author: per curiam:

text:
      In re Evan Benjamín, Jorge E. Castro, Rafael Colón Ascar, José C. Gutiérrez Prats, José H. Martí Fajardo, Dyana L. Ortiz Castro, Carmen Reyes Chicano, Rafael Rodríguez Hernández, Héctor Serrano Mangual, Raúl Torres Viera, Omar Valldejuli, Antonio Vargas Alberty, Fernando A. Villamil, Carmen Aponte Reyes, Reginaldo Blanco Gómez, Rafael A. Dávila Rivera, Ricardo E. Fernández Rubio, David E. Martínez González, Karimi Miranda Labrador, Carmen L. Ortiz Rosario, Julio Rivera Almodóvar, Richard K. Scofield y Miguel Valdejuli Pelegrina

      Número: AB-92-90

      Resuelto: 30 de junio de 1993

      Carmen R. Cintrón Ferrer, Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

Hoy decretamos la suspensión indefinida de varios abogados que no han satisfecho el pago de la cuota de colegiación al Colegio de Abogados de Puerto Rico y que han ignorado nuestros repetidos requerimientos, ordenán-doles mostrar causa por la cual no deben ser suspendidos del ejercicio de la profesión legal por razón de tal incumpli-miento de ley. Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 2001 et seq., y Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. secs. 771-783); Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 682 F. Supp. 674 (D.P.R. 1988), confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, 917 F.2d 620 (1992).

Tomando en consideración su renuencia injustificada a satisfacer el pago de la cuota de colegiación (In re Duprey Maese, 120 D.P.R. 565 (1988); In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494, 495-496 (1987); Colegio de Abogados v. Schneider, supra; In re Vega González, 116 D.P.R. 379, 381 (1985)); su indiferencia en responder a las órdenes de este Tribunal, lo cual de por sí conlleva la imposición de sanciones discipli-narias severas (In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992)), y en varios casos su incumplimiento en notificar a este Foro el cambio de dirección postal (4 L.P.R.A. Ap. I-A; In re Serrallés III, supra; In re Fuentes Fernández, 133 D.P.R. 548 (1993); In re Ribas Dominicci I, supra), se decreta la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría en esta jurisdicción a los abo-gados siguientes:

Evan Benjamín Jorge E. Castro Rafael Colón Asear José C. Gutiérrez Prats José H. Martí Fajardo Dyana L. Ortiz Castro Carmen Reyes Chicano Rafael Rodríguez Hernández Héctor Serrano Mangual Raúl Torres Viera Ornar Valldejuli Antonio Vargas Alberty Fernando A. yillam.il Carmen Aponte Reyes Reginaldo Blanco Gómez Rafael A. Dávila Rivera Ricardo E. Fernández Rubio David E. Martínez González Karimi Miranda Labrador

Carmen L. Ortiz Rosario Julio Rivera Almodóvar Richard K. Scofield Miguel Valdejuli Pelegrina

Se ordena al Alguacil General que, con carácter priori-tario, se incaute de la obra notarial de estos abogados.

Se dictará sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Luz M. Ríos Rosario, demandante y recurrida, v. Agustín Vidal Ramos, demandado y recurrente.

      Número: RE-92-361

      Resuelto: 30 de junio de 1993

      Rafael Sánchez Hernández, abogado del recurrente; Olga M. Shepard, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

En Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261, 268 (1985), establecimos inter alia que en la reclamación del derecho a recibir alimentos futuros instada a favor de unos hijos mayores de edad con el fin de terminar su carrera universitaria, era de rigor que tales hijos mayores de edad originaran dicha petición, aunque por razones de economía procesal ésta podía ser presentada dentro del pleito original de divorcio entre sus padres.

Hoy resolvemos que el progenitor que retiene la patria potestad y custodia de los hijos no puede reclamar del otro cónyuge el pago de las pensiones alimentarias atrasadas debidas a los hijos cuando éstos ya han advenido a su ma-yoría de edad. Extinguida la patria potestad sobre los hijos por razón de mayoridad, tal progenitor carece de capacidád jurídica para representar a sus hijos, razón por la cual, de no estar prescrita, corresponde a aquéllos promover la ac-ción en cobro de las pensiones vencidas. Ello, no obstante, puede reclamar en el mismo pleito de alimentos en el que estén todas las partes afectadas, la existencia de una deuda por parte del otro cónyuge, para con su persona, por aquello en que le hubiese sido útil a aquél el pago hecho por éste. Por las circunstancias particulares del caso ante nos y por razón de economía procesal, permitimos que las partes con capacidad jurídica sean integradas al actual pleito.

HH

La demandante, Luz M. Ríos Rosario, abogada de pro-fesión, y el demandado, Agustín Vidal Ramos, comerciante, contrajeron matrimonio el 11 de abril de 1962. Como pro-ducto de dicha unión procrearon cuatro (4) hijos, a saber: Agustín, nacido el 12 de enero de 1963, Pedro, nacido el 27 de enero de 1964, Gustavo, nacido el 15 de marzo de 1968, y Antonio Ricardo, nacido el 20 de mayo de 1969. El vín-culo matrimonial fue declarado disuelto mediante senten-cia de divorcio emitida por el Tribunal Superior de San Juan el 31 de julio de 1981. En dicha sentencia el tribunal le asignó la custodia de los menores a la demandante, la patria potestad a ambos padres e impuso al demandado el pago de doscientos cincuenta dólares ($250) quincenales en concepto de pensión alimentaria para los menores.

Así las cosas, el 18 de abril de 1990, un mes antes de que el menor de los hijos adviniera a su mayoridad, la li-cenciada Ríos Rosario presentó dentro del pleito original de divorcio una moción en la que solicitaba al tribunal que encontrara al demandado incurso en desacato por su in-cumplimiento en el pago de la pensión alimentaria. Alegó que a partir de agosto de 1986 el demandado por su propia cuenta había reducido el pago de la pensión de quinientos dólares ($500) mensuales a doscientos cincuenta dólares ($250) al mes, y que a partir de agosto de 1987 había de-jado de satisfacer la pensión en su totalidad. El recurrente no fue notificado de tal solicitud de desacato sino hasta el 15 de agosto de 1990, fecha para la cual todos los hijos habidos habían alcanzado su mayoría de edad.

En respuesta, el demandado planteó que la recurrida carecía de facultad para instar la referida acción por cuanto ninguno de sus hijos estaba sujeto a su patria potestad. Alegó, además, que la suspensión de los pagos de la pensión respondió a un acuerdo verbal existente entre él y la recurrida mediante el cual él asumiría, a cambio, los gastos de educación universitaria de los hijos mayores.

Luego de un accidentado trámite procesal, se celebró la vista del caso en su fondo. Ambas partes presentaron prueba documental así como prueba consistente en sus propios testimonios. La parte recurrente, además, presentó a su favor el testimonio de su primogénito Agustín. Final-mente, el tribunal se pronunció condenando al señor Vidal al pago de veinte mil dólares ($20,000) en concepto de pen-siones no satisfechas a sus hijos Gustavo y Antonio, once mil seiscientos dólares ($11,600) en concepto de intereses, más tres mil dólares ($3,000) en honorarios de abogado. De esta sentencia acude el demandado y alega que erró el trir bunal de instancia al no desestimar la solicitud de desa-cato, toda vez que la promovente no podía representar a sus hijos, una vez éstos alcanzaron la mayoría de edad.() Veamos.

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No cabe duda de que los casos de alimentos a hijos menores de edad revisten el más alto interés público. Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246 (1988); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986). El deber de alimentar a los hijos sujetos a la patria potestad surge por imperativo del Art. 153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 601, el cual se arraiga en profundas consideraciones de base moral como son el amor, el auxilio y la solidaridad familiar. Tal obligación se extiende a proveer “todo lo ... indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia”. Art. 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 561. Ello incluye tanto las necesidades físicas como intelectuales del alimentista. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987).

Mientras los hijos se encuentren en estado de minoridad y no hayan sido emancipados por razón de matrimonio o dictamen judicial, los derechos de la patria potestad facultan al progenitor interesado a reclamar el pago de aquellas pensiones a nombre de los hijos, siempre y cuando no estén prescritas. Cf. Art. 1866 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5296; Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217 (1982). Esto es así puesto que el padre o la madre tienen respecto de sus hijos no emancipados el deber de representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho. Art. 153 del Código Civil, supra. Véase J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, pág. 261 y ss. Cf. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 15.2.

Coincidimos con quienes señalan que dicho poder de re-presentación de los padres que ostentan la patria potestad comprende todas las facultades concernientes a los bienes, deberes y derechos de los hijos, salvo aquellos que se en-cuentran expresamente exceptuados por ley, por lo cual la representación le confiere a los progenitores con patria po-testad las más amplias facultades para actuar en nombre de sus hijos menores no emancipados tanto en la esfera judicial como en la extrajudicial. Véanse: M. Amorós Guardiola, Comentarios a las reformas del Derecho de Familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. II, pág. 1084; L. Díez-Picazo, La representación en el Derecho Privado, Madrid, Ed. Civitas, 1979, pág. 285; Puig Brutau, op. cit.; A. Uribe Sorribes, La representación de los hijos, XXV Anales de la Academia Matritense del Notariado 261 (1982); J. López Pérez, El deber de representación en la patria potestad: flexibilidad, 1979 Rev. Der. Priv. 1150, 1152 (1979).

Este deber de representar a los hijos menores no eman-cipados, amplio como es, está sujeto a las expresas restric-ciones que el ordenamiento le impone a los padres en cuanto a actuar por sus hijos respecto a ciertos tipos de negocios y bajo determinadas circunstancias.()

Indudablemente la acción para solicitar la satisfacción de las pensiones alimentarias debidas a los hijos menores no emancipados es una en la cual el padre o la madre con patria potestad y custodia tienen perfecto derecho de re-presentar a tales menores. No obstante, aun cuando una acción caiga dentro del ámbito de ese deber o facultad de representación, su ejercicio por parte del progenitor depen-derá de la vigencia de la situación jurídica en que se funda su facultad representativa. Es decir, el padre o la madre sólo podrá representar a su hijo mientras éste esté sujeto a la patria potestad de aquellos. Terminada la patria potes-tad por cualquiera de las causas previstas en el ordena-miento,() o siendo ésta privada o suspendida por el tribunal,() cesa el poder de representación legal que sobre los hijos ostentan los padres, excepto que el Código expresa-mente disponga lo contrario. Véase Puig Brutau, op. cit., págs. 274U279.

Una vez emancipados los hijos (excepto cuando tal emancipación es obtenida por concesión de los padres bajo los preceptos del capítulo 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 911-916) éstos advienen en capacidad de representar sus propios intereses ante los tribunales, no pudiéndolo hacer sus padres. Arts. 240, 246 y 247 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 932, 955 y 971; Álvarez Barbosa v. Aponte Rivera, 83 D.P.R. 617 (1961); Vázquez Prada v. Santos, 49 D.P.R. 308 (1935); Rey Nieves v. Oyola Nieves, supra.

Específicamente en cuanto a la emancipación por mayo-ridad, el Código Civil establece que el emancipado será “ca-paz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepcio-nes establecidas en casos especiales ...”. 31 L.P.R.A. see. 971. En consonancia con lo anterior, hemos resuelto que las actuaciones de un abogado en un procedimiento hipote-cario no afectaban a un demandante mayor de edad cuando para la fecha en que su madre contrató el abogado, el hijo era mayor de edad y tenía derecho a actuar por sí mismo y a designar su propio abogado. “La madre no tenía autoridad para actuar por él. La representación que esta confiriera a su abogado sobre la base de la minoridad de su hijo, resulta ineficaz siendo el hijo, como era, mayor de edad en aquel entonces.” Vázquez Prada v. Santos, supra, págs. 315-316.

En Puerto Rico no existe la posibilidad de patria potestad extendida tras la mayoridad. Adviértase que aun en los “casos especiales” a que hace referencia el citado Artículo 247, como es el caso de hijos incapaces por demencia o ebriedad, por ejemplo, al advenir éstos a la mayor edad se extingue ipso facto la patria potestad de los padres sobre aquéllos; quedando tales incapaces sujetos a tutela, a regirse conforme las disposiciones de la parte IX del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 661 y ss. De forma distinta es en España donde, luego de la extensa reforma de la que fue objeto el Código Civil en la pasada década, hoy existe la posibilidad de que los progenitores extiendan su poder de patria potestas en casos de hijos mayores incapaces. Uribe Sorribes, supra, págs. 259-260; Puig Brutau, op. cit., pág. 278.

Terminada la patria potestad sobre sus hijos, la deman-dante carecía de la capacidad para representarlos en el ejercicio de la acción de cobro de pensiones alimentarias alegadamente no satisfechas.

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¿Procede la desestimación de la acción instada por la recurrida ante los pronunciamientos anteriores? Veamos.

La Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone lo siguiente:

Regla 15.1. Parte interesada
Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que se reclama, pero una persona autorizada por ley podrá demandar sin el concurso de aquélla para cuyo beneficio se hace la reclamación; y cuando por ley así se dis-ponga, podrá presentarse una reclamación a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para beneficio de otra persona. No se desestimará un pleito por razón de no tramitarse a nom-bre de la persona que por ley tiene el derecho que se reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, se haya concedido un tiempo razonable para que la persona con derecho ratifique la radicación del pleito, o se una al mismo, o se sustituya en lugar del promovente y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiere incoado por la persona con derecho. (Enfasis suplido.)

Como norma general, los tribunales no deben adjudicar innecesariamente los derechos de terceros que no tienen interés en plantearlos o que los disfrutarán suceda lo que suceda en el pleito, ya que son tales terceros los que usualmente pueden argumentar sus propios derechos de la forma más eficaz. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 84.

Ahora bien, el mero hecho de que el reclamante no sea la persona que por ley tiene la capacidad de exigir el derecho que se reclama no significa que la acción incoada deba ser inmediatamente desestimada. Para todos los efectos legales, la acción tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado por la persona legalmente capacitada para hacerlo, si tal persona con capacidad, concedido un término razonable por el tribunal, se une al pleito o se sustituye en lugar del promovente original. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 15.1.

Es deber del tribunal permitir y promover la incorporación al pleito de las partes realmente interesadas con el propósito de verificar la existencia de una controversia real que exige un remedio por parte de los tribunales.

Por su parte, la Regla 1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), dispone que ese cuerpo de reglas se interpretará de modo que garantice una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. La economía procesal también aconseja el curso decisorio que aquí tomamos.

En el caso ante nos eran los alimentistas (los hijos) las partes a quienes por ley correspondía el derecho reclamado. Habiendo alcanzado la mayor edad, éstos tenían plena capacidad jurídica para exigirlo a nombre propio. La acción de la madre para promover la acción que nos ocupa debió entonces sujetarse a la oportuna intervención o sustitución por parte de los alimentistas y así evitar la adjudicación de derechos correspondientes a partes sin interés en ejercitar los mismos.() Erró el tribunal de instancia al dictar la sentencia recurrida.

Lo anterior, no obstante, no impide el que la recurrida, al amparo de las disposiciones del Art. 1112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3162, logre demostrar mediante prueba preponderante la existencia de una deuda por parte del recurrente para con su persona. En tal caso “sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiere sido útil el pago”. íd.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Fuster Berlingeri concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Además, arguye el apelante que erró el tribunal a quo al no concederle un crédito al promovido por los gastos en que incurrió por matrícula, estudios y alimen-tos de sus hijos menores durante el periodo reclamado, al no permitirle presentar prueba sobre todos los gastos extraordinarios que llevó a cabo, al resolver que los gastos de urgencia médicos y legales en que incurrió a favor de dos (2) de sus hijos no podían ser imputados al pago de la pensión y/o no condenar a la recurrida a aportar el pago de los mismos como gastos extraordinarios; al condenarlo a pagar la totalidad de la sentencia en el término de treinta (30) días y al no concederle un nuevo juicio y/o vista. Conforme al resultado que aquí llegamos, no se hace necesario que entre-mos a considerar los mismos.

      (2) Por ejemplo, el Art. 159 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 616, regula la capacidad de los padres para enajenar o gravar los bienes de sus hijos. Así también el Art. 160 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 617, limita el poder representativo de los padres en caso de existir conflicto de intereses con sus hijos.

      (3) “La patria potestad se acaba:
      “(l)Por la muerte de los padres o del hijo.
      “(2)Por la emancipación.
      “(3)Por la adopción del hijo — Código Civil, 1930, art. 163.” 31 L.P.R.A. see. 631.

      (4) Arts. 165 y 166 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 633 y 634.

      (5) Nótese que por lo menos dos (2) de los alimentistas demostraron no tener interés en la reclamación interpuesta al manifestarse expresamente a favor del recurrente. El primogénito Agustín compareció a pleito a favor del recurrente y Gustavo prestó declaración jurada (Affidávit Núm. 1136 de 27 de marzo de 1992 ante el notario público Hiram Cerezo Suárez) a los efectos de acreditar que recibió ciertos desembolsos por parte del recurrente y de su disposición de comparecer ajuicio, de lo que se vio privado por razones de desperfectos mecánicos en su automóvil.


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José Eduardo García Ciuro, acusado y apelante.

      Número: CR-86-42

      Resuelto: 30 de junio de 1993

      Rubén Guzmán Torres, Carmen Ana Rodríguez Maldonado y Enrique Rivera Mendoza, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procu-rador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Josefa A. Román García y Blanca A. Díaz Segarra, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante, José Eduardo García Ciuro, resultó convicto por infracción al Art. 168 del Código Penal (recibo y transportación de bienes apropiados ilegalmente), 33 L.P.R.A. see. 4273.() En síntesis, el apelante ha hecho cier-tos señalamientos sobre la apreciación de la prueba por el tribunal a quo y la admisibilidad de cierta prueba de referencia. Impugna, además, como excesiva la pena impuesta.

I

Según se desprende de la exposición narrativa de la prueba, el Ministerio Público presentó cinco (5) testigos de cargo. La defensa por su parte no presentó evidencia.

El primer testigo de cargo fue el menor Darío Soto Figueroa. Este declaró no conocer al acusado, ni haberlo visto anteriormente. Alegó haberle mentido al Juez del Tribunal de Menores, Hon. Ramón A. Buitrago Iglesias, sobre lo ocurrido el día de los hechos, 19 de julio de 1985. Luego de esto, el menor se negó a seguir declarando. La defensa no contrainterrogó a este testigo.

En segundo lugar testificó el Sr. Luis A. Meléndez Rodríguez. Éste declaró que el 17 de julio de 1985 le hur-taron su vehículo Toyota Corolla 1984 del frente de su residencia. Volvió a ver su auto el día de los hechos en el Cuartel de Bayamón; éste se encontraba semidesmantelado. Desconoce a las personas que se apro-piaron de su auto. La defensa no lo contrainterrogó.

En tercer lugar declaró el Sr. Rafael Tellado González. Atestó que el 19 de julio de 1985, a eso de la media noche, conducía por la carretera de Río Piedras a Caguas rumbo a su residencia del barrio Guaraguao de Guaynabo. Regre-saba de un juego de baloncesto. Dijo que iba sólo en su camioneta Ford y delante de él viajaban su esposa y sus cuatro (4) hijos en una station wagon Fairmont, conducida por la primera. Expresó que ambos iban por el carril iz-quierdo y, de momento, “sintió un celaje” y vio que un auto impactó el auto de su esposa por el guardafango derecho. Expresó que al ver que el auto no se detuvo, lo siguió y lo forzó a detenerse fuera de la carretera. El que guiaba quedó pillado y el testigo vio dos (2) siluetas huyendo. Miró por su espejo retrovisor y vio fuego en la guagua de su familia, por lo que dio marcha atrás, pero ya era tarde. La guagua estaba incendiada. Expresó que el auto que im-pactó al vehículo conducido por su esposa era un Toyota blanco, cuyos ocupantes abandonaron el auto.() No hubo contrainterrogatorio de este testigo por parte de la defensa.

Luego declaró el Sr. Ángel L. Torres Bernard. Éste alegó conocer al menor Darío Soto Figueroa. Relató que Soto Figueroa le narró como él, en unión a un tal Carmelo y al apelante, había sufrido un accidente donde habían falle-cido cinco (5) personas. Nada más le dijo Soto Figueroa sobre el accidente.!) Manifestó, además, que vio a los tres (3), incluyendo al apelante, en la plaza de Guaynabo y que todos habían llegado a pie a dicho lugar.

A preguntas de la defensa, el señor Torres Bernard de-claró que mientras estuvo en la plaza no vio ningún vehí-culo del cual el apelante, junto a los otros, hubiese salido o entrado. En ausencia de prueba de otras circunstancias te-nemos que concluir que este testimonio, en cuanto al ape-lante concierne, constituye prueba de referencia. Véanse: Regla 60(c) y Regla 61 de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV).

Por último, testificó el agente Pedro Albino. Este de-claró, en síntesis, que como parte de la investigación sobre los hechos recibió información acerca del apelante a través de Darío Soto. Señaló que al encontrarse con el apelante “le leyó las advertencias y después se las dijo verbalmente. Que al momento de hacerle las advertencias estaba presente el entonces Sargento, Francisco Morales. Que luego de las advertencias el apelante le dijo ‘que él no había sido el que ocasionó el accidente descrito anteriormente, pero que sí él viajaba en el auto en compañía de los otros ocupantes’. También le dijo ‘que habían encontrado el carro cerca de su casa’ ”. (Énfasis suplido.) E.N.P., pág. 3.

Durante el contrainterrogatorio, la defensa se limitó a tratar de impugnar por omisión lo declarado por el agénte, por el hecho de que éste no incluyera en su informe de arresto las manifestaciones que le hiciera el apelante.()

El 16 de enero de 1986 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Hon. Carmen Celinda Ríos, Juez),() luego de escuchar la prueba antes detallada y declarar sin lugar una solicitud de absolución perentoria, presentada por la defensa, declaró al apelante culpable y convicto por el de-lito de infracción al Art. 168 del Código Penal, supra. El tribunal a quo le impuso cinco (5) años de reclusión.()

De dicha sentencia el apelante acude ante este Tribunal para señalar la comisión de tres (3) errores por parte del tribunal de instancia.!) Ambas partes han presentado sus respectivos alegatos. Resolvemos.

I — I I — I

En su primer señalamiento el apelante impugna la ad-misibilidad de la alegada admisión que éste le hiciera al agente Pedro Albino. En síntesis, el apelante arguye que el Estado no cumplió con su deber de probar la voluntariedad de la supuesta admisión hecha por el acusado al agente Albino.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que las declara-ciones inculpatorias que hace un sospechoso en quien se ha centralizado una investigación criminal o imputado un de-lito serán admisibles sólo cuando el Ministerio Público de-muestre que el sujeto renunció voluntaria, consciente e in-teligentemente a su derecho a no incriminarse. Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551 (1989). Tal renuncia es consciente e inteligente cuando se le informa apropiada y eficazmente al sospechoso sobre su protección constitu-cional contra la autoincriminación, "incluyendo la adver-tencia crucial de que cualquier manifestación que haga al respecto podrá ser usada en su contra en un proceso criminal”. (Énfasis en el original.) Pueblo en interés menor J.A.B.C., supra, pág. 562. Véanse, también: Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 776 (1965). Al Estado le corres-ponde la carga de demostrar que se hicieron las adverten-cias de rigor y que la renuncia del sospechoso fue voluntaria e inteligente. Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988).

Para que el Ministerio Público cumpla con el deber de probar que la renuncia del derecho contra la autoincrimi-nación fue voluntaria, consciente e inteligente, hemos exi-gido que se "desfile prueba detallada sobre las advertencias específicas que se le hicieron al sospechoso y sobre las con-diciones imperantes en el momento en que éste hizo la ad-misión o confesión ...”. (Énfasis en el original.) Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, pág. 776. Es decir, “antes de que el Mi-nisterio Fiscal presente prueba sobre la admisión o confe-sión extrajudicial realizada por un imputado de delito, éste viene en la obligación de desfilar prueba detallada y espe-cífica sobre los aspectos a los que hemos hecho referencia anteriormente”. (Énfasis en el original.) íd., pág. 777.() Se-gún dijéramos en Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, esa es la única forma en que un tribunal puede determinar, a base del criterio de la totalidad de las circunstancias, si la re-nuncia “ ‘fue voluntaria, consciente e inteligente’ ”. íd., pág. 776.

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En este caso no surge del testimonio del agente Albino ni de la prueba desfilada por el Estado, según se recogen en la exposción narrativa de la prueba, cuáles fueron las advertencias específicas que se le hicieron al apelante Gar-cía Ciuro antes de que éste prestara la alegada declaración incriminatoria. El Ministerio Fiscal, mediante el testimo-nio del agente Albino, se limitó a probar únicamente y de forma general que se le habían leído las advertencias al apelante.!) No se probó, conforme manda la doctrina, la voluntariedad de las admisiones hechas por el acusado. El Ministerio Público no descargó con el peso de la prueba que le impusimos en Pueblo v. Ruiz Bosch, supra. Las admisio-nes hechas por el apelante García Ciuro ante el agente Albino eran inadmisibles, por lo que erró el tribunal al permitirlo.

Por otro lado, debemos evaluar si dicha actuación judicial errónea acarrea la revocación de la sentencia apelada. Para ello resulta pertinente examinar primero la Regla 4 de Evidencia que dispone lo siguiente:

No se dejará sin efecto una determinación de admisión de evidencia ni se revocará sentencia o decisión alguna por motivo de admisión errónea de evidencia a menos que:
(1)La evidencia fue erróneamente admitida a pesar de la oportuna y correcta objeción de la parte perjudicada por la ad-misión, y
(2)el tribunal que considera el efecto de la admisión errónea entiende que ésta fue factor decisivo o sustancial en la senten-cia o decisión cuya revocación se solicita. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Hemos señalado que la transcrita Regla 4 de Evidencia, al exigir la “oportuna y correcta objeción”, persigue “evitar que los tribunales de instancia incurran innecesariamente en errores relativos a la admisión de evidencia al contar éstos, a tiempo, con una correcta exposición del derecho aplicable conforme el mejor criterio y conocimiento de los abogados de las partes”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, pág. 782. Luego que la parte afectada de-muestre que interpuso “oportuna y correcta objeción” a la errónea admisión de evidencia, le compete entonces al tribunal apelativo evaluar si dicha admisión errónea consti-tuye un “ ‘factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita’ ”. Id.()

En este caso no se cumple con el primero de los dos (2) requisitos que establece la Regla 4 de Evidencia, supra, para que se pueda dejar sin efecto o se pueda revocar la sentencia apelada. Ni de la exposición narrativa de la prueba ni de los autos originales surge que la defensa haya interpuesto “ ‘oportuna y correcta objeción’... a la evidencia sobre la admisión. Dicha situación hace inaplicable la ci-tada Regla 4 [de Evidencia] a los hechos de este caso”. (Én-fasis suprimido.) Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, pág. 783.

Sin embargo, en Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, pág. 783, resolvimos que “[d]ebemos, obligatoriamente, considerar las disposiciones de la Regla 6 de Evidencia, ante, la cual establece en lo pertinente, que nada de lo dispuesto en la antes transcrita Regla 4 ‘impedirá que un tribunal apela-tivo considere errores crasos y perjudiciales de admisión ... de evidencia, a pesar de no haber mediado oportuna obje-ción, cuando el no corregir dichos errores resulte en un fra-caso de la justicia’ ”. (Énfasis en el original.()

Ciertamente, la admisión equivocada de las declaracio-nes incriminatorias del apelante constituye un error “craso y perjudicial”. Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, pág. 784 y págs. 783-784 esc. 6. Éste constituye lo que se conoce como un error constitucional. () La doctrina señala que ante errores de esta naturaleza “que puedan conllevar menos-cabo de derechos constitucionalmente protegidos, como lo es el de auto-incriminación, el peso de probar que la eviden-cia erróneamente admitida no fue perjudicial, recae sobre la parte que se benefició del error cometido”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Pellot Pérez, supra, págs. 803-804. Véase Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967). Se ha sostenido, además, que cuando se trate de un “error cons-titucional”, para que éste sea considerado como “no perju-dicial” (harmless) por el tribunal apelativo, dicho foro tiene que estar convencido de ello más allá de duda razonable. Chapman v. California, supra, pág. 25.

El marco de referencia, a los fines de resolver cuándo un error “craso y perjudicial” en la admisión de evidencia ame-rita la revocación de una sentencia con el fin de evitar “un fracaso de la justicia”, es el siguiente:

si —independientemente de la existencia del error “craso y per-judicial” y la influencia que el mismo pudo tener sobre el juzga-dor de los hechos— el resultdo del caso y la totalidad de las circunstancias en que se dio el mismo resultan ser compatibles con el ideal básico de justicia imperante en nuestra jurisdicción; esto es, la consecución de un “resultado” (sentencia) correcto en derecho luego de la celebración de un proceso justo e imparcial en que se observaron, cuando menos, las garantías mínimas del debido procedimiento de ley. (Énfasis en el original.) Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, pág. 787.

Luego de analizar cuidadosamente la exposición narra-tiva de la prueba desfilada a nivel de instancia y los argu-mentos esbozados por el Estado ante este Tribunal, no es-tamos convencidos “más allá de duda razonable’() de que la sentencia apelada deba sostenerse. En este caso el Mi-nisterio Fiscal no desfiló ninguna prueba independiente de las admisiones del apelante que conectaran a éste con la comisión del delito imputado. ()

En virtud de lo antes expuesto, resolvemos que el Mi-nisterio Público no descargó adecuadamente su obligación de demostrar más allá de duda razonable que la admisión errónea de las declaraciones del apelante constituyó un error “no perjudicial”.!) En consecuencia, procede que re-voquemos la sentencia apelada y declaremos al apelante no culpable del delito que le fue imputado.

Lo antes resuelto hace innecesaria la discusión de los otros señalamientos de error presentados por el apelante.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia apelada y se dicta otra declarando no culpable al apelante.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió mediante opinión escrita, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

HH

En Pueblo v. Rodríguez Martínez, 100 D.P.R. 805, 812 (1979), reconocimos que "[Ros que redactaron las constitu-ciones de Puerto Rico y de Estados Unidos ciertamente tu-vieron en mente prohibir que nadie fuese obligado a incri-minarse mediante su propio testimonio, pero no se propusieron prohibir que un delincuente confesare libre, voluntariamente su crimen haciendo así las paces con su conciencia y con la sociedad. Esas dos constituciones tienen como uno de sus objetivos proteger la libertad de la con-ciencia de los seres humanos, no encadenarlos al mal. Dichas constituciones no exigen que una persona que ha lle-gado a ser delincuente está además obligada a ser mentiroso o perjuro toda su vida. Lo ético es decir la ver-dad aunque eso resulte amargo. La constitución no está reñida con la ética”. (Énfasis en el original.)

La prueba no contradicha revela que el agente Pedro Albino "habló con el acusado [José E. García Ciuro] y le leyó las advertencias y después se las dijo verbalmente. Que después de las advertencias el acusado le dijo que él no había sido el que conducía el auto que ocasionó el acci-dente, pero sí él los acompañaba. También le dijo que ‘ha-bían encontrado el carro cerca de su casa’ [Guaynabo]”. (Énfasis suplido.) E.N.P., pág. 3. No hay la más mínima prueba de que esas admisiones fueron producto de una coacción física o psicológica; tampoco que García Ciuro fuera inducido a incriminarse mediante engaño o promesa. Cf. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 327 (1980). In-cluso, no hay prueba de reclamo a la asistencia de abogado, ni antes ni después de hechas las advertencias. En estas circunstancias deberíamos respetar al tribunal sentencia-dor que determinó su voluntariedad. Las manifestaciones del acusado García Ciuro fueron hechas luego de haber sido advertido de sus derechos. Conociendo su alcance, vo-luntariamente renunció a no incriminarse. Ni la Constitu-ción ni el Derecho exigen absurdos. Un sospechoso puede renunciar inteligente y conscientemente a los derechos fundamentales que le son reconocidos constitucional-mente, aún sin ser una persona instruida. Pueblo v. Nieves Ramos, 101 D.P.R. 531 (1973).

Por otro lado, el Tribunal Supremo federal ha resuelto que:

... las advertencias no tienen que seguir el lenguaje exacto de Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), a modo de hechizo talismático (talismatic incantation). California v. Prysock, 453 U.S. 355 (1981). La doctrina no requiere esa rigidez. Más aún, si a un acusado “se le ha dicho la sustancia de sus derechos constitucionales, no es fatal la omisión de palabras irrelevantes o sin sustancia independiente”. (Traducción nuestra.) United States v. Noti, 731 F.2d 610, 614-615 (1984). Como reciente-mente dijo el más alto foro federal: “Hemos sostenido que una renuncia válida no requiere que un individuo sea informado de toda información ‘provechosa’ para hacer su decisión o toda in-formación que pudiera ... afectar su decisión de confesar.” (Tra-ducción nuestra.) Colorado v. Leroy, 55 L.W. 4162, 4165 (1987). Y en Moran v. Burbine, 54 L.W. 4265, 4267 (1986): “Sin duda que esa información adicional pudo serle útil al acusado; inclusive pudo haber afectado su decisión de confesar. Pero nunca hemos leído la Constitución para requerir que la policía [o fiscal] suministre a un sospechoso un flujo de información que le ayude a calibrar su propio interés en decidir si habla o se mantiene en sus derechos.” (Traducción nuestra.) Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515, 536-537 (1987).

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No comprendemos cómo la mayoría caracteriza estas admisiones como prueba de referencia inadmisible. De acuerdo con la Regla 62(A) de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV, como excepción, eran admisibles pues fueron hechas por la parte contra la que se ofrece (García Ciuro) en su capacidad individual. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puer-torriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, Cap. VIII, págs. 294-295. Además, sus manifestaciones fueron corroboradas. Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919, 922 (1968). Nos explicamos.

Luis A. Meléndez Rodríguez, dueño del Toyota Corolla blanco, 1986, valorado en catorce mil dólares ($14,000), in-dicó que le fue hurtado el 17 de julio de 1985 del frente de su casa en Guaynabo. Lo volvió a ver el 19 de julio de 1985 en el Cuartel de Bayamón semi desmantelado. (Enfasis suplido.) E.N.P., pág. 1. Rafael Tellado González atestó que ese mismo día 19, un Toyota blanco de (2) puertas, chocó el carro de su esposa y causó el incendio y la muerte de ella y sus hijos. Vio “la persona que conducía el auto”-, además, dos (2) siluetas que huían, “pero el que guiaba quedó pillado”. E.N.P., pág. 2.

Obviamente, el juzgador concluyó correctamente que el auto descrito por Tellado González como el causante del accidente fue el hurtado a Meléndez Rodríguez el 17 de julio. Ángel Torres Bernard declaró conocer a Darío Soto Figueroa —testigo no disponible en el juicio (E.N.P., pág. 1)— y ser la persona a quien Soto Figueroa le hizo unas manifestaciones contra interés. Su declaración extrajudicial constituyó una excepción a la prueba de referencia. Regla 64(B)(3) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Chiesa, op. cit., págs. 206-212. Soto Figueroa le dijo que ellos habían tenido un accidente, donde hubo cinco (5) muertos y habían estado Carmelo, José, Eduardo, y el acusado [García Ciuro]. E.N.R, págs. 2-3.

Evaluados integralmente esos testimonios, contunden-temente corroboraron la admisión del acusado al agente Albino, quien por su parte dijo haber recibido información a través de Darío Soto.

      (1) La acusación contra el apelante se expone de la forma siguiente:
      “Allá en o para el día 19 de julio de 1985 y en Guaynabo, P.R., que forma parte del Tribunal Superior de P.R., Sala de Bayamón, P.R. el referido acusado Jose E. García Ciuro, voluntaria, maliciosa y criminalmente, vendió, recibió, compró, retuvo y/o dispuso de un bien mueble consistente en un auto Toyota Corolla, modelo 1984, tablilla número 96J886, valorado en $8,000.00, perteneciente al Sr. Luis A. Melendez Rodriquez, a sabiendas de que el mismo había sido obtenido de forma ilícita, o sea, mediante el delito de apropiación ilegal.”

      (2) Cabe señalar, además, que a consecuencia de dicho accidente, tanto la esposa como los cuatro (4) hijos del señor Tellado González resultaron muertos.

      (3) Tampoco declaró sobre hecho alguno que conecte al apelante con el delito imputado.

      (4) En el redirecto el agente Albino justificó tal omisión señalando que no puso las manifestaciones del apelante en su informe y sí las de Darío Soto, debido a que éste último era el testigo para someter el caso. Prefirió consultar al Fiscal sobre lo que se podía hacer con estas manifestaciones.

      (5) El acusado renunció a su derecho de juicio por jurado.

      (6) Al apelante se le denegaron los beneficios de una sentencia suspendida luego del tribunal examinar a quo el informe presentencia.

      (7) “1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al admitir en evidencia prueba de referencia y al admitir en evidencia una supuesta admisión que no fue corrobo-rada por la prueba desfilada.
      “2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al sentenciar al acusado por la infracción al Artículo 168 del Código Penal a cinco (5) años de reclusión,'sin que mediara moción ni vista sobre agravantes.
      “3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar culpable al acusado con una prueba que no estableció su culpabilidad más allá de toda duda razonable.” Alegato del apelante, págs. 5-6.

      (8) El Gobierno debe demostrar que se hicieron correctamente las advertencias de rigor, que el sospechoso las entendió, y que sin coacción alguna por parte de las autoridades optó por declarar. E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 98.

      (9) En Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551, 562 esc. 6 (1989), ad-vertimos que “[l]os funcionarios del Estado no cumplen con su obligación de infor-marle al sospechoso o acusado de su derecho contra la autoincriminación en una ‘forma eficaz’, haciendo dichas advertencias en forma mecánica con el único propósito de cumplir con el requisito de las advertencias”. (Énfasis en el original.)

      (10) En Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981), señalamos que el criterio para determinar si un error en la admisión de evidencia acarrea revocación “es determinar si, de no haberse cometido el error, probablemente el re-sultado hubiera sido distinto”.

      (11) En Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, págs. 783-784, señalamos el hecho de que “[n]o puede perderse de vista que la omisión en que incurre un abogado al no objetar una prueba que era inadmisible en evidencia puede ser el producto de variadas y diversas razones. Ello, entre otras, puede ser consecuencia de una estrategia forense legítima como también puede ser el resultado de una táctica forense ‘ilegítima’. Dicha omisión, por otro lado, puede adicionalmente deberse tanto al desconocimiento del derecho aplicable por el abogado de la parte como también es factible que ello sea el resultado de un informado error de juicio”. (Escolios omitidos.)

      (12) El “error constitucional” se refiere a errores en la admisión de prueba que afecten derechos constitucionales de la parte afectada. Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988).

      (13) Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967).

      (14) El delito de “recibo de bienes apropiados ilegalmente” requiere para su con-figuración que se prueben los elementos siguientes: (1) que los bienes habían sido robados por otra persona; (2) que el acusado los recibió o compró de otra persona; (3) que al comprarlos o recibirlos sabía que habían sido robados, y (4) que los compró o recibió con un fin malicioso. Pueblo v. Rodríguez Jiménez, 128 D.P.R. 114 (1991); El Pueblo v. Acevedo, 18 D.P.R. 236, 238 (1912).
      En caso de que hubieran podido ser presentadas válidamente en evidencia, tenemos serias dudas de que las referidas admisiones, por sí solas, sean suficientes para establecer todos los elementos del delito imputado al apelante.

      (15) El error “no perjudicial” es aquel que no contribuyó al veredicto obtenido. Chapman v. California, supra.


text:
      In re Edmundo Ayala Oquendo.

      Número: 8072

      Resuelto: 2 de julio de 1993

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Edmundo Ayala Oquendo, pro se.

   & co O f a o i — i O' 2

El 6 de mayo de 1993 el Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos solicitó orientación sobre la validez de la actuación del Ledo. Edmundo Ayala Oquendo, quien el 3 de mayo de 1993 autorizó la Escritura Núm. 11 de testamento abierto en la ciudad de Cutler Ridge, Miami, Florida. Nos expuso su criterio de que conforme a la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 et seq.), un notario no está autorizado a ejercer la notaría más allá de los límites del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 21 de mayo de 1993 concedimos al licenciado Ayala Oquendo término para que compareciera y contestara las interrogantes expuestas por el Ledo. Govén D. Martínez Suris. Mediante una carta recibida el 3 de junio de 1993, el licenciado Ayala Oquendo aceptó haberse trasladado al es-tado de la Florida y haber otorgado dicha escritura donde figuraban bienes sitos en Puerto Rico. Alegó que por tra-tarse de bienes sitos en Puerto Rico había que cumplir con las solemnidades y leyes del Estado Libre Asociado, a tenor con el Art. 10 (31 L.P.R.A.. sec. 10).()

Señaló, además, “que aunque no hubo intención alguna de [e]ste servidor de violar ninguna Ley tampoco de causar daño a persona en el caso de epígrafe. Solo del [tjribunal entenderlo así, cometimos un error de juicio al interpretar las disposiciones legales”. Carta de 2 de junio de 1993, pág. 2.

I HH

En lo pertinente, el Art. 3 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, 4 L.P.R.A. sec. 2003, el cual regula todo el ejercicio del notariado en nuestra jurisdicción, expresa-mente dispone que:

[El]notario estará autorizado para ejercer su función en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Como vemos, no autoriza a ejercer la notaría más allá del Estado Libre Asociado.() Sólo dentro de esta jurisdic-ción estará facilitado para dar testimonio de fe y autenti-car documentos públicos conforme a las leyes aplicables. El ejercicio de esas funciones no trasciende las fronteras te-rritoriales de Puerto Rico.

Es obvio que el licenciado Ayala Oquendo carecía de au-toridad para actuar como notario en el estado de la Florida. En consecuencia, la escritura de testamento abierto es nula y carece de efecto jurídico en esta jurisdicción. No puede ser inscrita en el Registro de Testamentos.()

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

      (1) “Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los inmuebles a las leyes del país en que estén sitos.” 31 L.P.R.A. sec. 10.

      (2) Mediante Resolución de 14 de octubre de 1982, en In re Ramos L. Lloréns Santini, Núm. 5306; resolvimos que según la Ley Notarial de Puerto Rico, un notario no estaba autorizado a ejercer la notaría fuera del Estado Libre Asociado. En aquella ocasión, el licenciado Lloréns Santini había otorgado unos añdávit en la República Dominicana.

      (3) El testamento, como acto de última voluntad, ha de estar rodeado de las mayores garantías (ad solemnitatem) “funcionario autorizante, capacidad del testa-dor, características de los testigos, firmas y otros”. (Énfasis suplido.) Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565, 567 (1979).