author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés de los menores A.L.R.G. y F.R.G., peticionarios.

      Números: CE-88-404
    CE-88-632

      Resueltos: 16 de marzo de 1993

      José A. Gutiérrez Núñez, abogado de los peticionarios; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite expresarnos sobre un aspecto del descubrimiento de prueba en los procedimien-tos judiciales bajo la nueva Ley de Menores de Puerto Rico. A pesar de que el trasfondo fáctico de los dos (2) recursos ante nuestra consideración es distinto, ambos plantean —de manera principal— la misma controversia, razón por la cual acordamos consolidar los mismos.

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Al menor A.L.R.G. se le imputó la comisión de una falta clase III por escalamiento agravado. Se alegó en la quere-lla que dicho menor penetró ilegalmente en el Restaurante “Aquí Me Quedo”, durante horas de la madrugada del 29 de enero de 1988, el cual está ubicado en la jurisdicción del municipio de Aibonito.

Durante la celebración de la vista de determinación de causa probable para radicar la querella, el Procurador de Menores presentó en evidencia el testimonio del Sargento David González Santiago, el guardia José R. Ortega Ortiz, y el Sr. Víctor M. Matos Hernández. Una vez finalizado el contrainterrogatorio de los testigos, la representación legal del menor solicitó copia de las declaraciones juradas pres-tadas por dichos testigos, las cuales obraban en poder del Procurador de Menores. Invocó, en apoyo de su solicitud, lo dispuesto por la Regla 6.4 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

El Procurador de Menores se opuso y alegó que no pro-cedía la entrega de las declaraciones juradas, por cuanto la Regla 2.10(c) de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, sólo exige que se ponga a disposición del menor, para su inspección, las declaraciones juradas de los testigos que hayan declarado en la vista. El tribunal de instancia resolvió conforme al argumento del Procurador de Menores, denegando la petición del menor.

Por otra parte, al menor F.R.G. se le imputó una falta consistente en la posesión de sustancias controladas, espe-cíficamente marihuana. Según la prueba desfilada en la vista para la determinación de causa probable, el agente Antonio Rivera Rodríguez se encontraba la noche del 31 de marzo de 1988 patrullando el área del terminal de guaguas de Aibonito junto a otros agentes. Allí pudo percatarse que un joven, quien resultó ser el menor peticionario F.R.G., al darse cuenta de la presencia de los agentes, arrojó al suelo en una forma “sospechosa” una envoltura de papel en forma de cono. El agente Rivera Rodríguez declaró que, por su entrenamiento como miembro de la Policía, reconoció dicho objeto como uno de los comúnmente utilizados en el tráfico ilegal de narcóticos. Teniendo, en su opinión, moti-vos fundados para creer que el peticionario había cometido un delito en su presencia, aprehendió a éste y luego ocupó la evidencia arrojada al pavimento. Posteriormente, luego del análisis químico correspondiente, el contenido del cono ocupado dio positivo de la sustancia controlada conocida por marihuana.

En la vista para la determinación de causa probable, el Procurador de Menores presentó el testimonio del agente Rodríguez y del agente José A. Matos Cartagena. Luego del contrainterrogatorio, la defensa solicitó que se le entrega-ran copias de las declaraciones juradas prestadas por am-bos testigos. A dicha solicitud se opuso el Procurador de Menores al aducir que las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores no contemplan la entrega de dichas declaraciones dado el carácter confidencial de estos procedimientos. Tras haber sido denegada la moción por el tribunal de instancia, y haberse reafirmado dicho foro en reconsideración, el peticionario cuestiona ante nos la co-rrección del referido dictamen. En adición, argumenta que el tribunal inferior debió suprimir la evidencia obtenida tanto por el. hecho de que el agente interventor no tenía motivos fundados para efectuar la aprehensión, como por-que dicho acto y la incautación de la evidencia fueron irrazonables.

En ambos casos la representación legal de los menores recurrió ante este Tribunal —vía certiorari— señalando que “[c]ometió error el honorable tribunal de instancia al declarar no ha lugar la solicitud hecha por el querellado, a través de su representación legal, solicitando se le entre-garan fotocopia (sic) de las declaraciones juradas de los testigos que declararon en la vista inicial de determinación de causa”. Petición de certiorari, pág. 5.

Expedimos ambos autos de certiorari', procedemos a resolver, en primer lugar, la cuestión sobre la procedencia de la solicitud de descubrimiento de prueba presentada por la defensa.

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La Ley de Menores de Puerto Rico() es de aplicación a todo asunto relacionado con un menor de dieciocho (18) años que incurra en el tipo de conducta que constitui-ría delito de ser cometida por un adulto, según la define el Código Penal y otras leyes especiales. En el pasado, al exa-minar la antigua Ley de Menores, establecimos la norma de separación entre los procedimientos relativos a menores y los procesos penales aplicables a adultos, señalando que los procedimientos de menores gozaban de una naturaleza sui géneris. Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497 (1983); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114 (1980); R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270 (1974). En ELA en Interés R.M.R., 83 D.P.R. 244 (1961), aclaramos que no obstante el hecho de que los procedimientos de menores no constituían propiamente causas criminales, el menor podía reclamar aquellas garantías constitucionales que le aseguren un trato justo y un debido procedimiento de ley. Procede que se señale que hace aproximadamente tres (3) años ratifica-mos, al amparo de las disposiciones de la nueva Ley de Menores de Puerto Rico, estos principios fundamentales. Véase Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989).

No obstante, bajo la nueva Ley de Menores de Puerto Rico ciertamente ha habido un cambio de enfoque. El nuevo esquema jurídico adopta un criterio filosófico ecléctico en el que se armoniza la responsabilidad de parens patriae del Estado, en cuanto a la rehabilitación de los ofensores, y la responsabilidad de éstos por sus actos. Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990).

El Art. 2 de la citada Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2202, establece que su interpretación debe regirse teniendo en cuenta los siguientes propósitos: (a) proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad; (b) proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que se le exige responsabilidad por sus actos, y (c) garantizar a todo me-ñor un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. El propósito de esta nueva ley está enmarcado dentro de la corriente filosófica proteccionista. Ello está en armonía con la noción tradicional que sostiene que el menor carece de un desarrollo biológico completo en términos de su sistema endocrino y neurológico, y no ha adquirido una madurez mental plena, por lo que debe dársele un trato rehabilita-dor por parte del Estado cuando incurre en conducta delictiva. En adición, queda protegido el interés de la co-munidad al exigirle responsabilidad al menor si sus actos han infringido las leyes penales. D. Nevares-Muñiz, Dere-cho de Menores, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Dere-cho, 1987, pág. 5. Si bien el procedimiento continúa siendo sui géneris, éste ha adquirido matices de naturaleza puni-tiva que van más allá del propósito meramente rehabilita-dor y paternalista de la antigua ley. Pueblo en interés me-nor R.G.G., ante, pág. 460.

Por ser éste un procedimiento especial, el legislador optó por ampararlo bajo el manto de la confidencialidad, de manera que se evite al máximo cualquier daño al menor transgresor por el estigma que acarrea la imputación de un acto delictivo, conforme a la filosofía proteccionista que permea dicha ley. Esta corriente de pensamiento sostiene que la identificación del menor transgresor ante la sociedad evita que dicha persona logre su rehabilitación y su saludable integración a la libre comunidad. Una vez se detecta la conducta criminal en un menor, a temprana edad, es posible moldearlo a tiempo y propiciar su desarrollo en un ciudadano cumplidor de las leyes. De ahí que nuestra legislación, en materia de menores, busque protegerlos del escrutinio público y así disminuir el daño que esto pueda causar en su autoestima. De la misma forma esto abona a su reingreso a la sociedad y a su núcleo familiar. P.R. Kfoury, Children Before the Court: Reflections on Legal Issues Affecting Minors, Boston, Butterworth Legal Publishers, 1987, págs. 55-70.

La nueva Ley de Menores de Puerto Rico contiene diversas cláusulas dirigidas a mantener los procedimientos de menores, tanto en la etapa adjudicativa como en la preadjudicativa, bajo la más estricta confidencialidad. Al reglamentar las disposiciones generales, el Art. 37(d) de la citada ley, 34 L.P.R.A. sec. 2237(d), establece que “[l]os ex-pedientes en los casos de menores se mantendrán en archivos separados de los de adultos y no estarán sujetos a inspección por el público, excepto que estarán accesibles a inspección por la representación legal del menor previa identificación y en el lugar designado para ello. Tanto los expedientes en poder de la Policía como aquéllos en poder del Procurador están sujetos a la misma confidencialidad. No se proveerán copias de documentos legales o sociales para ser sacadas fuera del Tribunal”. (Enfasis suplido.)

Así lo habíamos reconocido bajo la antigua Ley de Menores. Dicha posición, repetimos, encuentra apoyo en el convencimiento de que la publicidad del expediente y de los procedimientos en las Salas de Asuntos de Menores interfieren en forma perjudicial con las posibilidades de rehabilitación del menor. Morales Torres v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 459 (1970). La secretividad reduce al mínimo el estigma popular que conlleva todo acto delictivo.

No obstante, hemos dicho que la confidencialidad de es-tos procedimientos no es un derecho absoluto. Cualquier controversia debe ser resuelta a base de un balance razo-nable de los intereses opuestos. Pueblo en interés menor S.G.S., 128 D.P.R. 169 (1991). Esta función está dirigida a promover el orden y la estabilidad social mediante la elec-ción acertada de los intereses que deben prevalecer de acuerdo con las circunstancias específicas de cada caso. Morales Torres v. Tribunal Superior, ante, pág. 463.()

En materia de descubrimiento de prueba, el Tribunal Supremo federal ha resuelto que un menor a quien se le imputa la comisión de una falta tiene derecho a exa-minar el expediente social en que se apoya el juez para imponerle una medida dispositiva. Al reconocer que la re-presentación legal del menor tiene un legítimo interés en su rehabilitación, el Tribunal expresó que dicha parte debe tener acceso al expediente. Kent v. U.S., 383 U.S. 541 (1966). Dicho Alto Foro federal determinó que el acceso al expediente está comprendido dentro del derecho que tiene el menor a tener una adecuada representación legal. W. Wadlington, C.H. Whitebread y S.M. Davis, Cases and Materials on Children in the Legal System, Nueva York, Ed. Foundation Press, 1983, pág. 444. Así también, en In re Gault, 387 U.S. 1 (1967), se reconoció el derecho del menor a una adecuada representación legal en la etapa adjudica-tiva del procedimiento. A la pág. 36 de la opinión, ese Foro señaló que el menor transgresor necesita la asistencia de abogado al enfrentarse al procedimiento legal en su contra, y para preparar y presentar su defensa adecuadamente.()

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En los casos consolidados del epígrafe la situación procesal es gobernada por la Regla 2.10 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, ya que la moción que culmina en la decisión que hoy emitimos se presentó durante la vista de determinación de causa probable para radicar la querella. Conforme a la citada Regla 2.10 el propósito de esta vista, en su primera etapa, es constatar si existe un rastro de prueba necesario sobre los elementos esenciales de la falta y su conexión con el menor imputado. El juez que presida la vista de determinación de causa probable informará al menor del contenido de la queja, le advertirá sobre su derecho a no incriminarse, a permanecer en silencio con relación a los hechos imputados, a comunicarse con un abogado y le orientará sobre los derechos constitucionales que le cobijan. En dicha vista el menor tendrá derecho a estar representado por abogado, a contrainterrogar testigos y presentar prueba a su favor. Según lee el inciso (c) de la citada Regla 2.10, el Procurador de Menores “deberá poner a disposición del menor para su inspección las declaraciones juradas de los testigos que hayan declarado en la vista”. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

Como hemos visto, durante la celebración de la referida vista, la defensa de los aquí peticionarios solicitó, en ambos casos, que se les facilitara copia de las declaraciones jura-das prestadas por los testigos de cargo que habían decla-rado en ella. Con la oposición del Procurador de Menores, el juez de instancia denegó la petición de la defensa.

Parte de los propósitos y objetivos de la Ley de Menores de Puerto Rico es garantizarle al menor, a quien se le imputa una falta, un trato justo, el debido procedi-miento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. In re Gault, ante. Como parte de esos derechos constitucionales, el menor goza del derecho a confrontarse con los testigos de cargo en los procesos en su contra. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Emda. VI, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. Como expre-sáramos en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243, 249 (1979) —y en relación con casos de adultos— el “Art. II, Sec. 11, de nuestra Constitución garantiza el derecho del acusado a carearse con los testigos de cargo’. Para que tal confrontación o careo tenga concreción y sentido, el de-bido proceso exige que se pongan al alcance del acusado los medios de prueba para impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo recurso análogo encaminado a erradi-car la falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia”. (Enfasis suplido y escolio omitido.) Dentro de ese derecho de confrontación y como parte de una adecuada represen-tación legal, constitucionalmente garantizada, corresponde analizar la procedencia de la información solicitada por la representación legal del menor.

La contención del Procurador General se apoya en que el descubrimiento de prueba en casos de menores es uno limitado debido al carácter confidencial del proceso. No cabe duda de que la confidencialidad de los procedimientos de menores es parte integral del objetivo rehabilitador que permea el estatuto, y así lo reconocemos. Ahora bien, este reclamo de confidencialidad debe analizarse dentro de un adecuado balance entre los intereses envueltos. En Morales Torres v. Tribunal Superior, ante, advertimos que el interés de la secretividad o confidencialidad del expediente del menor puede, en ocasiones, confligir con otros intereses individuales no menos importantes y legítimos. Allí reconocimos que en estas situaciones de conflicto “es función judicial por excelencia la de establecer un balance razonable entre los intereses opuestos; función ésta dirigida a promover el orden y estabilidad social mediante la elección acertada de los intereses que deben prevalecer de acuerdo con las circunstancias específicas de cada caso”. Morales Torres v. Tribunal Superior, ante, pág. 463. En Pueblo en interés menor S.G.S., ante, reiteramos este principio y re-solvimos que cuando la confidencialidad del expediente del menor adviene en conflicto con otros intereses individuales de mayor valía, el primero debe ceder.

Somos del criterio que el derecho de un menor a con-frontarse con los testigos de cargo y a tener una adecuada asistencia de abogado es ciertamente mayor al interés de mantener la confidencialidad o secretividad del expediente de su caso. Davis v. Alaska, 415 U.S. 308, 315 (1974); Kent v. U.S., ante. En adición, entendemos que nada impide que el menor, por conducto de su representación legal, renuncie parcialmente al derecho a la confidencialidad en virtud de lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2211.()

En este aspecto resultan ilustrativas unas expresiones de la Prof. María Laura Colón, en sus Comentarios a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, a los efectos de que:

La protección de la confidencialidad es un fin laudable. Sin embargo, no debe interponerse para impedir que el propio abogado del menor obtenga copia de documentos que obren en el expe-diente del procurador, cuando ello sea necesario para la ade-cuada preparación del caso.
Al menor le asiste un derecho estatutario a que el Estado proteja la confidencialidad de los procedimientos. Este derecho es, como todos, renunciable .... Sería correcto concluir, por ana-logía, que aunque el art. 37 de la Ley ordena que, debido a su naturaleza confidencial, no se provean copias de documentos legales o sociales para ser sacados del tribunal, el menor tiene facultad para renunciar a esta protección de confidencialidad en el interés de que le sean entregadas copias de estos docu-mentos a su abogado para una preparación adecuada de su defensa. Al menor le asiste un derecho de rango constitucional a presentar una defensa adecuada. M.L. Colón, Comentarios a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 3 (Núm. 1) Forum 11, 25 (1987).

Resolvemos, en consecuencia, que fundamentado en el derecho a confrontarse con la prueba de cargo y con el derecho a una adecuada asistencia de abogado, los menores aquí peticionarios tienen el derecho a obtener copia de las declaraciones juradas de los testigos que hayan declarado en la vista de determinación de causa probable para radicar la querella.() El tribunal deberá así ordenarlo una vez se cerciore de que la renuncia del menor a la confidencialidad de dichos documentos ha sido expresa, voluntaria e inteligente.()

IV

En el caso específico del menor F.R.G. (CE-88-632) éste argumenta, en adición, que “[e]rró el honorable tribunal de instancia al declarar no ha lugar la solicitud hecha por el querellado, a través de su representación legal, solicitando la supresión de evidencia ...”. Alega el peticionario que el agente que intervino con él no tenía motivos fundados para intervenir con su persona, por lo que el registro fue ilegal y la evidencia ocupada inadmisible.

Se desprende de la transcripción del testimonio del agente Rivera que dicho funcionario se encontraba de ronda preventiva junto a otros agentes en las inmediacio-nes del terminal de guaguas de Aibonito. Aunque era de noche, el lugar estaba iluminado. A una distancia de unos treinta (30) pies el agente observó al peticionario F.R.G., quien, al percatarse de su presencia, “de manera sospecho-sa” lanzó al suelo una envoltura la cual, por su entrena-miento, reconoció como una de las que comúnmente son utilizadas para vender marihuana. Teniendo, en su opi-nión, motivos fundados para creer que se había cometido un delito, procedió a detener al joven y ocupar la evidencia. Luego del análisis químico, dicha sustancia resultó ser marihuana. Habiendo sido contrainterrogado por la de-fensa, el testigo se reafirmó en lo declarado.

Un funcionario del orden público podrá aprehender a un menor sin la orden judicial previa, cuando: (1) tenga motivos fundados para creer que el menor ha cometido una falta en su presencia (en este caso, deberá realizar la aprehensión inmediatamente después de la comisión de la falta o dentro de un término razonable); (2) el menor aprehendido hubiese cometido una falta clase II o III aun-que no en su presencia, o (3) tenga motivos fundados para creer que el menor ha cometido una falta clase II o III independientemente de que dicha falta se haya cometido. Regla 2.4 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

Sabido es que nuestro ordenamiento protege ex-presamente a los menores contra registros y allanamientos ilegales e irrazonables. Art. 7 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2207. Conforme a la Regla 6.9 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, el menor afectado por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los fundamentos siguientes:

(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponden a la descripción hecha en la orden de allana-miento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos de la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimen-tada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es total o parcialmente falso.
(g) Cualquier otra causa que en derecho se reconozca como resultante en la ilegalidad del registro o allanamiento. ()

El menor peticionario, repetimos, sostiene que la apre-hensión fue ilegal por cuanto el agente no tenía motivos fundados para creer que se había cometido una falta. Se-ñala, además, que su testimonio es insuficiente de acuerdo con la doctrina del testimonio estereotipado.

En realidad resulta totalmente innecesario dilucidar en el presente caso la siempre difícil controversia de si el agente, a base de los hechos sucintamente señalados con anterioridad, tenía o no “motivos fundados” para aprehender, o arrestar, al menor peticionario F.R.G.; esto es, si la detención o arresto efectuado fue, o no, uno legal. Ello, naturalmente, en vista del hecho que en el presente caso, y en relación con la evidencia en controversia, no hubo un registro ya que se trata de un caso en que la evidencia fue “arrojada y abandonada” voluntariamente por el peticionario F.R.G. Como es sabido, este Tribunal ha resuelto en innumerables ocasiones que la garantía constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre la incautación de evidencia que es voluntariamente “arrojada o abandonadaVéanse, a esos efectos: Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969); Pueblo v. Arroyo Ramírez, 96 D.P.R. 576 (1968); Pueblo v. Saura Gómez, 90 D.P.R. 801 (1964); Pueblo v. Colón Colón, 88 D.P.R. 187 (1963); Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450 (1961). Resulta procedente señalar que en el presente caso no existe prueba de que el peticionario arrojara o abandonara la evidencia como consecuencia de una actuación ilegal o coercitiva de la Policía. United States v. Beck, 602 F.2d 726 (5to 1978); Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R. 567 (1988).

Por otro lado, si bien es cierto que la sospecha de la existencia de testimonio estereotipado, en relación con los casos de evidencia abandonada o lanzada al suelo como en los casos de acto ilegal a plena vista, debe escudriñarse con especial rigor, ello no significa que dicho testimonio deba descartarse siempre. En Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974), reiteramos lo expresado en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966), y dijimos que cuando el tribunal tenga ante sí este tipo de testimonio debe recha-zarlo si el mismo es inherentemente irreal o improbable. La presencia de contradicciones, lagunas o vaguedades en el testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que evaluar esta clase de declaraciones. También indicamos que el “testimonio estereotipado” puede perder su condi-ción como tal si, yendo más allá de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el agente, el término de su investigación, los resultados obtenidos fuera del caso en trámite y otros detalles.

De un examen del testimonio del agente que intervino con el menor peticionario F.R.G. concluimos que dicha de-claración —relativa a evidencia abandonada o lanzada al suelo— realmente no cae dentro de la definición de estereotipada. No se trata aquí de un testimonio inheren-temente irreal o improbable. Tampoco constan en el récord contradicciones, lagunas o vaguedades de parte del testigo. En adición, el agente Rivera Rodríguez declaró sobre la composición exacta de la ronda preventiva, identificó a los demás agentes que lo acompañaban, señaló la hora en que ocurrieron los hechos y la forma y manera en que ocurrie-ron los mismos con precisión y sin titubeo o contradicción alguna. Todo ello nos ofrece suficientes detalles, en esta etapa preadjudicativa, que hacen de su testimonio uno que debe ser dilucidado por el juzgador de los hechos en la vista adjudicativa. No existe base, pues, en estos momentos para resolver de modo distinto al efectuado por el juez de ins-tancia en la referida etapa preadjudicativa. Pueblo v. Espinel Pagán, 112 D.P.R. 531 (1982); Pueblo v. Pérez Cruz, 103 D.P.R. 44 (1974). Véase, además, Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). .

Resolvemos, en consecuencia, que el segundo error se-ñalado en el Caso CE-88-632 no se cometió.

V

Por los anteriores fundamentos, se dicta sentencia revo-catoria de las resoluciones recurridas, mediante las cuales el foro de instancia denegó la entrega de copia de las decla-raciones juradas solicitadas por los peticionarios, devol-viéndose ambos casos al Tribunal Superior, Sala de Meno-res, para la continuación de procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

      (1) Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 2201 et sea.

      (2) En Morales Torres v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 459 (1970), permitimos la inspección del expediente de un menor ya fallecido. Dicho documento se requirió para ser usado por la defensa del acusado a quien se le imputó el asesinato del menor. Expresamos que “[l]a muerte del menor selló inexorablemente toda posibili-dad de rehabilitación”, por lo que el examen del expediente no causaría perjuicio alguno a éste. Id., pág. 464.
      Por otro lado, en Pueblo en interés menor S.G.S., 128 D.P.R. 169 (1991), sostu-vimos la determinación de un juez de instancia que ordenó la inscripción en el Re-gistro Demográfico de un recién nacido como hijo de un menor que resultó culpable de faltar a su obligación de proveerle alimentos, y resolvimos que el estado filiatorio reviste un alto grado de interés público que supera el interés del menor en que el Director del Registro no advenga en conocimiento del resultado de un procedimiento ante el Tribunal de Menores. En adición, dicho trámite es uno limitado que no ex-pone al menor al odio y desprecio público.

      (3) Aunque el descubrimiento de prueba en los procedimientos de asuntos de menores no se ha elevado a rango constitucional, los tribunales han sostenido que éstos tienen derecho —aunque limitado— a utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba. S.M. Davis, Rights of Juveniles: The Juvenile Justice System, 2da ed., Nueva York, Clark Boardman Callagham, 1990, págs. 5-48. Véase, en adición, District of Columbia v. Jackson, 261 A.2d 511 (Cir. D.C. 1970).

      (4) Esta disposición reza:
      “No se admitirá la renuncia del menor a cualquier derecho constitucional que le cobije si no están presentes sus padres o encargados y su abogado y sin una deter-minación del Juez que ésta es libre, inteligente y que el menor conoce las consecuen-cias de la renuncia. No obstante, la presencia del abogado no será requerida para renunciar al derecho de asistencia de abogado.”

      (5) En el contexto de los procedimientos de adultos, la situación es gobernada por las disposiciones de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la cual dispone, en lo pertinente, que al “ser requerido para ello el fiscal pondrá a disposición de la persona las declaraciones juradas que tuviere en su poder de los testigos que haya puesto a declarar en la vista” preliminar.
      Como es sabido, la vista preliminar que establece la citada Regla 23 es la equi-valente de la vista que establece la referida Regla 2.10 de Procedimiento para Asun-tos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Bajo las disposiciones de la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal hemos resuelto que el Fiscal tiene la obligación de entre-garle a la defensa copia de la declaración jurada prestada por los testigos que han declarado en la mencionada vista preliminar. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).
      Es de notar que el lenguaje utilizado por el legislador en la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal no es enteramente igual al utilizado en la referida Regla 2.10 de Procedimiento para Asuntos de Menores. No obstante, somos del criterio que se impone igual solución o determinación en los procedimientos de menores; ello como imperativo del debido procedimiento de ley y del derecho a confrontación, ga-rantizado por la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, y del derecho a una efectiva y adecuada asistencia de abogado.

      (6) Nótese que es el propio menor quien solicita los documentos mediante una renuncia parcial a la confidencialidad del expediente, en aras de preparar adecuada-mente su defensa y confrontarse con los testigos de cargo. Ello no significa que el menor esté renunciando, en cuanto a terceros, a la confidencialidad del expediente. Por otro lado, el interés del Estado en mantener la confidencialidad del expediente del menor no queda vulnerado por la entrega de copia de la declaración jurada del testigo al abogado del menor, pues el Canon 21 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, le impone al abogado la obligación de no divulgar los secretos o confidencias de su cliente y la de adoptar medidas adecuadas para evitar la divulga-ción de éstos.

      (7) La regla citada recoge lo establecido en la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. La doctrina interpretativa de esta regla es aplicable a la Regla 6.9 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. D. Nevares-Muñiz, Derecho de Menores, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1987, pág. 80.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    Municipio de Trujillo Alto, demandante y recurrido, v. Cable TV of Greater San Juan, demandados y recurrentes.

      Número: RE-90-556

      Resuelto: 17 de marzo de 1993

      Edwin Quiñones, abogado del recurrente; Irma Iris García y Manuel Colón Lebrón, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso ante nuestra consideración plantea la inte-rrogante de si bajo las disposiciones de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651 et seq.),() la recurrente, Cable TV of Greater San Juan viene obligada a pagar patentes por el total de su volumen de negocios solamente al Municipio de San Juan, donde mantiene sus únicas oficinas, o si, por el contrario, le corresponde pagar patentes a prorrata según el volumen de negocios que genera en cada municipio en los cuales brinda servicio. Resolvemos que el pago de pa-tentes por el volumen total de negocios corresponde al mu-nicipio donde mantiene oficinas la recurrente y no a prorrata. Así lo dispuso expresamente el legislador.

I

El 3 de febrero de 1988 el Municipio de Trujillo Alto presentó una demanda contra Cable TV of Greater San Juan (Cable TV) en la que reclamó la cantidad de $14,715 por concepto de patentes municipales no pagadas corres-pondientes a los años 1985-1988. La demandada se negó a satisfacer la suma reclamada. Alegó que su compañía sólo mantenía oficina y almacén en el Municipio de San Juan.

Tras el cumplimiento de varios trámites procesales, ¿as partes estipularon los hechos y solicitaron del tribunal que resolviera la controversia respecto a si procedía el pago a la demandante por la cantidad correspondiente al volumen de negocio de la demandada dentro de ese municipio. A esos efectos, el foro de instancia emitió una Sentencia Par-cial mediante la cual resolvió que procedía el pago de pa-tentes requerido por el Municipio de Trujillo Alto. Deter-minó que un análisis integral dé la Ley de Patentes Municipales y de los hechos del caso reflejan que Cable TV hace operaciones de su negocio dentro del Municipio de Trujillo Alto, ya que instala sus cables en los postes de la Autoridad de Energía Eléctrica que se encuentran en el municipio, utiliza tramos de las vías públicas, realiza la venta del servicio a los usuarios dentro del municipio e instala allí los servicios y presta los correspondientes ser-vicios de reparación, por lo cual, estaba obligada a pagar patentes municipales a dicho municipio.

De dicha sentencia acude la parte demandada y hace los señalamientos de error siguientes:

El Tribunal de Instancia erró al concluir que la Demandante Recurrida, Municipio de Trujillo Alto le corresponde, a tenor con la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 del 10 de junio de 1974, 21 L.P.R.A., Sección 651, et se[q].) el Cobro de Patentes Municipales por el servicio de Cable T.V. (servicio de comunicaciones) que se ofrece en dicho Municipio.
Erró dicho Tribunal de Instancia al totalmente descartar la letra de la propia ley de Patentes Municipales que contempla un trato específico, al tratarse de un servicio de comunicacio-nes, tal y como es el servicio de la Demandada-Recurrente, al determinar la imposición de dichas Patentes Municipales. Soli-citud de revisión, pág. 6.

Decidimos revisar. Habiendo comparecido las partes, procedemos a resolver.

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Impugna la parte recurrida nuestra jurisdicción para entender en el presente recurso. En síntesis, alega que la parte demandada no tiene derecho a litigar o a alegar en torno a la acción incoada por el Municipio en cobro de dinero por la patente municipal, por haber incumplido con los procedimientos establecidos en la Ley de Patentes Mu-nicipales, 21 L.P.R.A. sec. 651(o), que requieren del cliente el pago o prestación de fianza como requisito jurisdiccional para acudir al Tribunal Superior o a este Foro. Se equivoca.

Los procedimientos estatuidos en la ley se refieren a casos de deficiencias!) en el pago de patentes. Las mismas resultan inaplicables al caso ante nos. La recurrente no cuestiona el monto de las patentes a ser pagadas sino la procedencia en derecho de la autoridad del municipio de reclamar pago alguno por su parte. Así lo estipularon las partes al someter la controversia ante el Tribunal Superior como una exclusivamente de derecho. Las propias disposi-ciones de ley citadas por la recurrida se refieren a la exis-tencia de una controversia respecto “a la patente impuesta por autorización de las secciones 651 a 652y” del estatuto. Al estar en controversia precisamente la autoridad legal de la recurrida para reclamar el pago (de la cual carece según aquí resolvemos) y no el monto o cómputo de una patente autorizada por ley, no son aplicables las disposiciones de ley citadas por la recurrida. 21 L.P.R.A. sec. 651o(a)(l) y (10).

Siendo esto así, resolvemos que tenemos jurisdicción para entender en el recurso de revisión instado por la re-currente() conforme a las disposiciones de las Reglas 53.1(b) y 53.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y de la Ley de la Judicatura, según enmendada, 4 L.P.R.A. sees. 35 y 37.

Determinada nuestra jurisdicción, procedemos a resolver el recurso en sus méritos.

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Ciertamente el principio de prorrateo, esto es, de que cada municipio obtenga el correspondiente pago de patentes por aquella actividad económica que se materializa dentro de su jurisdicción geográfica, independientemente de si la misma se devenga o contabiliza finalmente por una casá u oficina principal en otra municipalidad, es el principio general que estructura la Ley de Patentes Municipales. 21 L.P.R.A. see. 651 et seq. Véanse: Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692 (1988); Coca Cola v. Municipio de Aguadillo, 99 D.P.R. 839, 841 (1971). De esta manera, al autorizar la imposición y el cobro de patentes, el estatuto dispone en lo pertinente:

Cuando se trate de personas con oficinas o almacenes que sean separados y distintos a cualquier otro negocio o industria que se tenga en la oficina o casa principal de dicha organiza-ción, en el mismo municipio, les será impuesta la patente sepa-radamente, pero tratándose de industrias o negocios que se ten-gan tanto en la casa principal, así como en cualquier sucursal o almacén de aquélla, en el mismo municipio, la patente se im-pondrá únicamente a la casa principal, pero sobre la base del volumen de negocios total de las industrias o negocios que se tienen en la casa principal y en todas sus sucursales y almacenes. Disponiéndose, sin embargo, que cuando se trate de industrias o negocios con oficina principal establecida en deter-minado municipio y manteniendo otras organizaciones de in-dustria o negocio, oficinas, sucursales o almacenes haciendo ne-gocios en otros municipios que no sea donde radica la casa principal, la patente municipal debe ser impuesta por cada mu-nicipio en donde la casa principal mantenga oficinas, sucursa-les, almacenes u otras organizaciones de industria o negocio a base del volumen de negocios realizados por o a nombre de la casa principal en dicho municipio. 21 L.P.R.A. sec. 651b.

Asimismo se adopta como regla general en la definición del concepto “volumen de negocios”, fundamento sobre el cual se computa el pago correspondiente, la siguiente:

...“volumen de negocios” significa los ingresos brutos que se reciben o se devenguen por la prestación de cualquier servicio, por la venta de cualquier bien, o por cualquier otra industria o negocio en el municipio donde la casa principal realiza sus ope-raciones, o los ingresos brutos que se reciban o se devenguen por la casa principal en el municipio donde ésta mantenga ofi-cinas, almacenes, sucursales, planta de manufactura, envase, embotellado, procesamiento, elaboración, confección, ensam-blaje, extracción, lugar de construcción, o cualquier otro tipo de organización, industria o negocio para realizar, negocios a su nombre, sin tener en cuenta sus ganancias o beneficios. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(A).()

Este principio permea a través del estatuto. Véanse: 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(B) (“Cuando se trate de negocio fi-nanciero ... [e]l ingreso bruto devengado por estas organi-zaciones sujeto al pago de patentes se distribuirá entre las sucursales de acuerdo a la proporción que guarden todas las clases de depósitos de la sucursal con los depósitos to-tales de la organización”); 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(E) (“El volumen de negocios de personas que mantienen ofici-nas, almacenes, sucursales o cualquier otro tipo de organi-zación de industrias o negocios en distintos municipios de la Isla se determinará en cada municipio por separado a los efectos de que la casa principal pague las contribucio-nes que corresponda al respectivo municipio donde radica cada oficina, almacén, sucursal o cualquier otro tipo de or-ganización de industria o negocio”), y 21 L.P.R.A. sec. 651f (“En aquellos casos en que el negocio estuviere localizado en territorio de 2 ó más municipios, se prorrateará la cifra correspondiente al volumen de negocio entre el área en pies cuadrados que la edificación tuviere localizada en cada municipio y la cifra resultante se la aplicará el tipo fijado por las sees. 651 a 652y de este título o por el municipio correspondiente”).

No obstante, la sec. 651a(a)(6)(D) expresamente establece una excepción a esta norma general sobre lo que se consi-dera el volumen de negocios en los casos de servicios de comunicación:

(D) Ventas de tiendas, casas de comercio y otras industrias o negocios. — El volumen de negocios será, tratándose de ventas de tiendas, casas de comercio u otras industrias o negocios, el importe de las ventas brutas luego de deducidas las devolucio-nes; el monto del valor de los fletes y pasajes en cada oficina establecida en cada municipio, tratándose de vehículo para el transporte terrestre; el importe de lo recaudado por servicios de comunicación, en cada municipio donde mantenga oficinas, tra-tándose de industria o negocio de esta índole, y en general el montante de las entradas recibidas o devengadas por cualquier industria o negocio de acuerdo con la naturaleza de la industria o el negocio. (Enfasis suplido.)

Debemos destacar que, tanto las enmiendas que se le introdujeron a la Ley de Patentes Municipales en 1991 (Ley Núm. 82 de 30 de agosto), como las extensas enmien-das introducidas mediante la Ley Núm. 93 de 17 de no-viembre de 1992, dejaron inalterada la sec. 651a(a)(6)(D) antes citada, aun cuando para dichas fechas ya el sistema de Cable TV estaba operando ampliamente en Puerto Rico y era de conocimiento público que esta controversia estaba pendiente de ser adjudicada por los tribunales. Cf. Asoc. Drs. Med. Cui. Salud v. Morales, 132 D.P.R. 567 (1993). Obviamente el legislador en dicho momento pudo alterar la excepción contenida en la ley.

Alega la recurrida que allí donde dice “servicios de co-municaciones” debe entenderse que se refiere a los siste-mas convencionales de radio y televisión que operan me-diante la transmisión abierta de ondas radiales desde una estación matriz y que ni alquilan ni venden sus servicios de comunicación, y no al sistema de comunicación me-diante cable el cual depende de toda una infraestructura de líneas de transmisión que requieren instalación directa hasta cada hogar o local que desee sus servicios y por los cuales se cobra una mensualidad determinada. Veamos.

Obviamente, a pesar de tratarse ambos de servicios de comunicación, existen diferencias palpables entre el tipo de actividad comercial que representan las empresas con-vencionales de radio y televisión, y aquellas que brindan sus servicios a sus subscriptores mediante el sistema de cable. D.L. Brenner, M.E. Price y M.I. Meyerson, Cable Television and Other Nonbroadcast Video: Law and Policy, Nueva York, Clark Boardman Callaghan Entertainment and Communications Law Library, 1992; J.C. Goodale, All About Cable: Legal and Business Aspects of Cable and Pay Television, ed. rev., Nueva York, Law Journal Seminars-Press, 1988; G.L. Christensen, Cable Television: Retrospective and Prospective, Nueva York, Practising Law Institute, 1986; D.H. Ginsburg, Regulation of Broadcasting: Law and Policy Towards Radio, Television and Cable Communications, Minnessota, Ed. West Publishing Co., 1979.

Los sistemas convencionales de radio y televisión, cono-cidos como broadcast communications services, consisten en la transmisión aérea de ondas radiales (radiaciones electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz) vi-suales y/o auditivas con la intención de que sean captadas directamente por el público en general o a través de estaciones retransmisoras. 47 U.S.C. sec. 153(o). Véase Alien B. Dumont Laboratories v. Carroll, 184 F.2d 153, cert. denegado, 340 U.S. 929 (1950); Functional Music, Inc. v. F.C.C., 274 F.2d 543, cert, denegado, 361 U.S. 813 (1959); Ginsburg, op. cit, pág. 9. Su financiamiento, en caso de estaciones comerciales, depende de las ventas que realicen en concepto de tiempo para anuncios comerciales que se intercalan mediante la interrupción de la programación regular destinada al público (véase Ginsburg, op. cit., págs. 620-622 y 640-645) y no de la venta de sus servicios a suscriptores particulares. Por lo general, su actividad co-mercial se concentra en unas instalaciones centrales desde donde se produce y transmite su programación, y desde donde se realizan las demás gestiones de mercadeo y ventas. Es allí donde se genera y devenga su volumen total de negocios. Con excepción de alguna estación retransmi-sora, allí se concentra toda la infraestructura física que necesitan para operar.

Las operaciones de Cable TV se estructuran de forma distinta. Estas se conocen como nonbroadcast communication services. Ginsburg, op. cit, pág. 21; Goodale, op. cit., Sec. 2.03. La ley federal que regula la industria de. Cable TV, Cable Communications Policy Act of 1984, 47 U.S.C. sec. 521 et seq., la describe como facilidades consistentes en un conjunto de vías cerradas de transmisión, y de equipo relacionado de generación, recepción y control de señales, bajo un propietario común, que distribuye o está diseñado para distribuir tales señales por cable a suscriptores en una comunidad. Véanse: 47 U.S.C. see. 522; 47 C.F.R. see, 76.5 (1991); Goodale, op. cit., Sec. 2.03; Brenner, Price y Meyerson, op. cit, Sec. 1.04.

A tales efectos, el sistema depende del tendido y cons-trucción de una complicada red de cables que se ramifican y extienden su paso desde el centro de transmisiones hasta los televisores en los hogares de los suscriptores.() En general, el sistema consta de tres (3) componentes: la estación central, la red de distribución y los terminales. Brenner, Price y Meyerson, op. cit., Sec. 1.03; Christensen, op. cit., págs. 20-23. El primero constituye el cerebro del sistema y son las facilidades desde donde se recibe, procesa y alimenta el material de programación en la red de distribución. El segundo consiste de la cablería (usualmen-te de cable coaxial) que parte desde la estación central a través de los postes de teléfono y energía eléctrica o de forma soterrada, y de un sistema de alimentación a través de amplificadores localizados a lo largo de las líneas de cable. Finalmente, los terminales constituyen el destino de la señal transmitida. Consisten éstos de los aparatos de televisión de los suscriptores y pueden, además, incluir una caja convertidora que cambia la frecuencia de la señal y permite el que sea proyectada como es debido. Brenner, Price y Meyerson, op. cit.; Christensen, op. cit. Véase Leathers v. Medlock, 499 U.S. 439, 442 (1991). En consecuencia, utilizan un derecho de paso sobre la propiedad municipal que no ejercitan las televisoras y radio difusores tradicionales. ()

En términos financieros, distinto a las emisoras ordina-rias, los sistemas de Cable TV comúnmente le cobran a sus suscriptores cargos por instalación y mensualidades. U.S. v. Southwestern Cable Co., 392 U.S. 157, 162 (1968). Por ello tienen la capacidad de ofrecer una programación de películas y otros entretenimientos sin necesidad de interrupciones para anuncios comerciales. 1984 U.S. Code Cong. & Admin. News 4658. Atales efectos, podemos seña-lar que las cajas registradoras en las compañías de Cable TV son los televisores de los usuarios. Brenner, Price y Meyerson, op. cit., Sec. 1.03[4], El volumen de negocio ob-tenido en cada municipio particular es perfectamente identificable.

Finalmente, el sistema de Cable TV se diferencia del sistema de libre recepción de radio y televisión en que, con-trario al caso de estas últimas, la legislación federal que ocupa el campo provee para que los gobiernos municipales donde éstos operan, siempre y cuando estén autorizados por la legislatura estatal, ejerzan poderes de reglamenta-ción y licencia sobre aquellas, dentro de los parámetros de la ley. 47 U.S.C.A. see. 541 et seq.

The Cable Act left franchising to state or local authorities; those authorities were also empowered to specify the facilities and equipment that franchisees were to use .... City of New York v. FCC, 486 U.S. 57, 61 (1988). Véanse: 1985 U.S. Code Cong. & Admin. News, supra; Chicago Cable Communications v. Chicago Cable Com’n, 678 F. Supp. 734, 746 (Ill. 1988); Jones Intercable v. City of Stevens Point, Wis., 729 F. Supp. 642, 649 (Wis. 1990); Rollins Cablevue, Inc. v. Saienni Enterprises, 633 F. Supp. 1315, 1318 (Del. 1986); Brenner, Price y Meyerson, op. cit., Secs. 10.02-10.04; Goodale, op. cit., Secs. 4.01-4.07.

No obstante, independientemente de que existan bases que justifiquen tratar a este medio de un modo distinto a otros medios de comunicación, el legislador no hizo distin-ción alguna al aprobar la Ley de Patentes Municipales. Co-rresponde a la Asamblea Legislativa y no a este Foro tomar acción al respecto. Véanse: Asoc. Drs. Med. Cui. Salud v. Morales, supra; Torres García v. F.S.E., 111 D.P.R. 469, 474 (1981); Famania v. Corp. Azucarera de P.R., 113 D.P.R. 654, 657-658 (1982); González Chemical v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 72, 78 (1962); Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 331 (1975); Cruz Fontánez v. Registrador, 126 D.P.R. 182 (1990); Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020 (1992); Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Véase, en general, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev. y amp., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, págs. 299-303.

“El poder judicial no puede suplir la acción del poder legislativo imponiendo a los demandados condiciones que la Legislatura no ha tenido a bien imponerles.” Dottin v. Rigo & Co., 22 D.P.R. 405, 409 (1915). “No es atendible en este foro el argumento de la recurrente sobre el impacto oneroso que tiene el estatuto en sus finanzas. Nuestra fun-ción es interpretar la ley y no juzgar su bondad o sabiduría.” Famania v. Corp. Azucarera de P.R., supra, págs. 657-658. “Aunque simpatizamos con el plantea-miento, reconocemos que éste es un asunto que versa emi-nentemente sobre las metas de la política fiscal y social que es providencia de la Asamblea Legislativa. Es ésta la que luego de considerar todos los factores envueltos incluyendo el impacto económico, que evidentemente es enorme, debe tomar la decisión final.” Torres García v. F.S.E., supra, pág. 474.

Tal como dispone expresamente el estatuto, en casos de servicios de comunicación, corresponde el pago de las patentes en el municipio donde mantienen oficinas. Nada hayamos en el historial legislativo que nos permita llegar a la conclusión de que la intención del legislador al incluir la disposición en cuestión era proveer una fórmula para el cómputo de patentes únicamente en cuanto a los servicios de comunicación de difusión pública y no para las que transmiten por el sistema cerrado de cable.

El análisis de las antiguas leyes de patentes municipa-les —Ley Núm. 26 de 28 de marzo de 1914 y Ley Núm. 27 de 12 de junio de 1971— abonan en esa dirección. En lo concerniente al pago de patentes por las compañías de te-léfono y de energía eléctrica, las cuales resultan muy simi-lares a la industria de Cable TV en cuanto dependen de una presencia física en cada municipio y sus ventas en cada uno son identificables, los referidos estatutos dispo-nían que éstas se pagarían en el municipio donde mantu-vieran oficinas.()

Al interpretar la disposición contenida en la Ley Núm. 26, antes mencionada, en P.R. Telephone Co. v. Municipio de Mayagüez, 103 D.P.R. 581 (1975), señalamos que la Telefónica no venía obligada a pagar patentes en los municipios en que no tiene oficinas para llevar a cabo sus negocios. Al efecto dispusimos:

Surge de la prueba que la Telefónica mantiene, o mantenía a la fecha de los hechos, oficinas en Mayagüez pero no en los pueblos de Aguadílla, San Sebastián, Aguada, Moca, Añasco, San Germán, Hormigueros, Sabana Grande, Lajas, Maricao, Lares, Las Marías, Cabo Rojo y Rincón. La oficina de Mayagüez era una oficina central donde se atendían las actividades comercia-les de la recurrida en relación con los mencionados pueblos.
En cada uno de dichos pueblos la recurrida tiene un edificio donde está instalado un equipo automático que hace posible las comunicaciones telefónicas en esos lugares. Dicho equipo fun-ciona sin ayuda de personal alguno. Empleados de la recurrida visitan periódicamente esos edificios para obtener información, la cual pasan a sus libros. La recurrida tiene en cada uno de esos pueblos uno o más agentes, usualmente farmacias, los cua-les están autorizados a recibir pagos de los usuarios. La recu-rrida compensa a dichos agentes por sus servicios mediante comisión. Los usuarios pueden pagar allí localmente o directa-mente en la oficina central en Mayagüez.
Conforme a la citada sección la patente debía imponerse so-bre los ingresos brutos de la casa principal obtenidos en el mu-nicipio donde dicha casa mantenía oficina y, tratándose de em-presas de servicios telefónicos, los ingresos brutos serían el importe de lo recaudado por dichos servicios en el municipio donde la compañía tuviese oficina. A la luz de los hechos de este caso debemos resolver que la Telefónica no tenía oficinas, a los efectos de la ley que interpretamos, en los pueblos antes mencio-nados pero sí la tenía en Mayagüez. Desde luego, lo recaudado por los agentes de cobro —en las farmacias— en los distintos pueblos mencionados debe considerarse parte del importe de lo recaudado en la oficina central en Mayagüez, pues es allí donde se llevaban a cabo los negocios de la Telefónica para dichos fines.
La recurrida no venía obligada a pagar patentes en los mu-nicipios mencionados en que no tiene oficinas para llevar a cabo negocios. Dicho requisito de tener oficinas lo fija la propia ley que hemos citado. (Enfasis suplido.) P.R. Telephone Co. v. Mu-nicipio de Mayagüez, supra, págs. 582-583.()

No necesitamos abundar al respecto. Corresponde al le-gislador, y no a este Foro, tomar acción si se quiere cam-biar el claro mandato legislativo.

En vista de lo antes expuesto, se revoca la sentencia del tribunal de instancia. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió con una opinión escrita.

— o —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

El recurso ante nuestra consideración requiere que de-terminemos cuál es precisamente el mandato legislativo en cuanto a quién deben pagarse las. patentes municipales en negocios como el de Cable TV. Es mi criterio que la Ley de Patentes Municipales no tiene una disposición meridiana-mente clara sobre el particular, lo que hace necesario in-vestigar cuál fue exactamente la intención legislativa res-pecto a este asunto.

Como bien se señala en la opinión de la mayoría, el prin-cipio de prorrateo permea toda la estructura de la Ley de Patentes Municipales. En ese estatuto, el legislador esta-bleció sin duda alguna la norma general de que cada mu-nicipio debe obtener el pago correspondiente de patentes por aquella actividad económica que se lleva a cabo dentro de su jurisdicción geográfica.

Este esencial principio de prorrateo es, además, una condición necesaria para cumplir con el fundamental pro-pósito legislativo que informa el nuevo orden de gobierno municipal establecido en Puerto Rico en 1991. En ese año, la Asamblea Legislativa adoptó la Ley de Municipios Autó-nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, con el fin de otorgarle a los gobiernos municipales una nueva dimensión de autonomía y de responsabilidad. Para hacerla viable, la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 procura proveerle a todos los municipios del país las herramientas económicas necesarias para asumir un rol gubernamental más central y de mayor alcance que el que jugaban antes. Así se señala expresamente no sólo en la exposición de motivos de dicha ley, sino también en su Art. 1.002 (21 L.P.R.A. see. 4001 n.), que contiene la declaración de política pública. En 1991, la Asamblea Legislativa también aprobó extensas enmiendas a la Ley de Patentes Municipales. Estas enmiendas, según surge de la exposición de motivos de este otro estatuto (Ley Núm. 82 de 30 de agosto de 1981), persiguen fortalecer e incrementar la base fiscal de todos los municipios para que puedan cumplir cabalmente con sus nuevas responsabili-dades, particularmente aquellos municipios de menor po-blación e ingreso.

Como puede observarse, pues, la clara intención legisla-tiva es la de fortalecer económicamente a todos los muni-cipios de Puerto Rico, para que puedan cumplir con su acrecentada encomienda pública, meta que se hace viable indiscutiblemente a través del principio de prorrateo alu-dido y que consolida la importancia y el carácter esencial que la propia Ley de Patentes Municipales expresamente le confiere a ese principio.

Frente a este claro y fundamental mandato legislativo, tenemos lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley de Patentes Municipales, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 651a(a)(7)(D), sobre la cual descansa esencialmente la opi-nión de la mayoría. La aludida sección indica que el “volu-men de negocios” en los casos de servicios de comunicación será “el importe de lo recaudado [(por dichos servicios)] en cada municipio donde mantenga oficinas...”. De este parco lenguage la mayoría deriva la supuesta intención del legis-lador de hacer una excepción al abarcador y fundamental principio de prorrateo en casos de negocios como el de Cable TV. La mayoría en su opinión no cita fuente alguna que siquiera sugiera o intime que el legislador, en efecto, quiso hacer tal excepción al principio de prorrateo. No se hace referencia a informes legislativos o a discusiones en el he-miciclo, o a otras expresiones legislativas que permitan ve-rificar o corroborar la supuesta intención de hacer la excep-ción aludida. Ni siquiera se presentan consideraciones de orden público o razones que expliquen por qué el legislador supuestamente quiso hacer una excepción al principio de prorrateo en casos como el de marras. La única y estrecha base de la opinión de la mayoría es el escueto y limitado lenguage de la sección aludida.

En lo que a mí respecta, me parece azaroso implicar la importante excepción en cuestión sólo a base del texto literal de la corta y exigua sección referida. No sólo porque ello sería contrario al esencial y comprensivo principio de pro-rrateo que tan claramente ordenó el legislador para la ge-neralidad de los negocios y empresas que pagan patentes municipales, sino que, además, porque ello sería contrario también al claro sentido y a los claros propósitos del nuevo orden municipal que se estableció en Puerto Rico en 1991 y al nuevo esquema legislativo que se aprobó ese año para efectuar la fundamental reforma de los gobiernos municipales.

Además, resulta que la parca sección aludida sobre la cual descansa la opinión de la mayoría es razonablemente susceptible de una interpretación distinta a la que le da la mayoría en su opinión. Puede entenderse, de otro modo, que además sería cónsono con el principio de prorrateo y con el propósito de la legislación de 1991 de proveerle he-rramientas económicas suficientes a todos los municipios.

La sección en cuestión forma parte de un articulado más extenso que intenta definir cuál es el volumen de negocios sobre el cual deben imponerse las patentes municipales. Como dichas patentes han de extenderse a distintos tipos de industrias o actividades comerciales, el articulado con-tiene diversas definiciones sobre cuál es el volumen de ne-gocios tributable, dependiendo las mismas del tipo de in-dustria o actividad comercial concernida. En otras palabras, las disposiciones aludidas van dirigidas esencial-mente a identificar el corpus sobre el cual se fijarán las patentes municipales, que varía dependiendo de la natura-leza de la empresa comercial sobre la cual se han de impo-ner las patentes. Parece razonable suponer que el propó-sito de las disposiciones aludidas fue estrictamente el de concretar sobre cuáles eventos y actividades recaerá la pa-tente municipal.' No hay nada en el texto de la ley real-mente que indique que la disposición que nos ocupa tiene otro propósito que no sea el ya identificado. Sin embargo, la mayoría en su opinión le atribuye a esa parca disposi-ción un segundo propósito: el de determinar a qué munici-pio ha de pagarse la patente municipal. Esta interpreta-ción de la mayoría parece infundada, ya que por sus propios términos dicha sección persigue solamente definir cuál es el “volumen de negocios” específico sobre el cual recaerá la patente municipal en cuestión. El otro asunto de a qué municipio han de pagarse las patentes se establece en disposiciones aparte, como por ejemplo sub-subinciso (E) del articulado en cuestión, que expresamente señala que la casa principal pagará las contribuciones que corres-pondan al respectivo municipio donde radica cada oficina, almacén, sucursal o cualquier otro tipo de organización de industria o negocio.

En otras palabras, unas disposiciones identifican sobre qué evento o actividad recaerá la patente y otras a qué municipio se le pagará la patente. El problema con la opi-nión de la mayoría es que a pesar de que existen distintas disposiciones para distintos propósitos, le atribuye ambos fines a la parca sec. 651a(6)(D) antes citada, aunque por sus propios términos literales dicha sección sólo parece dirigida a definir el corpus sobre el cual recae la patente municipal. Por así interpretar dicha sección, se da al traste con el esencial principio general de prorrateo que informa la legislación de patentes municipales abarcadoramente y se socava la clara y aún más importante intención legisla-tiva de proveerle a todos los municipios las herramientas económicas que necesitan para cumplir cabalmente su co-metido en el nuevo orden municipal que se estableció en el país en 1991.

Como no creo que la interpretación de la mayoría está compelida por un fundamento inexpugnable, y como creo, al contrario, que existe otra interpretación que está en ar-monía con los principios generales que, fuera de toda duda, estableció el legislador sobre prorrateo municipal y sobre la habilitación económica de todos los municipios, disiento de la opinión mayoritaria.

      0 Recientemente esta ley fue extensamente enmendada mediante la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992. Por no ser de aplicación al caso de autos, no entra-mos a considerar tales enmiendas.

      (2) La propia ley define una deficiencia como el monto por el cual la patente que se autoriza a imponer y cobrar excede la suma de (a) la cantidad declarada como patente por la persona en su declaración, si dicha persona rindió una declaración y declaró en la misma alguna cantidad como patente, más (b) las cantidades previa-mente tasadas, o cobradas sin tasación como deficiencia; menos, el monto de aquellas reducciones, créditos, reintegros u otros reembolsos, que se hagan por razón de que la patente que autoriza a imponer 21 L.P.R.A. secs, ,651a y 652 sea menor que el exceso de la cantidad especificada en la declaración, sobre el monto de reducciones previamente hechas. Véase 21 L.P.R.A. see. 651 n.

      (3) A esos efectos, mediante Resolución de 2 de noviembre de 1990 ordenamos al Secretario General de este Tribunal que expidiera un mandamiento de revisión diri-gido al Tribunal Superior, Sala de Carolina, y ordenamos la elevación de los autos a este Tribunal.

      (4) Recientemente esta sección fue enmendada con el fin de añadirle la definición de lo que constituirá ingreso bruto. Ley Núm. 82 de 30 de agosto de 1991. Véase, además, la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992.

      (5) Al respecto señalan Brenner, Price y Meyerson:
      “Cable television systems receive television, radio, or other electronic signals by means of antennae, including microwave and satellite earth stations. They may also generate their own signals and deliver them by microwave or coaxial cable to a headend. At the headend they are amplified, processed, and then fed into a distribution path. This path consists of coaxial trunk lines, feeder cables, and drop cables. Drop cables carry signals to terminal blocks on a subscriber’s premises, and ultimately, to television receivers or data terminals.” D.L. Brenner, M.E. Price y M.I. Meyerson, Cable Televisión and Other Nonbroadcast Video: Law and Policy, Nueva York, Clark Boardman Callaghan Entertaiment and Communications Law Library, 1992, Sec. 1.03. Véase U.S. v. Southwestern Cable Co., 392 U.S. 157, 161 (1968).

      (6) La legislación federal que regula el campo mandatoriamente concede a las compañías de Cable TV derechos de servidumbre sobre la propiedad utilizada para usos compatibles. 47 U.S.C. sec. 533(b)(2). Véanse: Brenner, Price y Meyerson, op. cit, Sec. 3.03; Rollins Cablevue, Inc. v. Saienni Enterprises, 633 F. Supp. 1315 (D. Del. 1986).

      (7) Disponía la Ley Núm. 26 de 28 de marzo de 1914, según enmendada, en lo pertinente:
      “Se entenderá por volumen de negocios para los efectos de esta ley ... el importe de lo recaudado por servicios telefónicos o eléctricos, en cada municipio donde mantenga oficinas ..." (Énfasis suplido.) See. 4 de la Ley Núm. 26 de 28 de marzo de 1914, según enmendada por la Ley Núm. 93 de 25 de junio de 1962.
      Por su parte, la Ley Núm. 27 de 12 de junio de 1971, la cual derogó la referida Ley Núm. 26, incorporó una disposición idéntica a la citada.

      (8) Es un principio conocido de hermenéutica que el legislador conoce la interpretación que este Foro ha hecho a las leyes. El citado caso P.R. Telephone Co. v. Municipio de Mayagüez, fue resuelto en 1975. Tanto en 1991 como en 1992 el legis-lador enmendó extensamente la Ley de Patentes Municipales, conociendo la existencia de dicho caso, y sin embargo no alteró la disposición en la cual se fundamenta el dictamen del mismo, el cual es cónsono con lo aquí resuelto.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Atlantic Pipe Corporation, recurrente, v. Fondo del Seguro del Estado, recurrido.

      Número: CI-90-286

      Resuelto: 17 de marzo de 1993

      José L. Arias Juárez, abogado del recurrente; José M. Her-nández Luis y Magda Soto de Acosta, abogados del Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado; José L. Verdia-les Morales y José J. Santiago, abogados de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Atlantic Pipe Corporation (en adelante Atlantic Pipe) solicita la revocación de la resolución de la Comisión Industrial (en adelante Comisión) que concluyó que la em-presa era un patrono no asegurado para la fecha del acci-dente del obrero porque el Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo) no recibió el pago por concepto de la prima dentro del plazo correspondiente. La controversia de autos ha originado varias revisiones ante esta Curia y re-quiere unos pronunciamientos que aclaren la normativa aplicable. Confirmamos.

HH

El 20 de octubre de 1987 Atlantic Pipe envió, por correo certificado con acuse de recibo, el pago de la prima corres-pondiente al primer semestre de 1987-1988. El plazo que se le concedió para ese pago expiraba el 21 de octubre de 1987 y fue recibido por el Fondo el 22 de octubre. En vista del incumplimiento de Atlantic Pipe con los términos de pago de la prima, el Fondo lo declaró un patrono no asegu-rado para los accidentes del trabajo ocurridos entre el 1ro de julio de 1987 y el 22 de octubre de 1987, mientras estuvo al descubierto.

Oportunamente, Atlantic Pipe acudió ante la Comisión Industrial y apeló las distintas decisiones del Administra-dor del Fondo. La Comisión determinó que el 20 de octubre de 1987 Atlantic Pipe depositó en el correo el pago corres-pondiente al primer semestre de 1987-1988 y que el Fondo recibió y acreditó el mismo un (1) día después de que se venció el plazo fijado. Como el pago se recibió tardíamente, la Comisión concluyó que Atlantic Pipe era un patrono no asegurado durante el período de tiempo en que estuvo al descubierto y desestimó las apelaciones.

De esta resolución recurrió Atlantic Pipe y sostiene que la Comisión incidió al resolver que la empresa era un pa-trono no asegurado por razón de que el Fondo recibió, el 22 de octubre de 1987, el pago de las primas del seguro obrero después de la fecha de vencimiento fijada por el Administrador. Aducen que el pago se perfeccionó dentro del plazo fijado al depositarse en el correo el 20 de octubre de 1987.

Oportunamente, expedimos el auto de revisión y autori-zamos a la Asociación de Industriales a comparecer como amicus curiae. Evaluada la comparecencia de todas las partes, confirmamos la resolución de la Comisión.

t=H I — I

El Art. 27 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, dispone lo siguiente:

El seguro de cada patrono por el Estado comenzará a regir inmediatamente después de que haya sido archivada en las ofi-cinas del Administrador del Fondo del Estado su nómina o es-tado acompañado del importe de la cuota que corresponda al tanto por ciento de los jornales declarados en dicho estado, de acuerdo con los tipos fijados por el Administrador; Disponién-dose, que cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago será considerado como un caso de patrono no asegurado a ■ menos que el patrono verifique el pago dentro del término fijado por el Administrador del Fondo [del Seguro] del Estado, en los cuales casos el seguro empezará a regir desde la fecha en que el patrono archivó, la nómina o estado, en la oficina del Administrador. (Énfasis suplido.) 11 L.P.R.A. see. 28.

De lo anterior se desprende claramente que el seguro gubernamental por accidente ocupacional comienza a regir únicamente después que se archive o se reciba en el Fondo la “nómina o estado acompañado del importe de la cuota” correspondiente y, además, la ley requiere que antes de que el seguro entre en vigor, el patrono tiene que verificar el pago “dentro del término fijado por el Administrador del Fondo del Estado”. 11 L.P.R.A. see. 28. El estatuto dispone, también, que hasta tanto no se efectúe el pago dentro de los términos fijados por el Administrador, el patrono no tendrá derecho a las inmunidades provistas por ley. Montaner v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 396, 400 (1941).

En Am. Railroad v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 314, 320 (1943), establecimos que cuando el patrono efectúa el pago correspondiente después de la fecha fijada por el Administrador, éste debe considerar al patrono como asegurado desde la fecha en que lo recibió. No obstante, también concluimos que “dicho pago no t[iene el] efecto retroactivo por haberse verificado después de vencido el plazo concedido por el Administrador, y consecuentemente, a los efectos de los accidentes acaecidos antes del pago, debería considerársele como patrono no asegurado”. (Enfasis suplido.) Id.

En su recurso ante nos, Atlantic Pipe sostiene que una vez se depositó en el correo, un día antes de la fecha de vencimiento fijada por el Fondo, el pago de $163,037.04 relativo al primer semestre del año póliza 1987-1988, la justicia y equidad requieren que se extienda la cubierta a la empresa por los accidentes ocurridos antes del término establecido. Su planteamiento ignora la letra clara de la ley, que dispone que el seguro rige solamente después que se recibe en el Fondo el estado correspondiente dentro de los términos fijados acompañado del importe requerido por el Administrador. Véase Sucrs. de J. González v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 306, 309 (1943).

No podemos olvidar que nuestra función interpretativa no puede devirtuar o menospreciar el lenguaje claro, so pretexto de cumplir con el espíritu de la ley. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14.() Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509 (1954); Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 16, 20 (1954); Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 D.P.R. 256 (1991).

Para propósitos de la ley, el evento importante es el recibo del pago y no el momento en que el mismo se depositó en el correo. Lo determinante es si se recibe el importe dentro del término que fijó por el Administrador. De entenderlo procedente, corresponde a la Rama Legislativa y no a esta Curia enmendar la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para hacer extender la cubierta de la ley a la fecha en que se depositó en el correo el pago correspondiente.

Es preciso señalar, a manera de ejemplo, que cuando un deudor utiliza el correo para el pago de una obligación contractual que exige el cumplimiento dentro de un término fijado, éste no tendrá el beneficio de ampliar dicho término por tres (3) días adicionales que le garantiza la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Banco de Ponce v. Barnés y D.A.C.O., 125 D.P.R. 526 (1990). En ese caso rechazamos la aplicabilidad de la mencionada regla cuando se trataba de obligaciones contractuales. Esto es, el deudor que utilice el correo se corre el riesgo de que su pago no llegue a tiempo, lo que acarrea, en estricto rigor jurídico, el incumplimiento de la obligación contraída.

Sería impropio, mediante fíat judicial, trastocar el anda-miaje legislativo de la Ley de Compensaciones por Acciden-tes del Trabajo a los efectos de variar el momento en que entra en vigor la póliza de seguro por el mero hecho de que el asegurado utilice el correo para hacer su pago.

En el caso de autos, la Comisión resolvió que el patrono tenía status de patrono asegurado a partir de 22 de octubre de 1987, fecha en que se recibió el pago. Esta decisión aplica cabalmente las disposiciones del Art. 27 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, y la ju-risprudencia citada anteriormente.

Por las razones anteriormente expuestas, procede expe-dir el recurso de revisión y confirmar la resolución recu-rrida de la Comisión.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) “Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.”


author: per curiam:

text:
      In re Genaro Rodríguez Gerena, querellado.

      Número: CP-89-283

      Resuelto: 23 de marzo de 1993

      Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Juan José Vera González, abogado del querellado.
   per curiam:

Mediante opinión Per curiam y Sentencia de 11 de febrero de 1993, ordenamos la separación indefinida del Ledo. Genaro Rodríguez Gerena, tanto del ejercicio de la abogacía como de la notaría. El Juez Presidente Señor Andréu García y la Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón hicieron constar que limitarían la sanción únicamente a la separación de la notaría. Nuestra decisión estuvo fun-damentada en el informe que el Comisionado Especial for-muló en torno a la querella contra este abogado- notario presentada por la Procuradora General de Puerto Rico. En su informe el Comisionado Especial determinó que el que-rellado había autorizado el traspaso de ciertos vehículos de motor dando fe de que conocía a los comparecientes y que éstos habían suscrito las declaraciones juradas en su pre-senda, cuando nada de ello era cierto. Los vehículos en cuestión habían sido hurtados previamente.

El 2 de marzo de 1993 Rodríguez Gerena, representado por su abogado, compareció ante nos solicitando la recon-sideración de dicha sentencia, señalando, inter alia: (1) que en más de dieciséis (16) años como abogado-notario nunca antes había estado sujeto a procedimientos disciplinarios y que sus actuaciones objeto de la querella en cuestión no representaban un patrón de conducta; (2) que nunca ha cometido delito alguno y que la División de Vehículos de la Policía realizó una investigación sobre los traspasos de ve-hículos notarizados por el querellado, archivando la misma una vez concluida, sin acusación alguna contra el querellado. Nos pide Rodríguez Gerena que a la luz de esos hechos y de otras consideraciones señaladas en su moción, limitemos la anterior sanción disciplinaria sólo al ejercicio de la notaría.

La Procuradora General ha comparecido y ha expresado su objeción al planteamiento del querellado de que su ac-tuación no perjudicó a terceras personas.

Vistos los señalamientos del querellado y considerada la objeción parcial de la Procuradora General, el Tribunal, en reconsideración, decide limitar la sanción a la separación permanente de la notaría.

Se dictará sentencia conforme con esta opinión, modifi-cando la de 11 de febrero de 1993.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Flora M. González Iturregui, etc., demandantes y recurrentes, v. Manuel González Olazábal, demandado y recurrido.

      Número: RE-92-96

      Resuelto: 25 de marzo de 1993

      Sabino Cotto Cruz, abogado de los recurrentes; Orlando Co-llado Medina, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — =-f

El 5 de diciembre de 1990 Flora M. González Iturregui presentó en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una demanda ex reí., sus hijos Josefina A. y Manuel E. Gonzá-lez González, contra su ex esposo Manuel A. González Olazábal. Reclamó la propiedad de unos bonos federales que Francisco Olazábal, tío materno del demandado Gon-zález Olazábal, había adquirido entre 1970 y 1981, alega-damente como regalo para la educación de esos dos (2) hijos. González Olazábal negó tales alegaciones.

Mediante descubrimiento de prueba se determinó que se trataba de bonos federales de ahorro de la serie E —ex-pedidos desde 1971 hasta 1979— y pagaderos, en la alter-nativa, a favor del demandado González Olazábal y/o al-guno de sus hijos Josefina A. o Manuel E.

El 9 de diciembre de 1991, el foro de instancia (Hon. Carlos de Jesús Rivera Marrero, Juez), desestimó sumaria-mente la demanda, sin especial imposición de costas ni ho-norarios de abogado. A base de un análisis de la reglamen-tación y el derecho federal aplicable, concluyó que los referidos bonos de ahorro constituían un contrato entre el comprador y el Gobierno federal. Bajo United States v. Chandler, 410 U.S. 257 (1973), resolvió que la reglamenta-ción federal del Tesoro de Estados Unidos ocupaba el campo y determinaba la titularidad de los bonos. Al ha-berse expedido en la forma alterna, y pagados al deman-dado González Olazábal, el otro condueño designado cesó de tener interés en los bonos. En reconsideración, reiteró su dictamen.

A solicitud de la demandante González Iturregui revisamos.

f — 1 1 — I

En esencia, González Iturregui sostiene que United States v. Chandler, supra, no aplica por tratarse de un caso limitado al pago de contribuciones federales sobre herencias. Lo distingue argumentando que el de epígrafe está basado en una reclamación por conducta “ilegal o tor-ticera” del demandado González Olazábal al disponer de los derechos e intereses de sus hijos.

En apoyo de la tesis de que el campo no está ocupado, sostiene que no tiene ni está formulando reclamación al-guna contra el Gobierno federal. Además, aduce que su causa de acción bajo el derecho civilista no conflige con la legislación federal. Invoca los casos Estate of Cantonia v. Sindel, 684 S.W.2d 592 (1985), y Valentine v. St. Louis Union Trust Co., 250 S.W.2d 167, 169 (1952), expositivos de que se trata del derecho entre las partes con respecto a los bonos y no con relación al Gobierno federal.

Por su parte, el recurrente González Olazábal reproduce el razonamiento que encontró eco en el tribunal de instan-cia sobre campo ocupado.

r-H HH h-H

Ciertamente que el citado caso United States v. Chandler, supra, versa sobre el pago de contribuciones federales sobre una herencia. No obstante, para adjudicarlo, ese Alto Foro tuvo que decidir si había surtido efecto una donación ínter vivos de unos bonos emitidos a nombre de Mary E. Baum “o” alguna de sus nietas Patricia Ritter y Beatrice Baum. La incógnita se suscitó, pues un (1) año antes de su muerte la señora Baum los entregó a cada una de sus res-pectivas nietas con la intención de efectuar una donación ínter vivos. Al fallecer, los bonos aún estaban a nombre suyo y de las nietas. La interrogante específica suscitada fue si la entrega, con intención de donar los bonos, era suficiente para consumar la donación. De ser así, para fines contributivos, los bonos no formaban parte del caudal relicto ni se incluían en los formularios del Servicio de Rentas Internas. Se resolvió que no hubo donación y el valor de éstos formaba parte del monto tributable de herencia. Para arribar a esa conclusión se aplicó la ley y la reglamentación federales sobre bonos de ahorros —31 U.S.C. sec. 757(c)(a) y 31 C.F.R. sec. 315.7 (1990)— regula-toria de cómo se expiden y la forma, las condiciones y las restricciones bajo las cuales son emitidos y transferidos.

Dicho foro citó las disposiciones que establecen que los bonos sólo son transferibles del modo provisto por reglamento. Bajo esas reglas, la señora Baum pudo haber cambiado el modo en que fueron expedidos y eliminar su nombre; no hacerlo fue interpretado como que seleccionó retener su posesión, a pesar de que físicamente los entregó a sus nietas. El tribunal claramente señala que las decisio-nes de los foros de instancia soslayaron el hecho de que hasta el momento de su muerte, la señora Baum retuvo su derecho a redimir o cambiar cada uno de los bonos, el de-recho a redimirlo en caso de sobrevivir a las nietas y el derecho a acceder o a vetar cualquier intento para las nie-tas de reexpedirlos.()

Aunque el caso United States v. Chandler, supra, tiene tangencia con el de autos, no lo controla. No se trata de una situación sobre campo ocupado por la ley federal. El propósito del estatuto federal es reglar el derecho de sobre-vivencia por la tenencia mancomunada de bonos. Así creado debe prevalecer en caso de conflicto con la ley estatal. Véase Free v. Bland, 369 U.S. 663, 668 (1962), citando a Wissner v. Wissner, 338 U.S. 655 (1950). La ley federal permite concluir que el demandado González Olazábal —cómo también lo hizo el foro de instancia— podía válidamente cobrar o cambiar los referidos bonos que esta-ban emitidos a su nombre “y/o” uno de sus hijos. No existe duda en torno a la cotitularidad frente al Gobierno federal. En contraste, la relación interna entre los cotitulares se rige por las normas de nuestro Código Civil. Al pagar cesó el interés del Gobierno federal. Más allá de esa esfera de autoridad, queda, sin embargo, la determinación del dere-cho o interés de cada hijo como cotitular en el dinero co-brado por el padre.

De su faz, no es necesario ser exhaustivos para concluir que estamos frente a una donación ínter vivos. Art. 559 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1982. Como se trata de una donación de cosa mueble, se cumple el requisito del Art. 574 (31 L.P.R.A. see. 2009) de que puede hacerse verbalmente si ocurre la entrega simultánea de la cosa donada.

Ahora bien, el Art. 157 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 614, regula el ámbito de bienes donados o legados para la educación del hijo, contención que precisamente nutre el reclamo de la demandante González Iturregui:

Corresponderán en propiedad y en usufructo al hijo no eman-cipado los bienes o rentas donados o legados para los gastos de su educación e instrucción-, pero tendrán su administración am-bos padres conjuntamente o aquél de ellos que tenga al menor bajo su potestad y custodia, si en la donación o en el legado no se hubiere dispuesto otra cosa, en cuyo caso se cumplirá estric-tamente la voluntad de los donantes. (Enfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 614.

Y específicamente, el Art. 159 (31 L.P.R.A. see. 616) preceptúa que “[é]l ejercicio de la patria potestad no autoriza a ninguno de los padres para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de dos mil (2,000) dólares, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de ambos o de cualquiera de ellos”, sin previa autorización del tribunal.

Estos artículos nos proveen la clave decisoria para la adjudicación de este recurso. No podía el foro de instancia sumariamente disponer de la acción. Es necesario determi-nar si realmente Francisco Olazábal tuvo la intención de donar el valor representado por los bonos para la educa-ción de los hijos de su sobrino, el demandado González Olazábal. De probarse ese hecho, ellos tendrían, al amparo de las precitadas disposiciones, una causa de acción válida para su recobro.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) El tribunal destacó la sabiduría de que las reglas para la emisión y transfe-rencia de estos bonos prevalezcan sobre la voluntad del adquirente. Así se expresó que “cualquier otra regla muy bien podría propiciar condiciones caóticas respecto a bonos de ahorro, y a un gran potencial de abuso. Millones de estos bonos no están vencidos. El requisito de información gubernamental y mantener un récord apro-piado, por sí exige y demanda algo más que una absoluta libertad en su transferencia. Consideraciones tales como seguridad y el aspecto de promover la inversión son factores adicionales que requieren el mismo resultado”. (Traducción nuestra.) United States v. Chandler, 410 U.S. 257, 261-262 (1973).


text:
      In re Bonilla Martínez, querellado.

      Número: 5455

      Resuelto: 26 de marzo de 1993

      Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, y Rosemary Corchado Lorent, Subprocuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El 10 de febrero de 1993 emitimos una resolución me-diante la cual concedimos al Ledo. José E. Bonilla Martí-nez el término de veinte (20) días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido de la práctica de la profe-sión de abogado por la falta de pago de la cuota anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Se le apercibió que el incumplimiento con la resolución conllevaría la suspensión automática del ejercicio de la abogacía y podría dar lugar a sanciones disciplinarias adicionales.

Así las cosas, se trajo a la atención del Tribunal una orden emitida por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en el caso In the Matter of: José E. Bonilla Martínez, Mise. No. 92-0053, mediante la cual se suspendía a dicho abogado de la práctica de la profesión de abogado en la Corte de Distrito Federal. En dicha orden se expresa que el licenciado Bonilla Martínez fue sentenciado el 10 de marzo de 1992 a cumplir doscientos sesenta y cua-tro (264) meses de cárcel por haber violado la see. 846 del Título 21 del Código de Estados Unidos (conspiración y po-sesión con intención de distribuir una sustancia controla-da), y que el 13 de agosto de 1992 fue sentenciado a cum-plir ochenta y siete (87) meses de cárcel por violación a las secs. 841(a)(1) y 846 del Título 21 del Código de Estados Unidos (conspiración y posesión con intención de distribuir una sustancia controlada), a ser cumplidos de forma con-currente con la previamente impuesta. Concedimos un tér-mino al Procurador General para que nos remitiera unas copias certificadas de dichas sentencias (Criminal Case No. 90-370(cc) y Criminal Case No. 90-314(cc)).

El Procurador General nos ha sometido las copias certi-ficadas y nos solicita que, a tenor con lo dispuesto en la See. 9 del Código Político, Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), separemos al Ledo. José E. Bonilla Mar-tínez del ejercicio de la profesión legal.

La conducta en que ha incurrido el licenciado Bonilla Martínez al violar las secs 841(a)(1) y 846 del Título 21 Código de Estados Unidos, supra, implica depravación moral. La ley reguladora del ejercico de la profesión de abogado dispone que la persona convicta por un delito que implique depravación moral cesará “de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión [y a] la presentación de una copia certificada de la sentencia” este Tribunal ordenará se borre su nombre del Registro de Abogados de este Tribunal. 4 L.P.R.A. see. 735. Véanse: In re Boscio Monitor, 116 D.P.R. 692 (1985); In re Núñez López, 115 D.P.R. 702 (1984).

En virtud de lo antes expuesto, en conformidad con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, procede que se dicte sentencia separando permanentemente al Ledo. José E. Bonilla Martínez del ejercicio de la profesión de abogado.


text:
      In re Castro Jiménez.

      Número: 4881

      Resuelto: 30 de marzo de 1993

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, promovente.
   per curiam:

El pasado 31 de agosto de 1992 decretamos la suspensión indefinida de varios abogados que adeuda-ban el pago de la prima por concepto de fianza notarial y que habían ignorado nuestros requerimientos en relación con este pago. Entre estos abogados se incluyó al Lie. Jorge E. Castro Jiménez. Posteriormente, el abogado compareció y el 11 de «septiembre de 1992 fue reinstalado únicamente como abogado.

En cuanto a la notaría, la misma quedó sujeta a los resultados de la inspección de su obra notarial realizada por la Oficina del Director de Inspección de Notarías. En septiembre de 1992 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos informó que un examen de la obra notarial reveló que durante 1992 el licenciado Castro Jiménez sola-mente había sometido el índice notarial correspondiente al mes de junio.

Enterado de esta irregularidad, el pasado 9 de octubre de 1992 emitimos una resolución mediante la cual le con-cedimos al abogado Jorge E. Castro Jiménez un término de treinta (30) días para someter al Director de la Oficina de Inspección de Notarías los índices notariales que faltaban de 1992, bajo apercibimiento de que de incumplir con esta orden podría ser sancionado como abogado. El 29 de diciembre de 1992 recibimos una comunicación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en la cual reiteró que el abogado no había sometido los índices notariales requeridos. En su escrito también expuso que el notario había autorizado unos afidávit durante el año.

Posteriormente, emitimos otra resolución en la cual le concedimos un término adicional de treinta (30) días al abogado para que sometiera los índices notariales correspondientes. Nuevamente se le apercibió que “de no dar cumplimiento a la misma podrá ser separado del ejer-cicio de la profesión legal, sin ulterior trámite”. Resolución de 15 de enero de 1993. A través de la Oficina del Alguacil General fue notificado personalmente.

Transcurrido este término no hemos tenido noticia al-guna del licenciado Castro Jiménez. Al igual que en agosto de 1992, ha ignorado nuestros requerimientos con una actitud de total menosprecio al cumplimiento de los requisitos de la abogacía. Véase In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992). Evidentemente, el licenciado Castro Jiménez no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la abogacía y la notaría en nuestro país.

En estas circunstancias, procede que decretemos su sus-pensión indefinida de la abogacía hasta que este Tribunal disponga lo contrario. Véanse: In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992); In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991).

Se dictará sentencia de conformidad.