author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Fernando Maldonado Pérez, querellante y recurrido, v. Las Vegas Development Co., Inc., querellada y peticionaria; Departamento de Asuntos del Consumidor, organismo administrativo recurrido.

      Número: O-80-505

      Resuelto: 20 de octubre de 1981

      Hermenegildo Colón Vázquez y Federico Rodríguez Gelpí, aboga-dos de la peticionaria; Ángel M. Villamil Rodríguez, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente, Las Vegas Development Co., Inc. (“la contratista”) le vendió una casa al recurrido (“el dueño”) el 2 de febrero de 1967. Más de nueve años nueve meses más tarde, el 26 de noviembre de 1976, el dueño se querelló ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACO”) sobre supuestos vicios de construcción de que adolecía su casa. DACO determinó que existen grietas mayores de 1/16" de amplitud en el piso de terrazo de la sala y el comedor y que éstas se van profundizando y enanchando cada día más. Concluyó la agencia que la contratista le respondía al dueño bajo las disposiciones del Art. 1483 del Código Civil.

El Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124, dispone:

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.

Hoy nos toca expresarnos, dados los hechos de este caso, en mayor detalle que cuando lo hicimos en Federal Ins. Co. v. Dresser Ind., Inc., 111 D.P.R. 96 (1981), sobre el signifi-cado y límites del vocablo “ruina”.

Ya no se argumenta que la ruina de un edificio ocurre únicamente cuando se compromete su solidez o estabilidad. La ruina parcial, el derrumbe de uno de los elementos principales de la estructura, da base igualmente para invocar el Art. 1483. J. Cadarso Palau, La Responsabilidad Decenal de Arquitectos y Constructores, Ed. Montecorvo, Madrid, 1976, págs. 123-124. Un tercer paso en el desarrollo del concepto ocurrió al extenderlo al peligro de ruina, a la degradación parcial que comprometa la existencia de la obra o de parte esencial de la misma. Cadarso Palau, op. cit., pág. 128. La última etapa la representó la teoría de los “graves defectos”, o sea, aquellos que, sin llegar a amenazar de ruina elementos vitales del edificio, afectan seriamente su utilización y disfrute, ocasionan su ruina funcional. D. Rubino, Dell’ Appalto, Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 1969, págs. 286-290; S. de 27 de febrero de 1975 (Esp.), XLII, Vol. 1, Aranzadi, pág. 551; S. de 16 de diciembre de 1977 (Esp.), XLIV, Vol. 2, Aran-zadi, pág. 3660. Debe observarse, no obstante, que en nin-guna de estas etapas se presume que el término “ruina” abarca todo género de vicios de construcción. Aun la acep-ción más lata presupone la existencia de defectos graves y de otros que, por no serlo, no están comprendidos dentro del marco del Art. 1483.

Es a la luz de este mismo hecho que deben entenderse otros criterios establecidos en el curso del desarrollo de las cuatro etapas referidas. Los criterios deben interpretarse únicamente dentro del contexto de tales etapas y de las circunstancias que las produjeron. No presentan dificultad alguna en este sentido criterios tales como el de la ame-naza a la seguridad pública o a la estabilidad del edificio, con el consiguiente daño considerable al propietario. Ambos están vinculados claramente a la noción de ruina, total o parcial, o al peligro de que ésta suceda. Mayor dificultad generan otros criterios de uso común para definir lo que constituye un vicio de construcción. Nos referimos especialmente a los que les imprimen a los defectos en cuestión tal categoría cuando tornan la obra en impropia para el uso a que se le destina o cuando exceden la medida de las imperfecciones que cabe esperar en una construc-ción. J. Herrera Catena, Responsabilidades en la Construc-ción, Gráficas del Sur, Granada, 1974, Vol. 1, pág. 263. Estos últimos criterios también entrañan la existencia de graves defectos. Rubino, op. cit., pág. 289. Es por tal motivo que hay que manejar con especial cuidado el con-cepto de que existe un vicio de construcción si el defecto excede la medida de las imperfecciones que cabe esperar en una construcción. Si el criterio se aplica aislada y lite-ralmente, el Art. 1483 abarcará de por fuerza casi todo género de defectos. La gravedad del defecto y las circuns-tandas en que se produce son condiciones inherentes a la justa aplicación de esta norma.

La primera conclusión derivable del estudio del término “ruina” es en consecuencia que existen grados de defectos y que la garantía decenal alcanza únicamente a aquellos de particular significación, a aquellos vicios o imperfecciones que causan los efectos que se quisieron evitar en alguna de las cuatro etapas aludidas: la ruina total, la ruina parcial, la amenaza de ruina o la ruina funcional. La apreciación de la gravedad del defecto tiene necesariamente que hacerse caso por caso, si es que el legislador no se pronuncia, y dependerá fundamentalmente del estudio evolutivo del arte de la construcción.

Un segundo elemento del término “ruina” que debe identificarse es el de la presunta duración' del elemento concernido de la obra. Cadarso Palau, op. cit, págs. 138-139, ha escrito sobre este extremo:

. . . entiendo que el criterio básico está en la larga duración de las obras de que se trata. Desde esta perspec-tiva, deben incluirse los defectos importantes que afecten a aquellos elementos o partes que, con la obra misma, estén destinados a larga duración. Todo elemento estructural o parte maestra está, evidentemente, como la obra inmobilia-ria misma, destinada a larga duración. Pero no todo ele-mento permanente tiene necesariamente que contribuir a la solidez o estabilidad, sin que, por ello, haya una razón sufi-ciente para excluirlo del ámbito de protección que para el dueño representa el sistema de la responsabilidad decenal. Ahora bien, aquí se impone una delicada labor de delimi-tación (que no puede sino remitirse a la apreciación judicial, caso por caso) de lo que debe ser considerado como edificio o partes importantes del edificio (en el sentido de la expresión francesa “gros ouvrage”), ya que no todo accesorio del mismo ha de estar destinado a larga duración. Siendo muy difícil formular con mayor precisión el criterio, cabría decir, con Soinne (93), que deben quedar excluidas aquellas construcciones o instalaciones secundarias, de mínima impor-tancia, que es usual renovar en una casa destinada a vivienda y que no presentan ningún carácter anormal, excepcional o incluso poco frecuente en la vida de una cons-trucción. En estos casos, es indudable que el plazo decenal de garantía resultaría excesivo (estamos, en tal sentido, ante una cuestión de medida), y, sin negar absolutamente una responsabilidad posterior a la recepción, ésta habrá de ser, no la decenal, sino, caso de ser reconocida legislativamente, la más breve que, para casos similares, se ha establecido en Francia a partir de 1967, y que es conocida como garantía bienal. Ha de añadirse, también, que no estaría justificada la subsistencia por diez años del régimen presuntivo que la responsabilidad decenal implica.

Los defectos, aunque sean de importancia, que afecten partes de la obra destinadas a una duración menor de diez años no constituyen vicios de construcción dentro del signifi-ficado del Art. 1483. Pueden concebiblemente, según el caso particular, constituir tales defectos por cierto tiempo, pero no por la totalidad del plazo decenal. De ahí es que surge entonces el dilema de si han de quedar desampara-dos los legítimos intereses del consumidor. La contestación es que no tienen que quedar desamparados, que existen métodos para lograr un equilibrio justiciero entre las expectativas de los consumidores y las de la industria de la construcción, pero que la solución no estriba en seguir expandiendo judicialmente ad infinitum el alcance del Art. 1483. Francia y Puerto Rico ofrecen precisamente ejemplos de soluciones preferibles.

Las leyes de 3 de enero y 22 de diciembre de 1967, junto al decreto de 7 de julio de 1967, establecieron en Francia dos clases de garantía contra los vicios de cons-trucción. Se mantuvo el plazo decenal para las obras de mayor importancia y se creó un plazo bienal para los de menor monta. Se intentó a la par definir ambos tipos de obra mediante el uso de ejemplos específicos. Los muros y el techo de una casa fueron clasificados, entre otras, como obras protegidas por la garantía decenal. Las puertas, las ventanas y partes análogas de los edificios quedaron suje-tas a la garantía bienal solamente. Mazeaud y Mazeaud, Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civil, 6a ed. (por A. Tunc), Ed. Montchrestiens, 1970, págs. 94-100, 133 et seq.

En Puerto Rico se ha estructurado un sistema aun más flexible que el francés. En virtud de la facultad conferida al Secretario de Asuntos del Consumidor por la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, 17 L.P.R.A. sec. 503(c), éste aprobó un reglamento, 17 R.&R.P.R. 503-19, para regir el negocio de la construcción de viviendas privadas, el cual entró en vigor el 17 de septiembre de 1977. El ArL 10(j) enumera una larga serie de defectos de construcción y especifica el término en que deberá notifi-carse al contratista o al urbanizador. Conforme el Art. 7 éste deberá prestar una fianza que “se mantendrá vigente por el término de dos (2) años a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa del compra-dor original de la vivienda. Esta fianza o seguro garan-tizará los gastos de reparación y corrección de defectos de construcción al comprador original o compradores subsi-guientes que hayan adquirido dicha vivienda dentro de los dos años siguientes a la fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa del comprador original. . .”. De la totalidad del Art. 10(j) y del Art. 7 transcrito se des-prende que, en ausencia de disposición expresa en contra-rio, el término para la notificación al contratista comienza a contar a partir del otorgamiento de la escritura original. El Art. 10(j) también provee que en caso de no mencio-narse un período distinto de notificación, ésta deberá hacerse dentro de dos años, lo cual concuerda con la duración de la fianza. No existe indicación en la ley o el reglamento reveladora de intención alguna de que la noti-ficación exigida responda al único fin de poder recobrar contra la fianza. Si así fuese, ¿por qué es que en tantos casos se fijan términos menores? El esquema legislativo y reglamentario obedece más bien al reconocimiento de que es excesivo permitir ciertas reclamaciones demasiado tiempo después de la recepción de la obra.

El Art. 10(j)(8) trata específicamente del caso de los pisos y estima en su apartado (b) que constituyen defectos de construcción las “grietas mayores de 1/16" de ancho o de menor amplitud que afeen la terminación del piso”, siempre que se notifiquen dentro del mencionado término de dos años. El citado reglamento no es de aplicación directa a este caso, ya que su vigencia es posterior aun a la fecha en que se presentó la querella administrativa. El reglamento es, de todos modos, de especial importancia para guiar la discreción, judicial en la apreciación de la gravedad del defecto. El Art. 10(j) se formuló claramente “tomando como base los principios técnicos de ingeniería, tipo, clase y/o [sic] método de construcción . . .”, norma que a todas luces rige la discreción del Secretario al añadir otros defectos no enumerados en el artículo. Las clasificaciones comprendidas en el Art. 10(j) deben mere-cerle gran peso a la Rama Judicial aun en casos en que no aplique el referido Reglamento de DACO por razón de su fecha de vigencia.

Resolvemos, por tanto, que las grietas del piso surgidas en este caso a los casi diez años de construirse la vivienda no están comprendidas dentro del concepto de ruina encarnado en el Art. 1483. El defecto no reviste la gravedad necesaria. El tiempo de su aparición, además, fue tardío.

Se revoca la sentencia recurrida y se desestima la querella.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       La peticionaria arguye que en vista del Art. 17 de la Ley Núm. 180 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. see. 517) y del Art. 25 del Reglamento, lo expre-sado en el Art. 10(j) no afecta las reclamaciones bajo el Art. 1483 del Código Civil. Así es, mas esto en nada cambia el resultado por no tener el recurrido en este caso específico acción alguna bajo el Código Civil. Nada de lo expresado en esta opinión se interpretará como que restringe el incuestionable derecho del consumidor a expandir contractualmente el alcance del Art. 1483. El contratista no puede contraerlo, por impedirlo el interés público, pero el consumidor puede ampliarlo. Mazeaud y Mazeaud, op. eit, II, pág. 137.


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text:
    Junta de Relaciones del Trabajo, peticionaria, v. Securitas, Inc., demandada.

      Número: O-80-539

      Resuelto: 20 de octubre de 1981

      Juan Antonio Navarro, de la División Legal de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, abogado de la peticio-naria; Jorge Luis Laboy Rodríguez, abogado de la demandada.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 25 de abril de 1979 la Unión de Guardianes de Seguridad del Este (“la Unión”) y Securitas, Inc. (“el Patrono”) acordaron, bajo el convenio colectivo vigente entre ellos, someter al Negociado de Conciliación y Arbi-traje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la siguiente cuestión:

Determinar si el despido del señor Emilio Montañez fue justificado o no. De determinarse que fue injustificado, el árbitro proveerá el remedio correspondiente.

El árbitro resolvió que el despido no fue justificado y ordenó la reposición del Señor Montañez en su empleo, así como el pago de los salarios dejados de percibir, más intereses sobre la cantidad total adeudada. Al rehusar el Patrono acatar el laudo, la Junta de Relaciones del Tra-bajo acudió ante este Tribunal en solicitud de la corres-pondiente orden de cumplimiento. Requerimos del Patrono que mostrase causa por la cual no debe ponerse en vigor el laudo.

El Patrono alega, en primer término, que el convenio colectivo aplicable exige que toda querella relativa a un despido deberá presentarse no más tarde de diez días des-pués de ocurrir el mismo. Aquí se presentó el día decimosép-timo. Considera el Patrono en consecuencia que el árbitro actuó sin jurisdicción.

El planteamiento del Patrono es inmeritorio. El convenio colectivo también dispone que el referido término puede prorrogarse por acuerdo de las partes. En el caso presente el patrono accedió a la sumisión de la querella al proceso de arbitraje. No ha sido hasta después de la emisión de un laudo adverso que el Patrono suscita ante este foro la cuestión jurisdiccional. La conducta del Patrono representa una renuncia al término mencionado y la consiguiente prórroga del mismo. Junta Rel. Trabajo v. Corona Brewing Corp., 83 D.P.R. 40, 44 (1961); J.R.T. v. Central Mercedita, Inc., 94 D.P.R. 502, 509-510 (1967); Junta Rel. Trabajo v. Orange Crush, 86 D.P.R. 652, 656 (1962); F. y E. A. ElKouri, How Arbitration Works, 5ta ed., Washington, D.C., Bureau of National Affairs, Inc., 1978, pág. 150.

El Patrono argumenta, en segundo lugar, que el laudo es nulo por ser contrario a derecho. No le asiste la razón. Ni el convenio ni el acuerdo de sumisión en este caso requerían que el árbitro resolviese la cuestión sometida conforme a derecho. En tal circunstancia es improcedente la revisión por este Tribunal de supuestos errores de índole jurídica. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R.S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 801-802 (1949); United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661, 667 (1966); J.R.T. v. Cooperativa de Cafeteros, 89 D.P.R. 498, 502-503 (1963); Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 155 (1974); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 837 (1977).

El Patrono sostiene, en tercer lugar, que al ordenarse la reposición del empleado despedido y el pago de los sala-rios dejados de devengar el árbitro actuó en forma contra-ria a los principios de orden público encarnados en la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949 (29 L.P.R.A. see. 183) referente al pago de un mes de sueldo y a la imposición de otras sanciones en caso de despido injustificado.

La Ley Núm. 50 fue derogada, antes de ocurrir el despido en este caso, por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, cuyo primer artículo, sin embargo, 29 L.P.R.A. sec. 185a, reproduce en forma expandida los principios de la ley anterior. Examinemos en consecuencia la alegación del Patrono a la luz de la Ley Núm. 80, cuyo primer artículo dispone en su parte pertinente:

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo . . . donde trabaje mediante remuneración de alguna clase, contratado sin tiempo deter-minado, que fuere despedido de su cargo sin que haya mediado una justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono en adición al sueldo que hubiere devengado:
(a) el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización;
(b) Una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio.

No discernimos disparidad entre la política del estatuto y el laudo emitido. No se nos ha demostrado que la intención legislativa haya sido fijar sanciones máximas exclusivas para casos de despido cuando media un convenio colectivo y un amplio acuerdo de sumisión sobre la justificación de la cesantía. ¿Cómo es que puede interpretarse que la legis-lación sobre la mesada ha obedecido por décadas al propó-sito de impedir que un árbitro, bajo un acuerdo de sumisión que no limite claramente sus poderes, ordene la reposición de un empleado y el pago de los sueldos dejados de percibir, más intereses? En Puerto Rico hemos distin-guido tajantemente entre los derechos bajo un convenio colectivo y los derechos de mesada. En Wolfe v. Neckwear Corporation, 80 D.P.R. 537, 543 (1958), afirmamos:

Naturalmente, en dichos convenios colectivos de trabajo, la ausencia de causa justa da derecho a la reposición y al pago de los salarios dejados de devengar, y no se trata de una simple cuestión de mesada, como sucede al amparo de la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949....

En Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517, 526 (1977), expresamos que:

De concluir la Junta que el patrono ha incurrido en una práctica ilícita al despedir [a] un trabajador por estar dedi-cado a actividades gremiales puede requerirle que cese en y desista de dicha práctica y ordenar su reposición, y abonán-dose o no la paga suspendida.

Si examinamos la práctica ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, observamos que laudos como el presente, y aun aquellos que representan para el obrero mayores beneficios, son perfectamente válidos. In the Matter of F. W. Woolworth Co. et al., 90 NLRB 289 (1950); Isis Plumbing & Heating Co. et al., 138 NLRB 716 (1962).

Afirma el Patrono, por último, que se le privó del debido procedimiento de ley y de la igual protección de las leyes al negarse el árbitro a suspender la vista por ausencia del abogado del Patrono. La violación del debido procedimiento de ley es una de las causas de nulidad de un laudo de arbitraje. J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879 (1981). El hecho de que un árbitro le niegue a una parte la oportunidad de estar representada en la vista por un abogado no constituye de por sí un error que forzosamente deba dar lugar a la revocación. H. Cancio, El Arbitraje Obrero-Patronal en Puerto Rico, Instituto de Relaciones del Trabajo, U.P.R., 1953, págs. 43-44. No hubo en este caso, por razón de esa negativa, trato preferencial alguno, lo cual podría suscitar problemas de desigualdad ante la ley. Ninguna de las partes estuvo representada por abogado en la etapa de la vista, pero se le ofreció a ambas plena oportunidad de ser oídas, presentar su prueba y contrainterrogar a los testigos de la otra parte. Los procedimientos de arbitraje no requieren la aplicación rígida de todas la normas de procedimiento desarrolladas para los casos penales y civiles ordinarios. H. T. Edwards, Due Process Considerations in Labor Arbitration, 25 Arbitration J. 141, 142 (1970); C. B. Craver, Inquisitorial Process in Private Employment, 63 Cornell L. Rev. 1, 5 (1977); R. I. Abrams, The Integrity of the Arbitral Process, 76 Mich. L. Rev. 231, 236, 252 (1977). La celebración de la vista sin la presencia de los abogados de las partes se produjo en este caso, además, en el con-texto de una negativa a suspender la vista por enfermedad del abogado del Patrono. En tales circunstancias debe demostrársele al Tribunal que la suspensión era proce-dente y que resultó en perjuicio de la parte peticionaria. Cancio, op. cit, pág. 44. Los autos no revelan que tal fuese el caso aquí.

Se ordenará al Patrono el cumplimiento del laudo impugnado.


text:
    Angélica Velilla, demandante y recurrente, v. Pueblo Supermarkets, Inc., Eagle Star Insurance Company Ltd. of London, demandados y recurridos.

      Número: R-81-120

      Resuelto: 20 de octubre de 1981

      Carlos T. González Contreras de Dubón, González & Vázquez, abogado de la recurrente; Eugenio Luis Santori de Jiménez & Santori, abogado de la recurrida Pueblo Supermarkets, Inc.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente demandó a Pueblo Supermarkets, Inc. (“Pueblo”) el 3 de octubre de 1979 por daños alegadamente sufridos el 25 de marzo de 1978. Pueblo solicitó la deses-timación de la causa por razón de que la demanda estaba supuestamente prescrita. La recurrente se opuso a la moción, acreditando gestiones extrajudiciales hechas a Pueblo y a International Claims Investigators, Inc., una compañía ajustadora independiente. El último reclamo hecho a Pueblo no impedía de por sí la prescripción de la demanda, pero los efectuados a International Claims, de ser válidos, interrumpían la prescripción. El tribunal de instancia dictaminó que la causa de acción está prescrita. Al efecto señaló que el Art. 9.050(2) del Código de Segu-ros, 26 L.P.R.A. see. 905(2), define a un ajustador inde-pendiente como el “ajustador” que representa los intereses del asegurador. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe expedirse el auto y devolver el caso para ulteriores procedimientos.

Es cierto, en términos generales, que una' recia-marión extrajudicial solo puede ser dirigida al obligado, al sujeto pasivo del derecho concernido. Las reclamaciones recibidas por tercero no gozan de capacidad interruptiva. L. Diez Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 131. En este caso ocurre, no obstante, un hecho particular. Según declaración jurada de la recurrente presentada como parte de su oposición a que se desestimase la demanda, ella se comunicó inicial-mente con Pueblo y fue referida a la International Claims. De correspondencia que consta en autos, Pueblo sabía que la recurrente estaba tratando de llegar a un acuerdo con International Claims, pero no es hasta transcurrido un año después de la reclamación a Pueblo e instada ya la demanda que Pueblo revela que International Claims no la estaba representando.

El Art. 7o.1 del nuevo Título Preliminar del Código Civil Español expresa que “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. Se ha apuntado que este artículo “reafirma un verdadero principio general del derecho, sobre cuya presencia y relevancia estaban de acuerdo doctrina y jurisprudencia, que lo habían obtenido, entre otros preceptos, fundamentalmente del artículo 1.258 del Código civil”. Comentarios a las Reformas del Código Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1977, pág. 366. El Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3375, incorpora las disposiciones del Art. 1258 del Código Civil español. Igual paralelismo se advierte en las decenas de otros artículos en que ambos códigos aluden al concepto de la buena fe. Según señala Espín Cánovas, “Desde Roma se viene exigiendo, a través de las más diversas instituciones, un contenido ético en el obrar humano en el campo jurídico. . .”. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1979, Vol. 1, pág. 518. Dictaminamos que el requisito de la buena fe es también exigencia general de nuestro derecho y que como tal se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. El contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, pero el comportamiento con-forme a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica.

Diversas doctrinas arrancan claramente de este con-cepto general, tales como la de los actos propios, la del abuso del derecho y la del fraude a la ley. Todas se inspi-ran en el loable propósito de inyectarle contenido ético al orden jurídico. Véase la Exposición de Motivos al decreto que sanciona el referido Art. 7.1. Comentarios, supra, pág. 360.

En el caso presente, tanto la doctrina de los propios actos como la del abuso del derecho, así como el principio general de bona fides, impiden que la compañía recurrida invoque con éxito la defensa de prescripción. El proceder de Pueblo indujo a todas luces a la recurrente a dirigirse a International Claims en la creencia de que ésta representaba a aquélla. Tal proceder, no repudiable ahora por Pueblo, monta a una renuncia de la defensa de prescripción en la situación presente. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 537-538 (1975). Permitir la defensa de prescripción en las circunstancias señaladas violaría, además, la doctrina del abuso del derecho, según explicada en Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979). Es ilegítimo el ejercicio de un derecho cuando el titular excede manifiestamente los límites impuestos por la buena fe o por el fin social o económico de ese derecho. En casos como el que nos ocupa, el principio de la buena fe no da lugar a la utilización del derecho a la defensa de prescripción cuando el derecho surge de omisiones de la otra parte causadas, parcial pero significativamente, por la propia conducta de la actora. El fin social de la prescripción de que nos habla la doctrina del abuso del derecho tampoco se cumple en este caso. La prescripción extintiva castiga la indolencia de una parte poniendo fin al pleito. Aquí no hubo pereza de la recurrente. Lo que hubo fue destreza de la recurrida y silencio habilidoso que dio margen al transcurso sigiloso del tiempo.

Se expedirá el auto, se revocará la resolución y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulterio-res consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibe.


text:
    Raúl B. Manes Horta y Otros, demandantes y recurridos, v. Constructora Guayanés, Inc., y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-79-67

      Resuelto: 20 de octubre de 1981

      Berrios & Menéndez, abogados de las recurrentes Constructora Guayanés, Inc. y las Águilas Development Corp.; Agustín Mangual Hernández y Osvaldo Pérez Marrero, abogados de los demandantes; Pedro J. Polanco de Fidler, González & Rodríguez, abogado del recurrido Carlos Meléndez Ramos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Las Águilas Development Corporation (“Las Águilas” y “la dueña-contratista-vendedora”) realizó las gestiones per-tinentes para construir una urbanización colindante en parte con el río Coamo. Seleccionó al señor Carlos Melén-dez Ramos (“el arquitecto”) para confeccionar los planos, efectuó otros acuerdos y escogió a Constructora Guayanés, Inc. (“Guayanés” y “la dueña-contratista-vendedora”) para llevar a cabo la obra. En el curso de la construcción Guayanés adquirió todas las acciones de Las Águilas. El diseño del arquitecto fue alterado en la etapa de la cons-trucción por la dueña-contratista-vendedora.

En octubre de 1970, vendidas ya las casas y en ocasión de fuertes lluvias, parte de los terrenos de los deman-dantes fueron arrastrados por la corriente del río Coamo. Los dueños de las viviendas demandaron por negligencia a Las Águilas, a Guayanés, al arquitecto y a otros. El tribunal, en sentencia parcial, declaró con lugar la demanda, excepto contra el arquitecto. No se ha ventilado aún la cuestión de los posibles daños. Guayanés y Las Águilas recurrieron. Expedimos el auto correspondiente.

Las recurrentes argumentan que Las Águilas y Guayanés no deben considerarse una misma entidad a los fines pre-sentes, ya que la segunda adquirió las acciones de la pri-mera después de comenzada la construcción. El plantea-miento es inmeritorio. Guayanés adquirió todas las acciones de Las Águilas, sin que haya alegado y mucho menos pro-bado que no asumió al hacerlo todas sus obligaciones. Por tratarse de una misma entidad, una sola dueña-contra-tista-vendedora, Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967), no es necesario que nos adentremos en el problema de la co-construcción. Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 D.P.R. 655 (1981).

La dueña-contratista-vendedora alega principalmente que no puede imputársele responsabilidad porque el desli-zamiento de los solares se debió a fuerza mayor. Tampoco es meritorio este planteamiento.

El Art. 1058 (31 L.P.R.A. see. 3022) del Código Civil dispone:

Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.

En Rivera v. Caribbean Const. Corp., 100 D.P.R. 106, 118-119 (1971), discutimos in extenso el significado de este ar-tículo, en el contexto de una demanda por inundación de unas casas en una urbanización. El urbanizador argumen-taba que los daños no se debían a vicios de construcción del alcantarillado pluvial, sino a lluvias inusitadamente fuertes. Afirmamos:

. . . puede concluirse que los fenómenos naturales no siempre eximen de responsabilidad a título de caso fortuito o fuerza mayor pues para calificarlos de eximentes de responsabilidad, o de no eximentes, es necesario considerar las otras circunstancias que concurren en cada caso, como por ejemplo, el carácter frecuente o probable del fenómeno, o por el contrario su carácter inopinado o insólito; si se tomaron las medidas que aconseja la prudencia y la ciencia para evitar el daño.. ..

Véanse: Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552 (1969); De Jesús v. Ponce Housing Corp., 104 D.P.R. 885 (1976); R. Badenes Gasset, El Riesgo Imprevisible, Barcelona, Ed. Bosch, 1946, pág. 103; F. Soto Nieto, El Caso Fortuito y la Fuerza Mayor, Barcelona, Ed. Nauta, 1965, passim.

La prueba desfilada sostiene el fallo del tribunal de instancia. Las inundaciones podían haber sido previstas y evitadas. En el sector concernido del río Coamo habían ocurrido en los quince años anteriores a la obra seis inundaciones de igual intensidad y volumen de agua que la que causó los daños. La dueña-contratista-vendedora agravó la situación al invadir el propio cauce del río y colocar allí una hilera de casas. Agrandó y vendió así los solares sin canalizar el río, proveer la franja de seguridad que exige la Junta de Planificación o tomar otras precauciones fuera de sembrar yerba en los taludes. No puede invocarse la fuerza mayor en caso tan claro de negligencia crasa.

La dueña-contratista-vendedora, alega, no obstante, que de existir responsabilidad le corresponde al arquitecto. No tiene razón. La prueba demuestra que Las Águilas y Guayanés alteraron el diseño original, aumentaron el tamaño de los solares afectados hasta invadir el cauce del río, extendieron los patios hasta el borde del talud y redu-jeron el tamaño de los tubos de desagüe. El arquitecto no supervisó la obra, por lo que no es necesario considerar si existe base para la responsabilidad in solidum en este caso. Véase: Mazeaud y Mazeaud, Traité de la Responsabilité Civile, 6ta ed. (por A. Tunc), Paris, Ed. Montchrestien, 1970, par. 1070-17.

Se alega, por último, que no procede extender a este caso la responsabilidad decenal, ya que solo los solares y no las viviendas sufrieron daños. Los solares, según las recurrentes, no constituyen “edificios” dentro del significado del Art. 1483 del Código Civil. En Federal Ins. Co. v. Dresser Ind., Inc., 111 D.P.R. 96 (1981), señalamos la ampliación que ha sufrido la voz “edificio”, extendiéndose la responsabilidad decenal a la construcción de carreteras, campos de deportes y otros inmuebles análogos. Véanse, además, G. Liet-Veaux, Le Droit de la Construction, 5ta ed., Paris, Ed. Celse, 1978, pág. 342; R. Saint-Alary, Droit de la Construction, Paris, Presses Universitaires de France, 1977, págs. 602-603. Es innecesario resolver tal cuestión en este pleito, sin embargo, pues la sentencia parcial dictada encuentra apoyo en la responsabilidad civil generada por la violación en este caso al Art. 1802 del Código Civil, sin que se haya argumentado ni exista aquí problema alguno de prescripción.

Por las razones expuestas, se confirma la sentencia par-cial emitida y se devuelve el caso a instancia para proce-dimientos ulteriores.

Los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué se inhibieron.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Gilberto Lausell Ducós, recurrido, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, peticionaria; María Lasalle González, recurrida, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, peticionaria; Juan L. e Irma Santiago Rodríguez y Javier Ocasio Rodríguez, recurridos, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, peticionaria; Rafael Rivera Pérez, recurrido, v. Administración de Accidentes de Automóviles, peticionaria.

      Números: O-81-325, O-81-326, O-81-353, O-81-363

      Resueltos: 21 de octubre de 1981

      Iván Garau Díaz, René Silva Benoy y Darío Bonet Cedo, aboga-dos de la peticionaria; José Ferrari Pérez de Ferrari & Gar-cía, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Lo planteado en los recursos aquí consolidados requiere que distingamos lo resuelto en Liciaga Horta v. A.C.A.A., 105 D.P.R. 813 (1977). Parece que se ha suscitado alguna confusión sobre su alcance en cuanto a qué Sala del Tribunal Superior es la competente para entender en la revisión judicial de las decisiones administrativas de la Junta de Directores de la Administración de Compensacio-nes por Accidentes de Automóviles, a que se refiere la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. 9 L.P.R.A. sees. 2051 a 2095. La cuestión se reduce a señalar que si bien el Tribunal Superior, en cualquiera de sus salas, tiene jurisdicción para ello, es la Sala de San Juan la que tiene competencia.

La citada Ley de Protección Social dispone en su Sec. 13 (9 L.P.R.A. see. 2061) el procedimiento para la adjudicación de reclamaciones que se hagan a la Administración de Com-pensación por Accidentes de Automóviles — A.C.A.A.— por ella creada. Establece el recurso de apelación contra las decisiones de su Director Ejecutivo para ante la Junta de Directores, y expresa en su inciso tercero:

(3) La decisión de la Junta será final a menos que el re-clamante o el Director Ejecutivo solicite su revisión judicial radicando una petición al efecto en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dentro de quince (15) días de haberse notificado por correo a ambas partes de la decisión de la Junta, o de haberse entregado copia de la misma a éstas o a sus respectivos abogados.
La jurisdicción del Tribunal Superior estará limitada a cuestiones de derecho y las conclusiones de hechos de estar sostenidas por evidencia sustancial, serán finales. (Énfasis suplido.)

En los casos que ahora consideramos, las partes recla-mantes y aquí recurridas acudieron, respectivamente, ante las Salas de Aguadilla, Ponce y Arecibo del Tribunal Superior mediante solicitudes de revisión contra decisiones de la Junta. La A.C.A.A. oportunamente invocó la trans-crita disposición y solicitó traslado para la Sala de San Juan. Recurre ante nos contra resoluciones que denegaron su solicitud, amparadas en Liciaga Horta v. A.C.A.A., supra. Expedimos órdenes para mostrar causa por la cual no debamos revocar dichas resoluciones. No nos persuaden los razonamientos aducidos por los recurridos para que variemos el criterio intimado.

Liciaga Horta no resuelve que cualquier Sala del Tribunal Superior tiene competencia para entender en los recursos de revisión instados al amparo de la citada See. 13 de la Ley. Si se examinan los hechos de dicho caso se notará que allí la A.C.A.A. pretendía que se desestimara, “por falta de jurisdicción”, un recurso de revisión radicado en la Sala de Mayagüez del Tribunal Superior. El juez de instancia denegó la desestimación y ordenó el traslado a la Sala de San Juan, que es la que tiene competencia. Siendo correcta su decisión, nos negamos a revisarla y señalamos que el sistema judicial unificado creado por la Consti-tución “no tolera la existencia de islas de jurisdicción”. Dice nuestra Constitución en su Art. V, Sec. 2:

Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcio-namiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización.

El mandato es claro. La Asamblea Legislativa no puede variar el principio de unidad jurisdiccional del sis-tema. Puede, sin embargo —y es lo que hizo en la Ley de Protección Social que comentamos— determinar la compe-tencia que deba corresponder a cada sección o sala del Tribunal General de Justicia.

En los recursos ante nos, a diferencia de Liciaga Horta, no se impugna la jurisdicción de las Salas de Aguadilla, Ponce y Arecibo. Se solicitó por A.C.A.A. el traslado de los casos para la Sala de San Juan, por ser ésta la que tiene competencia para entender en dichos recursos. Debió así decretarse.

Jurisdicción y competencia no son términos sinónimos. Véase Banco de Ponce v. Iriarte, 60 D.P.R. 72, 74-75 (1942), donde se dijo:

Desde el año 1900 esta Corte Suprema, en el caso de Garcés v. Franceschi, 1 D.P.R. 84, explicó la distinción que hay entre jurisdicción y competencia, diciendo:
“Por jurisdicción se entiende la potestad de que se hallan investidos los Jueces y Tribunales para administrar justicia; y por competencia, la facultad que tienen para conocer de ciertos negocios ya por la naturaleza de las cosas, bien por razón de las personas.”
En el año 1911, aplicando los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, en el caso de Bayron et al. v. García et al., 17 D.P.R. 538, después de citar el de Garcés, se dijo por voz del entonces Juez Presidente, Sr. Hernández:
‘“La jurisdicción, como dice el ilustrado comentarista Manresa y Navarro, emana siempre de la ley, directa e inmediatamente; nadie puede ejercerla sin que la ley le haya concedido este poder; sólo tienen jurisdicción, sólo pueden administrar justicia las personas a quienes les ha sido con-ferido este poder con arreglo a la ley; mas la competencia de un juez para conocer de un negocio, aunque se derive tam-bién de la ley, unas veces trae de ella su origen directa, inmediata y exclusivamente, y otras lo tiene de la voluntad de las partes. El primer caso forma la regla general y el segundo las excepciones.’
“De aquí que la jurisdicción no puede prorrogarse; lo con-trario sucede con la competencia. Si una corte por precepto de la ley carece de jurisdicción para conocer de una acción, el consentimiento de las partes nunca podrá darle esa jurisdicción.
“Por el contrario, si una corte carece de competencia para conocer de una acción, adquiere esa competencia siempre que tenga jurisdicción para conocer de dicha acción, por convenio o sumisión de las partes, según los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

Si bien al establecerse en Puerto Rico el sistema judicial unificado —Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952; Art. V, Sec. 2, Constitución del Estado Libre Asociado-quedaron eliminados los defectos jurisdiccionales que otrora constituían base para planteamientos técnicos que en oca-siones impedían conocer y resolver las causas en sus méri-tos, la distinción entre ambos términos no resulta acadé-mica. Véanse, a este efecto, nuestras más recientes decisiones en Seijo v. Mueblerías Mendoza, 106 D.P.R. 491, 493 (1977); Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140, 143 (1977); Marín v. Montijo, 109 D.P.R. 268 (1979).

Bajo el sistema imperante no existen islas de jurisdicción. El Tribunal Superior tiene jurisdicción general y puede conocer en cualquiera de sus salas de un recurso de revisión instado al amparo de la Sec. 13 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. see. 2061, antes transcrita. Pero la A.C.A.A. tiene derecho, bajo la misma sección, a que sea la Sala de San Juan la que entienda en el asunto. Bajo el Art. V, Sec. 2 de la Constitución, la Asamblea Legislativa tiene poder para determinar la “competencia y organización” de los tribunales y, en el ejercicio de ese poder determinó que sea la Sala de San Juan la competente para entender en dichos recursos. Las solicitudes de traslado oportunamente presentadas debieron concederse.

Se expedirá el auto de certiorari en cada uno de los casos aquí consolidados y, por los fundamentos expresados, se dictará sentencia en cada caso que revoque la resolución recurrida y disponga el traslado de cada recurso a la Sala de San Juan del Tribunal Superior.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Raluan Corporation, demandante y apelante, v. William Feliciano, Agustín Santiago y Luz M. Pagán, Sergio Negrón y José Nun, demandados y apelados.

      Número: O-80-336

      Resuelto: 26 de octubre de 1981

      Jorge Benitez Gautier, abogado de la apelante; Juan E. Pérez Reilly, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Raluan Corporation es dueña de un edificio de doce plantas dividido en locales comerciales y apartamientos de vivienda ubicado en la Calle Marina de la ciudad de Ponce. Instó cuatro demandas de desahucio contra cada uno de los inquilinos apelados que ocupan los locales comerciales del primer piso identificados con los números 1, 2, 3 y 4 mediante contratos de arrendamiento sin término fijo y con un canon mensual de $100, $130, $150 y $170 respectivamente. Alegó que deseaba retirar de buena fe y permanentemente del mercado de alquileres cada uno de los cuatro locales.

La prueba presentada por la apelante en el juicio fue a los efectos de que una vez tuviera la posesión de dichos locales ella procedería a agruparlos el uno al otro para ofrecer el espacio total agrupado a un solo arrendatario por el canon de $3,000 mensuales; que de no conseguir uno solo, se dividiría en dos porciones que se arrendarían a $1,500 mensuales cada uno y en última instancia se dividi-rían en tres a $1,000 cada uno. Surge, además, de la expo-sición narrativa que la obra de remodelación tomaría alrededor de un año y que el espacio se usaría durante ese tiempo para fines de almacenaje; que la apelante no tenía necesidad del espacio para almacenaje ya que existían otras unidades en el edificio que podían ser utilizadas para tal propósito, y que se habían escogido los locales de ma-rras por ser los de menos renta en el piso.

El tribunal de instancia denegó el desahucio al no darle crédito al único testigo presentado por la apelante y al concluir que la única razón para el desahucio era la baja renta autorizada por el Departamento de Asuntos del Consumidor y, además, que no se trajo prueba —como la preparación de planos— que acreditara que la apelante proyectara de buena fe la remodelación del edificio.

No conforme la apelante nos pide la revocación de la sentencia aduciendo que la desestimación de la demanda constituye una negación de su derecho constitucional a retirar permanentemente del mercado de alquileres cada uno de los locales concernidos. No tiene razón.

No se discute ya el derecho fundamental del dueño de la propiedad alquilada para retirarla del mercado. Más aún, cuando el rendimiento económico del canon no justifica la inversión. Cf. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244 (1975); Balbás Peña v. ASERCO, 104 D.P.R. 815 (1976). Hace más de un cuarto de siglo que este Tribunal reconoció que podían ser varias las razones de un casero para retirar la propiedad arrendada del mercado de alquileres, pero también advertimos que cualquiera que fuera la razón ésta estaba sujeta a la indagación' de la buena fe. Roselló Hnos. v. Figueroa, 78 D.P.R. 261, 275 (1955).

En el presente caso la apelante notificó por escrito a cada uno de los apelados que se proponía retirar del mercado de alquileres los locales ocupados por ellos y, una vez obtenida la posesión, se reservaría el espacio para su propio uso. En la demanda de desahucio se limitó a alegar que deseaba retirar permanentemente del mercado de alquileres los locales concernidos. La prueba, sin embargo, demostró que no era la intención de la apelante retirarlos del mercado, puesto que los locales continuarían en el mercado de alquileres, salvo que se llevaría a cabo una reagrupación de los locales con un aumento considerable del canon a $3,000 mensuales por el total del espacio agrupado; o $1,500 por cada local en caso que decidiera dividirlos en dos, o $1,000 en caso de que la división fuera de tres locales. Siendo esta la situación, no procedía que se invocara, como razón de pedir, el retiro permanente del mercado, que es la modalidad estaduida en el Art. 12-A de la Ley de Alquileres Razonables. 17 L.P.R.A. see. 193(6). Por consiguiente, tampoco tiene fundamento alguno la impugnación de la constitucionalidad de la ley por alegadamente negarle el derecho a retirar los locales del mercado, pues la intención de la apelante es mantener los locales en el mercado de alquileres.

Quizá el caso podría ajustarse a la modalidad estatuida en el Art. 12-A(7) de la Ley de Alquileres Razonables, que se refiere al derecho del dueño de recobrar el inmueble para demolerlo total o parcialmente con la intención de construir un nuevo edificio. 17 L.P.R.A. see. 193(7). Bajo esta modalidad no es necesario demostrar la demolición total como tampoco lo es la intención de construir un nuevo edificio. A este respecto señalamos en Rodríguez v. Corte, 69 D.P.R. 543, 545 (1949), que: “Cuando se leen con-juntamente los requisitos para demolición parcial y cons-trucción de un nuevo edificio, es obvio que la Legislatura tuvo en mente la situación en que un lego creería que ahora tenía lo que esencialmente era un edificio nuevo, no obstante el hecho de que algunas partes del edificio anterior fueron dejadas en pie y utilizadas. Nos damos cuenta de que en algunos casos podría ser difícil para las cortes aplicar la norma establecida en el inciso 12(d).”

La llamada demolición total no se refiere pues al edificio de doce pisos sino tan solo a los cuatro locales objeto de este recurso, que con la remodelación pierden su identidad y se convierten en “nuevos” locales. La aplicación de esta modalidad, sin embargo, requiere la observación rigurosa de los requisitos estatuidos en el Art. 12-A, cuyo cumplimiento determina, en efecto, la existencia de buena fe. Dichos requisitos consisten esencialmente en: a) la remodelación no se puede llevar a cabo sin el desahucio, b) planos y permisos de ley deben haber sido obtenidos previamente por el propietario, c) notificación fehaciente con seis meses de antelación al desahucio, d) inicio de la obra dentro de dos meses del desahucio, entre otros.

El apelante no presentó prueba sobre ninguno de estos requisitos, conforme aparece de las propias determinaciones de hechos del tribunal de instancia, y, por tanto, tampoco procedía el desahucio bajo esta modalidad.

Con respecto al señalamiento relativo a la imposición de honorarios de abogado, no encontramos en el expe-diente justificación para intervenir con la discreción ejer-citada por el tribunal de instancia.

Se dictará sentencia que confirme la apelada.

El Juez Asociado Señor Dávila disiente sin opinión. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Federal Deposit Insurance Corporation, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, Sección Primera, recurrido.

      Números: O-81-249, O-81-250, O-81-251, O-81-475

      Resueltos: 26 de octubre de 1981

      Francis, Doval, Muñoz, Acevedo, Otero & Trías, abogados de la recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación recurrente presentó al Registro una titulada “Acta sobre Declaración de Posesión de Pagaré”, documento unilateral en la que solicita del Registrador que haga constar en los libros a su cargo que ella es la tenedora actual de un pagaré al portador y a la vista por $22,000 garantizado con hipoteca sobre rústica de 0.25 cuerdas en el Barrio Turabo, de Caguas, emitido por Rafael Roldan y su esposa Providencia Rodríguez y por éstos entregado al Banco Crédito y Ahorro, llegando a poder de la recurrente como liquidadora de dicho Banco.

El Registrador denegó la inscripción en nota compren-siva de los siguientes fundamentos de calificación;

SE DENIEGA la inscripción del documento relacionado en el epígrafe luego de haberse notificado con fecha 10 de julio de 1981, por razón de no estar incluido entre los inscribibles de acuerdo al Artículo 38 de la Ley Hipotecaria ni siquiera aceptando la más liberal interpretación de las disposiciones allí contenidas; por ser contraria a la insti-tución de la hipoteca en garantía de título-valor, el que el Registro refleje quién es a cada momento el dueño del título; por tener el segundo acreedor otros medios de poner en conocimiento del primer acreedor hipotecario su existencia y paradero para lograr la notificación personal o postal en caso de ejecución del primer crédito; porque ocasionaría una congestión registral de información para la cual el Registro no fue concebido si se registrara la dirección residencial y postal, con sus subsiguientes cambios, de todos los tenedores sucesivos de pagarés garantizados con segunda hipoteca, en especial si se considera que a veces se emiten múltiples títu-los con la misma garantía....

En su recurso insiste la corporación tenedora del título al portador en su derecho a que el Registro le provea pu-blicidad a su nombre y dirección para asegurarse de que en caso de ejecución por un acreedor preferente se le citará para la subasta, mediante notificación personal de la naturaleza de emplazamiento según la Regla 4 de Procedimiento Civil y el Art. 149 de la Ley Hipotecaria. De primera impresión la pretensión de la recurrente requeriría insertar en la Ley Hipotecaria lo que no pro-veyó el legislador, que limitó la acción del Art. 149 al título nominativo o directo con titular personalmente determinado, pues resultaría inoperante de extenderlo a los títulos al portador en los cuales la indeterminación personal del acreedor o titular en un momento dado es absoluta. •

El principio de publicidad registral que se manifiesta y conoce hoy como principio de fe pública registral, des-cansa en la presunción de que el contenido de los libros del Registro ES CONOCIDO POR TODOS, y no podrá invo-carse su ignorancia. Solo por excepción equivale esa publi-cidad a mero anuncio o noticia, como en los casos autori-zados por ley, del retracto legal en que se fija un plazo para ejercitarlo a partir de la inscripción del acto enajena-tivo; y las anotaciones “lis pendens” anunciando la existen-cia de pleito.

La anotación que interesa la recurrente no está provista por ley, ni podrá estarlo, debido a las especiales características del título al portador. Esta obligación se abstrae de toda constatación nominal de la persona del titular o adquirente del derecho real objeto de inscripción. No le aplican: el requisito del Art. 87(5) de la Ley Hipotecaria de que la inscripción contenga el nombre del titular a cuyo favor se haga la misma; ni el Art. 57, pues falta inevita-blemente la previa inscripción a favor de la persona que otorga la trasmisión del crédito; ni el Art. 194 en su exi-gencia de notificación al deudor, por escritura pública, de la cesión del crédito hipotecario. Por el contrario declara el Art. 195 que en estas hipotecas en garantía de título al portador “el derecho hipotecario se entenderá transferido, con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el Regis-tro”. Consecuente con ese eclipse de la persona del acree-dor, el Art. 196 ordena que en la escritura de constitución de hipoteca se haga constar expresamente que “la hipoteca queda constituida a favor de los tenedores presentes o futuros” del mismo, y cuando el librador del pagaré lo recupera, no se produce la cancelación del crédito por con-fusión de derechos, si opta por ponerlo nuevamente en cir-culación, alternativa vedada en la hipoteca directa o nominativa.

Estos títulos al portador, por no ser nominativos, por no determinarse en su constitución la persona del acreedor, representan un crédito a ser pagado a la persona que tenga el título en su poder, al que lo presenta, sea quien fuere, toda vez que se transmite por la simple entrega, sin necesidad de endoso ni formalidad alguna; la simple entrega representa su transmisión.

Todas estas peculiaridades del título al portador res-ponden a normas especiales y ad hoc en nuestro Derecho hipotecario que propician su singular propósito una vez puesto en circulación: impartir al inmueble una súbita movilidad que facilita la inyección de capital en la rápida corriente del comercio. Mas toda esta evolución se cumple extrarregistralmente pues como advierte Roca Sastre, “[l]a cesión de estos créditos o títulos no repercute en el Registro”.

El análisis que hemos hecho de este crédito, justamente descrito como título valor, de su impredecible peregrinaje independiente, muestra la inaplicación del Art. 149 de la Ley Hipotecaria que- exige citación personal de titulares posteriores. Tal citación sólo puede diligenciarse en perso-nas determinadas. Coincidimos con el criterio del Regis-trador recurrido, de cuyo alegato citamos:

El artículo 149 de la Ley Hipotecaria claramente se refiere a la citación personal de titulares posteriores defini-dos, aquellos cuyos causahabientes deben acudir al Registro si es que quieren obtener los beneficios del sistema hipote-cario: usufructuarios, arrendatarios, acreedores nominati-vos. Pero no se puede referir a un acreedor que no adquirió su derecho de un titular registral definido, ni pretenderá inscribir la transferencia que él mismo efectúe con posterio-ridad. La transmisión de instrumentos negociables es esen-cialmente clandestina respecto al Registro de la Propiedad. Esa es su virtud y su dificultad en algunos casos. Lo que pretende el recurrente es aparecer como acreedor determi-nado en el Registro, pero sin que pierda el instrumento su carácter negociable. Esto nos parece institucionalmente imposible.
Las dificultades aparecen por doquier. . . . En la página 4 del escrito del recurrente, tercer párrafo, se indica que si el poseedor de turno del pagaré es conocido bastará con citarlo personalmente sin tener que publicar edictos. Esta interpre-tación no se aviene con la institución que nos ocupa. El crédito está incorporado al pagaré, y no hay seguridad alguna de en manos de quién estará en algún momento; quien lo tenga en buena ley tendrá todos sus derechos proce-sales y sustantivos intactos, no importa las citaciones perso-nales que se hayan realizado a anteriores dueños. El adqui-rente no tiene que acudir al Registro, ni a investigar si su transferente es titular registral, ni a inscribir su título. Es inescapable la citación por edictos en estos casos, el caso debe tratarse siempre como si fuese un demandado des-conocido.
Nótese que a un acreedor citado personalmente sólo le bastaría transferir el pagaré para anular los efectos de la citación.

No ha planteado problema hasta hoy al tenedor de un título al portador cuya garantía hipotecaria es de rango inferior, enterarse del progreso de ejecución de los gravá-menes preferentes a los fines de proteger su crédito en la subasta. La necesidad de tomar la iniciativa de identifi-carse ante el ejecutante como tenedor del título, con con-dición de acreedor posterior, es simplemente parte de la realización de la garantía de segundo rango que original-mente aceptó, dentro de las ventajas e inconvenientes de esta peculiar obligación. Sólo nos resta resumir que tanto en su peculiar organización bajo la Ley Hipotecaria como por razones prácticas, el Registro de la Propiedad no puede operar como indicador de bolsa de valores, reco-giendo en sus asientos con relativa prontitud el curso de negociación y entrega a sucesivos portadores o endosata-ríos de estos pagarés cuya' negociabilidad y fluidez en el tráfico mercantil son sus más útiles características. La indeterminación personal del acreedor y su libre arbitrio para inscribir o no la posesión, resultarían en una publi-cidad poco confiable y engañosa, en una fe registral quebrada.

Con estos antecedentes y fundamentos la calificación recurrida será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió.

        Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 436 (1967).

      Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Madrid, Ed. Reus, 1930, T. 4; 2da ed., págs. 258 y ss.

      “Esta indeterminación de la persona del titular en esta clase de títulos, unida a la incorporación de la obligación garantida al título, imposibilita la apli-cación normal de las reglas comunes relativas a la constitución y régimen de las hipotecas.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, 2.° pág. 821.
      “. . . [L]a adaptación de la hipoteca a esta clase de créditos o títulos ha sido laboriosa en nuestra legislación, debido a la circunstancia de la indeterminación del titular del crédito y de la incorporación de éste a un título.” Roca Sastre, op. cit., pág. 879.

      Roca Sastre, op. cit., págs. 881-882.

       Art. 149, Ley Hipotecaria.
      “Los que registren sus derechos con posterioridad a la anotación se enten-derán notificados de la existencia del pleito para todos los efectos legales, y que han consentido la cancelación de sus asientos en caso de que sea vendida judi-cialmente la finca aunque sus títulos tengan fecha anterior a la anotación.
      “Si la sentencia recaída fuese concediendo reinvindicación o confesando la existencia de un derecho real, se actuará con arreglo a lo dispuesto en este ar-tículo, cancelando los asientos contradictorios posteriores a la anotación o inscri-biendo los derechos declarados, según procediera.
      “En los casos de ejecución de hipoteca, los que hayan inscrito o anotado su derecho con posterioridad a la hipoteca y con anterioridad a la anotación de demanda, deberán ser citados para la subasta conforme a lo dispuesto en la legislación procesal vigente para el caso de los demandados, sin lo cual no podrá ordenar el tribunal la cancelación de estos asientos.
      “EL titular demandado que haya comparecido a juicio así como el tercer poseedor que haya procedido con arreglo al Artículo 125, deberá ser citado para la subasta por medio de sus abogados.
      “La cancelación de los asientos posteriores a que se refiere este artículo se hará libre de derechos, y en todo caso deberá ordenarse por el Tribunal me-diante mandamiento donde se señale con particularidad los asientos a ser cancelados.”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Adelino Pagán Díaz, acusado y apelante.

      Número: CR-80-63

      Resuelto: 27 de octubre de 1981

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para Asis-tencia Legal, abogada del apelante (en apelación solamente); Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La solución del recurso exige la evaluación de dos aspectos, a saber: (1) si el tribunal de instancia debió ordenar una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos; y (2) si la culpabilidad del acusado apelante fue probada más allá de duda razonable.

El apelante Pagán Díaz fue acusado de asesinato en primer grado e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Un jurado rindió veredicto de culpabilidad por el asesinato y el Art. 8 de la Ley de Armas y el tribunal lo declaró culpable de la infracción al Art. 6. Fue senten-ciado a cadena perpetua por el asesinato y a otras penas por los restantes delitos. Ante nos plantea la insuficiencia de la prueba. Resumámosla.

I — I

Como testigos de cargo declararon el patólogo Mariano Sorvill y Ramón Rivera Rodríguez. Se estipuló el testimo-nio de Juan Cosme Figueroa como la persona que iden-tífico el cadáver de Wilmer Nieves Segarra. La decla-ración total del doctor Sorvill, quien practicó la autopsia, demostró que la causa de la muerte fue un severo trauma cráneo-cerebral a consecuencia de una herida de bala en el cráneo. Indicó, además, que el cuerpo del occiso recibió cuatro impactos de bala por el frente y ninguno por la espalda. Que debió caerse al suelo inmediatamente y que su cuerpo y ropa no reflejaban que hubiese sido arras-trado. Indicó también que el occiso no tenía marca o ras-padura alguna en el cuello.

Ramón Rivera Rodríguez manifestó que el día 15 de abril de 1979 residía en el Residencial Las Margaritas, Edif. Núm. 1, cuarto piso. Señaló que estaba casado, no tenía hijos y que estudió hasta cuarto grado. Que en esa fecha, como a las siete de la noche, cuando estaba obscure-ciendo, se encontraba parado frente a la ventana del cuarto de su apartamiento cuando vio a Wilmer (el occiso) llegar en un auto y estacionarlo detrás de su apartamiento. Que luego éste se dirigió hacia la casa de Mary. Que allí se encontraban todos los hijos de ella y también estaban Coso y Jockey (el apelante). Señaló que luego de Wilmer hablar con Mary y cuando se dirigía hacia su carro, Coso, quien iba caminando detrás del occiso, lo llamó. Que vio cuando Wilmer hizo morisquetas con las manos y Coso sacó un arma de su cintura y le hizo cuatro disparos. Que Wilmer cayó, Coso se montó en el carro de Wilmer y Jockey vino, le registró los bolsillos del pantalón al occiso, y le arrancó la cadena del cuello.

Se presentaron en evidencia por el Ministerio Público tres fotos, marcadas como Exhibits I, II y III del Pueblo. El testigo identificó en las mismas el cadáver del occiso y el lugar donde cayó el cuerpo. Continuó declarando que Coso se fue en el auto de Wilmer mientras que Jockey caminó para la casa de Mary. Que todo esto ocurrió como a veinte pies de donde él se encontraba y que esa noche volvió a ver a Coso y a Jockey en casa de Mary. Señaló, además, que conocía a Coso hacía tiempo y a Jockey hacía cuatro años. Indicó que fue luego de los hechos ocurridos ese día que se enteró que el nombre de Coso es Luis Noble Fuentes y el de Jockey, Adelino Pagán Díaz.

En el contrainterrogatorio manifestó que hacía diez años que vivía en el residencial y conocía bien el área. Que la noche de los hechos se encontraba junto a su esposa en el apartamiento y ella se asomó a la ventana cuando se oyeron los disparos. Que ambos permanecieron en el apar-tamiento toda la noche. Se reiteró en que el cadáver cayó frente a su apartamiento como a veinte pies y que la ilumi-nación en el lugar era bastante buena. Declaró que el cadáver se quedó en el mismo lugar hasta que llegó la Po-licía. Que esa noche no bajó a hablar con la Policía y no fue hasta dos días después que habló con ella. Indicó que no vio en ningún momento que Wilmer le diera las llaves del auto a Coso. Por otro lado, no pudo describir el arma con que se hicieron los disparos, señalando que no sabía si era un revólver o una pistola. Manifestó, además, que sólo conocía a Wilmer de vista y que cuando lo mataron vestía una camisa con rayas, mientras Jockey tenía pantalones obscuros. Reiteró que los disparos fueron de frente.

Declaró, además, que él no le había entrado a tiros al acusado dos o tres días antes de ocurrir los hechos. Negó haber declarado en la vista preliminar que fue en casa de Tarzán que vio a Jockey y a Coso antes de los hechos.

La defensa le solicitó que fuera a la pizarra y dibujara el edificio donde él residía y los que le quedaban a su alrededor. No logró hacerlo. La defensa solicitó al tribunal una inspección ocular del área, ya que resultaba imposible que desde el apartamento del testigo éste viera donde cayó el cadáver y cómo ocurrieron los hechos, pues de por medio y exactamente frente a su apartamento quedaba el Edificio Núm. U7 y fue detrás de ese edificio donde cayó el cadáver. Dicha solicitud fue denegada por el tribunal de instancia.

La defensa confrontó al testigo con su declaración en la vista preliminar ante la Hon. Juez Luz H. Carrasquillo. Se le preguntó si en aquella ocasión él manifestó que la noche de los hechos, luego de los disparos, él se fue para casa de sus tíos, si recordaba haber declarado que los disparos fueron de espalda, si recordaba haber testificado que no sabía cómo estaban vestidos Wilmer y Jockey y haber manifestado que él era amigo de Wilmer. Si recordaba haber testificado que esa noche no volvió a ver a Jockey ni a Coso, y que donde los había visto era en casa de Tarzán y no en casa de Mary. El testigo negó haber declarado todo lo anterior durante la vista preliminar.

Terminado el Ministerio Público, la defensa presentó su prueba consistente de los testimonios de la Hon. Juez Luz H. Carrasquillo, el policía Pablo R. Ortiz, la señora María M. Nieves y el Lie. Fernando Carlo Gorbea.

La Hon. Juez Carrasquillo declaró que fue ella quien presidió la vista preliminar contra el acusado Adelino Pagán Díaz. Señaló que recordaba que el Sr. Ramón Rivera Rodríguez declaró como testigo principal del Ministerio Público y que éste declaró que todos los disparos habían sido de espalda, que no sabía cómo estaba vestido Wilmer, a quien el testigo llamó todo el tiempo como Moto, ni cómo estaba vestido Jockey. Que declaró, además, que Wilmer y él eran amigos y que Coso y Jockey antes de los disparos se encontraban en casa de Tarzán. Señaló, además, la tes-tigo, que recordaba que el señor Rivera declaró que cuando mataron a Wilmer él bajó con cuidado y se fue para la casa de sus tíos solo. Indicó, además, que el testigo no había declarado que volviera a ver ese noche ni a Coso ni a Jockey.

A preguntas del Ministerio Público, la Juez Carras-quillo manifestó que aunque había tomado notas en la vista preliminar, no se había refrescado la memoria ni las tenía consigo en el tribunal. Que recordaba lo declarado en la vista preliminar porque fue una de las últimas que había presidido antes de que se le asignara la Sala de lo Civil y que además la recordaba, ya que en .la etapa final de la vista, cuando ella determinó que no había causa probable, ésta se celebró en la Sala de lo Civil y no en el Salón de Vistas Preliminares. Manifestó que no recordaba cuántas vistas había celebrado ese día, pero que se acor-daba de esa en particular porque había durado varios días.

Pablo Ortiz declaró su condición de agente de la Policía asignado a los sectores 445, 448 y 449 del área de Barrio Obrero. Que el día de los hechos, como a las 7:30 de la noche se personó al Residencial Las Margaritas, Edif. Núm. 47, con motivo de haber recibido una querella de asesinato. Indicó que conocía bien el sector, pues llevaba tiempo asignado al mismo. Manifestó que vio el cadáver esa misma noche y estuvo a cargo de su custodia y de la investigación del área.

La defensa le presentó dos fotos marcadas posterior-mente como Exhibits II y III de la defensa. El testigo manifestó que dichas fotos reflejaban el lugar donde estuvo el cadáver. Que en una de las fotos se veía el sitio de cerca, mientras que frente a donde se encontraba el cadáver había una plazoleta con bancos y en la parte posterior de ese edificio quedaba el Edif. Núm. 1. Se le confrontó con el Exhibit I del Pueblo, donde aparecía el cadáver en el suelo, y declaró que ese era el mismo lugar donde estaba el cadáver. Señalando que detrás del edificio donde estaba el cadáver quedaba el Edif. Núm. 1 y que no se podía ver del Edif. Núm. 1 dónde estaba el cadáver, porque de por medio se encontraba el Edif. Núm. U7. Examinó el Exhibit I de la defensa y dijo que en dicha foto no aparecía el lugar donde se encontraba el cadáver y que se podía observar el Edif. Núm. 1 y de frente el Edif. Núm. 47.

En esta ocasión se volvió a solicitar una inspección ocular y la misma nuevamente fue denegada.

En el contrainterrogatorio, a preguntas del Ministerio Público, el agente Ortiz declaró que había entrado al Residencial en el carro patrulla por la calle que hay entre los edificios Núm. 1 y Núm. 47. Señaló que no fue a la casa del testigo Ramón Rivera Rodríguez ni se asomó por la ventana trasera del apartamiento de éste. Indicó que el Edif. Núm. 1 tiene cuatro pisos y que pasó entre ambos edificios. En el redirecto manifestó que también el Edif. Núm. 47 tiene cuatro pisos.

María Nieves declaró que reside en el Edif. Núm. 44, apartamento 689, Residencial Las Margaritas. Que conoce a Ramón Rodríguez, conocido por Pocholo, porque su sue-gra vive por allí y por haberlo visto en el Residencial en muchas ocasiones. Indicó que también conoce a Adelino Pagán Díaz conocido como Jockey por haberlo visto en el Residencial, pero que no tenía amistad ni con él ni su familia.

Manifestó que el 13 de abril de 1979 vio cuando Pocholo le entró a tiros a Jockey en la escuela Fray Barto-lomé de las Casas, que queda frente a su apartamento, y que Jockey echó a correr. Indicó que el 15 de abril de 1979, día de los hechos que motivan el caso de epígrafe, se encontraba en la cocina cuando escuchó unos disparos y vio donde se encontraba el cadáver. Que el cadáver estaba frente a su edificio, y frente a donde cayó el cadáver había una placita con bancos, por lo que era imposible que una persona que estuviese en el Edif. Núm. 1 viera el cadáver, ya que por medio estaba el Edif. Núm. J+7.

A preguntas del Ministerio Público indicó que no sabía dónde vivía Jockey. Señaló que el revólver con que Pocholo le disparó a Jockey era negro y pequeño. Que cuando Pocholo le disparó a Jockey eran alrededor de las ocho de la noche, pero que ella no dijo nada a la Policía ya que eso no era asunto de ella. Que no sabe si acusaron a Pocholo, que nunca ha hablado con la Policía y que está en el Tribunal hoy declarando porque está citada por la corte.

A solicitud del Hon. Juez Alvarez de la Vega la testigo señaló a Pocholo y luego señaló e identificó a Jockey.

El Lie. Fernando Cario Gorbea declaró que el 21 de agosto de 1980 era un jueves y tenía un caso de Sustancias Controladas en el Tribunal. Que en el receso fue a la cafe-tería donde estuvo con el Fiscal Colón Crescioni, el Sr. Willy Barreto, el Lie. Félix Guardiola y el Sr. Ramón Rivera Rodríguez (Pocholo). Señaló que este último se sentó a su lado y al lado del licenciado Guardiola. Que Pocholo dijo allí en la cafetería, refiriéndose al caso contra Jockey, que a él lo habían arrestado en el corral de las guaguas una noche con un arma de fuego y que unos agentes se lo habían llevado. Que los agentes lo habían amenazado con que si no declaraba lo que había dicho en su declaración jurada en relación con el caso de Jockey le iban a someter un caso de armas contra él, indicando que lo obligaron a declarar lo que decía en su declaración jurada. Indicó el testigo que el señor Rivera no dijo que lo que estaba en su declaración jurada era falso, pero sí que la Policía lo obligó a sostener lo que allí había dicho.

A preguntas del Ministerio Público manifestó el testigo haber sido abogado-jefe de la Sociedad para Asistencia Legal. Indicó que el Lie. Félix Guardiola, abogado del acusado, tuvo el caso de éste desde la vista preliminar donde se determinó que no había causa probable, pero que no recuerda si fue él quien le asignó el caso al licenciado Guardiola. Señaló además, que no recuerda que represen-tara al acusado en alguna ocasión, pero sí sabe que nunca lo había representado en los méritos.

Se admitieron en evidencia en dicho momento y con el consentimiento de la defensa unas citaciones relacionadas con el acusado donde aparece el nombre del licenciado Carlo. Al serle mostradas dichas citaciones al testigo, éste manifestó que él aparecía en las mismas porque él era el jefe de la Sociedad para Asistencia Legal, pero que no recordaba tan siquiera haberle asignado el caso al licen-ciado Guardiola y que la única ocasión que discutió el caso del acusado fue el día que Pocholo hizo la manifestación antes aludida.

En el redirecto el testigo explicó al tribunal que se acostumbra citar al abogado-jefe de la Sociedad para Asis-tencia Legal y que es a través de él que se le hacen llegar las notificaciones al abogado que está a cargo del caso.

Como prueba de refutación se estipuló el testimonio del Fiscal Fernando Colón Crescioni a los efectos de que el 21 de agosto de 1980, estando presente en la cafetería el licenciado Guardiola, el señor Barreto, el licenciado Cario y él mismo, se les acercó una persona llamada Pocholo y que dirigiéndose al grupo dijo que para ayudar a los muchachos que son amigos iba a decir cuando se sentara a declarar que la Policía lo obligó a declarar lo que dice la declaración jurada y que los hechos no ocurrieron como aparecen allí, pero que vio cuando le dispararon y mataron a Wilmer. Que entonces el licenciado Guardiola le manifestó a Pocholo “lo que acabas de decir lo has dicho delante de este señor que es Fiscal refiriéndose al Fiscal Colón Crescioni”.

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Del resumen que antecede de la declaración del testigo de cargo, Ramón Rivera Rodríguez, y de las declaraciones de los testigos de la defensa, el policía Pablo R. Ortiz y María M. Nieves, se desprende que hubo una seria e importante contradicción. Estos dos últimos atestaron dónde se encontraba el cadáver y que desde ese sitio no se podía ver desde el Edif. Núm. 1 porque de por medio se encontraba el Edif. Núm. 47.

Dicha contradicción giraba en esencia sobre la decla-ración del único testigo ocular de cargo. Su versión había sido impugnada por una persona sin interés alguno, como lo era el policía Pablo R. Ortiz. Adviértase, además, que el patólogo había declarado que el occiso debió caerse al suelo inmediatamente y que su cuerpo y ropa no reflejaban que hubiese sido arrastrado. Por otro lado, ese testigo de cargo no pudo dibujar e ilustrar en la pizarra el sitio donde residía hacía diez años y algunos detalles básicos de sus alrededores. En esas circunstancias el juez de instan-cia debió conceder la inspección ocular solicitada en dos ocasiones por la Defensa. Veamos.

Sabido es que las inspecciones oculares no tienen otro propósito que auxiliar al jurado o al juez a apreciar correctamente la prueba que haya desfilado o que se proponga desfilar. Pueblo v. Cruz, 60 D.P.R. 116 (1942). La actual Regla 134 de Procedimiento Criminal, en lo pertinente dispone que “Cuando en la opinión del tribunal fuere conveniente que el jurado examine el lugar en que fue cometido el delito, o en que hubiere ocurrido cualquier otro hecho esencial, podrá ordenar que se conduzca al jurado” a dicho sitio para una inspección ocular.

Ciertamente el ordenar una inspección ocular es una facultad que cae dentro de la sabia discreción del Tribunal. El discernimiento judicial que debe preceder tal determinación exige la evaluación inicial de dos condiciones: (a) el tribunal debe constatar y velar porque el lugar a ser examinado se halle sustancialmente en las mismas condiciones que cuando se cometió el delito —Pueblo v. Díaz, 91 D.P.R. 146 (1964); Pueblo v. Cruz, supra; Pueblo v. Sarria, 57 D.P.R. 882 (1941); y Pueblo v. Goitía, 41 D.P.R. 941 (1931)—; y (b) debe medir la necesidad real, su pertinencia y el esfuerzo que ello conlleva. Como medio de prueba —Emanuelli Fontánez v. Emanuelli Suro, 87 D.P.R. 380 (1963)— la inspección puede ser pertinente, pero su valor probatorio de poca significación en relación con cualesquiera de los siguientes factores: peligro de causar perjuicio indebido, probabilidad de confusión, desorientación del jurado, dilación de los procedimientos o innecesaria presentación de prueba acumulativa. Regla 19 de Evidencia.

Es con referencia a estas pautas que hemos concluido que el tribunal erró al no acceder a la inspección ocular. Advertimos no sólo la contradicción esencial en el testigo ocular de cargo, sino que no se demostró que las circuns-tancias del lugar de los hechos, al momento del juicio, hubieren variado drásticamente. Su concesión no hubiese causado confusión al jurado, pues tan solo tenían que exa-minar y determinar unos hechos sencillos: (a) la locali-zación de la residencia del testigo de cargo; (b) si el Edif. Núm. 47 quedaba de por medio a dicha residencia; (c) el lugar en que se encontraba el cadáver; y (d) si era susceptible de ser observado desde el apartamento en el Edif. Núm. 1.

No podemos, por tanto, decir que dicha inspección ocular pudiera causar peligro indebido, desorientación al jurado, dilación de los procedimientos o innecesaria pre-sentación de prueba acumulativa. Todo lo contrario: hubiera despejado de manera objetiva cualquier duda sobre la veracidad de los testimonios en conflicto.

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Ahora bien, aunque de los autos no surgen las razones para el tribunal sentenciador haber negado la inspección ocular, es posible que dicho foro estimara suficiente prueba para adjudicar credibilidad las fotografías en evidencia. Por su naturaleza documental estamos en las mismas condiciones de constatar y comprobar la veracidad de lo declarado en cuanto al aspecto de la localización geográfica del Edif. Núm. 1, el Núm. 47, la escena del crimen y áreas susceptibles de percepción visual por el supuesto testigo ocular de cargo.

En autos obran seis fotografías admitidas en evidencia (tres del Pueblo y tres de la Defensa). Describámoslas en detalle. El Exhibit I del Pueblo presenta al occiso boca arriba con pantalones obscuros y camisa a cuadros de manga larga. A su lado izquierdo hay una verja de alam-bre eslabonado (cyclone fence), la cual se encuentra caída de un lado. El occiso aparece en un terreno que presenta unos matojos en crecimiento. El Exhibit II también del Pueblo presenta una toma más cercana del cadáver. Aquí ya se ve que los dos bolsillos del pantalón están fuera, o como se dice comúnmente, al revés. La camisa en esta ocasión se encuentra abierta, y se nota en el costado dere-cho una aparente herida de bala. El Exhibit III del Pueblo es más ilustrativo por presentar una perspectiva más amplia. La foto fue tomada del lado izquierdo del occiso, por tanto, primero físicamente se encuentra la verja de alambre y luego el occiso. Se puede apreciar que en reali-dad existen dos tipos de verja, la de alambre eslabonado (icyclone fence) y otra de alambre a cuadros como de cuatro pulgadas cuadradas. La verja de alambre eslabonado tiene una altura aproximada de dos pies y la otra como de cua-tro pies. Al fondo, como a una distancia de ocho a diez pies se encuentra localizado un edificio con tres ventanas abier-tas y al frente de las ventanas se encuentran unos arbustos y una mata grande de guineos. Aparecen, además, dos agentes de la Policía uniformados y numerosos curiosos.

Los Exhibits de la defensa son desde otro ángulo. El Exhibit I presenta parcialmente tres edificios, números 1, 47 y 46. La foto refleja la parte posterior del Edif. Núm. 1 y gran parte del frente del Edif. Núm. 47 y una parte del 46. El testigo de cargo Rivera Rodríguez vive en el Edif. Núm. 1, y es desde la ventana de su cuarto que dice que vio lo que sucedió (la ventana no se ve en la foto). El frente del Edif. Núm. 47 aparece muy claro. En la parte central del frente se ven gran cantidad de arbustos, varias matas de guineos y una verja en buenas condiciones de alambre eslabonado (cyclone fence). No se ven por ningún lado las verjas que se aprecian en los Exhibits del Pueblo. Si exa-minamos el Exhibit III de la Defensa, podemos notar que es la parte trasera del Edif. Núm. 47. A los fines de poseer una perspectiva integral, hemos combinado los Exhibits I y III de la Defensa de forma horizontal, según el Apéndice I unido a esta ponencia. Infra, pág. 623. Observamos así que el lado derecho del Exhibit III es idéntico al izquierdo en el Exhibit I. Las ventanas que posee el Edif. Núm. 47 en dicho lado (de frente al edificio sería el lado izquierdo) son exactamente idénticas. En el Exhibit III —que presenta la parte posterior del Edif. Núm. 47— se pueden apreciar claramente las dos verjas que aparecían en los Exhibits I y III del Pueblo, las tres ventanas, la mata de guineos y los arbustos. También se aprecia en este Exhibit III una espe-cie de plazoleta que está detrás del Edif. Núm. 47.

Al examinar el Exhibit II, también de la Defensa, —Apén-dice II— y compararlo con el Exhibit III del Pueblo perci-bimos que se trata del mismo lugar. Este Exhibit II de la Defensa establece indubitadamente que el occiso tenía que estar detrás del Edif. Núm. 47 y no en el frente como dice el único testigo de cargo. Hay que señalar también que en el Exhibit III del Pueblo se pueden ver dos policías uniforma-dos, uno de ellos con rango de sargento. En otras palabras, no hay duda de que la escena del crimen fue la parte posterior del Edif. Núm. 47 y la ubicación que hace el testigo de cargo Rivera Rodríguez no solo es incorrecta, sino que lo sitúa en su apartamento desde el cual físicamente le era imposible ver cómo ocurrió el asesinato. Forzoso es concluir que lo declarado por él es falso. Ello explica, tal vez, por qué su declaración está plagada de cambios y contradicciones.

Ante estas circunstancias, las sentencias condenatorias no pueden sostenerse, pues infringen el precepto constitucional de que todo acusado tiene derecho a gozar de una presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11. Esta “[ajbstracción jurídica ésta que toma cuerpo y realidad práctica a través de la norma de ley de que a todo acusado se le deberá probar su culpabilidad más allá de duda razonable y fundada, y si hubiere duda razonable en cuanto a ella, se le deberá absolver”. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 466 (1962). Regla 110 de Procedimiento Criminal. La determinación de si se ha probado la culpabilidad más allá de duda razonable es, pues, revisable como cuestión de derecho. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966).

Reconocemos que los jueces de instancia y los jurados son quienes normalmente están en mejores condiciones de aquila-tar la prueba, pues gozan de la oportunidad de ver y escuchar directamente a los testigos. Por ende, la apreciación que ellos hagan merece gran respeto —Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973)— y la adjudicación de credibilidad y el dictamen de un caso sólo será alterado ante parcialidad o error manifiesto en la adjudicación de la prueba. Pueblo v. López Ramos, 96 D.P.R. 699, 703 (1968); Pueblo v. Iturrino De Jesús, 90 D.P.R. 706, 712 (1964); Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 520 (1961). Ello no significa que los juzgadores de instancia están inmunes al error. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551 (1974). El caso de autos es uno de ellos.

El Procurador en su Informe nos señala que la declaración del testigo Rivera Rodríguez probó, mediante evidencia directa, la comisión del delito por el apelante y como testigo ocular que mereció crédito al jurado, debemos respetar su dictamen. Esa tesis pasa por alto que la evidencia presentada por la Defensa, confirmada por nosotros, demostró clara y precisamente dos cosas: que el testigo de cargo no fue un testigo ocular, o que siéndolo prestó un testimonio inverosímil y físicamente imposible.

Es oportuno recordar el pronunciamiento expuesto en Pueblo v. Carrasquillo supra, págs. 551-552:

Hasta tanto se disponga de un método infalible para ave-riguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determi-nación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a tenerla tranquila.
Cuando de aquilatar la prueba se trata es difícil a veces trazar una línea demarcadora entre cuestiones de hechos y cuestiones de derecho. Las pruebas son hechos pero su análi-sis pone en movimiento, además de la experiencia del juz-gador, su conocimiento del Derecho para así llegar a una solución justa de la controversia. Ese proceso analítico tiene que estar enmarcado en casos penales en el principio fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser pro-bada más allá de duda razonable. Esa prueba, además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación. (Énfasis suplido.)

Se dictará sentencia revocando las del Tribunal Superior, Sala de San Juan y absolviéndose al acusado.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en que fue error perjudicial negar la inspección o reconocimiento judicial pedido por la defensa, mas el error no justifica la absolución, sino un nuevo juicio en que el jurado tenga el beneficio de observar la posición de los edificios en relación con el sitio donde cayó la víctima, y pueda el Tribunal comparar la realidad física del sitio, con la que ofrecen las fotos de defensa. En pocos casos como éste puede la inspección ocular dejar la conciencia satisfecha de que alcanzó la verdad.

NOTA DEL COMPILADOR:

La fotocomposición utilizada en estos apéndices es una cortesía de Publi-caciones J.T.S., Inc.

      La declaración de la Hon. Juez Carrasquillo tachó la veracidad del tes-tigo. En la vista preliminar declaró que los tiros fueron por la espalda y en el juicio dijo que habían sido de frente. Atestó que no sabía cómo estaba vestido el occiso, y en el juicio dijo que tenía camisa de cuadros (lo vio en la foto). Que se había ido esa noche después de los tiros para casa de sus tíos solo, en el juicio dijo que se había quedado toda la noche en su casa. Por otro lado negó expresa-mente que hiciera unos días antes algunos disparos al acusado. La testigo María M. Nieves expresamente contradijo esa aseveración al declarar que el 13 de abril de 1979 vio cuando dicho testigo le entró a tiros al acusado por la escuela Fray Bartolomé de las Casas, escuela que queda frente a su apartamento y que este último echó a correr. Sobre estos hechos describió el arma y la hora del suceso. De las fotografías claramente se desprende que es imposible decir que entre el lugar en que estaba el testigo de cargo y donde él dice que cayó el cadáver, lo cual dijimos es falso, hubiera 20 pies.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Nestor Cancel Hernández y Otra, acusados peticionarios.

      Número: O-81-424

      Resuelto: 30 de octubre de 1981

      Manuel Martínez Umpierre, abogado de los peticionarios; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Tres enmascarados asaltaron un negocio de venta y reparación de motoras, propiedad del acusado. Dieron muerte a la hija del acusado e hirieron a su esposa. Mientras el acusado se encontraba en el hospital tratando de salvar a su hija y atender a su esposa, la Policía entró a la residencia del acusado, sita en los altos del negocio. Un agente alega haber visto allí un tiesto con unas matas de marihuana. Se procedió entonces a acusar al asaltado por violar la Ley de Sustancias Controladas y por portación ilegal de un arma cargada. El acusado tenía licencia para poseer el arma.

Celebrada la lectura de la acusación, el acusado solicitó, a fines de preparar su defensa, que el tribunal de instan-cia dictase una orden para que Fiscalía le notificase “los nombres y direcciones de todas y cada una de las personas que fueron entrevistadas por el Ministerio Público en la investigación de este caso, incluyendo a los testigos a los cuales se les tomó declaraciones juradas, así como a los que no le [sic] fueron tomadas”. El Tribunal Superior denegó de plano la solicitud. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse esta resolución.

La Regla 95 de Procedimiento Criminal dispone, en parte:

Previa moción del acusado sometida en cualquier momento después de haberse presentado la acusación, el tribunal podrá ordenar al fiscal que produzca para ser inspecciona-dos, copiados o fotografiados por el acusado o su abogado, determinados objetos, libros, documentos y papeles que no fueren declaraciones juradas, con excepción de la decla-ración del propio acusado, que El Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo y que pudieren ser necesarios para la preparación de la defensa del acusado, independientemente de que El Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en evidencia.

Esta Regla ha sido interpretada por este Tribunal de modo amplio, aunque con el debido cuidado de no vulnerar legítimos intereses gubernamentales. En Pueblo v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 702, 704 y 705 (1958), al reconocer el derecho del acusado a obtener copia de cualquier decla-ración o confesión prestada por él durante la investigación preliminar del caso, nos referimos a la tendencia impe-rante “de conceder al acusado las más amplias oportuni-dades para defenderse” y afirmamos que “No se debe perder de vista que el objetivo de todo procedimiento judicial es el esclarecimiento de la verdad”.

En Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386, 389 (1961), donde resolvimos que el fiscal debe poner a la disposición de la Defensa las declaraciones juradas de los testigos de cargo luego que declaren en el juicio, para facilitar su contrain-terrogatorio, señalamos que:

Es esencial a nuestro sistema de gobierno que se establez-can aquellas prácticas procesales que hagan más fácil el descubrimiento de la verdad. En una verdadera democracia todo ciudadano tiene derecho a que si es acusado de delito público, se le procese y condene bajo unas reglas que le garanticen un juicio justo en el concepto lato del término, ya que el estado no está interesado en interponer obstáculos para que se conozcan todos los hechos y pueda descubrirse la verdad.

En Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1 (1970), revo-camos expresamente una larga serie de casos y estableci-mos la norma de que la Defensa puede inspeccionar las declaraciones juradas en poder del Ministerio Público de los testigos de cargo renunciados por constituir prueba de carácter acumulativo. Véanse, además, las reglas formuladas en Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201 (1964); Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506 (1974); Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974); Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

La trayectoria que ha seguido la jurisprudencia de este Tribunal en las últimas décadas coincide con la tendencia en varias jurisdicciones. En algunas de estas, como en Inglaterra, Canadá y Vermont, se ha ido aún más lejos y rige la regla de total acceso al sumario fiscal. Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 509. Algunos tribunales estadounidenses la favorecen. United States v. Hibler, 463 F.2d 455 (1972); Shuler v. Wainwright, 341 F.Supp. 1061, 1072 (1972). La Asociación Americana de Abogados la respalda de lleno. The ABA Standards for Criminal Jus tice, 2da ed., Vol II, 1980, estándar 11-2.1; véase Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 478.

La inclinación histórica de este Tribunal, sin embargo, en ausencia de directriz legislativa o exigencia constitu-cional en contrario, ha sido la de intentar, situación a situación, armonizar los intereses envueltos y proteger tanto los derechos del acusado como los del estado. Pueblo v. Tribunal Superior, supra. En Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 248, dijimos:

El descubrimiento de prueba en el proceso criminal debe enancharse hasta donde permita la competencia entre el interés del acusado en su defensa y la confidencialidad de determinados documentos y expedientes, moderada por una discreción judicial que habrá de decidir si la utilidad que para la defensa representa esa prueba supera los intereses del Estado y de terceras personas a cuya protección va diri-gida la norma de secretividad.

Este enfoque es utilizable para resolver el caso presente, sin necesidad de entrar en consideraciones constitucionales o de otra índole.

En el caso de autos, el acusado hizo una clara demostración prima facie de su necesidad de la información requerida. Debido a las heridas que sufrieron miembros de su familia, una de ellas mortal, él estuvo ausente en el curso del registro de su morada. Ignora las personas que presenciaron los hechos y que fueron entrevistadas por Fiscalía. Él no está solicitando las declaraciones juradas tomadas por el Ministerio Público, sino tan solo los nombres y direcciones de las personas interrogadas, para preparar adecuadamente su defensa. Si alguna de estas personas puede presentar prueba favorable al acusado, el fiscal está en la obligación de suplir la información requerida y la propia prueba exculpatoria, aún sin que se le solicite. Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963); United States v. Agurs, 427 U.S. 97 (1976). Si la prueba que puedan ofrecer tales personas es de naturaleza acumu-lativa o inocua, en nada se afectan los intereses legítimos del Estado. En las circunstancias específicas de este caso debe ponerse a disposición de la Defensa la información solicitada, a menos que el Ministerio Público pueda pro-barle al juzgador de instancia que el descubrimiento de determinado nombre afectaría la seguridad del Estado o la de terceras personas, que amenazaría la naturaleza pri-vilegiada de la información o que le causaría mayor per-juicio al Estado que beneficio a la Defensa.

Por las condiciones expuestas, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso a instancia para procedi-mientos ulteriores consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.