author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Gabriel Ortiz Couvertier, acusado y peticionario.

      Número: CE-88-778

      Resuelto: 9 de marzo de 1993

      Enrique Miranda Merced, abogado del peticionario; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario Gabriel Ortiz Couvertier fue acusado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, por el delito de robo, Art. 173 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4279. Luego de ser declarado culpable del delito imputado, en juicio celebrado por tribunal de derecho, el 29 de mayo de 1987 el foro de instancia dictó sentencia imponiéndole a éste una pena de doce (12) años de reclusión. La representación legal del acusado, Ledo. Helión Cruz González, presentó una moción solicitando “fianza en apelación”. Luego de que las partes argumenta-ran oralmente la cuestión en una vista señalada a esos efectos, el tribunal declaró con lugar la referida moción, fijándole al acusado una fianza en apelación de cincuenta mil dólares ($50,000), a ser prestada la misma “hipoteca-riamente y/o en efectivo”. El 23 de junio de 1987 —fuera del término de veinte (20) días que establece la Regla 194 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II— el licenciado Cruz González presentó un escrito de apelación en la secretaría del tribunal de instancia.

El 7 de julio de 1987 se radicó ante dicho foro una “mo-ción solicitando regrabación de los procedimientos” fir-mada la misma por el Ledo. Carlos Noriega, en la cual éste indicaba que el acusado convicto tenía interés en que se perfeccionara su recurso de apelación y que le había solici-tado que realizara las gestiones pertinentes a esos efectos. El 20 de julio de 1987 el Ledo. Max Pérez Preston presentó una “moción de reconsideración” en la que solicitó que se permitiera que la fianza en apelación que se le había im-puesto al acusado fuera de cincuenta mil dólares ($50,000), si la misma se prestaba en efectivo, y de treinta y cinco mil dólares ($35,000) si ésta era prestada “hipotecariamente”. El 21 de julio de 1987, el tribunal de instancia emitió una “Resolución” declarando con lugar dicha moción.() .

Informado por su abogado de récord que el escrito de apelación había sido radicado fuera del término jurisdiccio-nal, el acusado convicto presentó ante el tribunal de ins-tancia, por derecho propio, una “moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal”, moción que fue señalada para ser discutida el 20 de mayo de 1988. En dicho día el licen-ciado Cruz González le informó al tribunal que su repre-sentado estaba en libertad bajo “fianza en apelación” y que dicha apelación “no se había perfeccionado”. El licenciado Pérez Preston solicitó del tribunal que lo relevara tanto a él como al licenciado Carlos Noriega de la representación legal del acusado convicto y que cancelara la fianza en apelación. El tribunal accedió a todo lo solicitado por el licenciado Pérez Preston, ordenando el ingreso del recu-rrente en una institución penal. En dicho día no se discutió la moción radicada por el acusado convicto bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Durante el mes de agosto de 1988, el convicto presentó varias “mociones” por derecho propio, a saber: moción soli-citando reconsideración de sentencia; moción solicitando que el tribunal relevara el licenciado Cruz González como su abogado, y moción solicitando remedio especial. El tribunal de instancia señaló vista para la discusión de dichas mociones. El 23 de septiembre de 1988 el referido foro re-levó, nuevamente, al licenciado Pérez Preston de la repre-sentación legal, suspendiendo la vista señalada. El día 27 de octubre de 1988, se discutió, finalmente, la antes men-cionada moción bajo la Regla 192.1. En dicho día asumió la representación legal del acusado el Ledo. Enrique Miranda Merced, quien argumentó, en síntesis y en lo pertinente, que el acusado no había estado adecuadamente represen-tado por abogado durante los procedimientos apelativos, y que, por ende, se le había violado su derecho constitucional a tener asistencia de abogado. El asunto quedó sometido. Expresando que la determinación sobre si se le ha violado o no a un acusado el derecho a una adecuada representa-ción legal, en la etapa apelativa, principalmente depende del hecho de si éste ha estado o no representado por un abogado de oficio o de su propia selección, el Tribunal Superior, Sala de Carolina, declaró dicha moción “no ha lugar”.

Inconforme, acudió el acusado ante este Tribunal, vía certiorari, alegando que el tribunal de instancia había errado al

...negarse a resolver que la inacción —no justificada— del en-tonces abogado del peticionario, al no radicar oportuna y co-rrectamente el escrito de apelación, privó a éste de su derecho a una debida asistencia legal durante la etapa apelativa del pro-ceso, en violación de lo dispuesto en el Artículo II[, ] Sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado .... Alegato del recurrido, págs. 1-2.

Expedimos el auto de certiorari. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I — I

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 307-308, garantiza que:

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho ... a tener asistencia de abogado .... (Enfasis suplido).()

El derecho a tener representación legal en casos criminales se ha consagrado como parte fundamental de la cláusula del debido proceso de ley. Pueblo v. Moreno González, 115 D.P.R. 298 (1984); Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982). En Estados Unidos, véanse: Wheat v. United States, 486 U.S. 153 (1988); United States v. Ash, 413 U.S. 300 (1973); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963); Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938); Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 (1932). Se ha reconocido, además, que el derecho constitucional a la asistencia de abogado debe ser uno adecuado y efectivo. Véanse: United States v. Cronic, 466 U.S. 648, 653 (1984); Kimmelman v. Morrison, 477 U.S. 365 (1986); Darden v. Wainwright, 477 U.S. 168 (1986).() El derecho a tener una efectiva o adecuada representación legal puede quedar menoscabado cuando:

[(a)] el abogado es incompetente para la tarea que se le asigna, [(b)] como cuestión de hecho la labor desplegada demuestra su inefectividad,
[(c)] hay un potencial o actual conflicto de intereses para el abogado,
[(d)] las reglas o actuaciones del tribunal constituyen una limi-tación irrazonable al derecho a tener adecuada asistencia de abogado. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, See. 7.9, págs. 449-550.

Resulta importante señalar, y enfatizar, que desde hace mucho tiempo este Tribunal —en Pueblo v. Mojica Pedroza, 92 D.P.R. 733 (1965)— ha resuelto que

[r]ecae sobre nosotros en este Tribunal el deber de examinar cuidadosamente el récord para ver si las formalidades y el ritual judicial ejecutados en verdad contienen la substancia del debido proceso de ley que se supone que contengan. Sin la subs-tancia que les da su razón de ser, las formalidades son peor que nada. (Énfasis suplido. )()

Hemos reconocido el derecho de un acusado al disfrute de asistencia legal: en la etapa investigativa cuando ésta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura de acusación, durante el juicio, al dictarse sentencia y en la fase apelativa. Véanse: Pueblo v. Sánchez Vega, 95 D.P.R. 718 (1968); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964). La representación legal, en la etapa apelativa, es de particular importancia ya que esta etapa del procedimiento penal es la única —y posiblemente última— oportunidad que tiene el acusado para demostrar que su convicción es una contraria a derecho. Evitts v. Lucey, 469 U.S. 387 (1985).

Sabido es que una apelación es un proceso adversativo en el que se requiere, por su complejidad, la ayuda de un abogado. Evitts v. Lucey, ante. A esos efectos, en Douglas v. California, 372 U.S 353 (1963), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que la Décimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. le garantiza a todo acusado el derecho a tener asistencia de abogado en su primera apelación.() Por nuestra parte, y desde hace muchos años, hemos garantizado el derecho de asistencia de abogado en todo momento del procedimiento criminal, incluyendo la etapa apelativa. Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, ante.

II

A la luz de los principios antes expuestos, debemos resolver si al peticionario de epígrafe se le violó su derecho a una adecuada y efectiva representación legal en la etapa apelativa.

A tenor con la Regla 194 de Procedimiento Criminal,() el abogado del acusado tenía veinte (20) días para apelar, esto es, hasta el 18 de junio de 1987; no obstante, el escrito de apelación fue presentado el 23 de junio de 1987, cinco (5) días más tarde. De los autos del caso no surge una explicación para esta demora. Sí surge de los mismos, sin embargo, el marcado interés del peticionario en apelar su caso: en el acto de imposición de sentencia se le informó verbalmente al tribunal de instancia de la intención del acusado peticionario de apelar de la misma ante este Tribunal; a esos efectos se solicitó fianza en apelación, solici-tud que le fue concedida por el foro de instancia;() aun cuando fuera de término, se radicó un escrito de apelación; y finalmente, se gestionó la ayuda de otros abogados para que perfeccionaran el recurso. Resulta importante señalar que el peticionario desconocía el hecho de que no se había radicado en tiempo el escrito de apelación, enterándose de ello cuando el propio abogado así se lo informó.

La acción del abogado del acusado peticionario, al no presentar el escrito de apelación en tiempo, fue una del todo inefectiva e inadecuada. Esta acción privó a su defen-dido, el aquí peticionario, de tener una segunda oportuni-dad de probar su inocencia, independientemente de si lo es o no.( ) Esta situación cobra mayor relevancia en el pre-sente caso cuando consideramos el hecho de que el foro de instancia entendió procedente en derecho concederle fianza en apelación al peticionario Ortiz Couvertier. Ello, cuando menos, significa que dicho foro entendió que la apelación a radicarse planteaba cuestiones sustanciales de derecho. Véase Regla 198 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Como indicáramos al comienzo, una lectura integral de la resolución que emitiera el tribunal de instancia, denega-toria de la moción que bajo la citada Regla 192.1 de Proce-dimiento Criminal radicara el peticionario, demuestra que dicho foro denegó la misma a pesar de que posiblemente era del criterio que el peticionario Ortiz Couvertier no ha-bía tenido una adecuada representación legal con posterio-ridad a la imposición de la sentencia. Dicho foro entendió que la norma a aplicarse en esta clase de situaciones de-pendía de si el acusado es uno indigente o no; esto es, si su abogado es uno de oficio o de la selección privada del acusado. Erró en su proceder.

En Cuyler v. Sullivan, 466 U.S. 335 (1980), el Tribunal Supremo de los EE.UU. abolió la distinción entre abogados contratados por los acusados y aquellos ¿signados a personas indigentes a los fines de determinar si su actuación fue efectiva o no. En Evitts v. Lucey, ante, el referido Tribunal expresó que: “the constitutional guarantee of effective assistance of counsel at trial applies to every criminal prosecution, without regard to whether counsel is retained or appointed” (Citas omitidas y énfasis suplido.)() Específi-camente en cuanto a la etapa apelativa, la norma impe-rante en la jurisdicción federal lo es que constituye una violación al derecho del acusado a tener una adecuada re-presentación legal cuando éste ha manifestado su interés en apelar y su abogado no perfecciona dicho recurso sin que medie una explicación adecuada para su omisión; ello independientemente de que el abogado haya sido contratado por el acusado o designado por el tribunal. Hollis v. United States, 687 F.2d 257 (8vo Cir. 1982); Sincox v. United States, 571 F.2d 876 (5to Cir. 1978); Chapman v. United States, 469 F.2d 634 (5to Cir. 1972); Leventhal v. Gavin, 396 F.2d 441 (1er Cir. 1968); United States v. Reincke, 383 F.2d 129 (2do Cir. 1967); Edge v. Wainwright, 347 F.2d 190 (5to Cir. 1965).

Igual conclusión se impone en nuestra jurisdicción; esto es, resolvemos que el derecho “a tener asistencia de abogado”, garantizado por la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, ante, se entiende infringido cuando el abogado de un acusado, no obstante haber sido expresamente instruido por éste para que apele de la sentencia que le ha sido impuesta, radica el escrito correspondiente fuera del término jurisdiccional que para ello provee nuestro ordenamiento jurídico y/o dicho abogado incurre en cualquier otra acción u omisión que efectivamente priva a su representado de una adecuada representación legal en la etapa apelativa; ello independientemente del hecho que el abogado sea uno de oficio o haya sido escogido libremente por el acusado. Y es que ello no puede ser de otra manera. Como expresáramos desde hace más de tres (3) décadas —en Pueblo v. Serbiá, 78 D.P.R. 788, 792 (1955)— aun cuando el derecho a revisar una sentencia no es propiamente un derecho constitucional, tan pronto dicho derecho de apelación es incorporado, por acción legislativa,. a un sistema de justicia pública, el mismo “entra a formar parte del debido proceso de ley y por lo tanto adquiere una categoría cuasiconstitucional”; situación que nos obliga a garantizarle a todo convicto de delito el derecho a una adecuada y efectiva representación legal en la etapa apelativa. En esta clase de situaciones, naturalmente, el peso de la prueba para demostrar que no se tuvo esa adecuada repre-sentación legal recae sobre el acusado y, de ordinario, re-querirá la presentación de prueba satisfactoria a esos efectos.

HH h-H h-H

Como hemos visto, el peticionario Ortiz Couvertier ca-nalizó el planteamiento hoy ante nuestra consideración a través de las disposiciones de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, ante. Nos corresponde resolver, en consecuencia, si la mencionada disposición reglamentaria es un mecanismo procesal apropiado para ello. La misma establece que:

Cualquier persona que se halle detenida en virtud de una sen-tencia dictada por cualquier sala del Tribunal de Primera Ins-tancia y que alegue el derecho a ser puesta en libertad porque (a) la sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Consti-tución y las leyes de Estados Unidos, o (b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, o (c) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o (d) la senten-cia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la sen-tencia para que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.
Si el Tribunal determina que la sentencia fue dictada sin jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena pres-crita por la ley, o que por cualquier motivo está sujeta a ataque colateral, o que ha habido tal violación de los derechos consti-tucionales del solicitante que la hace susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal la anulará y dejará sin efecto y or-denará que el peticionario sea puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, o concederá un nuevo juicio, según proceda. (Énfasis suplido.()

Como podemos notar, la citada Regla 192.1, incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley Núm. 99 de 2 de junio de 1967, establece un procedimiento mediante el cual cualquier persona, recluida en virtud de sentencia, puede cuestionar la validez de su confinamiento.() Esto es, la misma provee un remedio al que se encuentra recluido para dejar sin efecto, corregir o anular la sentencia en virtud de la cual se encuentra confinado. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Programa de Educación Legal Continuada de la U.I.P.R., 1989, pág. 151.()

Curiosamente, y desde hace más de veinte (20) años, habíamos vislumbrado la utilización de la referida Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, ante, como el vehículo procesal apropiado para “re-sentenciar” a un acusado que no había tenido representación legal en la etapa apelativa. En Pueblo v. Sánchez Vega, ante, al sancionar la utilización, a los fines antes mencionados, en dicho caso del recurso extraordinario del Coram Nobis,() hicimos constar que así lo hacíamos por cuanto para la fecha en que se había radicado el recurso no estaba vigente la citada Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.()

En el ámbito federal existe una disposición estatutaria que contiene un lenguaje prácticamente idéntico al de la citada Regla 192.1 del Procedimiento Criminal, ante; esto es, la see. 2255 del Título 28 del Código de los Estados Unidos. La misma establece que:

A prisoner in custody under sentence of a court established by Act of Congress claiming the right to be released upon the ground that the sentence was imposed in violation of the Constitution or laws of the United States, or that the court was without jurisdiction to impose such sentence, or that the sentence was in excess of the maximum authorized by law, or is otherwise subject to collateral attack, may move the court which imposed the sentence to vacate, set aside or correct the sentence.
A motion for such relief may be made at any time. 28 U.S.C. sec. 2255.

No son pocos los Tribunales de Circuito de Apelaciones federales que han sostenido que la transcrita see. 2255 es el mecanismo procesal apropiado para que un convicto plantee ante el foro judicial la violación a su derecho a tener una adecuada asistencia de abogado en la etapa apelativa por razón de la inacción o tardanza del abogado en apelar un caso a pedido suyo. Holloway v. U.S., 960 F.2d 1348 (8vo Cir. 1992); Bonneau v. U.S., 961 F.2d 17 (1er Cir. 1992); U.S. v. Tajeddini, 945 F.2d 458 (1er Cir. 1991); Page v. U.S., 884 F.2d 300 (7mo Cir. 1989); Estes v. U.S., 883 F.2d 645 (8vo Cir. 1989); Williams v. Lockhart, 849 F.2d 1134 (8vo Cir. 1988); Hollis v. United States, ante; Mack v. Smith, 659 F.2d 23 (5to Cir. 1981 );Atilus v. United States, 406 F.2d 694 (5to Cir. 1969). De hecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Rodríguez v. U.S., 395 U.S. 327 (1969), ordenó que el acusado en dicho caso —al cual se le había violado su derecho a una efectiva asisten-cia de abogado en la etapa apelativa— fuera re-senten-ciado al amparo de la citada see. 2255.

A la luz de todo lo antes expuesto, resolvemos que la citada Regla 192.1 de Procedimiento Criminal constituye un mecanismo procesal apropiado para que un convicto de delito en nuestra jurisdicción plantee la alegada privación de su derecho a tener una adecuada representación legal en la etapa apelativa. La determinación que en relación con la misma haga el foro de instancia, luego de escuchar y admitir la prueba que al respecto sea presentada por las partes, deberá ser una fundada en prueba convincente y satisfactoria.() Dicha determinación, naturalmente, es- tará sujeta a ser revisada, en última instancia, por este Tribunal.

IV

Ahora bien, dados los hechos particulares del presente caso, resulta totalmente innecesario devolver el mismo al tribunal de instancia para que éste proceda, previa vista a esos efectos, a determinar si el peticionario de epígrafe efectivamente fue privado de su derecho a una adecuada representación legal en la etapa apelativa. Por las razones que expusiéramos en la Parte II, no hay duda alguna del hecho de que ello es así ya que resulta meridianamente claro que el peticionario Ortiz Couvertier expresamente instruyó a su entonces abogado de récord para que apelara de la sentencia que le fuera impuesta. Tampoco puede ha-ber duda del hecho que, debido a causas ajenas a la volun-tad expresa del referido peticionario, dicho abogado radicó el recurso de apelación fuera del término jurisdiccional re-querido por nuestro ordenamiento.

En consecuencia, se dictará sentencia revocatoria de la resolución del tribunal de instancia denegatoria de la mo-ción radicada bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal; se deja sin efecto la sentencia impuéstale al peticiona-rio; y se devuelve el caso a dicho foro con instrucciones de que proceda a re-sentenciar al aquí peticionario.

      (1) De los autos originales no surge escrito alguno, de parte de los licenciados Noriega y Pérez Preston, asumiendo la representación legal del acusado.

      (2) En Estados Unidos la Enmda. VI de la Constitución de Estados Unidos dispone:
      “In all criminal prosecutions the accused shall enjoy the right to have the assistance of counsel for his defense.”

      (3) En Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984), el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció dos (2) factores a considerar para determinar si el derecho a una efectiva asistencia de abogado había sido violado en tal forma que el represen-tado o la persona afectada tenía derecho a un remedio, a saber:
      (1) si el desempeño de la representación podía considerarse como deficiente (si cae por debajo de un parámetro objetivo de razonabilidad), y
      (2) si el cliente se perjudicó por tal deficiencia.
      Le corresponde al acusado demostrar que existe una razonable probabilidad de que si no hubiere sido por la falta del abogado, el resultado del procedimiento hu-biera sido diferente.

      (4) La doctrina sobre la debida asistencia de abogado en los procesos criminales fue resumida en Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1986), al indicar que:
      (1) existe una presunción de que la conducta del abogado defensor está com-prendida dentro de lo que se reconoce como una razonable asistencia legal;
      (2) el apelante tiene el peso de probar el alegado estado de indefensión a causa de la supuesta incompetencia de su abogado;
      (3) la supuesta incompetencia, de existir, tiene que ser en grado extremo, o en el sentido de causar un perjuicio sustancial que pueda sostener la probabilidad que de no haber ocurrido el resultado del juicio hubiese sido distinto;
      (4) meros errores o equivocaciones por parte del defensor que no afecten la validez del dictamen ni el debido proceso de ley no es suficiente, y

        (5) finalmente, se debe determinar si la actuación del abogado vulneró de tal modo el adecuado funcionamiento del sistema adversativo que no pueda concluirse que el juicio tuvo un resultado justo.

      (5) Esta doctrina fue posteriormente reafirmada por el Supremo federal en Penson v. Ohio, 488 U.S. 75 (1988). En Rodríguez v. United States, 395 U.S. 327 (1969), el Tribunal Supremo anuló una norma del Noveno Circuito que le requería a las personas que habían sido privadas de su derecho a apelar, por causa de inefectividad del abogado, demostrar que tal privación le había causado perjuicio.

      (6) Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Ésta dice:
      “La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la Secre-taría de la sala del tribunal que dictó sentencia, dentro de los veinte (20) días si-guientes a la fecha en que la sentencia fue dictada ....”

      (7) Al conceder fianza en apelación, el tribunal sentenciador debe hacer una determinación de si el “recurso entablado” plantea una cuestión sustancial o si la naturaleza del delito o el carácter o antecedentes penales aconseja la reclusión del convicto mientras se ve su apelación. Regla 198 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (8) Los términos para apelar o revisar sentencias, penales o civiles, son fijados por ley para conferir jurisdicción al tribunal apelativo. González v. Jiménez, 70 D.P.R. 165 (1949); Concepción v. Junta de Contabilidad, 80 D.P.R. 194 (1958). Estos términos son de carácter jurisdiccional y no pueden ser prorrogados, ni aun por el propio tribunal apelativo. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511 (1984).

      () Véanse, además: S. Polur, Retained Counsel, Assigned Counsel: Why the Dichotomy?, 55 A.B.A. J. 254 (1969); D.L. Bazelon, The Realities of Gideon and Argersinger, 64 (Núm. 4) Geo. L.J. 811 (1976).

      (10) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1.

      (11) El informe rendido por la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, recomendando la aprobación de la citada Regla 192.1 contiene, entre otras, las siguientes expresiones:
      “Al presente existen en nuestra jurisdicción varios recursos a través de los cua-les se puede atacar la validez de una sentencia. Entre ellos el recurso de apelación, la moción para que se deje sin efecto la sentencia, el habeas corpus y el auto de coram nobis. La Regla 192.1 armoniza estos procedimientos proveyendo para una moción mediante la cual puedan someterse al Tribunal todos los elementos de juicio necesa-rios para que éste pueda determinar la validez de la convicción.” (Enfasis suplido.) 5 Servicio Legislativo de P.R. 592-593 (1967).

      (12) La Legislatura entendió que era necesaria la Regla 192.1, ante, para que “cualquier reparo que se haga sobre la validez de las sentencias dictadas por los tribunales del Estado Libre Asociado sea dilucidado primeramente por nuestros tribunales”. Servicio Legislativo de Puerto Rico, ante.

      (13) «gi Coram Nobis es un recurso proveniente del ‘Common Law’ mediante el cual se puede dejar sin efecto, o modificar, una sentencia dictada en un procedi-miento criminal a base de hechos que no surgen de los autos, que existían antes de dictarse la sentencia, que hubiesen afectado la sentencia si la corte hubiese conocido la totalidad de los hechos y que no eran conocidos por la parte promovente, ni podían ser descubiertos por el promovente mediante el ejercicio de razonable diligencia. Ponce v. F. Badrena e Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225, 253 (1952); Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 292 y 293 (1965).

        “Difiere de la moción de nuevo juicio que permite la Regla 188 de las de Proce-dimiento Criminal en que ésta tiene que presentarse ‘antes de que se dicte la sen-tencia excepto cuando se fundare lo dispuesto en el apartado (e) de la Regla 188’ pudiéndose presentar entonces dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de la muerte o incapacidad del taquígrafo de la pérdida o des-trucción de sus notas. Regla 189 de las de Procedimiento Criminal. Se diferencia también de la moción bajo la Regla 192 de Procedimiento Criminal en que ésta permite la concesión de un nuevo juicio cuando los hechos que se han conocido des-pués de la sentencia evidencien ‘la inocencia del condenado’. La regla presupone que el ‘condenado’ está cumpliendo la sentencia bajo la jurisdicción del tribunal de tal manera que sea posible la celebración de un juicio nuevo. También la regla limita la concesión de juicio nuevo a las situaciones en que está en controversia ‘la inocencia’ del convicto. El Coram Novis, por el contrario, no tiene estas limitaciones, toda vez que puede presentarse luego de haberse cumplido la sentencia por cualquier razón que evidencie la nulidad del procedimiento que dio margen a la convicción, o que revele la ilegalidad de la sentencia. United States v. Morgan, 346 U.S. 502, 98 L.Ed. 248, 74 S.Ct. 247 (1954); Pueblo v. Cruzado, 74 D.P.R. 934, 939 (1953).

        “Se diferencia del Habeas Corpus, y del remedio que ofrece la Regla 192.1 de las de Procedimiento Civil [síc], en que éstos presuponen que el peticionario está ‘bajo custodia’mientras que el Coram Nobis procede cuando el peticionario está en libertad por haberse extinguido la sentencia que se pretende anular.” (Enfasis suplido.) D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Programa de Educación Legal Continuada de la U.I.P.R., 1989, págs. 163-164.

      (14) Pueblo v. Sánchez Vega, ante, pág. 720 esc. 3.

      (15) Los foros de instancia deberán mantener bien presente que la norma hoy establecida no constituye “carta blanca” para aquellos convictos que, habiendo en su momento decidido, en forma informada, inteligente y voluntaria, no apelar de las sentencias que le fueron impuestas, se han “arrepentido” de dicha decisión y ahora pretendan apelar de las mismas. Entre otros factores, los tribunales de instancia deben mantener presente que “la moción [bajo la Regla 192.1] no tiene término, sino que puede ‘ser presentada en cualquier momento’. No le aplica la doctrina de incuria (laches’), pero el tribunal puede considerar la tardanza injustificada como un ele-mento para enjuiciar la buena fe y la credibilidad del promovente cuando se trata de una moción que envuelve una cuestión de hechos, y por la tardanza el gobierno no puede replicar adecuadamente.” (Escolio omitido.) Rivé Rivera, op. cit. pág. 161.

        A nuestra manera de ver las cosas, constituye una sabia, y sana, práctica fo-rense de los abogados que se dedican a la práctica de lo criminal el hacer constar para récord y/o en el expediente del caso mediante escrito a esos efectos el hecho de que su cliente, habiendo sido informado de su derecho a apelar, ha decidido no hacerlo. Debe mantenerse presente que el abogado que, instruido por su cliente con-victo a nivel de instancia para que apele de la sentencia impuéstale, no radica el escrito de apelación y/o lo radica fuera del término jurisdiccional prescrito por nues-tro ordenamiento, podrá ser objeto de sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal por violación de los correspondientes cánones de ética que rigen la profesión. A esos efectos, apercibimos al Ledo. Helión Cruz González para que, en el futuro, sea más diligente en la representación de sus clientes.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    Sixto Pabón Rodríguez y Julia Margarita Díaz López, Ex parte, peticionarios.

      Número: AC-92-643

      Resuelto: 9 de marzo de 1993

      Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo de Puerto Rico; Carlos A. Piovanetti Rivera, abogado de la peticionaria; Frank R. Serrano, abo-gado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Las partes del epígrafe contrajeron matrimonio el día 8 de julio de 1989. No procrearon hijos. Mediante sentencia de fecha 17 de mayo de 1992 el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, decretó roto y disuelto el vín-culo matrimonial existente hasta entonces entre las partes “por la causal ... de [c]onsentimiento [mjutuo”. Alegato del recurrido, pág. 5. En dicha sentencia el foro de instancia aprobó una estipulación, debidamente firmada por las par-tes, referente la misma a la división de los bienes gananciales. Conforme la referida estipulación, y en lo per-tinente al recurso ante nuestra consideración, la peticiona-ria Julia Margarita Díaz López acordó satisfacer a su ex esposo la suma mensual de $100, hasta un máximo de $7,000, en pago de la participación de éste en un bien in-mueble perteneciente a la sociedad de gananciales hasta ese día existente.

Habiendo transcurrido varios meses desde la fecha de la sentencia sin que, alegadamente, la peticionaria Díaz Ló-pez hubiere satisfecho la referida mensualidad, el ex es-poso radicó una moción de desacato ante el foro de instan-cia, el cual señaló una vista para la discusión de la misma. Luego de que las partes argumentaran oralmente la cues-tión, el foro de instancia emitió resolución encontrando in-cursa en desacato civil a la peticionaria Díaz López. Con-cluyó el referido foro que, independientemente del hecho de que en el caso no había reclamación alguna sobre ali-mentos de menores, o de otra índole, procedía encontrar incursa en desacato a la peticionaria Díaz López, por cuanto el

... caso que está ante nuestra consideración no es un caso ordinario .... El caso que nos ocupa es uno de Relaciones de Familia, y através [sic] de la historia de nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido por nuestros tribunales que en los casos de Relaciones de Familia hay un gran interés del Estado. El mero hecho de que no esté envuelto los alimentos de meno-res no hace de este caso que no halla [sic] un interés público preeminente. Los casos de Relaciones de Familia son de ex-tremo interés público .... Resolución de 13 de octubre de 1992, pág. 2.

Inconforme, la peticionaria Díaz López radicó un re-curso de apelación ante este Tribunal en revisión de la re-ferida resolución() El pasado 23 de diciembre de 1992, y considerando el recurso radicado como uno de certiorari, emitimos una orden concediéndole término, tanto al ex es-poso de la mencionada peticionaria como a la Procuradora General de Puerto Rico, para que

... comparezcan a mostrar causa por la cual este Tribunal no deba expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la “Resolución” que emitiera en el presente caso el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas; ello en vista de lo resuelto por este Tribunal en Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc., Opinión y Sentencia de 23 de junio de 1992, 92 J.T.S. 81. Resolución de 23 de diciembre de 1992.

Habiendo comparecido ambas partes() y estando en po-sición de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

1 — 1

No está en controversia la facultad de los tribunales de justicia en nuestra jurisdicción para dictar órdenes de desacato. Como es sabido, reiteradamente hemos recono-cido el poder inherente de los tribunales para proteger y hacer cumplir sus sentencias y para castigar la desobediencia, o resistencia contumaz, a sus órdenes y decretos a través del mecanismo del desacato. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647, 654 (1979); Pueblo v. García Rivera, 103 D.P.R. 547, 551 (1975); De Torres v. Corte, 58 D.P.R. 515, 525 (1941). Dicho poder inherente es uno que resulta indispensable para la adecuada, y ordenada, administración de la justicia y la protección de los derechos de la ciudadanía.

Ahora bien, dado el mandato constitucional, contenido en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, a los efectos de que nadie será encarcelado por deuda, resulta procedente enfatizar el hecho de que el poder inherente del desacato no siempre es procedente en relación con el cumplimiento de una deuda de naturaleza contractual y privada.

A esos fines, resulta pertinente lo expresado por este Tribunal en Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, 115 D.P.R. 703, 710 (1984), a los efectos de que:

La determinación de lo que constituye una “deuda” para los fines del Art. II, Sec. 11 de la Constitución, así como bajo el Art. 1811 del Código Civil, no es un ejercicio en puro razonamiento abstracto. La tabla de valores de la comunidad concernida es la que provee la clave. Si una obligación privada tiene un carácter tan acentuado de deber social que lo segundo ahoga o sobrepasa lo primero, como en el caso de las pensiones alimenticias, la vía del apremio personal puede estar disponible. Las excepciones a la norma general contraria a la prisión por deudas son conta-das, tanto en el Derecho civil como el común. (Enfasis suplido.)

En fecha relativamente reciente, y al reafirmar la decisión emitida en el caso de Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, ante, sostuvimos que, de ordinario, no procede la utilización del mecanismo correctivo del desacato civil con el propósito de obligar a satisfacer una suma de dinero a una parte cuando la obligación de así hacerlo surge de una controversia de naturaleza estrictamente privada. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992).

La controversia hoy ante nuestra consideración, aun cuando tiene su génesis dentro del amplio campo de las “relaciones de familia”, es una de naturaleza contractual donde el interés que se pretende vindicar es de naturaleza estrictamente privada; contrario al caso de las pensiones alimenticias donde la obligación “nace de un deber legal matizado por un imperativo moral ...”. (Enfasis suprimido.) Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., ante, pág. 809. Véase Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, ante.

Resulta claro, por otro lado, que el ex esposo recurrido no queda huérfano de remedios. El mismo tiene a su al-cance los métodos ordinarios de ejecución de sentencia. Véase Regla 51 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

Por las razones expresadas, procede la expedición del auto de “certiorari”, y se dictará Sentencia revocatoria de la resolución, de fecha 13 de octubre de 1992, emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas; devol-viéndose el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió me-diante una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió mediante una opinión escrita.

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

La obligación aquí involucrada surge de la participación de Sixto Pabón Rodríguez en un bien inmueble, en virtud de la estipulación suscrita por su entonces esposa, Julia M. Díaz López, para obtener el divorcio por la causal de con-sentimiento mutuo. La estipulación es un requisito sine qua non de esa causal, de génesis jurisprudencial, confec-cionada por los tribunales para atender y remediar los re-clamos a nivel constitucional del derecho a la intimidad de los actores principales en los procesos de divorcio. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

La estipulación —la cual Pabón Rodríguez confió que se cumpliría— tiene las características peculiares de estar inextricablemente atada a esa causal, condicionada a la aprobación del tribunal y a formar parte de la sentencia. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987). Su naturaleza reviste un alto grado de interés público y su cumplimiento, por imperativo, está sujeto al vital poder de desacato de los tribunales. Sólo así evitamos la devalua-ción de sentencias en estos casos y la proliferación de inci-dentes litigiosos análogos que empeoran el ya recargado sistema judicial.

Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992), no es precedente aplicable, pues versa sobre un negocio estrictamente privado, de índole comercial, carente de ese interés público.

— o —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

En Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992), disentimos de la opinión y sentencia emitida por la mayoría, expresando entonces el criterio de que la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, prohíbe el encarcelamiento por deuda solamente en casos en los que el deudor no tiene recursos con qué aten-der sus obligaciones económicas. Señalamos, además, que la mayoría no había realizado un examen cabal del histo-rial de la referida cláusula constitucional y que, basándose únicamente en una lectura literal de esa cláusula, llegaba a un resultado desatinado.

Hoy queremos reiterar las expresiones anteriores, a la vez que advertimos que la decisión de la mayoría de conti-nuar extendiendo su pronunciamiento en Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, como lo hace en el caso de marras, constituye un grave error. En Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, la mayoría privó al De-partamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) de un medio eficaz de hacer valer la importante política pública de protección del consumidor que se supone impere en el país. Ahora, por la mera aplicación mecánica de aquel pre-cedente, se priva a los foros judiciales de un medio eficaz de hacer valer sus decisiones en un campo de tanto interés público como es el de las relaciones de familia. Y así, poco a poco, se socava inexorablemente el mecanismo judicial del desacato civil, que es de fundamental importancia para mantener la legítima autoridad de la Rama Judicial. Como señaláramos en Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, no cabe atribuir tales dislates a un supuesto mandato de nuestra Constitución. Volvemos a expresar nuestro vehemente disenso.

      0 En el mencionado recurso, la peticionaria Díaz López le imputa al foro de instancia haber errado:
      (a) .. al concluir que la co-peticionaria-apelante está incursa en desacato y se le ordena el pago de las mensualidades atrasadas hasta el día de hoy, sin hacer determinación alguna de c[uá]l es la suma atrasada y sin haberse presentado prueba testifical o evidential sobre la alegada deuda o sobre la capacidad de ésta para cumplirla[;]
      (b) al concluir que el incumplimiento de pagar $100.00 mensuales por la co-peticionaria-apelante hasta completar la suma de $7,000.00 para pagar la parti-cipación del otro co-peticionario sobre un bien inmueble conforme a una estipulación en un caso de divorcio donde no había hijos menores de edad constituye un desacato[;]
      (c) al concluir que el presente caso está revestido de un interés público preeminente por tratarse únicamente de un caso de Relaciones de Familia[;]
      (ch) "... al no hacer mención alguna a las disposiciones del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que establece que nadie será encarcelado por deuda[, y]
      (d) al imponer a la promovida la suma de $250.00 en concepto de honorarios de abogado, cuando dicha parte no ha actuado con tem[er]idad al hacer valer sus derechos.”

      () El recurrido Sixto Pabón Rodríguez sostiene en su comparencencia, que la actuación del tribunal de instancia fue correcta.
      La Oficina del Procurador General de Puerto Rico, a pesar de que en la súplica de su comparecencia nos insta a resolver el recurso “conforme proceda en derecho”, expresa la posición de que “consideradas las circunstancias del presente caso puede estimarse razonablemente que el desacato civil dista mucho de constituir un remedio apropiado y ajustado [en] derecho” (Escrito en cumplimiento de orden, págs. 5-6) en el presente caso.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Departamento de Asuntos del Consumidor, recurrido, v. Alturas de Florida Development Corp. y/o Luis Acosta Construction Corp., querellados y recurridos, y Luis Acosta Lespier, peticionario.

      Número: CE-87-220

      Resuelto: 9 de marzo de 1993

      Rafael R. Vizcarrondo y Julio M. Rodríguez, abogados del pe-ticionario; Iván E. Ortiz Monroig, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante petición de certiorari acude ante nos Luis Acosta Lespier y solicita la revocación de una resolución del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, que le responsabi-lizó en su carácter personal por el incumplimiento de una orden del Departamento de Asuntos del Consumidor expe-dida contra la corporación de la cual era el presidente y único accionista antes de que la corporación fuese absor-bida en una fusión corporativa. Revocamos y devolvemos los autos para procedimientos ulteriores en conformidad con esta opinión.

I

El 20 de julio de 1983 la Sra. Leída Troche presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante D.A.Co.) contra la corporación Alturas de Florida Development Corp. Para marzo de 1980, la corpora-ción querellada había vendido a la señora Troche una uni-dad de vivienda en la Urbanización Alturas de Florida. La querellante alegó que tal unidad adolecía de varios defec-tos de construcción. El 31 de agosto de 1983 enmendó la querella para incluir como querellada a la constructora de la urbanización, la corporación Luis Acosta Construction Corp.

El 25 de enero de 1984 se celebró una vista administra-tiva ante D.A.Co. Todas las partes fueron debidamente notificadas. Comparecieron la querellante y la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp., representada por su mensajero Ismael Prieto. Según indicó D.A.Co. en su resolución, la comparecencia del señor Prieto en la vista fue una comparecencia “pro-forma”. La corporación quere-llada Alturas de Florida Development Corp. no compareció ni excusó su incomparecencia. En la vista se determinó que la residencia de la señora Troche adolecía de graves defec-tos de construcción tales como grietas, filtraciones de agua en las paredes y hundimiento del techo, las columnas y los pisos.

Mediante Resolución y Orden de 6 de abril de 1984, D.A.Co. ordenó a las corporaciones querelladas a corregir solidariamente los defectos de construcción en un término de once (11) días a partir de la fecha de notificación de la resolución y orden. Dispuso, además, que de no cumplir con tal orden las corporaciones querelladas quedarían obli-gadas solidariamente a indemnizar a la señora Troche la suma de cinco mil cien dólares ($5,100) dentro de los cinco (5) días a partir del último día del primer término concedido. Las corporaciones querelladas podían optar por cumplir con cualquiera de las dos (2) alternativas aun des-pués de la expiración del primer término.

A pesar de que fueron notificadas de su derecho a soli-citar reconsideración de la resolución y orden, las corpora-ciones querelladas optaron por no ejercer este derecho. Por otro lado, tampoco cumplieron con lo dispuesto en la orden.

Aproximadamente cuatro (4) meses después, el 1ro de agosto de 1984, la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. suscribió un acuerdo de fusión con las corporaciones Laceo Developoment Corp. y Laguna Estates Corporation. A raíz de tal acuerdo, Laguna Estates Corpo-, ration absorbió a las otras dos (2) corporaciones. Una vez efectuada esta fusión, se enmendó el certificado de incor-poración de la corporación resultante para cambiar su nombre a Constructora Laguna, Inc. Los dueños de todas las acciones de dicha corporación resultaron ser el Sr. Luis Acosta Lespier y el Sr. Eduardo J. Chevres. El señor Acosta Lespier era el presidente, agente residente y único accio-nista de la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp.

Acto seguido, el 21 de septiembre de 1984, los señores Acosta Lespier y Chevres vendieron todas sus acciones en la corporación Constructora Laguna, Inc. a Antonio Cáce-res Troncoso, quien en ese momento era residente de la República Dominicana. El precio total de venta de las ac-ciones fue de once mil doscientos treinta dólares ($11,230), computado a base de diez dólares ($10) por acción.

D.A.Co. no recibió notificación alguna de estas transac-ciones corporativas. El 30 de octubre de 1984 el entonces Secretario de D.A.Co., Rurico Díaz Aponte, presentó una petición ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, en la que solicitó que se ordenara el cumplimiento con la resolu-ción y orden de la agencia. Nombró como partes en la pe-tición a las corporaciones querelladas Luis Acosta Construction Corp. y Alturas de Florida Development Corp. Mediante Orden de 2 de noviembre de 1984, el Tribunal Superior accedió a la solicitud de D.A.Co. y ordenó a dichas corporaciones a cumplir so pena de desacato civil.

Ante el incumplimiento de esta orden y a solicitud de D.A.Co., el Tribunal Superior expidió una orden para que las corporaciones querelladas comparecieran a mostrar causa por la cual no se les debía condenar por desacato. D.A.Co., sin embargo, tuvo que solicitar la suspensión de la vista señalada por falta de emplazamiento. En dos (2) oca-siones posteriores adicionales, D.A.Co. presentó una mo-ción de desacato y el Tribunal Superior expidió una orden para mostrar causa, pero D.A.Co. se vio obligado a solicitar la suspensión de la vista señalada por la misma razón.

No es hasta el 6 de noviembre de 1985 que D.A.Co. en-trega una orden para mostrar causa al señor Acosta Les-pier en su carácter de presidente de Luis Acosta Construction Corp. y así le notifica de una vista señalada para el 25 del mismo mes. El día de la vista, dicha corporación pre-sentó una moción de desestimación en la que sostuvo, en síntesis, que la orden de D.A.Co. debía dejarse sin efecto porque no estuvo representada por abogado en la vista administrativa.!) Mediante Resolución de 8 de abril de 1986, el Tribunal Superior declaró sin lugar la moción de desestimación y ordenó nuevamente a la corporación que-rellada a cumplir con la resolución y orden de D.A.Co. so pena de desacato civil. La corporación volvió a incumplir.

Presentada una nueva moción de desacato, el tribunal expidió nueva orden para mostrar causa, y el 14 de agosto de 1986 se emplazó mediante la misma al señor Acosta Lespier en su carácter personal. Al día siguiente, el Ledo. David Carrión Fuentes, quien suscribió la moción de des-estimación, presentó una moción informativa en la que dio a conocer la fusión corporativa y la venta de acciones. Ante esta información, D.A.Co. no solicitó la sustitución o la acumulación como parte de la corporación resultante Cons-tructora Laguna, Inc.

El 8 de septiembre de 1986 se celebró la vista sobre la moción de desacato. Comparecieron el señor Acosta Les-pier, representado por su abogado, y el licenciado Carrión Fuentes, en representación del señor Cáceres. Luego de escuchar el testimonio del señor Acosta Lespier sobre la fusión corporativa y la venta de las acciones, el Tribunal Superior lo encontró incurso en desacató.!) En moción de reconsideración, oportunamente presentada, el señor Acosta Lespier sostuvo que no se le podía responsabilizar en su carácter personal porque él no había sido parte en el procedimiento ante D.A.Co. Planteó, además, que en todo caso la responsabilidad debía recaer sobre Constructora Laguna, Inc., sucesora de la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp.

Por su parte, D.A.Co. sostuvo que el señor Acosta Les-pier debía ser personalmente responsable porque no exis-tía separación entre su persona y las personas jurídicas de las corporaciones Luis Acosta Construction Corp. y Cons-tructora Laguna, Inc. En apoyo de esta posición, D.A.Co. planteó que el señor Acosta Lespier, como presidente y por-tador de todas las acciones, era el único encargado de la primera corporación y uno de los dos (2) accionistas incia-les de la segunda antes de la venta de las acciones al señor Cáceres Troncoso. No presentó prueba sobre la naturaleza o el funcionamiento de ninguna de las dos (2) corporaciones ni sobre la fusión corporativa o la venta de las acciones de la corporación resultante.

Mediante Resolución de 2 de marzo de 1987, el Tribunal Superior resolvió que, no empece el acuerdo de fusión sus-crito, la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico per-mitía que la acción continuase contra la corporación que-rellada Luis Acosta Construction Corp. Resolvió, además, que “dadas las circunstancias particulares de este caso”, procedía descorrer el velo corporativo y responsabilizar al señor Acosta Lespier en su carácter personal. En particular, señaló que al vender las acciones de la corporación re-sultante, Constructora Laguna, Inc., el señor Acosta Les-pier manifestó que no había carga o gravamen sobre las mismas, a sabiendas de que la corporación constituyente, Luis Acosta Construction Corp., estaba sujeta a la orden de D.A.Co. El Tribunal Superior procedió a dejar sin efecto su dictamen de 8 de septiembre de 1986 y ordenó al señor Acosta Lespier depositar, so pena de desacato civil, la suma adeudada en la Secretaría del tribunal dentro de los tres (3) días de la notificación de la resolución. El señor Acosta Lespier consignó el dinero en la Secretaría y solicitó que no fuera desembolsado hasta tanto se resolviera el re-curso que presentaría ante el Tribunal Supremo.

El 30 de marzo de 1987 el señor Acosta Lespier acudió ante nos mediante petición de certiorari. Adujo, en sínte-sis, que el tribunal de instancia erró al descorrer el velo corporativo sin prueba y al imponerle responsabilidad en su carácter personal a pesar de que él no fue parte en el procedimiento administrativo. Expedimos el auto luego de una segunda moción de reconsideración. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver.

II

Como regla general, una “fusión corporativa” es una combinación de dos (2) o más corporaciones mediante la cual una de las corporaciones absorbe y sobrevive a las demás. 15 Fletcher Cyc. Corp. Secs. 7041 y 7082, págs. 8-10 y 124-125 (Perm. ed. 1982). Las corporaciones que partici-pan en la fusión se conocen como corporaciones constitu-yentes, y la corporación que absorbe a las demás se conoce como la resultante.

La primera interrogante que presenta este caso es si una corporación constituyente que ha sido absorbida en una fusión efectuada después de que una orden adminis-trativa en su contra adviniera final y firme continúa con vida jurídica para fines del procedimiento judicial para eje-cutar tal orden. Resolvemos que el procedimiento judicial de ejecución puede seguir contra dicha corporación no em-pece la fusión ocurrida.

A. [2] Al resolver interrogantes sobre la existencia de corporaciones privadas es menester recordar que las corpo-raciones privadas son personas jurídicas que existen por virtud de ley. Art. 27 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 101. Es la ley, por lo tanto, la que establece los fines para los cuales las corporaciones privadas existen y la capacidad civil de la que disfrutan durante su existencia. Arts. 28 y 29 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 102 y 103.

En Puerto Rico, la ley especial que rige las corporacio-nes privadas es la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956, según enmendada, 14 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. Con escasas excepciones, esta ley se fundamenta en la Ley General de Corporaciones del estado de Delaware, según revisada por la Comisión Codificadora, que entró en vigor el 12 de febrero de 1953 y que se codificó en el Título 8, Capítulo 1, del Código de Delaware. A.A. Berle, Objetivos y significación de la nueva Ley de Corporaciones, 16 Rev. C. Abo. P.R. 27, 27-28 (1956).

En particular, los artículos de la Ley General de Corporaciones que autorizan y rigen la fusión corporativa fueron copiados de la Ley General de Corporaciones del estado de Delaware y no han sido enmendados desde su aprobación inicial en 1956. 14 L.P.R.A. sees. 1901 a 1906; 8 Del. C. 1953, sees. 251, 252, 259, 260, 261 y 262. Véase A.A. Berle, Concordance. Memorandum Accompanying Project of the Corporation Law of the Commonwealth of Puerto Rico (En la Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico). Es una doctrina consumada que las interpretaciones que los tribunales del estado de Delaware y de otras jurisdicciones hayan dado a las secciones correspondientes de la Ley General de Corporaciones del estado de Delaware tendrán valor ilustrativo y persuasivo en esta

jurisdicción. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1983); Pueblo v. Zavala, 78 D.P.R. 484, 488 (1955); Corretjer v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 754, 760 (1951).

B. Según el Art. 903 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 1903, una vez se cumple con los requisitos para efectuar una fusión corporativa queda ex-tinguida, para todos los efectos de las leyes del Estado Li-bre Asociado, “la personalidad jurídica aislada de todas las corporaciones constituyentes que fueren partes en el con-venio, salvo la de la que hubiere absorbido por fusión a la otra u otras, según el caso”. Por virtud del mismo artículo, la fusión conlleva el traspaso a la corporación resultante de todos los bienes, derechos, privilegios, facultades, franqui-cias y todo otro interés de las demás corporaciones constituyentes. Id. De igual forma, todas las deudas, las obligaciones y los deberes de las corporaciones constituyen-tes pasan a ser deudas, obligaciones y deberes de la corpo-ración resultante y le son exigióles como si hubieran sido contraídos originalmente por ésta. Id.

A manera de excepción, sin embargo, la Ley General de Corporaciones considera una circunstancia en la cual la fusión corporativa no conlleva la extinción inmediata de la personalidad jurídica aislada de las corporaciones constitu-yentes absorbidas. Sobre el efecto de una fusión o consoli-dación sobre una acción o procedimiento pendiente, el Art. 905 dispone:

Toda acción o procedimiento pendiente, radicado por cual-quiera de las corporaciones consolidadas o fusionadas, o enta-blado contra cualquiera de ellas, podrá continuarse como si no se hubiere efectuado la consolidación o fusión; o podrá susti-tuirse a la corporación que subsistiere o se originare de la fu-sión o consolidación en lugar de aquella que era parte en la acción o procedimiento. (Enfasis suplido.) 14 L.P.R.A. see. 1905.

Como consecuencia de este artículo, la fusión corporativa no extingue, de por sí, la personalidad jurídica aislada de aquella corporación constituyente a ser absorbida en una fusión que al momento de efectuarse la misma es parte en una acción o procedimiento. Fletcher, supra, Secs. 7110-7111, págs. 196-197. De no sustituirse la corporación resultante, la personalidad jurídica de la corporación constituyente persiste exclusivamente para fines de la acción o el procedimiento pendiente.

La mayoría de las leyes de corporaciones de los estados de Estados Unidos de América contienen una disposición similar. Fletcher, supra, Sec. 7111, pág. 197. Véase Model Business Corporation Act Annotated, 3ra ed., Prentice Hall Law & Business, 1991, Vol. 3, Sec. 11.06. El Art. 905 de nuestra ley, supra, corresponde a la see. 261 de la Ley General de Corporaciones del estado de Delaware. 8 Del. C. 1953, see. 261. La adopción general de esta clase de dispo-sición respondió a una doctrina del common law que soste-nía que la extinción de la vida jurídica de una corporación, ya fuera por fusión, consolidación o disolución, terminaba todo litigio pendiente por o contra la corporación. 2 Folk on the Delaware General Corporation Law: A Commentary and Analysis Sec. 261; 3B Moore’s Federal Practice Sec. 25.10, págs. 25-78 a 25-80 (1992). En Oklahoma Gas Co. v. Oklahoma, 273 U.S. 257, 259 (1927), el Tribunal Supremo federal, por voz del Juez Presidente Taft, expresó:

It is well settled that at common law and in the federal jurisdiction a corporation which has been dissolved is as if it did not exist, and the result of the dissolution can not be distinguished from the death of a natural person in its effect. [Citas omitidas.] It follows, therefore that, as the death of the natural person abates all pending litigation to which such a person is a party, dissolution of a corporation at common law, abates all litigation in which the corporation is appearing either as plaintiff or defendant. Véanse, además: Title Co. v. Wilcox Bldg. Corp., 302 U.S. 120, 125 (1937); Defense Corp. v. Lawrence Co., 336 U.S. 631, 634 (1949).

Como consecuencia de esta doctrina, una corporación podía evadir responsabilidad civil o penal por medio de una fusión, consolidación o disolución. Kreindler v. Marx, 85 F.R.D. 612, 617 (1979); United States v. Maryland & Virginia Milk Producers, 145 F. Supp. 374, 375 (Cir. D.C. 1956); United States v. Line Material Co., 202 F.2d 929, 931 (6to Cir. 1953). La extinción de la vida jurídica de la corporación no sólo impedía el inicio de cualquier acción en su contra, sino que, además, producía el cese inmediato de toda acción pendiente al momento de la extinción. Las ine-quidades resultantes eran obvias. Los tribunales, a su vez, no podían extender la vida jurídica de las corporaciones sin autoridad expresa en ley. Nuevamente citamos al Juez Presidente Taft:

To allow actions to continue would be to continue the existence of the corporation pro hac vice. But corporations exist for specific purposes, and only by legislative act, so that if the life of the corporation is to continue even only for litigating purposes it is necessary that there should be some statutory authority for the prolongation. The matter is really not procedural or controlled by the rules of the court in which the litigation pends. It concerns the fundamental law of the corporation enacted by the State which brought the corporation into being. (Enfasis suplido y en el original.) Oklahoma Gas Co. v. Oklahoma, supra, pág. 259.

A manera de remedio, los estados comenzaron a aprobar leyes que extendían la vida jurídica de las corporaciones después de una fusión, consolidación o disolución para así impedir la evasión de responsabilidad. La See. 261 de la Ley General de Corporaciones del estado de Delaware, supra, y el citado Art. 905 de nuestra ley son parte de estos esfuerzos. Estatutos de este tipo “deben interpretarse de manera amplia y liberal. Obviamente, sería intolerable y contrario a la política pública permitir que una corporación evada su responsabilidad civil o escape de sanciones criminales porque voluntariamente termine su existencia”. (Traducción nuestra.) United States v. Ma ryland & Virginia Milk Producers, supra, pág. 375. Véanse, además: Kreindler v. Marx, supra, pág. 617; Abrams v. Occidental Petroleum Corp., 20 Fed. R. Serv.2d 170, 175 (1975).

En reconocimiento de este principio de política pública, el Art. 1204 de la Ley General de Corporaciones establece:

La responsabilidad de las corporaciones creadas con arreglo a este subtítulo o al amparo de las leyes del Estado Libre Aso-ciado, o la responsabilidad de los accionistas, directores u ofi-ciales de tales corporaciones, o los derechos o remedios de los acreedores de éstas o de las personas que hagan negocios con la corporación, no sufrirán en modo alguno ninguna restricción o menoscabo por la venta de las corporaciones, o por el aumento o disminución de las acciones del capital de tales corporaciones, o por la consolidación o fusión de dos (2) o más corporaciones, o por cualquier cambio o enmienda que se introduzca en el certi-ficado de incorporación. (Enfasis suplido.) 14 L.P.R.A. see. 2204. Véase 8 Del. C. 1953, see. 328.

La extensión limitada de la vida jurídica de corporacio-nes constituyentes que serán absorbidas en una fusión, para fines de una acción o procedimiento pendiente, es una de las formas de implantar esta política pública. 14 L.P.R.A. see. 1905.

De igual manera, en el caso de la disolución corporativa, el Art. 1006 de nuestra ley, 14 L.RR.A. see. 2006, extiende, por un término de tres (3) años, la personalidad jurídica de la corporación disuelta para continuar con pleitos pendientes o para dar oportunidad al inicio de acciones o procedimientos por o contra , dicha corporación. La diferencia principal entre el caso de la disolución y el de la fusión es que en este último la ley extiende la personalidad jurídica de la corporación constituyente que será absorbida únicamente para fines de acciones o procedimientos pendientes al momento de efectuarse la fusión. 14 L.RR.A. see. 1905. La ley no autoriza el comienzo de una acción o de un procedimiento contra una corporación constituyente absor-bida en una fusión después de efectuada la misma. Beals v. Washington Intern., Inc., 386 A.2d 1156, 1161-1162 (1978); Damon Alarm Corp. v. American District Telegraph Co., 304 F. Supp. 83, 84 (1969); Sevits v. Mckiernan-Terry Corporation, 264 F. Supp. 810, 811 (1966) (los tres (3) casos interpretan la see. 261 de la Ley General de Corporaciones del estado de Delaware, 8 Del. C. 1953, see. 261). En ese caso procede dirigir la acción o el procedimiento contra la corporación resultante como sucesora de todas las obliga-ciones de las corporaciones constituyentes absorbidas. 14 L.P.R.A. see. 1903.

Por lo tanto, si bien la regla general es que una fusión corporativa al amparo de la Ley General de Corporaciones extingue la personalidad jurídica aislada de las corporacio-nes constituyentes que serán absorbidas en la fusión, si alguna de dichas corporaciones es parte en una acción o procedimiento pendiente al momento de la fusión, su per-sonalidad jurídica no se extingue automáticamente como resultado de la fusión. Su personalidad jurídica puede sub-sistir, pero únicamente para fines de la acción o el procedi-miento pendiente.

C. Si bien el Art. 905 autoriza que todo procedi-miento pendiente continúe contra la corporación constituyente absorbida en la fusión, la corporación resultante responderá por las sentencias o por las órdenes que en su día se dicten en contra de la corporación constituyente absorbida que era parte en una acción o en un procedimiento al momento de efectuarse la fusión. 14 L.P.R.A. see. 1903; Moore’s, supra, Sec. 25.08, pág. 25-63; Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1958, pág. 555 (1986). Siendo la corporación resultante una verda-dera parte en interés, el mismo Art. 905, supra, además de autorizar que continúe la vida jurídica de las corporaciones absorbidas que eran parte en acciones o procedimientos pendientes, dispone:

...[PJodrá sustituirse a la corporación que subsistiere o se originare de la fusión o consolidación en lugar de aquella que era parte en la acción o procedimiento. 14 L.P.R.A. see. 1905.

Esta sustitución no es obligatoria. El citado Art. 905 provee dos (2) alternativas. La acción o el procedimiento pendiente puede continuar contra la corporación constitu-yente absorbida, en cuyo caso se extiende su personalidad jurídica para fines de la acción o el procedimiento, o contra la corporación resultante si solicita y el tribunal concede la sustitución de parte, en cuyo caso la personalidad jurídica de la corporación constituyente absorbida se extingue definitivamente.

En su aspecto procesal, la sustitución autorizada se rige por la Regla 22.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), ya que, como regla general, una fusión corporativa al amparo de la Ley General de Corporaciones conlleva el traspaso de los derechos y las obligaciones de las corporaciones constituyentes absorbidas a la corporación resultante. 14 L.P.R.A. see. 1903. Similar interpretación ha recibido la Regla 25(c) de Procedimiento Civil federal, de la cual se derivó la regla local. Upgrade Corp. v. St. Regis Paper Co., 417 F. Supp. 21, 23 (1975); DeVilliers v. Atlas Corporation, 360 F.2d 292 (lOmo Cir. 1966); Moore’s, supra, Sec. 25.10[2], pág. 25-80; Wright and Miller, supra, págs. 553-561.

► — I HH

El caso ante nos presenta unos hechos muy particulares. La fusión de la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. ocurrió después de que la orden de D.A.Co. en su contra adviniera final y firme, pero antes de que D.A.Co. acudiera ante el Tribunal Superior a solici-tar la ejecución de la orden. Al no haber recibido notifica-ción de la fusión, D.A.Co. dirigió su petición contra la cor-poración querellada Luis Acosta Construction Corp. En ningún momento la corporación resultante, Constructora Laguna, Inc., solicitó su sustitución o acumulación como parte. D.A.Co. tampoco la solicitó. Resolvemos que el pro-cedimiento ante el Tribunal Superior es parte integral del procedimiento comenzado ante D.A.Co., por lo que al mo-mento de la fusión había un procedimiento pendiente en contra de una corporación constituyente que sería absor-bida y que, en virtud del Art. 905 de la Ley General de Corporaciones, supra, la personalidad jurídica de esa cor-poración subsiste para fines del procedimiento. 14 L.P.R.A. see. 1905.

El Art. 905 de la Ley General de Corporaciones aplica a “[t]oda acción o procedimiento pendiente”, pero no especifica la naturaleza de las acciones o los procedimientos a los cuales aplica. 14 L.RR.A. see. 1905. Según el texto de 1953, la see. 261 de la Ley General de Corporaciones del estado de Delaware adolecía de igual falta de especificidad. 8 Del. C. 1953, see. 261 (Any action and proceeding pending...). Véanse: United States v. Maryland & Virginia Milk Producers, supra, pág. 375; United States v. Line Material Co., supra, pág. 932. En respuesta a varias interpretaciones conflictivas de tribunales federales, esta sección sufrió una enmienda en 1967 para aclarar que su aplicación se extiende a toda clase de acción o procedimiento pendiente, sea de naturaleza civil, penal o administrativa. Folk, op. cit.

Si bien el Art. 905 de nuestra ley, supra, no ha sido enmendado así, tanto la política pública a la cual responde como la regla de hermenéutica de que estas disposiciones deben interpretarse de forma amplia y liberal exigen que su alcance sea el mismo que el de la see. 261. United States v. Maryland & Virginia Milk Producers, supra, pág. 375; Kreindler v. Marx, supra, pág. 617; Abrams v. Occidental Petroleum Corp., supra, pág. 175. Por lo tanto, concluimos que el Art. 905 de la Ley General de Corporaciones, supra, aplica a cualquier acción o procedimiento civil, penal o ad-ministrativo pendiente al momento de la fusión.

El procedimiento en este caso es un procedimiento judicial para la ejecución de una orden administrativa. La Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 341 et seq., autoriza al Secretario de D.A.Co. a recurrir al Tribunal Superior “en solicitud [para] que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida o cualquier orden correctiva”, y dispone que “[e]l incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá desacato al Tribunal”. 3 L.P.R.A. sec. 341Z(e). El procedimiento ante el Tribunal Superior es parte integral del trámite comenzado ante D.A.Co. ya que es el único recurso disponible de la agencia para poner en vigor sus órdenes correctivas. Entendemos, por lo tanto, que el trámite ante la agencia y el trámite ante el tribunal forman parte de un mismo procedimiento dirigido a ejecutar el mandato legislativo encomendado a D.A.Co.

En este caso, D.A.Co. expidió la resolución y orden el. 6 de abril de 1984. Ninguna de las corporaciones querelladas solicitó la reconsideración ni la revisión judicial de dicha orden, por lo que la misma advino final y firme. La fusión corporativa ocurrió el 1ro de agosto del mismo año. Por consiguiente, al momento de la fusión existía un procedimiento pendiente contra la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. En virtud del Art. 905 de la Ley General de Corporaciones, supra, la fusión no extinguió la personalidad jurídica aislada de dicha corporación. La corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. subsistió únicamente para fines del procedimiento inciado ante D.A.Co. y luego ante el Tribunal Superior el 3 de octubre de 1984. Este procedimiento judicial de ejecución podía dirigirse contra dicha corporación no empece que fuera una de las corporaciones constituyentes absorbidas en la fusión. Es decir, el procedimiento podía seguir “como si no se hubiere efectuado la ... fusión”. 14 L.P.R.A. see. 1905. Por lo tanto, y contrario a la posición del señor Acosta Lespier, la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. continúa con responsabilidad jurídica sobre los hechos que dieron lugar al caso de autos.

IV

La segunda interrogante que presenta este caso es si el tribunal de instancia erró al descorrer el velo corporativo e imponer responsabilidad personal al señor Acosta Lespier como presidente y único accionista de la corporación que-rellada Luis Acosta Construction Corp. por la obligación de esta última a raíz de la orden de B.A.Co.

Si bien concurrimos con el tribunal a quo de que no se puede permitir que se utilice la figura corporativa para evadir una obligación legítima, entendemos que hasta ahora D.A.Co. no ha presentado la prueba necesaria para descorrer el velo corporativo de Luis Acosta Construction Corp. e imponer responsabilidad personal al señor Acosta Lespier. En particular, resolvemos que el carácter del señor Acosta Lespier como presidente y único accionista de la corporación querellada y la fusión de esta corporación con otras entidades, por sí solos y sin prueba adicional, no son prueba suficiente para descorrer el velo corporativo en esta etapa de los procedimientos.

A. Sabido es que una corporación tiene su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, distintos a la personalidad y al patrimonio de sus accionistas, sean estos últimos personas naturales o jurídicas. 14 L.P.R.A. see. 1106; Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442, 451 (1968); Sucn. Pérez v. Gual, 76 D.P.R. 959, 963 (1954); Swiggett v. Swiggett, Inc., 55 D.P.R. 76, 83 (1939). En con-secuencia, la responsabilidad de los accionistas por las deudas y obligaciones de la corporación está generalmente limitada al capital que éstos hayan aportado al patrimonio de la corporación. Fletcher, supra, Vol. 1, Sec. 14, págs. 463-465; Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240, 244 (1968).

Sabido es, igualmente, que los tribunales descartarán la personalidad jurídica de una corporación y sujetarán el patrimonio de los accionistas para responder por las deudas y obligaciones de la corporación en aquellos casos en los cuales

... la corporación es meramente un “alter ego” o conducto o ins-trumento económico pasivo (“business conduit”) de sus únicos accionistas, recibiendo éstos exclusiva y personalmente los be-neficios producidos por la gestión corporativa [y] si ello es ne-cesario para evitar un fraude o la realización de un propósito ilegal o para evitar una clara inequidad o mal (“wrong”). Cruz v. Ramírez, 75 D.P.R. 947, 954 (1954). Véanse, además: Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., supra, pág. 243; San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 D.P.R. 424, 430 (1967); J.E. Candal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508, 513 (1962); Sucn. Pérez v. Gual, supra, págs. 963-964; Swiggett v. Swiggett, Inc., supra, pág. 85.

De acuerdo con este principio, una corporación es el ál-ter ego o conducto económico pasivo de sus accionistas cuando entre éstos y la corporación existe tal identidad de interés y propiedad que las personalidades de la corpora-ción y de los accionistas, sean éstos personas naturales o jurídicas, se hallan confundidas, de manera que la corporación no es, en realidad, una persona jurídica independiente y separada. Swiggett v. Swiggett, Inc., supra, pág. 85; Sucn. Pérez v. Gual, supra, págs. 963-964; J.E. Candal & Co. v. Rivera, supra, pág. 513; San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Drydock, supra, pág. 430; Fletcher, supra, Vol. 1, Sec. 41.10, págs. 614-617.

La aplicación de este principio dependerá de los hechos y las circunstancias específicas del caso particular a la luz de la prueba presentada. Así lo establecimos en Cruz v. Ramírez, supra, pág. 954, al concluir que

... si en determinado caso se ha de prescindir de la ficción cor-porativa, ello depende de los hechos específicos de cada caso, a la luz de los principios generales arriba señalados, y ello debe ser resuelto por el tribunal de primera instancia al considerar la prueba. (Enfasis suplido.)

El peso de la prueba descansa en la parte que propone la imposición de responsabilidad individual a los accionistas y corresponde al tribunal de primera instancia determinar, luego de apreciar la prueba, si procede el levantamiento del velo corporativo. Fletcher, supra, Vol. 1, Sec. 41.28, págs. 658-659; Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., supra, pág. 243; Cruz v. Ramírez, supra, pág. 954; J.E. Caudal & Co. v. Rivera, supra, págs. 512-513. Al examinar la prueba, el tribunal deberá observar la naturaleza de las transacciones corporativas para no dejarse engañar por las formalidades de las mismas. South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88 D.P.R. 43, 57 (1963).

En casos de corporaciones en las cuales una persona natural es el único accionista, los tribunales deberán ser cautelosos en el escrutinio de la prueba. Por un lado, el mero hecho de que una persona sea el único accionista de una corporación no autoriza la imposición de responsabilidad individual. Swiggett v. Swiggett, Inc., supra, págs. 83-84; Sucn. Pérez v. Gual, supra, pág. 963; Roberto Colón Mach. & Mfg. Co. v. Srio. de Hacienda, 78 D.P.R. 912, 916 (1956). Por otro lado, sin embargo, la concentración de control e información en una sola persona puede dar lugar a que estas corporaciones sean fácilmente utilizadas para fines ilegítimos. Fletcher, supra, Vol. 1, Secs. 41.35 y 41.72, págs. 691 y 709-710; H.G. Henn y J.R. Alexander, Laws of Corporations and Other Business Enterprises, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1983, Cap. 7, Sec. 147, págs. 352-354.

En atención a este riesgo, los tribunales no deberán re-conocer la personalidad jurídica de este tipo de corporación cuando no hay la debida separación entre los asuntos cor-porativos y los personales, y cuando la corporación no des-cansa en un fundamento financiero adecuado para lograr los fines para los cuales fue incorporada. Henn y Alexander, op. cit., pág. 353. Es decir, los tribunales no tienen por qué trazar una separación entre la persona del accionista y la corporación que el propio accionista procuró no observar, ni por qué reconocer responsabilidad limitada a un accio-nista que no le proveyó a la corporación un fundamento financiero adecuado para responder por las obligaciones corporativas. Fletcher Cyc. Corp., Ed. Permanente, See. 41.72, págs. 709; Henn y Alexander, op. cit., págs. 353-354.

Corresponde a la parte que propone el levantamiento del velo presentar prueba que demuestre que no existe una separación adecuada entre la corporación y el accionista, y que los hechos son tales que reconocer dicha persona jurídica equivaldría a “sancionar un fraude, pro-mover una injusticia, evadir una obligación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la inequidad, proteger el fraude o defender el crimen”. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782, 798 (1992). Véanse, además: Cruz v. Ramírez, supra; Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., supra, pág. 243; San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Dry dock, supra. El peso de la prueba no se descarga con la mera alegación de que la empresa es un álter ego de una persona, sino con prueba concreta que demuestre que la personalidad de la corporación y la del accionista no se mantuvieron adecuadamente separadas. Fletcher, supra, Vol. 1, Sec. 41.35, pág. 691; San Miguel Fértil. Corp. v. PR. Drydock, supra, págs. 424 y 430; J.E. Caudal & Co. v. Rivera, supra, pág. 172; Sucn. Pérez v. Gual, supra, pág. 964.()

B. En el caso de autos, el señor Acosta Lespier era el presidente, agente residente y único accionista de la corpo-ración querellada Luis Acosta Construction Corp. Además, era uno de los dos (2) accionistas iniciales de la corporación resultante Constructora Laguna, Inc., antes de la venta de las acciones al señor Cáceres Troncoso.

La posición de D.A.Co. se reduce a dos (2) alegaciones: (1) que no existía separación entre el señor Acosta Lespier y las corporaciones Luis Acosta Construction Corp. y Cons-tructora Laguna, Inc., y (2) que éste usó la fusión corpora-tiva y la venta de las acciones de la corporación resultante para evadir una obligación legítima. En apoyo de estas ale-gaciones, D.A.Co. ofreció como única prueba el hecho de que el señor Acosta Lespier era el presidente y único accio-nista de la corporación querellada y uno de los dos (2) ac-cionistas iniciales de la corporación resultante. No pre-sentó prueba sobre la manera en la cual el señor Acosta Lespier manejaba los asuntos corporativos ni sobre la na-turaleza o el funcionamiento de ambas corporaciones.

El tribunal de instancia citó como único fundamento para su decisión de descorrer el velo corporativo lá cláu-sula cuarta del contrato de compraventa de las acciones de la corporación resultante Constructora Laguna, Inc., que disponía que dichas acciones estaban “libre de toda carga, gravamen, embargo, limitación, orden, sentencia, laudo, reclamación, litigio, contrato, causa de acción que pueda restringir o afectar el título legal, pleno dominio y/o facultad dispositiva” de los vendedores de las mismas, el señor Acosta Lespier y el señor Chevres.() Según el tribunal de instancia, esta cláusula justifica la imposición de responsabilidad personal al señor Acosta Lespier porque allí éste manifestó que las acciones de la corporación resultante es-taban libre de toda carga o gravamen a sabiendas de que la corporación querellada y luego fusionada Luis Acosta Construction Corp. estaba sujeta a la orden de D.A.Co. An-teriormente hemos resuelto que el mero hecho de que una persona natural sea dueña de todas las acciones de una corporación, por sí solo, no autoriza a los tribunales a ig-norar la personalidad jurídica de la corporación. Swiggett v. Swiggett, Inc., supra, págs. 83-84. Por otro lado, tampoco lo autoriza el hecho de que un accionista sirva como oficial de la corporación. Señalamos, a manera de ejemplo, que si una corporación organizada con arreglo al Art. 1102(c) de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 1102(c), tiene un solo accionista, dicho artículo le concede “plenos poderes para dirigir y administrar los nego-cios y asuntos de la corporación”. Es una realidad que las corporaciones, como personas jurídicas, sólo pueden actuar a través de personas naturales. Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 451.

Por lo tanto, el hecho de que el señor Acosta Lespier haya sido el presidente, agente residente y único accionista de la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp., de por sí, no justifica la imposición de responsabili-dad personal señalada por la orden de D.A.Co. Igualmente, tampoco lo justifica el solo hecho de que el señor Acosta Lespier haya sido uno de los dos (2) accionistas iniciales de la corporación resultante Constructora Laguna, Inc.

Por otro lado, la fusión corporativa y la venta de las acciones de la corporación resultante, por sí solas, no cons-tituyen prueba que justifique la imposición de responsabi-lidad personal. La corporación Luis Acosta Construction Corp. continúa con vida jurídica, y la corporación resul-tante Constructora Laguna, Inc., no ha sido sustituida o acumulada como parte. D.A.Co. aún no ha intentado ejecu-tar la orden contra esta última corporación. En ausencia de prueba que demuestre la inhabilidad de ambas corpora-ciones para responder por la orden de D.A.Co., o que estas transacciones no fueron transacciones bona fide, no pode-mos concluir que la fusión o la venta de acciones tuvieron el efecto de evadir una obligación legítima y derrotar la política pública que corresponde implantar a D.A.Co.

En cuanto a la claúsula cuarta del contrato de compra-venta de las acciones, es preciso señalar que dicha cláusula disponía solamente que las acciones de la corporación re-sultante Constructora Laguna, Inc. estaban libre de toda carga o gravamen que limitara la facultad dispositiva de sus titulares. Ante el tribunal de instancia no se presentó prueba alguna de que esta disposición haya sido falsa, es decir, de que al momento de la compraventa existiera carga, gravamen, reclamación, litigio, orden o sentencia al-guna contra dichas acciones. El mero hecho de que al mo-mento de la compraventa la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. haya estado sujeta a la orden de D.A.Co., no implica que las acciones de la corporación re-sultante hayan estado sujetas a carga o gravamen que afectara la facultad de sus titulares para enajenarlas. La orden de D.A.Co. iba dirigida a la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp., luego fusionada en la cor-poración resultante Constructora Laguna, Inc. Por lo tanto, la obligación correspondía a la corporación quere-llada y, por medio de la fusión, a la corporación resultante. El tribunal de instancia confundió una orden contra una corporación constituyente absorbida en la fusión con una orden dirigida contra las acciones de la corporación resul-tante de dicha fusión que limitara la facultad dispositiva de sus titulares. El hecho de que en su día las acciones de la corporación resultante pudieran ser llamadas a responder en caso de incumplimiento por la corporación no signi-fica que al momento de la compraventa las acciones hayan estado sujetas a la orden de D.A.Co.

Por lo tanto, y en ausencia de prueba adicional, no pro-cedía descorrer el velo corporativo e imponer responsabili-dad personal al señor Acosta Lespier por la orden de D.A.Co. contra la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. Por un lado, D.A.Co. no presentó prueba alguna que demostrara que no existía separación entre la persona jurídica de la corporación querellada y el señor Acosta Lespier, ni que este último haya utilizado la figura corporativa para evadir una obligación legítima o derrotar la política pública. Por otro, tampoco presentó prueba que indicara que lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato de compraventa de acciones de la corporación resultante no fuera cierto. Dicha cláusula, por sí sola, es prueba insu-ficiente para justificar el levantamiento del velo corporativo.

Debe quedar claro, sin embargo, que esta decisión no impide que el tribunal de instancia, ante prueba adicional, pueda determinar que no existía una separación adecuada entre el señor Acosta Lespier y las personas jurídicas de las corporaciones, y que la fusión corporativa y la venta de acciones de la corporación persiguieron evadir una obligación legítima y derrotar la política pública que D.A.Co. tiene que poner en vigor. Roberto Colón Mach. & Mfg. Co. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 917. D.A.Co. aún tiene plena oportunidad de ofrecer prueba que justifique el levantamiento del velo corporativo y la imposición de responsabilidad personal al señor Acosta Lespier. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra; San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Drydock, supra, pág. 430; South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, supra, pág. 56; Roberto Colón Mach. & Mfg. Co. u. Srio. de Hacienda, supra, pág. 917.

VI

No concluimos sin antes señalar que existen recursos legales adicionales para obtener el cumplimiento de la orden de D.A.Co. contra la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. En primer lugar, D.A.Co. tiene a su disposición todos los medios de ejecución de sentencia que proveen las Reglas de Procedimiento Civil. 3 L.P.R.A. sec. 341e(i). En segundo lugar, los tribunales tienen la facultad de encontrar incurso en desacato al oficial de una corporación, en su capacidad personal, por el incumplimiento de una orden dirigida contra la corporación. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra. Si bien he-mos resuelto que el tribunal no puede encarcelar al oficial porque la corporación no ha cumplido con una orden de pagar una deuda monetaria impuesta por D.A.Co. como consecuencia de una controversia estrictamente privada, mediante el procedimiento de desacato correspondiente se puede imponer una multa al oficial en su carácter personal y así evitar que el incumplimiento quede impune o su efecto adverso sobre los consumidores sin reparar. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra; Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79, 82 (1982).

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia mediante la cual se revoque la resolución del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, y se devuelven los autos para que D.A.Co. tenga oportunidad de presentar prueba para justi-ficar el levantamiento del velo corporativo de la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. y para que me-diante el procedimiento correspondiente se determine si procede encontrar al señor Acosta Lespier incurso en de-sacato por el repetido incumplimiento por parte de dicha corporación de la orden de D.A.Co. y, de así determinarlo, se le imponga una multa conforme a derecho.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente.

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Aunque coincido con los pronunciamientos doctrinales expuestos en las partes II y III de su opinión, creo que el resultado al que llega la mayoría en este caso y algunas de las expresiones normativas en la parte IV de la misma no son compatibles con el claro sentido de nuestros repetidos pronunciamientos sobre cuándo procede descorrer el velo corporativo.

Una de las dos normas básicas aplicables aquí la expre-samos de forma precisa en Cruz v. Ramírez, 75 D.P.R. 947 (1954), y la hemos reiterado en muchas ocasiones, Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240 (1968); González v. San Just Corp., 101 D.P.R. 168 (1973), y casos allí citados. En Cruz v. Ramírez, supra, pág. 954, señalamos que:

Estamos conscientes de que la corporación tiene una perso-nalidad jurídica independiente de sus accionistas. Pero si la corporación es meramente un “alter ego” o conducto o instru-mento económico pasivo (“business conduit”) de sus únicos ac-cionistas, recibiendo éstos exclusiva y personalmente los bene-ficios producidos por la gestión corporativa, entonces los accionistas serían individualmente responsables si ello es nece-sario para evitar un fraude o la realización de un propósito ilegal o para evitar una clara inequidad o mal (“wrong”).

Hemos resuelto, además, numerosas veces que el anterior principio general de derecho corporativo depende en su aplicación de los hechos y las circunstancias de cada caso. Véanse, entre otros: South PR. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88 D.P.R. 43, 56 (1963); J.E. Caudal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508 (1962); Roberto Colón Mach. & Mfg. Co. v. Srio. de Hacienda, 78 D.P.R. 912 (1956); Sucn. Pérez v. Cual, 76 D.P.R. 959 (1954).

¿Cuáles son aquí los hechos medulares a los fines de decidir si debe responsabilizarse al accionista individual-mente? Según se desprende de la propia opinión de la ma-yoría: (1) el señor Acosta Lespier era el presidente, agente residente y único accionista de la corporación querellada; (2) el 6 de abril de 1984 el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) le ordenó a la corporación quere-llada corregir determinados defectos de construcción en la residencia que había vendido a la querellante; (3) a pesar de estar en vigor dicha orden contra la corporación quere-llada, y aun cuando ésta no había cumplido con la misma, la corporación querellada fue disuelta por fusión con otra entidad corporativa, disolución que es estrictamente atri-buible a Acosta por ser el único accionista y presidente de la corporación querellada’, (4) poco después de la fusión, Acosta, que era condueño de las acciones de la entidad re-sultante, vendió dichas acciones a un tercero no residente de Puerto Rico, haciéndole la representación de que las mismas estaban libres de carga o reclamación, pero sin decirle que la entidad en sí estaba legalmente sujeta al deber de corregir los defectos de construcción en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el Art. 903 de la Ley de Cor-poraciones, 14 L.P.R.A. see. 1903, y (5) ninguna de estas transacciones le fue notificada a D.A.Co., por lo cual esta agencia no estaba en posición de hacer valer contra la nueva entidad la orden pendiente.

La cadena de hechos antes mencionada claramente su-giere una posible manipulación de la ficción legal corpora-tiva por parte de Acosta, que resultó innegablemente en una clara inequidad para el querellante, quien no logró la reparación de los defectos de construcción a que tenía derecho. Los elementos, pues, de la norma de Cruz v. Ra-mírez, supra, estaban satisfechos, al menos prima facie. Vistos en conjunto, de los hechos relatados podía inferirse, al menos juris tantum, que la corporación querellada era meramente un álter ego de Acosta.

Lo que es más importante aún, la presunta manipula-ción de la ficción corporativa también tuvo el efecto de frus-trar la implementación de la orden de D.A.Co., derrotando en ese sentido la clara política pública de protección al con-sumidor encarnada en la ley que creó a dicho departamento. Este aspecto del caso es muy pertinente y nos trae a la segunda norma básica aplicable aquí. Ya antes habíamos resuelto con suma claridad que “el velo cor-porativo se descorrerá cuando la personalidad corporativa se utilice para ‘derrotar la política pública’ ... [y] las entidades corporativas pueden descartarse cuando son instrumentos para evadir un claro propósito legislativo ...”. South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, supra, págs. 56-57. Nótese que en tales casos el mandato de desechar la ficción corporativa es terminante', es decir, no se ha de permitir que mediante una interpolación corporativa se de-rrote una política legislativa, independientemente de que ello haya sido o no el propósito de esa interpolación. Basta con que tal haya sido su efecto o resultado. South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, supra, pág. 57; Quiñones Rosa v. Fajardo Development Co., 90 D.P.R. 684 (1964). En otras palabras, nuestros pronunciamientos anteriores apli-cables a casos como éste requieren que se descorra el velo corporativo si están presentes dos y sólo dos hechos esen-dales: (1) que existan determinadas transacciones corpora-tivas, o sea, el elemento de interpolación corporativa, y (2) que como resultado de esa interpolación, sea ésta delibe-rada o casual, se frustre una política pública.

Independientemente de si hubo o no la manipulación antes aludida, en este caso no puede negarse que hubo una interpolación corporativa. Ocurrieron varias transacciones sucesivas en las cuales se sustituyó una corporación por otra y luego se vendieron las acciones de ésta, todas ellas teniendo como actor central común al señor Acosta. No puede negarse tampoco que el efecto de esa interpolación fue que el querellante sufriera un daño, una inequidad, y que se evadiese un claro propósito legislativo. Procedía, pues, que se descorriese el velo corporativo, a tenor con la clara doctrina sobre el particular que prevalece en nuestra jurisdicción.

La mayoría no llega ahora al resultado que nuestros claros precedentes inexorablemente requieren porque introduce en su decisión un nuevo elemento que antes no for-maba parte de nuestra doctrina. La mayoría ahora le im-pone a la parte que invoca la necesidad de descorrer el velo corporativo una grave carga probatoria que no existía antes, y que en efecto anula el sentido de la doctrina vigente. Se le exige al promo vente que demuestre, “con prueba con-creta”, “que la personalidad de la corporación y la del ac-cionista no se mantuvieron adecuadamente separadas”, sugiriendo a la vez en una nota al calce un largo listado de factores que pueden satisfacer tal exigencia. Opinión ma-yoritaria, págs. 927-928. Aunque nuestras Reglas de Evi-dencia permiten que cualquier hecho se pruebe circunstan-cialmente o por inferencia (Regla 10 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV),.ahora la mayoría le concede a las corpo-raciones un privilegio especial al exigir una compleja “prueba concreta” del hecho en cuestión. Es decir, la mayo-ría en su opinión no sólo abandona la norma vigente de . que debe descorrerse el velo si se dan los dos elementos antes aludidos, sino que la sustituye por una nueva norma de prueba especial que es más onerosa que la que preva-lece de ordinario en nuestro ordenamiento jurídico. En tér-minos prácticos, el resultado neto de esta nueva norma que anuncia la mayoría es que hará muy difícil que en casos como el de marras se logre el propósito de nuestra legisla-ción y de muchas de las leyes de corporaciones estatales de impedir que se manipule la fusión o disolución corporativa para evadir responsabilidades legales. La mayoría en la parte II de su opinión explica muy bien cómo y por qué surgió históricamente ese propósito. Lamentablemente, la norma que anuncia en este caso no es enteramente compatible con dicho propósito, que evidentemente es el que in-forma nuestros pronunciamientos judiciales anteriores so-bre el particular.

Somos conscientes del rol que en nuestros días y en nuestra sociedad de mercado tiene la corporación de pocos accionistas o de accionista único. Disfruta de personalidad jurídica independiente por . razones que manda el sistema económico. Pero no parece propio que aquí, en este caso, de buenas a primeras, “legislemos” un nuevo privilegio especial para estas entidades sin explicar por qué ahora ello es necesario, sobre todo cuando al así hacerlo nos lleva a un resultado que es a todas luces injusto e insatisfactorio, que frustra una importante política pública del país y que desecha una clara corriente doctrinal anterior. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, enfrentado un problema análogo en Chicago M. & St. P. Ry. v. Minn. Civic Assn., 247 U.S. 490 (1918), dijo que los tribunales no se deben cegar o engañar por meras formalidades y deben bregar con la substancia de las cosas, como si la ficción corporativa no existiese y según la justicia del caso lo amerite. Esa ha debido de ser la posición de la mayoría, y como no lo es, yo disiento.

      (1) De los autos no se desprende que la corporación querellada Alturas de Florida Development Corp. haya comparecido a esta vista ante el tribunal a quo.

      (2) El señor Acosta Lespier declaró que fue por su voluntad que la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. careció de representación adecuada en la vista administrativa.

      () En otras jurisdicciones, los tribunales han considerado, entre otros, los factores siguientes al determinar si ha existido una separación adecuada entre la corporación y su accionista para fines de descorrer el velo corporativo: (1) el control del accionista sobre los asuntos corporativos; (2) el trato de los activos de la corporación como activos personales; (3) el retiro irrestricto del capital corporativo; (4) la mezcla de activos personales con activos corporativos; (5) la estructura de capital inade-cuada de la corporación; (6) la falta de récord corporativos; (7) la inobservancia de formalidades corporativas; (8) la inactividad de los demás oficiales y directores; (9) la práctica de no declarar dividendos; (10) la presentación pública del accionista como personalmente responsable por las obligaciones de la corporación, y (11) el manejo de la corporación sin atención a su personalidad independiente. 1 Fletcher Cyc. Corp. Secs. 41.10, 41.35 y 41.72, págs. 614-617, 691-692 y 710 (Perm. ed. 1982).

      (4) Cabe señalar que fue el señor Acosta Lespier, no D.A.Co., quien presentó el contrato de compraventa de acciones ante el tribunal de instancia. Al hacer su de-terminación, el tribunal de instancia tuvo ante sí solamente dicho contrato y las certificaciones del Departamento de Estado sobre la fusión corporativa y el cambio de nombre de la corporación resultante. D.A.Co. no procuró la presentación del acuerdo de fusión, los certificados de incorporación u otros documentos o récord corporativos. Tampoco presentó prueba de que existiera una práctica de la corporación querellada Luis Acosta Construction Corp. o del señor Acosta Lespier que transcendiera los intereses particulares de las partes en el caso de autos, afectara a otros consumido-res y derrotara la política pública que le compete a D.A.Co. implantar. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992).