author: per curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Aponte Vázquez, acusado y apelante.

      Número: CR-76-158

      Resuelto: 11 de abril de 1977

      Alfredo Archilla Guenard, abogado del apelante; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Lirio Bernal de Gon-zález, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

El 3 de marzo de 1970 se halló culpable al señor Aponte Vázquez de infringir el Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. see. 416, en su modalidad como delito menos grave. El 20 de marzo del mismo año se le condenó a cumplir seis meses de cárcel. Su apelación ante nos se funda en que erró el tribunal de instancia al dictar sentencia fuera del término que la ley dispone.

Se apoya el apelante en que la Regla 162 de Procedi-miento Criminal expresa, en parte:

. . Cuando se pronunciare un fallo condenatorio en casos de delitos graves (felonies) el tribunal señalará una fecha para dictar sentencia que será, por lo menos, tres días después de dicho fallo. En casos de delitos menos graves (misdemeanors) el tribunal deberá dictar sentencia no más tarde del día siguiente al del fallo....”

Como hemos visto, al apelante no se le dictó sentencia hasta diecisiete días después del fallo, pero el derecho que crea la Regla 162 y en que se funda el apelante puede renun-ciarse. Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 664 (1943); Burgos v. Tribunal de Distrito, 77 D.P.R. 593, 596 (1954). Ello fue lo que ocurrió aquí exactamente. En el legajo del pleito consta que al hallarse culpable al acusado se solicitó que se suspen-diese el pronunciamiento de sentencia, señalándose el 6 de marzo siguiente para la celebración de dicho acto. Minuta del 3 de marzo de 1970. No surge de autos por qué no se pronunció sentencia dicho día aunque las partes discuten en sus alegatos si se debió o no al hecho de que el 5 y 6 de marzo de 1970 se decretaron días de duelo oficial para los empleados de la Rama Ejecutiva por la muerte de la señora esposa del Hon. Gobernador de Puerto Rico. El apelante sostiene, no obstante, que aun de haber sido así, la sentencia debió dic-tarse al día siguiente.

No hemos hallado autoridad alguna, ni la cita el ape-lante, que sostenga esta posición. La disposición que nos ocupa de la Regla 162 se forma al calor de antiguos estatutos de California que datan de 1872 en adelante. West’s Anno. Calif. Codes, sec. 1191, nota histórica. En California se ha resuelto que no constituye error el pronunciamiento de sen-tencia en tiempo aun mayor que el transcurrido aquí cuando el acusado no objeta la imposición de la condena. People v. Bryant, 12 P.2d 168 (Calif. 1932). Véase: People v. Fritz, 80 Cal. Rptr. 506 (1969).

La regía federal es por completo diferente. La Regla 32(a)(1) de Procedimiento Criminal simplemente dispone que “La sentencia se impondrá sin dilación irrazona-ble. . . .” Se ha resuelto que una dilación irrazonable re-presenta una violación al derecho a juicio rápido consagrado por la sexta enmienda a la Constitución de Estados Unidos. United States v. Sherwood, 435 F.2d 867 (10th Cir. 1976), cert. denegado: 400 U.S. 900. Véase: Pollard v. United States, 352 U.S. 354 (1961).

Resolvemos que el derecho a que se pronuncie sentencia dentro de un período razonable es parte del derecho a un juicio rápido que reconoce el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico. Resolvemos, además, que los términos que establece la Regla 162, aunque a observarse, no marcan el límite extremo del derecho a juicio rápido. De ahí que, al renunciarse esos términos, lo que ampara al acusado es su derecho constitucional más amplio, sin que ello signifique que, de no poder dictarse sentencia el día posterior acordado, queda obligado el tribunal a hacerlo al día siguiente. Los catorce días de dilación ocurridos en este caso no violan el derecho a juicio rápido del apelante.

Se confirmará la sentencia apelada.

      Este incidente no forma parte del récord taquigráfico. Ni en los autos ni en la transcripción hay indicación alguna de que la suspensión y el nuevo señalamiento se hiciesen sin el consentimiento de las partes.

      Para la interpretación de la regla federal, véanse: Brooks v. United States, 423 F.2d 1149 (8th Cir. 1970); Juárez-Casares v. United States, 496 F.2d 190 (5th Cir. 1974).


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cecilio Rosso Vázquez, acusado y apelante.

      Número: CR-76-61

      Resuelto: 14 de abril de 1977

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bar gur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Juan José y su esposa Carmen Rosa pasea-ban a pie en las cercanías de la Piscina Olímpica que está próxima al mar en el área conocida como el Escambrón, en San Juan de Puerto Rico.

Poco antes de los hechos, los policías Aniceto Ortiz, Luis Ortiz y Humberto Hernández patrullaban aquella área, vesti-dos de civil y en un vehículo no rotulado. Estando dicho vehí-culo detenido, el apelante se les acercó y les preguntó si ha-bían visto a su hermano. Los policías antes mencionados cono-cían al apelante porque éste también era policía, pero no cono-cían a su hermano. Luego de la breve conversación los poli-cías de la patrulla abandonaron el lugar pero allí se quedó el apelante.

Ya de noche, éste, quien vestía de civil pero estaba ar-mado, se acercó al matrimonio y a punta de revólver los obligó a desnudarse. Bajo amenazas les instó a que tuvieran relaciones sexuales en su presencia, lo cual, obviamente debi-do a las inusitadas circunstancias, el marido no pudo llevar a cabo. Entonces el apelante dijo que él tendría relaciones con la mujer y, también mientras los amenazaba con el revólver, la llevó a ella a un lugar más cercano de la playa, donde co-metió el delito de violación y también el de contra natura. El marido logró conseguir auxilio y el apelante huyó. Se oyeron unas detonaciones. Aparentemente los disparos los hizo el apelante para amedrentar a sus perseguidores.

Con motivo de las detonaciones alguien dio aviso a la policía, la cual llegó al lugar de los hechos a los pocos minu-tos. Entre ellos, llegó el vehículo con los policías que antes habían conversado allí con el apelante. Los perjudicados les relataron lo ocurrido y describieron al agresor. Uno de los policías informó al Sargento Ocasio que esa descripción coin-cidía con la de Cecilio Rosso, el entonces policía y aquí ape-lante. Concurrieron al lugar varios vehículos de la policía. Al poco tiempo apareció de nuevo el apelante y volvió a pre-guntar por su hermano. Le pidió al Sargento Ocasio que lo llevara a Puerta de Tierra a lo cual el Sargento accedió. Notó que el apelante estaba nervioso.

El Sargento Correa de la Detective, estuvo a cargo de la identificación del criminal. Se sospechaba del apelante. Co-rrea mostró al matrimonio perjudicado varios álbumes de fotografías para ver si encontraban entre dichas fotos a su agresor. En el proceso de examinarlas Carmen Rosa identificó inmediatamente y sin titubeos la fotografía de su agresor. Dichas fotografías le fueron mostradas separadamente al marido y éste también identificó la del apelante.

El apelante fue arrestado e incluido en una rueda de de-tenidos con cinco personas adicionales. Juan José y Carmen Rosa identificaron positiva y separadamente al apelante como el autor de los hechos.

El Sargento Correa informó al apelante que él había sido identificado, que podía comunicarse con algún familiar y con su abogado y que podía usar el teléfono. El apelante le in-terrumpió contestándole que él conocía sus derechos, lo cual era de esperarse pues él era policía y sobre él también pesaba la responsabilidad de informar de dichos derechos a las perso-nas que él arrestase.

La teoría de la defensa consistió en negar los hechos: que fue otra persona y no el apelante el que los cometió.

Luego de oir la prueba de cargo y de defensa el jurado, por votación de 10 a 2, rindió veredicto de culpabilidad en los cargos de violación y contra natura. El tribunal declaró culpable al apelante de una infracción al Art. 32 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 442, según acusado.

En apelación el apelante plantea cuatro cuestiones, las cuales podemos resumir como sigue: (1) Que se violó el debi-do proceso de ley al identificarlo mediante fotografías y me-diante una rueda de detenidos “sugestiva”; (2) que se violó su derecho a asistencia de abogado en el proceso de identifica-ción; (3) que no se le hicieron las advertencias necesarias; y (4) que la penalidad impuesta, aunque dentro de los límites establecidos por la ley al momento de cometerse los hechos y al momento de dictarse la sentencia, viola el nuevo y vigente Código Penal.

Los errores señalados no se cometieron. En cuanto al primero, como se sabe, la identificación por fotografías bajo circunstancias que no induzcan a sugestión o que no exijan la utilización de otros métodos es permisible. La validez de la identificación debe determinarse a la luz de las circunstancias particulares de cada caso. Simmons v. United States, 390 U.S. 377, 383 (1968). El procedimiento de identificación mediante fotografías es sostenido a menos que se trate de una situación tan crasamente sugestiva que dé lugar a una identificación errónea. Pueblo v. Figueroa Torres, 102 D.P.R. 76, 79 (1974).

A fin de cuentas, lo importante no es el método que se utilice para la identificación del acusado, lo importante es que la identificación sea libre, espontánea y confiable. En el caso de autos no se presentó ninguna situación difícil de iden-tificación. Los perjudicados estuvieron muy cerca de su agre-sor, especialmente la mujer ultrajada, por un período de tiempo que pudo haber fluctuado entre 15 minutos y media hora. Además, las características del apelante lo hacían difícil de olvidar y fácil de reconocerlo: estatura de más de seis pies, peso de más de 200 libras y de color moreno. Su identifica-ción libre y espontánea por parte del matrimonio perjudicado fue sumamente confiable. Siendo esto así no era necesario organizar la rueda de detenidos. Pueblo v. Rivera Vázquez, 102 D.P.R. 758 (1974). Hemos sancionado la no utilización del procedimiento de rueda de detenidos cuando hemos esti-mado que las circunstancias presentes permitían una identifi-cación confiable. Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976); Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969). Debido a lo anterior no tene-mos que discutir si la rueda de detenidos celebrada fue ade-cuada o no.

En cuanto al segundo planteamiento sobre asistencia de abogado durante el proceso de identificación, la situación es que el derecho de asistencia de abogado no se extiende al examen de fotografías y a las identificaciones así hechas. Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 486 (1972); United States v. Ash, 413 U.S. 300 (1973); United States v. Bennett, 409 F.2d 888 (1969); McGee v. United States, 402 F.2d 434 (1968).

El tercer planteamiento se refiere a las advertencias. Como vimos, el Sargento Correa le dijo al apelante que se bus-case un abogado, que llamase a un familiar y que podía utilizar el teléfono. El apelante le interrumpió diciéndole que él. conocía sus derechos y que su abogado y sus familiares estaban allí. Como señalamos, siendo el apelante policía tenemos que presumir que en efecto conocía sus derechos al respecto. Además, conviene señalar que los policías no son profesores de Derecho Penal y que sobre esto de las advertencias lo im-portante y sustancial consiste en que se le informe al arres-tado que tiene derecho a no declarar, que puede llamar un abogado y que no está incomunicado puesto que puede utili-zar el teléfono. Dadas las circunstancias de este caso en el cual no hubo confesión o admisión alguna por parte del ape-lante, la cuestión de si hubo o no advertencias o de si éstas fueron o no suficientes, no es determinante. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765, 776 (1965).

En el cuatro y último planteamiento se afirma que, aunque las penalidades impuestas — de 30 a 50 años de presidio por el delito de violación, de 5 a 8 por el de contra natura y de 6 meses por la violación a la Ley de Armas — están dentro de los límites establecidos por la ley al momento de dictarse las sentencias, se violan las disposiciones del nuevo Código Penal. No es correcto el planteamiento. En primer lugar, el apelante admite que las sentencias están dentro de los límites que fijaba el derecho penal vigente al momento de cometerse los delitos y al momento de dictarse dichas sentencias. No hay duda de que el apelante cuestiona la sentencia por el delito de violación. Bajo el Código Penal anterior la penalidad no tenía límite máximo. El Código Penal vigente le fija un límite máximo de 25 años de reclusión. ¿Hace eso mandatorio el que se reduzca la sentencia? No lo hace.

El Art. 4 del vigente Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3004, dispone que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al imponerse la sentencia, se aplicará la más benigna. Como hemos visto, al momento de imponerse la sentencia todavía no estaba en vigor el vigente Código Penal.

También dispone el Art. 4 en su tercer párrafo, que si durante la condena se aprobare una ley más benigna la misma se limitará a lo establecido “por esa ley.” Aunque el artículo no lo dice, presumimos que se refiere a la ley más benigna. Sin embargo, el propio Código Penal vigente dispone en su Art. 282 (33 L.P.R.A. sec. 4626) que las disposiciones del Art. 4 “se aplicarán solamente con carácter prospectivo a partir de la fecha de su vigencia.” (Bastardillas nuestras.) De manera que a tenor con lo ordenado por el vigente Código Penal en su citado Art. 282 tampoco le es aplicable a este caso el tercer párrafo del Art. 4 del Código ya que la senten-cia apelada se dictó antes de la fecha de la vigencia del nuevo Código.

Las circunstancias repugnantes de este caso, añadidas a la de que el agresor venía legal y moralmente obligado a dar un buen ejemplo de conducta cívica por ser agente del orden público, no nos mueven a intervenir con la penalidad que impuso el Magistrado que presidió el juicio.

Se confirmarán las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre y disiente en parte con voto particular con el cual concurren el Señor Juez Presidente y el Juez Asoicado Señor Martín. El Juez Asociado Señor Negrón García al expresar su confor-midad hace constar que reduciría la pena del delito de viola-ción de 15 a 30 años de reclusión.

Voto concurrente y disidente en parte del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 1977

Convengo con la opinión del Tribunal en que la identifica-ción del apelante se ajustó al debido proceso de ley, en que no se violó su derecho a asistencia de abogado y en que nin-gún efecto perjudicial tuvo que no se le hicieran las debidas advertencias, toda vez que no se obtuvo admisión ni mucho menos confesión alguna, aparte de que por ser un policía estatal el apelante conocía sus derechos. Disiento, no obstante, de que se deje intocada la sentencia de 30 a 50 años impuesta al apelante por el delito de violación.

Ciertamente, para la fecha en que el apelante cometió los delitos que se le imputaron y para la fecha en que se dictaron las sentencias apeladas, estaba aún vigente el Código Penal de 1902 que no disponía pena máxima para el delito de viola-ción. El Código que rige desde enero de 1975 fija un mínimo de un año y un máximo de veinticinco años de reclusión para dicho delito.

El Art. 4 del nuevo Código recoge “el axioma de van-guardia penal de la aplicación de la ley penal más benigna, reconocido desde hace tiempo en la legislación penal puerto-rriqueña.” Véanse los comentarios a continuación del citado artículo en la edición del Código publicada por el Departa-mento de Justicia en 1974. Dice dicho artículo, 33 L.P.R.A. see. 3004:

“Las leyes penales no tienen efecto retroactivo, salvo en cuanto favorezcan a la persona imputada de delito.
Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere dis-tinta de la que exista al imponerse la sentencia, se aplicará siem-pre la más benigna.
Si durante la condena se aprobare una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecución la misma se limitará a lo establecido por esa ley.
En los casos de la presente sección los efectos de la nueva ley operarán de pleno derecho.”

La opinión del Tribunal se ampara en el Art. 282 del nuevo Código, 33 L.P.R.A. see. 4626, para concluir que no debe alterarse la sentencia de 30 a 50 años. El citado artí-culo dice:

“Las disposiciones de la see. 3004 de este título se aplicarán solamente con carácter prospectivo a partir de la fecha de su vigencia.”

Aunque esta disposición parece dejar sin efecto, para fines de la aplicabilidad del nuevo Código, el principio general recogido en el Art. 4, ello no nos impide que en casos apropia-dos demos vigencia a ese principio de esencial justicia. La sentencia que ahora consideramos no es firme. Sus efectos están suspendidos por mandato de la Regla 197 (a) de Proce-dimiento Criminal, que dice:

“Una apelación ante el Tribunal Supremo, de una sentenciá condenatoria, o la presentación de una solicitud de certiorari ante dicho Tribunal, suspenderá la ejecución de la sentencia.”

El apelante, al cometer los delitos de que fue convicto, actuó sin mostrar un mínimo de compasión para su víctima. Su comportamiento es comparable al de una bestia salvaje que cae sobre su presa, con la diferencia de que la bestia lo hace para satisfacer sus instintos naturales mientras que este hombre lo hizo para satisfacer sus apetitos carnales, des-honrando al hacerlo su honroso uniforme de policía y servidor público.

Pero la sociedad no puede perder la esperanza de que se reforme un criminal, aun el más vil. La pena no debe ser vengativa. Debe ser rehabilitadora. Así se consagra en nues-tra Constitución — Art. VI, Sec. 19 — y así lo estatuye el Có-digo Penal. 33 L.P.R.A. see. 3202.

Aquí se impusieron sentencias consecutivas de 5 a 8 años de reclusión por la sodomía cometida, de 30 a 50 años por la violación y 6 meses de cárcel, por Infracción al Art. 32 de la Ley de Armas. Recluir a este hombre por tanto tiempo para “rehabilitarlo” implica a mi entender falta de fe en nuestro sistema correccional y en las potencialidades de bondad que residen en todo corazón humano. Decía Mauriac: “Lo más horrible que hay en el mundo es la justicia separada de la caridad.” Y añadía: “No olvidemos nunca al pobre ser que está allí en el banquillo. No olvides, abogado, que puede ser tu hermano, tu padre, tu hijo. No olvides, juez, que ‘cuando al hombre condenes habrás de amar al hombre.’ ”

Modificaría la pena impuesta en el caso por violación para reducirla a reclusión de 10 a 25 años, y dispondría que se cumplan todas las penas concurrentemente entre sí.

      Los nombres correctos de los perjudicados constan en autos pero hemos optado por usar otros para no causarles más perjuicios de los que ya han sufrido.

      El Código Penal vigente comenzó a regir el 22 de enero de 1975, excepto las Sees. 3282 y 3351 a 3392 del Título 33 de L.P.R.A., las cuales entrarán en vigor el 22 de julio de 1977. Código Penal, Art. 284; 33 L.P.R.A. sec. 4628.

       “El caso Favre Bulle.” Véase Juan Bernardo Iturraspe, Función social de la abogacía, ed. Castelví (Argentina), 1967, pág. 74.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Torres Cruz, acusado y apelante.

      Número: CR-76-125

      Resuelto: 20 de abril de 1977

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

En 1970 se acusó al apelante de asesinato en primer grado y violación a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Tras diver-sas posposiciones se señaló la vista para el 14 de marzo de 1972. En dicha fecha el acusado renunció a su derecho a juicio por jurado. Poco después el Ministerio Público solicitó la enmienda de la acusación para que en vez de decir “hacién-dole un disparo de carácter grave que le ocasionó la muerte”, leyese “haciéndole disparos de carácter grave que le ocasiona-ron la muerte.” La defensa objetó la enmienda, “ya que nues-tro caso tiende a probar que en ese lugar hubo una balacera donde la policía hizo seis disparos. . . .” (T.E. pág. 13.)

El tribunal admitió la enmienda, pero concluyó que ésta era de carácter sustancial y ordenó que se procediese de nuevo al acto de lectura de la acusación. (T.E. págs. 14-15.) El acusado hizo alegación de inocencia, señalando su abogado que la enmienda lo colocaba en aquel momento en “situación de indefensa.” Se señaló entonces el caso para el 18 de julio de 1972. La representación legal del acusado expresó a con-tinuación ;

“Vamos a solicitar ahora, Vuestro Honor, se nos permita hacer solicitud de juicio por jurado en esa fecha.”

El tribunal contestó:

“Así se dispone.” (T.E. pág. 17.)

Tras varios incidentes, entre ellos un intento, eventual-mente fallido, de que se desestimasen las acusaciones por mo-tivo de exposición anterior, se señaló el caso para el 9 de abril de 1973. Por haber renunciado su abogado para entonces se había asignado un miembro de la Sociedad de Asistencia Legal para representar al acusado. La nueva defensa solicitó en dicho día que el caso se ventilase ante un jurado. (T.E. pág. 6 — transcripción del 9 y 10 de abril de 1973.) A pregun-tas del juez, Hon. Eugenio Ramos, el acusado expresó estar de acuerdo con dicha petición. El juez le señaló entonces:

“Yo le informo a usted, señor, que esa solicitud suya de juicio por jurado tiene que venir: primero: una renuncia de su parte a todos los planteamientos que hicieron sus abogados ante el Tribunal Supremo de que usted estaba expuesto. ¿Usted en-tiende eso?” (T.E. pág. 8.)

El acusado afirmó que lo entendía, pero que no estaba de acuerdo con tal renuncia. El juez ordenó a continuación que se juramentase al abogado y le preguntó si le había explicado al acusado que si interesaba, juicio por jurado tenía que re-nunciar a su planteamiento sobre exposición anterior. El abogado contestó que a su entender el acusado no tendría que renunciar a un derecho constitucional para adquirir otro. (T.E. págs. 9-11.) El juez insistió en su posición y la defensa señaló que en tal caso, “obligado por las circunstancias, por la determinación de Vuestro Honor a escoger entre los dere-chos constitucionales”, aconsejaría al acusado a optar por la celebración del juicio por jurado y la renuncia a cualquier planteamiento de doble exposición. (T.E. pág. 18.) El acu-sado expresó a renglón seguido que el juicio se viese ante jurado. (T.E. pág. 19.) El juez no resolvió la cuestión y pos-puso el caso para el día siguiente, explicando que “Como quiera de yo darle juicio por jurado empezamos mañana”, cabía la posposición. (T.E. pág. 21.)

Al día siguiente, el 10 de abril de 1973, se llamó el caso y el juez anunció que el juicio se vería por tribunal de de-recho. El abogado defensor solicitó la reconsideración de dicha orden, la que se denegó de plano, requiriéndose de in-mediato el desfile de la prueba. Visto el caso, el tribunal halló culpable al acusado del delito de homicidio voluntario y de infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Se le im-pusieron sentencias suspendidas. En el recurso ante nos, el único señalamiento de error es que se le denegó incorrecta-mente al apelante el derecho a juicio por jurado.

La cuestión es resolvible por diversas vías. La Regla 111 de Procedimiento Criminal dispone:

“Las cuestiones de hecho en casos de delito grave (felony) y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave (misdemeanor), siempre que originalmente se presentare la acusación en el Tribunal Superior y fueren también de la jurisdicción del Tribunal de Distrito, habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa y per-sonalmente el derecho a juicio por jurado. El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la lectura de la acusación.”

Esta regla se funda en el antiguo Art. 178 del Código de En-juiciamiento Criminal de 1935, 34 L.P.R.A. see. 462. Bajo dicho Art. 178 este Tribunal resolvió que podía, en el uso de su discreción, restituírsele a un acusado bajo determinadas condiciones su derecho a juicio por jurado aun luego de re-nunciarlo válidamente. Véase: Pueblo v. Hernández, 55 D.P.R. 954 (1940).

En Pueblo v. Salamán Sebastián, 101 D.P.R. 903 (1974), este Tribunal se enfrentó a la cuestión bajo la Regla 111. En dicho caso el tribunal de instancia olvidó que el acusado había renunciado válidamente su derecho a juicio por jurado y or-denó la insaculación del cuerpo. Después del examen de cinco jurados, el juez se percató, hojeando el expediente, del hecho de la renuncia. Dispuso entonces que el proceso continuase por tribunal de derecho. Planteado el problema en apelación ante nos se revocaron las sentencias apeladas y se ordenó un nuevo juicio, expresando el Tribunal:

“Entendemos que la actuación del tribunal adentrándose en la celebración de un juicio por jurado al extremo de llamar 12 personas e iniciar el examen de cualificación, equivale a una restitución del derecho renunciado por el apelante anteriormente. Se ha resuelto que se mantendrá la renuncia sólo cuando la resti-tución del derecho a juicio por jurado interfiera con la ordenada administración de los asuntos del tribunal, resulte en demoras innecesarias, inconvenientes a los testigos o perjuicios a la otra parte, circunstancias no presentes en este caso ....
Consideramos que la sala de instancia al iniciar el juicio lla-mando un jurado y adelantando la insaculación del mismo enervó y restó eficacia legal a la renuncia hecha por el apelante y repre-sentó a éste con suficiente relieve que tendría un juicio por jurado como lo había solicitado su abogado. Los hechos relatados colocan este caso dentro de la excepción reconocida por este Tribunal en Pueblo v. Robledo Torres, 101 D.P.R. 753 (1973)....” 101 D.P.R. 904, 905 (1974).

Bajo la doctrina de Sálamán ocurrió en el caso de autos, a fortiori, una restitución del derecho a juicio por jurado. El tribunal de instancia permitió una enmienda a la acusa-ción que estimó sustancial y en consecuencia ordenó una nueva lectura de la acusación. Se borró la pizarra. El acusado tuvo que efectuar nuevas alegaciones. Tenía derecho a soli-citar, como lo hizo, juicio por jurado. ¿Cómo justificar un nuevo comienzo para ciertos fines y para otros no, especial-mente cuando el tribunal determinó a raíz de la enmienda posponer el juicio para meses después? Las palabras vertidas por el juez en la sesión en que se produce la enmienda, trans-critas anteriormente, son lo suficientemente ambiguas, ade-más, como para plantear la interrogante de si en efecto el tribunal estaba concediendo el derecho que luego se negó a reconocer, excepto bajo condiciones no aceptables al acusado.

Independientemente de Salamán, se reconoce también generalmente que la cuestión de si un acusado puede retirar una renuncia válida a juicio por jurado depende de la discreción, adecuadamente fundada, del tribunal. Si la moción de retiro se formula prontamente, sin que cause trastornos a la administración de la justicia, tal solicitud se concede de ordinario. 3 Wharton, Criminal Procedure, 12th ed., 1975, págs. 216-217; People v. Melton, 271 P.2d 962 (Calif. 1954); Stevenson v. State, 324 N.E.2d 509 (Ind. App. 1975). En al-gunos estados, como en Minnesota y Ohio, se va más lejos y se provee por estatuto que el acusado tiene absoluto derecho a revocar su renuncia antes del comienzo del juicio. 3 Orñeld, Criminal Procedure under the Federal Bules, 1966, pág. 68. Entre estas dos posiciones hemos favorecido la primera. Pueblo v. Hernández, 55 D.P.R. 954, 959-960 (1940). Esta es la posición apoyada por la Asociación Americana de Abogados. La norma 1.2 (c) de las recomendadas recientemente por dicha institución expresa:

“Un acusado no puede a su arbitrio retirar una renuncia válida [a su derecho a juicio por jurado], pero el tribunal podrá discrecionalmente permitir tal retiro antes del comienzo del jui-cio.”

ABA Standards Relating to the Administration of Criminal Justice, 1974, pág. 323. En consonancia con la norma preva-leciente, un tribunal de última instancia tiene facultad para determinar si se ha ejercido razonablemente la discreción del juez de primera instancia al denegar el juicio por jurado des-pués de una renuncia válida del mismo. Floyd v. State, 90 So.2d 105 (Fla. 1956); State v. Pruett, 515 P.2d 1051 (Kan. 1973).

En el caso de autos fue irrazonable la negativa del juez a restituirle al apelante su derecho al juicio por jurado, aun suponiendo que no se le hubiese restituido en la sesión de 14 de marzo de 1972 o en virtud de la doctrina de Salamán. El acusado expresó formalmente su interés en la celebración del juicio por jurado casi trece meses antes de su comienzo. No hay indicio alguno en el récord de que habría que dilatar el juicio por razón del requerimiento formulado entonces o el 9 de abril de 1973, ni de que se obstruiría de otro modo la justicia. Staten v. State, 283 A.2d 644 (Md. 1971). No hay señal tampoco, lo cual es otro criterio utilizado en ciertas jurisdicciones, de que el acusado formuló su petición de mala fe, con la intención de alargar los procedimientos. State v. Jones, 312 A.2d 281 (Md. 1973). La moción se interpuso cuando se permitió una enmienda a la acusación que el propio tribunal de instancia estimó sustancial. No es validable la actuación del tribunal. A la luz de los hechos específicos en este caso debió restituírsele al apelante su derecho al juicio por jurado.

Valga observar finalmente que la determinación de si la enmienda a la acusación ocurrida es en efecto sustancial no juega un papel decisivo en esta causa. Bajo la regla de Salamán, basta con que el juez de instancia así lo hubiese considerado y ordenase una nueva lectura de la acusación y, bajo la norma de la discreción, puede ocurrir una negativa irrazonable a permitir el retiro de una renuncia válida a juicio por jurado aun cuando haya mediado una enmienda insustancial a la acusación, siempre que la petición al efecto cumpla con los necesarios requisitos de prontitud, buena fe y ausencia de obstrucción a la justicia.

En consideración a lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se concederá el derecho a un nuevo juicio.

Los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

      (*)E1 Tribunal Superior denegó la moción y este Tribunal declaró sin lugar una petición de certiorari sobre el particular el 27 de marzo de 1973 (Caso Núm. 0-73-108).


text:
      Ex parte Estados Unidos de América.

      Número: R-76-414

      Resuelto: 25 de abril de 1977

      Julio Morales Sánchez, Fiscal Federal, y José A. Anglada, Fiscal Federal Auxiliar, abogados de los Estados Unidos de América; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Don Antonio Santiago fue declarado incapaz por el Tribunal Superior el 9 de diciembre de 1968. Se nombró tutor a don Elpidio Mercado Ruiz. A partir de esa fecha y hasta la muerte de don Antonio, acaecida el 15 de junio de 1973, la Administración de Veteranos envió a dicho tutor la pensión correspondiente.

A la muerte de don Antonio, el informe final de cuentas del tutor mostró un balance favorable a la tutela de $7,493.16. Se retuvo esta suma bajo la custodia del tribunal y a la disposición de los herederos que en su día determinase la corte.

El 30 de octubre de 1974 el tribunal declaró única y universal heredera de don Antonio Santiago a su hija, doña Vi-centa Santiago. El señor Elpidio Mercado, en representación de la heredera, comenzó a realizar los trámites necesarios para tomar posesión de los fondos consignados en el tribunal. Estas gestiones se vieron frustradas por la muerte de doña Vicenta el 3 de marzo de 1975.

Doña Vicenta no dejó testamento. Tampoco la sobrevi-vieron ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales den-tro del sexto grado de consanguinidad. Los Estados Unidos de América radicaron una declaratoria de herederos por en-tender que la versión presente de 38 U.S.C. sec. 3202(e) exige la restitución de la suma consignada en el tribunal. El Estado Libre Asociado se opuso a esta solicitud, sosteniendo que tal dinero le corresponde en virtud de los Arts. 912 y 913 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2691 y 2692. El Tribunal Superior declaró único y universal heredero de doña Vicenta Santiago al Estado Libre Asociado. Los Estados Uni-dos de América acudieron ante nos en alzada. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la resolución del Tribunal Superior.

La referida Sec. 3202(e) de 38 U.S.C. dispone, a partir del 31 de mayo de 1974:

“Los fondos provenientes de beneficios pagados al amparo de las leyes implementadas por la Administración de Veteranos, que estén bajo la custodia de un fiduciario nombrado por un tribunal estatal o por dicha Agencia y que en virtud de las corres-pondientes leyes sucesorales serían transferidos al Estado donde el beneficiario tuvo su última residencia, revertirán a los Estados Unidos....” (Traducción nuestra.)

Con anterioridad a dicha fecha la referida sección especifi-caba:

“Los fondos provenientes de beneficios pagados al amparo de las leyes implementadas por la Administración 'de Veteranos, que estén bajo la custodia de un tutor o de una persona que legal-mente estuviese a cargo del beneficiario o su patrimonio, y que en virtud de las correspondientes leyes sucesorales serían trans-feridos al Estado donde el beneficiario tuvo su última residencia, revertirán a los Estados Unidos. . . .” (Traducción nuestra.)

El Estado Libre Asociado argumenta que el término “fiducia-rio” empleado en la versión vigente de la ley comprende tan solo un fideicomiso debidamente constituido.

No es válido el argumento. El historial legislativo de la enmienda a la Sec. 3202(e) efectuada el 31 de mayo de 1974 por la Veterans’ Disability Compensation and Survivors’ Benefit Act of 197U, Ley Púb. Núm. 93-295, Título III, sec. 301(c), revela que obedeció al propósito de liberalizar aun más las disposiciones entonces vigentes. Sen. Rep. No. 93-798, 1 de mayo de 1974, U.S. Cong. & Adm. News, 93r Cong., 2a Ses., parte 2, págs. 3224-3225 y 3237. La palabra “fiduciario” se utilizó a todas luces para abarcar toda posible relación fiduciaria, formal e informal, reconocida en el derecho estadounidense. La versión vigente de la Sec. 3202(e), tan distinta a la anterior, es parte de una larga serie de leyes en que el Congreso reitera de modo cada vez más explícito y amplio su intención de que los fondos derivados de beneficios a veteranos que, de aplicarse la ley del estado de su última residencia se heredarían por el Estado, habrán de revertir en vez a Estados Unidos. No armonizaría con este historial la exigencia de que se constituyese un fideicomiso formalmente bajo las leyes de Puerto Rico como condición para aplicar la See. 3202 (e). Los fondos en el caso de autos esta-ban incuestionablemente bajo custodia fiduciaria.

Aun bajo la versión de 1957, antes citada, la jurispru-dencia recalca la intención del Congreso de evitar la transmi-sión a los estados por vía de herencia de fondos derivados de beneficios a veteranos. Se afirmó en In re Plich’s Estate, 348 P.2d 706, 709 (Colo. 1960):

“. . . El Congreso tuvo la intención de que regresase a su fuente de origen el dinero proveniente de las pensiones recibidas y conservadas por un veterano que eventualmente falleciese sin dejar herederos legales. De esta forma el dinero podría utilizarse en programas conducentes a ayudar a otros veteranos o por lo menos, ayudaría a aminorar el costo de dichos programas. Desde luego, nunca se contempló la idea de que esos fondos, a través del mecanismo de la reversión, pudiesen constituir una ganancia inesperada para el Estado.” (Traducción nuestra.)

En In re Price’s Estate, 104 N.Y.S.2d 518, 520 (Surr. Ct. 1951), se dijo:

“Fue la intención del Congreso que ningún estado se benefi-ciase de los fondos administrados por la Administración de Vete-ranos.” (Traducción nuestra.)

Al mismo efecto: In re Hammond’s Estate, 154 N.Y.S.2d 820, 822 (1956); In re Campbell’s Estate, 89 N.Y.S.2d 310 (1949).

Es de advertir que en este caso, no obstante, el veterano dejó una heredera. Es la muerte de ella y no la de él la que crea el problema de reversión. ¿Se aplica la See. 3202 (e) a tal situación de hechos? En In re Strahler’s Estate, 359 N.Y.S.2d 481 (Surr. Ct. 1974), se resolvió que no. Se trataba allí del pago de un beneficio efectuado a la madre incapacitada de un veterano fallecido. Al morir la madre intestada y sin herederos, el gobierno federal quiso impedir que dicho beneficio revirtiese al estado. El tribunal señaló que la madre no era veterana y que la legislación que nos ocupa no le per-mitía al gobierno de Estados Unidos recuperar los beneficios pagados a ella. No hemos hallado jurisprudencia en contrario.

Conforme el Art. 603 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2085, “Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.” Doña Vicenta Santiago adquirió pleno derecho al balance favorable de la tutela desde el propio 15 de junio de 1973, fecha de la muerte de su padre. No puede derrotar el derecho de doña Vicenta a la herencia de su padre la tardanza en el trámite del pago de los fondos en custodia. La Sec. 3202(e) no se aplica a este caso. Doña Vicenta no era una “beneficiaría” dentro del significado de dicha disposición; era una heredera. La reversión al gobierno de Estados Unidos de beneficios derivados de las leyes sobre veteranos y bajo la custodia de un fiduciario es mandatoria cuando el beneficiario muere intestado y sin ascendientes, descendientes o colaterales. Tal derecho de reversión se extingue cuando el beneficiario deja herederos o legatarios.

Se expide él auto y se confirma la sentencia apelada.

       Los artículos citados expresan:
      “Sec. 2691. A falta de personas que tengan derecho de heredar, con-forme a lo dispuesto en los precedentes subcapítulos, heredará el Estadq Libre Asociado de Puerto Rico, destinándose los bienes al ‘Fondo de la Universidad’.”
      “See. 2692. Para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pueda apoderarse de los bienes hereditarios habrá de preceder declaración judicial de heredero, adjudicándole los bienes por falta de herederos legítimos.”

        Veterans’ Benefit Act of 1957, Pub. L. 85-86, 17 de junio de 1957, 71 Stat. 186.

      La voz “estado”, según se utiliza en estas leyes, incluye a Puerto Rico. Véase: 38 U.S.C. see. 101(20).


text:
    Philip Morris, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-76-338

      Resuelto: 25 de abril de 1977

      Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Reina Colón de Rodríguez, Procuradora Geneal Auxiliar, abogados del recurrente; Goldman, Antonetti, Barreto, Curbelo & Dá-vila, abogados de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

A mediados de 1970, Philip Morris, Inc., canceló en Es-tados Unidos $98,280.00 en sellos de rentas internas del go-bierno de Puerto Rico y los adhirió a cajetillas de cigarrillos destinados a nuestro mercado. La Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956, según enmendada, 13 L.P.R.A. sees. 4010(a), 4060(a) (2) (a) y 4063(b), exigía para entonces la fijación y cancelación de tales sellos al momento de su intro-ducción en Puerto Rico.

Phillip Morris envió los cigarrillos al muelle de Nueva York, donde fueron hurtados. La policía de Nueva York pudo recuperar en dicha ciudad el 2.269 por ciento del embarque, cantidad que fue destruida más tarde al deteriorarse los ciga-rrillos en los almacenes de la Policía. No se sabe a ciencia cierta el paradero del resto. El Tribunal Superior concluyó que los cigarrillos no fueron introducidos en Puerto Rico, por lo cual no surgió la obligación contributiva. Determinó además que, aunque no existe una disposición estatutaria que disponga el reintegro en casos de esta naturaleza, estos se rigen por la doctrina que sentamos en Liggett & Myers Tobacco Co. v. Buscaglia, 64 D.P.R. 78 (1944), confirmada en 149 F.2d 493 (1st Cir. 1945). Resolvió el Tribunal en conse-cuencia que el Secretario de Hacienda debe reintegrarle a Phillip Morris la suma de $98,280.00 que ésta reclama en su demanda, más intereses. El Secretario recurrió ante nos de esta sentencia.

El problema específico con que nos confrontamos, la pro-cedencia de reintegro de arbitrios en casos de hurto, es ente-ramente nuevo en esta jurisdicción. Debemos al efecto exa-minar, como trasfondo, su tratamiento en Estados Unidos en vista de la similaridad sobre este extremo entre nuestra legis-lación tributaria y la federal estadounidense anterior a 1954. En dicho año se enmendó la Ley Federal para prohibir ex-presamente el reintegro de arbitrios pagados en casos de hurto. 26 U.S.C. sec. 5705(a), c. 736, 68A Stat. 709. Se per-mite el reintegro tan solo en casos de destrucción de la mer-cancía por fuego, accidente o fuerza mayor. Esta enmienda no tuvo por propósito, según demuestra el historial legisla-tivo del estatuto, modificar la situación existente antes de 1954. Los informes de las comisiones de la Cámara de Repre-sentantes y del Senado de los Estados Unidos que entendieron en el proyecto correspondiente, el H.R. 8300 (Union Calendar No. 498), 83r Cong., 2a Ses., 1954, revelan que el cambio que se estaba efectuando obedecía únicamente al deseo de rei-terar por ley del Congreso lo resuelto ya sobre el particular por diversos tribunales. House Report No. 1337 on The Internal Revenue Code of 195U, 83r Cong., 2a Ses., 9 de marzo de 1954, págs. 98 y A 388; Senate Report No. 1622, 83r Cong., 2a Ses., 18 de junio de 1954, págs. 132, 553. No se estaba dis-poniendo por primera vez que en los casos de hurto no proce-dería el reintegro, mientras que en los otros mencionados sí; se estaba simplemente aclarando la intención legislativa para reforzar la norma sentada desde hacía tiempo por los tribu-nales. Respecto a dicha norma, véanse: United States v. American Tobacco Co., 166 U.S. 468 (1897); Stephano Bros. to use of Great American Insurance Co. v. United States, 89 F.Supp. 693 (Ct. of Claims 1950); Reynolds Tobacco Co. v. Robertson, 22 F.Supp. 187 (D.C.M.N.C. 1937), conf. 94 F.2d 167 (4th Cir. 1938), cert. den. 304 U.S. 563 y 589 (1938).

No puede acudirse en consecuencia a fuentes nor-teamericanas para validar la sentencia dictada en este caso. Queda por ver si nuestra decisión en Liggett & Myers Tobacco Co., Inc. v. Buscaglia, 64 D.P.R. 78 (1944), puede su-plir el vacío de la ley y constituir autoridad para que el Secretario de Hacienda reintegre la totalidad de los arbitrios en este caso. La contestación es que no. En Liggett se ordenó el reintegro al hundirse el buque que transportaba los ciga-rrillos, con los sellos adheridos, a la Isla. Liggett es eco tan solo de la doctrina sentada en Estados Unidos desde tiempos de United States v. American Tobacco Company. No hay razón para extender a Liggett más allá de sus hechos a casos de hurto como el presente. No se nos ha citado, ni hemos po-dido hallar, caso alguno bajo la legislación de Estados Unidos o la de Puerto Rico en que se haya permitido el reintegro de arbitrios sobre mercancía hurtada no destruida. En casos de hurto en que no pueda eliminarse la posibilidad de que no haya ocurrido el evento contributivo, no cabe reintegro en ausencia de autorización. En la situación de autos única-mente se eliminó dicha posibilidad respecto a la porción de cigarrillos destruida por la policía de Nueva York.

No existiendo autorización legislativa o norma jurisprudencial en contrario, consideramos que el Secretario de Hacienda de Puerto Rico carece de facultad para proceder al reintegro requerido de la totalidad de los sellos hurtados.

Se expide el auto y se modifica por tanto la sentencia para ordenar tan solo el reintegro a Phillip Morris, Inc., de una suma equivalente al 2.269 por ciento de los arbitrios pagados en este caso, más intereses al tipo legal. Así modificada, se confirma la sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín se inhi-bieron.

       La Ley Núm. 8 de 17 de octubre de 1975 estableció un sistema dis-tinto para el pago de estos arbitrios, suprimiendo el uso de los sellos de rentas internas.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Primitivo Concepción, por sí y a nombre de su hijo, el infante Xavier Concepción, peticionarios y apelantes, v. Alba Concepción, María Ocasio Colón y Flor María Casanova de Ocasio, demandados y apelados.

      Número: O-76-366

      Resuelto: 27 de abril de 1977

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados de los peti-cionarios y apelantes; no compareció el abogado de los de-mandados y apelados.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En niño Xavier Concepción nació el 25 de agosto de 1971, hijo de Primitivo Concepción y su esposa Alba. En pleito sobre custodia ante la Corte Suprema de New York, Sec. V, el 18 de junio de 1973 estos padres sometieron una estipula-ción acordando que el padre retuviera la del hijo y fijando días y horas de “visita” para relaciones de familia de la ma-dre, pacto que fue aprobado por dicho tribunal. Dos meses después, el 18 de agosto de 1973 la madre se trajo su hijo para el hogar de sus padres en Bayamón, Puerto Rico, donde permanece hasta ahora.

En febrero de 1974 el padre del niño instó un recurso de hábeas corpus en Bayamón solicitando la custodia de Xavier, fundado estrictamente en la resolución de New York apro-bando la estipulación, y al presentar la madre demanda de divorcio fundada en separación que no fue contendida, el juez superior consolidó ambos expedientes y dictó sentencia el 18 de junio de 1976 decretando el divorcio y concediendo a la madre la patria potestad y custodia sobre el niño. El ma-rido apela únicamente la decisión en hábeas corpus y alega como errores de instancia (1) que le privó de vista en la que pudiera producir en evidencia la estipulación aprobada por la Corte de New York; (2) no haber dado crédito al informe de New York sobre aptitud del recurrente para tener su hijo y (3) violación del Art. IV, Sec. 1 de la Constitución de los Es-tados Unidos por no haber el tribunal de Puerto Rico exten-dido entera fe y crédito a los procedimientos habidos en New York.

No se cometieron los errores señalados. (1) Hemos examinado toda la documentación que refleja los procedimientos habidos ante el Tribunal Supremo en New York que se reducen a una estipulación entre el padre y la madre del menor concernido. No hay indicio alguno de que dicha corte recibiera evidencia relativa al bienestar del menor. Su decisión se limitó estrictamente a la aprobación de un acuerdo entre padre y madre, sin que tuviere dicha córte la mínima oportunidad de evaluar la conveniencia e interés del menor afectado por dicha resolución.

(2) Fue correcta la decisión del tribunal de instancia al descartar el informe de New York frente al concienzudo informe de la Oficina de Relaciones de Familia de Bayamón. Contra la realidad vital de que este niño vive ajustado física y emocionalmente al hogar de su señora madre y abuelos ma-ternos, el recurrente ofrece una alternativa de colocar a su hijo en un centro de cuidado diurno en la ciudad de New York, de donde él lo tomaría, concluida su labor de conserje, al apartamento que comparte con una querida. La proposición del recurrente choca contra todo sentido de estabilidad, fir-meza y seguridad respecto a la custodia de este niño que hace cuatro años reside con su familia materna en Bayamón. El informe de la trabajadora social puntualiza la superior con-veniencia para el menor de su permanencia junto a su señora madre al resumir: “No se considera justo al menor que se prive del cariño y cuidado de su madre que tan significativo es para su edad, para llevarlo a vivir con el padre donde se visualiza que será prácticamente privado de ambos padres, ya que la relación que mantendrá con el padre será mínima y con la madre no tendrá ninguna, con quien está apegado emo-cionalmente. Se considera que otro cambio de ambiente unido a la privación de la figura materna podría afectar negativa-mente al menor. En el hogar donde está el niño es querido y aceptado y está disfrutando de una vida en familia llena de calor humano. Las condiciones en que se encuentra el menor al presente propician el mejor bienestar de éste.”

(3) Al adjudicar el caso en sus méritos el Tribunal Superior no violó la disposición constitucional sobre entera fe y crédito. Dicha cláusula no coarta ni restringe la obligación básica del foro de ejercer su facultad de parens patria en el mejor interés del menor. “Sin importar el efecto que la cláu-sula sobre entera fe y crédito pueda tener respecto a decretos de custodia, resulta claro . . . que el Estado del foro tiene al menos tanta libertad para desechar la sentencia, condicio-narla o abandonarla, como la tiene el Estado donde fue die-tada.” Kovacs v. Brewer, 356 U.S. 604, 607 (1958). El propio estado de New York donde se originan los procedimientos de custodia en este caso tiene resuelto que “[l]a responsabilidad por el bienestar de menores confiere al tribunal poder para decidir sobre custodia irrespectivamente de la residencia y domicilio de los padres y de anteriores órdenes de custodia dictadas en otra jurisdicción. El respeto que le debe el tribunal de un Estado a las leyes y decisiones de otro Estado es regla de política pública que debe ceder al entrar en con-flicto con el superior deber de los tribunales de velar por el bienestar de aquéllos bajo su tutela. El derecho de un menor a reclamar la protección del Estado en que reside no puede ser ignorado.” Bachman v. Mejías, 1 N.Y.2d 575 (1956), 136 N.E.2d 866; y con certera aplicación a la estipulación que el recurrente invoca como título irrevocable de custodia, se dice en Bachman: “Un niño no es un bien mueble que pueda ser-vir de causa en un acuerdo o compromiso. Los derechos del niño están por encima de los derechos de las partes en una estipulación y de la orden aprobando la misma.” Ibid. pág. 869; Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976).

Con estos antecedentes y fundamentos la sentencia dictada el 18 de junio de 1976 por la Sala de Bayamón del Tribunal Superior, es por la presente, confirmada.


text:
    Leonardo de León y Otros, demandantes y recurridos, v. Kimberly Clark Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-75-220

      Resuelto: 29 de abril de 1977

      McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria y Rada-més A. Torruellas, abogados de la recurrente; Angel T. Be-rrios Pagan y Jorge A. Farinacci García, abogados de los recurridos.
   per curiam :

Kimberly Clark, Puerto Rico, Inc., se dedica al almacenamiento, distribución y venta de productos de pa-pel, tales como servilletas, toallas de papel, papel sanitario y toallas sanitarias que manufactura Kimberly Clark International, S.A.

El 15 de enero de 1974 trece empleados de Kimberly Clark, P.R., Inc., de los cuales sólo 5 trabajan en el almacén, radicaron una querella ante el Tribunal Superior reclamando salarios devengados y no satisfechos por 10 años durante los cuales Kimberly Clark P.R., Inc., no había cumplido con la Ley de Cierre de P.R. (33 L.P.R.A. see. 2201 et seq.). La querellada alegó que las disposiciones de la Ley de Cierre no le aplicaban por ésta realizar labores esenciales a la manu-factura de los productos, operaciones que fueron excluidas del ámbito de la ley.

Luego de llevar a cabo una inspección ocular de las opera-ciones manufactureras y comerciales de Kimberly Clark International S.A. y Kimberly Clark P.R., Inc., el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Acevedo Colón, Juez resolvió que la Ley de Cierre cubría las operaciones de distribución y venta que realizaba Kimberly Clark P.R., Inc. Inconforme con esta determinación, solicitó la revisáramos. Accedimos.

Sostiene la recurrente que no opera un establecimiento co-mercial según lo define la Ley de Cierre y según fue interpretado en Coca Cola v. Srio. del Trabajo, 88 D.P.R. 340 (1963), que lo que realiza son ventas industriales las cuales están exentas de la aplicación de la ley.

El término “establecimiento comercial” incluye “. .. cual-quier sitio en que se realicen operaciones mercantiles o actos de comercio, o en que se suministren facilidades, servicios, mercaderías o bienes, con ánimo de ganancia o por inte-rés. . . .” 33 L.P.R.A. sec. 2201(a) (3). La Ley exime de su cumplimiento a ciertos establecimientos como imprentas, pe-riódicos, editoriales, cafés, restoranes, hoteles, casinos, salo-nes de billar, mataderos, teatros, farmacias, lavanderías o laundromats, etc. En una enmienda aprobada en 1953, se eliminó de su aplicación a las industrias. (Ley Núm. 78 de 13 de junio de 1953.) (Véase Diario de Sesiones (1953), Vol. II, Tomo III, págs. 1610 y 1680 et seq.)

[lj Definimos en Coca Cola, supra, un establecimiento comercial como un local, que no es parte esencial del negocio de manufactura, que usual o diariamente está destinado a la venta y distribución de artículos a clientes y compradores para realizar en el mismo transacciones de compra y venta.

Debido a que Kimberly Clark International, S.A., carece de almacenes para depositar la mercancía terminada, ésta pasa diariamente su producción a Kimberly Clark P.R., Inc., la cual la deposita en sus almacenes. Mediante una operación en los libros de contabilidad de la recurrente la manufacturera vende a Kimberly Clark P.R., Inc., sus productos (Véase Acta de Inspección Ocular). El precio se fija a base del costo de manufactura de los productos (T.E., vista del 9 de diciembre de 1974, pág. 20). La manufacturera obtiene una ganancia mínima en esta transacción. Al pasar los productos a Kimberly Clark P.R., Inc., ésta los vende a mayoris-tas, cadenas de supermercados, farmacias, médicos, pequeños comerciantes, a sus empleados, etc. El almacenaje, distribu-ción y venta de los productos por la recurrente complementan la labor de manufactura constituyendo sus almacenes parte esencial de la fabricación por Kimberly Clark International, S.A.

En adición a las corporaciones complementarias en la fase de manufactura y distribución, ambas tienen también un alto grado de integración en otras áreas. Operan en dos edificios contiguos unidos entre sí en los cuales hay una sola oficina de trabajo clerical para ambas corporaciones. Los empleados que allí trabajan, algunos de ellos querellantes, trabajan lo mismo para una corporación que para la otra, no pudiéndose determinar el tiempo diario que dedican a la distribuidora o a la manufacturera. Existe un solo cuerpo gerencial para ambas corporaciones, al igual que un solo convenio colectivo, una unidad contratante y una sola unión que representa a los empleados de ambas.

La Ley de Cierre fue orientada para cubrir aquellos establecimientos comerciales que normalmente denominamos “tienda” cuyo mayor volumen de venta lo constituye las ventas al detal, o sea, al consumidor directamente. La recurrente no opera un negocio de este tipo. De hecho, su volumen de ventas al detal fue para 1974 un mero 2%, siendo el resto de su operación ventas al por mayor o industriales, las cuales son esenciales a la actividad de manufactura. Sus operaciones pues, no están cubiertas por la Ley de Cierre de Puerto Rico.

Se revocará la sentencia recurrida y se dictará otra de-clarando sin lugar la querella radicada.

       Los nombres y puestos de los 13 querellantes son:
      NOMBRE CLASIFICACION DESDE HASTA
      “Warehouseman” feb. 1965 presente a. Pedro Rodríguez Molina feb. 1965
      b. Jorge L. Rodríguez mayo 1960
      c. José Villanueva oct. 1970
      d. José Reyes agosto 1972
      e. Enrique Ventura Meran “ J anitor-Utility” agosto 1972

        f. Marino Lebrón Contable set. 1969
      g. Luis Orlando Torres “Bookkeeper” sept. 1971
      h. Carmen Dávila abril 1971 reeepeionista clerk die. 1973
      i. Ramón Muñiz Operador IBM mayo 1970 presente
      j. William González Facturador y Key-punch operator agosto 1970 mayo 1974
      k. Matilde F. Frías reeepeionista y “accounts receivable clerk” julio 1968 presente

        I Carlota Esther Pastrana “clerk del Dept, de crédito” abril 1973
      m. Leonardo De Leóu “Warehouseman” junio 1971

      EI caso de Coca Cola Bottling v. Srio. del Trabajo, supra, trataba de una sentencia declaratoria para dilucidar si los decretos mandatories aplicables a los empleados de la manufacturera eran los mismos que les aplicaban a los empleados de los almacenes que la manufacturera tenía en la Isla. Se determinó que siendo los almacenes parte esencial del negocio de manufactura y no siendo, por lo tanto, una operación separada y dis-tinta del mismo, aunque los almacenes estaban físicamente separados de la manufacturera, los decretos mandatories aplicables a los empleados de los almacenes eran los mismos que los que les aplicaban a los de la manufac-turera.

      La manufacturera solamente tiene un almacén en el que deposita la materia prima para la confección de sus productos.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Santiago, c/p Arcadio Santiago Márquez, acusado y apelante.

      Número: CR-76-68

      Resuelto: 4 de mayo de 1977

      Heyda Vigil McClin, abogada del apelante; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El 9 de septiembre de 1976 denegamos la reconsideración solicitada por la Sociedad para Asistencia Legal a nuestra resolución negando una quinta prórroga para presentar su informe. En esa misma fecha, luego de examinar cuidadosa-mente el expediente y la transcripción de la prueba, dictamos sentencia confirmando la pena de tres a siete años de presidio que el tribunal de instancia le impuso al apelante por el de-lito de tentativa de violación. Posteriormente dejamos esta sentencia sin efecto y concedimos a la S.A.L. una última pró-rroga, que en efecto resultó ser una penúltima, pues presentó su informe varios días después de haberse vencido dicha prórroga.

Hemos considerado detenidamente el informe finalmente rendido por la S.A.L. y los errores allí señalados que se refie-ren a la insuficiencia de la prueba para establecer la culpa-bilidad del acusado más allá de duda razonable y a la nega-tiva del tribunal de instancia de dar una instrucción especial al jurado sobre el delito de acometimiento y agresión grave. También hemos vuelto a leer la transcripción de la prueba y estamos convencidos que no hay justificación alguna para revocar el fallo condenatorio.

Se trata de una menor de ocho años de edad que salió de su hogar a comprar una bolsa de papel para su tío, y, al re-gresar, el apelante la llamó, la llevó a un segundo piso de un edificio cercano, le tapó la boca con la mano, le quitó la ropa y abusó de ella. Pocos momentos después la niña, llorando, contó lo sucedido a su tía Laya (Adelaida Santos) echándole la culpa a un vecino de nombre Andrés Andújar porque el apelante así se lo había ordenado amenazándola con matarla con un cuchillo. El perito médico presentado por el Ministerio Público testificó que hizo un examen pélvico a la niña y que encontró laceraciones interiores en el himen y debajo de la uretra, siendo las mismas, a su juicio, compatibles con el haber un hombre tratado o tenido relaciones sexuales con ella. (2 T.E. pág. 23.)

El apelante trató de impugnar y debilitar el testimonio de la menor pero el jurado que la vio y oyó declarar le dio crédito. No nos convencen los argumentos del apelante para alterar la apreciación de la prueba.

También es inmeritorio el señalamiento relacionado con la negativa del tribunal a dar una instrucción especial sobre el delito de acometimiento y agresión grave. La falla del señalamiento consiste en que la prueba no justificaba tal instrucción.

La representación legal del apelante hizo un señalamiento adicional para expresar su desaliento por el trámite seguido en este caso y su preocupación de que se pueda garantizar el debido proceso de ley cuando ya el caso ha sido prejuzgado.

Es en verdad desalentador para la administración de justicia que las limitaciones del recurso de la S.A.L. y el cúmulo de trabajo de sus abogados impidan a éstos atender con la debida premura los asuntos que le son encomendados. Mayor es el desaliento cuando, quizá, por falta de tiempo para la reflexión y el estudio, se hacen planteamientos inmerito-rios que recargan el tiempo y el esfuerzo de los tribunales en perjuicio de mejores causas. Es infundada e injustificada la preocupación del abogado del apelante por las garantías del debido proceso en este caso. En el aspecto puramente téc-nico, la situación procesal es idéntica al mecanismo de adju-dicación de una moción de reconsideración de sentencia, muy frecuente en este Tribunal. No debe olvidar la representa-ción legal del apelante que en el cumplimiento de nuestra misión de impartir justicia no nos limitamos a los plantea-mientos específicos de los abogados en sus alegatos sino que con el más alto fin de justicia siempre consideramos todos los hechos del caso para descartar la posibilidad de un error per-judicial, aunque el mismo no haya sido promovido en el ale-gato. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966). Así lo hicimos en este caso al dictar sentencia el pasado 9 de sep-tiembre de 1976. Al dejarla posteriormente sin efecto hemos vuelto a reexaminar los autos a la luz de los planteamientos del apelante sin que en forma alguna pesara en nuestro ánimo el juicio previamente formulado.

Se dictará sentencia confirmando la aquí apelada.


author: PER curiam : Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
      In re Pedro Roldán Figueroa, querellado.

      Número: O-74-121

      Resuelto: 6 de mayo de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procurador General Interino, Roberto Armstrong, Jr., y Américo Serra, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; E. L. Belén Trujillo, abogado del querellado.
   I

PER curiam :

El Honorable Procurador General de Puerto Rico formuló querella contra el abogado Pedro Roldán Figueroa imputándole los ocho cargos que analiza el Comisionado Especial, Ledo. César Bobonis Díaz, nombrado por este Tribunal para recibir la prueba del Procurador General y del querellado según informe que presentó ante nos en 13 de noviembre de 1975, y que se relaciona más adelante.

Se celebraron sesiones los días 4, 5, 6, 11, 18, 22, 26 y 27 de noviembre de 1974. Las partes desfilaron y ofrecieron como prueba evidencia testifical y documental.

Del informe del Comisionado Especial y de un examen de-tenido de toda la prueba testifical y documental este Tribunal hace las determinaciones que aparecen a continuación:

PRIMER CARGO

El querellado y su esposa, la Leda. Daisy Ruiz de Roldán, representaron a Carmen L. Gutiérrez en un pleito de divorcio radicado en su contra. A solicitud del querellado la Sra. Gutiérrez prestó a él y a su esposa la suma de $4,000 prove-niente de dos certificados de ahorro de $2,000.00 cada uno, más la suma de $8,300.00 que constituía la participación de la Sra. Gutiérrez en la sociedad de bienes gananciales que se había dividido en el pleito de divorcio mencionado. De la suma de $8,300.00 el querellado dedujo honorarios de $1,300.00, reduciéndose dicha suma a un neto de $7,000.00. Para evidenciar el préstamo, el querellado y su esposa otor-garon un documento privado en el que se comprometían a in-vertir las sumas así recibidas en negocios de préstamos y garantizaban solidariamente el préstamo aunque el producto se perdiese en los negocios en que se proponían invertirlo. Los dineros del préstamo fueron utilizados por el querellado para fines personales. El préstamo no pudo ser pagado en su totali-dad, y los intereses convenidos se pagaban con demoras sus-tanciales. Finalmente la Sra. Gutiérrez se vio obligada a transigir su reclamación con una pérdida de $1,500.00.

SEGUNDO CARGO

Don Natalio Pagán Oquendo era cliente del querellado y dueño de un negocio establecido en Caguas. El Sr. Pagán in-teresaba vender su negocio por la suma de $5,200, y la asun-ción de las deudas por el comprador. Para ese fin otorgó un poder autorizando a un tercero a venderlo, condicionado a que el poder se utilizara solamente a través del querellado, vinien-do éste obligado a responderle de la transacción que se efec-tuara y del importe de la venta.

El Sr. Pagán convino con el querellado que éste recibiría como comisión el exceso sobre $5,200 que produjera la venta del negocio. El querellado fue el que gestionó la compraventa en la que tenía un interés por el exceso del precio, y además actuó como notario autorizante de la escritura de compra-venta del referido negocio. En definitiva la venta no se efec-tuó, pero el querellado había recibido un anticipo de $3,000, que se negó a remitir al Sr. Pagán a pesar de su insistencia. El querellado, sin autorización del Sr. Pagán, asumió el control del negocio y utilizó los $3,000 para poner el negocio en condiciones, pagar los cánones de arrendamientos atrasados y otros gastos, con el fin de tratar de venderlo nuevamente. El Sr. Pagán se vio obligado a recurrir a un abogado para gestionar el cobro de los $3,000 aludidos. Luego convinieron en una transacción mediante la cual el Sr. Pagán vendió el negocio al querellado por los mismos $3,000, que el quere-llado pagó en varios plazos.

TERCER CARGO

El querellado y su esposa obtuvieron un préstamo de $5,000 de su amigo de muchos años Antonio Cotto. Dichos esposos otorgaron un pagaré a la vista, con intereses al 8% anual. Al morir Antonio Cotto y su viuda gestionar el cobro del pagaré, el querellado reconoció la deuda pero alegó no poder pagarla por no contar con fondos para ello. La Suce-sión Cotto presentó una demanda judicial en cobro de dinero. En su consecuencia el querellado convino en pagar en diez plazos el montante del préstamo, con condonación de intereses.

CUARTO CARGO

El querellado le tomó prestado a Fructuoso Martínez la suma de $13,000, y como evidencia del mismo el querellado le entregó un cheque personal girado contra el Banco Popular con el compromiso, según lo habían hecho en el pasado con otros préstamos, de que el cheque no fuera presentado al banco para su cobro. Dicho cheque fue sustituido en tres ocasiones posteriores por cheques girados contra otros bancos. AI morir el Sr. Martínez, un hijo de éste trató de cobrar la deuda al querellado mediante la presentación de los cheques sin éxito alguno pues el querellado alegaba no contar con fondos para ello. El cheque fue presentado al Banco y devuelto por éste por fondos insuficientes. Finalmente el préstamo fue tran-sigido con los miembros de la Sucesión Martínez por la mitad en 26 plazos mensuales.

QUINTO CARGO

El querellado vendió una parcela de terreno que formaba parte de una finca de mayor cabida, recibió el precio de $4,000 pero no otorgó escritura de compraventa por no contar con el permiso de segregación de la Junta de Planificación. La finca principal estaba sujeta a un gravamen. Tanto el gravamen que por su origen tenía la parcela vendida como la falta del permiso de segregación, eran del conocimiento del comprador. Luego, el querellado canceló el referido gravamen pero constituyó otro. Con posterioridad (en 1968) logró se-gregar la parcela mencionada precedentemente y otorgó es-critura a favor del comprador original haciendo constar que la finca estaba libre de gravamen. Al inscribir la compra-venta, el Registrador hizo constar que estaba afecta por su procedencia a hipotecas por $25,000 y $35,000 respectiva-mente. Seis años más tarde fue liberada la parcela en cues-tión de ambas hipotecas.

SEXTO CARGO

En 1959 el querellado vendió una parcela de terreno que formaba parte de una finca de mayor cabida recibiendo en el acto el importe del precio. El querellado informó al comprador querellante que no podría otorgar la escritura de traspaso de título hasta dos años más tarde por estar la finca principal sujeta a un gravamen hipotecario. En 1961 el querellado ven-dió a los mismos compradores otra parcela colindante. En 1964 los compradores exigieron que se les otorgara el título sobre las dos parcelas pero no tuvieron éxito. En 1965 el querellado canceló el gravamen de la finca principal y cons-tituyó dos gravámenes adicionales por $25,000 y $35,000 res-pectivamente, esto sin conocimiento de los referidos compra-dores, aunque el acreedor hipotecario sí sabía que las dos parcelas en cuestión estaban comprometidas por lo que se proponía liberarlas del gravamen oportunamente. En 1968, cuatro años después de exigir los compradores que se le tras-pasara el título, la Junta de Planificación autorizó la se-gregación y se otorgó la escritura de compraventa correspon-diente en la que se declaraba que la parcela vendida estaba libre de gravámenes cuando lo cierto era que estaba gravada con las dos hipotecas que se relacionan precedentemente. En 1973 el acreedor hipotecario instó acción de ejecución de hipo-teca e incluyó a los compradores como demandados; aunque luego desistió de la acción contra los compradores y la pro-siguió contra el querellado y esposa, obteniendo el acreedor sentencia a su favor. En 1974 las parcelas de los compradores fueron liberadas de la hipoteca que las gravaba.

SEPTIMO CARGO

El querellado vendió por documento privado en 1963 una parcela de una finca de mayor cabida, estando la finca gra-vada y sin obtener permiso de segregación de la Junta de Planificación. La compradora tenía conocimiento de la situa-ción. La compradora construyó una casa en dicho solar con dinero de unos menores con autorización judicial. En 1969 el querellado y su esposa, al no poder satisfacer el gravamen de la finca, vendieron ésta a un tercero. Este sabía del compro-miso de segregar la parcela de la compradora original y de la correspondiente liberación de la parcela de la hipoteca que la gravaba por su origen. En 1975, a la fecha de la vista de esta querella, aún no se había logrado la segregación de la parcela en cuestión, aunque el dueño actual ha manifestado que se propone tomar la acción necesaria a fin de que la com-pradora original obtenga título.

OCTAVO CARGO

El querellado adeuda a Hipólito Torres la suma de $20,000, representada la obligación por un pagaré vencido en 6 de julio de 1970. En vista del incumplimiento del quere-llado a pesar de las gestiones extra judicial es de los herederos del acreedor, éstos instaron acción en su cobro, y obtuvieron sentencia en rebeldía en 18 de julio de 1971. Se ordenó la ejecución de la sentencia y el embargo de bienes del quere-llado.

Como parte de este cargo se relacionan una serie de obli-gaciones hipotecarias constituidas o asumidas por el quere-llado y su esposa sobre distintas propiedades inscritas a su nombre ascendentes a $360,000.

Las conclusiones generales expuestas por el Comisionado Especial luego de concluir las vistas celebradas son las si-guientes :

“El Ledo. Pedro Roldán Figueroa, fue admitido a la práctica de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el día 19 de septiembre de 1949 y autorizado a practicar el Notariado el 13 de octubre de 1949. Ha tenido oficinas de abogado en los pueblos de San Lorenzo y Caguas.
Además de la práctica de la profesión de abogado y notario, se dedicó a la agricultura, cría y compraventa de ganado y otros tipos de negocios. Adquirió varias fincas y en una ocasión llegó a tener más de 600 cuerdas de terreno. La casi totalidad de estas tierras las adquirió a crédito y para sus negocios tomaba a prés-tamos grandes cantidades de dinero.
Por su desconocimiento del arte de la agricultura y el negocio de ganado, la mala administración de sus negocios, la imprevisión y por otras razones, fracasó totalmente en sus negocios.
En una ocasión sus deudas alcanzaron la suma de $1,300,-000.00, por concepto de compra de fincas, hipotecas y dinero tomado a préstamo.
Desde el afio de 1960 comenzaron sus serios problemas econó-micos y al no poder pagar sus compromisos económicos inició una cadena de tomar prestado a unos para poder pagar a otros.
Para el afio 1968 su situación económica era precaria y no podía pagar sus deudas. Para el mes de noviembre de 1974, adeu-daba alrededor de $450,000.00 de los cuales, una parte están garantizados con hipotecas que gravan las pocas propiedades que aún le quedan. A la fecha de la vista de esta querella las deudas que no están garantizadas con hipotecas, ascienden a la suma de $150,000.00.
Como solución a sus problemas económicos, amigos del quere-llado le aconsejaron que se declarase en quiebra, consejo que finalmente rechazó.
En la práctica de su profesión de abogado en los Tribunales de Puerto Rico, según el decir de los Honorables Jueces José Vi-llares Rodríguez, Carlos Bastián Ramos y Ricardo Jordán, el querellado ha observado una conducta intachable, ha sido celoso en el desempeño de sus funciones y respetuoso con el Tribunal.”

VIOLACION A CANONES DE ETICA PROFESIONAL

Los cuatro primeros cargos contra el querellado Pedro Roldán Figueroa envuelven la relación de éste con ciertos clientes a saber: doña Carmen Lucila Gutiérrez, don Natalio Pagán Oquendo, doña Dionisia Velázquez de Cotto, don Fruc-tuoso Martínez y los herederos de éste.

Los siguientes cuatro cargos se refieren a ciertos negocios efectuados por el querellado con varios ciudadanos amigos que depositaron su confianza en aquél en relación con transac-ciones de compra y venta de fincas y de préstamos de dinero que produjeron consecuencias perjudiciales que el querellado debió haber anticipado.

El criterio general expresado en los Cánones de Ética Profesional relativo a los deberes del abogado para con sus clientes exige que la relación de abogado y cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza entre ambos y por tanto requiere un trato profesional caracterizado por la más devota lealtad y la más completa honradez. Más específicamente, el Canon 23 de los de Ética Profesional establece que la naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta, y en particular, debe darse cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

Más aún, el Canon 37 expresa que la participación del abogado en negocios o actividades de venta de bienes u otros servicios comerciales propios o pertenecientes a otras personas no es una actividad propia de la buena práctica de la profesión si tal negocio o actividad tiene el fin directo o indirecto de proporcionarle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido.

Y, el Canon 38 subraya que el abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Y recalca que por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

Finalmente el Canon 37 formula una máxima que debe emular un abogado al declarar que la mejor y más meritoria publicidad para un letrado es el hacerse acreedor de una reputación bien cimentada de capacidad profesional y con-fianza como resultado del ejercicio legítimo de su profesión.

Un examen minucioso de las transacciones y actuaciones del querellado contenidas en los ocho cargos que exponemos y discutimos precedentemente, a la luz de las conclusiones generales a que llega el Comisionado Especial, revela un pa-trón de conducta seguido por el querellado en la obtención de préstamos de dinero y transacciones comerciales con clientes y amigos en conexión con los negocios personales del quere-llado, sin éste divulgar debidamente en todos los casos sus embrollos económicos, que no le permitían cumplir sus pro-mesas debidamente, lo cual le coloca en una situación delicada y difícil frente a los Cánones de Ética Profesional que hemos enumerado y que no es necesario analizar dada la clara vio-lación de los mismos.

Entendemos que ninguna de las violaciones incurridas por el querellado constituyen torpeza moral o falta de integridad pero sí señalan una desviación de las normas de conducta profesional que- debe observar puntillosamente todo el que tiene el privilegio de ejercer la noble profesión de abogado.

En vista de lo expuesto concluimos que debemos imponer al querellado una suspensión del ejercicio de la profesión de abogado por el término de un año.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión con-currente. El Juez Asociado Señor Martín impondría una sus-pensión más severa y el Juez Asociado Señor Negrón García impondría una suspensión indefinida. Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué no intervinieron.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 1977

Concurro en la opinión porque la sanción propuesta re-fie ja una estimación justa del agravio ético envuelto en este caso.

Las conclusiones del Comisionado, sostenidas por la prue-ba, no van más allá de señalar al querellado como abogado que se aventuró en negocios de agricultura y ganado, los cua-les desconocía, y careciendo de capital recurrió al método con-sagrado como hábito nacional de tomar cuantiosos présta-mos por lo que en una ocasión sus deudas montaban a $1,300,000, que lográ reducir a $450,000 para noviembre de 1974, garantizadas con hipoteca (excepto la cantidad de $150,000), sobre lo que resta de su empresa de iluso. El in-forme también concluye que “en la práctica de su profesión de abogado en los Tribunales de Puerto Rico, el querellado ha observado una conducta intachable, ha sido celoso en el de-sempeño de sus funciones y respetuoso con el Tribunal.”

La falta de este abogado estriba en haber utilizado su re-lación profesional con sus clientes como medio, en algunos casos coactivo, para levantar fondos para sus empresas par-ticulares. Sin embargo, su conducta no acusa fraude, ni en-gaño ni otro tipo de corrupción. Con la entereza de un capitán de leyenda, cuando vino el fracaso se hundió con su barco, re-chazando el alivio y la protección de la Ley de Quiebras a la que acuden sin inhibiciones y sin estigma tantos hombres de negocios. No creo que una sociedad que mantiene como pre-misa inviolable que nadie será encarcelado por deuda pueda esperar un castigo aún más penoso que la cárcel para el deu-dor por el hecho de ser éste abogado. No puede convertirse el problema ético en ecuación abstracta perdiendo de vista el sufrimiento de los seres humanos.

En vez de separación, estimo correctamente limitada la sanción contra el querellado a un año de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado.