text:
    Administración de Reglamentos y Permisos, representada por su Administrador, Ing. Lionel Motta García, querellante y recurrente, v. Franklin Ozores Pérez, querellado y recurrido.

      Número: O-85-434

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Olga M. Valentín Aviles y Raquel Escudero López, abogadas de la parte recurrente; Edgardo L. Delgado Colón, abogado del recurrido.
   hH

per curiam:

La Administración de Reglamentos y Per-misos (A.R.P.E.) concedió permiso de uso para un llamado salón de actividades en un distrito C-l en Aguadilla. Objetado por vecinos del lugar y luego de la celebración de una vista administrativa ordenada por A.R.P.E., dicha agencia revocó el permiso. La parte afectada apeló ante la Junta de Apela-ciones sobre Construcciones y Lotificaciones y estando pen-diente la apelación, A.R.P.E. recurrió al Tribunal de Distrito y obtuvo orden para el cierre del local. Ésta fue dejada sin efecto ante la alegación de la parte afectada de que al apelarse de la decisión de A.R.P.E. ante la Junta quedaron suspendi-dos los procedimientos ante A.R.P.E. y no podía dicha agencia instar la acción interdictal ante el Tribunal de Distrito. Así lo entendió dicho tribunal, siendo sostenido por el Tribunal Superior.

Atendimos recurso de certiorari de A.R.P.E. y concedimos plazo al recurrido para mostrar causa por la cual no debamos revocar. Su comparecencia no nos persuade para que varie-mos el criterio intimado.

HH H-I

Plantea este caso un aparente conflicto entre los Arts. 28 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.), Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sees. 72 y 72c).

El Art. 28 de dicha ley autoriza al Administrador a entablar recurso de interdicto para impedir o prohibir cualquier uso de un edificio hecho o mantenido en violación a la ley o de cualesquiera reglamentos adoptados conforme a la ley y cuya estructuración le haya sido encomendada a la Administración. Por otro lado el Art. 31 establece que “[u]na vez radicado un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones y notificado el mismo por el apelante, el organismo o funcionario de cuya actuación se apela, suspenderá todos los procedimientos ante sí, relativos a la actuación, determinación o resolución de la cual se apela”. (Énfasis suplido.)

Aduce el recurrido que conforme al Art. 31, antes citado, se privó de autoridad a A.R.P.E. para entablar un recurso de interdicto (según lo permite el Art. 28 de la ley) en el mo-mento en que el recurrido presentó su escrito de apelación ante la Junta para revisar la revocación del permiso de uso.

En Buscaglia, Tes. v. Tribl. de Contribuciones, 67 D.P.R. 57, 59 (1947), dijimos:

Cuando la legislatura aprueba una ley necesariamente tiene una intención específica. ... El problema es meramente determinar la intención legislativa, lo cual puede hacerse, considerando el propósito o motivos que tuvo la legislatura al aprobar la ley.

La “ley debe interpretarse tomando en consideración los fines que persigue y en forma tal que la interpretación se ajuste al ‘fundamento racional o fin esencial de la ley’ y a la política pública que la inspira”. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968). “Debe evitarse una interpretación que ocasione grandes inconveniencias o inequidad, prefiriéndose otra que sea más razonable y justa ... en forma que propicie el sentido y significado razonable deducible de su contenido. . . .” Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973). Las diferentes secciones de un estatuto generalmente deben leerse, en cuanto sea posible, para dar efecto a cada cláusula del estatuto. Heckler v. Chaney, 53 U.S.L.W. 4385, 4387 (1985).

Surge del historial de la ley que crea la A.R.P.E. que uno de los objetivos básicos de este organismo es aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de planificación, y de sus propios reglamentos. Esto incluye autoridad para aprobar reglamentos de carácter interno sobre el trámite de permisos. Véase Informe Conjunto presentado en mayo de 1975 ante la Cámara de Representantes por las Comisiones de Gobierno, de Desarrollo Socioeconómico y de Hacienda sobre el P. del S. 1076. Entre los poderes concedidos al organismo se encuentra el de instar cualesquiera de los recursos adecuados en ley para impedir o prohibir que cualquier edificio sea usado en violación de la ley o de cualquier reglamento que regule el uso de edificios y pertenencias en Puerto Rico. Art. 26 de la ley, 23 L.P.R.A. sec. 71y. El Art. 28 de la ley, 23 L.P.R.A. see. 72, autoriza expresamente a entablar recursos de interdicto para impedir el uso de un edificio o pertenencia en violación a la ley y los reglamentos.

De este examen se desprende la intención legislative de conceder amplia discreción a A.R.P.E. sobre la formulación y mantenimiento de la política pública a seguir con relación al trámite de la concesión y denegación de permisos de uso y la intención de proveer los remedios legales necesarios para que A.R.P.E. pueda velar por el cumplimiento efectivo de sus determinaciones.

The best zoning ordinance ever enacted by a municipality becomes little more than a hollow shell of an effort in serving the public welfare if it is not enforced with wisdom and vigor. . . . Rigid and impartial enforcement of zoning ordinances is absolutely necessary in the preservation and protection of the local zoning program. 2 E. C. Yokley, Zoning Law and Practice Sec. 15.1, pág. 315 (4ta ed. 1978).

Es principio harto conocido en Derecho Administrativo que la interpretación administrativa de un estatuto por el organismo encargado de velar por su cumplimiento merece gran respeto y deferencia por los tribunales. M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985). Véase Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).

En el caso ante nos, la interpretación adoptada por A.R.P.E. es la más razonable y ajustada al propósito del esta-tuto, que confiere a dicha agencia facultad para adoptar sus propios reglamentos de carácter interno para regular el trá-mite sobre concesión, denegación y revocación de permisos.

La decisión de A.R.P.E. se tomó en este caso tras celebra-ción de vista en que las partes tuvieron oportunidad de com-parecer y ser oídas. A base de ello se determinó revocar el per-miso para continuar la operación del llamado salón de activi-dades, objetado por los vecinos porque, según alegaron, consti-tuía un estorbo a su tranquilidad, a su intimidad, y al libre disfrute de sus hogares debido a ruidos, peleas, bloqueo de es-tacionamiento y otros actos ofensivos y de desorden.

La decisión de A.R.P.E. estableció, cuando menos, un estado provisional de derecho sujeto a los resultados de la apelación. Bajo estas circunstancias A.R.P.E. podía legítimamente hacer valer tal estado mediante el recurso interdictal instado ante el Tribunal de Distrito, autorizado por el Art. 28 de la ley.

El Art. 31 (23 L.P.R.A. see. 72c) tenía el único efecto de suspender ante la agencia los procedimientos relativos a la determinación de la cual se apeló. No podía impedir a A.R.P.E. acudir a los tribunales mediante los mecanismos provistos en la ley, para impedir que se continúe durante el transcurso del procedimiento apelativo un uso que la agencia desautorizó. En ocasiones es necesario que el organismo administrativo utilice procedimientos de carácter sumario para dar la debida protección a la salud y bienestar público cuya utilización no se limita exclusivamente a situaciones de emergencia. Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44, 56 (1969).

Por los razonamientos expresados, se expedirá el auto solicitado, se revocarán y dejarán sin efecto la sentencia del Tribunal Superior y la resolución del Tribunal de Distrito y se devolverá el caso al Tribunal de Distrito para la continuación de los procedimientos. Dicho tribunal deberá seguir el procedimiento provisto por el estatuto, Art. 28 de la ley, 28 L.P.R.A. see. 72. Se declara sin lugar la moción de reconsideración del querellado recurrido.

El Juez Asociado Señor Negrón García no participó.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, querellante y peticionario, v. Finetex Hosiery Co., Inc., querellada y recurrida.

      Número: O-85-338

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Ricardo Santiago Matos, abogado del peticionario; Luis A. López López, de Goldman & Antonetti, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

Se nos plantea si la presentación de una

querella por discrimen en el empleo ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo, interrumpe el período prescriptivo de un año para instar judicialmente las acciones que surgen bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 146 a 151. Resolvemos que sí interrumpe cuando la querella es notificada al querellado dentro del término prescriptivo de un año.

H

Los hechos del caso sobre los que no existe controversia son los siguientes.

La querellante, Mercedes Micheo Echegaray, fue despe-dida de su empleo por la Compañía Pinetex Hosiery, Inc., el 26 de mayo de 1982. El día 12 de enero de 1983 ésta presentó una querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, en la que alegó haber sido discriminada en su empleo por razón de su edad. El día 19 de ese mismo mes se notificó con copia de la querella al patrono. La Unidad Antidiscrimen determinó que había causa probable de discrimen.

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, ampa-rándose en la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146 a 151) presentó una demanda ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, en interés de la Sra. Mercedes Micheo Echegaray, contra el patrono Finetex Hosiery Co., Inc. Alegó, inter alia, que dicho patrono despidió a la señora Micheo Echegaray el 26 de mayo de 1982 por razón de su edad.

La demandada solicitó desestimación. Alegó que la de-manda fue presentada el 15 de enero de 1985 y que, al trans-currir dos años y ocho meses desde el despido, la acción está prescrita de acuerdo a lo establecido en Olmo v. Young & Rubicam, 110 D.P.R. 740 (1981). Recurre el Secretario contra resolución que así lo dispuso.

Resolvemos conforme el trámite dispuesto en la Regla 50 de este Tribunal.

II

Al resolver la presente controversia debemos tomar en consideración que la política pública del Estado, según se refleja en el Art. 5 de la Ley Núm. 100, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 150, deposita en el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el deber de velar por el cumplimiento de las disposiciones contra el discrimen, consignadas en dicha ley.

El Art. 2 de la ley establece que todo patrono que despida, suspenda, o de otra manera discrimine contra un empleado suyo o una persona que le solicitare empleo por razón de edad, raza, color, sexo, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, incurrirá en responsabilidad civil.

El Art. 4 de la ley establece que las reclamaciones civiles podrán tramitarse mediante acción ordinaria o me-diante el procedimiento de querella establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sees. 3118 a 3132). P)

Concede jurisdicción original concurrente para entender en estos casos al Tribunal Superior y al Tribunal de Distrito. Este procedimiento de querella puede ser instado ante los tribunales a iniciativa propia del Secretario o a instancia de uno o más trabajadores con interés en el asunto.

En Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980), nos expresamos sobre la naturaleza de la reclamación extrajudicial al amparo del Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303, pág. 839. () Citando a Diez-Picazo ex-presamos :

Esto sentado, debemos preguntarnos en qué consiste este acto de reclamación extrajudicial. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Nuestro Código civil no ha dado a la palabra “re-clamación” ningún significado preciso, ni técnico. Pero ello no nos exime de tratar de encontrarlo. Reclamación vale, en principio, tanto como exigencia o intimación. Es decir: se trata de un acto por el cual el titular de un derecho subjetivo o de una facultad se dirige al sujeto pasivo de dicho derecho o de dicha facultad requiriéndole para que adopte el com-portamiento debido. La reclamación es pues una pretensión en sentido técnico. L. Diez-Picazo, La prescripción- en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 130.

Diez-Picazo señala que aunque por regla general la legitimación corresponde al titular del derecho, el representante voluntario o legal del titular puede formular la reclamación e interrumpir así la prescripción. Diez-Picazo, op. cit., pág. 130.

La notificación por medio de la copia de la querella que envió el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a Finetex Hosiery Co., Inc., constituyó una reclamación extrajudicial que tuvo el efecto de interrumpir la prescripción, pues le informó dentro del término prescriptivo de un año la reclamación del trabajador. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, autorizado por ley para presentar estas querellas en beneficio de los trabajadores, está legitimado para interrumpir la prescripción a nombre de éstos.

Resolver lo contrario iría en contra de la política pública del Estado, pues serían pocos los trabajadores que acudirían en auxilio inicialmente al Departamento del Trabajo y Re-cursos Humanos por temor a que su reclamación prescribiera.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se revocará la resolución recurrida.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) “See. 3118. Formulación de querella; partes; jurisdicción

      “Siempre que un obrero o empleado tuviere que reclamar de su pa-trono cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de com-pensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compen-sación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa justificada, podrá comparecer, a su elección, ante la Sala del Tribunal de Distrito o del Tribunal Superior, según sea el caso, del lugar en que realizó el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la reclamación y formular contra el patrono una querella que ex-tenderá o llenará, según fuere el caso, el juez o el secretario del tribunal, en la cual se expresará por el obrero o empleado, los hechos en que se funda la reclamación.
      “En el ejercicio de cualquier acción que se pueda establecer acogién-dose al procedimiento fijado por las sees. 3118 a 3132 de este título, el Secre-tario del Trabajo y Recursos Humanos podrá demandar, a iniciativa propia, o a instancia de uno o más trabajadores o empleados con interés en el asunto, y en representación y para beneficio de uno o más de los mismos que se encuentren en circunstancias similares y también podrá constituirse en querellante o interventor en toda reclamación que se haya iniciado bajo el procedimiento establecido en las sees. 3118 a 3132 de este título.
      “Cuando la parte querellante sea una mujer casada, podrá establecerse la reclamación judicial sin que tenga esa parte que comparecer en la acción asistida de su marido.
      “Podrán acumularse en una misma querella las reclamaciones de todos los obreros y empleados de un mismo patrono que hubieren dejado de per-cibir sus derechos, beneficios o salarios devengados en una obra común; Dis-poniéndose, que la presentación de una querella por uno o más obreros o em-pleados, o por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos en represen-tación de ellos, no impedirá la radicación de otras acciones por o en repre-sentación de otros obreros o empleados.”

      (2)“Sec. 5303. Interrupción de la prescripción

      “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Pedro Falú Martínez y Otros, acusado y apelante.

      Número: CR-82-38

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Froilán Pérez Montfort, Margarita Carrillo, de la Sociedad para Asistencia Legal y Flavio Álvarez Cobián, abogados del ape-lante; Josefa A. Román García, Procuradora General Auxi-liar, abogada de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

“La dignidad del ser humano es inviolable.” “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusi-vos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.” Estos pronunciamientos de nuestra Constitución alcan-zan a aquellas personas que, desviadas del orden social, por sus propios merecimientos pierden su libertad mientras pagan su deuda a la comunidad, recluidos en prisión. Ello les somete por necesidad a restricciones que en el caso de otros seres hu-manos constituirían violaciones de esos derechos fundamen-tales.

HH

Los aquí apelantes fueron convictos, luego de un juicio por tribunal de Derecho, por asesinato en primer grado y varias infracciones de la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de diciembre de 1981. Los apelantes forma-ban parte de un grupo de cerca de treinta reclusos confinados en la galera C de la Cárcel de Distrito de Arecibo. Parte del grupo lo eran Luis A. Mártir Goicochea, Senén Montalvo Ale-quín y Víctor Fajardo. Mártir fue muerto, los otros resulta-ron heridos.

La prueba de cargo estableció que en la noche del 3 de diciembre los acusados apelantes y Víctor Fajardo, estuvieron reunidos en el pasillo entre dos literas de la galera e ingirie-ron una bebida fermentada que ellos mismos preparaban, lla-mada “múcura”. Se emborracharon. Surgió una discusión en-tre ellos en relación con el asesinato de un recluso de la Peni-tenciaría Estatal. Fajardo imputaba la muerte del recluso a los aquí coapelantes Pimentel Serrano y López Rivera. Inter-vino el coacusado Falú Martínez, quien les exhortó a no seguir discutiendo y que “lo arreglaran otro día”. Se fueron a dor-mir entre once y once y treinta de esa noche.

En la madrugada, entre dos y dos y treinta, fueron apuña-lados y cortados con armas fabricadas en la prisión Mártir Goicochea, Montalvo Alequín y Fajardo mientras estaban en sus respectivas literas. A los gritos de uno de ellos —Montalvo Alequín— acudieron dos guardias del penal, uno de los cuales hizo uso de su revólver y disparó al aire dos veces.

Los heridos fueron conducidos al hospital. El occiso per-maneció en el suelo, donde fue hallado. Prontamente esa misma madrugada se inició la investigación de rigor, con la participación de un fiscal.

Como parte de la investigación se hizo un registro de la galera. Aparecieron varias armas punzantes de fabricación casera, todas limpias. Se segregó a los reclusos en la galera C y se les desnudó y examinó el cuerpo en busca de posibles heri-das o sangre. Con su consentimiento se les tomaron muestras de sangre a todos, toda vez que en algunas piezas de vestir y collares y en una mano de Falú Martínez había manchas de sangre.

Se tomaron declaraciones a Montalvo Alequín en el hospital y se le mostraron numerosas fotografías de reclusos de la institución. Identificó a los ocho acusados aquí apelantes, a quienes conocía, como los que les agredieron: a él, a Fajardo, y a Mártir. Montalvo fue el testigo principal de la acusación fiscal.

Los apelantes imputan al tribunal sentenciador la comi-sión de cinco errores, que pasamos a considerar.

f — i HH

Los señalamientos primero y segundo se refieren a la ad-misibilidad de los análisis de sangre. Alegan los apelantes que las muestras se obtuvieron en una “etapa crítica”, sin que se les advirtieran sus derechos, en particular, el de estar asis-tidos de abogado. Aducen que no medió de parte de ellos una renuncia libre y voluntaria a no incriminarse al requerírseles que se sometieran al análisis de sangre, y que ello constituyó una violación de la garantía constitucional contra registros ilegales e irrazonables.

En primer lugar, cabe apuntar que tanto los apelantes co-mo el Estado hacen acopio de citas referentes a las adverten-cias que deben hacerse a un sospechoso de delito a quien se ex-traen manifestaciones incriminatorias. Aparte de que la prue-ba de cargo estableció que se hicieron tales advertencias a to-dos los reclusos de la galera C, hecho que el tribunal de ins-tancia dio por satisfecho, en el caso de autos no se obtuvieron manifestaciones incriminatorias de ninguno de los imputados. Ellos declararon no saber nada.

El planteamiento sobre su derecho a asistencia de abogado en esa etapa investigativa de los procedimientos es también inmeritorio. Los reclusos que se hallaban en la galera cuando se asesinó a Mártir Goicochea y se agredió e hirió a Montalvo Alequín y a Fajardo no eran todos sospechosos de haber participado en esos hechos. Recuérdese que los hechos ocurrieron en horas de la madrugada, cuando debía presumirse que todos dormían. Era lógico pensar que algunos, pero no que todos participaron. Y las sospechas no recaían en ese momento sobre algunos en particular. Además, hubiese sido prácticamente imposible proveer de abogados a todos ellos en aquel momento, aparte de que el éxito de la investigación dependía de que se hiciera prontamente, sin dilaciones que la frustrasen.

En United States v. Gouveia, 81 L.Ed.2d 146, 155 (1984), el Tribunal Supremo federal se enfrentó a un planteamiento similar. Varios confinados de una prisión federal fueron mantenidos en “detención administrativa” mientras se investigaba el asesinato de un recluso, y así mantenidos hasta que diecinueve meses más tarde se les acusó por un gran jurado. Fue entonces que se les proveyó asistencia de abogado. Al resolver que no se violó su derecho bajo la Sexta Enmienda señaló el tribunal que ese derecho aplica solamente cuando se han iniciado procedimientos judiciales adversativos contra el imputado, y no antes. Expresó el tribunal:

Thus, given the plain language of the Amendment and its purpose of protecting the unaided layman at critical confrontations with his adversary, our conclusion that the right to counsel attaches at the initiation of adversary judicial criminal proceedings “is far from a mere formalism.” Kirby v. Illinois, 406 US, at 689, 32 LEd2d 411, 92 SCt 1877. It is only at that time “that the government has committed itself to prosecute, and only then that the adverse positions of government and defendant have solidified. It is then that a defendant finds himself faced with the prosecutorial forces of organized society, and immersed in the intricacies of substantive and procedural criminal law.”

Al ser segregados los reclusos de la galera e iniciarse la investigación, no había comenzado proceso adversativo contra ellos, que requiriese la asistencia de abogado. El derecho constitucional a estar asistido de abogado no ampara a los confinados que son segregados administrativamente durante el curso de una investigación. Es cuando se centra la investigación en alguno o algunos en particular con miras a obtener de éstos manifestaciones incriminatorias que comienza el procedimiento adversativo y se hace imperativo advertirle su derecho a asistencia de abogado y proveérselo.

En cuanto al derecho a no incriminarse, es doctrina harto conocida que tal derecho está limitado a manifestaciones orales. Expresamos en Pueblo v. Adorno Quiñones, 101 D.P.R. 429, 432-433 (1973):

Se ha aceptado generalmente que el privilegio contra au-toincriminación no protege contra la compulsión de some-terse a toma de huellas digitales, fotografías o medidas; es-cribir o hablar a los fines de ser identificado; presentarse al tribunal, ponerse de pie, adoptar determinada posición, an-dar o hacer un gesto particular. Lo que el privilegio sí ex-cluye son las comunicaciones o testimonio del individuo, no la evidencia real o física derivada de la persona del sospe-choso o acusado. Holt v. United States, 218 U.S. 245; Schmerber v. California, 384 U.S. 757. Cuando en línea de identificación (line-up) se obligó al acusado de robar en un banco a repetir las palabras que alegadamente había pro-nunciado el ladrón, no se consideró infringido el precepto relativo a autoincriminaeión pues según criterio del Supremo Federal “se exigió del acusado que usara su voz como característica física de su identidad, no para declararse culpable.”

El razonamiento de esta norma lo expresamos en Pueblo v. Aspurúa, 61 D.P.R. 252, 255-256 (1943), citado con apro-bación en Pueblo v. Adorno Quiñones, supra, pág. 432: “ ‘El privilegio protege al individuo de hacer revelaciones que se pretenda arrancarle como testigo en un proceso legal en su contra ... El límite del privilegio es claro .. . una inspección de las características físicas por el Tribunal o por los testigos no puede constituir una violación del privilegio, porque no exige nada del acusado como testigo, esto es, con la responsa-bilidad de su testimonio ... lo que se obtiene del acusado por medio de ese acto no es una declaración acerca de su cuerpo sino su cuerpo en sí.’ ” (Énfasis del original.)

Por otro lado, los apelantes invocan la garantía contra registros y allanamientos irrazonables al argumentar sobre el alegado error que nos ocupa. En Pueblo v. Colón Báez, 96 D.P.R. 632, 636 (1968), expresamos que el registro que se hizo de un confinado al regresar de un pase respondió a “una rutina necesaria y adecuada en nuestras instituciones penales”, y no violó su derecho constitucional contra registros irrazonables. i )

Aunque la situación es distinta, se impone igual solución frente al planteamiento expresado. Ello no quiere decir que un confinado no deba merecer protección contra ataques a su intimidad. El principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano no puede limitarse a los que viven libremente en la comunidad. Traspone las rejas de las prisiones, porque tras de ellas, quienes pagan su deuda a la sociedad son también seres humanos.

Pero no podemos ignorar que quienes cumplen condenas de prisión están privados, por sus propios merecimientos, de uno de los más sagrados derechos del ser humano: el derecho a la libertad. Ello obliga a un régimen disciplinario riguroso para la protección de la sociedad y para la protección de ellos mismos.

Los hechos de este caso son un ejemplo dramático de esa necesidad. Los apelantes se proveyeron clandestinamente de puñales y cuchillos, armas mortíferas que en la misma prisión se fabrican, y en el silencio y la quietud de la madrugada la emprendieron a puñaladas contra tres compañeros. Incidentes como este no son aislados. Los medios noticiosos nos informan casi a diario de agresiones, muertes, amotinamientos y fugas de nuestras prisiones. La evitación de tales males obliga a que se tomen medidas no siempre deseables, pero claramente nece-sarias.

El Tribunal Supremo federal ha resuelto que un confinado no tiene una expectativa razonable de intimidad en su celda que le brinde protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Los confinados no están fuera del alcance de la Constitución; poseen aquellos derechos que no resulten incompatibles con los propósitos del confinamiento. Hudson v. Palmer, 468 U.S. 517, 524 (1984). A estos efectos se dijo en dicho caso:

. . . These constraints on inmates, and in some cases the complete withdrawal of certain rights, are “justified by the considerations underlying our penal system.” . . . The curtailment of certain rights is necessary, as a practical matter, to accommodate a myriad of “institutional needs and objectives” of prison facilities, . . . chief among which is internal security. (Citas omitidas.)

Las prisiones son lugares de cautiverio involuntario de personas que no han sido capaces de ajustarse a las normas de convivencia pacífica y ordenada, dispuestas por la sociedad en sus leyes. Su peligrosidad y la protección de los empleados, personal administrativo, visitantes y de ellos mismos obligan a que se tomen rigurosas medidas de seguridad. Entre ellas, es necesario interceptar la posible introducción ilícita de ar-mas y drogas a la institución penal, así como prevenir las fugas. No es posible cumplir estos objetivos si se reconoce a los reclusos un derecho irrestricto a su intimidad en sus cel-das, precisamente donde pueden ocultar armas, drogas y otros artículos de contrabando. Hudson v. Palmer, supra. Véanse además: Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979), y Lanza v. New York, 370 U.S. 139 (1962). Para ejemplo, en Block v. Rutherford, 468 U.S. 576 (1984), se resolvió que aquellos de-tenidos que aguardan juicio no tienen un derecho constitu-cional bajo la Cuarta Enmienda o bajo la cláusula del debido procedimiento de la Enmienda XIV a estar presentes cuando funcionarios de la prisión hacen registro de sus celdas.

No estamos resolviendo que tales normas deban aplicarse aquí. Nuestra Constitución, aunque tuvo a la federal por modelo, se fraguó en época reciente y ha podido ser más explícita en cuanto al reconocimiento de derechos que, en lo que respecta a la Constitución federal, han tenido que reconocerse jurisprudencialmente. Por ello podemos ir más allá de las fronteras limitativas de la jurisprudencia federal, incluso la del Tribunal Supremo. Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 D.P.R. 92 (1982); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). De igual manera pueden hacerlo los Estados, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, precisamente con respecto a la garantía contra registros y allanamientos irrazonables. Cooper v. California, 386 U.S. 58, 62 (1967); Sibron v. New York, 392 U.S. 40, 60-61 (1968).

El derecho a la intimidad, consubstancial al principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano, no es sin embargo, un derecho en abstracto. Al reconocérsele en nuestra Constitución se le condiciona. Dice la Carta de Derechos, See. 8:

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. (Énfasis suplido.)

El mandato constitucional de que se proteja a las personas contra ataques abusivos a .su intimidad tiene por fuerza que examinarse teniendo presente consideraciones de tiempo y lugar. Sería abusivo irrumpir en el hogar de un matrimonio para registrarlo, sin orden de allanamiento debidamente expedida por autoridad judicial. No puede decirse que sea abusivo registrar la celda de un confinado como parte de las medidas cautelares necesarias para preservar el orden en la institución penal, y que para ello se necesite una orden de allanamiento. Las circunstancias imperantes en la Cárcel de Distrito de Arecibo en la madrugada del 4 de diciembre de 1981 justificaban que se tomaran las medidas informadas.

En cuanto a si la obtención de muestras de sangre de los confinados sin orden judicial previa constituye un “registro” o “incautación” contraria a la Constitución, no habíamos tenido ocasión de expresarnos. En la esfera federal se resolvió en Schmerber v. California, 384 U.S. 757, 767 (1966), que la Cuarta Enmienda protege a las personas de la toma de muestras de sangre sin su consentimiento. Se dijo lo siguiente:

. . . But if compulsory administration of a blood test does not implicate the Fifth Amendment, it plainly involves the broadly conceived reach of a search and seizure under the Fourth Amendment. ... It could not reasonably be argued, and indeed respondent does not argue, that the administration of the blood test in this case was free of the constraints of the Fourth Amendment. Such testing procedures plainly constitute searches of “persons,” and depend antecedently upon seizures of “persons,” within the meaning of that Amendment.

Por constituir dicha intervención un registro, está sujeta al requisito de orden judicial. “Search warrants are ordinarily required for searches of dwellings, and, absent an emergency, no less could be required where intrusions into the human body are concerned” (Énfasis nuestro.) Schmerber v. California, supra, pág. 770, y Winston v. Lee, 53 U.S.L.W. 4367 (U.S. Marzo 20, 1986). En E. L. A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207-208 (1984), resolvimos que “sujeto a contadas excepciones de alcance rigurosamente definido, la garantía contenida en la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico cubre tanto los registros administrativos como los penales. La regla general es, en consecuencia, que todo registro, allanamiento o incautación que se realice, no impor-ta su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa. . . . [1] a regla general prevalece, a menos que se consienta al registro, directa o indirectamente, o circunstancias de emergencia requieran lo contrario y el peso de los intereses en conflicto exija una solu-ción distinta”.

En el citado caso de Hudson v. Palmer, supra, págs. 527-528, se dijo:

Determining whether an expectation of privacy is “legitimate” or “reasonable” necessarily entails a balancing of interests. The two interests here are the interest of society in the security of its penal institutions and the interest of the prisoner in privacy within his cell. The latter interest, of course, is already limited by the exigencies of the circumstances : A prison “shares none of the attributes of privacy of a home, an automobile, an office, or a hotel room.”. . . We strike the balance in favor of institutional security, which we have noted is “central to all other corrections goals,”. . . A right of privacy in traditional Fourth Amendment terms is fundamentally incompatible with the close and continual surveillance of inmates and their cells required to ensure institutional security and internal order. We are satisfied that society would insist that the prisoner’s expectation of privacy always yield to what must be considered the paramount interest in institutional security. We believe that it is accepted by our society that “ [1] oss of freedom of choice and privacy are inherent incidents of confinement.” (Citas y escolio omitidos.)

En el presente caso se configuró una de las excepciones al requisito de orden judicial previa, pues los confinados consintieron a la toma de las muestras de sangre. El Minis-terio Público estableció convincentemente que el consenti-miento prestado por los confinados fue válido y no bajo coac-ción. La defensa no controvirtió satisfactoriamente este hecho.

1 — í 1 — 1 HH

Los señalamientos de errores tercero y cuarto pueden tam-bién considerarse conjuntamente y así lo hacemos. Se refieren a que el Estado no cumplió una orden del tribunal para poner a disposición de la defensa las muestras de sangre tomadas y los resultados de sus análisis, ni entregó la totalidad de las fotografías utilizadas para identificar a los acusados. Alegan los apelantes que ello les privó del derecho a presentar prueba exculpatoria y violentó su derecho a un debido procedimiento de ley y a un juicio justo. Estos planteamientos carecen de mérito.

La prueba estableció que se tomaron muestras de sangre a todos los confinados de la galera C, incluso al occiso y a los confinados heridos. Se levantó en una gaza una mancha de sangre que presentaba Falú Martínez en una mano, pero re-sultó insuficiente para analizarla y determinar su tipo. Tam-bién se hizo un examen serohematológico en relación con pie-zas de ropa, zapatos tennis y collares ocupados.

Se determinó la presencia de sangre humana tipo A en la camisa y el pantalón del acusado Pacheco Rohena, que podía datar de hasta dos meses. Precisamente ese es el tipo de san-gre de dicho acusado.

En el zapato tennis se halló sangre humana tipo O, pero no pudo determinarse su genotipo. El occiso, los dos confina-dos heridos y el acusado Falú Martínez son tipo O. Ese fue también el tipo de sangre encontrado en los collares de Falú Martínez. La sangre podía pertenecer a cualquiera de ellos y a cualquier otra persona de ese tipo O.

Las demás muestras de sangre fueron destruidas. Como puede colegirse, esta prueba no jugó papel significativo en el resultado del proceso. Además, la defensa, si lo deseaba, pudo haber obtenido sus propias muestras de sangre. El tipo de sangre de las personas permanece inalterado.

En cuanto a las fotografías, éstas tampoco jugaron papel alguno. Fueron utilizadas cuando se interrogó al testigo he-rido Senén Montalvo. Su identificación de los acusados no tenía que basarse ni se basó en dichas fotografías, pues éste los conocía bien. Durante varios meses compartió con ellos en la misma galera. Las fotografías sirvieron más bien como prueba corroborativa de su testimonio, creído por el juez que presidió el juicio.

IV

El quinto señalamiento de error va dirigido a impugnar la apreciación de la prueba. Hemos leído y analizado la exposición narrativa de los testimonios prestados y no hallamos base para sostener dicho apuntamiento de error. Es cierto que el testigo Senén Montalvo incurrió en contradicciones y admitió haber mentido en otro proceso en que se le ofreció inmunidad. Pero todo ello va dirigido a la credibilidad del testigo, y el juez que lo vio y oyó declarar estaba en mejor posición que nosotros para creerle o no creerle. Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140 (1978); Pueblo v. Vázquez López, 98 D.P.R. 15 (1969). Los testimonios creídos por el tribunal y toda la prueba son suficientes en Derecho para establecer la culpabilidad de los acusados más allá de duda razonable.

V

Por los fundamentos expresados, y por estar ajustadas a Derecho las sentencias impuestas —cinco de los apelantes fue-ron sentenciados como delincuentes habituales— las senten-cias .apeladas serán confirmadas.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el re-sultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) En ese caso se ocupó al confinado Colón Báez la droga narcótica conocida por heroína, y fue convicto por ello.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Melvin Suárez Fernández y Abigail Ortega Quiñones, acusados y apelantes.

      Número: CR-82-49

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Elina Arroyo Acevedo, Margarita Carrillo, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogadas del apelante; Miguel Pagan, Pro-curador General Interino, Ricardo E. Alegría Pons y Miguel A. Santana Bagur, Procuradores Generales Auxiliares, abo-gados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Toda muerte violenta conmueve las fibras íntimas de la sensibilidad del ser humano. Pero cuando se asesina a seres indefensos y a la manera de la orgía de terror que revelan los hechos de este caso, tiene que conmoverse en indignación la conciencia ciudadana y no puede menos que sentirse contur-bada.

Nos preocupa hondamente que este tipo de crimen pueda haber llegado a ser hoy día en nuestra sociedad un estilo que ya no puede llamarse excepcional. La adicción a drogas, sub-yacente en el móvil del robo y los asesinatos de este caso, pa-rece ser parte de ese estilo que adormece la sensibilidad y des-pierta los instintos viciosos de la fiera. Tenemos que hacernos eco del clamor de nuestro pueblo, que vive en constante temor ante la ola incontrolada de criminalidad que lo agobia, para que se tome acción pronta y positiva que conjure este mal de nuestro tiempo.

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Los aquí apelantes, Melvin Suárez Fernández y Abigail Ortega Quiñones, fueron convictos, en juicio por jurado, de los delitos de asesinato en primer grado (dos casos), robo, se-cuestro y varias infracciones a la Ley de Armas.

La prueba de cargo consistió de los testimonios de Freddie Villegas Rodríguez, joven participante en los hechos delic-tuosos a quien el Ministerio Público concedió inmunidad —contaba 17 años en la fecha de los hechos— y Pablo Suárez Batista. La de defensa se limitó al testimonio de José Orlando Cordero Falú, también participante confeso, quien contaba quince años para la fecha de su ocurrencia.

Quedó establecido que Freddie y José Orlando se reunie-ron a principios de julio de 1980 con Agustín Franco Cáceres para acordar los detalles de un robo a efectuarse en una resi-dencia en Villa Carolina en que vivían dos damas dueñas de una joyería en que Agustín era empleado. Se unieron al grupo Abigail Ortega Quiñones y Melvin Suárez Fernández, los aquí apelantes. Melvin proveyó un revólver, “lo que hace falta”, según dijo. Se valieron todos de un amigo vecino llamado Rubén, que por $5.00 les proveyó transportación hasta las cercanías del lugar a ser asaltado, y allá fueron. Freddie se encontraba “estimulado”, pues “se había metido tres decks de heroína”.

Llegaron a la casa. Agustín abrió el portón de entrada y penetraron. Las dos damas estaban sentadas a la mesa. Era la hora de la comida. Agustín, armado con el revólver de Melvin, encañonó a las dos mujeres. Orlando tomó una cartera que estaba sobre la mesa y sustrajo de ella otro revólver. Agustín ordenó a Freddie que llevara a la señora mayor a uno de los cuartos. Así lo hizo éste, procediendo a atarla de pies y manos. Así atada, fue matada por Abigail a puñaladas, valiéndose de un cuchillo de la cocina. Mientras tanto, los otros rebuscaban la casa, cogieron el dinero y las prendas que quisieron, y se llevaron a la otra mujer en un automóvil Volvo propiedad de ellas. En él se fueron todos excepto Abigail, que decidió quedarse y se fue “caminando”.

Se orientaron en el automóvil hacia un paraje solitario en la carretera de Trujillo Alto a Gurabo. Ya era de noche. Se detuvieron. Allí Agustín trató de ultrajar a la mujer y no pudo. Entonces le ordenaron bajarse y que corriera. Cuando ésta así lo hizo, encendieron las luces delanteras del vehículo y mientras enfocaban a la mujer que corría, abrieron fuego contra ella Orlando y Agustín con los revólveres que porta-ban. La infortunada al fin cayó. Entonces la ultimaron a ba-lazos mientras yacía boca abajo a la orilla de la carretera. El patólogo halló siete heridas de bala, todas por la espalda, he-chas a distancia.

La variante importante entre el testimonio de Freddie, testigo de cargo, y el de José Orlando fue que éste declaró haber sido él quien mató a puñaladas a la señora en su casa. Este testigo era inimputable de delito debido a su edad. El jurado no le creyó.

II

La apelación ante nos se basa en cinco alegados errores que pasamos a considerar separadamente.

PRIMER ERROR

Incidió la Ilustre Sala de instancia al declarar sin lugar la solicitud de la defensa de que se desestimaran los cargos al amparo de la sección 11 de la Carta de Derechos de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de la Regla 64(e) de las de Procedimiento Criminal.

Este señalamiento se basa en que, comenzado el juicio contra los apelantes y habiéndose decretado por el juez la deten-ción del proceso y la disolución del jurado (mistrial) () de-bido a determinada conducta de los fiscales, se negó el tribunal de instancia a desestimar las acusaciones, y por sobre la ob-jeción de los apelantes se les sometió a juicio nuevamente, re-cayendo entonces los fallos condenatorios y las sentencias que son objeto del presente recurso.

El mistrial fue decretado a solicitud de la defensa luego de que el magistrado llamara la atención a los fiscales en va-rias ocasiones, porque se hicieron ostensibles movimientos que permitían al jurado ver fotografías de las occisas que no fue-ron admitidas como prueba; mantenía fotografías sobre su mesa que eran visibles para el jurado y que no formaban parte de la prueba; un fiscal saludó a los miembros del ju-rado cuando éstos se retiraban para almorzar, deseándoles “un buen almuerzo” a cada uno; hicieron preguntas sobre parches con huellas dactilares a pesar de la prohibición ex-presa que hiciera el juez, y se incurrió en conducta poco cortés para con el magistrado.

Al señalarse nuevamente la causa para juicio se discutió moción de desestimación de los apelantes en que alegaban que el nuevo juicio constituiría una doble exposición. Se dio au-diencia a las partes para oír prueba sobre el mistrial y escu-char sus argumentos. Quedó establecido que el fiscal que así se comportó había sufrido un accidente automovilístico la noche antes, quedando inconsciente y siendo atendido en un hospital, habiendo sufrido lesiones en todo el cuerpo; tuvo una lesión en el hombro izquierdo con separación de alrededor de siete grados de la clavícula, lo cual le producía mucho dolor y espasmos; que aun en esas condiciones acudió al tribunal para la continuación del juicio; que no podía caminar libremente. Otra fiscal que intervino declaró sobre las fotografías en la mesa, que se proponían ofrecerlas y que al llamárseles la aten-ción las viró para que no se vieran.

El juez que intervino en la moción concluyó que aunque esta conducta fue impropia no medió mala fe ni tuvo la inten-ción de obligar a la defensa a solicitar un mistrial. ()

De ordinario cuando se decreta un mistrial a petición de la defensa ello equivale a una renuncia al derecho constitucional del acusado a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. En Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244, 247-248 (1970), señalamos:

Es claro que cuando se disuelve un jurado antes de rendir veredicto no se puede procesar de nuevo al acusado a menos que éste hubiere consentido a la disolución, o que la misma procediese por concurrir las circunstancias que se enumeran en la Regla 144 de las de Procedimiento Criminal de 1963. Disolver un jurado sin autorización legal equivale a una ab-solución. Ver Paulson v. Superior Court of El Dorado County, 372 P.2d 641 (Cal. 1962).

Bajo la citada Regla 144 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 144, el juez puede ordenar la disolución del jurado antes de recaer veredicto, entre otros casos “[s]i se hubiere cometido algún error o se hubiere incurrido en alguna irregularidad durante el proceso que, a juicio del tribunal, le impidiere al jurado rendir un veredicto justo e imparcial”. (Inciso (d).) En este, como en los demás casos señalados por dicha regla, “la causa podrá ser juzgada nuevamente”. (Última oración de la Regla 144.) ()

Valga aclarar que esta afirmación no es absoluta. Señala-mos en Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148, 151 (1966) :

Por lo tanto, la cuestión ante nos debe afrontarse no sólo a la luz de la autoridad permisible de la Regla 144 sino satis-faciendo además aquellas normas constitucionales que rigen la materia y que también harían permisible o no un segundo proceso sin que se violara la garantía. Puede decirse en sín-tesis de esas normas, que cuando ocurran circunstancias en que los fines de una justicia sustancial no puedan lograrse y exista una manifiesta necesidad de así hacerlo, de modo que no se derroten los mejores fines de la justicia, un juicio puede descontinuarse y disolverse el jurado sin el consenti-miento del acusado o aun ante su objeción, sin que por ese solo hecho un segundo enjuiciamiento por el mismo delito quede al margen de la garantía constitucional. Es norma complementaria de lo anterior que la descontinuación de un juicio en esas circunstancias debe ser producto de una sana y juiciosa discreción; la facultad debe ejercitarse con la mayor cautela, por consideraciones obvias de peso, y ante una necesidad manifiesta de así hacerlo.

Las normas enunciadas en Lugo v. Tribunal Superior, supra, y Pueblo v. Arteaga Torres, supra, tienen que atemperarse, no obstante, a la realidad de que el decreto de mistrial muy bien podría ser provocado intencionalmente por el fiscal para tomar una ventaja indebida, que no debe premiarse. Podría darse el caso, por ejemplo, de que el fiscal no esté a gusto con el jurado seleccionado o no haya venido bien preparado y busque provocar el mistrial para tener una segunda oportunidad. Si tal cosa se permitiese se quebrantaría el basamento del debido proceso de ley y sin duda se estaría violentando la prohibición constitucional contra la doble exposición.

El problema ha sido abordado por el Tribunal Supremo federal en United States v. Dinitz, 424 U.S. 600 (1976), y recientemente en Oregon v. Kennedy, 456 U.S. 667 (1982). En United States v. Dinitz, supra, el Tribunal resolvió que si bien el juez de instancia fue más allá de lo debido (overreached■) al ordenar el retiro de un abogado del acusado y provocar con ello un mistrial, ello no impedía un segundo pro-ceso toda vez que no se demostró que la expulsión del abogado se hiciera de mala fe y para inducir a la defensa a solicitar un decreto de mistrial.

En Oregon v. Kennedy, supra, el Tribunal sentó la doc-trina de que para que se impida un nuevo proceso en obedien-cia a la cláusula constitucional de doble exposición (Enmien-das V y XIV), el mistrial no debe ser el resultado de una con-ducta intencional del fiscal o del juez con el propósito de obli-gar a la defensa a solicitarlo. Este caso limitó la doctrina de United States v. Dinitz, supra, al decir, en las págs. 675-676:

Prosecutorial conduct that might he viewed as harassment or overreaching, even if sufficient to justify a mistrial on defendant’s motion, therefore, does not bar retrial absent intent on the part of the prosecutor to subvert the protections afforded by the Double Jeopardy Clause. A defendant’s motion for a mistrial constitutes “a deliberate election on his part to forgo his valued right to have his guilt or innocence determined before the first trier of fact.” United States v. Scott, 437 U.S. 82, 93 (1978). Where pros-ecutorial error even of a degree sufficient to warrant a mistrial has occurred, “[t] he important consideration, for purposes of the Double Jeopardy Clause, is that the defendant retain primary control over the course to be followed in the event of such error.” United States v. Dinitz, supra, at 609. Only where the governmental conduct in question is intended to “goad” the defendant into moving for a mistrial may a defendant raise the bar of double jeopardy to a second trial after having succeeded in aborting the first on his own motion. (Énfasis nuestro.)
Más adelante, en la pág. 679, señaló el Tribunal:
. . . We do not by this opinion lay down a flat rule that where a defendant in a criminal trial successfully moves for a mistrial, he may not thereafter invoke the bar of double jeopardy against a second trial. But we do hold that the circumstances under which such a defendant may invoke the bar of double jeopardy in a second effort to try him are limited to those cases in which the conduct giving rise to the successful motion for a mistrial was intended to provoke the defendant into moving for a mistrial.

Aplicada esta norma a los hechos ante nos es forzoso con-cluir que no se cometió el error imputado. El tribunal de ins-tancia resolvió como cuestión de hecho, luego de oír los testi-monios del juez que decretó el mistrial y de los fiscales que intervinieron en el primer juicio, que aunque la conducta de los fiscales fue impropia no medió mala fe ni tuvo la intención de obligar a la defensa a solicitar el mistrial. Hemos exami-nado los autos y tal determinación encuentra apoyo en la prueba desfilada.

SEGUNDO ERROR

Cometió error el Honorable Tribunal sentenciador al decla-rar sin lugar una solicitud de disolución del jurado.

Este señalamiento se basa en el siguiente incidente. El agente Magín Ruisánchez, testigo de cargo, declaró que diri-gió la investigación de los sucesos por los que se procesaba a los acusados. Señaló que en la etapa investigativa entrevistó a Freddie Villegas, quien prestó declaración sobre los hechos luego de ser debidamente advertido de sus derechos. También interrogó a José Orlando Cordero Falú. Manifestó que Cor-dero Falú le “dijo la misma versión sobre los hechos que le hiciera Freddie Villegas”.

La defensa objetó la contestación ofrecida por el agente Ruisánchez. En ausencia del jurado solicitó la disolución del mismo por haberse ocasionado un daño irreparable a los acu-sados. Debe recordarse que Villegas declaró que Abigail Ortega dio muerte a puñaladas a una de las víctimas. La otra perjudicada fue conducida a un paraje solitario donde José Orlando' Cordero y Agustín Franco le dieron muerte de va-rios disparos. El tribunal declaró sin lugar el planteamiento de la defensa. Procedió a impartir instrucciones especiales al jurado por haber declarado el testigo sobre unos extremos ya declarados inadmisibles por el tribunal.

No tienen razón los apelantes. Es cierto que el jurado pudo haber pensado que ambos coautores compartían la misma versión de los hechos. No obstante, esta manifestación fue hecha antes de que José Orlando Cordero Falú prestara su declaración en corte abierta. El jurado tuvo la oportunidad de ver y oír al testigo prestar declaración y adjudicar su credibilidad. Unas instrucciones especiales y oportunas, unido al testimonio posterior de José Orlando, lograron evitar el ale-gado efecto perjudicial de la manifestación sobre la defensa de los acusados. Dichas instrucciones no fueron objetadas por la defensa ni solicitó ésta alguna instrucción en especial.

TERCER ERROR

Cometió grave error el Tribunal sentenciador al decretar que una inferencia hecha por el Ministerio Público durante su informe de rectificación estaba apoyada en la prueba.

La Regla 136 de Procedimiento Criminal dispone que una vez terminada la prueba, las partes rendirán sus informes. El fiscal podrá cerrar brevemente el debate limitándose a rectificar el informe de la defensa.

En Pueblo v. Fournier, 80 D.P.R. 390, 407-408 (1958), dijimos:

... La determinación de las cuestiones de hecho por un jurado exige inferencias que deben derivarse de la evidencia testifical y documental presentada. Para llamar la atención del jurado respecto a dichas inferencias, tanto el fiscal como la defensa tienen que presentarlas en sus argumentos. Por eso, en sus informes finales al jurado, el representante del ministerio público y el abogado defensor pueden comentar la evidencia presentada y tienen amplia libertad para hacer conclusiones, inferencias, deducciones y argumentos derivad-dos de la misma. No importa que dichas conclusiones, infe-rencias, deducciones y argumentos sean improbables, ilógi-cos, erróneos o absurdos. Cualquier argumento basado en la evidencia normalmente es propio y el requisito de que exista base en la evidencia se interpreta muy liberalmente. (Énfa-sis suplido.)

Esta norma ha sido reiterada en varias ocasiones. Véanse Pueblo v. Ortiz Rodriguez, 103 D.P.R. 368 (1975); Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

En su turno final, el fiscal tomó en sus manos el cuchillo y la foto marcada Exhibit (5) (e) de El Pueblo, que ilustra el estado en que se encontraba el baño (papeles tirados en el piso, manchados) de la residencia donde ocurrieron los hechos. El fiscal quiso explicar la razón por la cual en el cuchillo uti-lizado para dar muerte a Sara Olga Hernández no apareció huella de la coacusada Abigail Ortega. Manifestó que los pa-peles habían sido usados para limpiar una superficie ensan-grentada. Infirió que alguien había limpiado el cuchillo con los papeles de baño que se reflejan en la foto. La defensa ob-jetó esta inferencia, y el tribunal la declaró sin lugar por tener base en la prueba desfilada.

Se recordará que el testigo Freddie Villegas declaró que vio a “Abigail [la aquí apelante] apuñalando a la señora mayor con un cuchillo finito de cabo crema o blanco”. El Exhibit 5(e) de El Pueblo —una fotografía— reproduce la forma en que se encontró el baño de la residencia en donde fue asesinada la señora Hernández. En dicha fotografía se pueden apreciar papeles manchados tirados en el piso.

El cuchillo debió estar ensangrentado cuando éste fue ha-llado por la Policía. Sin embargo, apareció sin rastro alguno de sangre. Si bien es cierto que la huella de José Orlando Cor-dero fue tomada de la hoja del cuchillo, no sería la forma in-dicada para agarrar un cuchillo con el propósito de apuñalar a alguien. José Orlando declaró que utilizó el cuchillo para apuñalar a una de las víctimas, sin embargo, no se encontra-ron sus huellas en el mango. Es lógico pensar que alguna persona limpió el cuchillo.

Para poder hacer la inferencia objetada, no era necesario que el Estado hubiese establecido con prueba directa que la apelante se dirigió al baño luego de ocurrir los hechos. Tam-poco es necesario que la hubieran visto con papeles sanitarios, que llevara el cuchillo al referido baño o que alguien hubiera limpiado el arma. La inferencia hecha por el Ministerio Fiscal era lógica y válida y permisible conforme a Derecho.

CUARTO ERROR

Erró el Honorable Magistrado de instancia al imponer a los acusados penas múltiples por los delitos por los que se les acusó y resultaron convictos.

En los dos casos por asesinato en primer grado se senten-ció a los apelantes a reclusión perpetua. En el caso por el delito de secuestro se les impuso una pena de diez a quince años de reclusión. En el caso por el delito de robo se les sen-tenció a cumplir de diez a doce años de reclusión. Por las infracciones al Art. 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 418, se les impuso una pena de tres a cinco años, y por las in-fracciones de los Arts. 4 y 6 de dicha ley, 25 L.P.R.A. sees. 414 y 416, se les impuso seis meses de reclusión. Se dispuso que las sentencias impuestas en los casos por asesinato en primer grado se cumplan de modo concurrente entre sí, pero conse-cutivas con las demás penas impuestas.

Los apelantes alegan que las sentencias impuestas constituyen castigos múltiples a un curso de conducta que perseguía una sola intención criminal. El Art. 63 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3321, dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un acto u omi-sión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en ningún caso bajo más de una.

En Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977), señalamos que el “acto” a que se refiere este artículo comprende no sólo un acto físico único sino que, en determinadas circunstancias, puede comprender un curso de acción. Esta doctrina sobre el concurso de delitos no opera, según ex-presamos en la pág. 345, cuando el acto genera más de una lesión. Y ese es el caso aquí. Los apelantes fueron a robar, pero además de robar, mataron a sus víctimas. Su curso de acción para lograr el objetivo de robar generó diversas lesiones y cada una constituyó un delito punible separadamente de las demás.

En cuanto a la apelante Abigail Ortega se plantea que, según la prueba, ésta participó solamente en el robo y en el asesinato de una de las victimas, y no debe responsabilizár-sele por la conducta seguida por sus compañeros luego que ella se alejó voluntariamente y los dejó.

No tiene razón. Cuando un delito ha entrado en la fase de su ejecución, como es el caso ante nos, no basta para exo-nerar a uno de los coautores que éste desista voluntariamente, sino que debe realizar actos dirigidos a evitar el resultado de-lictivo. Pueblo v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 755, 758-759 (1975). Además, el secuestro y asesinato de la otra víctima no puede catalogarse una acción independiente del robo y ase-sinato de la primera. El secuestro y asesinato de la segunda víctima se cometieron obviamente en protección de todos, para evitar ser identificados por ésta.

QUINTO ERROR

No se estableció la culpabilidad de los apelantes más allá de duda razonable.

Este planteamiento es frívolo. Hubo dos versiones y el jurado no dio crédito al testigo de defensa José Orlando Cordero Falú. La prueba de cargo es suficiente en Derecho para sostener los veredictos rendidos por el jurado. No estamos autorizados a intervenir con su función aquilatadora de credibilidad. Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140 (1978); Pueblo v. Vázquez López, 98 D.P.R. 15 (1969).

I — í l-H

Por los fundamentos expresados, las sentencias aquí ape-ladas serán confirmadas.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resultado sin opinión. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1)A falta de un vocablo en español equivalente al término mistrial, seguiremos usando el vocablo en inglés en aras de la brevedad.

      (2)De esta resolución se acudió ante nos vía certiorari. Nos negamos a revisar sin perjuicio de que se hiciera el planteamiento en apelación.

      (3)No se discute que en este caso el decreto de mistrial estuvo justifi-cado al amparo del citado inciso (d) de la Regla 144 de Procedimiento Criminal, a diferencia del planteamiento objeto de consideración en Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 D.P.R. 34 (1984).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Aurelio Lebrón Lebrón, peticionario.

      Número: O-83-711

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Roberto Miranda, abogado del peticionario; Raúl Barrera Morales, Procurador General Interino, Rose Mary Corchado Lo-rent y Ricardo E. Alegría Pons, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de E'l Pueblo; Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, y Olga Elena Resumil de Sanfilippo, comparecen como amici curiae.

   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

En vista preliminar, el magistrado que intervino determinó no causa probable basado en la inimputabilidad del acusado debido a su incapacidad mental al momento de ocurrir los hechos criminosos alegados en su contra. El fiscal acudió en alzada al Tribunal Superior, que celebró vista preliminar por sobre la objeción de la defensa y falló que el acusado es imputable. Inconforme el acusado acudió a este Tribunal contra la resolución que denegó su pedido de desestimación de las acusaciones. Resolvemos que si bien la defensa afirmativa de locura puede plantearse en la vista preliminar —Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 765 (1974) — ello no impide al Ministerio Público acudir a vista preliminar en alzada para una nueva determinación sobre la inimputabilidad del acusado.

I

El peticionario fue acusado por tres cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de tentativa de asesinato, una infracción al Art. 168 del Código Penal y dos violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 1982 y las víctimas de asesinato fueron Mildred Colón Vega, ex concubina del peticionario y dos hijos de éste procreados con aquélla.

El 10 de febrero de 1982 el Ministerio Público, con base en el caso Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551 (1978), solicitó que el peticionario fuera examinado por los psiquia-tras del Estado para que se determinara su estado mental al momento de los hechos, así como su procesabilidad.

El Tribunal de Distrito de Humacao así lo ordenó y el 14 de abril de 1982 el Dr. Ramón Alonso Santiago rindió un in-forme sobre el estado psiquiátrico del peticionario. En él hizo constar una impresión diagnóstica de reacción disociativa se-vera. Recomendó que el peticionario permaneciera hospitali-zado bajo tratamiento.

El 3 de mayo de 1982, fecha señalada para la vista preli-minar, el Hon. Víctor Jiménez Balado, con base en el referido informe psiquiátrico, ordenó el traslado del asunto al Tribunal Superior, conforme lo establece la Regla 240(d) de Procedi-miento Criminal, para que determinara el estado mental del imputado. El 1ro de septiembre siguiente se celebró la vista que requiere la Regla 240(d). El juez, luego de escuchar el testimonio del psiquiatra Dr. Abelardo Martínez, determinó que el peticionario no estaba en condiciones de ser procesado. El 3 de noviembre se celebró una nueva vista y en esa ocasión el peticionario fue encontrado procesable. El caso fue enviado al Tribunal de Distrito para que se celebrara la vista prelimi-nar.

La defensa, amparándose en Hernández Ortega v. Tribunal Superior, supra, y cumpliendo con la notificación exigida por la Regla 74 de Procedimiento Criminal, notificó al Minis-terio Público que plantearía la defensa de inimputabilidad por razón de enfermedad o defecto mental. El día de la vista preliminar se estipuló la prueba de cargo y la defensa pre-sentó el testimonio de los psiquiatras Miguel A. Cubano y Guillermo Santiago como prueba pericial sobre la incapacidad mental del acusado al momento de los hechos. El fiscal no pre-sentó prueba para establecer la sanidad mental.

El Tribunal de Distrito concluyó que el peticionario atra-vesaba por una reacción disociativa severa que le impedía tener conciencia de los hechos y de comprender la criminali-dad del acto. Decretó que no había causa probable por razón de locura.

El Ministerio Público solicitó vista preliminar en alzada y la defensa se opuso por entender que el Tribunal Superior no podía, considerados los hechos del caso, celebrar una vista preliminar en alzada. La moción fue declarada sin lugar así como una petición de auto inhibitorio presentada ante noso-tros. ()

Finalmente, luego de un procedimiento de injunction ante el Tribunal Superior para que se prohibiera la celebración de la vista en alzada y que el caso volviera nuevamente ante no-sotros mediante recurso de certiorari, () se celebró la vista preliminar en alzada el 20 de mayo de 1983 en la que se deter-minó causa probable en todos los cargos.

El acusado presentó una moción bajo la Regla 64, incisos (f) y (p) () para que se desestimaran las acusaciones, pero no tuvo éxito. Acudió ante nos mediante el presente recurso para que revisemos esa determinación y solicitó que en auxilio de nuestra jurisdicción paralizáramos la celebración del jui-cio que estaba señalado para el 14 de noviembre de 1983. Paralizamos los procedimientos y aceptamos comparecencia como amici curiae de la Sociedad para Asistencia Legal y de la Profesora Olga E. Resumil de Sanfilippo. El 10 de mayo ex-pedimos auto de certiorari para revisar la resolución recu-rrida. Tanto el peticionario como los amici curiae solicitan que resolvamos que el fiscal no puede solicitar una vista preliminar en alzada cuando se declara con lugar la defensa de incapaci-dad mental al momento de la comisión de los hechos. Argu-menta que la determinación de inexistencia de causa en estos casos equivale a una absolución. El peticionario y la profesora Resumil de Sanfilippo argumentan que permitir una vista pre-liminar en alzada en estos casos viola el debido procedimiento de ley y la cláusula constitucional contra la doble exposición en su modalidad de impedimento colateral según expuesta en el caso Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436 (1969). Por su parte la Sociedad de Asistencia Legal argumenta que la norma ex-puesta en el caso de Hernández Ortega v. Tribunal Superior, supra, debe ser ampliada para convertir en finales las deter-minaciones sobre incapacidad mental, del magistrado que preside la celebración de la vista preliminar.

II

En Hernández Ortega v. Tribunal Superior, supra, pág. 769, resolvimos que la defensa afirmativa de locura podía ser presentada en ocasión de la vista preliminar. Allí el imputado presentó prueba en contrario. El juez concluyó que el imputado estaba loco al momento de los hechos, pero determinó causa probable para acusar por entender que no podía adjudicar la defensa de locura en la etapa de vista preliminar. El acusado impugnó la determinación de causa probable pero su planteamiento fue rechazado. Mediante recurso de certiorari revocamos. Expresamos que “no existe razón en nuestro ordenamiento jurídico para prohibir judicialmente el planteamiento de la defensa de locura en ocasión de la vista preliminar. El Ministerio Público tendrá en tales casos, por supuesto, el beneficio de lo dispuesto en la Regla 74 de Procedimiento Criminal. Queda incólume también el principio de que es su-ficiente en esta etapa de los procedimientos que el juez determine la existencia o no de causa probable. El juez no tiene que adjudicar finalmente si la defensa afirmativa prevalecerá o no eventualmente, fuera de toda duda, en la vista en su fondo de estos casos. Su función es estrictamente aquilatar la razo-nabilidad de exponer a una persona a quien se le imputa un delito a los rigores de un juicio criminal”.

La norma establecida por el caso de Hernández Ortega v. Tribunal Superior, supra, al permitir que la defensa de locura pueda ser promovida en vista preliminar no tiene el propósito de convertir la vista preliminar en un juicio separado para litigar la capacidad mental de un imputado. Sólo persigue darle la oportunidad al imputado de que en una etapa temprana del proceso pueda establecer mediante prueba clara y convincente que no debe ser sometido a juicio porque era inimputable al momento de los hechos. Art. 30 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3152. En los demás casos en que la prueba de la incapacidad no sea tan clara, o en que haya testimonios periciales contradictorios, el juez no tiene que ni debe adjudicar los méritos de la defensa para que el asunto se dilucide más ampliamente en una vista en su fondo.

La posición del peticionario y de los amici curiae respecto a que la determinación de inexistencia de causa probable debe ser final no puede prevalecer. Hay varias razones que militan en su contra. La primera de ellas es que la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal concede al Ministerio Público una segunda oportunidad para intentar obtener una determina-ción de causa probable, sin ninguna limitación. La segunda razón, y tal vez la de más peso, es que en la mayoría de los casos no hay una línea divisoria claramente definida entre lo que es conducta normal y lo que es conducta anormal, lo que unido al factor de que en la vista preliminar no se presenta toda la prueba de los hechos, puede llevar a errores en la de-terminación sobre la incapacidad mental. A. Golstein, The Insanity Defense, New Haven, Yale University Press, 1967, pág. 35. En tercer lugar otorgarle finalidad a la determina-ción sobre incapacidad mental hecha en vista preliminar le impediría al imputado plantearla nuevamente en un juicio en su fondo cuando es declarada sin lugar en la vista preliminar.

A pesar de la falta de finalidad de estas determinaciones, la regla de Hernández Ortega v. Tribunal Superior, supra, cumple su propósito, porque la prueba presentada puede per-suadir al Ministerio Público de la incapacidad mental del im-putado y éste decidir que no debe proseguir adelante con los cargos.

El hecho de que las determinaciones de la vista preliminar no sean finales hace inaplicable la norma sobre impedimento colateral establecida en Ashe v. Swenson, supra. Este caso establece que cuando una controversia sobre un hecho esencial ha sido adjudicada por una sentencia final y válida, ese hecho no puede ser relitigado entre las mismas partes. La finalidad de la determinación es un requisito esencial para que aplique la norma sobre impedimento colateral.

Por los fundamentos expuestos, se confirmará la resolu-ción recurrida.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) Recurso JO-83-4.

      (2) Recurso O-83-312.

      (3) Disponen:
      “(f) Que la causa, o alguna controversia esencial de la misma, es cosa juzgada. Si la moción para desestimar se basare en este fundamento, la misma expresará el nombre del tribunal, el título del caso y la fecha y lugar del fallo anterior.”
      “(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación ó denun-cia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.”


text:
    Judith Cabassa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Tercera, recurrido.

      Número: O-84-701

      Resuelto: 15 de enero de 1986

      Manuel Dorta-Duque, abogado de la recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El 3 de mayo de 1984 la recurrente presentó al Registro de la Propiedad, para su inscripción, copia de la escritura Núm. 210, sobre segregación y compraventa, otorgada ante el notario José R. Fournier el 26 de agosto de 1948. Mediante dicha escritura los esposos Álvarez-Flores vendieron a la Srta. Judith Cabassa una parcela de terreno de 1,200 metros cuadrados.

El Registrador de la Propiedad!) denegó la inscripción por varias razones. En primer término señaló que del Regis-tro surge que los dueños de la finca han vendido a través de los años cuotas indivisas de la misma, y que constituyendo el acto de segregación un acto traslativo de dominio deben con-currir todos los comuneros a prestar su consentimiento en la escritura. Los defectos segundo y tercero están relacionados con el permiso otorgado por la Administración de Reglamen-tos y Permisos (ARPE) para la segregación, Las colindan-cias señaladas por la agencia gubernamental por el Sur y Oeste de la parcela no coinciden con las consignadas en la es-critura pública. Arts. 61 y 87 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sees. 2264 y 2308, respectivamente. Por último, in-dicó que la cabida de la finca según surge de la autorización de ARPE es de 1,155.832 metros cuadrados, y según la escri-tura es de 1,200. Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2267.

La recurrente plantea que aunque surge del Registro que la finca pertenece a varios comuneros en cuotas indivisas, la realidad extraregistral es que a cada uno se le ha adjudicado una parcela específica, individual y delimitada. Que con el propósito de burlar la Ley de Planificación estas personas han otorgado “escrituras públicas malamañosas” que han logrado acceso al Registro. Acusa al Registrador de “ratifica [r] todos esos desmanes” y de “tolera [r] y estimula [r] lo . ilegal” al negarse a pasar sobre la validez de las inscripciones practi-cadas por otros Registradores. Plantea que nunca antes se había exigido la comparecencia de todos los condominos para hacer el siguiente traspaso o venta de participaciones e ins-cribirlas.

No le asiste la razón a la recurrente. Al calificar un documento presentado para inscripción en el Registro de la Propiedad, el Registrador tiene que atenerse a lo que resulte de los documentos presentados y del estado de derecho creado por inscripciones anteriores. Debe respetar los asientos extendidos en el Registro, los cuales tiene que estimar válidos hasta tanto los tribunales declaren su nulidad, y que no pueden ser anulados ni discutidos por el Registrador. Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 452 (1947); Esso Standard Oil Co. v. Registrador, 88 D.P.R. 306 (1963). Véanse además J. Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1927, T. 2, pág. 264; R. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, pág. 18. Sobre la naturaleza jurídica y el efecto de la función calificadora del Registrador de la Propiedad hemos señalado, citando de Roca Sastre, que nuestro sistema registral inmobiliario excluye “ ‘toda idea de que el Registrador es un Juez . . . ,’ ni tiene por objeto ‘[d]eclarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso. . . .’ La calificación regis-tral está limitada a los solos efectos de extender, suspender o negar la inscripción o anotación, nota marginal o cancelación solicitada”. Muller Vergara v. Registrador, 101 D.P.R. 587, 595-596 (1973); Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, 509 (1943); Cabrer v. Registrador, 113 D.P.R. 424, 429 (1982).

Esta doctrina está recogida por el Art. 64 (30 L.P.R.A. see. 2267) que dispone en parte sobre la calificación, lo siguiente:

Al calificar documentos sujetos a registro, los Registrado-res no están facultados para apreciar la legalidad de las ca-lificaciones efectuadas ni de los asientos extendidos con an-terioridad por sus predecesores o por ellos mismos. Tales asientos así como los actos inscritos deberán estimarse vá-lidos, hasta tanto los tribunales declaren su nulidad. (Énfa-sis suplido.)

Tampoco le asiste la razón en su segundo planteamiento. Argumenta que la constitución de la comunidad en este caso es ilegal, nula y contraria a la ley y el orden público, por lo que no es necesario el consentimiento de los comuneros al acto de segregación. Señala que los condominos de 1948 han falle-cido casi todos y que esta exigencia del Registrador “esti-mul[a] a este notario con la práctica fedataria [post mor-tem], a lo Fournier”.() Alega que los condominos simulados no van a comparecer por falta de interés “y mucho menos lo van hacer los ya fallecidos”.

Existe la comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Art. 326 C.C., 31 L.P.R.A. see. 1271. Ningún condueño está obligado a permanecer en la comunidad. Puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, Art. 334 del C.C., 31 L.P.R.A. see. 1279, mediante la acción denominada communi dividundo, López v. López, 14 D.P.R. 655 (1908), en la cual la intervención de todos los condueños es imprescindible para que la adjudicación no resulte ineficaz. Passalacqua v. Passalacqua, 87 D.P.R. 587, 596 (1963); Sucesión Collazo et al. v. Borras et al., 26 D.P.R. 482 (1918). La segregación de una finca cuyo dominio pertenece en cuotas indivisas a varios dueños, para vender una parcela específica, equivale a una división de comunidad y adjudicación de parcelas a distintos copropietarios, lo cual es un acto traslativo de dominio. Resolvimos en Autoridad F. Fluviales v. Registrador, 71 D.P.R. 25, 33 (1950), que para que sea inscribible en el Registro de la Propiedad la escritura de división es indispensable la concurrencia de todos los que conforme al Registro sean copropietarios, a fin de que tales actos sean válidos y puedan ser inscritos. Conforme a lo que surge del Registro en este caso existe una comunidad de bienes que crea un estado de derecho correctamente respetado por el Registrador recurrido. La recu-rrente debe acudir a la vía judicial si interesa que se decrete la nulidad de los asientos efectuados.

Su argumento de que los comuneros han fallecido se resuelve a base del Art. 599 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2081, que define la sucesión como la transmisión de los derechos y obligaciones del causante a sus herederos. Implica, pues, la sustitución en la titularidad de los derechos o en las relaciones jurídicas que no sean personalísimos. Estos derechos son transmitidos a los herederos desde el momento de la muerte, Art. 600 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2082, sin que obste el hecho de que la herencia no haya sido liquidada o repartida. Torres v. Registrador, 75 D.P.R. 128 (1953). La sucesión mortis causa es la subrogación de una persona en los bienes y derechos transmisibles, dejados a su muerte por otra. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y forál, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. VI, Vol. 1, pág. 29 y ss. Las respectivas sucesiones de los comuneros ya' fallecidos pueden prestar su consentimiento a la segregación.

Por último, la recurrente argumenta que este Tribunal en Rodríguez Padilla v. Cabassa, 102 D.P.R. 419 (1974), auspi-ció la segregación del solar, y que habiendo acreditado la ob-tención del referido permiso, el Registrador está obligado a inscribir. En ese caso se trataba de una acción civil para obli-gar a la Srta. Judith Cabassa a otorgar una escritura de compraventa de la finca en controversia a favor de los deman-dantes, en virtud de un contrato de venta verbal. Se presentó la escritura de adquisición original de la señorita Cabassa en la que aparece la segregación de una finca de mayor cabida. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda, pero este Tribunal la dejó sin efecto hasta que se aprobara la segregación del solar, en cuyo caso quedaría convalidado el contrato de compraventa en cuestión.

No obstante las expresiones de este Tribunal, la recurrente debe cumplir con todas las demás disposiciones de la Ley Hipotecaria para lograr la inscripción. Su Art. 57 dispone que “ [s] e denegará la registración de resultar inscrito el derecho a favor de persona distinta de la que otorga la trasmisión o gravamen”. 30 L.P.R.A. see. 2260. Habiendo actuado el Regis-trador correctamente al denegar la inscripción por falta de tracto, no es necesario considerar los planteamientos referen-tes al permiso otorgado por ARPE.

Se confirmará la nota denegatoria del Registrador de la Propiedad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1)Hon. Virgilio Mainardi Peralta.

      (2) El abogado de la recurrente se refiere al incidente en que estuvo en-vuelto el notario José R. Fournier en otro caso. Allí se descubrió que éste hizo aparecer a una persona como otorgante de una escritura después de su fallecimiento. El licenciado Dorta-Duque, que suscribe este recurso guber-nativo, debe ser más comedido y no incurrir en expresiones que rayan en la antieticidad, al poner en tela de juicio el nombre del Registrador, y no limi-tarse a plantear cuestiones de Derecho. Veamos algunas expresiones de este abogado respecto al Registrador:
      “Puede un Registrador . . . desdecirse del Registro, y exigir otros nue-vos requisitos, planteando nuevas exigencias, algunas de ellas estrambóticas y descabelladas... .
      “[La] conducta calificadora [del Registrador es] impropia e ilegal . . . por haber añadido faltas sin mérito....

        “[S]ostenerse y fundarse en las ventas simuladas en común, espúreas, ilegales, repulsivas, es el colmo, por decir lo menos.” Alegato del abogado, págs. 5 y 8.
      Este Tribunal ha dicho que la estatura moral e intelectual inherente al ejercicio de la abogacía impone un debate jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que lo degraden a vulgar diatriba. (Cánones 9 y 85 de Ética Profesional.) García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321, 323 (1975). Un abogado, tanto en la vida privada como en el desempeño de su función, debe conducirse en forma digna y honorable. In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4, 12 (1977). Apartarse de estas normas amerita nuestra más enérgica repulsa.