author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Marina González Román, acusada y peticionaria.

      Número: CE-91-865

      Resuelto: 4 de febrero de 1992

      Fleming Castillo Alfaro, abogado de la peticionaria; Reina Co-lón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Eunice

      Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Revisamos, mediante el mecanismo procesal de la orden de mostrar causa, la resolución que con fecha de 6 de diciembre de 1991 emitiera el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas;() resolución mediante la cual dicho foro judicial no le permitió a la representación legal de la peticionaria Marina González Román presentar una tes-tigo —perito "en asuntos de violencia doméstica” (Exhibit I, pág. 1)— en el proceso que por los delitos de homicidio e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 414, actualmente se celebra, ante Jurado, en dicho tribunal contra la referida peticionaria.

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Conforme surge de la relación de los hechos que consta en la solicitud de certiorari radicada, la cual no ha sido contradicha por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, la evidencia testifical que presentara el Minis-terio Fiscal durante su turno de presentación de prueba consistió del testimonio de los testigos Diego Figueroa Torres,() Antonio Rivera Martínez,() Elsie E. Colón Ortiz,() Adalberto Reyes Flores,() José Rivera,() y el Dr. Francisco Cortés Rodríguez().

A los fines de la correcta solución del presente recurso, resulta de singular pertinencia lo declarado por los testigos Figueroa Torres, Rivera Martínez y el patólogo forense Cortés Rodríguez. El agente Figueroa Torres declaró, en lo pertinente, que recibió el día 10 de diciembre de 1990 ins-trucciones de sus superiores para que investigara una muerte violenta ocurrida en el Sector “Salchichón” de Ca-guas, Puerto Rico. Luego de arrivar a la escena de los he-chos y haberse entrevistado preliminarmente con el agente Rivera y el padre del occiso, entrevistó a la aquí peticiona-ria González Román. Declaró que, luego de que él le hiciera a ésta las advertencias que la ley y la jurisprudencia exi-gen se le hagan a todo sospechoso de la comisión de un delito y de cerciorarse que la referida dama había enten-dido las mismas,() la peticionaria González Román le in-formó que

...el día antes ella lo había pasado en una fiesta de bautismo y llegó a su casa alrededor de la medianoche y se acostó. Luego[,] como a las cuatro de la madrugada llegó su esposo borracho [el occiso, Jorge Rivera Alejandro] y comenzó a golpear la puerta de su cuarto con un martillo para que abriera. Al ella abrir la puerta[,] lo vio con un martillo en una mano y un cuchillo en otra; lanzó el martillo hacia un lado y se le abalanzó con el cuchillo en mano agarrándola por el cuello. Comenzaron a for-cejear y él resultó herido, salió del cuarto; se fue al balcón[,] luego a la cocina, ella se quedó dormida. (Enfasis suplido.) Pe-tición de certiorari, pág. 3.

El testigo Antonio Rivera Martínez, padre del occiso, de-claró, en lo pertinente, que

...el día de los hechos oyó a Marina gritando, llorando que le habían matado al esposo. Cuando la policía llegó, él les informó que tenía que haber sido Marina .... Añadió que Marina y su hijo llevaban diez años juntos, peleaban mucho por lo mucho que bebía su hijo.
A preguntas de la defensa[,] declaró que Marina en varias ocasiones llegó a su casa con los ojos hinchados de los golpes recibidos de su hijo; que él le decía que acudiera a la policía, pero ella no iba. (Énfasis suplido.) Petición de certiorari, págs. 3-4.

El patólogo forense que practicó la autopsia en el cadá-ver del occiso, doctor Cortés Rodríguez, testificó, en lo per-tinente, que

... la herida era de una trayectoria de abajo hacia arriba, de frente al lado del ombligo, que podría ser compatible como pro-ducto de un forcejeo. El examen toxicológico arrojó una cifra de 31% de alcohol en la sangre .... (Énfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 5.

Sometido el caso por el Ministerio Público, la defensa presentó, como primer testigo, a un hermano de la acu-sada, de nombre Ángel González Román. Éste, en lo perti-nente, “corroboró” lo atestiguado por el padre del occiso “en relación con las múltiples ocasiones en que vio a su her-mana agolpeada, con moretones en varias partes de su cuerpo”. (Énfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 5.

Como segundo testigo de defensa, se llamó a la testigo Ursula Colón. El foro de instancia ordenó retirar de Sala a los señores del Jurado. Al ser cuestionada por el magis-trado que presidía los procedimientos, la defensa mani-festó que el testimonio de esta testigo “se ofrecía como tes-timonio pericial sobre el síndrome de mujer maltratada como parte de su teoría de defensa propia”. (Énfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 5.

Como informáramos al comienzo, el tribunal de instan-cia se negó a permitir que dicha testigo declarara. En la resolución que a esos efectos emitiera, el foro de instancia expresó que no permitía dicho testimonio, el cual se pre-sentaba por la defensa “para reforzar la alegada defensa propia por no haberse ofrecido prueba de clase alguna que siquiera insin[ú]e tal defensa propia”. (Énfasis suplido.) Exhibit I, pág. 1.

Inconforme, acudió ante este Tribunal, vía certiorari, la peticionaria González Román. El 3 de enero de 1992 emi-timos la orden de mostrar causa siguiente:

Vista la petición de [certiorari], memorando y documentos anejos, se concede hasta el viernes 10 de enero de 1992, a las cinco de la tarde, para que comparezca por escrito el Procura-dor General a mostrar causa, si la hubiere, por la cual no deba expedirse el auto solicitado y dictarse Sentencia revocatoria de la Resolución recurrida.
En auxilio de jurisdicción, se paralizan los procedimientos a nivel de instancia, hasta que otra cosa disponga el Tribunal.
La presente Resolución deberá ser notificada a las partes y al tribunal de instancia por la vía telefónica y ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente [S]eñor Pons Núñez y los Jueces Asociados [Sjeñora Naveira de Rodón y [S]eñor Hernández Denton no intervinieron. Resolución de 3 de enero de 1992.

En la comparecencia que radicara en cumplimiento de la referida orden, la Procuradora General sostiene —al igual que el tribunal de instancia— que el testimonio obje-tado no es admisible en evidencia “por no haberse probado los elementos de hechos necesarios para establecer una le-gítima defensa”. Escrito para mostrar causa, pág. 5. Diferimos. Veamos por qué.()

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El Art. 22 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3095 —situado el mismo en el Subcapítulo V del referido código, subcapítulo que trata sobre las “Causas de Exclusión de Responsabilidad”— establece:

No incurre en responsabilidad el que defiende su persona, sus bienes o derechos, o su morada, o la persona, bienes o derechos, o morada de otros en circunstancias que hicieren creer razona-blemente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que hubiere necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa, y no se inflija más daño que el necesario al objeto.
Para justificar el dar muerte a un ser humano, cuando se alegue legítima defensa, es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor se hallaba el agredido o la persona defendida en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal.
Para justificar la defensa de bienes o derechos las circunstan-cias indicarán un ataque a los mismos que constituya delito o los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente.
Para justificar la defensa de morada las circunstancias indi-carán una penetración ilegal o con el fin de cometer algún delito. (Énfasis suplido.)

Como podemos claramente notar, se trata de una defensa afirmativa que exige la concurrencia de varios requisitos que la propia disposición legal enumera. En el caso normativo de Pueblo v. De Jesús Santana, 100 D.P.R. 791, 797-799 (1972), se resolvió que:

Para que un acusado pueda alegar con éxito la teoría de de-fensa propia deberá demostrar que tenía motivos fundados para creer que estaba en inminente peligro de perder la vida o de recibir grave daño corporal y que no infligió más daño que el necesario para la defensa de su vida. Pueblo v. Ríos Rivera, 88 D.P.R. 165 (1963); Pueblo v. hozada, 37 D.P.R. 927 (1928). El que mata, sin embargo, debe haber empleado todos los medios a su alcance, consistentes con su propia seguridad, para evitar que se le ocasionen daños o tener que privar de la vida a otra persona al defenderse. Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R. 796, 802 (1968).
Es imprescindible, además, que las circunstancias que concu-rran para justificar la defensa propia deben ser suficientes para excitar el temor de una persona razonable. Pueblo v. Morales, 45 D.P.R. 191 (1933); Pueblo v. Ríos Rivera, supra. Es por ello que cobra importancia la función del juzgador en estos casos en la determinación de si una persona razonable en la posición del acusado, sabiendo lo que sabía y viendo lo que vio, crea necesa-rio el ultimar al agresor para evitar el daño. People v. Head, 288 Pac. 106. Más aún, es regla de la defensa propia el que no es necesario que el agredido venga obligado a retroceder hasta colocarse en una posición de indefensión (retreat to the wall) antes de atacar a su agresor conforme se sostenía en el antiguo derecho común. Pueblo v. Iturrino de Jesús, 90 D.P.R. 706 (1964); Pueblo v. Díaz Alicea, 91 D.P.R. 786 (1965). Inclusive, el agredido, además de lograr su defensa, puede perseguir al ata-cante si ese curso de acción es indispensable para salvar su vida. People v. Rinowacki, 39 Cal. App.2d 376; People v. Campanella, 39 Cal. App.2d 384; People v. Hatchett, 56 Cal. App.2d 20.
En California, donde las disposiciones del Código Penal sobre defensa propia son similares a las nuestras se ha resuelto que puede darse muerte a un atacante si el atacado es colocado en una situación en que una persona razonable pudiere sentirse en peligro inminente de que otro habrá de causarle grave daño corporal. People v. Mercer, 210 Cal. App.2d 153; People v. Ran-son, 119 Cal. App.2d 380. Cuando el peligro es repentino, y sobre todo inminente, y la necesidad de acción es inmediata, si bien la conducta del acusado ha de ser la de una persona razo-nable, dicha conducta no puede ser pesada en balanzas muy sofisticadas (too nice scales), People v. Mercer, supra; People v. Collins, 189 Cal. App.2d 575; People v. Hecker, 109 Cal. 451, 42 Pac. 307. Naturalmente, si el peligro cesa, la agresión no se justifica, Pueblo v. Ríos Rivera, supra; Pueblo v. Lozada, supra; empero mientras el peligro subsista el agredido puede atacar al agresor con el fin de lograr su seguridad. People v. Rinowacki, supra; People v. Campanella, supra.

En fecha más reciente, y en lo pertinente, expresamos que:

La alegación de legítima defensa hay que evaluarla a la luz de dos (2) vertientes diferentes. En la primera, se alega que la víctima fue el primer agresor y, en ausencia de medios directos con qué demostrarlo, se recurre al uso de prueba de carácter. Frente a dicha evidencia, el juzgador puede hacer la inferencia de que resulta más probable que, conforme al carácter de la víctima, ésta haya sido el primer agresor. El conocimiento pre-vio del acusado sobre el carácter violento de la víctima no es requisito. En la segunda, por el contrario, se busca justificar la conducta del acusado a la luz de su estado mental, indepen-dientemente de que la víctima en efecto haya sido el primer agresor. En esta situación, el conocimiento previo por parte del acusado del carácter violento de la víctima resulta medular para poder justificar, bajo esta vertiente, la alegación de legí-tima defensa. En este caso, los tribunales permiten el uso de actos específicos. El propósito, sin embargo, no es probar el ca-rácter de la víctima sino el conocimiento previo que el acusado tenía de ésta y, por ende, la razonabilidad de su conducta con-forme al temor que pudo sentir ante la confrontación con la víctima. (Énfasis suplido.)()

En relación con el requisito o criterio objetivo, que exige el antes transcrito Art. 22 del Código Penal, de si el acusado que alega defensa propia actuó o no en forma prudente y razonable al quitarle la vida a su víctima, es que se ha estado invocando en los últimos años el llamado “síndrome de mujer maltratada”, vía la presentación de prueba pericial, en casos en que una mujer, supuestamente víctima de maltrato, es acusada de la muerte de su cónyuge o compañero. Dicha prueba pericial alegadamente tiene el propósito de ayudar al juzgador de los hechos a comprender la singular perspectiva —consistente de temor y debilidad de carácter— desde la cual actúa esa víctima de maltrato que es acusada de la muerte de su pareja.

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Como correctamente señala la Procuradora General en su comparecencia, en años recientes los psicólogos y sociólogos se han dado a la tarea de estudiar con mayor atención los efectos que un patrón constante de abuso físico y psicológico puede tener sobre una mujer. El efecto que ocasiona en la mujer dicho maltrato es lo que se ha denominado como el “síndrome de mujer maltratada”. Dicho síndrome pretende describir una serie de características que resultan comunes en las mujeres que son abusadas, por un período de tiempo prolongado, por su cónyuge o compañero. Una reconocida escritora sobre el tema, la Dra. Lenore Walker, define la “mujer maltratada” como una:

... who is repeatedly subjected to any forceful physical or psychological behavior by a man in order to coerce her to do something he wants her to do without concern for her rights. Battered women include wives or women in any form of intimate relationships with men. Furthermore, in order to be classified as a battered woman, the couple must go through the battering cycle at least twice. Any woman may find herself in an abusive relationship with a man once. If it occurs a second time, and she remains in the situation, she is defined as a battered woman.])

En relación con las situaciones en que las acusadas, ob-jeto de ese continuo maltrato de parte de la víctima, han alegado defensa propia y han pretendido presentar en evi-dencia, en apoyo de dicha defensa, testimonio pericial so-bre el mencionado síndrome, se ha dicho que:

It is now well-established that homicide or assault cases involving battered women who killed their assailants pose serious problems to traditional self-defense. Women’s self-defense work, beginning with State v. Wanrow, 559 P.2d 548 (1977), has developed the perspective that self-defense requirement of reasonableness, imminent danger and equal force are sexbiased. A woman who kills her husband is viewed as inherently unreasonable because she is violating the norm of appropriate beha-viour of women. A battered woman who kills her batterer has to overcome special myths and misconceptions about battered women. She must particularly explain why she stayed in the relationship and did not leave her home; why she did not call the police or get other assistance before acting; and why she believed that at the time she responded the danger she faced was imminent, posed a threat to her life, and was therefore different and more serious than other times when she had been beaten, had not acted, and had survived.
The purpose of expert testimony has been to educate the judge and jury about the common experiences of battered women, to explain the context in which an individual battered woman acted, so as to lend credibility and provide a context to her explanation of her actions.
Expert testimony can give the judge and jury information concerning the common experiences and characteristics of battered women in order to refute widely held myths and misconceptions concerning battered women that would interfere with judge or juror ability to evaluate the woman’s action fairly. Judges and jurors may accept the appropriateness of woman abuse as part of the marital relationship, assume the woman deserved or was responsible for the brutality, and blame her for not ending the relationship. Expert testimony can present a different picture by demonstrating that the battered woman was a victim. Introduction of expert testimony is important because a battered woman who explains a homicide as a reasonable and necessary response to abuse in the home, threatens deeply held stereotypes of appropriately submissive female conduct and of patriarchal authority. Expert testimony on the experiences of battered women can also answer specific questions that are in judges’ and jurors’ minds of why the battered woman didn’t leave her home, why she may not have reported the battery to the police, and, most importantly, why she believed that the danger she faced on the particular occasion was life-threatening. In short, it can show that her conduct was reasonable. (Énfasis suplido.)()

Al amparo de este razonamiento, muchos tribunales estatales norteamericanos han determinado que es admisible el testimonio pericial sobre el síndrome de mujer maltratada para: (1) disipar la común pero equivocada percepción de que una persona normal o razonable no hubiera permanecido en una relación abusiva de tal naturaleza; (2) para fortalecer la teoría de la defensa propia, brindando credibilidad a la versión de los hechos presentada por la acusada, y (3) para demostrar la razonabilidad del temor de la acusada de que se encontraba en inminente peligro de muerte o de serio daño corporal. A esos efectos, véanse: State v. Hennum, 441 N.W.2d 793 (1989); State v. Hanson, 793 P.2d 1001 (App. Wash. 1990); State v. Koss, 551 N.E.2d 970 (1990); Com. v. Craig, 783 S.W.2d 387 (1990); 31AAm. Jur. 2d Sec. 195.

Nuestra jurisprudencia está huérfana de expresiones, o criterios rectores, sobre el tema; ello, naturalmente, debido al hecho de que la cuestión aquí planteada es una de “pri-mera impresión” en nuestra jurisdicción. Un estudio de las decisiones emitidas en las jurisdicciones estatales norte-americanas, así como en el foro federal, demuestra que la norma mayoritaria imperante en las mismas requiere no sólo que el testimonio pericial sobre el “síndrome de mujer maltratada” sea precedido por evidencia de la evaluación psicológica de la acusada a esos efectos, sino que dicha prueba pericial sea presentada dentro del contexto de una legítima defensa propia. Véanse, entre otros: People v. Aris, 264 Cal. Reptr. 167 (1989); State v. Ciskie, 751 P.2d 1165 (Wash. 1988); State v. Kelly, 478 A.2d 364 (N.J. 1984); Borders v. State, 433 So. 2d 1325 (1983); State v. Anaya, 438 A.2d 892 (Me. 1981). En otras palabras, en dichas ju-risdicciones prueba sobre el “síndrome de mujer maltrata-da” no se considera como una defensa per se o independiente. En aquellas situaciones en que de la prueba desfilada no surgen los requisitos tradicionalmente exigidos por los tribunales respecto a la defensa propia, se ha excluido la evidencia pericial relacionada con el mencio-nado síndrome. Sobre ello, véanse: State v. Walker, 700 P.2d 1168 (App. Wash. 1985); State v. Martin, 666 S.W.2d 895 (1984); State v. Leidholm, 334 N.W.2d 811 (1983); Fultz v. State, 439 N.E.2d 659 (1982); State v. Kelly, 655 P.2d 1202 (Wash. 1982).

Somos del criterio que la norma jurisprudencial mayoritaria antes expuesta es una correcta y juiciosa que armoniza las posiciones en conflicto y que garantiza y protege adecuadamente no sólo los derechos de esas víctimas de maltrato sino los de la sociedad en general. En conclusión, resolvemos que en nuestra jurisdicción es admisible en evidencia, al amparo de las disposiciones de la Regla 52 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV,() testimonio pericial sobre el “síndrome de mujer maltratada” dentro del contexto, y como complemento, de la prueba sobre de-fensa propia, siempre y cuando que se demuestre, a satis-facción del tribunal de instancia, que efectivamente se trata de un caso de “mujer maltratada”, hecho que podrá ser establecido por prueba directa de ello o mediante la presentación en evidencia de una evaluación psicológica.

IV

A la luz de lo antes expuesto, no cabe duda de que en el presente caso procede revocar la resolución recurrida. Como surge del resumen de los hechos que hiciéramos al comienzo de la ponencia, la propia prueba de cargo esta-blece las bases para la presentación, por la defensa, del testimonio pericial sobre el “síndrome de mujer maltratada”.()

Del testimonio prestado por el policía investigador —so-bre las admisiones que le hiciera a éste la acusada peticio-naria sobre lo alegadamente ocurrido la noche de los he-chos— surgen los elementos, exigidos por nuestra jurisprudencia, relativos a la defensa propia; versión que es compatible con, o “corroborada” por, el testimonio pres-tado por el patólogo forense respecto a la localización y “trayectoria” de la herida que presentaba el occiso. Por otro lado, el testimonio del padre del occiso y del hermano de la acusada establecen, cuando menos prima facie, que efecti-vamente estamos ante un caso de “mujer maltratada”.

Procede, en consecuencia, la expedición del auto de cer-tiorari radicado y la revocación de la resolución de fecha 6 de diciembre de 1991 emitida por el tribunal de instancia en el presente caso, devolviéndose el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí expuesto. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente y de conformidad. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Debido a las circunstancias específicas del caso de autos, concurrimos con el resultado. Sin embargo, la preocu-pación que sentimos ante el problema, cada día en au-mento, de la violencia contra la mujer no nos permite estar de acuerdo con la mayoría de los integrantes de este Tribunal y nos obliga a expresarnos. Como señalara el Honorable Juez Asociado Señor Hernández Denton en su opi-nión disidente en Pueblo v. Lacroix Correa, 127 D.P.R. 557, 565 (1990):

Un estudio psicográfíco realizado sobre la mujer puertorri-queña revela que el problema que la mayoría de las encuesta-das identifica como más severo es la violencia conyugal. Un 58% de las mujeres así lo manifestó. McCann-Erickson, Una Mujer, Mil Caras, Estudio psicográfíco de la mujer puertorri-queña, 1990, pág. 22.
Al tomar en consideración los niveles a los que han llegado las estadísticas sobre la violencia doméstica, este porcentaje no nos deb[e] sorprender. Según se desprende de los informes de la Policía de Puerto Rico de noviembre de 1989 a mayo de 1990, se han informado 7,806 incidentes de violencia doméstica. Y. Zayas, La Ley Núm. 54 y la protección de la familia puertorri-queña, Ponencia al Sexto Congreso Internacional sobre Dere-cho de Familia, 18 de octubre de 1990. Además, de los informes de la Comisión para la Asuntos de la Mujer se desprende que el año pasado 83.88% de los casos de violencia contra la mujer ocurrieron a manos de sus esposos o compañeros.

Aun cuando reconocemos que se ha aprobado legislación para remediar y proteger a la mujer que es objeto de vio-lencia doméstica, no obstante reconocemos que los esfuer-zos para tratar de erradicar este mal social no le competen exclusivamente a la Rama Legislativa. Necesariamente tiene que haber un esfuerzo en conjunto de las tres ramas de gobierno —Ejecutiva, Legislativa y Judicial— encami-nado a asumir la responsabilidad que la magnitud del pro-blema requiere. Así lo expresamos en Pueblo v. Esmurria Rosario, 117 D.P.R. 884, 893-894 (1986), voto particular:

Los jueces somos la última autoridad en el sistema judicial. Si no logramos manejar los casos de violencia, en este caso en específico contra la mujer, con el enfoque e interés judicial apro-piados, corremos el peligro de hacer que estos crímenes sean considerados como algo trivial e insignificante. Por tales moti-vos, los jueces no podemos ignorar la seriedad de estos críme-nes, en particular, los cometidos contra las mujeres. Restarles importancia limitaría la efectividad de la intervención judicial en este tipo de casos y agravaría un ya ingente problema social.

Así, pues, le compete a la Rama Legislativa aprobar las leyes, a la Rama Ejecutiva ponerlas en vigor y a la Rama Judicial interpretarlas. Nosotros, como Jueces poseedores de la última autoridad en el sistema judicial, tenemos el deber moral de no abstraemos de la realidad social al in-terpretar las leyes. También tenemos que fortalecer la con-fianza, un tanto perdida, que una víctima de maltrato tiene en las instituciones judiciales. Es dentro de este con-texto que debemos considerar la teoría del “síndrome de mujer maltratada” como parte de la legítima defensa.

Como señala la opinión mayoritaria, se ha definido el término “mujer maltratada” como aquella que permanece en una relación en la cual su pareja la agrede de forma cíclica y repetitiva() Este ciclo de maltrato se desarrolla a través de tres (3) fases diferentes. La primera se caracte-riza por pequeños incidentes de maltrato que aumentan al pasar del tiempo. La mujer permanece pasiva, aunque trata de controlar o limitar el comportamiento abusivo del opresor. La segunda fase es el incidente de maltrato como tal. Se caracteriza por un acto de violencia en que el agre-sor pierde el control y la mujer se siente impotente para detener la agresión. La tercera y última fase comienza al cesar la violencia. El agresor siente remordimiento por su comportamiento y ruega por el perdón de su víctima. Al ella perdonarlo, comienza un período de calma. Si se repite este ciclo una segunda vez, se clasifica la mujer como “maltratada”. ()

El “síndrome de mujer maltratada” se ha definido como el conjunto de características específicas y los efectos del maltrato o abuso en la mujer.() Sin embargo, debemos se-ñalar que no toda mujer maltratada sufre de este síndrome. Solamente aquellas que padecen esta condición son incapaces de responder de forma efectiva a los episo-dios de violencia por parte de su pareja, sintiéndose de este modo atrapadas en dicha situación.()

De otra parte, para que prospere la legítima defensa se exige la concurrencia de varios requisitos. Primero, que el acusado demuestre que tenía motivos fundados para creer que estaba en inminente peligro de muerte o grave daño corporal. Segundo, que haya necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler el daño. Tercero, que no haya provocación de parte del que invócala defensa. Cuarto, que no infligió más daño que el necesario para re-peler o evitar la agresión.()

Como correctamente señala la opinión mayoritaria, se ha invocado en los últimos años el “síndrome de mujer mal-tratada” para evaluar si la acusada actuó o no en forma prudente y razonable al quitarle la vida a su víctima. Este es el criterio objetivo, el cual requiere una “determinación de si una persona razonable en la posición del acusado, sabiendo lo que sabía y viendo lo que vio, crea necesario ultimar al agresor para evitar el daño”. Pueblo v. De Jesús Santana, 100 D.P.R. 791, 798 (1972). Dicho criterio no per-mite al juzgador de hechos considerar alguna caracterís-tica particular del acusado. El mismo, por lo tanto, resulta inadecuado al aplicarlo a una mujer maltratada, ya que no permite al juzgador de hechos considerar la experiencia personal de la mujer en una reiterada relación abusiva.() Como este criterio no toma en consideración los efectos de la violencia ni los avisos o amenazas de violencia futura, los tribunales que han reconocido las circunstancias de una mujer maltratada han adoptado un criterio denomi-nado “subjetivo”,() que es más amplio que el objetivo. Al amparo de esta posición, los tribunales deben permitir al juzgador de los hechos determinar si las circunstancias son suficientes para inducir a la acusada a creer honesta y ra-zonablemente que tenía que hacer uso de la fuerza para defenderse del inminente daño.() El fundamento para sos-tener esto es que la conducta de la mujer maltratada debe ser evaluada a base de un criterio que contemple las cir-cunstancias que dieron lugar a su comportamiento()

La evidencia sobre el “síndrome de mujer maltratada” se trae mediante prueba pericial, cuyo propósito principal es explicar la realidad de este síndrome, de tal manera qtie el juzgador de los hechos pueda decidir , si la acusada tenía justificación al actuar en defensa propia.() Esta posición reconoce la necesidad de romper con el esquema tradicio-nal interpretativo de la legítima defensa.

En Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135 (1991), ya liberalizamos un poco los criterios tradicionales de la de-fensa propia al considerar el hecho de que un acusado te-nía conocimiento previo del carácter violento de la víctima en un caso en que éste invocaba la legítima defensa. Allí se buscaba justificar la conducta del acusado a la luz de su estado mental. El conocimiento previo del carácter violento de la víctima era medular para poder justificar la alegación de legítima defensa, por lo que se permitió la presentación de evidencia sobre actos previos específicos de la víctima. El propósito era probar el conocimiento que el acusado te-nía sobre el carácter de la víctima y, por ende, la razonabi-lidad de su conducta conforme al temor que le pudo produ-cir la confrontación con la víctima, a la luz del conocimiento que éste tenía de su carácter.

En los casos de la mujer maltratada se justifica aplicar el criterio subjetivo de razonabilidad al determinar si pro-cede o no la legítima defensa. El interpretar la legítima defensa bajo esta nueva perspectiva requiere que liberali-cemos su aplicación a la luz de las complejas situaciones en que se encuentra una víctima de maltrato. Una mujer mal-tratada, aunque actúe en defensa propia, frecuentemente lo hace de una manera que no enmarca dentro de los ele-mentos y conceptos tradicionales de esta defensa. No reco-nocer, en el caso de la mujer maltratada, el elemento sub-jetivo del criterio de razonabilidad, equivale a ignorar la realidad y negarle a ésta el derecho a defender su vida o integridad corporal.() No podemos suscribir esta posición.

Opinión concurrente y de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

La opinión que hoy emite la mayoría de este Tribunal representa, al fin, el reconocimiento por este Foro de que la problemática de la mujer maltratada no puede ser igno-rada o solapada durante mucho tiempo más.

Al resolver que es admisible el testimonio pericial sobre el “síndrome de mujer maltratada” como complemento de la defensa de legítima defensa, reconocemos la existencia de un problema grave de violencia contra la mujer y disi-pamos cualquier duda que surja respecto a la pasividad con la cual este Tribunal lo ha atendido.

Recientemente, examinamos el problema de violencia conyugal y la ineficacia de las instituciones jurídicas al ad-judicar controversias en las que están involucradas muje-res maltratadas. Conscientes de la problemática de la vio-lencia contra la mujer, exhortamos a los tribunales a tener mayor sensibilidad a las necesidades de estas víctimas:

Este Tribunal no debe asumir una actitud pasiva ante tan grave situación. Tampoco debemos ignorar que muchas mujeres víctimas del maltrato y de la violencia consideran que el pro-ceso judicial no atiende adecuadamente sus necesidades.
Conscientes de este grave problema social, nos corresponde el deber ineludible de asegurar que las instituciones judiciales sean instrumentos rápidos y efectivos para vindicar los dere-chos de las víctimas del maltrato y no un obstáculo adicional que impida que las mujeres recurran al sistema de justicia criminal. Pueblo v. Lacroix Correa, 127 D.P.R. 557, 565-566 (1990) opinión disidente.

También señalamos que estudios sociológicos llevados a cabo en Puerto Rico demuestran que “la poca probabilidad de castigo de ese comportamiento es un factor más en la larga lista de condiciones que inhiben a las mujeres de buscar remedio legal y social a esta forma de ataque a su persona”. R. Silva Bonilla, ¡Ay!, ¡Ay! amor: no me quieras tanto ... (el marco social de la violencia contra las mujeres en la vida conyugal), Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, pág. 34.

Recordemos que el problema de las mujeres que han caído en el círculo de violencia familiar o que han incorpo-rado o aprendido un comportamiento permanente de inde-fensión y luego matan a sus cónyuges, trasciende cualquier barrera académica, económica, religiosa y todos los esque-mas de organización social que hoy se conocen:

Battered women come from all types of economic, cultural, religious, and racial backgrounds. They are millionaires, and they are women on welfare; they are uneducated women, and they are practicing professionals with J.D.s and Ph.D.s; they are mothers, and they are childless; they are religious, and they are atheists; they live in rural areas, and in cities, and in small towns all over this country and all over the world. They are women like you. Like me. Like those whom you know and love. L. Walker, Terrifying Love: Why Battered Women Kill and How Society Responds, Nueva York, Harper and Row, 1989, págs. 101-102.

Sin embargo, y a pesar de que el problema está tan ge-neralizado,() el mismo no ha sido atendido adecuadamente. Es por esta razón que, en ocasiones extre-mas, a la mujer que es objeto de continuo abuso sexual, físico y sicológico no le queda otra salida que responder violentamente contra su cónyuge o compañero porque teme que su vida está en peligro. En estas circunstancias, la mujer está realmente entre la espada y la pared:

“There’s real Catch-22 for these women. The first or second time a woman seeks help, she’s told by law officials, priest, relatives, you name it, to go home and try to patch things up. So for the fourteenth time, she’s called a masochist for staying. there. And then when she shoots the guy, everyone’s shocked.” M. Heller, Washington Post, 4 de diciembre de 1977, pág. 1, en C. Cacy, The Battered Woman’s Syndrome Defense, 34 (Núm. 2) Univ. Kan. L. Rev. 337, 347 (1985-1986).

Es evidente que ante esta gravísima problemática, la persona maltratada que mata en su legítima defensa, al igual que la que invoca la defensa de estado de necesidad, incapacidad mental o cualquiera de las causas de inimpu-tabilidad o de exclusión de responsabilidad regulada en el Código Penal de Puerto Rico, merece la oportunidad de ofrecer la evidencia necesaria para que el juzgador de he-chos pueda dirimir si están presentes los requisitos para que opere la misma.

Para lograr este propósito, el testimonio pericial es crucial:

Expert testimony on battered women can serve four purposes in support of a self-defense claim. First, the expert can explain the cyclical nature of the battering relationship, which moves from the tension-building stage, to the violent stage, to the contrite, loving phase, and then begins again. ... Second, after interviewing the defendant, the expert can testify that the defendant fits within the class of battered women. ... Third, the expert’s testimony can substantiate the defendant battered woman’s claim that she honestly believed she needed to use deadly force. ... Finally, the expert can testify to the reasonableness of the defendant’s beliefs that the harm was imminent and that deadly force was justified. (Énfasis suplido.) Comen-tario, The Admissibility of Expert Testimony on the Battered Woman Syndrome in Support of a Claim of Self-Defense, 15 (Núm. 1) Conn. L. Rev. 121, 130-132 (1982-1983).

Cabe señalar que la norma que hoy adoptamos no esta-blece que la única forma de presentar prueba del síndrome es mediante testimonio pericial. Para tratar de establecer que está presente dicho fenómeno sicológico es permisible cualquier evidencia pertinente que sea admisible según nuestro ordenamiento probatorio, siempre y cuando se den las circunstancias requeridas por la opinión mayoritaria, a saber: que se establezca que se está realmente ante una mujer maltratada y que se dé “dentro del contexto, y como complemento, de la prueba sobre defensa propia Opi-nión mayoritaria, pág. 946.

Por otro lado, la opinión emitida hoy no debe interpre-tarse como un estímulo a los abogados de defensa para que levanten el síndrome como causa de exclusión de respon-sabilidad dentro de la legítima defensa de forma viciosa e indiscriminada cada vez que se encuentran con una mujer que ha dado muerte a su cónyuge o a la persona con quien sostiene una relación de pareja. Este, claramente, no puede ser el propósito.

No obstante, la opinión que emite la mayoría es de im-portancia en el reconocimiento del problema del abuso contra la mujer. Estamos enteramente conformes con ella y nos satisface grandemente el papel activo que hoy asume este Tribunal al atender tan severa situación.

      (1) Hon. Luis V. Castro, Juez Superior.

      (2) Agente de la Policía de Puerto Rico que originalmente investigó la querella.

      (3) El señor padre del occiso Jorge Rivera Alejandro.

      (4) Vecina del sector donde ocurrieron los hechos.

      (5) Igualmente, vecino del sector.

      (6) El primer agente de la Policía de Puerto Rico que llegó al lugar de los hechos.

      (7) El patólogo forense que efectuó la autopsia en el cadáver del occiso.

      (8) Procede que se señale que el tribunal de instancia, antes de admitir la refe-rida declaración y en ausencia del Jurado, celebró una vista al amparo de la Regla 9 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

      (9) En justicia, procede que se enfatice que son de excelente calidad jurídica tanto la solicitud de certiorari radicada por la representación legal de la peticionaria González Román como la comparecencia de la Procuradora General de Puerto Rico. Hemos adoptado, y hecho nuestro, varios de los señalamientos y razonamientos que hacen las partes en sus respectivos escritos.

      (10) Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135, 156-157 (1991).

      (11) L. Walker, The Battered Woman, P. XV (1979).

      (12) Schneider, Women’s Self-Defense Work and the Problem of Expert Testimony on Battering (1986), en Representing ... Battered Women who Kill, 1989, págs. 61-63.

      (13) Dicha disposición reglamentaria lee:
      “Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para el juzgador entender la evidencia o determinar un hecho en controversia, un testigo capacitado como perito en relación con la materia sobre la cual va a declarar podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.” 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 52.

      (14) Antes de comenzar su tumo de presentación de prueba, la defensa le in-formó al tribunal de instancia, y a los señores del Jurado, que “su teoría surgiría de la prueba”.

      (1) W.W. Steele, Jr. y C.W. Sigman, Reexamining the Doctrine of Self Defense to Accommodate Battered Women, 18 (Núm. 2) Am. J. Crim. Law 169, 170 (1991).

      (2) Steele y Sigman, supra, págs. 170-171; V. Mikesell Mather, The Skeleton in the Closet: The Battered Woman Syndrome, Self-Defense, and Expert Testimony, 39 (Núm. 2) Mercer L. Rev. 545, 553 (1988).

      (3) M.R. Mahoney, Legal Images of Battered Women: Redefining the Issue of Separation, 90 (Núm. 1) Mich. L. Rev. 2, 36-37 (1991).

      (4) Mahoney, supra, pág. 37

      (5) D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 193..

      (6) Steele y Sigman, supra, págs. 175-176.

      (7) Íd.; State v. Leidholm, 334 N.W.2d 811, 820 (1983); M.J. Willowghby, Rendering Each Woman Her Due: Can a Battered Woman Claim Self-Defense when She Kills her Sleeping Batterer? 38 (Núm. 1) Urdv. Kan. L. Rev. 169, 189-191 (1989).

      (8) Steele y Sigman, supra, págs. 176-177.

      (9) Íd.

      (10) Steele y Sigman, supra, pág. 184.

      (11) Steele y Sigman, supra, pág. 185.

      (1) Se estima que alguna forma de violencia física ocurre en el 50 ó 60 por ciento de las parejas en Estados Unidos y que sólo 25 por ciento de los incidentes de vio-lencia son reportados a las autoridades. C. Cacy, The Battered Woman’s Syndrome Defense, 34 (Núm. 2) U. Kan. L. Rev. 337 (1985-1986).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Carlos Manzano.

      Número: MC-90-42

      Resuelto: 6 de febrero de 1992

      Nora L. Rodríguez Matías y Antonio Arraiza Miranda, abo-gados del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Carlos Man-zano Velázquez, pro se.

   per curiam:

El expediente personal del Ledo. Carlos Manzano refleja: que en los años 1975 y 1979 le fueron impuestas sanciones económicas por la remisión tardía de poderes; que en 1980 el Director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, informó varias deficiencias en su obra notarial las cuales final-mente fueron corregidas; que el 24 de abril de 1985 el Sr. Jorge Luis Pereira Rohena presentó ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico (en adelante Colegio de Aboga-dos) una querella contra el Ledo. Carlos Manzano. En sín-tesis, el querellante alega que desde 1980 encargó al licen-ciado Manzano solicitar del tribunal su inscripción en el Registro Demográfico con su apellido paterno y, al mo-mento de presentarse la querella (1985) no se había reali-zado gestión alguna en relación con la encomienda, a pesar de que el licenciado Manzano recibió los honorarios por adelantado.

El Colegio de Abogados realizó la investigación corres-pondiente y rindió un informe ante nos el 13 de septiembre de 1990, recomendando que lo sancionáramos como abo-gado por violar los cánones de ética al ignorar todas las gestiones hechas por la Comisión de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Puerto Rico para que contestara la querella presentada en su contra.

El licenciado Manzano nunca compareció ante el Cole-gio de Abogados.

El 11 de octubre de 1990 concedimos al licenciado Man-zano un término improrrogable de diez (10) días para com-parecer a exponer lo que a bien tuviera ante el organismo correspondiente del Colegio de Abogados, bajo apercibi-miento que de no hacerlo, estaría sujeto a sanciones disciplinarias. No obstante lo anterior, el licenciado no compareció ante el Colegio.

El 4 de enero de 1991 le ordenamos al Alguacil General de este Tribunal que notificara personalmente al Ledo. Carlos Manzano nuestra Orden de 11 de octubre de 1990, aper-cibiéndole además que, de no cumplir con la antes mencio-nada resolución en el término improrrogable de diez (10) días, quedaría automática y temporeramente suspendido del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

Paralelo al trámite sobre ética profesional antes des-crito, el Ledo. Carlos Manzano tenía pendiente ante nos el Caso Núm. 3296 relacionado con deficiencias señaladas en su obra notarial por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Éste requirió nuestra intervención para orde-nar que el licenciado Manzano permitiera a dicha oficina examinar sus Protocolos.

El 29 de enero de 1991 el Ledo. Carlos Manzano compa-reció ante nos mediante un escrito titulado “Solicitud de re-consideración y plazo adicional” en el cual mezcló dos (2) asuntos no relacionados entre sí, a saber: el Informe sobre Ética Profesional rendido por el Colegio de Abogados y los procedimientos relacionados con las deficiencias notariales. En su escrito, el licenciado Manzano informó que pagó la cuota notarial adeudada; que le falta por pagar de la fianza notarial, ya que en varias ocasiones el Colegio no quiso acep-tar el pago; que la razón por la cual no se aceptó el pago es que tenía una deficiencia notarial por concepto de sellos de rentas internas adeudados en el Protocolo de 1986, cuya de-ficiencia suma la cantidad de mil novecientos dólares ($1,900); y que el caso fue planteado al Pleno de la Junta del Fondo de Fianza Notarial, donde se discutiría su solicitud para que el pago fuera aceptado. Solicitó además, que se le concediera una prórroga de sesenta (60) días para la ejecu-ción de su resolución de manera tal que pudiera pagar en dicho plazo deficiencias notariales y la fianza notarial.

La comparecencia del Ledo. Carlos Manzano, además de tardía, no fue responsiva a nuestras órdenes relacionadas con el Informe sobre Ética Profesional, por lo que mediante la Orden de 22 de febrero de 1991 y ante el “craso incumpli-miento a las órdenes de este Tribunal” (Resolución de 22 de febrero de 1991), le concedimos un término improrrogable de veinte (20) días para: (1) contestar ante este Tribunal el in-forme sobre conducta profesional rendido por el Colegio de Abogados y (2) corregir su obra notarial. Le apercibimos nuevamente que de incumplir con lo ordenado sería suspen-dido automática y temporeramente del ejercicio de la aboga-cía y de la notaría.

Expirado el término concedido e incumpliendo con nues-tro reglamento() el licenciado Manzano compareció ante nos el 2 de abril de 1991 mediante escrito titulado “Escrito en cumplimiento de orden” en el cual informa: (1) Que el querellante, señor Pereira Rohena, desistió de la querella; (2) Las gestiones realizadas en el caso; (3) Que las diferen-cias con el señor Pereira surgieron porque éste no pagó la totalidad de los honorarios pactados; (4) Que corrigió las deficiencias señaladas en su obra notarial.

Examinado el “Escrito en cumplimiento de orden” de 2 de abril de 1991 emitimos una orden con fecha de 3 de mayo de 1991 que ordenaba al licenciado Manzano acredi-tar, mediante declaración jurada del señor Pereira Rohena, que éste desistió de la querella por él iniciada. Concedimos al querellado un término de quince (15) días para mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado como abogado y notario por presentar dicha escrito expirado el término concedido por nosotros, y por incumplir con nuestro reglamento. Además, instruimos al Ledo. Govén D. Martí-nez Suris para que se expresara en torno a la aseveración del licenciado Manzano a los fines de que corrigió su obra notarial.

Sobre este extremo, mediante carta del Director de la Oficina de Inspección de Notarías fechada el 21 de mayo de 1991, confirmamos que las deficiencias notariales fueron corregidas aunque con posterioridad a la fecha en que el licenciado Manzano informó haberlo hecho. Específica-mente, aunque en su “Escrito en cumplimiento de orden” presentó el 2 de abril de 1991 el querellado informó haber corregido su obra notarial, al día 17 de mayo de 1991 que-daban vigentes algunas de las deficiencias arancelarias se-ñaladas en el Protocolo de 1986.

En respuesta de nuestra Orden de 3 de mayo de 1991 el licenciado Manzano compareció, el 24 de mayo de 1991, nuevamente expirado el término concedido por nosotros.() En su escrito informó que tuvo dificultad en localizar al querellante, señor Pereira Rohena, porque éste se había mudado. Respecto a la omisión de someter las nueve (9) copias admite que no instruyó adecuadamente a la secre-taria debido al “fuerte calendario de casos” (Escrito en cumplimiento de orden de 24 de mayo de 1991) y la tensión que en él produjo el procedimiento ante nos. Solicita que no sea disciplinado en virtud de que tiene “un fuerte calenda-rio de casos” (id.) pendientes y no cuenta con los recursos para devolver honorarios ni contratar otros abogados que lo sustituyan, además de que sus seis (6) hijos y su madre dependen económicamente de él.

La conducta del licenciado Carlos Manzano refleja una injustificada indiferencia y desidia hacia nuestros requeri-mientos, los de la Oficina de Inspección de Notarías —para corregir su obra notarial— y los del Colegio de Abogados. Las circunstancias señaladas por el querellado no lo exi-men de la acción disciplinaria.

Sus actuaciones menoscaban el ejercicio de nuestra función disciplinaria. Todo ello, en perjuicio del desarrollo eficaz del procedimiento disciplinario del cumplimiento de la función notarial, de los derechos de las personas afectadas y del descargo de la supervisión ética del Colegio de Abogados.

Tal actuación requiere que sancionemos al querellado. In re Castro Jiménez, 127 D.P.R. 790 (1991); In re De Jesús Rodríguez, 127 D.P.R. 571 (1990); In re Freyre González, 126 D.P.R. 884 (1990).

En lo relativo a su incumplimiento con nuestras órdenes que ratifica los requerimientos hechos por el Colegio de Abogados para investigar su conducta ética, le suspendemos del ejercicio de la abogacía por un período de un (1) mes.

Con respecto a las deficiencias señaladas en la obra notarial del aquí querellado, a pesar de que éstas fueron corregidas, no lo fueron con la diligencia que requiere el descargo responsable de sus funciones como notario. Por ello, suspendemos al Lie. Carlos Manzano del ejercicio de la notaría por un período de tres (3) meses.

El Juez Asociado Señor Negrón García y la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

      (1) El licenciado Manzano presentó su comparecencia en original solamente, omitiendo las nueve (9) copias requeridas por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

      (2) Nuestra Resolución de 3 de mayo de 1991 fue notificada el 6 de mayo, por lo tanto el término concedido expiró el 21 de mayo de 1991.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón,

text:
    Sociedad de Gananciales de Modesto Maldonado et al., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados y recurridos.

      Número: RE-89-632

      Resuelto: 20 de febrero de 1992

      Rafael Fuentes Fernández y Rafael S. Fuentes Rivera, aboga-dos de los recurrentes; Richard Schell Asad, Luis R. Mena Ramos, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Laura Ydrach Vivoni, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

HH

La Autoridad de Edificios Públicos (Autoridad) contrató a la Puerto Nuevo Security Guard, Inc. para que prestara sus servicios de seguridad a diversas facilidades. Como parte de estos servicios, se encontraba el prestar vigilancia a varios planteles escolares asignados al Departamento de Instrucción Pública.

El 17 de marzo de 1987 Modesto Maldonado De Jesús, mientras ejercía sus funciones como empleado de la Puerto Nuevo Security Guard, Inc. en la Escuela Intermedia Josefina Ferrero de Fajardo, sufrió un accidente. Por ello, el 23 de junio de 1987, junto a su esposa y a la sociedad legal de gananciales que formaban, presentó una demanda por los daños y perjuicios sufridos contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad. Oportunamente, el Estado y la Autoridad solicitaron la desestimación bajo la alegación de que ambos eran patronos estatutarios de Maldonado De Jesús y que, conforme los Arts. 19 y 20 de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. secs. 20 y 21, y a tenor con lo resuelto en Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977), gozaban de inmunidad patronal.

El 27 de octubre de 1989 el Tribunal Superior, Sala de Humacao (Hon. Luis Mojica Sandoz, Juez), desestimó. In-timó que el Estado no podía ser considerado como un ex-traño ajeno a la Autoridad toda vez que ésta ejercía funcio-nes públicas esenciales para el Estado. En consecuencia, concluyó que la inmunidad patronal de la Autoridad, como patrono estatutario de Maldonado De Jesús, le era aplica-ble al Estado según F.S.E. v. E.L.A., 111 D.P.R. 402 (1981).

Inconforme, Maldonado De Jesús recurrió a este Tribunal cuestionando la aplicación de la doctrina de F.S.E. v. E.L.A., supra, a su caso.

HH H — i

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo establece que cuando el patrono ha cumplido con su obli-gación de asegurar a sus empleados, según lo establece el Art. 18 de dicha ley, 11 L.P.R.A. sec. 19, el único remedio que tiene un obrero accidentado durante el curso de su empleo es el provisto en el estatuto. B.C.R. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 754 (1972). La exclusividad del remedio establecido en el Art. 20, supra, crea una inmuni-dad legal en favor del patrono asegurado. Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789, 792 (1978).

En Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, interpretamos el al-cance de la inmunidad patronal que se ofrece al patrono estatutario. El término “patrono estatutario” se aplica a aquellos dueños de obras y principales a quienes la ley impone la obligación de asegurar a sus empleados y a aquellos de sus contratistas o subcontratistas de los cuales se sirva para la ejecución de obras y servicios. Su propósito es brindar una compensación segura a dichos empleados sin importar que el seguro lo pague el contratista, subcon-tratista o, en la alternativa, el dueño de la obra o principal. El pago por éstos del seguro inmuniza a todos los patronos involucrados en esta cadena contractual contra acciones de daños por los empleados o por el mismo Fondo del Seguro del Estado (Fondo). Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782, 785 (1978); Lugo Sánchez v. A.F.F., supra; Co-lón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208 (1969).

La determinación de si un demandado es o no patrono estatutario depende de las relaciones contractuales entre dicho demandado y el patrono directo de los obreros. Vda. de Costas v. P.R. Olefins, supra, pág. 785.

Por otro lado, hemos reconocido el carácter de patrono asegurado al Estado cuando un empleado de una agencia sufre un accidente como resultado de los actos imputables a la negligencia de otra dependencia gubernamental. Ello se debe a que el concepto de “tercero” está inexorablemente atado a la existencia o no de la obligación de asegurar al empleado y a la determinación de si efectivamente está la persona cubierta por el Fondo, con referencia al obrero reclamante. F.S.E. v. E.L.A., supra, pág. 405; Lugo Sán-chez v. E.L.A., supra, págs. 866-867. En vista de que el Estado, como entidad jurídica y fiscal, es la “persona” real-mente responsable por las primas de seguro de todos los empleados de sus agencias e instrumentalidades, no puede ser considerado un tercero cuando el empleado sufre un daño imputable a los actos de otra dependencia gubernamental. Dicho razonamiento responde al hecho de que en términos fiscales toda agencia o instrumentalidad gubernamental está adscrita al Gobierno del Estado Libre Asociado.

I — I h-H l — H

No obstante el resultado a que llegamos en F.S.E. v. E.L.A., supra, el presente caso presenta unos elementos fácticos especiales que requieren aclaración. Aquí, la Auto-ridad es un patrono estatutario. Como entidad corporativa pública que contrató con la Puerto Nuevo Security Guard, Inc., tiene la obligación de que todos los empleados (incluso los de su contratista) estén asegurados. Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra.

La Autoridad es una entidad corporativa y política cons-tituida “como una instrumentalidad del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico ejerciendo funciones públicas y esen-ciales del gobierno y la ejecución ... de los poderes confer[ídoles] ... se considerará y entenderá como una fun-ción esencial del Gobierno...”. (Énfasis suplido.) Art. 1 de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada, 22 L.P.R.A. sec. 902. Los servicios que presta son de carácter público y de primera necesidad para el funcionamiento adecuado de las ramas del Gobierno. En esencia, cons-truye, compra, arrienda, administra y mantiene gran parte de las estructuras y edificaciones que albergan la maqui-naria administrativa, legislativa y judicial del Estado. Conforme a su carácter de entidad pública, la administra-ción de su personal debe regirse por normas análogas a las establecidas por las leyes de personal de Puerto Rico. Art. 10 de la Ley Núm. 56 (22 L.P.R.A. see. 911). Además, toda vez que es una instrumentalidad del Gobierno, las finanzas de la Autoridad están sujetas a la fiscalización del Contra-lor de Puerto Rico. Art. Ill, Sec. 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1.

Ciertamente, no nos encontramos ante una corporación ajena a los deberes, las responsabilidades y las obligacio-nes del Estado. Su estructura, administración, funciona-miento y propósito nos presentan una figura de instrumen-talidad pública organizada por el Estado para unos fines públicos específicos.() Véase Pueblo v. Hernández Torres y Barreda, 125 D.P.R. 560 (1990).

IV

Ante la relación corporativa-gubernamental presente, conforme a la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, estamos obligados a tratar a la Autoridad como una instrumentalidad pública. Por lo tanto, resulta de en-tera aplicación los fundamentos esbozados en F.S.E. v. E.L.A., supra. La Autoridad, como principal del patrono de Modesto Maldonado De Jesús, goza de la inmunidad patro-nal que los Arts. 19 y 20 de esta ley, supra, conceden. Toda vez que el Estado se considera el patrono responsable de pagar, en términos fiscales, las primas de seguro que tocan a sus agencias e instrumentalidades, la Autoridad goza de la inmunidad reconocida al patrono estatutario. Le asistía la razón a los recurridos. Fue correcta la determinación del ilustrado foro de instancia.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia recurrida.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

El codemandante recurrente Modesto Maldonado de Je-sús era empleado de la Puerto Nuevo Security Guard, Inc. (en adelante Puerto Nuevo Security), entidad dedicada a la prestación de servicios de seguridad. Dicha entidad fue contratada por la Autoridad de Edificios Públicos (en ade-lante Autoridad) para la prestación de sus servicios en diversas facilidades, entre las que se encontraba el plantel de la Escuela Intermedia Josefina Ferrero ubicada en el Municipio de Fajardo.

Mientras prestaba servicios de vigilancia en el mencio-nado plantel, el señor Maldonado resultó lesionado debido a que el portón de acceso y salida de la escuela se despren-dió y lo impactó en la pierna izquierda. Al momento de ocurrir el accidente, Puerto Nuevo Security era un patrono asegurado a tenor con lo dispuesto en la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

Oportunamente, el señor Maldonado y su esposa, así como la sociedad legal de gananciales compuesta por am-bos y sus hijos mayores y menores de edad (en adelante los recurrentes), presentaron demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en ade-lante E.L.A.) y su compañía aseguradora, cuyo nombre desconocían en ese momento. Luego de varios trámites procesales, los recurrentes enmendaron su demanda para incluir como partes demandadas a la Autoridad, así como a la Corporación Insular de Seguros (en adelante la Corpo-ración), compañía aseguradora del E.L.A. y de la Autoridad. Posteriormente, el E.L.A. presentó moción de desestimación en la que alegó que, al momento de ocurrir los hechos, era patrono estatutario del codemandante Maldonado, por lo que gozaba de inmunidad patronal conforme a lo establecido en los Arts. 19 y 20 de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. secs. 20 y 21, y a lo resuelto en el caso Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977). La Corporación y la Autoridad presen-taron conjuntamente una moción de sentencia sumaria() en la que esbozaron un argumento similar al del E.L.A.: la Autoridad, que era patrono estatutario; la Corporación, que estaba cobijada por la inmunidad de su asegurada.

El tribunal de instancia acogió estos planteamientos y dictó sentencia mediante la cual declaró ha lugar las mo-ciones de desestimación y sentencia sumaria presentadas. Concluyó que la Autoridad, por ser patrono estatutario, goza de inmunidad patronal. A tenor con lo resuelto en F.S.E. v. E.L.A., 111 D.P.R. 402 (1981), extendió dicha in-munidad al E.L.A. basado en que al Estado no se le puede considerar “un extraño ajeno a la Autoridad, ya que ésta (la Autoridad) ejerce funciones públicas esenciales al E.L.A. En consecuencia, desestimó la demanda.

Los recurrentes nos solicitan la revisión de la sentencia dictada por el tribunal a quo. Señalaron, en síntesis, la comisión de dos (2) errores: que instancia erró al aplicar a los hechos del caso de autos lo resuelto en F.S.E. v. E.L.A., supra; que, al así hacerlo, erró al determinar que el E.L.A. es patrono estatutario del codemandante Maldonado.

Luego de expedir el auto de revisión solicitado, la mayo-ría de este Tribunal confirmó la sentencia recurrida. Expo-nen como fundamento que, debido a que la Autoridad —quien es patrono estatutario del codemandante Maído-nado y, como tal, goza de inmunidad patronal— es una “instrumentalidad pública”, el E.L.A. es considerado como “el patrono responsable de pagar, en términos fiscales, las primas de seguro” (Sentencia, pág. 965) de dicha instru-mentalidad y, por lo tanto, goza de la inmunidad recono-cida a ésta como patrono estatutario. Disentimos.

II

Antes de profundizar en nuestro disenso, procede acla-rar que estamos de acuerdo con la mayoría en cuanto a que la Autoridad es patrono estatutario del codemandante Maldonado.

En tomo a la figura del patrono estatutario, hemos se-ñalado que:

Nuestra jurisprudencia únicamente ha reconocido la figura del “patrono estatutario” dentro del contexto de un contrato o subcontrato de obra o de servicios, y sólo para aquellos dueños de obra, principales contratistas o subcontratistas que tuvieran —con relación al trabajador lesionado— la obligación legal co-mún de asegurarlo con el Fondo del Seguro del Estado. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1, 11 (1990).

La Autoridad contrató con el patrono del señor Maído-nado, Puerto Nuevo Security, para la prestación de servi-cios de seguridad. Como parte de dicho contrato, la Autori-dad le exigió a Puerto Nuevo Security que asegurara a sus empleados con los seguros de compensación por accidentes requeridos por ley. Puerto Nuevo Security cumplió y ase-guró a sus empleados, por lo que se convirtió en patrono asegurado. Reiteradamente hemos resuelto que, en situa-ciones como ésta, “el principal contratante o dueño de la obra no es un ‘tercero’ dentro del significado del Art. 31 de la [Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32], sino un ‘patrono estatutario’, inmune a reclamaciones de obreros por estar expresamente exento de la obligación de asegurar en aquellos casos en donde el contratista independiente estuviera asegurado”. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 11. Véase, además, Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782 (1978).

Sin embargo, la inmunidad que cobija a la Autoridad como patrono estatutario no puede extenderse hasta cubrir al E.L.A. y aislarlo de la reclamación de los recurrentes. La naturaleza de la Autoridad, según surge de la propia ley que la crea, hace de ésta una entidad distinta y distingui-ble del E.L.A. Veamos.

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La Autoridad fue creada en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmen-dada, 22 L.P.R.A. secs. 901-907 y 908-917. Fue establecida como una entidad corporativa con personalidad jurídica propia; como “un cuerpo corporativo y político con sucesión corporativa”, con “completo dominio y supervisión sobre to-das y cada una de sus propiedades y actividades” y con capacidad “para demandar y ser demandada ...”. 22 L.P.R.A. sees. 902 y 906(3) y (4).

No obstante el hecho de que las corporaciones públi-cas() son parte integrante de la Rama Ejecutiva del E.L.A., éstas “se diferencian de otros organismos en esa rama de gobierno, ya que el uso de la ficción corporativa para llevar a cabo sus actividades gubernamentales tiene la finalidad de librarlas de ciertas restricciones que pesan sobre los departamentos tradicionales del Gobierno, lo-grando cierta flexibilidad y adaptabilidad característica de las empresas comerciales privadas”. Op. Sec. Just. Núm. 1984-9, pág. 59.

Al ser creada como ente corporativo con personalidad jurídica propia, la Autoridad tenía la finalidad de poder actuar con independencia del E.L.A. Esto se colige de la discusión habida en la Cámara de Representantes al mo-mento de ser sometido para su aprobación el Proyecto del Senado 297 (en adelante P. del S. 297), proyecto de ley que dio paso a la creación de la Autoridad. Al presentarse el informe de la Comisión de Gobierno Estatal sobre el P. del S. 297, se dijo lo siguiente:

...es la intención de este proyecto crear un organismo con configuración propia, con facultades y deberes autónomos, ten-diente a facilitar la más rápida y eficaz tramitación en la ad-quisición, arrendamiento, construcción y mejoras de facilidades de oficinas para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 10 Diario de Sesiones, T. 4, pág. 1847 (1958).

La Comisión de Obras y Terrenos Públicos presentó otro informe en el cual expresó el propósito fundamental del P. del S. 297:

Este proyecto es con el propósito de estructurar un organismo gubernamental con suficiente poder y autonomía que facilite los trámites necesarios para el financiamiento de la adquisición, arrendamiento, construcción y mejoras de facilidades de ofici-nas para el Estado Libre Asociado. La Autoridad que se crea, aunque muy parecida a la Compañía existente, creada por la Ley Núm. 117 aprobada el 1 de julio de 1953, funcionaría inde-pendientemente regida por cinco (5) miembros nombrados por el honorable Gobernador. Actualmente la Compañía [del Centro Gubernamental de Oficinas de Puerto Rico] está adscrita al De-partamento de Obras Públicas, sin suficiente independencia para facilitar la contratación de empréstitos bien sea mediante la emisión de bonos u otras formas que la nueva Autoridad crea conveniente. (Enfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 1868.

Lo anterior es indicativo de que, como cuestión de hecho y de derecho, la Autoridad fue creada para funcionar como si fuera una empresa privada, con independencia del E.L.A. En cuanto a qué criterios deben considerarse al de-terminar si una entidad gubernamental opera como una empresa privada, hemos señalado, entre otros, los siguien-tes:

...si los empleados de la agencia concernida están cubiertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; si los servicios prestados por la agencia, por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; si la agencia está capacitada para funcionar como una empresa o negocio pri-vado; si la agencia de hecho funciona como una empresa o ne-gocio privado; el grado de autonomía fiscal de que disfrute la agencia; el grado de autonomía administrativa de que goce; si se cobra o no un precio o tarifas por el servicio rendido (precio que debe ser básicamente equivalente al valor del servicio); si los poderes y facultades concedidos en la ley orgánica de la agencia la asemejan fundamentalmente a una empresa.pri-vada; y si la agencia tiene o no la capacidad para dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario. A estos criterios pueden aña-dirse otros, sin pretender agotar la lista: la estructura en sí de la entidad; la facultad de la agencia para demandar y ser de-mandada ilimitadamente; el poder de obtener fondos propios en el mercado general de valores a base de su récord económico y sin empeñar el crédito del Estado Libre Asociado; la facultad de adquirir y administrar propiedades sin la intervención del Es-tado .... A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437, 455 (1976). Véase, además, Unión Empleados Carreteras v. J.R.T., 119 D.P.R. 116 (1987), opinión concurrente.

Al hacer esta enumeración, aclaramos que ninguno de estos criterios es determinante por sí solo, sino que es ne-cesario “examinar en cada caso la conjunción de factores existentes para a su luz resolver si la [instrumentalidad] concernida funciona o no como un negocio privado ...”. A. A. A. v. Unión Empleados A A A., supra, pág. 456. “Es claro que la enumeración de factores hecha en el caso no es taxativa y que ninguno de estos criterios tendrá más peso o valor que los demás.” Unión Empleados Carreteras v. J.R.T., supra, pág. 126.

Un examen de los poderes otorgados a la Autoridad por la ley que la creó, a la luz de los criterios antes menciona-dos, fortalece nuestra conclusión de que ésta, concebida como una corporación o instrumentalidad con autonomía y personalidad jurídica separada del E.L.A., opera como una empresa o negocio privado. Veamos.

Una vez aprobada la ley, para hacer viable el propósito trazado por los legisladores, a la Autoridad se le otorgó, entre otras cosas, el poder necesario “para tener completo dominio y supervisión sobre todas y cada una de sus pro-piedades y actividades incluyendo el poder de determinar el carácter y la necesidad de todos sus gastos, y el modo como los mismos deberán incurrirse, autorizarse y pagar-se”, 22 L.P.R.A. sec. 906(3); se le dio poder “para demandar y ser demandada, querellar y defenderse en todos los tribunales de justicia y organismos administrativos”, 22 L.P.R.A. sec. 906(4); se le autorizó a emitir bonos, lo cual le concede la autonomía fiscal deseada y es cónsono con la idea de excluirla de la deuda pública, 22 L.P.R.A. sec. 907; para facilitarle la gestión de fondos y permitirle realizar sus fines corporativos, se le concedió exención contributiva sobre sus bienes, propiedades, bonos y las ventas devenga-das por éstos, 22 L.P.R.A. sec. 909; se le excluyó de la apli-cación de las disposiciones de la Ley de Personal del Ser-vicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.) 22 L.P.R.A. sec. 911, y se le facultó para arrendar total o parcialmente sus propie-dades y percibir rentas, 22 L.P.R.A. sec. 916.

Teniendo en mente lo antes expuesto, pasemos a anali-zar si a la luz de la situación particular del caso de autos el E.L.A. debe ser considerado como patrono estatutario o si, por el contrario, es un tercero responsable a tenor con lo dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 32.

IV

El sistema de compensaciones a obreros “fue implan-tado para eliminar el desamparo en que quedaban los obre-ros que sufrían accidentes en el trabajo, quienes para po-der obtener compensación tenían que demostrar judicialmente la negligencia de su patrono”. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 9. Este sistema es financiado mediante el establecimiento de un seguro com-pulsorio a cuyo pago está obligado todo patrono que emplee uno o más obreros o empleados. 11 L.P.R.A. secs. 2, 18 y 19. A cambio del pago por parte del patrono de este seguro compulsorio, el legislador le concedió inmunidad contra cualquier reclamación que tuviera un empleado u obrero en su contra. Esto es, todo obrero o empleado que se le-sione, inutilice o pierda la vida como consecuencia de un accidente que provenga de “cualquier acto o función inhe-rente a su trabajo o empleo” y que ocurra “en el curso de éste”, si su patrono está asegurado con arreglo a la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, sólo tiene de-recho a la compensación que ésta provee.() Carece de causa de acción contra su patrono por los daños sufridos. 11 L.P.R.A. secs. 2 y 21; Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789, 792 (1978). Como vimos ante-riormente, esta inmunidad protege por igual al patrono estatutario.

Sin embargo, el sistema de compensaciones no está diseñado para extender la inmunidad a “terceros” o “extra-ños” responsables por los daños causados al obrero o empleado. 2A Larson, Law of Workmen’s Compensation Cap. XIV (1988); Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra; 11 L.P.R.A. sec. 32. “Extender la inmunidad ... [hasta cubrir a éstos] iría en detrimento del derecho del trabaja-dor a reclamar daños que él no ha transigido ni renunciado en la histórica fórmula de seguro exclusivo incorporada en nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.” Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, 109 D.P.R. 761, 764-765 (1980). Una vez se determina que la lesión, muerte o enfermedad del obrero o empleado ocurrió en circunstan-cias que hacen responsables de las mismas a un tercero, “el obrero o empleado lesionado tiene elección de remedios. Puede reclamar al Fondo, o puede renunciar sus derechos en el Fondo y reclamar directamente al tercero responsa-ble de sus lesiones, o puede hacer ambas siempre que no haya subrogación de parte del Administrador del Fondo y transcurran 90 días desde que la decisión administrativa sea final y ejecutoria”. López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254, 257-258 (1974).

Ahora bien, para que estas disposiciones entren en fun-ción, es necesario establecer quién es un “tercero”. La tarea de definir esta figura ya fue acometida. En López Rodríguez v. Delama, supra, pág. 258, dijimos que “[e]n ausencia de expresión legislativa sobre el significado del vocablo ‘terceras personas’ usado en el Art. 31 de la Ley, [11 L.P.R.A. sec. 32,] debemos conferirle su significado usual asumiendo que incluye a toda persona aparte del empleado lesionado y su patrono asegurado”. Posteriormente, en Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, págs. 866-867, añadimos que “[e]l tercero sujeto a demanda por daños y perjuicios a los fines del Art. 31 de la Ley es persona extraña, ajena y separada de la interacción jurídica que relaciona al pa-trono estatutario ... y al contratista ... con el Fondo del Seguro del Estado en la obligación legal común de asegu-rar sus obreros y empleados a tenor con lo dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”. Final-mente, al tomar en consideración lo antes señalado, resol-vimos que “el concepto de tercero está inexorablemente atado a: (1) la existencia o no de la obligación de asegurar; y (2) si efectivamente está la persona cubierta por el Fondo, con referencia al obrero reclamante”. F.S.E. v. E.L.A., supra, pág. 405.()

De lo antes dicho se desprende que no será considerada como “tercero” aquella persona que tenga la obligación de cubrir e indemnizar a su obrero o empleado mediante el pago de las primas requeridas, de forma tal que éste quede asegurado en el Fondo del Seguro del Estado.

En el caso de autos, el E.L.A. no tiene la obligación de pagar las primas para asegurar a los empleados u obreros de la Autoridad ni a los obreros o empleados de las perso-nas que contraten o subcontraten con la Autoridad. La ley que la creó tenía el propósito específico de concederle sufi-ciente autonomía fiscal con relación al Estado. Dicha ley no contiene disposición o lenguaje alguno que vincule u obli-gue al E.L.A. al pago de las primas del seguro que estipula la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Como indicamos anteriormente, el E.L.A. y la Autoridad son dos (2) personas jurídicas totalmente distintas e independientes.

No es necesario acudir a los postulados de la “doctrina de la doble capacidad”() para sostener la conclusión a que hemos llegado. La misma, además de ser rechazada en nuestra jurisdicción y en la mayoría de las jurisdicciones estatales en Estados Unidos, no es aplicable al caso de autos. Tampoco es necesario acudir a la “doctrina de la doble personalidad”. Esta doctrina fue formulada con la intención de corregir las deficiencias de la “doctrina de la doble capacidad”. La “doctrina de la doble personalidad” postula que un patrono puede convertirse en tercero, su-jeto a responderle en daños y peijuicios a su empleado, únicamente si posee una segunda personalidad totalmente independiente y sin relación alguna con su rol como pa-trono, que mediante estándares establecidos la ley lo reco-nozca como una persona legal separada. Larson, supra, Sec. 72.80-72.81(b), págs. 14-229 a 14-236.

En el caso de autos, el E.L.A. no es patrono del code-mandante Maldonado. Es un tercero extraño a la relación contractual y patronal establecida entre la Autoridad y Puerto Nuevo Security. Por lo tanto, no abandona una per-sonalidad patronal para adquirir, por ficción legal, otra personalidad distinta. El E.L.A. simplemente es una persona jurídica diferente y separada de la Autoridad. Es es-pecíficamente dentro de este esquema que la Autoridad, corporación pública con personalidad propia, debe conside-rarse como patrono independiente y separado del E.L.A., según lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 2.()

Incidió el tribunal de instancia al aplicar a este caso lo resuelto en F.S.E. v. E.L.A., supra.() El E.L.A. no es pa-trono estatutario del Sr. Modesto Maldonado De Jesús. Los errores señalados fueron cometidos.

A la luz de lo antes expuesto, revocaría la sentencia recurrida.

      &1) Similarmente, aun cuando la Autoridad de Edificios Públicos es una entidad corporativa con personalidad independiente del Estado Libre Asociado, con capaci-dad para demandar y ser demandada, facultad para hacer contratos y con completo dominio y supervisión sobre todas y cada una de sus propiedades y actividades, la Legislatura le concedió una serie de poderes que legítimamente pertenecen al Estado. Específicamente, le facultó a “adquirir cualquier clase de bienes y derechos sobre los mismos en cualquier forma legal ... bien sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de expropiación forzosa”, y declaró los mismos “utilidad pública”. (Énfasis suplido.) Art. 15(6) de la Ley Núm. 56 de 19 de jimio de 1958, según enmen-dada, 22 L.P.R.A. sec. 906.

      (1) A pesar de que fue intitulada como “moción de sentencia sumaria”, debido a que no incluyeron declaraciones juradas con su presentación, para todos los efectos puede considerarse como una “moción de desestimación”.

      (2) “Los términos corporación pública e instrumentalidad gubernamental se uti-lizan indistintamente para denominar un organismo administrativo con autonomía y personalidad jurídica propia, separada o aparte del Estado Libre Asociado, y el cual tiene la flexibilidad necesaria para desempeñar sus actividades.” Op. Sec. Just. Núm. 1983-29, pág. 171.

      (3) En caso de que le ocurra un accidente a mi obrero o empleado de un patrono que no estuviese asegurado, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado de-terminará la compensación y los gastos que proceda concederle al primero y cobrará al patrono dicha compensación y gastos. Además, el obrero o empleado perjudicado, así como sus beneficiarios, pueden proceder contra el patrono no asegurado como si la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no existiera. Pueden presentar una petición para solicitar compensación ante la Comisión Industrial así como instar acción en daños y perjuicios ante los tribunales.
      Estas acciones no son excluyentes entre sí. El obrero o empleado, o sus benefi-ciarios, pueden iniciar una, otra o ambas. El patrono no asegurado no puede benefi-ciarse de la inmunidad que provee la ley. Véase el Art. 15 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 16.

      (4) La discusión relativa a la figura del “tercero”, al igual que a la del “patrono estatutario”, ha surgido en el contexto de las relaciones entre contratistas y subcon-tratistas con el patrono principal o dueño de la obra.

      (5) En F.S.E. v. E.L.A., 111 D.P.R. 402, 406 (1981), discutimos la trayectoria y el alcance de la doctrina de la doble capacidad. Allí la describimos como “aquella bajo la cual ‘un patrono normalmente inmune a una reclamación por daños y perjuicios en virtud del principio de remedio exclusivo puede ser responsable hacia su empleado si ostenta, además de su capacidad como patrono, una segunda capacidad dimanante de una obligación independiente a la impuesta como patrono’ ”. Allí rechazamos la aplicación de esta doctrina a la situación discutida.

      (6) En lo pertinente, dicho artículo establece lo siguiente:
      “...El Gobierno del Estado Libre Asociado, y los diversos gobiernos municipales, juntas, comisiones, autoridades, instrumentalidades, corporaciones públicas y agen-cias del Estado Libre Asociado, se considerarán como patronos y como tales serán comprendidos dentro de las disposiciones de este Capítulo en cuanto a los obreros, empleados y funcionarios que utilicen.” 11 L.P.R.A. sec. 2.

      (7) El caso F.S.E. v. E.L.A., supra, es distinguible del caso de autos. Allí se trataba de la reclamación de una empleada de una agencia del Estado Libre Asociado (E.L.A.) —Policía de Puerto Rico— por -una caída sufrida en las facilidades de otra agencia del Gobierno —Departamento de Instrucción Pública— mientras se encon-traba en funciones de su empleo. Tanto la Policía como el Departamento de Instruc-ción Pública son agencias totalmente dependientes del E.L.A. Ninguna posee perso-nalidad jurídica propia ni generan sus propios ingresos. No se trata aquí de corporaciones o instrumentalidades públicas en el significado particular de esta terminología. Op. Sec. Just. Núm. 1983-29, pág. 171. En ese caso, al E.L.A. no se le podía considerar como un tercero extraño y ajeno a ambas agencias.