author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Hon. Zaida Hernández Torres, en su capacidad de Representante de la Cámara, apelada, v. Hon. Rafael Hernández Colón, Hon. Miguel Hernández Agosto, Hon. José R. Jarabo y Hon. Nydia I. Velázquez, todos en su carácter oficial, apelantes.

      Número: AC-90-707

      Resuelto: 27 de septiembre de 1990

      Lino J. Saldaña, de Saldaña, Rey & Alvarado, abogado del Hon. Rafael Hernández Colón, Gobernador de Puerto Rico, y la Hon. Nydia I. Velázquez, Directora del Departamento de Asuntos de la Comuni-dad Puertorriqueña en los Estados Unidos, apelantes; Manuel D. Herrero García y Carlos Santiago Tavárez, abogados de la apelada.
   RESOLUCIÓN

Vista la apelación presentada en este caso, se da curso a la misma por plantear una cuestión constitucional sustancial.

A la Moción en Auxilio de Jurisdicción, no ha lugar por académica, toda vez que se ha dado curso a la apelación; en consecuencia, la sentencia dictada en este caso por el tribunal de instancia no es firme y, por lo tanto, el injunction dictado en este caso no ha adquirido vigencia a la luz de lo dispuesto en el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, 82 L.P.R.A. see. 3524. En dicho artículo se dispone que “no podrá otorgarse un injunction . . . [p]ara impedir la aplicación ... de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ... a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida”. (Énfasis suplido.) Véase, ade-más, Arrarás v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 379 (1972). No existen en este caso las circunstancias que justifican las excepcio-nes contenidas en dicho artículo a que alude la parte apelada en su oposición.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López, “no obstante ser de la opinión que el recurso de apelación, radicado por la parte deman-dada apelante efectivamente plantea una cuestión constitucional sustancial, disiente por razón de que es del criterio que el Tribunal debió de haber realizado un esfuerzo por resolver el recurso en sus méritos dentro de un razonable y responsable período corto de tiempo en lugar de darle curso al recurso de apelación, acción mayoritaria que posiblemente permita una erogación, sustancial e ilegal, de fondos públicos en la eventualidad de que la Ley Núm. 58 de 16 de agosto de 1989 [3 L.P.R.A. see. 443 et seq.] sea finalmente declarada parcialmente inconstitucional por este Tribunal. La controversia planteada, no obstante ser de ‘primera impresión’ en esta jurisdicción, es una que no es extremadamente compleja y difícil de resolver. A nuestra manera de ver las cosas, existe una gran posibilidad de que la citada Ley 58 pueda ser constitucional de su faz e inconstitucional en su aplicación por constituir la conducta de lo,s empleados del departamento ejecu-, tivo en controversia una indebida interferencia en el proceso eleccionario de un estado soberano; dicha determinación posible-mente requiera que se devuelva el caso al foro de instancia para la celebración de una vista evidenciaría”. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

IDENTIDAD CULTURAL NO ES SINÓNIMO DE JURIS-DICCIÓN CONSTITUCIONAL EXTRATERRITORIAL. Esta frase sintetiza nuestra razón de decidir (ratio decidendi).

En virtud de la misma denegaríamos de plano la solicitud de los demandados apelantes, Hons. Rafael Hernández Colón y Nydia I. Velázquez, de que paralicemos los efectos del injunction emitido el 24 de septiembre de 1990 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez). Éste declaró inconstitucional una parte sustancial de la Ley Núm. 58 de 16 de agosto de 1989 (3 L.ER.A. see. 443 et seq.) que creó el Departa-mento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña en los Estados Unidos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En lo procesal, la paralización de los procedimientos es improcedente.

El argumento de los demandados apelantes, honorables Hernández Colón y Velázquez, de que la ley anti injunction, Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3524, no permite la vigencia inmediata del presente injunction —hasta que recaiga por este Foro un decreto de inconstitucionalidad, final y firme— carece de mérito. “Esta legislación obedeció al propósito de impedir la paralización del gobierno mediante alegaciones privadas de inconstitucionalidad. La legislación no persigue el objetivo de evitar que en pleitos revestidos de alto interés público” no se pueda impugnar efecti-vamente la constitucionalidad de un estatuto por parte de un funcionario público que goza de legitimación activa para ello. (Énfasis suplido.) Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 612 (1983).

Debido al alto interés público de esta apelación, al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, confirma-ríamos sin ulterior trámite la sentencia de injunction.

Distinto a lo que nos proponen los demandados apelantes, honorables Hernández Colón y Velázquez, de suspenderse el injunction, el Fueblo de Fuerto Rico sufriría daños irreparables. Continuará en Nueva York y otros estados la campaña ilegal de inscripción y el derroche de cientos de miles de dólares de fondos públicos en contravención al Art. VI, Secs. 9 y 10 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. Lo más serio de esta situación es que dicha erogación es a costa del sacrificio de otros valores humanos y necesidades comunitarias aquí en Puerto Rico. Ello, en momentos en que existe una grave crisis presupuestaria que ha exigido la eliminación y disminución de varios programas esen-ciales de servicio público (salud, policía, vivienda y educación, entre otros).

A la larga, de confirmarse el decreto de inconstitucionalidad, ¿quién responderá al Fueblo de los excesivos desembolsos? ¿Los demandados? No podemos olvidar que estos fondos públicos provienen de contribuyentes representativos de todo el spectrum político insular, incluso los desafiliados. ¿No nos impone esta realidad la responsabilidad de decidir ahora y evitar que continúe este dispendio? ¿No configura ello, de su faz, una patología gubernamental de pago ilegal que exige nuestra más pronta y decidida intervención?

En lo sustantivo, estamos ante una cuestión de derecho constitucional puro que, aunque nunca ha sido resuelta por este Foro, no es de difícil adjudicación: ¿tiene el Estado Libre Asociado poder para crear un Departamento Ejecutivo, con rango de gabinete y sede fuera de los límites territoriales de Puerto Rico, para prestar servicios gubernamentales, de carácter electoral, a residentes de Estados Unidos de origen o ascendencia puertorri-queña? Expongamos los antecedentes de esta interrogante.

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Ambito estatutario

La Ley Núm. 58, supra, según su exposición de motivos, parte de la premisa siguiente:

[F]uera de toda duda razonable que los rasgos distintivos de la emigración puertorriqueña a los Estados Unidos son la continui-dad de la identidad cultural, la no ruptura de los entendidos sociales, y la permanencia de lazos afectivos con la tierra de origen, los que se fortalecen con la ausencia y el transcurrir del tiempo. A[u]n los descendientes de los emigrantes, nacidos y criados en los Estados Unidos, a menudo se remiten a la sociedad de origen de sus padres para fortalecer su identidad cultural y para encontrar explicación a su realidad existencial. Reviste vital importancia que ganemos conciencia de las implicaciones de este hecho ....
Hoy día carece de validez hablar de la comunidad puertorrigueña en los Estados Unidos como entidad separada y no incorporada a Puerto Rico. Ciertamente somos un mismo pueblo separadlos (sic) sólo por el mar y unidos (sic) integralmente por la cultura y por los sistemas modernos de transportación, comuni-cación e información. Esta realidad es trascendental, pues nos impone el deber de reafirmar y fortalecer nuestro compromiso de ayudar a los compatriotas que viven y se desempeñan en Estados Unidos, en consonancia con las necesidades del presente y del futuro.
La creación de un departamento con rango a nivel de gabinete reconoce la alta prioridad que concedemos a este compromiso y acentúa la presencia y disponibilidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como instrumento útil al servicio de esta comunidad para su progreso económico y social.
El progreso de toda comunidad está ligado al grado en que ésta logre ejercitar su poder cívico y político. Esto último se manifiesta a través de las instituciones y organizaciones de dicha comunidad. Por consiguiente, este nuevo Departamento fomentará como me-dida prioritaria el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. (Énfasis suplido.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 58, supra.

Se observa, pues, que el estatuto se apuntala en la cuestiona-ble visión sociológica —de profundo contenido emocional— que le atribuye al puertorriqueño que emigra un amor desmedido y especial hacia la Isla, transmisible a sus hijos. Así se justifica “ayudar a la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos en sus esfuerzos por promover su progreso social y económico”. (Énfasis suplido.) Art. 5 de la Ley Núm. 58, supra, 3 L.P.R.A. sec. 443c.

Para ese propósito se le confirió a dicho departamento las funciones siguientes:

(a) Defender activa y vigorosamente los derechos, la justicia y el bienestar general de la comunidad.
(b) Fomentar la participación de la comunidad en los procesos electorales estadounidenses.
(c) Auspiciar o realizar estudios e investigaciones sobre la comu-nidad puertorriqueña.
(d) Promover la divulgación del quehacer cultural de la comuni-dad y fomentar el contacto e intercambio cultural con la Isla.
(e) Colaborar con las organizaciones de la comunidad en su esfuerzo por orientar sobre la disponibilidad de servicios sociales esenciales y ofrecer asesoramiento sobre reclamaciones de violación de derechos, agravios e injusticias.
(f) Promover directamente, en colaboración con las organizacio-nes nacionales y locales de la comunidad, mayores oportunidades de educación y adiestramiento que capaciten a los puertorriqueños que entran en el mercado de trabajo.
(g) Ayudar a organizaciones y miembros de la comunidad puer-torriqueña en el desarrollo de programas de promoción de peque-ñas empresas comerciales.
(h) Administrar los servicios prestados en los Estados Unidos por el Programa de Trabajadores Agrícolas en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. (Énfasis suplido.) Art. 5 de la Ley Núm. 58, supra, 3 L.PR.A. sec. 443c.

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Antecedentes procesales

El 17 de mayo de 1990 la representante a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista, Hon. Zaida Hernández Torres, im-pugnó esta ley por infringir las Sees. 3 y 4 del Art. I() y la See. 9 del Art. VI() de nuestra Constitución, supra, al disponer, respectivamente, la operación de ese Departmento Ejecutivo con oficina situada en 304 Park Avenue South, New York, New York 10010, esto es, fuera de la sede de San Juan, y la asignación ilegal de fondos públicos.

Los demandados, honorable Hernández Colón et al, compa-recieron oportunamente. Tanto en instancia como ante nos, argu-mentan que el departamento ultramarino es constitucional porque la Ley Núm. 58, supra, no visualiza autoridad coercitiva, esto es, “no pretende imponer la autoridad política del Estado Libre Asociado fuera de nuestra jurisdicción”. Aducen que la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos no “tiene que obligatoria-mente recurrir al Departamento para resolver sus problemas” y que el estatuto no invade la esfera de soberanía del estado de Nueva York.

En resumen, la posición de los demandados, honorables Hernández Colón y Velázquez, es que esta “controvertida legis-lación no constituye un ejercicio extraterritorial de la autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por cuanto no tiene la intención ni el alcance de invadir la soberanía federal, estatal o cualesquiera otras soberanías bajo la[s] cual[es] puedan estar situados los puertorriqueños residentes en Estados Uni-dos”. Moción en Auxilio de Jurisdicción (Moción), pág. 3. Nos exponen, que “[l]uego de un extenso análisis de los tratadistas y jurisprudencia aplicable, ilustramos al Tribunal de Instancia en cuanto a que, si bien por definición un ente político funciona sobre una delimitada demarcación territorial y poblacional, no todo ejercicio que rebase dichas fronteras constituye en sí una extra-limitación impermisible de autoridad política. Se hizo énfasis en jurisprudencia estatal y federal que apuntaba que el concepto de extraterritorialidad conllevaba la invasión jurídica a otro cuerpo político mediante actuaciones extraterritoriales (o que repercutie-ran fuera de las fronteras de un estado) y que intentaran extender la facultad impositiva o coercitiva de un estado para velar por su política interna fuera de sus límites territoriales”. Moción, pág. 3.

Respecto al planteamiento sobre la sede del Gobierno, sostie-nen que el concepto “no incluía a todos los departamentos ejecutivos, agencias, instrumentales u organismos del Gobierno de Puerto Rico.” Moción, pág. 3. Limitan dicho concepto al sitio donde radican las oficinas principales del Gobernador, Cámaras Legislativas y Tribunal Supremo.

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Fundamentos del tribunal de instancia

En su elaborada sentencia, lo primero que el ilustrado foro de instancia observó de esta ley fue la contradicción o paradoja siguiente:

De acuerdo a su declaración de motivos y política pública, “no existe tal cosa como una comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos como entidad separada y no incorporada a Puerto Rico.” De ahí pues, la obligación de Puerto Rico de ayudar a los compatriotas que viven y se desempeñan “en la banda allá” que se encuentran marginados en los procesos sociales y económicos esenciales a su mejor bienestar. Para adelantar ese propósito el departamento ultramarino deberá entre otras cosas fomentar la participación de la comunidad en los procesos electorales estadounidenses o sea, promover la integración de la comunidad a la nación estadouni-dense. Ahí está la paradoja.
La integración de la comunidad puertorriqueña a la nación es letal a las raíces que ésta tiene con Puerto Rico pues la misma indefectiblemente disminuye hasta hacerla [sic] desaparecer el sentimiento de nacionalidad puertorriqueña. Sería algo así como remover la corteza de un árbol: poco a poco el árbol dejará de echar hojas y se irá secando lentamente hasta morir. La mejor evidencia de esto lo [sic] vemos en los hijos de puertorriqueños nacidos allá tanto los de primera como segunda generación. Estos a pesar de los grandes esfuerzos que realizan por mantener y conservar su idioma y cultura terminan por perder el idioma español y el interés por los asuntos de Puerto Rico. Esto es así debido a que las fuerzas económicas los empujan a buscar nuevos modos de interpretar la realidad haciéndose parte de ésta integrándose a sus estilos de vida y de ganarse la vida. Lo único que los vincula a Puerto Rico es un hilo emocional o sentimental bien fino. En la medida pues que el departamento ultramarino tenga éxito en integrar a la comunidad puertorriqueña a los procesos políticos de los Estados Unidos en esa misma medida se irá disolviendo el sentimiento nacional puertorriqueño. (Énfasis suplido). Apéndice II, págs. 11-12.

Concluyó que el “Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un cuerpo político unido a los Estados Unidos de América en una relación político-jurídica, sui generis, que carece de autonomía plena”. Apéndice II, pág. 13. No goza de suficientes atributos de soberanía como para crear ese departamento ultramarino con “funciones de una embajada”, para proteger a sus “nacionales” en Estados Unidos. Dicho departamento es incompatible con la peculiar relación político-jurídica prevaleciente.

Fundó su análisis en que con “la aprobación de nuestra Constitución en el año 1952, Puerto Rico advino al ejercicio de una soberanía similar a la de los estados de la Unión. Puerto Rico v. The Shell Co., 302 U.S. 253, 263 (1937); Examining Board of Engineers, Architects and Surveyors v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 594; [49 L.] Ed.2d 65 (1976); Córdova and Simonpietri v. The Chase Manhattan Bank, 649 F.2d 36 (1er Cir. [1981]); El Pueblo v. Castro García, [120 D.P.R. 740 (1988)]”. (Escolio omitido.) Apéndice II, pág. 14.

Interpretó que el concepto de autoridad política previsto en la See. 3 del Art. I de nuestra Constitución, supra, era sinónimo de police power o “poder de razón de estado”, expositivo de “los poderes que se reservan los estados PARA REGLAMENTAR LOS ASUNTOS INTERNOS en protección o fomento de la salud, la seguridad y la moral, o en términos más amplios del bienestar público. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 428 (1964)”. (Énfasis suplido.) Apéndice II, pág. 16. Sujetó el ejercicio de ese poder a “criterios de razonabilidad”. Apéndice, pág. 17. Véanse, además: E.L.A. v. Rodríguez, 103 D.P.R. 636, 640 (1975); The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23 (1978).

En su dictamen, el foro de instancia formuló los siguientes principios elementales en el orden constitucional: (a) “que las leyes de todo país son territoriales y que más allá de su territorio solamente pueden afectar a sus ciudadanos”; (b) que las “leyes de un estado son consideradas leyes extranjeras en otro estado”; (c) que un “estado no adquiere poder o puede supervisar los asuntos internos de otro estado por el mero hecho de que la salud o el bienestar de sus ciudadanos pueda verse afectado al éstos viajar a dicho estado. Bigelow v. Virginia, 421 U.S. 809; 44 L. Ed. 600 (1975)”; (d) que la extraterritorialidad —“operación de leyes sobre personas, derechos o relaciones jurídicas más allá de las fronteras físicas del estado o del país que las promulga”— sólo se sanciona “cuando ésta se hace sobre sus ciudadanos”, y (e) “sólo regirá en los límites territoriales de su estado y que una ley de un estado es extraña en otro estado”. Apéndice II, págs. 17-19.

En su análisis, el tribunal descartó el. elemento coercitivo en la legislación como requisito decisivo e intrínseco a la extraterrito-rialidad. El “principio fundamental es el que informa que las leyes de todo país son territoriales y más allá de los límites geográficos del territorio solamente puede afectar a los ciudadanos del país que la[s] promulgó ... el meollo de toda legislación extraterritorial es, como ha dicho nuestro Tribunal Supremo, la invasión que ésta conlleva en la soberanía jurídica de otro cuerpo político. Independientemente de que dicha invasión conlleve coerción o no, si se da la mencionada invasión estaremos ante una legislación extraterritorial. Inter Island Ship Corp. v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 648 (1963)]”. (Énfasis suplido.) Apéndice II, págs. 21-22.

Luego de reconocer que la Ley Núm. 58, supra, carecía del elemento coercitivo —no impone ningún deber afirmativo a la ciudadanía o al estado de Nueva York, ni le exige que inicie una campaña de inscripción a favor de los puertorriqueños allí domi-ciliados— determinó que la misma constituía una invasión a la soberanía jurídica de este estado en el aspecto de organizar sus procesos electorales.

Por su importancia, inteligencia y juridicidad transcribimos el razonamiento del reputado juez de instancia:

Uno de esos servicios públicos esenciales en un sistema demo-crático es el proceso electoral. . . .Es decir, que todo lo relacionado con la organización, ejecución y elección de los gobernantes, las estructuras de poder y los gobernados es asunto que sólo le concierne a los gobernados, con exclusión de toda otra persona. Acorde con esta teoría, un cuerpo político extraño no puede intervenir en las relaciones jurídicas entre gobernantes y goberna-dos, para organizar un sector de éstos de determinada manera para que participen [sic] en el proceso de la elección de aquéllos. Esto sería una intromisión indebida en la soberanía política y jurídica de la comunidad política intervenida.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de la legislación de marras, quiere fomentar y facilitar que un grupo específico de ciudadanos de New York se inscriba y participe en el proceso electoral de ese estado. Determinamos que eso constituye una invasión impermisible de la soberanía de New York. La asignación y uso de fondos públicos para tales fines infringe la Sección 9 del Artículo VI y la Sección 19 del Artículo II de nuestra Carta fundamental por no constituir un uso de fondos “para fines públicos” y por no beneficiar en nada ese uso el bienestar del pueblo de Puerto Rico: a los ciudadanos de Puerto Rico. En otras palabras, no existe un propósito genuino de razón de Estado. P.S.P v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978); P.I.P. v. C.E.E., [120 D.P.R. 580] (1988). La organización del sistema electoral de New York es un asunto que le compete únicamente al estado de New York que es a quien sus ciudadanos le confirieron la autoridad política para hacerlo. Es dicho estado quien tiene que tomar acción afirmativa para que sus ciudadanos se inscriban y participen del proceso electoral.
Esta incursión en la esfera política neoyorkina o en la de cualquier otro estado o ciudad ocasiona o puede ocasionar inevita-blemente fricciones de carácter faccioso entre entes políticos que se agrupan bajo la esfera de la soberanía de los Estados Unidos de América. La Constitución de 1787 quiso evitar a cualquier costa cualquier medio de fricciones entre estados y añadiríamos entre territorios. Si no queremos ver invadida nuestra limitada esfera de autoridad política dentro del Estado Libre Asociado no debemos extenderle una invitación a esos otros entes políticos promoviendo participaciones electorales en elecciones internas de otros entes políticos. El sufragio es la manera de canalizar la voluntad de los ciudadanos para la consecución de sus intereses comunales. . . .La ley impugnada atenta contra la esencia misma de la democracia representativa al intervenir indebidamente [vigorosa campaña de inscripción de puertorriqueños residentes en New York] en el proceso político de los Estados Unidos y sus estados. ... De igual forma no puede reconocerse como válida esta legislación sin que tal reconocimiento represente una invasión injustificada de la sobera-nía política y jurídica del estado de New York. Corresponde al estado de New York implantar y desarrollar su política pública en torno al proceso electoral. No podemos imaginarnos que esa política pública le reconozca a un cuerpo político extraño autoridad política para que intervenga en una o varias fases del proceso electoral neoyorkino. (Enfasis suplido y escolio omitido.) Apéndice II, págs. 24-27.

Respecto al planteamiento de la sede del Gobierno —Art. I, Sec. 4, Const. E.L.A., supra,— el foro de instancia concluyó como “hecho indisputable y determinante . . . que el lugar real de la sede de dicho departamento [es] donde reside y trabaja la Secretaria que lo dirige, Hon. Nydia I. Velázquez, y los empleados que laboran en el mismo . . . 304 Park Avenue, New York, N.Y., 10010”. Apéndice II, pág. 31.

Al evaluar la alegación de los demandados, honorable Hernández Colón et al., de que “sería totalmente absurdo soste-ner que las oficinas principales o subsidiarias del Departamento de Asuntos de la Comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos tienen que establecerse por mandato constitucional en San Juan cuando precisamente la función de ese departamento es atender las necesidades de las comunidades puertorriqueñas en New York, Philadelphia, Chicago, Boston y otras ciudades en los Estados Unidos donde viven, trabajan y sufren más de tres millones de puertorriqueños” (Apéndice II, pág. 33), el juez de instancia expuso así el vicio e impedimento constitucional:

Lo que verdaderamente ocurre es que resulta totalmente extraño dentro de nuestro esquema constitucional un departamento ejecu-tivo con rango a nivel de gabinete dirigido por un Secretario del Gobierno con una sede fuera de los límites territoriales del gobierno de Puerto Rico. Los constituyentes jamás pensaron en tal cosa.
El Departamento ultramarino también presenta la dificultad de que sus operaciones fiscales caen fuera del alcance de la mano del Contralor. Esto es constitucionalmente impermisible. (Enfasis su-plido.) Apéndice II, pág. 33.

Finalmente, concluyó que el “establecimiento de ese Depar-tamento con funciones de embajada también resulta sumamente extraño en la especial relación político-jurídica que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos”. Apéndice II, págs. 34-35. Sentenció:

La realidad es que los puertorriqueños que optaron por trasla-darse a vivir a los Estados Unidos el lugar de su destino está allá y no acá. Es allá donde ellos viven, trabajan, pagan contribuciones, eligen (votan) a sus gobernantes, educan a sus hijos y en fin donde hacen su vida. Los hijos de los puertorrique-ños que nacen y se crían allá apenas saben hablar español y es muy poco lo que conocen de Puerto Rico.
Dentro del marco de nuestra relación política con los Estados Unidos a quien le corresponden las anteriores funciones lo es a las ciudades y estados en donde residen los puertorriqueños en Estados Unidos. La acción afirmativa para el logro de esas metas compete al Estado y no a Puerto Rico. En lo que respecta al estado de New York, allá los puertorriqueños cuentan con los Reptes. José Serrano, Charles Rangel y Bill Green, etc.; los Senadores Alfonse D’Amato y Daniel Patrick Moynihan, el Gov. Mario Cuomo y el Alcalde David Dinkins. Estos son sus gobernantes y no el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Bajo el sistema federativo estadounidense sería totalmente impermisible una oficina de Asuntos de la Comunidad Neoyorkina en el Estado de Georgia para defender los intereses de los ciudadanos de New York en dicho lugar. Sería impermisible debido a que en los Estados Unidos no existe tal cosa como los nacionales de New York, de Florida, etc. Allí sólo existe como expresáramos con anterioridad una sola nacionalidad: la nacionalidad estadouni-dense y tan pronto un ciudadano de un estado se muda a otro se convierte en ciudadano del estado ál que se mudó. Lo mismo sucede con los puertorriqueños que se trasladan a vivir allá. Estos se convierten en ciudadanos del estado donde viven y hacen su vida. (Énfasis suplido.) Apéndice II, págs. 36-37.

IV

Análisis y conclusión de inconstitucionalidad

Si bien estamos contestes con gran parte del análisis del respetable juez de instancia, no podemos suscribir algunos plan-teamientos sobre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. Aunque nos es imposible abundar sobre este particular en este momento, remitimos a las partes y a los lectores a nuestra opinión disidente en De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472 (1989).

No obstante, coincidimos con el tribunal de instancia en que el Art. 5(b) de la Ley Núm. 58, supra, 3 L.P.R.A. sec. 443c(b), es inconstitucional e invade la soberanía jurídica y política de los estados. El propósito y función de “fomentar la participación de la comunidad en los procesos electorales estadounidenses” clara-mente infringe el ámbito geográfico jurisdiccional del Gobierno de Fuerto Rico. Art. I, Sec. 3, Const. E.L.A., supra.

Es que, en buena teoría, la ciudadanía (domicilio) en Fuerto Rico y en los estados norteamericanos se da en función de la intención de establecerse allí, unido a la residencia. Véase Fiddler v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 316 (1962). Esa realidad es la que establece el nexo racional de responsabilidad recíproca entre los gobernantes y el electorado. Ausente la misma, sólo tenemos sentimientos que, si bien hermosos y nobles, son incapaces de generar un vínculo jurídico. Y es que el requisito legal de residencia que presupone la inscripción de un elector en un estado derrota ex proprio vigore la constitucionalidad del Gobierno de Puerto Rico al promover y desembolsar válidamente fondos públicos en inscripciones en los procesos electorales de los estados.

Según hemos visto, la declaración de propósitos de la Ley Núm. 58, supra, afirma la imposición de un deber de “fortalecer nuestro compromiso de ayudar a los compatriotas que viven y se desempeñan en Estados Unidos . . .”. El “deber” antes mencio-nado responde a una conceptualization unitaria de la comunidad puertorriqueña, con propósitos que se justifican en una esfera sociopolítica pero que son totalmente inadecuados en la esfera jurídica.

En Derecho, el concepto “ciudadanía” es función de su acepción jurídica y no de su significado sociopolítico. Por esta razón, cualquier pieza legislativa que pretenda beneficiar ciuda-danos de Puerto Rico tiene que limitarse a aquellas personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado.

Anteriormente hemos señalado que la ciudadanía corresponde al domicilio y éste, a su vez, depende del animus manendi unido a la presencia física. González v. Secretario de Hacienda, 76 D.P.R. 135, 141 (1954); Fiddler v. Srio. de Hacienda, supra. Como consecuencia, no sería susceptible de debate serio e inteligente afirmar que un ciudadano de Puerto Rico que cambia su domicilio al mudarse a otro estado no pierde su status como ciudadano de Puerto Rico. Tes. v. Tribl. Contribuciones y Solé, 69 D.P.R. 905 (1949).

Nuestra Constitución es indudablemente un “convenio acor-dado entre el pueblo de Fuerto Rico y los Estados Unidos de América”. Art. I, Sec. 1, supra, ed. 1982, pág. 252. No debemos trascender sus límites y considerar el concepto “pueblo” allí esbozado como inclusivo de todo aquel albergado bajo el concepto “pueblo” (people) de la Constitución de Estados Unidos de América. Véase United States v. Verdugo-Urquidez, 108 L. Ed. 2d 222 (1990). El Gobierno de Fuerto Rico no se debe a otro grupo que no sea aquella “clase de personas que son parte de una comunidad o quienes de otra forma han desarrollado contactos suficientes con [Fuerto Rico] para que se les considere parte de esta comunidad”. (Traducción nuestra.) United States v. Verdugo-Urquidez, supra, pág. 233. Véase, además, Turner v. Williams, 194 U.S. 279, 292 (1904).

Toda vez que jurídicamente los miembros de la “comunidad puertorriqueña en Estados Unidos” no son ciudadanos de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado no tiene deber jurídico alguno para con ellos. Los beneficios directos e indirectos que el pro-grama de participación electoral puede generar no avalan su constitucionalidad. Resolver lo contrario afecta seriamente la soberanía de los demás estados y para todos los efectos prácticos conllevaría la extensión de nuestro territorio a distintos sectores en los Estados Unidos. Más allá del ámbito sociológico, la cultura no es y nunca ha sido un elemento a considerar para determinar la ciudadanía.

En cuanto a la ausencia de sede principal en San Juan de ese departamento ultramarino, no creemos que ello necesariamente viole el Art. I, Sec. 4 de la Constitución, supra. Es que el nombre no hace la cosa. Más allá de su etiqueta de “departamento con rango a nivel de gabinete”, las restantes funciones son legítimas. A igual conclusión arribamos sobre el fundamento relativo a la intervención de la Oficina del Contralor. Ninguno de estos dos (2), a juicio nuestro, lesiona constitucionalmente el estatuto.

Únicamente el uso de fondos públicos para fomentar la participación electoral es contrario al Art. VI, Sec. 9 y al Art. II, Sec. 19 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. En ese extremo estamos ante una legislación impermisible dentro del marco político-jurídico prevaleciente entre Puerto Rico y Estados Uni-dos. En consecuencia, confirmaríamos en ese aspecto al Tribunal Superior, Sala de San Juan. Los demás servicios prestados por el llamado Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorri-queña en los Estados Unidos —que redundan en beneficios para los ciudadanos de Puerto Rico— no llevan en sí el germen de inconstitucionalidad.

Para evitar el dispendio ilegal de fondos públicos, mantendría-mos el injunction permanente contra la Secretaria del Departa-mento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña en los Estados Unidos, Hon. Nydia I. Velázquez, sus sucesores en el cargo y los empleados de ese departamento. Les prohibiríamos llevar a cabo la función, por cualesquiera medios, de “fomentar la participación de la comunidad en los procesos electorales estado-unidenses”. Así modificada, confirmaríamos la sentencia.

Toda esta controversia nos recuerda el siguiente pensamiento de Ortega y Gasset:

La política puede significar dos cosas: arte de gobernar o arte de conseguir el Gobierno y conservarlo. De otro modo: hay arte de legislar y un arte de imponer cierta legislación. Pensar qué ley es la más discreta en cada caso y pensar qué medio habría para hacer que esa ley llegue a convertirse en ley escrita y vigente, son cuestiones muy distintas, pero es menester repetir a toda hora que es un acto inmoral convertirse en conquistador del poder sin crearse previamente un ideal gubernativo. Cierto: política es acción, pero la acción es también movimiento, es ir de un lugar a otro, es dar un paso, y un paso exige una dirección que vaya recta hasta lo infinito. Entre nosotros se ha hecho una separación indebida de la política de acción y la política ideal, como si la una tuviera sentido huérfana de la otra. La historia contemporánea de nuestro país ha hecho patente hasta qué punto de miseria puede llegar una política activa exenta de ideal político. (Énfasis suplido.) J. Ortega y Gasset, Discurso Político, Madrid, Ed. Alianza S.A., 1974, pág. 45.

El factor tiempo nos ha obligado a limitar sustancialmente los fundamentos en abono de esta posición. Para hacer justicia, habrá después una nueva oportunidad.

      (1) El Art. I, Secs. 3 y 4 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 256, dispone:

        “Sec. 3. [Área geográfica]

      “La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción.

        “Sec. k- [Sede del gobierno]

      “La sede de gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico.”

      (2) El Art. VI, See. 9 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 369, dispone:
      “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.”


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re María L. Ramos.

      Número: 1461

      Resuelto: 19 de octubre de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   PER CURIAM:

El 19 de abril de 1990, en vista del informe del Director de la Oficina de Inspección de Notarías (Director) en torno a las deficiencias en la obra notarial de la Lie. María Luisa Ramos, concedimos a ésta un término para que procediera a subsanar las mismas. El 29 de junio el Director nos informó que la licenciada Ramos no había cumplido con los términos de nuestra resolución. En esa ocasión le concedimos término adicio-nal para que cumpliese con lo ordenado. Se le apercibió, también, de que su incumplimiento conllevaría una suspensión automática del ejercicio de la notaría.

El 24 de agosto de 1990 la suspendimos temporalmente del ejercicio de la notaría hasta que acreditase la corrección de las deficiencias señaladas en la Resolución de 19 de abril. También le concedimos término para mostrar causa por la cual no debíamos ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria y nuevamente le aperci-bimos que su incumplimiento con esta resolución podría conllevar la suspensión del ejercicio de la notaría.

El término concedido venció y la licenciada Ramos aún no ha cumplido con lo ordenado en nuestra Resolución de 24 de agosto.

Reiteradamente hemos resuelto que no estamos dispuestos a tolerar la conducta de continuo incumplimiento de algunos abo-gados que inexplicable e incomprensiblemente se cruzan de brazos negándose a contestar requerimientos de este Tribunal en la esfera de su jurisdicción disciplinaria. Esta conducta es indica-tiva de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal y puede conllevar la suspensión del abogado del ejercicio de la profesión. In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984); In re Pereira Esteves, 116 D.P.R. 791 (1985); In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986); In re Ralat Pérez, 124 D.P.R. 745 (1989); In re Hoffman Muriño, 125 D.P.R. 553 (1990); In re Izquierdo, 126 D.P.R. 202 (1990); In re Torres Villanueva, 126 D.P.R. 538 (1990).

For los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia mediante la cual se decreta la suspensión provisional del ejerci-cio de la abogacía en Puerto Rico de la Lie. María Luisa Ramos hasta tanto ésta comparezca y otra cosa disponga el Tribunal.


author: Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ramón A. Martínez Torres, acusado y recurrido.

      Número: CE-88-682

      Resuelto: 29 de octubre de 1990

      José Enrique Ay oroa Santaliz, abogado del recurrido; el peticionario no compareció.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración presentada por el peticionario Ramón A. Martínez Torres, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió, en etapa de reconsideración, opinión concurrente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Andréu García. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió, en etapa de reconsideración, opinión disidente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Lladó

Secretario General

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Andréu García.

(En reconsideración)

En el caso de autos, el pasado 27 de junio de 1990, revocamos la resolución del Tribunal Superior, Sala de Ponce, que absolvió al acusado al aplicar la cláusula contra la doble exposición (double jeopardy). Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. En esa ocasión concurrimos con el resultado sin expresión adicional escrita.

Los planteamientos de la moción de reconsideración presen-tada por Martínez Torres y el análisis del disenso del Juez Asociado Señor Rebollo López nos obligan a reiterar que nuestra razón de decidir siempre ha sido la expuesta en nuestra opinión disidente emitida en Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988). Allí, en lo pertinente, sostuvimos:

Independientemente de que el sargento Meléndez Zambrana no fuera presentado como testigo, es incontrovertible que los agentes Pérez Tirado, Campos y Figueroa recibieron información exacta que describía determinado automóvil donde supuestamente se transportaba heroína ilegalmente y se dirigía hacia el área donde ellos prestaban vigilancia. Esa información los alertó. Generó una sospecha razonable que naturalmente ameritaba investigarse. Poco tiempo después vieron acercarse al vehículo. En ese instante inicial, quedó corroborada parte de la información radiocomunicada. En-tonces los agentes se le aparearon al vehículo y, previa identifica-ción, pidieron al conductor que se detuviera. Éste hizo caso omiso, aceleró la marcha y huyó. En ese momento, para efectos de motivos fundados, quedó robustecida la información original. Los agentes lo persiguieron. Tras un recorrido que incluyó un callejón entre desoladas siembras de caña, el conductor se vio frustrado de continuar su huida por encontrarse súbitamente con el obstáculo de una bomba de agua entre los sembrados. Optó por abandonar el vehículo y salir corriendo hasta que los agentes lo alcanzaron. En ese momento es registrado y se hallan en su persona cien (100) decks de heroína. Ante estos hechos, ¿puede realmente sostenerse que el acusado Martínez Torres no “se dio a la fuga”? No se cuestiona persuasivamente la licitud del registro en esta etapa. Antes estos hechos, ¿puede afirmarse que los mencionados agentes carecían de suficientes motivos fundados para proceder al arresto? ¿Es que la información radial que desencadenó la investigación legítima no podían presumirla correcta? ¿Significa que la orden del sargento Meléndez Zambrana no era confiable? Todas estas interrogantes requieren respuestas afirmativas como única solución lógica de que “un agente pued[e] actuar a base de una comunicación de otro policía sin tener motivos fundados”.
En resumen, la información recibida radialmente fue corrobo-rada en cuanto a exactitud del vehículo y del lugar. Además, la actuación del apelante Martínez Torres de no detenerse, sino huir para luego abandonar el auto, a juicio nuestro generó de manera independiente bastantes motivos fundados o razones para arres-tarlo. Lo que al inicio sólo fue una investigación limitada, fue ampliada y completada por su conducta, más que sospechosa. En estas circunstancias, ¿podemos entonces tachar de irrazonable bajo la Constitución la intervención policiaca? Véase Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 157, 161 (1964). Como expusimos en nuestro disenso en Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 490-491 (1988):
“El concepto de motivos fundados —como sinónimo de causa probable, Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 353 (1977)— no es un férreo producto de un examen o experimento a posteriori en el laboratorio aséptico judicial. Tampoco corresponde al mundo de lo académico. No es teórico ni abstracto, sino esencialmente pragmá-tico. Lo que se le exige al policía son motivos fundados, a saber, razones suficientes o eficaces. Ello excluye certeza matemática y menos evidencia de culpabilidad. A tal efecto la Regla 11 de Frocedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, exige ‘tener motivos fundados para creer1. Creer significa ‘tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostra-da’. Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984 T. I, pág. 395.
En nuestra jurisprudencia ha cristalizado el enfoque que ‘un funcionario de[l] orden público puede efectuar un arresto sin la orden correspondiente, entre otros casos, cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, independientemente de que dicho delito se hubiese cometido o no en realidad. Regla 11 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 2 Práctica Forense, pág. 20 (1964). La jurisprudencia enmarca el concepto de “motivo fundado” en la posesión de aquella información y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido delito. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70, 74 (1965); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966). La conducta del funcionario público se juzga pues en orden al criterio de la persona prudente y razonable, por lo que es necesario considerar las circunstancias específicas del arresto para determinar su validez’. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326, 331-332 (1980); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75, 81 (1969).” (Énfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 513-515 (1988), opinión disidente.

Esta posición no ha cambiado y explica ahora por qué “concurrimos en el resultado arribado”. Por ende, nos reservamos para mejor ocasión el exponer nuestros criterios sobre la norma-tiva que gobierna los trámites ulteriores apelativos revocatorios y sus distintas modalidades y limitaciones, por razón de la cláusula constitucional que prohíbe la doble exposición.

—O—

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

La interpretación y aplicación de la cláusula constitucional sobre doble exposición plantea problemas complejos que deben ser examinados con gran detenimiento y particular cuidado. Mediante la sabia y correcta aplicación de la misma se intenta establecer un fino balance entre los intereses de la sociedad en general y los ciudadanos que componen la misma.

El presente recurso no sólo plantea un aspecto específico e importante relativo a la interpretación de la referida cláusula, sino que ejemplifica de modo patente la pulcritud y cuidado con que debemos encarar nuestra tarea de interpretarla apropiada y responsablemente.

i — I

Conforme surge de la relación de hechos que hiciera este Tribunal en la decisión mayoritaria que emitiera en el caso de epígrafe el día 17 de febrero de 1988, Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 498-499 (1988) —en adelante, Pueblo v. Martínez Torres I— la prueba de cargo:

. . . estableció que el 6 de junio de 1979, mientras los agentes de la Policía Julio Pérez Tirado, José A. Campos y Otoniel Figueroa realizaban una ronda preventiva contra el tráfico de drogas en el barrio “La Cuarta” de Ponce, recibieron a través del sistema de radioteléfono de su vehículo un mensaje oficial de parte de su jefe inmediato, el sargento José A. Meléndez Zambrana. Este informó que en el automóvil marca Volkswagen, color rojo, tablilla 91S669, se había realizado una transacción de drogas en “La Cantera” de Ponce, y que el vehículo había pasado la entrada del barrio “La Cuarta” hacia la Carr. Núm. 1 y se dirigía a Santa Isabel. Unos diez (10) minutos más tarde vieron pasar al vehículo descrito por radioteléfono. El conductor del vehículo no estaba infringiendo la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico ni hacía algo que llamara particularmente la atención de los agentes de la Policía. Los agentes, quienes conducían un vehículo sin identificar y sin sirena, tocaron bocina para detenerlo. De carro a carro, cuando estaban con los vehículos aún en marcha, con enseñaron la identificación de uno de los agentes y ordenaron al conductor que se detuviera. El acusado, en vez de obedecer, aceleró. Al ser perseguido por la Policía el vehículo se desvió por un callejón y entró en una plantación de caña donde encontró el paso cerrado por una bomba de riego. El conductor se bajó del automóvil e intentó huir. Tras un breve' forcejeo fue capturado y puesto bajo arresto. Al registrarlo encon-traron cien (100) “decks” de heroína en sus bolsillos. (Énfasis suplido.)

Como resultado de los hechos relatados, el Estado le imputó a Ramón A. Martínez Torres una supuesta infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404.() Procede que se enfatice el hecho de que el Ministerio Fiscal no presentó como testigo de cargo al sargento Meléndez Zambrana en ninguna de las etapas iniciales de dicho procedi-miento judicial, hecho que dio base a, o motivó, que la represen-tación legal de Martínez Torres planteara y solicitara, oportuna y específicamente, a nivel del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, la supresión de los “decks” de heroína.( ) Decla-rada sin lugar dicha moción luego de celebrada la correspondiente vista, y llevado a cabo el juicio, en el cual se admitió en evidencia la prueba objetada a pesar de que el Estado tampoco presentó como testigo al sargento Meléndez Zambrana, un jurado decretó la culpabilidad de Martínez Torres por los delitos imputados. Inconforme, Martínez Torres apeló ante este Tribunal. En el recurso de apelación que a esos efectos radicara, le imputó al foro de instancia haber errado ál admitir en evidencia los referidos decks de heroína por ser los mismos el producto de un arresto y registro ilegal.

Este Tribunal, mediante la mencionada opinión mayoritaria de fecha 17 de febrero de 1988, revocó la sentencia apelada. Apoyándose, principalmente, en el normativo caso de Pueblo v. Luzón, 113 D.ER. 315 (1982), razonó el Tribunal que, no obstante ser permisible que unos agentes del orden público actúen “según la información provista por otro miembro de la fuerza”, resulta “necesario que se presente evidencia para establecer los motivos fundados que tuvo el agente que dio la orden o que originó la cadena de información que tuvo como resultado que se ordenase el arresto”, ya que el “hecho [de] que un agente pueda actuar según una comunicación de otro policía sin tener motivos funda-dos no significa que el Ministerio Público queda relevado de su deber die presentar evidencia para establecer la legalidad del arresto”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Martínez Torres I, ante, págs. 505-506.

Devuelto el caso al tribunal de instancia, dicho foro dispuso la celebración de una vista para escuchar el testimonio del sargento Meléndez Zambrana con el propósito de determinar si éste, al ordenar a través del sistema oficial de comunicación de la Policía la detención del automóvil que conducía el acusado, tenía motivos fundados para hacerlo. Mediante moción a esos efectos, Martínez Torres se opuso a la celebración de la vista, invocando la protec-ción de la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.ER.A., Tomo 1. En esta ocasión el magistrado de instancia acogió el planteamiento de la defensa, decretó la aplicación de la protección constitucional contra la doble exposición y estimó como único remedio la absolución del imputado.

Inconforme, el Estado acudió vía certiorari ante este Tribunal. Mediante opinión de fecha 27 de junio de 1990, Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990) —en adelante Pueblo v. Martínez Torres II— una mayoría de los integrantes de este Tribunal revocó la resolución recurrida.

Luego de resumir, en forma adecuada, el derecho aplicable en esta clase de situaciones, la mayoría concluyó que a Martínez Torres no le cobijaba la protección constitucional contra la doble exposición por cuanto la revocación decretada en Pueblo v. Martínez Torres I, ante, se había debido a la comisión por el foro de instancia de un “error de derecho”, situación no cobijada por la mencionada protección constitucional. Dicha conclusión principal-mente se basó en la escueta y superficial aseveración de que la determinación referente a la admisión o no de evidencia durante un proceso criminal es “una determinación estrictamente de derecho” (énfasis suplido) Pueblo v. Martínez Torres II, ante, pág. 575; situación que, erróneamente se concluye, era la imperante en dicho caso.

Todavía más “sorprendente”, sin embargo, resulta ser la actuación de la mayoría de los integrantes del Tribunal al disponer del caso. Ello merece no sólo un comentario separado sino que transcribamos, literalmente, lo expuesto por el Tribunal. Conforme surge de la parte final de la opinión emitida en Pueblo v. Martínez Torres II, ante, págs. 576-578, la mayoría “razonó” de la manera siguiente:

En Pueblo v. Martínez Torres, supra, revocamos la sentencia recurrida e invalidamos la convicción que recayó contra el acusado. La efectividad de nuestra opinión revocatoria no puede estar sujeta al resultado adverso para él acusado de una vista de supresión de evidencia. Dicha sentencia, una vez revocada, perdió toda vigencia y aplicabilidad y no puede ser reinstalada. En la eventualidad de que se concluya, tras la celebración de una vista de supresión de evidencia, que existieron motivos fundados para el arresto y registro del acusado, procede en ese momento la celebra-ción de un nuevo juicio. Resolver lo contrario sería atentar contra el derecho del acusado a obtener un juicio justo así como contra el interés de la sociedad en castigar a aquel a quien se le ha probado claramente su culpabilidad luego de pasar por el tamiz de tal proceso judicial.
Por otro lado, si en la vista se determina la inexistencia de motivos fundados, el Estado admite —y así lo expone en su comparecencia— que estaríamos frente a un problema de insufi-ciencia de la prueba.
Ahora bien, es norma establecida que, de ordinario, “una decisión suprimiendo una evidencia en particular necesariamente no implica el fin del caso; siempre existe la posibilidad de que el Ministerio Público pueda demostrar el día del juicio la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable mediante la presentación de evidencia independiente y distinta a la suprimida”. Pueblo v. Rivera Rivera, supra, pág. 290. Por entender que debemos garantizarle tal opor-tunidad al Estado, hemos resuelto “que un tribunal no tiene autoridad en ley para emitir un ‘fallo absolutorio’ en una vista señalada para la discusión de una moción de supresión de evidencia ya que dicho fallo sólo puede ser emitido en el contexto de un ‘juicio’. Cualquier pronunciamiento a esos efectos dentro de una vista de supresión es un acto ultra vires y nulo que es revisable, por constituir una cuestión de derecho, ante el foro apelativo, proce-diendo la devolución del caso al foro de instancia para la celebración propiamente del ‘acto del juicio’ sin que se violente la garantía constitucional sobre doble exposición”. íd. La norma antes expuesta tiene vigencia en circunstancias normales, como las dadas en Pueblo v. Rivera Rivera, supra, en que nunca se celebró un juicio en los méritos y la “absolución” de algunos coacusados se dio en la vista de supresión de evidencia.
Sin embargo, en el caso de autos, debido a su evolución procesal particular, no es aplicable la norma antes enunciada. En este caso el Ministerio Público tuvo oportunidad de presentar su prueba contra el acusado recurrido. Debido a la admisión errónea de parte de dicha evidencia, revocamos la convicción que recayó contra el acusado. De determinarse —en la vista de supresión de evidencia que se ha de celebrar— la inexistencia de motivos fundados que hicieran permisible la intervención de los agentes con el acusado, no procedería la celebración de un nuevo juicio, pues estaríamos ante un problema de insuficiencia de evidencia. El Procurador General así lo entiende y lo acepta. En este caso es impermisible la presentación de nueva evidencia por parte de la Fiscalía; no se le puede ofrecer una segunda oportunidad para que presente prueba que pudo traer en el primer proceso, pero que no lo hizo. Procede, por lo tanto, que se absuelva al acusado si, tras la celebración de la vista de supresión de la heroína incautada, se determina que no hubo motivos fundados para intervenir con éste. (Enfasis suplido y escolios omitidos.)

Leído lo transcrito, se entiende perfectamente la “ambivalencia” a nivel de instancia. Como podemos notar, a pesar de que se expresa que la “efectividad de nuestra opinión revocatoria no puede estar sujeta al resultado adverso para el acusado de una vista de supresión de evidencia”, Pueblo v. Martínez Torres II, ante, pág. 577, el Tribunal precisamente dispone que el foro de instancia deberá de celebrar una nueva vista de supresión en la cual deberá determinar si el sargento Meléndez Zambrana efectivamente tenía “motivos fundados” para ordenar el arresto y detención de Martínez Torres, dispo-niendo que si así lo determinase, éste podrá ser sometido a un nuevo proceso. Por otro lado, no obstante reconocerse que “el Ministerio Público tuvo oportunidad de presentar su prueba contra el acusado recurrido”; que “es impermisible la presenta-ción de nueva evidencia por parte de la fiscalía”, y que “no se le puede ofrecer [al Ministerio Público] una segunda oportunidad para que presente prueba que pudo traer en el primer proceso pero que no lo hizo”, se ordena, repetimos, que el foro de instancia celebre una nueva vista “de supresión” donde deberá permitirle al Estado presentar la prueba sobre los posibles “motivos fundados” que tuvo el sargento Meléndez Zambrana; prueba que pudo presentar el Fiscal no sólo en la vista sobre supresión solicitada por la defensa sino que en el proceso ya celebrado, y que éste no presentó a pesar del señalamiento específico a esos efectos por parte de la defensa antes de la celebración del proceso —véase esc. 2— y de nuestra decisión en Pueblo v. Luzón, ante.

Dicho con el mayor respeto, difícilmente se pueda encontrar en nuestra jurisprudencia una decisión más confusa, contradic-toria y errónea que la emitida por este Tribunal en Pueblo v. Martínez Torres II, ante. Es por ello que, en dicha ocasión, disentimos mediante una simple “expresión”.() En el día de hoy, no obstante nuestros esfuerzos en contrario, una mayoría de los integrantes del Tribunal se reafirma, e insiste, en el error cometido al denegar la moción de reconsideración radicada por el peticionario Martínez Torres. En esta ocasión, creemos se hace necesario exponer en detalle los fundamentos de nuestra posición disidente.

I — I

La citada Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ed. 1982, pág. 308, establece que “[njadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”. Según el informe rendido a la Convención Consti-tuyente por la Comisión sobre la Carta de Derechos, el derecho común es la fuente de nuestro ordenamiento constitucional con relación a la cláusula de doble exposición. A esos efectos se afirmó sobre la Sec. 11 del Art. II:

Esta sección contiene las garantías qne protegen al acusado en el derecho común. Se expresan en la forma tradicional para incorporar así el significado jurídico que han adquirido en las interpretaciones judiciales. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2568-2569 (1952).

Es clara, en consecuencia, la pertinencia de la jurisprudencia federal, aunque ésta tan sólo nos señale el ámbito mínimo de su operación y no establezca la dimensión o el alcance de su extensión en nuestra jurisdicción.() En términos generales, la cláusula contra la doble exposición intenta evitar que el Estado, con todos sus recursos y poderes, trate repetidas veces de procesar a un individuo por un delito. Véase Plard Fagundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 444, 448 (1973), citando expresio-nes del Tribunal Supremo federal en Green v. United States, 355 U.S. 184, 187 (1957).

Es norma firmemente establecida que la cláusula de doble exposición no impide, de ordinario, la celebración de un nuevo proceso contra el acusado cuando su convicción ha sido revocada en apelación por el fundamento de que el tribunal de instancia cometió un error de derecho en el proceso original. United States v. Toteo, 377 U.S. 463 (1964); United States v. Ball, 163 U.S. 662 (1896). Definitivamente, como señala el Juez Harlan, la sociedad pagaría un precio muy alto si permitiésemos que un acusado escape impunemente de un castigo claramente merecido por el mero hecho de que se ha cometido un error de derecho a nivel de instancia que hace mandatoria la revocación de los procedimientos que finalizaron en su convicción. United States v. Tateo, ante, pág. 466.

Ello no obstante, en Burks v. United States, 437 U.S. 1 (1978), se aclaró que la cláusula de doble exposición sí constituye impedimento contra un nuevo proceso en aquellos casos donde se determina que la prueba que el Estado presentó en instancia contra el acusado es una “insuficiente”. Véanse, también: Hudson v. Louisiana, 450 U.S. 40 (1981); Greene v. Massey, 437 U.S. 19 (1978). No podría ser de otra manera. Ordenar un nuevo juicio en tales circunstancias sería ir en contra de la noción legendaria, que sustenta tanto a Burks v. United States, ante, como a la propia cláusula, de que el Estado sólo debe tener una oportunidad justa para presentar y ofrecer toda la prueba que tenga a su alcance (one fair opportunity to offer whatever proof it [can] assemble). Burks v. United States, ante, pág. 16.

H HH l-H

En Pueblo v. Martínez Torres II, ante, se expone, en forma aceptable y adecuada, la norma jurisprudencial vigente en la jurisdicción federal respecto a la aplicación de la cláusula sobre doble exposición; la mayoría, sin embargo, incurre en error al aplicar dicha norma a la situación particular de hechos que presenta el caso y al ignorar disposiciones particulares de nuestra Constitución y la jurisprudencia interpretativa de las mismas.

Partiendo de la irreflexiva aseveración a los efectos de que la determinación sobre admisión o no de evidencia es una “estricta-mente de derecho”, la mayoría concluye en forma apresurada que, como en el presente caso se trataba precisamente de la admisión o no de los cien (100) decks de heroína, no aplica la cláusula sobre doble exposición por cuanto lo que hizo el Tribunal en Pueblo v. Martínez Torres I, ante, fue meramente corregir la comisión de un error de derecho por parte del tribunal de primera instancia al admitir dicha evidencia. Dicho razonamiento no pasa de ser una mera simpleza.

Al así “razonar”, la mayoría no sólo no enfoca correctamente la verdadera naturaleza del problema planteado en el recurso sino que se desasocia totalmente del trasfondo fáctico-procesal del caso a nivel de instancia. Si bien es correcto que un tribunal, al amparo de lo dispuesto por la Regla 9(A) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IX, tiene la facultad de determinar, de forma preliminar, la admisibilidad de toda la evidencia que presenten las partes durante un proceso, razón por la cual la determinación que a esos efectos realiza dicho tribunal es una “de derecho”, no es menos cierto que dicha determinación es una que envuelve cuestiones de hecho y de derecho. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pub. J.T.S., 1985, pág. 18. Esto es, dicha determinación no es una estrictamente de derecho.

Por otro lado —y a diferencia de la situación en que está en controversia, digamos a manera de ejemplo, la admisión o no en evidencia de una escritura pública— en la situación específica ante nuestra consideración no podemos ignorar las disposicio-nes de la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299, la cual establece que:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa 'probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. (Enfasis suplido.)

Al interpretar la referida disposición constitucional hemos establecido claramente que “una incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez sujeta a ciertas y limitadas excepciones”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 329 (1979). Como resultado, le corresponde al Ministerio Público el peso de probar la existencia de una de dichas excepciones (Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986)), entre las cuales figura el registro incidental a un arresto legal, basado en los “motivos fundados”por parte del agente del orden público para intervenir con un ciudadano.

Presumiéndose, por “mandato constitucional”, la ilegalidad de la actuación y del fruto de la misma, el Estado tiene la obligación de probar, como parte integrante o inherente del delito por el cual procesa al imputado —sea éste por infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, etc.— los “motivos fundados” que tuvo para la intervención. En otras palabras, cuando el Estado interviene sin orden judicial con un ciudadano, y el Estado no presenta prueba alguna sobre los “motivos fundados” que dieron lugar a la intervención, la deter-minación respecto a la admisibilidad de la evidencia ocupada como producto de esa intervención envuelve un “problema de suficiencia de prueba”. La diferencia entre esta situación y, a manera de ejemplo, aquella en que el Estado no presenta prueba sobre las “advertencias” que requiere la jurisprudencia para que una confesión sea admisible en evidencia, consiste en que, en el caso de la confesión, la prueba sobre las advertencias no forma parte propiamente de la prueba sobre los hechos delictivos imputados, mientras que en el caso que ocupa nuestra atención,' la prueba sobre los hechos que dieron lugar a la configuración de los “motivos fundados” es parte integrante o inherente de los hechos delictivos ocurridos; esto es, dichos hechos no pueden ser consi-derados por “separado” del arresto y registro realizado.

Pero todavía hay más. Como expresáramos al comienzo de la ponencia, el Ministerio Fiscal nunca ofreció el testimonio del sargento Meléndez Zambrana como prueba en ninguna de las etapas del procedimiento en instancia. Dicho funcionario no declaró durante la determinación de causa probable; tampoco durante la celebración de la vista preliminar. Radicado el pliego acusatorio, el Pueblo no lo anunció ni lo utilizó como testigo de cargo para el juicio en su fondo. La defensa, en la moción de supresión de evidencia que radicara, planteó que el arresto y registro de Martínez Torres fue irrazonable toda vez que los tres agentes de la policía que arrestaron a éste no tenían “motivos fundados” para intervenir con él. El tribunal ordenó una vista para la discusión de la referida moción. En dicha vista la defensa insistió en que su planteamiento a los efectos de que Martínez Torres había sido víctima de un arresto y registro ilegal y/o irrazonable dependía de la presentación del testimonio del sar-gento Meléndez Zambrana.() No obstante dicho oportuno plan-teamiento, el Ministerio Fiscal no presentó su testimonio; tan sólo presentó los testimonios de José A. Campos y Julio Pérez Tirado, dos (2) de los tres (3) agentes que alegadamente recibieron la radiocomunicación del sargento Meléndez Zambrana. Igual curso de acción siguió el Estado durante el juicio en sus méritos.

En vista de ello —e independientemente de que se trate, como sostenemos, de un problema de “suficiencia” de prueba y no meramente de un error de derecho— procede que nos pregunte-mos si la conducta observada por el Ministerio Fiscal, al inexpli-cablemente negarse a presentar como testigo al sargento Meléndez Zambrana, amerita que se le brinde al Estado una segunda oportunidad.

Olvidándonos por un momento de las disposiciones de la See. 10 del Artículo II de nuestra Constitución, supra, y de la jurisprudencia interpretativa de la misma, en defensa del Minis-terio Fiscal podría argumentarse que éste no contaba, natural-mente, para la fecha del primer juicio con la decisión emitida por este Tribunal en Pueblo v. Martínez Torres I, ante, a los efectos de que en esta clase de situaciones resulta necesario presentar el testimonio del primer agente en la cadena de información y quien es el que tiene conocimiento de los “motivos fundados”. Ello, sin embargo, no constituye eximente para su actuación.

De entrada, procede que se señale que en Pueblo v. Martínez Torres I, ante, este Tribunal “no descubrió a América”; esto es, la referida decisión no estableció norma nueva alguna ni pautó derecho respecto a este punto. Dicha decisión, como expresára-mos ya anteriormente, lo que hizo fue básicamente reiterar y ratificar lo que este Tribunal había resuelto ya en Pueblo v. Luzón, ante.()

El acto del juicio en el presente caso comenzó, según surge de los autos, el día 18 de octubre de 1983. La decisión en Pueblo v. Luzón, ante, fue emitida el 19 de octubre de 1982, esto es, un año antes de que se comenzara el proceso ante el tribunal de instancia.

En síntesis, ya fuera bajo las disposiciones de la citada Sec. 10 del Artículo II de nuestra Constitución y la jurisprudencia interpretativa de la misma, ya al amparo de la decisión emitida en Pueblo v. Luzón, ante, el Estado sabía que venía obligado a presentar el testimonio del sargento Meléndez Zambrana en el proceso contra el aquí peticionario. No lo hizo; no sabemos qué razones tuvo el Estado para así actuar. Dentro de la gama de posibilidades existentes para dicha incomprensible actuación te-nemos desde la crasa incompetencia hasta la motivación aviesa y dolosa por parte del Ministerio Fiscal.()

El Estado ya tuvo una “oportunidad justa” de procesar al peticionario; permitir que el Estado “ensaye” estrategias de litigación y “perfeccione” su prueba mediante intentos sucesivos con el propósito de conseguir una convicción viola la cláusula constitucional contra la doble exposición. Tibbs v. Florida, 457 U.S. 31, 41 (1982). En consecuencia, y por las razones antes expresadas, confirmaríamos la resolución recurrida y decretaría-mos la absolución del peticionario Martínez Torres.

      (1) Martínez Torres fue, en adición, acusado por una supuesta infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 1152(a), esto es, “desobedecer la señal de detenerse”.

      (2) En el Memorando de Derecho en apoyo de la moción de supresión de evidencia, la vista de la cual se celebró con antelación al juicio, la defensa expresó que:
      “. . . este caso ya está señalado para la vista en su fondo. Consiguientemente, ya pasó por la Vista Preliminar. Puede apreciarse, sin embargo, de un simple examen a la acusación, que el Sgto. José A. Meléndez Zambrana ni declaró en la Vista Preliminar, ni está anunciado como testigo de cargo para el juicio en su fondo. Tampoco, claro, declaró en la discusión de esta Moción de Supresión de Evidencia.

      “Tenga muy presente el Honorable Magistrado que los policías que arrestan a Ramón Antonio Martínez Torres no notan nada particular, es decir, nada delictivo, ni en él, ni en su vehículo, ni en la forma en que conduce ese vehículo.
      “Los policías detienen a Ramón Antonio Martínez Torres, y lo arrestan, S[Ó]LO porque reciben —mediante un intermediario telefónico— una instrucción del Sgto. José A. Meléndez Zambrana, para que detenga al conductor del vehículo descrito.

        “Los policías no tienen justa causa DE PROPIO CONOCIMIENTO para detener y arrestar a Ramón Antonio Martínez Torres. Si lo arrestan es porque han recibido, allegadamente, esa orden VERBAL Y MEDIANTE INTERMEDIARIO de parte de un supervisor.

      “Es propio que el juzgador se formule la siguiente pregunta: ¿Tenía justa causa el Sgto. José A. Meléndez Zambrana para ordenar el arresto de Ramón Antonio Martínez Torres? No lo sabemos.

      “Siendo así que no se puede arrestar a un ciudadano sin que medie justa causa para ello, la orden de arresto verbal —sin causa justificada— dictada por el Sgto. José A. Meléndez Zambrana es ilegal. Consiguientemente, el subsiguiente registro también lo es.” (Énfasis suplido y en el original.)

      (3) En dicha ocasión hicimos constar, en la sentencia que se emitiera, que el Juez suscribiente, no obstante entender que la opinión emitida por el Tribunal exponía en forma adecuada ciertas doctrinas legales, disentía por cuanto éramos del criterio de que el Tribunal, al aplicar erróneamente dichas doctrinas a los hechos particulares del caso, llega a un resultado completamente equivocado.

      El Juez Asociado Señor Negrón García —quien en Pueblo v. Martínez Torres I, 120 D.P.R. 496 (1988), había disentido por entender que los tres (3) agentes que detuvieron y arrestaron a Martínez Torres tenían “motivos fondados” para así ellos actuar— mera-mente “concurrió en el resultado” en Pueblo v. Martínez Torres II, 126 D.P.R. 561 (1990).

      (4) En 1917 el Congreso de los Estados Unidos extendió a Puerto Rico la garantía contra la Doble Exposición a través del Art. 2 de la Segunda Ley Orgánica, Acta Jones, 39 Stat. 961 (1917), basado éste, a su vez, en la Quinta Enmienda federal. Véanse: Ortiz Báez v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 261, 279 (1970), y Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626, 634-635 (1976).

      (5) Véase esc. 2, ante.

      (6) En Pueblo v. Luzón, ante, pág. 324, expresamos, en lo pertinente, que:
      “Las circunstancias expuestas confirman la legalidad de los arrestos. El concepto de motivos fundados, consignado en la Regla 11 de Procedimiento Criminal, no es incompatible con la persecución del crimen, cuando actúen coordinada y concertadamente los agentes de la Policía. A tal efecto, se ha sostenido que el conocimiento de cada agente —cuando trabajan cerca y se mantienen informados— es atribuible a los demás. ‘Se puede establecer la existencia de causa probable para justificar un arresto sin orden, basado en información policiaca colectiva al momento del mismo, siendo innecesario que el oficial que lleva a cabo el arresto lo haga basándose únicamente en su conocimiento personal de las circunstancias. Basta con que el agente de la Policía que inició la cadena de comunicaciones tenga información de primera mano.’” (Énfasis suplido.)

      (7) Es muy posible que el Estado no presentara el testimonio del sargento Meléndez Zambrana debido a que estaba consciente que él no había tenido los “motivos fundados” requeridos por nuestra jurisprudencia para ordenar la detención y arresto del peticionario.


author: per curiam:

text:
      In re Myrna Rosa Serrano Casanova.

      Número: 7593

      Resuelto: 31 de octubre de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Myrna Rosa Serrano Casanova, pro se.

   per curiam:

Mediante opinión Per Curiam de 22 de noviembre de 1989 decretamos la suspensión de la Leda. Myrna Rosa Serrano Casanova del ejercicio de la notaría por un periodo de seis (6) meses por razón de que ésta había incumplido con su obligación de rendir sus índices notariales desde septiembre de 1988 y por no haber acreditado el envío de tales índices dentro del término legal ni haber ofrecido razones justificadas para dicha omisión en el cumplimiento de su deber legal.

El 28 de febrero de 1990, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos sometió un informe sobre la inspección de los Protocolos de 1987, 1988 y 1989 de dicha notario. Igualmente hizo constar que ésta dejó de notificar al Registro de Poderes y Testamentos la Escri-tura Núm. Siete (7) de 20 de enero de 1989 (sobre Protocolización de Poder) y la Escritura Núm. Ochenta y Cinco (85) de 27 de junio de 1989 (sobre Constitución de Poder). La mencionada comunica-ción motivó nuestra Resolución de 15 de marzo de 1990, en virtud de la cual concedimos a la Leda. Myrna Rosa Serrano Casanova un término de treinta (30) días para corregir las deficiencias notariales a las cuales se hizo referencia en la mencionada comunicación y para mostrar causa por la cual no debía ser separada permanentemente del ejercicio de la notaría en Puerto Rico.

A petición de dicha notario, mediante nuestra Resolución de 11 de mayo de 1990, concedimos a ésta un término adicional de treinta (30) días para, primero, corregir las deficiencias en su obra notarial que le fueron solicitadas por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, y segundo, para comparecer en cumpli-miento de nuestra Resolución de 15 de marzo de 1990, esto es, para mostrar causa por la cual no debía ser separada permanen-temente de la notaría en Puerto Rico.

El 29 de junio de 1990 emitimos una nueva opinión Per Curiam en virtud de la cual ratificamos la suspensión de la Leda. Myrna Rosa Serrano Casanova del ejercicio de la notaría y le concedimos un término adicional de treinta (30) días para que procediera a corregir las deficiencias apuntadas y para que incluso supliera su firma en varias escrituras de forma tal que sus otorgantes pudieran obtener copias certificadas para fines regístrales.

Conforme a otra comunicación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, de 6 de septiembre de 1990, dictamos una nueva resolución el 21 de dicho mes y año, por la cual concedimos a la licenciada Serrano Casanova hasta el viernes 28 de septiembre de 1990 para cumplir con los términos del mandato contenido en nuestra opinión Per Curiam de 29 de junio de 1990, todo ello bajo apercibimiento de quedar suspendida provisionalmente del ejercicio de la abogacía.

El 3 de octubre de 1990, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos informa por escrito que la licenciada Serrano Casanova acudió a la oficina de éste a corregir tales deficiencias los días 27 y 28 de septiembre y el 3 de octubre de 1990, pero que aún no ha terminado de corregir las mismas, todo ello en violación al mandato expreso que hemos dado a dicha abogada. La conducta observada por ésta es indicativa de un contumaz desacatamiento de las órdenes y procedimientos de este Tribunal que puede acarrear la suspensión del abogado del ejercicio de la profesión. In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984); In re Pereira Esteves, 116 D.P.R. 791 (1985); In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986); In re Ralat Pérez, 124 D.P.R. 745 (1989); In re Hoffman Muriño, 125 D.P.R. 553 (1990); In re Izquierdo, 126 D.P.R. 202 (1990); In re Torres Villanueva, 126 D.P.R. 538 (1990).

For los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia mediante la cual se decreta la suspensión provisional del ejerci-cio de la abogacía en Puerto Rico de la Leda. Myrna Rosa Serrano Casanova hasta tanto ésta corrija en su totalidad las deficiencias señaladas por el licenciado Martínez Suris en el memorando sometido a nuestra consideración el 11 de junio de 1990 y otra cosa disponga el Tribunal.


author: Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Elí Rodríguez Ruiz, etc., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-90-206

      Resuelto: 8 de noviembre de 1990

      Ramón I. Ortiz Palmieri, de Parra, Del Valle, Frau & Limeres, abogado de los recurrentes; los recurridos no comparecieron.
   RESOLUCIÓN

A la anterior solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente, al cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Andréu García.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Andréu García.

La ardua misión de recrear la “verdad real” en el escenario judicial a menudo nos enfrenta a situaciones que generan en nuestro ánimo sensaciones de pena y tristeza y, sobre todo, compasión. Como jueces, gozamos de un enorme poder discrecio-nal cuyo límite lo demarcan nuestras leyes y estamos obligados a velarlo con gran celo. No debemos abdicar nuestro deber de dispensar justicia en derecho en favor de una justicia basada exclusivamente en sentimientos y pasiones. Una dosis balan-ceada de ambos ingredientes es necesaria para lograr lo justo.

Así advertidos, procedamos a atender el presente recurso.

I

En horas de la mañana del 25 del enero de 1987 se desató un incendio en una residencia sita en la Calle Libertad, Núm. 8 de San Germán, propiedad de Eli Rodríguez Ruiz y de su esposa Inés Jiménez Ortiz. Esta, construida en madera techada de zinc, quedó prácticamente destruida, sufriendo el mayor daño en su parte posterior donde se encontraban los dormitorios. El siniestro, por su naturaleza y extensión, se propagó a la residencia contigua, perteneciente a María Petrola Toro Ayala, ocasionándole algunos daños menores.

A raíz de este suceso, el 20 de marzo de 1987 los perjudicados demandaron en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, a la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante Autoridad) y su compañía aseguradora por los daños que. ocasionara el incendio. Alegaron, en esencia, que la Autoridad fue negligente al no proveerle el debido mantenimiento al tendido eléctrico del cual se servían las residencias afectadas, razón por la cual se originó el incendio.

Tras los procedimientos de rigor y un amplio período de descubrimiento de prueba, en el cual las partes tuvieron la oportunidad de oir la deposición de varios testigos y peritos, el tribunal de instancia acordó dividir la consideración del caso en dos (2) fases. Primero se dilucidaría el aspecto de la negligencia y responsabilidad de las demandadas y, de proceder, se determina-ría en vista aparte el monto de los daños compensables. Así las cosas, se ventiló el proceso y el tribunal (Hon. Bárbara M. Sanfiorenzo Zaragoza, Juez) dictó sentencia parcial e impuso responsabilidad a la Autoridad y a su compañía aseguradora.

En revisión, la Autoridad nos solicita la revocación de ese dictamen aduciendo “ERROR MANIFIESTO DE HECHO Y DE DERECHO ... AL AQUILATAR LA PRUEBA EN FORMA [ARBITRARIA]”, y la “APLICA[CIÓN ERRADA DE] LA DOCTRINA DE RES IPSA LOQUITUR” al caso. Petición de revisión, pág. 3. Ante tales planteamientos, procede una relación de la prueba presentada. Sólo así podremos apreciar la cuestión en su justa perspectiva. Veamos.

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Los demandantes pretendieron demostrar la negligencia de la Autoridad a través de los testimonios de Edna Morales Ortiz, Erick Sáez, Milagros y Zaida Vázquez, y del perito electricista Rubén D. Reyes, entre otros.

La señora Morales Ortiz y el señor Sáez atestaron, en lo pertinente, que aproximadamente una semana antes del siniestro escucharon un zumbido fuerte proveniente del poste del tendido eléctrico de donde partían las tomas que suplían el servicio a las residencias afectadas.() Además, la señora Morales Ortiz declaró que durante los dos (2) años que llevaba residiendo en la Calle Libertad nunca se le dio mantenimiento alguno al alambrado del servicio de energía eléctrica, encontrándose éste deteriorado. Igualmente, señaló que el 27 de enero de 1987, tras escuchar un ruido fuera de lo común, salió fuera de su residencia y se percató del incendio en la residencia de Eli Rodríguez Ruiz, interrum-piéndose en esos instantes el servicio eléctrico.

Por su parte, tanto Milagros como Zaida Vázquez narraron cómo en la mañana del 25 de enero de 1987, tras percibir un olor “a goma quemada”, salieron a la calle y observaron que salía del poste del tendido eléctrico una chispa de fuego que corrió por la toma hasta llegar a la casa de Rodríguez Ruiz. Tan pronto la chispa de fuego llegó a la casa, ésta, sostuvieron, comenzó a arder en llamas. Acto seguido, la toma se desprendió de la estructura. Posteriormente, personal de la Autoridad la enrolló y colgó del poste.

El perito electricista Reyes visitó la residencia de Rodríguez Ruiz el 11 de noviembre de 1987 —unos diez (10) meses luego de ocurrido el incendio— y determinó que el incendio se debió a desperfectos en la toma eléctrica que le servía, lo que ocasionó una fuga de corriente a tierra. Adujo que, por no tener instalado el fusible adecuado, el transformador no tumbó a tiempo, por lo que se calentó la línea y se derritió la aislación del cable de la toma. Al caer la aislación derretida sobre la madera de la casa de Rodríguez Ruiz, se inició el incendio. Arribó a esta conclusión, según admitió en el contrainterrogatorio, sin haber inspeccio-nado la toma que servía a la residencia de Rodríguez Ruiz. Con esta prueba y teoría sometieron su caso los demandantes.

En su turno, la Autoridad presentó prueba en contrario para demostrar su diligencia en el mantenimiento de las líneas de servicio y de que el incendio se originó dentro de la estructura.

En primer término, estableció que para el 18 de enero de 1987 se reemplazó la luminaria de mercurio de ciento setenta y cinco (175) vatios utilizada en el sistema de alumbrado instalado en el poste frente a la residencia de la señora Morales Ortiz. Para eliminar el ruido producto de la vibración que producía ésta, se instaló una luminaria de sodio de setenta (70) vatios.

El Sr. Carlos Cordero, supervisor de la Autoridad con más de veintitrés (23) años de experiencia, atestó que para enero de 1986 —un (1) año antes del incendio— fue reemplazado todo el sistema de servicio eléctrico de la Calle Libertad. Ello fue motivado al percatarse del estado en que se encontraba el tendido eléctrico en ocasión de prestar servicio a una residencia nueva de esa calle. La Autoridad cambió las líneas secundarias y las tomas que servían a las residencias, incluso la de los demandantes. ( ) Señaló el señor Cordero que para el reemplazo de las tomas se utilizó una línea de aluminio de tres (3) hilos trenzados con cobertura de aislación de polietileno no inflamable en los alam-bres positivos, distinto del existente de tres (3) hilos individuales de cobre. Sobre este aspecto, el perito Ing. Faustino Rivera declaró que el referido material aislante utilizado estaba diseñado para resistir altas temperaturas y, de estar expuesto a éstas por largos períodos de tiempo, se desintegraría.

Declaró además el ingeniero Rivera —haciendo referencia y avalado en literatura científica— que el transformador de cin-cuenta (50) Kva. de capacidad que servía a las residencias afectadas estaba equipado con fusibles de veinticinco (25) amperes, según especificado. Añadió que el día del incendio, según lo esperado, éste funcionó y suspendió el servicio eléctrico al detectar una anomalía en las líneas. Por su parte, el Sr. José Almodóvar, empleado de la Autoridad, atestó que este transfor-mador era suficiente y adecuado para el área, demostrándolo así un estudio de carga que realizara.

Finalmente, declaró el Ing. Miguel Carbuccia, perito en fuegos de la Autoridad. Tras haber visitado el área afectada el 9 de abril, el 13 de mayo y el 5 de junio de 1987 para estudiar el origen y la naturaleza del fuego, determinó que aun cuando desconocía su causa específica, no tenía dudas de que el foco de origen se encontraba en el interior de la residencia de Rodríguez Ruiz. Ello resultaba evidente, según declaró, por la forma en que se desa-rrolló el incendio y por la condición y circunstancias de los escombros.

Durante estos procedimientos ambas partes, separada y conjuntamente, presentaron numerosas fotografías que mostra-ban el área afectada. Éstas, coetáneas y posteriores al incendio, son sumamente reveladoras pues, como sabemos, “es regla auxiliadora en el proceso evaluativo de formar conciencia judicial de hechos, el análisis de perspectiva integral de la prueba, atribuyéndole mayor valor probatorio a la evidencia aportada que contiene la característica de garantía circunstancial de veracidad entre las cuales se destaca la que posee ingredientes de esponta-neidad y contemporaneidad con el suceso. Las muchas dudas que surgen con respecto a la credibilidad que merece un testigo o a la posibilidad de que su relato sea lo más cercano y probable a la realidad extrajudicial ya pasada, son susceptibles de ser salvadas y esclarecidas mediante este enfoque”. García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 358 (1975).

Los exhibits de la demandante identificados de II-A a II-O, consistentes en varias fotografías tomadas durante el incendio por el Sr. Sebastián Marchand, tienden a confirmar la teoría de la Autoridad. A la vez, desmienten las declaraciones de Milagros y Zaida Vázquez. Esas fotografías muestran que durante el incen-dio la toma que bajaba del poste a la casa de Rodríguez Ruiz no fue afectada —por el contrario, ésta se encontraba en buenas condiciones— y que el incendio sólo afectó levemente el frente de la estructura en comparación con su parte trasera. Como cuestión de hecho, la toma nunca se desprendió de la estructura por sí sola y fue el Sr. Carlos Santana, empleado de la Autoridad, quien la desconectó.

De igual forma, los exhibits III-G, III-H y III-I de la demandada son reveladores y de gran interés. Estos muestran el área donde se encontraba el punto de entrega del servicio eléctrico y el contador. Resulta evidente allí la presencia de pocas y superficiales grietas, o huellas de cocodrilo, en la madera, lo cual tiende a indicar que éste no es el punto de origen del incendio. Y es que el “fuego que envuelve una viga de madera tiende a redondear las esquinas del lado más lejano de la fuente de la flama. La superficie de una madera carbonizada experimenta un patrón de grietas que en apariencia es similar a la piel de un cocodrilo. El punto probable de origen es aquel sitio donde están las marcas más pequeñas del ‘patrón de cocodrilo’ y se encuentran las más profundas. Así, un investigador al acercarse más al punto de origen, encontrará que la carbonización es más profunda y los segmentos de ‘huellas de cocodrilo’ se convierten en más peque-ñas”. (Traducción nuestra.) C.E. O’Hara, Fundamentals of Criminal Investigation, 7ma ed., Illinois, Ed. C.C. Thomas, 1967, págs. 205-206. Véase, además, Arson and Arson Investigation, Nat. Inst. of Law Enforcement and Criminal Justice 77 (Oct. 1977), págs. 87-88 (citado con aprobación en Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984), opinión concurrente). Similar conclusión sugieren otras tantas fotografías. Éstas muestran la sección posterior de la residencia de Rodríguez Ruiz totalmente destruida, concentrándose la mayor destrucción en las habitacio-nes ubicadas detrás de la casa. Exhibits de la demandada III-K, III-L, III-LL, III-N y III-R.

Al comparar las fotografías exteriores de la residencia con las interiores, nos percatamos de un detalle que salta a la vista. Mientras que en el interior hay “huellas de cocodrilo” por doquier, el exterior se distingue por la casi total ausencia de este patrón. Conclusión inevitable resulta determinar que, con mayor proba-bilidad, el fuego se originó dentro de la estructura y se esparció hacia el exterior.

Ante este inescapable marco fáctico, procedamos a analizar las conclusiones a que llegara el ilustrado foro sentenciador.

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El tribunal de instancia concedió credibilidad sólo a la prueba presentada por los demandantes y entre otros aspectos determinó que:

a. La casa comenzó a quemarse rápidamente por el frente. (Determinación de Hecho Núm. 4).
b. El cable por donde corrió el fuego se desprendió de la casa. (íd.)
c. El transformador de 50 Kva. que servía al área en cuestión estaba equipado con un fusible mayor al adecuado, ello evitó que éste interrumpiera el servicio a tiempo por lo que “[l]as líneas se calentaron de tal forma que se incendió el cable que suplía energía a Don Eli, corriendo el fuego por el mismo hasta la casa”. (Determinación de Hecho Núm. 8).
d. La prueba pericial, los testimonios, las fotos y la prueba documental establecen que el fuego fue causado por el cable que suplía electricidad a la residencia de Don Eli y que el punto de ignición lo fue (sic) en la conexión del cable con la casa. (Determi-nación de Hecho Núm. 10). Sentencia parcial, Apéndice 3, págs. 13, 15 y 16.

En consecuencia, concluyó que la Autoridad era responsable del incendio ocurrido al ser negligente en la “inspección, mante-nimiento y supervisión de las líneas y demás equipo eléctrico conociendo [. . .] que el sistema eléctrico del área en controversia databa de cuarenta (40) años”. (Determinación de Hecho Núm. 12). Sentencia parcial, Apéndice 3, págs. 13, 15 y 16.

No podemos convenir con el ilustrado foro de instancia. “Conflictos irreconciliables con las versiones de los testigos presentados por los reclamantes, en unión a la regla de hechos físicamente improbable o imposible —que constituye una de las excepciones a la norma de abstención judicial apelativa en cuanto a las determinaciones de hecho consignadas por los tribunales de primera instancia— nos llevan a la anterior conclusión. Burgos Quiñones v. A.F.F., 90 D.P.R. 613, 620-621 (1964); Román Delgado v. Delgado Herrero, 89 D.P.R. 428, 437 (1963).” García v. A.F.F., supra, pág. 360.

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La prueba testifical y demostrativa no contradicha presentada por la Autoridad revela concluyentemente que el incendio no se originó ni se propagó como determinara el tribunal de instancia.

Frimeramente, las fotografías muestran el cable de la toma eléctrica intacto, esto es, con su cubierta aislante en buen estado. Mientras el fuego consumió la parte posterior de la estructura, dicho cable continuó en todo momento conectado a los bolillos receptores del punto de entrega. De igual forma, el poste de donde provenía la toma no mostraba daño o quemadura alguna que evidenciara la chispa de fuego que alegadamente bajó del poste a la casa. Esta situación, fácilmente constatable mediante evidencia demostrativa directa, se hace más evidente ante el hecho de que el material transmisor de la toma era aluminio. Este metal, como declarara el ingeniero Rivera, tiene un punto de fusión sumamente bajo, y de haber estado expuesto al fuego se hubiera derretido. () Ello hace físicamente improbable, si no imposible, la teoría de la parte demandante, la cual adoptara el tribunal de instancia. Conjuntamente, la cobertura aislante de polietileno de la toma era no inflamable, lo que descarta su ignición. ()

Asimismo, las fotografías muestran que la mayor destrucción del incendio se centró alrededor de la parte posterior de la estructura. Allí notamos cómo los patrones de “huellas de coco-drilo” fueron más intensos y profundos en la madera. Estos hechos tienden a demostrar la razonabilidad de la posición de la Autoridad. Como declarara el perito en incendios, ingeniero Carbuccia, la génesis del incendio fue en el interior de la residencia, específicamente en el área de los dormitorios en su parte posterior.

Advertimos, además, la incompatibilidad de la prueba testifical presentada por los demandantes frente a la realidad que muestran las fotografías que ellos mismos y la Autoridad presen-taron. Similarmente, la credibilidad de la señora Morales Ortiz, testigo de los demandantes, quedó en tela de juicio al atestar que nunca se le había dado mantenimiento al sistema de servicio eléctrico del área. El testimonio no contradicho del señor Cordero demostró que en enero de 1986 todas las líneas secundarias y prácticamente todas las tomas del área fueron reemplazadas. A pesar de estos hechos establecidos por la Autoridad mediante prueba pericial y evidencia directa, el tribunal de instancia no la consideró. Aún más, se negó a hacer determinaciones de hecho adicionales requeridas, a pesar de estar justificadas por evidencia no contradicha.

En resumen, la Autoridad demostró la improbabilidad, o imposibilidad, de que el incendio comenzara en el poste. Por el contrario, estableció que su origen fue dentro de la residencia de Rodríguez Ruiz, específicamente en uno de los dormitorios pos-teriores. Ante esta situación fáctica, es improcedente responsabilizarla por el incendio ocurrido, aun bajo la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur. Para activar esta inferencia es menester que el incendio se origine en un área bajo el control exclusivo de la parte demandada. Tal no es el caso de autos. Martínez Mattei v. Montañez, 98 D.P.R. 726, 730 (1970); Ramos v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603, 612 (1962); Cintrón v. A. Roig, Sucrs., 74 D.P.R. 1028, 1036 (1953); Hermida v. Feliciano, 62 D.P.R. 55 (1943).

La ausencia de los elementos de actos negligentes por parte de la Autoridad y de nexo causal con los daños alegados, debieron movernos a expedir el auto y revocar la sentencia parcial del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, declarando sin lugar la demanda. Sólo así hacemos cumplida justicia.

      (1) Como señalamos adelante, la Autoridad de Energía Eléctrica presentó prueba a los efectos de demostrar que este zumbido provenía de la luminaria de mercurio que había en el poste. Esta fue reemplazada por una de sodio, precisamente una semana antes del siniestro.

        (2) La única toma que no fue reemplazada fue la de una residencia situada al final de dicha calle, que era de reciente instalación.

      (3) Mientras que el punto de fusión del aluminio es de unos 1219°F (660°C), la mayoría de los incendios alcanzan temperaturas de 600° a 1500°F de tres (3) a seis (6) pies sobre el suelo y de 1000° a 2000°F de seis (6) pies en adelante. A estas temperaturas se da fácilmente la fusión del aluminio. R.A Yereance, Electrical Fire Analysis, Illinois, Ed. C.C. Thomas, 1987, págs. 19 y 144.

      (4) “Cuando los hechos físicos o materias de conocimiento general apuntan tan certeramente a la verdad que no dejan margen para determinaciones contrarias, basadas en la razón y el sentido común, estos hechos físicos y probabilidades razonables, no son afectados por testimonio prestado bajo juramento que, en meras palabras, los contradicen. (Citas omitidas.) Burgos Quiñones v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 613, 620-621 (1964).