author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
      In re Raúl M. Olmo Olmo, querellado.

      Número: O-80-97

      Resuelto: 25 de octubre de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rosa Negrón, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Harry Anduze Montaño, abogado del querellado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

E1 9 de abril de 1981, por vía de reconsideración, deja-mos sin efecto la opinión Per Curiam y sentencia del 6 de marzo de 1981 mediante la cual se separa por dos (2) años del notariado al Lie. Raúl M. Olmo Olmo. Ordenamos se dilucidara de manera plenaria el siguiente cargo formulado en su contra por el Procurador General:

El abogado Raúl M. Olmo Olmo, actuando como notario público incurrió en conducta ilegal, e impropia, al autorizar la escritura Número 5 de Poder Especial, el día 11 de sep-tiembre de 1976, supuestamente otorgada por Víctor M. Ro-dríguez Alamo, y dar fe de conocer personalmente a dicho otorgante y de que éste había suscrito ante él dicho docu-mento, cuando real y efectivamente el querellado no tuvo ante sí ni vio firmar al otorgante, no conocía a Víctor M. Ro-dríguez Alamo y la firma de este último, en efecto era falsi-ficada.

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Previo los trámites de rigor, el Comisionado Ramón Pérez De Jesús rindió su informe formulando las siguientes conclusiones de hecho:

El querellado Raúl M. Olmo Olmo es un abogado en la práctica activa de la profesión en Puerto Rico desde el año 1970. Actualmente está en la práctica privada. Antes trabajó con la Sociedad de Asistencia Legal de Puerto Rico como abogado generalista, abogado de apelaciones y Jefe de Oficina. Practica la notaría conjuntamente con la abogacía. Es una persona joven y jefe de familia. Se enfrenta por primera vez a un proceso disciplinario.
El día 11 de septiembre de 1976, actuando como notario, el querellado autorizó la escritura de Poder Especial número 5. El poderdante o compareciente en este documento se identificó como Víctor M. Rodríguez Álamo, esposo de Doña Migdalia Rodríguez Rodríguez, mayor de edad y vecino de Caguas, Puerto Rico. El indicado Víctor M. Rodríguez Álamo, quien como señalaremos en detalles más adelante, resultó ser un farsante y asistió a la oficina del querellado acompañado de su alegada esposa, Migdalia Rodríguez Ro-dríguez, y de un tal Rojas, empleado de una compañía finan-ciadora conocida como Island Homes Sales, Inc., ubicada en la Avenida Muñoz Rivera de Río Piedras, Puerto Rico.
Migdalia Rodríguez y Víctor M. Rodríguez Álamo —el verdadero— vivieron juntos como marido y mujer, sin haber contraído matrimonio, por alrededor de doce años y tuvieron cinco hijos. En el año 1976 se separaron y Víctor se fue a Estados Unidos por algún tiempo. Viviendo juntos, habían adquirido una casa con solar propio en el Proyecto de Viviendas VBC-Tres radicado en el Barrio Cagüitas de Caguas. Este proyecto, auspiciado por la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, era conocido como Urbanización Delgado. La propiedad fue comprada a nombre de ambos.
Mediante la referida escritura de Poder Especial número 5, otorgada ante el querellado, el compareciente —el supuesto Víctor M. Rodríguez Álamo— dió poder legal a su alegada esposa, Migdalia Rodríguez Rodríguez, autorizándola a realizar determinadas transacciones en relación con los bienes pertenecientes a la sociedad constituida por ambos. La autoridad conferida incluía, entre otras facultades, vender, comprar, hipotecar propiedad, tomar dinero a préstamo y otorgar todos los documentos legales que fueren necesarios para llevar a cabo todo lo relacionado con el poder. En la parte de comparecencia de la citada escritura número 5 el querellado, actuando como notario, dió fe del conocimiento personal del compareciente, Víctor M. Rodríguez Álamo y, por los dichos de éste, de su edad, estado, profesión y vecindad. El auténtico Víctor M. Rodríguez Álamo estaba en desconocimiento de estos actos fraudulentos.
Al otorgarse la citada escritura número cinco que motivó la querella en el presente caso, el apócrifo compareciente que dijo llamarse Víctor M. Rodríguez Álamo, compareció ante el querellado acompañado de Migdalia Rodríguez y de la otra persona ya identificada como “Rojas” quien, como ha quedado dicho, era empleado o funcionario de Island Homes Sales, Inc. Por la prueba presentada, puede inferirse que el querellado conocía a esta persona de apellido Rojas aunque no sus maquinaciones fraudulentas. Anteriormente, Migdalia había visitado al querellado en la oficina de éste, a instancias de Rojas, para orientarse respecto al otorgamiento del poder. El querellado no conocía al verdadero Víctor M. Rodríguez Álamo ni a la persona que compareció como otorgante suplantando al primero. Tampoco estaba cons-ciente de que estaba participando en una transacción fraudu-lenta. Antes del acto del otorgamiento de la escritura el quere-llado tuvo una corta conversación con el compareciente respecto a su trabajo y su familia, y tuvo, además, ante sí la licencia de conducir vehículos de motor expedida a nombre de Víctor M. Rodríguez Álamo. El Comisionado Especial acepta esta ver-sión de los hechos frente a la versión ofrecida por Migdalia al efecto de que los documentos que presentó el compareciente “Nacho” fueron las tarjetas del seguro social federal y del servicio selectivo, fundamentado en la naturaleza y calidad de ambos testimonios. El verdadero Víctor M. Rodríguez Álamo exhibió en la silla testifical una licencia de conducir vehículos de motor con los bordes de la cubierta de plástico despegados haciendo muy fácil sacar y substituir la fotografía que es parte de la misma. La naturaleza y calidad del testimonio de Migdalia serán evaluados más adelante.
Utilizando el poder antes consignado, Migdalia Rodríguez vendió la casa que se menciona en el hecho “TER-CERO”, anterior, perteneciente a ella y al verdadero Víctor M. Rodríguez Álamo. De igual manera, después de pagar la deuda que gravaba la casa, ella utilizó el remanente del dinero para uso propio, todo sin conocimiento ni consentimiento de su marido consensual. La venta de la referida propiedad se llevó a cabo con la intervención de terceras personas, entre ellas, el ya mencionado Sr. Rojas y el comprador Jaime Colón Encarnación. Todos tenían conocimiento del fraude que se estaba consumando, el cual se inició con el otorgamiento del poder especial ante el querellado. También incurrió en representación falsa en el otorgamiento de la escritura de compraventa, otorgada ante el notario José R. Lázaro Paoli y en la que la compareciente como esposa del comprador no era tal esposa, sino una tercera persona.
Transcurrieron alrededor de dos años y, como resultado de la querella presentada por el verdadero Víctor M. Rodríguez Álamo, se denunció el hecho, ahora constatado, de que la persona que compareció ante el querellado el día 11 de septiembre de 1976 y otorgó la escritura de poder número cinco era un falsificador que, mediante una trama urdida por el Sr. Rojas y Migdalia Rodríguez, suplantó al auténtico Víctor M. Rodríguez Álamo.
Migdalia Rodríguez es una mujer que fue convicta por el delito de hurto mayor el día 6 de octubre de 1975 y sentenciada a sufrir una pena de 1 a 3 años de presidio, sentencia que le fue suspendida y la convicta puesta en libertad a prueba. El delito cometido consistió de apoderarse de un número de marbetes de vehículos de motor correspondientes al año fiscal 1972-73 y pertenecientes al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. Además, el día 26 de junio de 1979 fue convicta por el delito de apropiación ilegal agravada y sentenciada a sufrir una pena de-7 a 10 años de presidio, reducida, más adelante, a otra de 3 a 6 años. Esta convicción fue motivada por los hechos fraudulentos y apropiación de fondos que produjeron las transacciones relacionadas con la casa que ella poseía en común con su marido consensual Víctor M. Rodríguez, transacciones que se iniciaron con el otorgamiento del poder fraudulento ante el querellado y, en el que la propia Migdalia desempeñó papel principal. Este historial, unido a la forma y contenido del testimonio de Migdalia Rodríguez en la vista ante el Comisionado Especial en el curso del cual admitió haber mentido y engañado en todos los trámites que resultaron en la venta fraudulenta de la propiedad, mueven a no dar crédito a las partes substanciales de su testimonio. Migdalia se encuentra actualmente en libertad bajo palabra mientras cumple su segunda sentencia por delito que conlleva depravación moral. Por otro lado, el propio Víctor M. Rodríguez fue convicto en el año 1979 por el delito de tentativa de asesinato y sentenciado a una pena de 1 a 3 años de presidio, en probatoria. En el caso civil número 79-319 del Tribunal Superior, Sala de Caguas, Víctor M. Rodríguez demanda a Migdalia Rodríguez y otros, solicitando la nulidad de la venta de la propiedad y demás transacciones siguientes.
Migdalia Rodríguez, el personaje conocido por “Nacho”, Jaime Colón Encarnación —comprador de la casa— y el funcionario de la Island Homes Sales, Inc., sobre cuya identidad precisa no se presentó prueba, fueron los personajes de cuya trama de falsa representación e impostura resultaron víctimas Víctor M. Rodríguez y el propio querellado.
El querellado admite que fue engañado e inducido a error en el proceso de identificación del otorgante en la escritura de poder especial otorgada ante él el día 11 de septiembre de 1976. Alega no obstante, que actuó con diligencia al identificar al compareciente de acuerdo con la práctica de la profesión notarial, según reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico In Re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386. A estos efectos y como parte de la prueba de reputación, presentó los testimonios del Honorable Luis Mojica Sandoz, actual Director de la Sección 1 de Caguas del Registro de la Propiedad, y del Honorable Ángel G. Hermida Nadal, Juez Superior. Los testimonios de estos testigos que no fueron cuestionados en forma alguna por la parte querellante ni resultaron increíbles, confirmaron la posición asumida por el querellado. Es necesario señalar aquí, también, que en el curso de la Conferencia Preliminar las partes estipularon que la práctica prevaleciente en Puerto Rico para la identificación de los comparecientes es que el notario no está restringido en sus medios para identificar otorgantes al uso de testigos de identificación y se utilizan los variados recursos que su profesión de abogado le provee para asegurarse de tal identidad. Aparte de la identificación del otorgante, no existe controversia sobre el hecho de que el querellado no consignó en la escritura de poder el documento que utilizó como parte de dicha identificación.
La prueba de reputación presentada por el querellado, incontrovertida, dejó establecido que éste goza de una reputación personal y profesional excelente, tanto en la comunidad como entre sus compañeros y los tribunales, reputación que se estima incompatible con conducta fraudulenta de su parte en la práctica de la profesión notarial.
En fin, el Comisionado Especial concluye, como cuestión de hecho, que si bien el querellado no actuó con la acuciosidad que debería exigirse de un notario al tratar con otorgantes desconocidos, su conducta revela, más bien, inadvertencia y un error de juicio al entender que la forma en que él actuó cuando identificó al otorgante de la escritura número 5 del 11 de septiembre de 1976 estaba de acuerdo con la Ley Notarial y la práctica reconocida por la profesión legal y del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Debe reconocerse, sin embargo, que corresponde al Honorable Tribunal Supremo no a este Comisionado determinar, como cuestión de derecho, cuál debe ser la práctica permisible como complemento a las disposiciones legales expresamente estatuidas. In re Cando Sifre, supra, establece claramente la norma respecto a la autorización de documentos públicos cuando el notario es parte de una corporación de la cual tiene control económico y esta corporación comparezca ante él como parte otorgante. En cuanto a la suplantación de parte, el Tribunal determinó en dicho caso que el notario fue víctima de personas inescru-pulosas y no impuso medida disciplinaria alguna en conside-ración, además, a que el notario actuó sin pérdida de tiempo para corregir las consecuencias de su inadvertencia. En nin-guna parte de este caso se encuentra aprobación judicial a la práctica irregular de identificación y fe de conocimiento por parte del notario Cancio Sifre. El caso del querellado Olmo Olmo se diferencia de In re Cando Sifre, además de lo refe-rente a reparación de las consecuencias, en lo referente a la forma en que ambos casos fueron traídos a la consideración del Tribunal. In re Cando Sifre fue traído a manera de sen-tencia declaratoria y el del querellado Olmo Olmo en forma de querella presentada por el Procurador General siguiendo orden del propio Tribunal. Estas diferencias son, sin embargo, de naturaleza procesal, no substantiva y, por estar limitado a hacer únicamente determinaciones de hecho, el Comisionado Especial se abstiene de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a si las señaladas diferencias entre uno y otro caso jus-tifican medidas disciplinarias distintas. Esa es función reser-vada al Honorable Tribunal. El Comisionado Especial hace claro que ha entrado en la discusión del caso In re Cando Sifre por la importancia que el querellado ha dado a los hechos del mismo a través de todo el proceso de su propio caso. (Énfasis suplido.)

La fiel y justa decisión jurídica en el ámbito disciplina-rio exige una breve exposición de los orígenes y dinámica conceptual del requisito de la fe de conocimiento.

Sinopsis histórica

Las constancias más precisas sitúan su origen en la Escuela de Bolonia, durante el siglo XIII. A. Ventoso Escribano, La fe de conocimiento, antecedentes y estado actual de la cuestión en el Derecho español, 96 Rev. Der. Notarial, Núm. 337, 340 (Abril-Junio 1977). España lo incorpora claramente en el Fuero Real (Libro I, Tít. VIII, Ley I) al preceptuar, “Cómo el Escribano debe conocer a los que ante él otorgaren alguna cosa. Ningún Escribano pú-blico no faga carta entre ningunos homes, menos de los conoscer, e de saber sus nombres, si fueren de la tierra; e si no fueren de la tierra, los testigos sean de la tierra, e homes conocidos..

Otros antecedentes son el Espéculo (Ley VI, Tít. XII, Libro IV), Las Partidas (Ley 54, Tít. 18, Partida 3ra), y La Pragmática de Alcalá (Pragmática del 7 de junio de 1503, Cap. 2o) (Ley 2, Tít. 23, Libro X de la Novísima Recopi-lación). En la Nueva Recopilación se expresa el principio en el siguiente tenor: “Que cuando el escribano NO CONOS-CIERE A LAS PARTES haga la diligencia en esta Ley contenida. Otrosí mandamos que si, por ventura, el tal escribano NO CONOSCIERE A ALGUNA DE LAS PARTES, que quisiere otorgar el tal contrato o escritura, que no lo haga ni resciba; SALVO si las dichas partes que así no conosciere presenten dos testigos que digan que los conoscen; i que hagan mención dello a fin de la tal escritura, nombrando los testigos i assentando sus nombres i donde son vecinos; i si el Escribano conosciere al otorgante de fé en la suscripción que le conoce.”

La doctrina se recoge en la Ley del Notariado español del 28 de mayo de 1862. La cuestión ha sido afectada, en esa jurisdicción, por otras leyes y reglamentaciones posteriores.

Texto y jurisprudencia en Puerto Rico

La Ley del Notariado español de 1862 “. . .constituye el remoto antecedente de la nueva legislación puertorriqueña, la cual pondrá de relieve sus conexiones con aquélla en muchos aspectos”. E. Menéndez, Lecciones de Derecho Notarial, Equity Publishing Corp., 1967, Sec. 13 a la pág. 23. Ésta reguló la notaría en nuestro país hasta el cambio de soberanía. Subsiguientemente se promulgó la ley de 31 de enero de 1901, según enmendada, la cual estuvo vigente hasta la ley del 8 de marzo de 1906. Ésta fue derogada por la ley vigente —Núm. 99 del 27 de junio de 1956, según enmendada. 4 L.P.R.A. sec. 1001 et seq.; P. Malavet Vega, Notas sobre el Derecho notarial puertorriqueño, Escuela de Derecho, Univ. Católica de P.R., 1968, pág. 19-21. La See. 16 del estatuto es el precepto básico que gobierna la solución del caso. Reza:

Los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conoci-miento por el dicho de testigos. También darán fe acerca de la edad, estado, profesión y vecindad de los otorgantes, con relación al dicho de los mismos, y en caso de que fuera casada la persona que aparezca como adquirente del derecho que es objeto del contrato, se expresará el nombre y apellido del cónyuge que no comparezca al otorgamiento. En casos graves y extraordinarios en que no sea posible consignar por completo estas circunstancias, expresarán cuanto sobre ellos les conste de propia ciencia y manifiesten los testigos. El testigo o testigos de conocimiento, deberán ser, en todo caso, personas bien conocidas del notario, y éste deberá dar fe de ello en el docu-mento. En tales casos graves y extraordinarios que a un nota-rio le sea imposible dar fe del conocimiento de los otorgantes, ni puedan éstos presentar un testigo o testigos de conocimiento, lo expresará así, designando los documentos que le presentaren como prueba de su nombre, estado y vecindad, y refiriendo además el motivo del caso grave o extraordinario. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 1016.

En In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 394-395 (1977), abordamos por primera vez en detalle el aspecto de la iden-tificación notarial. Luego de referirnos a lo preceptuado en la transcrita sección y la consecuencia jurídica de anulabi-lidad por su inobservancia en los instrumentos públicos, dijimos:

[L]a identificación de los otorgantes no pertenece a lo formal del documento, que deba exigírsele al Notario, ni siquiera al mundo de lo jurídico, sino al del exterior que aquél no puede captar ni por su vista, ni por su oído, ni por sus sentidos. Siendo el otorgante, únicamente, quien sabe si dice o no la verdad, al declarar ser determinada persona, es él quien únicamente puede aportar los medios para su identificación; está fuera de la función y de las posibilidades del Notario como tal y como individuo. Escobar de la Riva, Tratado de Derecho Notarial, página 384 (1957). El problema lo es sólo en apariencia inducida por la retórica. La Ley no exige el conocimiento “personal” de otorgantes por el notario en el con-cepto de una relación previa a su llegada a la notaría. Basta el conocimiento que el notario deriva de su observación de los otorgantes identificándose mutuamente en las etapas prelimi-nares del acto jurídico notarial, toda vez que, con rarísimas excepciones en que dos partes se ponen de acuerdo para defraudar, los otorgantes tienen tanto interés como el notario en la trasmisión de un título válido, y debe suponerse que en los contratos bilaterales el que contrata con una persona obligándose a su favor y estipulando derechos, le conoce per-fectamente. El notario no está restringido en sus medios para identificar otorgantes al uso de testigos de identificación. Su profesión de abogado le provee variados recursos para asegu-rarse de tal identidad... .
La transformación de nuestra economía, el incremento po-blacional concentrado en grandes ciudades sin duda hacen más laboriosa para el notario la identificación de otorgantes, pero no justifican degradar la fe pública y el valor de legiti-mación que tan pesadamente descansan en esa dación de fe de conocimiento de las personas y de haberse el notario asegurado de su identidad. Temprano en el Derecho notarial afloró el mandato: “e debe ser muy acucioso el Escribano de trabajarse de conocer los ornes a quien faze las cartas, quién son y de qué lugar, de manera que non pueda ser fecho ningún engaño.” (Ley 68, título 18, Partida 3ra) La garantía que para el tráfico jurídico y legitimación de actos representa el citado requisito del Art. 16 de la Ley bien vale que el notario sea acucioso y esforzado en revelar la identidad de quienes ante él contratan o actúan. (Énfasis suplido.)

Subsiguientemente, en Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979), indicamos que el “mecanismo para lograr correspondencia real y legítima entre persona y firma, es exigiendo la ley la comparecencia y conocimiento por el notario. En otras palabras, la fe de conocimiento per-sigue evitar la suplantación de las partes en el otorga-miento”. (Énfasis suplido.)

Significado del concepto

Ante todo es esencial dejar sentado que la “afirmación de la identidad de los otorgantes es llamada en el lenguaje notarial fe de [cjonocimientoH. García García, Introducción a la técnica de la redacción de instrumentos públicos, 1-2 Rev. Der. Notarial 257, 273 (Julio-Diciembre 1953). Pero el concepto trasciende su literalidad. En el ámbito notarial, “[l]a idea de compareciente va inexorablemente unida al hecho material de la presencia física ante notario”. R. Núñez Lago, Los esquemas conceptuales del instrumento público, 1-2 Rev. Der. Notarial 49, 78 (JulioDiciembre 1953). Esa comparecencia, como hecho físico y coetáneo al otorgamiento, implica su narración en la forma documental (instrumento) mediante la dación de fe de conocimiento de identidad.

El reputado notario argentino Omar A. Lassaga al des-componer el significado de fe de conocimiento en sus varia-das proyecciones expone con insuperable claridad:

Etimológicamente, fe proviene del latín fides, y analógica-mente, del griego peitheim, peithomai (convencer, persuadir); griegos y latinos emplearon dichos vocablos significando: con-formidad a un hecho, confianza en el dicho o hecho de otro.
Jurídicamente, fe es la creencia que se da a las cosas por la autoridad del que las dice, esto es, en cuanto al significado amplio y sin retáceos que se le asigna al vocablo en el aspecto legal.
El conocimiento es sinónimo de entendimiento, ciencia, sabiduría, razón natural y congénita del hombre para inqui-rir, por medio de sus facultades mentales y creadoras: la cons-titución, razón de ser, cualidades generales, especiales y rela-ciones de las cosas que los rodean y constituyen el gran todo de su vida anímica: física, moral o intelectual.
Existe en la palabra conocimiento una íntima raigambre humana, ya que la misma está condicionada a las nobles facultades del yo, facultades que encontraron su más fiel, fecundo y primogénito intérprete en Sócrates . . . bástenos hacer breve referencia de dónde provienen los vocablos fe y conocimiento cuyos significados etimológico y filosófico he-mos enunciado, y, en cuanto al jurídico, lo haremos conocer para completar el concepto.
Al hablar de fe nos referimos a la humana exclusivamente o a la que deriva de razones humanas, sean éstas: privada o pública, “la primera como creencia de lo que nos dicen los demás hombres y la segunda, como creencia de lo que no vimos ni oímos, apoyada en el testimonio del poder central”.
Por conocimiento entendemos —haciendo abstracción de toda otra argumentación— la certidumbre que tenga el Nota-rio de la identidad de las personas de los otorgantes, que son los que al concurrir al acto lo hacen para crear, modificar o extinguir alguna relación jurídica.
Interpretamos por fe pública, como la define el distinguido Notario y Abogado Dr. José María Mengual y Mengual, “el asentimiento que con carácter de verdad y certeza prestamos a lo manifestado por aquellos a quienes el poder público reviste de autoridad asignándoles una función”.
En consecuencia, la fe del conocimiento es un atributo de la fe pública, con quien tiene íntimas relaciones propias de su misma razón de dependencia: género y especie; en efecto, la fe pública es lo primero, en virtud del carácter amplio de su significado, alcances y aplicación, que puede aludir a los diversos poderes del Estado, y lo segundo, fe del conoci-miento, que se circunscribe y es propia de un funcionario: el Escribano.
Con los conceptos enunciados, por nuestra parte, creemos estar en condiciones de emitir una definición de lo que enten-demos por Fe de conocimiento como la atestación que el Escribano hace de que el o los otorgantes del acto jurídico o relación contractual, son en su esencia los mismos que se afir-man en su identidad personal, y no otros. O. Lassaga, El Documento Notarial La Fe de Conocimiento El Juicio de Capacidad de los Otorgantes, Segundo Congreso Interna-cional del Notariado Latino en Madrid, octubre de 1950, T. III, págs. 205-207.

Trascendencia del requisito

Es casi unánime la posición que adjudica a la fe del conocimiento una importancia suprema e imperiosa en la gestión notarial. Giménez Arnau considera que el fundamento racional de la identificación del requirente estriba en “la finalidad del instrumento público y en su eficacia. Todo el contenido de la escritura, si no se acredita la identidad del compareciente puede resultar estéril, porque sus efectos deberían quedar subordinados a la prueba de que las personas designadas en la comparecencia eran efectivamente las que habían de concurrir al otorgamiento”. E. Giménez Arnau, Instituciones de Derecho Notarial, Madrid, Ed. Reus, 1954, T. II, pág. 42. José M. Sanahuja y Soler en su Tratado de Derecho Notarial (Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. I, pág. 457) estima que “en principio es necesario que el notario garantice la identidad de las personas que intervienen en un negocio jurídico, porque la ilación entre unas situaciones y otras exige, para dar certidumbre a las relaciones jurídicas, que se fundamente bajo la fe notarial el punto de unión o de conexión, que es precisamente la persona que ostentando un derecho lo transmite a favor de otra”. En igual sentido, consúltese Pedro Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, Sec. 15, pág. 121. M. Fernández Casado, en su Tratado de Notaría (Madrid, 1895, T. I, pág. 463) describe elocuentemente que la fe de conocimiento “es la rueda catalina de la autenticidad; sin él nunca podría alejarse el temor de una suposición ó usurpación del estado civil. De poco serviría que el Notario recogiera cuidadosamente las manifestaciones de los concurrentes á su estudio y las revistiera de todas las solemnidades del instrumento público, si no constara que la persona que establecía la relación jurídica era la misma á quien verdaderamente corresponden el nombre y apellidos con que se presenta á contratar”.

Otro corolario al respecto es la íntima relación y vínculo lógico que existe entre el conocimiento —directo o indirecto— de los comparecientes y la calificación de capacidad. Giménez Arnau destaca que “donde no haya fe de conocimiento la fe de capacidad sirve para muy poco”. Op. cit., pág. 43. Núñez Lago coincide que sin “esta calificación del Notario —que supone una previa inquisición— el tráfico jurídico se vendría abajo”. R. Núñez Lago, Estudios sobre el Valor Jurídico del Documento Notarial, Talleres Penitenciarios Alcalá de Henares, 1945, pág. 91. Concurriendo con este enfoque están José A. Negri, La Fe de Conocimiento, Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, 1950, T. III, pág. 365; Omar A. Lassaga, op. cit., pág. 206; Chico Ortiz y Ramírez Ramírez, Temas de Derecho Notarial y Calificación Registral del Instrumento Público, Madrid, 1972, pág. 78. Como lo resume López Garzón, “[c]omo se ve, con dist[i]ntas palabras todos atribuyen a la fe de conocimiento esta importante misión: asegurar que el compareciente es quien dice ser”. Titularidad y Fe de Conocimiento, 7 Rev. Der. Notarial 269, 270 (Enero-Marzo de 1955). Dificultades Prácticas

Como en otras áreas del derecho, la formulación de la norma resulta más fácil que aplicarla a la práctica. Así, la dificultad en la fe de conocimiento se ha expuesto desde pos-turas ilógicas hasta las más razonables. Principios elemen-tales dimanantes de las limitaciones propias del ser viviente, la colisión que su observancia absoluta a extremos absurdos implicaría, ha movido a los estudiosos de la mate-ria a reconocer sus parámetros. Giménez Arnau expresa cómo fue necesario “. . . humanizar su cumplimiento, des-cargando al Notario de las graves responsabilidades que pudieran derivarse de dar por conocida a la persona a la que realmente conoce, aunque sea bajo una falsa identidad, con el mismo grado de conocimiento (notoriedad) que el común de las gentes relacionadas social y profesionalmente con la persona de cuya verdadera identidad se trate”. Op. cit., pág. 43. Ello ha producido durante toda época abun-dante literatura que recoge tres corrientes; a saber: (1) la clásica —“da a la fe de conocimiento trascendencia y califi-cativo de solemnidad esencial inflexible y dura”; (2) la ecléc-tica —que “concilia el rigorismo clásico con las necesidades del momento”; y (3) la heterodoxa —que propugna “la elimi-nación de la fe del conocimiento y acepta como suficiente garantía el dicho de las personas que declaran ser tales como se nombra”. Lassaga, op. cit., págs. 208-210.

Al presente, la visión más admitida en los sectores del notariado hispano-latino es la ecléctica. Ventoso Escribano indica:

[E]ste requisito no se puede concebir como un conocimiento absoluto de la persona ya que si así fuera se exigiría del Nota-rio algo que es prácticamente imposible. A este respecto la doctrina es muy gráfica, así dice Núñez Lagos “para que el Notario tuviera la evidencia, de visu, et auditu suis sensibus, de que el compareciente era la personalidad física y jurídica que se afirmaba, haría falta que como tal notario presenciara el hecho del parto y la identidad permanente del nacido desde el alumbramiento hasta la comparecencia”; también es expre-siva la idea expuesta por González Palomino de que sólo se podría conseguir este conocimiento si cada uno de nosotros llevara una marca indeleble en alguna parte del cuerpo. Podemos terminar estos gráficos ejemplos con las siguientes palabras de Diez Pastor “De la identidad de un ser humano no puede estar, y eso dentro de ciertos límites objetivamente seguro, sino quien, habiendo asistido al nacimiento, lo haya tenido en su compañía sin interrupción sustancial. El propio interesado, que, si no es un anormal tiene, sin duda, la intui-ción primaria de su identidad psíquica y biológica, es decir, la de haber sido siempre el que es, para conocer su identidad jurídica se ha de confiar al testimonio de sus familiares o cuidadores, puesto que al establecerse la prueba de su estado carecía de razón.”
Naturalmente estas frases son lo suficientemente expre-sivas como para echar por tierra la exigencia de la fe de conocimiento si éste fuera entendido de un modo absoluto. Lo que sucede es que la doctrina aboga por un conocimiento reía- tivo, por un convencimiento íntimo del Notario. (Escolios omi-tidos y énfasis suplido.) Op. cit, págs. 358-359.

Este mismo autor define la fe de conocimiento como la “expresión que el Notario hace en el documento del juicio de notoriedad de la identidad del compareciente de tal modo que la persona que en la comparecencia se ha dicho que tiene tales nombres y apellidos en la vida cotidiana es cono-cida por los mismos”. Ventoso Escribano, op. cit., pág. 368.

Lassaga, en su obra citada, reproduce el siguiente panorama de Germán Pérez Olivares y Gavira, ilustrativo de los conflictos:

“El mundo ha sufrido y sufre gigantescas convulsiones ante la quiebra de los ideales, crece la sed insaciable de la riqueza. Esta resaca no podía por menos que repercutir en las Nota-rías. Con las clásicas y seguras clientelas se mezclan elemen-tos rodadizos, desdibujados, equívocos. Se trabaja a un ritmo vertiginoso, con una nerviosidad de alta tensión. Cada momento exige una extremada diligencia y un derroche de precauciones. La documentación identificatoria, en muchísi-mos casos, es deficiente o nula. Las suplantaciones de perso-nas no podían hacerse esperar. Se derrumba el instrumento y se busca, como en todas las catástrofes, la víctima propiciato-ria. En estos casos de fácil hallazgo: el Notario. Sobre la ca-beza del desventurado funcionario, por el mero hecho de haber autorizado el instrumento, se polarizan toda clase de responsabilidades morales, procesales y económicas.” Pág. 208.

Las serias responsabilidades que para el notario implica la dación de fe de conocimiento, plantea, en uno de sus extremos vitales, el problema respecto al cuándo del cono-cimiento, esto es, con relación al momento en que el notario puede lícitamente afirmar y decir que conoce a una persona. Se reconoce que el mandato legal y la expresión notarial en sí en el instrumento, afirmativa de que éste conocía a los otorgantes, conlleva e implica un conocimiento previo, aunque la doctrina acepta que no puede precisarse con rigurosidad matemática el tiempo o extensión que debe preceder. Giménez Arnau, haciendo referencia a una cues-tión aludida por De la Cámara, planteó que:

“[E]s discutible hasta qué punto la convicción del Notario ha de haber sido adquirida antes del otorgamiento de la escritura. En rigor, se puede sostener que sólo cabe dar fe de conocimiento cuando al Notario le consta de ciencia propia, y con anterioridad a la autorización del documento, la notorie-dad de la identidad. El hecho de que la Ley, al hablar de los testigos de conocimiento, disponga que han de conocer al Nota-rio y a los comparecientes, presupone que el conocimiento directo por parte del Notario ha de ser previo. Sin embargo, como no cabe puntualizar a través de reglas rígidas con que con anterioridad debe quedar establecido el conocimiento, y como, por otra parte, se trata de que el Notario forme su con-vicción sobre un hecho no susceptible de constatación directa, inmediata y sensorial, parece que puede ser suficiente que el compareciente le sea presentado por otra persona a quien conozca y que le merezca absoluta confianza. En tal caso puede afirmarse que el Notario ya conoce al interesado, sin perjuicio de la repercusión que este modo de formar su propia convicción pueda tener sobre su responsabilidad civil.” E. Giménez Arnau, Derecho Notarial, 2da ed., Pamplona, Edi-ciones Universidad de Navarra, 1976, págs. 624-625.

Medios de identificación de los otorgantes

(Directos y supletorios)

La doctrina reconoce, como lo hace el texto transcrito de nuestra Ley Notarial, el medio normal o directo de la dación de fe de conocimiento a base de creencia propia del notario. ¿Qué conlleva esa afirmación? En el cumplimiento de la obligación notarial de cerciorarse de la individualidad de los sujetos otorgantes —identidad personal, hacerlo constar y dar fe de ello— “importa el estado de convicción a que llega el notario en cuanto a la identidad de los comparecientes, luego de examinar el conjunto de atributos y circunstancias que física y jurídicamente le asisten”. A. Neri, Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1970, Yol. 3, pág. 418.

Su mecánica o actividad funcional, esto es, . .en lo que atañe a la ‘calificación’ que le asiste al notario de identificar a las partes, Núñez Lagos ha dicho que esta fase no importa un hecho in rerum natura sino un juicio del notario impuesto por la necesidad que existe de conexionar ‘el hecho de la exhibición o comparecencia actual de la parte con el nombre y personalidad de titular que ostenta la misma. No es tampoco una afirmación de carácter absoluto, pues para que el notario tuviera la evidencia de visu et auditu suis sensibus, de que el compareciente era la perso-nalidad física y jurídica que se afirmaba, haría falta que como tal notario presenciara el hecho del parto y la iden-tidad permanente del nacido desde el alumbramiento hasta la comparecencia.... La calificación del notario se refiere a un problema de notoriedad: que en la vida social y en el tráfico civil una determinada persona física ostenta, de modo público y notorio, un nombre y un status civilis. . .’. Esta calificación de carácter técnico se llama ‘fe de conoci-miento’, y supone una inquisición previa hecha a las partes, u otorgantes. Sin ella, ‘el tráfico jurídico se vendría abajo’ ”. Neri, op. cit., pág. 419.

Aunque existe discrepancia entre algunos autores —López Garzón, op. cit., pág. 275— el ámbito de la fórmula jurídica desglosa la identidad en tres dimensiones: la física, la civil y la jurídica. La Sec. 16 de la Ley Notarial preceptúa que los notarios “[tjambién darán fe acerca de la edad, estado, profesión y vecindad de los otorgantes, con relación al dicho de los mismos”. Sobre estos tres elementos, Neri expone:

1) La identidad física, o sea, el conocimiento por el nombre y apellido, importa el factor esencial, por lo mismo que por ellos los individuos adquieren denominación jurídica, se dis-tinguen entre sí, y hasta comprueban su ser con la partida de nacimiento desde el instante mismo en que advienen al mundo. Se aduce que tales elementos de identificación no son absolutos, por lo mismo que el nombre o el apellido de una persona, a la vez que pueden ser compartidos por otra, son susceptibles de cambio o alteración, y aun de modificación, por los propios interesados, como ocurre respecto de aquellos que por ignorancia o por satisfacción, y hasta por convenien-cias generales, usan o emplean nombres distintos de los que mencionan sus inéditos documentos. Ante tales circunstan-cias, las medidas que se extremen para cerciorarse de la ver-dad disiparán toda inquietud derivada de los homónimos, y el funcionario, prueba en mano, podrá actuar resueltamente. En este sentido es concebible, y hasta natural, que a pesar de lo proverbial del conocimiento de una persona, el funcionario eche mano a las interrogaciones, con toda desnudez, y obtenga de ellas todos los informes necesarios para determinar su pasado y presente jurídico, y con lo así conocible obtenga la prueba y persuasión, como resultantes, precisas para declarar la verdad sobre la identidad del otorgante. El hecho de la notoriedad del individuo es una fase que cabe especialmente contemporizar, pues bajo su señorío puede ocultarse más de una circunstancia, y hacer que se perciba a la persona distin-tamente de lo que es; los elementos, en consecuencia, que pro-porciona la notoriedad son de relativo valor, y, por tanto, den-tro de la función pública, no instigan a presumir que el otorgante sea ciertamente él y que el derecho invocado sea realmente suyo. Se imponen las exigencias y los consiguientes medios de comprobación, porque ante la necesidad de puntua-lizar estrictamente a los elementos relativos a la personalidad, toda circunvisión será poca: a la notoriedad corresponderá agregar las seguridades de la convicción y certeza. De consi-guiente, el funcionario tendrá que estar bien al cabo del nom-bre, edad, estado, domicilio, nacionalidad y derecho de las personas que postulen los servicios profesionales;
2) la identidad civil, vale decir, el conjunto de elementos que atestiguan el estado civil, entraña un complemento nece-sario, cuya capital importancia se trasunta al paso de la vida de relación humana. El nombre y apellido no son suficientes; merced a este único signo de identificación hubiera sido fácil urdir sustituciones. Con la institución del estado civil se abri-gan menos dudas, puesto que la suplantación de una persona por otra, aun suponiendo que sean concurrentes todos los atributos que caracterizan al individuo, por efecto del homó-nimo, resultará difícil hacer ocupar por uno el lugar de otro, precisamente porque los positivos medios de identificación que han sido creados por la técnica del derecho contribuyen de uno u otro modo a dilucidar cualquier titubeo que se tenga en derredor de los atributos de la personalidad. De consi-guiente, y no obstante los cambios de atributos que hayan podido operarse, la tarea de identificación será siempre facti-ble, y, sin mayor esfuerzo, podrá realizarse desde el na-cimiento hasta la capacidad; a no ser que se trate de personas indocumentadas, o que por arte de superchería se haya documentado falsamente; y
3) la identidad jurídica, o lo que es igual, la relación evi-dente entre el sujeto individualizado y el derecho invocado. Como fácilmente se percibe, aquí la identidad personal depende de tres aspectos concurrentes a un mismo objetivo y armónicos entre sí; tres aspectos que son medio y fin, respec-tivamente, y que responden a la idea fundamental de la dación de fe del conocimiento del hombre que ejecuta activi-dades en la vida jurídico-social y, a la vez, del consiguiente derecho que le concierne. (Énfasis nuestro.) Op. cit., págs. 420-422.

En síntesis, universalmente se reconoce que el conoci-miento directo y personal del notario es el más idóneo y normalmente usado,

Ahora bien, careciendo el notario de ese conocimiento, se puede recurrir a los medios supletorios, tales como testigos de conocimiento, si éstos, según reza el texto legal, son “personas bien conocidas del notario”. ¿Qué significado tiene esa notoriedad? Los comentaristas, en su mayoría, al discutir el problema se inclinan a sostener que no basta el simple conocimiento, sino que es menester que el notario conozca adecuada y satisfactoriamente la solvencia moral de los testigos, pues: ¿qué garantía puede prestar la fe notarial, si el notario no considera honrados a los testigos que precisamente suplirán su falta de conocimiento?

Y finalmente, en casos graves y extraordinarios, “en que a un notario le sea imposible dar fe del conocimiento de los otorgantes, ni puedan éstos presentar un testigo o testigos de conocimiento, lo expresará así, designando los documentos que presentaren como prueba de su nombre, estado y vecindad”. Es unánime el criterio de que los documentos de identidad como medio supletorio —relacionándose en el instrumento— comprenden carnet o documentos de identidad —con fotografías o firmas— expedidos por las autoridades públicas y cuyo objeto sea identificar para fines legítimos a las personas. En el Puerto Rico contemporáneo, la licencia de conducir, la tarjeta de identificación electoral, el pasaporte —documentos que contienen datos sobre las características físicas de la persona (edad, estatura, ojos, otras señas) con una fotografía— constituyen medios preferentes y aceptables que, unidos al prudente trabajo investigativo del notario, previo y coetáneo al otorgamiento, permiten viabilizar la dación de fe notarial bajo un estado de convicción anímica razonable.

Conclusiones

De los comentarios y argumentos expuestos se desprende que, no obstante sus dificultades intrínsecas, la fe de cono-cimiento es el elemento que da vida y razón de ser a la fe pública notarial. Descartarla sería “herir de muerte el instituto notarial”. Lassaga, op. cit., pág. 223.

La clave a todo el problema es exigir la fe de conoci-miento, “. . .entendiéndola en sus justos términos, es decir, no considerar que se trata de una verdad absoluta y que al mínimo error del Notario éste debe responder sino que, como posteriormente veremos, estamos ante una verdad relativa ya que de otro modo se descargaría sobre el Notario una obligación que excedería de sus posibilidades pues la identidad objetiva de una persona, como tuvimos ocasión de ver, es prácticamente imposible fuera de un reducido número de personas allegadas al Notario. Por ello exigir este conocimiento supondría o bien un incumplimiento, por imposibilidad de llevarlo a la práctica, y consiguientemente el vivir los Notarios bajo la continua infracción legal o bien un verdadero ostracismo profesional que llevaría aparejado un duro golpe a esta Institución. Por otro lado la responsa-bilidad también debe ser entendida en sus justas propor-ciones de tal manera que no puede existir responsabilidad por una actuación exenta de la más ligera culpa aunque la fe de conocimiento no se ajuste a la realidad”. Ventoso Escribano, op. cit., págs. 361-362.

Resumen

Recapitulando. Aunque en la práctica, histórica y con-temporáneamente, el descargo y la observancia de la fe de conocimiento conllevan ciertas dificultades reales, lógica y legalmente continúa fundamentada en consideraciones sóli-das: evitar la usurpación de la personalidad de otro e imprimirle legitimidad presuntiva al instrumento. Su je-rarquía y vigencia actual es incuestionable. La teoría ecléc-tica favorecida por el notariado latinoamericano descansa en que es un principio consustancial a la función fedataria. Tradicionalmente —y así lo configura nuestra ley— el cono-cimiento directo y personal del notario es el medio por exce-lencia para descargar esa función. Esta gestión —pasar por el crisol del juicio notarial— “[n]o puede sujetarse a reglas fijas, ni legales, ni doctrinales, el hecho del conocimiento, cuestión puramente subjetiva que cada notario apreciará con entera libertad, ya que con la garantía de identidad del otorgante asume la consiguiente responsabilidad...”. Sana-huja y Soler, op. cit., pág. 460; Neri, op. cit., pág. 443.

Careciendo el notario de ese conocimiento directo, de manera supletoria puede acudir a los testigos de conocimiento o en casos apropiados a la prueba documental eficaz. Obsérvese que esos medios son supletorios y conlle-van una acuciosa, ponderada y completa investigación pre-via. Los testigos de conocimiento no sólo deben conocer al otorgante, sino ser conocidos por el notario en aquellas cuali-dades básicas de solvencia moral. Su responsabilidad civil, penal y disciplinaria necesariamente dependerá del grado de diligencia, con relación al cuadro fáctico real ante sí. Dar fe deliberadamente falsa del conocimiento de los otorgantes con el propósito de defraudar es la conducta más seria en que pueda incurrir un notario e implica responsabilidad penal. Comete el delito de falsificación. J. A. Bollini, La responsabilidad del notario por falsa o errónea identidad del otorgante, 786 Rev. Notarial 1651, 1656 (Septiembre-Octubre 1969).

En caso de dudas fundadas —sea porque el notario carece de los elementos de juicio, o duda de la idoneidad o valor de los medios para obtener el conocimiento— la acción más segura y recomendable es no autorizar el instrumento. Posponerlo para superar esas dudas es lo profesionalmente aconsejable. Ejercidas esas diligencias, si subsiste ánimo ambivalente, debe abstenerse. Ante tal proceder, el notario no está expuesto a incurrir en responsabilidad.

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Al aplicar los referidos principios al caso de autos, notamos que el notario querellado Olmo Olmo no cumplió con el imperativo de la Sec. 16 de la Ley, que requiere que se designen expresamente en la escritura los documentos presentados como prueba de identidad y que se consigne el motivo grave o extraordinario que justificó su otorgamiento por los medios supletorios. En este sentido no descargó efi-cientemente su gestión notarial, aunque se deduce que estuvo ajeno a la trama fraudulenta que planearan los au-tores —Migdalia Rodríguez, Rojas y el que suplantó a Víctor M. Rodríguez. Fue sorprendido en su buena fe.

Cabe aun así concluir, que del récord no se desprende razón alguna de “caso grave o extraordinario” que justifi-cara el otorgamiento del Poder ese día, sin ulterior investi-gación u obtención de datos adicionales corroborativos de la identidad pretendida. En su consecuencia es correcta la determinación del Comisionado de que . .no actuó con la acuciosidad que debería exigirse de un notario al tratar con otorgantes desconocidos, [y] su conducta revela, más bien, inadvertencia y un error de juicio...”.

No obstante, abona a su persona que al momento de otorgar este Poder —11 de septiembre de 1976— no existían los pronunciamientos esbozados en In re Cancio Sifre, supra. No estaba debidamente pautado el alcance y perfil de la dación de fe de conocimiento. Toda la evidencia demuestra que el notario Olmo Olmo goza de una excelente reputación personal y profesional notarial incompatible con una conducta fraudulenta. Su historial como notario no acusa incumplimiento en los otros deberes anejos al cargo. No creemos que exista diferencia sustantiva entre su caso y los hechos de In re Cancio Sifre. Ambos incurrieron hones-tamente en el error de no proveerse adecuadamente de los elementos de juicio disponibles para calificar correctamente la identidad de los otorgantes. Allí se dijo: “Quizás el nota-rio [Cancio] al observar la patente diferencia en edad entre el vendedor Nieves Díaz y la hija que presentó como esposa pudo con una pregunta ingenua abortar la trama de que fue víctima”. Pág. 394.

En estas circunstancias, sólo cabe como medida discipli-naria justa —en adición a las dimanantes del proceso— nuestra amonestación y prevención contra futuras inobser-vancias en el ejercicio de su notaría. La hacemos extensiva.a todo el notariado puertorriqueño. Aunque reconocemos la honesta falibilidad humana, hemos de insistir en el fiel cumplimiento de la ley sobre tan importante función.

La dación de fe, esto es, la aseveración de la verdad, es un problema lógico-social de reflexión, de apreciación humana, es una cuestión de sindéresis, vale decir, de discreción, de entendimiento y capacidad natural para discernir los hechos y juzgar rectamente con acierto, es una cuestión de anímica, a base de aportes intelectuales y sociales en que el conven-cimiento y la convicción son recíprocamente medio y fin sufi-cientes para determinar el juicio notarial. Por lo que parece, el conocimiento de una persona es cosa fácil; sin embargo, no es así; como acto derivado de la apreciación humana es falible: puede fallar por error o por engaño, por apreciación directa o indirecta, por influjo o por hechos notorios que revelando la filiación de una persona, hayan creado en uno mismo un estado de conciencia. Cada una de estas circunstancias pre-senta su característica; por de pronto, el error y el engaño son inherentes al homibre, y se puede incurrir en ellos por sí mismo o inducido por alguien o por influjo de la opinión de otro. En cuanto a los hechos notorios, fundamentan el conocimiento por la noticia pública que se adquiera de sabido, de fama. A poco que se analice, se ve que no es posible reducir la dación de fe del conocimiento a una regla fija e invariable de inter-pretación, a algo así como una norma jurídica. El conoci-miento, claro está, es norma en cuanto es obligatoria por la razón de que, cumplida por el escribano, con amplio criterio de investigación, consagra la legitimidad del instrumento público; pero por ser esencialmente personal cuadra más bien como regla de obrar jurídico, en cuya actividad el prudente trabajo de investigación, hecho a conciencia, descarta toda posibilidad de error o engaño respecto de la persona inda-gada. En esto radica, precisamente, la dificultad que ofrece el problema del conocimiento personal. (Escolios omitidos y énfasis suplido.) Neri, op. cit., pág. 443.

Esos escollos deben ser suficiente motivación para que los notarios desplieguen con mayor celo y diligencia el desempeño de tan importante función.

Nada de lo aquí dispuesto prejuzga cualquier responsa-bilidad civil que por su error haya podido producir a terce-ros interesados el notario Olmo Olmo.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

       Ante el Comisionado Especial declaró el Lie. Luis Mojica Sandoz, Regis-trador de la Propiedad de vasta experiencia, en el sentido de que durante sus años “nunca h[a] visto una escritura donde el notario diga que no conoce el otorgante, pero que se asegura de su conocimiento personal por documentación tendiente a la identificación del otorgante”. (T.E., págs. 8-9 en autos.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Municipio de Mayagüez, peticionario, v. Pedro Jaime Rivera, et al., recurridos; Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, recurrida.

      Número: O-82-389

      Resuelto: 27 de octubre de 1982

      Eugenio Sánchez Ruiz, abogado del peticionario; Miguel Her-nández Colón, abogado de los recurridos; Ramón L. Juliá Ramos e Ivonne González, abogados de la recurrida Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Con fecha de 30 de diciembre de 1981, en reconside-ración, dictamos una resolución mediante la cual expre-samos, en lo pertinente, que: “... deberá la sala de instancia proceder a la liquidación de los salarios y beneficios corres-pondientes a los empleados demandantes, deduciendo de los mismos los salarios y sueldos por ellos percibidos de cual-quier otra fuente gubernamental y pagados con fondos públi-cos, durante el tiempo de cesantía.” (Énfasis suplido.) Ello en relación con un caso de empleados de carrera del Muni-cipio de Mayagüez que acudieron ante la Junta de Apela-ciones del Sistema de Administración de Personal alegando que sus puestos habían sido eliminados ilegalmente del pre-supuesto ordinario del municipio. La Junta dictó resolución que favoreció a dichos empleados. No conforme con ella, el municipio acudió en revisión judicial ante el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, el cual con-firmó mediante sentencia la resolución de la Junta a los efectos de que el municipio venía obligado a reponer en sus puestos a los empleados, en puestos iguales o similares a los que ocupaban y a abonar a dichos empleados los sueldos y haberes dejados de percibir desde su separación hasta la fecha en que sea efectiva su reposición. Denegamos la soli-citud de certiorari, Caso Núm. 0-81-640, que instara el municipio en relación con la citada sentencia en que se dicta la orden que se transcribe al comienzo de la presente opinión.

El Municipio de Mayagüez dio cumplimiento a la sen-tencia dictada en cuanto a la reposición de los empleados, quedando pendiente la fase de ejecución y liquidación de los salarios de los referidos empleados.

En cumplimiento de nuestra resolución el tribunal de instancia, con fecha de 27 de mayo de 1982, emitió una reso-lución en la cual, en lo pertinente, determinó que el Munici-pio de Mayagüez venía obligado a pagar a los empleados los intereses legales sobre la cuantía de la sentencia a partir de la fecha en que dictó la misma —6 de octubre de 1981— y, específicamente en cuanto a la empleada Jeanette Valentín, determinó que no era procedente en derecho el deducir los salarios que ésta había devengado trabajando para la Auto-ridad de la Fuentes Fluviales, hoy Autoridad de Energía Eléctrica, porque, aparentemente, estos fondos no prove-nían de “fuente gubernamental” o dichos salarios no fueron “pagados con fondos públicos”.

Alega ante nos el Municipio de Mayagüez que cometió error el tribunal de instancia al hacer las dos determina-ciones antes señaladas.

De entrada debemos señalar que hemos notado cierta inconsistencia en los dictámenes de los tribunales de instan-cia en lo referente a la imposición del interés al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia dictada en casos en que se ha condenado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o sus municipios, agencias e instrumentalidades al pago de una suma de dinero.

En términos generales, hemos dicho que estos intereses forman parte integrante de la sentencia dictada y que pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la misma. P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 621, 622-623 (1962). También con anterioridad al día de hoy —ya en relación a casos en que ha estado envuelto el Gobierno de Puerto Rico— hemos dicho que esos intereses proceden como cuestión de ley “.. .y no son contra-ríos a las leyes de inmunidad gubernamental”. Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405, 409 (1972).

Esta situación se rige, hoy día, por las disposiciones de la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil de 1979, la cual dispone:

Regla 44.3. Interés legal

(a) Se incluirán intereses al tipo legal en toda sentencia que ordena el pago de dinero a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, sin incluir costas y honorarios de abogado.
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés legal desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a com-putarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcio-narios en su carácter oficial. Las disposiciones de este inciso serán aplicables a las causas de acción que hayan surgido a partir del 26 de mayo de 1967.

Dispone el Art. 14 de nuestro Código Civil —31 L.P.R.A. sec. 14— que: “Cuando la ley es clara[,] libre de toda ambi-güedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.”

La letra del inciso a de la citada regla no puede ser más clara: bajo sus disposiciones es mandatorio el que un tribunal, al dictar una sentencia en que ordene el pago de dinero, imponga el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia sin excepción de clase alguna.

Formando dichos intereses parte integrante de la sen-tencia, y tomando en consideración que no son contrarios a las leyes de inmunidad gubernamental y que el citado inciso a de la Regla 44.3 no excluye de sus disposiciones a parte alguna, no cometió error el tribunal de instancia en el pre-sente caso al imponerle al Municipio de Mayagüez el pago de intereses al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia que dictara.

Sí cometió error, sin embargo, el tribunal sentenciador, al determinar que dichos intereses debían ser computados a partir de la fecha —6 de octubre de 1981— en que dictó su sentencia.

En Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974) —caso en que unos empleados de la Autoridad de Acueduc-tos y Alcantarillados acudieron ante este Tribunal en soli-citud de que pusiéramos en vigor un laudo de arbitraje ren-dido en virtud de un convenio colectivo existente entre la Autoridad y la Unión de Empleados de dicha agencia— los empleados peticionarios solicitaron, alegando la naturaleza similar de un laudo de arbitraje a una sentencia o decreto judicial, la imposición de intereses desde la fecha en que se dictó el laudo.

Citando con aprobación el caso de Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470, 477 (1946), donde señalamos que “Un laudo de arbitraje ocupa una posición muy similar a la de una sentencia o decreto judicial”, y el caso de Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R.S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949), en donde reconocimos su dual naturaleza, expre-samos en Colón Molinary v. A.A.A., supra, pág. 160, “Con-secuencia lógica e inexorable al trazar rumbos paralelos entre un laudo arbitral y un dictamen judicial es el reco-nocer que proceden intereses legales”, y decidimos que los mismos debían ser computados a partir de la fecha del laudo rendido.

En el día de hoy resolvemos que el antes mencionado razonamiento es de aplicación a una decisión emitida por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. No todos los casos en que la Junta interviene y ordena reposición y el pago de salarios dejados de percibir son revisados por un tribunal. Muchas decisiones de la Junta, al igual que en casos de laudos de arbitraje, son aca-tados por la parte perdidosa ante dicho organismo. Sería injusto, por discriminatorio, el que en aquellos casos en que se solicita revisión judicial y, por lo tanto, en que un tribunal emite una sentencia, los empleados envueltos tengan derecho al pago de interés al tipo legal desde la fecha de la sentencia dictada hasta que se le pague lo adeudado y en aquellos casos en que no se solicita revisión judicial los empleados envueltos no tengan derecho al pago de interés legal desde la fecha de la decisión de la Junta hasta el total pago de la suma de dinero a que tienen derecho.

Es por ello que resolvemos que, en ambas situaciones, aquel empleado que es injustamente despedido y cuya reposición se ordena con el pago de salarios dejados de percibir tiene el derecho de recibir el pago de intereses al tipo legal sobre la cuantía de lo adeudado, que serán computados desde la fecha de la decisión que emita la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. Nos parece que ello inclusive evitará las solicitudes frívolas de revisión de las decisiones que emita la Junta y el pronto pago de lo adeudado a los empleados.

Igualmente cometió error el tribunal de instancia al resolver, en relación con la empleada Jeanette Valentín, que el Municipio de Mayagüez no podía deducir los salarios que ella había devengado mientras trabajaba para la Autoridad de Energía Eléctrica “durante el tiempo de cesantía”.

En Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982), donde resolvimos que el “principio de mérito” establecido por la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975 conocida como Ley de Personal del Servicio Público le era aplicable a un empleado de la Puerto Rico Telephone Co., corporación que fue organizada bajo la Ley de Corporaciones del Estado de Delaware, Esta-dos Unidos de Norteamérica, y cuyas acciones —el 100 por ciento de ellas— fueron compradas por la corporación pública del Estado Libre Asociado conocida como la Autoridad de Teléfonos, expresamos que:

Después de la Primera Guerra Mundial surgió la necesidad de desarrollar corporaciones públicas para cumplir con las nuevas y numerosas tareas que confrontaban las naciones del mundo occidental. Mientras antes los gobiernos sólo se limi-taban a reglamentar el funcionamiento y la operación de algunas industrias, se vieron obligados a llevar a cabo por sí mismos ciertas actividades económicas. ... En época de escasez de capital, de altas tasas de contribución sobre las ganancias, de grandes riesgos para la inversión, se estable-cieron corporaciones públicas en los sectores de la economía donde el empresario se abstuvo de actuar. . . . En la mayoría de los casos una mezcla de factores políticos y prácticos fue el motivo determinante para su creación. De la infinita varie-dad de corporaciones públicas destacan principalmente tres tipos.
1) Las agencias o departamentos de los gobiernos.
2) Las corporaciones públicas puras creadas por estatuto.
3) Las corporaciones de emisión de acciones organizadas al amparo de las leyes de corporaciones privadas que son con-troladas total o parcialmente por el gobierno.
Se han señalado varias ventajas para asumir la estructura de la corporación privada. Entre ellas se encuentran el evitar el formalismo y la reglamentación rígida para promover la eficiencia y la originalidad gerencial.
La estructura de corporación público-privada permite un funcionamiento independiente. No se ve obligada a esperar recibir asignaciones anuales de fondos para funcionar. Produce y genera su propio capital. Puede reinvertir el sobrante, ahorrar o reducir las tarifas de los consumidores, según con-venga. De su estado financiero responderá a aquellos orga-nismos dispuestos por ley, mediante informes periódicos pre-parados pior auditores comerciales y los del propio gobierno. Págs. 62-64.

La ley que creó la Autoridad de las Fuentes Fluviales —Ley Núm. 83 de mayo 2 de 1941— en su See. 3 “disponía” que:

See. 193. Creación y organización de la Autoridad
(a) Por la presente se crea un cuerpo corporativo y político con el Gobernador de Puerto Rico, el Secretario de Obras Públicas de Puerto Rico y el Secretario de Agricultura y Comercio de Puerto Rico, que constituirá una corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nombre de “Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico.” Los citados miembros de la Autoridad no recibirán compensación por sus servicios como tales.
(b) La Autoridad creada por la presente es y deberá ser una instrumentalidad gubernamental, sujeta, según se provee en la presente, al control de ciertos funcionarios del Gobierno Estadual, a saber: el Gobernador, el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de Agricultura y Comercio, actuando en su capacidad de miembros y Junta de Gobierno de aquélla, pero es una corporación con existencia y personalidad legales separadas y aparte de la del Gobierno y de la de los funciona-rios que la controlan. Las deudas, obligaciones, contratos, bonos, notas, pagarés, recibos, gastos, cuentas, fondos, empre-sas y propiedades de la Autoridad, sus funcionarios, agentes o empleados, debe entenderse que son de la mencionada corpo-ración gubernamentalmente controlada y no del Gobierno Estadual ni de ninguna de sus oficinas, negociado, departa-mento, comisión, dependencia, municipalidad, rama, agente, funcionario o empleado. (Énfasis suplido.)

No hay duda, por lo tanto, de que la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico o la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico es una corporación pública que goza de una estructuración que la asemeja a una corporación privada, disfrutando así de unas ventajas que esa dualidad le permite. Esta dualidad o desdoblamiento no causa, sin embargo, que los fondos con que paga a sus empleados no provengan de “fuente gubernamental” o no constituyan “fondos públicos”. Es por ello que el tribunal de instancia incidió al no deducir los salarios percibidos por Jeanette Valentín mientras trabajó para dicha instrumentalidad gubernamental.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se dictará sentencia en que se modifique, de acuerdo con lo aquí expresado, la resolución que emitiera el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, con fecha de 27 de mayo de 1982 y, así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente por los fun-damentos de su opinión en Caballero v. Romero Barceló, 113 D.P.R. 1 (1982).

       En Municipio de Mayagüez v. Rivera y otros, Certiorari Núm. 0-81-640.

       Allí se interpreta el Art. 341 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. see. 1473.

       En relación con la Regla 44.4(e) de las de Procedimiento Civil de 1958.

        Rodríguez v. Fidelity Bond Mortg. Corp., 108 D.P.R. 156, 158 (1978).

       Distinto es el caso del inciso b de la referida Regla 44.8 que brega con la imposición de interés al tipo legal a la parte que, en opinión del tribunal senten-ciador y en las situaciones allí enumeradas, haya procedido con temeridad. Se exceptúan, específicamente de las disposiciones del inciso 6, al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial, cuando éstos son parte demandada en un litigio.

       Los empleados no recurrieron de la resolución que emitiera el tribunal de instancia con fecha de 27 de mayo de 1982. Ello, de ordinario, nos impediría el modificar la resolución en su favor. Sin embargo, en vista de lo resuelto en Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, supra, a los efectos de que dichos intereses proceden como cuestión de ley, y lo resuelto en el caso antes citado de P.R. & Ame. Ins. Co. a los efectos de que dichos intereses forman parte integrante de la senten-cia que se dicte y que pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la misma, entendemos que tenemos facultad para modificar la citada resolución, ya que lo que estamos haciendo es reconociendo un “estado de derecho” existente.

      Todo ello sujeto a la “fórmula” establecida en Zequeira v. C.R.U.V., 95 D.P.R. 739 (1968).

       Dicha sección fue enmendada en el 1966: sus incisos a y b fueron enmen-dados suprimiéndose y sustituyendo al Gobernador de Puerto Rico y los Secreta-rios de Obras Públicas, Agricultura y Comercio por la “Junta de Gobierno”. 22 L.P.R.A. see. 193.
      En el .1979, mediante la Ley Núm. 57 de mayo 30, se sustituyó “Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico” por “Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” y se efectuaron otros cambios adicionales no pertinentes al presente caso.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Jorge Luis Laboy Rodríguez y Florentino Machargo Barreras, querellados.

      Número: O-82-34

      Resuelto: 28 de octubre de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Miguel A. Febles González y Pedro Vicente Pedrosa, abogados del querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez; Sarah Torres Peralta y Wilfredo R. Piccorelli, abogados del querellado Flo-rentino Machargo Barreras.
   PER CURIAM:

Resolvemos los méritos de las querellas formuladas por el Procurador General de Puerto Rico contra los abogados notarios Jorge Luis Laboy Rodríguez y Florentino Machargo Barreras.

r-H

Primer cargo

Con referencia a este cargo el Comisionado Especial designado, Hon. Francisco Torres Aguiar, consigna las siguientes determinaciones de hecho:

1. El día 24 de junio de 1974 se otorgó la escritura número 112, sobre compraventa, ante el Notario Público Jorge Luis Laboy Rodríguez, en virtud de la cual los vendedores Elfrén Bernier y Nilda Soto de Bernier vendieron dos apartamentos a los compradores, los esposos Aparicio Maldonado. Dicha escritura pública fué presentada en el Registro de la Propie-dad, y denegada su inscripción por no haberse distribuido el precio de compraventa entre las dos unidades regístrales y por insuficiencia en el pago de los derechos de inscripción.
2. Mediante escritura pública otorgada el 10 de septiembre de 1979, ante el Notario Público Ramón Cerezo Muñoz, los esposos Aparicio Maldonado le venden uno de los apartamen-tos antes mencionados al querellado Jorge Luis Laboy Ro-dríguez. Dicha escritura pública fue redactada por el propio querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez, quien se comprometió con el Notario Público Cerezo Muñoz a la presentación de dicho documento público en el Registro de la Propiedad.
La participación de Cerezo Muñoz en el otorgamiento y autorización de dicha escritura pública fué accidental, y se limitó a prestar el servicio que le fuere requerido por el que-rellado Laboy Rodríguez, luego de haber verificado la correc-ción del documento público que le proveyera dicho quere-llado.
3. En alguna fecha antes del 9 de octubre de 1979, el que-rellante Nelson Font Mesorana le prestó la suma de $7,000.00 al querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez. La fecha del refe-rido préstamo no quedó clara, por no estar determinada con precisión, pero parece haberse hecho algún tiempo antes del 9 de octubre de 1979.
En ocasión de dicho préstamo, el deudor se comprometió con el acreedor a pagarle dentro de los siguientes tres meses, lo que no hizo. A la fecha de la vista, 16 de junio de 1982, todavía el querellado le adeudaba a Font Mesorana el dinero que éste le había prestado, más los intereses correspon-dientes.
4. Jorge Luis Laboy Rodríguez y Nelson Font Mesorana se habían conocido algún tiempo antes de la fecha del préstamo, cuando Font Mesorana trabajaba en un negocio de relojería en la Joyería Medina, negocio que a la sazón estaba estable-cido en el mismo edificio donde Laboy Rodríguez tenía esta-blecida su oficina.
El querellado Laboy Rodríguez le había prestado un servi-cio a Font Mesorana en ocasión del divorcio de este último, al haberle ayudado a obtener un financiamiento de un inmueble propiedad de Font Mesorana.
5. El préstamo de $7,000.00 fué hecho por Font Mesorana a Laboy Rodríguez sin garantía alguna. No tuvimos evidencia alguna ante nuestra consideración que acreditara que al momento del préstamo se acordaran intereses.
Se trató de una transacción que se hizo por razón de las relaciones que se habían desarrollado entre el deudor y acreedor, como se indica antes.
6. En el mes de octubre de 1979, el querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez le ofreció al querellante Nelson Font Meso-rana proveerle una garantía hipotecaria para garantizar el pago de la deuda. A ese efecto dicho querellado preparó una escritura de hipoteca en garantía de pagaré para garantizar un pagaré al portador por la suma principal de $7,000.00 más intereses, Exhibit V, V-A del Procurador General, gravando el inmueble de su propiedad, que había adquirido desde el 10 de septiembre de 1979.
7. El 9 de octubre de 1979, el querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez, le solicitó al querellado Florentino Machango Barreras que éste prestara el servicio de autorizar el otorga-miento de la referida escritura pública de constitución de hipoteca, a lo que accedió el referido Machargo Barreras.
A esos fines, Jorge Luis Laboy Rodríguez y Nelson Font Mesorana se personaron en la oficina del referido Florentino Machargo Barreras el día 9 de octubre de 1979; en esa ocasión, el querellado Laboy Rodríguez le entregó a Machar-go Barreras la escritura pública que aquél había redactado, conjuntamente con el pagaré al portador, también preparado por Laboy Rodríguez. Machargo Barreras examinó la refe-rida documentación y procedió a autorizar dicha escritura, bajo el número 57, ante él; expidió copia certificada, y entregó la misma, conjuntamente con un pagaré, debida-mente autenticado, al otorgante Laboy Rodríguez, quien se obligó con el Notario Público Machargo Barreras a presen-tarla él mismo en el Registro de la Propiedad.
Ahí terminó la participación del querellado Florentino Machargo Barreras en el asunto. Concluimos que al igual que en el caso del licenciado Cerezo Muñoz, también la partici-pación de Florentino Machargo Barreras en el otorgamiento y autorización de la referida escritura pública y del pagaré al portador, fué accidental, y se limitó a prestar el servicio que le fuere requerido por Laboy Rodríguez.
8. Al momento del otorgamiento de la escritura pública número 57, de 9 de octubre de 1979, ante el Notario Público Florentino Machargo Barreras, el querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez era el dueño en pleno dominio del aparta-miento que quedó gravado en virtud de la constitución de la hipoteca contenida en el referido documento público, y en el otorgamiento y autorización de la referida escritura se obser-varon las formalidades que exige la Ley Notarial.
9. El 22 de septiembre de 1980, el acreedor Nelson Font Mesorana radicó demanda en cobro de dinero contra Jorge Luis Laboy Rodríguez, y obtuvo sentencia en rebeldía de fecha 16 de enero de 1981, Exhibit VIII del Procurador General.
Nos llama la atención que la referida Sentencia es por la suma de $12,000.00, no obstante el hecho que la deuda que el querellante reclama en el presente procedimiento era de solamente $7,000.00 de principal, más los intereses corres-pondientes a partir del 29 de octubre de 1979, que es la fecha en que se otorga la escritura pública número 57. El exceso entre lo que dispone la sentencia y la deuda real como está representada en la escritura pública #57, que es la suma principal que Font Mesorana declaró que se le adeudaba, no fué explicada por dicho querellante.
10. No hay prueba de que el querellado Florentino Machar-go Barreras tuvo conocimiento al momento del otorgamiento de la escritura número 57, el 9 de octubre de 1979, de que la misma no fuere inscribible.
11. El querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez no actuó de mala fe en el otorgamiento de la garantía hipotecaria que le proveyó a Font Mesorana el 9 de octubre de 1979; el defecto que impedía la registración era de fácil corrección en aquel momento, mediante el simple otorgamiento de un Acta Acla-ratoria distribuyendo el precio entre las dos unidades regís-trales a las que se refería la escritura pública número 11 de 24 de junio de 1974 ante el Notario Público Jorge Luis Laboy Rodríguez, y el pago de los derechos correspondientes.
El querellante pudo haber tomado ese camino. En su lugar optó por realizar un trámite judicial mediante la radicación de una demanda en cobro de dinero reclamando la suma de $12,000.00 alegadamente adeudádoles por el querellado Jorge Luis Laboy Rodríguez (Exhibit III del Procurador General), y la obtención de una sentencia por dicha cantidad de $12,000.00, (Exhibit III-B del Procurador General). (Énfasis suplido.)

Segundo cargo

Este segundo cargo se formula exclusivamente contra el querellado Laboy Rodríguez. Las determinaciones tácticas del Comisionado reflejan que dicho querellado representó negligentemente a la Sra. Sandra M. Cuascut en la acción sobre nulidad de testamento seguida en su contra. Es interesante destacar que ese testamento fue otorgado ante él como notario. En el curso de los procedimientos mantuvo engañada a su cliente al comunicarle que tenía la impresión de que todo estaba bien. Se comprometió a responderle con otra propiedad, de perder el caso —su herencia consistía de la casa que le dejó su abuelo en el aludido testamento, en el cual se desheredó al padre de ella. El proceso judicial finalizó contrario a la señora Cuascut Chiclana y se anuló el testamento. Durante varios meses no logró que el abo-gado cumpliese con su compromiso. Solamente una vez terminada la vista del caso, en agosto de 1982, obtuvo escritura de propiedad.

M 1 — I

Tenemos el beneficio de los informes de las partes. Nin-guna cuestiona persuasivamente la corrección de los hechos según apreciados por el Comisionado Especial. Más bien se circunscriben a comentarlos a la luz de la posición más favorable.

En torno al primer cargo, se impone de inmediato la exoneración del querellado Florentino Machargo Barreras. Excepto por haber depositado erróneamente su confianza en un compañero abogado y prestarle gratuitamente sus servicios notariales, no incurrió en falta que amerite sanción disciplinaria alguna. Ciertamente todo el proceso sirve de ejemplo —extensivo al resto del notariado puertorriqueño— de que es menester evitar, en lo posible, este tipo de intervención notarial urgente e incidental, más bien ad hoc, en la cual se cae en la superficialidad y en el peligro potencial de convertirse en un simple observador de un negocio jurídico —función que rechazamos en In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976)— y, claro está, según la naturaleza de la transacción y las consecuencias perjudiciales que resulten de la misma, el conocimiento directo o constructivo, corre el riesgo de incurrir en serias faltas profesionales que ameriten medidas correctivas. In re Lavastida, et al., 109 D.P.R. 45 (1979).

Distinta solución exige el caso del querellado Laboy Rodríguez. Aun concediéndole el beneficio de la determi-nación del Comisionado en el sentido de que en el otorga-miento de la garantía hipotecaria “no actuó de mala fe”, es indudable que por su condición de haber actuado previa-mente como notario el 24 de junio de 1974, conocía que la escritura de compraventa núm. 112 de ese día había sido presentada en el Registro de la Propiedad y su inscripción había sido denegada. Esa situación continúa a lo largo de las transacciones ulteriores, incluso el otorgamiento de la escritura de hipoteca ofrecida a su acreedor Nelson Font Mesorana. Si para que una hipoteca se convierta en un derecho real es menester su inscripción, ¿en qué consistió la garantía hipotecaria brindada? El resultado de su actua-ción, de índole engañosa, fue dejar desprovisto a su acreedor Font Mesorana de la garantía hipotecaria, privándole de poder hacer efectivo su crédito sobre una propiedad inmue-ble.

Concluimos que el querellado Laboy Rodríguez aprovechó y utilizó, indebidamente y para su propio beneficio el conocimiento notarial, y dio así viabilidad a una garantía hipotecaria fútil. Esa conducta está reñida con el deber consagrado en el Canon 35 vigente, de mantener una conducta honrada entre abogados y personas, y “ajustarse a la sinceridad de los hechos ... al redactar [o propiciar] . . . documentos”. Su proceder atenta y conflige con el honor y la dignidad que debe caracterizar a todo miembro de la clase togada y es indicativo de una conducta profesional altamente impropia. Canon 38.

A igual resultado llegamos en cuanto al segundo cargo. Ha quedado demostrado que luego de preparar e intervenir como notario en un testamento otorgado por Delfín Cuascut Jusino —en el cual éste desheredó a su hijo adoptivo José A. Cuascut Colón y designó única y universal heredera a su nieta Sandra Cuascut Chiclana— comparece como abogado de récord de la heredera testamentaria ante el foro judicial y no la defendió diligentemente.

Inferimos de la prueba que el querellado Laboy Rodríguez aceptó su responsabilidad profesional y a tal efecto se comprometió a subsanar el problema. No es hasta transcurrido el proceso, el 20 de agosto de 1982, que se otorga la escritura, mediante la cual la querellante Cuascut Chiclana recibe título de propiedad sobre un apartamento de vivienda. Ello atempera el rigor de la sanción, pero no exonera totalmente al licenciado Laboy. Aun cuando los trámites disciplinarios, de ordinario, no son los apropiados para reclamar ante este foro deudas que contraen los abogados en el curso de sus asuntos personales —In re Cepeda Parrilla, 108 D.P.R. 353 (1979); In re Ramírez, 19 D.P.R. 426 (1913)— el poder correctivo existe cuando la obligación es contraída en el curso de un litigio en el que la persona perjudicada aceptó un trato descansando en la confianza que le tenía como abogado.

En las circunstancias expuestas, procede que se dicte sentencia, sujeto a los siguientes pronunciamientos: (1) se exonera al notario Florentino Machargo Barreras y (2) se suspende al querellado Jorge L. Laboy Rodríguez del ejer-cicio de la notaría permanentemente y de la profesión de abogado por el término de tres (3) meses.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       La determinación 4 del Comisionado expone:
      “Según surge del párrafo 8 del Ex. ‘A’ estipulado, que es el ‘Informe y Contes-tación del Abogado Querellado’, presentado por el querellado por la mediación de sus abogados de récord en la querella de autos, el 31 de mayo de 1982, ‘en dicha ocasión el Abogado Jorge Luis Laboy Rodríguez le indicó a su cliente Sandra Cuascut Chiclana que en consideración al resultado del pleito y la responsabilidad del abogado Jorge Luis Laboy Rodríguez, éste asumiría la responsabilidad con Sandra Cuascut Chiclana. Así se hizo constar para récord.” (Énfasis nuestro.)


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Juan José Ortiz, demandante y recurrente, v. Municipio de Orocovis, demandado y recurrido.

      Número: R-80-576

      Resuelto: 28 de octubre de 1982

      José S. Brenes-La Roche, abogado del recurrente; José A. Masini Soler, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante fue atendido en el Centro de Salud de Orocovis el 25 julio, 1977 de heridas que recibió mientras conducía su motora. A pesar de informarle al médico que no podía mover el brazo izquierdo, éste le dijo que no había fractura y lo envió a su casa sin ordenar radiografía. Como el dolor persistía, el demandante acudió al Hospital Meno-nita de Aibonito donde —luego de tomarle una radiografía— “le informaron [el 4 agosto, 1977] de la existencia de una fractura en el brazo izquierdo y le notificaron, además, de la posibilidad de un daño permanente debido a la demora en enyesarle el brazo lesionado”. No hay duda de que en esa fecha y por autorizado criterio el demandante supo que el médico que lo atendió en el Centro de Salud de Orocovis incurrió en negligencia y mala práctica profesional al no detectar la fractura y al no enyesar el brazo. Se le suplió la información que es punto de arranque de prescripción extintiva de la acción y que la Ley Núm. 74 de 30 mayo, 1976 sobre responsabilidad profesional médico-hospitalaria, Art. 41.090 del Código de Seguros, identifica como el momento en que el daño fue descubierto.

La prescripción de la acción de daños por negligencia médica ha sido objeto de legislación especial con lenguaje diferente al del Art. 1868, 2do párr. C.C. que se re-mite al momento en que “lo supo el agraviado”. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383 (1982). La citada Ley Núm. 74 de 30 mayo, 1976 sobre responsabilidad de profesionales en el cuidado de salud, Art. 41.090 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4109, dispone:

Términos de prescripción
(1) Los términos de prescripción contenidos en esta sección serán los únicos aplicables a las acciones de daños por culpa o negligencia (malpractice) que se inicien contra profesionales en el cuidado de salud e instituciones para el cuidado de salud.
La acción por alegados daños por culpa o negligencia (malpractice) comenzará, independientemente de lo dispuesto en otra ley, dentro de un año a partir de la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la acción, o dentro de un año desde el momento en que el daño fue descubierto, o debió haber sido des- cubierto con la debida diligencia. En ningún caso se podrá iniciar la acción más tarde de dos años, desde la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la causa de acción. (Énfasis nuestro.)

El demandante es maestro de ciencias y matemáticas, con grado de Bachiller en Artes (Educación). A la pág. 5 de su alegato admite que el 4 agosto, 1977 se enteró de la negligencia del demandado que consistió, según expresa, en que “tenía que enyesarlo y no lo enyesó”. Por propia admisión, ya para esa fecha había descubierto el daño con la certeza óptima de diagnóstico y criterio médico. Ese conocimiento o descubrimiento es el exclusivo punto de partida del plazo de prescripción que para este caso acepta la ley especial citada que en lenguaje categórico impone el término “independientemente de lo dispuesto en otra ley”. Téngase en cuenta que tan respetable es el derecho del agraviado a reclamar en tiempo hábil, como el del demandado a sentirse libre de pleito y proceso una vez transcurrido —sin acción— el plazo señalado en la ley. La incorporación de elementos imponderables a la duración del término tales como la ignorancia de la cuantía del daño o del resultado final del acto culposo enerva la cualidad esencial de fijeza y certidumbre en la prescripción que tan sabiamente ha protegido nuestra jurisprudencia en González v. Pérez, 57 D.P.R. 860, 866-867 (1941); Cruz v. González, 66 D.P.R. 212 (1946); Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346, 349 (1946). Ningún caso, no empece el grado de espontánea simpatía y solidaridad del juzgador con el dolor humano, debe producir el colapso de una norma universal reguladora de “toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida”. González, supra, a la pág. 867. La exigencia de certeza, que es savia de las instituciones de Derecho civil, demanda la exclusión de elementos evasivos, hasta donde sea posible, en el cómputo del término de prescripción.

Ya en conocimiento del daño, el demandante no podía esperar el desarrollo y grado final de su lesión y pos-poner a su arbitrio -y apreciación subjetiva el curso del plazo de prescripción. Tanto Castán Tobeñas como Scaevola incorporan a sus textos como doctrina la Sentencia de 13 febrero, 1929, a saber: En las acciones para exigir respon-sabilidad civil se cuenta el término de prescripción a partir del momento en que tuvo conocimiento del daño el que lo sufrió, aunque no es preciso que conozca éste la cantidad líquida importe de ese daño. No quiebra ese principio de conocimiento del agraviado por la sola circunstancia de que éste ignore la cuantía o magnitud de los daños causados. La concreción o fijación cuantitativa del daño es tema relega-ble para el tiempo de ejecución de sentencia.

No es este el caso de daño embrionario o latente, no iden-tificable hasta pasado el año de prescripción. El daño era ya una realidad perceptible desde que el 4 agosto, 1977 en el Hospital Menonita enteraron al demandante, en el más simple lenguaje, que había sido víctima de mala práctica médica en el Centro de Salud porque al no descubrir la fractura con Rayos-X fallaron en inmovilizar el brazo en yeso. El año para ejercitar la acción ya había expirado cuando el perjudicado interpuso demanda el Io diciembre, 1978.

Recordemos que el fundamento de prescripción debe concebirse objetivamente, pues por ella “se asegura la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. La economía y la vida jurídica sufrirían grave quebranto si el estado de hecho, representado por el ejerci-cio o no ejercicio de un derecho, no viniere a convertirse por el transcurso del tiempo en un estado de derecho inata-cable”. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., 1963, T. 1, Vol. 2, pág. 834.

Se ajusta a Derecho la sentencia de instancia contra la que se recurre, que estimó la moción de sentencia sumaria del municipio demandado, basada en prescripción. Se dic-tará sentencia a tenor de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal por la que se denegará la expedición de auto de revisión.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García concurren en el resultado. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

       Hechos probados incluidos en la sentencia de la Sala de Aibonito.

        Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1963, T. 1, Vol. 2, pág. 846.

         Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1966, T. XXXII, Vol. 2, pág. 881.

       Más que a la espera de dimensión o cuantía del daño, los hechos apuntan hacia inercia y abandono del demandante, que formando parte de una sociedad de conocida inclinación a la litigación, con un dictamen de Io de junio, 1978 confir-matorio del primero, todavía espera 6 meses más para instar la demanda el Io diciembre, 1978. Su inactividad sobrepasó hasta el criterio general del Art. 1869 C.C.: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.” 31 L.P.R.A. see. 5299.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Eugenio Díaz Clemente, recurrido.

      Número: O-82-491

      Resuelto: 29 de octubre de 1982

      Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carlos E. Rivera Estrella, abogado del recurrido.
   per curiam:

El 20 de agosto de 1982 concedimos veinte (20) días para mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto de certiorari solicitado y dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, del 22 de abril de 1982 y revocar la resolución dictada por el Tribunal de Distrito, Sala de Guayama, que ordenó el archivo del caso seguido en contra de Eugenio Díaz Clemente.

El recurrido fue acusado por violación de los Arts. 5 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sees. 415 y 418, por alega-damente haber encontrado en su posesión y dominio una escopeta recortada el día 26 de enero de 1982. Ese mismo día se determinó causa probable y se ordenó el arresto del aquí recurrido. Se señaló el día 22 de febrero de 1982 para celebrar la vista preliminar. El día señalado para la vista, las autoridades penitenciarias no condujeron al sumariado al tribunal. Se realizó un nuevo señalamiento para el primero de marzo de 1982. El recurrido tampoco com-pareció a la hora indicada. El tribunal en esa misma fecha archivó el caso a tenor con la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal. El 18 de mayo de 1982, el Tribunal Superior declaró sin lugar la solicitud de certiorari presentada por el Ministerio Público para revisar la actuación del tribunal de instancia.

Alega el Procurador General que erró el tribunal al decretar el archivo. Tiene razón. A la fecha del archivo —1 de marzo de 1982— sólo habían transcurrido treinta y cua-tro días desde la fecha del arresto, 26 de enero de 1982. En Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 170 (1975), estableci-mos que “consideramos adecuado un término de sesenta días para celebrar la [vista preliminar] contados desde el arresto del acusado...”.

Se expedirá el auto, se dejará sin efecto el archivo decre-tado y se procederá a celebrar la vista preliminar con la de-bida celeridad.


text:
    Municipio de San Juan, demandante y recurrido, v. Stadium & Coliseum Operators, Inc. y Otros, demandados y recurrentes.

      Números: R-81-354, R-81-357

      Resueltos: 29 de octubre de 1982

      Lourdes R. Díaz Antommattei, abogada de los recurrentes; Maritza Pagán de Joglar, abogada del recurrido; Pablo Ca-rrasquilla, abogado del Comisionado de Seguros.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, en interés de la fiadora Builders Insurance Company y el Comisionado de Seguros —Administrador-Liquidador de ésta— cuestionan separadamente la sentencia sumaria par-cial del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que les impuso responsabilidad por el incumplimiento de la fiada Stadium & Coliseum Operators, Inc. (“Stadium”) de cierto contrato celebrado con el Municipio de San Juan.

Acordamos revisar. Consolidamos ambos casos.

No existe controversia sobre los hechos que originan este litigio. El 16 de septiembre de 1971, el municipio y Stadium suscribieron “un contrato de concesión” donde el primero cedía a ésta la operación de las cantinas del Estadio Hiram Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente. Las obligaciones de Stadium para con el municipio eran:

El concesionario le pagará al Municipio durante el término de esta concesión:
(i) una cantidad básica de $210,000.00 por el primer año de la concesión, $215,000.00 por el segundo año, $220,000.00 por el tercer año, $225,000.00 por el cuarto año y $225,000.00 por el quinto año, cada anualidad pagadera en plazos mensuales iguales, en o antes del día quince de cada mes subsiguiente.
(ii) una cantidad adicional anual pagadera dentro de los treinta días después de finalizado cada año, que se computará como sigue:
Por cada asistencia pagada y/o determinada con exac-titud comprobable en actividades en que no se cobre entrada, en exceso de 900,000 de asistencia en el Esta-dio y en el Coliseo durante cada año de esta concesión. Se entiende para fines de esta cláusula que el año de la concesión comienza el día 16 de septiembre de cada año y termina el día último de julio del año subsiguiente:
(a) $0.12.por cada asistencia en exceso de
900,000 hasta 1,200,000
(b) $0.15.por cada asistencia en exceso de
1,200,000 hasta 1,500,000
(c) $0.20.por cada asistencia en exceso de
1,500,000 hasta 2,000,000
(d) $0.50.por cada asistencia en exceso de
2,000,000
El Concesionario le suplirá mensualmente al Municipio durante el término de esta concesión y dentro de los quince (15) días después de finalizar cada mes; junto con el pago correspondiente, un informe detallado del ingreso bruto mensual producto del servicio. Estos informes podrán ser auditados por el Departamento de Finanzas del Municipio y/o pqr el Director de dicho Departamento o su representante.
(iii) una cantidad adicional igual al cincuenta por ciento (50%) del ingreso bruto derivado mensualmente del Servicio pagadero mensualmente dentro de los quince (15) días después de finalizado el mes.
(iv) En caso de que el Concesionario opte por renovar este contrato por un término de cinco (5) años adicionales, las cantidades a pagarse por el Concesionario al Muni-cipio durante dicho término adicional serán las canti-dades fijadas en los incisos (i), (ii) y (iii) antes copiados, más veinticinco por ciento (25%) de dicha cantidad. (Énfasis suplido.)

Stadium prestó fianza de cumplimiento y pago (payment and performance bond) Núm. 77-981, expedida solidaria-mente por Builders a favor del municipio.

Por alegado incumplimiento, el municipio reclamó ren-tas desde el 16 de agosto de 1974 hasta el 19 de mayo de 1975, fecha en que se entregó la posesión ($133,750); por asistencia del público en exceso de 900,000 durante el año 1973-74 ($22,747.20); por pago hecho para mantener el equipo en condiciones operacionales ($12,500); por recargos por demora sobre rentas hasta abril de 1979 ($44,485.32); por recargos por demora sobre pago por asistencia hasta abril de 1979 ($6,368.54); y recargos por demora por pago de equipo hasta abril de 1979 ($2,500). El total asciende a $222,351.06. Además se reclama el “50% del ingreso bruto derivado mensualmente del ‘servicio’ del cual no hay cómputo exacto, pero determinable, desde septiembre 1971 a mayo 1975”.

A esta partida se refiere el dictamen que nos ocupa.

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El texto de la fianza en cuestión lee en lo pertinente:

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, That we STADIUM & COLISEUM OPERATORS INC., as Principal, and BUILDERS INSURANCE COMPANY, as Surety, are held and firmly bound unto MUNICIPIO DE SAN JUAN hereinafter called Owner, in the penal sum of FOUR HUNDRED THIRTY EIGHT THOUSAND DOLLARS & 00/100 DOLLARS ($438,000.00), to be made, we bind ourselves, our heirs, executors, administrators and successors, jointly and severally, firmly by these presents.
THE CONDITION OF THIS OBLIGATION IS SUCH THAT, whereas the Principal entered into a contract, hereto attached, with Owner, dated September 3, 1971 for U0% DE LA TOTALIDAD LICITADA DE $1,095,000. DE LA CAN-TIDAD BASICA DE LA RENTA DE LOS PRIMEROS (5) AÑOS, [sic] (Énfasis suplido.)

Varias observaciones son propias. La fianza no cubre toda la suma licitada, sino el cuarenta por ciento (40%) ($438,000) de la cantidad básica de la renta por los prime-ros cinco (5) años ($1,095,000). Ese lenguaje indubitada-mente responde al inciso i de la cláusula cuarta del contrato que ya hemos transcrito y es congruente con el mismo. La suma de las cinco partidas mencionadas en dicha cláusula i monta a $1,095,000.

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Ante documentos tan claros, la tesis del municipio recurrido de que Builders es responsable de todas las res-tantes partidas reclamadas —asistencia de público, recar-gos por demora, cincuenta por ciento (50%) de un ingreso bruto y otros cargos por demora innominada— no procede.

La obligación se circunscribe y fue expresamente li-mitada a la partida denominada “cantidad básica”. Esa expresión sólo corresponde a los cánones de arrendamiento ascendentes, durante cinco (5) años, a $1,095,000. No hay margen, pues, de error. El análisis matemático compele esta interpretación. La suma de $438,000, como hemos visto, es precisamente el cuarenta por ciento (40%) de esa “can-tidad básica” ($1,095,000).

El razonamiento del tribunal a quo de que la fianza alcanza los otros conceptos por haberse incorporado el contrato a la misma, no es determinante en un caso como el de autos. Repetimos, aquí, mediante lenguaje claro, preciso y limitativo, se consignó inequívocamente en el documento que la obligación se circunscribía al inciso i.

La doctrina prevaleciente de que este tipo de fianza debe ser interpretada liberalmente a favor de su beneficiario —Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774, 781 (1980)— no abona contra la anterior conclusión. Ese principio no es carta blanca al poder judicial para descartar los pactos y convenios entre las partes.

Se dictará sentencia en que se modifique el dictamen del Tribunal Superior, Sala de San Juan, fechado 21 de julio de 1981, a fin de limitar la obligación de Builders Insurance Company a lo impagado en concepto de renta, bajo el inciso i de la cláusula cuarta del contrato suscrito entre el municipio y Stadium.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado sin opinión. Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Rebollo López se inhibieron.