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license: Public Domain

text:
      In re Clara Robles Calderón.

      Número: AB-92-10

      Resuelto: 28 de diciembre de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Procurador General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, en Informe; Clara Robles Calderón, pro se.

   RESOLUCIÓN

Vista la solicitud de reinstalación de la abogada Clara Robles Calderón y la comparecencia del Procurador General, se accede a ésta provisionalmente y condicionada al resultado de la queja Núm. AB-93-19, pendiente ante nos, y que ahora se activa. Se devuelve la queja Núm. AB-93-19 al Colegio de Abogados de Puerto Rico para los trámites correspondientes. Se apercibe a la licenciada Robles Calde-rón de su deber de atender con diligencia todo lo relacio-nado a ese trámite.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

text:
    Elsie G. Correa Canales y otro, demandantes y peticionarios, v. Valentín Marcano Gracia y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-95-80

      Resuelto: 12 de enero de 1996

      Alberto Pérez Pérez, abogado de la parte peticionaria; José G. Barea Fernández y Félix R. Figueroa Cabán, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El 1ro de enero de 1991, el automóvil que conducía Elsie G. Correa fue impactado por un vehículo marca Jeep, que era conducido a alta velocidad por Valentín Marcano, quien conducía en estado de embriaguez. La señora Correa sufrió daños serios en sus piernas como resultado de dicho accidente.

El vehículo que conducía Marcano era alquilado, bajo un contrato de leasing, y alegadamente pertenecía a Ban-sander Leasing Corporation (en adelante Bansander) al momento de ocurrir el accidente.()

El 10 de marzo de 1992, los peticionarios, Elsie G. Co-rrea, José Manuel Benabe Corsino y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, presentaron una de-manda enmendada en daños y peijuicios, para incluir a Bansander como demandada, por ser el titular registral del vehículo a esa fecha. El 9 de abril de 1992, Bansander fue debidamente emplazada.

El 27 de mayo de 1992, transcurrido el término reque-rido para contestar la demanda sin que Bansander respon-diera, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, anotó la rebeldía contra esta parte. El 28 de julio de 1993, luego de celebrada la vista en rebeldía sin la compa-recencia de Bansander, dicho foro dictó una sentencia que declaró con lugar la demanda y condenó a Bansander soli-dariamente con los otros codemandados. Dicha sentencia fue notificada a la parte demandada el 11 de agosto de 1993.

Así las cosas, y luego de varios trámites procesales, el 25 de agosto de 1993 Bansander presentó una moción de reconsideración para solicitar el relevo de responsabilidad. Alegó que desconocía “por qué motivo ... no compareció en el pleito de epígrafe”. Reconoció que tenía el deber de de-mostrar justa causa para su incomparecencia; que se en-contraba “realizando gestiones para determinar la razón de ... la incomparecencia”, y que oportunamente le notifi-caría al tribunal el resultado de esas gestiones. Bansander añadió que, según las normas de su compañía, el caso en su contra debió ser referido a su aseguradora, por lo que suponía que una de las posibles causas para su incompa-recencia pudo ser la inacción de su aseguradora en la tra-mitación del pleito.

A pesar de la admisión de que no podía indicar justa causa para su incomparecencia, Bansander solicitó que se reconsiderara la sentencia en su contra porque de la licen-cia del vehículo en cuestión se desprendía que, para la fe-cha del accidente, estaba inscrito en el Departamento de Transportación y Obras Públicas a nombre de Leaseway of Puerto Rico, por lo que Bansander se veía “inducido a con-cluir” que era Leaseway quien debía responder por los daños.

Bansander acompañó su solicitud con una copia de la referida licencia, que en efecto indicaba a Leaseway como titular registral. Dicha licencia, sin embargo, correspondía a 1990-1991, y había sido emitida en diciembre de 1990, antes de la fecha del accidente.

El 27 de septiembre de 1994, los peticionarios se opusie-ron a la moción de reconsideración presentada por Bansander. Señalaron que, a la fecha de la demanda en-mendada, el vehículo del accidente estaba inscrito a nom-bre de Bansander y que, a pesar de ello, Bansander se cruzó de brazos y no hizo nada por defenderse, aun cuando con anterioridad a la fecha del emplazamiento conocía de la existencia del pleito en su contra. Alegaron, además, que el planteamiento esbozado por Bansander era de carácter sustantivo, el cual debió señalarse como defensa afirma-tiva en la correspondiente contestación a la demanda. Fi-nalmente, indicaron que Bansander no le había informado al tribunal de acuerdo a qué condiciones adquirió el vehí-culo de Leaseway.

El 26 de octubre de 1994, el tribunal de instancia le ordenó a Bansander a acreditar bajo juramento que, para la fecha del accidente, el vehículo en cuestión pertenecía a Leaseway de Puerto Rico. Le requirió, además, que por ra-zón de su falta de diligencia, consignara cuatrocientos dó-lares ($400) a favor de la parte demandante y cien dólares ($100) para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

A tono con dicha orden, el 1ro de diciembre de 1994 Bansander presentó una moción en cumplimiento, a la cual anejó la declaración jurada solicitada por el tribunal. Esta estaba firmada por su presidente, y se limitaba a afir-mar que conforme con la licencia del vehículo de motor a favor de Leaseway de Puerto Rico para 1990-1991, el vehí-culo no pertenecía a Bansander el día cuando ocurrió el accidente. También se acompañaba copia de los cheques emitidos por las cantidades requeridas por el tribunal.

El 7 de diciembre de 1994, el tribunal de instancia actuó según lo intimado, al dejar sin efecto la sentencia dictada en rebeldía contra Bansander.

El 22 de diciembre de 1994, los peticionarios solicitaron la reconsideración de la orden que dejó sin efecto la senten-cia emitida contra Bansander. Alegaron, inter alia, que en su declaración jurada el presidente de Bansander no ju-raba que el vehículo del accidente no pertenecía a Bansan-der el día de los hechos, sino que se limitaba a alegar que según la licencia emitida en diciembre de 1990, antes del accidente, éste pertenecía a Leaseway. Adujeron, pues, que el tribunal no tenía prueba ante sí de que el vehículo no pertenecía a Bansander el 1ro de enero de 1991.

No obstante lo anterior, el 23 de diciembre de 1994 el tribunal de instancia denegó la reconsideración solicitada por los peticionarios.

Inconforme con dicha determinación, el 1ro de febrero de 1995 los peticionarios recurrieron ante nos para alegar que el tribunal de instancia incidió al dejar sin efecto la sentencia en rebeldía contra Bansander, aun cuando esta última no demostró tener una causa justificada para su incomparecencia.

Consta en autos que el 18 de enero de 1995 Bansander presentó una demanda contra tercero, contra el arrendata-rio del vehículo del accidente, en la cual reconoce que éste y Bansander habían otorgado un contrato de lease con res-pecto al vehículo en cuestión, en virtud del cual el arren-datario le respondía a Bansander, antes a Leaseway, de los daños por accidentes como el de marras. El contrato general para alquiler de vehículos entre ellos existía desde 1988, pero no se especificó en la referida acción cuándo específicamente se extendió al vehículo del accidente.

Con posterioridad a la presentación del recurso de cer-tiorari, el tribunal de instancia emitió una orden en la cual, además de paralizar los procedimientos en dicho foro, advirtió que el elemento principal para dejar sin efecto la sentencia contra Bansander lo fue ‘la buena defensa de no pertenecerle el vehículo, independientemente de lo que fi-gurase en obras públicas”, lo que entendió que militaba en beneficio de la justicia.

El 9 de febrero de 1995, por voto de 4-3, denegamos la expedición del recurso de certiorari. El 10 de febrero de 1995 se archivó en autos una copia de la notificación de dicha resolución.

El 27 de febrero de 1995, los peticionarios solicitaron la reconsideración ante nos, la cual acogimos el 24 de marzo de 1995, cuando expedimos el recurso de certiorari solici-tado por los demandantes.

El 26 de julio de 1995 le concedimos a la parte recurrida un término de treinta (30) días para presentar su alegato.

Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, nos encontramos en posición de resolver.

J-H

Sabido es que el interés de que los pleitos se vean en los méritos no puede ser óbice para socavar totalmente los in-tereses, igualmente justos, de que se resuelvan los casos con prontitud, se termine la incertidumbre y se evite la congestión en los calendarios y las demoras innecesarias en el trámite judicial. Banco Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 131 D.P.R. 1005 (1992); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986); Srio. del Trabajo v. Mayagüez O.M. Club, 105 D.P.R. 279 (1976). De esta ma-nera, en el caso de autos resolvemos que, aun cuando por lo general no favorecemos la privación de su día en corte a un litigante, procede la sanción de una sentencia en rebeldía ante la inexplicada o injustificada incomparecencia de la codemandada, Bansander al pleito de epígrafe. Veamos.

Un tribunal de primera instancia puede válidamente dictar una sentencia en rebeldía contra una parte que haya dejado de comparecer a un señalamiento cuando no surjan del expediente razones que justifiquen dicha incom-parecencia. Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679 (1987).

De igual modo, a tenor con la Regla 45.3 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el tribunal de instancia está facultado para dejar sin efecto la sentencia así dictada en rebeldía si posteriormente se probase que existieron causas justificadas que expliquen la incomparecencia de la parte ausentada. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974).

Entre las causas justificadas enumeradas por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que per-miten el relevo de la sentencia por un tribunal se encuen-tran: el error, la inadvertencia, la sorpresa o la negligencia excusable, entre otras. El peso de probar, mediante prepon-derancia de la prueba, los hechos que constituyen una jus-tificación a la incomparecencia recae sobre la parte direc-tamente afectada por la sentencia, no siendo suficiente una escueta alegación al respecto. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra, pág. 818; Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966).

En el caso de autos, Bansander no adujo razones para su incomparecencia, limitándose sólo a exponer las defen-sas que en su día pudo haber opuesto contra la reclamación del peticionario. Más aún, en la moción que de forma equi-vocada denominó como “reconsideración”, Bansander reco-noce que no ha puesto al tribunal “en condiciones de cono-cer la causa justa que motivó la incomparecencia”. Sólo de manera especulativa Bansander sugiere que la causa para su incomparecencia pudo deberse a la inacción de su aseguradora.

Ciertamente, el tribunal de instancia no tuvo ante sí prueba demostrativa de las causas que justificaran la omi-sión de Bansander. El sólo hecho de reconocer que existía una buena defensa en los méritos no constituye de por sí una de las circunstancias extraordinarias que, a tenor con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, permiten el relevo de una sentencia dictada en rebeldía por un tribunal, sobre todo cuando la prueba de tal defensa era insuficiente. No tuvo el tribunal de instancia, ni tenemos ante nos, prueba definitiva sobre quién era el titular del vehículo al momento del accidente.

Nótese que una moción de relevo de sentencia, aunque incorrectamente aquí denominada como de “reconsidera-ción”, no puede servir para impugnar unas cuestiones sus-tantivas que debieron presentarse antes de la sentencia como defensas afirmativas o luego de la sentencia en un recurso de revisión. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 290 (1974).

Ante la ausencia de unas causas que justificaran la in-comparecencia de Bansander, no procedía que el tribunal de instancia dejara sin efecto la sentencia previamente dictada.

A tenor con los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia para revocar la orden emitida por el Tribunal Superior, Sala de Carolina, el 7 de diciembre de 1994, la cual dejó sin efecto la sentencia en rebeldía dictada el 28 de julio de 1993 contra Bansander. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta sentencia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente y disidente. El Juez Aso-ciado Señor Corrada Del Río no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

Este Foro ha expresado, en reiteradas ocasiones, que los tribunales de justicia no existen para la dilucidación de “competencias deportivas” ni “batallas de talento entre los abogados”, en las cuales, de ordinario, prevalece el “mejor de los gladiadores” o aquel que es el más “hábil o listo”.()

La principal función del foro judicial lo es la búsqueda de la verdad, y el propósito primordial de los procedimien-tos que en el mismo se llevan a cabo lo constituye el que se le haga cumplida justicia a las partes que allí litigan las diferencias surgidas entre ellos. Ello exige —entre otros— seriedad, buena fe y honestidad de parte de todos los que activamente participan en dichos procedimientos.

El presente caso es un vivo ejemplo de lo que no se puede permitir que suceda en nuestros tribunales; esto es, el intento de una de las partes de prevalecer mediante la exposición de medias verdades o falsedades, pretendiendo así evadir su responsabilidad y privar a la otra parte de una indemnización a la que ésta, claramente, tiene dere-cho conforme a lo preceptuado por nuestro ordenamiento jurídico.

Es debido a ello que, no obstante estar “conformes” con el resultado al que se llega en la sentencia hoy emitida en el presente caso por el Tribunal, diferimos de la mayoría por cuanto ésta no toma acción correctiva, y reparadora, en relación con la reprobable acción de lá recurrida Bansan-der Leasing Corporation (en adelante Bansander Leasing), y/o de la representación legal de ésta, de intentar prevale-cer por medio de estratagemas que no tienen cabida en nuestro sistema de justicia; situación de la cual nos perca-tamos desde el mismo primer momento en que este recurso arribó a las puertas de este Tribunal.()

HH

Como surge de la propia sentencia mayoritaria, el acci-dente de automóviles en que sufrió serios daños la code-mandante Elsie G. Correa Canales ocurrió el 1ro de enero de 1991; accidente de automóviles causado por la negligen-cia del codemandado Valentín Marcano Gracia, quien con-ducía un vehículo de motor Jeep Wrangler, modelo de 1989, en estado de embriaguez. Marcano Gracia, alegadamente, era empleado de J.P. McCloskey & Co., Inc.; corporación que había arrendado dicho vehículo de motor a Leaseway of Puerto Rico, Inc., mediante contrato de arrendamiento financiero suscrito el 18 de agosto de 1988.

Resulta de particular y singular importancia el hecho incontrovertido de que, el 1ro de julio de 1991, Bansander Leasing adquirió de Leaseway of Puerto Rico "todo derecho [o] interés sobre el contrato de arrendamiento” (Petición, pág. 7) arriba indicado, quedando Bansander Leasing, a todos los fines legales, subrogada en los derechos y obliga-ciones de Leaseway relativos a dicho contrato de arrenda-miento; transacción que formó parte del acuerdo general mediante el cual el Banco Santander de Puerto Rico adqui-rió los activos —incluyendo la corporación Leaseway of Puerto Rico, Inc.— del extinto Caguas Central, hecho del cual este Tribunal puede tomar "conocimiento judicial”. Véase la Regla 11(A)(1) y (2) de las Reglas de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV).()

En consecuencia, a la fecha de la radicación de la de-manda enmendada de daños y perjuicios que ante el foro judicial radicara la codemandante Correa Canales, Ban-sander Leasing efectivamente era la dueña del vehículo en controversia; siendo esta corporación responsable de cual-quier daño y perjuicio que fuera causado, en la operación de dicho vehículo, por la negligencia del arrendatario —o sus representantes autorizados— del mismo,() incluyendo los daños que hubieran sido causados por éste durante el período preadquisición de Leaseway of Puerto Rico, Inc. por parte de Bansander Leasing. ( )

Elio no obstante, y ya habiéndose dictado sentencia en rebeldía contra ella, Bansander Leasing compareció ante el foro judicial —mediante moción de reconsideración— alegando que procedía que se le relevara de dicha senten-cia por cuanto de la licencia del Jeep Wrangler se despren-día que, para la fecha del accidente, el titular del mismo, conforme el Departamento de Transportación y Obras Pú-blicas, lo era Leaseway of Puerto Rico, Inc.

Dicho hecho, no hay duda, era cierto. El mismo, sin embargo, constituía, a todas luces, una “media verdad” por cuanto lo que no expresó Bansander Leasing —o le escon-dió al tribunal de instancia— fue el hecho de que ella ya había adquirido de Leaseway “todo derecho” sobre el refe-rido contrato de arrendamiento, quedando Bansander Leasing, repetimos, subrogada en los derechos y obligaciones de ésta; posición que Bansander Leasing reiteró y que in-dujo al foro de instancia a erróneamente dejar sin efecto la sentencia en rebeldía que había dictado contra Bansander Leasing.

Habiéndose, finalmente, percatado la mayoría de los in-tegrantes del Tribunal de la reprobable e indeseable acción de Bansander Leasing, y/o de la representación legal de ésta, hoy emiten una sentencia mediante la cual se revoca la errónea actuación del tribunal de instancia de dejar sin efecto la sentencia en rebeldía que había correctamente dictado contra Bansander Leasing.

La mayoría, sin embargo, no toma acción alguna contra dicha parte y/o contra su representación legal. No podemos estar de acuerdo con dicha inacción. En nuestra humilde opinión resulta procedente —como acción correctiva y repa-radora— la imposición de una fuerte suma de dinero, por concepto de honorarios de ahogado, contra Bansander Leasing y/o su representación legal, la misma en favor de la parte demandante peticionaria; la cual parte se ha visto en la obligación de litigar y relitigar el presente pleito de ma-nera totalmente innecesaria.

Los integrantes del bufete de abogados que representa a Bansander Leasing deben entender que la litigación en nuestra jurisdicción no constituye una “lidia deportiva” donde prevalece el más “hábil y el más listo”. Ante los tribunales de justicia de Puerto Rico se comparece de buena fe y, siempre, con la verdad. Aquel litigante o abogado que así no esté dispuesto a actuar, no importa quién sea, debe su-frir las consecuencias de su reprobable conducta.

      (1) Aducen los peticionarios que la información sobre la titularidad del vehículo fue obtenida de un representante de Bansander.

      (1) Véanse: Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116 (1965); Shell Co. (P.R.) Ltd. v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 451 (1952).

      (2) El presente recurso fue, originalmente, denegado por el Tribunal mediante Resolución de 9 de febrero de 1994. En dicha ocasión se hizo constar que los “Jueces Asociados Señores Rebollo López, Alonso Alonso y Fuster Berlingeri expedirían”.

      (3) En adición, así razonablemente se desprende de las alegaciones que hace la propia Bansander Leasing Corporation (en adelante Bansander Leasing) en la de-manda contra tercero que, posteriormente, ésta radicó en el pleito a nivel de instan-cia contra J. P. McCloskey, arrendatario del Jeep Wrangler envuelto en el accidente.

      (4) Véase Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp., 136 D.P.R. 827 (1994).

      (5) Así lo acepta, de manera tácita, Bansander Leasing en la antes mencionada demanda contra tercero. En dicha demanda, radicada contra el arrendatario original del vehículo en controversia, Bansander Leasing alega —en los párrafos 4, 9 y 11 de la misma— que:
      “4) La codemandada y tercera demandante, Bansander Leasing Corporation (en adelante “Bansander”) es una corporación organizada al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con oficinas principales en San Juan, Puerto Rico. Bansander se dedica al negocio de arrendamiento de vehículos de motor y de equipo y maquinaria industrial. Y adquirió, de Leaseway of Puerto Rico, Inc. (en adelante “Leaseway”) todo derecho [o] interés sobre el contrato de arrendamiento que más adelante se describe.
      “9) Allá para el 18 de agosto de 1988 el codemandado y tercero demandante Bansander Leasing y la tercera demandada J. P. McCloskey & Co. suscribieron u otorgaron un contrato de arrendamiento financiero. Posteriormente, de conformidad a una enmienda al citado acuerdo contrataron el arrendamiento de un vehículo de motor marca Jeep, modelo Wrangler, del año 1989.
      “11) El párrafo noveno (9) del referido contrato de arrendamiento financiero o “Vehicle Lease Agreement”, en su inciso (f), establece que ‘Regardless of the provisions of any applicable insurance policy, Customer agrees to indemnify, defend and hold harmless Leaseway, its officers, employees, agents and insurers, against all claims, liabilities, losses, legal fees and other expenses (...) for personal injuries or death and for loss or damages to the property of any person ... arising out of (i) ownership, maintenance, operation or use, including loading and unloading, of the Vehicles, whether resulting from Leasewa/s sole negligence or otherwise, (ii) the conduct of Customer’s business, and (iii) Customer’s failure to comply with the provisions of this Paragraph 9 ...’.” (Enfasis suplido.) Apéndice, págs. 65-67.
      De una lectura de las referidas alegaciones resulta obvio que Bansander Leasing entendió, y entiende, que, al adquirir a Leaseway, ella quedó subrogada en todos los derechos, y obligaciones, de ésta en relación con todos los contratos de arrenda-miento de vehículos realizados por Leaseway of Puerto Rico, Inc. y vigentes a la fecha de la mencionada adquisición.


text:
      In re Luis García Pagán.

      Número: AB-94-133

      Resuelto: 12 de enero de 1996

      Luis García Pagán, pro se.

   RESOLUCIÓN

Mediante Per Curiam de 6 de diciembre de 1995, el Ledo. Luis García Pagán fue suspendido temporalmente de la abogacía. In re García Pagán I, 139 D.P.R. 545 (1995).

A esa fecha estaba pendiente de trámite e investigación la queja promovida por el Sr. Héctor I. Ayala. Tomamos conocimiento de ésta y ordenamos que se una copia de esta resolución al expediente personal del abogado, para ser reactivada al momento de su reinstalación.

En vista a su comparecencia, se le reinstala al ejercicio de la abogacía sujeto al fiel cumplimiento del trámite pen-diente de la queja del señor Ayala.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Hernández Denton no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Ángel Luis Santiago, acusado y peticionario.

      Número: CE-94-496

      Resuelto: 18 de enero de 1996

      Arturo Negrón García, abogado de la parte peticionaria; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En relación con unos alegados hechos delictivos —su-puestamente cometidos por el peticionario Angel Luis Santiago durante los meses de mayo y junio de 1989— el Mi-nisterio Público sometió, en 1994 y dentro del período prescriptivo correspondiente, ante el foro judicial seis (6) proyectos de denuncia por tres (3) supuestas violaciones al Art. 166 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4272, y tres (3) alegadas violaciones al Art. 272 del referido Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4592.

El juez municipal ante el cual fueron sometidos los ca-sos, luego de examinar las declaraciones juradas a base de las cuales el Estado exclusivamente le sometió los casos, determinó causa probable para arresto, en ausencia, contra el peticionario Santiago por éste supuestamente haber cometido tres (3) delitos de apropiación ilegal agravada y tres (3) delitos de posesión y traspaso de documentos falsificados. Se expidieron las correspondientes órdenes de arresto.

Estando los casos pendientes de la celebración de la vista preliminar, que establece la Regla 23 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, ante el entonces Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de San Juan, la representación legal del peticionario Santiago radicó ante dicho foro judicial dos (2) escritos, a saber: una Moción de desestimación por violación al derecho al debido procedi-miento de ley (Apéndice, Exhibit II) y una Moción de des-estimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal (Apéndice, Exhibit III).

En la primera de dichas mociones, en síntesis y en lo pertinente, alegó: que los cargos presentados en realidad se referían a un préstamo que la supuesta perjudicada, la Sra. Hilsia García Goitía, le hiciera al peticionario Santiago; que en relación con estos alegados hechos delictivos, la parte alegadamente perjudicada se querelló ante la Po-licía de Puerto Rico, durante el 1991, no habiéndose reali-zado gestión alguna por las autoridades pertinentes al res-pecto, a pesar de que éstos tenían conocimiento de la dirección exacta del peticionario Santiago y de que éste era conocido por las autoridades policíacas por razón de dedi-carse al negocio de fianza en casos criminales; que la “de-mora injustificada” del Estado en someter los casos le ha causado un “grave perjuicio” “ya que no tiene disponibles testigos que pudieran declarar a su favor, por razón de des-conocer el paradero de personas que fueron empleados su-yos a quienes les constaba la naturaleza del préstamo entre la alegada perjudicada y el imputado” (Apéndice, Exhibit II, pág. 4); que el Estado, por órdenes expresas del Fiscal Michael Corona, procedió a someter el caso, en su ausencia, a pesar del hecho de que conocían la dirección exacta de él y de que su abogado se había comunicado con el agente del orden público a cargo del caso, antes de someterse el mismo, informándole de la disponibilidad deLpeticionario Santiago, y que el Estado sometió el caso, a base de decla-raciones juradas, a pesar de que los testigos de cargo esta-ban igualmente disponibles para comparecer, y declarar, ante el foro judicial.

En la segunda de las mociones, el peticionario del epí-grafe alegó que: la determinación de causa probable para el arresto fue contraria a derecho por razón de que el pro-cedimiento utilizado en ausencia del imputado, y sin repre-sentación legal, violenta las disposiciones de las Reglas 6 y 7(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y las garantías expresamente reconocidas en dicha etapa a todo imputado de delito y, debido al hecho adicional, de que el Magistrado instructor de causa probable no tuvo ante sí la prueba necesaria para poder válidamente concluir que se configuraron los elementos del delito. A esos efectos, sos-tuvo el peticionario ante dicho foro judicial, que, conforme el historial legislativo de las enmiendas que le hiciera el legislador a la Regla 6 de Procedimiento Criminal, ante, el Estado no tiene discreción absoluta para someter un caso, para determinación de causa probable para arresto, única-mente a base de las declaraciones juradas de testigos de los hechos imputados; esto es, que, conforme establece la ci-tada Regla 6 de Procedimiento Criminal, ante, ello única-mente lo puede hacer el Estado —conforme se expresa en el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado— “en situaciones en que la víctima o testigos del acto delictivo no pueden comparecer o no están disponibles para determina-ción inicial de causa probable y permite el inicio del pro-ceso judicial en otras situaciones en que es necesario el arresto inmediato del imputado para que no se frustre la justicia”. (Enfasis suprimido.) Apéndice, Exhibit III, pág. 81.

Dichas mociones fueron denegadas por el antes mencio-nado Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sección de Vistas Preliminares de San Juan. Acudió, entonces, el peticiona-rio Santiago, vía certiorari, ante el entonces Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. Dicho foro judicial, mediante Resolución de 13 de junio de 1994, declaró sin lugar el recurso radicado.

Inconforme, acudió Ángel Luis Santiago ante este Tribunal, vía certiorari, en revisión de la referida actuación judicial, imputándole al foro de instancia haber errado:

[1] ... al no resolver que procedía revocar la resolución del Tribunal de Distrito que había denegado la solicitud de desestimación de las denuncias fundadas en la violación al debido proceso de ley y en la situación de indefensión en que el Estado ha colocado al peticionario por la demora injustificada en someter los casos en su contra.
[2] ... al resolver que la Regla 64(P) de las de Procedimiento Criminal no es invocable en la etapa de vista preliminar para solicitar la desestimación de un caso sometido en ausencia y mediante declaraciones juradas, estando disponibles tanto el imputado como los testigos para comparecer a dicha etapa.
[3] ... al no considerar que el Tribunal de Distrito había errado al denegar la solicitud de desestimación amparada en las disposiciones de la Regla 64(P) de Procedimiento Criminal fundada en la ilegalidad del procedimiento efectuado por el Es-tado de someter el caso en ausencia y mediante declaraciones juradas para obtener la determinación de causa probable para el arresto, violentándose las disposiciones de la Regla 6 de Pro-cedimiento Criminal y menoscabando las garantías expresa-mente reconocidas en dicha etapa a todo imputado de delito.
[4] ... al no resolver el planteamiento de que la defensa tenía derecho a obtener copia de las declaraciones juradas empleadas por el Estado en la etapa de causa probable para el arresto. (Enfasis suplido.) Petición de certiorari, págs. 4-5.

Mediante Resolución de 15 de julio de 1994, una Sala Especial de Verano() le concedió término al Estado para

... mostrar causa por la cual este Tribunal no debe expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución de fecha 13 de junio de 1994, emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, por razón de haber dicho foro incurrido en los errores primero y cuarto señalados por la parte demandada-peticionaria.” (Enfasis suplido.)

El Procurador General de Puerto Rico ha comparecido en representación del Estado. En relación con el primer señalamiento de error, una lectura de la argumentación expuesta por el Procurador en su comparecencia demues-tra que este funcionario entiende que —independiente-mente de la fecha en que se le informa al Estado de la supuesta comisión de unos hechos delictivos e independien-temente del hecho de que los funcionarios correspondientes efectivamente estén en condiciones de radicar los cargos in-mediatamente— el Estado no está obligado a así hacerlo, pudiendo radicar dichos cargos criminales ante el foro judicial cuando lo entienda conveniente, siempre que lo haga antes de expirar el término prescriptivo del delito en controversia.

En segundo término, y en relación con el cuarto señala-miento de error, sostiene el Procurador General que en la alternativa de que el Estado someta el caso para determi-nación de causa probable para arresto, a base de declara-ciones juradas escritas, el imputado de delito no tiene de-recho alguno a que se le entreguen copias de las referidas declaraciones juradas.

Estando en posición de resolver el recurso radicado, pro-cedemos a así hacerlo.

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Nos vemos imposibilitados de avalar la posición del Es-tado a los efectos de que —independientemente de la fecha en que obtiene conocimiento de la supuesta comisión de actos delictivos por una persona e independientemente de que esté en condiciones de someter inmediatamente los ca-sos contra ésta— posee discreción absoluta para determi-nar cuándo somete dicho caso ante el foro judicial, siempre que lo haga dentro del término prescriptivo provisto para el delito en particular. Realmente sorprende que el Estado asuma dicha posición.

No hay duda que, de ordinario, el único término que "obliga” al Estado a actuar lo es el término prescriptivo que nuestro ordenamiento señala para los delitos y que, ciertamente, éste no está en la obligación de radicar el caso ante el foro judicial hasta tanto haya completado la investigación del mismo. Ello no significa, sin embargo, que el Estado, estando en posición de someter los casos, innecesariamente se “cruce de brazos” durante años y no someta los casos, situando a la persona en un estado de indefensión, lo cual, naturalmente constituiría una violación al debido proceso de ley. Para rechazar la teoría del Estado, basta con pensar en los delitos que no tienen término prescrip-tivo; en relación con los cuales, si fuera correcta su teoría, el Estado podría esperar, prácticamente, toda una “eterni-dad” para someter los casos con el propósito, precisamente, de colocar al imputado en un total estado de indefensión.

En este aspecto, resulta aplicable —por analogía— lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 D.P.R. 585 (1992). En dicho caso resolvimos que, interrumpido el término prescriptivo de un delito mediante la acción del Estado de someter el caso para determinación de causa probable para arresto, el Estado viene en la obligación de diligenciar la orden de arresto expedida “dentro de un término razonable”; ello so pena de incurrir en una violación del debido proceso de ley, la cual puede acarrear, inclusive, el archivo y sobreseimiento de la causa criminal ante una demostración, por parte del acusado, de que la tardanza lo situó en un estado de indefensión. A esos mismos efectos, véase, en adición: Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975); Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 24 (1961).

Resulta, pues, evidente que el Estado, una vez tiene conocimiento de la comisión de hechos delictivos y una vez ha completado su investigación —la cual señala a un ciudadano como responsable de los mismos— tiene la obligación de acudir prontamente ante el foro judicial a someter los casos contra éste; ello independientemente del hecho de que el delito esté, o no, próximo a prescribir. Cuán corto o largo será ese período de tiempo dentro del cual el Estado viene en la obligación de someter el caso es una determinación que, naturalmente, hay que hacerla caso a caso. Es importante recordar, por otro lado, que la determinación judicial sobre razonabilidad, o irrazonabilidad, de dicho período de tiempo se “activa”, por decirlo así, ante un planteamiento de “perjuicio” por parte del imputado de delito, esto es, de estado de indefensión.

Como surge de la relación que de los hechos hiciéramos, en el presente caso el imputado de delito alegó, y planteó no sólo que el Estado, estando en posición de someter los casos durante 1991, dejó transcurrir, de manera innecesa-ria e injustificada, un término de tres (3) años antes de someter los mismos, sino que ello le ha causado grave per-juicio, por razón de que dos (2) testigos que tienen conoci-miento personal de los hechos han desaparecido. Ante tales señalamientos, somos del criterio que el tribunal de instan-cia venía —y viene— en la obligación de señalar, y cele-brar, una vista evidenciaría con el propósito de dilucidar este asunto.() Erró, en consecuencia, el foro de instancia al así no actuar.

Lo expuesto hace innecesaria la consideración del cuarto señalamiento de error; ello en vista de la posibilidad —luego de que el peticionario presente.su prueba sobre el peijuicio por él sufrido, o estado de indefensión, y el Estado haya presentado prueba sobre la justificación para su ac-tuación— que el foro judicial resuelva que en efecto hubo una violación del debido proceso de ley, lo cual podría aca-rrear el archivo y sobreseimiento de la causa criminal radicada. Pueblo v. Guardióla Dávila, ante.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) Integrada por el Juez Asociado Señor Rebollo López, como su Presidente, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

      (2) En dicha vista evidenciaría le corresponderá, en primer término, al peticio-nario presentar la prueba que a bien tenga sobre el alegado perjuicio o estado de indefensión en que la acción del Estado lo ha colocado. Entonces, le corresponderá al Estado presentar prueba en justificación de la alegada demora en que ha incurrido respecto a la radicación de los cargos.


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

text:
    Hampton Development Corporation, demandante y apelante, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y apelado.

      Número: AC-93-39

      Resuelto: 18 de enero de 1996

      José B. Díaz Asencio, de Díaz Asencio, López & Orsini, abo-gado de la parte apelante; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y María Adaljisa Dávila, Procura-dora General Auxiliar, abogados de la parte apelada.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Una vez más, nos confrontamos con una reglamentación temporera que, al impedir todo uso económico productivo, privó al dueño de una propiedad de una porción sustancial de ésta: diez punto dieciséis (10.16) cuerdas de un total de diecisiete punto dieciséis (17.16) cuerdas, es decir, el cin-cuenta y nueve punto veintiún por ciento (59.21%) del predio.

Debemos determinar si tras haber sido liberada la pro-piedad de las restricciones impuestas, procede la compen-sación por el valor del uso de dicha porción durante el tiempo en que el propietario estuvo privado de todo su uso económico productivo.()

En 1968 Hampton Development Corp. (en adelante Hampton) obtuvo un derecho de opción sobre una propie-dad de diecisiete punto dieciséis (17.16) cuerdas en el Barrio Las Cuevas en Trujillo Alto. En esa época la propiedad estaba siendo utilizada para la extracción de tierra. Hampton interesaba dedicarla al desarrollo de un proyecto de viviendas a bajo costo, subsidiado con fondos federales. A esos fines, sometió una consulta de ubicación a la Junta de Planificación (en adelante la Junta) para un proyecto residencial multifamiliar, con un total de seiscientas ochenta (680) unidades de vivienda.

Mediante Resolución de 12 de marzo de 1970, la Junta denegó la consulta al concluir que la finca estaba afectada por el futuro Expreso Ruta Núm. 66. Poco después, Hampton sometió a la Junta una segunda consulta de ubi-cación, en la cual redujo a cuatrocientos (400) el número de unidades residenciales en el complejo multifamiliar de ocho (8) edificios. Mediante Resolución de 8 de diciembre de 1970, la Junta denegó esta segunda consulta por care-cer “de un acceso permanente adecuado para servir al proyecto”.

Según determinó el tribunal, Hampton confió en poder sobreponer las objeciones, por lo que solicitó la reconside-ración de la decisión de la Junta y comenzó a gestionar la adquisición de la propiedad.

Para mayo de 1971, el entonces Gobernador de Puerto Rico aprobó el Plano Regulador del Area Metropolitana de San Juan, el cual, según enmendado, regiría el proceso de planificación, uso de terrenos y trazado de vías para la re-gión metropolitana durante la década siguiente. Entre esas vías, en la parte correspondiente al Plan de Uso de Terrenos y Transportación y el Mapa Oficial de Carreteras, estaba el Expreso Ruta Núm. 66. El trazado de esta ruta afectaba varias propiedades, incluyendo una porción de la finca de Hampton. Determinó el foro de instancia que en la segunda consulta de ubicación se había tomado en conside-ración el Expreso Ruta Núm. 66, por lo que aparentaba que el proyecto no presentaba un conflicto con éste.

El 26 de octubre de 1971, Hampton adquirió la referida propiedad de diecisiete punto dieciséis (17.16) cuerdas. El precio de la compraventa fue de diez dólares con veinti-cinco centavos ($10.25) por metro cuadrado, para un total de seiscientos noventa y un mil trescientos dieciséis dóla-res con veintisiete centavos ($691,316.27).

El 3 de febrero de 1972, la Junta, en reconsideración, emitió una consulta de ubicación favorable al desarrollo del proyecto de Hampton. El proyecto consistiría de un complejo de seis (6) edificios y cuatrocientas once (411) uni-dades de viviendas. La resolución condicionó la aprobación de la consulta a varios requisitos.()

Hampton comenzó a realizar los preparativos para el proyecto. Preparó los planos preliminares; realizó movi-mientos extensos de tierras para restaurar la topografía de la propiedad e incurrió en otros trabajos de naturaleza ad-ministrati va relacionados con el proyecto. Todos estos tra-bajos se realizaron sin someter el desarrollo preliminar re-querido por la Junta. El 10 de agosto de 1972 la Junta le concedió una prórroga de cuatro (4) meses a Hampton para que sometiera el desarrollo preliminar a su consideración.

Para septiembre de 1972 Hampton fue informado por los oficiales de la Autoridad de Carreteras que la alinea-ción del Expreso Ruta Núm. 66 había sido alterada para incluir una estación de peaje, ampliándose de este modo la servidumbre necesaria. Esto tornaba el proyecto de Hampton en uno no viable. Por ello, Hampton optó por abandonar sus planes de desarrollo del terreno e intentó expeditar la adquisición por el Gobierno de la porción de su propiedad afectada, diez punto dieciséis (10.16) cuerdas.()

Mediante una comunicación de 22 de septiembre de 1972 al Secretario de Obras Públicas, Hampton informó que la variación en la alineación del Expreso Ruta Núm. 66 eliminó su proyecto definitivamente y le causó daños sus-tanciales, dejando a la compañía en estado gravoso. El 29 de septiembre de 1972, en respuesta, el Departamento de Obras Públicas le prometió a Hampton que se investigaría el asunto y que se sometería al entonces existente Comité de Casos Gravosos de la Junta y de Obras Públicas.

El 12 de diciembre de 1972, el Subsecretario del Depar-tamento de Obras Públicas le notificó a Hampton que por recomendación del Comité de Casos Gravosos se había aprobado la adquisición de la propiedad y que se había dado instrucciones para iniciar los trámites de mensura.

Hampton, amparándose en lo antes señalado, abandonó los trámites relacionados a su proyecto. No sometió el de-sarrollo preliminar requerido por la Junta, por lo que su solicitud fue archivada. Tampoco adquirió la parcela de ac-ceso para el proyecto.

Durante seis (6) años, de 1973 a 1979, Hampton estuvo activamente gestionando la expropiación. Recibió varias comunicaciones del Departamento de Obras Públicas en que se reiteraba que se estaba en proceso de adquirir la propiedad y que se estaba en una etapa avanzada de adquisición. En 1977, cinco (5) años después de haberse aprobado la adquisición de la propiedad como caso gravoso, se le informó a Hampton que se esperaba terminar la ad-quisición en un futuro cercano. En dicha comunicación, el Departamento de Obras Públicas adujo que por limitacio-nes de fondos no se habían podido terminar las trans-acciones.

Debido a la crisis económica de mediados de la década de los setenta, al Estado no le fue posible asignar los fon-dos necesarios para la compra. El Estado nunca adquirió la propiedad.

Finalmente, el 3 de mayo de 1979, Hampton presentó una acción de expropiación a la inversa. El 25 de junio de 1981 obtuvo una sentencia parcial a su favor, mediante la cual se ordenó la liberación de la propiedad de cualquier restricción impuesta por la Junta. () Mediante una Resolu-ción de 19 de agosto de 1981, la Junta liberó la propiedad de las restricciones impuestas.()

En la Sentencia parcial de 25 de junio de 1981, el tribunal determinó que los nueve (9) años que la propiedad es-tuvo congelada era un término irrazonable, por lo que de-claró con lugar la demanda. Dejó pendiente para ulterior consideración la reclamación de daños.

Finalmente, después de haber transcurrido trece (13) años de su presentación y de haber intervenido tres (3) jueces, el 15 de octubre de 1992 el tribunal dictó la senten-cia que dispuso del caso.() En ésta se concedieron sesenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro dólares ($63,354), más los intereses al 6% desde el 1ro de septiembre de 1980, por concepto de los daños sufridos por la parte demandante por el valor de la pérdida del uso de su propiedad.

Concluyó el tribunal que el Estado podía congelar una parte sustancial de la propiedad de Hampton sin tener que compensarla por un período de ocho (8) años, o sea, desde septiembre de 1972 a septiembre de 1980. Impuso daños por el período en exceso de los ocho (8) años por entender que fue desde ese momento que la congelación constituyó una incautación de una parte sustancial de la propiedad de Hampton.

El tribunal concluyó que, según las normas establecidas por nuestra jurisprudencia, Hampton fue privada de "todo uso económico” de su propiedad. Razonó, sin embargo, que según una aplicación estricta de las normas federales, por no haber sido privada Hampton de la utilización económica de todo uso de toda su propiedad, probablemente no ten-dría derecho a recobrar suma alguna.

Por otro lado, el tribunal no concedió otras partidas de gastos reclamadas por Hampton, tales como, los gastos de movimiento de tierras y de preparación de planos. Entre otros fundamentos, señaló que Hampton incumplió con el requisito de notificación de estas reclamaciones al Estado.

Inconforme con la determinación del foro de instancia, Hampton presentó un escrito de apelación el 8 de febrero de 1993.() Como cuestión constitucional sustancial, re-clamó, en síntesis, la violación a su derecho a una juéta compensación por la incautación de su propiedad por el Estado desde diciembre de 1972, fecha cuando el Subsecre-tario del Departamento de Obras Públicas le notificó a Hampton que se había aprobado, como caso gravoso, la ad-quisición de la porción de la propiedad afectada por el Ex-preso Ruta Núm. 66, diez punto dieciséis (10.16) cuerdas.

En resumen, los planteamientos incoados por el ape-lante señalan:

1) que las actuaciones del Estado con respecto a la propiedad del apelante se efectuaron bajo el poder de dominio eminente y constituyeron una incautación desde diciembre de 1972.
2) que la clasificación como caso gravoso constituyó un recono-cimiento por el Estado de que el apelante sufrió daños econó-micos y que la actuación del Estado fue irrazonable y confisca-toria, constituyendo una incautación de la propiedad sin el pago de una justa compensación.
3) que la incautación comenzó en diciembre de 1972 y duró hasta agosto de 1981.
(4) que la aplicación por analogía al caso de autos del período de ocho (8) años estatuido en la Ley Núm. 2 de 29 de enero de 1979, constituye una aplicación retroactiva de la ley.
(5) que la tasa del 6% de interés que el tribunal de instancia ordena se pague sobre la cantidad concedida es contraria a la justa compensación y por tanto inconstitucional.
6) que el apelante tiene derecho a las siguientes compensacio-nes:
(d.l) $1,495.608.00 por concepto de la inversión en el movi-miento de tierra preliminar de su propiedad.
(d.2) $1,037.833.00 por concepto de la inversión en planos y gestiones administrativas.
(d.2) $1,437,547.00 por concepto de la privación de todo uso económico de la propiedad.

Acogimos la apelación presentada por plantear una cuestión constitucional sustancial. Con el beneficio de los alegatos presentados por ambas partes, procedemos a resolver la controversia.

I — I HH

En síntesis, en sus primeros tres (3) señalamientos de error el apelante plantea que las actuaciones del Estado en la controversia que nos ocupa se efectuaron bajo el poder de dominio eminente y que la incautación de su propiedad comenzó en diciembre de 1972, fecha cuando se le notificó que su caso era gravoso y que el Estado estaba haciendo gestiones para adquirir la parte de la propiedad afectada por el proyectado Expreso Ruta Núm. 66. Esta situación duró hasta agosto de 1981, cuando finalmente, por orden del tribunal, se liberó la propiedad de las restricciones impuestas. Reclama, por lo tanto, el pago de los darnos su-fridos por concepto de la privación del uso económico pro-ductivo de su propiedad como consecuencia de dicha actua-ción gubernamental, desde diciembre de 1972 hasta agosto de 1981.

El Art. II, Sec. 7 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, consagra el derecho fundamental del ser humano al disfrute de la propiedad. El Art. II, Sec. 9 establece, además, que:

No se tomará o peijudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley ....

Similar protección al derecho de propiedad se encuentra en la Constitución de Estados Unidos. Establece la Quinta Enmienda de dicha Constitución que nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se tomará la propiedad privada para uso público sin una compensación justa. Heftler International, Inc. v. J. de P, 99 D.P.R. 467, 473-474 (1970).

A tono con dicho mandato constitucional, se ha reconocido que el Estado tiene la obligación de pagar una justa compensación cuando se incauta de una propiedad mediante el ejercicio directo del poder de dominio eminente, instando un recurso de expropiación o por medio de su reglamentación, o cuando ocurre una invasión física de ésta. Velázquez Velázquez v. E.L.A., 135 D.P.R. 84 (1994); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Sucn. García v. Aut. de Carreteras, 114 D.P.R. 676 (1983); Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978).

Para los casos excepcionales de ocupación física, incautación de un derecho real, o restricciones a la propiedad por vía de reglamentación sin haberse presentado una acción de expropiación, se ha instituido la acción de expropiación a la inversa. La acción es denominada así porque se insta por el dueño de la propiedad contra el Estado para obtener la compensación a que tiene derecho, y generalmente le aplican las mismas normas y principios que rigen la acción de expropiación iniciada por el Estado. Véanse: Velázquez Veláquez v. E.L.A., supra, pág. 88; E.L.A. v. Northwestern Const. Inc., 103 D.P.R. 377, 383 (1975); Olivero v. Autoridad de Carreteras, supra, pág. 307.

De otra parte, se ha reconocido que en los casos de incautación reglamentaria no existe una fórmula que demarque la separación entre el poder de razón del Estado y el de expropiación. Resulta particularmente apropiada la ya clásica cita del Juez Holmes en Pennsylvania Coal v. Mahon, 260 U.S. 393, 415 (1922), de que “aunque la pro-piedad pueda ser reglamentada hasta cierto grado, si la reglamentación excede los límites ésta se reconocerá como. una incautación”. (Traducción nuestra.) En consecuencia, nunca se ha precisado el momento cuando la reglamenta-ción alcanza tal magnitud que el poder de razón del Estado se convierte en el de expropiación forzosa. Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); MacDonald, Sommer & Frates v. Yolo County, 477 U.S. 340 (1986); Penn Central Transp. Co. v. New York City, 438 U.S. 104 (1978); Epstein, Takings: Descent and Resurrection, Sup. Ct. Rev. 1 (1987). Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, esta determinación se hace caso a caso, sopesando los distintos valores involucrados para obtener un equilibrio dinámico y razonable entre los intereses par-ticulares y los de la comunidad. Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993); The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23, 29 (1978); Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884, 891 (1975); Yee v. City of Escondido, 503 U.S. 519 (1992).

Según expresó el Juez Brennan en su disidencia en San Diego Gas & Electric Co. v. San Diego, 450 U.S. 621, 653 (1981), citado con aprobación por el Juez Scalia en Lucas v. So. Carolina Coastal Council, supra, pág. 814:

Los reglamentos del poder de razón del Estado tales y como las ordenanzas de zonificación y otras restricciones al desarro-llo de terrenos, pueden destruir el uso y disfrute de la propie-dad para promover el bien público tan efectivamente como una expropiación formal o una invasión física de la propiedad. Desde el punto de vista del propietario, poco importa si su te-rreno se le expropió o inundó o se le restringió por reglamento el uso de estado natural, si el efecto en ambos casos es privarle de todo el uso y disfrute.
El hecho de que una incautación reglamentaria sea tempo- . rera, por razón del poder gubernamental para rescindir o en-mendar reglamentación, no la hace menos incautación en el sentido constitucional. (Traducción nuestra.)

Para lograr el justo balance de intereses en casos de reglamentos bajo el poder de razón del Estado que pueden afectar los derechos propietarios, se toman en consideración los factores siguientes: “(1) la naturaleza de la actuación gubernamental; (2) el impacto económico de la reglamentación sobre las personas o entidades afectadas, y (3) si el impacto económico sobre el individuo es menor que el interés protegido por la reglamentación.” Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 604; 2 Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure Sec. 15.12(e) (1992); F.I. Michelman, Property, Utility, and Fairness: Comments on Ethical Foundations of “Just Compensation” Law, 80 (Num. 6) Harv. L. Rev. 1165 (1967).

Se ha requerido una justa compensación cuando la reglamentación priva al dueño de todo uso productivo de su propiedad. Agins v. Tiburón, 447 U.S. 255 (1980); Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 607; Culebra Enterprise Corp. v. E.L.A., supra, pág. 953. Ello es así porque la privación total del uso económico de una propiedad equivale a una invasión física por parte del Estado. Aunque el efecto de la privación sea temporero, se ha reconocido que procede una compensación por el valor del uso de la propiedad durante el tiempo en que el Estado privó al dueño de todo uso productivo de ésta. La posterior liberación de las restricciones impuestas no exime al Estado del deber de compensar. Véanse: Lucas v. South Carolina Coastal Council, supra, pág. 815; First Lutheran Church v. Los Angeles County, 482 U.S. 304 (1987); Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., supra. El Tribunal Supremo federal, por voz de su Juez Presidente Rehnquist, específicamente expresó en First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, pág. 321, lo siguiente:

... Una vez que un tribunal determina que ha ocurrido una incautación, el gobierno retiene toda la gama de opciones dis-ponibles —enmendar la reglamentación, retirar la reglamenta-ción invalidada, o ejercer su poder de dominio eminente. Por lo tanto, y contrario a lo que sugiere el Procurador General, noso-tros no “permit [irnos] que un tribunal, a instancias de un particular, le requiera al Gobierno que ejerza su poder de dominio eminente ...Comparecencia de Estados Unidos como Amicus Curiae, 22. Simplemente sostenemos que en aquellos casos en que, mediante acción gubernamental, ya se haya efectuado una incautación de todo uso de una propiedad, ninguna acción posterior del gobierno puede relevarlo de la obligación de proveer compensación por el tiempo que duró dicha incautación. (Tra-ducción y énfasis suplidos.)()

Cabe señalar, sin embargo, que en los casos de propiedades afectadas por zonificación, no se activa el derecho a compensación simplemente porque la reglamentación impide el uso óptimo o más productivo de éstas. Tampoco procede per se una compensación cuando la reglamentación sólo tiene el efecto de disminuir el valor de la propiedad. Por último, debemos indicar que la denegación de un permiso solicitado por un propietario no constituye una incautación si éste no queda impedido de dedicar la propiedad a otro uso razonable. Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., supra, y casos allí citados.

En First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, el Juez Rehnquist, haciendo alusión a las razones tradicio-nalmente esbozadas por los Estados para apoyar la posi-ción de que en los casos de incautación reglamentaria no debía proceder el remedio de compensación monetaria, re-conoció que el fallo en First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, indudablemente disminuiría en alguna forma la libertad y flexibilidad de los planificadores, las agencias gubernamentales y las corporaciones municipales sobre el uso de terrenos. Hizo hincapié en el hecho de que estas consecuencias fluyen necesariamente de cualquier decisión que sostenga el reclamo a un derecho cons-titucional. Expresó que muchas de las disposiciones cons-titucionales han sido diseñadas, precisamente, para limi-tar la flexibilidad y libertad de las autoridades guber-namentales. Específicamente, indicó que la Cláusula de Justa Compensación es una de éstas.

En 1992, en Lucas v. South Carolina Coastal Council, supra, por voz del Juez Scalia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció nuevamente sobre la proce-dencia de una compensación dimanante de una incauta-ción reglamentaria temporera. Allí reconoció que había por lo menos dos (2) categorías de actuaciones regulatorias que eran compensables per se, sin que se tuviese que realizar un análisis específico sobre el interés público que apoya la restricción. Primero, cuando como resultado de la regla-mentación, el Estado o una tercera persona invade física y permanentemente una propiedad, aunque sea una inva-sión de minimus. La segunda situación surge cuando una reglamentación despoja al propietario de todo uso económi-camente productivo o beneficioso de su propiedad inmueble. Lucas v. South Carolina Coastal Council, supra, págs. 812-813; Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., supra.

En lo que respecta a la segunda situación, cuando la reglamentación del Estado priva al dueño de todo uso eco-nómico beneficioso de su propiedad, el Estado sólo puede dejar de compensar cuando el uso prohibido de la propie-dad no fue parte del título que éste adquirió. Lucas v. South Carolina Coastal Council, supra, pág. 820. Sobre la reglamentación del tipo confiscatorio, expresó que cual-quier limitación tan severa no puede ser recién legislada sin compensación; sólo se puede sostener sin compensación cuando es inherente al título, como parte de los principios de las leyes de derecho propietario o de estorbo público {nuisance) ya vigentes. Id., pág. 821.

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Pasemos ahora a considerar la legislación sobre reserva, congelación y afectación de propiedades inmuebles.

El 29 de enero de 1979 se aprobó la Ley Núm. 2 (32 L.P.R.A. see. 2921 et seq.). Mediante esta ley se fijó en ocho (8) años el término máximo durante el cual el Estado podía reservar o congelar una propiedad inmueble privada para fines públicos. En su Exposición de Motivos se expresó que se estaba adoptando “una regla uniforme, consistente e in-discriminatoria, mediante la cual se salvaguarde el dere-cho constitucional del libre disfrute a la propiedad y se garantice un balance adecuado a las partes en lo que res-pecta a los intereses de cada cual”. 1979 Leyes de Puerto Rico 5, 6-7. Pasado este término, que comenzaba a partir de la declaración de reserva para uso público, el dueño de la propiedad afectada podía solicitar a la agencia con juris-dicción que procediera a adquirir la propiedad dentro de un plazo de noventa (90) días. Si la agencia no adquiría la propiedad dentro de ese término, el dueño entonces podía requerirle a la Junta que eliminase la restricción y la Junta procedería inmediatamente a realizar lo solicitado.

En el Art. 3 de la ley, 32 L.P.R.A. ant. see. 2922, se dis-puso en específico que en aquellos casos de propiedades reservadas con anterioridad a la vigencia de la ley, el pe-ríodo de ocho (8) años comenzaría a contar a partir de su aprobación, es. decir, a partir de 29 de enero de 1979.

La Ley Núm. 2, supra, fue sustituida por la Ley Núm. 46 de 26 de junio de 1987 (32 L.P.R.A. sees. 2923-2927). En ninguna de las dos (2) leyes se dispuso específicamente que la adquisición de la propiedad o la eliminación de la res-tricción serían los únicos remedios disponibles para el dueño de la propiedad afectada. Nada se dijo tampoco so-bre el derecho del dueño a ser compensado por el tiempo en que la propiedad permaneciese afectada por la reserva o congelación, cuando dentro de dicho término hubiese ocu-rrido una incautación. La única discusión sobre este particular surgió entre los Senadores Deynes Soto y Ramos Ba-rroso durante los debates que precedieron a la aprobación de la Ley Núm. 2, supra:

SR. DEYNES SOTO: Señor Presidente, no es objeción, pero lo que quisiera saber es, antes de votar esta enmienda, si el compañero dentro de las otras enmiendas considera o va a con-siderar el que el propietario reciba alguna remuneración del Gobierno o no.
SR. RAMOS BARROSO: Señor Presidente, en la actualidad existe una ley, la cual entró en vigor en el 1954, si no recuerdo mal, a los efectos de que la propiedad que fuese reservada o congelada por el Estado, a esa ley se le eximía del pago de contribuciones. Hasta el 1954 se podía reservar o congelar pro-piedad privada y el dueño tenía que seguir pagando las contri-buciones de esa propiedad. En el 1954 se entendió por la Legis-latura de que esa era una disposición demasiado onerosa para el dueño de los terrenos y se le dio entonces, mediante legisla-ción la facultad de no pagar contribuciones sobre la propiedad inmueble.
Entendemos, señor Presidente, de que esa ley es suficiente-mente amplia para darle al contribuyente, al darle al dueño de la propiedad, una exención a pesar de que no está usando la propiedad por estar congelada como desearía el dueño. Cree-mos que el no pagar contribuciones sobre la propiedad es sufi-ciente incentivo o suficiente ayuda al dueño de la propiedad para que el Estado tenga esa propiedad congelada. No creemos que el Estado deba hacer alguna contribución adicional, ya que si la propiedad se reserva o se congela para propósitos de bien-estar público, no creemos que sea necesario darle ninguna con-cesión adicional al dueño del terreno que no sea el no pago de contribuciones durante el tiempo que está la propiedad reser-vada o congelada.
SR. DEYNES SOTO: Señor Presidente, entonces, debo enten-der que se va a continuar con la exención contributiva de los terrenos a los propietarios de los mismos mientras está identi-ficada o congelada para uso o fines públicos.
SR. RAMOS BARROSO: Sí, señor Presidente. El único efecto de este Proyecto es que el Estado no puede congelar o reservar propiedades por un término mayor de ocho años. (Enfasis suplido.) Debate del Senado sobre el P. del S. 419 de 27 de marzo de 1978, págs. 10-11.

A pesar de esta discusión, no se incluyó disposición al-guna en la ley que limitase el remedio del dueño a lo allí establecido o que descartase el pago de una justa compen-sación por el valor del uso del terreno, cuando la congela-ción, reserva o afectación resultase en una incautación al privar al dueño de todo su uso económico productivo.

En cuanto a la Ley Núm. 46, supra, en el Art. 1 (32 L.P.R.A. see. 2923), simplemente se expresó que se hacía necesario adoptar estas normas “sobre la asignación de costos y beneficios, especialmente aquéllas relativas a los criterios y términos utilizados para determinar cuándo los costos al propietario trascienden los beneficios a la sociedad”.

De otra parte, en el Art. 3 de la Ley Núm. 46, supra, 32 L.P.R.A. sec. 2925, se estableció, como uno de los criterios para determinar la afectación de terrenos, la denegación de todo uso productivo en un área mayor de veinte por ciento (20%) del predio de un terreno, tomando en conside-ración la cabida total del predio original. Con relación a esta ley, en Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, pág. 955, expresamos que al fijar el término de ocho (8) años se persigue que el Estado cuente “con tiempo suficiente para llevar a cabo cualesquiera estudios necesarios antes de de-cidir el destino de la propiedad, sin limitar ad perpetuara e irrazonablemente los derechos del dueño afectado. Sin embargo, ello no significa que el Estado viene obligado a man-tener la restricción por los ocho (8) años. Puede liberar la propiedad antes”. En este mismo caso reconocimos, citando a First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, “que cuando la reglamentación conlleva privar al dueño de todo uso efectivo de su propiedad, no basta simplemente con invalidar esa reglamentación. Bajo la Quinta En-mienda el remedio constitucional que procede es el pago de una compensación monetaria por el período que duró la reglamentación”. (Enfasis suprimido.) Id., pág. 953.

De todo lo antes expuesto se puede colegir que ni la ley vigente al presentarse la demanda en este caso, la Ley Núm. 2, supra, ni la ley actual, la Ley Núm. 46, supra, contienen disposición alguna que prohíba la concesión de daños por el valor del uso dé una propiedad cuando, durante el término de ocho (8) años y al amparo de estas leyes, se reserva, congela o afecta una propiedad, de forma tal que se impide todo uso productivo de ésta y se da lugar a una incautación. Si existe o no una incautación dentro de ese período de ocho (8) años hay que analizarlo caso a caso.

IV

Pasemos ahora a aplicar las normas de derecho antes expuestas a los hechos específicos del caso ante nuestra consideración.

Según surge de la sentencia, Hampton solicitó y obtuvo la aprobación de una consulta de ubicación para un desa-rrollo multifamiliar residencial de cuatrocientas once (411) unidades en una porción de diez punto dieciséis (10.16) cuerdas de su propiedad. Resolución de la Junta de Plani-ficación de 3 de febrero de 1972. Al variarse la alineación del Expreso Ruta Núm. 66 en el Mapa de Carreteras en septiembre de ese año, el proyecto quedó afectado por el trazado de dicha vía. Ello implicaba que Hampton estaba impedida de obtener un permiso de construcción sobre la propiedad.

La anterior situación trastocó todos los planes de desa-rrollo de Hampton y privó de todo uso económico produc-tivo del predio de diez punto dieciséis (10.16) cuerdas. Esto fue reconocido por el Gobierno, al declararse el caso como gravoso el 12 de diciembre de 1972. Esta declaración con-llevaba el compromiso de las agencias responsables de ad-quirir la propiedad que es objeto de la reserva o congela-ción de forma prioritaria. A pesar de que por espacio de siete (7) años, en respuesta a innumerables gestiones de Hampton, el Gobierno estuvo afirmándole que el proceso de adquisición estaba a punto de culminar, éste nunca llegó a realizarse por falta de los fondos necesarios. Ante esta situación, Hampton se vio precisado a presentar una acción de expropiación a la inversa, esto es, la liberación de la propiedad de las restricciones y daños.

El tribunal de instancia determinó que las restricciones impuestas por el Estado a la propiedad del demandante conllevaban la privación sustancial de todo uso económica-mente productivo de la propiedad, por lo que le asistía al apelante el derecho a recobrar daños por dicha privación. Concluyó, además, que la compensación requerida por la cláusula de justa compensación, conforme a First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, era aquella conmen-surable al valor del uso de la propiedad durante el período que duró la incautación. Resolvió que la incautación co-menzó pasados los ocho (8) años de haber sido congelados los terrenos, aplicando así los conceptos de la Ley Núm. 2, supra. De esta forma, intentó armonizar lo que entendió que era el precedente federal con la disposición estatutaria que interpretó como que permite que los terrenos privados en Puerto Rico puedan ser reservados por un máximo de ocho (8) años sin que el Estado esté obligado a proveer compensación alguna por el valor del uso de éstos durante ese período. Expresó que el precedente establecido en First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, posible-mente invalidaría la Ley Núm. 2, supra. Sin embargo, no lo aplicó por entender que dicho precedente exige que se prive al propietario de todo uso de toda la propiedad, y que en este caso el apelante no había sido privado del uso de toda su propiedad. Arguyo que las restricciones que eran objeto de esta controversia sólo aplicaban a un predio de diez punto dieciséis (10.16) cuerdas, el cincuenta y nueve punto veintiún por ciento (59.21%) de la cabida total de diecisiete punto dieciséis (17.16) cuerdas. Apoyó su deci-sión, además, en lo resuelto en Penn Central Transp. Co. v. New York City, supra. No le asiste la razón.

Un análisis de la Ley Núm. 2, supra, y de las normas de derecho antes expuestas nos lleva a concluir que la inter-pretación del tribunal de instancia no encuentra apoyo en éstas. En First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, el gobierno del Condado de Los Ángeles adoptó una ordenanza interina que prohibía la construcción en una zona que temporeramente se había clasificado como inundable. La iglesia demandante alegó que dicha orde-nanza le privaba de su propiedad sin justa compensación. El Tribunal Supremo determinó que una reglamentación de carácter temporero que efectivamente priva al dueño de todo uso y disfrute de su propiedad constituye una incau-tación compensable, aunque luego el Estado retire las res-tricciones impuestas. ()

En el caso de autos no cabe la menor duda de que a Hampton se le privó de todo uso económico productivo de una parte sustancial de su propiedad, diez punto dieciséis (10.16) cuerdas, o sea, el cincuenta y nueve punto veintiún por ciento (59.21%) de la totalidad del predio. El propio Estado así lo reconoció. Es esta propiedad, las diez punto dieciséis (10.16) cuerdas, la que fue incautada por la regla-mentación del Estado y la que el tribunal de instancia ordenó que se expropiase o se le eliminasen las restriccio-nes impuestas y se compensasen los daños por la privación de su uso.

En First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, el Tribunal hace referencia, en todo momento, que se le haya privado al dueño de todo uso de su propiedad, no a todo uso de toda su propiedad. En la incautación reglamentaria al igual que en la física y en la expropiación propiamente, el Gobierno sólo expropia o se incauta y, por ende, compensa la parte de la propiedad que necesita o que ha incautado. En cuanto al remanente de la propiedad, el Estado sólo está obligado a compensar cuando éste sufre daños sustanciales como consecuencia de la expropiación o incautación. Pueblo v. García, 66 D.P.R. 504 (1946). Además, véanse: E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 D.P.R. 573 (1962); E.L.A. v. Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956); Pueblo v. Anadón, 69 D.P.R. 822 (1949).

El caso Penn Central Transp. Co. v. New York City, supra, tampoco brinda apoyo a la tesis del foro de instancia. Allí se sostuvo la constitucionalidad de una ley del estado de Nueva York sobre la preservación de edificios históricos que regulaba la utilización del espacio aéreo sobre la Terminal “Grand Central”. El estatuto no prohibía expresa-mente toda construcción sobre el espacio aéreo; sólo la re-glamentaba de acuerdo con los propósitos de conservación histórica de la ley. En este caso se le permitió al propietario seguir utilizando el edificio y obtener beneficios económicos de la propiedad. Además, tuvo la opción de solicitar otro permiso para el uso del espacio aéreo que fuese cónsono con los propósitos de la ley. Finalmente el tribunal con-cluyó que, como los apelantes no habían solicitado la apro-bación para una estructura más pequeña, no se podía de-terminar que se les había negado todo uso de cualquier porción del espacio aéreo del terminal.

Recientemente, en 1992, en Lucas v. South Carolina Coastal Countil, supra, el Tribunal Supremo federal equi-paró la reglamentación temporera que despoja a un propie-tario de todo uso de su propiedad a una invasión física. El Juez Scalia expresó que cuando al dueño de una propiedad inmueble se le requiere que sacrifique todo uso económica-mente beneficioso de una propiedad en nombre del bien común, esto es, se le exige que deje su propiedad inerte, este propietario ha sufrido una incautación. Id., pág. 815. Esto fue precisamente lo que ocurrió con las diez punto dieciséis (10.16) cuerdas de Hampton. El hecho de que Hampton poseyese siete (7) cuerdas más y que éstas estu-viesen agrupadas con las diez punto dieciséis (10.16) cuer-das incautadas, no convierte la incautación de estas últi-mas en una no compensable. Indiscutiblemente, Hampton fue privado de todo uso económico productivo de las diez punto dieciséis (10.16) cuerdas de su propiedad.

En el caso de autos, la alteración en la alineación del Expreso Ruta Núm. 66 impedía al apelante todo posible uso del cincuenta y nueve punto veintiún por ciento (59.21%) de su propiedad, la cual estaría exclusivamente destinada a la construcción del Expreso Ruta Núm. 66. Esto no es una incautación de una porción de minimus de la propiedad de Hampton. Si por analogía aplicamos los criterios establecidos en la Ley Núm. 46, supra, encontra-mos que la porción del predio que el legislador estimó que constituía una denegación de todo uso productivo de una propiedad y, por ende, una afectación, era una mucho me-nor, el veinte por ciento (20%) del predio, tomando en con-sideración la cabida total. 32 L.RR.A. sec. 2925(b).

De otra parte, el término que dure la reserva en unión a los criterios antes esbozados es un factor adicional que se ha de considerar para determinar si la reglamentación im-puesta constituyó una incautación del terreno afectado. En el caso de Hampton encontramos que el término de dura-ción de las restricciones también fue irrazonable. A partir de 1972 y tras el reconocimiento expreso por las agencias concernidas de que se trataba de un caso gravoso, de una incautación, y que sería necesario expropiar el predio afec-tado, transcurrieron nueve (9) años sin que el Estado hi-ciera buena su promesa de expropiar. Durante todo este tiempo mantuvo a Hampton esperanzado en que llevaría a cabo la expropiación. Resulta claro que este período trans-currido es mucho más que el razonablemente necesario para que las agencias gubernamentales pudiesen efectuar los trámites necesarios encaminados a lograr la expropia-ción del predio afectado.

En resumen, tomando en consideración los hechos de este caso y las normas de derecho antes expuestas, conclui-mos lo siguiente: (1) que a éstos les aplica la Ley Núm. 2, supra, antecesora de la actual Ley Núm. 46, supra; (2) que la citada Ley Núm. 2 no dispone que el único remedio para situaciones en que haya habido una incautación reglamen-taria será el allí establecido de expropiación o liberación de la restricción al cabo de ocho (8) años; (3) que dicha ley no impide, si se dan los criterios establecidos en la jurispru-dencia, el que pueda haber una incautación durante el tér-mino de ocho (8) años que le permite al Estado reservar o congelar un terreno;() (4) que la reglamentación del Es-tado privó a Hampton, por espacio de casi nueve (9) años, de todo uso económicamente productivo de una parte sus-tancial de su propiedad, el cincuenta y nueve punto vein-tiún por ciento (59.21%) de ésta; (5) que esto constituye una incautación reglamentaria temporera y así fue recono-cido por el Estado al determinar que se estaba ante un caso gravoso y que procedía el que se expropiara, y (6) que in-dependientemente de que la restricción fue eliminada, pro-cede que el Estado compense a Hampton por el valor del uso efectivo del predio de diez punto dieciséis (10.16) cuer-das que fue objeto de las restricciones impuestas como parte de la proyectada construcción del Expreso Ruta Núm. 66, según aparecía en el Plan de Uso de Terrenos y Transportación y el Mapa Oficial de Carreteras. Hubo una incautación reglamentaria de la propiedad de Hampton, por lo menos desde diciembre de 1972, cuando el Comité de Casos Gravosos del Departamento de Obras Públicas de-terminó que existía un caso gravoso, y a partir de esa fecha es que se debe computar la compensación.

IV

Pasemos ahora a considerar la alegación del apelante de que el tribunal de instancia erró al denegarle el derecho a compensación por los gastos en que incurrió en planos y gestiones administrativas relacionadas a su proyecto resi-dencial de cuatrocientas once (411) unidades. Solicita las sumas de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos se-tenta y dos dólares ($345,572) y doscientos cuarenta mil dólares ($240,000) por estos gastos, respectivamente. Es su contención que se incurrió en dichos gastos basándose el apelante en la aprobación de su consulta de ubicación, por lo que procede la compensación a la luz de lo resuelto en Phi Delta Pi v. Junta de Planificación, 76 D.P.R. 585 (1954). La discusión de esta alegación no amerita que nos extendamos al respecto. No le asiste la razón al apelante.

En Phi Delta Pi v. Junta de Planificación, supra, pág. 591, establecimos tres (3) requisitos para la proceden-cia de daños por este concepto: (1) que se haya expedido un permiso de construcción por un funcionario debidamente autorizado; (2) que la persona que ha obtenido el permiso haya actuado a base de éste, y (3) que haya incurrido en gastos sustanciales.

En el caso de autos, Hampton no llegó a obtener un permiso de construcción. El proyecto fue congelado en una etapa preliminar, no existiendo garantía alguna de que la construcción fuese aprobada. Adviértase que la Resolución de la Junta de 3 de febrero de 1972, que aprobó la consulta de ubicación, disponía expresamente que la acción tomada por la Junta no implicaba la aprobación del desarrollo pre-liminar en sí, el cual debía someterse a su consideración bajo ciertas condiciones. Era, por lo tanto, responsabilidad de Hampton someter el desarrollo preliminar a la Junta dentro del término de seis (6) meses, gestión que nunca fue efectuada. Cabe señalar que, a la fecha cuando se varió la alineación del Expreso Ruta Núm. 66, Hampton sólo había solicitado una prórroga para cumplir con el requisito esta-blecido por la Junta.

El derecho de propiedad no abarca el derecho de urbanizar un predio sin la autorización gubernamental, la cual puede condicionarse. The Richards Group v. Junta de Planificación, supra, pág. 35. Concluimos, por lo tanto, que no le asiste al apelante el derecho a ser compensado por concepto de dichos gastos reclamados.

Con relación a la cantidad reclamada en concepto de planos, coincidimos con el foro de instancia en que la con-fección de éstos era una inversión necesaria para el propio trámite inicial del proyecto, sin que existiese seguridad al-guna en esa etapa de que el proyecto había de ser aprobado. Aunque no existe controversia en que la parte demandante incurrió en gastos por los conceptos reclama-dos, esta inversión no está protegida por ley. El Estado ha de pagar únicamente por lo que expropia o por la pérdida del valor del uso, no por las oportunidades que el dueño pueda perder como resultado de la expropiación. Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801 (1994). El error no fue cometido.

V

En la sentencia emitida por el tribunal de instancia el 15 de octubre de 1992, específicamente se dispuso: “se dicta sentencia condenando a las co-demandadas al pago solida-rio de la suma de $63,350.00 más intereses al tipo de 6% desde el día 12 de septiembre de 1980”, fecha a partir de la cual el tribunal dispuso que comenzó la incautación de la propiedad del apelante. Hampton sostiene que erró el tribunal al ordenar el pago de intereses al tipo de 6%, afir-mando que a tenor con la vigente norma federal la tasa del 6% debe ser considerada como un mínimo y no como el máximo del por ciento que se debe fijar.

Recientemente, en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 D.P.R. 683 (1994), nos expresamos en torno al por ciento de interés que debe fijarse como parte de la compensación que ha de otorgarse en los casos de expropiación por el Estado.()

Como parte integral de la justa compensación que debe ser concedida, la Ley de Expropiación Forzosa ordena el pago de “intereses al tipo anual de seis (6) por ciento sobre la cantidad finalmente concedida como valor de la propiedad a contar desde la fecha de la adquisición, y desde dicha fecha hasta la fecha del pago”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 2907. Véase E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, págs. 686-687.

Originalmente, la legislación federal sobre expropiación forzosa, Declaration of Taking Act, 40 U.S.C. sec. 258(a), contenía un lenguaje similar al de los Arts. 5(a) y 5(b) de nuestra ley, 32 L.P.R.A. sees. 2907 y 2908. Posteriormente, los tribunales federales resolvieron que dicha tasa debía interpretarse como un mínimo. Como resultado, el 27 de septiembre de 1986 el Congreso derogó la tasa del seis por ciento (6%) dispuesta en el Declaration of Taking Act. Véase E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, pág. 687, y casos allí citados.

Como al presente nuestra Asamblea Legislativa no ha modificado el tipo de interés a tono con la nueva norma federal, en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, resolvimos que hasta tanto la Asamblea Legislativa enmiende la ley de acuerdo con estos pronunciamientos, la tasa de seis por ciento (6%) ha de interpretarse conjuntamente con la disposición de carácter general establecida en la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y el Reglamento Núm. 78-1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, sobre sentencias finales y firmes. “Dicho reglamento visualiza los intereses a base de las ‘fluctuaciones en el mercado’ local, fenómeno dinámico que por experiencia prima facie se apuntala en criterios razonables”. (Énfasis suprimido.) E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, pág. 690. Se determinó que la decisión emitida y el Reglamento Núm. 78-1 aplicarán a todo caso de expropiación en trámite ante los tribunales y en los cuales no haya recaído una sentencia final y firme.

Aplicando por analogía la decisión anterior al caso que nos ocupa, procede el pago de intereses al tipo fijado por el Comisionado de Instituciones Financieras al momento de dictarse la sentencia desde el 12 de diciembre de 1972, fecha a partir de la cual concluimos que comenzó la incau-tación de la propiedad del apelante.()

VI

En atención a los fundamentos antes expuestos, resol-vemos que el apelante tiene derecho a la indemnización por los daños sufridos por la privación de todo uso efectivo de su propiedad, desde el 12 de diciembre de 1972 y hasta la fecha de liberación de las restricciones impuestas a la propiedad el 19 de agosto de 1981, más el pago de interés al tipo fijado por el Comisionado de Instituciones Financie-ras, desde el 12 de diciembre de 1972.

Se dictará sentencia para revocar la emitida por el tribunal de instancia en todo lo que resulte incompatible con lo expuesto en esta opinión y se devuelve el caso a dicho foro para ulteriores procedimientos consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

El dictamen de la mayoría en el caso de autos presupone que hubo una incautación reglamentaria temporera de la propiedad de Hampton Development Corporation (en ade-lante Hampton) desde el momento mismo cuando el Estado reconoció que, como producto de la reserva de dicha propie-dad para uso público, se sujetó el terreno aludido a una condición gravosa. De ese modo, aplicando la doctrina re-señada en First Lutheran Church v. Los Angeles County, 482 U.S. 304 (1987), la mayoría, sin analizar si de hecho Hampton fue privada de todo uso efectivo de la propiedad, concluye que procede la compensación correspondiente por el Estado respecto del predio supuestamente incautado.

Desde First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, es claro que toda aquella reglamentación, sea tempo-rera o permanente, que prive al dueño de todo uso efectivo de su propiedad constituye una incautación, que ha de ser compensada monetariamente por el Estado por todo el pe-ríodo que duró dicha privación. Véanse, además: Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Pamel Corp. v. E.L.A., 124 D.P.R. 853 (1989). Pero, para que proceda dicha compensación, es indispensable que exista una privación total del uso económico de una propiedad. Dolan v. City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994); Agins v. Tiburón, 447 U.S. 255 (1980); First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra; Lucas v. South Carolina Coastal Council, supra. El hecho de que el dueño de una propiedad sea privado mediante reglamentación dé utilizar su predio de la manera más productiva u óptima posible no significa que, a tenor con First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, se produjo una incautación. Penn Central Transp. Co. v. New York City, 438 U.S. 104 (1977); Goldblatt v. Hempstead, 369 U.S. 590 (1962); Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993); Texaco v. Srio. de Obras Públicas, 85 D.P.R. 712 (1962). De igual forma, no se configura una incautación sujeta a com-pensación cuando la reglamentación sólo disminuya el valor de una propiedad. Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., supra.

A fin de poder alegar una incautación, resulta menester que el propietario pruebe que la reglamentación le impide utilizar o dedicar la propiedad para cualquier otro uso razonable. United States v. Riverside Bayview Homes, 474 U.S. 121 (1985). Procede la compensación por razón de la incautación únicamente cuando se demuestre que, a virtud de dicha reglamentación, el dueño no podrá obtener bene-ficio alguno de la propiedad o que todo su valor ha sido destruido. Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., supra.

En el caso de autos, a pesar de que la opinión mayorita-ria gira en tomo a la normativa de First Lutheran Church v. Los Angeles County, supra, en ésta no se ha dilucidado aún si, de acuerdo con los usos de zonificación permitidos en el terreno, Hampton podía o no utilizar las diez punto dieciséis (10.16) cuerdas reservadas para algún otro uso razonable que no fuera el de urbanizar. Nótese que, al mo-mento de Hampton opcionar la finca, ésta estaba siendo utilizada para la extracción de tierra. Más aún, los usos de zonificación permitidos en dicha propiedad a la fecha del otorgamiento del contrato de opción, no avalaban el desa-rrollo de dicho terreno para su urbanización. Todo ello su-giere que la propiedad en cuestión servía para otros usos, distintos a los de urbanizar. Ante la ausencia de factores que señalen con claridad que en el caso de autos a Hampton se le privó de todo uso productivo de la propie-dad, no procedía la imposición de una compensación por una incautación que no ha sido claramente establecida.

Por otro lado, nótese también que Hampton adquirió la propiedad con posterioridad a haber sido notificada por la Junta de Planificación de la clasificación de uso público que afectaba el cincuenta y nueve punto veintiún por ciento (59.21%) del predio. No cabe duda que, en el caso de autos, Hampton decidió correrse el riesgo de comprar una propiedad sin ninguna seguridad de que pudiese ser utili-zada para los propósitos que deseaba, a saber, para urbanizarla.

Requerir una compensación en estas circunstancias im-plicaría inaceptablemente que la mera reserva de los terre-nos, aun siendo conocida antes de la adquisición de los mis-mos, constituye per se una incautación. Evidentemente, dicha implicación tendría un efecto abrumadoramente detrimental sobre la planificación pública de los terrenos en este país, que conculca ominosa e innecesariamente la fa-cultad del Estado para tomar las medidas pertinentes dirigidas a promover el bienestar general. Por todo ello, disiento.

      (1) Por no estar ante nuestra consideración la situación de hechos que produjo las determinaciones de derecho en Pamel Corp. v. E.L.A., 124 D.P.R. 853 (1989), no entraremos a discutir lo allí resuelto.
      Para una crítica de nuestra jurisprudencia en esta área del Derecho, véanse: W. González Oliver, Perestroika en la reglamentación inmobiliaria puertorriqueña, 1 Rev. Acad. Pur. Jur. y Leg. 49 (1989); A. Escudero Viera, Contestación al Discurso del Licenciado Wallace González Oliver, 1 Rev. Acad. Pur. Jur. y Leg. 71 (1989); J.J. Alvarez, Congelaciones de terrenos y la cláusula de justa compensación: El cántaro regresa a la fuente, en Derecho Constitucional, 61 Rev. Jur. U.P.R. 637, 742 (1992).

      (2) Estos requisitos eran: obtener los endosos de la Autoridad de Carreteras y del Departamento de Obras Públicas; adquirir la franja de terreno necesaria para el acceso, y someter a la consideración de la Junta de Planificación (en adelante la Junta) la aprobación del desarrollo preliminar en sí en un término de seis (6) meses, so pena de que la consulta fuese archivada.

      (3) Hampton tampoco intentó obtener un permiso de variación, según permitía la ley vigente en ese momento. Véase la Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942 (23 L.P.R.A. sec. 1 et seq.).

      (4) El tribunal ordenó al Estado que dentro del plazo de sesenta (60) días pro-cediera a adquirir la porción de diez punto dieciséis (10.16) cuerdas de la parcela que estaba afectada por el Expreso Ruta Núm. 66 o que procediera a descongelarla.

      (5) Posterior a esto, Hampton sometió una consulta de ubicación para un pro-yecto residencial multifamiliar para envejecientes que sería construido en seis punto ciento veintisiete (6.127) cuerdas de su propiedad. La Junta aprobó la consulta. Hampton sometió una segunda consulta de ubicación en 1982. En esa ocasión el proyecto sería residencial multifamiliar de quince (15) edificios con facilidades para ochenta y dos (82) apartamentos que habían de ser construidos en la porción res-tante de diez (10) cuerdas de su propiedad. Esta consulta fue denegada mediante la Resolución de 24 de junio de 1982 por tener el proyecto una densidad mayor a la permitida para una propiedad en una zona R-l. Además de esto, se consideró que los accesos existentes y los propuestos eran deficientes. Una reconsideración de Hampton fue denegada el 15 de septiembre de 1982.
      Por la determinación de la Junta, antes explicada, Hampton desistió del pro-yecto de desarrollo de su propiedad. En 1988 vendió el terreno por un total de nove-cientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y seis dólares con ochenta y seis centavos ($944,236.86), a catorce dólares ($14) el metro. Según lo determinó el trí-
        bunal de instancia, la ganancia de Hampton con la venta fue de doscientos cincuenta y dos mil novecientos veinte con cincuenta y nueve centavos ($252,920.59).

      (6) El 29 de julio de 1982, el tribunal dictó una sentencia en la cual desestimó las reclamaciones pendientes, al concluir que la parte demandante no había cumplido con el requisito de notificación al Estado (32 L.P.R.A. sec. 3077a). Ante una oportuna moción de reconsideración de la parte demandante, el 28 de agosto de 1982 el tribunal dejó sin efecto la sentencia.
      El Hon. Juez Ángel D. Ramírez se inhibió de continuar participando en el caso al percatarse de su participación como abogado en uno de los incidentes procesales. Referido el caso a otro juez, luego de varios incidentes procesales, el 23 de junio de 1983 quedó aparentemente sometida la procedencia de la reclamación de gastos y daños.
      Seis (6) años más tarde, el 18 de abril de 1989, la parte demandante solicitó el señalamiento de la vista en su fondo. Los codemandados se opusieron y plantearon que el caso debía desestimarse por inactividad.

      (7) El 8 de marzo de 1993, acudió en revisión la parte demandada, el Estado. En apoyo a su solicitud señaló, en síntesis, que la reglamentación impuesta a la propie-dad de Hampton no privó a éste de todo uso económico de su propiedad, criterio indispensable que debió utilizar el tribunal para determinar si procedía o no el pago de daños. Mediante una Resolución de 2 de abril de 1993, denegamos el recurso.

      (8) En First Lutheran Church v. Los Angeles County, 258 Cal.Rptr. 893 (1989), al ser devuelto el caso a la Corte de Apelaciones de California, ésta resolvió que: (1) la ordenanza que impedía la construcción de cualquier edificación en el área de protec-ción contra inundaciones era temporera y no negaba todo uso de la propiedad, y substancialmente adelantaba el interés del Estado en la seguridad de impedir daño o muerte en la próxima inundación, y (2) que la ordenanza interina no constituyó una incautación temporera interina aun asumiendo que las restricciones eran dema-siado abarcadoras si hubiesen sido impuestas permanentemente, ya que la orde-nanza sólo imponía una moratoria temporera por un tiempo razonable mientras se conducía un estudio y se determinaba qué usos eran compatibles con la seguridad pública.
      Como cuestión de hecho y de derecho, y en cuanto a si la ordenanza negaba todo uso productivo a la propiedad, el tribunal determinó que no se negaba todo uso productivo de la propiedad, ya que ésta sólo prohibía la reconstrucción de las estruc-turas dañadas en la inundación y la edificación de nuevas estructuras; no prohibía el uso de cualquier estructura que hubiese subsistido a la inundación. Además, no prohibía el uso de la propiedad como sitio para acampar (campground) y después de todo Lutherglen era precisamente una facilidad para acampar (camping facility).

      Para una crítica de esta decisión, véase a M.E. Gabor, Iruerse Condemnation a Temporary Flood Control Ordinance Held Not to be a Compensable Fifth Amendment Taking Contrary to Supreme Court Mandates: A Right Result For The Wrong Reasons?, 39 Drake L. Rev. 945 (1990).

      (9) El Tribunal devolvió el caso al foro de California para que éste determinase si bajo los hechos específicos que encontrase probados, la Iglesia había sido privada de todo uso y disfrute de la propiedad. Véase esc. 8.

      (10) Recordemos que en Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884 (1975), establecimos seis (6) criterios para determinar cuándo una conge-lación de terrenos se convierte en una incautación. Señalamos que al determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido deben tomarse en cuenta los siguientes facto-res:
      a) la naturaleza de la mejora pública que requiere la paralización del uso de terrenos, b) prioridad de la misma en el programa de mejoras públicas, c) costo del terreno y recursos disponibles, d) magnitud del perjuicio al dueño del terreno; si se trata de un proyecto de urbanización ... debe considerarse el valor de los terrenos congelados en relación con el desarrollo total aprobado, e) la posibilidad de otros usos productivos del terreno que no hagan más oneroso el desarrollo de la futura mejora pública; y, por supuesto, f) extensión del término transcurrido.” Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, supra, págs. 891-892.
      Adviértase que conforme a lo allí expresado el término de duración de la conge-lación de los terrenos es sólo uno de los factores que se han de considerar. A la luz de dichos criterios, no podemos presumir irrebatiblemente la validez de una congelación cuya duración sea menor de ocho (8) años.

      (11) El Juez Asociado Señor Hernández Denton ratifica sus reservas sobre los pronunciamientos en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 D.P.R. 683 (1994). Véase la opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López, a la cual se unió. Por considerar que la opinión mayoritaria en dicho caso constituye el precedente aplica-ble al caso de autos, ha decidido endosar la presente opinión.

      (12) “OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES SOBRE SENTENCIAS
      FECHAS GOBIERNO OTROS
      Hasta julio 5 de 1985 6.00 6.00
      De julio 6 de 1985 a Die. 31 de 1988 12.00 12.00
      Enero 1989 a junio 1989 8.50 11.50
      Julio 1989 a diciembre 1989 8.50 12.50
      Enero 1990 a junio 1990 8.00 11.50
      Julio 1990 a diciembre 1990 7.50 11.00
      Enero 1991 a junio 1991 7.00 11.00
      Julio 1991 a diciembre 1991 5.50 9.50
      Enero 1992 a junio 1992 4.50 8.50
      Julio 1992 a diciembre 1992 4.00 7.50
      Enero 1993 a junio 1993 3.50 7.00”