author: El Juez Asociado Sjb. Figuebas,

text:
    Desmornes v. Herederos Desconocidos de Adolfo Desmornes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 101.
    Resuelto en junio 18, 1907.’
    Alegaciones — Prescripción.—La alegación, como defensa, de la ley de prescrip-ción, es un privilegio personal de la parte, y debe alegarse especialmente, ya en excepción previa ó en la contestación, pues de lo contrario habrá de esti-marse renunciada.
    Id. — Interrupción.—La prescripción de las acciones está sujeta en términos gene-rales, y dentro de nuestro derecho vigente, á la prueba de su interrupción, y esa prueba no puede ofrecerse si aquélla no se ha alegado especialmente, por lo que no es posible aceptar que el juez pueda, de oficio, fundarse en la pres-cripción para declarar extinguida la acción ejercitada.
    Id. — Hijos Naturales — Acción de Filiación — Falta de Causa de Acción— Falta de Capacidad Lesal para Demandar. — La circunstancia de'que en la demanda no se exprese la edad del demandante, á fin de determinar si es-menor de edad y si está en condiciones de poder ejercitar la acción de filiación, envuelve una falta de capacidad legal para demandar, y no puede dar lugar á la excepción de falta de causa de acción.
    Id. — Prueba de la Filiación — Partidas de Bautismo. — Aunque las declaraciones contenidas ’en una partida de bautismo no constituyen por sí solos prueba de la filiación, son, sin embargo, un elemento probatorio que puede estimarse y si se integrara con la demás prueba aportada al juicio, serviría para establecer el derecho de la parte.
    Id. — Posesión del Estado de Hijo Natural. — La posesión de estado de hijo’ natural sólo requiere la continuación de hechos que presenten á una persona en la relación no interrumpida de hijo natural de otra persona.
    Apelación — Revocación de la Sentencia de la Corte Inferior — Sentencia.—En los casos en que se revocare en apelación la sentencia de la corte inferior, el Tribunal Supremo debe proceder á pronunciar'la que debió haberse dictado en primera instancia.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Vías Ochoteco.

    Abogado del apelado: Sr. Hawlúns.

   El Juez Asociado Sjb. Figuebas,

emitió la opinión del tribunal.

Las mencionadas Josefa é Isabel Desmornes, ésta casada y vecina de Patillas, y aquélla soltera, ve'cina de San Juan, y ambas mayores de edad, presentaron demanda ante la Corte de Distrito de Hnmacao con fecha veinte de marzo de 1906 alegando:

“Primero. Que el Don Adolfo Desmornes y Bange, natural y ve-cino de la Isla de Vieques, falleció en dicha Isla en estado de soltería oi dia 2 de noviembre del pasado año 1905, sin que hubiese otorgad .) disposición testamentaria, en ninguna de las formas reconocidas por la ley.
“Segundo. Que al morir el Sr. Desmornes no dejó descendientes ni ascendientes legítimos que pudiesen ostentar un derecho preferente á la herencia de dicho señor, quien solo dejó dos hijas naturales é ile-gítimas, habidas en sus relaciones con Andrea Alvarez, las que fueron bautizadas en la Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción y Apóstol Santiago, del pueblo de Isabel Segunda, de dicha Isla, apare-ciendo en la partida bautismal de la llamada Isabel, el reconocimiento como hija natural hecho por su padre el finado Sr. Desmornes.
“Tercero. Que esas hijas á que se alude en la alegación anterior, son las propias demandantes por esta acción, las que constantemente en vida de Don Adolfo Desmornes han sido tenidas,y consideradas por él como' sus hijas, dispensándoles toda la protección, cuidado y cariño que un buen padre acostumbra á profesar á sus hijos.
“Cuarto. Que como consecuencia de estos actos ejecutados por Desmornes de una manera ostensible, las demandantes por esta acción han sido siempre consideradas por la casi totalidad de los vecinos de Vieques como las hijas reconocidas de aquél señor, quien, en todos. sus actos sociales, no se ocultó jamás para aseverar que dichas de-mandantes eran sus propias hijas habidas durante su unión carnal con su convecina Andrea Alvarez.
“Quinto. Que el finado Adolfo Desmornes, desde el 29 de diciem-bre de 1893 hasta el 16 de febrero de 1904, ha dirigido diversas cartas .á las demandantes en esta acción, escritas todas de su puño y letra, en las que se vé manifiestamente el cariño paternal que les profesaba, llamándolas sus queridas hijas y atendiendo á satisfacerles las necesi-dades más perentorias de la vida.
“Sexto. Que al practicarse en la Parroquia de Vieques el acto del acta del bautismo de la demandante Isabel Desmornes el día 14 de octu-bre de 1865; su padre Don Adolfo Desmornes presentó una declaración suscrita y firmada por él, en la que autorizaba al Sr. Cura Párroco para consignar en los libros parroquiales el reconocimiento explícito que hacía en favor de la susodicha Isabel, y tal declaración escrita por Desmornes y archivada en la mencionada Parroquiá, ha desapare-cido ó ha sufrido extravío, siendo inútiles las diligencias practicadas para obtener esta prueba directa de semejante reconocimiento.
“Séptimo. Que las demandantes, por esta acción, han practicado incesantes gestiones para averiguar si existen algunas que puedan tener algún derecho á intervenir como partes en este pleito, y, según los informes dados por las personas que tenían mayor intimidad con el finado Adolfo Desmornes, como son el Dr. Guillermo Carrera y el Comerciante Antonio Torres Barba, no existe en Puerto Rico nadie que tenga derecho y título para oponerse á la justa reclamación de las demandantes.
“Por lo que, las susodichas demandantes, Isabel y Josefa Des-mornes, por medio de su abogado Juan F. .Vías Ochoteco, solicitan de esta honorable corte, que en su día se sirva dictar una sentencia á su favor y en contra dedos demandados, en la que se declare á dichas demandantes hi jas. naturales reconocidas ó ilegítimas de Don Adolfo Desmornes y Banga, con todos los derechos.que la ley concede á esta clase de hijos con relación á la persona y bienes de sus padres natu-rales, con imposición de gastos y costas á los que se opusieren á la presente acción.’’

( orno consecuencia de esta demanda se solicitó la publica-ción de edictos en el periódico “El Boletín Mercantil de Puerto Buco” y se publicaron porque se presentó ante la corte Don Augusto Burnet, titulándose sobrino de Don Adolfo Des-mornes, y negó que las demandantes sean hijas naturales reco-nocidas de Don Adolfo Desmornes, ó que jamás fueron reco-nocidas como tales, y concluyó suplicando que se le declare á' él solo y único heredero, con derecho á -heredar todos sus bienes, que ascendieron á su muerte á la cantidad de siete mil setecientos cuarenta y cinco dollars, y que al propio tiempo se declare qlie las demandantes no tienen ningún derecjio á los bienes de referencia ni á ninguna parte de ellos.

También se presentaron ante la corte de Iinmacao, Modesta Ramos, dice que representada por su madre Isidora Ramos, y Bartola Delfina, dirigidas ambas por el Letrado Don Salvador Fulladosa, alegando tener igual derecho que las demandantes, por haber vivido en posesión constante del estado de hijas naturales de Don Adolfo Desmornes, por cuya razón se aso-cian á la demanda y solicitan en su favor la misma declara-toria de hijas naturales ó-ilegítimas de.dicho señor.

Se celebró el juicio el 29 de junio de 1906, compareciendo las demandantes por su abogado y Don Augusto Burnet por el suyo y “El Pueblo de Puerto Rico” representado por el fiscal, y la corte, después de recibir la prueba documental suminis-trada, de oir la testifical y los informes de los abogados, dictó sentencia en 20 de agosto de 1906, resolviendo que la ley y los hechos están en contra de las demandantes, y por tanto, declaró sin lugar la demanda con costas tasadas en * * * á cargo de las demandantes y ordenó que se librase ejecución contra sus bienes.para satisfacer está sentencia.

Este fallo se funda en una opinión escrita del juez de la corte de Humacao, que es'de importancia conocer en toda su integridad, para formar juicio claro acerca del fundamento que tuvo para resolver eq la forma que ya se ha indicado.

Esa opinión escrita dice así:

“Esta es una acéión iniciada por Josefa é Isabel Desmornes contra los herederos desconocidos de Adolfo Desmornes', en solicitud de que se declare hijas naturales ó ilegítimas de Adolfo Desmornes y Bange, difunto, en cuya acción, por una orden de esta corte, fueron publica-dos edictos por el término de sesenta días, llamando á los que se creye-ran con derecho, en cuyo término, compareció Augusto Burnet, como sobrino del causante, y contestó la demanda. A pedimento de ambas partes la corte señaló el día 29 de junio de 1906 para la vista del caso, en cuyo día comparecieron las demandantes, representadas por el Abogado J. F. Yías y el Pueblo de Puerto Rico, por el fiscal, pre-viamente citado, demandado por el Abogado W. H. Hawkins, y la corte, después de recibir la prueba documental, oir la testifical y los informes de los Abogados, se reservó su resolución.
“La evidencia en este caso introducida por las demandantes es de actos realizados por Adolfo Desmornes en distintas fechas y durante el período de tiempo desde el año de 1865 hasta el año de 1905.
“Según la ley 11 de Toro ó sea la Ley Ia. tit. 5°. lib. 30, de la Novísima Recopilación, la acción de reconocimiento puede ejercitarse en cualquier tiempo durante la vida del padre ó después de su muerte; según el Código Civil de 1889, que derogó las leyes de Toro, esta acción sólo puede ejercitarse en vida del presunto padre; y bajo el Código Civil vigente la acción dura hasta dos años después de ser mayor de edad.
“La muerte del presunto padre de las demandantes, Adolfo Dus-mornes ocurrió en el mes de noviembre de 1905 y anterior al inicio de esta acción, y como de la prueba resulta que las demandantes Regaron á su mayor edad mucho más de dos años antes de empezar á. regir el presente Código, la acción ha prescrito bajo una y otra ley. Pero las demandantes no pretenden que son aplicables al caso los preceptos del Código Civil vigentes ó el anterior, si no afirman que la legislación en que debe fundarse la sentencia es la Ley 11 de Toro; que el reconocimiento de los hijos con anterioridad al Código Civil de 1889 se regulan por la legislación anterior á dicho texto legal; y que de aplicar el Código Civil vigente ó anterior sería violar un derecho adquirido y citan la resolución de la Corte Suprema de España de julio 9 de 1896, que dice:
“Según la regla 4a. de las transitorias del Código, las acciones y derechos nacidos antes de la publicación de éste, deben subsistir en su extensión y en los términos que les reconociera la legislación anterior. ’ ’
‘ ‘ Por lo expuesto, el derecho del menor que se' encuentre en aquel caso á ser reconocido como hijo natural se- haRa condicionado, no por los artículos 131, 133 y 135 del Código, sino por la Ley 11 de Toro ó sea la Ia., tit. 10 de la Novísima Recopilación.”
“La base 4a. de las disposiciones referentes á la publicación del Código Civil de 1899, dice:
“Las relaciones jurídicas derivadas del matrimonio en cuanto á las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes, pa-ternidad y filiación, patria potestad sucesiva del marido y de la mu-jer sobre sus hijos no emancipados, efectos civiles del contrato, y en suma, cuantas constituyen el derecho de familia, se determinarán de conformidad con los principios esenciales en que se funda el estado legal presente, sin perjuicio de lo dispuesto en las bases 17, 18, 22 y 23.”
“La resolución de la Corte. Suprema de España de 9 de julio 'le 1896 y la base 4a. arriba citada, no hacen otra cosa que afirmar un principio de derecho reconocido desde tiempo inmemorial por ¡a jurisprudencia de todo país civilizado, cual es .que un estatuto dero-gado es como si nunca existiera, excepto con respecto á transacciones que han pasado y han sido cerradas antes de la derogaciónt .pero la derogación deja todos los derechos civiles de las partes que fueron adquiridos bajo la ley, inalterables.
“No es la fecha del nacimiento del hijo que determina la legis-lación que debe aplicarse á la acción de reconocimiento, sino la fecha en que el reconocimiento tuvo lugar; en esta última fecha nace el de-recho y no en la primera.
“La corte opina que la prueba de actos realizados por Adolfo Desmornes en la época indicada es la última que puede considerar la corte al dictar sentencia, por tanto, la corte ordena que la sentencia sea dada á favor del demandado. — Humacao, P. R., agosto 20 de 1906. — Charles E. Foote, Juez de Corte de Distrito de Humacao.”

Contra la sentencia dictada interpusieron las demandantes Isabel y Josefa Desmornes recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y aquí comparecieron por medio de sus abogados y presentaron una exposición de hechos aprobada por el juez de la corte inferior en 14 de noviembre de 1906.

Después, las apelantes y el apelado Burnet, presentaron sus alegatos escritos, y en el acto de la vista expusieron oral-mente todo lo que creyeron conducente á su derecho.

La primera cuestión que debemos estudiar y resolver es si el juez ha podido declarar extinguida la acción de las deman-dantes para reclamar el derecho á que se refiere la demanda, sin que se haya alegado en ninguna forma la prescripción de dicha acción. En otros términos, si el juez de oficio ha’podido fundarse en la prescripción para resolver del modo que ha resuelto.

El único demandado que compareció y contestó la demanda fué Don Augusto Burnet, y este caballero negó el derecho de las demandantes en el fondo, sin alegar absolutamente nada referente á la prescripción.

El artículo 109 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que cuando no se presenta impugnación á la'demanda ni por medio de excepción previa, ni al contestarla debe enten-derse que el demandado renuncia á ello, salvo únicamente la objeción á la competencia de la corte y la de que la demanda no expone techos suficientes para determinar, una causa de acción. T corroborando esto mismo, viene el artículo 128 de dicho cuerpo legal, á precisar la forma en que debe alegarse la prescripción y si se impugna tal alegación la parte que lo haya aducido deberá probar en el juicio los hechos en.que se funde la prescripción.

De manera que el juez, al dar por existente la prescripción por propio impulso, ha prescindido del deber que la ley impone al demandado de alegarla y probarla en su caso y del derecho de las demandantes de negar esa alegación.

Y esto no puede hacerse dentro del buen orden del procedimiento.

“La alegación, como defensa, de la ley de prescripción, es un pri-vilegio personal del deudor, el que puede usar ó renunciar- á volunta i, pero debe interponerse en alguna forma, ya por medio de excepciones previas ó en la contestación, ó se entenderá que ha sido renunciada. ’ ’
Gr alian v. Wiggins, 23 Cal., 25.
Kelley v. Kriess, 68 Cal., 213.
“Cuando de la faz de la demanda aparece claramente que la ley de prescripción tiene aplicación, lá objeción puede hacerse por medio de una excepción. Cuando de la demanda no aparece tal cosa, la objeción debe hacerse en la contestación.”
Orel v. de la Guerra, 18 Cal., 75.
Barringer v. Warden, 12 Cal., 314.
Miles v. Thorne, 38 Cal., 335.
Cameron v. San Francisco, 68 Cal., 391.

De manera que la ley y ja. jurisprudencia de la Corte Su-prema del Estado de California, tienen por renunciada la ale-gación de la prescripción cuando no se alega ni como excepción ni contestando la demanda.

Y la razón es obvia. La prescripción de las acciones está sujeta' en términos generales y dentro del Código Civil Revi-sado y del anterior, á la prueba de su interrupción y mal puede venir esa prueba si en ninguna forma se ha alegado por la parte demandada, ó en una palabra, si no ha sido objeto del debate.

Hay otra razón de orden moral que en pocas palabras la -expresa Escriche en su Diccionario de Legislación y Jurispru-dencia y á que se refiere el abogado de las apelantes en su ‘“Memorandum de Autoridades.”

“Los Jueces, dice, no pueden suplir de oficio el medio de la pres-cripción en materias civiles, pues la parte que no la opone puede ceder •al grito de su conciencia.”

Y creemos que con lo expuesto queda esclarecido que se ha cometido error por la corte sentenciadora, y su sentencia debe revocarse.

Pudiera objetarse que los hechos no determinan una causa de acción porque las demandantes no expresan en la demanda que son menores de 23 años para estar en condiciones de ejer-citar la acción que les otorga el artículo 199 del Código Civil Revisado.

Pero esto tampoco se ha alegado en la contestación y en todo caso constituiría la excepción previa de falta de capa-cidad legal para demandar, que no debe referirse á una fal-ta de hechos suficientes para constituir una causa de acción.

De Belt v. Carter, 31 Ind., 355.

People v. Crooks, 53 N. Y., 468.

Pomeroy on Remedies, sec. 208.

(Véase Pomeroy, Cod. de Enj. Civ. de Cal., p. 209.) •

. Pero hemos dicho antes que tenemos ante nuestra conside-ración una exposición de hechos aprobada sin enmiendas por el juez de la Corte de Distrito de Humacao, y debemos pres-tarle la debida atención, para deducir si se ha ó no probado el derecho que las demandantes reclaman.

lian declarado en este juicio once testigos de representa-ción y todos están conformes en qne' las demandantes nom-bradas Josefa é Isabel eran consideradas y tenidas pública-mente como bijas por Don Adolfo Desmornes, siendo de notar qne entre esos testigos están el- Médico Don G-nillermo Carre-ras, qne asistió en sn última enfermedad á dicho Don Adolfo; Don José A. Yera, qne es colector de rentas de Yieqnes, y Don Modesto Ríos, qne es jnez de paz del mismo pueblo.

El primero expresa que le dijo á Desmornes qne arreglara sus asuntos, y éste varias veces le contestó: "Yo no tengo que arreglar asuntos doctor, porque no tengo más herederos que mi hija Isabel,” qne ésta vivía en sn casa y le asistió siempre como una buena hija.

El segundo, ó sea el colector, declara que, debiendo contri-buciones Don Adolfo, se le presentó un día en su oficina y le dijo "yo mandaré á mi hija á pagarlas, y qne, á los pocos días, se presentó su hija Pipia, que cree que su nombre es Josefina, más bien parece que es Isabel, y pagó á nombre de su padre el primer semestre de la contribución.

El juez de paz manifiesta que desempeña ese cargo hace siete años y que sabe que Desmornes, de estado soltero, tenía dos hijas, una de sobre nombre Pipia, parece que es Isabel, y otra Josefa; que en una ocasión le aconsejó que hiciera testa-mento, y él le contestó que su hija Pipia arreglaría sus asun-tos ; que ésta le asistió durante su última enfermedad, y que en una ocasión se lamentaba el Desmornes, con el declarante, de que su otra hija, Josefa, hubiera ido un día.á verle, para mar-charse inmediatamente, dejándole enfermo.

Todos los demás testigos sustancialmente declaran sobre la certeza de la consideración pública y estado de hijas que á Don Adolfo Desmornes merecían las demandantes, estando, además, probado que dicho señor murió siendo soltero.

Hay además diez y seis cartas que, según la declaración de Isabel, se perdieron, y cuando murió Don Adolfo, las encontró en el fondo de un baúl; que en 1893 convino con su hermana en hacer á su padre una reclamación de reconocimiento, fundadas en esas cartas, pero como se extraviaron, nada pudo hacer en aquella fecha, por más -que todo el pueblo, de Vieques sabe que Desmornes era su padre y como tal la consideraba.

De esas diez y seis cartas, cuya letra y firma han sido reco-nocidas como de Desmornes por diferentes testigos, unas están dirigidas á Pipia que es Isabel y otras á Josefa, y en todas ellas campea la intimidad y afecto de un padre comenzando casi siempre llamándolas “hijas” y concluyendo en todas con el título de “padre,” y hablando de su enfermedad y de su estado económico que le imposibilitaba de enviarles dinero.

Pero con respecto á Isabel hay, en su favor, un dato impor-tante, que por sí solo no sería bastante para declarar su de-recho, pero que integrado con lo que dejamos expuesto, decide ol ánimo en su favor para considerarla como realmente hija de Don Adolfo Desmornes..

Me refiero á la partida de su bautismo, que, en copia, obra en el récord. En ella se expresa que Isabel es hija natural de Adolfo Desmornes y que nació el veinte y nueve de noviembre de 1865.

No concurre esta circunstancia especial en favor de Josefa, y quizás la prueba con respecto á ella haya resultado un poco débil; pero el hecho de que, lejos de impugnarla Isabel, hace con ella causa común, y ejercitan ambas la misma acción y reclaman el mismo derecho bajo la misma dirección profe-sional, parece que esa absoluta conformidad revela que ambas son hermanas y que gozaron siempre de igual consideración de hijas del ya referido Don Adolfo Desmornes.

La posesión de estado de hijo natural sólo requiere la con-tinuación de hechos que presenten á una persona en la rela-ción no interrumpida de 'hijo natural de otra persona, y la prueba practicada demuestra esa persistente relación de hechos.

Algunos testigos se refieren á otros hijos, y hay en el récord, como se ha dicho antes, un escrito de Modesta Ramos y Bartola Delfina, suscrito por el Letrado Don Salvador Fulla-dosa, en cuyo escrito se dice qne se asocian á la reclamación de Isabel y de Josefa, por tener igual derecho á cansa de haber estadó en posesión constante del estado de hijas de Don Adolfo.

Pero ni unos ni otros han hecho prueba alguna, ni se les nombra siquiera en la sentencia, ni han establecido contra ella recurso alguno.

No podemos, por consiguiente, hacer sobre ellas declara-toria de ningún género.

Ahora bien, por lo que respecta á Isabel y Josefa, no se hizo pdr la corte de Humacao declaración con respecto al fondo del derecho que reclaman, pero ellas practicaron su prueba y á nosotros se nos ha sometido en forma para su estu-dio y apreciación.

Esa prueba les es del todo favorable.

La ley aprobada en 8 de marzo de 1906 que empezó á regir el primero de abril de dicho año y que enmendó el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, dice:

‘ ‘ Cuando se revocare la sentencia, orden ó decreto del tribunal inferior, l'a corte procederá á pronunciar la sentencia, orden ó decreto que debió haber dictado el tribunal inferior, salvo etc.’'

De manera que, revocando, como debe revocarse, sin hacer expresa condenación de costas, la sentencia apelada, debe dic-tarse otra, declarando que Isabel y Josefa Alvarez son hijas naturales y deben tenerse por reconocidas de Don Adolfo Des-mornes y Bange, y que deben sucederle con todos los derechos que el Código Civil vigente al fallecimiento de dicho señor Desmornes, conceda á los de su clase.

Resuelto de conformidad¡

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciado, Hernández.

Juéces-disidentes: Sres. MacLeary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Quiñones,

license: Public Domain

text:
    Martínez v. El Pueblo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 96.
    Resuelto en junio 18, 1907.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 79, Ex parte Hernández, 12 Decisiones de Puerto Rico, página 1.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la corte de distrito del distrito judicial de Mayagüez presentó Don Martiniano- Martínez Ohuviñas un escrito' ex-presando que es dueño y que posee á título de tal, las fincas si-guientes

“I. Predio rústico á café, malezas y árboles frutales, sito en el barrio de Bucarabones del término municipal de las Marías y del de Maricao; por cruzarlo la línea divisoria' de sus demarcaciones, com-puesto de diez cuerdas de extensión, y dividido en dos fracciones; á saber: Una de siete cuerdas en el barrio de Bucarabones del término municipal de Maricao, colindante por el norte con tierras- de la Suce-sión de Don Bernardo Gaud, por Saliente con la otra fracción de Ja finca que se describe más adelante, por el sud con las de Don Emilm Arán y de la Sucesión Montás, y al Poniente, con tierras de Luciano Monsegur, existiendo en este punto una zanja divisoria. Existe en esta finca una casa'para-habitación y guardar el fruto, de maderas aserradas, que mide siete varas de frente por tres y media de.fondo, techada de hierro galvanizado, con su pequeña cocina, y otra casita ordinaria de yaguas, con máquina y lavadero de hierro para el café. La otra fracción de' tres cuerdas, sita en el barrio de Bucarabones,, del término municipal de las Marías, linda al norte con tierras de Ja. misma Sucesión de B. Gaud, al Saliente, con las de Don Eugenio-Chaluisan, al sur,- con las de la Sucesión Montás, y al poniente, com la otra fracción descrita, propiedad del Sr. Martínez.
“II, Prédio rústico á palmas de coco y árboles frutales, sito en oí barrio de Algarrobos de este término municipal, compuesto de quince y media cuerdas de terreno alto, arenoso y bajura, lindante al Saliente con tierras que fueron de Don Rosendo Prats, boy de Don José Caji-gas, al Poniente con las de Don Amalio Odiot y Martínez, divididas, por un caño llamado Boquilla, al norte con tierras de la Sucesión de. Don Antonio Roig, hoy de Don Eugenio Nadal, y al sud, con la Zona Marítima; existiendo en este frente una casa de maderas del país y americanas, de altos, con balcón, cocina y demás anexos, techada con hierro galvanizado y tejas de barro.”

Manifiesta además el promovente en dicho escrito que'la primera finca de diez cnerdas la adquirió por compra á Lau-reano Chaluisan, vecino de las Marías, el primero de mayo de 1903;* que el Sr. Chaluisan la poseyó á título de dueño por diez años, habiéndola adquirido, parte por herencia de su abuela Madama Monsegur, y parte por compra á sus her-manos Doña Inocencia,' Doña Flora y Don ■ Federico Cha-luisan y Monsegur, desde el año 1895, teniendo un valor de seiscientos dollars, ó sea, cuatrocientos cincuenta la primera fracción y ciento cincuenta la segunda. La segunda finca la adquirió el promovente desde abril de 1904, por compra á su hermano Don Isaac F. Martínez, de Mayagüez, por la suma de seiscientos dollars, el que la venía poseyendo desde el año 1896 en que la compró á Don Ulises Odiot. Expresa también el promovente que ambas fincas están libres de carga y gravá-men y que careciendo de título escrito de dominio, y deseando inscribirlas en el registro de la propiedad, promueve la corres-pondiente información testifical, y al efecto suplica al tribunal que se sirva admitirla, previa citación del ministerio fiscal, ordenar la citación de los anteriores dueños y la publicación-de edictos, con arreglo á derecho, convocando á los que se crean con cualquier derecho' real sobre los bienes de que se trata, y dictar auto en su oportunidad con audiencia del fiscal, declarando justificado el dominio de las fincas descritas, librándose los correspondientes testimonios para su inscrip-ción en el registro de la propiedad.

El fiscal del distrito de Mayagüez-hizo oposición á la men-cionada solicitud por el solo fundamento de que en la misma no se expresa lo preceptuado en la regla primera del artículo 9 de la Ley Hipotecaria, faltándose también á lo prevenido en la regla 2a. del artículo 63 del Reglamento para la aplicación de dicha ley.

Practicadas las pruebas ante la Corte de Distrito de Maya-güez, dictó ésta auto en 17 de septiembre de 1906, estimando que la ley y los hechos estaban á favor del peticionario y declarando en su virtud acreditado el dominio de los bienes descritos á favor de Don Martiniano Martínez Ohuviñas, con los demás pronunciamientos del caso.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Mayagüez apeló de esa resolución para ante esta Corte Suprema, sosteniendo el re-curso el fiscal de este tribunal.

La cuestión planteada en este expediente por la represen-tación del Pueblo de Puerto Rico es idéntica á la ya resuelta por este tribunal en el caso de Agustín Hernández Mena, fallado en 17 de enero del corriente año; y por los funda-mentos expresados en la opinion que sirvió de base á la refe-rida resolución, proponemos la confirmación de la dictada en este caso por la Corte de Distrito de Mayagüez, en 17 de septiembre de 1906, sin especial condenación de costas.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Pbesidente Se. Quiñones

text:
    Acosta v. El Pueblo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 78.
    Resuelto en junio 18, 1907.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 79, T¡x parte Sernánde?, 12 Decisiones de Puerto Rico, página 1.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rossy, Fiscal.

      La parte apelada no compareció.
   El Juez Pbesidente Se. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Don Manuel Acosta, mayor de edad, propietario y vecino de Cabo Rojo, promovió ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, una información para acreditar el do-minio de una finca rústica, que manifestó poseer á título de dueño, y que describe del siguiente modo:

“Rústica, compuesta de ciento cuarenta y cuatro cuerdas de te-rreno, equivalentes á cincuenta y ocho hectáreas, setenta y cuatro, áreas, ochenta y nueve centiáreas, setenta y seis miliáreas, á pasto y maleza, radicada en el barrio de Llanos Costa, término municipal do Cabo Rojo, distrito judicial de Mayagüez; colindante por el norte con terrenos de Don Ramon Quiñones, y otros de Don Ramon Carrastafú, por el sud, con terrenos del Dr. Don Pablo' Hernández y Pérez y dé Don Reyes Acosta, por el este, los de Doña Cayetana Acosta y otros: de Doña Angela Luciano, y por el Oeste, terrenos de Don Benito-Aviles y otros de Doña Concepción Acosta.”

En su, escrito ofreciendo la información, manifestó el pro-movente que la anterior, finca está valorhda en mil setecientos; veinte y seis dollars; que la adquirió por compra á Doña Juana ■ González Acosta en el año 1898, la que á su vez la .obtuvo por herencia de sus padres Fulgencio González y. Maria Isaías Acosta, hace veinte y tres años, esto es, que la adquirió en el año 1883, desde cuya época,, hasta que la vendió al promo-vente estuvo en la quieta y pacífica posesión de la misma, como dueña absoluta, la susodicha vendedora Juana González Acosta; que sobre dicha finca no pesa carga ni gravámen alguno, y que careciendo de título escrito de dominio de la misma, promueve la presente información, ofreciendo la prueba correspondiente, para probar los hechos expuestps, y suplicando á la corte se sirviera admitir la solicitud, ordenar la publicación de edictos por el término legal y previas las for-malidades legales, dictar auto declarando acreditado á su favor el dominio de la finca descrita, con. los pronunciamientos correspondientes.

A esa información formuló oposición el fiscal del distrito de Mayagüez fundándose en que no se había descrito la finca con arreglo á la regla 2a. del artícnlo 63 del Reglamento para, la aplicación de la Ley Hipotecaria, faltándose á lo precep-tuado en la regla primera del artícnlo 9 de dicha ley.

Practicada la prneba, la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez dictó auto en 17 de septiembre de 1906, deci-diendo que la ley y los hechos están á favor del peticionario) y declarando en su consecuencia acreditado el dominio de la finca descrita á favor del promovente Don Manuel Acosta, y disponiendo que una vez firme esa resolución se expida el correspondiente testimonio á los efectos de sn inscripción en el registro.

La anterior resolución fné apelada para ante este tribunal por el fiscal del distrito de Mayagüez, y el recurso sostenido por el fiscal de esta Corte- Suprema.

El fiscal hace en su oposición á este expediente de dominio las mismas objeciones que formulara en el caso de Agustín-Hernández Mena, resuelto por esta corte en 17 de enero del corriente año; y por las razones que sirvieron de fundamentó á la resolución de este tribunal dictada en dicho caso, propo-nemos la confirmación de la resolución dictada por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, en 17 de Septiem-bre de 1906, objeto de la presente apelación, sin especial con-dena de costas.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras, Mae-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo v. González.
    ApblaciÓN procedente de-la Corte ele Distrito de Ponce.

      No. 68.

    Resuelto en junio 18, 1907.
    Apelación — Pruebas.—Apareciendo de las pruebas practicadas en este caso, que la única declaración en contra del acusado es en sí misma contradictoria, por • i :1o que carece de fuerza legal para fundar en ella una convicción, que no está justificada por los demás elementos probatorios aportados al juicio, procede se revoque la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tons Soto.

    Abogado del'apelado: Sr. JRossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

1. El presente es un recurso de apelación'interpuesto por Luis González contra, sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, que por sentencia de once deoctubre, del año próximo pasado lp .impone, como convicto del delito contra natura, la pena de cinco años de presidio con trabajos forzados y las costas del juicio. . .

Alégase como fundamento del recurso la falta de prueba de la culpabilidad del apelante, por lo que la cuestión á discutir y-resolver en el présente caso es puramente de hecho.

Examinado y considerada detenidamente la exposición de hechos, tal cómo ha sido aprobada por el juez inferior, no éñco'ntramós'p'ru'eba alguna dé'que el apelante sea autor-res-ponsable del infámente delito contra natura. • - :

•El ■ único"éárgo que contra aquél existe, es la declaración del presunto ofendido, muchacho de once años de edad, que si no'es idiota, 'muestra signos de propensión al idiotismo. Esa ■declaración es en sí misma contradictoria y carece 'de 'fuerza legal para poder fundar en ella una convicción. '•

No importa que según reconocimiento facultativo, el refe-rido muchacho presentara en el borde anal una erupción cuya naturaleza no puede precisarse, y que el acusado padeciera flujo gonorreico, pues no aparece que ambos flujos fueran del mismo carácter, y debido el del muchacho á roce ó infección por parte del apelante, máxime dada la circunstancia de que el esfínter anal, dilatado y cónico del muchacho es caraterís-tico de la pederastía pasiva.

Falta prueba de la culpabilidad del acusado, y ante esa falta de prueba somos de opinión que procede revisar la sen-tencia apelada, debiendo el juez inferior proceder á la celebra-ción de un nuevo juicio ó dictar cualquier otra resolución arreg’lada á derecho.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MaeLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Figueras,

text:
    El Pueblo v. Vilaró.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 75.
    Resuelto en junio 18, 1907.
    Delito Contea la Paz Pública. — El que voluntariamente perturbare ó molestare eon ruidos á una congregación de personas reunidas con el fin de realizar un acto licito, como es el culto religioso, comete, el delito de alteración de la paz pública.
    Id. — Habiendo demostrado la prueba practicada en el caso de autos, que el acu-sado, voluntariamente y con intención de molestar y perturbar los oficios de una Iglesia inmediata, tocaba su fonógrafo de noche, en las horas en que aquéllos se celebraban, dicho acusado es responsable del delito de alteración de la paz publica, pues aunque, en general, la música no puede calificarse de ruido, sin embargo, para los efectos del artículo 358 del Código Penal, puede venir á ser un ruido, según las condiciones de lugar y tiempo y en relación eon el estado de ánimo de las personas que la escuchen, como ocurre en el presente caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Alvares Nava.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Figueras,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se originó en la corte municipal de Ponce, en donde el acusado Juan Yilaró fué condenado á virtud de de-nuncia que á la letra dice así:

“United Brethren Church. — Ponce, Puerto Rico. — N. H. Huffman, Pastor.' — Hon. juez municipal de la ciudad de Ponce. — El que suscribe, Nathan Harlan Huffman, de este vecindario, que vive en i»l sitio “Cuatro Calles,” ante S. H. formula denuncia jurada contra Juan Yilaró, de esta vecindad, calle de la Marina, porque voluntaria y maliciosamente, perturba, desde hace dos ó tres semanas, las cere-monias religiosas que celebra el culto “Los Hermanos Unidos en Cris-to,” del que es ministro oficiante el que expone; perturbación que realiza por medio de un fonógrafo, que usa en su casa habitación, situada al lado del 'edificio que ocupa dicho culto, y que coloca de manera que queda lo más cerca posible, dirigiendo la bocina hacia el local del referido culto. Son testigos Herminio Rodríguez, Pedro Pagan, Bonifacio Ramos, otros de esta vencidad. Ponce, ’ diciembre 20 de 1906. — Atentamente, N. H. Huffman. — Jurada ante mí, Augusto Pasarell, Juez Municipal sustituto. ’ ’

Contra la sentencia dictada por dicha corte, interpuso Vilaró recurso de apelación para ante la corte del distrito, que á su vez le condenó en 21 de enero de 1907, después de nn juicio en forma, á la pena de diez dollars de multa y en defecto de pago á diez días de prisión con las costas de ambas instancias.

No satisfecho todavía el acusado con esa resolución, tam-bién interpuso recurso de apelación contra ella para ante esta Corte Suprema, y aquí ha comparecido con una exposición del caso, aprobada por el juez inferior.

El abogado de dicho apelante ha presentado además un alegato escrito, que sostuvo en el acto de la vista con el fin de que se revoque la sentencia condenatoria, solicitud que im-pugnó en dicho acto el fiscal, que á su vez solicita la confirma-ción del fallo apelado.

Se trata del delito definido en el artículo 358 del Código Penal, ó sea de nn caso de alteración de la paz pública.

Una de las maneras de cometer ese delito, es cuando volun-tariamente se perturba ó molesta con ruidos á una congrega-ción de personas reunidas con el fin de realizar nn acto lícito, como es el culto religioso.

Juan Yilaró posee nn fonógrafo que, al decir de varios tes-tigos, reproduce buena- música y la voz de artistas de mérito umversalmente reconocido; y tiene aquél el derecho indis-cutible de deleitarse, así como su familia, dentro de su hogar y en las boras convenientes, con las armonías que el aparato produce. Pero Juan Yilaró, durante dos ó tres semanas ante-riores á la denuncia, tocó ese fonógrafo desde las siete y media de la noche, cuando se celebraba el culto religioso en la Iglesia de los “Hermanos Unidos en Cristo,” Iglesia que está muy cerca de su casa, y de tal modo colocaba el aparato en el come-dor de su vivienda, con las puertas y ventanas abiertas y con la bocina dirigida hacia el Templo, que, según la inspección personal hecha por el mismo juez, que se situó en la nave segunda en que se celebraban los cultos á que se refiere la denuncia, el sonido se percibía con tal intensidad que podía1 estorbar la percepción por el auditorio de las palabras dé un predicador, suponiendo colocados uno y otro en los sitios de costumbre.

De modo que, ya tenemos que el sonido dél fonógrafo si se tocaba en las horas de culto, molestaba en su ejercicio á las personas que en la Iglesia se congregaban; y que se tocaba de noche y en esos momentos, es indudable, porque lo reconoce la misma defensa de la parte apelante, por deducirse asi claramente de la prueba en este caso practicado.

El Pastor N. H. Huffman se quejó de esas molestias al juez municipal sustituto, Augusto Pasarell, y este funcionario llamó á su presencia á Yilaró y le manifestó cuánto le había dicho el ministro del culto de que se trata, referente á las per-turbaciones que sufrían en el templo- con el fonógrafo, y Yilaró le contestó que efectivamente lo tocaba en su casa porque se consideraba con derecho para ello; é insistiendo dicho juez sobre la queja de que perturbaba expresamente las funciones del culto, contestó Vilaró que en su casa podía hacer lo que tuviera por conveniente.

El testigo Herminio Rodríguez, que tiene el empleo, según dice, de predicador del evangelio, en una noche de culto en que otro predicaba y en la que molestaba el fonógrafo, subió á la casa de Vilaró á rogarle que suspendiese la música mientras los oficios terminaban, y le contestó de modo violento, aña-diendo que lo hacía con la intención de interrumpir el culto.

Pedro Pagán, uno de los concurrentes á la Iglesia, también suplicó á Vilaró la suspensión de la música mientras el culto se celebraba; pero éste le contestó que no la daba la gana, que estaba en su casa, y al hacerle saber que perturbaba, dijo que lo hacía con ese fin, y que lo denunciaran.

La declaración del testigo de cargo D. P. W. Drury, minis-tro protestante de Juana Díaz, y que sustituyó en una de sus ausencias al Pastor Huffman, revela solamente que tuvo mayor fortuna que éste y que Rodríguez, Pasarell y Pagán en • sus gestiones cerca de Vilaró, puesto que éste le manifestó á Drury que no tocaba el fonógrafo con intención de molestar y que tendría más cuidado en lo secusivo; pero esta manifesta-ción no destruye sino que robustece el hecho probado de que ya se tocaba por la noche en las horas de culto, y que sus soni-dos molestaban en el ejercicio del mismo, y si cuando la queja también amistosa de Drury no tuvo Vilaró el propósito de molestar, ese buen propósito no fué persistente en-su ánimo como lo demuestran siis actos posteriores á esa entrevista.'

Los testigos de la defensa no destruyen en modo alguno las afirmaciones de las anteriores personas.

La circunstancia de que nunca se suspendiesen por tal mo-tivo las ceremonias religiosas, no desnaturalizan el hecho de la molestia ó perturbación causada con el ruido y de modo voluntario, que es lo que constituye la acción justiciable.

La palabra “wilfully” (voluntariamente) aplicada á la intención con que se ejecute un acto, implica simplemente pro-pósito ó voluntad de cometerlo, según las disposiciones finales, del Código Penal en su título 20. .

Una intención maliciosa y criminal se presume por la ma-nera y deliberación con que se cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar á otro, siendo indispensable para que exista delito que baya unión ó simultaneidad entre el acto y la intención criminal, según así lo determinan los artículos 11 y 12 del Código Penal.

No cabe duda alguna dé que Yilaró tuvo el marcado pro-pósito de perturbar y molestar los ejercicios del culto, y cons-cientemente, es decir, sabiendo que molestaba y perturbaba,, tocaba insistentemente su fonógrafo en las boras de la nocbe,, en que las personas congregadas celebraban sus oficios reli-giosos, sin acceder á los ruegos y advertencias que se le liicie-ron después de hacerle conocer basta qué punto su fonógrafo molestaba y perturbaba. Hubo, pues, voluntariedad, siendo patente la íntima relación entredós actos de Yilaró y su inten-ción criminal.

Es verdad, como dice la defensa, que nunca se .le oyó tocar el fonógrafo en los oficios de la mañana, pero ésto no desvir-túa el becbo de que en las hor-as de la nocbe y cuando el culto* se celebraba, lo tocaba con la intención de perturbarlo, y está-intención criminal no nace de deducciones sino que resulta de sus propias manifestaciones, según anteriormente se lia de-mostrado.

De otro modo, desde el instante en que se le hizo saber que molestaba, ó no lo hubiera tocado durante los oficios, ó lo hubiera colocado en otro lugar de su propia casa, en donde por la distancia presumiese que nó se oían con tanta intensi-dad los sonidos que el aparato producía. Esa hubiera sido una conducta discreta y plausible.

Conforme con la defensa en -que no se puede decir que la música sea un ruido, porque éste es el sonido inarticulado y confuso, más ó menos fuerte; pero la música, para los efectos del artículo 358 del Código Penal, puede venir á ser un ruido, según las condiciones de lugar y tiempo y en relación con el estado'de ánimo de las personas que la escuchan.

Un fonógrafo por bueno que sea, con la bocina colocada en la puerta abierta de un templo, y cuyo fonógrafo toca en los momentos en que predica un orador y cuando debe supo-nerse que los congregados están ávidos de oir su palabra, en-tonces esa música, en ese tiempo, en ese lugar y para esas personas, pierde de momento su melodía para convertirse en ruido porque les impide oir lo que se dice por el orador, que es lo que allí en ésos instantes les congrega.

En otras condiciones ese fonógrafo deleitaría á esas per-sonas con sus armonías.

El apelante dice que si se convirtiera eil denunciante, bajo el mismo fundamento de que los cánticos religiosos y las voces del órgano de la Iglesia perturban y molestan á su familia,, y se violaba su derecho á la paz y tranquilidad de su hogar, ¿podría dictarse una sentencia condenando á los con-currentes á la Iglesia por el delito de perturbar la paz pú-blica? Si esto no puede ser, añade, entonces tampoco puede condenársele á él en este caso apelado, porque las circunstan-cias son iguales y tan respetables son uno como otro derecho.

Negamos que las circunstancias sean iguales en el caso real de que tratamos y el caso supuesto que como argumento se presenta.

No cabe este último dentro de los términos del artículo 358 del Código Penal, que es el aplicado á Vilaró.

En este caso, se ha demostrado que Vilaró, voluntaria-mente y con intención de molestar y perturbar los oficios de 1-a Iglesia inmediata, tocaba su fonógrafo de noche, en las horas en que aquellos se celebraban, y Vilaró es responsable del delito definido.

En-mérito de las razones expuestas, la sentencia que dictó el juez de la Corte dé Distrito de Ponce en 21 de enero del corriente año, debe confirmarse é imponerse las costas de este recurso al apelante Juan Yilaró.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y-Wolf.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Bonilla.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 80.
    Resuelto en junio 18, 1907.
    Denuncia — Lugar en que se Cometiera el Delito — Excepción.—Cuando en la denuncia no se exprese el lugar, ni el distrito judicial en que se cometiera el delito, y no se hubiere presentado objeción alguna contra la denuncia ante la corté inferior, dicha denuncia se estimará suficiente.
    Td.; — Aunque no se exije específicamente, como cuando se trata de una acusación, que en la denuncia se exprese que el delito fue cometido en sitio comprendido dentro de la jurisdicción de la corte, y aunque en. una denuncia no se exijen las mismas formalidades que en una acusación, sin embargo, el buen procedi-miento exige que aquél lugar se determine expresamente tanto en la denuncia como en la acusación, y si se hiciera objeción correcta y oportunamente en este sentido, debará sostenerse.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

La presente cansa tuvo su origen en la corte municipal de Añasco el día 4 de noviembre de 1906. El acusado, Leoncio Bonilla, fue denunciado por el Sargento de la Policía Insular por fijar en la pared de una casa vivienda una balada obcena, ridiculizando á Muñoz en términos tan indecentes que no pue-den ser reproducidos en la presente, y que no pueden tra-ducirse al Inglés. El proceso fué empezado y tramitado de acuerdo con el articuló 283, párrafo 3 del Códigd Penal. El acusado fué declarado culpable en la corte municipal y se le impuso uña multa de veinte y cinco dollars, con la alterna-tiva de un mes de cárcel.

Contra esta sentencia el acusado interpuso apelación ante la Corte de Distrito- de Mayagüez, en cuya corte se volvió á celebrar el juicio. El acusado fué defendido por su abogado y acusado por el ministerio fiscal. La sentencia de la corte impuso al acusado un año de cárcel y el pago de todas las cos-tas. Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación para ante este tribunal, pero no lia sido representado por abogado en esta corte; no se ha presentado tampoco en esta corte ningún alegato escrito y no aparece en el récord ni plie-go de excepciones ni exposición de los 'hechos.

La demanda no expresa ni el pueblo ni el distrito en el cual se cometió el delito, 37' la corte no podría saber judicial-mente que la casa de la viuda de Pesante quedaba dentro del distrito municipal de Añasco ó el judicial de Mayagüez. Pero no se hizo alegación' alguna respecto á la jurisdicción de la corte, y no se presentó objeción ni excepción previa por este motivo. En todo cuanto podían hacerlo fué tácitamente acep-tada la jurisdicción, tanto de la corte-municipal de Añasco como la de la Corte de Distrito de Mayagüez, por el fiscal y el abogado del acusado.

No habiéndose presentado excepción previa general á la dé-nuncia, no la estimamos insuficiente, aunque podríamos ha-berlo hecho si se hubiese presentado en debida forma una ex-cepción previa en el tiempo oportuno. Como ha dicho esta corte anteriormente en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Aranda Masó, en el dictamen redactado por el Sr. Juez Wolf:

“Sería una práctica mejor el que la denuncia especificara el ver-dadero sitio en que el delito se cometió, particularmente porque la jurisdicción de la corte municipal situada en Caguas incluye á Caguas y Aguas Buenas, según la ley sobre organización judicial de marzo, 20 de 1904.”"

La corte vuelve á decir en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Feliciano y Juan Pérez, que:

“También se deduce de la denuncia que el delito fué cometido en lugar comprendido dentro de la jurisdicción de la corte municipal de Mayagiiez, ó sea en la fábrica de fósforos que en dicha ciudad tiene3i los Señores G-rau Hermanos; pero recomendamos como mejor práctica que en toda denuncia ó acusación se exprese de modo claro y termi-nante el lugar donde se cometió el delito y la corte municipal ó de distrito á que corresponde.”

Este es el caso más reciente sobre el particular, y fué resuelto el día 14 del presente mes.

Se verá que el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que la denuncia ó declaración jurada con-tendrá, tan detalladamente como sea posible, la naturaleza del delito y las circunstancias que bayan concurrido en su perpe-tración. La ley no requiere específicamente, como en casos de acusación, que aparezca de la denuncia que el delito fué cometido en un sitio dentro de la jurisdicción de la corte. Como dice esta Corte en el dictámen en el caso de Aranda, an-teriormente citado, aún menos detalles se exigen para las denuncias que para las acusaciones; pero aunque reconoce-mos que las denuncias presentadas ante los jueces municipales y de paz se preparan necesariamente con menos Labilidad que las acusaciones presentadas antes las cortes de distrito; sin embargo, somos claramente de opinión que una propia prác-tica exigiría que se expresara específicamente la jurisdicción, tanto en una denuncia como en una acusación, y si se hiciera esta objeción á la denuncia oportunamente y en debida forma, sería sostenida.

Pero en este caso, lo mismo que en otro muchos que hemos resuelto anteriormente, debemos decir que esta corte no puede revocar la sentencia de la corte inferior, puesto que no aparece en el récord ningún erroí"fundamental; y no aparece error alguno en el récord que perjudica á los intereses de las partes, y á que se haya hecho constar excepción en la corte sentencia-dora, según prescribe el artículo 1 de la ley respecto á la revocación de sentencias en casos criminales por la Corte Suprema, etc., aprobada el día 30 de mayo de 1904. (Yéanse las leyes de 1905, página 10, cuyo tomo contiene las leyes de la sesión extraordinaria de la Segunda Asamblea Legislativa ■de Puerto Rico.)

El deber de la Corte Suprema en casos como el presente está' claramente establecido en esta ley remedial, que tuvo por objeto la exclusión de recursos frívolos y aquellos que se in-terponen con el solo objeto de conseguir demora. Nos creemos obligados á liacer cumplir esta ley lo mismo que todas las demás votadas para nuestro gobierno.

Siendo del parecer que se lia lieclio justicia sustancial en el presente caso, la sentencia de la Corte de Distrito de Maya-güez de 24 de enero último, debe confirmarse en todas sus sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. FigubRas

text:
    El Pueblo v. Borges.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Tíumacao.-
    No. 87.
    Resuelto en junio 20, 1907.
    Apelación- — Pleigo de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones, ni relación de hecho, y no apa-reciendo que se haya cometido error alguno que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Mossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. FigubRas

emitió la opinión del tribunal.

Esta causa se originó en la corte municipal de Cagaras, según denuncia debidamente formulada y pasó en apelación á la Corte de Distrito de Humacao en donde se celebró un nuevo juicio y en su consecuencia el acusado José Borges fué declarado culpable del delito contra la justicia pública, que es seguramente el definido en el artículo 139 del Código Penal y condenado en 13 de marzo de 1907 á la pena de cincuenta dollars de multa y las costas.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema; pero no se lia presentado pliego de excepciones ni exposición de beclios y ni siquiera ha comparecido aquí el apelante á sostener su apelación, todo lo que hace presumir que sólo ha tenido el propósito de retrasar el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

Por tales razones la sentencia debe confirmarse toda vez que no aparece haberse cometido error alguno.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia.-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sb. Figuebas,

text:
    El Pueblo v. Maiz.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 81.
    Resuelto en junio 21, 1907.
    Multa — Prisión Subsidiaria. — La prisión subsidiaria que por defecto de pago de multa pueden imponer las cortes de distrito, no deben exceder de un día por cada dollar que dejare de satisfacer el acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Figuebas,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante José Maiz fue condenado en grado de apela-ción por la Corte de Distrito de Mayagüez, en veinte y ocho de enero del año < corriente, por el delito.de hurto de menor cuantía, á la pena de cincuenta dollars de multa ó noventa días de cárcel.y costas. La apelación se estableció en el mismo día y se elevaron las transcripciones del récord sin que exista ante esta corte pliego de excepciones ni exposición del caso ni alegato alguno, puesto que el apelante no ha comparecido á sostener su apelación.

El fiscal fundándose que no se expresa en la denuncia el valor de ,1a propiedad hurtada, solicita la revocación de la sentencia apelada.

Pero con esa omisión, que indudablemente existe, no se le ha causado al apelante ningún perjuicio, puesto que ha tenido un nuevo juicio en la Corte de Distrito de Mayagüez, que le ha juzgado y condenado como autor de un' delito de hurto de menor cuantía.

Ahora bien,.el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que la prisión que la corte de distrito ha de imponer en el caso de que no se pague una multa, no debe exceder de un día por cada, dollar, siendo en este caso la multa de cincuenta dollars, la prisión alternativa no debe exceder de cincuenta días.

Este punto ha sido ya resuelto por esta corte en el caso de G-abriel Díaz y en el habeas 'corpus presentado por Gfuada-lupe'Andino, fallado, respectivamente, en seis de mayo de mi] novecientos siete y en veinte y dos de mayo de mil novecientos cinco.

Cotí esta modificación'debe confirmarse la sentencia ape-^a<^a‘

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf

text:
    El Pueblo v. Ayala.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 85.
    Resuelto en junio 22, 1907.
    Denuncia — Lugas en que se CCmetieka el Delito. — Si el lugar en que se come-tiera el delito no se especifica en la denuncia, pero puede deducirse que fué en sitio comprendido dentro de la jurisdicción de la corte, á falta de objeción oportunamente interpuesta por este motivo, hay que estimar que dicha denun-cia es suficiente.
    Los lie dios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

. En la corte municipal de Mayagüez se interpuso una de-nuncia contra Antonio Ayala por un delito contra la ley electoral. El fué procesado allí y condenado, y en apelación fué otra vez condenado, esta vez, á pagar la multa de cincuenta pesos ó á sufrir un mes de prisión y las costas. En la apela-ción á esta Corte no ba comparecido ningún abogado defensor y no se ba entregado ningún'alegato. Los hechos del juicio no vienen á nosotros certificados de un 'modo auténtico. Sé nos ba llamado la atención al becbo que la denuncia no expresa claramente el lugar en que se cometió el delito. Sin embargo, se lia demostrado que el acusado era vecino del barrio de Hoconuco, en el precinto de Mayagüez, y aunque esta es una alegación vaga, á falta de impugnación alguna, puede presu-mirse que el delito fué cometido en diebo barrio y. en el dis-trito municipal de Mayagüez. Si hubiese alguna duda sobre esto, no habiendo presentado ninguna objeción en las- cortes inferiores, el caso tendría que resolverse de acuerdo con la; opinión y .sentencia de esta corte, pronunciada en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Leoncio. Bonilla, que se resolvió el día diez y ocho de junio de 1907. No apareciendo error al-guno, debe confirmarse la sentencia de la corte de distrito.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    The American Railroad Co. v. Mirandes et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 129.
    Resuelto en junio 22, 1907.
    Expropiación Forzosa. — Apelación del Veredicto del Jurado. — Las cortes de distrito no tienen facultades para negarse á conocer de una apelación inter-puesta contra el veredicto del jurado en los casos de expropiación forzosa, y por consiguiente la mera presentación al secretario del escrito interponiendo la apelación es suficiente para que ésta se considere admitida, • sin que sea necesaria orden alguna- de la corte á ese efecto.
    Id. — Resolución—Le la Apelación. — El término de quince días que para resolver la apelación contra el veredicto del jurado concede la sección 18 de la ley de expropiación forzosa de marzo 12, 1903, .y que, según dicha sección, debe con-tarse desde la admisión de la apelación, debe entenderse desde el perfecciona-miento de la apelación, lo que tiene lugar por la presentación del escrito inter-poniéndola, no siendo necesario que la parte gestione en forma alguna para que la corte oiga y resuelva la apelación.
    Id. — Tan pronto como se entregue el escrito de apelación al secretario, éste debe informar de ello á la corte, la que señalará día y hora para oir á las partes, dentro del término que previene la ley; pero este precepto que fija el término para resolver la apelación, no ha de considerarse como una limitación impe-riosa, sino meramente indicativa, y cuando las circunstancias lo exijan, el tribunal puede conocer de dicha apelación y resolverla después de vencido dicho término.
    Loe. hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante-: Sr. José Tons Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tri - bnnal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra, sentencia dictada el día 2 de marzo de 1907, por la Corte de Distrito de Ponce, en un procedimiento de expropiación for-zosa de una faja de terreno para nna servidumbre de camino á favor de la compañía del ferrocari'il. El jurado llamado-para ese propósito había determinado el precio del terreno,¡ y la compañía del ferrocarril interpuso recurso de apelación para ante la corte de distrito, de acuerdo con la sección 18 de la Ley de Expropiación forzosa. (Véanse las leyes de la. sesión de 1903, p. 55.)

La sentencia contra la cual se interpuso apelación, declara que no liá lugar á oir la apelación interpuesta por ambas partes, y que se ejecutara el fallo del jurado que confiere á la American Railroad Co. of Porto Rico el dominio de las parcelas de terreno descritas para que las tuviese, expropiase y poseyese coñ el exclusivo fin para el cual pretende la ex-propiación, y que se entregase á la parte demandada la suma consignada por la demandante en poder del secretario de esta corte como indemnización tasada por el jurado, y que pagase la segunda de dichas partes, es decir, la American Railroad Co., á la primera, ó sea José Mirandes Olivo y otros, las costas del tribunal, y que fuese admitida la sentencia para su inscripción en el registro de la propiedad. Esta resolución definitiva fué dictada el día 2 de marzo de 1907.

Los motivos en que se funda la Corte de Distrito de Ponce al dictar esta sentencia no son suficientes; es decir, que la sección 18 de la Ley aprobada en 12 de marzo de 1903 para regular la expropiación forzosa de terrenos, dispone que las apelaciones contra el veredicto del jurado deben presentarse á la corte y ser sometidas para su admisión, y además que debían ser determinadas dentro de 15 días; no habiendo el apelante cumplido con dichas disposiciones de la ley en el presente caso.

En casos de expropiación forzosa como la presente, según se verá de un detenido examen de toda la ley, mo es necesario que la corte de distrito dicte resolución admitiendo formal-mente la apelación; el simple acto ele ciar aviso de la apela-ción y de presentarla en la secretaría de la corte de distrito, ■presupone ó presume la admisión del recurso por la corte, puesto que la corte no tiene ni facultad ni autoridad para negarse á considerar el recurso de apelación. Probablemente la palabra admisión fué usada inadvertidamente en la ley, ■en vez de la palabra formalización, puesto que la apelación •queda formalizada al dar el aviso que exige la ley. Si el •asunto no fué resuelto por la corte dentro de los 15 días des-pués de haberse formalizado el recurso de apelación, el ape-lante no tiene la culpa, no siendo necesaria ninguna moción por parte del apelante para empezar la marcha del mecanis-mo del tribunal, siendo el deber de la corte, sin ulterior indi-cación, resolver el caso dentro del término prescrito por la ley. Sin embargo, la omisión de este deber, si no lo cumple la corte, no priva al apelante de ninguno de sus derechos, y sólo expone al tribunal á tal censura oficial, ú otra clase, que le pueda acarrear dicha falta. Cuando la apelación queda formalizada mediante aviso dado al 'secretario, este funcio-nario debe llamar la atención del tribunal .sobre el hecho, y el caso debe señalarse para la vista en alguna fecha dentro de los 15 días prescritos por la ley, y debían ser notificadas las partes contendientes para que puedan comparecer y pro-nunciar los informes orales que consideren convenientes, y de este modo ayudar al juez á resolver correctamente el caso. Pero el término de 15 días señalado por las Leyes, no es una limitación mandatoria, y puede considerarse solamente directoría; pues puede suceder muchas veces que las cortes se encuentren tan completamente ocupadas con otros asuntos de igual ó quizás mayor importancia, que les fuere imposible en tan breve tiempo resolver un caso de esta naturaleza. (Pueblo v. Lake County, 33 Cal., 483; Tuohy v. Chase, 30 Cal., 325; Pueblo v. Murray, 15 Cal., 222; Hart v. Plum, 14 Cal., 149; McKune v. Weller, 11 Cal., 55.)

En apoyo de esta proposición, es suficiente reproducir un párrafo de una opinión de la Corte Suprema de California, que está sostenida por una larga serie de resoluciones, y que á la letra dice así:

“Cuando la ley especifica el tiempo en que dentro del cual debe verificarse algún acto, generalmente se declara que es directoría, á menos que el tiempo sea de lo más esencial en la cosa que ha de ha-cerse, ó á menos que el texto de la ley contenga palabras negativas, ó que demuestre que la designación del tiempo se hizo con el fin de limitar alguna facultad, autoridad, ó derecho.”
Pueblo v. Lake County, 33 Cal., 492.

Los procedimientos de esta naturaleza no son semejantes al caso de José López Zárate v. William Villavaso, citado por el apelado, que se llevó en apelación de la corte municipal á la corte de distrito, y en la cual era deber del apelante pro-curar y presentar la transcripción del récord de la corte inferior para formalizar su recurso de apelación. La resolución dictada en aquel caso no es aplicable á las Circunstancias del caso de autos. En la causa que nos ocupa el recurso de ape-lación queda formalizado por el mero lieelio del aviso dado al Secretario y la corte de distrito inmediatamente toma com-pleta jurisdicción.

Un examen cuidadoso de las autoridades citadas en los alegatos de ambas partes en el presente caso, apoyará el cri-terio expresado en este dictamen.

Por las razones consignadas en la presente, debemos re-vocar la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce el día 2 de marzo de 1907 y devolver el caso á dicho tribunal para que proceda de acuerdo con el presénte dictamen.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Hernández no intervino en la resolu-ción de este caso.