text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Efraín Ortega Santiago, acusado y peticionario.

      Número: CE-89-266

      Resuelto: 23 de enero de 1990

      Alma Delgado Vda. de Torres y Manuel Torres Delgado, abo-gados del peticionario; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Como consecuencia de un altercado familiar ocurrido el 31 de julio de 1988 entre el peticionario Efraín Ortega Santiago, su esposa y su suegra, agentes de la Policía de Puerto Rico se personaron a la residencia donde éstos convivían. Informado por los referidos agentes del orden público de su inminente arresto, el peticionario Ortega Santiago alegada-mente resistió el mismo. Con motivo de estos hechos, el Mi-nisterio Fiscal radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, sendos pliegos acusatorios contra Ortega Santiago en los cuales le imputó haber infringido el Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 414, y los Arts. 95(E), 256 y 260 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sees. 4032, 4491 y 4521, respectivamente.

Llegado el día del juicio —y según ello surge de la minuta que recoge los procedimientos acaecidos ante el tribunal de instancia el día 28 de noviembre de 1988— la representante legal del peticionario Ortega Santiago, Leda. Alma Delgado Vda. de Torres, le informó a dicho tribunal no estar prepa-rada para el acto del juicio. Alegadamente el peticionario, por razón de enfermedad, no había podido acudir a la oficina de la licenciada Delgado Vda. de Torres, hecho que había imposibilitado la preparación del caso. La distinguida abo-gada no sólo solicitó la posposición del juicio sino, también, que se le relevara como abogada de récord.() El ilustrado magistrado que presidió los procedimientos, Hon. Félix A. Ortiz Juan, se negó rotundamente a ello. Instruyó a la licen-ciada Delgado Vda. de Torres para que “dialogara” con su representado, dejando el caso para un “turno posterior”.

Llamado el caso nuevamente en la sesión de la tarde, en virtud de una “alegación preacordada” llevada a cabo entre el representante del Ministerio Fiscal y la del peticionario Ortega Santiago, éste procedió a hacer alegación de culpabi-lidad por los delitos de infracción a los Arts. 256 y 260 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4491 y 4521, solicitando el Estado el archivo de las acusaciones referentes al Art. 95(E) del Código Penal y la del Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. El tribunal de instancia, a solicitud de la defensa, refirió el caso para estudio e informe de la oficina de oficiales probatorios. Ello no obstante, ordenó el ingreso del peticionario Ortega Santiago en una institución penal hasta el día del pronunciamiento de sentencia, la cual señaló para el 20 de enero de 1989.

En dicha fecha, previo examen del informe rendido por el oficial probatorio, el tribunal de instancia le impuso al peti-cionario Ortega Santiago una pena de tres años de reclusión en el caso del citado Art. 256 del Código Penal y seis meses de cárcel en relación con la convicción por el delito de infrac-ción al Art. 260 del Código Penal, supra, ambas penas a ser cumplidas en forma concurrente. No obstante ser favorable el informe del oficial probatorio, el foro de instancia le de-negó al peticionario Ortega Santiago los beneficios de una sentencia suspendida. Solicitada en corte abierta la reconsi-deracióñ de dicha determinación —y a pesar de que el Mi-nisterio Fiscal manifestó allanarse a la misma— el tribunal de instancia se reafirmó en su decisión denegatoria de la probatoria.

Inconforme, el peticionario Ortega Santiago acudió en certiorari ante este Tribunal.() Mediante Resolución de 25 de mayó de 1989, le concedimos término al magistrado de instancia para que expusiera por escrito “las razones o fun-damentos que tuvo para denegarle al peticionario Efraín Ortega Santiago los beneficios de una sentencia suspen-dida . ..”.

Informados de que el Hon. Félix A. Ortiz Juan se encon-traba disfrutando de vacaciones regulares, por Resolución de 15 de junio de 1989, en auxilio de nuestra jurisdicción, instruimos al Juez Administrador del Centro Judicial de Ba-yamón para que, sin dilación alguna, procediera a celebrar una vista con el propósito de fijarle una fianza razonable, acorde con su capacidad económica, al peticionario Ortega Santiago con el propósito de que éste pudiera permanecer en libertad mientras se dilucidaba el presente recurso de certio-rari.( )

El Hon. Juez Ortiz Juan compareció en cumplimiento dé nuestra Resolución de fecha 29 de mayo de 1989. En su com-parecencia, el mencionado magistrado brinda como funda-mento principal de su decisión denegatoria de la probatoria el hecho de que las agresiones contra los policías han aumen-tado en nuestra jurisdicción en “forma vertiginosa desde hace unos dos o tres años, lo que es de conocimiento general en la comunidad . . .”. Como dato curioso, merece mencio-narse que el Juez Ortiz Juan adicionalmente señala en su comparecencia que “estaba en proceso de reconsiderar” la determinación en controversia, habiéndole negado la de-fensa dicha oportunidad al radicar el presente recurso.

Mediante Resolución de 31 de agosto de 1989 le conce-dimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari radicado y dictar sentencia “modificatoria de la dictada en el presente caso por el tribunal de instancia a los efectos de concederle al peticionario Ortega Santiago los be-neficios de una sentencia suspendida”. El Procurador General ha comparecido. Procede resolver según lo intimado en nuestra Resolución de fecha 31 de agosto de 1989.

I — I

En lo pertinente al asunto ante nuestra considera-ción, hemos resuelto que la decisión o determinación de con-ceder o no los beneficios de una sentencia suspendida a un convicto de delito que prima facie cualifica para recibir dichos beneficios descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); que a dicha determinación le cobija la presunción de ser una justa y correcta, Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971); que el informe que rinde al tribunal el oficial probato-rio, y su recomendación sobre la concesión o no de una sen-tencia suspendida al convicto, no obliga al juez sentenciador, Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); que aun cuando la carencia de antecedentes penales es una circuns-tancia favorable para el convicto que aspira a recibir los be-neficios de una sentencia suspendida, dicha circunstancia, por sí sola, no es suficiente para recibir dichos beneficios, Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597 (1954), y que, en casos de alegaciones de culpabilidad, no hay nada que impida que el juez de instancia examine el expediente fiscal con el propó-sito de conocer los hechos que dieron lugar a la radicación de los cargos criminales y así poder estar en mejor posición de ejercer esa discreción, Pueblo v. Feliciano, 67 D.P.R. 247 (1947).

Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el mencionado concepto “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho . . .”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).

No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Como expresáramos en Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200, “[discreción es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera . . (Énfasis suplido.)

El abuso de discreción se puede manifestar de varias maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre otras y en lo pertinente, cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusiva-mente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y des-cartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.

En relación con lo antes expresado, debe mantenerse presente que —si bien es cierto que es sobre los hombros de los señores jueces de instancia sobre los cuales recae, de manera inicial y principal, la decisión de conceder o no a un convicto de delito los beneficios de una sentencia suspendida y que, de ordinario, respetaremos la decisión que en el ejercicio de esa discreción judicial ellos emitan— la amplia discreción judicial que dichos magistrados poseen en esta clase de situaciones no es una ilimitada y absoluta. En consecuencia, éste Tribunal estará siempre presto a entender en todo caso en que, a nuestro juicio, el juez de instancia haya incurrido en un abuso de discreción al denegar, o conceder, a un convicto de delito los beneficios de una sentencia suspendida. Pueblo v. Sánchez González, ante; Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980). El presente caso es un vivo ejemplo de ello.()

K-1 h-4

Establece el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida,() 34 L.P.R.A. see. 1027, en lo pertinente, que:

El Tribunal Superior podrá suspender los efectos de la sen-tencia que se hubiera dictado en todo caso de delito grave que no fuere asesinato, robo, incesto, extorsión, violación, crimen contra natura, actos lascivos o impúdicos cuando la víctima fuere menor de 14 años, secuestro, escalamiento, incendio ma-licioso, sabotaje de servicios públicos esenciales, infracción a las sees. 415 y 416 del Título 25 en su modalidad de delito grave, 418 y 420 del propio título, o cualquier violación a las sees. 561 et seq. del Título 25, que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la po-sesión o uso ilegal de explosivos o sustancias que puedan utili-zarse para fabricar explosivos o detonadores, artefactos o me-canismos prohibidos por las referidas sees. 561 et seq. del Tí-tulo 25, y podrá asimismo suspender los efectos de la senten-cia que [se] hubiere dictado en todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transac-ción que hubiere dado lugar, además, a sentencia por delito grave que no fuere de los excluidos de los beneficios de las sees. 1026 et seq. de este título, incluyendo el caso en que la persona haya sido declarada no culpable en dicho delito grave o rebajado dicho delito grave a delito menos grave y así con-victa, y ordenará que la persona sentenciada quede en liber-tad a prueba siempre que al tiempo de imponer dicha senten-cia concurran todos los requisitos que a continuación se enu-meran:
(1) Que dicha persona, con anterioridad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dictada, no hubiere sido con-victa, sentenciada y recluida en prisión por delito grave al-guno con anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada; y a la cual no se hubieren suspendido los efectos de una sentencia anterior por delito grave;
(2) que las circunstancias en que se cometió el delito no evi-dencien que existe en el autor del mismo un problema de con-ducta o de carácter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiera la reclusión de dicha persona en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico;
(3) que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corrección des-pués de este último haber practicado una investigación minu-ciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección adecuada a la comunidad. (Énfasis suplido.)

El juez, so pretexto de ejercer su discreción, no puede olvidarse de, ni relegar a un segundo plano, los mandatos y dictados de nuestra Constitución y los de las leyes, pertinentes a la cuestión en controversia, que han tenido a bien promulgar los funcionarios de las Ramas Legislativa y Ejecutiva debidamente electos por este Pueblo. Los tribunales estamos autorizados a interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no son claras o concluyentes sobre un punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una laguna en la misma; o cuando, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación de una ley a una situación en particular, la justicia así lo requiere. Estamos impedidos, sin embargo, de obviar los mandatos claros y específicos de una ley cuando la misma es constitucionalmente válida. Debido a lo anterior es que ni los magistrados de instancia ni este Tribunal están facultados para descartar de un plumazo las disposiciones de la Ley de Sentencia Suspendida —en específico, las del parcialmente antes transcrito Art. 2— al enfrentarse a una situación en que deben decidir si le conceden o no los beneficios de una sentencia suspendida a un convicto de delito.

Es por ello que realmente resulta difícil de comprender y aceptar el proceder del tribunal de instancia en el presente caso. Aparte del hecho un tanto inusitado de que dicho foro, luego de que el peticionario hiciera alegación de culpabili-dad, ordenara la reclusión de éste en una institución penal hasta tanto dictara sentencia, un examen de las disposiciones legales pertinentes y del expediente completo del caso revela que, sin lugar a dudas, el peticionario es acreedor a recibir los beneficios de una sentencia suspendida; hecho al que, inclusive, se allanara el Ministerio Fiscal a nivel de instan-cia.

Como hemos visto, el citado Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida exige, para la concesión de los beneficios que la misma provee, la concurrencia de tres requisitos. El peticio-nario cualifica en relación con todos y cada uno de dichos requisitos. Éste no tiene antecedentes penales que lo desca-lifiquen ipso facto para recibir los beneficios de una probato-ria, por lo que cumple cabalmente con el primero de ellos. En cuanto a los restantes dos requisitos, un examen del expe-diente y del informe rendido por el oficial probatorio —él cual, recordaremos, contiene la recomendación de que se conceda la probatoria— revela que el peticionario es un hombre aceptado y querido por sus vecinos; que fue “perdo-nado” por los perjudicados de los delitos imputados, y que siempre ha sido un hombre trabajador que se ha ganado la vida con el sudor de su frente. A lo anterior debemos aña-dirle el hecho de que, si bien los delitos por los cuales el peticionario hizo alegación de culpabilidad son unos que con-llevan violencia, los referidos delitos fueron cometidos por éste mientras se encontraba en un estado de excitación y de embriaguez, situación que no es usual en dicha persona. For-zosa, en consecuencia, resulta la conclusión de que las cir-cunstancias en que éste cometió el delito no evidencian “un problema de conducta o de carácter”, como tampoco ninguno de los aspectos de la vida de dicha persona, indican o requie-ren que éste sea recluido en una institución penal en protec-ción de la sociedad o con el propósito de lograr su rehabilita-ción.

Ante esta inescapable realidad, el tribunal de instancia fundamentó su determinación denegatoria de la probatoria en el hecho de que las agresiones contra los miembros de la Policía de Puerto Rico han aumentado en forma vertiginosa durante los últimos años en nuestra jurisdicción. La preocu-pación, no hay duda, es legítima y nos concierne a todos.

Estamos contestes en que al emitir una decisión sobre un caso en particular, el juez puede tomar en consideración lo que está aconteciendo en la sociedad en que él convive y desempeña su cargo y que resulta ser relevante y material a la situación de hechos ante su consideración. Después de todo no vivimos en un mundo utópico y ficticio donde las normas de derecho a ser establecidas no tengan que ser atemperadas a la realidad de la vida. El acontecer diario, por tanto, es un factor o hecho adicional que puede ser tomado en consideración por el juez al emitir su decisión junto a todos los demás factores o circunstancias pertinentes y relevantes a la controversia específica a ser resuelta* No es jurídicamente permisible, sin embargo, que el juez utilice ese diario acontecer como única base de la decisión que emite; mucho menos, naturalmente puede constituir exclusivo fundamento de una decisión judicial la opinión personalísima que el juez tenga sobre qué es lo más que le conviene a nuestra sociedad.

En otras palabras, respecto a la concesión o no de una sentencia suspendida, ningún imputado de delito debe ser utlizado por los tribunales de instancia como “escarmiento o disuasivo” para todos los delincuentes que hayan cometido delitos similares al que a ellos se le imputa ni para aquellos que están pensando en incurrir en dichos delitos en el futuro. Las disposiciones del antes citado Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida son claras-, hay que analizar y determinar si la persona específica ante el tribunal —que reclama la concesión del privilegio— es acreedor o no al mismo; ello de acuerdo a las virtudes y defectos que esa persona posea, no exclusivamente conforme a la conducta observada por el resto de la ciudadanía en general.

Ese precisamente fue el error que cometió el tribunal de instancia en el presente caso. Ejercitó la sensitiva y discrecional facultad que le confiere la Ley de Sentencia Sus-pendida exclusivamente a base de criterios ajenos a la persona del peticionario. Al así actuar incurrió en un claro y craso abuso de discreción.

Los magistrados de instancia deben mantener presente que la determinación de conceder o no a un convicto de delito los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida es una sumamente delicada e importante que requiere el ejercicio de un alto grado de sensibilidad judicial. En la misma está en juego nada más y nada menos que la libertad de un ser humano quien, no obstante haber sido convicto de la comisión de un delito, tiene por mandato legislativo —y sujeto al ejercicio de una juiciosa y sana discreción judicial— la oportunidad de regenerar su vida dentro de la libre comunidad y así convertirse en un ciudadano útil para nuestra sociedad.

HH HH HH

Habiendo incurrido el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, en un claro abuso de discreción al dene-garle al aquí peticionario los beneficios de la Ley de Senten-cia Suspendida, procede expedir el auto de ‘‘certiorari” radi-cado y dictar sentencia revocatoria de la determinación emitida por el referido foro denegándole a éste los beneficios mencionados. En consecuencia, se devuelve el caso al tribunal de instancia pára que éste disponga las condiciones que debe observar el peticionario mientras disfrute de la sen-tencia suspendida que hoy le concedemos.()

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Informa la Leda. Alma Degado Vda. de Torres, en el recurso de certio-rari que radicara en representación de su cliente, que el presente caso “cierra o termina su vida profesional de cuarenta y ocho años en el ejercicio de la Profesión Legal”, situación que le informó al tribunal de instancia el día 28 de noviembre de 1988.

      (2) En el recurso radicado, el peticionario Ortega Santiago le imputa al foro de instancia la supuesta comisión de seis errores. En vista de la conclusión a la que llegamos, se hace innecesario la discusión por separado y detallada de los mismos.

      (3) Por resolución de fecha 21 de junio de 1989, el Hon. Ramón E. Gómez Colón, Juez Administrador del Centro Judicial de Bayamón le fijó al peticionario Ortega Santiago fianzas montantes a $1,700.00, la cual éste prestó.

      (4) Como ejemplo adicional del “abuso de discreción judicial”, véase Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125 D.P.R. 90 (1990).

      (5) Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada.

      (6) En el recurso de certiorari que en representación del peticionario Ortega Santiago radicara ante este Tribunal la' Leda. Alma Delgado Vda. de Torres, ésta le imputa al Hon. Juez Félix A. Ortiz Juan haber violado los Cánones 11,16 y 17 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, al haberle “maltratado, ofendido y humi-llado” en el transcurso de los procedimientos habidos en el presente caso a nivel de instancia. Entendemos procedente no tomar acción ulterior alguna respecto a dicha queja. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de la misma.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Ramón G. Almodóvar, demandante y recurrido, v. María Méndez Román, etc., demandados y peticionarios.

      Número: 0-84-544

      Resuelto: 23 de enero de 1990

      Gilberto Figueroa Merced y Wilfredo Mercado Ramos, abogados de los peticionarios; Nelson Bassatt Álvarez, abogado del recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Hace más de dos décadas —mediante la decisión que emitiéramos en Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1968)— sostuvimos el dérecho de todos los hijos a la absoluta igualdad de trato jurídico a base de los postulados de igualdad y dignidad del ser humano dimanantes de nuestra Constitución y de las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 20 de agosto de 1952 (31 L.P.R.A. see. 441). Al así hacerlo, expresamos que carece “de validez toda disposición estatutaria y toda sentencia, decreto o fallo judicial que, en contravención con la letra de la Ley Núm. 17, únicamente le conceda, reconozca o atribuya al estado de hijo de un ser humano, nada más que parte de los derechos unitarios de que disfruta el hijo llamado legítimo”.()

Mediante la decisión que hoy emitimos en el presente recurso erradicamos el último vestigio de discrimen, inexplicablemente existente al día de hoy, en nuestro ordenamiento jurídico referente a los hijos no matrimoniales. Al revocar expresamente la norma jurisprudencial a los efectos de que un “padre” tiene el término de quince años para impugnar el reconocimiento que hubiere hecho de un “hijo” resolvemos que dicho término, por mandato expreso de nuestra Constitución y de otros preceptos legales aplicables, no puede ser diferente o distinto al término que le concede el Art. 117 del Código Civil de Puerto Rico() “al marido” para “impugnar la legitimidad del hijo . . .”.

No debe haber duda alguna sobre el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico “las uniones ilícitas pueden y deben estar prohibidas” y que es nuestro deber “el desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jurídicas ...”. (Énfasis suplido.()

HH

El menor H.A.M. vino al mundo el día 23 de septiembre de 1979, fruto su concepción y nacimiento de unas alegadas relaciones amorosas ocurridas entre el demandante recu-rrido Ramón G. Almodóvar y la codemandada peticionaria María Méndez Román, quienes al momento del nacimiento del referido menor no eran casados entre sí.() El menor H.A.M. fue expresamente reconocido como hijo por el recu-rrido Almodóvar, inscribiéndose dicho reconocimiento el día 1ro de octubre de 1979 en el Registro Demográfico, Oficina de Mayagüez, Puerto Rico.

El día 21 de octubre de 1983 el recurrido Ramón G. Almo-dóvar radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, una demanda que intituló “Impugnación de Reconocimiento de Hijo (Nulidad de Reconocimiento)” en la cual alegó, en síntesis y en lo pertinente, que con posterio-ridad al mencionado reconocimiento “y luego de múltiples averiguaciones al entrar en dudas recientemente por razón de unas manifestaciones de la madre del menor, se ha com-probado que la parte demandante no es el padre de dicho menor”, razón por la cual “la parte demandante interesa se anule el reconocimiento que de dicho niño hiciera eliminán-dosele así como padre natural de dicho niño”. Apéndice C, pág. 7.

La parte demandada, compuesta por la Sra. María Mén-dez Román, por sí y en representación de su hijo H.A.M., prontamente radicó una moción de desestimación ante el tribunal de instancia en la cual alegó que, en vista de las dispo-siciones del antes citado Art. 117 del Código Civil de Puerto Rico y de lo resuelto por este Tribunal en Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143 (1979),() la acción ejerci-tada por el demandante había caducado. Éste se opuso a la desestimación solicitada; alegó que su acción estaba predi-cada en lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920) —y otras decisiones, inclusive poste-riores al 1952, en que ratificamos lo resuelto en Alcaide v. Morales, ante— donde se estableció la norma de que la ac-ción de impugnación de reconocimiento de un hijo natural prescribe a los quince años por tratarse de una acción personal sin término fijo.

El foro de instancia, acogiendo como correcta la posición esgrimida por él demandante, declaró sin lugar la solicitud de desestimación radicada por la parte demandada. Incon-forme, dicha parte acudió vía certiorari ante este Tribunal.

La parte demandada peticionaria alega, en síntesis, que la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, no puede sostenerse a la luz de lo dispuesto por la Sec. 1, Art. II, de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, la cual prohíbe todo discrimen por razón de nacimiento. El demandante recu-rrido, por. su parte, argumenta que, siendo la acción para impugnar el reconocimiento de un hijo habido fuera de ma-trimonio distinta a la acción para impugnar la legitimidad del hijo habido mientras subsiste el matrimonio, esto es, con-templando ambas acciones situaciones diferentes, puede vá-lidamente establecerse términos distintos para él ejercicio de ambas acciones sin que ello constituya una violación al citado precepto constitucional.

Habiendo expedido el auto de certiorari solicitado y es-tando en condiciones de resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.

h — H HH

La filiación, bien sea natural o por adopción, origina una serie de derechos y obligaciones entre los miembros de la familia. Esta da seguridad y publicidad al estado civil de la persona y como tal caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y responsabilidad. E. Serna Meroño, La reforma de la filiación, Madrid, Ed. Montecorvo, 1985, pág. 25; F. De Castro y Bravo, Derecho Civil de España, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1952, T. II, pág. 70. En efecto, cabe señalar que de la filiación dependen varios estados civiles, que como tales, concretan la capacidad e independencia de la persona. Manuel Peña y Bernaldo De Quirós nos explican lo anterior cuando exponen lo siguiente:

... de ser hijo de tal o cual persona deriva que se tenga una u otra nacionalidad, o una u otra vecindad ... cualidades éstas que deciden el régimen de los demás estados de la persona, ya que la capacidad y las relaciones familiares se rige[n] por la ley personal... aparte de la transcendencia que la determina-ción de la ley personal tiene en el régimen de otras materias (sucesiones, donaciones, obligaciones . . .). De la filiación de-pende directamente además la determinación de las personas que están legitimadas para provocar un cambio de estado civil (emancipación, adopción), o para promover judicialmente el cambio (por incapacitación). La filiación determina, también, las personas a quienes se está sujeto durante la minoría de edad (o en situación de patria potestad prorrogada). Influye la filiación en el poder de la persona: por la filiación se conoce si una persona tiene herederos forzosos, con la consiguiente trascendencia en relación con la potestad de donar ... o de disponer “mortis causa” ... o, en general, con la potestad de gestión del propio patrimonio (por la posible declaración de prodigalidad...). M. Peña y B. De Quirós, De la paternidad y filiación, en M. Amorós Guardiola, Comentarios a las re-formas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, pág. 795.

Con certeza, a renglón seguido, los citados autores concluyen que:

La filiación es un estado ciwñ familiar, un “status familiae”: la filiación, sea matrimonial o no matrimonial, concreta la si-tuación de cada persona dentro de la organización de la res-pectiva familia, con los consiguientes poderes y deberes (ape-llidos, alimentos, derechos sucesorios, funciones tuitivas, de-rechos y deberes de los herederos forzosos), incompatibili-dades (para actuar como juez, árbitro, perito, testigo, “inter-vivos” o en testamentos, notario, registrador), prohibiciones (impedimento de parentesco para el matrimonio) y trascen-dencia penal en la tipificación de los delitos o en la medida de las penas. Como estado familiar tiene efectos correlativos —no siempre del mismo alcance— con los demás miembros de la familia y, en primer lugar, con los padres: la condición de hijo se corresponde con la de padre o madre que también son estados civiles. Peña y De Quirós, op. cit., págs. 795-796.

Ciertamente la Constitución de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de nacimiento y proclama el principio de igualdad de ios hombres ante la ley. Nuestras leyes, cónsonas con este mandato constitucional, han establecido la igualdad de trato para todos los hijos con respecto a sus padres. Ley Núm. 17 de 20 de agosto de 1952, ante. Debe mantenerse presente, sin embargo, que la prohibición de todo discrimen por cualquier circunstancia personal o social, no implica la exclusión de cualquier diferenciación entre las personas por su condición sino aquellas que carecen de justificación objetiva. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975).

En la filiación la equiparación se produce en cuanto a los efectos del estado de hijo. Es decir, sea hijo matrimonial o no matrimonial, nuestro ordenamiento atribuye los mismos derechos, facultades, obligaciones, deberes, incompatibilidades y prohibiciones dentro de la organización de la familia y la sociedad. Constituye una realidad, sin embargo, que nuestro vigente Código Civil regula de modo distinto la determinación oficial de la filiación, así como las acciones de reclamación e impugnación de la misma, al clasificar a los hijos en legítimos, 31 L.P.R.A. See. 461; legitimados, 31 L.P.R.A. see. 481, y naturales, 31 L.P.R.A. see. 501.()

Como sabemos el principio básico o conditio inris de la filiación natural es la procreación o generación física. A. Pérez Fernández, Ideas generales en torno al nuevo régimen de la filiación en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. XXV¡ pág. 435. La procreación es de fácil determinación respecto de la madre, probado el hecho del parto y la identidad del hijo, 31 L.P.R.A. see. 504. La identidad del padre, sin embargo, no es de tan sencilla solución. Coexisten dos situaciones: la del hijo cobijado por una presunción de legitimidad, por haber nacido éste “vigente” el matrimonio, y la del hijo no matrimonial.

La filiación es legítima (matrimonial) cuando el padre y la madre del niño están casados entre sí. El Art. 113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 461, establece una presunción de “legitimidad” para aquellos hijos nacidos después de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del mismo. Son diversas las teorías que se han esbozado en torno al fundamento de esta presunción. Véanse: Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376 (1982).

La doctrina española ha reiterado que la presunción pater is est quern iustae nuptiae demonstrant “‘representa la primacía de lo social sobre lo biológico en Derecho’”, prima-cía justificada hoy por la constelación de fines que la familia legítima satisface: “‘la idea patrimonial, la idea del respeto a las decisiones privadas, aspectos económicos y de higiene social, efecto estabilizador de reservas íntimas de responsabili-dad; todo esto basta para fundamentar semejante principio de un modo independiente’”. J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, T. IY Vbl. II, págs. 10-11; D. Espín Cánovas, Manual de derecho civil es-pañol, 3ra éd., T. IY pág. 264; J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, pág. 367; R.F. Bonet, Compendio de derecho civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1960, T. IY pág. 518; C. Grossman, Acción de impugnación de paternidad del ma-rido, Buenos Aires, Ed. Abaco, 1982.

Es indudable que se sigue valorando la familia matrimonial como régimen socialmente más deseable. Peña y Quirós, op. cit., pág. 786. En este sentido, la presunción pater is est quern iustae nuptiae demonstrant tiene razón de ser solamente dentro de un marco que propulsa el concepto de “legitimidad” como una protección a la institución del matrimonio. Á. Calderón, La filiación en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, pág. 174. A estos efectos Serna Meroño señala que “el matrimonio tiene ‘significado de fundamento de la familia, institución ésta a la que los poderes públicos deben protección jurídica’, y no puede ignorarse que, en principio, el matrimonio confiere certeza en la paternidad, lo cual va a incidir de manera directa sobre el régimen de las acciones, ‘haciendo más fácil la reclamación de una filiación matrimonial y más difícil su impugnación’”. Calderón, op. cit., pág. 184.

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Por otro lado, se ha señalado que “[l]as personas que carecen de filiación conocida paterna o materna o de ambas, pasan a ostentar una u otra o las dos cuando los reconoce un varón, una mujer o una pareja”. M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. TV, pág. 226. Así, el reconocimiento es el medio más impor-tante para determinar la filiación no matrimonial. En cuanto a los caracteres del reconocimiento hay, en términos gene-rales, consenso al respecto. Los mismos han sido usualmente enumerados y explicados de la manera siguiente:

1.° Ser un acto individual, puesto que sólo podía conocerse la identidad de la persona que lo efectuaba y no la del otro progenitor (art. 132).
2.° Por ser un acto personalísimo, que debía ser realizado por el padre o la madre. No obstante, CASTÁN estimaba que no había inconveniente legal en admitir un reconocimiento por medio de mandatario, con poder especial formalizado en docu-mento público. Otros, por el contrario, negaban esta posibili-dad.
3.° Ser un acto unilateral, y así era admitido de manera generalizada, aunque, debido a que en el art. 133 del Código se preveía que para el caso en que el reconocimiento recáyera sobre un mayor de edad se requería su consentimiento, hac[í]a pensar que el reconocimiento tenía carácter bilateral; sin embargo, en opinión de ALBALADEJO, el consentimiento del mayor era un presupuesto de eficacia, una conditio iuris, pero que no tenía por ello el reconocimiento carácter bilateral.
4.° Ser un acto formal. El art. 131 establecía los medios por los que se podía hacer el reconocimiento. De lo cual se des-prendía que el reconocimiento debía ser expreso, aunque, se-gún ROYO MARTÍNEZ, también podía exteriorizarse por medio de una conducta expresiva y perseverante. Además de ser expreso, el reconocimiento era un acto solemne, siendo admitido como tal por la doctrina.
5.° Ser un acto puro, en el sentido de no admitir estar so-metido a condición, término o modo.
6.° Ser también un acto irrevocable, aunque se hiciera en actos que pudieran ser revocados, como era én el supuesto de hacerse en testamento, pues de manera expresa declaraba el artículo 741 que el reconocimiento seguía siendo válido aun-que se revocara el testamento. Sin embargo, la irrevocabili-dad del reconocimiento no impedía la posibilidad de poder im-pugnar. (Énfasis en el original y escolios omitidos.) Serna Me-roño, op. cit., págs. 56-57. Véanse, en adición: R. Herrera Campos, La filiación no matrimonial tras la reforma del Có-digo Civil de 18 de mayo de 1981, Rev. Der. Privado 1-13 (enero — junio 1983); C.E. Mascareñas, La filiación en el De-recho puertorriqueño, 4 Rev. Der. Pur. 7, 14 (1962).

Pero si bien el reconocimiento goza de cierta uniformidad en la discusión doctrinaria de sus rasgos particulares, no ha sido así en cuanto a su contenido y naturaleza jurídica. En cuanto a su contenido la doctrina sostuvo dos posiciones. Esto es, “[p]ara la primera, el reconocimiento llevaba con-sigo una confesión de paternidad; así la filiación quedaba es-tablecida por la convicción o creencia de paternidad que ha-bía sido exteriorizada por el padre de alguna forma. Para la segunda, era preciso que hubiera por parte del padre volun-tad de reconocer y sólo quedaba establecida la filiación cuando constaba la decisión o voluntad de tener al recono-cido por hijo y cumplir respecto al mismo los deberes corres-pondientes a la posición jurídica de padre natural”. Serna Meroño, op. cit., pág. 54.

Esta polémica sobre el contenido del reconocimiento se extendía al plantearse la naturaleza jurídica del mismo. Va-rias teorías trataban de explicar la cuestión. Así, había una corriente doctrinaria que configuraba el reconocimiento como un negocio jurídico. D. De Buen, Notas sobre el Dere-cho español, en A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, pág. 649; B. Pérez González y J. Castán Tobeñas, Notas sobre el Derecho español, en L. Enneccerus, Tratado de Derecho Civil, 6ta rev. de la 20ma ed. alemana, Barcelona, Ed. Bosch, 1946, T. IY Vol. 2, pág. 210; L. Diez-Picazo y Ponce de León, El negocio jurídico del derecho de familia, 212 (Núm. 3) Rev. Gen. Leg. Jur. 771, 774 (1962). Otro sector lo conside-raba como un acto jurídico en sentido estricto, pues sus efec-tos se producen ex lege y no ex volúntate. Albaladejo, op. cit., pág. 227; M. De la Cámara Álvarez, Reflexiones sobre lafi- Ilación ilegítima en derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1975, pág. 49. En España, luego de la promulgación de la Constitución de 1978 y de la reforma de la filiación lograda en 1981, esta es la postura adoptada. X. O’Callaghan Muñoz, Compendio de Derecho Civil: derecho de familia, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. IV, pág. 253; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. IV, págs. 331-332.

Cónsono con esta tendencia doctrinaria, Albaladejo sos-tiene que el reconocimiento “es un acto por el que el que lo realiza se declara padre (o madre, lo que, en adelante, se sobreentiende) del hijo de que se trata. Esencialmente con-siste, pues, sólo, en una pura y simple afirmación de paterni-dad o maternidad biológica. Ese es su contenido necesario, pero también suficiente(Énfasis en el original.) Albala-dejo, op. cit, pág. 227. Esta tesis es compartida por varios autores, aunque con ciertos matices. Así, hay quien afirma que el reconocimiento puede definirse como el acto jurídico de Derecho de Familia, en cuya virtud se declara o admite el hecho de la paternidad o maternidad y se asumen o admiten las consecuencias legales inherentes a la misma. J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. iy págs. 647-648. Otros sostienen que es un acto individual, no negocial, por el que se determina legalmente una filiación no matrimonial, a base de la convicción de la maternidad o a la creencia de la paterni-dad biológica, con la producción ex lege de los efectos deri-vados del estado civil así determinado. Y.M. Garrido de Palma, El reconocimiento de hijos, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1982, T. XXV, pág. 20; De la Cámara Álvarez, op. cit., págs. 56-58 esc. 72.

Diez-Picazo, con anterioridad a la reforma española, sostenía que el reconocimiento de los hijos naturales era una declaración de voluntad constitutiva de un negocio jurídico de Derecho de Familia, porque la ley otorgaba a la voluntad individual fuerza suficiente para configurar los efectos jurídicos y para crear una nueva situación jurídica, transformando la anterior. Después de la reforma este autor, siguiendo el pensamiento mayoritario, considera que ya no es la voluntad del reconocedor la que produce unos u otros efectos jurídicos, ni tampoco la creación de una nueva situa-ción jurídica. Afirma, por el contrario, que esta circunstancia se produce en virtud de un hecho natural, la procreación, existiendo una relación jurídica suficiente entre el progenitor y el hijo. Diez-Picazo y Gullón, op. cit, pág. 317. En sín-tesis, podríamos afirmar que “[e]l reconocimiento en la ac-tualidad no cumple, pues, otra función que la de determinar la filiación, y para esta finalidad no es necesario un negocio jurídico ni una voluntad negocial. La creación de la relación de filiación es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jurídicos”. Serna Meroño, op. cit, pág. 240.

Como hemos visto hasta el momento, nuestro ordenamiento no equipara la filiación matrimonial y la no matrimonial. La primera se basa en la presunción pater is est quem iustae nuptiae demonstrant protegiendo indudablemente la relación matrimonial existente. La segunda requiere del acto jurídico mediante el cual una persona se declara madre o padre del hijo de que se trate. Para que ocurra una equiparación en cuanto a este particular se requeriría “sustituir la presunción de paternidad matrimonial del marido de la madre por el reconocimiento, por parte del mismo, de cada uno de los hijos que alumbrase su mujer”. J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, pág. 604 n. 1. Bossert enfatiza que “[sjemejante equiparación resultaría aberrante al principio que sostiene la presunción de la paternidad del marido, amén de que importaría un disloque a la estabilidad de las relaciones familiares”. (Escolio omitido.) G.A. Bossert, Régi-men legal de filiación y patria potestad: Ley 23.26U, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1987, pág. 22.

IV

En adición a la diferencia en el tratamiento que nuestro ordenamiento establece entre la filiación matririionial y la no matrimonial, debemos, además, considerar lo que se ha denominado “acciones de estado”, las cuales son consecuencia directa de esa diferencia en el tratamiento. Estas son aquellas que “tienden a declarar la existencia de los presupuestos de un determinado emplazamiento o el estado de familia, o a constituir, modificar o extinguir un emplazamiento”. Bossert, op. cit., pág. 87; E.A.-Zannoni, Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1978, pág. 57. Entonces, se reconoce la posibilidad que tienen los interesados en una filiación en particular, de promover la averiguación de la verdadera, para que conste legalmente, y de promover el ataque a la que conste legalmente cuando no sea la verdadera. Albaladejo, op. cit., pág. 247. Estas acciones son divididas en “reclamación de filiación” e “impugnación de filiación”. íd. Es innecesario que nos ocupemos de la reclamación de filiación. Nuestras decisiones sobre el particular son claras. Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978); Diez Rodríguez v. Guzmán Ruiz, 108 D.P.R. 371 (1979). No ocurre así cuando nos enfrentamos a la impugnación de la filiación.

Debemos señalar que la doctrina suele hablar de impugnación de paternidad refiriéndose a la filiación matrimonial, única filiación presumida. Como séñala Bossert, op. cit., págs. 22-23, “la impugnación de la paternidad sólo es posible cuando, presumiendo la ley esa paternidad, el marido ataca la presunción. No hay acción de impugnación de la pa-ternidad extramatrimonial, aunque pueda existir la acción de impugnación del reconocimiento”. A su vez esta impugna-ción de la paternidad del marido ha sido clasificada y distin-guida por la doctrina en impugnación o desconocimiento ri-guroso de la paternidad y la denominada impugnación, o des-conocimiento simple de ella. Bossert, op. cit., pág. 156; M. De la Cámara Álvarez, El nuevo derecho de la filiación, en D. Espín Cánovas, El nuevo derecho de familia español, Madrid, Ed. Reus, 1982, pág. 49. Bástenos con decir que en la primera corresponde al marido atacar la presunción legal produciendo prueba que descarte el nexo biológico. En la segunda, ha de negar la filiación probando que el hijo de su mujer nació en los primeros ciento ochenta días del matrimo-nio, o después de los trescientos días de la disolución del ma-trimonio. Bossert, op. cit., pág. 157.

Por otra parte, mucho más compleja resulta ser la disciplina de la impugnación del reconocimiento. Según Bossert, históricamente la doctrina ha distinguido entre la acción de nulidad del reconocimiento y la de impugnación del mismo. Bossert, op. cit, pág. 245; M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiación natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, pág. 208 y ss. La primera hace inexistente el acto del reconocimiento al faltar algún requisito que impide la eficacia del acto jurídico. Bossert, op. cit., pág. 247. Así, faltará un requisito de eficacia si falta, por ejemplo, “el consentimiento del reconocido, o la aprobación judicial o el consentimiento del representante legal, o el consentimiento de los descendientes del reconocido ya fallecido. Tampoco es eficaz el reconocimiento si está en oposición con un título de legitimación anterior que acredite una filiación contradictoria”. Peña y De quirós, op. cit., pág. 936. En cambio, la acción de impugnación de reconocimiento, stricto sensu, “ataca o controvierte su contenido, o, lo que es lo mismo, controvierte el presupuesto biológico que lo implica: el nexo biológico de-terminado por la procreación entre reconociente y recono-cido”. (Énfasis en el original.) Bossert, op. cit., pág. 245.

La doctrina española, luego de la reforma de 1981, sos-tiene que se trata de una sola acción de impugnación del re-conocimiento que tiene como base el vicio en el consenti-miento prestado y la cual procede cuando el impugnador de-muestra a satisfacción del tribunal que actuó movido por error o debido a violencia o intimidación, siendo inmaterial el hecho de si el reconocido es o no hijo del impugnador. En palabras de Albaladejo:

Huelga insistir en que queda por completo al margen la cuestión de si el reconocido es o no hijo del reconocedor. No se trata de demostrar que con violencia o intimidación se obligó a reconocer a un no hijo. Se trata simplemente de que, demos-trando que se reconoció intimidado o violentado, prosperará la impugnación del reconocimiento, sin tener que referirse para nada al asunto de la filiación del reconocido. Y lo mismo cabe decir del error. Por supuesto que quien demuestra que reconoció al hijo por creerlo suyo, y no lo es, prueba su error, pero prueba también la no paternidad, prueba ésta que basta-ría por sí sola. Mas, no es esta prueba la que se exige en el caso de error en el reconocimiento. El error aquí no exige probar que no se es padre, sino que, se lo sea o no (cosa en la que no se entra), se reconoció por haber padecido un error que, según las reglas generales, habrá de haber sido esencial, es decir, de tal índole que sin él no se habría reconocido ... .()

En nuestra jurisdicción, la controversia de si el reconociente puede impugnar el reconocimiento fue resuelta desde principios de siglo. En aquel momento admitimos que un reconocimiento era irrevocable, pues no es dado dejar al arbitrio de las personas el estado civil de un hijo, pero sostuvimos que podía impugnarse y anularse el reconocimiento mediante sentencia judicial. Así, en Alcaide v. Morales, ante, pág. 291, aceptamos que existe la acción para pedir la anula-ción del reconocimiento voluntario hecho por el padre, siem-pre que éste tenga pruebas evidentes para así. demostrarlo. En este caso expresamos que:

Puede concebirse que concurran circunstancias tales que reclamen la intervención y la acción de las cortes para anular el reconocimiento no obstante haber procedido voluntaria-mente el padre en el momento en que lo hizo. Además, si bien no existe precepto de ley alguno que directamente regule la cuestión, las disposiciones del legislador en relación con los hijos legítimos, indican su criterio en el sentido de la existen-cia de la acción. Nos referimos a los artículos 181, 182, 183, 184 y 185 del Código Civil Revisado. Claro es que la prueba que se aporte tiene que ser de tal manera robusta y convin-cente que al anular el reconocimiento voluntario hecho la corte quede plenamente convencida de que esa y no otra es la resolución que impone la justicia.()

El hecho de la existencia en nuestro ordenamiento de la acción de impugnación del reconocimiento voluntario —y la procedencia jurídica de la misma— es una cuestión que no amerita mayores comentarios. Dados los planteamientos de las partes, lo que debemos resolver en el presente recurso es si la norma que establecimos hace casi siete décadas en Al-caide v. Morales, ante —respecto al plazo para radicar la referida acción de impugnación del reconocimiento— debe o no permanecer inalterada.

V

En el citado caso de Alcaide v. Morales, luego de reconocer la existencia y procedencia en nuestro ordena-miento de la acción de impugnación del reconocimiento, ra-zonamos que para radicar la misma el “impugnador” tenía el término de quince años por cuanto, tratándose de una acción personal que no tiene término de prescripción señalado, le eran aplicables a la misma las disposiciones del Art. 1864 del vigente Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5294.()

Independientemente del planteamiento, u objeción, constitucional que respecto a la referida norma jurisprudencial esboza la parte demandada peticionaria en el presente recurso, somos del criterio que la misma no debe subsistir. En primer lugar, y como reconociéramos en el propio caso de Alcaide v. Morales, ante,() el, mencionado término de quince años es uno irrazonablemente largo. En el mundo moderno de adelantos en los campos de la ciencia, y la comunicación en que hoy día vivimos, realmente no existe justificación alguna para mantener en una incertidumbre, o limbo jurídico, el “estado de hijo” de una persona que fue expresamente reconocida por el “padre” por tan largo período de tiempo. Por otro lado, el término de quince años que establece el citado Art. 1864 del Código Civil es uno de prescripción y, como sabemos, resulta ser jurídicamente improcedente la aplicación de un término de prescripción a una situación que reclama y exige la aplicación de uno de caducidad. Véase, en general, W. Cortés Burgos, El problema de la caducidad en la filiación, 86 Rev. Der. Pur. 185 (1982-1983); E. Vázquez Bote, En torno a los problemas filiatorios en el Derecho puertorriqueño, 45 Rev. Der. Pur. 127 (1972); G. Ve-lázquez, La extinción de la acción de filiación en el derecho puertorriqueño, XVII (Núm. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237, 245 (1957); J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, Vol. 2, págs. 675-676.

Como certeramente expresáramos —citando con aprobación al Profesor Guaroa Velázquez — () en Ortiz Rivera v. Sucn. González Martinez, 93 D.P.R. 562, 589 (1966):

“La prescripción no es una institución aplicable al derecho de familia, ya que la ley la configura para aplicarla solamente a la esfera del derecho privado (patrimonial) estableciéndola para proteger intereses individuales de que el particular pueda dis-poner; por tanto, no pueden estar sujetos a prescripción los derechos que están fuera del comercio y no son susceptibles de disponibilidad por los particulares, entre los cuales dere-chos figuran los de filiación. Como dicen A. Colin y H. Capi-tant: ‘La prescripción es una forma de renuncia. Los dere-chos que no se pueden enajenar, no pueden tampoco prescri-bir.’”

Sin entrar, repetimos, en la discusión del planteamiento constitucional que se nos hace, no hay duda de que en lugar del término antes mencionado de quince años que establece el citado Art. 1864 del Código Civil, parecería ser mucho más apropiado y aplicable a la situación ante nuestra considera-ción el plazo de cuatro años que establece el Art. 1253 del referido Código Civil, 31 L.P.R.A, see. 3512,() el cual regula la acción de nulidad de los contratos debido a error, violencia, intimidación, etc. —M. Royo Martínez y J.L. Lacruz Ber-dejo, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, pág. 396; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, págs. 321-323; Al-baladejo, El reconocimiento de la filiación natural, op. cit., pág. 217— o el “plazo” dispuesto por el citado Art. 117 del Código Civil, el cual regula una situación similar.

Ello, sin embargo, no resuelve la problemática ante nuestra consideración. En vista de lo planteado por la parte demandada peticionaria, realmente no podemos limitarnos meramente a determinar cuál de los dos antes mencionados plazos es el más apropiado. Resulta obligatorio que nos enfrentemos a, y resolvamos, el planteamiento de si las disposiciones de las Secs. 1 y 7 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, y la de otros preceptos legales aplicables, hacen mandatorio el fijar o señalar un único plazo tanto para la radicación de la acción de impugnación del reconocimiento como para la radicación de la acción de impugnación de legitimidad.

La contestación a dicho planteamiento conlleva, naturalmente, la evaluación y discusión de si nos enfrentamos a una de tres posibles situaciones: (1) dos grupos de personas completamente distintos, lo cual permite que se regulen los mismos de manera diferente; (2) aun cuando estemos ante personas comprendidas dentro de un mismo grupo “protegido”, nos encontramos ante una situación de un trato desigual justificado por razón de la existencia de un “interés apremiante”; (3) o, por último, no existiendo tal “in-terés”, la “clasificación” que se pretende hacer dentro de dicho grupo resulta ser constitucionalmente impermisible.() Pueblo v. Matías Castro, 90 D.P.R. 528 (1964); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Hermina González v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980).

VI

Como expresáramos al comienzo de la ponencia, el de-mandante recurrido sostiene que siendo las acciones para impugnar el reconocimiento y para impugnar la legitimidad acciones distintas, y contemplando las mismas situaciones diferentes, resulta constitucionalmente permisible estable-cer téminos distintos para el ejercicio de ambas acciones. No le asiste la razón; veamos por qué.

No hay duda de que el ser humano que nace de madre casada adquiere desde el momento mismo de su nacimiento, respecto al marido de su madre, la “condición o estado de hijo” de aquél por mandato expreso de las disposiciones-del Art. 113 del Código Civil, ante.() Esa presunción “de legitimidad” —o, conforme al estado de derecho vigente en nuestra jurisdicción, la presunción de que se es hijo de esa persona en particular— que establece el mencionado precepto legal tiene su base, o razón de ser, precisamente en la relación jurídica existente entre el marido y su esposa.

El hijo de mujer no casada, por el contrario, nace sin filiación respecto a padre alguno por razón, naturalmente, de la inexistencia de una persona que pueda ser presuntivamente señalada como padre por la ley. Este adquiere el “estado o condición de hijo”, entre otras y en lo 'pertinente, cuando el padre en forma afirmativa lo reconoce como tal.()

Con motivo de lo antes señalado, la evidencia a ser presentada en la acción de impugnación de legitimidad por necesidad no puede ser exactamente igual a la de la acción de impugnación del reconocimiento. La presunción de “legitimidad” —o, lo que es lo mismo, de que se es hijo de determinada persona— que por ley cobija al hijo matrimonial necesariamente obliga al padre (marido) que interesa y decide impugnar esa “condición de hijo” a presentar, en la referida acción de impugnación, evidencia que demuestre que él no es el “padre” de ese “hijo”. Esto es, en esta acción se ataca directamente la relación biológica de hijo.()

Aun cuando el efecto o consecuencia final es el mismo, esto es, la aniquilación del estado filiatorio,() en el caso de la acción de impugnación del reconocimiento por el, contrario, no resulta necesario impugnar la condición de hijo en forma directa. La acción afirmativa del reconocimiento presupone un acto voluntario e informado. Es debido a ello que, como hemos visto anteriormente, se ha aceptado por la doctrina y los tribunales de justicia que ese reconocimiento puede ser impugnado a base de que hubo vicio en el consen-timiento prestado por razón de error, violencia o intimida-ción; esto es, que el mismo se prestó de manera involuntaria o, si voluntariamente, “mal informado”. Esa es la razón por la cual, como correctamente nos señala Albaladejo, en una acción de impugnación de reconocimiento “queda por com-pleto al margen la cuestión si el reconocido es o no hijo del reconoceáor”.() Dicho de otra forma, en una acción de im-pugnación del reconocimiento lo que se impugna, o se pre-tende anular, es el acto en sí del reconocimiento. Para ello no es necesario traer prueba que destruya la relación biológica de padre e hijo. Todo lo que se requiere es demostrar que el consentimiento prestado fue uno viciado por razón de la exis-tencia de violencia, intimidación o error.()

Debe quedar meridianamente claro, sin embargo, que nada de lo anteriormente señalado significa que se trata de dos grupos distintos de personas. Lo que sucede es que dependiendo del hecho de si se nace de madre casada o soltera —circunstancia sobre la cual el hijo no tiene control alguno— existe una diferencia inevitable en la forma y ma-nera en que se adquiere la “condición o estado de hijo”, Como hemos visto, unos la adquieren desde el momento mismo del nacimiento y otros la adquieren desde el mo-mento del reconocimiento. Ahora bien, una vez dicha condi-ción se adquiere, se trata de un mismo y único grupo de personas: hijos. Como expresara el Tribunal Supremo de España, en su Sentencia de 25 de junio de 1909, pág. 498, “el reconocimiento que de su hijo hace un padre natural produce análogos efectos a la presunción de legitimidad de los hijos habidos de matrimonio legalmente celebrado . . (Énfasis suplido.) En otras palabras, así como la presunción que es-tablece el citado Art. 113 del Código Civil, consiste en supo-nerlos hijos del marido, la presunción que del reconoci-miento se deriva es la de suponerlos hijos del reconocedor.

VII

Una vez se ha adquirido el estado o condición de hijo, esto es, se es hijo —ya desde el momento del nacimiento en el caso del hijo de mujer casada, ya desde el momento del reconocimiento en el caso del hijo de mujer soltera— por mandato expreso de nuestra Constitución ningún hijo puede injustificadamente ser víctima de discrimen por motivo de las circunstancias de su nacimiento() y todos los hijos están en igualdad de derechos respecto de sus padres y del orden jurídico, resultando constitucionalmente impermisible que se sufra, por razón de esas circunstancias, de inferioridades jurídicas.() Permitir lo contrario podría constituir la nega-ción del derecho a la igual protección de las ley es. ()

Es debido a lo anteriormente señalado que somos del criterio que la diferencia existente en la actualidad en nuestro ordenamiento, referente la misma a los términos para radicar las acciones de impugnación de legitimidad y del reconocimiento, no puede subsistir. Como sabemos, por virtud de las disposiciones del citado Art. 117 del Código Civil, el marido tiene el término de tres meses desde la inscripción del nacimiento, si se hallaba en Puerto Rico, y el término de seis meses desde que tuvo conocimiento del nacimiento, si se hallaba fuera de Puerto Rico, para radicar la acción de impugnación de legitimidad. Ello tiene la consecuencia de que el niño que nace de mujer casada consolida su estado filiatorio respecto de su padre al transcurrir dichos períodos de tres o seis meses, pues pasado “el mismo” su status familiae resulta ser inatacable por el padre por razón de haber caducado la acción que a esos efectos la ley le concede a éste.

Conforme la doctrina jurisprudencial vigente, sin embargo, la situación de los hijos no matrimoniales no es tan afortunada. Según lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, ante, el término que tiene el padre que reconoció al hijo para impugnar dicho reconocimiento lo es el de quince años. Ello significa que el hijo nacido de mujer soltera que es reconocido —que como hemos visto es tan hijo como el hijo de mujer casada— no consolida su estado filiatorio hasta que transcurra dicho largo período de tiempo.

La mencionada norma jurisprudencial coloca a los hijos nacidos de mujer soltera que son reconocidos en un estado de desigualdad en relación a los hijos nacidos de mujer casada. Es como si el estado filiatorio que crea el reconocimiento fuera de menor categoría que el que surge por operación de la presunción que establece el citado Art. 113 del Código Civil. Procede que determinemos, en consecuencia, si esta cla-sificación que perpetuó la norma jurisprudencial vigente, la cual resulta ser inherentemente sospechosa a la luz de las disposiciones de la Sec. 1 del Art. XI de nuestra Constitución, ante, infringe o no la cláusula constitucional sobre igual pro-tección de las leyes. Venimos obligados a así hacerlo no obs-tante el hecho de que esta clasificación es de “origen” juris-prudencial. Como expresáramos anteriormente,() si bien es cierto que el análisis constitucional sobre la igual protección de las leyes tradicionalmente se ha aplicado en el contexto de clasificaciones legislativas, el mismo es igualmente aplicable a clasificaciones establecidas o legitimidas jurisprudencial-mente. El examen referente a estas “clasificaciones judi-ciales” resulta procedente por razón de que los derechos constitucionales se reclaman contra el Estado, y la Rama Judicial es uno de los componentes de éste. Véase L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 1482-1483.

VIII

Como es de todos conocido, en el análisis constitucional bajo la referida cláusula de la igual protección de las leyes se utilizan tres criterios (tests), a saber: (1) el de escrutinio estricto o del examen minucioso; (2) el intermedio, y (3) el tradicional mínimo o de nexo racional. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 537 (1984); Zachry International v. Tribunal Superior, ante. ()

En León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813 (1980) —citando con aprobación lo expresado en Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972)— señalamos, en lo pertinente, que:

... están sujetas aun minucioso examen judicial, por consi-derarse inherentemente sospechosas, todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley. Caen bajo esta categoría las clasifica-ciones o discrímenes por motivo de raza, color, sexo, naci-miento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y nacionalidad. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

En casos como el de autos —donde nos enfrentamos a una clasificación inherentemente sospechosa— para que la constitucionalidad de la misma pueda ser sostenida, el Estado viene en la obligación de demostrar la existencia de un interés público apremiante o de superior jerarquía (compelling state interest) que justifique la referida clasificación y que la misma promueve necesariamente la consecución de ese interés. Zachry International v. Tribunal Superior, ante, pág. 278.

Cuando este Tribunal resolvió en 1920 el caso de Alcaide v. Morales, ante, no estábamos obligados por precepto cons-titucional alguno que reclamara trato igual para todos los hijos independientemente de sus circunstancias al nacer. En aquel entonces concluimos —en correcta técnica jurídica — - que en ausencia de precepto legislativo alguno que regulara el plazo para la impugnación de un reconocimiento debíamos aplicar uno por analogía. Determinamos, entonces, que tra-tándose de una acción personal sin término señalado debía aplicarse el término de quince años que dispone el Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico, ante. Posteriormente, y luego de promulgada nuestra Constitución en el año 1952, en Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956), incorrectamente ra-tificamos —en una nota al calce y por medio de dictum— la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, a los efectos de que un hombre que ha reconocido a un hijo tiene el tér-mino de quince años para impugnar dicho reconocimiento.

En vista del planteamiento que hace la parte demandada peticionaria en el presente caso, procede que nos pregun-temos: ¿qué “interés apremiante” puede perseguir “el Es-tado” al establecer términos distintos para la consolidación del estado filiatorio? Debemos confesar que, únicamente, se nos ocurre como base o fundamento para dicha clasificación el interés del Estado de fomentar la institución del matrimo-nio.

Debe quedar meridianamente claro que entendemos que la protección de la institución del matrimonio en efecto constituye un interés apremiante del Estado.() Ahora bien, ante esta realidad, ¿constituye la desigualdad creada por la clasificación en controversia el medio necesario de alcanzar esa protección justificándose que se discrimine en contra de los hijos no matrimoniales? Entendemos que no. Somos del criterio que el Estado puede promover y forta-lecer la institución del matrimonio por otros medios.() No hay necesidad de castigar al inocente. Como correcta y cer-teramente expresara en Weber v. Aetna Casualty & Surety Co., 406 U.S. 164, 175 (1972), el Tribunal Supremo de los Es-tados Unidos:

The status of illegitimacy has expressed through the ages society’s condemnation of irresponsible liaisons beyond the bonds of marriage. But visiting this condemnation on the head of an infant is illogical and unjust. Moreover, imposing disabilities on the illegitimate child is contrary to the basic concept of our system that legal burdens should bear some relationship to individual responsibility of wrongdoing. Obviously, no child is responsible for his birth and penalizing the illegitimate child is an ineffectual — as well as an unjust — way of deterring the parent. Courts are powerless to prevent the social opprobrium suffered by these hapless children, but the Equal Protection Clause does enable us to strike down discriminatory laws relating to status of birth where— as in this case — the classification is justified by no legitimate state interest, compelling or otherwise. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Resolvemos, en consecuencia, que en virtud de lo dispuesto en el citado Art. II, Secs. 1 y 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sólo puede existir en nuestro ordenamiento un único plazo para la radicación de la acción de impugnación del “estado o condición de hijo”, se le llame a la misma acción de impugnación del reconoci-miento o acción de impugnación de “legitimidad”. Al así resolver, como expresáramos en García v. Acevedo, 123 D.P.R. 624, 635 (1989), lo “único que estamos haciendo es darle plena virtualidad al axioma constitucional que prohíbe el dis-crimen por razón de nacimiento y proclama la igualdad del ser humano”.

f — H

Habiendo resuelto que nuestra Constitución exige un único plazo de caducidad para la radicación tanto de la acción de impugnación del reconocimiento como para la acción de impugnación de la “legitimidad”, procede que determinemos cuál debe ser ese plazo. Ello realmente es una labor o función que corresponde, en primera instancia, al legislador. Constituye una realidad inescapable, sin embargo, el hecho de que nuestra Asamblea Legislativa ha rehusado actuar al respecto a pesar de los llamados que a esos efectos se le han hecho.() No vislumbrándose que lo haga en un futuro cercano e ignorando las razones que tenga la Asamblea Legislativa para su inacción, no podemos eludir la obligación de esbozar una norma que corrija la injusticia.

Ya anteriormente habíamos descartado, por inaplicable e irrazonablemente largo, el plazo de quince años que esta-blece el Art. 1864 del Código Civil, ante, para las acciones “personales que no tengan señalado término especial de prescripción ..Las alternativas, en consecuencia, se limi-tan a los términos de caducidad que establecen los antes ci-tados Arts. 117 y 1253 del vigente Código Civil; esto es, los plazos de 3 y 6 meses que establece el primero para la radica-ción de la acción de impugnación de la “legitimidad” o el plazo de cuatro años que dispone el segundo para la acción de nulidad de contratos.

Según ya hemos explicado, la doctrina española mayori-taria antes de la reforma de 1981 se inclinaba hacia la utiliza-ción del plazo de caducidad de cuatro años. Ello así por tres razones principales, a saber: se utilizan las mismas “cau-sales” —error, violencia e intimidación— en apoyo de la soli-citud de nulidad o impugnación; se trata de un término más razonable; y, sobre todo, el mismo es un plazo de caducidad. Puig Brutau, op. cit, ed. 1978, pág. 323. A esos efectos Puig Brutau sostuvo que, “como opina Albaladejo, es preferible mantener el criterio del plazo de caducidad de cuatro años, que ‘aplicar por analogía el art. 113 [el Art. 117 nuestro, ante] (en lo que sea aplicable) que, aunque se piense que es propiamente el indicado, por tratarse de un caso de impug-nación de un estado de filiación, regula en realidad las cosas sobre la base de unas circunstancias radicalmente distintas de las del caso del reconocimiento impugnable por vicio de la voluntad’”. Puig Brutau, op. cit, ed. 1970, pág. 95; Albala-dejo, El reconocimiento de la filiación natural, op. cit, pág. 217; De la Cámara Álvarez, Reflexiones sobre la filiación ile-gítima en Derecho español, op. cit, pág. 98 n. 118.

Ahora bien, respecto a lo antes señalado, debe mante-nerse presente que, con anterioridad a la reforma de la filia-ción, en España se sostenía que la acción de impugnación del reconocimiento era una declaración de voluntad constitutiva de un negocio jurídico de derecho de familia. Esto es, consti-tuyendo esta acción un negocio jurídico y existiendo una pa-tente desigualdad entre los hijos por razón de su nacimiento era lógico pues la aplicación del Art. 1253, ante (el Art. 1301 del Código Civil español) que certeramente regula los nego-cios jurídicos. Sin embargo, ya habíamos afirmado con ante-rioridad que “el reconocimiento en la actualidad no cumple, pues otra función que la de determinar la filiación, y para esta finalidad no es necesario un negocio jurídico ni una voluntad negocial. La creación de la relación de filiación es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jurídicos”. (Énfasis suplido.) Serna Meroño, op. cit, pág. 240.

Por otro lado, hubo quien postulara, mucho antes de la reforma española, que el plazo que se debía utilizar para regular la acción de impugnación del reconocimiento lo era el establecido por el Art. 117, ante (Art. 113 español) por regular la misma materia. Con mucha certeza Pifiar López sos-tuvo que:

En todo caso y a nuestro modo de ver, la impugnación de que habla el art. 128 no está sujeta a la prescripción de los quince años que señala el art. 1.964 del Código civil. Este plazo, excesivamente largo, como dicen los autores que en úl-tima instancia lo estiman aplicable, hay que reputarlo vigente para el solo caso de que en la ley no se fijen plazos especiales. Ahora bien, si mediante la legitimación el hijo adquiere el status propio del hijo legítimo, ni que decir tiene que habrá de aplicarse, por lo que respecta a la contestación de este estado, el breve plazo, no de prescripción, sino de caducidad del art. 113 del Código.... (Enfasis suplido.) Pifiar López, Legitima-ción por concesión real, 6 An. Der. Civ. 353 (1953).

Como sabemos, para establecer un plazo de caducidad o prescripción el análisis a utilizarse es el de balance de intereses. Este tipo de análisis es utilizado cuando entran en conflicto derechos de dos partes privadas. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982). El punto preciso donde se establece el balance depende de la intensidad del derecho de cada una de las partes envueltas.

Al establecer los plazos de caducidad del Art. 117 del Código Civil, ante, el legislador hizo un balance entre el derecho de un individuo a deshacer una realidad jurídica inexacta y el derecho de una persona a la seguridad de su estado civil, así como el interés del Estado en la estabilidad de las relaciones filiatorias. Estos mismos derechos son los que deben ser armonizados al disponerse un término para las acciones de impugnación de reconocimiento. Habiendo el legislador hecho este balance de intereses al disponer los plazos contenidos en el Art. 117, ante, entendemos que no debemos nosotros disponer un término distinto para las acciones de impugnación de reconocimiento. Repetidamente hemos sostenido que cuando la ley no fija el término dentro del cual deberá llevarse determinada acción, deberá aplicarse a la misma el más análogo. Cf. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 745 (1981); Lozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702, 704 (1981). Este, en nuestro criterio, lo es el término de tres meses que establece el citado Art. 117 del vigente Código Civil. Resolvemos, en consecuencia, que la acción de impugnación del reconocimiento deberá ser radicada dentro del plazo de caducidad de tres meses, contado él mismo a partir de la fecha en que se inscribe dicho reconocimiento en el Registro Demográfico o desde la fecha del documento público correspondiente en que se lleva a cabo el mismo.( ) El caso de Alcaide v. Mo rales, ante, queda revocado, en forma específica y exclusiva, en cuanto a la norma en el mismo establecida de que la ac-ción de impugnación del reconocimiento prescribe a los quince años.

Lo anteriormente expresado no significa, sin embargo, que en aquellos casos en que el reconocimiento realizado es producto de la violencia o la intimidación, el reconocedor queda huérfano de remedio por el mero transcurrir del término de tres meses desde la, fecha del “reconocimiento” realizado. Debe recordarse que la caducidad no corre contra lo inexistente. Cf. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 189 (1985). En otras palabras, en aquellas situaciones en que la violencia o la intimidación es de tal grado que causa la ausencia total de consentimiento, el reconocedor tendrá un plazo de caducidad de tres meses para impugnar el “reconocimiento” realizado, contado el mismo a partir de la fecha en que cesó el vicio mencionado.

En cuanto a la impugnación del reconocimiento debido a “error”, el término de caducidad de tres meses necesariamente debe contarse desde la fecha en que se llevó a cabo el reconocimiento.() En cuanto a este punto específico, conviene recordar lo expresado a esos efectos en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y, en adición, unas palabras del Tribunal Supremo de España a los efectos de que es pre-ciso que el error alegado “se compruebe y derive de hechos transcendentales que afecten directa y notoriamente [a] la creencia equivocada en que pudo estar el padre de que la madre sólo de él pudo concebir, sin que sea lícito de otro modo la suposición del error, pues equivaldría [a] autorizar un arrepentimiento y cambio de voluntad, que es en absoluto incompatible con las condiciones de permanencia de todo es-tado civil, permanencia que afecta al interés social y consi-guientemente al orden público . . . S. de 25 de junio de 1909, Núm. 93, 115 Jurisprudencia Civil 499.

X

La nueva norma jurisprudencial establecida —la cual, naturalmente, revoca la norma establecida en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y su progenie— ¿debe tener carácter, o efecto, retroactivo o prospectivo?

No hay duda que cuando se revoca una norma jurisprudencial, a los fines de proporcionarle estabilidad al derecho, resulta, cuando menos, altamente deseable que este Tribunal dictamine que la nueva norma sea de vigencia prospectiva; en especial, cuando de derechos contractuales o de propiedad se trata. Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3;() Art. II, See. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado, ante. ¿Debe ello ser así en casos como el presente?

En lo pertinente, en Ocasio v. Díaz, ante, pág. 728, expresamos que “[s]abemos que la absoluta retroactivi-dad del derecho positivo sería la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica; pero también sabemos que la absoluta irretroactividad sería la muerte del desenvolvimiento del Derecho. El respeto a los derechos adquiridos, a los hechos consumados, a las situaciones ya existentes, no se opone al establecimiento de reformas sociales constitucionales ni a leyes que se dan en vista de situaciones pasadas. La tenden-cia moderna, tanto en la doctrina como en la legislación, con-siste en limitar todo lo posible el principio de la irretroactivi-dad, excepto en materia de contratos, que en muchos países, como en Alemania, se mantiene, no obstante, en toda su pu-reza. Aquí esa tendencia se acoge en el Art. 3 de nuestro Código Civil, al disponer que las leyes no tendrán efecto re-troactivo, si no dispusieren lo contrario ..(Énfasis en el original.)

Scaevola, al comentar el artículo del Código Civil español equivalente a nuestro Art. 3, expresa que sería “contrario a la esencia del Poder legislativo el que éste estuviese como atado por la regla de que la ley no dispone más que para el porvenir .... Hay casos „ . . en que la ley debe regir el pasado, sea en interés social, sea en interés de los ciudadanos. De aquí que el legislador no debe estar encadenado por un principio absoluto, que coartaría su libertad de acción en per-juicio de la sociedad y los individuos”. (Énfasis suplido.)()

Mediante la decisión que hoy se emite intentamos corregir, aun cuando tardíamente, una grave injusticia que inexplicablemente se había mantenido vigente en nuestro ordenamiento. Como expresara este Tribunal en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396 (1973), al discutir la procedencia de la aplicación retroactiva de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, mientras “más grave sea el mal sociaí que el estatuto intenta remediar más grande es el interés público envuelto, y, por tanto, mayor justifica-ción para su aplicación retroactiva”.

El interés público envuelto en el presenté caso no puede ser más grande. Está en juego nada más y nada menos que el derecho a la igualdad de los hijos nacidos en nuestra tierra, derecho garantizado expresamente por nuestra Constitu-ción. Ese alto interés público nos obliga a la aplicación re-troactiva de la norma jurisprudencial que hoy adoptamos. Resolver lo contrario equivaldría a perpetuar por más tiempo el discrimen impermisible que hoy erradicamos de nuestro ordenamiento.

Resolvemos, en consecuencia, que procede la desestimación de la demanda de impugnación de reconocimiento que el demandante recurrido radicara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, por razón de haber caducado la misma.( )

Se dictará sentencia de conformidad.( )

      (1) Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 732 (1963).

      (2) 31 L.P.R.A. see. 466.

      (3) Véase Informe de la Convención Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos en lo relativo al alcance del término “nacimiento” contenido en el Art. II, Sec. 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A. Tomo 1.

      (4) De los autos no surge con claridad si al momento de la ocurrencia del nacimiento, el demandante recurrido Almodóvar estaba casado con otra dama. Sí surge que al momento en que éste radica la demanda de impugnación de reconoci-miento estaba casado con otra persona.

      (5) En dicho caso se resolvió, en lo pertinente, que el término dispuesto por el referido Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 465, era uno de caducidad y no de prescripción.

      (6) En los últimos treinta años, diversas jurisdicciones han suprimido la tra-dicional distinción entre filiación legítima e ilegítima, sustituyéndola por el prin-cipio de la unidad de filiación.
      Quizás la vanguardia corresponde a los países escandinavos: Noruega (leyes de 1956 y 1981), Dinamarca (ley de 1960) y Suecia (ley de 1969). Pero no pueden dejar de mencionarse, en Europa occidental, las reformas al derecho de filiación que en 1969 se producen en Alemania Federal, Holanda y Gran Bretaña; en 1970, en Austria; en 1975, en Italia; en 1976, en Suiza; en 1977 en Portugal, y en 1981 en España. Deben mencionarse las leyes de algunos estados norteamericanos (v.gr., Arizona, 1956; North Dakota y Oregon, 1963); los códigos de la familia de los países socialistas de Europa (Hungría, leyes de 1946 y 1974; Checoslovaquia, 1963; Polonia, 1964; República Democrática Alemana, 1965; Bulgaria, 1968), y algunos países de Sur América, como Bolivia (Código de la Familia de 1972) y Cuba (Código de la Familia de 1975), Venezuela (Código Civil reformado en 1982) y Ecuador (Código Civil de 1980).

      (7) M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1984,1. iy pág. 263.

      (8) Merece destacarse el hecho de que en el caso de Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920), se trataba de una acción de impugnación del reconocimiento en el cual el vicio del consentimiento alegado lo era el “error”, basado el mismo en que, luego de efectuado el reconocimiento, el demandante había advenido en co-nocimiento de que él no podía procrear hijos por ser estéril.

      (9) Como expresáramos al comienzo de la ponencia, la norma jurisprudencial antes mencionada fue ratificada por este Tribunal en varias ocasiones poste-riores, inclusive luego del advenimiento de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico en el año de 1952. Véanse: Collazo v. Mouriño, 51 D.P.R. 728, 731 (1937); F. Rodríguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525, 540 (1946); Rossy v. Martínez, 70 D.P.R. 737, 741 (1949); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908, 911 (1956); Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378, 407 (1959), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Santana Becerra.

      (10) Alcaide v. Morales, ante, pág. 294.

      (11) G. Velazquez, La extensión de la acción de filiación en el derecho puer-torriqueño, XVII (Núm. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237 (1957).

      (12) Dispone el Art. 1253 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3512:
      “La acción de nulidad sólo durará cuatro (4) años.
      “Este tiempo empezará a correr:
      “En los casos de intimidación o violencia, desde el día que éstas hubiesen cesado;
      “en los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato;

        “cuando la acción se dirija a invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorización competente, desde el día de la disolución del matri-monio,
      “y cuando se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapaci-tados, desde que salieren de tutela.”

      (13) Como explicaremos más adelante, si bien es cierto que el análisis consti-tucional bajo la cláusula de la igual protección de las leyes se ha aplicado tradicio-nalmente en el contexto de clasificaciones legislativas, es igualmente aplicable en el contexto de clasificaciones jurisprudenciales, ya que los derechos constitu-cionales se reclaman contra el Estado y la Rama Judicial es uno de sus compo-nentes. Además, las Opiniones de este Tribunal son “ley” en esta jurisdicción al igual que las aprobadas por la Asamblea Legislativa.

      (14) 31 L.P.R.A. see. 461.

      (15) «El reconocimiento puede ser definido como acto jurídico consistente en la afirmación solemne de la paternidad biológica hecha por el generante, acto ... que lo liga con el reconocedor.” M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiación natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, pág. 63.

      (16) Ello éste lo logra o demuestra, entre otros, probando que él no tuvo acceso carnal a la esposa durante el período de concepción del hijo por razón, a manera de ejemplo, de que se encontraba fuera del país; que pudiendo tener ese acceso carnal, él padece de una condición de impotencia o esterilidad qué impide la procreación; que aun habiendo tenido contacto sexual con lá esposa durante ese período de concepción, pruebas científicas confiables lo excluyen como padre; etc. En otras palabras, la única manera en que el marido puede destruir esa “condición de hijo” que le confiere la ley al ser nacido vigente el matrimonio lo es mediante la presentación de prueba que destruya la relación biológica entre él y ese “hijo”.

      (17) En palabras del profesor Calderón, Hijo: “El propósito y la consecuencia de la impugnación es, pues, el derrumbamiento del estado filiatorio establecido.” Á.R. Calderón, Jr., La Filiación en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, pág. 35.

      (18) Albaladejo, Curso de Derecho Civil, op. cit., pág. 263.

      (19) Ello claramente se percibe en los casos en que se impugna el reconoci-miento debido a violencia o intimidación: el consentimiento se prestó debido a que el reconociente fue objeto de violencia o éste tenía el temor fundado de ser víc-tima de ella. En el caso del error es exactamente la misma situación; esto es, lo que se pretende impugnar es el reconocimiento y no la relación biológica propia-mente. Resulta un tanto difícil visualizarlo por razón de que, de ordinario, en esta situación se presenta prueba que destruye ¡a relación biológica. Por ejemplo, se trae prueba de que se descubrió que el “padre” era estéril o que los exámenes de sangre lo excluyen como tal. Su propósito, sin embargo, no es demostrar que el reconociente no es el padre. El mismo es demostrar que éste reconoció por error; esto es, si éste hubiera sabido que era estéril, no hubiera prestado el consenti-miento para reconocerlo.

      (20) La Sec. 1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 257, dispone:
      “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana’XÉnfasis suplido.)

      (21) La Comisión de la Convención Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos, en su informe, hizo constar el alcance de la palabra “naci-miento” en el Art. II de la Constitución:

        “Nacimiento. Se propone eliminar el estigma jurídico en contra de los hijos habidos fuera de matrimonio. Se coloca a todos los hijos respecto de sus padres y respecto del orden jurídico en igualdad de derechos. Las uniones ilícitas pueden y deben estar prohibidas y esta disposición tendrá como una de sus consecuencias él desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas, debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jurídicas. Así lo exige el principio de la responsabilidad individual, con arreglo a la cual nadie es culpable por los actos que él mismo no realiza. Aunque la legislación actual ya cubre en casi su totalidad lo aquí dispuesto, será menester nueva legislación. A los fines de herencias y propiedades las modificaciones resultantes de esta sección no deberán ser retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia.” (Én-fasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2562 (1951).

      (22) Dispone la See. 7 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 276:
      “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Nin-guna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará, a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.” (Énfasis suplido.)

      (28) Véase esc. 13.

      (24) Este Tribunal nunca ha aplicado el escrutinio intermedio. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

        (25) De no ser así, no podría constitucionalmente subsistir la presunción de hijo matrimonial que nuestro Código Civil establece. Esto es, para que hubiese una total equiparación de los hijos se requeriría la eliminación de esta presun-ción. Sin embargo, como ya hemos explicado, tal eliminación constituiría una abe-rración jurídica.

      (26) Véase H.D. Krause, Illegitimacy: Law and Social Policy, New York, The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1971, pág. 76: “if the state really wishes to discourage casual unions, it should do so directly. It could do so by enforcing laws punishing fornication or by providing incentives for marriage.” (Escolios omitidos.)

      (27) En Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 362-363 (1985), citando con apro-bación a F. Rivero Hernández, La presunción de paternidad legítima, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, pág. 487, dijimos que nuestro régimen de impugnación de pa-ternidad: “[E]s el sistema de impugnación más deficiente y arbitrario de cuantos hemos visto, el más estrecho y riguroso, el más anacrónico y superado por la evolución de las ideas y realidad social y científica de nuestros días. Las concep-ciones biológicas y jurídicas en que se fundara son hoy práctica y absolutamente inservibles, y el marco legal de la institución ha quedado tan estrecho que la violenta como una camisa de fuerza, hasta deformarla.”
      Véase, en adición, C.E. Mascareñas, Algunas consideraciones sobre la filia-ción de los hijos extramatrimoniales y los derechos de los mismos, 10 Rev. Der. Pur. 173,179 (1963).

      (28) Debe mantenerse presente que el reconocimiento que se ha hecho cons-tar en forma auténtica y fehaciente, por ejemplo, en actas de nacimiento, testa-mentos, actuaciones judiciales, declaraciones juradas, etc., tiene el efecto de eximir al reconocido de acudir a la acción civil filiatoria. Puente et al. v. Puente et al., 16 D.P.R. 582, 586 (1910). Véanse, en adición: Ex parte Hernández, 65 D.P.R. 142 (1946); Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 467 (1916); González et al. v. López et al., 19 D.P.R. 1113 (1913); Figueroa v. Díaz et al., 19 D.P.R. 717 (1913); Bianchi v.

        Sucn. Bianchi, 67 D.P.R. 694 (1947); Medina v. Sucesión de Bird et al., 30 D.P.R. 158 (1922); Servera v. Otero, 22 D.P.R. 367 (1915); Rodríguez v. Rodríguez et al., 18 D.P.R. 440 (1912); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956); Rodríguez v. Rodríguez, 35 D.P.R. 883 (1926); Pabón v. Alvarado et al., 28 D.P.R. 579 (1920); Ex parte Morales, 30 D.P.R. 907 (1922); Ramos v. Rosario, 67 D.P.R. 683 (1947); Díaz Fontánez v. Sucn. Díaz, 86 D.P.R. 798 (1962).

        (29) Si ello es así en obligaciones y contratos, no hay motivo para que en el campo de la filiación, donde tan necesaria es la seguridad del estado filiatorio, el punto de partida para computar el plazo sea diferente. Por la trascendencia del acto del reconocimiento, aquel que reconoce a un “hijo” tiene el deber de asegu-rarse en los casos en que tiene alguna duda respecto a su paternidad de que el niño verdaderamente es suyo antes de reconocerlo. Las pruebas biológicas exclu-yentes de la paternidad son una forma sencilla y altamente confiable de descubrir si no es el padre biológico de un niño. Cf. Ortiz v. Peña, 108 D.P.R. 458 (1979).

      (30) Dispone el Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3:
      “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.
      “En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los dere-chos adquiridos al amparo de una legislación anterior.”

      (31) Q.M. Scaevola, Código Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1949, T. 1, pág. 237.

      (32) Pudiendo los tribunales hacer valer la caducidad ex officio judiéis, Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562, 599 (1966), procede igual-mente que se decrete la desestimación, por razón de caducidad, de toda causa de acción similar pendiente ante nuestros tribunales si la misma no fue presentada dentro del término de tres meses de haberse realizado el reconocimiento.

      (33) El Art. 126 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 505, dispone, en lo perti-nente, que el “reconocimiento hecho a favor de un hijo que no reúna las condi-ciones del párrafo primero de la see. 504 de este título podrá ser impugnado por aquéllos a quienes, perjudique”. Luego de la decisión que hoy emitimos dicho artículo tiene que ser interpretado a la luz de lo preceptuado en el Art. 116 del Código Civil y la jurisprudencia aplicable al mismo. Así, la impugnación del reco-nocimiento puede hacerse por el padre biológico, Cf. Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); por el propio reconocido —incidentalmente— en las circuns-tancias en que esté reclamando una filiación incompatible, Cf. Robles López v. Guevárez Santos, 109 D.P.R. 563 (1980), Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954), y por los herederos según lo establecido en el referido Art. 116. Quedan revo-cádos expresamente los casos Fernández v. Sucn. Fernández, 66 D.P.R. 881 (1947), y Rossy v. Martínez, 70 D.P.R. 737 (1949).