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text:
    Corp. of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, demandantes y peticionarios, v. Jaime L. Purcell, Huyke Colón & Olabarrieta, Inc. y Otros, demandados y recurrido el primero.

      Número: CE-85-506

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      Pedro J. Córdova, abogado de los peticionarios; Athos R. Castro Cros, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

AI sobrevenir la ruina, por graves defectos estructurales, de la capilla que la Iglesia demandante hizo construir por los arquitectos Huyke & Olabarrieta y el contratista Purcell, aquella instó acción decenal contra éstos fundada en el Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124. Después de un somero descubrimiento de prueba que incluyó el intercambio de informes periciales, el codemandado contratista Purcell solicitó sentencia sumaria desestimatoria de la demanda. Basó su solicitud en que los informes periciales que acompañó con la moción indicaban que la ruina del edificio se debió a “movimientos o desplazamientos del terreno en el área del edi-ficio, los cuales pueden atribuirse a la presencia en el área del edificio de suelos con características expansivas, [los cuales] experimentan cambios volumétricos como consecuencia de alteraciones en su contenido de humedad asociados con perío-dos de lluvia y sequía”. También acompañó con la moción una declaración jurada suya en la cual aseveró que “no tenía cono-cimiento alguno, ni existía razón alguna para que lo tuviere, de las condiciones del subsuelo en que se construyó el edificio”.

Basándose en la moción de sentencia sumaria y los docu-mentos que la acompañaron, la sala de instancia concluyó que en efecto la causa primordial de los vicios fue la condición del suelo; que el contratista codemandado Purcell no tenía cono-cimiento de esto, ni existía razón alguna para que lo tuviera, y que los daños “comenzaron a surgir y a apreciarse después de haberse terminado y aceptado la construcción”. Fijó res-ponsabilidad exclusiva en el arquitecto y desestimó la de-manda en cuanto al contratista.

Recurrió ante nos la corporación dueña de la obra y re-querimos del contratista codemandado Purcell mostrar causa por la que no debe revocarse la sentencia sumaria parcial dictada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos. El contratista codemandado ha comparecido, su comparecen-cia no nos persuade. Al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, procedemos a resolver según lo intimado.

I

Normas generales aplicables a la sentencia sumaria — Regla 36 ( )

La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.3),() dispone que el tribunal podrá dictar sentencia sumaria “si las alegaciones, . . . [deposicio-nes] , contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, demos-traren que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria. . . . Dicha sentencia podrá dic-tarse a favor o en contra de cualquier parte en el pleito”.

La sentencia sumaria tiene como propósito aligerar la tramitación de un caso permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de que se tenga que celebrar la vista en los méritos, cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan con la solicitud surge que “no existe una legítima disputa de hecho a ser dirimida, . . . sólo resta aplicar el derecho”, Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 392 (1963); Despiáu v. Pérez, 76 D.P.R. 123 (1954) y “no se ponen en peligro o se lesionan los intereses de las partes”. Philip Morris, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 207, 216 (1975). Cuando exista duda sobre la existencia de una controversia ésta debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria. Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827, 832 (1964); Roth v. Lugo, supra. La sentencia sumaria es un remedio extraordinario que sólo debe ser concedido cuando el promovente ha establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de las alegaciones que no hayan sido refutadas por la evidencia presentada con la moción. Mandel v. United States, 719 F.2d 963, 965 (8vo Cir. 1983); Portis v. Folk Const. Co., Inc., 694 F.2d 520, 522 (8vo Cir. 1982); Everhart v. Drake Management, Inc., 627 F.2d 686, 690 (5to Cir. 1980); Roth v. Lugo, supra, pág. 397; 10A Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure Secs. 2725 y 2727 (2da ed. 1983). La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos per-tinentes. Roth v. Lugo, supra, pág. 397. Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y con-tradocumentos que pongan en controversia los hechos presen-tados por el promovente. Si se cruza de brazos corre el riesgo de que le dicten sentencia en su contra sin la celebración de un juicio en su fondo. Sin embargo, el solo hecho de no ha-berse opuesto con evidencia que controvierta la presentada por el promovente no implica que necesariamente proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su favor. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983); Wright, Miller & Kane, op. cit., Sec. 2739; J. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, Cap. V.

Todos los hechos presentados en los documentos que acompañen la moción deben verse de la forma más favorable para la parte que se opone a la moción, concediendo a esta parte el beneficio de toda inferencia que razonablemente se pueda derivar de ellos. Portis v. Folk Const. Co. Inc., supra, pág. 522; Howard v. Russell Stover Candies, Inc., 649 F.2d 620, 623 (8vo Cir. 1981); Jorge v. Universidad Interamericana, 109 D.P.R. 505 (1980); Cuevas Segarra, op. cit, pág. 188. A los fines de considerar una moción de sentencia sumaria hay que presumir ciertos todos los hechos no controvertidos que se hacen constar en los documentos y declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la moción. Municipio v. Tribl. Superior, 78 D.P.R. 816, 821 (1955). Sin embargo, debe tenerse presente que en un procedimiento de sen-* tencia sumaria las declaraciones juradas que contienen sólo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para de-mostrar la existencia de lo que allí se concluye. Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 36.5); () Roslindale Co-op Bank v. Greenwald, 638 F.2d 258, 261 (1er Cir. 1981); MAPCO Inc. v. Carter, 573 F.2d 1268, 1282 (Temp. Emer. Ct. App. 1978); United States v. W. H. Hodges & Co., Inc., 533 F.2d 276, 278 (5to Cir. 1976); Broadway v. City of Montgomery Alabama, 530 F.2d 657, 658 (5to Cir. 1976); Benton-Volvo-Metairie, Inc. v. Volvo Southwest, Inc., 479 F.2d 135, 139 (5to Cir. 1973); Bsharah v. Eltra Corp., 394 F.2d 502, 503 (6to Cir. 1968); Woods v. Allied Concord Financial Corporation (Del.), 373 F.2d 733 (5to Cir. 1967).

Una vez sometida una moción desestimatoria de sentencia sumaria y su oposición, el tribunal debe analizar todos los documentos que acompañan ambas mociones y determinar no sólo si el oponente controvirtió algún hecho material, sino también si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documen-tos que se acompañan. Si el tribunal determina que algún hecho material ha sido controvertido por la parte opositora o que hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, debe denegar la solicitud. Bajo estas circuns-tancias existe una genuina controversia de hechos y la sen-tencia sumaria no procede. Municipio v. Tribl. Superior, supra, pág. 822. Tampoco puede dictarse sentencia sumaria cuando de los propios documentos que se acompañan con la moción surge una controversia real sobre algún hecho material, Morales v. Junta Exam, de Ing., 99 D.P.R. 84, 90 (1970), o cuando como cuestión de derecho no procede. Regla 36.3, id.

El tribunal sólo debe dictar sentencia sumaria cuando lo estime necesario. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 36.4. En el sano ejercicio de esta discreción no debe resolver sumariamente casos complejos o casos que envuelven cuestiones de interés público. Kennedy v. Silas Mason Co., 334 U.S. 249 (1948); Eccles v. Peoples Bank, 333 U.S. 426 (1948); Wright, Miller & Kane, op. cit., Sec. 2732.

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Responsabilidad del contratista bajo él Art. 1483 del Codigo Civil

En Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R. 511 (1985), quedó resuelto por este Tribunal que el Art. 1483, id., establece una presunción juris tantum de culpa por parte de los constructores y arquitectos cuando ocurre la ruina de un edificio por vicios de construcción o del suelo. Esta presunción resulta beneficiosa para el propietario porque sólo tiene que probar que la misma ha tenido lugar por vicio del suelo o de la dirección si quiere dirigir su reclamación contra el arquitecto, o por vicios de construcción o incumplimiento de las condiciones del contrato si va a establecer su acción contra el contratista. También hicimos claro en Roselló Cruz v. García, supra, pág. 519, que “[p]ara librarse de responsabilidad el contratista, si se trata de vicios de la construcción, o el ar-quitecto, si se trata de vicios del suelo, [tiene la obligación de] probar mediante preponderancia de prueba que [la ruina] no se deb [e] a su intervención, sino que se trata de un caso de fuerza mayor, totalmente imprevisible e inevitable en los co-nocimientos y medios técnicos de la profesión”.

Hay situaciones, sin embargo, en donde no es posible concretar a priori la causa de la ruina y la responsabilidad, o se dan “conjunciones” en su origen. Ante estos casos la jurisprudencia española ha admitido la solidaridad en orden a sostener la presunción de culpabilidad de arquitectos y constructores. () J. Herrera Catena, Responsabilidades en la Construcción, Granada, Ed. Gráficas del Sur, 1977, Vol. 2, pág. 131; J. Cadarso Palau, La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, pág. 309. A ellos les corresponde demostrar que no ocurrió la ruina por causa a él imputable (esto es, el contratista, por ejemplo, deberá demostrar que sucedió por causa imputable al arquitecto).

No obstante, lo cierto es que el deslinde de los conceptos de vicios del suelo, dirección y construcción no es nada fácil, V. Torralba Soriano, Los vicios del suelo: reflexiones sobre el artículo 1.591 del Código Civil, 23 An. Der. Civ. 123 (1970), y la dificultad de hacer una determinación a priori de las causas y responsabilidades de los daños “va estrechamente ligada a la ‘íntima trabazón’ entre las funcio-nes técnicas y las constructivas”. Herrera Catena, op. cit., pág. 134. Aún más, existen algunos supuestos en los cuales es posible que el constructor responda por vicios que pertenecen a la esfera de responsabilidad del arquitecto.() Situaciones como las siguientes pueden provocar que a causa de la con-ducta del contratista, hechos definidos como “vicios del suelo” queden bajo su responsabilidad: cuando el constructor conocía de los vicios del suelo y no se lo manifestó al arquitecto; se-guir construyendo cuando le constaba que el arquitecto no los había subsanado, o cuando se trata de vicios del suelo grose-ros, esto es, defectos que el contratista tenía el deber de cono-cer porque entran dentro de lo exigible a cualquier profesional de la construcción. ()

El Derecho francés también se ha planteado otra situación; el problema de la responsabilidad por razón de vicios de construcción y su posible imputación al arquitecto. Véase a Herrera Catena, op. cit., págs. 202-203 (citando a Bricmont, La Responsabilité des Architectes et Entrepreneurs en Droit Beige et en Droit Franeáis). En la jurisprudencia española se ha suscitado igual problema. Torralba Soriano, op. cit., pág. 129 n. 14.

De todo lo anteriormente expuesto se puede colegir que la fijación de cuál ha sido la causa de la ruina y quién es respon-sable puede resultar difícil por tratarse de hechos y conceptos altamente técnicos y complejos, usualmente entrelazados entre sí.

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Aplicación de la norma de sentencia sumaria a la luz de lo dis-puesto en el Art. 14.83 del Código Civil

Si enjuiciamos la sentencia sumaria dictada en este caso a la luz de las normas procesales y de derecho sustantivo antes enunciadas, la sala sentenciadora no debió haberla dictado. Para sostener su moción de sentencia sumaria desestimatoria el contratista codemandado Purcell acompañó los informes de varios peritos y su propia declaración jurada. La parte demandante se opuso oportunamente a la moción de sentencia sumaria. Sin embargo, al así hacerlo descansó en simples alegaciones, no acompañó evidencia, documentos o contradeclaraciones juradas, para controvertir la evidencia presentada por el codemandado Purcell. Regla 36.5, supra; Flores v. Municipio de Caguas, supra. Las alegaciones por sí solas no suscitan ninguna controversia de hechos. Sánchez v. De Choudens, 76D.P.R. 1, 7 (1954).

Un cuidadoso estudio y análisis de los documentos some-tidos con la moción refleja que de ellos no se puede inferir que la causa de los daños o la ruina de la iglesia fue los defectos del suelo; tampoco surge que no existan circunstancias en las que se le pueda atribuir al codemandado contratista Purcell responsabilidad por la ruina. Aunque se pudiese concluir que la ruina se debió sólo a los defectos de suelo, de los informes periciales no surgen las razones por las cuales el contratista Purcell no debió haber conocido de éstos, o que no debió haber tomado medidas para evitar los daños. Sobre esta controver-sia el tribunal sólo tuvo ante sí la declaración jurada del pro-pio codemandado Purcell, que contenía únicamente una aseve-ración conclusiva carente de hechos específicos en los cuales apoyarse. Esta declaración carece de valor probatorio. Bajo estas circunstancias no se puede sostener la procedencia de una moción de sentencia sumaria desestimatoria de la acción contra el codemandado contratista Purcell. Tenemos que con-cluir que el tribunal no tenía toda la verdad, sobre los hechos pertinentes ante sí para poder llegar a una determinación sobre la causa de la ruina y la negligencia en este caso.

Por ser la responsabilidad del contratista y del arquitecto de orden público, cuya determinación requiere el análisis detenido y minucioso de los hechos, y de complejas cuestiones técnicas, las acciones para establecer responsabilidad al amparo del Art. 1483, supra, no son el tipo de caso que de ordinario deba resolverse por sentencia sumaria, sin que las partes hayan tenido la oportunidad de presentarle al tribunal todos los hechos en una vista en los méritos. La sentencia sumaria en estos casos sólo debe proceder cuando se le demuestre al tribunal que un juicio en su fondo no es necesario, que tiene ante sí, de forma incontrovertible, toda la verdad, todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia conforme a derecho. Esta no es la situación en el caso de autos. De los documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria, informes periciales, declaración jurada, y contestación a los interrogatorios, no surgen hechos admisibles que de forma incontrovertible demuestren que la parte demandante no tenía, bajo cualesquiera de las teorías de de-recho previamente discutidas, derecho a recobrar del code-mandado contratista Purcell al amparo del Art. 1483 del Código Civil, supra.

El sistema de atribución de responsabilidad sobre el constructor y el arquitecto se basa en la existencia de culpa o negligencia, a pesar de que el resultado no se manifieste de inmediato, sino dentro del término de diez (10) años que fija el Art. 1483, supra. En este sentido se ha manifestado la generalidad de la doctrina. Torralba Soriano, op. cit., pág. 136; G. García Cantero, La responsabilidad por ruina de los edificios ex Art. 1.591 del Código Civil, 16 An. Der. Civ. 1053, 1104-1105 (1963). Sin embargo, la exigencia de la prueba de la culpa, cuya carga según las normas generales de responsabilidad extracontractual correspondería al actor, está mitigada por la presunción de culpabilidad del contratista y arquitecto que establece el Art. 1483, supra. Esta presunción juris tantum se basa en el interés público que inspira la norma del precitado artículo y en la dificultad de la prueba si el perjudicado tuviese el peso de la prueba de la culpa del autor del daño. García Cantero, op. cit.; Torralba Soriano, op. cit., pág. 136. De acuerdo con las normas procesales anteriormente discutidas este tipo de caso, de ordinario, no debe resolverse por sentencia sumaria.

En el caso ante nos el contratista codemandado apoyó su moción de sentencia sumaria en informes periciales altamente técnicos y en una declaración jurada que contenía meras ale-gaciones conelusorias de que no conocía ni tenía por qué cono-cer las condiciones del suelo. No adujo hechos específicos para sostener estas alegaciones. Tampoco presentó prueba exclu-yente de que la ruina del edificio no se debiera, por lo menos en parte, a vicios de construcción o a acciones u omisiones de su parte. La sala de instancia al evaluar la prueba y dictar la sentencia sumaria parcial desestimatoria de la acción contra el codemandado contratista Purcell, concluyó basándose en el informe pericial de los ingenieros geotécnicos Vázquez Agrait y Vázquez Agrait que los daños sufridos por el edificio fueron causados “primordialmente por la susceptibilidad del sub-suelo para absorber o ser afectado por las lluvias”. (Traduc-ción nuestra.) () Esta conclusión obviamente no descarta la posible intervención de otras causas de la ruina, ni despeja toda controversia sobre el hecho de la responsabilidad por la negligencia. Bajo estas circunstancias no procedía la desesti-mación de la acción contra el contratista. El caso tenía que resolverse luego de un juicio plenario.

Se expide el auto, se dictará sentencia en la que se revoque la sentencia parcial recurrida y se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos compatibles con esta opi-nión.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) La Regla 36 proviene de la Regla 56 de las de Procedimiento Civil federal.

      (2) La Regla 36.3 de Procedimiento Civil dispone:
      “La moción se notificará a la parte contraria con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha señalada para la vista. Con anterioridad al día de la vista, la parte contraria podrá notificar contradeclaraciones jura-das. La sentencia solicitada se dictará inmediatamente si las alegaciones, disposiciones [deposiciones], contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Podrá dictarse sentencia sumaria de naturaleza inter-locutoria resolviendo cualquier controversia entre cualesquiera partes que sea separable de las controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse a favor o en contra de cualquier parte en el pleito.”

      (3)Dispone la Regla 36.5 que:
      “Las declaraciones juradas para sostener u oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente que el declarante está cualificado para testificar en cuanto a su contenido. Copias juradas o certificadas de todos los documentos, o de partes de los mismos a que se haga referencia en una declaración jurada, deberán unirse a lá misma o notificarse junto con ésta. El tribunal podrá permitir que las declaraciones juradas se complementen o se impugnen mediante deposiciones o declaraciones juradas adicionales. Cuando se presente una moción solici-tando que se dicte sentencia sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, la parte contraria no podrá descansar solamente en las ase-veraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que vendrá obli-gada a contestar en forma tan detallada y específica, como lo hubiere hecho la parte promovente, exponiendo aquellos hechos pertinentes a la controver-sia que demuestren que existe una controversia real que debe ser dilucidada en un juicio. De no hacerlo así, se dictará en su contra la sentencia sumaria si procediere.”

      (4) En Acevedo Hernández v. Viñas Sorbá, 111 D.P.R. 633, 638 (1981), resolvimos que “[cjuando tanto el contratista como el arquitecto han con-tribuido al vicio decenal, cuando las causas del vicio se entremezclan hasta formar un todo indivisible, cada profesional es responsable por el todo; el contratista y el arquitecto son responsables in solidum. La diferenciación entre las causas no debe pesar sobre el perjudicado. La carga de la prueba corresponde a los presuntos deudores”.

      (5) Véase The Powerlite of P.B. v. C.R.U.V., 115 D.P.R. 654 (1984). Si bien en este caso no se trataba de una acción decenal ni discutimos el alcance de la responsabilidad del contratista cuando contribuye a la ruina, hicimos una descripción de la responsabilidad del arquitecto por planos defectuosos o vicios del suelo y los deberes del contratista cuando ello ocurre.

      (6)J. Herrera Catena, Responsabilidades en la Construcción, Granada, Ed. Gráficas del Sur, 1977, Vol. 2, págs. 241-242:
      “. . . Aunque tales ‘vicios’ conciernen a la esfera de responsabilidad del Arquitecto, pudiera ocurrir que atrajeran, excepcionalmente, la del Constructor, en los siguientes supuestos: cuando los conociera y no se lo manifestara al Arquitecto; cuando continuara una construcción, constándole que el facul-tativo no los había subsanado, o en caso de vicios del suelo groseros.

      “Ciertamente, se trata de una hipótesis excepcional-, pero que estima-mos pudiera resolverse, en nuestro Ordenamiento, responsabilizando al con-tratista con base en el art. 1.258 C.c.; donde se establece que los contratos obligan ‘también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley’. Pues: ¿acaso no quedarían cla-ramente incardinadas en este precepto conductas del contratista tales como las de no manifestar al Arquitecto unos vicios que conocía o seguir cons-truyendo constándole, que éste no los había subsanado? Pero es que, ade-más, cuando la posibilidad de conocerlos entra dentro de lo exigible por la ‘lex artis’ (a cualquier profesional de la Construcción) la conducta del con-tratista puede subsumirse en el concepto ‘vicios de la construcción’, sin per-juicio de que los hechos implicaran, al mismo tiempo, ‘vicio del suelo’. En una palabra: se darían, en tales supuestos, la responsabilidad del contra-tista y del arquitecto.” (Énfasis del original y escolio omitido.) J. Sánchez Fontans, El Contrato de Construcción, Montevideo, Ed. M.B.A., 1953, T. II, págs. 339-340 n. 1.663.

      (7)A la pág. 13 del informe pericial de Vázquez Agrait & Vázquez Agrait, se dice:
      “Based on the present geotechnical evaluations it is concluded that the damages to the existing Florida Fort Lauderdale Mission at Ponce, have been brought about primarily by the susceptibility of the underlying soils to swell and shrink upon being wetted and/or dried.” (Énfasis suplido.)


text:
    Francisco Lluch et al., demandantes y peticionarios, v. España Service Station et al., demandados y recurridos.

      Número: CE-85-790

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      José R. Caquías, abogado de los peticionarios; Gladys E. Guemá-rez, de Alvaro R. Calderón, Jr., abogada del recurrido Arca-dio Romero Zambrano; Luis N. Blanco Matos, pro se.

   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

La demora y falta de diligencia en la tramitación de los asuntos a través de los tribunales ha sido y es motivo de gran preocupación para este Tribunal, pues atenta contra el principio rector que impera en todo nuestro ordenamiento procesal: que las controversias en los tribunales se solucionen de una manera justa, rápida y económica. () Regla 1 de las de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 1). Un cuidadoso examen de los autos originales de este caso re-fleja cómo, a pesar de las mejores intenciones, sin la coopera-ción y colaboración de todos los integrantes del drama judicial —las partes, los abogados y los jueces— no se puede resolver de manera efectiva el problema de la tardanza en la tramitación y solución de los casos que aqueja a nuestro sis-tema judicial.

La demanda en este caso se presentó el 2 de octubre de 1984; () inmediatamente el caso fue asignado al plan de aceleración de casos civiles implantado en el Centro Judicial de San Juan. () En menos de una semana todos los deman-dados fueron emplazados, sin embargo, dos meses más tarde sólo uno de ellos había contestado la demanda. () El 22 de enero de 1985 el Lie. Luis N. Blanco Matos, abogado de los demandantes, entregó el expediente del caso al hijo de los de-mandantes, el Sr. Francisco Lluch Vega. () La moción en que solicitaba al tribunal que aceptase su renuncia al caso fue presentada el 29 de enero. El 14 de febrero el tribunal emitió una orden para que dentro de diez (10) días el licenciado Blanco Matos informara la dirección de sus representados. El licenciado Blanco Matos nunca cumplió con esta orden. A pesar de que los demandantes tenían el expediente del caso, pasaron cuatro (4) meses antes de que su nueva represen-tación legal compareciera ante el tribunal.

El 3 de junio de 1985 la nueva representación legal de la parte demandante presentó cuatro mociones para: (1) asu-mir la representación legal; (2) solicitar que se dejara sin efecto una sanción de ciento cincuenta dólares ($150) que se le había impuesto por no contestar un pliego de interrogato-rios sometido por las codemandadas Texaco de Puerto Rico, Inc. (en adelante Texaco) y American International Insurance Co. (en adelante American) el 8 de mayo de 1985; (3) solicitar la sustitución del demandante Sr. Francisco Lluch por su sucesión (el demandante falleció el 4 de mayo de 1985), y (4) por último, solicitar que se le permitiera comen-zar el descubrimiento de prueba. En la moción sobre descu-brimiento de prueba los demandantes solicitaron además, que se les concediera cuarenticinco (45) días para comenzar el descubrimiento y que “se [les reservase] el derecho [a] uti-lizar otros mecanismos de descubrimiento a la luz de las con-testaciones que [obtuvieran] de los interrogatorios que [sometieran]”. Ocho (8) meses después de presentado, este caso estaba prácticamente comenzando.

Así las cosas, el 17 de junio de 1985 el tribunal emitió una orden que concedía las mociones para asumir la representa-ción legal, sustituir parte y solicitar permiso para comenzar el descubrimiento. Con respecto al relevo de la sanción el tribunal ordenó a las codemandadas Texaco y American mostrar causa dentro del término de diez (10) días “por las cuales no [debiera] acceder a la solicitud de los demandantes”. Las codemandadas no comparecieron a mostrar causa y el tribunal no resolvió esta moción.

El 29 de julio de 1985 la parte demandante envió el primer pliego de interrogatorios a los demandados. El primero de ellos en contestar, el 9 de agosto, fue el codemandado Ar-cadio Romero Zambrana. El 4 de septiembre, éste remitió a los demandantes, una serie de documentos relacionados con el interrogatorio. Antes de que las codemandadas Texaco y American contestaran su interrogatorio, y apenas seis (6) días después que la codemandada Corporación Insular de Seguros (en adelante Insular), sometiera su contestación,() el 15 de octubre de 1985, los demandantes remitieron un se-gundo pliego de interrogatorios al codemandado Romero Zam-brana. A este segundo pliego de interrogatorios, el codeman-dado Romero Zambrana se opuso alegando simplemente que la parte demandante lo había presentado fuera del término establecido por la Regla 23.4 y que no había justificado la tardanza ni solicitado permiso para hacer el descubrimiento en esta etapa. En la moción no hizo mención de que el tribunal, en su orden de 17 de junio de 1985, había autorizado a los demandados a utilizar el descubrimiento de prueba a la luz de las contestaciones que se le remitieran. El 30 de octu-bre de 1985, antes de que transcurrieran los diez (10) días que concede la Regla 8.4(a) de las de Procedimiento Civil de 1979 () (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 8.4(a)), para oponerse a una moción, el tribunal emitió una orden que declaraba con lugar la solicitud del codemandado Romero Zambrana.

El 22 de octubre de 1985 el tribunal concedió permiso para presentar demanda enmendada, la cual fue presentada ese mismo día. Las codemandadas Texaco y American contesta-ron esta demanda el 31 de enero de 1986 y los codemandados Romero Zambrana e Insular el 20 de febrero de 1986.

Luego de una serie de mociones y órdenes relacionadas con el interrogatorio sometido el 28 de enero de 1985 a los de-mandantes, exactamente nueve (9) meses después de haber sido sometido y casi cinco (5) meses después de haber comen-zado la pugna sobre su contestación, el 28 de octubre de 1985, los demandantes informaron haberlos contestado y solicitaron la eliminación de la sanción económica de mil dólares ($1,000) que se les había impuesto. () En su orden de 30 de octubre de 1985 el tribunal redujo la sanción a doscientos dólares ($200), relevó al codemandado Romero Zambrana de tener que con-testar el segundo pliego de interrogatorios que le sometieron los demandantes y no permitió la continuación del descubri-miento de prueba por parte de los demandantes en cuanto al codemandado Romero Zambrana. Es de esta orden que los de-mandantes recurren ante este Tribunal, mediante auto de certiorari. Con fecha 30 de diciembre de 1985 emitimos dos resoluciones para mostrar causa, una dirigida a la parte re-currida para que mostrara causa por la cual no debía elimi-narse la sanción de doscientos dólares ($200) impuesta a los demandantes peticionarios y ordenar al codemandado Romero Zambrana que contestara el segundo pliego de interro-gatorios sometido por los demandantes peticionarios, y otra que ordenaba al licenciado Blanco Matos a mostrar causa “por la cual no deb [ería] ser sancionado” a base de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el Canon 20 de Ética Profe-sional, y a la luz de lo dispuesto en In re Ávila, Jr., 109 D.P.R. 440, 450 (1980); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125-126 (1975). Tanto el licenciado Blanco Ma-tos como el codemandado recurrido Romero Zambrana han comparecido y estamos en posición de resolver al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

I

El descubrimiento de prueba y el término de sesenta (60) días para concluir lo establecido en la Regla 23.U de las de Procedimiento Civil

En el caso de autos se nos brinda la oportunidad de interpretar el alcance de la Regla 23.4 de las de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 23.4), que establece el término de sesenta (60) días, contados a partir de “la contestación a la demanda, reconvención, demanda contra tercero y demanda contra coparte” para concluir las gestiones relacionadas con el descubrimiento de prueba. Esta regla es autóctona. Fue introducida a nuestro ordenamiento jurídico en 1974 mediante enmienda a la Regla 34 de las anteriores Reglas de Procedimiento Civil por la Ley Núm. 143 de 23 de julio de 1974. () La Exposición de Motivos de esta ley señaló como factores que contribuían al atraso y lentitud en los procedimientos judiciales, la irrestringida y tardía utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba. El propósito de la medida al establecer el término de sesenta (60) días para “iniciar y utilizar” los mecanismos de descubrimiento de prueba era “compeler a las partes y a sus abogados a actuar con mayor diligencia y rapidez, evitando así atrasos innece-sarios en el procedimiento, ya sean éstos intencionados o el resultado de descuido o indolencia”. () La Regla 23.4 adop-tada por el Tribunal Supremo fue enmendada en el 1979 y finalmente quedó aprobada con el siguiente lenguaje:

Las partes concluirán las gestiones relacionadas con el descubrimiento de prueba dentro del término de sesenta (60) días siguientes a la notificación de la contestación a la demanda, reconvención, demanda contra tercero y demanda contra coparte. El tribunal tendrá facultad para prorrogar o acortar dicho término según las circunstancias del caso lo ameriten y garanticen una pronta solución de la contro-versia.

En los comentarios que acompañan a esta regla se cita la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 143, supra, y se expresa “que el término de sesenta (60) días es directriz para la conclusión del descubrimiento ... [y que la] alusión que se hace al momento de la notificación de contestación a la demanda es punto de referencia para computar el término provisto y de ningún modo impone otra limitación que no sea la prohibición de iniciar el descubrimiento una vez extinguido el término de sesenta (60) días”. (Énfasis suplido.) Aunque preservando el término de sesenta (60) días, la Regla 23.4 incorporó un lenguaje que reitera la filosofía que prevalece en nuestro ordenamiento procesal de otorgar gran discreción al tribunal para resolver los problemas que surjan en relación con las dilaciones y demoras innecesarias en los procedimientos. De acuerdo con la regla actual, el descubrimiento de prueba concluirá dentro del término de sesenta (60) días, pero el tribunal queda facultado para prorrogar o acortar este término “según las circunstancias del caso lo ameriten y garanticen una pronta solución de la controversia”, sin ninguna otra restricción o calificación.

El tribunal puede variar el término establecido por la Regla 23.4 según lo requieran las circunstancias específicas de cada caso para garantizar que se cumpla con el objetivo fundamental de nuestro sistema procesal: lograr una solución justa, rápida y económica de la controversia. Regla 1 de las de Procedimiento Civil de 1979; García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 729 (1976).

Al ejercer su discreción de prolongar o acortar el término para realizar el descubrimiento de prueba, el tribunal deberá hacer un balance entre dos intereses de gran importancia para el adecuado desenvolvimiento de la labor de impartir justicia a través del sistema judicial: de una parte deberá garantizar la pronta solución de las controversias, y de otra, velar por que las partes tengan la oportunidad de llevar a cabo un amplio descubrimiento de forma tal que en la vista en su fondo no surjan sorpresas. Al realizar esta deli-cada labor deberá tener presente que un amplio y liberal des-cubrimiento de prueba es “la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia” que tanto mina la fe del pueblo en el sistema judicial. Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 517 (1984); Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830 (1982); Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959); Shell Co. (P.R.) Ltd. v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 451, 461 (1952); J. A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, Cap. V. “[U]n sistema liberal de descubrimiento de pruebas antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cues-tiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio.” Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 560. Bien utilizado el descubrimiento de prueba acelera los procedimientos, pro-picia las transacciones y evita sorpresas indeseables en el jui-cio. Hartman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 124, 135 (1969); Sierra v. Tribunal Superior, supra; United States v. Continental Casualty Company, 303 F.2d 91 (4to Cir. 1962); 8 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2001 (1970).

El esquema general adoptado por las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 fue dejar en las manos de los abogados el trámite del descubrimiento de prueba; así se fomenta una mayor flexibilidad y cooperación entre ellos en esta crucial etapa del procedimiento judicial. () Esto no significa, sin embargo, que él tribunal tenga que cruzarse de brazos y esperar que una o ambas partes acudan a él para entonces in-tervenir y encauzar estos trámites. El hecho de que las reglas le hayan impuesto a los abogados de las partes mayor respon-sabilidad en relación con el uso de los mecanismos de descu-brimiento de prueba no releva al tribunal de su deber de velar por que los procedimientos garanticen la solución justa, rá-pida y económica de los casos. Regla 1. La Regla 37.1 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 37.1), en armonía precisamente con esta filosofía procesal, establece que en el ejercicio de su discreción el tribunal podrá ordenar a los abogados de las partes que comparezcan a una conferencia en la cual podrá considerar: “(a) [l]a simplificación de las cuestiones litigiosas; (b) [l]a necesidad o conveniencia de enmendar las alegaciones; (c) [l]a posibilidad de obtener admisiones de hechos y de docu-mentos en evitación de prueba innecesaria; (d) [1]a revela-ción de la identidad de los testigos que se espera utilizar en el juicio y la limitación del número de testigos peritos; ... [y] (f) [c] ualesquiera otras medidas que puedan facilitar la más pronta terminación del pleito”. ()

En el caso ante nuestra consideración la parte deman-dante, luego de obtener permiso del tribunal para comenzar tardíamente el descubrimiento de prueba, sometió un primer pliego de interrogatorios a los demandados. El codemandado Romero Zambrana contestó el 9 de agosto y remitió a los de-mandantes una serie de documentos relacionados con el inte-rrogatorio el 4 de septiembre. Antes de que las codemandadas Texaco y American contestaran su interrogatorio y apenas seis (6) días después que la codemandada Insular sometiera su contestación, los demandantes remitieron al codemandado Romero Zambrana un segundo pliego de interrogatorios. A este segundo pliego de interrogatorios el codemandado Romero Zambrana se opuso, adujo que la parte demandante lo había presentado fuera del término establecido por la Regla 23.4 y que no había justificado la tardanza ni solicitado per-miso para hacer descubrimiento adicional en esta etapa. El tribunal acogió este planteamiento y eximió al codemandado Romero Zambrana de tener que contestar el segundo pliego de interrogatorios.

Como regla general, los tribunales no deben permitir el uso de los mecanismos procesales fuera de los términos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. Tampoco deben conceder prórrogas a menos que éstas se presenten dentro del término establecido en las reglas, vengan acompañadas de una adecuada justificación, el tribunal determine que al concederla no se causará perjuicio a la otra parte o una indebida dilación a la pronta solución de la controversia y que su concesión sea necesaria para lograr la justa solución de la contienda judicial. También, de ordinario, este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Somos conscientes de la difícil tarea que confron-tan los tribunales de instancia para acelerar los procedimien-tos y descongestionar los calendarios, mientras se enfrentan a una carga cada vez mayor, al aumentar no sólo el número de las radicaciones, sino también la complejidad de los casos. Esta ingente labor requiere la colaboración de los abogados como oficiales del tribunal y actores principales en nuestro sistema de derecho adversativo, y el más decidido apoyo de este Tribunal. Sólo contando con este apoyo y cooperación po-drán los jueces de instancia brindarle al pueblo un sistema de justicia en el cual puedan confiar para la pronta y justa solu-ción de las controversias justiciables que se le presentan.

En el caso de autos, la parte demandante sometió al codemandado Romero Zambrana un segundo pliego de interrogatorios pasado el término concedido por el tribunal para el descubrimiento. El tribunal entendió que simplemente porque el interrogatorio se había sometido fuera de término, sin haberse solicitado prórroga ni justificado la tardanza, no se debía permitir. No tomó en consideración la posibilidad de que el interrogatorio pudiera ser secuela del descubrimiento iniciado dentro del término concedido por el tribunal. El plazo provisto en la Regla 23.4 o en cualquier orden que sobre el particular emita el tribunal, no aplica al descubrimiento que sea secuela de un requerimiento iniciado dentro de este término, a menos que el tribunal específicamente provea lo contrario. Exigir la presentación de una moción de prórroga para poder llevar a cabo cualquier descubrimiento pasado el término establecido por la Regla 23.4 o por una orden del tribunal, sólo contribuiría a incrementar el número de asuntos que los jueces de instancia vienen llamados a resolver, sin que en nada se contribuya a la solución justa, rápida y económica de las controversias. Además, esto contravendría el esquema de extrajudicialidad en la utilización de los mecanismos de descubrimiento provisto por las Reglas de Procedimiento Civil y la norma jurisprudencial que propugna el fomento de la más amplia y liberal utilización de estos mecanismos.

Cuando el descubrimiento que se trate de hacer emane del iniciado dentro del término establecido por la Regla 23.4 o de una orden del tribunal, corresponderá a la parte contra quien va dirigido demostrar que se perjudica, ya fuere por la sobreutilización o la mala utilización del descubrimiento, y solicitar la protección del tribunal al amparo de la Regla 23.2 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 23.2). Una vez recabada la intervención del tribunal para limitar el descubrimiento, el tribunal deberá, al decidir si limita o no el mismo, tomar en consideración si efectivamente se trata de descubrimiento nuevo, y no una secuela del inicial. De ser secuela del inicial deberá considerar si se trata de una sobreutilización o mala utilización del descubrimiento o si por el contrario, si el descubrimiento que se pretende llevar a cabo es realmente necesario para que no se frustre la justicia, y si el permitir este descubrimiento causaría una demora indebida en la solución de la controversia o perjuicio a alguna parte.

De otra parte, si se trata de un interrogatorio sometido fuera de término que no es secuela del descubrimiento de prueba iniciado en tiempo, le corresponde a la parte que interesa el nuevo descubrimiento solicitar permiso al tribunal y justificar tanto la razón por la cual no inició el mismo dentro del término establecido por las reglas o por orden del tribunal, como la razón para no haber solicitado la prórroga dentro de dicho término. () También deberá demostrar que el descubrimiento es necesario para poder presentar adecuadamente su caso y que no se causarán demoras innecesarias o perjuicios a alguna parte.

La única razón que nos lleva a intervenir en este caso y modificar la orden de la sala de instancia es que el tribunal se equivocó al interpretar el alcance del término establecido por la Regla 23.4; que el permitir el descubrimiento en nada per-judicaba a las otras partes o dilataba la tramitación del caso, y que nuestra intervención en esta etapa evitará que por esta equivocación no se permita un descubrimiento que podría ser vital para el adecuado esclarecimiento de la verdad.

En el caso de autos el codemandado Romero Zambrana tenía que demostrar que el segundo pliego de interrogatorios no era secuela del primero y que el permitirlo causaría de-mora o perjuicio a alguna parte. Como cuestión de hecho, cuando se denegó el descubrimiento de prueba, el tribunal acababa de aceptar una demanda enmendada y los otros co-demandados aún no habían contestado el interrogatorio de los demandantes. Bajo estas circunstancias, ciertamente, en cuanto a las nuevas alegaciones en la demanda enmendada y las contestaciones que éstas generaron no había comenzado aún a correr el término para realizar el descubrimiento de prueba bajo la Regla 23.4 y en cuanto a un descubrimiento que fuese secuela del original tampoco se puede decir que es-taba fuera de término.

II

Sanciones interlocutorias a las partes — Regla ¿4.2

La Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 44.2) es también autóctona. Establece en su parte pertinente que el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, podrá imponer sanciones económicas “en cualquier etapa [del procedimiento] a una parte y a favor del Estado por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia, en perjuicio de la eficiente administración de la justicia”. (Énfasis suplido.) El propósito de esta regla es proveer al tribunal un instrumento adicional para agilizar los procedimientos y de esta manera evitar la demora y congestión en los tribunales. A iniciativa propia éste puede imponer sanciones cuando la conducta de las partes vaya en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. Véanse los comentarios que acompañan a la Regla 44.2; Práctica Procesal Puertorriqueña, op. cit, Cap. VII, pág. 322; Secretariado de la Conferencia Judicial, Nuevos en-foques en la administración judicial, San Juan, octubre de 1982, pág. 126.

No merece otro calificativo que azarosa la trayectoria pro-cesal que culmina con la orden de 30 de octubre de 1985, en que se impone a la parte demandante una sanción de doscien-tos ($200) dólares por no haber contestado un pliego de in-terrogatorios que le sometieran las codemandadas Texaco y American el 28 de enero de 1985. () El historial procesal de los incidentes relacionados con este interrogatorio son un vivo ejemplo de lo que no debe de ocurrir en un caso.

Una vez el tribunal concedió, al amparo de la Regla 22.1 (32 L.P.R.A. Ap. III, R. 22.1), la sustitución del codemandante Francisco Lluch por su sucesión, ésta advino a ocupar la misma posición con relación a la causa de acción que el codemandante sustituido. Procesalmente era su obligación contestar el interrogatorio que se le había sometido originalmente a la parte sustituida. Cuevas Segarra, op. cit, Cap. IV, pág. 119. De ordinario no intervendremos con el ejercicio de discreción de los tribunales de instancia al imponer sanciones por incumplimiento a sus órdenes. Sin embargo, en este caso en particular, por razón de la forma confusa () en que pro-cesalmente se desarrolló todo el incidente relacionado con el interrogatorio y su falta de contestación resolvemos que la sanción de doscientos dólares ($200) no debe prevalecer,

No obstante, instamos a los tribunales de instancia a que, en aquellos casos apropiados, utilicen efectiva y vigorosamente todos los remedios provistos en nuestro ordenamiento procesal para agilizar los trámites judiciales. Véase Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982). Nuestras reglas contienen una rica gama de recursos encaminados a hacer efectivo su principio rector de resolver las controversias de forma justa, rápida y económica. Este Tribunal estará alerta y vigilante para hacer cumplir esta vital norma, eje central del debido proceso de ley.

H — I HH h-H

Renuncia de representación profesional

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20, dispone que “ [c] uando [un] abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero permiso del tribunal”. (Énfa-sis suplido.) La Regla 12.3 de las Reglas para la Administra-ción del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. II-A, R. 12.3, a su vez requiere que el abogado al presentar una moción para que se le acepte la renuncia de representación profesional incluya en la moción “la ultima dirección residencial y postal, incluyendo teléfono de tenerlo, de su representadoA tenor con dicha regla una vez resuelta la moción de renuncia profesional el Secretario notificará la resolución a las direcciones que el abogado suministró.

Un abogado que asume la representación legal de una persona y comparece ante un tribunal para reclamar o defender algún derecho de su cliente, no puede ni debe renunciar a esta responsabilidad sin antes obtener permiso del tribunal. En el ejercicio de su gestión profesional debe en todo momento, y hasta que sea formalmente relevado de su responsabilidad por el tribunal, desplegar el más alto grado de competencia y diligencia posible. In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986); Matos v. Metropolitan Marble Corp., supra.

Recientemente recalcamos que la responsabilidad dual del abogado, para con su cliente y para con los tribunales, genera deberes que trascienden una relación puramente privada entre el abogado y el cliente. En In re Siverio Orta, supra, págs. 18-19, dijimos:

La función de los abogados como uno de los componentes esenciales del sistema adversativo de impartir justicia, como oficiales del tribunal, está revestida de gran interés público y genera obligaciones y responsabilidades duales para con su cliente y para con el tribunal en la administración de la justicia. Esto les impone el deber de asegurarse que sus ac-tuaciones en todos los casos en que intervienen estén enca-minadas a lograr que las controversias se resuelvan de una manera justa, rápida y económica. Regla 1 de las de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 1. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Judicial es indispensable que los abogados cumplan fiel y cabalmente con estas obligacio-nes. Recientemente expresamos: “La misión de los abogados en la sociedad es altamente noble, pues están llamados a auxi-liar a la recta administración de justicia. En ellos confían, no sólo las partes interesadas en los pleitos, sino las cortes mismas.” In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692, 698 (1985); In re Díaz, 16 D.P.R. 82, 92 (1910).

La conducta del licenciado Blanco Matos al no cumplir con la Regla 12.3 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia y con la orden del tribunal que específicamente le requería informar la dirección de su cliente() faltó a su deber, tanto para con su cliente como para con el tribunal. El que esta información constara en el expediente del tribunal como parte de las alegaciones de la demanda no lo relevaba de este deber. () Los abogados tienen el ineludible deber de contestar y atender con diligencia todas las órdenes de un tribunal, hasta tanto éstas no sean debidamente modificadas o dejadas sin efecto. El hecho de que hubiera entregado el expediente del caso a su cliente y que éste le informara que no deseaba que continuara representándolo, tampoco justificaba el desatender las órdenes expresas del tribunal. Hasta que no se aceptara su renuncia, su responsabilidad para con su cliente y el tribunal persistía.

Tomando en consideración las circunstancias antes reseñadas y el hecho de que su proceder no se debió a incompetencia o desidia, sólo amonestamos al licenciado Blanco Matos y le advertimos que en el futuro este Tribunal no tolerará este tipo de conducta. Nos preocupa que en su gestión profesional ante los tribunales los abogados no cobren plena consciencia del deber y la obligación que tienen de ayudar a los magistrados en la ingente labor de resolver los casos con diligencia. Los abogados deben demostrar mayor interés en la pronta solución de las controversias y desplegar la máxima diligencia en todas sus gestiones. () También les corresponde poner al tribunal en posición de decidir y traer a su atención todos los hechos y elementos necesarios para que éste pueda llevar a cabo su función de adjudicar. Este deber es indelega-ble; su inobservancia afecta tanto al cliente como al sistema de administración de la justicia.

Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia en la que se expide el auto de certiorari, se revoca la orden de 30 de octubre de 1985, y se devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton no intervinieron.

      (1) Este problema ha generado numerosos esfuerzos para corregirlo y ha dado lugar a innumerables estudios. Véanse, entre otros, Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, Informe del Comité sobre Normas y Objetivos para Acelerar el Trámite de Casos en el Tribunal de Primera Instancia, diciembre de 1984; Comisión para el Estudio de los Tribunales, Estudio sobre la demora en el movimiento de casos en el Tribunal Superior, San Juan, 1980; Vista Preliminar, Informe del Secretariado de la Con-ferencia Judicial, San Juan, noviembre de 1979; La Fianza, Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial, San Juan, noviembre de 1979; In-forme del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial, San Juan, octubre de 1980; Métodos alternos para la solución de disputas, San Juan, octubre de 1980; La Judicatura Puertorriqueña, San Juan, 1981; Nuevos enfoques en la administración judicial, Secretariado de la Conferencia Judicial, San Juan, octubre de 1982; El incapacitado mental en el proceso criminal, San Juan, noviembre de 1988; Tendencias recientes en torno a la garantía constitucional contra registros y allanamientos, San Juan, febrero de 1984.

      (2) E1 Sr. Francisco Lluch y su esposa, María Teresa Vega de Lluch, presentaron en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una demanda en que reclamaban daños y perjuicios alegadamente causados por el estallido de una estación de gasolina Texaco ubicada en la Ave. Fernández Juncos, a un edificio de su propiedad, donde éstos mantenían su hogar y un espacio comercial. La demanda se presentó contra la España Service Station, Texaco de Puerto Rico, Inc. (en adelante Texaco), su compañía de seguros, la American International Insurance Co. of Puerto Rico, Inc. (en adelante American), el Sr. Arcadio Romero Zambrana y la Corporación Insular de Seguros (en adelante Insular).

      (3)De acuerdo con el aviso sobre este plan “[é]stosignifica que ... el tribunal tomará parte más activa en el procesamiento del caso, con el pro-pósito de conseguir que su trámite se efectúe dentro de los términos fijados por el tribunal, conforme lo disponen las Reglas de Procedimiento Civil y las Reglas de Administración para el Tribunal de Primera Instancia”. '

      (4) La representación legal de Texaco y American y la de Romero Zambrana e Insular solicitaron prórrogas para contestar, ambas basadas en escuetas aseveraciones sobre la necesidad de investigar y estudiar el asunto. Ambas fueron concedidas. American y Texaco contestaron el 6 de diciembre de 1984, mientras que Insular y Romero Zambrana lo hicieron el 24 de enero de 1985.

      (5) En su comparecencia de 22 de enero de 1985 ante este Tribunal el licenciado Blanco Matos informa que el hijo de los demandantes, el Sr. Francisco Lluch Vega, a nombre suyo y de sus padres le solicitó la renuncia y que él le “entregó los expedientes y le explicó el status de cada asunto”.

      (6)Las codemandadas Texaco y American e Insular solicitaron pró-rroga alegando como justificación escuetamente que necesitaban el término para completar la investigación y así poder contestar adecuadamente el interrogatorio. En la moción de las codemandadas Texaco y American se aduce como razón adicional, que la representación de la codemandada Texaco le fue encomendada conjuntamente a los abogados que representan a las codemandadas Texaco y American y a los abogados que representan a Insular, y que esto ocasionaba más dilación porque era “necesario que los abogados [discutieran] entre sí quién [habría] de llevar la defensa del caso a nombre de Texaco Puerto Rico, Inc. y contestar los interrogatorios que le [habían] sido notificados”.

      (7) La Regla 8.4(a), 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 8.4(a), dispone:
      “La petición para que se expida una orden se hará mediante moción, la cual, a menos que se haga durante vista o juicio, se hará por escrito, haciendo constar con particularidad los fundamentos legales y argumentos en que se basa, y exponiendo el remedio u orden que se interesa. Deberá, además, venir acompañada de cualquier documento o afidávit que sea nece-sario para su resolución.
      “Cualquier parte que se oponga a una moción deberá radicar su opo-sición fundamentada dentro de los diez (10) días siguientes a ser notificado de la moción. Dicha oposición deberá ser acompañada de cualquier docu-mento o afidávit necesario para su resolución. Si no se radicase oposición dentro de dicho término de diez (10) días, la moción se entenderá sometida, a menos que antes de vencer dichos diez (10) días el opositor solicitase una prórroga de dicho término y el tribunal se la concediese.
      “Toda moción se considerará sometida para resolución sin celebración de vista a menos que el tribunal motu proprio, o a solicitud de parte, re-suelva a su discreción señalarla para vista. Esta regla no será aplicable a aquellas mociones que por disposición de ley y estas reglas requieran la celebración de una vista.”

      (8) Orden de 9 de octubre de 1985.

      (9)La Regla 34.6 de las anteriores Reglas de Procedimiento Civil leía como sigue:
      “Los mecanismos de descubrimiento de prueba establecidos y regulados en las Reglas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, y 33 sólo podrán ser ini-ciados y utilizados por las partes dentro del término de sesenta (60) días computados desde la fecha de notificación de la contestación a la demanda, salvo que el tribunal discrecionalmente, a solicitud de parte, y por motivos justificados no atribuibles al descuido o indiferencia de la parte solicitante de la prórroga o su abogado, y bajo las condiciones que estimare justas, pro-rrogare dicho término.
      “En reconvenciones, reclamaciones contra tercero, demandas contra coparte, el término se computará a partir de formularse contestación a las mismas. El tribunal, discrecionalmente y por motivos fundados, podrá acor-tar o prorrogar dicho término bajo las condiciones que estime justas y garanticen una pronta solución de las controversias.”

      (10) Aproximadamente cuatro (4) años más tarde, en 1978, el Comité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico (en adelante comité) expresó de forma “unánime y enfátic[a] . . . que este tér-mino no ha[bía] dado los resultados esperados y que crea[ba] confusiones y . . . controversias ... [y que] ha habido ocasiones injustas en que se ha limitado indebidamente [eZ] término . . . sin que se justificase”. (Énfasis suplido.) A. Picó, “Ponencia sobre el Informe del Comité de Procedimiento Civil, Memorias de la Quinta Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 13, 14 y 15 de diciembre de 1978, pág. 99. Sobre los términos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 en el Informe del Comité sobre Normas y Objetivos, op. cit., pág. 99, se hizo la siguiente observación:
      “[s]e han efectuado estudios, aunque limitados a ciertas áreas, sobre el efecto que los cambios introducidos han tenido en la aceleración o en la dila-ción en resolver los casos. Los resultados no son halagadores. La experien-cia, además, parece inducirnos a confirmar que el efecto ha sido negativo. En lugar de contribuir a una más pronta disposición de los casos, la am-pliación de los términos ha conllevado un mayor retraso.”
      A la luz de esta realidad empírica en el Informe sometido por el Co-mité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico según Revisado por el Secretariado de la Conferencia Judicial (en ade-lante informe), se recomendó que en la propuesta Regla 23.4 se eliminase el término de sesenta (60) días y se reiterase específicamente el reconoci-miento de la flexibilidad que tiene el tribunal para entender en los problemas que surgen en la etapa del descubrimiento de prueba. Sin embargo, a pesar de la experiencia señalada y de la recomendación del comité en el informe, en una nota al calce se hace la siguiente observación: “En el Informe de revisión del borrador de Reglas de Procedimiento Civil se sugiere [que] se mantenga el término de 60 días y se recomienda una redacción más clara de la Regla 34.6 vigente.” Informe sometido por el Comité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial, op. cit., pág. 71.

      (11) Siguiendo este mismo enfoque en la Regla 26 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 26) se dispuso que las partes podrán acordar que el procedimiento para cualquier método de descubrimiento puede ser modificado por acuerdo de las partes. Esta Regla “contempla la posibilidad de estipulaciones para todo tipo de descubrimiento y no sólo para las deposiciones” según la dis-ponía la anterior Regla 26. Comentario a la Regla 26 de las Reglas de Pro-cedimiento Civil de 1979.

      (12) Este caso es un ejemplo más de los perjuicios que causa a todo el sistema judicial el que el juez no tome medidas de control en una etapa temprana de los procedimientos. En un caso como el de autos, donde exis-ten controversias —de hecho y de derecho— complejas, grandes reclama-ciones en daños, y varias partes, el tribunal, a instancias de una de las partes o motu proprio debe citar a una o varias conferencias conforme a la Regla 37.1 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 37.1), y tomar las medidas cautelares que sugiere esa regla. Las estipulaciones de hechos que se puedan hacer en esta etapa temprana, la confección de un calendario y programa para regir el descubrimiento de prueba, acuerdos sobre posibles enmiendas a las ale-gaciones y las demás providencias de la Regla 37.1 habrían evitado en gran medida los problemas procesales suscitados y el consiguiente retraso cau-sado, además de simplificar los procedimientos posteriores. Hon. G. Arbona Lago, El “status” sí está en “issue”: La conferencia sobre el estado del caso en el Procedimiento Civil, 1 Forum 28 (oct.-dic. 1985); Informe del Comité sobre Normas y Objetivos, op. cit., pág. 71 y ss.; Nuevos Enfoques en la Administración Judicial, op. cit., págs. 37-38, 53 y ss.

      (13) A1 amparo de la Regla 68.2, la extensión del término podrá solici-tarse aun pasado el término, mediante moción que exponga de modo afirma-tivo y específico la razón justificativa para la tardanza y para que se con-ceda el descubrimiento. Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 679 (1981); Banco Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721 (1981).

      (14) Este interrogatorio se envió a los demandantes por conducto del licenciado Blanco Matos cuando éste ya había presentado su renuncia, pero antes de que el tribunal la hubiese aceptado. Los propios demandantes ad-miten que desconocen si el ya fenecido demandante Francisco Lluch obtuvo estos documentos. Sobre este particular en la moción de 3 de junio de 1985 titulada “Moción Solicitando se Deje Sin Efecto Sanción” los demandantes informaron lo siguiente al tribunal: “Desconocemos si el Ledo. Luis N. Blanco Matos informó al codemandante Francisco Lluch de esos interroga-torios y ya no lo podemos comprobar.”
      El 25 de febrero de 1985 las codemandadas Texaco y American solici-taron que se ordenara a los demandantes contestar el interrogatorio “bajo apercibimiento de sanciones”. El 4 de marzo el tribunal le concedió veinte (20) días a los demandantes para contestar el interrogatorio y los apercibió que la falta de cumplimiento llevaría consigo la aplicación de una sanción. El 12 de abril las codemandadas nuevamente se vieron obligadas a recurrir al tribunal, esta vez para solicitar que se desestimase la demanda por no haberse contestado el interrogatorio. El 8 de mayo el tribunal dictó una orden que le imponía una sanción de ciento cincuenta dólares ($150) al amparo de la Regla 44.2, por no haber contestado él interrogatorio. Todas estas órdenes y mociones se notificaron al licenciado Blanco Matos, quien aún era abogado de récord, a la dirección que constaba en el expediente.
      Así las cosas, cuatro meses después de que se entregara el expediente del caso al Sr. Francisco Lluch Vega, el 11 de junio de 1985, compareció la nueva representación legal de los demandantes. Presentó varias mociones, entre ellas, una para solicitar la sustitución de la sucesión del Sr. Francisco Lluch y otra para que se dejase sin efecto la sanción. En el cuerpo de esta última moción indicaron que la codemandada Vega de Lluch, debido a su condición emocional producida por la muerte de su esposo no podía contestar el interrogatorio, pero que “[l]a sucesión del codemandante Lluch est[aba] en disposición de intentar contestar [los] . . . hasta donde ello les [fuera] posible”. En la súplica de esta moción no solicitaron específicamente que se relevara a la codemandante Vega de Lluch de tener que contestar el inte-rrogatorio. (Esta forma de solicitar remedios contribuyó a confundir al tribunal y dilatar el caso.) En relación con esta moción el tribunal dictó la siguiente orden: “Se conceden 10 días a la parte concernida para mostrar causas por las cuales no debemos acceder a [la] solicitud de los demandan-tes.” Ello incluía el relevo de la señora Vega de Lluch de contestar el in-terrogatorio. Las codemandadas no mostraron causa. La parte demandante, por su parte, entró en negociaciones con los codemandados mediante las cuales acordaron que las demandantes no contestarían el interrogatorio.
      Así las cosas, no es hasta prácticamente cuatro (4) meses más tarde que vuelve a resurgir el problema, cuando las codemandadas Texaco y American presentan una segunda moción de desestimación en la cual no hi-cieron mención de la orden para mostrar causa. Sin que hubiesen transcu-rrido aún los diez (10) días que concede la Regla 8.4(a) para que los de-mandantes se opusieran, el tribunal dictó una orden que les imponía una sanción de mil dólares ($1.000), concedía un término de diez (10) días para contestar y apercibía a los demandantes que de no cumplir se eliminarían las alegaciones y desestimaría la demanda. Ese mismo día los demandantes presentaron una oposición a la segunda moción de desestimación. Final-mente, el 28 de octubre de 1985, exactamente nueve (9) meses después de haber sido enviados, la codemandante Vega de Lluch contestó el interroga-torio y el SO de octubre el tribunal rebajó la sanción a doscientos dólares ($200).

      (15) La confusión la causaron las actuaciones tanto de las partes como del tribunal. Las partes al presentar varias mociones relacionadas con este asunto en las cuales en la súplica no solicitaban remedios específicos, sino que se limitaban a pedir que se declarase con lugar la moción o que se re-solviese lo que el tribunal estimase pertinente, tomando en consideración lo expuesto en la moción. El tribunal, por su parte, contribuyó a la confusión al resolver estas mociones escuetamente a base de la súplica.

      (16) Orden de 14 de febrero de 1985:
      “Informe dirección de su representado en los próximos 10 días y se proveerá.”

      (17) En su comparecencia ante este Tribunal el licenciado Blanco Matos adujo como excusa que esta información aparecía en las primeras dos ale-gaciones de la demanda:
      “1. Los demandantes son dueños en pleno dominio de un edificio de tres plantas localizado en el número 1259 de la' Avenida Fernández Juncos en Santurce, Puerto Rico.
      “2. En dicho edificio los demandantes mantienen su hogar y un espa-cio comercial.”

      (18)Para una crítica sobre este tema véase R. J. Torres Torres, Como la Mujer del César, 2 Forum 24 (enero-marzo 1986).


author:
(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Asociado Señor Negrón García, Juez Presidente Señor Pons Núñez,

text:
    Pueblo International, Inc., etc., apelados, v. Héctor Rivera Cruz, en su carácter oficial de Secretario de Justicia, etc., apelantes.

      Número: CE-86-430

      Resuelto: 3 de julio de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Lorenzo Vilanova Alfonso, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia; Carlos M. Rivera Vicente e Iván Garau Díaz, de Cando, Nadal & Rivera, abo-gados de la apelante Asociación de Mayoristas, Importadores y Detallistas de Alimentos de Puerto Rico (MIDA); Ramón Coto Ojeda, Manuel A. Guzmán y Samuel T. Céspedes, de McConnell, Valdés, Kelley Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogados del apelado Pueblo International, Inc.; Rubén T. Nigaglioni, de Ledesma, Palou & Miranda, abogado de los demandantes individuales; Maritza Brugueras, abogada de la Liga de Mu-jeres Votantes de Puerto Rico, Inc., amicus curiae.

   RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN

Luego de evaluar las mociones en auxilio de jurisdicción presentadas por el señor Procurador General y por la Asocia-ción de Mayoristas, Importadores y Detallistas de Alimentos de Puerto Rico, el Tribunal provee no ha lugar a las mismas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General In-terino. El Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió un voto particular al cual se unieron los Jueces Asociados Señores Ortiz y Alonso Alonso. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto particular disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concedería el remedio solicitado en las mo-ciones en auxilio de jurisdicción.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

RESOLUCIÓN

Examinados los escritos de apelación radicados por el señor Procurador General y por la Asociación de Mayoristas, Importadores y Detallistas de Alimentos de Puerto Rico, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el caso Civil Núm. 86-430, Pueblo International, Inc. et al., demandantes, v. Héctor Rivera Cruz et al., demandados, se aceptan los recursos de apelación por plantear una cuestión constitucional sustancial.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General Interino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

—O—

Voto disidente del Juez

Asociado Señor Negrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

I

En auxilio de nuestra jurisdicción, discrecionalmente pro-cederíamos a paralizar los efectos del decreto de inconstitu-cionalidad.

Bajo el criterio jurídico de escrutinio mínimo aplicable en el ámbito de reglamentación, económica, Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80-83 (1983); U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456, 461-462 (1980); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975), es cuestionable que dicho dictamen pueda preva-lecer.

La sabiduría de una ley, o su obsolescencia o impopulari-dad social () no constituyen fundamentos válidos en apoyo de su inconstitucionalidad por la Rama Judicial.

“Nuestras recientes decisiones prescriben claramente que esta Corte no funciona como una superlegislatura para pesar la sabiduría de la legislación o para decidir si la política que expresa está en pugna con el bienestar público. El poder legislativo tiene sus limitaciones, según resuelve el caso de Tot v. United States, 319 U.S. 463. Pero las asambleas legis-lativas estatales tienen autoridad constitucional para expe-rimentar con nuevas técnicas; tienen derecho a sus propias normas de bienestar público; pueden dentro de amplísimas limitaciones controlar las prácticas en el campo obrero-pa-tronal, mientras las prohibiciones constitucionales específi-cas no sean infringidas y mientras se eviten conflictos con las leyes federales válidas y predominantes.” Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 81; A. Roig, Sucrs. v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 342, 356 n. 18 (1954).

1 — I HH

La controversia en nuestra jurisdicción en tomo a la apli-cación de la Ley de Cierre no es nueva. Su validez ha sido planteada previamente ante nos y resuelta de manera favorable. García v. Municipio de Humacao, 57 D.P.R. 532 (1940); El Pueblo v. García & García, 22 D.P.R. 817 (1915). En época más reciente, véase la sentencia emitida por este Tribunal el 30 de junio de 1982, en The Grand Union Company, et al. v. Giménez Muñoz, et al. (Casos Núm. O-81-32; 0-80-677 y O-80-705).

En el ámbito federal, en McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420 (1961), el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró válida una ley de cierre de establecimientos comerciales, muy similar al estatuto puertorriqueño. Dicho foro se reiteró en su visión de esta controversia constitucional en Two Guys v. McGinley, 366 U.S. 582 (1961).

1 — 1 HH HH

Corresponde a la Asamblea Legislativa auscultar la opi-nión pública y evaluar los distintos planteamientos de los sec-tores interesados —industriales, obreros, consumidores y otros— para luego determinar si su anacronismo relativo re-quiere derogar total o parcialmente determinado estatuto. Véanse Pueblo v. Saldaña, 69 D.P.R. 711, 716 (1949); McCormick v. Marrero, Juez, 64 D.P.R. 260, 267 (1944); M. Taboada & Co. v. Rivera Martínez, Comisionado, 51 D.P.R. 253,258-273 (1937).

En la medida en que se presume la constitucionalidad de los estatutos, detectamos que la Ley de Cierre de Esta-blecimientos Comerciales —Núm. 306 de 15 de mayo de 1938, según enmendada, ()— está cimentada en promo-ver, hasta lo posible, la existencia del domingo como de-terminado día de descanso, y por ende, la integridad física del trabajador y la unidad del núcleo familiar. El Pueblo v. García & García, supra, págs. 820-822. Independientemente de que su aplicación afecte adversamente algunos intereses eco-nómicos de ciertos negocios o restrinja limitadamente el em-pleo de jóvenes estudiantes y otras personas, estimamos que la apelación del Estado plantea una cuestión constitucional sus-tancial con probabilidad de prevalecer en los méritos. Sin pre-juzgar definitivamente sus planteamientos, el Estado ha de-mostrado en esta etapa, en el balance de equidades, unos va-lores residuales comunitarios que proyectan un interés de superior jerarquía susceptible de ser interpretado como que propende a la vindicación de la ley y a un propósito legítimo público. Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154 (1978). ()

Con respeto a otros criterios en contrario, en considera-ción a los factores enunciados, paralizaríamos los efectos de la sentencia recurrida.

—O—

Voto particular del

Juez Presidente Señor Pons Núñez,

al cual se unen los Jueces Asociados Señores Ortiz y Alonso Alonso.

Trata este incidente procesal sobre una moción en auxilio de jurisdicción, presentada ante este Tribunal, en la que el señor Secretario de Justicia de Puerto Rico, el señor Superin-tendente de la Policía de Puerto Rico y el señor Director de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Jus-ticia de Puerto Rico (los demandados apelantes) solicitan que ordenemos “la inmediata paralización de la Sentencia e [Injunction] Permanente apelada hasta tanto este Honorable Tribunal dilucide finalmente la constitucionalidad de la Ley de Cierre”. Presumimos que lo que se nos solicita es que sus-pendamos los efectos y detengamos la ejecución de la senten-cia dictada por el tribunal de instancia en este caso, la cual decretó la inconstitucionalidad del Art. 553 y ss. del Código Penal de Puerto Rico, conocidos o denominados, en conjunto, Ley de Cierre de Establecimientos Comerciales, 33 L.P.R.A. see. 2201 y ss., y en consecuencia ordenó, en síntesis, a los de-mandados apelantes que se abstengan de poner en vigor dichos artículos del Código Penal.

La moción que consideramos es secuela de un escrito de apelación presentado para solicitar de este Tribunal la revo-cación, en su día, de la sentencia dictada por el tribunal de instancia. En la moción se plantean tres cuestiones. Citamos de las págs. 2 y 3.

A. La mera presentación de un recurso de apelación inte-rrumpe los efectos de una Sentencia e [Injunction) emitido por un Tribunal de Primera Instancia en que se declara la inconstitucionalidad de una ley y se ordena a los demanda-dos apelantes a abstenerse de poner en vigor dicha ley.
B. A[u]n cuando este Honorable Tribunal entendiese que la mera presentación de un recurso de apelación no interrumpe los efectos de una Sentencia e [Injunction] fundados en el .dictamen de inconstitucionalidad de una ley, en el caso de autos se cumple con todos los requisitos dispuestos en Peña v. Federación de Esgrima, para la expedición de una orden en auxilio de jurisdicción dejando sin efecto el [Injunction].
C. La expedición de una orden, en auxilio de jurisdicción se justifica aún más, en un caso como el de autos en que la Sen-tencia e [Injunction] apelados no sólo afecta a las partes en el pleito, sino que se le confiere aplicabilidad general me-diante el recurso procesal de certificación de clase.

Tratamos a continuación dichas cuestiones.

I

No encontramos base alguna para sostener que la mera presentación de un escrito de apelación ante este Tribunal tenga el efecto de suspender los efectos de una sentencia en que se decreta, por un tribunal de primera instancia, la in-constitucionalidad de una ley. Tampoco tiene el efecto de enervar la eficacia de cualquier injunction permanente que se emita en razón de tal sentencia. No encontramos apoyo para ello en los casos que citan los demandados apelantes —E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 685 (1980)— ni las citas que se traen a nuestra aten-ción de los debates y procedimientos de nuestra Asamblea Constituyente. De hecho entendemos que un análisis más am-plio del Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente en cuanto a la aprobación del Art. V, Sec. 4 de nuestra Constitu-ción arroja un resultado distinto al que nos plantean los de-mandados apelantes. Véase, por ejemplo, la contestación del delegado don Ernesto Ramos Antonini al delegado don Jaime Benitez. Citamos:

[L]a información es en el sentido de que esta limitación de que aquí se habla se refiere exclusivamente al Tribunal Supremo, es decir, que el Tribunal Supremo para declarar an-ticonstitucional o inconstitucional, según se resuelva final-mente por esta Convención, una ley deberá cubrir el requi-sito numérico de que habla el artículo sin que para nada se entienda ni debe entenderse, y así deberá constar en las deli-beraciones de esta Convención respecto del poder de otros tribunales para declarar anticonstitucional o inconstitucio-nal una ley. Estamos hablando del Tribunal Supremo nada mas y a el nada más es que nos referimos para limitar su facultad, no para limitar la facultad o el poder judicial del poder judicial en general. 3 Diario de Sesiones de la Conven-ción Constituyente 1639 (1952).

La norma que pretenden los demandados apelantes que adoptemos en realidad acarrea, por lo menos, el debilita-miento del poder de los tribunales de instancia para decretar la inconstitucionalidad de las leyes. “El remedio extraordina-rio de injunction se caracteriza por su perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o vio-lenta del transgresor del orden jurídico.” Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154 (1978).

HH HH

El segundo planteamiento de los apelantes es a los efectos de que toda vez que su solicitud en auxilio de jurisdicción cumple con los requisitos que en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, decidimos deben satisfacerse, debemos suspender los efectos y detener la ejecución de la sentencia apelada. Allí decidimos, a la pág. 154:

La solicitud para detener (stay) la ejecución de la senten-cia en los casos de injunction, bien se radique en instancia o en el tribunal de apelación, va dirigida a su discreción y de-berá satisfacer los siguientes requisitos: (a) que el peticio-nario presente un caso fuerte de probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación; (b) que demuestre que a me-nos que se detenga la ejecución sufrirá daño irreparable; (c) que ningún daño substancial se causará a las demás partes interesadas, y (d) que la suspensión de la sentencia no perjudica el interés público. (Citas omitidas.)

Entiendo que la moción en auxilio de jurisdicción ante nos no satisface esos requisitos. Veamos.

En cuanto a la probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación, todo lo que se indica es que “el estado de dere-cho vigente reconoce una gran deferencia de parte del poder judicial a la reglamentación económica aprobada por la Legis-latura, cuando ello no afecte derechos fundamentales. Nues-tra ley fundamental no reconoce derecho constitucional al-guno a hacer negocios ni a trabajar durante los 7 días de la' semana”. Moción, pág. 6.

No tenemos criterio definitivo en cuanto a la constitucio-nalidad del estatuto en controversia. Los apelantes tienen el peso de convencer al Tribunal, en esta etapa, de que tienen “un caso fuerte de probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación”. No lo hacen. Meramente formulan conclu-siones vacías y generales. Se afirma que el estatuto en cues-tión es de reglamentación económica cuando éste no tiene una sola disposición en ese sentido y sólo contiene disposiciones de naturaleza penal. ¿Es esa la ley que establece una reglamen-tación económica cuando sólo contiene disposiciones penales o es la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 271 y ss., y en especial sus Arts. 4 y 5 (29 L.P.R.A. sees. 273 y 274), la que establece dicha reglamen-tación en cuanto a establecimientos que no deben permanecer abiertos al público por disposición legal?

No mencionan la relación que puede tener con la Ley Núm. 379, supra, ni discuten la relevancia de que ésta no in-corpore específicamente por referencia la Ley de Cierre. Exis-ten también casos en que se ha decretado la inconstituciona-lidad de leyes semejantes. Véase, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Connecticut decretó la inconstitucionalidad de un estatuto que exigía el cierre de ciertos establecimientos y de-terminó que el estatuto allí en controversia era de naturaleza penal. Caldor’s, Inc. v. Bedding Barn, Inc., 177 Conn. 304, 417 A.2d 343 (Conn. 1979). Ni ese ni ningún otro caso sobre este aspecto se discute en la moción en auxilio de jurisdicción. La moción tampoco contiene los planteamientos que se hacen en el voto particular de los distinguidos compañeros Jueces Ne-grón García y Hernández Denton; ni tan siquiera hace refe-renda a los casos por ellos citados ni a la naturaleza y con-tornos de la reglamentación a que ellos se refieren. Nótese que aun cuando en dicho voto se presume el propósito de re-glamentación económica de la Ley de Cierre, también se dice que la misma “está cimentada en promover, hasta lo posible, la existencia del domingo como determinado día de descanso, y por ende, la integridad física del trabajador y la unidad del núcleo familiar”. Ello de por sí puede imponer otro análisis.

Los apelantes no cumplen con el requisito de demostrar que tienen un “caso fuerte de probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación”, pues sus afirmaciones carecen de contenido legal y f áctieo.

Nuestro derecho es rogado y corresponde a las partes hacer los planteamientos que fueren menester.

En cuanto al segundo requisito establecido en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, pág. 154, esto es, que se “demuestre que a menos que se detenga la ejecución su-frirá daño irreparable”, los demandados apelantes también han fallado en su moción. Sobre este aspecto no surge que los demandados apelados presentaran prueba ante el tribunal de instancia. Su argumento realmente se contrae a alegar gené-ricamente que en “la forma y manera en que la Asamblea Legislativa ha decidido reglamentar la actividad económica comercial estaría susceptible de seguir sufriendo l[a]s [va-riaciones] de órdenes judiciales contradictorias”. Moción en auxilio de jurisdicción, pág. 6. Aun cuando tal fuere el caso, lo cual no creemos, entendemos que ello no constituiría un daño irreparable. Ahora bien, los vaivenes en este asunto no pueden propiamente atribuirse a los tribunales. Por el con-trario, dichos vaivenes son, a mi juicio, directamente atri-buibles a la ambivalencia de los demandados apelantes o de su representado, el Estado. Basta recordar que en relación con la apelada Pueblo International, Inc. (Pueblo), un tribunal de instancia ordenó preliminarmente al Estado, el 3 de febrero de 1981, que desistiera de poner en vigor la llamada Ley de Cierre. Luego de fallar en lograr revocar el estado de derecho creado por esa orden, el Estado lo acató. Subsiguien-temente en varias ocasiones el Estado reiteró que toda vez que la Ley de Cierre, según enmendada en 1983, ordenaba la adopción de un reglamento y que éste no había sido adoptado, dicha ley no tenía vigencia jurídica, pues no se podía implan-tar. El 6 de septiembre de 1985 teniendo pendiente una con-ferencia en dicho tribunal de instancia para el 9 de septiem-bre y un señalamiento para juicio en octubre, el Estado, me-diante moción, repitió ese argumento, entre otros, e indicó al tribunal que por razón de ello el estatuto no se implantaba, por lo que resultaba innecesaria la orden de injunction pre-liminar de 3 de febrero de 1981. El 10 de marzo de 1986 el Estado reiteró que la Ley de Cierre no se implantaba, ya que el reglamento ordenado no se había adoptado, aun cuando el día anterior efectivos del Estado intervinieron con diecinueve establecimientos de Pueblo, interrogaron a los gerentes, toma-ron fotos e hicieron advertencias sobre las operaciones domi-nicales. Sorpresivamente, el 25 de marzo de 1985, el Estado anunció en la prensa del país que en lo sucesivo la Ley de Cierre se haría cumplir, cuando para entonces todavía no se había adoptado el reglamento.

La ambivalencia y los vaivenes no han caracterizado a los tribunales, sino al Estado en la controversia sobre la Ley de Cierre. Mal puede el Estado ahora pedir protección por su-puestos daños que su propia conducta causa.

Sobre el tercer criterio expuesto en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, esto es, que ningún daño sustancial se causará a las demás partes interesadas, la situación re-sulta igual a la referente al criterio anterior, en cuanto a la prueba se refiere, con el agravante de que las partes apeladas sí probaron que sufrirían daños mientras continuase vigente la Ley de Cierre. Véase Civil Núm. 86-2716 (902), págs. 16-20. Es de notar también que los apelantes afirman sin más que no existe derecho fundamental alguno a trabajar igno-rando que ese derecho fue reconocido por este Tribunal en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985). Allí indicamos que:

El derecho a un empleo, esto es, a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las constitucio-nes conocidas.

Finalmente, el cuarto elemento de los que requiere Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, es a los efectos de que la suspensión de la sentencia no debe perjudicar el inte-rés público. Aun cuando los demandados apelantes no discu-ten específicamente este punto, y por tanto tampoco han satis-fecho este requisito, podemos presumir que aun si se cumple con él, por las razones antes expuestas, no se satisfacen sufi-cientemente los criterios de Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, como para que en nuestra discreción suspenda-mos los efectos de la sentencia de injunction y detengamos su ejecución.

Añaden los demandados apelantes el argumento de que no “es posible obviar el principio cardinal de separación de po-deres”, y que “[e]l caso de autos constituye un vivo ejemplo de una clara violación de dicho principio”. Ésta es otra afir-mación genérica sin contenido, pues los demandados apelantes en esta etapa no nos han puesto en condiciones de determinar la probabilidad de que ello sea así. Debemos recordar que ya el tribunal de instancia ha resuelto en forma contraria en cuanto a las pretensiones de los demandados apelantes. Tam-bién alguna deferencia amerita esa determinación y los ape-lantes no discuten ni plantean el efecto que la determinación específica de inconstitucionalidad hecha por el tribunal de ins-tancia tiene en cuanto a la presunción genérica de la constitu-cionalidad de los estatutos.

Por último, debemos señalar que no se ha presentado ra-zón alguna para sustentar que a los apelantes se les deba re-levar de cumplir con los requisitos de Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, ni de que exista razón alguna que valide tal relevo cuando esas reglas obligan a otros litigantes tal vez con menos recursos y con necesidades más apremian-tes. Nótese que de suspenderse los efectos de la sentencia y detener su ejecución, los demandados apelantes estarían exentos de prestar la fianza requerida por la Regla 57.6 de las de Procedimiento Civil, y que tampoco podríamos reque-rirles otras condiciones para garantizar a los apelados una compensación adecuada por los daños que pudieran sufrir, en caso de que en su día confirmáramos la sentencia apelada.

No quiere decir lo anterior que estemos expresando una opinión definitiva sobre los asuntos a que este caso se contrae. Sólo significa que en esta etapa no se ha puesto a este Tribunal en condiciones de discrecionalmente suspender tempo-ralmente los efectos de la sentencia y detener su ejecución.

HH b-i HH

Sobre la tercera cuestión planteada creemos que basta con señalar que la misma constituiría error a plantearse, según fuere el caso, en el escrito de apelación o en un recurso de revisión. No se ha hecho. Tampoco se unieron a la moción los documentos pertinentes para que este Tribunal pueda evaluar los méritos de este señalamiento.

IV

Formulado ya este voto, se ha recibido en el Tribunal otro escrito de apelación y otra moción en auxilio de jurisdicción presentados por la Asociación de Mayoristas, Importadores y Distribuidores de Alimentos de Puerto Rico, Inc. (MIDA). Esta última moción complementa la anterior a que nos hemos referido y trata más ampliamente algunas de las cuestiones que hemos señalado. Sin embargo, entendemos que la misma no lo hace en forma suficiente para ameritar que ordenemos la suspensión temporal de los efectos de la sentencia y deten-gamos su ejecución.

Por todo ello es que se debe proveer no ha lugar a las mo-ciones en auxilio de jurisdicción.

      (1) “La distinción de las leyes en odiosas o favorables, con el propósito de restringir o extender sus disposiciones, no puede ser hecha por aquellos cuyo deber es interpretarlas.” Art. 21 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 21.

      (2) 33 L.P.R.A. see. 2201 et seq.

      (3)A1 evaluar los recursos en sus distintas etapas, este Tribunal nunca ha tenido una visión restrictiva del Derecho como la que se expone para sos-tener la negativa a paralizar la sentencia apelada. Véase la Regla 12 de Evidencia.


author: per curiam :

text:
      In re Lic. Joseph W. Kiefer, querellado.

      Número: CE-85-807

      Resuelto: 22 de julio de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General e Irán F. Fuster, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

“La relación de abogado y cliente debe fun-damentarse en la absoluta confianza. Sujeto a las exigencias que surgen de las obligaciones del abogado para con la socie-dad, las leyes y los tribunales, todo miembro del foro legal le debe a sus clientes un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez.” Véase criterio general de los deberes del abogado para con sus clientes, Cánones 18-26 de los de Ética Profe-sional.

I

El 1ro de mayo de 1985 la Hon. Priscilla Curet Cuevas, Juez de Distrito, emitió una resolución y orden relativa a una aparente conducta impropia por parte del Lie. Joseph W. Kie-fer, copia de la cual nos fue remitida.

En dicha resolución se le imputó al querellado que en va-rias ocasiones había incurrido en conducta profesional im-propia. Las imputaciones consisten en que presentó una mo-ción de desestimación en el caso civil núm. 82-3347, siendo falso lo informado en la moción, y que el querellado retuvo y no entregó la suma de $4,000 cuando tenía que hacerlo. Dicha suma le fue confiada para ser entregada al alguacil en el mo-mento de diligenciarse un embargo que había contra su clien-te. Posteriormente, la referida suma fue embargada por el alguacil en otro caso en que el querellado era representante legal de la parte demandante y depositario de los valores que fueron embargados. Esta conducta, de probarse, está reñida con los Cánones 35 y 23 de los de Ética Profesional.

Con fecha de 24 de mayo de 1985 remitimos al Procurador General la resolución y orden de la Hon. Priscilla Curet Cue-vas, para la investigación e informe correspondiente. El 12 de agosto de 1985 el Procurador General compareció ante nos a informar que se había solicitado mediante carta de 7 de junio de 1985 la versión del querellado y luego de recibirla el Pro-curador General nos rindió su informe con fecha de 29 de octubre de 1985.

En el informe sometido por el Procurador General, se rei-teran las dos imputaciones que se le hacen al querellado en la resolución y orden de referencia. El 22 de noviembre de 1985 este Tribunal emitió resolución en la que instruyó al Procu-rador General para que formulara la correspondiente que-rella.

El 10 de diciembre de 1985 la oficina del Procurador General presentó querella contra el Lie. Joseph W. Kiefer. El 12 de diciembre de 1985 ordenamos que se notificara personal-mente al querellado, y se le concedió un término de 15 días, a partir de la notificación, para que la contestara.

Los alguaciles de este Tribunal han realizado innumera-bles gestiones para localizar al licenciado Kiefer y notificarle la querella, todas las cuales han sido infructuosas. Lo último que se sabe del querellado es que está fuera de Puerto Rico, probablemente en Inglaterra. Del expediente personal del que-rellado no surge que éste haya notificado su última dirección.

H-i HH

Esta actuación del licenciado Kiefer menoscaba la jurisdicción disciplinaria de este foro y atenta contra el compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz en nuestra sociedad. In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 547 (1984). La misma amerita la imposición de sanciones.

La Regla 12 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, Regla 12 (a), dispone que:

Los notarios notificarán igualmente cualquier cambio de re-sidencia o de oficina notarial al Secretario del Tribunal Supremo, al Secretario de la sala correspondiente del Tribunal Superior y al Director de Inspección de Protocolos.

Por su parte la Regla 8 (j) del Reglamento de este Tribunal dispone que “todo abogado notificará al Secretario todo cambio en su dirección postal”. El Lie. Joseph W. Kiefer no ha cumplido con las reglas antes citadas.

En Acevedo v. Cía. Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974), expresamos que “los abogados . . . deben además a las cortes el respeto a las órdenes que les son dirigidas en la consecución de los pleitos, exigiéndose de ellos asistencia puntual y el despliegue de todas las diligencias necesarias para que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de los casos”. En In re Freytes Moni, 117 D.P.R. 11 (1986), expresamos que “. . . el querellado ... no sólo no ha contestado en el término reglamentario la querella que radicara el Procurador General, sino que ha abandonado la jurisdicción sin dejar dirección futura con el aparente propósito de impedir que los procedimientos disciplinarios comenzados puedan llegar a su fin. Ello no sólo es una conducta reñida con los Cánones de Ética en general, sino que constituye un intento de menoscabar la facultad de este Tribunal para velar por que la clase togada cumpla fielmente con los compromisos contraídos con nuestra sociedad; conducta que no estamos dispuestos a tolerar y que es causa suficiente para que le consideremos indigno de seguir ostentando el título de abogado”.

El comportamiento del querellado, al abandonar la juris-dicción, y no notificarlo según lo exige el Reglamento de este Tribunal, se aparta de los postulados enunciados en los cita-dos casos de In re Freytes Mont, supra, y Acevedo v. Cía. Telefónica de P.R., supra. Véanse además: In re Arana Arana, 106 D.P.R. 210 (1977); In re Pagani Rodríguez, 109 D.P.R. 831 (1980), e In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

I — i HH 1 — 4

Visto el incumplimiento del Lie. Joseph W. Kiefer de las Reglas 8(j) y 12(a) del Reglamento de este Tribunal y del menoscabo de nuestra jurisdicción disciplinaria, se le separa indefinidamente del ejercicio de la abogacía y el notariado en Puerto Rico. Se instruye al Alguacil General que se incaute de la obra notarial del querellado.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.