text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Ventanas Yagüez, Inc., demandada.

      Números: O-75-164
    O-75-165

      Resueltos: 30 de mayo de 1975

      Richard V. Pereira, Federico Díaz Ortiz y Edwin Ortiz Pietri, abogados de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

¿Es aplicable a la compensación dejada de pagar por vaca-ciones no trabajadas la penalidad equivalente a una suma igual por concepto de daños y perjuicios dispuesta por las leyes del trabajo?

Ya hemos resuelto que las penalidades no se presumen y que su imposición se justifica solamente cuando la ley expresamente lo dispone. Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974); Rivera de Vincenti v. Colón, 103 D.P.R. 560 (1975); Torres v. Hull Dobbs Co. of P.R., 103 D.P.R. 662 (1975). Y, que las fuentes de penalidad civil en los casos de reclamaciones de salarios son el Art. 13 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. see. 282 y la sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de 1956, 29 L.P.R.A. sec. 246b(a). Salgado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 367 (1965); Torres v. Hull Dobbs, supra.

El Art. 13 de la citada Ley Núm. 379 dispone en lo aquí pertinente que:

“Todo empleado que reciba una compensación menor que la fijada en las sees. 271 a 288 de este título para horas regulares y horas extras de trabajo o para el período señalado para tomar los alimentos tendrá derecho a recobrar de su patrono mediante acción civil las cantidades no pagadas, más una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios, además de las costas, gastos y honorarios de abogado del procedimiento.” (Én-fasis suplido.) 29 L.P.R.A. see. 282.

Y, la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo, en lo que es aquí aplicable, dispone: razonable que nunca bajará .de cincuenta (50) dólares, sin que para nada de ello obste pacto en contrario.” (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. sec. 246b.

“Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba com-pensación inferior a la prescrita en las sees. 245 a 246m de este título o en un decreto mandatorio, orden o reglamento de la Junta de Salario Mínimo o en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación que le corresponda, más una cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compen-sación adicional, además de las costas, gastos, intereses y honorarios de abogado del procedimiento, estos últimos en suma

Veamos el alcance de lo que se entiende por las “horas regulares y horas extras de trabajo” a que se refiere el Art. 13 de la Ley Núm. 379 para los patronos no excluidos de la ley. Las horas regulares son las ocho horas de jornada legal diaria, cuarenta y ocho de una semana de trabajo y doscientas ocho de un mes de trabajo. 29 L.P.R.A. see. 272. Las horas extras son las trabajadas en exceso de ocho durante cualquier período de veinticuatro horas, las trabajadas en exceso de cuarenta y ocho a la semana, con ciertas limitacio-nes, las trabajadas en exceso de las señaladas por el Secre-tario del Trabajo en aviso público requerido por ley, las trabajadas en horas o días excluidos por la Ley de Cierre, las trabajadas durante el día de descanso, sujeto a ciertas exclusiones, las trabajadas en exceso del máximo fijado por la Junta de Salario Mínimo mediante decreto, y las trabajadas en exceso del máximo fijado en un convenio colectivo. Id. see. 273. También contiene la ley disposiciones especiales para horas extras trabajadas en industrias cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo. Id. see. 274'.

Examinemos ahora las reclamaciones que pueden hacer los empleados bajo la Sec. 30 (a) de la Ley de Salario Mínimo. Como dijimos antes se contraen a los casos en que reciban por su trabajo compensación inferior a la prescrita en las Sees. 245 a 246m del Título 29 o en un decreto mandatorio, orden or reglamento de la Junta de Salario Mínimo, en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo. La See. 245 se refiere a los tipos de salario mínimo que rigen en las varias industrias, negocios o actividades diversas. La See. 246 contiene disposiciones generales que no modifican ni alteran las disposiciones sobre compensación aparte de la Sec. 246b(a) que es objeto de nuestra interpretación y que se refiere exclusivamente al derecho a establecer reclamaciones por los conceptos ya explicados.

Es significativo que las disposiciones aludidas auto-rizan al trabajador a establecer reclamaciones por compensación inferior a la fijada por horas regulares y horas extras de trabajo (Art. 13 Ley Núm. 379) y por compensación inferior que reciban por su trabajo (Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo). La intención de que la penalidad se aplique direeta,-mente a compensación por trabajo realizado es patente a la luz de la continua referencia a las horas trabajadas en las Sees. 272, 273 y 274 del Título 29. No tenemos duda de que el legislador, al imponer la penalidad, se preocupó por las horas de actividad, faena, laboriosidad, esfuerzo, sudor y dedicación y no por las horas de descanso, ocio, diversión o pasividad que fueren concedidas en consideración al trabajo realizado.

Se trata en estos casos de compensación dejada de pagar (1) por licencia por enfermedad durante el tiempo en que un trabajador estuvo siendo atendido por el Fondo del Seguro del Estado en el recurso 0-75-164 y (2) por licencia por enferme-dad durante el tiempo que un trabajador estuvo suspendido temporeramente por falta de trabajo en el recurso O-75-165. En ambos casos el trabajador reclama compensación por un período de tiempo en que no estaba realmente trabajando.

La controversia ante el árbitro seleccionado por la Unión y el Patrono se circunscribió a determinar sobre el derecho del trabajador a recibir compensación durante el tiem-po que estuvo fuera del trabajo en las circunstancias seña-ladas. La determinación en ambos casos favoreció al trabaja-dor y el patrono pagó la compensación debida, pero se negó a pagar una suma igual por concepto de penalidad. La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico recurrió ante nos para que pongamos en vigor el laudo y ordenemos el pago de la refe-rida penalidad más los intereses legales correspondientes, amparándose en las disposiciones del Art. 13 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948,29 L.P.R.A. see. 282.

La Junta aduce que las vacaciones o licencias por enfermedad son “salarios”, “jornales” o “salarios adicionales” y por ende que su pago forma parte de los sueldos o salarios devengados por un trabajador. Para sostener su contención nos cita los casos de Ready Mix Concrete v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 37 (1965) y Hilton Hotels y. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953). En Ready Mix Concrete interpretamos la frase “salarios adicionales” a los únicos fines de determinar la base de imposición de primas dentro de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo; y en Hilton Hotels reconocimos que como parte del sistema total de salario mínimo la Junta tenía facultad para conceder vacaciones con paga como salario adicional. En ninguno de los dos casos insinuamos que la paga por vacaciones constituirá paga por trabajo realizado. Reconocemos la afinidad entre tales pagos y el trabajo realizado ya que no habría derecho a vacaciones si no se realiza trabajo. Sin embargo, el vínculo entre uno y otro concepto no altera el. principio esencial de que sólo el trabajo realizado mediante el esfuerzo físico o intelectual es compensable con la indemnización o penalidad adicional. Esta norma no queda afectada por la amplitud retórica que pueda atribuirse al vocablo “salarios”.

.Por el razonamiento expresado precedentemente procede dejar sin efecto aquella parte de. la resolución dictada por la .Junta de Relaciones del Trabajo que requiere él pago de una suma igual a la pagada en los casos 0-7'5-16Ip y 0-75-165 por períodos de tiempo, en que él trabajador no rindió trabajo por estar uno bajo tratamiento del Fondo del Seguro del Estado y él otro por estar ..gozando de licencia por enfermedad. Cf. Torres v. Hull Dobbs, supra.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, disintió.

      Arts. 2 al 19 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948.

      Los recursos de epígrafe fueron consolidados para su resolución por comprender controversias similares.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Jacob Ortiz, conocido por Jacob Cruz Ortiz, demandante y recurrido, v. Enrique Cruz Pabón et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-73-322

      Resuelto: 30 de mayo de 1975

      Carlos García Méndez y A. Ramírez Silva, abogados de los recu-rrentes; Enrique Báez García y Víctor E. Báez, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Por segunda vez está ante nos el drama de la vida real que motivó nuestra decisión de Ortiz v. Cruz Pabón, 99 D.P.R. 237 (1970). Sus inicios se remontan al año 1925, en un apar-tado rincón del barrio Guamá de San Germán, siendo prota-gonistas un rico hacendado, que entonces irisaba sus 43 años de edad, y una muchacha de 17 años, hija de su mayordomo. Estamos ante el epílogo de la acción instada por quien reclama ser el fruto de las relaciones amorosas entre aquel hombre y aquella mujer campesina.

La controversia ante nos gira sobre el valor probatorio de la declaración de un abogado como testimonio de impugnación, y el valor que debemos conceder a unas fotografías que nos son presentadas como prueba de parecido fisonómico entre el de-mandante y el hombre que varios años después de su naci-miento se casó con su madre. La única prueba testifical per-tinente a las alegaciones de las partes fue presentada por el demandante. Fue abundante, robusta y convincente, como para superar las exigencias de antes de Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163 (1953). El tribunal de instancia le dio entero crédito, y con base en ella formuló las siguientes determinaciones sobre los hechos:

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. Don Gregorio Ortiz era mayordomo de don Jaime Acosta Forés en una finca de éste último dedicada a la siembra de caña de azúcar y vaquería radicada en el Barrio Guamá de San Germán.

2. Don Gregorio casó en primeras nupcias y de ese matrimo-nio nació su hija llamada Virginia Ortiz Sáez conocida también por Virginia Ortiz Ocasio. De muy tierna edad doña Virginia, murió su señora madre y ella quedó al cuidado de su padre y de la segunda esposa de éste. Doña Virginia nació en el 1907. Allá para el 1926, fecha en que ocurrieron los hechos que motivan este pleito, doña Virginia tenía alrededor de 18 años de edad. Para esa misma fecha don Jaime Acosta era un hombre casado con la codemandada doña Delia Luisa López, con quien vivía. Tenía don Jaime entonces alrededor de 43 años de edad.

3. Don Jaime Acosta Forés requirió de amores a Virginia, la hija de su mayordomo. Resistió ella las promesas amorosas por algún tiempo. Luego lo aceptó y establecieron noviazgo por poco tiempo. Una noche entre fines del año 1925 y mediados del 1926 doña [síc] Jaime Acosta Forés llevó a Virginia a un Hotel en Mayagüez, se instaló con ella en una habitación de dicho hotel donde pasaron la noche. Allí tuvieron relaciones sexuales. Antes de esa fecha Virginia no había tenido novio ni amante. Fue virgen hasta esa noche. Al día siguiente por la mañana don Jaime llevó a Virginia desde el Hotel en Mayagüez hasta su pro-pio hogar en San Germán. Ese día la esposa de don Jaime estaba en la Parguera. Allí permanecieron hasta el día siguiente cuando don Jaime la llevó al hogar de su padre (el de Virginia) quien era su mayordomo y vivía en la finca y en una casa de don Jaime en el Barrio Guamá. Siguieron cohabitando entre sí en la misma casa de la finca. A los pocos meses Virginia salió encinta y don Jaime Acosta le construyó una habitación adicional a la casa donde siguió cohabitando con Virginia. Durante el embarazo ella enfermó y la fue a visitar el Dr. Edgardo Quiñones pagando don Jaime los gastos y honorarios del médico.

4. Durante el embarazo las relaciones fueron públicas. Así lo .declaró ella y su hermano, Guillermo. Además los testigos Carmelo Velázquez Padilla de 71 años, residente en el Barrio Guamá y Nicolás Velázquez Padilla, quienes también eran peones de don Jaime Acosta, declararon que vieron a Virginia, ‘con ba-rriga’, en ocasión en que estaba sentada con don Jaime en una hamaca en el centro de la casa, se acariciaban, sentada ella en la falda de don Jaime ‘acaramelaos y besándose’.

5. El demandante, fruto de esas relaciones, nació el 20 de junio de 1927 y cuando Virginia fue a inscribir a su hijo en unión de su hermano, Guillermo, .preguntó a don Jaime Acostá Forés con qué nombre debía inscribirlo. El instruyó que se le inscribiera con el nombre de Jacob porque según le dijo don Jaime, dijo Doña Virginia, Jacob es el nombre de Jaime en inglés. Nos llama la atención el hecho de que doña Virginia Ortiz, quien apenas sabe leer el español pudiera anticipar la tramitación de este pleito cuando en el año 1927 puso a su hijo, el hoy demandante, el nombre de Jacob que en inglés equivale, entre otros, al de Jaime en español. Concluimos, al darle crédito a la declaración de don Guillermo y de doña Virginia, que don Jaime escribió el nombre de Jacob en un papel y lo entregó a éstos para que con ese nombre inscribieran al niño.

6. Luego de nacido, el niño, don Jaime Acosta siguió viviendo con doña Virginia en la misma casa del mayordomo de don Jaime, que a la vez era el padre de doña Virginia. Le proporcionaba todos los gastos y dio instrucciones para que de la vaquería que había en la finca le enviaran 'dos litros de leche diarios a Virginia. De esos menesteres se encargaba el testigo Carmelo Velázquez Padilla, según su testimonio, el que creemos.

7. Allá para el 1929 don Jaime se enamoró de otra mujer y perdió el interés en Virginia. Sin embargo continuó supliéndole las necesidades de Virginia y de su hijo.

8. El codemandado, don Enrique Cruz Pabón era casado con Confesora Santana. Se divorció de ella en el 1929. No hubo hijos en ese matrimonio. A mediados de 1930 don Enrique Cruz Pabón, libre de su matrimonio con doña Confesora Santana y doña Virginia Ortiz, libre de sus relaciones con don Jaime Acosta, empezaron a llevar amores y contrajeron matrimonio en diciem-bre de ese año. En el acta de ese matrimonio no se hizo constar que tuvieran hijos que legitimar. Del acta de matrimonio surge que don Enrique y doña Virginia fueron casados por el Vicario de San Germán. Don Enrique ganaba de $4.00 a $5.00 en la semana en labores agrícolas, era completamente pobre y además divor-ciado. Doña Virginia era mujer que había tenido dos hijos antes de ese matrimonio. A pesar de esas circunstancias el matrimo-nio fue celebrado en el Barrio Guamá de San Germán, lugar apar-tado de la ciudad, por el rito católico y los gastos del matrimonio fueron pagados por don Jaime Acosta Forés.

9. Don Enrique y doña Virginia fueron a vivir como marido y mujer a una casa cercana a la ocupada por don Gregorio Ortiz, el mayordomo de don Jaime. Jacob, el demandante, quedó vi-viendo en unión de su abuelo don Gregorio en la casa de la finca de don Jaime por orden de éste. Don Jaime continuó suminis-trándole todos sus gastos a Jacob hasta que Jacob se graduó de escuela superior.

10. Al entrar a la escuela superior Jacob pidió a su padre que le diera el apellido porque, el no tenerlo, le creaba una situación incómoda en relación con los otros estudiantes. Don Jaime Acosta le contestó a Jacob que no se preocupara porque lo del apellido él lo arreglaría. Don Jaime habló con don Enrique Cruz Pabón y le pidió a éste, que todavía era su peón, que ya que se había ca-sado con la madre de Jacob reconociera a éste como su hijo, como procreado por él con ella para que así Jacob tuviera apellido al graduarse de escuela superior. En el acta de matrimonio de don Enrique con doña Virginia no se hizo constar que hubiera hijos procreados por ellos. Si en realidad hubieran procreado hijos entre sí antes de casarse la legitimación hubiera sido automá-tica. A nuestro juicio eso explica porqué don Enrique tuvo que jurar que Jacob era su hijo procreado con doña Virginia, para poderlo legitimar.

11. Don Jaime Acosta autorizó a don Enrique Cruz Pabón a buscar un abogado que preparara la documentación de legitima-ción. Don Enrique contrató los servicios de un abogado y éste siguiendo las instrucciones de don Enrique procedió a jura-mentar una declaración en que don Enrique Cruz Pabón legiti-maba a Jacob alegando falsamente que era hijo suyo. En ese pro-cedimiento de legitimación no intervinieron Jacob ni doña Virginia.

12. Al graduarse Jacob de escuela superior volvió a ver a don Jaime Acosta y éste le aconsejó que se fuera a Nueva York y que él le pagaría los gastos de transportación. Así lo hizo Jacob y el dinero de la transportación a Nueva York fue pagada por don Jaime. Desde Nueva York Jacob escribió a don Jaime en dos (2) ocasiones pero no recibió contestación a sus cartas.

13. En el 1955 don Gregorio, abuelo de Jacob, falleció. En esa ocasión Jacob vino a la isla, vio a don Jaime, le pidió ayuda y éste le dijo que nada podía hacer. Entonces Jacob, acudió a la oficina del Licenciado Enrique Báez García para litigar su derecho y . dicho abogado le contestó a Jacob que a su juicio no tenía derecho alguno que reclamar.

14. A la muerte de don Jaime Acosta ocurrida en el 1964 Jacob solicitó de nuevo los servicios de dicho abogado, Enrique Báez García, y éste le informó que por haber cambiado la doc-trina jurisprudencial en Puerto Rico, entonces sí tenía derecho. Así, se procedió a radicar la demanda en el presente pleito, en 16 de julio de 1965.”

Como señaláramos, la prueba que tuvo ante sí el tribunal de instancia apoya plenamente sus determinaciones. Hemos leído y releído su transcripción. Se trata de testimonios de personas humildes, la mayor parte de ellas vecinos que fueron del barrio Guamá para la época en que se desarrollaba el romance entre Jaime Acosta Forés y Virginia Ortiz, y algunas de ellas ancianos, ya en las postrimerías de sus vidas. Raras veces es posible trascender el inexpresivo relato que leemos en la transcripción de unas notas taquigráficas para captar la espontaneidad y la candidez de los testimonios vertidos. Este caso nos presenta una de esas raras ocasiones. Los acuciosos y hábiles contrainterrogatorios de los abogados de la parte demandada aquí recurrente, lejos de hacer mella en la credi-bilidad de esos testimonios, permitieron que afloraran detalles que los robustecieron aún más. Baste, para ejemplo, mencio-nar al testigo Nicolás Velázquez Padilla, nacido en 1893 y quien para la fecha de la celebración del juicio hacía diez u once años que estaba desvinculado del barrio Guamá. La acti-tud permisiva y dócil del mayordomo de Acosta Forés ante los requiebros amorosos de éste a su hija Virginia, y su pasivi-dad ante la ampliación de la casita para añadirle una habita-ción para compartirla los amantes, queda explicada con las si-guientes sencillas palabras del testigo, dichas espontánea-mente en contestación a la pregunta de si Virginia era bonita:

“Bonita, hermosa, tenía como 17 ó 18 años. Como él tenía cha-vos y ella era hija de su mayordomo, como el mayordomo hacía lo que él hacía. A veces lo abochornaba y él se iba.”

Con esas palabras queda palpable un hecho muy caracterís-tico del sistema feudal de hace medio siglo, y de que por des-gracia aún quedan retazos. El infeliz campesino, que en los más de los casos ni siquiera sabía escribir su nombre, era tan propiedad del dueño de la tierra como la tierra misma, y su sentido de servitud le impedía rehusar al amo hasta la in-dignidad de que poseyera a sus hijas. No era de extrañar que en aquella sociedad de infelices que eran peones de genera-ción en generación, sintieran éstos hasta orgullo de que el señor de la tierra “se fijase” en sus hijas, más aún quien lograba salir de la condición de peón para ocupar la de mayor-domo.

Al ser contrainterrogado, el testigo Velázquez Padilla aportó con precisión datos que corroboraron en forma impre-sionante lo declarado por otros testigos. En su caso, dadas sus circunstancias personales y la forma como se elucidó su testimonio respondiendo a la hábil e incisiva repregunta de uno de los abogados de la parte recurrente, pensar que sus palabras fueran producto de fabricación sería una conjetura injustificada.

Los errores que la parte recurrente señala van todos diri-gidos a impugnar la apreciación de la prueba. Al hacerlo, pone gran énfasis en el hecho de que Enrique Cruz, en docu-mento jurado ante notario, reconoció a Jacob Ortiz como hijo suyo, y que el testimonio del notario, traído para impugnar a Enrique Cruz debió merecer más crédito al tribunal que el de éste.

La falsedad de lo consignado en el referido documento fue precisamente lo que el demandante Jacob Ortiz atacó. Y tanto su propio testimonio, como el de su señora madre, el de todos los testigos de las relaciones entre su madre y Acosta Forés antes, durante y después del embarazo que culminó en su nacimiento, y el testimonio del propio firmante de esa declara-ción fueron dirigidos a establecer su falsedad. El testimonio del abogado que como notario autorizó el documento tendió a impugnar parte del testimonio de Enrique Cruz y nada más.

El tribunal no hizo pronunciamiento sobre si creyó más a Enrique Cruz que al abogado. No tenía que hacerlo. De hecho, pudo creer al abogado, que se limitó a decir que Acosta Forés no habló con él sobre la legitimación de Jacob, ni le pagó, y que Enrique Cruz no le dijo que Jacob fuera hijo de Acosta Forés, y con ello no se desvirtúa lo declarado por Cruz de que habló con el abogado por encomienda de Acosta Forés, y que los $50.00 que le pagó al abogado se los dio Acosta Forés. El testimonio ofrecido para impugnar no tiene más alcance, de ser creído, que producir una brecha en la credibilidad del testigo impugnado. No es prueba de los hechos en controversia ni puede tomarse como tal. Véase Cintrón v. A. Roig, Sucrs., 74 D.P.R. 1028, 1034 (1953). Además, un abogado, por ser abogado, no tiene que merecerle a un tribunal más crédito que el que . pueda merecerle cualquier ciudadano. La presunción de que todo testigo dice la verdad, 32 L.P.R.A. see. 1664, no establece distinciones y cobija por igual a todas las personas.

Es innecesario que hagamos aquí una relación de los numerosos casos en que hemos resuelto que, salvo en circunstancias extraordinarias, no alteraremos las conclusiones que sobre los hechos hiciera el tribunal sentenciador. Lo. hemos hecho cuando el error en la apreciación de la prueba es manifiesto, o cuándo hay base en los aútos para concluir que el tribunal actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826 (1972); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546 (1967); Sdnabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961); Morales v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 123, 130 (1961). Ninguna de dichas excepciones es aquí aplicable.

“La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, interro-gado y mirado.” Así se expresa el eminente procesalista Carnelutti en su obra Rivista di Diritto processuale civile, año 1929. Don Alfonso de Paula Pérez, La prueba de testigos en el proceso civil español (ed. Reus, Madrid, 1968, pág. 7), añade: “y es que no sólo habla la voz viva. También hablan las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas circunstancias que deben acompañar el conjunto de una declaración testifical y sin embargo, todos estos elementos se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas circuns-tancias que han de valer incluso más que el texto de la declaración misma para el juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento más útil para la investigación de la verdad: la observación.”

Réstanos considerar, el valor que ante nos deben tener varias fotografías que han sido unidas a los autos. Una de ellas presenta a Jaime Acosta Porés de busto, visto ni de frente ni de perfil, el ángulo.de su rostro y su mirada en una línea diagonal con la posición de la cámara. Las otras presen-tan a jacob Ortiz, el demandante, de frente, y de perfil, y en las mismas posiciones a Enrique Cruz. La primera es un retrató pequeño, evidentemente tomado varios años antes del pleito. Las otras fueron tomadas luego de iniciado el pleito, y por encargo de la parte demandada recurrente. Examinadas a simple vista, se diría qué aparentan más parecido del de-mandante con Enrique Cruz que con Jaime Acosta Forés. Esa circunstancia no puede ser decisiva en este caso.

En repetidas ocasiones hemos reiterado la norma de que en relación con la apreciación de la prueba documental estamos en las mismas condiciones que el tribunal de instancia. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245 (1975); Miranda v. Editorial El Imparcial, Inc., 99 D.P.R. 601-618 (1971); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., supra, pág. 550; Ramos Buist v. Sucn. Lloréns Torres, 92 D.P.R. 451 (1965); E.L.A. v. Fonalledas Cordova, 84 D.P.R. 573, 595 (1962). La situación ante nos plantea una excepción a ese principio.

Las fotografías del demandante y de Enrique Cruz son ante nosotros prueba secundaria. La primaria, y en este caso la de más valor, la tuvo ante sí el tribunal de instancia. No la hemos visto nosotros. La primaria la constituyen las personas del demandante Jacob Ortiz y del codemandado Enrique Cruz. A ellos el tribunal de instancia los vio en las numerosas ocasiones en que comparecieron a juicio, el tribunal de instancia pudo observarlos y ver sus movimientos y sus ademanes, oír sus voces, ver la expresión de sus ojos, distinguir el coloide su tez.

Resolver nosotros, a base de aparentes parecidos en esas fotografías, que el tribunal de instancia erró en su apreciación de la prueba equivaldría a permitir que se probara ante noso-tros, con prueba secundaria, lo que no se pudo probar con la mejor prueba — la presencia física y personal de las personas fotografiadas — ante el tribunal a quo. Ello implicaría tras-cender nuestra básica función revisora, y aventurarnos en la apreciación de la credibilidad de los testigos sin haberlos visto, ni observado, ni oído.

Fotografías que revelan el parecido o la falta de parecido entre personas son generalmente admisibles en acciones filia-torias, como es admisible que el Juez de instancia haga constar, a base de su propia observación, que existe o no existe parecido. Empero, como afirmamos en Falcón v. Cruz, 67 D.P.R. 530, 532 (1947), “ese hecho por sí solo no sería sufi-ciente para que una corte pueda resolver que un niño es hijo de determinada persona ‘a juzgar por su fisonomía física.’ El parecido, a lo más, podrá ser un elemento a considerar en el conjunto de la prueba.”

Estaríamos, respecto de las fotografías, en las mismas condiciones que el tribunal de instancia, si el tribunal de instancia no hubiese tenido ante sí y visto y observado a las personas representadas en las fotografías. 7 Jones, On Evidence, sec. 628. No podemos ignorar que las fotografías no son siempre una reproducción exacta y fiel de lo que pretenden representar. Muchas circunstancias pueden crear distorsiones y, en el caso de personas, lograr parecidos y desemejanzas donde no hay lo uno ni lo otro. El tipo de lente que se use para una y otra fotografía, la duración de la exposición, la distancia del lente al sujeto, la cantidad de luz y las posiciones y ángulos a que se coloquen las lámparas, y otras cosas más, incluyendo la técnica utilizada en su revelado, retocado y ampliación, son algunas de las condiciones que pueden afectar la apariencia del sujeto en una fotografía. Por todo ello, la prueba del parecido o del no parecido entre personas, especialmente cuando se trata de fotografías, no puede ser decisiva y debe ser considerada en el conjunto de todas las pruebas que tuvo ante sí el tribunal sentenciador. Véanse, sobre el particular, Ketterling, Photography as Demonstrative Evidence in the Court Room, 40 N.D.L.Rev. 192, 195, 1964; 1 Conrad, Modem Trial Evidence, sec. 752 (1956); 3 Jones, On Evidence, sec. 625; 3 Wigmore, On Evidence, see. 792; Scott, Photographic Evidence, see. 1076 (1969). El parecido entre personas es muchas veces cuestión de apreciación; algo muy subjetivo. Y no es raro hallar, particularmente entre la gente de nuestros campos, personas con rasgos fisonómicos muy semejantes, aunque no exista entre ellos parentesco alguno y, a la inversa, parientes muy cercanos — padres e hijos, hermanos, etc. — que no guardan parecido alguno entre sí. Cf. State ex reí Rison v. Browning, 152 Pac. 672 (Kan. 1915).

La sentencia dictada por el Tribunal de instancia será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió con opinión, con la cual concurre el Juez Asociado Señor Díaz Cruz. El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Rigau

con el cual con-curre el Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 1975

Disiento. He visto las fotografías y también he leído todo el caso. El parecido entre el demandante Jacobo Ortiz y Enrique Cruz es asombroso. Para parecerse tanto tendrían que ser padre e hijo, o hermanos. Debido a las edades de ellos y a las demás circunstancias del caso estoy convencido de que no son hermanos sino padre e hijo. No en balde Enrique Cruz lo reconoció legalmente como hijo suyo y se casó con Virginia la madre de Jacobo. En cambio, el demandante y Jaime Acosta Forés no se parecen en nada, aparte de ser ambos seres huma-nos varones.

La opinión mayoritaria acepta el parecido entre el deman-dante y Enrique Cruz pero minimiza ese dato. Realmente, en esencia, dice que eso no es tan importante. Tal vez eso pudiese decirse si se tratase de un caso de contratos, o de derecho laboral, o de seguros, etc., pero tratándose, como se trata, de un caso de filiación, creo que el extraordinario parecido entre Jacobo y Enrique Cruz es muy importante. No lo sabemos, pero no tendría nada de extraño, que en distintas épocas de su vida, Virginia Ortiz tuviese amores con Enrique Cruz y con Jaime Acosta Forés. Pero sin duda, la semilla que germinó fue la de Enrique Cruz y no la de Acosta.

Las ideas se trasmiten por argumentos y por escritos con-trovertibles ; la filiación se trasmite por canales más vitales e innegables.

        Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, resuelto en junio- de 1963, reconoció el derecho de la persona nacida fuera de matrimonio a establecer su filia-ción biológica a todos los fines, incluyendo sus derechos hereditarios, a determinarse de acuerdo con la ley vigente en la fecha del fallecimiento del causante.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Partido Nuevo Progresista, recurrente, v. Tribunal Electoral de Puerto Rico, recurrido.

      Número: O-75-293

      Resuelto: 1ro. de agosto de 1975

      Eugenio S. Bélaval Martínez, abogado del recurrente; Ramírez & Rivera, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Como foro exclusivo para adjudicar de manera de-finitiva y final cuestiones jurídicas sobre asuntos electorales, conforme nuestra estructura constitucional vigente sobre el Poder Judicial, y el diseño legislativo reflejado en el Código Electoral de Puerto Rico (Ley Núm. 1 del 13 de febrero de 1974), nos corresponde revisar, a solicitud del Partido Nuevo Progresista, una resolución del Tribunal Electoral negándose a suministrar al referido partido político determinada infor-maeión relacionada con el proceso de recusación de electores. A tales efectos, el 3 de julio de 1975 emitimos la siguiente Resolución:

“Tengan las partes hasta el 25 de julio actual para com-parecer a mostrar causa por la que no deba revocarse la orden recurrida dictada el 30 de mayo último por el Tribunal Electoral, y en su lugar ordenar que por dicho Tribunal se provea al recurrente Partido Nuevo Progresista la lista de reclusos extinguiendo sentencia por delitos graves, la de obreros mi-' grantes trabajando bajo contrato concertado por el Departa-' mentó del Trabajo, y la lista del personal del Departamento del Trabajo que habrá de actuar como visitadores en los campa-* mentos de trabajadores migrantes con muestra o facsímil debida-mente certificada de la firma auténtica de dichos visitadores.”

A la fecha de la transcrita Resolución, no surgía del dictamen del Tribunal Electoral, fundamento de hecho o de derecho que nos orientara en dicha etapa respecto a la validez y razonabilidad de su negativa. Dicho organismo administrativo público, al ejercitar las funciones de naturaleza cuasi-judicial que le faculta la ley, deberá hacer una brevísima expresión de los fundamentos de su decisión, la que en casos apropiados puede extenderse a determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Esta norma no ha de ser absoluta e inflexible pues estamos conscientes del gran número de dictámenes que rutinariamente dicho tribunal adopta, al igual que la multiplicidad de asuntos — meritorios e inmeritorios — que hacia éste convergen. A los fines de la norma expuesta bastará que tal gestión se cumpla al momento de emitirse inicialmente la resolución o posteriormente mediante resolución complementaria en aquellos casos en que al tribunal recurrido le sea notificado un recurso de revisión.

Sin embargo, de rigor es enfatizar que la ausencia de determinaciones de hecho y de derecho, no sólo dificulta la labor revisadora ante el foro judicial, sino que obstaculiza el mejor entendimiento por los partidos políticos y demás electores de las razones que sostienen determinado proceder, afectando con ello la efectividad de la misión encomendádale como organismo rector a cargo de la dirección y supervisión del sistema electoral puertorriqueño.

En su comparecencia ante nos, el tribunal recurrido acom-paña varios documentos oficiales, y señala que “[c]omo cuestión de hecho, en el curso normal del descargo de sus responsabilidades en relación con el proceso inscripcionario, y en cumplimiento con sus resoluciones . . . , ha gestionado y ha conseguido parte de la información solicitada por el peti-cionario recurrente, y dicha información está a la disposi-ción de todos los procuradores electorales de los partidos políticos legalmente inscritos para su examen en el Tribunal, según lo establecen los Artículos 2-017 (h) y 2-019 del Código Electoral.”

No obstante lo anterior, en contra del recurso aduce los ar-gumentos que exponemos a continuación en forma sintetizada: que no viene obligado a proveer las listas solicitadas por no poseer dicha información; que sobre el particular, en torno al proceso inscripcionario, su obligación se circunscribe a proveer oportunamente a los partidos políticos las listas de electores provisionales y finales; que el Código Electoral no compele a ningún funcionario ni al Estado a suplir al Tribunal Electoral los nombres de personas convictas por delito grave, excepto el deber de las salas del Tribunal Superior de Puerto Eico de remitirle semanalmente una relación de tales personas convictas a partir del último día de celebradas las inscripciones generales; y finalmente, que el Código Electoral y la reglamentación vigente aprobada, garantizan adecuada-mente la pureza del trámite de inscripción y del Registro de Electores.

Coincidimos con el tribunal recurrido en que el Código Electoral no le impone la obligación expresa de entregar o poner a disposición de los partidos políticos la información-solicitada por el recurrente,' y que la regla general preva-leciente es que la obtención de datos relacionados con posi-bles trámites de recusación es responsabilidad exclusiva del partido o elector interesado. Para tal gestión éstos deben acudir a otras fuentes de información.

Sin embargo, no podemos pasar por alto circunstancias extraordinarias presentes en todo proceso de inscripción y las amplias facultades que el Poder Legislativo confirió y delegó en el Tribunal Electoral, fundado en la fluidez y las variadas situaciones imposibles de ser contempladas y enume-radas taxativamente en el Código. Es por ello, que tanto en el descargo de sus funciones propiamente administrativas como en las de carácter cuasi-judicial, dicho cuerpo debe no sólo considerar la letra de la ley sino el espíritu que la inspiró.

El trámite de inscribir personas recluidas en institu-ciones penales y obreros migrantes ausentes, es uno de excep-ción cuya autorización responde al laudable propósito de no privar del derecho al voto a aquellos que las circunstancias de infortunio le impiden desempeñarse libremente en nuestra sociedad o les lleva a estar laborando fuera del país.

Por ser de ordinario circunstancias personales pasaje-ras, la información referente a las mismas, usualmente no es de conocimiento común ni trasciende el ámbito familiar o el de un reducido círculo de amigos o conocidos. En el es-quema de nuestra estructura gubernamental, las fuentes ofi-ciales de la información antes indicada lo constituyen la Administración de Corrección, los Tribunales de Justicia y el Departamento del Trabajo. Son éstos los custodios de las personas o de los documentos que acreditan tales circunstan-cias y sus particulares.

Tomando como trasfondo el marco conceptual expuesto, pasemos a considerar los méritos del recurso. En lo concer-niente a las personas recluidas en las instituciones penales, el Código Electoral reconoce el ejercicio de este derecho, de rango constitucional, a aquellas personas que habiendo sido convictas de cualquier delito extinguieron la pena judicial impuesta. Ello surge implícitamente de las siguien-tes disposiciones:

“Será elector de Puerto Rico todo ciudadano de los Estados Unidos que cumpla dieciocho (18) años de edad o más a la fecha de una elección general, que esté domiciliado en Puerto Rico, que en el día de una elección esté debidamente inscrito ... y que no esté legalmente incapacitado para votar. . . Artículo 4-002 (16 L.P.R.A. see. 2132).
“Aunque fueren electores inscritos, no tendrán derecho a vo-tar los declarados incapacitados judicialmente y los que se en-cuentren recluidos en instituciones penales por delito grave o delito electoral.” Artículo 4-003 (16 L.P.R.A. see. 2133) — énfasis suplido.

El ejercicio en su día de este derecho implica el de inscripción, aun para aquellos que al momento de efectuarse este último trámite se encuentren extinguiendo condena por delito grave o electoral. Cualquier otra interpretación sería desarticulada e ilógica, con abstracción del derecho constitucional al sufragio de aquel que habiendo cumplido la pena, al reintegrarse a la sociedad, recobra automáticamente sus dere-chos civiles. Consecuentemente, debe entenderse que la cir-cunstancia señalada en el Art. 5-030 (A) (5) (16 L.P.R.A. sec. 2210(A) (5)) — disponiendo como causal para eliminar a un elector de las listas provisionales su condición de estar re-cluido en una institución penal convicto de delito grave o electoral — no contempla ni alcanza a los reclusos cuyas sen-tencias expiren antes de la fecha de la próxima elección y cumplan los demás requisitos de ley.

Ahora bien: ¿Cómo podrán los partidos políticos y demás electores interesados recusar responsablemente a un convicto, si carecen de información respecto al carácter del delito, términos de la sentencia y por ende, de la fecha en que ex-tinguirá la pena?

La respuesta a esta interrogante consiste en recopilar oficialmente la lista de reclusos confinados interesada por el recurrente. Tal información no resulta extraña ni inaccesible al Tribunal Electoral, que mediante Resolución Núm. 75-32 del 14 de mayo de 1975 — al fijar las normas a seguirse por los enumeradores en la inscripción de personas en instituciones penales — dispuso la obligación de gestionar “. . . de los administradores de la institución, listas de personas recluidas_” Acápite S, inciso b.

Si nos limitamos al señalamiento del recurrido de que la única lista oficial de confinados a prisión por delito grave, será la resultante de las relaciones semanales que el Tribunal Superior le remita a partir del último día de las inscripciones generales, estaríamos creando y permitiendo una ■laguna o deficiencia informativa perjudicial al proceso de inscripciones o eleccionario, al desconocerse la naturaleza del delito y la fecha en que se extinguirá una sentencia impuesta con anterioridad a la fecha en que dichos tribunales deberán remitir la información oficial.

Confeccionándose las listas de convictos por delitos graves, podrán los partidos políticos y electores encaminar sus investigaciones relativas a las cualificaciones del re-cluso sobre una base oficial y firme, y no en orden a unas especulaciones con las consecuencias erráticas que ello conlleva.

Igualmente tiene razón el recurrente respecto al plantea-miento sobre la inscripción de trabajadores migrantes según el Art. 5-021 (16 L.P.R.A. see. 2201) del Código. Veamos.

El tribunal recurrido, bajo las facultades que le confiere la ley, adoptó como método para viabilizar la inscripción de los obreros migrantes, que tal gestión sea realizada por personal del Departamento del Trabajo, en calidad de “visitadores” lo que implica, que a los fines del Código Electoral, dicho personal es considerado como “funcionario autorizado para tomar juramentos”. Apéndice III.

El recurrente no cuestiona la validez de tal método, pero entiende que la pureza del procedimiento y el derecho a la recusación exigen se conozcan los nombres de los obreros migrantes y el de los funcionarios visitadores con muestra o facsímil debidamente certificada de las firmas de éstos. En su oposición el recurrido argumenta lo innecesario de tal in-formación y la ausencia de disposición legal que le compela a proveerla, aduciendo además, que “. . . la petición es suma-mente amplia y onerosa, si se considera el gran número de obreros que incluiría la lista, comparado' con el número que de hecho se acoge a los procedimientos de inscripción de ausen-tes.”

Los fundamentos respecto al primer planteamiento tam-bién son aplicables al que nos ocupa, fortalecido por la circuns-tancia particular de que ni los obreros ni los funcionarios autorizados estarán disponibles en Puerto Rico a los fines de investigarse y corroborarse la validez de la inscripción. Si las peticiones de inscripción de obreros migrantes quedan sujetas “... a todos los trámites ulteriores que fija [el] Código, inclu-yendo el procedimiento de recusación”, ciertamente la infor-mación requerida representa la mejor forma para ejercitar meritoriamente tal derecho; constituye un perfeccionamiento del método adoptado por el tribunal recurrido y una salva-guarda adicional.

En resumen, concluimos que la información requerida es consustancial al derecho de recusación que el recurrente posee, y para evitar que la falta de tal data dé margen a que éste, otro partido o elector recuse automática y viciosamente las peticiones de inscripción de cualquier convicto u obrero mi-grante, debe el tribunal recurrido acceder a lo solicitado.

No ha de entenderse que estamos relevando a los partidos políticos de la parte que les corresponde en la gestión de medios y recursos para implementar la labor de recusación autori-zada por ley. Estimamos, sin embargo, que conviene a la pureza y a la eficacia integral del sistema electoral la canali-zación a través del tribunal de todo trámite o procedimiento relevante a su alta encomienda y hasta donde permita su capacidad física de trabajo. Es en el justo equilibrio entre estas dos premisas y considerando las circunstancias de excep-ción de este caso — toda vez que las personas afectadas o están fuera de Puerto Rico o recluidas y privadas de su libertad— que consideramos propia la intervención de la autoridad del tribunal recurrido para obtener y poner a disposición de los partidos dicha información a los fines de cualquier recusación.

Si bien como regla general en nuestra función de revisar las determinaciones del tribunal recurrido, aplicaremos el principio jurídico de deferencia judicial y autolimitación — basado en los fundamentos válidos que existen en el área del derecho administrativo por todos conocidos — y aun cuando reconocemos la amplia latitud discrecional que dicho organismo posee en virtud del Código Electoral en un campo tan sensitivo como el de la política partidista, todo dictamen del mismo prevalecerá o caerá en orden a la correspondencia que exista entre los hechos particulares de cada recurso y la razonabilidad, corrección y justicia de la norma de derecho aplicada, teniendo presente como fin inmediato la máxima cardinal de nuestro sistema democrático que aspira a que el procedimiento electoral, tanto en la fase adjetival como sustantiva, constituya .. la expresión libre y fiel de la voluntad de los ciudadanos que es la voluntad de Puerto Pico.” Código Electoral, Art. 1-001, in fine (16 L.P.R.A. sec. 2001).

Por los fundamentos expuestos, se dictará Sentencia expi-diendo el auto solicitado, y así expedido, ordenando al Tribunal Electoral de Puerto Rico, que a la mayor brevedad obtenga listas oficiales de los reclusos extinguiendo sentencia por delitos graves, de los obreros migrantes trabajando bajo con-trato concertado por el Departamento del Trabajo y del personal del Departamento del Trabajo que habrá de actuar como visitadores en los campamentos de trabajadores migran-tes con muestra o facsímil debidamente certificada de la firma auténtica de dichos visitadores. Tales listas estarán disponi-bles para examen por los procuradores electorales de los parti-dos políticos, conforme a ley.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

       Debe recordarse que el Art. 2-012 (16 L.P.R.A. see. 2032) del Código preceptúa que a los fines de una revisión judicial, “[l]as deter-minaciones de hecho del Tribunal Electoral serán finales.”

       Consistentes de la Ley y Reglamento para la Inscripción General de 1975; Resolución Núm. 75-32 de fecha 14 de mayo de 1975 sobre Crea-ción de Distritos Adicionales de Inscripción; Resolución Núm. 75-33 de 15 de mayo de 1975 sobre Instrucciones Especiales para la Inscripción de Ausentes; y Certificación suscrita por el sub-secretario de dicho tribunal acreditativa de que en sus archivos no obraban las listas a la fecha en que fueron solicitadas.

       Aun cuando los requisitos relacionados con la edad de un elector y la ciudadanía presentan características también similares, a los fines de una recusación, el Código respectivamente abre gratuitamente las puertas del Registro Demográfico y establece la prueba sobre ciudadanía, facilitando así la comprobación de tales hechos.

       El Art. II, Sec. 12 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone, en lo pertinente: “La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplir la pena impuesta.”

       De rigor es notar que la gestión impuesta a los enumeradores no exige la obtención de información relativa a la naturaleza del delito por el cual están confinadas tales personas ni ninguna otra información. Creemos que la clasificación de determinado delito en grave o menos grave no resulta, en general, de fácil comprensión para el ciudadano promedio.

       No habiendo inscripción previa bajo el nuevo Código Electoral, no podemos compartir, por falta de experiencia y estadísticas, la con-clusión sobre el número reducido de obreros que finalmente serán inscri-tos. Al contrario, los dictámenes administrativos del Tribunal Electoral sobre el particular evidencian un firme propósito de diseminar los trámites aplicables para “que se obtenga la inscripción del mayor número posi-ble ...


author: PER CURIAM:

text:
    Asunto: Certificaciones Tardías sobre Escrituras de Protocolización de Testamento Ológrafo.

      Número: 837

      Resuelto: 2 de septiembre de 1975
   PER CURIAM:

El día 5 de julio de 1974 se otorgó escritura de protocolización del testamento ológrafo de la finada doña Carmen E. de Choudens Sierra ante el notario Carmelo Avila Medina. El 14 de abril de 1975, y ante el mismo notario, se otorgó escritura protocolizando el testamento de la finada doña Esperanza Pallarés de Rocafort. No fue hasta el 23 de mayo de 1975, con más de 10 meses y 1 mes de retraso respectiva-mente, que el notario hizo al Secretario del Tribunal Supremo las certificaciones que, según la ley, debió haber hecho dentro de un plazo de 24 horas.

Al hacer las correspondientes certificaciones, el notario no ofrece otra excusa por la tardanza que la de su propia negligencia.

En nuestra resolución del 21 de enero de 1972, motivada también por una certificación tardía sobre escritura de testa-mento abierto, advertimos al notario contra ulteriores inob-servancias de sus obligaciones como notario. No podemos con-donar el comportamiento del notario Avila Medina, que revela una actitud despreocupada respecto a sus obligaciones como notario, por lo que le imponemos una multa de $500.00 que deberá pagar dentro de 20 días del recibo de la presente, aper-cibiéndole del cumplimiento estricto ulterior de la Ley Notarial.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Anthony J. Tursi, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Manuel Lugo Lugo, acusado y apelante.

      Números: M-75-50, M-75-53

      Resueltos: 2 de septiembre de 1975

      Benjamín Ortiz, Nicolás Marrero Torres y Elpidio Arcaya, abo-gados de Anthony J. Tursi; Eugenio Rivera Lozada, abogado de José Manuel Lugo Lugo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Los acusados de epígrafe nos solicitan directamente les fijemos fianza para permanecer en libertad provisional mien-tras se perfeccionan sus respectivas apelaciones.

Al presente las apelaciones en casos criminales están siendo atendidas y resueltas por sesiones apelativas del Tribunal Superior de Puerto Rico, constituidas en virtud de la Ley Núm. 11 del 8 de agosto de 1974 aprobada por la Asam-blea Legislativa como parte integrante de la Reforma Judicial iniciada en dicho año.

En lo pertinente, dicha ley dispone:

“El Tribunal Superior podrá, por determinación del Juez Presidente, celebrar sesiones apelativas cuando y donde se estime conveniente a los fines de la justicia o, de considerarse preferi-ble, se podrán establecer en el Tribunal Superior por orden del Juez Presidente, una o más secciones de apelaciones en el sitio o sitios, y por la duración necesaria. Cada sesión o sección apela-tiva del Tribunal Superior se integrará por no menos de tres jueces ¡que el Juez Presidente asignará a esos fines por el tiempo que considere necesario.

Las sesiones o secciones apelativas del Tribunal Superior entenderán: (a) en apelaciones de casos criminales originadas en el Tribunal Superior; (b) en recursos de certiorari para revi-sar sentencias del Tribunal Superior en casos originados en el Tribunal de Distrito; y (c) en todas aquellas otras controversias y asuntos de naturaleza criminal relacionados con la sentencia, ejecución o cumplimiento de las mismas conforme lo determine el Tribunal Supremo mediante reglamentación. El Tribunal Supremo adoptará las Reglas de Procedimiento y de Administración necesarias para la constitución y funcionamiento de la División •de Apelaciones del Tribunal Superior. Ambos tipos de reglas podrán entrar en vigor a la fecha que el Tribunal Supremo determine.” (4 L.P.R.A. sec. 61.) (Énfasis suplido.)

Conforme su exposición de motivos, la Ley intenta contri-buir “... a descongestionar el calendario del Tribunal Supremo en el área criminal, sin perjudicar los derechos de los acusados. . . .” Su diseño flexible autoriza a este Tribunal a reglamentar sus trámites y al señor Juez Presidente — como figura principal constitucional en el área de lo administrativo del Poder Judicial — a convocarla e integrar su composición.

Reconocido el principio de que el derecho de apelación en casos criminales es de índole estatutario, y por ende, susceptible de ser reglamentado y limitado en sus variados aspectos, de fácil percepción resulta que la revisión e intervención ulterior de este foro de los dictámenes de una sesión apelativa, aun cuando de naturaleza discrecional, superan cualquier reparo legal a la misma.

Implementando la disposición de ley antes transcrita, el 20 de septiembre de 1974 se adoptaron las Reglas de Procedi-miento y Administración para la constitución y funciona-miento de dichos foros apelativos, las cuales cubren diversos extremos y en lo que atañe a los casos de autos, lo siguiente: “Regla 4 — Constitución

El Juez Presidente mediante orden establecerá las sesiones o secciones apelativas del Tribunal Superior, fijará sus sedes y duración, designará los Jueces que la compondrán y sus respecti-vos presidentes y señalará los asuntos en que entenderán las mismas.”

“Regla 7 — Trámite

Los asuntos criminales en los que de acuerdo a la ley pueden entender las sesiones o secciones apelativas del Tribunal Superior, se seguirán tramitando en el Tribunal Supremo o Superior, según sea el caso, de la misma forma que hasta el presente, de acuerdo ál Reglamento del Tribunal Supremo y a las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes

“Regla 8 — Remisión de Asunto

Cuando llegase ante la consideración del Tribunal Supremo algún asunto que el Juez Presidente hubiese determinado me-diante orden, de acuerdo a la Regla 4, que debe ser considerado por la División de Apelaciones, la Secretaría del Tribunal Supremo pasará dicho asunto a la Secretaría de la División de Apelaciones, para su consideración por la sesión o sección apela-tiva correspondiente.

Cualquier parte que radique en el Tribunal Supremo un asunto que, según el mejor juicio de dicha parte, debe ser considerado por la División de Apelaciones, deberá así hacerlo constar en el correspondiente escrito.

La remisión del asunto a una sesión o sección apelativa será inmediatamente notificada a las partes. Desde ese momento, toda moción, escrito o documento será radicado en la Secretaría de la División de Apelaciones, bajo el epígrafe correspondiente.”

“Regla 9 — Aplicabilidad de Reglamento del Tribunal Supremo y Reglas de Procedimiento Criminal

Los trámites ante una sesión o sección apelativa se regirán por las disposiciones del Reglamento del Tribunal Supremo y por las reglas de Procedimiento Criminal aplicables de la misma manera que si el asunto se estuviese considerando por el Tribunal Supremo, en todo lo que no fuere incompatible con estas Reglas

Resulta claro que la determinación y procedencia de una fianza de apelación corresponde a la sesión apelativa que esté constituida al momento de radicarse la misma de acuerdo con el texto de la ley y las reglas procesales en vigor.

Irrespectivamente de ser esta interpretación compatible con la fuente estatutaria y reglamentaria antes expuesta, la consideración de una solicitud de fianza es parte esencial e integrante del trámite de una apelación que requiere la ponde-ración de elementos tales como cuestión sustancial, naturaleza del delito, carácter y antecedentes penales del acusado y protección de la sociedad, Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); por lo cual este incidente de fianza resulta inseparable de los méritos del recurso apelativo. Entender este Tribunal en tales mociones desarticularía los propósitos de las sesiones apelativas del Tribunal Superior, a la par que implicaría una determinación previa de la existen-cia o inexistencia de los méritos de un recurso de apelación en particular, prejuzgando los méritos de la solicitud y el libre ejercicio de la conciencia judicial de los distinguidos magis-trados que componen tales sesiones.

En virtud de lo antes expuesto, se dictará Sentencia ordenándose al Secretario del Tribunal Supremo que inmediatamente traslade las Mociones que nos ocupan a la Secretaría de la División de Apelaciones para la pronta consideración por el Tribunal Apelativo actualmente constituido en sesión. Igual norma deberá seguir en mociones análogas en casos futuros.


author: per curiam:

text:
    Filiberto Ojeda Ríos, peticionario, v. Tomás Morales, Alcaide de la Cárcel de la Princesa, Distrito de San Juan, demandado y apelado; Willibaldo Ojeda Ríos, interventor y apelante.

      Número: O-75-92

      Resuelto: 3 de septiembre de 1975

      Luis F. Abreu Elias, abogado del interventor y apelante; Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   per curiam:

El peticionario instó en 1970 un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Superior, impugnando la determinación de causa probable para su arresto por los de-litos de conspiración (33 L.P.R.A. sees. 161 y 162) e infrac-ción a la Ley de Explosivos que se le imputaban. Se le fijó una fianza de doce mil dólares para garantizar su presencia en la vista correspondiente, la cual se prestó.

El peticionario no se personó ante el tribunal el día seña-lado para la vista. El tribunal de instancia confiscó sumaria-mente la fianza. Por resolución del 6 de diciembre de 1972 este Tribunal dejó sin efecto la resolución del Tribunal Superior, por haberse incumplido con las disposiciones de la Re-gla 227 de las de Procedimiento Criminal referentes a la notificación al fiador. Se devolvió el caso para la acción correctiva necesaria.

Conforme al mandato de este Tribunal, se citó al in-terventor (el fiador) debidamente para que presentase al peticionario el 25 de enero de 1973 ante el tribunal de instancia. El 19 de enero compareció el fiador personalmente y se le concedió hasta el 5 de marzo de 1973 para traer al peticionario ante el tribunal. En dicha fecha compareció el fiador ante el Tribunal Superior nuevamente sin el peticio-nario. El tribunal ordenó de plano la confiscación de la fianza. De esta resolución se apela ante nos, alegándose sustancialmente que no se oyó al interventor.

El Tribunal Superior le dio adecuado cumplimiento a la Regla 227. Se citó debidamente al fiador. Ni en ocasión del primer señalamiento ni en la ampliación concedida se trajo al acusado a la presencia del tribunal. Dentro de los cua-renta días que dispone la Regla 227 como condición para que la sentencia sumaria que se dicte se convierta en firme y ejecutoria, tampoco se llevó al acusado a la presencia del tribunal. Aun antes de transcurrir seis meses de haberse registrado la sentencia u orden de confiscación, el inter-ventor podía exponer sus razones ante el Tribunal Superior para que se dejase sin efecto la confiscación, lo cual tampoco hizo, prefiriendo acudir a este foro.

Ante este foro, sin embargo, las razones que se aducen para invalidar la orden son confusas y sin sostén en un récord adecuado. Todavía no se explica si puede presentarse al acusado. Aparentemente el argumento del fiador es que, al trasladarse la causa principal a otra sala del Tribunal Superior, la sala original perdió jurisdicción para confiscar la fianza. No constan en autos las circunstancias o condi-ciones del traslado, pero aun asumiendo la corrección de los hechos, resolvemos que el interventor se sometió a la compe-tencia de la sala sentenciadora al no traer este planteamiento a su consideración antes o, en caso de no haber tenido justi-ficadamente ocasión de hacerlo antes o durante la vista, después de la orden de confiscación de la fianza.

Hemos examinado cuidadosamente los restantes plantea-mientos del peticionario y los hallamos inmeritorios.


author: per curiam :

text:
    Nicolás Quintana, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado; Crédito e Inversiones de San Miguel, Inc., interventora.

      Número: O-75-283

      Resuelto: 5 de septiembre de 1975

      Luis Muñoz Rivera, abogado del peticionario; Francisco Ponsa Feliu, Francisco Ponsa Flores y Wilson Colberg, abogados de la interventora.
   per curiam :

En el caso que motiva este incidente se trabó embargo contra ciertas obras de arte entre las que se en-contraba un retrato al óleo de la esposa del peticionario', obra de un conocido pintor puertorriqueño. El peticionario soli-citó que se excluyera dicho retrato, alegando que no está sujeto a embargo de acuerdo con las disposiciones del Art. 249 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1130. El Tribunal Superior declaró sin lugar la solicitud del peticiona-rio y éste acude ante nos mediante petición de certiorari. Con fecha de 12 de junio de 1975 expedimos contra la parte de-mandante en el pleito original una orden de mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto de certiorari y revocarse la resolución del tribunal de instancia.

El Art. 249, dispone en su inciso 2 que estarán exentas de ejecución las siguientes propiedades:

“El necesario ajuar de casa, de mesa y de cocina, pertene-ciente al deudor declarado tal en la sentencia, incluyendo una máquina de coser del uso de la familia o perteneciente a una mujer, estufa, y sus accesorios, camas, ropas y armaduras de cama, cuyo valor no exceda de doscientos (200) dólares; vesti-dos, cuadros colgantes, pinturas al óleo y dibujos dibujados o pintados por algún miembro de la familia, y retratos de familia con sus marcos; provisiones realmente destinadas al uso indi-' vidual o de la familia, en cantidad suficiente para un mes; una vaca con su cría y una cerda con su crianza.” (Bastardillas nues-tras.)

El retrato al óleo de la esposa del demandado está claramente incluido en la frase, “retratos de familia.” Los retratos de miembros de la familia están exentos de embargo independientemente de su valor económico y de la identidad del pintor. Se entiende que ello sea así, pues el legislador en la parte aplicable del Art. 249 busca a todas luces proteger un interés sentimental que no es susceptible de medida monetaria. El interés sentimental se deriva del tema de la pintura y no de su autor.

Aun de estimarse que pudiese caber duda sobre la interpretación de la disposición citada, se recordará que las exenciones de embargo deben interpretarse liberalmente a favor del deudor y la “tendencia judicial debe ser la de resolver las dudas en favor de la exención”. Marty v. Ramírez, 75 D.P.R. 858, 865 (1954).

Se revocará la resolución del Tribunal Superior y se ordenará excluir del embargo trabado por la parte deman-dante el retrato al óleo de la señora esposa del peticionario.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Morcelo Martínez, acusado y apelante.

      Número: M-75-44

      Resuelto: 9 de septiembre de 1975

      Santos P. Amadeo, Obdulio Bauza, Domingo Ríos Román y José Enrique Amadeo, abogados del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Rolando Rodríguez Suro, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público radicó acusaciones en el año 1971 contra el peticionario ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, por los delitos de asesinato en primer grado e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1971, según enmendada, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418. El jurado halló culpable al peti-cionario de diversos delitos. No conforme con las sentencias que se le impusieron el 12 de mayo de 1972, el peticionario apeló de éstas ante este Tribunal.

A tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974, se asignó la referida apelación para considera-ción en sus méritos por la División de Apelaciones del Tribunal Superior creada por la referida ley.

El peticionario cuestiona la legalidad de tal trámite, adu-ciendo que la Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974 es incons-titucional por ser ex post facto bajo las disposiciones per-tinentes de la Constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico; que tiene derecho a que se resuelva su apelación por nueve jueces del Tribunal Supremo, cuyo nombra-miento es vitalicio, y no por tres jueces superiores, cuyo nom-bramiento es por el término de doce años; y que la estructura apelativa diseñada por la Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974 representa una violación al debido proceso de ley.

No tiene razón el peticionario. En Puerto Rico existe un sistema unificado de tribunales, habiéndose utilizado como precedentes directos para el actual Art. V de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado el Art. VI de la Constitu-ción de Nueva Jersey y las Leyes de la Judicatura de Ingla-terra de 1873 a 1875. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, edición de 1961, 2610. El Art. VI de la Constitución de Nueva Jersey a su vez deriva fundamentalmente del sistema unificado inglés, cuya flexibili-dad fue defendida vigorosamente por Roscoe Pound desde 1906. Pound, R., The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, 40 Am. L. Rev. 729 (1906); 20 J. Am. Jud. Soc. 178 (1938). De ahí que sea conveniente examinar brevemente el tratamiento de las apelaciones dentro del sistema inglés.

Antes del Criminal Appeal Act 1907, no se conocía en el derecho inglés el concepto actual de apelación, aunque exis-tían varios modos de intentar obtener la invalidación del fallo. Thompson and Wollaston, Court of Appeal, Criminal Division, London, 1969, pág. 105. No obstante, por más de un siglo, ha sido práctica usual la utilización de sesiones ape-lativas de un mismo tribunal, así como el movimiento intercu-rial de jueces. La anterior Corte de Apelaciones Criminales (“Court of Criminal Appeal”) estaba integrada básicamente por los jueces de la División del Queen’s Bench. Thompson and Wollaston, op. di., 2-3; 111-112. Véanse las disposiciones de ley específicas, que son parte de la Criminal Appeal Act, 1966, a la pág. 225 de la obra citada. Véase también: Scott, The Crown Court, 1972, que describe la situación después de la reforma de 1971.

Según se expresa en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974, su propósito es contribuir a descongestionar los calendarios del Tribunal Supremo en el. área criminal. Claramente no se estimó recomendable, al menos por el momento, la creación de un Tribunal Intermedio fijo. De hecho, este Tribunal ha planteado en varias ocasiones la necesidad de un mecanismo para cernir determinados asuntos resueltos por el Tribunal Superior. Véase, por ejemplo, nuestra Resolución de 11 de febrero de 1966. La referida ley no afecta, por supuesto, la jurisdicción de este Tribunal para revisar las decisiones de la División de Apelaciones del Tribunal Superior, por lo que su efecto práctico es proveer dos oportunidades para el reexamen de los fallos que se rindan en las causas criminales.

A la luz de todo lo anterior, resolvemos que no constituye una violación del debido proceso de ley el establecimiento de una División de Apelaciones del Tribunal Superior con los poderes de que ha sido investida. El término “apelación” es un concepto extraordinariamente amplio, que no condena a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a establecer un Tribunal Intermedio de Apelaciones de composición rígida como único medio de descongestionar los calendarios. BlomCooper and Drewry, Final Appeal, Oxford, 1972, págs. 44 y ss. En Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 539 (1961), recha-zamos un planteamiento similar en cuanto a la enmienda efectuada en 1960 a la See. 4 del Art. Y de la Constitución, permitiendo decisiones por salas de este Tribunal en lugar del pleno. El hecho de que los jueces de la División de Apela-ciones no cuenten con nombramientos vitalicios tampoco es ofensivo al concepto del debido proceso de ley, como tampoco desvirtúa ni anula, por analogía, las decisiones de los jueces del Tribunal Superior en las apelaciones originadas ante el Tribunal de Distrito. La duración del cargo de un magistrado presenta más bien problemas de política legislativa y buena administración judicial que de debido proceso de ley.

Respecto a la alegación del peticionario de que la citada Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974 constituye una ley ex post facto, no procede su contención a la luz de Duncan v. Missouri, 152 U.S. 377, 382-383 (1893) y casos posteriores. Véase también: Pueblo v. Pérez Méndez, supra.

       La Ley Núm. 29 de 28 de mayo de 1975 redujo el número de jueces de este Tribunal a siete disponiendo que mientras no surgiese una vacante continuará constituido con ocho jueces.

       En Estados Unidos se le está dando especial atención a este procedimiento. El Juez Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sugerido de hecho que se utilicen como jueces del nuevo Tribunal Intermedio que él ha estado auspiciando a los propios jueces de otros tribunales federales, escogidos bajo una base rotativa. The Third Branch, Bulletin of the Federal Courts, Vol. 7 Núm. 6, junio, 1975; Burger, Warren E., Reducing the Load on ‘Nine Mortal Justices’, The New York Times, August 14, 1975.


text:
    José Rafael Cobián y Otros, demandantes y recurridos, v. Ashford Travel, Inc. y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-75-122

      Resuelto: 10 de septiembre de 1975

      Juan M. Ponce Fantauzzi, abogado de los recurrentes; José Rafael Cobián Sandín, José A. Rivera Mercado y Santos Marrero Arzuaga, abogados de los recurridos.
   per curiam :

Se trata de una demora indebida que raya en negligencia del abogado de la demandada en el trámite ini-cial de un litigio. En 30 de julio de 1974 la parte demandante notificó unos interrogatorios a la demandada. La demandada oportunamente solicitó una prórroga para contestarlo que le fue concedida. Vencido el término prorrogado la demandante solicitó sanciones. El tribunal de instancia concedió un tér-mino a la demandada apercibiéndole de sanciones. Al no con-testar, volvió el demandante a solicitar sanciones contra la demandada. El tribunal ordenó la eliminación de las alega-ciones. La demandada no se opuso. Luego el demandante soli-citó que se anotara la rebeldía de la demandada a lo que accedió el tribunal y procedió a señalar la vista del caso. Se celebró la vista en sus méritos sin la comparecencia de la de-mandada. El tribunal oyó la prueba del demandante y con-denó a la demandada al pago de $2,000 por los daños y per-juicios ocasionados a la demandante con motivo de los hechos que motivaron la demanda y le impuso $500 de honorarios de abogado.

El abogado de la demandada se enteró varios días después del resultado del juicio en rebeldía. Compareció al tribunal solicitando un término para investigar el porqué no surgía de su expediente todo el trámite que hemos relatado preceden-temente. A los varios días presentó una moción el abogado de la demandada en la que explicaba que ninguno de los re-feridos escritos, órdenes y mociones habían llegado a su co-nocimiento, y aceptaba que su personal de oficina había sido negligente en ello. Solicitaba en su consecuencia que se dejara sin efecto la sentencia en rebeldía. Presentó conjun-tamente la contestación a los interrogatorios que motivaron la odisea explicada, alegando que los mismos fueron contes-tados por su cliente en tiempo pero que nunca fue llamado éste para su juramentación.

El tribunal señaló una vista para discutir la moción explicativa del abogado de la parte demandada. El día de la vista dicho abogado le informó a la Secretaria del tribunal que estaría en otra sala atendiendo otro caso y que allí podía ser localizado. Aparece de los autos que el juez dejó el caso para el último turno y que llegado el momento envió por el abogado de la demandada quien no fue encontrado. Al terminar la sesión el abogado compareció y le explicó al juez que no fue localizado por encontrarse reunido en cámara con el juez de la otra sala. El tribunal, sin embargo, dictó una resolución en la que aceptaba la justificación de la ausencia del abogado envuelto pero declaró sin lugar la soli-citud para dejar sin efecto la vista en rebeldía.

El abogado de la demandada recurre ante nos, y al aceptar su conducta negligente solicita que se impongan las sanciones que fueren procedentes contra él y no contra su representada.

Dictamos una orden dirigida a la demandante-recurrida para mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto so-licitado y dejar sin efecto la sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 14 de marzo de 1975 sujeto a que el abogado de la parte demandada satisfi-ciera a la parte demandante la suma de $500.

Hemos examinado el escrito sometido por la demandante en el que discute ampliamente la negligencia en que incurrió el abogado de la parte demandada. Concurrimos con lo expresado en dicho escrito en cuanto a la negligencia injus-tificada del abogado de la demandada quien debe asumir las consecuencias de la negligencia de sus empleados, y por ello le condenamos al pago de la suma de $500.00 para com-pensar a la parte demandante por cualesquiera gastos de honorarios de abogado en que tuvo que incurrir para com-parecer al tribunal como resultado de la situación creada por el abogado de la demandada. La parte demandada no debe ser castigada en esas circunstancias. Su abogado debe sufrir las consecuencias.

Se expedirá el auto solicitado y se dejará sin efecto la sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en H de marzo de 1975.

       Hemos quedado informados por Moción Informativa presentada por el abogado de la parte demandada que ha dado cumplimiento a nuestra resolución depositando la suma de $500 en la Secretaría del Tribunal Superior, Sala de San Juan.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Lydia E. García y Otros, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Gerardo Carreira Más, Juez, demandado.

      Número: O-75-314

      Resuelto: 10 de septiembre de 1975

      Graciany Miranda Marchand, Emilio A. Soler Mari, Gregorio Lima, Wilfredo Morales, Javier Cuevas Silva, Andrés Díaz Nieves y Reinaldo Rampolla, abogados de los peticionarios; Américo Serra, Procurador General Interino, y Maggie Correa Aviles, Procuradora General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Los peticionarios recurren ante nos para que revisemos resoluciones del Tribunal Superior denegando sus solicitudes de desestimación de acusaciones pendientes contra ellos por delitos de conspiración e infracciones de la Ley de Armas. Invocan la Regia 64(n) (4) de Procedimiento Criminal, alegando que se ha violado su derecho constitucional a un juicio rápido, según ha quedado estatuido por la citada Regla.

Las acusaciones contra ellos fueron presentadas el 25 de marzo de 1973. Varios señalamientos para juicios fueron pospuestos hasta el 17 de octubre de ese año. Ese día uno de los acusados pidió la suspensión y se accedió a ello haciéndose un señalamiento para 133 días después, es decir, para el 27 de febrero de 1974. No hay constancia en las minutas de que los acusados consintieran en ese señalamiento. Tampoco la hay demostrativa de las razones que justificaran tal dilación.

El señalamiento para el 27 de febrero del 1974 fue también dejado sin efecto, como lo han sido todos los posteriores. Hemos examinado las minutas del tribunal recurrido y ellas revelan que todas las suspensiones posteriores al 27 de febrero de 1974 se han debido: una al traslado de los casos de la Sala de Hato Rey para la Sala de la Parada 18 en Santurce, a petición del fiscal; otras a que el ministerio público no suplía a los acusados determinada especificación de particulares que ellos le requirieron desde el 19 de febrero de 1974, particulares que el fiscal nunca objetó y que no producía a pesar de órdenes al efecto del tribunal; y, una — que es causa directa del recurso ante nos — que el fiscal se proponía ausen-tarse de Puerto Rico. Esta última suspensión se produjo el 12 de julio de 1974, con el allanamiento de los acusados. Pero se hizo un próximo señalamiento para el 20 de diciembre de 1974 — más de cinco meses más tarde — y no surge de las minu-tas que los acusados y ahora peticionarios consintieran en tal demora. Por el contrario, a partir de la suspensión decretada en octubre del 1973 los acusados insistieron repetidamente en que debían desestimarse las acusaciones bajo la Regla 64 (n) (4) y expresamente hacían constar que no renunciaban a su derecho a juicio rápido. No hay en las minutas del tribunal recurrido explicación alguna, y mucho menos justificación, para repetidas dilaciones de más de 120 días entre uno y otro señalamiento.

Una de las Salas de este Tribunal dispuso por resolución de 3 de julio de 1975 que la solicitud de certiorari que aquí nos ocupa fuera notificada a la Procuradora General para que ex-presara lo que creyere menester. Así lo ha hecho mediante escrito fechado el 23 de julio, en que se opone al recurso.

En Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974), al revocar a Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970), resolvimos que la no objeción por el acusado a un señalamiento del juicio para una fecha más allá de los 120 días que señala la Regla 64 (n) (4) no constituye una renuncia a su derecho constitucional a un juicio rápido. Citando a Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972), reafirmamos que “[las] renuncias a los derechos constitucionales fundamentales deben ser expresas y no presuntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno conocimiento de causa.”

La Procuradora General pone énfasis en nuestra decisión en Pueblo v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 732 (1975), citán-donos en parte y fuera de contexto, donde señalamos que una demora de 17 días adicionales a los 120 de la Regla 64 (n) (4) no priva al acusado de su derecho a un juicio rápido. Lo que omite la Procuradora General es que ese señalamiento con demora de 137 días se hizo “con la conformidad expresa del abogado del peticionario.” Así lo hicimos constar en nuestra opinión Per Curiam de ese caso. Lejos de debilitar el principio establecido en Arcelay Galán, lo reafirmamos al señalar que hubo la conformidad expresa del acusado.

Un examen de los autos originales ante el tribunal recurrido produce un sentido de insatisfacción ante la complacencia de abogados, fiscales, y del propio tribunal en la postergación del juicio de los peticionarios. No revelan los autos siquiera un indicio de deseo y voluntad de celebrar el juicio. Si bien es cierto que los acusados tienen el derecho— eonstitucionalmente garantizado — de que se les celebre juicio sin demora, no es menos cierto que la sociedad demanda que aquellos a quienes se acusa de violentar sus leyes sean juzgados prontamente. El juicio rápido es un derecho tanto del acusado como del Pueblo. En el caso ante nos, uno y otro han sido defraudados, y no se ha ofrecido una sola razón que lo justifique. La justa causa para la demora, de que habla la Regla 64 (n) (4) de Procedimiento Criminal, ni se ha aducido ante nos, ni la hemos encontrado al examinar los autos.

Se expedirá el auto solicitado, se revocará la resolución del tribunal recurrido, y se ordenará la desestimación de las acusaciones motivo del presente recurso.

      Dicha Regla, en lo aquí aplicable, dispone como sigue:
      “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      "(a).
      “(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
      “(1).

        “ (4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia.


text:
    Elvin Rodríguez Cintrón et als., peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez, demandado.

      Número: O-75-239

      Resuelto: 11 de septiembre de 1975

      Goldman, Antonetti, Barreto, Curbelo & Dávila y José A. Lebrón Tirado, abogados de Green Giant Company y la Shade Tobacco Growers Agricultural Association.
   per curiam:

Contra la Green Giant Co., empresa eon oficinas principales fuera de Puerto Rico, y la St. Paul Fire & Marine Ins. Co., cuyo agente general para Puerto Rico tiene sus oficinas principales en San Juan, varios trabajadores migrantes radicaron ante la Sala de Ponce del Tribunal Superior de Puerto Rico sendas demandas relacionadas con la interpretación de un contrato agrícola suscrito en San Juan para ser ejecutado fuera de Puerto Rico. Las demandadas so-licitaron el traslado del caso a la Sala de San Juan alegando que las acciones personales deben ventilarse en la Sala del “distrito” donde residen los demandados, o cualquiera de ellos. Regla 3 de las de Procedimiento Civil de 1958, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 3; Código de Enjuiciamiento Civil, 1933, Art. 81, 32 L.P.R.A. see. 407. Alegaron además que ante la Sala de San Juan se encuentran pendientes varios pleitos contra dichas demandadas que tratan sobre la interpretación del mismo contrato.

La Sala de Ponce ordenó el traslado del caso a la Sala de San Juan por el fundamento de que el agente general para Puerto Rico de la codemandada Saint Paul Pire & Marine Ins. Co. tiene sus oficinas principales en San Juan, y por haberse otorgado en esa ciudad el contrato objeto del litigio.

Al día siguiente de haber sido dictada la orden de traslado los demandantes aquí peticionarios presentaron en cada uno de sus respectivos casos un aviso de desistimiento en el que informaban al tribunal haber desistido voluntariamente de su reclamación contra la St. Paul Fire & Marine Ins. Co., quien hasta ese momento aún no había notificado contestación a la demanda. Regla 39.1 de las de Procedimiento Civil de 1958, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 39.1; Kane v. República de Cuba, 90 D.P.R. 428 (1964). Conjuntamente presentaron una moción solicitando reconsideración de la resolución que ordenaba el traslado por el fundamento de que por no tener residencia en Puerto Rico la demandada Green Giant Co., podían los de-mandantes escoger la Sala de la “demarcación territorial” en que desearen ventilar su acción según lo autoriza el Art. 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, 1933, 32 L.P.R.A. see. 407. Invocaron además los demandantes su condición de pobreza para demostrar lo oneroso que les resultaría litigar fuera del lugar de su residencia. Dicha moción de reconsidera-ción también fue declarada sin lugar.

Luego de una tercera moción de reconsideración la Sala de Ponce sostuvo el traslado resolviendo que el pleito debe ventilarse en la Sala de la demarcación territorial en que resi-dieren las partes demandadas, o alguna de ellas, al iniciarse el litigio, (Art. 81 C. de Enj. Civil), cuyo requisito se cumplió al inicio del pleito por ser la compañía de seguros codeman-dada residente de San Juan.

Concedimos a la recurrida Green Giant Co. un término para mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado para dejar sin efecto la resolución del tribunal de instancia que decretaba el traslado del caso de la Sala de Ponce a la Sala de San Juan. Examinamos la mostración de causa de la recurrida en la que insiste en que el factor determinante' del traslado es la residencia de las partes demandadas al momento de iniciarse el litigio.

Si bien es cierto que la residencia de las partes deman-dadas al iniciarse el pleito determina la demarcación territorial donde debe ventilarse éste, (lo cual impide que una parte demandada pretenda valerse de un cambio posterior de resi-dencia para obtener un traslado del pleito), ello no significa que un demandante no pueda desistir oportunamente de su causa de acción contra una codemandada que tendría derecho al traslado, y al así hacerlo conservar su derecho a que, en ausencia de cualquier otra causa que justifique un traslado, el pleito continúe ventilándose en el lugar donde se inició.

En el caso de autos, la presencia en el pleito de la compañía de seguros codemandada era el único motivo por el cual hubiese procedido el traslado a San Juan. Por tanto, una vez los demandantes desistieron de su causa de acción contra dicha codemandada, y teniendo la única demandada que queda en el pleito su residencia fuera de Puerto Rico, se ha tornado académico el traslado decretado y puede continuar ventilándose el caso en la Sala en la que se inició por los demandantes según autoriza el citado Art. 81 del Código de Enjuiciamiento Civil. Véase Veve et al. v. The Fajardo Development Co., 15 D.P.R. 577, 581-582 (1909).

Se expedirá el auto solicitado y se dictará sentencia revo-cando la resolución recurrida y devolviendo el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos.

       4 L.P.R.A. see. 63, Historial. Véase además Aetna Ins. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 480 (1975).

       El hecho de que el contrato objeto del litigio se hubiese perfeccio-nado en San Juan, donde le impartió su aprobación el Secretario de Trabajo, por sí solo no ofrece base procesal que justifique el traslado.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Benjamín Sack y Bárbara Sack, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Hotel Caribe Hilton y Travelers Insurance Company, demandados y recurrentes.

      Número: R-73-229

      Resuelto: 11 de septiembre de 1975

      Córdova-González & Toledo y Luis M. Angelet, abogados de los recurrentes; Agrait, Otero & Oliveras, abogados de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La desaparición de valiosas joyas depositadas por los es-posos Benjamín y Bárbara Sack en una caja de seguridad suministrada por el recurrente Hotel Caribe Hilton, mientras eran huéspedes en dicha hospedería, originó la reclamación en torno de la cual gira el presente recurso.

Los esposos Sack recobraron la cantidad de $121,879 de sus compañías aseguradoras y demandaron por el valor de las joyas no aseguradas al Hotel Caribe Hilton y a la asegura-dora de éste Travelers Insurance Company. Las compañías que aseguraron las joyas se subrogaron en las cantidades pagadas a los esposos Sack uniendo sus reclamaciones a la de éstos. El Hotel Caribe Hilton opuso como defensa la limita-ción estatuida en la Ley de Hosteleros del 1955 que fija la responsabilidad del hotel en una suma que no excederá de $500.00, a menos que el huésped hubiera declarado por escrito una valoración mayor. Ley Núm. 85 de 23 de junio de 1956, 10 L.P.R.A. see. 712.

El tribunal de instancia rehusó aplicar la limitación de responsabilidad de $500.00 fundándose en que el Hotel Caribe Hilton estaba impedido de levantar dicha defensa por haber renunciado a ella al expresar en el aviso fijado en la habita-ción ocupada por los esposos Sack que:

“En el Despacho del Hotel (Front Desk), en el Vestíbulo Principal, se facilitan cajas de seguridad para beneficio de aquellos huéspedes que deseen guardar dinero, joyas, adornos, valores de banco, bonos, valores negociables y piedras preciosas. El Hotel no se hace responsable de artículos de valores que se dejen en las habitaciones.”

y al aceptar el depósito sin advertir a los esposos Sack de la obligación de informar el valor de las joyas. En consecuencia, dictó sentencia contra el Hotel Caribe Hilton y su aseguradora condenándole a pagar a la recurrida una cantidad de alrede-dor de $195,000 más intereses desde enero de 1970 hasta el pago final de esta cantidad y $2,000 por concepto de honora-rios de abogado.

Expedimos el auto para revisar dicha sentencia.

El Código Civil impone a los hosteleros una responsabili-dad excepcional al reputar como depósito necesario los efectos introducidos por los viajeros en las fondas y mesones, térmi-nos arcaicos que comprenden los establecimientos modernos de alojamiento mediante paga. La simple introducción de los efectos con conocimiento del hostelero crea un vínculo jurídico mediante el cual viene éste obligado a guardarlos y restituir-los en su día, respondiendo por ellos aun en el caso fortuito de robo, bien sea por personas extrañas o sus propios emplea-dos. Arts. 1683 y 1684 Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 4693 y 4694; II Manresa, Código Civil Español 996 (6ta. Ed.). Al respecto preceptúan dichos artículos:

“Se reputa también depósito necesario el de los efectos intro-ducidos por los viajeros en las fondas y mesones. Los fondistas o mesoneros responden de ellos como tales depositarios, con tal que se hubiese dado conocimiento a los mismos, o a sus depen-dientes, de los efectos introducidos en su casa, y que los viajeros por su parte observen las prevenciones que dichos posaderos o sus substitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos.” (Código Civil, Art. 1683.)
“La responsabilidad a que se refiere la sección anterior com-prende los daños hechos en los efectos de los viajeros, tanto por los criados o dependientes de los fondistas o mesoneros, como por los extraños; pero no los que provengan de robo a mano armada, o sean ocasionados por otro suceso de fuerza mayor.” (Código Civil Art. 1684.)

La doctrina fundaba este rigor impositivo en la necesidad de brindarle mayor garantía a los viajeros que, ante los riesgos del camino, no tenían más remedio que albergarse en las fondas y mesones que encontraban a su paso. Manresa, op. cit. 991. Enneccerus, XI-2: Derecho de Obligaciones 381 (2da ed.). En el derecho común anglosajón prevalece una regla idéntica a la nuestra cuyos orígenes se remontan al antiguo Derecho Romano. Innkeepers Liability — Loss of Guest’s Property, 37 A.L.R. (3d) 1276,1279; Navagh: Liability of Inn Keepers, 25 Fordham L. Rev. 62; Hirseh: Limited Liability of Innkeepers, 76 U. Pa. L. Rev. 272, 276, n. 19 y 20.

Los medios modernos de transportación y el desarrollo económico, sin embargo, han generado cambios fundamentales en el tráfico de viajeros habiéndose creado una importante in-dustria turística en la que el hotel viene a sustituir a las fondas y mesones del pasado. Además, el seguro de propiedad por riesgo de pérdida y robo brinda una protección a los dueños de objetos valiosos que antes no existía, permitiéndoles dis-tribuir los riesgos mediante el pago de una prima. Los esposos Sack se valieron de este seguro para proteger en gran parte la pérdida de sus joyas.

No obstante, se ha mantenido inalterado en el Código Civil y en el derecho común anglosajón el rigor de la norma de responsabilidad del hostelero. Ha sido necesaria legislación para atenuar dicha norma trasladando en buena parte al huésped del hotel el riesgo de las pérdidas. Este es precisamente el propósito de la Ley de Hosteleros del 1955, supra, la cual dispone:

“Cuando un hostelero haya provisto una caja de seguridad en la oficina del hotel que administra o cualquier otro lugar conveniente para guardar objetos de valor (según se definen en ■la see. 711 de este título) que pertenezcan a los huéspedes, y haya colocado en un sitio conspicuo de la habitación o habita-ciones ocupadas por dichos huéspedes, en las salas públicas, y en la oficina del hotel, un aviso indicando que hay disponible tal sitio para guardar objetos de valor, el hostelero no será respon-sable por la pérdida de tal propiedad, bien por robo u otra causa, a menos que dicho huésped haya depositado la misma en el sitio y en la forma indicada en dicho aviso. Sin embargo, si el huésped entregara dichos objetos al hostelero, en la forma indicada en dicho aviso, el hostelero estará obligado a atender con debido cuidado la protección de los mismos; y será respon-sable por cualquier pérdida o daño ocurrido por su negligencia al no ejercer el debido cuidado en la protección de tales objetos; Disponiéndose, sin embargo, que en tal caso la responsabilidad del hostelero no excederá de la suma de quinientos (500) dólares, a menos que el huésped que le hubiere entregado los objetos haya declarado por escrito una valoración mayor al hos-telero.” 10 L.P.R.A. see. 712.

Como podemos apreciar, la Ley de Hosteleros de 1955 atenúa la responsabilidad del hostelero estableciendo como condición que éste provea cajas de seguridad y dé aviso a los huéspedes indicando la disponibilidad de las mismas para guardar objetos de valor. El estatuto impone una obligación al huésped, que antes no tenía, la de revelar el valor de los objetos guardados. De otra manera, sólo podrá recobrar una suma que no excederá de $500.00. La revelación del valor de los objetos no puede tener otro propósito que permitirle al hostelero rechazar el depósito si el valor del mismo resulta excesivo o darle la oportunidad al hostelero de tomar otras providencias que considere adecuadas para cumplir su obligación como depositario. El huésped no puede imponer solapadamente una responsabilidad por una suma mayor de $500.00 al hotel, cuya función principal es proveer alojamiento mediante paga y no de prestar servicios como depositario. Esta es una simple función incidental cuya responsabilidad el huésped no puede unilateralmente extender.

El tribunal de instancia, sin embargo, impuso responsabi-lidad a los recurrentes por la cantidad de $195,000 aplicando doctrinas jurisprudenciales de otras jurisdicciones sin tomar en consideración las marcadas diferencias que existen en el texto de nuestra ley con los estatutos de esas jurisdicciones. Los casos Garner v. Margery Lane, Inc., 242 So.2d 776; Fuchs v. Harbor Island Spa Inc., 420 F.2d 1100, citados por el tribunal de instancia, no nos pueden ilustrar sobre el alcance de nuestra Ley de Hosteleros por referirse a estatutos cuyos textos difieren sustancialmente del nuestro. Ambos casos se refieren al estatuto de Florida que expresamente requiere que el hotel dé aviso a los huéspedes reproduciendo en dicho aviso el texto completo de la ley. Innkeepers Liability Law, 16 F.S.A. sec. 509.111. Nuestra Ley de Hosteleros sólo requiere que se dé aviso de la disponibilidad de las cajas de caudales.

Los recurridos arguyen, sin embargo, que el Hotel Caribe Hilton renunció a la limitación de responsabilidad establecida en el estatuto al no dar noticia de la misma en sus avisos a los huéspedes, que como ya hemos visto, la ley no requiere. También arguyen los recurridos que el aviso dado por el hotel es equívoco por dar la impresión de que asumía una responsa-bilidad completa. No es necesario entrar en ejercicios sema-siológicos. Basta decir que el concepto jurídico de renuncia supone una intención específica de abandonar un derecho. No hay en el caso de autos prueba alguna de tal intención ni podemos inferirla del aviso dado por el hotel a los hués-pedes.

Por otro lado, generalmente las leyes tienen vigencia desde que se aprueban y la ignorancia de las mismas no excusa su cumplimiento. Art. 2 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2. El hecho de que los recurridos no conocieran los términos de la Ley de Hosteleros del 1955, supra, o que el Hotel Caribe Hilton no diera a los huéspedes aviso de la obligación de revelar el valor de las joyas no puede modificar el propósito manifiesto de este estatuto de atenuar el rigor de la norma de responsabilidad establecida en el Código Civil.

El argumento, además, languidece ante el récord cuando notamos que de la propia tarjeta de la caja de caudales fir-mada por la señora Sack aparece una clara referencia a la li-mitación establecida en la Ley de Hosteleros de 1955 por to que no puede alegarse desconocimiento del estatuto. En dicha tar-jeta se expresa:

“La caja de caudales representada por esta tarjeta se provee para el uso de los huéspedes conforme se dispone en la sección 2 de la Ley de Hosteleros del 1955 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico . . . .” (Traducción y subrayado nuestro; Exhb. 5 de ambas partes.)

Para un caso no idéntico, pero sí germane al de autos y en el . cual también estaba concernida la See. 2 de la Ley de Hosteleros, 10 L.P.R.A. see. 712, véase Aetna Life and Cas. Co. v. Americana of P.R., Inc. 103 D.P.R. 681 (1975).

Se dictará sentencia modificando la recurrida a los fines de reducir la compensación adjudicada a los recurridos de $195,000.00 a $500.00.