author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Ramón García Santiago, Secretario, Departamento de Servicios Sociales, demandante y recurrente, v. Raquel Acosta, demandada y recurrida.

      Número: R-75-149

      Resuelto: 4 de noviembre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Lirio Bernal de González, y Mario L. Paniagua, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del recurrente; José Ramón Méndez Purcell, Teodora Echevarría y José R. León Hernández, abo-gados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Consuelo nació el 11 de septiembre de 1974, fruto de la fecundación por ultraje de una retardada mental de 15 años por un desconocido. Por entender que el bienestar de la recién nacida estaría en peligro de no tomarse acción inmediata, el Tribunal de Distrito, facultado por Ley Núm. 47 de 29 de mayo de 1973 (34 L.P.R.A. sees. 2101 y ss.) concedió la custodia provisional al Departamento' de Servicios Sociales y se continuaron en el Superior los procedimientos dirigidos a impartirle permanencia al estado de custodia, a tenor del Art. 4 de la Ley Núm. 47 citada y la Núm. 97 de 23 de junio de 1955, según enmendada. (34 L.P.R.A. sees. 2001 y ss.) Después de oír prueba testifical y evaluar informes de los trabajadores sociales y de una sicóloga que designó, el Tribunal Superior denegó la solicitud del Estado y concedió la custodia a los abuelos de la niña. Al recurso de revisión expedimos orden para mostrar causa por la que no deba revocarse dicha actuación por revelar la prueba, contrario a las determinaciones del juez sentenciador “que las condiciones y el ambiente prevaleciente en el hogar de la madre de la menor no son las más adecuadas para la crianza de una niña de tierna edad.” Ambas partes han comparecido, la representación legal de la abuela usando un lenguaje primitivo en que imputa al Procurador General tentativa de engañar a este Tribunal, llamando incapaces sin aducir fundamentos a los funcionarios de Servicios Sociales e involucrando a los jueces en un símil sobre alcoholismo. La estatura moral e intelectual inherente al ejercicio de la abogacía impone un debate jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que lo degraden a vulgar diatriba. (Cánones 9 y 35 de Etica Profesional.)

El juez sentenciador reconoció la insuficiencia de la joven madre para tomar y cuidar su hija, pero optó por de-jar ésta con los abuelos maternos. Al así decidir estaba remi-tiendo la tercera generación de esta familia a la misma suerte de las generaciones que la precedieron. El hogar de los abuelos es compartido por la madre de la menor, otra hija que padece retardación mental con sicosis, bajo trata-miento en el Hospital de Siquiatría de Ponce; otra hija de 17 años afectada de tuberculosis pulmonar recluida en el Hospital Antituberculoso de Cayey, a quien dan licencia para visitar la familia tres veces al año; una hija del primer matrimonio de la abuela quien es también retardada; y tres menores escolares. La abuela tendría que enfrentarse al reto de cuidar a Consuelo, hoy de un año de edad, en los azarosos primeros años de su vida, mientras cuida también de los hijos estudiantes y de tres hijas retardadas entre ellas una de 28 años de edad que requiere una vigilancia tan estricta que para poder comparecer al juicio su señora madre hubo de dejarla al cuidado de un niño de 11 años que perdió ese día de clases. Hay en autos dos informes de trabajadores sociales que declaran la abuela inepta para manejar la aguda problemática del hogar por lo que ha caído en “actitud per-misiva”, y la descualifican totalmente para ejercer por ahora la custodia de la bebé fundados en datos categóricos. Hay un informe sicológico que se limita a señalar, sin mayor especificación un “movimiento continuo al progreso y mejor estar” cuya confiabilidad es cuestionable, pues de la joven madre, una retardada con edad mental de 5 años con 3 meses que en las sesiones de adiestramiento no aprendió a bañar una muñeca ni a llenar una botella, dice que sus terribles limitaciones son sus “mayores ventajas”.

En la sociedad democrática organizada alrededor de los derechos fundamentales del hombre, el Estado ha de reducir a un mínimo su intervención con sensitivas urdimbres emocionales como lo son las relaciones de familia. La intromisión en la vida privada sólo ha de tolerarse cuando así lo requieran factores superantes de salud y seguridad públicas o el derecho a la vida y a la felicidad del ser humano afectado. No menos exige la Constitución del Estado Libre Asociado al declarar que la dignidad del ser humano es inviolable, y al condenar el discrimen por motivo de nacimiento, origen o condición social. Constitución, Art. II, Sec. 1. El poder de parens patriae debe 'dirigirse, en su máxima plenitud a fomentar la integridad de la familia, propiciando aquellos sentimientos de amor, de seguridad y de existencia feliz que fluyen naturalmente en el hogar donde se nace, bien sea un rancho o un palacio. Algunos han resistido la mudanza del arrabal a un moderno residencial público y optado por una rehabilitación de sus casas en el páramo urbano de sus afectos.

El hombre y su familia constituyen la célula de la unidad nacional que debe ser mejorada, educada y cultivada pero no escindida. De ahí la razón para que en nuestro régimen constitucional dicha facultad de parens patriae se ejerza con gran moderación y restricción innata frente a los intensos sentimientos naturales que por alto designio unen los miembros de la familia.

No obstante lo dicho habrá ocasión en que el Estado para preservar valores superantes, como el derecho a la vida, por excepción ha de intervenir con la integración formativa de la familia. Esa función de tutor por excelencia tiene su expresión en la Ley Núm. 97 (34 L.P.R.A. see. 2001 y ss.) cuyo artículo confiere al Tribunal Superior autoridad sobre todo asunto relacionado con la custodia de cualquier niño; complementada por la Ley Núm. 47 (34 L.P.R.A. see. 2101 y ss.) que provee un recurso de emergencia para inter-venir con la custodia de un niño “cuya seguridad personal o buenas costumbres” estuvieren en peligro.

El presente caso no plantea la usual controversia entre parientes por la custodia de un menor. Introduce en el cuadro al Gobierno que propone escindir la familia y dar a esta niña la condición de pupilo del Estado. Notamos que la exposición de motivos de la Ley Núm. 97, supra, anuncia que su propósito es “privar provisional o permanentemente a los padres de la custodia de un niño sólo cuando el bienestar de éste o el interés público lo justifiquen, y brindarle en la medida que sea posible la orientación y atención que debió recibir en su hogar.” (34 L.P.R.A. see. 2001, Historial.) Aun dentro de los casos extremos debe hacerse un esfuerzo final por salvar la unidad familiar. La familia de cada ser humano es su centro natural de existencia y al cercenamiento de esos lazos ha de llegarse sólo cuando elementos de aban-dono, corrupción o violencia hagan totalmente imposible la vida o el desarrollo moral del hijo. Nuestra sociedad erigida sobre una base de respeto a los ¡derechos fundamentales del hombre y con una tradición profunda de cohesión familiar, devuelve al hogar aun a los convictos de crímenes que han merecido una libertad condicional. El mejoramiento y rehabi-litación de la familia subdesarrollada es la encomienda legis-lada de Servicios Sociales. Al desmembramiento debe llegarse como recurso final ante una situación ineluctable. No esta-mos frente a tales circunstancias extremas que conduzcan a la deshumanización forzosa de las relaciones familiares. Esta legislación, por su peculiar impacto sobre sentimientos y emociones, ha ¡de implementarse dentro de dimensiones humanas.

Los autos revelan que Servicios Sociales ejerce una supervisión paternal de esta infortunada familia, en ardua empresa por mejorarla. Debe continuar esa labor que es la razón genésica de ese Departamento. Su intervención en este caso tomando la niña recién nacida y preservando su salud y su vida en los primeros meses de su existencia ha cumplido a cabalidad la encomienda de ley. Para que no desmejore el humanitario esfuerzo gubernamental debe pro-veerse un período de transición en que la menor gane en fortaleza y desarrollo físico mientras se hacen los nece-sarios ajustes para su ingreso al regazo hogareño. El Depar-tamento de Servicios Sociales debe terminar su custodia oficial y entregarla a los abuelos maternos para el 11 de septiembre de 1976, día en que la niña cumple dos años de edad; salvo que surjan nuevas circunstancias agravantes que a juicio de su personal técnico pongan en riesgo la vida o el desarrollo moral de esta criatura, haciendo de un todo imposible su permanencia en el hogar que le dio el destino.

Revocada.

      A la pág. 12, párrafo 2o de su alegato escribe:

        . . Si esto Señores Jueces es ser alcohólico, entonces todos en Puerto Rico somos alcohólicos, y me perdonen que no los excluya, ya que hasta en la boda de un hijo o una hija un abstemio rompe su Regla.”

       Tiene una edad mental de 5 años con 3 meses.

      Así resulta de la prueba que descubre truncas e incompletas las determinaciones de hecho del tribunal a quo formuladas en sólo 33 líneas.

      Dice el informe sicológico en lo pertinente:
      “Del contenido de la entrevista, así como del comportamiento de Raquel en la misma me doy cuenta de que su habilidad para percatarse de una situación social y aprender de la misma es mayor de lo que ella inicial-mente comunica. Es decir, que aunque Raquel carece de sofisticación en sus destrezas sociales, su habilidad para superar la falta de exposición o de aprendizaje de las mismas se constituye a mi juicio en una de sus mayores ventajas. Sin lugar a dudas, hay áreas, especialmente la académica, en que el aprendizaje de Raquel ha sido sumamente lento. Aquí conviene tener en cuenta que ella fue removida del segundo grado debido a que ‘la trabaja-dora social dijo que era perder el tiempo.’
      Resulta sumamente difícil predecir la capacidad de Raquel en estos momentos. Ahora, si se toma en consideración su interés y alta motivación como elementos de juicio principales, entonces la probabilidad de que la joven salga airosa en el aprendizaje de áreas definidas por sus intereses es muy alta.” (Bastardillas en el original.)

       Ninguna decisión en este campo es permanente. Está sujeta a modificación en cualquier momento para beneficiar los mejores intereses del niño (34 L.P.R.A. see. 2013).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado, Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Towers Apartments, Inc., demandante y apelada, v. Guillermo Allende y Onofre Falcón, demandados y apelantes; Borinquen Towers Apartments, Inc., demandante y apelada, v. Ramón Cal Pita, demandado y apelante.

      Números: O-75-89, O-75-120

      Resuelto: 4 de noviembre de 1975

      Yusif Mafuz Blanco, Reinaldo Rodríguez Pagan, Wilfredo López Irizarry y Rosa E. Palou, abogados del Departamento de Asuntos al Consumidor y de los apelantes; Figueroa & Nassar, abogados de la apelada.
   SENTENCIA

Vistas las disposiciones de la Ley Nacional de Viviendas, National Housing Act (12 U.S.C.A. sec. 1713 et seq.) y la reglamentación aprobada al amparo de la misma (40 F.R. Secs. 403.8-403.10) y la Ley de Alquileres Razonables (17 L.P.R.A. see. 181 et seq.) se confirman las sentencias de desahucio por falta de pago dictadas por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan en 29 de noviembre de 1974 contra los apelantes Onofre Falcón y Guillermo Allende y a favor de la apelada Borinquen Towers Apartments, Inc. Se revoca la sentencia de desahucio por la causal de expiración de contrato dictada el 10 de enero de 1975 contra el apelante Ramón Cal Pita.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Se-ñor Secretario. Los Jueces Asociados, Señores Rigau y Martín no intervienen. El Juez Presidente, Señor Trías Monge y los Jueces Asociados, Señores Dávila y Díaz Cruz concurren.

El Juez Asociado, Señor Negrón García emitió una opinión con la cual están conformes los Jueces. Asociados, Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Opinión del

Juez Asociado, Señor Negrón García

con la cual están conformes los Jueces Asociados, Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 1975

Nuestra filosofía judicial de ampliar el ámbito de protección de los consumidores y la ausencia de legislación federal o reglamentación conflictiva en ciertas áreas del alquiler de viviendas, nos lleva a resolver en los recursos de epígrafe, que la Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, según enmendada, conocida como Ley de Alquileres Razonables (17 L.P.R.A. see. 181 et seq.), como regla general, es parcialmente aplicable a edificios de apartamentos dedicados a alquiler construidos bajo los auspicios financieros de la anti-gua Administración Federal Sobre Hogares, Federal Housing Administration (FHA), denominada al presente Desarrollo Urbano y Vivienda, Housing and Urban Development (HUD) conforme la Ley Nacional de Viviendas, National Housing Act (12 U.S.C.A. sec. 1713 et seq.).

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, concluyó de manera contraria al resolver que la ley Federal tiene “el campo ocupado” {preempted) y excluye Ja legislación local, y consecuentemente decretó los desahucios solicitados por las demandantes apeladas — dueñas de dos edificios conocidos como Borinquen Tower Apartments y Tower Apartments — contra los demandados apelantes Guillermo Allende, Onofre Falcón y Ramón Cal Pita por las causales de falta de pago y expira-ción del término de contrato.

No existe controversia en cuanto a los hechos y trámites esenciales que dan margen a la presente controversia. Al construirse los referidos edificios de apartamentos aseguran-do su financiamiento con la antigua FHA y construirse unas hipotecas sobre los mismos en garantía de un pagaré, su pro-pietaria otorgó simultáneamente con dicha administración un documento conocido como Acuerdo Reglamentario, “Regulatory Agreement” estipulando un sinnúmero de detalles referentes a su administración, manejo, operación, fijación, y variación de rentas, informes de estado financieros y otros. Este acuerdo está basado en la reglamentación entonces vigente, adoptada por el Secretario de la Vivienda según la autorización con-ferídale en la See. 211 de la citada ley (12 U.S.C.A. see. 1715(b). La fuente estatutaria que autoriza al Secreta-rio a asegurar hipotecas y el ámbito de tal reglamentación en proyectos de vivienda de tipo multifamiliar está recono-cida en la See. 207 (12 U.S.C.A. sec. 1713(b)(2)), que dispone:

“Cualquier otro deudor hipotecario aprobado por el Secre-tario que, hasta la terminación de las obligaciones del Secreta-rio bajo el seguro y durante el período de tiempo en que el Secre-tario sea el dueño, tenedor, o reasegurador de la hipoteca, está regulado o restringido por el Secretario respecto a rentas o ven-tas, cargos, estructura de capital, réditos y método de operación a tal extremo y manera que provea unas rentas razonables a los inquilinos y un rédito razonable de la inversión del arrenda-dor . . .

El aseguramiento de hipotecas bajo esta sección es con el propósito de facilitar particularmente la producción de alojamien-tos de alquiler, mediante rentas razonables, de diseño y tamaño familiar. Por lo tanto, en la implementación de esta sección, el Secretario está autorizado y encomendado a adoptar aquella acción, por reglas u otro modo, que canalice los beneficios del seguro de hipoteca aquí provisto primariamente a aquellos pro-yectos que provean adecuadamente a familias con niños, sobre los cuales se haya realizado todo esfuerzo para lograr rentas moderadas.” (Bastardillas nuestras.)

La reglamentación de la FHA en lo referente a solicitu-des de aumento de rentas, está contenida en un Manual .proce-sal administrativo que provee con lujo de detalles el trámite a seguirse, la documentación a presentarse y los criterios pertinentes aplicables. Su lectura pone de manifiesto que la agencia federal intenta establecer un balance entre el rédito de la inversión del 'deudor hipotecario y el monto de canon de arrendamiento que deban pagar los inquilinos. Sin embargo, del lenguaje de su propia introducción se detecta el interés básico de proteger su seguro minimizando los ries-gos del mismo en orden a su solvencia económica. “La acción rápida del Director de Oficina de Area (u Oficina Asegurado-ra) en la determinación y aprobación de las tarifas de rentas es de extrema importancia, ya que un ingreso adecuado y su uso prudente son esenciales al éxito de cualquier proyecto.”

A tono con el diseño legislativo y administrativo ex-puesto, al concertar sus respectivos contratos de arrenda-miento con la demandante apelada, los demandados apelantes reconocieron que el apartamento en cuestión estaba sujeto a una hipoteca asegurada por la FHA. . y en su consecuencia el arrendamiento de dicho apartamiento y las acciones de todas clases que se deriven del mismo no se encuentran afectadas por la Ley de Alquileres Razonables de Puerto Rico.” Igual-mente firmaron un addendum al contrato que establece: “Queda claramente entendido que este apartamento forma parte de un edificio cuyas rentas están reglamentadas por la Administración Federal Sobre Hogares (FHA) y pueden va-riar de tiempo en tiempo. Por lo tanto, cualquier cambio en la renta será ejecutable y el arrendatario mediante la presente se compromete hacerla efectiva en la fecha en que el cambio sea efectuado por la FHA.” (Traducción nuestra.)

A solicitud de la propietaria, para los años 1969, 1971 y 1974 la FHA aprobó nuevas tarifas de rentas aumentando las existentes por razón de haberse demostrado incremento en los gastos operacionales, las contribuciones y la energía eléc-trica. Los apelantes Allende y Falcón se negaron a satisfa-cer la diferencia en canon dictándose finalmente la Sentencia en desahucio que nos ocupa. Al apelante Cal Pita se le negó la renovación del alquiler al expirar el primer año emitién-dose igual decreto de desahucio.

Nuestros pronunciamientos hace un cuarto de siglo en el caso de Avila v. Tribunal de Distrito, 68 D.P.R. 11, 17-18 (1948) continúan teniendo validez en casos como el presente:

“En ausencia de una prohibición específica en una ley Federal contra legislación local, el Gobierno insular puede ejercer pode-res concurrentes aprobando, bajo su poder de policía, legislación que cubra la misma materia, siempre y cuando que ésta no esté tan íntimamente mezclada y relacionada con responsabilidades del gobierno nacional, que su propia naturaleza de por sí haga surgir la inferencia de que se trata de un asunto que compete exclusivamente al gobierno nacional. [Citas omitidas.]

El control de alquileres no es tan exclusivamente una res-ponsabilidad nacional, que su materia como tal requiera que resol-vamos que el Congreso, una vez legisla sobre ella, intenta ocupar el campo exclusivamente, a pesar de que el estatuto Federal no prohíbe específicamente un estatuto local sobre el mismo asunto.” Véase además: New York State Report of Social Services v. Dubline, 413 U.S. 405, 93 S.Ct. 2507, 37 L.Ed.2d 688 (1973).

El interés que predomina en la reglamentación federal ante nuestra consideración es puramente económico; de la sol-vencia o insolvencia del proyecto asegurado dependerá que se afecte el interés federal existente. La Ley Nacional de Viviendas no es un mecanismo de control de rentas. Helmsley v. Borough of Fort Lee, 362 F.Supp. 581, 590 (1973); Stoneridge Apts., Co. v. Lindsay, 303 F.Supp. 677, 680 (1969); Choy v. Farragut Gardens, 131 F.Supp. 609 (1955). Tampoco contiene disposiciones referentes a las causales y procedi-mientos de desahucios. No vemos como pueda existir conflicto sustancial entre la implementaeión de la ley federal y nuestra Ley de Alquileres Razonables. La cubierta de esta última es más amplia ya que cubre extremos tales como la vigencia del arrendamiento y las causas válidas para su terminación (de-sahucio) que están en armonía con la filosofía federal de pro-veer viviendas de alquiler adecuadas. En ese sentido, con toda deferencia, consideramos claramente distinguible y no controlable, las expresiones habidas en Peñagarícano v. Allen Corporation, 267 F.2d 550 (1959), en que la Corte del Primer Circuito de Boston resolvió que la Ley de Alquileres Razona-bles era inaplicable a vivienda tipo duplex construida bajo la Ley Nacional de Viviendas (12 U.S.C.A. see. 1743).

De fácil percepción resulta comprender que en nuestra isla, irrespectivamente de los avances habidos y los esfuer-zos gubernamentales de los últimos años, el problema de la vivienda adecuada y el control del alquiler subsiste como problema básico. Es innegable que, con ciertas variantes, las realidades que inspiraron nuestra Ley de Alquileres Razo-nables continúan al presente, lo cual exige continuada inter-vención gubernamental remedial y mecanismo de control de precio y otras condiciones. Tal legislación no sólo está revestida de interés público, sino que recoge una filosofía de inestimable valor humano. Sea alquilada o propia, en esencia, la vivienda representa un santuario* de privacidad para el disfrute familiar; al contrario, el desahucio repre-senta una negativa de ese principio y ciertamente, en aquellos casos en que lamentablemente procede, un traslado forzoso y en ocasiones una experiencia traumática para los individuos envueltos.

La ley como instrumento de la justicia, ante problemas que atañen el bienestar general del pueblo — tales como la salud, seguridad y otros — no puede ser objeto de adjudica-ción en un vacío intelectual; tiene que basarse en conceptos contemporáneos de lo que es justo y equitativo*. Nada nos impide que judicialmente reafirmemos el derecho a la vivienda como uno que trasciende la expresión inconclusa constitucio-nal de un pueblo, para convertirlo en un derecho humano, canalizable a través del esfuerzo y la estructura democrática vigente sin sujeción a rectificaciones históricas.

El lenguaje de la ley federal es compatible y afín con nuestra ley local, aun cuando la primera en su reglamentación pone especial énfasis en el aspecto económico. No intenta cubrir áreas relativas al desahucio y a las causas para que el mismo proceda — ámbito que nuestra legislación minuciosa-mente contempla. Resolvemos que carece de valor jurídico la cláusula impuesta por la propietaria apelante a los de-mandados en el sentido de que la Ley de Alquileres Razonables no era de aplicación a la relación arrendatieia pactada.

En ausencia de pronunciamiento congresional que clarar mente excluya legislación estatal sobre el particular, la agencia federal a cargo del programa — HUD—en casos en que meramente su interés consiste en haber asegurado el financia-miento de un proyecto* — como los que nos ocupan — nunca ha intentado ejercitar indiscriminadamente jurisdicción exclusiva sobre el aspecto del control del precio. Su más reciente declaración sobre este extremo está contenida en la regla-mentación efectiva el 22 de octubre de 1975 que adiciona al Capítulo IV de su Reglamento, en las Secs. 403.1 a 403.6 (Federal. Register, Vol. 40, No. 205, págs. 49318 a 49321). Estas disponen que únicamente dicho Departamento ejercitará jurisdicción exclusiva cuando considere que el interés eco-nómico del proyecto está en peligro por razón de la decisión de la autoridad local sobre control de renta o por una tar-danza de ésta en emitir su decisión; y establece un procedi-miento al efecto que puede culminar en que la autoridad federal asuma o niegue jurisdicción.

En virtud de lo expuesto, resolvemos que la Ley de Alquileres Razonables es aplicable a proyectos multifamilia-res como los pertenecientes a la apelada en lo que respecta a las causales para el desahucio y demás trámites afines. En torno a la fijación de rentas máximas y aumentos, en ausencia de notificación por parte de HUD de que en determinado caso ejercerá jurisdicción exclusiva, la Administración de Servi-cios al Consumidor (ASERCO) tiene facultad concurrente y válida para entender en tales cambios conforme la reglamenta-ción antes citada.

Debido a que al momento de fijarse el último aumento, no existía determinación al efecto y la HUD ejerció válida y exclusivamente sus poderes, los aumentos decretados hasta el presente son a nuestro juicio válidos.

Las sentencias de desahucio por falta de pago dictadas contra Guillermo Allende y Onofre Falcón serán confirmadas. La sentencia contra Ramón Cal Pita, basada en haber expirado el término de arrendamiento, será revocada por aplicarse las disposiciones de prórroga obligatoria dispuesta en el artículo 12 de nuestra ley (17 L.P.R.A. see. 192). Véase Jenkins v. Allen Temple Development, 192 S.E.2d 714 (1972); McQueen v. Druker, 317 F.Supp. 1122 (1970).

      Los demandados apelantes Allende y Falcón, consignaron ante el tribunal de instancia las cantidades de $1,161.39 y $701.40 respectivamente que correspondían a la diferencia entre el canon originalmente fijado y el posteriormente autorizado.

      Dispone así:
      “El Secretario está autorizado a adoptar las reglas y reglamentos que estimare necesarios en la implementación de las disposiciones de este subcapítulo.” (Traducción nuestra.)

      24 Code of Federal Regulations: “F.H.A. Rules and Regulations Subchapter D — Rental Housing Insurance.”

       No nos corresponde, como foro que interpreta nuestra ley, pro-nunciarnos respecto a si en dicho trámite los inquilinos debieron tener au-diencia antes de que se fijara la renta correspondiente. Véase Tenants Coun. of Tiber Island—Carrollsburg Sq. v. Lynn, 497 F.2d 648 (1973) en que se denegó tal derecho.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Pedro Juan Rodríguez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, Hon. Eugenio Velázquez Martínez, Juez, demandado.

      Número: O-75-300

      Resuelto: 6 de noviembre de 1975

      Charles A. Cuprill Hernández, abogado del peticionario; Wilfredo López Irizarry, Reynaldo Rodríguez Pagán, Samuel Mártir Santiago, Mario Batiz Santos y Yusif Mafuz Blanco, aboga-dos del Departamento de Asuntos del Consumidor.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

En noviembre de 1971 el- señor Francisco Martínez Mateo se querelló contra el aquí peticionario, señor Pedro Juan Rodríguez, por alegados defectos de construcción en una casa que le fue construida por éste. Tras la celebración de una vista en rebeldía sobre el particular, de la cual se notificó al contratista a la dirección con que contaba la agencia, se dictó una orden por el Secretario de Asuntos del Consumidor para que el contratista corrigiese los defectos concernidos o, en su defecto, le reembolsase el costo de su corrección, montante a $3,797.00, al dueño de la casa.

Al constatar que su orden se había incumplido, el Secreta-rio de Asuntos del Consumidor acudió al Tribunal Superior para que éste pusiese en vigor la misma bajo apercibimiento de desacato. El 19 de octubre de 1973 el Tribunal accedió a lo solicitado, notificándose al contratista. El contratista com-pareció entonces, cerca de un mes después del diligencia-miento de la orden, señalando que tenía válidas defensas que plantear y reclamando sesenta días para hacerlo. Se le con-cedieron treinta. Transcurrido este término, el contratista peticionario radicó una moción de desestimación y solicitó otro término de treinta días, el cual se le negó, para presentar un memorando en apoyo de su escrito.

En su moción de desestimación el peticionario alegó, en esencia, que no se le notificó de la querella, negándosele así el derecho a vista y a agotar sus remedios administrativos en violación al debido proceso de ley y adujo también no ser un urbanizador o constructor dentro del sentido de las disposicio-nes legislativas en que supuestamente se basó el Secretario, lo que a su juicio privaba de jurisdicción al tribunal.

El 17 de mayo de 1974 se celebró una vista sobre la referida moción. Escuchada la prueba de las partes, el tribunal concluyó que no se le notificó al peticionario la orden del Departamento de Servicios al Consumidor, por lo que resolvió que debía dársele cumplimiento a dicho requisito. En el pro-pio acto de la vista, según hizo constar el tribunal en su Resolución, se le entregó copia al peticionario de la orden administrativa sobre la corrección de los vicios de construc-ción o el reembolso de su equivalente en dinero. Posterior-mente, el 18 de junio de 1974, el Departamento le hizo nueva entrega de su orden al contratista.

El contratista peticionario no cumplió con los términos de la orden, ni acudió a la agencia administrativa a solicitar su reconsideración o a efectuar cualquier otro planteamiento, ni tampoco objetó la Resolución del tribunal o solicitó su clarificación.

El 30 de agosto de 1974, el Secretario de Asuntos del Consumidor solicitó nuevamente del tribunal que pusiera en vigor su orden bajo apercibimiento de desacato. El 11 de diciembre de 1974 el contratista reprodujo entonces la misma moción de desestimación que había radicado en el anterior procedimiento. El 17 de abril de 1975, luego de escuchar a las partes, se declaró sin lugar dicha moción. El contratista ha recurrido ante nos en petición de certiorari, a base funda-mentalmente de los mismos planteamientos efectuados ante el Tribunal Superior, con una variante.

El peticionario alegó inicialmente que él no es un urbanizador o constructor dentro del significado de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, 17 L.P.R.A. see. 501 et seq., y que por tal razón sus disposiciones no le eran aplicables. Ante nos alega que debió aplicársele dicha ley y que constituyó error no hacerlo. La contestación es que los procedimientos en este caso se rigen por la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. see. 341 et seq. La Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968, 23 L.P.R.A. see. 1001 et seq., transfirió todas las facultades que tenía el Oficial bajo la Ley Núm. 130 al Director de la Administración de Servicios al Consumidor, 23 L.P.R.A. see. 1002. Al aprobarse la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 se transfirieron las funciones del Director de la Administración al Secretario del nuevo Departamento de Asuntos del Consumidor, incluyendo las facultades y poderes que aquél tenía bajo la Ley Núm. 130. La Ley Núm. 5 dispuso además que todas las querellas radicadas por consumidores se regirían por el procedimiento establecido en esa ley, 3 L.P.R.A. sec. 341m. Entendemos que la intención legislativa al aprobarse la Ley Núm. 5, según se deriva de su texto, fue proveer un procedimiento uniforme para todas las querellas sobre las cuales el Departamento tiene jurisdicción.

La Ley Núm. 5, ya en vigor al emitirse la orden del Secretario cuyo cumplimiento se interesa, concede el derecho a notificación y vista. 3 L.P.R.A. secs. 341Z, 341o y 341p. También dispone con referencia a la reconsideración de las decisiones del Secretario, 3 L.P.R.A. see. 341o, lo que es de especial interés en esta instancia, lo siguiente:

“Cualquier parte adversamente afectada por la decisión del Secretario, o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sec. 341e de este título, en un procedimiento de naturaleza cuasi judicial o cuasi legislativa deberá solicitar dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de noti-ficación de la decisión, la reconsideración del Secretario. El Secre-tario tendrá treinta (30) días para decidir la reconsideración solicitada, pasados los cuales, si no ha emitido su decisión se entenderá No Ha Lugar a la reconsideración solicitada, dispo-niéndose que el Secretario notificará tal hecho a la parte afec-tada.”

Al peticionario en este caso se le ofrecieron dos oportuni-dades, como vimos, de solicitar la reconsideración bajo la Ley Núm. 5 de 1973 de la orden administrativa de que se queja. Su contención, no obstante, es no sólo que tenía derecho a que se celebrase una vista antes de cualquier decisión, sino inclusive a no reclamar su derecho a tiempo en ningún foro y a aguardar a que la agencia y el Tribunal Superior actua-sen de nuevo para entonces él reproducir sus defensas. Las cuestiones que envuelve el caso son por tanto las siguientes : ¿Exige el debido proceso de ley que se retorne en estas cir-cunstancias al primer peldaño, que no pueda ofrecerse la oportunidad de vista en la etapa de reconsideración? De no exigirlo el debido proceso de ley, ¿lo requiere el estatuto? Y, por último, respecto a la inacción del peticionario, ¿provee el estatuto un remedio exclusivo que debió seguirse?

Respecto al primer problema, se ha resuelto que la oportunidad adecuada de revisión administrativa puede curar la ausencia de notificación y vista previas. Opp Cotton Mills, Inc. v. Administrator of Wage and Hour Division, 312 U.S. 126 (1941); Inland Empire Dist. Council v. Millis, 326 U.S. 697 (1945); 1 Davis, Administrative Law Treatise, sec. 7.10, pág. 450; Ubarri Blanes v. Junta Hípica, 96 D.P.R. 803, 807 (1968). El debido proceso de ley ofrece protección contra la arbitrariedad administrativa pero no es molde rígido que prive de flexibilidad en toda instancia los procedimientos de administración. No se trata aquí, por supuesto, de la nega-ción de la oportunidad de ser oído en una etapa significativa de la causa. Armstrong v. Manzo, 380 U.S. 545 (1965); Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972). No hay base para asumir que en este caso no se hubiese celebrado una vista ade-cuada, análoga a la que el estatuto requiere que se ofrezca originalmente y, de no haber sido así, la propia Ley Núm. 5 le brindaba ocasión al peticionario para hacer los plantea-mientos que estimase convenientes al amparo del debido pro-ceso de ley. 3 L.P.R.A. sec. 341p.

Respecto a la segunda cuestión, tampoco entendemos que la ley forzosamente requiere el resultado que el peticionario desea. El esquema estatutario faculta al Departamento para emitir órdenes previa notificación y vista o sin vista cuando pueda causársele al consumidor grave daño inmediato. 3 L.P.R.A. see. 341L Cualquier parte adversamente afectada por una decisión del Secretario, como hemos advertido, puede solicitar su reconsideración, 3 L.P.R.A. see. 341o, y, de no estar conforme con lo que se resuelva, recabar revisión judicial. 3 L.P.R.A. sec. 341p. La política estatutaria, en vez de su semántica, da una medida usualmente más fiel de su significado. Davis, F. B., Administrative Law— Today and Tomorrow, 22 J. Pub. L. 345, 352 (1973). La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 expresa:

te Puerto Rico ha entrado de lleno en ‘la sociedad del consumo’;
a donde el interés del consumidor se identifica con el interés pú-blico. Sin embargo, a pesar de la posición de importancia que ocupa el consumidor, frecuentemente se ignoran sus problemas o pasan inadvertidos o las soluciones y remedios son tardíos. . . .
Es por ello necesario e imperativo crear una estructura, de la más alta jerarquía, a nivel de gabinete, con el objeto de garan-tizar al consumidor la debida atención a sus problemas y para efectuar una mejor coordinación de los recursos disponibles al gobierno en el desarrollo e implementación de una política pú-blica. . . .”

La Ley Núm. 5 persigue claramente el propósito de amparar a los consumidores contra remedios tardíos, mas sin dejar de brindarles a los querellados todas las garantías del debido proceso de ley. En este caso — e igual a éste debe haber muchos —el Departamento hizo un esfuerzo, de acuerdo con la ley, de notificar al querellado, remitiéndole la documentación a su última dirección conocida. No hemos hallado constancia de que la intención del legislador en estas situaciones sea impe-dir que se brinde la necesaria oportunidad de vista en la etapa de la reconsideración. Por lo contrario, estimamos que la propia razón de ser del estatuto hace limpiamente permi-sible la notificación de la orden administrativa y no de la querella en casos análogos al presente. El querellado puede decidir acatarla y, en caso contrario, no se vulnera su dere-cho a solicitar la celebración de una vista. El efecto de esta interpretación es simplificar los procedimientos y evitar los remedios tardíos, que es precisamente el propósito de la Ley Núm. 5, según se declara en ella expresamente. El caso actual es un ejemplo, vivo de lo que puede y no debe ocurrir. He aquí una querella que data del 10 de noviembre de 1971 y el consumidor todavía está en espera, le asista o no la razón eventualmente, de que terminen de dirimirse las con-troversias procesales surgidas.

Respecto a la última cuestión, estimamos que el peticionario no tenía derecho constitucional ni estatutario a la inacción. La Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1974 enmendó el Art. 17 de la Ley Núm. 5, sustituyendo las palabras “por una resolución u orden” por la frase “por una decisión en reconsideración.” Dicho artículo lee así:

“(a) Cualquier parte adversamente afectada por una deci-sión en reconsideración .del Secretario o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sec. 341e de este título podrá solicitar la revisión judicial de dicha decisión al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la residencia del per-judicado, mediante un recurso emitido por el Tribunal a su discre-ción. La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referida .decisión.”

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 87 de 1974 se señala que el propósito de esta enmienda es aclarar “que la reconsideración es de carácter jurisdiccional. . . .” 12 Servicio Legislativo de Puerto Rico, pág. 434 (1974). La enmienda de 1974 aclaró por tanto que para poder acudir a los tribunales en revisión judicial de una orden administrativa del Departa-mento es necesario primero solicitar la reconsideración al nivel administrativo. No puede concebirse que la intención legislativa fue prohibirle el acceso a los tribunales, en revi-sión judicial bajo los procedimientos establecidos en la ley, a un querellado que no solicita primero' la reconsideración pero permitirle dicho acceso, en la etapa de poner en vigor la orden administrativa, a un querellado que tampoco solicitó reconsideración.

Entendemos, en vista de lo anterior, que la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 3 L.P.R.A. sees. 341o y 341p, provee un remedio exclusivo para el planteamiento por el peticionario de sus puntos de vista. Jaffe y Nathanson, Administrative Law, 1968, pág. 356 et seq. El peticionario rehusó valerse de él, permitiendo así que la orden administrativa se convirtiese en firme y ejecutoria. Debe ahora cumplirla o sujetarse al correspondiente proceso de desacato.

Se anulará el auto expedido y se devolverán los autos al tribunal de instancia para hacer cumplir la orden adminis-trativa.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino. El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, disiente en voto separado. El Juez Asociado, Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 1975

Con un bien intencionado propósito de evitar que una que-rella de consumidor iniciada en el 1971 y adjudicada en rebeldía retorne ahora a la etapa inicial de vista, la mayoría sacrifica el debido proceso de ley. Dispone la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor en su artículo identificado como 3 L.P.R.A. sec. 341Z (b) y (e)

“El Secretario, o el funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sec. 341e de este título, tendrá facultad para emitir las siguientes sanciones y órdenes:
(a).
(b) Previa notificación y vista podrá emitir órdenes para cesar y desistir, y prescribir los términos y condiciones correc-tivas que por la evidencia a su disposición y a tenor con el derecho aplicable determine que son en beneficio del consumidor. Cuando en el criterio del Secretario se cause o se pueda causar un grave daño inmediato a los consumidores o a un consumidor en particular, podrá emitir dicha orden, de carácter provisional, obviando el requisito de celebrar una vista. Dentro de los diez (10) días posteriores a la emisión de dicha orden provisional, el Secretario deberá celebrar una vista administrativa en la que resolverá si dicha orden provisional se hace permanente o se revoca. Las órdenes emitidas bajo este inciso serán notificadas a la persona que corresponda en su sitio de negocios o por correo certificado a su última dirección conocida.
(e) El Secretario podrá recurrir al Tribunal Superior de Puerto Rico en solicitud que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida o cualquier orden correctiva. El incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá desacato al Tribunal.”

Disiento de la opinión en cuanto propone que toda vez que al peticionario se le dieron dos oportunidades de solicitar reconsideración, aunque ninguna de ser oído en “vista”, se satisface el debido proceso de ley.

Soy partidario de que se amplíe la función y utilidad de las agencias administrativas, pero no a costa de básicas garantías de legalidad. La esencial alegación del recurrente de que nunca se le notificó o convocó para vista no fue con-frontada por la agencia con prueba de fácil producción, sobre el cumplimiento de este básico requisito jurisdiccional.

En nuestro método de asegurar audiencia a la parte afec-tada, aun la citación por una leve infracción de la Ley de Tránsito se efectúa mediante la notificación personal que es la más confiable, eficaz y sencilla. Ahora que la abrumadora masa de trabajo muchas veces ahoga la eficiencia del correo y que existe una reiterada queja contra la dejadez burocrática, este Tribunal escoge la notificación por la vía postal como medio de emplazamiento por las agencias administrativas. Frente al planteamiento tenaz de un ciudadano insistiendo que nunca se le dio oportunidad de ser oído antes de que se adjudicara la reclamación en su contra, la mayoría santifica la pasividad de un organismo que no se sintió obligado a pre-sentar prueba de que al menos la citación o la carta de aviso se depositó por alguien en el correo. Sobre esta anomalía se erige el aparato coactivo del Estado y el reclamo de privar de su libertad por desacato al contratista recurrente. ¿A tan lastimoso estado ha descendido el “debido proceso de ley” que da estilo y calidad a nuestro orden constitucional?

La agencia en este caso oyó a una sola parte y la primera noticia que del proceso tiene el contratista es una orden {fait accompli) para que corrija los defectos o pague $3,697.00. El angosto canal de la reconsideración y de la revisión nunca provee la plena audiencia, el derecho a repreguntar y a pre-sentar su propia prueba, que sólo se logra en la vista. No es el ciudadano quien tiene que solicitar la vista, corresponde al Estado proveerla y convocar a ella antes de emitir decisión alguna en el asunto. “El derecho constitucional a un debido proceso de ley exige concesión de vista, previa oportuna y adecuada notificación, derecho a ser oído confrontándose con los testigos de cargo y a presentar prueba y argumentos en su defensa. Morrisey v. Brewer, 408 U.S. 471, 487 (1972); Goldberg v. Kelly, 378 U.S. 254, 267-8 (1970 )” Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.E. 791, 795 (1973); Armstrong v. Manzo, 380 U.S. 545, 552 (1965); Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 378-9 (1971).

Los mecanismos de reconsideración y revisión que la opi-nión mayoritaria ofrece como sustitutos de la audiencia operan una vez adquirida la jurisdicción. Pero precisamente el planteamiento del recurrente es que la falta de notificación de vista impidió el ejercicio de jurisdicción.

Anularía la resolución recurrida.

       La posibilidad de remedios tardíos en estos casos es una realidad que a todas luces preocupó al legislador. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 87 de 16 de junio de 1974, 12 Servicio Legislativo de Puerto Rico, pág. 488 (1974). Valga señalar que al comenzar el año 1974-75 había 4919 querellas pendientes de resolver en el Negociado de Querellas e Investigaciones y durante ese año se recibieron 5185 querellas. Véase Informe Anual del Año Fiscal 1974-75 del Negociado de Querellas e Investigaciones. El Negociado de Asuntos Legales celebró 5161 vistas administrativas durante el año fiscal 1974-75 y tuvo que intervenir en los tribunales de justicia en 1011 ocasiones. Véase Informe Anual de 1974-75 del Negociado de Asuntos Legales del Departamento de Asuntos del Consumidor.

      DAun cuando la transcrita disposición ordenando vista previa (3 L.P.R.A. sec. 3411(b) se adoptó por Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 y este caso data de 1971, la exigencia de oír antes de decidir tiene una fundamental validez que trasciende los estatutos que la implementan. Nótese que el legislador se cuidó de exigir vista aun en los casos de emer-gencia en que se permite una orden provisional de sólo diez días de duración.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Angela L. Medina, peticionaria, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Edna Abruña Rodríguez, Juez, demandada.

      Número: O-75-214

      Resuelto: 6 de noviembre de 1975

      Thomas Garity, abogado de la peticionaria; la parte demandada no compareció como tampoco el Dr. Marcos A. Zequeira.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Con frecuencia casos sencillos en sus hechos son útiles para ilustrar el entendimiento y aplicación de disposiciones técnicas y complejas de las leyes. El caso de autos es un buen ejemplo con respecto a la Regla 4 de Procedimiento Civil que regula todo lo concerniente al emplazamiento.

Angela Medina, residente en España, instó en Puerto Rico demanda en cobro de dinero por concepto de alimentos adeu-dados contra Marcos Zequeira, residente de Miami, Florida. El diligenci amiento del emplazamiento se efectuó por un alguacil del Condado de Dade, Florida. Zequeira compareció a los únicos fines de impugnar la jurisdicción del tribunal de instancia alegando estar domiciliado en Florida. El tribunal acogió el planteamiento y lo declaró nulo por el fundamento de no “cumplir estrictamente con los requisitos de la Regla 4.7 que dispone para el emplazamiento sustituto- dentro de los límites territoriales nuestros.”

Angela Medina nos pide la revocación de lo resuelto por el tribunal de instancia basándose en el fundamento erróneo de que la Regla 4.3 permite a un demandante diligenciar el emplazamiento de un demandado no domiciliado en Puerto Rico y ausente de esta jurisdicción mediante la entrega del mismo por un alguacil del lugar del diligenciamiento, que en este caso sería el del Condado de Dade.

La Regla 4.3 al disponer que

. . En el caso de demandados ausentes de Puerto Rico, el emplazamiento podrá ser diligenciado por un alguacil de la jurist dicción donde se haga la entrega o por un abogado admitido a la práctica de la profesión en dicha jurisdicción o en Puerto Rico, o por una persona designada por el Tribunal para ese propósito.”,

preceptúa únicamente quién puede diligenciar el emplaza-miento pero en forma alguna confiere jurisdicción al tribunal sobre la persona de un demandado ausente.

La función judicial de los tribunales como parte del ejer-cicio del poder soberano del Estado se circunscribe general-mente a personas presentes o bienes ubicados dentro de los límites territoriales del Estado. Este principio general de derecho público constituye, en efecto', el fundamento conceptual de toda la doctrina de jurisdicción sobre las partes. El principio no es, sin embargo, absoluto y desde Huete v. Teillard, 17 D.P.R. 49 (1911), en que se acoge en nuestra jurisprudencia las normas establecidas en Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877), para adquirir jurisdicción en una acción personal contra un no domiciliado ausente, ha ido cediendo gradualmente su rigor dogmático ante el imperativo de los cambios tecnológicos operados en el campo de la transporta-ción y de las comunicaciones y, como consecuencia de éstos, al trasiego continuo de personas y bienes entre las diversas jurisdicciones territoriales.

Pennoyer puntualizó el elemento de presencia física del demandado en los límites territoriales como base para el ejer-cicio de jurisdicción en acciones personales. Durante muchos años prevaleció su influjo restrictivo tanto bajo el régimen del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil, según interpretado en Huete v. Teillard, supra, y seguido en Arrarás v. Arzuaga, 53 D.P.R. 713 (1938), como bajo las Reglas de Enjuicia-miento Civil de 1943. El tribunal no podía pues ejercer juris-dicción en una acción personal sobre un demandado domici-liado pero ausente de Puerto Rico, a menos que se trabara previamente un embargo sobre bienes de su pertenencia.

En realidad Pennoyer no llegaba tan lejos si se tiene en cuenta que sus hechos se referían a un demandado ausente no domiciliado. Sin embargo, en Puerto Rico y en otras juris-dicciones de los Estados Unidos se aplicó indistintamente a todo demandado ausente independientemente de su domicilio. Autoridad de Fuentes Fluviales v. Corte, 65 D.P.R. 480 (1945).

■ No es hasta tres décadas más tarde que en Milliken v. Meyer, 311 U.S. 457 (1940), empieza a enervarse el dogma de la presencia física al admitirse en dicho caso el hecho del domicilio como fundamento para el ejercicio de la jurisdic-ción en una acción personal contra un demandado ausente. No hay duda de que el domicilio genera una obligación recí-proca entre el Estado y la persona que no se disuelve por la mera ausencia. Los deberes que dimanan de esa relación— como por ejemplo, estar sujeto a reclamaciones en los tribu-nales del domicilio — no dependen de la continua presencia del domiciliado en el territorio. No es ya necesario trabar embargo previo para adquirir jurisdicción sobre un domiciliado ausente en una acción personal.

Conforme con esta nueva postura, la Regla 4.5 de Procedi-miento Civil de 1958 eliminó el requisito de embargo previo “. . . si el demandado está domiciliado en Puerto Rico. . . .”, permitiendo sustituir la notificación por edictos con la entrega personal, a tenor con lo dispuesto en la Regla 4.3 que trans-cribimos anteriormente.

La inadecuacidad del criterio de presencia física se hizo más patente en el caso de corporaciones de negocio extran-jeras. Siendo éstas por mera ficción jurídica personas no sus-ceptibles de existir fuera del Estado de incorporación, Bank of Augusta v. Earle, 38 U.S. 517; Goodrich, On Conflict of Laws 131 (3ra. ed.), no podían ser demandadas en otros estados que no fuera el de su incorporación.

La teoría de presencia física se filtra de todos modos en la ficción corporativa al resolverse en Philadelphia & Reading Railway Company v. McKibbin, 243 U.S. 264 (1917), que una corporación extranjera estaba sujeta a la jurisdicción del tribunal si llevaba a cabo transacciones de negocios en tal forma y extensión que pudiera inferirse que estaba presente.

El encierro de la jurisdicción en moldes tan restrictivos hizo necesaria la elaboración de otros enfoques para atender la ficción corporativa. Surgió así la teoría del consentimiento. Como la corporación extranjera no podía hacer negocios en otras jurisdicciones sin la autorización del Estado, éste podía imponer como condición para ello que la corporación consin-tiera a ser demandada y que designara un agente para recibir emplazamientos dentro de la jurisdicción. The Lafayette Insurance Co. v. French, 59 U.S. 404 (1855). Si la corpora-ción extranjera no cumplía con este requisito se asumía que había consentido implícitamente a ser demandada. Simon v. Southern Railway, 236 U.S. 115 (1915). El mero hecho de hacer negocios dentro de la jurisdicción constituía consenti-miento implícito. Connecticut Mutual Life Insurance Co. v. Spratley, 172 U.S. 602 (1898). Para una discusión de este interesante tema puede verse Development in the Law: State-Court Jurisdiction, 73 Harv. L. Rev. 909.

La teoría del consentimiento implícito se extendió más tarde a la conducción de vehículos de motor dentro de la jurisdicción por personas no residentes. Kane v. State of New Jersey, 242 U.S. 160 (1916); Hess v. Pawloski, 274 U.S. 352 (1927).

En Puerto Rico incorporamos la teoría del consentimiento en la Ley Núm. 433 del 14 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. see. 463, requiriendo de las corporaciones. extranjeras que dieran expresamente su consentimiento irrevocable a ser demandadas ante los tribunales de Puerto Rico y autorizar al Superintendente de Seguro para recibir emplazamientos a nombre de ellas. Siguiendo las normas establecidas en Hess v. Pawloski, supra, las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 incorporaron el consentimiento implícito del conductor de automóviles no residente estableciendo que . . el manejo de un vehículo de motor en Puerto Rico por una persona que no sea residente . . . equivaldrá a la designación del Secretario de Estado como su agente para recibir emplazamientos . . . y significará su consentimiento para que cualquier diligencia judicial así notificada tenga la misma fuerza legal y validez de una notificación personal.” Regla 4.7 de Procedimiento Civil.

Es en International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945), que verdaderamente se produce un enfoque doctrinal nuevo descartando la presencia física como fundamento ex-clusivo para el ejercicio de jurisdicción en una acción personal sobre no residentes. Ya no será necesario enquistar el ejercicio de jurisdicción en ficciones jurídicas. Ahora bastará que el demandado ausente de la jurisdicción mantenga ciertos contactos mínimos en el foro que permitan tramitar el pleito sin menoscabo de los principios tradicionales de juego limpio y justicia sustancial. “Históricamente” expresó la Corte Supre-ma en International Shoe “la jurisdicción de los tribunales para dictar sentencia in personam se basa en el poder de facto sobre la persona del demandado. De ahí que su presen-cia dentro de la jurisdicción territorial fuera un requisito para el dictamen de una sentencia que lo obligara personal-mente. Pennoyer v. Neff .... Pero ahora que el capias ad respondendum ha dado paso al diligenciamiento personal del emplazamiento u otra forma de notificar el debido proceso de ley solo requiere para someter al demandado a una sentencia in personam, si no está presente en la jurisdicción, que él tenga en ella ciertos contactos mínimos en forma tal que el pleito no quebrante ‘las nociones-tradicionales del-juego.lim-pio y justicia sustancial’.’* A la pág. 316.

Esta reconceptualizaeión de los fundamentos de la juris-dicción abre las puertas del debido proceso de ley a diversos estatutos para extender la jurisdicción de los tribunales' más allá de las fronteras del foro.

No obstante, la nueva perspectiva doctrinal no proscribe del todo las restricciones al ejercicio de jurisdicción’ sobre demandados no residentes. Así se advierte en Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235, 251 (1958):

“. . . Pero es un error asumir que esta tendencia presagia la desaparición eventual de las restricciones a la jurisdicción personal de las cortes estatales. . . . Estas restricciones son algo más que una garantía de inmunidad a litigar en un foro distante o in-conveniente. Ellas son consecuencia de las limitaciones territoria-les del poder de los estados. No importa cuan mínimo sea el peso de defenderse en un tribunal extranjero, un demandado no puede ser traído a pleito a menos qué tenga contactos mínimos con el Estado que es pre-requisito para el ejercicio de jurisdicción sobre él. Véase International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310.”

El caveat parece innecesario puesto que International Shoe Co. específicamente negó validez a las sentencias per-sonales contra demandados ausentes que no tuvieran contac-tos, nexos o algún tipo de relación con el estado; “Dicha cláu-sula” se dijo en International Shoe Co., refiriéndose a la cláusula del debido proceso de ley “no concibe que un estado pueda imponer una sentencia personal contra un individuo o corporación con la cual el estado no tenga contactos, nexos o relación alguna.” Cf. Pennoyer v. Neff, a la pág. 319.

En Puerto Rico se enmendó la Regla 4.7 de Procedimiento Civil en el 1965 para ampliar la jurisdicción sobre personas no residentes, siguiendo el patrón del derecho procesal civil del Estado de Nueva York. Ley Núm. 105 de 28 de junio de 1965, 32 L.P.R.A. Ap. II, Regla 4.7; Diario de Sesiones de 1965 a la pág. 1784; Informe de las Comisiones de Comercio y Jurídico Civil del Senado, Diario de Sesiones de 1965 a la pág. 1784.

■ Tuvimos la oportunidad de interpretar esta nueva expan-sión de la jurisdicción del. tribunal en A. H. Thomas Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883 (1970), adoptando la co-rriente doctrinal generada por International Shoe Co. pero reduciendo un poco su amplia perspectiva al requerir—siguiendo a Hanson v. Denckla, supra—que el contacto con nuestra jurisdicción resulte de un acto afirmativo mediante el cual deliberadamente el demandado se aproveche de las ventajas que ofrece nuestro foro invocando los beneficios y la protección que brindan las leyes de Puerto Rico. No defini-mos el concepto de “contactos mínimos” sino que seguimos las guías generales que surgen de International Shoe Co.; Travelers Health Assn. v. Virginia, 339 U.S. 643 (1950); Perking v. Benguet Consol. Min. Co., 342 U.S. 437 (1952); McGee v. International Life Ins. Co., 355 U.S. 220 (1957) y Hanson v. Denckla, supra.

A la luz de estos desarrollos doctrinales consideremos ahora la resolución recurrida. Se recordará que el tribunal de instancia se declaró sin jurisdicción desestimando la de-manda porque el emplazamiento no fue diligenciado conforme lo dispuesto por la Regla 4.7 de Procedimiento Civil.

La Regla 4.7 de Procedimiento Civil confiere expresamente jurisdicción personal al tribunal de instancia sobre demandados ausentes cuando el pleito surgiere como resultado de éste o sus agentes realizaran algunos de los siguientes actos en Puerto Rico: 1) transacciones de negocio 2) actos torticeros 3) accidentes de automóvil 4) accidentes en el negocio de transportación o carga, etc. y 5) ser dueño, usar o poseer bienes inmuebles sitos en Puerto Rico. Aunque la sentencia recurrida no indica bajo cuáles de estos supuestos ubica el caso de autos, podemos, sin embargo, deducir de sus razonamientos que el tribunal de instancia intentó encajarlo en el primero, o sea, realizar por sí o por su agente transacciones de negocio dentro de Puerto Rico.

La Regla 4.7 no provee una definición del concepto “tran-sacciones de negocio” ni su historial legislativo da luz sobre su alcance, limitándose el mismo a indicarnos que esta regla está basada en la legislación de derecho procesal de Nueva York. Diario de Sesiones de 1965, supra.

El término “transacción”, según traducido del inglés “transaction”, significa gestión o trámite. Robb, Diccionario de Términos Legales, pág. 221, Editorial Limusa, Wiley S. A., (Méjico 1969). Usualmente dicho término se usa en el idioma inglés para indicar que se ha llevado a cabo un acto o se ha hecho una gestión sobre algo. Black’s Law Dictionary, op. cit., pág. 1668, 87 C.J.S. Transaction, pág. 888. Por otro lado, el término “negocios” es uno amplio que incluye tanto transacciones comerciales como de otra índole. La Enciclope-dia Jurídica Española nos dice al respecto: “. . . Como dice Blanco Constans, negocio es un término genérico con el que se expresa cualquier empleo, ocupación lucrativa o de interés. Explicando el mismo autor la diferencia entre negocio y comercio, dice que negocio es el género y el comercio es la especie ....” 23 Enciclopedia de Revista Jurídica 354. Black’s Law Dictionary nos dice que el término “negocio” no tiene una definición legal específica y que puede abarcar diversas acti-vidades. (Cuarta edición pág. 248.)

El estatuto de Nueva York contiene un concepto práctica-mente idéntico a nuestra Regla 4.7, el de “transad any business within the state,” Civil Practice Law and Rules sec. 302, 7B McKinney’s Consolidated Law of New York 58. Allí se ha resuelto que dicho concepto no se limita a transac-ciones comerciales sino que también incluye transacciones que no tienen propósito de lucro, como lo es un acuerdo sobre ali-mentos. Kochental v. Kochental, 282 N.Y.S. 36 (1967). Igualmente se ha resuelto en Maryland interpretando la mencio-nada sección 302 del C.P.L.R. de New York, Van Wagenberg v. Van Wagenberg, 215 A.2d 812 (1966) y en Massachusetts, Spitz v. Spitz, 16 Legalite 278 (resolución 6 de marzo de 1965).

El propósito de la enmienda introducida a la Regla 4.7 fue precisamente el de “incorporar a nuestra legislación procesal la tendencia moderna que es la de ampliar la jurisdicción de los tribunales estatales sobre personas no residentes del foro.” Diario de Sesiones, supra, pág. 1984. No vemos ninguna razón válida para contravenir el propósito liberador de la Regla 4.7 limitando el concepto “transacciones de negocio” a únicamente transacciones comerciales, y en consecuencia, ex-cluir las gestiones sobre alimentos y de otra índole, del proce-dimiento sencillo y económico que provee dicha Regla para el emplazamiento de personas ausentes de la jurisdicción. Dicho procedimiento consiste en notificar el emplazamiento al Secre-tario de Estado de Puerto Rico y remitirle al demandado una copia por correo certificado.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene un legí-timo interés en el bienestar de los menores. En atención a este interés el Código Civil preceptúa el derecho de los hijos a recibir alimentos, Art. 118, 31 L.P.R.A. see. 466, el deber de los padres a proveerlos, Art. 143, 31 L.P.R.A. see. 562; el Código Penal tipifica como delito el incumplimiento de la obligación alimenticia, 33 L.P.R.A. see. 4241; y para facilitar la ejecución judicial de ese derecho se adoptó en Puerto Rico la Ley de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones de Alimentos, Ley Núm. 71 de 20 de junio de 1956, 32 L.P.R.A. see. 3311 y sig. Este interés legítimo del Estado quedaría mermado si excluyéramos del término “transacciones de nego-cio” las gestiones relacionadas con los alimentos o el bienestar de los menores. No parece razonable que si el legislador se preocupó por incluir en la Regla 4.7 el accidente ocasionado por el manejo de un vehículo de motor y hasta un simple acto torticero, fuera a excluir del manto protector de nuestros tribunales el bienestar de los menores cuando, efectivamente, se hubieren hecho por el demandado ausente gestiones en relación con el mismo.

A tenor con estos razonamientos concluimos que el término “transacciones de negocio” de la Regla 4.7 es uno abarcador que no está limitado a transacciones comerciales sino que comprende gestiones de diversa índole, incluyendo gestiones relacionadas con el bienestar de menores,, como son las pensiones alimenticias, la reglamentación de las relaciones paterno filiales y la custodia.

La interpretación que aquí damos a la Regla 4.7 satisface plenamente los reclamos del debido proceso de ley, cuyo criterio de validación se expone en la doctrina de contactos mínimos. El requisito primordial de esta doctrina, como ya vimos, es que los contactos sean suficientes para no quebrantar las no-ciones tradicionales de juego limpio y justicia sustancial. En forma alguna requiere que los contactos tengan como propó-sito el lucro o una actividad comercial. Como expresamos en A. H. Thomas Co. v. Tribunal Superior, supra, basta que el contacto con la jurisdicción resulte de un acto afirmativo mediante el cual el demandado se haya aprovechado deliberada-mente de las ventajas que ofrece el foro, invocando así los beneficios y la protección que brindan las leyes del Estado.

La acción personal en cobro de dinero por concepto de alimentos adeudados instada por la peticionaria podría cobijarse pues bajo la jurisdicción personal conferida por la Regla 4.7(a) (1), si es que, en efecto, surge como resultado de una “transacción de negocio.”

Hemos examinado detenidamente los autos y estamos con-vencidos de que, efectivamente, la causa de acción ejercitada por la peticionaria para el cobro de las pensiones adeudadas surgió como resultado de una “transacción de negocios” con el demandado. Aparece de los autos que las pensiones alimenticias adeudadas se originaron en el pleito de divorcio entre las partes ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, CS69-2964.

El expediente de dicho caso revela los siguientes hechos:

1. El 6 de octubre de 1969 se decretó el divorcio entre las partes fijándose una pensión alimenticia de $320.00 mensuales para los cinco hijos habidos en el matrimonio. El demandado Marcos A. Zequeira compareció a la vista del divorcio represen-tado por abogado.

2. El 12 de julio de 1972 Zequeira compareció ante la Sala de Caguas en' un escrito titulado Moción Solicitando Establecer las Relaciones Paterno Filiales. La peticionaria se opuso a dicha moción y solicitó al tribunal que se ordenara al demandado pagar las pensiones alimenticias adeudadas que a ese momento ascen-dían a $4,120.00 y que se aumentara la pensión alimenticia a $1,500.00. Aparece de dicha moción que la pensión alimenticia se había aumentado a $640.00 el 18 de diciembre de 1970 por esti-pulación de las partes.

3. El 20 de marzo de 1973 Zequeira solicitó del tribunal que se le permitiera tener bajo su custodia sus hijos durante el verano y se opuso al aumento de la pensión alimenticia.

4. En la vista celebrada el 30 de abril de 1973 Zequeira esti-puló a través de su abogado que la deuda ascendía a $3,120.00 los cuales él pagaría en o antes del 30 de abril de 1973.

5. El 24 de mayo de 1973 se aumentó la pensión a $1,000.00. Zequeira solicitó, posteriormente que se reconsiderara dicho aumento. A tenor con dicha moción el tribunal redujo la pensión a $900.00.

6. El 19 de julio de 1973 la peticionaria solicitó que se decla-rara a Zequeira incurso en desacato por no haber honrado las pensiones y por no haber enviado al tribunal copia certificada de su planilla de contribución sobre ingresos según se había com-prometido con el tribunal. Aparecen mociones de desacato fecha-das el 11 de septiembre de 1973 y el 19 de octubre de 1973. El 25 de octubre el tribunal le ordenó, so pena de desacato, que remi-tiera la copia certificada de la planilla en o antes del 14 de septiembre de 1973, y, en su defecto, que compareciera el 30 de noviembre a exponer las razones por las cuales no debía ser declarado incurso en desacato. El 13 de noviembre comparece especialmente Zequeira a impugnar la jurisdicción del tribunal con respecto a la orden de desacato. El 30 de noviembre de 1973 el tribunal de instancia declaró no ha lugar a la falta de juris-dicción y apercibió a Zequeira de que su negativa a someter sus planillas podía dar base al tribunal para hacer inferencia razo-nable sobre el monto de la pensión.

7. El 27 de marzo de 1974 el tribunal, en vista de la nega-tiva de Zequeira a someter sus planillas de contribución sobre ingresos, y, tomando en consideración el aumento extraordinario en el costo de la vida, aumentó la pensión a $1,200.00 mensuales.

8. El 24 de abril de 1974 Zequeira solicitó ante este Tribunal la expedición de un auto de certiorari para revisar el aumento de la pensión a $1,200.00. Nos negamos a expedir el auto el 9 de mayo de 1974, 0-74-155.

Surge palmariamente de los anteriores hechos múltiples gestiones y trámites del demandado Zequeira que constituyen el haber realizado transacciones de negocios en este foro, bajo la Regla 4.7. Se amparó bajo la jurisdicción del tribunal de instancia en dos ocasiones, el 12 de julio de 1972 y el 20 de marzo de 1973, solicitando el establecimiento de las relaciones paterno filiales y que se le concediera la custodia de los hijos durante el verano de 1973. En dos ocasiones tam-bién hizo estipulaciones bajo la protección del tribunal, una, el 18 de diciembre de 1970 acordando con la peticionaria el aumento de la pensión a $640.00, y, otra, el 30 de abril de 1973, estipulando que la deuda ascendía a $3,120.00 y que lo pagaría en o antes del 30 de abril de 1973. Gestionó la reduc-ción de la pensión que había sido aumentada en $1,000.00. Es precisamente en virtud de su solicitud al tribunal que se reduce la pensión a $900.00 el 10 de julio de 1973. Más aún, compareció ante este Tribunal en solicitud de certiorari para revisar el aumento de la pensión a $1,200.00. Todas estas gestiones las hizo Zequeira siendo residente de Miami, Florida.

Cualesquiera de los actos mencionados por sí solos son suficientes bajo la doctrina de contactos mínimos para recono-cerle jurisdicción personal al tribunal de instancia ya que cada uno de ellos constituye un acto afirmativo en que el demandado Zequeira deliberadamente se aprovecha de las ven-tajas que ofrece nuestro foro e invoca los beneficios y pro-tección de nuestros tribunales. Con mayor razón si se con-sideran en conjunto.

No obstante, el tribunal de instancia desestimó la de-manda por el fundamento de que no se había dado cumpli-miento a la Regla 4.7. Aparece, sin embargo, del récord que el 8 de abril de 1975 la peticionaria notificó el emplazamiento y la demanda al Secretario de Estado y que envió copia del em-plazamiento y la demanda por correo certificado al demandado Zequeira, conforme lo dispone la Regla 4.7. Pero si esto fuera poco, y evidentemente motivado por la obstinada deso-bediencia de Zequeira a las órdenes del tribunal de instancia, la peticionaria también le notificó otro emplazamiento bajo la Regla 4.3, por medio de un alguacil del Condado de Dade, Florida. Mal podría quejarse Zequeira de este diligencia-miento que por ser personal cumple con mayor eficacia su propósito de enterarlo del pleito, y por lo mismo, da mayor garantía al debido procedimiento de ley que el emplazamiento sustituto.

En vista de lo anterior se dictará sentencia revocando la resolución dictada por el tribunal de instancia declarándose sin jurisdicción y se ordena la continuación de los procedi-mientos.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Martín, concurren en el resultado. El Juez Aso-ciado . Señor Díaz Cruz concurre con opinión separada con la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín, Irizarry Yunqué y Negrón García.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín, Irizarry Yunqué y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 1975 .

Concurro con la opinión circulada pero deseo destacar un fundamento legal para sostener la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico sobre la persona del demandado Dr. Zequeira con más relieve que el elaborado en orden a la Regla 4.7 de Procedimiento Civil; cuál es el princi-pió, en divorcio y sus acciones derivadas de alimentos y cus-todia, de que la corte que originalmente adquirió jurisdicción sobre las partes la retiene para ulteriores providencias, sin que para ello sea necesaria la residencia continua dentro de su territorio o demarcación.

Es de la esencia de la función judicial que un tribunal tenga el poder de hacer respetar sus órdenes y sentencias. Una vez que un estado obtiene jurisdicción sobre una parte en el pleito, la misma continúa a través de todos los procedi-mientos que arranquen de la causa de acción original. Se dará a la parte notificación y razonable oportunidad de ser oída en cada paso del procedimiento. Aún faltando una base jurisdiccional continua la jurisdicción, una vez establecida, sigue vinculando al demandado al menos en cuanto a pro-cedimientos derivados de la causa de acción original reserván-dose a la corte jurisdicción para modificar una pensión ali-menticia u orden de custodia sin importar el tiempo trans-currido desde que se dictó hasta que se pidió la modifica-ción. American Law Institute, Restatement, Conflict of Laws, 2d Yol. 1, sec. 26, págs. 114-15, Ed. 1971; Cheatham, Griswold, Reese & Rosenberg, Conflict of Laws, pág. 176, Quinta Edición (1964); Leflar, Conflict of Laws, Sec. 82, pág. 52, Ed. 1959. .

El médico demandado ha sido un litigante regular y hasta asiduo ante el Tribunal Superior de Puerto Rico que decretó su divorcio en 1969 y al que ha vuelto a comparecer en diversos incidentes de alimentos y custodia de hijos y en solicitud de remedio en cinco ocasiones adicionales que se extienden desde el 12 de julio de 1972 hasta el 24 de mayo de 1973, optando por impugnar la jurisdicción en noviembre de 1973 como recurso final opuesto a la prevención de desacato, para evadir el castigo de su contumaz incumpli-miento con las órdenes sobre alimentos. Tan reciente es el vínculo de este demandado con Puerto Rico que denegada su objeción a la jurisdicción y aumentada la pensión el 27 de marzo de 1974, recurrió en abril siguiente a este Tribunal Supremo que denegó certiorari en mayo de 1974.

El Tribunal Superior de Puerto Rico conserva y mantiene la jurisdicción sobre el Dr. Zequeira desde que adjudicó su divorcio en el año 1969 por sumisión expresa y reiterada de dicho demandado. La Regla 4.3, por tanto, es el más directo medio procesal para traerlo al foro. Ningún sistema de en-juiciamiento puede tolerar que una persona que por años ha venido litigando en un foro que no es el de su residencia, una causa de acción y sus incidentes derivados, al recibir una decisión adversa pueda oponer su domicilio como escudo. La demanda en cobro de alimentos vencidos e impagados es un episodio más en la extendida litigación que hemos relacionado, por lo que todo cuanto exige el debido proceso es que se le notifique la reclamación para cuyo caso provee la Regla 4.3 de Procedimiento Civil:

“. . . En el caso de demandados ausentes de Puerto Rico, el emplazamiento podrá ser diligenciado por un alguacil de la jurisdicción donde se haga la entrega o por un abogado admitido a la práctica de la profesión en dicha jurisdicción o en Puerto Rico, o por una persona designada por el tribunal para ese pro-pósito.”

Fue propia y correcta la actuación de la demandante valiéndose de dicho método de notificación personal, el más eficaz y confiable para emplazar; a pesar de que utilizó también la alternativa de emplazamiento sustituto dispuesta en la Regla 4.7.

      La Regla 4.7, según quedó enmendada por la mencionada Ley de 1965, lee:

        Regla k.7 Emplazamiento Sustituto

      “(a) Cuando la persona a ser emplazada no se encontrare en Puerto Rico, el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico tendrá jurisdicción personal sobre dicho no residente, como si se tratare de un residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, si el pleito o reclamación surgiere como resultado de lo siguiente:
      (1) Realizare por sí o por su agente, transacciones de negocio dentro de Puerto Rico; o
      (2) Ejecutare, por sí o por su agente, actos torticeros dentro de Puerto Rico; o
      (3) Tuviere un accidente mientras, por sí o por su agente, mane-jare un vehículo de motor en Puerto Rico; o
      (4) Tuviere un accidente en Puerto Rico en la operación, por sí o por su agente, de un negocio de transportación de pasajeros o carga en Puerto Rico o entre Puerto Rico y Estados Unidos o entre Puerto Rico y un país extranjero o el accidente ocurriere fuera de Puerto Rico en la operación de dicho negocio cuando el contrato se hubiere otorgado en Puerto Rico; [o]
      (5) Fuere dueño, o por sí, o por su agente, usare o poseyere bienes inmuebles sitos en Puerto Rico.
      (b) En tales casos se presumirá incontrovertiblemente que el deman-dado ha designado al Secretario de Estado de Puerto Rico como su agente, y significará su consentimiento para que aquél reciba emplazamientos, demandas o notificaciones judiciales y a tales efectos copia del emplaza-miento y de la demanda se entregará al Secretario de Estado o a la persona designada por éste, y el demandante remitirá inmediatamente al deman-dado copia de estos documentos por correo certificado con acuse de recibo. Cualquier diligencia judicial así notificada tendrá la misma fuerza legal y validez de una notificación personal.”

       El texto de la Regla 4.7 aparece en el escolio 1, supra.

       Damos la cita que aparece en Kochental v. Kochental, supra.

      A la pág. 115 de Restatement, Conflict of Laws, 2d, citado, el ejemplo #1 presenta el caso con hechos iguales al de autos, con la excep-ción de que en aquél habían transcurrido 20 años del divorcio.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Edwin Meléndez Grillasca, Juez, demandado; Manuel Olmeda Viruet, interventor.

      Número: O-75-370

      Resuelto: 7 de noviembre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; el interventor no compareció.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 26 de julio de 1974 un agente de la policía detuvo a un conductor al advertir que guiaba en modo errático. Por considerar que el conductor se hallaba en aparente estado de embriaguez, el agente le preguntó si quería someterse voluntariamente a la prueba del aliento o de la sangre. El conductor asintió y el propio agente le administró en el cuartel el análisis del aliento, que reveló un porcentaje de 0.17 de alcohol por peso en la sangre. El policía le entregó entonces al conductor copia del resultado del análisis, lo llevó junto a su familia a su casa y lo citó para que compareciera cuatro días después ante un magistrado para la determinación de causa probable.

El SO de julio de 1974 el conductor compareció ante el magistrado, quien determinó la existencia de causa probable para su arresto por violación de la Sec. 5-801 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, 9 L.P.R.A. see. 1041, y le dejó en libertad sin fianza hasta el día del juicio. Antes de celebrarse éste, el conductor solicitó la desesti-mación de la acusación que se le formuló en su día por el referido delito, el cual es de naturaleza menos grave, ale-gando principalmente que debió llevársele sin demora innece-saria ante el magistrado instructor para que éste tuviese oportunidad de comprobar su estado. El Tribunal Superior resolvió que “Una vez arrestada la persona por conducir en estado de embriaguez y se le practica un análisis no puede entonces procederse a una citación para someter el caso ante un magistrado días después. Arrestada una persona por el delito que fuere, la ley exige que se lleve sin demora inne-cesaria ante un magistrado.” Se ordenó en consecuencia la supresión del resultado de la prueba de aliento. El Ministerio Público recurre ante nos en petición de certiorari para revisar esta determinación.

El caso plantea en esencia . la vital cuestión de la disponibilidad o no en Puerto Rico del procedimiento de cita-ción en situaciones de alegada conducción de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, cuando la persona detenida se somete voluntariamente al análisis de su aliento o su sangre. Expuesto el problema de otro modo, ¿se rige el cuadro de hechos aquí descrito por la Regla 22(a) o por la 7(a) de las de Procedimiento Criminal? El empleo de técnicas diversas de interpretación puede provocar conclusiones distintas, por lo que el actual litigio está reves-tido también de relevancia teórica respecto al propio proceso adjudicativo.

Si nos atenemos al método literal que prescribe el mecanismo de lo que Jhering denominó la jurisprudencia de conceptos (“Begriffsjurisprudenz”, en contraposición a la “Interessenjurisprudenz”), no debe alterarse la resolución recurrida. La Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 1043(b), dispone que “Cualquier agente del orden público deberá requerir de cualquier conductor que se someta a cual-quiera de dichos análisis químicos, después de haberle dete-nido y arrestado . . . .” (Énfasis nuestro.) La Regla 22(a) provee, como hemos visto, que un funcionario del orden público que hiciere un arresto, con o sin orden para ello, deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano. Ergo, aparenta dictar la lógica, la Regla 22(a) gobierna los procedimientos aun en casos de sumisión voluntaria a análisis de sangre o aliento por conducir en alegado estado de embriaguez.

Existe, sin embargo, no sólo la lógica de las palabras, a menudo estéril y despistante, sino también la lógica de la realidad, de destilación más trabajosa. Las palabras no habi-tan un universo propio, desvinculado del mundo que las genera y al que se refieren. Ogden y Richards, The Meaning of Meaning, 1923; Wittgenstein, Philosophical Investigations, 1953. El lenguaje es tan sólo inteligible en función de ese mundo. El lenguaje jurídico en especial deriva su significado de las realidades que lo forjan y alteran. El mismo vocablo- — en el caso presente el término “arresto” — puede variar de sentido en circunstancias diferentes. Aun cuando el idioma en su interpretación literal contradiga el. propósito de una disposi-ción estatutaria, lo que debe ceder es el idioma y no la realidad que motiva el estatuto. Importa en consecuencia penetrar la superficie verbal del problema ante nos, precisar el diseño y la razón de ser de las disposiciones legales que aquí nos ocupan, sopesar los intereses en juego, para in-tentar acercarnos a la interpretación más justiciera.

Veamos en primer lugar el esquema de nuestra Ley de Vehículos y Tránsito sobre el asunto envuelto. El estatuto declara ilegal conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. 9 L.P.R.A. sec. 1041 (a). Establece a la vez presunciones derivables de la cantidad de alcohol existente en la sangre del acusado al tiempo en que se cometió la alegada infracción, según surja tal cantidad del análisis químico de su sangre o aliento. 9 L.P.R.A. sec. 1041(b). Se considera que toda persona que conduzca un vehículo ha pres-tado su consentimiento a someterse al análisis de su aliento, su sangre o de cualquier otra substancia de su cuerpo a excep-ción de la orina. 9 L.P.R.A. sec. 1043(a). Cualquier agente del orden público que tenga motivos fundados para creer que un conductor está operando su vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes deberá detenerlo y arrestarlo y reque-rirle que se someta a cualquiera de los mencionados análisis químicos. 9 L.P.R.A. sec. 1043(b). Copia del análisis quí-mico se le suministra al conductor. 9 L.P.R.A. sec. 1043(f) y (h). La persona detenida puede rehusar someterse a examen químico alguno. 9 L.P.R.A. sec. 1044(a). Es en tal caso que la ley expresamente dispone que “Si el detenido se negare a someterse al análisis químico según fuere el caso, el análisis no le será hecho, y será conducido ante un magistrado, o ante un fiscal, quien deberá tomar a la mayor brevedad posible una declaración jurada” del agente y otras personas concernidas. Si se le lleva ante un fiscal, éste “someterá a un magistrado la evidencia que así hubiere obtenido a fin de que éste determine causa probable de la comisión del delito.” En uno u otro caso, “si el magistrado considerare que existe causa probable de la comisión del delito por la persona detenida expedirá la orden de arresto de rigor . ...” 9 L.P.R.A. sec. 1044(b). Cuando la persona detenida se somete voluntariamente a un análisis químico, la ley guarda silencio sobre si debe llevár-sele inmediatamente ante-un magistrado o proceder a su cita-ción.

El patrón que sigue esta ley es análogo al que priva en la casi totalidad • de los estados miembros de la Unión Americana y en varios otros países. Bergman, Jr., Driving While under the Influence of Alcohol: A Model Implied Consent Statute, 12 W. & M. L. Rev. 654, nota 1 (1971); Breithaupt v. Abram, 852 U.S. 432, 436, nota 2 (1957); Ross, The British Law on Drinking and Driving, 60 A.B.A.J. 694 (1974); Seago, The Breathalyser Reblown, 1973, Grim. L. Rev. 153. Es interesante señalar al respecto que las ofensas de tránsito representan en algunas jurisdicciones más de una tercera parte de los casos en que se emplea el procedimiento de citación, en lugar del de arresto.. Berger, Police Field Citations in New Haven, 1972 Wis. L. Rev. 382, 401. La citación es el procedimiento usualmente utilizado en muchos casos de infracción a las leyes de tránsito. National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Courts, 1973, pág. 71.

La citación como alternativa al arresto se considera de hecho un procedimiento en extremo eficaz en casos de esta naturaleza. Reduce las inconveniencias del ciudadano deriva-bles de su arresto y detención; propende a una mejor utiliza-ción de los recursos policiacos; y mejora las relaciones entre la ciudadanía y los agentes del orden público. Berger, supra, 394, 411-412. Estudios recientes sobre procedimiento criminal recomiendan aún una generalización mayor de su uso. National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, supra, Norma 4.2; Uniform Rules of Criminal Procedure, Handbook of the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 1974, Regia 221 (a). El Instituto de Derecho Americano recomienda que se permita el uso máxi-mo de citaciones por agentes del orden público, haya o no me-diado arresto. The American Law Institute, A Model Code of Pre-Arraignment Procedure, 1975, sec. 120.2. Estos estudios también contienen material útil para la reforma de los proce-dimientos de citación y arresto, los que adolecen de ciertas imperfecciones. Véase: Bybee, Nevada’s 1967 Criminal Procedure Law From Arrest to Trial: One State’s Response to a Widely Recognized Need, 1969 Utah L. Rev. 520, 523.

Puerto Rico se cuenta entre las comunidades que autorizan en ciertas circunstancias la citación en lugar del arresto por agentes del orden público. Recuérdese que nuestra Regla 7(a) expresa que “. . . En aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiese arrestar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un delito menos grave (■misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistrado, en vez de arrestarla. . . .” Conforme a la Regla 11(a), un funcionario del orden público puede hacer un arresto sin la orden corres-pondiente “Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. ...” La Regla 11 se aplica, entre otras situaciones, cuando el agente tiene motivos fundados para pensar, como en el caso presente, que alguien conduce un vehículo de motor en estado de embriaguez. Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720 (1963). Dicho delito es de naturaleza menos grave. 9 L.P.R.A. see. 1042 (a). Se cumplen por tanto en este pleito las circunstancias requeridas para la invocación de la Regla 7(a), a menos que se estime que la referencia antes citada en la Ley de Vehículos y Tránsito al procedimiento de arresto, 9 L.P.R.A. sec. 1043(b), constituye un obstáculo insalvable.

El historial legislativo no revela que el propósito de la Asamblea Legislativa al aprobar dicha disposición de la Ley de Vehículos y Tránsito fue prohibir el uso del procedimiento de citación en casos como el presente, en que su empleo persi-gue claros y reconocidos propósitos de utilidad social y pro-tección ciudadana. La referencia al arresto en la disposición de la Ley de Vehículos y Tránsito, parece encaminarse más bien a legitimar los procedimientos que dicha legislación esta-blece tanto en el caso de sumisión voluntaria como el de nega-tiva a que se practique la prueba. Dado el hecho de que la ley no exige en el contexto de la sumisión voluntaria, contrario al de la negativa, que se lleve al conductor ante un magistrado, cabe concluir que en el primer caso el arresto no tiene el efecto de hacer aplicable la Regla 22 (a).

Cabe preguntarse, además, si en la situación de autos ocurrió verdaderamente un arresto o al menos el tipo de arresto que haría aplicable la Regla 22. El acusado aceptó someterse voluntariamente a la prueba del aliento. Su propio abogado argumentó ante el tribunal de instancia que su cliente no fue en realidad arrestado. Resolución de 10 de febrero de 1975 del tribunal de instancia, pág. 3. Efectuado el análisis, se condujo inmediatamente al acusado a su hogar. No ocurrió la privación irrazonable de libertad u otras trans-gresiones que se asocian normalmente con la Regla 22. 1 Wright, Federal Practice and Procedure, sec. 72. No se trata aquí de la detención de una persona para extraerle una con-fesión inadmisible o violentar de otro modo sus derechos. McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1943); Mallory v. United States, 354 U.S. 449 (1957). Se trata tan sólo de la administración voluntaria de una prueba química, seguida de una citación en lugar de un arresto, que evita las incon-veniencias de este último procedimiento para el acusado, que en este caso estaba acompañado por su familia.

Razones de orden público apoyan la interpretación de que las disposiciones legales aquí envueltas no tienen el efecto de impedir el uso en Puerto Rico del procedimiento de citación, en vez del de arresto, en casos de sumisión voluntaria a análisis químicos por sospecha fundada de conducción en estado de embriaguez. El procedimiento de citación, a pesar ciertamente de que puede mejorarse, posee la sencillez y flexibilidad que se busca en la reforma de los procedimientos judiciales. No vulnera los derechos de los ciudadanos en casos como el presente, en que la persona detenida puede negarse a que se le practique el análisis químico y exigir que se le conduzca ante un magistrado, conforme el trámite dispuesto en 9 L.P.R.A. see. 1044. Por lo contrario, se le evitan incomodidades adicionales al ciudadano que desee someterse volunta-riamente a la prueba concernida. El procedimiento de citación facilita a su vez un uso más eficiente de los recursos policiacos del país. Los casos por conducir en estado de embriaguez mon-taron en 1974-75 a 7,414, número que se aproxima mucho al total de miembros de que se compone nuestra fuerza policiaca, que en 1973 montaba a 7,714 miembros. Informe al Goberna-dor sobre la Criminalidad en Puerto Rico, setiembre de 1973, pág. 40. Lo que es más grave, los casos de embriaguez siguen un ritmo de veloz ascenso. La cifra citada de casos representa un aumento de 433.7 % si se le compara con los casos para el año fiscal 1969-70.

Por los fundamentos expuestos se revocará la resolución recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos de modo conforme con esta opinión.

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, emitió voto concu-rrente en el cual concurren los Jueces Asociados, Señores Dávila, Martín, Irizarry Yunqué y Negrón García.

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en el cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín, Irizarry Yunqué y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 1975

Al concurrir íntegramente con la opinión circulada deseo añadir lo siguiente:

El concepto de “detención y arresto” a los fines limitados de pedir al conductor que se someta a análisis químico de sangre o aliento (9 L.P.R.A. see. 1043 (b)) sin mayor priva-ción de libertad cuando éste accede, no representa el acto de poner la persona bajo custodia restrictiva que la Regla 22(a) de Procedimiento Criminal rehusó dejar al arbitrio del poli-cía, requiriendo su pronta revisión por un magistrado. Cuando la detención es efímera y así circunscrita, y consen-tida por el ciudadano que se aviene al análisis, no veo dificul-tad semántica ni jurídica en aplicar la Regla 7(a) de Proce-dimiento Criminal en su provisión de que . . En aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiere arres-tar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un delito menos grave (misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistrado, en vez de arrestarla. La citación informará a la persona que si no compareciere se expedirá una orden de arresto en su contra.” (Énfasis en el original.)

Las Reglas de Procedimiento Criminal sobre arresto están dirigidas a proteger la libertad, y es absurda y suicida la posición del interventor insistiendo en que se le proteja su libertad prolongando su custodia por el tiempo problemático e incierto en ocasiones que tome encontrar un magistrado dis-ponible, en sustitución del método racional utilizado por el policía dejándolo libre con una citación de cuatro días de plazo para comparecer ante el juez.

      La Regla 22(a) de las de Procedimiento Criminal lee así:

        “Comparecencia ante el magistrado. Un funcionario del orden público que hiciere un arresto autorizado por una orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponi-ble más cercano. Cualquier persona que hiciere un arresto sin orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano, y si la persona que hiciere el arresto sin orden de arresto fuere una persona particular, podrá entregar a la persona arrestada a cualquier funcionario del orden público, quien a su vez deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante un magistrado, según se dispone en esta regla. Cuando se arrestare a una persona sin que se hubiere expedido orden de arresto y se le llevare ante un magistrado, se presentará inmediatamente una denuncia y se expedirá una orden de arresto o citación, según se dispone en las Reglas 6 y 7.”

      La Regla 7(a) de las de Procedimiento Criminal lee así:

        “Citación. Se podrá expedir una citación en lugar de una orden de arresto si el magistrado ante quien se presentare la denuncia tuviere motivos fundados para creer que la persona va a comparecer al ser citada, o si la persona fuere una corporación. Se podrá expedir más de una cita-ción basada en una sola denuncia. En aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiere arrestar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un delito menos grave (misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistra-do, en vez de arrestarla. La citación informará a la persona que si no compareciere se expedirá una orden de arresto en su contra.”

      La constitucionalidad general del estatuto—no planteada aquíse lia sostenido en Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392 (1962); Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720 (1963). Véanse también: Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432 (1957); y Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966).