source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    E. R. Foods Inc. of Condado, demandante, v. Lee Optical and Associated Companies Profit Sharing Trust, etc., demandado.

      Número: CE-86-164

      Resuelto: 26 de junio de 1986

      Ciro A. Betancourt, abogado del demandante; Maritza I. Munich, de Rivera, Tulla & Ferrer y Alvaro R. Calderón, Jr.,
      abogados de la codemandada Walgreen’s de P. R.; Orlando Fernández, de John M. García Law Offices, abogado de la co-demandada Lee Optical & Associated Companies Profit Sharing Trust.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Lee Optical & Associated Companies Profit Sharing Trust (Lee Optical) era propietaria de un inmueble sito entre las avenidas Condado y Ashford en El Condado. La estructura estaba dividida en dos locales: uno alquilado a Walgreen’s of Puerto Rico, Inc. y el otro, desde noviembre de 1981, a E. R. Foods, Inc.

El contrato privado de arrendamiento entre Lee Optical y E. R. Foods era por veinte (20) años a partir del 1ro de enero de 1982 basado en un canon mensual de $5,000 más una suma adicional computable según las ventas. Estipulaba que todo comprador debería respetar al arrendatario en su pose-sión. Cualquier parte podría obligar a la otra a elevar los tér-minos del arrendamiento a escritura pública e inscribirlo en el Registro de la Propiedad. Ello no se llevó a cabo y por ende E. R. Foods nunca inscribió su derecho.

En mayo de 1985 E. R. Foods tuvo conocimiento de que Lee Optical gestionaba la venta a Walgreen’s de toda la pro-piedad. Alegadamente entonces E. R. Foods le solicitó a la arrendadora que elevara el arrendamiento a escritura pública. No se hizo.

El 20 de junio de 1985, un día antes de la venta, E.R. Foods incoó demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra Lee Optical para requerir que el contrato de arrendamiento se elevara a escritura pública. El mismo día, en calidad de demandante, presentó al Registro de la Propie-dad, Sección I de San Juan, copia de su demanda y solicitó un aviso de lis pendens bajo la Regla 56.7 de Procedimiento Civil. Al día siguiente Walgreen’s le notificó oficialmente que había adquirido la propiedad por compra y le concedió treinta (30) días a E. R. Foods para desalojar.

El 30 de septiembre de 1985 la acción de E. R. Foods fue trasladada a la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Posteriormente, el 24 de septiembre, se incluyó a Walgreen’s como demandada. El 1ro de octubre ésta inició una acción de desahucio contra E. R. Foods.

El 12 de diciembre el Registrador de la Propiedad comu-nicó su denegatoria de inscripción a E. R. Foods y señaló la siguiente falta:

No procede la anotación del aviso de demanda si no se cum-ple con lo dispuesto en el artículo 113 de la vigente Ley Hipo-tecaria.

Pendiente de ser subsanada, el Tribunal Superior deses-timó el pleito de desahucio por prematuro. Dicho foro enten-dió que todo el litigio dependía de la actuación registral. Ra-zonó que si se subsanaba el defecto, Walgreen’s vendría obli-gado a respetar la vigencia del contrato de arrendamiento.

El 17 de enero de 1986, E. R. Foods solicitó a la Corte Federal que emitiera una orden al Registrador de la Propie-dad para que realizara una “Anotación preventiva de de-manda”. La orden fue emitida el 7 de febrero. El 27 del mismo mes Walgreen’s le presentó una moción para solicitarle que revocara esa orden o certificara a este Tribunal la cues-tión de derecho envuelta. El foro federal acogió esta última petición. Como resultado atendemos la siguiente interrogante debidamente certificada:

Si la petición de E. R. Foods, Inc. de Condado (E. R. Foods) al Registrador de la Propiedad de Puerto Rico para una anotación de lis pendens sin orden judicial previa según requerida por el Art. 113 de la Ley Hipotecaria de P.R., 30 L.P.R.A. see. 2402, era nula ah initio y, consecuentemente, sus defectos no pueden subsanarse, o si una orden del tribunal emitida y presentada al Registro dentro de los 60 días provistos en 30 L.P.R.A. see. 2272, se retrotraería a la fecha de presentación original de lis pendens al Registro de la Propiedad. (Traducción nuestra.)

II

La presentación del aviso de lis pendens luego de nuestra decisión en Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563 (1982), no tiene efectos regístrales. Nos explicamos. En Rocafort, supra, enfrentamos la antinomia histórica entre el aviso de pleito pendiente, regulado por la Ley Hipotecaria, y el lis pen-dens, regido por nuestro ordenamiento procesal civil. Por vía de interpretación judicial declaramos ineficaz el procedimiento de lis pendens. Regla 56.7 de Procedimiento Civil. Nuestra determinación estuvo motivada, ante todo, por la ausencia de intervención judicial previa a la adquisición de este remedio cautelar. Rocafort v. Álvarez, supra, pág. 572. Es evidente pues, que concebir como subsanable la falta notificada por el Registrador es obviar el fundamento mismo de nuestra decisión en Rocafort. Cualquiera podría presentar copia de una demanda certificada en el Registro o un aviso de demanda y luego, meses después —como en el caso de autos— corregir esa falta de forma retroactiva. Tal trámite gozaría, a fin de cuentas, de las mismas ventajas que ofrecía el lis pendens. Sus efectos equivaldrían a someter bienes de un demandado a un gravamen que luego sería evaluado judicialmente. No podemos refrendar tal solución.

Al arribar a esta conclusión es menester una distinción. Existen documentos que aunque tengan defectos que vicien su validez tienen efectos regístrales. Art. 68 (1) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2271 (1). Otros, por el contrario, no tienen relevancia registral alguna. Tal es el caso, por ejemplo, de una carta enviada al Registrador solicitándole inscribir una compraventa que se detalla en la carta. Luego de Rocafort v. Álvarez, supra, el lis pendens pertenece a esta segunda categoría. El quid diferenciador está en el mandato de ley y del Reglamento Hipotecario. Sólo tienen efectos regístrales aquellos documentos autorizados por el ordenamiento legal positivo, aunque adolezcan de faltas que impidan su inscrip-ción. En ese caso, se notificará la falta y el interesado tendrá el término dispuesto por ley para corregir el defecto, si es que a fin de cuentas ello es posible. Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre la Ley Hipotecaria, reproducido en 14 Rev. Jur. U.I. 349, 377 (1980).

Recapitulando, bajo nuestro estado de derecho vigente, según pautado en Rocafort v. Álvarez, supra, el único medio para obtener la medida de seguridad objeto del aviso de demanda son los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sees. 2401 y 2402, en interrelación al segundo párrafo de la Regla 56.7 de Procedimiento Civil.

Lo expuesto nos permite contestar negativamente la pregunta certificada. La anotación de lis pendens sin orden judicial previa no tiene efectos regístrales y no es susceptible de corrección.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.


author: El Juez Asociado Señor Peter Ortiz

text:
    Fray Valentín Negrón García, demandante y recurrido, v. Benjamín Noriega Ortiz y Otro, demandados y recurrentes.

      Número: R-85-127

      Resuelto: 26 de junio de 1986

      Santiago R. Palmer y Jesús E. Palmer, de Palmer, abogados de los recurrentes; William E. Naveira, de Ortiz Toro, Ortiz Brunet & Naveira, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Peter Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, declaró con lugar la demanda de daños y perjuicios en este caso y condenó a los demandados a pagar al demandante la suma total de $8,000, más las costas, gastos e intereses desde la radicación de la demanda. Concedió la suma de $2,000 para honorarios de abo-gado. Dicha sentencia está basada en las siguientes determi-naciones de hecho:

1. El día 19 de diciembre de 1981, alrededor de las 8:00 de la tarde, el demandante discurría por el Expreso de Diego de Este a Oeste en una motora marca Vespa de su propiedad.
2. Al llegar a la estación de peaje ubicada en el área de Buchanan, se detuvo en el segundo carril contado de derecha a izquierda. Le preguntó a un empleado de la Autoridad de ■Carreteras si podía continuar su marcha por la autopista. Éste le contestó en la afirmativa por lo que depositó 25 centavos y continuó en su motora en dirección a Manatí.
8. Segundos antes de su salida, el codemandado Benjamín Noriega Ortiz, había salido del tercer carril manejando un automóvil marca Honda, propiedad de su padre, el codeman-dado Benjamín Noriega.
4. En este momento, el codemandado Benjamín Noriega Ortiz, vio que su padre, el codemandado, Benjamín Noriega se encontraba parado cerca de su vehículo que estaba estacio-nado en el paseo de emergencia a la extrema derecha junto a la salida de la estación de peaje.
5. Los codemandados habían acordado por teléfono reu-nirse en aquel lugar y en aquella hora.
6. A muy poca distancia de la estación de peaje, súbita-mente y sin tomar medida de precaución alguna, el codeman-dado Benjamín Noriega Ortiz desde el tercer carril de la au-topista comenzó en su vehículo a cruzar de izquierda a dere-cha el segundo y el primer carril para estacionarse en el pa-seo de emergencia donde estaba su padre.
7. Este movimiento inesperado ocasionó que su vehículo impactara en el segundo carril la motora marca Vespa con-ducida por el demandante, Fray Valentín Negrón García, ti-rándolo en el pavimento y ocasionándole fractura de la mu-ñeca del brazo derecho.
8. Debido a lo repentino del referido acto del codeman-dado, Benjamín Noriega Ortiz, el demandante, Fray Valentín Negrón García, no tuvo oportunidad alguna para tomar las medidas necesarias para evitar el accidente.
9. Existe un reglamento promulgado por la Autoridad de Carreteras aprobado en el año 1975, enmendado en los años 1976 y 1982, cuya sección 4.14 prohíbe a las motocicletas que transiten en las autopistas administradas por la Autoridad de Carreteras, a menos que las mismas cumplan con ciertos requisitos enumerados en el Reglamento a saber: (1) que el motor tenga un desplazamiento de caballaje de 325 centíme-tros cúbicos, (2) que las ruedas deben tener, por lo menos, una circunferencia de 16 pulgadas, (3) y que el peso neto de la motora debe ser de 300 libras o más.
10. El propósito de este reglamento es evitar que las mo-tocicletas livianas, pequeñas y de poco poder sufran acciden-tes al ser descontroladas por las fuertes ráfagas de viento producidas por los vehículos pesados que discurren por el expreso a alta velocidad.
11. El accidente del presente caso no fue producido por las condiciones adversas a motocicletas pequeñas, livianas y de poco poder contempladas por el Reglamento, sino por la imprudencia y/o negligencia de la parte demandada, Benja-mín Noriega Ortiz, al no tomar las medidas de precaución necesarias al cruzar con el vehículo propiedad de su padre los carriles del expreso.

El tribunal resolvió que no había relación causal entre la infracción al reglamento y la ocurrencia del accidente. Se apoyó en las decisiones de Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757, 772 (1978); Usera v. González, 74 D.P.R. 487 (1953); Pueblo v. Pereira, 49 D.P.R. 891 (1936). Expe-dimos el auto de revisión solicitado por los demandados.

Los demandados-recurrentes reiteran su planteamiento de que debían haber sido eximidos de responsabilidad por el hecho de que el demandante había violado la See. 14-106(3), 9 L.P.R.A. see. 1806(3), que prohíbe transitar por las autopis-tas de peaje a las “ [m] otocicletas, excepto cuando tanto éstas como sus conductores estuvieren especialmente autorizados por el Secretario a transitar por las autopistas de peaje. Dicha autorización se concederá conforme a los requisitos y especifi-caciones que éste adopte por reglamento tomando en conside-ración el caballaje de fuerza, peso, estabilidad de la motora, diámetro de las ruedas, potencial de velocidad, destreza del conductor y cualesquiera otros que a su juicio fueren necesa-rios para proteger la vida y la seguridad de los usuarios de la autopista”. ()

No hay duda de que el demandante infringió la ley y el reglamento al transitar por la autopista sin que su motocicleta cumpliera con los requisitos fijados y sin tener el permiso especial que se provee. () Pero ello no exime de responsabilidad al que causó el daño.

Si la imprudencia del lesionado es la única causa próxima del accidente el demandado no viene obligado a responder por los daños sufridos. Vda. de Vila v. Guerra Mondragón, 107 D.P.R. 418 (1978). Cuando la defensa del demandado es que el perjudicado ha violado la ley de tránsito, tiene que demostrar en los hechos particulares del caso y me-diante prueba competente, la existencia o no de relación causal entre tal omisión y el daño sufrido. Canales Velazquez v. Rosario Quiles, supra. Específicamente hemos resuelto que el hecho de que un vehículo de motor no haya sido registrado o de que su conductor carezca de licencia requerida por ley, no im-plica responsabilidad de parte del dueño o del conductor cuando la omisión de inscribir el vehículo y de obtener licencia para manejarlo no tiene conexión causal con la lesión o el daño causado. Pueblo v. Pereira, supra, pág. 895. Reiteramos dicha norma.

Es también de aplicación el principio de causa adecuada bajo el cual la causa es la condición que ordinariamente produce el daño, según la experiencia general. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982). Fue la desviación del conductor demandado al cambiar de carril súbitamente y sin tomar las debidas medidas de precaución la causa productora del daño. Nada tuvo que ver en el accidente el hecho de que la motora del demandante no estuviera autorizada a transitar por la autopista y menos aún que no tuviera el permiso especial que otorga el Secretario de Transportación y Obras Públicas. ()

Los recurrentes tratan de obviar los efectos de las ante-riores doctrinas cuando argumentan que el conductor del au-tomóvil no podía prever que en el peaje de la autopista estu-viera transitando una motora sin estar debidamente au-torizada. Dicha contención carece de méritos. Cabe pregun-tarse : Si el demandante hubiera tenido el permiso, ¿cuál sería la causa próxima del accidente? Bajo los hechos probados, forzoso es concluir que fue la del conductor demandado. Cf. Toro Lugo v. Ortiz Martinez, 113 D.P.R. 56 (1982); Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 697 (1979).

Rechazamos la otra contención de los recurrentes. Alegan que el demandante es responsable por haber asumido el riesgo de transitar por la autopista en una motora pequeña, pero ol-vidan que el tamaño de la motora nada tuvo que ver con la ocurrencia del accidente. Repetimos que la única causa fue la imprudencia y negligencia del recurrente Noriega Ortiz. El acto ilegal del demandante no fue factor contribuyente.

Tampoco hubo error al valorar los daños con excepción del error admitido por el recurrido de no rebajar la suma de $1,000 según la ley que crea la A.C.A.A., 9 L.P.R.A. see. 2058 (3) (b). No se aplica la reducción de $2,000 del subinciso (c) de dicha sección ya que el tribunal de instancia no concedió daños especiales. () No intervendremos con la discreción del tribunal al imponer honorarios de abogado.

Se dictará sentencia que modifique la de instancia para re-bajar la cuantía concedida a $7,000 y así modificada se con-firmará la misma.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resul-tado sin opinión escrita.

      (1)La see. 1809 del Tít. 9, L.P.R.A., dispone que las infracciones a dicho subcapítulo y a los reglamentos para autopistas serán consideradas como faltas administrativas.

      (2) Sees. 4.14-4.15 del Reglamento que disponen:
      “Sección 4.14 — (1) Podrán transitar por las Autopistas de Peaje las motocicletas que cumplan con los siguientes requisitos y especificaciones:
      “a) motor con capacidad de desplazamiento (cilindrada) de 325 centí-metros cúbicos o más;
      “b) ruedas con un aro de diámetro de 16 pulgadas o mayor;
      “c) peso neto de 300 libras o más.
      “El Secretario expedirá, al comienzo de cada año fiscal un distintivo identificando a la motocicleta y el hecho de que está autorizada a transitar por las Autopistas de Peaje. El distintivo deberá fijarse en la parte delan-tera de la motocicleta, de tal forma que pueda ser visible para el operador de las estaciones de cobro de peaje.”
      A su vez la Sec. 4.15 del Reglamento dispone, para operador de moto-cicleta :
      “El operador de una motocicleta que transite por las Autopistas de Peaje deberá poseer un permiso especia] expedido por el Secretario autori-zándolo a operar las motocicletas que cumplan con los requisitos y especifi-caciones establecidas en este Reglamento. Deberá portar el mismo y mos-trarlo a cualquier oficial de la Policía u oficial autorizado para regular y controlar el tránsito en las Autopistas de Peaje.
      “No podrá solicitar el permiso especial requerido para las Autopistas de Peaje persona alguna que no posea una licencia de conducir expedida por el Secretario.”

      (3) Contrario a casos como el de Usera v. González, 74 D.P.R. 487 (1963), en que la falta de licencia fue un eslabón importante en la cadena de eventos que fueron la causa próxima del accidente ya que demostraba la impericia del conductor.

      (4)E1 inciso 3 de la See. 9 de la ley provee lo siguiente:
      “Toda persona a quien un tribunal declare en una acción civil respon-sable de haber causado por negligencia lesiones por las cuales la víctima, sus sobrevivientes o cualquier otra persona tengan derecho a recibir benefi-cios o servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización bajo este Capítulo, tendrá derecho a una reducción en la sentencia a ser impuesta por el tribunal hasta la cantidad indicada en esta sección.
      “(a) En cada caso en que aplique esta sección el Tribunal deberá in-dicar separadamente el importe de la indemnización otorgada por daños de-bido a dolor y sufrimientos físicos y mentales y el importe de la indemniza-ción otorgada por otras pérdidas.
      “(b) La reducción aplicable a daños por sufrimientos físicos y menta-les será de $1,000.
      “(c) La reducción aplicable a daños y pérdidas por causas que no sean sufrimientos físicos y mentales será la suma de $2,000 ó el importe de los beneficios totales pagados por la Administración, si dicho importe fuera mayor de $2,000.”


author:
      (Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis Julio González Navarrete, acusado y apelante.

      Número: CR-85-35

      Resuelto: 26 de junio de 1986

      José H. Martí Fajardo, abogado del apelante; Rafael Ortiz Ca-rrión, Procurador General, Félix Fumero Pugliessi, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Luis Julio González Navarrete fue acusado, hallado culpable y sentenciado por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, de infringir el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2404. La sentencia de dos (2) años de reclu-sión le fue suspendida.

Inconforme, en su apelación discute dos errores que exa-minaremos a continuación.

PRIMER ERROR: Erró el Hon. Tribunal de Instancia al denegar una Petición Sobre Supresión de Evidencia y admi-tir la droga ocupada; cuya ocupación fue producto de una intervención ilegal e irrazonable por parte de un oficial poli-ciaco de Puerto Rico, basada dicha intervención en una que-rella legal en su inicio y que luego del inicio de la misma por los hechos ocurridos imposibilitan al policía de intervenir con el acusado y peticionario y mucho menos efectuar un registro en la persona de éste.

Un examen de los autos y de la exposición narrativa nos convence que el error no fue cometido. La prueba demostró un arresto y registro incidental justificado. Veamos.

El testigo José A. Ortiz Lugo declaró que mientras el 4 de octubre de 1983 caminaba a las 5:15 A.M. por la calle Bosque de Mayagüez, el conductor de una guagua blanca, tipo “Van”, manifestó que le iba a caer encima y a asaltar; que en dicho vehículo iban tres personas; que sólo podía reconocer al conductor que era grueso y trigueño; que también iba otro tipo como blanco pero, que no lo podría reconocer porque estaba obscuro el interior de dicha guagua; que los otros ocupantes le dijeron palabras obscenas; que el conductor se bajó e hizo mo-vimientos como para buscar algo dentro del vehículo; que se asustó, caminó rápido para evitar ser asaltado, apuntó la ta-blilla y llamó a la Policía; que al llegar el agente Jaime Muñiz. le narró lo sucedido y le suministró el número de la tablilla de la guagua; que mientras le contaba este incidente, pasó nueva-mente la guagua y él se lo dijo al agente; que entonces ambos se montaron en la patrulla, la siguieron y al detenerse ésta frente al Condominio El Carillón, el agente arrestó al conductor (el acusado); que al registrarlo le encontró en el “tenis” izquierdo una bolsa transparente de marihuana, y que desde que comenzó el incidente hasta que llegó el agente, trans-currieron aproximadamente como 14 minutos. El agente Mu-ñiz corroboró esta declaración.

Estos hechos, cuya veracidad no se cuestiona, son suficien-tes. El propio apelante admite en su alegato que el policía Muñiz “tenía una motivación válida para intervenir con él”. Su tesis, sin embargo, es que surgieron unos incidentes que paralizaron la autoridad legal del policía para seguir intervi-niendo, pues no le dio “motivo alguno para ello”. No tiene razón.

De los hechos narrados no hay base para apoyar tal enfo-que. El registro del acusado fue incidental a un arresto legal conforme la autoridad de la Regla 11 de Procedimiento Criminal. Bajo la misma un funcionario puede arrestar sin orden, cuando la persona hubiese cometido un delito grave, aunque no haya sido en su presencia, o cuando el funcionario tuviese mo-tivos fundados para creer que la persona que va a ser arres-tada ha cometido un delito grave, independientemente de que dicho delito se hubiese cometido o no en la realidad.

En Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985), aclaramos que la Policía “tiene [el deber] de investigar toda llamada telefónica e información brindada por la ciudadanía referente a posible actividad delictiva”; y que en situaciones como la de autos, es permisible un registro sin orden de la persona arrestada y del área circundante para evitar agre-siones o lesiones a los agentes, fugas y lograr evidencia susceptible de ser ocultada o destruirla. Véanse además Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986) y Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971). El policía Muñiz en cum-plimiento de su deber investigó, arrestó y registró al apelante González, válidamente. Tenía motivos fundados para creer que había cometido un delito grave en consideración a los antece-dentes y dolos que el testigo Ortiz Lugo le había suministrado, además de la identificación de la guagua, la cual correspondía a la descripción previa y número de tablilla. Sólo transcurrió un lapso de aproximadamente 14 minutos entre la tentativa de robo y la reaparición de la guagua.

Concluimos que el registro fue razonable, incidental y con-temporáneo a un arresto válido. El que no se determinara causa en la denuncia de tentativa de robo —aparentemente por la falta de interés del perjudicado— en nada afecta o al-tera la legalidad del arresto y registro.

r-H HH

SEGUNDO ERROR: Erró el Hon. Tribunal de Instancia al negarse a trasladar el caso a otra sala para la celebración del juicio en su fondo de la causa criminal que pesaba contra el acusado y peticionario aún cuando existió el hecho que en una de las etapas del caso cuando se discutiera una Petición Sobre Supresión de Evidencia, dicho magistrado presidió la vista habiéndose desfilado toda la prueba ante dicho magistrado y estando el caso señalado para verse por Tribunal de Derecho y luego de haber escuchado casi toda la prueba que desfilaría del caso el día de la celebración del juicio en su fondo.

El apelante alega violación al debido proceso de ley por el simple hecho de que ante el juez que se ventiló el caso también se discutió una moción de supresión de evidencia. Aduce que el magistrado conocía “casi toda la prueba”. Se apoya en Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492 (1962). No tiene razón. No cabe la analogía de Pueblo v. Toro Goyco, supra. Los hechos son claramente distinguibles del presente caso. ()

Como dijimos en In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274, 287 (1959), “nunca ha sido ni es la norma constitucional que cual-quier contacto previo con la prueba, no importa su alcance y efectos, incapacite a un juzgador para dirimir posteriormente los méritos de una controversia”. Esa norma general es la prevaleciente en las reglas. Así, entre los fundamentos de in-hibición de la Regla 76 de Procedimiento Criminal no halla-mos sostén para la teoría del apelante. Por el contrario, la Regla 234 que gobierna el trámite a seguir en torno a una moción de supresión de evidencia, contempla la posibilidad de que se dilucide conjuntamente en la vista en su fondo. Esa práctica es frecuente. “En muchas ocasiones la prueba del fiscal en oposición de las pretensiones de la defensa es la misma que tiene para sostener la acusación y el juez recibe la prueba durante la vista del caso en su fondo. Normalmente no consti-tuye perjuicio para el acusado. Ver Dibella v. United States, 369 U.S. 121 (1962).” Pueblo v. Flores Valentín, 88 D.P.R. 913, 914 (1963). Aparte de lo expuesto, concluir lo contrario promovería la práctica incontrolable de descualificar jueces. Finalmente, ¿cómo sostener que pueda haber una infracción constitucional porque el juicio sea ventilado ante el mismo juez que separadamente declaró sin lugar la supresión, y no la haya en ocasión de plantearse la cuestión durante el proceso?

En resumen, el error no fue cometido. El apelante reclama de forma general el derecho. No aduce ni nos ha demostrado perjuicio específico alguno. Salvo que entremos en el campo de la especulación o en el fascinante laboratorio académico, el planteamiento carece de méritos.

I — I HH HH

TERCER ERROR: Erró el Hon. Tribunal de Instancia en la apreciación de la prueba.

El apelante se basa en que el testigo Ortiz Lugo se contra-dijo, pues informó una tablilla distinta —omitió un dígito— y porque alegadamente le dijo al policía Muñiz, al detener éste la guagua, que el conductor no era quien lo trató de asaltar.

El planteamiento se reduce al valor probatorio y a la cre-dibilidad. En el presente caso el tribunal de instancia la aqui-lató. Creída la prueba de cargo por el juzgador que vio y escu-chó a los testigos declarar, no debemos intervenir con esa de-terminación salvo error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión. Véase Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817 (1983).

Se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario General Interino, El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente reservándose el derecho de emitir opinión al efecto en el futuro en cuanto al segundo señalamiento de error. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión es-crita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1986.

Este Tribunal se supone que resuelva un caso vía senten-cia —a diferencia de una opinión firmada por uno de sus jue-ces y de la opinión per curiam— cuando “el mismo plantea cuestiones reiteradamente resueltas por este Tribunal. Una sentencia no establece norma, y menos revoca una establecida. La sentencia es la forma que utiliza el Tribunal para disponer lo más rápidamente posible del enorme número de casos que tiene que resolver. Sólo intenta resolver la controversia entre las partes”, ()

La sentencia que ha suscrito una mayoría de este Tribunal en el presente caso, () no obstante tratar sobre un área del derecho —contacto anterior con la prueba por el magistrado que preside el juicio— sobre la cual este Tribunal se ha mani-festado en varias ocasiones en el pasado, versa sobre un tema en específico en relación con el cual este Tribunal nunca antes había tenido la oportunidad de expresarse, ésto es: si el juez que intervino en la vista de una moción de supresión de evi-dencia debe o no presidir la vista en su fondo del caso. Re-sulta, por tanto, curioso que no se aprovechara la oportunidad para resolver el punto mediante opinión al efecto.

Si bien es correcto que la decisión emitida, al ser vía sen-tencia, no establece precedente obligatorio para los tribunales de instancia y que en un futuro el Tribunal podría, vía opi-nión, establecer una norma completamente distinta, no es me-nos cierto que desde el punto de vista del apelante González Navarrete —cuya convicción por delito grave resulta confir-mada— la decisión emitida es final, firme y obligatoria. Es por ello que de este Tribunal en el futuro “reconsiderar” la posición asumida en el presente caso, no sólo estaríamos incu-rriendo en una inconsistencia sino que habríamos cometido una “injusticia” con el aquí apelante. Ello es así por cuanto en un caso criminal siempre está en juego la libertad de un indivi-duo y el futuro de éste y su familia. En otras palabras, el de-recho que Luis Julio González Navarrete tiene a un juicio justo e imparcial no es de menor jerarquía que el de sus con-ciudadanos en el futuro.

La decisión emitida ciertamente causa gran preocupación. No obstante no establecer precedente obligatorio, no hay duda de que constituye un “indicador” de cómo piensan los señores jueces que componen el Tribunal y un “hecho” del cual se puede hacer una inferencia razonable de cómo, de plantearse nuevamente el asunto, resolvería el Tribunal en el futuro. La misma representa no sólo un paso de retroceso en la jurispru-dencia de este Tribunal sobre esta materia en los últimos vein-ticinco (25) años sino un viraje repentino e inexplicable en relación con decisiones emitidas por este Tribunal en los últi-mos meses; viraje que resulta peligroso, no sólo porque es ín-dice de inconsistencia, sino por lo que aparenta significar, esto es, el rechazo de garantías procesales que constituyen los ci-mientos del debido proceso de ley y, por ende, de un juicio justo e imparcial. Es por ello que disentimos. ()

I

Mediante la sentencia que emite una mayoría de este Tribunal en el presente caso se rechaza expresamente el plantea-miento del apelante a nivel apelativo a los efectos de que se incurrió en una violación al debido proceso de ley como con-secuencia de que el juez que intervino en, y resolvió en los mé-ritos, la moción de supresión de evidencia fue el mismo que presidió el juicio en su fondo y decretó la culpabilidad del apelante. ()

Como fundamentos de dicho rechazo se aduce en la senten-cia que se emite por este Tribunal, en síntesis y en lo perti-nente, que de acuerdo con la jurisprudencia vigente en nues-tra jurisdicción “nunca ha sido ni es la norma constitucional que cualquier contacto previo con la prueba, no importa su alcance y efectos, incapacite a un juzgador para dirimir pos-teriormente los méritos de una controversia” (énfasis su-plido), citado de In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274, 287 (1959); que la situación específica que presenta el caso de autos es “claramente distinguible” de los hechos del caso de Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492 (1962), por cuanto el grado de intervención de un juez que determina causa probable para arresto es uno más “activo” que el de uno que inter-viene en una moción de supresión de evidencia; que como las Reglas de Evidencia contemplan la posibilidad de que la mo-ción de supresión se dilucide conjuntamente en el juicio, no se justifica la determinación de que sean dos jueces los que in-tervengan; que decidir lo contrario “promovería la práctica incontrolable de descalificar jueces”; y que salvo “que entre-mos en el campo de la especulación o en el fascinante labora-torio académico, el planteamiento carece de méritos”.

La decisión emitida —sobre todo cuando consideramos los fundamentos aducidos— resulta ser una verdaderamente lamentable. Somos del criterio que sólo el desconocimiento de la práctica del procedimiento criminal puede haber llevado a una mayoría de este Tribunal a semejante decisión. La misma le da la espalda, sin explicación o lógica posible, a una serie de decisiones nuestras, contemporáneas y del pasado, que pros-criben que un juez que con anterioridad al juicio haya tenido una intervención activa y ostensible con la prueba pueda pre-sidir el juicio donde se determina la culpabilidad o inocencia del acusado. Veamos.

Es correcto que en In re Marín Baéz, supra, pág. 287, ex-presamos que nunca ha sido la norma constitucional de que cualquier contacto previo con la prueba incapacite a un juez para actuar posteriormente en el juicio. Expresamos en ese mismo caso, sin embargo, que en “cada situación en que se alegue ese defecto constitucional hay que considerar la índole del procedimiento, el grado de relación del juez con la prueba y los probables efectos de esa relación sobre su desinterés e imparcialidad”. (Énfasis suplido.)

A base de esos criterios, resolvimos en Pueblo v. Toro Goyco, supra, que un juez que determina causa probable para arresto no puede presidir posteriormente el juicio en su fondo. Todo aquél que haya practicado la profesión de abogado y haya acudido a un tribunal para la determinación de causa probable para arresto tiene conocimiento de que en dicha si-tuación, por lo general, el magistrado instructor se limita a escuchar la declaración de los testigos, el acusado la mayor parte de las ocasiones no está presente, y cuando sí está pre-sente, no está asistido de abogado por lo que no se lleva a cabo contrainterrogatorio alguno. Ese profesional con experiencia igualmente tiene conocimiento de que en una vista sobre su-presión de evidencia los testigos, tanto de cargo como de de-fensa, son extensamente interrogados y contrainterrogados, causando ello que el juez que preside la vista advenga en cono-cimiento total de la prueba. En adición, en la vista de supre-sión —dada la naturaleza, ámbito y propósito de la misma— no hay duda de que el juez “evalúa” la prueba que es presen-tada por ambas partes antes de emitir la decisión de si la suprime o no. Es por ello que no alcanzamos a entender el razonamiento de la mayoría de este Tribunal a los efectos de que el grado de intervención de un juez que determina causa probable para arresto es uno más “activo” que el del juez que preside una vista de supresión de evidencia. Por el contrario, si algo demuestra la experiencia y la práctica de la profesión es que el contacto con la prueba en el caso de la vista de supre-sión es uno mucho más extenso e impactante.

Ahora bien, lo erróneo de la decisión emitida en el presente caso todavía se hace más palpable cuando consideramos lo re-suelto y expresado por este Tribunal en los casos de Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985) y Pueblo v. Miranda Marchand, 117 D.P.R. 303 (1986).

En el caso de Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, re-solvimos que cuando el Estado interesa obtener una revoca-ción sumaria de los beneficios de una sentencia suspendida que esté disfrutando un convicto de delito grave, éste es acreedor a una “vista sumaria inicial” donde un juez evaluará si existe causa probable para creer que ha violado las condiciones de su probatoria, decisión definitiva que tendrá que hacer en una “vista final” un magistrado distinto al que presidió la vista inicial. Expresamos que ello tenía que ser así debido a que en la “vista sumaria inicial” el juez “no sólo ha estado expuesto y conoce parte de la prueba, sino que la ha evaluado, y en tér-minos de probabilidades, le ha adjudicado un valor y alcance probatorio contra el probando”. Id., pág. 732. Expresamos, por último, que este Tribunal entendía que tenían que inter-venir dos magistrados distintos porque aspiraba “a lograr que nuestro sistema de administración de justicia honre al máximo los postulados de neutralidad e imparcialidad en que se afian-za”. Id., pág. 732.

Nos parece que nadie puede cuestionar seriamente el hecho de que el interés de libertad que se le reconoce a un ciudadano a quien, no obstante haber sido acusado, le cobija la presun-ción de inocencia es mayor que el de aquél que ya resultó con-victo del delito por el cual fue acusado y se le intenta revocar una libertad a prueba. ¿Cómo es posible, entonces, que se le niegue a un acusado el derecho a que el magistrado que pre-sida el juicio sea distinto a aquél que intervino en la supresión de evidencia cuando le concedemos a un convicto de delito el derecho de que las dos vistas de revocación sean presididas por jueces distintos?

Lo lamentable de la decisión emitida en el presente caso todavía resulta más patente y dramático, sin embargo, cuando consideramos la decisión emitida por este Tribunal en el caso de Pueblo v. Miranda Marchand, supra, unas semanas antes de que se emitiera la sentencia en el presente caso. Allí el juez que presidió el proceso contra el imputado de delito se reunió a solas, antes de empezar el juicio, con un compañero juez, quien resultaba ser el principal testigo de cargo. No hubo prueba al-guna en relación con el tema sobre el cual versó la conversa-ción.

Luego de analizar, y ratificar, nuestra jurisprudencia anterior pertinente al asunto planteado citamos con aprobación decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos a los efec-tos de que:

“Un juicio justo en un tribunal imparcial es requisito bá-sico del debido proceso de ley. La justicia desde luego exige la ausencia de un verdadero prejuicio al juzgar los casos. Pero nuestro sistema de derecho ha tratado siempre de evi-tar hasta la probabilidad de la injusticia. Con este propósito ninguna persona puede ser juez en su propio caso y no se le permite a nadie juzgar casos en cuyo resultado tenga interés. Tal interés no puede definirse con precisión. Deben conside-rarse las circunstancias y las relaciones. Este Tribunal ha expresado, sin embargo, que ‘todo procedimiento que pudiera servir de posible tentación a un hombre promedio como juez ... a no mantener un balance preciso, claro y verdadero en-tre el Estado y el acusado, le niega a éste el debido proceso de ley.’ [Citas.] Una regla tan estricta puede en ocasiones im-pedir que actúen jueces que no están en verdad prejuiciados y quienes liarían todo lo posible por mantener la balanza de la justicia en su fiel entre las partes litigantes. Pero para de-sempeñar su alta función de la manera más correcta ‘la jus-ticia debe satisfacer las apariencias de la justicia.’ (Énfasis suplido).” Tumey v. Ohio, 278 U.S. 510, 532 (1927), según citado en Pueblo v. Miranda Marchand, supra, págs. 306, 307.

Expresó este Tribunal, por último, que en “el caso de autos, la realidad es que el juez que presidió el caso se reunió a solas por casi una hora con el principal testigo de cargo, un magis-trado compañero suyo, sin que estuvieran presentes el acu-sado y sus abogados. Independientemente de los móviles —buena fe o ánimo de transacción— esa reunión amerita que revoquemos y ordenemos la celebración de un nuevo juicio. Ello es un imperativo constitucional del debido procedimiento de ley”. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Miranda Marchand, supra, pág. 307.

Procede que nos preguntemos: ¿Si la mera posibilidad de que el juez adviniera en contacto con la prueba antes del jui-cio hace imperativo que éste no presida el mismo, cuál debe ser nuestra posición cuando estamos plenamente conscientes de que con anterioridad al juicio el juez efectivamente vino en contacto pleno con dicha pruebal La contestación resulta obvia.

Pasamos a considerar, por último, los restantes argumen-tos que se aducen en la sentencia emitida. Se argumenta que no se justifica la designación o utilización de dos jueces por razón de que la Regla 234 de Procedimiento Criminal con-templa la posibilidad de que la moción se dilucide en el jui-cio ante el juez que preside el mismo. La respuesta a ello es realmente sencilla: Debe recordarse que hemos resuelto, al am-paro de las' Reglas de Procedimiento Criminal pertinentes, que, como regla general, la solicitud y vista sobre supresión de evidencia deberá hacerse y celebrarse antes del juicio pero que la solicitud, aun cuando se haya presentado y denegado previamente, puede reproducirse en el acto del juicio si de la prueba de cargo surge la ilegalidad del registro y si la defensa pone al tribunal en condiciones de resolver que las circunstan-cias específicas del caso ameritan o exigen que se permita re-producir la moción. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986); Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511, 516 (1982). Es obvio que la citada Regla 234 contempla la posibi-lidad de la solicitud de supresión durante el juicio en protec-ción adicional de los derechos del imputado de delito y no como negativa del planteamiento aquí en controversia.

Se aduce, por último, que acoger el planteamiento del ape-lante “promovería la práctica incontrolable de descualificar jueces”. Aparte de que en la actualidad los señores jueces de instancia, motu proprio, están refiriendo las mociones de su-presión que son radicadas en los casos que tienen en sus salas a la consideración de otros compañeros jueces, es incuestiona-ble que ante la disyuntiva de escoger entre una administra-ción de justicia menos costosa y el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial, la selección es obvia. El día en que los derechos constitucionales de nuestros conciudadanos estén a expensas de consideraciones de índole económicas o adminis-trativas será el día en que la justicia habrá dejado de consti-tuir la razón de ser de nuestro ordenamiento jurídico.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 1987.

I

El 26 de junio de 1986, certificamos la sentencia mayori-taria del Tribunal, en la cual se confirmaba la del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, que declaró culpable al apelante Luis J. González Navarrete por infringir el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas.

En aquella ocasión el Juez Asociado Señor Rebollo López disintió y se reservó el derecho de opinar en cuanto al segundo señalamiento de error, a saber, que el caso debió ventilarse en sus méritos ante juez distinto de aquél ante el cual se dilucidó sin éxito una moción de supresión de evidencia.!) El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita y el Juez Presidente, Señor Pons Núñez no intervino.

Seis (6) meses después, el 31 de diciembre de 1986, el Juez Asociado Señor Rebollo López expone vehementemente, me-diante Opinión Disidente, su criterio de que el segundo error fue cometido. A tal efecto, en su análisis caracteriza la sen-tencia mayoritaria como “un viraje repentino e inexplicable”; “viraje que resulta peligroso”; “índice de inconsistencia”; producto del “desconocimiento de la práctica del procedi-miento criminal”; y que “da la espalda, sin explicación o ló-gica posible”. Esos términos nos mueven a certificar la pre-sente concurrencia. Al hacerlo, consignaremos los fundamen-tos jurídicos, recordando las sabias palabras del jurista Soto Nieto:

... El enjuiciamiento de los actos humanos, en toda su in-mensa complejidad, requiere algo más que la frigidez mental que supone la puesta en marcha de una cadena silogística.
Y tratándose de Tribunal colegiado, aún se añade a la re-flexión individual la colectiva y dialogante. Qué útil y fruc-tuoso se ofrece ese sereno contraste de pareceres, esa crítica moderada y estimulante, ese pensar conjunto desvelador de las más sutiles facetas del litigio, que la deliberación judicial promueve y facilita. Siempre que la necesaria y pacífica dis-cusión no degenere en disputa, y que cada miembro no se crea asistido de un carisma de infalibilidad. Escuchar, escuchar con advertencia, un poco de humildad y un mucho de corte-sía, las opiniones ajenas, aceptando sin demora ni regateo •todo lo que tengan de fundadas y de estimables. Fuera todo ribete de soberbia intelectual capaz de impermeabilizar al Magistrado frente a ajenos veredictos, encerrándole en la concha de un exclusivismo razonante con desmedido culto al propio parecer. El que fue Subsecretario del Ministerio de Justicia, señor López Martínez, pronunció en su toma de po-sesión estas bellas y certeras palabras: “No escuchar es ta-parse los ojos y exponerse a ser dirigidos por teóricas y va-nas ilusiones. No escuchar puede ser una forma de apego des-ordenado a los propios pareceres. Escuchar es ser atento, enterarse de lo que nos dicen y hacer un esfuerzo leal para comprender. Escuchar es incómodo porque somete a crítica nuestros planes, nos hace ver que nuestros proyectos, que nos parecían muy buenos, tienen puntos flacos o por lo menos discutibles, y nos impone el arduo trabajo de armonizar o de elegir . . . ; pero es imprescindible; sin escuchar no se debe gobernar ni el pequeño y entrañable mundo de nuestros ho-gares.” F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 50.

En esta sintonía de coloquio edificante dirigimos nuestra atención a las preocupaciones que resultan de la disidencia. Antes no tuvimos el beneficio de conocerlas. Confiamos que es-tas reflexiones permitan esclarecer las interrogantes o dudas allí esbozadas, o al menos, en igualdad de condiciones, acredi-tar los fundamentos jurídicos básicos que apoyan nuestra po-sición.

II

De entrada, merece unas breves líneas la metodología ad-judicativa institucional usada. El mecanismo de sentencia es apropiado. Toda la crítica y razonamiento de la disidencia se basa en la falacia de que el planteamiento de González Nava-rrete era nuevo y que lo resuelto es un viraje en la doctrina prevaleciente. Bastará examinar los casos citados en la sen-tencia y en esta concurrencia para damos cuenta de que dicho planteamiento es sólo una modalidad repetitiva más, y que la misma simplemente reitera una norma jurisprudencial esta-blecida desde hace décadas. El único cambio que detectamos es la interpretación propuesta en la disidencia.

Así, en la sentencia de 26 de junio de 1986, al analizar la cuestión expusimos:

El apelante alega violación al debido proceso de ley por el simple hecho de que ante el juez que se ventiló el caso tam-bién se discutió una moción de supresión de evidencia. Aduce que el magistrado conocía “casi toda la prueba”. Se apoya en Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 4S2 (1962). No tiene razón. No cabe la analogía de Pueblo v. Toro Goyco, supra. Los he-chos son claramente distinguibles del presente caso. ()
Como dijimos en In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274, 287 (1959), “nunca ha sido ni es la norma constitucional que cual-quier contacto previo con la prueba, no importa su alcance y efectos, incapacite a un juzgador para dirimir posteriormente los méritos de una controversia”. Esa norma general es la prevaleciente en las reglas. Así, entre los fundamentos de in-hibición de la Regla 76 de Procedimiento Criminal no halla-mos sostén para la teoría del apelante. Por el contrario, la Regla 284 que gobierna el trámite a seguir en torno a una moción de supresión de evidencia, contempla la posibilidad de que se dilucide conjuntamente en la vista en su fondo. Esa práctica es frecuente. “En muchas ocasiones la prueba del fiscal en oposición de las pretensiones de la defensa es la misma que tiene para sostener la acusación y el juez recibe la prueba durante la vista del caso en su fondo. Normal-mente no constituye perjuicio para el acusado. Ver Dibella v. United States, 369 U.S. 121 (1962).” Pueblo v. Flores Valentín, 88 D.P.R. 913, 914 (1963). Aparte de lo expuesto, concluir lo contrario promovería la práctica incontrolable de descualificar jueces. Finalmente, ¿cómo sostener que pueda haber una infracción constitucional porque el juicio sea ven-tilado ante el mismo juez que separadamente declaró sin lu-gar la supresión, y no la haya en ocasión de plantearse la cuestión durante el proceso?
En resumen, el error no fue cometido. El apelante reclama de forma general el derecho. No aduce ni nos ha demostrado :perjuicio especifico alguno. Salvo que entremos en el campo de la especulación o en el fascinante laboratorio académico, el planteamiento calece de méritos. (Énfasis nuestro.)

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Reafirmamos y ampliamos esos pronunciamientos. Según antes indicado, desde In re Marín Báez, supra; Pueblo v. Quiles, 83 D.P.R. 63 (1961); Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 285 (1961); Pueblo v. Flores Valentín, supra, y Pueblo v. Martés Olán, 103 D.P.R. 351 (1975), habíamos decidido que salvo circunstancias de comprobado perjuicio específico, no constituía error el que un mismo juez ventilara un incidente previo y a su vez posteriormente presidiera el juicio en su fondo. En Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 317 (1977), reiteramos enfáticamente así la norma: “El mero contacto previo con la prueba no incapacita al juez para ver el caso en los méritos. El acusado tiene que demostrar afirma-tiva y específicamente en qué consiste el prejuicio y par-cialidad para que prospere una moción bajo la Regla 76(f). Alegaciones y conjeturas no son suficientes.”

En el caso de autos, evidentemente el apelante González Navarrete no ha cumplido con esa norma. Todo su pedido está formulado en que el juez sentenciador antes le había decla-rado sin lugar la moción de supresión de evidencia. De ello in-fiere prejuicio. El razonamiento es circularmente erróneo.

Por su actualidad, reproducimos in extenso la cita vertida en Pueblo v. Pacheco, supra, pág. 289, del caso de Craven v. United States, 22 F.2d 605 (1927), cert. denegado, 276 U.S. 627, 72 L. Ed.2d 739 (1928):

“A lo sumo, pues, el affidávit imputa un ‘prejuicio’ fundado en la evidencia producida en corte abierta durante el primer juicio y en nada más resolvemos que tal ‘prejuicio’ (si es que ha de considerarse éste un término apropiado para referirse a un estado mental bien formado, 255 U.S. 42, 41 S. Ct. 236, 65 L. Ed. 481) no es personal; es judicial. Lo ‘personal’ con-trasta con lo judicial; caracteriza una actitud de origen extrajudicial, que se produce non coram judice. El término ‘personal’ caracteriza claramente el prejuicio que se ha de evitar. Es la palabra significativa contenida en el estatuto. Es deber de un juez que merezca ese nombre, derivar sus puntos de vista de la evidencia. El estatuto nunca contempló inhabilitar a nuestros tribunales mediante la descalificación de un juez, sobre la base única de un prejuicio (o estado mental, 255 U.S. 42, 41 S. Ct. 236, 65 L. Ed. 481) contra viola-dores de la ley, civil o penal, derivada de evidencia presen-tada en el curso de procedimientos judiciales en que dicho juez ha entendido. Cualquiera otra interpretación converti-ría el estatuto en un escollo intolerable a una eficiente ad-ministración de los procedimientos judiciales, los cuales de por sí no son hoy día muy rápidos o efectivos.
A base de la teoría ahora levantada, ningún juez estaría calificado para juzgar dos veces un mismo caso. No importa que el segundo juicio sea el resultado de no llegar a un acuer-do el jurado, por razones de incompetencia o aun de corrup-ción, o porque el juez que entendió en el caso declare con lugar una moción de nuevo juicio, o porque un tribunal de apelación sostenga un señalamiento de error. Si, como resul-tado del primer juicio, el juez adquiere un prejuicio o estado mental a favor o en contra de cualquiera de las partes, como desde luego ha de ocurrir, queda descalificado.
Si, como aconteció en muchos de los casos reportados, se permitiese que este estatuto fuera usado por abogados exce-sivamente celosos, que empequeñecieren su deber profesional hacia el bienestar público y hacia el tribunal en su calidad de protector del derecho público, como un método para lograr una demora (U.S. v. Fricke [D. C.] 261 F. 541), y en muchos casos un nuevo juicio ante un juez que deberá acercarse, de novo, a problemas previamente considerados por otro juez (Ex parte Am. Steel Barrel Co., 230 U.S. 35, 44, 33 S. Ct. 1007, 57 L. Ed. 1379) el estatuto habría de proveer inmuni-dad contra ataque únicamente a aquellos peleles amorfos que fueron condenados por el juez McEeynolds por ser deposita-rios impropios del poder judicial (255 U.S. 43, 41 S. Ct. 236, 65 L. Ed. 481). Solamente los tímidos y los incompetentes, si es que los hay ahora o ha de haberlos en el futuro en la judi-catura federal, estarían exentos de ser atacados bajo este estatuto.” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Pacheco, supra, págs. 289-290.

Esta norma prevalece. Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35, 57 (1975); United States v. Nelson, 718 F.2d 315 (9no Cir. 1983). Es unánime la doctrina en las jurisdicciones federal y estatal respecto a que la intervención de un juez durante el procesamiento de un caso, y el conocimiento adquirido de la evidencia no impide su ulterior participación en la vista en sus méritos. 13A Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure Sec. 3542 et seq. (2da ed. 1984). Específica-mente en cuanto a la intervención en mociones de supresión de evidencia, consistentemente se ha resuelto que ello no implica prejuicio del juez. No es práctica apropiada ni favorecida so-licitar su descalificación después que éste ha resuelto en contra de un acusado. United States v. Parker, 742 F.2d 127, 128-129 (4to Cir. 1984), cert. denegado, 105 S. Ct. 575 (1984); United States v. Phillips, 664 F.2d 971 (5to Cir. 1981), cert. denegado, 102 S. Ct. 2965, 103 S. Ct. 208; People v. McDonald, 186 N.E.2d 303, 306 (Ill. 1962).

El prejuicio, opinión formada o prejuzgamiento del caso que contempla el inciso (f) de la Regla 76 de Procedimiento Criminal, de ordinario no cubre la situación de decretos an-teriores contra un acusado en procedimientos criminales. Maret v. United States, 332 F. Supp. 324 (Miss. 1971). Tiene, que ser de naturaleza personal o demostrarse cabalmente una conducta del juez que sugiera, de hecho, que existe cierta fric-ción u hostilidad entre éste y el litigante. United States v. Carmichael, 726 F.2d 158, 160 (4to Cir. 1984); Blizard v. Fielding, 454 F. Supp. 318 (Mass. 1978), confirmado en 601 F.2d 1217 (1978).

“Debe hacerse una distinción entre una determinación judicial derivada de la prueba y de procedimientos extensos ante una corte, y la determinación que no está fundamentada en hechos producidos en corte, sino en actitudes e ideas que se ori-ginan de fuentes externas al recinto judicial. No es suficiente para descualificar a un juez demostrar que hubo prejuicio o apasionamiento en unas expresiones de derecho hechas pre-viamente por él, en una decisión anterior contraria al liti-gante en el caso o en resoluciones adversas durante el litigio.” (Traducción nuestra y citas omitidas.) Maret v. United States, supra, pág. 325. Nunca ha existido una regla absoluta y automática que autorice a descualificar a un juez por decre-tos judiciales en contra de un acusado, independientemente de que los mismos sean erróneos. United States v. Winston, 613 F.2d 221, 223 (9no Cir. 1980), expone así la doctrina. “La Sec. 455(b) (1) [equivalente al inciso (f) de nuestra Regla 76] por otro lado puede requerir la descualificación de un juez en situaciones en que el juez tenga conocimiento de hechos del caso antes del juicio, independientemente de cualquier posible prejuicio o parcialidad. Sin embargo, en tales casos la descua-lificación es únicamente procedente cuando la información se deriva de una fuente extrajudicial. El conocimiento obtenido en el transcurso de una participación anterior en el mismo caso no requiere que el juez se descualifique a sí mismo. United States v. Grinnell, 384 U.S. 563, 583, 86 S. Ct. 1698, 1710, 16 L. Ed. 2d 778 (1966); United States v. Carignan, 600 F.2d 762, 763 (9no Cir. 1979); United States v. Azhocar, 581 F.2d 735, 739 (9no Cir. 1978), cert. denegado, 440 U.S. 907, 99 S. Ct. 1213, 59 L. Ed. 2d 454 (1979); In re Webster, 382 F.2d 79, 84 (9no Cir. 1967); Lyons v. United States, 325 F.2d 370, 376 (9no Cir. 1963), cert. denegado, 377 U.S. 969, 84 S. Ct. 1650, 12 L. Ed. 2d 738 (1964)."

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Para sostener lo contrario, el disenso evoca la experiencia y práctica forense y concluye que ese contacto con la prueba automática e indefectiblemente exige la descalificación ulterior del juez. Como autoridades cita a Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985) y Pueblo v. Miranda Marchand, 117 D.P.R. 303 (1986). Una simple lectura de am-bos casos demuestra que son claramente distinguibles. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, al igual que Pueblo v. Toro Goyco, supra, versan sobre trámites —regularmente ex parte— de determinación de causa probable: uno para acusar de un delito a una persona y otro para revocar sumariamente una sentencia suspendida a un convicto. A su vez, Pueblo v. Miranda Marchand, supra, gira en torno al contacto con la prueba (perjudicado) en cámara, de origen extrajudicial y ex parte, antes de ventilarse el proceso.

A poco examinemos con detenimiento las interrogantes de la disidencia, notamos que se apuntalan frágilmente en la vi-sión de que el proceso judicial —y todos los incidentes corre-lativos generados por mociones de diversas índoles, que impli-can conocimiento o contacto previo con la prueba por un juez— inhabilitan para presidir imparcialmente un proceso. Tal en-foque fue discutido e implícitamente rechazado por este Tribunal en la progenie de casos antes citados. Recientemente en Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 443 (1986), luego de profundizar sobre la psicodinámica y génesis del proceso criminal y fallo, dijimos: “El fenómeno psicoanalítico del pro-blema de estimar credibilidad entre el testigo y el juez puede medirse desde distintas perspectivas. Para algunos magistra-dos es probable que la primera impresión o el primer testigo sea determinante. Sin embargo, no es posible generalizar y concluir que evaluado el proceso integralmente, los jueces, mediante análisis sereno y criterio comparativo no puedan desprenderse de esa impresión original y entonces proceder a dirimir certeramente el alcance y veracidad de ese testigo a la luz de otros testimonios y demás prueba.” Y más adelante, resolvimos que “de las vivencias aisladas individuales no nos es posible derivar razonablemente generalizaciones fundadas. Ni la ciencia de la psicología como tampoco las normas jurí-dicas apoyan esa tesis. No tenemos base para sostener la res-trictiva visión de que la validez y corrección de dirimir credi-bilidad dependa exclusivamente del factor tiempo, de la me-moria del juzgador o de su 'primera impresión vis a vis la segunda. La psicogenética de juzgar es algo más complejo”. (Énfasis suplido.)

Y

Aclarados estos extremos, notamos que el planteamiento del apelante González Navarrete —que encuentra eco en la disidencia— se centra más bien en un trámite que es en sí una reconsideración. Ello no es favorecido en nuestra jurisdicción ni en la norteamericana. Nos explicamos. El planteamiento reproduce por vía de apelación la misma cuestión que con an-terioridad ya trajo a este foro el 13 de marzo de 1985, por vía del certiorari 0-85-146. Allí, con el disenso del Juez Asociado Señor Rebollo López, proveimos no ha lugar el 14 de marzo de 1985.

Salvo circunstancias excepcionales no presentes ahí debió terminar el asunto. En Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511, 514, 516 (1982), expresamente resolvimos que un acusado —a quien se le ha negado antes una moción de supre-sión de evidencia— no tiene automáticamente derecho a “rei-terar el planteamiento y exigir que se resuelva de novo des-pués de su denegación con anterioridad a la vista de la causa”. Como única excepción destacamos que la “defensa tiene que poner al tribunal en condiciones de resolver que las circuns-tancias específicas del caso ameritan o exigen que se permita reproducir la moción de supresión de prueba”.

Así identificado, notamos que los tribunales tratan la cues-tión como una reconsideración. Ello describe adecuada y su-ficientemente la naturaleza real del trámite. En estas circuns-tancias pretender que el contacto anterior con la prueba des-cualifique per se al juez de ventilar el juicio en su fondo es lle-var el asunto a un extremo impermisible.

VI

En resumen, en el caso de autos, el apelante González Na-varrete ha tratado de hacer indirectamente lo que en Pueblo v. Hernández Flores, supra, no permitimos. Se trata de un reclamo al derecho a reconsideración, pero esta vez cuestio-nando la capacidad e imparcialidad del juez sentenciador. El argumento de previo contacto con la prueba es un non sequi-tur inmeritorio. Era él, y no el juez, a quien se estaba juz-gando. “ [N] o ha demostrado que el grado de contacto o rela-ción previa con la prueba del juez que presidió el juicio cau-sara erosión de la imparcialidad y objetividad que deben go-bernar todo juicio justo. Ante esa realidad de hechos, y no existiendo disposición constitucional, legislativa o reglamen-taria que excluya la participación del juez en ausencia de prueba específica de parcialidad o patente apariencia de la misma, no hemos de intervenir con la decisión de instancia.” Pueblo v. Martés Olán, supra, pág. 356.

Después de todo, el “juez es un hombre viviente, y juzga con toda su alma; realiza obra no tan sólo racional, sino hu-mana. La jurisprudencia, en sus aspectos multiformes, es a la vez una ciencia normativa y un arte práctico, que sirve para resolver las dificultades más diversas de la vida social. El arte de juzgar apela al espíritu de sutileza aliado con el espíritu geométrico, incluso en la aplicación de los principios del dere-cho. Aun debiendo someter sus razonamientos al rigor lógico, el juez piensa complacido, con Goethe, que ‘nada hay más ilógico que el abuso de la lógica’. Debe el juzgador dar pruebas de sagacidad, de prudencia y, sobre todo, de buen sentido”. F. Gorphe, Las Resoluciones Judiciales (L. Alcalá-Zamora y Castillo, trad.) Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-Amé-rica, 1953, pág. 38.

—O—

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 1987.

Unas breves reflexiones sobre la “opinión concurrente” certificada por el Juez Asociado Antonio S. Negrón García con fecha de 8 de enero de 1987 en el caso de epígrafe; ponencia que desgraciadamente parece ser el producto de una “reacción impensada” por parte del juez asociado de mayor antigüedad de este Tribunal, la cual reacción lo lleva a incurrir en un curso de acción desafortunado nunca antes contemplado ni realizado en nuestra jurisdicción.

Las presentes expresiones ciertamente no tienen el propó-sito de refutar la “opinión concurrente” del Juez Negrón Gar-cía. Aparte de que así hacerlo representaría incurrir en el mismo error que él ha cometido, somos del criterio que ello es innecesario. Los argumentos y señalamientos jurídicos, con-forme los dictados de nuestra jurisprudencia, que expresára-mos en la opinión disidente que certificamos el 31 de diciembre de 1986 han quedado incólumes; no obstante tener los mismos que “enfrentarse” a dos ponencias en contrario. Prueba irrefutable de ello es la forma evasiva y fugaz en que el amigo Ne-grón discute dichos señalamientos.

El único propósito de la presente ponencia es el de señalar lo perjudicial que al mejor funcionamiento de un tribunal co-legiado como el nuestro resulta el curso de acción seguido por el compañero Juez; con la esperanza de que, al así señalarlo, esta acción no se vuelva a repetir.

HH

El día 26 de junio de 1986 al certificar el Juez Negron García la sentencia mayoritaria del Tribunal en el caso de epí-grafe () hizo constar —a solicitud expresa nuestra plasmada en la hoja de trámite de la ponencia por él circulada— que el “Juez Asociado Señor Rebollo López disiente reservándose el derecho de emitir opinión al efecto en el futuro en cuanto al segundo señalamiento de error”; esto es, que el juez que presi-dió el juicio en los méritos debió haberse inhibido de así ha-cerlo por razón de que ante él se había dilucidado una moción de supresión de evidencia.

De forma tal que —aparte de las conversaciones informa-les sostenidas a esos efectos con anterioridad al 26 de junio de 1986— cuando menos desde ese día se tenía pleno conoci-miento de la objeción específica nuestra a la decisión mayori-taria.

Una somera lectura de la opinión disidente que certifica-mos el 31 de diciembre de 1986 es suficiente para que eual-quier persona pueda percatarse de que la misma efectiva-mente versa sobre el mencionado segundo señalamiento de error. Ni nada más, ni nada menos. Parece ser que existe una notable diferencia entre meramente escuchar unos argumen-tos y verlos luego plasmados en blanco y negro.

HH HH

Por otro lado, debe quedar meridianamente claro en la mente de todos que la “práctica” de un juez de este Tribunal de reservarse el derecho a emitir una opinión concurrente o disidente en el futuro ni es nueva ni es de nuestra personal creación.

Así de momento, entre otros y a manera de ejemplo, re-cordamos los casos de Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 754 (1963); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 285 (1978), y García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174, 183 (1978), donde distinguidos ex miembros de este Tribunal tales como los Honorables Pedro Pérez Pimentel, Ángel M. Martín, y Marco A. Rigau (Q.E.P.D.), respectivamente, se reservaron ese derecho.

Como podemos notar, dicha práctica viene siendo utilizada —y plenamente aceptada por el Tribunal— desde, por lo me-nos, hace más de veinte (20) años. Todo lo que se requiere es que el juez que desee reservarse ese derecho así lo haga cons-tar al momento de certificarse la opinión o sentencia mayori-taria del Tribunal.

Lo que verdaderamente resulta inaudito y difícil de conce-bir es que un miembro de un tribunal colegiado como el nues-tro realice lo efectuado por el amigo Negrón; esto es, certifi-que una sentencia mayoritaria y luego —sin haber hecho re-serva de clase alguna— prepare y certifique por su cuenta una “opinión concurrente” a la misma; ello como “reacción” a la opinión disidente que otro juez emite, el cual oportuna y co-rrectamente se había reservado el derecho a así hacerlo.

Somos del criterio que tal acción no sólo puede representar el comienzo de la anarquía en este Tribunal, sino que abre las puertas a la posibilidad de que los casos que se diluciden ante este Foro nunca tengan fin.

Por otro lado, resulta verdaderamente lamentable que el error haya sido cometido por el juez asociado de mayor anti-güedad en el Tribunal, el cual se supone les brinde buen ejem-plo a los otros que fueron designados en fecha posterior. No sé por qué razón me viene a la mente en estos momentos unas palabras de Monseñor José María Escrivá, fundador del Opus Dei, que leimos hace algún tiempo: “¡Qué lástima que quien hace cabeza no te dé ejemplo.”

HH

Ello no obstante, deseamos hacer constar que coincidimos plenamente con el Juez Negrón García respecto a la sabiduría de las palabras del jurista Soto Nieto que surgen de la “opi-nión concurrente” emitida por el primero.

En la opinión disidente que certificamos el día 31 de diciembre de 1986 en López Rodríguez v. Otero de Ramos, ex-presamos, “ [e] scuchar nunca le ha hecho daño a nadie. Por el contrario, si algo demuestra lá experiencia es que el hacerlo impide que actuemos impensada y apresuradamente, lo que a su vez, tiende a evitar las equivocaciones; esto es, que cometa-mos injusticias que luego tengamos que lamentar”. (Énfasis suplido.)

El problema surge cuando el que “escucha”, quizás debido a no haber experimentado o sufrido unas experiencias en particular, no le presta atención a lo que pacientemente se le in-tenta explicar y —por el contrario y como consecuencia de ello— estima que no necesita “escuchar”.

En estas circunstancias muy poco es lo que se puede hacer, excepto disentir. Resulta poco relevante, sin embargo, que ello se lleve a efecto un poco antes o un poco después. La experien- cía demuestra que, como regla general, esas personas siguen insistiendo en su error e intentando justificar el mismo.

La presente situación ciertamente no le hace ningún bien a esta Institución, cuyo deber de proteger es obligación de todos sus miembros por igual. Sin embargo, “no hay mal que por bien no venga” se suele decir popularmente en nuestro Puerto Rico. Quizás, en el día de mañana, cuando uno de los miem-bros de este Tribunal “vehementemente” defienda una posi-ción en particular, antes de proseguir adelante, verdadera-mente se “escuche” al que así se expresa.

Debe mantenerse siempre presente que, después de todo, la excelencia y corrección de la decisión a emitirse y, por ende de la justicia es el único objetivo que debe animar a los inte-grantes de un tribunal colegiado como el nuestro. Dicho obje-tivo nunca puede ni debe ser “el prevalecer” por la mera sa-tisfacción de que así sea; el precio a pagarse por ello es de-masiado alto.

Debe recordarse que los seres humanos que hoy como jueces integramos el Tribunal somos pasajeros. Lo perdurable es la calidad de la justicia que día a día dispensamos.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 1987.

A modo de epílogo, al margen de los señalamientos de erro-res del apelante González Navarrete ya debidamente conside-rados por el Tribunal, estimamos de poco valor residual e ins-titucional en esta etapa continuar abundando sobre los funda-mentos jurídicos que apoyan la sentencia de 26 de junio de 1986.

En nuestra opinión concurrente emitida el 8 de enero de 1987, hemos cumplido la misión de juzgar objetivamente su destinatario, el apelante, y no a otros protagonistas del pro-ceso deeisiorio judicial.

Basta aclarar que la reserva expresa del derecho a opinar por un juez de este Tribunal fuera de los términos concedidos en la Regla 4(b) del Reglamento() —como práctica de con-tadas excepciones que no contribuye a la deliberación colec-tiva e intercambio de ideas antes de adoptarse una decisión final— no es frase talismántica que prive a cualesquiera de sus restantes miembros del derecho implícito a consignar posterior y separadamente su criterio.

Como Tribunal colegiado, salvo las diferencias naturales intelectuales, de productividad y de enfoques, somos iguales. Ninguno de sus miembros puede atribuirse el poder de impo-ner el silencio a los demás. Después de todo, la “situación de magistrados en minoría y en mayoría nunca cristaliza en una línea divisoria fija y permanente ..., sino que responde a una situación por completo accidental y pasajera, por lo que el magistrado que hoy queda en minoría, mañana puede estar con la mayoría, y viceversa”. A. Martín Del Burgo y Mar-chán, La situación del magistrado ponente, disidente del crite-rio de la mayoría, en cuanto a la redacción de la sentencia, 1979 Rev. Der. Proc. Iberoamericana 45, 47 (1979).

      (1) Allí, el juez que presidió la vista de los casos en los cuales se en-contró culpable a Toro Goyco fue el mismo juez que investigó los casos y ordenó la presentación de las denuncias en su contra. Bajo las disposiciones entonces vigentes resolvimos que el juez que investigaba unos hechos tenía que determinar que “se había cometido un delito y que el acusado era el pre-sunto ‘culpable’ ”. Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492, 495 (1962). Bajo esa encomienda declaramos que el juez que investigaba el caso criminal no debía ser el juzgador. Es de señalar que el grado de intervención en Pueblo v. Toro Goyco, supra, fue más activo, ya que el juez investigó personalmente el caso y existía “la posibilidad de que en su mente quedaran grabadas las impre-siones que pudieran influir en la apreciación que hizo de la prueba el día que se ventiló el caso”. Pueblo v. Toro Goyco, supra, pág. 496.

      (1)Véase voto emitido por el Honorable Juez Asociado Señor Dávila en Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859, 862 (1974).

      (2) La cual fue certificada con fecha de 26 de junio de 1986.

      (3) Expresamente nos reservamos el derecho a emitir opinión disidente en el presente caso al momento en que la sentencia fue certificada.

      (4) Merece destacarse que al ser llamado el caso para juicio, según ello surge de la exposición narrativa de la prueba certificada como correcta por el foro de instancia, la representación legal del apelante planteó al juez de instancia que no debía “intervenir en forma alguna y/o presidir el proceso judicial”, puesto que dicho magistrado había sido el que había presidido y resuelto la moción de supresión de evidencia.

      (1) Sobre esta excepcional práctica, véase la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Rigau en Garcia Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174, 183-185 (1978).

        (1) Allí, el juez que presidió la vista de los casos en los cua-les se encontró culpable a Toro Goyco fue el mismo juez que investigó los casos y ordenó la presentación de las denuncias en su contra. Bajo las disposiciones entonces vigentes resolvi-mos que el juez que investigaba unos hechos tenía que deter-minar que “se había cometido un delito y que el acusado era el presunto ‘culpable’ ”. Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492, 495 (1962). Bajo esa encomienda declaramos que el juez que investigaba el caso criminal no debía ser el juzgador. Es de señalar que el grado de intervención en Pueblo v. Toro Goyco, supra, fue más activo, ya que el juez investigó personalmente el caso y existía “la posibilidad de que en su mente quedaran grabadas las impresiones que pudieran influir en la aprecia-ción que hizo de la prueba el día que se ventiló el caso”. (Én-fasis suplido.) Sentencia, pág. 580.

      (1)En el caso de las “sentencias” que emite este Tribunal, las cuales son certificadas por el Secretario, de ordinario se desconoce cuál de los se-ñores Jueces de este Tribunal ha sido el autor de las mismas.
      Hacemos referencia al Juez Negrón García como la persona que cer-tificó la sentencia en el presente caso con fecha de 26 de junio de 1986 en vista de que él —en la primera oración de la “opinión concurrente” que ha emitido— públicamente lo reconoce.

      (1) Reza:
      “Los jueces que intervengan en la decisión de un caso deberán indicar su posición dentro de diez días de circulada una ponencia como sentencia o dentro de veinte días de circulada una ponencia como opinión. Cualquier juez que desee expresar por escrito su criterio deberá notificarlo a los de-más jueces dentro del término indicado y deberá circular su ponencia den-tro de los treinta días siguientes. Este término podrá ser ampliado por el Tribunal, por causa justificada.
      “Cuando un juez no se manifestare dentro del término de diez o veinte días —según fuere el caso— o no formulare su ponencia dentro de los treinta días a que se refiere el párrafo anterior, se podrá certificar la deci-sión haciéndose constar su no intervención o su expresión si la hubiere hecho.
      “El párrafo anterior no aplicará a las ponencias circuladas durante los últimos 15 días del término de sesiones, en cuyo caso los términos antes prescritos comenzarán a contar desde el primer día hábil del próximo tér-mino de sesiones. En casos de ponencias circuladas durante el primer mes del término de sesiones, el término para devolver o indicar criterio será de treinta días.
      “Cuando se circulare una ponencia y ésta recibiere la conformidad de todos los jueces, será certificada por el juez ponente como la decisión del Tribunal. Cuando la ponencia circulada obtuviere la conformidad de una mayoría de los jueces, el juez ponente dará aviso por escrito a los demás jueces, por lo menos veinticuatro horas antes de certificarla como decisión del Tribunal, de su propósito de así hacerlo, informando a su vez los nom-bres de aquellos jueces que se hubieren inhibido o no intervinieren, los que concurrieren y los que disintieren. Al certificarse una ponencia el juez po-nente lo informará por escrito a los demás jueces.”


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Tomasita Hernández Cruz, apelante y recurrida, v. María Socorro Lacot, etc., apelada y peticionaria.

      Número: O-84-335

      Resuelto: 27 de junio de 1986

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Carmen A. Bravo de RiefJcohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; César R. Miranda Rodríguez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrida Tomasita Hernández Cruz —empleada de carrera del Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por espacio de diez y siete años— fue declarada culpable y convicta del delito de homici-dio voluntario (delito grave). Como consecuencia de ello, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, la senten-ció el día 31 de marzo de 1982 a cumplir, bajo el régimen de libertad a prueba, () una pena de cuatro años de presidio. ()

Mediante carta de fecha 14 de julio de 1982, la entonces Secretaria del Departamento de Instrucción Pública separó a la señora Hernández Cruz del cargo de Oficinista Dactilógrafo III, que hasta ese día venía ocupando en el referido departa-mento. La citada decisión, según la misiva de la Secretaria, se fundaba en las disposiciones del Art. 208 del Código Polí-tico de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 556, y de la See. 4.6, inciso 8, de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmen-dada, conocida como la Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1336 (8), () las cuales en lo pertinente disponen:

See. 556. Vacantes, cómo ocurren
Queda vacante un cargo al ocurrir cualquiera de los si-guientes casos, antes de vencerse el período de su duración: ... 8. Ser sentenciado por delito grave (felony) o por cualquier delito que implique depravación moral, o infrac-ción de sus deberes oficiales. Y ser sentenciado por tribunal competente por fraude electoral cometido en el desempeño de sus deberes como funcionario electoral. (Énfasis suplido.)
See. 1336. Retención
(8) Se separará del servicio a tenor con la see. 556 de este título a todo empleado convicto por cualquier delito grave o que implique depravación moral, o infracción de sus deberes «oficiales.

La señora Hernández Cruz apeló de la decisión separán-dola de su cargo ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.). Dicho organismo administrativo, mediante resolución a esos efectos, confirmó la decisión de la Secretaria de Instrucción Pública. Resolvió en síntesis, que en virtud de las disposiciones legales citadas por la autoridad nominadora el puesto que ocupaba la empleada “quedó automáticamente vacante” al ser ésta convicta y sen-tenciada por la comisión de un delito grave. Determinó J.A.S.A.P., en adición, que tal hecho convertía la apelación radicada “en académica al no haber controversia alguna que adjudicar” y que la señora Hernández Cruz, en virtud de las disposiciones del Art. IV (2) sobre Disposiciones Generales del Reglamento de Personal, () venía obligada a esperar el tér-mino de un año, desde la separación del empleo, para poder solicitar reingreso como empleado público.

Inconforme, la señora Hernández Cruz acudió en revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas. Dicho foro, mediante una bien fundamentada sentencia, re-vocó la decisión emitida por J.A.S.A.P. Determinó que la de-cisión emitida por el organismo administrativo violentaba las disposiciones de la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, la cual dispone:

Sec. 556a. Empleo de personas convictas — Personas en li-libertad a prueba
Una vez se suspenda la ejecución de una sentencia a vir-tud de las disposiciones de las sees. 1026 a 1029 ó 1042 y 1043 del Título 34, la persona así puesta en libertad a prueba quedará relevada de la inhabilidad establecida por ley para ocupar puestos públicos y para la prestación de servicios en cualquier otra forma en el Gobierno del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, or-ganismos, oficinas y subdivisiones políticas.
See. 556b. —Personas en libertad bajo palabra
Quedarán también relevadas de la inhabilidad a que se re-fiere la sec. 556a de este título las personas a quienes se les conceda la libertad bajo palabra de acuerdo con la Ley Núm. 266 de 4 de abril de 1946, según ha sido enmendada, y las personas puestas en libertad a prueba o en libertad bajo pa-labra por la jurisdicción federal de Estados Unidos, el Dis-trito de Columbia o cualquiera de los estados federados, te-rritorios o posesiones de los Estados Unidos y que estuvieren ■residiendo en Puerto Rico por autorización de la autoridad que les hubiere concedido la libertad a prueba o la libertad ■bajo palabra.
See. 556c. —Facultad para revisar y decidir
Los efectos de las secs. 556a a 556e de este título se cir-cunscribirán a la inhabilidad de ley para ocupar puestos pú-blicos y la prestación de servicios al Gobierno de Puerto Rico, pero el Director de la Oficina de Personal queda facultado para revisar cada caso por sus méritos y decidir la habilita,-eión o no habilitación, según sea el caso, teniendo en cuenta la conducta y la reputación general de la persona de quien se trate, así como la naturaleza y las funciones del puesto para el que se propone el nombramiento.
Sec. 556d. —Derecho a continuar en el empleo; sujeción a disposiciones legales
El relevo de inhabilidad que disponen las secs. 556a y 556b de este título no se interpretará en el sentido de dar derecho a un convicto a continuar ocupando ni a ocupar el mismo puesto, o a prestar el mismo servicio, que estuvo ocu-pando o prestando con anterioridad a su convicción o con anterioridad a la revocación de la libertad a prueba o bajo palabra. Las personas así relevadas de la inhabilidad para ocupar puestos públicos y para la prestación de servicios en cualquier otra forma, estarán sujetas a las disposiciones le-gales y a las reglas y reglamentos que rijan o se apliquen a la administración de personal en el Gobierno del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentali-dades, organismos, oficinas y subdivisiones políticas.
Sec. 556e. —Revocación de la libertad a prueba o déla liber-tad bajo palabra
La revocación de la libertad a prueba o de la libertad bajo palabra de cualquier persona que estuviere ocupando un puesto público o prestando servicios en cualquier otra forma a virtud de las disposiciones de las secs. 556a a 556e de este título, conllevará, automáticamente, la pérdida de tal puesto o la terminación de la prestación de sus servicios, si éstos se prestaren en cualquier otra forma, y, asimismo, quedará res-tituida la inhabilidad que a estos efectos existía antes de con-cederse la libertad a prueba o la libertad bajo palabra. (Én-fasis suplido.) 3 L.P.R.A. secs. 556a-556e.

Resolvió el tribunal de instancia, en síntesis y en lo perti-nente, que como consecuencia del “relevo de la inhabilidad para desempeñar cargos públicos” que establece la transcrita Ley Núm. 70 de 1963, un empleado gubernamental convicto y sentenciado por delito grave a quien simultáneamente se le conceden los beneficios de una sentencia suspendida puede per-manecer desempeñando su cargo hasta que otra cosa disponga el Director de la Oficina de Personal. Como consecuencia de ello, el referido foro ordenó la reinstalación de la señora Her-nández Cruz al cargo público que ocupaba con el pago de los salarios dejados de percibir.

Acordamos expedir el auto de certiorari que radicara el Departamento de Instrucción Pública. Resolvemos.

I

No hay duda de que una lectura literal y aislada de las antes transcritas disposiciones legales causa confusión: las mismas aparentan conducir a resultados diferentes y contradictorios entre sí. Ahora bien, dispone el Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 18, que las “leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro”. Por su parte, el Art. 19 del citado Código, 31 L.P.R.A. sec. 19, nos informa que el “me-dio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla”. En obediencia de dichos sa-bios principios, en Badillo González v. F.S.E., 112 D.P.R. 665 (1982) —al enfrentarnos y tener el deber de armonizar dos estatutos aparentemente contradictorios— expresamos, a la pág. 668, que en esta clase de situaciones deben “explorarse más bien,. . . entre otros factores, los objetivos del legislador, las realidades sociales que motivaron el estatuto, el modo en que, en una sociedad cambiante, pueden cumplirse mejor los valores que la ley entraña”.

La citada Ley Núm. 70 de 1963 forma parte de una serie de estatutos —tales como la Ley Núm. 259 del 3 de abril de 1946, conocida como la Ley de Sentencias Suspendidas; la Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946 que instituyó la “libertad bajo palabra”— indicativos de una “nueva” filosofía penológica que tiene como objetivo la rehabilitación del delincuente; movimiento que desemboca en la aprobación del vigente Código Penal de Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. Como es sabido, con la aprobación del Código Penal de 1974 desapareció de nuestro ordenamiento jurídico la “muerte civil” del convicto por delito grave, pena adicional que estatuía el Art. 20 del Código Penal de 1902, según revisado. Dicha pena acarreaba, entre otros, la pérdida de empleos públicos.

Un examen del historial legislativo de la citada Ley Núm. 70 resulta altamente interesante y revelador. Somos del criterio que la aprobación en el 1963 de dicha pieza legislativa demuestra el deseo y la intención de nuestro legislador —once años antes de aprobar el nuevo Código Penal— de modificar parcialmente las disposiciones del entonces vigente Art. 20 del Código Penal de 1902 en cuanto a la pérdida automática de empleos públicos al resultar un empleado gubernamental con-victo de la comisión de un delito grave.

La legitimidad de la preocupación del legislador en esos momentos quedó plasmada en el Informe de la Comisión de lo Jurídico:

. . . Resulta incongruente en la actualidad el que funcio-narios gubernamentales gestionen empleos para estos liber-tados en la empresa privada cuando el propio gobierno man-tiene una situación legal que cierra las puertas a estas personas para el logro de un empleo gubernamental. ()

Sobre el significado y alcance de la Ley Núm. 70, encon-tramos el siguiente debate:

Sr. Figueroa Rodríguez: ... ¿ Se entenderá en ese Artícu-lo que al individuo que se levante la inhabilidad ésta del Pro-yecto, no puede ocupar o no tendrá derecho a ocupar el puesto que venía ocupando cuando fue convicto?
Sr. Ortiz Ortiz: ... La contestación a la pregunta es que al eliminarse la inhabilidad, la persona así de nuevo habili-tada, aún si se tratara de una persona que anteriormente es-taba desempeñando un cargo público, pues puede desempe-ñar cualquier otro cargo público. O sea, se elimina la inhabilidad, pero que eso no implica que no se debe interpre-tar esta Ley en el sentido de que congele o garantice a esa persona ir desempeñando ese mismo cargo específico que él ha venido desempeñando hasta la fecha de la Ley. O sea, que no le da un derecho de permanencia en ese cargo específico que está ocupando, sino que puede desempeñar cualquier otro cargo en el Gobierno. Ahora, que eso no implica tampoco que, automáticamente, se le vaya a destituir de ese cargo especí-fico que él tiene ahora. O sea, él podría continuar. Lo que se aclara es que no se consagra un derecho adquirido en ese cargo que él tiene ahora.
Sr. Presidente: Pero lo que quiere saber el Representante, de manera clara y categórica, es si la disposición de este Artículo que él ha leído inhabilita a la persona para ocupar el mismo cargo. Por el lenguaje que usa. Si lo inhabilita.
Sr. Ortiz Ortiz: No, a mi juicio, la contestación es que no lo inhabilita para continuar el mismo cargo. Lo que se hace es que no le consagra un derecho adquirido a ese cargo. Pero puede continuar en el cargo. No lo inhabilita. (Énfasis su-plido.) ()

hH

El historial legislativo de la Ley Num. 70 de 1963 hace insostenible la posición asumida por la Junta de Apelaciones; la misma parte de la premisa que las únicas disposiciones legales aplicables a esta situación lo son el Art. 208 del Código Político y la See. 4.6, inciso 8 de la Ley de Personal, ignorando por completo las disposiciones, y la intención legislativa, de la citada Ley Núm. 70. Dichos preceptos legales son completa y perfectamente armonizables entre sí. No hay duda de que, en virtud de las disposiciones del citado Art. 208 del Código Político de 1902 y de la See. 4.6, inciso 8 de la Ley de Personal, la convicción y sentencia por delito grave constituye, como regla general, causa suficiente en derecho para la separación de un empleado gubernamental del cargo público que ocupa al mo-mento de producirse la misma. No es menos correcto, sin embargo, que si a ese empleado, al ser sentenciado, se le conceden los beneficios de una sentencia suspendida, el mismo —por ex-cepción establecida por la citada Ley Núm. 70— puede con-tinuar desempeñando el cargo que ocupa hasta tanto el Director de la Oficina de Personal disponga otra cosa; decisión que tomará a base de los criterios que establece la propia Ley Núm. 70. La determinación que finalmente haga dicho funcio-nario, naturalmente, estará sujeta a revisión por los canales apropiados.

En el presente caso surge claramente del expediente que la decisión de la Secretaria de Instrucción Pública separando a la recurrida Tomasita Hernández Cruz de su cargo se basó exclusivamente en el hecho de que dicha empleada había resultado convicta de un delito grave. No hubo evaluación ni revisión alguna en los méritos por parte del Director de la Oficina de Personal antes de que se decretara la referida separación. La destitución de un cargo público bajo esas circunstancias, sin haberse justificado la misma en la necesidad de proteger el servicio público, atentaría contra el “derecho a un empleo, esto es, a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente”, lo cual “es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las constituciones conocidas”. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985).

Por los fundamentos antes expresados, procede la confir-mación de la sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas.

      (1) Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como la Ley de Sentencias Suspendidas.

      (2) Surge de la minuta que recoge los procedimientos habidos en dicho día ante el foro de instancia que el magistrado, al sentenciarla, expresó:

        “El tribunal entiende que estos son unos hechos desdichados que ocu-rrieron motivados por unas desaveniencias [sic] matrimoniales precipitadas por la conducta de el occiso [sic] Antonio Collazo Burgos.
      “Se le eoneede[n] los beneficios de una sentencia suspendida porque surge de la evaluación hecha que ella puede estar en la libre comunidad sin representar riesgos, en el desempeño de sus labores habituales y vida dia-ria.”

      (3)En su carta, la Secretaria también citó las disposiciones de la See. 4.3 de la referida Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1333(3). Dicha sección de ley, sin embargo, no es aplicable por cuanto se refiere a personas que solicitan ingreso al servicio público.

      (4)Keglamento de Personal: Habilitación para el Servicio Público Núm. 2187 de 80 de noviembre de 1976.

      (5) Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara sobre el P. de la C. 824 de 21 de mayo de 1963, pág. 2; véase además el Memorial Explica-tivo de la Oficina de Personal de 14 de marzo de 1963.

      (6)16 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 387, 389 (1962). Dicho debate legislativo, aun cuando referente al Proyecto del Senado 184, el cual fue vetado por el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Mu-ñoz Marín, es completamente pertinente y aplicable por cuanto el Proyecto de la Cámara 824, que fue el que se convirtió finalmente en la Ley Núm. 70, es básicamente igual al P. del S. 184. La única diferencia fue que al P. de la C. 824 se le añadió la oración que aparece en el Art. 3 de la Ley Núm. 70 a los efectos de que “el Director de la Oficina de Personal queda facul-tado para revisar cada caso por sus méritos y decidir la habilitación o no habilitación, según sea el caso”. De hecho esta situación abona a la posición que hoy asumimos por cuanto la misma se hizo en protección del servicio público; en otras palabras, como el propósito de la Ley Núm. 70 es relevar al empleado de la inhabilidad para desempeñar el cargo que ocupa, se le quiso dar facultad al Director de la Oficina de Personal para decidir si per-mite que éste continúe en su empleo o si por el contrario procede su desti-tución, dependiendo de las circunstancias presentes en el caso en particular.