author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Ángel Pérez Casillas, Rafael Moreno Morales y José M. Landrón, acusados y peticionario el último.

      Número: CE-89-183

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Ángel Viera Martínez, abogado del peticionario; Alejandro Salgado Rivera, Fiscal Especial Independiente, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Una vez más llega ante nuestra consideración una controver-sia relacionada con los sucesos acaecidos el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla. Sin embargo, el planteamiento al que hoy nos enfrentamos varía de lo hasta ahora resuelto en la medida en que requiere un análisis y juicio sobre el ámbito de la jurisdicción del Fiscal Especial Independiente designado en relación con los referidos sucesos del Cerro Maravilla.

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En virtud de los poderes que le confiere la Ley Núm. 1 de 18 de enero de 1985 (3 L.ER.A. see. 9), el referido Fiscal Especial Independiente —en adelante F.E.I.— radicó acusaciones por dos (2) cargos de asesinato en primer grado contra Ángel Luis Pérez Casillas y Rafael Moreno Morales por la muerte de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. Tras el correspondiente juicio, el Jurado rindió veredicto absolutorio en ambos cargos con relación al coacusado Ángel Luis Pérez Casillas y de asesinato en segundo grado en uno de los cargos contra Rafael Moreno Morales y veredicto absolutorio en el otro. Finalizado el proceso judicial el 18 de marzo de 1988, el Jurado fue disuelto. Posteriormente, en el periódico The San Juan Star, en sus ediciones de 23, 24, 25 y 29 de marzo de 1988 se publicó, bajo la firma del periodista Manuel (Manny) Suárez, informaciones referentes a alegadas “irregula-ridades” que tuvieron lugar durante el secuestro y deliberación del Jurado en este caso, “irregularidades” que, de haber efecti-vamente sucedido, podrían desembocar en la radicación de cargos criminales por violaciones a distintas disposiciones del vigente Código Penal de Puerto Rico. El periodista Manny Suárez aseguró, mediante declaración jurada a esos efectos, que obtuvo esa información por medio de entrevistas realizadas a miembros del panel de jurados, a quienes garantizó completa confidencial-idad respecto a sus identidades.

Fundamentado en las alegadas “irregularidades”, el F.E.I. radicó una moción ante el tribunal de instancia el 21 de julio de 1988 solicitando autorización para interrogar en corte abierta a los miembros del Jurado y sus familiares; ello con el aparente propósito de posteriormente radicar acusaciones criminales contra dichas personas. El 21 de noviembre de 1988 dicho foro judicial —Hon. Luis Raúl Cruz Jiménez— emitió una resolución autorizando al F.E.I. a interrogar en corte abierta a los doce jurados, los jurados suplentes y sus familiares.

Inconforme, uno de los miembros del panel de jurados, Sr. José M. Landrón, compareció ante nos —vía certiorari— impug-nando dicha resolución. En el recurso que radicara le imputó al foro de instancia la supuesta comisión de siete (7) errores.!) Mediante resolución de fecha 31 de marzo de 1989, le concedimos término al F.E.I. para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto de certiorari radicado y dictar sentencia revocatoria de la resolución emitida por el tribunal de instancia el 21 de noviembre de 1988. En particular, se le requirió al F.E.I. que ilustrara al Tribunal sobre su facultad en ley para llevar a cabo el procedimiento en controversia y sobre la correc-ción en sí de dicho procedimiento. La Oficina del F.E.I. ha comparecido. Estando en posición de resolver, lo hacemos sin ulterior trámite.

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Entendemos procedente, de entrada, exponer los argumentos en los cuales el recurrido F.E.I. se basa para sostener su “facultad” de llevar a cabo los procedimientos impugnados por el recurrente José M. Landrón. Como es sabido, la Ley Núm. 1, ante, creó el cargo de F.E.I. con el propósito de que se realizara una investigación imparcial de los incidentes que tuvieron lugar el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla^) La referida legislación le encomendó y le concedió al F.E.I. el deber y la autoridad para investigar y procesar con carácter exclusivo todo lo relacionado con los referidos acontecimientos y su posterior encubrimiento. En su Art. 2, la Ley Núm. 1, supra, señala el alcance de la jurisdicción del F.E.I. A estos efectos dispone:

Artículo 2. — Encomienda y Jurisdicción

El Fiscal Especial Independiente tendrá el deber y la autoridad de investigar todo lo relacionado con los incidentes del Cerro Maravilla ocurridos el 25 de julio de 1978 para determinar la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos o de otras personas, así como violaciones a reglamentos gubernamentales y a normas de buena conducta administrativa y profesional. Una vez hecha esa determinación tendrá el deber y la autoridad de repre-sentar al Pueblo de Puerto Rico y al Estado Libre Asociado en los procedimientos penales y en las acciones civiles, administrativas y de conducta profesional que procedan.
Sin que ello constituya una limitación, el Fiscal Especial Inde-pendiente deberá investigar y procesar los delitos y violaciones administrativas y de ética profesional que surjan de las siguientes áreas:
(1) Lo ocurrido el día 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.
(2) Lo ocurrido con antelación al 25 de julio de 1978 pero relacionado con los sucesos acaecidos ese día.
(3) Lo ocurrido con posterioridad al 25 de julio de 1978 y que esté relacionado con esos acontecimientos.
(4) Lo ocurrido en la investigación llevada a cabo por el Senado de Puerto Rico sobre los sucesos del 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.
(5) Todo lo relacionado con las acciones u omisiones de agentes encubiertos en relación a los incisos anteriores. (Énfasis suplido.) 1985 Leyes de Puerto Rico 11.

El F.E.I. alega, en síntesis, que el transcrito inciso (3) del Art. 2 de la citada Ley Núm. 1 le faculta para llevar a cabo la investigación objeto de este recurso. A esos efectos sostiene que las supuestas “irregularidades” que pretende investigar están indirectamente relacionadas con los sucesos ocurridos el 25 de julio de 1978.

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No podemos acceder a la pretensión del recurrido. Sabido es que en nuestra tarea de interpretar estatutos, hemos adoptado un enfoque restrictivo cuando nos enfrentamos a las excepciones de un principio general. Véanse: Salazar v. El Registrador, 27 D.P.R. 63, 66-67 (1919); Ex parte Ramos, 53 D.P.R. 374, 379 (1938); De Castro v. Junta Comisionados, 59 D.P.R. 676, 680 (1942); R.E. Bernier, La Accesión en Puerto Rico, Barcelona, 1970, pág. 129; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Fubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 475 y jurisprudencia allí citada. Véanse, además, en el ámbito federal: Shilkret v. Musicraft Records, 131 F.2d 929, 931 (2do Cir. 1942), cert. denegado, 319 U.S. 742 (1943); Edward B. Marks Music Corp. v. Colorado Mag. Inc., 497 F.2d 285, 288 (10mo Cir. 1974), cert. denegado, 419 U.S. 1120 (1975); U.S. v. State of California, 504 F.2d 750, 754 (Temp. Emer. Ct. App. 1974), cert. denegado, 421 U.S. 1015 (1975); Alabama Power Co. v. Costle, 636 F.2d 323, 358 (Cir. D.C. 1979); Colo. Dept. of Soc. Serv. v. Dept. of Health, 558 F. Supp. 337, 351 (Colo. D.C. 1983).

A tono con lo expuesto, hemos resuelto que la autorización que se concede a funcionarios públicos para casos específicos, y no en forma general, debe ser interpretada de manera restrictiva. Véanse: White Star Bus Line, Inc. v. Sánchez, 59 D.P.R. 748, 752 (1942);() Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 472.

Igual tratamiento e interpretación restrictiva se impone en el presente caso. Como es sabido, en nuestra jurisdicción la facultad y responsabilidad de investigar, acusar, y procesar alegada conducta constitutiva de delito público recae, de ordinario y como regla general, en la persona del Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de los fiscales que están adscritos al referido Departamento. Véase 3 L.P.R.A. secs. 72, 90, 91 y 95.

Ello no obstante, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en años recientes ha entendido procedente crear el cargo de “Fiscal Especial Independiente” con el propósito de que éste actúe como tal —y en sustitución, o en lugar, del Secretario y los fiscales del Departamento de Justicia— en relación con ciertas, específicas y determinadas situaciones de hechos. Tal es el caso del F.E.I. designado específicamente para investigar los “Sucesos del Cerro Maravilla”, creado el cargo mediante la citada Ley Núm. 1 y el de los “Fiscales Especiales Independientes”, la designación de los cuales contempla y autoriza la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988 (3 L.P.R.A. secs. 99h-99z) “bajo la super-visión de un Panel nombrado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y compuesto exclusivamente por Ex Jueces del Tribunal Supremo o Superior, o de ambos”, el cual mecanismo “garantiza la absoluta objetividad de investigaciones contra altos funcionarios del Gobierno”.!)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en fecha reciente, al pasar juicio sobre la constitucionalidad de la legislación federal conocida como la “Ley de Ética Gubernamental de 1978” —legislación que sirvió de base a la nuestra sobre la figura del “Fiscal Especial Independiente”, en específico a la antes citada Ley Núm. 2 de 1988— se manifestó sobre el “alcance de la jurisdicción” de estos funcionarios. A esos efectos, expresó dicho Foro en Morrison v. Olson, 101 L.Ed.2d 569 (1988), en lo pertinente que:

. . . appellant is empowered by the Act to perform only certain, limited duties. An independent counsel’s role is restricted primarily to investigation and, if appropriate, prosecution for certain federal crimes. Admittedly, the Act delegates to appellant “full power and independent authority to exercise all investigative and prosecutorial functions and powers of the Department of Justice,” Sec. 594(a), but this grant of authority does not include any authority to formulate policy for the Government or the Executive Branch, nor does it give appellant any administrative duties outside of those necessary to operate her office. The Act specifically provides that in policy matters appellant is to comply to the extent possible with the policies of the Department. Sec. 594(f).
Third, appellant’s office is limited in jurisdiction. Not only is the Act itself restricted in applicability to certain federal officials suspected of certain serious federal crimes, but an independent counsel can only act within the scope of the jurisdiction that has been granted by the Special Division pursuant to a request by the Attorney General. Finally, appellant’s office is limited in tenure. There is concededly no time limit on the appointment of a particular counsel. Nonetheless, the office of independent counsel is “temporary” in the sense that an independent counsel is appointed essentially to accomplish a single task, and when that task is over the office is terminated, either by the counsel herself or by action of the Special Division. Unlike other prosecutors, appellant has no ongoing responsibilities that extend beyond the accomplishment of the mission that she was appointed for and authorized by the Special Division to undertake. In our view, these factors relating to the “ideas of tenure, duration . . . and duties” of the independent counsel, Germaine, supra, at 511, 25 L.E[d]. 482, are sufficient to establish that appellant is an “inferior” officer in the contitutional. sense. (Enfasis suplido.)

Por otro lado, e igualmente a manera de ilustración, en el estado de Nueva York —-jurisdicción donde se ha experimentado un amplio desarrollo en cuanto a la figura del “Fiscal Especial Independiente”— se ha resuelto que cuando la conducta o actividad que se pretende investigar no está específicamente señalada o comprendida dentro del marco de la jurisdicción mvestigativa concedida al F.E.I., le corresponde a los fiscales “regulares” la investigación y procesamiento de la referida con-ducta delictiva. Véanse: Dondi v. Jones, 382 N.Y.S.2d 801, 804 (1976); People v. Sam, 372 N.Y.S.2d 659, 660 (1975); People v. DiFalco, 406 N.Y.S.2d 279, 281 (1978); People v. Blumenthal, 389 N.Y.S.2d 579, 581 (1976).()

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Es correcto que en Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578 (1985), le reconocimos al EE.I. amplias facultades para representar al Estado en relación con los “Sucesos del Cerro Maravilla”. Esos amplios poderes, sin embargo, tienen que ser desempeñados por dicho funcionario en relación con los asuntos que están o caen dentro del marco de su encomienda. No podemos perder de perspectiva que toda concesión de jurisdicción, por más amplia y abarcadora que resulte, necesariamente conlleva unos límites. En el caso de los Fiscales Especiales —a quienes por su naturaleza excepcional se les concede una encomienda específica— resulta de particular importancia que deslindemos cuidadosamente el alcance de la jurisdicción de éstos, tomando en consideración, repetimos, que como regla general la jurisdicción para investigar y procesar los delitos que se cometen en Puerto Rico corresponde al Departamento de Justicia y que, sólo en circunstancias excepcionales, se justifica la intervención de un fiscal especial; no teniendo dichos funcionarios la facultad para determinar el alcance de su propia jurisdicción.

La investigación y —si jurídicamente procedente— el procesamiento criminal de ciudadanos por alegados y supuestos actos delictivos relacionados con la actuación y conducta obser-vada por el Jurado en el proceso criminal en controversia, ciertamente no tiene relación directa alguna con los lamentables hechos ocurridos el 25 de julio de 1978 ni con el posterior encubrimiento de los mismos. Adoptar la tesis del recurrido F.E.I. —esto es, que el inciso (3) del Art. 2 de la citada Ley Núm. 1 le concede jurisdicción para investigar la conducta en controversia por razón de que la misma está indirectamente relacionada con los “Sucesos del Cerro Maravilla”— tendría la absurda conse-cuencia de que sería de la exclusiva jurisdicción de dicho funcio-nario la investigación de toda alegada posible conducta delictiva que, desafortunadamente, pudiera ocurrir de hoy en adelante y que tenga alguna relación —por incidental y remota que la misma sea— con cualquiera de los procedimientos judiciales o adminis-trativos en que actualmente esté involucrada la Oficina del F.E.I. o con los distintos funcionarios adscritos a dicha oficina, lo cual permitiría la perpetuación de dicho funcionario en su cargo. Ello, obviamente, no fue la intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la citada Ley Núm. 1.

Por los fundamentos antes expresados, resolvemos que la conducta que pretende investigar en el presente caso el F.E.I. —esto es, la posible comisión de delito durante el proceso de deliberación y secuestro del.Jurado que intervino en el juicio criminal que por el delito de asesinato en primer grado se celebrara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra los ex policías Angel L. Pérez Casillas y Rafael Moreno Morales— es una que no corresponde realizar al referido funcionario por ser la misma una remota e incidental a los “Sucesos del Cerro Maravilla” y que, por lo tanto, no forma parte de la encomienda jurisdiccional que al F.E.I. le concediera el legislador mediante la referida Ley Núm. 1.

En consecuencia, se expide el auto de “certiorari” radicado por el peticionario José M. Landrón y se dictará sentencia revocatoria de la resolución emitida por el tribunal de instancia de fecha 21 de noviembre de 1988.()

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente. La Juez Asociado Señora Naveria de Rodón se inhibió.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Por octava ocasión nos corresponde resolver otra controversia jurídica originada por la investigación y acusaciones formuladas como resultado de los sucesos del Cerro Maravilla. Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986); Pueblo v. González Málavé, 116 D.P.R. 578 (1985); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). La controversia particular ante nos requiere un análisis sobre el alcance del poder investigativo del Fiscal Especial Independiente (F.E.I.). Por entender que la ley que crea el F.E.I. le confiere a éste jurisdicción para investigar irregularidades como la de autos y que ese tipo de investigación está dentro del ámbito de su encomienda, disiento de la opinión del Tribunal.

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El EE.I. presentó acusaciones por dos (2) cargos de asesinato en primer grado contra Ángel Luis Pérez Casillas y Rafael Moreno Morales por las muertes de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla. Véanse: M. Suárez, Requiem on Cerro Maravilla, Nueva Jersey, Waterfront Press, 1987; A. Nelson, Murder Under Two Flags, Nueva York, Tickmor S. Fields, 1986. Un Jurado absolvió de ambos cargos a Pérez Casillas y encontró culpable a Moreno Morales de un cargo de asesinato en segundo grado.

Posteriormente, el periodista Manuel (Manny) Suárez publicó unos artículos en las ediciones de 23,24,25 y 29 de marzo de 1988 en el periódico The San Juan Star, en los cuales revelaba que se cometieron serias irregularidades durante el proceso de secuestro y deliberación del Jurado que impidieron un veredicto imparcial.

El 21 de julio de 1988 el F.E.I. presentó una moción en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en la cual solicitaba autori-zación para interrogar en corte abierta a los miembros del Jurado y a sus familiares. El 21 de noviembre de 1988 el Juez Luis Raúl Cruz Jiménez emitió una resolución mediante la cual accedió a la solicitud del F.E.I. Inconforme con ese dictamen, uno de los miembros del panel de jurados presentó una petición de certiorari ante este Tribunal para cuestionar esa resolución.

El 31 de marzo de 1989 le concedimos al F.E.I. término para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la resolución recurrida. Oportunamente el F.E.I. compareció y expuso su posición.

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Con el propósito de investigar la muerte de dos jóvenes independentistas a manos de agentes del orden público en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978 y las actuaciones posterio-res de los funcionarios de la Rama Ejecutiva, responsables de poner en vigor las leyes, la Asamblea Legislativa creó el 1ro de enero de 1985 el cargo de EE.I. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 18 de enero de 1985 (3 L.ER.A. sec. 90n) revela claramente la intención legislativa de crear una entidad indepen-diente con amplios poderes investigativos para llevar a cabo una investigación de naturaleza criminal y exhaustiva con el fin de fijar responsabilidad por las trágicas muertes de los jóvenes independentistas y por su posterior encubrimiento por cualquier funcionario de la Rama Ejecutiva.

Las circunstancias excepcionales que rodean estos sucesos han despertado un clamor unánime para que se realice una investigación imparcial, eficiente y completa, y para que se fije la responsabilidad criminal que corresponda por dichas muertes y su posterior encu-brimiento. Dicha investigación necesariamente ha de envolver el examen de las actuaciones de los funcionarios de mayor rango en la investigación criminal dentro de la jerarquía gubernamental. Las graves irregularidades descubiertas por el Senado en las investiga-ciones criminales previas, enfatizan la necesidad de evitar la más leve sombra de conflicto de intereses entre los investigadores y los investigados y de separar dicho proceso de las pasiones político-partidistas.
Existe consenso en el país de que dicha investigación no debe ser realizada por los organismos tradicionales de investigación criminal. Es necesario garantizarle al pueblo que se realizará una investiga-ción enmarcada dentro de las más estrictas normas éticas, de manera que recupere su confianza en nuestras instituciones demo-cráticas, y la certeza de que ningún ciudadano se encuentra por encima de la ley.
Con ese propósito, se propone la creación de un cargo de Fiscal Especial Independiente, al cual se le proveen todos los poderes y recursos necesarios para que realice una investigación completa, imparcial e independiente, sobre los sucesos acaecidos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978, sus antecedentes y su posterior encubrimiento, y que se procese criminalmente a todas las personas que pudiesen haber cometido delitos relacionados con los hechos. 1985 Leyes de Puerto Rico 3.

A tenor con este propósito se promulgó la Ley Núm. 1, supra. El Art. 2 de la citada Ley Núm. 1 delimita la encomienda y la jurisdicción del F.E.I.:

El Fiscal Especial Independiente tendrá el deber y la autoridad de investigar todo lo relacionado con los incidentes del Cerro Maravilla ocurridos el 25 de julio de 1978 para determinar la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos o de otras personas, así como violaciones a reglamentos gubernamentales y a normas de buena conducta administrativa y profesional. Una vez hecha esa determinación tendrá el deber y la autoridad de repre-sentar al Pueblo de Puerto Rico y al Estado Libre Asociado en los procedimientos penales y en las acciones civiles, administrativas y de conducta profesional que procedan.

Sin que ello constituya una limitación, el Fiscal Especial Independiente deberá investigar y procesar los delitos y violaciones administrativas y de ética profesional que surjan de las siguientes áreas:

(1) Lo ocurrido el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.
(2) Lo ocurrido con antelación al 25 de julio de 1978 pero relacionado con los sucesos acaecidos ese día.
(3) Lo ocurrido con posterioridad al 25 de julio de 1978 y que esté relacionado con esos acontecimientos.
(4) Lo ocurrido en la investigación llevada a cabo por el Senado de Puerto Rico sobre los sucesos del 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.
(5) Todo lo relacionado con las acciones u omisiones de agentes encubiertos en relación a los incisos anteriores. (Énfasis suplido.) 1985 Leyes de Puerto Rico 11.

En primer lugar, cabe apuntar que no existe disposición de ley alguna que le prohíba al F.E.I. investigar la conducta de los jurados y de sus familiares para determinar si se cometieron delitos. Por otro lado, un análisis del Art. 2 de la Ley Núm. 1, supra, revela que el F.E.I. sí tiene jurisdicción para investigar irregularidades como la de autos y que este tipo de investigación está dentro de su encomienda. Veamos.

El citado Art. 2 de la Ley Núm. 1, supra, le confiere al F.E.I. la facultad de investigar “todo lo relacionado” con los sucesos del Cerro Maravilla para determinar si se cometieron delitos y se incurrió en violaciones administrativas. Más aún, antes de enu-merar áreas específicas en relación con las cuales el F.E.I. puede investigar y procesar, el estatuto aclara que esa enumeración no constituye una limitación a las facultades de investigación y procesamiento del F.E.I.

El estatuto no limita la jurisdicción del F.E.I. a investigar únicamente los actos directamente relacionados con los sucesos del Cerro Maravilla ni excluye los que estén “indirectamente” relacionados. Todo lo contrario, el estatuto faculta al F.E.I. para investigar “todo lo relacionado con los incidentes del Cerro Maravilla”. La mens legis fue realmente proveerle “todos los poderes y recursos necesarios para realizar” una investigación completa, imparcial e independiente. Al amparo de estas faculta-des, corresponde al F.E.I. averiguar si se violó la ley o los reglamentos administrativos. Del resultado de esa investigación dependerá si el F.E.I. puede o no formular una querella, o acusación, según sea el caso. Sin embargo, es a dicho funcionario a quien inicialmente le compete determinar si los actos investiga-dos están relacionados con los sucesos del Cerro Maravilla. Véase Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 D.P.R. 21 (1969).

De las informaciones que publicó el periódico The San Juan Star y de la investigación que comenzó a realizar el F.E.I. se desprende la posibilidad de que hayan ocurrido irregularidades durante el proceso de desinsaculación, violaciones al secuestro del Jurado durante el juicio —las cuales incluyen— contacto con terceros e irregularidades en el proceso de deliberación.

Específicamente, y a manera de ilustración, se alega que una de los jurados que intervino en el caso mintió durante el voir dire al ocultar su relación con el ex Gobernador Carlos Romero Barceló; que esa misma jurado trajo prueba extraña al proceso de deliberación para tratar de convencer a los demás jurados de que Soto Arriví y Darío Rosado habían participado en el tiroteo de los marinos en Sabana Seca el 3 de diciembre de 1979, dieciocho (18) meses después de los sucesos del Cerro Maravilla; que varios jurados discutieron el caso antes de ser sometido a su considera-ción; que un jurado suplente trató de convencer, previo a la deliberación, a varios miembros del panel de que emitieran su voto a favor de la absolución; que durante el secuestro del jurado se hicieron 1,526 llamadas desde los teléfonos provistos para los jurados y alguaciles; que varios jurados permanecieron a solas con sus familiares cuando debían estar secuestrados; que durante el secuestro uno de los jurados le informó a un alguacil que había sido amenazado y éste no se lo informó a su supervisor; que los jurados comentaron la prueba antes de que les sometieran el caso para su consideración, y que uno de los alguaciles que intervino en el caso participó en dos (2) fiestas como celebración del veredicto.

No cabe duda que las irregularidades imputadas durante el secuestro y deliberación de un Jurado están tipificadas como delito en el Art. 247 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4443,() y están relacionadas con los sucesos del Cerro Maravilla. Se trata precisamente del juicio que se ventilaba contra los presuntos asesinos de los jóvenes independentistas. Es evidente que, de ser ciertas las irregularidades imputadas por el destacado periodista Manny Suárez, éstas afectarán directamente la capacidad del F.E.I. para llevar a cabo su encomienda principal: el procesa-miento de los responsables por los fatídicos sucesos del Cerro Maravilla.

No es correcto que el reconocimiento de esta facultad autoriza al F.E.I. a investigar y a procesar “toda alegada posible conducta delictiva que, desafortunadamente, pudiera ocurrir de hoy en adelante y que tenga alguna relación —por incidental y remota que la misma sea. . .”. (Enfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 713. En controversias jurídicas complejas no es prudente ni aconsejable recurrir a sofismas para fundamentar una posición especulativa o formular situaciones extremas para rebatir argu-mentos articulados para casos concretos.

En el caso de autos, uno de los periodistas que originalmente investigó y reveló los pormenores de los sucesos del Cerro Maravilla denunció la comisión de serias irregularidades en el juicio del Director de la División de Inteligencia de la Policía y la persona que alegadamente dirigió el operativo policiaco del Cerro Maravilla.

No estamos en posición de determinar en qué medida estas irregularidades sucedieron, quiénes fueron los responsables ni tampoco si éstas tenían como propósito impedir que se le impu-siera responsabilidad penal por las muertes ocurridas en el Cerro Maravilla. Esa precisamente es la función del F.E.I. Más aún, el Art. 6 de la Ley Núm. 1, supra, le confiere al F.E.I .jurisdicción exclusiva para investigar y procesar aquellas acciones penales que estime apropiadas dentro de la encomienda que le asigna el citado Art. 2.

La opinión del Tribunal ignora esta amplia delegación de poderes y recurre a técnicas de interpretación de estatutos concebidas para situaciones en las que no se puede determinar cuál fue la intención de la Asamblea Legislativa y recurre a jurisprudencia que no es pertinente a la controversia de autos. Véanse, en particular, Salazar v. El Registrador, 27 D.P.R. 63 (1919); Ex parte Ramos, 53 D.P.R. 374 (1938); De Castro v. Junta de Comisionados, 59 D.P.R. 676 (1942). En el caso de autos, el extenso historial legislativo revela claramente que se promulgó una ley de carácter excepcional para establecer un nuevo cargo con los poderes y recursos necesarios para investigar todos los incidentes relacionados con el Cerro Maravilla, sujeto a las garantías provistas por nuestro ordenamiento constitucional y estatutario. Véase, a modo de ejemplo, E.L.A. v. Coca-Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197 (1984). Una vez se descubre la intención del Legislador, “el fin de la interpretación ha sido logrado y no resulta necesario aplicar ninguna regla de hermenéutica porque éstas no son sino una ayuda para determinar la voluntad que se busca”.

For otro lado, la opinión del Tribunal no contiene unas directrices claras sobre cuál es el alcance de la jurisdicción conferida al F.E.I. ¿Cuán remotos o incidentales tienen que ser los actos perpetrados para estar fuera de su ámbito investigativo? ¿Cómo se va a determinar si el acto es incidental o remoto? ¿En términos de tiempo? ¿Lugar? ¿Fertinencia? ¿Importancia del evento? ¿Fersonas involucradas? ¿Delitos imputados?

Finalmente, invocando aforismos y jurisprudencia que son inaplicables a la controversia de autos, la opinión del Tribunal ignora la voluntad legislativa, enmienda indebidamente la ley orgánica del F.E.I. para limitar el alcance de su jurisdicción y emite unos pronunciamientos que debilitan dicho organismo e impiden que investigue si alguien intervino ilegalmente con el Jurado para evitar un juicio imparcial de los policías acusados de los actos perpetrados el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.

Por las razones expuestas anteriormente, disiento.

      (1) Los siete (7) errores señalados consisten, en síntesis, en: (1) autorizar al Fiscal Especial Independiente (en adelante F.E.I.) a interrogar a los jurados y familiares de éstos mediante un procedimiento que viola los derechos constitucionales del peticionario; (2) declarar sin lugar su solicitud de dejar sin efecto el interrogatorio utilizado; (3) actuar sobre la moción para que se deje sin efecto su resolución previo a resolverse la moción de inhibición; (4) falta de jurisdicción del tribunal para convocar en Sala a los jurados que intervinieron en el caso; (5) no permitirle ejercer su derecho a argumentar en Sala; (6) falta de autoridad del F.E.I., y (7) declarar sin lugar la moción de inhibición. Debido a la conclusión a que llegamos, resulta innecesario la discusión por separado de cada uno de los errores levantados.

      (2) Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 18 de enero de 1985 (1985 Leyes de Puerto Rico 3).

      (3) En White Star Bus Line, Inc. v. Sánchez, 59 D.P.R. 748, 752 (1942), resolvimos que por ser la autorización al Comisionado del Interior —para ordenar que se ocupen las tablillas de cualquier porteador público— una concedida para casos específicos, no era susceptible de extensión y debía interpretarse restrictivamente.

      (4) Véase Exposición de Motivos de la referida Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 6.

      (5) Para un recuento sobre la figura del Fiscal Especial Independiente en otras jurisdicciones, véanse: Comentario, The Independent Counsel Mess, 101 Harv. L. Rev. 105 (1988); A Symposium on Special Prosecutions and the Role of the Independent Counsel, 16 Hofstra L. Rev. 1 (1987); Nota, Validity, Under State Law of Appointment of Independent Special Prosecutor to Handle Political or Controversial Prosecutions or Investigations of Persons Other Than Regular Prosecutor, 84 A.L.R. 3d 29 (1978).

      (6) La conclusión a la que llegamos hace innecesario que nos expresemos sobre la propiedad y procedencia jurídica del “método” utilizado por el P.E.I. para investigar las supuestas irregularidades. El mismo, cuando menos, resulta ser altamente preocupante. Las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Fiscal no se realizan, de ordinario, en “corte abierta”.

      (1) “Sec. khk-3. Influir en jurado u otros

      “Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años, toda persona que intentare influir sobre algún juez, jurado o persona citada o sorteada como tal, o elegida o nombrada como árbitro, o persona autorizada por ley para oír y resolver una cuestión o controversia, por lo que respecta a su veredicto a [sie] decisión en cualquier causa o.procedimiento que se hallare pendiente ante ella o que fuere a ser sometida a su resolución, valiéndose al efecto de algunos de los siguientes medios:
      “(a) Cualquier comunicación, oral o escrita, tenida con dicha persona, excepto en el curso ordinario de los procedimientos.
      “(b) Cualquier libro, papel o documento mostrádole fuera del curso regular de los procedimientos.
      “(e) Cualquier amenaza, intimidación, persuasión o súplica.
      “En cualquiera de las circunstancias anteriores, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años.— Código Penal, 1974, art. 247; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Abraham Torres Figueroa, acusado y apelante.

      Número: CR-87-19

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso permite expresarnos sobre la necesidad de la celebración de una vista, previa y separada del juicio propiamente, bajo las disposiciones de la Regla 9 de las Reglas de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV) en una situación donde se cuestiona la capacidad de un testigo para actuar como tal a la luz de las disposiciones de las Reglas 36 y 37 de las referidas Reglas de Evidencia, 32 L.ER.A. Ap. IV Resolvemos que la celebración o no de dicha vista depende de si el juicio criminal que se celebra es uno por jurado o por tribunal de derecho.

1 — 1

Contra el apelante Abraham Torres Figueroa el Ministerio Público radicó dos pliegos acusatorios ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante los cuales le imputó a éste haber infringido las disposiciones de los Arts. 5 y 8A de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 415 y 418a; consistente la alegada conducta delictiva en haber “poseído” y “transportado” sobre su persona el día 29 de julio de 1986, en jurisdicción de la referida Sala de San Juan, una escopeta de cañón largo cargada sin tener licencia para ello. Habiendo renun-ciado el apelante al derecho constitucional a ser juzgado por un Jurado y luego que testificaran los dos testigos de cargo anuncia-dos como tales al dorso de los pliegos acusatorios —única prueba que desfilara ante el tribunal de instancia— dicho foro declaró al apelante culpable en ambos cargos y sentenció a éste, en grado de reincidencia,( ) a sufrir una pena de veintisiete (27) años de presidio por la infracción al Art. 5, supra, y de treinta (30) años de presidio por la infracción al citado Art. 8A de la Ley de Armas de Puerto Rico.

En el correspondiente recurso de apelación que ante este Tribunal radicara el apelante, éste le imputa al tribunal de instancia haber errado:

A. Al encontrar culpable al acusado en virtud de una prueba que no establece su culpabilidad más allá de duda razonable.

B. Al no permitir, previa objeción de la defensa basada en la Regla 37 de Evidencia, ante, la celebración de una vista informal al amparo de la Regla 9 de Evidencia, ante, para dilucidar la competencia como testigo de la señora Ángela Figueroa Cruz, no obstante haberse ofrecido por la defensa prueba pertinente al respecto.

C. Al no permitir a la defensa impugnar a la principal testigo' de cargo bajo las disposiciones de la Regla 44(B)(3) de las de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV

i — H HH

El primer señalamiento de error es completamente inmeritorio. La prueba de cargo, de ser creída por el juzgador de los hechos, como obviamente lo fue, es suficiente como cuestión de derecho para sostener las convicciones decretadas.

Como primer testigo de cargo declaró la Sra. Angela Figueroa, madre del aquí apelante. Dicha testigo declaró, en síntesis y en lo pertinente, que alrededor de las 7:00 P.M. del día 29 de julio de 1976, encontrándose ella en el balcón de su casa, donde igualmente residía el apelante, pudo observar cuando éste, al bajarse del vehículo de motor en que llegara, llevaba en sus manos un objeto largo que ella no pudo precisar bien qué era; que al preguntarle a éste sobre el mismo, el apelante le informó que era un palo, luego de lo cual éste se dirigió al sótano de la casa, saliendo de dicho lugar sin el objeto con que había llegado. Ella le preguntó a su nuera sobre el objeto en cuestión, informándole ésta que se trataba de una escopeta. La señora Figueroa bajó al sótano donde pudo comprobar que efectivamente allí había una escopeta, la cual no estaba momentos antes de llegar su hijo a la casa. Se dirigió, entonces, a la casa de un familiar desde donde llamó a la Policía de Puerto Rico. Al llegar a su casa el Policía Francisco Torres, ella lo llevó al sótano de su casa, lugar donde el mencionado agente ocupó la escopeta en cuestión. El policía Francisco Torres —con excepción de unas diferencias y contra-dicciones con el testimonio de la señora Figueroa, consistentes las mismas en la existencia o no de una verja y un portón en la residencia de la señora Figueroa— corroboró el testimonio de dicha testigo en cuanto a la llamada telefónica que ésta les hiciera y la ocupación del arma de fuego en controversia en el sótano de la residencia de la señora Figueroa. Identificado satisfactoria-mente el arma y sus “municiones” por los referidos testigos de cargo, dichos objetos fueron admitidos en evidencia por el tribunal de instancia.

Como podemos notar, la frivolidad del primer señalamiento de error —respecto a la suficiencia en sí de la prueba de cargo— es patente y aparente. Dicha prueba establece cumplidamente todos los “elementos de delito” requeridos por los citados Arts. 5 y 8A de la Ley de Armas de Puerto Rico.

HH HH l-H

Luego de que el Ministerio Público llamara a declarar como testigo de cargo a la señora Figueroa y de que ésta prestara el correspondiente juramento y de hacerlo en forma veraz, la representación legal del apelante le expresó al tribunal de instan-cia que objetaba que se le permitiera declarar por razón de que dicha persona no estaba capacitada para actuar como tal a la luz de las disposiciones de la Regla 37 de Evidencia, supra. Afirmó la representación legal del apelante que tenía prueba para demos-trar que la testigo Figueroa había estado desde 1960, “hasta el presente”, recibiendo tratamiento psiquiátrico; que, en relación con la muerte de su esposo, ella fue acusada del delito de asesinato en primer grado, acusación de la cual fue absuelta en el año de 1983 al determinar el tribunal que carecía de capacidad para distinguir entre el bien y el mal, y que por razón de su incapacidad mental le fue nombrado un tutor para administrar los beneficios que recibe de la Administración del Seguro Social federal.

A la luz de lo antes señalado, solicitó la defensa la celebración de una “vista informal” previa, ello alegadamente según exigido por las disposiciones de la Regla 9 de Evidencia, ante. El tribunal de instancia declaró sin lugar la referida solicitud y procedió a escuchar el testimonio de la señora Figueroa. El apelante, me-diante su segundo señalamiento de error, le imputa al foro de instancia haber errado al así actuar.

Las Reglas 36 y 37 de Evidencia vigentes, ante, establecen que:

Regla 36.>-Competencia

Toda persona es apta para ser testigo, salvo disposición en contrario en estas reglas o en alguna disposición de ley.

Regla 37. Descalificación de testigos

Una persona no podrá servir como testigo si el tribunal deter-mina que ella es incapaz de expresarse en relación al asunto sobre el cual declararía, en forma tal que pueda ser entendida, bien por sí misma o mediante intérprete, o que ella es incapaz de comprender la obligación de un testigo de decir la verdad.

Dichas disposiciones legales son el resultado de una tendencia moderna, en prácticamente todas las jurisdicciones, de eliminar las reglas tradicionales —vigentes en el Derecho Común— de incapacidad testifical o de descalificación de testigos por el mero hecho de pertenecer a un “grupo” de personas en particular. 3 Weinstein’s Evidence Sec. 601[03] (1990); 3A Wigmore on Evidence Sec. 931 (1970). En nuestra jurisdicción, la vieja y obsoleta doctrina a esos efectos surgía de las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual establecía criterios de descalificación para testificar. En lo pertinente al caso de autos, dicho código establecía que no podían ser testigos quienes “no estuvieren en su juicio cabal al presentarse a examen”. Art. 401' del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A. sec. 1733).

La transcrita Regla 36 de Evidencia, ante, varió totalmente dicho enfoque, estableciendo una regla general de capacidad para ser testigo. Como expresa, al discutir las Reglas 36 y 37 de Evidencia, ante, el Prof. Ernesto L. Chiesa:()

Regla 36 y 37 — Competencia [y Descalificación de Testigos]

Las reglas tradicionales de descualificación de testigos o de incapacidad para testificar están hoy en franca decadencia. Como leemos en McCormick, “. . . today most of the former grounds for excluding a witness altogether have been converted into mere grounds for impeaching his credibility” (Sec. 61, pág. 134, ed. 1972). La regia 36 sigue este enfoque. Se establece una regla general de capacidad para ser testigo. La próxima regla establece una excepción general, a la que luego dirigiremos nuestra atención.
Las “causales” o fundamentos para la incapacidad testifical usualmente reconocidos en el common law o en estatutos son las siguientes:
1. incapacidad mental
2. inmadurez o infancia
3. convicción por ciertos delitos
4. parte o persona con interés en el resultado del pleito
5. marido y mujer
6. juez y jurado
7. creencias religiosas
Hoy día éstos son solamente factores pertinentes a los fines de la impugnación de testigos, salvo lo dispuesto en las reglas 41,42 y 27 con relación a jueces y jurados como testigos, y al privilegio entre los cónyuges. El enfoque actual no es si, de suyo, determinada condición mental o física constituye un impedimento absoluto para ocupar la silla testifical. Se trata, más bien, de si en el momento de prestar la declaración tal condición constituye un obstáculo para el propósito que anima todo el derecho probatorio: la búsqueda de la verdad. Bajo la regla 37, la condición o defecto del testigo sólo tendrá efecto de incapacidad si, con relación al asunto sobre el cual declararía, no puede prestar testimonio inteligible o confiable.
Vamos a considerar someramente los indicadores, por así decirlo, de incapacidad.
1) incapacidad mental
La ley anterior disponía que no podía ser testigo quien no estuviere en su juicio cabal al presentarse a examen (32 L.ER.A. see. 1733). En tiempos remotos los “locos" no podían declarar hasta que se probara su capacidad. Hoy día la presunción es de cordura. La presunción de incapacidad testifical se extendía a los “idiotas”, “lunáticos” y hasta a los sordo-mudos. Véase Wigmore, See. 498. Bajo nuestras reglas 36 y 37, toda persona se presume con capacidad para testificar. Quien pretenda impedir que alguien declare, por razón de incapacidad, debe establecer que tal persona no puede expresarse —por sí o mediante intérprete— de modo que pueda ser entendida, o no entiende su obligación de decir la verdad. Así lo exige la regla 37. Por supuesto, en casos de locura crasa, será muy fácil persuadir al tribunal de que la persona no cualifica. Bajo la regla 37 el tribunal debe atender a criterios generales de confiabilidad, teniendo en mente los factores cruciales de percep-ción, memoria y narración a que alude la regla ü(B)(3). Si el testigo tenía capacidad para percibir los hechos, recordarlos y luego narrarlos inteligiblemente en corte, debe permitirse su declaración, salvo que el tribunal estime que el testigo no entiende la seriedad de un procedimiento judicial, que no entiende su obligación de decir la verdad. El hecho de que el testigo hubiera estado loco o hubiera sido declarado judicialmente incapaz no lo excluye, de suyo, según las reglas 36 y 37. En la jurisdicción federal, el caso de United States v. Benn, 476 F.2d 1127 (D.C. Cir. 1973) ilustra esta norma .... (Escolios omitidos, énfasis suplido y en el original.)

La jurisprudencia federal y estatal norteamericana reiteradamente ha concluido que la incapacidad mental no descalifica a una persona para servir de testigo. United States v. ODOM, 736 F.2d 104, 112-113 (4to Cir. 1984); United States v. Gutman, 725 F.2d 417 (7mo Cir. 1984), cert. denegado, 83 L.Ed. 2d 183 (1984); Batchelor v. Cupp, 693 F.2d 859, 865 (9no Cir. 1982), cert. denegado, 77 L.Ed.2d 1395 (1983); United States v. Martino, 648 F.2d 367, 384-385 (5to Cir. 1981); Kaelin v. State, 410 S.2d 1355 (Fla. App. 1982). Específicamente se ha decidido que no constituye error del tribunal de instancia denegar una moción para un examen psiquiátrico previo de un testigo del Ministerio Público. United States v. Martino, supra; United States v. Gutman, supra; United States v. Brown, 770 F.2d 768, 770 (9no Cir. 1985), cert. denegado, 474 U.S. 1036 (1985); State v. Piskorski, 419 A.2d 866 (Conn. 1979); Schleiss v. State, 239 N.W.2d 68 (Wis. 1976). En relación con los hechos específicos que plantea el caso de autos, resulta de particular importancia destacar que en estas jurisdicciones se ha resuelto que el hecho de que un testigo haya sido judicialmente declarado incapaz —habiéndosele nombrado un tutor (guardian)— de por sí no lo descalifica para servir como testigo. Boyd v. Edwards, 446 N.E.2d 1151 (Ohio App. 1982). Asimismo se ha resuelto que un testigo que ha levantado la defensa de insanidad mental en un caso anterior, no está impedido de declarar en un procedimiento judicial posterior ni se requiere un examen psiquiátrico del testigo, previo a su testimonio en corte. United States v. Haro, 573 F.2d 661, 666-667 (10mo Cir. 1978).

En consecuencia, forzosa resulta ser la conclusión de que los hechos alegados por la defensa —esto es, que la señora Figueroa hubiera estado, y estuviera, recibiendo tratamiento psiquiátrico; que hubiera sido absuelta por un tribunal de un delito por razón de incapacidad mental, y que hubiera sido declarada incapaz a los fines de administrar los beneficios de seguro social que recibe— no la incapacitan de por sí para actuar como testigo en un caso en particular.( )

No estando excluida, de suyo, la señora Figueroa para actuar como testigo, ¿venía obligado —como sostiene el apelante— el tribunal de instancia por mandato de la Regla 9 de Evidencia, ante, a celebrar una vista previa y separada del juicio en sí con el propósito de determinar si la señora Figueroa era o no una testigo “capaz”, esto es, que ella entendía, o estaba consciente de su obligación de decir la verdad? Dados los hechos particulares del caso ante nuestra consideración, entendemos que no. Veamos por qué.

La citada Regla 9 de Evidencia, ante, establece, en lo perti-nente, que:

Regla 9. Determinaciones Preliminares a la Admisibilidad de Evidencia
(A) Cuestiones preliminares en relación a la capacidad de una persona para ser testigo, la existencia de un privilegio o la admisibilidad de evidencia serán determinadas por el tribunal sujeto a lo dispuesto en el inciso (B) de esta regla. Al hacer tales determinaciones, el tribunal no queda obligado por las Reglas de Evidencia, excepto aquellas relativas a privilegios.
(B) Cuando la pertinencia de evidencia ofrecida depende de que se satisfaga una condición de hecho, el tribunal la admitirá al presentarse evidencia suficiente para sostener la conclusión de que la condición ha sido satisfecha; el tribunal puede también admitir la evidencia sujeto a la presentación posterior de la evidencia suficiente para sostener la conclusión de que la condición ha sido satisfecha. (Énfasis suplido.)

Sobre este aspecto, nuevamente nos ilustra el profesor Chiesa:()

Regla 9. Determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia
El “testimonio de base” —foundation testimony— no está regulado en nuestra Ley de Evidencia derogada, Código de Enjui-ciamiento Civil. Se trata aquí de la determinación preliminar a la admisibilidad de evidencia. Tal determinación preliminar es nece-saria en virtud de que la admisibilidad de determinada evidencia está frecuentemente condicionada a que se satisfaga una condición de hecho. Así, por ejemplo, el testimonio o declaración en corte de un testigo X puede estar condicionado, en cuanto a admisibilidad, por:
1. si X es un perito, pues su declaración es en la forma de opinión pericial
2. si Y está disponible como testigo, pues la declaración de X versa sobre lo que dijo Y
3. si X tiene conocimiento personal sobre la materia objeto de la declaración
4. si X no está incapacitado para servir como testigo
5. si existe un privilegio en virtud del cual la materia —objeto de declaración de X— es privilegiada
6. si la confesión de un acusado —objeto de la declaración de X— fue voluntaria
7. si la declaración de Y —sobre la cual versa la declaración de X— fue en inminente creencia de muerte.
Podríamos enumerar muchas otras, pero basta con estos ejem-plos. En todo caso, la admisibilidad de evidencia va a quedar condicionada a que se satisfaga una condición. La determinación de si se ha establecido la “condición” ha de hacerla el juez. Este, aun en casos ante jurado, actuará como el juzgador de hechos. Ello es así porque en tal determinación están involucrados unos “standards legales” que son, más bien, cuestiones de derecho. Sin embargo no puede negarse que el juez, al hacer esta determinación preliminar a la admisibilidad de evidencia, está actuando como juzgador de hechos. La primera interrogante es la siguiente: ¿deben ser de aplicación las reglas de evidencia para la determi-nación de una cuestión preliminar a la admisibilidad? Las autoridades están divididas en torno a este asunto. Abase de que las reglas de evidencia, en buena medida, son instrumentos para hallar la verdad en casos ante jurado y considerando que la determinación preliminar es hecha por el juez y no por el jurado, se estima que las reglas de evidencia no deben ser de aplicación, al menos estricta-mente. Por otra parte, se caería en un razonamiento circular si se exigiese en todo caso la aplicación de las reglas de evidencia. Así, por ejemplo, si la determinación preliminar es la capacidad de un niño para declarar y cuando el niño declara para que el juez haga la determinación preliminar de capacidad se objetara a ello a base de que el niño no tiene capacidad para declarar, se caería en un círculo vicioso del cual sólo podría salirse adjudicando la capaci-dad del niño sin considerar el examen de éste, lo cual es irrazo-nable. Hay quienes sostienen que no debe haber más limitación que la pertinencia. . . .
Una segunda interrogante es la siguiente: iqué standard de suficiencia legal va a gobernar la determinación preliminar? Siguiendo el lenguaje usado en U.S. v. Herrera, 407 F. Supp. 766, 771 (1975), “the preliminary issue need not be resolved by the court as judge of the law beyond a reasonable doubt, or for that matter, by a preponderance of the evidence. All that is required is substantial evidence from which a reasonable mind could infer the existence of the preliminary fact.” En ese caso se trataba de la interpretación de la regla 104 de las reglas federales en relación a admisibilidad de manifestaciones de un co-conspirador. El inciso B de la regla se refiere a “evidencia suficiente para sostener la conclusión de que la condición ha sido satisfecha”; [e]se es el standard de suficiencia necesario para las determinaciones preliminares a la admisibilidad. (Enfasis suplido y en el original.)

En virtud de todo lo antes expuesto, resulta meridianamente claro que la admisibilidad del testimonio de la señora Figueroa estaba sujeta a la condición de que quedara demostrado, mediante evidencia sustancial y a satisfacción del tribunal, que su testimonio era uno confiable —esto es, que ella era capaz de percibir unos hechos, recordarlos y relatarlos en forma coherente e inteligente— y que dicha testigo era una que entendía la seriedad de un procedimiento judicial.

En relación con esta clase de situaciones, la citada Regla 9 de Evidencia hace necesario que en los juicios por jurado —donde el juez que preside los procedimientos no es el que va a determinar la culpabilidad o inocencia del imputado de delito y donde hay que evitar, en lo posible, que el jurado entre en contacto con prueba inadmisible— se celebre una vista previa en ausencia del jurado, luego de la cual el juez que preside los procedimientos viene en la obligación de hacer una determinación preliminar sobre la “capacidad” del testigo, determinación de la cual depende si posteriormente el jurado va a recibir o no el testimonio de ese testigo.

Las disposiciones de la citada Regla 9 de Evidencia, sin embargo, no deben ser interpretadas de igual forma cuando nos enfrentamos a la situación de un juicio por tribunal de derecho. Ello nos llevaría a un absurdo, por cuanto se daría la situación de la celebración de dos vistas ante el mismo “juzgador de hechos”. Es por ello que rechazamos el señalamiento de la representación legal del apelante a los efectos de que erró el foro de instancia en el presente caso al no celebrar una “vista informal”, separada del juicio propiamente, respecto a su alegación de que la señora Figueroa era una testigo incapaz.

En el presente caso, el juez de instancia escuchó y vio declarar a la señora Figueroa durante el interrogatorio directo que le hiciera el fiscal y durante el contrainterrogatorio a que la sometió la defensa. ¿Qué mejor oportunidad puede tener un tribunal para poder apreciar la capacidad de un testigo para percibir, recordar y relatar coherentemente los hechos en un caso? Luego de haberla observado declarar, el juez de instancia —aun cuando no lo hiciera constar expresamente— obviamente entendió que dicha testigo era una “capaz”.

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Mediante el tercer señalamiento de error, sostiene el apelante que erró el foro de instancia al no permitirle a la defensa impugnar a la principal testigo de cargo (la señora Figueroa) bajo las disposiciones de la Regla 44(B)(3) de las de Evidencia.

Un examen de la exposición narrativa de la prueba demuestra que dicho señalamiento se hace respecto a un solo incidente, ocurrido el mismo durante el contrainterrogatorio de la referida testigo por parte de la defensa. El tribunal de instancia no le permitió a la defensa, ante una objeción del Ministerio Fiscal, que hiciera una pregunta, cual fue si la testigo recordaba “haber sido acusada por la muerte de su esposo acaecida el día 2 de enero de 1983 y haber presentado en el juicio la defensa de locura”.() La defensa argumentó que tenía derecho a hacer dicha pregunta, pues pretendía impugnar la capacidad de la testigo.

Como podemos notar, la pregunta objetada y no permitida por el tribunal de instancia —la cual se hizo al final del contrainte-rrogatorio— se refería al mismo asunto que planteara la defensa antes de comenzar la testigo a declarar, el cual ya fue objeto de discusión en la Parte III de la presente ponencia.

No hay duda que la Regla 44(B)(3) de Evidencia dispone, en lo pertinente, que:

Regla l¡,lp. Credibilidad e impugnación de testigos
(B) Medios de impugnación. La credibilidad de un testigo podrá ser impugnada o sostenida mediante cualquier evidencia pertinente al asunto de su credibilidad, es decir, a la veracidad o mendacidad, incluyendo los siguientes aspectos:
(3) Grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre el cual declara. 32 L.ER.A. Ap. IV

En las circunstancias del caso, las cuales ya hemos discutido, el error —de haber sido cometido— resulta completamente inocuo. Como expresáramos anteriormente, el tribunal de instan-cia tuvo amplia oportunidad de cerciorarse si la testigo Rodríguez tenía la “capacidad para percibir los hechos, recordar-los: y luego narrarlos inteligiblemente”. Chiesa, op. cit. Así efectivamente lo resolvió en la afirmativa. Ante esa situación la pregunta objetada y no permitida por el tribunal resultaba superflua.

Por los fundamentos antes expuestos, procede la confirma-ción de las sentencias apeladas,

      (1) El Ministerio Público había alegado en las acusaciones radicadas que, con anterioridad a los hechos imputados, el aquí apelante había sido previamente convicto y sentenciado por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en relación con los delitos de robo e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, sentencias que eran “finales y firmes”; alegación que aceptó el apelante.

      (2) E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. 1, págs. 153-154.

      (3) Expresamente así lo reconoció el Comité Asesor de las Reglas de Evidencia de 1979: “. . . Así, pues, el estado mental debe considerarse mayormente en cuanto a valor probatorio y credibilidad de un testigo, que en cuanto a su incapacidad total para declarar.” 32 L.ER.A. Ap. Ig R.37, comentario oficial.

      (4) Chiesa, op. cit, págs. 14-16.

      (5) Véase la pág. 7 de la Exposición Narrativa de la Prueba.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Osvaldo Medina Lugo, acusado y apelante.

      Número: CR-87-49

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Enrique Rivera Mendoza, Carmen Ana Rodríguez Maldonado y Cán-dida Valdespino, abogados del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante Osvaldo Medina Lugo, luego de ser declarado culpable y convicto del delito de fuga() por el Jurado que intervino en el proceso que se le celebrara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, fue sentenciado a sufrir una pena de presidio de quince (15) afios,() a ser cumplida la misma en forma consecutiva con cualquier otra sentencia que en dicho momento pesara sobre su persona.

En el recurso de apelación que ante este Tribunal oportuna-mente radicara, le imputa al foro de instancia la supuesta comisión de dos errores, a saber:

1. Erró el juzgador de los hechos al emitir un veredicto de culpabilidad cuando la prueba desfilada estableció un estado de necesidad e intimidación que obligó al apelante a evadirse de la institución.
2. Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal, al leerle al jurado las convicciones anteriores del apelante, no obstante haberse aceptadas [sic] por la defensa y estipuladas las mismas en ausencia del jurado. Alegato del apelante, pág. 11.

l-H

La prueba de cargo demostró más allá de duda razonable que el apelante Medina Lugo —quien hasta el día 20 de febrero de 1986 se encontraba extinguiendo en la Cárcel de Guayama varias condenas que le habían sido impuestas al ser encontrado culpable del delito de robo y otros delitos relacionados— arrivó en dicho día, en traslado, al Campamento Penal Punta Lima,( ) de donde se evadió, en unión a otros tres reclusos, el día 25 de febrero de 1986; esto es, a los cinco días de haber allí ingresado. Días más tarde, y en atención a unas gestiones realizadas por un familiar suyo con un ejecutivo de la Administración de Corrección, el apelante se entregó voluntariamente a personal de dicha depen-dencia gubernamental.

Conforme surge de los señalamientos de error antes transcritos, el apelante realmente no cuestiona el hecho de que efectivamente él se encontrara legalmente bajo custodia en el Campamento Punta Lima el día 25 de febrero de 1986; ni el hecho de que él efectivamente se evadiera de dicha institución penal; como tampoco cuestiona la suficiencia de la prueba de cargo a esos efectos presentada por el Estado.

I — I I — H

El apelante, mediante su primer señalamiento de error, alega que la prueba de defensa que él presentara durante el juicio celebrado —la cual, obviamente, no fue creída por los señores del Jurado— demuestra que su fuga del Campamento Punta Lima se debió a amenazas de recibir grave daño corporal que él había recibido de parte de funcionarios de la Administración de Correc-ción; esto es, a “un estado de necesidad”, lo cual lo exonera de la comisión del delito que se le imputara. En otras palabras, el apelante sostiene que a la situación de hechos ante nuestra consideración le aplican las disposiciones de los Arts. 23 y 25 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 3096 y 3098.() No tiene razón.

Hace más de un siglo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en United States v. Kirby, 74 U.S. 482, 487 (1868), señaló, en relación a un convicto que escapó de la prisión debido a un fuego, que éste no debía ser responsable ante la ley: “he is not to be hanged because he would not stay to be burnt.” Bajo este razonamiento varios tribunales comenzaron a condonar la fuga de un convicto cuando éste se veía en la necesidad ele escapar ante la inminencia de un peligro en la prisión. Véanse: T.J. Goger, Duress, Necessity or Conditions of Confinement as Justification for Escape from Prison, 69 A.L.R.3d 678 (1976); Gardner, The Defense of Necessity and The Right to Escape from Prison, 49 S. Cal. L. Rev. 110 (1975); Wharton’s, Criminal Law Sec. 673 (14ta ed. 1981).

A tenor con este desarrollo doctrinal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en United States v. Bailey, 444 U.S. 394 (1980), reconoció la disponibilidad de las defensas de intimidación y estado de necesidad en casos de fuga y estableció los requisitos necesarios para que un convicto pudiera invocarlas favorable-mente. Los criterios adoptados en United States v. Bailey, ante, han sido incorporados en numerosas jurisdicciones. Véanse: State v. Garafola, 545 A.2d 257 (N.J. Sup. L. 1988); Buckley v. City of Falls Church, 371 S.E.2d 827 (Va. App. 1988); Davis v. State, 763 P.2d 109 (Okla. Cr. 1988); State v. Martínez, 781 P.2d 306 (N.W App. 1989); U.S. v. Shakur, 817 F.2d 189, 199 (2do Cir. 1987); United States v. Gant, 691 F.2d 1159, 1161 (5to Cir. 1982); United States v. Snow, 670 F.2d 749 (7mo Cir. 1982); United States v. Williams, 791 F.2d 1383, 1388 (9no Cir. 1986).

En Pueblo v. Morales Roque, 113 D.P.R. 876 (1983), este Tribunal se enfrentó, por primera ocasión, a la defensa de “estado de necesidad” en relación con una acusación por el delito de fuga. En dicho caso, el allí apelante, mientras se encontraba cumpliendo una condena por delito grave, se evadió de una institución penal, trasladándose a Estados Unidos, donde fue arrestado tres años más tarde. Durante el juicio que se le celebrara —por tribunal de derecho— alegó que semanas antes de evadirse, fue víctima en la institución penal de un atentado de asesinato por otro recluso, quien al no lograrlo manifestó lo mataría en el futuro. Ello lo forzó, según su declaración, a evadirse de la institución al no lograr comunicación, y cooperación, de las autoridades de la institución.

Luego de hacer un recuento de la evolución de la doctrina pertinente a la materia, señalamos en el citado caso de Pueblo v. Morales Roque, ante, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en United States v. Bailey, ante, había establecido, por decisión mayoritaria, que las defensas de intimidación y estado de necesidad son invocables en casos de faga si se cumple con tres requisitos, a saber: (1) el evadido debe probar la inminencia de la amenaza; (2) debe probar, asimismo, que su fuga era la única alternativa razonable disponible, y (3) debe justificar también la continuación de su estado de fuga.( )

Expresamos, en adición, en el mencionado caso de Pueblo v. Morales Roque, ante, pág. 881, que la diferencia fundamental que separaba a los Jueces de dicho Tribunal que suscribieron la opinión mayoritaria en el caso de United States v. Bailey, ante, de los Jueces disidentes, era que los primeros entendían que “antes de poder reclamar instrucciones al Jurado sobre las referidas defensas, el fugado tiene que demostrar que hizo un esfuerzo bonafide por entregarse o retornar a custodia tan pronto como la intimidación o el estado de necesidad perdió su fuerza coercitiva”, mientras que la Minoría sostenía que “le correspondía al Jurado determinar si las condiciones existentes justificaban la ausencia continuada del penado”.

Luego de señalar lo antes reseñado, este Tribunal, en el citado caso de Pueblo v. Morales Roque, pág. 882, expresó que:

Resolvemos que la defensa de intimidación es invocable en Puerto Rico en casos de fuga bajo determinadas condiciones. Ya que el caso de autos se ventiló ante tribunal de derecho, es improcedente que nos pronunciemos aquí sobre el papel del Jurado en este tipo de situación. Basta con señalar que el apelante en esta causa no presentó prueba de ningún género para justificar la continuación de su estado de fuga por tres años, hasta el momento de su arresto. La defensa de intimidación se desploma en tales circunstancias. (En-fasis suplido.)

Como podemos notar, aun cuando establecimos, de manera incuestionable, que un recluso que se evade de una institución penal y permanece evadido por un periodo prolongado de tiempo no puede reclamar con éxito, en el proceso que se le celebre por el delito de fuga, la defensa de intimidación o estado de necesidad, no especificamos, en el citado caso de Pueblo v. Morales Roque, ante, cuáles eran las “determinadas condiciones” bajo las cuales un acusado del delito de fuga puede exitosamente invocar en nuestra jurisdicción la “defensa de intimidación” en un caso donde se le imputa haberse evadido de una institución penal.

Ratificamos en el día de hoy lo resuelto en el antes mencio-nado caso de Pueblo v. Morales Roque, a los efectos de que la defensa de intimidación es invocable en nuestra jurisdicción, en procesos criminales donde se le impute a un recluso haber violado las disposiciones del Art. 232 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.ER.A. see. 4428. Resolvemos afirmativamente, en adición, que el imputado de delito viene en la obligación de presentar prueba respecto a, cuando menos, los tres requisitos exigidos por el caso de United States v. Bailey, ante.() En cuanto al punto que dividió a los integrantes del Tribunal Supremo federal en el caso de United States v. Bailey, ante —esto es, si el imputado de delito en un caso por jurado tiene o no que demostrar que “hizo un esfuerzo bonafide por entregarse o retornar a custodia tan pronto como la intimidación o el estado de necesidad perdió su fuerza coercitiva” (Pueblo v. Morales Roque, ante, pág. 881)— somos del criterio que el mismo está inmerso en el tercero de los requisitos, esto es, que el imputado debe justificar la continuación de su estado de fuga; razón por la cual consideramos innecesario expresarnos respecto a dicha controversia.

A la luz de lo antes expuesto, resulta obvio que en el caso ante nuestra consideración el apelante Medina Lugo no estableció, en forma satisfactoria, los tres requisitos antes mencionados. Con-forme el testimonio que él prestara durante el proceso que se celebrara a nivel de instancia, las amenazas “serias” a su vida de que alegadamente había sido objeto le fueron supuestamente hechas por personal de la Administración de Corrección mientras él se encontraba recluido en la Cárcel de Guayama, y no en el Campamento Penal Punta Lima de donde se evadió, lo que elimina de raíz el primero de los tres requisitos. Por otro lado, el apelante tampoco demostró que el evadirse era su única alterna-tiva, incumpliendo así con el segundo de los requisitos exigidos. Únicamente reportó las alegadas amenazas, por carta, a varios políticos y a una organización sobre derechos civiles en Estados Unidos. En otras palabras, no le dio notificación ni oportunidad alguna a las autoridades locales correspondientes para que éstas pudieran actuar al respecto. Por último, a pesar de que el apelante no estuvo evadido por un período prolongado de tiempo, éste tampoco justificó la continuación de su estado de fuga. Conforme su testimonio, estuvo “paseando” por varios pueblos de la Isla, sosteniendo relaciones amorosas con varias amigas.

I — I h-1 I — I

Mediante su segundo señalamiento de error, el apelante Medina Lugo le imputa al foro de instancia haber errado “al leerle al jurado [sus] convicciones anteriores” (Alegato del apelante, pág. 11) no obstante haberse aceptado y estipulado éstas por la defensa en ausencia del Jurado.

El señalamiento de error se refiere al hecho de que el tribunal de instancia permitió que fuera a conocimiento del Jurado las convicciones por las cuales había sido anteriormente convicto el apelante y que 'precisamente eran la causa de estar recluido en una institución penal al momento de evadirse de la misma.( )

De entrada debe señalarse que, en una acusación en que se le imputa a una persona haber violado las disposiciones del Art. 232 del Código Penal de Puerto Rico, ante, esto es, haberse evadido mientras se encontraba legalmente recluido en una institución penal extinguiendo sentencias que le habían sido impuestas, dichas convicciones anteriores forman parte integrante, y constituyen un elemento necesario, del delito de fuga que el Estado viene no sólo en la obligación de alegar en el pliego acusatorio sino que tiene que probar durante el juicio como cualquier otro elemento de dicho delito. Véanse: Regla 48 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 (34 L.P.R.A. Ap. IV); Rivera v. Delgado, 82 D.P.R. 692, 694-695 (1961). Es por ello que, de ordinario y como regla general, no puede constituir error que cause la revocación de una convicción por el delito de fuga el hecho de que el juzgador de los hechos haya advenido en conocimiento de dicha información.

Ahora bien, no hay duda que la información sobre esas convicciones puede influenciar, o impresionar, indebidamente a los señores del Jurado; sobre todo, cuando se trata de delitos graves que resultan, por su naturaleza, repulsivos al ciudadano común y corriente. Es por ello que, en situaciones en que la defensa acepta que el acusado efectivamente fue convicto por esos delitos y que en consecuencia se encontraba, al momento de evadirse, legalmente bajo custodia, somos del criterio que el tribunal debe evitar —al igual que en las situaciones en que se alega reincidencia por el Estado y el acusado acepta haber sido efectivamente convicto anteriormente — () que la información sobre las convicciones pase al Jurado. Simplemente puede informarles que el acusado ha sido convicto por “X” delitos graves, situación que él acepta, y que en consecuencia se entiende probado el hecho de que él efectivamente se encontraba bajo custodia legal al momento que el Estado alega que él se evadió de la institución penal. Por ese medio se garantiza tanto el derecho del Estado a probar su caso como el derecho a un juicio justo e imparcial de parte del acusado.

En el presente caso, como hemos visto, el apelante alega que, no obstante él haber aceptado dichas convicciones, el tribunal permitió que dicha información pasara al Jurado. No tiene razón. Aparte del hecho que dicho planteamiento es uno de “primera impresión”, por lo que el tribunal de instancia carecía de guías al efecto al momento de la celebración del juicio a nivel de instancia, surge de la exposición narrativa de la prueba() que la represen-tación legal de la defensa no sólo aceptó las convicciones previas sino que estipuló la admisibilidad en evidencia de las referidas convicciones. ()

Siendo ello así y surgiendo de un análisis sereno y desapasio-nado de la prueba que no existe razón alguna para intervenir, a nivel apelativo, con la apreciación y adjudicación que de la prueba presentada hizo el juzgador de los hechos, Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986), se deberá dictar sentencia confirmatoria.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton concurren con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Art. 232 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4428.

      (2) Conforme surge de la “minuta” que recoge los procedimientos acaecidos a nivel de instancia el día 4 de noviembre de 1986, el Ministerio Público “enmendó” en corte abierta el pliego acusatorio radicado con el propósito de alegar “reincidencia” por razón de haber sido convicto el apelante, con anterioridad a la comisión de los hechos que se le imputaban, del delito —entre otros— de fuga. Art. 232 del Código Penal, ante.

      (3) Localizado el mismo en el pueblo de Naguabo, Puerto Rico.

      (4) El Art. 23 del Código Penal, 33 L.P R.A. see. 3096, define así la defensa del estado de necesidad:
      “No incurre en responsabilidad el que para proteger cualquier derecho propio o ajeno de un peligro inminente, por él no provocado y de otra manera inevitable causa un daño en los bienes jurídicos de otro siempre que no haya desproporción entre el daño causado y el daño que se evita.
      “Esta eximente no beneficiará a quien por razón de su cargo, oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus consecuencias.”
      El Art. 25 (33 L.PR.A. sec. 3098), trata de la defensa de intimidación:
      “No incurre en responsabilidad el que obra compelido por intimidación o violencia.
      “a) Por la amenaza de un peligro grave e inminente siempre que exita racional proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado; o
      “b) Por una fuerza física irresistible.
      “El concepto de violencia en esta sección comprende también el empleo de medios hipnóticos, sustancias narcóticas, deprimentes o estimulantes, u otros medios, o sustancias similares.
      “En los casos previstos en esta sección será responsable del hecho delictuoso el que haya compelido a realizarlo.”

      (5) Antes de que el Tribunal Supremo federal resolviera el caso de United States v. Bailey, 444 U.S. 394 (1980), otras jurisdicciones estatales habían exigido la concurrencia de cinco (5) requisitos o condiciones para que se pudiera invocar la defensa de intimidación o estado de necesidad en un caso de fuga, a saber: (1) el prisionero tenía que enfrentarse a una amenaza específica de muerte, ataque sexual forzado o daño sustancial corporal en el futuro inmediato; (2) no había tiempo para quejarse a las autoridades o existía un historial de quejas inútiles; (3) no había tiempo u ocasión de acudir a los tribunales; (4) no había prueba del empleo de violencia contra el personal de la institución penal u otros terceros, y (5) el prisionero se presentaba a las autoridades debidas tan pronto estaba a salvo de la amenaza inmediata. Véase People v. Lovercamp, 118 Cal. Rptr. 110 (1975).

      (6) Somos del criterio que los cinco requisitos exigidos en otras jurisdicciones —enunciados en el esc. 5, ante— son excesivamente gravosos.

      (7) Dichas convicciones se referían a los siguientes casos: Robo y Apropiación Ilegal Agravada; Tentativa de Homicidio; Infracción a la Ley de Sustancias Controladas de ER., e infracción al Art. 232, ante, del Código Penal (fuga).

      (8) Véanse: Regla 68 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 (34 L.P.R.A. Ap. IV); Rivera Rivera v. Jefe Penitenciaría, 99 D.P.R. 81, 82-84 (1970); Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 517 (1961).

      (9) Dicha exposición narrativa de la prueba fue preparada por la defensa y certificada como correcta por el foro de instancia.

      (10) Véase pág. 1 de la Exposición Narrativa de la Prueba.