author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellantes, v. Lcdos. Juan E. Santana Suárez, Norah H. López Tirado, Eugenio Cornier, José E. Bengoa Toro, Ramón J. Viñas, Luis Ramiú Cora, Ariel L. Méndez, Oscar Cirilo Burgos Delgado, Luis Radamés Collazo Sainz, Antonio Reyes Delgado, Pedro Otero Fernández, Hernán Longoria, Samuel E. Pagán Ayala, Jorge Meaux Dávila, Miguel O. Bauzá Torres, Efraín Rivera Maldonado, José R. Vázquez Deynes, Roca Irizarry Nieves, Jorge Arroyo Fernández, Aníbal Flores Betancourt, querellados.

      Números: O-80-198 O-80-201

      Resueltos: 17 de junio de 1980

      Ángel L. Tapia Flores, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogado del querellante; Juan E. Santana Suárez, Hernán Longoria Quiñones, Luis Ramiú Cora, Ariel L. Méndez, Ramón J. Viñas y Jorge Arroyo Fernández, pro se. Los demás querellados no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Contra los abogados de epígrafe, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, en varias ocasiones, ha gestionado infruc-tuosamente su comparecencia ante la Comisión de Ética para conocer y dilucidar los méritos de unas quejas.

I

Esta gestión la realiza el Colegio de Abogados en virtud de lo dispuesto en el Art. 3, inciso (g), de la Ley Orgánica, Ley Núm. 43 de 4 de mayo de 1932, según enmendada, que le encomienda:

“. . . recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión, pudiendo remitirlas a la Junta de Directores para que actúen, y después de una vista preliminar, en la que se dará oportunidad al interesado, si encontrara causa fundada instituir el correspon-diente procedimiento de desaforo ante la Corte Suprema de Puerto Rico. Nada de lo dispuesto en este apartado se entenderá en el sentido de limitar o alterar la facultad del Procurador General de Puerto Rico para iniciar por su propia cuenta estos procedimientos.” 4 L.P.R.A. see. 773 (g).

Ante nos el Colegio alega que los abogados “incumplie-ron en su deber de estar prestos a afrontar cualquier procedimiento de desaforo, al no comparecer, ni ofrecer excusa que justificara su incomparecencia a las vistas ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. Esta conducta entendemos que de por sí es una conducta impropia y viola los Cánones de Ética Profesional; constituyendo, una falta de respeto a la Comisión de Ética y al Colegio de Abogados de Puerto Rico”.

En apoyo de esta contención, cita nuestros pronuncia-mientos expuestos en In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975), en el sentido de que los abogados tenemos el deber de “estar presto[s] a afrontar [cualquier] procedi-miento de desaforo sin ulteriores dilaciones innecesarias”; y, además, el exhordio contenido en el Preámbulo de los Cánones de Ética de que todo abogado “esté consciente de la importancia de evitar aun la apariencia de conducta impropia” y “tenga un compromiso solemne e inquebran-table, no sólo de conducir su propia persona de acuerdo con los anteriores principios y los que siguen, sino también de velar porque la conducta de sus compañeros de pro-fesión se rija igualmente por dichas exigencias”. Final-mente, el Colegio reclama que la indebida conducta de los querellados es injustificada e impropia y constituye una violación a los Cánones de Ética Profesional, una falta de respeto a la Comisión de Ética, al Colegio de Abogados de Puerto Rico y a los principios rectores de nuestra profesión.

II

Para el mejor entendimiento de la dimensión de este asunto debemos tener presente varios aspectos: primera-mente, para la ordenación de las labores de la Comisión de Ética, la Junta de Gobierno del Colegio adoptó el 17 de enero de 1970, el Reglamento que rige el procedimiento a seguirse sobre el trámite de querellas. En lo pertinente reza:

“1. Toda querella deberá presentarse en cualquier forma pero por escrito y deberá exponer hechos suficientes que constituyan, prima facie, una violación a algún canon de ética profesional.
2. Cuando el querellante fuere un abogado, señalará el canon o los cánones de ética que se alegan violados.
3. Cuando la Comisión considere que una querella expone una conducta profesional que podría constituir una violación a algún canon de ética, el Secretario remitirá copia de la misma al colegiado querellado dándole un término de veinte (20) días a partir de la fecha de su notificación para que, de desearlo el querellado exponga lo que estime pertinente en cuanto a los hechos envueltos en la querella.
4. Copia de la contestación del querellado le será notificada por la Comisión al querellante, quien tendrá un término de diez (10) días a partir de la fecha de su notificación para aclarar, aceptar o negar cualquier hecho nuevo que contenga la misma. La Comisión no considerará hechos nuevos alegados en la réplica.
5. Si el querellado no contestare dentro del término concedídole, la Comisión determinará la conveniencia de someter un informe a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados conteniendo las observaciones y recomendaciones que crea pertinentes al caso.
6. Una vez recibida la contestación del querellado y el segundo escrito del querellante, la Comisión determinará si procede o no oír las partes, bien ante la Comisión en pleno, ante una subcomisión, o ante un solo miembro actuando como examinador. Tanto la subcomisión como el examinador deberán rendir un informe a la Comisión sobre sus conclusiones luego de oídas las partes. En las vistas que se celebren no serán de rigurosa aplicación las Reglas de Evidencia que se aplican en los tribunales de Puerto Rico. Dichas vistas serán de carácter privado, salvo aquellas que por disposición expresa de la Junta de Gobierno o a petición del querellado deban ser de carácter público.” (Art. V, énfasis suplido.)

Observamos, pues, que el proceso para atender las quejas no contempla una comparecencia compulsoria de parte del abogado concernido. Por el contrario, el lenguaje utilizado refleja indubitadamente que tal comparecencia está concebida en términos opcionales, a saber, “de desearlo el querellado”.

Consciente de esta limitación, la Comisión, en su comunicación a todos los abogados involucrados, consignó que el plazo concedido para comparecer en cada caso, sería “impro-rrogable”. Además indicó:

“Le apercibimos que esta Comisión ha resuelto, por unani-midad, que independientemente de la conducta profesional que motivó la querella, su reiterado y obstinado comportamiento ignorando la autoridad de esta Comisión de Ética, representa de por sí una violación a los Cánones de Ética Profesional y por ende nos proponemos hacer buena la confianza que este Colegio de Abogados ha depositado en nosotros como custodios de la Ética de todos los abogados. . . .”

I — I

Aunque la ley orgánica del Colegio de Abogados, antes citada, le faculta adoptar reglas de conducta profesional, no debemos olvidar que dicho estatuto reconoce el carácter exclusivo y eminentemente judicial que sobre dicha materia posee este foro al disponer expresamente que tales cánones regirán “con la aprobación del Tribunal Supremo”. En In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 597 (1975), caracterizamos esta función como “indelegable”, y en In re Bosch, 65 D.P.R. 248, 251 (1945), advertimos que de nuestras decisiones no podía inferirse que habíamos “cedido al Colegio el control de los miembros de nuestro foro”. También hemos de reconocer que en In re Díaz García, supra, significamos el deber del abogado de afrontar sin dilaciones “[cualquier] procedimiento de desaforo”, inyectán-dole contenido ético adicional a la visión del profesionál jurídico.

IV

La dificultad de la posición del Colegio en que consideremos la incomparecencia de los abogados de epígrafe como “una violación a los Cánones de Ética Profesional” sujeta a una inmediata sanción disciplinaria es que el reglamento vigente que rige a la Comisión, no visualiza la asistencia con carácter obligatorio, sino de índole voluntaria, “de desearlo el querellado”. En este aspecto, no habiéndose enmendado expresamente dicho Reglamento para exigir la comparecencia personal o escrita del abogado objeto de la queja — según el deber impuesto en In re Díaz García para querellas en proceso ante este Tribunal — ello representaría una acción drástica. Procede que nos abstengamos en esta etapa de los procedimientos de imponer medidas correctivas. Basta por el momento el ejercicio de nuestra jurisdicción con una orden dirigida a los abogados de epígrafe, para que dentro del término de 45 días procedan a comparecer por escrito o personalmente ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. Entendemos que, transcurrido dicho término, la institución queda en libertad de pasar juicio sobre si existe “causa fundada [para] instituir el correspondiente procedimiento disciplinario ante este Tribunal con o sin el beneficio de dicha comparecencia”.

Se dictará sentencia al efecto.

El Juez Asociado Señor Martín emitió opinión disi-dente.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 1980

Dispondría de las querellas sometidas por el Colegio de Abogados de Puerto Rico contra un número de abogados en los casos consolidados 0-80-198 y 0-80-201, devolvién-dolas al Colegio para que éste considere dichas querellas conforme al reglamento de la Comisión de Ética del Colegio que rige el procedimiento a seguir en el trámite de querellas, a saber:

1. La Comisión de Ética remitirá copia de la querella al colegiado querellado, si expusiere hechos suficientes que constituyan, prima facie, una violación a algún canon de ética profesional, concediéndole veinte (20) días para que, de desearlo el querellado, exponga lo que estime pertinente en cuanto a los hechos imputádosle.

2. De contestar el querellado, deberá la Comisión notificar copia de la contestación al querellante, concedién-dole el término reglamentario de diez (10) días para exponer lo que crea menester. Luego de recibida la exposición del querellante contra la contestación del querellado, la Comisión determinará si celebra vista en la forma dispuesta por el reglamento.

3. Si la Comisión decidiese oír a las partes, deberá citarlas para vista, advirtiéndoles si es pública o privada. 4. Sin embargo, de no contestar el querellado, la Comisión determinará la conveniencia de someter un informe a la Junta de Gobierno del Colegio con las recomendaciones pertinentes.

Del expediente ante nos surge que los abogados querellados fueron notificados por la Comisión de Ética con copia de las querellas presentadas contra ellos; () que les fue concedido el término reglamentario para exponer sus comentarios sobre los hechos contenidos en la querella; que fueron notificados con copia del reglamento interno de la Comisión que rige el trámite de querellas y que las contestaciones que presentaran les serían enviadas a los querellantes.

Habiendo transcurrido el plazo concedídoles sin que hubiesen contestado la querella, fueron advertidos que de no contestar dentro de la prórroga que les concedía, la Comisión habría de someter los casos a la consideración de la Junta de Gobierno. Ante la inacción de los querellados, la Comisión les concedió oportunidades adicionales para comparecer, con la advertencia de que habría de someter las querellas a la Junta de Gobierno de no oír de los querellados.

El expediente revela que las querellas fueron traídas, ante la consideración de la Junta de Gobierno, sin haberlas dilucidado la Comisión en sus méritos, y sin haber rendido un informe en cuanto a ellas, todo ello sin observar su propio reglamento.

Sólo surge del escrito del Colegio presentado ante nos que la Comisión de Ética solicitó de la Junta de Gobierno la iniciación de un procedimiento para disciplinar a los abogados querellados por no haber formulado contestación a las querellas notificádasles, sin mediar razón que jus-tifique su incomparecencia ante la Comisión de Ética.

Comoquiera que el propio reglamento interno del Colegio de Abogados que rige la Comisión de Ética no hace obligatoria la contestación de la querella por el querellado, y establece el procedimiento a seguir en cuanto al querellado que no desea contestar la querella, y aún más le advierte de las consecuencias de no contestar, es deber de la Comisión determinar “la conveniencia de someter un informe de la Junta de Gobierno conteniendo las observaciones y recomendaciones que crea pertinentes al caso”.

Es evidente que el informe a que se refiere el reglamento trata de los méritos de la querella presentada y no a la opción que tiene el querellado de no hacer alegación alguna en cuanto a los hechos. A lo sumo, la Comisión puede entender en determinado caso que la negativa de contestar implica una aceptación de los hechos contenidos en la querella, y debe actuar conforme a ello.

Es forzoso concluir, en vista de lo expuesto, que el Colegio de Abogados no se ha ajustado al procedimiento que provee la ley y el reglamento aprobado para su ejecución. Es, por tanto, prematura la comparecencia del Colegio ante este Tribunal para solicitar medidas discipli-narias.

La facultad del Colegio de Abogados “para recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión” surge de la ley que crea dicho Colegio. 4 L.P.R.A. see. 771 et seq., esp. see. 773. Puede instituir el correspondiente procedimiento de desaforo ante el Tribunal Supremo, si encontrara causa fundada para ello luego de la celebración de una vista preliminar en la que se dará oportunidad al interesado para comparecer. Id., see. 773. El procedimiento dentro del Colegio de Abogados está regido por el reglamento de la Comisión de Ética Profesional del Colegio aprobado en 17 de enero de 1970. Ya hemos dicho antes que el propio reglamento no obliga al abogado a contestar la queja.

El Tribunal Supremo no tiene jurisdicción sobre el procedimiento allí instituido, hasta tanto se interponga ante él el correspondiente procedimiento de desaforo conforme lo provee la ley. () El Colegio, por tanto, no puede acudir ante este foro en solicitud de auxilio para realizar sus procedimientos internos, y mucho menos cuando su reglamento no exige contestación. La actuación del Tribunal hoy lo convierte en un brazo auxiliar del Colegio de Abogados, y más aún, representa una actuación que no tiene cabida en ley y ni siquiera en su facultad inherente para entender en quejas y querellas respecto a la conducta de los abogados. Equivale a un auxilio de jurisdicción sin tener jurisdicción sobre la queja instada. Ni siquiera conocemos la naturaleza de la queja. El paso que da el Tribunal es inaudito, no importa la laudable función del Colegio de Abogados, autorizada por ley, al tomar la iniciativa de investigar quejas en relación con la conducta de sus miembros. Por tal iniciativa merece plácemes de este Tribunal.

La fragilidad de la orden del Tribunal al requerir a los abogados que respondan ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados quedará al descubierto en el evento de que su orden sea desacatada, puesto que, a mi juicio, el Tribunal no tiene facultad para dictarla en las circunstan-cias de este caso.

Devolvería al Colegio de Abogados las querellas objeto de este recurso para que continúe hasta su conclusión final el procedimiento establecido por ley y por reglamento sobre las quejas presentadas respecto a la conducta de los abogados en ejercicio de su profesión. 4 L.P.R.A. see. 773(g); Reglamento de la Comisión de Ética Profesional del Colegio de Abogados, aprobado el 17 de enero de 1970.

      (1) Algunas de las querellas se originaron hace 4 ó 5 años. No puedo abstraerme de la preocupación que genera el que la Comisión de Ética tenga bajo su consideración, por términos indefinidos, quejas que penden sobre abogados, sin que tomen alguna acción afirmativa para resolverlas.

      (2) Este Tribunal entiende, además, en torno a las quejas sobre conducta profesional que se presentan ante nos y las procedentes de investigaciones realizadas por el Procurador General. Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo.


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text:
    Teodoro Rodríguez y Julia Ruiz de Rodríguez por sí y en representación de sus hijos menores Juan Carlos, Luis Alberto y Judith Teresa Rodríguez Ruiz, demandantes y recurridos, v. Félix Bigay Ramírez y John Hancock Mutual Life Insurance Company, demandados y recurrentes.

      Número: R-79-249

      Resuelto: 18 de junio de 1980

      Fiddler, González & Rodríguez y Eduardo Negrón Rodríguez, abogados de los recurrentes; los recurridos no comparecieron.
    El Juez Asociado Señor Negrón García emitió la opinión del Tribunal.
   Teodoro Rodríguez adquirió de la John Hancock un se-guro de vida sin someterse a examen médico. Desde el 8 de julio de 1965 pagó las primas con regularidad. Luego de un examen, el 2 de agosto de 1970 fue declarado incapacitado totalmente por una afección cardíaca. Infructuosamente reclamó relevo del pago de primas según estipulado en la póliza. Aún así, las continuó pagando. Presentó demanda solicitando su devolución y compensación, por daños. La demandada contestó aduciendo, entre otras defensas, que la incapacidad era el resultado de una enfermedad preexistente a la fecha de entrar en vigor la póliza —excluida por sus términos— que Rodríguez omitió informar. Éste había sido tratado de una afección cardíaca allá para noviembre y diciembre de 1964. La aseguradora alegó que de ser responsable, sólo lo sería de la devolución de la primas y del relevo de las subsiguientes.

Oportunamente, el tribunal dictó sentencia ordenando a la aseguradora devolver todas las primas cobradas indebi-damente y sus intereses legales; concede $3,500.00 por los daños sufridos por el demandante y su esposa, y desestima la reclamación de sus hijos menores. Razonó dicho foro que la cláusula de indisputabilidad de la póliza impedía que, transcurridos tres (3) años, la aseguradora levantase la defensa de que la incapacidad no estaba cubierta por provenir de enfermedad contraída antes de su vigencia. Aplicó el artículo que establece, según su propio título, un “límite de tiempo para ciertas defensas” en cuanto a pólizas de seguro por incapacidad, y que en su inciso (b) provee:

Ninguna reclamación por pérdida incurrida o por incapa-cidad (según se definen en la póliza) que comience después de transcurridos tres años desde la fecha de expedición de esta póliza, se reducirá o denegará por el fundamento de que, con anterioridad a la fecha de efectividad de la cubierta de esta póliza, existía una enfermedad o lesión física no excluida de la cubierta por su nombre o descripción específica, efectiva en la fecha de la pérdida. 26 L.P.R.A. see. 1606.

I

A solicitud de la aseguradora, revisamos. Su alegato y discusión se centralizan sobre la alegada falta de cubierta. Argumenta que la póliza estableció como excepción a la concesión del relevo de primas el que “(1)... la incapacidad resultare de un daño corporal sufrido o una enfermedad contraída antes del pago de la primera prima” para este beneficio, al amparo de los Arts. 13.050 y 13.230 del Código de Seguros, que en lo pertinente rezan:

Deberá haber una disposición al efecto de que la póliza será incontestable después de haber estado vigente, en vida del asegurado, por un período no mayor de dos años a partir de la fecha de su expedición, excepto por la falta de pago de primas y, a opción del asegurador, por la violación de cualesquiera de las limitaciones permitidas en la see. 1323 de este título si están contenidas en la póliza. 26 L.P.R.A. see. 1305. (Énfasis nuestro.)

(4) El derecho del asegurador de limitar su responsabilidad con respecto a cualesquiera . . . beneficios provistos en caso de que el asegurado se incapacite ... no estará sujeto a esta sección ni limitado o afectado por la misma, ni tampoco por las sees. 1305 y 1315 de este título. 26 L.P.R.A. see. 1323.

No tiene razón. Aunque la póliza contiene una cláusula general redactada conforme lo preceptuado en el Art. 13.050, también tiene una cláusula en particular adicional de incontestabilidad, aplicable por sus propios términos, a los beneficios por incapacidad. La proposición de la aseguradora sería correcta si la póliza contuviera solamente la cláusula de incontestabilidad general. Podría entonces sostenerse que el asegurador ejercitó su opción de excluir de manera expresa los beneficios por incapacidad de los efectos de la incontestabilidad según lo autoriza la See. 1305. Ahora bien, al insertarse una cláusula de incon-testabilidad en particular para cubrir beneficios de incapaci-dad, la única y lógica interpretación es que no se excluyeron tales beneficios de los efectos de dicha cláusula, sino, por el contrario, se limitó el período en que la aseguradora podía invocar sus defensas en cuanto a los mismos. En este sentido, los beneficios por incapacidad quedaron igualmente sujetos a que transcurrido el período de tres (3) años serían indisputables. Esta interpretación es congruente con el principio de que, en casos de ambigüedad sobre exclusiones en torno a cláusulas de incontestabilidad y beneficios por incapacidad, las dudas deben resolverse a favor del asegu-rado. 18 Couch, op. cit., 2d, sec. 72:29, págs. 59-60.

II

Nuestra decisión de que los beneficios de incapacidad están sujetos a incontestabilidad nos obliga a considerar si la defensa levantada es o no de cubierta. Si lo fuera, no quedaría vedada. Estaríamos ante la situación de un riesgo contra el cual el asegurado nunca estuvo protegido, pues la cláusula de incontestabilidad no puede tener el efecto de ampliar la cubierta.

El problema de determinar qué defensas impide una cláusula de incontestabilidad ha producido serias discusiones que giran principalmente alrededor de los casos de Metropolitan Life Ins. Co. v. Conway, 169 N.E. 642 (1930), y Simpson v. Phoenix Mut. Life Ins. Co., 247 N.E.2d 655 (1969).

Conway estableció la distinción entre defensas basadas en condición de seguro y las basadas en limitación de riesgo, dictaminando que las primeras quedan vedadas luego de concluido el período de contestabilidad, no así las segundas, relativas a cubierta. No nos satisface este enfoque. Es susceptible de ser empleado para burlar los propósitos de las cláusulas de incontestabilidad. Por ende, suscribimos la norma de Simpson con su pronunciamiento medular de que lo crucial en la dicotomía y distinción entre condición y limitación del riesgo o cubierta es la oportunidad de descubrimiento. En Sucn. Roche v. Banco de la Vivienda, 103 D.P.R. 656, 659-60 (1975), aplicamos esta orientación. Allí señalamos que entre los propósitos de la cláusula de incontestabilidad, estaba el fijar un período durante el cual la aseguradora venía obligada a investigar para poder descubrir cualquier hecho o circunstancia que pudiese tener el efecto de derrotar la oportuna reclamación del asegurado o beneficiarios. Una vez transcurrido el mismo, no podía levantar tales defensas.

En el caso de autos, la aseguradora John Hancock tuvo tiempo suficiente para averiguar e investigar lo concerniente al tratamiento del demandante Rodríguez debido a la afección cardíaca sufrida antes de entrar en vigor la póliza. De hecho un año después de expedir la póliza sobre la cual gira la controversia, expidió otra a favor de Rodríguez, previo examen médico, sin que la denegara por razones de salud. Ella pudo, como correctamente concluyó el tribunal sentenciador, haber desplegado la diligencia que demostró en este litigio para dejar probado —dentro del período de contestabilidad— que Rodríguez padecía previamente la enfermedad que luego le incapacitó. No podemos pasar por alto que uno de los objetivos de estas cláusulas es evitar litigación años más tarde sobre cuestiones que se prestan a mejor descubrimiento en etapas más tempranas. Entendemos que la defensa de la aseguradora trata verdaderamente de una condición o garantía de buena salud y no propiamente de una limitación de riesgo. Pretende, ahora, cubrirse contra las representaciones que antes no objetó. Esta apreciación se comprende mejor si observamos que no se excluyen causas específicas o enfermedades en particular, sino que se hace una exclusión general de la incapacidad proveniente de cualquier enfermedad no excluida por los propios términos de la póliza que existiera antes de su vigencia. En casos de esta naturaleza, es función de los tribunales lograr un equilibrio de los intereses en conflicto, protegiendo la confianza del asegurado, como consumidor, de que podrá contar con los beneficios por él pactados y pagados. Como dijimos en Sucn. Roche, supra, la cláusula de incontestabilidad “[ijmpide que el asegurador entretenga al asegurado, por inacción, con una seguridad ilusoria durante el tiempo en que mejor pueden depurarse y comprobarse los hechos . . .” (pág. 660). Resolvemos que la cláusula de excepción al relevo de primas no difiere en nada de otras defensas que reconocidamente no pueden calificarse como de cubierta. Conllevaría una burla a los propósitos de la cláusula de incontestabilidad. Por ende, no erró el tribunal sentenciador al relevar al demandante Rodríguez del pago de primas y ordenar la devolución de las pagadas.

Resta considerar la procedencia o no de $3,500.00 en concepto de daños morales resultantes del incumplimiento del contrato bajo el Art. 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3018. Esta sanción reparadora fue erróneamente adjudicada por resultar de una situación imprevista. Difícilmente podía contemplarse que debido a que el asegurado Rodríguez se trasladaría a España a estudiar medicina —recibiendo entre pensiones de Seguro Social y Veteranos poco más de $500.00— el pago de la prima en controversia, alrededor de $19.48 mensuales, representaría una reducción sustancial al presupuesto familiar disponible.

Igualmente consideramos error la concesión de honorarios de abogado. La aseguradora John Hancock no procedió con temeridad al litigar éste asunto, hasta el presente no pautado en nuestra jurisdicción.

Se dictará sentencia que modifique la del tribunal de instancia a los fines de eliminar la concesión de daños morales y honorarios de abogado. Así modificada, será confirmada.

       Toda revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 D.P.R. 776 (1964); Alum Torres v. Campos del Toro, 89 D.P.R. 305 (1963); Pueblo v. Club

        Management, Inc., 88 D.P.R. 189 (1963). Por ello no nos detendremos a analizar exhaustivamente el error de la sala sentenciadora al aplicar la sección antes transcrita. A igual resultado, aunque por otra avenida, llegaremos.

       La cláusula de incontestabilidad general a que hacemos referencia reza:
      “Esta póliza, excepto cualquier disposición para beneficio por incapacidad o muerte accidental, será incontestable luego de haber estado en vigor en vida del asegurado por 2 años desde la fecha de su expedición, excepto por la falta de pago de las primas.” (Traducción nuestra.)
      La cláusula de incontestabilidad especial referente a beneficios por incapacidad reza:
      “Esta disposición de Beneficios por Incapacidad será incontestable luego de haber estado en vigor en vida del asegurado y sin que haya ocurrido la incapacidad total del asegurado por los tres años desde la fecha de su expedición, excepto por falta de pago de las primas.” (Traducción nuestra.)

       18 Couch, On Insurance, 2d, see. 72:26, pág. 57 y 72:28, págs. 58-59, 72:59, pág. 77 (1968); 1 Appleman, Insurance Law and Practice, sec. 831, págs. 585-86; sec. 336, págs. 611 a 617 (Rev. Ed. 1965). Como ejemplo de una excepción expresa, Millman v. Metropolitan Life Insurance Company, 241 A.2d 566 (1968).

       1 Appleman, op. cit., see. 331, pág. 588; 18 Couch, op. cit., sec. 72:61 a 72:65, págs. 79-83; Home Life Insurance Company v. Requeira, 313 So.2d 438 (1975); Minnesota Mutual Life Insurance Company v. Morse, 487 S.W.2d 317 (1972); Allen v. Aetna Life Ins. Co., 563 F.2d 1240 (1977); First Pa. & B. T. Co. v. United States Life Ins. Co., City of N.Y., 421 F.2d 959 (1969); National Life

        and Accident Insurance Co. v. Mixon, 282 So.2d 308 (1973); Carlson v. New York Life Insurance Company, 222 N.E.2d 363 (1966); National Life and Accident Insurance Co. v. Chapman, 127 S.E.2d 157 (1962); Sanders v. Jefferson Standard Life Ins. Co., 10 F.2d 143 (1925); Gordon v. Unity Life Ins. Co., Inc., 39 So.2d 812 (1949).
      La recurrente hace énfasis en el caso de Apter v. Home Life Ins. Co. of New York, 194 N.E. 846 (1935). Éste decide, en cuanto a una póliza de incapacidad, que dado a que una cláusula de incontestabilidad no es un mandato en cuanto a cubierta, el asegurador puede excluir cualquier causa que se originase antes de advenir efectiva la póliza. Notamos que Apter se resuelve utilizando el enfoque de Conway, infra, que rechazamos.

       En general, Keeton, Basic Text on Insurance Law, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1971, págs. 393-398. También: F. McCarthy, Reinstatement Misrepresentation and Incontestability: A Polysyllabic Puzzle, 4 The Forum 40 (1968); Rail y Sfikas, Group Insurance — Is the Incontestable Clause a Bootstrap which Enlarges Coverage?, 5 The Forum 51 (1969); G. Salzman, The Incontestable Clause in Life Insurance Policies, 554 Ins. L.J. 142 (1969).

       W. F. Young, Jr., “Incontestable" — As to What?, 1964 U. Ill. L.F. 323-329.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. William D. Foster, acusado y peticionario.

      Número: O-80-299

      Resuelto: 19 de junio de 1980

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogada del peticionario; el recurrido no compareció.
   RESOLUCIÓN

A la anterior petición de certiorari, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente Señor Trías Monge lo expediría y se reserva el derecho a expresarse posteriormente. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto explicativo.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

-O-

Voto explicativo del Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 1980

Coincidimos con la negativa del Tribunal a expedir, pues somos del criterio de que es improcedente el descubrimiento de prueba en la etapa de la vista preliminar. Esta conclusión toma como base dos fuentes, a saber: (1) que la Regla 23 de Procedimiento Criminal vigente no lo autoriza; y (2) que su concesión nunca fue contemplada.

Sin embargo, el caso rebasa este dictamen, y nos permite exponer ciertas reflexiones en torno a la vista preliminar. Veamos.

I. Introducción:

Para el año 1924 el entonces Juez Presidente, don Emilio del Toro, describió el siguiente panorama en Puerto Rico;

Existe un clamor justificado en muchas ocasiones contra la dilación en la administración de la justicia en nuestro país, tanto en las causas criminales como en los pleitos civiles. Esta corte se ha visto obligada a decretar el sobreseimiento de muchas acusaciones por no haberse sometido a juicio a los acusados dentro del término de ciento veinte días. Pueblo v. Arrocho, 33 D.P.R. 657, 672 (1924).

Más de medio siglo después, para el año 1978, el actual Juez Presidente, don José Trías Monge —sobre la tónica de inercia procesal y la petrificación de instituciones— escribía: “[e]l abarrotamiento de los calendarios judiciales en Puerto Rico debe ser motivo de alarma”.

Que la justicia en Puerto Rico es lenta, es una verdad inconcusa de ayer y hoy. Que la duración de los procesos ha llegado al extremo de que al cabo de un número irrazonable de meses o transcurridos los años es que se alcanzará una solución, en cuyo momento tal vez no remedie nada, es de conocimiento popular. Que los casos criminales languidecen en los tribunales, es incontrovertible. Que los esfuerzos, laboriosidad y devoción de la dirección de los tribunales, jueces y el personal parajudicial del pasado y presente no han podido evitarlo, es un hecho notorio.

Si bien carecemos de fórmulas mágicas para abordar el problema, estamos convencidos de que la investigación de manera integral es necesaria. El procedimiento penal exige un sistemático análisis sobre una gama de factores, con visión unitaria de los sujetos, objetos y actos que componen su dinámica. Y sobre todo, estos diversos elementos deben ser examinados en funcionamiento, sobre la marcha, anotan-do y observando cómo se combinan los diversos elementos estructurales y las actividades y comportamiento de los participantes.

Con todo respeto a otras voces autorizadas, en el descargo de nuestra responsabilidad individual e institucional con-signamos nuestro criterio de que debe examinarse la posible eliminación de la vista preliminar preceptuada en la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal vigentes. Tenemos serias y fundadas reservas —a la luz del análisis, datos y conclusiones— en cuanto a si la misma ha cumplido los objetivos que la inspiraron, o si por el contrario, subsiste como rémora entorpecedora del pronto procedimiento criminal de causas penales. Los estudios empíricos realizados y la experiencia sobre el particular tienden a demostrar que las pocas ventajas obtenidas de la vista preliminar, a corto y largo plazo, han resultado mínimas en comparación con los problemas y costos que acarrean, y los inconvenientes y malestar que genera entre la ciudadanía.

A poco se examinen los fundamentos que se han adelantado para justificar su existencia, se observará que se aceptan o se ignoran unas realidades o hechos que el más ingenuo rechazaría o reconocería. Más aún, en ciertos círculos o sectores de opinión se ha intentado elevar a categoría de dogma constitucional la institución, cuando no la tiene, a la par que la impresión de que su permanencia es imprescindible.

II. Directriz constitucional:

Las reglas procesales que corresponde a este foro aprobar, conforme la directriz contenida en el Art. V, Sec. 6 de nuestra Constitución, deben orientarse sobre el principio de economía procesal, esto es, propiciar un proceso “justo, rápido y económico”. El descargo de esta delicada función exige que reconozcamos varias premisas. Lo primero, que “proceso, por su misma etimología, quiere decir avanzar, adelantar, para que haya un proceso es necesario que no nos detengamos. Un proceso paralizado, detenido, no es pro-ceso”. Segundo, toda regla procesal se manifiesta en un doble aspecto: en su función de índole procesal y una de pura actividad administrativa. Tercero, el concepto regla, en sus diversas acepciones comprende modo de ejecutar una cosa, precepto, principio o máxima en las ciencias o artes; razón que servirá de medida y a que deberán ajustarse las acciones para que resulten rectas.

Así, por naturaleza inherente, toda regla procesal debe basarse en una hipótesis de generalidad. En cuarto lugar, y como corolario, una regla formulada sobre una excepción o un número reducido de casos concretos, lo es por fíat, pero no por esencia, desvirtuándose parcialmente su característica. Si el supuesto fáctico en que se sostiene la norma es incorrecto o irreal, el resultado es que la regla no funcionará. De igual modo, si se pauta para lo singular, habremos reglado lo particular, sacrificando aquello que es regular o general. Y finalmente, al trasladar esta concepción al ámbito jurídico-administrativo, advertimos, según apuntado, que tales reglas procesales deberán versar sobre situaciones comunes, trámites ordinarios, documentos usuales y plan-teamientos y soluciones frecuentes.

Para lograr determinar si se ha cumplido o no con la trilogía constitucional que manda que el procedimiento sea “justo, rápido y económico”, debemos reflexionar sobre su contenido.

A) Proceso justo: El axioma básico es el ideal de “justicia”. Si bien el fallo final de un tribunal debe ser justo, este ideal debe impregnar toda la evolución procesal en sus distintas fases. Una cápsula de las características filosó-ficas que dan contenido al concepto, nos remonta siglos atrás al pensamiento aristotélico donde prevalece la idea central del “justo medio”, esto es, nada en exceso, todo en proporción, evitándose los extremos. Con el advenimiento del cris-tianismo el concepto evoluciona para proclamar dos ver-tientes: dar al individuo, como figura central, seguridad en el disfrute equitativo de la vida y asegurarle dicho disfrute, tomando en cuenta el bien social. En el compendio histórico del concepto, notamos énfasis en igualdad, libertad y reparación de agravios. Otra nota característica del concepto es el de la “verdad”, concebida ésta como la existencia, certeza y realidad de una cosa o un hecho. Nuestra jurisprudencia, a manera de ejemplo limitado, reconoce esos atributos: “La justicia debe ser igual para todos”. El Pueblo v. García, 32 D.P.R. 723, 731 (1924). “Los intereses de la justicia no son exclusivamente, los del pueblo, o los del acusado: son los de la sociedad toda interesada en que lo justo triunfe sobre lo injusto. Y no tienen más alta representación que la del juez que dirige el procedimiento, y encauzar los debates, y cuyo interés es el social, no el de las partes del caso.” Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16, 18-19 (1929).

B) Proceso rápido: Por la incertidumbre y falta de certeza que conlleva toda adjudicación tardía de una controversia, está aceptado que un sistema lento propicia injusticias. Periódicamente los jueces advertimos la existen-cia de ciertos escollos o factores que contribuyen a que las causas criminales sean lentas. El examen de éstos no puede ser uno limitado a la perspectiva judicial, sino uno integral que valúe y considere los impactos positivos y negativos que conllevan las normas a toda la estructura e integrantes del sistema de justicia criminal —jueces, abogados, fiscales, testigos, peritos, perjudicados— y, sobre todo, la ciudadanía en general, último receptor y árbitro de la eficiencia en la administración de la justicia. Las reglas existentes tienen que ser analizadas concienzuda y meticulosamente, con datos empíricos completos, como uno de los medios de comenzar a afrontar responsablemente el problema.

No se necesita mucho esfuerzo mental para concluir que, si las reglas vigentes criminales disponen una serie de plazos relativamente breves en los cuales deben realizarse y procesarse determinadas gestiones —que dicho sea de paso, en la práctica no se cumplen— y, no obstante, el proceso es lento, sus causas radican en otras razones, sectores o factores. Los estudios señalan que:

Históricamente los procedimientos judiciales se han caracteri-zado por ser complicados, costosos y lentos. Los esfuerzos de personas capacitadas y dedicadas en el pasado de superar tales aspectos no han tenido el éxito contemplado. Uno de los factores que contribuye a la lentitud es la suspensión. Se puede afirmar que la congestión de casos produce suspensiones y éstas producen congestión.
Las dilaciones interminables e injustificadas comprometen los derechos básicos individuales y de la ciudadanía en general y mina la confianza y fundamento de un sistema bajo el imperio de la ley. La mayor falla y debilidad que ha experimentado la administración de justicia en Puerto Rico y en otras jurisdic-ciones es y ha sido las dilaciones prolongadas e indebidas.

C. Efectos:

Los efectos de las dilaciones y suspensiones tradicionalmente reconocidas se pueden consignar en las siguientes proposiciones:

1) Afecta la confianza y fe en el sistema, jueces, fiscales, abogados y demás integrantes;
2) Impone gravámenes económicos adicionales sobre los acu-sados, partes, testigos, y demás ciudadanía;
3) Contribuye a la congestión de casos y afecta adversamente el presupuesto funcional del sistema de justicia del país;
4) Alienta el deterioro de evidencia ante la indisponibilidad (ausencia, desaparición o muerte) de testigos, pérdida de memoria sobre hechos esenciales, etc.;
5) Fomenta un sentido de injusticia debido a que el transcurso de mucho tiempo crea inseguridad e incerteza en la determinación final factual y jurídica de las controversias; y
6) Propicia acuerdos o arreglos injustos.

En una clasificación genérica los factores que intervienen en las dilaciones de los procedimientos y las suspensiones de casos se pueden ubicar del siguiente modo:

a) Personas: 1. Jueces; 2. Abogados; 3. Fiscales; 4. Acusa-dos; 5. Partes; 6. Testigos.
b) Sistemas: 1. Reglas Procesales; 2. Actitudes y prácticas prevalecientes; 3. Facilidades y recursos existentes; 4. Enfoque jurisprudencial.

Sin embargo, dicho Informe señaló que “[l]a evaluación concreta y empírica del fenómeno de las suspensiones, factores concurrentes, efectos y remedios no ha sido objeto de estudio anterior en Puerto Rico. Excepto para uso interno, y limitado a ciertos datos, las estadísticas oficiales publicadas anualmente en el Informe del Director Adminis-trativo de los Tribunales, no contienen información sobre las suspensiones que ocurren en nuestro sistema y sus causas”. Ibid., pág. 258.

A manera de paréntesis, anticipamos que el análisis sobre la vista preliminar preparado por el Secretariado de la Conferencia Judicial constituye un buen intento para proveernos de los elementos de juicio necesarios para descargar nuestra misión. Sin embargo, con todo respeto, adolece de serias fallas por razón de lo limitado de los datos en que se apoyan sus conclusiones.

C) Proceso económico: Si bien esta característica co-rresponde al aspecto pecuniario, su examen cubre no sólo los costos de la rama judicial, sino de todos los participantes que de ordinario intervienen en el procesamiento del sistema de justicia criminal. Una clasificación sistemática comprende los siguientes aspectos:

(i) Presupuesto público: Implica ponderar los gastos operacionales de mantener el personal de todos los com-ponentes principales e incidentales que intervienen regu-larmente —jueces (Poder Judicial), fiscales (Departamento de Justicia), secretarios, alguaciles, policías y otros — ; los desembolsos relacionados con los trámites y documentos ordinarios relativos a la formulación de querella, denuncia, acusación, citación, dietas, órdenes de arresto, libro de radicaciones, mociones; el presupuesto para las facilidades físicas: desde propiedad inmueble y mueble para oficina, salones de sesiones, hasta otros costos importantes, tales como luz, agua, mantenimiento, administración, etc.

(ii) Al acusado: Conlleva evaluar los gastos de defensa del caso, que puede ser mediante contratación de abogado en el ejercicio privado de la profesión o la representación gratuita por la Sociedad para Asistencia Legal.

(iii) A los testigos: Presupone estudiar los costos sociales en atención a los gastos de transportación, pérdida de ingreso por ausencia del trabajo, no compensables mediante costas.

A tono con esté trasfondo conceptual, a la luz del examen de todos estos factores concurrentes, corresponde formular una contestación a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el verdadero costo social —al Estado (Poder Judicial, Fiscales y Policía), al acusado y los testigos— de una vista preliminar? ¿Cuánto es el costo real y social promedio de una suspensión? Y más aún, ¿cuál es el costo espiritual que está pagando el sistema de justicia criminal por el mantenimiento de la vista preliminar?

III. Análisis del informe del Secretariado sobre vista preliminar citado por la parte peticionaria:

El peticionario apoya su posición en una recomendación del Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial. Ciertamente, éste constituye un trabajo elaborado y de gran utilidad. Su mayor falla radica en lo moderado y limitado de los datos empíricos. Aun así, su examen parece confirmar la tesis sobre el panorama desalentador en que se encuentra el sistema de justicia criminal en el país y es un buen indicador para inquirir si la vista preliminar debe o no debe eliminarse, debido a que esta institución aparentemente empaña la eficaz administración de la justicia criminal y no propicia un sistema justo, rápido ni económico.

Sobre sus aspectos negativos, basta reproducir las si-guientes conclusiones: existe un descontento entre todos los participantes de la vista preliminar en San Juan, debido a los señalamientos excesivos y a las múltiples suspensiones (págs. 37-38); hay un índice altísimo de suspensiones (más de las que se celebran), y como promedio, de una a tres veces (pág. 41); los testigos se cansan de los múltiples señalamientos y desisten de comparecer (pág. 43); las suspensiones merman los recursos humanos de un sinnúmero de funcionarios públicos; la Sociedad para Asistencia Legal carece de recursos económicos suficientes para realizar su labor (pág. 44); y las renuncias causan comparecencias inútiles (pág. 48). Estos extremos corroboran los apuntamientos consignados en el Informe Sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico por la Comisión para el Estudio de los Tribunales, 1971. En otras palabras, han transcurrido seis (6) años desde que se hicieron los primeros señalamientos en torno al problema de las suspensiones en las vistas pre-liminares sin que hasta el presente, administrativamente, se hayan podido poner en práctica las recomendaciones tendentes a minimizarlas.

De otro lado, entre los aspectos positivos tendentes a justificar su existencia, resaltan el costo-beneficio en térmi-nos de tiempo y de carácter económico y su función de cedazo y desvío (pág. 89). Examinemos estos méritos.

(i) Costo-beneficio de tiempo:

Se le adjudica a esta institución una economía procesal en el tiempo transcurrido en la ventilación y adjudicación del proceso plenario, un plazo de l.J+2 meses por caso durante el año 1977-78, y se concluye que los períodos de tiempo desde su radicación hasta su correspondiente resolución son como sigue: casos de naturaleza grave en el Tribunal Superior, 5.88 meses; vista preliminar en el Tribunal de Distrito, 1.18 meses; y de novo ante el Tribunal Superior, 2.67 meses.

Con conocimiento íntimo de la lentitud clásica de los procesos, nos preocupó sobremanera la correspondencia entre estas conclusiones estadísticas y la realidad. Las dudas se esclarecieron al percatarnos de que un examen detenido de la metodología seguida para este análisis reflejó que éstas estaban fundamentadas y formuladas sobre el criterio estadístico de mediana. La mediana representa el valor del término medio de determinado grupo de datos (casos), luego de haber sido ordenado dicho grupo en forma ascendente o descendente. Este valor divide los datos de tal forma que más del 50% de los datos es mayor o menor que él. Por tanto esta medida describe el centro de los datos. La dificultad de este criterio radica en que puede ser un pobre índice con respecto a los extremos de la agrupación. En el análisis de este beneficio, el uso de la mediana es un método desorienta-dor, pues incluye las renuncias a la vista preliminar y las alegaciones de culpabilidad en ambos niveles del Tribunal de Primera Instancia. A tal efecto, es interesante notar que para el año 1977-78 se “resolvieron” 15,628 casos de vista preliminar, de los cuales 2,519 (16.1%) fueron a través de renuncias, y que de los 12,246 casos graves “resueltos” en igual período en el Tribunal Superior, 4, 831 —equivalente a un 40%— fueron a través de alegaciones de culpabilidad.

Consideramos también carente de validez objetiva el resultado de que el tiempo promedio de una vista preliminar es 1.18 meses. Basta recordar lo consignado en el propio Informe de que la vista “se suspende, . . . como promedio de una a tres veces” y que según el cuestionario de los jueces, “[cjuando se suspende un caso el nuevo señalamiento es para dos o tres meses después” (pág. 36).

El siguiente cuadro ilustra la magnitud del problema de las suspensiones durante el período comprendido entre el 1ro de julio de 1977 y el 30 de junio de 1978.

De poca confiabilidad también resulta el supuesto tiempo promedio de 2.67 meses de vista preliminar en alzada (de novo) debido al alto índice y a la frecuencia de las suspensiones que en dicha etapa se dan.

De igual modo es dudosa la conclusión de que el tiempo promedio de un caso grave en el Tribunal Superior es de 5.88 meses desde la radicación en la secretaría hasta su resolución. Nuestro escepticismo descansa en un cómputo de las propias estadísticas oficiales acumuladas y publi-cadas anualmente por la Oficina de la Administración de Tribunales. Según éstas, la siguiente tabla desglosa fiel y exactamente la relación de tiempo transcurrido en los casos pendientes ante el Tribunal Superior desde su radicación:

Al observar el desglose de tiempo transcurrido en los casos pendientes ante el Tribunal Superior desde su radicación hasta su disposición, advertimos un estanca-miento en los últimos cuatro (4) años en el porcentaje de número de casos resueltos en los primeros seis (6) meses. El año 1977-78 evidenció un aumento que tiende a indicar que recientemente se está agudizando, en lugar de mejorar, el problema de lentitud en el proceso de poner fin a las causas penales a ese nivel. La totalidad del desglose demuestra, en términos generales, que aproximadamente la mitad de los casos se resuelve en el período de un (1) año, y el remanente en un mayor término. Esta tendencia refleja que es altamente cuestionable la conclusión del Informe del Secre-tariado de que la mediana de resoluciones de casos ante dicho foro es de 5.88 meses. Por el contrario, ilustra y corrobora la impresión generalizada de que al presente subsiste el mal de la dilación a unos niveles intolerables. De continuar este patrón, la crisis que experimenta el sistema de justicia criminal podría tornarse en una sobresaturación.

(ii) Costo-beneficio económico:

Otro de los aspectos positivos atribuido a la vista preliminar es que representa un ahorro económico al sistema judicial. Específicamente, para el año 1977-78, la suma global de $432,348.00. También resulta en extremo vulnerable esta aseveración. El análisis de este cómputo inexplicablemente limita los datos al sueldo promedio mensual del personal judicial únicamente que interviene en la resolución de los casos, excluyendo los siguientes gastos: (a) los que representa la vista preliminar para el Ministerio Fiscal, la Policía, el acusado, abogados privados y abogados de personas indigentes; (b) los que conlleva por la documenta-ción, notificación y demás trámites; y (c) los testigos en lo concerniente a gastos por transportación, dietas, ausencias de sus trabajos y otros, esto es, el costo social.

Como errores mayúsculos, las estadísticas y el examen que se hace sobre costos, no contienen los desembolsos sustanciales que se irrogan: (a) por cada suspensión al sistema judicial (recordemos que la posposición de casos es uno de los aspectos patológicos del proceso, que en índices elevados consume energía) y (b) no toma en consideración el fenómeno de las múltiples suspensiones y los desembolsos que las mismas representan, no sólo al sistema judicial, sino a los demás componentes y protagonistas que intervienen regularmente en la misma. Esta falla principal anula toda conclusión referente a costo-beneficio económico.

A manera de ilustración, el Informe consigna que “la vista preliminar se suspende, pues, como promedio de una a tres veces”. En estas circunstancias, fácil es advertir el impacto económico devastador, si consideramos como costo mínimo para el Estado, a manera de ejemplo, que cada suspensión cuesta la suma de $10.00 para el poder judicial, la fiscalía, la Policía y peritos. Al multiplicar esta cantidad por 18,434 vistas señaladas y suspendidas, advertimos que ello representaría un aumento operacional de $184,340.00 en el caso de una suspensión; $368,680.00 en casos de dos suspensiones y $553,020.00 en casos de tres suspensiones. Es de rigor acentuar que esta apreciación económica no toma en cuenta el costo social que la simple comparecencia conlleva para todo testigo y acusado.

Repetimos, no se puede evaluar la utilidad de un mecanismo como la vista preliminar mediante un análisis aislado de costo. Es necesario incluir, para lograr una visión panorámica, los gastos que representa a los otros compo-nentes del sistema: policías, fiscales, asistencia legal y a la ciudadanía en general.

(iii) Cedazo y desvío de casos:

Concentramos nuestra atención en la hipótesis de que la vista preliminar representa un cedazo que evita el procesa-miento indebido de un individuo a la par que beneficia al sistema judicial descargando un número de casos fuera del recinto del Tribunal Superior.

Ciertamente el Informe que nos ocupa demuestra que la vista preliminar constituye limitadamente un cedazo que evita que se radiquen ante el Tribunal Superior un sinnúmero de casos en virtud de: (a) exoneración por no mediar causa probable o archivo y (b) traslado al Tribunal de Distrito o al Tribunal Superior, Asuntos de Menores.

La utilidad de la vista preliminar en cuanto a estos extre-mos es más aparente que real, pues, además de que los aspec-tos negativos sobre la lentitud y costo sobrepasan su beneficio y no justifican el automatismo procesal, cabe oponer varios señalamientos.

Primero, en cuanto a su principal razón de ser —evitar el procesamiento indebido de un ciudadano— el número de casos en que como consecuencia de la vista preliminar hay exoneración es mínimo y reducido al contrastarse con los sometidos a juicio. La próxima tabla lo ilustra:

De este dato podemos concluir que en la presente década el porcentaje de exoneraciones ha ido reduciéndose, lo cual es indicativo de un alto por ciento de corrección en la apre-dación de existencia de causa probable para el arresto bajo la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal vigente.

Y segundo, respecto a los dictámenes que no constituyen en sí una exoneración, tales como traslados al Tribunal Superior, Asuntos de Menores, o al Tribunal de Distrito, o archivos por razón de locura u otros motivos, advertimos lo siguiente: (a) el desviar casos al Tribunal Superior, Asun-tos de Menores, se lograría —con igual prontitud ¡o tar-danza !— mediante la única gestión de una simple moción que acredite fehacientemente la minoridad de edad del acusado al momento de cometer el delito imputado; (b) el traslado de estos casos al Tribunal Superior, Asuntos de Menores, real-mente no descarga ni libera los recursos del Tribunal Superior, sino que los transfiere a otra sección; (c) no constituye dictamen que ponga fin a la controversia judicial, la remisión de casos al Tribunal de Distrito; (d) los remitidos al Tribunal de Distrito constituyen un número insustancial —343, equivalente a 4.5%, nos señala el Informe (pág. 55)— que re-cargan este último foro por segunda vez; y (e) es altamente-cuestionable que dictámenes de archivo bajo la Regla 247, desestimaciones bajo la Regla 64, o fallos análogos, puedan considerarse como logros justificativos de la vista preliminar.

Los propulsores y el Informe favorecen que se perpetúen los testimonios mediante récord y se extienda al ámbito de acción del juez interventor, permitiendo al imputado invocar la regla de exclusión de evidencia ilegalmente obtenida y otras defensas. Pronosticamos que de ser así configurada, en lugar de una “vista preliminar” estaremos creando un “juicio previo” y la experiencia indica que el costo de la defensa au-mentaría nuevamente de manera sustancial. Si examinamos este ángulo desde el punto de vista de sensibilidad de un ciu-dadano que es denunciado, la lógica nos mueve a concluir que es más costoso, embarazoso, y de mayor impacto negativo exponerlo a dos vistas: la preliminar sobre determinación de causa y la del juicio plenario. Más aún, se corre el riesgo —de mediar una exoneración— de una vista preliminar de novo. Nos preguntamos, ¿no sería más justo, rápido y econó-mico para todos la creación de un trámite que establezca que de la determinación de causa probable inicial —de estimar el imputado que es inocente, menor de edad, que no hay evidencia suficiente o que posee otras defensas— se le permita directa-mente solicitar y obtener la ventilación pronta del juicio en su fondo? Esta adjudicación, contrario al juicio previo de la vista preliminar, de serle favorable, sería final por no ser apelable.

En atención a los sujetos participantes y a las facilidades, la siguiente composición ilustra visualmente el contraste entre la vista preliminar actual, recomendada por el Secre-tariado, y el juicio en su fondo:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA VISTA PRELIMINAR ACTUALMENTE PROPUESTA Y EL JUICIO EN SU FONDO (ASPECTOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE Y LAS FACILIDADES MÍNIMAS)

Al examinar esta relación comparativa se destaca que la diferencia básica entre los participantes en una vista preli-minar —según integrada al presente y la propuesta— y una causa en su fondo en el Tribunal Superior es la categoría del magistrado y el derecho renunciable a juicio por jurado que todo acusado de delito grave tiene. Sobre estos extremos es menester recordar que los Jueces de Distrito con cierta frecuencia son designados para actuar en el Tribunal Superior, y que las propias estadísticas acumuladas por la Oficina de Administración de Tribunales demuestran que la mayoría de las causas son dilucidadas ante tribunal de derecho por re-nunciarse al jurado. En el último año, del total de 2,486 casos graves, 338 (14%) fueron ante jurado, y el remanente, 2,148 (86%) por tribunal de derecho.

La dificultad del argumento de los promoventes de la vista preliminar es que, en el fondo, la hipótesis implícita que late está predicada únicamente en los beneficios económicos que de ella se obtienen. Este logro económico, a su vez, presupone la existencia de una diferencia basada en una menor o mayor escala de sueldos, fundada ésta en la desigual experiencia de los abogados y representantes del Ministerio Fiscal, vis-a-vis sus concordantes ante el Tribunal Superior.

Hemos de rechazar tal proposición por entender que ello, en lugar de justificar su existencia, plantearía serias inte-rrogantes sobre la calidad, excelencia y corrección de los fallos del sistema de justicia penal en dicha etapa. No estamos conformes en dispensar una justicia “barata” para beneficio exclusivo del sistema judicial, sacrificando otros intereses, tales como el derecho a juicio rápido del acusado, una de-fensa económica y el deseo de la ciudadanía de que se dilu-ciden prontamente los casos criminales.

Aun prescindiendo de la diferencia real en los sueldos que devenga el personal que interviene en el Tribunal de Distrito con relación a aquel del Tribunal Superior, cabe inquirir si en virtud de la concordancia de los participantes, según el cuadro antes demostrado, la vista preliminar tiene hoy en día el siguiente significado: aunque con ciertas restricciones, es un juicio en su fondo ante el tribunal de derecho a nivel de Tribunal de Distrito. Siendo ello así, ¿se justifica su existen-cia cuando se erige como impedimento para el procesamiento rápido de las causas criminales? Recuérdese que estas vistas se suspenden de una (1) a tres (3) ocasiones. El Informe del Secretariado tiende a sostener lo que la experiencia dicta, a saber, que los testigos y los ciudadanos se cansan de los múl-tiples señalamientos y desisten de comparecer (pág. 43). Co-mienza entonces otro círculo vicioso en el fenómeno de las sus-pensiones, a saber, tales incomparecencias causan suspen-siones y éstas, a su vez, incomparecencias.

IV. Perspectiva y Conclusiones:

Al hacer inventario somos de opinión que los logros de la vista preliminar, comparados con los problemas que genera, son insignificantes y mínimos. Todo tiende a indicar que más bien constituye un obstáculo irremediable para que hoy en día los procesos penales se ventilen con rapidez. No sólo conlleva un derroche de dinero para todos los componentes del sistema de justicia, sino que es un gravamen a la ciudadanía, que fo-menta un estado de injusticia e inseguridad debido a la falta de certeza sobre en qué momento comenzará y terminará la determinación final fáctica y jurídica de la controversia.

A riesgo de que nos tachen de pesimistas, con todo respeto, creemos que el mal de las suspensiones continuará minando el sistema de justicia criminal. Toda suspensión representa una interrupción y alteración del procedimiento, y en las proporciones que se dan en la vista preliminar son una ver-dadera crisis o anormalidad en el desenvolvimiento justo, rápido y económico. La situación que prevalece es que la regla se topa con que el actor del proceso tiene distintos y con-trarios objetivos. Los optimistas que creen que pueden lidiar con las suspensiones y dilaciones en el área penal —incluso los proponentes de la vista preliminar— olvidan, tal y como se ha reconocido en distintos estudios llevados a cabo en dis-tintas jurisdicciones, que, por regla general, a los acusados no les interesa que sus casos se ventilen rápidamente. Por el contrario, la suspensión tiende a favorecerlos, pues propicia el deterioro de la evidencia y su disponibilidad por razón de falta de interés, ausencia, desaparición, muerte o pérdida de la memoria de los testigos sobre hechos esenciales. Esta actitud del protagonista principal se entiende. Es un hecho que no necesita comprobación y debe aceptarse como parte de la dinámica del proceso y la conducta humana. En este sentido existe un profundo abismo entre esta realidad y el ideal constitucional de “juicio rápido” para el acusado. La situación no es exclusiva del presente. Hace más de un cuarto de siglo, durante el debate de nuestra Ley Fundamental, se señalaba:

[T]odas las leyes, dicen que el acusado tendrá derecho a un juicio rápido. ¡Mentira! El acusado tiene el derecho a un juicio rápido, 'pero no quiere nunca, nunca quiere un juicio rápido. Es el juez, es la sociedad, es el fiscal, [el] que tiene que luchar contra el acusado para que tenga un juicio rápido. El acusado no quiere nunca, nunca quiere un juicio rápido. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, (ed. 1961) Tomo 2, pág. 767. (Énfasis nuestro.)

De igual modo resulta insuperable el problema de la re-nuncia a la vista preliminar. Nada evita que sea suspendida en varias ocasiones y después se renuncie a la misma. La recomendación del Informe con miras a evitar las compare-cencias inútiles de fiscales y testigos, que exigen que la renun-cia sea hecha por lo menos con un día de anticipación a su celebración, es irreal e ignora que por la brevedad del período resultará imposible notificar efectivamente a los testigos de que no es necesaria su asistencia en dicha ocasión. Además, ¿qué consecuencia o sanción tendrá el que el acusado haga caso omiso a dicha regla y pretenda renunciarla el día de la vista? ¿Lo negará el tribunal y procederá a su celebración? ¿Con qué objeto?

Hemos reflexionado intensamente sobre las alternativas viables para el sistema de justicia criminal del país. Al medi-tar sobre la recomendación del Informe Sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico por la Comi-sión para el Estudio de los Tribunales, en el sentido de que la vista preliminar no sea compulsoria, sino que se celebre a opción del acusado, creemos que ello no ayudaría a solucionar los problemas expuestos y al estancamiento y atraso de casos. En estricta lógica, si la conducta y actitudes de los acusados o sus abogados en el pasado son indicadores de alguna ten-dencia, cabe esperarse que el sistema acabaría operando a la inversa de las renuncias en el presente, esto es, una propor-ción alta de acusados que piden vista preliminar con los con-sabidos problemas. La mayoría solicitaría vista preliminar para ganar tiempo y luego renunciar a ella. No habría san-ciones para tal proceder, pues resultaría difícil separar las gestiones bona fide de aquellas no legítimas formuladas con otras motivaciones. Además, causaría cierta inestabilidad en el método de citación automática de testigos utilizados al pre-sente para la primera comparecencia.

Para salvar actitudes de profundas raíces y superar pro-blemas complejos, posiblemente debamos adoptar una radical, pero sencilla solución: su eliminación. El momento ha llegado. Durante el año 1978 venció el término del último Juez de Paz. Nada impide, si no se ha hecho, que se complete su sustitución total por jueces municipales que son abogados, lo cual es de esperarse que razonablemente redunde en unas apreciaciones y determinaciones más certeras en cuanto a la existencia o no de causa probable para el arresto.

Bajo esta alternativa de la etapa de determinación de causa probable por un juez, el fiscal inmediatamente pre-sentaría acusación en la Secretaría del Tribunal Superior correspondiente y el caso sería señalado para el acto de la lectura de la acusación, en cuya ocasión el acusado y su abogado —de registrarse alegación de no culpabilidad— ten-drían derecho a recibir las declaraciones juradas de los testi-gos del Pueblo consignados al dorso del pliego acusatorio. Para salvaguardar el derecho a aquellos acusados deseosos de un juicio rápido —por estimar que la prueba de cargo es insuficiente, la evidencia fue ilegalmente obtenida, la con-fesión es involuntaria u otras defensas análogas— se crearía un mecanismo para ventilar prontamente, a solicitud de éstos y con carácter preferencial, la vista en sus méritos. Los casos menos graves dimanantes de la misma transacción que los graves irían paralelos; ni uno ni otro impedirían su procesa-miento.

La siguiente gráfica ilustra la idea y el ahorro estimado que en tiempo podríamos obtener al eliminarse la vista pre-liminar, y, por ende, el trámite de una a tres suspensiones.

Somos conscientes de y anticipamos la crítica que entre ciertos sectores de nuestra profesión esta posición podrá ge-nerar. En particular, para algunos abogados que se desem-peñan en el campo del derecho penal, la vista preliminar tiene un significado estratégico que trasciende las ventajas obvias del aspecto económico y de controlar indirectamente el mo-mento en que finalmente se ventilará el caso en su fondo. Forma parte de una permisible técnica de defensa el usufruc-tuarla, no sólo con el propósito de obtener las declaraciones juradas de los testigos de cargo prestadas previamente ante el fiscal, sino para tomar constancia y conocer la forma de comportarse y declarar de dichos testigos; amén de obtener declaraciones adicionales sobre las cuales fundamentar fu-turas impugnaciones por las probables contradicciones, que en la mayoría de los casos son inconsecuentes y normales por ser atribuibles a la limitación humana de no poder repetir —en diversas ocasiones, ad verbatim— determinado testi-monio, sin incurrir en ciertas contradicciones, omisiones u adiciones.

Posiblemente este reparo y otros son el precio que se pague por comenzar a abrir brecha en la administración de justicia criminal y visualizar el proceso penal como un fenómeno dinámico e integral en el que chocan los intereses de sus pro-tagonistas. No podemos seguir observándolo microscópica-mente como si fuera un solo acto o un proceso intocable. Como tampoco citando frases bellas en abstracto, carentes de prag-matismo en el orden procesal. La insatisfacción y reclamo del pasado subsisten en el presente. El sistema y la vista pre-liminar padecen la tara procesal de las suspensiones. Se im-pone poda en el procedimiento si se quiere simplificar los trá-mites, aunque sin incidir en la indefensión de los acusados. Es altamente cuestionable sostener que la vista preliminar propicia el procesamiento “justo, rápido y económico” de los casos criminales. Aparentemente el experimento ha fra-casado, e insistir en él es un vano consumo de energía pro-cesal. Deben completarse los estudios de manera integral, examinando todos los aspectos y factores evaluados. Si éstos confirman nuestras impresiones, entonces la alternativa viable y pragmática que debemos recomendar a la Asamblea Legislativa es su eliminación, creándole a los acusados las garantías del descubrimiento de prueba y el derecho de éstos a solicitar el señalamiento y ventilación de vista en su fondo preferentemente. Carentes al presente de todos los elementos mencionados, posponemos nuestra particular decisión final al respecto.

       Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R 1978, pág. 169.

       El ilustre magistrado del Tribunal Supremo de España, don José Trujillo Peña, nos dice:
      “Define Jiménez Asenjo la economía procesal, como ‘razón o ciencia que procura ahorrar el mayor esfuerzo o gasto posible en la actuación procesal para conseguir el fin propio del proceso’, añadiendo que los dos términos comparativos del principio son ‘máximo resultado’ y ‘mínimo gasto’. Guasp citado por el anterior, dice por su parte, que el principio se manifiesta: ‘por economía de tiempo, lo que supone el problema de la rapidez del procedimiento; economía de dinero, el problema de la baratura de la justicia; y economía de trabajo, el problema de la sencillez’.”
      “Por nuestra parte, en la misma línea doctrinal, podemos ofrecer el siguiente concepto: Medio procesal que en aras de la buena justicia y la equidad, tiende a aligerar la tramitación y enjuiciamiento de los procedimientos judiciales, removiendo los obstáculos de cualquier orden que lo impidan, dando resolución plena a las pretensiones planteadas ante los Órganos jurisdiccionales por las partes en litigio, en el tiempo y ocasión que aquéllas exijan.” El Principio de la Economía Procesal, 2 Rev. Derecho Procesal Iberoamericana 285 (1970).

       Santiago Sentis Melendo, El Problema de la Lentitud de los Procesos y sus Soluciones, .3 Rev. Derecho Procesal Iberoamericana 530-531 (1970).

       Es interesante apuntar que en la formulación de las actuales reglas de procedimiento criminal, hace dos décadas, nos advertían que su propósito era “abolir disposiciones vigentes que se estimaron por los miembros del Comité [redactor] como injustas o inconvenientes, y a incorporar nuevas disposiciones que tienden a hacer desaparecer situaciones de desventaja que prevalecen en el procedimiento criminal vigente y que son de todos ustedes conocidas. Situaciones de desventaja, a veces para el Estado y a veces para el acusado, pero de desventaja al fin, y por esa razón, indeseables, tanto para y por uno como para y por el otro”. Memoria Primera Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, (11, 12 y 13 de diciembre de 1958), pág. 138.

        Informe Sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico por la Comisión para el Estudio de los Tribunales, 1974.

      Katz, Litwin & Bamberger, Justice is the Crime: Pretrial Delay in Felony Cases, (1972) págs. 62-81; Pretrial Delay A Review & Bibliography, Nat. Center for State Courts (1978).


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Luis Otero Alejandro, acusado y apelante.

      Número: CR-79-24

      Resuelto: 20 de junio de 1980

      Luis A. Amorós y Sebastián J. Cario, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo E.

      Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Se trata de un caso clásico de asesinato en primer grado.

Las partes estipularon la capacidad del Doctor Rafael Criado para declarar como perito médico. La prueba apor-tada por él, la cual no fue atacada ni controvertida por la defensa, demostró que la víctima recibió diez u once tiros. Su cuerpo presentaba 21 agujeros. Tres de los tiros eran mortales. Le atravesaron el corazón y los dos,pulmones.

Sobre los hechos criminosos en sí desfiló prueba de cargo y de defensa. La prueba creída por el jurado, en lo esencial, demostró lo siguiente:

La víctima, Miguel A. Fernández, trabajaba en el Banco de Ponce y vivía en Hato Rey, Puerto Rico. Estaba divorciado de Sonia E. Martínez Díaz, y tenían un hijo, el cual vivía con la madre.

El día de los hechos, el 22 de julio de 1978, la víctima había hablado por teléfono con su ex-esposa y ella le pidió que le trajese unos litros de leche para el niño. Ese día como a las 8:30 de la noche la víctima llegó en su automóvil a la casa de su ex-esposa y el niño avisó a su madre diciéndole que su papá había llegado. Ella se asomó por la ventana y efectivamente vio cuando Fernández se bajó del automóvil. En ese momento una guagua de las llamadas panel delivery se detuvo y la señora Martínez vio cuando de la cabina de la guagua salió un rifle e hizo una serie de disparos. Luego la guagua se fue rápidamente. Cuando ella bajó, la víctima estaba tirada en la grama; la señora Martínez consiguió ayuda y llevaron a Fernández al Centro Médico. Allí le in-formaron que éste había muerto. Fernández no estaba ar-mado ni en su sangre había alcohol.

En la tarde de ese día, el testigo Francisco Lacén llegó a su casa, se bañó y se cambió de ropa y se fue a un estable-cimiento público conocido por “El Greco”. Allí estaban “Papo”, el apelante, y otro individuo llamado Henry. Eso ocurría como a las 6:30 de la tarde o un poco después. Al negocio llegó otro individuo conocido por “El Esgollao” y dirigiéndose a Papo y a Henry les dijo “Que si ellos iban a estar toda la noche para hacer una tontería como ésa; que si ya no se podía contar con ellos”. A eso Henry contestó “que lo iban a hacer”. Papo y Henry .se inyectaron una dosis de droga y se proponían salir cuando el testigo Francisco Lacén les preguntó que para dónde iban y Henry contestó que iban a hacer “un trabajito”. Lacén preguntó si él podía ir. Papo y Henry se miraron, se sonrieron y le dijeron que sí.

Los tres se montaron en la guagua. Papo la conducía. Henry se montó en el asiento delantero al lado del conductor y Lacén se montó en la parte de atrás de la guagua. Allí notó que había algo dentro de dos patas de pantalones. Declara que salieron de viaje y luego se dio cuenta de que iban persi-guiendo un automóvil. Relata las calles y las avenidas por las cuales transitaron. Notó que por donde el automóvil cogía, ellos también cogían. Al llegar a determinado sitio, Henry le dijo a Papo: “¡párate, párate!”. Sacó el rifle que tenía en-vuelto en las patas de unos pantalones y comenzó a disparar hacia afuera. Disparó diez o doce veces. Inmediatamente le gritó a Papo: “¡embolia, embolia!”.

Ya de regreso al Caserío Ramos Antonini, en donde el apelante vivía, se bajaron y Henry se llevó el rifle. Le de-jaron la guagua a Lacén y le dijeron que la botara. Lacén se quedó con ella y al otro día la Policía lo arrestó.

La prueba de la defensa consistió en prueba de coartada y puede resumirse como sigue. El acusado tenía un automó-vil Camaro del año. Vivía en el Caserío Ramos Antonini. Vi-vía con una muchacha llamada Carmen Gertrudis Corchado, pero no estaban casados. No trabajaba y llevaba un año cogiendo desempleo. En la noche de los hechos él y su concu-bina se habían ido para las fiestas patronales de Río Grande. Que como a medianoche regresaron a San Juan y fueron a una discoteca y “allí disfrutaron y bebieron” y se regresaron a su casa como a las 4:30 de la madrugada.

Elba Correa de Matos, la Secretaria de la Asamblea Municipal de Río Grande, declaró que para el día de los hechos, el 22 de julio de 1978, no había fiestas patronales en Río Grande. Ni machinas ni kioskos. Las fiestas se habían celebrado del 7 al 16 de julio y se habían terminado.

El apelante hace los siguientes dos señalamientos de error: (1) Que erró el tribunal al entrar a juicio sin estar la defensa preparada y al aumentarle la fianza al acusado, y (2) que erró el tribunal al denegar la solicitud de que impar-tiese instrucciones con respecto a embriaguez o intoxicación por drogas y sobre el delito de asesinato en segundo grado.

El primer señalamiento carece de seriedad. Los hechos demuestran que el apelante tuvo amplia oportunidad para preparar su defensa. Los delitos se cometieron el 22 de julio de 1978. Se determinó causa probable el 24 de ese mes y el apelante fue arrestado el 26. La vista preliminar se celebró el 18 de octubre de ese año. Se formuló acusación el 27 de octubre y se le dio lectura a la misma el 2 de noviembre. Se señaló el juicio para el 14 de diciembre de 1978, pero se pos-puso para el día 21 de ese mes. El 21 compareció el apelante con su abogado, pero éste expresó no estar preparado. El tribunal pospuso la vista para el 20 de febrero de 1979 y en esa fecha la defensa volvió a repetir que no estaba preparada. Alegó que no había podido entrevistarse con el acusado. En esa ocasión el tribunal le aumentó la fianza. Defensa y acu-sado se entrevistaron, pero la defensa insistió en que no es-taba preparada. Se pospuso el juicio nuevamente para el 23 de febrero de 1979. Ese día se seleccionó el jurado y se señaló la continuación del caso para el 26 de febrero. En esa fecha las partes manifestaron estar preparadas y declaró el perito médico que practicó la autopsia. La prueba de cargo con-tinuó presentándose el día siguiente, y el 28 de febrero la defensa comenzó la presentación de su prueba.

De lo anterior surge que entre el arresto y la fecha en que comenzó el desfile de la prueba transcurrieron siete meses. El apelante ya tenía abogado para el 2 de noviembre de 1978, o sea, aproximadamente cuatro meses antes de celebrarse el juicio. No se cometió error al denegar la última suspensión solicitada.

Tampoco constituye error el aumento de la fianza. La Regla 218(c) (1) de Procedimiento Criminal expresamente autoriza al magistrado “para aumentar o reducir la fianza cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten”. El cuadro de hechos antes relacionados y la aparente despreocupación del apelante y de la defensa de prepararse para el juicio, podían muy bien hacer pensar al magistrado que las circunstancias ameritaban dicho aumento. No se justificaría revocar la sentencia por esa determinación del magistrado, pasajera y sin mayor consecuencia. Por el contrario, el resultado fue que eso permitió que el abogado pudiese entrevistar al acusado.

En cuanto al segundo señalamiento, la situación tampoco justifica una revocación. La acusación fue por asesinato en primer grado y la prueba la sostiene ampliamente. El ape-lante participó fría y calculadamente en un asesinato pla-neado de antemano. El Art. 82 del Código Penal dispone que “ [a] sesinato es dar muerte a un ser humano con malicia premeditada”. Hemos dicho que el asesinato en primer grado requiere malicia premeditada y deliberada. La prueba de-muestra exactamente eso. Pueblo v. Barriera González, 89 D.P.R. 772 (1964); Pueblo v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181 (1961); Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371 (1947); y Pueblo v. Torres, 75 D.P.R. 231 (1953).

Tampoco constituyó error el no dar instrucciones sobre intoxicación por drogas. El Art. 33 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3155, autoriza a considerar intoxicación por drogas a los fines de determinar el motivo o intención con que se cometió el delito. Pero, en primer lugar, en el caso de autos la teoría de la defensa fue la de coartada y el jurado no la creyó.

No hubo prueba alguna que tendiese a establecer que la heroína intoxicó al apelante en tal forma que hubiese inhibido sus facultades mentales de manera que no fuese responsable de sus actos. El propio Art. 33 antes citado dispone que la voluntaria embriaguez o intoxicación por drogas no exime de responsabilidad criminal. La capacidad de los asesinos no fue alterada por la droga. La prueba demostró que el apelante y su cómplice tenían planeado un asesinato y lo llevaron a cabo según su plan. Además, al momento de cometerlo, se preocuparon por huir rápidamente del lugar de los hechos, lo cual demuestra que gozaban de claridad mental en aquel instante y que estaban conscientes de que acababan de cometer un delito. Pueblo v. Caballero Rodríguez, 109 D.P.R. 126 (1979); Pueblo v. Méndez Ramos, 108 D.P.R. 59 (1978); Pueblo v. Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82 (1977); Pueblo v. Valentín Acevedo, 97 D.P.R. 272, 277 (1969); Pueblo v. Díaz Díaz, 91 D.P.R. 759, 764 (1965); y Pueblo v. Febres, 78 D.P.R. 893, 899 (1956).

Sería erróneo y un contrasentido interpretar el Art. 33 del Código Penal en el sentido de que en los casos de asesinato en primer grado sostenido ampliamente por la prueba, fuese eximente el mero uso de bebidas o de drogas. Eso garan-tizaría la impunidad del delincuente.

No habiéndose cometido los errores señalados, se confir-marán las sentencias apeladas.