author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Juan M. Rivera González, etc., querellante y peticionario, v. Danny’s Bakery, Inc., querellado y recurrido.

      Número: CE-86-695

      Resuelto: 12 de mayo de 1988

      Carmen M. Merced Torres, abogada del peticionario; José M. Aponte Jiménez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos recurre ante nos para cuestionar una determinación del Tribunal Superior mediante la cual se le ordenó contestar un interroga-torio en una reclamación de salarios instada contra Danny’s Bakery. En su recurso expone que no puede exigírsele que divulgue información de carácter privilegiado y confidencial obtenida al amparo de los poderes de investigación otor-gados por la Ley de Salario Mínimo, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3120). Procede la modifica-ción de este dictamen.

f — I

En representación del obrero, Sr. Ramón Rullán, el Se-cretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante Secretario) incoó una reclamación contra Danny’s Bakery por alegadamente incumplir con la Ley de Salario Mínimo al no compensar adecuadamente al represen-tado durante el período destinado para tomar alimentos. 29 L.P.R.A. see. 283.

Danny’s Bakery contestó oportunamente y sometió un interrogatorio al querellante peticionario en el que, entre otras cosas, solicitó lo siguiente:

Acompañe con la contestación a este interrogatorio copia de cualquier declaración, jurada o no, tomada a la parte quere-llada o su representante, antes, durante o después de la inves-tigación efectuada por cualquier funcionario del Departa-mento del Trabajo en relación con la querella presentada. Exhibit III, pág. 15.

El Secretario objetó este requerimiento. Alegó que la de-claración del querellado era producto de una investigación efectuada al amparo de la Ley de Salario Mínimo y expresa-mente clasificada en forma confidencial por el Código de En-juiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3120.

El Tribunal de Distrito rechazó la objeción formulada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y estimó que la agencia estaba dilatando los procedimientos al ne-garse a contestar la pregunta. Al amparo de la Regla 34.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el Tribunal de Distrito ordenó a dicho departamento a contestar la pre-gunta impugnada por estimar que la sección invocada no era aplicable.

El querellante peticionario acudió al Tribunal Superior cuestionando esta decisión, pero fue confirmada. Dicho foro concluyó que el Departamento del Trabajo y Recursos Hu-manos renunció al privilegio de confidencialidad al iniciar la reclamación por la vía judicial porque la información reque-rida era pertinente y vital al caso. Finalmente determinó que al contestar el resto del interrogatorio “renunció a informa-ción de carácter más confidencial”. Exhibit I, pág. 6.

En su petición de certiorari ante nos el Secretario plan-tea que la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, supra, es aplicable a la situación de autos y que no renunció al privile-gio que cubre su expediente investigativo al instar el pleito que origina la controversia. También negó que lo renunciara al contestar el resto del interrogatorio. Por su importancia normativa expedimos el auto.

Ante nos el Secretario invoca nuevamente el privilegio de confidencialidad de la información obtenida en el curso de una investigación de una querella instada por un obrero contra su patrono. Fundamenta su petición en la última parte de la See. 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 que dispone lo siguiente:

La información obtenida por el Secretario del Trabajo y Re-cursos Humanos o por sus agentes debidamente autorizados en el curso de las investigaciones practicadas en el ejercicio de las facultades concedidas en la Ley de Salario Mínimo, sees. 245 et seq. del Título 29, y en la Ley Orgánica del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos, sees. 304 et seq. del Título 3, será de carácter privilegiado y confidencial y sólo podrá ser divulgada mediante la autorización del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. 32 L.P.R.A. see. 3120.

Aunque de ordinario el Estado no puede negar caprichosamente el acceso a información recopilada en su ges-tión pública, Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 489 (1982), hoy nos enfrentamos a un reclamo de confidenciali-dad fundado en una disposición expresa del Código de Enjui-ciamiento Civil en el procedimiento sumario de reclamación de salarios. Santiago v. Bobb y El Mundo, 117 D.P.R. 153 (1986); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987). Al interpretarla, no debemos examinar su validez constitu-cional prematuramente ni abordar esa vía si podemos dispo-ner del planteamiento en armonía con la presunción de constitucionalidad de que goza la disposición. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983).

Del historial legislativo de este estatuto surge que la confidencialidad invocada al amparo del Código de Enjuiciamiento Civil responde a tres (3) objetivos fundamentales: (1) estimular la participación y colaboración obrera y ciudadana en la investigación y trámite de acciones legales fundadas en infracciones a la legislación protectora del trabajo; (2) evitar que los obreros que cooperen en dichas investigaciones sean objeto de discrimen en el empleo o cualquier tipo de represalias, y (3) proteger tanto al obrero como al patrono de la innecesaria intervención e inspección por parte de terceros en determinada investigación o querella, si éstos nada tienen que ver ni aportar al adecuado trámite de la misma. En su informe al Senado, la Comisión del Trabajo analizó el propósito de esta disposición y recomendó su aprobación por las razones expuestas.

El proyecto le dá carácter de privilegiada a la información que obtenga el Secretario en las investigaciones que realice en virtud de la Ley de Salario Mínimo o de la Carta Orgánica del Departamento del Trabajo y no permite su divulgación sin la autorización del Secretario del Trabajo con el fin primordial de auxiliar a éste en el desempeño de sus funciones investiga-tivas, ya que si los obreros y otros testigos saben que la infor-mación que suministren podría ser examinada por el patrono se abstendrían de cooperar en la investigación por temor a represalias y otros inconvenientes. Sin embargo, la protección es también, a veces, para los propios patronos, ya que terceras personas no tendrían acceso a la información suministrada por éste, a menos que el Secretario del Trabajo lo autorice. 14 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Extraordina-ria) 49 (1961).

Por su parte, el distinguido líder obrero y ex represen-tante a la Cámara de Representantes, el Sr. Armando Sán-chez Martínez, defendió esta disposición contra enmiendas sugeridas y sostuvo que el estatuto “más bien va en protec-ción de la seguridad del propio trabajador— que es posible en muchas ocasiones puede tener temor de revelar... que no se está cumpliendo adecuadamente aquella legislación que a él le protege . . .”. 14 Diario de Sesiones, supra, pág. 180.

Claramente, el propósito primordial del privilegio es dotar al Secretario con un instrumento de investigación y fomentar la cooperación con su labor. Este género de legislación es común en otras jurisdicciones. Véase M.S. Wallace, Discovery of Government Documents and the Official Information Privilege, 76 Colum. L. Rev. 142 (1976). No obstante, el reconocimiento de dicho privilegio no implica que una vez se presenta la reclamación en el foro judicial el patrono no pueda descubrir prueba mediante interrogatorio o deposición conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La propia ley en su texto le reconoce la facultad de someter un interrogatorio. 32 L.P.R.A. see. 3120. Siempre que no se menoscabe el propósito del privilegio, el querellado tiene el derecho a obtener aquella información indispensable para la preparación de su defensa en el proceso judicial.

Conscientes de este historial, en el pasado hemos permi-tido un interrogatorio sobre información en poder del Secre-tario. En Dorado Beach Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 610 (1965), favorecimos bajo ciertas circunstancias particulares el uso de interrogatorios en reclamaciones de salarios para obtener información que debía estar incluida en los expedientes del patrono. En esa ocasión indicamos que no podíamos aplicar la ley “desvinculada por completo de las alegaciones” y que procedía solicitar ese tipo de información cuando existía una controversia bonafide sobre si los quere-llantes habían sido empleados por el patrono.

También hemos reafirmado la facultad de los tribunales para que, una vez determinen su necesidad, autoricen la de-posición del investigador de normas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 32 L.P.R.A. see. 3120, si dicho departamento anuncia que lo utilizará como testigo ante los tribunales. Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987).

Examinado el trasfondo doctrinal de esta controversia, resolvemos.

I — I 1 — I 1 — I

Al estudiar la totalidad de las circunstancias que rodean la información requerida en el caso de autos, debemos favo-recer su divulgación.

La información que el querellado recurrido ha solicitado en la pregunta objetada no desvirtúa la política pública protegida por la ley. No se trata, como sostiene el querellante peticionario, de copia de las declaraciones tomadas al querellante y/o los testigos examinados y los memorandos internos que recogen el resultado de la investigación practicada en el caso. Tampoco consiste de información que debe constar en los récord del patrono por disposición de la Ley de Salario Mínimo, 29 L.P.R.A. see. 245.

Todo lo contrario, el Secretario reclama el privilegio úni-camente para mantener en confidencialidad las declara-ciones ofrecidas por el propio patrono querellado como parte de la investigación. Su petición no incluye las declara-ciones de los obreros que colaboraron en la investigación ni los documentos internos del Departamento del Trabajo y Re-cursos Humanos que revelan el proceso decisional de los fun-cionarios de la agencia. Tampoco consiste de una petición formulada por una persona que no es parte en el pleito.

De su faz, la divulgación al querellado recurrido de esta información no perjudicará la investigación concluida ni afectará adversamente la colaboración de los obreros en el trámite administrativo o la política pública que el Estado busca proteger. Estas declaraciones no sólo son pertinentes, sino que son necesarias para la preparación de una defensa adecuada. Los principios de justicia, rapidez y búsqueda de la verdad que persigue nuestro ordenamiento procesal no deben ceder en este caso. El debido proceso de ley exige que se le permita al querellado una oportunidad razonable de ad-quirir esta información que, como vimos, no compromete la integridad del estatuto.

Sin embargo, por la naturaleza del interés público involucrado, el acceso a esta información debe ser controlado por el tribunal a quien corresponde determinar, en última instancia, si procede el descubrimiento solicitado y si su divulgación compromete información confidencial adicional que amerite ser preservada por el Estado. También determinará si el acceso a las declaraciones solicitadas deberá ser en cámara y tomará cualquier otra medida cautelar que estime necesaria.

Por los fundamentos expuestos, se modifica la determi-nación del tribunal de instancia y se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

       De los autos surge que el obrero querellante y el Secretario del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos contestaron el resto del interrogatorio y que se negaron a contestar la pregunta que origina este recurso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Francisco Ramos González y Otros, demandantes y recurrentes, v. Francisca Félix Medina y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-83-599

      Resuelto: 13 de mayo de 1988

      Reinaldo Fernández Negrón, abogado de los recurrentes; Frank Gotay Barquet, de Feldstein, Gelpi & Hernández, abogado del recurrido José Ramón González; Eliezer Aldarondo Ortiz, de Aldarondo & López Bras, abogado del recurrido Manuel Ramos Rivera, y José D. Rivera Ortiz, abogado de los recu-rridos Perfecto Cruz Laureano, María Laureano de Cruz y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea cuestiones sensitivas referentes a la figura de cosa juzgada y sus excepciones. En específico, ana-lizamos el efecto que tiene en esta jurisdicción una sentencia desestimatoria por inacción dictada por el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

h-4

Francisco Ramos González y su esposa María Reyes Santiago residían en una casa de su propiedad, sita la misma en una finca de trece (13) cuerdas de terreno, sobre la cual pe-saba un gravamen de $650. La finca fue subastada en un pro-cedimiento de ejecución de hipoteca y fue adjudicada a favor de Bernardo Mártir y su esposa, Sofía López, y el Ledo. Norman Pardo y su esposa, Helen Hernández Dapena. Éstos a su vez vendieron el bien inmueble al alguacil Perfecto Cruz Laureano y su esposa, Marta Laureano de Cruz.

El 11 de diciembre de 1978, el señor Cruz Laureano y sus compañeros alguaciles del Tribunal General de Justicia, José Ramón González y Manuel Ramos Rivera, alegadamente se personaron en la residencia del señor Ramos González y su esposa con una copia fotostática del acta de subasta. Se alega que los alguaciles alteraron la misma sin autorización para ello, haciendo constar al dorso de la copia la frase “manda-miento de desahucio”.

Según la versión de los demandantes, esposos Ramos-Reyes, luego de que se suscitara un debate sobre la titulari-dad de la casa en la que vivían junto a sus catorce (14) hijos, y sobre los sembradíos existentes en la finca, los referidos al-guaciles procedieron a herir de bala al señor Ramos Gonzá-lez y a golpear a su esposa y un hijo menor. También destruyeron el techo de la vivienda. Procedieron, entonces, a arrestar a los cónyuges y a trasladarlos al Hospital Regional del Distrito de Caguas, donde les dejaron abandonados.

. Como resultado de estos hechos Francisco Ramos Gonzá-lez, su esposa María Reyes Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos presentaron el caso Civil Núm. 79-7657 en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el día 7 de diciembre de 1979. En la demanda radicada figuran como demandados Bernardo Mártir y su es-posa Sofía López; Norman Pardo y su esposa Helen Hernán-dez Dapena; Perfecto Cruz Laureano y su esposa Marta Laureano de Cruz, y sus respectivas Sociedades de Bienes Gananciales; Francisca Félix Medina; Herminio Veguilla Ruiz; José Ramón González; Manuel Ramos Rivera; Anasta-cio Martínez Tirado; el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la Administración de los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Solicitaron los demandantes la suma de $500,000, por concepto de daños y perjuicios, y además, que se condenara a los codemandados Perfecto Cruz Laureano y Marta Laureano de Cruz, y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éstos, a pagar la suma de $46,500 por las propiedades muebles e inmuebles de los de-mandantes que ambos se apropiaron ilegalmente.

Tres (3) días más tarde, el 10 de diciembre de 1979, el señor Ramos González y su esposa presentaron la acción en daños, caso Civil Núm. 79-2837, en el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El caso fue radicado al amparo del Código de Estados Unidos, 42 U.S.C. sees. 1981, 1983, 1985 y 1986. En dicha acción los demandantes alegaron que los hechos antes rela-tados constituían una violación a sus derechos civiles bajo las Enmiendas PV^ Y, IX y XI^ Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1. Figuraron como demandados en el pleito federal los Srs. Perfecto Cruz Laureano, José Ramón González y Manuel Ramos Rivera, en su carácter personal y como alguaciles del Tribunal Superior de Puerto Rico; el Hon. Miguel Giménez Muñoz, como Secretario de Justicia de Puerto Rico; el Hon. Carlos Romero Barceló, como Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el Hon. José Trías Monge, en su carácter de Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y, por lo tanto, “máxima autoridad de la Oficina de Ad-ministración de los Tribunales” a la que estaban adscritos los alguaciles demandados.

Como puede apreciarse, se trata de la presentación en foros distintos de dos (2) demandas que tienen en común unos hechos u ocurrencia que dan base a una solicitud de remedios al amparo de un estatuto federal y otro estatal, y en las que solamente los codemandados Perfecto Cruz Lau-reano, José Ramón González y Manuel Ramos Rivera figu-ran como tales en ambos pleitos. Sus respectivas esposas y Sociedades Gananciales sólo han sido incluidas como partes demandadas en el pleito ante el Tribunal Superior de Puerto Rico.

El 8 de mayo de 1981, el Tribunal de Distrito Federal, por voz de la Hon. Juez Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, dictó sentencia en el caso presentado ante dicho foro desesti-mando la demanda debido a la inacción de la parte deman-dante (lack of prosecution). Apéndice, pág. 36.

Así las cosas, los alguaciles codemandados Perfecto Cruz Laureano, José Ramón González y Manuel Ramos Rivera, y las codemandadas Marta Laureano de Cruz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ésta y por Perfecto Cruz Laureano, solicitaron la desestimación sumaria de la demanda incoada en el Tribunal Superior de Puerto Rico, bajo el fundamento de cosa juzgada.

En síntesis, la alegación de los codemandados fue a los efectos de que la desestimación por inacción de la acción ra-dicada por los demandantes en el Tribunal de Distrito federal tiene el efecto de una adjudicación en los méritos, y por lo tanto, de cosa juzgada sobre la acción radicada en su contra por los demandantes en el Tribunal Superior de Puerto Rico. De otro lado, los demandantes alegaron que no era aplicable la doctrina de cosa juzgada invocada por los codemandados, ya que no se cumplieron los requisitos que, para la aplicación de la misma, exigen la ley y la jurisprudencia.

El 8 de noviembre de 1983, el Tribunal Superior dictó sentencia sumaria parcial en la que acogió el planteamiento de los codemandados. En su virtud, desestimó con perjuicio la demanda en cuanto a los codemandados José Ramón Gon-zález, Manuel Ramos Rivera, Perfecto Cruz Laureano y Marta Laureano de Cruz, y la Sociedad Legal de Ganan-ciales compuesta por estos últimos. Ya anteriormente, con fecha de 24 de febrero de 1982 y por otros fundamentos, se había desestimado la demanda en cuanto a los codeman-dados Herminio Veguilla Ruiz y Francisca Félix Medina. Vé-ase Sentencia Parcial, en autos, dictada en dicha fecha. Apéndice, pág. 38.

Inconformes, los demandantes han recurrido ante nos. Consideran errónea la determinación del tribunal a quo de adscribir consecuencia de cosa juzgada a la sentencia deses-timatoria del tribunal federal. Acordamos expedir el auto so-licitado.

Procede determinar: (1) si la sentencia de desestimación por inacción dictada por el Tribunal de Distrito federal tiene el efecto de una adjudicación en los méritos y (2) si tal adju-dicación impide total o parcialmente la litigación del pleito incoado en el foro local.

II

El caso instado por los demandantes recurrentes en el foro federal fue desestimado por no haber éstos realizado trámite alguno por un período de ocho (8) meses y ante- la ausencia de excusas por dicha inacción (lack of prosecution). La Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., autoriza este tipo de desestimación. El texto de esta regla es similar al de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III. Reza de la siguiente forma:

Rule 4.1. Dismissal of Actions
(b) Involuntary Dismissal: Effect Thereof. For failure of the plaintiff to prosecute or to comply with these rules or any order of court, a defendant may move for dismissal of an action or of any claim against the defendant. After the plaintiff, in an action tried by the court without a jury, has completed the presentation of evidence, the defendant, without waiving the right to offer evidence in the event the motion is not granted, may move for a dismissal on the ground that upon the facts and the law the plaintiff has shown no right to relief. The court as trier of the facts may then determine them and render judgment against the plaintiff or may decline to render any judgment until the close of all the evidence. If the court renders judgment on the merits against the plaintiff, the court shall make findings as provided in Rule 52(a). Unless the court in its order for dismissal otherwise specifies, a dismissal under this subdivision and any dismissal not provided for in this rule, other than a dismissal for lack of jurisdiction, for improper venue, or for failure to join a party under Rule 19, operates as an adjudication upon the merits. (Énfasis suplido.)

Cuando el fundamento para la desestimación es la inacción de la parte que instó el pleito, los tribunales federales tienen un poder inherente, independiente de cualquier estatuto o regla, para decretar la misma sua sponte. Link v. Wabash Railroad Co., 370 U.S. 626, 629-633 (1962). Véase, también, Roadway Express, Inc. v. Piper, 447 U.S. 752, 765 (1980). Una desestimación bajo la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, supra, o cualquier otra desestimación provista por la Regla 41 tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos, a menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo o que la desestimación se haya decretado por falta de jurisdicción, competencia territorial inadecuada (improper venue) o por dejar de acumular a una parte bajo la Regla 19 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C. Esto es, salvo las excepciones señaladas, la desestimación será con perjuicio. 9 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 2373 (1971); Poore & Koeber, Cyclopedia of Federal Procedure, 3ra ed., Callaghan & Co., 1967, pág. 111; 5 Moore’s Federal Practice Sec. 41.14, pág. 41-185 et seq. (1984).

En adición a la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, supra, y el poder inherente para manejar sus asuntos en forma ordenada y rápida, los tribunales de distrito federales, amparados en la Regla 83 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., pueden regular y controlar en alguna medida las desestimaciones por inacción y sus efectos. Poore & Koeber, op. cit., Sec. 29.16, págs. 102-103; Moore’s Federal Practice, supra, pág. 41-111. Tal regulación se contempla en las reglas locales de muchos tribunales federales de distrito, 27 Fed. Proc. L. Ed. See. 62:503, pág. 617, n. 57 (1984), y pueden incluso disponer una desestimación automática cuando no se ha tomado acción dentro de un período prescrito de tiempo. Moore’s Federal Practice, supra.

En muchos tribunales federales de distrito, las desestimaciones por inacción son reconocidas y hasta cierto punto controladas por las reglas locales de esos tribunales (District Court Local Rules). Éstas pueden disponer que la desestimación por inacción sea sin perjuicio. Poore & Koeber, op. cit. Ante una reglamentación local de tal naturaleza, una desestimación por inacción que no especifique en la sentencia si la misma es con o sin perjuicio, se deberá entender que es una sin perjuicio. Véanse: Zaroff v. Holmes, 379 F.2d 875 (D.C. Cir. 1967); Moore’s Federal Practice, supra, pág. 41-195, n. 15. Véase, también, 27 Fed. Proc. L. Ed. See. 62:527, págs. 645-646.

Hemos examinado las reglas locales del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico (U.S. District Court Local Rules Puerto Rico). Al momento de dictarse la orden de desestimación por inacción en el caso Núm. 79-2857, las reglas vigentes (Rule 7) no contemplaban ni dis-ponían efecto alguno para las desestimaciones por inacción. Ante tal situación, procede concluir que el efecto que tuvo la orden es el que contempla la Regla U1 (b) de Procedimiento Civil federal, supra; esto es, el de una adjudicación en los méritos con perjuicio. Debe señalarse, sin embargo, el cam-bio introducido por las nuevas reglas locales del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, efectivas desde 1ro de noviembre de 1984. La Regla 313.2, 2 Fed. Local Ct. Rules, R. 313.2, pág. 21 (1987) (United States District Court for the District of Puerto Rico), expresamente señala que las desestimaciones por inacción no se entenderán como una adjudicación en los méritos, salvo que otra cosa se dis-ponga por el tribunal o por alguna sección de tales reglas.

Se ha señalado que una desestimación con perjuicio es una sanción drástica que debe ser aplicada solamente en situaciones extremas que presenten un récord claro de atrasos y conducta contumaz. Poore & Koeber, op. cit. (1984 Cum. Supp.), pág. 34; 27 Fed. Proc. L. Ed. See. 62:504, pág. 619 (1984); Moore’s Federal Practice, supra, Sec. 41.11, pág. 41-107 et. seq. Véanse: Sheaffer v. Warehouse Employees Union, Local No. 730, 408 F.2d 204, 206 (D.C. Cir.), cert. denegado, 395 U.S. 934 (1969); Asociación de Empleados, etc. v. Rodríguez Morales, 538 F.2d 915, 917 (1er Cir. 1976); Marshall v. Sielaff 492 F.2d 917, 918 (3er Cir. 1974); Krodel v. Houghtaling, 468 F.2d 887 (4to Cir. 1972); Hejl v. State of Tex., 664 F.2d 1273, 1274 (5to Cir.), cert. denegado, 456 U.S. 933 (1982); Johnson v. Hubbard, 698 F.2d 286, 290 (6to Cir. 1983); Locascio v. Teletype Corp., 694 F.2d 497, 499 (7mo Cir. 1982), cert. denegado, 461 U.S. 906 (1983); Moore v. St. Louis Music Supply Co., Inc., 539 F.2d 1191, 1193 (8vo Cir. 1976); Raiford v. Pounds, 640 F.2d 944, 945 (9no Cir. 1981); Meeker v. Rizley, 324 F.2d 269, 271 (10mo Cir. 1963); State Exchange Bank v. Hartline, 693 F.2d 1350, 1352 (11mo Cir. 1982).

Como indicáramos anteriormente, la desestimación del pleito incoado en el foro federal por los aquí demandantes recurrentes tuvo el efecto de una adjudicación en los mé-ritos, esto es, una desestimación con perjuicio. La revisión de tal decreto, a fin de que se determinara si el mismo era un ejercicio válido de discreción judicial, nunca fue solicitada por la parte demandante, convirtiéndose la sentencia en final y firme. Así se desprende de los escritos radicados por las partes. No tenemos que especular si un tribunal federal ape-lativo, movido por las circunstancias particulares del caso y por la jurisprudencia federal antes citada, hubiera revocado tal desestimación o su efecto “perjudicial”. Desconocemos los detalles del pleito federal y de todas formas no somos nosotros los llamados a hacer una evaluación sobre el ejercicio de discreción de un tribunal federal que se ampara en su poder inherente para manejar sus propios asuntos a fin de lograr una rápida y ordenada disposición de los casos. Tampoco podemos, en ausencia de razones válidas infor-madas, denegarle entera fe y crédito a la sentencia dictada por el tribunal federal y a los efectos que la misma pudiera tener en nuestra jurisdicción. Art. iy Sec. 1 de la Constitu-ción de Estados Unidos, 28 U.S.C. sec. 1738.

Resumiendo, a la luz de los antes expuesto, tenemos que concluir que la sentencia dictada por el tribunal federal es correcta y válida y constituye una adjudicación en los mé-ritos del litigio. Ello nos lleva entonces a considerar nuestra segunda interrogante inicial. ¿Impide la adjudicación por el foro federal que el presente litigio sea resuelto en sus mé-ritos en la esfera local?

HH I — I

A. Se ha resuelto en la jurisdicción federal que una desestimación con perjuicio hecha al amparo de la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, supra, tiene el alcance de cosa juzgada, por lo que impide pleitos subsiguientes entre las mismas partes o sus representantes (privies) basados en la misma causa de acción. Cleveland v. Higgins, 148 F.2d 722, 723 (2do Cir.), cert. denegado, 326 U.S. 722 (1945); Freedman v. American Export Isbrandtsen Lines, Inc., 451 F.2d 157, 158 (3er Cir.), cert. denegado, 405 U.S. 922 (1971); Hubbard v. Baltimore & O.R. Co., 249 F.2d 886, 887 (6to Cir. 1957); Kotakis v. Elgin, Joliet & Eastern Railway Co., 520 F.2d 570, 576 (7mo Cir.), cert. denegado, 423 U.S. 1016 (1975); Engelhardt v. Bell & Howell Co., 327 F.2d 30, 32 (8vo Cir. 1964); Stewart Securities Corp. v. Guaranty Trust Co., 597 F.2d 240 (10mo Cir. 1979); Wright & Miller, supra, Vol. 18, Sec. 4440, pág. 362 et seq.; 27 Fed. Proc. L. Ed. Sec. 62:521, pág. 641; 21 Fed. Proc. L. Ed. Sec. 51:198, págs. 594-595; Moore’s Federal Practice, supra, Sec. 41.14, pág. 41-196. Hemos llegado a igual conclusión bajo nuestra Re-gla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Souchet v. Cosío, 83 D.P.R. 758 (1961).

Invocada la defensa de cosa juzgada a base de una sen-tencia federal, es necesario evaluar el impacto de esa senten-cia en un pleito local. El planteamiento nos lanza de lleno al complejo mundo de la doctrina de res judicata en el contexto del sistema judicial federal, en el que funcionan procedi-mientos duales y se entrelazan derechos sustantivos, y en el que existen reglas particulares a cada jurisdicción que deter-minan la existencia y alcance de esta doctrina o defensa.

En Puerto Rico, el asunto presenta particularidades que no están presentes en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Es conocido que nuestra norma de res judicata pro-viene del Derecho Civil. Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343, y Art. 421 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1793. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 535 (1975), cuestionado en Republic Sec. Corp. v. Puerto Rico Aqueduct, etc., 674 F.2d 952, 955-956 n. 4 (1er Cir. 1982). De ordinario, es innecesario acudir a las fuentes del derecho común para analizar esta figura, excepto para fines comparativos. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 762-764 (1981); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, ante. Hoy reafirmamos ese método de análisis.

Sin embargo, cuando nos enfrentamos al planteamiento de que una sentencia dictada por el foro federal, alegada-mente, constituye cosa juzgada en relación con un pleito in-coado en la jurisdicción local, entran en juego conside-raciones ajenas a esa estirpe civilista.

Está claramente establecido que cuando la decisión federal se dicta al amparo de una reclamación o asunto federal, la norma o doctrina de cosa juzgada que controla el asunto en el Estado, como fuente de ley al respecto, es la federal. Esto es así para preservar la supremacía y finalidad de la decisión inicial basada en las leyes del foro que la dictó. Stoll v. Gottlieb, 305 U.S. 165, 170-171 (1938); Deposit Bank v. Frankfort, 191 U.S. 499, 517-520 (1903); Seven Elves, Inc. v. Eskenazi, 704 F.2d 241, 243-244 n. 2 (5to Cir. 1983); 2 Restatement Second of Judgments Sec. 87 (1982); 18 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters (Res Judicata) Sec. 4468, págs. 656-657 (1981); R.C. Casad, Symposium: Preclusion in a Federal System: Introduction, 70 Cornell L. Rev. 599 (1985).

Ahora bien, las autoridades están divididas en cuanto a cuál es la regla o doctrina de res judicata a aplicarse en la situación en que la decisión federal previa fue emitida en un caso en que el tribunal federal asumió jurisdicción por razón de diversidad de ciudadanía. Existía una “vieja” regla a los efectos de que el impacto de una sentencia de un tribunal federal por diversidad de ciudadanía se regía por la norma estatal de res judicata. Hoy en día las autori-dades están divididas al respecto. Véanse: Wright & Miller, supra, págs. 656, 732; R.E. Degnan, Federalized Res Judicata, 85 Yale L.J. 741, 769 (1976); Moore’s Federal Practice, Res Judicata and Related Doctrines, 2da ed., Sec. 0.406(1), pag. 272.

En el caso de autos, el tribunal federal adjudicó una ac-ción bajo una ley federal: 42 U.S.C. sec. 1983. Así pues, resulta evidente que el impacto de ese dictamen sobre el pre-sente caso debe ser evaluado bajo las normas federales de res judicata.

B. La doctrina federal de res judicata impide que se relitigue cualquier aspecto de la causa de acción incluyendo cualquier otra acción o defensa que debió o pudo haber sido planteada en el pleito en que ha recaído la primera sentencia. La norma ha sido definida de forma apropiada:

The rules of res judicata, as the term is sometimes sweepingly used, actually comprise two doctrines concerning the preclusive effect of a prior adjudication. The first such doctrine is “claim preclusion, ” or true res judicata. It treats a judgment, once rendered, as the full measure of relief to be accorded between the same parties on the same “claim” or cause of action. ”... When the plaintiff obtains a judgment in his favor, his claim “merges” in the judgment; he may seek no further relief on that claim in a separate action. Conversely, when a judgment is rendered for a defendant, the plaintiff’s claim is extinguished; the judgment then acts as a “bar”. .. .
. . . The aim of claim preclusion is thus to avoid multiple suits on identical entitlements or obligations between the same parties, accompainied, as they would be, by the redeter-mination of identical issues of duty and breach.
The second doctrine, collateral estoppel or “issue preclusion, ” recognizes that suits addressed to particular claims may present issues relevant to suits on other claims. In order to effectuate the public policy in favor of minimizing redundant litigation, issue preclusion bars the relitigation of issues actually adjudicated, and essential to the judgment, in a prior litigation between the same parties_It is insufficient for the invocation of issue preclusion that some question of fact or law in a later suit was relevant to a prior adjudication between the parties; the contested issue must have been litigated and necessary to the judgment earlier rendered. (Én-fasis suplido.) Kaspar Wire Works, Inc. v. Leco Engineering & Mach., 575 F.2d 530, 535-536 (5to Cir. 1978).

En cuanto a las consecuencias jurídicas de ambos con-ceptos, se ha expresado que:

Prior judgments may preclude later litigation both as to matters that have actually been litigated and decided and as to matters that have never been litigated or decided. It is both conventional and convenient to encourage careful attention to the fundamental differences between these effects by referring to them under distinctive labels. The rules that control efforts to reopen matters that have been decided respond to the obvious desire to avoid repetitive consideration of the very same problems. These rules are commonly described as the rules of issue preclusion or collateral estoppel, and will be discussed later. The rules that preclude any litigation of matters that have never been litigated or decided respond to more complex desires to force the parties to raise them in their first suit on pain of subsequent forfeiture. These rules defining the matters that ought to have been raised are most conveniently described as the rules of claim preclusion and defense preclusion, or as the rules of merger and bar.
As useful as the distinction between issue and claim preclusion may be, it is important to note that the distinction is not complete. Foreclosure of an issue by prior litigation may often extend beyond the supporting arguments actually made to preclude new arguments that never were made. The distinction is one of emphasis and degree, no more. (Notas al calce omitidas y énfasis suplido.) Wright, Miller & Cooper, supra, Sec. 4406, págs. 43-44.

Cuando se alega, como en este caso, que la causa de ac-ción ha sido adjudicada en un litigio anterior, nos hallamos ante la figura de “claim preclusion”:

The rule provides that when a court of competent jurisdiction has entered a final judgment on the merits of a cause of action, the parties to the suit and their privies are thereafter bound “not only as to every matter which was offered and received to sustain or defeat the claim or demand, but as to any other admissible matter which might have been offered for that purpose. ” Cromwell v. County of Sac, 94 U.S. 351, 352 [24 L.Ed. 195]. The judgment puts an end to the cause of action, which cannot again be brought into litigation between the parties upon any ground whatever, absent fraud or some other factor invalidating the judgment. (Énfasis suplido.) Sea-Land Services, Inc. v. Gaudet, 414 U.S. 573, 578-579 (1974), citando a Commissioner v. Sunnen, 333 U.S. 591, 597 (1948).

El término “claim or cause of action” es uno similar al que bajo nuestra doctrina de cosa juzgada conocemos como causa o razón de pedir. En el proceso de delimitar el al-cance de una “causa de acción” y de precisar su contenido, la jurisprudencia utiliza y recurre al uso flexible de varios cri-terios. En Restatement Second of Judgments, supra, Sec. 24, pág. 196, se expresa que la dimensión de una “causa de ac-ción”:

(1) ... includes all rights of the plaintiff to remedies against the defendant with respect to all or any part of the transaction, or series of connected transactions, out of which the action arose.
(2) What factual grouping constitutes a “transaction”, and what groupings constitute a “series”, are to be determined pragmatically, giving weight to such considerations as whether the facts are related in time, space, origin, or motivation, whether they form a convenient trial unit, and whether their treatment as a unit conforms to the parties’ expectations or business understanding or usage.

Poco importa si los pleitos sucesivos se originan bajo leyes diferentes. No es la “etiqueta” lo que determina el contenido de la reclamación (claim). Puede existir una sola causa de acción aunque ambos pleitos se invoquen bajo leyes diferentes. Lo importante no es la ley en la que se funda la reclamación, sino la causa o razón para reclamar, es decir, el asunto planteado. Fleming v. Travenol Laboratories, Inc., 707 F.2d 829 (5to Cir. 1983); Harrington v. Vandalia-Butler Bd. of Ed., 649 F.2d 434 (6to Cir. 1981); Nolen v. Roudebush, 549 F.2d 341 (5to Cir. 1977); Clemens v. Central Railroad Company of New Jersey, 399 F.2d 825 (3er Cir. 1968), cert. denegado, 393 U.S. 1023 (1969); Williamson v. Columbia Gas & Electric Corp., 186 F.2d 464 (3er Cir. 1950), cert. denegado, 341 U.S. 921 (1951); Wright, Miller & Cooper, supra, Sec. 4411. La definición es una transaccional, en la que sólo es pertinente que ambas acciones surjan de un núcleo común de hechos operacionales (common nucleus of operative facts), que sea una repetición táctica (factual clone) o que ésta surja de una misma conducta, transacción u ocurrencia. Wright, Miller & Cooper, supra, Sec. 4407, pág. 62 y casos allí citados. Un cambio de leyes no evita la aplicación de la norma de claim, preclusion, pues es lo mismo lo litigado; “so-lamente son diferentes bases legales invocadas para proveer remedio”. (Traducción nuestra.) Nilsen v. City of Moss Point, Miss., 701 F.2d 556, 559 (5to Cir. 1983).

Se trata, pues, de un concepto que no está atado a la fuente legal de la obligación y remedio, y que esencialmente persigue que en un solo litigio se obtengan los remedios a que tienen derecho las partes; impide así el fraccionamiento de la causa de acción que comprende reclamos al amparo de teorías legales distintas.

C. El asunto se complica cuando, como en el presente caso, un demandante opta por radicar una demanda en el tribunal local bajo las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y otra demanda en el foro federal bajo las disposiciones de 42 U.S.C. sees. 1981,1983,1985 y 1986.

Como es sabido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto específicamente que los tribunales estatales tienen jurisdicción concurrente sobre pleitos bajo la Ley Federal de Derechos Civiles. De manera, pues, que el tribunal de instancia tenía facultad en el presente caso para entender en todas las reclamaciones. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256, 259-260 (1982); Martínez v. California, 444 U.S. 277, 283 n. 7 (1980); Maine v. Thiboutot, 448 U.S. 1, 3 n. 1 (1980).

Por otro lado, y en lo que respecta a los tribunales federales, éstos, al asumir jurisdicción en un caso bajo una causa de acción federal, pueden —bajo la doctrina de pendent jurisdiction— adjudicar reclamaciones relacionadas sobre las cuales, de ordinario, no tendrían jurisdicción para poder adjudicar, Mine Workers v. Gibbs, 383 U.S. 715, 726 (1966); Pennhurst State School & Hosp. v. Halderman, 465 U.S. 89, 117 (1984).

Para que un tribunal federal asuma pendent jurisdiction sobre una causa de acción estatal, la reclamación federal debe ser lo suficientemente sustancial como para conferir al tribunal jurisdicción sobre la materia. Mine Workers v. Gibbs, ante. Esta sustancialidad se determina a base de las alegaciones (pleadings) independientemente de la disposición ulterior del caso. Si la reclamación federal es sustancial, el tribunal puede considerar todas las reclamaciones, estatales o federales, que surjan del mismo núcleo común de hechos operacionales (common nucleus of operative facts) siempre que hubiera sido de esperarse que el demandante las litigara todas en un solo procedimiento judicial. 13B Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters (Federal Question Jurisdiction — Diversity Jurisdiction), 2da ed., Sec. 3567.1, págs. 114-116 (1984).

Si el demandante no solicita del tribunal federal que asuma jurisdicción al amparo de la doctrina de pendent jurisdiction sobre la reclamación estatal, la sentencia que en su día emita el tribunal federal tendría el efecto de cosa juzgada sobre ésta bajo la teoría de claim, preclusion por cuanto pudiendo haberse hecho la solicitud, no se hizo. Ahora bien, si a pesar de ello haberse solicitado, el tribunal federal decide no entender en la reclamación estatal, o si estaba im-pedido de hacerlo, la sentencia federal no constituiría cosa juzgada sobre el reclamo estatal. Restatement Second of Judgments supra, Sec. 25(e); Wright, Miller & Cooper, supra, Vol. 18, Sec. 4412, págs. 95-97; 3A Moore’s Federal Practice Sec. 18.07(1.4), pág. 1864 (1987).

Opinamos que los demandantes en el presente caso te-nían un reclamo federal sustancial bajo la citada See. 1983 (42 U.S.C.). Tenemos, en adición, que ambos reclamos —el federal y el estatal —surgían de los mismos hechos, transac-ción o evento: las agresiones físicas y daños a la propiedad alegadamente infligidos a los demandantes por los alguaciles demandados al éstos tratar de desahuciar ilegalmente a los demandantes. La evidencia a ser desfilada en este caso es la misma que habría sido presentada en el tribunal federal.

Somos del criterio que el tribunal federal tenía ju-risdicción para considerar la acción bajo el Art. 1802 del Có-digo Civil, supra, conjuntamente con la reclamación bajo la Ley Federal de Derechos Civiles excepto, naturalmente, en cuanto a la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias, las cuales están vedadas por la Enmienda XI de la Constitución federal, L.P.R.A., Tomo 1. Así lo determinan consideraciones de economía procesal y de trato justo a los litigantes. Predominaba la cuestión federal, es decir, la ale-gada violación de los derechos civiles de los demandantes y el jurado podía considerar ambas controversias, sumamente entrelazadas, sin peligro de confundirse en su adjudicación. Mine Workers v. Gibbs, ante, pág. 725.

Son los demandantes los únicos responsables de que el tribunal federal no ejerciera jurisdicción sobre la reclamación bajo la ley de Puerto Rico. No lo solicitaron. Prefirieron presentar una acción a esos efectos en el Tribunal Superior. Claramente, fraccionaron su causa de acción. Restatement Second of Judgements, supra, Sec. 25; R.C. Casad, Res Judicata in a Nutshell, Minnesota, Ed. West, 1976, pág. 57. Se arriesgaron a que una de las acciones fuera resuelta en su contra y se convirtiera en cosa juzgada la otra reclamación. Woods Exploration & Pro. Co. v. Aluminum Co. of Amer., 438 F.2d 1286, 1311-1316 (5to Cir.), cert. denegado, 404 U.S. 1047 (1971); Cemer v. Marthon Oil Co., 583 F.2d 830 (6to Cir. 1978); Zoriano Sánchez v. Caribbean Carriers Ltd., 552 F.2d 70, 72-73, (2do Cir.), cert. denegado, 434 U.S. 853 (1977); cf. Buford v. American Finance Company, 333 F. Supp. 1243, 1249 (A.D. Dist. Ct. 1971). Debe mantenerse presente que lo determinante bajo la norma federal de res judicata es cuál de los dos foros fue el primero en emitir sentencia y no cuál de ellos fue el primero en asu-mir jurisdicción. Restatement Second of Judgements, supra, Sec. 13 (1982); IB Moore’s Federal Practice Sec. 0.404 (1988).

D. Resta considerar si en principio es aplicable la doc-trina de cosa juzgada al caso ante nuestra consideración en relación con aquellas partes demandadas en el pleito local que también lo fueron en la acción federal.

De entrada, basta referirnos a los epígrafes y alegaciones que se hicieran en ambas acciones. En ambos casos comparecen como demandantes, reclamando para sí, Francisco Ramos González, su esposa María Reyes Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. En ambos casos comparecen como demandados, en su carácter personal, Perfecto Cruz Laureano, José Ramón González y Manuel Ramos Rivera. Siendo ello así, se configura en ambos pleitos y, con relación a estas personas únicamente, la identidad de litigantes que requiere la doctrina. El hecho de que hubiera además otros codemandados no es óbice para llegar a esta conclusión. Staten Island Rapid Transit Op. Auth. v. I.C.C., 718 F.2d 533, 542-543 (2do Cir. 1983); Duncan v. Town of Blacksburg Virginia, 364 F. Supp. 643, 645 (Va. Dist. Ct. 1973); Wright, Miller & Cooper, supra, Sec. 4449, págs. 416-417. No se equivocó, en su consecuencia, el Tribunal Superior al considerar aplicable la norma de cosa juzgada en cuanto a estos tres codemandados.

No obstante, el tribunal a quo cometió error al incluir en su análisis y conclusión sobre cosa juzgada a la demandada Marta Cruz de Laureano así como a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ésta y por el codemandado Perfecto Cruz Laureano. Claramente, en cuanto a estas partes no se cumple el requisito de identidad. Marta Cruz de Laureano y la referida sociedad fueron demandadas úni-camente en el pleito radicado en el foro local, mas no así en el presentado ante el tribunal federal. Han sido objeto, directa y particularmente, en el pleito local de ciertas alegaciones que les imputan la comisión de actos dañosos mediando culpa o negligencia. El codemandado Perfecto Cruz Laureano no representó en el pleito federal a la Sociedad Legal de Ga-nanciales de la cual forma parte y que ésta no fue incluida como parte demandada en dicha acción. No había reclamo alguno en contra de la misma. Una relación familiar estrecha con una parte, de ordinario, no es suficiente para aplicarle a alguien que no ha sido parte en un pleito la doctrina de cosa juzgada. Wright, Miller & Cooper, supra, Sec. 4459, pág. 522. Véanse: Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297 (1987); Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591, 596-597 (1984); Irizarry v. Díaz Ojea, 35 D.P.R. 144, 146 (1926); Sentencia del Tribunal Supremo de España de 31 de mayo de 1913, citada en J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Es-pañol, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, Vol. 8, T. II, pág. 315. En Díaz v. Navieras de P.R., ante, no le aplicamos la defensa de cosa juzgada a codemandantes parientes cer-canos del demandante —padre y madre— que no litigaron en la acción de daños que culminó en la sentencia que se invocó con efecto de cosa juzgada, ya que la relación de pa-rentesco no era suficiente para establecer la solidaridad re-querida.

Aclaramos que recurrimos en esta situación al Derecho Civil por cuanto la norma federal de res judicata requiere que al evaluar problemas de representación familiar como el señalado se acuda al derecho estatal. Esto se debe a que el Derecho de Familia es un asunto que tradicionalmente ha estado permeado de un interés estatal intenso que controla las reglas al respecto. Wright, Miller & Cooper, supra, Sec. 4459, pág. 523.

Cumplidos los requisitos de identidad de causa y partes —en cuanto a los demandantes y los codemandados Perfecto Cruz Laureano, José Ramón González y Manuel Ramos Rivera— podría anticiparse el resultado final de esta situación. Empero, es menester traer a colación ciertas considera-ciones provenientes de la norma federal de res judicata que alteran la disposición final de este recurso.

> 1 — 1

La doctrina federal de cosa juzgada está cimentada sobre el interés en preservar la finalidad, efectividad y certidumbre de las sentencias. Por eso se ha resuelto repetidamente que una sentencia tiene efectos de cosa juzgada aunque sea errónea. E.g. Federated Department Stores, Inc. v. Moitie, 452 U.S. 394, 398-399 (1981), y casos allí citados. Como dijo el Profesor Brainerd Currie, “la primera lección que uno debe aprender en la materia de res judicata es que las determinaciones judiciales no deben ser confundidas con la verdad absoluta”. (Traducción nuestra.) B. Currie, Mutuality of Collateral Estoppel: Limits of the “Bernhard” Doctrine, 9 Stan. L. Rev. 281, 315 (1957).

El ordenamiento ha provisto el mecanismo de la revisión judicial precisamente para lograr la corrección de los errores judiciales y a su vez evitar la relitigación de los mismos asuntos en pleitos separados posteriores. Baltimore S.S. Co. v. Phillips, 274 U.S. 316, 325 (1927). Ese interés en establecer un balance entre la finalidad de la sentencia y su corrección hace que la regla general tenga unas muy redu-cidas excepciones a ser aplicadas en circunstancias muy limitadas y particulares. Los tribunales no favorecen las re-petidas declaraciones ad hoc acerca de la eficiencia, correc-ción y justicia de las sentencias, pues ello afectaría el valor y la finalidad de las sentencias en general al propiciar la reliti-gación masiva de las controversias ya adjudicadas. Debe mantenerse presente que la mera simpatía por la posición de alguna de las partes no es suficiente para perturbar el reposo de una controversia adjudicada.

Por supuesto, a pesar de esa inquietud, lo cierto es que persisten las razones excepcionales que hacen que en contadas ocasiones la finalidad de una sentencia deba ser descartada. Una de ellas se da cuando la sentencia anterior causa una injusticia grave y manifiesta a la parte afectada. Por supuesto, no se trata de dejar sin efecto una sentencia final por el mero hecho de que parezca errónea ni de expresar simpatías hacia una parte debido a su situación. Una decisión basada en consideraciones de ese tipo podría lesionar el debido procedimiento de ley al que tiene derecho la parte favorecida por la primera sentencia. Cf. Goldblatt v. Hempstead, 369 U.S. 590, 597 (1962). El derecho requiere que exista un interés público tras la decisión de relevar a una parte de una sentencia previa manifiestamente injusta que de ordinario tendría efectos de cosa juzgada.

En el caso de autos está presente un interés de esa natu-raleza: la pureza de los procedimientos judiciales y la con-fianza en sus instituciones. Estas consideraciones trascien-den los intereses particulares de los aquí litigantes. E.g. Kinnear-Weed Corporation v. Humble Oil & Refining Com pany, 403 F.2d 437, 439-440 (5to Cir. 1968). Las alega-ciones de los demandantes imputan actos graves a tres fun-cionarios de la Rama Judicial. Somos del criterio que sentaríamos un mal precedente si permitiéramos que lo que a fin de cuentas es un tecnicismo procesal derrotara por se-gunda vez la reclamación contra estos tres codemandados. La imagen de la judicatura y justicia puertorriqueña sufriría un daño irreparable si permitiéramos que una norma jurí-dica, que después de todo nunca ha sido absoluta, derrote una reclamación de unos ciudadanos contra tres funcionarios de esta rama del Gobierno que, alegadamente, intentaron aprovecharse de su posición como tales. Invocamos nuestras palabras en Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 94 (1985):

Todo proceso adjudicativo se orienta a hallar la verdad y hacer justicia. J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879, 884 (1981). Nuestra función es darle vigencia a la norma conforme a este elemento teleológico en su aplicación a casos concretos. García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 729 (1976).

Entendemos que estamos ante un caso peculiar que justifica que, por excepción, nos apartemos de la rigurosa aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Resolvemos que el interés público en mantener nuestro sistema de justicia libre de cualquier apariencia de parcialidad, aunque ésta sea infundada, sobrepasa el interés de mantener la finalidad y eficacia de las sentencias de otras jurisdicciones, sobre todo cuando consideramos que la sentencia dictada en el pre-sente caso fue una de desestimación por inacción y no una emitida después de un juicio plenario, y que bajo el estado actual de derecho en el foro federal local, una sentencia de esa naturaleza ya no tiene el efecto de una adjudicación en los méritos.

V

Por lo expresado en la parte IV de esta opinión, revo-camos la sentencia desestimatoria del tribunal de instancia y ordenamos que prosiga el caso contra los codemandados Perfecto Cruz Laureano, José Ramón González y Manuel Ramos Rivera. Además, por los fundamentos expuestos en la parte III-D de esta opinión, resolvemos que continúen los procedimientos contra la codemandada Marta Laureano de Cruz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Perfecto Cruz Laureano y la señora Laureano de Cruz. Pro-seguirán también los procedimientos contra los otros code-mandados contra quienes la acción no había sido deses-timada. Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton concurren con el resul-tado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Nú-ñez se inhibió.

       Surge de autos que por dicho incidente, el codemandado, alguacil Per-fecto Cruz Laureano, fue convicto por dos (2) delitos de agresión agravada (casos criminales Núms. M79-440 y M79-441) el día 28 de enero de 1980 en el Tribunal Superior, Sala de Caguas.
      Por su parte, el alguacil José Ramón González fue destituido de su puesto el 26 de febrero de 1979 por el entonces Director Administrativo de los Tribunales, Ledo. Eulalio A. Torres. Tomamos conocimiento judicial de los autos del caso Núm. 0-85-399, donde nos negamos a revisar esa sanción disciplinaria. Regla 11(A)(2) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. Ig y comentario oficial; Archevali v. E.L.A., 110 D.P.R. 767, 770 (1981); E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorri-queña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, Cap. II, págs. 34-36.

       La negativa de un tribunal federal a emplear esas sanciones menos drás-ticas, en ausencia de contumacia o dejadez extrema de la parte afectada, consti-tuye una privación al derecho constitucional a ser oído, corolario del debido pro-ceso de ley. Societe Internationale v. Rogers, 357 U.S. 197, 209 (1958). Por eso, aunque de ordinario una parte no puede escapar a las consecuencias de las actua-ciones u omisiones de su abogado, es preferible que sea éste el sancionado por ellas y no su representado, a menos, repetimos, que el cliente tenga conocimiento de la conducta de su representante, o la misma demuestre grave rebeldía o negli-gencia de su parte. Cuando estos errores se deben al abogado, y no a su cliente, es preferible emplear sanciones que no afecten el derecho de este último a tener un juicio en sus méritos. Ejemplos de estas penalidades son la desestimación sin perjuicio, la posposición de la vista del caso y las multas al abogado. 9 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 2369, págs. 193-198 (1971).
      Ante estas implicaciones constitucionales, no es de extrañar que hayamos incorporado esta norma en esta jurisdicción. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 822-823 (1980); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307-308 (1976); Srio. del Trabajo v. Mayagüez O.M. Club, 105 D.P.R. 279, 283 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 792 (1974); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 192-194 (1965); Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 830 (1962). Esta visión responde al propósito de nuestro ordenamiento de hallar la verdad y hacer justicia. García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 729 (1976). A su vez, con la imposición de las sanciones ya señaladas, se promueve la descongestión del calendario judicial y la rapidez en los procedimientos. Este es otro propósito cardinal de nuestro sistema procesal civil.

       El Art. lg Sec. 1 de la Constitución de los Estados Unidos, 28 U.S.C. see. 1738, opera entre estados y no regula el valor que los tribunales federales deben dar a los actos públicos, documentos y procedimientos judiciales de los estados. Éstos reciben entera fe y crédito de los tribunales federales por mandato de una ley del Congreso. 28 U.S.C. see. 1738. El respeto que le deben los tribunales estatales a las sentencias federales no está basado en ley alguna. Sin embargo, la red de tribunales federales y estatales ha aceptado darle entera fe y crédito a las sentencias emitidas por los tribunales federales. Se ha asumido que es una regla de valor incuestionable, y tan temprano como en 1865, en Tribunal Supremo federal dio por sentado que la regla existe. Dupasseur v. Rockereau, 88 U.S. (21 Wall.) 130 (1874).

       Aun cuando la desestimación decretada al amparo de la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., sea “con perjuicio”, como ninguno de los hechos ha sido adjudicado, la sentencia, aunque sí impide un segundo pleito entre las mismas partes o sus representantes (privies) basado en la misma causa de acción, no establecería hechos a raíz de los cuales pudiera ser invocada la doctrina de impedimento colateral (issue preclusion). Lawlor v. National Screen Service, 349 U.S. 322, 327 (1954); Wright & Miller, supra, Vol. 18, Sec. 4440.

       En Allen v. McCurry, 449 U.S. 90, 95 (1980), el Tribunal Supremo señaló que no existía historial legislativo que permitiera sostener que a los casos ins-tados bajo 42 U.S.C. see. 1983 no les aplica la doctrina de cosa juzgada. Véase, también, Migra v. Warren City School Dist. Bd. of Ed., 465 U.S. 75, 80-85 (1984). Por el contrario, la aplicación de esa doctrina es indispensable en el sistema fede-ralista.
      “A Constitution that requires state courts to give full faith and credit to the judgments of other state courts could not contemplate that state courts should be free to disregard the judgments of federal courts. The lack of any express provision for such faith and credit may reflect the compromise that left it to Congress to determine whether to establish inferior federal courts. If the- gap must be filled, several portions of the Constitution can be invoked. Article III creates a ‘judicial power’ to decide various classes of ‘cases’ and ‘controversies.’ Some minimal element of finality can be read into a ‘case or controversy’ doctrine. More important, the notion of judicial power itself embraces the authority to enter judgments that command the broader res judicata effects that were familiar at the time of the Constitution. Through the Supremacy Clause, Article III provides a sufficient text for binding state courts.” (Notas al calce omitidas.) 18 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters (Res judicata) Sec. 4468, pág. 649 (1981).
      Por eso, si un tribunal estatal se niega a conferir efectos de cosa juzgada a una sentencia federal la parte afectada puede recurrir al tribunal federal para que éste, en protección de su sentencia, emita un injunction contra el tribunal estatal. 28 U.S.C. see. 2283. El injunction puede ser obtenido antes que el tribunal estatal decida si hay res judicata, mas no después. Parsons Steel, Inc. v. First Alabama Bank, 474 U.S. 518 (1986). Después que el estado ha dictado sentencia, puede apelarse de la misma a través de los tribunales del estado, y al Tribunal Supremo federal, por certiorari. Parsons Steel, Inc. v. First Alabama Bank, ante.

       Véanse: A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 765 (1981); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 536 (1975); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 951 (1972); Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 271 (1959).

        Pennhurst State School & Hosp. v. Halderman, 465 U.S. 89 (1984).

       “Pendent jurisdiction, in the sense of judicial power, exists whenever there is a claim ‘arising under [the] Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority . . .,’ U.S. Const., Art. Ill, Sec. 2, and the relationship between that claim and the state claim permits the conclusion that the entire action before the court comprises but one constitutional ‘case.’ The federal claim must have substance sufficient to confer subject matter jurisdiction on the court. Levering & Garriguez Co. v. Morrin, 289 U.S. 103. The state and federal claims must derive from a common nucleus of operative facts. But if, considered without regard to their federal or state character, a plaintiff’s claims are such that he would ordinarily be expected to try them all in one judicial proceeding, then, assuming substantiality of the federal issues, there is power in federal courts to hear the whole.” (Notas al calce omitidas.) Mine Workers v. Gibbs, 383 U.S. 715, 725 (1966).

       En Wright, Miller & Cooper, supra, Sec. 4412, pág. 96, al discutirse la interrelación entre pendent jurisdiction y la doctrina de res judicata se afirma que:
      “The response is persuasively made that the plantiff should be required to invoke pendent jurisdiction unless it is clearly inappropriate. Assertion of the state theories with the federal theories will put the federal court in a position to determine whether the interests of all concerned are better advanced by a single federal action or by a parallel state and federal actions.” (Énfasis suplido.)

       Como antes señalamos, en algunas ocasiones ese fraccionamiento es inevitable, al menos con respecto a algunos aspectos de la controversia. En el caso de autos, por ejemplo, el Estado Libre Asociado no podía ser demandado en el tribunal federal porque la Enmienda XI a la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, lo impide. Fernández v. Chardón, 681 F.2d 42 (1er Cir. 1982), confirmada por otros motivos en Chardón v. Fumero Soto, 462 U.S. 650 (1983); Enrique Molina-Estrada v. Puerto Rico Hwy. Auth., 680 F.2d 841 (1er Cir. 1982).
      No podemos concluir que este fraccionamiento pudo haber sido evitado por el tribunal federal si éste hubiera declinado ejercer su jurisdicción hasta tanto el tribunal local resolviera la reclamación estatal colateral. El tribunal federal no podía hacerlo. No existían las claras circunstancias excepcionales necesarias para ello. Colorado River Water Cons. Dist. v. U.S., 424 U.S. 800 (1976). Preclusion in Abstention Analysis, 53 Fordham L. Rev. 1183 (1985).
      En primer lugar, la acción era una bajo la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1981 et seq. No podemos olvidar que a pesar de que los tribunales estatales tienen jurisdicción concurrente sobre las reclamaciones bajo esa ley — Maine v. Thiboutot, 448 U.S. 1, 3 n. 1 (1980); Martinez v. California, 444 U.S. 277, 283-284 n.7 (1980); Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256, 259-260 (1982) — la misma se aprobó en 1871 porque el Congreso “no confiaba en los tribunales estatales para adjudicar imparcialmente las reclamaciones constitu-cionales. Temía que los jueces locales fueran muy susceptibles a las simpatías, los prejuicios y las influencias de la comunidad”. (Traducción nuestra.) Comentario, The Collateral Estoppel Effect of State Criminal Convictions in Section 198S Actions, 1975 U. Ill. L. F. 95, 98-99 (1975). Afortunadamente, la situación hoy en día es diferente. Los tribunales estatales adjudican constantemente las reclama-ciones federales que se les presentan. Los rencores de la era de la reconstrucción han quedado atrás. Sin embargo, persiste el propósito de la See. 1983 de que los ciudadanos tengan disponible el foro federal para dilucidar sus controversias al amparo de la Constitución federal. “La protección de los derechos individuales, y no el federalismo o la economía judicial, fue el propósito central del Congreso” al aprobar la See. 1983. (Traducción nuestra.) Comentario, supra. Ninguna corte en esta controversia asumió jurisdicción sobre propiedad alguna y el foro federal no era menos conveniente para litigar el asunto. Por el contrario, como hemos seña-lado, el Congreso contempló que este tipo de acciones fuera litigado mayormente en los tribunales federales. La ausencia de estos factores en lugar de aconsejar la suspensión de los procedimientos en el Tribunal Federal de Distrito sugería lo contrario. Moses H. Cone Hospital v. Mercury Constr. Corp., 460 U.S. 1, 25-26 (1983).
      En segundo lugar, los procedimientos en el Tribunal Superior de Puerto Rico no estaban lo suficientemente adelantados como para hacer más conveniente la litigación allí de estos asuntos. “[L]a prioridad no debe ser medida exclusiva-mente a base de cuál demanda se presentó primero, sino en términos de cuánto progreso ha sido alcanzado en las dos acciones.” (Traducción nuestra.) Moses H. Cone Hospital v. Mercury Constr. Corp., ante, pág. 21.
      Por último, la realidad es que la sentencia federal ya es final y firme. No podemos negarle ahora efectos a esa sentencia, dictada por un tribunal con juris-dicción, y en la que los demandantes tuvieron una oportunidad plena y adecuada para litigar sus reclamaciones contra los alguaciles codemandados.

       Llegaríamos al mismo resultado bajo la doctrina puertorriqueña. De León v. Colón, 42 D.P.R. 22, 28 (1931).

       No nos hallamos ante una situación en que los demandados en el pleito federal representaban a los que no fueron incluidos allí (privity). Los alguaciles fueron demandados en el tribunal federal en su capacidad personal. No represen-taban a nadie más en el pleito.

       Tampoco hay identidad de partes en cuanto a los demás codemandados. Por esa razón, la demanda contra éstos no ha sido desestimada.

       La regla en el Derecho puertorriqueño reconoce también esta excepción. Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 226 (1961); P.I.P v. C.E.E., 120 D.P.R. 680 (1988).

       En Kinnear-Weed Corporation v. Humble Oil & Refining Company, 403 F.2d 437, 439-440 (5to Cir. 1968), el Tribunal Federal de Apelaciones de Es-tados Unidos para el Quinto Circuito expresó que:
      “But, as we several times make clear, this is a matter which transcends the interests of the parties. The purity of the judicial process and its institutions is the thing at stake. Whatever might be the usual consequences of res judicata, collateral estoppel or doctrines akin to them, we reject them here. They are not a bar or defense here or below.”


author:
      (Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Ángel Luis Rodríguez Ramos, demandante y recurrente, v. Comisión Estatal de Elecciones, Partido Popular Democrático, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., demandados y recurridos.

      Número: RE-88-178

      Resuelto: 13 de mayo de 1988

      Ángel Luis Rodríguez Ramos, pro se; Rafael Ortiz Carrión, Pro-curador General, y Lorenzo Villanova Alfonso, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Manuel E. Andreu García, abogado del Partido Popular Democrático, Héctor A. Colón Cruz, abogado de la Co-misión Estatal de Elecciones, recurridos.
   RESOLUCIÓN

Considerado los méritos del recurso a la luz de las compa-recencias de los recurridos Comisión Estatal de Elecciones et al., se provee no ha lugar al mismo.

Regístrese y notifíquese por escrito y por vía telefónica.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Expediríamos el auto y revocaríamos el dictamen deses-timatorio del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones y el Partido Popular De-mocrático (P.P.D.). Ordenaríamos que a la brevedad posible éstos desfilaran la prueba con que cuentan para rebatir los siguientes hechos presentados hasta esta etapa ante dicho foro.

I

La mañana del viernes 15 de abril de 1988 llovió copiosa-mente en el área metropolitana. Durante la misma, Ángel L. Rodríguez Ramos —elector bonafide del P.P.D.— acudió a las oficinas designadas de la Comisión Estatal de Elecciones situadas en Puerta de Tierra, San Juan, para presentar sus peticiones de primarias para la candidatura al cargo de Se-nador por el Distrito de Bayamón. Por razón de lo limitado del área de estacionamiento, tuvo que dejar su vehículo a cierta distancia del edificio de la Comisión Estatal de Elec-ciones. Para evitar que se mojaran y afectaran sus peticiones, optó por dejarlas en su vehículo. Al arribar al local había una gran aglomeración de otros candidatos aspirantes. La Sra. Alba Nydia Marrero estaba en su interior y representaba a Rodríguez Ramos. Tenía el número de turno correspon-diente al 33. Continuaba lloviendo. Advertido de que debía tener sus peticiones dentro del local, poco antes del medio-día, Rodríguez Ramos salió y le indicó al guardián que iba a buscarlas, para lo cual acercaría su automóvil al área próxi-ma de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando intentó entrar después de las 12:00 P.M. le fue negado el acceso.

Ante esta situación, el martes 19 de abril presentó en el tribunal de instancia una petición de injunction preliminar y permanente contra el Estado Libre Asociado, el Gobernador Hon. Rafael Hernández Colón, la Comisión Estatal de Elec-ciones, el Partido Popular Democrático y otros funcionarios relacionados con el proceso primarista.

En esencia, pidió que dicho foro ordenara a la Comisión Estatal de Elecciones recibir y evaluar sus peticiones. A soli-citud del Estado, el foro de instancia desestimó por no aducir en su contra causa de acción que justificara un remedio. En cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones y el P.P.D., en virtud de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, también desestimó, pero fundamentado en que el Art. 4.009(a) de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3159(a), dispone que sólo podrán presentarse las peticiones de inscripción “hasta el mediodía del 15 de abril”. Concluyó que Rodríguez Ramos no fue diligente en su reclamo (incu-ria). Razonó lo siguiente:

El peticionario debió ser consistente, tanto con la legisla-ción aplicable como con la justicia del caso. Si resolviéramos a su favor, a estas alturas, estaríamos siendo severamente in-justos con los demás candidatos que compitieron con el peti-cionario, ya que estaríamos concediéndole una ventaja extra-ordinaria equivalente a la inobservancia en cuanto a él de la disposición expresa de la ley citada anteriormente. Quedaría el peticionario con la ventaja de haber podido validar sus pe-ticiones de endoso más allá del 15 de abril y hasta que final-mente nuestra orden a su favor llegara a tener efecto en este procedimiento. Estimamos que el peticionario debió haber traído al Tribunal junto con su recurso y como exhibit del mismo la documentación que alega que la Comisión le denegó su radicación. En esa forma se hubiera reducido el riesgo de grave ventaja que para su caso tendría el que resolviéramos a su favor en esta etapa. (Énfasis suplido.) Sentencia de 25 de abril de 1988, pág. 3.

HH HH

Erró el tribunal sentenciador.

Claramente el recurrente Rodríguez Ramos fue diligente y solícito en acudir dentro de las priméras cuarenta y ocho (48) horas laborales al tribunal. Matemática ni procesal-mente resulta oponible la defensa de incuria.

El razonamiento del foro de instancia para aplicar esta defensa en aras de “garantizar fielmente la honradez y pu-reza del proceso electoral”, aunque laudable, no es proce-dente ni justo. Veamos.

La negativa del tribunal se apuntala más bien en que Ro-dríguez Ramos no presentó en la vista judicial las peticiones que tenía disponibles y, por ende, a juicio del magistrado, acceder a su solicitud crearía la ventaja de poder permitirle “validar sus peticiones de endoso más allá del 15 de abril” y hasta que la orden judicial fuera efectiva. Este enfoque pre-senta serias dificultades.

Primero, ciertamente no estaba ante la consideración del tribunal ni le correspondía entrar a considerar la suficiencia numérica y validez intrínseca de tales peticiones. Ello era función del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en unión al Comisionado Electoral del P.P.D. Art. 4.013 (16 L.P.R.A. sec. 3163). Segundo, de haber accedido el tribunal al remedio, no creaba ninguna ventaja. Tampoco se afectaba la pureza del proceso. Los formularios de peticiones de pri-marias aludidos son especiales, cuyo diseño y contenido son rigurosamente confeccionados y reglamentados por la Comi-sión Estatal de Elecciones. Al ser cumplimentados, tienen que ser jurados por el elector que endosa al aspirante ante funcionarios o electores expresamente autorizados por la Comisión Estatal de Elecciones. Éstos, a su vez, “deberán llevar un récord de todas las personas y de la fecha en que se ha tomado el juramento. Este récord será firmado y remitido a la Comisión al finalizar el período durante el cual se pueden radicar peticiones de primarias”. Las peticiones juradas de-berán numerarse en serie cronológica. (Énfasis suplido.) Art. 4.011 (16 L.P.R.A. see. 3161).

Es evidente, pues, que todo este estricto esquema docu-mental y reglamentario rodea de garantía circunstancial de veracidad la suscripción de las peticiones. Evita —salvo fraude que no habremos de presumir— que un candidato a primarias pueda, con posterioridad al 15 de abril, seguir ob-teniendo válidamente peticiones de inscripción juradas y así aventajar a otros aspirantes. La preocupación del foro de instancia, aunque legítima, pertenece al ámbito de lo conje-tural.

En resumen, las circunstancias peculiares presentes que concurren en el caso de autos nos mueven a concluir que erró el tribunal sentenciador al desestimar su acción contra la Co-misión Estatal de Elecciones y el P.P.D. Debimos devolver a dicho foro el caso, con instrucciones de que lo evaluara, luego de que la Comisión Estatal de Elecciones y el P.P.D. hubie-ran desfilado su prueba. De no poder éstos rebatir los hechos antes expuestos, Rodríguez Ramos sería acreedor a presen-tar inmediatamente ante la Comisión Estatal de Elecciones las peticiones de primarias que posee que fueron juradas en o antes del mediodía del 15 de abril de 1988. De ser válidas en número suficiente, y haber completado los demás requi-sitos, tendría derecho a ser certificado como aspirante a Se-nador por el Distrito Senatorial de Bayamón en las primarias del P.P.D.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Ramón R. Delgado Rodríguez, demandante y recurrido, v. Sila Nazario de Ferrer y Otros, demandados y peticionaria la primera.

      Número: CE-86-417

      Resuelto: 16 de mayo de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Carmen A. Bravo Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de la peti-cionaria; Diego Ledée Bazán, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Delgado Rodríguez comenzó a trabajar en el De-partamento de Servicios contra la Adicción (D.S.C.A.) en el 1975 en calidad de Especialista de Conducta Humana I, me-diante nombramiento provisional. Su contrato era renovado anualmente. A partir de 1977 ocupó la plaza de Especialista de Conducta Humana II.

El 19 de marzo de 1981, la Secretaria del Departamento de Servicios contra la Adicción, Sila Nazario de Ferrer, le notificó mediante carta que debido a la difícil situación pre-supuestaria por la que atravesaba la agencia, prescindiría de sus servicios efectivo el 15 de abril.

Con fecha de 13 de abril de 1981, Delgado Rodríguez pre-sentó una apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.). Adujo básica-mente que era un empleado de carrera con status transitorio y que su cesantía era contraria a las Constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, a la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico y al Reglamento de D.S.C.A. Más tarde, el 1ro de mayo, mediante enmienda, alegó discri-men por razón de ideas políticas. Luego de varios trá-mites, de conformidad con nuestro mandato en Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177 (1983), J.A.S.A.P. asumió jurisdic-ción y, el 7 de marzo de 1984, ordenó su restitución y el pago de los salarios dejados de percibir hasta su reinstalación.

El 1 de marzo de 1985, Delgado Rodríguez presentó una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra la entonces Secretaria del D.S.C.A., Sila Nazario de Ferrer, su sucesor, José R. Cordero y otras personas, cuyos nombres se desconocen. Todos en su carác-ter personal. Reclamó $50,000 por alegadas “angustias y tor-mentos, al verse ■ destituido sin justa causa, privados de ingresos él y su familia, expuestos al escarnio público, afec-tado su crédito [y] atrasadas sus cuentas”. Exhibit I, pág. 2.

La demandada Nazario de Ferrer solicitó la desestima-ción por prescripción. Sostuvo que dicho período comenzó a correr el 19 de marzo de 1981 —fecha en que Delgado Rodrí-guez fue notificado de su separación— y, por ende, la de-manda que presentó el 1ro de marzo de 1985 era tardía. En oposición, Delgado Rodríguez adujo que su causa de acción no se “concretizó” hasta el 7 de marzo de 1984, cuando J.A.S.A.P. resolvió y ordenó su reinstalación. El tribunal se negó a desestimar. Acordamos revisar.

La procedencia o no de la defensa de prescripción en el contexto en que se producen los hechos exige, a título de repaso, una mención somera de las doctrinas de jurisdicción primaria y el agotamiento de remedios administrativos. Después de todo, ambas tienen como fin común coordinar y armonizar la labor adjudicativa de los foros administrativos y los judiciales. “[Ejstán dirigidas a promover una relación propia y armónica entre los tribunales y las agencias encargadas de administrar particulares disposiciones regulativas.” Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 683 (1978). Están tan íntimamente relacionadas que en ocasiones las hemos denominado indistintamente. Febres v. Feijoó, supra, pág. 682 n. 4. Sin embargo, en rigor científico, es preciso reconocer sus características diferenciadoras.

En su origen, la doctrina de jurisdicción primaria —de génesis jurisprudencial — fue concebida para guiar a los tribunales a determinar si deben intervenir inicialmente en cierta controversia o si le permiten a la agencia concernida resolverla según las funciones y prerrogativas contenidas en su ley orgánica. Entra en juego cuando existe jurisdicción concurrente. Versa sobre “prioridad de jurisdicción”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 433 (1983); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 402 (1980). A su amparo, el foro judicial se abstiene para permitir al organismo enjuiciar una materia de su competencia, bajo el supuesto de que éste posee unas destrezas y conocimientos especializados (expertise).

La necesidad de una coordinación efectiva se agudiza cuando la regulación en determinada área es más abarcadora e incisiva. La relación es directamente proporcional. A mayor regulación, mayores las probabilidades de conflicto. En este punto la doctrina destaca sus virtudes. Permitirle a cada agencia resolver inicialmente las controversias a base de su conocimiento especializado promueve no sólo la uniformidad adjudicativa, sino que reduce considerablemente las posibilidades de conflicto. Si el Poder Judicial entrara festinadamente a examinar cuestiones de política pública —no resueltas a nivel administrativo— careceríamos del beneficio de esas interpretaciones y se incrementarían las probabilidades de decisiones incompatibles.

En contraste, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos es de conveniencia práctica. Su objetivo es “determina[r] la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cua-drados, supra, pág. 513. De ese modo se evita una interven-ción judicial innecesaria y a destiempo que tiende a interfe-rir el cauce y desenlace normal del proceso administrativo.

Salvo las excepciones reconocidas, nadie puede invocar un remedio judicial contra una actuación gerencial hasta haber finalizado los procedimientos. En ocasiones, ello no sólo evitará la intervención judicial, sino que la propia agencia rectificará sus errores en etapas avanzadas del proceso. Cualquier intervención judicial prematura e infundada puede trastocar ese proceso. “El balance de poderes que debe existir entre agencias y tribunales, y la necesidad y conveniencia de tener un récord administrativo completo, aconsejan que se culminen los procesos administrativos antes del examen judicial.” Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 723 (1982).

A distinción de la doctrina de jurisdicción primaria, bajo la de agotamiento el tribunal no tendrá jurisdicción hasta que se agoten los remedios administrativos. Se logra así virtualidad al principio de autonomía administrativa y, a su vez, se satisface una sana norma de administración adjudicativa, esto es, canalizar la solución de controversias a través de los mecanismos más rápidos y económicos antes de intervenir el auxilio judicial. B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., pág. 503.

rH HH

Con esta breve referencia doctrinaria, notamos que la jurisdicción de J.A.S.A.P. corresponde propiamente a la de un organismo cuasi judicial “enteramente independiente de la Oficina Central de Administración de Personal”. Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1381). Como tal, su jurisdicción apelativa es amplia, 3 L.P.R.A. see. 1394, y se extiende a las acciones interpuestas por empleados relacionadas con las áreas esenciales al principio de mérito, las cuales “serán vistas en primera instancia”. Bajo este mandato legislativo, en Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977), resolvimos que J.A.S.A.P. tenía jurisdicción primaria para ventilar casos de reclasificaciones indebidas, y advertimos que era menester acudir a ella antes que al tribunal. En igual sintonía, Febres v. Feijoó, supra, pág. 681, y Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 853 (1978). Esas decisiones simplemente refrendan el esquema legislativo de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico de que J.A.S.A.P. posee el conocimiento especializado en materia de personal. Le corresponde, pues, como regla general, examinar y adjudicar inicialmente los asuntos planteádoles relativos al principio de mérito. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986).

Ahora bien, como excepción, hemos reconocido que cuando se trata de una violación de derechos civiles — que reclama pronta reivindicación— no es necesario ir ante dicho foro administrativo. Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979); Pierson Muller I v. Feijoó, supra, págs. 850-851; Otero Martínez v. Gobernador, supra, pág. 556. Así, bajo la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 —que enmendó nuestro estatuto anti-injunction— 32 L.P.R.A. sec. 3524, permite una orden de entredicho provisional, injunction, preliminar o permanente, ante alega-ciones que de su faz sustancien que, so color de autoridad, se ha privado al actor de un derecho garantizado por la Consti-tución y las leyes de Puerto Rico o de Estados Unidos. “[E]l remedio que la misma provee es independiente y suplemen-tario a cualquier otro disponible a la parte agraviada.” Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, supra, pág. 276. La medida (test) implica detectar “si la acción envuelve o no un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación”. First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, supra, pág. 438. El tribunal deberá balancear los in-tereses involucrados y convencerse de que efectivamente existe una posibilidad real de prevalecer. Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205, 209 (1982). El re-curso de injunction no está disponible para casos en que el derecho reclamado “no reviste ni la urgencia ni la intensidad que ameriten eludir el ordenado cauce administrativo”. Otero Martínez v. Gobernador, supra, pág. 556.

HH hH HH

Delgado Rodríguez sostiene que si “presentaba su de-manda antes de la resolución final de la JASAIS una defensa válida que podían esgrimir los demandados-peticionarios era que la acción era prematura debido a que el accionar de éstos, como un asunto especializado de administración de personal, estaba sujeto, al escrutinio de esa agencia. Es de-cir, argumentarían ellos, hay que esperar porque si JASAP o cualquier foro apelativo brinda su aval al procedimiento de separación del empleado, éste se quedaría huérfano de causa de acción”. Alegato del demandante recurrido, pág. 2. El ar-gumento no nos persuade.

Aquí, desde temprana etapa, el cuadro fáctico justificaba el desvío del cauce administrativo. Primero, Delgado Rodríguez llevaba siete (7) años trabajando en el D.S.C.A. al momento de su cesantía. Entre los empleados que ocupaban igual plaza, era el de mayor antigüedad. Hasta ese momento sus ejecutorias eran satisfactorias. Segundo, sus superiores conocían que pertenecía al Partido Socialista Puertorriqueño (P.S.P.). Y tercero, al prescindirse de sus servicios por alegadas razones económicas, la autoridad nominadora no siguió los procedimientos establecidos en la See. 4.6 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. see. 1336(6). En estas circunstancias no era aplicable la norma sobre agotamiento de la acción administrativa. Después de todo, la misma es “una [norma] de conveniencia compatible con la justicia, y no posee inflexibilidad tal que lleve a la frustración de un derecho o ala negación de un remedio”. (Énfasis suplido.) González Saldaña v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 477, 487 (1965). “Esa latitud y variedad remedial debe ser reconocida especialmente cuando el estatuto, como en el presente caso, no inviste con carácter de exclusivo el método legislado para someter la actuación administrativa al escrutinio judicial. Cf. Asoc. de Distribuidores v. Admón. Estabilización, 81 D.P.R. 212, 220 (1959).” (Énfasis del original.) Febres v. Feijoó, supra, pág. 682.

Resolvemos que Delgado Rodríguez, para fines de interrumpir el término prescriptivo, pudo haber reclamado en el foro judicial y prescindir de acudir en primera instancia a J.A.S.A.P. o, en la alternativa, interrumpirlo mediante comunicación escrita extrajudicial.

El carácter del agravio así lo justificaba. “La reivindicación de los derechos constitucionales corresponde y puede reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia, sin que tenga jurisdicción original sobre ello el foro administrativo.” Santiago v. Superintendente de la Policía, supra, pág. 207.

! <1

Ante esta conclusión, para superar la defensa de pres-cripción, Delgado Rodríguez elabora la teoría de que su se-paración hay que.mirarla como un proceso “que comienza con la carta de separación y no como un solo acto”. Alegato, supra, pág. 1. Aduce que a partir de esa fecha inició su pere-grinaje de impugnación administrativa y judicial ante J.A.S.A.P., el Tribunal Superior y este Foro. Una vez devol-vimos su caso a J.A.S.A.P., no fue hasta el 7 de marzo de 198Jf. que ésta concluyó que su separación fue ilegal porque el Es-tado no cumplió con la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. La acción ilegal no se materializó hasta ese momento. No podemos refrendar su imaginativa tesis.

El Art. 1868 del Código Civil, en lo controlante, dis-pone que prescriben por el transcurso de un (1) año las acciones para exigir la responsabilidad civil por culpa o negligencia “desde que lo supo el agraviado”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 5298.

Nuestra casuística reconoce que la determinación del momento exacto en que se conoce o debió razonablemente conocerse el daño, “constituye un delicado problema de prueba e interpretación”. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 385 (1982). L. Diez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 240; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. 1, Vol. I, 2da parte, pág. 894. “La dificultad reside en la variedad de circunstancias en que se da el problema del conocimiento del daño. Hechos distintos requieren soluciones diversas.” Rivera Encarnación v. E.L.A., supra, pág. 386.

En su obra, el Prof. Herminio M. Brau Del Toro compendia así esta visión doctrinal:

En cuanto al conocimiento de que se ha sufrido daño, hemos señalado que por necesidad deberán existir algunas manifes-taciones exteriores o físicas que lleven al perjudicado a reco-nocerlas y a darse cuenta de que ha sufrido una consecuencia lesiva, la que al momento de ser conocida se convierte en un daño, aunque en ese momento no se pueda valorizar toda su magnitud y extensión. No es necesario que se conozcan [ejstas circunstancias para que pueda imputarse que se ha obtenido conocimiento de la consecuencia dañosa, ya que su extensión, su magnitud y su valorización pueden ser establecidas en un momento posterior durante la ventilación de la acción resarci-toria.
Cuando se tiene conocimiento de estas consecuencias le-sivas, se tiene conocimiento del daño y nace una causa de acción para el perjudicado. En ese momento comienza a con-tar el término de prescripción para el ejercicio de la corres-pondiente acción resarcitoria. Hemos señalado antes que el perjudicado no está impedido de interponer la misma porque no pueda apreciarse en ese momento toda la extensión, la magnitud y, en suma, la valorización del daño en cuestión. Eso puede hacerse en etapas posteriores del proceso jurídico en que 'oportunamente se reclame indemnización. (Citas omi-tidas y énfasis suplido.) H.M. Brau Del Toro, Los daños y per-juicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, págs. 638-640.

En suma, no es el instante de la producción del daño lo que determina el comienzo del término prescriptivo, sino el momento en que el perjudicado lo conoce. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243-247 (1984); Diez-Picazo, op. cit.; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. 1, Vol. 2, págs. 966-968; Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, págs. 880-881.

Bajo este prisma, contrario a su contención, la causa de acción de Delgado Rodríguez nació el 19 de marzo de 1981, cuando fue informado de su cesantía. Cortés v. Valdés, 43 D.P.R. 192, 194 (1932). Desde ese momento, como agraviado, tuvo conocimiento del daño. Todas sus alegaciones y reclamos en el foro administrativo y judicial lo demuestran. Acudió tardíamente al foro judicial. La acción está prescrita y debió ser desestimada.

Se dictará la correspondiente sentencia.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.

       Las nuevas alegaciones, según dicho escrito suscribían:
      “(a) Durante el tiempo que el apelante trabajó para el D.S.C.A. se discriminó contra él por sus ideas políticas, lo que ocasionó que se cometieran abusos contra su persona, fuera tratado de forma inferior a otros empleados y, finalmente, des-pedido por esa razón.
      “(b) Lo expuesto en el inciso anterior es contrario a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al Artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Artículo 2 de la Ley de Personal.” (Énfasis suplido.)

        Texas & Pac. Ry. v. Abilene Cotton Oil Co., 204 U.S. 426 (1907), comenzó su desarrollo doctrinario. Véase B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1984, Sec. 8.24, pág. 487.

       En términos esquemáticos cuando: (1) lo presentado es una cuestión de derecho que no requiere el ejercicio de discreción administrativa; (2) hay viola-ción a los derechos civiles; (3) el remedio administrativo es inútil e inadecuado; (4) existe peligro de daño inminente, y (5) es clara la falta de jurisdicción. First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 437-439 (1983); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 723 (1982); Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 850-851 (1978); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 681 (1978); Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552, 556 (1977).

       Estas áreas esenciales al principio de mérito son: (1) clasificación de puestos; (2) reclutamiento y selección; (3) ascensos, traslados y descensos; (4) adiestramiento, y (5) retención.
      “El sistema de mérito es un sistema integral que cubre tanto el despido del empleado como su ingreso.” Guerra v. Srio. de Servicios Sociales, 113 D.P.R. 50, 53 (1982), y Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763, 769 (1983).

       En el ámbito federal, el caso normativo es McKart v. United States, 396 U.S. 185 (1969). De época más reciente, véanse: Britt v. Simi Valley Unified School Dist., 696 F.2d 644 (9no Cir. 1983); Katris v. City of Waukegan, 498 F. Supp. 48 (Ill. D.C. 1980); County of Contra Costa v. State, 222 Cal. Rptr. 750 (Cal. App. 1986).

       En Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, supra, pág. 276, dejamos ver que en casos de rebaja de sueldo y cesantías —que involucran un impacto económico inmediato— podemos prescindir de la aplicación de las normas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos.

       En instancias en que un litigante acuda simultáneamente al foro judicial y administrativo, o que las doctrinas sobre jurisdicción primaria o de agota-miento de remedios administrativos aconsejen o hagan imperativo remitir el caso a la agencia administrativa correspondiente —y además se reclamen daños y perjuicios— la mejor práctica es suspender la acción judicial para que, una vez advenga final y firme el dictamen administrativo, se resuelva si proceden los daños reclamados.

       Más allá del ámbito del Art, 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, nuestra jurisprudencia también ha establecido que el término prescriptivo aplica-ble a las acciones civiles en daños y perjuicios, que surgen bajo la Ley de Dere-chos Civiles, es de un (1) año. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 742 (1981).
      En Chardón v. Fernández, 454 U.S. 6 (1981), el Tribunal Supremo federal determinó que en una acción bajo 42 U.S.C. see. 1983, por el despido de unos profesores sin permanencia, el término prescriptivo comenzó a transcurrir desde el momento en que se les notificó que quedaban despedidos.
      Este enfoque es unánime. Por analogía, a la luz de la naturaleza de las ac-ciones que surgen bajo 42 U.S.C. see. 1983, la jurisprudencia federal ha utilizado en este tipo de acciones el término prescriptivo aplicable a las acciones en torts de los foros locales. Wilson v. García, 471 U.S. 261, 268 (1985); Board of Regents v. Tomanio, 446 U.S. 478 (1980); Harris v. Norfolk & W. Ry. Co., 616 F.2d 377 (8vo Cir. 1980); Johnson v. Railway Express Agency, Inc., 421 U.S. 454, 462 (1975); Graffals González v. García Santiago, 550 F.2d 687 (1er Cir. 1977); Sledge v. J.P. Stevens & Co., Inc., 585 F.2d 625, 651 (1978). Véanse, también: Doty v. Sewall, 784 F.2d 1, 11 (1er Cir. 1986); Altair Corp. v. Pesquera de Busquets, 769 F.2d 30, 31 (1er Cir. 1985); Small v. Inhabitants of City of Belfast, 617 F. Supp. 1567, 1575 (D.C. Me. 1985); Ramírez de Arellano v. Alvarez de Choudens, 575 F.2d 315, 318 (1er Cir. 1978); Ward v. Caulk, 650 F. 2d 1144, 1147 (9no Cir. 1981); Meyer v. Frank, 550 F.2d 726 (2do Cir. 1977).