author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Ramón Fernández y Otros, demandantes y recurrentes, v. Hospital General San Carlos, Inc. y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-81-334

      Resuelto: 3 de febrero de 1983

      Wüfredo A. Géigel, abogado de los recurrentes; Ángel R. De Corral Julia, de Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez Suris, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El médico interno a cargo de la sala de emergencia del Hospital San Carlos examinó a un niño de 6 años que le fue llevado entre 4:00 y 5:00 de la madrugada del 29 marzo, 1973 y diagnosticó infección de la garganta y vómitos. De regreso al hogar se agravó su condición, fue visto por su pediatra en la mañana y luego por otros especialistas en el Hospital Matilde Brenes al que fue admitido y murió a las 7:40 en la noche del mismo día, de causa determinada como meningitis en una autopsia cuyo informe está fuertemente cuestionado por perito que con fundamento la interpreta como concluyente de que la muerte se debió a coma diabé-tico. La juez de instancia, con la autoridad de su arbitrio estimativo, consignó los hechos probados durante cuatro días de juicio en precisas determinaciones que es necesario transcribir para no perder ni un detalle conducente a la ausencia de responsabilidad en el médico y en el hospital demandados, en el lamentable deceso. Dicen:

Determinaciones de Hecho
1. Stephen David Fernández White era hijo de los deman-dantes Ramón Fernández y Madeline White y tenía, para el día 29 de marzo de 1973, seis años de edad.
2. El día 26 de marzo de 1973, el menor Fernández White fue llevado al Hospital Regional de Bayamón para recibir tratamiento por un dolor de oídos. Como consecuencia del dolor de oídos, la señora Fernández no mandó a su hijo a la escuela al próximo día.
3. El día [28] de marzo el niño fue enviado para su casa antes de finalizar la escuela porque no se estaba sintiendo bien. Al hablar ella con su hijo como a las 6:30 de la tarde, éste se le quejó de dolor de cabeza pero no tenía fiebre. El menor comió bien esa noche y se acostó sin quejas.
4. Como a las 2:00 de la mañana del día 29 de marzo, Stephen se levantó ardiendo en fiebre,'lo que motivó que ella y su esposo lo llevaran a la Sala de Emergencia del Hospital San •Carlos, llegando al Hospital entre las 4:00 y la[s] 5:00 de la madrugada.
5.Al llegar al Hospital el menor Fernández White entró caminando por sus propios pies a la Sala de Emergencia y fue recibido por la enfermera graduada, Margarita Jaca, quien le llenó el formulario de información del paciente y procedió a llamar al doctor Carlos Moyka, médico de guardia, para que viniera a examinar al menor.
6. La señora Fernández le indicó a la enfermera Jaca y al doctor Moyka, al preguntarle éstos qué era lo que le pasaba al niño, que su hijo había estado bien hasta ese día cuando se despertó con vómitos, fiebre y tos como a, las 12:00 de esa noche.
7. El doctor Moyka le indicó a la enfermera Jaca que le pasara al paciente a la salita de exámenes para hacerle un reconocimiento físico. El niño caminó desde la sala de espera hasta la salita de exámenes y se subió en la mesa de exámenes sin ayuda, por indicaciones del doctor Moyka.
8. El doctor Moyka procedió a hacerle al paciente un examen general completo, inclu[so] prueba para rigidez de nuca, arrojando dicho examen resultados completamente negativos con la excepción de que dicho paciente mostraba la garganta enrojecida.
9. Por la descripción de los vómitos que hizo la señora Fernández, a solicitud del doctor Moyka, éste determinó que los mismos eran de tipo alimenticio.
10. En base al examen practicado al paciente, a la sinto-matología que éste presentaba, y al historial obtenido de la madre de éste, el doctor Moyka hizo un diagnóstico de farin-gitis o infección de la garganta y vómitos, y procedió a admi-nistrarle a éste, por la vía oral, el antibiótico “eriteromycin” [sic], “tylenol” para la fiebre y una inyección de “tigan” intramuscular para los vómitos.
11. La temperatura rectal del niño al ser examinado por el doctor Moyka era de 39 grados centígrados, su pulso era de 90 por minuto y su respiración de 22 por minuto. Todos estos signos vitales, con excepción de la temperatura que era algo elevada, están dentro de los límites normales para un paciente de la edad de Stephen.
12. El aspecto general del niño mientras estuvo en Sala de Emergencia era bueno y éste no se veía agudamente enfermo.
13. Después de haber dado tratamiento de emergencia al paciente, el doctor Moyka le indicó a los padres de éste que $é lo llevaran para su casa, lo observaran y que, de no mejorar, lo trajeran nuevamente al Hospital San Carlos.
14. Toda vez que Stephen seguía enfermo, la señora Fer-nández llamó al pediatra de éste, Dr. Vázquez Casanova, y lo llevó a su oficina para ser examinado nuevamente entre 9:00 y 9:30 de la mañana de ese mismo día. El doctor Vázquez Casanova refirió al niño para admisión al Hospital Matilde Brenes por “vómitos”.
15. El menor Fernández White fue llevado a la Sala de Emergencia del Hospital Matilde Brenes entre las 10:00 y las 10:30 de la mañana en donde fue examinado por el doctor Abreu y admitido al Hospital bajo los servicios de la Dra. Concepción Quiñones de Longo, pediatra con privilegios en el Hospital que fue asignada al caso.
16. La doctora Quiñones de Longo examinó al menor Fer-nández White entre las 4:00 y las 4:30 de la tarde del 29 de marzo, encontrándolo en estado de coma.
17. Luego del examen la doctora Quiñones de Longo hizo un diagnóstico de acidosis diabética y señaló debía descar-tarse la posibilidad de una meningitis. Nos llama la atención del récord del Hospital Matilde Brenes, sin embargo, que la gran mayoría de las órdenes para el tratamiento del paciente dadas por la doctora Quiñones de Longo, van dirigidas a tratar la condición de acidosis diabética y no a descartar la posibilidad de una meningitis en este paciente. Nótese que no es hasta la[s] 7:30 de la noche, aproximadamente, que la Dra. Quiñones de Longo se decide a llevar a cabo una punción lumbar para confirmar definitivamente la existencia o no de la condición de meningitis y que es mientras está preparán-dose a Stephen para este proceso, a las 7:40 de esa noche, que éste fallece.
18. Aun cuando el doctor Néstor Loynaz, patólogo forense, en su certificado de autopsia indica que la causa de la muerte del menor Fernández White fue una meningitis purulenta entendemos que, aun dicho diagnóstico patológico fue puesto en tela de juicio por el testimonio robusto y convincente pres-tado a esos efectos por la Dra. Rosa Fiol, perito de la parte demandada. La doctora Fiol, después de examinar los records completos del paciente, así como también las laminillas de tejidos preparadas por el doctor Loynaz en la autopsia de Stephen, concluye que no puede afirmarse, de forma cate-górica que este paciente falleciera de meningitis purulenta por haber muy poco pus en las meninges. Afirmó, además, la doctora Fiol que, en base al cuadro completo que presentaba este paciente, no podía descartarse que hubiere fallecido de un coma diabético.
19. Con relación a la contención principal de los deman-dantes de que el doctor Carlos Moyka ha debido descartar o confirmar el diagnóstico de meningitis en este caso, y, una vez confirmado dicho diagnóstico, tratar la referida con-dición, ello depende, según el testimonio de todos los peritos que declararon en el juicio, de la sintomatología que presen-tara el paciente al momento de ser examinado por el doctor Moyka. Prueba clara de ello es el testimonio vertido en el caso por el doctor Eduardo Mirabal Font, especialista en neuro-logía pediátrica, quien manifestó que si los síntomas que pre-sentaba el paciente al momento del examen eran fiebre y vómitos desde las 12:00 de esa noche, y no se indica en el his-torial tomado que hubiere tenido dolor de cabeza ni dolor de oídos que requirió tratamiento dos días antes, ni que tuvo que faltar a la escuela por dicha condición, y se hace un examen general del paciente, inclu[so] una prueba negativa para rigidez de nuca, él tampoco habría sospechado que el niño pudiera estar padeciendo de meningitis.
20. Aun cuando, en la opinión de los peritos de la parte demandante, no constituye la mejor práctica que los internos hagan guardia sin supervisión directa en las Salas de Emer-gencia del país concluimos que, para la fecha de estos hechos, ello constituía la práctica generalizada en los hospitales del país. Si consideramos, además, que el Hospital San Carlos era un hospital pequeño y tenía poco tráfico en su Sala de Emer-gencia, debemos concluir igualmente que no constituyó negli-gencia “per se” el que el doctor Moyka hiciera su guardia solo el día 29 de marzo de 1973. Entendemos, además, que este hecho no tuvo relación causal alguna con el fallecimiento de Stephen. Evidencia clara de ello lo es el que ninguno de los restantes médicos que atendieron al paciente, entre los que se incluyen su pediatra regular, un médico con licencia y expe-riencia en el manejo de Sala de Emergencia, y la pediatra asignada al caso, ni hace un diagnóstico definitivo de meningitis, ni trata dicha condición. Y esto a pesar de que intervi-nieron en el caso cuando dicha enfermedad estaba más avan-zada lo que, en opinión de los peritos, debía hacer más claros los síntomas que cuando fue atendido, entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana, por el doctor Moyka. Los síntomas más comunes de la meningitis son la fiebre alta, el dolor de ca-beza, los vómitos de tipo proyectil y la existencia de rigidez nucal. Sólo existía en este caso uno de dichos síntomas, a saber: la fiebre y aún ésta no era lo que podemos considerar alta, pues el paciente tenía 39 grados centígrados de tempe-ratura rectal. Los vómitos que había tenido el paciente fueron descritos por la madre de éste, a preguntas del doctor Moyka, como de tipo alimenticio y no proyectil, por lo que no fueron considerados importantes. Ante este cuadro, es la opinión de todos los peritos que declararon en el juicio, que no hubieran sospechado que el paciente padeciera de meningitis.
21. Los médicos que están haciendo su internado y su resi-dencia tiende[n] a ser mucho más inquisitivos y más dados a consultar, y tienden a llevar a cabo exámenes más minuciosos de los pacientes que los médicos de mucha experiencia, preci-samente porque están [sic] conscientes de sus limitaciones en cuanto a conocimientos y experiencia en la práctica de la medicina. Por ello concluimos que no fue un factor causativo de la muerte del menor Stephen David Fernández White el hecho de que hubiere sido el doctor Moyka, un interno de poca experiencia, el que hubiere examinado y prestado a éste tratamiento el día 29 de marzo de 1973. ¿Por qué hemos de exigir más conocimientos y habilidad diagnóstica del interno que de dos pediatras y un médico generalista con experiencia en Sala de Emergencia que tampoco diagnosticaron definiti-vamente ni trataron la meningitis que se alega causó la muerte del menor?
22. Los doctores Juan F. Jiménez y Rosendo Vela y la doc-tora Rosa Fiol, cuyos testimonios periciales nos merecieron entero crédito, declararon que, en su opinión, después de haber revisado todos los récords de donde surgía el trata-miento recibido por este paciente, dicho tratamiento estaba a tono con las normas generalmente reconocidas para la práctica de la medicina, específicamente en lo que concierne al cuidado de Sala de Emergencia y que ellos tampoco hubie-ran sospechado la existencia de la meningitis en dicho paciente ante el cuadro que éste presentaba la madrugada del 29 de marzo de 1973.

Que los internos hagan guardia sin supervisión directa en las salas de emergencia, no es práctica ideal pero era una impuesta por necesidad y aprobada por Reglamento de Salud, 24 R.&R.P.R. sec. 18-221, para el año 1973 en que ocurrieron los hechos. Mas no puede imputarse negligencia a un médico por su sola condición de interno, y menos en este caso específico en el que todos los peritos médicos declararon en el juicio que de confrontarse con el cuadro de síntomas y datos a que atendió el interno doctor Moyka, tampoco hubiesen sospechado de meningitis. No puede llegarse al diagnóstico correcto de una condición si no se tiene razón alguna para sospechar su existencia. A. R. Holder, Medical Malpractice Law, John Wiley & Sons, Inc., 1975, pág. 65. Mal puede culparse al médico demandado de negligencia al no promover una encuesta de datos más allá de los suplidos por el paciente, y su propia señora madre, y de los síntomas a la vista, ninguno de cuyos factores ni remotamente insinuaban meningitis, si el mismo pediatra del niño que lo vio cinco horas después en la mañana con síntomas más afirmados, tampoco sospechó que fuera caso de meningitis, y si aun posteriormente otro médico pediatra en el Hospital Matilde Brenes diagnosticó shock diabético. Hay que destacar que el pediatra del niño y los médicos del Hospital Matilde Brenes, a pesar de que reciben al niño paciente cinco o seis horas después con síntomas agravados, de mayor relieve y significado para el diagnóstico acucioso que los observados por el médico de emergencia en la madrugada, estuvieron como éste limitados por los recursos de su ciencia y no percibieron indicio que acusara la infección fatal. (Determinaciones de Hechos, núm. 17 y ss.) Ya pasamos sobre una situación casi idéntica en Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789 (1979), en el que revocamos per curiam la sentencia estimatoria de la demanda porque la prueba demostró “que en ocasión de ambas visitas de la paciente al médico, éste tuvo ante sí un cuadro de síntomas que —a base del historial de la paciente— razonablemente justificaba un primer diagnóstico de una condición de ori-gen viral como pueden serlo la influenza y la ‘enteritis’ Pág. 794. (La paciente allí, una niñita de 6 1/2 años, murió al día siguiente de causa que la autopsia reveló como fallo cardíaco respiratorio debido a bronconeumonía aguda.) Dijimos que “[d]el testimonio pericial se desprende que no estamos ante el caso donde los síntomas de la infortunada paciente presentaran la probabilidad de un diagnóstico original de pulmonía o bronconeumonía . . . [q]ue las inter-venciones del médico codemandado con la paciente trans-curren en un período de tiempo que no alcanza las 24 horas y que la condición de la paciente en la segunda visita al médico codemandado tampoco ofrecía el cuadro de síntomas que usualmente conduce a un diagnóstico de pulmonía o bronconeumonía, tenemos que concluir que la atención brindada por el médico a la paciente durante esas pocas horas en que se mantuvo vigente el diagnóstico razonable-mente justificado a base del cuadro clínico presente, exhibe aquel grado de cuidado razonable que llena las exigencias de la profesión médica. El médico codemandado realizó un esfuerzo honesto y concienzudo —durante el período de tiempo de poco menos de 24 horas en que se mantuvo ope-rante el diagnóstico original— para enterarse de los sínto-mas y la condición de la paciente”. Págs. 794-795. (Énfasis nuestro.)

La base para aplicar este razonamiento al caso que ahora nos ocupa se amplía considerando que el único médico aquí demandado vio al niño paciente una sola vez durante 10 ó 15 minutos, y que fueron los especialistas a quienes fue llevado en el curso del día los que pudieron observar mayor definición en los síntomas y que tampoco deben ser culpados por no percibir la verdadera naturaleza del mal, por no sospechar su presencia. No obstante, su refinamiento profesional, y en el caso del pediatra del niño, su caudal de información y compenetración con la salud de éste, incurrieron en el mismo sano error de juicio o diag-nóstico equivocado del interno doctor Moyka. No fue menos la intervención de todos ellos que la del médico en Rosado Rosado, supra, pág. 795, que calificamos como “esfuerzo honesto y concienzudo”.

Con firme reiteración del principio de que el error de buena fe del médico o el atribuible a las limitaciones de la ciencia revelada, excluyen responsabilidad por negligencia, continuó expresándose este Tribunal (en notable y anticipada analogía al caso de autos) a las págs. 795-796 de Rosado Rosado, supra:

[Del] hecho que el cuadro clínico observado por el médico durante un período de tiempo que no alcanzó 24 horas no cons-tituía el cuadro de síntomas que de ordinario conduce a un diagnóstico de pulmonía o bronconeumonía, forzoso es con-cluir que no se justifica la imposición de responsabilidad por impericia profesional a base de que el médico omitiera ordenar una serie de pruebas de laboratorio para descartar un diagnóstico que era compatible con el cuadro de síntomas que presentaba la paciente en ocasión de ambas visitas al Dr. De la Cruz.
El caso de autos ejemplifica la circunstancia de un diag-nóstico equivocado dentro de un contexto en que ha operado aquel criterio de razonabilidad que libera de responsabilidad por impericia profesional a un médico que en el cumpli-miento de su deber, hace un esfuerzo honesto y concienzudo para enterarse de los síntomas y condición del paciente. Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188, 194 (1974).
En presencia de testimonio pericial a los efectos de que el tratamiento ordenado por el médico a tenor con los síntomas que presentaba la paciente es aceptable dentro de la práctica de excelencia de la medicina, no encontramos justificada la imposición al médico de responsabilidad por impericia profe-sional a base de que no se ordenaran exámenes de laboratorio durante el transcurso de las breves horas en que quedan comprendidas ambas visitas de la paciente al médico code-mandado. Los síntomas presentes en la segunda visita de la paciente, a la mañana siguiente de haberse hecho el diag-nóstico preliminar, no hacían sospechar una condición pul-monar que habría de desembocar, pocas horas más tarde, en el deceso de la infortunada menor.

Ante , esta situación de hecho y de Derecho no puede imputarse malapráctica al doctor Moyka porque no orde-nara unos exámenes de laboratorio, ni que emprendiera diagnósticos diferenciales para eliminar una meningitis insospechada, de ningún indicio en los síntomas ni en el his-torial informado a él ni en el resultado del examen físico completo que incluyó la prueba para rigidez de la nuca con resultado negativo. (Determinaciones de Hechos, núm. 8.)

La opinión disidente es imaginativa al buscar apoyo en inferencias sobre el curso normal de los acontecimientos humanos. Infiere lo contrario a lo probado. Prefiere creer que el niño fue llevado en brazos de su padre a la camilla de exámenes, cuando hay prueba de que circulaba sin dificul-tad y la propia madre declaró que el pequeño paciente subió sin ayuda a la mesa de examen. Descarta los hechos proba-dos según lo determinó la juzgadora en instancia para con-cluir en revisión que la señora madre del niño dio al médico demandado más información de historial que la recogida en las determinaciones y que, por tanto, el médico tenía ante sí un cuadro sospechoso de meningitis que también evadió a los especialistas que vieron al paciente posteriormente, a pesar de que conocieran más historial que el brindado en la sala de emergencia.

La Ley, y no el corazón del juez, es quien decide en nues-tro sistema de Derecho.

Con estos antecedentes y fundamentos, la sentencia revisada que absolvió al médico y al hospital, será confir-mada.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente a la que se unen el Juez Presidente. Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Nuestra función revisora nos obliga a disentir en el pre-sente caso, después de un análisis sistemático, meticuloso y crítico de la prueba desfilada. Detectamos que las determi-naciones tácticas del estrado de instancia —presuntiva-mente correctas— no responden, por desgracia, a la fina-lidad óptima de un proceso judicial: la verdad. Injusti-ficadamente descartan los siguientes indicadores positivos demostrativos de una práctica negligente de la medicina: (1) el resultado de un protocolo de autopsia corroborativo, sin dudas, de una muerte por meningitis; (2) la dinámica y existencia de signos físicos visibles ostensibles y presentes desde el primer momento, compatibles con esa grave enfermedad; (3) el conocimiento de los mismos por el médico; (4) la realización de un examen físico superficial, incompleto y apresurado (de alrededor de diez minutos de duración); (5) no ordenar exámenes rutinarios de laborato-rio sencillos y económicos; (6) pasar por alto diagnósticos diferenciales recomendados sin explorarlos; (7) dar de alta prematuramente; y (8) la realidad de la enfermedad de meningitis diagnosticada pocas horas después, causante de la muerte.

Sin quererlo, el inventario jurídico neto no sólo perpetúa una injusticia, fundada básicamente en un precedente inaplicable, sino que convalida unas normas laxas para las salas de emergencia de los hospitales del país, que en lugar de estimular la excelencia en la práctica de la medi-cina, la empobrece. Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983).

Los esposos Ramón Fernández y Madeline White de-mandaron al Dr. Carlos Moyka, Hospital San Carlos, Inc. y a otros galenos, alegando que Moyka examinó de forma descuidada, negligente y con falta de pericia profesional al único hijo habido entre ambos, Stephen. Diagnosticó farin-gitis cuando el niño estaba padeciendo realmente meningitis purulenta, la que ocasionó la muerte apenas quince horas más tarde. Como hechos específicos constitutivos de negli-gencia por parte del galeno, señalaron que: no realizó un examen adecuado, no efectuó, por sí mismo o por otras per-sonas o medios, pruebas de sangre o del líquido cerebroes-pinal para poder obtener un diagnóstico acertado, no deter-minó correctamente la enfermedad, no proveyó tratamiento adecuado y no ordenó su hospitalización inmediata.

En su contestación los demandados negaron esos hechos y alegaron que no actuaron de forma alguna que pudiera considerarse negligente y que, por el contrario, tanto el examen practicado como el tratamiento brindado se reali-zaron de acuerdo con las mejores normas médicas.

Previa vista en sus méritos, el tribunal de instancia desestimó la acción al concluir que “el tratamiento recibido por el menor fallecido, Stephen David Fernández White, por parte del doctor Carlos Moyka, llena las exigencias profesionales generalmente aceptadas para la práctica de la medicina y libera tanto a éste como a su patrono, el Hospital San Carlos, de responsabilidad en este caso”. En reconside-ración, confirmó esta sentencia.

A solicitud de los demandantes, la revisamos. Los errores apuntados giran esencialmente sobre la apreciación de la prueba. La norma de que no intervendremos con esa posición de los foros de instancia sufre excepción en cuanto a la prueba documental —Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981); Caribe Crown Cap Corp. v. Srio. de Hacienda, 108 D.P.R. 796, 798 (1979); Vega Torres v. Sucn. Mercado Riera, 107 D.P.R. 425, 428 (1978); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975)— y pericial — Velazquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39 (1982); Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 522 (1980), y los casos allí citados— sobre la cual estamos en igual posición adjudicativa. Es en virtud de un examen meticuloso y crítico de esa prueba, de la evaluación integral y la interacción de la misma con la evidencia oral que tuvo ante sí el foro primario que alteramos esa apreciación y resolvemos que erró al desestimar la demanda. Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982); Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 583 (1982).

WH

Trasfondo fáctico

El 26 de marzo de 1973 Stephen Fernández White, de seis (6) años, fue llevado al Hospital Regional de Bayamón para recibir tratamiento por dolor de oídos. Debido a su dolencia, no asistió a la escuela al día siguiente. Por no encontrarse bien, el miércoles 28 fue enviado a su casa antes de finalizar las clases. En horas de la tarde se quejó de dolor de cabeza. Aproximadamente a las 2:00 a.m. del día 29 despertó quejándose a sus padres, quienes lo llevaron a la sala de emergencia del Hospital San Carlos a donde lle-garon aproximadamente a las 4:30 a.m. Fueron recibidos por la Srta. Margarita Jaca, enfermera graduada de turno. Procedió a llenar el formulario de información al paciente. Éste fue atendido por el Dr. Carlos Moyka, interno bajo el Programa de Internos del Departamento de Salud, quien estaba de “guardia” y se desempeñaba sin supervisión directa. No había otros presentes en ese momento.

El examen físico de aproximadamente diez (10) minutos que le hizo el doctor Moyka arrojó resultados completa-mente negativos, con la excepción de que, a su juicio, dicho paciente mostraba la garganta enrojecida. No recomendó ni ordenó exámenes de laboratorio. El diagnóstico fue de faringitis o infección de la garganta y vómitos. Le pres-cribió y administró eritromicina, “tylenol” para la fiebre y una inyección de “tigan” intramuscular para los vómitos que, según determinó el doctor Moyka, eran de contenido alimenticio. Apercibió a los padres de que observaran al niño y si no mejoraba, que regresaran. Al continuar en-fermo fue llevado —a eso de las 9:30 a.m.— al consultorio de su pediatra, el doctor Vázquez Casanova. Luego de aten-derlo, lo refirió inmediatamente al Hospital Matilde Brenes para ser recluido. El niño continuaba consciente, aunque su condición era precaria. Alrededor de las 10:30 a.m. fue examinado y admitido en estado comatoso. Le realizaron pruebas de azúcar sanguínea y se obtuvieron resultados positivos. Además se le efectuó una punción lumbar en la sala de emergencia —alrededor de las 11:15 a.m. — pero por alguna razón inexplicada en el récord, no se obtuvo el resul-tado de esa prueba. Como diagnósticos provisionales, el Dr. Ángel Abreu determinó acidosis diabética, otitis media y meningitis. Posteriormente y durante su breve hospitali-zación, intervinieron con el niño los doctores Vázquez, Héctor Santiago Santos y Concepción Quiñones de Longo. Se le administró una dosis de antibiótico —lincocin— líquido intravenoso y una dosis de insulina, entre otros medicamen-tos. Por no responder positivamente al tratamiento y por continuar el deterioro de su condición, se comenzó el proce-dimiento para efectuar una segunda punción lumbar. De esta forma se determinaría o se descartaría categórica-mente la meningitis. No se llevó a cabo la misma debido a su muerte. El patólogo forense determinó que fue ocasio-nada por meningitis supurada.

Normas sobre salas de emergencia y de diagnóstico

La prueba pericial ante el tribunal de instancia demos-tró que no constituye la mejor práctica que los internos hagan guardia sin supervisión directa en las salas de emer-gencia. Sin embargo, para la fecha de los hechos era una rutina generalizada refrendada por el Departamento de Salud. Dicho departamento había autorizado la supervisión indirecta, no inmediata, esto es, que hubiese un médico “disponible mediante llamada”. 24 R.&R.P.R. sec. 18-221. Esa práctica no es buena. Al presente ha sido abandonada. R. Crawford Morris, Legal Problems of Emergency Outpatient Care, Nat. Medicolegal Symposium 1973, Chicago, Illinois, ABA Press, 1974, págs. 8-14.

Aun reconociendo las dificultades de reclutamiento y los costos que ello genera, la importancia de una sala de emer-gencia es incuestionable. Su nombre lo prueba: emergencia. Brindar este servicio a través de internos o el personal menos experimentado es un contrasentido. Solo nos es posi-ble sancionar esa práctica si existe una supervisión inme-diata y efectiva que supla las deficiencias y falta de expe-riencia del interno u otro personal. En el caso de autos, el doctor Moyka no estaba bajo supervisión de médico alguno. El tribunal de origen concluyó que ello no constituyó “ne-gligencia per se”, debido a que el Hospital San Carlos era “pequeño y tenía poco tráfico en su Sala de Emergencia”, y que no hubo relación causal. Veremos que erró en esto último.

Las partes estipularon que el doctor Moyka diagnosticó faringitis a Stephen y que éste murió de meningitis puru-lenta horas después. Obviamente cometió un error al diagnosticar el verdadero padecimiento del niño.

Debemos, pues, concentrarnos en la dinámica de un diagnóstico y sus etapas correspondientes, en particular el examen físico.

En las acciones basadas en error de diagnóstico la ale-gación más común es que el médico no llevó a cabo un exa-men cuidadoso del paciente. A. R. Holder, Medical Malpractice Law, 2da ed., New York, John Wiley & Sons, Inc., 1978, pág. 74. Naturalmente, se acepta que en el mundo real no existe tal cosa como un examen físico completo. Por ello la metodología de la medicina moderna parte de varias premisas. Primero, un examen básico rutinario permitirá, de ordinario, identificar casi cualquier anormalidad signi-ficativa. Identificada ésta, se procederá a inspeccionar en detalle el área que representa problemas. El propósito es detectar con el mayor grado de certeza posible el misterio de determinada dolencia, esto es, obtener un diagnóstico. Un buen método es aquel basado en una rutina lógica y ordenada. Al desarrollarse este plan sistemático se logra economizar tiempo y se minimiza el riesgo de error por omisión. La experiencia demuestra que son más los errores de este tipo que los de acción. 9 Cantor, Traumatic Medicine and Surgery for the Attorney, Washington, D.C., Butter-worth, Inc., 1963, pág. 604, párr. 2408(2). Claro está, no puede diagnosticarse una condición propiamente si no se tiene razón alguna para sospechar su existencia. Holder, op. cih, pág. 71. Segundo, un diagnóstico correcto depende de dos factores importantes: la recopilación y el análisis de información. El primero, acopio de datos, requiere del médico capacidad para obtener datos certeros mediante la entrevista médica, el historial del paciente y el examen físico. El análisis conduce al objetivo perseguido mediante una evaluación lógica de los datos ante sí. Este proceso demanda conocimientos abarcadores y nociones de esta rama del saber. Reconocer sus propias limitaciones y saber cuándo referir un paciente a otro médico o acceder a cual-quier consulta que éste o sus familiares interesen, es proce-dente y representa un curso de acción normal y contem-plado del proceso. Sherman y Fields, Guide to Patient Evaluation, 3ra ed., New York, Medical Examination Publishing Co., Inc., 1978, pág. 335. El médico examinador puede desorientarse o simplemente no detectar anormali-dades debido a falta de destreza o tiempo, o por ausencia de claves atribuibles a un historial incompleto. Sharpe, Fis-cina y Head, Law and Medicine, Saint Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1978, pág. 26. Por ende, el acopio ne-gligente de información esencial es fuente que genera responsabilidad profesional en daños. Adametz, Failure to Make Diagnostic Test, 210 J.A.M.A. 213 (1969). La impor-tancia del historial médico estriba en que sugiere áreas que deben ser escrutadas en el examen físico y establece las bases para iniciar posibles diagnósticos. Se puede obtener mediante un informe narrativo del paciente, familiar cer-cano o persona que lo conozca, comenzando desde el momento en que por última vez se sintió bien. Precisamente ese momento es el que debe servir de punto de partida para un interrogatorio meticuloso concerniente a la presencia o ausencia de síntomas o signos reveladores. Se requiere que se formulen todas las preguntas cuyas contestaciones mue-van o permitan obtener toda la información necesaria y relevante. Es tarea investigativa cuyo éxito depende de múltiples factores tales como edad del paciente, prepa-ración, grado de precisión, capacidad para recordar y otros. No debe descansarse tan sólo en lo que le suministra volun-tariamente el paciente. Holder, op. cit., pág. 72. Además de ese historial, se impone el uso auxiliar de pruebas rutina-rias, sencillas y económicas de laboratorio para diagnos-ticar la condición de un paciente. Su omisión también puede ser motivo para incurrir en responsabilidad por negligen-cia. Holder, op. cit., pág. 85.

Aunque aspiramos a la perfección, esa cualidad solo co-rresponde al Sumo Hacedor. Conscientes de esa limitación humana, nuestro ordenamiento concibe el error en el diag-nóstico como una realidad, que en ocasiones es defensa o eximente. Para esgrimirla con éxito es menester que se observe un grado razonable de cuidado, realizando un exa-men completo del paciente —Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188, 194 (1974)— y haciendo un “esfuerzo concienzudo” —Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 227 (1973). En Oliveros expresamos que un médico “no es responsable de mala práctica cuando se enfrenta a una situación en la cual cabe duda educada y razonable sobre cuál debe ser el curso a seguir”. (Énfasis nuestro.) Pág. 228. Ese tipo de error no implica negligencia, pues se aceptan los errores razonables de juicio, pero éstos tienen que estar basados en un criterio de razonabilidad en donde se requie-re “que el médico efectúe todos los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico correcto. Tiene el deber de hacer un esfuerzo honesto y concienzudo para enterarse de los sínto-mas y de la condición del paciente”. Morales, supra, pág. 194. (Énfasis nuestro.) Se exige que ponga de manifiesto su juicio, su prudencia y razonabilidad en el intento de llegar a un diagnóstico correcto al cumplir con su deber de esfor-zarse por conocer la verdadera condición del paciente. Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789 (1979).

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Consideraciones generales de la meningitis

Conforme el Manual de Merck, 3ra ed., pág. 665, la meningitis es una inflamación aguda de las meninges del cerebro o de la médula espinal, o de ambas, con las siguientes características:

La enfermedad puede ser causada por virus, bacterias, pro-tozoos, levaduras u hongos, introducidos generalmente en las meninges a partir de focos en otras partes del cuerpo. Es una complicación cuya aparición se debe vigilar en los casos de otitis media, mastoiditis y rotura de absceso cerebral....
Se debe pensar en la meningitis en presencia de fiebre con dolor de cabeza (generalmente intenso), acompañado de dolor y rigidez de nuca y espalda y signos positivos de Kerning y de Brudzinski. Son de observar alteraciones del sensorio y de la respuesta ejnocional. Oscilan éstas entre alteraciones ligeras de la conducta o una leve irritabilidad, al comienzo de la meningitis tuberculosa, y un coma profundo en la meningitis purulenta declarada. En los casos purulentos hay leucositosis. (Énfasis nuestro.)

Su desarrollo es usualmente rápido, de 12 a 14 horas, aunque el curso de la enfermedad puede variar de abrupta y fulminante a insidiosa. Se reconoce que en los recién naci-dos e infantes la sintomatología puede ser vaga y nebulosa. (Véase el Apéndice.) Los síntomas dependen del grado avanzado de la enfermedad. Sin embargo, hay un indicador básico que debe alertar al médico. Un foco de infección como pneumonía, celulitis, absceso abdominal, otitis o faringitis está subyacente. “El diagnóstico de laboratorio de la meningitis está basado en un examen del líquido cefalo-rraquídeo. Adicionalmente, los cultivos de sangre, gar-ganta, oído y orina ayudan.” R. C. Llewelling y D. M. Jar-rot, Bacterial Meningitis, Conn. & Conn., Current Diagnosis, W. B. Saunders Co., 1974, págs. 871-873 (traducción nuestra); I. Butler y R. Johnson, Infecciones del Sistema Nervioso Central, Clínicas Pediátricas de Norteamérica, Interamericana, agosto de 1974, págs. 651-656. Debido a que el proceso es rápido y, sin terapia apropiada, fatal, se recomienda un enfoque de diagnóstico agresivo y de alta sospecha de meningitis. Llewelling y Jarrot, op. cit., pág. 872.

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Prueba y conclusiones del tribunal

El dictamen del tribunal de instancia estuvo fundado, en gran medida, en la duda que dicho foro abrigó sobre lo que ocasionó la muerte a Stephen. Veamos.

El tribunal a quo determinó que aun cuando el “certifi-cado de autopsia indica que la causa de la muerte del menor Fernández White fue una meningitis purulenta entendemos que, aun dicho diagnóstico patológico fue puesto en tela de juicio por el testimonio robusto y convincente prestado a esos efectos por la Dra. Rosa Fiol, perito de la parte deman-dada. La doctora Fiol, después de examinar los records completos del paciente, así como también las laminillas de tejidos preparadas por el doctor Loynaz en la autopsia de Stephen, concluye que no puede afirmarse, de forma cate-górica que este paciente falleciera de meningitis purulenta por haber muy poc[o] pus en las meninges. Afirmó, además, la doctora Fiol que, en base al cuadro completo que presen-taba este paciente, no podía descartarse que hubiere falle-cido de un [coma] diabético.” (Énfasis nuestro.)

Notamos que el juzgador de los hechos no descartó totalmente la validez del informe del patólogo. El testimo-nio de la doctora Fiol no excluyó de manera alguna y defi-nitiva el diagnóstico final de meningitis. Lo que hace es señalar la posibilidad de la existencia de otro padecimiento que pudo haber ocasionado la muerte al paciente. Ella reconocía que de los hallazgos encontrados en la laminilla del cerebro se tenía que hacer el diagnóstico de una meningitis aguda supurada. (T.E., Vol. II, pág. 167.) El doctor Loynaz, patólogo forense, en su informe de autopsia deter-minó que “[l]as membranas aracnoides presentan numero-sas áreas de apariencia purulenta color verde pálido, dis-tribuidas en ambos hemisferios cerebrales, tanto en sus superficies convexas como en sus superficies básales”. Finalizó concluyendo que “[e]l procedimiento de autopsia reveló una meningitis purulenta como causa de muerte, no apreciándose evidencias de meningococemia, tratándose más bien de una meningitis de tipo purulenta secundaria al parecer a la otitis antes mencionada”. (Énfasis suplido.)

En las circunstancias apuntadas no podemos conjeturar y descartar el valor investigativo de la autopsia. El testimo-nio de la doctora Fiol no puede tener el efecto de sustituir el dictamen efectuado por el patólogo forense, el cual tuvo el beneficio ante sí de examinar las áreas afectadas. Todos los indicadores objetivos, la otitis previa y demás sintomato-logía tienden a corroborar la meningitis. No compartimos la duda del tribunal sentenciador.

Despejada toda incertidumbre sobre la causa real de la muerte de Stephen, dirigimos nuestra atención al aspecto crucial del caso: el examen físico realizado por el doctor Moyka. Según la prueba desfilada, la señora White testificó en el directo que su hijo vomitó en presencia del médico; que el niño procedió a subirse a la mesa de exámenes sin ninguna ayuda; que Stephen le expresó al galeno que “no me duele la garganta, lo que me duele es mi cabeza”; que además de examinarle la garganta, de ponerle una inyec-ción y tomarle el pulso no se le hizo ningún otro examen; que el examen físico duró alrededor de siete minutos; que durante ese tiempo no le hicieron a ella preguntas sobre la condición del menor y ella fue quien le dio a conocer que tenia una infección en los oídos y aconsejó al médico que se los examinara; que éste le expresó que el niño no tenía nada en los oídos; que nadie en ningún momento le preguntó sobre el historial previo del niño; y que el doctor Moyka no hizo exámenes de reflejos a su hijo. (T.E., Vol. I, págs. 7-11 y 19.) En el contrainterrogatorio expresó que su esposo llevó en brazos al niño hasta la camilla de exámenes, que estuvo presente durante todo el tiempo del examen, que explicó sobre la infección de oídos, y que el examen físico se pro-longó por espacio de siete u ocho minutos. (T.E., Vol. I, págs. 24 y 31.)

Por su parte el doctor Moyka atestó en el directo que Stephen llegó caminando al cubículo de exámenes; que no necesitó ayuda para subirse a la camilla; que preguntó a la señora White las razones por las cuales traía al niño a la sala de emergencia y de qué se quejaba y que le contestó que había vomitado la cena del día anterior; que preguntó sobre el historial reciente del paciente y la contestación recibida y repetida en varias ocasiones fue en la negativa. Sobre el alcance del examen atestó que le practicó un exa-men de rutina, el cual consistió en examinarle la boca, la garganta, los oídos, los ojos, auscultar el pulmón y auscultar y palpar abdomen; que estando el paciente acostado le puso la mano debajo de la cabeza para examinar la rigidez, prue-ba que fue negativa; que el examen practicado duró alrede-dor de diez minutos; que tan sólo encontró la garganta eritematosa y diagnosticó faringitis; y que no hubo ningún otro hallazgo. Finalizó expresando que el paciente salió caminando de la sala. (T.E., Vol. II, págs. 4-6.)

En el contrainterrogatorio admitió que no preguntó al niño si tenía dolor de cabeza; que tan sólo preguntó por los síntomas y como contestación recibió la de vómitos y fiebre; que tampoco preguntó si el niño tenía escalofríos; que el niño no vomitó en su presencia; que la señora Fernández White no le dio a conocer que el niño estaba padeciendo de dolor de cabeza; que el niño tampoco le dijo nada sobre síntoma alguno; que no le tomó la presión; que no le hizo fondo de ojos; que la madre le había dado a conocer que el niño había tenido un episodio de otitis y que, en fin, presen-taba distintos cuadros en distintos momentos; que tan sólo le tomó los reflejos del cuello, —levantándole la cabeza única-mente— y no le tomó los de los tendones; que no hizo un examen neurológico; que “chequeó” los oídos; que examinó boca, garganta, ojos y auscultó el corazón y pulmones y palpó el abdomen; que no se le informó que había ido a un dispensario hacía tres o cuatro días para una cuestión de los oídos; y que no pesó al niño. (T.E., Vol. II, págs. 27-28, 41-50, 50-51, 59-60, 64 y 78.)

La Srta. Margarita Jaca, enfermera de turno, atestó que el niño llegó a la Sala de Exámenes caminando; que se veía un poco triste; que, a pesar de no recordar bien, el examen duró unos diez o quince minutos; que no recuerda si Stephen vomitó; que la madre del niño no le “contó” del historial que “tenía” el niño; que ella preguntó las razones de la visita de emergencia y tan sólo le indicaron que el niño tenía fiebre; que no le preguntó desde cuándo estaba padeciéndola; que no le dijo que el niño estuviera padeciendo de dolores de cabeza; y que el paciente no se quejó de dolor de cabeza ni de ningún otro padecimiento en forma alguna. (T.E., Vol. II, págs. 101-102,109-110.)

El tribunal sentenciador concluyó que “el menor Fer-nández White entró caminando por sus propios pies a la Sala de Emergencia. . .”; que a preguntas de la enfermera sobre la condición del menor éstos contestaron que “su hijo había estado bien hasta ese día cuando despertó con vómi-tos, fiebre y tos. . .”; que “[e]l niño caminó desde la sala de espera hasta la salita de exámenes y se subió en la mesa de exámenes sin ayuda. . .”; que “[e]l doctor Moyka procedió a hacerle al paciente un examen general completo, inclusive la] prueba para rigidez de nuca, arrojando dicho examen resultados completamente negativos con la excepción de que dicho paciente mostraba la garganta enrojecida”; que por la descripción que hizo la señora Fernández de los vómitos, el doctor Moyka concluyó que éstos eran de tipo alimenticio; que basándose en el examen practicado al paciente, a la sintomatología que éste presentaba y al his-torial obtenido de la madre de éste, el recurrido diagnosticó faringitis o infección de la garganta y vómitos, que la tem-peratura rectal del paciente fue de treinta y nueve grados centígrados, pulso de noventa y respiración de veintidós por minuto; que “[e]l aspecto general del niño mientras estuvo en Sala de Emergencia era bueno y éste no se veía aguda-mente enfermo”; que después de haber tratado al paciente, el doctor Moyka lo envió para el hogar y apercibió a los demandantes que de no mejorar lo trajeran nuevamente.

En virtud de esa apreciación, el tribunal a quo deter-minó que “[e]n el caso ante nos'otros la totalidad de la evi-dencia presentada demuestra que la sintomatología que presentaba el menor Fernández White al momento de ser examinado y tratado por el doctor Moyka en la Sala de Emergencia del Hospital San Carlos no era una típica de meningitis. Tampoco despertaba sospechas el historial que fuera brindado a éste por la madre del paciente. Habiendo encontrado, entonces, el doctor Moyka la justificación para el cuadro de fiebre que presentaba el paciente al notar su garganta enrojecida, estuvo plenamente justificado el diag-nóstico que éste hiciere de faringitis o infección de la gar-ganta y el tratamiento de antibióticos que prescribiera. Sin embargo, el doctor Moyka demostró gran celo profesional y preocupación por su paciente cuando le indicó a la madre de Stephen que observara a dicho menor y que, de no mejorar, lo trajera de nuevo al Hospital San Carlos para tratamiento adicional”.

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Análisis en revisión

Resulta difícil aceptar la determinación del tribunal a quo basada en el testimonio del doctor Moyka. Existen la-gunas esenciales y explicaciones ilógicas al respecto. Vea-mos. Se trata de un padre y una madre que legítimamente preocupados por la condición de salud del único hijo habido entre ellos, lo llevan a la sala de emergencia. ¿Es lógico creer que la madre no le hizo saber al médico o a la enfer-mera los síntomas que venía padeciendo su hijo desde días anteriores? Si el doctor Moyka aceptó en el contrainte-rrogatorio que la madre le dio a conocer el episodio pasado de otitis, ¿es creíble que realizó “un esfuerzo honesto y con-cienzudo para enterarse de los síntomas”?

Estas incógnitas y dudas se acentúan ante el hecho de que el expediente que se le llenó en la sala de emergencia del Hospital San Carlos está prácticamente huérfano de datos. Como dato curioso, no hace referencia sobre todas las alegadas áreas cubiertas en el examen físico, según expresó el doctor Moyka en su testimonio. Solamente consignó “temp. 39° rectal; pulso 90; respiración 22; garganta algo enrojecida; pulmones claros; no signo deshidratación”. Notamos que esta última apreciación sobre ausencia de signo de deshidratación, lo mismo que la frase “observar y regresar si el niño no mejora” y “tylenol” están escritas con otro tipo de bolígrafo y estilografía. Ello, en lugar de debi-litar, tiende a corroborar las expresiones vertidas por la señora White. ¿Cómo explicar que dicho galeno no perci-biera todos los síntomas que razonablemente mostraba Stephen, corroborados cuatro (4) horas más tarde con la inter-vención de su pediatra, el doctor Vázquez Casanova, y su orden de ingreso al hospital más cercano? A la luz de las inferencias lógicas y del curso normal de los acontecimien-tos humanos, concluimos que al ser examinado por el doctor Moyka, Stephen presentaba los signos y síntomas compatibles con un cuadro de meningitis.

Así lo reflejaba la sintomatología e historial de Stephen. Según el doctor Moyka, el-niño presentaba el siguiente cuadro clínico: edad, 6 años; temperatura, 39°C rectal; pul-saciones, 90 por minuto; y respiración, 22 por minuto. Como trasfondo de estas manifestaciones físicas, existía un histo-rial de fiebre, vómitos, dolor de cabeza e infección de oídos (otitis).

Al contrastar estos síntomas con los clásicos que pre-senta un paciente que sufre de meningitis, tenemos fiebre, dolor de cabeza, vómitos, rigidez de espalda y nuca y signos positivos de Kerning y Brudzinski. Cecil, Textbook of Medicine, 15ta ed., W. B. Saunders Co., 1979, pág. 411; y Harrison’s Principles of Internal Medicine, 8va ed., McGraw-Hill, 1977, pág. 1887. Estos últimos dos signos no siempre están presentes. Aun así, no es razón para no rea-lizar las pruebas al efecto y descartar la meningitis como posible diagnóstico. En el caso de autos el doctor Moyka no procedió a efectuar el examen apropiado en Stephen para identificar los signos. No enfocó su diagnóstico agresiva-mente y con sospecha fundada. No hizo uso de ningún exa-men de laboratorio. Por consiguiente, no hubiese podido percatarse de la existencia de la meningitis que ya estaba presente.

Reconocemos que estos síntomas pueden ser indicio de otras enfermedades. Sin embargo, si el historial y los síntomas de un paciente sugieren más de un diagnóstico, es deber del médico llevar a cabo diagnósticos diferenciales y emprender un proceso de eliminación mediante las evalua-ciones conocidas y prevalecientes en la profesión. Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375 (1978); Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1968); Holder, Failure to Diagnose Infection, 220 J.A.M.A. 321 (1976). Resolvemos que el doctor Moyka no descargó satisfactoriamente su responsabilidad profesional al descartar un posible diagnóstico sin haber agotado el proceso de eliminación, entre otros posibles, cuyas consecuencias podrían resultar en la pérdida de una vida. Morales, supra, pág. 188. Con la sintomatología que presentó el niño debió haber considerado, entre otros, un diagnóstico diferencial de meningitis y proceder con los exámenes de rigor para descartarlo o adoptarlo definitiva-mente. En particular debió recomendar y efectuar una punción lumbar, de autorizarlo los padres. Indudablemente luego de estudiar en el laboratorio el líquido cerebroespinal hubiese obtenido un resultado concluyente. Esta prueba es la única que permite un diagnóstico definitivo. Harrison, op. cit., pág. 1887. En la alternativa, pudo y debió solicitar los servicios del médico a cargo de supervisarlo o de un especialista para obtener asesoramiento. Tales omisiones constituyen fuente de responsabilidad civil.

La parte demandada arguye que “la sintomatología que presentaba el niño era un cuadro sumamente confuso cuando ninguno de los médicos que atendieron al niño luego de haber sido examinado por el Dr. Moyka . .. inclusive] su pediatra regular, un médico con licencia y experiencia en el manejo de Sala de Emergencia (doctor Abreu), la doctora Quiñones de Longo, pediatra asignada al caso . . . pudieron hacer un diagnóstico definitivo de meningitis ni tratar dicha condición”.

El argumento no es convincente. Cuando lo examinó el doctor Moyka no existía tal cuadro confuso. Stephen tenía probabilidades razonables de sobrevivir. (T.E., Vol. I, pág. 52.) Demostrativo de ello es que su pediatra al examinarlo y encontrarlo tan enfermo, ordenó su ingreso al Hospital Matilde Brenes inmediatamente. En la sala de emergencia de dicha institución el doctor Abreu procedió a diagnosticar meningitis provisionalmente; además, procedió a efectuarle una punción. Por desgracia, no pudo obtenerse el resultado de esta prueba. De haberse logrado, se hubiese diagnosti-cado de forma categórica el padecimiento, aunque su estado era comatoso y nos resulta cuestionable su supervivencia sin secuelas graves y permanentes. Actuaciones negligentes de este género crean cuadros clínicos confusos.

Recapitulando, en el caso de autos el error en el diag-nóstico no es defensa válida, pues estuvo inducido por un examen físico incompleto que no permitió al galeno Moyka tener ante sí todo el cuadro clínico y la sintomatología real que presentaba Stephen. Ello fue la única causa de que incurriera en dicho error, que finalmente propició la muerte del menor. Su omisión de seguir las normas pre-viamente indicadas y su falta de cuidado engendran respon-sabilidad contra él y su principal, el Hospital San Carlos, Inc.

Finalmente, la sala de instancia pone énfasis en el “gran celo profesional y preocupación por su paciente” desplegado por el doctor Moyka al indicarle a la madre de Stephen que lo observara y que de no mejorar lo trajera de nuevo al hospital. Sin cuestionar la buena intención del galeno, la carac-terización raya en la hipérbole. Ese tipo de apercibimiento o recomendación es mandatoria en todo caso al dar de alta a un paciente. Forma parte del abecedario básico médico.

Por los fundamentos expuestos, disentimos. Dictaríamos sentencia en que se revocara la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y ordenaríamos la devolución de los autos para la continuación de los procedimientos compatibles con el pronunciamiento de que se probó negligencia.

APÉNDICE

FRECUENCIA DE SÍNTOMAS Y SIGNOS DE MENINGITIS POR EDADES

Menos de 1-12 1-10 Adultos un mes meses años

Fiebre 60%

Convulsiones 100%

Dolor de cabeza 0%

Irritabilidad 90%

Coma 50%

Rigidez de la nuca 10%

Fotofobia 0%

Afección respira- 40% toria por infección de la tráquea

Protuberancia 80% fontanela

90% [95%] 95%

70% 50% 20%

20% [70%] 90%

95% 70% 65%

20% 10% 5%

30% [70%] 80%

5% 10% 40%

60% [50%] 25%

25% 0% 0%

Fuente de Información: R. Llewelling y D. Jarrot, Bacterial Meningitis, supra, pág. 87.

      La demanda original incluía como demandados a los médicos de Matilde Brenes, pero los demandantes desistieron de su acción contra éstos.

        Rosado Rosado v. E.L.A., 108 D.P.R. 789 (1979), se distingue porque allí: “ni los síntomas ni el historial del paciente apuntaban originalmente hacia un diagnóstico de pulmonía o bronconeumonía” (pág. 794); y “tampoco ofrecía el cuadro de síntomas que usualmente conduce a un diagnóstico de pulmonía o bron-coneumonía” (pág. 795).
      Como veremos, en el caso de autos todos los peritos testificaron —a base de los hechos reales según apreciamos en revisión— que la sintomatología e historial exigían que se explorara y sospechara un diagnóstico de meningitis.

       Posteriormente se desistió de la acción contra los otros codemandados: Dra. Servanda Fleitas de Moyka, Hospital Matilde Brenes, Dr. Ángel Abreu, Dr. Héctor Santiago, Dra. Concepción Quiñones de Longo y sus respectivas compañías aseguradoras.

       Las partes estipularon, entre otras cosas, el contenido del examen y diag-nóstico patológico.

       Ella expresó haber visto las laminillas con antelación a una deposición que le fue tomada. (T.E., Vol. II, pág. 165.) En ese procedimiento enumeró la infor-mación o materiales que le habían sido suministrados para el estudio del caso y sobre los cuales basó una opinión, pero olvidó indicar que había examinado las laminillas que contenían las muestras del área afectada tomadas por el patólogo, esenciales para determinar la causa de la muerte. Confrontada con esa omisión expresó que se debió a que no se le ocurrió mencionarlas y que no le fue pregun-tado. (T.E., Vol. II, pág. 204.)

       En la hoja de apuntes que se preparó en la sala de emergencia del Hospital Matilde Brenes se hizo constar, por información suplida por sus progenitores, que el niño había visitado el Hospital San Carlos debido a, entre otros síntomas, vómi-tos, fiebre y dolor de cabeza. (Exhibit I de la demandada.)

       En la hoja antes descrita se señala que el tímpano derecho aparece promi-nente y opaco, pero no existe otitis externa activa. Recordemos que el doctor Moyka atestó haber examinado los oídos de Stephen y no haber encontrado nada anormal. Además se señaló que éste tenía alguna rigidez del cuello (“Active Brud-zinski”). El demandado expresó que no percibió este signo, a pesar de haber hecho prueba al efecto.

       “Signo típico de meningitis que revela el estado de contractura muscular, constante en esta afección. Consiste en la imposibilidad de colocar la pierna en extensión completa cuando el muslo está en ángulo recto con respecto a la pelvis, sea que el paciente está acostado o sentado. La maniobra es sumamente dolorosa.” Diccionario de Ciencias Médicas Torland, 6ta ed., W. B. Saunders Company, 1979, pág. 1334.

      “En la meningitis, estando el paciente acostado, si se le flexiona rápida-mente la cabeza mientras con la otra mano se le sujeta el pecho, se produce un movimiento de flexión de los muslos y de las piernas; d.t. signo de la nuca. En la meningitis, cuando se hace una flexión pasiva de un miembro inferior, se produce un movimiento análogo con el otro miembro; d.t. reflejo de Brudzinski, signo con-tralateral de la pierna.” íd., pág. 1328.

       Tanto el testimonio del Dr. Juan Francisco Jiménez como el del doctor Mirabal Font —tendentes a sostener que el tratamiento brindado por el doctor Moyka fue adecuado— carecen de poder persuasivo alguno, pues ambos parten de .una premisa errónea para llegar a esa conclusión: un historial clínico distinto al que en realidad presentaba Stephen. El doctor Jiménez, al presentársele un cuadro médico hipotético idéntico al que en realidad presentaba Stephen, aceptó que, entre otros, se tendría que considerar el diagnóstico de meningitis. (T.E., Vol. II, pág. 218.) Además expresó que en caso de sospecha no hubiese enviado el paciente a su casa. Indicó que hubiese procedido a observarlo y luego le hubiera efectuado una punción lumbar. (T.E., Vol. II, pág. 220.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué.

license: Public Domain

text:
    Oscar Olivieri Morales y Otros, demandantes y recurrentes, v. Jorge A. Pierluisi y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-81-442

      Resuelto: 3 de febrero de 1983

      Carmelo Guzmán Géigel y Julio Maymí Pagán, abogados de los recurrentes; José Ramón Pérez Hérnández y Héctor Urgell Cuebas, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972), dimos plena virtualidad a la garantía constitucional contra el discrimen por motivos de ideas políticas, Art. II, Sec. 1, de la Constitución de Puerto Rico. Nos pronunciamos vigorosamente contra esa larga y lamentable tradición a nivel municipal. Expusimos la presunción de discrimen que surge cuando, ausente un motivo racional justificativo, el-empleado despedido es sustituido por otro de diferente afiliación política, afín a la autoridad nominadora incumbente.

Hoy en día subsiste en el panorama del país la cruda práctica rechazada en Báez Cancel, supra, pág. 982. Sin embargo, al cabo de una década es sustituida por una rutina más sofisticada, en que se invocan razones legítimas de economía para encubrir violaciones a la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 sobre el Personal del Servicio Público. 8 L.P.R.A. sec. 1301 et seq. De ese modo se propicia el patronazgo, despojo y desquite partidista (spoil system). Esa dinámica negativa, característica más bien del revanchismo político de nuestros tiempos, “requiere que los tribunales escudriñen la prueba para asegurarse [de] que verdaderamente no hay discrimen”. Báez Cancel, supra, pág. 990. El fenómeno no es exclusivo de ningún partido político en particular. Tomamos conocimiento judicial de las distintas causas y recursos presentados ante este foro apelativo, en que el discrimen y despido se pratican en miembros de todas las ideologías. En última instancia, el verdadero perjudicado por actuaciones ilegales de esta índole es la ciudadanía en general, independientemente de su credo político, pues el cumplimiento de esas sentencias produce erosión y desvío sustancial de fondos públicos en detrimento de los servicios esenciales.

Con esta perspectiva, examinamos los méritos del recur-so. Se origina el 3 de mayo de 1978, fecha en que el Secreta-rio del Departamento de la Vivienda, Sr. Jorge A. Pierluisi, notificó a los recurrentes —todos empleados de carrera— que a partir del 3 de junio quedarían cesantes en sus respectivas posiciones, debido a que la precaria situación económica de la Corporación de Renovación Urbana y Vi-vienda (CRUV) exigía implantar un plan de reducción de personal.

No conformes, formularon injunction y solicitaron repo-sición en sus respectivos puestos con paga y beneficios atra-sados y compensación por daños. Específicamente alegaron que los demandados recurridos utilizaron el procedimiento de cesantías con el fin de discriminar, perseguir y atrope-llarlos por razón de sus ideas político-partidistas; que la autoridad nominadora no agotó todos los remedios disponi-bles antes de cesantearlos, tales como el ofrecimiento de descensos o traslados interagenciales; y que no les fue noti-ficado el plan de cesantías adoptado, según lo exige la reglamentación pertinente. Algunos adujeron que fueron trasladados a programas en1 que luego fueron dejados cesantes por eliminación de puestos y que fueron colocados en desventaja al ocupar posiciones donde tenían menos años acumulados en el servicio.

Oportunamente el tribunal dictó sentencia. En cuanto a los aquí recurrentes declaró sin lugar la demanda. Revi-samos. Los señalamientos son susceptibles de agruparse en dos tópicos: incumplimiento de la Ley de Personal y exis-tencia de discrimen político.

I

Trámites bajo la Ley de Personal

Los recurrentes aducen que el Departamento de la Vivienda, como autoridad nominadora sujeta a la jurisdic-ción de la Ley de Personal, no sometió el plan de cesantías a la Oficina Central de Administración de Personal (OCAP) y cuestionan su aprobación por parte del director de ese organismo rector. Ambos requisitos son exigidos por el estatuto de personal. El juzgador de los hechos, al apreciar la prueba, concluyó que se observaron estas exigencias. En su comparecencia ante nos nada nuevo aportan, ni discuten los méritos del alegado error. El esfuerzo de los deman-dantes tendente a que variemos esa conclusión resulta infructuoso.

Señalan, además, que la reorganización efectuada debió necesariamente tener carácter prospectivo porque el presu-puesto vigente —año fiscal 1977-78— se había aprobado de conformidad con lo que había sometido la pasada adminis-tración de ese Departamento y éstos habían provisto los fondos para pagar los servicios de los empleados cesantea-dos. Concluyen que siempre que ocurre un cambio de admi-nistración gubernamental la administración entrante tiene que funcionar durante los primeros meses de su gestión con el presupuesto que fue sometido para ese cuatrienio por la administración saliente.

Si bien es cierto que la vigencia de un presupuesto co-rrespondiente al último año de un cuatrienio se extiende hasta el 30 de junio del año en cuestión, no existe precepto estatutario alguno que impida a una agencia hacer los ajustes y cambios necesarios en su presupuesto vigente. Ello se puede deber a múltiples circunstancias, tales como incurrimiento de gastos imprevistos, mala planificación o administración, insuficiencia de fondos y otros. Los recu-rrentes no nos ilustran persuasivamente al respecto.

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Aclarados estos extremos, notamos que se impone la revocación de la sentencia por varios fundamentos. Analicé-moslos.

A— Nulidad en el método seguido para proceder a decre-tar las cesantías

La See. 4.6 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1336, y su Reglamento, Áreas Esenciales al Principio de Mérito, See. 9.3(1), sobre cesantías debidas a falta de trabajo o fondos, prescribe un método a base de prelación. El método que se adopte “se pondrá en conocimiento de los empleados”. Establece que serán separados primeramente los empleados transitorios, luego los probatorios y, por último, los regulares. Además preceptúa que para decretar el orden dentro de cada uno de los grupos de empleados se considerará el desempeño de sus funciones —Sec. 9.3(l)(c)(l)— y que, a falta de información válida para precisar este elemento, el factor determinante será el tiempo en el servicio —Sec. 9.3(l)(c)(2)— de manera que la persona de más reciente nombramiento cesará primero.

En el caso de autos la autoridad nominadora se vio en la obligación de utilizar el factor de antigüedad en el trabajo por carecer del elemento de eficiencia, debido a que en la agencia no existía método de evaluación de empleados.

Ahora bien, notamos que es meritoria la contención de los recurrentes de que se violó el debido proceso al no darse cumplimiento estricto a la notificación que exige la Sec. 9.3(l)(a) del Reglamento de Personal, la cual establece que el método que se adopte .para decretar las cesantías se pondrá en conocimiento de los empleados. Adviértase que la Sec. 9.3(l)(f) dispone expresamente que ninguna cesantía “será efectiva a menos que se cumpla con el requisito de notificación en la forma aquí establecida”. De una lectura integral de las citadas secciones surge claramente que esta sanción contra la actuación desautorizada por parte de la autoridad nominadora comprende la notificación del plan de cesantías y del derecho de apelación, y el apercibimiento por escrito con 30 días de antelación a la fecha en que habrán de quedar cesantes. La agencia venía obligada a observar rigurosamente ese trámite. García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978).

A igual solución arribamos en Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822 (1982). Allí expusimos los funda-mentos para que se adopte y se divulgue el plan de cesan-tías. “El presente caso dramatiza el propósito y la impor-tancia de este requisito. Independientemente de cuán jus-tificadas pudieran haber estado unas cesantías desde el punto de vista económico, la política pública a favor de la implementación del sistema de mérito exige que haya cons-tancia de que al eliminarse uno o más puestos en una clase se dejarán cesantes y serán retenidas las personas indicadas de acuerdo con los criterios objetivos que el sistema de mérito encarna. Es igualmente vital que todos los emplea-dos públicos posean conocimiento previo del método a se-guirse para que puedan defender adecuadamente sus dere-chos, los cuales son relativos a los derechos de los demás. La ausencia de constancia clara, objetiva y difundida de los criterios para determinar quiénes habrán de quedar cesantes crea inseguridades y siembra dudas no sólo sobre la legiti-midad de cada cesantía particular, sino sobre la validez y necesidad de la decisión de decretar cesantías en general. Ello, a su vez, fomenta la profusión de pleitos y causa erosión y disgusto entre los empleados y es contrario a los objetivos de la Asamblea Legislativa en lograr la mayor uniformidad, justicia, equidad, armonía, satisfacción y con-tinuidad, y regularidad de los servicios públicos posibles. See. 2.2 (3 L.P.R.A. sec. 1312)”. Págs. 829-830.

B— No incluir a los empleados cesanteados en el registro de elegibles

Sobre este extremo el tribunal a quo determinó que “[l]a no inclusión en el registro de elegibles de los empleados cesanteados requiere acción por parte de éstos solicitando que se les incluya en el registro correspondiente a la clase de puestos que ocupaban con carácter regular u otros si-milares”.

La contención de la parte recurrida es a los efectos de que carece de méritos la alegación de los demandantes, pues la Sec. 15.4 del Reglamento de Personal: Administración Central no es de aplicación a los Administradores Indivi-duales debido a que ellos llevan a cabo su propio recluta-miento, convocatorias, registros de elegibles y de reingreso con absoluta independencia de la Oficina Central de Admi-nistración de Personal (OCAP). Exponen que “[e]l solo hecho de que los recurrentes consideren que la autoridad nominadora venía obligada motu prop[r]io a incluir los nombres de los empleados cesanteados en los registros de reingreso correspondientes sin que tuviera que haber acción afirmativa por parte de los empleados no vicia de ninguna manera, a nuestro juicio, el procedimiento de cesantías seguido por la Autoridad Nominadora. Nótese que la acción de personal sobre inclusión de nombres en registros es una posterior al procedimiento de cesantía como tal el punto clave que se ha estado dilucidando es si las cesantías decretadas estuvieron justificadas”.

De otro lado, los recurrentes sostienen que dicha omisión les negó la oportunidad de ser seleccionados en lugar de los que antes trabajaban para el Plan CETA, entre otros, y que luego fueron nombrados regulares.

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecer el mérito como el principio que regirá todo el servicio público. 3 L.P.R.A. see. 1311. La retención de empleados de carrera es parte indispensable de este principio, al igual que la clasificación de puestos, reclu-tamiento, selección, ascensos, traslados, descensos y adies-tramiento. 3 L.P.R.A. see. 1331. Véase Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 D.P.R. 747 (1982). La Ley de Personal en su Sec. 5.18 establece que:

(1) Los empleados regulares . . . que sean cesanteados por eliminación de puestos, tendrán derecho a que sus nombres se incluyan en el registro de elegibles correspondientes a la clase de puesto que ocupaban.
(4) Las condiciones, el orden y la forma en que los nombres han de colocarse en el registro será establecida por normas que se promulguen al efecto. 3 L.P.R.A. see. 1358.

Bajo las disposiciones del anterior Reglamento de Personal Regular de la CRUV no existía norma alguna que pautara lo antes transcrito. Sin embargo, un Reglamento de Personal de la Agencia —promulgado el 12 de noviembre de 1976 y declarado nulo el 18 de febrero de 1977— contemplaba en su Art. XIV B(3) la inclusión mandatoria en un registro de elegibles, de los empleados cesanteados por eliminación de puestos. El reglamento actualmente vigente, en su Sec. 14B visualiza un procedimiento idéntico al mencionado.

De lo antes expuesto es imperativo concluir que el man-dato legislativo de adoptar, por parte de los administra-dores individuales, un reglamento en protección de las Áreas Esenciales al Principio de Mérito, no fue obser-vado.

El perjuicio es evidente. Obsérvese que las posibilidades de haber sido seleccionados los recurrentes hubiesen sido mayores si tomamos en consideración las opciones contem-pladas en la propia Ley de Personal: a- que una persona se acoja voluntariamente a un descenso según la See. 4.4(6), 3 L.P.R.A. see. 1334(6), o b- viabilizar un traslado a otra agencia dentro del servicio público según la See. 4.4(4), 3 L.P.R.A. see. 1334(4). El incumplimiento de la norma redujo a cero las oportunidades de los recurrentes. La expe-riencia que habían obtenido a través de sus largos años de servicio resultó inoperante. El caso del recurrente Olivieri es ilustrativo. Razonablemente hubiese sido seleccionado para la posición de Oficinista IV en la cual se nombró a la Sra. Delia Sánchez Resto el día 2 de octubre de 1978, o mediante descenso pudo haber sido designado en la posición de Oficinista III en la cual se nombró a la Sra. Myrna López Toledo el día 1ro de septiembre del mismo año, o en una idéntica posición a la anterior en donde se nombró a la Sra. Sonia Rivera Jiménez el día 1ro de febrero de 1980. De igual manera los restantes recurrentes pudieron haber sido considerados y hasta seleccionados.

C— Discrimen político

Al igual que en Pizarro, supra, pág. 830, “[e]sta decisión que resuelve que las cesantías fueron decretadas sin observarse la Ley de Personal y su reglamento guarda íntima relación con la tesis de que las mismas obedecieron a motivos discriminatorios. Todos [los cesanteados] eran afiliados al P.P.D. [o independentistas]. [] Precisamente el incumplimiento de los criterios objetivos exigidos por la Ley y su reglamento para implementar válidamente cesantías por razones económicas tiende a sostener su carácter dis-criminatorio”.

Distinto al ilustrado foro de instancia —que no pudo determinar que las cesantías fueron motivadas políticamente— en las circunstancias apuntadas, la pauta tiende a sostener la existencia de tal discrimen sofisticadamente encubierto. La existencia de una crisis financiera no puede servir de puente para amparar y justificar discrímenes políticos. El análisis integral satisface a plenitud la conciencia imparcial judicial sobre el quantum de la prueba requerido, sin que sea menester ulteriores lucubraciones. Véase Navedo v. Municipio de Barceloneta, 113 D.P.R. 421 (1982).

Se dictará sentencia que modifique la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, a los fines de declarar con lugar la demanda en cuanto a los recurrentes y ordenar a los demandados reponerlos como empleados de carrera en el Departamento de la Vivienda y en la Corporación de Reno-vación Urbana y Vivienda con los sueldos correspondientes. Se les ordena, además, el pago de los haberes que hubiesen dejado de percibir durante dicha cesantía, debiendo descon-tarse cualquier compensación recibida de agencias, instru-mentalidades o dependencias gubernamentales durante ese período. Estrella v. Municipio de Luquillo, 113 D.P.R. 617 (1982).

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente, a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rebollo López a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué.

y.

Es correcto que los acontecimientos y cambios políticos ocurridos en Puerto Rico durante los últimos catorce años han causado una indeseada politización en nuestro diario vivir.

Todavía peor que lo anterior —si ello es posible— es el hecho de que dichos acontecimientos han causado en nues-tro pueblo una “histeria” tal, que hemos llegado a conven-cernos de que todo está politizado: una persona actúa de una forma u otra o expresa determinada opinión y nadie piensa, ni tan siquiera por un momento, que esa persona actúa y piensa de esa forma porque honesta y sinceramente cree en ello; todos inmediatamente concluyen que la actuación o el pensamiento de esa persona está políticamente motivado. En otras palabras, hemos llegado al punto de “ver” el “fan-tasma de la política” en todo cuanto hacen y dicen nuestros conciudadanos.

Ante esta deplorable situación los tribunales de justicia tienen, hoy más que nunca, el deber ineludible de mantener su ecuanimidad y serenidad para así poder tratar de po-nerle coto a esta “histeria” que está afectando todo lo que nos rodea. Con ello en mente, examinemos la opinión emi-tida por la mayoría de este Tribunal en el presente caso.

Este Tribunal, aplicando retroactivamente dos de sus decisiones, determina que el señor Secretario del Departa-mento de la Vivienda de Puerto Rico incurrió —en el proceso de cesantear un grupo de empleados de dicho Departamento por falta de fondos— en dos supuestas viola-ciones a la Ley de Personal y, utilizando entonces como “base” dicha determinación, concluye que hubo discrimen político en las referidas cesantías.

Al así hacerlo, la opinión de la mayoría —basada en una escueta y no probada alegación de discrimen político de unos empleados— hace virtualmente imposible el que en Puerto Rico un jefe de agencia, en el desempeño responsa-ble de su cargo, pueda reducir su personal no importa las razones válidas que tenga para ello y la prueba que aporte para sustanciar las mismas.

Antes de entrar propiamente en materia, debe quedar claro que jamás permitiremos, en el descargo de nuestras responsabilidades, que un empleado público eficiente y responsable pierda su trabajo debido única y exclusiva-mente a su preferencia y/o ideología política. Para esa clase de acción despreciable no debe haber cabida en nuestro Puerto Rico; la misma merece el más completo, total y con-tinuo repudio.

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin embargo, no puede garantizarle a todo el mundo, todo el tiempo, un trabajo. No podemos sustraernos al hecho de que, a pesar de que nuestros mejores deseos son que toda persona tenga un empleo, las realidades económicas de nuestro país en ocasiones imponen a los jefes y administradores de las distintas agencias del gobierno de Puerto Rico, en el des-cargo responsable de sus deberes, la triste y desagradable obligación de tener que cesantear empleados.

Cuando esas cesantías ocurren, como bien se dijo en Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972), y los afectados por ellas cuestionan las razones detrás de las mismas, los tribunales de justicia tenemos el deber y la obligación de escudriñar la prueba en busca de posibles dis-crímenes, sean estos cuales fueren.

Ello no significa, sin embargo, que la “flaca y descar-nada” alegación de que “me despidieron debido a discrimen político” sea suficiente, por sí sola, para derrotar la acción responsable y honesta —respaldada con prueba al efecto— de un jefe de agencia que, por falta de trabajo o de fondos, se ve obligado a cesantear a empleados que de otra forma no hubiera despedido. Dicho sea de paso, tampoco podemos permitir que ese “grito de discrimen político” se convierta en defensa absoluta del empleado que es cesanteado debido a incompetencia o hábitos indeseables en su trabajo.

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Los hechos que dan lugar al presente recurso se originan alrededor del mes de mayo de 1978. Debido a una alegada crisis fiscal por la cual estaba atravesando la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.), el ingeniero Jorge A. Pierluisi, Secretario del Departamento de la Vi-vienda de Puerto Rico, entendió que se hacía imperativa una reducción de personal en la C.R.U.V., y determinó lle-varla a cabo utilizando el criterio de antigüedad. A esos efectos solicitó la aprobación correspondiente de la Oficina Central de Administración de Personal, petición que fue aprobada por el referido organismo administrativo.

Para mayo de 1978 la Ley de Personal del Servicio Público —Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975— por medio de su See. 4.6 (3 L.P.R.A. sec. 1336) permitía separar del servicio público a cualquier empleado, sin que ello se entendiera como destitución, debido a la eliminación de puestos por falta de trabajo o de fondos y permitía, además, la utilización, entre otros, del factor de antigüedad como base para la separación del servicio. Por su parte, el Reglamento de Personal, en su Sec. 9.3(l)(a), requiere que el método que sea adoptado —sea éste el de eficiencia o de antigüedad— se ponga “en conocimiento de los empleados”. En su Sec. 9.3(l)(e), requiere que se le dé al empleado a ser cesanteado notificación “con no menos de treinta (30) días de antelación a la fecha en que habrá de quedar cesante” y que se le informe a éste de su “derecho de apelación ante la Junta”; y dispone en su Sec. 9.3(l)(f) que “[njinguna cesantía de empleados será efectiva a menos que se cumpla con el requisito de notificación en la forma aquí establecida”. Por último, tenemos que la Sec. 5.18 de la referida Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. sec. 1358, disponía para mayo de 1978, en lo pertinente, que “[l]os empleados regulares que renuncien a sus puestos o sean cesanteados por eliminación de puestos, tendrán derecho a que sus nom-bres se incluyan en el registro de elegibles correspondiente a la clase de puesto que ocupaban”. (Énfasis suplido.)

Al recibir la mencionada aprobación de la Oficina Central de Administración de Personal, el ingeniero Pierluisi procedió a enviarle a los empleados afectados una carta con fecha del 2 de mayo de 1978, la cual, en lo pertinente, dice así:

Como es de conocimiento general, el Departamento de la Vivienda ha tenido que enfrentarse a la problemática de una reorganización estructural y funcional para poder rendir un más ágil y eficiente servicio a la familia puertorriqueña. Las razones que motivan esta reorganización son las siguientes:
(1) Ajustarnos a lo estipulado en la Ley 97, que creó el Departamento de la Vivienda, aunando metas y propó-sitos para atacar el problema de vivienda en este país.
(2) Integrar los servicios Legales de Personal, Gerencia, Finanzas, Planificación, Presupuesto y Recursos Ex-ternos, para que las Agencias dentro del Departamento de la Vivienda: (CRUV, APS, Banco) puedan dedicarse por entero a hacer obra por la ciudadanía.
(3) Salvar a CRUV de una crisis fiscal tan precaria que podría llevar a la quiebra a la Agencia, y por ende afec-tar adversamente el Programa de Vivienda de Puerto Rico.
Desafortunadamente, su puesto quedó fuera de presupuesto en la reorganización, y todos los funcionarios de carrera, que en igualdad de condiciones tenían su misma clasificación y sueldo los pusimos a competir en su programa de trabajo, a tono con un estudio de antigüedad cuidadosamente realizado, según lo estipulado en la Sección 9.3 de la Ley de Personal Núm. 5. En dicha competencia, usted resultó ser el más joven en cuanto a años de servicio en el Servicio Público, además de ser infructuosos nuestros esfuerzos por relocalizarlo dentro de nuestros dos programas no afectados por la reorganización. Administración de Programas Sociales (Areas Operacionales) y Administración de Viviendas. Intentamos también sin éxito inmediato de relocalizarlo en otra Agencia Gubernamental.
Ante esta situación, efectivo 3 de mayo de 1978 usted comenzará a disfrutar de sus vacaciones regulares las que finalizarán [e]l 2 de junio de 1978, fecha en que cesará en sus funciones en el Departamento de la Vivienda. El balance res-tante de vacaciones regulares le será pagado en efectivo.
Usted tiene derecho a apelar ante la Junta de Apelaciones de la Oficina Central de Personal, dentro de los próximos 30 días a partir del recibo de esta comunicación. (Énfasis nues-tro.)

Como vemos, en dicha carta se informa a los empleados de la crisis fiscal de la agencia y: 1- se le dan 30 días de notificación; 2- se le informa que se va a utilizar en las cesantías el método de antigüedad; y 3- se le apercibe e informa de su derecho de apelación. En otras palabras, el ingeniero Pierluisi cumplió con los tres requisitos que le imponían las secciones antes citadas de la Ley de Personal y su Reglamento a la fecha de la carta: 2 de mayo de 1978.

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Cuestionadas dichas cesantías por los empleados afecta-dos, el asunto llegó finalmente a los tribunales mediante la radicación, por parte de éstos, de una demanda de injunction —en donde, entre otras alegaciones, se hizo la de des-pido debido a discrimen político— y finalmente se cele-braron las correspondientes vistas durante los días 10, 11 y 12 del mes de junio de 1980 ante el Hon. José A. Torres Caraballo, Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, durante el transcurso de las cuales ambas partes presentaron tanto prueba testifical como documen-tal.

Con fecha del 21 de septiembre de 1981 el referido tribunal dictó una extensa y bien razonada sentencia, me-diante la cual —con excepción de uno de los empleados demandantes— declaró sin lugar la demanda radicada por éstos. La sentencia dictada constituye la mejor prueba de que el tribunal de instancia hizo un esfuerzo extraordinario por escudriñar la prueba presentada por las partes, con el propósito de hacer justicia. Inclusive, como dijimos ante-riormente, el tribunal ordenó la reposición de uno de los empleados cesanteados, no por razón de que el despido hubiera obedecido a motivos políticos, sino porque el despido, en opinión de dicho tribunal, fue “innecesario y arbitrario”.

Determinó el Hon. José A. Torres Caraballo, en síntesis y en lo pertinente: 1- que en la gran mayoría de los casos, a pesar de que los empleados eran o “populares” o “indepen-dentistas”, la preferencia e ideología política de los mismos no era conocida en su trabajo, por cuanto —en palabras de los propios empleados— dicha preferencia o ideología “la expresaba únicamente a través del voto” el día de las elec-ciones, “la guarda en su corazón”, “nunca la manifiesta en su trabajo”, o “la manifestaba sólo a quien le preguntafra]; 2- que dichos empleados no fueron sustituidos; y 3- que los empleados demandantes en ningún momento refutaron la prueba presentada por la agencia sobre la crisis fiscal por la cual atravesaba y que la obligó a cesantear a los emplea-dos.

Demostrando un extraordinario buen juicio, expresó el tribunal de instancia —a la página 16 de su sentencia— que:

Según se determina en Báez Cancel v. [Alcalde Mun. de Guaynabo] (100 D.P.R. 982) en relación al despido de unos empleados municipales irregulares, en ausencia de un motivo racional que justifique el despido de empleados de clara iden-tificación político-partidista y su sustitución por otros de dife-rente afiliación política que resulta ser la misma de quien los despide, surge una presunción de discrimen por motivo de ideas políticas que este funcionario viene obligado a refutar. Se señala que tal situación impone a los Tribunales la obli-gación de escudriñar la prueba para asegurarse de que ver-daderamente no hay discrimen en la actuación de la auto-ridad nominadora.
Entendemos que cuando existe tal motivo racional o razón válida para sostener la acción de la autoridad nominadora, bajo la misma lógica, deben estudiarse con cuidado las alega-ciones de discrimen político. En el caso ante nuestra conside-ración la existencia de una crisis fiscal en el Departamento de la Vivienda señalados [sic\ por la parte demandada como fundamento para la reorganización llevada a cabo en éste, no fue rebatida. (Énfasis suplido.)

V

No empece a que no puede aplicarse a los hechos del pre-sente caso —por las razones correctamente expresadas a esos efectos por el tribunal de instancia— la presunción de discrimen político que establece el caso de Báez Cancel, supra, la opinión de la mayoría de este Tribunal, errónea-mente a nuestro juicio, llega a la conclusión de que efecti-vamente hubo discrimen político en los despidos aquí en controversia, a base de que determina —citando dos decisio-nes de este Tribunal emitidas con posterioridad al 2 de mayo de 1978 — que la agencia violó el debido proceso de ley respecto a los empleados porque: 1- no les notificó del plan de cesantías, y 2- no los incluyó en el registro de elegi-bles.

A- En cuanto a la primera supuesta violación, es impor-tante que recordemos que la anteriormente citada See. 9.3(l)(a) del Reglamento de la Ley de Personal habla de la notificación del método, no del plan; y lo uno no es sinónimo de lo otro. Hay una gran diferencia en cuanto a venir obli-gado a notificar el “método de cesantías a utilizarse” y venir obligado a notificar el “plan de cesantías a utilizarse”; el primero se refiere al “criterio”, el segundo incluye el “detalle”.

Es correcto que en García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978), —caso en que la agencia envuelta no informó a los empleados cesanteados de su derecho a ape-lar ante la Junta de Personal— este Tribunal resolvió que el procedimiento era de “estricto cumplimiento”.

Igualmente es correcto que este Tribunal en Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822 (1982), en un acto de interpretación judicial, resolvió que aun cuando la Ley habla de “método” debe entenderse “plan”; por lo que la agencia administrativa viene obligada a notificar a los empleados despedidos el plan de cesantías.

Sin embargo, eso no lo sabía el ingeniero Pierluisi para el 2 de mayo de 1978. Éste tenía la obligación de obedecer la Ley tal y como la misma leía entonces; el ingeniero Pier-luisi, sin embargo, no tenía la obligación de ser adivino. No cuestionamos la sabiduría de lo resuelto en dichos casos; sólo objetamos la aplicación retroactiva de ellos.

B- En cuanto a la segunda supuesta violación del debido proceso de ley —al no incluir motu proprio la agencia a los empleados cesanteados en el registro de elegibles— debe-mos recordar que la antes citada Sec. 5.18 de la Ley de Personal lo que disponía para el 2 de mayo de 1978 era que los empleados que hubieren sido cesanteados por eliminación de puestos “tendrán derecho” a que sus nombres se incluyan en el registro de elegibles. La opinión de la mayoría resuelve, en el día de hoy, que los empleados no tienen que solicitarlo, sino que la agencia viene obligada a hacerlo motu proprio.

Aparte de que se aplica a esta situación el argumento antes esgrimido sobre la no retroactividad de la interpre-tación judicial que de un estatuto pueda hacer este Tribunal, tenemos que, como dijimos en el escolio (1), la referida Sec. 5.18 fue enmendada por nuestra Legislatura en el 1979. Se le adicionó a dicha Sec. 5.18 los incisos 6 y 7. El inciso 6 dispone que:

(6) La solicitud a reingreso deberá radicarse en cualquier tiempo durante el período de cinco años siguientes a la fecha de separación; Disponiéndose que la anterior no le será de aplicación a la situación prevista en el inciso dos (2) de esta sección, en cuyo caso se ejercerá el derecho en cualquier momento. (Énfasis nuestro.)

Ello es prueba irrefutable de que la intención legislativa fue lo contrario a lo que expresa la opinión de la mayoría: el empleado, una vez cesanteado, tiene que solicitar su rein-greso; la agencia no viene en la obligación de, motu proprio, incluirlo en las listas de elegibles.

En resumen, la opinión del Tribunal en efecto determina que un jefe de agencia violó el debido proceso de ley respecto a unos empleados que cesanteó el 2 de mayo de 1978, a base de unas interpretaciones de un estatuto que hace este Tribunal el 17 de mayo de 1982 —cuando decidió el caso de Pizarro, supra— y en el día de hoy, cuando resuelve el presente caso. Ello no creemos que sea ni justo ni razonable.

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Todavía más inaceptable, sin embargo, es el hecho de que, utilizando como base la determinación de que la agen-cia “incurrió en dos supuestas violaciones” del debido proceso de ley —cuya determinación, cuando menos, es de dudosa validez— y aduciendo que ello “guarda íntima relación con la tesis de que las [cesantías] obedecieron a motivos discriminatorios”, y que “la pauta tiende a sostener la existencia de tal discrimen sofisticadamente encubierto”, se concluye que efectivamente hubo discrimen político en las cesantías decretadas.

VII

Resumiendo. Se trata de un caso en que una agencia del Gobierno de Puerto Rico, debido a una crisis económica por la cual está atravesando, resuelve decretar unas cesantías. Realiza un esfuerzo genuino para cumplir con la Ley tal y como ésta se conocía al momento de las cesantías. No susti-tuye los empleados cesanteados, cuya ideología política des-conoce. Al ser cuestionada su acción, presenta prueba —que no es refutada— de la crisis económica. Con la mera ale-gación de discrimen político por parte de los empleados, este Tribunal —descartando la decisión de un juez de instancia que hizo un esfuerzo honesto por escudriñar una prueba y hacer justicia, y aplicando retroactivamente dos de sus decisiones— determina que la agencia en controversia ha empleado una “rutina más sofisticada” para violar la Ley de Personal y en virtud de ello deja sin efecto la actuación responsable de una agencia administrativa.

¿Se necesita decir algo más al respecto?

       R-73-188, H. Pintado v. Aponte Borrero, Alcalde de Bayamón; R-75-74, De Jesús v. Fernández Corujo, Alcalde de Carolina; Plaza v. Municipio de Adjuntas, 104 D.P.R. 905 (1976); Delbrey v. Municipio de Carolina, 111 D.P.R. 492 (1981); Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822 (1982); R-80-46, Estrada de Irizarry y Pérez Varela v. Depto. de Servicios Sociales; R-80-104, Nieves Román v. Acevedo Moreno et al.; R-80-178, Méndez Pérez et al. v. Municipio de Moca; O-80-255, Marrero v. Municipio de Toa Baja; R-80-439, Muñoz Santori v. Depto. de Servicios Sociales; R-80-560, Muñoz Méndez et al. v. Depto. de Servicios Sociales; Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982); Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982); R-82-47, Cortés y otros v. A. González Pérez, Alcalde de Aguadilla; R-82-268, Romero Pérez v. A. González Pérez, Alcalde de Aguadilla; O-82-458, Cortés Rodríguez v. Municipio de dales; O-82-460, Barletta Blasini v. A. González Pérez, Alcalde de Aguadilla; R-82-267, Juan Sosa Nieves v. Alcalde de Aguadilla.

       El codemandante Efrén Ortiz Sierra prevaleció en instancia.

       Señalan los siguientes errores:
      “1. Erró el Tribunal Sentenciador al determinar como Cuestión de Hecho que el Plan de Cesantías del Departamento de la Vivienda en este caso fue sometido a la Oficina Central de Administración de Personal (OCAP); aprobado por su director y coincidiendo el mismo con la nueva estructura aprobada por el Negociado de Presupuesto. (Véase Determinación de Hechos Número 5 de la Sentencia en el caso objeto de esta Petición.)
      “2. Erró el Tribunal Sentenciador al concluir que las cesantías decretadas contra los aquí Recurrentes, se efectuaron conforme a derecho.
      “3. Erró el Tribunal Sentenciador al concluir que en el presente caso se siguió el procedimiento estatutario para el despido, en su aspecto ‘fundamental’ [síc].
      “4. Erró el Tribunal Sentenciador al concluir que el despido no obedeció a razones político partidista y sí a razones económicas.
      “5. Erró el Tribunal Sentenciador al concluir que los demandados no susti-tuyeron a los demandantes con personas bajo el Plan CETA.
      “6. Erró el Tribunal Sentenciador al concluir que el demandante Recurrente, Oscar Olivieri Morales, no fue sustituido o reemplazado por otras personas empleadas bajo el Plan CETA.
      “7. Erró el Tribunal Sentenciador al aplicar estrictamente el criterio de ‘sus-titución’ en Báez Cancel v. Rivera Pérez, 100 D.P.R. 982, a los Recurrentes Olivieri Morales, Díaz Monge, Torres Cintrón, Rodríguez Guzmán y Ramos Rodríguez.
      “8. Erró el Tribunal Sentenciador al no concluir que correspondía en el caso de José Torres Cintrón, su reposición al igual que la ordenó en el caso de Efrén Ortiz Sierra.
      “9. Erró el Tribunal Sentenciador al concluir que la inclusión en el Registro de Elegibles de los empleados cesanteados [sic] requiere acción por parte de éstos, solicitando [sic] se les incluya en los registros correspondientes a la clase de pues-tos que ocupaban.”

       Enmendada el 17 de julio de 1979 mediante la Ley Núm. 114.

       Promulgado el 16 de octubre de 1968 al amparo de las Leyes Núms. 126 del 6 de mayo de 1938 y 88 del 22 de junio de 1957, según enmendadas.

       Promulgado el 13 de junio de 1978 bajo las disposiciones de las Sees. 5.7 y 5.13 de la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975.

      En ausencia de norma aplicable a los hechos hoy en controversia, nos gobernamos por el Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, debido a que éste define el principio de mérito en las áreas que le son consustanciales e indispensables. Contiene el diseño de la estructura administra-tiva en la cual ha de asentarse y crecer el sistema de administración de personal para todo el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, inclusive sus corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios. Véase el Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, 1976, pág. 2.

      Por vía de ejemplo, Oscar Olivieri se desempeñaba en la División de Desembolsos de la CRUV como Oficinista IV al momento de ser cesanteado, había acumulado 20 años en el servicio público y fue sustituido por empleados irregu-lares reclutados bajo el Plan CETA. Se retuvo a empleados regulares con su misma clasificación pero de menos antigüedad en el trabajo. Pertenece al Partido Popular Democrático y participaba en actividades de dicho partido durante su tiempo libre. Trabajó en la Policía de Puerto Rico y, como parte de sus funciones, se desempeñó como escolta del entonces Gobernador Muñoz Marín. Eddie Suárez Delgado era Delineante III desde el 1970. Recibió beca para estudios, de la Agen-cia. Obtuvo el grado de Agrimensor y aprobó la reválida. Luego de solicitar un puesto de agrimensor fue cesanteado, debido a su afiliación al movimiento inde-pendentista del país, hecho conocido, y por ser miembro de la Hermandad de Empleados de la CRUV. Félix Ramos Rodríguez trabajó en el servicio público por espacio de 11 años hasta que su plaza fue eliminada. No se le brindó oportunidad de retención mediante descenso o traslado. Ocupaba un puesto de Calculista III. Era miembro de la Hermandad de Empleados y creyente de la ideología de la independencia. Dolores Rodríguez y Wilfredo Ramos Colón. La señora Rodríguez fue reemplazada con personal irregular adscrito al Plan CETA y se desempeñaba como Operadora I de Máquina Duplicadora. El señor Ramos Colón fue Delineante III por diez (10) años. Fue eliminado de su puesto por alegadamente no ser imprescindible, cuando de hecho se encontraba trabajando activamente en el diseño del Proyecto de La Puntilla en el Viejo San Juan, el cual, para esa fecha, no había sido terminado.

       Dicha sección de la ley fue enmendada en 1979 para añadirle dos incisos, uno de los cuales, el número 6, dispone que “la solicitud [de] reingreso deberá radicarse en cualquier tiempo durante el período de cinco años siguientes a la fecha de separación ...”.

      En algún que otro caso, el empleado fue “sustituido” por empleados paga-dos con fondos federales bajo el Plan CETA (Comprehensive Employment and Training Act), lo que no constituyó erogación alguna de los fondos de la agencia propiamente, por cuanto dichos empleados, como se sabe, son pagados con fondos federales.

        García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53, fue resuelto el 27 de noviembre de 1978 y Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822, fue resuelto el 17 de mayo de 1982.