author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    Leonardo Ortiz y otros, demandantes y recurridos, v. Superintendente de la Policía, demandado y recurrente.

      Número: CE-89-766

      Resuelto: 4 de enero de 1993

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abogados del recu-rrente; Edwin Ortiz Rivera, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso requiere que armonicemos el poder de sancionar que la ley le ha reconocido a dos (2) agencias administrativas: la Policía de Puerto Rico y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.

I — !

Los demandantes recurridos eran miembros de la Policía de Puerto Rico.() El 10 de diciembre de 1985, el Superinten-dente de la Policía emitió una resolución que ordenaba la expulsión de los recurridos de dicho cuerpo. Los hechos que provocaron tal actuación ocurrieron el 25 de febrero de 1981. Ese día, algunos de los recurridos participaron en un opera-tivo en el Municipio de Coamo que tenía como propósito lo-grar el arresto del Sr. Wilfredo Sánchez Ortiz, quien se ha-bía evadido de la Cárcel del Distrito de Ponce donde extinguía una condena por el delito de escalamiento agravado. La intervención policíaca culminó con la muerte del fugitivo Sánchez Ortiz.

Las circunstancias que rodearon la muerte del prófugo provocaron una serie de investigaciones que realizaron va-rias agencias del Gobierno. En primer lugar, la Policía de Puerto Rico practicó una pesquisa en 1981. El capitán Ortiz Ruiz, uno de los recurridos y supervisor de los agentes que participaron en el operativo, realizó una investigación admi-nistrativa de los hechos y rindió un informe con sus determinaciones. El funcionario concluyó que el agente Jimmy González actuó en defensa propia al dispararle al señor Sánchez Ortiz mientras este último, con un puñal y un arma de fuego, se resistía violentamente al arresto. Ese mismo año, el Negociado de Investigaciones Especiales del Depar-tamento de Justicia (en adelante el N.I.E.) también realizó una investigación de los hechos. Dicho cuerpo llegó a iguales conclusiones.

En 1984, el agente Rivera Zaragoza, uno de los policías que participó durante el arresto del señor Sánchez Ortiz, ofreció su testimonio mediante el cual delató el asesinato del señor Sánchez Ortiz y el posterior encubrimiento. Ello provocó que el N.I.E. realizara una segunda investigación. Esta última pesquisa reveló lo siguiente: Luego de una búsqueda, los recurridos encontraron al prófugo Sánchez Ortiz. El agente Rivera Zaragoza lo detuvo y le indicó que estaba bajo arresto. Le ordenó que levantara las manos y que se pusiera de espaldas. El agente Beltrán Green regis-tró al fugitivo y no le encontró armas. Rivera Zaragoza le ordenó que se arrodillara, lo cual hizo. Fue entonces cuando apareció el agente Jimmy González quien, sin ne-cesidad ni justificación alguna, le disparó repetidamente a Sánchez Ortiz, ocasionándole heridas en la espalda y en el lado izquierdo de la cabeza que le ocasionaron la muerte días más tarde. El N.I.E. también concluyó que los recurri-dos se reunieron con su supervisor, el recurrido Ortiz Ruiz() —en ausencia del agente Rivera Zaragoza()— para planificar el encubrimiento de los hechos. Acordaron decla-rar que el agente Jimmy González había actuado en legí-tima defensa cuando Sánchez Ortiz, con un puñal y un arma de fuego, resistió el arresto.

El 7 de diciembre de 1984 el Agente Especial del N.I.E., a cargo de la segunda investigación, rindió su informe final en el cual recomendó lo siguiente: (1) que se presentara una acusación por el delito de asesinato en primer grado contra el policía Jimmy González; (2) que se presentaran acusaciones por el delito de omisión en el cumplimieto del deber contra los agentes que intervinieron en el arresto, y (3) que se le notificara este asunto al Superintendente para que tomara cualquier acción que estimara propia contra los agentes investigados. El 21 de febrero de 1985, dicho agente del N.I.E. presentó las denuncias, según fueron re-comedadas, ante el Tribunal de Distrito, Sala de Aibonito.() Ese mismo día, el Superintendente suspendió sumariamente de empleo y sueldo a los agentes mientras la agencia bajo su mando investigaba el asunto.

El 5 de marzo de 1985, el Superintendente refirió el asunto al Director del Negociado de Servicios de Inspección y Asuntos Disciplinarios de la Policía para que éste practi-cara la correspondiente investigación. El 12 de marzo, el director interino del referido negociado solicitó al N.I.E. las copias de las declaraciones juradas y demás evidencia que había recopilado durante su investigación. El 9 de abril, el Superintendente recibió el expediente del N.I.E. que con-tenía la información solicitada.

Tras la investigación administrativa de la Policía, el Su-perintendente notificó las resoluciones de cargo durante los meses de julio y agosto de 1985. Así, les indicó a los recurridos que se proponía expulsarlos de la Policía y les informó de su derecho a solicitar una vista informal. Aco-giéndose al apercibimiento de dichas resoluciones, los re-curridos requirieron la celebración de una vista administrativa. Ésta se celebró, y el 10 de diciembre de 1985 el Superintendente se reafirmó en su decisión y ex-pulsó permanentemente a los recurridos. Oportunamente, los agentes despedidos presentaron sus apelaciones ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (en adelante la C.I.P.A.).

Luego de celebradas varias vistas ante C.I.P.A., el 21 de abril de 1986 se dictó una resolución que confirmaba la actuación del Superintendente. Inconformes, los recurridos solicitaron la revisión judicial de dicha determinación.

Luego de varios trámites, el 12 de septiembre de 1989 el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Ángel G. Her-mida), expidió el auto solicitado, dejó sin efecto la resolu-ción recurrida y le ordenó al Superintendente que restitu-yera a los recurridos en los puestos que ocupaban. Además, ordenó el pago de salarios y beneficios dejados de recibir, retroactivo a la fecha en que presentaron su apelación ante la C.I.P.A. Fundamentó su decisión en que el Superinten-dente había actuado sin jurisdicción al imponerles la ex-pulsión pasados los ciento veinte (120) días que la Ley Or-gánica de la C.I.P.A. —Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, 1 L.P.R.A. see. 171 et seq.— dis-pone para que la autoridad facultada para sancionar im-ponga medidas disciplinarias. El tribunal entendió que el 21 de febrero —fecha en que se presentaron las denuncias contra los policías y en que el Superintendente los suspen-dió sumariamente de empleo y de sueldo— era el momento razonable a partir del cual comezaba a correr el término de ciento veinte (120) días para ejercer su autoridad disciplinaria. En vista de que, según el tribunal, el Supe-rintendente no solicitó oportunamente las prórrogas que concede la ley, concluyó que las expulsiones se decretaron sin jurisdicción. Rechazó, además, que las suspensiones su-marias de 21 de febrero de 1985 interrumpieran dicho tér-mino pues, según entendió el tribunal, la suspensión su-maria temporera, impuesta mientras se investiga un caso, no es una medida disciplinaria sino más bien una medida preventiva.

De dicha sentencia recurrió ante nos el Superintendente y planteó lo siguiente:

... erró el Honorable Tribunal de instancia al dejar sin efecto la Resolución dictada ... por la CIPA que confirma la actuación del Superintendente de la Policía expulsando a los recurridos, por alegadamente haber actuado sin jurisdicción al imponer la me-dida disciplinaria en cuestión. Petición de certiorari, pág. 7.

Sometido el presente recurso, estamos en posición de resolver.

La Ley Núm. 32, supra, creó la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.() Facultada con poderes cuasijudiciales, la C.I.P.A. puede entender en casos en que se impute mal uso o abuso de autoridad() a cualquier funcionario del orden público, agente de rentas inter-ñas o cualquier otro de la Rama Ejecutiva autorizado a realizar arrestos.()

Las funciones que la ley le asigna a la C.I.RA. las puede ejercer en primera instancia (1 L.P.R.A. sec. 172(1)) o en apelación (1 L.P.R.A. sec. 172(2)). Como cuerpo apelativo, la C.I.P.A. revisa las actuaciones disciplinarias que realizan los jefes o directores sobre los funcionarios comprendidos por la ley. 1 L.P.R.A. sec. 172(2).() Además, la C.I.P.A. puede entender en apelaciones presentadas por cualquier ciudadano que no esté conforme con la determinación de dicho jefe o director. 1 L.P.R.A. see. 172(2).

En cuanto a su facultad en primera instancia, la C.I.RA. puede investigar e iniciar cualquier procedimiento encaminado a imponer medidas disciplinarias, formulando cargos específicos contra el funcionario público que haya incurrido en conducta cubierta por la Ley Núm. 32, supra. 1 L.P.R.A. see. 172(1). La C.I.P.A. podrá ejercer estas funciones por iniciativa propia, a instancias del Gobernador de Puerto Rico o a solicitud de algún ciudadano, y sólo cuando la autoridad facultada para disciplinar al funciona-rio no haya actuado o le haya exonerado. Id. Además, po-drá intervenir a instancia de la autoridad facultada para sancionar cuando esta última pierde jurisdicción en aque-llos casos en que aplican los términos que la ley le concede al jefe o director para que actúe. Id. De lo anterior surge que el objetivo de conceder dichos poderes a un organismo como la C.I.P.A. es mantener un foro alterno e indepen-diente para casos en que la agencia cubierta por la ley no haya tomado acción contra el funcionario o le haya exonerado.

En el caso ante nuestra consideración, la controversia gira en torno a si el Superintendente de la Policía actuó con jurisdicción al expulsar de ese Cuerpo a los agentes recurridos. Ambas partes fundamentan su argumento en la interpretación que hacen del Art. 2 de la Ley Orgánica de la C.I.P.A., 1 L.P.R.A. see. 172(1). Dicha disposición, en parte, establece lo siguiente:

A los fines de lo dispuesto en el primer párrafo de esta sec-ción, se entenderá que la autoridad facultada para sancionar a un funcionario público no lo ha sancionado, si dicha autoridad afirmativamente determina que exonera al funcionario en cues-tión, o si, luego de formulada una queja o querella contra un funcionario público, o de ocurridos los hechos que pudieran dar lugar a tal queja o querella, transcurren ciento veinte (120) días sin que la autoridad facultada para sancionar imponga medi-das disciplinarias o exonere al funcionario público en cuestión. Transcurridos los referidos ciento veinte (120) días, la facultad para sancionar al funcionario en cuestión será, exclusivamente, de la Comisión. Sin embargo, a solicitud de la autoridad facul-tada para sancionar, la Comisión concederá prórrogas adiciona-les por términos de treinta (30) días cada una, siempre que dichas prórrogas se soliciten antes de expirar el término original de ciento veinte (120) días, o de la prórroga que se hubiere concedido, y se establezca que existe razón justificada para ello. Disponiéndose que el referido término de ciento veinte (120) días aplica exclusivamente a casos donde ha habido mal uso o abuso de autoridad. (Énfasis suplido.) 1 L.P.R.A. see. 172(1).

Según las partes, la controversia se limita a determinar cuándo comenzó a transcurrir el término de ciento veinte (120) días que provee la ley para que la autoridad tome medidas disciplinarias contra el funcionario. El Superin-tendente alega, en síntesis, que el término comenzó a co-rrer el 9 de abril de 1985, fecha en que recibió del N.I.E. el expediente de investigación y que, por lo tanto, todas las prórrogas —seis (6) en total— fueron solicitadas dentro del término que dispone la ley. Argumenta el Superintendente que le era imposible comezar su investigación sin el expe-diente que había preparado el N.I.E. En segundo lugar, el Superintendente alega que, independientemente del argu-mento anterior, la suspensión sumaria que ordenó el 21 de febrero de 1985 “mientras se ivestigaba el caso” tuvo el efecto de interrumpir el término de ciento veinte (120) días.

Por su parte, los recurridos alegan que los ciento veinte (120) días comenzaron a correr el 21 de febrero de 1985, fecha en que se presentaron las denuncias en su contra y fueron suspendidos sumariamente por el Superintendente. Entonces, según ellos, ya para el 12 de julio de 1985, cuando el Superintendente solicita la primera prórroga, el término había transcurrido y el Superintendente había perdido autoridad sobre el caso.

Aunque por otros fundamentos no expuestos en su es-crito, el recurrente tiene razón. Procede revocar.

I — I

La Ley Núm. 22 de 15 de abril de 1976 enmendó los incisos (1) y (2) del Art. 2 de la Ley Orgánica de la C.I.P.A., supra. En cuanto al inciso (1), la enmienda aportó dos (2) cambios importantes que arrojan luz sobre la controversia en este caso.() En primer lugar, dispuso que, además de la propia comisión, el Gobernador y los ciudadanos, la C.I.P.A. puede actuar en primera instancia “por referi-miento de la autoridad con facultad para sancionar cuando ésta pierde jurisdicción en aquellos casos en que aplican los términos indicados en este Capítulo (Enfasis suplido.) Art. 2 de la Ley Orgánica de la C.I.P.A., según enmendada por la Ley Núm. 22, supra. De esta añadidura surge clara-mente que el término de ciento veinte (120) días que la ley concede a la autoridad para que imponga medidas discipli-narias no opera en todo caso.

Ello conduce al segundo cambio importante que la en-mienda de 1976 introdujo al inciso (1), al añadir la última oración que lee como sigue: “Disponiéndose que el referido término de ciento veinte (120) días aplica exclusivamente a casos donde ha habido mal uso o abuso de autoridad.” (En-fasis suplido.) Art. 2(1) de la Ley Núm. 22, supra, 1 L.P.R.A. sec. 172(1), que enmendó la Ley Orgánica de la C.I.P.A.

Si el término de ciento veinte (120) días aplica sólo a casos en los que ha habido “mal uso o abuso de autoridad” (Art. 1(1) de la Ley Núm. 22, supra), ¿cuáles son los otros casos en que no opera dicho término? Después de todo, la C.I.P.A. se creó para entender “[e]n caso de que se impute mal uso o abuso de autoridad ...”. 1 L.P.R.A. see. 172(1). Aunque las considera, la enmienda no señala cuáles son esas otras situaciones que no están limitadas por el tér-mino de ciento veinte (120) días.

La ley no está clara. Por lo tanto, estamos compelidos a recurrir al historial en busca de la intención del legislador para así comprender el alcance de la medida y hacer cumplir su espíritu. Art. 19 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19; Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685, 688 (1966); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968); Rodríguez v. Fidelity Bond Mortg. Corp., 108 D.P.R. 156, 158 (1978); Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 D.P.R. 472 (1991), y casos allí citados. Cf. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14.

Al acudir al historial legislativo de la enmienda de 1976 nos encontramos con que el legislador quiso ofrecer trata-mientos distintos a dos (2) tipos de situaciones en que se hayan impuesto medidas disciplinarias: de una parte, cuando se haya imputado mal uso o abuso de autoridad a cualquier funcionario cubierto por la ley y, de otra parte, cuando se hayan imputado “faltas leves o graves” contra miembros de la Policía. Así, en su informe en el cual se explica el alcance de la enmienda de 1976, la Comisión de Gobierno del Senado señaló lo siguiente:

La enmienda también es al efecto de aclarar que el término ... de ciento veinte (120) días se refiere y aplica solamente a casos de mal uso de autoridad y no a los casos en que se toma acción disciplinaria por faltas leves o graves contra miembros de la Policía. (Enfasis suplido.) Informe de la Comisión de Go-bierno del Senado sobre el P. del S. 717 de 16 de mayo de 1974, que luego se convirtió en la Ley Núm. 22, supra.

La propia Comisión de Gobierno del Senado, en un in-forme posterior, explica la razón por la cual entendieron que era prudente excluir del término de ciento veinte (120) días a aquellos casos en que se imputen “faltas leves o graves” contra miembros de la Policía:

El número de querellas contra los miembros de la Policía ha aumentado en forma considerable y esto ha significado que el personal dedicado a la labor investigativa resulte insuficiente y por lo tanto, no se pueda cumplir con las disposiciones de la Ley dentro del término que prescribe [la Ley Núm. 32 previo a la enmienda de 1976]. Informe de la Comisión de Gobierno del Senado sobre el P. del S. 717 de febrero de 1976, que luego se convirtió en la Ley Núm. 22, supra.

De lo anterior surge que, en cuanto al término para que actúe la autoridad con facultad para sancionar, la Ley Orgánica de la C.I.P.A., según enmendada por la Ley Núm. 22, supra, trata los casos de mal uso o abuso de autoridad por parte de ciertos funcionarios públicos de forma distinta a aquellos en los que dichas faltas son cometidas por los agentes de la Policía.( )

Resolvemos, pues, que a la luz del historial legislativo del estatuto que enmendó la Ley Orgánica de la C.I.P.A., el Superintendente, al tomar medidas disciplina-rias contra miembros de la Policía no está limitado por el término de ciento veinte (120) días que provee dicha ley. El término de ciento veinte (120) días aplica sólo a casos en los que ha habido mal uso o abuso de autoridad por parte de otros funcionarios del orden público, agentes de Rentas Internas u otros funcionarios de la Rama Ejecutiva autori-zados para realizar arrestos, según dispone la ley.

Lo aquí resuelto no significa que el Superintendente, una vez tenga conocimiento de los hechos constitutivos de una falta que conlleve acción disciplinaria según el Reglamento de la Policía, se cruce de brazos y no disponga del asunto con prontitud. La propia ley de la Policía y su reglamento le imponen la obligación de actuar con premura. Por ejemplo, cuando, como en el presente caso, el Superintendente suspende temporalmente de empleo y de sueldo a algún miembro de ese Cuerpo, el Art. 14 de la Ley de la Policía de Puerto Rico le ordena “que se formulen los correspondientes cargos, sin demora innecesaria. Investigará y resolverá tales casos a la mayor brevedad posible ...”. (Énfasis suplido.) Art. 14 de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 1014(e). Por su parte, el Reglamento de Personal de la Policía dis-pone que:

En todo caso que surja la posibilidad de aplicación de medi-das disciplinarias por violación a cualquier falta cuya sanción pudiera resultar en la suspensión de empleo y sueldo, destitu-ción o expulsión o degradación ... [e]Z Superintendente iniciará una investigación administrativa dentro de los diez (10) días laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos o de la radicación de una querella. (Enfasis suplido.) See. 14.3(2)(b)(l)(a) del Reglamento de la Policía de Puerto Rico, 4 de mayo de 1981.()

Lo aquí resuelto tampoco menoscaba las facultades de la C.I.P.A. para actuar en primera instancia cuando de miembros de la Policía se trata. Por ejemplo, si el Superin-tendente exonera a uno de éstos, la C.I.P.A. podrá entonces investigar y procesar al funcionario siempre que cumpla con las disposiciones de ley. 1 L.P.R.A. see. 172(1). Como cuerpo apelativo, podrá revisar las actuaciones disciplina-rias del Superintendente en relación con faltas graves o aquellas faltas leves en que se haya impuesto la suspen-sión de empleo y sueldo, según dispone la propia ley. 1 L.P.R.A. see. 172(2).

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Aunque aceptamos que la Ley Orgánica de la C.I.P.A., según fue enmendada, no está clara, el historial legislativo de la medida que la enmendó revela el indudable propósito de que el término de ciento veinte (120) días no aplicaría a casos en que estén implicadas faltas contra miembros de la Policía. Tanto las partes como el tribunal a quo no auscul-taron la intención de dicha enmienda, según surgía de su historial. Nuestra obligación ineludible es hacer cumplir dicha intención. A.R.Pe. v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793 (1991); Pueblo v. Hernández Maldonado, supra.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia para revocar aquella dictada el 12 de septiembre de 1989 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y se or-dena la devolución de los autos originales para que conti-núen los procedimientos en instancia conforme a lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió.

      (1) Los recurridos son el Cap. Leonardo Ortiz Ruiz, Sgto. Ismael Serrano Sánchez, Agte. Juan Sánchez Santiago, Tnte. Juan J. Veguilla Martínez, agente Santos Rodríguez de Jesús, agente Tomás Rivera Ruiz, policía Pedro Colón Gaudino, policía Jimmy González González y agente José O. Ortiz Rodríguez.

      (2) Como ya dijimos, el capitán Ortiz Ruiz dirigió la primera investigación de los hechos para la Policía y recomendó que se exonerara al agente Jimmy González.

      (3) Ya que Rivera Zaragoza se negó a declarar algo contrario a lo sucedido, el recurrido Ortiz Ruiz preparó una declaración a maquinilla en la cual Rivera Zara-goza aparecía afirmando que no sabía nada de lo ocurrido al prófugo. Posterior-mente, Ortiz Ruiz se la entregó a Rivera Zaragoza para que la juramentara. Rivera Zaragoza, presionado y temeroso, juró la declaración ante la Juez Luzgarda Vázquez.

      (4) Se añadieron unas acusaciones por el delito de encubrimiento (Art. 236 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4432). Posteriormente, mediante Sentencia de 3 de septiembre de 1985, el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, desestimó las acusacio-nes por encubrimiento debido a que dicho delito había prescrito. En cuanto a Jimmy González, un Jurado le declaró no culpable del delito de asesinato en primer grado. Los señores Veguillas Martínez, Ortiz Ruiz, Rodríguez de Jesús y Beltrán Ruiz fue-ron absueltos del delito de omisión en el cumplimiento del deber.

      (5) En cuanto a las razones que motivaron la creación de cuerpos como la Comi-sión de Investigación, Procesamiento y Apelación (en adelante la C.I.P.A.), véase Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334, 339 (1986).

      (6) Entre los actos que constituyen mal uso o abuso de autoridad, la ley enumera los siguientes:
      “(a) arrestos o detenciones ilegales o irrazonables;
      “(b) registros, allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables;
      “(c) acometimiento y/o agresión injustificados o excesivos;
      “(d) discrimen por razones políticas, religiosas, condición socioeconómica, o cua-lesquiera otras razones no aplicables a todas las personas en general;
      “(e) dilación indebida en conducir ante un magistrado a una persona arrestada o detenida;
      “(f) uso de violencia injustificada, coacción física o psicológica, intimidación o prolongación indebida, sobre o de una persona arrestada, o detenida para fines de investigación;
      “(g) negativa del funcionario para permitir que un arrestado o detenido involun-tariamente, se comunique con su familiar más cercano o abogado;
      “(h) interceptación, grabación o cualesquiera otras transgresiones mediante ar-tefactos físicos, químicos o electrónicos, de las comunicaciones privadas;
      “(i) incitar a una persona para la comisión de un delito en los casos que de no mediar esa incitación ésta no lo hubiere cometido o intentado realizar;
      “(j) persecución maliciosa;
      “(k) calumnia, libelo o difamación;
      “(1) falsa representación o impostura;
      “(m) utilización de evidencia falsa que vincule a una persona con la comisión de un delito o;
      “(n) iniciar y continuar una vigilancia o investigación ostensible, notoria e in-tensa sobre una persona, cuando por razón de estas características pierde toda efec-tividad como mecanismo prudente y discreto de investigación policíaca;
      “(o) obstruir, impedir o interrumpir ilegal o irrazonablemente el ejercicio legal y pacífico de las libertades de palabra, prensa, reunión y asociación, y de libertad de petición en las vías o lugares públicos.” 1 L.P.R.A. see. 172(1).

      (7) En Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180, 189 (1991), dijimos que entre los funcionarios facultados para hacer arrestos se encuentran:
      “... los guardias municipales, 21 L.P.R.A. see. 1063; los agentes investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, 3 L.P.R.A. sec. 138(d); los oficiales de custodia de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. see. 1126; el Secretario de Salud, inspectores médicos y oficiales de salud a cargo de implantar la Ley de Sanidad, 3 L.P.R.A. see. 186; el cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, 12 L.P.R.A. see. 1205; el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos y cualquier empleado de la Autoridad de los Puertos designado por aquél para vigilar los aeropuertos, 23 L.P.R.A. see. 465.”

      (8) La aprobación de la Ley de Personal del Servicio Público en 1975 produjo confusión sobre la facultad apelativa de la C.I.P.A., pues dicha ley creó la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.) y le concedió autoridad para atender apelaciones de las decisiones de gerencia de personal de los administradores individuales del sistema público, entre ellos la Policía de Puerto Rico. Por ello, para evitar conflictos jurisdiccionales entre estos dos (2) organismos, la Asamblea Legislativa enmedó recientemente la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, 1 L.P.R.A. see. 171 et seq., para aclarar que la C.I.P.A. tiene jurisdicción apelativa exclusiva sobre toda sanción impuesta por la autoridad nomi-nadora como resultado de una imputación de mal uso o abuso de autoridad y sobre toda medida disciplinaria impuesta debido a la comisión de faltas leves o graves al Reglamento de la Policía de Puerto Rico. Ley Núm. 23 de 16 de julio de 1992 (1 L.P.R.A. sees. 172 y 173).

      (9) Además de los cambios que discutimos en el texto de esta opinión, la en-mienda de 1976 amplió a ciento veinte (120) días el término dentro del cual la auto-ridad facultada para sancionar debe imponer las medidas disciplinarias antes de perder jurisdicción sobre el caso. La ley original concedía sólo sesenta (60) días. Además, la enmienda autorizó a la C.I.P.A. a conceder prórrogas subsiguientes de treinta (30) días cada una, siempre que se soliciten dentro del término de ciento veinte (120) días o de la prórroga que se hubiese concedido. La ley orgánica sólo autorizaba una prórroga de treinta (30) días.

      (10) De hecho, el propio estatuto —antes y después de la enmienda que aportó la Ley Núm. 23 de Í6 de julio de 1992, supra, véase el esc. 8 de esta opinión— en la parte que regula la facultad apelativa de la C.I.P.A., distingue entre “faltas leves y graves” en cuanto a miembros de la Policía y casos de mal uso o abuso de autoridad cometidos por otros funcionarios públicos. El inciso (2) del Art. 2, según enmendado, 1 L.P.R.A. see. 172(2), dispone que:
      “[La C.I.P.A. ajetuará como cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por este Capítulo, cuando el jefe o director del organismo o dependencia de que se trate les haya impuesto cualquier medida disciplinaria en relación con actuaciones cubiertas por este Capítulo, o con faltas leves en que se haya impuesto una reprimenda o sus-pensión de empleo y sueldo o faltas graves en el caso de miembros de la Policía (Enfasis suplido.)
      Más aún, la reciente enmienda al Art. 3 de la Ley Orgánica de la C.I.P.A., 1 L.P.R.A. see. 173, también en torno a su facultad apelativa, separa con más claridad, de un lado, aquellos casos que surgen como resultado de “faltas leves y graves” en cuanto a miembros de la Policía, y de otro, aquellos que son consecuencia del mal uso o abuso de autoridad. Dispone en parte dicha enmienda que:
      “La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva para actuar como cuerpo apelativo en los casos que se especifican a continuación:
      “(1) En casos donde la autoridad nominadora o su representante autorizado haya impuesto cualquier medida o sanción disciplinaria a un funcionario o empleado de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar arrestos, en relación con actuaciones donde se le imputa mal uso o abuso de autoridad según lo define el inciso (1) de la see. 172 de este título; y
      “(2) En casos donde el Superintendente de la Policía o su representante autori-zado haya impuesto cualquier medida o sanción disciplinaria a un miembro de la Policía en relación a la comisión de faltas leves o faltas graves según disponen las secs. 1001 et seq. del Título 25 [de la Policía de Puerto Rico de 1974] y su reglamento.” (Enfasis suplido.)

      (11) Sobre si dicho término de diez (10) días es directivo o mandatorio y jurisdic-cional, quaere. Cf. Op. Sec. Just. Núm. 1986-23.
      Es importante señalar que el Superintendente está impedido de iniciar su pro-pia investigación mientras el Negociado de Investigaciones Especiales esté investí-gando el caso. Véase Art. 4(15) de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978 (3 L.P.R.A. sec. 138c(15)).


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Daniel Rodríguez Dávila.

      Número: 6032

      Resuelto: 12 de enero de 1993

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Daniel Rodríguez Dávila, pro se.

   PER curiam:

HH

El pasado 2 de julio de 1992 concedimos al notario Daniel Rodríguez Dávila un término para que corrigiera va-rias deficiencias detectadas por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, y, además, que mostrara causa por la cual no deberíamos disciplinarlo. El 14 de agosto le requerimos que acreditara el cumplimiento del requisito de fianza notarial, siendo apercibido de que se exponía a ser suspendido automática-mente de la notaría.

El 20 de agosto dicho notario nos notificó de su condición delicada de salud y que había entregado su obra notarial al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Go-vén D. Martínez Suris. Informó que faltaban dos (2) instru-mentos del Protocolo correspondiente a 1989. Le concedi-mos una prórroga de treinta (30) días para localizarlos y cumplir con nuestra resolución. Ese término lo ampliamos el 13 de noviembre.

La última comunicación del licenciado Martínez Suris de 18 de diciembre expresa que el notario Rodríguez Dá-vila había cubierto las deficiencias de $289 en sellos de rentas internas, impuesto notarial y sellos de asistencia legal, y le había informado que en dos (2) semanas entre-garía las dos (2) escrituras faltantes. Al día de hoy, no lo ha hecho; tampoco ha renovado la fianza notarial.

HH

La cronología expuesta y la omisión de prestar la fianza notarial nos obligan a suspenderlo indefinidamente del ejercicio de la notaría. Dejó de mostrar causa por la cual no canceló oportunamente los referidos sellos ni ha justificado la pérdida de las dos (2) escrituras de 1989. In re Osorio Díaz, 131 D.P.R. 1050 (1992).

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.


author: per curiam:

text:
      In re Faustino Aponte Parés.

      Número: 3158

      Resuelto: 12 de enero de 1993

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Faustino R. Aponte y Arturo Aponte Parés, abogados del querellado; Faustino Aponte Parés, pro se.

   per curiam:

El 12 de diciembre de 1991 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martí-nez Suris, nos informó que una inspección de la obra notarial del abogado Faustino Aponte Parés reflejaba serias de-ficiencias en sus Protocolos de 1988, 1989, 1990, 1991 y en el Registro de Testimonios, consistentes en no haberse ad-herido los sellos de rentas internas ascendentes a $76,000, ello después de haber satisfecho unas deficiencias en sus Protocolos de 1984, 1985 y 1986.

Con vista a dicho informe, procedimos de inmediato a suspenderlo provisionalmente del ejercicio de la notaría e instruimos al Alguacil General que se incautara de su obra notarial para el examen posterior por el Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías. Simultáneamente, le con-cedimos al licenciado Aponte Parés un término de treinta (30) días para que mostrara causa por la cual no debería ser suspendido indefinidamente de la notaría y separado del ejercicio de la profesión legal.

Luego de varias prórrogas, ha comparecido.

En su escrito, el licenciado Aponte Parés expone que una merma en los servicios profesionales que prestaba para dos (2) instituciones bancarias, problemas personales en la esfera afectiva y el cumplimiento de unos compromi-sos como deudor solidario, le ocasionaron “una depresión económica y emocional”. Moción Mostrando Causa, pág. 2. Aduce, además, que nuestra resolución que dicta la sus-pensión lo enfermó (úlcera en el duodeno, pancreatitis aguda y posible diverticulitis). Nos señala haber subsa-nado las deficiencias en sellos con la ayuda económica familiar y de amigos íntimos. Reconoce “que cometió grave error de juicio al no cancelar sellos en sus escrituras” (id., pág. 4), que está sumamente arrepentido y ha recibido una lección.

Finalmente, en su abono indica haber prestado satisfac-toriamente un servicio activo desde 1982 al presente en el programa Pro Bono, Inc. Suplica la sanción que sea pru-dencialmente apropiada.

HH

En In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121 (1992), ratificamos toda la casuística referente al carácter estricto de la obligación de cancelar sellos en las escrituras públicas (In re Platón, 113 D.P.R. 273 (1982)); que su incumplimiento exponía al notario a graves sanciones correctivas, incluso la separación del ejercicio de la profesión, ya que la omisión era de naturaleza continua (In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984)); que la práctica notarial de no cancelarlos inmediatamente después de otorgada una escritura no sólo constituía una violación a la Ley Notarial de Puerto Rico, “sino que podría inclusive resultar en la configuración de un delito de apropiación ilegal, por cuanto el importe de dichos sellos es por lo general cobrado por el notario a su cliente al momento de la otorgación del instrumento con el propósito expreso y específico de la compra y cancelación de los sellos. Cuando menos constituye una práctica alta-mente censurable e intolerable que no debe ser continuada y que puede constituir por sí sola causa suficiente para la separación de un abogado del ejercicio de la notaría en Puerto Rico”. In re Merino Quiñones, 115 D.RR. 812, 813— 814 (1984).

A tono con esos pronunciamientos, en In re Quidgley Viera, 119 D.P.R. 72, 73-74 (1987), suspendimos del ejercicio de la profesión en ocasión del abogado ignorar nuestros requerimientos de que subsanara la no cancelación de sellos después de ser separado de la notaría. Ante su inacción, dijimos: “Enfatizamos una vez más la importancia de cancelar los sellos de rentas internas y notariales. Hemos señalado que ‘se defrauda al erario cuando se persiste obstinadamente en no adherir a las escrituras los sellos de rentas internas que ordena el arancel notarial’. In re Platón, 113 D.P.R. 273, 274 (1982).”

La contención del licenciado Aponte Parés en el sentido de que la “falta de cancelación de sellos no afectó a terceros ni a los otorgantes”, Moción Mostrando Causa, págs. 3-4, pasa por alto que hasta tanto sean adheridos y cancelados, la validez de las escrituras o de las copias certificadas está en entredicho, pues las mismas son anulables. Art. 10 de la Ley Notarial de Puerto Rico 4 L.P.R.A. see. 2021; Banco de Santander de P.R. v. Registrador, 115 D.P.R. 44 (1984); Rivera Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661 (1982); Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 D.P.R. 50 (1978); Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976); Sánchez v. Registrador, 69 D.P.R. 474 (1949); In re Feliciano, supra; In re Merino Quiñones, supra; S. Torres Peralta, La nueva Ley Notarial de Puerto Rico, 48 (Núm. 3) Rev. C. Abo. P.R. 104 (1987); P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Ponce, Ed. Corripio, 1988, págs. 115-116.

HH

El trasfondo doctrinario pauta el camino a seguir. Esta-mos ante importantes intereses públicos y privados. Nues-tra consideración no puede sacrificarlos. La magnitud de las deficiencias a nivel económico rebasó el máximo actual de $25,000 que la Ley Notarial de Puerto Rico exige como fianza. El tiempo transcurrido —cinco (5) años— su efecto acumulativo y la tardanza del notario Aponte Parés en cumplir ese deber ministerial, no tiene justificación. Uni-camente su historial previo nos mueve a limitar nuestra sanción disciplinaria a la suspensión indefinida de la notaría.

Se dictará la correspondiente sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Fernando Díaz, en su capacidad de Presidente de la Junta de Directores del Condominio El Monte Norte, demandante y recurrido, v. Consejo de Titulares del Condominio El Monte North Garden, demandados y recurrentes.

      Número: RE-92-71

      Resuelto: 14 de enero de 1993

      Jorge M. Suro Ballester, abogado de los recurrentes; María Luisa B. Fuster y José Guevara Fuertes, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, declaró con lu-gar una demanda sobre interdicto permanente radicada por la Junta de Directores del Condominio El Monte Norte, determinando la inexistencia de una servidumbre de paso constituida por signo aparente en el caso de epígrafe. In-conforme, la parte demandada, Consejo de Titulares del Condominio El Monte North Garden, recurre ante nos. Revocamos.

í-H

En su origen, el proyecto integral de viviendas de alqui-ler El Monte Apartments, comprendía dos (2) multipisos: El Monte Norte y El Monte Sur; un grupo de edificaciones tipo town houses, El Monte North Garden (conocido como “las casitas”), y un área comunal recreativa ubicada en el lado este de El Monte Sur. Entre El Monte Norte y El Monte North Garden existía un área verde conocida como “la arboleda”, cuyas aceras y caminos se extendían de un condominio a otro sin que existiera delimitación física o interrupción alguna entre uno y otro predio.

El dueño de todo este complejo residencial perteneciente a una sola finca lo era El Monte Associates, L.P. Este deci-dió convertir el referido complejo residencial de alquileres a uno bajo el régimen de propiedad horizontal. A esos efec-tos, el 13 de abril de 1966, la finca donde está localizado el Condominio El Monte Norte fue segregada de la finca principal para formar una finca independiente (finca #24149, Registro de la Propiedad de San Juan) y el 18 de diciembre de 1978, mediante escritura pública, dicho condominio fue sometido al régimen de propiedad horizontal. El área cono-cida como “la arboleda” quedó dentro de esta finca. De igual manera, el 15 de junio de 1978, la finca donde está situado el Condominio El Monte North Garden fue segre-gada de la finca principal para formar una finca indepen-diente (finca #31096, Registro de la Propiedad de San Juan) y, con posterioridad, el 11 de abril de 1979, mediante escritura pública, dicho condominio fue sometido al régi-men de propiedad horizontal. El Monte Associates, L.P. mercadeó la venta de ambos condominios presentando un concepto unitario de vivienda con facilidades y accesos co-munes a todos.

A mediados de 1980, luego de convertidos los condomi-nios al régimen de propiedad horizontal y de vendidas una parte sustancial de las unidades de vivienda, se instaló una verja de alambres eslabonados (cyclone fence) con un pequeño portón sin candado en la colindancia del Condo-minio El Monte Norte y El Monte North Garden. Los resi-dentes de ambos proyectos continuaron teniendo libre ac-ceso a las aceras, caminos y áreas verdes de los mismos. Condómines de El Monte Norte, sin embargo, se opusieron a la apertura del referido portón. Ello llevó a que en 1985 condómines de El Monte North Garden acudieran ante el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, en un procedi-miento bajo la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974 (32 L.P.R.A. sees. 2871 et seq. y 2871 n.), conocida como Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho. Dicho foro emitió Resolución favorable a los querellantes en la que fijó un estado provisional de derecho, ordenando a los querellados a abstenerse de realizar cualquier acto que tendiera a impedir el libre accéso de los condómines de El Monte North Garden hasta tanto un tribunal de mayor jerarquía resolviera el asunto en forma definitiva.

El 31 de octubre de 1990, el Sr. Fernando Díaz, en su capacidad de Presidente de la Junta de Directores del Condominio El Monte Norte, radicó demanda de interdicto permanente y daños y perjuicios, objeto del presente recurso, en contra del Consejo de Titulares del Condominio El Monte North Garden. Alegó que la referida verja de alambres eslabonados en la colindancia de las fincas estaba siendo utilizada tanto por los condómines de El Monte North Garden así como por extraños para ganar acceso a las áreas comunes de El Monte Norte. Adujo, adicionalmente, que no existía servidumbre de paso alguna entre ambas fincas y a favor de uno u otro predio; que dicha entrada estaba creando una serie de problemas relativos a la seguridad de los condómines y de sus propiedades() y que tal actuación atentaba contra el derecho de éstos al disfrute pleno y pacífico de su propiedad, ocasionándoles daños irreparables. Solicitó se prohibiera el referido acceso. En su contestación a la referida demanda, el Consejo de Titulares del Condominio El Monte North Garden invocó como defensa afirmativa la existencia de una servidumbre de paso, por signo aparente, a su favor y en contra de la parte demandante; ello en virtud de las disposiciones del Art. 477 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1655.

El tribunal a quo llevó a cabo una inspección ocular,() luego de la cual el caso quedó sometido. Ambas partes so-licitaron se dictara sentencia sumaria a su favor. () En su moción de sentencia sumaria, la parte demandante alegó que ni de las escrituras de segregación de ambas fincas ni del Registro de la Propiedad surgía la existencia de servi-dumbre de paso a favor de uno u otro predio. De otra parte, esbozó que en la presente situación no se cumplían tres (3) de los cuatro (4) requisitos pautados por el referido Art. 477 para que quedara constituida una servidumbre de paso. La parte demandada se opuso y solicitó, a su vez, sentencia sumaria a su favor predicada en la mencionada defensa afirmativa.

El 19 de septiembre de 1991 el foro de instancia dictó sentencia sumaria a favor de la parte demandante. Des-cartó la postura de la parte demandada en torno a que las referidas aceras y caminos constituían un signo aparente de servidumbre de paso() y de la existencia per se de ser-vidumbre alguna en el caso de epígrafe. Conforme a ello, ordenó la clausura del portón y prohibió a los condómines de El Monte North Garden ganar acceso a la propiedad de los demandantes por el mismo. Por último, el tribunal con-denó a la parte demandada a pagar las costas de litigio y le impuso mil dólares ($1,000) por concepto de honorarios de abogado.

El Consejo de Titulares del Condominio El Monte North Garden acude ante nos de este dictamen. Expone que el foro de instancia erró al no aplicar el Art. 477 del Código Civil, supra, a los hechos del caso y al imponerle honora-rios de abogado. Expedimos el recurso solicitado. Ambas partes han comparecido. Resolvemos.

Nuestro Código Civil, en su Art. 465 (31 L.P.R.A. see. 1631), define la servidumbre como aquel gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se denomina predio dominante; el que la sufre, predio sirviente. Las servidumbres pueden adquirirse: (1) por ley, (2) por título, (3) por prescripción o (4) por signo aparente.()

Con relación a este último modo de adquirir una servidumbre, el Art. 477 del Código Civil, supra, dispone lo siguiente:

La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre con-tinúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de sepa-rarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desa-parecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.

Debemos examinar si las aceras y caminos objeto de la controversia de epígrafe cumplen con los cuatro (4) requi-sitos pautados por el citado artículo de manera que poda-mos concluir si quedó constituida o no una servidumbre de paso por signo aparente en el presente caso.

A. La existencia de un signo aparente entre dos (2) fincas

El signo aparente es la exteriorización o expresión manifiesta de un hecho visible que revela una relación de servicios en un determinado aspecto entre dos (2) fincas establecido por el dueño de ambas. Q.M. Scaevola, Código Civil, 5ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1947, T. X, págs. 431-432; A. Tamayo, El Derecho Real de Servidumbre, Barcelona, Ed. Bosch, 1956, pág. 96. Su apariencia exterior presupone la servidumbre pretendida; de ahí que el legislador, en el Art. 477, supra, equipare el signo aparente al título. J. Bonet Correa, La constitución tácita de las servidumbres en el Código Civil español, 4 An. Der. Civ. 73, 92 (1951). Dado la apariencia manifiesta y la situación de hechos que revelan los signos aparentes de servidumbre, su existencia surtirá efectos contra el adquirente del inmueble objeto de la misma aunque no haya en el Registro de la Propiedad constancia alguna de su existencia. Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 615, 626 (1974). De igual manera, como la apariencia de esta servidumbre le atribuye una publicidad equivalente a su inscripción, la misma resulta ser una excepción a lo dispuesto por el Art. 475 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1653, a saber, que las servidumbres discontinuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título. Ibáñez v. Tribunal Superior, supra, pág. 627. Esto es, el Art. 477, supra, aplicará a cualquier servidumbre, continua o discontinua, siempre y cuando ésta sea aparente. Ello es materia trillada en nuestra casuística y en la doctrina española. Ibáñez v. Tribunal Superior, supra, pág. 627. M. Albaladejo, Derecho Civil, 5ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. Ill, Vol. II, pág. 132; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. II, pág. 125; J. Bonet Correa, La constitución de las servidumbres por signo aparente, Madrid, Ed. Gráficas Orbe, 1970, pág. 104; Scaevola, op. cit., pág. 433.()

Es debido a las repercusiones que una servidumbre constituida por signo aparente tiene en el tráfico jurídico de los bienes inmuebles que nuestra jurisprudencia reiteradamente ha señalado que el signo mismo ha de ser ostensible e indubitado, Ibáñez v. Tribunal Superior, supra, pág. 627, permanente, no variable ni accidental. Delgado Cruz v. Girau Bernal, 115 D.P.R. 61, 66-67 (1984); Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.RR. 170, 216 (1962). En cuanto al signo aparente que un camino o trillo pueda sugerir, en Goenaga v. O’Neill de Milán, supra, indicamos que la mera existencia de veredas, trillos o caminos irregulares no equivale a un signo aparente de servidumbre de p.aso. Tampoco queda constituida dicha servidumbre por la mera tolerancia de dicho paso. Ibáñez v. Tribunal Superior, supra; Goenaga v. O’Neill de Milán, supra, pág. 203. En Logia Caballeros del Sur v. Cordero, 74 D.RR. 444, 448 (1953), expresamos, a iguales efectos, que debían “existir algunas manifestaciones físicas de la servidumbre, tales como un pasadizo nivelado de brea o cemento, un callejón claramente trazado o algunos otros signos visibles de la servidumbre”.

B. Que el signo aparente de servidumbre lo haya consti-tuido el dueño de ambas fincas

Señala el tratadista Bonet Correa en su obra La consti-tución de las servidumbres por signo aparente, op. cit., pág. 106, que resulta “indiferente que el signo fuese establecido por el último propietario o por uno de los propietarios an-teriores, siempre que lo fuese durante la fusión de los predios”. En aquellas situaciones en que la servidumbre hubiese existido entre dos (2) predios antes de su adjudi-cación por un sólo propietario, lo importante será que éste haya dejado subsistir o conservado la situación de servicio y su signo aparente hasta el momento de la nueva separa-ción de la propiedad de las fincas. J. Puig Brutau, Funda-mentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. Ill, Vol. II, págs. 414-417; M. Albaladejo, Comen-tarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1978, T. VII, Vol. II, págs. 71-72; Delgado Cruz v. Giraud Bernal, supra; Ibáñez v. Tribunal Superior, supra; Rodríguez v. Suárez, 71 D.P.R. 728, 732 (1950), y jurispru-dencia ahí citada.

Como resulta obvio, por las consecuencias que acarrea la constitución de una servidumbre por signo aparente, el claro lenguaje del Art. 477, supra, no deja margen de duda alguna a que sea el propietario del predio quien establezca o conserve el signo aparente, excluyendo de tales actuaciones a los simples poseedores como el usufructuario, arrendatario o mero detentador. Puig Brutau, op. cit.

C. Que una de las fincas sea enajenada

El término “enajenación”, dentro del citado Art. 477, ha de comprender todas las modalidades de la transmisión del dominio, tanto voluntarias como forzosas. Puig Brutau, op.cit., pág. 417. Lo importante es que se separe la propiedad de las dos (2) fincas o que una (1) se divida en dos (2); que se dé la desintegración, ruptura o escisión de una finca del dominio confundido independientemente de cuál sea su modalidad de separación. Albaladejo, Derecho Civil, op. cit., pág. 74; Bonet Correa, La constitución de las servidumbres por signo aparente, op. cit., pág. 91 y ss; Puig Brutau, op. cit., págs. 417-418; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T. II, pág. 463; Scaevola, op. cit., págs. 438-440.

La enajenación, nos indica Bonet Correa, es el requisito sine qua non, sin el cual no tendría lugar la equiparación del signo al título, concurriendo, en. adición, los otros requisitos pautados por el Art. 477, supra. Bonet Correa, La constitución de las servidumbres por signo aparente, op. cit., pág. 92. La enajenación constituye uno de los pasos iniciales que hace posible el nacimiento de la servidumbre por signo aparente a la vida jurídica.()

D. Que no se haya hecho desaparecer el signo aparente de servidumbre antes del otorgamiento de la escritura de ena-jenación o que no se haya hecho una manifestación contra-ria a la subsistencia del mismo en el título de enajenación de cualquiera de las fincas

Para que una servidumbre por signo aparente no se constituya o venga a la vida, el propietario deberá desaparecer dicho signo previo a la enajenación de la finca. Dado que éste equivale al título constitutivo de la servidumbre, su eliminación o destrucción dará por terminada la existencia de ésta. Scaevola, op. cit., pág. 440; Albaladejo, Derecho Civil, op. cit., pág. 134. Aún si el propietario no destruyese el signo aparente de servidumbre, la misma no se constituirá si éste expresamente niega la existencia de tal servidumbre en el título de enajenación. Ibáñez v. Tribunal Superior, supra, pág. 625; Rodríguez v. Suárez, supra, pág. 733; González v. Fernández, 49 D.P.R. 29 (1935); Portela v. Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, 29 D.P.R. 927 (1921).

En torno a la naturaleza de la negación, Scaevola nos señala que:

La manifestación de la no existencia de la servidumbre ha de hacerse en el título de enajenación de cualquiera de las fincas, como dice el artículo, esto es, sea la que haya de convertirse en dominante o sirviente, único sentido en el que pueden acep-tarse tales palabras; pero en la que se enajene primeramente. Desde este momento se crea un estado de derecho que no hay más remedio que respetar, sin que pueda ser alterado con pos-terioridad, a no mediar el consentimiento de los interesados!; además,] la declaración ha de ser explícita; no debe dejar dudas acerca de la no existencia de la servidumbre. Es decir, deberá expresarse esto específicamente, no bastando la declaración ge-nérica de que se transmite la finca sin carga alguna o sin nin-guna clase de servidumbres, tanto porque esta declaración ca-bría aplicarla a las servidumbres que pudieran existir entre la totalidad de la finca, entre la unidad jurídica determinada por el dominio consolidado y otras fincas ajenas a él, como porque el artículo exige implícitamente una declaración particular res-pecto del signo existente. (Enfasis suplido.) Scaevola, op. cit., pág. 442.

Véanse, además: Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit, pág. 75; Bonet Correa, La constitución de las servidumbres por signo aparente, op. cit., pág. 122; Manresa, op. cit, pág. 779. Aquellas mani-festaciones que resulten meras cláusulas de estilo, genéri-cas y vagas en su redacción() y que no contradigan la apariencia patente del signo que entabla la relación de ser-vicios que estableció el propietario de las fincas, en nada afectarán que quede constituida una servidumbre por signo aparente.

En suma, la inacción del propietario de eliminar o destruir un signo que evidencia una servidumbre previo a ia enajenación de la finca, o la falta de una manifestación clara y específica en contrario a los efectos de negar la exis-tencia de la servidumbre por signo aparente en la escritura de enajenación, tendrá la inevitable consecuencia de que nacerá o se constituirá la servidumbre por signo aparente.

Este resultado, aunque para algunos resulte injusto, tiene su razón de ser. Bonet Correa, en su obra La consti-tución de las servidumbres por signo aparente, op. cit., pág. 91, recoge con claridad el ánimo que permea el Art. 477 de nuestro Código Civil, supra, equivalente al Art. 541 español. A esos efectos, expone lo siguiente:

...el ordenamiento, siempre atento a las seguridades del tráfico y a la garantía de sus relaciones, no defrauda a aquellas perso-nas que de buena fe llegan a la estimación de ciertos objetos o derechos atribuidos que aparecen con determinados caracteres ventajosos al realizar un acto o negocio jurídico. De aquí que los signos aparentes en las cosas sean la expresión más clara de su existencia y que respondan a una actitud visible en el modo de proceder con los bienes; cuando ocurre una enajenación o tras-paso del dominio de las cosas, si nada se dice, se implica lo que allí está y se ve; otro trato diferente supondría un fraude para el adquirente, quien vería burlado su derecho derivado de la apariencia de las cosas. El legislador toma así en cuenta las situaciones dignas de protección y les otorga un alcance jurídico. Esta es la función que cumple el artículo 541: dada una cierta situación de hecho, se presume un título cuando las partes nada han opuesto; de este modo los servicios estableci-dos por el propietario común entre sus fincas alcanzan en el momento de la enajenación la categoría de servidumbres. Es que la seguridad del tráfico jurídico actual, tan complejo, re-quiere un trato especial de garantía para ciertas relaciones y situaciones aparentes; ellas no son más que la prueba feha-ciente del estado de las cosas, del título que ostentan y de los intereses que encierran.

HH

Un examen de las mociones de sentencia sumaria radi-cadas por las partes, y de los documentos que les acompa-ñan, nos lleva a concluir que en el caso de epígrafe se cum- plieron los cuatro (4) requisitos exigidos por el Art. 477, supra, previamente discutidos. En su origen, el único dueño de la finca donde estaban situados los condominios El Monte Norte y El Monte North Garden construyó un sinnúmero de aceras y caminos que respondieron al con-cepto unitario que éste le pretendió dar a dicho proyecto. A base de ello, las aceras y caminos conectaban uno y otro condominio y sus residentes gozaban de libre tráfico y de acceso común. No existe controversia en torno a la natura-leza física de las aceras y caminos aquí en disputa; los mismos, de aproximados cinco pies, seis pulgadas (5' 6") y construidos en hormigón no constituyen meros trillos o cam mitos. Goenaga v. O’Neill de Milán, supra. Tampoco puede clasificarse su existencia como un acto de mera tole-rancia por parte del dueño. Ibáñez v. Tribunal Superior, supra; Goenaga v. O’Neill de Milán, supra. Estos constitu-yen signos ostensibles e indubitados de paso y su propia existencia, como ya indicáramos, respondió al destino que el único dueño de la finca les quiso dar. La finca original fue segregada y, posteriormente, las fincas independientes fueron convertidas al régimen de propiedad horizontal y se vendieron a personas particulares.()

No existe duda alguna de que el dueño original, previo al acto de enajenación, no eliminó las aceras y caminos en cuestión. Scaevola, op. cit.; Albaladejo, Derecho Civil, op. cit. Esto es, no destruyó o hizo desaparecer estos signos de aparente servidumbre de paso. Tampoco negó mediante es-critura la existencia de la aparente servidumbre de paso sugerida por las aceras y caminos aquí en controversia. Ibáñez v. Tribunal Superior, supra; Rodríguez v. Suárez, supra; González v. Fernández, supra; Portela v. Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, supra. De hecho, no fue sino hasta que la mayor parte de las viviendas fueron vendidas a personas particulares que el dueño original pro-cedió a instalar la referida verja de alambres eslabonados en la colindancia de ambos predios; no obstante ello, la instaló con un portón sin candado, respondiendo así al pro-pósito que animó el proyecto original: permitir el libre trá-fico y acceso común de los residentes de uno y otro condominio.

En vista de lo expresado, somos del criterio que las ac-tuaciones de El Monte Associates, L.P., al construir y con-servar las referidas aceras y caminos y no negar su apa-rente servidumbre mediante escritura, tuvieron la inescapable consecuencia de crear una servidumbre de paso por signo aparente en el presente caso. La situación creada por el dueño no puede tener otra consecuencia. Las expectativas creadas en todos aquellos compradores que adquirieron sus viviendas movidos por el concepto unitario que se les vendió y que de buena fe descansaron en el es-tado de hechos creados por tales signos aparentes, no ad-mite otra solución.!)

>

Habiendo resuelto lo anterior, consideramos los argu-mentos adicionales del foro de instancia en su sentencia. De entrada señalamos que la negativa del tribunal a quo a reconocer la existencia de una servidumbre en el caso de epígrafe obedeció, en parte, a que éste constriñó su análisis a la idea de que había una (1) sola servidumbre, lo que le llevó a concluir la imposibilidad de que un predio fuera sirviente y dominante a la vez. En su dictamen, el magis-trado aborda su razonamiento de la siguiente manera:

La posición que sostienen los demandados de que existe una servidumbre de paso a su favor a base de que los caminos y aceras constituyen un signo aparente de servidumbre se en-frenta al obstáculo de que tal alegación la pueden también es-grimir los condómines demandantes. Entonces, ¿cuál será el predio dominante y el predio sirviente? Si ese fuera el criterio, ambos predios serían dominantes y sirvientes recíprocamente. Desconocemos la existencia de tal clase de servidumbre de paso. Apéndice, pág. 170.

Erró en su proceder. La dificultad del tribunal al emitir su decisión estribó en intentar acomodar los hechos del presente caso en una estrecha situación bajo el concepto de una sola servidumbre. Las circunstancias particulares del presente caso, sin embargo, nos llevan a concluir y recono-cer la existencia de dos (2) servidumbres de paso toda vez que ello responde al propósito que animó al dueño original de las fincas. El predio donde está localizado el Condominio El Monte Norte es predio sirviente del predio donde está situado el Condominio El Monte North Garden (predio dominante), en la medida en que condómines del segundo utilizan sus aceras y caminos para ganar acceso a la Avenida Hostos. De igual manera, el predio donde está localizado el Condominio El Monte North Garden es predio sirviente del predio donde está situado el Condominio El Monte Norte (predio dominante), en tanto en cuanto con-dómines de este último utilizan sus aceras y caminos para ganar acceso a las Calles Larrinaga y Abolición y a la Ave-nida Muñoz Rivera.() En esta medida, ambos predios son simultáneamente predios dominantes y sirvientes dado que cada fundo resulta a la vez beneficiado y gravado, ( )

Por otro lado, debido al diseño con que gozó El Monte Apartments en su origen, las servidumbres de paso por signo aparente que ahora reconocemos inciden con elementos comunes tanto del Condominio El Monte Norte,() así como del Condominio El Monte North Garden. Tales servi-dumbres no son ajenas a la doctrina española, la cual ha reconocido la constitución de servidumbres sobre o en be-neficio de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal() aun bajo el supuesto del Art. 541 español, equivalente al Art. 477 nuestro, supra.

Por último, concurrimos con el foro de instancia en que la finca donde está localizado El Monte North Garden no es una finca enclavada por ésta tener acceso a vía pública. Sin embargo, el hecho de que esta finca tenga acceso a vía pública no excluye la posibilidad de que ésta adquiera una servidumbre de paso por signo apárente. Sabido es que la circunstancia de que una finca tenga acceso a camino público no impedirá la aplicación del Art. 477, supra. Si existe un signo aparente de la servidumbre de paso, ésta surgirá no empece a que el predio beneficiado ya tenga otro acceso a camino público, sea éste directo o en virtud de otra servidumbre. Albaladejo, Derecho Civil, op. cit., pág. 132, citando las Sentencias de 10 de octubre de 1957 y de 26 de enero de 1971. Como bien señala este tra-tadista, “el interés que satisficies la servidumbre podría ser de cualquier clase: económico, de comodidad, estético, etc. ... el interés que la servidumbre puede satisfacer cabe que sea de necesidad (tener salida a camino público, una finca encerrada entre otras) o de utilidad (de mayor como-didad, o incluso de recreo, pero siempre, sin que haya ne-cesidad: como tener salida amplia y cercana a camino pú-blico, por terreno ajeno, una finca que ya tiene por el suyo otra estrecha, larga e incómoda) ...” (Enfasis suprimido.) Albaladejo, Derecho Civil, op. cit., pág. 111. Véase, además, Puig Brutau, op. cit., pág. 415.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se dic-tará sentencia revocatoria del dictamen emitido por el foro de instancia a favor de la parte demandante, declarándose con lugar la moción de sentencia sumaria de la parte demandada.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri se inhibió.

      (1) Se alegaron los siguientes problemas: transgresión de áreas comunes, i.e., vestíbulos, patios, áreas dp estacionamiento; actos de vandalismo a propiedad comu-nal; hurtos; incremento en costos de mantenimiento, vigilancia y seguridad en las áreas comunes de El Monte Norte y ruidos innecesarios que perturbaban la tranqui-lidad de estos condómines.

      (2) Mediante la misma, el juez de instancia pudo comprobar: la existencia de aceras y caminos de hormigón entre uno y otro proyecto; la existencia de la verja de alambres eslabonados en la colindancia de ambos proyectos y de que ésta pasaba, en algunos tramos, por encima de varias aceras y caminos; que el portón de dicha verja daba acceso tanto a “la arboleda” de El Monte Norte así como a los patios de El Monte North Garden, y que los residentes de este último aprovechaban el mismo para disfrutar de la arboleda y para ganar acceso a la Avenida Hostos, al complejo recreativo de ambos condominios y al centro comercial El Monte, atravesando por el vestíbulo de El Monte Norte. De igual manera, el juez se percató de que los residen-tes de El Monte North Garden tenían acceso a las vías públicas mas, de éstos optar por ir a pie a los mencionados lugares, acortaban el tramo peatonal si atravesaban “la arboleda” y el vestíbulo de El Monte Norte.

      (3) Ambas partes estuvieron contestes en torno a la inexistencia de controversia alguna con relación a los hechos esenciales del caso. Quedó pendiente de resolver solamente la controversia de derecho con respecto a la constitución de una servidum-bre por signo aparente.

      (4) A esos efectos, determinó que el concepto unitario que el proyecto tuvo en su origen cesó al segregarse la finca y someter las fincas independientes al régimen de propiedad horizontal, e indicó que tales aceras y caminos eran parte de varios driveways, sidewalks y playground areas de los jardines o áreas de recreo de cada condominio. Determinó, además, que no se trataba aquí de la servidumbre de paso típica que imponía el dueño en su finca a favor de otra “para llenar una necesidad de salida” (Apéndice, pág. 171) toda vez que la parte demandada sí tenía acceso propio a la vía pública.

      (5) La constitución de una servidumbre por signo aparente recibe diversas de-nominaciones según las opiniones que le apoyan, a saber, constitución “automática” de servidumbre, “establecimiento por signo aparente”, “constitución tácita” de servi-dumbre o “constitución por destino del padre de familia”.

      (6) De ahí que resulte inaceptable la contención de la parte demandante a los efectos de que debido a que la alegada servidumbre de paso en el caso ante nos es aparente y discontinua, ésta debe constar en el Registro de la Propiedad o adquirirse por virtud de título para quedar constituida.

      (7) Como podemos notar, el Art. 477 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1655, goza de una dicción inexacta al expresar que la servidumbre “continúa”; lo que continúa es la utilización del servicio toda vez que la servidumbre no nace sino hasta que se cumplen los requisitos exigidos por el referido artículo. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. II, pág. 113.

      (8) A modo de ejemplo, frases como “libre de todo gravamen” o “libre de todas cargas y servidumbres” serán una negación insuficiente para rebatir la existencia de una servidumbre por signo aparente.

      (9) Debe mantenerse presente que un apartamiento en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal no queda segregado y constituido como una finca aparte, autónoma y separada, por el mero hecho de otorgarse e inscribirse la corres-pondiente escritura matriz, sometiendo el edificio al régimen de propiedad horizontal. R. Mix Concrete v. R. Arellano & Co., 110 D.P.R. 869 (1981). Por ende, la configuración de la servidumbre por signo aparente en esta clase de situaciones se da cuando se efectúa la venta de las unidades individuales; naturalmente, siempre que se den los otros requisitos dispuestos por el antes citado Art. 477.

      (10) Véanse declaraciones juradas en el Apéndice, págs.. 129-133 y 157-158. La parte demandada cumplió con su peso probatorio de demostrar que quedó consti-tuida una servidumbre de paso por signo aparente en el caso de epígrafe. Logia Caballeros del Sur v. Cordero, 74 D.P.R. 444, 447 (1953), y jurisprudencia allí citada.

      (11) Entre los documentos que acompañan la “Oposición a moción de sentencia sumaria y/o solicitud de sentencia sumaria” (Apéndice, pág. 117) de la parte deman-dada existe un memorando suscrito por cincuenta y ocho (58) condómines de El Monte Norte de 29 de marzo de 1985 en el que se oponen a la limitación de uso y restricción de acceso del referido portón dado que ellos lo utilizan para ganar acceso a las referidas vías públicas. Apéndice, págs. 151(a) y (b).

      (12) A modo de analogía, en nuestra jurisdicción se reconocen las servidumbres recíprocas en las servidumbres en equidad que se constituyen en las urbanizaciones. Éstas crean “una relación de servidumbres recíprocas pues cada solar es predio do-minante a la vez que sirviente con respecto a los demás solares de la urbanización”. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Madrid, Ed. Offirgraf, 1983, T. II, pág. 417. Véase, a manera de ejemplo, la Sentencia de 30 de diciembre de 1975, Núm. 4846, XLII (Vol. II) Repertorio de Aranzadi 3666.

      (13) Por las circunstancias particulares del diseño y con relación a la propia servidumbre de paso constituida sobre El Monte Norte, ésta, en determinado punto, atraviesa el vestíbulo de dicho condominio. Esta servidumbre, aunque peculiar a las características propias del caso de epígrafe, no le resta al significado de este derecho real, pues, como es sabido, la servidumbre, precisamente, constituye una limitación del dominio de los que son propietarios del predio sirviente y tiene el inescapable efecto de alterar el contenido normal del derecho de propiedad de estos propietarios.

      (14) M. Fernández Martín-Granizo, La Ley de Propiedad Horizontal en el Dere-cho español, 3ra ed., Madrid, Ed. Edersa, 1983, págs. 209-211, 405-406 y 438-439; M.C. Gómez Laplaza, Las servidumbres establecidas en interés de los propietarios en la Ley de Propiedad Horizontal, 1977 Rev. Der. Priv. 329, 333-335 (1977).