author: PER CURIAM:

text:
      In re Iván L. Pagán, querellado.

      Número: O-83-825

      Resuelto: 31 de enero de 1985

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General; Iván L. Pagán, pro se.

   I

PER CURIAM:

La Oficina del Procurador General imputó al Lie. Iván L. Pagán haber actuado en “forma antiética y en abierta violación al Canon 9 de los de Ética Profesional por sus actuaciones en relación al Hon. Juez Ramírez (cuando ante él se litigaba el caso 80-1397 de Pagán, etc. v. Luquillo Panoramic [al] Development, Inc.) imputando parcialidad y perjuicio [sic] a dicho magistrado así como también haciendo otras alegaciones difamatorias en relación al desempeño de dicho magistrado en el citado caso, por el mero hecho de aquél tomar una decisión judicial con la cual no estuvo de acuerdo”.

Designamos al ex Juez Superior, Lie. José M. Aponte Ji-ménez, Comisionado Especial, con la encomienda de que reci-biera la prueba y nos rindiera un informe. Dicha prueba fue de carácter documental. Tenemos el beneficio del informe y los comentarios de las partes.

En lo pertinente, el Comisionado ha concluido, con apoyo en la prueba:

8. El 30 de junio de 1982 el querellado, por derecho propio y en representación de los demás demandantes del referido caso 80-1397, presentó en el tribunal de instancia una moción titulada “Moción Emplazamiento Edictos” por la cual soli-citó se ordenase el emplazamiento por edicto del Lie. José G. Izquierdo ya que éste se “oculta para no ser emplazado”. Acompañó con la moción una declaración jurada suscrita por el emplazador donde éste hace constar que habló personal-mente con el Lie. José G. Izquierdo, quien cotejó los “pape-les”, refiriéndose a la demanda y el emplazamiento, negán-dose a recibir los mismos. Señala además el emplazador en la declaración jurada que, con dicha conducta el Lie. José G. Izquierdo se oculta para no ser emplazado.
9. Por orden emitida en 12 de julio de 1982 suscrita por el Honorable Juez Angel D. Ramírez Ramírez del Tribunal Superior, Sala de Carolina, se declara sin lugar la moción solicitando se ordene el emplazamiento del Lie. José G. Iz-quierdo mediante la publicación de edicto. En ese sentido y en relación a la petición del querellado y la declaración ju-rada prestada por el emplazador se expresa el magistrado de la manera siguiente: “Es increíble lo indicado por el decla-rante a los efectos de que se fue sin diligenciar el emplaza-miento por que [sic] el Sr. José G. Izquierdo no quiso acep-tar la demanda y el emplazamiento. Deberá ser emplazada dicha parte personalmente.” [ (Énfasis nuestro.) ]
10. Como resultado de la resolución emitida por el Honorable Juez Ramírez Ramírez declarando sin lugar la moción solicitando se ordenase el emplazamiento del Lie. José G. Iz-quierdo por edicto, el querellado presentó una moción al tribunal de instancia recusando al Juez Ramírez Ramírez al amparo de la Regla 63.1 de las de Procedimiento Civil ale-gando prejuicio y parcialidad del magistrado.
11. En la vista sobre la inhibición o recusación del Juez Ramírez Ramírez, presidida por el Juez Juan A. Arill Miranda, el querellado, al ser requerido por el Juez Arill Miranda para que señalara los motivos por los cuales el Juez Ramírez’ Ramírez se debe inhibir del caso, manifiesta lo siguiente re-firiéndose al Juez Ramírez Ramírez: “... cuando se descorre el velo corporativo y el magistrado que nos ocupa se entera que hay unas ciertas personas en el caso y entonces, empieza a resolver en contra.” [(Énfasis nuestro.)] Advertido por el Juez Arill Miranda sobre la seriedad de las imputaciones, el querellado, refiriéndose a la resolución decretando el embargo preventivo de una propiedad de la demandada Luquillo Panoramical Development Inc. emitida por el Juez Alicea López y dejada sin efecto por el Juez Ramírez Ramírez a petición de la parte demandada, se ratifica en lo siguiente: “Lo que he dicho, Vuestro Honor, que una vez descorrido él velo corporativo, es que ocurre el cambio de resolución. En eso es lo que le estoy informando a Vuestro Honor. Una vez se descorre él velo corporativo y surgen unos nombres, es que se deja sin efecto una resolución que ya es final y firme del Juez Alicea.” [ (Énfasis nuestro.) ]
12. Requerido por el Juez Arill Miranda para que sustente sus expresiones formuladas en contra del Juez Ramírez Ra-mírez, el querellado alude a la resolución que fuera emitida por el referido juez dejando sin efecto la orden decretando el embargo preventivo dictada por el Juez Alicea López. Se-ñala además que: “... y todo lo que solicitamos lo declararon con lugar hasta tanto, en cuanto se enteró de que hay dos so-cios.” [ (Énfasis nuestro.) ] Preguntado por el Juez Arill Miranda sobre quiénes eran los dos socios afirma lo siguiente el querellado: “El Lie. José G. Pincho Izquierdo y el doctor José Pérez Arzola.” [(Énfasis nuestro.)] Continúa expre-sando el querellado lo siguiente, al referirse a la resolución del Juez Ramírez Ramírez declarando sin lugar la moción so-licitando el emplazamiento del Lie. Izquierdo por edicto: . y cuando recibo eso y habló de mi emplazador, increíble, una persona honesta que yo no la traje hoy porque estaba enferma con monga, poniéndola en tela de juicio, encubriendo una persona que se niega [a] recibir un emplazamiento y lo resaca”. [ (Énfasis nuestro.) ]
13. Al declararse sin lugar la moción de recusación el que-rellado presenta un escrito titulado “Moción Informativa” y formula la siguiente expresión, refiriéndose al Juez Ramí-rez Ramírez: “Lo más correcto en derecho es que magistrado se inhiba, no sólo a solicitud de parte, sino motus propio, [sie] de un caso donde jamás puede hacer justicia, ya sea porque tiene algún interés directo o indirecto en el mismo o no tiene la capacidad para entender el derecho.” Al escolio uno (1) de dicha moción señala el querellado que: “Me dice un compa-ñero de Humacao que Humacao está pagando la novatada”, refiriéndose al Juez Ramírez Ramírez quien según menciona en la misma moción ha sido reasignado a Humacao.
De la prueba documental estipulada por las partes y admi-tida por el Comisionado suscribiente no surgen elementos de prueba, fuera de las manifestaciones del querellado hechas durante la vista de recusación del Juez Ramírez Ramírez, que sostengan las imputaciones formuladas por éste en contra del Juez Ramírez Ramírez durante la vista de la moción de recusación, en adición a las señaladas por el propio que-rellado consistente en las resoluciones emitidas por el Juez Ramírez Ramírez dejando sin efecto la orden de embargo preventivo y declarando sin lugar la moción solicitando el emplazamiento por edicto al Lie. José G. Izquierdo respec-tivamente. (Escolios omitidos y énfasis nuestro.)

Además, el Comisionado, a solicitud del querellado Pagán consignó la siguiente determinación:

El 21 de diciembre de 1983 el Juez del Tribunal Superior, Sala de Carolina, Sr. Ismael O’Neill Rosa, dictó sentencia sumaria parcial a favor de la parte demandante en el caso civil número 80-1397, Iván L. Pagán y otros contra Luquillo Panoramical Development Inc. y otros imponiendo responsa-bilidad a Luquillo Panoramical Development Inc. por haber incumplido su obligación contractual para con la parte de-mandada [síc] consistente en dejar de instalar el servicio de agua potable en el proyecto Añoranzas de Cubuy.
La referida sentencia sumaria además, confirma la orden de embargo y prohibición de enajenar que había dejado sin efecto el Juez Sr. Angel D. Ramírez Ramírez y por último impone responsabilidad personal a los otros demandados del caso, Dr. Miguel Pérez Arzola y Lie. José G. Izquierdo, ac-cionistas de la referida Luquillo Panoramicál Development Inc., extendiendo, sin embargo, el plazo para emplazar al Lie. José G. Izquierdo. (Énfasis suplido.)

HH HH

La práctica de la abogacía exige hacia los tribunales constante respeto. Canon 9 del Código de Ética Profesional. Para reclamar derechos y solventar controversias no es menester lastimar la dignidad personal ni institucional de los miembros de la judicatura, como de ninguna otra persona. “La estatura moral e intelectual inherente al ejercicio de la abogacía impone un debate jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que lo degraden a vulgar diatriba.” García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321, 323 (1975). Las discrepancias con los dictámenes judiciales no es licencia para el lenguaje impropio e hiriente. “El comportamiento judicial que de alguna manera afecte los derechos de un . . . litigante puede llevarse al récord para la acción correctiva que proceda por un tribunal superior, a tenor con lo que deba ser un juicio imparcial y justo.” Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 124, 154 (1959). Razones de civilidad imponen esta sencilla norma.

El lenguaje escrito del querellado Pagán constituyó un ataque que trascendió los límites de lo forensemente permisible. De modo sutil y en ocasiones rayable en ofensas, puso en entredicho la honestidad y ecuanimidad del Juez Ramírez Ramírez. Cordero v. Rivera, 74 D.P.R. 586, 609 (1953).

Frente a dicha forma de postular el querellado Pagán jus-tifica su proceder a base de que subsiguientemente otro ma-gistrado, el Juez Hon. Ismael O’Neill Rosa, dejó sin efecto los dictámenes del Juez Ramírez Ramírez y oportunamente emi-tió sentencia a favor de su causa.

Su postura es insostenible. La búsqueda de la justicia no justifica medios reprobables. Ello es un principio universal tan hondamente cimentado que no requiere elaboración. Por sincero que fuera el sentimiento del querellado Pagán en cuanto a los méritos de su causa e incorrección del magistrado Ramírez Ramírez, ello no le daba derecho a desafiar con lenguaje selectivamente hiriente el curso procesal normal. La administración de la justicia del país se vería sumergida en el peligroso mar de los personalismos de prosperar la tesis que nos propone.

Concluimos que el licenciado Pagán violó el Canon 9 de Ética Profesional. En consideración a esa falta grave y previo historial, In re Pagán Hernández, 105 D.P.R. 796 (1977), procede que sea suspendido de la profesión por un término no menor de seis (6) meses. Transcurrido ese plazo deberá de-mostrarnos que es acreedor a la reinstalación.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    La Sociedad de Gananciales, compuesta por Alberto Arroyo y Gloria Haydée García, así como cada uno de ellos individualmente, demandantes y recurridos, v. José M. López Cintrón, demandado y recurrente.

      Número: R-84-454

      Resuelto: 31 de enero de 1985

      Antonio V. Santiago Droz, abogado del recurrente; Rafael S. Fuentes Rivera, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 6 de septiembre de 1981 el recurrente, Sr. José M. López Cintrón, le causó daños con su vehículo a la bicicleta de un menor, hijo del Sr. Luis E. Vega y de su esposa, doña Rosa M. Correa. El policía Alberto Arroyo, primo segundo de la señora Correa de Vega, le expidió días más tarde una citación al señor López Cintrón para que compareciera al Tribunal de Distrito, Sala de Peñuelas, en relación con el accidente. Mien-tras esto ocurría en el cuartel, el señor López Cintrón se diri-gió allí al agente Arroyo en alta voz, en presencia de varios ciudadanos, y exclamó : “Éste es un caso fabricado, yo sé lo que tengo que hacer y hasta donde tengo que llegar.” El recurrente repitió estas expresiones en casa de los padres del menor.

El señor López Cintrón fue denunciado por tres violaciones a la Ley sobre Vehículos y Tránsito y dos al Art. 118 del Có-digo Penal (injuria y calumnia). Fue absuelto de todos los cargos. Una de las denuncias por infringir la Ley de Tránsito se archivó en consideración a haber pagado el señor López $150 por los daños sufridos por la bicicleta. El señor López Cintrón se querelló a su vez ante la Superintendencia de la Policía, im-putándole al agente Arroyo persecución viciosa al radicarle las cinco denuncias. Tras la investigación administrativa corres-pondiente se determinó que la querella era inmeritoria y se exoneró al policía Arroyo por la Superintendencia. La ape-lación administrativa está pendiente.

El agente Arroyo demandó entonces por difamación al señor López. Tras el trámite correspondiente, el Tribunal Superior, por voz del Hon. Ramón E. Febus Bernardini, condenó al señor López a pagarle al señor Arroyo la suma de $15,000 por los sufrimientos y angustias morales y mentales sufridos por éste; $5,000 a la señora Arroyo por las angustias sufridas por ésta, más las costas y $2,000 por concepto de honorarios de abogado. El 9 de noviembre de 1984 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia recurrida.

La cuestión central que plantea el caso es si un agente de la Policía es, dentro del contexto de este litigio, un “funcionario público” para fines de precisar el ámbito de la libertad de ex-presión bajo las disposiciones del Art. II, Sec. 4 de la Consti-tución de Puerto Rico. La definición se rige por consideracio-nes de índole constitucional. El hecho de ser “funcionario” o “empleado” para otros propósitos jurídicos no es pertinente a esta indagación.

En Puerto Rico rige la doctrina, proveniente de New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), de que no es difamatoria la publicación de un informe falso o de comentarios injustificados concernientes a la conducta oficial de un funcionario público, a menos que la información fuera publicada maliciosamente, esto es, a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). Hemos señalado que es imprescindible que el demandado abrigue al menos serias dudas sobre la certeza de la publicación y que ello debe ser objeto de prueba clara y convincente. La malicia real nunca se presume. García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174, 180-181 (1978).

Para resolver si estas normas son aplicables a la situación presente hay que explorar su razón de ser. En New York Times Co. v. Sullivan, supra, sin desatender el vital objetivo de defender la reputación personal, se recalcó la necesidad del debate robusto y abierto sobre la cosa pública, debate que, según señaló el Tribunal, “bien puede incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente cortantes contra funcionarios gubernamentales y públicos”. (Traducción nuestra.) Pág. 270. En New York Times Co. v. Sullivan, supra, pág. 283 n. 23, el Tribunal estimó que no tenía ocasión de “determinar cuán abajo en los escalafones menores del Go-bierno podría alcanzar la designación de ‘funcionario público’ para propósitos de la regla . . .”. (Traducción nuestra.)

En Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966), el Tribunal comenzó esta exploración. Se afirmó allí que: “Cuando una posición gubernamental posee tal importancia aparente que el público tiene un interés independiente en las cualificaciones y ejecutorias del servidor público concernido, más allá del in-terés público general en las cualificaciones y ejecutorias de todos los empleados gubernamentales, ... se aplican los es-tándares de New York Times sobre malicia.” (Traducción nuestra.) Pág. 86. A continuación se añade: “La posición del empleado debe ser tal que invite el escrutinio público y la dis-cusión de la persona que la ocupe. .. .” (Traducción nuestra.) Págs. 86, 87 n. 13.

Tanto a la luz de Rosenblatt v. Baer, supra, como de las constituciones estatales concernidas, diversos tribunales han considerado la cuestión principal que nos ocupa. La abrumadora mayoría extiende a los agentes policiacos la doctrina de la malicia real. Véanse entre muchos otros: Smith v. Russell, 456 So. 2d 462 (Fla. 1984); Willis v. Perry, 677 P.2d 961 (Colo. App. 1983); Gray v. Udevitz, 656 F.2d 588 (10mo Cir. 1981); Shafer v. Lamar Pub. Co., Inc., 621 S.W.2d 709 (Mo. App. 1981); Moriarty v. Lippe, 294 A.2d 326 (Conn. 1972); Angelo v. Brenner, 406 N.E.2d 38 (Ill. App. 1980); Roche v. Egan, 433 A.2d 757 (Me. 1981); N.A.A.C.P. v. Moody, 350 So. 2d 1365 (Miss. 1977); La Rocca v. New York News, Inc., 383 A.2d 451 (N.J. 1978); Ethridge v. North Miss. Communications, Inc., 460 F. Supp. 347 (N.D. Miss. 1978) (policía encubierto); R. A. Smolla, Let the Author Beware: The Rejuvenation of the American Lato of Libel, 132 U. Pa. L. Rev. 1, 69 n. 332 (1983). Según se expresó en Gray v. Udewitz, supra, pág. 591:

. .. Street level policemen, as well as high ranking officers, qualify as public officials under the test of Rosenblatt v. Baer. . . . The cop on the beat is the member of the department who is most visible to the public. He possesses both the authority and the ability to exercise force. Misuse of his authority can result in significant deprivation of constitutional rights and personal freedoms, not to mention bodily injury and financial loss. The strong public interest in ensuring open discussion and criticism of his qualifications and job performance warrant the conclusion that he is a public official.

Las consideraciones citadas se aplican también a la reali-dad puertorriqueña. El agente policiaco en este pleito era un funcionario para fines del derecho de difamación. Estaba obli-gado en consecuencia a probar, lo cual no hizo, que las ex-presiones del recurrente fueron motivadas por malicia real.

Se habrá observado que al referirnos al agente poli-ciaco en el párrafo anterior añadimos la frase “en este pleito”. Ello se debe a que desde Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, este Tribunal ha ido desarrollando un enfoque funcional en este campo. Nuestra atención no se ha concentrado tanto en el análisis abstracto del status de la persona afectada como en el contexto específico en que se da la controversia: la natura-leza de la declaración alegadamente difamatoria, el auditorio a que se dirige, los intereses que se sirven o vulneran y la rela-ción funcional entre estos factores. Para la diferencia entre este enfoque y el tradicional, véase Smolla, op. cit, págs. 68-77. Las imputaciones formuladas en este caso atañen a la con-ducta de un agente de la Policía, asunto de reconocido interés público. Las manifestaciones se hicieron en el propio cuartel y ante la familia afectada por el accidente, siendo reiteradas luego, mas en querella formal ante la Superintendencia. La reputación de los agentes policiacos, así como la de otros fun-cionarios y empleados públicos, no está a la merced de todo género de ataque, mas en las circunstancias presentes, el in-terés en el libre flujo de información sobre el proceder de un empleado de tan crítica importancia para el bienestar público claramente prevalece, sobre otras consideraciones, con el freno que representa la doctrina de la malicia real.

Se expedirá el auto y se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente y se re-serva el derecho a emitir opinión al efecto en el futuro.

—0—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 1985

Aun cuando somos del criterio que las sumas de dinero con-cedidas por el tribunal de instancia en el presente caso deben ser modificadas por éstas ser “exageradamente altas”, Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975), nos vemos obligados a disentir de la sentencia revocatoria emitida.

Mediante la opinión suscrita por una mayoría de este Tribunal se resuelve, en primer término y sub silentio, que los principios establecidos —respecto a situaciones que envuelven libelo— en los casos de New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977); y García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978) son aplicables a unas manifestaciones verbales alega-damente calumniosas. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, se revoca la sentencia recurrida por cuanto adicio-nalmente se resuelve que el demandante recurrido, agente del orden público blanco de las imputaciones verbales, venía “obli-gado en consecuencia a probar, lo cual no hizo, que las expre-siones del recurrente fueron motivadas por malicia real”. (Op. Tribunal, pág. 117.)

r — I

Como expresáramos anteriormente, las decisiones antes citadas de New York Times Co. v. Sullivan; Torres Silva v. El Mundo, Inc.; y García Cruz v. El Mundo, Inc. son casos de libelo relativos a publicaciones periodísticas. Aun cuando es factible que los principios establecidos en dichos casos sean aplicables a manifestaciones verbales, ( ) nos parece altamente cuestionable la forma y manera —meramente de un “plu-mazo”— en que la presente decisión establece dicha norma.

En segundo lugar, entedemos que este Tribunal no viene obligado a resolver que le es aplicable a un humilde policía en Puerto Rico la “doctrina de la malicia real” por el mero hecho de que una “abrumadora mayoría” de tribunales pertenecien-tes a distintas jurisdicciones en Estados Unidos de América así lo hayan resuelto. Aparte de que dichos foros pueden estar equivocados y que las circunstancias entre nuestro Puerto Rico y los estados de la Unión Americana pueden ser totalmente distintas, la decisión que hoy se emite es contraria al “ideal de lograr un derecho propio o netamente puertorriqueño más atento a nuestras necesidades y aspiraciones”. Cf. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979); Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853 (1976); J. Trías Monge, La crisis del derecho en Puerto Rico, 49 Rev. Jur. U.P.R. 1, 9-19 (1980).

Por ello es que nos resulta difícil comprender cómo —mera-mente a base de la jurisprudencia citada en la decisión que hoy emite el Tribunal— un humilde policía raso destacado en un pueblo del interior de Puerto Rico puede alcanzar la caracte-rística singular de “figura pública” al grado que le sea apli-cable el criterio de malicia real.

Un sector de nuestra ciudadanía, cada día con mayor fre-cuencia, ha venido atentando contra la vida de los miembros de la Policía de Puerto Rico y asesinando a mansalva a un creciente número de ellos. La decisión que hoy emite este Tribunal desafortunadamente le hace el camino más fácil a aque-llos que, en adición, interesen “asesinar” la reputación de los miembros de la fuerza policiaca puertorriqueña.

II

Aún aceptando —exclusivamente a los fines de la argumen-tación— la corrección jurídica de los principios establecidos por la decisión que hoy se emite, las circunstancias partícula- res del presente caso no justifican la acción revocatoria de la sentencia recurrida. Los hechos aquí en controversia se re-fieren a una imputación sobre alegada “fabricación” de un caso por parte del policía demandante respecto a un accidente de un vehículo de motor conducido por el demandado recu-rrente con una bicicleta perteneciente a un hijo menor de un pariente de los codemandantes.

Dicha imputación de “fabricación” fue hecha por el deman-dado, no meramente con “serias dudas sobre la certeza” de la misma, García Cruz v. El Mundo, Inc., ante, pág. 181, sino con plena consciencia de que la imputación era falsa; hecho demostrado por la acción posterior del referido demandado al voluntariamente pagar por los daños sufridos por la bicicleta del menor; acción que dio base al archivo de una denuncia, “por transacción”, de un delito menos grave que pendía contra éste. ¿Acaso ello no es suficiente para demostrar “malicia real”?

III

La decisión de la cual disentimos no sólo revoca la senten-cia recurrida sino que desestima la demanda radicada. Ello, a nuestra manera de ver las cosas, resulta ser injusto con la parte demandante y con el tribunal de instancia. Somos del criterio que lo procedente es —bajo el supuesto de que la de-cisión emitida sea jurídicamente correcta y que la prueba antes mencionada no sea suficiente para demostrar “malicia real”— devolver el caso al tribunal de instancia para brin-darle una oportunidad a la parte demandante de presentar prueba, si es que la tiene, sobre la ahora requerida “malicia real”.

Los abogados que practican la profesión en Puerto Rico, por lo general, están sobrecargados de trabajo. Realizan un esfuerzo loable por “mantenerse al día” leyendo no sólo la jurisprudencia de este Tribunal sino toda aquella emitida por otros foros que tienen inherencia sobre nuestra vida jurídica. No le podemos pedir, sin embargo, que sean “adivinos”. A la fecha de la vista en sus méritos del presente caso a nivel de instancia, la jurisprudencia vigente era “distinta” a la esta-blecida por la decisión que emite ahora este Tribunal. La parte demandante cumplió con la jurisprudencia entonces vi-gente. Este Tribunal ha entendido procedente establecer un nuevo requisito respecto a esta clase de situaciones. Lo justo es brindarle una oportunidad a dicha parte demandante para que, si cuenta con dicha prueba, presente la misma. El no ha-cerlo representa una injusticia no sólo con la parte deman-dante sino que igualmente con el tribunal de instancia que resolvió el caso de acuerdo con el derecho entonces vigente.

Disiento, en resumen, no sólo porque somos del criterio que la norma establecida es errónea en derecho, sino porque aún en el supuesto de que dicha norma sea jurídicamente co-rrecta, la misma es aplicada erróneamente en el presente caso.

      (1)Véase H. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1980, págs. 18-23.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Pradco Caribe, Inc., querellada y recurrente, v. Luis Raúl Tapia y la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, querellantes y recurrida la segunda.

      Número: O-83-765

      Resuelto: 14 de febrero de 1985

      Lawrence Odell, de Colorado, Martínez, Odell, Calabria & Sierra, abogado de la recurrente; Leticia Rodríguez García, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Se plantea en el presente recurso si puede la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico retener jurisdicción en un cargo por práctica ilícita del trabajo contra un patrono dedicado al comercio interestatal en Puerto Rico, consistente dicho cargo en haber discriminado contra su empleado por haber éste presentado ante dicha Junta un previo cargo por violación de un derecho protegido por un convenio colectivo. Resolvemos que el hecho de que la Junta local tenga jurisdicción para entender en el cargo por violación del convenio no la autoriza a también mantener jurisdicción en el subsiguiente caso de práctica ilícita, asunto que compete a la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.

HH

El 24 de agosto de 1982 el empleado de Pradco Caribe, Inc., Sr. Luis Raúl Tapia, formuló ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, contra dicho patrono, un cargo por práctica ilícita basado en la alegada violación de la cláu-sula de antigüedad del convenio colectivo vigente. Posterior-mente el querellante adujo ante la Junta que con motivo de haber acudido ante ella y haber prestado declaración en cuan-to a la alegada violación del convenio, el patrono Pradco dis-criminó contra su tenencia del empleo. En consecuencia la Junta expidió querella contra Pradco en la que le imputó la práctica ilícita reconocida en el Art. 8(1) (h) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. see. 69(1) (h), que dispone:

(1) Será práctica ilícita de trabajo el que un patrono, ac-tuando individualmente o concertadamente con otros:
(h) Despida o discrimine de otra manera contra un em-pleado porque haya radicado cargos o haya suministrado in-formación o testimonio bajo las disposiciones de [esta ley].

Pradco impugnó la jurisdicción de la Junta y solicitó la desestimación de la querella. Se basó en que es una empresa dedicada a la fabricación de artículos electrónicos en el comer-cio interestatal () y que la jurisdicción exclusiva sobre el asunto corresponde a la Junta de Relaciones del Trabajo federal, creada por la National Labor Relations Act, 29 U.S.C. sec. 141 y ss. La Junta denegó su solicitud y Pradco recurrió a este Tribunal.

II

No hay controversia en cuanto a la jurisdicción de la Junta federal sobre la práctica ilícita imputada al patrono Pradco, por tratarse de una empresa dedicada al comercio interestatal, pues su volumen de negocios() la coloca dentro de los requisitos jurisdiccionales que a tal fin ha establecido dicha Junta. Véase The Developing Labor Law, 2da ed., págs. 1495-1497 (Morris ed. 1983).

La posición de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico es que al tener jurisdicción para adjudicar el cargo por violación del convenio colectivo, aunque se trate de un patrono dedicado al comercio interestatal, conserva su ju-risdicción para entender en la práctica ilícita que se originó como consecuencia de dicho cargo. Aduce que reconocer como práctica ilícita el discrimen contra el empleado por haber ins-tado cargos u ofrecido información o testimonio persigue el propósito de proteger sus fuentes de información y así poder llevar a cabo su función de tutelar las relaciones obrero-patro-nales y hacer que se logre la política pública laboral de Puerto Rico. Esta posición, sin embargo, no supera el escollo de que, en cuanto a dicha práctica ilícita respecta, el campo está ocu-pado por la ley federal.

A diferencia de la práctica ilícita basada en violación de convenio, que no está reconocida como tal por la ley federal —Junta Rel. del Trabajo v. I.L.A., 73 D.P.R. 616, 637 (1952); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R.S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 790 (1949)— la práctica ilícita consistente en discrimi-nar contra un empleado por presentar cargos o facilitar infor-mación o prestar testimonio contra su patrono está estatuida en ambas leyes, la federal y la estatal nuestra. Dispone la ley federal en su Sec. 8(a) (4), 29 U.S.C. see. 158(a) (4) :

Sec. 158. . . .
(a) . . . Será práctica ilícita de trabajo para un patrono—
(4) despedir o discriminar de otra manera contra un empleado porque ha radicado cargos o dado testimonio al amparo de esta [ley]; . . . (Traducción nuestra.)

En el caso del cargo por violación de convenio, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tenía jurisdicción contra el patrono Pradco no empece ser una empresa dedicada al comercio interestatal. () Es así, porque por no ser práctica ilícita bajo la ley federal, como hemos señalado, la Junta de Relaciones del Trabajo no ocupa el campo; y porque la ley federal confiere jurisdicción para entender en esos casos,tanto a las cortes de distrito federales como a los tribunales estatales, Dowd Box Co. v. Courtney, 368 U.S. 502 (1962), y se considera a la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, para esos fines, como si fuera un tribunal. Volkswagen de Puerto Rico, Inc. v. Pu[er]to Rico Lab. Rel. Bd., 454 F.2d 38 (1er Cir. 1972).

Cuando la práctica ilícita está estatuida en la ley federal, como es el caso de la que aquí nos ocupa, la jurisdicción para conocer de ella compete exclusivamente a la Junta de Relaciones del Trabajo federal bajo la doctrina del campo ocupado. Así, en San Diego Unions v. Garmon, 359 U.S. 236, 244-245 (1959), se expresa:

... It is essential to the administration of the Act that these determinations be left in the first instance to the National Labor Relations Board. . . . When an activity is arguably subject to Sec. 7 or Sec. 8 of the Act, the States as well as the federal courts must defer to the exclusive competence of the National Labor Relations Board if the danger of state interference with National policy is to be averted.

El caso de violación de convenio colectivo no es excepción a esta norma por no constituir, como hemos señalado, una práctica ilícita bajo la ley federal. Además, la propia ley federal, al conferir jurisdicción para estos casos a las cortes de distrito federales —Sec. 301(a), 29 U.S.C. sec. 185 (a) () — permite a los estados retener jurisdicción, Dowd Box Co. v. Courtney, supra. Vale señalar que tanto en una como en la otra jurisdicción los tribunales vienen obligados a aplicar el Derecho sustantivo federal. Textile Workers v. Lincoln Mills, 353 U.S. 448 (1957); Teamsters Local v. Lucas Flour Co., 369 U.S. 95, 104 (1962), donde se expresa: “[I]n enacting sec. 301 Congress intended doctrines of federal labor law uniformly to prevail over inconsistent local rules.”

El argumento de la recurrida de que su jurisdicción sobre la querella que nos ocupa es una consecuencia de su derecho a proteger sus fuentes de información pierde validez frente al hecho insuperable de que al adjudicarla vendría obligada a aplicar el Derecho laboral federal, aun si confligiere con la po-lítica laboral de Puerto Rico. Es una realidad de la que no podemos abstraernos.

Por los fundamentos expresados, se revocará la resolución recurrida.

Por regla de necesidad, intervienen todos los jueces de este Tribunal.

      (1)Adujo ser una empresa ubicada en Maunabo, Puerto Rico, que rea-lizó en su último año fiscal ventas, no al detal, que exceden de $8,053,675, ventas de su producto a Estados Unidos montantes a no menos de $7,774,484, y compras de materia prima a suplidores estadounidenses que ascienden a $1,560,287, lo cual acreditó mediante declaración jurada de su presidente y estado financiero certificado para los años de 1981 y 1982, que acompañó a su moción de desestimación.

      (2) Véase el escolio núm. (1), ante.

        (3)El Mundo, Inc. v. J.R.T., 92 D.P.R. 834 (1965); P.R. Telephone Co. v. J.R.T., 92 D.P.R. 257 (1965); P.R. Telephone v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 382 (1962).

      (4) Dispone:
      “Las acciones por violaciones de contratos entre un patrono y una orga-nización obrera que represente a los empleados de una industria que afecte al comercio según se define en esta [ley], o entre dichas organizaciones obre-ras, podrán incoarse en cualquier corte de distrito de los Estados Unidos con jurisdicción sobre las partes, sin considerar la suma en controversia o la ciu-dadanía de las partes.” (Énfasis suplido y traducción nuestra.)


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    WRC Properties, Inc., demandante y recurrida, v. Heriberto Santana y la Sociedad de Gananciales compuesta por éste y su esposa Elisa Cruz, demandados y recurrentes; Instituto de Modelaje Jalusan, Inc., tercera demandada y tercera demandante.

      Número: R-84-514

      Resuelto: 26 de febrero de 1985

      Juan F. Esteres, Juan A. Sánchez Rivoleda, R. Nilda Ponce Cancel, abogados de los recurrentes; Enrique Figueroa Llinas, y Bobo-nis, de Bobonis & Rodríguez Poventud, abogados de la recu-rrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El primero de diciembre de 1982 W.R.C. Properties, Inc. (WRC) arrendó al Instituto de Modelaje Jalusan, Inc., el local 2-C del Centro Comercial International Plaza. Comenzaría el 1ro de febrero de 1983 hasta el 31 de enero de 1988 para un total de cinco (5) años. Se estipularon los cánones mensuales de renta mínima anual, respectivamente en $29,007.04; $31,075.04; $33,143.04; $35,211.04; y $37,279.04. El Instituto asumió también el pago de los gastos de mantenimiento ascen-dentes a $100 la mensualidad. Además se pactó que en caso de que el Instituto abandonase el local voluntaria o involuntaria-mente, WRC podría reclamarle el pago de la totalidad de los cánones y otras partidas exigibles por el resto del término del contrato.

En la misma fecha en que fue suscrito este contrato, Herí-berto Santana —atribuyéndose por sí solo la representación de la sociedad de gananciales constituida por él y Elisa Cruz— otorgó una fianza a favor de WRC para garantizar solidaria-mente las obligaciones contraídas por Jalusan. Santana firmó el documento en dos espacios. Uno en su carácter personal, y el otro como representante de la sociedad conyugal Santana Cruz. El espacio provisto en el contrato para la firma de su esposa quedó en blanco.

Los términos de esa garantía traducidos al vernáculo son los siguientes:

GARANTIA
POR VALOR RECIBIDO, y como incentivo (“inducement”) para WRC PROPERTIES, INC., como Arrendador, para celebrar el contrato conmutativo de arrendamiento de fecha 1ro. de diciembre de 1982 con relación a cierto esta-blecimiento conocido como Southwest Córner (“Esquina Suroeste”) segundo piso, Ala “C” en el International Plaza Shopping Center, localizado en Isla Verde, Carolina, Puerto Rico, con el INSTITUTO DE MODELAJE JALUSAN, INC., como Arrendatario, los suscribientes incondicionalmente ga-rantizan él cumplimiento cabal y la observancia de todos los convenios, condiciones y acuerdos allí establecidos a ser cum-plidos y observados por el Arrendatario, sus sucesores o ce-sionarios, y expresamente se comprometen a que la validez de este acuerdo y las obligaciones del garantizador del mismo de ninguna manera se terminarán, afectarán o perjudicarán por razón de cualquier prórroga que el Arrendador le conceda al Arrendatario, o por razón de reclamación de parte del Arrendador contra el Arrendatario de cualquiera de los de-rechos o remedios reservados al Arrendador bajo las dispo-siciones del mencionado contrato de arrendamiento o por relevarse el Arrendatario de cualquiera de sus obligaciones bajo dicho contrato por aplicación de ley o por cualquier otro motivo (incluso, pero sin limitarse a, el repudio de dicho arrendamiento en relación con procedimientos bajo las leyes de quiebra que se aprueben ahora o en el futuro); los sus-cribientes por la presente renuncian a todas las defensas de garantía “suretyship”.) [()] Los suscribientes además con-vienen y acuerdan que esta garantía continuará en toda su fuerza y vigor en cuanto a cualquier renovación, modificación o prórroga de dicho arrendamiento, hayan o no recibido los suscribientes cualquier notificación o dado su consentimiento para tal renovación, modificación, o prórroga. Los suscribien-tes también acuerdan que su responsabilidad bajo esta ga-rantía será directa, y que en cualquier acción a la que el Arrendador tenga derecho bajo dicho arrendamiento, el Arrendador podrá, a su elección, proceder mancomunada o solidariamente contra los suscribientes y el Arrendatario, y podrá proceder contra los suscribientes sin haber comenzado ninguna acción contra el Arrendatario o haber obtenido sen-tencia contra éste. (Énfasis y traducción nuestros.) Exhibit I, pág. 59.

El 16 de junio de 1983 WRC instó acción de desahucio en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, (Civil Núm. 83-1492 (E)) por incumplimiento contractual de Jalusan, consistente en no haber satisfecho las mensualidades de mayo y junio de 1983. Jalusan no compareció y en rebeldía dicho foro decretó el desalojo e impuso $500 de honorarios de abogado. La sen-tencia fue debidamente ejecutada.

El 2 de septiembre de 1983 WRC demandó a Heriberto Santana y la sociedad legal de gananciales compuesta por él y su esposa Elisa Cruz para reclamarles el cobro de varias parti-das como fiadores solidarios. Los esposos Santana Cruz presen-taron demanda de tercero contra Jalusan. Ésta reconvino contra WRC en reclamación de daños por alegado incumplimiento de contrato.

Oportunamente WRC solicitó y obtuvo sentencia sumaria del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que le adjudicó la res-ponsabilidad absoluta a la sociedad Santana Cruz con arreglo a las cláusulas del contrato. Se les condenó a pagar $162,455.34 que se desglosan así: “a) $158,572.59 por concepto de renta mínima garantizada durante el término del contrato. A dicha suma hay que restarle la cantidad de $2,417.25 dada en cali-dad de depósito por Jalusan, para un total neto de $156,155.84; b) $5,800.00 por concepto de cuotas de mantenimiento, y (c) $500.00 por concepto de honorarios de abogado.” Además les impuso intereses legales a partir de la sentencia, costas y $3,500 adicionales para honorarios de abogado.

Inconformes los esposos Santana Cruz solicitaron revisión. WRC formuló oposición. Resolvemos al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

rH HH

Los planteamientos de los recurrentes son: (a) que no pro-cedía la sentencia sumaria que adjudicó su responsabilidad sin previamente pasarse juicio sobre la reconvención de tercero, lo cual esclarecería el grado, si alguno, de su responsabilidad; (b) que la imposición de responsabilidad a la sociedad Santana Cruz es contraria a derecho, y (c) que WRC no les ofre-ció ninguna oportunidad de cumplir con la obligación antes de dar por terminado el contrato, y esa actuación puso en movi-miento la aplicación sistemática de una cláusula penal, a jui-cio de ellos injusta, opresiva y desproporcionada que justifica un remedio en equidad “para frenar el predominio absoluto de la voluntad a una más justa proporción al grado de culpa y la dimensión del perjuicio ocasionado”.

El tribunal de instancia optó por dar curso a la sentencia sumaria, a base de estimar que procedía como cuestión de derecho. En lo que respecta a la cuestión procesal —en ausen-cia de controversia real de hechos que impidan usar ese meca-nismo— habremos de respetar esa decisión con miras a evaluar los méritos sobre la responsabilidad de los recurrentes.

HH t — i

Una vez mas debemos fijar los limites de las obligaciones de una sociedad legal de gananciales por actos unilaterales de uno de sus miembros. Nuestras decisiones recientes en Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591 (1984) y Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70 (1982), constituyen sólidos pre-cedentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza.

La complejidad del asunto, según manifestada en esos casos, dimana del Art. 1308 del Código Civil, () dispositivo de que serán de cargo de la sociedad de gananciales “ [t] odas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges”. 31 L.P.R.A. see. 3661. Dicha re-dacción, del 1976, intentó equiparar la posición y participación de la mujer en la sociedad legal de gananciales. Sin embargo, el citado Art. 1308 no satisfizo el ideal de igualdad que como intención clara animó a la Asamblea Legislativa. Su redac-ción, formulada sobre el anterior precepto cuyo texto contem-plaba que “[t]odas las deudas y obligaciones contraídas du-rante el matrimonio por el marido” “ [s] erán de cargo de la so-ciedad [legal] de gananciales”, contribuyó a perpetuar un lenguaje desorientador del remedio legislativo perseguido de superar el anacronismo histórico existente, producto de una época en que sólo se reconocían facultades de administración y representación al marido. Bajo esa visión, era lógico presumir que todas las deudas y obligaciones, vigente el matrimonio, se atribuyeran a la sociedad, en función a la “incapacidad” de la mujer como sujeto de derecho para contratar a nombre de esa entidad. Ello explica la técnica adjudicativa anterior basada en la distinción, más aparente que real, entre actos de dispo-sición y obligación. El primero requería el consentimiento de ambos cónyuges, el segundo no, porque sólo había un sujeto capaz: el marido. De manera que, la capacidad de “obligar” a la sociedad por la conducta individual de un solo cónyuge tenía como basamento peculiar la desigualdad de las partes que integraban la entidad conyugal. Cuando el legislador puer-torriqueño en el 1976 reformuló el lenguaje del Art. 1308 a la conducta individual de cualesquiera de los cónyuges suscitó un vacío estatutario que generó varias interrogantes: ¿Podría un cónyuge contratar a nombre del otro que poseía iguales ca-pacidades de administración y representación? ¿Eran distin-guibles los actos de obligación del Art. 1308 de los del 1313? () ¿Correspondía esa dicotomía a una distinción entre derecho de carácter crediticio que no requería el concurso de ambos cón-yuges, vis-a-vis una obligación de carácter real cuando se su-jetaban bienes muebles o inmuebles en garantía que presupo-nían una actuación conjunta?

Un examen cuidadoso de los referidos artículos refleja que ambos incluyen actos de obligación. El Art. 1308 trata sobre una obligación genérica de contenido patrimonial que confiere un derecho de crédito al acreedor contra el patrimonio del deu-dor, ejecutable por la vía forzosa en caso de incumplimiento. Como tal, el obligado responde con todos sus bienes presentes y futuros a tenor con el Art. 1811 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5171. Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, 115 D.P.R. 703 (1984); A. Gullón Ballesteros, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XXIV, pág. 662 y ss.; J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 928-929; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, T. 1, Vol. II, págs. 5-27.

La redacción del Art. 1313 reproduce una obligación a tí-tulo oneroso sobre los bienes muebles e inmuebles de la socie-dad, en particular, aquella que confiere un derecho real sobre el objeto que se ofrece en garantía. De no ser así, el contenido del concepto de obligación en ambos artículos sería idéntico, conclusión que suscitaría una extraña e inexplicable contradic-ción legislativa. ¿Cómo se puede, de un lado, proteger a los cónyuges de actos de obligación directa cuando se sujeta un bien en específico y del otro, proclamar su indefensión por actos de obligación indirecta como lo son aquellos que compro-meten todo el activo patrimonial de la sociedad?

Estas interrogantes penetraron prontamente el recinto judicial y dieron paso a los primeros importantes pronunciamientos tendentes a una máxima protección a los cónyuges. Así, atribuyéndole un sentido de regla general proclamamos que el inciso primero del Art. 1308 estaba supeditado a “la doctrina del provecho común o de la ausencia de fraude como limitación al carácter ganancial de [la] deuda”. Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, supra, pág. 76. De ahí evolucionamos el principio de que la presunción de ganancialidad deri-vada del Art. 1308 no tenía el alcance de imponer responsabi-lidad individual primaria y solidaria a los cónyuges. Pauneto v. Núñez, supra. De estas decisiones se desprenden las siguien-tes normas como criterios de aproximación judicial: (1) la deuda u obligación debe servir a un interés de la familia y no estar predicada en un ánimo fraudulento u oculto de perjudi-car a uno de los cónyuges; (2) la carga de la prueba reposa en el cónyuge o la sociedad de gananciales que niegue responsa-bilidad. Esa carga puede invertirse con facilidad “ [s] i tal cón-yuge demuestra prima facie no haber recibido beneficio al-guno de la obligación contraída, entre otros casos, se invierte la prueba”, y (3) una vez controvertida la presunción, la res-ponsabilidad de la sociedad legal de gananciales es subsidiaria, previa excusión de bienes conforme lo dispuesto en el Art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3663.

Estas normas corresponden a un adecuado balance de inte-reses entre el principio de igualdad de los componentes de la entidad conyugal y el de la seguridad y facilidad del tráfico comercial frente a terceros. Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, supra, pág. 78. Sin embargo, su aplicabilidad imperativa-mente dependerá de los hechos particulares de cada caso. Exa-minemos el que nos ocupa.

Los autos reflejan incontrovertidamente que la obligación no es ni presuntiva ni concluyentemente ganancial. El contrato de arrendamiento nada tenía que ver con la sociedad Santana Cruz. Versaba sobre una entidad corporativa ajena a dicha entidad conyugal. Santana no podía obligar, como tal, a la sociedad ni personalmente a su cónyuge. De ser así se lesionarían irremediablemente los derechos inherentes a la personalidad de su esposa, que ante la ley goza plenamente de igualdad de facultades de obligación y disposición.

El acreedor WRC estaba consciente de la existencia de la sociedad de gananciales. Al aceptar únicamente la firma de Santana limitó los términos de su garantía a la sola persona del cónyuge compareciente. Sus propios actos constituyen un impedimento para dirigir la causa de acción contra dicha en-tidad conyugal y la señora Cruz. Reiteramos que la protección del tráfico jurídico descansa en un estricto desconocimiento, bona fide, del status civil de la persona obligada. Un mínimo de diligencia, que se traduce en un deber jurídico insoslayable del acreedor de inquirir al obligado sobre este extremo, le brin-daría protección adecuada. No existe otra solución. Recuér-dese, que la capacidad de administración y representación ex-clusiva de uno de los cónyuges sólo puede ser conferida en virtud de un mandato expreso del otro cónyuge. Arts. 91 y 93 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 284 y 286. Aquí no existió. Erró el tribunal sentenciador al imponer responsabilidad a la sociedad legal de gananciales Santana Cruz. Sólo puede sub-sistir responsabilidad por la garantía en cuanto al Sr. Heriberto Santana en su carácter particular.

IV

Réstanos considerar el ámbito de responsabilidad del recu-rrente Santana como fiador solidario.

De inmediato debemos aclarar que las figuras del deudor solidario y fiador solidario no son sinónimas. Hace dos décadas, en Carr v. Nones, 98 D.P.R. 236, 240-241 (1970) las estudiamos a fondo. Allí, invocando la doctrina española, resolvimos que el fiador solidario, salvo haber renunciado al privilegio de la excusión de bienes, una vez hecho el pago, conserva contra el deudor principal todos los derechos inherentes a la naturaleza del contrato de fianza, sin estar sujeto a las limitaciones propias del codeudor solidario.

Es en este contexto que procedemos a evaluar la respon-sabilidad de Santana como fiador solidario conforme a los tér-minos del contrato.

En primer término, una lectura integral del mismo refleja que renunció a ser notificado y a las defensas ordinarias que como fiador podía invocar. Se estipuló además una cláu-sula penal en caso de incumplimiento de la prestación debida. Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344, 348-352 (1982); R. C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163, 166-170 (1974). Esta última sustituye la indemnización de daños y abono de intereses. Art. 1106 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3131. Por otro lado, la doctrina tiende a inclinarse a sostener que el fiador que expresamente garantiza una obligación principal está subordinado al cumpli-miento de una cláusula penal. Lo determinante son los térmi-nos de la garantía que reflejan la intención de las partes. Art. 1726 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4876;() V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Jaén, España, Ed. Rev. Der. Privado, 1979, T. XXIII, págs. 96-97; Manresa, op. cit., págs. 340-341; A. Kemelmajer de Carlucci, La Cláusula Penal, Buenos Aires, Eds. Depalma, 1981, pág. 84; M. Albaladejo García, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, T. XV, Vol. 2, págs. 464-465; J. M. Lobato De Blas, La cláusula penal en el Derecho español, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1974, págs. 128-130.

En el caso de autos, indubitadamente, el fiador solidario Santana se obligó expresamente al fiel cumplimiento de todas las condiciones del contrato principal, que incluía la cláusula penal.

En cuanto al alcance de esa cláusula penal nuestra interpretación jurisprudencial la mira con criterio restrictivo según enunciado por la doctrina española como corolario del principio favor debitoris. Albaladejo, op. cit, págs. 462-465. No podemos olvidar que la equidad dimanante del Art. 1108 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3133, faculta a un tribunal en su amplitud de remedios, inclusive a limitar el derecho in-herente de una parte a resolver una obligación con cláusula penal. A su vez permite moderar la pena cuando la despropor-ción entre la infracción del contrato y la pena convencional es evidente. Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, supra, pág. 352.

A la luz de todas las circunstancias presentes, habiendo optado el acreedor por resolver la obligación principal y el local arrendado, debemos atemperar el impacto de la cláusula penal convenida a tono con la índole del incumplimiento de la obligación principal y la intensidad del perjuicio ocasionado: falta de pago de dos cánones de renta correspondientes al cuarto (4) y quinto (5) mes de comenzada la relación arren-daticia. “El parámetro para proceder a la reducción es, como se observa, el perjuicio realmente sufrido, al ser menor, me-nor debe ser la cuantía de la pena.” A. Orti Vallejo, Nuevas perspectivas sobre la cláusula penal, 85 Rev. Gen. Leg. Jur. 281, 317 (1982).

Concluimos que el monto total de la renta mínima repre-sentativa de diez y ocho (18) meses satisface justicieramente el balance de intereses económicos en conflicto. También será reducida, en igual proporción, la suma de $5,000 por concepto de gastos de mantenimiento a la cantidad de $1,800, y los honorarios a $1,500.

Se dictará sentencia y se modificará la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, según antes expuesto. Así modificada, subsistirá en sus restantes pronunciamientos. Continuarán en el foro de instancia los procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

      (1) Sobre el particular, un reputado comentarista español, en términos de una visión de Derecho comparado, ha expresado que:
      “Conviene mencionar que, en Derecho angloamericano, con la palabra suretyship se indica el vínculo personal que contrae quien se obliga a pagar al acreedor de la misma manera que si la deuda fuera del propio surety. Los derechos del acreedor contra el principal deudor y contra el obligado en garantía de la misma deuda son idénticos. En cambio, con la palabra guaranty se indica el vínculo que contrae quien se obliga a pagar la deuda del principal obligado, si éste no lo hace. Las obligaciones del surety son las que resultan del mismo contrato entre acreedor y deudor principal; las del guarantor son las que resultan del contrato que él mismo ha celebrado como obli-gado con carácter secundario.” J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil, contratos en particular, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. 2, Vol. 2, pág. 619 n. 42.

      (2)En España, el hoy Art. 1367 equivalente evolucionó en forma con-sistente con la igualdad de los cónyuges promulgada. Reza: “Los bienes gananciales responderán en todo caso de las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro.” J. L. de los Mozos, Comentarios al Código civil y compilaciones f orales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XVIII, Vol. 2, pág. 299.

      (3) Disponen, en parte:
      “Serán de cargo de la sociedad de gananciales:
      “1. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges. . . .” (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. see. 3661.
      “No obstante lo dispuesto en la see. 284 de este título, ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a titulo oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.” (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. see. 3672.

      (4)Manresa en su interpretación sostiene que: “[l]a responsabilidad del fiador, conforme a este precepto, se extiende incluso a los intereses por razón de mora del deudor. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, declarando que subrogado el fiador en el lugar del deudor para hacer efectiva la obligación principal contraída, cuando éste no la cumple, responde no sólo de aquélla, sino también de sus consecuencias legales, una de ellas, en concepto de in-demnización de perjuicios. . . .” J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 341. Véase Benero v. Alvarado et al., 39 D.P.R. 778, 784 (1929).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Roberto Ortiz Martínez, acusado y apelante.

      Número: CR-83-51

      Resuelto: 26 de febrero de 1985

      Felipe Cirino Colón, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado del apelante; Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Doris Zoé Pons Pagan, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, fueron radicados dos (2) pliegos acusatorios mediante los cuales el Ministerio Público le imputó al aquí apelante Roberto Ortiz Martínez y al coacusado Daniel Cruz Rodríguez dos (2) supuestas infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico() por hechos alegadamente cometidos mientras actua-ban en concierto y de común acuerdo entre sí en Santurce, Puerto Rico, el día 10 de septiembre de 1982.()

No habiendo mediado una solicitud formal de juicio por separado, () se les juzgó conjuntamente. El proceso criminal celebrado tuvo una duración de dos (2) días. En el primero de ellos, se procedió a la desinsaculación del jurado que había de intervenir en el mismo. En la sesión de la mañana del se-gundo día el Ministerio Fiscal, luego de exponer su teoría a los señores del jurado, sentó a declarar un solo testigo de cargo, el policía estatal Héctor L. Ortiz Santos.

El referido agente del orden público declaró —según el re-sumen que de su declaración hace el propio apelante en el alegato que ha radicado— que como a las 2:00 P.M. del día de los hechos, encontrándose de patrulla junto a otro agente en un auto oficial rotulado, recibió una llamada por el radio-teléfono de la patrulla a los efectos de que había dos (2) indi-viduos en “actitud sospechosa” frente a un establecimiento comercial localizado en la esquina de la Calle Colomer con la Avenida Ponce de León, de la Parada 16, Santurce, Puerto Rico, brindándoseles una descripción detallada tanto del físico como de la vestimenta de los mismos; que al acercarse al lugar pudieron notar que en el referido sitio efectivamente se en-contraban dos (2) individuos que correspondían a la descrip-ción recibida, quienes se encontraban parados “con distancia entre uno y otro”, los cuales no estaban conversando entre sí y quienes, a su percepción, no estaban cometiendo delito alguno en su presencia; que ambos individuos, al notar su presencia, echaron a correr procediendo ellos a seguirlos en la patrulla; que al acercarse a la intersección de la Calle Colomer con la marginal de la Avenida Baldorioty de Castro, el individuo que resultó llamarse Daniel Cruz Rodríguez sacó y tiró al pavi-mento una pistola y, más adelante, el otro individuo (el aquí apelante) tiró al pavimento una máscara o careta; que luego de ocupar los objetos antes mencionados, procedieron al arresto de ambos individuos al éstos detenerse y levantar las manos al encontrarse con un segundo vehículo que transitaba en dirección contraria a la que los referidos individuos corrían, acción que aparentemente se debió a éstos creer que las per-sonas que viajaban en ese segundo vehículo también eran agentes de la Policía de Puerto Rico. El referido testigo de cargo “identificó” una pistola Colt, calibre 45, un “peine” con-teniendo ocho (8) balas y una máscara o careta (de las cono-cidas como ski mask) de tela tejida como los objetos que fueron arrojados al pavimento por los coacusados y ocupados por ellos el día de los hechos, los cuales objetos fueron ofre-cidos en evidencia por el Ministerio Fiscal.

El tribunal de instancia, luego de escuchar en ausencia del jurado los argumentos esgrimidos por los abogados de defensa en contra de la admisibilidad de dichos objetos, pro-cedió a admitirlos en evidencia. En ese momento —y todavía en ausencia del jurado— el coacusado Daniel Cruz Rodríguez personalmente y por medio de su abogado, procedió a renun-ciar a su derecho a juicio por jurado y a declararse culpable de los delitos imputados; renuncia y alegación que, luego del examen de rigor, fueron aceptados por el tribunal de instancia. En la sesión de la tarde, () habiendo el aquí apelante ejerci-tado su derecho a no presentar prueba de defensa y luego de que las partes consumieron sus respectivos turnos de informe a los señores del jurado, el tribunal de instancia impartió las instrucciones correspondientes a éstos, retirándose el jurado a deliberar. Es de rigor enfatizar que a pesar de que el foro de instancia no impartió en su totalidad unas instrucciones especiales conforme éstas fueron solicitadas por la defensa, esta manifestó para récord el estar satisfecha con las instruc-ciones impartidas por el tribunal a los señores del jurado. ()

Inconforme con el veredicto de culpabilidad que rindiera el jurado que intervino en el caso y sentenciado que fuera por el tribunal de instancia a cumplir una pena de tres años de presidio y seis meses de cárcel, respectivamente, por violación a los delitos del Art. 8 y Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, el apelante radicó el correspondiente recurso de apela-ción. En el mismo le imputa al tribunal de instancia la su-puesta comisión de tres (3) errores, a saber:

A. Erró El Tribunal De Instancia al Denegar La Moción De Supresión De Evidencia y Admitir Los Objetos Cuya Ocu-pación Fue Producto De Una Intervención Ilegal e Irra-zonable Por Parte De La Policía.
B. Erró El Jurado Al Encontrar Culpable Al Apelante Con Prueba Insuficiente Para Su Convicción Más Allá De Duda Razonable.
C. Erró El Tribunal Sentenciador Al Denegar Transmitir Al Jurado Instrucciones Especiales Solicitadas Oportuna-mente Por La Defensa Del Apelante.

HH

En apoyo del primer señalamiento de error, argumenta el apelante, () en síntesis, que, no habiendo él y su acompañante estado cometiendo delito público alguno al estar parados en el sitio en que fueron observados originalmente por los agentes del orden público, ni constituyendo delito alguno el hecho de haberse ido corriendo del referido lugar, la acción de los agen-tes al seguirlos en la patrulla fue una ilegal y, en su conse-cuencia, los “frutos” de la misma (la pistola y la máscara) no son admisibles en evidencia. No le asiste la razón. Veamos por qué.

La Policía de Puerto Rico, en protección de la ciudadanía en general, tiene perfecto derecho a patrullar las vías públicas de nuestro país. Como corolario de ese derecho, tiene la obligación de investigar toda llamada telefónica recibida o información brindada por dicha ciudadanía referente a posible actividad delictiva. Los dos agentes del orden público envueltos en el presente caso, en cumplimiento de su deber, así actuaron. Al acercarse al lugar específico indicado no sólo pudieron corroborar la presencia de dos individuos que respondían exactamente a la descripción brindada, sino que pudieron percatarse del hecho singular adicional de que estos individuos, al notar la presencia del auto patrulla, comenzaron a correr a la misma vez y en la misma dirección. Si bien es cierto que, hasta ese momento, las circunstancias apuntadas no eran suficientes para proceder al arresto de dichas personas al amparo de las disposiciones de la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal, no es menos cierto que dichas circunstancias, por ser altamente peculiares, exigían que los referidos agentes del orden público continuaran la gestión investigativa legítima comenzada, sobre todo cuando consideramos que su actuación se limitó a seguir a los individuos en su patrulla por una vía pública en la investigación de la confidencia recibida. Cf. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

Procede destacar, por último, que la intervención con la persona en sí de los individuos sólo ocurre una vez los agentes del orden público tienen “motivos fundados” para arrestarlos; esto es, una vez los funcionarios públicos se percatan de la portación, por parte de uno de ellos, de un arma de fuego en la vía pública. Véase Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982). En cuanto a la “ocupación” propiamente de la evidencia aquí objetada —la pistola y la máscara— baste recordar que la garantía constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre la incautación de una evidencia que es abandonada o arrojada por una persona a la vía pú-blica. Pueblo v. Saura Gómez, 90 D.P.R. 801 (1964); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969).

HH

Mediante el segundo señalamiento de error —referente a la suficiencia de la prueba— el apelante sostiene que “la pose-sión y transportación del arma en cuestión solamente puede imputársele al coacusado Daniel Cruz” en vista de que él nunca tuvo la “posesión física del arma ocupada”, que la prueba de cargo no lo “relaciona” con el referido coacusado al momento de ser observado por los agentes mientras se en-contraba frente a la vidriera del establecimiento comercial, y que no “se establecieron hechos de los cuales se pudo haber inferido que [él] sabía que el coacusado estaba en posesión y portaba un arma de fuego”.

Sabido es que la “mera presencia durante la comisión de un delito no es suficiente por sí sola para sostener una convicción, [citas], pero este hecho puede considerarse conjuntamente con las otras circunstancias que rodean el hecho delictivo a los fines de la determinación de responsabilidad, [cita]. No es indispensable, pues, que el acusado ejecute personalmente el acto delictivo y basta con su presencia pasiva, siempre que su responsabilidad como co-autor pueda establecerse por actos anteriores, o como el resultado de una conspiración en que participó, [citas], o de un designio común”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 519-520 (1961). Debe mantenerse presente que el elemento de “concierto y común acuerdo o designio común”, como cualquier otro hecho en controversia, puede ser establecido mediante prueba indirecta o circunstancial, Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977), y que la evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa. Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380 (1966).

No está en controversia el hecho de que el coacusado Daniel Cruz, al estar portando sobre su persona un arma de fuego sin tener las correspondientes licencias de posesión y porta-ción, estaba cometiendo el día de los hechos dos delitos públicos. Ahora bien, en vista de que la prueba presentada por el Minis-terio Fiscal durante el proceso celebrado es a los efectos de que el aquí apelante nunca tuvo la 'posesión física del arma de fuego, el hecho en controversia a resolver es si la prueba des-filada establece más allá de duda razonable que la posesión y portación de la referida arma de fuego por parte del co-acusado Daniel Cruz era el producto o resultado, o formaba parte, de actuar en concierto y de común acuerdo o designio común por parte de los dos coacusados, en cuyo caso los actos del coacusado Daniel Cruz le son imputables al aquí apelante, el cual, en su consecuencia, responde criminalmente de la co-misión de los mismos. No obstante no contar con prueba directa sobre el referido designio común, un análisis ponderado y sereno de toda la prueba presentada y admitida durante el proceso celebrado —la cual fue creída por los señores del ju-rado que intervinieron en el mismo— nos convence de que ello así quedó establecido mediante prueba circunstancial al efec-to, () la cual, como sabemos, es “aquella que tiende a demos-trar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual —en unión a otros hechos ya establecidos— puede razonable-mente inferirse el hecho en controversia”. (Énfasis su-plido.) ()

A pesar de que la prueba demuestra que los coacusados, al ser observados por primera vez por los agentes, se encontraban un tanto separados el uno del otro y no estaban conversando entre sí, es un hecho innegable que el apelante se encontraba en el lugar. Es correcto que ese hecho por sí solo no es suficiente para inferir un concierto y común acuerdo. Ahora bien, somos del criterio que los hechos que a partir de ese momento se suceden, tomados y considerados en conjunto, son suficientes para inferir más allá de duda razonable el concierto y común acuerdo en controversia. En primer lugar, ambos coacusados comienzan a correr a la misma vez y en la misma dirección al percatarse de la presencia del auto de pa-trulla. En segundo lugar, tenemos que en plena carrera el coacusado Cruz se desprende de un arma de fuego y, casi co-etáneamente, el aquí apelante arroja al pavimento una “máscara o antifaz”. Resulta pertinente señalar que dicha “máscara” está hecha de un material fuerte que cubre total-mente la cabeza, el rostro y el cuello de la persona que la utiliza, dejando únicamente al descubierto unos pequeños es-pacios para los ojos y la nariz de la persona. Es un artículo que se utiliza por algunas personas para protegerse del frío intenso en aquellos países en que la temperatura durante los meses de invierno alcanza grados o niveles de congelación. Comúnmente es utilizado por las personas que se dedican al deporte de esquiar sobre nieve; de ahí su nombre de ski mask en el idioma inglés. Dicha “máscara”, en su consecuencia, no tiene propósito práctico alguno en Puerto Rico, () a no ser el de evitar que se conozca la identidad de la persona que la utiliza, propósito de ordinario relacionado con actividades ilí-citas. Por último, tenemos el hecho de que ambos coacusados, al unisono, se detienen y levantan sus brazos —señal o gesto de personas que se están “entregando o rindiendo”— al acer-cárseles un segundo vehículo de motor ocupado por varias personas que transitaban en dirección contraria a la que ellos corrían; acción indicativa, bajo los hechos particulares del presente caso, de una consciencia culpable. Estas circunstan-cias constituyen base suficiente de la cual se puede inferir más allá de duda razonable el hecho en controversia en el presente caso, esto es, que la posesión y portación del arma de fuego era el producto de un concierto y común acuerdo, según ello fue alegado en los pliegos acusatorios que radicara el Ministerio Fiscal.

H-n HH

Mediante el tercer señalamiento de error se le imputa al tribunal de instancia el incidir “al denegar transmitir al jurado instrucciones especiales solicitadas oportunamente por la defensa del apelante”. (Énfasis suplido.) Dicho señala-miento se refiere a la solicitud por parte de la defensa de las siguientes:

INSTRUCCIONES ESPECIALES
La acusación en este caso imputa a los acusados que obra-ron en concierto y común acuerdo para tener y poseer una pistola.
El concierto y común acuerdo significa una unión de volun-tades en concierto para cometer un acto ilegal.
Esta unión de voluntades tiene el deber el Ministerio Pú-blico de probarla con prueba de actos obstativos previos a la ocupación del arma en poder o lanzada por un acusado para poder imputarle al otro acusado el mismo delito.
El acto de correr no es suficiente acto obstativo como para imputarle un delito a un ciudadano.
Diferente sería si el acto de correr es a raíz de haberse cometido un delito, lo cual no es el caso aquí.
En este caso se presentó en evidencia, como prueba una declaración del policía en la que hace referencia a otro acu-sado en este proceso.
Dicha evidencia podrá considerarse solamente en relación con el acusado a que se refiere el policía y no podrá consi-derarse en relación al acusado Roberto Ortiz Martínez.
Su veredicto en cuanto al acusado Roberto Ortiz Martínez debe de ser rendido como si él hubiese sido juzgado separada-mente.
Si la unión de voluntades de los acusados no se demos-trara, entonces la responsabilidad habrá de recaer sobre aquel que la realizó por sí solo.
En este caso desfiló prueba en un juicio contra dos acu-sados pero en este momento ustedes van a determinar la culpabilidad o inocencia de un solo acusado y ustedes no están en la obligación de rendir el mismo veredicto contra este acu-sado que el que hubiesen rendido contra el otro acusado que no está presente.
Ustedes deben resolver de acuerdo con la apreciación de la prueba, en cuanto a cada acusado en particular y en virtud de ello apreciar y determinar la inocencia o culpabilidad de cada acusado por separado.
En este caso se le imputa a Roberto Ortiz Martínez la po-sesión y transportación de un arma que estaba en posesión y era transportada por otro acusado que no está aquí presente.
La posesión y transportación de un arma de fuego puede ser imputada a otro acusado cuando han mediado hechos constitutivos de delito y el acusado que no transportaba ni poseía el arma toma parte directa o indirectamente en la comisión de un delito.
En ausencia de actos previos por parte de un acusado en que estuviese envuelta el arma ocupada, sólo procede imputar la transportación y posesión al que de hecho la transportaba y poseía y no al otro acusado.
La policía sólo tiene derecho a intervenir con un ciudadano en ausencia de orden de arresto cuando se comete un delito en su inmediata presencia; cuando se ha cometido un delito grave, aunque no en su presencia y cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona arrestada ha cometido un delito grave, aunque no se hubiese cometido.
En este caso deben ustedes determinar a base de la prueba desfilada si al momento de la intervención inicial con estos ciudadanos existían motivos fundados en la policía para creer que el acusado había cometido un delito grave.
La comisión de delitos se ampara en la clandestinidad y la sorpresa, tratando el criminal de ocultar los mecanismos e instrumentos del crimen.
Cuando la intervención inical de la policía con un ciuda-dano no es motivada por razón alguna, sino por el mero hecho de que corrió, el testimonio de que dicho ciudadano, sabiendo que lo perseguían, comete un delito de mostrar un arma y tirarla al pavimento debe de ser examinado con cuidado y detenimiento por el jurado.

Un ligero examen de las referidas instrucciones especiales solicitadas es suficiente para concluir que, si bien éstas aluden a algunos principios jurídicamente aceptables, () las mismas contienen normas de derecho erróneas, lo cual hubiera tenido el efecto indeseable de confundir a los señores del jurado sobre el derecho aplicable al caso. Debemos tener presente que el jurado, de ordinario, se compone de personas desconocedoras de las normas que nutren nuestro ordenamiento jurídico; debido a ello es que los tribunales de instancia tienen la ineludible responsabilidad de velar porque sus instrucciones sean correctas, claras, precisas, y lógicas. Pueblo v. Andrades González, 83 D.P.R. 849 (1961). Difícilmente se puede sostener que el foro de instancia erró al negarse a transmitir las transcritas instrucciones. () En resumen, dichas instrucciones especiales, por las razones antes expresadas y dados los hechos particulares del presente caso, resultaban improcedentes en derecho.

Posiblemente debido a lo anteriormente expresado es que la nueva representación legal del apelante “reformula” el ci-tado tercer señalamiento de error en el alegato que radicara ante este Tribunal. Se sostiene ahora ante nos que el foro de instancia erró al transmitir a los señores del jurado una ins-tracción sobre “fuga” y al omitir dar instrucciones sobre: (1) testimonio estereotipado, de acuerdo con lo resuelto en Pueblo v. González Del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974) ; (2) la situación causada por el coacusado Daniel Cruz al éste decla-rarse culpable ya comenzado el proceso, y (3) la alegada actuación ilegal de los agentes del orden público al seguir a los coacusados calle abajo no obstante éstos no haber come-tido un delito “en su presencia”.

Sabido es que la Regla 137 de las de Procedimiento Criminal, en lo pertinente, dispone que ninguna “de las partes podrá señalar como error cualquiera porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud”. (Énfasis suplido.) La razón de ser de dicho principio es obvia: una excelente y ordenada administración de la justicia criminal requiere que la defensa formule sus objeciones respecto a las instrucciones oportunamente a nivel del tribunal de instancia para así brindarle a ese foro la oportunidad de corregir los errores que pueda haber cometido.

Ello no obstante, hemos resuelto que si las instrucciones que efectivamente transmitió el tribunal a los señores del ju-rado, o aquellas que omitió transmitir, “lesionan derechos fundamentales del acusado”, éste en apelación puede levan-tarlo como error a pesar de no haberlas objetado oportuna-mente. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964); Pueblo v. López Jiménez, 96 D.P.R. 132 (1968); Pueblo v. Alicea Cruz, 100 D.P.R. 295 (1971), y Pueblo v. Rivera Carmona, 108 D.P.R. 866 (1979).

En el presente caso surge de la “minuta” que recoge los procedimientos ocurridos el día 2 de agosto de 1984 ante el tribunal de instancia, que la defensa no sólo no objetó las instrucciones que le transmitiera dicho foro al jurado, sino que manifestó para récord que estaba “satisfecha” con las instrucciones impartidas. Dicha acción por parte de la defensa es suficiente —al amparo de las disposiciones de la antes ci-tada Regla 137 de Procedimiento Criminal— para disponer del error imputado, a menos que “derechos sustanciales” del apelante hayan sido afectados. Pueblo v. Del Valle, supra, pág. 179.

Un análisis sereno e imparcial de las instrucciones que efectivamente transmitió el tribunal de instancia a los señores del jurado en el presente caso () —examinadas las mismas a la luz de la prueba que desfilara en el mismo— nos convence de que dichas instrucciones se ajustan sustancialmente a Derecho por cuanto ilustraron al jurado sobre todos los aspectos legales pertinentes al caso. En su consecuencia, determinamos que no se lesionaron “derechos sustanciales” del apelante. ( ) Se dictará sentencia que confirme las dictadas por el tribunal de instancia.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disiente sin opinión.

      (1)Arts. 6 y 8 de la referida Ley, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418.

      (2)E1 aquí apelante fue representado por el Ledo. Israel Arana Arana y el coacusado Cruz Rodríguez por el Ledo. Pedro V. Pedrosa González.

      (3) Surge de la “minuta” del día 27 de enero de 1983 que el licenciado Arana Arana expresó “que se propone radicar moción solicitando juicio por separado en cuanto a su cliente”. (Énfasis suplido.) Así no lo hizo, sin embargo, ni en forma verbal ni por escrito.

      (4) El tribunal de instancia, al reanudarse el proceso contra el aquí ape-lante, no impartió instrucción alguna a los señores del jurado respecto a la “ausencia” del mismo del coacusado Daniel Cruz Rodríguez.

      (5)En la “minuta” correspondiente al día 2 de agosto de 1984 se “hace constar que ambas partes están satisfechas de las instrucciones dadas a los Señores del Jurado por el Tribunal”. (Énfasis suplido.)

      (6) Citando el caso de People v. Thomas, 660 P.2d 1272 (1983), del Tribunal Supremo del Estado de Colorado, Estados Unidos de América.

      (7)Por ser un elemento subjetivo la prueba sobre concierto y común acuerdo o designio común, de ordinario, consiste de prueba circunstancial. Cf. Pueblo v. Torres, 81 D.P.R. 678 (1960); Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 D.P.R. 46 (1965), en cuanto a prueba respecto a la “intención criminal”.

      (8) Regla 10, inciso (H) de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

      (9)E1 Art. 287 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4433, dispone:
      “Será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que llevare una máscara o careta, barba postiza o cualquier otro disfraz, completo o parcial, o alterare de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de:
      "(a) Evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.
      “(b) Ocultarse, fugarse o escaparse al ser denunciado, arrestado o de-clarado reo de algún delito.” (Énfasis suplido.)
      A nivel de instancia —en la vista sobre causa probable para arresto— se determinó que dicho artículo de ley sólo castiga el uso de la careta o la máscara. No pasamos juicio sobre la corrección o no de dicha determinación.

      (10)Los mismos fueron incluidos en las instrucciones impartidas por el tribunal.

      (11) Véase D. W. C. Blashfield, A Treatise on Instructions to Juries in Civil and Criminal Cases Including Province of Court and Jury, St. Paul, Minn., Keefe-Davidson Co., 1902, T. 1, págs. 337-338.

      (12)Una “transcripción” de dichas instrucciones forma parte de los autos.

      (13)A. Dados los hechos particulares del presente caso, no cometió error el foro de instancia al transmitirle al jurado la “instrucción sobre fuga”. Aun cuando ello no fuera “evidente” para los agentes del orden público, el coacusado Daniel Cruz real y efectivamente estaba cometiendo, el día de los hechos, dos delitos públicos al estar portando en la vía pública sobre su persona un arma de fuego sin las correspondientes licencias. Como hemos visto, los pliegos acusatorios radicados imputan un “concierto y común acuerdo”. De hacer el juzgador de los hechos —en este caso el jurado— la determina-ción inicial de que los coacusados efectivamente actuaban en concierto y de común acuerdo, ese juzgador podría llegar a la conclusión de que la acción de correr constituía una “fuga” por cuanto se estaba “huyendo” de donde se estaba cometiendo un delito público.
      B. Aun cuando la declaración prestada por el policía Ortiz Santos versa sobre “evidencia abandonada o lanzada al suelo”, un examen de la totalidad del testimonio prestado por dicho testigo durante el proceso celebrado de-muestra que el mismo no es aquel testimonio estereotipado, flaco y descar-nado que debe “escudriñarse con especial rigor” a que aludimos en Pueblo v. González Del Valle, 102 D.P.R. 374, 378 (1974), por lo que la alegada omi-sión por parte del foro de instancia de instruir al jurado a esos efectos no lesiona “derechos sustanciales” del apelante. De todas formas, la instrucción general que impartió dicho foro sobre los criterios a ser utilizados por ellos en la evaluación de la credibilidad del testimonio de los testigos subsanó cual-quier perjuicio que pudiera haber sufrido por ello el apelante.
      C. En todas y cada una de las ocasiones en que se acusan a dos o más personas mediante un solo pliego acusatorio, y las mismas son enjuiciadas conjuntamente, existe el “peligro o riesgo” de que uno o más de los coacusa-dos resuelva declararse culpable ya comenzado el proceso. Es mandatorio que la aceptación, o no, de dicha alegación de culpabilidad por parte del tribunal se lleve a cabo en ausencia del jurado con el propósito de evitar que éstos sean influenciados indebidamente por ello. A pesar de que es imposible im-pedir que el jurado —una vez se reanuda el proceso contra los otros acusa-dos — ■ especule sobre las “razones” relativas a la ausencia, constituye una buena práctica el que los tribunales de instancia instruyan al jurado respecto a que la misma no debe ser tomada en consideración —ni a favor ni en contra— por ellos al resolver los casos de los restantes coacusados.
      En el presente caso, a pesar de que la alegación de culpabilidad del coacusado Daniel Cruz se llevó a efecto en ausencia del jurado, el tribunal de instancia no impartió instrucción específica a éstos respecto a ello. Somos del criterio que dicha omisión ciertamente no amerita la revocación de las sentencias apeladas por cuanto la misma no “hiere derechos fundamentales” del apelante. Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140,143 (1978).
      D. Habiendo determinado que la actuación de los agentes del orden público en el presente caso fue una legal, se hace completamente innecesario el discutir el señalamiento en apelación a los efectos de que procedía una instrucción a los señores del jurado a los efectos contrarios.