author: El Juez Asociado Se. Figueras JUEZ SEÑOR MACLEARY.

text:
    El Pueblo v. Paz.
    ApelacióN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 37.
    Resuelto en febrero 27, 1907.
    ASESINATO EN PRIMER GRADO-TRASLADO DE LA CAUSA A OTRA CORTE — DISCRECIÓN del Tribunal. — De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmendado en marro 10, 1904, una corte tiene la facultad discrecional de decretar el traslado de una causa criminal á un dis-trito judicial que mejor reúna las condiciones de proximidad y facilidades para llegar á él, aunque no sea el contiguo al distrito donde se originó lá causa, cuando éste sea objetado por motivos legales para ellos.
    Traslado de Causas Criminales — Preceptos Legales que los Rigen. — Solicitado el traslado de una causa criminal por el fiscal á un distrito, y conformo el abogado del acusado en ello, no está la corte obligada á respetar esa con-formidad, pues en materias criminales no puede prorrogarse la jurisdicción de una corte incompetente ni está permitida la sumisión de las partes á de-terminada corte de jurisdicción.

      Sumisión de las Partes. — En materia civil las partes contendientes son las únicas interesadas y pueden, sin inconveniente alguno, pactar la sumisión á f determinada corte de jurisdicción, y contra ese pacto lícito, autorizado y que á nadie perjudica, nadie puede mostrarse querelloso, pero en materia criminal los intereses atendibles son distintos, y no puede aplicarse en ella el principio de la sumisión.
    Veredicto Válido — Carencia de la Palabra Culpable. — Cuando el veredicto está redactado en términos tan claros que no dejan lugar á duda alguna- y cuyas palabras traducen perfectamente la intención del jurado, no puede decirse que el veredicto sea nulo porque no contenga la palabra expresa de “culpable,” y su omisión no es un defecto fundamental que perjudique los derechos sustan-ciales del acusado.
    Cómplices Antes del Hecho — Cómplices Después del Hecho. — El artículo 36 de nuestro Código Penal comprende dentro del concepto de autor ó principal lo mismo al que ejecuta directamente por sí el delito que al que, no estando presente en el acto de su ejecución, ayuda ó concita para que se realice. El cómplice después del hecho oculta el crimen, alberga ó protege al culpable, con conocimiento de que el crimen se ha cometido.
    Acusación Como Autor — Convicción por Complicidad en el Mismo Delito.— Una acusación de asesinato en primer grado contra un individuo, como autor de dicho crimen por haber aconsejado é incitado la comisión del delito, debe especificar que el acusado, con conocimiento de la comisión del crimen lo ■ ocultó de las autoridades, por qué medios .y si albergó ó protegió al acusado-cpmo autor material, y especificar también de que manera particular realizó los actos de ocultación ó protección, para poder ser legalmente convicto de cómplice del delito de homicidio voluntario.
    Acusación Contra un Cómplice — Alegaciones Esenciales.-^Sí bien es verdad que el autor y el cómplice son culpables por el mismo delito, las reglas de alegación requieren que el cómplice sea acusado como tal y no como principal ó autor.
    Instrucciones Erróneas Sobre Complicidad — Regla de Interpretación. — La definición de cómplice expuesta en el Código Penal de Texas concuerda sus-tancialmente con la del artículo 37 de nuestro Código Penal, y de acuerdo con el principio de que donde hay la misma razón debe haber la misma in-terpretación, aceptamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo de dicho estado, en el sentido de que • ‘ una persona acusada como autor, no puede ser convicta como un cómplice y que en un juicio, bajo tal acusación (de autor) se comete error al instruir al Jurado sobre complicidad.”
    Nuevo Juicio. — Cuando las instrucciones al Jurado acerca de un punto de derecho son erróneas y el veredicto es contrario á derecho, procede la revocación de la sentencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante :■ Manuel F. Rossy.

    Ahogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Figueras

emitió la opinión del tribunal.

Esta causa procede de la Corte de Distrito de Arecibo y se vió por un tribunal de jurados bajo la siguiente acusación:

“El Fiscal formula acusación contra José Morales (a) Yare-Yare, Miguel Lojo y Vidal (a) Chencho, Pedro Vidal Goico, José Reyes Alvarez, Prudencio Vidal Estruch, Rafael Pesante Gómez y ‘Antonio Paz y Santos, por el delito de Asesinato en Primer Grado (Felony) cometido como sigue: El citado José Morales (a) Yare-Yare entre nueve y diez de la noche del día dos de julio del corriente año mil novecientos cinco en el pueblo de Añasco, Distrito Judicial de Ma-yagüez, Puerto Rico, alevosa, deliberada y premeditadamente, y demos-trando tener un corazón pervertido y maligno, dió muerte ilegal á Don José Adolfo Pesante en ocasión en que éste se encontraba sentado en una silla en la acera, frente al establecimiento de Farmacia de Don Rafael Arrillaga, para lo que hizo uso de un cuchillo ó puñal, infiriéndo-le una herida entre el octavo y noveno espacio intercostal sobre la región hepática que le interesó el hígado de la cual falleció al día si-guiente. Los citados Miguel Lojo y Vidal (a) Chencho, Pedro Vidal Goico, José Reyes Alvarez, Prudencio Vidal Estruch, Rafael Pesante Gómez y Antonio Paz y Santos, son principales autores en el crimen cometido, toda vez que aconsejaron é incitaron, maliciosa y premedita-damente, al José Morales (a) Yare-Yare, la comisión del asesinato ante dicho, en la forma arriba expresada. Este hecho’ es contrario á la ley para tal caso prevista, y á la paz y dignidad del pueblo de Puerto Rico. — Benjamín J. Horton, Fiscal del Distrito. La acusación que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados bajo, juramento, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al Tribunal. — Benjamin J. Horton, Fiscal del Distrito.
Jurado y firmado ante mí, hoy día ocho de agosto de 1905. Franco. Llavat, Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez.”

Según manifiesta el defensor en su alegato ante esta Corte Suprema, folio 4, el fiscal de Mayagüez solicitó el sobresei-miento de la causa contra Antonio Vidal Goico, José Reyes Alvarez, Antonio Vidal Estruch y Rafael Pesante Gómez.

_ Por esa circunstancia sin duda es que abora aparece sola-mente juzgado Antonio Paz y Santos, no obstante, estar com-prendido en la acusación junto con los demás relacionados.

Celébrado el juicio pronunció el jurado el siguiente vere-dicto :

“Nosotros los del jurado y en su nombre el presidente que suscribe, declaramos al acusado Antonio Paz, cómplice en el delito de. homi-cidio voluntario. En Arecibo á 22 de marzo de 1906. -Fernando Su-ria. ” '

La Corte de Arecibo, en vista del anterior veredicto, de-claró culpable al acusado ‘ ‘ del delito de cómplice de homicidio voluntario” y señaló el día 28 de marzo de 1906, para la lectura de la sentencia.

Un dicho día, cumpliendo el señalamiento hecho, se “in-formó al acusado de la naturaleza de] cargo que se le hizo, de su alegación de inocencia, y de los incidentes culminantes de su proceso, incluyendo el veredicto del jurado”.

Los abogados del acusado pidieron que no se dictase sen-tencia, petición que fué desestimada, así como también la de nuevo juicio, y se dictó sentencia condenando al acusado Antonio Paz á la pena de seis años de prisión en el Presidio De-partamental de la Isla, con trabajos forzados y á pagar las costas de esta causa por el delito de complicidad en homicidio voluntario con los demás pronunciamientos del caso.

Contra esa sentencia se interpuso recurso de apelación y aquí se encuentra el récord con un pliego que contiene las excepciones que durante el juicio tomó el abogado de Antonio Paz y cuyo pliego fué aprobado por el Juez de la Corte de Arecibo, con ciertas aclaraciones que introdujo y consintió dicho apelante, quien presentó ante esta Corte Suprema su alegato, que ratificó oralmente, solicitando por el mérito de las excepciones tomadas que se revoque la sentencia apelada y se le absuelva ó que se le conceda un nuevo juicio.

El fiscal de esta Corte Suprema por el mérito de dos de las excepciones tomadas, se adhiere á la segunda de las preten-siones que formula la defensa y que constan expresas en el párrafo anterior.

Nosotros nos liaremos cargo en primer término de aquellas excepciones que consideramos más importantes y es claro que de su resolución depende el que sea necesario ó nó considerar las otras que van encaminadas al mismo propósito.

Esta cansa se presentó en la Corte de Distrito de Maya-güez, pero allí el fiscal por moción, bajo un affidavit suyo y con el testimonio del marshal, solicitó el traslado de la cansa á la corte de Ponce, porque en la de Mayagüez, por la gran sensación producida, sería imposible, durante el término que corría, completar un jurado y que tampoco en la corte de Aguadilla, que era la más cercana, podría obtenerse un juicio justo é imparcial á causa de que el pueblo de Añasco, donde se alega que se cometió el crimen y donde residen el acusado y los testigos, formó parte basta hace poco tiempo del distrito de Aguadilla. La representación de'Antonio Paz estuvo con-forme con él fiscal en que esta causa se trasladase á Ponee,. pero la corte de Mayagüez dispuso el traslado á la de Arecibo y ante esa corte se alegó su incompetencia por Antonio Paz, bajo el fundamento de que sólo la de Ponce era la competente por haber estado éñ esto conformes las partes y porque era ella de más fácil y económico acceso que la de Arecibo, pi-diendo, en consecuencia, que se remitiese de nuevo la causa á la corte de Mayagüez. Pero la corte de Arecibo se declaró competente para conocer del juicio y por tal negativa se tomó excepción.

Esta cuestión tiene que resolverse por lo dispuesto eii el artículo 173 del Código de Enjuiciamiento Criminal enmen-dado por la Ley de la Asamblea Legislativa, aprobada en 10 de marzo de 1904, y que consta en la página 53 del tomo de dicho año, Edición española.

Con vista de -esa disposición hay que convenir en que el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez obró correctamente al trasladar la causa á Arecibo porque él, según la Ley, tenía el deber de trasladar al distrito contiguo que tuviera su-Sala de Justicia más cercana y fuese de más fácil acceso, pero descartada la corte de Aguadilla porque se objetó contra ella por razones que satisficieron al tribunal de Mayagiiez y que era sin duda la que mejor reunía las condiciones de proximidad y facilidades para llegar á ella, es claro que entonces cesó el deber impuesto por la ley y surgió para resolver el punto la discreción que la misma le concede, é hizo uso de esa facultad discrecional, designando la corte de Arecibo, y no bay nada en el récord que nos demuestre que bubo abuso de esa facultad, y por consiguiente, repetimos, que ese criterio debe sostenerse en el presente caso.

Pero se objeta por la defensa en el alegato presentado ante este tribunal que en esta causa criminal debió aplicarse por analogía el principio que establece el artículo 76 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil ó sea que “con arreglo á su jurisdicción, una corte conocerá de los pleitos á que dé origen el ejercicio de las acciones de todas clases, cuando las partes bubieran cqnvenido en someter diclio pleito á la decisión de tal corte”; y como el acusado resultó conforme con el fiscal en que esta causa se trasladase á la corte de Ponce, dice que debió respetarse esa conformidad.

Este criterio no es bajo ningún concepto aceptable.

El artículo 8o. del Código de Enjuiciamiento Criminal terminantemente expresa que “la jurisdicción correspon-diente á los delitos, radica en la corte de distrito del respec-tivo distrito judicial dentro del cual se cometieren”.

Es regia general que en materias. criminales no puede prorrogarse la jurisdicción de una corte incoiqpetente y por eso nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal no reconoce ni autoriza la sumisión de las partes á determinada corte de jurisdicción y el fundamento es seguramente; el que en lo criminal la jurisdicción se ba establecido, no solo atendiendo al interés de los ofensores y de los ofendidos, sino también al de la sociedad.

Por eso vemos que aún en los casos en que antes del juicio puede trasladarse una causa de una corte á otra, predomina siempre la conciliación entre el interés privado del presunto reo y el interés público de la sociedad.

En materia civil las partes contendientes son las únicas interesadas y pueden, sin inconveniente alguno, pactar esa sumisión y contra ese pacto lícito, autorizado y que á nadie perjudica, nadie puede mostrarse querelloso, pero en materia criminal los intereses atendibles son distintos, y no puede aplicarse en ella el principio de la sumisión.

La representación del acusado, después del veredicto, soli-citó que no se dictase sentencia condenatoria por las siguien-tes razones:

“1. Porque el jurado dió un veredicto ilegal, toda vez que no de-clara al acusado 1 ‘ culpable ’ ’ como exige el art. -283 del Código de En-juiciamiento Criminal.
“2. Porque el veredicto del jurado dice que el acusado es cómplice de homicidio voluntario, y el acusado fué objeto exclusivamente de una acusación por asesinato en primer grado.
“3. Porque la complicidad envuelve una acusación especial y directa, después que se ha juzgado al autor principal, para conocer en-tonces la relación de complicidad respecto al delito principal.
‘‘4. Porque al dar ese veredicto el jurado, se deduce claramente que su intención fué favorable al acusado respecto del punto que se ventila ó sea que no es autor de un asesinato en primer grado y en tal caso procede la absolución. Art. 289 del Código ya citado.
“5. Porque el jurado rechazó las pruebas de la acusación ten--dentes á demostrar que el acusado era autor de un asesinato en primer grado,_ y esas mismas pruebas no pueden servir para declararlo cóm-plice mucho más cuando no se probó por la acusación la relación de esa complicidad con el delito principal.
“6. Porque esta corte de distrito es incompetente para conocer de este juicio en donde se ha dictado el veredicto que nos ocupa, por las razones expuestas en una moción acerca de ese particular.”

La corte resolvió lo siguiente:

‘ ‘ En cuanto al primer fundamento la corte es de parecer que el ve-redicto que se dió por el jurado es bueno en substancia; y'así lo corro-bora la jurisprudencia del Tribunal Supremo de California en el caso del Pueblo v. Perdue, 49 Cal., 425, én el que el veredicto dice: ‘Nosotros, el jurado, encontramos un veredicto de homicidio ’; y en el caso del Pueblo v. Mc Carty, 48 Cal., 557, en el que se dictó el siguiente veredicto: ‘Nosotros los jurados firmantes encontramos un veredicto de asesinato en segundo grado.’ Ambos veredictos que fueron de-clarados buenos son menos claros é inteligibles que el dado en el pre-sente caso por el jurado en la causa contra Antonio Paz. El segundo fundamento es de rechazarse, porque el acusado puede ser convicto de una ofensa menor incluida en una mayor. El tercer fundamento tampoco es suficiente con arreglo al artículo 93 del Código de Enjui-ciamiento Criminal. El cuarto fundamento tampoco es admisible por las razones consignadas al impugnar el segundo; y ambas se hallan robustecidas por la sentencia dictada en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra José de Thomas, en el que habiendo sido acusado de ase-sinato en primer grado, fué declarado convicto de cómplice de homi-cidio. El quinto fundamento, porque la apreciación de la prueba queda únicamente á discreción del jurado. Y el sexto fundamento, porque antes de ahora, en moción del acusado, para que la causa fuera devuelta 'al Tribunal de Distrito de Mayagüez, ha resuelto esta corte que no procede'tal petición, y que se declara competente; y los fun-damentos de aquella decisión se reproducen para esfe caso. Por estas razones la corte desestima la petición del acusado de que no se dicte sentencia. ’ ’

De esta resolución se tomó excepción.

Después la misma representación formuló una moción para nuevo juicio que dice así:

“El acusado, Antonio Paz, pide á la corte de distrito que le conceda un nuevo juicio, porque la corte informó erróneamente al jurado acerca del punto de derecho de que dicho jurado, á pesar’ de que la acusación era por asesinato en primer grado, podía declarar al acusado cómplice de asesinato ó de homicidio, y si entendía el jurado que las pruebas eran suficientes para esa declaración de culpabilidad y no para declararlo .autor principal; y porque el veredicto es contrario á derecho, según la razón anteriormente expuesta y no guardar rela-ción la declaratoria de complicidad, que debió ser objeto de una acu-sación especial directa, con la declaración de la clase de delito que hubo de cometer el autor principal; y porque también el veredicto es contrario á las pruebas, las cuales versaron sobre el concepto de ser el acusado áutor, y sin embargo, se utilizan para considerarle cómplice, siendo insuficientes para la complicidad como lo fueron para rechazar la acusación de autor principal. Estos casos invocados son los seña-lados con los números 5 y 6 del artículo 303 del Código de Enjuicia-miento Criminal que concede el nuevo juicio en tales casos.”

La corte también negó esta solicitud y se tomó la corres-pondiente excepción.

No pnede decirse que el veredicto sea nulo, porque no con-tenga la palabra expresa de “culpable”. La omisión de esa palabra no es un defecto fundamental que perjudique los de-rechos sustanciales del acusado, cuando el veredicto está redactado en términos, tan claros que no dejan lugar á duda alguna y cuyas palabras traducen perfectamente la intención del jurado. Así sucede en el presente caso.

Lo que el artículo 289 del Código de Enjuiciamiento Criminal prohíbe es dictar un fallo condenatorio sin que el jurado expresamente declare convicto al reo del delito imputádole, y esa convicción está perfectamente definida y expresa al decir: “declaramos al acusado Antonio Paz cómplice en el delito de homicidio voluntario”.

Descartamos lo que en la primer moción se refiere á la competencia de la corte de Arecibo, porque ya esta cuestión la hemos estudiado y resuelto en el sentido de que dicha corte es la competente para conocer de este juicio.

Ahora hay que estudiar si con la acusación que al prin-cipio se copió, ha podido darse un veredicto de “complicidad” ó en otros términos, si con una acusación contra uno como autor de un delito, puede venir una convicción contra él por complicidad en el mismo delito, si el juez cometió error al instruir al jurado en el sentido de que podía llegar á esa con-clusión si le parecía que las pruebas así lo demostraban, y por último, si el veredicto dado en esta causa contra Antonio Paz, y en tales circunstancias, es contrario al derecho ó á las prue-bas que son los fundamentos en que descansa la moción pre-sentada y denegada para un nuevo juicio y aun la que se refiere á la moción para que no se dictase sentencia.

Cuando en el Código de California existía la distinción de cómplice antes del hecho, se reconocía que el autor y el cóm-plice son culpables por el mismo delito; pero también se determinó que las regias de alegación requerían que el cóm-plice fuese acusado como tal y no como principal y también .se precisó que, aun cuando un cómplice anterior al hecho, bajo la Ley del Estado de California,' puede ser juzgado, convicto y castigado comó autor, sin embargo, debe especificar la acu-sación que él ayudó al crimen, y debe establecer de qué manera particular realizó su ayuda.

En ese sentido se pronuncian las resoluciones siguientes:

The People v. Valencia, 43 Cal., 555.
The People v. Cambell, 40 Cal., 141.
The People v. Frim, 39 Cal., 75.

Pero el artículo 31 del Código de California que está sus-tancialmente conforme con el 36 del nuestro, comprende den-tro del concepto de autor ó principal lo mismo al que ejecuta directamente por sí el delito que al que, no estando presente en ei acto de su ejecución, ayuda ó concita para que se realice y por eso la jurisprudencia que de ese artículo arranca y del 971 que equivale al 93 de nuestro Código Penal, se determina en el sentido de que en la acusación contra los que han tenido participación en un delito, grave (felony) ya cometiéndolo directamente ó ya ayudando á llevar á término la comisión del mismo, no se necesita la exposición de hecho alguno fuera de los necesarios en la acusación contra el autor principal.

The People v. Roselle, 78 Cal., 84.
The People v. Nolan, 144 Cal., 75, 79.

Esta doctrina la considero consecuente con las disposi-ciones del Código Penal á que se refiere.

Pero el artículo 37 de nuestro Código Penal dice:

“Todas las personas que sabiendo que se ha cometido un crimen (felony), lo ocultaren de las autoridades respectivas, ó albergaren y protegieren á la persona acusada ó convicta de su comisión, son cóm-plices de dicho crimen.”

Cómo se ve, nosotros tenemos también la distinción de ■cómplices, después del hecho y los actos de ejecución necesa-rios que constituyen la complicidad, además de ser posteriores •á la comisión de un- delito, son absolutamente distintos á los actos de ejecución que realiza el autor ó principal. Este comete por sí mismo el delito ó aconseja ó incita á sn comisión,, (artículo 36 de nuestro Código Penal) el cómplice oculta el crimen, alberga ó protege al culpable, todo con conocimiento,, es verdad, de que el crimen se lia cometido, (artículo 37) ya. citado.

Así es que cuando un hombre es acusado de que ejecutó' materialmente el crimen ó de que ayudó ó incitó á su comisión,, puede ir perfectamente preparado con su defensa y prueba, para destruir los elementos de esa acusación, pero es impo-sible de que lo esté para descargarse de lo que absolutamente puede ignorar, si no se expresa, ó sea que con posterioridad al crimen y sabiendo que se había cometido, lo ocultó, ó albergó ó protegió al culpable: Son tan distintos en el tiempo y en su naturaleza los hechos que determinan á uno ú otro partícipe que no pueden deducirse de los del autor, los del cómplice.

Y no se diga que el artículo 93 del Código de Enjuicia-miento Criminal resuelve estas dificultades porque esa dis-posición solo quiere á mi juicio decir, que una acusación, pre-cisando los hechos que determinan al autor material del crimen, es bastante para que esa misma persona pueda ser convicta por la razón de haber aconsejado ó incitado á 1a, comisión del mismo. Y esto es así porque en uno y otro caso tiene el partícipe el concepto legal de autor ó principal y ya. sabe á qué atenerse en su defensa.

Yo creo que las acusaciones deben ser nobles y francas y p.or eso sin duda alguna es que el artículo 82 del Código ck' Enjuiciamiento Criminal dice que para considerar como sufi-ciente una acusación, es necesario que “la acción ú omisión considerada como delito esté expresada clara y distintamente en lenguaje corriente y conciso sin repetición y de tal modo que facilite á cualquier persona de inteligencia común, conocer lo que se quiere decir”.

Por esta y por otras reglas de alegación es. indudable que es buena la doctrina sentada en las tres primeras resoluciones citadas clel Tribunal Supremo del Estado de California; y en el presente caso, por tanto, debió especificar la acusación que Paz, con conocimiento de la comisión del crimen, lo ocultó de las autoridades, por qué medios y si albergó ó protegió al acusado como autor material, especificar también de qué ma-nera particular realizó los actos de ocultación ó protección.

Es verdad que, según el artículo 286 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, el jurado puede declarar al acusado culpable de cualquier delito, necesariamente comprendido en el delito imputádole, ó de tentativa ó lo que es lo mismo, que la ofensa menor está comprendida en la ofensa mayor.

Mas aquí no se trata de un delito de sangre de menor gravedad que esté comprendido necesariamente en el mayor de asesinato en primer grado, que es al que se refiere la acusa-ción, sino que se trata de los distintos elementos de ejecución que caracterizan á un partícipe en un crimen, según sea autor ó cómplice, porque, como estableció el Tribunal Supremo de California en el caso Del Pueblo contra Valencia, 43 Cal., 555 ya citado, el autor y el cómplice son culpables por el mismo delito, pero las reglas de alegación requieren que el cómplice sea acusado como tal y no como principal ó autor, con cuya doctrina estoy perfectamente conforme.

Y ahora estudiando en este punto la obra Wilson’s Texas Criminal Statutes, página 47, nos encontramos con una defini-ción del cómplice que sustancialmente está conforme con la del artículo 37 de nuestro Código Penal, excepción hecha del párrafo final de aquél que en éste no existe.

“Artículo 86. Un cómplice es aquél que sabiendo que se ha per-petrado un crimen, oculta al delincuente, ó le proporciona cualquier otra ayuda, á ñn de que pueda evadir el arresto ó el juicio ó que sea ejecutada la sentencia. Pero ninguna persona que ayuda á un delin-cuente para hacer ó preparar su defensa ante los tribunales ó trata de que adquiera su libertad, mediante fianza, aunque después se fugue, será considerada como cómplice.”

Así define el Código de Texas á esta clase de partícipes en los crímenes.

Pues bien; interpretando esa disposición se ha pronun-ciado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de dicho Es-tado en el sentido de que

“Una persona acusada como autor, no puede ser convicta como un cómplice y que en un juicio, bajo tal acusación (de autor) se comete error al instruir al jurado sobre complicidad.”
McKeen v. State, 7 Tex. Ap., 633.
Fruitt v. State, 8 Tex. Ap., 152.
Simms v. State, 10 Tex. Ap., 159.
Bean v. State, 17 Tex. Ap., 70.
Golden v. State, 18 Tex. Ap., 639, 640.
Phillips v. State, 26 Tex. Ap., 247, 248, 8 Am. St. Rep., 471, 9 S. W., 557.
Dawson v. State, 38 Tex. Cr., 56, 31, S. W., 599.
Rix v. State, 33 Tex. Cr., 358, 359, 26 S. W., 505.

Siendo esto así y dándole á esa sana doctrina la consi-deración debida siquiera sea porque procede de una autoridad respetable y por el principio de que donde hay la misma razón debe haber la misma interpretación, se llega lógicamente á la conclusión de que Antonio Paz Santos, acusado como autor, no pudo ser convicto como cómplice y también hay que con-cluir afirmando que el Juez de la Corte de Arecibo, cometió ■error al instruir al jurado diciéndole:

“De modo que vosotros examinaréis esa prueba toda y veréis si ■efectivamente dentro de ella está ó nó justificado bien el haber aconse-jado ó incitado un delito á Yare-Yare ó sabiendo que éste lo había realizado, si Antonio Paz lo ocultó, albergó ó protegió de las autori-dades, ó si no hay pruebas de nada de esto.”

Y más adelante dice:

“De modo que podéis dar un veredicto como autor ó principal de asesinato en primer grado ó segundo, ó de homicidio voluntario ó involuntario, ó también de cómplice, ó accesorio; de cualquiera de .ellos.”

La defensa de Antonio Paz solicitó por escrito que se .comunicasen ciertas instrucciones al jurado, encaminadas al-gimas á hacerle comprender que era injusto dar un veredicto de cómplice cuando había sido acusado como autor, pero, el juez denegó esas instrucciones, consignando al dorso la nega-tiva, según así todo consta en el Pliego de Excepciones debida-mente aprobado. De modo que quedó subsistente el error que seguramente influyó en la inteligencia del jurado y decidió su voluntad á dar un veredicto de complicidad.

En síntesis la acusación que tenemos á la vista es insufi-ciente para Antonio Paz como cómplice, porque adolece de omisiones de forma que tendieron en lo esencial á perjudicar sus derechos. (Artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal.)

El juez informó erróneamente al jurado acerca de un punto de derecho y el veredicto también le es contrario y en estos casos que son los números 5 y 6 del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento .Criminal, es conveniente anular el veredicto y la sentencia apelada y ordenar la celebración de un nuevo juicio ó que se dicte cualquiera otra resolución pro-cedente en ley, declarándose las costas de oficio; y como las demás excepciones tomadas tienden sustancialmente á esa misma finalidad no hay necesidad de considerarlas.

jRevocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández y MacLeary.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ SEÑOR MACLEARY.

En el presente caso estoy de acuerdo con aquella parte del dictamen del juez ponente que declara que la Corte de Distrito de Arecibo tenía competencia para conocer del asunto. También estoy de acuerdo con él al sostener el cri-terio que el veredicto del jurado cumple sustancialmente con la ley, y que es suficiente, según las resoluciones de California. Si no fuera por la autoridad de dichas resoluciones es posible que yo sería de otro parecer. Es ciertamente una práctica mejor, que el jurado Raga uso de la palabra culpable ó no culpable en su veredicto. Sostengo además que la acusación en el presente caso es suficiente. Dicha acusación 'consigna, que .Antonio Paz y Santos y otros son autores del delito come^ tido, puesto que aconsejaron é incitaron maliciosa y premedi-tamente á dicho José Morales para que cometiera el asesinato anteriormente citado, en la forma arriba mencionada. Esto es suficiente para acusarlos como cómplices ó accesorios antes, del hecho, pero no es suficiente para acusarlos como accesorios, después del hecho. Considerando la acusación bajo este puntu de vista, la corte incurrió en error en aquella parte de las ins-trucciones que dice:

“De modo que vosotros examinaréis esa prueba toda y veréis si efectivamente dentro de ella está ó nó justificado bien el haber acon-sejado ó incitado un delito á Yare-Yare ó sabiendo que éste lo había realizado, si Antonio Paz lo ocultó, albergó ó protegió de las autori-dades,, ó si no hay pruebas de nada de esto.
“De modo que podéis dar veredicto como autor ó principal de asesinato en primer grado ó segundo, ó de homicidio voluntario, ó involuntario, ó también de cómplice ó accesorio; de cualquiera de ellos. ’ ’

Según esta instrucción, el demandado pudo haber sido de-clarado culpable de la comisión del delito si ocultó,, albergó ó protegió á Yare Yare de las autoridades. Puede ser que' el jurado tuvo la intención de declarar culpable al demandado de ser accesorio después del hecho. Si es así este veredicto no fué basado en una alegación debidamente formulada en la acusación.

Por consiguiente, puesto que la corte no se limitó á las alegaciones contenidas en la acusación, al dar sus instruc-ciones al jurado, creo que debemos revocar la sentencia y de-volver el caso á la Corte de Distrito de Arecibo para que se celebre nuevo juicio.

Con estas aclaraciones estoy dispuesto á firmar la sen-tencia de esta corte, que está substancialmente de acuerdo con el criterio que en la presente se expresa.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sb. Quiñones

license: Public Domain

text:
    Ex Parte Tilén et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 53.
    Resuelto en febrero 26, 1907.
    Afianzamiento de la Tutela — Responsabilidad de los Fiadores del Tutor.— La responsabilidad de los fiadores de un tutor se extiende á todo el tiempo que dure el cargo de éste, y sólo en el caso de que el tutor presente nuevos fiadores y se aprueben las cuentas de la tutela hasta ese día, ó cese en el desempeño de su cargo por cualquiera de las causas que reconoce la ley, pueden los fiadores ser relevados de su obligación, sin que proceda tampoco hacer apercibimiento alguno -al tutor, á fin de que constituya'nueva fianza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Acuña y Méndez.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sb. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan presentaron los abogados Sres. Acuña y Méndez, como .representantes de Don Pedro María Tilén y Don Juan Prese, un escrito con referencia al caso arriba mencionado, manifes-tando que sus representados tenían constituida'una fianza por dos mil dollars para garantizar á Don José Hernández Yélez en el ejercicio de la tutela de la menor Isolina Costales, cuyo nombramiento se hizo por la misma corte en 13 de abril de 1905, y se inscribió en el registro correspondiente el día 15 del propio mes y año; que sus representados entienden que el fiador Sr. Hernández no observa, en lo que á la gestión de la tutela se refiere, la diligencia que es de desear en casos de tal naturaleza, y anté la posibilidad de una cercana insolvencia, los comparecientes han resuelto retirar la fianza prestada en dicho caso, promoviendo al efecto las presentes diligencias; que como la fianza es un contrato voluntario, ninguna persona puede ser obligada á continuar prestándola en aquellos casos, en que, como el presente, pueda resultar una insolvencia del obligado principalmente, sin culpa alguna por parte del fia-dor, que vendría en definitiva á hacer efectivas las responsa-bilidades contraídas; que, según el artículo 1744, inciso 2o. del Código Civil, el fiador puede proceder contra el deudor principal, aún antes de haber pagado, en casos de insolvencia, pero antes de recurrir á este extremo, que siempre- resulta violento, los comparecientes optan por retirar la fianza pres-tada sin que el fiador la constituya de nuevo; que no permi-tiendo el párrafo 2o. del artículo 175 del Código'Civil Revisado la cancelación de la fianza hasta que, aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya extinguido todas las responsabilidades de su gestión, procede que en primer término la corte requiera ai Sr. Hernández, por conducto del marshal, para que en el plazo que se le exige, rinda las cuentas de la tutela hasta la fecha; que estas cuentas sean examinadas por el tribunal con intervención del Ministerio Fiscal; y que si no hay que oponer á las mismas ningún reparo, se dicte una resolución apro-bándolas y al propio tiempo se exhonere de toda responsa-bilidad á los promoventes, cancelando, en su consecuencia, totalmente la fianza prestada, y ordenando que el tutor consti-tuya nueva fianza; y que en el caso, poco probable, de que haya responsabilidades que deducir, los fiadores no las rehu-yen en modo alguno y están pronto á hacerlas efectivas, en el momento en que la corte así lo ordene, pero también en ese •caso desean los comparecientes retirar la fianza en cuestión.

La corte de distrito acordó de conformidad con lo solici-tado en el anterior escrito, ordenando que por el marshal se requiriera al expresado tutor para que dentro del término de quince días rindiera cuenta de la tutela y preparara nuevos fiadores, y que hecho eso, la corte resolvería después lo que fuera procedente.

Con fecha 15 de junio de 1906, el abogado Don Manuel Moraza presentó escrito á la misma corte de distrito, en repre-sentación de Don José Hernández, tutor de la menor Isolina Costales, expresando que, cumpliendo su representado el man-dato de dicha corte, presentaba cuenta comprobada de todos los gastos hechos por la expresada menor á partir del 22 de abril del mismo año, la que abarca los ingresos y egresos realizados hasta la fecha, manifestando además, que siendo el propósito del Sr. Hernández hacer renuncia del cargo de tutor que viene desempeñando, quiere quitarse la molestia de pro-ducir nuevas cuentas, y que impidiéndole las múltiples ocupa-ciones del Sr. Hernández continuar en el ejerció del cargo de tutor de la menor referida, suplica á la corte que, teniendo por rendidas las cuentas, se sirva impartirle su aprobación y tener al propio tiempo por renunciado el cargo dé tutor que viene desempeñando el Sr. Hernández, nombrando en su lugar á la persona que la corte tenga por conveniente. La corte proveyó á este escrito con la siguiente resolución:

“Corte de Distrito de San Juan. No. 273. Pedro María Tilén ef al., Ex Parte. — Sobre cancelación de fianza. Orden. — Antes de resolver en definitiva la solicitud de los fiadores del tutor de la menor Isolina Costales, requiérase al dicho tutor para que preste una nueva fianza por la suma ya fijada. Entonces, y previa aproba-ción de las cuentas de la tutela, se procederá á cancelar la fianza, que otorgaron los promoventes. Y en el caso de que el tutor nombrado no pueda continuar en el desempeño de su cargo, requiéra-sele para que lo manifieste así y exprese las causas y además para que indique á la corte una persona de buenas condiciones que pueda sus-tituirle. Y entonces, y una vez que el nuevo nombramiento se haya hecho y el tutor haya prestado su fianza, previa aprobación de las cuentas del anterior tutor, se procederá á cancelar la fianza otorgada por los promoventes en el caso de que se trata. Dictada en corte abierta hoy, 30 de marzo de 1906. — Emilio del Toro, Juez.. — Certifico: José E. Figueras, Secretario.”

He la anterior resolución pidieron reconsideración los abo-gados representantes de los Sres. Tilén y Frese, fundándose en que, deduciéndose de la misma que la obligación por éstos contraída estará vigente mientras el tutor Sr. Hernández constituya nueva fianza, tal proceder está en pugna con la letra y espíritu de la ley y con las obligaciones que se impu-sieron los fiadores al constituir la fianza, que fueron la de garantizar á Don José Hernández en el fiel desempeño de la tutela, de suerte que todas esas cuestiones de renuncia de tutela, nuevo tutor con su correspondiente fianza, etc., de que trata la resolución, cuya reconsideración se solicita, nada tienen que ver con la responsabilidad de los fiadores, con tanta mayor razón cuanto que el artículo 241 del Código Civil le da competencia al tribunal para proveer al cuidado de la menor, ya en su persona ó en sus bienes muebles, basta el nombra-miento de tutor; que no bay disposición alguna legal que obligue al fiador á continuar como tal en casos como en el presente en que el fiado no ba incurrido en responsabilidad, ó en que, si existiere, están dispuestos los fiadores á hacerla efectiva, y que en el estado en que se encuentran las presentes actuaciones procede que la corte llame á la vista las cuentas presentadas por el tutor, las examine con citación fiscal y les imparta su aprobación si las encuentra correctas, declarando al propio tiempo que los fiadores quedan libres de toda res-ponsabilidad, sin perjuicio de que el expediente continúe sobre los extremos de prestación de nueva fianza, etc., en cuyo sen-tido es que se interesa la reconsideración de la orden que dejamos transcrita.

Al resolver esa moción sobre reconsideración de la orden de 30 de marzo de 1906, la Corte de Distrito de San Juan dictó la resolución qué, copiada á la letra, dice así:

“Pedro María Tilén, Ex parte'. — Cancelación de fianza. — Deci-sión. — La corte en 30 de marzo último, dictó una orden disponiendo que Don José Hernández, tutor que está fiado por los promoventes sea requerido para que exprese las causas en que funda su,renuncia del cargo de tutor y además indique persona que pueda ■ sustituirle y que, una vez que el nuevo tutor haya sido designado y haya éste pres-tado su fianza, procederá-la cancelación que interesan los promoventes, si son aprobadas las cuentas de su fiado. Se ha presentado moción por los peticionarios para que sea reconsiderada tal orden y en aquélla consigna los fundamentos de su solicitud. El cargo de tutor no es renunciable sino en virtud de causa legítima debidamente justificada, según dispone el artículo 240 del Código Civil y por tanto, mientras eso ocurre el tutor está obligado á desempeñar el cargo que aceptó. Los fiadores de un tutor, al constituirse en tales, saben, porque no pueden ignorar la ley, que su fiado ha de desempeñar su cargo hasta que cese la tutela ó ocurra alguna causa por- la que sin extinguirse aquélla dé lugar á que cese el tutor en su cargo para que otro sea nom-brado, y por tanto, que contraen su obligación por todo el tiempo que desempeñe el cargo. Así pues, la obligación de los fiadores se extingue al mismo tiempo que la de su fiado (artículo 1748 del Código Civil) y por las mismas causas que las obligaciones; y como la obligación de Don José Hernández no puede cesar sino en los casos antedichos, nin-guno de los cuales existe hasta el presente, no puede darse por extin-guida ó cancelada la fianza que por él prestaron los peticionarios, por-que así á ellos convenga ahora, y por consiguiente, no puede hacérsele apercibimiento alguno. Si él presenta nuevos fiadores y son apro-bados, desde ese momento cesará la obligación de los fiadores anteriores, previa aprobación de cuentas hasta ese día. .La fianza en general queda extinguida al vencimiento del plazo porque se constituyó y el término en las prestadas para tutores es por todo el tiempo que dure su cargo. Por estas razones la corte decide, que no procede reconsi-derar ni enmendar la orden que en este asunto dictó en 30 de marzo último.. — Pedro de Aldrey, Juez de la sección primera. — Certifico: José E. Figueras, Secretario.”.

De esa resolución y de su concordante de 30 de marzo anterior apelaron los fiadores Sres. Tilén y Frese por conducto de sus abogados Acuña y Méndez, para ante este tribunal.

Entendemos que la resolución dictada por la Sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan en 11 de abril de 1906, y que se fia transcrito literalmente, está perfectamente ajustada á derecho, y en su virtud, opinamos que debe confirmarse en todas sus partes con las costas á los apelantes.

Con jironada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Presidente Sr. Quiñones

text:
    Alvarez et al. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama.
    No. 17.
    Resuelto en febrero 28, 1907.
    Aguas Públicas — Concesiones de Aguas paba Riegos — Inscripción.—Aunque las concesiones administrativas de aguas públicas para riego ú otros aprove-chamientos especiales, son títulos inscribibles en el -registro de la propiedad, sin embargo, como no autorizan.á los concesionarios para disponer libremente de las aguas, sino en el aprovechamiento especial para que fueran concedidas, no p-ueden inscribirse aisladamente, sino con relación á la finca para cuyo bene-ficio fueran concedidas y como un derecho inherente á la misma.

    Id. — ■ Aguas de Propiedad Particular. — La anterior doctrina no es aplicable á los contratos relativos á las aguas de propiedad particular, pues éstas pueden enagenarse libremente, y los títulos son inscribibles en el registro, siempre que modifiquen de algún modo las facultades del dominio sobre bienes inmuebles. '
    Id. — No estando ipscríta en el caso de autos, á favor de los recurrentes, la finca para el riego y aprovechamiento de la cual les fueron otorgadas las conce-siones de aguas que pretenden inscribir á su favor, separada é independiente-mente de aquella finca, procede se deniegue la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Lopes Lanclrón.

   El Juez Presidente Sr. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Yisto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Rafael López Landrón, á nombre de Don Guillermo Alvarez y la Sucesión de Don Ciprián Blondet contra negativa del Registrador de la Propiedad de Guayama á ins-cribir dos concesiones de aguas públicas.

Resultando: que por acuerdo del Gobierno Superior Civil de esta Isla de 15 de septiembre de 1873 se autorizó á Don Guillermo Alvarez y Don Ciprián Blondet, dueños de la hacienda “Adela,” del término municipal de Patillas, para to-mar 32 litros de agua por segundo del río del “Real” con des-tino al riego de 41 hectáreas 55 áreas 61 centiáreas de terrenos de la expresada hacienda “Adela,” entendiéndose que en dicha cantidad de agua iba comprendida la necesaria para el surtido de las máquinas y de las fábricas con sujeción á las condiciones expresadas en dicha concesión, entre ellas, la de qne los concesionarios quedarían sujetos á todas las obligacio-nes generales que en tal concepto señalaba la ley de aguas, en-tonces vigente, y gozarían de los mismos beneficios y dere-chos que, según la misma, le correspondían; y que por otra re-solución del mismo Superior Gobierno de 10 de junio de 1876, se autorizó á Don Ciprián Blondet, como dueño de la hacienda “Adela,” para 'aprovechar además de los 32 litros con-cedidos para el riego de su expresada hacienda, 150 litros más de las aguas del mismo río, con objeto de dar movimiento á la rueda hidráulica destinada á la industria de la fabrica-ción del azúcar en la misma finca, con la condición, entre otras, de que reunidas todas las aguas concedidas en el depó-sito ó partidor marcado en el plano que se abompañaba á la so-licitud, para su distribución, se establecería un módulo para los 32- litros relativos al riego, continuando los restantes por el canal de condución á la rueda hidráulica, devolviéndose és-tos íntegramente al cauce del río pór el camino más corto, según se figuraba en los planos, después de haber ejercido su efecto sobre el artefacto, que toda la línea de canales com-prendida entre el punto de toma y el de desagüe, se construi-ría con el esmero suficiente para evitar pérdidas de agua por derrames ó por 'filtraciones.

Resultando: que presentadas en el Registro de la Pro-piedad de Guayama para su inscripción en el mismo, dos copias certificadas de lás referidas concesiones, expedidas por el jefe de la sección de archivos del Departamento del Inte.-rior, donde se encontraban los originales, con el visto bueno del Hon. Comisionado de dicho Departamento, le fué dene-gada la inscripción por el registrador de la propiedad por los fundamentos que expresa la nota puesta por él mismo á con-tinuación de dichas certificaciones, la que, copiada á la letra, dice así:

“Denegada la inscripción de los documentos que preceden por no existir en la actualidad ninguna hacienda con el nombre de ‘Adela’ en el término de Patillas, puesto que lo que existió con ese nombre, fué vendida en distintos trozos, apareciendo en la inscripción de uno de ellos á favor de los Sres. Pantauzzi hermanos, que en la venta de ese predio hecha por Don Hipólito Gautier, quien había adquirido la hacienda en remate público á lá sucesión de 'Don Ciprián Blondet, se incluyeron las obras inherentes á un canal de riego, para tomar 32 litros de agua por segundo del río del ‘Real’; anotándose preventiva-mente esa denegación al folio 228 del tomo 2o. de Patillas, finca No. 88, anotación letra A. — Guayama, septiembre veinte y siete de mil nove-cientos seis.”

Resultando: que contra esta nota ha interpuesto el abo-gado Don Rafael López Landrón á nombre de Don Guillermo Alvarez y la Sucesión de Don Ciprián Blondet el presente recurso gubernativo ante este Tribunal Supremo, para que se revoque dicha nota y el registrador proceda á verificar la ins-cripción especial, separada é independiente de las referidas concesiones de aguas públicas del río del “Real,” á favor de los concesionarios Señores Blondet y Alvarez, según los términos y condiciones de las mismas.

Considerando: que si bien con arreglo al art. 27 del Regla-mento de la Ley Hipotecaria' en esta Isla, en relación con el artículo 2o. de la misma, las concesiones administrativas de aguas públicas para riegos, ú otros aprovechamientos espe-ciales, son títulos inscribibles en el registro de la propie-dad, como quiera que no autorizan á los concesionarios para disponer libremente de las aguas, sino en el aprovechamiento especial para que fueran concedidas, como lo establece el artí-culo 153 de la Ley de Aguas de 5 de febrero de 1886, que es la vigente al prescribir que “las aguas concedidas para un aprovechamiento no podrán aplicarse á otro diverso sin la for-mación de expediente como si se tratara de una nueva conce-sión,” es evidente que no pueden inscribirse aisladamente como lo prétenden los recurrentes, sino con relación á la finca para cuyo beneficio fueran concedidas, y como un de-recho inherente á la misma, á diferencia de los contratos rela-tivos á las aguas de propiedad particular, que pueden ena-jenarse libremente y qne son inscribibles siempre qne modifi-qnen de algún modo las facultades del dominio sobre bienes inmuebles, como lo lia declarado la dirección general de los registros de la propiedad en su resolución de 27 de enero de 1864, y en otras posteriores.

Considerando,• que esta doctrina es conforme á la estable-cida en la exposición de motivos que precede á la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866, de la que con rni^ pocas variantes pro-cede la vigente, la que al tratar de los aprovechamientos comunes de las aguas públicas,- y al determinar los carácter-es generales que separan y distinguen el aprovechamiento del dominio,,dice lo siguiente: “Este (el dominio) es un derecho absoluto é ilimitado sobre la cosa, que nos autoriza para ha-cer libremente de ella el uso que nos plazca, siempre que no lastimemos el derecho de otro. El dueño de una cosa lo tie-ne, no sólo para usar, sino para abusar de ella, sin que el po-der público pueda impedir este abuso, mientras con él no cause perjuicio á tercero. El aprovechamiento, por el contrario, es un derecho limitado, sujeto á las condiciones impuestas por quien lo concede, y que no autoriza para abusar, sino -só-lo para usar en la forma y para el objeto concedido. El apro-vechamiento es el uso á que por la misma naturaleza se ha-llan destinadas las cosas comunes, revestido de aquellas for-mas que el poder público juzga indispensables para evitar con-flictos y para que á todos alcance ese uso cuando es posible, y cuando no, á aquéllos que puedan obtener de él ó proporcio-nar al público mayores ventajas. Por eso la comisión no re-puta jamás á los concesionarios de aguas públicas, como ver-daderos dueños de éstas, ni aún después de separadas de sus cauces naturales; sino como meros usuarios limitados al ob-jeto para que se-les concedieron, y sujetos siempre á la vigi-lancia de la administración, encargada de precaver todo abu-so y desperdicio” ; doctrina con la cual es conforme también la opinión de los ilustrados comentaristas D. León Gí-alindo y Vera y D. Rafael de la Escosura y Escosura los que, al comen-tar én el tomo 2o. de su interesante obra sobre comentarios á la ley hipotecaria de España, el art. 8o. de la misma, y al ex-plicar las reglas qne deben observarse para la inscripción de las aguas públicas cuando su distribución se halla reglamenta-da por ordenanzas especiales, como sucede en Valencia, Caste-llón y otros puntos de .España, dicen lo siguiente: “La distri-bución de las aguas (en dichos pueblos) está arreglada por las ordenanzas municipales y las aprovechan tan sólo las tierras por donde discurren, sin qne puedan regarse otras distintas con aquella agua. Los dueños de la tierra regada no lo son de las aguas; de manera que no pueden disponer de éstas se-paradamente de la finca: no utilizan las aguas, porque en ella tengan derechos, sino porque son dueños de las tierras á las que está inherente el riego ’ ’.

Considerando, por tanto, que no estando inscrita la hacienda “Adela” á favor de los recurrentes Don Guillermo Alvarez y la Sucesión de Don Ciprián Blondet no pueden pretender se inscriban á su favor separada é independientemente de aquella finca, las concesiones de aguas del río del “Real”, que les fueran otorgadas por el Gobierno Superior Civil de esta Isla como dueños de la referida hacienda y para el riego y aprovechamiento de la misma.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se confirma la nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Guayama que motiva el presente recurso y de-vuélvansele los documentos presentados con copia certificada de la presente resolución para su conocimiento y demás efec-tos procedentes con arreglo á derecho.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Presidente Sr. Quiñones,

text:
    El Pueblo v. Díaz et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 91.
    Resuelto en febrero 28, 1907.
    CONFISCACIÓN DE FIANZA PRESTADA EN CAUSA CRIMINAL — FALTA DE COMPARE-CENCIA del Acusado — Diligencia de los Fiadores. — Decretada la confisca-ción de una fianza prestada en causa criminal, si el acusado ó sus fiadores com-parecieren ante la corte antes de finalizar el término de sus sesiones y excu-saren, á satisfacción de la misma, la falta de comparecencia de aquél, la corte puede dejar sin efecto la confiscación; pero, si como sucede en el caso de autos, los fiadores se limitan á justificar que lian practicado diligentes ges-tiones para la captura del acusado, no procederá dejar sin efecto la confisca-ción, pues lo que hay que explicar satisfactoriamente es la incomparecencia del acusado/ al juicio, y no la falta de diligencia de los fiadores para evitar esa misma incompareeencia.

    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. JRossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama formuló acusación contra Manuel Viruet por infrac-ción del art. 161 del Código Penal, y verificado el arresto del acusado, prestó fianza para su libertad provisional, por la suma de quinientos ($500) dollars, suscrita por Don Arturo Díaz y Don Vicente Bodríguez como fiadores, por la que se obligaron á responder de la comparecencia del acusado ante el tribunal, en cualquiera época y á que el acusado acataría-las órdenes y providencias de la corte, así como que compare-cería también al pronunciamiento de la sentencia que se dic-tara contra él, en la mencionada causa, sometiéndose á la eje-cución de la misma; siendo la condición de esta fianza que si el acusado faltare á cualquiera de esas obligaciones, pagarían los fiadores al Pueblo de Puerto Bico el importe de la misma. En 11 de abril de 1906, el acusado fué debidamente citado para que compareciera á la vista de su causa ante la Corte de Distrito de Gfuayama, la que tendría lugar el día 23 del mismo mes, y en aquella misma fecha, ó sea el ,11 del expre-sado mes de abril, los fiadores fueron también debidamente notificados de que el acusado había sido citado para que com-pareciera al juicio el mencionado día 23, advirtiéndoseles, además, la obligación en que estaban de presentar dicho acusado ante la corte, en la fecha señalada para el juicio, ó de lo contrario, sería confiscada la fianza que tenían prestada. Llegado el día del juicio, como no compareciera el acusado, la corte, á moción del Fiscal, ordenó la confiscación de la fianza.’ El día 25 de abril, del mismo año, el acusado fué arrestado en Ponce por la Policía Insular y entregado al día siguiente á sus fiadores; éstos, en el mismo día 26 de abril, presentaron una moción á la Corte de Distrito de Gfuayama, por conducto de su abogado Sr. Nadal, manifestando que habiendo tenido conocimiento oportunamente de que el acusado Manuel Viruet no se encontraba en su residencia de Cayey, y temiendo que se hubiera dado á la fuga, empezaron á practicar gestiones para su busca, las que dieron por resultados la captura del mismo por la policía; que si el día 23 de abril, señalado para el juicio de su causa, no compareció el acusado ante la corte, no fué por la voluntad de sus fiadores, los cuales practicaron cuantas diligencias tuvieron á su alcance para conseguir la entrega de aquél á la autoridad; por esas razones solamente, é invocando los preceptos del artículo 396 del Código de En-juiciamiento Criminal, suplicaron á la corte se sirviera dejar sin efecto la confiscación de la fianza, acordada en el acto del juicio, y declarar á los fiadores libres de toda responsa-bilidad por ese concepto.

En 26 de abril de 1906 la Corte de Distrito de Gfuayama, entendiendo que los fiadores habían justificado debidamente haber practicado diligentes gestiones pára la captura del acusado, á quien habían entregado á las autoridades antes de finalizar el término de la corte, y teniendo en cuenta que la incomparecencia del acusado hubo de ocasionar los gastos consiguientes á la suspensión del juicio, dejó sin efecto la orden de confiscación de fianza, bajo la condición de que los fiadores de Manuel Yiruet reintegraran los gastos ocasiona-dos por su incomparecencia al juicio. ,

Contra esa resolución interpuso recurso de apelación para ante este tribunal el Fiscal del Distrito de G-uayama, que in-teresó la revocación de la misma.

Este caso tiene alguna semejanza con el del Pueblo de Puerto Rico v. Guadalupe Cruz y otro, procedente también de la misma Corte de Distrito de Guayama, y resuelto recien-temente por este tribunal, que confirmó en todas sus partes la resolución apelada; difieren, sin embargo, en que en aquel caso ‘aparecía justificado en los autos, no solamente que los fiadores comparecieron y explicaron á la corte las diligencias que habían, practicado en busca del acusado, sino también que el mismo acusado explicó su falta de comparecencia, alegando, bajo juramento, que antes de salir de la casa de su padre le dijeron que su juicio tardaría dos ó tres meses en celebrarse, y que apenas tuvo conocimiento de que se le buscaba por las autoridades fué á Guayama para entregarse á las mismas; mientras que en el caso presente, el acusado nó ha explicado ante el tribunal los motivos que le impidieran comparecer ante el mismo, en el día señalado para la celebración del juicio de su causa, ni han tratado siquiera sus fiadores de justificar esa misma incomparecencia, dando al efecto alguna explica-ción satisfactoria, para así salvar las responsabilidades con-traídas como tales fiadores.

El artículo 396 del Código- de Enjuiciamiento Criminal, en su edición inglesa, que es la original, dice claramente que si el acusado ó sus fiadores comparecieren y explicaren satisfac-toriamente la incomparecencia de aquél á la celebración del juicio, el tribunal, en los casos en que hubiere decretado la confiscación- de la fianza por ese concepto, podrá ordenar se deje sin efecto, bajo las condiciones que estimare justas.

Como el único motivo que se ha alegado como fundamento de la moción para que se deje sin efecto la confiscación de la fianza decretada en este caso, es el haber practicado los fiadores diligentes gestiones para la captura del acusado, y como según el artículo 396, ya citado, lo que debe explicarse satisfactoriamente es la incomparecencia del acusado á la cele - bración del juicio, y no la falta de diligencia de sus fiadores para evitar esa misma incomparecencia, bay que estimar que el Juez de la Corte de Distrito de Gnayama, que dictó la reso-lución apelada, no ejerció debidamente la facultad discrecio-nal que para estos casos concede el expresado artículo, sin duda por la falta de claridad que se advierte en la redacción del mismo en el .texto español, comparándola con la del texto inglés, y en su virtud, entendemos .que debe _ revocarse la mencionada resolución, dictada en veinte y seis de abril de 1906, objeto de la presente, apelación, y decretarse la confis-cación de la fianza que por la suma de quinientos dollars, y á favor del Pueblo de Puerto Eico, suscribieran Don Arturo Díaz y Don Vicente Rodríguez, como fiadores de ■ Manuel Viruet, requiriéndoseles al efecto para el .pago de la misma, y librándose, en su caso, la correspondiente ejecución para la satisfacción de la sentencia.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Wolf

text:
    Desmornes v. Desmornes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 101.
    Resuelto en febrero 28, 1907.
    Apblaoión — Desestimación y Restablecimiento de la Apelación. — El Tribunal Supremo tiene facultades para dejar sin efecto la desestimación de una apela-ción y acordar el restablecimiento de la misma en los casos en que la deses-timación hubiera tenido lugar por incumplimiento de las reglas de la corte y las ra'zones dadas por el apelante sean buenas y suficientes á excusar tal incumplimiento.

      Id. — En el caso de autos, se desestimó la apelación por haber dejado de presentar su alegato la parte apelante; ésta pidió reconsideración y que se estableciera la apelación, alegando habla consignado los fundamentos de su recurso en la relación de hechos, creyendo de buena fe que por haber procedido así estaba excusado de presentar alegato y que ésta era práctica expresamente autorií ada pur resolución del tribunal en otro caso en que el mismo abogado figuró como representante de- una de las partes: Se resolvió que el error del abogado en este caso puede estar justificado por una mala inteligencia de la resolución referida, y que, atendidas las circunstancias del caso de autos, procede que se restablezca la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los' apelantes: Sr. Vías Ochoteco.

    Ahogado de los apelados: Sr. Hawhins.

   El Juez Asociado Se. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En 16 de enero de 1907, esta corte desestimó el caso de Isabel y Josefa Desmornes v. Herederos desconocidos de Adolfo Desmornes, por dejar el apelante de cumplir con la regla 54 de esta corte. El apelante ha presentado ahora una moción, solicitando de la corte que revoque su resolución y considere de nuevo el caso.

Cuando se presentó la moción pidiendo el desistimiento del caso, el apelante alegó que no había presentado el alegato, según lo exigía la regla 54, porque entendía de buena fe, y era su creencia, que tal alegato era innecesario y no se exigía por las regias de esta corte en los casos en que había úna exposición del caso junto con la misma apelación, en cuya exposición el apelante había cumplido con las prescripciones exigidas por la regia 54.

En la moción, pidiendo la reconsideración, el apelante alega además, que jamás ha sido negligente en el asunto. Que aun cuando no hubiera equivocado las prescripciones de la regia, no hubiera podido preparar su alegato mucho antes, puesto que el secretario de la corte de distrito no le entregó copia de la exposición del caso hasta el día 24 de diciembre de 190o. Además, que tan pronto como tuvo conocimiento que había sido presentada una solicitud pidiendo el desistimiento, seguidamente envió por correo una copia del alegato al Sr. Texidor, suplicándole que lo presentara én esta corte.

Se llama nuestra atención con respecto á diversas autori-dades á fin de que esta corte, á su discreción, pueda reconside-rar un caso en que se-lia hecho un desistimiento por incum-plimiento de las reglas, y en el que el apelante da una excusa-buena y razonable de su incumplimiento, no teniendo nos-otros duda alguna con respecto á la facultad que tenemos so-bre la cuestión. En verdad, la alegación principal del abogado-de la parte apelada es que la corte no débió haber ejercitado-discreción alguna en el presente caso.

Notamos que el alegato últimamente presentado por el abogado del apelante contiené los mismos* puntos que fueron agregados á la exposición del caso. Surge abora la cuestión, de si el apelante ba mostrado su derecho para exigir benevo-lencia de esta corte, cuando, es evidente que no se cumplió de-bidamente con las reglas de este tribunal basta después de presentada la moción solicitando el desistimiento. Los pro-cedimientos de los varios estados son diferentes en cuanto á la forma adoptada por las cortes para la presentación de los alegatos. Sin embargo, bay decisiones por las que algunas cortes de apelación, de acuerdo con reglas menos estrictas, ban desestimado casos por dejar de presentar el alegato.

Missouri Pa. Ry. Co. v. Illig., 20 Mo. App., 327.
Conkling v. Cameron, 3 Okla., 525, 41 Pac., 609.
Shanks v. Carroll, 50 Tex., 17.
Smith v. Tenney, 60 Ill., App., 442.

Esta corte insistirá generalmente en que se cumplan sus reglas. Por lo general no se bace señalamiento de los asuntos basta que no ba sido presentado el alegato del apelante y vencido el término concedido al apelado para la presentación de su contestación.

En el caso sometido á nuestra consideración, sin embargo, creemos que el apelante mostró deseo de cumplir con el pro-cedimiento de esta corte, según él lo entendía. Es verdad que en el caso de Marcelino Solá Rodriguez v. Pedro Orcasitas Muñoz ordenó que se preparase una exposición del caso eon-■teniendo el error alegado y los fundamentos sobre los cuales el apelante fundaba su apelación. El abogado del apelante en este caso representaba al apelado en' aquél y pudo haber in-currido en error por no entender el verdadero objeto de la resolución dictada en aquel caso por esta corte. Bajo estas circunstancias,' creemos que la corte en el presente caso debe ‘ejercitar- su poder discrecional en favor del apelante y en' su consecuencia ordena se deje sin efecto la resolución de 16 de enero próximo pasado y se continúe el curso de la apela-ción. ' ■ ■ ■

jResuelto de conformidad.

.... -Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Figueras y MacLeary.


text:
    Hernández v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota, del Registrador de la Pro-piedad de San Hermán.
    No. 16.
    Resuelto en marzo 4, 1907.
    Insckipción — Defecto Subsanable. — La omisión en los títulos inscribibles, de cualquiera de las circunstancias que se requieren para acreditar la identidad de los interesados, constituye sólo un defecto subsanable, puesto que no im-plica la nulidad de la obligación, y no impide, por consiguiente, la inscripción del documento en el registro de la propiedad. °

    Los hechos están expresadós en la opinión.
    La parte recurrente no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por Don ' Agustín Hernández Mena contra nota del Registrador de la 'Propiedad de San Germán denegatoria de la inscripción de una escritura de venta.

Resultando: ..qcle seguidas diligencias por el marshal de la Corte de Distrito de Mayagüez sobre ejecución de la-sentencia recaida en el pleito seguido por Don Agustín Hernández Mena contra J. A. Fleytas Suárez y J. A. Fleytas Colberg en cobro de pesos, se embargaron por el marshal una porción de te-rreno de la propiedad del deudor J. A. Fleytas Suárez y un condominio, equivalente á la mitad de otra finca rústica deno-minada “Bonifaeia,” sita eñ el barrio del “Miradero” del término municipal de Cabo Rojo, de la propiedad que se decía ser del otro deudor J. A. Fleytas Colberg, las que fueron adju-dicadas al acreedor Don Agustín Hernández Mena, por no ha-berse presentado licitadores á la subasta y de las cuales se otorgó por el submarshal de la corte de distrito la correspon-diente escritura.de venta á favor del comprador en 27 de agosto de 1906 por ante el notario público Don Víctor P. Mar-tínez y G-onzález, en la cual se omitió expresar el estado civil del deudor J. A. Fleytas Colberg.

Resultando: que presentada esta escritura para su inscrip-ción en el registro de la propiedad, la inscribió el registrador respecto de la porción de terreno embargada al deudor Sr. Fleytas Suárez, suspendiendo la inscripción respecto al con-dominio de la mitad de la estancia“Bonifaeia,” embargada al otro deudor Sr. Fleytas Colberg, por los motivos que expresa, la nota puesta por el registrador al pie de dicha escritura, la que copiada á la letra dice así:

“Inscrito el precedente documento, en cuanto á la porción de terreno de siete hectáreas, ochenta y seis áreas, ocho ■ centiáreas, al folio 48 vuelto del tomo 5o. del Ayuntamiento de Cabo Rojo, finca No. 254, inscripción 5a.; y suspendida la inscripción en cuanto.al con-dominio de una mitad de la estancia nombrada “Bonifaeia,” regis-trada á nombre de Don José Antonio Fleytas, sin que conste otro apellido, por título de compra, siendo casado, hasta tanto que se jus tifique que, primero: cuál de los demandados es el Don José Antonio Fleytas á que se refiere el registro y segundo: el estado civil de. dicho señor, omitido en el documento, sin cuyo requisito no es posible hacer calificación alguna; habiéndose tomado, entre tanto, anotación preventiva, por término de ciento veinte días, en cuanto á dicho condominio, al folio 60 vuelto del tomo Io. de Cabo Rojo, finca No. 26, anotación letra A. — San Germán, septiembre 28 de 1906.’'’

jResultando: que no estando conforme el presentante de la escritura con la nota del registrador, dejó eh su poder dicho documento para que lo remitiera á esta Superioridad en cum-plimiento de lo dispuesto por la Ley de la Asamblea Legisla-tiva de 1 de marzo de 1902, sobre recursos contra las resolu-ciones de los registradores de la propiedad, como así lo veri-ficó el registrador con su informe, explicando y ampliando los fundamentos dé su nota.

Resultando: que en confirmación de dicha nota elevó el registrador á este Tribunal Supremo copia certificada de la inscripción de la estancia denominada “Bonifacia” á favor de Don José Antonio Fleytas, casado y Don Sandalio Mendoza agricultor y vecino de Cabo Rojo y del asiento de presentación del título que motivó dicha inscripción en el que se designa á Don José Antonio Fleytas con el segundo apellido de Suárez.

Considerando: que la falta de expresar en los títulos cual-quiera de las circunstancias que se requieren para acreditar la-identidad de los interesados, constituye sólo un defecto subsanable, puesto que no implica la nulidad del título ni de la obligación en él contenida, y por consiguiente, que como tal defecto subsanable no impide la inscripción del documento, á tenor de lo que previene la sección 4a. de la Ley de la Asam-blea Legislativa de esta Isla de 1°. de marzo de 1902, sobre “recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad. ’ ’

Vistos los artículos 65 de la Ley Hipotecaria y 110 del Reglamento y la resolución de la dirección general de los registros de 21 de julio de 1863. -

Se revoca la nota puesta por el Registrador de la Propie-dad de San Hermán al pie de la escritura de que se trata en cuanto, por ella declaró suspendida la inscripción del con-dominio de la estancia “Bonifacia” á favor del comprador Don Agustín Hernández Mena y se ordena al registrador pro-ceda á inscribir dicha escritura en el extremo en que dejó de hacerlo en la forma prescrita por la sección 4a. de la ley citada de 1°. de marzo de 1902; y devuélvase la escritura presentada con copia de la presente resolución para sn cumplimiento y demás efectos que proceda con arreglo á derecho.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figneras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. MaoLeaey,

text:
    Feliú v. Narváez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 97.
    Resuelto en marzo 4, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Aprobación del Juez. — La aprobación del juez á un pliego de excepciones ó relación de hechos no debe hacerse por medio de una resolución de la corte, sino en forma de certificación oficial, debidamente firmada por el juez al pie de dichos docu-mentos. ,
    Apelación — Alegaciones—Excepciones—Nuevo Juicio. — No hay precepto al-guno legal que impida fundamentar una acción en una cuenta de la que forme parte, como primera partida, un pagaré, pero aún cuando pudiera- exeepcio-narse la demanda por tal motivo, la axeepción debe formularse oportunamente ante la corte inferior, y no en apelación como razón para que se conceda un nuevo juicio • ,
    Id. — Prescripción—Pruebas.—Si una parte desea oponer como defensa la pros-cripción, debe alegarla especialmente, ya en excepción previa ó en la contesta-ción, pero no puede valerse de esta defensa para usarla como objeción á la admisión de prueba, ni pueden estas objeciones formularse por primera vez en Ja apelación, sino ante la corte inferior, debiendo estimarse renunciadas cuando no se hubieren formulado ante dicha corte.
    Id. — Causa de Acción — Liquidación de Sociedad y Adjudicación en pago de Participación Social. — Liquidada una sociedad y hecha adjudicación de determinadas obligaciones existentes á favor de la sociedad, á uno de los socios de la misma en pago de su participación en el haber social, dicho socio tiene plena capacidad para proceder á su cobro y demandar judicialmente el cumplimiento de las mismas.

      Id. — Admisión de Prueba Impertinente. — En los casos en que el juicio se hubiere celebrado ante la corte sin intervención de jurado, es muy difícil que la admisión de prueba impertinente se considere error fundamental, pues es de presumir que el juez ha considerado la prueba 'pertinente y hecho caso omiso de la impertinente para la resolución del caso; el perjuicio que el error en su admisión pueda haber causado, debe demostrarse plenamente para justificar la revocación de la sentencia.
    Id. — Prueba Contradictoria. — La apreciación de la prueba es facultad que tiene la corte inferior, y en los casos de declaraciones contradictorias, la corte inferior debe resolver el conflicto, y no procederá la revocación de la sen-tencia á no ser que'el tribunal de apelación, al examinar la prueba, encuentre que hay falta absoluta de prueba para justificar la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante; Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Freyre Ba,rbosa.

   El Juez Asociado Se. MaoLeaey,

emitió la opinión del tribnnal.

Esta es nna demanda entablada para el cobro de dinero. Dicha demanda fné presentada el 19 de noviembre de 1904, consignándose, en ella la suma que el demandado debía al de-mandante, y solicitándose del tribunal, sentencia á favor del demandante, por la cantidad de setecientos dollars y noventa y cuatro centavos ($700.94) por intereses y costas.

A debido tiempo se presentó la contestación, alegando que la suma reclamada por el demandante, ascendía á setecientos treinta .y cuatro dollars y noventa y cuatro centavos ($734.94), y negando que la deuda llegase á semejante cantidad y ne-gando también la autenticidad del pagaré en que se fundaba, en parte, la demanda. Este error, en cuanto á la cantidad, era debido al hecho de no haberse notado un abono que se había hecho en la cuenta, según ha sido consignada anteriormente.

El demandante presentó, junto con la demanda, un pagaré por novecientos diez y seis dollars y diez y ocho centavos ($916.18), y una cuenta, cuya primera partida es el citado pagaré, y cuyo saldo ó balance cerrado en 14 de enero de 1904, es de $700.94; siendo el total $730.94, de cuya suma hay que rebajar un abono de $30.00 por cuenta de una remesa de café.

Al negarse el tribunal, á admitir el pagaré, el demandante-presentó una cuenta que contenía muclias partidas, y que-comprendía el período desde el 15 de abril de 1889 basta el 17 de febrero de 1897, y cuyo saldo, en esta última fecha, era de $916.18, ó sea la misma cantidad expresada en el pagare.

En el acto del juicio, el tribunal oyó las declaraciones de los testigos de ambas partes, que son como siguen:

“Luis Feliú declaró que tuvo en Bayamón dos sociedades mercan-tiles cuyos gestores eran Luis y Mariano Feliú, basta el año 1903, en que se separaron, y además formó parte de la primera sociedad Doña Francisca Munich; que Narváez tuvo cuentas con la primera sociedad las que alcanzaban á $700 al disolverse dicha sociedad; que Narváez otorgó un pagaré por dicha suma, que fué firmado á su petición, por un barbero de apellido Tolmo, hallándose presentes el declarante, sil socio, el barbero y Narváez, y pasando el activo á la nueva sociedad; que Tolmo reconoció el pagaré y que éste fué firmado en 1897; que siguió la cuenta de Narváez, tomando éste lo que necesitaba, y remi-tiendo café á la tienda; que se le daba recibos á Narváez por el café que mandaba; que la sociedad de L. Feliú y Ca. se disolvió en 1903, y que el documento se firmó en 1897, y que el demandado siguió to-mando en la casa lo que necesitaba, y abonando; que la liquidación y firma del documento lo verificó porque era costumbre en el comercio todos los años liquidar las cuentas, y hacer documentos; que no si-guieron esa costumbre con el demandado, porque éste iba trayendo poco á poco, siguiendo la cuenta corriente; que á esa cuenta se cargaba el 1% de interés.
“El testigo Ventura Tolmo declaró que el pagaré fué hecho en los momentos en que él iba á la tienda á afeitar á los clientes, y como Narváez no sabía firmar, Don Luis le preguntó si quería que el de-clarante firmara por él; y como contestara que sí, firmó por él; que el testigo leyó en .ese acto el documento antes de firmarlo, y que nunca ha firmado otro documento á favor de Feliú, por personas que no saben firmar; que Narváez y Luis Mariano Feliú, estaban presentes cuando se firmó el documento; que Narváez se enteró de la cantidad que figuraba en el documento; que Narváez no sabe leer, y por eso le fué leido el documento, y cuando se lo preguntó á Narváez, si estaba conforme con la cantidad del documento, contestó que estaba conforme con ella.
“El testigo Carlos Validejuli declaró que en noviembre del año pasado, le dió una carta Don Mariano Feliú para que fuese donde Narváez, á cobrar una cantidad de dinero; y que Narváez, á quien conoció por primera vez en aquella ocasión, le dijo 'que no podía arreglar, pero que el día 15 vendría al pueblo á arreglar la cuenta con Don Mariano; que desconoce el documento é ignora si Narváez sabe escribir; que Feliú le dijo que podía rebajar de la cuenta, como cien dollars para ver si podía llegar á un arreglo, y que ignoraba el mon-tante de la cuenta.
“El demandante presentó, como prueba, el pagaré y la cuenta corriente, á lo cual se opuso el demandado; y la corte negó la admi-sión de dicha cuenta por no estar jurada por la persona que la había hecho.
“También presentó el demandante, como prueba, la escritura de disolución de la sociedad L. Feliú y Ca., por la cual quedó hecho cargo de la liquidación el socio Luis Feliú. Dicho documento fué aceptado por el demandado, como prueba.
“Lúeas Narváez no reconoció, en su declaración, el citado pagaré, y dijo que no conocía á Ventura Tolmo, ni le había autorizado para que firmase por él dicho documento; que los Feliú no le habían pasado ninguna cuenta, ni le habían llamado para liquidarla; que él hacía compras 'á los Feliú, y les pagaba con café y saldó su cuenta; que hace muchos años no sale de su casa, y que su hijo Julián es el que sale á hacer las compras para él; que no le dieron recibos cuando pagaba con café; que saldó su cuenta, pero que van para cuatro años, antes del ciclón, y de ahí para acá le siguió comprando al demandante, y trayéndole frutos.
“Julián Narváez declaró que sabe leer y escribir, y que firma por su padre cuando éste se lo exige, y que es su deber, hacer las compras y traer los frutos; que los Feliú nunca le hablaron de hacer algún docu-mento para que él lo firmara; que su padre tenía cuentas en casa de los Feliú, pero antes del ciclón.
'1 El demandado presentó un informe del perito tenedor de libros, Guillermo Wolkers, que dice que examinó una cuenta corriente de Narváez, seguida con Feliú Hermanos y Ca., desde el 15 de abril de 1889 hasta el Io. de junio de 1892, y con los Sres. L. Feliú y Ca. desde el 24 de agosto hasta el 17 de febrero de 1897. Que dicha cuenta, fechada en 27 de diciembre de 1905, expresa haber sido tomada de los libros de las expresadas sociedades, por Don Mariano Feliú, como liquidador de la razón social L. Feliú y Ca., que del examen resulta que la cuenta de Don Lúeas Narváez no consta en los libros Mayor y Diario de los Sres. L. Feliú y Ca., correspondientes á los años 1892 á 1897; que la cuenta ha sido copiada con distintas variaciones y balances de unos libros que no están autorizados por el Juzgado; que en esos libros aparece una cuenta de Don Lúeas Narváez, y de ellos parece baber sido sacado el extracto de la cuenta; después de haber consignado en el informe'varias cifras y hechos, dicho informe termi-na diciendo que la cuenta sacada de los libros llamados “auxiliares” no es igual á la copia, y el saldo también es distinto; y siendo el saldo de los libros $961.17 y el de la cuenta $916.18; que, requerido el perito, para confrontar la partida de los libros Diario y Mayor, con el valor de un pagaré que fué otorgado por Don Lúeas Narváez, en 17 de junio de 1897, por $916.18, á favor de los Señores L. Feliú y Ca., no ha encontrado ningún asiento ni entrada que se refiera á dicho pagaré, ni á su importe, y que el balance, en esa fecha, de la cuenta de Don Lúeas Narváez, llevada en les libros auxiliares, era. de $916.17.
“Al perito del demandante, Pedro Curet,se le entregó la cuenta corriente arriba mencionada, y él declaró que no hay libro de caja, pero en el libro mayor hay una cuenta de caja, y que al examinar dicha cuenta de caja, junto con los libros auxiliares 8 y 9, que se relacionan con la cuenta de Narváez, encontró varias partidas, que consigna detalladamente, exponiendo al mismo tiempo que el asiento de 24 de agosto de 1892, era igual en la cuenta y en el libro, pero no lo era en detalles; que el 24 de agosto de 3892, figura con las mismas cantidades en la cuenta y en el auxiliar, pero en la cuenta dice: “por mercancías,” y en el libro dice: ‘intereses de un año vencido’; que entre las partidas del 8 de marzo de 1893 existe la misma diferen-cia ; que en ’marzo 29, 1894, la cuenta dice: ‘ efectivo, $25, efectos, $4.50, total, $29.50’; y el libro dice: ‘efectivo, $25, intereses, $4.50; y se ha demostrado que las mismas diferencias existen al través de los diferentes años, y con fecha 31 de enero de 1894, se encuentra una partida de $230 cargada al debe, y á su lado tiene una P. escrita, que en contabilidad quiere decir que ha sido saldada; que hay otra partida en 1895, una de $107.70, otra de $200, y otra de $2.60, corres-pondientes, las dos primeras, á entregas en efectivo, y la última, á efectos; que entre los diferentes libros existe un libro mayor y un diario, el cual no tiene certificación del Juzgado, y en el mayor no hay ninguna cuenta de Liicas Narváez; también declaró el perito que la suma de $230 no está cargada dos veces, que ha sido cargada y abonada, y que uno de dichos asientos tiene á su lado una P. escrita con lápiz, lo que significa que ha sido pagada dicha cantidad.
“El perito "Wolkers declaró que había hecho su examen, confron-tando la cuenta con el diario, el mayor y los libros auxiliares; que el mayor es el resumen del diario, y que los libros auxiliares son per-mitidos en las casas de comercio cuando están autorizados por el juez; que el libro de caja es para anotar la entrada y salida de dinero, etc.; que los dos libros principales, estaban bien llevados, y los auxi-liares muy mal, y éstos no corresponden con aquéllos, ni parcial ni totalmente, porque la cuenta de Narváez ni la operación á que hace referencia la cuenta, ni las partidas de intereses, ni las de efectos,, aparecen en los principales; que ratifica en todas sus partes el informe escrito; que la fecha de 1904 es un error, y debe ser 1894. Al pre-guntar el juez al perito, si había diferencia entre la cuenta corriente en los libros y la presentada, contestó que había, siendo el balance en los libros, de mayor importancia, siendo la diferencia á favor de Lúeas Narváez. Habiendo manifestado la corte al perito, que la demanda presentada era en cobro de $700, y se presentó junto con la demanda una cuenta corriente, cuya primera partida es de $916 y después aparece la cuenta detallada que viene1 á terminar con un saldo' de $700.94, contestó el perito que' aparecía este saldo por haberse abo-nado después $30 que hubo que rebajar, habiendo manifestado tam-bién la corte al Perito, que la cuenta jurada llegaba hasta el año 1897, y que había otra cuenta, que es en la que se funda la demanda, que empieza en 17 de febrero de 1897, y termina en 14 de enero de 1904, contestó el Perito ser cierto, y que dicha última cuenta viene bien con los libros auxiliares, no habiéndola examinado cuando presentó su declaración jurada.”

La corte de distrito aprobó la relación de hechos y la expo-sición del caso, por una resolución dictada en 27 de septiembre de 1906. (Véase la página 20 de los autos.) Este no es un procedimiento adecuado. Esos documentos, lo mismo que los pliegos de excepciones, deben ser firmados oficialmente por el juez sentenciador, después de haber sido aprobados.

En 20 de septiembre de 1906, el tribunal también negó la solicitud de nuevo juicio. (Véanse los autos, páginas 20 y 21.)

En 21 'de diciembre de 1906, el tribunal dictó sentencia definitiva contra el demandado, por la suma de $700.94, in-tereses y costas. (Véase la página 21 de los autos.)

En 10 de octubre de 1906 el demandado interpuso recurso de apelación contra la resolución, negando la solicitud de nuevo juicio. (Véase la página 22 de los autos.)

La copia de los autos, certificada por el abogado del ape-lante, fné presentada en este tribunal, el 15 de noviembre de 1906.

La apelación lia sido interpuesta únicamente contra la re-solución, negando la solicitud de nuevo juicio; apareciendo de los autos, que se lia desistido de la apelación que, según apa-rece, se Labia pensado, al principio, interponer contra la sentencia misma.

Ambas partes presentaron alegatos en este tribunal, y .en el acto de la vista, informaron oralmente, citando autoridades. El caso fue sometido á la consideración del tribunal, el 20 de diciembre de 1906; concediéndosele al apelante permiso para presentar una memoria, además de su alegato. E] tribunal tomó el caso en consideración, discutiéndolo cuidadosamente.

El abogado del apelante sostiene que el tribunal debía lia-1 ber concedido la moción de nuevo juicio, por l«s siguientes motivos:

Io. Por los defectos que aparecen en la misma demanda, según se presentó en el caso, en su forma original.
2o. Porque la prueba que se presentó en el caso, tomada en rela-ción con la demanda, demuestra claramente: (a) Que no hay causa de acción; (b) Que hay defecto de partes; (Io.) Porque el deman-dante no tiene capacidad en el presente caso, para entablar una de-.manda; (2o.) El no debió haber sostenido su acción, según las prue-bas, puesto que no está interesado en la cosa, objeto del pleito.

La 'primera objeción, es decir, la que se Lace contra la demanda, se funda en que ésta La sido entablada con motivo de una cuenta, en la cual figura, como primera partida, un pagaré.

No Lay nada en nuestro Código de Enjuiciamiento que im-pida semejante proceder. Pero si la excepción fuera buena, debía habérsela interpuesto oportunamente ante el tribunal sentenciador, y ya es demasiado tarde cuando se la presenta ante este tribunal por primera vez. Tomando el caso en la forma en que nos La sido presentado, debemos considerar que la demanda es suficiente.

El segwndo punto alegado á favor del apelante, es que no •debía haberse admitido el pagaré como prueba, porque estaba excluido de la prueba por la Ley de Prescripción. Dicha Ley no puede utilizarse como defensa en esta forma. Es preciso alegarla especialmente, ó mediante excepción previa ó en la ■contestación, y de no ser alegada así, se presume que el de-mandado haya renunciado al derecho de invocar dicha ley, en su defensa. A algunas personas les repugna en sumo grado, valerse de dicha defensa, y ellos ponen en duda la moralidad, ■de semejante proceder. Nosotros no estamos de acuerdo con tales ideas; pero la ley exige que el demandado invoque en •sus alegaciones el Estatuto de Prescripción, si se decide á valerse de su defensa, y no puede hacer uso del mismo, como objeción contra la prueba.

La' otra objeción contra la admisibilidad del pagaré, á saber, que el otorgante negó su otorgamiento, es igualmente fútil, puesto que la mayoría de las pruebas está en favor del hecho de que dicho pagaré ha sido'firmado con su autoriza-ción.

La tercera objeción, ó sea la dirigida contra la cuenta, con motivo de la cual se ha entablado la demanda, está también, en parte, basada en la Ley de Prescripción, y las mismas ob-servaciones que se han hecho anteriormente con respecto al' pagaré, son aplicables á la cuenta. En cuanto á aquella parte ■de la objeción, que se funda en las disposiciones del Código de Comercio, diremos que dichas disposiciones no son aplica-bles al presente caso, por la razón de que las partidas fueron aprobadas por las declaraciones de los testigos, independien-temente de los libros de contabilidad. Además, esas obje-ciones no se hicieron oportunamente ante el tribunal inferior.

El cuarto punto- que se alega, á saber, que los libros mis-mos eran la mejor prueba, y que debían haberse presentado en el acto del juicio, pudiera-haber sido una alegación buena, con tal que se hubiera hecho en el acto del juicio, al presentarse las cuentas; pero no habiéndose alegado dicho punto oportuna-mente, debe presumirse que ha sido abandonado.

La quinta alegación hecha por el abogado del apelante, es. que el demandante no ha demostrado ningún derecho para entablar esta demanda. A esto se puede contestar fácilmente que, al liquidarse el negocio de la sociedad, le cupo en suerte la citada cantidad, cuya reclamación estaba aún pendiente, y él tenía derecho de entablar una demanda, y de cobrar dicha, suma en su propio nombre. De ningún modo hubiera podido-demostrarse derecho alguno que fuera mejor que éste.

El sexto error de que se queja el apelante, no es un error-importante; y puesto que la causa fué juzgada únicamente-por el tribunal, dicho error no pudiera.haber perjudicado los. intereses de dicho apelante. Y se puede decir en general, que cuando un juez conoce de una causa sin la intervención de un jurado, Ja admisión de pruebas será rara vez considerada, como un error de importancia; puesto que se presume que el tribunal después de haber admitido todas las pruebas, separa aquéllas que son pertinentes, de las que no son importantes; ó á propósito, desechando estas últimas al formular su sen-tencia. Se debe demostrar claramente la importancia de tales errores, para justificar la revocación de una sentencia.

El séptimo y. último motivo alegado por el. apelante, por-qué el tribunal de distrito debió haber concedido un nuevo juicio, es que la prueba es contradictoria por completo,- y en. ningún modo suficientemente exclusiva para que esté de acuer-do con la doctrina de que “el que desee sostener un pleito, tiene que probar.” Era de la incumbencia del juez senten-ciador, apreciar la prueba y conciliar cualesquiera contradic-ciones que pudieran encontrarse en las - declaraciones ele los testigos presentados al tribunal, y ó no ser que esta corte, al revisar dichas declaraciones, encuentre una falta absoluta de-pruebas, no se puede revocar la-sentencia. A nosotros , nos parece que estaba justificada la conclusión formulada por el tribunal, y que éste ha logrado hacer verdadera justicia en: su decisión. El demandado debía al demandante dinero por efectos que éste le había vendido y entregado. Había nna disputa con respecto á la cantidad; el tribunal sentenciador ha oído las declaraciones de los testigos, y 'ha considerado dichas declaraciones y después de la debida deliberación, ha llegado á una decisión. En esta apelación, no se nos ha pre-sentado nada que pudiera quebrantar la' confianza propia-mente dispensada á las sentencias de los tribunales sentencia-dores. Después de haber considerado detenidamente todos los puntos presentados, hemos llegado á la conclusión de que la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández y Eigueras.

El Juez Asociado, Sr. Wolf, no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Peesidente Su. Quiñones

text:
    Lothrop v. Casaldúc.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 63.
    Resuelto en marzo 5, 1907.
    Apelación — Hipoteca—Procedimiento para su Ejecución. — Una resolución da la corte inferior en un procedimiento ejecutivo sumarísimo, ordenando se re-quiera al demandado para que en término de treinta días pague al deman-dante la suma reclamada, apercibido de sacarse á pública subasta los bienes hipotecados, si así no lo verifica, no es apelable para ante el Tribunal Supremo.
    Id. — Suspensión del Procedimiento. — El procedimiento sumario para la ejecu-ción de créditos hipotecarios no puede suspenderse, por medio de incidentes, ni de ningún otro modo á instancias del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro interesado, salvo en los casos de excepción que establece el artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, debiendo venti-larse todas las reclamaciones á que se refiere dicho artículo en el juicio plenario que corresponda.
    Id. — Vigencia del Procedimiento. — El procedimiento sumario para el cobro de hipotecas está vigente en su primera parte ó sea hasta el momento en que se ■ordene la venta de los bienes hipotecados en pública subasta, debiendo ajus-tarse los trámites ulteriores al procedimiento que señala la ley de marzo 9, 1905, para la ejecución de las sentencias.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. ■Casa’dúc.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Peesidente Su. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

En 9 de mayo de 1906 Doña Alicia Lothrop, por conducto de sn abogado L. Tordán Dávila, promovió en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce un juicio ejecutivo su-mario por el procedimiento especial de la Ley Hipotecaria, contra Don Marcelino Torres Zayas y Don Felipe Casaldúc y Groicoechea en cobro de un crédito hipotecario por valor de $9,000 de que le eran deudores respectivamente el primero, ó sea Don Marcelino Torres por la suma de.$4,000.y el segundo, ó sea Don Felipe Casaldúc por los $5,000 restantes, con .más los intereses convenidos y las costas.

Presentada la demanda con la escritura y los demás docu-mentos requeridos por el artículo 169 del Beglamento de la Ley Hipotecaria, dispuso la corte de distrito, por providencia de 31 del mismo mes de mayo, se requiriera á los demandados para que en el término de treinta días verificaran el pago de la cantidad reclamada con los intereses estipulados, aperci-bidos de procederse á la subasta de los bienes hipotecados, sino lo verificaran.

Contra esta resolución de la corte de distrito interpuso apelación el demandado Don Felipe Casaldúc y Goicoechea, y sustanciado en forma el recurso con las copias prevenidas y el alegato del apelante, se señaló día para la vista, la que se celebró sin la asistencia de las partes.

La resolución de 31 de mayo del año próximo pasado, por la que se ordenó requerir á los demandados para que en el término de 30 días verificaran el pago, apercibidos de sacarse á pública subasta los bienes hipotecados, sino lo verificaran entendemos que no era apelable como lo ha declarado ya esta Corte Suprema en resolución de 4 de diciembre de 1905 en el caso, del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico contra Cintrón Hermanos en liquidación, sobre cumplimiento de sen-tencia, toda vez que con arreglo al artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, los procedimientos sumarios estable-cidos por el mismo para la ejecución de los créditos de aquella naturaleza no podrán suspenderse por medio de incidentes, ni de ningún otro modo, á instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo en los casos de excepción que taxativamente se determi-nan en el propio artículo, en ninguno de los cuales está com-prendido el que nos ocupa y que todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor, como los terceros posee-dores, y los demás interesados, inclusas las que versaren sobre nulidad del título'ó de las actuaciones, ó sobre vencimiento, certeza, extinción ó cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo y cuyo procedimiento, según también lo lia declarado ya esta misma corte en el caso de Emilia Jiménez y Felicia Garriga y Brenes contra Julio Brenes y Aponte, sobre cobro de pesos, lia que-dado' subsistente después de la publicación de la Ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla de 9 de marzo de 1905, sobre “las sentencias y la manera de satisfacerlas,” en su primera parte, ó sea basta el momento en que por la falta de pago del deudor dentro de los 30 días que ■ para verificarlo le concede el artículo 170 del Reglamento, ordene la corte se saquen á pública subasta los bienes hipotecados, pues de aquí en adelante la ejecución de esta providencia debe ajustarse á los trámites que señala la citada ley para la ejecución de las sentencias.

Por cuyo- fundamento esta Corte es de parecer que debe desestimarse la apelación interpuesta por Don Felipe Ca-saldúc y Groicochea contra la resolución de la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de Poqce de 31 de mayo de 1906 con las costas al apelante.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Wolf.

Juez disidente: Sr. MacLeary.