author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Rey Rivera Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-87-76

      Resuelto: 17 de marzo de 1989

      Héctor Landrón Hernández, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Corchado Lo-rent, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Rey Rivera Rodríguez fue acusado y convicto en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina (Hon. Cri-santa Rodríguez, Juez), por infringir el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404, y el Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 416. Inconforme, apela ante este Tribunal.

En su alegato, el apelante plantea cuatro (4) errores

PRIMER ERROR:

Incidió el Tribunal de instancia al negarse a suprimir la evi-dencia obtenida, la que fue ocupada a base de una orden de allanamiento que se expidió sin que el magistrado que la dictó hubiera examinado personalmente al declarante.

SEGUNDO ERROR:

Erró el Tribunal de instancia al no suprimir la evidencia que se ocupó a base de una orden de allanamiento que descansaba en una declaración de carácter estereotipada e insuficiente en derecho.

TERCER ERROR:

Cometió error la Sala de instancia al declarar culpable al apelante a base de una declaración estereotipada.

CUARTO ERROR:

No se estableció la culpabilidad del apelante más allá de toda duda razonable ni se controvertió la presunción de ino-cencia. Alegato del apelante, págs. 5-6.

La prueba de cargo en este caso consistió en el testimo-nio del agente William Rodríguez Rivera y las declaraciones del agente Juan J. Rodríguez Carrasquillo y del químico Luis Meléndez que se admitieron por estipulación.

La defensa no aportó prueba alguna. Antes de iniciarse el proceso, el apelante presentó una moción de supresión de evidencia, en la cual adujo que la evidencia ocupada fue obte-nida ilegalmente. Alegó, en esencia, que la orden se expi-dió sin que existiera causa probable, que las conclusiones del juez sobre la declaración jurada que sirvió de apoyo “‘son vagas, confusas e incompletas’” y que la orden “‘fue librada y cumplimen[ta]da ilegalmente’”. Alegato del apelante, pág. 2.

Durante el juicio celebrado por tribunal de derecho, la moción de supresión de evidencia fue declarada sin lugar. El tribunal dictaminó que el juez que expide una orden de alla-namiento no tiene que interrogar al testigo si ha leído su declaración jurada y entiende que está conforme con la misma.

El único testigo que declaró, el policía William Rodríguez Rivera, dijo ser agente de la División de Drogas en la Sec-ción de Allanamientos. Señaló que su trabajo en la división es investigar querellas sobre el tráfico de drogas. Para ello, acostumbra investigar el área frecuentada por los narcotrafi-cantes e indagar sobre cuántas personas viven en la residen-cia, si tienen vehículos y a qué horas se frecuenta el lugar para así levantar un expediente y luego solicitar una. Orden de Allanamiento. Alegato del apelante, pág. 3.

Continuó expresando el agente Rodríguez que el 13 de enero recibió una orden de su superior, el agente Orlando Rosa, para que investigara una querella en la Calle Pándamo W-882 de la Urbanización Loíza Valley en Canóvanas. Se le dijo que allí vivía un sujeto de aproximadamente 5 pies 9 pulgadas de estatura, pelo “ensortijado” y delgado que se dedicaba al trasiego ilegal de drogas.

Fue sin compañía al lugar, como a la 1:00 P.M., y localizó un punto de vigilancia hacia la residencia. Al poco tiempo observó que llegó una motora color negro conducida por un joven de 5 pies 9 pulgadas, trigueño, pelo negro, que vestía camisa a rayas, pantalón y botas color brown. El individuo llamó hacia el interior y, al cabo de unos minutos, salió un joven trigueño claro, de pelo “ensortijado”, vestido con ca-misa gris, pantalón corto mahón, medias deportivas y tenis blancos. Luego de una breve conversación, el individuo de camisa gris, quién luego resultó ser el acusado Rivera Rodrí-guez, penetró en la residencia y regresó más tarde con una bolsa plástica transparente con un polvo blanco en su interior. Dijo que observó cómo el acusado le entregó la bolsa al hombre de la motora y éste, a su vez, sacó dinero de su bolsi-llo y se fue. El acusado entonces abordó un vehículo blanco tablilla 65R839 y se marchó del lugar. Continuó declarando que regresó al cuartel, de donde solicitó relación de la tabli-,11a, que correspondió a un vehículo propiedad del acusado.

Relató también que el 14 de enero de 1987 volvió a la residencia antes descrita y se ubicó en el mismo lugar. Desde allí, como a las 2:10 P.M., observó que llegó un individuo en bicicleta como de 5 pies 7 pulgadas de estatura que vestía camisa blanca, pantalón mahón azul y tenis blancos. Éste llamó y al poco rato salió el acusado, esta vez sin camisa, vistiendo pantalón corto y chancletas. Se repitió la misma escena del día anterior, pero en esta ocasión la bolsa transpa-rente que el acusado le entregó al individuo de la bicicleta a cambio de dinero tenía “picadura semejante a la de marihuana”. Alegato del apelante, pág. 4. Después de esta tran-sacción, el agente se retiró del lugar.

Finalmente, dijo que el 15 de enero de 1987 regresó al punto de vigilancia como a las 2:30 P.M. Declaró que a las 2:52 P.M. llegó un individuo que vestía camisa tipo “hawaiiana”, de 30 a 35 años de edad y trigueño. Vio que el acusado salió, habló con el recién llegado, fue al interior de la casa, salió con un polvo blanco y se lo entregó a cambio de dinero. El agente se retiró posteriormente a redactar los informes correspon-dientes.

El 20 de enero de 1987 prestó ante el Juez Municipal Luis Roque una declaración jurada y el magistrado procedió a ex-pedir la orden. Dicha orden fue diligenciada el 22 de enero de 1987 y, en el proceso, se ocupó un arma de fuego y cocaína. En ese momento fue arrestado el acusado.

En el contrainterrogatorio dijo no conocer a ninguna de las personas que observó durante los tres (3) días que fue al lugar de la confidencia. Declaró que la primera persona a quién vio tenía como 24 ó 25 años. Expresó que mientras observaba las distintas transacciones se encontraba a unos 20 ó 25 pies de la casa del acusado dentro de un vehículo no rotulado que había estacionado en una “curvita” frente a la casa de la esquina. Entre ese lugar y la casa del acusado hay sólo una residencia de por medio. Sobre la declaración ju-rada que prestó ante el juez municipal, dijo que éste la leyó en su presencia y la juramentó, pero no le hizo pregunta al-guna sobre el contenido.

La otra prueba, admitida por estipulación, fue el Informe Pericial de Sustancias Controladas y la declaración jurada del agente Juan Rodríguez Carrasquillo, uno de los policías que intervino en el allanamiento. Del análisis químico practi-cado al polvo blanco que le entregó el agente Rodríguez Ca-rrasquillo al agente Luis Meléndez se desprende la presen-cia de cocaína. La declaración de Rodríguez Carrasquillo de-talla los pormenores del registro, incluso la incautación del revólver cargado y la cocaína que se ocupó en una cajita de metal debajo de una máquina de coser.

H-i i — i

La Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone en lo aquí pertinente que:

No se librará orden de allanamiento o registro sino en vir-tud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro, li-brará la orden... .

El apelante señala que en el caso de autos el magistrado incumplió con el requisito de examen del declarante, ya que cuando el magistrado no se encuentra presente al momento en que el agente del orden público presta su declaración, el magistrado está obligado a interrogar específicamente al de-clarante sin limitarse a su declaración jurada. Su plantea-miento se funda en lo resuelto en Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965).

En Laureano, el peticionario había sido acusado por vio-lación a la Ley de la Bolita y presentó una moción de supre-sión de evidencia en la que alegaba inter alia que la orden de registro no fue dictada conforme a derecho, ya que el juez que la expidió no interrogó al agente declarante. En dicho caso, “mientras el policía dictaba su declaración a la secreta-ria en el cuartel, el juez de paz estaba presente y escu-chando[. A]1 terminar la secretaria, el juez de paz revisó la referida declaración” y expidió la orden sin hacerle pre-guntas al declarante. íd., pág. 388. Concluimos allí que si el juez no le hizo preguntas “fue porque no lo consideró perti-nente, pues no necesitaba información adicional alguna para llegar a la conclusión judicial de que de la declaración jurada surgía causa probable para ordenar el registro”. íd. Aña-dimos que “el término ‘examen’ no significa[ba] exclusiva-mente el hacerle preguntas al declarante” y que en efecto en dicho caso se había producido dicho examen cuando al magis-trado que oyó la declaración “luego la revisó y determinó que ésta contenía hechos suficientes para justificar plena-mente la determinación de causa probable”. (Énfasis nues-tro.) íd., págs. 388-389.

El apelante nos apunta que este caso es sustancialmente distinto a Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, supra, y nos cita enfáticamente del mismo la expresión si-guiente: “Es juicioso señalar, sin embargo, que en circuns-tancias que no sean similares a las que privan en este caso, los jueces deben ‘examinar’ más específicamente al decla-rante, además de su declaración jurada.” íd., pág. 389. Nos recalca que sólo cuando el magistrado esté presente mien-tras el agente preste su declaración es que puede sustituirse el examen específico y personal del declarante. No tiene ra-zón. Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, supra, no puede interpretarse de forma tan restringida como preten-den el apelante y la opinión disidente suscrita por el Juez Asociado Señor Rebollo López.

De entrada, procede aclarar que el examen específico y personal del declarante no es un requisito constitucional. En relación con el referido examen, nuestra Constitución nada dispone. El texto constitucional pertinente en lo relativo a las órdenes de registro se limita a consignar que: (1) únicamente pueden expedirse por autoridad judicial; (2) solamente pueden expedirse cuando existe causa probable apoyada en juramento o afirmación, y (3) se tiene que describir adecuadamente el lugar a registrarse y las cosas a ocuparse. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. El texto de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, es sustancialmente idéntico. Una declaración jurada suscrita por una persona con conocimiento personal de los hechos cumple con el segundo requisito constitucional.

En la jurisdicción federal es interesante destacar que la Regla 41(c) de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C., la homologa de nuestra Regla 231 de Procedimiento Criminal, supra, nunca exigió el examen del declarante como requisito para determinar causa probable para un allanamiento. De hecho, el problema que se presentaba en dicha jurisdicción, antes de 1972, era bajo qué circunstancias el magistrado po-día, para suplementar el afidávit, considerar el testimonio verbal prestado. En 1972, la Regla 41 de Procedimiento Criminal federal, supra, se enmendó para permitir que el ma-gistrado pudiera discrecionalmente exigir la presencia del declarante y los testigos e interrogarlos bajo juramento. Véase Anotación, Federal Court Determination of Probable Cause for Search Warrant: Consideration of Oral Testimony which was, in Addition to Affidavit, Before Officer Who Issued Warrant, 24 A.L.R. Fed. 107 (1975).

En California, la Sec. 1526 del Código Penal, de donde proviene parcialmente nuestra Regla 231 de Procedimiento Criminal, supra, antes de 1957 requería específicamente que el magistrado que dictara la orden examinara previa-mente a los declarantes, porque tenía la obligación de inte-rrogar al querellante y a sus testigos, levantar una deposi-ción por escrito y tomarle la firma a los deponentes. El examen del declarante era indispensable precisamente por estos requisitos estatutarios. En el 1957 se agilizó el proceso con una enmienda a la referida See. 1526 del Código Penal de California, para eliminar la deposición obligatoria y exigir la presentación ante el magistrado de una o más declaraciones juradas escritas. Como parte de dicha enmienda y ante la presencia de afidávit, se hizo discrecional el examen de los deciar antes.

En Puerto Rico, nuestra Regla 231 de Procedimiento Criminal, supra, exige que se presenten ante el juez declara-ciones juradas escritas. Luego de emitida la decisión en Lau-reano Maldonado v. Tribunal Superior, supra, este Tribunal ha establecido unas guías para evaluar dichas declara-ciones juradas cuando han sido prestadas por agentes del orden público. Véanse: Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 708 (1966); Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 378 (1974). Estos criterios le han impuesto a los agentes mayor rigor en la preparación de sus testimonios.

Resolvemos ahora que si la declaración jurada prestada es completa, clara, detallada, libre de contradicciones y el juez que la revisa no tiene dudas sobre algún extremo de la misma, no es requisito indispensable que el juez interrogue al declarante. No obstante, la declaración debe ser rigurosamente examinada por el magistrado y, si tiene alguna duda sobre su contenido, debe formular las preguntas necesarias antes de llegar a su determinación.

La decisión que hoy emitimos no tiene el efecto de poner en manos de los organismos investigativos del Estado la facultad de obtener y expedir órdenes de registro y de allanamiento. De ninguna manera eliminamos la interposición de la figura independiente e imparcial del magistrado entre la Policía de Puerto Rico y la ciudadanía. El agente del orden público que desea la emisión de una orden de registro tiene que acudir ante un juez con una declaración jurada que exponga hechos que justifiquen su expedición.

El agente tiene que comparecer personalmente ante el magistrado y estar disponible para ser interrogado en caso de que el juez tenga cualquier reparo sobre algún aspecto o detalle de la declaración prestada. A priori, el agente no puede confiar en que su declaración no será cuestionada. Además, si bien el agente puede preparar previamente su declaración, no es menos cierto que igualmente se expone y está sujeto a una convicción por perjurio de probarse que su declaración es falsa.

La protección a la ciudadanía no se encuentra en la impo-sición de un requisito de examen inflexible e inexorable del declarante. Lo determinante es que exista una Judicatura alerta y dispuesta a detectar las contradicciones, las omi-siones y la falsedad en las declaraciones prestadas. En au-sencia de este factor, exigir que se interrogue específica-mente al declarante podría constituir un requisito pro forma y un ejercicio en futilidad que no protege efectivamente la intimidad del pueblo.

La regla propuesta por el apelante y acogida por la opi-nión disidente supondría que ante este Tribunal atenderí-amos en apelación o por vía de certiorari no sólo plantea-mientos de error, por qué no se interrogó al declarante, sino que además señalamientos relativos a la suficiencia de las preguntas formuladas por el magistrado antes de emitir la orden. En las vistas de supresión de la evidencia ocupada al amparo de dicha orden, las salas de primera instancia se en-frentarían a controversias sobre el contenido del interroga-torio practicado en el procedimiento ex parte de obtención de la orden. Por su naturaleza, dicho procedimiento es dinámico y para éste no existe un récord judicial ni grabaciones que permitan revisar la determinación tomada por el juez. Sería necesario en dichas vistas preguntarle a todos los partici-pantes e inquirir sobre el proceso deliberativo que culminó en la expedición de la orden. En estas circunstancias, como dijimos en Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 389:

No podemos imprimirle en derecho a la frase “examen del declarante” ... el enfoque literal que apunta el [apelante], pues aunque estamos conscientes y debemos ser celosos guar-dianes del principio de que los requisitos procesales que salva-guardan el derecho contra registros arbitrarios e irrazonables deben observarse estrictamente, también creemos que un en-foque práctico es el que debe prevalecer en esta materia. . . . Es preciso aclarar que este enfoque práctico no está reñido con el principio que hemos expuesto en cuanto a los requisitos procesales sino que, al contrario, contribuye a hacerlos via-bles.

Esta norma no puede significar una abdicación de la función judicial activa e inquisitiva previa a la expedición de la orden. La Judicatura debe ser celosa en el análisis de las declaraciones que sirven de fundamento para las órdenes de registro y así prevenir una supresión de evidencia posterior. Nótese que los acusados no quedan desprovistos de remedios si entienden que la declaración prestada es falsa o increíble. La Regla 234(d) y (f) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, provee un remedio adecuado para suprimir la evidencia obtenida cuando la declaración adolece de alguna de estas fallas. Mediante la referida Regla 234, supra, un acusado puede cuestionar la determinación inicial de causa probable para el registro y allanamiento. La disposición le permite a la defensa presentar evidencia sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud de supresión. Esto presupone una vista donde el acusado tendrá la oportunidad de demostrar, mediante preponderancia de prueba, la falsedad del testimonio que sirvió de fundamento para la expedición de la orden.

No erró el tribunal a quo al negarse a suprimir la eviden-cia por falta de examen del declarante.

( — i H-1 HH

Analicemos el segundo error planteado. El apelante ataca la suficiencia de la declaración jurada que sirvió de apoyo a la orden de allanamiento. Señala que se trata de un testimonio estereotipado, inverosímil e inherentemente in-creíble.

Testimonio estereotipado es aquel que se reduce a establecer los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir detalles imprescindibles para reforzarlo. Pueblo v. González del Valle, supra, pág. 377; Pueblo v. Almodovar, 109 D.P.R. 117,125 (1979). Una de las modalidades de este testimonio es la del acto ilegal a plena vista en negocios que normalmente se amparan en la clandestinidad. Pueblo v. González del Valle, supra.

En el pasado hemos expuesto que el testimonio estereotipado debe evaluarse con cuidado y, a esos fines, establecimos algunas pautas:

En primer término, reiteramos que todo testimonio estere-otipado debe escudriñarse con especial rigor. Segundo, tanto los casos de la evidencia-abandonada-o-lan-zada-al-suelo como los casos del acto-ilegal-a-plena-vista de-ben, en ausencia de otras consideraciones, inducir sospecha de la posible existencia de testimonio estereotipado.
Tercero, si el testimonio es inherentemente irreal o improbable debe ser rechazado.
Cuarto, el testimonio estereotipado puede perder su condi-ción de tal si, yendo más allá de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el agente, el término de su in-vestigación, los resultados obtenidos fuera del caso en trá-mites y otros detalles. Se exhorta en este sentido a recordar los factores mencionados sobre este particular en Pueblo v. Ayala Ruiz, supra y casos subsiguientes.
Quinto, por el contrario, la presencia de contradicciones, la-gunas o vaguedades en el testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase de declaraciones.
Sexto, no debe olvidarse que el peso de la prueba de librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en el fiscal. Tal peso no se descarga con la extracción del testimonio flaco y descarnado a que se refirió Ayala Ruiz. Pueblo v. González del Valle, supra, pág. 378.

En el caso de autos, el apelante señala que las tres (3) transacciones observadas por el agente se realizaron de modo similar, a plena vista y a riesgo de que ojos indiscretos observasen la venta de drogas. Apunta que es increíble que el agente estuviera a sólo veinte (20) pies de distancia sin que nadie se percatara de su presencia. Señala que es inverosímil que de dicha distancia haya podido percatarse del contenido de unas bolsas transparentes de apenas cuatro (4) pulgadas. El apelante nos llama la atención al hecho de que el agente omite anotar el número de tablilla de la motora del primer sujeto que observa acercarse a la residencia del acusado.

Hemos examinado cuidadosamente la declaración jurada prestada por el agente según está consignada en la orden de allanamiento y concluimos que no constituye testimonio in-herentemente irreal o improbable, que está rodeada de deta-lles relativos a la investigación y sus resultados, y que no contiene contradicciones, vaguedades u omisiones esen-ciales.

El hecho de que las transacciones se hayan realizado a plena vista no hace el testimonio inherentemente irreal. Por el contrario, la criminalidad y el trasiego de drogas que sufre el país ha llegado a un nivel que los delincuentes no temen realizar transacciones en lugares donde pueden estar sujetos a ser vistos por terceras personas. Véase Pueblo v. Espinet Pagan, 112 D.P.R. 531, 536-537 (1982).

Tampoco nos convence su argumento sobre la omisión del agente de anotar la tablilla de la motora. Aunque el agente incurrió en esta omisión, fue suficientemente cuidadoso en el resto de su investigación para que refrendemos sus ges-tiones.

En cuanto al lugar donde se encontraba el agente, notamos que se ubicó al lado de la casa del apelante. El tribunal de instancia tuvo ante sí una descripción precisa del lugar preparada por el agente. No intervendremos en la apreciación de esa prueba en ausencia de una demostración de prejuicio, parcialidad o de que es claramente errónea. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454 (1988).

Por lo tanto, concluimos que la declaración prestada ante el juez municipal no es estereotipada y que es suficiente en derecho para la determinación de causa probable para expe-dir una orden de allanamiento.

IV

Los errores tercero y cuarto apuntados por el apelante van dirigidos a cuestionar la suficiencia de la prueba. Su ar-gumento es que tratándose de prueba de cargo de carácter estereotipado que no pudo ser librada de sospechas por el Ministerio Público surge con toda fuerza la duda razonable. No tiene razón.

La prueba presentada y admitida sostiene más allá de toda duda razonable las convicciones sobre posesión de sus-tancias controladas, Art. 404 de la Ley de Sustancias Con-troladas de Puerto Rico, supra, y por posesión de arma de fuego sin tener licencia, Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. El apelante no cuestiona los frutos del allana-miento; al contrario, dicha prueba fue estipulada. El pro-blema de testimonio estereotipado en este caso está relacio-nado con la controversia de si hubo causa probable para ex-pedir la orden de allanamiento. Ello no derrota el hecho in-disputado de la ocupación en la residencia del apelante de un arma de fuego cargada y de cocaína.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia confir-matoria.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita por lo expuesto en la Parte III de la opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Ortiz no in-tervino.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

El Tribunal, mediante la decisión errónea, ambigua, to-talmente innecesaria y sumamente peligrosa que emite en el día de hoy, abre las puertas para que comience a derrum-barse la protección constitucional contra registros y allana-mientos ilegales e irrazonables en nuestra jurisdicción.

Disentimos vehementemente de la opinión mayoritaria emitida. En clara violación del mandato constitucional del Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, de las disposiciones de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y de la jurisprudencia interpretativa de las mismas, se rechaza el meritorio planteamiento del apelante a los efectos de que procedía la supresión de la evi-dencia obtenida en un allanamiento efectuado en su hogar por razón de que el magistrado que expidió la orden de alla-namiento no “examinó personalmente” al agente declarante.

La decisión que hoy se emite por este Tribunal tiene el efecto práctico de poner, casi exclusivamente, en manos de la Policía de Puerto Rico la obtención y expedición de órdenes de registro y allanamiento, haciendo de los jueces unos meros sellos de goma y convirtiendo su función, en esta clase de situaciones, en una puramente ministerial o mecánica.

HH

Nuestra Constitución, en el Art. II, Sec. 10 de su Carta t de Derechos, ante, dispone: 1

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incauta-ciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello única-mente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a regis-trarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inad-misible en los tribunales. (Énfasis suplido.)

AI momento de redactarse esta disposición constitucional —la cual este Tribunal no puede meramente limitarse a leer, sino que viene obligado a interpretar— quedó plas-mado en el Diario de Sesiones de la Convención Constitu-yente el interés de que nuestra Carta de Derechos no fuera una que cumpliera en forma mínima con los requisitos im-puestos por la Ley Núm. 600, sino que, por el contrario, se tratara de una de las cartas de derechos más liberales, más generosas y más auténticamente democráticas del mundo.

Es así como se llega a la conclusión de que:

La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es necesario para el desarrollo y expresión de la misma. El ho-gar, los muebles y utensilios, los libros y papeles poseídos por un ciudadano son como una prolongación de su persona, pues constituyen el ámbito en que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su permiso en ese círculo privado equi-vale para todo hombre a una violación de su personalidad.... La lesión de la intimidad es en este sentido el más penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona. (Én-fasis suplido.)

Conscientes, sin embargo, los miembros de la Conven-ción Constituyente de que en toda democracia hay personas que no están en disposición de respetar las leyes que se aprueban en beneficio de todos, lo que causa una “confronta-ción” entre el interés común y el estrictamente personal, los constituyentes claramente establecieron que la inviolabili-dad de esos derechos personales fundamentales tendría su límite en la conducta criminal de los ciudadanos. En conse-cuencia, tomaron providencias para que ese pueblo democrá-tico pudiera combatir efectivamente la conducta criminal de algunos de sus ciudadanos. Entre otros, se proveyó para la expedición de órdenes de arresto y de registro y allana-miento. Ahora bien, se estableció como salvaguarda que dichas órdenes únicamente serían procedentes en derecho cuando mediara, a juicio de un magistrado, “causa probable” para expedir las mismas.

Del debate referente a la transcrita Sec. 10 se desprende con meridiana claridad que la intención de la Asamblea Constituyente fue que se concediera el poder de expedir esas órdenes de arresto y de registro y allanamiento, con carácter de exclusividad, a la autoridad judicial privándose expre-samente de esa facultad a los fiscales y, ciertamente y con mayor razón, a los miembros de la Policía de Puerto Rico.

Lo anteriormente expresado constituye el fundamento del porqué la Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante, dispone:

No se librará orden de allanamiento o registro sino en vir-tud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro, librará la orden en la cual se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará los funda-mentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcio-nario a quien fuere dirigida registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada durante las horas del día, a menos que el ma-gistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche. (Én-fasis suplido.)

Procede que se señale que el historial de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante, nos remite en adición a la Re-gla 41(c) de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C., a los Arts. 503 a 507 y 511 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935 (34 L.P.R.A. ant. sees. 1813-1817 y 1821) y a las Sees. 1525-1528 del Código Penal de California. Ha-biendo servido este último código de modelo para las disposi-ciones locales sobre la materia, resulta pertinente señalar que el Código Penal de California, específicamente la See. 1526, fue enmendada en el 1957 a los fines de convertir el examen por el magistrado en uno de carácter discrecional. Esto es, en California, para que se pudiera expedir una or-den de allanamiento sin que el magistrado tuviera la obliga-ción de examinar al declarante fue preciso enmendar expre-samente la disposición legal correspondiente a esos efectos. El lenguaje de nuestra vigente Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante, sin embargo, en cumplimiento del mandato constitucional del citado Art. II, Sec. 10 de nuestra Consti-tución, ante, no concede al juez discreción alguna en relación con ese “examen”.

En vista de todo lo anteriormente expresado es que, a nuestro humilde entender, resulta completamente erróneo que se resuelva que cumple con ese mandato constitucional y legislativo el juez que meramente se limita, con anterioridad a firmar y expedir la orden de registro y allanamiento, a leer la declaración escrita del declarante. El magistrado que así actúa no descarga la importantísima función que los miem-bros de la Convención Constituyente y el legislador tuvieron en mente y le impusieron: la de determinar si existe o no “causa probable” para la expedición de la orden de registro y allanamiento.

Refiriéndose al proceso de expedición de órdenes de alla-namiento, nos señala el profesor LaFave que el mismo “ ‘interposes an orderly procedure’ involving ‘judicial impartiality’ whereby ‘a neutral and detached magistrate’ can make ‘informed and deliberate determinations’ on the issue of probable cause”. (Énfasis suplido y escolios omitidos.) W.L. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 1, pág. 548.

Así es que este Tribunal, hasta el día de hoy, había vis-lumbrado la función del juez en la expedición de órdenes de registro y allanamiento. En fecha tan reciente como febrero de 1988 expresamos —en Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 474 (1988)— que a los fines de garantizar el cum-plimiento del mandato constitucional contra registros y alla-namientos ilegales e irrazonables “se interpuso la figura in-dependiente e imparcial del juez entre los agentes del orden público y los ciudadanos.... Corresponde al magistrado ha-cer el delicado balance entre los derechos del ciudadano y las necesidades del Estado de investigar agresivamente los delitos cometidos”. (Énfasis suplido.)

En esa misma fecha —en Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500-501 (1988)— afirmamos que la citada dispo-sición constitucional “tiene tres (3) objetivos básicos: ‘prote-ger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intru-sión Al enfrentarnos a este dilema [del conflicto entre el interés público en combatir la criminalidad y los de-rechos individuales] debemos tener presente y ser cons-cientes de que en el menoscabo de las garantías constitucio-nales ... no está la verdadera solución al problema de la criminalidad. Debe tenerse particular cuidado para que a través del proceso adjudicativo de controversias no se oca-sione una lamentable erosión de los derechos garantizados por nuestra Constitución”. (Énfasis suplido.)

Somos del criterio que no resulta posible hacer una infor-mada y jurídicamente correcta determinación sobre causa probable cuando el juez se limita a leer la declaración que se le trae preparada y cuando no examina al declarante. Cier-tamente no se interpone “la figura independiente e imparcial del juez entre los agentes del orden público y los ciudadanos” — Pueblo v. Malavé González, supra, pág. 474— resolviendo que la labor de ese juez en esta clase de situaciones puede ser una ministerial y mecánica, esto es, circunscribiéndose a leer una declaración y firmar la orden de registro y allana-miento. Entendemos que si ese juez en realidad va a cumplir con el mandato constitucional del antes citado Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, ante, constituyéndose en ese “delicado balance entre los derechos del ciudadano y las ne-cesidades del Estado de investigar agresivamente los delitos cometidos” —(énfasis suplido) Pueblo v. Malavé González, supra, pág. 474— el mismo tiene que ejercer una función activa e inquisitiva antes de expedir esta clase de órdenes.

Ello se hace necesario por cuanto no es lo mismo, desde el punto de vista del agente del orden público, el comparecer ante un juez con una declaración ya previamente prepa-rada sabiendo que no va a ser objeto de interrogatorio por éste, a la situación en que acude ante dicho magistrado consciente de que los hechos que plasmó en la declaración jurada serán escudriñados por el mismo. El hecho de saber que el juez le formulará preguntas respecto al contenido de su declaración es seguramente el mayor disuasivo a la pres-tación de declaraciones falsas o estereotipadas dirigidas a garantizar la obtención de una orden de registro o allana-miento. Haciéndole preguntas incisivas a ese declarante so-bre lo expuesto en su declaración escrita, escuchando sus respuestas y formulándole nuevas preguntas sobre ellas, observando la forma y manera en que declara esa persona, es el único método mediante el cual un magistrado puede llegar a la conclusión de si ese declarante está o no diciendo la verdad. En palabras del procesalista Carnelutti, citadas con aprobación por este Tribunal en Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975), “‘el testigo debe ser oído, y visto, interrogado y mirado’”. (Énfasis suplido.)

El principio sobre la “inviolabilidad” de los hogares puer-torriqueños contenido en el transcrito Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, ante, y el mandato constitucional de la referida disposición a los efectos de que no se expedirán ór-denes de registro y allanamiento excepto cuando, ajuicio de un magistrado, exista causa probable para expedir la misma, exige que así se haga. No siendo suficiente la mera lectura de una declaración para dirimir la credibilidad de un testigo, la determinación de causa probable conlleva necesariamente “un poco más”. Como único se puede garantizar la inviolabi-lidad de los hogares puertorriqueños contra allanamientos ilegales e irrazonables, repetimos, es mediante el examen personal del declarante por parte del magistrado. A nuestro entender, a ello es lo que se refiere, y exige, el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, ante, ed. 1982, pág. 299, al estable-cer que sólo se expedirán mandamientos autorizando regis-tros y allanamientos por autoridad judicial, y “ello única-mente cuando exista causa probable ..(Énfasis suplido.) Para lo contrario, esto es, para meramente leer una declara-ción y decidir si la misma contiene o no datos suficientes para expedir una orden de esa naturaleza, realmente no se necesita a un magistrado; podría encomendársele dicha labor a un paralegal. En resumen, las disposiciones de nuestra Constitución deben ser interpretadas, no meramente leídas, por este Tribunal.

El hecho de si en la jurisdicción federal, bajo las disposi-ciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, se ha exigido o no el requisito del examen personal del declarante, no debería influenciar o constituir factor alguno sobre nuestra decisión en esta mate-ria. Realmente sorprende ese argumento de la mayoría del Tribunal. Sabido es que la Enmienda Cuarta de la Constitu-ción federal, ante, “describe el ámbito mínimo de la garantía que reconoce. Los estados no pueden achicar esas fronteras, pero pueden expandirlas”. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 427 (1976). En otras palabras, habiendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconocido expresamente la facultad de los estados federados para expandir la garantía contra regis-tros y allanamientos ilegales más allá de los límites de la citada Cuarta Enmienda, Cooper v. California, 386 U.S. 58, 62 (1967), este Tribunal, al interpretar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, puede ampliar el ámbito de los derechos humanos de los residentes de nuestro país. Pueblo v. Dolce, ante, pág. 428. Así lo hemos hecho en infinidad de ocasiones en el pasado. No debe perderse de vista que en la jurisdicción federal se ha resuelto que la lla-mada “regla de exclusión” no goza por sí misma de rango constitucional, sino que es meramente una medida profilác-tica de los derechos bajo la citada Cuarta Enmienda. Por ende, en esa jurisdicción la misma está sujeta a modificación o abolición. Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 223 (1983). En Puerto Rico, por el contrario, nuestra Constitución expresa-mente dispone, en lo pertinente, que la evidencia obtenida en violación del citado Art. II, Sec. 10, ante, pág. 299, “será inadmisible en los tribunales”. (Énfasis suplido.)

Por otro lado, causa consternación en nuestra conciencia judicial el argumento esgrimido por la mayoría a los efectos de que “los acusados no quedan desprovistos de remedios si entienden que la declaración prestada es falsa o increíble”, por cuanto tienen a su alcance, a posteriori, el “remedio ade-cuado” de solicitar la supresión de la evidencia obtenida al amparo de las disposiciones de la Regla 234 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. (Énfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 479. Aparentemente la mayoría de este Tribunal nunca ha tenido la oportunidad de observar un hogar puertorriqueño luego de que el mismo haya sido ob-jeto de un registro y allanamiento. Las disposiciones de la citada Regla 234 de Procedimiento Criminal no subsanan la flagrante violación de la intimidad de un hogar y el destrozo material del mismo. El derecho a la intimidad y ala invio-labilidad del hogar se protege antes, no con posterioridad a que se haya cometido la violación del mismo. Esto es, el propósito de nuestra Constitución —al “interponer] la fi-gura independiente e imparcial del juez entre los agentes del orden público y los ciudadanos”, Pueblo v. Malavé González, ante, pág. 474— lo es la protección a priori de los derechos de esos ciudadanos. El argumento esgrimido por la mayoría del Tribunal es prueba evidente de un derecho pautado desde un lejano y apartado estrado apelativo sin base alguna en la práctica y dinámica forense penal.

En resumen, las intrusiones ilegales e irrazonables en los hogares puertorriqueños no se evitan mediante la norma errónea, ambigua, innecesaria y peligrosa que se establece en el día de hoy. Ello se logra manteniendo firme y en vigor el requisito del “examen personal” del declarante por parte del magistrado.

La decisión emitida en Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965), no derrota la posición que sostenemos. En dicho caso expresamos y resolvimos:

Surge claramente del récord de este caso que mientras el policía dictaba su declaración a la secretaria en el cuartel, el juez de paz estaba presente y escuchando y que al terminar la secretaria, el juez de paz revisó la referida declaración. Si dicho juez no le hizo preguntas, como testifica el policía, fue porque no lo consideró pertinente, pues no necesitaba infor-mación adicional alguna para llegar a la conclusión judicial de que de la declaración jurada surgía causa probable para orde-nar el registro. Concluimos que en estas circunstancias se cumplió con el requisito de examinar al declarante, pues el término “examen” no significa exclusivamente el hacerle pre-guntas al declarante. De hecho el referido examen se llevó a cabo cuando la declaración se dictó ante el magistrado que la oyó y que luego la revisó y determinó que ésta contenía he-chos suficientes para justificar plenamente la determinación de causa probable. En esas circunstancias resultaba innece-sario y fútil el hacerle pregunta otra alguna al declarante so-bre tales particulares. Es juicioso señalar, sin embargo, que en circunstancias que no sean similares a las que privan en este caso, los jueces deben “examinar” más específicamente al declarante, además de su declaración jurada. Como dijo el Juez Holmes, el derecho contra registros arbitrarios e irrazo-nables “debe protegerse aun si el mismo resultado hubiera podido alcanzarse en forma legal”. Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920). (Énfasis suplido.

Como podemos notar, existe una abismal diferencia entre el presente caso y el de Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, ante. En dicho caso, a diferencia del presente, el juez que expidió la orden de registro y allanamiento estuvo presente mientras el agente prestaba la declaración. En otras palabras, el juez tuvo la oportunidad de escuchar y observar el comportamiento, o “demeanor”, del agente al éste prestar su declaración y quedó convencido, al examinar luego la misma, que lo declarado, y el contenido de dicha declaración, era suficiente y confiable.

En el presente caso, por el contrario, la declaración del agente fue preparada con anterioridad a comparecer ante el juez, y éste se limitó a leer la misma, no “examinando” en forma alguna al declarante. A la luz de lo expresado en Lau-reano Maldonado v. Tribunal Superior, ante, la actuación del magistrado de instancia en el presente caso no resulta “juiciosa”. Mucho menos la de este Tribunal al aprobar la misma.

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Los hechos específicos que surgen de la declaración pres-tada por el agente del orden público demuestran la necesi-dad imperiosa que existía de que en el presente caso el ma-gistrado “examinara” a dicho funcionario antes de emitir la orden de registro y allanamiento. Según los mismos apare-cen consignados en la opinión mayoritaria emitida, se trata de la historia, tantas veces repetida, de que con motivo de haberse recibido una confidencia anónima, un agente se dirigió a determinado lugar desde donde pudo observar a una persona —el apelante— realizar a la vista de todos unas ale-gadas transacciones ilícitas de narcóticos. Esto es, se trata del testimonio estereotipado de la “transacción o acto ilegal a plena vista”, que en tantas ocasiones ha sido objeto de atención por este Tribunal en el pasado y el cual, con toda seguridad, tendremos que atender en innumerables oca-siones en el futuro.

Un testimonio similar fue rechazado, como indigno de crédito e insuficiente en derecho para sostener la validez de una orden de registro y allanamiento, en la sentencia emitida por una mayoría de los entonces integrantes de este Tribunal en el caso de Pueblo v. Martínez Martí, 115 D.P.R. 832 (1984). Una lectura de las tres (3) opiniones allí emitidas — dos (2) opiniones concurrentes y una disidente— demuestra la disparidad de criterios imperantes entre los entonces inte-grantes de este Tribunal respecto a la procedencia de una orden de allanamiento en una situación de hechos como la que consideramos en el presente caso.

Cabe preguntarse, si los integrantes de este Tribunal en un momento determinado no se pudieron poner de acuerdo respecto a la suficiencia de una prueba de esta naturaleza para la expedición de una orden de allanamiento, ¿resulta jurídicamente correcto que un magistrado en una situación similar expida una orden de registro sin hacer preguntas de clase alguna con el propósito, cuando menos, de cerciorarse de que el testimonio del agente es uno veraz y confiable y así poder evitar un “penoso ataque o lesión” a uno de los dere-chos más fundamentales de nuestros ciudadanos? ¿No es esa precisamente la razón por la cual este Tribunal, en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 378 (1974), resolvió que esta clase de testimonio estereotipado sobre “acto ilegal a plena vista” debe “escudriñarse con especial rigor”? ¿Qué significado tiene el término “escudriñar”? ¿No es ello sinó-nimo de “examinar”?

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Recapitulando, la decisión que emite una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso no sólo es erró-nea en derecho, sino que la misma es totalmente innecesaria. Considerando los intereses en controversia, no alcanzamos a comprender cómo es posible que sea tan difícil para el Tribunal mantener en vigor el requisito de que antes de que un juez emita una orden de registro y allanamiento debe “exa-minar” al declarante. Dicho requisito no resulta ser oneroso en lo absoluto para el sistema de justicia que administramos y supervisamos. La eliminación del mismo, el cual constituye una salvaguarda esencial de la santidad de los hogares puer-torriqueños, es completamente innecesaria y sumamente pe-ligrosa por cuanto abre las puertas para la expedición de ór-denes de registro y allanamiento a base de prueba simulada e insuficiente en derecho, acomodaticiamente preparada en un Cuartel de la Policía, que no es objeto de inquisición al-guna por parte del juez antes de que se expida dicha orden.

Quizás este sea el momento apropiado para recordar las expresiones de este Tribunal en Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327-328 (1979), a los efectos de que:

... el temor al crimen y el natural deseo de combatirlo no deben oscurecer el propósito central de la disposición. Li-bremos el lenguaje original de su glosa abultada. La garantía contra los registros y allanamientos irrazonables representa la voluntad de negarles a los gobiernos mejor intencionados, en aras de una libertad individual preciada, medios eficaces y aun aparentemente indispensables para lograr objetivos me-ritorios. Se estructuró precisamente ese derecho para prote-ger al ciudadano aun de los gobiernos democráticos más es-crupulosos. Amsterdam, Perspectives on the Fourth Amendment, 58 Minn. L. Rev. 349, 353 (1974). Por bueno que sea el guardián, siempre existe el problema de quién lo vigila. Quis custodiet custodiem. Cuando se descuidan los medios, cuando se disminuyen los derechos fundamentales a nombre de un ansiado orden, lo que viene a perecer al cabo es la liber-tad y con ella la democracia que se quiso defender. Véase: McNabb v. United States, 318 U.S. 332, 347 (1943) (Frankfurter). (Énfasis suplido.)

Es por ello que disentimos.

       Reiteradamente hemos resuelto que compete al apelante demostrar que el tribunal de instancia debe ser revocado. Pueblo v. Najul Bez, 111 D.P.R. 417, 423 (1981); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). Debido a que el apelante no argumenta uno de los señalamientos de error planteados en su es-crito de apelación, no lo consideramos.

       En dicha moción también planteó, como motivo para suprimir la eviden-cia, que se expidió la orden para ser cumplimentada de día o de noche sin expre-sión de las razones de necesidad y de urgencia para así hacerlo, y que no se describió particularmente las cosas a ocuparse. Estas alegaciones claramente ca-recen de méritos.

       Pero para poder apoyar su determinación de causa probable en dicho testimonio, éste tiene que quedar consignado en el récord del procedimiento y se tiene que incorporar al afidávit.
      Más recientemente, la regla federal se enmendó para permitir que el decla-rante, en ciertos casos, le comunique al magistrado su testimonio por via telefó-nica u otro medio adecuado y así mismo se autorice el registro. Véase Regla 41(c)(2)(A) de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C.

       El historial de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, nos remite no sólo a las Sees. 1525 a 1528 del Código Penal de California, sino también a la ya citada Regla 41(c) de Procedimiento Criminal federal, supra.

       Antes de la enmienda de 1957, la See. 1526 del Código Penal de California leía:
      “The magistrate must, before issuing the warrant, examine on oath the complainant, and any witnesses he may produce, and take their depositions in writing, and cause them to be subscribed by parties making them.” 4 Kerr, The Codes of California Sec. 1526, pág. 1367 (1908).
      Este texto estuvo vigente desde 1867. Nuestro anterior Art. 504 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935 (34 L.P.R.A. ant. see. 1814) era una traduc-ción casi literal de la transcrita sección.

       Luego de sufrir dos (2) enmiendas adicionales, actualmente la See. 1526 del Código Penal de California, supra, provee dos (2) vías para obtener la orden:
      “(a) The magistrate may, before issuing the warrant, examine on oath the person seeking the warrant and any witnesses he may produce, and must take his affidavit or their affidavits in writing, and cause same to be subscribed by the party or parties making same.
      “(b) In lieu of the written affidavit required in subdivision (a), the magistrate may take an oral statement under oath which shall be recorded and transcribed. The transcribed statement shall be deemed to be an affidavit for the purposes of this chapter. In such cases, the recording of the sworn oral statement and the transcribed statement shall be certified by the magistrate receiving it and shall be filed with the clerk of the court. In the alternative in such cases, the sworn oral statement shall be recorded by a certified court reporter and the transcript of the statement shall be certified by the reporter, after which the magistrate receiving it shall certify the transcript which shall be filed with the clerk of the court.” West’s Ann. Cal. Penal Code Sec. 1526, pág. 559.

       Tampoco hay contradicciones sobre elementos esenciales entre la decla-ración jurada y el testimonio del agente en el juicio.

       Ley Pública Núm. 600 de 3 de julio de 1960, Cap. 446, 64 Stat. 319.

       2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1106 (1961).

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2567 (1961).

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2567-2568 (1961).

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2568 (1961).

       F. Carnelutti, Rivista di Diritto Processuale Civile, 1929.

        Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381, 388-389 (1966).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Municipio de San Juan y Héctor R. Rivera Rodríguez, demandados y recurridos.

      Número: RE-87-388

      Resuelto: 17 de marzo de 1989

      Elaine Maymí Naíz y Carmelo Guzmán Géigel, abogados de la recurrente; Ada Linda González de Garau, abogada del Muni-cipio de San Juan, recurrido; Segismundo Quiñones Lores, abogado de Héctor R. Rivera Rodríguez, recurrido; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subpro-curadora General, y Miriam Álvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados de la Oficina Central de Adminis-tración de Personal, interventora.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

¿Procede el pago global o la transferencia al Municipio de San Juan del balance de las licencias de vacaciones y de en-fermedad acumuladas por el recurrido, Héctor R. Rivera Rodríguez, durante su empleo con la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico?

El codemandado recurrido Héctor R. Rivera Rodríguez trabajó para la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico du-rante once (11) años. Al momento de su renuncia, el viernes 15 de marzo de 1985, ocupaba el puesto de Jefe de la División de Conservación en dicha agencia. Efectivo el lunes 18 de marzo de 1985, el recurrido comenzó a trabajar en el Munici-pio de San Juan en la posición de Director de Servicios Ad-ministrativos. En dicho puesto se mantuvo haciendo las aportaciones monetarias correspondientes al Sistema de Re-tiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentali-dades (Sistema de Retiro).

Una vez que el recurrido renunció a su puesto en la Auto-ridad de los Puertos de Puerto Rico, la agencia manifestó su intención de transferirle al Municipio de San Juan el balance de las licencias por enfermedad y por vacaciones acumuladas por el señor Rivera Rodríguez.

El Municipio de San Juan, por su parte, se negó a aceptar y a acreditar dichos balances. Alegó que la Ley Núm. 12 de 5 de mayo de 1953, según enmendada, 3 L.P.R.A. sees. 696-698, no le aplicaba a los municipios y, por lo tanto, no acepta-ría la transferencia propuesta por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. Sostuvo que en virtud de lo dispues-to en la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967 (3 L.P.R.A. secs. 703-703e), la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico venía obligada a pagarle al señor Rivera Rodríguez una suma global por concepto de vacaciones y de licencia por enfermedad acumuladas. El empleado recurrido hizo similar reclamo.

Ante la negativa del Municipio de San Juan, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico instó una demanda en solicitud de sentencia declaratoria, en conformidad con la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El Tribunal Superior dictó sentencia mediante la cual dis-puso que no procedía la transferencia de licencias al Munici-pio de San Juan. Conforme al dictamen del foro de instancia, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico tenía que pagar los balances de licencia de vacaciones y de enfermedad acu-muladas por el empleado durante su empleo en la agencia. No conforme con la sentencia, la demandante recurre a este Foro.

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La recurrente plantea, en resumen, los señalamientos de error siguientes:

Erró el Honorable Tribunal Superior al concluir que la Ley número 12, de 5 de mayo de 1953, según enmendada, no obliga al Municipio de San Juan a aceptar y acreditar las licenciáis] acumuladas por el empleado recurrido en la Autoridad de los Puertos.
Erró el Honorable Tribunal Superior al concluir que la des-vinculación total y absoluta que requiere la Ley número 125, supra, se refiere a la desvinculación del puesto que ocupaba el recurrido en la Autoridad de los Puertos y que ésta viene obli-gada a pagar al empleado la licencia acumulada tanto por va-caciones como por enfermedad. Informe del Procurador General, pág. 3.

El 11 de septiembre de 1987 instruimos al Procurador General y a la Oficina Central de la Administración de Personal que comparecieran y expusieran su posición en cuanto a los puntos en controversia. Las partes han comparecido. Es-tamos en posición de resolver.

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Para ubicar en adecuada perspectiva la controversia ante nos, examinamos brevemente el esquema general del sis-tema de personal que se estableció en Puerto Rico en 1975 y la conceptualización que permea el mismo.

La Asamblea Legislativa, al aprobar la actual Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (Ley de Personal), Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.), estableció la política pública que reafirmaba el principio de mérito, haciéndolo extensivo a todos los sectores del empleo público. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982); Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, 109 D.P.R. 5 (1979). Como parte de dicha política pública, estableció un sistema de personal que integró conceptos actualizados de administración de personal al ámbito de las agencias com-prendidas en el servicio público. 1975 Leyes de Puerto Rico, Parte II, pág. 800. A su vez, creó un solo sistema de personal que se denominó como “Sistema de Personal del Servicio Pú-blico”. Torres Ponce v. Jiménez, supra, pág. 69.

La propia Ley Núm. 5, supra, sin embargo, estableció que sus disposiciones no aplicarían a una serie de agencias y ramas de gobierno, a las cuales calificó como “agencias excluidas”. Estas agencias comprenden: (1) la Rama Legislativa; (2) la Rama Judicial; (3) los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionan como negocios privados; (4) los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que tengan derecho a negociar colectivamente mediante leyes especiales, y (5) la Universidad de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. see. 1338.

No obstante haberse excluido a estas agencias y ramas de gobierno del alcance de la Ley Núm. 5, supra, se especi-ficó que estos grupos tendrían que adoptar, con el asesora-miento de la Oficina Central de Administración de Personal, un reglamento de personal en el que se incorporaría el prin-cipio de mérito. Torres Ponce v. Jiménez, supra.

El legislador fundamentó la exclusión de las Ramas Legislativa y Judicial del ámbito de ley, en su interés de salvaguardar el principio de la separación de poderes, presente en nuestro ordenamiento constitucional. Por otra parte, la exclusión de las agencias públicas que operan como negocios privados con derecho a negociar colectivamente obedeció al interés de evitar cualquier conflicto que pudiera surgir entre las disposiciones de la ley y los convenios colectivos existentes en dichas agencias. Reyes Coreano v. Director Ejecu- tivo, 110 D.P.R. 40 (1980). Por esa razón se modificó el propó-sito original esbozado en el anteproyecto que dio funda-mento a los proyectos P. de la C. 1633 y P. del S. 1428. Estos proyectos originales creaban un sistema de personal dentro del cual quedaban comprendidas todas las agencias del Go-bierno sin exclusión de clase alguna. Ello se lograba me-diante la creación de unas estructuras compuestas por. la Ad-ministración Central y los Administradores Individuales.

La Ley Núm. 5, supra, sin embargo, dividió el Sistema de Administración de Personal en una Administración Central y en los Administradores Individuales, y excluyó de su aplicación a las agencias especificadas en la Sec. 10.6 de la ley (agencias excluidas), 3 L.P.R.A. see. 1338(3) y (4). Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, supra, págs. 45-47.

La Ley Núm. 5, supra, además, integró al sistema de personal del Gobierno de Puerto Rico a los municipios, los constituyó en administradores individuales y les reconoció autonomía gerencial. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986).

La controversia que hoy resolvemos tiene tangencia con el ordenamiento legal y administrativo establecido mediante el Sistema de Administración de Personal de Puerto Rico, aunque se centra en la interpretación de una ley especial que afecta a los empleados públicos. La interpretación que hoy damos a la Ley Núm. 12, supra, no menoscaba el interés que el legislador deseaba proteger al señalar que determinadas agencias estaban excluidas de la Ley de Personal.

IV

La Ley Núm. 12, supra, según enmendada, regula la transferencia de licencias de vacaciones regulares y por enfermedad que hayan acumulado los empleados públicos al pasar éstos de un puesto a otro en los servicios exentos, por oposición y sin oposición, del Gobierno de Puerto Rico. La ley intenta fomentar la movilidad de los empleados públicos entre las distintas agencias del Gobierno con independencia del servicio en que estos empleados se encuentren comprendidos. Su aplicabilidad, por ende, se ex-tiende a las distintas transacciones de personal comprendidas dentro de los distintos servicios que componen el Gobierno de Puerto Rico, salvo cuando media la desvinculación total y definitiva del empleado del servicio público. Informe de la Cámara de Representantes sobre el P. del S. Núm. 91, 31 de marzo de 1953.

El informe antes citado expresa que en innumerables ocasiones la falta de este intercambio y ausencia de movili-dad ha desalentado a los empleados públicos a pasar de un tipo de servicio a otro. Específicamente señala que ello no ayuda a fomentar el servicio de carrera público, puesto que, por el temor a perder las vacaciones o la licencia por enfer-medad que tuvieren acumuladas, los empleados prefieren se-guir en la misma agencia donde están laborando con perjui-cio en innumerables ocasiones al propio desarrollo y mejora-miento del servicio público. Del informe se desprende, además, que el legislador consideró que la medida se hacía necesaria tanto para el fomento del servicio de carrera pú-blico como para evitar la discriminación contra empleados que pasaban de un servicio a otro dentro del Gobierno.

Hay que señalar que en el momento en que se adoptó la referida Ley Núm. 12, supra, la discriminación se eviden-ciaba con la pérdida de la licencia por vacaciones y por enfer-medad que sufrían aquellos empleados públicos que pasaban de un servicio a otro. Ello operaba como un obstáculo a la superación del empleado y al principio de movilidad. Este principio de movilidad también ha sido protegido por la actual Ley de Personal. Así, durante las discusiones que prece-dieron a la aprobación de la medida, se señaló que con su adopción se abrían nuevos cauces y oportunidades para que el personal del Gobierno pudiera moverse entre unas agen-cias y otras buscando superarse. Borrador del Diario de Se-siones; Procedimientos y Debates de la Asamblea Legisla-tiva; Senado, 3 de octubre de 1975, pág. 140.

No cabe duda de que al adoptarse la Ley Núm. 12, supra, el legislador tenía como propósito fundamental el crear un instrumento efectivo que garantizara la permanencia del empleado dentro del servicio público, a la vez que fomentaba su movilidad y su capacidad de superación. Se intentaba con su aprobación autorizar la transferencia de licencias por vacaciones y por enfermedad acumuladas por los empleados públicos, cuando éstos pasaban de un puesto a otro dentro del servicio público, independientemente de que en la transacción de personal pertinente estuviesen implicadas agencias comprendidas en el servicio exento, por o sin oposición. Si algo queda meridianamente claro del historial legislativo de esta pieza legislativa es que ésta nunca se con-cibió como un mecanismo para que el empleado recibiera el pago de vacaciones y de licencias acumuladas cuando pasaba de un servicio a otro.

Al analizar el alcance de la Ley Núm. 12, supra, no podemos perder de vista que esta medida hace referencia a las subdivisiones del sistema de personal prevalecientes bajo la antigua Ley de Personal, Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947. Con la derogación de dicha ley, esas subdivisiones perdieron su razón de ser y han quedado suplantadas por las nuevas subdivisiones establecidas en la Ley Núm. 5, supra, esto es, agencias comprendidas en la administración central, administradores individuales y agencias excluidas. 3 L.P.R.A. sees. 1342, 1343 y 1338, respectivamente. Así, dentro de la nueva clasificación de “agencias de la Administración Central” quedaron ubicadas aquellas que estaban clasificadas mayormente bajo el “servicio por oposición” en la antigua ley. Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, supra; J.R. Feijoó, La Administración de Personal, San Juan, O.C.A.P., 1979, págs. 15-16. Las agencias cuyo personal estaba incluido en el servicio exento y en el servicio sin oposición fueron incluidas bajo el concepto de “Administradores Individuales”. De igual manera, se incluyeron bajo la clasificación de agencias excluidas a la mayoría de las agencias que se encontraban comprendidas dentro del denominado “servicio exento”. Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, supra; Feijoó, op. cit, págs. 16-17.

Al ser incluidos los municipios como administradores in-dividuales dentro del marco de la Ley Núm. 5, supra, y la Autoridad de los Puertos como agencia excluida, ambas que-daron cubiertas por las disposiciones de la Ley Núm. 12, supra. La ley, en ese sentido, le impone a la agencia que recibe al empleado la obligación de acreditar y de aceptar las licen-cias acumuladas, siempre que el empleado pase de un puesto a otro o de una agencia a otra dentro del servicio público.

Esta interpretación está acorde con el propósito legisla-tivo de la Ley Núm. 12, supra, y con el esquema y los obje-tivos de la nueva Ley de Personal. Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50 (1984).

El municipio recurrido argumenta que como la nueva Ley de Personal dispone únicamente traslados de empleados públicos entre las agencias comprendidas en la Administra-ción Central, entre los administradores individuales, entre estos últimos y las agencias de la Administración Central, y viceversa, resultaba improcedente el traslado del empleado recurrido de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico ha-cia el Municipio de San Juan. Sostiene que como el empleado de la Autoridad de los Puertos no podía trasladarse hacia el Municipio de San Juan, el único mecanismo procesal que te-nía a su disposición era el de la renuncia, y que con esa acción para todos los efectos quedaba desvinculado totalmente del servicio público. Al quedar desvinculado por motivo de la re-nuncia de su antiguo puesto, lo procedente según el munici-pio era que la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico le pagara el monto de las vacaciones y de licencia por enferme-dad acumuladas conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 125, supra.

No le asiste la razón al municipio. El concepto de . traslado dentro del marco técnico de los términos comprendidos en la Ley de Personal se utiliza exclusivamente para designar aquellos cambios de personal de un puesto a otro, cuyas funciones son de similar naturaleza o que conllevan un mismo tipo de retribución. El concepto, por lo tanto, se circunscribe a unas acciones de personal limitadas, las cuales no cubren a aquellos empleados que ocupan puestos en las agencias excluidas. 3 L.P.R.A. see. 1334.

Ahora bien, el que no proceda el traslado de un empleado de una agencia excluida a un administrador individual no es óbice para que el empleado pase de una agencia a otra conforme al contexto y propósito de la Ley Núm. 12, supra. La Ley Núm. 12, supra, no incluye el concepto traslados, sino que utiliza el término pasar de un puesto a otro o de una agencia a otra sin distinguir en la clasificación de las mismas. Este término pasar de un puesto a otro o de una agencia a otra es de carácter amplio y abarca a todo el sistema de personal del servicio público. Al no proceder el traslado del empleado recurrido hacia el Municipio de San Juan —por estar involucrada en la transacción de personal una agencia ex-cluida— dicho empleado no tenía otra alternativa que renunciar a la posición que ocupaba en la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico para de esa forma poder pasar, mediante nombramiento, a su nuevo puesto en el municipio. Ese era el único mecanismo procesal disponible en su caso para poder pasar a ocupar otra posición dentro del sistema de servicio público. El que mediara la renuncia no implica que éste se hubiera desvinculado totalmente del sistema.

La contención del municipio, en el sentido de que el em-pleado se desvinculó del servicio al renunciar a su posición en la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, no encuentra apoyo frente a la realidad de que el empleado renunció a su puesto el viernes 15 de marzo de 1985 y comenzó a trabajar el siguiente día laborable (lunes 18) en su nueva posición en el Municipio de San Juan. Al momento de efectuar su renun-cia, dicho empleado no sólo no solicitó el reembolso de las aportaciones hechas al Sistema de Retiro, sino que continuó aportando las cantidades correspondientes por ese concepto en su nuevo empleo. Ante esos hechos es claro que no se desvinculó del servicio público.

A la luz del texto de la Ley Núm. 12, supra, concluimos que una vez que el empleado público pasa de una agencia a otra, sea la agencia una comprendida en la Administración Central, un “administrador individual” o una “agencia excluida”, la agencia que adquiere los servicios de dicho empleado tiene que aceptar los balances de licencia por vacaciones y por enfermedad acumulados en el empleo anterior. La acreditación del número correspondiente de días por vacaciones y por enfermedad se hará conforme al sistema de licencia prevaleciente en cada servicio. Los Arts. 2 y 3 de la Ley Núm. 12, supra, disponen en ese sentido que:

Cuando un funcionario o empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pase de una agencia a otra comprendida dentro de los Servicios Exento, por Oposición, o sin Oposición, la agencia en que él trabaja certificará, y la agencia que adquiera sus servicios aceptará y acreditará, el número de días, por vacaciones y por enfermedad acumulados por dicho funcionario o empleado, según el sistema de licencia en vigor en cada Servicio.
El máximo de licencia transferible será de 60 días en el caso de licencia por vacaciones y de 90 días en el caso de licencia por enfermedad. 3 L.P.R.A. sees. 697 y 698.

Puesto que la Ley Núm. 12, supra, dispone la cantidad máxima de licencia transferible, nada impide que en aquellos casos en que un empleado pasa a ocupar otra posición en otra agencia o rama de gobierno comprendida en el servicio público, y que ha acumulado más de sesenta (60) días en el caso de licencia por vacaciones y/o de noventa (90) días de licencia por enfermedad, le pueda pagar la agencia o rama de gobierno en que el empleado cesa de laborar el ex-ceso en efectivo cuando así lo disponga la reglamentación correspondiente de dicha agencia o rama de gobierno.

Los organismos administrativos que hasta el presente han interpretado y han puesto en vigor esta legislación lo han hecho siguiendo la letra de la ley y su propósito legislativo. Esta interpretación ejecutiva, aun cuando no nos obliga, sí tiene un valor persuasivo, particularmente cuando la misma se ha sostenido por un período de tiempo considerable. Brugal & Co. v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 903 (1945); Ready Mix Concrete v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 37 (1965); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Apro-bación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 60, pág. 379.

La norma que hoy adoptamos promueve los objetivos de fomentar la carrera en el servicio público y la movilidad como pilares fundamentales para una sana administración pública. 3 L.P.R.A. sees. 1312 y 1311. Esta norma beneficia tanto al empleado como al servicio público. Los empleados, al tenerse que enfrentar a una situación de enfermedad o de emergencia prolongada, pueden contar con los términos y los beneficios de las licencias acumuladas para atender dicho evento, sin que con ello se disloque el sistema de servicio público.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia mediante la cual se revoca la del foro de instancia.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita.

       Los municipios son criaturas jurídicas de la Asamblea Legislativa y, como tales, corresponde a ésta determinar lo relativo a su organización y funciona-miento. Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983). Los municipios son entidades con plenas facultades legales y administrativas en todo asunto que fuere de naturaleza municipal y cuentan con personalidad legal separada del Go-bierno de Puerto Rico. 21 L.P.R.A. see. 2051.

       “Se autoriza la transferencia de licencia por vacaciones y por enferme-dad, acumulada por un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al pasar de un puesto a otro en los Servicios Exento, por Oposición, o sin Oposición, del Gobierno de Puerto Rico.
      “Cuando un funcionario o empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pase de una agencia a otra comprendida dentro de los Servicios Exento, por Oposición, o sin Oposición, la agencia en que él trabaja certificará, y la agencia que adquiera sus servicios aceptará y acreditará, el número de días, por vacaciones y por enfermedad acumulados por dicho funcionario o empleado, según el sistema de licencia en vigor en cada Servicio.
      “ El máximo de licencia transferible será de 60 días en el caso de licencia por vacaciones y de 90 días en el caso de licencia por enfermedad.” (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sees. 696, 697 y 698.

       Es norma de hermenéutica legal que ante dos (2) disposiciones legales antagónicas prevalece la última voluntad del legislador expuesta en la nueva ley cuando ambas sean irreconciliables y no puedan subsistir conjuntamente. Pérez Vega v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 749 (1966); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 66, pág. 420.

       La Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967 (3 L.P.R.A. secs. 703-703e), provee un mecanismo para el pago de una suma global de las licencias acumu-ladas de vacaciones regulares y por enfermedad, a los empleados cubiertos, cuan-do éstos se separan definitivamente del servicio público o cuando se acogen a la jubilación.
      Como requisito para que el empleado sea acreedor del pago global la ley exige su separación definitiva del servicio público, entendiéndose que desde el momento en que recibe dicho pago el empleado queda desligado completa y defi-nitivamente del servicio público. Informe de la Comisión de Gobierno sobre el P. de la C. 567 (20 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), Parte 3, pág. 967 (1966)).

       Estas circunstancias particulares del caso ante nos hacen innecesario que nos expresemos sobre la Ley Núm. 125, supra, y las condiciones que tienen que darse para que la misma sea de aplicación y se considere que ha ocurrido una separación definitiva del servicio público.

       Tanto el Departamento de Justicia como la Oficina Central de Adminis-tración de Personal han interpretado la Ley Núm. 12 de 5 de mayo de 1953, según enmendada, 3 L.P.R.A. secs. 696-698, al efecto de que la misma es aplicablfe a todos los organismos gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya sean agencias comprendidas en la Administración Central, Administra-dores Individuales o Agencias Excluidas, y que cuando un empleado pasa de un puesto a otro en dichos organismos gubernamentales la transferencia de las li-cencias acumuladas, tanto por enfermedad como por vacaciones, se hace manda-toria y no procede el pago de la suma global por tal concepto provisto por la Ley. Núm. 125, supra. Véanse: Opiniones del Secretario de Justicia de 22 de junio de 1987, de 2 de octubre de 1986, de 11 de junio de 1985 (LVI (Núm. 1985-15) Op. Sec. Just. 103-106 (1985)), y de 18 de noviembre de 1985 (LVI (Núm. 1985-34) Op. Sec. Just. 200-203 (1985)), entre otras.