author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Blanca Ramona Blanco de Jesús, demandante y recurrida, v. La Sucesión de Don José María Blanco Sancio-Cedrón et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-77-226

      Resuelto: 8 de noviembre de 1977

      Fiddler, González & Rodríguez y Federico Tilén, abogados de los demandados y recurrentes; José A. de la Texera, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

José María Blanco falleció el 2 de enero de 1975 bajo testamento abierto que había otorgado el 17 de agosto de 1966, mediante escritura Núm. 50 ante el notario Lie. Mario Orsini Martínez. Sucedieron al testador su viuda Eva Gon-zález, dos hijas procreadas en su único matrimonio llamadas Carmen Elena y Eva Manuela Blanco; dos hijos procreados con Concepción De Jesús, llamados Blanca y José Angel Blanco; y por llamamiento a la herencia sus nietos Lope José y José Ramón Hormazábal (hijos de Carmen Elena), y José Antonio y Flor Mary García (hijos de Eva Manuela). En lo pertinente a esta acción de inoficioso testamento disponen las cláusulas del otorgado por José María Blanco:

“Cuatro: Declara que como resultado de sus relaciones amo-rosas con doña Concepción de Jesús nacieron dos hijos llamados Blanca Blanco De Jesús y José Angel Blanco de Jesús, ambos ya mayores de edad. Aclara el TESTADOR que su hija Blanca Blanco de Jesús, siendo hija ilegítima y habiendo nacido antes del año mil novecientos cuarenta y uno, tenía derecho a pensión alimenticia y reconocimiento pero no a herencia y que a tales efectos dictó sentencia El Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce en un caso sobre Filiación y Alimentos inter-puesto contra él por doña Concepción 'De Jesús en representación de sus referidos hijos en el expresado Tribunal.
Cinco: Declara que su matrimonio antes expresado fue su único matrimonio y que aparte de los hijos habidos en dicho matrimonio mencionados en el hecho número dos de este TESTA-MENTO y de los dos hijos ilegítimos mencionados en el hecho cuarto, el TESTADOR no tiene ningún otro hijo legítimo, ilegí-timo, natural o reconocido, siendo los antes mencionados sus únicos hijos.
Seis: Declara que sus únicos y universales herederos son sus hijos legítimos Carmen Elena Blanco González y Eva Manuela Blanco González y su hijo reconocido José Angel Blanco de Jesús.
Siete: Declara que posee bienes muebles e inmuebles que no es preciso enumerar por ser bien conocidos de todos sus herede-ros.
Ocho: Declara que a su muerte, es su voluntad, que sus bienes sean repartidos en la forma siguiente:
A. — Dispone que el tercio perteneciente a la LEGITIMA sea dividido por partes iguales entre sus herederos, conforme lo dis-pone la LEY.
B. — Dispone, que el TERCIO del caudal hereditario desti-nado para mejorar los herederos, sea dividido en partes iguales entre sus dos hijas Carmen Elena Blanco González y Eva Manuela Blanco González.
C. — Dispone, que el TERCIO del caudal hereditario de LIBRE DISPOSICION sea repartido en partes iguales entre sus nietos Lope José Hormazabal Blanco y José Ramón Hormazabal Blanco, hijos de José Hormazabal Ruival y Carmen Elena Blanco González, y sus nietos José Antonio García Blanco y Flor Mary García Blanco, hijos de Joaquín García Valdés y Eva Manuela Blanco González.”

La hija natural Blanca Blanco impugnó el testamento por habérsele preterido, y el 13 de mayo de 1977 la Sala de Hu-macao del Tribunal Superior dictó sentencia sumaria anu-lando la institución de herederos y abriendo la sucesión in-testada respecto a la legítima estricta y el tercio de libre dis-posición asignado a los cuatro nietos. Recurrieron los herede-ros favorecidos por el testador y expedimos auto de revisión el 15 de julio último.

Dos son los planteamientos en que fundan los recurrentes su recurso: Io que no ha habido preterición de la demandante, toda vez que su exclusión como heredera fue expresa y no por simple omisión de su nombre, por lo que no procede la anula-ción del testamento (Art. 742 Código Civil), sino el comple-mento de la legítima ordenado por el Art. 743 del Código Civil; y 2o que aún estando en orden la anulación de la insti-tución de heredero, debe respetarse como manda o legado la adjudicación del tercio libre a los nietos a tenor del primer párrafo del Art. 742 del Código Civil que dispone:

“La preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento o sea que nazcan después de muerto el testador, anulará la institución del heredero; pero valdrán las mandas y mejoras cuando no sean inoficiosas.” 31 L.P.R.A. see. 2368.

I

La preterición de heredero se funda en un concepto econó-mico patrimonial. Consiste en no dejarle nada () en el testa-mento, porque si algo le otorgara, se trataría del caso del Art. 743, de complemento de legítima.

“[La preterición] se define por Royo Martínez como la ‘ine-xistencia total de disposición patrimonial de un heredero forzoso en línea recta, nacido ya o meramente concebido al tiempo de la muerte del testador’.

El acto de privar totalmente de su legítima a un heredero forzoso puede tener efecto de dos modos: expresa o tácitamente.

La privación expresa de la legítima constituye la deshere-dación. La privación tácita de la misma se denomina preteri-ción.

El testador puede desheredar a sus herederos forzosos en testamento y en virtud de una justa causa de las consignadas en la ley que resulte cierta y pueda probarse caso necesario. La desheredación en esta forma priva legalmente al legitimario de su derecho a legítima.

La preterición consiste en omitir al heredero en el testa-mento. O no se le nombra siquiera, o aun nombrándole como padre, hijo, etc., no se le instituye heredero ni se le deshereda expresamente, ni se le asigna parte alguna de los bienes, re-sultando privado de un modo tácito de su derecho a legítima.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VI, Vol. 1, págs. 646-47, Ed. 1973.

La demandante recurrida, si bien fue recordada y mencionada en el testamento de su padre como la hija que hubo de reclamar filiación y alimentos por la vía judicial, ninguna participación recibe en la herencia, y por el contrario fue excluida como heredera en el párrafo Seis del testamento y omitida en el Ocho (A) donde el testador distribuye la legítima estricta. Negar su preterición es vano ejercicio.

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Los recurrentes reclaman que la disposición del testador en el párrafo Ocho (C) del testamento al efecto de “que el TERCIO del caudal hereditario de LIBRE DISPO-SICION sea repartido en partes iguales entre sus [cuatro] nietos ...es un legado al qué no afecta la nulidad de la ins-titución de heredero porque el Art. 742 del Código Civil ordena que “valdrán las mandas [] y mejoras cuando no sean inoficiosas.” El planteamiento revive un debate doctri-nario sobre la figura intermedia o sui generis del legado de parte alícuota (aludido indirectamente en el Art. 597), en-cauzado por criterios históricos de interpretación en pugna: el romano, de matiz subjetivo, y el llamado germánico o moderno de signo objetivo, cuestión que halló reposo en Vivaldi v. Registrador, 86 D.P.R. 629, 641 (1962), donde este Tribunal siguiendo a Mario Díaz Cruz, Bonet Ramón, Fe-rrara, Manresa y Ossorio Morales calificó como “heredero” al legatario de parte alícuota; y de Ossorio tomamos la cita a la pág. 641: “. . . [C]uando se haga un llamamiento en parte alícuota, cualquiera que sea la fórmula empleada por el testa-dor y aunque éste haya empleado la palabra legado, al dis-poner de una cuota abstracta, de una unidad ideal — indepen-diente de su contenido material — el testador ha revelado que su intención fue transmitir una universalidad, realizar una transmisión a título universal, y, por consiguiente desig-nar un heredero.” Vivaldi tiene firme base en el Art. 609 (31 L.P.R.A. see. 2091) que llama “heredero” al que sucede a título universal, y “legatario” al que sucede a título particular; en el 697 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 2286) que declara que el heredero instituido en una cosa cierta y de-terminada será considerado como legatario; y aun en el Art. 617 (31 L.P.R.A. see. 2122) en su prevención para que en caso de duda, aunque el testador no haya usado material-mente la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia. Cf. Gandía v. Registrador, 93 D.P.R. 213, 217 y ss. (1966). La distribución ordenada por Blanco en su testamento muestra con claros perfiles su intención de mantener prácticamente toda la herencia, en poder de sus hijas de matrimonio Carmen Elena y Eva Manuela y de sus nietos hijos de éstas. No varía el lenguaje que utiliza para asignar las porciones: que el tercio de legítima corta “sea dividido por partes iguales entre . . . ”; que el de mejora “sea dividido en partes iguales entre . . .”; y que el tercio libre “sea repartido por partes iguales entre .. ..” No obstante de-clarar en el párrafo Siete del testamento que no precisa enu-merar sus bienes tanto muebles como inmuebles “por ser bien conocidos de todos sus herederos”, el testador no hace legado singular de entre esos bienes a sus nietos, y por el contrario, les deja una porción abstracta, sujeta a liquidación y deter-minación particional, como lo están los otros dos tercios de la masa hereditaria. No llega el testador ni a la expresión mínima de dar título de legado a la cuota de sus nietos. La disposición en favor de éstos, que tiene por objeto una cuota de parte de la herencia, debe considerarse como institución de heredero. “. . . [Cjuando el causante asigna a una persona una cosa o cantidad determinada, desde luego se comprende que su intención es favorecerla tan sólo en aquello que le asignó y, por el contrario, cuando le llama al goce del rema-nente de la herencia o de una cuota indeterminada de ella, implica dicho llamamiento que su voluntad fue hacerle su heredero, transmitiéndole con la institución su personalidad jurídica.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo V, Ed. Séptima (1972), pág. 434.

“Heredero,” dice Bonet Ramón, “es aquel sucesor a quien es atribuida la totalidad de las relaciones patrimoniales del difunto, o una parte alícuota de aquellas, independientemente del nombre con que sea designado; legatario es el sucesor en bienes o derechos determinados.” Código Civil Comentado, pág. 513.

Por ser el tercio libre dejado por este testador a sus nietos, herencia y no legado, ha de sufrir la nulidad de la institución de herederos provocada por la preterición de la legitimaria recurrida. La sanción de nulidad provista por el Art. 742 para la preterición de heredero no se detiene, como la dispuesta para caso de desheredación sin causa (Art. 776), en lo que perjudique la legítima. Es penalidad especial que en las circunstancias del presente caso conlleva la cancelación de la autonomía que sobre el tercio de libre disposición confiere al testador el Art. 737 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 2363), desprovista de eficacia y valor ético la voluntad usada para burlar los derechos de un heredero forzoso. La institución de heredero se anula en absoluto y se abre para toda la herencia la sucesión intestada. A tenor del Art. 742 sólo subsisten, y eso en cuanto no sean inoficiosas, las man-das y mejoras. “Debe, pues, entenderse que la anulación es completa o total, y que este artículo [742 P.R.], como especial en el caso que le motiva, rige con preferencia al 817” (745). ()

Se ajusta a Derecho la sentencia recurrida que al anular la institución de herederos, abrió la sucesión respetando úni-camente la asignación del tercio de mejora. Confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)Scaevola, Código Civil, Tomo 14, pág. 420, Cuarta Ed. (1944); cf. Cortés v. Cortés, 73 D.P.R. 693 (1952).

      (2) Manda y legado son sinónimos.

      (3)Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 6, Vol. 1, pág. 656, ed. 1973.
      Art. 745 (31 L.P.R.A. see. 2371). — “Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Germán Rodríguez Sosa, demandante y recurrido, v. Cervecería India, Inc. y Commonwealth Ins. Co., demandadas, terceras demandantes y peticionarias, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Salud y John Doe Ins. Co., terceros demandados y recurridos.

      Número: O-77-153

      Resuelto: 14 de noviembre de 1977

      Reichard.éc Reichard, Jr. y Manuel Martínez Rivera, abogados de las peticionarias; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico• Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Se plantea en este caso si el requisito de notificación esta-blecido en la ley que regula las demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077a, es de aplicación a una demanda contra tercero. El tribunal de instancia resolvió el planteamiento en la afirmativa y de-cidimos expedir por tratarse de una cuestión nueva.

Germán Rodríguez Sosa sufrió una herida en la palma de la mano al explotarle una botella de cerveza marca India. Recibió tratamiento médico en el Centro de Salud del Muni-cipio de Cabo Rojo, donde fue atendido por el Dr. Fernando Antonio. Cerca de un año después de ocurrido el accidente, Rodríguez interpuso demanda el 9 de febrero de 1973 recla-mando daños contra la Cervecería India y su aseguradora, Commonwealth Insurance Co., y, contra el Dr. Antonio y la Aseguradora del Municipio, The Reserve Insurance Co., ale-gando contra el médico que éste no le había suministrado el tratamiento adecuado y que como consecuencia de ello, le dejó inútil de la mano derecha. Nueve meses más tarde, el 14 de noviembre de 1973, la Cervecería India instó demanda contra coparte contra el Municipio de Cabo Rojo y trajo al pleito como tercero demandado al Estado Libre Asociado. A peti-ción del Estado el tribunal de instancia desestimó la demanda de .tercero por no haber dado el demandante Rodríguez cum-plimiento estricto al requisito de notificación conforme las disposiciones de la citada Ley Núm. 104, supra. La Cerve-cería India y Commonwealth Insurance Co. recurren de la sentencia así dictada.

Del propio texto de la Ley Núm. 104 se desprende con meridiana claridad el propósito del legislador de extender el ámbito de la autorización conferida por el estatuto a las demandas contra tercero. El Art. 3 de dicha Ley expresa-mente provee:

“La autorización aquí conferida incluye aquella necesaria para entender de cualquier . . . procedimiento de intervención y de tercero litigante en favor o en contra del Estado ya sea a petición de éste o de otro litigante.” 32 L.P.R.A. see. 3078.

El ejercicio de tal autorización está condicionado a que el reclamante cumpla con el requisito de notificación al Es-tado sobre la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, así como de otros pormenores. Al respecto dispone el Art. 2A:

“(a) Toda persona que tenga reclamaciones . . . contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una notifica-ción escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido ....
(b) .
(c) La referida notificación escrita se presentará al Secre-tario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposi-bilitado para hacer dicha notificación dentro del término pres-crito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dispuesta viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
(d) .
(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación ... a menos que no haya mediado justa causa para ello_” 32 L.P.R.A. sec. 3077a.

La demanda de tercero ejercitada por la recurrente consti-tuye una reclamación de ésta contra el Estado regulada por las disposiciones transcritas. No obstante, las recurrentes Cervecería India y Commonwealth Insurance Co. aducen que la obligación de notificar al Estado recae únicamente sobre el demandante original Rodríguez Sosa porque fue él quien inició el pleito reclamando daños a su persona, y, que no sería justo que su omisión perjudicara los derechos de otras partes, como lo son ellas.

El argumento de las recurrentes pierde de vista que Rodríguez Sosa nada reclama contra el Estado, y, por tanto, no le es de aplicación el requisito de notificación. Rodríguez reclama únicamente contra los recurrentes haciéndoles responsables de la totalidad de los daños, no sólo por los ocasionados directamente por ellos sino también por la agravación de los daños causados por el tratamiento médico alegadamente inadecuado. Son las recurrentes las que iniciaron la reclama-ción contra el Estado mediante la demanda contra tercero y es, por ende, sobre ellas que recae la obligación de notificar.

Rodríguez Sosa no necesita demandar el Estado, a él le basta obtener de los recurrentes la indemnización total de los daños alegadamente sufridos, en virtud de lo resuelto en Merced v. Gobierno de la Capital, 85 D.P.R. 552 (1962), al efecto de que cuando una persona por su negligencia es responsable de los daños causados a otra, dicha persona es también responsable de cualquier otro daño corporal resultante de actos realizados por una tercera persona al suministrarle la ayuda que razonablemente requiera la lesión recibida. Es decir, la reparación incluye los daños originalmente causados y también los ocasionados por la forma en que se prestaron los servicios médico-quirúrgicos o de hospital.

Por supuesto, los recurrentes pueden repetir contra el Estado por su alegada actuación al agravar el daño causado por la explosión de la botella, ya que de otra manera resultaría en un enriquecimiento injusto para aquél. Eso es precisamente lo que han hecho al instar demanda contra tercero y, por eso, son ellas las que deben dar cumplimiento estricto al requisito de notificación al iniciar una reclamación contra el Estado.

No obstante, las recurrentes excusan su incumplimiento aduciendo .que existía justa causa para no realizar la notifi-cación, ya que ellas desconocían la ocurrencia del accidente y no fue hasta que se les demandó y emplazó que tuvieron conocimiento de los daños. Tienen, sin duda, razón. Pero la existencia de justa causa no tiene el alcance de una liberación absoluta de los términos expresos del estatuto. Sólo tiene el efecto momentáneo de eximir de su cumplimiento mientras ella subsista. Así se desprende del propio estatuto al disponer que cuando el reclamante estuviera mental o físicamente im-posibilitado, la notificación se hará a partir de la fecha en que cese la incapacidad. Art. 2A(c), 32 L.P.R.A. sec. 3077a (c). No hay diferencia lógica entre la justa causa que proviene de la incapacidad mental o física y la que dimana, como en este caso, del desconocimiento del daño. En ambas situaciones la obligación de notificar surge al desaparecer el impedimento.

La obligación de las recurrentes de notificar al Estado surgió cuando fueron emplazadas porque desde ese momento ellas tenían conocimiento de los daños que reclamaron en la demanda contra tercero. La alegación del demandante Sosa contra ellas fue muy explícita, informándoles claramente que ellas le eran responsables por los daños alegadamente causa-dos por el tratamiento médico. ()

Las recurrentes insisten en que no es necesaria la notifi-cación y, aunque no citan caso alguno en su apoyo, hacen refe-rencia a la anotación que aparece en 93 A.L.R.2d 1385-1391: Claim for contribution or indemnification from another tort-feasor as within provisions of statute or ordinance requiring notice of claim against municipality.

La cuestión aquí envuelta es una de interpretación estatu-taria en que no podemos rehuir el texto específico de la Ley. Ya advertimos en Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491-496 (1963), que la interpretación sobre el carácter man-datorio de la notificación depende en último análisis de la forma en que está redactado el estatuto. La anotación de refe-rencia es del mismo tenor, y la escasa jurisprudencia que en ella se cita no tiene valor persuasivo por referirse a estatutos cuya terminología es distinta al nuestro. Además, no se trata aquí del ejercicio de una acción de regreso (contribution) contra el causante común de un daño (joint tort-feasor), sino de dos actos negligentes, separados y distintos, que no crean una obligación solidaria. El Estado Libre Asociado sólo res-ponde de los daños alegadamente causados por el tratamiento médico y no por los daños ocasionados por la explosión de la botella. Tampoco la obligación de la Cervecería India es soli-daria ; ella responde de los daños totales en virtud de la regla de derecho establecida en Merced v. Gobierno de la Capital, supra, y no por la regla de solidaridad que reconocimos en García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951). Por tal razón, los casos relativos al ejercicio de la acción de re-greso no son de aplicación y, menos aún, cuando los términos del estatuto son diferentes al texto de nuestra ley. Como ejem-plos de casos inaplicables por estos motivos puede verse a Minneapolis, St. P. & S.S.M.R. Co. v. City of Fond du Lac, 297 F.2d 583 citado en la mencionada anotación 93 A.L.R.2d 1385, y Royal Car Wash Co. v. Mayor and Council of Wilmington, 240 A.2d 144; Markey v. Skog, 322 A.2d 513.

Hemos resuelto con prudente firmeza que la notificación requerida por la Ley Núm. 104 es de cumplimiento estricto, y sólo hemos excusado su cumplimiento en circunstancias especiales en las cuales resultaría una grave injusticia privar a un reclamante de una legítima causa de acción. García v. Northern Assur. Co., 92 D.P.R. 245 (1965); Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175 (1968); Díaz v. Municipio de Cayey, 99 D.P.R. 196 (1970); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977). El caso de autos no presenta circunstancia especial alguna. La Cervecería India tuvo conocimiento pleno de los daños tan pronto se le emplazó y no aduce razón alguna para no haber efectuado la notificación al Estado Libre Asociado dentro del término establecido en el estatuto.

Se dictará sentencia confirmando la aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 1977

Al comerciante Germán Rodríguez Sosa le explotó una botella de cerveza marca India en la mano, que resultó le-sionada y de cuya herida fue atendido por el Dr. Fernando Antonio, del Centro de Salud de Cabo Rojo. Próximo a expi-rar el año del estatuto prescriptivo Rodríguez Sosa demandó en daños y perjuicios a la Cervecería India, su aseguradora; al médico Antonio y a la aseguradora del Municipio, ale-gando mala práctica del médico como causa de haber quedado inútil de su mano derecha. Nueve meses después de empla-zada la demandada Cervecería India presentó demanda contra el Estado Libre Asociado como tercero, solicitando que en el supuesto de que se le impusiera responsabilidad en la demanda de Rodríguez Sosa, que se condene al Estado Libre Asociado a resarcirle “aquello que por sentencia tuviere que pagar a la parte demandante.” A moción del Estado, la de-manda contra tercero fue desestimada por falta de notifica-ción previa. Expedimos certiorari, y ahora resolvemos.

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, en su Art. 2A adicionado por Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. sec. 3077a) ordena en lo pertinente a este caso:

“(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del recla-mante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
(b).
(c) La referida notificación escrita se presentará al Secre-tario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposi-bilitado para hacer dicha notificación dentro del término pres-crito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligado a notificar la reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor, o la persona sujeta a tutela, haga la referida notificación, dentro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad o custodia, o tutela, no lo hiciere.
(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no será aplicable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de seguro.”

El claro texto de los incisos transcritos limita su es-fera a acciones por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado basadas en culpa o negligencia e impone el deber de cumplir con la notificación previa a la persona que sufre el daño, designada en el estatuto como “reclamante” o “perju-dicada”. Cervecería India que trae al Estado al pleito como tercero demandado para que le responda de la sentencia que pueda recaer eventualmente, no es ni alega ser “perjudicada” por acto u omisión negligente del Estado ni reclama indemni-zación por daños y perjuicios contra éste. Luego, a primera impresión no vendría obligada a hacer la notificación que según el inciso (a) supra, se requiere para reclamaciones de daños. ¿Acaso puede la Cervecería informar con la veracidad y conocimiento cierto que sólo está al alcance del reclamante y perjudicado, “la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió trata-miento médico en primera instancia”?

En numerosas jurisdicciones estatales no se exige previa notificación al demandado que insta demanda contra el Es-tado como tercera parte, por considerar que su reclamación no es propiamente de daños, sino de derecho a contribución contra un corresponsable. Minneapolis, St. P. & S.S.M.R. Co. v. City of Fond du Lac, 297 F.2d 583 (1961); 93 A.L.R.2d 1385 y ss.; Royal Car Wash Co. v. Mayor and Council of Wilmington, 240 A.2d 144 (1968); Markey v. Skog, 322 A.2d 513 (1974). Sin embargo, la demanda contra tercero no es instrumento de licencia para evadir el requisito de noti-ficación. Por encima de la naturaleza mecánico-procesal de la demanda contra tercero en este caso asoma su efecto último que no es otro que exigir del Estado responsabilidad por daños y perjuicios por negligencia sin mediar la previa notificación que hemos llamado de cumplimiento estricto. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977).

La demanda contra tercero está permitida por la Regla 12.1 de Procedimiento Civil que dispone: “En cualquier mo-mento después de comenzado el pleito, el demandado podrá como demandante contra tercero notificar un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que le sea o pueda serle responsable por toda o parte de la recla-mación del demandante.” El Estado Libre Asociado dio su consentimiento para ser demandado como tercero, autori-zando específicamente este recurso procesal del litigante pri-vado en el Art. 3 de la Ley Núm. 104 de 1955 del que cita-mos: “La autorización [para conocer de acción o procedi-miento] aquí conferida . . . incluye también el procedimiento de intervención y de tercero litigante, en favor o en contra del Estado, ya sea a petición de éste o de otro litigante.” No debe escapar el hecho de que en 1966 cuando la Asamblea Legislativa ordenó la previa notificación adicionando el Art. 2A a la Ley Núm. 104 de 1955 sobre Pleitos contra el Estado, no alteró el texto del Art. 3 (32 L.P.R.A. see. 3078) que auto-riza la demanda contra tercero.

El criterio de libre arbitrio en el demandante contra ter-cero debe moderarse por el principio de que la Regla 12.1 no crea nuevas causas de acción ni permite el uso de recursos procesales en menoscabo de derechos reconocidos en la ley substantiva. La citada Regla no altera las condiciones bajo las cuales el Estado consiente a ser demandado permitiendo litigación de reclamaciones contra el Gobierno que de otro modo no cumplen con los requisitos exigidos. Wright & Miller sostiene que cuando un litigante privado entabla reclamación contra los Estados Unidos a tenor de la Regla 14(a) (12.1 P.R.) le será admitida bajo aquellas circunstancias en que procedería un pleito de tercero, asumiendo desde luego que él podría ejercitar su causa de acción en pleito independiente contra el Gobierno. Federal Practice & Procedure, Tomo 6, sec. 1450, pág. 273.

La disposición que exige notificación previa al Estado por quien le reclama daños y perjuicios basados en negligencia ha sido tachada como discriminatoria por convertir al Go-bierno en un litigante privilegiado, favorecido por esta con-dición precedente a la acción civil, que coarta y restringe el derecho del demandante en contravención de las garantías constitucionales de debido proceso e igual protección de las leyes. Oquendo v. Insurance Co. of P.R., 388 F.Supp. 1030 (1974); Monografía en 59 A.L.R.3d pág. 93. Hasta ahora la ha redimido el interés público inherente a una acción diri-gida a obtener resarcimiento a costa de los dineros del pueblo, y la realidad de que el Gobierno que confronta reclamaciones de este tipo en toda la amplitud del territorio nacional, debe tener una temprana oportunidad de investigar la legitimidad de la reclamación y sus hechos circunstanciales, a fin de ejer-citar con óptima eficacia las defensas encaminadas a la pro-tección del patrimonio común. Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 (1963).

El accidente en este caso ocurrió el 18 de marzo de 1972. La demandada Cervecería India no tuvo conocimiento del mismo hasta que fue emplazada el día 19 de marzo de 1973 en esta acción, cuando ya había transcurrido un año, que ex-cede por mucho el término de 90 días en que el aviso al Estado sirva el propósito de organizar la defensa del pleito inmi-nente. Enterada India del accidente por la tardía demanda, es fútil exigirle una notificación dentro de los 90 días siguien-tes a su emplazamiento. No se atiende con ello a interés pú-blico alguno porque si en nada aprovecha al Estado una noti-ficación previa hecha al año de ocurrir el accidente, menos utilidad tiene la que se hace transcurridos 90 días más, para completar 15 meses. Tal exigencia operaría como imposición onerosa y discriminatoria contra la parte demandada que insta demanda contra tercero, sin la justificación de interés público prevalente, resultando en anulación de derechos de debido proceso e igual protección garantizados por la Consti-tución.

La inconsistencia de la mayoría siembra incertidumbre en nuestra jurisprudencia procesal. Porque “ofendería nuestro sentido de justicia” y premiaría al “demandante tardío y sigiloso”, relevamos del estatuto de prescripción a un deman-dado que emplazado después del año concedido para la acción de daños y perjuicios bajo el 1802 del Código Civil, recon-viene reclamando a su vez daños contra el demandante. En rechazo de la aplicación mecánica de las Reglas dijimos en-tonces: “No es la lógica ciega a los objetivos y necesidades de nuestro ordenamiento jurídico y comunal la que debe gober-nar la interpretación de nuestros códigos y leyes.” Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 408-9 (1974). Ahora el Tribunal niega una demanda contra tercero impo-niendo un límite cronológico de cuestionable validez y con-sagra el artificio y la futilidad sofocando la equidad del caso. El estatuto de prescripción, de firme raigambre en nuestro Derecho civil común, es vulnerable y responsivo a propósitos de necesidad y utilidad social, mientras una inoperante noti-ficación previa adquiere contornos de muralla china.

Cuando por tardanza en exceso de 90 días de ocurrido el accidente, no imputable a un demandado en daños y perjuicios por negligencia que a tenor de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil promueve demanda contra el Estado como tercero de-mandado, la previa notificación ordenada por el Art. 2A de la Ley Núm. 104 de 1955 enmendada, se torna inoperante e inútil, tal notificación no debería requerirse.

Anularía la resolución recurrida.

      (1) En la demanda se alegaron los siguientes hechos:
      “Que como consecuencia del accidente previamente relatado, e inme-diatamente después del mismo, el demandante fue conducido al Centro de Salud (Hospital Municipal) de Cabo Rojo, Puerto Rico, habiendo sido reci-bido y atendido de la lesión ya dicha, sufrida en su mano derecha, por el Dr. Fernando Antonio, quien se encontraba en dicha institución a cargo de la misma y actuando como y/o empleado, en el aspecto de salud pública, atendiendo los pacientes que estaban y llegaban.
      “Que el Dr. Fernando Antonio, referido en el apartado precedente de esta demanda, para el 18 de marzo de 1972, cuando se suscitaron los hechos que motivan la misma, trabajaba como médico en sus funciones de empleado y/o agente del Municipio de Cabo Rojo, Puerto Rico, en el Centro de Salud u Hospital Municipal de Cabo Rojo, Puerto Rico, y al así hacerlo no le suministró al demandante el tratamiento adecuado de conformidad con la ciencia médica y los usos y costumbres de ese tipo de gestión y acción médica, aceptados profesionalmente en la comunidad, y por lo contrario actuando negligentemente, al tomarle los puntos de sutura en la herida que en su mano derecha presentaba el demandante, le laceró y afectó el nervio y tendones de dicha mano, en tal forma, que en vez de recuperar y curarse de la lesión tratádale, el demandante quedó inútil de dicha mano derecha.”


author: per curiam :

text:
    Félix E. Seijo et al., demandantes y recurridos, v. Francisco Mendoza h/n/c Mueblerías Mendoza, demandado y recurrente.

      Número: O-77-376

      Resuelto: 16 de noviembre de 1977

      Francisco Torres Aguiar, abogado del peticionario; Juan E. Ta-boas Santiago, abogado de los recurridos.
   per curiam :

Ante el Tribunal de Distrito, Sala de Cayey, el 14 de enero de 1976, la recurrente obtuvo Sentencia a su favor de reposesión de unos bienes muebles contra el recu-rrido Félix E. Seijo, por incumplimiento de un contrato de venta condicional. (Rep. Núm. 75-406.) Dicho decreto se obtuvo cuando el recurrido Seijo, debidamente citado, no compareció personalmente a la vista señalada, limitándose a remitir un telegrama al magistrado interviniendo en el trá-mite Hon. Torres Rivera, que textualmente exponía: “Impo-sibilidad asistir vista caso 75-406 Mueblería Mendoza v. Félix Seijo. Pido a su honor benevolencia y traslado caso pueblo Arecibo donde resido y están testigos caso. Remitiré certificado médico para estar ausente hoy.” Este telegrama fue recibido por el Juez Torres con posterioridad a haberse dictado la orden de restitución, quien no dispuso nada sobre el particular. En consecuencia, la Sentencia de Reposesión se convirtió en final y firme, y en 30 de enero de 1976 oportuna-mente diligenciada, mediante la incautación de la mercancía.

Así las cosas, el 12 de mayo de 1976, Seijo — por sí y en representación de la Sociedad de Gananciales Seijo-Gautier y de sus hijas menores — presentó demanda de daños (Civil Número CS 76-1301) ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, contra la recurrente (parte actora en el caso de reposesión) alegando esencialmente violación en el contrato de venta condicional por habérseles entregado mercancía distinta a la pactada y efeetuádose un embargo negligente e improcedente. La demandada recurrente formuló moción de desestimación fundada en la defensa de cosa juzgada. La Sala de instancia la denegó bajo la tesis de que el Tribunal de Distrito de Cayey carecía de jurisdicción para entender y dilucidar el trámite de reposesión. En el presente recurso de revisión se cuestiona la corrección de dicho pronunciamiento; habiendo comparecido ambas partes, estimamos el caso sometido para decisión de conformidad a la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Procede la revocación de la Resolución que nos ocupa. Bajo el diseño vigente constitucional de un sistema judicial unificado — según expuesto en Gómez Hnos., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625 (1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140 (1961) y Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977), la radicación de un asunto en una sala de distinta competencia, no priva a dicho foro de jurisdicción: la falta de competencia no es defensa válida para la desestimación de la acción. En caso de estar envuelto el traslado de la causa — como el de reposesión — procede su remisión al tribunal correspondiente mediante providencia sua sponte del magistrado o a instancia de parte; dictámenes que están sujetos a ser revisados en grado apelativo única-mente dentro del propio caso y procedimiento, y no colateral-mente en acción distinta como lo sostuvo el Tribunal Superior, Sala de Areeibo, en la Resolución ante nuestra consideración.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Víctor González Tamayo, su esposa María López, Nieves Rodríguez García y María Teresa Tamayo, demandantes y peticionarios, v. Seatrain Lines of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrida.

      Número: O-77-280

      Resuelto: 16 de noviembre de 1977

      G. R. Padró Díaz, abogado de los peticionarios; Amando Arias Cestero, Amando Arms Guardiola, Antonio Gnocchi Franco y Francisco J. Colón Pagan, abogados de Seatrain Lines of P.R., Inc.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El 24 de noviembre de 1972, en una curva cerrada de la carretera número 2, un camión remolcador propiedad de Víctor Vicenty Ramírez, y el arrastre que halaba, propiedad de Seatrain Lines of Puerto Rico, Inc., se volcaron sobre un automóvil que esperaba vía franca en una intersección para entrar a la carretera número 2. La causa del accidente fue la negligencia del conductor del camión, William Dalmau Cruz, al conducir la unidad camión-arrastre a velocidad excesiva y sin tomar las debidas precauciones al llegar a la curva. El automóvil resultó en pérdida total y sus ocupantes — tres damas y tres niños — resultaron seriamente lesionados.

Demandados el dueño del camión, su conductor, y Sea-train, en resarcimiento de los daños causados por el acci-dente, el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, falló contra Vicenty Ramírez y Dalmau Cruz. Exoneró a Seatrain bajo el fundamento de que no se adujo prueba demostrativa de negligencia de dicha codemandada. Se negó a aplicar en cuanto a ella la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Trán-sito, 9 L.P.R.A. see. 1751, () por entender que el arrastre no es un vehículo de motor. Los demandantes han recurrido ante nos para que revisemos dicha determinación. ()

La controversia ante nos se centra en la determinación de si el arrastre unido al camión al ocurrir el accidente debía considerarse como un vehículo de motor. Resolvemos que un vehículo de arrastre, como tal, no es un vehículo de motor, pero una vez está enganchado a un camión remolcador ambos vehículos — el camión y el arrastre — constituyen una sola unidad móvil que debe ser considerada un vehículo de motor a los fines de la citada Sec. 13-101 de la Ley de Ve-hículos y Tránsito.

Para la fecha en que ocurrió el accidente de que aquí nos ocupamos, la Ley de Vehículos y Tránsito definía “vehículo de motor” como “todo vehículo movido por fuerza distinta a la muscular.” 9 L.P.R.A. see. 348. () Esta sección fue enmendada por la Ley Núm. 58 de 30 de mayo de 1973 y recodificada como 9 L.P.R.A. see. 361. Luego de la enmienda, se define “vehículo de motor” como “todo vehículo movido por fuerza propia.” Quedó inalterado el resto del texto de la citada See. 348. Se define “arrastre”, antes y después de la ley enmendatoria de 1973, como “todo vehículo carente de fuerza motriz para su movimiento y diseñado para ser tirado por un vehículo de motor.” ()

Ni bajo la definición que imperaba antes de las enmiendas del 1973 ni bajo la actual definición puede considerarse un arrastre como un vehículo de motor. El arrastre no tiene motor. Es, como dice su definición, “diseñado para ser tirado por un vehículo de motor.” De ahí que la ley tenga que distin-guir entre vehículos de motor y arrastres para ciertos fines dada la obvia inaplicabilidad a arrastres de disposiciones típicamente aplicables a vehículos de motor. Así, se requiere que los vehículos de motor estén equipados con por lo menos dos “faroles de luz incolora en su parte delantera, uno en cada lado, capaces de alumbrar hacia el frente la carretera por un trecho de 500 pies”, () “un silenciador del motor”, () “una bocina”,() “parabrisas de cristal equipado con un aparato para limpiar el parabrisa”, () y “espejo de retro-visión”. () De igual manera, la concesión de licencias para transitar por las vías públicas está sujeta al pago de derechos que, en cuanto a vehículos de motor, se hace depender de los caballos de fuerza del motor y del número de pasajeros que puedan transportar, mientras que por los vehículos pesados— camiones y arrastres — los derechos a pagar se determinan conforme a su peso y al peso de la carga que pueden llevar según su diseño. ()

Es significativo, sin embargo, que cuando la ley impone sanciones penales por la conducción de vehículos de motor no distingue entre éstos y los arrastres. Así, trata al camión y su arrastre como un solo vehículo en lo que respecta a límites de velocidad, () conducción imprudente o temeraria, () conducción entre carriles() y reglas al cruzarse vehículos que transitan en direcciones opuestas,() ceder el paso,() paradas,() movimientos en retroceso,() virajes() y detenciones y estacionamiento. () De igual manera, el ca-mión que tira de un arrastre es considerado conjuntamente con éste, sin que se haga distinción, respecto al pago de peaje en las autopistas de peaje. () Es que el arrastre, que sepa-rado del remolcador no es un vehículo de motor, cuando se engancha a éste para adquirir la fuerza propulsora que nece-sita para cumplir el propósito para el cual ha sido diseñado— transportar carga de un lugar a otro — viene a formar con el vehículo que lo remolca una sola unidad que en su totalidad tiene que ser considerada como un vehículo de motor.

La definición dada a “vehículo de motor” por la Ley Núm. 58 del 1973 no altera nuestra conclusión de que el arrastre unido al remolcador constituye con éste un vehículo de motor. La unidad que ambos vehículos vienen a constituir al engan-charse uno al otro se mueve por “fuerza distinta a la muscular” — que decía la See. 348, citada supra — y se mueve por “fuerza propia”, como señala la definición dada por la ley del 1973, 9 L.P.R.A. see. 361. Como se dijo en Zuber v. Clarkson Construction Co., 315 S.W.2d 727, 734 (Mo. 1958), el arrastre enganchado al camión remolcador venía a ser un vehículo autoimpulsado cuya fuerza de operación se desarro-lla en su parte delantera, que es “la porción propulsora del vehículo.”

La recurrida Seatrain cita como autoridad para su argumento de que el arrastre no es un vehículo de motor una vez unido al remolcador, los casos de Hennessy v. Walker, 17 N.E.2d 782, 279 N.Y. 94 (1938) y Miller v. Berman, 131 P.2d 18, 55 Cal. App.2d 569 (1943). La jurisprudencia sen-tada en Hennessy, que dio una interpretación restrictiva a la definición de “vehículo de motor” del estatuto de Nueva York, similar al nuestro antes de la enmienda del 1973, fue dura-mente criticada en opinión disidente en dicho caso que halló eco en la Asamblea Legislativa de aquel Estado y que al año siguiente — 1939—enmendó la ley para colocar al dueño del arrastre en la misma posición de responsabilidad del dueño del remolcador. Véanse Mondelli v. Harrison Hub, Bed and Spring Co., 172 N.Y.S.2d 931 (1958) y Employers Mutual L. Insurance Co. of Wisconsin v. Indemnity Insurance Co., 234 N.Y.S.2d 839 (1962). Miller v. Berman no hizo sino am-pararse en Hennessy a base de la misma interpretación res-trictiva. Esa no es la norma aquí imperante. Hemos resuelto que la Sec. 13-101 — transcrita supra, escolio 1 — ha de ser interpretada liberalmente en favor de la responsabilidad que impone. Vargas Vargas v. Belthor Cáceres Corp., 90 D.P.R. 37, 46 (1964). Al mismo efecto, véanse McGee Quiñones v. Palmer, 91 D.P.R. 464, 470 (1964) y Cordero Santiago v. Lizardi Caballero, 89 D.P.R. 150, 157-162 (1963).

Aunque no estamos obligados por las decisiones de los tribunales estatales, valga señalar que la mayoría de los que se han expresado sobre planteamientos como el que aquí nos ocupa se pronuncian a favor de considerar al arrastre como un vehículo de motor o parte de un vehículo de motor a los fines de la responsabilidad de su dueño. Véanse Hancock v. Pluth, 251 N.E.2d 400 (Ill. 1969); Zuber v. Clarkson Construction Co., supra; State v. Rowell, 136 A.2d 349, 351 (Vt. 1957); Fruehauf Trailer Co. v. South Carolina Elec. & Gas Co., 75 S.E.2d 688, 690 (S.C. 1953); Vest v. Kramer, 107 N.E.2d 105, 108 (Ohio 1952); Prudential Ins. Co. of Great Britain v. Associated Emp. Lloyds, 250 S.W.2d 477, 480 (Tex. 1952); State v. Harper, 184 S.W.2d 601, 605 (Mo. 1945). En cuanto a la jurisdicción federal, véase Dennler v. Dodge Transfer Corp., 201 F.Supp. 431 (D.C. Conn. 1962). Los estatutos aplicables en estos casos son similares al nuestro. El de Texas define “vehículo de motor” igual que lo hace el nuestro en su redacción luego de la enmienda del 1973. Es significativo que en dos de los casos citados — State v. Rowell y State v. Harper — se consideró vehículo de motor al arrastre a los fines de imponer sanciones penales, no empece la norma universal de liberalidad a favor del acusado de delito en la interpretación de estatutos penales.

De particular importancia al considerar al remolcador y al arrastre unido a él como una sola unidad que constituye un vehículo de motor es la naturaleza y diseño de cada parte. El camión remolcador es, por la naturaleza de su construc-ción, diseñado para operar con un arrastre y, de igual ma-nera, el arrastre es diseñado para operar con un camión que lo remolque. Fruehauf Trailer Co., supra. El remolcador no tendría utilidad económica alguna sin el arrastre, y éste tampoco serviría el propósito para el que es construido sin el camión que lo propulsa. Ambos vehículos son diseñados para complementarse a los fines de su operación, que es trans-portar carga.

La Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito se adoptó para dar mayor garantía a las personas que son vícti-mas de accidentes en nuestras vías públicas de que los daños que sufran les sean reparados. Cordero Santiago, supra, pág. 158. La Asamblea Legislativa tomó esta medida ante el auge en los accidentes y las consiguientes pérdidas en vidas y en propiedades y las resultantes lesiones y sufrimientos per-sonales. Fue su propósito “trasladar la carga de los daños a aquella parte que~está en mejor posición para soportarla.” McGee Quiñones, pág. 470. Consideró la Asamblea Legisla-tiva que un vehículo de motor “es un instrumento altamente peligroso” y que “[la] seguridad de los ciudadanos tanto en cuanto a su persona como en cuanto a sus propiedades, re-quiere que el Estado tome toda clase de medidas no sólo para reducir las causas de accidentes de vehículos de motor, cuya incidencia es alarmante, sino también proveer el derecho a la adecuada compensación a aquellos que sean víctimas de estos accidentes.” Diario de Sesiones de la Cámara, vol. XIII, págs. 1312-1313 (1960).

Nadie puede negar que si altamente peligroso es todo ve-hículo de motor, más peligroso aún resulta cuando se trata de un camión remolcador al que se le une un vehículo de arrastre, sobre todo si se trata de uno de esos furgones de gran tamaño que transitan a diario por nuestras vías públicas desde que se introdujeron en Puerto Rico en 1954. Sea-Land Service, Inc. v. Srio. de Hacienda, 91 D.P.R. 401 (1964). A mayor el tamaño y peso del arrastre, mayor el peligro del vehículo. Se acentúa ese peligro cuando esas unidades transitan por las carreteras estrechas que trasponen las cordilleras. Es expe-riencia frecuente de nuestros automovilistas toparse sin pre-via advertencia, al acercarse a una curva, con uno de esos monstruos rodantes que ocupan la totalidad de la carretera y le obligan a arrinconarse, a veces en el borde de un precipicio, para dar paso a la potente máquina y su enorme arrastre. Es indudable que el arrastre, una vez la unidad desarrolla velo-cidad, es convertido por la fuerza de inercia, de vehículo im-pulsado en vehículo impulsador, lo que explica que, como su-cedió en este caso, la unidad completa quede fuera de control en una curva cerrada y se vuelque. El espectáculo de grandes arrastres volcados en nuestras carreteras, y los consiguientes “tapones” de tráfico que forman, es experiencia que nadie ignora.

La incidencia de accidentes en nuestras carreteras nos parecía alarmante en 1963 cuando decidimos Cordero Santiago v. Lizardi Caballero, y cuando en 1960 se aprobó la Ley Núm. 141 que adoptó la citada Sec. 13-101. Véase la tabla pu-blicada en Cordero Santiago, pág. 160. La magnitud del pro-blema hoy día es reflejada por las siguientes estadísticas:

En 1961-62, último año informado en la citada tabla, ocurrieron 31,222 accidentes, que ocasionaron 351 muertes y 14,609 heridos. En el 1976 ocurrieron 85,611 accidentes que causaron 509 muertes y 38,222 heridos. Las pérdidas, estimadas en dinero, por los accidentes ocurridos en 1976, se calculan en $50,900,000.00 por muertes, $149,455,-800.00 por heridos, y $32,250,350.00 por daños a propie-dades, lo que hace un gran total de $232,606,150.00. En 1961-62 había en Puerto Rico 215,889 vehículos regis-trados. Al 30 de junio de 1977 hay registrados 830,373 vehículos, en cuya cifra se incluyen 19,264 arrastres y 3,405 remolques. En 1975 los vehículos en Puerto Rico recorrieron a razón de 18,955,000 millas por día. Una proyección al 1980 será de 20.5 millones de millas diarias, ó 7,472,500,000 millas durante dicho año. ()

Ante este cuadro aterrador para la seguridad pública y vistos los fundamentos que hemos consignado no podemos convenir en que el dueño de un arrastre no sea solidariamente responsable con el dueño y el conductor del camión al que esté unido cuando ocurra un accidente causado por la unidad móvil que ambos vehículos constituyen.() No otro puede ser el alcance de la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito.

Se expedirá el auto solicitado y se dictará sentencia por la que se modifique la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, para declarar a Seatrain Lines of Puerto Rico, Inc., solidariamente responsable con los otros demandados por los daños y perjuicios causados a los demandantes peticiona-rios.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)Dicha sección dispone:
      “El dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho vehículo, interviniendo culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea operado o esté bajo el control físico y real de cualquier persona que, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona, obtenga su posesión mediante la autorización expresa o tácita del dueño. En todo caso se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que opera o tiene bajo su dominio o control un vehículo de motor, ha obtenido su posesión con la autorización de su dueño, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona.
      “La persona por cuya negligencia haya de responder el dueño de un vehículo de acuerdo con las disposiciones del párrafo anterior vendrá obli-gada a indemnizar a éste. — Julio 20, 1960, Núm. 141, p. 425, sec. 13-101; enmendada en Mayo 30, 1973, Núm. 58, p. 163, art. 5, ef. 60 días después de Mayo 30, 1973.”

      (2)Por resolución de 2 de septiembre de 1977 requerimos de Seatrain que mostrara causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado y responsabilizarla solidariamente con los otros demandados por los daños y perjuicios causados a los demandantes. Oportunamente presentó alegato en oposición a lo intimado en dicha resolución.

      (3)Disponía así:
      “348. Vehículo de motor
      ‘Vehículo de motor’, significará todo vehículo movido por fuerza dis-tinta a la muscular, excepto los siguientes vehículos o vehículos similares:
      (a) Máquinas de tracción.
      (b) Rodillos de carretera.
      (c) Tractores usados para fines agrícolas exclusivamente.
      (d) Palas mecánicas.
      (e) Equipo para construcción de carreteras.
      (f) Máquinas para la perforación de pozos profundos.
      (g) Vehículos con ruedas de tamaño pequeño usados en fábricas, almacenes y estaciones de ferrocarriles.
      (h) Vehículos que se muevan sobre vías férreas, por mar o por aire.
      (i) Vehículos operados en propiedad privada. — Julio 20, 1960, Núm. 141, p. 425, sec. 1-148.”
      Ninguna de las excepciones enumeradas es aquí aplicable.

      (4) Véanse 9 L.P.R.A. see. 310 y 9 L.P.R.A. see. 313 (Suplemento) que es la codificación luego de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 58 de 30 de mayo de 1973 a la vigente Ley de Vehículos y Tránsito.

      (5) Sec. 6-202 de la Ley, 9 L.P.R.A. 1272.

      (6) Sec. 6-302, 9 L.P.R.A. 1302.

      (7) Sec. 6-303, 9 L.P.R.A. 1303.

      (8) Sec. 6-304, 9 L.P.R.A. 1304.

      (9) Sec. 6-305, 9 L.P.R.A. 1305.

      (10)9 L.P.R.A. sec. 1852.

      (11)9 L.P.R.A. secs. 841 y 842.

      (12)9 L.P.R.A. sec. 871.

      (13)9 L.P.R.A. sec. 895.

      (14)9 L.P.R.A. sec. 896.

      (15) 9 L.P.R.A. sec. 921.

      (16)9 L.P.R.A. sec. 951.

      (17)9 L.P.R.A. sec. 954.

      (18)9 L.P.R.A. sec. 981.

      (19)9 L.P.R.A. secs. 1011, 1013, 1019 y 1021.

      (20)9 L.P.R.A. secs. 1801 a 1809.

      (21) Estadísticas ofrecidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

      (22) La recurrida Seatrain no ha estado desapercibida de la doctrina que aquí reconocemos. Su arrastre era remolcado por el camión propiedad de Vicenty Ramírez en virtud de un contrato preparado por Seatrain, en el idioma inglés, titulado Trailer Interchange Agreement, que obra en autos, y en virtud del cual Seatrain es relevada “de toda responsabilidad por daños a las personas y a la propiedad que surjan del uso, operación, mantenimiento y posesión” del arrastre (cláusula 3.5); y se obligó el dueño del camión a mantener en vigor una póliza de responsabilidad pública sobre el arrastre, haciéndose figurar a Seatrain como asegurado adicional, con cubiertas máximas por daños a las personas de $50,000.00 por indi-viduo y $100,000.00 por accidente, y $10,000 por daños a la propiedad.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Gregorio Cortés Román, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Víctor Carrero Figueroa, demandados y recurrentes.

      Número: R-76-374

      Resuelto: 18 de noviembre de 1977

      Justo Gorbea Varona y Roberto Armstrong, Jr., Procuradores Generales Interinos y Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados de los demandados-recurrentes; Cando & Cando, abogados del demandante-recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Esta es una reclamación de daños y perjuicios contra el Estado como consecuencia de un accidente en que el peatón demandante fue arrollado por un automóvil propiedad del Estado. En la contestación a la demanda, además de negar responsabilidad, el Estado planteó la falta de notificación () del reclamante al Secretario de Justicia y dentro del término de noventa días dispuesto en la Sec. 3077a del Tít. 32 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas. A instancias del Estado se dividió el juicio en dos etapas. La primera, para discutir la defensa del Estado de falta de notificación y también el as-pecto de negligencia. La segunda, para la determinación de los daños sufridos por el demandante.

En la vista celebrada para argumentar la defensa de falta de notificación el demandante sostuvo como cuestión de dere-cho que la existencia de una póliza de responsabilidad pú-blica, en vigor a la fecha en que ocurrió el accidente, le eximía del requisito de notificación al Secretario de Justicia dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Invocó en su apoyo el inciso (e) de la aludida Sec. 3077a que dispone lo siguiente:

“(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no será aplicable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de seguro.” (Énfasis suplido.)

En la alternativa, el demandante adujo justa causa para no haber notificado al Secretario de Justicia dentro del tér-mino de ley alegando que “la tardanza en hacer esta notifica-ción no se debe a negligencia, falta de interés de mi parte, sino que se debe a que ha mediado justa causa para ello.”

El tribunal de instancia favoreció la posición del deman-dante al resolver que el citado inciso (e) exime al reclamante de notificar al Estado por estar la responsabilidad de éste cubierta por una póliza de seguro. En cuanto a la alegación de justa causa el tribunal a quo se negó a oír la prueba ofre-cida por el demandante para sostener su posición, por en-tender que su resolución del planteamiento de derecho a favor del demandante hacía innecesaria la presentación de prueba. También adjudicó el juzgador la cuestión de negligencia en contra del Estado. En su consecuencia dictó “sentencia par-cial” que puso fin a las dos cuestiones suscitadas, y dejó pen-diente para una vista futura la determinación de los daños y perjuicios sufridos por el demandante.

El Estado acudió ante nos de la “sentencia parcial” me-diante certiorari, presentado a los 101 días después de haber sido registrada en autos dicha sentencia parcial, solicitando que revisáramos la determinación adversa al Estado sobre el requisito de notificación.

Una vez rechazado el recurso el tribunal de instancia oyó prueba sobre el aspecto de daños y dictó sentencia en 20 de septiembre de 1976 condenando al Estado y al chofer code-mandado a pagar solidariamente al demandante la suma total de $15,000 por todos los daños físicos y angustias mentales, más las costas e interés legal desde la fecha de la sentencia.

El Estado recurre ahora en revisión de la sentencia que puso fin al pleito y reproduce su planteamiento original al señalar como único error la determinación del tribunal de ins-tancia al efecto de “que no era necesario notificar al Secre-tario de Justicia de la reclamación contra el Estado Libre Asociado dentro del término de . . . [ley] . . . por estar cu-bierta la responsabilidad del Estado por una póliza de se-guro.”

El demandante recurrido por su parte solicita la desesti-mación del recurso por el fundamento de que la “sentencia parcial” dictada en 28 de noviembre de 1975 y archivada en autos el 8 de diciembre de 1975 advino final y firme en 7 de enero de 1976, resultando tardío el recurso de certiorari pre-sentado en 19 de marzo de 1976. Alega pues que carecemos de jurisdicción para considerar ahora por vía de revisión el mismo planteamiento que fue objeto del certiorari que dene-gamos. Arguye el demandante recurrido, por ende, que la “sentencia parcial”, al advenir final y firme en 7 de enero de 1976 “tenía la autoridad de cosa juzgada, constituyendo la ‘Ley del caso’.” No tiene razón el recurrido por las razones que expondremos más adelante.

En vista de los argumentos expuestos en dicha Moción de Desestimación solicitamos de las partes que nos ilustraran, entre otras cosas, sobre lo siguiente:

“. . . si la ‘sentencia parcial’ dictada por el tribunal de instan-cia en 28 de noviembre de 1975 participa de la naturaleza de ‘final y firme’, a pesar de no haber adjudicado la totalidad del pleito, y por consiguiente si el término de revisión debe comen-zarse a contar desde que fuera dicha ‘sentencia parcial’ archi-vada y registrada en autos, o si el término de revisión debe computarse desde que se archiva y registra en autos la sentencia que finalmente dispone de la reclamación al adjudicarse los daños ...

I

La Sec. 14 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, que provee para la revisión de las decisiones del Tribunal de Primera Instancia por el Tribunal Supremo, dispone que las sentencias finales del Tribunal Superior (que no sean las apelables como cuestión de derecho), podrán ser revisadas, a solicitud de la parte agraviada, por el Tribunal Supremo mediante auto de revisión a ser librado discrecionalmente. 4 L.P.R.A. sec. 37(b). ¿Qué constituye una sentencia final?

El alcance del término “sentencia” según se usa en las Reglas de Procedimiento Civil incluye una resolución y cualquier orden de la cual pueda apelarse. 32 Ap. II, R. 44.1. Por otro lado provee el mismo cuerpo legal que toda sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio. Id. R. 44.3. La referida Regla 44 procede del Art. 188 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 que definía la sentencia como “la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento.” Al interpretar lo que constituye una sentencia final hemos expresado que una sentencia es final si resuelve los méritos de la controversia, o los derechos de las partes, sin dejar nada para una futura determinación. Véase Rieder v. Torruella, 48 D.P.R. 866, 871 (1935). También hemos dicho que como regla general “una sentencia es definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia.” Véase Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955).

En ciertos casos provistos en las Reglas de Procedimiento Civil, los tribunales están autorizados a dictar sentencias definitivas aun cuando no queden resueltas todas las cuestiones en controversia. R. 44.2. La referida Regla 44.2 es similar a la anterior 54 (b) de las de Enjuiciamiento Civil de 1943, y reza como sigue:

“44.2 Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra co-parte o demanda contra tercero, el tribunal podrá dictar senten-cia final en cuanto a una o más de las reclamaciones, pero no en cuanto a la totalidad de ellas, siempre que concluya expresa-mente que no existe razón para posponer el dictar sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia. En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa cómo se de-nomine, que adjudique menos del total de las reclamaciones, no terminará el pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsidera-ción por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando todas las reclamaciones.” 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 44.2.

En el caso de Dalmau, supra, al interpretar la Regla 54 (b) de 1943, que según queda dicho es similar a la 44.2 de 1958, establecimos la diferencia existente entre la determi-nación parcial de una sola reclamación y la de varias recla-maciones múltiples, y resolvimos que dicha Regla 54(b) sola-mente aplicaba a casos en que había envueltas dos o más re-clamaciones, y que por consiguiente esa Regla no convierte en definitiva una determinación parcial de una sola reclama-ción. () Dalmau v. Quiñones, pág. 557, véase Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, vol. 10, see. 2657 y sig.

En el caso de autos que envolvía una sola reclamación la “sentencia parcial” dictada en la primera etapa del pleito resolvió algunas de las cuestiones en controversia pero no la totalidad de la reclamación. El pleito fue fraccionado a solici-tud del Estado, a los únicos fines de limitar la primera etapa a la adjudicación de la controversia sobre la notificación al Secretario de Justicia y la cuestión de negligencia. Aun si las partes hubieren estipulado que primeramente se ventila-rían algunos aspectos de la reclamación dejando para diluci-dar luego otras cuestiones de la misma reclamación, tal acuerdo no podría facultar al tribunal a dictar una sentencia definitiva resolviendo parcialmente la reclamación. Véase Dalmau v. Quiñones, pág. 560. Quedaría aún sin resolver el remedio a que tenía derecho el demandante, esto es, la cuan-tía de daños. Mientras no se resuelva este último aspecto la sentencia no puede ser final () por no ser aún ejecutable. Podría darse el caso inclusive de que no se probaran daños, convirtiéndose en ilusoria la sentencia parcial.

El demandante invoca la Regla 38.2 de las de Procedi-miento Civil para demostrar que el tribunal de instancia tiene facultad para dictar una “sentencia parcial” que puede ser considerada como final y por ende sujeta a revisión. El texto de dicha Regla es el siguiente:

“El tribunal, por razón de conveniencia, o para evitar per-juicio, podrá ordenar un juicio por separado de cualquier de-manda, demanda contra coparte, reconvención, demanda contra tercero, o de cualquier cuestión litigiosa independiente, o de cualquier número de demandas, demandas contra copartes, re-convenciones, demandas contra tercero o cuestiones litigiosas y podrá dictar sentencia de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 44.2.” 32 Ap. II, R. 38.2.

No hay duda de que la citada Regla 38.2 faculta al tribunal para ordenar, por razón de conveniencia o para evitar perjuicio, un juicio por separado de cualquier cuestión litigiosa independiente y podrá dictar sentencia de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 44.2. Precisamente en esa Regla 38.2 el tribunal de instancia encontró apoyo para ventilar separadamente la cuestión de la notificación y el aspecto de negligencia. Pero, la facultad que reconoce la Regla 38.2 al tribunal para fraccionar las cuestiones litigiosas independien-tes, no se extiende a dictar sentencias finales sobre dichas cuestiones ya que la propia Regla 38.2 limita el poder de dictar sentencia a los casos que envuelven más de una recla-mación. Al proveer la Regla 38.2 sobre la sentencia que habrá de dictarse se refiere expresamente a las sentencias que pue-den dictarse bajo las disposiciones de la Regla 44.2. El caso de Dalmau se resolvió bajo el texto de la anterior Regla 42(b) de 1943, equivalente a la actual Regla 38.2, que aún no con-tenía el regatón añadido en 1958 con referencia a la Regla 44.2 al efecto de que el tribunal “. . . podrá dictar sentencia de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 44.2.” Sin embargo, en Dalmau, aunque no existía dicho regatón interpretamos conjuntamente las entonces vigentes Reglas 42(b) y 54(b) y resolvimos que la interacción de ambas reglas tenía el efecto de limitar el poder de los tribunales para dictar sentencias finales solamente en casos que comprendían más de una recla-mación.

Un somero examen del texto de la actual Regla 44.2 revela el poder de los tribunales para dictar sentencias finales en cuanto a una o más reclamaciones cuando un pleito comprenda más de una reclamación si el tribunal concluye ex-presamente que no existe razón para posponer el dictar sentencia sobre dichas reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia. Provee además, sin embargo, que cualquier otra decisión que no sean las allí mencionadas (i.e. los pleitos que en-vuelven una sola reclamación), que adjudique menos del total de las reclamaciones no terminará el pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones. En otras palabras, si hay más de una reclamación en el mismo pleito el tribunal puede ad-judicar una o más de ellas, pero no lo faculta a adjudicar parte de una sola reclamación.

Es conveniente señalar que lo que está planteado ante nosotros es si la adjudicación de la controversia relativa a la defensa de falta de notificación al Secretario de Justicia bajo las disposiciones de la Sec. 3077a del Tít. 32 constituye una sentencia final de la cual debió apelar el Estado. Habiendo sido adversa al Estado dicha adjudicación el pleito no podía tener finalidad, sino que constituyó una resolución interlocutoria de la cual no venía obligado a apelar el Estado hasta que no se resolviera la totalidad del pleito. Y más aún, por tratarse de una sola reclamación y no varias reclamaciones múltiples, la sentencia no advenía final hasta que se adjudicaran los daños. Véase Barrientos, supra, pág. 573.

En vista de lo expuesto resolvemos que al adjudicarse los daños con respecto a la reclamación envuelta el tribunal puso fin al pleito, convirtiéndose entonces en ejecutable la senten-cia dictada. Por ello las partes pueden plantear ahora en revisión cualesquiera de las adjudicaciones parciales dictadas previamente por el tribunal de instancia, incluyendo la cues-tión sobre la notificación requerida por la Sec. 3077a del Tít. 32 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.

( — i

Examinemos ahora los méritos de la defensa de falta de notificación planteada por el Estado y declarada sin lugar por el Tribunal Superior.

La Sec. 3077a del Título 32 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas dispone que toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase por daños a la propiedad, causados por la culpa o negligencia del Estado deberá presentar una notificación al Secretario de Justicia de la causa y la natura-leza general de los daños sufridos, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conoci-miento de los daños que reclama. Reiteradamente hemos re-suelto que el requisito de la notificación es uno de estricto cumplimiento. Véanse Torres Figueroa v. E.L.A., 104 D.P.R. 673, 674 (1976); E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 160, 164 (1975); Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 D.P.R. 249, 250 (1973); Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968); García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245, 248 (1965); Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963).

El accidente en cuestión ocurrió el 7 de mayo de 1973 y no se le notificó oficialmente al Secretario de Justicia de la reclamación hasta el 4 de marzo de 1974, pasado en exceso el término de los 90 días. Alegó el demandante en la demanda que para la fecha en que ocurrió el accidente estaba en vigor una póliza de responsabilidad pública expedida por la Insurance Company of Puerto Rico, pero que no se incluía a esta compañía como demandada, ya que la misma había sido disuelta. Y sostuvo como cuestión de derecho que la mera exis-tencia de la póliza le eximía de notificar al Estado dentro del término y en la forma y manera requerida por la See. 3077a. El propio Estado en su argumentación aceptó la exis-tencia de dicha póliza a la fecha del accidente que cubría el riesgo en cuestión. Alegó, además, el demandante en su de-manda que “la tardanza en hacer esta notificación no se debe a negligencia, falta de interés de mi parte, sino que se debe a que ha mediado justa causa para ello.” El demandante ofre-ció presentar al tribunal prueba sobre la justa causa que medió para su incumplimiento con el requisito de notificación si es que el tribunal descartaba su planteamiento de derecho. El tribunal de instancia, sin embargo, al resolver la cuestión de derecho a favor del demandante, expresó no ser necesario el ofrecer prueba sobre el extremo de justa causa.

Las partes fueron requeridas para que nos ilustraran sobre si el reclamante puede exigir responsabilidad directa del Estado, luego de transcurrir el término de noventa días de la ocurrencia del accidente, sin que hubiese notificado al Secretario de Justicia durante dicho término, amparándose en que tal notificación no es necesaria cuando existe una póliza de seguro que cubre el riesgo que motiva la reclama-ción.

En 1966 la Sec. 3077a fue objeto de enmiendas consis-tentes en la adición de las siguientes dos frases: “a menos que no haya mediado justa causa para ello” (refiriéndose a la falta de notificación) y que “esta disposición no será aplica-ble a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cu-bierta por una póliza de seguro.” En ausencia de pronuncia-miento legislativo alguno sobre el alcance de dichas enmien-das debemos interpretarlas conjuntamente con las disposi-ciones concordantes del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sees. 2001-2004, relativas a la causa de acción separada que puede instarse contra el asegurado y la aseguradora.

La Sec. 3077a no es fuente de autorización para demandar directamente a la aseguradora del Estado. Tal derecho emana del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 2003, que estableció una causa de acción separada y distinta a la acción que por los mismos hechos puede llevarse contra el asegurado. Esta acción directa contra el asegurador es opcional para el reclamante en lugar de su acción contra la persona responsable del daño. Pero la See. 3077a establece los requisitos que deben cumplirse para ins-tar reclamaciones contra el Estado. Específicamente provee su inciso (e) que de no haberse cursado la notificación al Secretario de Justicia en la forma y manera allí expresada, o a menos que hubiere justa causa para la inobservancia de los requisitos allí enumerados, no puede instarse acción al-guna contra el Estado. El propio inciso (e) expresa que los requisitos en cuanto a notificación son inaplicables en los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de seguro.

Esto quiere decir que no hay que cumplir con los requisitos de notificación si existe una compañía de seguros a quien pueda demandarse directamente. Al efecto hemos sostenido que por ser la acción contra la aseguradora separada e independiente de la acción contra el Estado, no puede la aseguradora utilizar la defensa personal del asegurado de falta de notificación al asegurado toda vez que dicha defensa rige exclusivamente para el beneficio y protección del Estado y no para beneficiar a los aseguradores. Véase García v. Northern Assurance Co., supra, véanse además González v. Caribbean Carriers Ltd., 379 F.Supp. 634 (1974); Rodríguez v. Maryland Casualty Company, 369 F.Supp. 1144 (1971); Torres v. Interstate Fire and Casualty Company, 275 F.Supp. 784 (1967).

La responsabilidad sustantiva de parte del asegurador hacia un perjudicado reconocida en el Código de Seguros, en nada se hizo depender de otra acción instada contra el asegurado. Véanse 26 L.P.R.A. sec. 2003; Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868 (1965). La independencia de las dos acciones que tiene disponibles un perjudicado y el efecto que el ejercicio de la opción tiene sobre el posible éxito de su reclamación ha sido motivo de numerosas decisiones emitidas por este Tribunal. Véanse Trigo, supra, García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965); Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552 (1969).

Podemos suponer que la elección hecha por un demandante al instar su reclamación determina los requisitos que vendrá obligado a cumplir y las defensas a que estará aquél sujeto. Si opta por demandar al Estado debe cumplir con el requisito de notificación previa o demostrar justa causa por su incumplimiento. No es necesario, sin embargo, cum-plir con el requisito de notificación si la acción se trae directa-mente contra la aseguradora en virtud de una póliza de se-guro que cubre la responsabilidad del Estado.

Por las consideraciones expuestas, se expide el auto so-licitado, se deja sin efecto la sentencia recurrida solamente en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se de-vuelven los autos a la Sala Sentenciadora para que el deman-dante tenga la oportunidad de ofrecer prueba sobre el ex-tremo de justa causa que alega en su demanda y que no le fuera permitido ofrecer, y para cualesquiera otros procedi-mientos compatibles con lo aquí resuelto.

Los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué concurren con el resultado, este último por entender que la opinión del Tribunal hace una interpretación muy restrictiva del inciso (e) de la Sec. 3077a del Tít. 32 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas. El Juez Asociado Señor Rigau no in-tervino.

      (1)E1 accidente ocurrió el 7 de mayo de 1973. La notificación al Secretario de Justicia se hizo el 4 de marzo de 1974, o sea, a los 301 días de ocurrido el accidente. La demanda fue instada a los 30 días después de la notificación. Debe señalarse que los abogados del demandante asumieron su representación luego de transcurrido el término de ley para la referida notificación.

      (2)La Regla federal 54(b) que equivale a nuestra Regla 44.2 no era aplicable a pleitos que envolvían una sola reclamación. En 1961 el texto de la regla federal fue enmendado a los fines de que en casos de una sola re-clamación que incluyeran varias partes pueda dictarse sentencia con res-pecto a una de las partes envueltas. Moore, Federal Practice, vol. 6, see. 54.33, Second Edition (1976). Nuestra Regla 44.2 permanece inalterada desde 1958.

      (3) Véase Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552, 573 (1969).


text:
    Aureo E. Rivera, etc., et al., demandantes y apelantes, v. Security National Life Insurance Co., demandada y apelada.

      Número: O-76-79

      Resuelto: 21 de noviembre de 1977

      George L. Weasler y Joseph Calderón Cruz, abogados de los ape-lantes; Ríos, Gómez, Machargo & Bustelo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante y apelante, Aureo E. Rivera, comenzó a trabajar con Security National Life Insurance Co. (en ade-lante la demandada) como agente de seguros en octubre de 1971. Unos meses más tarde el demandante realizó gestiones cerca de algunos compañeros de trabajo con el propósito de obtener firmas en apoyo de una solicitud de representación de una unión obrera. Tras enterarse de dicha actividad gre-mial la demandada lo despidió de su empleo.

A raíz del despido el demandante invocó su derecho bajo la ley federal aplicable () presentando ante la Junta Na-cional de Relaciones del Trabajo (en adelante “la Junta Na-cional”) una querella sobre prácticas ilícitas del trabajo contra la demandada, cuya querella fue sometida a arbitraje. El árbitro de la Junta dictó el laudo en el caso Security National Life Insurance Co. v. Unión Nacional de Trabajadores, núm. 24-CA-3148, que contenía las determinaciones siguien-tes:

“La querellada es una corporación doméstica dedicada al ne-gocio de seguros y a inversiones en bienes raíces en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Durante el pasado año recibió, en el curso de sus operaciones de negocios, primas sobre pólizas de seguro cuyo valor excedía de $500,000, de los cuales más de $50,000 provenía de pólizas de fuera de Puerto Rico. Durante el mismo período recibió más de $99,000 de fuentes de reaseguro de fuera de Puerto Rico, y pagó en reclamaciones sobre pólizas en exceso de $1,000,000, de las cuales más de $5,000 fueron pagadas a beneficiarios fuera de Puerto Rico.
La querellada acepta todo lo anterior, pero sostiene que la Ley [de Relaciones del Trabajo Federal] no es aplicable al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Junta, sin embargo, falló esta cuestión contra la querellada. Toda vez que las opera-ciones de la querellada reúnen los requisitos jurisdiccionales per-tinentes de la Junta, los que son aplicables a Puerto Rico, con-cluyó que la querellada está dedicada al comercio dentro del sig-nificado de la see. 2(6) y (7) de la Ley, y que la asunción de jurisdicción en este procedimiento logrará los propósitos de la Ley.” (Traducción del inglés nuestra.)

La Junta Nacional confirmó en apelación la decisión del árbitro y adoptó la recomendación de éste, en opinión rendida en 7 de diciembre de 1972, Security National Life Insurance Co., 202 N.L.R.B. 374 (1973), confirmada en National Labor Relations Board v. Security National Life Insurance Co., 494 F.2d 336 (1st Cir. 1974). Quedó pues en pie la orden de la Junta Nacional concediendo al empleado los remedios que dis-pone la Ley Federal de Relaciones del Trabajo, ordenando al patrono a cesar y desistir de despedir empleados que apoyen, participen o formen parte de la Unión Nacional de Trabaja-dores o de cualquier otra unión. Ordenó además la reinstala-ción del demandante a su. antiguo empleo, y de no existir tal empleo a un empleo sustancialmente equivalente. Como re-medio compensatorio económico ordenó el pago de la com-pensación a que tuviere derecho el empleado durante el tiem-po que estuvo fuera de su empleo, más los intereses legales.

La demandada ofreció reemplearle en una posición similar a la que tenía antes del despido, pero no en la fase del negocio de seguro industrial en la que antes trabajaba el de-mandante, ya que la compañía había abandonado esa fase del negocio. El demandante renunció entonces a la reinstala-ción como empleado de Security National.

Posteriormente el demandante presentó ante el Tribunal Superior una demanda contra la demandada en la que solici-taba daños y perjuicios principalmente por los sufrimientos mentales y morales sufridos por él, su esposa y sus tres hijos menores de edad como consecuencia del despido de su tra-bajo en 6 de marzo de 1972, cuyos daños ascendentes a $160,500 alegadamente surgen de la misma conducta ilegal de la demandada. En apoyo de su reclamación aduce que la adjudicación de los daños solicitados estaba fuera del alcance y jurisdicción de la Junta Nacional.

La demandada presentó una solicitud de sentencia suma-ria en la que impugnaba la jurisdicción del Tribunal Superior para considerar la reclamación de daños y perjuicios por ser ello de la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional bajo la Labor-Management Relations Act of 1947, según enmendada, 29 U.S.C.A. secs. 141-97, y por no estar enmarcada dicha re-clamación dentro de las excepciones jurisdiccionales creadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El demandante no compareció por escrito ni personalmente a la vista seña-lada para la discusión de la solicitud de Sentencia Sumaria. Cinco días después de celebrada la vista el demandante pre-sentó una oposición a la sentencia sumaria, que el tribunal tomó en consideración.

El tribunal de instancia declaró con lugar la solicitud de Sentencia Sumaria al resolver que la acción de la demandada era el producto de una práctica ilícita de trabajo que cae bajo la jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, y que no están presentes las razones excepcionales estatuidas por la Ley Federal de Relaciones del Trabajo o de las reconocidas jurisprudencialmente para que el tribunal estatal pudiese adquirir jurisdicción. El demandante acudió ante nos en apelación por entender que está planteada una cuestión constitucional.

Nos toca resolver si los tribunales estatales tienen juris-dicción para compensar por sufrimientos y angustias men-tales ocasionados a un trabajador y sus familiares, como consecuencia de un despido ilegal en violación del Labor-Management Relations Act of 1947 (por práctica ilícita del trabajo cometida por el patrono) y quien ya ha obtenido todo el remedio que le concede la mencionada ley, inclusive el de compensación por salarios dejados de percibir mientras es-tuvo despedido.

No cabe duda, ni se cuestiona en este recurso, que la ley federal conocida como “Labor-Management Relations Act of 1947”, supra, es de aplicación a Puerto Rico. Véanse: Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, Sec. 9, 48 U.S.C.A. sec. 734; N.L.R.B. v. Security National Life Insurance Co., 494 F.2d 336 (1st Cir. 1974).

En el caso que nos ocupa la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción sobre la conducta constitutiva de la práctica ilícita objeto de este pleito y optó por ejercer dicha jurisdicción a petición de la propia demandada en este recurso, por estar presentes los criterios jurisdic-dónales sentados por la Junta Nacional en Jonesboro Grain Drying Cooperative, 110 N.L.R.B. 481, 483-84 (1954), los que son de aplicación a Puerto Rico. Conrado Forestier d/b/a Cantera Providencia, 111 N.L.R.B. 848; véase el laudo en Security National Life Insurance Co. v. Unión Nacional de Trabajadores, núm. 24-CA-3148, 202 N.L.R.B. 374.

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos ha sostenido que un Estado (entiéndase también Puerto Rico) no tiene facultad para intervenir en asuntos que caen bajo la jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Guss v. Utah Labor Board, 353 U.S. 1 (1957); Meat Cutters v. Fairlawn Meats, 353 U.S. 20 (1957); Garner v. Teamsters Union, 346 U.S. 485 (1953); Weber v. Anheuser Busch, Inc., 348 U.S. 468 (1955); Machinists v. Wisconsin Emp. Rel. Comm’n, 427 U.S. 132 (1976).

Los principios constitucionales de la teoría de la ocupación del campo han sido desarrollados para evitar la reglamentación conflictiva de la conducta de varios organismos oficiales que puedan tener alguna facultad sobre una materia específica. Véase Motor Coach Employees v. Lockridge, 403 U.S. 274, 285-6 (1971). Esta norma reiterada responde al interés del Congreso de evitar posibles conflictos de interpretación en la aplicación y administración de una política laboral uniforme. ()

Independientemente de la jurisdicción concedídale a la Junta Nacional, se ha permitido por vía de excepción que un Estado en el ejercicio de su poder de policía puede tomar las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad pública. De ahí que un Estado tenga autoridad para conceder un injunction y hasta daños cuando la conducta reprensible constituya violencia o sea de naturaleza criminal. San Diego Unions v. Garmon, 359 U.S. 236 (1959); United Workers v. Laburnum Corp., 347 U.S. 656 (1954). La propia Ley Federal de Relaciones del Trabajo crea otras excepciones: (1) la Sec. 307 autoriza acciones por violaciones a un convenio colec-tivo, aunque dicha violación constituya también una práctica ilícita del trabajo; (2) la See. 303 autoriza acciones por daños en casos de ciertas huelgas ilegales o boicots. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sostenido además que la ley federal que gobierna las relaciones del trabajo no le re-tira a los estados el poder de reglamentación cuando la acti-vidad regulada es de carácter marginal (peripheral) a las actividades reguladas por la Ley Federal. En Machinists v. Gonzales, 356 U.S. 617 (1958), por ejemplo, un tribunal de California sostuvo la concesión de daños a un miembro de una Unión que fuera expulsado ilegalmente por ésta en violación del reglamento interno de la Unión, sin que mediase violen-cia. El pronunciamiento en ese caso, sin embargo, debe limi-tarse a sus propios hechos. Se contraía a la determinación de asuntos puramente internos relacionados con la interpreta-ción de la constitución y reglamento interno de una unión obrera y los derechos de un miembro de la unión a la luz de dichos documentos, y no la conducta discriminatoria que con-dena la Ley entre patrono y empleado. En otras palabras, los procedimientos ante el tribunal local envolvían arbitrariedad y conducta impropia entre trabajadores unionados y su Unión, mientras que la Junta Nacional se preocupa principal-mente por la relación entre la acción de la unión y el discri-men patronal luego de la expulsión. Id., págs. 622-23.

Posteriormente, en Plumbers’ Union v. Borden, 373 U.S. 690 (1963), y en Iron Workers v. Perko, 373 U.S. 701 (1963), se reconoció que la regla establecida en Gonzales, supra, que permite la intervención de los tribunales estatales, habría de limitarse a casos en que solamente estuviesen en cuestión materias puramente internas de una Unión.

Asimismo se ha resuelto que en tanto en cuanto el Congreso no haya establecido un procedimiento para entender en las consecuencias de conducta torticera se aplicará el pro-cedimiento estatal para recobrar daños por tal conducta. United Workers v. Laburnum, Corp., 347 U.S. 656 (1954). En Laburnum se trataba de una unión de trabajadores que, sin tener relación contractual con el patrono afectado ni con sus empleados incurrió en conducta torticera contra el re-ferido patrono consistente en amenazar e intimidar al pa-trono y a sus empleados con violencia hasta el extremo que el patrono y sus subcontratistas fueron forzados a abandonar sus proyectos de construcción en cierta área con las consi-guientes pérdidas económicas. El Tribunal Supremo federal asumió para los fines de la opinión que la conducta descrita constituía una práctica ilícita del trabajo. El patrono sostenía que dicha ley federal había ocupado el campo por lo que la Junta Nacional era el único organismo con jurisdicción en el asunto. El Tribunal Supremo federal concluyó que el Con-greso no había establecido ni sugerido ningún sustituto para el procedimiento tradicional existente a través de las cortes estatales para recobrar daños por conducta torticera. Id., págs. 663-664. La privación de ese derecho a ser compensado, añade el Tribunal Supremo, constituiría una concesión de inmunidad a la Unión demandada por su conducta torticera. Id., pág. 664.

Es interesante notar, sin embargo, la siguiente expresión del tribunal en Laburnum que parece limitar la compensación a un trabajador despedido a la concedida por la Ley Federal de Relaciones del Trabajo:

“La ‘Labor-Management Relations Act’ no establece ningún procedimiento general compensatorio excepto en ciertas formas menores suplementarias como la reposición de los empleados des-pedidos ilegalmente con la consiguiente paga por el tiempo que estuvieron fuera del empleo.” Pág. 665.

Asumiendo argüendo que reconociéramos que la Ley Federal de Relaciones del Trabajo al conceder compensación eco-nómica al empleado despedido no excluye el derecho que pueda tener éste de solicitar ante los tribunales estatales daños por sufrimientos mentales y angustias que resultaren con motivo del despido ilegal, debemos determinar si bajo nuestro estado de derecho cabe tal reclamación.

En circunstancias similares a la del demandante, nuestra ley local le da el derecho a organizarse para propósitos gremiales, y a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras. 29 L.P.R.A. sec. 65. El patrono que intervenga con esos derechos incurre en práctica ilícita del trabajo. Id., Sec. 69. La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, al igual que la Junta Federal, tiene facultad para evitar que cualquier persona se dedique a prácticas ilícitas. Id., Sec. 68. De concluir la Junta que el patrono ha incurrido en una práctica ilícita al despedir un trabajador por estar dedicado a actividades gremiales puede requerirle que cese en y desista de dicha práctica y ordenar su reposición, y abonándose o no la paga suspendida. Id., Sec. 70. Lo anterior constituye el remedio que concede la ley al empleado en casos de despido que constituya una práctica ilícita. El patrono, por otro lado, es penalizado criminalmente por suspender a un empleado que haya participado en actividades relacionadas con la organización de sus compañeros de trabajo para mejorar sus condiciones de trabajo. 29 L.P.R.A. sec. 41. Véanse, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 17; 29 L.P.R.A. sec. 65. No existe disposición alguna en nuestro ordenamiento jurídico que provea al empleado despedido ningún otro remedio, ni castigo otro alguno al patrono al incurrir en violación del derecho del empleado a organizarse para mejorar sus condiciones de trabajo, que las sanciones penales y compensatorias mencionadas precedentemente.

Por vía de excepción las leyes del trabajo reconocen res-ponsabilidad civil solamente en casos de suspensión de un em-pleado porque esté afiliado a determinado partido político por los daños pecuniarios sufridos por el empleado suspendido. Id., Sec. 136.

En los casos ordinarios de suspensión de empleo por causa injustificada tampoco se exige responsabilidad civil al patrono. Este solamente viene obligado a pagar, en adición al sueldo devengado, el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización. Ley Núm. 50, abril 20, 1949, pág. 127, Art. 1. () Ni siquiera existe el remedio de reposición en estos casos. Estos remedios naturalmente no excluyen la res-ponsabilidad civil de un patrono por conducta torticera en que incurriere por otros motivos que no sean la mera violación de una disposición de las leyes del trabajo. 31 L.P.R.A. see. 5141. No se nos ha demostrado, sin embargo, que en este caso el patrono hubiese incurrido en conducta torticera, más allá del acto del despido, que le sujete a responsabilidad por culpa o negligencia. Resolvemos pues que el único remedio compen-satorio en relación con el despido de un empleado contratado sin tiempo determinado, en violación de las Sees. 7 y 8 de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo, es el que provee ex-presamente dicha Ley. Nuestro legislador no ha provisto otro remedio para ello.

Por los fundamentos expuestos, se confirmará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictada el SO de diciembre de 1975, en el caso civil número 75-21+71, que de-claró sin lugar la demanda.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Negrón García concurren en el resultado. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)La ley conocida como “Labor-Management Relations Act of 1947” (en adelante “Ley de Relaciones del Trabajo Federal”) protege el derecho de los empleados a organizarse y a formar, unirse y ayudar uniones obreras y declara ilegales los actos de los patronos que impidan el ejercicio de ese derecho. 29 U.S.C.A. sees. 167, 158.

      (2)En nuestra jurisdicción adoptamos la misma doctrina en P.R. Telephone v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 882 (1962).

      (3) Actualmente el remedio ha sido ampliado para añadir “una indem-nización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio.” 29 L.P.R.A. secs. 185a-185i.