source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

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text:
    Hiram Maldonado y Elizabeth Negrón Sastre, demandantes y peticionarios, v. Enrique Marrero Padilla e Ing. Wilfredo Blanco Pi, demandados y recurridos.

      Número: CE-88-121

      Resuelto: 21 de junio de 1988

      Carlos E. Rodríguez Quesada, abogado de los peticionarios; Luis A. Lugo, Jr., abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I-H

Ángel M. Rosario, Alcalde de Morovis —y candidato a reelección a dicho cargo por el Partido Popular Democrático (P.P.D.) para los comicios de 1984— mediante paga, contrató tiempo de transmisión en la emisora radial WGFE para difundir dos (2) programas políticos de una (1) hora los días 30 de septiembre y 7 de octubre de 1982. Esta emisora, locali-zada en Morovis, es propiedad del Ing. Wilfredo Blanco Pi. Su señal, además de Morovis, cubre Ciales, Manatí, Vega Baja, Vega Alta y Corozal.

A dichos programas el Alcalde Rosario invitó a varias personas, entre ellos, Enrique Marrero Padilla. Este último se desempeñaba como Trabajador Social en el Sistema de Instrucción Pública de Morovis. Había competido para el puesto de Director de la Escuela Intermedia local contra Hiram Maldonado Soto, quien el 2 de agosto de 1982 resultó nombrado.

En las transmisiones aludidas, Marrero Padilla insinuó y acusó a Maldonado Soto de haberse robado, como aspirante, el examen requerido por el Departamento de Instrucción Pública para los aspirantes al cargo de Director de Escuela Intermedia.

Como resultado, Maldonado y su esposa Elizabeth Ne-gron Sastre presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Areeibo, una demanda por difamación de información falsa y maliciosa contra Marrero Padilla y Blanco Pi. Reclamaron el pago solidario de $300,000 en concepto de daños por angus-tias físicas y mentales. Ambos demandados negaron respon-sabilidad. Subsiguientemente, el tribunal rehusó de forma sumaria desestimar la demanda. Luego de ciertos trámites de rigor, celebró la vista en su fondo. A base de la prueba desfilada por los demandantes aquí peticionarios Maldonado-Negrón, dicho foro, al amparo de la Regla 39.2 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dictó sentencia parcmZ y declaró sin lugar la demanda en cuanto a Blanco Pi.

En esencia, el foro de origen concluyó que Maldonado Soto, por su condición de director de la escuela antes mencio-nada, “es un funcionario público, así como una figura pública en la comunidad cubierto con la inmunidad relativa que le da la malicia real, por lo que no puede ser indemnizado por daños a su reputación, a menos que demuestre que la publi-cación se efectuó con malicia real, a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no, ésta tiene que ser probada afirmativamente”. Anejo I, pág. 34. Fundó su determinación en dos (2) circunstancias. La primera, que éste, como director escolar, “administra y supervisa la ope-ración y gestión de todo el personal docente de la misma y tiene la responsabilidad de que se imparta a los estudiantes, una educación de calidad dentro de los parámetros estable-cidos por el Departamento de Instrucción Pública”. Anejo I, pág. 30. Y la segunda, que según su propio testimonio Maído-nado Soto, “por alrededor de un año sirvió de moderador, presentador y maestro de ceremonias en un programa de orientación política [del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.)J por la emisora [WKCK] Radio Cumbre de Oro-covis y que participaba en asuntos electorales de la comuni-dad”. (Énfasis suplido.) Anejo I, págs. 32-33. Entre éstos, cabe destacarse que la prueba reveló que fue Presidente de Barrio por el P.N.P. y, además, desde marzo de 1982 su Vice-presidente en la municipalidad de Morovis.

En lo concerniente a la intervención de Blanco Pi en las transmisiones radiales, el foro de instancia concluyó que una vez advertido del contenido de la primera transmisión por su empleado Edwin Montesinos, aquél le indicó que —dada la naturaleza y orientación política del programa— no podía controlarlo. Posteriormente, a solicitud de Maldonado Soto, Blanco Pi le ofreció tiempo igual con sujeción a los regla-mentos de la Comisión Federal de Comunicaciones y se rei-teró en que no podía ejercer la función de censor sobre material a ser radiodifundido en programas políticos.

Inconformes, a solicitud de los esposos Maldonado-Ne-grón, mediante trámite de mostrar causa evaluamos sus seis (6) señalamientos de error, que verdaderamente se reducen a impugnar la conclusión de figura pública, la desestimación decretada, más la imposición de las costas y $500 de honora-rios.

HH h-4

Primeramente, los peticionarios Maldonado-Negron cuestionan la conclusión de que Maldonado Soto era, para propósitos de exigirle prueba sobre malicia real, un funcio-nario y figura pública.

Esencialmente, el planteamiento conlleva armonizar el perenne conflicto entre dos (2) importantes valores comunitarios de abolengo constitucional: la libertad de expresiónprensa frente a la protección contra ataques abusivos a la honra y reputación de las personas. Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 691 (1984). La colisión, que no es nueva, ha dado génesis a una normativa jurisprudencial modificatoria de la visión de los requisitos clásicos en acciones por difamación en el orden civil. Únicamente así ha sido posible considerar y proteger los derechos individuales y la libertad de expresión-prensa.

El fundamento en que se afirma nuestra doctrina vi-gente es un reflejo directo de las declaraciones del más alto Foro federal en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 279-280 (1964), respecto a que no es “difamatoria la pu-blicación de un informe falso o de comentarios injustificados concernientes a la conducta oficial de un funcionario pú-blico, a menos que la información fuera publicada maliciosa-mente, esto es, a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no”. (Traducción y énfasis nuestros.) Este pronunciamiento tuvo el efecto dual de pro-mover el debate robusto y abierto sobre controversias pú-blicas y, a la par, fomentar la discusión, con igual anchura, en torno a aquellas personas que están en posiciones significa-tivas de influenciar la solución de tales controversias. New York Times Co. v. Sullivan, supra, pág. 279. Aunque en New York Times Co. v. Sullivan, supra, en buena metodología ad-judicativa no se fijaron —a modo de inventario— los niveles jerárquicos comprendidos en la designación de “funcionario público” para propósitos de malicia real, su ensamblaje deci-sorio sirvió de apoyo al siguiente lenguaje orientador plas-mado posteriormente en Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, 86 (1966):

Cuando una posición gubernamental posee tal importancia aparente que el público tiene un interés independiente en las cualificaciones y ejecutorias del servidor público concernido, más allá del interés general en las condiciones y labor de todos los empleados gubernamentales ... se aplican los estándares de New York Times sobre malicia. (Traducción nuestra.)

Esta expresión ha sido objeto de dilatada interpretación judicial. Hoy día un gran número de empleados públicos, de distintos niveles, son considerados “funcionarios públicos” y, por ende, sujetos al requisito de malicia real en el ámbito de una acción por difamación. L.H. Tribe, American Constitucional Law, 2da ed. rev., Nueva York, Ed. The Foundation Press, 1988, págs. 865-866; J.D. Eaton, The American Law of Defamation Through “Gertz v. Robert Welch, Inc.and Beyond: An Analytical Primer, 61 Va. L. Rev. 1349, 1377 eses. 20-21 (1975); Adams v. Frontier Broadcasting Company, 555 P.2d 556, 560-561 esc. 4 (1976); Anotación, Libel and Slander: Who is a Public Official or Otherwise Within the Federal Constitutional Rule Requiring Public Officials to Show Actual Malice, 19 A.L.R.3d 1361 (1968).

Igualmente espaciosa ha sido la glosa jurisprudencial sobre “conducta oficial”. Tribe, op. cit., pág. 864. Sobre el particular, Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 77 (1964), es ejemplarizante:

Ciertamente, cualquier crítica sobre la manera en que un funcionario público desempeña sus deberes puede afectarle no sólo su reputación privada, sino la pública. La regla de New York Times no es inaplicable meramente porque la reputación privada de un oficial público, así como su reputación pública, resulte lesionada. La regla protege el trascendental interés público de mantener el libre flujo de información al pueblo en torno a los funcionarios públicos, sus servidores. Con tal pro-pósito, cualquier extremo que pueda relacionarse con la ido-neidad del oficial para ocupar el puesto, es relevante. Pocos atributos personales son más germanos para la idoneidad de un puesto público que la deshonestidad, venalidad o motiva-ciones impropias, aunque estas características puedan afectar también su carácter privado. (Traducción y énfasis nuestros).

Véanse, también, Monitor Patriot Co. v. Roy, 401 U.S. 265 (1971); Oscala Star-Banner Co. v. Damron, 401 U.S. 295 (1971).

Esta normativa ha sido incorporada a nuestro acervo doctrinal. A tal efecto, recientemente en Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 61-62 (1988), examinamos los elementos configurativos de una causa de acción por libelo —extendibles a una por difamación— y consignamos:

[D]ebe probarse que la información difamatoria sea falsa y que se causaron unos daños reales. Si se trata de una figura privada, es menester establecer que la imputación fue hecha negligentemente, según este concepto es entendido en el campo de derecho de daños y perjuicios. Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257 (1984). Ahora bien, si se trata de un funcionario público o figura pública —Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 293 (1971); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415, 422 (1977); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 D.P.R. 369 (1982)— es necesario, además, demostrar la exis-tencia de malicia real, esto es, que las imputaciones fueron realizadas con un grave menosprecio por la verdad. Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 (1984); Oliveras v. Paniagua Diez, supra; García Cruz v. El Mundo, Inc., supra; Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 432 (1977). (Énfasis en el original.)

Para determinar si el actor es una figura pública, en Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, págs. 62-63, también reafirmamos:

[E]l enfoque funcional comenzado en Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra. En esa misión siempre hemos balanceado los intereses y considerado como eje crítico la importancia e interés público del asunto en controversia. Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., supra. En García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 180, sostuvimos que la información con relación a la conducta del allí demandante durante “el período en que aspiró al cargo de alcalde representa[ba]n [sic] materia de in-cuestionable interés público”.
En Pueblo v. Olivero Rodríguez, supra, pág. 375, al exami-nar el concepto de figura pública, utilizamos el mismo método evaluativo: el interés público involucrado. Dijimos:
“. . . la noción de figura pública está estrechamente vincu-lada —por razón de la posición oficial, poder o envolvimiento en los asuntos públicos— a la adquisición de relieve, promi-nencia, fama o notoriedad especial o general en la comunidad que, como corolario, de modo significativo le permite de ordi-nario a una persona cierto acceso a los medios efectivos de comunicación para exponer, adelantar y debatir sus puntos de vista ante la opinión pública, y como resultado corre el riesgo de estar más expuesta al escrutinio, atención e interés público en contraste con un ciudadano privado.”
Un criterio importante en ese análisis fue el factor territorial. “Aunque el concepto tiende a excluir los límites estrechos de un sector exig[u]o de la comunidad —en el caso de autos, en que el único trasfondo es el residencial Manuel A. Pérez— su vigencia es materia de evaluación casuística, cualitativa y cuantitativamente en función de los factores antes esbo-zados.” (Escolios omitidos.) Pueblo v. Olivero Rodríguez, supra, págs. 375-376.
En resumen, nos hemos guiado por ciertas consideraciones funcionales al determinar si un reclamante es o no figura o funcionario público a los fines de exigir que se pruebe la mali-cia real por parte del recurrente. (Énfasis en el original y es-colio omitido.) Véase, además, González Martínez v. López, 118 D.P.R. 190 (1987).

Al confrontar este trasfondo jurídico con el fáctico notamos que el tribunal de instancia determinó que Maídonado Soto estaba sujeto al requisito de malicia real bajo dos (2) vertientes: por su condición de funcionario escolar y como figura política activa del P.N.P. Respecto a la primera, no hay duda de la importancia que tiene en nuestro país el sistema educativo. Su establecimiento, a tono con el mandato del Art. II, Sec. 5, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, responde a la obligación que tiene la sociedad democrática “de proveer para que a las nuevas generaciones se les transmita el conocimiento, los valores, las técnicas, las aptitudes que el continuado esfuerzo de siglos ha traducido en patrimonio de la vida civilizada”. 4 Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente 2564 (1961).

Ciertamente el puesto de Director de Escuela In-termedia conlleva unos requisitos académicos y profesio-nales especiales. Los atributos de idoneidad y honestidad personal son inseparables del cargo. Pero es innegable que estos últimos representan cualidades que deben acompañar, igualmente, a todo maestro en la pirámide organizacional del Departamento de Instrucción. En este contexto lato, las ma-nifestaciones referentes a la idoneidad de los incumbentes es materia que reviste interés público y, como tal, susceptible de legítima y libre discusión dentro de una campaña política. Sin embargo, para fines decisorios no es necesario pronun-ciarnos si el cargo de Director de Escuela Intermedia de Maldonado Soto lo coloca inexorablemente en la categoría de funcionario público.

Carecemos de todos los elementos de juicio claves en torno a otros factores esenciales. Lo único seguro que aporta la prueba es que su prominencia en Morovis fue producto de haberse involucrado, por años, intensamente en actividades político-partidistas y alcanzado el puesto de Vicepresidente del P.N.P. en dicha municipalidad. Esta realidad no contradicha nos mueve a concluir que su participación en la política constituye la razón principal para situarlo en la dimensión de figura pública para fines del requisito de malicia real. Bajo este análisis, no erró el foro de instancia al sostenerlo en la afirmativa.

HH HH I — I

Aclarado este extremo, exploremos la responsabilidad de Blanco Pi como dueño de la emisora radial WGFE.

Como regla general, la persona natural o jurídica dueña de una emisora radial que difunde por ese medio una manifestación difamatoria está sujeta a una acción en daños, cuya resultancia sufre excepciones. Por analogía conceptual, la responsabilidad se evalúa de igual modo que las situaciones en que un periódico publica un anuncio libeloso. No siempre fue así. Inicialmente se debatió si la comunicación radial configuraba libelo o calumnia a base de que la acción libelosa conllevaba responsabilidad absoluta. Al presente, la polémica es académica. Atrás ha quedado la responsabilidad sin culpa. W.L. Prosser y W.P. Keeton, The Law of Torts, 5ta ed. rev., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, Sec. 113, pág. 797; H.L. Nelson y D.L. Teeter Jr., Law of Mass Communication, 3ra ed. rev., Nueva York, Ed. The Foundation Press, 1978, págs. 80-81; D.H. Remmers, Recent Legislative Trends in Defamation by Radio, 64 Harv. L. Rev. 727 (1951); R.C. Donnelly, Defamation by Radio: A Reconsideration, 34 Iowa L. Rev. 12 (1948); R.A. Leflar, Radio and TV Defama tion: “Fault” or Strict Liability?, 15 Ohio St. L.J. 252 (1954); Development in the Law of Defamation, 69 Harv. L. Rev. 875, 907-910 (1956); Anotación, J.F. Ghent, Defamation by Radio or Television, 50 A.L.R.3d 1311.

Sin embargo, entre ambos medios de expresión existen ciertas diferencias cognoscibles. La radio, al igual que la televisión —como instrumentos de comunicación masiva, rápida y dinámica— se encuentran en una peculiar desventaja con relación a los medios impresos. Éstos tienen la oportunidad de revisar lo que van a publicar y, en alguna medida, determinar si sus escritos contienen manifestaciones difamatorias. Esta peculiaridad generó una gran oposición de las emisoras al enfoque impositivo de responsabilidad absoluta. Por un tiempo la jurisprudencia estuvo dividida. La cuestión culminó como respuesta a un movimiento encabezado por la Asociación Nacional de Radiodifusores (A.N.R.) promoviendo en las jurisdicciones estatales estatutos fundados en responsabilidad fundada en negligencia.

Las alternativas propuestas por la A.N.R. fueron esen-cialmente dos (2). La primera, una norma de responsabilidad por manifestaciones no políticas sujeta al criterio de negli-gencia clásica (due care), y la otra, inmunidad absoluta por toda manifestación vertida por o a nombre de un candidato político. Esta inmunidad fue criticada por el fundamento de que si el dueño promovía la difusión de manifestaciones falsas no debería gozar o ser acreedor de la misma. Como resultado, algunos estados aprobaron la propuesta de la A.N.R., otros la norma de negligencia para todo tipo de ma-nifestación, incluso políticas, y los restantes la norma general de negligencia, pero con inmunidad similar a la concedida por la legislación federal. Remmers, supra; Leñar, supra.

Puerto Rico quedó rezagado. Tanto en lo civil como en lo penal prevalece el enfoque de responsabilidad ortodoxa por manifestaciones maliciosas sin diferenciar en cuanto a su interlocutor, según surge de la Ley Núm. 123 de 13 de mayo de 1937 (20 L.P.R.A. see. 871 et seq.). Este estatuto, sin embargo, no es óbice para que reclamaciones como la autos —en abono a una efectiva protección de la libertad de expre-sión y prensa garantizadas constitucionalmente— sean adju-dicadas en armonía con los modernos principios doctrinarios y la legislación federal que ocupa el campo en materia de comunicaciones radiales. R. Serrano Geyls, Derecho consti-tucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Puerto Rico, Ed. C. Abo. de P.R., 1986, Vol. I, págs. 402-403.

Al respecto, la Comisión Federal de Comunica-ciones —creada para reglamentar las comunicaciones y fre-cuencias por radio en protección del interés público— realiza la doble función de expedir las licencias y regular sus conce-sionarios. W. Overbeck y R.D. Pullen, Major Principles of Media Law, 2da ed. rev., Nueva York, Ed. College Publishing, 1985, págs. 274-283. La Ley de Comunicaciones de 1934, según enmendada, en su Sec. 315(a), 47 U.S.C. sec. 315(a), establece:

Si algún concesionario permite a una persona que es candi-dato legalmente certificado para algún cargo público utilizar una estación difusora, le brindará la misma oportunidad a todos los demás candidatos para dicho cargo a utilizar la es-tación difusora: siempre y cuando que dicho concesionario no tenga la facultad de censurar el material difundido bajo las disposiciones de esta sección. No se impone ninguna obliga-ción sobre cualquier concesionario de permitir el uso de su estación por cualquier candidato. La aparición de un candi-dato legalmente cualificado en cualquier
(1) noticiario bonafide,
(2) entrevista noticiosa bona fide,
(3) documental noticioso bona fide (si la aparición del candi-dato es incidental a la presentación del asunto o los asuntos cubiertos por el documental noticioso), o
(4) cubierta instantánea de eventos noticiosos bona fide (in-cluyendo, aunque sin limitaciones, convenciones políticas y ac-tividades incidentales a las mismas),
no se considerará uso de una estación difusora dentro del sig-nificado de esta sección. Nada en la oración precedente deberá interpretarse en el sentido de que se releva a los difusores, en relación con la presentación de noticiarios, entrevistas noti-ciosas, documentales noticiosos, y cubiertas instantáneas de eventos noticiosos, de la obligación que les impone esta ley de funcionar en pro del interés público y brindar oportunidad ra-zonable para la discusión de puntos de vista conflictivos sobre asuntos de importancia pública. (Traducción nuestra y énfasis suplido.)

Esta sección persigue fomentar la más amplia discusión, sin restricciones, de los asuntos políticos por candidatos cualificados. Farmers Union v. WDAY, 360 U.S. 525, 529 (1959). Por tal razón se ha interpretado que las estaciones están impedidas de censurar las manifestaciones que hagan los candidatos, lo que a su vez implica inmunidad absoluta por cualesquiera expresiones difamatorias. Farmers Union v. WDAY, supra; Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 391 (1969); Prosser y Keeton, op. cit., pág. 824; G.O. Robinson, The FCC and the First Amendment: Observations on 40 Years of Radio and Television Regulation, 52 Minn. L.R. 67,127-131 (1967); ALI, Restatement of the Law, Second, Torts, 1977, págs. 257-258. Cualquier legislación estatal en contrario que imponga responsabilidad del dueño de una emisora sería incompatible con este esquema federal. Esta cubierta protectora se extiende a manifestaciones ori-ginales como a aquellas difundidas en virtud de una conce-sión por tiempo igual (equal opportunity). In re Port Huron Broadcasting Co. (WHLS), 12 F.C.C.2d 1069 (1948); In re Hammond for Governor Committee, 69 F.C.C.2d 946 (1978); J. Golomb, Regulations of Indecency in Political Broadcasting, 13 (Núm. 1) U. Mich. J.L. Ref. 69, 99 (1979).

Ahora bien, esta prohibición de censura e inmunidad derivada se circunscribe a cuando el candidato es quien utiliza los servicios de la estación de radio:

... el lenguaje de la sección por sí mismo y su historial legisla-tivo nos obligan a concluir que la sección aplica sólo al uso de estaciones emisoras por parte de un candidato personalmente, y que no aplica al uso de dicha emisora por otras personas que hablan en beneficio o apoyo del candidato.
El lenguaje significativo de la Sección 315 es que si un con-cesionario “permite a alguna persona que sea un candidato legalmente cualificado para ocupar un cargo público utilizar una estación emisora, deberá darle igual oportunidad a todos los demás candidatos para el mismo cargo para usar dicha estación emisora”. El uso a que se refiere es, naturalmente, la emisión de discursos al público votante. Debe notarse que la sección sólo se refiere a dicho uso por los candidatos si bien guarda completo silencio sobre el uso de las instalaciones de emisión por los que respaldan al candidato.
Dado que la Sección 315 aplica sólo al uso de una radioemi-sora por el candidato mismo y no a dicho uso por sus partida-rios, puede concluirse que la sección no prohíbe a los deman-dados censurar el discurso de Meade. Por lo tanto, los deman-dados no tienen derecho a afirmar la defensa de que no son responsables porque los discursos no hubiesen sido censu-rados sin violar la Sección 315 y que, por lo tanto, no incu-rrieron falta alguna al permitir la difusión de los discursos. Erró, pues, el tribunal de distrito al emitir una sentencia su-maria a su favor sobre este fundamento. (Traducción y énfasis nuestros.) Félix v. Westinghouse Radio Stations, 186 F.2d 1, 3, 6 (3er Cir. 1950), cert. denegado 341 U.S. 909 (1951).

Aunque las manifestaciones difamatorias en el caso de autos fueron pronunciadas por Marrero Padilla, persona que no era candidato cualificado, esto no dispone de la contro-versia. Sin embargo, adviértase que fueron realizadas por un invitado del alcalde Rosario, candidato sí cualificado a la ree-lección, en un programa político pagado. Ello plantea direc-tamente la disyuntiva de si el programa podía estar sujeto a censura y, en su consecuencia y por extensión, cobijar de in-munidad a la radiodifusora WGFE.

La interrogante no es nueva. La Comisión Federal de Comunicaciones ha resuelto que la cubierta de 47 U.S.C. see. 315 no se limita a situaciones en que sólo se escucha la voz del candidato. Cuando la presentación personal del candidato es el foco de atención del programa y está bajo su dirección, ello constituye un uso del candidato y su contenido no es susceptible de ser censurado.

En general, creemos que, cuando la presencia personal oral o visual de un candidato es el foco del programa presentado, el programa constituye un uso bajo la Sección 315, y la estación está impedida de censurar la selección del material del pro-grama del candidato. Esta regla general está diseñada para circunstancias donde la presencia personal del candidato es substancial en términos de extensión, está integrada en el programa y es, de hecho, el foco del programa, y donde el programa está bajo el control y la dirección del candidato. Así, en Capitol Broadcasting Company, Inc., decidimos que una emisión televisada presentada por un candidato que constó de un filme de media hora con una declaración inicial de 10 minutos por parte del candidato y selecciones de un debate entre él y su oponente durante los 20 minutos restantes, cons-tituía un uso bajo la Sección 315, no sujeto a censura por el concesionario. El mismo fundamento —que el uso bajo la Sec-ción 315 para el cual el candidato hace su emisión es inmate-rial vis a vis la prohibición contra la censura— fue crítica en la decisión de la Comisión contenida en una carta del 15 de mayo de 1952 dirigida a WMCA, Inc. 7 R. R. 1132. La decisión en el caso de autos, al igual que las decisiones en las situaciones antes discutidas, está predicada sobre el objetivo básico de la Sección 315 —permitir a un candidato presentarse a sí mismo ante el electorado con absoluta libertad con respecto a los jui-cios del concesionario sobre la corrección o el contenido de dicha presentación. Véase Farmers Union v. WDAY, Inc., 360 U.S. 525. La posición contraria no sería útil a tal objetivo y llevaría a resultados análogos.
En vista del objetivo básico de la Sección 315, el hecho de que el Sr. Logue decidió presentar su candidato al aparecer junto con otros no afecta de manera material su presentación como uso bajo la Sección 315. El Sr. Logue ha indicado que la aparición de los otros participantes sería en términos de un elenco de apoyo y que él tenía la intención de aparecer una y otra vez a través de la emisión como anfitrión y candidato (pá-rrafo 2, supra). Esta situación es muy diferente a la presen-tada en Félix v. Westinghouse, supra, donde el candidato estaba totalmente ausente de la emisión. En vista de la pre-sencia, participación y control del Sr. Logue en el programa por el propósito en obediencia a la disposición de tiempo igual de la Sección 315, las condiciones impuestas por Gray Communications Systems sobre sus apariciones en WJHG-TV vio-laron las disposiciones contra la censura establecida en la Sección 315.
Aunque, en este caso, la decisión de la Comisión está, natu-ralmente, limitada a los hechos presentados, sus párrafos 6 y 7, supra, son de aplicación general. Así, aunque los usos bajo la Sección 315 seguirán siendo resueltos caso por caso, los concesionarios deben estar conscientes de, para la Comisión, la disposición contra la censura establecida en la Sección 315, incluye todo material de propaganda presentado como parte de uso de las instalaciones emisoras por parte del candidato, y el contenido de dicho uso. (Traducción y énfasis nuestros.) In re Gray Communications Systems, Inc. et al., 19 F.C.C.2d 532, 534-535 (1969).

Esta decisión ha sido consistentemente seguida. Su apli-cabilidad implica evaluar factores tales como si la presencia del candidato es sustancial en términos de tiempo; si está involucrado e integrado en el programa; si es su centro de atención, y si el programa está bajo su dirección y control. Véanse: Use of Broadcast Facilities by Candidates for Public Office, 24 F.C.C.2d 832, 839-840 (1970); In re L.B. Wilson, Inc., et al., 37 F.C.C.2d 576, 577-578 (1972); New Primer on Political B/cing and Cablecasting, 69 F.C.C.2d 2209, 2245-2246 (1978); CBS, Inc., 95 F.C.C.2d 1152-1160 esc. 12 (1983).

En el caso que nos ocupa, las determinaciones de hecho del tribunal de instancia reflejan que el Alcalde Rosario, como candidato a reelección y centro de atención, contrató el tiempo de transmisión e invitó a varias personas a participar, incluso al codemandado Marrero Padilla. Su dirección y control fue activa. En los dos (2) programas participaron y ha-blaron cuatro (4) personas, incluso Rosario y Marrero Padilla. Todos estos hechos son indicativos de que el programa fue controlado y dirigido por el Alcalde Rosario, quien tam-bién participó en el mismo. Inclinan la balanza a favor de Blanco Pi quien, como propietario de la emisora WGFE, es-taba impedido de censurar los programas y, por ende, es acreedor a inmunidad. HH <¡

Finalmente, los recurrentes Maldonado-Negrón cuestionan la conclusión de que fueron temerarios al incluir a Blanco Pi como demandado y los $500 en concepto de hono-rarios de abogado. Discrepamos.

Desde el primer momento Blanco Pi les indicó su posición de que no podía actuar como censor en el programa radial. Inmediatamente, de conformidad con la reglamentación federal, le concedió tiempo igual y puso a disposición las facili-dades de la emisora. Al contestar la demanda reiteró tales defensas. En una etapa más avanzada del proceso, los recu-rrentes Maldonado-Negrón se opusieron a que fuera rele-vado de responsabilidad sumariamente. Blanco Pi tuvo que entrar al juicio en su fondo. Logró en instancia un dictamen favorable. Más aún, ha tenido que defenderse en este Foro. Estos trámites configuran temeridad dentro del concepto vi-gente. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987).

Se dictará sentencia que expida el auto y confirme la del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, ante el cual continua-rán los trámites correspondientes.

       Según estipulado, en lo pertinente, las primeras declaraciones fueron las siguientes:
      “Buenas tardes pueblo de Morovis, maestro de Instrucción Pública del pueblo de Morovis. No vengo a improvisar discursos que no los hiciera cualquier político del PPD, o me hiciera Eddie Padilla, vengo a denunciar la prostitución del sistema de Instrucción Pública y la degradación de la casa de estudio de Puerto Rico; el Departamento de Instrucción Pública. Tengo en mis manos evidencia contundente para sacar de carrera a Eddie Padilla.
      “Se han violado los derechos laborales de un profesional porque Eddie Padilla quería .... Tenía que premiar a Pichu Pichu, [se refiere a Hiram Maldonado Soto], que era su l[í]der, alza cola y asecuaz [sic], que le seguía como un perro faldero y no tenía los requisitos para ocupar la plaza de Director Escolar.
      “Pichu Pichu tomaste los exámenes de ascenso seis (6) veces y no los pa-saste.

        “Pichu Pichu no era elegible para la certificación porque no tenía los sesenta (60) puntos que requería la certificación. . . . Farahones de la mentira .. . inso-lentes.
      “Cuando llegó la certificación estaba Pichu Pichu. Públicamente se lo dije que no tenía derecho de estar allí.
      “Eddie Padilla lo llevó allí. Se robó el examen y la clave del examen de ascenso que la tengo aquí en mis manos.

        “Se lo robaron y se lo entregan y es tan bruto que no pasó el examen. Es tan bruto que a la hora del examen me da la evidencia y tenía la clave.
      “Miren qu[é] l[í]der, qu[é] clase de ciudadano, profesores de escuela inter-media, siendo supervisados por un ciudadano que tiene menos [s]esos que la gata de mi casa.
      “Eddie Padilla ha usado su dedo y la Secretaria de Instrucción Pública no puede con ....
      “Maestros me da pena con ustedes que están siendo supervisados por un politiquero que no tiene interés en la educación.
      “No me gradué con ‘Raspa’ Cum Laude como Hiram. . . .
      “Eddie Padilla, Rogelio Maldonado, Hiram y la Secretaria de Instrucción Pública están envueltos en un Water Gate más grande y peor que el que estuvo Nixon. . . .

        “No creí que Hiram bajara tan bajo. No me robé los exámenes y me los copié como se los robó Hiram Maldonado.

      “Señores, hago pública mi denuncia para que reeval[ú]en. Eddie e Hiram, farahones de la mentira .... Han prostituido el sistema de Instrucción Pública... le han dado la clave y le han borrado las contestaciones ... yo tengo la evidencia aquí.
      “Si Eddie Padilla y Pichu Pichu se averg[ü]enzan deben abandonar este pueblo.
      “La Secretaria de Instrucción Pública no puede .... “Vamos a acabar con Eddie Padilla y Pichu Pichu que es un parásito de Eddie, y cuando una persona tiene que depender de otro es un parásito social, y eso lo sabe Pichu Pichu si es que se ha leído los manuales de psicología y sociología.
      “Estos dos (2) señores han prostituido la casa de estudio y si han violado ésto, son capaces de violar los postulados de la Biblia y hacer una Biblia nueva.

        “Eddie e Hiram se robaron los exámenes y por eso Hiram responde a Eddie.
      “El hecho de Hiram prohibirle a los empleados del comedor que entren con carteras ... eso es en su incapacidad administrativa, porque él no está preparado para ocupar esa posición y cuando una persona tiene habilidad y se ha llevado hasta los clavos ... y ha llegado a falsificar ...ya robarse los exámenes de ascenso, pues nadie puede ser más pillo que él. [É]l vela alguna que otra que se pueda llevar un platanito cuando él se ha llevado el examen de ascenso.... Porque el pillo, sabe cuando el otro está robando.

      “Esa es su incapacidad profesional por responder a un l[í]der político.
      “Su récord es ineficiente, es un mogollero, como maestro fue ineficiente, es uno de los peores maestros de Morovis. .. . Ahora quieren practicar la moral en ropas interiores con los empleados. Cuando se ha caído tan bajo y quieren levan-tarse tienen que irse lejos. Esta es la situación de Hiram. Creen que al pueblo se le puede engañar.” (Énfasis suplido.) Anejo I, págs. 2-3.
      En el próximo programa, el 7 de octubre expuso:
      “Quiero dar un cordial saludo a todos los maestros y amigos del pueblo de Morovis, y a mis hermanos que no tengan miedo, que si se matan, etc.. ..
      “Que si me meten a la cárcel los PNP me hacen un héroe y hasta speaker de la Cámara y ellos no quieren eso para mí. ...
      “Eddie Padilla y Pichu Pichu los quiero juntos en la papeleta del PNP por-que ustedes con el dedo se han hecho presidente y vice-presidente del PNP y tienen todas las posiciones en sus manos. . . .
      “Hiram reuniste tus maestros y le dijiste que tú eras inteligente, pero no le dijiste a tus maestros c[ó]mo te robaste los exámenes de ascenso del go-bierno. . . .” (Énfasis suplido.) Anejo I, págs. 3-4.

       Respecto a Marrero Padilla, se negó a desestimar. Dejó pendiente de ulterior adjudicación su responsabilidad, “ya que éste admitió haber hecho las acusaciones y expresiones radiodifundidas y su defensa está basada en que las mismas son ciertas, por lo tanto viene obligado a presentar su prueba para de-mostrar la veracidad de las mismas”. Anejo I, pág. 37.

        Cf. Picketing v. Bd. of Education, 341 U.S. 563 (1968). Véanse: Kapiloff v. Dunn, 343 A.2d 251 (1975); Anotación, Libel and Slander: Actionability of Statements Imputing Inefficiency or Look of Cualification to Public School Teacher, 40 A.L.R.3d 490.

       El proyecto modelo propuesto disponía:
      “Sección 1. El propietario, concesionario u operador de una tele o radioemi-sora o de una cadena de difusoras, y los agentes o empleados de tal propietario, concesionario u operador, no serán responsables de daños causados por declara-ciones difamatorias publicadas o enunciadas por otro en o como parte de una tele o radiodifusión, que no sea el propietario, concesionario u operador, o agente o empleado del mismo, a menos que la parte quejosa alegue y pruebe que dicho propietario, concesionario u operador, o su agente o empleado, no tuvo el debido cuidado en prevenir la publicación o enunciación de tal declaración en dicha emisión. Siempre y cuando, no obstante, que el ejercicio de debido cuidado in-cluya el cumplimiento bona fide con cualquier ley federal o reglamento de cual-quier agencia reguladora federal.
      “Sección 2. En ningún caco, sin embargo, podrá responsabilizarse a cual-quier propietario, concesionario u operador, o a los agentes o empleados de dicho propietario, concesionario u operador de tal emisora o cadena de emisoras, por los daños causados por cualquier declaración difamatoria enunciada a través de las instalaciones de tal emisora o cadena de emisoras pero en beneficio de cualquier candidato a un cargo público.

      “Sección 3. En cualquier acción de daños por declaraciones difamatorias pu-blicadas o enunciadas en o como parte de alguna tele o radiodifusión, la parte quejosa podrá recibir sólo aquellos daños reales que pueda alegar y probar.” (Én-fasis suplido y traducción nuestra.) R.A. Leñar, Radio and T.V. Defamation: “Fault" or Strict Liability?, 15 Ohio St. L.J. 252, 268 (1954).

       En lo pertinente dispone:

        “Deberes sobre reglamentación de material a radiodifundirse

      “Será deber de todo administrador, director o encargado de las estaciones radiodifusoras establecidas en Puerto Rico evitar que se difunda a través de estaciones ningún anuncio, información, discurso o manifestación de clase al-guna, de carácter injurioso, infamante u ofensivo que en forma alguna lesione la reputación o buen nombre de ninguna persona natural o jurídica, institución o entidad alguna con derecho a ser protegida por parte del estado; y todo admi-nistrador, director o encargado de las estaciones radiodifusoras establecidas en Puerto Rico, y la persona o personas naturales o jurídicas a que tales estaciones pertenezcan, responderán civilmente de los daños y perjuicios que mediante tales publicaciones o comunicaciones injuriosas, infamantes, u ofensivas, se causen a cualquier persona o personas naturales y jurídicas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

        “Manifestaciones calumniosas y maliciosas

      “Toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente a través del radio en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona natural o jurídica, se presumirá maliciosa; y será calumnia procesable a virtud de este Capítulo toda expresión calumniosa así hecha públicamente en presencia o en ausencia de la persona agraviada.

        “Penalidades

      “Toda persona convicta de infracción de la disposición de la sección anterior y todo administrador, director o encargado de cualquier estación difusora que permitiere que otra persona transmita manifestaciones o conceptos calumniosos según en este Capítulo se dispone, será culpable de un delito de calumnia, casti-gable con multa no menor de cien (100) ni mayor de quinientos (500) dólares o cárcel por un término mínimo de tres (3) meses y máximo de dos (2) años.” (Én-fasis suplido.) 20 L.P.R.A. sees. 877-879.

       Radiodifusiones de manifestaciones difamatorias en un programa ha-blado (talk show) • — que no constituyen programas de candidatos bajo el mencio-nado 47 U.S.C. see. 315— pueden conllevar distintas adjudicaciones. Una tendencia judicial es estimar que la no utilización de un mecanismo de dilación para poder evaluar las llamadas telefónicas .antes de que salgan al aire, y así eliminar cualquier expresión objetable, constituye malicia real, pues implica una actuación con grave menosprecio de la información difundida. Snowden v. Pearl River Broadcasting Corp., 251 So. 2d 403, 410 (1971). Una decisión en contrario es Adams v. Frontier Broadcasting Company, 555 P.2d 556 (1976).


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Osvaldo Santiago Acosta, acusado y apelante.

      Número: CR-86-53

      Resuelto: 21 de junio de 1988

      Antonio E. Arraiza Miranda y Ludwig Ortiz Belaval, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Al resolver esta apelación nos inspira el ideal de que la “fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la de-mocracia, debe ser mantenida por los tribunales a los más altos niveles de la responsabilidad pública”. Canon I de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. Por eso los miembros de la Rama Judicial debemos siempre observar rigurosamente una conducta que estimule el respeto y la confianza del Pueblo de Puerto Rico: “De nada serviría la magnificencia del escenario en que la Justicia se administra, si la indiferencia, la ligereza o la corrupción anidase entre sus salas y habi-táculos.” F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 74.

En esta apelación el ex Secretario del Tribunal Superior de Arecibo, Osvaldo Santiago Acosta, cuestiona la validez del veredicto mediante el cual se le encontró culpable de treinta y seis (36) cargos de malversación de fondos públicos. Art. 216(a) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4391(a). En apela-ción se limita a discutir señalamientos de error sobre el tras-lado del caso, incidentes con el Jurado y el derecho del acusado a testificar a su favor. Confirmamos.

I

Una extensa auditoría del Contralor de Puerto Rico so-bre las operaciones fiscales de la Sala dé Arecibo del Tribunal Superior entre el 8 de septiembre de 1979 y el 18 de abril de 1983 reveló “la comisión de serias irregularidades y viola-ciones de ley por el Secretario del Tribunal, Sr. Osvaldo Santiago Acosta”. Informe de Intervención DB-87, Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, Tribunal Superior, Sala de Arecibo, pág. 1. Como resultado de esta investigación se encontró que había una deficiencia de fondos de $1,655,545 en las cuentas bajo la custodia del Secretario de ese tribunal.

El informe de la Oficina del Contralor fue sometido al Secretario de Justicia y al Director Administrativo de la Ofi-cina de Administración de los Tribunales el 27 de mayo de 1983. Inmediatamente, el señor Santiago Acosta fue desti-tuido de su posición y el Secretario de Justicia sometió treinta y seis (36) acusaciones por la apropiación de la canti-dad de $223,521.16 de fondos de menores e incapacitados que estaban consignados en el tribunal. Art. 216(a) del Código Penal, supra.

En agosto de 1984, antes de comenzar el juicio, el Minis-terio Público, mediante moción debidamente apoyada por declaraciones juradas, solicitó el traslado del caso. Argu-mentó que no podría obtenerse un juicio justo e imparcial contra el ex Secretario del Tribunal en Arecibo, porque du-rante los treinta y tres (33) años que trabajó en ese Centro Judicial había desarrollado buenas relaciones con diversos integrantes del sistema, incluso jurados, jueces, fiscales, abogados, alguaciles y otros funcionarios. Además, sostuvo que había participado en la selección de jurados y tuvo ac-ceso a las listas usadas para escoger los paneles.

El acusado se opuso a la moción y el foro de instancia celebró una vista para considerar la solicitud del Ministerio Público. Luego de oír los testimonios de los suscribientes de las declaraciones juradas, el tribunal ordenó el traslado de las causas a la Sala de San Juan del Tribunal Superior. Opor-tunamente el acusado recurrió ante nos mediante certiorari para revisar esta determinación. Mediante resolución, dene-gamos su petición.

Durante el juicio surgieron dos (2) incidentes relacio-nados con el Jurado que requirieron la intervención del ma-gistrado de instancia. En el primero de éstos el magistrado declaró sin lugar una solicitud del abogado de la defensa para la descalificación de una jurado, por ser hermana de un fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el segundo, se enfrentó a un intento de influenciar al Jurado por parte de un jurado suplente.

Para investigar este segundo asunto, celebró una vista en cámara y examinó a cada uno de los jurados. Constató que un jurado suplente se había comunicado telefónicamente con los miembros del panel para persuadirlos de la inocencia del acusado. Enterado de estas comunicaciones, el foro de ins-tancia tomó las medidas correspondientes y, por estipulación de las partes, fue excusado del panel el jurado suplente que realizó las llamadas. Tanto la defensa como el Ministerio Pú-blico accedieron a continuar con el caso y ninguna de las partes solicitó que se disolviera el Jurado.

Concluida la presentación de la prueba de cada parte y los informes finales de sus respectivos abogados, el tribunal impartió instrucciones sobre los delitos de apropiación ilegal de fondos públicos, Art. 216(a) del Código Penal, supra, y del delito menos grave de negligencia en el cumplimiento del de-ber, Art. 215 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4366.

Luego de varias horas de deliberación, el Jurado rindió veredicto de culpabilidad en los treinta y seis (36) cargos por el delito de apropiación ilegal de fondos públicos provisto en el Art. 216(a) del Código Penal, supra. El 6 de junio de 1986, el tribunal dictó sentencia que imponía condena al Sr. Osvaldo Santiago Acosta de diez (10) años de reclusión en cada cargo, a ser cumplidos concurrentes entre sí. Una evaluación independiente y cuidadosa de la exposición narrativa, los autos originales y los alegatos sometidos por las partes nos convencen de que procede la confirmación de la sentencia y la ratificación de las expresiones del tribunal de instancia citadas anteriormente.

h-I I — I

En su primer señalamiento de error el apelante cuestiona la decisión del tribunal de instancia que permitió el traslado del caso. Sostiene que al concederlo se le privó de su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. No tiene razón.

De ordinario, un acusado debe ser juzgado en el distrito donde se cometió el delito y, si éste es un delito grave, frente a un jurado de vecinos de la comunidad. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Maldonado v. Corte, 71 D.P.R. 537 (1950). Sin embargo, esta regla no es absoluta. Cuando su aplicación afecte adversamente el dere-cho del acusado a un juicio justo e imparcial, un traslado puede ser la mejor manera de reconciliar el conflicto entre estos derechos. Véase la discusión sobre el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, supra, en 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1592-1593 (1952). Así concluimos en Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316, 325 (1980), cuando afirmamos que “[l]a cláusula constitucional que garantiza el derecho a juicio por jurado imparcial compuesto por 12 ve-cinos del distrito no impide el traslado de ciertos casos a otros distritos”.

Nuestra Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, expresamente reconoce la autoridad de los tribunales a ordenar traslados y a identificar los criterios que deben ser considerados. La regla provee que tanto el Estado como el acusado podrán solicitar el traslado de la causa por cualquiera de las siguientes causas: (a) cuando por cualquier razón que no sea uno de los criterios para solicitar la inhibición de un juez, no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial; (b) cuando no puede obtenerse un Jurado porque hay desorden público; (c) cuando esté en peligro la vida del acusado o algún testigo, o (d) cuando no pueda obtenerse un Jurado. Sin embargo, aunque procede el traslado por cualquiera de estos fundamentos, lo determinante al considerarse una moción al amparo de la Regla 81 de Procedimiento Criminal, supra, es el mandato de rango constitucional de un juicio justo e imparcial.

Al evaluar una petición de traslado porque no se puede celebrar un juicio justo e imparcial los tribunales, al amparo de la Regla 81(a) de Procedimiento Criminal, supra, deben considerar los factores siguientes: (1) el tamaño de la comunidad; (2) la naturaleza y alcance de la publicidad del caso; (3) la identidad, reputación y posición en la comunidad tanto del acusado como de las víctimas; (4) la gravedad de las ofensas, y (5) la dificultad en obtener un panel de jurados. Véanse, por ejemplo: Odle v. Superior Court of Contra Costa Cty., 654 P.2d 225 (Cal. 1982); Martínez v. Superior Court of Placer County, 629 P.2d 502 (Cal. 1981).

La decisión sobre la necesidad del traslado deberá estar fundamentada en los hechos de cada caso en particular y descansará sobre la sana discreción del tribunal sentenciador. Maldonado v. Corte, supra; Pueblo v. Escobar, 55 D.P.R. 505 (1939).

En el caso ante nos, la prueba revela que el tribunal a quo actuó correctamente y con gran prudencia al ordenar el tras-lado del caso. Al apelante se le acusaba de cometer un delito como funcionario del tribunal en que pretendía ser juzgado. Mantenía buenas relaciones con todo el personal del Centro Judicial de Arecibo y conocía a muchos de los candidatos po-tenciales del Jurado. Además, se le acusaba de ser el autor de la malversación de los fondos que cientos de personas del área tenían en ese Centro Judicial. Su alegado acto delictivo constituía el ejemplo de corrupción más serio que se ha sus-citado en la historia de la Rama Judicial y el prestigio de los funcionarios del Centro Judicial de Arecibo estaba en entre-dicho. En estas circunstancias, no erró el tribunal de instan-cia al ordenar el traslado para asegurar un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Chaar Cacho, supra.

H-1 HH

A. El apelante también cuestiona ciertas irregularidades en la selección y conducta del Jurado. Sin embargo, no pre-senta ningún fundamento válido para sostener su posición. Primeramente, se limita a especular sobre la imparcialidad de una jurado, porque no mencionó durante el proceso de desinsaculación que era hermana de un fiscal del Departa-mento de Justicia de Estados Unidos.

El planteamiento es frívolo. Nuestra Regla 121 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, enumera los fundamentos que permiten la recusación de un posible jurado. La regla señala como fundamento la incapacidad legal para actuar como jurado y ciertas posibles circunstancias de prejuicio implícito tales como relaciones consanguíneas, contractuales o de amistad con el acusado, sus abogados o los fiscales que se ven involucrados en el caso. Este tipo de “prejuicio implícito” que puede descalificar a una persona se fundamenta en la existencia de una relación que afecte la independencia y objetividad de la persona e impida que ejerza imparcialmente su función como jurado. 3 Wharton’s Criminal Procedure Sec. 447, pág. 250 (12ma ed. 1984); Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 318 (1977).

En el caso de autos, el apelante no ha alegado daño o perjuicio específico alguno por el hecho de que la jurado fuera hermana de un fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De por sí, la relación no la descalifica. El hecho de tener un familiar en una agencia del Gobierno que se dedica a hacer cumplir las leyes (Policía o Ministerio Pú-blico, por ejemplo), no crea necesariamente este tipo de pre-juicio que haría a una persona inelegible per se para actuar como jurado. E. Krauss y B. Bonora, Jurywork: Systematic Techniques, 2da ed., Nueva York, Ed. Boardman, 1988, See. 10.03[7][b], pág. 10-81. Véanse, por ejemplo: United States v. Daly, 716 F.2d 1499, 1507 (9no Cir. 1983); United States v. Grismore, 546 F.2d 844 (10mo Cir. 1976); Mikus v. United States, 433 F.2d 719, 724 (2do Cir. 1970).

Tampoco nos convencen las insinuaciones sobre la con-ducta moral de la jurado. Contrario a lo planteado por el apelante, ella no mintió durante la desinsaculación. En el voir dire se le preguntó únicamente si tenía algún familiar en el Departamento de Justicia de Puerto Rico y contestó en la negativa. Su parentesco era con un fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Como ni ese fiscal ni el De-partamento de Justicia federal intervinieron en este caso, no hay motivo alguno para cuestionar su imparcialidad.

Por otro lado, el apelante en ningún momento probó que ella no podría descargar su responsabilidad con la imparcialidad y la independencia de criterios que deben animar a un ciudadano que acepta la función de jurado en nuestro sistema de justicia. Tampoco se alegó daño o perjuicio alguno. En nuestro ordenamiento se presume que los deberes de un jurado se han cumplido con regularidad. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154, 159 (1982); Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384, 394 (1970). Aquí el apelante no ha aducido prueba alguna para rebatir esta presunción. En estas circunstancias, no vemos razón para revocar la sentencia.

B. Por otro lado, el apelante también impugna la discre-ción del tribunal de no disolver el Jurado después de que se enteró que un miembro suplente había intentado influenciar a los demás miembros del panel. Además, señala que erró el tribunal al investigar el asunto en cámara y en ausencia del apelante. Nuevamente, se trata de alegaciones totalmente frívolas.

La exposición narrativa de la prueba señala que fue el abogado de la defensa quien sugirió que sería preferible que el apelante no estuviera presente en la vista investigativa celebrada en cámara. También se desprende que el apelante no objetó posteriormente la continuación del proceso. Por último, el apelante no ha expuesto el perjuicio causado por el incidente.

Recientemente señalamos, en Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 D.P.R. 34, 39 (1984), que la discreción del juez de instancia al disolver un Jurado por aparente irregularidad merece deferencia por el tribunal apelativo. Es el juez de instancia quien está en mejor posición para hacer una evaluación inteligente de las circunstancias que requiere la disolución del Jurado.

En el caso de autos no hay fundamento alguno para cuestionar la decisión del ilustrado magistrado que presidió el juicio. Ciertamente, investigó el incidente y tomó todas las medidas cautelares necesarias para garantizar un juicio justo e imparcial. En este contexto, las especulaciones del apelante sobre el posible efecto perjudicial del incidente no son suficientes para sostener su argumento. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834, 838 (1983). Debe presumirse que el Jurado fundamentó su veredicto en la prueba presentada y no en hechos extraños o en influencias foráneas. Además, la doctrina reconoce que “no todo error o irregularidad en un proceso macula la imparcialidad de un veredicto. Tiene que ser grave, perjudicial, sustancial e insubsanable”. Pueblo v. Guzmán Camacho, supra, pág. 38. En el caso de autos, en vista de que no hay evidencia de que ningún elemento extraño afectó la decisión o ejerció influen-cia indebida sobre el Jurado, no debemos alterar el vere-dicto. Pueblo v. Figueroa Rosa, supra; Pueblo v. Prados García, supra.

> h — I

En su cuarto señalamiento de error el apelante alega que se debe revocar la decisión del tribunal inferior porque no se le advirtió de su derecho a testificar en su defensa. Fundamenta su argumento únicamente en la decisión del Tribunal Supremo del estado de Colorado en People v. Curtis, 681 P.2d 504 (Colo. 1984). Allí se determinó que el derecho de un acusado a testificar a su favor era tan fundamental que el tribunal debía proveer ciertas salvaguardas procesales para asegurar que su renuncia sea inteligente y voluntaria. Se concluye que el tribunal debe advertirle al acusado que puede declarar y las consecuencias de hacerlo. Sin embargo, esta doctrina no ha sido adoptada en ninguna otra jurisdicción en Estados Unidos. En cambio, ha sido criticada y rechazada por la mayoría de los tribunales. Com. v. Siciliano, 471 N.E.2d 1359 (Mass. App. Ct. 1984); Com. v. Hennessey, 502 N.E.2d 943 (Mass. App. Ct. 1987); Com. v. Lagacy, 504 N.E.2d 674 (Mass. App. Ct. 1987); People v. Simmons, 364 N.W.2d 783 (Mich. App. 1985); State v. Allie, 710 P.2d 430 (Ariz. 1985); Cutter v. State, 460 So. 2d 538 (Fla. App. 2 Dist. 1984); State v. Hayes, 334 S.E.2d 741 (N.C. 1985); State v. Duran, 731 P.2d 374 (N.M. App. 1986); Coonce v. State, 318 S.E.2d 763 (Ga. App. 1984).

Por imperativo constitucional el acusado tiene derecho a permanecer en silencio durante el juicio. Los tribunales hemos sido particularmente celosos en proteger el derecho de los ciudadanos a no incriminarse y hemos expresamente prohibido que su silencio se tome en consideración o que el Ministerio Público comente sobre la negativa del acu-sado a testificar. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., supra; Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 818 (1981); Pueblo v. Esquilín Paris, 98 D.P.R. 505 (1970); Pueblo v. Esquilín Paris, 96 D.P.R. 415 (1968); Pueblo v. Perales Figueroa, 92 D.P.R. 724, 726 (1965); Pueblo v. Alvarez Trinidad, 85 D.P.R. 593, 596 (1962).

La decisión de declarar en el juicio es una determi-nación táctica que debe tomar el acusado en consulta con su abogado. Si el acusado decide no declarar, no hay mandato constitucional que requiera que los jueces investiguen su de-cisión y verifiquen que fue voluntaria y con conocimiento de sus implicaciones. Véase, por ejemplo, United States v. Systems Architects, Inc., 757 F.2d 373, 376 (1er Cir.), cert. denegado, 474 U.S. 847 (1985). Resolver lo contrario sería presumir que el acusado no contaba con representación legal adecuada que le aconsejara sobre sus derechos.

De los autos surge que a través de todo el proceso el apelante estuvo adecuadamente asistido por la misma re-presentación legal que entendía las ventajas y peligros de utilizar el testimonio del acusado. El tribunal en ningún mo-mento impidió que la defensa presentara sus testigos o que contrainterrogara a los del Estado. Además, como en Puerto Rico nuestra Constitución impide los comentarios sobre el silencio del acusado, Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., supra, cualquier advertencia del magistrado sobre el derecho de testificar a su favor podría también constituir una violación a sus derechos constitucionales a permanecer en silencio y no incriminarse.

V

Por otro lado, el apelante también sostiene que erró el tribunal de instancia al no impartir instrucciones para que se incluyera en el epígrafe de la hoja de votación del Jurado el delito menos grave de negligencia en el cumplimiento del deber. Alega que la hoja debe contener todos los delitos por los cuales el tribunal imparte instrucciones al Jurado. Surge claramente de la exposición narrativa de la prueba que las hojas de votación permanecieron en sala hasta que pasaron al Salón de Deliberaciones junto a toda la prueba documental y que estaban a la disposición de las partes para ser revi-sadas en cualquier momento. El apelante en ningún mo-mento objetó el procedimiento utilizado. Su señalamiento es inmeritorio.

La hoja de votación tan sólo se usa para recoger el veredicto final en la deliberación del Jurado. No es una guía para que los miembros del panel se dejen llevar sobre los delitos que se imputan a los acusados. Para esto precisamente es que el tribunal tiene la obligación de ilustrar mediante instrucciones orales al Jurado. Se presume que el Jurado lleva a cabo su labor a base de la prueba y no de influencias externas. Pueblo v. Figueroa Rosa, supra; Puebla v. Prados García, supra.

En el caso de autos el apelante no ha establecido funda-mento alguno que nos lleve a concluir contrario a esta pre-sunción. Sus especulaciones sobre el posible efecto sugestivo del epígrafe de la hoja de votación no son suficientes para inducirnos a revocar la sentencia apelada. Pueblo v. Figueroa Rosa, supra; Pueblo v. Prados García, supra.

HH >

En su último señalamiento de error, el apelante alega que no se le debió sentenciar a diez (10) años de prisión, cuando la pena fijada en el Art. 216(a) del Código Penal, supra, es de seis (6) años. Alega que no se pasó prueba de agravantes que ameritara el aumento en la pena. No le asiste la razón.

Desde el 19 de febrero de 1986 el Ministerio Público presentó una moción sobre circunstancias agravantes. Véase la minuta de 6 de junio de 1986. Para considerarla no era necesario celebrar una vista especial, a menos que existiera alguna controversia real sobre un hecho material que requiriera la presentación de prueba. Regla 162.4 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625 (1987).

La Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, recoge algunas de las circunstancias que pueden tomarse en consideración como agravantes al imponerse una penalidad. En el caso de autos, por lo menos se cumplieron dos (2) de éstas: primero, el delito evidencia designios criminales planificados y, segundo, implicó la apropiación de una gran cantidad de dinero que estaba bajo la custodia del Tribunal Superior. El delito cometido atenta contra la sana administración pública y es lesivo a los mejores intereses de la Judicatura. El tribunal de instancia elocuentemente explicó su decisión:

La evidencia sobre culpabilidad en relación al convicto ape-lante fue tan abrumadora que demostró que no estamos tra-tando con un crimen cometido sin la reflexión debida. Por el contrario, la prueba dejó ver claramente que el Ex-Secretario del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, elaboró un método, plan o esquema bien organizado que requirió una planificación detallada y una cuidadosa ejecución que s[ó]lo pueden llevar a cabo personas con poco o ningún respeto para el Sistema de Justicia en Puerto Rico.
Más aún, la severidad de los delitos cometidos por el acu-sado-apelante no pueden ser subestimados. Apéndice 4, pág. 55.

El apelante no ha traído ante nuestra consideración las circunstancias atenuantes que hubieran justificado una pena más benigna. Por el contrario, abusó de la confianza de cientos de familiares que tenían los fondos de pensiones ali-mentidas despositados bajo su custodia. Aunque el Estado respondió por los fondos malversados, las personas afec-tadas no solamente no pudieron contar de inmediato con este dinero sino que, además, tuvieron que iniciar acciones le-gales contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recuperarlos.

En estas circunstancias, y en ausencia de evidencia de un claro abuso de discreción, no intervendremos con la determinación de la pena del tribunal inferior. Pueblo v. López Reyes, 109 D.P.R. 379, 381 (1980); Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985)..

Por los fundamentos expuestos, se confirmará la deci-sión del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

       De los autos surge que en las vistas celebradas el 14 y 21 de febrero de 1986 para considerar la solicitud de fianza el Sr. José Colón Colón, Auditor de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, bajo juramento declaró:
      “(1) Que era el auditor a cargo durante la auditoría practicada en el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, para el período en que el Sr. Osvaldo Santiago Acosta se desempeñaba como Secretario del Tribunal.
      “(2) Como producto de parte de la intervención practicada en la Secretaría del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, se le habían sometido treinta y seis (36) casos por Malversación de Fondos Públicos (Art. 216(a)) ascendentes a DOS-CIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN DOLAR[ES] CON DIECISEIS CENTAVOS ($223,621.16).
      “(3) Que la totalidad del faltante en dicha Secretaría del tribunal ascendía a UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES ($1,655,646.00). Que este faltante constituye alrededor de 121 casos.
      “(4) Que en adición [sic] al faltante todavía seguían apareciendo casos donde hay demandas contra el Estado por lo cual dicha suma puede ascender aproxima-damente a DOS MILLONES DE DOLARES ($2,000,000.00).” Resolución del Tribunal Superior de 20 de noviembre de 1986. Apéndice 4, pág. 43.

       La conducta punible en cuestión aparece tipificada como sigue:
      “Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años todo funcionario o empleado público y toda persona encargada de recibir, guar-dar, traspasar o desembolsar fondos públicos que realizare cualesquiera de los siguientes actos:
      “(a) Sin autoridad legal se los apropiare en todo o en parte, para beneficio particular o el de otra persona.” 33 L.P.R.A. sec. 4391(a).

       En Rideau v. Louisiana, 373 U.S. 723 (1963), el Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que un traslado puede ser la fórmula apropiada para ase-gurar el juicio imparcial garantizado por la Constitución. Este caso fue decidido en 1963, “pero su mensaje responde a más de 200 años de experiencia humana en su interminable búsqueda por una administración justa del derecho penal”. (Tra-ducción nuestra.) Groppi v. Wisconsin, 400 U.S. 505, 511 (1971). Véase 1 Wharton’s Criminal Procedure 122 n. 55 (12ma ed. 1984).

       Por lo general, las alegaciones sobre recusación de un jurado deben ha-cerse durante el proceso de desinsaculación o antes de presentarse prueba. Regla 118 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En esta etapa el tribunal puede examinar y descalificar a posibles jurados sin que se requieran objeciones previas de las partes. Sin embargo, como señala Wharton, el tribunal no tiene facultad para descalificar jurados perentoriamente luego de comenzado el juicio. Si las partes no. objetan la presencia de un jurado, el tribunal no debe eliminarlo del panel, a menos que exista causa justa y suficiente para ello. Wharton’s Criminal Procedure, supra, Vol. 3, Sec. 464, pág. 278.


author: per CURIAM;

text:
    Sara M. Claudio y Otros, demandantes y apelados, v. Hon. Rafael Hernández Colón y Otros, demandados y apelantes.

      Número: CE-88-244

      Resuelto: 22 de junio de 1988

      Patricio Martínez Lorenzo, de Ramírez & Ramírez, abogado de los apelantes; los apelados no comparecieron.
   per CURIAM;

Mediante sentencia de fecha 9 de marzo de 1988, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, declaró inconstitucional el uso del sistema de colegio cerrado provisto por la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979 (16 L.P.R.A. see. 1347 et seq.), según enmendada, conocida como la Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias y el Regla-mento para los Procesos de Primarias Presidenciales de los Partidos Políticos Nacionales: Demócrata y Republicano, por éste “violar el Artículo II, Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya que impone un gravamen impermisible al sufragio universal”. Sentencia, pág. 31. Expresó el referido tribunal, al así actuar, que el mencionado “sistema de colegio cerrado para la votación de las Primarias Presidenciales constituye un obstáculo irrazo-nable contra los electores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hombres y mujeres, que tiene el efecto de impe-dir y agravar [sic] sustancialmente la franquicia electoral”. Sentencia, pág. 26.

Inconforme, la parte demandada —compuesta la misma por el señor Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Her-nández Colón, y el Secretario de Justicia de Puerto Rico, Lie. Héctor Rivera Cruz— radicó en tiempo “escrito de ape-lación o petición de revisión” ante este Tribunal. Le imputó al foro de instancia la supuesta comisión de cuatro errores.

Resolvemos darle curso a la apelación interpuesta. Es-tando en condiciones de resolver el recurso, sin ulterior trá-mite y al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, procedemos a así hacerlo.

Recientemente —en Mundo Ríos v. Gobernador, 121 D.P.R. 416, 419 (1988)— resolvimos que aun cuando “[e]l sis-tema de votación de colegio cerrado no es inconstitucional” per se, resulta así serlo cuando la legislación que lo establece —en ese caso, las disposiciones de ley que regulan las Prima-rias de Candidaturas a Cargos Electivos — no provee al-ternativas factibles para que en las mismas emitan su voto electores tales como:

... (a) policías estatales y guardias municipales en servicio activo; (b) oficiales de custodia de la Administración de Co-rrección en servicio activo; (c) empleados de la Comisión en servicio activo el día de las primarias; (d) miembros de las Juntas locales y oficiales de la Junta de Inscripción Perma-nente; (e) médicos, enfermeras, personal paramédico, ofici-nistas y personal administrativo de los hospitales e institu-ciones análogas, ya sean públicas o privadas, que estarán trabajando el día de las primarias; (f) bomberos y miembros de la Defensa Civil en servicio activo, y (g) cualquier otro fun-cionario público o elector en situación análoga. Mundo Ríos v. Gobernador, ante, págs. 416-417.

Un examen de las disposiciones de la citada Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, ante, revela —según correcta-mente lo concluyera el foro de instancia— que la misma ado-lece del mismo defecto que la mencionada legislación sobre primarias locales; esto es, impide que determinados grupos de personas —análogas a las del citado caso de Mundo Ríos v. Gobernador, ante— ejerzan su derecho al voto, lo cual constituye “un gravamen impermisible al sufragio universal”. Sentencia, ante. Al así hacerlo, dicha legislación resulta igualmente inconstitucional al amparo de las disposiciones pertinentes antes mencionadas de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

       “A. ... La Insuficiencia de la Prueba Para Establecer que el Sistema de Colegio Cerrado Violenta el Derecho Constitucional al Sufragio.
      “B. ... La Toma de Conocimiento Judicial de un Hecho Adjudicativo como lo es que la Condición de las Demandantes es Común a Otras Personas que no son Parte en el Pleito no es de Conocimiento General o Susceptible de Determinación Inmediata y Exacta Recurriendo a Fuentes Cuya Exactitud no Puede ser Razo-nablemente Cuestionada.
      “C. ... Lo Erróneo e Insuficiente de las Determinaciones de Hecho y Con-clusiones de Derecho de la Sentencia Determinando que el Sistema de Colegio Cerrado es Inconstitucional.
      “D. ... El Tribunal Superior Cometió Grave Error de Derecho al Resolver que el Sistema de Votación de Colegio Cerrado que Establece la Ley Núm. 6 para Llevar a Cabo las Primarias Presidenciales Viola el Derecho al Sufragio Garanti-zado por el Artículo II, See. 2 de Nuestra Constitución.” Petición de revisión, págs. 21-28.

       Art. 4.021 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3171.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Re-bollo López. Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José L. Torres Ramos, acusado y apelante.

      Número: CR-86-66

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Luz M. Ríos Rosario, abogada del apelante; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   I

PER CURIAM:

Ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, José L. Torres Ramos fue acusado de dos (2) cargos del delito de asesinato en primer grado, una tentativa de ase-sinato, una tentativa de robo, y dos (2) cargos por infrac-ciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, respectivamente. Fue absuelto por el tribunal de uno de los cargos del Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. En los restantes, el Jurado rindió veredicto de culpabilidad. El 5 de agosto de 1986 fue senten-ciado a varias penas de reclusión.

En su apelación, aunque señala cinco (5) errores, sólo dis-cute cuatro (4). Los mismos son susceptibles de ser eva-luados como un ataque a la suficiencia de la prueba y a la validez de la identificación. A su juicio, la prueba de cargo no sostiene su culpabilidad más allá de duda razonable, en particular frente a su defensa de coartada. Expongamos sucinta pero integralmente los hechos establecidos por el Ministerio Fiscal.

En la tarde de 7 de julio de 1985, aproximadamente a las 6:30 P.M., las Sras. Melba Iris Bianchi y Esther López vieron un automóvil Malibú amarillo que se detuvo justo frente a la residencia en que ellas estaban hablando y que está ubicada en la Carr. 842 del Bo. Caimito Alto, Río Piedras. Ambas notaron cuando de dicho vehículo descendieron dos (2) per-sonas, entre las cuales estaba el apelante Torres Ramos. Éstas se dirigieron hacia un negocio llamado “Cuchilandia San Martín”. El conductor permaneció dentro del vehículo y durante los breves minutos que pasaron intercambió unas pocas palabras con las señoras Bianchi y López. Dicho conductor les manifestó que no eran del área. Al cabo de unos cinco (5) minutos regresaron sus dos (2) acompañantes, quienes subieron al automóvil y se marcharon. El referido negocio estaba cerrado.

Poco después, en un comercio conocido como “Colmado Don Chelo”, situado a unos dos (2) hectómetros de la misma carretera y del sitio donde las señoras Bianchi y López ha-bían visto el automóvil y sus pasajeros —mientras se encon-traban varios parroquianos departiendo— de repente en-traron al local dos (2) individuos que gritaban que se trataba de un asalto. Segundos después hubo un intercambio de dis-paros cuando el parroquiano Andrés Centeno Villegas — Sargento de .la Policía fuera de servicio— con su arma in-tentó repeler a Iqs asaltantes. En la balacera fue herido de muerte el asaltante Iván Abad García. También resultaron heridos Andrés Ramos Rivera y Andrés Centeno Villegas. Este último falleció al cabo de una semana en el hospital a causa de las heridas recibidas en el tiroteo. El otro asaltante logró huir.

Posteriormente varios testigos oculares brindaron a la Policía una descripción del asaltante que huyó. Fundándose en esa información, los agentes investigadores les sometie-ron a esos testigos una serie de fotografías, en las cuales todos señalaron hacia la fotografía del apelante Torres Ramos. Luego, mediante rueda de detenidos, fue plena-mente identificado.

Por su parte, la prueba de coartada intentó establecer que Torres Ramos se encontraba —entre las 6:00-7:05 P.M.— en el Residencial Villa Esperanza con los testigos Reinaldo Fontán y Antonia Pérez Galarza.

II

La prueba del Ministerio Fiscal antes resumida, en con-traste con la de coartada, de ser creída como lo fue, demostró más allá de toda duda razonable los delitos imputados.

Para superar esta realidad, en su alegato éste enfatiza que algunos de los testimonios que lo' identificaron eran fami-liares del occiso Centeno Villegas. Argumenta que otros tes-tigos indicaron que no sabían si él había estado allí y uno de ellos reflejó dudas. Expone que el automóvil que fue identifi-cado perteneció a un joven nombrado Rubén A. Fortuño, quien murió mientras realizaba un asalto en Salinas. Aduce que se trata de un error de identificación.

Discrepamos. La dificultad de aceptar este enfoque —aparte de que el Jurado llegó a una conclusión distinta— es que la prueba refleja que fue satisfactoriamente identificado por los testigos Bianchi y Félix y Carmelo Centeno Villegas. No hay evidencia de que el proceso estuviera viciado de sugestividad. Aunque el frustrado asalto aconteció rápidamente, los testigos tuvieron amplia oportunidad de observarlo, prestaron atención y describieron con bastante fidelidad y certeza su físico. La identificación por fotografías fue once (11) días después del crimen y la línea de confrontación seis (6) meses después. La totalidad de las circunstancias que rodearon ambos procedimientos de identificación apoyan su validez. Pueblo v. Figueroa Torres, 102 D.P.R. 76 (1974); Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977); Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976); Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 486 (1972).

En resumen, el apelante Torres Ramos nos pide que dejemos sin efecto el valor, credibilidad y determinación que el Jurado otorgó a la prueba. En ausencia de circunstancias extraordinarias no podemos. Debemos respetarlas. Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369 (1987); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983).

r — i h-i I — I

Finalmente, aun cuando no ha sido levantado por el apelante Torres Ramos, aclaramos que los hechos de su caso no encajan en la reciente decisión de Pueblo v. Rivera Torres, 121 D.P.R. 128 (1988), expositiva de la norma cualificada exculpatoria por la muerte del coautor del delito bajo la doctrina de asesinato estatutario. Allí, como fundamento principal, indicamos que “aun cuando el apelante [Rivera Torres] participó en la comisión de un delito grave, sus actuaciones no fueron la causa próxima de la muerte ocasionada. Entendemos que para imponer responsabilidad bajo la teoría de la causa próxima es necesario que el acusado o los participantes en el delito, aun cuando se hayan abstenido de matar por mano propia, hayan puesto en marcha, al cometer uno de los delitos comprendidos en la ley, una sucesión de eventos que previsiblemente conduzcan a la muerte de un ser humano. Pueblo v. Calderón Laureano, [113 D.P.R. 574, 578 (1982)]”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Rivera Torres, supra, págs. 138-139.

Y a renglón seguido consignamos la verdadera razón de decidir: “El aquí apelante en ningún momento puso en mar-cha dicha sucesión de eventos. Al verse confrontado por la Policía, el apelante se limitó a soltar la bolsa que contenía el dinero robado y a huir del lugar del robo. Fue el propio coautor Mateo Ortiz quien, en una sucesión de eventos indepen-dientes y luego de haber concluido la comisión del robo, provocó su propia muerte. Estos eventos tenían una co-nexión más estrecha con la muerte ocasionada que la mera participación y responsabilidad por el robo por parte del apelante.” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Rivera Torres, supra, pág. 139.

Estas expresiones son decisivamente claves a los fines de imponer responsabilidad al apelante Torres Ramos. Lo verdaderamente crucial no es la identidad de la víctima, sino la suficiencia o no de la relación de causalidad fáctica. Aquí el coautor asaltante Abad García fue muerto en la balacera que coetáneamente se desencadenó durante el asalto, dentro del “Colmado Don Chelo”. Con su participación activa y decisiva, el apelante Torres Ramos inició y puso en marcha una sucesión de eventos que presumiblemente podían desembocar, como aconteció, en la muerte de su coautor, el Sargento Centeno Villegas y el parroquiano Ramos Rivera.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia con-firmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Estamos conformes con el resultado al que llega el Tribunal en el presente caso. Estimamos que es el correcto; defini-tivamente el aquí apelante “puso en marcha una sucesión de eventos que presumiblemente podían desembocar, como aconteció, en la muerte de su coautor, el sargento Centeno Villegas y el parroquiano Ramos Rivera”. Opinión del Tribunal, pág. 753. Procede, en su consecuencia, la confirmación de su convicción por el delito de asesinato en primer grado en relación con la muerte del coautor del delito de robo.

No podemos suscribir sin embargo, el razonamiento con-tenido en la Parte III de la opinión per curiam que se emite. No existe, en nuestra opinión, diferencia fundamental al-guna entre los hechos del caso de Pueblo v. Rivera Torres, 121 D.P.R. 128 (1988), y los del presente. En ambos, los res-pectivos apelantes pusieron en marcha una sucesión de eventos que condujeron a la muerte de un ser humano —su compañero de fechorías— durante la comisión, por parte de ellos, de un delito de robo.

Recordaremos que en Pueblo v. Rivera Torres, supra, sin embargo, este Tribunal resolvió —por votación de sus inte-grantes de cuatro contra tres— que el allí apelante no res-pondía por el delito de asesinato estatutario en relación con la muerte del coautor. Hoy, transcurridos apenas sesenta (60) días, el Tribunal da marcha atrás, señalando diferen-cias donde no existen con el propósito de distinguir un caso del otro.

Situaciones como éstas no deben suceder; le hacen daño al Tribunal y a la profesión en general por cuanto causan confusión y desasosiego a nivel de instancia. La consisten-cia en nuestras decisiones debería de ser uno de nuestros mayores atributos.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Es lamentable que apenas dos (2) meses después de ha-ber hecho los pronunciamientos vertidos en Pueblo v. Rivera Torres, 121 D.P.R. 128 (1988), una mayoría de este Tribunal hoy proceda a limitarlas a base de una interpretación muy restrictiva de la “relación de causalidad fáctica”.

Vistos los hechos de este caso y conforme a los pronuncia-mientos vertidos en Pueblo v. Calderón Laureano, 113 D.P.R. 574 (1982), y Pueblo v. Rivera Torres, supra, en el presente caso no procedía una acusación por la muerte del coautor Iván Abad García, al amparo de la doctrina de asesi-nato estatutario. Contrario a la mayoría de este Tribunal, reafirmo hoy la vigencia de nuestros pronunciamientos ver-tidos en Pueblo v. Rivera Torres, supra, pág. 139, cuando señalamos que:

El imputarle al apelante Rivera Torres la muerte de su co-autor, provocada únicamente por las actuaciones de este úl-timo, sería extender la aplicación de la doctrina a una situación más allá de la considerada en Pueblo v. Calderón Laureano, supra, ya que entendemos que la doctrina de asesi-nato estatutario, según expresada en el Art. 83 del Código Penal, supra, e interpretada en Pueblo v. Calderón Laureano, supra, sólo comprende aquellas situaciones en que el propio autor del delito o su cómplice ocasionan una muerte o, aun cuando los autores del delito no ocasionan la muerte directa-mente, sí ponen en marcha su sucesión de eventos que ocasio-nan la muerte de la víctima del delito o de un tercero inocente. (Énfasis suplido y en el original.)

       En las causas de asesinato en primer grado, noventa y nueve (99) años a ser cumplidos concurrentemente; en la tentativa de asesinato, diez (10) años a ser cumplidos de forma consecutiva con las anteriores; en la tentativa de robo, igual término y condiciones, y en las recurrentes, diez (10) años en cada caso, también consecutivos.

       Desistió del cuarto error. Los otros son los siguientes:
      Primero: “El veredicto, fallo y sentencia es contrario a la prueba desfilada, ya que la misma es insuficiente e insatisfactoria para sostener la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.”
      Segundo: “Que hubo error en la apreciación de la prueba y la misma fue conflictiva.”
      Tercero: “Que la identificación del acusado en corte fue insuficiente para sostener la convicción más allá de toda duda razonable.”
      Quinto: “Que la prueba presentada es insuficiente e insatisfactoria para sos-tener el veredicto y se indujo a error a los miembros del jurado en dicha apreciación.”

       La testifical consistió en los testimonios de Melba I. Bianchi Centeno (E.N.P., págs. 2-5); Esther López Reyes (E.N.P., págs. 5-7); Félix Centeno Vi-llegas (E.N.P., págs. 7-11); Andrés Ramos (E.N.P., págs. 11-13); Carmelo Cen-teno Villegas (E.N.P., págs. 13-16); Marcelino González Guadalupe (E.N.P., pág. 16); Sgto. Francisco Cora (E.N.P., págs. 17-19); Aníbal González Rodríguez (E.N.P., págs. 19-22), y agente José Serrano (E.N.P., págs. 22-23).
      La documental y objetiva: fotógrafos, armas, proyectiles, ropa, etc.

       El padre de este joven atestó que su hijo Rubén no se parecía físicamente al apelante Torres Ramos.

       Incidentahnente, la prueba no revela qué persona o disparos la produje-ron.

       Es por ello que en el referido caso de Pueblo v. Rivera Torres, 121 D.P.R. 128 (1988), nos unimos a la opinión disidente del compañero Juez Negrón García, la cual proponía la confirmación de la convicción por el delito de asesinato en primer grado del allí apelante.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Jorge L. Arroyo Fernández.

      Número: 2387

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Jorge L. Arroyo Fernández, pro se.

   PER CURIAM:

Jorge L. Arroyo Fernández prestó jura-mento de notario el 23 de diciembre de 1964.

El 2 de febrero de 1988 el Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos in-formó que el referido notario no rindió los índices notariales requeridos por la ley en el mes de mayo de 1987, el de la semana finalizada el 7 de junio y que cesó de rendirlos desde el mes de octubre de 1987 a febrero de 1988. Nos informó que el notario había dejado en manos de una empleada par-cial suya un registro de afidávit sin que lo volviera a procu-rar. Surge, además, que el notario incurrió en las faltas siguientes:

(a) Cambió de dirección y dejó de notificarla a nuestra ofi-cina. Tanto en sus índices notariales como en su expediente consta que la dirección del notario era Ponce de León 1550, Pda. 23, Santurce. Hace tiempo que ahí no se encuentra.

(b) No rindió el informe estadístico anual para el año 1986 que requiere la Regla 12(d) del Reglamento del Tribunal Supremo.

(c) Mudó sus protocolos sin haber solicitado el permiso de nuestra oficina.

(d) No rinde índices según explicado en el párrafo segundo. Memorando de 11 de febrero de 1988, pág. 2.

El 25 de febrero de 1988 le concedimos un término al no-tario para mostrar causa por la cual no deba ser disciplinado por haber incurrido en las violaciones antes reseñadas.

En su contestación, el notario admite que rindió los ín-dices tardíamente por la alegada razón de haber quedado afectado por los problemas de salud de su esposa. Sostiene que no ha mudado su protocolo de su oficina y que no está practicando la notaría. En cuanto a la falta de no rendir el informe estadístico alega que lo envió, pero que no se recibió en la Oficina del Director de Inspección de Notarías.

En un escrito suplementario, el Director informó que por virtud de lo ordenado por este Tribunal el notario le entregó los índices notariales que faltaban. Nos comunica, además, que el notario había cedido su oficina a una agrupación reli-giosa y que había dejado allí sus protocolos sin la debida pro-tección y custodia. Añade que el licenciado Arroyo Fernández no ha prestado la fianza notarial desde septiembre de 1986. Contrario a lo alegado por el notario, informa que en los meses de junio y julio otorgó cuatro (4) afidávit.

En consideración a lo expuesto, le concedimos un término adicional al notario para exponer las razones por las cuales no deba ser separado indefinidamente del ejercicio del nota-riado.

En contestación, el notario suplica que aceptemos su re-nuncia. Aparte del incidente sobre la localización, protección y custodia de su protocolo, no cuestiona las afirmaciones del Director.

Vista la naturaleza de las violaciones a la Ley Notarial de Puerto Rico, amerita su separación del ejercicio del nota-riado por el periodo de un año. In re Rivera Ortiz, 117 D.P.R. m (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986). Tan pronto cumpla esta sanción disciplinaria se le acep-tará su renuncia al ejercicio del notariado.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


author: PER CURIAM;

text:
      In re Rafael Ayala Hernández, querellado.

      Números: MC-87-3
    MC-85-21

      Resueltos: 30 de junio de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orsini Zayas, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Rafael Ayala Hernández, pro se.

   PER CURIAM;

El 15 de enero de 1987, el Hon. Francisco A. Padilla, Juez Superior de la Sala de Guayama, nos remitió copia del expediente, minuta y transcripción de la vista cele-brada en el caso criminal M-86-363, Pueblo de Puerto Rico v. Ledo. Rafael Ayala Hernández, por el delito de desacato.

Dicha acusación surgió con motivo de los diversos incum-plimientos llevados a cabo por el licenciado Ayala Hernández al defender al acusado, Rafael García Guzmán. El licenciado Ayala Hernández había sido contratado por el referido acu-sado para que lo defendiera de diversas acusaciones crimi-nales. Por ello cobró $800 que le pagó la madre del acusado. El licenciado Ayala Hernández lo representó en la vista pre-liminar, mas no compareció a la lectura de la acusación, la cual por ello tuvo que ser suspendida en dos (2) ocasiones. Tampoco compareció a la vista preliminar y a la vista en su fondo del juicio luego de haber sido citado personalmente. El tribunal en dichas ocasiones tuvo que designar otro repre-sentante legal para representar al acusado.

Los autos reflejan que el licenciado Ayala Hernández no se comunicó con su cliente y aparentemente abandonó la ju-risdicción de Puerto Rico.

El 5 de febrero de 1987 ordenamos al Procurador General de Puerto Rico que investigara y nos informara sobre los escritos remitidos por el Tribunal Superior, Sala de Gua-yama. El 19 de agosto del mismo año el Procurador General rindió su informe en que señaló que el licenciado Ayala Her-nández había abandonado la jurisdicción de Puerto Rico y desatendido sus requerimientos en torno a la investigación por él realizada.

El 3 de septiembre de 1987 concedimos término al licen-ciado Ayala Hernández para que reaccionara al informe ren-dido por el Procurador General y para que mostrara causa, si alguna, por la cual no debía ser disciplinado por su incumpli-miento con los Cánones de Ética Profesional. Ordenamos, además, que se le notificara de nuestra orden a la última dirección existente en su expediente personal y a cualquier otro lugar que surgiera de los autos.

El 6 de octubre de 1987 el licenciado Ayala Hernández compareció ante nos y solicitó tiempo adicional para responder a las querellas presentadas. Accediendo a su solicitud, le concedimos treinta (30) días según solicitado.

El 4 de noviembre de 1987 el licenciado Ayala Hernández nuevamente solicitó un término adicional de sesenta (60) días para responder a las querellas. Nuevamente accedimos a su pedido y le concedimos dicho término.

El 3 de marzo de 1988, como nos apercibimos mediante el expediente que el licenciado Ayala Hernández no había cum-plido con nuestras órdenes, le concedimos un término final e improrrogable de veinte (20) días para comparecer y le aper-cibimos, además, que su incumplimiento podría conllevar sanción disciplinaria, incluso su separación inmediata del ejercicio de la profesión.

Al día de hoy el querellado no ha comparecido.

El 11 de febrero de 1988, a través de la comunicación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos aperci-bimos de que no se habían podido examinar los protocolos del licenciado Ayala Hernández correspondientes a los años 1983 a 1986, que éste no rindió el formulario de actividad notarial correspondiente al 1986 y que dicho abogado-nota-rio no rendía índices notariales desde el 21 de septiembre de 1986. Ordenamos la incautación de la obra notarial del licen-ciado Ayala Hernández y le dimos término para que mos-trara causa de por qué no debíamos sancionarlo como notario y como abogado. El licenciado Ayala Hernández se limitó a entregar su obra notarial.

La actuación del licenciado Ayala Hernández menoscaba la jurisdicción disciplinaria de este Foro y atenta contra el compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz en nuestra sociedad. In re Kiefer, 117 D.P.R. 767 (1986); In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986).

La conducta del querellado amerita la imposición de san-ciones.

Visto el incumplimiento del Ledo. Rafael Ayala Hernán-dez con nuestras órdenes, y el menoscabo de nuestra juris-dicción disciplinaria, se le suspende provisionalmente del ejercicio de la abogacía y el notariado en Puerto Rico. Se dictará la sentencia correspondiente.