text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. José A. Hernández Olmo, acusado y peticionario.

      Número: O-76-234

      Resuelto: 29 de septiembre de 1976

      Jorge A. Vela Vélez, abogado del acusado y peticionario; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Mario L. Pania-gua, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente fue acusado por causar la muerte de un ser humano mientras conducía con imprudencia crasa, y por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes (9 L.P.R.A. see. 1041). En la acusación por imprudencia se le imputó el delito definido por el Art. 87 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 4006) así:

Art. 87 — Imprudencia crasa o temeraria al conducir vehículo de motor.
“Cuando en la muerte ocasionada por una persona al con-ducir un vehículo de motor mediare imprudencia crasa o teme-raria, se impondrá pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de 5 años.
La imprudencia crasa o temeraria es aquella de tal natura-leza que demuestra un absoluto menosprecio de la seguridad de los demás bajo circunstancias que probablemente produzcan daños a éstos y no significa una mera falta de cuidado.”

El juicio se vio ante un jurado y al finalizar la prueba la defensa solicitó instrucción de un posible veredicto por el delito menor de homicidio involuntario declarado en el Art. 86 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 4005) de este modo:

Art. 86 — Homicidio involuntario

“Toda persona que obrando con negligencia o que al realizar un acto ilegal que no constituyere delito grave, ocasionara la muerte a otra, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de tres años o multa que no excederá de tres mil dólares o ambas penas a discreción del Tribunal.
Cuando el homicidio involuntario se cometa por una persona al conducir un vehículo de motor, se le impondrá pena de reclu-sión por un término mínimo de 6 meses y máximo de 5 años.
No empece lo dispuesto en la see. 3044 de este título, el delito de homicidio involuntario según expuesto en la presente sección se considerará delito menos grave y el acusado tendrá derecho a juicio por jurado.”

El Tribunal Superior denegó la solicitud de la defensa e instruyó al jurado sobre dos únicos veredictos: culpable de infracción al Art. 87 del Código Penal o no culpable. El ju-rado trajo un veredicto unánime de culpabilidad por homici-dio involuntario. El juez aceptó el veredicto, lo pasó a la secretaria para su lectura y dictó fallo declarando al acusado culpable y convicto del delito de homicidio involuntario. En ese punto se percata del error, envía al jurado a deliberar nuevamente ajustándose a las instrucciones y se produce un segundo veredicto por imprudencia crasa (Art. 87 CP) con votación de 9 a 3 que aceptó el juez y procedió a dictar nuevo fallo de convicción. También encontró al acusado culpable por guiar en estado de embriaguez y lo sentenció a 15 días de cárcel. Al recurrir en certiorari el convicto pendiente de sentencia en el caso por infracción al Art. 87, Código Penal, expedimos orden para mostrar causa por la que no deban anularse las actuaciones de instancia.

I

Lo ocurrido con el primer veredicto de homicidio involuntario no puede tomarse como lapsus linguae susceptible de corrección instantánea. La actuación del juez le dio vida y perfección de veredicto aceptado al adentrarlo de tal modo en el proceso, recibiéndolo y enterándose, pasándolo a la secretaria de sala para su lectura y dictando fallo de convicción, que creó un estado de derecho irreversible. Había terminado el juicio.

Las Reglas de Procedimiento Criminal facultan al juez para ordenar al jurado que reconsidere un veredicto erróneo producto de una equivocación del jurado al aplicar la ley (RPC 148) o un veredicto defectuoso que no permita entender con razonable claridad la decisión del jurado respecto a culpar o absolver (RPC 149) pero ambas reglas colocan dicha orden para ulterior deliberación antes de que el veredicto sea aceptado. La aceptación del veredicto por el tribunal surge del texto de las citadas reglas como punto final a la intervención del jurado en el proceso, y cierre de la función deliberativa. Se concreta con esa aceptación del veredicto la exposición del acusado a castigo, y excluye ulterior riesgo. Art. II, Sec. 11, Constitución del Estado Libre Asociado. Por tanto, el segundo veredicto contra el recurrente por infracción al Art. 87 del Código Penal, es nulo. Resta resolver si el primero por homicidio involuntario, contrario a las instrucciones del tribunal, puede sostenerse. En las particulares circunstancias de este caso debe prevalecer.

Los delitos declarados por los Arts. 86 y 87 del Código Penal comparten un elemento común de negligencia criminal y los diferencia el grado o intensidad de esa negligencia que es cuestión a estimar exclusivamente por el jurado juzgador de los hechos. Dispone la Regla 147 de Procedimiento Criminal que el acusado podrá ser declarado culpable de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito que se le imputa. Se ha resuelto por el Supremo de. los Estados Unidos que “En un caso donde algunos de los elementos del delito por el cual se acusa también constituyen un delito menor, el acusado, si la evidencia lo justifica, tendrá sin duda derecho a una instrucción que permita un veredicto por el delito menor.” Berra v. United States, 351 U.S. 131, 134 (1956); 100 L.Ed. 1013; Pueblo v. del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964); Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302 (1970); Pueblo v. Figueroa Figueroa, 100 D.P.R. 213 (1971).

La aceptación del veredicto, a la que hemos reconocido validez y efecto de poner fin al proceso deliberativo del jurado, surte también el efecto de aprobación demorada de la instrucción de homicidio pedida por el acusado. Al aceptar el veredicto de homicidio el tribunal implícitamente reconsideró su resolución denegatoria de la instrucción especial y sostuvo la facultad estimativa del jurado en la adjudicación del grado o clase de negligencia en que incurrió el acusado. A su vez el magistrado, llegado el momento de dictar sentencia, habrá de estimar el grado de negligencia al imponer la pena dentro de la sanción dispuesta para el homicidio involuntario.

Si bien el recurrente no tuvo un juicio perfecto, la ley se conforma con uno justo. Eliminado el segundo veredicto, la irregularidad técnica no alcanza la raíz esencialmente sana del proceso, en que doce pares del acusado deliberaron y de-terminaron su culpabilidad, no una sino dos veces.

H HH

El recurrente fue convicto por hechos coetáneos al acci-dente fatal, de infracción a la Sec. 5-801 de la Ley de Vehí-culos y Tránsito (9 L.P.R.A. see. 1041) que dispone: “(a) Será ilegal que cualquier persona bajo los efectos de bebidas enbriagantes conduzca o tenga el control físico y real de cual-quier vehículo de motor.” El siguiente Art. 5-802 (e) (9 L.P.R.A. sec. 1042) instruye que “Antes de dictar sentencia, a cualquier persona convicta por infracción a las disposi-ciones de la see. 1041 de este título o el inciso (b) de esta sección el tribunal ordenará a la División de Probatoria de Adultos de la Administración de Tribunales que se efectúe una investigación minuciosa y se le rinda un informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. Dicho informe incluirá los antecedentes e historial de la persona convicta en relación con el uso de bebidas embriagantes que le permita determinar si dicha persona se beneficiaría del programa de ‘rehabilitación establecido y aprobado’ por el Departamento de Salud en coordinación con el Departamento de Transpor-tación y Obras Públicas. Disponiéndose, que para los efectos de esta sección, ‘rehabilitación’ significará cualquier tipo de tratamiento, orientación, consejería, asesoramiento o cual-quier otra clase que determine el organismo a cargo de la rehabilitación.”

Este procedimiento tiene las mismas características esenciales y los mismos fines rehabilitadores de la Ley de Libertad a Prueba (34 L.P.R.A. sec. 1027). Cuando el delito de conducir en estado de embriaguez se produce contemporáneamente con y surge de los mismos hechos de un delito mayor, la investigación e informe sobre la conducta del acusado provistos en este Art. 5-802 de la Ley de Vehículos y Tránsito quedan supeditados a la decisión del juzgador respecto a referir el caso mayor al Administrador de Corrección cuyo informe puede solicitar para dictar sentencia. Art. 2, Ley de Libertad a Prueba enmendada por Ley Núm. 119 de 22 de julio de 1974 (34 L.P.R.A. sec. 1027). Si así decide el juez, el acusado tendrá el beneficio de la investigación pro-vista por la Ley de Vehículos y Tránsito. Si por el contrario, el caso no es referido para probatoria por evidenciar las circunstancias en que se cometió el delito que existe en el autor del mismo un problema de conducta o de carácter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiere la reclusión de dicha persona en alguna institución penal; o si en definitiva no se suspende la sentencia en el delito mayor, queda excluida, por principio y por consideraciones prácticas, toda posibilidad de suspensión de ejecución de la sentencia y subsiguiente programa de “re-habilitación” en el delito menor de conducir en estado de embriaguez.

No habiéndose dictado sentencia en el caso de homicidio involuntario, desconocemos si el juez se propone suspender sus efectos bajo un régimen probatorio o si dicha alternativa está excluida por la prohibición de dicho beneficio a los convictos por tal delito mientras se conduce en estado de embriaguez. Art. 2, Ley de Libertad a Prueba (Núm. 259 de 3 de abril de 1946) enmendada por la Ley Núm. 119 de 22 de julio de 1974 (34 L.P.R.A. sec. 1027, Supto. 1975, pág. 6). La sentencia de 15 'días de cárcel en el caso de Tránsito se dejará sin efecto y devuelto el caso para que se dicte nueva sentencia coordinada con la que ha de dictarse por homicidio involuntario. Se remite el caso a la sala de instancia para continuación de procedimientos consistentes con esta opinión. Revocada.

       No se discute ni puede especularse si influyó en el veredicto ex-cluido de las instrucciones, el error de la secretaria de sala que al llenar el título del caso en la hoja de veredicto, donde el impreso dice Por: escribió “Homicidio Involuntario” y así le fue entregada al Presidente del jurado.

       Alternativa de reclusión para este delito que 9 L.P.R.A. sec. 1042 castiga en primera infracción con multa de $100 a $500, cárcel de 5 días a 6 meses, o ambas penas a discreción.

       El texto completo de nuestra orden (27 de mayo de 1976) es el siguiente:
      “Enjuiciado el acusado-apelante por infracción al Art. 87 del Código Penal (muerte ocasionada por imprudencia crasa al conducir un vehículo de motor) y producido un veredicto unánime de culpabilidad por homicidio involuntario (delitos menos grave definido en el Art. 86 del Código Penal) que fue aceptado por el juez y dictó fallo de convicción basado en el mismo, acción que luego dejó sin efecto ordenando al jurado que deliberara nueva-mente guiándose por las instrucciones que no comprendían la alternativa de homicidio involuntario, regresó el jurado a sala con un segundo vere-dicto 9 a 3 de culpabilidad por el delito mayor definido en el Art. 87 del Código Penal que también aceptó el juez y dictó segundo fallo de convic-ción por el delito mayor, sentenciando al acusado además a 15 días de cárcel sin informe pre-sentencia en una infracción de la sec. 5-802 (e) de la Ley de Tránsito, exigido por 9 L.P.R.A. sec. 1042(e), tengan las partes plazo hasta el 25 de junio de 1976 para comparecer a mostrar causa por la que no deban anularse las actuaciones de instancia posteriores al primer veredicto, y restablecer el de Homicidio Involuntario (Art. 86 Código Penal) por el que deberá sentenciarse al apelante; y revocarse, además, la sentencia por infracción de la Ley de Tránsito.”

      Regla 148. Jurado; Veredicto; Reconsideración ante Una Errónea Aplicación de la Ley.
      “Si al rendirse un veredicto de culpabilidad el tribunal considerare que el jurado se ha equivocado en la aplicación de la ley, el juez que lo presida podrá explicar al jurado sus razones y ordenarle que vuelva a considerar el veredicto. Si después de esto se rindiere el mismo veredicto, éste será aceptado por el tribunal. Nada de lo aquí dispuesto será apli-cable a un veredicto absolutorio el cual deberá ser aceptado siempre por el tribunal.”
      Regla 149. Jurado; Reconsideración de Veredicto Defectuoso
      “Si el veredicto fuere tan defectuoso que el tribunal no pudiere de-terminar la intención del jurado de absolver o condenar al acusado por el delito bajo el cual el acusado pudiera ser convicto de acuerdo con la acu-sación, o no pudiere determinar en qué cargo o cargos el jurado quiso absolver o condenar al acusado, el tribunal podrá instruir al jurado para que reconsidere dicho veredicto y exprese claramente su intención. Pero si el jurado persistiere en rendir el veredicto defectuoso, tal veredicto será aceptado, y el tribunal dictará un fallo absolutorio.”

       La finalidad que al veredicto imparte su aceptación por el tribunal fue reconocida en el lenguaje de Pueblo v. Sabater Mangual, 95 D.P.R. 597, 601 (1967), al resolver que “. . . el veredicto rendido no era final ya que aún no había sido aceptado por el tribunal . . . .” (Énfasis suplido.)

      La pena por homicidio involuntario, clasificado como delito menos grave, no está regulada por la disposición del Art. 58 del Código Penal sobre sentencia indeterminada. Cf. RPC 178.

       Más adelante en dicho Art. 5-802 se dispone:
      “(f) Si del informe rendido por el Oficial Probatorio se determina que la persona no ha sido convicta anteriormente por infracción a la see. 1041 de este título y que no es un bebedor problema, el Tribunal dictará sen-tencia de acuerdo a las penalidades dispuestas en los incisos (a) y (b) de esta sección según sea el caso. Disponiéndose que la licencia de condu-cir le será suspendida hasta tanto dicha persona participe y apruebe el curso de mejoramiento para conductores establecido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Para los efectos de esta sección, ‘bebedor problema’ significará toda persona que admita voluntariamente su condición de alcohólico, o que haya sido objeto de un diagnóstico médico como tal, o que presente dos (2) ó más de las siguientes características: (a) historial de contactos previos con agencias de servicios sociales o médicos debidos a problemas con la bebida, (b) informes sobre dificultades de índole marital, financiera o de trabajo a causa de uso del alcohol, (c) uno o más arrestos previos por ofensas relacionadas con el alcohol, (d) nivel de alcohol en la sangre al momento del análisis igual al esta-blecido por la see. 1041 de este título como presunción legal de embriaguez.
      “(g) Si el informe requerido bajo el inciso (e) de esta sección de-mostrare que la persona necesita del programa de rehabilitación estable-cido por el Departamento de Salud, el Tribunal dictará sentencia y sus-penderá la ejecución de la misma siempre y cuando dicha persona acepte participar voluntariamente en el programa de rehabilitación.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Marciano Vélez Castro, acusado y peticionario.

      Número: O-76-196

      Resuelto: 30 de septiembre de 1976

      Julio Jiménez González, abogado del peticionario; Miriam Na-veira de Rodón, Procuradora General, y Lirio Bernal de Gon-zález, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Al peticionario se le imputó una violación al Art. 256 del Código Penal (1974), 33 L.P.R.A. sec. 4491, consistente en que el día 31 de agosto de 1975 en su residencia opuso re-sistencia física a varios agentes que le “invitaron” a acom-pañarles al cuartel de la policía de Levittown en relación con una querella formulada contra él por un ciudadano. El 21 de octubre siguiente se celebró la vista preliminar ante el Juez Cintrón Cruz para determinar causa probable. El día siguiente, 22 de octubre de 1975, el Juez Cintrón Cruz determinó que no existía “causa probable en contra del acu-sado por el delito imputado ni por ningún otro delito.” El 7 de enero de 1976, setenta y siete días después el fiscal Auxi-liar Pérez Vergara acude ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, alegando que no estando conforme con la resolu-ción dictada solicita la celebración de una nueva vista pre-liminar ante el Tribunal Superior. Para el 5 de abril si-guiente, 166 días después de haberse determinado por un magistrado que no existía causa, todavía no se había cele-brado la vista preliminar solicitada por el fiscal y el peti-cionario solicitó se desestimara la moción radicada por éste. El Juez Rivera Valentín denegó el pedido.

Al solicitarse la revisión de esta última resolución con-cedimos al Procurador General un término para que infor-mara lo que tuviera a bien sobre la petición radicada.

En Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975), expresamos:

“El derecho a juicio rápido no se circunscribe al acto del juicio propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en progresión gradual desde la imputación inicial de delito. De otro modo ese derecho podría ser burlado prolongando sin justificación los trámites procedentes al juicio como ha ocu-rrido en ’este caso. En términos del derecho fundamental de todo ser humano a sentirse libre de la opresión y la preocupación martirizante que genera una acusación injusta, no hay diferen-cia apreciable entre la demora en someter la acusación al crisol depurante de la vista preliminar y la tardanza en celebrar el juicio para la decisión final sobre culpabilidad o inocencia. El derecho a juicio rápido, fundamental en nuestro procedimiento criminal, quedaría gravemente afectado en su virtualidad y esencia si el Estado pudiera prolongar por término irrazonable la celebración de la vista preliminar . . .

A tenor con lo antes expuesto, es evidente que la vista preliminar en alzada ante el Juez Superior debió celebrarse dentro de un término razonable a partir de la resolución del Juez de Distrito determinando que no había causa probable. Consideramos como razonable un término máximo de 60 días. Habiendo transcurrido 166 días desde la determinación del Juez de Distrito, sin que se hubiera celebrado la otra vista preliminar, procede archivar el caso que se sigue por el Es-tado contra el aquí peticionario.

Se expedirá el auto solicitado y se revocará la Resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Rivera Valentin, J., en el caso criminal número V.P. 76-1, El Pueblo de Puerto Rico v. Marciano Vélez Castro y se decretará el ar-chivo del mismo.

       Dispone el Art. 256 del Código Penal de 1974:
      “Toda persona que usare violencia o intimidación contra un funciona-rio o empleado público para compelerlo a ejecutar un acto contrario a sus deberes o a omitir un acto inherente a sus funciones, o que empleando violencia o intimidación ofreciere resistencia a dicho funcionario o em-pleado en el cumplimiento de su deber, será sancionada con pena de re-clusión por un término mínimo de un año y máximo de cinco años.”


author: PER CURIAM:

text:
    Texaco Puerto Rico, Inc., demandante y peticionaria, v. Antonio R. Díaz y Diazlite, Inc., demandados y recurridos.

      Número: O-76-296

      Resuelto: 30 de septiembre de 1976

      R. Rodríguez Lebrón, William Estrella, Jorge Rodríguez Micheo e Igor Domínguez, abogados de la peticionaria; Andreu Ribas & Ramos Díaz, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

En junio de 1975 Texaco Puerto Rico, Inc., demandó a Antonio R. Díaz y a Diazlite, Inc., en ejecución de una hipoteca constituida en garantía de una deuda de $93,674, más intereses y otros créditos relacionados, y en cobro de $21,431.26 por alegadas ventas a crédito a los de-mandados de equipo para almacenamiento de productos de petróleo. Un mes después los demandados contestaron la de-manda. Transcurrieron varios meses y en febrero de 1976 los demandados enmendaron su contestación y reconvinieron para reclamar de Texaco $58,652 por alegados costos de combustibles y supuestos daños. Cinco días después Texaco contestó la reconvención mediante una negativa general. Alega Texaco que luego de formular interrogatorios a los demandados, contestados el 4 de marzo de 1976, y de tomar una deposición al codemandado Díaz el 11 de marzo de 1976, pudo precisar los hechos que sostenían la reclamación de los demandados y descubrir que de tener algún derecho, dicha reclamación está prescrita. En su consecuencia, al día si-guiente de tomar la deposición, propusieron enmendar su contestación a la reconvención para incorporarle la defensa de prescripción. Se opusieron los demandados y el tribunal a quo, por resolución de 27 de abril, se negó a admitir la en-mienda. Adujo que la defensa afirmativa de prescripción fue renunciada al no promoverse al contestarse la reconvención.

Texaco nos solicita que expidamos certiorari y revisemos dicha resolución. El 4 de agosto expedimos orden dirigida a los recurridos en que les requerimos mostrar causa en un plazo de 15 días por la cual no debíamos expedir el auto y dejar sin efecto la referida resolución. Los demandados re-curridos comparecieron oportunamente en atención a nuestro requerimiento de mostración de causa. No nos convencen.

Ciertamente, la defensa afirmativa de prescripción debe exponerse en la alegación respondiente que se haga contra una reclamación. Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Y bajo la 10.8 se entiende que una parte renuncia a dicha defensa si no la formula en la forma dispuesta por la 10.2. Pero estas disposiciones deben leerse en el contexto general de las Re-glas, cuya función es, ante todo, garantizar que se haga jus-ticia. Así la Regla 13.1 establece la pauta de que el permiso para que una parte enmiende sus alegaciones “se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera.” En Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793 (1975), señalamos las limitaciones a esa liberalidad y resolvimos que la defensa de prescripción podrá revivirse bajo circunstancias “demos-trativas de que\la omisión [de presentarla a tiempo] no se debió a falta de diligencia y que por otro lado no ha de irro-garse substancial perjuicio en términos de una solución justa, rápida y económica a la parte contra quien se opone.” Véase, en igual sentido, Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217 (1975).

Aquí, la reclamación de los demandados data, según ex-ponen, del 1963. No la expusieron al contestar la demanda. Lo hicieron seis meses después. La demandante, al otro día de tomar la deposición recurrió al tribunal para invocar su defensa de prescripción que alega surgió precisamente como resultado del descubrimiento de prueba. Demostró dicha parte ser diligente. Y los demandados no han demostrado que el planteamiento de prescripción les haya causado perjuicio. El tribunal de instancia, bajo las circunstancias, no debió negar de plano el permiso para invocar la defensa de pres-cripción.

Se expedirá el auto, y se dictará sentencia para dejar sin efecto la resolución del tribunal recurrido de 27 de abril de 1976, y para además que se tenga por enmendada la contesta-ción a la reconvención a los fines de exponer la defensa de prescripción, sobre la cual deberá resolver en su dia el tribunal recurrido conforme a sus méritos.


author: Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor R. Villanueva Alvarez, acusado y apelante.

      Número: CR-76-73

      Resuelto: 30 de septiembre de 1976

      Wilfredo Rodríguez Figueroa, abogado del apelante; los aboga-dos de El Pueblo no comparecieron.
   SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 1976

Al llegar una mujer joven al condominio “La Alhambra” donde residía, un individuo en uniforme de guardia de se-guridad se metió dentro del ascensor con ella, le obligó a acostarse en el piso, le bajó el pantie hose y un pantie adi-cional que ella usaba y empezó a masturbarse. El acusado evadió personas que deseaban utilizar el ascensor en el piso 7o diciendo a dos señoras que la ofendida había sufrido un desmayo. Lo detuvo en el piso 5o y la sacó al pasillo donde lé ordenó se acostara en el piso y abriera las piernas y en de-terminado momento se fue sobre ella interrumpiendo la ope-ración la llegada en el ascensor de una de las damas del piso 7o a quien el frustrado le dijo que no llamara la policía y desapareció. La joven mostraba lesiones sangrantes en la cara y una oreja.

Procesado y convicto, luego de renunciar al jurado, por tentativa de violación, el acusado apela la sentencia de 6 a 10 años de prisión, y en el alegato de la Sociedad para Asis-tencia Legal que admitimos aún después de denegada una quinta moción de prórroga y dar el recurso por sometido, se hacen diez (10) señalamientos de error, todos de patente frivolidad, que pueden sintetizarse los primeros cinco, en ataque a la suficiencia y credibilidad de la prueba, error en el procedimiento de identificación; y los restantes los repro-ducimos literalmente: “6. Erró el Tribunal de Instancia al encontrar convicto y culpable al apelante habiéndosele vio-lado su derecho a ser conducido ante un magistrado sin dila-ción innecesaria; 7. Erró el Tribunal de Instancia al encon-trar que no se le había violado al apelante su derecho a juicio rápido; 8. Erró el Tribunal de Instancia al negar la solicitud del apelante de que se le dictara sentencia en el momento; 9. Erró el Tribunal de Instancia al no permitir a la defensa una línea de interrogatorio violándose el derecho de confron-tación del apelante; 10. Erró el Tribunal de Instancia al im-poner una sentencia tan excesiva en un caso como el de autos.”

La prueba, transcrita en 173 páginas de récord taquigrá-fico, sostiene el fallo de convicción y habiendo el juzgador dirimido el conflicto entre la de cargo y la coartada de la defensa, no vemos razón para intervenir con su apreciación. El acusado fue localizado cuatro días después de los hechos, citado un mes después de los hechos y la denunciante no tuvo dificultad alguna en identificarlo en la rueda (lineup) or-ganizada en el Cuartel de la Policía de Hato Rey un mes después. Ella demostró tener una imagen clara del apelante que la retuvo por unos quince minutos (T.E. pág. 61) por lo que la rueda de identificación no era necesaria. La posición de la defensa cuestionando la identificación porque la rueda de detenidos se organizó antes de presentar denun-cia es insostenible. En los casos que exijan este medio alterno de identificación, el resultado obtenido en el lineup es ele-mento vital para la determinación de causa probable. La Regla de Procedimiento Criminal 6 ordena traer ante un magistrado al arrestado, no al simplemente localizado como sujeto central de la investigación.

Los hechos delictuosos tuvieron lugar el 28 de marzo de 1974 y el juicio el 19 de diciembre del mismo año. No hemos encontrado en autos moción alegando supresión del derecho a juicio rápido. Lo que sí hay es notificación de la defensa de coartada (RPC 74) y moción para inspección de evidencia documental (RPC 95) presentadas por el acusado en no-viembre de 1974, apenas tres semanas antes del juicio. Re-nunciado este derecho en instancia no puede suscitarse en apelación.

No hubo error del juez sentenciador en posponer la lec-tura de sentencia (que el acusado pidió de inmediato) para considerar la posibilidad de un informe pre-sentencia. Tam-poco erró el juez al no permitir una pregunta insubstancial sobre materia no comprendida en el interrogatorio directo.

La pena impuesta de 6 a 10 años no es excesiva y está comprendida en el ámbito de sanción para la tentativa de violación que es de 1 a 14 años de reclusión (Art. 222 Código Penal (33 L.P.R.A. sec. 761)), y su mínimo se ajusta al principio de sentencia indeterminada en las circunstancias de este caso.

Ya en ocasión anterior este Tribunal en un caso de ten-tativa de violación concebida por un chofer de taxi, dijimos que “no podemos eludir nuestro deber de hacer efectivas las leyes y ... de garantizar que las damas en Puerto Rico pue-dan utilizar un taxi sin riesgo de ser violadas o atacadas por el conductor del vehículo.” Pueblo v. Tirado Santos, 91 D.P.R. 210, 214 (1964). Con no menos energía hemos de proteger nuestras mujeres en el último y acosado reducto de seguri-dad que es el hogar.

La sentencia dictada el 24 de febrero de 1975 por el Tribunal Superior (San Juan) en su caso Criminal Núm. ■G-74-1858, es por la presente, confirmada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau emitió opinión disidente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 1976

Siento tener que disentir en este caso. La opinión mayo-ritaria confirma una convicción por tentativa de violación y una sentencia de 6 a 10 años de presidio.

He leído íntegra la transcripción de la evidencia. Estimo que la misma no demuestra una tentativa de violación, sino que demuestra la comisión del delito de acometimiento y agresión grave, 33 L.P.R.A. see. 826(5) y del delito de expo-sición lasciva, 33 L.P.R.A. see. 1171. Los hechos fueron come-tidos bajo la vigencia del Código Penal anterior y por eso a él nos remitimos.

El apelante es a todas luces un enfermo sexual. Su inte-rés aparentemente es el siguiente: mirar las partes de la mujer mientras se masturba. Para ello tiene que cometer agresiones, porque difícilmente encuentra mujeres que lo complazcan en su capricho. No digo esto como excusa sino como explicación de una realidad. Cualquiera que esté me-dianamente iniciado en la sicología anormal sexual sabe que se trata de una aberración sexual bastante común.

La perjudicada al hacer su declaración jurada ante el fiscal no declaró nada sobre la tentativa de violación. La idea surge después, en el juicio. Al ser repreguntada sobre tan importante omisión dijo que declaró al fiscal “Todo lo que yo me creía que había ocurrido.” T.E. pág. 41. ¿Acaso alguien que no presenció los hechos añadió que había ocurrido algo más?

También en la repregunta la perjudicada declaró que el apelante “No estaba encima de mí, pero estaba casi encima de mí.” T.E. pág. 39. Es de conocimiento general que para violar a una mujer o para tratar de violarla, si la misma está acostada como estaba , la perjudicada, el agresor tiene que estar encima de ella, o tiene que tratar de colocarse en-cima de ella.

La declaración sobre la tentativa de violación es, a mi juicio, un poco artificial. Declaró la testigo “Entonces él cogió y se viró hacia encima de mí, casi para penetrarme con el miembro . . . .” T.E. pág. 23. En primer lugar, nótese que la testigo no dice que el apelante se situó encima de ella, sino que “se viró hacia encima de mí.” Considero esa declaración bastante evasiva. También nótese que dice “casi” para penetrarme. No se comete violación “casi” penetrando; para cometerla hay que penetrar y para cometer la tenta-tiva de violación hay que tener la intención de penetrar, no de “casi” penetrar.

Deseo señalar también la naturaleza profesional de la de-claración. Dice la testigo que él se viró hacia ella casi para “penetrarme.” Piensa uno que le faltó decir “La más leve penetración basta,” y que citara tomo y página de las Deci-siones de Puerto Rico.

También como cuestión de realidad un hombre que desea violar a una mujer no se masturba primero. No creo que haya que elaborar más sobre esto.

Puede pensarse que si el apelante ha de ir a la cárcel ¿qué más da que vaya por un delito o por otro? Sobre eso creo que el hecho de que el apelante haya cometido un error no justifica que nosotros cometamos otro. Estimo que debe-mos mantener nuestro Derecho claro. No hay duda de que merece reprobación el acto del apelante y que debe ser casti-gado por ello por el efecto disuasivo que el castigo tiene. Pero para eso hay legislación expresa en el Código Penal.

Entiendo que la prueba demostró la comisión de los de-litos de acometimiento y agresión grave y de exposición las-civa. No creo que demostró la intención de violar, ni que de-mostró que el apelante tratase de cometer violación, elemen-tos estos que son sine qua non del delito de tentativa de vio-lación. Con todo respeto para otros puntos de vista, por lo que antes he expresado, disiento.

       Contestando al examen directo en el acto del juicio, la agraviada identificó a su asaltante como “el individuo que está sentado allí que ante-riormente tenía bigote, pero que ahora no lo tiene.” (T.E. págs. 25 y 57.)


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Enrique Aponte Rosa, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-76-173

      Resuelto: 6 de octubre de 1976

      Rivera Báez, Santiago Burgos & Correa Cintrón, abogados del recurrente; Guillermo Figueroa Prieto y Francisco Falú Le-brón, abogados del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo dispone que en casos de obreros menores de dieciocho (18) años que fueren empleados en contravención a las leyes vi-gentes a la fecha de empleo, que murieren como consecuencia de accidentes del trabajo cubiertos por dicha ley, corres-ponde a sus dependientes el doble del importe que correspon-dería a un obrero empleado legalmente. Dicha compensación adicional habrá de ser pagada por el patrono haciéndose efectiva en la misma forma provista por la ley para el cobro de la compensación en casos de patronos no asegurados, pero el Administrador del Fondo, antes de proceder al cobro de la referida compensación adicional al patrono, dará traslado del expediente a la Comisión Industrial para que ésta dé, tanto al patrono como al obrero, (léase dependientes), opor-tunidad de ser oídos y defenderse. 11 L.P.R.A. see. 3.

El Administrador del Fondo extendió los beneficios de la ley, en el caso de epígrafe, a los padres dependientes del menor Jorge Luis Cotto Claudio, de quince (15) años de edad, al concluir que dicho menor murió como consecuencia de un accidente del trabajo, y aplicó la doble penalidad de la See. 3 citada precedentemente por tratarse de un menor de dieciocho (18) años que trabajaba sin el permiso del Depar-tamento del Trabajo que requiere la ley. 29 L.P.R.A. sees. 431-448. El referido menor trabajaba como ayudante en la panadería del patrono demandado Enrique Aponte Rosa. Este apareció muerto dentro de la máquina de amasar pan, habiendo revelado la autopsia que la muerte fue causada por “shock hipovolémico debido a ruptura traumativa de la aorta.”

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3, sobre el dere-cho a doble compensación, el Administrador elevó el expe-diente a la Comisión Industrial para que ésta concediese al patrono y a los beneficiarios la oportunidad de ser oídos y defenderse. Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965).

El patrono planteó como defensa que al emplear al traba-jador aquí envuelto lo hizo de buena fe bajo la impresión y apariencia de que el menor era mayor de 18 años. Planteó además como defensa que los padres del menor no cumplen con el requisito de beneficiario que impone la ley. La Comi-sión celebró una vista pública a la que comparecieron el padre del menor fallecido, el patrono Enrique Aponte Rosa y el Administrador del Fondo e hizo las siguientes conclusiones de hecho:

“(1) El menor, obrero occiso a la fecha del accidente tenía 15 años con 7 meses de edad aproximadamente.
(2) El menor occiso, medía 5 pies con tres (3) pulgadas y pesaba entre 135 a 145 libras.
(3) El padre del menor tenía conocimiento de que su hijo trabajaba con el patrono Sr. Enrique Aponte.
(4) El padre del menor recibía parte del salario del menor.
(5) El menor había trabajado en una Cafetería en Caguas antes de trabajar con el patrono Enrique Aponte.
(6) El patrono le preguntó al menor sobre su experiencia de trabajo antes de emplearlo.
(7) El patrono empleó al menor porque le caía simpático ya que era fornido.
(8) El patrono manifestó en el bogar ¡del occiso, después del accidente, que creía que el obrero occiso era mayor de edad.
(9) El menor occiso trabajó en dos ocasiones distintas en la panadería del Sr. Enrique Aponte Rosa lavando bandejas de dulces de repostería.”

En vista de los hechos expuestos la Comisión concluyó que no habiéndose presentado evidencia por el patrono sobre mani-festaciones o expresiones hechas por el menor a los efectos de que era mayor de edad, ni haber presentado evidencia al-guna contra la determinación hecha por el Administrador en el sentido de que los padres del menor eran sus dependientes conforme lo dispone la ley, consideró renunciadas dichas dos defensas por el patrono.

En Silva v. Comisión Industrial, supra, negamos los beneficios de la doble compensación a un menor de diecisiete (17) años de edad, por aparecer que tanto el menor lesionado en el accidente del trabajo como su padre indujeron al pa-trono a error en cuanto a la verdadera edad del menor. Allí surgió que el menor había trabajado antes con otros patronos y en esas ocasiones el menor y/o su padre mentían sobre la edad del menor alegando que éste tenía tarjeta de seguro social, aunque nunca la produjeron. Nuestro ratio decidendi descansó en la oportunidad que ofrece la ley al patrono, antes de proceder el Administrador del Fondo al cobro de la com-pensación adicional para que comparezca ante la Comisión Industrial, junto al trabajador (o sus dependientes) para ser oídos y defenderse. Entendemos que tal oportunidad no cons-tituye un acto fútil ni una frase hueca.

En el caso de epígrafe según las propias conclusiones de hecho de la Comisión surge que el menor medía cinco pies tres pulgadas y pesaba de 135 a 145 libras, y que el patrono lo empleó por encontrarlo fornido. El informe de la autopsia revela un peso de 145 libras. El padre del menor según las determinaciones de hecho tenía conocimiento de que su hijo trabajaba en la panadería del patrono recurrente, que antes había trabajado allí por poco tiempo, y que con anterioridad había trabajado en una cafetería en Caguas. Surge además que el padre recibía parte del salario del menor. También concluyó la Comisión que el patrono manifestó en el hogar del menor, después de muerto, que le pareció, al emplearlo, que era mayor de edad.

Lo que inexplicablemente no surge de las conclusiones de hecho de la Comisión, pero que surge de las admisiones que hizo en la vista el padre del menor, es su insistencia de que el menor tenía permiso del Departamento del Trabajo, y que dicho permiso “estaba en casa enganchado en las cosas de él”; que él (el padre) sabía del permiso porque él mismo lo obtuvo en la oficina del Departamento del Trabajo en Caguas, cuyo permiso le entregó al patrono después de la muerte del menor. El patrono declaró que había enviado luego los permisos al Departamento del Trabajo y al Fondo del Seguro del Estado. Surgió, sin embargo, en la vista una certificación del De-partamento del Trabajo indicativa de que en los años 1970-71 no existía permiso expedido a nombre del menor aludido.

Expedimos una orden dirigida a la parte recurrida Fondo del Seguro del Estado y a Feliciano Cotto Fuentes y Valentina Claudio Delgado, padres y dependientes del menor fallecido, para que mostraran causa por la que no debíamos expedir el auto para revocar la resolución dictada por la Comisión Industrial que concedía una doble compensación a los depen-dientes del menor.

Compareció el Administrador del Fondo pero su argu-mentación no nos ha convencido para apartarnos de la doc-trina sentada en Silva v. Comisión Industrial, supra. Tuvi-mos además el beneficio de la transcripción del récord taqui-gráfico de la vista pública celebrada el 5 de junio de 1973 ante la Comisión Industrial, que autorizamos a los fines de. pasar juicio sobre la expedición del recurso. Establecimos allí y ratificamos ahora el principio de que un menor de die-ciocho (18) años cuyo aspecto físico refleja ser mayor de esa edad, que ha realizado labores con anterioridad con otros patronos, cuyo padre sabe que está empleado y aún más, se beneficia con parte de la compensación recibida por el menor sin levantar objeción a ello, son factores que inducen a un patrono a creer que está cumpliendo con la ley. En este caso en particular existe la certeza del padre de que el menor está debidamente autorizado a trabajar por poseer un per-miso del Departamento del Trabajo que él mismo (el padre) obtuvo de una de las oficinas de dicho Departamento. El patrono no debe responder por la doble penalidad en tales circunstancias.

Se expedirá él auto solicitado en él caso C.1.-72-4-3833 (F.S.E.-71-94-00043), Jorge Luis Cotto Claudio, Lesionado (occiso), Enrique Aponte Rosa, Patrono, Fondo de Seguro del Estado, y se revocará la Resolución dictada por la Comisión Industrial en 21 de agosto de 1973.

       Se otorgó una compensación equivalente al 66%% del jornal que percibía el obrero, computada conforme dispone la ley, y pagadera por mensualidades vencidas, por un período que no excederá de 540 semanas ni de $10,500. La compensación ordenada habrá de dividirse entre los dos padres a razón de $50 mensuales para cada uno de ellos.


author: per curiam:

text:
    Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico et al., demandada.

      Número: O-76-152

      Resuelto: 8 de octubre de 1976

      Francisco Falú Lebrón y Guillermo Figueroa Prieto, abogados del recurrente; la Comisión Industrial de Puerto Rico no compareció.
   per curiam:

Nos compete resolver en este caso si puede la Comisión Industrial negarle oportunidad al Fondo del Seguro del Estado de dirimir en vista pública contro-versias entre los médicos asesores de la Comisión y los del Fondo.

El Fondo les fijó a cuatro obreros lesionados el corres-pondiente grado de incapacidad por pérdida de sus funciones fisiológicas. Los cuatro apelaron a la Comisión Industrial. Tres de ellos solicitaron que se les aumentase el por ciento de incapacidad fijado por el Fondo. El cuarto, Manuel Nieves Santana, solicitó tratamiento adicional, cosa que el Fondo le había denegado a base de la recomendación de su perito médico. Se señalaron vistas médicas en todos los casos, sur-giendo discrepancias entre los peritos del Fondo y los de la Comisión. Sin señalamiento de vista para dilucidar estas diferencias, la Comisión resolvió aumentar el por ciento de incapacidad en tres de los casos a tono con la recomendación de sus asesores médicos y devolver el de Manuel Rivera Santana para reexamen y tratamiento adicional.

El Fondo radicó moción de reconsideración ante la Comi-sión Industrial, quejándose de que no se le concedió oportuni-dad de presentar prueba para fundamentar las recomenda-ciones de su médico asesor quién, siguiendo la práctica- esta-blecida, se había limitado en su informe a consignar su disenso. Protestó también el Fondo de que se le había privado del derecho a contrainterrogar al perito de la Comisión. Se denegó la moción, disintiendo un Comisionado de tal fallo. De estas resoluciones de la Comisión Industrial es que se recurre ante nos.

El Art. 10 de nuestra Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, según enmendada por la Ley Núm. 63 de 10 de junio de 1974, 11 L.P.R.A. see. 11, dispone en parte:

“Si el obrero o sus beneficiarios, no estuvieren conformes con la decisión dictada por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado en relación con su caso podrán apelar ante la Comi-sión Industrial . . . disponiéndose . . . que una vez radicada una apelación por un obrero lesionado, en que esté envuelta una cuestión médica, éste será examinado en una vista médica por médicos del Fondo del Seguro del Estado y de la Comisión Industrial conjuntamente, y por el médico que el obrero tuviere a bien traer y de la resolución que dictare la Comisión Industrial a base del informe médico que se rinda como resultado del exa-men practicado, la cual será firmada por un solo Comisionado, el obrero podrá solicitar una vista pública .. ..”

La Comisión interpretó la disposición citada al efecto de que, luego de celebrada la vista médica y sin que importe aparentemente lo que en ella suceda, tan solo se puede proce-der a la celebración de una vista pública para resolver dife-rencias de opinión entre los peritos médicos cuando el obrero así lo solicite. Esta novel interpretación es insostenible. Choca ella contra la práctica administrativa establecida y con mo-dos menos mecánicos y literales de interpretar el.estatuto en cuestión. Suscita serias dificultades constitucionales. Tendría la grave consecuencia de eliminar de hecho al Fondo del Se-guro del Estado como parte en los procedimientos administra-tivos después de la vista médica y de privarle de presentar prueba para refutar testimonio pericial adverso a su deci-sión inicial.

Según surge de autos, la práctica seguida hasta ahora en los procedimientos siempre fue que, de surgir una discrepancia entre los peritos de la Comisión y del Fondo en la vista médica, se consignasen o no por escrito las bases de la diferencia, se procedía automáticamente a dirimir en vista pública el conflicto con amplia oportunidad tanto al obrero como al Fondo de ser oídos y confrontarse con la prueba contraria. La interpretación contemporánea o práctica de un estatuto es de notable valor para la precisión de su significado. 2 Sutherland, Statutes and Statutory Construction, 4th ed. (Sands), 1973, sec. 49.03.

La práctica establecida, en adición, concuerda con el len-guaje del estatuto, examinado a la luz de sus propósitos. El Art. 10 citado de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo expresa inicialmente que el obrero puede apelar ante la Comisión Industrial de las determinaciones del Admi-nistrador del Fondo. Ya aquí se traba la controversia. El Fondo es obviamente parte de la misma. Vide: Colón v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 1 (1937). No se le puede borrar del récord; no se le puede ordenar, como al genio de Ala-dino, que regrese a la lámpara. Luego el estatuto requiere que se celebre una vista médica, sin que nadie tenga que so-licitarla, de así exigirlo la naturaleza del caso. Entonces se expresa que, de no estar conforme el obrero con la resolución que en consecuencia dicte la Comisión, el obrero podrá solici-tar una vista pública. ¿Significa esto que es solo el obrero el que tiene el derecho de ventilar su inconformidad en esta forma? ¿Que de complacerle al obrero la resolución de la Co-misión — como le complacería cualquier decisión a su favor— pierde el Fondo su derecho a ser oído? No hemos hallado nada en el historial legislativo de la disposición concernida que le atribuya tal significado, ni razón de otro orden que prive de oportunidad a ninguna de las partes a desfilar prueba y a con-trainterrogar a los peritos contrarios sobre la controversia médica surgida.

El nuevo significado que la Comisión le imparte al citado Art. 10 conflige, además, con las normas de buen procedi-miento administrativo generalmente reconocido en este campo. Se afirma en 3 Larson Workmen’s Compensation Law, 1976, see. 79.83, pág. 15-334:

“Las reglas del juego limpio incluyen el derecho a eontrain-terrogar, las normas contra declaraciones ex parte, la necesidad de que toda la prueba conste en el récord, y la restricción de las determinaciones que se funden en investigaciones independientes que el Tribunal lleve a cabo. Estas reglas se basan en nociones fundamentales de justicia . . . .” (Traducción nuestra.)

Véanse, además, Davis, Administrative Law of the Seventies, 1976, pág. 241 y ss.; Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 664 (1944).

Dadas las conclusiones que anteceden, es innecesario con-siderar los planteamientos que hace el Fondo respecto a la anticonstitucionalidad de los actos de la Comisión. El esta-tuto simplemente no sanciona tales actos.

No se ha argumentado, pero vale considerar si la acción del médico del Fondo, al no expresar, según la práctica, la razón de su disenso en el informe escrito sobre la vista médica constituyó una renuncia del derecho a vista por parte del Fondo. No lo estimamos así. Las renuncias deben ser claras y conscientes. Cuando se trata de derechos fundamentales surge de hecho una presunción contraria a la renuncia. Edelman v. Jordan, 415 U.S. 651 (1974); Brady v. United States, 397 U.S. 742, 748 (1970); Ohio Bell Tel Co. v. Public Utility Commission, 301 U.S. 292 (1937). Contrario a lo resuelto en la Comisión Industrial, el Fondo tiene derecho a que se diriman en vista pública, con su plena par-ticipación como parte, las controversias surgidas entre los médicos asesores de la Comisión y los del Fondo.

Todo lo anterior se aplica a tres de los casos — los de los señores Concepción Santiago Rodríguez, C.I. 76-3-5932; Rubén Heredia Ramos, C.I. 76-3-6464; y Juan Burgos Lacén, C.I. 76-3-7636; pero no al del señor Manuel Nieves Santana. El señor Nieves Santana solicitó únicamente, a distinción de los otros caballeros mencionados, tratamiento médico adicional. Tal tipo de caso se rige por una regla diferente, expuesta en 11 R.&R.P.R. see. 8-5 (d) la cual ordena en su parte pertinente:

“ (d) . . . Cuando se radicare una apelación en la que se ale-gue por el obrero que necesita más tratamiento, o que el trata-miento que se le provee es inadecuado, el obrero será referido inmediatamente al asesor médico de la Comisión Industrial, quien lo examinará y rendirá un informe en triplicado. Si el informe es favorable al obrero, la Comisión ordenará al Admi-nistrador que le provea el tratamiento adecuado, y el Adminis-trador, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley [11 L.P.R.A. see. 6], cumplirá con la orden de la Comisión sin de-mora alguna.”

El Fondo no ha cuestionado la validez de esta disposición, que en modo alguno entraña la emisión de una orden para que se aumente el porcentaje de incapacidad.

En consecuencia se dejan sin efecto las resoluciones re-curridas, excepto que en el caso del señor Nieves Santana el Fondo procederá a brindarle, sujeto a las normas legales vi-gentes, tratamiento médico adicional.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    L. Dershowitz & Co., Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.

      Número: O-76-368

      Resuelto: 11 de octubre de 1976

      Frank Carbó y Víctor J. Pagan, abogados de la recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En el Registro de la Propiedad, Sección de Bayamón, fue presentado el 3 de mayo de 1976 un mandamiento del Tribunal de Distrito (San Juan) en su caso Civil Núm. 71-4542 sobre cobro de dinero seguido por Dershowitz & Co., Inc., demandante, contra Carlos Quiñones y Karis Joyeros, de-mandados que en lo pertinente dice:

“Orden: Vista la moción del demandante solicitando se declare nula la Escritura 108 de Compraventa otorgada ante el Notario Benjamín Cintrón Rodríguez por el demandado Carlos Quiñones a favor de Gonzalo Jusino y Ana Jusino sobre la propiedad que se describe como sigue:
Urbana [descrita allí in extenso consistente en solar de 341.55 m/c y casa vivienda en Urb. Santa Rosa, Bayamón].
El Tribunal accede a lo solicitado y por la presente ordena al Señor Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Pri-mera que cancele en los libros del Registro a su cargo la anota-ción de la enajenación y traspaso de la descrita propiedad, a los esposos Jusino.”

Se presentó asimismo mandamiento de ejecución de sentencia en el referido pleito, en que se ordena al Alguacil que em-bargue y saque a subasta bienes de los demandados Carlos Quiñones y Karis Joyeros para satisfacer un balance de $1,760.80 de la sentencia contra ellos dictada el 31 de enero de 1972.

A la fecha de presentación de estos documentos la finca urbana afectada por dichos mandamientos de cancelación de traspaso y de ejecución aparecía inscrita a favor de Ana Jusino, viuda de Gonzalo Jusino, persona distinta a las que figuran como partes en el pleito. Denegó el Registrador la inscripción fundando su nota en falta de documentos com-plementarios que acrediten la jurisdicción del tribunal que emitió dichos mandamientos, especialmente su jurisdicción sobre la titular registral Ana Jusino que no es parte en el pleito, y por no acompañarse la sentencia dictada en el mismo.

El Art. 20 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sec. 45) ordena que para inscribir o anotar los títulos en que se trans-fiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o ano-tado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen. La falta de tracto suce-sivo aparece como suficiente obstáculo a la inscripción que pretende la recurrente, pero ésta le niega autoridad al Regis-trador para cuestionar la jurisdicción del tribunal invocando nuestra decisión en Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 D.P.R. 578 (1975), emitida en una realidad jurídica procesal que ya hoy no tiene vigencia, y cuyos hechos son distintos. En Ruiz-Sierra no consideramos necesario acreditar con comple-mentarios que la mujer casada había sido incluida como de-mandada y emplazada en pleito que nombraba a su esposo como demandado y en el que se originó un mandamiento judicial que afectaba una propiedad ganancial. Arts. 93 y 1312 Código Civil (31 L.P.R.A. secs. 286 y 3671); Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Ereño, 16 D.P.R. 100, 105 (1910); Valiente & Cía. v. Corte, 68 D.P.R. 529, 531 (1948).

Por Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1975 se derogó la Regla 15.3 de Procedimiento Civil y se confirió a la mujer casada capacidad para defender su derecho como parte interesada en cuanto concierne al patrimonio conyugal. Posteriormente se aprobó la Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976 que derogó el Art. 1312 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3671) y confirió a ambos cónyuges la administración de los bienes de la sociedad mediante enmienda del Art. 93 (31 L.P.R.A. sec. 286) que ahora dice: “Representante de la Sociedad Conyugal. — Salvo lo dispuesto en el Art. 91 (estipulación en contrario, en cuyo caso uno de los cónyuges otorgará mandato para que el otro actúe como administrador; o existencia de capitulaciones matrimoniales) cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la sociedad conyugal. Cualquier acto de administración unilateral de uno de los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los efectos legales.”; y se enmendó el Art. 1313 (31 L.P.R.A. see. 3672) al que se le dio el siguiente nuevo texto:

“Consentimiento de ambos esposos. No obstante lo dispuesto en el Artículo 91, ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o per-sonales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.
Todo acto de disposición o administración que sobre dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges en contravención a este artículo, y los demás dispuestos en éste código, no perjudicará al otro cónyuge ni a sus herederos.
El cónyuge que se dedicare al comercio, industria, o profe-sión podrá adquirir o disponer de los bienes muebles dedicados a esos fines, por justa causa, sin el consentimiento del otro cón-yuge. No obstante, será responsable por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar por dichos actos a la sociedad legal de gananciales. Esta acción se ejercitará exclusivamente en el mo-mento de la disolución de la sociedad legal de gananciales.”

Ha surgido un nuevo estado de legislación, tanto sustantiva como procesal, que erige la mujer a una posición de igualdad respecto al gobierno y disposición de los bienes gananciales y representación legal de su interés que supera la razón de decidir en Ruiz-Sierra, y en los casos que le antecedieron. El nuevo ordenamiento, se aclara, gobierna las situaciones que surjan a partir de su vigencia, sin que se afecten de-rechos adjudicados bajo el anterior estado de ley y de juris-prudencia.

El Registrador ahora recurrido, en ejercicio de su facultad calificadora, puede cuestionar la jurisdicción del tribunal para adjudicar derechos de la titular Ana Jusino, si el mandamiento presentado proveniente de pleito en el cual no es parte, ninguna luz hace respecto a haber sido ella, o aun su marido Gonzalo Jusino, citados o emplazados de una moción sobre nulidad de escritura, especialmente cuando pronunciamiento de tal trascendencia aparece relatado como efímero incidente procesal interlocutorio. Báez v. Regis- trador, 74 D.P.R. 813, 815 (1953). Por haber advenido la mujer casada a la coadministración de la sociedad conyugal, rota por las Leyes Núm. 100 de 1975 y Núm. 51 de 1976 citadas, la solidaridad procesal que sumergía su personalidad de parte propia demandada en la defensa de su interés por el marido, ella es ahora parte realmente interesada con derecho a ser oída en toda acción civil que afecte los bienes de la sociedad de gananciales. Cf. Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974). Manrique v. Registrador, 51 D.P.R. 787 (1937).

“En el aspecto de calificación registral de resoluciones ju-diciales hay que destacar que si bien los Registradores no pue-den entrar a calificar el orden riguroso del procedimiento que dé lugar a actos en principio registrables, no obstante si que la función calificadora del Registrador se extiende a la materia relativa a notificaciones o citaciones de la persona que sea titular registral del dominio o derecho real limitado y que haya de resultar afectada o perjudicada por el asiento ordenado o dima-nante de la Autoridad judicial.
No es suficiente que por exigencias del principio de tracto sucesivo el Registrador pueda rechazar la inscripción de una resolución judicial o una anotación preventiva contra una persona que no figure como titular registral del derecho corres-pondiente, sino que, aun cumplido el requisito de la previa ins-cripción, es necesario que el procedimiento se haya seguido contra el titular según el Registro legalmente citado, notificado o emplazado, es decir, que por ser parte en el procedimiento haya sido éste dirigido correctamente contra él, pues las leyes de procedimientos y normas adjetivas o procesales complementa-rias, incluso de nuestra legislación hipotecaria, imponen dicho enlace o conexión procesal, como garantía indeclinable de los derechos de los interesados, los cuales de figurar inscritos a su favor en el Registro, se hallan bajo la salvaguardia especial de los Tribunales, . . . .” (Énfasis en el original.) Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo 2, págs. 256-7, Sexta Edición (1968).

La función calificadora del Registrador de la propiedad inmueble tiene la naturaleza propia de los actos de jurisdicción voluntaria, si bien con algunas particularidades que la singularizan, una de las cuales es que la misma es ejercida por un funcionario administrativo, cual es el Registrador de la Propiedad. Es función trascendente sin la cual no podría cumplirse el principio de legalidad que gobierna el sistema inmobiliario registral. La calificación es la facultad por excelencia del Registrador que al ejercitarla realiza el propósito de que el Registro encierre sólo actos válidos y derechos perfectos. El relajamiento o demérito de esa facultad que adicionalmente es deber, pues el Art. 18 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sec. 43) ordena al Registrador calificar “bajo su responsabilidad”, conduce a la desintegración de los principios de legitimación y de fe pública registral y con ello a la erosión de la garantía de verdad y seguridad para quien contrata sobre la base de lo que consta en el Registro. Faltando esa condición,, dice Morell, los fines del Registro quedarían anulados y todo tercero se retraería de contratar ante el fundado temor de perder los derechos adquiridos, o de poderle ser disputados, con grave daño del crédito territorial. Confirmada.

       Según surge del alegato del recurrente, siendo ya final y firme la sentencia contra Carlos Quiñones y Karis Joyeros el deudor Quiñones vendió la propiedad a los esposos Gonzalo y Ana Jusino, quedando inscrito a nombre de los mismos el 14 de marzo de 1973. Por esta razón le fue denegada a la recurrente una primera (anterior) anotación de embargo. Acudió el acreedor al tribunal y obtuvo una orden de prohibición de ena-jenar, la cual sí quedo inscrita. Más tarde el tribunal emite nueva orden declarando nula la escritura de compraventa entre Quiñones y los Jusino y ordenando la cancelación de la enajenación y traspaso. Con pos-terioridad a este procedimiento de nulidad murió el esposo comprador y al momento de solicitarse la actual inscripción aparecía inscrita a favor de la cónyuge viuda la totalidad de la finca.

       Disponía el Art. 1312 que el marido fuese el administrador de la sociedad de gananciales.

       Declaraba el Art. 93: El marido es el representante legal de la sociedad conyugal.

       En su alegato la recurrente informa que en un solo día (11 de febrero de 1976) obtuvo del tribunal una orden declarando nula la escri-tura de venta a los Jusino y otra orden y mandamiento al Registrador para que cancelara la inscripción provocada por la escritura anulada.

       Roca Sastre, opus dt. pág. 246.

       Morell y Terry, Legislación Hipotecaria, Tomo 2, pág. 252, Segunda Edición (1927).


author: El Juez Asociado Señor Kigau

text:
    Sonia Martínez Vda. de Rivera, demandante y recurrida, v. Southland Life Insurance Company, demandada y recurrente.

      Número: R-75-352

      Resuelto: 18 de octubre de 1976

      Fiddler, González & Rodríguez y Jorge R. Jiménez, abogados de la recurrente; Arturo Ortiz Aponte y Rafael A. Mirabal Conde, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kigau

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso dictamos orden para mostrar causas por las cuales no debía dejarse sin efecto la sentencia recurrida y ordenarse que el caso se viese en los méritos. La comparecen-cia de la demandante recurrida nos ha persuadido de que el caso se contrae a una controversia de derecho, que no hay cuestiones de hecho relevantes que dilucidar y que procedía que el tribunal de instancia dictase sentencia sumaria, como lo hizo. Mercado Riera v. Mercado Riera, 87 D.P.R. 566 (1968); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 (1963); Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1 (1961).

Por su parte,, la demandada recurrente en su compare-cencia también afirma que no existe controversia de hechos y solicita sentencia sumaria a su favor o, en la alternativa, que se expida el auto. Habiendo quedado persuadidos, como lo estamos, de que procedía resolver el caso mediante sen-tencia sumaria, vamos a dirigirnos a los méritos de la solici-tud de revisión.

En 8 de noviembre de 1973 Pedro Rivera González firmó una solicitud de póliza de vida de $101,000 y pagó $278.40 por concepto de la prima por adelantado de los primeros seis meses. Hizo la venta de la póliza y recibió el pago de la prima la Sra. Agnes Medina de Yélez, agente de la demandada. El asegurado acordó someterse a un examen médico el día 12 de aquel mes de noviembre pero fue asesinado un día antes de esa fecha.

Sonia Martínez, la viuda del asegurado, reclamó judicial-mente los beneficios del seguro. La compañía aseguradora solicitó sentencia sumaria y alegó que Rivera no estaba ase-gurado cuando murió. Acompañó su moción con una declara-ción de Jack R. Wahlquist, su Vicepresidente, en la cual se declara que nunca se emitió la póliza en' cuestión; que la cubierta sería efectiva solamente desde que se completase el informe médico; y que no existía responsabilidad de la asegu-radora bajo dicha póliza.

La demandante presentó una declaración jurada suya y otra de la agente Agnes Medina de Vélez. Provisto así de las correspondientes declaraciones juradas y de prueba documen-tal, el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria a favor de la demandante. Debemos confirmar.

La jurisprudencia y los tratadistas sostienen ampliamente la posición que aquí asumimos. Antes de discutirlos es preciso entrar en algunos detalles. La agente de la aseguradora, en su declaración jurada expresó que el asegurado “pago dicha prima por adelantado después de haberle informado la suscribiente que de así hacerlo quedaría asegurado desde esa fecha.” A eso la compañía opone el texto de los documentos, los cuales son la solicitud de la póliza y el recibo condicional que aparece impreso como parte de un formulario de cuatro páginas. La solicitud de la póliza incluye en su parte inferior un apretado y extenso párrafo, impreso en letra diminuta, de muy difícil lectura y comprensión. Para el asegurado normal y corriente dicho párrafo debe resultar prácticamente incomprensible.

La situación es parecida en cuanto al recibo condicional. En el mismo se expresa que la póliza no entrará en vigor a menos que no se cumplan las condiciones contenidas en el re-verso, pero en esa misma página, en su parte inferior, apa-rece también otro extenso párrafo en letra muy diminuta, de muy difícil lectura y comprensión. Las condiciones antes aludidas aparecen, también en letra diminuta.

Los tribunales y los tratadistas están acordes en que no se puede esperar que el asegurado promedio pueda leer y entender esas complicadas cláusulas preparadas por las aseguradoras e impresas en dicha forma. También están con-testes los tribunales en que cuando la aseguradora acepta el pago de la prima con la solicitud, se establece un seguro interino o temporero hasta que el seguro permanente se formalice o hasta que la compañía rechace la solicitud y devuelva el dinero recibido. Los tribunales han dicho que las condi-ciones de contratación son muy desiguales y desfavorables para el asegurado y que resulta irrazonable que la compañía acepte el dinero y no asuma responsabilidad alguna.

La posición generalizada es que cuando la compañía re--cibe el importe de primas por adelantado y entrega un recibo o documentos ambiguos, o se le ha hecho creer al comprador de la póliza que quedó asegurado desde que hizo el pago, existe un seguro interino o temporero que lo cubre hasta que la aseguradora acepta el riesgo o lo rechace y devuelva el dinero. 1 Couch On Insurance, 2d, sec. 14:42; 12 Appleman, Insurance Law and Practice, sec. 7221 y ss.; Keeton, Basic Text on Insurance Law, (1971) sec. 2.3; Fortunato, Conditional Receipts: Should the Uninsurable Have Insurance?, 1 The Forum #3, pág. 5; Anno. Temporary Insurance, 2 A.L.R.2d 943; Tripp v. Reliable Life Insurance Co., 499 P.2d 1155 (1972).

Toevs v. Western Farm Bureau, 483 P.2d 682 (1971), es un caso normativo y casi idéntico al de autos. Toevs y su esposa acordaron la compra de una póliza de vida a través de un agente de la aseguradora. Pagaron $168.75 por concepto de la prima y les fue entregado un recibo condicional. El ase-gurado, Walter Toevs, debería someterse a un examen mé-dico. Pocos días después Toevs murió a consecuencia de una herida de bala. A la fecha de su muerte la compañía no había, expedido la póliza. Se resolvió que era irrazonable que la ase-guradora cobrara la prima y tomase la posición de que el comprador de la póliza no estaba asegurado. El tribunal además señala que las partes no están en igual posición de regateo. Señala las ventajas económicas, sicológicas y de re-gateo que le da a la compañía el hecho de tener ya en su poder el importe de la prima. El tribunal resolvió, a la pág. 686, que el pago de la prima creó un seguro temporero, su-jeto a ser rechazado por la compañía, desde el momento que se pagó la prima. Razonó que como al morir Toevs la com-pañía no había rechazado el seguro, el contrato temporero estaba en vigor. Confirmó al tribunal inferior que había or-denado el pago de la póliza.

En Smith v. Westland Life, 115 Cal. Rptr. 750 (1974), la situación es más extrema porque en este caso la compañía aseguradora llegó a rechazar el riesgo, pero no llegó a devol-ver el importe de la prima. Al pagar la prima el asegurado recibió un recibo condicional. Smith se sometió al examen mé-dico pero como su trabajo era peligroso la compañía decidió rechazar la póliza y hacer otro contrato. Smith se negó a fir-mar el segundo contrato y en esos días murió en un acciden-te automovilístico. El tribunal resolvió que a la muerte de Smith estaba en vigor el contrato temporero creado por el pago de la prima. Señaló el tribunal que no bastaba por parte de la compañía rechazar el riesgo sino que debió haber devuelto el importe de la prima que había cobrado. Señaló que el seguro temporero no expira hasta que se rechaza el riesgo y se devuelve la prima cobrada. Vide, Smith v. Minnesota Mut. Life Ins. Co., 195 P.2d 457 (1948); Stark v. Pioneer Casualty Co., 34 P.2d 731 (1934); Combined American Insurance Company v. Parker, 377 S.W.2d 213, 215 (1964); Douglass v. Mutual Ben. Health & Accident Ass’n, 76 P.2d 453, 459 (1937); Reck v. Prudential Ins. Co. of America, 184 A. 777, 778 (1936); Reynolds v. Northwestern Mut. Life Ins. Co., 176 N.W. 207, 209 (1920).

Igual que en otras jurisdicciones el tribunal señaló que es irrazonable retener el importe de la prima sin proveer seguro. Vide, Ryman v. American Nat. Ins. Co., 96 Cal. Rptr. 728, (1971); Turner v. Investors Syndicate Life Ins. & Annuity Co., 108 Cal. Rptr. 47 (1973).

En Damm v. National Insurance Co., 200 N.W.2d 616 (1972), el recibo condicional era muy parecido al del caso de autos. Señalaba determinada fecha de vigencia o la fecha en que se llevase a cabo el examen médico. Damm no se hizo el examen médico y la compañía no expidió la póliza pero Damm pagó la prima inicial. Pocos días después Damm murió en un accidente. La compañía tomó la posición de que su solicitud no se había completado porque él no se había hecho el exa-men médico. El tribunal falló igualmente que en los casos antes reseñados. Resolvió que el pago de la prima había creado un contrato temporero de seguro.

Como hemos señalado, el caso de autos es muy parecido a los anteriores y tanto la jurisprudencia como los tratadistas están contestes en la existencia de un contrato de seguro tem-porero que nace cuando el asegurado paga la prima inicial y la compañía o su agente reciben el pago. Para terminar dicho contrato temporero la compañía no solamente debe rechazar el riesgo sino también devolver el importe de la prima pagada. Esta norma clara y uniforme establece certeza razonable en la industria de seguros y en esta clase de con-tratos.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

      Leen como sigue:
      “Subject to its conditions and limitations, the policy as applied for will be considered as having been in force from the date of the application (Parts 1 and 2) or the date of the Medical Report (Part 2A), if required by the Company, or the date requested in the application, whichever is later, provided the following conditions precedent are first satisfied.
      “1. The duly authorized officers of the Company at its Home Office shall within their sole discretion be satisfied that on said date the Proposed Insured was acceptable under the rules, limits and standards of the Company for the amount and plan of insurance applied for and at the premium stated in the application.

        “2. If this application is for an amount, which when added to all other Insurance on the life of any Proposed Insured in force in this Company, exceeds $200,000.00, the total liability of the Company shall be limited to $200,000.00 and return of the premium paid for any excess amount under this application.
      “Neither the agent nor the medical examiner is authorized to accept risks or pass upon insurability, to make or modify contracts, or to waive any of the Company’s rights or requirements or otherwise bind the Company in any way by any promise or statement.”

       De hecho los tribunales usan un término mucho más fuerte que irrazonable. Describen la situación como “unconscionable.” Smith v. Westland Life Insurance Co., 115 Cal. Rptr. 750 (1974); Toevs v. Western Farm Bureau Life, 483 P.2d 682 (1971).


text:
    Luis F. Silva Recio, Secretario del Trabajo de Puerto Rico, etc., querellante y recurrente, v. Mayagüez Outboard Motor Club, querellada y recurrida.

      Número: R-76-251

      Resuelto: 19 de octubre de 1976

      Rafael A. Marzán Robles, Angel Alfonso Colón, Antonio Nieves Franquie, abogados del recurrente; Eugenio Sánchez Ruiz, abogado de la recurrida.
   per curiam:

Los hechos de este caso dramatizan hasta qué punto puede la batalla de los tecnicismos obstaculizar que se investiguen a fondo los méritos de una reclamación. Se inició este litigio en abril de 1973 mediante querella sobre reclamación de salarios en que se invocó el procedimiento su-mario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sees. 3118 a 3132. La querella fue presentada por el Secretario del Trabajo en interés del reclamante Carmelo Bartolomey. No obstante el propósito de dicho estatuto de acelerar el procedimiento y la decisión final — cf. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959); Jaume v. Corte, 61 D.P.R. 168 (1942) — tres años después de incoada la que-rella se debate aún la validez del emplazamiento de la que-rellada.

La causa está ante nos en virtud de recurso instado por la parte querellante para que revisemos la sentencia dictada el 27 de mayo de 1976 por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, que desestimó la querella sin haber pasado sobre sus méritos, y a base exclusivamente de que, a juicio del tribunal sentenciador, la querellada nunca fue emplazada ade-cuadamente en los tres años de vida del litigio.

Por resolución de 4 de agosto de 1976 requerimos de la querellada que mostrara causa por la cual no debíamos expe-dir el auto de revisión solicitado y revocar. La querellada ha comparecido pero no nos convence. Considerados los hechos de este caso y el Derecho aplicable, no puede sostenerse la sentencia recurrida.

Veamos los hechos. La querella se presentó en abril de 1973. Se alegó que el querellante trabajó como celador, can-tinero y conserje para la querellada, que operaba un club privado, y no le pagó a base del salario mínimo a que tenía derecho, adeudándole $3,337 por ese concepto. Se sirvió el emplazamiento o citación que dispone el procedimiento suma-rio de la citada ley de 1961 en la persona de un ex presidente del “club”. El club no compareció y a solicitud de la parte querellante se dictó sentencia contra la querellada el 26 de julio de 1973, notificada por correo a las partes el 2 de agosto siguiente.

El 14 de agosto de 1973 la querellada impugnó la juris-dicción del tribunal a base, entre otras razones, de que la persona emplazada no podía recibir emplazamientos a nom-bre de la querellada. El 31 de octubre de 1973 se señaló para vista la moción de la querellada, que se celebró el 26 de no-viembre de 1973, fecha en que se dejó sin efecto la senten-cia a base únicamente, y así lo hizo constar el tribunal en su resolución, de que “el demandado nunca fue emplazado.” Evidentemente el tribunal entendió que la querellada se había sometido a su jurisdicción y señaló el caso para vista para el 20 de febrero de 1974.

El 16 de enero de 1974, inexplicablemente otro juez del tribunal dejó sin efecto dicho señalamiento y concedió 30 días a la parte querellante para que emplazara a la quere-llada. La parte querellante protestó de dicha orden, hubo varios incidentes, y finalmente se expidió nuevo emplaza-miento o citación el 24 de junio de 1974. El emplazador noti-ficó esta vez al contable de la entidad querellada. Volvió la querellada a comparecer para impugnar nuevamente el em-plazamiento. Se señaló una vista sobre ello para el 4 de no-viembre de 1974, pero en el ínterin la parte querellante ges-tionó y obtuvo un nuevo emplazamiento a ser diligenciado en la persona de José Luis Annoni como presidente del club querellado.

Se emplazó al Sr. Annoni, pero se hizo más de diez días después de expedido el emplazamiento, en contravención de una orden del tribunal que dispuso que el diligenciamiento se hiciera en diez días. Esto motivó que la parte querellante tuviera que iniciar nuevamente el trámite de emplazar a la querellada. Así se hizo, y esta vez la querellada atacó la vali-dez del emplazamiento amparándose en otra razón que pasa-mos a exponer.

La Ley Núm. 112 de 12 de julio de 1960, 4 L.P.R.A. see. 866, autoriza al Administrador de los Tribunales a designar, a solicitud del Secretario del Trabajo, a uno o más funciona-rios o empleados del Departamento del Trabajo para que actúen como alguaciles auxiliares en el diligenciamiento de emplazamientos y en la ejecución de sentencias en los casos incoados en los tribunales por abogados del Departamento del Trabajo para hacer efectiva la legislación protectora del trabajo. Dispone dicha ley que el Secretario del Trabajo “de-berá notificar previamente al Juez Administrador y al algua-cil en propiedad de la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia el nombre del alguacil auxiliar que inter-vendrá en cada caso.”

La persona que emplazó finalmente al funcionario de la querellada había sido nombrado alguacil auxiliar conforme a dicha disposición de ley, pero el Secretario del Trabajo omi-tió notificarlo por escrito al Juez Administrádor y al algua-cil en propiedad del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. Con base en esa omisión se atacó la validez del emplazamien-to. No se alega que la persona emplazada no estuviera auto-rizada a recibir emplazamientos y citaciones a nombre de la querellada.

El tribunal de instancia entendió que no fue válido el emplazamiento y que, debido al tiempo transcurrido desde la presentación de la querella, debía ordenar, como ordenó, su desestimación. Se amparó en nuestras decisiones en Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844 (1975); Madera Meléndez v. Negrón, 103 D.P.R. 749 (1975) y Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974).

Ciertamente nos preocupa, y siempre nos ha preocupado, que la indolencia de una o de ambas partes en un litigio pueda frustrar el propósito de que se haga justicia rápida. Nuestras decisiones han estado dirigidas a fortalecer el poder de las Salas de instancia para aligerar los procedimientos, si necesario fuere mediante la drástica sanción de decretar la desestimación y archivo de la demanda de la parte actora y, según sea el caso, eliminar las alegaciones de la parte demandada, declararla en rebeldía y resolver la causa en su contra. No vamos a aflojar esa norma en lo más mínimo. Pero tiene por necesidad que aplicarse en cada caso conforme a sus particulares hechos y perspectivas.

Sin duda acusa indolencia el comportamiento de la repre-sentación profesional de la parte querellante, que en tres años no ha podido' superar los tecnicismos en. el procedi-miento de emplazar a la querellada. Y las argucias de la parte querellada, recurriendo al tecnicismo para negarse a someterse a juicio, sugiere cuando menos poca fe en su posi-ción en los méritos.

Estamos ante el reclamo de un obrero para que se le pague conforme a su derecho por el trabajo que realizó, según sus alegaciones. No podemos permitir que el juego de los tecnicismos le niegue su día en corte.

La parte querellada fue emplazada debidamente por lo menos cuando se notificó la demanda y la citación a su con-table, y luego a su presidente. Bajo el procedimiento sumario de la Ley de 1961 citada, la orden de citación es válida si es diligenciada “en la persona que en cualquier forma represente [al] querellado en la fábrica, taller, establecimiento, finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a la recla-mación o en su oficina o residencia.” See. 3 de dicha ley, 32 L.P.R.A. sec. 3120. (Énfasis nuestro.)

El hecho que no se cumpliera con la disposición de la Ley Núm. 112 de 12 de julio de 1960, 4 L.P.R.A. see. 366, que requiere que el nombramiento del alguacil auxiliar ad hoc para casos de salarios como el presente se notifique previamente al Juez Administrador y al alguacil en propiedad de la sala del tribunal en que penda el litigio, no constituye un obstáculo infranqueable para la validez del emplazamiento hecho por dicho alguacil auxiliar. Hemos examinado el historial legislativo del proyecto del Senado 603, que se convirtió en la Ley Núm. 112 de 1960 citada, y no hemos hallado indicio alguno de la intención legislativa respecto de tal requisito. Se pretendió, y así surge del informe de la Comisión del Trabajo del Senado, conferir a estos alguaciles especiales los mismos poderes conferidos a los alguaciles regulares para fines de este tipo especial de acciones. Véase Diario de Sesiones, vol. 13, tomo 3, pág. 1114 (1960). Es evidente que la notificación de cada nombramiento, en la forma dispuesta por dicha ley, logra un mayor orden administrativo y procura evitar conflictos entre funcionarios que han de ejercer iguales tareas. Nada hay en el historial legislativo que sirva de apoyo a la drástica medida de invalidar lo actuado por uno de dichos alguaciles especiales por el hecho que no se hiciera la notificación. Lo importante es que hubiera sido designado como tal antes de actuar en tal capacidad y aquí se demostró que así fue.

Se dictará sentencia por la que se expida el auto de re-visión solicitado y, visto lo aquí expresado, se revocará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez y se dis-pondrá que se ordene a la parte querellada contestar la que-rella sin más dilación y señalar el caso para juicio a la mayor brevedad posible.


author: per curiam :

text:
    El Municipio de Guayama, demandante y recurrido, v. Ponce Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-76-266

      Resuelto: 22 de octubre de 1976

      Matos & Matos, abogados de la recurrente; Santiago Polanco Abren, abogado del recurrido Municipio de Guayama.
   per curiam :

Este caso surge mediante demanda del Mu-nicipio de Guayama contra el Ponce Federal Savings and Loan Association en cobro de la patente municipal impuesta a dicha institución por operar dentro de la municipalidad un negocio de banco durante los años 1967-68, 1968-69 y 1969-70. Ley Núm. 26 de 28 de marzo de 1914, see. 2, L.P.R. 1914, págs. 181-82.

Esta es la segunda vez que la recurrente acude ante nos. Ya antes, en 29 de enero de este año dictamos sentencia en el recurso R-75-320 dejando sin efecto la sentencia sumaria del Tribunal Superior, Sala de Guayama, que condenaba a la demandada, aquí recurrente, al pago de la patente municipal reclamádale, y devolvimos el caso al tribunal de instan-cia para ulteriores procedimientos, por entender que habién-dose planteado la ilegalidad de la imposición de la patente municipal, la recurrente podría acudir al tribunal sin haber agotado el trámite administrativo. Luego de una moción de reconsideración del Municipio dictamos una resolución en la que instruimos al tribunal de instancia a resolver la cuestión de si las disposiciones de la Ley de Patentes Municipales eran aplicables a las asociaciones de ahorro y préstamos. El tribunal recurrido luego de la celebración de una vista resol-vió que las operaciones de la institución demandada caen dentro del concepto de “banco o casas de banca particulares” sujetas al pago de patentes que está comprendido en el Grupo “B” de negocios o industrias enumeradas en la See. 2 de la Ley de Patentes Municipales. El tribunal llegó a esa conclusión luego de considerar las actividades a que se dedica la institución recurrente que hemos reseñado precedente-mente.

Un examen aun superficial de las gestiones que realiza la recurrente en su sucursal de Guayama en la que se generan los fondos que luego han de ser prestados para los fines au-torizados, y concebiblemente algunos de éstos se efectúan sobre propiedades radicadas en el Municipio de Guayama, nos lleva al convencimiento de que la recurrente se dedica a operaciones bancarias que están incluidas bajo el concepto de “banco y casas de banca particulares” contenido en la Ley de Patentes Municipales. Debe advertirse que la Ley de Pa-tentes Municipales data del año 1914 cuando el negocio de bancos y casas de banca particulares no había alcanzado la sofisticación del negocio bancario moderno. Las operaciones bancarias entonces eran relativamente sencillas, y no exis-tiendo ninguna Ley de Bancos como la que ahora existe, no pudo ser la intención del legislador el limitar la imposi-ción de patentes municipales exclusivamente a los negocios de bancos reglamentados por la Ley de Bancos. No es hasta el año 1928 que la Asamblea Legislativa adopta un estatuto que define y reglamenta los negocios de bancos.

En el curso de los años han surgido instituciones bancarias reglamentadas por leyes federales sobre las cuales no tienen poder de reglamentación los estados, incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, salvo sobre aquellos aspectos que las leyes federales respectivas así lo autorizan. En el caso de las asociaciones de ahorro y préstamos federales no existe prohibición en la ley federal que impida la imposición de patentes municipales o contribuciones estatales. El hecho de que sus operaciones no se extiendan a través de toda la gama de actividades que efectúa un banco de los autorizados por la Ley de Bancos no le hace perder el atributo de ba,neo a los fines de la Ley de Patentes Municipales. Así lo revela la prueba presentada que está reseñada precedentemente.

De conformidad con la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal y habiendo concluido que las asociaciones de ahorro y préstamos federales están sujetas a la imposición de patentes municipales se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, en 25 de junio de 1976 en él caso civil CS-71-796, Municipio de Guayama, etc. v. Ponce Federal Savings, que condena a Ponce Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico a pagar la patente municipal adeudada para los años económicos 1967-68,1968-69 y 1969-70.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

       Derogada por Ley Núm. 27 de 12 de junio de 1971, cf. l.° de julio de 1971.

      Las asociaciones de ahorro y préstamo están específicamente in-cluidas actualmente como negocios sujetos a patente municipal bajo la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, L.P.R. 1974, pág. 779; 21 L.P.R.A. sec. 651a(5), (6)(B).

       El estatuto bancario básico en Puerto Rico data de 1923. Ley Núm. 18 de 10 de septiembre de 1923, L.P.R. Sesión Especial, 1923, pág. 83. Luego de varias enmiendas se adoptó una nueva ley bancaria en 1950. Ley Núm. 430 de 15 de mayo de 1950; L.P.R. 1950, pág. 1057, 7 L.P.R.A. sec. 1 et seq.


text:
    Partido Nuevo Progresista, recurrente, v. Tribunal Electoral de Puerto Rico, recurrido.

      Número: O-76-468

      Resuelto: 28 de octubre de 1976

      Eugenio S. Belavál Martínez y Héctor Ricardo Ramos, Procura-dor Electoral y Procurador Alterno del Partido Nuevo Pro-gresista, respectivamente, abogados del recurrente; Ramírez & Rivera, abogados del recurrido.
   per curiam :

Mediante la presente solicitud el recurrente Partido Nuevo Progresista impugna el dictamen del Tribunal Electoral de fecha 27 de octubre de 1976 en que resuelve extender el término para radicar los sobres con los votos por adelantado hasta el 29 de octubre de 1976, a las doce de la noche. En apoyo de su posición argumenta que la extensión del término es contraria a lo dispuesto en el Art. 7-022 del Código Electoral, a la Regla 5.4.6(g) del Reglamento para las Elecciones Generales de 1976, e inadecuada para la solución del problema.

Ante el mandato constitucional consagrado en la See. 2 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de que las “. . . leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal igual, directo y secreto. . . .”, y el imperativo de las circunstancias consignadas en la Resolución que nos ocupa, el término señalado en el Art. 7-022 del Código Electoral y lo dispuesto al respecto en dicho Eeglamento, deben considerarse como directivos y no mandatories. De otro modo se anularía el ejer-cicio de un elector a votar en las circunstancias que rodean esta controversia. Compárese State v. Felker, 336 S.W. 419, 421-422 (1960).

En virtud de lo expuesto, resolvemos que la Resolución impugnada es razonable y valida. Se dictará la correspon-diente Sentencia.

       Reza así:
      “Artículo 7-022 — Validez del voto — Se considerarán válidamente emi-tidos únicamente aquellos votos que sean recibidos por el Tribunal Electoral no más tarde de los cinco días anteriores a la fecha señalada para las elecciones.”

       Dispone:
      “Por Cuanto: Se ha comprobado que muchos electores elegibles no han podido ejercer el derecho al voto por adelantado porque el movimiento de las papeletas ha encontrado escollos en los trámites administrativos y postales;
      Por Cuanto: El voto adelantado persigue el propósito de dispensar a los policías, guardias penales, médicos, enfermeras y otras personas que prestan servicios de naturaleza continua de la obligación de acudir a los colegios el 2 de noviembre de 1976 para que presten los servicios de vigi-lancia, custodia, salud y otros necesarios para la pureza del propio proceso electoral y el bienestar general del país;
      Por Cuanto: La fecha límite establecida por el Código Electoral para el recibo de los votos por adelantado tiene el propósito básico de fa-cilitar la preparación de la lista suplementaria de las personas a quienes se les remitieron papeletas para votar por adelantado de suerte que en los colegios se sepa quienes son inelegibles para votar el 2 de noviembre de 1976;
      Por Cuanto: La fecha límite tiene como propósito subsidiario, pero no por ello descartable, mantener a los partidos políticos enterados de los nombres de las personas que han votado por adelantado:
      Por Cuanto: El Secretario del Tribunal informa que la extensión de la fecha límite no plantea problema alguno de información para los partidos;
      Por Cuanto: La disyuntiva está entre mantener la fecha límite o extender el término para asegurar la plenitud de la expresión electoral;

        Por Tanto: Se resuelve extender, como se extiende, el término para radicar los sobres con los votos por adelantado hasta el 29 de octubre de 1976, a las doce de la noche.”

      La intención clara del Código es lograr “. . . la participación más amplia posible de los ciudadanos con derecho a intervenir en el proceso electoral.” Art. 1-001.

       Como consecuencia de la ampliación del término, la Resolución de 23 de octubre de 1976 que resuelve considerar como votos válidos y opor-tunamente emitidos, aquellos cuyos sobres reflejasen que fueron depositados en el correo en o antes del 27 de octubre de 1976, a las doce de la noche, debe estimarse extendida por igual período.