazo et als., demandadas y recurridas.

      Número: CE-93-311

      Resuelto: 18 de noviembre de 1993

      Carmen L. Ocasio Torres y Ana L. Torres Lupiañez, abogadas de la recurrente; Luis Ramón Rodríguez Cintrón, abogado de la recurrida.
   per curiam:

Mediante el mecanismo procesal decisorio de la orden de mostrar causa revisamos la corrección jurídica de unos pagos que hiciera la peticionaria Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Asociación), por concepto de seguro de vida y otro por concepto de la duplicación de ahorros, a la viuda de un socio de la Asociación que falleciera en un caso en el que hay unos hijos, menores de edad, de un matrimonio anterior de dicho socio fallecido.

HH

Conforme podemos colegir de los autos del caso, Juan Rosario Medina estuvo casado con la Sra. Minerva Torres, desde enero de 1973 hasta el 29 de octubre de 1984, pro-creando durante dicho matrimonio dos (2) hijas, a saber: Wanda Jeannette y Jennette Rosario Torres. Rosario Medina ingresó a trabajar en el Gobierno de Puerto Rico en 1980, acogiéndose al plan de seguro de vida que provee la Asociación a sus socios el 4 de junio de 1984. Ello significa, en cuanto al seguro de vida se refiere, que habiéndose aco-gido al mismo supuestamente el 4 de junio de 1984 y ha-biéndose divorciado de la Sra. Minerva Torres alegada-mente el 29 de octubre de ese mismo año, aparentemente sólo estuvo pagando primas de dicho seguro, o cotizando para el mismo, un término de cuatro (4) meses mientras estuvo casado con la Sra. Minerva Torres.

Rosario Medina alegadamente se casó con la Sra. Isabel Díaz Soto el 20 de septiembre de 1985, dama con quien permaneció casado hasta que le sobrevino la muerte el 8 de octubre de 1990; ésto es, de los seis (6) años y tres (3) meses que Rosario Medina supuestamente estuvo pagando primas por el seguro de vida, estuvo casado con la Sra. Isabel Díaz Soto durante cinco (5) años. Al morir, Rosario Medina ale-gadamente no había designado beneficiarios en relación con el seguro de vida que tenía con la Asociación.

Procede enfatizar el hecho, por otro lado, que durante algún momento del período de tiempo en que Rosario Medina fue empleado del Gobierno de Puerto Rico, y socio de la Asociación, éste “se acogió” al plan o beneficio de dupli-cación de ahorros. El mismo consiste en que, a la fecha de la muerte del socio, la Asociación le otorga a los beneficia-rios designados por el socio una cantidad de dinero adicio-nal igual a la que el socio tenía, por concepto de ahorros, a la fecha de su fallecimiento.

Habiendo fallecido Rosario Medina, y no habiendo de-signado éste beneficiarios, ni en relación con el seguro de vida que tenía ni en cuanto al plan de duplicación de aho-rros, la Asociación procedió a dividir el dinero envuelto en-tre las dos (2) hijas menores de edad, producto del primer matrimonio con la Sra. Minerva Torres, y la viuda del cau-sante, la Sra. Isabel Díaz Soto, en “partes iguales”;() ello, conforme expresa la Asociación, siguiendo la decisión emi-tida por este Tribunal en Vda. de Méndez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 553 (1974).

Procede que se señale, y enfatice, que la Asociación con-signó, en corte, la participación de las dos (2) menores de edad; consignación que el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aibonito, luego de conceder a todas las partes envueltas la oportunidad de expresarse, calificó como “bien hecha”, “relevando” a la Asociación en lo referente a los fondos consignados.

Habiéndose radicado una moción de retiro de fondos, por la representación legal de las dos (2) menores y su señora madre, y señalado el asunto ante juez distinto, se cuestionó por la representación legal de la primera esposa del causante y las hijas menores de edad el pago hecho por la Asociación a la viuda por concepto de seguro de vida y por la duplicación de ahorros y el hecho de que la cuota viudal usufructuaria se le satisficiera a ésta en efectivo. De hecho, la madre de las dos (2) hijas menores de edad, la Sra. Minerva Torres, solicitó del tribunal de instancia que le ordenara a la Asociación que consignara en el tribunal una suma igual a la cantidad de dinero que dicha Asocia-ción ya le había satisfecho a la Sra. Isabel Díaz Soto en relación con el seguro de vida, el programa de duplicación de ahorros y la cuota viudal usufructuaria; alegándose que las únicas personas con derecho a ese dinero lo eran las dos (2) hijas menores de edad del causante y que la Asociación al pagarle dicho dinero a la señora Díaz Soto —la suma total de once mil ochocientos diecinueve dólares con treinta y cuatro centavos ($11,819.34)— había “pagado mal o erróneamente”.

El tribunal de instancia, sin celebración de vista alguna, le ordenó a la Asociación que procediera a consignar, en el término de quince (15) días, la suma total de dinero antes mencionada. La Asociación solicitó reconsideración de dicha orden; la misma no obtuvo reacción alguna del tribunal de instancia. Inconforme, la Asociación recurrió ante este Tribunal —vía certiorari— en revisión de la referida orden, imputándole al dicho foro haber errado:

...al dictar una orden de consignación de dinero a base de unas alegaciones generales, contrarias a lo que constituye el derecho aplicable a los hechos del caso, y sin una vista evidenciaria en la que las partes presentaran prueba sobre sus alegaciones. Petición, pág. 4.

Mediante Resolución de 15 de julio de 1993, una Sala Especial de Verano le concedió término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual este Tribunal no de-bería expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocato-ria de la orden recurrida, devolviendo el caso al foro de instancia “con instrucciones para que dicho foro celebre una vista evidenciaria donde deberá recibir, y aquilatar, la prueba que a bien tengan presentar las partes” en apoyo de sus respectivas posiciones. Resolución de 15 de julio de 1993. Dicha parte ha comparecido. Resolvemos.

I

En Vda. de Méndez v. Tribunal Superior, ante, este Tribunal expresó que, estando regulado el seguro de vida de un miembro o socio de la Asociación por la ley creadora de la referida Asociación, dicho seguro queda “por tanto fuera del ámbito del Código de Seguros”. En consecuencia, se resolvió que, en ausencia de designación de beneficiarios, y tratándose “de un bien adquirido por el marido mediante la inversión de fondos gananciales, sin que haya en la voluntad del comprador del seguro ni en ningún otro factor relevante germen de impugnación a la presunción de ganancialidad enunciada por el Art. 1307 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3647), debe considerarse el im- porte de esta póliza como parte del caudal de la sociedad de gananciales extinguida por muerte del asegurado y bajo esta premisa procederse a su distribución”. Vda. de Méndez v. Tribunal Superior, ante, pág. 557.

Si ello es así en cuanto al seguro de vida que compra un socio de la Asociación, no vemos razón alguna porque no se debe aplicar el mismo razonamiento en cuanto al programa de duplicación de ahorros. En esta situación, con mayor razón. Los ahorros que hace el socio de la Asociación provienen, de ordinario, del salario que percibe como empleado público. Dicho salario, como sabemos, es ganancial por lo que, al igual que en el caso del seguro de vida, y en ausencia de designación de beneficiarios, el producto de esos ahorros debe ser distribuido teniendo en mente su carácter de ganancial. Véanse: Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3641; García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319 (1978).

No erró, por tanto, en principio la Asociación al estimar que debía dividirse “en partes iguales” el producto del se-guro de vida, y el producto del programa de ahorros, entre la viuda del causante, Sra. Isabel Díaz Soto, y las dos (2) hijas menores de edad de su primer matrimonio. Ahora bien, conforme los hechos que hemos podido colegir de los autos, era posible que la primera esposa del causante Rosario Medina pudiera haber tenido, aun cuando ínfima, una participación en el producto del seguro de vida y del programa de ahorros. Recordemos que aparentemente Rosario Medina aportó, o pagó primas, durante cuatro (4) me-ses estando casado con su primera esposa. Por otro lado, no está claro la fecha en que Rosario Medina comenzó a apor-tar al programa de ahorros; ésto es, es posible que así lo hiciera estando casado con su primera esposa, la Sra. Minerva Torres. Ello no obstante, el momento para que la Sra. Minerva Torres reclamara dichos créditos lo fue en ocasión de la división de los bienes gananciales, luego de haberse divorciado de Rosario Medina; división que presumimos se hizo por sentencia judicial. De no haberlo así reclamado entonces en dicho procedimiento, posiblemente le sería oponible ahora la defensa de cosa juzgada. Véanse: Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343; Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972); Díaz Maldonado v. Lacot, 123 D.P.R. 261 (1989).

Por último, somos del criterio que en situaciones —como la presente— en donde están envueltos menores de edad y el producto de la póliza y/o del programa de duplicación de ahorros se reputa ganancial por no haber designación de beneficiarios, la Asociación no debe proceder a pagar, en efectivo y por adelantado, la cuota viudal usufructuaria del dinero producto del seguro de vida y del programa de ahorros. La suma a que, por ese concepto en específico, pueda tener derecho la viuda puede variar, o verse afectada, por los restantes bienes, deudas y demás obligaciones del caudal hereditario. Véanse: Arts. 761-766 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2411-2416. En esa clase de situación, la Asociación cumple mejor su cometido si consigna en el Tribunal todo el dinero envuelto y deja que sea el foro judicial el que resuelva qué participación le corresponde a los menores y qué le corresponde a la viuda; decisión que podrá hacer el foro judicial teniendo un cuadro más completo de la situación, en general, del caudal hereditario.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de la orden emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aibonito; devolvién-dose el caso a dicho foro con instrucciones de que celebre una vista evidenciaría en la cual las partes tengan la opor-tunidad de presentar la prueba, argumentos y defensas que entiendan procedente en apoyo de sus respectivas posicio-nes, luego de lo cual resolverá conforme a derecho.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1) A la viuda Isabel Díaz Soto la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado le computó de dicho dinero, y le pagó, la cuota viudal usufructuaria.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Judith I. Quetglas Álvarez, demandante y recurrente, v. Jorge A. Carazo Castillo y Sylvia Torres López, demandados y recurridos.

      Número: RE-89-328

      Resuelto: 18 de noviembre de 1993

      José F. Quetglas Álvarez y Eric M. Quetglas Jordán, abogados de la recurrente; Manuel Torres Delgado, abogado de la recurrida Sylvia Torres.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

' “Al atisbar la solución, hemos de tomar los principios generales que empapan las reglas del Derecho probatorio, inspiradas en la experiencia sobre la conducta humana, lógica y sobre todo el sentido común, partiendo del universo mayor al de las circunstancias y contingencias particulares .... El Derecho no puede llevar a un resultado absurdo ni a un resultado injusto y debemos convencernos de que. cuando nos lleva a este resultado es porque hemos seguido un camino equivocado, porque hemos errado en nuestros razonamientos.” (Enfasis suplido.) J. Vallet de Goytisolo, Panorama de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1963, pág. 86.

Adjudicar recta y justicieramente la presente controver-sia nos obliga a exponer cuidadosamente su trasfondo pro-cesal y fáctico.

El 28 de marzo de 1980 la Sra. Judith Quetglas Alvarez presentó en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, por sí y en representación de la sociedad de bienes gananciales, una demanda contra su ex esposo Dr. Jorge Carazo Castillo y la Dra. Sylvia Torres López. Aunque denominó la ac-ción “liquidación de gananciales”, pidió el reconocimiento titular de varios bienes muebles e inmuebles, su reembolso y reivindicación. Adujo que dicha sociedad tenía bienes en exceso de quinientos mil dólares ($500,000), con los cuales el doctor Carazo Castillo, a través de la doctora Torres Ló-pez, adquirió los inmuebles en detrimento de dicha sociedad.() Reclamó, además, el costo del mobiliario de un apartamento de Garden Hills Estates y tres (3) vehículos de motor. Finalmente, solicitó el reembolso de por lo menos veinticinco mil dólares ($25,000) por los gastos de decora-ción y mejoras del apartamento de Garden Hills y cien mil dólares ($100,000) por los gastos de la carrera de medicina (matrícula, estudios, libros, habitación, manuténción y otros gastos) de la doctora Torres López.

El doctor Carazo Castillo no contestó y se le anotó la rebeldía. Por su parte, la codemandada doctora Torres Ló-pez negó las alegaciones esenciales y formuló reconvención fundamentada en que la presentación de la demanda le había ocasionado problemas económicos y reclamó sesenta mil dólares ($60,000). La señora Quetglas Álvarez replicó y sostuvo la reconvención improcedente.

Luego de. ciertos trámites procesales() se celebró la vista en su fondo. Aparte de la prueba documental presen-tada, declararon las partes y el notario Rafael Pacheco Rivera. Pendiente de dictamen, el tribunal concluyó que era necesario incluir al Sr. Pedro Rosado, ex esposo de la doctora Torres López. Así se hizo. Emplazado por edictos, no contestó y se le anotó la rebeldía.

Subsiguientemente, el ilustrado tribunal (Hon. José F. Rodríguez Rivera, J.) declaró sin lugar la reivindicación y dispuso la liquidación de la sociedad ganancial Carazo-Quetglas. Concluyó que no se ofreció prueba documental que corroborara justo título ni el valor de sus bienes. A juicio suyo, lo único probado fue la existencia de treinta mil dólares ($30,000) gananciales que había en una caja de un banco. Los dividió y decretó un crédito a favor de la señora Quetglas Álvarez de quince mil dólares ($15,000). Deses-timó la reconvención de la doctora Torres López, pero le impuso a la señora Quetglas Álvarez cinco mil dólares ($5,000) de honorarios de abogado más las costas. También le condenó a pagar mil quinientos dólares ($1,500) a favor del Estado como sanción por temeridad.

Después, mediante oportuna súplica del doctor Carazo Castillo, el tribunal enmendó su sentencia y eliminó el de-creto de liquidación de la sociedad de gananciales.

A solicitud de la señora Quetglas Álvarez acordamos revisar. En síntesis, cuestiona la conclusión de que el pleito fue colusorio, adjudicarle la titularidad de los bienes a la doctora Torres López, e imponerle honorarios, costas y la sanción.

H — I H-1

El análisis integral de la prueba testifical y.documental nos convence que el ilustrado foro de instancia erró en su apreciación. En justicia, la sentencia debe revocarse ya que los hechos favorecen el reclamo de la señora Quetglas Álvarez. Expongámoslos.

La señora Quetglas Álvarez y el doctor Carazo Castillo —médico desde 1955— se casaron el 2 de diciembre de 1956. Terminó su especialidad en ginecología y obstetricia en 1959 y se ha dedicado principalmente a la práctica pri-vada en Bayamón. Ambos procrearon tres (3) hijos, Jorge M., Edgardo L. y José A.

En 1973 el doctor Carazo Castillo conoció a la hoy doc-tora Torres López quien, al morir su madre, había inte-rrumpido sus estudios de medicina en España en 1972 y se desempeñaba como asistente de sala de operaciones del Hospital Hermanos Meléndez. Durante ese año ella se casó con el señor Rosado. El doctor Carazo Castillo y la doctora Torres López iniciaron relaciones de amistad que culmina-ron en íntimas extramaritales. Él comenzó a ayudarla eco-nómicamente y luego, desde 1974, le sufragó sustancial-mente sus estudios en la Universidad de Santiago Campeche, España, por aproximadamente un año y medio (1 1/2). Cuando terminó, regresó a mediados de 1975. El doctor Carazo Castillo declaró que durante ese período gastó aproximadamente veinticinco mil dólares ($25,000). T.E., págs. 38, 52-53 y 63-65. En Puerto Rico le costeó los cursos de repaso para la reválida, estimados por él en cinco mil dólares ($5,000) adicionales. T.E., pág. 53.

El 3 de septiembre de 1975 ella escribió la carta si-guiente:

3 de septiembre del 1975 Bayamón, Puerto Rico
Yo, Sylvia Torres López, mayor de edad, natural de Yauco, residente en Bayamón; y en pleno uso de mis capacidades men-tales; dejo al señor Dr. Jorge A. Carazo Castillo, como la única persona que puede cobrar mis 2 seguros de vida y además el dinero que se ha dado a mi hermana, Sra. Carmen P. Torres Torres, como depósito de la compra de la casa de Lomas Verdes. Esto quiero que suceda así, en caso de mi muerte porque el Dr. Carazo fue el que me prestó el dinero para dicha compra y ade-más el que me ha ayudado económicamente en mis últimos años de estudios; y como es él quien conoce todas mis deudas y mis últimos deseos, estoy segura que él procederá con ese dinero hacer el buen uso y cumplir mis deseos. También quiero que conste, que él se negó a que yo preparara esta carta, pero yo he querido que sea [a] sí, por si cualquier adversidad se presentara.
Sylvia Torres López 3 de septiembre del 1975 Bayamón, P.R. (00619).
(Énfasis suplido y en el original.) Solicitud de revisión, pág. 9.

Dicha carta, según declaró el doctor Carazo Castillo, fue suscrita cuando ella iba a España, por si le ocurría algún accidente. T.E., pág. 50. La explicación es lógica. Queda corroborada por los términos del propio documento que presenta características de testamento ológrafo.() Su im-portancia adjudicativa no puede subestimarse. Primero, es prueba fehaciente de la profunda relación amorosa que existía entre ambos. Segundo, revela incontrovertida-mente la ayuda financiera que le brindaba el doctor Carazo Castillo. Tercero, refleja verdaderamente la situación eco-nómica limitada de la doctora Torres López. Cuarto, de-muestra que el doctor Carazo Castillo tenía conocimiento íntimo y exclusivo de las deudas de la doctora Torres López. Y, finalmente, explica las verdaderas razones de la conducta del doctor Carazo Castillo —quien sabía que su divorcio era inminente— y su decisión de invertir y adqui-rir más inmuebles a nombre de la doctora Torres López.()

Se comprende, pues, que aproximadamente un (1) mes después de esa reveladora carta, compareciera la doctora Torres López representada por Awilda Flores Cancel —se-gún poder otorgado en Valencia, España, ante el notario Don Aurelio Escribano Gonzalo, el 7 de octubre de 1975— y haciéndose pasar por soltera, adquiriera un apartamiento ubicado en Valencia. El doctor Carazo Castillo testificó que proveyó su pronto pago, luego se alquiló, pagándose con la renta el precio aplazado. T.E., págs. 35-36.

El 24 de octubre, esto es, al cabo de sólo diecisiete (17) días, la doctora Torres López compareció y suscribió la Es-critura Núm. 91 sobre “compraventa asumiendo hipoteca” y adquirió otra propiedad inmueble ubicada en el Bloque (3-R), Urbanización Lomas Verdes, Bayamón. De nuevo, falsamente, representó ser soltera. En la carta de 3 de sep-tiembre antes transcrita admitió que el depósito de la com-pra lo había dado el doctor Carazo Castillo. Con relación a esta segunda compra, el notario autorizante de ese instru-mento, Ledo. Rafael Pacheco Rivera, testificó que ella le informó que era soltera y que en el acto de otorgamiento estuvo presente el doctor Carazo Castillo, quien entregó en efectivo la suma de ocho mil dólares ($8,000) consignada en la escritura. T.E., págs. 16-17.

Respecto a esta compra, la doctora Torres López —el 16 de noviembre— juró y suscribió el affidávit 3289, ante el mismo notario Pacheco Rivera (Solicitud de Exoneración Contributiva y Certificación de Posesión y Uso de Propiedad). Trazó con una raya el encasillado que pre-gunta el nombre del esposo o esposa del dueño, no empece dicho documento advertir que: “Declaro que la información que precede fue suministrada por mí, y a mi mejor saber y entender la misma es cierta, correcta y completa y asumo la responsabilidad penal que conlleva una declaración falsa.” Solicitud de Exoneración Contributiva y Certifica-ción de Posesión y Uso de Propiedad.

Más aún, el 12 de diciembre, siete (7) semanas después, “compró” el apartamiento 10-A del Condominio Garden Hills Estates, Guaynabo, Puerto Rico, por escritura de segre-gación, liberación e hipoteca, ante el notario Esteban Gar-cía Malatrasi. Volvió a comparecer como soltera.() El doctor Carazo Castillo testificó que fue quien efectuó el pronto pago de siete mil seiscientos dólares ($7,600) y con-tinuó pagando las mensualidades con dinero perteneciente a la sociedad de gananciales.

Igualmente admitió en Sala que lo amuebló y mejoró con aproximadamente siete mil dólares ($7,000), de los fon-dos gananciales. Aunque cuando residía allí con la doctora López Torres, el dinero para comprar estas propiedades procedió sustancialmente de unos treinta mil dólares ($30,000) que tenía en una caja en el Banco Crédito y Aho-rro Ponceño. Provino también de un préstamo que efectuó sobre unas pólizas de seguro de vida con la Crown Insurance Co., que habían acumulado beneficios en exceso de treinta mil dólares ($30,000). T.E., págs. 98 y 100.

El matrimonio Carazo-Quetglas terminó por sentencia de divorcio el 30 de junio de 1977. El doctor Carazo Castillo se casó entonces con la doctora Torres López el 3 de enero de 1978. Vigente este nuevo matrimonio, el 10 de julio —seis (6) meses después— ella, por la Escritura Núm. 36 sobre segregación y compraventa ante el Ledo. Ramón Malavé León, adquirió una propiedad en la Urbanización Villa Olimpia, Yauco. La hipotecó ese mismo día ante el Notario Manuel Ledesma Dávila, manifestando nuevamente ser soltera.

El doctor Carazo Castillo y la doctora Torres López se divorciaron a mediados de 1980; aquél se fue a residir a un pequeño apartamiento existente en el hogar de la señora Quetglas Alvarez y familia.

HH HH HH

Ante esta prueba, incidió el Tribunal Superior al resolver que el pleito era colusorio y desestimar por falta de prueba documental la demanda. El triste drama humano explica muchas cosas. Veamos.

Aun en una relación matrimonial normal, vigente una sociedad legal de gananciales, hemos reconocido “la laxitud y desinterés con que los cónyuges regularmente lle-van a cabo las transacciones rutinarias. No se llevan libros de contabilidad, ni la ley lo exige”. García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 323 (1978). Frente a esa realidad, en una relación oculta extramarital de personas casadas, ¿va-mos ineludiblemente a exigir prueba directa documental consistente de pagarés, cheques, recibos y otros, para vali-dar una acción instada por el cónyuge engañado? “Por sus características peculiares y de ordinario surgir de un tras-fondo de hechos ocultos —psíquicos y generalmente ilíci-tos— la simulación ha sido tradicionalmente considerada como materia difficilioris probationes ... para probar la existencia de un acto simulado cobran valor excepcional los medios probatorios indirectos, a saber, los testigos y las presunciones.” Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 11 (1989).

No podemos exigirle a la demandante Quetglas Alvarez que produjera semejante evidencia; máxime, ante prueba de que la doctora Torres López en 1979, estando casada con el doctor Carazo Castillo, se llevó los cheques cancelados y recibos que existían. T.E., pág. 65.

La prueba testifical y documental revela un patrón de conducta y plan organizado por el doctor Carazo Castillo y la doctora Torres López para defraudar la sociedad Cara-zo-Quetglas, a espaldas de la señora Quetglas Álvarez. Ló-gicamente ambos trataron de evitar en lo posible dejar ras-tro o prueba alguna de sus actuaciones. Ello explica por qué se efectuaron pagos en efectivo y siempre figuraba como compareciente “soltera” la doctora Torres López. En esa época estaban tan sentimentalmente unidos que, des-pués del divorcio del doctor Carazo Castillo, contrajeron matrimonio. El tribunal de instancia ignoró estas realida-des y tachó, equivocadamente, el pleito de colusorio. ¿Cuántas controversias judiciales se resuelven y deciden diariamente en los tribunales basadas en las admisiones o producto de las confesiones de uno de los coautores o par-ticipantes, sin cuyos testimonios se burlarían los mejores fines de la justicia? El hecho de que el proceder de alguno de los protagonistas estuviera matizado de interés personal o de una actitud de arrepentimiento o venganza, no destruye su valor probatorio; máximo, como aquí, que quedó demostrado por prueba documental cuya legitimi-dad no está en entredicho.

Cualesquiera dudas quedan disipadas al observar que el testimonio del doctor Carazo Castillo, en los extremos esenciales, fue confirmado por la propia doctora Torres López. Revela, además, que ella estudió con mucho es-fuerzo y grandes limitaciones económicas. De hecho, mien-tras trabajó no rindió las planillas de contribución sobre ingresos de 1973 y 1974, aun cuando devengó “sobre $1,000.00” mensuales. T.E., págs. 147-148. En cuanto a sus estudios en España, las becas que recibió fueron de sólo mil dólares ($1,000) anuales para los años 1969 al 1972 (T.E., pág. 114), época antes de aflorar la amistad íntima con el doctor Carazo Castillo. Con renuencia admi-tió que él le "ayudaba a sus estudios ... o sea [le] hacía regalos ...” (T.E., pág. 169); que le ayudó y regaló los cursos de reválida (T.E., pág. 175); que le prestó el dinero para la casa de Bayamón (T.E., págs. 167-168), y que le “regaló” el dinero del pronto del apartamento en Garden Hills Estates (T.E., págs. 179-176).

En contraste, la prueba ofrecida por la doctora Torres López para avalar sus argumentos de que estudió medi-cina con el producto de giros remitidos por su hermana dista mucho de establecer que se utilizaron para comprar las propiedades. Recuérdese que regresó a Puerto Rico al morir su madre, tuvo que trabajar y allí conoció al doctor Carazo Castillo, cuyo amor le llevó a sufragar los gastos para que ella pudiera terminar. El doctor Carazo Castillo decidió comprar las propiedades inmuebles, con dineros de la sociedad de gananciales Carazo-Quetglas para luego divorciarse, lo cual él entendía era inevitable. De ese modo, pasaría a ser su único dueño.

Se trata, pues, de un esquema diseñado con el propósito de defraudar a la sociedad legal de gananciales Carazo-Quetglas. Este tipo de ánimo fraudulento puede concre-tarse de formas diversas, tales como préstamos a espaldas del cónyuge o, como la que nos ocupa, en forma de adqui-sición de inmuebles mediante el uso de testaferros. Inde-pendientemente del método utilizado, la norma reiterada por este tribunal para atender estas situaciones es clara; los actos de disposición o administración que cualquiera de los cónyuges haga sobre bienes gananciales no perjudica-rán al otro cónyuge ni a sus herederos, si ellos no sirven a un interés de la familia o se hacen con el ánimo fraudu-lento u oculto de perjudicar al otro cónyuge.() Nada im-pide, sin embargo, que cualesquiera beneficios económicos a que el cónyuge tenga derecho en virtud de estas actua-ciones sea ganancial.()

Estamos entonces ante unas adquisiciones simuladas como señaláramos, efectuadas con el sólo propósito de de-fraudar a la sociedad legal de gananciales Carazo-Quetglas. No cabe duda que él, en combinación y con el conocimiento de la doctora Torres López, dispuso indebidamente de dinero ganancial. En nada puede perjudicar los derechos de la se-ñora Quetglas Álvarez y sus hijos, el que estuviesen a nom-bre de la doctora Torres López.

Con relación a los efectos jurídicos de una simulación contractual de esta naturaleza, en Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 19-20 (1962), resolvimos lo siguiente:

La simulación puede afectar la naturaleza, el contenido o los sujetos del contrato. Para los fines del presente caso sólo nos interesa la que se refiere a los sujetos del contrato, y que se manifiesta mediante la interposición de persona. Dejemos que Ferrara fije los límites de esta figura jurídica:
“Al celebrarse un negocio jurídico, cabe que se interponga una persona extraña con el fin de ocultar al verdadero interesado. Esta persona sirve de intermediario, de eslabón en-tre los que quieren conseguir los efectos de un acto jurídico. Los caracteres que la distinguen, en general son: l[ro.] Ponerse en-tre dos que deben ligarse directamente en el negocio, o entre los cuales debe descansar en definitiva el contenido patrimonial del mismo, sin que el intermediario tenga en el negocio un in-terés personal. 2[do.] Su función de ocultar al verdadero dueño del negocio, que quiere permanecer entre bastidores.”
Acto seguido procede el eminente civilista italiano a conside- • rar la división de las personas interpuestas en dos grandes ca-tegorías, a saber: personas interpuestas reales y personas in-terpuestas simuladas. El primero interviene en el contrato “como contratante efectivo —entablando la relación jurídica en su propio nombre y convirtiéndose de este modo en titular de los derechos y obligaciones que derivan de la misma para inme-diatamente volverlos a transferir al dueño del negocio, que ha mantenido apartado de éste — ” (pág. 273); el segundo, inter-viene “por mera apariencia, como contratante ficticio, cuando en realidad la relación se establece entre el tercero y el intere-sado, que no comparece en el contrato,” (id.) y que se denomina indistintamente intermediario fingido, testaferro o prestanombre. (Véase, además, Bonet Ramón, Algunas Figuras Afines al Contrato de Mandato, Revista General de Legislación y Jurisprudencial[,] (1948) tomo 184, pág. 633, 648-651.) Y añade:
“Señalando brevemente el concepto de la interposición fic-ticia, examinemos sus requisitos. Para la formación del negocio sólo se necesita la intervención jurídica de dos personas: los verdaderos contratantes, uno de los cuales obra con nombre supuesto. La persona interpuesta es extraña a la relación, y, descubierta la simulación, se evapora por completo. Cuando más, dicha persona presta una simple cooperación material, que puede consistir en la mera comparecencia personal como parte de contrato para perfeccionar la mise en scene y repetir mecánicamente la declaración que se le dicta al oído. Por ello, los vicios del consentimiento, la capacidad, etc., han de apre-ciarse en el contratante secreto, y no en la persona interpuesta.” (Pág. 281.)
Parece claro de lo expuesto que la relación se crea directa-mente entre el contratante visible y el contratante oculto, cuyo patrimonio es el que recibe los efectos del contrato. El interme-diario es un extraño al vínculo engendrado en virtud de la re-lación contractual; de ahí, que podamos hacer abstracción de su presencia a los fines de determinar los efectos jurídicos de la transacción. (Escolio omitido.)

Las compraventas relacionadas con los inmuebles antes mencionados son transacciones legítimas en las cuales la verdadera parte adquirente fue dicha sociedad, la cual es-tuvo representada por un intermediario o prestanombre, cuya interposición, como hemos dicho, “se esfumó” al con-siderarse la transacción en conjunto.

Excepto el inmueble en Villa Olimpia, Yauco, los demás fueron adquiridos casado el doctor Carazo Castillo con la señora Alvarez Quetglas, y la doctora Torres López con el Sr. Pedro Rosado. Nada surgió de la prueba ofrecida que estableciera o pudiera considerarse una comunidad de bie-nes entre dos (2) sociedades gananciales diferentes. T.E., págs. 180-181.

Para establecer una comunidad de bienes es necesario demostrar que hay bienes obtenidos por esfuerzo, trabajo y cooperación común, que trae como consecuencia un aumento en el caudal. Véanse: Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 585 (1969); Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609 (1961).

Las inversiones y adquisiciones efectuadas del doctor Carazo Castillo —verdadero contratante y a la sazón ca-sado con la señora Quetglas Álvarez— aun cuando fueron hechas a nombre de la doctora Torres López, se reputan gananciales. Art. 1307 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3647. García v. Montero Saldaña, supra.

Disuelta la sociedad de gananciales Carazo-Quetglas por el divorcio, la situación jurídica resultante se rige por los preceptos de la comunidad de bienes ordinaria, que en lo concerniente a su liquidación en Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 91-92 (1981), dispusimos:

La liquidación de la sociedad de gananciales comprende to-das las operaciones necesarias para determinar la existencia de gananciales y en caso afirmativo su división por partes iguales entre ambos cónyuges, o sus sucesiones en interés. A esta can-tidad o valor final a ser dividido por mitad, se llega previas deducciones y reintegros a cada uno de aquellos bienes que le corresponden a título privativo, así como de las responsabilida-des imputables al acervo común. Dicha liquidación puede resu-mirse en tres operaciones: 1 formación de inventario con avalúo y tasación; 2 determinación del haber social o balance líquido a partir; y 3 división y adjudicación de los gananciales. Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 281 (1964). El inventario es la base de todo el proceso y se le define como “relación detallada del activo (bienes y derechos) pasivo (obligaciones y cargas) de la comunidad en el momento de su disolución, acompañada de su tasación”. Ordena el Art. 1317 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3692:
El inventario comprenderá numéricamente, para colacio-narlas, las cantidades que, habiendo sido pagadas por la socie- dad de gananciales, deban rebajarse del capital del marido o de la mujer.
También se traerá a colación el importe de las donaciones o enajenaciones que deban considerarse ilegales o fraudulentas, con sujeción a la see. 3672 de este título....
Forman parte del activo a ser inventariado, no sólo los bienes y derechos en poder de la comunidad conyugal al momento de su disolución, sino que también han de ser incluidas en inventario y traídas a colación todas las cantidades que habiendo sido pa-gadas por la sociedad de gananciales, deban rebajarse del capital de marido o de la mujer. (Escolios omitidos.)

Por lo tanto, reconocemos el derecho de propiedad de la antigua sociedad legal de gananciales, hoy comunidad de bienes Carazo-Quetglas, sobre los inmuebles siguientes:() el apartamento localizado en Valencia, España; la casa ubi-cada en la Urbanización Lomas Verdes de Bayamón, y el apartamento en el Condominio Garden Hills Estates.()

Conforme expresamos, quedó establecido que el doctor Carazo invirtió por lo menos veinticinco mil dólares ($25,000) en los estudios de medicina de la Dra. Sylvia Torres en España, cinco mil dólares ($5,000) durante sus estudios de preparación para la reválida local y siete mil dólares ($7,000) para amueblar y mejorar el apartamento de Guaynabo. A tenor con lo dispuesto en el Art. 1316 del Código Civil, estas sumas serán colacionadas al hacerse el inventario de los bienes pertinentes a la liquidación opor-tuna de la sociedad legal de gananciales Carazo-Quetglas, para hacer la rebaja adecuada del capital del doctor Carazo conforme a dicha disposición legal.

Se dictará sentencia revocatoria y se devolverán los autos originales para los trámites compatibles.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrieron con el resul-tado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo Lopéz rio intervino.

      (1) Un apartamento (piso) en Valencia, España; una casa en la Urb. Lomas Verdes, Bayamón; un apartamento en el Condominio Garden Hills Estates, Guay-nabo, y una casa en la Urb. Villa Olimpia, Yauco.

      (2) El 13 de marzo de 1981, sujeto a las contingencias del proceso, se consigna-ron en la Secretaría del Tribunal doce mil doscientos cincuenta y un dólares con diez centavos ($12,251.10), producto de la venta ordenada por el tribunal del aparta-mento 10-A, Condominio Garden Hills Estates.
      Luego de someter los Informes sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, el 23 de septiembre de 1983, la doctora Torres López informó haber vendido la propie-dad situada en Villa Olimpia, Yauco, por cuarenta y cuatro mil dólares ($44,000) al Sr. Ramón Concepción. Éste retuvo treinta y cinco mil dólares ($35,000) para saldar en su día una hipoteca. Ella consignó en el tribunal nueve mil dólares ($9,000).

      (3) Dispuso para después de su muerte bienes y derechos. Art. 616 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 2121. El documento fue escrito en su totalidad, siendo ella mayor de edad. Contiene fecha exacta —día, mes y año— y está firmado. Arts. 627 y 637 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2143 y 2161, respectivamente.

      (4) Se expresó así:
      “R. Sí, como no. Pues, este, para esa época, ya la situación en mi hogar estaba deteriorándose y ya pues, yo veía que la situación iba a terminar en divorcio y como yo era el único que trabajaba y trabajaba duro y fuerte, me amanecía muchas noches y todo el trabajo tenía que hacerlo yo, consideré que era injusto, verdad, que todo el dinero que yo había producido y que yo a fuerza de mi sudor y mis esfuerzos, pues, fuera a perderse, no a perderse, pero a pasar, este, en el divorcio a, completamente a mi, a mi esposa, pues decidí, de común acuerdo con Sylvia Torres López comprar ciertas propiedades, que las pusiera a nombre de ella, para luego, pues yo tener esas cosas para mí, luego del divorcio.” T.E., pág. 48.

      (5) También compareció como soltera cuando en esa misma fecha otorgó la Es-critura de Hipoteca Núm. 607 ante el Notario Manuel Hernández Penzol por la suma de cincuenta y cinco mil dólares ($55,000)

      (6) Véanse: WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127, 135 (1985); Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70, 76-77 (1982), y el Art. 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3672.

      (7) En lo pertinente, el Art. 1313 del Código Civil, supra, dispone:
      “Todo acto de disposición o administración que sobre dichos bienes haga cual-quiera de los cónyuges en contravención a esta sección, y los demás dispuestos en este título, no perjudicará al otro cónyuge ni a sus herederos.” (Énfasis suplido.)
      Tal disposición consigna que la sociedad no se perjudicará de tales actos. Como expuso, no opta, sin embargo, que la sociedad se beneficie, si ese fuera el caso.

      (8) La propiedad localizada en el Municipio de Yauco fue adquirida vigente el matrimonio Carazo-Martínez. No se aportó suficiente evidencia para derrotar la pre-sunción de ganancialidad que le asiste.

      (9) En cuanto al apartamento localizado en el Condominio Garden Hills Estates, fue vendido y el importe resultante de la venta se consignó en el tribunal.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

text:
    Roche Products, Inc., demandante y recurrente, v. Municipio de Manatí, demandado y recurrido.

      Números: CE-93-436
    CE-93-473

      Resueltos: 18 de noviembre de 1993

      Ana Matilde Nin, de McConnell Valdés, abogada del recu-rrente; José E. Colón Santana, Peter Ortiz y Luis F. Colón Sánchez, abogados de los recurridos.
   RESOLUCIÓN

Examinado cuidadosamente el certiorari presentado por la peticionaria Roche Products, Inc., se deniega. El Tribunal Superior, Sala de Arecibo, carecía de jurisdicción para dictar —el 17 de agosto de 1993— la segunda sentencia sumaria parcial, pues el Tribunal de Apelaciones, Sección Sur, el 9 de agosto de 1993, había expedido un certiorari para revisar la Resolución de 4 de mayo de 1993 que de-negó la descalificación del licenciado Carazo del Bufete McConnell, Valdés Kelley, Sifre, Griggs y Ruiz-Suria como re-presentante legal de Roche Products, Inc.

La Resolución de 4 de mayo de 1993 fue de naturaleza interlocutoria, pues sólo resolvió un incidente dentro del pleito general. Por tal razón se activó la Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992 (4 L.P.R.A. secs, 1, 35, 37-37-1, 61-61a, 121, 191, 231) la cual, en lo pertinente, dispone:

La radicación de un auto de certiorari ante el Tribunal de Ape-laciones no paralizará los procedimientos ante el Tribunal Superior en cuanto a cuestiones no comprendidas en el recurso, pero éste no podrá dictar sentencia. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. ant. sec. 37.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes de 5 de noviembre de 1992 en su Regla 20(b) (4 L.P.R.A. Ap. XXII) dispone lo siguiente:

La presentación de un recurso de certiorari contra una resolu-ción u orden interlocutoria no paralizará los procedimientos ante el Tribunal Superior en cuanto a los asuntos planteados en el recurso, pero éste no podrá dictar sentencia. (Énfasis suplido.)

Ambas disposiciones autorizaban al Tribunal Superior a continuar los procedimientos en el caso que tenía ante sí, pero no podía dictar sentencia como lo hizo el 17 de agosto de 1993 adjudicando, para todos los efectos, todas las con-troversias que habían pendientes en el caso.

En virtud de las disposiciones señaladas, no era necesa-rio que el Tribunal de Apelaciones, en auxilio de su juris-dicción, expresamente paralizara los procedimientos en el Tribunal de Instancia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente y disidente. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

- O -

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

Los tribunales, instituciones integradas y dirigidas por seres humanos, cometen errores. Ello es inevitable. Ahora bien, hay errores que pueden y deben ser evitados por los tribunales y sus jueces. Uno de los más graves y lamenta-bles lo es el de “medir con varas distintas” a las partes, personas, o abogados que comparecen ante el foro judicial. Precisamente debido a ello es que cuando se caracteriza a la “dama de la justicia” se le fija una venda sobre sus ojos. El mensaje que se pretende transmitir es que la justicia se imparte, o se dispensa, independientemente de quienes son las personas, o las partes, que comparecen ante el tribunal.

Ello, naturalmente, no constituye una regla inflexible o absoluta. Hay situaciones, o circunstancias, que ameritan trato diferente. No se puede, a manera de ejemplo, tratar igual a un niño que a un adulto; a una persona incapaci-tada que a una normal; la ley provee para atenuantes y agravantes, etc. Esas situaciones, sin embargo, han sido previstas por el legislador y, en consecuencia, el juez cuenta con guías o criterios que le ayudan a ejercer su discreción.

Lo que no se puede tolerar, sin embargo, es que el ma-gistrado, o tribunal, actúe caprichosamente; esto es, que efectivamente trate en forma diferente a unos y otros se-gún le parezca. Dicha actuación caprichosa tiene nombre y apellido: abuso de discreción. En fin, un tribunal de justi-cia no cualifica como tal si, al decidir los asuntos que llegan ante su consideración, no ejercita el inmenso poder que tiene en forma juiciosa y prudente y, por el contrario, “abu-sa” del mismo.

En relación con lo anteriormente expresado, y en lo per-tinente al asunto ante nuestra consideración, no debe ha-ber la menor duda sobre el hecho de que tenemos el poder inherente de sancionar a cualquier litigante, o abogado, que abuse del proceso litigioso radicando recursos frívolos o carentes de méritos. Es más, no sólo tenemos el poder, te-nemos la obligación de así hacerlo.

La radicación de recursos frívolos, entre otros: retrasa innecesariamente la pronta solución de los litigios; le hace perder valioso tiempo al foro judicial, tiempo que éste puede dedicar a asuntos verdaderamente meritorios; re-sulta en honorarios y costos adicionales innecesarios para todas las partes envueltas en el litigio, y causa que los integrantes de nuestra profesión adquieran la triste repu-tación de “mercenarios” del Derecho.

En el pasado hemos sido firmes al confrontarnos con recursos frívolos, imponiéndole sanciones económicas al re-presentante legal de la parte que así ha actuado. No puede perderse de vista que, en esta clase de situaciones, el principal responsable lo es precisamente el abogado. Éste es el que se supone que sepa si el caso tiene o carece de méritos.

En ocasiones, no hay duda, nos hemos hecho de “la vista larga”; esto es, nos hemos confrontado con recursos frívolos y, aparte de hacer constar en la resolución denegatoria de los mismos que éstos se deniegan por razón de frivolidad, no hemos impuesto sanción alguna. En los mismos, sin embargo, y por lo menos en cuanto al Juez suscribiente res-pecta, así hemos actuado por entender que se ha tratado de compañeros abogados jóvenes y un tanto inexpertos; lo cual hemos considerado como un “atenuante”.

¿Existen “atenuantes” en el caso ante nuestra conside-ración que ameriten que no impongamos una sanción eco-nómica a la representación legal de la demandada peticio-naria Roche Products, Inc.? Creemos que ño. Es más, en nuestro criterio lo que existen son “agravantes” que hacen, en nuestra opinión, mandatorio que le impongamos severas sanciones a la firma legal —McConnell Valdés— que repre-senta a la peticionaria Roche Products, Inc. y/o a los dos (2) miembros de dicha firma de abogados que suscriben el re-curso radicado.()

Realmente resulta difícil imaginarse un recurso más frí- volo y carente de méritos que el que estos abogados han radicado en el presente caso. La posición que sostiene la representación legal de la peticionaria Roche Products, Inc. en el mismo resulta ser insostenible e improcedente “por imperativo, o mandato, de ley”. Examinemos, breve-mente, los hechos pertinentes.

HH

En relación con un pleito que la peticionaria Roche Products, Inc. radicara contra el Municipio de Manatí ante la Sala de Arecibo del Tribunal Superior de Puerto Rico —en el cual Roche había impugnado unas notificaciones de de-ficiencias que el Municipio le había hecho respecto al pago de patentes municipales, y estando, todavía, pendiente de resolución por dicho foro la procedencia de unas alegadas deficiencias relacionadas con “negocios financieros” lleva-dos a cabo por Roche— el Municipio de Manatí solicitó la descalificación de un abogado de McConnell Valdés y de ese bufete, por alegada violación a la Ley de Ética Gubernamental.

El tribunal de instancia, luego de la celebración de vista, emitió Resolución de 4 de mayo de 1993, denegando la descalificación solicitada. Inconforme, el Municipio de Manatí recurrió el 24 de mayo de 1993, vía certiorari, ante el extinto Tribunal de Apelaciones en revisión de la men-cionada resolución interlocutoria. Con fecha de 9 de agosto de 1993, una Sala de la Sección Sur del Tribunal de Ape-laciones expidió el recurso de certiorari solicitado, archi-vándose copia de dicha notificación en autos el 13 de agosto de 1993.

Ello, no obstante, el 17 de agosto de 1993 el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria que Roche Products, Inc. había radi-cado con anterioridad a plantearse el asunto de la descali-ficación de la representación legal de ésta mediante la cual dicho foro judicial resolvió, en su totalidad, el pleito ante su consideración. ()

Inconforme, el Municipio acudió ante el Tribunal de Apelaciones —mediante "moción urgente en auxilio de ju-risdicción”— solicitando la anulación de la referida senten-cia sumaria. Mediante Orden de 25 de agosto de 1993 el Tribunal de Apelaciones anuló la actuación del Tribunal Superior. Sostuvo dicho tribunal que el foro de instancia había actuado “sin jurisdicción ni autoridad legal para ello”. El referido foro apelativo basó dicha conclusión en que “la expedición de un auto de certiorari, una vez notifi-cado, priva de jurisdicción al tribunal recurrido para seguir actuando en el caso respecto a cualquier asunto razonable-mente relacionado con la controversia objeto del recurso”. Orden de 25 de agosto de 1993, pág. 2.

Roche Products, Inc. acudió —vía certiorari— ante este Tribunal en revisión de la referida orden. En el recurso que a esos efectos radicara su representación legal —el cual es bastante voluminoso— sostuvo que:

1. El Tribunal Superior no carecía de jurisdicción para dic-tar la resolución y sentencia en cuestión porque el manda-miento que le notificaba de la expedición del auto de certiorari aún no había sido diligenciado y no había orden previa alguna de paralización de los procedimientos en instancia.
2. El Tribunal Superior no carecía de jurisdicción para dic-tar la resolución y sentencia en cuestión, aún de haberse expe-dido y notificado el auto porque no había orden previa de para-lización de los procedimientos y la resolución y sentencia no versan sobre el asunto pendiente de revisión de certiorari. Pe-tición de certiorari, pág. 8.

Como veremos, y por las razones y fundamentos que a continuación sucintamente expondremos, dichos señala-mientos son totalmente irrelevantes a la correcta solución de la situación procesal ante nuestra consideración. Real-mente constituiría una pérdida de tiempo valioso discutir los mismos.

Independientemente del hecho de que —como sostuvo el extinto Tribunal de Apelaciones— en el caso de autos sea aplicable, por analogía, la norma establecida hace casi treinta (30) años por este Tribunal en Kane v. República de Cuba, 90 D.P.R. 428 (1964) —a los efectos de que la expe-dición de un auto de certiorari por este Tribunal priva de jurisdicción al tribunal recurrido para seguir actuando en el caso respecto a cualquier asunto relacionado con la con-troversia planteada en el mismo— lo cierto es que, a la luz del estado de derecho vigente en nuestra jurisdicción al mo-mento de la ocurrencia de los procedimientos judiciales en controversia, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, estaba impedido, por mandato expreso de ley, de dictar sentencia en el caso una vez se radicó, por el Muni-cipio de Manatí, el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en revisión de la resolución interlocutoria del tribunal recurrido.

Así, clara y específicamente, lo establecía tanto la ley que estableció el Tribunal de Apelaciones, Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992 (4 L.P.R.A. secs. 1, 35, 37-37-1, 61-61a, 121, 191, 231), como el Reglamento del Tribunal de Apela-ciones, promulgado el mismo mediante resolución de este Tribunal de 5 de noviembre de 1992. Veamos.

El Art. 6(h) de la citada Ley Núm. 21 establecía, en lo pertinente, que la “radicación de un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones no paralizará los procedimien-tos ante el Tribunal Superior en cuanto a cuestiones no comprendidas en el recurso, pero éste no podrá dictar sentencia”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. ant. see. 37. Por su parte, la Regla 20(b) del antes mencionado Reglamento dis-ponía que:

La presentación de un recurso de certiorari contra una reso-lución u orden interlocutoria no paralizará los procedimientos ante el Tribunal Superior en cuanto a los asuntos planteados en el recurso, pero éste no podrá dictar sentencia. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII.

Resulta, en consecuencia, patentemente claro que, una vez el Municipio de Manatí radicó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en revisión de la resolución interlocutoria denegatoria de descalificación emitida por la Sala de Arecibo del Tribunal Superior, dicho foro judicial no podía dictar sentencia en el caso hasta tanto se resol-viera el referido recurso. Igualmente claro, por ende, re-sulta ser la conclusión de que la Orden de 25 de agosto de 1993, mediante la cual el Tribunal de Apelaciones anuló la referida sentencia, es una correcta en derecho; razón por la cual el recurso de certiorari que ante este Tribunal radi-cara la peticionaria Roche Products, Inc. en revisión de la actuación del Tribunal de Apelaciones es patentemente frívolo.

rH HH HH

A nuestra manera de ver las cosas, la radicación de re-cursos frívolos ante los tribunales de justicia se debe, en términos generales, a una (1) de tres (3) explicaciones, a saber: crasa incompetencia profesional y/o negligencia en el ejercicio de la profesión; la intención, o necesidad, de cobrarle honorarios innecesarios y excesivos a un cliente adinerado, o la creencia de que se puede engañar al foro judicial.() Cualquiera que sea la explicación de lo aquí su-cedido —la cual, necesariamente, no tiene que ser una de las tres (3) antes señaladas— somos del criterio que re-sulta procedente en el presente caso, dados los hechos par-ticulares del mismo, la imposición de una severa sanción económica a la firma McConnell Valdés y/o a los abogados que suscribieron el recurso en representación de la misma.

Por las razones antes expresadas, y aun cuando concu-rrimos con la decisión mayoritaria denegatoria del recurso radicado, disentimos de la omisión inexplicada en que in-curre el Tribunal al no imponerle sanciones a la represen-tación legal de la peticionaria Roche Products, Inc.

      (1) Aún cuando en la “carátula” del recurso radicado se identifica a los abogados que suscriben el recurso como los Ledos. Samuel T. Céspedes y Ana Matilde Nín, la única que firma el mismo es la licenciada Nín; abogados que, ciertamente, no caen dentro de la categoría a los cuales en el pasado hemos excusado debido a su juventud y poca experiencia en la profesión.

      (2) El referido foro judicial había dictado el 14 de febrero de 1992 una “primera” sentencia sumaria parcial mediante la cual resolvió que el Municipio de Manatí carecía de autoridad para imponerle patentes a Roche sobre los ingresos derivados por ésta de sus operaciones manufactureras.

      La “segunda” sentencia sumaria que dictó el 17 de agosto de 1993 dispuso de las restantes controversias entre las partes, relativas las mismas a la procedencia jurí-dica de las notificaciones de deficiencias respecto a los alegados negocios financieros de Roche Products, Inc.

      (3) Actuación o conducta que, inclusive, puede constituir o desembocar en una violación a los cánones de ética profesional.


text:
      In re Cáelos Manzano Velázquez.

      Número: 3296

      Resuelto: 22 de noviembre de 1993

      Mady Pacheco García de la Noceda, Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante.
   per curiam:

El abogado Carlos Manzano Velázquez no ha satisfecho el pago de la cuota de colegiación al Colegio de Abogados de Puerto Rico y ha ignorado nuestros repetidos requerimientos ordenándole mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión legal por razón de tal incumplimiento de ley. Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 2001 et seq., y Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. see. 771 et seq.). Véanse: Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 682 F. Supp. 674 (D.P.R. 1988), confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, 917 F.2d 620 (1er Cir. 1992).

Tomando en consideración su renuencia injustificada a satisfacer el pago de la cuota de la colegiación; In re Vega González, 116.D.P.R. 379, 381 (1985); Colegio de Abogados v. Schneider, supra; In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494, 495-496 (1987); In re Duprey Maese, 120 D.P.R. 565 (1988); y su indiferencia en responder a las órdenes de este Tribunal, lo cual de por sí conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas; In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992); se decreta la suspensión indefinida del abogado Carlos Manzano Velázquez del ejercicio de la abogacía y de la notaría en esta jurisdicción.

Se ordena al Alguacil General que, con carácter priori-tario, se incaute de la obra notarial de dicho abogado.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Plinio Morales Asencio.

      Número: 986

      Resuelto: 22 de noviembre de 1993

      Mady Pacheco García de la Noceda, Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante.
   per curiam:

El 18 de agosto de 1993 emitimos una reso-lución mediante la cual concedimos al Ledo. Plinio Morales Asencio el término de veinte (20) días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abo-gacía por falta de pago de la cuota anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Se le apercibió que el incumpli-miento de la resolución conllevaría la suspensión automá-tica del ejercicio de la abogacía y podría dar lugar a san-ciones disciplinarias adicionales.

El Ledo. Plinio Morales Asencio no ha satisfecho el pago de la cuota de colegiación al Colegio de Abogados de Puerto Rico y ha ignorado nuestro requerimiento de 18 de agosto de mostrar causa. Procede, pues, que decretemos su sus-pensión indefinida del ejercicio de la profesión legal. Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, y Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. see. 771 et seq.). Véanse: Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 682 F. Supp. 674 (D.P.R. 1988); confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, 917 F.2d 620 (1er Cir. 1992).

Tomando en consideración su renuencia injustificada a satisfacer el pago de la cuota de colegiación; In re Vega González, 116 D.P.R. 379, 381 (1985); Colegio de Abogados v. Schneider, supra; In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494, 495-496 (1987); In re Duprey Maese, 120 D.P.R. 565 (1988); y su indiferencia en responder a las órdenes de este Tribunal, lo cual —de por sí— conlleva la imposición de sancio-nes disciplinarias severas; In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992); se decreta la suspen-sión indefinida del ejercicio de la abogacía en esta jurisdic-ción al Ledo. Plinio Morales Asencio.

Se dictará sentencia de conformidad.