author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Luis Rivera Pagán, demandante y recurrido, v. Superintendente de la Policía de Puerto Rico, demandado y peticionario.

      Número: CE-89-332

      Resuelto: 29 de abril de 1994

      Rafael Ortiz Carrión, Jorge E. Pérez Díaz, Procuradores Ge-nerales, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca decidir si, a la luz de los hechos del presente caso, actuó correctamente el Superintendente de la Policía de Puerto Rico al denegar a un ciudadano, que fue convicto por dos (2) delitos de tentativa de asesinato, una licencia para tener y poseer un arma de fuego, a pesar de éste haber obtenido judicialmente la eliminación de dichas con-vicciones de su historial penal al amparo del procedimiento provisto por la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1731 et seq.

I

Los hechos que motivan el presente análisis son los si-guientes:

El demandante recurrido presentó al Superintendente de la Policía una solicitud de licencia para tener y poseer un arma de fuego por su condición de jefe de familia.

A pesar de que los vecinos del señor Rivera Pagán lo recomendaron favorablemente durante el proceso de inves-tigación al que fuera sometida su solicitud, ésta fue dene-gada por el Superintendente. La denegación se funda-mentó en el examen de los antecedentes penales del señor Rivera Pagán. Dicho examen reflejó que el señor Rivera Pagán había sido convicto veinticinco (25) años antes por dos (2) delitos de “ataque para cometer asesinato” y violación a los Arts. 4, 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 414, 416 y 418. Con anterioridad a la fecha de presentación de la mencionada solicitud, el re-currido obtuvo de la Sala de Manatí del Tribunal de Dis-trito la eliminación de tales convicciones de su historial de antecedentes penales mediante el procedimiento instado conforme a la Ley Núm. 108 antes citada.

Al ser denegada por el Superintendente la licencia soli-citada, el recurrido presentó una demanda en contra de aquél a tenor con lo provisto por el Art. 19(d) de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 429(d). Aplicando el razonamiento de que la eliminación de las convicciones antes mencionadas del expediente del recurrido “lo habilitan y cualifican para ser acreedor a una licencia de tener y poseer un arma de fuego siempre que cumpla con los otros requisitos exigidos por la ley y el reglamento aplicable” (Exhibit I, pág. 3), el tribunal de instancia declaró con lu-gar dicha demanda y ordenó al Superintendente otorgar al recurrido la licencia solicitada por éste. No conforme con la resolución del tribunal de instancia, el Superintendente, a través del Procurador General, recurre mediante la peti-ción de certiorari que decidimos expedir y ahora resolvemos.

I — I I — I

La Ley de Armas de Puerto Rico faculta al Supe-rintendente de la Policía de Puerto Rico a expedir una li-cencia para tener y poseer armas de fuego a aquellos que la soliciten y que cumplan con los requisitos que la ley dispone. El Art. 15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 425, dispone en su parte pertinente lo si-guiente:

El Superintendente de la Policía de Puerto Rico, al presen-társele solicitud para ello por cualquier jefe de familia, comer-ciante o agricultor, y siempre que se cumplan los requisitos que más adelante se disponen, podrá expedir a tal solicitante una licencia para tener y poseer una pistola o revólver y autorizán-dole, si jefe de familia, a tener y poseer tal arma en su residen-cia o, si comerciante, a tener y poseer un arma en su sitio de negocios o, si agricultor, un arma en su finca rústica. (Énfasis suplido.)

De ahí que para que una persona pueda tener y poseer legalmente un arma de fuego, debe cumplir con todos los requisitos dispuestos por la Ley de Armas de Puerto Rico y someterse a una evaluación por el Superintendente de la Policía. El Superintendente podrá expedir dicha licencia en el uso de su sana discreción siempre y cuando el solici-tante reúna los requisitos mencionados en la ley.

La Ley de Armas de Puerto Rico, en su Art. 17 (25 L.P.R.A. see. 427), dispone la limitación siguiente:

El Superintendente de la Policía de Puerto Rico no expedirá licencia para tener y poseer un arma de fuego a persona alguna que haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquiera de los siguientes delitos o de tentativa para cometer los mis-mos: asesinato en cualquier grado, homicidio, secuestro, viola-ción, mutilación, tentativa de cualquier delito grave, agresión agravada, cuando este delito se haya realizado con un arma cortante, punzante o de fuego, robo, escalamiento, apropiación ilegal, apropiación ilegal agravada, incendio, incendio agra-vado, incesto, o infracción a la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1948, según ha sido enmendada o infracción a las secs. 1247 a 1257 del Título 33, o infracción a la see. 4521 del Título 33, ni a ninguna persona que sea un desequilibrado mental, un ebrio habitual o que sea adicto al uso de narcóticos o drogas, ni a ninguna persona que haya sido convicta por violación a las dis-posiciones de este Capítulo. (Enfasis suplido:)

De la lectura de dicha disposición de ley se desprende con claridad que una persona convicta de tentativa de asesinato o de infringir la propia Ley de Armas de Puerto Rico no podrá gozar del privilegio de obtener una licencia para tener y poseer un arma de fuego.

Por otro lado, la Ley sobre Eliminación de Convicciones de Delitos Menos Graves del Récord Penal, Ley Núm. 108, supra, dispone, en lo pertinente:

Toda persona que haya sido convicta de delito menos grave o delito grave que no fuere asesinato, homicidio voluntario, robo, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o impúdi-cos, secuestro, robo de menores, escalamiento agravado, incen-dio agravado, venta y/o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier violación a las sees. 561 et seq. del Título 25 que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por dichas acciones, podrá solicitar y obtener del Tribunal de Distrito de Puerto Rico una. orden para que dichas convicciones sean eliminadas de su récord penal, siempre que en el caso concurran las siguientes circunstancias:
(a) Que los delitos por los cuales fue convicto no impliquen depravación moral.
(b) Que hayan transcurrido cinco (5) años desde la última convicción, en los casos de delitos menos graves, y quince (15) años desde la última convicción en los casos de delitos graves, y durante ese tiempo no haya cometido delito alguno. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. see. 1731.

Vemos, pues, que por un lado, el Art. 17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, prohíbe la concesión de una licencia para tener y poseer un arma de fuego si el solicitante ha sido convicto de tentativa de cualquiera de los delitos que la ley enumera, entre ellos el asesinato. Por otro lado, la Ley Núm. 108, supra, permite la eliminación de cualquier convicción que no haya sido por los delitos enumerados en ella. Como puede verse, no aparece incluida en dicha enumeración la tentativa de cometer tales delitos. No obstante, desde la adopción del estatuto original de 1968, éste ha excluido de su ámbito reparador aquellos delitos que implican depravación moral. Así, el mencionado estatuto se limitaba únicamente a la eliminación de las convicciones por delitos menos grave que “no impliquen depravación moral”.

Posteriormente, mediante la Ley Núm. 44 de 1ro de junio de 1983 (34 L.P.R.A. secs. 1731(b), 1732 y 1733) se en-mendó el referido estatuto para hacerlo extensivo a aque-lias convicciones por delitos graves que no fueran de los que se enumeran en la ley. Sin embargo, se mantuvo el requisito contenido en el inciso (a) de dicho estatuto al efecto de “[q]ue los delitos por los cuales fue convicto [el peticionario] no impliquen depravación moral”. 34 L.P.R.A. sec. 1731(a). Por lo tanto, del texto de la ley surge clara-mente que no procede eliminar del historial penal de un ciudadano la convicción de éste por delitos que implican depravación moral. En Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 D.P.R. 820, 830 (1989), establecimos claramente que, bajo la Ley Núm. 108, supra, “[a]parte del requisito del trans-curso de tiempo y la demostración de buena reputación, las convicciones objeto de la solicitud no pueden haber impli-cado depravación moral”. (Enfasis en el original.)

Ahora bien, ¿es la tentativa de asesinato un delito que implica depravación moral? Veamos.

III

El término “depravación moral” es difícil de definir con precisión en sentido estrictamente jurídico. Ello se debe a que el término conlleva juicios morales o éticos. El término no está definido en las leyes que nos ocupan en el caso de autos ni en otras leyes en las que también se utiliza dicha expresión. Ello no obstante, en Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966), dijimos lo siguiente en torno a la depravación moral:

En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sen-tido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias.
El Diccionario de la Lengua Española, en su decimaoctava edición, nos dice que la voz “Depravar”, significa viciar, adulte-rar, corromper, y que “Depravadamente”, significa malvada-mente, con malicia suma.
El Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 8va. ed. Salvat, Barcelona, define Depravación así: “(de depravarse, viciar). Deterioración, cambio en peor sentido, perversión, espe-cialmente en las sensaciones.” (Énfasis suplido.)

Por su parte, los tribunales federales y estatales de Es-tados Unidos han definido la depravación o torpeza moral {moral turpitude) así:

“An act of baseness, vileness, or depravity in the private and social duties which a man owes to his fellow men, or to society in general, contrary to the accepted and customary rule of right and duty between man and man.” United States v. Cornett, 484 F.2d 1365, 1368-1369 (6to Cir. 1973). Véanse: United States v. Reimer, 32 F. Supp. 797, 798 (S.D. N.Y. 1940); In re Hatch, 73 P.2d 885, 10 Cal.2d 147 (Cal. 1937).

Al igual que en Puerto Rico, existen varios estatutos en Estados Unidos que utilizan el término “depravación” o “torpeza moral”. Entre ellos, se encuentra legislación que reglamenta la exclusión o deportación de inmigrantes ile-gales, el desaforo de abogados, la revocación de licencias de médicos y la impugnación de la credibilidad de testigos. 1 LaFave and Scott, Substantive Criminal Law Sec. 1.6, págs. 48-50 (1986). Nota, Crimes Involving Moral Turpitude, 43 Harv. L. Rev. 117 (1929).

El enfoque tradicional utilizado en Estados Uni-dos para hacer la determinación en cuanto a si mi delito implica depravación moral es el de la “naturaleza inherente” del delito en específico. Este enfoque acarrea la presunción implícita de que algunos delitos, como el asesinato, implican en su esencia depravación o torpeza moral. La presencia de la intención criminal como elemento esencial del delito es frecuentemente considerado como un factor indicativo de depravación moral.

A modo de ejemplo, bajo la Ley Federal de Inmigración, Immigration and Nationality Act de 1952 (8 U.S.C. sec. 1251 et seq.), según enmendada, se ordena la deportación o exclusión de inmigrantes que hayan cometido algún delito que implique depravación o torpeza moral (crime involving moral turpitude). Al aprobar la ley, el Congreso de Estados Unidos “ ‘no entendió conveniente expresar qué significado le atribuía a la frase “crime involving moral turpitude’ ” .... El historial legislativo no deja dudas en cuanto a que el Congreso dejó el término ‘crime involving moral turpitude’ a futura interpretación administrativa y judicial”. Cabral v. I.N.S., 15 F.3d 193, 195 (1er Cir. 1994), resuelto el 31 de enero de 1994. En Jordan v. De George, 341 U.S. 223 (1951), el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad del uso de la frase crime involving moral turpitude en la Ley de Inmigración de 1917, legislación precursora de la vigente ley de inmigración federal. “The term ‘moral turpitude’ has deep roots in the law.” Jordan v. De George, supra, pág. 227.

Los tribunales en Estados Unidos han resuelto que en-tre los delitos que implican depravación moral se encuen-tran tanto el asesinato como la tentativa de asesinato. “That an assault with intent to murder involves moral turpitude requires no comment.” Clark v. Orabona, 59 F.2d 187, 188 (1er Cir. 1932).

Asimismo, se ha sostenido que la tentativa de cometer un delito que implica depravación o torpeza moral también constituye un delito de depravación moral. “An attempt involves specific intent to do the substantive crime ... and, if doing the latter discloses moral turpitude, so also does the attempt, for it is in the intent that moral turpitude inheres.” United States v. Day, 54 F.2d 336, 337 (2do Cir. 1931).

En Puerto Rico, conforme a nuestro Código Penal, comete el delito de asesinato aquel que le da muerte a un ser humano con malicia premeditada. Art. 82 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4001. Pueblo v. Robles Gonzá- lez, 132 D.P.R. 554 (1993); Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545 (1980). El asesinato es un delito que, por su defini-ción y naturaleza, conlleva un acto perverso, malintencio-nado y contrario a los valores éticos y morales de nuestra sociedad. Denota un estado o condición en el actor, com-puesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud, como resultado de lo cual éste ha de-jado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana.

A su vez, conforme al Art. 26 de nuestro Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3121, y al Art. 82 del Código Penal, supra, comete el delito de tentativa de asesinato aquel que “ ‘realiza acciones o incurre en omisiones inequívocamente dirigidas a’ causar la muerte, con malicia premeditada, de un ser humano”. Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 440 (1989). Véase Pueblo v. Montoya Montoya, 95 D.P.R. 703 (1968). En la tentativa de asesinato, la muerte no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del actor.

En vista de que la intención y el objetivo del actor, así como la naturaleza o esencia de la acción u omisión son las mismas, tanto en el caso en que se intenta la comisión de un delito como en el caso en que se consuma totalmente ese delito —debiéndose la diferencia entre uno y otro caso a circunstancias ajenas a la voluntad del actor— es inescapable la conclusión de que la tentativa de cometer un delito que conlleva depravación moral constituye, a su vez, un delito que implica depravación moral.

Expuesto el trasfondo normativo aplicable, resolvemos que actuó acertadamente el Superintendente de la Policía de Puerto Rico al descartar la resolución dictada por la Sala de Manatí del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, mediante la cual se ordenó la eliminación del expediente penal del recurrido Luis Rivera Pagán (sus dos (2) convic-ciones por los delitos de tentativa de asesinato), cuando denegó la solicitud de éste para tener y poseer un arma de fuego por razón de la prohibición contenida en el Art. 17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

Por los fundamentos expresados, se dictará sentencia que revoque la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Utuado, y que sostenga la denegación del señor Superintendente de la Policía de conceder al recurrido Luis Rivera Pagán una licencia para tener y poseer un arma de fuego.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López emitió una opinión disidente.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Una lectura objetiva de la Opinión mayoritaria emitida en el presente caso demuestra que la conclusión a la que llega la Mayoría está predicada en dos (2) fundamentos, a saber: que el Art. 17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 427, establece que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico no puede concederle una licencia para tener y poseer un arma de fuego a una persona que haya sido convicta de la comisión, o tentativa, de los delitos que en el mismo se enumeran, y, en segundo término, que el delito de tentativa de asesinato es un delito que implica depravación moral, razón por la cual, un tribunal no tiene facultad —al amparo de lo dispuesto por la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, conocida como Ley sobre Elimina-ción de Convicciones de Delitos Menos Graves del Récord Penalpara eliminar del récord penal de una persona una convicción por el delito de tentativa de asesinato.

Independientemente de la corrección o no de dichos fun-damentos, nos vemos impedidos de suscribir la Opinión mayoritaria emitida. Veamos por qué.

H

La Ley de Armas de Puerto Rico, no hay duda, le concede una gran discreción al Superintendente de la Policía de Puerto Rico en lo relativo a la concesión y expedición de licencias para tener y poseer armas de fuego. Evidencia fehaciente de ello la constituyen las disposiciones del Art. 17 de la referida Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 427, y del Art. 18 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 428; las cuales, en lo pertinente, establecen que:

See. 427. Fundamentos para rehusar expedición de licencia
El Superintendente de la Policía .de Puerto Rico no expedirá licencia para tener y poseer un arma de fuego a persona alguna que haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquiera de los siguientes delitos o de tentativa para cometer los mismos: asesinato en cualquier grado, homicidio, secuestro, violación, mutilación, tentativa de cualquier delito grave, agresión agra-vada, cuando este delito se haya realizado con un arma cor-tante, punzante o de fuego, robo, escalamiento, apropiación ile-gal, apropiación ilegal agravada, incendio, incendio agravado, incesto, o infracción a la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1948, según ha sido enmendada o infracción a las sees. 1247 a 1257 del Título 33, o infracción a la see. 4521 del Título 33, ni a ninguna persona que sea un desequilibrado mental, un ebrio habitual o que sea adicto a uso de narcóticos o drogas, ni a ninguna persona que haya sido convicta por violación a las dis-posiciones de este Capítulo. (Enfasis suplido.)
See. 428. Cualidades del solicitante; conducta, huellas digita-les
El Superintendente de la Policía de Puerto Rico no expedirá licencia para tener y poseer un arma de fuego a menos que dicho funcionario esté convencido de que el solicitante es una persona que ha cumplido veintiún (21) años, de conducta inta-chable, de buena reputación, que sus huellas digitales sean to-madas y constatadas con los archivos de la Policía, que conoce el manejo del arma por haber tomado un curso de entrena-miento debidamente aprobado por el Superintendente y a menos que ajuicio de dicho funcionario no exista ningún motivo para denegar tal solicitud. El requisito de edad mínima aquí provisto no se entenderá que aplica, limita o afecta la portación y uso de armas de fuego por agentes del orden público. El Comité Inte-ragencial creado por la sec. 453a de este título aprobará regla-mentación para autorizar a instructores, clubes u organizacio-nes que posean licencias para dedicarse al deporte del tiro al blanco y que interesen ofrecer cursos de entrenamientos en el uso y manejo de armas de fuego, a fin de que estos clubes, organizaciones o instructores puedan poner a la disposición de los asistentes a tales cursos armas de fuego similares a las que éstos interesen adquirir o las que posean legalmente. (Enfasis suplido.)

Ahora bien, una vez el Superintendente ejercita esa dis-creción, denegando una solicitud de licencia, no puede pa-sarse por alto las disposiciones del inciso (d) del Art. 19 de la referida Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 429(d), el cual establece que:

(d) Cuando el Superintendente de la Policía de Puerto Rico denegare a una persona una licencia para tener y poseer un arma de fuego bajo las disposiciones de este Capítulo, o cuando dicho funcionario cancelare una licencia bajo las disposiciones del inciso (c) de esta sección, la persona afectada podrá compa-recer ante la sala del Tribunal Superior del lugar en que radi-care su residencia y formular de nuevo su solicitud. El tribunal notificará al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, quien podrá comparecer a sostener su negativa, y resolverá con la intervención del fiscal. El Tribunal Superior estará autori-zado para requerir las pruebas y ordenar las investigaciones que considerase necesarias y convenientes, y su decisión será final y firme. (Énfasis suplido.)

De una simple lectura de la antes transcrita disposición legal resulta meridianamente claro que el legislador al pro-mulgar la misma estableció, en lugar de un procedimiento de revisión administrativa, un juicio de novo en el cual las partes tienen derecho a presentar toda la evidencia que es-timen pertinente, inclusive prueba que no fue incluida a ni-vel administrativo, en apoyo de sus respectivas posiciones; evidencia a base de la cual el tribunal de instancia llegará a su propia determinación. Muñoz, Torres v. Superintendente Policía, 125 D.P.R. 603 (1990).

Ello resulta ser singularmente importante por cuanto al no tratarse propiamente de un procedimiento de revisión administrativa, no entra enjuego la norma jurisprudencial a los efectos de que los tribunales de instancia, al revisar decisiones administrativas, deben de actuar con gran res-peto y deferencia respecto a la interpretación que de un estatuto realice el organismo administrativo encargado de velar por su cumplimiento; ello, naturalmente, por razón del conocimiento especializado (expertise) que sobre la ma-teria en controversia poseen dichos organismos administrativos. A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 821 (1986); M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984).

Esto es, no tratándose de un procedimiento de revisión administrativo, los procedimientos que se llevan a cabo en esta clase de situaciones ante la Policía de Puerto Rico, y la decisión que al respecto emite el Superintendente de dicho cuerpo policíaco, no tienen a su favor la presunción de re-gularidad y corrección que, de ordinario, cobija a dichas decisiones administrativas; presunción que obliga a la parte que las impugna a producir suficiente evidencia para derrotarla. Cf. M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 331 (1987); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). Es por ello que al revisar las sentencias que se emiten por los tribunales de instancia en esta clase de casos estamos ante la situación normal y corriente de la revisión, por parte de este Tribunal, de un decreto judicial emitido por un tribunal en un caso civil ordinario, decreto que dicho foro emite a base del criterio de la preponderancia de la prueba.

A esos efectos conviene recordar que, aun cuando el ar-bitrio del juzgador de hechos no tiene credenciales de in-munidad frente a la función revisora de este Tribunal, Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978), “no somos dados a intervenir con frecuencia con las deter-minaciones de hecho que hace un tribunal de instancia y a sustituir nuestro criterio por el del juzgador ante quien declararon los testigos y quien tuvo la oportunidad de ver-los declarar ...”. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 545 (1984).

En resumen, al igual que en cualquier otro caso civil ordinario, en esta clase de situaciones no intervendremos con las sentencias que emitan los tribunales de instancia en ausencia de indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto de parte del foro sentenciador, o, a menos que nos convenzamos, luego de un análisis sereno y desa-pasionado, de que las determinaciones de hechos realiza-das por el tribunal de instancia no representan el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evi-dencia que desfilara ante dicho foro judicial. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982); Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977); Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961).

I — I hH

Aclarada la naturaleza del procedimiento judicial que la citada Ley de Armas de Puerto Rico le brinda a aquel ciu-dadano a quien le es denegada la concesión de una licencia para tener y poseer un arma de fuego por el Superinten-dente de la Policía, o cuando dicho funcionario cancela una licencia de posesión existente, pasamos a considerar los hechos específicos del caso ante nuestra consideración.

No está en controversia el hecho de que el demandante recurrido Rivera Pagán fue convicto, hace más de veinti-cinco (25) años, de dos (2) delitos de ataque para cometer asesinato y de infringir los Arts. 4, 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 414, 416 y 418. Ello, de ordinario, lo inhabilitaría para ser acreedor a una licencia para tener y poseer un arma de fuego.

Ahora bien, tampoco está en controversia el hecho de que el recurrido Rivera Pagán, antes de solicitar la licencia de posesión, acudió ante la Sala de Manatí del Tribunal de Distrito de Puerto Rico —al amparo de las disposiciones de la antes citada Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968— en solicitud de la eliminación de dichas convicciones de su ré-cord penal, para lo cual provee la citada Ley Núm. 108 (34 L.P.R.A. see. 1731 et seq.).

Resulta necesario enfatizar el hecho de que el procedi-miento que a esos efectos establece la citada Ley Núm. 108 —en relación con los delitos graves— es uno contencioso y/o, cuando menos, uno en que tiene que ser notificado no sólo el Ministerio Fiscal sino que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico y, aún más importante y significa-tivo, en que el tribunal viene en la obligación de celebrar vista, en la cual “será obligatoria la comparecencia de los abogados de la Policía de Puerto Rico o del fiscal de distrito correspondiente”; comparecencia que “podrá ser personal-mente o por escrito”. 34 L.P.R.A. see. 1732.

De manera pues que la resolución, o sentencia, que emi-tiera el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de Ma-natí, ordenando la eliminación de las antes enumeradas convicciones del récord penal del recurrido Rivera Pagán fue una hecha con la aquiescencia del Superintendente de la Policía y/o dicho funcionario consintió la misma al no revisarla. De cualquier manera, dicha resolución y/o sen-tencia es una final y firme que, respecto al recurrido Rivera Pagán, obliga al Superintendente de la Policía y ál foro judicial.

¿iCuál es la consecuencia jurídica de tal determinación judicial? Ello lo resolvimos en Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 D.P.R. 820 (1989), y en Muñoz, Torres v. Superintendente Policía, ante. En el primero de dichos casos —Pueblo v. Ortiz Martínez, ante, págs. 831-832— expresamos, en lo pertinente, que:

Aclarado el ámbito de la Ley Núm. 108, supra, expongamos sus efectos. El dictamen del Tribunal de Distrito ordenará al Superintendente de la Policía y al custodio de los récord crimi-nales de dicho Cuerpo la eliminación de las convicciones del récord penal interesadas. De igual forma, deberá dirigirse al Secretario del tribunal o a los tribunales en que se originaron.
A partir de ese mandato, las convicciones serán eliminadas de todo registro y de toda inscripción, constancia o referencia que exista bajo la custodia de los funcionarios antes indicados, quedando prohibido aludirlas o certificarlas directa o indirectamente. De ese modo, logra plena virtualidad la filosofía consagrada en la ley —congruente con un enfoque moderno de rehabilitación— de que el peticionario nunca fue acusado ni convicto del delito. Ciertamente, tanto el procedimiento judicial como el trámite administrativo establecidos en la ley vienen a llenar una laguna y a remediar una situación de injusticia que pesaba sobre aquellos ciudadanos que años atrás incurrieron en delitos, pero que después han mantenido' una conducta ejemplar en nuestra sociedad. Como consecuencia de ese trá-mite, los tribunales no pueden tomar en consideración las con-vicciones así borradas. No puede darse la anomalía de que mientras de un lado el Superintendente de la Policía certifica negativamente, por otro lado el tribunal acuda a sus archivos para resucitar esas convicciones.
Resolvemos que, en su verdadero alcance, el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, supra, no priva a una persona de sus beneficios si bajo los cauces legales disponibles ha logrado eli-minar su convicción de delito grave y posee un Certificado Ne-gativo de Antecedentes Penales legítimamente expedido por el Superintendente de la Policía. Después de todo, los efectos de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974 reguladora de los Certifi-cados de Antecedentes Penales archivados en la Policía —que únicamente puede cubrir sentencias condenátorias— van más allá del ámbito civil. Carecería de propósito que el legislador autorizara su eliminación y su certificación negativa si todavía pudieran utilizarse por los tribunales. (Enfasis suplido y en el original.)

En Muñoz, Torres v. Superintendente Policía, ante, re-solvimos que una persona que había sido convicta de un delito grave, pero que había “borrado” dicha convicción al amparo de lo dispuesto por la citada Ley Núm. 108, podía posteriormente solicitar, y ser el beneficiario, de una licen-cia para tener y poseer un arma de fuego y/o una licencia de tiro al blanco. Al así resolver, expresamos, en lo perti-nente, que:

Resolvemos, a tenor con la política pública establecida me-diante la Ley 108, supra, y reconocida por este Tribunal en Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, que los Arts. 5 de la Ley de Tiro al Blanco, supra, y 17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, no privan a una persona de sus beneficios si legítima-mente ha logrado eliminar de su récord la convicción por los delitos allí establecidos. Dicho de otra manera, el Superinten-dente de la Policía tiene discreción en estos casos para expedir la licencia solicitada. En aquellos casos en que se deniegue la solicitud, los ciudadanos afectados podrán comparecer ante la Sala del Tribunal Superior correspondiente y formular de nuevo su solicitud. Art. 19(d) de la Ley de Armas de Puerto Rico, se-gún enmendado, 25 L.P.R.A. 429, en cuyo proceso se tomará la decisión a base de la prueba presentada. Ayala Alicea v. E.L.A., 118 D.P.R. 507 (1987); Ex Parte Negrón Wells, 105 D.P.R. 406 (1976). (Enfasis suplido.) Muñoz, Torres v. Superintendente Policía, ante, págs. 609-610.

En resumen, este Tribunal ha resuelto que una convic-ción por delito grave, que ha sido eliminada del récord me-diante el procedimiento que establece la citada Ley Núm. 108, no constituye impedimento, ni puede ser utilizada como fundamento, para la denegación de una sentencia suspendida por el foro judicial ni para la concesión o dene-gación de una licencia para tener y poseer un arma de fuego por el Superintendente de la Policía.

b — i

No cuestionamos la corrección de la posición a los efec-tos de que, bajo las disposiciones del citado Art. 17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, una persona que haya sido convicta de un delito de tentativa de asesinato no tiene derecho a que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico le expida una licencia para tener y poseer un arma de fuego. Esa, llana y sencillamente, es la ley.

Tampoco cuestionamos la corrección de la conclusión a la que llega la Mayoría a los efectos de que el delito de tentativa de asesinato es uno que implica depravación moral y de que, en consecuencia, la actuación de la Sala de Manatí del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, al elimi-narle las dos (2) convicciones por dicho delito al recurrido Rivera Pagán, fue una improcedente en derecho. Ello no obstante, dicha errónea decisión no fue revisada por el Su-perintendente de la Policía y/o por el Estado; razón por la cual dicha determinación judicial es una final y firme que obliga al referido Superintendente y al Estado. De hecho, dichas convicciones fueron efectivamente eliminadas del ré-cord penal del recurrido Rivera Pagán; la consecuencia de cuya acción —conforme se resolvió en los casos de Pueblo v. Ortiz Martínez, ante, y Muñoz, Torres v. Superintendente Policía, ante— es la de que la persona “nunca fue acusada ni convicta del delito” que se elimina y “quedando prohibi-do” el que tan siquiera se aluda a la referida convicción, mucho menos de que se utilice dicha convicción para dene-garle una sentencia suspendida o una licencia para tener y poseer un arma de fuego.

Siendo ello así, ¿puede este Tribunal, en el presente caso, utilizar el fundamento de que el recurrido Rivera Pagán fue convicto, hace más de veinticinco (25) años, de un delito grave que conlleva depravación moral cuando el foro judicial eliminó de su récord penal la referida convicción bajo el procedimiento establecido en la referida Ley Núm. 108?

La contestación en la negativa —y, por ende, lo erróneo de la decisión mayoritaria hoy emitida en el presente ca-so— “resalta a la vista y hiere la retina”. In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982). La contradicción, o la inconsistencia, en que incurre el Tribunal —al compararse la decisión hoy emitida con las emitidas en los casos de Pueblo v. Ortiz Martínez, ante, y Muñoz, Torres v. Superintendente Policía, ante— resulta ser verdaderamente incomprensible.

Por último, estando impedido este Tribunal —y cual-quier otro foro— de aludir y/o utilizar las referidas convic-ciones como fundamento en la revisión de la decisión emi-tida por el tribunal de instancia en el presente caso, no existe fundamento alguno que nos permita intervenir y/o revocar la referida decisión. Es por ello que disentimos.

       Véase Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684, 689 (1982), donde dijimos:
      “Es sumamente importante que mantengamos presente el hecho de que en nuestra jurisdicción la posesión y/o portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un privilegio; en otras palabras, es una ‘actividad’ controlada o restringida por el Estado. Sobre este punto no hay que abundar mucho; ello surge con meridiana cla-ridad de una simple lectura de las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de junio de 1951, según enmendada.” (Énfasis suprimido.)

       En esta solicitud hizo constar bajo juramento que nunca había sido convicto por ninguno de los delitos mencionados en el Art. 17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 427. Anteriormente había suministrado otra declaración jurada ante notario público en la que hizo constar que nunca había sido convicto por delito alguno ni que hubiese tenido problema alguno con la ley.

       El Art. 26 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3121, reunió en el término “tentativa” las disposiciones del código anterior referentes al “ataque para”, “delito frustrado” y “tentativa”. Por ello, en esta opinión nos referimos a “tentativa de asesinato” en lugar de “ataque para cometer asesinato”.

       El Art. 17 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, supra, fue enmendado por la Ley Núm. 69 de 27 de mayo de 1980. El proyecto del Senado que originó esta enmienda, P. del S. 1383 de 27 de mayo de 1980, eliminó del citado artículo la frase “ataque con intención de cometer asesinato u homicidio, acometimiento y agresión grave”. En su lugar la enmendó para que leyera “tentativa de cualquier delito grave, agresión agravada ...”. Dicha enmienda va dirigida a armonizar la denominación de los delitos enumerados con la denominación y tipificación que tienen en el Código Penal de 1974.

       El Art. 1 de dicho estatuto ■ — Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968— disponía del modo siguiente:
      “Toda persona que haya sido convicta de delito menos grave podrá solicitar y obtener del Tribunal de Distrito de Puerto Rico una orden para que dichas convic-ciones sean eliminadas de su récord penal siempre que en el caso concurran las siguientes circunstancias:
      “(a) Que los delitos por los cuales fue convicto no impliquen depravación moral.

      “(b) Que hayan transcurrido diez (10) años desde la última convicción y durante ese tiempo no haya cometido delito alguno.
      “(c) Que tenga buena reputación moral en la comunidad.” (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. see. 1731 (ed. 1971).

       A modo de ejemplo, en Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 D.P.R. 820, 830 esc. 3 (1989), señalamos que el término “depravación moral” se encuentra con ciertas va-riaciones “en la Constitución de Puerto Rico como causa de residencia, Art. Ill, Sec. 21, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; como conducta que crea vacante de un funciona-rio público, 3 L.P.R.A. see. 556; como motivo de desaforo de un abogado, 4 L.P.R.A. see. 735, y como razón de inhabilitar a un ciudadano para servir como jurado, Regla 96(d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Art. 40 de la Ley Núm. 432 de 15 de mayo de 1950 —derogada por la vigente Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico— proveía como motivo de destitución de un juez el incurrir en ‘cualquier delito que implique depravación moral ...’. 1950 Leyes de Puerto Rico 1147.”

       Véanse, también: In re Ríos Ruiz, 129 D.P.R. 666 (1991); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); In re Boscio Monitor, 116 D.P.R. 692 (1985); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481 (1983), y el voto concu-rrente y explicativo del Juez Asociado Señor Negrón García en Tribunal Examinador de Médicos v. Flores, 129 D.P.R. 687 (1991). En ocasiones, en lugar del término “depravación moral”, se usan los vocablos “torpeza moral” o “deformación moral”.

       Dicha definición también aparece en H.C. Black, Black’s Law Dictionary, 6ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1990. Se ha definido también la deprava-ción o torpeza moral como “[a]ny conduct which is contrary to principles of honesty, justice, or good morals. The term is normally applied to a type of conduct which is due particular opprobium. Commission of a crime which involves moral turpitude is generally considered more serious than other crimes.” K.R. Redden y E.L. Veron, Modern Legal Glossary, Virginia, The Michie Co., 1980, pág.-348.

       En ocasiones, los tribunales consideran también si el delito es de los llama-dos malum, in se o malum prohibitum. Son malum in se las actuaciones consideradas como ilegales por su propia naturaleza. Atenían contra la moral por su esencia misma, irrespectivamente de que sean punibles bajo el derecho positivo. A su vez, son malum prohibitum aquellas actuaciones que se consideran ilegales por el hecho de que son prohibidas por el Estado y no porque sean inherentemente inmorales. La regla general es que los delitos que implican depravación moral pertenecen a la categoría de los delitos malum in se. Sobre el origen y desarrollo de los términos malum in se y malum prohibitum, véanse: R.M. Perkins y R.N. Boyce, Criminal Law, Nueva York, Ed. Foundation Press, 1982, págs. 880-896; R. Moreland, The Law of Homicide, Ind., Ed. Bobbs-Merrill Company, 1952, pág. 187; W. Holdsworth, A History of English Law, London, Ed. Methuen & Co. Ltd. Sweet and Maxwell, 1937, Vol. VI, págs. 218-219; W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Oxford, Clarendon Press, 1966, pág. 57. Se cree que la distinción tuvo su génesis en el antiguo derecho canónico bajo el cual un cura que cometiese un acto malum in se era expulsado de la orden religiosa, mas no así uno que incurriese en un acto malum prohibitum.

       Ya desde el 1891 existía en Estados Unidos una legislación federal que ordenaba la exclusión de “persons who have been convicted of a felony or other infamous crime or misdemeanor involving moral turpitude Ley de 3 de marzo de 1891, 26 Stat. 1084.

       Véanse, además: Cabral v. I.N.S., 15 F.3d 193 (1er Cir. 1994); United States v. Cornett, 484 F.2d 1365 (6to Cir. 1973); United States v. Holton, 227 F.2d 886 (7mo Cir. 1956); United States v. Sahli, 216 F.2d 33 (7mo Cir. 1954); Del Guercio v. Gabot, 161 F.2d 559 (9no Cir. 1947); Nagle v. Lim Foon, 48 F.2d 51 (9no Cir. 1931); Pillisz v. Smith, 46 F.2d 769 (7mo Cir. 1931); Tillinghast v. Edmead, 31 F.2d 81 (1er Cir. 1929); United States v. Smith, 17 F.2d 534 (2do Cir. 1927); Howes v. Tozer, 3 F.2d 849 (1er Cir. 1925).

       El Art. 7(19) de nuestro Código Penal define el vocablo “malicia” de la si-guiente forma: “Malicia o maliciosamente. — Denotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo.” 33 L.P.R.A. see. 3022(19). A su vez, el Art. 15 explica que: “El delito es intencional: (a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o (b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión.” 33 L.P.R.A. see. 3062. En cuanto a la “malicia premeditada”, hemos dicho que tal concepto “implica la ausencia de justa causa o excusa al ocasionar la muerte e implica además la existencia de la intención de ocasionar la muerte de un semejante. Esa intención se puede manifestar a través de uno de los siguientes elementos, cualquiera de los cuales es suficiente para determinar la existencia de malicia premeditada, a saber, (a) la intención específica de matar, considerada como equivalente al deseo y propósito directo, explícito y definido de matar, o sea, preci-samente formulado con el objetivo directo de matar ... o, (í>) la intención de realizar un acto o de producir un grave daño corporal cuya consecuencia probable sea la muerte de una persona. ... Este criterio se refiere a la peligrosidad envuelta en la actuación de un acusado, en el sentido de creación de un riesgo sustancial de muerte”. (Citas y escolio omitidos.) Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 921-922 (1953).

       Dictada el 14 de febrero de 1986 en el Caso Núm. 86-228.

       34 L.P.R.A. sec. 1731 et seq.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    Vivian Morales Pérez y otros, demandantes y recurrentes, v. Clínica Femenina de Puerto Rico y Dr. Alfredo Colón Martínez, demandados y recurridos.

      Número: RE-88-164

      Resuelto: 29 de abril de 1994

      Raúl Barrera Morales, abogado de la recurrente; Gonzalo J. Barreras Varona, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

La recurrente Vivian Morales Pérez, luego de tener su segundo hijo, decidió esterilizarse. Para ello acudió a la Clínica Femenina de Puerto Rico luego de haber visto en el periódico un anuncio que ofrecía un método eficaz y seguro de esterilización.

La señora Morales acudió a esta clínica el 20 de julio de 1983 y se sometió al método de esterilización conocido como laparoscopia. La recurrente alega que el médico, quien le explicó este procedimiento quirúrgico y la esteri-lizó, fue el recurrido Dr. Alfredo Colón Martínez. A pesar del procedimiento al que fue sometida la recurrente, poste-riormente su médico privado encontró que estaba embara-zada, y el 18 de octubre de 1984 tuvo un tercer hijo sin mayores complicaciones para la madre o el bebé.

Como consecuencia de su esterilización frustrada, la se-ñora Morales presentó una demanda por daños y perjuicios por alegada mala práctica de la medicina contra la Clínica Femenina de Puerto Rico y el doctor Colón Martínez. La reclamación estaba predicada en los sufrimientos físicos y angustias mentales de la señora Morales como consecuen-cia de su embarazo y en su temor por sufrir complicaciones con el tercer parto por tener un tipo de sangre RH negativo y porque su segundo parto había sido difícil. Para la fecha de la demanda, el tercer hijo aún no había nacido.

La Clínica Femenina de Puerto Rico contestó la de-manda, negando su responsabilidad y alegando que no de-bía responder por los actos imputados contra el médico demandado.

Por su parte, el doctor Colón Martínez negó toda respon-sabilidad por la mala práctica alegada y alegó no haber sido el médico que intervino con la recurrente en la opera-ción a que ésta fue sometida en la Clínica Femenina de Puerto Rico.

Mediante una moción presentada antes del juicio, la parte demandante varió su teoría en cuanto a que su causa de acción se fundamentaba en mala práctica de la medi-cina y la sustituyó por una de incumplimiento de contrato. Alegó que los codemandados le habían garantizado a la señora Morales la eficacia de la esterilización y que deben responder por los daños causados.

Según consta en la sentencia del tribunal a quo, los abo-gados de la clínica codemandada renunciaron y nadie más compareció por dicha parte ante el tribunal de instancia.

La señora Morales presentó el testimonio de los Dres. Ramón L. Ramos y Carlos F. Ortiz, ambos en su calidad de testigos de ocurrencia debido a que atendieron a la señora Morales en su parto antes y en su parto deápués de la laparoscopia a la cual fue sometida.

En lo pertinente al recurso ante nos, el tribunal de ins-tancia hizo las determinaciones de hecho siguientes: (1) La señora Morales reconoce que no firmó ningún contrato con otra parte que no fuera la Clínica Femenina de Puerto Rico. (2) A las preguntas directas que fue sometida en el contrainterrogatorio —durante el juicio— acerca de si re-conocía al doctor Colón Martínez, quien estaba en Sala, la señora Morales admitió que no podía decir que ese fuera el médico que le realizó la laparoscopia. (3) Ni el doctor Ramos ni el doctor Ortiz testificaron sobre si la laparoscopia —a la cual fue sometida la recurrente— había sido reali-zada correctamente o no. (4) La señora Morales no contrató al doctor Colón Martínez para ser sometida a una laparos-copia y tampoco fue sometida a tal procedimiento por dicho demandado. (5) El contrato se otorgó con la Clínica Feme-nina de Puerto Rico a quien se le hizo el pago y quien, a su vez, contrató a un médico para que realizara la laparosco-pia de la señora Morales.

El tribunal a quo desestimó la demanda al concluir que el Dr. Alfredo Colón Martínez no podía serle responsable a la señora Morales debido a que no se estableció la comisión de mala práctica de la medicina; no se probó que el doctor Colón Martínez o el médico que en realidad hubiera reali-zado la laparoscopia de la señora Morales hubiera contra-tado con ella, y no se probó que el doctor Colón Martínez le practicó la laparoscopia a la señora Morales. Inconforme con la determinación anterior, la señora Morales recurre ante nos para plantear, en síntesis, que el tribunal de ins-tancia incidió al declarar sin lugar , la demanda y concluir que el doctor Colón Martínez no fue quien contrató con ella para ser sometida a la laparoscopia ni que fue el doctor que le practicó dicha operación.

Luego de un análisis de la transcripción de evidencia, de la prueba documental y de los autos, concluimos que el tribunal de instancia no erró al aquilatar la prueba y des-estimar la demanda. Veamos.

HH l-H

Este Tribunal ha establecido reiteradamente que las ac-ciones por impericia profesional se rigen por el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, independientemente de que esté involucrado un contrato. Véanse: Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 445 (1984); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535, 543 (1962); Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819, 839 (1952). El promovente de una acción en daños y perjuicios, bajo dicho artículo, tiene que establecer la existencia de un daño real y positivo causado mediante culpa o negligencia y probar que hubo una relación o nexo causal entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1989, Vol. I, Cap. II, págs. 55-62.

Hemos sostenido además que, bajo nuestro derecho pro-batorio, la obligación de presentar evidencia recae princi-palmente sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia. Regla 10(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. “Meras alegaciones o teorías no constitu-yen prueba.” Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527, 531 (1981). Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 D.P.R. 270 (1988).

En cuanto a las reclamaciones de responsabilidad civil hacia hospitales y clínicas, hemos establecido que “[n]o de-berá exigirse en estos casos más calidad o quantum de prueba que el requerido en cualquier caso ordinario en que se reclame por daños y perjuicios causados por culpa o negligencia”. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521-522 (1980).

En Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637 (1989), resolvimos que procede una acción de daños por mala práctica de la medicina por la intervención quirúrgica infructuosa de es-terilización bajo determinadas circunstancias y de pro-barse la negligencia del demandado y la relación causal entre el daño causado y la negligencia. En el caso citado, que también giraba en torno a una laparoscopia, se demos-tró por medio de prueba pericial y documental que “el ani-llo de falopio izquierdo no estaba comprimiendo el tubo, sino debajo de éste —en los vasos meso-ováricos— por lo que no se impidió que pudiera ocurrir la fertilización. Del dibujo que hizo el ... [doctor perito], también admitido en evidencia, se puede ver claramente dónde fue que el doctor Plá colocó incorrectamente el anillo. Esta prueba demues-tra que el recurrente fue negligente al realizar la esterili-zación por ‘laparoscop[i]a’ ”. (Énfasis suplido.) Id., págs. 648-649.

A diferencia de la situación en el caso citado, un análisis cuidadoso de los autos nos convence de que no se probó la negligencia del demandado en el caso de marras.

En la vista en su fondo, el doctor Ortiz, quien atendió a la señora Morales en su tercer parto, testificó como testigo de ocurrencia y no como perito. Citamos ad verbatim del interrogatorio directo que le hizo al doctor Ortiz el licen-ciado Barrera Morales, abogado de la demandante recurrente.

LCDO. BARRERA MORALES:
P Doctor, le pregunto yo qué esterilización, si alguna, le prac-ticó usted a la parte demandante.
[DOCTOR ORTIZ: ]
R Perdón. No oí bien la pregunta.
P ¿Qué esterilización, si alguna, le practicó usted a doña Vivian Morales en ese parto?
R Bueno. En esa ..., se le hizo la ces[á]rea y se le practicó una salpingectomía bilateral, o sea, total bilateral. Qu[é] le quiero decir con eso, le removí los tubos a cada lado totalmente, las trompas de falopio, ¿verdad?, que es la palabra correcta.
P ¿Qué hallazgo usted, si alguno, encontró en dichas trom-pas?
R Bueno, en ese momento, ¿verdad?, se pudo observar como bien la paciente me había indicado, que ella había sido some-tida a una esterilización por unos anillitos que se llaman “ani-llos de falop” y la verdad es que no recuerdo ahora mismo, si en el derecho o en el izquierdo, que no lo recuerdo, estaban puestos los dos en los tubos, los dos anillitos. Lo único que en uno de los tubos estaba desplazado del conducto de la trompa. O sea, que uno estaba pinchando la trompa, haciendo su propósito y el otro estaba un poquito debajo del lúmino, de la luz del tubo.
P O sea, que uno de los anillos no estaba haciendo su propósito.
R En ese momento, no. En ese momento, no, porque así se lo mostré yo al esposo de ella. O sea, yo saqué los tubos y se los mostré al esposo de ella y en el reporte patológico eso también
P Si usted es tan amable, en el récord médico del hospital, mire a ver si encuentra ...
R En qué tubo, para yo especificarle. Sí, porque me ...
P Sí, por favor, para que esté eso claro, por favor.
R Sí, yo pongo en el reporte operatorio que en el tubo dere-cho, en la trompa de falopio derecha el anillo estaba en su sitio, en el tubo en sí. Y en el izquierdo, pues, estaba desplazado inferior al tubo donde había sido colocado, en el izquierdo.
P Y el hecho que estuviera desplazado, qué resultado tendría.
R El hecho de que estuviera desplazado, o sea, que no es-taba haciendo su propósito, pues, lo que ella tuvo, un embarazo, un embarazo. O sea, eso explica el por qué del embarazo.
P Usted diría que esa es la reacción directa de un embarazo el hecho de que el anillo se ha desplazado.
R Bueno, no estaba en su sitio donde se supone que esté, esa es la explicación.
P De otra manera, si ese anillo estaba en su sitio, ¿qué em-barazo, si alguno, podría tener la parte demanandante?
R Bueno, ¿qué embarazo, si alguno? Lo que pasa es que todas estas operaciones tienen su por ciento de error, ¿verdad?, y ella pudo no haber tenido un embarazo como el que tuvo, a término, pero pudo haber tenido un embarazo e[c]tópico, un embarazo en el tubo que no corriera todo el tubo y se implan-tara en el interior de la matriz y llegara a su término como ese llegó y esa es una de las fallas de esas operaciones. Pudo haber tenido un embarazo e[c]tópico. Un embarazo e[c]tópico es un embarazo fuera del interior de la matriz, en el tubo, por ejemplo.
P En el tubo.
R En el mismo tubo, sí. (Enfasis suplido.) T.E., págs. 31 a 33.

El tribunal de instancia determinó que ni el doctor Ortiz ni el doctor Ramos, ginecólogo y obstetra quien atendió a la señora Morales en su segundo parto, indicaron si la lapa-roscopia a que fue sometida la recurrente “estuvo bien o mal hecha, ni quién la hizo, ni cuándo, ni dónde, ni si su efectividad podría ser garantizada”. Apéndice II, pág. 6. No erró el tribunal a quo al hacer dicha determinación. La demandante recurrente no presentó testimonio pericial, testifical o documental alguno para probar la negligencia de quien la sometió a la operación de laparoscopia. A través de la prueba testifical, sí se señaló que los anillos de falopio fueron colocados correctamente, pero que al momento de ser examinados por el doctor Ortiz el anillo que estaba en el tubo de falopio izquierdo se había desplazado. Dicho se-ñalamiento, hecho por el doctor Ortiz en la vista a base de sus observaciones y de las anotaciones que hizo en el in-forme médico, no da base para sostener que hubo negligen-cia por parte del médico que operó a la señora Morales.

Al cumplir con nuestra función revisora en casos de impericia médica, nuestra decisión debe estar fundada en la prueba ver-tida en el juicio por los peritos y la prueba documental. En ausencia de prueba no es nuestra función establecer a este ni-vel apelativo los elementos requeridos por el Art. 1802 del Có-digo Civil[.] De lo contrario, cedemos a la tentación de sustituir el criterio de los peritos médicos por el nuestro, según un estu-dio apelativo de la literatura disponible. Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816, 821-822 (1987).

En casos como éste, en el cual se alega que una opera-ción de esterilización ha fallado, igual que en los casos or-dinarios de daños y perjuicios, el demandante tiene que probar por preponderancia de la evidencia que el daño ocu-rrido se debió —con mayores probabilidades— a la negli-gencia que el demandante imputa. No basta, pues, el solo hecho de que —luego de una esterilización— la mujer haya quedado encinta para que se establezca una mala práctica de la medicina. Después de todo, “[l]a negligencia del mé-dico, al igual que la de cualquier otra persona demandada al amparo del Art. 1802 del Código Civil[,] no se presume por el mero hecho de que el paciente haya sufrido un daño o que el tratamiento no haya tenido éxito”. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 650 (1988). Véase Brau del Toro, op. cit., pág. 394.

En ocasiones repetidas hemos sostenido que en ausen-cia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto nos abstendremos de intervenir con la apreciación que de la evidencia sometida hace el juzgador de hechos en el tribunal de instancia. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991); Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989), Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369, 375-376 (1987); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983); Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734 (1980); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 654 (1986). La apreciación de los hechos que se hace en el foro de origen merece gran respeto y deferencia, pues se tuvo allí la opor-tunidad de ver y oír a los testigos declarar y observar su comportamiento. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470 (1992); Pueblo v. Cabán Torres, supra; Pueblo v. Ríos Alvarez, 112 D.P.R. 92 (1982). Sus determinaciones de hecho no deben ser descartadas arbitrariamente ni ser sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base suficiente en la prueba presentada o re-sulten increíbles o imposibles. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra.

Debido al resultado al cual llegamos, en cuanto a que no se probó la negligencia de quien le practicase la laparosco-pia a la señora Morales, no es necesario que nos adentre-mos en la controversia en torno a la identificación del de-mandado Colón Martínez como el doctor que le practicó la operación a la recurrente. Valga señalar aquí que el doctor Colón Martínez ha negado, desde su contestación a la de-manda, haber sido quien intervino con la señora Morales y que la evidencia de la recurrente en cuanto a este aspecto resulta ser sumamente débil.

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sen-tencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el 29 de marzo de 1988.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Mediante preponderancia de la prueba, Vivian Morales Pérez demostró cabalmente negligencia en la esterilización fallida a la cual fue sometida en la Clínica Femenina de Puerto Rico.

HH

En Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637 (1989), la negli-gencia del médico quedó claramente establecida a través de la prueba sólida del testimonio del médico sobre el informe de la segunda esterilización, expositivo de que el anillo de falopio izquierdo no comprimía el tubo ni impidió la fertilización. El anillo se colocó incorrectamente.

En el caso de autos la prueba fue de esa misma calidad y valor. El Dr. Carlos E Ortiz, galeno que realizó la esteri-lización de Vivian, luego de su tercer alumbramiento, de-claró acerca de sus hallazgos durante dicho procedimiento. De manera no contradicha atestó que el anillo colocado en la trompa de falopio izquierda “estaba desplazado del con-ducto de la trompa” (T.E., pág. 32) y su efecto era “que no estaba haciendo su propósito ... eso explica el por qué del embarazo”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 33.

En ambos casos la conclusión es la misma: los embara-zos se debieron a que los anillos no cumplieron su función al no estar correctamente colocados.

Torres Ortiz v. Plá, supra, no es distinguible de este caso. El que en Torres Ortiz v. Plá, supra, se colocara el anillo en los vasos meso-ováricos, mientras que en éste se hubiera “desplazado” de la trompa de falopio, no hace dife-rencia; todo lo contrario, incontrovertidamente refleja la negligencia del médico al practicar la laparoscopia. No puede atribuirse este desplazamiento a las actuaciones de Vivian; sería absurdo, pues la colocación del anillo no es-tuvo bajo su control.

Demostrado que el embarazo se debió a que el anillo no cumplió su función al no estar colocado donde correspon-día, es evidente la negligencia médica.

p — H l — l

Aun así, el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Amneris Martínez de Cuevas, Juez), desestimó la de-manda contra el Dr. Alfredo Colón Martínez bajo el funda-mento de que no se demostró que realizó la esterilización frustrada. Incidió.

La prueba no controvertida revela que el médico que practicó esa laparoscopia se identificó ante Vivian como el Dr. Alfredo Colón Martínez; esa misma persona fue quien le explicó el procedimiento a que ella sería sometida. Ade-más, la prueba documental estableció que el doctor Colón Martínez fue quien facturó al plan médico por dicha intervención. No albergamos dudas de que, por preponde-rancia de la prueba, el doctor Colón Martínez fue quien la atendió. Le aplica la presunción sobre “[ijdentidad de persona, de la identidad de nombre”. Regla 16(25) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Véase Pueblo v. Corales Irizarry, 107 D.P.R. 481, 487 (1978).

Finalmente, advertimos que ante esta reclamación, su naturaleza y trasfondo situacional, el doctor Colón Martí-nez optó por no hacer uso del trámite de una demanda contra tercero —Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.Á. Ap. III— para traer al pleito como responsable a aquel que según él efectivamente hizo la laparoscopia; tampoco presentó prueba directa, en su turno, para rebatir la que le vinculaba. Simplemente sometió el caso con la prueba de Vivian; de nada puede ahora quejarse.

Revocaríamos la sentencia de la ilustrada sala de ins-tancia y devolveríamos el caso para la valoración de daños. Sólo así hacemos cumplida justicia.

       La esterilización por laparoscopia consiste en la introducción de un instru-mento conocido como laparoscopio en la cavidad abdominal. Se ilumina el interior del abdomen y se colocan unos anillos que comprimen los tubos de falopio para obstruir el paso de los óvulos.

       La demanda fue enmendada posteriormente para añadir como demandada a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente. Esta acción fue desesti-mada mediante sentencia parcial debido a que no existía una cubierta ni una póliza a favor de los demandados por éstos no haber hecho aportación alguna a la Administración.

       En el caso de autos, la parte demandada no presentó una moción de deses-timación contra la prueba (moción de non suit) luego de que la parte demandante terminara de desfilar su prueba en el juicio. Simplemente sometió el caso al terminar con su interrogatorio a la señora Morales y lo mismo hizo la parte demandante. Bajo estas circunstancias, al igual que bajo una moción de desestimación contra la prueba de acuerdo con la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el juez de instancia pudo aquilatar la prueba que tuvo ante sí; formular su apreciación de los hechos según la credibilidad que le haya merecido la prueba presentada, y dictar sentencia. Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416, 420-421 (1966). Véanse, además: Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R. 511, 520 (1985); Vda. de Zayas v. Pepsi Cola, 114 D.P.R. 772 (1983); Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 D.P.R. 120 (1971).

       La demandante recurrente no estaba imposibilitada de obtener una prueba directa o circunstancial para cumplir con su onus probandi. Del propio testimonio de la señora Morales surge que ella habló por teléfono con la recepcionista de la Clínica Femenina de Puerto Rico (T.E., pág. 43); vio y habló con la secretaria de la Clínica cuando acudió allí para la operación (id., pág. 46); acudió a la Clínica con su esposo (id.); empleados de la Clínica le hicieron pruebas de laboratorio en la propia Clínica (id., pág. 48); pasó a un salón de conferencias en la Clínica donde “había un grupo de por lo menos siete a diez señoras que iban a la misma operación” (énfasis suplido) id.; luego entró un doctor que, según la señora Morales, se identificó como “el doctor Alfredo Colón” y que les dio una charla sobre la operación a ella y a las señoras allí presentes (id., pág. 49); posteriormente, cuando una enfermera la despertó luego de la operación, la señora Morales notó que en el cuarto de operación “habían las otras pacientes esperando por pasar a operarse” (énfasis suplido) id., pág. 50.
      A pesar de que desde su contestación a la demanda el Dr. Alfredo Colón Martí-nez negó haber intervenido o participado en los procedimientos alegados en la de-manda, y aun cuando la señora Morales pudo haber utilizado a las personas arriba mencionadas como testigos de identificación o como fuentes de información, la de-mandante recurrente no presentó prueba testifical alguna para identificar al deman-dado recurrido. Más aún, a pesar de que transcurrieron más de tres (3) años desde que se presentó la demanda hasta que se celebró el juicio, y aun cuando la identifi-cación correcta del demandado era un punto neurálgico en este caso, la demandante recurrente nunca utilizó los métodos de descubrimiento de prueba que tuvo a su disposición para investigar e identificar quién en realidad le realizó la operación.
      La señora Morales presentó una fotocopia de un documento titulado “Exposición de la Reclamación Grupal de Salud” de 20 de julio de 1983. En dicho documento de facturación, Miguel Mojica Rodríguez, entonces esposo de la recurrente, reclama, a nombre de ella, a la compañía de seguros John Hancock por los servicios prestados en la Clínica Femenina de Puerto Rico el 20 de julio de 1983. Aun cuando aparece en el documento referido en letra de molde el nombre de “Alfredo Colón Martínez”, en el apartado titulado “firma del médico” aparece una firma casi ilegible que no parece ■ ser la del doctor Colón Martínez. Por haber sido este aspecto controvertido desde el inicio del caso, la demandante pudo haber probado que la firma del documento en efecto es la firma del demandado o que el número de licencia que aparece escrito correspondía al demandado. No lo hizo. La función de identificar correctamente al demandado como el causante del daño recaía en la demandante. Después de todo, no le correspondía al doctor Colón Martínez probar que él no había sido el médico que realizó la operación. “Es necesario que del hecho culposo o negligente sea responsa-ble, por actos directos o mediatos, el actor a quien se imputa.” Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 705 (1982). Véase Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852 (1980).

       En cuanto a la Clínica Femenina de Puerto Rico, surge de la sentencia del tribunal de instancia que éste fue informado de que la Clínica “se había sometido a la protección de la Corte de Quiebras y había cesado operaciones sin que se supiera nada más de dicha institución, sus dueños o sus oficiales”. En vista de ello no dispuso de la reclamación en contra de dicha institución. En su solicitud de revisión la de-mandante recurrente no cuestiona dicha determinación. No podía actuar de otra forma el foro de instancia. La Sec. 362(a) de la Ley de Quiebras, 11 U.S.C. sec. 362(a), establece la paralización automática (automatic stay) de todo procedimiento o actuación contra una persona o entidad que presenta una solicitud de quiebra ante el Tribunal de Quiebras. La paralización automática bajo la Ley de Quiebras tiene un efecto inmediato y amplio, y es aplicable, inter alia, a cualquier entidad contra el comienzo o la continuación de una acción civil contra el deudor y contra la ejecución de una sentencia en su contra que haya sido obtenida antes del comienzo del caso. Aunque la Sec. 362(b) de la Ley de Quiebras, 11 U.S.C. sec. 362(b), establece ciertas excepciones a la paralización automática, la presente reclamación no está compren-dida entre ellas. “Debe destacarse que no se trata de una orden de paralización emitida por el Tribunal de Quiebras y que no se requiere notificación alguna al respecto para que la paralización surta efecto. Basta con la mera presentación de la solicitud de quiebra ante el Tribunal de Quiebras. Tan pronto esto ocurre, en lo que atañe a nuestros tribunales, éstos pierden toda jurisdicción. Ese es precisamente el sentido de la calidad de automática que caracteriza a esta paralización.” (Enfasis en el original.) La paralización automática de la Ley de Quiebras, Instituto de Estudios Judiciales, 1993, pág. 11. Véanse, además: Highland Realty, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 306 (1975); 3 Collier on Bankruptcy Secs. 362-362.13 (1993); R.I. Aaron, Bankruptcy Law Fundamentals Sec. 5.01 (1991); E. Warren y J. Westbrook, The Law of Debtors and Creditors, Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1986, págs. 403-429.

       La mayoría del Tribunal no ha examinado este aspecto, bajo el predicado de que no se probó la negligencia de quien practicó la esterilización.


author: Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
      In re José D. Malavet Rodríguez.

      Número: 4965

      Resuelto: 2 de mayo de 1994

      Johnny Elias Rivera, abogado del peticionario; Carlos Lugo Fiol, Reina Colón de Rodríguez, Procuradores Generales Interinos, y Cynthia Iglesias Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

Examinados cuidadosamente varios documentos pre-sentados en este caso, se autoriza la reinstalación del Ledo. José Malavet Rodríguez al ejercicio del notariado y la abogacía.

El 2 de junio de 1986 el señor Malavet Rodríguez —quien tiene sesenta y un (61) años de edad— cumplió fiel y enteramente la sentencia que le fue impuesta por el Tribunal federal de Puerto Rico en 1983. Durante los casi ocho (8) años transcurridos desde que satisfizo dicha sen-tencia, continuó separado del ejercicio profesional, su-mando así un total de diez (10) años desde que fue desaforado.

La solicitud de reinstalación de Malavet Rodríguez fue acompañada por numerosos testimonios favorables de per-sonas que le conocen personalmente, incluyendo varios abogados, funcionarios públicos, un sacerdote y un perito psiquiatra, quienes en conjunto apoyan el criterio de que el peticionario está rehabilitado.

En vista de ello, y a la luz de nuestra determinación en In re Pacheco Nieves, 135 D.P.R. 95 (1994), y de nuestra obligación de dar trato igual a quienes estén en situaciones comparables, procede la reinstalación de Malavet Rodríguez.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

“Hay profesiones que no se compadecen con los ‘térmi-nos medios’, con las ‘medias tintas’ en su ejercicio; es tal la excelsitud de su ministerio, la delicadeza de su cometido, la trascendencia de su profesión, que ni la más leve nota de humana parcialidad puede empañar la fulgencia de su prestigio.” F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, págs. 29-30. Desafortunadamente no siempre es así. En ocasiones, la fragilidad humana del abogado opaca ese prestigio, por lo cual nos vemos institu-cionalmente compelidos a disciplinarlo o, en disensos, a asumir posiciones minoritarias que para algunos resultan impopulares o antigremiales. Esa es la situación de autos.

La mayoría ratifica una norma reciente que vulnera los cimientos en los cuales desde comienzos del siglo se han apuntalado los principios adjudicativos en esta materia. La resolución para reinstalar al peticionario José D. Malavet Rodríguez a la abogacía inflige una ruda estocada al pres-tigio de nuestro sistema de justicia, pues permite el rein-greso al quehacer jurídico de quienes no han alcanzado la regeneración moral necesaria para desempeñarse a la al-tura que exige el ejercicio de la profesión legal.

Expongamos el trasfondo pertinente.

HH

El abogado Malavet Rodríguez fue hallado culpable en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico de ayudar y alentar (aiding and abetting) a otras per-sonas a que presentaran documentos fraudulentos y decla-raciones falsas en las solicitudes de los pasaportes. 18 U.S.C. sees. 2 y 1542. Su convicción fue confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito.

Como resultado, lo desaforamos el 24 de octubre de 1984. In re Malavet Rodríguez, 115 D.P.R. 680 (1984). El 2 de junio de 1986 cumplió su período de tres (3) años de sentencia suspendida y, el 24 de marzo de 1993, solicitó la readmisión a la abogacía. Referimos su pedido a la Comi-sión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Aboga-cía (en adelante Comisión). Ante dicha Comisión, Malavet Rodríguez indicó con reiteración que se consideraba ino-cente de los cargos en que había sido encontrado culpable. La Comisión recomendó que no se reinstalara, pues encon-tró que trivializó la prueba en su contra, fue impreciso y ambiguo y no detectó sinceridad en su reclamo de inocencia. Subsiguientemente, en reconsideración, la Co-misión se ratificó. No conforme, Malavet Rodríguez cues-tionó, de nuevo, dicho dictamen e invocó a su favor In re Pacheco Nieves, 135 D.P.R. 95 (1994), en el cual, con la inhibición de tres (3) Jueces —incluso el que suscribe— se autorizó la reinstalación.

Allí el Tribunal, aunque reconoció la razonabilidad del criterio de la Comisión a los efectos de que ordinariamente la rehabilitación exitosa de una persona que ha delinquido depende de su aceptación de la responsabilidad por el error cometido, concluyó que ello no podía convertirse en norma en todo caso. Como ratio decidendi, el Tribunal sentenció que “una persona que genuinamente se entiende inocente de unos hechos delictivos que le fueron imputados en el pasado no debe ser obligada a ‘aceptar’ su culpabilidad como condición sine qua non para su readmisión a la profesión”. In re Pacheco Nieves, supra, pág. 98. El Tribunal estimó que la buena reputación de Pacheco Nieves era suficiente para readmitirlo y que, en el tiempo que llevaba separado, había logrado su rehabilitación. Finalmente, en el caso citado In re Pacheco Nieves, el Tribunal señaló que como la culpabilidad o inocencia del solicitante había sido adjudicada por el juzgador de hechos en forma desfavora-ble, el asunto no debía relitigarse.

Malavet Rodríguez nos hace planteamientos idénticos al expresar que su separación “de la abogacía, desde hace diez años, hasta hoy ha logrado el propósito fundamental de rehabilitación que perseguía su alejamiento mandatorio de la profesión”. Réplica a recomendación desfavorable, pág. 2.

En abono de su pedido, nos adelanta la tesis de que el solo hecho de insistir en una inocencia que genuinamente cree, no debe ser razón para negar su reinstalación. Al igual que In re Pacheco Nieves, supra, de manera indirecta el peticionario pretende volver a litigar el asunto de su inocencia o culpabilidad; esto es, mediante su alegación de inocencia, revivir lo ya adjudicado.

HH H — 1

Sin la atadura de la inhibición en In re Pacheco Nieves, supra, hoy disentimos de una norma que atenta contra la pureza del proceso que debe existir para reintegrar al sis-tema de justicia solamente a personas meritorias, quienes hayan superado los defectos y debilidades que los llevaron a transgredir las leyes que juraron defender. En recta con-sistencia lógica, el peticionario Malavet Rodríguez no ha acreditado suficiente ni satisfactoriamente la rehabilita-ción necesaria. Nos explicamos.

In re Hiss, 333 N.E.2d 429, 433 (1975), caso rector ex-positivo de la doctrina adoptada en In re Pacheco Nieves, supra, se resuelve que la convicción y posterior desaforo del abogado constituyen “evidencia concluyente de su falta de moralidad (moral character) al momento de su remoción del puesto”. (Traducción nuestra.) Véase Re Keenan, 37 N.E.2d 516 (1941).

Un abogado no debe tener más derechos que otros pro-fesionales sujetos al rigor de un esquema disciplinario. Le debe estar vedado relitigar su caso en términos de la ino-cencia o culpabilidad. Acoger el fundamento de In re Hiss, supra, a los efectos de que un abogado —que se considere genuinamente inocente— pueda insistir en su inocencia, constituye un contrasentido que atenta contra el efecto concluyente de “cosa juzgada” de una sentencia condenato-ria y posterior desaforo, a la vez que arroja un manto de duda sobre la regeneración moral del individuo que solicita la reinstalación.

Lógicamente, para efectos de la separación y reinstala-ción, el propio esquema disciplinario vigente parte de esos efectos concluyentes. No podría ser de otro modo. Los pro-cesos judiciales penales y disciplinarios implican que, a través del crisol de sus respectivos grados de prueba (los primeros, incluso más allá de duda razonable), el Tribunal ha quedado convencido de que la persona cometió el delito.

Tan firme y profunda es esa determinación judicial, que la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 establece la inmediata suspensión o destitución del “abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en co-nexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral”. (En-fasis suprimido.) 4 L.P.R.A. see. 735. A su amparo, hemos desaforado en innumerables situaciones. Véanse: In re Rojas Jiménez, 134 D.P.R. 732 (1993); In re Medina Lugo, 134 D.P.R. 373 (1993); In re Fuentes Fernández, 133 D.P.R. 548 (1993); In re Farinacci García, 133 D.P.R. 206 (1993); In re Maldonado Rivera, 133 D.P.R. 207 (1993); In re Bonilla Martínez, 132 D.P.R. 1038 (1993); In re Bobet Ruiz, 132 D.P.R. 881 (1993); In re Rúa Cabrer, 132 D.P.R. 431 (1992); In re Rios Ruiz, 129 D.P.R. 666 (1991); In re Rivera Medina, 127 D.P.R. 600 (1990); In re Santiago Martinez, 123 D.P.R. 359 (1989); In re Dalmau Gómez, 122 D.P.R. 360 (1988); In re Santiago Casanova, 122 D.P.R. 489 (1988); In re Pérez Reilly, 120 D.P.R. 517 (1988); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); Ira re Malavé Ortiz, 119 D.P.R. 492 (1987); In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987); In re Gutiérrez Diaz, 117 D.P.R. 92 (1986); In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); In re Boscio Monitor, 116 D.P.R. 692 (1985); In re Núñez López, 115 D.P.R. 702 (1984); In re Sánchez Gómez, 115 D.P.R. 74 (1984); In re Arreche Holdum, 114 D.P.R. 680 (1983); In re Rivera Cintron, 114 D.P.R. 481 (1983); In re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922).

Para superar el efecto concluyente y adverso que tienen los dictámenes penales y disciplinarios, la persona “tiene que demostrar un expediente de rehabilitación. ... La reha-bilitación, en última instancia, se demuestra por un curso de su conducta que permite al Tribunal concluir que hay poca probabilidad de que, después que dicha rehabilitación esté completa y el solicitante sea readmitido a la práctica del Derecho, se involucre en conducta antiprofesional”. (Traducción nuestra.) In re Brown, 273 S.E.2d 567, 571 (1980). Véanse, además: Comm. on Legal Ethics of W. Va. v. Farber, 408 S.E.2d 274 (1991); Frasher v. W. Va. Bd. of Law Examiners, 408 S.E.2d 675 (1991).

No podemos hablar de rehabilitación en el mundo teórico. Su determinación conlleva considerar:

(1) la naturaleza y circunstancias de la mala conducta por la cual el abogado fue disciplinado; (2) si el abogado reconoce la seriedad de su mala conducta; (3) la conducta del abogado desde que la disciplina fue impuesta, incluyendo los pasos to-mados para remediar pasadas faltas y prevenir las futuras; (4) el carácter actual del abogado, y (5) las cualificaciones presen-tes del abogado y su competencia para practicar el derecho. In re Roundtree, 503 A.2d 1215, 1217 (D.C. 1985). Véanse también la Regla XI, secs. 16(d)(1)-(d)(2); In re Brown, [supra]; In re Stanton, 589 A.2d 425, 426 (D.C. 1991) (per Curiam) (Stanton TV), certiorari denegado [502] U.S. [1098], 112 S.Ct. 1178, 117 L.Ed.2d 422 (1992). (Énfasis y traducción nuestros.) In re Steele, 630 A.2d 196, 201 (1993).

Al respecto hemos dicho que los criterios considerados en una solicitud de reinstalación comprenden no sólo la suficiencia o no de la suspensión como castigo, sino la in-tegridad moral del peticionario al momento de pretender reingresar. In re Rivera Cintrón, 120 D.P.R. 706, 708 (1988). Y en In re Cardona Vázquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982), sentenciamos:

El peso de la prueba recae sobre éste, quien debe demostrar que su conducta moral ha variado hasta alcanzar el grado y medida necesarios en que ese atributo resulta indispensable para esti-marle capacitado para descargar intelectual y éticamente los deberes y obligaciones que se esperan de todo abogado. (Énfasis suplido.)

Si para lograrlo exigimos demostrar una variación hacia lo positivo de la conducta moral del peticionario, es porque partimos de la corrección y finalidad de la determinación de culpabilidad previa. Permitirle insistir en su inocencia, y aun así mantener el requisito de probar que está rehabi-litado, es un contrasentido que atenta contra la lógica y disminuye la seriedad que debe caracterizar todo sistema adjudicativo.

H — I H — i

De lo expuesto aflora una lección clara: a la hora de evaluar una reinstalación al ejercicio de la abogacía es me-nester analizar y ponderar un conglomerado de factores que nos arrojen luz, desde el expediente del procedimiento disciplinario hasta sus actitudes. El interés público exige que sólo los letrados capacitados moral y éticamente pue-dan ejercitar nuestra noble profesión.

La sentencia de desaforo es evidencia contra el solicitante, y el récord del procedimiento de desaforo puede ser considerado. De hecho, todos los factores pertinentes al desaforo o suspen-sión del abogado, así como sus representaciones para reinstala-ción, son pertinentes; y el tribunal o junta podría considerar y sopesar la actitud del abogado y su grado de arrepentimiento, y la consistencia de sus declaraciones. ... El mero aparente buen carácter moral presente de un peticionario no es suficiente para reinstalación cuando su actitud no ha cambiado en cuanto a la conducta por la cual fue desaforado. El arrepentimiento, o falta de arrepentimiento, es evidencia, como cualquier otra, a ser con-siderada al evaluar el carácter del abogado desaforado y deter-minar las probables repercusiones de su solicitada reinstalación. La falta de un abogado desaforado a ser veraz en el procedimiento en que busca reinstalación sustentará una conclusión de que el abogado no se ha rehabilitado lo suficiente para merecer reinstalación como miembro del foro. (Traducción y énfasis nuestros.) 7AC.J.SAttorney & Client, See. 128, págs. 160-161, 162 y casos allí citados.

En el esc. 11 en In re Brown, 617 A.2d 194, 197-198 (1992), al elaborar los requisitos para acreditar la rehabi-litación, se dijo que un tribunal

... debe asegurarse que esos rasgos que llevaron al desaforo del peticionario, ya no existen y que éste, en su lugar, es un individuo cambiado, con una apreciación cabal de su error y una nueva determinación para adherirse a los altos parámetros de integridad y competencia legal que este Tribunal requiere. In re Barton, 291 Md. 61, 64, 432 A.2d 1335, 1336 (1981); véase también In re Peterson, 274 N.W. 2d. 922, 926 (Minn. 1979) (“la rehabilitación y reformación demandan que el individuo per-ciba y rechace su conducta errónea y demuestre en alguna forma positiva que él tiene ahora un sentido correcto de la res-ponsabilidad profesional”). (Traducción nuestra.)

Coincidimos plenamente con el pronunciamiento si-guiente de la Comisión en este asunto:

No interpretamos que la decisión del Tribunal Supremo en Pacheco Nieves prive a la Comisión y al propio Tribunal de la facultad para pasar juicio sobre la credibilidad del reclamo de inocencia de quien solicita reinstalación. No interpretamos que ese caso resuelva que debe reinstalarse a la abogacía a una persona sobre cuya sinceridad al prestar testimonio el adjudi-cador guarde serias y justificadas dudas. Si nuevamente nos equivocamos al respecto, y ese juicio nos está vedado a nosotros y al propio Tribunal Supremo, el peticionario tiene expedito el camino al Tribunal para que sea el propio Tribunal quien nos informe del error de nuestro proceder.

IV

Forzoso nuestro disentir, no sólo porque rechazamos la ratificación por el Tribunal de la doctrina de In re Pacheco Nieves, supra, sino porque se aplica erróneamente a los hechos. Aun bajo el prisma doctrinario aquí objetado, el peticionario Malavet Rodríguez no ha acreditado la sufi-ciencia moral necesaria para decretar su reinstalación.

Los hechos por los cuales fue encontrado culpable y pos-teriormente desaforado están bien sintetizados por el Pro-curador General:

Aduce que él conoce un señor Alvarez que es cubano que te-nía una imprenta y que el señor Malavet Rodríguez como miembro de la Asociación de Contadores tuvo amistad con él. El señor Alvarez le hacía trabajo de imprenta a la Asociación. Al cabo de 20 años el peticionario se vuelve a encontrar con el señor Alvarez quien alegadamente le pregunta que si él conocía a Quiñones que saca los pasaportes rápido. A lo que el peticio-nario respondió en la afirmativa y le dijo donde podía encontrarlo. Luego manifiesta que vi[o] a Quiñones en San Juan con el señor Alvarez. Un día recuerda haber ido a almor-zar al Restaurante La Gallega y saludó a Quiñones[,] después de eso fue arrestado. El señor Malavet Rodríguez alega no te-ner animosidad contra Quiñones, si aclaró que había una línea entre ambos. Dice que no tuvo relación con el Departamento de Estado. Moción en oposición de 21 de julio de 1993, pág. 8.

Ante la Comisión, al ser inquirido varias veces sobre si se sentía inocente o culpable, contestó:

R. ¿Que cómo yo me siento? Digo no puedo escapar la verdad, fui convicto por un jurado por un delito que en inglés es aiding and abetting y eso en Puerto Rico no existe. Ese delito, de hecho en Puerto Rico, de existir, fuéramos bastantes los convictos por-que eso, hasta de uno mirar cae partícipe ...
P. Pero al día de hoy, mirando usted a lo que pasó, usted acepta que fue convicto, ¿cómo usted se siente con respecto a eso? ¿Usted entiende que es inocente?
R. Si digo que sí, es lo correcto. Si digo que no, estaría min-tiendo en un lado o otro, antes o después.
P. O sea, usted entiende que es inocente de lo que se le acusó.
R. Sí. Y mire si me sentía inocente que lo llevé hasta el final, porque yo fui hasta el Primer Circuito.
P. Entonces se sentía inocente ¿ahora no?
R. Entonces sé que fui convicto y sé que cumplí y sé todo. Pero todo ese tiempo he estado pensando y no tengo una contestación en cuanto a inocente o culpable. No encuentro una contestación en lo que he leído.
P. Usted no entiende lo que sucedió, pero ¿usted entiende que es inocente?
R. Bueno hasta cierto grado.
P. ¿Hasta cierto grado usted entiende que es inocente? ¿Hasta qué grado?
R. Bueno, hasta, o sea, yo soy culpable hasta cierto sitio, o sea de haber conocido a Quiñones y de haberlo referido a él, como fuera. Pero en cuanto a mi actuación de que yo hice algo, de que yo intervine en el Departamento de Estado, que yo llené docu-mentos, que yo hice algún affidavit, que yo.no, porque no es cierto. (Énfasis suplido.) T.E., págs. 95 y 97-98.

Las ambigüedades del peticionario Malavet Rodríguez en sus reclamos de inocencia y en sus parcas y pueriles explicaciones para sustentarla, revelan que no hay base suficiente para concluir que cree genuinamente en su ino-cencia; menos en su arrepentimiento.

“Al igual que en otras áreas del derecho, la aplicación de una sanción o castigo —en el más depurado quehacer de administrar justicia— presupone la individuación de la medida correctiva, atemperando su rigor a las circunstan-cias de cada caso en particular balanceando objetivamente los factores personales del abogado y el interés social de mantener la solidez y fundamentos éticos de la clase togada.” In re Villamil Higuera, 104 D.P.R. 310, 319-320 (1975), opinión concurrente y disidente. No podemos olvi-dar que “[e]l juzgador no puede ignorar el atributo de com-pasión justificada, pero tampoco debe sacrificar intereses públicos de alta calidad”. In re Ardín, 75 D.P.R. 496, 501 (1953). Entendemos que no ha alcanzado la rehabilitación que implica su reinstalación.

       El efecto que dicha determinación encierra ha llevado a varias jurisdicciones, ante casos de suspensión o desaforo indefinido, a prohibir que se solicite la reinsta-lación antes de que transcurra determinado período de tiempo fijado por las autori-dades pertinentes. State Bar of Texas v. Sutherland, 766 S.W.2d 340 (1989); Matter of Reed, 285 S.E.2d 726 (1982); People v. Good, 576 P.2d 1020 (Colo. 1978); Comm. on Prof. Ethics, Etc. v. Munsinger, 264 N.W.2d 731 (1978); Steere v. State Bar of Texas, 464 S.W.2d 732 (1971); Anotación, Reinstatement of Attorney after Disbarment, Suspension, or Resignation, 70 A.L.R.2d 268 (1960).
      Asimismo, en las jurisdicciones donde existe un estatuto que provee que una persona convicta de un delito grave será descalificada de practicar como abogado, se prohíbe la reinstalación. Matter of Glucksman, 394 N.Y.S.2d 191 (1977); People v. Buckles, 453 P.2d 404 (Colo. 1969); In re Keogh, 267 N.Y.S.2d 87 (1965); In re Stump, 114 S.W.2d 1094 (1938).

        Matter of Gutman, 599 N.E.2d 604 (1992); In re Brown, 617 A.2d 194 (1992); In re Hughes, 594 A.2d 1098 (1991); Comm. on Legal Ethics of W. Va. v. Farber, 408 S.E.2d 274 (1991); Worley v. Alabama State Bar, 572 So. 2d 1239 (1990); In re Brown, 273 S.E.2d 567, 571 (1980); Matter of Peterson, 274 N.W.2d 922 (1979); The Florida Bar, 341 So. 2d 774 (1977); Lester v. Kentucky Bar Association, 532 S.W.2d 435 (1976); In re Hiss, 333 N.E.2d 429 (1975); In re Braverman, 316 A.2d 246 (1974).

         La situación no debe sorprender a nadie. En In re Cruz Disdier, 73 D.P.R. 346, 352 (1952), aunque no señalamos expresamente que era un requisito imprescin-dible para demostrar rehabilitación el aceptar culpa alguna, dicho factor fue medular y determinante para ordenar la reinstalación del abogado, quien “[m]anifestó, asi-mismo, sentirse arrepentido y moral y espiritualmente reformado y regenerado...”. (Enfasis suplido.) Por otra parte, el fiscal auxiliar de este Tribunal en ese caso, apuntó “que la opinión general tanto de los profesores (sic) como de los compañeros de Río Piedras que ha examinado es en el sentido de que Cruz Disdier ha sufrido su separación y está arrepentido, y cree que en términos generales no hay riesgos, hasta donde es posible determinar, para el Pueblo de Puerto Rico, ni para el pueblo puer-torriqueñq, en reinstalar al peticionario en el ejercicio de su profesión”. (Enfasis suplido.) íd., págs. 352-353.

       Si así fuera, la estrategia perfecta en todo caso de reins-talación sería reclamar inocencia por los hechos que motivaron la condena penal. Eso relevaría al peticionario de tener que demostrar: (1) rehabilitación; y, (2) la sinceridad de su conven-cimiento de que es inocente. Aceptar un peticionario que come-tió los hechos por los que fue condenado sería, bajo esa hipóte-sis, un serio error estratégico. (Enfasis suplido.) Resolución de 8 de abril de 1994, pág. 3 y esc. 3.