author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Junta de Planificación de Puerto Rico, recurrente y peticionaria, v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, recurrida.

      Número: O-78-347

      Resuelto: 15 de noviembre de 1979

      Efrén B. Lugo Pérez, Emilio Vidal Pérez Rosado, Benjamín Soto Maldonado, Raúl Guemara Nieves y Rafael Concepción Landrón, abogados de la peticionaria; Carmen M. Quiñones Núñez y Gregui J. Mercado Escobar, abogados de la recurrida; Carlos E. Berrios Rojas, abogado de José N. Colón.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso pone de manifiesto la situación que confrontan algunos ciudadanos al acudir a agencias administrativas en el trámite de asuntos que se prolongan innecesariamente por tecnicismos que pueden evitarse mediante una plena y cabal consideración de todas las alternativas bajo ley. La esencia del trámite administrativo es su flexibilidad y no debe recargarse con el rigor formalista que en el pasado caracterizó los procedimientos judiciales. Esta norma tiene mayor justificación cuando se trata, como en este caso, de un sencillo trámite de segregación simple en que la agencia tuvo ante sí los hechos pertinentes para hacer la determinación sobre su procedencia y no lo hizo.

La Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) desaprobó la segregación de un lote de 945 metros cuadrados de una finca de alrededor de 41 cuerdas ubicada en el Barrio Honduras de Barranquitas por el fundamento de que dicha finca radicaba en un distrito R-0(25) donde la cabida mínima para la creación de nuevas fincas es de 25 cuerdas. Dicho distrito fue creado mediante enmiendas a los mapas de zonificación con el propósito de mantener en su estado natural el área que se identifica con el nombre de “Cañón de San Cristóbal” dentro de los límites territoriales de los municipios de Aibonito y Barranquitas. A instancia del interesado José N. Colón la Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones revocó la desaprobación de A.R.P.E., y, considerando las circunstancias especiales que concurrían en el caso, autorizó la segregación solicitada dentro de la facultad discrecional conferida por el Art. 31(c) de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 72(c). Específicamente la Junta de Apelaciones tomó en consideración que el lote a segregarse formaba parte de un sector donde ya existía un desarrollo urbano lejano al área propia del Cañón de San Cristóbal por lo que no habría de afectar sustancialmente las características esenciales del área. También consideró como circunstancia especial que el lote en cuestión estaba segregado de hecho sobre el terreno, tenía acceso por una carretera municipal, contaba con las facilidades públicas esenciales y estaba conforme a las disposiciones del Reglamento para Lotificaciones Simples habiendo sido endosada la segregación por el Municipio de Barranquitas.

La Junta de Planificación como parte afectada por la resolución de la Junta de Apelaciones — el Art. 31(e), Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, supra, sec. 72(c)(e), () expresamente reconoce la capacidad de la Junta de Planificación para impugnar las resoluciones de la Junta de Apelaciones, aunque aquélla no es parte en los procedimientos originales— solicitó revisión al Tribunal Superior, Sala de San Juan en la que señaló como error que la Junta de Apelaciones había otorgado una variación en primera instancia contraria a la ley y a lo resuelto en Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974). El tribunal de instancia confirmó la resolución de la Junta de Apelaciones al concluir que el lenguaje del estatuto bajo el cual se decidió Quevedo Segarra había sido variado por la nueva Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, supra.

No conforme la Junta de Planificación instó el presente recurso solicitando la revocación de la sentencia dictada por el tribunal de instancia confirmando la resolución de la Junta de Apelaciones.

En Quevedo Segarra resolvimos que la función déla Junta de Apelaciones era exclusivamente de revisión y que corres-pondía a la Junta de Planificación la jurisdicción para entender en primera instancia en la concesión de variaciones y autorización de excepciones a los reglamentos de plani-ficación. Esta conclusión se fundó no sólo en el texto específico y en el historial de la entonces vigente Ley de Planificación y Presupuesto, Art. 26, 23 L.P.R.A. see. 28, sino, además, en la naturaleza y alcance de estos conceptos dentro del régimen establecido para controlar y dirigir el desarrollo urbano en forma integral con un mínimo de fricción y conflicto.

En virtud de la nueva Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 71, se adoptó un nuevo esquema administrativo mediante el cual se transfirió a A.R.P.E. las funciones operacionales que hasta entonces desempeñaba la Junta de Planificación y se confirió a este nuevo organismo la facultad de aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de planificación. La Junta de Planificación quedó restructurada por una nueva ley orgánica que la liberó de esas funciones operacionales y, por otro lado, fortaleció sus funciones de integrar y coordinar la formulación e implementación de la política pública sobre el desarrollo físico, económico y social de Puerto Rico. Véase Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. secs. 62-63j.

A poco que se examine el nuevo texto del Art. 31, inciso (c) de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos y su historial legislativo y se compare con el texto derogado del Art. 26 que sirvió de base a lo resuelto en Quevedo Segarra, se notará que la conclusión del tribunal de instancia al efecto de que la nueva ley revocó dicha decisión es a todas luces errónea.

El nuevo esquema administrativo preservó la función exclusivamente revisora de la Junta de Apelaciones en términos que para todo fin práctico son idénticos a los de la ley derogada según veremos a continuación.

El Art. 31 de la nueva Ley Orgánica de Reglamentación y Permisos, supra, define las facultades y deberes de la Junta de Apelación, en los siguientes términos:

“(a).
(b).
(c) La Junta de Apelaciones celebrará una vista con notificación previa, a la Junta de Planificación, la Administración y a las partes interesadas o afectadas, según aparezcan de su expediente, en la cual podrá recibir toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar casos y deberá dictar su resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha vista. Deberá notificar su resolución a las partes interesadas, con copia a la Administración de Regla-mentos y Permisos y a la Junta de Planificación.

La Junta de Apelaciones podrá decretar a nivel apelativo cualquier orden, requerimiento, resolución o determinación que a su juicio deba dictarse: (1) por motivo de perjuicios ocasionados por circunstancias especiales o extraordinarias cuando la actuación o resolución de la cual se apela resulta en una prohibición o restricción irrazonable del derecho del apelante al uso y disfrute de su propiedad: (2) por denegaciones viciosas para emitir los permisos necesarios o; (3) por cualesquiera otras razones autorizadas eA los reglamentos de la Junta de Planificación de Puerto Rico y de la Administración de Reglamentos y Permisos adoptados o aprobados a virtud de las sees. 62 a 63j de este título, este Capítulo o cualquiera otra ley, y, a tal fin, la Junta de Apelaciones tendrá los mismos poderes del funcionario u organismo de cuya actuación se apela, remitiendo copia de su determinación a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y Permisos.” (Énfasis nuestro.)

Y el texto del Art. 26 derogado disponía en términos similares que:

“(a) ... La Junta de Apelaciones celebrará una vista, con notificación a las partes interesadas, y deberá dictar su resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha vista. La Junta de Apelaciones podrá decretar cualquier orden, requerimiento, resolución o determinación que a su juicio deberá dictarse (1) por motivo de perjuicios ocasionados por circunstancias especiales, (2) por denegaciones viciosas para emitir los permisos necesarios, (3) por cualesquiera otras razones autorizadas en los reglamentos de la Junta de Planificación de Puerto Rico adoptados en virtud de las secs. 1 a 80 y 81 a 86 de este título, y a tal fin, la Junta tendrá los mismos poderes del funcionario u organismo de cuya sentencia se apela . . . 23 L.P.R.A. see. 28.

Como puede verse, donde el anterior Art. 26 disponía que la notificación de la vista se hiciera a “las partes interesadas”, ahora se provee específicamente que se notifique, además, a la Junta de Planificación y a A.R.P.E. La adición no tiene consecuencia práctica puesto que ambas son partes intere-sadas o afectadas; la Junta de Planificación porque es el organismo que formula y adopta los reglamentos de plani-ficación, y A.R.P.E. porque es el organismo de cuya resolución se apela.

El anterior Art. 26(b) no hacía mención, como lo hace ahora expresamente el Art. 31(c) de la facultad de la Junta de Apelaciones para “recibir toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar casos”. El tribunal de instancia fundó su errada conclusión en este cambio aparente del texto que no tiene el alcance de alterar la función que siempre ha tenido la Junta de Apelaciones de recibir toda la prueba necesaria. A este respecto conviene examinar el historial legislativo.

El proyecto que originalmente se presentó a la Asamblea Legislativa, el P. de la C. 1271, que luego se convirtió en la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, swpra, en el Art. 31, inciso (c) disponía que la revisión ante la Junta de Apelaciones se limitaba a la prueba que tuvo ante sí el funcionario u organismo de cuya actuación se apelaba en aquellos casos en que se hubiere celebrado vista.() La Junta de Apelaciones objetó esta limitación en su Memorial al Presidente de la Comisión del Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de Representantes por la razón de que establecía dos procedimientos distintos; uno, cuando el organismo recurrido no hubiere celebrado una vista pública, en cuyo caso la Junta de Apelaciones podía recibir toda la prueba que fuera pertinente a la controversia, y el otro, cuando se hubiese celebrado una vista pública, en cuyo caso la prueba estaría limitada a aquella que tuvo ante sí el fun-cionario con jurisdicción original. En vista de ello la Junta de Apelaciones recomendó a la referida comisión legislativa que se preservara su función revisora como lo era hasta el presente. Al respecto expresó: “Esta Junta de Apelaciones entiende recomendable que ésta continúe como hasta el presente, recibiendo toda la prueba disponible que ofrezcan las partes, en todos los casos, tanto aquellos en que se han celebrado vista pública ante la agencia apelada como aquellos en que ésta no ha sido celebrada la misma.” Id. a la pág. 12. Es decir, la Junta de Apelaciones siempre ha recibido toda la prueba disponible y el nuevo texto del Art. 31, inciso (c), responde a esa realidad procesal a la que el texto derogado no hacía referencia por no considerarlo necesario. Nunca se cuestionó esa facultad hasta que se presentó en la Cámara de Representantes el P. de la C. 1271. No hay, pues, justificación válida para derivar del nuevo Art. 31(c) la intención de la Asamblea Legislativa de alterar en este aspecto la función revisora de la Junta de Apelaciones tal y como se había establecido en Quevedo Segarra.

El error del tribunal de instancia, sin embargo, no invalida su sentencia confirmando la resolución de la Junta de Apelaciones que concedió la variación solicitada.

La Junta de Planificación impugna la sentencia recurrida por el fundamento de que la Junta de Apelaciones concedió en primera instancia una variación contrario a lo resuelto en Quevedo Segarra. Su contención es al efecto de que como el interesado José N. Colón nunca solicitó a A.R.P.E. una variación sino que fundó su solicitud para la segregación del lote de 945 metros cuadrados en que la reglamentación del Cañón de San Cristóbal no había entrado en vigor, por lo que la revisión ante la Junta de Apelaciones tenía que limitarse a este fundamento, y, que el considerar en revisión el caso como uno de variación constituía una actuación en primera instan-cia para lo cual no tenía facultad en ley.

El apuntamiento es inmeritorio. Recuérdese que la solicitud de segregación se presentó a A.R.P.E. en primera instancia y al ser denegada es que el interesado José N. Colón acude en revisión a la Junta de Apelaciones. Ésta ejerció su función revisora conforme a las disposiciones del mencionado Art. 31, inciso (c), el cual no sólo le confiere amplia facultad para decretar a nivel apelativo cualquier orden, requerimiento, resolución o determinación que a su juicio deba dictarse: 1) por motivo de perjuicios ocasionados por circunstancias especiales; 2) por denegaciones viciosas o, 3) por cualesquiera otras razones autorizadas en los reglamentos, sino que, además, reconoce expresamente a la Junta de Apelaciones, al igual que el anterior Art. 26, los mismos poderes del funcionario u organismo de cuya actuación se apela.

No tiene importancia el hecho de que la solicitud de segregación se presentara ante A.R.P.E. con un fundamento equivocado — la inaplicabilidad del reglamento de zonificación por no haber entrado en vigor — en vez de como propiamente una autorización de variación. La finca está ubicada en un distrito especial en que el reglamento vigente prohíbe la segregación de menos de veinticinco cuerdas. La única forma pues en que A.R.P.E. podía considerar la solicitud de segre-gación era como una autorización de variación debido a circunstancias especiales. En el ejercicio de esa facultad discrecional A.R.P.E. venía obligada tanto a considerar la razonabilidad de la prohibición como la posibilidad de aliviar el perjuicio ocasionado por la aplicación literal del regla-mento, independientemente del fundamento aducido por el interesado José N. Colón. Para ello celebró una vista y llevó a cabo una inspección ocular de la cual necesariamente habrían de surgir las circunstancias especiales que luego sirvieron de base a la Junta de Apelaciones para otorgar en la etapa apelativa la segregación solicitada. No obstante, A.R.P.E. limitó indebidamente el ejercicio de su discreción al funda-mento aducido ante ella negando implícitamente un remedio que las circunstancias especiales del caso justificaba. Decimos que implícitamente porque en su resolución denegatoria A.R.P.E. expresó que desaprobaba la segregación “luego de considerar este caso en todos sus méritos y de una inspección efectuada sobre el terreno”, lo que quiere decir que, en efecto, consideró todas las alternativas a que el interesado tenía derecho lo que necesariamente incluye una variación por no permitir el reglamento una segregación ordinaria. La actua-ción de la Junta de Apelaciones no fue otra cosa que la consideración del caso en todos sus méritos, al igual que lo había hecho A.R.P.E. en primera instancia, y la concesión de la variación, que es uno de los remedios a que el interesado tiene derecho de justificar su procedencia, está precisamente dentro de las facultades de la Junta de Apelaciones. A nuestro juicio los hechos presentados ante A.R.P.E. en primera instancia fueron suficientes para sostener la determinación de la Junta de Apelaciones. Reafirma nuestro juicio el hecho de que posteriormente A.R.P.E. autorizó la formación de cuatro solares con cabidas que fluctúan entre 500 y 1275 metros cuadrados en una finca cercana a la de José N. Colón y que también está incluida en el mismo distrito de zonificación R-0(25).

La situación fáctica es pues completamente distinta a la de Quevedo Segarra. Allí la Junta de Planificación aprobó la concesión de una excepción al reglamento y la Junta de Apelaciones revocó finalmente porque la facultad de entender en primera instancia en la solicitud para la concesión de una variación o la autorización de excepción le correspondía a ella y no a la Junta de Planificación. Aquí la Junta de Apelaciones ejerció su facultad apelativa para revisar la intervención, que en primera instancia A.R.P.E. había ejercido. La actuación de la Junta de Apelaciones, por tanto, es enteramente con-sistente con lo resuelto en Quevedo Segarra.

Se dictará sentencia conforme a las anteriores consi-deraciones.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

La mayoría deja en precario la integridad de nuestro Derecho administrativo y para ello desautoriza hasta los precedentes sentados en jurisprudencia de este Tribunal.

Un peticionario de apellido Colón solicitó de la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) la segregación de un solar de 945 m/c de una finca de mayor cabida radicada en el Barrio Honduras, de Barranquitas. Ante la agencia amplió el fundamento de su solicitud con la teoría de que no le aplica por ser posterior a su petición el reglamento de zonificación de esta zona que resulta ser la identificada como “Cañón de San Cristóbal”, uno de los escasos remanentes de hermosura natural de nuestra tierra dignos de conservar en su belleza prístina. En resolución contenida en forma im-presa, A.R.P.E. adjudicó la solicitud el 7 de octubre de 1976, así:

“[Impreso] Luego de considerar este caso en todos sus méritos y de una inspección () efectuada sobre el terreno se ha determinado lo siguiente:
[Insertado a máquina] 1 — Que la finca objeto de lotificación ubica dentro del área que se identifica con el nombre de ‘Cañón de San Cristóbal’ y el mismo tiene un área ocupacional que se extiende dentro de los límites territoriales del Municipio de Aibonito y Barranquitas. Dicho cañón es una falla natural única, de origen volcánico, por donde discurre el Río Usabón que a la vez constituye el límite municipal de los municipios de Barranquitas y Aibonito. Este cañón se considera uno de gran valor cultural, ecológico, estético y científico, que puede ser disfrutado en forma controlada por la ciudadanía de manera que se mantenga al máximo su estado natural. Que en base a las condiciones de excelencia natural que distinguen a este cañón y a los fines de que se mantenga en su estado natural, la Junta de Planificación adoptó enmiendas a los mapas de zonificación de los municipios afectados por esta formación geológica de belleza excepcional y clasificó el área en un distrito para uso público (P) y un área especial dentro del Distrito R-0 que se designó como Distrito R-O-25 en la periferia del mismo. (Resolución Z-43-I.) Así mismo se adoptaron las resoluciones JP-218, JP-219 y JP-219A, que establecen que en este nuevo Distrito (R-O-25) la cabida mínima para la creación de nuevas fincas será de 25.00 cuerdas y los usos y fincas de cabidas menores ya existentes en el sector se ajustarán a las disposiciones de la resolución JP-219A aprobada por la Junta de Planificación en 14 de enero de 1976.
2 — Que en el caso que nos ocupa no se cumple con las disposiciones de las normas adoptadas para el sector del Cañón de San Cristóbal. [Impreso] Considerando lo anteriormente expuesto y en virtud de la Orden Administrativa ARPE Núm. 3 de 15 de agosto de 1975, emitida al amparo de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, DESAPRUEBA la antes referida lotificación radicada bajo el Caso Número 76-41 G-292 BPL.
Cualquier parte interesada en este caso puede radicar una apelación ante la Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones en un Período no menor de treinta (30) días a partir de la fecha de este informe.”

A.R.P.E. no formuló determinaciones de hecho a pesar de que el Art. 9 de su ley orgánica la instruye a “celebrar una audiencia pública” y a “formular por escrito los funda-mentos”() por qué deniega la autorización de un proyecto, copia del cual deberá incluirse en la notificación de la determinación que se haga a la parte peticionaria. No hay modo de descubrir si A.R.P.E. celebró vista, ni qué prueba tuviera ante su consideración. Ahogada por el laconismo formulista, no hay constancia de que la agencia cumpliera el mandato de ley.

En 5 mayo, 1977 la Junta de Apelaciones sobre Cons-trucciones y Lotificaciones, dentro de esta total obscuridad de cuáles fueron los fundamentos de decisión de A.R.P.E., asume jurisdicción() y declara el caso como de “circunstancias especialísimas” y procede a estimar la petición a base de lo que “surge de los autos del caso” sin que tampoco aparezca que haya recibido prueba. Se encamina entonces la Junta dentro de este estado de tiniebla procesal a adoptar como sus propias conclusiones, las siguientes:

“Surge de los autos del caso que el apelante de epígrafe es propietario de una finca de 41.375 cuerdas ubicada en el Barrio Honduras de Barranquitas. De la misma interesa segregar un solar con cabida superficial de 905.465 metros cuadrados. El mismo se encuentra actualmente vacante y colinda por uno de sus laterales con otros solares que fueron segregados de la finca principal en los cuales existen viviendas. El predio a segregarse, al igual que los dos antes descritos tienen acceso a una carretera municipal, que los separa de la finca principal. En el sector existen facilidades de energía eléctrica y agua que pueden ser extendidas para servir dicha propiedad y el apelante está dispuesto a hacer las obras necesarias. La segregación en cuestión cuenta con el endoso del gobierno municipal del municipio de Barranquitas donde ubica la propiedad. Dicha segregación es sustancialmente conforme a las disposiciones del Reglamento para Lotificaciones Simples.
. . . [C]oncurren aquí circunstancias especialísimas, que deben movernos a autorizar la lotificación solicitada. En particular en-tendemos que la lotificación que nos ocupa ubica en un sector donde existe ya un desarrollo urbano lejano al área propia del Cañón de San Cristóbal, por lo cual esta segregación no habrá de afectar sustancialmente las características esenciales del sector. De otra parte dicho solar se encuentra segregado de hecho sobre el terreno y tiene acceso por una carretera municipal y constituye un desarrollo que cuenta con las facilidades públicas esenciales y es conforme a las disposiciones del Reglamento para Lotificaciones Simples.”

Luego el 2 diciembre, 1977 la Junta de Apelaciones emitió resolución a moción de reconsideración de la Junta de Plani-ficación donde habla de prueba recibida en dicha etapa y añade las siguientes determinaciones a las reseñadas an-teriormente:

“La prueba recibida por vía de reconsideración sirvió para reafirmar lo antes señalado y además aportó el hecho adicional de que la Oficina Regional de la Administración de Reglamentos y Permisos en Bayamón en el Caso 76-41-G-180 BPL resuelto el 17 de enero de 1977 autorizó la formación de cuatro (4) solares con cabidas que fluctúan entre 500.00 y 1,275.4543 metros cuadrados en una finca cercana a la que nos ocupa que como se señala en la determinación aludida está incluida en el mismo distrito de zonificación residencial R-0 (25) en que ubica la finca del apelante. En adición se trajo testimonio a los efectos de que la finca que nos ocupa está separada del área del ‘Cañón San Cristóbal’ por dos vías públicas existentes, que constituyen una barrera física hacia ese sector.

De otra parte, el testimonio recibido puso de manifiesto la necesidad de una posible revaluación por la Junta de Planificación de las áreas que fueron incluidas en la referida zonificación restrictiva y que por lo pronto existe la necesidad de que los casos en esa área se vean cada uno por sus méritos particulares.”

Los que menciona la precedente decisión de la Junta de Apelaciones son los elementos críticos, determinantes de circunstancia especialísima que podrían justificar la variación o excepción a los reglamentos, y sobre los cuales en el curso administrativo legislado debió pasar A.R.P.E. antes de que la Junta de Apelación pudiese intervenir. Al analizar el nuevo diseño legislativo que gobierna la planificación en Puerto Rico, resolvimos en The Richards Group v. Junta de Planificación,, 108 D.P.R. 23 (1978), que corresponde a A.R.P.E. ocuparse de las funciones operacionales que antes ejercía la Junta de Planificación y velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de planificación. Aun cuando la ley orgánica de la agencia no dispusiera específicamente sobre la formulación de determinaciones de hecho, éstas se consideran indispensables para que pueda cumplirse “responsablemente” la función judicial de revisión. Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 683 (1953). Confrontados con la indebida aceptación por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal de un recurso en que la ley no le confería jurisdicción, afirmamos en Pou Estape v. F.S.E., 108 D.P.R. 336 (1978), lo siguiente:

“Todos los funcionarios y los empleados públicos desde los más encumbrados hasta los menos poderosos tienen plena e incuestio-nable facultad para ejercer los poderes y deberes que les confieren la Constitución y las leyes, pero asimismo no pueden arrogarse motu proprio, sin autoridad clara de ley, poderes y facultades que no les han sido así conferidas. Esta premisa mayor es un sine qua non del sistema de gobierno en el cual prevalece el imperio de la ley, en contraste con los sistemas en los cuales impera el arbitrio arbitrario de los regímenes dictatoriales.”

En Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87, 92 (1974), rechazamos la proposición de que la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones estuviese por ley inves-tida de facultad para otorgar variaciones y excepciones.() Allí dijimos: “No es correcto. El estudio que hemos hecho de la cuestión demuestra que nunca se ha conferido directamente a la Junta de Apelaciones jurisdicción en primera instancia para otorgar variaciones y excepciones. Pero más aún, la naturaleza y alcance de estos conceptos dentro del régimen establecido por la Ley de Planificación y el Reglamento de Zonificación para controlar y dirigir el desarrollo urbano en forma integral con un mínimo de fricción y de conflicto, demuestran que propiamente corresponde a la Junta de Planificación entender en primera instancia en la concesión de variaciones y excepciones.”

El fundamento legislativo para conferir a la Junta de Apelaciones “una función exclusivamente revisora” {Quevedo, supra, a la pág. 95), se consignó así en Quevedo Segarra:

“En la concesión de variaciones y excepciones entran en juego factores técnicos y complejos, cuya evaluación requiere estudios y conocimientos especializados. Como bien se señala en el alegato de la recurrida, la Junta de Planificación cuenta con el personal pro-fesional y los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo esta evaluación. Es de notar la tajante diferencia en los recursos presupuestarios y de personal entre ambos organismos. La Junta de Planificación cuenta con un presupuesto conjunto de $11,605,075, mientras que el presupuesto de la Junta de Apelaciones asciende a $267,353.” Presupuesto 1973, págs. 210 y 184. La Junta de Planificación cuenta con más de 150 ingenieros, 57 técnicos de planificación, 6 planificadores regionales, 16 planificadores de renovación urbana, 9 especialistas de planificación, 3 agrimensores y un agrónomo.
El personal técnico de la Junta de Apelaciones se limita a tres ingenieros y un agrimensor. Relación de Puestos Regulares, Presupuesto 1973, pág. 165.
Por otro lado, la Junta de Planificación lleva a cabo estudios sobre el crecimiento poblacional y urbano, y de otra índole, a fin de reglamentar el uso de terrenos y promover un desarrollo urbano ordenado. Presupuesto 1973, pág. 210. En virtud de los recursos a su disposición y de los estudios que lleva a cabo, la Junta de Planificación tiene una perspectiva integral y abarcadora de la problemática urbana que le permite entender con mayor efectividad en casos de variaciones y excepciones en primera instancia.” (Enfasis en el original.)

Sin que haya variado la jurisdicción y competencia de la Junta de Apelaciones por la ley orgánica de A.R.P.E. (Núm. 76 de 24 junio, 1975 (Art. 31(c)) — 23 L.P.R.A. sec. 72c(c)) como correctamente sostiene la opinión mayoritaria, el aquí in-teresado José N. Colón obtuvo de la Junta de Apelaciones en primera instancia una autorización de variación para un área de tan sensitiva ecología como lo es el “Cañón de San Cristóbal”, entre Aibonito y Barranquitas.

El procedimiento ante A.R.P.E., desconocido por la Junta de Apelaciones por la falta de determinaciones de hecho, impedía el ejercicio de su jurisdicción revisora. Sin poder ni autorización la Junta se constituyó en foro de primera instancia y resolvió el caso como uno que en sus méritos justificaba la variación, o sea, echar a un lado el uso prohibido.() No puede darse actuación administrativa más antagónica con lo resuelto en Quevedo Segarra, supra, y los demás precedentes aquí citados.

En ausencia de determinaciones de hecho, de la frase formularia “considerada en sus méritos” en la decisión de A.R.P.E. no puede inferirse que la agencia conoció del caso en su fondo con todos los recursos técnicos a su disposición y sí, que su decisión está limitada a los méritos del planteamiento sobre ausencia de reglamentación. El propio recurso de la agencia contra la actuación en primera instancia de la Junta de Apelaciones necesariamente impugna y niega que A.R.P.E. haya entrado en o adjudicado los méritos de una solicitud de variación. En materia de adjudicación en los méritos no hay substituto para el pliego de determinaciones de hecho, única fuente de la que pueda aseverarse que el tribunal o la agencia con jurisdicción primaria penetró a considerar la justicia esencial del caso, y que ejerció su sano arbitrio en la valoración de la cuestión justiciable.

La opinión exhibe una críptica intención de extender al proceso administrativo la norma de la Regla 70 de Procedi-miento Civil que permite al tribunal conceder remedio por sobre defecto en la súplica del mismo o en la denominación del pleito, más las limitaciones legales y funcionales de la Junta de Apelación completan un cuadro de ineptitud institucional para conceder esta variación en primera instancia. El peti-cionario debe iniciar el. procedimiento con una solicitud de variación, y no con alegación de exclusión de Reglamento ante A.R.P.E. y ésta al decidir deberá hacer determinaciones de hecho que en caso de apelación faciliten la función revisora. No hay razón para que revoquemos a Quevedo Segarra, ni a Pou Estape, ni a Richards Group, ni a Hilton Hotels, supra, que es consecuencia última de la decisión hoy tomada por el Tribunal.

La flexibilidad que no puede ser referida a un principio o precepto jurídico, hiere de muerte la actuación del organismo administrativo. La Junta de Apelaciones puede hacer sola-mente lo que el Derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. “Los órganos que integran la Adminis-tración y la competencia misma de esos órganos son y existen, en suma, en tanto se instituyen por el orden jurídico, no como un facto natural desligado del Derecho.” Nueva Enciclopedia Jurídica, Carlos E. Mascareñas, Director, Ed. Seix (1950), T. 1, pág. 63. La previa existencia de un precepto legal que lo permita es la ineludible génesis de licitud del acto adminis-trativo. La discreción o el arbitrio que es el terreno de la flexibilidad no se fundan en la ausencia de precepto jurídico, sino en la atribución por el Derecho de una libertad de apreciación. La falta de competencia y de condición en la Junta para ejercitar su jurisdicción apelativa no se suple con libertad de apreciación. “Si un acto que pretende presentarse como administrativo no puede ser legitimado por un precepto jurídico que lo prevea y lo admita, no puede ser aceptado como lícito acto administrativo.” Op. cit. pág. 64. Cf. Pou Estape, supra.

No hay orden sin seguridad jurídica.

La sentencia del Tribunal Superior, que sostuvo a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, bajo la equivocada premisa de que la nueva legislación le concede facultad para conocer de y proveer en primera instancia a solicitudes de variación y excepción a reglamentos, y la propia resolución de la Junta de Apelaciones, deberán ser revocadas.

      (1) E1 Art. 31(e) provee en lo pertinente:
      “(e) La Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos, o cualquier parte interesada o afectada por una actuación o resolución de la Junta de Apelaciones en relación con la cual una petición de reconsideración hubiere sido formulada y denegada, podrá establecer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan o en la Sala cuya jurisdicción comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración.”

      (2)El texto del Art. 31(c) del P. de la C. 1271, disponía en lo pertinente:
      “La Junta de Apelaciones tendrá los mismos poderes de, y limitará tal revisión a la prueba que tuvo ante sí, el funcionario u organismo de cuya actuación se apela, en aquellos casos en que éste haya celebrado vista, remitiendo copia de su determinación a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y Permisos.”

      (1)Nótese que la consideración “en los méritos” y la “inspección” son meras expresiones formularias, lugares comunes del impreso, en el vacío de la falta de determinaciones.

      (2)Art. 9(b) — “Cuando cualquier sector, dentro de cuyos límites se hubiere solicitado autorización para algún proyecto de Iotificación simple, o un permiso de construcción o uso, presentare características tan especiales que hicieren imprac-ticables la aplicación de las disposiciones reglamentarias que rijan para esa zona, e indeseable la aprobación del proyecto, debido a factores tales como salud, seguridad, orden, defensa, economía, concentración de población, ausencia de facilidades o mejoras públicas, uso más adecuado de las tierras, o condiciones ambientales, estéticas o de belleza excepcional, la Administración podrá, en la protección del bienestar general y tomando en consideración dichos factores, así como las recomendaciones de los organismos gubernamentales concernidos, denegar la autorización para tal proyecto o permiso. En el ejercicio de cuta facultad, la Administración deberá tomar las medidas necesarias para que la misma no se utilice con el propósito o el resultado de obriar las disposiciones reglamentarias en casos en que no medien circunstancias verdaderamente especiales. En estos casos, la Adminis-tración deberá celebrar una audiencia pública, siguiendo el procedimiento que este Capítulo provee, antes de decidir sobre el proyecto sometido o permiso solicitado. La Administración denegará tal solicitud mientras existan las condiciones desfavorables al proyecto o permiso, aunque el proyecto en cuestión esté comprendido dentro de los permitidos para el área por los Reglamentos de Planificación en vigor.
      “La Administración deberá formular por escrito los fundamentos por qué deniega la autorización de un proyecto, copia del cual deberá incluirse en la notificación de la determinación que se haga a la parte peticionaria.” 23 L.P.R.A. see. 71(h)(b). (Énfasis suplido.)

      (3)La opinión acoge el erróneo argumento de la Junta de Apelaciones para evadir la doctrina de Quevedo Segarra, infra, que dicho organismo expone así:
      “. • • [L]a situación del caso que nos ocupa es claramente distinguible de la que concurría en el caso de Quevedo Segarra antes citado, ya que es patente que la actuación que motiva la presente apelación no llega a esta Junta de Apelaciones por vía de la radicación ante esta Junta de un caso en primera instancia y sí mediante un recurso apelativo.”
      El Tribunal de Apelación necesariamente ha de conocer los fundamentos de decisión para poder resolver si está correcta o equivocada. United States v. Chicago, M., St P. & P.R. Co. 294 U.S. 499 (Cardozo, J.).

      (4)“Variación” es permiso para dedicar la propiedad a un uso prohibido por las restricciones ordenadas para una zona o distrito; “excepción” es la autorización para usar la propiedad de manera particular que el Reglamento permite si se dan y cumplen determinadas condiciones. López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 654 (1958).

      (5)Sin beneficio de determinaciones de hecho de la agencia, la Junta de Apelaciones hizo sus propias determinaciones (Ap. pág. 4 y ss.) abrogándose la jurisdicción primaria de A.R.P.E.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Enrique Reyes Coreano, demandante y recurrido, v. Ing. Wilson M. Loubriel, Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico et al., demandados y recurrentes.
    en reconsideración

      Número: R-78-366

      Resuelto: 20 de noviembre de 1979

      José A. Suro, abogado de los recurrentes; R. Adolfo de Castro y Nivea Raquel Avilés Caratini, abogados del recurrido.
   EN RECONSIDERACIÓN

El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrido, señor Reyes Coreano, fue nombrado el 1 de julio de 1974 Ayudante Director Ejecutivo en Administración y Finanzas de la Autoridad de los Puertos. El cargo era de confianza y pertenecía al Servicio Exento.

El 17 de noviembre de 1976, días después de las elecciones generales, la Autoridad de los Puertos aprobó un Reglamento de Personal que tenía el efecto de cambiar de categoría el puesto del recurrido. De funcionario de confianza se le convirtió en funcionario de carrera. No se alteraron sus deberes. Se le aumentó el sueldo sustancialmente poco antes del cambio de administración.

En mayo de 1977 la nueva administración despidió al señor Reyes. El recurrido argumentó que su cargo era de carrera. Para la fecha de su cesantía no se habían completado los trámites que exigen los Arts. 103.3 del Reglamento de 1976 y de 17 de marzo de 1977 de la Autoridad de los Puertos para formalizar un nombramiento de carrera.

La See. 4.7 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R. A. see. 1337, dispone en parte:

“A los fines de asegurar la fiel aplicación del principio)) de mérito en el servicio público durante períodos pre y post eleccionarios, las autoridades deberán abstenerse de efectuar cualquier transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito, tales como nombramientos, ascensos, descensos, traslados y cambios de categoría de empleados.
Esta prohibición comprenderá el período de dos meses antes y dos meses después de la celebración de las Elecciones Generales de Puerto Rico. . . .”()

El Tribunal Superior entendió que esta prohibición no obliga a la Autoridad de los Puertos y declaró con lugar la demanda del recurrido. Este Tribunal, mediante opinión y sentencia de 31 mayo de 1979, confirmó la sentencia recurrida. Ahora reconsideramos.

La aplicación de este mandato a solo parte del servicio público puede encerrar serios problemas constitucionales. Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976); Cf. Shakman v. Democratic Organization of Cook County, — (F.Supp—N. Ill. 1979); Comments, Patronage Dismissals: Constitutional Limits and Political Justifications, 41 U. Chi. L. Rev. 297 (1974). No es necesaria su consideración en este caso en vista de las propias disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público y su historial legislativo.!)

La Ley de Personal provee que sus disposiciones no aplicarán a “Los empleados de agencias o instrumentalidades [sic] del Gobierno que tengan derecho a negociar colecti-vamente mediante leyes especiales”. Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, See. 10.6(4), según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 1338(4). Los empleados de la Autoridad de los Puertos tienen este derecho. Es por tal razón que se arguye que esta agencia está libre para desatender la prohibición antes citada sobre transacciones de personal antes y después de las elecciones generales.

El texto de la ley no respalda esta interpretación. La Exposición de Motivos de la ley, Leyes de Puerto Rico, 1975, Parte 2, págs. 801-02, afirma:

“Un examen en conjunto de la historia del funcionamiento del sistema creado por la Ley de Personal de 1947 durante los 27 años de su vigencia, demostrará un balance a favor de sus logros. A pesar de ello, ha llegado el momento de revisar el sistema, a la luz de la experiencia acumulada durante esos 27 años, para reafirmar sus principios básicos y modernizar el sistema, ajustándolo a los conceptos más dinámicos y efectivos de administración de personal.
El aspecto más importante del esfuerzo que representa esta nueva ley, consiste en la precisión de una política pública que reafirma el principio de mérito y extiende dicho principio a todos los sectores del empleo público a los cuales no se ha extendido en la actualidad.”

Otras disposiciones de la Ley de Personal reiteran el concepto de que el propósito central del estatuto es extender el principio de mérito a los sectores del empleo público a los cuales no se había extendido en 1975.() La See. 2.1(2), 3 L.P.R.A. see. 1311(2), que declara la política pública que anima el estatuto, expresa:

“A fin de asegurar la extensión y el fortalecimiento del principio de mérito a todos los sectores del servicio público puertorriqueño, todos los empleados públicos, sean éstos empleados estatales, municipales, o de corporaciones públicas, estarán cubiertos por un solo sistema de personal, establecido para hacer cumplir el principio de mérito, el cual se conocerá como Sistema de Personal del Servicio Público.”

Se advertirá que esta sección específicamente revela que fue la intención legislativa proteger, entre otros, a los empleados de las corporaciones públicas, exentas o no exentas, así como a los empleados municipales, que se rigen por disposiciones separadas de la ley. Véase Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, 109 D.P.R. 5 (1979).

En la See. 2.2(1), 3 L.P.R.A. see. 1312(1), se señala como objetivo de la ley “Lograr que la administración- pública se rija por criterios de la mayor uniformidad....” Esta uniformidad cubre, por lo menos, las áreas esenciales al principio de mérito, las cuales, como hemos visto, incluyen por disposición expresa de la ley los “cambios de categoría de empleados”. 3 L.P.R.A. see. 1337, supra.

En el informe sometido el 30 de septiembre de 1975 al Senado de Puerto Rico por las comisiones de Gobierno y de Derechos Civiles,() se explica ampliamente el alcance de la medida. Se señala que la Ley de Personal anterior no responde a las necesidades de los años setenta, que “ha conducido a una serie de desigualdades en el grado de protección” ofrecido en distintos sectores del gobierno (pág. 22), que el nuevo proyecto (P. del S. 1428) provee los medios para eliminar éste y otros problemas en la aplicación del principio de mérito (pág. 26), que este principio cubre las áreas esenciales ya mencionadas (págs. 26-27) y que “El principio de mérito se hace extensivo a todo el servicio público de Puerto Rico (y no solamente a la tercera parte que ahora tiene esa protección)” (pág. 27).

No hay indicio alguno en la ley o su historial() indicativo de que la Asamblea Legislativa deseó, al excluir la Autoridad de los Puertos a tenor de lo expresado en 3 L.P.R.A. see. 1338, dotarla de inmunidad para alterar a su arbitrio categorías de cargos. Por el contrario, el historial legislativo demuestra que la razón que se tuvo para prohibir transacciones de personal, dos meses antes y dos después de las elecciones, en zonas esenciales del principio de mérito fue evitar las acciones ajenas a ese principio al advenir cambios de gobierno.()

La extensión uniforme del principio de mérito a las agencias excluidas no vulnera la autonomía que se les quiso conceder. En 1958 ya se recomendaba que el principio de mérito, con sus garantías básicas, debía extenderse a los sistemas autónomos sin lesionar su autonomía. Informe del Comité del Gobernador para el Estudio de los Derechos Civiles en Puerto Rico, Ed. Colegio de Abogados de P.R., 1959, págs. 138, 139, 141, 143. Quince años más tarde, el Comité para la Revisión de la Ley de Personal rindió su informe, que sirvió de fundamento de la legislación vigente y en el cual se concluyó que, aunque “[E]l principio de mérito fue reconocido e instituido en nuestra administración pública con el fin de proteger al empleado contra el sistema de patronazgo y despojo político...”, “La comunidad y el empleado han visto, en los últimos años, al [sic] principio y al [sic] sistema de mérito afectados en su administración efectiva con elementos extraños de politización...”. De ahí que entre las muchas recomendaciones que se hicieron se sugiriese “Prohibir durante el término de sesenta (60) días antes y sesenta (60) días después de cada elección general todo tipo de nombramiento, ascenso, reasignaciones de puestos, reasignaciones de clases de puestos a escalas superiores y aumentos de sueldo, con excepción de aquellos aumentos dispuestos por ley”. Aponte Pérez, El Historial y el Desarrollo del Servicio Civil en Puerto Rico, 47 Rev. Jur. U.P.R. 150, 156, 159 (1978).() Esta es la fuente de la actual See. 4.7 de la Ley de Personal, 3 L.P.R. A. see. 1337, y tal fue su propósito. La liberación de la Autoridad de los Puertos de las sanas restricciones que impone esa disposición choca contra su objetivo.

El recurrido invoca nuestra decisión en Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923 (1974), en apoyo de su posición. Los hechos y las circunstancias de ley son totalmente distintos. Díaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 195 (1974), constituye una analogía más precisa. En Díaz González, aun antes de aprobarse la Ley de Personal presente, no permitimos que un mes antes de las elecciones generales se cambiase a una empleada del Servicio sin Oposición al Servicio por Oposición. Estimamos que se violaba la filosofía que informa el sistema de mérito. Véase, además, Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, 107 D.P.R. 819 (1978).

Por las razones expuestas se reconsiderará la sentencia emitida y se revocará la dictada por el Tribunal Superior.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no reconsideraría la referida sentencia por los fundamentos de decisión expresados en la opinión original.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1)Una ley posterior a los hechos de este caso eliminó la frase “del principio”. Ley Núm. 49 de 7 de junio de 1977, See. 2.

      (2)Esta disposición contiene un último párrafo que permite excepciones “por necesidades urgentes del servicio”, con la aprobación del Director de la Oficina de Personal. No medió tal aprobación en este caso, por lo que huelga discutir el alcance de la medida.

      (3)El incumplimiento del Art. 103.3 de ambos reglamentos de la Autoridad de los Puertos constituye base suficiente para la revocación de la sentencia del Tribunal Superior a favor del recurrido, pero ya que en la opinión original de este Tribunal se discute la aplicación o no a la Autoridad de los Puertos de la See. 4.7 de la Ley de Personal consideramos nuestro deber expresarnos sobre tal extremo.

      (1)Véase la See. 2.1(3), 3 L.P.R.A. see. 1311(3).

      (5)No se ha publicado. Citamos de la versión mecanografiada.

      (6)La See. 4.7 de la ley, 3 L.P.R.A. sec. 1338, fue añadida en el curso del debateen el Senado. Versión mecanografiada, pág. 36. Su inclusión había sido recomendada, como señalamos luego, en el estudio que llevó a la redacción de la ley.

      (7) Véanse las declaraciones del Dr. Latón 1 ante el Senado, op. eit., págs. 142 etseq.

        (8)La.s citan corresponden a la descripción que h'ace Aponte Pérez del referido informe.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Double AA Properties Corp., demandante y recurrida, v. El Secretario de Justicia, Tribunal Electoral y Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandados y recurrentes.

      Número: R-79-230

      Resuelto: 20 de noviembre de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra,

      Procurador General Auxiliar, abogados de la parte recurrente; José Dorta Lucca, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Plantea este recurso la responsabilidad de un arrendatario hacia el arrendador como consecuencia del robo de la cosa arrendada. Para resolver la controversia debemos examinar las disposiciones del Código Civil que regulan el campo de los riesgos en torno al contrato de arrendamiento para determi-nar en qué circunstancias el robo de la cosa arrendada puede liberar al arrendatario de su obligación de devolverla al arrendador, y de no liberarlo, si aquél viene obligado a compensar a éste por la pérdida de la cosa. Los hechos son los relatados a continuación.

La demandante, Double AA Properties Corp., empresa dedicada al negocio de alquiler de automóviles, cedió en arrendamiento un automóvil al Tribunal Electoral, instru-mentalidad del Estado Libre Asociado, por el plazo de dos meses. Cierto día un empleado de dicho tribunal aparcó el automóvil arrendado sobre la acera frente al edificio, luego de cerrarlo con llave, en lo que subía a una gestión de su empleo. Al regresar, cerca de una hora más tarde, advirtió que el auto había sido robado. El edificio donde radica el Tribunal Electoral, conocido como Mercantil Plaza, está céntricamente localizado en la zona de Hato Rey en un sitio de mucho movimiento de personas y vehículos.

El automóvil hurtado no pudo ser recuperado por lo que el Tribunal Electoral no pudo devolverlo a la arrendadora al finalizar el arrendamiento dos semanas más tarde. La arrendadora entabló demanda reclamando del Tribunal Electoral y del Estado Libre Asociado el resarcimiento de los daños y perjuicios que sufrió por la pérdida del vehículo. Su contención es que la causa del hurto surge de la negligencia de la parte demandada al dejar de cuidar el vehículo con la diligencia que es requerida de un buen padre de familia. El Estado, por su parte, negó que sus actuaciones quebrantaran el deber de cuidado que exigían las circunstancias y por el contrario, adujo afirmativamente que la pérdida del vehículo obedeció a un caso fortuito que le relevaba de responsabilidad.

Celebrado el juicio, la Sala de San Juan del Tribunal Superior, Hon. Salvador Acevedo Colón, J., dictó sentencia estimando la demanda y condenando al Estado Libre Asociado a pagar a la demandante las sumas de $2,566.02 por el valor del automóvil y $8,000.00 por concepto de rentas dejadas de percibir^) No conforme, el Estado ha acudido ante nos.

Concedimos a la arrendadora un plazo para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de revisión solicitado, y revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior. La arrendadora compareció mediante un corto escrito en el que reitera su argumento en el sentido de que el Estado no actuó con la diligencia de un buen padre de familia. A nuestro juicio la responsabilidad del Estado en este caso gira alrededor de la doctrina de caso fortuito que releva al Estado de responsabilidad. Veamos.

Para que nazcan las obligaciones jurídicas es requisito esencial que las prestaciones que en virtud de ellas se requieran alas partes sean realizables. L. Rodríguez-Arias Bustamante, Derecho de Obligaciones, Madrid, 1965, págs. 39 y 508. Ahora bien, puede suceder que una obligación existente y válida cuya prestación fue originariamente posible advenga posteriormente irrealizable. Tal imposiblidad sobrevenida puede deberse a causas imputables al deudor — basado en la teoría de la culpa — o a causas no atribuibles a éste — como, por ejemplo, el caso fortuito o fuerza mayor. Tratándose aquí de obligaciones de dar, la responsabilidad del deudor se extingue cuando la cosa se pierde o destruye sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, correspondiéndole sin embargo a éste demostrar afirmativamente que la pérdida ocurrió sin culpa.suya, pues si la cosa se hubiese perdido en su poder, debe presumirse que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito. Arts. 1136 y 1137 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3191 y 3192. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Es-pañol, Madrid, 1975, Yol. Ill, pág. 204.

En materia de arrendamientos, la obligación de dar, respecto a la devolución al arrendador de la cosa arrendada, la impone el Código al arrendatario al finalizar la relación arrendaticia. Art. 1451 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4058; J. Ma. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, 1969, T. X, Vol. II, pág. 194 et seq. Y, en caso de pérdida de la cosa arrendada, habrá de procederse de acuerdo con las normas que rigen las relaciones obligatorias, según hemos reseñado antes. Código Civil, Art. 1458 — 31 L.P.R.A. sec. 4065;() J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Comúny Foral, Madrid, 1961, T. 4to, pág. 303; y con lo que concretamente dispone el Art. 1453 del Código Civil, a saber:

“El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya.” 31 L.P.R.A. see. 4060.

Al referirse el Código a la obligación de dar una cosa determinada, define qué se entiende por pérdida de la cosa,() y declara que la cosa se pierde “cuando perece, queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su existencia, o no se puede recobrar”. A. M. Borrel y Soler, Derecho Civil Español, Barcelona, 1955, T. 3ro, págs. 143 y 144. Resulta, pues, que para liberarse el arrendatario de responsabilidad por la pérdida de la cosa arrendada debe demostrar que su ruina o extravío se debió a causa ajena a su poder; causa que bien puede nacer de leyes naturales, bien de actos pro bono publico del soberano,( ) o bien de una fuerza preponderante extra juris ordinem, esto es, del hecho ilegítimo de un tercero.() J. Giorgi, Teoría de las Obligaciones en et Derecho Moderno, Madrid, 1930, Vol. VIII, pág. 185 et seq. Se trata, como describe el Código, de la “causa inevitable”, que no es otra cosa que el caso fortuito.() J. Ma. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, 1968, T. X, Vol. II, pág. 199. Cabinero v. Cobián Theatres, 81 D.P.R. 960, 966 et seq. (1960). Ver Vega Torres v. Sucn. Mercado Riera, 107 D.P.R. 425 (1978); Castro Anguita v. Figueroa, 103 D.P.R. 847, 853 (1975); AMECO v. Jaress Corp., 98 D.P.R. 838, 843 et seq. (1970); Hernández v. Rodríguez Soto, 97 D.P.R. 214, 219(1969).

La causa eximente en el caso de autos se refiere al hecho ilegítimo de un tercero — el robo de la cosa, que el arren-datario invoca como caso fortuito y por ende como eximente de responsabilidad ante el arrendador. Al catalogar el robo como caso fortuito, nos dice Scaevola:

“... por estar admitido el robo como caso fortuito en las doctrinas y en la jurisprudencia, debe seguir teniéndose por tal; este mismo criterio sentaremos, si bien con la limitación natural de que el robo no puede considerarse nunca suceso imprevisible, toda vez que contra él se previenen constantemente las personas por toda clase de medios, y sólo entrará en el concepto de caso fortuito cuando sea inevitable, esto es, cuando se hubiera empleado por el deudor toda la diligencia que podía serle exigida en relación con la mayor o menor delicadeza de la obligación y con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, y, sin embargo, el robo se hubiera realizado, por ser tales las condiciones de astucia, de fuerza o de sorpresa con que se hubiera llevado a término, que sobrepujaran todos los cálculos razonables e hicieran insuficientes todas las precauciones que se tenían adoptadas para evitar su realización.” Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, 1957, T. XIX, pág. 667.

En armonía con la citada opinión del distinguido comentarista español, es preciso puntualizar que el Código Civil impone al arrendatario la obligación de cuidar la cosa como diligente padre de familia. Art. 1445(2) (31 L.P.R.A. sec. 4052(2)). A. Blanco, Curso de Obligaciones y Contratos, Río Piedras, 1977, T. III, págs. 213-214. En el descargo de esa obligación, el arrendatario debe adoptar todas las precauciones razonables para evitar que la cosa que disfruta en arrendamiento sea hurtada.() En su consecuencia, sólo cuando la fuerza o astucia del ladrón burla los cálculos que debían razonablemente exigirse al arrendatario, queda éste liberado de su obligación de devolver la cosa y por consiguiente de indemnizar a su dueño. A. von Tuhr, Tratado de las Obligaciones (traducido del alemán y concordado por W. Roces), Madrid, 1934, T. II, pág. 81.

Regresemos a los hechos del presente caso. El empleado del Estado que tenía bajo su control el auto arrendado, lo aparcó una tarde sobre la acera de una principal avenida, en horas de abundante fluir de vehículos y de personas, y frente a un gran edificio de oficinas, se llevó consigo las llaves de la ignición del vehículo y aseguró las puertas del mismo,() cumpliendo así con toda diligencia que pueda exigirse a un buen padre de familia. Más aún, el aparcamiento del automóvil sobre la acera sólo pudo tener el efecto de colocar el auto en lugar particularmente conspicuo, lo que parecería desvirtuar cualquier intento de robo.

Para propósitos de la controversia ante nos el aparcamiento sobre la acera o junto a ella tiene idénticas consecuencias. Y nos es difícil sostener que en circunstancias como las de autos constituya negligencia o culpa aparcar un vehículo junto a una acera, como es costumbre inveterada en nuestro país, aun si existiere la posibilidad de aparcar en un solar o lugar cercano de aparcamiento. No existe norma alguna de prudencia o razonabilidad en el derecho de circulación puertorriqueño que obligue a los conductores, so pena de incurrir en negligencia, a aparcar sus vehículos en lugares privados en vez de en las calles del país. No por ello dejan de ejercer el cuidado requerídole a un buen padre de familia.()

Es indudable, ante los hechos de este caso, que el robo del vehículo arrendado constituyó un evento fortuito que exime al arrendatario de responsabilidad por la pérdida de la cosa arrendada. Cometió error la ilustrada sala sentenciadora al estimar la demanda.

Se expedirá el auto de revisión solicitado y se dictará sentencia revocando la recurrida y desestimando la demanda.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1)El tribunal sentenciador concluyó que al aparcar el automóvil sobre la acera y no en un aparcamiento vigilado que estaba asequible, se apartó de observar la diligencia de un buen padre de familia.

      (2)Dispone:
      “Si se pierde la cosa arrendada o alguno de los contratantes falta al cumpli-miento de lo estipulado, se observará respectivamente lo dispuesto en las secs. 3191 y 3192 y en las 3018 y 3052 de este título.” Código Civil, Art. 1458, 31 L P R A see 4065.

      OClaro es que la cosa perdida ha de ser necesariamente específica o determinada pues si se tratase de cosa genérica, el deudor no quedaría liberado por su pérdida, ya que sabido es que el género no perece. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Enpañol, Madrid, 1975, T. III, pág. 179 in fine.

      (4)En la doctrina alemana se les llama causas públicas a aquellas que obedecen a la Intervención del Estado, y causas materiales a las restantes. A. von Tuhr, Tratado de tan Obligaciones, Madrid, 1934, T. II, pág. 81.

      (5)Puede suceder que se ignore si la prestación volverá a ser posible; en caso de robo, si podrá la cosa recuperarse. En tal caso, y presumiendo siempre falta de culpa del deudor, la obligación se mantiene hasta que pueda cumplirse, o se extingue cuando la obligación resulta definitivamente imposible. M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, 1977, T. II, pág. 298.

      (6)Aun mediando una situación fortuita puede el deudor responder por la pérdida de la cosa por disposición expresa de la ley, Arts. 1049 y 1182 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3013 y 3191, o por pacto de las partes cuando así se establezca. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Madrid, 1975, Vol. III, pág. 195.

      (7)Como hemos advertido del transcrito texto de Scaevola, el elemento de previsibilidad no es definitorio del caso fortuito. Según advierte Traviesas, el caso fortuito puede ser previsible o imprevisible. M. M. Traviesas, La culpa, 13 Revista de Derecho Privado 273, 285 (1926).

      (8)Claro es, sin duda, que si el vehículo se hubiese colocado sobre la acera con sus puertas abiertas o si sé hubiesen dejado en él las llaves de su ignición, se perfilaría entonces con claridad la responsabilidad del recurrente pues no podría concluirse que la causa del robo obedeció a la actuación del ladrón sin que mediara descuido del arrendatario.

      (9)E1 tribunal sentenciador fue persuadido por la declaración del empleado del Estado a los efectos de que si se hubiese tratado de un automóvil de su propiedad hubiera procedido a aparcarlo en un solar de aparcamiento vecino. Debemos recordar, sin embargo, que cuando se trata de medir la diligencia que debe distinguir el proceder de una entidad social o corporativa como es el Estado, no puede ser criterio determinante el grado de cuidado con que suela actuar alguno de sus agentes o empleados. Basta con que el Estado a través de los empleados públicos, actúe como actuaría un buen padre de familia, independientemente de que alguno de sus agentes se distinga por ejecutar sus actos personales con las diligencias propias de un hombre extremadamente prudente y cuidadoso, diligencia exquisita que sólo los hombres muy celosos tienen, cuya omisión se conoce como culpa levísima. F. C. de Diego, Instituciones de Derecho dril Español, Madrid, 1959, T. II, pág. 30 el xeq.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Antonio Rodríguez Sánchez y Otros, acusados y recurridos.

      Número: O-79-196

      Resuelto: 27 de noviembre de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Sonia E. Avilés Lamberty y Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para la Asistencia Legal, y Federico Torres Jiménez, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

Ante la Sala de Guayama se hallan some-tidos a proceso un grupo de acusados, unos por infracción de la Ley de Sustancias Controladas y otros por Ley de Bebidas, Ley de Armas y delitos varios, en algunos de los cuales han intervenido agentes encubiertos, y en los que se solicita por la defensa descubrimiento de prueba bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal que provee:

“Previa moción del acusado sometida en cualquier momento después de haberse presentado la acusación, el tribunal podrá ordenar al fiscal que produzca para ser inspeccionados, copiados o fotografiados por el acusado o su abogado, determinados objetos, libros, documentos y papeles que no fueren declaraciones juradas, con excepción de la declaración del propio acusado, que el Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo y que pudieren ser necesarios para la preparación de la defensa del acusado, independientemente de que El Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en evidencia. La orden especificará el tiempo, lugar y manera de hacer la inspección, de sacar las copias o tomar las fotografías y podrá prescribir los términos y condiciones que el tribunal estimare justos.”

La sala de instancia, en resolución de 20 de marzo de 1979, reiteró sus previas órdenes al fiscal para producción y entrega de copias de los informes y documentos solicitados, bajo apercibimiento al Pueblo que de no cumplimentar la orden, procederá a archivar los casos, extendiendo la referida orden a “cualquier otro caso no incluido, pero en el que se haya hecho o pueda hacerse similar solicitud en el futuro.”

Ha recurrido en certiorari el Procurador General en representación del Estado y señala como errores de la citada resolución de Guayama (1) exigir del Fiscal la producción y entrega a la defensa de informes que no están en su posesión, ni dentro de su control; (2) la prevención y consecuencia de archivo de los casos de no cumplirse la orden por el Fiscal; y (3) prematuridad en la extensión de la orden a casos futuros, hasta ahora no sometidos para decisión.

Notamos con aprensión la parte de la resolución de instancia en que se señala el alto índice en aquella sala de casos promovidos por agentes encubiertos que terminan en archivo o absolución al resultar falso y fabricado el testimonio del agente; y al percibir la seriedad de esta situación en la administración de justicia criminal, decidimos intervenir con orden para mostrar causa.() Tanto el Gobierno como la representación de los acusados han presentado concienzudos escritos abordando el problema jurídico.

Ha declarado este Tribunal que “[e]l derecho fundamental de un acusado en proceso criminal a defenderse lleva consigo el derecho a informarse debidamente en la preparación de su defensa”. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201, 204 (1964). El descubrimiento de prueba por el acusado tiene una fuente estatutaria en la Regla 95 de Procedimiento Criminal. En Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470(1974), bajo normas encaminadas al adecuado balance de derechos de la sociedad y del acusado, autorizamos el descubrimiento por éste de informes, papeles y memoranda preparados por agentes del Gobierno, relacionados con la investigación del caso. Mas el descubrimiento de prueba por el acusado tiene en circunstancias propias, una base más amplia en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Cf. Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506, 511 (1974); Brady v. Maryland, 373 U.S. 83; United States v. Agurs, 427 U.S. 97 (1976).

El descubrimiento de prueba que rebasa el texto de la Regla 95 y busca apoyo en el debido proceso de ley no es recurso a invocarse livianamente. Está muy lejos de ser patente de corso que en forma indiscriminada permita la intrusión en los archivos de fiscalía, ni que facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso criminal. No basta para activar el remedio la probabilidad de que el jurado o el juez de conocer tal prueba hubiesen rendido un fallo distinto. La protección constitucional se da en situación que implica corrupción de la función depuradora de la verdad que es la esencia procesal del juicio. En tal extremo es responsabilidad del Estado en su obligación de proveer un juicio justo bajo la cláusula de debido proceso de ley, y aun sin mediar solicitud de la defensa, revelar evidencia exonerante en su poder o vicios de falsedad en su prueba que de permanecer ocultos e ignorados sofocarían la verdad en la sala de justicia. Baste recordar que el propósito del juicio no es obtener una convicción sino la depuración de hechos en búsqueda de la verdad.

Cuando el acusado la solicita, es obligación del fiscal revelar evidencia del Estado sin que medien las circunstancias de exigencias que le compelen a tomar la iniciativa para proteger la legalidad del juicio. A moción de la defensa, “si el objeto de la solicitud es material [relevante por su substancia]; e indudablemente si hay base substancial para invocar que existe materialidad, lo razonable es exigir del fiscal que responda bien suministrando la información o sometiendo el problema al juez”. United States v. Agurs, 427 U.S. 97, 106 (1976). El concepto de materialidad, y la obligación del fiscal de revelar ante la solicitud de la defensa, han de ser consubstanciales con el eminente interés en asegurar que toda evidencia significativa que tienda a establecer inocencia sea presentada al juzgador de los hechos. A esa conclusión llegamos, aunque por fundamentos procesales, en Pueblo v. Tribunal Superior, supra.

El Estado recurrente tiene una objeción periférica al descubrimiento por entender que el fiscal no viene obligado a la producción y entrega a la defensa de informes y documentos que no están en su posesión ni bajo su control. En vista de las proporciones que ha alcanzado la fabricación de pruebas por agentes encubiertos, y la obligación del Estado de proteger la integridad del juicio, los reparos del fiscal no son atendibles. El fiscal lleva la representación del Gobierno en el juicio y es quien conduce la investigación y el acopio de pruebas por lo que en dicho funcionario se centra y concreta todo el proceso acusatorio capaz de producir la privación de libertad como resultado de convicción. Es su responsabilidad exigir de quien los tenga los informes de los agentes encubier-tos en todo caso en que por el acusado se justifique la necesidad de los mismos bajo las normas de Pueblo v. Tribunal Superior, supra, a las págs. 479 y 480.() El descubri-miento de prueba en el proceso criminal debe enancharse hasta donde permita la competencia entre el interés del acusado en su defensa y la confidencialidad de determinados documentos y expedientes, moderada por una discreción judicial que habrá de decidir si la utilidad que para la defensa representa esa prueba supera los intereses del Estado y de terceras personas a cuya protección va dirigida la norma de secretividad.

La evidencia solicitada por los acusados en este caso que consiste de los informes del. agente secreto sobre delito, arresto, labor diaria, gastos, dietas y millaje, hoja de trabajo y asignaciones, ha sido considerada por el juez de instancia como propia para ser descubierta, sin que lesione la seguridad del Estado ni en forma alguna perjudique la eficacia de la investigación. El Art. II, Sec. 11, de nuestra Constitución!) garantiza el derecho del acusado a “carearse con los testigos de cargo”. Para que tal confrontación o careo tenga concreción y sentido, el debido proceso exige que se pongan al alcance del acusado los medios de prueba para impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin estos instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles, frustra el propósito del precepto constitucional. El penoso avance que a lo largo de la historia antecedió a la eclosión de libertad individual que hoy disfrutamos no ha de ser presa de agentes corruptos.

No resta dignidad al fiscal demandar y exigir de los funcionarios correspondientes la evidencia cuyo descubri-miento ha ordenado el tribunal. Aun cuando el abogado del Pueblo de Puerto Rico ha de procesar al acusado con deter-minación y vigor, “debe una lealtad primaria al interés superante de su cliente en que se haga justicia. El fiscal es el servidor de la ley cuyo objetivo dual es que el culpable no escape ni el inocente sufra”.()

Reiteramos que no estamos dando licencia para que en todo caso y en forma automática se concedan todos los informes y papeles relacionados con la actuación del agente. El acusado que los solicite debe hacer alguna demostración prima facie convincente de la materialidad de esa evidencia y de la legitimidad de su petición que la excluyen de la calificación de alegación simplemente dilatoria, onerosa y hostigante.

El tribunal deberá implementar el cumplimiento práctico de su orden en la forma más justa dentro de los recursos administrativos disponibles. R.P.Crim. 95. El fiscal podrá considerar la alternativa, en los casos que estime apropiados, de exigir copia para su expediente de estos informes de agente encubierto antes de someter el caso a un magistrado para determinación de causa probable.

No incidió la sala de instancia nada más que en su disposición sobre casos futuros, que es error de prematuridad. Se expide el auto y se anula exclusivamente dicha parte de la resolución revisada, que en todos sus demás extremos, queda confirmada.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado. Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Negrón García no intervinieron. El Juez Asociado Señor Rigau emitió un voto particular.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 1979

Voté conforme con la opinión del Tribunal. Deseo hacer constar que estimo que los testimonios y la evidencia presen-tada por los informantes de ocupación y por los agentes encubiertos debe ser evaluada con sumo cuidado por los jueces y jurados. Creo que esto debe ser especialmente así en los casos de Ley de Sustancias Controladas y Ley de la Bolita. En esto estoy de acuerdo con otros compañeros Jueces de este Tribunal. Véanse las expresiones del Tribunal en la opinión del caso Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979), emitida por voz del Juez Presidente Señor Trías Monge.

      (1)“Las partes tendrán un término hasta el 25 de mayo de 1979 para mostrar causa por la que no deba anularse o modificarse la resolución y orden recurrida de 20 de marzo de 1979 en armonía con los supuestos siguientes:
      “(1) Obligación del fiscal de descubrir toda aquella prueba de tal grado significativa que de suprimirse resultaría en la negación del derecho constitucional del acusado a un juicio imparcial, bajo la norma de Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974); Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506 (1974); y United States v. Agurs, 427 U.S. 97; 49 L.Ed.2d 342 (1976).
      “(2) Limitaciones o insuficiencia de la Regla 95 de Procedimiento Criminal para la necesaria producción de evidencia antes del juicio, comparada con su concordante la Regla 16 Federal, y ambas superadas por el derecho a un juicio justo, con el debido proceso de ley.
      “(3) Hasta qué punto puede el fiscal oponer una conducta pasiva al descubrimiento de pruebas por el acusado, bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87-88, acogiéndose al texto de la Regla 95 como referente a documentos y objetos en poder del fiscal, considerando los criterios poxt Brady de Hernández García y Ayurx, ante.
      “(4) Iniciativa del abogado dentro de su responsabilidad de organizar una defensa eficiente y disponibilidad de la orden xubpoena ducextecmn como alternativa para producción de la evidencia requerida directamente por el fiscal.
      “(5) Coordinación entre Fiscalía y agencias ejecutivas del método menos gravoso para el Tribunal, el Fiscal, la Policía y los testigos que en los casos denunciados por un agente encubierto viabilice el descubrimiento de prueba esencial a la defensa del acusado.
      “(6) Alternativa de exigencia por el Fiscal a la Policía, antes de presentar la acusación, de los informes del agente secreto concernido, sobre delito, arresto, labor diaria, gastos, dietas y millaje, hoja de trabajo y asignaciones, para su propia determinación de la procedencia de la acusación y descubrimiento en su día a la defensa del acusado.”

      (2)Expresa este Tribunal a las págs. 479 y 480.
      “El procedimiento de la Regla 95 no confiere, sin embargo, un derecho absoluto a descubrir todos los documentos y objetos a que la Regla se refiere. El acusado tiene derecho a solicitar el descubrimiento ‘en cualquier momento después de haberse presentado la acusación’. Su concesión es, sin embargo, función que descansa en la facultad discrecional del tribunal que juzga el caso. En el descargo de esa función deberá el tribunal establecer un justo balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado. Para ello deberá tomar en consideración si los objetos, libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con suficiente especificación y son pertinentes para su defensa; su importancia para la seguridad del Estado o la confidencialidad de la labor investlgativa: y la razonabilidad de la petición tomando en cuenta sus propósitos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos ni hostigación o molestias indebidas a los funcionarlos del Estado.”
      . . El fiscal ni alegó ni ofreció prueba de que la revelación de los Informes solicitados por el acusado afectaría la seguridad del Estado o las labores investi-gativas de sus agentes policíacos. La moción fue presentada con suficiente antelación a la fecha señalada para la celebración del juicio y nada hay en los autos demostrativo de propósitos dilatorios u opresivos para con la otra parte.”

      (3)La concordante Sexta Enmienda de la Constitución federal ordena que en todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho a carearse con los testigos en su contra.

        (4)Aguns, supra, págs. 110 — 111.