text:
    Reynaldo Pagán Sánchez y Luis A. Fret y otros, demandantes y recurrentes, v. Partido Nuevo Progresista, demandado y recurrido.

      Número: RE-90-308

      Resuelto: 8 de noviembre de 1990

      José Alberty Orona y Pedro A. Otero Fernández, abogados de los recurrentes; el recurrido no compareció.
   RESOLUCIÓN

A la anterior solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente, al cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Andréu García.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Andréu García.

I

Por un accidente vehicular, Reynaldo Pagán Sánchez, su esposa Olga I. Sosa Virella y varios familiares más presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, demanda de daños y perjuicios contra el Municipio de Ciales —representado por su Alcalde Roque Otero— el Partido Nuevo Progresista (EN.P) —representado por su Presidente Carlos Romero Barceíó— Eurípides Rodríguez, Adán Reyes Pérez y la aseguradora Universal Ins. Co.

Contestada la demanda, el PN.E solicitó sentencia sumaria a su favor. Adujo que el señor Rodríguez —propietario del vehícu-lo— y el Comité Municipal de Ciales eran los únicos responsables del accidente, conforme el Art. 61 del Reglamento del EN.E El foro de instancia (Hon. Juan R. Melecio, Juez) declaró sin lugar dicho pedido. Concluyó que el referido reglamento tenía fuerza y obligatoriedad entre los miembros de ese partido, pero no frente a los demandantes (terceros reclamantes poseedores de derechos reconocidos de acuerdo con nuestras leyes).

Así las cosas, continuaron los trámites. Las diferentes recla-maciones surgidas como consecuencia del accidente fueron con-solidadas y se celebró inicialmente una vista evidenciaría para dilucidar la negligencia.

Oportunamente, el tribunal concluyó que el accidente ocurrió el 17 de agosto de 1984, a la 1:30 P.M., mientras el codemandante Pagán Sánchez y Luis A. Fret se encontraban frente al negocio “Guateque” —ubicado en la carretera pública que conduce del pueblo de Ciales al barrio Pueblito Cordillera— y se disponían a pintar unos dibujos de propaganda política a favor del Partido Popular Democrático (RED.) en una pared de cemento fuera de la vía pública. Específicamente, dicho foro concluyó que mientras ellos dibujaban, pasó por el lugar el codemandado Adán Reyes conduciendo un jeep pintado y adornado con banderas alusivas al EN.E El vehículo lo usaba el Comité Local del EN.E de Cíales en sus actividades políticas, y ese día en particular estaba asignado a la campaña de “Carlos en la Montaña”. El tramo de la carretera era empinado y el lugar próximo a donde pintaban era una curva. El conductor del jeep no redujo la velocidad, se desvió, safio de la vía de rodaje y los arrolló.

El foro de instancia, como cuestión de derecho, determinó que la causa exclusiva y eficiente del accidente fue únicamente la negligencia del conductor Reyes, imputable al codemandado Eurípides Rodríguez, dueño del vehículo. También concluyó que pudo habérsele imputado negligencia al Comité Local del EN.E de Cíales —por tener el uso y control inmediato del vehículo— pero que dicho comité no fue traído al pleito y, por ende, no le impuso negligencia. A esos efectos determinó que el referido jeep estaba “siendo usado por el Comité Local de Cíales del Partido Nuevo Progresista, tanto en las campañas y actividades políticas locales como en las campañas y actividades políticas que eran de interés para el partido a nivel central. . .”. Apéndice V, pág. 22.

Inconformes, los demandantes acudieron ante nos señalando como error la desestimación en cuanto al demandado recurrido EN.E

I — I H-1

Disentimos de la negativa mayoritaria a expedir. Procesal y sustantivamente no procedía la desestimación.

La Regla 15 de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III, dispone que toda acción debe interponerse por y contra las personas investidas de capacidad jurídica. Bajo nuestra Ley Electoral, un comité local o municipal de un partido político no tiene personalidad jurídica separada del partido debidamente inscrito. Esa cualidad le pertenece a los partidos políticos orga-nizados en virtud de la Ley Electoral de Puerto Rico, con capacidad jurídica para demandar y ser demandadas (16 L.ER.A. see. 3101 y ss.). Esa “plena capacidad para demandar” fue reconocida en P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 595 (1978).

Aclarado el extremo referente a que un partido político es un sujeto de derecho con capacidad para demandar y ser demandado, no es necesario indagar si como persona jurídica tiene capacidad jurídica solamente para ciertos asuntos. Nuestro ordenamiento no hace tal distinción. En consecuencia, como sujeto de derecho, dicho partido puede exigir prestaciones y debe cumplir con sus obligaciones.

III

Conforme al Reglamento del EN.R, surge con meridiana claridad que dicha colectividad es una organización política que se extiende a toda la isla. Esa organización y cobertura responde al propósito básico de garantizar la máxima participación efectiva de todos sus miembros. A esos efectos, el Art. 17 del Reglamento señala cuáles son los organismos que estructuran al EN.E En términos esquemáticos, el EN.E se divide en dos (2) organismos rectores compuestos, a su vez, de otras entidades, comités u organizaciones. Existen organismos rectores centrales y locales. Entre estos últimos se encuentran los comités locales. Además, hay otras cuatro (4) divisiones de organismos estructurales, a saber: legislativos, de mujeres y juventud, electorales y especia-les.

Los Arts. 60, 61 y 62 del Reglamento del EN.E delimitan el carácter, la composición, los deberes y las facultades de los comités municipales. Así, el comité local municipal será “el organismo oficial representativo del Fartido en cada municipio”. En los municipios donde el Alcalde sea del EN.E, éste ocupará automáticamente la presidencia del comité municipal. Entre las prerrogativas y deberes de los comités municipales se destacan:

A- promover el programa del Partido;
D- mantener abierto un local como sede del Comité en cada municipio, en año electoral;
L- mantener en alto los ideales del Partido mediante la promo-ción eont[i]nua;
M- rendir los mayores servicios posibles a la comunidad a fin de mantener una imagen favorable para el Partido;
O- participar en actividades, tales como concentraciones y cam-pañas de recaudaciones de fondos que programe el Partido.

Estas disposiciones reglamentarias evidencian, sin duda, que los comités municipales son entidades SUBORDINADAS al EN.E y constituyen sus representantes en los municipios. EL PAR-TIDO ES QUIEN DETERMINA SU COMPOSICIÓN, FUN-CIONAMIENTO Y DISCIPLINA. En resumen, los comités locales municipales existen por necesidad y para beneficio de los partidos políticos. No puede sostenerse que estos organismos son entidades independientes del EN.E For el contrario, desde el punto de vista de organización y reglamento, así como en su dinámica diaria, son parte de una sola estructura organizativa del EN.E creada con el fin de promover su ideario político.

Bajo este prisma, una vez el tribunal de instancia resolvió que el Comité Municipal del EN.E era responsable por los daños y perjuicios ocasionados, debió hacerle extensiva esa responsabili-dad al EN.E, pues las acciones que aquí causaron el daño —mediante el uso autorizado de un vehículo que estaba bajo el control del Comité Municipal de Cíales— fueron consecuencia previsible de los actos autorizados por el EN.E a dicho comité. Si un partido político requiere y fomenta que sus comités municipa-les participen en actividades programadas a nivel central, tales como caravanas, mítines, marchas, etc., y conoce que en tales actos se utilizan vehículos de motor asignados o prestados regu-larmente al comité, no puede abstraerse de la responsabilidad dimanante de un accidente ocurrido por no tomar las debidas precauciones.

En el caso de autos, la responsabilidad imputada por el tribunal de instancia al Comité Municipal de Cíales —por éste tener el uso y control del vehículo que ocasionó los daños— lógica y justicieramente se extiende al EN.E

For los fundamentos expuestos, expediríamos el auto e impon-dríamos responsabilidad al EN.E


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    William Torres Solano, querellante y recurrido, v. Puerto Rico Telephone Company, querellada y peticionaria.

      Número: CE-87-713

      Resuelto: 20 de noviembre de 1990

      José Luis Verdiales Morales, Jay García Gregory, Carlos V J. Dávila y José F. Santiago, abogados de la peticionaria; Jaime Luciano Jiménez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

I

Los hechos

El Sr. William Torres Solano era empleado gerencial de la Puerto Rico Telephone Company (en adelante la Telefónica) y trabajaba en la División de Asesoría de Ingeniería. El señor Torres Solano es ingeniero de profesión y su labor consistía en traducir del inglés al español textos de materias técnicas. Este comenzó a trabajar en la Telefónica en 1980 y fue despedido en 1984.

El 31 de mayo de 1984, el Ing. Juan Negrón —quien era Director de Asesoría de Ingeniería y Servicios Técnicos de Planta Externa de la Telefónica y supervisor de Torres Solano— citó a sus oficinas al Sr. Manuel Ñuño Gorbea —quien también es empleado de la Telefónica y compañero de trabajo de Torres Solano— para discutir algunos asuntos relacionados con sus labores. Durante el transcurso de la reunión, Torres Solano irrumpió bruscamente en la oficina del Ing. Juan Negrón e inquirió a Ñuño Gorbea en relación con un informe que éste le había preparado. El señor Torres Solano, en voz alta y en tono descortés, le manifestó a Ñuño Gorbea con relación al informe lo siguiente: “Con lo que dices aquí no dices nada.” Relación del procedimiento, determinaciones de hecho, conclusiones, pág. 6. Inmediatamente, el señor Ñuño le contestó: “En ese tono que estás hablando yo no puedo seguir ésto.” íd. En ese momento, el señor Ñuño Gorbea intentó salir de la oficina, pero el señor Torres Solano se lo impidió cuando en ese preciso instante lo golpeó con el puño en la parte posterior de la oreja izquierda. Como consecuencia de la agresión, Ñuño Gorbea cayó al suelo. También cayeron al suelo sus espejuelos. ()

Ante esta situación, el ingeniero Negrón le advirtió inmedia-tamente a Torres Solano que su actuación podía conllevar la suspensión de su trabajo. Este permaneció en silencio y manifestó que no se sentía bien y que quería acudir al Fondo del Seguro del Estado.

Ese mismo día, el ingeniero Negrón preparó una carta para Torres Solano en la cual le indicaba que había sido suspendido de empleo y sueldo por violar la Regla 48 del Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de la Puerto Rico Telephone Company de 4 de abril de 1983 (en adelante Regla-mento de Personal de la Telefónica). La carta fue enviada por correo certificado al día siguiente. Mediante carta de 22 de junio de 1984, la suspensión fue cambiada a destitución, retroactiva la misma a 31 de mayo de 1984, fecha en que ocurrieron los hechos.

Luego de estos incidentes, Torres Solano solicitó la revisión de la decisión de su supervisor al Presidente de la Telefónica. Éste nombró un Oficial Examinador para que tomara una decisión con relación a la destitución. Durante la vista evidenciaría ante dicho examinador, el señor Torres Solano presentó prueba sobre unos incidentes previos a la agresión ocurridos entre él y el señor Ñuño Gorbea. Según esa prueba, el señor Ñuño Gorbea frecuentemente “le gastaba bromas y le ponía sobrenombres”. Según Torres Solano, estos hechos fueron parte de una provocación que culminó en la agresión perpetrada. Sin embargo, no existe prueba en el récord de que en el momento inmediato a la agresión hubiera provocación por parte del señor Ñuño Gorbea.

El Oficial Examinador emitió su decisión el 15 de abril de 1985, después de haber celebrado varias vistas. En su resolución, el Oficial Examinador confirmó la destitución de Torres Solano por entender que la agresión implicaba justa causa para el despido a pesar de haber sido ésta su primera ofensa. No obstante, el Oficial Examinador le reconoció el derecho a reco-brar retroactivamente su salario desde la fecha de la destitución hasta la fecha de su decisión. Éste fundamentó su concesión de paga retroactiva en que a Torres Solano se le había violado su derecho a un debido proceso de ley al no habérsele conferido el derecho a una vista previa a su despido, en conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1988).

Tanto Torres Solano como la Telefónica presentaron ante el Tribunal Superior dos (2) recursos de revisión relativos a la decisión del Oficial Examinador y del Presidente de la Telefónica. Torres Solano cuestionó la confirmación de su destitución (Civil Núm. 85-2346), y la Telefónica, la concesión retroactiva de los salarios dejados de percibir (Civil Núm. 85-2337). Durante la tramitación de los recursos surgió una controversia entre las partes que fue objeto de nuestra opinión en Torres v. P.R. Telephone Co., 118 D.P.R. 198 (1987.)() Luego de considerar los planteamientos allí expuestos, devolvimos el caso al Tribunal Superior con instrucciones de que se continuaran los procedimien-tos. Finalmente, éste declaró con lugar el recurso instado por Torres Solano y revocó la destitución por entender que sus actuaciones sólo ameritaban una suspensión de sesenta (60) días. Por esta razón el tribunal ordenó (en el caso Civil Núm. 85-2846) su restitución con el pago de emolumentos y desestimó por académico (en el caso Civil Núm. 85-2337) el recurso de revisión instado por la Telefónica que cuestionaba la aplicación retroactiva del caso de Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra.

Inconforme con dichas sentencias, la Telefónica acudió ante nos en una petición conjunta de certiorari para cuestionar la corrección de las mismas. Alega que el Tribunal Superior incurrió en error al revocar la decisión confirmatoria del despido emitido por el Oficial Examinador y al dictaminar que las actuaciones del señor Torres Solano sólo ameritaban una suspensión de sesenta (60) días. También le imputa error al tribunal de instancia al haber desestimado su recurso por académico, sin entrar a considerar la corrección de la decisión del Oficial Examinador de aplicar retroactivamente la normativa del caso Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra. Además, alega que el dictamen del Oficial Examinador tiene el efecto de declarar inconstitucionales la Sec. 12.3 del Reglamento de Personal de la Telefónica y la See. 4.6(4) de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1336(4), así como el Art. 9.2 del Reglamento de Personal; Areas Esenciales al Principio de Mérito de la Oficina Central de Administración de Personal (en adelante Reglamento de Personal de O.C.A.P).

Por la importancia que reviste el recurso, expedimos el auto 'de certiorari para revisar ambas sentencias: la del caso Civil Núm. 85-2346 y la del caso Civil Núm. 85-2337.

I — I I — I

La naturaleza de la Telefónica y el principio de mérito

Antes de proceder a la exposición de la controversia sobre si se requería una vista previa al despido, debemos recapitular de manera sucinta la naturaleza de la Telefónica como corporación público-privada y el status de sus empleados dentro del sistema de personal público.

Como expresamos anteriormente en Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982), la Telefónica, subsidiaria de la Autoridad de Teléfonos, es una corporación incorporada bajo las leyes del estado de Delaware, cuyo propósito consiste en proveer un servicio público esencial. Este desdoblamiento entre entidad pública y entidad privada de la Telefónica tiene como consecuencia que “para ciertos asuntos o negocios jurídicos, de acuerdo al caso en particular se le considerará como corporación pública o corporación privada”. Torres Ponce v. Jiménez, supra, pág. 69.

En conformidad con lo que resolvimos en Torres Ponce v. Jiménez, supra, la Autoridad de Teléfonos es una de las agencias excluidas del sistema de personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, en virtud de la Sec. 10.6 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (en adelante Ley de Personal), 3 L.P.R.A. see. 1338, la Autoridad de Teléfonos venía obligada a adoptar un reglamento de personal que incorporara el principio de mérito para sus empleados gerenciales. Conforme expresamos en Torres Ponce v. Jiménez, supra, en McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989), y más recientemente en Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan, 123 D.P.R. 496 (1989), la Ley de Personal persigue el proposito de extender el principio de mérito al mayor número posible de servidores públicos. El principio de mérito también le es aplicable a la subsidiaria de la Autoridad de Teléfonos, la Telefónica, por las mismas razones que le es aplicable a la primera, esto es, el principio de mérito “[p]ropicia el mejor y más eficiente servicio”. Torres Ponce v. Jiménez, supra, pág. 70. Como secuela de lo anterior, sostuvimos que el Reglamento de Personal de la Telefónica debía cumplir “con el propósito primordial de garantizar la aplicación estricta del principio de mérito”. Cf. Pueblo v. Hernández Torres y Barreda, 125 D.P.R. 560 (1990).

En el despido de Torres Ponce v. Jiménez, supra, el Reglamento de Personal de la Telefónica no proveía para la celebración de una vista con antelación al despido y, por consiguiente, en dicho caso la Telefónica no la celebró. Sin embargo, allí expresamos que la Ley de Personal le concedía a los empleados públicos el derecho a la celebración de una vista previa al despido y procedimos a dejar sin efecto el despido por no habérsele conferido tal derecho estatutario.

HH b — (

La reglamentación existente en la Telefónica

Como secuela de nuestra opinión en Torres Ponce v. Jiménez, supra, la Telefónica adoptó su reglamento de personal para los empleados gerenciales con el objetivo de incorporar el principio de mérito para regular y proteger a ese grupo de empleados. Dicho cuerpo de reglas dispuso que tenía “como propósito crear un clima de ambiente adecuado para que los empleados gerenciales de la Puerto Rico Telephone Company. . . reciban un trato justo e imparcial, en el que se aplique el principio de mérito como la norma a regir en la Administración de su Personal”, además de establecer “las acciones disciplinarias encaminadas a tomar aquellas medidas correctivas necesarias cuando la conducta de un empleado no se ajusta a las normas establecidas por esta Compañía”. Petición conjunta de certiorari, Apéndice, págs. 154 y 155.

El principio de mérito conlleva que los más aptos, de acuerdo con sus méritos y capacidades, sean los que sirvan al Gobierno —3 L.P.R.A. see. 1311— de suerte que en la adminis-tración de la cosa pública el Estado alcance “los más altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad” en los servicios que brinda al pueblo. 3 L.P.R.A. sec. 1312.

[11] Ello presupone el mantenimiento de un clima de armo-nía y satisfacción en el trabajo, que redunde en un alto grado de motivación y espíritu de servicio entre los empleados, con el fin de mantener la continuidad y regularidad en la prestación de los servicios públicos. Véanse: 3 L.P.R.A. see. 1312(2) y (3); J.R. Feijoó, Productividad y el Servicio Público, XI (Núms. 42-43) Rev. Trabajo 45, 45-54 (1983).

El servicio público exige de sus empleados una con-ducta compatible con los objetivos de excelencia, eficiencia y productividad, y con los criterios de seguridad, armonía, orden, disciplina entre compañeros y continuidad de servicios al pueblo.

De ahí que la Sec. 10.2 del referido Reglamento de Personal de la Telefónica establezca que:

Los empleados regulares gerenciales tendrán permanencia en sus plazas, siempre que satisfagan los criterios de productividad, rendimiento, orden y disciplina que deben prevalecer en la Tele-fónica. Entre otros que se asignen, se considerarán como deberes y obligaciones de los empleados, los siguientes:
1. La asistencia regular y puntual al trabajo; y el cumplimiento cabal de la jornada de trabajo establecida;
2. El rendimiento y diligencia en la realización de las funciones y tareas asignadas a sus plazas y otras compatibles con éstas que se les asignen;
3. La observación de las normas de comportamiento correcto, cortés y respetuoso en sus relaciones con sus supervisores, super-visados, compañeros de trabajo y ciudadanos .... (Enfasis suplido.) Alegato parte demandante recurrida, Exhibit IV pág. 19.

Para proveer unas guías en la administración de la disciplina en el trabajo y desarrollar en el empleado un mejor entendimiento de lo que constituye causa razonable o justa causa para tomar acción disciplinaria en su contra, así como para corregir al empleado y mantener la disciplina y la moral del grupo de empleados dentro de la organización, la Telefónica estableció en su reglamento unas normas claras de disciplina.

La See. 10.4(17), ofensa Núm. 48 del Reglamento de Personal de la Telefónica, tipificó como ofensa los: “[a]ctos amenazantes, indecentes u obscenos, agresiones, [y] provocaciones] de peleas.” (Énfasis suplido.) Alegato parte demandante recurrida, Exhibit pág. 35. Como sanción por cualquiera de esos actos dispuso una penalidad mínima de diez (10) días de suspensión y una máxima de despido, como primera ofensa. Como segunda ofensa, la penalidad fija era el despido. El inciso (6) de la referida Sec. 10.4 dispone que “[l]a penalidad o remedio que se decida aplicar debe ser la que razonablemente se espera que corrija al empleado y mantenga la disciplina y la moral del grupo”. Alegato parte demandante recurrida, Exhibit IV, pág. 22.

Estos criterios, así como los esbozados anteriormente con-forme a los objetivos del servicio público, son los que guían y limitan la discreción de la agencia para tomar una medida disciplinaria contra un empleado gerencial de la Telefónica. Ello implica que la medida disciplinaria debe guardar proporción con la ofensa cometida. ()

El Reglamento de Personal de la Telefónica determinó que la agresión de un empleado hacia otro es justa causa para el despido aun cuando fuera la primera ofensa del agresor. Esa regla de la Telefónica nos parece razonable. La aplicación de la acción disciplinaria es, a su vez, proporcional a la ofensa que intenta corregir, aun cuando se trate de una primera ofensa.

El efecto directo de una agresión a un compañero de trabajo es el daño físico, la humillación y el menosprecio de la dignidad humana del agredido. Además, puede causar daños directos a la propiedad de la agencia, así como distraer la atención de los demás compañeros de labores. En la cadena de eventos directos detiene así la continuidad y regularidad en la prestación de servicios en menoscabo de la eficiencia y productividad de la agencia.

En resumen, por ir en contra de los objetivos y criterios que deben imperar en el empleo público, la agresión a un compañero de trabajo durante horas laborables y en los predios de la agencia es causa justificada para el despido, aun cuando sea la primera falta del empleado.

A la luz de los parámetros que rigen el empleo público, concluimos que la agresión perpetrada por Torres Solano justifi-caba su despido como penalidad por una primera ofensa.

De los hechos se desprende que Torres Solano irrumpió de forma brusca en la reunión que sostenían su compañero Ñuño Gorbea y el ingeniero Negrón. Al hacerlo interrumpió las labores de ambos y el funcionamiento habitual de la actividad administra-tiva de un supervisor y otro trabajador en detrimento de la continuidad y regularidad de los servicios que prestaba la agencia.

En forma directa infligió daño físico a Ñuño Gorbea, quien tuvo que ser atendido por un médico. Sometió a dicho empleado a la humillación y al menosprecio de sus compañeros en abierto menoscabo de su dignidad humana.

Su conducta no sólo afecta a su compañero sino también a la agencia. La agresión perpetrada por Torres Solano, de por sí, afecta el ambiente de tranquilidad, paz, seguridad y armonía en el cual deben laborar los demás empleados y el cual la Telefónica debe asegurar a los mismos. En su lugar, creó un ambiente de aprehensión en las relaciones interpersonales del grupo, desmoralizó el trabajo en equipo y anuló la motivación y el espíritu de servicio.

La situación se agrava, ya que al momento de ocurrir la agresión no estuvo provocada por el agredido () y se produce frente a un supervisor, en horas laborables y en el lugar de trabajo. ()

IV

Nuestra legislación y reglamentación sobre el derecho a vista previa al despido en el sector público

En el momento en que ocurrió el despido de la demandante en el caso de Torres Ponce v. Jiménez, supra, la Ley de Personal expresamente le confería a los empleados el derecho a vista previa en su Sec. 4.6(4) y en la Sec. 9.2 del Reglamento de Personal de O.C.A.P., supra.

La Sec. 4.6(4) de la Ley de Personal, supra, disponía:

Las autoridades nominadoras podrán destituir a cualquier em-pleado de carrera por justa causa y previa formulación de cargos, por escrito y previa vista administrativa, si así lo solicitare el empleado. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1336(4).

La See. 9.2 del Reglamento de Personal de O.C.A.P., supra, págs. 74-75, implantaba la referida Sec. 4.6(4) de esta forma:

. . . [e]n todo caso que surja la posibilidad de aplicación de medidas disciplinarias cuya sanción pudiera resultar en la suspen-sión de empleo y sueldo o la destitución de un empleado, la autoridad nominadora adoptará el siguiente procedimiento:
La autoridad nominadora hará una investigación dentro de los diez (10) días laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos, y hará una determinación de si procede el tomar alguna medida disciplinaria. De proceder tal medida disciplinarla formu-lará al empleado cargos por escrito y se le. notificará advirtiéndole de su derecho a una vista administrativa informal dentro del término de quince (15) días■ laborables, a partir de la fecha del recibo de la notificación de la formulación de cargos. En la vista el empleado afectado tendrá derecho a presentar la prueba que estime necesaria. Luego de la vista, o de transcurrido el término de quince (15) días sin que el empleado haya solicitado la misma, la autoridad nominadora tomará la decisión que entienda conveniente. Si la decisión fuera destituir al empleado o suspenderlo de empleo y sueldo le advertirá al empleado de su derecho de apelación ante lá Junta dentro del término de treinta (30) días a partir del recibo de la notificación.
En aquellos casos de mal uso de fondos públicos o cuando haya motivos razonables de que existe un peligro real para la salud, vida o moral de los empleados o del pueblo en general, se podrá suspender de empleo y sueldo al empleado antes de la vista administrativa. (Énfasis suplido.)

Mediante el inciso (4) de la Ley Núm. 1 de 17 de julio de 1979 se suprimió del antes transcrito apartado (4) de la Sec. 4.6 de la Ley de Personal la frase final que leía “y previa vista administrativa, si así lo solicitare el empleado”. (Énfasis suplido.) En consonancia con la enmienda estatutaria antes explicada, se enmendó también, en 1980, la disposición reglamentaria a que hicimos referencia. Ahora, la See. 9.2 del Reglamento de Personal de O.C.A.P, supra, en su parte pertinente, dispone de la manera siguiente:

En todo caso que surja la posibilidad de aplicación de medidas disciplinarias cuya sanción pudiera resultar en la suspensión de empleo y sueldo o la destitución de un empleado, la autoridad nominadora adoptará el siguiente procedimiento:
La autoridad nominadora hará una investigación dentro de los diez (10) días laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos, y hará una determinación de si procede el tomar alguna medida disciplinaria. De proceder tal medida disciplinaria formu-lará al empleado cargos por escrito y le informará sobre su decisión. Si la decisión fuera destituir al empleado o suspenderlo de empleo y sueldo le advertirá al empleado de su derecho de apelación ante la Junta dentro del término de treinta (30) días a partir del recibo de la notificación.
En aquellos casos de mal uso de fondos públicos o cuando haya motivos razonables de que existe un peligro real para la salud, vida o moral de los empleados o del pueblo en general, se podrá suspender de empleo y sueldo al empleado antes de la determina-ción sobre la acción a seguir. (Enfasis suplido.)

La enmienda de 1979 a la Ley Núm. 5, supra, y al Reglamento de Personal de O.C.A.P. tuvo el efecto práctico de eliminar ese derecho a una vista previa informal en la agencia, previo al despido y como parte del principio de mérito garantizado por la citada Ley de Personal.

Del Historial Legislativo de la Ley Núm. 1 de 17 de junio de 1979 surje que el propósito de la Asamblea Legislativa al eliminar esa vista informal previa fue evitar dilaciones en la tramitación de medidas disciplinarias. Véase Informe de la Comi-sión que estudió el P. del S. 922 (el cual se convirtió en Ley Núm. 1, supra).

El Reglamento de Personal de la Telefónica, al momento del despido de Torres Solano, tampoco proveía para la celebración de una vista previa al despido.

V

Nuestra jurisprudencia sobre el derecho a vista previa al despido y las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 1, supra

Este Tribunal ha reconocido el derecho de los empleados públicos a una vista informal previa al despido. La mayoría de estas decisiones se fundamentan en las leyes de personal vigentes al momento de ocurrir el despido. Torres Ponce v. Jiménez, supra, resuelto bajo la Ley de Personal de 1975; Cantellops v. Fernós, Comisionado, 65 D.P.R. 797 (1945), resuelto bajo la Ley Núm. 88 de 11 de mayo de 1931; Pérez v. Esteves, Comisionado, 43 D.P.R. 13 (1932) y Gil v. Chardón, Comisionado, 41 D.P.R. 210 (1930), resueltos bajo la Ley de 14 de marzo de 1907; Soto v. Alcalde Municipio de Bayamón, 99 D.P.R. 415 (1970), resuelto bajo el Art. 93 de la antigua Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960 (21 L.P.R.A. ant. sec. 1101 et seq.).

En Lupiáñez v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696, 701 (1977), sostuvimos que para que fuera válida la destitución de un empleado “tenía que mediar justa causa y la celebración de vista”, pues de lo contrario se despojaría a un empleado de su propiedad sin el debido proceso de ley. Allí confirmamos una sentencia del Tribunal Superior en la cual se determinó “que a la demandante se le había privado de su propiedad sin el debido proceso de ley, al no habérsele dado la oportunidad de ser oída antes de separarla de su puesto”. íd., págs. 698-699. Reconocimos el derecho de los empleados públicos a una vista previa como parte de las garantías del debido proceso de ley. Esta norma fue reiterada en Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 108 D.P.R. 781, 783 (1979), () al sostener que “según resuelto en Lupiáñez v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696, 701 (1977), debió mediar justa causa y vista antes del despido”.

Posterior a la enmienda de 17 de julio de 1979 a la Ley de Fersonal y su reglamento sostuvimos en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 730 (1982):

Hemos resuelto que el debido proceso de ley no requiere que haya una vista previa a toda privación de un derecho o interés propietario. Cuando hay una privación temporal basta que en algún momento significativo u oportuno el afectado tenga la oportunidad de defenderse y presentar un caso en un proceso con adecuadas garantías. Se reconoce que hay ocasiones en que el Estado tiene algún interés de importancia que exige la intervención temporal con la propiedad o libertad de una persona antes de que pueda brindársele la oportunidad de ser oído. La doctrina informa que para determinar si el tipo de vista concedida y el momento en que se brinda son constitucionalmente aceptables, hay que anali- zar conjuntamente los intereses gubernamentales y los de la persona afectada .... (Énfasis suplido.) ()

También en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, págs. 730-731, señalamos los tres (3) factores que deben considerarse para determinar, como requisito mínimo de debido proceso de ley, si el empleado público tiene derecho a una vista previa a su despido:

... (1) los intereses afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas; y (3) el interés gubernamental protegido con la acción sumaria, inclusive la función de qué se trata y las cargas fiscales y administrativas que conllevaría el imponer otras garantías procesales.

Examinemos el caso de autos a la luz de los tres (3) factores enumerados en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra.

El primero requiere que se examinen los intereses afectados por la acción oficial. No hay duda de que los intereses propietarios de un empleado público se ven sustancialmente afectados por una destitución. El salario de un empleado público constituye, en la mayoría de las situaciones, su única fuente de ingreso. De ello depende para el sostenimiento, techo y sustento de su familia. La privación del ingreso del empleado público desarticula de manera significativa la estabilidad económica y emocional de aquellas familias que se ven privadas de esa fuente de ingresos. Los intereses afectados por una destitución son de considerable magnitud, pues está involucrado el medio de vida de un empleado y de su familia.

El segundo factor requiere que se examine el riesgo de una determinación errónea y el valor probable de garantías adiciona-les. En la mayoría de las circunstancias, la decisión de un patrono público de destituir a un empleado está fundamentada sobre determinaciones de hecho y la evaluación de documentos, testi-monios, etc. En la apreciación de los factores que podrían dar margen a la destitución de un empleado existe alto riesgo de una decisión errónea. La celebración de la vista informal reduce dichos riesgos inherentes.

El último factor atiende el interés gubernamental protegido y la carga final que implica la concesión de garantías adicionales. El Estado tiene un legítimo interés en prescindir de los servicios de aquellos empleados que no son aptos para el servicio público. Por otra parte, el Estado también tiene interés en preservar dentro del servicio público a aquellos empleados que ocupan un puesto de carrera y se desempeñan adecuadamente. En última instancia, el interés del Estado al considerar la destitución de un servidor público es el lograr una gestión pública eficaz, excelente, regular y productiva a través de la retención de los servidores públicos productivos, eficientes, disciplinados y con un alto grado de motivación y espíritu de servicio. Este interés en conservar una sana administración pública requiere del Estado la implantación de medidas adicionales que sirvan a modo de filtro y eviten que éste tome decisiones erróneas en detrimento tanto del interés privado del servidor público como de su propio interés público. En él fondo, la concesión de una vista previa promueve su interés de garantizar un servicio público eficaz, excelente, regular y productivo.

La celebración de una vista previa no implica una gran carga fiscal para el Estado. La vista es informal. Ello reduce significativamente el costo para el erario público. La celebración de una vista en donde se le dé oportunidad al servidor público para ofrecer su versión de lo ocurrido no tiene el efecto de causar un retraso innecesario en la decisión de la instrumentalidad pública. Toda agencia cuenta con diversos mecanismos y recursos para celebrar una vista informal con celeridad.

En Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985), el Tribunal Supremo de Estados Unidos reitera la norma que reconoce el derecho a una vista informal previa al despido para aquellos empleados públicos que poseen un interés propietario en sus puestos. Dicha norma ya había sido adelantada en Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976), y por este Tribunal en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, aquí analizado.

Bajo la norma enunciada, el empleado público tiene ese derecho aun cuando el estatuto o contrato que le da derecho a la permanencia en su puesto no provea para la celebración de una vista previa y sí para una vista formal con posterioridad al despido. Notas, Tenured Public Employee Entitled to PreTermination Hearing Regardless of Statutory Procedure for Dismissal: Cleveland Board of Education v. Loudermill, 105 S. Ct. 1487 (1985), 17 Tex. Tech L. Rev. 255 (1986). Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, sostuvo además que es la ley estatal y no la federal la que determina cuándo un empleado público posee interés propietario en su puesto. Una vez un empleado público adquiere dicho interés propietario, la cláusula del debido proceso de ley de la Constitución de Estados Unidos, Emdas. V y XIV, L.P.R.A., Tomo 1, impiden que dicho empleado sea despedido sin la oportunidad de ser oído previo a tal acción. Sobre la situación anterior a Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, véanse: M. Holloway y M. Leech, Employment Termination, Rights & Remedies, Washington, D.C., B.N.A. Books, 1985, pág. 163; Anotación, Termination of Public Employment: Right to Hearing Under Due Process Clause of Fifth or Fourteenth Amendment-Supreme Court Cases, 48 L.Ed. 2d 996; Nota, The Supreme Court 1973 Term, 88 Harv. L. Rev. 43, 83-90 (1974); Comentario, Fear of Firing: Arnett v. Kennedy and the Protection of Federal Career Employees, 10 Harv. C.R. —C.L.L. Rev. 472 (1975); Comentarios, Constitutional Law: No Hearing Required Prior to Dismissal for Cause of Nonprobationary Federal Employee, 59 Minn. L. Rev. 421 (1974); Notas, The Due Process Rights of Public Employees, 50 N.Y. U. L. Rev. 310 (1975).

Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, estableció también claramente que no es necesario la celebración de una vista previa al despido en todos los casos. () En situaciones donde el patrono percibe un peligro significativo (a significant hazard in keeping the employee on the job) al interés gubernamental si mantiene al empleado en su puesto, el curso a seguir es la suspensión del empleado con sueldo. Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, págs. 544-545; Notas, Tenured Public Employee Entitled to Pre-Termination Hearing Regardless of Statutory Procedure for Dismissal: Cleveland Board of Education v. Loudermill, 105 S. Ct. 1487 (1985), supra, pág. 269.

VI

Constitucionalidad del Art. 12.3 del Reglamento de Personal de la Telefónica, la Sec. 4.6(4) de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1336(4), y la Sea 9.2 del Reglamento de Personal de O.C.A.P.

Como señaláramos anteriormente, la Telefónica nos ha planteado frontalmente que el dictamen del Oficial Examinador tiene el efecto de declarar inconstitucionales el Art. 12.3 del Reglamento de Personal de la Telefónica y la See. 4.6(4) de la Ley de Personal, supra, así como la See. 9.2 de su reglamento, supra. ()

Cuando se somete una cuestión constitucional ante nos debemos asegurarnos primero si existe una interpretación razonable de la ley que nos permita soslayar el planteamiento constitucional. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 595-597 (1958).

Al confrontar la citada See. 4.6(4) de la Ley de Personal, la See. 9.2 del Reglamento de Personal de O.C.A.P, supra, y la See. 12.3 del Reglamento de Personal de la Telefónica con nuestros pronunciamientos, jurisprudenciales, encontramos que no existe una interpretación razonable que nos permita obviar el tener que entrar al análisis de su constitucionalidad. La incongruencia es patente.

La enmienda de 1979 a la citada Ley de Personal y a su reglamento eliminó la vista informal previa al despido del proceso de destitución de los empleados públicos. La decisión que hoy reiteramos, en el sentido de que bajo nuestra Constitución la vista previa informal es un requisito de debido proceso de ley, choca con la actuación legislativa de 1979 en la medida en que ésta eliminó ese requisito estatutariamente. Sabido es que las leyes que protegen derechos fundamentales en nuestro ordenamiento deben ajustarse a las garantías mínimas requeridas por nuestra Constitución. Pueden brindar más derecho, pero nunca menos. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

El Estado debe adelantar un interés apremiante como justificación para eliminar la vista informal previa al despido de un empleado público con un derecho propietario adquirido sobre su puesto. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975). El interés adelantado por el Estado en 1979 fue eliminar la alegada duplicidad de procedimientos con la eliminación de la vista informal a nivel de agencia, de suerte que- se eliminaran a su vez las alegadas dilaciones innecesarias y los altos costos que supuestamente ello producía. Si bien ese es un interés importante, no es de tal envergadura que, confrontado con el interés del empleado en retener su puesto, resulte apremiante. La diferencia entre la vista informal previa y la vista formal posterior al despido nos hace concluir que no se produce duplicidad y/o dilaciones innecesarias en los procedimientos con la celebración de la primera. La naturaleza informal y el contenido sencillo de aquélla no tiene esos resultados. En vista de ello decretamos la ineonstitucionalidad de la See. 4.6(4) de la Ley de Fersonal, 3 L.P.R.A. see. 1336(4); de la See. 9.2 del Reglamento de Fersonal de O.C.A.P. y el Art. 12.3 del Reglamento de Fersonal de la Telefónica, en tanto y en cuanto no proveen para una vista informal antes de despedir al empleado público.

VII

La naturaleza de la vista informal antes del despido

De acuerdo con la norma que hoy reiteramos, los requisitos procesales que cumplen con las garantías constitucionales mínimas sobre la vista informal previa al despido son los siguientes:

Debe notificarse a la parte contra quien se va a tomar tal medida disciplinaria del curso de acción específico a seguirse en su contra. Deberá concedérsele una oportunidad de responder a los cargos. La vista no debe ser compleja, complicada, extensa o formal. Basta con que se le permita al empleado explicar perso-nalmente o por escrito las razones por las cuales, según él, no debe ser disciplinado así. El empleado público tiene derecho a que se le notifiquen, por escrito, () los cargos en su contra. 3 L.P.R.A. see. 1336; Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, pág. 546.

El propósito de la vista consiste en evitar que la agencia administrativa tome una decisión errónea, privando así a una persona de su sustento diario. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra; Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra. Así, la vista debe servir como un escrutinio mínimo inicial para determinar si existe justificación razonable para creer que los cargos contra el empleado son ciertos y que el curso de acción específico a seguirse está justificado. () Cf. Helton v. Clements, 832 F.2d 332, 337 (5to Cir. 1987).

VIH

Derecho de Torres Solano a una vista previa a su despido

Apliquemos los principios antes expuestos al despido de Torres Solano.

Como expresamos anteriormente, Torres Solano estaba clasi-ficado en la agencia la Telefónica como empleado regular gerencial. Como tal, tenía un status de empleado permanente en dicha agencia.. Art. 14(15) y Art. 4, Sec. 4.1 del Reglamento de Personal de la Telefónica.

De los propósitos fundamentales de las normas de disciplina de la Telefónica se desprende que para despedir a uno de sus empleados regulares gerenciales debe existir justa causa. Reglamento de Personal de la Telefónica, Art. 10, Sec. 10.4(1). El Art. 14(11) de dicho cuerpo de reglas define tal despido como “la separación total y absoluta de la Telefónica impuesta a un empleado como medida disciplinaria por justa causa”. (Enfasis suplido.)

Por otro lado, el citado Reglamento de Personal de la Telefó-nica provee que “[ajquel empleado que cometa una ofensa deberá ser confrontado con la evidencia disponible, y se le dará la oportunidad para que se defienda de los cargos presentados”. Art. 10, Sec. 10.4(3).

Así que, según el reglamento aprobado por la Telefónica para reglamentar a sus empleados gerenciales, el derecho de un empleado regular gerencial como Torres Solano requiere la existencia de justa causa, formulación de cargos y concesión de una vista () para éste poder defenderse de los cargos en su contra.

La vista dispuesta por el reglamento de la Telefónica es formal, evidenciaría y con todas las garantías y derechos constitucionales que cobijan al empleado en una vista ante un tribunal. Sin embargo, este reglamento no dispone para una vista informal previa al despido. La vista formal evidenciarla concedida es una posterior al despido con derecho a revisión judicial.

Torres Solano poseía un interés propietario en continuar en su puesto. Su clasificación en la Telefónica era de empleado regular (de carrera) con derecho a retener su puesto permanentemente, a menos que existiera justa causa para su despido y previa la formulación de cargos en su contra. 3 L.P.R.A. sec. 1364(4); Art. 14, Sec. 15; Art. 4, Sec. 4.1; Art. 10, Sec. 10.4(1), y Art. 10, Sec. 4(3) del Reglamento de Personal de la Telefónica. Véase J.R. Feijoó, Los derechos constitucionales y el servicio público, 42 Rev. C. Abo. P.R. 473-484 (1981).

Determinada la existencia de tal derecho propietario se activa la protección constitucional de la cláusula de debido proceso de ley de nuestra constitución y de la de Estados Unidos.

Al aplicar el análisis de Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, al caso de autos consideramos que Torres Solano tenía derecho a recibir los salarios dejados de percibir desde el momento en que fue destituido hasta que el Oficial Examinador rindió su decisión, luego de celebrar la vista formal, por no haberse celebrado una vista informal con anterioridad a su destitución.

Torres Solano tenía un interés propietario: seguir recibiendo su salario, principal fuente de ingresos para él y su familia.

En este caso era necesaria la celebración de la vista informal previa al despido de Torres Solano ante la posibilidad de atenuan-tes en su actuación. Como vimos, el Reglamento de Personal de la Telefónica disponía una penalidad mínima de diez (10) días de suspensión y una máxima de despido para la agresión como primera ofensa. La Telefónica pudo haber limitado su sanción interlocutoria a una suspensión de empleo con sueldo al escuchar la versión de lo ocurrido de Torres Solano. Por otra parte, Torres Solano presentó evidencia de provocación por parte de Ñuño Gorbea como justificación a la agresión. Esta era, además, su primera ofensa. En tales circunstancias, la probabilidad de que la agencia tomara una determinación errónea era alta. La evidencia de atenuantes pudo variar el remedio impuesto interlocutoria-mente. Sólo cuando se celebra la vista formal es que se confirma la necesidad de la Telefónica de prescindir definitivamente de sus servicios y lo inmeritorio de su justificación a su conducta. En el balance de intereses concluimos que era necesaria la celebración de una vista informal previa al despido de Torres Solano. Su interés protegido de recibir su única fuente de ingreso sobrepa-saba el del Estado en destituirlo sumariamente del puesto.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia me-diante la cuál se declaran inconstitucionales las disposiciones legales aquí antes señaladas y se modifica la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, en la medida en que restituye a Torres Solano a su empleo. Su destitución fue válida. Se deja inalterada su decisión de que se le paguen los salarios dejados de percibir desde el SI de mayo de 198j hasta el 15 de abril de 1985.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.

      (1) Nuño Gorbea tuvo que ser atendido luego por un médico, aunque no resultó seriamente herido.

      (2) Allí resolvimos que la decisión del Oficial Examinador, nombrado por el Presidente de la Telefónica, equivale a un dictamen cuasíjudicial sujeto a la revisión de los tribunales. También sostuvimos que no existe término para acudir en revisión al Tribunal Superior contra una determinación del Oficial Examinador, por lo que aplica la doctrina de incuria.

        (3) Cf. Srio. Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 546 (1979).

      (4) Si bien durante la celebración de la vista evidenciaría ante el Oficial Examinador y la revisión judicial ante el Tribunal Superior Torres Solano pasó prueba sobre unos incidentes ocurridos entre él y Ñuño Gorbea con anterioridad a la agresión donde, aparentemente, Ñuño Gorbea “le gastaba bromas y le ponía sobrenombres”, consideramos insuficientes esos incidentes para responder con una agresión en un momento posterior y sin motivación o provocación directa.

      (5) La violencia en la sociedad atenta contra los principios básicos de sana convivencia social, respeto al prójimo, a su dignidad y a su autoestima. El lugar de trabajo, sea este público o privado, no puede estar exento de la aplicación de estos principios básicos de convivencia humana.

        (6) El caso Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 108 D.P.R. 781 (1979), fue revocado por otras razones en Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 109 D.P.R. 229 (1979), revocado a su vez en Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40 (1980). Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 108 D.P.R. 781 (1979), fue resuelto el 31 de mayo de 1979.

        (7) Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982), fue resuelto en 1982, con posterioridad a la enmienda a la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (Ley de Personal) y con anterioridad al despido de Torres Solano. Allí expresamos que violaba el debido proceso de ley el despido sumario de un alcalde que tenía un derecho propietario en el puesto (sueldo y beneficios marginales). A tal servidor público debía dársele la oportunidad de ser oído en una vista informal previo a la acción del Gobernador. Ello a pesar de que la anterior Ley Municipal concedía la facultad al Gobernador para destituirlo sumariamente.
      Por estar envuelto un servidor público elegido mediante sufragio, en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, entraban en juego otras consideraciones, e.g., derecho al voto, intereses del Municipio, etc., que lo distinguen del caso de autos. Sin embargo, el análisis de intereses es igualmente aplicable cuando está involucrado un empleado de carrera protegido por el principio del mérito y con un interés propietario en su puesto.

      (8) En casos donde el peligro sea inminente y de tal envergadura que haga innecesaria la determinación inicial de que existe una justificación razonable para creer que los cargos contra el empleado son ciertos y el curso de acción a seguirse está justificado, la agencia puede destituir al empleado sumariamente. Ej: Casos de mal uso de fondos públicos o cuando haya motivos razonables para creer que existe un peligro real para la salud, vida o moral de los empleados de la agencia o del pueblo en general (sabotaje, intento o amenaza de asesinatos, etc.). En tales circunstancias de emergencia, en las cuales existe un interés apremiante del Estado, el debido proceso de ley se cumple al conceder al empleado una vista formal posterior al despido. No se requiere que entre la fecha del despido y la celebración de la vista formal se le concedan salarios. Cf. Barry v. Barchi, 443 U.S. 55 (1979); Mackey n Montrym, 443 U.S. 1 (1979). Ese no era el caso de Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985), ni es el caso ante nos.
      En casos en que luego de celebrar la vista previa la Agencia confirme la verdad de los cargos y determine que el curso de acción a seguir está justificado, puede destituir al empleado sin paga.

      (9) Sobre nuestra función de considerar planteamientos constitucionales bajo circunstancias análogas a éstas, véanse: Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 57 (1966); Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 372 (1974); Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179, 202-203 (1979), opinión disidente en parte y concurrente en parte del Juez Asociado Señor Rigau, a la cual se unió el Juez Fresidente Señor Trías Monge; Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 256-258 (1977); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).
      El 17 de junio de 1986, la Oficina Central de la Administración de Fersonal (O.C.A.P.) emitió la Carta Normativa Núm. 1-86, dirigida a los señores Secretarios del Gobierno (incluso al Secretario de Justicia), Jefes de Agencias, Directores de Corporaciones Públicas y Alcaldes, Sistema de Fersonal y Agencias excluidas de la Ley de Fersonal del Servicio Fúblico de Fuerto Rico, que proveía para una vista informal en los casos de suspensión de empleo y sueldo o destitución, y acogía lo resuelto en el caso de Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra. Tal actuación es un reconocimiento por la Rama Ejecutiva del defecto constitucional de las disposiciones legales cuya constitucionalidad está en controversia en el caso de autos.

      (10) Si bien Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, dejó abierta la posibilidad de que la autoridad nominadora le notificara los cargos al empleado público verbalmente, nuestra Ley de Personal le concede mayores garantías que ese mínimo constitucional al exigirle a ésta que tal notificación sea por escrito. 3 L.P.R.A. sec. 1336. Debe prevalecer, pues, esa garantía estatutaria. Cf. Rivera Santiago v. Srio. Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

      (11) Por otro lado, en algunos casos es probable que el propio reglamento de la agencia conceda mayores garantías que nuestra Ley de Personal y la jurisprudencia aplicable. En tales casos prevalecerán las disposiciones reglamentarias que conceden mayores garantías y que la agencia se autoimpuso. Recuérdese que existe el deber de la agencia de velar por que se cumplan sus propios reglamentos. Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634 (1967); García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978); P.S.R v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980).

      (12) El Reglamento de Personal de la Telefónica define vista administrativa como “el procedimiento mediante el cual un empleado puede exponer una queja válida que envuelva cualquier área esencial del sistema de mérito y/o medida disciplinaria que pueda afectarle”. Art. 14(42).


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Leonides López Rivera, demandante y peticionaria, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: CE-90-247

      Resuelto: 20 de noviembre de 1990

      Aníbal Lugo, de Lugo & Irizarry, y José R. Franco Rivera, abogados de la peticionaria; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Juan R. Deliz Román, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

La peticionaria Leónides López Rivera radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, una demanda mediante la cual impugnó la confiscación de la suma de $54,825 en efectivo que realizara el Estado, relacionada la misma con un allanamiento que la Policía de Puerto Rico había llevado a cabo en su residencia. En dicho allanamiento, los agentes del orden público ocuparon, en adición, varias armas de fuego y sustancias controladas. Luego de que la peticionaria fuera exonerada de toda responsabilidad criminal en relación con las armas de fuego y sustancias controladas ocupadas en su residencia,() ésta radicó una moción de sentencia sumaria en la cual alegó, en lo pertinente, que el dinero en controversia era de su exclusiva pertenencia y que el mismo no tenía relación alguna con la evidencia delictiva ocupada. Habiéndose opuesto el Estado a la moción de sentencia sumaria solicitada, el tribunal de instancia señaló la misma para vista. En dicho día, el foro de instancia permitió que las partes presentaran prueba. () Mediante resolución escrita de fecha 8 de marzo de 1990, el tribunal de instancia declaró sin lugar la sentencia sumaria solicitada debido a que entendía había contro-versia sobre la titularidad del dinero ocupado.

Inconforme, la parte demandante acudió, vía certiorari, ante este Tribunal. Mediante Resolución de fecha 26 de abril de 1990 le concedimos término al Estado para que mostrara causa

. . . por la cual este Tribunal no deba expedir el auto solicitado, dictar sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, y devolver el caso al foro de instancia para que éste —a base de la prueba ya desfilada por las partes y cualquier otra prueba que tengan éstas a bien ‘presentar— resuelva en definitiva el caso en sus méritos. (Énfasis suplido.)

El Estado ha comparecido; entiende procede la confirmación de la resolución recurrida por razón de la existencia de contro-versia sobre hechos materiales.

Procede actuar según lo intimado en la orden de mostrar causa emitida; esto es, devolver el caso al tribunal de instancia para que dicho foro, a la luz de la prueba ya desfilada y aquella otra que entiendan procedente presentar las partes, resuelva el caso en sus méritos.

En consecuencia, se expide el auto de certiorari radicado y se dicta sentencia devolviendo el caso al tribunal de instancia para que éste resuelva en definitiva el caso en sus méritos a base de la prueba ya desfilada y cualquiera otra que las partes tengan a bien presentar.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El presente recurso nos brinda la oportunidad de expresarnos sobre una práctica, innecesaria y equivocada, en que desafortu-nadamente están incurriendo, cada día con mayor frecuencia, algunos de nuestros tribunales de instancia al considerar y resolver mociones radicadas al amparo de las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), práctica que resulta perjudicial a una eficiente y sana administra-ción de la justicia.

HH

El día 13 de enero de 1989 agentes de la Policía de Puerto Rico realizaron un allanamiento, en cumplimiento de una orden judicial a esos efectos, en la residencia de la Sra. Leonides López Rivera; sita la misma en la Calle 4, Carretera 311, Kilómetro 6.6, Cabo Rojo, Puerto Rico. Los agentes del orden público ocuparon en dicha residencia armas de fuego, sustancias controladas y la suma de dinero en efectivo de $54,825.00.

El Estado procedió a radicar las correspondientes denuncias, por infracciones a las Leyes de Armas y de Sustancias Controla-das de Puerto Rico, contra la señora López Rivera y un nieto de ésta, de nombre Marvin Toro Márquez, que igualmente vivía en la descrita residencia. En adición, el Estado procedió a confiscar la suma de dinero antes mencionada. Dicha confiscación fue im-pugnada por la señora López Rivera mediante la radicación, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, de la correspondiente demanda sobre impugnación de confiscación.

Celebrada la vista preliminar que contempla la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el magistrado que presidió la misma exoneró a la señora López Rivera de los delitos que se le imputaban. El Estado acató dichas determinaciones. La señora López Rivera procedió entonces a radicar una moción de sentencia sumaria en el pleito civil que sobre impugnación de confiscación había radicado contra el Estado.

En dicha moción de sentencia sumaria, la señora López Rivera alegó que: el dinero ocupado es de su exclusiva propiedad; que dicho dinero en forma alguna está relacionado con actividades ilícitas o “violativas [sic]” de ley alguna, y que, por el contrario, el mismo “procede del remanente del retiro de fondos de unas cuentas bancarias pertenecientes a la Sociedad Legal de Ganan-ciales compuesta por [ella y su esposo ya fallecido] Eliezer Parrilla Medina . . .”. Apéndice 3, pág. IV Procede que se enfatice el. hecho de que en dicha moción, la señora López Rivera enumeró e identificó las cuentas de banco de donde alegadamente procedía dicho dinero. El Estado, en una tardía “réplica” a la referida moción de sentencia sumaria, se limitó a expresar, en síntesis, que por razón de que no se podía precisar si el dinero ocupado pertenecía a la señora López Rivera o a su nieto Toro Márquez —razón por la cual existía “una genuina controversia de hechos que [era necesario] adjudicar en un juicio plenario”— se oponía a la referida moción. Apéndice 8, pág. XIV

El tribunal de instancia procedió a señalar “para vista” la solicitud de sentencia sumaria. La misma se llevó a cabo el día 17 de noviembre de 1989. Ambas partes, con la anuencia del foro de instancia, presentaron prueba. La de la parte demandante consistió del testimonio oral de la propia demandante López Rivera y del contable Rafael Zapata. Sus testimonios fueron a los efectos de que el dinero ocupado durante el allanamiento era de la propiedad de la señora López Rivera y que el mismo provenía de las antes mencionadas cuentas bancarias, las libretas de las cuales igualmente fueron presentadas en evidencia. Por último, procede que se señale que la señora López Rivera declaró que el dinero ella lo guardaba en “el interior de un baúl”, el cual estaba en la habitación que ella ocupaba en su residencia. El Estado, por su parte, presentó el testimonio del Agente Efraín Padilla, uno de los funcionarios que participaron en el allanamiento en controversia. Este sostuvo que, a pesar de que efectivamente el dinero fue ocupado en el interior de un baúl, el mismo se encontraba en la habitación del Sr. Marvin Toro Márquez.

El tribunal de instancia, mediante resolución escrita de fecha 8 de marzo de 1990, declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria radicada por la demandante López Rivera. En apoyo de la referida determinación expresó, en síntesis, que en vista de la “controversia sobre la ubicación del baúl en donde se hallaba el dinero ocupado” —la cuál, presumimos, causó dudas en la mente del juzgador sobre la titularidad del dinero ocupado y su posible relación con actividades delictivas— y de que estaba “impedido de adjudicar credibilidad en una petición de sentencia sumaria”, se veía en la “obligación” de declarar sin lugar la solicitud de sentencia sumaria. Apéndice 17, pág. XXXVIII.

Inconforme, la demandante López Rivera acudió, vía certiorari, ante este Tribunal. En dicho recurso le imputó al foro de instancia haber errado al denegar su moción de sentencia sumaria por el fundamento de que existía una “controversia real de hecho que amerita la celebración de un juicio plenario . . . ”. Señalamiento de Cuestiones de Derecho.

Mediante Resolución de fecha 26 de abril de 1990 le.concedi-mos término al Estado para que mostrara causa

. . . por la cual este Tribunal no deba expedir el auto solicitado, dictar sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, y devolver el caso ál foro de instancia para que éste —a base de la prueba ya desfilada por las partes y cualquier otra prueba que tengan éstas a bien presentar— resuelva en definitiva el caso en sus méritos. (Enfasis suplido.)

El Estado ha comparecido. En su comparecencia, el Procura-dor General de Puerto Rico se limita a exponer que procede la confirmación de la resolución recurrida por cuanto existe una controversia de hechos que impide que el asunto se dilucide en un procedimiento de sentencia sumaria. Obviamente dicho funciona-rio no entendió nuestra orden de mostrar causa ya que no hay duda alguna de que efectivamente existe controversia de hechos. La orden de mostrar causa emitida, como surge de una simple lectura de la misma, persigue otro propósito. Procede resolver según lo intimado en la misma; veamos por qué.

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Como es sabido, el mecanismo procesal de la sentencia sumaria que provee la Regla 36 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) es uno que resulta de gran utilidad cuando es sabiamente utilizado por los tribunales de instancia. Dicho meca-nismo ayuda a descongestionar el pesado y complicado calendario de casos civiles pendientes ante dichos foros, lográndose de esta forma la rápida y eficiente solución de muchos litigios. Cuando dicho mecanismo se utiliza en forma incorrecta, sin embargo, el mismo a la larga paradójicamente causa dilación en la solución de los litigios por cuanto, de ordinario, luego del correspondiente proceso de revisión de la sentencia dictada sumariamente, ésta es revocada por el tribunal apelativo.

De ordinario las controversias planteadas en un litigio deben ser dilucidadas en un juicio plenario. Ante una moción de senten-cia sumaria y su oposición, el juzgador deberá analizar concien-zudamente las mismas, y sus anejos, con el propósito de determi-nar si queda algún hecho material en controversia o si existen alegaciones afirmativas en la demanda radicada que no han sido refutadas; en cualquiera de dichos casos, de ello ser así, el tribunal deberá denegar la solicitud de sentencia sumaria. Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

Es sobre la parte que solicita la sentencia sumaria que recae el peso de establecer la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho material y pertinente que a la luz del derecho sustantivo aplicable determinaría una sentencia a su favor como cuestión de derecho. Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 (1963). De otro lado, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha posición por vía de declaraciones juradas, u otra documentación, que apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente en su contra, tal omisión le pone en riesgo de que ello ocurra. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, ante; Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983).

En resumen, procede que se dicte una sentencia sumaria únicamente cuando el tribunal determina que no existe contro-versia real sobre hecho material alguno y que sólo resta la aplicación del derecho a dichos hechos incontrovertidos. En la evaluación que a esos efectos lleva a cabo el tribunal, éste puede hacer uso de las presunciones de ley, del conocimiento judicial, de la cosa juzgada, pero no debe entrar en el aspecto dé la credibi-lidad de los “testimonios” ante su consideración a menos que ocurra la situación extrema de un hecho intrínsecamente invero-símil o irreal. García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363 (1963); Roth v. Lugo, ante.

Es debido a lo anteriormente señalado que los tribunales de instancia de ordinario deben evitar el señalamiento y celebra-ción de vistas evidenciarías respecto a solicitudes de sentencias sumarias. Radicada la moción en solicitud de sentencia sumaria, y su oposición, la primera función del tribunal lo es, repetimos, la de escudriñar las mismas cón el propósito de determinar la existencia, o inexistencia, de controversias respecto a hechos materiales y pertinentes. No debe incurrirse en la práctica de señalar una vista con el propósito de que las partes aporten prueba que pueden hacer mediante declaraciones juradas por escrito. Al estar impedidos de dirimir credibilidad en un procedi-miento de sentencia sumaria, no hay razón alguna —salvo situa-ciones extraordinarias— para la celebración de estas vistas; las mismas constituyen un mal gasto de tiempo y de recursos. En otras palabras, bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil de 1979, ante, no hay cabida para la celebración de “mini juicios”.

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No tenemos duda alguna de que aun cuando la evidencia, tanto oral como documental, presentada por la demandante peticionaria López Rivera —a los efectos de demostrar que el dinero confiscado por el Estado es de la exclusiva pertenencia de ésta, razón por la cual legalmente no procedería su confiscación— es una que ciertamente resulta ser robusta y convincente, la prueba presentada por el Estado, sobre el lugar específico de la residencia en que se encontró dicho dinero, es una que causa una controversia sustancial sobre un hecho material; esto es, sobre quién en realidad es el “dueño” del dinero ocupado y, por lo tanto, sobre la procedencia en derecho del pleito de confiscación radi-cado. Ante esa situación, y conforme las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 1979, ante, el tribunal de instancia estaba impedido de dictar sentencia sumaria; razón por la cual resulta enteramente correcta en derecho la resolución recurrida.

Como hemos visto, sin embargo, el foro de instancia —en el proceso de llegar a esa determinación— equivocada e innecesa-riamente celebró un “mini juicio”; esto es, escuchó prácticamente toda la prueba con que las partes posiblemente cuentan en apoyo de sus respectivas posiciones.

Es por ello —y con el obvio propósito en mente de la economía procesal— que este Tribunal emitió la orden de mostrar causa antes reseñada. Somos del criterio que constituiría una pérdida de tiempo y de recursos ordenar la celebración de una “nueva” vista plenaria en este caso. Dicha vista prácticamente ya fue celebrada por el tribunal de instancia. No hay razón alguna que justifique el hecho de que el tribunal de instancia tenga que escuchar nueva-mente la prueba ya desfilada por las partes.

Debido a lo anteriormente expresado es que concurrimos plenamente con el resultado a que se llega en la sentencia emitida, esto es, devolver el caso a instancia con instrucciones que proceda a resolver el mismo a base de la prueba ya desfilada y cualquier otra prueba que tengan a bien presentar las partes.

      (1) En adición a la peticionaria López Rivera, el Estado radicó cargos criminales contra un nieto de ésta que vivía en la residencia en cuestión.

      (2) Por la parte demandante testificó, en adición a la propia peticionaria, el contable Rafael Zapata, quienes testificaron que la suma de dinero en controversia provenía de unas cuentas banearias pertenecientes a la peticionaria y su difunto esposo. Por el Estado, testificó uno de los agentes que participó en el allanamiento; su testimonio fue a los efectos de que el dinero fue ocupado en la habitación que ocupaba en la residencia allanada el nieto de la peticionaria López Rivera.