author: El Juez Asociado Señor Negrón García El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Importaciones Vilca, Inc., demandante y recurrido, v. Hogares Crea, Inc., demandado y peticionario.

      Número: CE-86-532

      Resuelto: 15 de abril de 1987

      Francisco J. Silva Salcedo, abogado del peticionario; Porben Ulloa, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Descargamos nuestra conciencia teniendo presente como único derrotero, “impartir justicia de conformidad con el Dere-cho aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin preocupar [nos] el reconocimiento que pueda darse a [esta] labor, ni la crítica injusta”. Canon XI de Ética Judicial. Fieles a una antigua tradición jurídica, a tono con el espíritu que informa el Canon XVII, por resultar “infundadas e innecesarias que tiendan a menospreciar el prestigio” (Canon IV) de la ilustrada sala de instancia, consideramos altamente censurables las desafor-tunadas expresiones públicas del Director de Hogares Crea, Ine., Sr. Juan José García Ríos, destempladamente poniendo en entredicho la imparcialidad de dicho foro. El que reconoz-camos el derecho de expresión y el de la crítica, no significa que estemos ajenos al carácter irrespetuoso de las mismas. En modo alguno nos han impedido juzgar serena y objetivamente los mérito de su recurso.

I

El 21 de enero de 1985, Importaciones Vilca, Inc., demandó a Hogares Crea, Inc., en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Reclamó el pago de $31,839.50 en concepto de mercancía vendida a crédito, no pagada, intereses, más $500 por gastos y honorarios de abogado. Hogares Crea fue emplazada al otro día. El 7 de febrero de 1985 contestó por mediación del abo-gado Lie. Gerardo Méndez Correa. Rechazó la deuda categóri-camente y sin cualificarla, y formuló reconvención aduciendo que Importaciones le debía $30,530.70. Ésta negó tal reclama-ción. El 16 de mayo de 1985 se celebró una conferencia con antelación a juicio. En la misma se sometió un informe y se señaló la vista en su fondo para el 16 de octubre de 1985, a las 9:00 a.m. Fueron notificados los abogados de las partes a sus respectivas direcciones en autos.

El 14 de octubre el licenciado Méndez Correa solicitó que se pospusiera esta vista por razón de estar recuperándose de una cirugía. El tribunal la transfirió para el 6 de febrero de 1986. Ese día, ante la incomparecencia de Hogares Crea y su abogado, y habida cuenta que uno de los testigos de la parte demandante Importaciones viajó desde Costa Rica, el tribunal accedió a ventilar el caso. Con fecha de 13 de marzo de 1986 —notificada el 20— dictó sentencia en la que declaraba con lugar la demanda. Desestimó la reconvención con perjui-cio.

El 31 de marzo de 1986, el licenciado Méndez Correa pidió que se dejara sin efecto dicha sentencia a base de que no re-cibió la notificación para el señalamiento, pues presumible-mente su buzón había sido vandalizado. Adujo que Hogares Crea tenía buenas defensas. No las especificó. Simplemente se limitó a alegar que “la parte demandada tiene defensas que oponer a la demanda y las mismas son meritorias, por lo que entiende se debe dar una oportunidad para establecer sus defensas y en esta forma servir mejor a los intereses de la justicia”. Apéndice VI, pág. 9. Importaciones se opuso. El tribunal se negó de plano. Subsiguientemente, el licenciado Méndez Correa renunció. Fue sustituido por el abogado Francisco J. Silva, quien reiteró el pedido de Hogares Crea. El tribunal nuevamente reafirmó su negativa.

Inconforme, el 13 de agosto de 1986, Hogares Crea acudió ante este foro y señaló que el tribunal a quo había abusado de su discreción. El 4 de septiembre siguiente negamos el re-curso, dictamen que reiteramos el 3 de noviembre de ese año. Evaluamos ahora una segunda moción de reconside-ración.

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Indudablemente que el licenciado Méndez Correa, abogado original de Hogares Crea no fue del todo diligente en la tramitación del caso. Omitió realizar y adoptar medidas apropiadas para asegurar el recibo regular e ininterrumpido de las notificaciones del tribunal, incluso la relativa al señalamiento de 6 de febrero de 1986. Su propia excusa en el sentido de que su buzón era frecuentemente vandalizado, demuestra una indiferencia peculiar. Ante esa experiencia, ¿por qué no tomó medidas cautelares para evitarlo o no cambió el lugar del recibo de su correspondencia? La Regla 9 de Procedimiento Civil impone a todo abogado el deber de consignar su dirección y notificar cualquier cambio a la parte contraria y al tribunal. Insito en este mandato está que el medio seleccionado sea adecuado, seguro y efectivo. Es “menester crear conciencia de lo necesario e imprescindible que resulta para el buen funcionamiento de la Rama Judicial la observancia de esa sencilla gestión. El presente recurso, su atención por este foro, los gastos forenses y costos judiciales que su omisión ha generado, es ejemplarizante del valor que representa para toda nuestra clase togada el cumplimiento de ese deber. Debemos estimular su observancia”. Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700, 704 (1985). Contra esta dejadez forense y realidad procesal es que Hogares Crea nos solicita que dejemos sin efecto la sen-tencia.

Por su parte, Importaciones se opone basándose en lo establecido en Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 457 (1974). Allí establecimos, “[c]omo norma general, cuando un demandado haya dejado de comparecer a un señalamiento sin que aparezca [n] en el récord razones que justifiquen o expliquen tal incomparecencia, como sucedió en este caso, el tribunal debe continuar la vista con la prueba del demandante y dictar sentencia como corresponda”. (Énfasis suplido.) Resolvemos.

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El tribunal de instancia actuó correctamente al ventilar el caso en rebeldía y dictar sentencia ante la no explicada e in-justificada ausencia de Hogares Crea y su abogado. Refren-damos su actuación al amparo de la pauta trazada en Fine Art Wallpaper v. Wolff, supra. Ahora bien, no podemos con-venir con su negativa ulterior a dejar sin efecto la sentencia en las circunstancias del caso bajo la Regla 49.2 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 49.2.

En Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978) expresamos:

. . . [S]i bien la Regla 49.2 no es una llave maestra para reabrir a capricho un pleito ya adjudicado, el inciso 6 de dicha Regla es amplio para permitir que se corrija un error a todas luces injusto. Somos Tribunal de Justicia y aunque la Justicia se pinta ciega, como símbolo de su imparcialidad, los Tribunales que la imparten deben tener los ojos bien abier-tos para impedir que ella se frustre. Cuando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que aprisionen los remedios justos. Para ese fin está el citado inciso 6 de la Regia 49.2, y los hechos ante nos justifican su aplicación. (Énfasis suplido.)

Estos pronunciamientos recogen la visión jurisprudencial de vanguardia en lo que atañe al ideal de que los casos se ventilen en sus méritos. No es incompatible con Fine Art Wallpaper v. Wolff, supra. Más bien representan la base para los tribunales discrecionalmente evaluar cada solicitud de relevo de sentencia u orden, e imponer primero sanciones a la parte, al abogado o a ambos, dependiendo de quién verdadera-mente ha causado y es responsable del dictamen judicial fun-dado en una sanción. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817 (1980); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787 (1974).

En Srio. del Trabajo v. Mayagüez O. M. Club, 105 D.P.R. 279, 283 (1976) expresamos:

Ciertamente nos preocupa, y siempre nos ha preocupado, que la indolencia de una o de ambas partes en un litigio pueda frustrar el propósito de que se haga justicia rápida. Nuestras decisiones han estado dirigidas a fortalecer el poder de las Salas de instancia para aligerar los procedimientos, si necesario fuere mediante la drástica sanción de decretar la desestimación y archivo de la demanda de la parte actora y, según sea el caso, eliminar las alegaciones de la parte de-mandada, declararla en rebeldía y resolver la causa en su contra. No vamos a aflorar esa norma en lo más mínimo. Pero tiene por necesidad que aplicarse en cada caso conforme a sus particulares hechos y perspectivas. (Énfasis suplido.)

El enfoque no es nuevo. La imposición de sanciones para beneficio de las partes o el Estado, o ambos —en sus distintas modalidades— representa la solución judicial al eterno conflicto en que se debaten dos legítimos intereses: el procesamiento rápido y económico de las controversias frente a una adjudicación justa, preferiblemente en sus méritos. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 1. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 506-507 (1982); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971).

IV

Hogares Crea, como institución, merece el beneficio de esta visión. Su incomparecencia no fue producida directamente por su culpa. Aunque pudiera imputársele, se debió a las omisio-nes de su abogado, licenciado Méndez Correa. Con anteriori-dad a este incidente, este letrado no había mostrado en el caso rasgos previos de negligencia en su gestión profesional. Por ende, Hogares Crea no podía anticipar' su incomparecencia a juicio.

Aunque el licenciado Méndez Correa fue relevado de su gestión profesional, la Regla 44.2 de Procedimiento Civil es fuente reglamentaria suficientemente amplia para imponerle, como abogado original de Hogares Crea, una sanción económica ascendente a $1,000 para beneficio del Estado. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986). También es apropiado imponer una sanción de $500 en provecho de Importaciones a ser satisfecha por Hogares Crea, por concepto de honorarios de abogado y costas. Ambas medidas son proce-dentes. La demandante Importaciones ha experimentado gas-tos e inconvenientes por esta situación. También la maquina-ria judicial en primera instancia y apelación se ha visto afectada. Ha tenido que invertir tiempo valioso e incurrir en trámites adicionales. Aunque Hogares Crea inicialmente se movió rápido para solicitar la reapertura del caso, no es hasta más tarde, que en una etapa adelantada en alzada, por vía de reconsideración, procede a acreditar la existencia de ciertas pruebas en que intentan basar algunas de sus alegadas de-fensas. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. Antes no lo hizo.

Hace más de medio siglo, en Sierra v. P. Longo & Co., 45 D.P.R. 807, 811-812 (1933), sostuvimos que “[a]lgo debe sufrir la parte que obtiene el beneficio [de relevo de senten-cia]. El demandante hizo uso de un derecho que la ley y la jurisprudencia le reconocen de consuno al pedir la anotación de rebeldía y el registro de la sentencia, y al sostener luego el reconocimiento de su derecho por parte del secretario y de la corte. Pudo la corte de distrito y debió, dadas las circuns-tancias que en el caso concurren, imponer como condición para acceder a lo solicitado el pago de una suma razonable —cin-cuenta dólares, a nuestro juicio— como reintegro de las costas, gastos y honorarios de abogado en que incurriera el deman-dante”.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto, se dictará sentencia y se dejará sin efecto la del Tribunal Superior, Sala de San Juan fechada 13 de marzo de 1986, siempre y cuando —en o antes de diez (10) días computados desde la remisión de nuestro mandato— el licenciado Méndez Correa y Hogares Crea, Inc., satisfagan en el foro de instancia las sanciones aquí impuestas como condición para este relevo de sentencia. Transcurrido dicho término sin haberse cum- plido las mismas, quedará automáticamente reinstalada la sentencia de 13 de marzo de 1986.

El Juez Asociado Señor Rebollo López

—cónsono con el criterio disidente que expresara en ocasión de que el Tribunal denegara la primera moción de reconsideración presentada por Hogares Crea, Inc.— está conforme con que se deje sin efecto la sentencia recurrida. Igualmente entiende procedente la imposición de una sanción económica al abogado original de Hogares Crea, Inc. Disiente, sin embargo, de la imposición de la sanción económica a Hogares Crea, Inc., por cuanto en-tiende que al dicha parte no ser responsable de la actuación de dicho abogado —situación que acepta la propia opinión emi-tida por el Tribunal— no hay base legal para imponerle la referida sanción.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibieron. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

         Dispone:
      “El Juez dirigirá los trabajos del tribunal con orden y decoro y estará alerta contra todo proceder que pueda afectar la dignidad y el respeto de-bidos al tribunal. Intervendrá para impedir cualquier conducta impropia de las partes, los abogados o cualquier otra persona, y tomará la acción que en su discreción proceda de acuerdo con la ley, los cánones de ética profesional y las mejores tradiciones del sistema judicial.

      “En el curso de los procedimientos judiciales, el Juez mantendrá su ac-titud general, sus manifestaciones y el tono de su voz dentro de la debida propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o severidad excesivas. Tampoco hará comentarios ni gestos ajenos al proceso judicial, entendién-dose comprendidos dentro de esta prohibición aquellos comentarios, expre-siones o gestos que envuelvan burla o mofa; ni ridiculizará de modo alguno a los abogados, las partes, los testigos, los funcionarios del tribunal o a otras personas que a él acudan.

        “Cuando sea■ necesario, el Juez podrá elogiar o censurar la conducta de los abogados pero, hasta donde sea posible, deberá hacerlo desde el estrado o en sus resoluciones o sentencias y siempre con la debida moderación y ecua-nimidad.” (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, C. XVII.

      De la transcripción de evidencia se desprende que uno de los testigos presentes vino- de Costa Rica. Desconocemos si declaró.

      En esta ocasión, Hogares Crea cuestionó el hecho de que el testigo de la demandante Importaciones viniera a la vista desde Costa Rica. Insis-tió además que su incomparecencia se debió a que nunca fue notificada. Otra vez afirmó que poseía prueba documental y testifical que categórica-mente establecía que no debía suma alguna de dinero, y por el contrario, era Importaciones la que le adeudaba. Su moción no fue acompañada con decla-ración jurada ni ningún otro documento en su apoyo.

       La petición consta de catorce (14) páginas. En la misma Hogares Crea nos expuso que, “[a) e]rró el ilustrado tribunal de instancia al optar por tomar una medida tan severa como lo fue de celebrar la vista el 6 de febrero de 1986 sin la comparecencia de la parte demandada-recurrente, no empece a sus diligentes gestiones, en vez de considerar e imponer aquellas sanciones que para estas situaciones permiten las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 [; b) e]rró el . . . tribunal al dar por conclu[i]do el caso que aquí nos ocupa sin tomar en consideración los planteamientos esbozados en la Moción de Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2 referentes a la justa y meritoria causa de acción a favor de la parte demandante, ocasionándole así graves perjuicios”.
      Otra vez Hogares Crea dejó de presentar documentos que tendieran a indicar la existencia de las alegadas defensas válidas y meritorias.
      Sobre sus defensas y reclamaciones se limitó a señalar: “El segundo planteamiento que se expone en la moción bajo la regla 49.2 es el interés que tiene la parte demandada-recurrente de presentar su caso. La parte aquí compareciente tiene la prueba necesaria para establecer en su día las de-fensas y alegaciones que se han planteado en la contestación a demanda y en la reconvención. La prueba que en su día se presentará gira en tomo a establecer que de acuerdo al contrato que fuera firmado por las partes en-vueltas el día 8 de julio de 1980, expone en la cláusula CUARTA lo relacio-nado a un descuento del precio de las bolsas en concepto de donativo para Hogares Crea, Inc. También se establecerá [n] las demás partidas en la Reconvención.”

      En 8 de octubre de 1986, por primera vez Hogares Crea produjo documentación con el aparente propósito de apoyar su teoría de que había pagado la deuda reclamada conforme el contrato. Se trata de una certifica-ción suscrita el 7 de octubre de 1986 por un contador público autorizado, que contiene un análisis basado en más de cien (100) facturas y cheques du-rante los años 1980 a 1984. Se acompañaron fotocopias de tales documentos.
      Al proveerse no ha lugar a esta primera reconsideración, el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López consignó que reconsideraría, expediría el auto y dictaría sentencia “ordenando la reapertura del caso, permitiéndosele a la parte recurrente contrainterrogar al testigo presentado por la parte deman-dante y presentar prueba en apoyo de sus alegaciones; ello previo el pago de una sanción económica de $1,000.00 a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el Ledo. Gerardo Méndez Correa, abogado original de la parte recurrente”. Resolución nuestra de S de noviembre de 1986.

       Desde Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 830 (1962), habíamos dicho:
      “. . . [N]o toda actitud o posición que asuma el abogado en el curso del trámite debe perjudicar de inmediato al ciudadano que litiga en el sen-tido de privarle de la adjudicación en los méritos de sus derechos. De ordina-rio la parte que ejercita su derecho en corte no está informada de los trá-mites rutinarios. Si bien es cierto que el abogado es su representante y que su gestión la obliga, —un litigante asume la responsabilidad de su selección y no podría escapar las consecuencias de la cosa juzgada, por ejemplo, por-que su abogado no hizo los planteamientos propios,— en otros aspectos de la gestión, como el de autos, la responsabilidad primera hacia el tribunal, como su funcionario que es, es del abogado.” (Énfasis suplido.)

      En Monitor & Co. v. Hutchison, 18 D.P.R. 898, 894 (1912), declara-mos que “[cjuando la condición impuesta por la corte al anular su propia sentencia, no ha sido cumplida por la parte a quien se impuso dicha condi-ción, la corte tiene la facultad de dejar sin efecto la orden anulando [sic] su sentencia, restableciendo así las cosas al ser y estado que tenían antes de haberse dictado dicha orden”.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Departamento de Recursos Naturales, demandante y recurrente, v. Enrique Correa, demandado y recurrido.

      Número: CE-86-140

      Resuelto: 15 de abril de 1987

      Demetrio Fernández, abogado del recurrente; Harry N. Padilla Martínez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos plantea en este recurso si un empleado público, con nombramiento transitorio, tiene un interés legítimo de reten-ción en el empleo una vez expirado el término de su designa-ción.

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En septiembre de 1977 el recurrido Enrique Correa fue nombrado empleado provisional en el Departamento de Re-cursos Naturales bajo el programa federal del Comprehensive Employment and Training Act (conocido como el Plan CETA), Pub. L. Núm. 93-203, 87 Stat. 839. Su nombra-miento expiró en junio de 1978, pero fue prorrogado, también con carácter provisional, con fondos federales del Plan CETA. Aunque se le había ofrecido un puesto permanente, en julio de 1978 recibió nombramiento transitorio, con cargo a fondos estatales. El señor Correa continuó recibiendo nombramientos transitorios, siempre a término fijo. La última renovación de su contrato transitorio se hizo el 3 de diciembre de 1982; el mismo expiró el 31 de marzo de 1983 y no fue renovado.

Inconforme, el señor Correa acudió ante la Junta de Ape-laciones del Sistema de Personal (J.A.S.A.P.) donde alegó que su separación del empleo fue producto de una actuación ilegal, caprichosa y arbitraria del Departamento de Recursos Natu-rales. J.A.S.A.P. concluyó que el recurrido tenía una expecta-tiva real de retención en el empleo y que fue separado del ser-vicio por razones ajenas al mérito. Ordenó se le restituyera en el puesto transitorio que ocupaba y que además, dada la ex-pectativa de retención en el empleo, se iniciaran los trámites pertinentes para extenderle un nombramiento regular al re-currido.

El Tribunal Superior no expidió el auto de revisión solici-tado por el Departamento de Recursos Naturales, quien acudió ante nosotros mediante solicitud de certiorari. Acordamos re-visar y ahora revocamos la decisión de J.A.S.A.P.

II

Un empleado público tiene un reconocido interés en la retención de su empleo, si dicho interés está protegido por ley o cuando las circunstancias del empleo le crean una expectativa de continuidad. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 852 (1978); Morales Narváez v. Gobernador, 112 D.P.R. 761, 767 (1982).

La Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq., aprobada el 14 de octubre de 1975, establece dos categorías básicas de empleados públicos: de carrera y de confianza. 3 L.P.R.A. see. 1349. Los empleados de carrera ingresan al sistema mediante un proceso de reclutamiento y se-lección que ofrece la oportunidad de competir a toda persona cualificada que interese ingresar al empleo público. 3 L.P.R.A. see. 1333. Si completa satisfactoriamente el período probato-rio, el empleado adquiere status de empleado regular de ca-rrera. 3 L.P.R.A. see. 1333 (10). A este tipo de empleado se le provee seguridad en el empleo, y se le puede destituir sólo por justa causa y previa formulación de cargos. 3 L.P.R.A. see. 1336. Por el contrario, los empleados de confianza serán de libre selección y remoción. 3 L.P.R.A. see. 1350. Además de estas dos categorías de empleados, la Ley de Personal provee para el nombramiento de personal transitorio. 3 L.P.R.A. sees. 1333(12) y 1336(9).

Bajo la anterior Ley de Personal, se permitía el nombramiento de personal en puestos transitorios, por un término que no excediera un año. La autorización para la creación de puestos transitorios tenía por objeto proveer un mecanismo “para atender las necesidades de personal adicional temporero, en situaciones de aumentos periódicos en el volumen de trabajo, actividades de corta duración, y sustitución de empleados regulares en uso de licencia”. Oficina de Personal, Circular Núm. 83 de 11 de marzo de 1958. La esencia del nombramiento transitorio es su duración fija. Responde este tipo de puesto a la necesidad de brindarle a las agencias y departamentos del gobierno flexibilidad para atender las demandas de personal con carácter inmediato, pero a la vez temporero, surgidas por situaciones imprevistas o de emergencia, las cuales no pueden afrontarse con el personal regular. Véanse: Oficina de Personal, Circular Núm. 126 de 30 de junio de 1969; Opinión Núm. 1973-31 en Opiniones Srio. Justicia P. R. 164 (1973); Oficina Central de Administración de Personal, Carta Normativa Núm. 5-76.

La vigente Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1301 et sea., recoge estos principios y establece que “[l]as personas nombradas en puestos de duración fija tendrán status transitorio. La duración de estos nombramien-tos corresponderá al periodo por el cual se cree el puesto”. (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. see. 1333 (12).

Según el Reglamento de Personal, los empleados con nombramiento transitorio no se consideran empleados de carrera, y “ [n] inguna persona que haya recibido nombramiento transitorio podrá ser nombrada para desempeñar puestos en el servicio de carrera con status probatorio o regular a menos que haya pasado por el proceso de reclutamiento y selección que establece la Sección 4.3 de la Ley [de Personal]”. Reglamento de Personal: Administración Central, See. 7.9. Esto responde a que el reclutamiento de personal transitorio no sigue el trámite regular de reclutamiento y selección de personal de carrera. “El proceso de reclutamiento y selección para los aspirantes a nombramientos transitorios consistirá en una evaluación de los candidatos a los únicos fines de determinar si reúnen los requisitos mínimos establecidos para la clase de puesto en la cual habrán de ser nombrados.” Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, See. 7.9. Dado que los empleados transitorios son nombrados para atender necesidades de personal imprevistas o de emergencia, se utiliza un procedimiento especial que agiliza el reclutamiento y selección del personal necesario.

Este Tribunal ha tenido pocas oportunidades de expre-sarse sobre la naturaleza jurídica del puesto transitorio.

En Pacheco v. Srio. Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592 (1979), al determinar si los maestros provisionales, sustitutos y temporeros, quienes eran contratados de año en año, debían considerarse maestros en servicio activo a los fines de la Ley Núm. 25 de 3 de junio de 1960 (18 L.P.R.A. sec. 249d), expresamos que:

Ninguna persona tiene un derecho absoluto a que se le nombre en un cargo público. Véase Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408 U.S. 564, 577-578 (1972). Los maestros contratados para un determinado curso escolar es-tán en servicio activo mientras estén vigentes sus contratos, como están en servicio activo los maestros contratados per-manentemente y probatorios durante los dos años de servicio continuo para los que son nombrados. Al expirar el contrato de un maestro nombrado por un año, deja éste de estar en servicio activo hasta que se le extienda un nuevo contrato. (Énfasis suplido.) Pacheco v. Srio. Instrucción Pública, supra, pág. 600.

En aquellos casos en que un empleado transitorio es cesanteado antes de vencerse su nombramiento, hemos reconocido que la autoridad nominadora viene obligada a seguir el procedimiento de cesantías establecido en la See. 9.3 del Reglamento de Personal. Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822 (1982); Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177 (1983). Este reconocimiento obedece a que el principio de mérito cobija a todos los empleados públicos, y a que la retención en el empleo es una de las áreas esenciales del mérito. 3 L.P.R.A. see. 1312.

Si bien la Ley de Personal define un puesto transitorio en función de su duración limitada, el principio de mérito obliga a que durante la vigencia del nombramiento se le reconozca al empleado una legítima expectativa de retención. Delgado v. D.S.C.A., supra, págs. 184, 190. No obstante, si vencido el término del nombramiento no se le extiende al empleado uno nuevo, no estamos ante una suspensión o destitución sino ante una cesantía en el cargo. Martínez v. Colom, Comisionado, 51 D.P.R. 417, 421 (1937).

Examinada la Ley de Personal, el reglamento y el historial legislativo de esa medida, concluimos que un nombramiento transitorio genera expectativa de retención en el empleo sólo durante el término del nombramiento. Ante el claro mandato legislativo, resulta inescapable concluir que bajo las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público un empleado transitorio no goza de derecho a permanencia en su puesto ni tiene expectativa legítima de retención en el mismo una vez ha vencido el nombramiento. Véase también Cheveras Pacheco v. Rivera Gonzalez, No. 86-1428, slip op. (1er Cir. enero de 1987).

Como la ley no le reconoce un derecho de retención en su empleo al señor Correa, debemos examinar si las circunstan-cias particulares de su empleo le crean una legítima expecta-tiva de continuidad.

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Antes de ingresar al Departamento de Recursos Naturales el señor Correa llevaba seis años trabajando para la Policía de Puerto Rico donde ocupaba una plaza de carrera. Renunció a ese puesto al ser reclutado por el Departamento de Recursos Naturales. Como ya señaláramos, ocupó una plaza transitoria, pero con el ofrecimiento de que la misma sería convertida en permanente. Apoyado en ese ofrecimiento y en lo resuelto por este foro en Lupiáñez v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696 (1977), el recurrido reclama tener una expectativa de reten-ción en el empleo. Alega además, que los seis años trabajados para la Policía más los cinco años en Recursos Naturales de-muestran que ha hecho del servicio público la vocación de su vida, lo que también le da una expectativa de continuidad en su empleo. No le asiste la razón.

Las circunstancias de empleo del recurrido son claramente distinguibles de las que nos llevaron a reconocer en Lupiáñez v. Srio. de Instrucción, supra, que existía una legítima expec-tativa de que el puesto que desempeñaba se convertiría en permanente.

Si bien se le había ofrecido una plaza permanente, al señor Correa se le nombró empleado provisional especial bajo el Plan CETA. Este programa federal tenía como objetivo el promover el reclutamiento y entrenamiento de personas en áreas de alto desempleo con el ñn de capacitarlos para compe-tir en el mercado de trabajo. En el área particular de empleo público, el Plan CETA ofrecía ayuda económica para la crea-ción de puestos transitorios en los cuales personas desemplea-das pudieran recibir algún tipo de entrenamiento que les fa-cilitara más adelante ingresar en otros empleos no auspiciados por el programa. Pub. L. Núm. 93-203; 87 Stat. 850. (Énfasis nuestro.) Indiscutiblemente, durante el tiempo en que el señor Correa estuvo empleado bajo el Plan CETA no podía abrigar una expectativa real de retención. El programa federal dispo-nía para puestos transitorios cuyo fin primordial era el en-trenamiento de individuos y no la creación de plazas perma-nentes.

De empleado provisional especial bajo el Pían CETA, el señor Correa pasó a ser empleado transitorio, según las dis-posiciones de la Ley de Persona], y a cobrar de fondos estata-les. Sus nombramientos bajo el Plan CETA y sus posteriores nombramientos transitorios siempre fueron a término fijo y claramente especificaban la fecha de vencimiento. Incluso, en la carta mediante la cual se le extendió su último nombra-miento transitorio, se le incluyó la siguiente advertencia: “ [a] provecho la oportunidad para recordarle que su nombra-miento es de carácter transitorio y el mismo no le da derecho a obtener nombramiento en un puesto regular.”

No cabe duda de que el ofrecimiento de un puesto de carrera fue sólo una promesa que no estuvo acompañada de trámite o gestión alguna dirigida a efectivamente concederle permanencia. El simple ofrecimiento de una plaza permanente sin actos por parte de la agencia que inequívocamente evidencien un acuerdo de convertir el ofrecimiento en realidad, no puede ser suficiente para conferir al recurrido algo más que una expectativa unilateral de retención en el empleo. Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593, 601-602 (1972); Board of Regents v. Roth, supra, pág. 577; Wells v. Bd. of Regents of Murray State University, 545 F.2d 15 (6to Cir. 1977); Bertot v. School District No. 1, Albany County, Wyo., 522 F.2d 1171 (10mo Cir. 1975). Por el contrario, el recurrido era consciente de que la plaza que ocupaba era una transitoria, y a término fijo. Haimowitz v. University of Nevada, 579 F.2d 526 (9no Cir. 1978). El que ostenta un nombramiento transitorio, con el conocimiento de que el mismo vence transcurrido el término para el cual fue expedido, no puede sostener válidamente que tiene una expectativa real de que dicho tipo de nombramiento le brinda permanencia en su empleo o derecho a que el mismo se le extienda constantemente.

En cuanto al argumento de haber hecho del servicio público su vocación, reiteramos que "el mero hecho de ocupar una posición por un prolongado período de tiempo no crea por sí solo un interés propietario .". Morales Narváez v. Gobernador, supra, pág. 768 (1982); Bollow v. Federal Reserve Bank of San Francisco, 650 F.2d 1093 (9no Cir. 1981).

No existen, pues, en este caso las circunstancias que ame-riten se reconozca una real y legítima expectativa de retención de empleo por parte del recurrido.

IV

Ya que ni la ley ni las circunstancias del caso apoyan el reclamo de retención de empleo del recurrido, procede revocar la decisión de J.A.S.A.P. Expirado el término de un nombramiento transitorio, la agencia no viene obligada a demostrar justa causa para no renovar el nombramiento.

Finalmente, deseamos expresar nuestra preocupación por el uso del nombramiento de empleados transitorios para desempeñar funciones que propiamente corresponden a una plaza de carrera. Este ha sido un medio tradicionalmente utilizado por las agencias para no someter a los candidatos a empleo público al proceso cualificador y competitivo que caracteriza y fortalece al sistema de mérito. En muchos casos estos nombramientos se han utilizado para desempeñar por prolongados períodos de tiempo funciones que correspondían a puestos regulares, estableciéndose así una estructura paralela al sistema consagrado en la Ley de Personal. El efecto de esta práctica sobre el sistema de mérito es devastador e impermisible.

Con esta decisión fortalecemos el principio de mérito en la administración pública de nuestro país. Permitir que una persona nombrada a un puesto transitorio, al margen de los mecanismos de reclutamiento y retención provistos por el Reglamento y la Ley de Personal, adquiera permanencia en un empleo, destruiría el principio de mérito y sería contrario a los intereses y necesidades de nuestro país. Hoy le damos continuidad a la historia del servicio civil en Puerto Rico y reafirmamos nuestra obligación de hacer cumplir las leyes.

Por los fundamentos expuestos, la decisión de la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal será revocada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

      No debe confundirse la categoría de empleado transitorio con la de empleado irregular. Al aprobarse la vigente Ley de Personal del Servicio Público, expresamente se dispuso que en lo relativo al empleo del personal irregular del gobierno, continuará en vigor la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 711 et seq. La Ley de Personal Irregular contempla el que un empleado irregular adquiera categoría de em-pleado regular, si cumple con los siguientes requisitos: (1) haber prestado servicios continuos por tres años en una agencia del gobierno del Estado Libre Asociado; (2) poseer los requisitos mínimos de preparación y expe-riencia establecidos para la clase de puesto a la cual se asignen las funciones que venía desempeñando, y (3) que el jefe de la agencia en la cual presta sus servicios verifique que sus servicios han sido satisfactorios. 3 L.P.R.A. see. 711g.

      Esta ley le reconoce el derecho a los maestros de escuelas públicas de participar en actividades políticas y a ser candidatos a cargos electivos, y además reglamenta dicha participación política. 18 L.P.R.A. sec. 249a et


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Carmen Sánchez Rodríguez, etc., demandantes y peticionarios, v. Antonio López Jiménez, etc., demandados y recurridos.

      Número: CE-86-520

      Resuelto: 20 de abril de 1987

      Maritza Pagan de Joglar, de Dávila & Pagan, abogada de los pe-ticionarios ; Carlos R. Ríos Gautier, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso acorta el largo y tortuoso camino judicial iniciado por un hijo para vindicar sus derechos hereditarios frente a sus familiares más inmediatos y terceros. Confiamos que esté próximo a terminar su travesía y pueda lograr cum-plida justicia. En esa tarea, “ [p] ara darle a cada uno lo suyo, para hacer justicia, deberán seleccionarse cuidadosamente los elementos a emplear. Así como al realizar una escultura no puede utilizarse un cortafierro cuando resulta adecuado un cincel, ni viceversa, en la función judicial tampoco debe olvi-darse esta regla: la herramienta (el lenguaje) deberá selec-cionarse en función de la materia a tratar (la relación jurí-dica). Todo ello conformará y devendrá, simultáneamente, en y desde un método, camino necesario para analizar la reali-dad, y luego de ello conceptualizarla para arribar más tarde a la meta que será, en nuestro caso, realizar la justicia”. J. E. Leonetti, El llamado “mundo jurídico” y la realidad, 1984-A Rev. Jur. Arg. La Ley 364 (1984).

I

Los antecedentes procesales y fácticos del recurso fueron objeto de nuestra decisión emitida en Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985). Su génesis fue una venta ilegal y fraudulenta de la mitad pro indiviso de un in-mueble del caudal hereditario del causante Obdulio Correa Rodríguez —fallecido el 2 de noviembre de 1955— en per-juicio de su hijo coheredero Obdulio Correa Sánchez. La com-parecencia espuria en su ejecución instrumental fue producto del abogado notario José R. Fournier. Con el conocimiento y consentimiento de Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa —viuda e hija respectivamente'del causante Co-rrea Rodríguez— y de los compradores esposos Antonio López Jiménez y Margot Felices Saenz, se hizo figurar al fallecido otorgante de la Escritura Pública Núm. 212 fechada 16 de agosto de 1955, y así aparentar que la venta fue anterior a su muerte. Para ello se falsificó su firma con la intervención activa y fraudulenta del notario José R. Fournier.

Décadas después se descubrió el fraude. El 4 de septiem-bre de 1981, Correa Sánchez demandó a su madre, hermana y a los compradores. Al tiempo enmendó la demanda para in-corporar como codemandantes a esos familiares. Subsistieron como demandados los compradores esposos López-Felices. Estos reconvinieron contra la hermana y madre del deman-dante Correa Sánchez por su participación en el fraude. El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, el 13 de abril de 1984, declaró con lugar la demanda principal del perjudicado Co-rrea Sánchez contra los compradores esposos López-Felices. Decretó nulo el negocio jurídico por causa ilícita imputable a todos los contratantes. Como consecuencia, negó remedio a la viuda e hija contra los compradores y viceversa. Desestimó las restantes reclamaciones.

Nuestra decisión, si bien confirmó esa sentencia, la modi-ficó y ordenó la continuación de los procedimientos. En lo per-tinente resolvimos: “No debe confundirse el impedimento ipso jure de las partes contratantes declaradas incursas en ilicitud o torpeza de causa para repetir —como pretendían las codemandantes Sras. Sánchez Rodríguez y Correa Sánchez— con la capacidad de reclamarse recíprocamente responsabili-dad frente a un tercero que no fue parte en la transacción ilegal.”

Así las cosas, el 23 de junio de 1986, el tribunal de instan-cia dictaminó que Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa Sánchez tenían que responder a los esposos López-Fe-lices de todo lo que éstos tuvieren que satisfacer a Obdulio Correa Sánchez. Inconformes, a solicitud de ellas concedimos término a los recurridos López Jiménez, et al., para que mos-traran causa por la cual no debíamos modificar esa resolución y decretar que la responsabilidad de Carmen Sánchez Rodrí-guez, Carmen Belén Correa Sánchez, Antonio López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz —frente a Obdulio Correa Rodríguez— es solidaria y por ende, en su relación interna, debe ser dividida en tres partes iguales. Los recurridos López Jiménez, et al., han comparecido.

En esencia, éstos propugnan la tesis —con vista a la tota-lidad de la prueba— que la conducta de Antonio López Jimé-nez fue “relativamente pasiva”, y por ende, no debe ser res-ponsabilizado, en unión a las peticionarias, por partes iguales. A su vez, contrario a nuestras decisiones previas, argumentan y sostienen que la participación de Antonio López Jiménez en el negocio jurídico fue bona fide, inducido y engañado por la conducta del Lie. José R. Fournier.

I — i HH

Deslindemos el horizonte decisorio. No nos corresponde en esta etapa reexaminar nuevamente aquellos planteamientos de las partes que con anterioridad fueron adjudicados por el foro de instancia y este Tribunal. Esos derechos y responsabilidades gozan de las características de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de la Ley del Caso. No pueden revisarse. Candelaria v. Mun. de Ceiba, 114 D.P.R. 155, 156-157 (1983); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 94 (1974); Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 29-30 (1971); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967); Martinez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 552, 555 (1949).

Ante este marco jurídico —adjudicada previamente la controversia relativa a la responsabilidad solidaria de las pe-ticionarias y el recurrido López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz frente a Correa Sánchez— sólo nos incumbe resolver, por vía de aclaración, la extensión de' dicha responsa-bilidad en la dimensión interna a la luz de la conducta especí-fica, participación e intervención de las partes.

HH t — í

El planteamiento toca una de las áreas más fasci-nantes del derecho, a saber, el llamado acto ilícito culposo. Afortunadamente han quedado atrás los debates doctrinales y judiciales. Hoy la conclusión, casi universal, es la existen-cia de solidaridad cuando varias personas intervienen o coope-ran en la realización de un daño. En tales circunstancias cada uno queda obligado personalmente por razón de su propia culpa. F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, págs. 81-86.

El principio de la solidaridad es de viejo cuño. Su origen se remonta al siglo XVIII con la teoría de Pothier, Des obligations (Oeuvres, ed. 1825, T. I, Núm. 268), según la cual los que han “ ‘concurrido a un delito civil, están todos obliga-dos solidariamente a la reparación. No pueden oponer ninguna excepción ... de división, siendo indignos de ella’ ”. M. Albala-dejo, Sobre la solidaridad o mancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito común, 16 An. Der. Civ. 345, 351 n. 6 (1963).

La solución no puede ser más justa. Desde comienzos del siglo XIX autores como Giorgi, Maroi y Venezian ya aludían al hecho dañoso que tiene por causa una deliberación tomada de común acuerdo o intervención material de varios autores. De Cupis, por su parte, insistía en la unidad del acto, producto de un haz de actividades concurrentes subjetivamente distin-tas y con diversos sujetos. Albaladejo, op. cit., pág. 367 n. 25.

Ya en el siglo XX, no cabe duda de la universalización del principio de la solidaridad en materia de responsabilidad civil extracontractual. En Francia, autores como Mazeaud y Tune, Aubry y Rau, Carbonnier, Planiol y Ripert, Vincent, De Acu-tis, Rubino y Albertatario sintonizan con la corriente de pen-samiento que propulsa la responsabilidad colectiva de cuantos intervinieron en la inflicción del daño. Igual derrotero siguió la jurisprudencia de las cortes francesas. Soto Nieto, op. cit., págs. 81-83. En España la doctrina mayoritaria se mostró abiertamente en favor del reconocimiento de la solidaridad. Sólo Traviesas, Díaz Pairó y Albaladejo se apartan de la posi-ción mayoritaria. V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Có-digo civil y compilaciones fonales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1983, T. XV, Vol. 2, pág. 224; Albaladejo, op. cit., pág. 358. Pero fueron los italianos quienes lograron la expresión más refinada del principio de la solidaridad extra-contractual. A tal efecto, el Art. 2055 del Código Civil italiano expresa magistralmente que cada cocausante debe responder “en la medida de la gravedad de la respectiva culpa y de la entidad de las consecuencias derivadas de ella. En la duda las respectivas culpas se presumen iguales”. Igual postura asu-men los alemanes. Albaladejo, op. cit., págs. 374-375.

La complejidad emergente del concepto de “culpa”, con sus notables variaciones cualitativas y cuantitativas —en algunos casos infinitesimales— ha promovido la imposición de responsabilidad por partes iguales entre los cocausantes del daño en el derecho civil contemporáneo. Ante la imposibilidad de atribuir, a priori, la parte que cada uno de los partícipes ha tenido en la producción del daño, cada uno responde al perjudicado en su totalidad por el damnum, sin distinción de la intensidad o gravedad de sus respectivas culpas.

Carentes de suficientes determinaciones que permitan ha-blar de una proporcionalidad en la generación causal del he-cho, habrá de aceptarse un derecho de nivelación en el que se parta de una igualdad en las cuotas contributivas de los co-causantes. Soto Nieto, op. cit., pág. 92.

La distinción del género de actividad es importante. Tra-tándose de actuaciones independientes (objetivas), cuyos efec-tos dañosos tienen distinto origen, la imposición de solidaridad no es automática. La solución estriba en detectar la porción del daño atribuible a cada acción. Soto Nieto, op. cit, pág. 90; Albaladejo, op. cit., pág. 372.

De otra parte, cuando nos hallamos ante la presencia de cocausantes que han cooperado consciente y voluntariamente en la realización del acto dañoso, la solución se simplifica (uni-dad de acción). La jurisprudencia española se inclina decidi-damente en favor de la imposición de cuotas contributivas iguales cuando enfrentamos un acto ilícito culposo intencio-nal. En resumen, “ [c] uando nos hallamos ante la presencia de plurales causantes del hecho siniestral, y entre los mismos hubo unidad de acción, es decir, una cooperación consciente y querida, o bien se produjo unidad de resultado, al converger las varias actividades y originar de conjunto el damnum in-demnizable, sin posibilidad de atribución de porciones en su realización, la obligación de reparar in integrum pesa sobre todos los obligados, deviniendo insoslayable el surgimiento del vínculo solidario”. (Énfasis suplido.) Soto Nieto, op. cit., págs. 100-101.

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Bajo este panorama decisorio, no nos convence la tesis propuesta por los recurridos en alzada. La conclusión última que emerge de nuestra decisión en Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, pág. 177, es que al mediar concierto y pleno conocimiento de la ilicitud de la transacción llevada a cabo en la venta del 50% de un condominio pro indiviso explotado como motel, las peticionarias Carmen Sánchez, Carmen Correa y los recurridos López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz, “ [c] onsintieron y participaron activamente en la misma ... [1] a acogieron y promovieron hasta las últimas consecuencias”. En particular, López Jiménez, quien adquirió la cuota del inmueble, también ocultó reiteradamente todo el negocio simulado e ilegal a Obdulio Correa Sánchez.

En su justa perspectiva, y atendido el curso de conducta unitario de las partes en la consecución y ejecución espuria de la referida compraventa —y concertado silencio— tales ac-tuaciones no son susceptibles de ser medidas con rigurosa precisión en términos del efecto oneroso o intensidad. La natu-raleza de la trama nos impide cuantificarla. Como corolario es procedente la imposición de responsabilidad solidaria en cuo-tas contributivas iguales a los cocausantes del daño. Arts. 1091 y 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3102 y 3109. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191 (1973); Soto Nieto, op. cit, págs. 91-92; Guilarte Zapatero, op. cit, págs. 238-245, 347-348; Albaladejo, op. cit, págs. 372-376; L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Yol. 1, pág. 436; J. Cas-tán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. III, pág. 151; J. Caffarena La-porta, La Solidaridad de Deudores, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, pág. 253; J. Puig Brutau, Fundamentos de De-recho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, págs. 171-172; J. Manresa Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 1, págs. 525-526 Cf. Art. 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1272.

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Esta solución es justa. Se impone con miras a lograr una balanceada retribución y calificación de la responsabilidad de cada una de las partes. Después de todo, es innegable la con-clusión de que todos produjeron un resultado mediante una actuación conjunta y planificada, a tal punto, que transcu-rrieron más de veinte (20) años sin que pudiera descorrerse el velo de la confabulación y el engaño.

La pretensión de cualesquiera partes, especialmente López Jiménez, de eximirse de responsabilidad en el presente, so pre-texto de una supuesta intervención “pasiva” —que no encuen-tra apoyo en el récord— choca contra la más elemental noción de justicia que instintivamente posee el jurisprudente. Por su sabiduría, vale reproducir las siguientes expresiones de la ilustrada sala de instancia —con vigencia hoy— en ocasión de su dictamen original de 13 de abril de 1984:

Los hechos de este caso se remontan hasta la década del 1950. El tiempo transcurrido necesariamente hace que se afecte el recuerdo de las personas de lo realmente ocurrido hace casi tres décadas atrás. Ello dificulta grandemente el dirimir las múltiples controversias inmersas en esta acción.
No es ésta, sin embargo, la mayor dificultad. La ocultación voluntaria, tratando de evitar que aflorara a la luz pública una situación que envolvía actos ilícitos y en pugna con la ética profesional, y la desfiguración de la verdad por mucho tiempo, añaden obstáculos a nuestra labor. Aun hoy, después de intentar subsanar la gravedad y la impropiedad de la ac-tuación, voluntaria o involuntariamente, no se trae a la luz toda la verdad. Esta situación inesquivablemente crea una sobreabundancia de contradiciones entre uno y otro testigo, y a[u]n entre los testimonios vertidos por un mismo testigo en distintas fechas. Ello nos exige un esfuerzo adicional para buscar y rebuscar esa verdad aun allí donde se le quiere es-conder. Siempre hay el riesgo de la equivocación, propio de cualquier acto humano. Para evitarlo al máximo fuimos flexi-bles en la aplicación de las normas evidenciarías, evitando que el rigorismo impidiera conocer hechos que debíamos tener presentes en nuestra tarea adjudicativa.
A lo antes dicho hay que añadir la dificultad que se crea por el deseo de una parte de lucrarse más allá de lo que se tiene derecho, aprovechándose de la situación a la que se ve sometida la otra parte. Intentaremos por ello disponer de las controversias ponderando la ilegitimidad de algunas actua-ciones, sin permitir que impere lo que pudiera ser un enfoque ventajista del reclamo.
Resolver las cuestiones centrales en torno a las cuales gira esta acción es difícil también para cualquier juez, por las partes envueltas en el caso y por la forma en que el dictamen afecta la reputación de otras familias indirectamente aquí en-vueltas. Habrá siempre incomprensión, si [no] por los abo-gados, por partes, testigos y público en general, Éacia nuestra final determinación. Ello, sin embargo, no puede impedir que obviando escrúpulos personales emitamos el juicio que con-forme a nuestra conciencia judicial consideramos que es el que procede en el caso. Si surge incomprensión la tolerare-mos y la comprenderemos. Pero la anticipación de que ello va a ocurrir no será óbice para que dispongamos de lo que, conforme a nuestro humano criterio judicial, es la justicia del caso. (Escolio omitido.) Exhibit III, págs. A-5-A-7.

Recapitulando, ante la ausencia de prueba y la dificultad inherente de precisar todos los elementos tangibles e intangibles de la dinámica dolosa y continua en que incurrieron las partes, el ideal de mayor aproximación judicial queda sólo y plenamente satisfecho, mediante la aplicación de la fórmula general en que se apuntala, la doctrina vigente: solidaridad frente al perjudicado, y distribución en partes iguales en la relación interna de los deudores.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que expida el auto de certiorari y que modifique la resolución re-currida, a los únicos fines de establecer que la responsabilidad de las peticionarias Carmen Sánchez Rodríguez, Carmen Belén Correa Sánchez y el recurrido Antonio López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz deberá ser fijada a base de cuotas contributivas iguales, tomando como divisor los cuatro (U) protagonistas del drama.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       El tribunal de instancia estimó que la procedencia de la tercera re-convención de López Jiménez contra las peticionarias, tuvo el efecto de que éstas le respondiesen por la totalidad de lo que tuviera que pagar a Obdulio Correa Sánchez.
      Dicho análisis es incorrecto. Nuestro pronunciamiento al permitir tal reconvención, no hizo más que esclarecer el alcance de las reclamaciones de los codemandados entre sí (Carmen Sánchez, Carmen Belén Correa y López Jiménez), para responder frente a un tercero que definitivamente no inter-vino en la transacción ilegal. Resolvimos que dicha reconvención no contra-decía el principio de la causa ilícita o torpe ni impedía la repetición. En ese sentido, al reconocer que López Jiménez tenía una causa de acción por vía de repetición contra Carmen Sánchez y Carmen Belén Correa, no hicimos más que salvar la laguna procesal provocada por el proceder del demandante Obdulio Correa Sánchez de acumular a las peticionarias —que originalmente figuraban como demandadas— como demandantes. Ello perseguía que sólo López Jiménez, et al., figuraran como únicos demandados. La imposición de responsabilidad solidaria a dichas partes viabilizó dicha reconvención, sin que ello implicara, lógicamente, una imposición de responsabilidad total (100%) a las peticionarias Carmen Sánchez y Carmen Belén Correa. In-cuestionablemente, López Jiménez, por efectos de nuestra decisión, también incurrió en responsabilidad.

       Nuestra jurisprudencia proclama el principio de solidaridad entre los cocausantes del daño frente al perjudicado. Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985); Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 D.P.R. 279, 288 (1979); Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 405 (1969); Serralta v. Martínez Rivera, 97 D.P.R. 466, 470 (1969); Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714, 717 (1965); Marcano Torres v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 654, 659 (1965); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 581 (1964); García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951). Véase Díaz Bonilla v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 49 (1969).
      Respecto a la relación intema, en Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191, 206-208 (1973), hicimos una breve incursión en la jurisdicción norteamericana, y dijimos:
      “Sobre este particular señala Prosser que la mayoría de las jurisdic-ciones que reconocen el derecho a contribución entre los cocausantes de un daño siguen la norma de que ‘en la igualdad está la equidad’ (equality is equity); es decir, lo justo es repartir el efecto oneroso por partes iguales entre los cocausantes, sin tomar en cuenta gradaciones de negligencia entre ellos. Pero hay también algunas jurisdicciones que por ley o por jurispru-dencia han establecido la norma de que se distribuirá el efecto oneroso entre los cocausantes en proporción a sus respectivas negligencias. Prosser [op. cit.], pág. 810.
      “Apoyando la doctrina de las ‘cuotas iguales’ tenemos, entre otros, los siguientes casos .... En cambio, la doctrina de ‘cuotas proporcionales a la negligencia’ ha sido utilizada en ... . En la relación interna entre co-causantes de un daño, al lijar la proporción que en contribución o repetición tiene un cocausante contra el otro, nos parece más justa y razonable la norma que establece que el efecto oneroso entre los cocausantes debe distri-buirse en proporción a sus respectivas negligencias. [E]l repartir la carga económica del daño entre los cocausantes según sus distintos grados de ne-gligencia sería una aplicación concreta, un refinamiento que se acercaría más a la equidad absoluta.” (Énfasis suplido y citas omitidas.)
      La decisión de hoy en el caso de autos no afecta, sino esclarece esta doctrina en uno de sus extremos hasta ahora no pautados en nuestra juris-prudencia. Obviamente, los pronunciamientos en Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra, están basados en que allí existió y medió una determi-nación judicial de la proporción exacta de culpa de los cocausantes (75% y 25%). Esa cuantificación no está aquí presente.

       Entre éstas, cabe destacar las siguientes sentencias: de 2 de marzo de 1915, que impone responsabilidad solidaria por haberse llevado a cabo el acto dañoso por “acuerdo” de los autores; la de 25 de marzo de 1957 que enfatiza la “actuación unida y solidaria” en connivencia del defensor y padre de un menor para despojarle de bienes hereditarios “que no puede menos de engendrar, como queda expuesto, una responsabilidad de igual naturaleza si ha de ser garantizada la reparación del daño causado . . .”; la de 20 de mayo de 1959, que señala la responsabilidad solidaria de los demandados que “son igualmente responsables de las consecuencias de su conjunta y mala ges-tión . . .”, que se funda “en la existencia de dolo civil y cobro de lo inde-bido . . . por dolo se entiende todo complejo de malas artes, contrario a las leyes de la honestidad e idóneo por sí para sorprender la buena fe ajena generalmente en propio beneficio, tratándose por eso de un acto ilícito, en que viene a resumirse el estado de ánimo de aquel que no sólo ha querido el acto que constituye infracción al principio genérico del ‘alterum non leadere’, sino que también ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas de él provenientes ...”■, la de 20 de mayo de 1968, expositiva de que aquella negli-gencia imputable a más de un solo sujeto “sin que existan elementos que permitan hacer diferencias respecto de la participación de cada uno . . la de 20 de febrero de 1970, que advierte que “cuando los causantes y culpa-bles sean varios, sobre cada uno de ellos pesará la obligación solidaria de reparar íntegramente el daño, sin perjuicio de que, en la relación interna entre los mismos, la deuda se presuma dividida en tantas partes iguales como deudores haya, salvo que del texto de la obligación resulte otra cosa, conforme preceptúa el art. 1138”; la de 4 de mayo de 1973, que postula el origen de la solidaridad cuando concurren varios en la comisión de un acto ilícito civil y hay unidad de acción y resultado, y la de 15 de octubre de 1976, que proclama la explicación “teórica y pragmática” como la imposi-ción de responsabilidad solidaria, entre otras, como sanción por una íalta o acto ilícito, bajo el supuesto de que la negligencia es imputable a más de un solo sujeto sin que existan elementos que permitan hacer diferencias res-pecto de la participación de cada uno; todo ello con el ñn de garantizar la efectividad del remedio en virtud de la responsabilidad. Véase M. Albaladejo, Sobre la solidaridad o mancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito común, 16 An. Der. Civ. 345, 352-357 (1963).

      “Si del texto de las obligaciones a que se refiere la sección anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas dis-tintos unos de otros.” 31 L.P.R.A. see. 3102.

      “E1 pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obli-gación.
      “El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.
      “La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno.” 31 L.P.R.A. see. 3109.

       “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcionado a sus respectivas cuotas.
      “Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las por-ciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 31 L.P.R.A. see. 1272.

       Originalmente nuestra orden de mostrar causa intimaba que debería distribuirse entre tres (3).


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Vicente Fernández Mariño y Otros, demandantes y recurrentes, v. San Juan Cement Co., Inc. y Otros, demandandos y recurridos.

      Número: RE-86-74

      Resuelto: 22 de abril de 1987

      R. Elfrén Bernier de Bernier & Cuevas Segarra, abogado de los recurrentes; Héctor Cuébas Tañón, del Bufete Harold D. Vicente, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

I — i

Este caso se origina con una reclamación de daños y per-juicios por la muerte del menor Vicente Fernández García-Menocal. La demanda fue presentada el 18 de diciembre de 1975 por los familiares y sucesores del joven Fernández. En la demanda se alegó que Vicente Fernández García-Menocal pe-reció en un accidente mientras manejaba una bicicleta y que dicho accidente fue resultado de la negligencia del demandado, Ángel M. Otero Báez, quien conducía un camión propiedad de la codemandada San Juan Cement Co., Inc., mientras ac-tuaba en funciones de su empleo y para beneficio de su pa-trono. La demanda se dirigió contra el conductor y su patrono, y contra la United States Fidelity and Guaranty Co.

Mediante sentencia de 9 de diciembre de 1982, se desestimó, bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, la demanda contra ios codemandados por entender que “los demandantes no cum-plieron con su obligación de probar la comisión de un acto cul-poso o negligente por parte del codemandado, [Á]ngel M. Otero Báez”. Esta sentencia fue revocada por este Tribunal , respondiendo al correspondiente recurso de revisión. Me-diante sentencia resolvimos que “[l]a prueba de los deman-dantes, aunque circunstancial, tiende a sostener prima facie un caso de negligencia. Si bien apunta hacia una negligencia comparada, resulta jurídicamente suficiente para derrotar la desestimación solicitada”. Sentencia de 23 de febrero de 1983, pág. 5.

Señalamos en aquella ocasión que “ [1] a ocurrencia del ac-cidente es incuestionable. Tampoco existe controversia de que el conductor del primer camión Barriento Pérez se percató de la presencia de los ciclistas, sin embargo, Otero Báez alega que no los vió hasta después de ocurrido el accidente”, y que ... “ [c] ausa extrañeza su alegación de que no lo vio, cuando el conductor del camión que iba al frente pudo hacerlo”. Sen-tencia, supra, págs. 3 y 4.

El caso fue devuelto para la continuación de los procedi-mientos. Luego de la inhibición del Juez Rodríguez Ossorio, el tribunal de instancia escuchó nuevamente la prueba y dictó sentencia mediante la cual condenó a los demandados a satis-facer solidariamente a los demandantes las siguientes canti-dades:

1. A la Sociedad de Gananciales por con-cepto de funeral, para dividirse por partes iguales entre Vicente Fernández Mariño y la ■Sue. de Eva García-Menocal. ID OO ID O C-rH -69

Deducción de un 50% de negligencia. Cq C\ OÍ ID OO 69

$ 80,000.00 2. A la Sucn. de Eva García-Menocal por concepto de las angustias mentales de Eva García-Menocal .

$ 40,000.00 Deducción de un 50% de negligencia.

$100,000.00 3. A Vicente Fernández Marino por sus an-gustias mentales.

$ 50,000.00 Deducción de 50% de negligencia.

$ 20,000.00 4. A Eva Fernández García-Menocal por sus angustias mentales .

$ 10,000.00 Deducción de un 50% de negligencia.

Se desestimó la causa de acción en cuanto a Evangelina García-Menocal, Vicente Fernández y María del Rosario Ma-riño.

La parte demandante acudió ante este Tribunal mediante el correspondiente recurso de revisión en el cual se hacen tres señalamientos de error:

I — • “Cometió error el Honorable Tribunal Sentenciador al dejar de imputar temeridad a la parte demandada-recurri-da con todas sus consecuencias procesales a pesar de que se trata de un pleito en que la temeridad es de las más extremas que haya registrado la historia judicial pues se negaron en 1976 hechos que a los demandados recurridos le[s] constaban eran ciertos tales como que el codemandado [Á] ngel M. Otero manejaba el camión, que el niño conducía la bicicleta, la ocu-rrencia del accidente, el que el demandado Otero Báez estaba en funciones de su empleo y la existencia del contrato de seguros, reiterando la negativa de varios de esos hechos al contestar la demanda enmendada en 1979, amén de otros ac-tos de temeridad y dilación durante el procedimiento”.
II— “Cometió error el Honorable Tribunal Sentenciador al no conceder la comprobada partida de la pérdida del valor económico de la vida del occiso, Vicente Fernández [García-] Menocal por el fundamento de haber fallecido a pesar de ser un daño efectivamente sufrido, lo que equivale a dejar sin efecto las disposiciones del Código Civil sobre sucesiones y entronizar una doctrina bárbara y retrógrada que genera males sociales de incalculable deterioro a las concepciones morales del pueblo puertorriqueño”.
III— “Cometió error el Honorable Tribunal Sentenciador al imputarle negligencia comparada al occiso Vicente Fer-nández TGarcía-] Menocal al igual que en la proporción adjudicada.”

Ante dichos señalamientos expedimos orden dirigida a la parte demandada-recurrida, para que mostrara causa por la cual no debiéramos expedir el auto solicitado, limitado al seña-lado error de no imponérsele honorarios de abogado por haber sido temerario. La comparecencia de éstos no nos persuade a resolver contrario a lo intimado.

La imposición de honorarios de abogado es discrecional, Raluan Corp. v. Feliciano, 111 D.P.R. 598 (1981), pero la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil es clara en el sentido de que cuando una parte ha procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado. Determinada la existencia de temeridad, la condena de honorarios es imperativa. Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962); Ortiz v. Martorell, 80 D.P.R. 544 (1958); Castro v. Payco, Inc., 75 D.P.R. 63 (1953); Font v. Pastrana, 73 D.P.R. 247 (1952); Hernández v. Caraballo, 74 D.P.R. 29 (1952); Stella v. Bonilla, 65 D.P.R. 542 (1946).

Nos dice R. Elfrén Bernier que:

... El propósito de esta disposición es desatendid[o] con demasiada frecuencia y el resultado es la continuación de prácticas indeseables en la litigación.
En la facultad de imponer honorarios de abogado en los casos de temeridad existe la mejor arma que tienen los tribunales para reglamentar los procedimientos y lograr que éstos se ajusten a normas que protejan a los litigantes de im-posiciones, dilaciones y gastos innecesarios.

El concepto “temeridad” no está expresamente definido por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil.

Un comentarista ha dicho que la “temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con el gravamen a veces exhorbitante para su peculio”. H. Sánchez, Rebelde Sin Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982).

El propósito principal de autorizar la imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad, es la de establecer una penalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleitoí Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954). Hemos señalado que la acción que amerita la condena de honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar, McCormick v. Vallés, 55 D.P.R. 226, 233 (1930); que lo prolongue innecesariamente, Stella v. Bonilla, supra; Ortiz v. Viera, 59 D.P.R. 358 (1941), o que produzca la nece-sidad de que otra parte incurra en gestiones evitables, San Antonio v. Jiménez & Fernández, Sucs., 63 D.P.R. 215, 220 (1944). Como ejemplo, hemos resuelto que existe temeridad si el demandado contesta una demanda y niega su responsabili-dad total, aunque la acepte posteriormente, Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); si se defiende injustifi-cadamente de la acción, Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., supra; si la parte demandada en efecto cree que la cantidad reclamada es exagerada y esa es la única razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante y no admite francamente su responsabilidad limitando la contro-versia a la fijación de la cuantía a ser concedida, Mercado v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943); Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942). Como dijimos en Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 739-740 (1984), si “ [s] e arriesgó a litigar un caso del que se desprendía prima facie la negligencia.... Debe asumir, pues, la responsabilidad por sus actos”. (Énfasis suplido.) Negar un hecho que le consta es cierto al que hace la alegación, también constituye temeridad. Abréu Román v. Rivera Santos, 92 D.P.R. 325 (1965).

Por otro lado, las reglas establecen las formas en que se debe alegar contra una demanda. El propósito principal de las reglas sobre alegaciones es delimitar la controversia mediante la aceptación por el demandado de todo lo que sea cierto y la negación de solamente lo que de buena fe desea impugnar. Para asegurarse de que se dé cumplimiento a este propósito, se establece que el abogado, como funcionario del tribunal, cuando firma una alegación está certificando auto-máticamente que la ha leído, cree que está bien fundada y no ha sido interpuesta para causar demora.

Nos advierte R. E. Bernier, El derecho de accesión en Puerto Rico, Barcelona, Imp. Vda. de Daniel Cochs, 1970, pág. 20, que:

No empece la sabiduría de la regla, todavía surgen contes-taciones a demandas diciendo que “se niegan general y espe-cíficamente todos los hechos alegados en la demanda”. A ve-ces esa demanda, cuyas alegaciones son negadas en su totali-dad, incluye un apartado que sostiene que el demandado se dedica a tal o cual negocio y que es mayor de edad, u otras alegaciones sobre la identificación personal del demandado. ¡ Pero aun eso se ha negado!
La situación es a veces más extrema. Luego de negarse to-dos los hechos de la demanda que puede incluir alegaciones de que el demandado era dueño de un vehículo que se describe y que lo manejaba en determinada fecha, se procede a formu-lar una reconvención. Y . . . para colmo ... se alega que se es dueño del vehículo que estuvo envuelto en la colisión; se reclama por los daños que sufrió y también por las lesiones que sufrió ya que lo estaba manejando. Es decir, que se niega al contestar que se tuviera vehículo alguno y haberlo mane-jado, y en el mismo documento se alega afirmativamente lo contrario. (Énfasis nuestro.)

Este Tribunal ha resuelto que los abogados deben tener especial cuidado al formular sus alegaciones de no negar hechos que les constan o que pueden verificar fácilmente y que negar las alegaciones indiscrimidamente, aun con la muletilla de “por falta de información” es una práctica indeseable que los abogados deben tener especial cuidado en evitar. P.R. Amer. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 747 (1972). Esta norma ha sido reiteradamente sostenida. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985); Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 D.P.R. 452, 457, 458 (1978).

Un examen de los autos demuestra que los demandados fueron temerarios y que el tribunal de instancia incurrió en error al no condenarlos al pago de honorarios de abogado. En su contestación a la demanda, la United States Fidelity and Guaranty Co., negó todas y cada una de las alegaciones de la demanda, entre las cuales estaban: la ocurrencia del acci-dente; que el Sr. Ángel M. Otero conducía el camión; que el niño conducía la bicicleta; que Otero Báez estaba en funciones de su empleo y además que hubiese un contrato de seguros que cubría el riesgo reclamado en la demanda. Más adelante, en su contestación a la demanda enmendada, casi cuatro años desde la ocurrencia del accidente, los demandados volvieron a negar todas las alegaciones, con excepción de la expedición del con-trato de seguros. Cuando la demanda fue nuevamente enmen-dada, se volvió a contestar en 1980, cinco años desde que ocu-rrieron los hechos y cuatro años después de iniciado el pleito. Se negaron todos los hechos esenciales entre los cuales se in-cluían la ocurrencia del accidente, la fecha del accidente, que Otero Báez conducía el camión, que lo hacía en funciones de su empleo y hasta la muerte misma del niño. Más aún, en el in-forme de la conferencia preliminar se estableció como una de las controversias principales a resolverse la ocurrencia del accidente. Al presentar su contestación original, y las subsi-guientes, los demandados habían tenido una oportunidad ade-cuada de investigar los méritos del caso y llegar a conclusiones sobre la ocurrencia del accidente. Estaban en condiciones ade-cuadas para admitir muchos de los hechos negados en sus con-testaciones. Al no admitirlas, no tenían justificación objetiva alguna para tal omisión, prolongaron la duración del litigio y causaron gastos y molestias innecesarias a los demandan-tes.

En Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra, pág. 461, nos ha-bíamos expresado en el sentido de que: “Si bien es correcto, como expresa la recurrente, que ella aceptó la negligencia que le fuera imputada, dicha aceptación fue con posterioridad a haber negado la misma en la contestación a la demanda que originalmente radicara, en la cual la recurrente, inclusive, negó la ocurrencia misma del accidente. En este sentido, su conducta fue temeraria.” (Énfasis suplido y cita omitida.)

Los tribunales de justicia no debemos pasar por alto esta clase de conducta. Resolver que actuaciones de esta naturaleza no entrañan temeridad es fomentar litigios innecesariamente. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464 (1983). De-cidir lo contrario sería premiar a la parte que injustificada-mente e indiscriminadamente niega hechos que le constan o le son de fácil corroboración y castigar al que se ve obligado, por la conducta del otro, a incurrir en gastos al acudir al foro judicial. El hecho de que posteriormente se determine que hubo negligencia comparada del occiso, no implica falta de temeri-dad. Si los demandados hubieran limitado la controversia a ese aspecto, no hubiera habido temeridad.

La imposición de intereses en el presente caso es de naturaleza idéntica a la imposición de honorarios de abogado. Ambos proceden cuando la parte perdidosa ha sido temeraria y persiguen idénticos propósitos: disuadir la litigación y alentar las transacciones, mediante sanciones a la parte temeraria que compensen los perjuicios económicos y las molestias, producto de su temeridad, sufridos por la otra parte. Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972). AI igual que con los honorarios de abogado, si el tribunal concluye que una parte ha sido temeraria la imposición de intereses es imperativa. La propia Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil no da margen a una regla distinta; dice dicha regla que el tribunal “impondrá” dichos intereses a la parte que haya pro-cedido con temeridad, desde la radicación de la demanda en casos de daños y perjuicios. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra.

En Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, supra, pág. 843, expresamos:

... No puede haber una temeridad a los fines de la imposi-ción de intereses computados desde fecha anterior a la sen-tencia y otra temeridad a los fines de la imposición de hono-rarios de abogado. Ello sería contrario a un ordenado' y ló-gico sistema procesal de hacer justicia.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia que modifique la de instancia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre sin opinión escrita.

       Caso Núm. R-83-29.

       El 13 de marzo de 1986 declaramos sin lugar la solicitud de revisión de los demandados. Caso Núm. RE-86-79.

      R. E. Bernier, El derecho de accesión en Puerto Rico, Barcelona, Imp. Vda. de Daniel Cochs, 1970, págs. 30-31.

       Véanse, además: Vda. de Passalacqua v. Cancel, 90 D.P.R. 501 (1964); U.S. Casualty Co. v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 785 (1964); Géigel v. Ramos, 79 D.P.R. 862 (1957); Prado v. Quiñones, 78 D.P.R. 822 (1955); Valedón v. Fernández, 78 D.P.R. 257 (1955); Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954); Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947); Rosado v. Segarra, 61 D.P.R. 303 (1943); Mercado v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943); Iglesia Católica, etc. v. Puig, 54 D.P.R. 459 (1939).

      Regla 6 de Procedimiento Civil de 1979.

       Regla 9 de Procedimiento Civil de 1979.

       Actitud que prevaleció aun después de nuestra sentencia en el re-curso R-83-29.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Sixto Pabón García.

      Número: O-85-31

      Resuelto: 24 de abril de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del querellante;
      R. Elfren Bernier, de Bernier & Cuevas Segarra, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

El 12 de abril de 1984 le dimos instrucciones al Procurador General para que investigara cómo advinieron y cómo cesaron de su representación legal los Lies. Sixto Pa-bón García y Ramiro Rodríguez en el caso de Evangelio Reyes v. Simona González (Civil Núm. CS-82-2041). Posterior al examen de su informe le instruimos que presentara la querella e incluyera los cargos correspondientes contra el licenciado Pabón García. El Procurador presentó ante este Tribunal una querella que incluía dos cargos contra el Lie. Sixto Pabón García. En cuanto al Lie. Ramiro Rodríguez, el Procurador no hizo señalamiento ni presentó cargo alguno. Los cargos contra el Lie. Sixto Pabón García son los siguientes:

Cargo I
El Licenciado Sixto Pabón García incurrió en conducta im-propia y faltó a su deber profesional en el desempeño de la representación legal de la Señora Doña Simona González Alicea. El querellado soslayó su deber de mantener a ésta in-formada de la moción solicitando rebaja de pensión alimen-ticia y de la estipulación acordada en el caso de Evangelio Reyes Rivera v. Simona González Alicea, Civil Número CS-82-2041.
Cargo II
El Licenciado Sixto Pabón García incurrió en conducta al-tamente lesiva a los mejores intereses de su cliente al propi-ciar una estipulación mucho más beneficiosa al demandante que a su cliente, así como al convenir en que sus honorarios fueran pagados por la otra parte.

Oportunamente nombramos un Comisionado Especial para oír y recibir la prueba sobre el asunto ante nos. Dicho Comisionado luego de celebrar vista y analizar la prueba testi-fical y documental nos rindió su informe.

1 — 1

El Comisionado Especial en forma detallada relata en qué consistió la participación de ambos abogados en el caso de referencia. De dicho informe, surgen los siguientes hechos:

En el 1982 doña Simona González Alicea, fue representada por el Lie. Sixto Pabón García en un pleito de divorcio, ante el Tribunal Superior, Sala de Guayama. Luego de dictada la sen-tencia de divorcio, don Evangelio Reyes presentó una Moción de Rebaja de Pensión Alimenticia y División de Bienes Ganan-ciales por conducto del Lie. Cirilo Tirado Delgado. Dicha mo-ción fue notificada al licenciado Pabón García, abogado de récord de la señora González. La vista de dicha moción fue señalada para el 17 de noviembre de 1983.

El Comisionado Especial, aunque determinó que había con-troversia en cuanto a la hora en que a la señora González se le notificó de la vista de 17 de noviembre de 1983, sostuvo sin embargo que un mensajero del licenciado Pabón visitó a la señora González el 17 de noviembre de 1983 en horas de la mañana y le notificó que tenía que estar a la 1:30 de la tarde en el tribunal. La señora González llegó al tribunal antes de que llamaran el caso y se entrevistó con el licenciado Tirado Delgado, abogado de su ex esposo. Durante la audiencia cele-brada ante el Comisionado la señora González inicialmente negó haber hablado con el licenciado Tirado pero finalmente admitió que sí le había hablado.

El día de la vista los abogados de las partes llegaron a una estipulación la cual sometieron al tribunal. El licenciado Pa-bón le informó a la señora González en qué consistía la estipu-lación y ésta no presentó ninguna objeción. El juez de instan-cia se negó a aceptar la estipulación salvo que el ex esposo de la señora González renunciara a favor de sus hijos de la participación que le correspondía en un inmueble de la socie-dad legal de gananciales.

Las partes se reunieron nuevamente y aceptaron la reco-mendación hecha por el magistrado. Cuando todas las partes estaban presentes, el licenciado Tirado expresó para el récord los términos de la estipulación y la señora González no objetó los mismos, ni expresó que el Lie. Sixto Pabón fuera su abo-gado. Finalmente el tribunal le impartió su aprobación a dicha estipulación.

Los términos de la estipulación fueron los siguientes:

a. De las propiedades inmuebles adquiridas durante el ■matrimonio, la casa residencia de dos plantas en la Urb. Mariani de Patillas [,] Puerto Rico, correspondería a la se-ñora González. La mitad del valor de dicha residencia co-rrespondiente a su ex esposo, sería cedida a los hijos habi-dos en el matrimonio en consideración a pensiones alimenti-cias atrasadas por éste último.
b. La finca con una casa en el barrio Mamey se le cedería a su esposo.
c. La pensión alimenticia fijada anteriormente sería redu-cida a $50 mensuales más los $200 que la señora González recibía de la renta de la segunda planta de la casa en la Urb. Mariani.
•d. Los $3,000 que adeudaba su ex esposo, Sr. Evangelio Reyes de la pensión alimenticia serían condonados.

Esta fue la participación del licenciado Pabón García en el caso de doña Simona González. Dicha participación se exten-dió desde que la señora González se divorció hasta la división de bienes gananciales.

i — I 1 — 1

Luego que el tribunal emitió su resolución con relación a la estipulación acordada por las partes, compareció por primera vez el licenciado Rodríguez.

El 5 de noviembre de 1983 — doce (12) días antes de la vista judicial antes mencionada — el licenciado Rodríguez se había reunido con don Evangelio Reyes para llegar a unos acuerdos con éste en relación con la división de bienes ganan-ciales. Al momento de dicha reunión, el licenciado Rodríguez no había presentado moción alguna asumiendo la representa-ción legal de la señora González. El abogado de récord lo se-guía siendo el licenciado Pabón García. En dicha reunión, el señor Reyes le expresó al licenciado Rodríguez que se había señalado una vista judicial y que su abogado era el licenciado Tirado.

Los acuerdos entre el licenciado Rodríguez y el señor Reyes fueron idénticos a los que surgen de la estipulación a la cual el tribunal de instancia le impartió su aprobación y que reseña-mos anteriormente.

Posteriormente, el licenciado Rodríguez se comunicó con el licenciado Tirado para comunicarle los acuerdos a los que ha-bía llegado con don Evangelio Reyes. Mediante carta que el licenciado Rodríguez le enviara al licenciado Tirado éste le informó que él representaba a la Sra. Simona González.

En ningún momento el licenciado Rodríguez le comunicó al licenciado Pabón que la señora González lo había contratado para que la representara. Ante el Comisionado Especial la señora González admitió que ella tampoco le comunicó al li-cenciado Pabón su deseo de que él no continuara represen-tándola por razón de que ella tenía otro abogado.

El día de la vista ante el tribunal de instancia compareció el Lie. Sixto Pabón en representación de la señora González. Nadie le informó al licenciado Pabón que el Lie. Ramiro Rodrí-guez había estado haciendo gestiones en favor de la señora González. El licenciado Tirado atestó que él no se expresó sobre lo acontecido ya que al no ver al licenciado Rodríguez en el tribunal de instancia entendió que el abogado de la señora González lo seguía siendo el licenciado Pabón.

Luego de que el tribunal de instancia emitió su resolución donde acogía la estipulación de las partes, el licenciado Rodrí-guez comparece por primera vez ante dicho tribunal. El 25 de noviembre de 1983 —10 días después de aprobada en corte abierta la estipulación— el licenciado Rodríguez presentó una moción donde alegaba que él representaba a la señora Gonzá-lez y solicitaba que se dejara sin efecto la referida, estipula-ción. Dicha moción fue declarada sin lugar por el tribunal de instancia al igual que la solicitud de reconsideración de 9 de diciembre de 1983.

No conforme, el licenciado Rodríguez acudió ante nos me-diante escrito de certiorari y solicitó que dejáramos sin efecto la estipulación por las siguientes razones:

a. Porque la estipulación era más beneficiosa a don Evan-gelio Reyes.
b. Porque el Lie. Sixto Pabón no era el abogado de la se-ñora González y faltó a su deber de abogado y cliente ya que propició una transacción más beneficiosa a la otra parte.

El 29 de marzo de 1984 expresamos “no ha lugar” a la solicitud de certiorari y el 12 de abril de 1984 lo reiteramos al pasar juicio sobre la moción de reconsideración. Fue entonces cuando sometimos el asunto a la consideración del Procurador General para que éste investigara cómo advinieron y cesaron de su representación los abogados Pabón García y Rodríguez Ramos, representantes de la Sra. Simona González.

l — l l — l 1 — 1

Los hechos hasta aquí expuestos no ameritan que se con-tinúe con el procedimiento disciplinario iniciado contra el Lie. Sixto Pabón García. La prueba que tuvo ante sí el Comisio-nado Especial no sostiene los cargos de la querella.

En cuanto al primer cargo el Comisionado Especial deter-minó que se le notificó a la Sra. Simona González que había una vista señalada y que el día de la vista ella estuvo presente en el tribunal y escuchó todos los planteamientos de los aboga-dos y no objetó los mismos.

Respecto al segundo cargo la prueba que tuvo ante sí el Comisionado exculpa al Lie. Sixto Pabón García. Ante la ale-gación de que la estipulación desfavorecía a la señora Gonzá-lez, el Comisionado ordenó una tasación de las propiedades y á esos efectos designó como tasador al Ing. Ángel Rodríguez. Del informe de valoración presentado por este ingeniero surge que la propiedad adjudicada a don Evangelio Reyes es un predio de terreno radicado en el Bo. Pollos del municipio de Patillas, Puerto Rico, compuesto por cinco cuerdas de terreno con un valor en el mercado de $9,000 aproximadamente. Surge además que la propiedad adjudicada a la Sra. Simona Gon-zález es un solar con cabida aproximada de 300 metros cua-drados y una estructura de dos plantas, ambas dedicadas a residencia con entradas independientes. La estructura es de hormigón y bloques y tiene un valor en el mercado de $50,000 aproximadamente.

La Sra. Simona González se benefició de la estipulación que el Procurador General expresa que le fue perjudicial.

En su informe el Comisionado señala lo siguiente:

Del testimonio de [doña] Simona González, surge que el principal motivo de su queja contra la estipulación es que ella entiende que no puede vender la casa y ella interesa ven-derla para irse del lugar “por no ver a su ex-esposo con otra mujer que vive por allí”. (T.E., págs. 60-62, 71.) Informe del Comisionado, supra, pág. 8.

Con relación al segundo cargo el Comisionado Especial ha formulado la siguiente expresión:

Respecto al cargo II imputado al querellado debemos señalar que es cierto [, y] está admitido por dicho querellado, que se convino en la transacción que el demandante —Don Evan-gelio— satisfaría $100.00 de honorarios de abogado al que-rellado como abogado de Doña Simona González y que dicho abogado recibió dinero en presencia de dicha señora. Sin embargo, esa es la norma en casos de alimentos y en casos de divorcio en que la mujer carece de recursos. Es m[á]s, está resuelto que los honorarios de abogado son parte de los ali-mentos. Conesa vs. Corte, 72 DPR 68; Valdés v. Tribunal, 67 DPR 310. Informe del Comisionado, supra, pág. 9.

El Lie. Sixto Pabón no infringió los Cánones .de Ética. Ante estos hechos la querella presentada contra él debe ser archivada.

Se ordena el archivo de la querella presentada contra el Lie. Sixto Pabón García y se dicta la sentencia correspon-diente.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López concurren sin opinión escrita.

       Lie. Manuel Reyes Serrano, ex Juez Superior.

      Hon. José M. Ayala Cadiz.


author: PER curiam:

text:
    Lydia E. Reyes Torres, demandante-recurrida, v. José Rafael Collazo Reyes, demandado-peticionario; Dalida Mateo Espada, demandante-peticionaria, v. Eduviges Rivera Alvarado, demandado-recurrido.

      Números: CE-86-466, CE-86-467

      Resueltos: 29 de abril de 1987

      Jorge Rafael Collazo Sánchez, de Servicios Legales de P.R., Ine., abogado de los peticionarios.
   PER curiam:

Estos expedientes consolidados llevan una trayectoria procesal común consistente en haber el juez re-suelto ambos casos después de entrevistarse en cámara con los abogados de las partes, sin récord de lo allí acontecido. En dichos recursos el Juez Superior designado, Hon. Orlando Ve-lázquez Iglesias, dictó resolución en la que afirmó que las partes estipularon someter el caso por el informe de la traba-jadora social, por lo que conforme con los hallazgos de la in-vestigación denegó la petición de relaciones paterno-filiales. En certiorari las partes recurrentes alegan que no hubo tal acuerdo para dejar el caso sometido por el informe y que, por el contrario, se reservaron el derecho a rebatirlo con prueba en corte abierta. Solicitamos las transcripciones de las vistas cele-bradas en ambos casos. Habiéndolas examinado, procedemos a la inmediata revocación de las resoluciones de instancia.

I

En ambos casos, varios años después del divorcio, el padre que había sido privado de la custodia de los niños acudió ante el tribunal para reclamar su derecho a tener relaciones pater-no-filiales. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985). El foro de instancia, a los efectos de regular las futuras relacio-nes, refirió los casos a la Oficina de Relaciones de Familia para la preparación del informe correspondiente con las reco-mendaciones de rigor.

Concluida la investigación se celebraron las vistas a las que comparecieron ambas partes con sus representaciones le-gales. Según se desprende de las transcripciones de evidencia preparadas por el taquígrafo oficial, al comienzo de las vistas el tribunal decretó un receso para permitirle a ambas partes estudiar el informe “en cámara”. Aunque en la transcripción elevada no se desprende que después de la reunión “en cá-mara” el tribunal a quo reanudara la sesión, en su decisión en ambos casos el magistrado emitió la siguiente resolución: “Luego de las partes haberse reunido en cámara y haber estu-diado y analizado el informe sometido por la Oficina de Rela-ciones de Familia, someten la cuestión planteada a base del informe.”

Somos conscientes de que la mayoría de los casos de familia están revestidos de un gran contenido emocional por plantear controversias de índole afectiva. Es conveniente que en estos casos las decisiones sobre los aspectos fundamentales del pleito se tomen luego de una audiencia en corte abierta, de manera que las partes puedan participar no sólo a través de su representación legal, sino directamente, si fuera preciso.

Cuando por necesidad o conveniencia las partes dilucidan sus diferencias en cámara y llegan a unos acuerdos, lo correcto es que al terminar la conferencia el juez regrese a sala para continuar la sesión y una vez allí, con registro abierto, haga constar los términos y particulares acordados, con oportunidad a las partes de proponer modificaciones o enmiendas a lo vertido en récord antes de que el asunto quede sometido para decisión. El juez debe en corte abierta y para récord, preguntar a las partes si están conformes con los acuerdos. Stout v. Stout, 382 A.2d 659 (1977). De este modo se cumple con el derecho de las partes a ser oídas. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298 (1986).

Contrario a lo aseverado por el magistrado de instancia en .su resolución de este caso, las transcripciones revelan que en las vistas correspondientes las partes no acordaron someter sus respectivos casos a base del informe de la Oficina de Relaciones de Familia. Para que las aseveraciones de los jueces en sus sentencias mantengan la presunción de corrección, deben descansar en récord que en todo momento haga fe de haberse seguido el debido proceso de ley. Si lo acordado en una estipulación no se reduce a escrito firmado por las partes o su representación legal, ni queda grabación o récord taquigráfico de sus particulares, la parte que difiere de lo manifestado por el juez respecto al alcance o existencia de tal acuerdo queda gravemente limitada en su derecho a solicitar revisión por un tribunal de apelación. Hartgraves v. Don Cartage Company, 348 N.E.2d 457 (1976).

Se dejan sin efecto las resoluciones recurridas y se remiten los casos a instancia para ampliación de la vista evidenciaría.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre sin opinión escrita.