author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Félix Ramos Santos, Manuel J. Cruz Amorós y Carlos E. Aponte Vega, acusados y recurridos.

      Número: CE-94-164

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Grisel Hernández Esteves, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo, peticionario; Luis A. Delgado Rodríguez, Glorimar Acevedo Acevedo y Neftalí Santiago Rodríguez, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si es válido un veredicto emi-tido por el Hon. Hiram Torres Rigual quien dirigió el juicio de los peticionarios después de haber cumplido setenta (70) años de edad, lo cual, alegadamente, viola la Sec. 10 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1. Resolvemos que el veredicto emitido re-sulta válido a la luz de la doctrina sobre el funcionario de facto. Por las razones que expresamos más adelante no es necesario discutir el planteamiento constitucional.

I

El 30 de marzo de 1993 se inició el juicio por asesinato en primer grado, Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, contra los acusados recu-rridos, Félix Ramos Santos, Manuel J. Cruz Amorós y Carlos E. Aponte Vega, presidido por la Hon. Sylvia Ricard, Juez. Por incidentes suscitados durante el proceso, y a pe-tición de la defensa, la juez decretó un mistrial y disolvió el Jurado.

El caso fue señalado nuevamente para juicio que sería celebrado el 21 de abril de 1993, siendo el caso asignado al Hon. Juez Especial Hiram Torres Rigual. Luego de varios incidentes procesales y de constituido el nuevo Jurado, el 1ro de mayo de 1993 comenzó el desfile de la prueba.

El 15 de mayo de 1993 el Jurado rindió veredicto de culpabilidad para todos los acusados y se señaló el acto de dictar sentencia para el 4 de agosto de 1993.

Antes de celebrarse el acto de dictar sentencia, los acu-sados advinieron en conocimiento de que a la fecha de ini-cio del juicio, el Honorable Torres Rigual tenía más de se-tenta (70) años de edad, por lo que el 3 de agosto de 1993 presentaron una Solicitud de Decreto de Anulación de Fa-llo para pedir que se detuviera el pronunciamiento de la sentencia al amparo de las Reglas 186 y 192.1 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Plantearon que la ex-tensión del nombramiento del Honorable Torres Rigual —luego de éste haber cumplido setenta (70) años de edad— era inconstitucional, por lo que solicitaron la anulación del fallo.

El 14 de septiembre de 1993 se celebró una vista ante la Hon. Juez Velma I. González Rivera para escuchar los ar-gumentos de las partes sobre dicho planteamiento. Esta solicitó, además, la presentación de memorandos de derecho.

El 2 de marzo de 1994 la Honorable González Rivera dictó una resolución para resolver que era nulo el veredicto emitido ante el Honorable Torres Rigual por éste haber presidido el juicio luego de haber cumplido setenta (70) años de edad.

Inconforme, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico acudió ante nos solicitando la revocación de la resolución recurrida. Planteó como señalamientos de error que:

1. Erró el tribunal a quo al resolver que el Honorable Juez Torres Rigual dirigió el juicio después de cumplir setenta (70) años de edad en violación a la disposición del Artículo V, Sec-ción 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
2. Erró el tribunal a quo al resolver que los actos del Honorable Juez Torres Rigual[,] realizados después de cumplir setenta (70) años de edad, son nulos y al invalidar los veredictos con-denatorios en este caso.

Mediante Resolución de 7 de marzo de 1994 ordenamos la paralización de los procedimientos en el tribunal de ins-tancia hasta que otra cosa dispusiera este Tribunal. El 14 de marzo de 1994 concedimos a los acusados recurridos un término para que mostraran causa, si alguna, por la cual no debíamos revocar la resolución dictada en el caso de autos por la Honorable González Rivera.

Al presente no se ha dictado sentencia en dicho caso.

Habiendo comparecido los acusados recurridos, estamos en posición de resolver.

FH HH

Mediante la Ley Núm. 19 de 30 de octubre de 1975 (4 L.P.R.A. secs. 62a-62g) se enmendó la Ley de la Judicatura a los efectos de crear el cargo de Juez Especial y establecer sus funciones y poderes. En virtud de dicha ley se permitió designar a los jueces jubilados, que así lo solicitaran, como Jueces Especiales. El propósito de dicha ley fue permitir que el Pueblo de Puerto Rico se bene-ficiara de la capacidad y experiencia de los jueces retirados que estuvieran en disposición de ofrecer sus servicios, sin alterar su condición de pensionados que ganaron con sus años de servicio. La Sec. lOf de la Ley Núm. 19, supra, 4 L.P.R.A. ant. sec. 62f, disponía que “[n]inguna persona que hubiese cumplido setenta años de edad podrá ser desig-nada o nombrada Juez Especial, y cualquier designación o nombramiento ya hecho vencerá cuando la persona cumpla los setenta años de edad”. (Enfasis suplido.)

Sin embargo, él 12 de julio de 1986 se aprobó la Ley Núm. 125 (4 L.P.R.A. secs. 62f n. y 62g), la cual derogó la prohibición dispuesta en la Sec. lOf antes transcrita, que establecía el límite de setenta (70) años de edad para la designación o el nombramiento de una persona como Juez Especial y para el vencimiento de tal designación o nombramiento. La exposición de motivos de dicha ley hizo referencia a la Sec. 10, Art. V de nuestra Constitución, supra, la cual provee para el retiro obligatorio de los jueces cuando éstos hubiesen cumplido setenta (70) años de edad. Allí se indicó lo siguiente:

Debemos entender que dicha edad se refiere al límite para poder ocupar el cargo con carácter regular activo y a los efectos del recibo de los beneficios de retiro establecidos por la ley. No debe considerarse como un requisito para la prestación de ser-vicios una vez se han acogido a dichos beneficios.
La Constitución y la Ley Orgánica de la Judicatura de los Estados Unidos, así como las constituciones y estatutos del po-der judicial de varios estados de la Unión, establecen la edad de setenta (70) años como alternativa u opción para retiro a los jueces que hubieren completado los años de servicio que se le requieren. No obstante, en la gran mayoría de estas jurisdiccio- nes se autoriza al juez presidente del tribunal de última instan-cia tanto en el sistema federal como en el de los estados, a extender nombramientos con carácter especial u honorario a jueces retirados, sin imponer limitaciones de edad y sin que afecten los beneficios de retiro que reciben. (Enfasis suplido.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 125, supra, 1986 Leyes de Puerto Rico 411-412.

La Sec. 10, Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado, supra, ed. 1982, pág. 361, dispone que:

La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años de edad.

El Honorable Torres Rigual tomó posesión del cargo de Juez Especial a la edad de sesenta y tres (63) años de edad. En virtud de la derogación en el 1986 de la Sec. lOf de la Ley Núm. 19, supra, que proveía para el vencimiento de la designación o nombramiento del Juez Especial al cumplir los setenta (70) años de edad, el Honorable Torres Rigual, al cumplir los setenta (70) años continuó realizando sus funciones como Juez Especial. Así, el 21 de abril de 1993, le asignaron el caso de autos para presidir el juicio. A dicha fecha el Juez Torres Rigual contaba con setenta y un (71) años de edad.

HH HH HH

Independientemente de la constitucionalidad de la ex-tensión del nombramiento o designación del Juez Especial Honorable Torres Rigual, luego de éste haber cumplido los setenta (70) años de edad, lo cierto es que los actos llevados a cabo por éste resultan ser válidos en virtud de la doctrina sobre el funcionario de facto. Nos explicamos.

En Fernández v. Corte, 71 D.P.R. 161 (1950), este Tribunal aplicó la doctrina sobre el funcionario de facto a la figura de los jueces. Allí se cuestionaba la designación de un juez para sustituir a otro que había solicitado una licen-cia, alegándose que el Secretario del Tribunal no había cer-tificado al Gobernador hecho alguno que exigiese a éste ordenar a otro juez que sustituyera al juez en propiedad, que el juez sustituto no había sido confirmado como tal por el Senado de Puerto Rico y que nunca prestó el juramento exigido por ley. A base de ello solicitaba que se declarase nula la sentencia emitida por este segundo juez. Al soste-ner la validez de dicha sentencia, aplicando para ello la doctrina sobre el funcionario de facto, en la pág. 181 seña-lamos que:

...La doctrina de facto es un principio de derecho que imparte validez a los actos oficiales de personas que, so color de autori-dad, ejercen cargos que existen legalmente y en los cuales el público o terceras personas están interesados, cuando el cum-plimiento de tales actos oficiales es para beneficio del público o de terceras personas, y no para su beneficio personal. La nece-sidad de esta doctrina es manifiesta: sería irrazonable exigirle al público que investigue de antemano el título de los funciona-rios con quienes se propone tratar, con el fin de averiguar si se puede confiar o no en la autoridad que asumen. Dalton v. Fabius River Drainage Dist., 184 S.W.2d 776, 782 (Mo., 1945); Mansur v. Morris, 196 S.W.2d 287, 295 (Mo., 1946); State v. Levy, 34 A.2d 370 (Vt., 1943); Constantineau on the De Facto Doctrine, secs. 1-3, págs. 3-5; Jarrette, De Facto Public Officers: The Validity of their Acts and Their Rights to Compensation, 9 So. Calif. L. Rev. 189, 217, et seq. (Enfasis suplido.) Fernández v. Corte, supra, pág. 181.

Con anterioridad al caso de Fernández v. Corte, supra, nos habíamos expresado en torno a la figura del funcionario de facto. En Pueblo v. Rivera et al., 9 D.P.R. 403 (1905), aplicamos dicha doctrina a la figura de un fiscal especial, sosteniendo así la validez de una sentencia dictada en virtud de la acusación formulada y firmada por dicho fiscal. Asimismo, en Ex Parte Dones, 10 D.P.R. 179 (1906), aplicamos también la referida doctrina a la figura de un juez. Allí se alegaba que el tribunal que conoció de la causa y dictó sentencia estaba constituido por un solo juez, según lo autorizaba la Ley Judicial aprobada por la Legislatura de Puerto Rico el 10 de marzo dé 1904, aun cuando dicha ley estaba en contraposición a las disposiciones de la Ley Orgánica que disponían que dichos tribunales consis-tían de tres (3) jueces. Sostuvimos la validez de la senten-cia conforme a la doctrina sobre el funcionario de facto. También, en San Millón v. Asamblea Municipal de Arecibo, 32 D.P.R. 279 (1923), aplicamos dicha doctrina a un miembro de una Asamblea Municipal.

Por su parte, en Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976), se atacó la constitucionalidad de varias secciones de la Federal Election Campaign Act of 1971 y secciones relacionadas del Código de Rentas Internas de 1954, según enmendado. Allí el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a pesar de haber pasado juicio sobre la constitucionalidad de los nom-bramientos de los miembros de la Federal Election Commission, aplicó la doctrina sobre el funcionario “de facto” para dar validez a los actos llevados a cabo hasta ese mo-mento por los miembros de la referida comisión. Se resolvió que la sección de la ley que proveía para el nombramiento de los miembros de la comisión violaba el Art. II, Sec. 2, Cl. 2 de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, conocida como Appointments Clause. No obstante, también se resolvió que:

It is also our view that the Commission’s inability to exercise certain powers because of the method by which its members have been selected should not affect the validity of the Commission’s administrative actions and determinations to this date, including its administration of those provisions, upheld today, authorizing the public financing of federal elections. The past acts of the Commission are therefore accorded de facto validity, just as we have recognized should be the case with respect to legislative acts performed by legislators held to have been elected in accordance with an unconstitutional apportionment plan. Connor v. Williams, 404 U.S. 549, 550-551 (1972). See Ryan v. Tinsley, 316 F.2d 430, 431-432 (C.A.10 1963); Schaefer v. Thomson, 251 F.Supp. 450, 453 (Wyo 1965), aff'd. sub nom. Harrison v. Schaefer, 383 U.S. 269 (1966). Cf. City of Richmond v. United States, 422 U.S. 358, 379 (1975) (Brennan, J„ dissenting). Buckley v. Valeo, supra, pág. 142.

De otra parte, la Revista Jurídica de la Escuela de De-recho de la Universidad de Columbia realizó un detallado análisis de la doctrina de funcionario de facto. Las partes que a continuación citamos son de particular relevancia al caso ante nos.

An official must satisfy detailed statutory and constitutional requirements before he can claim lawful authority to exercise governmental functions. These requirements may include specific appointment and election procedures, and oath of office, and the posting of a bond. If every exercise of official authority required perfect title to office, government would be substantially impeded in its efforts to take final and effective actions. Uncertainty would permeate every official action — from the finding of a tax deficiency to the conviction of a criminal.... The de facto officer doctrine prevents such uncertainty by precluding challenges to official actions on the ground of defective title in the acting official. ...
The de facto officer doctrine limits an individual’s “ability to challenge governmental action on the ground that the officers taking that action are improperly in office”. The doctrine assumes that an individual suffers no judicially cognizable injury when he is the subject of adverse governmental action that is legitimate in all respects save that the official taking the action lacks lawful title to office.
... The “touchstone of de facto status” is that the official must have acted under color of authority, “surrounded with the insignia of office”. The focus is on the appearance to the public of legitimate title in the official performing governmental duties.... Where an official meets these requirements, his past actions merit de facto validity and bind the individuals subject to his authority. ...
The de facto doctrine is one of a number of rules ensuring the stability of governmental processes. ... The Supreme Court has noted that in the absence of the doctrine, “endless confusion would result” because the past actions of de facto officials would be subject to wholesale invalidation....
In addition to safeguarding stability, the de facto officer doctrine promotes administrative efficiency.... In the absence of the de facto doctrine, collateral challenges could be used as a device for harassing public officials and obstructing their performance of governmental duties. The doctrine also guards against the possibility that an individual, aware of a title defect, would await the outcome of an official action and challenge it on the basis of defective title if it were adverse to his interests....
The de facto officer doctrine developed as a necessary tool to enhance finality and certainty in governmental actions. These goals are even more important in today’s administrativé state, where the actions of officials extensively affect the lives of all individuals. While recent decisions involving collateral title challenges sometimes have been critical of the rule, the de facto officer doctrine correctly recognizes that, in most cases, private parties should not be allowed to enforce prerequisites to lawful official titles in an effort to avoid the consequences of an official’s actions. (Énfasis suplido y escolios omitidos.) K.A. Clo-key, en The De Facto Officer Doctrine: The case for Continued Application, 85 Colum. L. Rev. 1121, 1121-1139 (1985).

En síntesis, la doctrina sobre funcionarios “de fac-to” se fundamenta en las necesidades siguientes: (1) evitar incertidumbre y confusión en los procesos decisionales pú-blicos; (2) dar estabilidad y certeza a dichos procesos, al gobierno y a la sociedad organizada como tal; (3) evitar litigación, duplicación de esfuerzos y costos innecesarios; (4) lograr una administración y adjudicación continuada, eficiente, que permita tomar acciones finales; (5) evitar la obstrucción mediante ataques colaterales de las acciones de funcionarios públicos, impidiendo así el mejor descargo de sus funciones y deberes, teniendo al efecto de socavar las instituciones del funcionario.

Por último, pero no menos importante, sería irra-zonable exigir a los ciudadanos que investiguen de ante-mano todos los detalles sobre el título y la fuente de auto-ridad del funcionario con el cual éste se propone tratar, con el fin de determinar si puede confiar o no en su autoridad aparente.

IV

Claro está, para que se aplique la doctrina del funcionario de facto es necesario que se den determinadas circunstancias, a saber: (1) el cargo de jure tiene que exis-tir para que pueda haber un funcionario de facto; (2) la persona que ocupa el cargo de facto debe estar en posición efectiva y en control del cargo sin intervención del funcio-nario de jure para evitar la proyección de una imagen de un intruso o usurpador; (3) la persona debe desempeñar las funciones so color de autoridad; (4) la persona debe des-empeñar las funciones en las circunstancias que normal y razonablemente rodean el ejercicio del cargo de jure; (5) la apariencia y la percepción pública debe ser la de que se está ejerciendo el cargo legítimamente, o sea, que el pú-blico presume y es inducido a creer que está ocupando el cargo legítimamente. Véanse: Fernández v. Corte, supra; In re Wingler, 58 S.E.2d 372, 374-375 (1950), y Butler v. Phillips, 88 P. 480 (1906).

Algunas circunstancias que pueden causar que el funcionario sea uno de facto son: (1) que la persona no se haya ajustado a un precedente, requisito o condición como, por ejemplo, tomar un juramento, prestar una fianza o algo similar; (2) que el nombramiento es nulo por insuficiencia de poder en el cuerpo o autoridad nominadora que lo elige o nombra; (3) debido a algún defecto o irregularidad desconocida por el público; (4) que el nombramiento o elección haya sido hecho de conformidad con una ley inconstitucional antes de que ésta fuera declarada como tal. Véase San Millón v. Asamblea Municipal de Arecibo, supra, págs. 282-283.

En el caso que nos ocupa, la ley vigente —al momento en que el Honorable Torres Rigual cumplió los setenta (70) años— no tiene ninguna prohibición expresa sobre el límite de edad de setenta (70) años como lo tenía antes de ser enmendada. Por ello, lo que se está cuestionando no es la inconstitucionalidad de dicha ley, pues ésta, de su faz, no contraviene la Constitución, sino el que el Honorable Torres Rigual haya actuado como Juez Especial luego de los setenta (70) años. Por ende, no hay que entrar a considerar si la ley es constitucional o no. Lo que se cuestiona real-mente es el acto de presidir el juicio, llevado a cabo por el Honorable Torres Rigual. Nótese, además, que en San Millón v. Asamblea Municipal de Arecibo, supra, en los méri-tos no se planteó ni se discutió problema constitucional alguno. Lo allí expresado se refiere exclusivamente a los casos en que se ha atacado la ley propiamente y un tribunal la ha declarado inconstitucional, lo cual está sostenido por los casos allí citados de Wendt v. Berry, Ann. Cas. 1915C, 493; Howard v. Burke, 140 A.S.R; 159; Hussey v. Smith, 99 U.S. 20 (1879); Ball v. United States, 140 U.S. 118 (1891). Éste no es el caso ante nos. La ley en controversia de su faz no contraviene la Constitución.

V

Aplicando la doctrina sobre funcionario de facto al caso de autos, concluimos que el veredicto emitido en el juicio presidido por el Honorable Torres Rigual es válido.

Éste ejercía un cargo de juez especial creado por ley y estaba eñ posesión efectiva del cargo, sin haberlo usurpado. Desempeñaba sus funciones so color de autori-dad y derivaba su autoridad de un nombramiento hecho de conformidad con la ley desde 1985, cuando tenía sesenta y tres (63) años hasta el 3 de agosto de 1993, es decir, por ocho (8) años. Siempre desempeñó dicho cargo rodeado de todas las circunstancias que normal y razonablemente ro-dean su ejercicio y la percepción del público y la apariencia era de que lo ejercía legítimamente. No había ningún indi-cio de ilegalidad notoria. Como cuestión de hecho, sólo ejer-ció dicho cargo de facto en el caso de autos desde el 21 de abril de 1993, cuando fue asignado, al 15 de mayo de 1993, cuando el Jurado rindió veredicto (esto es, por veinticinco (25) días).

VI.

Ha sido doctrina reiterada de este Foro que no entraremos a considerar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de una actuación a menos que ello sea imprescindible y no podamos resolver la controversia ante nos por otras razones. Véanse: Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 D.P.R. 181 (1993); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993).

Esa es la situación del presente caso. Siendo las actua-ciones del Honorable Torres Rigual válidas por haberse desempeñado como un funcionario de facto, no es necesario entrar en el planteamiento constitucional.

Por otra parte, el planteamiento constitucional es académico. Veamos.

La doctrina de academicidad constituye una de las manifestaciones concretas del concepto de justiciabilidad, que a su vez acota los límites de la función judicial. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993). En E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958), conceptualizamos lo que constituye un caso académico al señalar que este

...es “uno en que se trata de obtener un fallo sobre una contro-versia disfrazada, que en realidad no existe, o una determina-ción de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente

Esta doctrina requiere que durante todas las etapas de un procedimiento adversativo, incluso la etapa de apelación o revisión, exista una controversia genuina entre las partes. DeFunis v. Odegaard, 416 U.S. 312 (1974); Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). Se trata de evitar opiniones consultivas en asuntos abs-tractos de derecho. Según señaláramos en C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, págs. 935-936:

Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por aca-demicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. Con esta limitación sobre el poder de los tribuna-les, se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judicia-les y obviar pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten superfluos. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, págs. 724-725. (Escolio omitido.) Véase, además, Él Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

Existen varias excepciones a la doctrina de academicidad, a saber: (a) aquéllas en que se plantea una cuestión recurrente que por su naturaleza hace muy difícil dilucidarla nuevamente en los tribunales, (b) aquéllas en las que la situación de hechos ha sido cambiada por el demandado pero no tiene vicios de permanencia, (c) aquellas que aparentemente son académicas pero en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales, y (d) aquellas en las que el tribunal ha certificado un pleito de clase y la controversia se tornó académica para un miembro de la clase mas no para el representante de ésta. El Vocero v. Junta de Planificación, supra; Noriega v. Hernández Colón, supra.

En el caso de autos, no estamos ante ninguna de las excepciones consideradas en la jurisprudencia. Tomamos conocimiento judicial de que el Hon. Hiram Torres Rigual no está ocupando plaza alguna como juez especial y de que no existe ningún otro juez nombrado en tal capacidad que haya cumplido los setenta (70) años de edad.

Habiendo concluido que el Honorable Juez Torres Ri-gual es un juez de facto y sin existir ningún caso o contro-versia específica que requiera que nos expresemos sobre la constitucionalidad de su nombramiento hecho en virtud de la Ley Núm. 19, según enmendada, supra, sería académico el que así lo hiciéramos.

Por otra parte, en virtud de la aprobación de la nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.), en cuyo Art. 5.105 (4 L.P.R.A. sec. 224) se provee para el retiro obligatorio de los jueces especiales, resulta imposible que un juez especial permanezca en su puesto luego de cumplir setenta (70) años de edad, puesto que el referido artículo provee para el vencimiento de la designación una vez cumplida dicha edad.

VI

En conclusión, aplicando al caso de autos la doctrina sobre funcionario de facto, resolvemos que el veredicto emi-tido en el juicio presidido por el Hon. Torres Rigual es válido. Por lo tanto, se expide el auto, se revoca la resolu-ción recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que se dicte la sentencia correspondiente conforme al veredicto emitido por el Jurado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión escrita y el Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri.

Estoy conforme con el resultado que se anuncia en la opinión de la mayoría en este caso, de la cual formo parte. Comparto plenamente también los pronunciamientos nor-mativos que se formulan en dicha opinión. En particular, estoy conteste en que procede aplicarse aquí nuestra reite-rada norma de no decidir los casos ante nos sobre bases constitucionales, si existen fundamentos de otra índole que permitan disponer de ellos. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

Lo anterior, no obstante, me parece menester formular esta breve opinión de conformidad para hacer hincapié en que la mayoría de este Tribunal no sólo no ha declarado inconstitucional la designación del juez especial en el caso ante nos, sino que, de ninguna manera, intimamos tal inconstitucionalidad. Es decir, cuando no pasamos juicio sobre la cuestión de si era constitucional o no que el juez aludido continuara ejerciendo sus funciones particulares luego de cumplir 70 años de edad, no estamos intimando, de modo alguno, que el ejercicio del cargo de juez especial por una persona que haya cumplido ya los 70 años de edad es inconstitucional. Tampoco estamos evadiendo indirecta-mente hacer tal declaración de inconstitucionalidad, como se sugiere en la opinión disidente. Lo único que significa nuestro dictamen es que la mayoría que lo suscribe decidió no resolver la aludida cuestión constitucional, por esti-marlo innecesario; no significa nada más ni nada menos.

Debe reiterarse que frente a la tesis formulada en la opinión disidente de que nuestra Constitución no permite ningún tipo de desempeño judicial por personas mayores de 70 años, existe otra tesis, a mi juicio, al menos tan res-petable como la del compañero disidente, que sostiene el criterio opuesto. Conforme esta otra tesis, el claro mandato de la Sec. 10, Art. V de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, de que los jueces deben retirarse al cumplir 70 años de edad, se refiere únicamente a aquellos que ocupan cargos regulares en la Judicatura; es decir, que dicha dis-posición sólo aplica a las personas que se desempeñan a tiempo completo como jueces, que reciben un salario como tales y que ocupan la generalidad de los cargos típicos y corrientes del Sistema Judicial. Según esta otra tesis, el mandato constitucional de retiro obligatorio a los 70 años de edad no impide que una vez se hayan jubilado algunas de estas personas, aptas para ello, puedan prestar un ser-vicio judicial ocasional, de modo excepcional y a título ho-norario; sin sueldo, y sin ocupar un cargo judicial activo o regular. Esta otra tesis fue adoptada oficialmente por la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico en 1986 y vertida en la Ley Núm. 125 de 12 de julio de ese año, Leyes de Puerto Rico, pág. 410, que contempló para la designación como jueces especiales, aun a personas que hubiesen cumplido los 70 años de edad.

¿Cuál de estas dos interpretaciones del alcance de la referida Sec. 10, Art. V de nuestra Constitución es la co-rrecta? Eso es precisamente lo que la mayoría de este Tribunal decide no resolver en este caso. La mayoría opta por no decir cuál de las dos tesis aludidas debe prevalecer.

Debe quedar claro que la razón por la cual la mayoría no adoptamos la segunda de las tesis antes mencionada, nada tiene que ver con sus méritos. No es porque dicha tesis carezca de fundamentos que no la incorporamos a la opi-nión del Tribunal. Por el contrario, la interpretación del alcance de la Sec. 10, Art. V de nuestra Constitución, supra, consagrada en la aludida Ley Núm. 125, tiene bases meritorias. Un examen cuidadoso del historial de la dispo-sición constitucional sobre el retiro obligatorio de los jueces al cumplir los 70 años de edad demuestra que ésta sólo perseguía que, a partir de la adopción de nuestra Consti-tución, los nuevos jueces a nombrarse a los cargos judicia-les comunes, contemplados por los que la redactaron, ten-drían que jubilarse al cumplir 70 años de edad. La discusión de esta disposición durante la Asamblea Consti-tuyente sólo gira en torno a las nuevas personas que ocu-parían los cargos de jueces del Tribunal Supremo, jueces de distrito y jueces municipales, que eran los que existían en-tonces como cargos judiciales regulares. En ningún mo-mento durante el debate en la Asamblea Constituyente se planteó o siquiera se mencionó el asunto del servicio especial y honorífico que excepcionalmente podrían prestar los jueces ya retirados.

En el historial de nuestra Constitución, la única discu-sión que se conoce sobre si el retiro de los jueces implica la separación completa del servicio judicial aparece en el in-forme medular a la Constituyente sobre la Rama Judicial, preparado por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1954, Parte IV. Allí se reconoció que permitir que algunos jueces retirados, de particular capacidad, pudiesen aceptar invitaciones para regresar a un puesto judicial especial, por períodos limita-dos de tiempo, ayudaría a crear “un fondo de reserva de talento judicial” integrado por personas “que conservan su eficiencia después de la edad de retiro”, como se había he-cho en la nueva Constitución de la India.

Ala luz del historial aludido, pues, podría afirmarse que los que redactaron nuestra Constitución no quisieron pro-hibir el valioso servicio ocasional y honorífico de jueces re-tirados de gran capacidad y experiencia, aunque tuviesen más de 70 años de edad. Ciertamente, no hay nada en dicho historial que permita concluir que la mayoría de los miembros de la Asamblea Constituyente tuvieron la inten-ción de prohibir ese servicio especial. Si algo puede afir-marse es exactamente lo contrario. La tesis opuesta a la que sostiene el compañero disidente, pues, tiene funda-mentos respetables. No es por falta de méritos que no la adoptamos.

En resumen, no empece existir dos interpretaciones diversas sobre el alcance de la disposición constitucional en cuestión, la mayoría ha optado por no resolver a base de ellas, por no ser necesario. Ninguna de las dos interpreta-ciones se acepta o se rechaza, independientemente de los méritos que cada una pueda tener. No resolvemos sobre bases constitucionales porque este es el tipo de caso que claramente ilustra la sabiduría de nuestra política judicial de adjudicar cuestiones constitucionales, sólo cuando es indispensable hacerlo.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

H-i

De entrada, en recta lógica, si se acepta que la Consti-tución obliga a los jueces al retiro forzoso (jubilación) a los setenta (70) años de edad, ¿bajo qué argumento misterioso puede al otro día esa misma persona ponerse la misma toga, sentarse en el mismo estrado y seguir administrando la misma justicia? ¿Sólo porque ahora su nombramiento es como juez “especial” en función a su horario limitado y dieta diaria?

Con todo respeto, la opinión mayoritaria está revestida de un eufemismo impermisible. “[A]l partir de conceptos y no de la realidad para razonar jurídicamente, olvidamos algo que con mucha certeza ha observado el filósofo néoto-mista Noel: De un gancho pintado en una pared no se puede colgar más que una cadena igualmente pintada en la pared” (Énfasis en el original.) J. Vallet de Goytisolo, Panorama del Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1973, pág. 67.

Nada en la Constitución ni en su historial valida la tesis legislativa de que los jueces que alcancen la edad máxima de retiro obligatorio (jubilación) puedan después continuar como “jueces especiales” o ser nombrados como tal. Todo lo contrario, sin excepciones y con referencia a cualquier juez —por interacción recíproca de la Sec. 10, Art. V y la See. 3, Art. IX de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1— se proscribieron los servicios judiciales más allá de la edad de jubilación.

De dudosa juridicidad, por no decir ilógico, es el curso y razonamiento mayoritario que consiste en entrar a perfilar y aplicar la doctrina de funcionario de facto sin declarar inconstitucional previamente la Ley Núm. 125 de 12 de julio de 1986, Leyes de Puerto Rico 410, que eliminó ese límite de edad del cargo de jure de Juez Especial. 4 L.P.R.A. sec. 62(f). Semejante salto conceptual es al vacío y jurídicamente mortal.

Debemos recordar que la fuente de autoridad de este Tribunal no es celestial. En virtud de ello, es la fuerza persua-siva intrínseca de nuestros fundamentos lo que genera res-peto, autoridad y acatamiento de las decisiones de este Foro. Rechazamos el dogma que da a las mayorías, simple-mente por la superioridad numérica, razón del derecho divino. Elaboremos.

HH hH

En su sustrato, la opinión mayoritaria correctamente sostiene que la doctrina de funcionario de facto presupone la existencia de un cargo de jure y, además, que su nom-bramiento “haya sido hecho de conformidad con una ley inconstitucional antes de que ésta fuera declarada como tal”. Véase Opinión mayoritaria, pág. 822. Bajo esos predi-cados resulta obvio que si la ley es válida, el nombramiento es de jure. En ese supuesto, ¿no es acaso innecesario, por no decir imposible, activar la figura del funcionario de facto? Ciertamente no puede decidirse este caso aplicando la doctrina de funcionario de facto a menos que haya pre-cedido un decreto de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 125, supra.

Ante esta realidad, ¿cómo pueden “hacer académica” la cuestión? Opinión mayoritaria, págs. 824-826. ¿Cómo eva-dir el decreto de inconstitucionalidad de la susodicha Ley Núm. 125 que excluyó a los jueces “especiales” del mandato de retiro obligatorio (jubilación) al arribar a los setenta (70) años?

El mandamiento constitucional dispone:

La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años de edad. (Énfasis suplido.) Art. V, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 361.

Advertimos un texto imperativo, libre de ambigüedades, producto del debate en la Asamblea Constituyente. Ordena establecer un “Sistema de Retiro de la Judicatura [para que] los jueces puedan acumular reservas para su vejez, incapacidad, separación del servicio o muerte, garanti-zando su independencia”. García Martínez v. Gobernador, 109 D.P.R. 294, 301 (1979). Impone a todos una “jubilación compulsoria” a los setenta (70) años. Ese retiro también permite una constante renovación y designación de nuevos jueces.

La See. 3 del Art. EX de nuestra Constitución, supra, ayuda a descubrir él verdadero significado de este precepto. Con vigencia transitoria excluyó “del límite de edad fijado por esta Constitución para el retiro obligatorio [a] todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus cargos a la fecha en que comience a regir esta Constitución ...”. (Enfasis suplido.) 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 512-513 (1952). Véanse: Diario de Sesiones, supra, Vol. 3, págs. 1678, 2148, 2165-2166, 2297 y 2307-2310.

El siguiente diálogo, cuyos protagonistas fueron los de-legados Gutiérrez Franqui y Reyes Delgado, revela su pro-pósito:

Sr. Gutiérrez Franqui: ... Al examinar esta disposición en la Comisión de Redacción y Estilo, y tratando de aclarar un poco el concepto, en relación con la frase “independientemente del límite de edad fijado por esta constitución”, encontramos en el Diario de Sesiones correspondiente al día 54 de sesión, de la Convención, que en torno a esta disposición se expresó que la salvedad únicamente se refería a los jueces del Tribunal Supremo. Y que además, se dio como fundamento de que eso era así, que solamente se refería a los jueces del Tribunal Supremo, porque la disposición sobre retiro compulsorio sola-mente alcanzaba a los jueces del Tribunal Supremo.
Examinando, sin embargo, la disposición sobre el artículo judicial, según quedó aprobado, encontramos que la disposición sobre retiro compulsorio a los 70 años se refiere a todos los jue-ces, y no únicamente a los jueces del Tribunal Supremo. Siendo eso así, estimamos que hay una inconsistencia entre dos dispo-siciones de la constitución que debe aclarar esta Convención, adoptar el criterio que crea adecuado; y entonces la Comisión de Estilo lo pondrá en la forma que corresponda. (Enfasis suplido.) 3 Diario de Sesiones, supra, Vol. 3, pág. 2297.

La inconsistencia aludida generó una propuesta aclara-toria del señor Reyes Delgado para que se excluyeran todos los jueces que ocupaban en aquel momento sus cargos. Se refería a los incumbentes magistrados de este Tribunal Supremo —cuyos nombramientos entonces eran vitalicios de origen presidencial federal— los de Distrito (después Superior) y Municipal (después Distrito). O sea, dicho dele-gado planteó que era justo que "la excepción se extendiese también a aquellos jueces que estén por cumplir el término para que fueron electos, por si acaso éstos cayeran dentro del límite de 70 años”. (Énfasis suplido.) Diario de Sesio-nes, supra, Vol. 3, pág. 2308.

Ante dicho planteamiento, el Delegado señor Gutiérrez Franqui inquirió:

¿Entonces, si he entendido bien al- compañero, la proposición que hace a la Convención, es que se adopte la decisión de que queden excluidos de las disposiciones obligatorias de retiro, los actuales jueces del Tribunal Supremo; y, en cuanto a los demás jueces: que quedan excluidos en lo que se refiere al cumpli-miento de sus actuales términos?
SR. REYES DELGADO: Exacto. Diario de Sesiones, supra, Vol. 3, pág. 2308.

Así aclarado, la proposición fue secundada y, luego de otra lectura, aprobada por la Asamblea. En su obra Sis-tema Judicial de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1978, pág. 128, el Ledo. José Trías Monge, con absoluta fidelidad a ese legajo, señala que “[l]as recomendaciones de la Comisión se enmendaron en segunda lectura para reque-rir que el retiro de todos los jueces fuese obligatorio cuando cumpliesen setenta años de edad”. (Énfasis suplido.)

I — i HH 1 — 1

Se ha intentado justificar la Ley Núm. 125, supra, a base de que el límite de los setenta (70) años es contrario a las tendencias modernas sobre la mejor utilización de los servicios de jubilados. Incluso se ha dicho que son jueces distintos, ahora “especiales”, ya que no están sujetos al ho-rario y a la jornada de los “regulares-activos”.

La dificultad de ambos argumentos es que estamos ante un mandato y una obligación, sin excepciones, de rango constitucional, que goza de supremacía sobre la voluntad y el buen deseo de la Législatura de aumentar los recursos de personal en la Rama Judicial.

Bajo el diseño constitucional vigente es impermisible que coexistan dos (2) tipos de jueces: (1) unos “regulares-activos” a quienes la Constitución les impone un método para sus nombramientos (Primer Ejecutivo y Consejo y Consentimiento del Senado), mecanismo y razones para destitución, prohibición de intervenir directa o indirecta-mente en actividades políticas de cualquier tipo, unas ga-rantías en cuañto a sus términos y sueldos, y el retiro obli-gatorio a los setenta (70) años de edad, y (2) simultáneamente otros jueces denominados “especiales”, sujetos también a las mismas protecciones, prerrogativas y limitaciones constitucionales, excepto el límite de edad.

IV

El nombre o la etiqueta no hace la cosa; lo crucial es su contenido y sustancia. El apellido “especial” es una forma sutil de tratar de evadir indirectamente lo que la Constitu-ción directamente manda, esto es, que todo juez está “obli-gado” a jubilarse al cumplir setenta (70) años.

Lo absurdo de la situación queda ilustrado gráficamente en el cuadro comparativo de características comunes si-guiente:

CUADRO COMPARATIVO
Características
Juez Regular Juez Especial
Título'. Juez Juez Especial
Cualificaciones: Abogado, con experiencia de varios años; buena reputación; menor de se-tenta (70) años. Cualificaciones: (Ex Juez) abo-gado, con experiencia de varios años; buena reputación; menor o mayor de setenta (70) años.
Nombramiento: Primer Ejecu-tivo y Consejo y Consenti-miento del Senado. Nombramiento: Primer Ejecu-tivo y Consejo y Consenti-miento del Senado.
o
Tribunal Supremo si fueron nombrados después de la ley.
Funciona como Juez Superior o Juez de Distrito. Funciona como Juez Especial Superior o Juez Especial de Distrito.
Realiza funciones judiciales por designación de ley y del Juez Presidente. Realiza funciones judiciales por designación de ley y del Juez Presidente.
Asignación con o sin término fijo-Asignación con término fijo.
Posee todos los poderes y pre-rrogativas judiciales Posee todos los poderes y pre-rrogativas judiciales
Celebra matrimonios y puede tener y portar arma de fuego. Celebra matrimonios y puede tener y portar arma de fuego.
Prohibido ejercer abogacía. Prohibido ejercer abogacía.
No puede practicar notariado. No puede practicar notariado.
Sujeto a Judicial. Cánones de Etica Sujeto a Judicial. Cánones de Etica
Cumple Reglas para la Admi-nistración del Tribunal de Pri-mera Instancia. Cumple Reglas para la Admi-nistración del Tribunal de Pri-mera Instancia.
Le aplican normas administra-tivas de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales. Le aplican normas administra-tivas de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales, si no son incompatibles con su jor-nada especial.
Le cubren prohibiciones sobre actividades políticas. Art. V, Sec. 12, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Le cubren prohibiciones sobre actividades políticas. Art. V, Sec. 12, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.
“Sueldo” fijado por ley. “Pensión” fijada por ley más dietas.

Notamos, pues, que una vez “jubilado constitucional-mente” por edad, la única diferencia esencial a la condición anterior de juez es la “jornada especial y dietas”. Ante esta realidad no contradicha, otra vez preguntamos: “Una vez alcanzada la edad de 70 años de retiro constitucional obli-gatorio, ¿puede un juez jubilado ser nombrado por el Tribunal Supremo y retornar a la judicatura a ejercer las mis-mas prerrogativas del cargo que poco antes tuvo que abandonar:'? ¿Son lo determinante y esencial las funciones y deberes del cargo y no el título de ‘Juez Especial’? ¿Tiene algún sentido jurídico esta determinación? ¿Existe real-mente alguna diferencia, o por el contrario es ficticia? Y finalmente, ¿no estamos indirectamente incumpliendo un mandato constitucional que goza de supremacía sobre uno legislativo? Las contestaciones que brindemos son vitales para el país y futuro del Poder Judicial.” (Enfasis suplido.) Designación Juez Especial, 119 D.P.R. 411, 415-416 (1987), voto disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Re-bollo López.

La mayoría, al resolver hoy el caso bajo la doctrina de funcionario de facto, implícitamente reconoce que la Ley Núm. 125, supra, es inconstitucional. Ex profeso, contra toda lógica adjudicativa, han elaborado la proposición ex-cusatoria de que el planteamiento es académico. La contra-dicción conceptual y metodológica es insalvable.

Para “academizar” el planteamiento de inconstituciona-lidad, nos dicen que lo realmente cuestionado es el “acto de presidir el juicio, llevado a cabo por el Honorable Torres Rigual”. (Énfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 823. Olvidan que la ilustrada sala de instancia precisa-mente dictaminó inconstitucional todo el proceso y vere-dicto condenatorio presidido por el Honorable Torres Rigual. Pasan por alto que en la petición de certiorari ante nos, el Procurador General señala y discute como error, in extenso, ese decreto de inconstitucionalidad y, finalmente, ignoran que “el acto de presidir [u]n juicio” entraña nece-sariamente el ejercicio de una prerrogativa judicial que co-rresponde sólo a jueces; función que precisa de una inves-tidura legal y de un nombramiento de jure. Sólo ausente éste, podemos hablar de funcionario de facto.

Con respeto, el enfoque decisorio mayoritario pertenece al “[m]undo jurídico descr[it]o por Lewis Carrol, en ‘Alicia en [el] país de las Maravillas’... donde se desarrolla aque-lla extraordinaria competencia de crocquet: flamencos vi-vos como mazos, erizos vivos como bolas y sotas vivas como arcos; pero —país de las maravillas, donde todo era vida— sin normas o con normas a las que no se prestaba atención, porque en el juego todo era ‘vida’ y se escapaba a su consideración”. (Énfasis suplido.) C.R. Sanz, Sobre el Dere-cho y el proceso, 1983-B Rev. Jur. Arg. La Ley 875, 884.

V

Al igual que en el pasado, no cuestionamos el loable propósito que inspiró la Ley Núm. 19 de 30 de octubre de 1975 (4 L.P.R.A. sec. 62a et seq.) que autoriza que jueces pensionados presten sus servicios en la Judicatura. Desig-nación Juez Especial, supra. Enfatizamos, sin embargo, que en su origen la propia ley prohibía ese desempeño des-pués de los setenta (70) años. A espaldas de la Constitu-ción, la Ley Núm. 125, supra, pretendió eliminar esa prohibición.

A su amparo, ilustres miembros pensionados de la Judi-catura prestaron valiosísimos servicios. Se destaca promi-nentemente el Hon. Hiram Torres Rigual, a quien nos unen fuertes lazos de entrañable amistad y cuyas excelentes cre-denciales como jurista conocemos muy de cerca por haber compartido durante más de una década en este Foro el que-hacer judicial y en esa gestión haber recibido el beneficio de su inteligencia, mesura y calor humano. Su amor, compro-miso y entusiasmo con la causa de la justicia le sitúan y acreditan como único Juez Asociado que, después de su re-tiro voluntario y prematuro, prestó por años valiosos servi-cios en el entonces Tribunal Superior, incluso más allá de la edad de retiro compulsorio.

       El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opinión escrita.

       Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 et seq.).

       A los fines de resolver este caso no es necesario que discutamos las doctrinas que se han elaborado sobre ataques colaterales a la decisión sobre quién tiene legi-timación activa para cuestionarlo o sobre cuándo se trata de una controversia sus-tancial meritoria.

       109 D.P.R. 715 (1980).

       Al presente sólo existen dos (2) nombramientos de Jueces Especiales, a saber: la Hon. Blanca Iris Bonilla y la Hon. Aida Molinari. Ninguna de ellas tiene setenta (70) años de edad.

       Dispone el Art. 5.105 de la nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. see. 224), que:
      “Ninguna persona que hubiese cumplido setenta (70) años podrá ser designada Juez Especial Superior, y cualquier designación ya hecha vencerá cuando la persona cumpla los setenta (70) años de edad.”

       Véanse, por ejemplo: las expresiones sobre el particular durante el debate en la Asamblea Constituyente el 30 de enero de 1952 (3 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente 2297 (1952)).

        La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1954, Parte IV, págs. 492-495.

       Ausente una expresión clara y definitiva sobre la intención de los redactores de nuestra Constitución en cuanto al servicio judicial ocasional y honorífico para jueces retirados mayores de 70 años que poseen gran capacidad y experiencia, sería de aplicación aquí el principio sobre interpretación de la Constitución que reiterada-mente ha reconocido este Tribunal. Hemos afirmado antes que la Constitución no es una pieza de museo; que su vitalidad descansa en su dinamismo; que su permanen-cia y estabilidad depende de su capacidad para responder a los distintos problemas sociales y económicos que encara el país; que este Tribunal tiene el deber de inter-pretarla en sintonía con las realidades de Puerto Rico para plasmar las esperanzas de futuras generaciones. P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).
      En un país como Puerto Rico, donde el talento de las personas es nuestra mayor riqueza, es anacrónico y dispendioso no hacer uso ocasional de la gran capacidad y experiencia que algunos jueces retirados indudablemente tienen, aun cuando puedan haber cumplido los 70 años de edad. Cuando no hay un claro mandato que lo prohíba, insistir en ello mediante una interpretación rígida y literal de la Sec. 10, Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ciertamente puede consi-derarse como inconsistente con la reiterada noción de que “[ijnterpretamos una Constitución, no los Rollos del Mar Muerto”. P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, pág. 350.

        Quaere, su constitucionalidad.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Mónica E. Rivera Pérez, por sí y en representación de su hijo menor F.R., demandantes y peticionarios, v. Wanda León y Víctor León Rallat, demandados y recurridos.

      Número: CE-92-473

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Ángel A. Rivera Montalvo, abogado de los peticionarios; William Pagán Rodríguez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

En un pleito de filiación instado contra los hijos de un matrimonio anterior del alegado padre (fallecido éste), la parte demandante solicitó al tribunal de instancia que le ordenara a éstos someterse a los exámenes genéticos correspondientes. Los hijos del alegado padre fueron de-mandados como herederos de éste. El tribunal denegó la solicitud y la parte demandante acudió ante nos.

Examinados los escritos, la literatura pertinente a las pruebas de paternidad y la jurisprudencia aplicable, revo-camos la resolución recurrida. Resolvemos que hasta que la Asamblea Legislativa actúe sobre este asunto procede bajo la Regla 82(C) de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV, que se ordene a los hijos del alegado padre fallecido someterse a las pruebas genéticas. Se devuelve el caso para la conti-nuación de los procedimientos.

I

La Sra. Monica E. Rivera Pérez, por sí y en representa-ción de su hijo menor, F.R., presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, una demanda de filiación, pensión alimentaria y división de comunidad de bienes. En sínte-sis, alegó que ella y el Sr. Víctor León habían convivido como matrimonio y que en 1990 se mudaron de Nueva York a Coamo. Alegó además que habían adquirido una casa en Coamo en la cual convivían y que ella había quedado em-barazada del señor León. Conforme se alegó en la de-manda, estando la señora Rivera Pérez en su sexto mes de embarazo, el señor León falleció trágicamente; por lo que cuando nació el menor, éste fue inscrito en el Registro De-mográfico sin incluir el nombre del padre. Se alegó, a su vez, en la demanda que los demandados habían sido decla-rados como únicos y universales herederos del Sr. Víctor León mediante resolución judicial.

La parte demandante solicita a los demandados, hijos y herederos del señor León, que reconozcan al menor como su hermano con todos sus derechos hereditarios y que éste sea inscrito como tal y a su vez que se le conceda una pen-sión alimentaria.

Luego de contestada la demanda, la parte demandante presentó una moción en la que solicitó que se ordenara a los demandados a someterse a un estudio científico para determinar la relación genética entre la sangre del menor y la de sus presuntos hermanos con el propósito de estable-cer que el padre de los demandados es también el padre del menor. A esta moción se opuso uno de los codemandados señalando que el referido examen atentaba contra su dere-cho a la intimidad y que no estaba resuelto en nuestra jurisdicción si el tribunal podía ordenar a los hermanos a someterse a este examen. El tribunal de instancia declaró no ha lugar la moción para solicitar un estudio de paternidad.

Inconforme, acude ante nos la parte demandante seña-lando que erró el tribunal al declarar sin lugar la referida moción.

Mediante Resolución de 25 de septiembre de 1992 dic-tamos una orden de mostrar causa a la parte recurrida por la cual no deba revocarse la resolución recurrida y permitir que los demandados, hijos del Sr. Víctor León, sean some-tidos a la prueba solicitada.Estudiados los escritos de las partes y la jurisprudencia aplicable, concluimos que procede que resolvamos según lo intimado en nuestra orden. Veamos.

En nuestra jurisdicción hemos reconocido la utilidad del adelanto tecnológico y científico de las investiga-dones en el área de las pruebas para la determinadón de paternidad en el contexto del proceso judicial. En Ortiz v. Peña, 108 D.P.R. 458 (1979), refrendamos la confiabilidad de las pruebas serológicas para la exclusión de la paterni-dad y autorizamos expresamente a los tribunales para que discrecionalmente ordenaran dichas pruebas en acciones en las que la paternidad fuese un hecho pertinente. Ello hasta tanto la Asamblea Legislativa actuara.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa enmendó la Regla 82 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, incorporando lo resuelto en Ortiz v. Peña, supra, al disponer lo siguiente, en lo pertinente:

Regla 82. Experimentos y pruebas científicas
(C) En cualquier acción en la que la paternidad sea un hecho pertinente, el tribunal podrá a iniciativa propia, o deberá, a moción de parte oportunamente presentada, ordenar a la ma-dre, hijo o hija y al presunto padre o alegado padre biológico a someterse a exámenes genéticos. Todos los gastos relacionados con la prueba solicitada serán sufragados por el peticionario en aquellos casos en que la misma produzca un resultado negativo. En el caso que el resultado del examen sea positivo, los gastos serán cubiertos por el peticionado. Si la parte obli-gada a pagar el costo de la prueba es beneficiaría de ayuda económica del Programa de Asistencia Pública del Departa-mento de Servicios Sociales bajo la Categoría de Ayuda a Fami-lias con Niños Necesitados, o del Programa de Ayuda a Fami-lias Médico Indigentes (Medicaid), su costo será cargado a la parte del Fondo General del Gobierno del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico asignada al Programa de Sustento de Me-nores del Departamento de Servicios Sociales.
Se presumirá controvertiblemente la paternidad en aquellos casos en que un padre putativo se negare a someterse al exa-men genético ordenado por el tribunal. Los exámenes deberán ser realizados por peritos debidamente calificados y nombrados por el tribunal. Antes de admitirse dichos exámenes en eviden-cia, el tribunal determinará y hará constar en los autos que los exámenes se han llevado a cabo siguiendo las más estrictas normas exigidas para esta clase de análisis.
(D) Si el tribunal determina que de los hallazgos y conclusio-nes de los peritos, según revelado por la evidencia basada en los exámenes, el alegado padre no es el padre del niño, el hecho de la paternidad se resolverá de acuerdo a las mismas. Si los pe-ritos no se ponen de acuerdo en sus hallazgos y conclusiones, el hecho de la paternidad se resolverá de acuerdo a toda la evi-dencia presentada. Si los peritos concluyen que los exámenes de sangre demuestran la posibilidad de la paternidad del ale-gado padre, será discrecional del tribunal la admisión de esta evidencia, dependiendo de si el tipo de sangre es uno de los que ocurren con poca o mucha frecuencia.

En Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991), aclaramos que la prueba HLA, comúnmente utilizada en casos en los que la paternidad está en controversia, sólo podía arrojar una probabilidad relativa de paternidad. Por ello, resolvimos que el tribunal “puede utilizar esta probabilidad como un elemento más para llegar a su propia conclusión, luego de aquilatada toda la prueba, sobre si el presunto padre no excluido por la prueba H.L.A. es o no el padre biológico del menor”. (Enfasis suplido.)

Al presente, el desarrollo científico y tecnológico alcan-zado en los estudios del ADN (DNA por sus siglas en in-glés) provee uno de los medios más utilizados para la de-terminación de relaciones biológicas en los pleitos de paternidad. Véanse: A. Carr Sozer y otro, DNA and its Use in Paternity Determination, 7 (Núm. 1) Forum 13 (1991); ASHG, Individual Identification by DNA Analysis: Points to Consider, Am. J. Hum. Genet., 46: 631 — 634, 1990; National Research Council, DNA Tecnology in Forensic Science, National Academy Press, pág. 142; E.D. Shapiro y otro, The DNA Paternity Test: Legislating the Future Paternity Action, Ed. C.H. Wecht, Legal Medicine 1993, But-terworth Legal Publ. 1994, pág. 233.

El ADN o ácido desoxirribonucleico es el código genético de cada persona. Los cromosomas humanos son los empa-ques que acomodan y contienen el ADN en cada individuo. El contenido genético del ADN es la expresión hereditaria recibida a partes iguales de ambos padres. R. Rivera Me-léndez, A. Rodríguez Trinidad, Perfil DNA: Consideracio-nes Técnico-Legales, 7 (Núm. 1) Forum 3 (1991). Por ello es que la composición del material genético o ADN puede identificarse en el ADN de los padres ya que es el resultado de las aportaciones de ambos.

Las pruebas que tradicionalmente se han utilizado en pleitos de filiación (tales como ABO, MNSs, Rh y HLA) interpretan marcadores genéticos químicos que son expre-siones del material genético. Estos marcadores son produc-tos celulares, principalmente proteínas que están presen-tes en las membranas de las células rojas y blancas de la sangre. En contraste con estas pruebas tradicionales, las del ADN estudian directamente el propio material genético. V.A. Hammond y otro, Scientific and Legal Aspects of DNA Typing, en S.B. Schatkin, Disputed Paternity Proceedings, 4ta ed., Ed. Mathew-Bender, 1994, Vol. 1, Cap. 11B, Sec. 11B.01. Cada individuo, excepto en el caso de gemelos idénticos, posee un código genético único cono-cido como ADN, el cual se encuentra en cada cromosoma de cada célula del cuerpo humano. La sangre, el semen, la piel y el cabello permiten la identificación de la persona a tra-vés de su ADN. Comentario, DNA Fingerprinting: A Guide to Admisibility and Use, 57 Miss. C. L. Rev. 547 (1992).

El Dr. Angel Rodríguez Trinidad explica que la prueba del ADN utiliza la parte no codificada de éste que “se ca-racteriza por presentar secuencias de nucleotidos (series de escalones) bien repetitivas pero con pequeñas variacio-nes de una persona a otra (Variable Number of Tandem Repetition o VNTR). Esta variación es precisamente el fun-(lamento teórico que aplicamos en la Prueba ADN en filiación. La prueba ADN ayudará a determinar si el padre putativo pudo haber aportado los ‘VNTR’ presentes en el menor”. A. Rodríguez Trinidad, Prueba DNA en Paterni-dad, (separata), U.P.R., Recinto de Ciencias Médicas, Es-cuela de Medicina, Depto. de Patología, Laboratorio de Histocompatibilidad, 12 de octubre de 1993. En esta publi-cación se resume en qué consiste la referida prueba.

La prueba ADN, al igual que otras pruebas que se utilizan para fines de filiación, es una prueba de exclusión. El por ciento de exclusión que se logra con la prueba del ADN es un (99%) en comparación con la de HLA que es de un (95%). Sin embargo, se informa en la literatura que la probabilidad de exclusión de la paternidad puede ser aumentada cuando se utiliza la prueba ADN en combinación con otras pruebas, tales como la de HLA. Shapiro y otro, op. cit, pág. 233.

La prueba del ADN a menudo permite establecer relaciones biológicas que no son de paternidad. Así, por ejemplo, podría determinarse la probabilidad de que un alegado hijo de un presunto padre fallecido sea hermano o medio hermano de otro hijo de éste. Hammond y otro, op. cit, Sec. 11B.03. A esos efectos en la citada obra Disputed Paternity Proceedings se explica que al realizar la prueba si se incluye a las respectivas madres (de los hijos y del alegado hijo de padre fallecido), esto le añade precisión a la prueba ya que permite la eliminación de las bandas mater-nas heredadas por cada hijo y sólo se comparan aquellas heredadas del padre.

Nuestra revisión de la literatura en esta área nos muestra que la prueba del ADN cada día tiene una mayor aceptación en los procesos judiciales de filiación. Reconocemos, sin embargo, que en los procesos criminales la utilización de los resultados de la prueba del ADN plantea otros problemas que por ser inaplicables al presente caso, no es necesario discutir

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En atención a la jurisprudencia aplicable y considerando los adelantos en el área de las pruebas genéticas, concluimos que erró el tribunal de instancia al denegar la solicitud para la realización de estas pruebas. En primer lugar, la enmienda a la Regla 82 de Evidencia, supra, introducida por la Ley Núm. 10 de 16 de julio de 1990 tuvo como propósito el “hacer mandatorio para el tribunal requerir a todas las partes en la controversia que se sometan a ese tipo de examen, de mediar moción de parte” a esos fines. (Énfasis suplido.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 10, supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 68. En la citada Exposición de Motivos se considera esta enmienda como una que propende al logro de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de “lograr que la paternidad sea establecida en el mayor número posible de casos de menores que han nacido fuera del matrimonio”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 10, supra. Esto es parte del alto interés público del cual están revestidos los casos de filiación. Se trata “nada más y nada menos que el derecho a la igualdad de los hijos nacidos en nuestra tierra, derecho garantizado expresamente por nuestra Constitución”. Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218, 264 (1990).

En segundo lugar, “[e]n materia de filiación el Derecho puertorriqueño ha ido abriendo camino a través de la en-marañada jungla de prejuicios[,] convencionalismos socia-les y tecnicismos de ley para hacer que brille la verdad y se reconozca a todos los fines legales la relación biológica en-tre padres e hijos”. Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 358 (1985). En Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102, 119 (1991), expusimos la trayectoria jurisprudencial sobre los cambios en nuestro sistema de impugnación de la pre-sunción de paternidad el cual se ha tomado en “uno más flexible y abierto a los adelantos científicos y a las corrien-tes constitucionales modernas en aspectos de filiación”.

Considerando lo antes expuesto, por el claro objetivo que tuvo la enmienda a la Regla 82 de Evidencia, supra, y hasta que la Asamblea Legislativa actúe sobre esto, la expresión “hija o hijo” del inciso (C) de la citada regla debe incluir a los hijos biológicos de un alegado padre (fallecido). Procede, por ende, que el tribunal ordene la realización de las pruebas a los demandados, Wanda León y Víctor León Rallat, hijos biológicos del Sr. Víctor León.

Advertimos que, al igual que en la utilización de otras pruebas científicas en pleitos de filiación, el tribunal tiene el ineludible deber de ponderar cuidadosamente la admisi-bilidad del resultado de estas pruebas y, de ser admitidas, adjudicar su justo valor probatorio junto al resto de la evi-dencia en el caso. Refiérase a las Reglas 82(B), 19 y 11 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. rV.

Por los fundamentos antes señalados, se expide el auto, se revoca la resolución recurrida y se declara con lugar la moción de la parte peticionaria solicitando que se ordenen las pruebas genéticas correspondientes. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para la continuación de los proce-dimientos consistentes con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Cabe señalar que el Art. 126 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 505, autoriza la acción de filiación en casos de muerte del padre o madre y dispone los términos para ejercitar ésta. Véase Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102 (1991).

       Resolución dictada por la Sala Especial de Verano integrada por su Presi-dente el Juez Asociado Señor Negrón García y los Jueces Asociados Señores Alonso Alonso y Fuster Berlingeri.

       Algunos estados tales como Arkansas, Connecticut, Michigan, Montana y Nuevo México mediante legislación admiten en evidencia pruebas de ADN (DNA por sus siglas en inglés) para asistir en la resolución de pleitos civiles sobre paternidad. Otros estados tales como Louisiana, Maryland, Minnesota, Virginia y Washington han legislado la admisibilidad de evidencia ADN en casos criminales. Refiérase a Use of DNA Information in the Legal System en National Research Council, DNA Technology in Forensic Science, National Academy Press, pág. 142.

       En la literatura la prueba ADN también se denomina: DNA fingerprinting; DNA profiling; DNA printing, y DNA typing.

       El doctor Rodríguez Trinidad es el Director del Laboratorio de Histocompa-tibilidad del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico.

       “La prueba DNA se basa en la determinación del tamaño o peso molecular de diferentes segmentos (‘VNTR’) del DNA no codificado estudiado. El primer paso será separar las dos cadenas del DNA (o las barras paralelas de la escalera) heredadas una de la madre y la otra del padre. Cada cadena tendrá su correspondiente secuen-cia de bases (o cada barra paralela de la escalera se quedará con la mitad de cada escalón). Siguiendo el ejemplo, estudiamos con esta prueba, el tamaño de los pedazos de la escalera después de cortarla selectivamente por ciertos lugares. Para ello se utilizan unas sustancias conocidas como ‘enzimas de restricción’. Estas sustancias son capaces de reconocer ciertas secuencias de bases o escalones; y cada vez que encuentran una secuencia de nucleotidos determinada, cortarán la cadena de DNA. El resultado de estos cortes traerá consigo la producción de varios trozos de DNA (VNTR), que variarán en tamaño y en sus pesos moleculares. Es decir, tendremos dos trozos de las barras paralelas, con diferentes número de escalones cada uno. La etapa final consistirá en aplicar unas sondas o ‘probes’ (trozos de DNA cuya secuen-cia de bases es conocida previamente) que se parearán específicamente con los peda-zos de DNA, en función de la complementaridad de sus bases con las de estos; A-T ó C-G.” A. Rodríguez Trinidad, Prueba DNA en Paternidad (separata), U.P.R., Recinto de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, Depto. de Patología, Laboratorio de His-tocompatibilidad, 12 de octubre de 1993, pág. 3. Véanse, además: A. Carr Sozer y otro, DNA and its Use in Paternity Determination, 7 (Núm. 1) Forum 13 (1991); R. Rivera Meléndez y A. Rodríguez Trinidad, Perfil DNA: Consideraciones Técnico-Legales, 7 (Núm. 1) Forum 3 (1991).

       Refiérase a Rodríguez Trinidad, supra.

       Por ejemplo, hemos encontrado casos en los que se ha llegado a la drástica medida de ordenar la exhumación del cadáver del presunto padre para poder reali-zarle la referida prueba. Alexander v. Alexander, 537 N.E.2d 1310 (1988), y Batcheldor v. Boyd, 423 S.E.2d 810 (1992). En otro caso, a petición del alegado padre, se ordenó la prueba ADN por discrepancias en los resultados de las pruebas de sangre: In S.L.B. v. KA., 579 N.Y.S.2d 964 (1992). En Tipps v. Metropolitan Life Ins. Co., 768 F. Supp. 577 (S.D. Tex. 1991), la prueba del ADN realizada a dos (2) hermanos demostró que estos eran hermanos maternos y excluyó al alegado padre fallecido de ser el padre de la menor. La Corte de Distrito concluyó que la prueba del ADN junto a otra evidencia en el caso constituía evidencia clara y convincente de que el alegado padre no era el padre biológico. En Veeney on Behalf of Strother v. Sullivan, 973 F.2d 326 (4to Cir. 1992), en apelación de una sentencia que confirmaba la desestimación de una reclamación de seguro social, el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Cir-cuito resolvió que las pruebas de sangre realizada a unos hermanos eran admisibles en evidencia. Concluyó dicho foro apelativo que éstas junto a la otra evidencia en el caso constituyeron prueba clara y convincente para establecer la paternidad del pre-sunto padre fallecido como cuestión de derecho. En este caso se reclamaban los be-neficios del seguro social para un menor que alegadamente era hijo del beneficiario fallecido. Las pruebas se realizaron a dos (2) hermanos y a un presunto tío (hermano del presunto padre fallecido). Los resultados de las pruebas mostraron que los her-manos probablemente tenían el mismo padre biológico y que el presunto tío tenía una alta probabilidad (783, 229 a 1) de ser el tío biológico y que no era el padre de los menores. Se concluyó, además, que el padre de los niños, muy probablemente, era un miembro de la familia del tío. Véanse, además: Ex parte Perry, 586 So. 2d 242 (1991); People v. Lipscomb, 574 N.E.2d 1345 (1991); Smith v. Deppish, 807 P.2d 144 (Kan. 1991); People v. Adams, 489 N.W.2d 192 (1992); Mastromatteo v. Harkins, 615 A.2d 390 (1992); State v. Wimberly, 467 N.W.2d 499 (1991); Department of Human Services v. Jones, 627 So. 2d 810 (1993); J.E.B. v. State, 606 So. 2d 156 (1992); M.A v. Estate of A.C., 643 A.2d 1047 (1993); Matter of Adoption of Baby Girl S, 532 N.Y.S.2d 634 (1988); In Re Paternity of J.L.K., 445 N.W.2d 673 (1989), entre otros.

       Refiérase a People v. Castro, 545 N.Y.S.2d 985 (1989); Ex parte Perry, supra; S.E. Renskers, Trial by Certainty: Implications of Genetic “DNA Fingerprints”, 39 Emory L.J. 309 (1990); C.T. Blair, Spencer v. Commonwealth and Recent Developments in the Admissibility of DNA Fingerprint Evidence, 76 Va. L. R. 853 (1990); J.G. Petrosinelli, The Admissibility of DNA Typing: A new methodology, 79 Geo. L.J. 313 (1990), y artículos sobre evidencia científica y tecnológica (Scientific and Technological Evidence) 43 Emory L.J. 867-1070 (1994). Véanse, además: People v. Contreras, 615 N.E.2d 1261 (1993); People v. Mehlberg, 618 N.E.2d 1168 (1993); People v. Keene, 591 N.Y.S.2d 733 (1992); State v. Williams, 599 A.2d 960 (1991); Government of Virgin Islands v. Penn., 838 F. Supp. 1054,(D. V.I. 1993); People v. Courts, 517 N.W.2d 785 (1994), entre otros.

       En sus escritos la parte demandada-recurrida amparó su negativa a some-terse a las referidas pruebas en la interpretación de la Regla 82(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Incidentalmente señala como posibilidad una violación a su derecho a la intimidad. Por no estar adecuadamente planteada la alegada violación constitu-cional, rehusamos adjudicar en el abstracto la misma.

       En la literatura científica abunda información sobre los criterios con los cuales debe cumplir una prueba a los efectos de su admisibilidad tanto en el foro científico como en el foro judicial. En síntesis, se recomienda examinar los siguientes:
      “(1) Confiabilidad o Precisión — capacidad de una prueba para obtener resulta-dos reproducibles, o sea, que aplicando la misma metodología siempre se obtendrán los mismos resultados;

        “(2) Validez — capacidad para discriminar entre lo que es y lo que no es. Esto incluye:
      “(a) Especificidad — la detección correcta de lo que no es. (Por ejemplo que puede excluir al noventa y nueve por ciento (99%) de los hombres falsamente impu-tados, esto es, un noventa y nueve por ciento (99%) de especificidad).
      “(b) Sensibilidad — la detección correcta de lo cierto. Capacidad de no ex-cluir padres putativos que podrían ser el padre biológico.
      “(3) Productividad — capacidad de detectar lo que en pruebas anteriores no fue detectado. La capacidad para excluir a un padre putativo que no pudo ser excluido en pruebas anteriores.”
      En general, las pruebas se evalúan a base de la validez de su metodología y de la confiabilidad del proceso seguido en el laboratorio que las realiza. Tomado de Rodríguez Trinidad, supra, n. 6, págs. 3-7. Véanse, además: Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993); M.A. Berger, Procedural Paradigms for Applying the Daubert Test, 78 Minn. L.Rev. 1345 (1994); J. Sanders, Scientific Validity, Admissibility, and Mass Torts After Daubert, 78 Minn. L. Rev. 1387 (1994), entre otros.