author: El Juez Asociado Sr. MacLeaet

text:
    Dapena v. Sucesión Dominicci.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 98.
    Resuelto en febrero 14, 1907.
    Alegaciones — Casos en que la Parte Demandada Sea una Sucesión — Obliga-ciones — Aceptación de la I-Iebencia. — Cuando la demanda se dirija contra una sucesión, deberá expresarse el nombre de cada uno de los herederos, ó darse alguna razón que justifique la omisión de dicho requisito, y si se trata de exigir el cumplimiento de una obligación contraída por el causante, deberá expresarse así mismo si los herederos recibieron herencia alguna del causante, y en caso afirmativo, si ha sido ó no á beneficio de inventario, y á falta de tal obligación, habrá de presumirse que los herederos aceptaron la 'herencia pura y simplemente, y si la aceptación fué á beneficio de inventario, deberá alegarse como materia de defensa.
    Id. — Excepción 'Previa. — Una demanda que contenga en sus alegaciones las defi-ciencias que se observan en la de autos, y á que se refiere el párrafo anterior, será, no obstante, suficiente si no se hubiere interpuesto contra ella excepción previa especial ó general.
    Mandato — Mandatario.—Impugnóse en el caso de autos la facultad de un man-datario para otorgar un pagaré en nombre de su mandante, con un poder en que se le autorizaba para administrar, dirigir y gobernar todos los bienes, derechos y acciones de su poderdante y los que en lo sucesivo pueda adquirir, atendiendo á su conservación y fomento, arrendándolos y ejecutando todos los actos propios de un celoso y entendido administrador, debiendo pagar las cargas, contribuciones, etc., y los sueldos y salarios de los peones y criados, confiriéndosele el poder más amplio y eficaz para que en todo lo referido, sus incidencias y dependencias, haga y practique sin limitación alguna, todo cuanto personalmente haría el otorgante. Se resolvió que aunque la facultad para tomar dinero á préstamo y otorgar pagarés como garantía de la deuda y en pago de efectos adquiridos, no le había sido expresamente conferida, estaba necesariamente incluida en las facultades que se le otorgaran para la administración general y gobierno de las propiedades del mandante.
    (Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: 6V. Dapena.

    Abogado de los apelados: Sres. Boerman y Llorens.

   El Juez Asociado Sr. MacLeaet

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna demanda entablada con motivo de nn pagaré por mil ciento' cincuenta y dos pesos setenta y ocho centavos, moneda corriente provincial. Dicho pagaré fué otorgado en 30 de octubre de 1897 y venció el 31 de diciembre del mismo año. La demanda fné presentada en 26 de mayo de 1906, y dice lo que sigue:

£ÍE1 demandante ante la corte comparece y alega:
“1. Que Don Juan Antonio Dominicci y Santi, vecino que fné del pueblo de Guayanilla, y mayor de edad,- otorgó en 30 de octubre del año 1897, á vencer el 31 de diciembre del mismo año, un pagaré á favor y orden de Don Luís Roig y Labros, por la suma de mil ciento cincuenta y dos pesos, setenta y ocho centavos, moneda corriente provincial, procedente de efectivo y provisiones facilitádole al deudor, para refacción de sus fincas agrícolas; estipulándose el interés del doce por ciento en caso de mora.
“2. Que diclio pagaré no fué satisfecho á su vencimiento, ni pos-teriormente, permaneciendo aún insoluto en su totalidad.
“3. Que el Sr. Roig y Labros trasmitió la propiedad de dicho pagaré al demandante Don Ramón Dapena, por valor recibido del mismo en 20 de mayo de 1906.
“4. Que el deudor Sr. Dominicci y Santi, falleció dejando como herederos á sus hijos, los demandados arriba mencionados, y á otros, cuyos nombres y residencia ignora el demandante, á pesar de ges-tiones practicadas al efecto.
“Por lo tanto, á la Honorable Corte suplica que, previos los trá-mites de ley, se sirva dictar sentencia, condenando á los demandados á pagar al demandante la cantidad de $1152.78, pesos moneda provincial, importe de la obligación, $1164.53 dollars de intereses, y las cos-tas del pleito; formando capital é intereses, en oro americano, la suma de mil trescientos noventa dollars treinta y ocho centavos. Ponce, mayo 26 de 1906. — Ramón Dapena.”

La contestación fue presentada el 5 de julio de 1906, y dice lo siguiente:

“Ante el Hon. Juez de la corte, los demandados, por medio de sus abogados que suscriben, comparecen y contestan la demanda en la siguiente forma:
“Negamos totalmente los hechos alegados en los apartados 1, 2 y 3 de la demanda que ahora contestamos; y solamente aceptamos como cierto lo contenido en el apartado 4 de dicho escrito con la adición de que Don Juan Antonio Dominicci no fué nunca deudor del deman-dante, ni de su cedente Don Luís Roig, por cuya razón tampoco son deudores sus herederos, los actuales demandados.
“Suplican á la corte que oportunamente se sirva dictar su sen-tencia, declarando sin lugar la demanda, absolviendo de ella á los demandados, é imponiendo al demandante las costas de este juicio. Respetuosamente. — Boerman y Llorens, abogados de los demandados. ’ ’

La sentencia fue dictada el 4 de septiembre de 1906, y es como sigue:

“Pleito número 146.' — Ramón Dapena v. Sucesión de Juan Antonio Dominicd. Cobro de dinero. Ehi el término ordinario de- la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R., habiéndose visto en juicio este pleito, el treinta de agosto último, previo señala-miento en el calendario, en que comparecieron el demandante, en propia persona, y la sucesión demandada por su abogado Don Luís Llorens; ambas partes en plena sesión de la corte anunciaron estar dispuestas para juicio; y ésta, después de oír la demanda y su contes-tación, las pruebas presentadas y alegaciones de las partes, en su sesión de hoy, cuatro de septiembre de 1906, dicta sentencia, declarando que la ley y los hechos están en contra del demandante; y por tanto, debe declarar y declara sin lugar esta demanda con las costas al de-mandante, ascendentes & * * * Sentencia dictada en la ciudad de Ponce, P. R., á cuatro de septiembre de 1906.”

A pesar de todo cuanto pueda decirse con respecto á la suficiencia de la demanda en el presente caso, no hubo excep-ción previa formulada contra ella; sino que la única alegación presentada fue la negativa absoluta de los párrafos 1, 2 y 3 de la demanda, y una limitada aceptación del párrafo 4, admi-tiendo el contenido del mismo, con la adición de que Don Juan Antonio Dominicci nunca fué deudor del demandante, ni ele su causa-liabiente Luís Boig, y que por esta razón, los deman-dados, que son sus herederos,, no son deudores de dicho de-mandante.

Es cierto que de la simple lectura de la demanda resultan aparentemente los defectos. Uno de los defectos principales consiste en que no se expresan los nombres de todos los here-deros, ó el no dar razón alguna por la cual se hayan dejado de especificar dichos nombres; tampoco se expresa en ella que ellos recibieron una herencia de los bienes de su padre, ya con ó sin el beneficio ele inventario. A falta de tal alegación debe presumirse que los demandados que admiten ser los herederos de Juan Antonio Dominicci, habían recibido los bie-nes de su padre sin el beneficio de inventario, porque debe su-ponerse que ellos recibieron la propiedad, y si la recibieron con arreglo á inventario, es una cuestión de defensa que corresponde alegar á dichos demandados.

Considerando, pues, que la demanda es suficiente á falta de una excepción previa especial ó general, entraremos en los méritos del caso. La primer cuestión que se presenta en este caso es la que se refiere á la suficiencia del poder conferido por Juan Antonio Dominicci y Santi á su hijo Félix Dominic-ci y Dominicci, cuyo poder es de fecha 16 de marzo de 1892. ¿Autoriza dicho poder la ejecución y entrega del pagaré obje-to de esta controversia? Las cláusulas, segunda y final son como siguen:

“Cláusula Ia. Administre, dirija y gobierne todos los bienes, de-rechos y acciones que por cualquier título ó motivo posee en la actua-lidad el otorgante, ó pueda adquirir en lo sucesivo, sea cual fuere su procedencia; atienda á su conservación y fomento y los dé en arren-damiento por el tiempo y bajo el canon y condiciones que estime con-veniente, lanzando los colonos y arrendatarios y colocando otros nuevos, cobrando sus rentas y productos y practicando, por último, todos los demás actos propios de un celoso y entendido adminis-trador.
“Cláusula 2a. Pague todas las cargas, contribuciones ú otros de-rechos á que se hallen afectos los bienes del exponente, así como los sueldos y salarios de sus peones y criados, recogiendo de todo ello los recibos y resguardos consiguientes.
“Cláusula final. Y por líltimo, para que en'todo lo referido, sus incidencias y dependencias, haga y practique sin limitación alguna Jodo cuanto personalmente haría el otorgante, pues el poder más am-plio y eficaz que para ello necesitare, ese mismo le clá y confiere con libre, franca y general administración, etc.”

En el caso de Bozzo v. Bolívar, resuelto por esta corte en 25 de enero de 1906, en la opinión se discute con alguna extensión la suficiencia del poder expresado en la misma, para autorizar el otorgamiento de un pagaré, resolviéndose que el poder era suficiente. A pesar de que los términos usa-dos en aquel documento eran quizás algo más fuertes que los del presente caso; pero examinadas cuidadosamente las cláusulas expresadas, se verá que se confiere autoridad bas-tante en el poder de que se trata para autorizar el pagaré objeto de este pleito. El apoderado tiene facultad para ad-ministrar, dirigir y manejar todas las propiedades, etc., que entonces eran de la propiedad del otorgante, ó que pudiera ad-quirir después, y se le exige que vele por la conservación y mejoramiento de dichas propiedades; estando• autorizado para ejecutar todos aquellos actos que son de la incumbencia de un administrador celoso y práctico. La segunda cláusula le autoriza para que satisfaga todas las contribuciones, im-puestos, etc., á los que está sujeta la propiedad, así como los salarios y jornales de los trabajadores y sirvientes. La tercera y última cláusula designa el documento como un po-der general, otorgado al apoderado á fin de que éste baga y ejecute, sin limitación alguna, cada una y todas las cosas que el otorgante baria si estuviera presente personalmente, dándole el más amplio y efectivo poder para la administración de dichas propiedades en una forma libre, general é ilimitada.

Aunque el pedir dinero prestado y el otorgamiento de un pagaré para garantía de la cantidad prestada ó' la compra de efectos y el contraer deudas y arreglo de las mismas por me-dio de un pagaré no se ban mencionado de un modo especial, sin embargo, el poder para hacerlo está necesariamente com-prendido en la dirección y administración general de las propiedades, y el apoderado, de acuerdo con la autoridad conferídale podía contraer la deuda y otorgar el pagaré. Creemos suficiente el poder para facultar al apoderado á otorgar, ejecutar y entregar el pagaré objeto del presente litigio.

Pero por cuanto en otro’ juicio pueden hacerse otras ale-gaciones, tanto en la demanda como en la contestación, hacien-do que la misma sea más específica y planteando todos los puntos comprendidos en el caso, y siendo muy escasos los he-olios y la prueba, esta corte no debe dictar sentencia alguna, resolviendo en definitiva el caso.

Por los errores indicados en la sentencia de la corte inferior, debe revocarse dicha sentencia, devolviéndose la causa para que se celebre nuevo juicio de acuerdo con los princi-pios enunciados en esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. HerNÁndez

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Cruz et al.
    AfelaciÓN procedente dé la Corte ele Distrito de Guayama.
    No. 92
    Resuelto en febrero 15, 1907.
    Apelación — Confiscación de Fianza Prestada en Causa Criminal — Falta de Comparecencia del Acusado. — Decretada la confiscación de una fianza pres-tada en causa criminal, si el acusado ó sus fiadores comparecieren ante la corte, antes de finalizar el término de sus sesiones, y excusaren, á satisfacción de la misma, la falta de comparecencia de aquél, la corte puede dejar sin efecto la confiscación, y su resolución no será modificada en apelación á no ser que se demuestre que la corte hubiera abusado de la facultad discrecional que le confiere la ley.
    Los hechos están expresados eu la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. HerNÁndez

emitió la opinión del tribunal.

Denunciado Jacinto Urbino por hurto de un caballo, se le exigió fianza por trescientos dollars para que permane-ciera en libertad, y esa fianza fué prestada en 14 de marzo del año próximo pasado, por Guadalupe Cruz y GregObio ó Jorge Rivera, (con ambos nombres se le designa en el récord) quienes se obligaron.á responder de qne sn fiado comparece-ría ante la Corte de Distrito .de Guayama ó ante cualquier otro tribunal, en virtud de citación que se le hiciera, y de que también comparecería al pronunciamiento de la sentencia y se sometería á la ejecución de la misma, bajo pena de pa-gar los fiadores al Pueblo de Puerto Rico la referida suma de trescientos dollars.

Jacinto Urbino fué citado por orden de la Corte de Dis-trito de Guayama para que compareciera ante ella el día 26 de abril del año expresado á oír la lectura del acta de acusa-ción, y aquella citación fué notificada á sus fiadores, sin que Urbino compareciera en el día señalado, ni alegara motivos que excusara su falta de comparecencia; por lo que, á virtud de moción del fiscal, la referida corte en el propio día 26 de abril declaró confiscada la fianza prestada por Guadalupe Cniz y Jorge Rivera.

Los fiadores solicitaron se levantara ó dejara sin efecto la confiscación de la fianza, por cuanto ellos habían buscado diligentemente á su fiado, quien por fin había sido capturado antes de finalizar el término de sesiones de la corte y se encon-traba ya recluido en la cárcel.

El acusado declaró bajo juramento que después que fué puesto.en libertad salió de la casa de su padre en el pueblo de Cidra para ir al de Comerío, donde estuvo trabajando algunas semanas sin que manifestara á su padre ó persona alguna el punto á dónde se marchaba, ni á qué iba, y cuando supo que las autoridades lo buscaban fue á Guayama para en-tregarse.

La corte teniendo en cuenta que el acusado se había pre-sentado antes de finalizar el término de sus sesiones, y consi-derando suficiente la excusa alegada, ordenó se dejara sin efecto la orden de confiscación de fianza, bajo la condición de que los fiadores Cruz y Rivera pagaran los gastos ocasionados por la incompafecencia del acusado.

Contra esa resolución el Fiscal de Guayama interpuso ape-iacióii, cuya procedencia ha sostenido el de esta Corte Su-prema.

Nuestra opinión es que el Juez inferior procedió con arreglo al artículo 396 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sin que abusara del poder discrecional que dicho artí-culo le confiere.

No solamente consta en el récord que los fiadores com-parecieron y explicaron que habían practicado diligencias en biisca de Urbino, sino también aparece que el acusado explicó su falta de comparecencia, alegando, bajo juramento, que apenas tuvo noticias de que se le buscaba por las autori-dades, fué á G-uayama para presentarse y que antes de salir de la casa de su padre, le dijeron que su juicio tardaría dos ó tres meses en celebrarse.

La explicación dada por el acusado antes de que la Corte de Guayama levantara definitivamente su sesión, ó lo que es lo mismo, antes de finalizar el término de sus sesiones, es acep-table como excusa de su incomparecencia en el día señalado para oír la lectura de su acusación, pues si hubiera tratado de evadir el cumplimiento de la orden judicial, apenas oyó decir que se le buscaba por las autoridades, no se hubiera pre-sentado en el mismo lugar del juicio.

En nuestro sentir la Corte de Guayama no cometió abuso del poder discrecional conferídole por la Ley, y en su conse-cuencia procede la confirmación de la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    Subirana et al v. Padilla, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de Certiorari.

    No. 20.
    Resuelto en febrero 15, 1907.
    Certiorari — Su Objeto — Recurso Ordinario — Apelación.—El recurso de cer-tiorari tiene por objeto corregir errores de procedimiento, ó terminar un procedimiento en los casos en que la corte inferior se niegue á ello por motivos injustificados, pero nunca es procedente dicho recurso en los casos en que exista una apelación ú otro recurso adecuado para corregir los errores que se hubieren cometido.
    Id.' — Providencia Especial. — Una resolución dictada después de sentencia defini-tiva, dejando sin efecto ciertas órdenes de la corte y las diligencias practi-cadas para su cumplimiento, y rechazando ciertas mociones de la parte actora y ordenando el archivo de la causa, tiene el carácter de providencia especial dictada después de sentencia definitiva, y es apelable con arreglo al numero 3' del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los demandantes: Sr. Toils Soto {José)

   El Juez Asociado Se. Figueeas,

emitió la opinión del tribunal.

La resolución del Juez de la Corte de Ponce explica los becbos con claridad y exactitud; dice así:

“En 12 de junio de 1886, Don José Vila y Soler siguió un juicio ejecutivo contra Doña Eduvigis Collazo para el cobro de 554 peso» é intereses. Este pleito se paralizó en 27 de abril de 1888, pendientes los autos en primera instancia ante el juez de esta ciudad y su partido ;• y en 5 de septiembre del año actual, 1906, el Abogado Don José Tous y Soto, á nombre de Don Tomás Subirana y Mir, Doña Mercedes La-guna y Cedo y Don Temístocles Laguna y Dapena, cesionario de Don José Vila y Soler, presentó moción á la corte para que se sustituyera á estas personas como demandantes, se sustituyera como demandados, á Doña Eduvigis Collazo y Rivera, á María Ramona Franco jr Collazo y su esposo José Muñoz, á Antonia Cayetana, á Estefanía y á María Zoila, las tres de apellido Franco y Collazo, y para- que se ordenara el cumplimiento de la transacción obrante á los folios 35 al 38 vuelto, del susodicho juicio ejecutivo, aprobada judicialmente, segvm auto del folio 44.
“La corte en 18 de octubre próximo pasado, autorizó la sustitución de partes demandantes y demandadas, y mandó que éstos fuesen requeridos para que dentro de 5o. día otorgaren á favor de aquéllos la escritura, de venta de inmueble á que se obligaron por la transac-ción de que se ha hecho mérito, y que si ellos no lo hicieren lo haga el marshal. Suspendidos los efectos de este decreto, á moción de los demandados, comparecieron ambas partes ante la corte el día 10 del mes corriente, á discutir sus derechos, informando por la parte deman-dada el Letrado Don Luís Llorens Torres, que impugnó la pretensión del actor, fundándose en que no se había verificado la supuesta tran-sacción y en que, de haberse verificado, no procedía cumplirla por .haber caducado la instancia, argumentos que rebatió el defensor de los demandantes.
“Trátase aquí de una transacción judicial, puesto que su -fin ha sido el de poner término á un pleito y está consignada en escrito pre-sentado dentro de él, y que ha provocado el auto de fecha 16 de sep-tiembre de 1886. Según el Código Civil vigente en esta fecha, artículo 1816, respecto de una transacción de esta clase procede la vía de apre-mio, siempre que á ella pueda atribuirse la autoridad de la cosa juz-gada. De modo que toda la cuestión en este caso se reduce á la reso-lución de estas dos preguntas: Ia. ¿ Se verificó la transacción ? 2a. ¿Tiene carácter y fuerza de ejecución?
“La simple lectura del escrito que se halla á folios 35 al 38 vuelto, del juicio ejecutivo persuade de que entre las partes primitivas se hizo la transacción para poner fin al pleito, y que, por ser una de las bases para aquélla, la eñagenación de un inmueble en que tenían par-ticipación personas de menor edad, se solicitó la aprobación judicial necesaria, según el artículo 1810 del citado Código Civil. Tal aproba-ción recayó, según se ve, por el auto de fecha 16 de septiembre de 1886, al folio 44.
“Basta, pues, para resolver la cuestión íntregramente, determinar los efectos de ese auto, puesto que el repetido artículo 1810 declara que no surtirá efecto la transacción sin la aprobación judicial, en otros términos, basta decidir si el auto es final ó no lo es.
“El artículo 2028 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo cuya vigencia se dictó al auto de que se trata, lo declara apelable en ambos efectos; luego el auto no es firme por su naturaleza. Si no lo fuere tampoco por aquiescencia ó consentimiento de las partes, habrá que concluir que no lo es de ninguna manera. En el pleito no consta que el auto fuera notificado á la demandada Doña Eduvigis Collazo, ni hay constancia ninguna de la que pueda inferirse que ella tuvo noticia de aquella resolución, ni es lícito presumir la renuncia de un derecho. El término para apelar de una resolución se contaba, según la ley que se ha dicho, regía desde el día siguiente al en que la resolución era notificada (artículos 303 y 304), y la parte en este caso hubiera tenido' cinco días hábiles para entablar el recurso (artículo 381, 382).
“Siendo, por tanto, indudable que el auto no tiene el carácter de firme, consecuencia necesaria es que tampoco se atribuya ese carácter á la transacción misma, que carece de efecto legal si no lo deriva del auto.
“Los anteriores fundamentos serían suficientes para rechazar la pretensión del actor; pero como la falta de notificación es subsanable per se, hay que determinar si á subsanarla no se opone la caducidad ■de la instancia.
“Los artículos 411 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tantas veces citada, establecen de un modo preciso y terminante que la primera instancia de los pleitos caduca á los cuatro años, contados desde que haya dejado de instarse su curso, no mediando fuerza mayor ni otra causa justa independiente de la voluntad de las partes y, por último, el artículo 311 declara que los términos improrrogables no pueden abrirse después de cumplidos, por vía de restitución ni por otro motivo alguno. Según estes precedentes el 28 de abril de 1892' había ya caducado el derecho de las partes para mover este litigio.
“Por tanto, la corte decreta — se declaran sin valor ni efecto todas las órdenes dictadas en este caso desde la que lleva fecha 18 de octubre último, y cuantas diligencias se hayan practicado para cumplimiento de ellas, se rechazan todas las mociones del actor desde la formulada en 5 de septiembre de este año, y archívense los autos, agregando á ellos certificación del presente, á costa de la parte actora. Noviembre 17 de 1906. — Julio M. Padilla, Juez de la Corte.”

El abogado Don José Tous Soto, en representación de Don Tomás Subirana y Mir, Mercedes y Temístocles Laguna y Cedo, solicitó de esta Corte Suprema que se expidiera un auto de certiorari al Juez de la Corte de Ponce para que re-mitiera los autos originales seguidos por Don José Yila So-ler contra Doña Eduvigis Collazo y que en clifinitiva se anu-lase la orden que se insertó literalmente al ingreso, de este dictamen.

Se expidió el auto solicitado, y aquí están los autos origi-nales.

Este caso bay que resolverlo, teniendo en cuenta el Códi-go de Enjuiciamiento Civil vigente.

Este Código empezó á regir el primero de julio' de 1904 y Doña Eduvigis Collazo debió acudir á la Secretaría de la Corte ele Ponce á enterarse del resultado de la resolución que ella, de acuerdo con Don José Yila y Soler, babía solici-tado, si es que desde su fecba no estaba ya enterada parti-cularmente para establecer los recursos que creyera con-venientes.

No lo hizo así y hoy tenemos que convenir en que esa sen-tencia de 16 de septiembre de 1886 es definitiva.

Viene ahora ante nuestra consideración la resolución de-la Corte de Distrito de Ponce de 17 de noviembre de 1906 que-se insertó anteriormente y que es la inpugnada 'por la pe-tición.

El recurso de certiorari establecido en esta isla por la Ley aprobada en 10 de marzo de 1904, es de naturaleza privile-giada y sólo cabe en aquellos casos en que nó haya un recurso-adecuado y tiene por objeto corregir los procedimientos que no se ajusten á la ley y también para terminarlos cuando-el tribunal inferior rehusase hacerlo, fundado en erróneas-bases.

Pero nunca es procedente dicho recurso cuando cabe una ^apelación para establecer el procedimiento legal.

La resolución inpugnada de 16 de noviembre de 1906 in-sertada anteriormente, contiene en su parte dispositiva, que-es á lo que debemos atender los siguientes pronunciamientos.

“Declara sin valor ni efecto ciertas órdenes dictadas y las diligencias practicadas para su cumplimiento.”

“Rechaza todas las mociones del actor desde la formula-da en 5 de septiembre de 1906.”

“Manda archivar los autos, previa agregación de certifi-cación de su provisto ” y le impone las costas á la parte actora.

Esta resolución es importante y no puede considerarse-de otro modo que como una providencia éspecial dictada des-pués de una sentencia definitiva.

Siendo esto así, cabe contra ella recurso de apelación, se-gún el caso 3o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que es el recurso adecuado para corregir todos los erro-res que se hayan cometido en ésa resolución y excluye el privi-legiado de certiorari que se ha promovido.

Por tales rámneo, de1-'o declararse sin lugar la petición con las costas á los peticionarios y deben devolverse los autos originales á la corte de distrito de donde proceden.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr.' Figueras

text:
    Barnés et al. v. El Pueblo.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 75.
    Resuelto en febrero 18, 1907.
    Excepción Pkevia — Devolución de Impuestos ó Arbitrios. — Una demanda en reclamación de cantidades pagadas por el demandante, al Tesoro Insular, en concepto de impuestos ó arbitrios sobre la venta de determinado alcoholado, y en que se alegue que los demandantes se vieron obligados á verificar el pago de tales cantidades para no verse envueltos en un proceso criminal, y que dicho pago se hizo contra su voluntad, erróneamente y bajo protesta, expresa causa de acción, y no puede ser impugnada, bajo el fundamento de que de ella resulta, que el pago se hizo voluntariamente y sin ninguna obligación legal.
    apelación — Pruebas—Relación de I-Iechos — Aprobación del Juez — Convenio de las Partes. — Para que en una apelación puedan discutirse cuestiones fundadas en la prueba practicada en el juicio, es indispensable que la prueba se haya consignado en una relación de hechos, que necesariamente debe ser aprobada por el juez, no siendo suficiente el convenio de ambas qiartes, por lo que respecta á la fidelidad de la relación, sin la aprobación del juez, para darle la debida autenticidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Poventud.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr.' Figueras

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Ponce se presentó la siguiente demanda enmendada:

“Los demandantes se querellan y alegan:
‘ ‘ Io. Que son dueños de una ' destilería, sita en esta ciudad de Ponce, que se utiliza exclusivamente para la fabricación de la prepa-ración medicinal de propiedad exclusiva conocida por “Alcoholado Barnés”.
“2o. Que la ley de arbitrios sobre líquidos alcohólicos etc., etc., en vigor hasta julio 1 de 1905, disponía que “preparaciones medicinales de patentes etc., etc., solamente pagarían el cinco por ciento sobre el valor de la fachira.”
“3o. Que en virtud de la precedente disposición legal, los deman-dantes hasta la citada fecha de julio 1 de 1905, solamente pagaban al Tesoro Insular en concepto de arbitrios ó impuestos, el cinco por ciento sobre el valor de la factura por la venta de su alcoholado, pues era una preparación medicinal y el Gobierno la reconócía como tal.
“4o. Que en nueve de marzo de 1905, la Asamblea .Legislativa de Puerto Rico aprobó una ley para enmendar la que se cita en la alega-ción 2 de esta demanda, la cual empezó á regir el 1 de Julio de 1905, y mediante cuya ley se establece que: ‘ ‘ Sobre toda preparación medicinal de propiedad exclusiva &, se pagará un impuesto de cinco por ciento ad valorem.
“5o. Que la Ley de arbitrios citada en la alegación 4, que ahora rige y la citada en la alegación 2, en nada difieren.
“6o. Que el ‘Alcoholado Barnés’ aún continúa siendo una prepa-ración medicinal de propiedad exclusiva.
“7o. Que el Gobierno se ha empeñado en imponer y cobrar á los ■demandantes un impuesto de veinte y seis centavos por cada litro ó fracción de litro que vendan de su alcoholado como si no fuera una preparación medicinal.
“8o. Que los demandantes han vendido y despacha.do á los Sres. José Romaguera & Co. desde el seis de septiembre de 1905 hasta el 19 ■de abril de 1906, 2999 litros del mencionado ‘Alcoholado Barnés,’ por la suma de $1,225.96 y que, al vender los citados litros de dicho •alcoholado, se vieron obligados, para no verse envueltos en un proces"' criminal, á pagar, contra su voluntad, erróneamente y ba.jo protesta, al Pueblo de Puerto Rico la cantidad de $779.74 en calidad de im-puesto ó arbitrio sobre el mismo, como si el expresado alcoholado no fuera una preparación medicinal; siendo así que -el Pueblo de Puerto Rico solamente tenía derecho á percibir por los 2,999 litros, la suma de $61.30 ó sea el cinco por ciento sobre los $1,225.96, que es el valor de la factura.
“9o. Que de lo que precede se desprende que hay á nuestro favor una diferencia, entre lo que se tenía derecho á percibir y lo que en realidad se percibió, de $718.44, cuya suma obra ilegalmente en poder del Pueblo de Puerto Rico.
“Por tanto, á la Hon. Corte suplico se sirva dictar sentencia de-clarando que la ley y los hechos favorecen á la parte actora y, en su consecuencia, ordenar la devolución de la expresada suma de $718.44 que ilegalmente percibió el Pueblo de Puerto Rico de los demandantes y condenar al pago de todas las costas al demandado.
“Ponce, P.R. 1 de junio de 1906. José A. Poventud, Ab. de los de-mandantes. — Recibí copia hoy 2 de junio de 1906. — Julio 11. Padilla, Ab. del demandado.”

A dicha demanda se opuso por el demandado la excepción previa consistente en que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción porque no aparece que el pago de $718.44 fué involuntario ó por coacción, sino que por el contrario resulta que se hizo voluntariamente y sin ninguna obligación legal.

La corte en 20 de julio de 1906 declaró sin lugar esa excep-ción sin especial condenación de costas, y concedió diez días á El Pueblo de Puerto Rico para contestar la demanda.

En 30 de julio de 1906 El Pueblo de Puerto Rico contestó la demanda, admitiendo algunas de las alegaciones de ella y negando otras, pero sosteniendo que los 779 pesos 74 centavos fueron justamente debidos en calidad de impuesto sobre 2,999 litros de la preparaciózi denominada “Alcoholado Barnés” y dicha cantidad fué legalmente cobrada por El Pueblo de Puerto Rico porque tenía derecho á percibir dicha suma.

En 14 de agosto del año citado se llamó el pleito para juicio ante la Corte de Distrito de Ponce y ésta, después de oir la lectura de la demanda, su contestación, las pruebas presen-tadas por las partes y sus argumentaciones, pronunció senten-cia y declaró sin lugar la demanda, condenando á los deman-dantes al pago de las costas del pleito ascendentes á * * *

Los demandantes ó sea Doña Dolores Gr. Viuda de Barnés y Don Joaquín, del propio apellido, por medio de su abogado Don José A. Poventud, establecieron recurso de apelación contra la anterior resolución y ante esta Corte Suprema pre-sentó su alegato escrito que fue impugnado en igual forma por el fiscal, teniendo lugar la vista de este caso sin que á ella concurriera ninguna *de las partes.

En primer término, se presenta á nuestra consideración si la excepción previa opuesta á la demanda debió prosperar ó si por el contrario procedió correctamente el Juez de la-Corte de Ponce, al denegarla.

Desde luego, que estuvo bien rechazada, porque la de-manda, entre otras alegaciones, expresa con claridad el mo-tivo porqué se pagó la cantidad que se reclama, que fué, según los demandantes “ obligados por no verse envueltos en un proceso criminal”, “contra su voluntad”, “erróneamente” y “bajo protesta” y esas alegaciones son por sí solas suficientes para llenar el vacío que el fiscal de la corte de distrito creyó notar al oponer la excepción, como también lo fia creído el de esta corte al insistir en la procedencia de la referida excepción.

Por abora se dice que el pago se hizo involuntariamente y bajo protesta. _ Esto es bastante para la admisión de la demanda. La certeza ó nó de esas alegaciones lia de resultar de las pruebas que en el juicio se practiquen.

La otra cuestión que debiera resolverse es de fondo y se reduce á precisar si el “Alcoholado Barnés” que fabrican los demandantes debe pagar, como ellos sostienen, el cinco por ciento ad valorem como arbitrio impuesto por la Ley de Rentas, considerándolo como un “preparado medicinal” ó si en todo caso, como sostiene El Pueblo de Puerto Rico, debe pagar veinte y seis centavos por cada litro ó fracción de litro por ser un líquido espirituoso, destilado y producido en esta Isla.

Por eso es que los demandantes creen que han pagado-con exceso 718 pesos 44 centavos, cuya devolución solicitan en su demanda y por eso es que El Pueblo de Puerto Rica se opone á su devolución porque cree, dentro de su punto de vista, que tiene derecho á percibir como percibió 779 pesos 74 centavos por el impuesto ó arbitrio sobre 2,999 litros del “Alcoholado Barnés” vendido por los demandantes á los Sres. José Roma-guera y Oa.

Pero el Juez de la Corte de Ponce llegó sobre esos puntos á la conclusión que revela su sentencia, después de oír las pruebas que las partes aportaron al juicio.

No hay en este recurso términos hábiles para juzgar si fué ■errónea ó nó su apreciación y para saber si se formuló ó nó la protesta á que se refiere la demanda; en. ana palabra, si se .justificaron ó nó las alegaciones que contienen la demanda y ■contestación.

No tenemos una relación de hechos ó exposición del caso que pueda merecer nuestra consideración.

Aparece sí en la transcripción de los autos una exposi-ción de hechos firmada y convenida entre el abogado Don José A. Poventud, en representación de los demandantes y Don J. Henri Brown, fiscal y abogado de El Pueblo de Puerto Rico.

Esa exposición de hechos presentada á la. Corte de Distrito de Ponce, lleva fecha de 7 de septiembre de 1906, posterior, por consiguiente, á la sentencia y al escrito, interponiendo el recurso de apelación.

Esa exposición, por más que esté convenida por las partes, no está firmanda ni aprobada por el Juez de la Corte de Ponce y en tales condiciones no podemos darle valor alguno.

La razón es obvia; si por medio del recurso de apelación se impugna su sentencia, es necesario que tengamos á la vista toda la prueba que el juez sentenciador tuvo en cuenta para dictarla en el sentido que la dictó y hoy, por medio de esa ex-posición convenida pero sin aprobación, no sabemos si se prac-ticó y tuvo presente el juez otra prueba que no consta relacio-nada en la exposición defectuosa que aquí tenemos.

Palta, por consiguiente, base para apreciar con acierto la prueba y hay que suponer que la resolución apelada es ' correcta y debe por consiguiente confirmarse en todas sns partes con las costas á los apelantes.

Confirmada.

Jaeces concurrentes: Sres. Presidente Qniñones y Asocia-dos, Hernández y MacLeary.

El Jnez Asociado, Sr. Wolf, no intervino en la resolneión de este caso.


author: El Juez Pbesidente Sr. Quiñones

text:
    Concurso de Acreedores de Avalo Sánchez v. Sucesion Díaz.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari.

    No. 17.
    Resuelto en febrero 21, 1907.
    ■Certiorari — Su Procedencia. — La expedición de nn mandamiento de certiorari es procedente, no solo en los casos en que la causa .ó autos del pleito estén terminados, sino aún encontrándose pendientes, siempre que los procedi-mientos seguidos por la corte inferior- sean contrarios á la ley.
    Concurso de Acreedores — Términ-o del Procedimiento. — Un auto de la corte inferior teniendo por desistido de la prosecución de un juicio de concurso de acreedores, al acreedor promovente del mismo, á su perjuicio y con las costas, no es suficiente para estimar terminado el procedimiento, si el juez no lo lia declarado así expresamente, y ordenado que cesara la intervención judicial y se alzara la ocupación y depósito de los bienes del concursado, que son pro-nunciamientos consiguientes á la revocación del auto de declaración de con-curso, y que deben acordarse tan pronto como el acreedor ó acreedores promo-ventes del juicio de concurso desistan de la prosecución del mismo y pidan se les tenga por desistido.
    Id. — Desistimiento del Acreedor Promovente — Ratificación del Concur-sado. — La ratificación ordenada por la corte inferior en relación con un es-crito de desistimiento, presentado en el caso de autos, por el acreedor promo-vente del juicio de .concurso, y firmado, además, en prueba de conformidad, por el concursado, tiene referencia exclusivamente al acreedor promovente, pues aparte de que el concursado, no sólo no se opuso á la terminación del concurso, sino que mostró su conformidad y solicitó la cancelación del asiento tomado en los libros del registro de la porpiedad sobre su incapacidad para administrar sus bienes por razón del concurso, lo que liace innecesario la ratificación del concursado en el escrito de desistimiento presentado por el ■ acreedor.
    Id. — Certiorari—Personalidad del Promovente. — Decretada en un juicio de concurso de acreedores, la ocupación y depósito de determinados bienes, y el nombramiento de un depositario administrador que se baga cargo de ios mismos, el dueño de dichos bienes tiene personalidad para establecer un pro-cedimiento de certiorari y obtener por virtud del mismo la revisión de los procedimientos seguidos en el juicio de concurso.
    Id. — Recurso Ordinario, Adecuado, Rápido y Eficaz. — Aunque el auto de cer-tiorari no procede en los casos en que haya un recurso ordinario, éste debe ser claro, rápido y adecuado para corregir los errores de procedimiento y reparar-los perjuicios sufridos por el peticionario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogado de la parte opositora: Sr. Hord.

   El Juez Pbesidente Sr. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

El abogado Don José de Guzmán Benitez, á nombre de la sucesión de Doña María Díaz, viuda de Veve, ha solicitado de esta Corte Suprema la expedición de un auto de certiorari contra la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, para que remita á este Tribunal Supremo los autos del con-curso necesario de acreedores de Don José Avalo Sánchez que dice estar ya terminados, á fin de que esta corte los revise y en su caso revoque y anule los procedimientos contrarios á las prescripciones de la ley que dicha corte de distrito está poniendo en práctica en el referido concurso, en el que, tam-bién procede con extralimitación de su jurisdicción, todo con grave daño y perjuicio de los derechos de los peticionarios.

Los hechos en que .fundan éstos su solicitud son los siguientes:

Que por auto de 22 de agosto de 1891, dictado por el extin-guido Juzgado de Primera Instancia del Distrito de San Francisco cíe esta capital, á solicitud de Don Vicente Balbás y Capó en su carácter de acreedor de Don José Avalo Sánchez, fué declarado éste en concurso necesario de acreedores, li-brándose exhorto al Juez de Primera Instancia del Distrito de Humacao, á solicitud del mismo Sr. Balbás para que remi-tiese al juagado exhortante, á fin de acumularlos al concurso los autos de un juicio ejecutivo que desde el año de 1889 venía siguiendo en aquel juzgado la Sra. Doña María Díaz, viuda de Veve contra el mismo Avalo Sánchez, en cobro de un eré-dito hipotecario que había reconocido en favor de dicha señora sobre una hacienda de sh propiedad, titulada Bello Sitio”, radicada en-el término municipal de Fajardo, y á cuya acumulación se negó el Juez de Humacao, por el fundamentó de no ser acumulables al concurso, los ejecutivos en que sólo' se perseguían los bienes hipotecados y además por estar ya terminado dicho ejecutivo, á virtud de la sentencia de remate dictada en él en grado de apelación por la extinguida Audien-cia Territorial de esta Isla, mandando seguir la ejecución adelante hasta hacer trance „y remate de los bienes embar-gados.

Que seguido en su consecuencia el procedimiento ele apre-mio contra la hacienda “Bello Sitio” fué ésta sacada á pública subasta, y rematada en favor de la ejecutante Sra. Viuda de Veve, adjudicándosele en pago de su crédito por la suma de 10,939 pesos 34 centavos y otorgándosele por el Juez de Primera Instancia de Humacao Don Pómulo Villahermosa y por ante el notario público, Don Marcelino Estevanez, la correspondiente escritura de adjudicación, que fué inscrita en el registro de la propiedad á favor de dicha Sra. Viuda de Veve, poniéndosela en posesión de la hacienda rematada.

Que, no obstante, haber convenido el Juez de Primera Ins-tancia de San Francisco en la improcedencia de la acumula-ción solicitada por el promovente del concurso, Don Vicente Balbás, volviendo después sobre sus pasos, requirió de nuevo al Juez 'de Humacao para la acumulación del ejecutivo de referencia y remití dole éste sin oposición por parte de la eje-cutante Sra. viuda de Veve, por estar ya terminado el ejecu-tivo y ella en posesión de la hacienda subastada, el Juez de San Francisco por auto de 26 de diciembre de 1891, sin au-diencia de dicha señora declaró nulas las actuaciones poste-riores al 27 de agosto de 1891 en que había sido requerido por primera vez el Juez de Humacao para la acumulación del ejecutivo y en su consecuencia nulas y sin'ningún valor las diligencias de subasta, la aprobación del remate, la liquida-ción de cargas, la escritura de adjudicación, la diligencia de posesión y todos los asientos .practicados en el registro de la propiedad sobre anotación del embargo é inscripción del do-minio de la hacienda “Bello Sitio”, á favor de la Sra. Viuda de Veve. Esta resolución del Juez de San Francisco no le fue notificada personalmente á dicha señora, sino en los estra-dos del tribunal.

Que librado mandamiento al Registrador de la Propie-dad de Humacaó para la práctica de las cancelaciones acor-dadas, las denegó el registrador entre otras razones, porque el único juzgado competente paya decretar la cancelación de la anotación preventiva del embargo, lo era el de aquella ciudad y su distrito, con arreglo al artículo 84 de la Ley Hipo-tecaria; y en cuanto á la cancelación de la inscripción de do-minio, por no estar declarada la nulidad del título, en cuya virtud se había hecho la inscripción, en ejecutoria declarada firme y dictada en juicio declarativo, en el cual hubiera sido parte Doña María Díaz, viuda de Veve, con arreglo á los artículos 79, 82, y 88 de la Ley Hipotecaria, sentencias del Tribunal Supremo de España de 7 de febrero de 1868 y 20 de marzo de 1873, y Resoluciones de la Dirección General de 13 de abril de 1874, 16 de febrero de 1883, 29 de noviembre de 188.1 y Io. de julio de 1886.

Que como consecuencia de sus últimas resoluciones, dis-puso nuevamente el Juzgado de San Francisco la ocupación y depósito de la hacienda “Bello Sitio”, y designó un depo-sitario administrador de la misma, habiéndose llevado^ á efecto la ocupación, en cuya' virtud la señora viuda de Veve había quedado desposeída de la hacienda, recayendo el nombra-miento de depositario administrador de la misma, en un Don Tomás García, bajo una fianza de 2,000 pesos, que no había llegado á prestar nunca.

Que mientras todo lo referido tenía lugar en la pieza ele administración del concurso, nada se había hecho en las demás piezas del mismo», pues ni se convocó á los acreedores ni se celebró junta alguna, ni se intentó el nombramiento de sín-dicos, ni se dió ningún paso que indicara que se trataba de tramitar un concurso de acreedores; siendo de observarse que con posterioridad, habían desaparecido la primera pieza, que era la reguladora del concurso, y las diligencias iniciales de la pieza de administración, así como la primera pieza de un juicio declarativo que siguió y perdió Avalo Sánchez sobre nulidad del juicio ejecutivo.

En este estado las cosas, el 6 de- abril del año de 1900, Don Vicente Balbás y Capó, único acreedor promovente del con-curso, presentó un escrito al extinguido Tribunal de Distrito de San Juan, desistiendo de continuar instando la tramita-ción del concurso y firmándolo también eh concursado en prueba de conformidad con el desistimiento, á cuyo escrito recayó providencia de fecha 23 del mismo mes de abril, con-cebida en los términos siguientes: “Dada cuenta, ratifiqúese y se proveerá”; y que habiéndose ratificado Do¡n Vicente Balbás, en la propia fecha dictó el tribunal de distrito nueva resolución, por la cual se le tenía por desistido y apartado de la continuación del juicio de concurso á su perjuicio y con las costas, á Don Vicente Balbás, resolución que fue notificada á éste el día 10 del siguiente mes de mayo, desde cuya fecha no se dió un paso más en ninguna diligencia relativa á continuar el concurso.

Que en 4 'de mayo de 1901, ó sea al año siguiente, el abo-gado Don José de Guzmán Benitez, á nombre de la Sra. Viuda de Veve, había presentado escrito al tribunal de distrito, ale-gando que habiendo desistido de la continuación del concurso, el Sr. Balbás que lo promovió, único acreedor conocido del concursado, y habiéndole sido admitido por el tribunal el desistimiento, no tenían ya razón de ser, ni la acumulación del juicio ejecutivo de la Sra. Viuda- de Veve, ni la ocupación y depósito de la hacienda “Bello Sitio”; y en su consecuencia, que se dejasen sin efecto dicha acumuláción, ocupación y nom-bramiento de depositario, y que se entregase la finca á su dueña la referida Sra. Viuda de'Veve, á cuya solicitud pro-veyó el tribunal de conformidad en resolución de 15 de mayo de 1901, que firmó solamente el juez del tribunal, presidente accidental del mismo Sr. R. F. Savage; y la hacienda “Bello Sitio” fné devuelta á la Sra. Viuda de Veve en 20 de mayo de 1901.

Que promovido incidente por el concursado para que se anulase la resolución de 15 de mayo, por haber sido firmada por uno sólo de los jueces del extinguido tribunal de distrito, la actual Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, previa audiencia de la Sra. Viuda de Veve, dictó una orden en 31 de mayo de 1905, anulando la citada resolución de 15 de mayo de 1901 y reponiendo las cosas al ser y estado en que se 'encontraban antes de esta fecha y señalando al concursado el término de diez días para contestar la solicitud á la Sra. Viuda de Veve, de 4 de mayo de 1901.

Que apelada esta resolución por la Sra. Viuda de Veve, y desestimada la apelación por no ser apelable dicha orden; y celebrada la vista para resolver al escrito de dicha Señora, de 4 de mayo de 1901, en 30 de marzo de 1906 proveyó la corte de distrito á dicha solicitud, mandando se cumpliera lo acor-dado por el Tribunal del Distrito de San Juan en 23 de abril de 1900; que se ratifique Don José Avalo Sánchez en el escrito de desistimiento del Sr. Balbás, y que una vez que se ratifique el Sr. Avalo Sánchez en el expresado escrito, la corte resol-vería el de 4 de mayo de 1901 de la Señora Viuda de Veve; y que mientras tanto se cumpla en todas sus partes la resolu-ción de la corte de 31 de mayo, de 1905, y en su consecuencia, se ocupe de nuevo la hacienda “Bello Sitio”; designándose un depositario que prestará fianza y que será elegido de los que propongan los interesados en el término de 10 días.

Que contra esta resolución había establecido apelación la Sra. Viuda de Veve en 4 del siguiente mes de abril, la que también le fué desestimada por este Tribunal Supremo á causa de no ser apelable la resolución interpelada de 30 de marzo de 1906.

Los fundamentos legales en que se apoya el abogado de la parte promovente para solicitar el certiorari son los siguien-tes :

1. Que la Corte de Distrito de San Juan, de oficio y sin autoridad ni jurisdicción, lia revisado y modificado el sentido y los efectos de una providencia firme ya, que había sido dic-tada por el extinguido Tribunal de Distrito de San Juan en 23 de abril de 1900, y que se había ejecutoriado y cumplido desde el mismo día, surtiendo desde entonces todos sus efectos le-gales ante el mismo Tribunal de Distrito..

2. Que la Corte de Distrito de San Juan se extralimita también en su jurisdicción en este asunto, porque estando terminado el juicio, con arreglo á los preceptos de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la tramitación de los concursos necesarios de acreedores, la corte fundada en bases erróneas rehúsa completar los procedimientos consiguientes á la terminación del concurso, reponiendo las cosas á su estado anterior y devolviendo los bienes ocupados en el concurso á su legítimo dueño.

3. Porque la Corte ordena procedimientos no ajustados á la ley, tendentes á privar al peticionario de un finca de su exclusivo dominio, inscrita ó su nombre en el registro de la propiedad, sin que exista un juicio declarativo ni ordinario en el que se haya discutido el derecho de propiedad, ni dictado sentencia, privándole de ese derecho, con lo cual, no solo infringe los preceptos de la ley reguladora de los concursos, sino que también infringe el principio legal de que nadie pue-de ser privado de su propiedad sin ser oído y vencido en juicio, y

4. Porque la corte infringe los preceptos de la Ley de En-juiciamiento Civil antigua que -exige para que exista el con-curso necesario:

1. Que existan uno ó más acreedores que lo promuevan, cuando aquí ya no existen acreedores promoventes.

2. Que exista un número de acreedores, cuyas acreencias constituyan el pasivo del concurso y aquí no consta que exista ningún acreedor ni siquiera obra en autos la relación de las deudas del concursado.

3. Que se ocupen y depositen los bienes del concursarlo y aquí sólo se trata de ocupar una finca de la propiedad de María Díaz, viuda de Veve inscrita á su nombre en el registro de la propiedad, y

4. Que terminado el'concurso se alcen las acumulaciones, depósitos de bienes y se restituyan éstos á quienes correspon-dan; y sin embargo, aquí sin promoción dé parte legítima sin acreedores, sin concurso, en una palabra, se trata de practicar diligencias peculiares á la realización de un concurso necesario de acreedores con lesión del sagrado derecho de propiedad de tercera persona.

Por cuyos fundamentos y careciendo el peticionario de todo otro recurso ordinario para obtener el remedio legal en este caso, puesto que las dos apelaciones que había interpuesto le habían sido desestimadas por esta Corte Suprema, se acoje al remedio extraordinario que le concede el estatuto titulado "Ley para autorizar autos de certiorari”; aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 10 de marzo de 1904 y según el cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico está au-torizado para expedir autos de certiorari á otro tribunal inferior por el que exija á éste la remisión á dicho Tribunal Supremo de los autos de una causa ya terminada, en aquellos casos en que, el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la Ley y con objeto de completar los procedimientos cuando el tribunal inferior rehusare ha-cerlo, fundado en bases erróneas; y termina, suplicando al tribunal se sirva ordenar un auto de certiorari dirigido á la Corte de Distrito de San Juan para que remita á esta Supe-rioridad en el estado en que se encuentren, las actuaciones del concurso necesario de acreedores de José Avalo Sánchez y los proeeimientos cuando el tribunal inferior rehusare ha-la fecha en que dicho mandamiento sea expedido, y previa la vista del asunto, revocar y anular todas las resoluciones y procedimientos de la corte de distrito á partir del 30 de marzo de 1906, inclusa la orden de esta fecha, y en su lugar resolver de conformidad con la solicitud de María Díaz, viuda de Veve, de 4 de mayo de. 1901 y, como consecuencia, que se alce la ocu-pación y depósito de la hacienda “Bello Sitio” y que ésta sea y quede restituida al poder de sus legítimos dueños, los causa-habientes y sucesores de dicha María Díaz, viuda de Yeve.

Este escrito ha sido jurado por el abogado Sr. G-uzmán Benitez por encontrarse ausentes de San Juan los interesados que componen la Sucesión de la Sra. Viuda de Veve.

Esta solicitud de certiorari ha sido impugnada por el abo-gado Don Henry F. Hord á nombre de Don José Avalo Sán-chez, alegando entre otros fundamentos los siguientes:

1. Que los' peticionarios no son partes en el concurso y por consiguiente carecen de personalidad para solicitar el certiorari.

2. Que estando aún en tramitación en la Corte de Distrito de San Juan el concurso de acreedores de Don José Avalo Sánchez no se pueden considerar terminados dichos procedi-mientos como alegan los peticionarios y lo exige la ley para que sea procedente el auto de certiorari; y

3. Porque bien se considere vigente el concurso, ó termi-nado, siempre les queda á los peticionarios el remedio del pleito ordinario para reivindicar su propiedad, caso de haber sido despojados de ella injustamente en el concurso.

Ahora bien, librado por esta Corte Suprema el manda-miento para que el Tribunal de Distrito de San Juan remi-tiera á esta Superioridad los autos' del concurso y recibidos éstos, con excepción de la primera pieza sobre declaración del concurso y de otra pieza relativa á la administración que los peticionarios suponen haberse extraviado y de los autos del ejecutivo de la Sra. Viuda de Veve que parece fueron devuel-tos al Tribunal de Distrito de Humacao, se celebró la vista con asistencia de los abogados defensores de ambas partes y es ya llegado el momento de que por esta Corte Suprema se dicte la resolución que corresponda en el caso.

La Ley de- la Asamblea Legislativa de esta Isla, autori-zando los autos de certiorari aprobada en 10 de marzo de 1904, los define deciendo “que el auto de certiorari es un auto expe-dido por un Tribunal Superior á otro inferior por el cual se exige del último la remisión al primero de una copia certificada de las diligencias pendientes en el tribunal inferior ó los autos de una causa ya terminada en aquellos casos en que el proce-dimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y con objeto de terminar los procedimientos cuando el tribunal inferior rehusare hacerlo, fundado en bases erró-neas.”

De manera que, según esta definición de la ley el auto de certiorari es procedente no sólo cuando la causa ó los autos del pleito estén terminados, sino encontrándose pendientes siempre que los procedimientos seguidos por el tribunal inferior sean contrarios á la ley,

En el presente caso el concurso de Don José Avalo Sán-chez no puede considerarse terminado, pues si bien el único acreedor que lo promovió desistió de su prosecución y el juez lo tuvo por desistido á su perjuicio y con las costas, no lo de-claró expresamente terminado, puesto que no mandó cesar la intervención judicial, que ha continuado ni alzar la ocupación de los bienes del concursado resoluciones que eran consiguien-•tes á la revocación del auto de declaración del concurso con arreglo al artículo 1165 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que por analogía puede tener aplicación al caso pre-sente ; y si bien por el provisto de 15 de mayo de 1901, dictado por el Juez del extinguido Tribunal de Distrito de San Juan, Sr. Savage, pudiera decirse que se puso término al concurso, ese provisto fué objeto de un incidente de nulidad, promovido por el Sr. Avalo Sánchez, que sustanciado con audiencia de la Sra. Viuda de Veve, fué declarado con lugar por auto de la Corte de Distrito de San Juan, de 31 de mayo de 1905, anulando el provisto anterior de .15 de mayo de 1901, y repo-niendo las actuaciones al estado que tenían al ser dictado el referido provisto, por haber sido acordado por uno sólo de los jueces que componían el Tribunal del Distrito de San Juan, cuando debió haberlo sido por los tres jueces que lo consti-tuían atendida su naturaleza de auto definitivo; resolución que ha quedado firme, por haberse desestimado por esta Corte Suprema la apelación que contra ella interpusiera la Sra. Viuda ele Veve. Después, continuando el curso ele los autos para resolver sobre el escrito de elidía señora ele 4 de mayo de 1901, que clió lugar al-auto anulado de 15 del mismo mes de mayo, lia recaído la providencia de 30 de marzo de 1906 por la que lia ordenado el Juez de la Corte de Distrito de. San Juan Don Emilio del Toro, que luego que se cumpla lo acor-dado por el extinguido tribunal del mismo nombre en provi-' dencia de 23 de abril de 1900, y que se ratifique el Sr. Avalo Sánchez en el escrito de desistimiento del Sr. Balbás de 6 de abril del mismo año, se resolverá sobre la solicitud de la Sra. Viuda de Veve de 4 de mayo del año siguiente, y que mientras tanto se cumpla en todas sus partes la resolución de 31 de mayo de 1905 por la que se repusieron las actuaciones al es-tado que tenían cuando se dictó por el Juez Sr. Savage el provisto anulado de 15 de mayo de 1901 y en su consecuencia que se ocupe de nuevo en el concurso la hacienda “Bello Si-tio” y se nombre un depositario que preste la correspondiente fianza etc.; resolución que fué apelada también por la Sra. Viuda de Veve y cuya apelación fué igualmente desestimada por esta Corte Suprema por no tener la resolución interpelada el carácter de sentencia definitiva.

Pero ya hemos visto que la circunstancia de no estar ter-minado el concurso no obstaría para que pudiera prosperar el certiorari, si los procedimientos seguidos por el tribunal inferior fueran realmente contrarios á la ley y cuando preci-samente el objeto del presente recurso es terminarlos.

Que los procedimientos seguidos en este concurso son ilegales, no puede dudarse; pues, prescindiendo de las irregu-laridades que pudieran haberse cometido en la declaración del concurso, sobre cuyo particular nada podemos decir por no tener á la vista la primera pieza de los autos que es en la que deben obrar tocios los antecedentes del caso, y que se dice ha-berse extraviado, es innegable que estas voluminosas actua-ciones no tienen de concurso más que el nombre, y que no pa-recen haber tenido otro objeto, que el de entorpecer el cumpli-miento de la sentencia de remate recaída en la ejecución se-guida por la Sra. Viuda de Veve contra la hacienda “Bello Sitio ” y la ocupación de esta finca en el concurso, como lo ha obtenido al fin el Sr. Avalo Sánchez, á virtud de la resolución del extinguido Juzgado de San Francisco de esta Capital de 26 de diciembre de 1893, por la que se declararon nulas y sin ningún valor todas las actuaciones practicadas por el Juez de Humacao en los referidos autos después de haber sido reque-rido por primera vez, por el de San Francisco, para la acumu-lación de dichos ejecutivos al concurso y nulas por consi-guiente, la subasta y remate de la hacienda “Bello Sitio” en favor de la Sra. Viuda de Veve, así como la escritura de adju-dicación y su inscripción en el registro de la propiedad á favor de dicha señora; todo sin forma de juicio y sin habérsele prestado la debida audiencia, viéndose de esta manera despo-jada de su propiedad sin ser oída y vencido en el juicio corres-pondiente como ordena la ley.

Mientras tanto, después de más de 15 años de haberse de-clarado en concurso necesario al Sr. Avalo Sánchez, ni consta quienes sean sus acreedores, ni si han sido ó nó convocados para la primera junta sobre nombramiento de Síndicos, ni se ha adelantado un paso más en el concurso, como no sea la acu-mulación de los ejecutivos de la Sra. Viuda de Veve y la ocu-pación de la hacienda “Bello Sitio,” no obstante, haber sido adjudicada á dicha señora y de tener ésta inscrito su dominio en el registro de la propiedad

Estos procedimientos son contrarios á la ley, y no 'deben subsistir por más tiempo, máxime cuando habiendo desistido de su prosecución el único- acreedor promovente del concurso Don Vicente Balbás desde el mes de abril del año 1900, desde cuya época se le tuvo por desistido de su continuación á su perjuicio -y con las costas por provisto de 25 del mismo mes de abril, desde entonces debió haber cesado la intervención judicial y alzádose la ocupación y depósito de los bienes, como lo ordenaba el artículo 1167 de la antigua Ley de Enjui-ciamiento Civil para el caso de revocarse el auto de declara-cion del concurso qne por analogía pudo y debió aplicarse en el presente caso.

Así lo solicitó la representación de la Sra. Viuda de Veve en sn escrito de 4 de mayo del año siguiente, al qne pro-veyó de conformidad el Juez Presidente accidental del ex-tinguido Tribunal de Distrito de San Juan, Sr. Savage, por auto de 15 del mismo mes de mayo; pero declarado después nnlo este provisto por auto del nuevo Tribunal de Distrito de 31 de mayo de 1905,' se repusieron las actuaciones al estado-que tenían al ser dictado dicho provisto de 15 de mayo y re-servándose el tribunal proveer sobre la solicitud de la Sra. Viuda de Veve, para lo cual le confirió traslado de ella por término de diez días al concursado Don José Avalo Sánchez.

Evacuado por éste el traslado que se le confiriera y señala-do día para resolver sobre la solicitud pendiente de dicha se-ñora sobre terminación del concurso y alzamiento de la ocu-pación y depósito de'dichos bienes, celebrada la vista, recayó la nueva providencia de 30 de marzo del año próximo pasado, por la que, en vez de resolver el tribunal de distrito sobre la solicitud pendiente de la Sra. Viuda de Veve, aplaza nueva-mente su resolución, disponiendo se cumpla la providencia de 23 de abril de 1900, recaída al escrito de desistimiento del Sr. Balbás, suponiéndola incumplida y que luego que el Sr. Avalo Sánchez se ratifique en dicho escrito se proveerá sobre la solicitud de la Sra. Viuda de/Veve de 4 de mayo de 1901; disponiéndose, además, se ocupe en el concurso la hacienda “Bello Sitio” en cumplimiento de la resolución de 31 de mayo de 1905 que mandó reponer las actuaciones al estado que tenían al ser dictado el provisto anulado de 15 de mayo de que hemos hecho referencia.

Esta resolución del Tribunal de Distrito de San Juan en-tendemos que debe ser revocada, porque, tergiversando el sentido y verdadero alcance de la providencia de 23 de abril de 1900, ordena se cumpla esta providencia que ya había sido cumplida y surtido sus -debidos efectos é introduce una nueva dilación más en la terminación de esté concurso.

La providencia de 23 de abril de 1900, cuyo cumplimiento se ordena boy, recaída al escrito del Sr. Balbás desistiendo del concurso, ya bemos visto que se limitaba á decir ratifiqúese y se proveerá y prueba que sólo se refería al Sr. Balbás, que ratificado éste en el contenido de su escrito en 23 de abril, en 25 del mismo mes dictó providencia el tribunal, teniéndolo por desistido de la prosecución del concurso á su perjuicio y con las costas, sin exigir la ratificación de Avalo Sánchez como lo hubiera hecho seguramente, si hubiera entendido que debía ratificarse también en el escrito del Sr. Balbás. Además, al evacuar Avalo Sánchez la vista que se le confiriera del escrito pendiente de la Sra. Viuda de Veve de 4 de mayo de 1901, no hizo la más mínima objeción sobre la, falta de cumpli-miento de la providencia que nos ocupa, como era natural si hubiera entendido que faltaba su ratificación en el escrito de referencia. Esto aparte de que no habiéndose opuesto Avalo Sánchez á la terminación del concurso, durante todo el tiempo transcurrido desde el año de 1900 en que firmó el escrito de desistimiento del Sr. Balbás en prueba de su conformidad, y antes al contrario, habiendo solicitado y obtenido del tribunal se librara exhorto al de Humacao para la cancelación por el registrador de la propiedad de aquel distrito del asiento que se tomó en lo.s libros del registro de su incapacidad para ad-ministrar bienes, desde el momento en que fué declarado en concurso necesario de acreedores, por carecer ya de objeto dicha formalidad, demuestra todo esto bien claramente la conformidad del Sr. Avalo Sánchez en la terminación de este concurso y la ninguna necesidad que había de que se ratificara en el escrito de desistimiento el Sr. Balbás, como lo ordena la resolución que nos ocupa de 30 de marzo del año próximo pasado.

Esta resolución debe, pues, ser revocada; y proveyéndose al escrito de la Sra. Viuda de Veve de 4 de mayo de 1901 sobre alzamiento de la ocupación y depósito de los bienes, y devolu-ción de la hacienda “Bello Sitio,” toda vez que con el desisti-miento .del Sr. Balbás,' único acreedor promovente del con-curso, carece éste ya de objeto y debe cesar la intervención judicial, entendemos que también carece ya de objeto la acumu-lación al concurso de los ejecutivos seguidos en el Juzgado de Humacao por la Sra. Viuda de Veve contra el concursado Don José Avalo Sánchez, y que en su consecuencia, deben reponerse las actuaciones al estado que tenían cuando fué decretada la acumulación, devolviéndose los autos al tribunal de su origen, y alzándose la ocupación y depositó de los bienes, los que que-darán á la libre disposición del concursado Sr. Avalo Sánchez, á no haber ningún otro motivo legal que lo impida, y con ex-cepción de la hacienda “Bello Sitio,” la que deberá quedar á la disposición de los herederos de dicha.Sra. Viuda de Veve, con lo que quedará, desde luego, desvirtuado y sin. efecto el auto del suprimido Juzgado de San Francisco de esta Capital de 26 ele diciembre de 1893, por- el que se declararon nulas todas las actuaciones para la venta en pública subasta de la hacienda “Bello Sitio,” inclusa la escritura de adjudicación de dicha finca en favor de dicha Sra. Viuda de Veve y su inscripción en el registro de la propiedad; resolución que, como hemos dicho ya repetidas veces, fué dictada sin forma de juicio y con manifiesta infracción de las reglas más ele-mantales del procedimiento.

En cuanto á la personalidad de los herederos de la Sra. Viuda de Veve para interponer el presente recurso, no puede negárseles precisamente por habérseles obligado á compare-cer en estos autos á defender sus derechos, como así lo ha de-clarado esta misma Corte Suprema al desestimar la apelación interpuesta contra la resolución de 30 ele marzo del año próximo pasado, no porque carecieran de personalidad para interponerla, que expresamente .se la reconoció esta corte, sino por no tener la resolución apelada el carácter de sen-tencia definitiva.

En cuanto á la otra objeción que también se alega por la representación del concursado, de no ser procedente el cer-tiorari por.tener los promoventes el recurso del juicio ordi-nario sobre reivindicación de la hacienda- “Bello Sitio,” en el caso de estimar los peticionarios qne liubieran sido des-pojados de ella injustamente, entendemos que rio puede pros-perar, porque, si bien es verd|d, que á los herederos de la Viuda de Veve les quedaría siempre aquel recurso para la reparación de los agravios que pudieran haberles causado las resoluciones del tribunal, privándoles de la posesión y pro-piedad de la hacienda “Bello Sitio,” no es un recurso ade-cuado para poner remedió á los daños causados á los peti-cionarios por las referidas resoluciones judiciales y, por cpn-siguiente, no es obstáculo para que pueda prosperar, el pre-sente certiorari, con arreglo á la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de California en el caso de El Pueblo contra Furner, 1o. Cal. Rep., p. 192, en el que se establece la doctrina de que “cuando se haya cometido algún error en los procedi-mientos de una causa civil ó' criminal, y dicho error no pueda ser revisado, por virtud' de un recurso por causa de error, (apelación) el procedimiento adecuado para corregir dicho error, es el certiorari, á no ser que los estatutos prescriban algún otro recurso que, según la doctrina sentada en el caso de Noble v. Superior Court, 109 Calif., 523, ha de ser claro, rápido y adecuado, circunstancias que no concurren en el pleito de reivindicación que podría resultar en extremo dila-tado y poco adecuado para la resolución de las cuestiones que se ventilan en el presente certiorari, y que resultan ajenas completamente á un pleito ordinario de propiedad.

En mérito de las consideraciones expuestas, este tribunal es de parecer que debe declararse con lugar el presente re-curso de certiorari, dejando sin efecto la resolución dictada por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan de 30 de marzo del año próximo pasado; y proveyendo al escrito de Doña María Díaz, viuda de Veve, de 4 de mayo de 1901, declarar que, careciendo ya de objeto el presente concurso por haber desistido de su continuación el único acreedor que lo promoviera, Don Vicente Balbás y Capó, debe cesar la inter-vención judicial en dicho concurso, dejándose sin efecto la acumulación decretada á los autos del mismo, de los ejecutivos seguidos en el extinguido Juzgado de Primera Instancia de Humacao por Doña María Díaz, viuda de Yeve, contra Don José Avalo Sánchez, y cualquiera otra que pudiera encon-trarse en el mismo caso, reponiéndose las actuaciones al es-tado que tenían cuando fué decretada dicha acumulación, de-volviéndose los autos al tribunal de su origen y alzándose la ocupación y depósito de los bienes que quedarán á la libre dis-posición de Don José Avalo Sánchez á no existir ningún otro motivo que lo impida, con excepción de la hacienda “Bello Sitio” que quedará á la disposición de los herederos de Da. María Díaz, viuda de Veve, y disponiéndose se devuelvan al Tribunal de Distrito de San Juan los autos del concurso para su archivo en la secretaría del tribunal sin especial condena-ción de postas.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Figueras no intervino en la resolto ción de este caso.