author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Guzmán Toro, acusado y apelante.

      Número: CR-78-21

      Resuelto: 11 de octubre de 1978

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Salvador Guzmán Toro fue acusado y encontrado culpable por jurado del delito de Asesinato en Primer Grado por la muerte el 28 de julio de 1976, de su ex-esposa Jean Marie Rexach Santana, a la cual le infirió cinco (5) heridas de bala. Fue sentenciado a reclusión perpetua. No conforme, por propio derecho apeló. Su alegato fue presentado por la Socie-dad para Asistencia Legal.

Analizaremos separadamente sus señalamientos.

PRIMERO: “Cometió error la ilustre sala sentenciadora al declarar culpable al apelante del delito de Asesinato en Primer Grado habiéndose probado, a lo sumo, un delito de homicidio.”

No tiene razón. El examen total de la prueba refleja que se establecieron más allá de duda razonable los elementos de malicia premeditada, deliberación y premeditación, constitutivos del delito de Asesinato en Primer Grado. A tal efecto, reproducimos el resumen del alegato del Procurador, que de manera más detallada relaciona la prueba de cargo:

“La testigo de cargo Georgina Santana Correa (T.E., Tomo I, págs. 104-404) declaró, entre otras cosas lo siguiente: que para el día de los hechos ella vivía con su hija Jean (la occisa) y su nieto Juan Carlos (hijo del apelante) en su residencia sita en la calle Perseo Núm. 506, Urb. Altamira (lugar de los hechos) (T.E. págs. 105-106); que su hija vivía con ella desde noviem-bre de 1975 cuando se separó de su esposo, el aquí apelante (T.E. pág. 106); declaró que el día de los hechos a su hija se le había quedado la cartera en la casa y que por ese motivo había ido a almorzar (T.E. pág. 110); que mientras está almorzando la oc-cisa llega el niño y desde fuera de la casa le pide permiso para ir con el apelante a recortarse (T.E. pág. 114); la occisa le mani-festó al niño ‘hoy no le toca a tu papá venir a buscarte, eso será el sábado’ (T.E. pág. 115); que la occisa posteriormente terminó de almorzar y mientras se disponía a abrir el portón de rejas de la marquesina, vio que llegó nuevamente el niño, esta vez acom-pañado de su padre (el apelante) y se detuvieron al frente de la casa; que ella pudo verlos debido al hecho de que estaba en la ventana observando a la occisa y que estaba en dicha ventana por-razón de que ‘. . . Guzmán [refiriéndose al apelante] ya le había dado y la había golpeado anteriormente y yo tenía miedo de que le fuera a pasar lo mismo . . .’ (T.E: págs. 116-117); que el niño le volvió a preguntar si podía ir con el apelante a recor-tarse, a lo que la occisa le volvió a contestar que lo dejara para el sábado que era cuando a su papá le correspondía llevarlo (T.E- pág. 117); que el apelante se desmontó de su automóvil y le preguntó a la occisa ‘¿Me vas a dejar llevar el niño a recortar hoy?’ y sucede lo siguiente: ‘ella le dijo, no, hoy no, porque no te toca, déjalo para el sábado. Y entonces él le dice, ¿cómo que n'o? Y ahí, inmediatamente fue una cosa tan rápida que sacó un arma del lado derecho y le tiró dos tiros a mi hija’. (T.E. pág. 119); que luego el apelante adelanta como veintidós pies hacia donde se encontraba tirada en el suelo la occisa, revólver en mano, mirando fijamente hacia donde estaba la occisa y cuando llega a una distancia que la testigo considera como ‘en los pies de mi hija’, se encorvó un poco y manifiesta ‘para acabar contigo’ e inmediatamente hace tres disparos (Subrayado nuestro, T.E. pág. 123).
Dicha testigo declaró además, sobre una serie de incidentes violentos en los cuales se había visto envuelta, tanto ella como su hija (la occisa) con el aquí apelante. Relató que en una ocasión allá para principios del mes de diciembre de 1975 se encontraba con su hija (ya ésta se había separado del aquí apelante durante el mes de noviembre de 1975) en su residencia de Altamira; que mientras ella se encontraba barriendo el interior de la casa, su hija estaba ‘. . . afuera en el porch (sic) echándole agua a las matas y cuando yo oigo un gemido, salgo corriendo a la parte de afuera y era que Salvador Guzmán la tenía tirada en el último escalón, él encima de ella . . .’ — ‘. . . ella tenía sus manos en la cara porque estaba tratando de darle y le daba contra el escalón y él quería destrozar su cara y ella tenía sus manos en la cara ...’ (T.E. págs. 129 y 130); que mientras ella y su hija retrocedieron hacia el interior de la casa, el apelante decía ‘voy acabar con ustedes dos, la voy a matar, voy a acabar con ella, la quiero matar, si ella no es mía no es de nadie’. (Subrayado nuestro.) (T.E. pág. 131.)
En otra instancia declaró que el apelante, también durante el mes de diciembre de 1975, llegó súbitamente a la residencia de la testigo, la empujó, agarró por el cuello a la occisa y la apretó y le dijo: ‘vamos para adentro que voy a matarte, voy acabar contigo, hoy voy a acabar contigo’ — que ambas gritaron y los vecinos llamaron a la policía — el apelante se fue cuando le dijeron que la policía estaba cerca. (T.E. pág. 134.)
Continuó la testigo mencionando incidentes y atestó que en otra ocasión el apelante la llamó por teléfono y la amenazó de muerte tanto a ella como a la occisa (T.E. pág. 136); que en otra ocasión en que la testigo y su hija se dirigían a casa de su hijo el Lie. Jorge Luis Rexach Santana, el apelante las iba si-guiendo en su automóvil y en determinado momento (estando un semáforo con la luz roja) se detuvo al lado de ellas y se bajó de su vehículo en una actitud muy desafiante — pero ocurrió el cam-bio de luz y ellas aceleraron su automóvil hacia la residencia del susodicho Lie. Rexach Santana (T.E. págs. 137-140).
Igualmente declaró la testigo que para el mes de marzo de 1976, un día llegó la occisa de su trabajo como de cinco y media a seis de la tarde, y bajándose ella del carro, llegó el apelante detrás; que mientras ella cerraba el portón de rejas de la mar-quesina, él metió la mano por el portón y la cogió por el pelo y le dio una bofetada. (T.E. pág. 142.)
Finalmente, señaló la testigo que para el día 10 de abril de 1976, volvió el apelante a amenazarlas, a ella y a la occisa, me-diante llamada telefónica. Indicó que en esa ocasión la occisa manifestó que ya era demasiado, que no podían continuar con esa situación, que era terrible y que le dieron parte a la policía. Atestó que precisamente por este incidente habían denunciado al apelante. (T.E. pág. 144.)
De otra parte, la testigo de cargo (refutación) Amelia Veray (T.E., Tomo V, págs. 91-107) declaró, entre otras cosas, que trabajaba en el Departamento de la Vivienda y que la occisa era su jefa y compañera (T.E. pág. 92); que entre los meses de diciembre de 1975 y finales de abril o principios de mayo de 1976, pudo presenciar algunos incidentes habidos entre la occisa y el apelante en la oficina de la primera en el referido Departamento de la Vivienda (T.E. págs. 93-94); que para diciembre de 1975 el apelante insistía en que la occisa volviera con él y la amena-zaba si no lo hacía; que dichas amenazas sucedían alrededor de una a dos veces en semana; que con motivo de esa situación, en dicha oficina se tomó como medida de precaución, el preparar una puerta y hacer como especie de un ‘counter’ que se abría la mitád de la misma y la otra mitad impedía que entraran per-sonas (T.E. págs. 95-98); que parc el mes de abril de 1976 la occisa se encontraba sentada escribiendo, llegó el apelante y la ‘jamaqueó por un brazo’ y le dijo que ‘tenía que volver con él, que si no volvía con él, que él la iba a matar y que él salía bien por las conecciones (sic) que él tenía’ (subrayado nuestro) (T.E. pág. 100).
La testigo de cargo Maricela Estrada de Díaz (T.E. Tomo V, págs. 108-134) declaró, en parte, que trabajaba en el Departa-mento de la Vivienda y allí conoció a la occisa; que para princi-pios de junio de 1976 ella pudo escuchar desde su oficina, la cual era contigua a la de la occisa, una discusión entre el apelante y la occisa; que el apelante le preguntaba cuando iba a regresar a su residencia de Guaynabo y ella le decía que no regresaría más porque ya tenía pruebas suficientes de que él tenía dos hogares y que por eso en el hogar de ella no aparecía dinero para sufra-gar los gastos, y que se retirara; que el apelante ‘empezó a hablar en voz alta y dijo que el problema era que compañeras del tra-bajo le decían cosas a ellas, falsas, de las cuales ella estaba cre-yendo y entonces, ella le dijo que no, que ya ella tenía toda esa información [sobre los pagos de una propiedad en la Urbaniza-ción Country Club] y la había corroborado, que ella no volvería y él le dijo, “si tú no vuelves a mi casa de Guaynabo, yo- te mato, es más, te vuelo la tapa de los sesos, porque yo tengo conecciones (sic) para salir bien”; (Subrayado nuestro) (T.E. pág. 114); además, declaró que la puerta del frente de la oficina de la occisa estaba condenada debido al hecho de que el apelante se ‘metía allí y la amenazaba y habían habido quejas y eso era para tomar precauciones’ (T.E. pág. 115).”

Los hechos antes expuestos arrojan la sola conclusión de que el apelante antes de efectuar el acto había ponderado, reflexionado y pensado — consciente de sus consecuencias — la muerte de la occisa, como alternativa de resolver sus problemas. El jurado, con base fundada y en el descargo fiel de su encomienda, así lo concluyó. Si alguna duda quedó en la mente de dichos juzgadores, la misma obviamente se desvaneció con la conducta del apelante, quien luego de los dos disparos, caminó como veintidós (22) pies y se acercó a la víctima, y junto a ella, se inclinó y diciendo “para acabar contigo” realizó tres (3) disparos adicionales. Véanse: Pueblo v. Pacheco Baquero, 103 D.P.R. 95 (1974); Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1975); Pueblo v. De León, 102 D.P.R. 446 (1974); Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R. 897 (1974); Pueblo v. Ramos Padilla, 88 D.P.R. 384 (1963); Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39 (1961). El anterior pronunciamiento hace innecesaria la discusión de un posible veredicto por Homicidio. Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R. 796 (1968).

SEGUNDO: “Fue violado el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial y al debido proceso de ley al ocultar el Minis-terio Público declaraciones juradas en su poder, entre otras las de María Rodríguez y Herminio Rosario, en contravención a la orden de descubrimiento emitida por la sala de instancia y a la jurisprudencia de esta Honorable Superioridad.”

El error gira en torno a las declaraciones juradas de los testigos de cargo María Rodríguez y Herminio Rosario. El apelante alega de que de haber contado previamente con la declaración jurada de María Rodríguez hubiese refrescado su memoria respecto al extremo de con quién conversó poco antes de los hechos imputádoles, amén de que el Ministerio Fiscal no hubiese podido impugnar su credibilidad.

Una referencia a todo el incidente resulta necesaria para concluir que no le asiste la razón y el señalamiento no tiene la importancia adjudicádale. Veamos. Terminada la presen-tación inicial de la prueba de cargo, el fiscal informó que re-nunciaba los testigos Adrián Ortiz Colón, el agente Luis Cora y Héctor L. Rosa. La defensa solicitó y el tribunal accedió a entrevistarlos. Dicho foro también ordenó que el Ministerio Público pusiera a disposición de la defensa cualquier declara-ción jurada prestada por el señor Adrián Ortiz, Sargento Luis Cora y “. .. además, cualquier documento que [tuviera] en su expediente, además de la declaración jurada del niño Juan Carlos Guzmán.” El fiscal en corte abierta le hizo en-trega a la defensa de copia de la declaración jurada del niño Juan Carlos Guzmán. (T.E., II, págs. 37-39.)

Se recesó hasta el día siguiente a petición de la defensa que desfiló su prueba, incluyendo el testimonio del apelante. Terminada la misma, el Ministerio Público presentó prueba de refutación consistente del examen directo de la testigo María Antonia Rodríguez, quien fuera contrainterrogada por la defensa luego de recibir copia de la declaración jurada prestada con anterioridad (T.E., IV, pág. 378). Al finalizar su testimonio dicha testigo fue excusada y se decretó un re-ceso durante el fin de semana. Al reactivarse la vista del caso, la defensa planteó que el Ministerio Fiscal había incumplido la orden del tribunal y ocultado declaraciones juradas según evidenciado al usarse como testigo a María Antonia Rodrí-guez (T.E., V, pág. 14). Argumentada la cuestión, la ilus-trada sala de instancia determinó que la defensa tenía razón, y que habiéndose presentado el testimonio de María Antonia Rodríguez, cualquier desviación procesal había quedado sub-sanada. Para esclarecer la situación ordenó lo siguiente:

“Se ordena en este momento que el Fiscal entregue las decla-raciones de todos los testigos que tenga de refutación y o, inclusive, de aquellos que no piense utilizar, pero que les haya to-mado declaración jurada para que la defensa, entonces, determine si necesita alguno de ellos como testigos de defensa. De la defensa estimar necesario que se le reabra su prueba a tenor con estas nuevas declaraciones, así lo concederemos. Favor de en-tregar las declaraciones juradas.” (T.E., V, pág. 13.) (Bastardi-llas nuestras.)

El Ministerio Fiscal cumplió a cabalidad este decreto.

Independientemente de que la cuestión no tiene el alcance atribuídole, se trataba de dos resoluciones distintas. La pri-mera — relativa al momento en que terminó el Ministerio Fiscal de presentar su caso y renunció a varios testigos de cargo —en que a solicitud de la defensa se ordenó a los represen-tantes del Ministerio Público que entregaran unas declara-ciones juradas específicas y cualquier otro documento que obrara en el expediente fiscal. Y la segunda — ordenando que entregaran las declaraciones juradas de todos los testigos que tuviera de refutación, incluyendo las correspondientes a aque-llas personas que no pensaban utilizar como testigos. Conclui-mos que la primera contemplaba documentos que no fueran declaraciones juradas, pues el juzgador estableció claras diferencias entre determinadas declaraciones juradas y otros documentos.

El incidente es uno análogo al surgido con el incumpli-miento por la defensa, satisfactoriamente explicado con pos-terioridad, relacionado con la no entrega al Ministerio Fiscal del récord médico del apelante preparado por el Dr. William Galíndez (T.E., IY, págs. 157-170). El error no fue cometido.

TERCERO: “Erró el Honorable Tribunal al declarar culpable, y sentenciar al acusado, a pesar de que el Ministerio Público no cumplió su obligación de probar la sanidad mental del acu-sado, fuera de toda duda razonable.”

No tiene razón el apelante. Si bien alegó incapacidad mental para cometer a conciencia el delito imputádole y presentó prueba para demostrarlo, concluimos — al igual que el jurado —que la misma no fue lo suficientemente convincente para controvertir la presunción de sanidad mental; y bajo la pre-misa de que creara una controversia, en su oportunidad, el Ministerio Fiscal oportunamente la esclareció. Analicemos la cuestión.

Su primer testigo pericial fue el Dr. Fernando J. Cabrera, que en lo pertinente atestó que el apelante fue su paciente desde el día 18 de agosto de 1975 en cuya ocasión le había diagnosticado una neurosis de ansiedad que podía ser leve, moderada o severa; que en su opinión, para el 30 de julio de 1976 — dos (2) días después de los hechos — tenía su neurosis “más severa”; explicó que un “estado de neurosis es un estado de inquietud interna que se puede manifestar de diferentes formas, de inquietud, de temblores, de ataques de estos de in-quietud, de fatiga. Se puede manifestar en cierta sistemato-logía física, dolores de cabeza, insomnio ... en realidad la neurosis es la expresión de la inquietud interna de un indivi-duo, un estado de tensión.” (T.E., IV, págs. 59-60).

Aclaró que era común y corriente que personas no incapa-citadas mentalmente recurrieran al siquiatra por problemas matrimoniales. Señaló que el día 30 de julio de 1976 pudo hablar con el apelante y éste le manifestó que había matado a su mujer pegándole cuatro (4) tiros porque ella le había dicho una poca vergüenza y que su mente se le había ido en blanco habiéndose entregado a la policía a los diez (10) o quince (15) minutos en el cuartel de Guaynabo. () Recono-ció casos de “simulación” y destacó que es una de las situa-ciones más difíciles de probar. (T.E., IV, págs. 75-76.) Este testimonio queda robustecido en el récord clínico llevado por dicho galeno, admitido como prueba, que en lo pertinente re-fleja lo siguiente: “Paciente solicita entrevista después de haber disparado varios tiros a su señora quien resultó muerta. Durante la conversación y entrevista no presentaba evidencia de psicosis alguna, ni ideas delirantes ni alucinaciones. Es-taba ansioso. Se le receta Librium 25 mg. t.i.d., Dalmane 30 mg., 2 caps al acostarse. Diagnóstico: Neurosis de ansiedad.'” (Bastardillas nuestras.)

El estudio de dicho récord, no arroja ningún apunte o data que indique, tanto antes como depués del suceso de sangre, condición permanente, pasajera o transitoria de psicosis u otra alteración mental que impidiera al acusado comprender las consecuencias de sus actos. Repetimos, solamente demuestra un diagnóstico de neurosis de ansiedad y no controvirtió la presunción de capacidad legal. Sin embargo, cabe apuntar que el testimonio de este eminente galeno puso en entredicho las opiniones periciales de los doctores en psiquiatría William Galíndez Antello (T.E., IV, págs. 89-233) y Gerardo Sanz (T.E., IV, págs. 238-350) quienes atestaron y sostuvieron la tesis de un diagnóstico de ansiedad de reacción severa con rasgos depresivos que culminaron en una reacción disociativa que le impidió al apelante reconocer su acto al llevarlo a cabo. La entrevista con el apelante la realizaron el 7 de febrero de 1977; esto es, siete (7) meses después.

La lectura del testimonio de ambos psiquiatras demuestra que éstos aceptaron implícitamente que la evaluación del Dr. Cabrera — antes e inmediatamente después de los hechos— representaba una más confiable; que el diagnóstico de neurosis disociativa estuvo basado únicamente en el relato del ape-lante; y que una persona podía ocultarlo o fingirlo.

Con esta perspectiva en mente, el jurado dirimió el alcance de la prueba sobre insanidad mental del apelante, y obvia-mente la descartó. A la luz de las circunstancias, comporta-miento — antes, durante su comisión y después — coincidimos con la conclusión del Estado de que no se controvirtió la pre-sunción de cordura.

Finalmente, aun bajo el supuesto de que se hubiese con-trovertido dicha presunción, el testimonio del Dr. Guillermo Santiago Santos (T.E., V, págs. 150-258) presentado por el Ministerio Fiscal estableció que el padecimiento del apelante era uno de neurosis de angustia moderada que no le impedía conducirse de acuerdo al mandato de ley. A tal efecto, ex-presó su criterio — fundado en la prueba desfilada, récords y testimonios de otros psiquiatras — que el apelante estaba si-mulando una amnesia cuando alegó ante su psiquiatra Dr. Cabrera que se le fue la mente en blanco. Aclaró que el com-portamiento antes del apelante dar muerte y el irse a entre-gar después, demostraban un estado de consciencia racional y lógico.

Somos de opinión que el error no fue cometido bajo nin-guna de las hipótesis tácticas y jurídicas ante nos presentadas.

CUARTO: “El estado mental del apelante, al momento de ocurrir los hechos, lo exime de la comisión del delito de asesinato en primer grado y convirtió su acto en uno de homicidio.”

El apelante nos propone que apliquemos al caso de autos y ampliemos la norma enunciada en Pueblo v. Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82 (1977), en que resolvimos que la incapacidad mental que puede producir el uso de drogas y bebidas alcohólicas para cambiar un designio criminal sólo tiene el efecto de reducir el grado del delito de Asesinato en Primer Grado a Segundo. Nos pide la extendamos hasta cu-brir Homicidio.

El señalamiento y súplica son inmeritorios. En el caso que nos ocupa se demostraron fuera de duda razonable los ele-mentos de premeditación y deliberación, esto es, Asesinato en Primer Grado. No podemos, sin faltar a nuestro deber, carac-terizar este crimen como un homicidio.

Se confirmará la sentencia.

      í1) Coincidimos con el Procurador General en la siguiente observa-ción: “Es interesante señalar que cuando el apelante declaró en el juicio, indicó que luego de que su ex-mujer había hecho determinada manifesta-ción, no recordó nada más de lo sucedido (T.E., Tomo III, pág. 268); que cuando volvió en sí ya estaba en el Cuartel General, pasadas tres (3) o cuatro (4) horas (T.E., Tomo III, pág. 270); no recordó haberle dicho al Lie. Delíz que le había vaciado encima el revólver a su esposa (T.E., Tomo IV, 31), pero recordó haber hablado con el Lie. Delíz y el Coronel Lugo (T.E., Tomo IV, pág. 30), al igual que ‘vagamente’ recordó que el Lie. Delíz le hiciera las gestiones para localizar un abogado (T.E., Tomo IV, pág. 32). Todo lo anterior demostrativo de que el apelante se recordaba muy convenientemente de algunos detalles y de otros no.”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    Marcial Castro Sosa y Otros, querellantes y recurridos, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, querellada y recurrente; Santos Morales Vicente y otros, querellantes y recurridos, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, querellada y recurrente.

      Número: R-76-312

      Resuelto: 16 de octubre de 1978

      Ramón A. Cando, Carlos E. Lube y Luis F. Condal, abogados de la recurrente; Amadeo & Suro, abogados de Marcial Castro Sosa y otros; A. J. Amadeo Murga, abogado de Santos Morales Vicente y otros.
   per curiam :

Marcial Castro Sosa radicó querella contra la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Eeclamó el pago de horas extras trabajadas como capataz de operación y mante-nimiento de líneas eléctricas durante los diez años precedentes a la querella. Varios otros (139) capataces, entre ellos Agus-tín García García, solicitaron intervención. La misma fue concedida. Santos Morales Vicente y otros 29 capataces radi-caron otra reclamación de salarios por horas extras.!) Se consolidaron los pleitos.

La querellada adujo como defensa afirmativa que los querellantes eran empleados ejecutivos. El tribunal de instan-cia desestimó la defensa.

Consideraremos si es procedente la defensa de ejecu-tivo. Es postulado de nuestro derecho laboral el que sola-mente por excepción se excluya a un trabajador de la protec-ción que su carácter de empleado le proporciona. Sánchez v. Best Price Co., Inc., 102 D.P.R. 379 (1974); López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325 (1970). Así, “... para que surja la condición de ‘ejecutivo’ es necesario que concurran todos los requisitos que los Reglamentos enumeran . . . .” Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977); Labor Relations Reporter, Vol. 6, Wages and Hours, BNA, Sec. 92.521; Labor Law Reporter, Wages & Hours, Sec. 25.210; Topical Law Reports, Commerce Clearing House; Sec. 8532.1, Wage & Hour Guide, Prentice Hall.

Durante los 10 años que cubre la querella estaba vi-gente el Reglamento Núm. 13 de 1952 y su revisión aprobada en 1959. Véase Piñán v. Mayagüez Sugar Co., Inc., 84 D.P.R. 89 (1961). Significa el término ejecutivo!) según el citado Reglamento:

“A. Cualquier empleado (1) cuyo deber primordial consista en la dirección de la empresa en que trabaja o en la dirección de un habitualmente reconocido departamento o subdivisión de la empresa; y
(2) que habitual y regularmente dirija el trabajo de otros dos o más empleados de la empresa o de tal departamento o sub-división de la empresa; y
(3) que tenga la autoridad de emplear y despedir otros empleados o cuyas sugestiones y recomendaciones sobre el em-pleo y despido de otros empleados y en cuanto al mejoramiento y ascenso o en relación con cualquier otro cambio de status de otros empleados hayan de recibir especial atención; y
(4) que habitual y regularmente ejerza facultades discre-cionales; y
(5) que no dedique más del 20% de las horas trabajadas en la semana de labor a actividades que no estén directa e ínti-mamente relacionadas con el desempeño del trabajo descrito en el párrafo (a), incisos (1) al (4) de este artículo; Disponiéndose que este inciso (5) no será aplicable en el caso de un empleado que esté él solo a cargo de un establecimiento independiente o de una rama del establecimiento físicamente separado del mismo, o que sea dueño de por lo menos el 20 % del interés de la empresa en que esté empleado; y
(6) que reciba por sus servicios una compensación fija (por día, semana, quincena o períodos mayores) equivalente a un salario semanal no menor de $30.00, excluyendo alimentos, vivienda u otros servicios; o
(B) Cualquier empleado (1) cuyo trabajo cumpla con los re-quisitos dispuestos en el párrafo (A), incisos (1) y (2) de este artículo; y
(2) que reciba por sus servicios una compensación fija (por día, semana, quincena o períodos mayores) equivalente a un salario semanal no menor de $100, excluyendo alimentos, vi-vienda u otros servicios.”

El Reglamento Núm. 13, revisado, solamente modificó el re-quisito referente al sueldo mínimo, estableciendo una fórmula para computar el mismo. Así reza dicha modificación:

“(6) que reciba por sus servicios una compensación fija (por día, semana, quincena o períodos mayores) equivalente al sueldo semanal que resulte multiplicando por sesenta (60) el tipo mí-nimo por hora más alto que le sea aplicable por ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por decreto mandatorio de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico a las actividades en conexión con las cuales ejerce sus funciones de ejecutivo, exclu-yendo alimentos, vivienda u otros servicios; disponiéndose, sin embargo, que el salario semanal nunca deberá ser menor de treinta y cinco dólares ($35.00) cuando dicha compensación com-putada en la forma ya expresada resultare menor de esta suma.”

Postula el primer requisito del Reglamento Núm. 13 la facultad de dirección del ejecutivo. Conlleva este poder el uso de una plena discreción libre de una supervisión cons-tante, para llevar a cabo aquellas ideas que propendan al me-jor funcionamiento de la empresa o la unidad o departamento que el ejecutivo dirija. Véase: Wilson, Labor Law Handbook (ed. 1963), see. 110.

Establece la prueba que la brigada — grupo de trabajo que dirige el capataz — es la unidad básica permanente, continua, más pequeña en la cual descansa el sistema administrativo de la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Es la unidad de tra-bajo que cubre la construcción, el mantenimiento y la repara-ción de las líneas eléctricas.

Durante el tiempo que cubre la querella las brigadas de operación y mantenimiento se componían de alrededor de 8 hombres. () Las de desganche se componían de alrededor de 5 personas incluyendo el chófer y el capataz.

Es el capataz el único miembro de la brigada con la res-ponsabilidad de que las órdenes de trabajo sean cumplidas y que se efectúen con diligencia y eficacia en el menor tiempo posible. Aunque el orden en que se va a llevar a cabo el tra-bajo lo determina previamente el supervisor, el capataz asigna a cada empleado su tarea particular, dirigiendo así la labor de la brigada. La supervisión que recibe el capataz de sus superiores es mínima pues el empleado gerencial llamado a hacerlo — el supervisor de líneas — lo hace semanalmente y meramente por 15 minutos. A tenor con el “Manual Adminis-trativo” de la Autoridad de las Fuentes Fluviales la supervi-sión ejercitada sobre los capataces era poco frecuente. Se dice de éstos: “El empleado se supervisa con poca frecuencia o a intervalos irregulares en base a los resultados generales lo-grados. En la mayor parte es dirigido en su operación por el procedimiento y la política generales de la agencia.”

La dirección del departamento o división puede incluir, por ejemplo, la apreciación de la productividad de los emplea-dos a su cargo, la atención de sus quejas y el control del flujo y distribución de materiales. Rodríguez v. Concreto Mixto Inc., 98 D.P.R. 579, 583 (1970). La prueba en el presente caso demuestra que, siendo el capataz el representante de la querellada en el campo, es éste el llamado a velar por la pro-ductividad de cada miembro de la brigada. Es la persona a la cual los empleados se dirigen al tener alguna queja contra otro empleado o problemas con el trabajo.

A pesar de que las requisiciones de los materiales a ser utilizados en las reparaciones venían previamente cumplimen-tadas por un oficinista, al llegar a las manos del capataz, era éste el que se encargaba de buscarlos y era el responsable de su buena utilización en el campo de trabajo.

El segundo aspecto se cumple. El capataz dirige usual y regularmente el trabajo de la brigada la cual siempre se compone de más de 2 empleados, cuya labor es supervisada constantemente por el capataz. Se ha interpretado que para cumplir el requisito, la dirección de 2 o más empleados puede ser con una frecuencia mayor que ocasional pero menos que constante. Sec. 8534.1, Wage & Hour Guide, Prentice Hall. Aquí lo es.

El tercer requisito enunciado en el Reglamento Núm. 13 establece el poder o facultad del empleado para emplear o despedir y el valor que sus sugerencias tienen para variar favorable o negativamente el status de sus subordinados. Esta facultad puede incluir el poder para emplear, transferir, suspender, volver a llamar, ascender, despedir, trasladar, compensar y disciplinar al subordinado. 2 Jenkins, Labor Law, Sec. 6.14.

Resulta ser éste el más importante de los requisitos que debe cumplir un ejecutivo. “Ningún empleado, esté alto o bajo en la jerarquía de la gerencia, puede ser considerado como un ejecutivo bona fide a menos que esté directamente relacionado con el empleo o despido u otro cambio en el status de sus subordinados, ya sea por acción directa o por recomen-dación a aquellos cuyas funciones de empleo y despido han sido delegadas.” See. 8535, Wage & Hour Guide, Prentice Hall.

Demuestra la prueba que aunque el supervisor de distrito es el empleado que firma los ascensos u otro cambio en los empleados, el capataz es quien inicia este proceso con sus recomendaciones verbales por el contacto que tiene a diario con el personal de la brigada. Es razonable que así sea porque el capataz es el único miembro de la gerencia de la Autoridad de las Fuentes Fluviales que está en continuo e íntimo con-tacto con sus empleados a todas horas, todos los días.

Aunque la totalidad de la prueba evidencia que eran los supervisores de líneas y los superintendentes los que firmaban las recomendaciones de ascenso, los formularios de ausencia de 3 días o más, los nombramientos temporeros o la extensión de éstos, el formulario de ausencia en horas laborables y la re-clasificación de plazas; eran los capataces los que iniciaban todas estas variaciones en el status de sus empleados. Tan ob-via resulta esta facultad que en el “Informe sobre reclasi-ficación de los linemen, instaladores y troubleman [sic] ” emi-tido en conjunto por la U.T.I.E.R. y la Autoridad de las Fuentes Fluviales, se le atribuye al capataz la facultad de seleccionar candidatos para ascensos. Así lee dicho informe en su parte pertinente: “ . . . cuando el capataz o el supervisor conjuntamente con la Unión seleccionan como candidato para ascender a un Lineman I a II o II a III etc. ...” (Pág. 5.)

Postula el cuarto requisito el ejercicio usual y regular por el ejecutivo de facultades discrecionales. Goza el capataz de la suficiente independencia de criterio para asignar a cada empleado su tarea, mantener la disciplina y el orden de la brigada a su cargo, velar por la seguridad y el adiestramiento de sus empleados. • En cuanto a la determinación de horas extras los quere-llantes trataron de establecer que esta determinación la hacía el superintendente de líneas al ir la brigada diariamente a su trabajo. Resulta un tanto dudoso que las horas extras a ser trabajadas se señalaran de antemano. Es ésta una situa-ción que en la mayoría de los casos surge de súbito y sin pla-nificación alguna. Es el capataz la persona que por sus funcio-nes gerenciales, debe determinar — y en efecto lo hace — el trabajo de horas extras. (Deposición Sr. Julio Negroni pág. 57.)

Para ser considerado ejecutivo éste no debe dedicar más del 20% de las horas semanales trabajadas a actividades que no estén directamente relacionadas con la labor usual y habitual de sus funciones.

La querellada trató de probar que el capataz no realizaba labor alguna. Sin embargo, la prueba demostró que los capataces realizaban tareas manuales tales como tirar líneas, ayudar a subir transformadores, hacer crucetas, preparar cables, hacer hoyos o a veces parar postes, pero que estas tareas no excedían el 20% de las horas trabajadas semanalmente. Es razonable que éstos ejerzan cierto grado de labor manual en la ayuda que prestan a sus subordinados. Se ha interpretado que si la labor manual está directa e íntimamente relacionada con los deberes primarios de dirección y administración el empleado es considerado ejecutivo. Aquí la labor manual es una que emana de la autoridad de dirección y supervisión de que gozan los capataces. Véase Nota, Who is Employed in Executive or Administrative Capacity Within Exemptions From Minimum Wage and Maximum Hours Provisions of Fair Labor Standards Act, 40 A.L.R.2d 332, Sec. 6.

El último requisito establece que la compensación que reciba el ejecutivo debe ser una fija ya sea por día, se-mana, quincena o períodos mayores, que no rebase el mínimo establecido en el Reglamento Núm. 13, según ha quedado re-visado. La prueba demuestra que los querellantes recibían una compensación fija anual devengada mensualmente, la cual rebasa por mucho los límites de la reglamentación la-boral que nos ocupa.

Por establecer la prueba que los querellantes Marcial Castro Sosa y Agustín García García son ejecutivos, procederá la revocación de la sentencia recurrióla y se declarará sin lugar la querella.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Negrón García no intervinieron.

      (!) Están ante nuestra consideración solamente los cómputos de dos querellantes: Marcial Castro Sosa y Agustín García García. En espera de nuestro dictamen se paralizaron los procedimientos en los casos de los res-tantes querellantes.

      (2) Mediante la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 por primera vez se excluyen los ejecutivos del término “empleado”. Fue el Reglamento Núm. 13, supra, el que estableció los seis requisitos de la exclusión.

      (3)Las brigadas de operación y mantenimiento se componían de 2 cela-dores de líneas II, un celador de líneas II, un celador I, un chófer y el capa-taz.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué del Juez Asociado Señor Rigau. del Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se une el Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Humberto Pagán Hernández, demandante y recurrido, v. Universidad de Puerto Rico, Arturo Morales Carrión y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-76-55

      Resuelto: 16 de octubre de 1978

      José A. Andréu García, Manuel E. Andréu García y Jaime A. Rodríguez Lecoeur, abogados de los recurrentes; Manuel E. Moraza Choisne, Roberto José Maldonado, Luis F. Abreu Elias, Javier Cuevas Silva y Julio Torres, abogados del recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

La Universidad de Puerto Rico decretó la expulsión per-manente de un joven estudiante a base de cargos que le impu-taron haber participado en actos de violencia ocurridos en el campus de Río Piedras el 11 de marzo de 1971 y haber oca-sionado la muerte de un oficial de la Policía Estatal. La única prueba que conectó al estudiante con estos hechos fue la decla-ración de un teniente de dicho Cuerpo. En Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974), resolvimos que esa misma prueba no podía servir de base para encausar criminalmente al estudiante. Concluimos que por no ser confiable la identifi-cación que se hizo del estudiante, no era admisible dicho testi-monio y su admisión constituía una violación del debido pro-cedimiento de ley. Nos toca resolver ahora si la determinación administrativa hecha en 1971, que decretó la expulsión, cons-tituye cosa juzgada e impide que ante los tribunales de justi-cia se investigue la suficiencia de dicha prueba para sostener el decreto de expulsión. Resolvemos, en consideración a los particulares hechos de este caso, que la decisión administra-tiva no constituye cosa juzgada y que la prueba es insufi-ciente para sostener el dictamen administrativo.

Los Hechos

En el presente recurso examinamos una sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que ordenó la inme-diata reinstalación de Humberto Pagán Hernández como es-tudiante regular del Recinto de Río Piedras de la Universi-dad de Puerto Rico. La acción judicial en que se produjo dicha sentencia tiene el siguiente trasfondo de hechos.

El 11 de marzo de 1971 el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se vio perturbado por actos de violencia generados como consecuencia de una protesta estu-diantil contra la presencia en dicho Recinto del programa de ciencia y táctica militar conocido como R.O.T.C. Poco des-pués del mediodía intervino la Fuerza de Choque de la Policía de Puerto Rico al mando del comandante Juan B. Mercado. Cerca de la armería del R.O.T.C., donde se hallaban congre-gados numerosos estudiantes, se produjo una balacera en que fue mortalmente herido el comandante Mercado.!) El día siguiente, 12 de marzo, el entonces Rector don Pedro José Rivera notificó por carta al estudiante Humberto Pagán Her-nández que le suspendía sumariamente como estudiante del Recinto de Río Piedras, a la vez que le formulaba los si-guientes cargos por violación de los incisos 1, 4, 6, 7 y 10 del Art. 10 del Reglamento General de Estudiantes de la Univer-sidad, () en relación con los incidentes del 11 de marzo:

“1. Su participación activa junto a un grupo de estudiantes en los desórdenes y actos de violencia cometidos én el Recinto ese día.
“2. Posesión y uso de arma de fuego con el fin de causar da-ños a otras personas, ocasionándole la muerte a un miembro de la Policía Estatal.
“3. Interrumpir y perturbar las tareas y funciones de la Uni-versidad en dicho día.”

Los cargos fueron ventilados ante la Junta de Disciplina de la Universidad de Puerto Rico en vistas celebradas entre el 12 de mayo y el 30 de junio de 1971. La única prueba que relacionó al querellado con las actuaciones que se le impu-taron fue el testimonio de José Rafael Atilano, primer te-niente de la Policía adscrito a la Fuerza de Choque que par-ticipó en los sucesos del 11 de marzo. Dicha Junta por vota-ción de tres a dos, halló probados los cargos y recomendó la separación definitiva del querellado como estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Así lo decretó finalmente el Ledo. José R. Cancio, funcionario designado por el Rector para decidir los casos en que interviene la Junta, decisión que le fue debidamente notificada al querellado el 12 de agosto de 1971.

En el ínterin, el 17 de marzo de 1971 un Juez de Distrito, basado en la declaración del testigo, teniente José Rafael Ati-lano, determinó que existía causa probable contra Humberto Pagán Hernández por los delitos de asesinato en primer grado e infracciones de los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas y ordenó su arresto y detención. En esa misma fecha Pagán Hernández presentó solicitud de hábeas corpus ante el Tribunal Superior, Sala de Hato Rey, en que atacó la validez de dicha determina-ción de causa probable. Mientras tanto, quedó en libertad bajo fianza.

Durante la ventilación del recurso de hábeas corpus prestó testimonio el teniente Atilano, siendo su declaración la única prueba que, al igual que en la vista ante la Junta de Disci-plina de la Universidad, conectaba al querellado con los suce-sos del 11 de marzo. Contra la sentencia que anuló el auto expedido apeló Pagán Hernández ante nos por mediación de sus abogados.

Mientras tanto, Pagán Hernández se había ausentado de Puerto Rico. Fue localizado en el Canadá, ante cuyos tribu-nales promovió el Estado Libre Asociado procedimientos de extradición que no tuvieron éxito. Allá fue a prestar testi-monio nuevamente el teniente Atilano, habiendo fallado el tribunal canadiense de instancia, sostenido en apelación por la Federal Court of Appeals de aquel país, que su testimonio era insuficiente para sostener una determinación de causa probable. () Pagán Hernández regresó voluntariamente a Puerto Rico en diciembre de 1973. Fue inmediatamente de-tenido.

En el recurso de apelación pendiente ante nos para re-visar la sentencia del hábeas corpus que sostuvo la deter-minación de causa probable, recayó decisión final el 31 de mayo de 1974 que revocó dicha sentencia. (102 D.P.R. 110.') Resolvimos que el procedimiento utilizado para identificar a Pagán Hernández “estuvo claramente viciado de nulidad.” La identificación por fotografías se había hecho luego de una confidencia recibida por la Policía que le señalaba como el culpable de la muerte del comandante Mercado, y las foto-grafías utilizadas, cuyo examen por los abogados de Pagán Hernández no fue permitido en la vista del hábeas corpus, estaban contenidas en tarjetas de identificación de estudian-tes de la Universidad que además contenían sus datos perso-nales. Reiteramos, además, los pronunciamientos hechos por el Juez Asociado Señor Dávila en opinión emitida el 21 de marzo de 1974, en que se señaló:

“. . . La prueba presentada sobre la identificación del peti-cionario no es confiable. La identificación de un acusado, si no es confiable, no es admisible en evidencia, cuestión a ser deter-minada por el tribunal como cuestión de derecho ya que envuelve una violación del debido procedimiento de ley.” Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 104 ab initio (1974).

Resueltas en esa forma las causas criminales, el 1 de oc-tubre de 1974 Pagán Hernández formuló solicitud de readmi-sión a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, que le fue denegada y devuelta por el Registrador el 7 de dicho mes amparándose en el decreto de separación de 12 de agosto de 1971. El 26 de noviembre de 1974, por carta al Rector Ismael Rodríguez Bou, reprodujo su solicitud de read-misión el querellado. El Rector contestó el 9 de diciembre de 1974 mediante carta en que manifestó que por haber sido separado definitivamente de la Universidad en virtud de una decisión final de la Junta de Disciplina, el asunto debía “ele-varse ante el Presidente de la Universidad a tenor con los ‘Procedimientos de apelación de diferentes niveles jerárquicos del sistema universitario.’ ” Le conminó a presentar ante el Presidente el correspondiente escrito de apelación y a tales fines le envió copia de los “Procedimientos de apelación” men-cionados.

Por carta de fecha 2 de junio de 1975 se formuló la pe-tición de readmisión al Presidente de la Universidad. El 25 de junio de 1975 el Presidente contestó y rechazó la solicitud a base de que, (1) el término para establecer una apelación comenzó a correr a partir de la decisión aprobatoria de las determinaciones de la Junta de Disciplina (12 de agosto de 1971); (2) que el “Apartado 1ro. del Procedimiento Tempo-rero Para Tramitar Apelaciones ante el Presidente de la Universidad de Puerto Rico” establece un plazo de quince días a partir de la notificación de la decisión para solicitar del Presidente de la Universidad su revisión, término que “ha decursado en exceso”; y, (3) que el peticionario estaba im-pedido por incuria {laches) de ejercitar la acción, por haber transcurrido “un término completamente irrazonable, aun cuando el mismo se comenzase a contar a partir del 9 de diciembre de 1974, en que el Rector del Recinto de Río Piedras le envió a su representante legal copia de las normas que rigen este procedimiento, en las que señala el término perti-nente al efecto.”

El 30 de septiembre de 1975 reprodujo su solicitud de readmisión ante el Consejo de Educación Superior mediante carta que el Secretario Ejecutivo refirió al Presidente de dicho Cuerpo el 7 de octubre siguiente. Como no se le noti-ficara otra acción, el 30 de diciembre de 1975 Pagán Hernán-dez instó demanda ante el Tribunal Superior contra la Uni-versidad de Puerto Rico, su Presidente, el Rector y el Regis-trador del Recinto de Río Piedras, y contra el Consejo de Edu-cación Superior, en que reclamó se ordenara su readmisión.

Los demandados comparecieron oportunamente para opo-nerse a la pretensión del demandante. La controversia quedó centrada en dos planteamientos: (1) suficiencia de la prueba aportada ante la Junta de Disciplina para relacionar a Humberto Pagán Hernández con los sucesos del 11 de marzo de 1971, frente a nuestra decisión en Pagán Hernández v. Alcaide, supra y (2) si constituye cosa juzgada la decisión de la Junta y estaba impedido el Tribunal de pasar sobre el asunto. Los mismos planteamientos son reproducidos ante nos en recurso contra la sentencia que se negó a desestimar la demanda por tales planteamientos y ordenó la reinstalación del demandante como estudiante de la Universidad.

La Defensa de Cosa Juzgada o Res Judicata

Procederemos a resolver en primer lugar el planteamiento sobre cosa juzgada pues, de ser éste procedente, sería innece-sario discutir el aspecto de suficiencia de la prueba en el ám-bito administrativo.

La doctrina de cosa juzgada, de estirpe romana, () tiene base estatutaria en el Art. 1204 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3343), que dispone en lo aquí pertinente:

tt
Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.
Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identi-dad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
ff

En Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961), ex-presamos los fundamentos de esta doctrina: “... por un lado, el interés del Estado en que se le ponga fin a los litigios, que no se eternicen las cuestiones judiciales ... y por otro lado, la deseabilidad de que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano a las molestias que supone litigar la misma causa.” Con ella se persigue dar la debida dignidad a las actuaciones de los tribunales. Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816, 832 (1961). Como señala Manresa: “... el fundamento de la cosa juzgada no está en una pretensión de infalibilidad en el juzgador, ni menos en el intento de ocultar sus errores, sino que se encuentra en la esencia misma de la resolución judicial, que no merecería tal nombre ni tendría fuerza y resultado, si no se fortaleciera de ese modo. Es por tanto, una consecuencia directa de la autoridad necesaria al fallo, y en un orden eminentemente práctico tiene el fundamento indiscutible de que sin esa fuerza atribuida a lo juzgado, los pleitos nunca tendrían fin . . . .” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VIII, vol. 2, Madrid, ed. 1967, pág. 279. Es una regla de “justicia fundamental y sustancial, rodeada de interés público_” Bolker, supra.

El efecto de la doctrina de cosa juzgada, cuando ésta aplica, es que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestio-nes ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior. Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372, 382 (1967); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268, 274 (1962); Sastre v. Cabrera, 75 D.P.R. 1, 3 (1953); Manrique Gil v. Goffinet, 37 D.P.R. 336, 341 (1927).

El caso de autos plantea el punto novel en nuestra jurisprudencia sobre la aplicación de la doctrina de cosa juzgada a procedimientos administrativos. La aplicación de tal doctrina en el campo administrativo tiene las siguientes vertientes: (a) su aplicación dentro de la misma agencia, a sus propias decisiones; (b) su aplicación interagencialmente; es decir, de una agencia a otra, y (c) su aplicación entre las agencias y los tribunales. () El caso de autos plantea este último aspecto.

En el Derecho norteamericano existía una tendencia a rechazar en términos absolutos la aplicación de la doctrina de cosa juzgada a las decisiones administrativas. Véanse, por ejemplo, Pearson v. Williams, 202 U.S. 281 (1906) y Churchill Tabernacle v. F.C.C., 160 F.2d 244 (1947), cuyas expresiones fueron usadas en varias decisiones para fundamentar la exclusión de la doctrina de cosa juz-gada del ámbito administrativo. 2 Davis, Administrative Law Treatise, sec. 18.02 (1958). En United States v. Utah Construction Co., 384 U.S. 394, 421-422 (1966), el Tribunal Supremo federal finalmente aclaró que rechazaba la posición que hallaba a la doctrina de cosa juzgada inaplicable a las decisiones administrativas. Estableció que dicha doctrina es aplicable a decisiones administrativas en casos apropiados. A tales efectos, el Tribunal Supremo dijo: “. . . [N]otamos que el resultado al cual llegamos armoniza con los principios generales del impedimento colateral. Los tribunales en oca-siones han usado lenguaje indicativo de que los principios de cosa juzgada no aplican a los procedimientos administrativos, pero semejante lenguaje es, en definitiva, demasiado abar-cador. Cuando una agencia administrativa actúa en una capacidad judicial y resuelve controversias de hechos ante sí, las cuales las partes han podido litigar en forma oportuna y adecuada, los tribunales no han vacilado en aplicar la doc-trina de cosa juzgada para imponer descanso en la controver-sia. Sunshine Coal Co. v. Adkins, 310 U.S. 381 [1940]; Hanover Bank v. United States, . . . 285 F.2d 455 [1961]; Fairmont Aluminum Co. v. Commissioner, 222 F.2d 622 [1955]; Seatrain Lines, Inc. v. Pennsylvania R. Co., 207 F.2d 255 [1953].” United States v. Utah Construction Co., supra.

Estos comentarios del Tribunal Supremo federal pusieron fin a la controversia de si aplicaba o no la doctrina de cosa juzgada al Derecho administrativo. Desde entonces la jurisprudencia norteamericana se ha desarrollado en términos de “aplicar la doctrina de cosa juzgada cuando las razones para ello estén presentes con toda su fuerza, modificarla cuando sean necesarias algunas alteraciones, y rechazarla cuando las razones en contra de su aplicación sean de mayor peso que aquellas a su favor.” Davis, Administrative Law of the Seventies, secs. 18.01-18.06 (1976). Dicho de otro modo, la aplicabilidad de la doctrina en el campo administrativo es flexible y depende de la naturaleza de la cuestión que se plan-tea en el ámbito judicial.

Pasemos a la situación ante nos. Pagán Hernández no re-currió a tiempo de la decisión de la Junta de Disciplina. Aun-que el Reglamento de Estudiantes no proveía para que se re-curriera de dicha determinación, existían los siguientes regla-mentos que sí proveían para que la Universidad revisara sus actuaciones. “Procedimientos de la apelación en diferentes niveles jerárquicos del sistema universitario” y “Procedi-miento temporero para tramitar apelaciones ante el Presi-dente de la U.P.R.” Estos establecían, respectivamente, un término de 15 días para recurrir ante el Consejo de Educa-ción Superior de una decisión adversa del Presidente, y un término de 15 días para recurrir ante el Presidente de una decisión adversa del Rector. Humberto Pagán incumplió dichos plazos. Apeló ante el Presidente el 2 de junio de 1975 y no es hasta el 80 de septiembre de 1975 que recurrió al Con-sejo de Educación Superior, luego de que el 25 de junio de 1975 el Presidente denegara su petición. Estos hechos, sin embargo, son insuficientes para justificar en este caso la apli-cación de la doctrina de cosa juzgada e impedir ventilar ante los tribunales de justicia la validez del decreto administrativo.

Hemos reconocido varias excepciones a la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. En Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534, 556 (1970), reconocimos que la presunción de cosa juzgada tiene bien definidas excepciones en ley, de orden equitativo. Citamos Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961); Millón v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 505, 510 (1961); Suárez Fuentes v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 136, 151 (1963); Viera v. Comisión Hípica, 81 D.P.R. 707, 720 (1960); Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 870 (1953); Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622, 631 (1946); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268, 274 (1962); Rodríguez v. Sucn. Pirazzi, 89 D.P.R. 506, 518-520 (1963); Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 113 (1968).

Entre estas excepciones se encuentran aquellos casos que están permeados de consideraciones de orden público. () Los dos casos normativos en esta materia son Pérez v. Bauzá, supra, y Millán v. Caribe Motors Corp., supra. El primero trataba de una acción filiatoria en que el demandante era un menor de edad a quien se pretendía imputar la falta de diligencia de su madre y de sus abogados. () Expresamos que los tribunales se han negado a aplicar en forma inflexible la doctrina de cosa juzgada cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si se plantean consideraciones de interés público. Y añadimos (pág. 226): “Según se ha expresado, la doctrina descansa en el principio básico de que debe propiciarse la terminación de litigios, pero si la aplicación rigurosa de la misma derrotaría en la práctica un derecho permeado en alguna forma del interés público, los tribunales se inclinan hacia la solución que garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a un principio de conve-niencia y orden procesal . . . . En otras palabras, la regla no es absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable principio de que debe dispensarse justicia en cada caso.”

En Millán v. Caribe Motors, confirmamos una sentencia que declaró con lugar una acción de rescisión de un contrato de venta condicional de un camión y concedió indemnización por daños, luego de que la vendedora reposeyó el camión por atrasos en los pagos que debían hacerse conforme al contrato. En dicho caso hubo dolo que vició el consentimiento del compra-dor, existían defectos formales en el contrato en contraven-ción de la ley sobre ventas condicionales, y la primera acción (el procedimiento de reposesión) era de carácter sumario y especial, por lo que no se podía exigir inflexiblemente que se litigasen en ella otras causas ajenas a la de reposesión. Diji-mos, pág. 508: “Ciertamente hay un interés tanto individual como social en que los litigios tengan fin. Sin embargo, no podemos frustrar la justicia en nombre de reglas que se origi-naron con el propósito de facilitar su administración.”

El recurrido invoca su derecho constitucional a la educación bajo la See. 5 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado, que dice: “Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” () Este planteamiento no puede ser despachado con el argu-mento de que el recurrido renunciara a ello porque no cum-pliera con los plazos dispuestos en los reglamentos adminis-trativos. Las renuncias a los derechos fundamentales no se presumen. F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261 (1976). Estas deben ser “expresas y no presuntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno conocimiento de causa.” Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 415 (1974); Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972).

La mera invocación de un derecho constitucional frente a una actuación administrativa no es llave que automáticamente nos obligue a descartar la presunción de cosa juzgada. Precisa investigar las circunstancias de cada caso en particular. En éste se trata de un joven estudiante universitario con un alto índice académico, () privado por la decisión administrativa de poder continuar sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, a base de una prueba que consideramos en Pagán Hernández v. Alcaide, supra, insuficiente, sugestiva, y poco confiable como para permitir que fuera sometido a juicio. Rehusar investigar la suficiencia de dicha prueba para justificar la suspensión permanente del recurrido como estudiante de la Universidad de Puerto Rico a base de la doctrina de cosa juzgada constituiría en este caso una autolimitación por razones técnicas, que tenemos que superar por razones de justicia.

Por último, la finalidad de la decisión administrativa en este caso es dudosa. Como correctamente concluyó el Tribunal Superior, existía confusión institucional en el ámbito administrativo con respecto a las disposiciones reglamenta-rias que proveían recursos de revisión por el Presidente de la Universidad y por el Consejo de Educación Superior. Sería absurdo exigir del recurrido obediencia estricta de un proce-dimiento administrativo confuso y ambiguo. ()

Suficiencia de la Prueba

El tribunal a quo basó su determinación de insuficiencia de prueba en que procedía la exclusión del testimonio del te-niente Atilano y, una vez excluido, no había prueba que re-lacionara a Humberto Pagán con los hechos que se le imputa-ron. El teniente Atilano señaló a Humberto Pagán como la persona que disparó un arma contra el comandante Mercado, privándole de su vida. Ya hemos señalado que en Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974), resolvimos que dicho testimonio era inadmisible para sostener una determi-nación de causa probable por ser insuficiente, sugestivo y poco confiable, y que el haber admitido ese testimonio violó el de-bido proceso de ley.

Veamos cómo se ha desarrollado la doctrina sobre debido proceso de ley en los últimos años con respecto a su aplica-ción a estudiantes universitarios. Como cuestión de tradición, las universidades gozaban de una gran autonomía en cues-tiones pertinentes a la admisión y la disciplina de sus estu-diantes. Keller & Meskill, Students’ Rights and Due Process, 3 J. of Law & Educ. 389 (1974). La razón de ser de esta au-tonomía era que se consideraba a las universidades las exper-tas en su campo, por lo que no debían estar sujetas a revisión judicial. Keller & Meskill, id.; Rabban, Judicial Review of the University-Student Relationship, Expulsion and Governance, 26 Stan. L. Rev. 95 (1973). Los tribunales entendían que la relación entre el estudiante y la universidad era única y particular y que solamente la universidad contaba con la expe-riencia y la sensibilidad necesarias para reglamentar la ad-misión y las suspensiones, expulsiones y otros trámites disci-plinarios de estudiantes, para así asegurar una atmósfera adecuada de enseñanza. Keller & Meskill, supra, págs. 389-390.

Los tribunales habían desarrollado varias teorías para definir el status del estudiante vis a vis la universidad en el Derecho. Una de éstas era la doctrina de in loco parentis; es decir, la universidad ocupaba el puesto de un “padre susti-tuto”’, con la autoridad para controlar discrecionalmente al estudiante tal como si fuera su padre. Keller & Meskill, supra, pág. 390. Para fines del siglo XIX esta doctrina comenzó a ser desplazada por la teoría del contrato. Esta era mayormente aplicada a universidades privadas y postulaba que los regla-mentos que aparecían en las publicaciones de la universidad eran las condiciones sobre las cuales descansaba el derecho del estudiante a poderse graduar. Rabban, supra, pág. 97. La uni-versidad se comprometía a darle instrucción y diploma y el estudiante se comprometía a cumplir con los requisitos aca-démicos y disciplinarios. Rabban, supra, pág. 97. Si el estu-diante no cumplía con los reglamentos, esto equivalía a in-cumplimiento de su contrato y se le podía expulsar. Rabban, supra, pág. 97.

En cuanto a las universidades públicas, los tribunales es-tatales consideraban que la universidad tenía el poder discre-cional para establecer la reglamentación que considerase necesaria. Rabban, swpra, pág. 98. Los tribunales no interven-drían excepto en casos en que la universidad actuase en una forma irrazonable. Rabban, supra, pág. 98. Las cortes federa-les consideraban que la educación superior es un privilegio concedido por el Estado, no protegido por la Enmienda XIV. Rabban, supra, págs. 97-98.

El resultado práctico de estas doctrinas era que los tribu-nales reconocían a las universidades un poder casi absoluto y sólo intervenían si la expulsión del estudiante era arbi-traria o irrazonable. Rabban, supra, pág. 98. No había que celebrar una vista para suspender o expulsar a un estudiante. Keller & Meskill, supra, pág. 391. Tal era la doctrina mayori-taria antes de la década del sesenta, hasta el caso de Dixon v. Alabama State Board of Education, 294 F.2d 150 (1961), cert. denegado, 368 U.S. 930 (1961). Keller & Meskill, supra, págs. 391-392.

En Dixon, un grupo de estudiantes negros fue expulsado de la Universidad del Estado de Alabama, sin notificación, ni vista, ni oportunidad de apelar. La Corte de Apelaciones federal determinó que una institución educativa mantenida por el Estado es análoga a una agencia administrativa y que, por lo tanto “cuando una entidad gubernamental actúa de tal forma que perjudica a una persona, la Constitución requiere que dicha actuación satisfaga el debido proceso de ley.” 294 F.2d 150, 155 (1961), cert. denegado 368 U.S. 930 (1961). Esta decisión extendió a los estudiantes de universidades públicas las cláusulas del debido proceso de ley y de igual protección de las leyes contenidas en la Enmienda XIV. Determinó que el debido proceso de ley requiere notificación, con especificación de cargos, y oportunidad de vista antes de decretarse la expulsión de un estudiante por conducta indebida.

Aunque el caso de Dixon trataba la expulsión de estudiantes universitarios, las decisiones posteriores han aplicado los requisitos de notificación y vista a estudiantes de escuela superior pública que se enfrentan a una expulsión o a una suspensión. Stolz, Due Process for Students — New Developments, 43 Fordham L. Rev. 1011, 1012-1013 (1975). Desde el caso de Dixon los tribunales federales inferiores han estado exigiendo el debido proceso de ley (procedural due process) en casos de suspensiones y expulsiones de estudiantes universitarios y de escuela superior en instituciones públicas. Stolz, supra, pág. 1011. Goss v. López, 419 U.S. 565 (1975).

La extensión de las protecciones ofrecidas por el debido proceso de ley o due process procesal en los casos decididos por las cortes federales inferiores ha variado con las circunstancias de cada caso particular. Stolz, supra, pág. 1013 (nota al calce 19). En Givens v. Poe, 346 F.Supp. 202, 209 (1972), se ofrecieron las protecciones más amplias que hasta la fecha se habían otorgado a estudiantes, a saber, notificación de los cargos, celebración de vista, derecho a examinar las pruebas adversas y a presentar prueba favorable, derecho a contrainterrogar testigos, derecho a que se haga un récord de la vista, derecho a representación por abogado, a que se le juzgue por un tribunal imparcial, y que la decisión se base en “evidencia sustancial”. Otro ejemplo de la ampliación de la protección ofrecida por el debido proceso de ley a los estudiantes en procesos disciplinarios universitarios es el caso de De Jesús v. Penberthy, 344 F.Supp. 70, 75-76 (1972), en que se desaprobó el uso de testimonio que constituía prueba de referencia o hearsay para fundamentar una expulsión disciplinaria porque el uso de ese testimonio violaba el debido proceso de ley ya que se expulsaba al estudiante sin darle oportunidad a confrontarse con el testigo y contrainterrogarle.

Como hemos visto, el debido proceso de ley en el sector de disciplina estudiantil no es estático ni inflexible. Ha sido objeto de ampliación si las circunstancias del caso lo ameritan. No puede afirmarse, sin embargo, que sean de aplicación a acciones administrativas disciplinarias, en términos absolutos, todos los criterios elaborados para los procedimientos criminales. No puede hacerse tal aplicación indiscriminadamente. Hay que analizar los fundamentos y los propósitos de cada norma penal que se quiera aplicar al proceso administrativo. Hay también que analizar el propósito y las consecuencias de ese proceso administrativo al cual se pueden aplicar las normas de origen penal. Sólo si los fines o fundamentos de la norma penal cumplen el mismo propósito en el proceso administrativo, si su aplicación no crea un descalabro en el orden administrativo, procede su aplicación. Veamos los siguientes casos, como ejemplos de esa aplicación de criaturas del Derecho penal al Derecho administrativo, en otras jurisdicciones.

En Patty v. Board of Medical Examiners, 508 P.2d 1121 (1973), el Tribunal Supremo de California deter-minó que la defensa de entrampamiento está disponible en los procedimientos administrativos en los que se ventila la revo-cación o la suspensión de una licencia para ejercer una pro-fesión o un negocio, por ser tan necesaria en tales procesos como en los criminales. Además de California, un número sustancial de estados han reconocido la procedencia de la de-fensa de entrampamiento en procedimientos administrativos en los que está en controversia la revocación o suspensión de una licencia para ejercer una profesión, comercio o negocio. Kaufmann, Entrapment Defense Is Available in Administrative Proceedings, 7 Loyola of Los Angeles L. Rev. 187, 191 (1974). Véanse a tales efectos Jones v. Dental Commission, 145 A. 570, 571 (1929) (Conn.), que trataba de la revoca-ción de una licencia de técnico dental; Peters v. Brown, 55 So.2d 334, 336 (1951) (Fia.), en que se solicitó un injunction para impedir que se practicara la odontología ilegal-mente; In re Davidson, 186 P.2d 354, 357 (1947) (Nev.), un procedimiento de desaforo de un abogado; Langdon v. Board of Liquor Control, 130 N.E.2d 430, 431-432 (1954) (Ohio), en que se suspendió una licencia para vender licor; In re Horwitz, 196 N.E. 208, 213-214 (1935) (Ill.), un procedimiento de desaforo; Roberts v. Illinois Liquor Control Commission, 206 N.E.2d 799, 802-803 (1965) (Ill.), en que se trataba de la revocación de una licencia para la venta de licor; y Ray v. Board of Liquor Control, 154 N.E.2d 89-90 (1958) (Ohio), en que se suspendió una licencia para la venta de licor. En nuestra jurisdicción, en In re De Castro, 100 D.P.R. 184 (1971), aceptamos como justificación en una acción disciplinaria contra un juez a quien se le formu-laron cargos por agresión y por participar en una riña, que éste demostrara que actuó en defensa propia.

Se ha resuelto que procede excluir prueba obtenida en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU. en acciones administrativas y civiles que comparten algunos objetivos de las acciones penales, específicamente aquellas en que una agencia del Estado se pro-pone imponer una penalidad o una sanción, o donde se persigue revocar una licencia, o en acciones que tienen un propósito punitivo. Shazer, Exclusionary Rules of Criminal Law Are Not Part of Administrative Due Process in State Bar Disciplinary Proceedings, 15 Santa Clara Law., 485, 487-488 (1975). Véanse, para ejemplos: One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693 (1965), donde se confiscó un automóvil y el Tribunal Supremo federal determinó que aunque el proceso de confiscación está clasificado como una acción civil, su naturaleza es una criminal que pretende castigar la comisión de un delito e imponer una pena, por lo cual procede excluir la prueba obtenida en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución; People v. Reulman, 396 P.2d 706, 709 (1964), donde el Tribunal Supremo de California decidió que la prueba obte-nida en ocasión de un registro ilegal debía ser excluida en un proceso de confiscación porque éste, aunque es de natu-raleza civil, tiene fines idénticos a los de los procedimientos criminales y las mismas reglas de exclusión deben aplicar cuando media condueta impropia por parte del Estado, ya se quiera privar a una persona de su libertad o de su pro-piedad; People v. Moore, 446 P.2d 800 (1968), en que se determinó en un procedimiento para internar a un adicto en una institución para su tratamiento — procedimiento de naturaleza civil — que prueba ilegalmente obtenida era in-admisible toda vez que el alcance del procedimiento impli-caba para el demandado la privación de su libertad; Elder v. Board of Medical Examiners, 50 Cal. Reptr. 304, 315 (1966), cert. denegado 385 U.S. 1001 (1966), donde la Corte de Apelaciones de California asumió que la regla de exclusión de prueba basada en la Cuarta Enmienda de la Constitución federal aplicaba a procedimientos seguidos ante la Junta de Examinadores Médicos cuyo propósito era privar a un médico de su licencia; Knoll Associates, Inc. v. F.T.C., 397 F.2d 530 (1968), donde se excluyen unos docu-mentos como prueba en una acción contra una corporación ante la Federal Trade Commission porque éstos habían sido hurtados con el propósito de presentarlos como prueba y ello violaba la Cuarta Enmienda; Rogers v. United States, 97 F.2d 691 (1938), una acción civil por parte del Tesoro de los E.E. U.U. para recuperar arbitrios por licor impor-tado; Lassoff v. Gray, 207 F.Supp. 843 (1962), una acción civil del contribuyente para recobrar impuestos; Carlisle v. State, 163 So.2d 596 (1964) (Ala.), donde el Estado soli-citó un injunction para impedir que el demandado mantu-viera juegos de azar en su establecimiento; y Finn’s Liquor Shop, Inc. v. State Liquor Authority, 294 N.Y.S.2d 592 (1968), en que se trataba de la suspensión de una licencia de vender licor.

Por último, en el caso de Smyth v. Lubbers, 398 F.Supp. 777 (1975), varios funcionarios universitarios registraron los dormitorios de varios estudiantes sin órdenes de regis-tro y allanamiento. Descubrieron marihuana y luego de los procedimientos administrativos disciplinarios, dos de los estu-diantes fueron suspendidos por poseer marihuana. El Tribunal de Distrito federal determinó que la marihuana ocu-pada era inadmisible en el procedimiento disciplinario porque ésta se había obtenido en un registro ilegal. Aplicaba en este caso la Cuarta Enmienda porque la marihuana se descubrió en el registro del cuarto de un estudiante específico del cual se sospechaba que estaba incurriendo en actividad ilegal. Como ese estudiante estaba en la misma posición que un sos-pechoso de un delito, procedía obtener una orden de allana-miento y de registro antes de registrar su cuarto. Siendo ile-gal el registro era inadmisible la prueba ocupada.

En el caso de autos, la única prueba que relaciona al re-currido con los sucesos ocurridos en la Universidad y que da base a la decisión administrativa es el testimonio del teniente Atilano de la Policía de Puerto Rico. Ese testimonio fue el mismo que consideramos en Pagán Hernández v. Alcaide, supra, y que allí resumimos de la siguiente manera (págs. 106-107):

“Con motivo de una violenta protesta estudiantil en el recinto de la Universidad de Puerto Rico, se solicitó intervención de la policía estatal. Acudieron a la llamada 42 agentes de la unidad de reserva especializada — fuerza de choque — bajo el mando del Comandante Mercado. Al llegar encontraron una muchedumbre de personas amotinadas atacando el edificio donde estaba ubicado el R.O.T.C. y por los alrededores del edificio conocido como Cen-tro Universitario.
Al terminar los sucesos, seis policías resultaron heridos de bala. El Comandante Mercado fue muerto de un balazo. El se-gundo en comando, Teniente Atilano, identificó a Humberto Pa-gán como la persona responsable de haber disparado el arma homicida. Declaró que estando a una distancia aproximada de cincuenta pasos del monumento a Miguel de Unamuno, un sar-gento le informó que estaban disparando y lo habían alcanzado en el tobillo. En ese mismo instante se percata de que Mercado, a diez pasos de él, y a cuarenta del monumento, se está tamba-leando. Instintivamente mira hacia el monumento y observa a una persona disparando en dirección hacia Mercado. Al describir a dicha persona se limita a expresar que era ‘un individuo de unos cinco pies y nueve pulgadas más o menos, blanco él, de pati-llas.’ Declara asimismo que en ese momento escuchó varias de-tonaciones, provenientes ‘de los árboles así del frente y al mismo tiempo del monumento.’ Utiliza la palabra ‘balacera’ para descri-bir la situación que presenció. El testigo comenzó a acercarse al monumento pero la persona que había visto disparando retro-cedió y se mezcló en la multitud. Sólo lo pudo observar ese ins-tante a una distancia de treinta y cinco pasos (70) pies. Bajo estas circunstancias, observando a 75 pies del monumento, en momentos de tensión, nerviosismo y honda preocupación se hace difícil si no imposible, reconocer a una persona y surgen serias dudas sobre la confiabilidad de la identificación. Y ya hemos visto que al describirlo da muy pocos detalles. No hay otra evi-dencia que sitúe al peticionario en los alrededores del sitio donde ocurrieron los hechos.”

Al día siguiente, y con motivo de una confidencia que ob-tuvo la Policía, el teniente Atilano, en el cuartel del C.I.C., identificó al recurrido de entre determinado número de tarje-tas de estudiantes universitarios que contenían, además de fotografías, el nombre y otros datos personales de cada estu-diante.

Dado el poco tiempo que pudo observar a Humberto Pagán el teniente Atilano, las circunstancias bajo las cuales lo observó — un desorden estudiantil, un encuentro entre la policía y los manifestantes, la persona identificada estaba par-cialmente escondida detrás del monumento, los separaba una distancia considerable, y sólo lo pudo ver una fracción de segundos en medio de una balacera — el testimonio del te-niente Atilano y su identificación del recurrido por las foto-grafías no es confiable, se obtuvo en violación del debido pro-ceso de ley a los fines de la acción criminal y era inadmisible. Pagán Hernández v. Alcaide, supra. Esas mismas razones obligan a la exclusión de ese testimonio en el procedimiento administrativo que ahora examinamos. Dichos criterios son aquí aplicables toda vez que el procedimiento disciplinario universitario perseguía un propósito punitivo mediante el cual se privó al recurrido de su derecho constitucional a la educación. Al igual que el tribunal a quo, no creemos necesa-rio enunciar en este caso las normas guías para identificación en casos de disciplina estudiantil universitaria. Sencillamente rechazamos el procedimiento seguido en el caso de autos por hallarse desnudo de garantías constitucionales. Considera-mos, por tanto, que no se cometió el primer error.

El resultado al cual llegamos no contradice los casos de Mundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 302 (1973); In re De Castro, 100 D.P.R. 184 (1971); Vélez Quiñones v. Srio. de Instrucción, 86 D.P.R. 755 (1962); y Cruz v. Garrido Morales, 58 D.P.R. 653 (1941). En todos estos casos, las personas sometidas al proceso disciplinario administrativo plantearon como defensa que habían sido absueltas por los tribunales en los procesos penales instituidos en su contra por los mismos hechos que provocaron los procesos administrativos. En otras palabras, se planteó que el hecho de que ya se hubiera juzgado y absuelto a una persona en un caso penal impedía la formulación de cargos administrativos en su contra y el consecuente proceso disciplinario administrativo. Rechazamos tal conten-ción, y ahora la ratificamos. La absolución penal no confiere inmunidad en el campo administrativo.

El caso de autos, por su parte, no plantea un reclamo de inmunidad a base de una previa absolución criminal, sino un ataque constitucional a la prueba de identificación que tuvo ante sí la agencia administrativa. Es de notarse, además, que Pagán Hernández no fue juzgado y absuelto por un tribunal por los cargos criminales que se le imputaron. Sabido es que en un caso criminal la culpabilidad tiene que probarse más allá de duda razonable, norma que no ha sido impuesta para las acciones administrativas. Lo que resolvimos en Pagán Hernández v. Alcaide, fue que no había causa probable para someter a juicio al recurrido. Si la prueba era insuficiente para tal fin, no puede justificarse que fuera suficiente para sostener un dictamen de expulsión permanente de la Universidad, privándole de su derecho constitucional a obtener una educación universitaria en la Universidad del Estado.

La sentencia del Tribunal Superior será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió con opinión sepa-rada. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió con opinión a la cual se une el Juez Asociado Señor Angel M. Martín.

—O—

Opinión disidente

del Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 1978

Me veo obligado a disentir y creo que debo explicar. Aun-que lo haré en la forma más breve posible, consistente con una razonable claridad.!) Al disentir lo hago, claro está, con el mayor respeto para el criterio mayoritario y reconociendo las dotes de buena intención y honradez intelectual que caracteri-zan al distinguido y muy capacitado compañero Juez ponente.

H-I

En la causa penal sobre asesinato seguida contra el aquí recurrido éste venció pues el Tribunal resolvió que la admi-sión en evidencia de la identificación que de él se hizo violó el debido procedimiento de ley. En este recurso se plantea una situación distinta.

No creo que aquí se trata de meramente si Humberto Pa-gán debe ser restituido o no al cuerpo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Si de eso solamente se tratase yo no molestaría la ocupada atención de ustedes con este disenso. Porque creo que se trata de mucho más es que lo hago. Se trata, estimo, de cuál es la calidad que debe tener la vida universitaria y de qué criterios deben gobernarla.

¿Debemos concebir el campus universitario como lugar es-pecialmente consagrado por la sociedad (a un costo de cientos de millones de dólares anuales para nuestra estrecha econo-mía) para que sirva de residencia a la casa de estudios, donde deben prevalecer la mayor libertad de conciencia, de investi-gación científica y de estudio, pero no la ley del revólver, o acaso debemos concebirlo como un microcosmo de la pecami-nosa metrópolis donde la inseguridad personal es la nota pre-dominante y donde la agresión y el crimen se han vuelto parte tan importante del panorama que la arquitectura moderna no sólo tiene que prever contra las inclemencias del tiempo sino también contra el asalto a los hogares de día y de noche? ()

No hagamos de la Universidad una copia de esa mala vida urbana, que tan poco tiene de urbanidad. Recuérdese que cuando se rompió la unidad europea, a comienzos de la Edad Media, y mientras los nobles, sedientos de poder y convertidos en jefes guerreros, asolaban los campos y quemaban los pueblos haciéndose la guerra unos a los otros, fue en los monaste-rios y en los estudios de los sabios en donde se salvó la semilla de la cultura que luego floreció esplendorosamente con el re-nacimiento. La Universidad contemporánea es la heredera de esa misión.

HH HH

La opinión mayoritaria es un documento muy bien traba-jado e informativo pero no creo que guarda la estrecha rela-ción que debiera con nuestras realidades. Además, su tamaño masivo y su casi centenar de citas hace pensar al lector expe-rimentado en estas materias que en el fondo algo late vivo a pesar de toda esa masa inerte con que se ha cubierto. Y es que en las funciones del intelecto y del espíritu, como la de juzgar, la cantidad tiene muy poca relevancia pues se trata de con-ciencia.

Todas esas citas no deben impresionarnos mucho, especial-mente los casos, pues son éstos anécdotas jurídicas que no re-suelven la situación de autos. Por ejemplo, el caso tal vez más parecido a éste que allí se cita es el de Dixon, 294 F.2d 150 (1961), pues trata de un grupo de estudiantes de un grupe minoritario que fue expulsado de la Universidad del Estar de Alabama, sin notificación previa, sin vista, y sin oportuni-dad de apelar. Ese no fue el procedimiento que aquí se utilizó. Además, lo realmente importante para distinguir ambos casos es el subsuelo de los mismos. Son notorias las relaciones inter-raciales que se daban en el pasado en los estados del sur de Estados Unidos. Ante aquella serie de atropellos, cometidos con frecuencia por policías y alguaciles blancos, municipales y estatales, los tribunales federales se fueron al otro extremo para proteger a los desvalidos que necesitaban protección ur-gentemente. Esa situación histórica tampoco se ha dado en Puerto Rico. Sin embargo, la situación histórica que produce los hechos de este caso sí es nuestra, a diferencia de la de Alabama.

Dicho sea excluyendo al que escribe, al jurista ubicado en un Tribunal Supremo que maneja el Derecho con seguridad, los casos le ilustran pero no le gobiernan. Es sabido que uno de los espíritus más sensitivos y cultivados que ha honrado la judicatura norteamericana, el Juez Oliver Wendell Holmes, Jr., consideraba los casos como el menudo del Derecho. “Small change,” los llamó. — Collected Legal Papers (1920), pág. 300. No es mejor la opinión que de los mismos tenía el distinguido Profesor John Wigmore. Véase la severa y específica crítica que hace del derecho casuístico en su obra Wigmore, On Evidence, 3ra ed., see. 8a(I) (A), 1940.

La biblioteca de este Tribunal pasa de los 60,000 volú-menes. No tengo duda de que pueden extractarse de ellos miles de citas que sirvan para argumentar que la opinión mayoritaria es la correcta o que lo es mi posición. Tampoco tengo duda de que haeerlo sería fútil.

Como indicamos antes, aquí se trata, en parte, de si la Universidad podía y puede suspender o expulsar a Pagán como estudiante. La prueba no desvirtuada demostró que el recurrido tenía, el día de los hechos, una pistola en la mano mientras se encontraba, en su calidad de estudiante, parti-cipando en un motín, en el campus universitario.

La opinión mayoritaria le niega el derecho a la Univer-sidad de expulsarlo por esa razón, lo cual equivale a darles a los estudiantes universitarios el derecho a estar y caminar en el campus con armas de fuego en la mano. Eso permitiría un desastroso deterioro en la vida pacífica de cualquier comu-nidad y en especial en la comunidad universitaria. Crearía un clima de terror en dicho campus y pondría en gran riesgo la seguridad y las vidas de profesores y estudiantes. Las armas de fuego, ilegalmente portadas o utilizadas, constitu-yen precisamente la negación de lo que debe ser el estilo de vida universitario. La Universidad no debe ser gobernada ni por el terror de la política ni por la política del terror.

La Universidad es la casa de estudios por excelencia y allí los valores primarios deben ser la calidad moral y la compe-tencia intelectual. La Universidad necesita un clima de paz y debe allí haber gran tolerancia para las ideas más dispares pero no para la violencia. La violencia es destructiva de la vida universitaria. Para que esa vida subsista en una medida razonable es de esperarse que los estudiantes en el campus porten libros pero no armas de fuego.

Como éste es un caso muy distinto a la causa criminal an-teriormente mencionada y como los valores envueltos son en gran medida también diferentes, pero no menos indispensables para la existencia y el éxito de la vida universitaria, en-tiendo que la Universidad tenía y tiene el poder de expulsión que ejerció. En la causa criminal antes aludida, Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974), el Tribunal reco-noció hasta el máximo los derechos posibles y teóricos del aquí recurrido. En esta ocasión lo menos que podemos reconocerle a la Universidad es su elemental y básico derecho a su vida.

A su vida como institución libre, desinteresada de todo egoísmo pero interesada en crear y estimular en sus profeso-res y estudiantes las actitudes de la tolerancia intelectual y de la incesante búsqueda de la verdad y de su enseñanza. Puerto Rico necesita aumentar rápidamente su completivo de estudiosos y sabios y disminuir su pesado fardo de pertur-badores de la paz universitaria. Estos se hacen de la noche a la mañana, pero para educar a un sabio se necesitan 60 ó 70 años. Por eso hay que comenzar inmediatamente esta tarea.

—O—

Opinión disidente

del Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se une el Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 1978

I

La opinión de mayoría invoca para el recurrido, expulsado por graves cargos de la Universidad de Puerto Rico, consi-deraciones de orden público que excepcionalmente excluyen el impedimento de cosa juzgada y al así razonar, equipara la posición del recurrido a la de un menor de edad que busca su filiación í) descuidada por su señora madre y sus abogados. Aquel caso se resolvió en favor del menor para evitar la de-rrota de la justicia en un asunto saturado de “interés pú-blico”. Su doctrina se vuelve contra la opinión que la cita, toda vez que separado un estudiante adulto de la Universidad del Estado, seguido el debido proceso de ley de audiencia plena en la cual resultaron probadas gravísimas faltas contra el orden y la paz del recinto académico, es patente que los valo-res de justicia y de “interés público” a proteger no son los del expulsado, sino los de miles de estudiantes y profesores que integran la comunidad académica, y la justa esperanza de este pueblo en su progreso y bienestar fomentado por la edu-cación avanzada de sus hijos. La desorbitada exaltación de los derechos individuales de un infractor del orden académico juzgado y sancionado, es incomprensible menosprecio del dere-cho de nuestra Universidad a subsistir.

El recurrido tuvo una generosa y hasta paternalista opor-tunidad de rebatir los cargos ante los organismos administra-tivos de la Universidad, que declinó sin explicación alguna. No se justifica intervenir con la finalidad y la integridad del proceso administrativo, afirmada por este Tribunal mucho antes que United States v. Utah Constr. & Min. Co., () 384 U.S. 394, 421 (1966), en Sierra, Com. v. South P.R. Sugar Co., 73 D.P.R. 157, 164 (1952), y en Caguas Bus Line v. Sierra, Com., 73 D.P.R. 743, 748 (1952), donde por voz del Juez Snyder sostuvimos que firme la decisión administrativa, una parte no puede atacarla colateralmente () en otro pro-cedimiento levantando nuevas cuestiones, incluyendo cues-tiones constitucionales, que pudo suscitar, pero no suscitó en el procedimiento original. No veo razón para abandonar nues-tra jurisprudencia, bien fundada como está en el principio que acogió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Utah Constr. & Min. Co., supra, por decisiones de tribunales inferiores citadas en la ponencia. El válido proceso adminis-trativo seguido por la Universidad contra el recurrido tiene la dignidad y eficacia de cosa juzgada, oponible a la acción civil objeto del presente recurso.

II

El tardío ataque a la prueba de identificación del recu-rrido en el proceso administrativo, no plantea cuestión consti-tucional. Aparte de que los fundamentos de decisión de la mayoría en Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974), han sido descartados en subsiguiente doctrina de este Tribunal sobre identificación criminal en Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 19 (1975) (en reconsideración) y Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978), el propio juez ponente a la postre reconoce la independencia y separación entre los procesos criminales y administrativos al extremo de que ni aun el eximio contenido de justicia en un veredicto ab-solutorio impide la sanción administrativa. Cruz v. Garrido Morales, 58 D.P.R. 653 (1941); In re De Castro, 100 D.P.R. 184, 187 (1971); Mundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 302, 304 (1973); Vélez Quiñones v. Srio. de Instrucción, 86 D.P.R. 755, 758 (1962).

Por los expresados fundamentos estimo que la sentencia recurrida debe ser revocada.

      (1)Así surge de la transcripción de la prueba testifical vertida ante la Junta de Disciplina de la Universidad de Puerto Rica que forma parte de los autos originales del caso ante nos.

      (2)Las citadas disposiciones expresan:
      “A. Los siguientes actos constituyen infracciones de las normas esen-ciales al orden y a la convivencia universitaria y acarrean sanciones disci-plinarias :
      “1. Violaciones al Reglamento General de Estudiantes o al Regla-mento del Recinto.
      “2. ..
      “3.
      “4. Conducta impropia e irrespetuosa en el salón de clase o en el Recinto.
      “5.

        “6. Interrumpir, obstaculizar o perturbar las tareas regulares de la Universidad o la celebración de actos o funciones debidamente autoriza-dos. La norma anterior es igualmente aplicable cuando los actos de inscrip-ción [sic], obstaculización o perturbación se realizan fuera del Recinto.
      “7. La celebración dentro de la Universidad de actos no autori-zados por los funcionarios universitarios correspondientes.
      «o
      O» • •••••••
      "9. .
      “10. Causar daños maliciosos a la propiedad universitaria.”

      (3)La relación contenida en éste y los dos párrafos precedentes surg-en de nuestro expediente 0-71-223, que hemos examinado, en que se produjo nuestra decisión de Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974).

        (4)Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 633, 536 (1975); Pérez v. Bauza, 83 D.P.R. 220, 225 (1961).

      (5)E1 siguiente es un interesante planteamiento del problema de la aplicación de la doctrina de cosa juzgada al ámbito administrativo:
      “La doctrina de cosa juzgada tiene dos aspectos que presentan proble-mas distintos en el ámbito del Derecho administrativo. En primer lugar está la interrogante de cuándo se puede impugnar una decisión administra-tiva en los tribunales. En segundo lugar, surge el problema de cuándo y por quién se puede reconsiderar una determinación administrativa, y aun llegar a una nueva decisión, en la misma agencia que originalmente la había hecho. Diferentes conceptos rigen en las dos situaciones, por lo que una decisión puede ser cosa juzgada en una, y no serlo necesariamente en otra.” (Tra-ducción nuestra.) Ganz, Estoppel and Res Judicata in Administrative Law Public Law 287 (1965).

      C3) También han reconocido como excepciones a la doctrina de cosa juzgada las siguientes: una sentencia previa (la cual es nula) que fue dic-tada basándose en un allanamiento de partes que es nulo (Vidal v. Monagas, supra); una sentencia previa dictada sin jurisdicción (Tartak v. Trib. de Distrito, supra); una sentencia del Tribunal Superior cuya revisión se intentó pero que no se pudo lograr por razones ajenas a la voluntad del apelante (Riera v. Pizá, supra); fraude (Suárez Fuentes v. Tribunal Superior, supra); derrota de los fines de la justicia (Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., supra).

      (7)Para otro caso de filiación y el problema de res judicata véase Garzot v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 359 (1964).

      (8)“Entre los nuevos derechos que en el siglo XX forman parte fundamental del liberalismo democrático, el de obtener educación equivale con-substancialmente a la libertad, que no es meramente la ausencia de restric-ciones externas sino la manifestación positiva de las potencialidades hu-manas. La educación es el cultivo de la personalidad para expresar de ella lo más humano en su mejor realización posible.” Muñoz Amato, El derecho a la educación y la libertad académica. 24 Rev.C. Abo. P.R., 463 468 (1964).

      (®) Surge del expediente ante nos que Pagán Hernándéz tenía un ín-dice de 3.4, que de ser mantenido por él hasta su graduación, significaría que se graduaría con ^ltos honores.

      (10) Para la fecha en que la Junta Disciplinaria emitió su decisión y cuando luego fue ratificada por el Lie. Cancio, el reglamento vigente que regulaba las vistas ante la Junta y ante el Lie. Cancio no contenía disposi-ción sobre los requisitos para apelar de la decisión de la Junta o del repre-sentante del Eector. Nada decía al respecto. Tres años después de la sus-pensión de Pagán el Consejo de Educación Superior aprobó el Procedi-miento Temporero Para Tramitar Apelaciones ante el Presidente. Aunque éste había sido adoptado por el Presidente a mediados del año académico 1966-67 y usado por él, no fue ratificado por el Consejo de Educación Superior hasta el 9 de agosto de 1974.

      (^Participo en mucho del criterio de Gracián de que si un escrito es malo pero es breve, es menos malo; y si es bueno y breve, es dos veces bueno. Tratándose de opiniones judiciales — literatura inherentemente pe-sada y de lectura forzosa para jueces, abogados, profesores y estudiantes de Derecho — el concepto gracianiano no puede ser más apropiado.

      (2) Rejas, ascensores con llave, alarmas eléctricas, sistemas de •' comunicación entre el piso y la entrada del edificio, guardias privad mitos cerrados de televisión, etc.

        (') Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961).

      (2)E1 texto del Supremo federal es iluminante:
      “. .. estamos conscientes de que el resultado que hemos obtenido guarda armonía con los principios generales de impedimento (estoppel) colateral. En ocasiones los tribunales han usado lenguaje indicativo de que los prin-cipios de cosa juzgada no se aplican a procedimientos administrativos, pero tal lenguaje es ciertamente demasiado amplio (broad). Cuando una agen-cia administrativa actúa en su capacidad judicial y resuelve controversias de hecho propiamente sometidas a ella que las partes han tenido adecuada oportunidad de litigar, los tribunales no han vacilado en aplicar la cosa juzgada para imponer reposo. [Citas] .... no hay necesidad ni justifica-ción para una segunda vista evidenciaría sobre hechos ya adjudicados entre las partes.” United States v. Utah Constr. & Min. Co., supra, a la pág. 421.

      (s) No están disponibles remedios colaterales. Asoc. de Distribuidores v. Admón. Estabilización, 81 D.P.R. 212 (1959); Concepción v. Junta de Contabilidad, 80 D.P.R. 194 (1958); Sierra, Com. v. Llamas, 73 D.P.R. 908 (1952). Este Tribunal ha resuelto que carece de jurisdicción aun para revisar la decisión administrativa, si no se cumple con el procedimiento. Sucn. García v. Junta Planificación, 70 D.P.R. 726 (1949); Mari v. Junta Planificación, 66 D.P.R. 371 (1946); Rodríguez v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 222 (1942).