author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Teodoro Rivero Diodonet, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Mario Lugo López, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Wilfredo Almodóvar Castro, acusado y apelante.

      Números: CR-87-14
    CR-87-15
    CR-87-18

      Resueltos: 26 de mayo de 1988

      Ricardo E. Carrillo Delgado, abogado del apelante Teodoro Ri-vero Diodonet; Mariano Daumont' Crespo, Ivette Aponte No-gueras y Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad

      para Asistencia Legal, abogados del apelante Mario Lugo Ló-pez; José Luis Vázquez Plá, abogado del apelante Wilfredo Al-modóvar Castro; y Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Reina Colón de Rodríguez y Blanca A. Díaz Segarra, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Pedro Rodríguez Rodríguez, luego de ingerir un ligero desayuno en compañía de su esposa, salió de su hogar en el pueblo de Guánica temprano en horas de la mañana del día 16 de diciembre de 1983 en un vehículo de motor de su pro-piedad en dirección a su lugar de empleo con la Compañía Televideo, sita en el sector de la playa de la ciudad de Ponce. En su trayectoria hacia su trabajo le brindó transportación a un amigo hasta la “Tumba del Soldado” ubicada ésta frente a una emisora de radio a la salida del pueblo de Yauco, conti-nuando su camino solo hacia su lugar de trabajo.

El cadáver carbonizado de Pedro Rodríguez Rodríguez fue encontrado horas más tarde ese mismo día dentro de su automóvil quemado en un lugar conocido como el “Castillo de Mario Mercado”, jurisdicción del pueblo de Ponce. Su cuerpo fue identificado, a base de sus pertenencias, por un hermano suyo y de las placas dentales en poder de su dentista personal. La autopsia practicada reveló, en adición al hecho obvio de la carbonización, que el occiso había recibido un golpe como consecuencia del cual sufrió una fractura depresiva en el lóbulo parietotemporal izquierdo.

El día 7 de marzo de 1984 ingresó en la Cárcel de Distrito de Ponce, en calidad de sumariado en relación con tres (3) supuestas infracciones al Art. 168 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4274, el individuo José Daniel Mercado Montalvo. Ese mismo día, Mercado Montalvo se le acercó a uno de los guardias penales, indicándole a éste que interesaba conversar con la Policía en relación con “un caso”. El guardia penal inmediatamente se comunicó con un agente adscrito al Cuerpo de Investigación Criminal del Área Sur de la Policía de Puerto Rico, el cual entrevistó a Mercado Montalvo. Éste le relató al funcionario público unos hechos delictivos en relación con la muerte del occiso Pedro Rodrí-guez Rodríguez, en los cuales, alegadamente, él había parti-cipado en unión a otras tres (3) personas por encomienda, o “contrato por dinero”, de una cuarta persona.

El Ministerio Fiscal le concedió inmunidad a José Daniel Mercado Montalvo en relación con los hechos que dieron lu-gar a la muerte de Pedro Rodríguez Rodríguez. Como conse-cuencia de la declaración bajo juramento que dicha persona prestara, se encausó criminalmente a los ciudadanos Teo-doro Rivero Diodonet conocido por “Teddy”, Mario Lugo López conocido por “Mayito”, Wilfredo Almodóvar Castro conocido por “Quirico”, y Miguel Figueroa conocido por “Miguel el Prestamista” —quien, alegadamente, fue el que pagó a los otros por la ejecución de Pedro Rodríguez Rodríguez— por los delitos de asesinato en primer grado, conspiración e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 566 y 568.

La declaración que prestara Mercado Montalvo en el jui-cio por jurado que contra los antes mencionados ciudadanos se celebrara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce —único testimonio que conecta a los referidos ciu-dadanos con la muerte de Pedro Rodríguez Rodríguez, el cual testimonio fuera objetado por la representación legal de éstos a base de lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Castro, 75 D.P.R. 672 (1953)— describió, en términos gene-rales, cómo fue invitado a participar por Mario Lugo López en dicha muerte mientras ambos se inyectaban la droga nar-cótica heroína, estando presentes en dicha conversación Teo-doro Rivero Diodonet y Wilfredo Almodóvar Castro. El plan que originalmente ellos concibieron —por el cual supuesta-mente, según manifestado por los apelantes a Mercado Mon-talvo, ellos recibirían una fuerte suma de dinero a ser pagada por Miguel Figueroa— consistía en dispararle de carro a ca-rro al occiso con una pistola de nueve milímetros pertene-ciente a Rivero Diodonet, pero el mismo no se pudo llevar a cabo por razón del mucho tráfico existente en la carretera el día en que lo intentaron.

El 16 de diciembre de 1983, tanto el testigo Mercado Montalvo como los coacusados Lugo López, Almodóvar Castro y Rivero Diodonet, quien se encontraba armado con la pistola antes descrita, alegadamente siguieron por un largo trecho al occiso Rodríguez Rodríguez en una “guagua van” propiedad de Rivero Diodonet, desviándose luego por la “Ca-rretera Militar” con el propósito de interceptar al occiso de frente. Así lo hicieron en las cercanías del “Castillo de Mario Mercado”. Al bajarse Rodríguez Rodríguez de su automóvil, y mientras éste suplicaba que no le hicieran nada, Rivero Diodonet le propinó varios golpes con una “maceta” por el lado izquierdo de la cabeza cayendo el occiso “achocao al piso”, luego de lo cual lo montaron en su carro el cual con-dujo Rivero Diodonet en dirección hacia el “Castillo”. En dicho lugar, Lugo López regó gasolina por encima del vehículo, quemando el mismo con el cuerpo inerte de Rodríguez Ro-dríguez en su interior. Por dicho trabajo Mercado Montalvo recibió de manos de Lugo López la suma de $200, luego la cantidad de $180 y, posteriormente, once (11) bolsas de hero-ína. En adición, Miguel Figueroa alegadamente le dio, con posterioridad a la muerte de Rodríguez Rodríguez, la canti-dad de $25 y le condonó una deuda de $200 que Mercado Montalvo tenía con él.

Sometido el caso por el Ministerio Fiscal, el tribunal de instancia declaró con lugar una moción de absolución peren-toria en cuanto a Miguel Figueroa, denegándola en cuanto a los restantes coacusados. Éstos intentaron renunciar al ju-rado pero dicha solicitud fue denegada por el tribunal al opo-nerse el Ministerio Fiscal. La defensa sentó a declarar a Miguel Figueroa quien negó que hubiera pagado por matar al occiso Rodríguez Rodríguez, a quien dijo ni tan siquiera conocer. En adición, testificó Miguel Figueroa que para la fecha en que el testigo Mercado Montalvo había declarado haberlo visto, él se encontraba fuera de Puerto Rico en la República Dominicana, mostrando su pasaporte a esos efec-tos. Finalmente, la defensa intentó establecer mediante el testimonio de una técnica de récord de la Cárcel de Distrito de Ponce, que el testigo Mercado Montalvo había estado re-cluido en dicha institución penal para el 16 de diciembre de 1983, intento que resultó infructuoso por cuanto el expe-diente correspondiente así no lo demostraba.

El jurado rindió veredictos de culpabilidad contra los apelantes en relación con todos los delitos imputádoles. El tribunal de instancia les impuso a éstos sentencias de no-venta y nueve (99) años de reclusión por el asesinato en primer grado, tres (3) años por el delito de conspiración, cinco (5) años por la infracción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, y un (1) año por la infracción al Art. 6 de dicha ley.

Los tres (3) convictos apelaron de dichas sentencias. Los apelantes Teodoro Rivero Diodonet y Wilfredo Almodóvar Castro le imputan al tribunal de instancia la comisión de siete (7) idénticos errores, a saber:

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, al admitir en evidencia el testi-monio del co-autor con inmunidad José Daniel Mercado Mon-talvo, el cual virtió ante el jurado alegadas actuaciones y ma-nifestaciones del apelante dentro de la alegada conspiración a pesar de la objeción levantada por la defensa al amparo de lo resuelto en Pueblo v. Castro, 75 D.P.R. 672 (1953) y de la mani-festación del Ministerio Público de carencia de prueba inde-pendiente para sostener su caso.
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, al no permitir durante el juicio la renuncia al jurado del apelante Teodoro Rivero Diodonet [y Wilfredo Almodóvar Castro]. Tal negativa no obedeció al ejer-cicio de la discreción del Honorable Tribunal, sino que fue el resultado de la negativa del Ministerio Público en acceder a tal solicitud, citando [é]ste para sostener su posición la Regla 111 de Procedimiento Criminal, según enmendada.
TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal al no decla-rar que la Ley que enmendó la Regla 111 de Procedimiento Criminal, identificada como el Proyecto de la Cámara 699, aprobada el 9 de julio de 1986, constituye una intromisión in-debida del Poder Ejecutivo representado por el Ministerio Público en una función puramente judicial como es la discre-ción de un magistrado en aceptar o no la renuncia al jurado de un acusado una vez comenzado el juicio. Dicha acción consti-tuye una violación a los derechos del acusado como lo es el derecho a un juicio justo e imparcial, y el debido procedi-miento de ley.
CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, al s[ó]lo absolver perentoria-mente a Miguel Figueroa Berenguer y no así a Teodoro Ri-vero Diodonet, [y a Wilfredo Almodóvar Castro], no exis-tiendo prueba suficiente en derecho para sostener los cargos y declarar sin lugar la solicitud de absolución perentoria.
QUINTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, al sostener los veredictos de cul-pabilidad rendidos por el jurado cuando la prueba presentada fue de naturaleza flaca, descarnada, inverosímil, contradicto-ria; razón por la cual se cometió error manifiesto en la [sic] apreciación de la prueba. *
SEXTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, al declarar sin lugar la Moción al Amparo de la Regla 187 de Procedimiento Criminal, fechada el 12 de noviembre de 1986; en la cual se establec[í]a que los veredictos rendidos fueron contrarios a la prueba presentada.
SfÉJPTIMO ERROR: Erró el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, al declarar sin lugar la Segunda Moción de Nuevo Juicio presentada por el acusado Teodoro Rivero Diodonet [y la de Wilfredo Almodóvar Castro] al amparo de la Regla 188 de Procedimiento Criminal, incisos A y F; habiendo tenido el Honorable Tribunal el beneficio de escuchar a la Oficial Socio-Penal Wanda Saliva y al propio ale-gado co-autor con inmunidad Jos[é] Daniel Mercado Montalvo indicar que existía nueva prueba y declarar Mercado Mon-talvo que había sido engañado y obligado a declarar[.] Consis-tía la prueba presentada de suficiente valor para ordenar un nuevo juicio. Alegato del apelante, págs. 2-3.

Por su parte, el apelante Mario Lugo López le imputa al foro de instancia la supuesta comisión de cuatro (4) errores. Estos son:

A. Cometió error el juzgador de los hechos (jurado) así como el Honorable Juez en la apreciación de la prueba.
B. Erró el Honorable Tribunal al permitir la utilización de testigos de defensa por el Ministerio Público, Código de En-juiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. Sección 11..
C. Que la prueba de cargo era insuficiente para sostener la acusación por los delitos imputados.
D. Cometió error el Tribunal al permitir como testigo de cargo al señor José D. Mercado Montalvo, co-autor de los su-puestos hechos sin que el Ministerio Público tuviera prueba adicional o independiente para probar su caso y sin que exis-tiera prueba de corroboración alguna, excepto el testimonio del antes mencionado testigo.
E. Erró el Tribunal de Instancia al exonerar a mediados del proeeso al co-imputado, Miguel Figueroa Berenguer, su-puesto “autor intelectual” del delito imputado, decisión que motivó que el jurado sólo pudiese tener presente a los co-imputados Wilfredo Almodóvar, Mario Lugo López y Teodoro Rivera Diodonet. Escrito de Apelación, págs. 1-4.

Consideramos, y disponemos, de los tres (3) recursos de apelación conjuntamente.

r — i

Los tres (3) apelantes señalan que el tribunal de instancia cometió grave error de derecho, el cual alegadamente ame-rita y conlleva la revocación de las sentencias apeladas, al admitir en evidencia la declaración del testigo con inmunidad Mercado Montalvo. Argumentan que siendo éste un cocons-pirador, le aplica a esta situación lo expresado por este Tribunal en Pueblo v. Castro, ante, a los efectos de que las “actuaciones y las manifestaciones extrajudiciales de cocons-piradores —o de coacusados que cometen un delito con un designio común— son admisibles en evidencia contra los otros acusados, siempre y cuando que (1) de los autos surja alguna evidencia independiente que conecte a éstos con la conspiración o el designio común, y (2) las actuaciones y las manifestaciones de los coconspiradores hayan ocurrido du-rante el curso y en ayuda de la conspiración”. Enfatizan, por último, el hecho de que durante el proceso celebrado ante el foro de instancia, el Ministerio Público aceptó que no con-taba con prueba independiente que conectara a los acusados con la conspiración imputada.

' Como es sabido, lo que este Tribunal hizo en el año de 1953 al resolver el caso de Pueblo v. Castro, ante, fue “reglamentar” la admisibilidad de prueba de referencia en un juicio criminal contra un coconspirador, estableciendo, como hemos visto, que dicha prueba solamente era admisible si se daban los dos (2) requisitos a que allí se hace referencia. Dicha norma fue plasmada en la Regla 62(E) de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV). La misma, en lo pertinente, dispone que:

Es admisible como excepción a la regla de prueba de refe-rencia una declaración ofrecida contra una parte si la declara-ción:
(E) es hecha por un coconspirador de dicha parte durante el curso de la conspiración y en la consecución del objetivo de ésta.

Sobre dicha disposición nos ilustra el Profesor Ernesto L. Chiesa:

Se trata de otro tipo de admisión vicaria. Aquí no basta que la declaración sea hecha durante el curso de la conspiración; se exige, además, que sea hecha en la consecución del ojetivo de la conspiración, “in furtherance of the conspiracy”. Se trata de una regla más restrictiva que la relativa a agencia o empleo. De ahí que, como se expresara en United States v. Pheaster, 544 F.2d 353 (1976), certiorari denied 429 U.S. 1099, son tres los requisitos para la admisibilidad bajo este inciso: (i) que la declaración fue hecha durante la vigencia de la conspiración, [(ii) que la declaración fue hecha en la conse-cución del objetivo de la conspiración], y (iii) que haya prueba independiente de la conspiración y de la conexión del decla-rante y del acusado con dicha conspiración. Estos requisitos deben establecerse, de ordinario, como determinaciones preli-minares bajo la regla 9. Pero ello está sujeto a la discreción del tribunal para alterar el orden de la prueba. Véase United States v. Williams, 529 F.2d 557 (1976). El tercer requisito puede establecerse mediante preponderancia de la evidencia.
Nuestra jurisprudencia está de acuerdo con esta norma. En Pueblo v. Sierra, 42 D.P.R. 504 (1931), se habla en términos de que las declaraciones son admisibles especialmente si se ha-cen antes de consumarse la conspiración (p. 506). Luego, en Pueblo v. Colón, 52 D.P.R. 413 (1937), se resolvió que son inad-misibles las manifestaciones hechas después de efectuado el móvil de la conspiración, es decir, después de terminada la conspiración, independientemente del motivo que se tuvo al hacerlas. Esto está en armonía con la norma de este inciso. El caso principal es el de Pueblo v. Castro, 75 D.P.R. 672 (1953).

El obstáculo con que se confronta el argumento elabo-rado por los apelantes en cuanto a este aspecto del caso es que, en lo concerniente a la declaración del testigo Mercado Montalvo respecto a ellos tres (3) en específico, no estamos ante un problema de prueba de referencia. Llana y sencilla-mente se trata de un testigo que declara sobre lo que a él le consta de propio y personal conocimiento; esto es, lo que él vio y escuchó hacer y decir a los apelantes; testimonio que estuvo sujeto a contrainterrogatorio. Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99 (1983).

La confusión de los apelantes es hasta cierto punto entendible. Como expresáramos en Pueblo v. Rivera Burgos, 106 D.P.R. 528, 530-531 (1977):

Con alguna frecuencia en nuestros tribunales de instancia abogados, fiscales y jueces se inclinan a considerar que todo lo que un testigo exprese que alguien le haya dicho es prueba de referencia. Basta que el testigo diga “Fulano me dijo . . . .” para que se produzca de inmediato una objeción, y enseguida el pronunciamiento del juez: “Con lugar.” No siempre es prueba de referencia lo manifestado por un tercero al testigo, o lo que el testigo oyó que un tercero dijo. Para que lo mani-festado sea prueba de referencia, y por tanto inadmisible a menos que caiga bajo alguna excepción, la manifestación debe tener algún contenido que pueda ser cierto o falso, y que dicha manifestación, al ser trasmitida al tribunal por el testigo que la oyó, se produzca para probar que lo manifestado es cierto. (Énfasis suplido.)

Debe mantenerse presente que —según lo define la Regla 60(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV— únicamente constituye prueba de referencia aquella “declaración aparte de la que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. (Énfasis suplido.) En el caso ante nuestra consideración constituiría, al amparo de la norma vigente en nuestra jurisdicción, prueba de referencia toda aquella manifes-tación que le hicieron los aquí apelantes al testigo Mercado Montalvo sobre el hecho de que el coacusado Miguel Figueroa —quien fue exonerado por el foro de instancia— alega-damente había pagado una suma de dinero a todos ellos por matar al occiso Rodríguez Rodríguez. Recordemos que el Estado admitió el hecho de que no contaba con prueba inde-pendiente que demostrara la existencia de la conspiración ni la conexión de Figueroa con la misma, no pudiendo utilizarse las manifestaciones objetadas a esos efectos para establecer dichos hechos.

Por el contrario, no constituye prueba de referencia el testimonio de Mercado Montalvo sobre lo que él les escuchó decir a los apelantes y lo que les vio hacer respecto a la plani-ficación y ejecución de los hechos delictivos que le fueron imputados a éstos por el Estado. Esto es, respecto a este testimonio no es de aplicación ni lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Castro, ante, ni las disposiciones de la citada Regla 62(E) de Evidencia por cuanto, repetimos, dicho testi-monio no constituye prueba de referencia.

Al testimonio de Mercado Montalvo, sin embargo, sí le eran aplicables las disposiciones de la Regla 156 de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, según enmendada, a los efectos de que el “testimonio de un coautor, será exami-nado con desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso. En los casos celebrados por jurado se le ofrecerán al jurado instrucciones a esos efec-tos”.

El tribunal de instancia en el presente caso cumplió, res-pecto a la instrucción requerida, con dicha obligación. Re-sulta evidente, en su consecuencia, que no se cometió en el presente caso el error señalado. La declaración prestada por el testigo Mercado Montalvo fue correctamente admitida en evidencia en lo referente a los aquí apelantes.

II

Mediante los señalamientos segundo y tercero, los ape-lantes Rivera Diodonet y Almodóvar Castro alegan que el tribunal de instancia cometió error al negarse, una vez había comenzado el proceso, a aceptarles su renuncia al jurado. Sostienen, en adición, que la Ley Núm. 86 de 9 de julio de 1986 —la cual enmendó la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, a los efectos de requerir la anuen-cia del Ministerio Público para que el acusado pueda renun-ciar al jurado una vez comenzado el proceso— es inconstitu-cional por razón de que viola “el derecho a un juicio justo e imparcial y del debido procedimiento de ley”. Alegato del apelante, pág. 2. El error no fue cometido.

Luego de la enmienda efectuada por la referida Ley Núm. 86, la citada Regla 111 de Procedimiento Criminal dis-pone, en lo pertinente, que:

Si la renuncia al jurado se produce una vez comenzado el jui-cio, es discrecional del juez que preside el juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho con el consen-timiento del Ministerio Público. (Énfasis suplido.)

Al aprobar la mencionada Ley Núm. 86, lo que el legisla-dor hasta cierto punto hizo fue “resumir” y plasmar por es-crito, incorporándola a la citada Regla 111 de Procedimiento Criminal, la jurisprudencia en general de este Tribunal so-bre la materia con la única diferencia de exigir, como requi-sito, el consentimiento del Ministerio Público.

En Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510, 515 (1967), expresamos:

La práctica prevaleciente en esta jurisdicción ... en virtud de lo dispuesto en la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, no obliga a un acusado a que su caso se vea por jurado. Distinto a la tradición imperante en los Estados Unidos, hemos visto que en nuestro medio el juicio por jurado, si bien actualmente es un derecho garantizado constitucionalmente, no es un ingrediente esencial en nuestro procedimiento. Siem-pre se ha reconocido el derecho del acusado a renunciarlo.
Ahora bien, esa renuncia debe hacerla el acusado antes de comenzar el juicio. En ese momento es un derecho que el acu-sado tiene y al ejercitarlo debe ser sostenido por el tribunal. Pero la situación es distinta cuando luego de optar porque el caso se vea ante jurado y comenzado el mismo cambie de pare-cer y opte por renunciar a ello. En ese caso ya se ha movido la maquinaria de la justicia de acuerdo con lo pedido por el acu-sado, y es discreción de la corte concederlo o no. Pueblo v. Hernández, 55 D.P.R. 954 (1940). . . .

Por otro lado, en Pueblo v. Guzmán Vélez, 100 D.P.R. 198, 203 (1971) afirmamos:

No perdamos de vista que el derecho que garantiza nuestra Constitución es el de juicio por jurado, no el de la renuncia al jurado, y aunque taxativamente la Constitución no expresa este último derecho es claro que la Convención Constituyente quiso que pudiera ejercerse. Tal intención no significa que el acusado tenga derecho a insistir en un juicio por tribunal de derecho una vez haya ejercido el derecho a que se ventile por jurado y que, como cuestión de hecho el juicio haya comen-zado. Reiteramos que siendo el juicio por jurado un derecho con rango constitucional, no constituye violación del mismo el que el juzgador en el uso de su sana discreción se niegue a aceptar la renuncia a ese derecho luego de comenzada la vista del caso y la presentación de la prueba. Tal actuación del juez de instancia no viola el debido procedimiento de ley. Por el contrario, su negativa conlleva el disfrute del derecho que precisamente le garantiza la Constitución.

Por último, en Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387, 393-394 (1982), al ratificar lo afirmado en Pueblo v. Rivera Suárez, ante, y Pueblo v. Guzmán Vélez, ante, específicamente resolvimos que no existe un derecho constitucional a renunciar al jurado. Resulta, en adición, significativo el hecho de que en dieho caso, al enumerar algunos de los factores que el juez que preside el proceso debía tomar en consideración para conceder o denegar la solicitud de renuncia, incluimos el de “las contenciones del Ministerio Público sobre el particular . . .”. Esto es, aun con anterioridad a la aprobación de la citada Ley Núm. 86 los tribunales de instancia, al ejercer su discreción en relación con esta materia, venían en la obligación de tomar en consideración la posición del Ministerio Fiscal al respecto.. Lo que la referida Ley Núm. 86 hizo fue exigirlo como requisito.

Somos del criterio, y así lo resolvemos, que desde el punto de vista constitucional no existe impedimento alguno para que el legislador reglamente la materia de la renuncia al derecho a juicio por jurado —determinando que la misma esté sujeta a la sana discreción del tribunal y/o exigiendo que el Ministerio Público dé su anuencia— por razón de que no existe un derecho constitucional a renunciar al derecho a juicio por jurado. Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965); 3 Wharton’s Criminal Procedure Sec. 436, págs. 209-215 (1975); 2 Wright Federal Practice and Procedure: Criminal 2d Sec. 372, págs. 297-304 (1982).

Ello no obstante, en un caso en particular concebiblemente pudieran darse unas circunstancias en que la negativa del tribunal de instancia a acceder a la renuncia al jurado —fundada o no en la negativa del Ministerio Público— pudiera entrañar la violación del derecho a un juicio justo e imparcial garantizado por el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1. Singer v. United States, ante, págs. 34-35; Pueblo v. Borrero Robles, ante, pág. 393. De ello ser así, es de la responsabilidad de cada apelante el demostrarlo ante el tribunal apelativo. Los aquí apelantes no han cumplido con dicha obligación en el presente caso.

h — I 1 — 1 t — I

Los apelantes sostienen que procede la revocación de las sentencias apeladas por razón de que el juzgador de los he-chos cometió error al apreciar la prueba presentada y decla-rarlos culpables, ya que dicha prueba era una “flaca y des-carnada”, repleta de contradicciones, y, por lo tanto, indigna de crédito. Atacan, en específico, la declaración prestada por el testigo Mercado Montalvo, único testimonio que los co-necta con el asesinato de Pedro Rodríguez Rodríguez.

Respecto a la clase de prueba que se requiere para obtener y sostener una convicción en nuestra jurisdicción, al efecto o consecuencia que tiene la determinación que sobre dicha prueba hace el juzgador de los hechos a nivel de instancia, y a la función revisora de este Tribunal referente a dicha determinación o apreciación, expresamos en Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652-655 (1986) que:

... es principio fundamental de nuestro sistema de derecho que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada mas allá de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974). El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito presentando prueba que meramente sea “sufi-ciente”, esto es, que “verse” sobre todos los elementos del de-lito imputado; se le requiere que la misma sea “suficiente en derecho”. Ello significa que la evidencia presentada, “además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es decir, que pro-duzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación” o en un ánimo no prevenido. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, ante, pág. 552. Esa “in-satisfacción” con la prueba es lo que se conoce como “duda razonable y fundada”. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963).
Como es sabido, la apreciación que hace un juzgador de la evidencia desfilada durante un proceso judicial criminal es una cuestión mixta de hecho y de derecho. Es así por cuanto el análisis que de la prueba presentada se realiza “pone en movi-miento, además de la experiencia del juzgador, su conoci-miento del Derecho para así llegar a una solución justa de la controversia”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, ante, pág. 552.
Es por ello que la determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a nivel de instancia a los efectos de que la culpa-bilidad del imputado de delito ha quedado establecida más allá de duda razonable es una que es revisable en apelación como “cuestión de derecho”. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966); Pueblo v. Pagan Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).
Es norma jurisprudencial trillada que esa “determinación de culpabilidad” que hace el juzgador de los hechos a nivel de instancia es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo. El fundamento o base en que se apoya la refe-rida norma es obvio: dicho juzgador es el que, de ordinario, está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical ya que fue el que oyó y vio declarar a los testigos. Como expresá-ramos en Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975):
“... y es que no sólo habla la voz viva. También hablan las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el vocabu-lario no habitual del testigo, son otras tantas circunstancias que deben acompañar el conjunto de una declaración testifical y sin embargo, todos estos elementos se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer incluso más que el texto de la declaración misma para el juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el instru-mento más útil para la investigación de la verdad: la observación . . . (Énfasis suplido.)
Es por ello que este Tribunal ha expresado en reiteradas ocasiones que, de ordinario, no intervendremos con el vere-dicto condenatorio emitido por un jurado o el fallo inculpato-rio de un magistrado en “ausencia de pasión, prejuicio o error manifiesto” en la apreciación que de la prueba realizaron los mismos. Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977); Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982). Debe quedar claro, en adición, que la responsabilidad de demostrar que procede la intervención con el fallo o veredicto condenatorio emitido a nivel de instancia recae, de manera principal, sobre el ape-lante.
Todo lo anteriormente expresado, sin embargo, no significa que esa determinación de culpabilidad realizada por el juzga-dor de los hechos constituye una barrera insalvable. En el pa-sado, en ocasiones en que un análisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro de instancia nos ha producido duda razo-nable y fundada sobre si la culpabilidad del apelante ha que-dado establecida más allá de duda razonable, no hemos vaci-lado en dejar sin efecto un fallo condenatorio. Pueblo v. Carrasquilla Carrasquilla, ante; Pueblo v. Pagán Diaz, ante; Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809 (1974); Pueblo v. Sanabria Pé-rez, 113 D.P.R. 694 (1983); Pueblo v. Álamo Álamo, 116 D.P.R. 673 (1985). Y es que, como expresáramos en Pueblo v. Carrasquilla Carrasquillo, ante, págs. 551-552, hasta tanto “se dis-ponga de un método infalible para averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos de- recho a tenerla tranquila”. (Escolio omitido, énfasis suplido y en el original.)

Hemos examinado con detenimiento el testimonio pres-tado por el testigo con inmunidad Mercado Montalvo, según éste surge de la exposición narrativa de la prueba certificada como correcta por el tribunal de instancia. El mismo definiti-vamente no es uno que se pueda catalogar de “flaco y descar-nado”. Véase Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966). En adición, el referido testimonio establece plenamente todos los elementos de los delitos imputados. Por otro lado, no hay duda que dicho testimonio adolece de ciertas contradicciones al ser comparado el mismo intrínsecamente con el de otros testigos de cargo. Dichas contradicciones, sin embargo, no son de tal naturaleza que causen “en nuestro ánimo una insa-tisfacción o intranquilidad de conciencia tal” que se estre-mezca nuestro sentido básico de justicia. Pueblo v. Cabán Torres, ante, pág. 657. No encontramos base suficiente en el récord para intervenir con la apreciación y adjudicación de credibilidad que de la prueba presentada hizo el juzgador de los hechos a nivel de instancia. En otras palabras, la prueba presentada por el Ministerio Público en el presente caso no sólo establece todos los elementos de los delitos imputados sino que la misma es satisfactoria y “suficiente en derecho”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974); Pueblo v. Cabán Torres, ante.

I — H <¡

Alegan los apelantes que erró el tribunal de instancia al únicamente absolver perentoriamente al coacusado Miguel Figueroa. Señalan que la teoría del Ministerio Fiscal fue a los efectos de que ellos tres (3), en unión al testigo Mercado Montalvo, asesinaron a Pedro Rodríguez Rodríguez si-guiendo instrucciones de Miguel Figueroa, quien les pagaría dinero por ello. Argumentan que bajo dicha teoría, si resul-taba procedente la absolución del “autor intelectual” de los hechos, igualmente procedía la absolución perentoria de ellos. El señalamiento de error es evidentemente inmerito-rio.

Como es sabido, la Regla 135 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece, en lo pertinente, que:

El Tribunal a instancia propia o a instancia de un acusado de-cretará su absolución perentoria en uno o varios cargos de la acusación o denuncia luego de practicada la prueba de una o de ambas partes si la misma fuere insuficiente para sostener una convicción por ese cargo o cargos. (Énfasis suplido.)

Aparte del hecho de que si el foro de instancia actuó o no correctamente al absolver perentoriamente al coacu-sado Miguel Figueroa, lo que es una cuestión que no está ante nuestra consideración y que la misma es una que no es de la incumbencia de los apelantes, hemos resuelto que un tribunal de instancia no comete error al declarar sin lugar una moción de absolución perentoria presentada por un acu-sado cuando existe una scintilla de evidéncia en apoyo de la acusación radicada; esto es, cuando el Estado ha presentado un caso prima facie contra el acusado. Pueblo v. Rosado, 72 D.P.R. 827 (1951); Pueblo v. Portalatín, 73 D.P.R. 334 (1952); Pueblo v. Castañón Pérez, 114 D.P.R. 532 (1983).

Resulta obvio que en el presente caso el Estado cumplió con esa obligación, cuando menos, en relación con los aquí apelantes. De hecho, la prueba presentada, como hemos ex-presado, es suficiente para establecer la culpabilidad de ellos más allá de duda razonable.

V

El apelante Lugo López se queja de que el Ministe-rio Público utilizó como testigos de cargo durante el juicio celebrado a unas personas que él había anunciado como tes-tigos de defensa. Independientemente de la corrección jurí-dica de su planteamiento, lo cual es cuestionable, véase Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985), lo cierto es que el referido apelante no objetó a nivel de instancia la utilización de dichos testigos por el fiscal al éste llamarlos a declarar. Esto es, la prueba aportada por ellos no fue opor-tunamente objetada. Siendo ello así, el apelante Lugo López está impedido de levantar el punto de la inadmisibilidad de dicha evidencia por primera vez en apelación. Véanse: Pueblo v. Jiménez, 78 D.P.R. 7 (1955); Pueblo v. Torres, 81 D.P.R. 678 (1960). Por otro lado, un examen del testimonio prestado por dichos testigos no demuestra que el mismo sea tan perju-dicial como para justificar la consideración de dicha objeción por primera vez a nivel apelativo. Pueblo v. Oquendo, 83 D.P.R. 234, 241-242 (1961). De hecho, se puede afirmar que el testimonio de dichos testigos apenas perjudica a los ape-lantes.

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Por último, los apelantes Rivero Diodonet y Almodóvar Castro argumentan —mediante sus señalamientos sexto y séptimo— que el tribunal de instancia cometió error al dene-gar dos (2) mociones de nuevo juicio que ellos radicaron. Dicho argumento está predicado, principalmente, en un infor-me presentencia de una oficial sociopenal, el cual fuera pre-parado en relación con los aquí apelantes. Surge de dicho informe que el testigo Mercado Montalvo le expresó a dicha funcionaría que él fue “presionado” por agentes del orden público respecto a la declaración que él prestara en el caso, y que el referido testigo “podría” tener una versión distinta favorable a los apelantes.

Como es sabido, hemos resuelto que para que una moción de esta índole proceda resulta necesario que la nueva prueba: (1) no se haya podido descubrir con razonable diligencia antes del juicio; (2) no sea meramente de carácter acumulativo; (3) no impugne la prueba aducida durante el juicio; (4) la misma sea creíble, y (5) probablemente produci-ría un resultado distinto. Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10 (1946); Pueblo v. Ortiz, 68 D.P.R. 681 (1948); Pueblo v. Beltrán, 73 D.P.R. 509 (1952).

Como bien señala el Procurador General de Puerto Rico en su alegato, pág. 31, los apelantes no indican en qué específicamente consistiría la nueva prueba; esto es, sí se indica que el testigo Mercado Montalvo podría dar otra versión que, a su vez, podría ser “favorable” a .los apelantes, pero no se especifica en qué consistiría la nueva versión.

Bajo estas circunstancias, no erró el tribunal de instan-cia, en el ejercicio de su discreción, al declarar sin lugar las mociones de nuevo juicio. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972). Resulta imposible el poder precisar si la “nueva” prueba “probablemente produciría un resultado distinto”. Veáse Pueblo v. Beltrán, ante.

Por las razones antes expresadas, procede decretar la confirmación de las sentencias apeladas. Se dictará senten-cia de conformidad.

       El Ministerio Público, inexplicablemente, únicamente acusó a Wilfredo Almodóvar Castro por los delitos de conspiración e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 566 y 568.

       Los señalamientos (C), (D) y (E) del apelante Lugo López son similares a los señalamientos quinto, primero y cuarto, respectivamente, de los apelantes Rivero Diodonet y Almodóvar Castro.

       E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, Cap. VIII, págs. 302-303.

       Esa fue la norma imperante en la jurisdicción federal, al amparo de la Regla 801(d)(2)(E) de Evidencia federal, 28 U.S.C., hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso de Bourjaily v. United States, 55 L.W. 4962 (1987). En dicho caso el referido Tribunal —revocando la norma esta-blecida en los casos de Glasser v. United States, 315 U.S. 60 (1942) y United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974)— resolvió que los tribunales federales, en la determinación de si las manifestaciones de un coconspirador que implica a otro son o no admisibles en evidencia, pueden tomar en consideración las referidas manifestaciones a los fines de determinar la existencia misma de la conspiración, facultad que le estaba vedada bajo los casos de Glasser v. United States, ante, y United States v. Nixon, ante, los cuales exigían que la existencia de la conspira-ción fuera demostrada por prueba independiente a las manifestaciones.
      Naturalmente, no venimos obligados a seguir dicha doctrina. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 428 (1976). Ello, sin embargo, es un asunto que en el mo-mento que se nos plantee será decidido. El mismo no está ante nuestra considera-ción en el presente caso.

       La Regla 23(a) de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C., dispone:
      “Cases required to be tried by jury shall be so tried unless the defendant waives a jury trial in writing with the approval of the Court and the consent of the government.” (Énfasis suplido.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía. Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

license: Public Domain

text:
    Edwin Mundo Ríos et al., apelados, v. Hon. Rafael Hernández Colón et al., demandados y apelantes.

      Número: CE-88-265

      Resuelto: 26 de mayo de 1988

      Marcos A. Ramírez Irizarry y Marcos A. Ramírez Lavandero, de Ramírez & Ramírez, abogados de los apelantes Hon. Goberna-dor de Puerto Rico y Hon. Secretario de Justicia; Julia M. Santiago De la Cruz, abogada de la apelante Comisión Estatal de Elecciones; Manuel S. Herrero García, abogado de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El 11 de mayo de 1988 el Tribunal Superior, Sala de San Juan (López Rodríguez, Juez), emitió sentencia en la que de-cretaba que la votación de las primarias de los partidos polí-ticos del 12 de junio de 1988 se lleve a cabo mediante el sistema de colegio abierto. A esos efectos, declaró con lugar la demanda instada por varios electores y libró auto de injunction permanente contra la Comisión Estatal de Elec-ciones (Comisión), su Presidente, funcionarios y empleados. Les ordenó que se abstuvieran de poner en vigor el sistema de votación de colegio cerrado en dichas primarias y las sub-siguientes que se realicen en virtud de la Ley Electoral de Puerto Rico.

Este dictamen se fundamentó principalmente en la con-clusión siguiente:

Por lo tanto, decretamos y resolvemos que el sistema de colegio cerrado para la votación de las Primarias de Candida-turas a Cargos Electivos pautadas para el próximo 12 de junio de 1988 estatuido [sic] en el cuarto párrafo del Artículo 4.021 de la Ley Electoral de Puerto Rico, transcrito a la Nota 2 de esta Sentencia, constituye un obstáculo irrazonable contra los electores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en particular, las personas enfermas y envejecientes, empleados de los hospitales que tienen turnos de 7:00 a 3:00 de la tarde y de 3:00 a 11:00 de la noche y los empleados de las empresas que tienen turnos de trabajo las 24 horas, como farmacéuticas, pe-troquímicas, etc., por lo que dicho sistema de votación tiene el efecto de impedir y gravar sustancialmente la franquicia electoral. Resolvemos además, al igual que lo hicimos en el caso de Sara M. Claudio, supra, [sic], que no existe ningún interés apremiante válido del Estado que justifique esa obstrucción.
Adoptamos en su totalidad los fundamentos de derecho ex-puestos en nuestra Sentencia en el referido caso de Sara M. Claudio, supra, [sic], los que hacemos formar parte integrante de esta Sentencia como si literalmente se transcribieran en la misma y la que unimos a la presente como Anejo 1.
Faltando en este momento más de un mes para la celebra-ción del referido evento electoral está totalmente ausente el factor de apremio que estaba presente en el caso de Sara M. Claudio, supra, [sic], y que no permitió que aquellas primarias pudieran llevarse a cabo bajo el sistema de colegio abierto.
En adición a las salvaguardas que provee la Ley Electoral de Puerto Rico que hacen del sistema de colegio abierto uno seguro y confiable se puede añadir como una alternativa viable el que se establezcan las votaciones de los partidos partici-pantes en estas primarias en un mismo colegio y que se adopte una lista única donde firmen todos los que voten en ese cole-gio. (Escolios omitidos.) Sentencia, págs. 13-14.

El 16 de mayo de 1988 el Gobernador de Puerto Rico y el Secretario de Justicia presentaron el recurso de epígrafe, el cual titularon “Escrito de Apelación o Petición de Revisión”.

El 18 de mayo de 1988 emitimos la resolución siguiente:

Se acoge el presente recurso como un recurso de apelación. 4 L.P.R.A. sec. 37(a).
A los fines de resolver el recurso y la moción en auxilio de jurisdicción presentados por el Gobernador y el Secretario de Justicia de Puerto Rico, el Tribunal estima procedente y pru-dente concederle a las partes la oportunidad de manifestar sus respectivas posiciones y contar con información adicional, para cuyos propósitos dispone lo siguiente:
1. La Comisión Estatal de Elecciones tendrá hasta el vier-nes 20 de mayo de 1988 para informar en cuanto a las medidas que ha tomado, si alguna, para implantar, en las primarias a celebrarse el 12 de junio de 1988 mediante el sistema de cole-gio cerrado, el voto por adelantado y/o preferente de personas tales como: (a) policías estatales y guardias municipales en servicio activo; (b) oficiales de custodia de la Administración de Corrección en servicio activo; (c) empleados de la Comisión Estatal de Elecciones en servicio activo el día de las prima-rias; (d) miembros de las Juntas locales y oficiales de la Junta de Inscripción Permanente; (e) médicos, enfermeras, personal paramédico, oficinistas y personal administrativo de los hospi-tales e instituciones análogas, ya sean públicas o privadas, que estarán trabajando el día de las primarias; (f) bomberos y miembros de la Defensa Civil en servicio activo, y (g) cual-quier otro funcionario público o elector en situación análoga.
En caso de no haberse tomado dichas medidas antes del viernes, la Comisión Estatal de Elecciones deberá indicar fun-damentadamente el tiempo que necesitaría para implantarlas, bajo el sistema de colegio cerrado, con suficiente antelación a la fecha señalada para celebrar las primarias y, en caso de que no fuere posible implantarlas para dicha fecha, debe indicar el tiempo adicional mínimo que necesitaría para hacerlo, así como la fecha posterior en que podrían celebrarse dichas pri-marias.
En dicho escrito la Comisión Estatal de Elecciones deberá, .además, fijar fundamentadamente su posición sobre el alcance y efecto de los remedios provistos por el tribunal de instancia para la celebración de las primarias bajo el sistema de colegio abierto y la posibilidad de implantarlos en o antes del 12 de junio de 1988, o la fecha posterior para la cual podría hacerlo. Mundo Ríos v. Gobernador, 121 D.P.R. 416, 419-20 (1988).

Dentro del término concedido, la Comisión sometió su comparecencia en la que cumple cabalmente con lo solicitado por este Tribunal. La Comisión, luego de señalarnos disposi-ciones del Reglamento para los Procesos de Primarias de los Partidos Políticos, que regulan el procedimiento sobre el voto ausente, informó que:

El término de sesenta (60) días dispuesto por [la] Sección 3.19 mencionadla], venció el 12 de abril de 1988. Para esa fe-cha se habían recibido 13 solicitudes de voto ausente y 404 solicitudes de voto adelantado por electores calificados para emitir dicho voto.
En vista de que ni la Ley Electoral de Puerto Rico ni el reglamento mencionado le concede derecho a voto adelantado o preferente a los médicos, enfermeras, personal paramédico, clericales y administrativos de los hospitales e instituciones análogas, bomberos y miembros de la Defensa Civil, la Comi-sión compareciente no ha tomado medida alguna para conce-derle a dichos funcionarios derecho, al voto adelantado. Sin embargo, estos electores están protegidos por la disposición del Artículo 5.004 de la Ley Electoral de Puerto Rico.
“En caso de no haberse tomado dichas medidas antes del viernes, la Comisión deberá indicar fundamentadamente el tiempo que necesitaría para implantarlas, bajo el sistema de colegio cerrado, con suficiente antelación a la fecha seña-lada para celebrar las primarias y en caso de que no fuere posible implantarlas para dicha fecha debe indicar el tiempo adicional mínimo que necesitaría para hacerlo así como la fecha posterior en que podrían celebrarse dichas prima-rias.”
Por lo señalado anteriormente[,] la Comisión compareciente informa que a los fines de implantar las medidas mencionadas en el párrafo precedente bajo el colegio cerrado[,] no hay tiempo hábil con anterioridad al 12 de junio para cumplir con los trámites administrativos requeridos por dichas medidas tales como: establecer un sistema de notificación adecuado y oportuno[,] establecer fecha, límite para que los electores soli-citen el derecho, impresión de formularios, preparación de listas especiales para estos casos y otros.
“En dicho escrito la Comisión deberá, además, fijar fun-damentadamente su posición sobre el alcance y efecto de los remedios provistos por el tribunal de instancia para la cele-bración de las primarias bajo el sistema de colegio abierto y la posibilidad de implantarlos, en o antes del 12 de junio de 1988 o la fecha posterior para la cual podría hacerlo.”
El Tribunal de Primera Instancia en el caso de Sara M. Claudio y Otros v. Rafael Hernández Colón y Otros, Civil Núm. KPE-88-0274(904) señala las salvaguardas que provee la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, conocida como Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias, para evitar el fraude, a saber:
1[.] Tarjeta de Identificación Electoral — El propósito de utilizar esta tarjeta en colegio cerrado es a los únicos efectos de identificar al elector ya que en colegio cerrado no se requie-ren más garantías por que no es posible que un elector pueda estar en dos (2) sitios a la misma vez.
2. La firma del elector en la lista electoral y la consigna-ción en la misma del dato de la preferencia del elector en cuanto al partido que se dispone votar — Este mecanismo fortalece las garant[í]as contra el fraude, ya que el elector figuraría en una sola lista oficial de votación con un número electoral único. En cuanto a la certificación bajo juramento de que no ha participado ni participará en otro proceso electoral en una primaria la Ley Electoral no contempla dicho requeri-miento ni para las Elecciones Generales ni para las primarias a celebrarse próximamente, pero podrían implantarse admi-nistrativamente.
3. RECUSACI[Ó]N — Este mecanismo que puede ser utili-zado por cualquier elector no impide que el elector recusado vote. Además, la causal de recusación por no ser miembro del partido se hace prácticamente imposible de aplicar, ya que los partidos no tienen un registro de afiliados a nivel de colegio y de unidad disponible. No tenemos constancia de que algún elector haya sido denunciado por votar ilegalmente.

La Comisión compareciente informa a este Honorable Tribunal que no ha estado trabajando para la celebración de las primarias bajo el sistema de colegio abierto el día 12 de junio de 1988[,] pero que de así ordenarlo el Honorable Tribunal se tomarán las medidas pertinentes para celebrar dicho evento en el sistema de colegio abierto.

Dicha medida no incluye el entintado del elector porque para implantar dicho mecanismo tomaría un máximo de cinco (5) meses adicionales, lo que implicaría la imposibilidad de ce-lebrar las Elecciones Generales en la fecha que establece la Constitución de Puerto Rico. Esto es así debido a que la fór-mula química para la tinta es única, indeleble e invisible y que dentro de las especificaciones del suplidor, una vez se adjudi-que la subasta, exige noventa (90) días para su producción, ésto incluye, además, la producción de los envases especiales.

Actualmente está en proceso la subasta de todo lo concer-niente al entintado para las elecciones generales con miras a tenerlo durante el mes de octubre, a tiempo para las Elec-ciones Generales.

En resumen, sería menester para la Comisión poder im-plantar las primarias del 12 de junio de 1988 utilizando el cole-gio abierto los siguientes criterios:

1. Utilizar colegios comunes para ambos partidos con una sola lista de votación,

2. la presentación y perforación de la Tarjeta de Identifica-ción Electoral,

3. la firma del elector en la lista electoral y la consignación en la misma del dato de la preferencia del elector en cuanto a las primarias del partido en que se dispone a votar[,] y

4. la certificación bajo juramento de que no ha participado ni participará en otro proceso electoral de otro partido.

De darse lo anterior, podría generar una economía sustan-cial de los fondos públicos a utilizarse en las primarias.

Se incluyen como Apéndice II las expresiones de los se-ñores Comisionados en cuanto a la comparecencia de la Comi-sión. Comparecencia de la Comisión Estatal de Elecciones, págs. 6-9.

Los demandantes apelados y los codemandados ape-lantes, el Gobernador y el Secretario de Justicia, sometieron sus respectivos alegatos. Como es de esperarse, los deman-dantes no objetan el informe de la Comisión y solicitan que se confirme en todas sus partes la sentencia apelada. El Go-bernador y el Secretario de Justicia, en un breve escrito, reiteran su posición original y solicitan que se revoque la decisión del Tribunal o, en la alternativa, se posponga cual-quier remedio en los méritos para las elecciones posteriores al 12 de junio de 1988; o sea, que solicitan que las primarias del 12 de junio se celebren bajo el sistema de colegio cerrado tal y como el mismo estaba diseñado por la ley y el regla-mento al momento de iniciarse esta acción. Resolvemos sin trámite ulterior.

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Al día de hoy nadie cuestiona que el derecho al voto es uno de los derechos fundamentales garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980), y su progenie. Le corresponde al Estado el adoptar las medidas sustantivas y procesales para hacer viable ese derecho fundamental. Siempre y cuando estas garantías no infrinjan indebidamente ese derecho, este Tribunal deberá guardar una debida deferencia al arbitrio legislativo.

Debemos aclarar que ante nos no se plantea que uno u otro sistema, el cerrado o el abierto, es el único que garan-tiza el pleno ejercicio de los derechos electorales de nuestros ciudadanos. Lo que está planteado es si el sistema de colegio cerrado, tal como fue originalmente implantado para las próximas primarias, resiste el ataque constitucional de los electores demandantes, del cual se hizo eco el ilustrado ma-gistrado de instancia. Resolvemos que no.

Para resolver tomamos como un hecho evidente, y no con-trovertido, el que la propia Comisión admite que “a los fines de implantar las medidas mencionadas en el párrafo prece-dente bajo el colegio cerrado no hay tiempo hábil con ante-rioridad al 12 de junio para cumplir con los trámites adminis-trativos requeridos por dichas medidas ..Comparecencia de la Comisión Estatal de Elecciones, pág. 7.

De manera que, para celebrar las primarias bajo el cole-gio cerrado, tendríamos que tomar una de dos (2) medidas:

1. dejar en vigor la ley y el reglamento tal y como están vigentes al día de hoy. Tal decisión afectaría a los deman-dantes apelados, a las personas en situación análoga y demás electores en las situaciones previstas en nuestra orden original, o

2. posponer las primarias para una fecha posterior, para que se pueda implantar un sistema adecuado.

Ambas resultan inaceptables. La primera, porque podría conllevar el que un número indeterminado pero sustancial de electores no pueda votar en dicho evento electoral por razón de la decisión del Estado. La segunda, porque trastocaría todo el diseño y ordenación de labores y términos provistos para las elecciones generales.

Lo anterior nos mueve a resolver que aunque el sistema de colegio cerrado no es inconstitucional per se, según ha sido implantado, sin otras alternativas factibles, es inconstitucional.

Ante esa realidad, y en consideración de que de la infor-mación provista por la Comisión se desprende que el sistema de votación por colegio abierto se puede implantar en las primarias del 12 de junio siguiendo los métodos señalados por la Comisión, no queda duda de que esta última alterna-tiva es la más razonable y adecuada. Tiende, bajo los hechos presentes en este momento, a darle mayor validez y garantía a un efectivo ejercicio al voto por los electores interesados en participar en dichas primarias.

Se confirmará la sentencia apelada y se ordenará a la Comisión Estatal de Elecciones a celebrar las primarias el 12 de junio de 1988 bajo el sistema de colegio abierto, según el método señalado en la comparecencia de dicha Comisión, recogidos en las págs. k81-k88 de esta opinión. Se devolverá el caso al tribunal de instancia para que, en forma compatible con lo aquí resuelto, dilucide cualquier controversia que puedan plantear las partes en cuanto a la fase ejecutoria de su sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso disiente mediante opinión, a la cual se une el Juez Presidente Señor Pons Núñez.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía.

Al suscribir la opinión de este Foro confirmatoria del de-creto de inconstitucionalidad del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez), conside-ramos de rigor sucintamente reiterar —en abono de ese dic-tamen— los principios controlantes expuestos separadamen-te en nuestra ponencia del pasado 18 de mayo de 1988.

I

Primero, "el sistema de colegio cerrado no es inconstitu-cional per se ..Opinión del Tribunal, pág. 485. En el caso de autos, la alternativa de inconstitucionalidad ha sido la única ruta decisoria disponible por la magnitud del defecto detectado por el tribunal de instancia.

“El mismo es resultado directo de la Asamblea Legisla-tiva, por primera vez en la historia del país, [haber] im-puesto ese sistema de votación, e inexplicablemente, no haber provisto los mecanismos necesarios para viabilizar el voto adelantado para todos aquellos electores bona fide del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) y Partido Popular Demo-crático (P.P.D.) —que por razón de situaciones peculiares de familia, impedimentos físicos o estar ocupados en funciones indispensables— de otro modo, no podrán concurrir o en-claustrarse a votar en un colegio cerrado de horario limi-tado.” (Énfasis suplido.) Ponencia de 18 de mayo de 1988, pág. 3.

Y segundo, “[t]odos los esquemas estatutarios electorales del pasado y más recientes —bajo colegio cerrado— en mayor o menor grado reconocían y viabilizaban el voto por affidavit para atender las circunstancias cuando ‘un elector no pudiere concurrir normalmente a votar en el colegio en que figure su inscripción, por razón de estar ocupado en fun-ciones indispensables de carácter público.’ (16 L.P.R.A. see. 215; Equity Ed. 1955, id., Ed. 1961). Bajo esta categoría se encontraban médicos y practicantes, enfermeras graduadas y alumnas y cierto personal de los hospitales y clínicas pri-vadas. También un sinnúmero de empleados de las corpora-ciones públicas. De igual modo se proveía para el voto ausente de militares, estudiantes y obreros migrantes, (16 L.P.R.A. sec. 41a; Equity Ed. 1972). Más aún, el concepto de acceso al voto alcanzó su mayor plenitud en el sistema de colegio abierto. En el Reglamento Oficial de Elecciones Ge-nerales de 1984 se implantó la solicitud para votar en el Cole-gio de Fácil Acceso, para aquellos ‘electores que tengan una incapacidad temporera o permanente que les ocasione cami-nar con dificultad o inseguridad o que tengan que usar silla de ruedas y por lo cual estén impedidos para subir y bajar escaleras. . .’ Regla 18.

La Ley de Primarias que nos ocupa desconoce estas rea-lidades y mecanismos, e instaura imperfectamente el colegio cerrado. Es un retroceso. Paradójicamente este sistema — en aras de la pureza electoral— cierra las puertas a parte del spectrum de electores afiliados, de otro modo capacitados para votar. La ironía del diseño es que incide en los más ne-cesitados: envejecientes, enfermos ambulatorios, obreros y aquellos profesionales que prestan servicios indispensables al país. La desigualdad en el trato no sólo es aparente, sino sensiblemente hiriente”. Ponencia de 18 de mayo de 1988, págs. 6-7.

I — 1 ) — i

El hacer viable el acceso razonable al voto de todos tiene su génesis en el Art. II, Sec. 2 de nuestra Ley Fundamental, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, la cual se inspira en el ejer-cicio al sufragio real e igual. Como fuente de referencia, la Asamblea Constituyente reconoció expresamente su exten-sión —a título de ejemplo— a los no videntes con el propó-sito de situarlos en parangón con ese vasto sector de ciuda-danos que padecen físicamente de limitaciones por razón de nacimiento, accidentes, enfermedades o el desgaste natural del simple discurrir de los años. Con sabia prudencia dejó estos casos de excepción “para ser atendidos con mayor efi-cacia por la acción legislativa correspondiente . . .”.

Bajo esta visión es comprensible que, en la medida en que la Constitución proyecta no sólo valores sustantivos, sino instrumentales —en constante evolución y enriqueci-miento— todo diseño estatutario electoral que se aparte de ese mandato y no atienda justicieramente estas realidades presenta serios problemas. Adolece de una imperfección que debe ser remediada inicialmente por la Legislatura y el or-ganismo electoral delegado y, en su ausencia, finalmente por el Poder Judicial. Aunque las soluciones son múltiples y en ocasiones complejas, “lo que no se puede hacer es negar el problema, diría Ortega a nadie calma la sed saber que no podrá beber”.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Pons Núnez.

La intervención judicial en este caso, a escasamente diez y ocho (18) días de celebrarse las primarias y ausente una clara y opresiva violación constitucional, no es prudente ni se justifica.

A escasamente diez y ocho (18) días de la celebración de las primarias de los partidos políticos, la mayoría de este Tribunal cambia el proceso de votación provisto por la ley y por la reglamentación de la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) de colegio cerrado a uno de colegio abierto. De-vuelve, además, el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para que éste dilucide cualquier controversia que dicho cambio pueda ocasionar.

La impugnación constitucional ha llegado a nosotros a tan corto plazo de la fecha fijada para la celebración de dichas primarias que los procesos preparatorios para las mismas se han hecho según el sistema de colegio cerrado.

La intervención judicial en el curso normal de este pro-ceso de trascendencia y profunda significación social no debe ser obtenida en fecha tan cercana de la celebración de las primarias, sino sólo como urgente y extraordinario remedio ante una clara y opresiva violación constitucional. En el pre-sente caso no se ha demostrado que esa sea la situación. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 263 (1980); Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964).

En su comparecencia ante nos la C.E.E. sostuvo que no se cuenta con suficiente tiempo con anterioridad al 12 de ju-nio de este año para celebrar las primarias bajo el colegio cerrado y proveer para el voto preferente y ausente de de-terminados electores. Por ello, este Tribunal ordena la cele-bración de primarias mediante colegio abierto.

Las medidas tomadas alteran significativamente los pro-cesos provistos en la Ley de Primarias y en la Ley Electoral. Desde hace cinco (5) meses la C.E.E. aprobó un reglamento para las primarias. También ha aprobado un manual de pri-marias. Ambos instrumentan el colegio cerrado que dispone la ley.

Todas las instituciones, organismos y candidatos, entre otros, han hecho sus preparativos para las primarias en base a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Las instrucciones dadas a los funcionarios de colegio y a los par-tidos políticos están diseñadas para el funcionamiento de un sistema de colegio cerrado.

Ahora de forma repentina se cambia toda la planificación, diseño e instrumentación del método de votación establecido por la Asamblea Legislativa en 1980 y en 1984. Las conse-cuencias y el alcance de este cambio de sistema de votación no son previsibles. Sus efectos están por verse.

Por último, pero no menos importante, es altamente pre-ocupante que se le conceda facultad al tribunal de instancia para que dilucide las controversias que este cambio conlleva. Se coloca en manos de un tribunal de instancia dilucidar con-troversias que surgirán del disloque que provoque el cambio ordenado. Los tribunales de justicia están para resolver casos y controversias, no para administrar un sistema electoral. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

       Art. 4.001 y ss. de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3161 y ss.

       El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente en el que proponía confirmar de inmediato el decreto del Tribunal Superior.

       Por otro lado, las expresiones de los Comisionados Electorales revelan claramente que los partidos políticos no se verán afectados por nuestra decisión.

       4 Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente 2563 (1951).

       íd.

       A.E. Mooney, Comentarios al “estatuto de los partidos politicos”, 1983-A Rev. Jur. Arg. La Ley 772 (1983).


author:
      (.Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Hon. Carlos J. Calcador Berríos, demandante y recurrente, v. Rosa M. Ramírez Pantojas, Alba I. Rivera Ramírez, Comisión Estatal de Elecciones, demandadas y recurridas.

      Número: RE-88-212

      Resuelto: 26 de mayo de 1988

      José Juan Nazario De la Rosa y Juan Santiago Nieves, de Naza-rio, Santiago y De León, abogados del recurrente; Ada Rosa Juarbe, abogada de las recurridas Rosa Ramírez Pantojas y Alba Rivera Ramírez; Agustín Mangual Hernández, abogado de la recurrida, Comisión Estatal de Elecciones.
   RESOLUCIÓN

Es un principio cardinal fundamental de nuestro sistema representativo democrático que el pueblo debe ser el que es-coja a quienes quiere que lo gobierne. Este principio se puede menoscabar o socavar tanto mediante una limitación de las personas que pueden ser electas como del derecho al voto. Tomando esto en consideración y el hecho de que la codemandada Rosa María Ramírez Pantojas tiene la inten-ción actual de aspirar genuinamente al cargo, y que el tribunal de instancia en su sentencia ha ordenado específicamente “a la codemandada Hon. Alba I. Rivera Ramírez que se abs-tenga de aspirar, aceptar o juramentar al cargo de Represen-tante por el Distrito Núm. 3 de San Juan durante el próximo cuatrienio”, “no debemos coartar la expresión de la voluntad de los electores que han dado su endoso a [Rosa María Ramí-rez Pantojas], siendo nuestro deber promover que dicho electorado tenga las mayores alternativas de expresión de su voluntad de manera que sea dicho electorado quien juzgue la buena fe e intenciones de la candidata”. Se deniega el re-curso.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente, al cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rebollo López, aun cuando no suscribe en su totalidad los argumentos y fundamentos expuestos en el voto disidente emitido por el Juez Asociado Señor Negrón García, al igual que éste expediría el auto de revisión solicitado y dictaría sentencia revocatoria de la emi-tida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, que descalifica como candidata al cargo de Represen-tante por el Distrito Núm. 3 de San Juan a la codemandada recurrida Rosa María Ramírez Pantojas.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

En nuestro sistema de adjudicación aspiramos siempre a una mayor aproximación al ideal de la verdad y de la justicia; con más vehemencia en la aplicación de la Ley Electoral de Puerto Rico y en la axiología neutral que la apuntala. De esa forma evitamos que los principios rectores que la inspiran se conviertan, al decir de Natalio Botana, en “máscaras o es-pejos deformantes: [que] esconden cosas y condicionan la re-presentación política”. Después de todo, las “leyes electo-rales sirven para alcanzar ciertos objetivos (valores) y para eludir otros: son valiosas, regulares o desvaliosas”. Al juz-gar, es misión por excelencia del Poder Judicial imprimirle la máxima escala valorativa.

El silencio y la imperfecta disposición estatutaria en cuanto al dolo y fraude, como razones de descalificación de un candidato a un puesto electivo, no son óbices para soste-ner esta causa de acción. “[E]l legislador no puede anticipar nunca todas las posibilidades imaginables en el elenco de si-tuaciones en que la dinámica y conducta humanas se desen-vuelven.” P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 429 (1980). El interés constitucional de poder participar como aspirantes o candidatos en un proceso electoral, “[n]o es absoluto ni existe el alegado derecho fundamental a ser candidato a un puesto electivo”. García v. Luciano, 115 D.P.R. 628, 630 (1984); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 D.P.R. 1, 25 (1978). Si un aspirante o candidato electo no cumple con los requisitos constitucionales y le-gales, o viola cualesquiera de sus disposiciones electorales, se expone a ser judicialmente descualificado. Tonos Florenzán v. Bernazard, 111 D.P.R. 546 (1981); García v. Luciano, supra, pág. 630.

A través de este prisma, el decreto judicial del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Pedro López Oliver, Juez), plasmado en su respetable Sentencia de 18 de mayo de 1988, es parcial e inconcluso. No reinvindica totalmente los valores constitucionales de integridad, pureza, legitimidad e impar-cialidad declarados en el Art. 1.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3002. Para darles vigencia de-bimos expedir el auto, modificarla y, como remedio ineludi-ble, descualificar a la Sra. Rosa M. Ramírez Pantojas como aspirante a la nominación de Representante por el Distrito Núm. 3 de San Juan en los procedimientos de primarias in-ternas del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) a celebrarse el 12 de junio de 1988.

Reproduzcamos la cronología fáctica que nutre este singular drama conforme con las determinaciones de hecho e inferencias de la ilustrada sala sentenciadora, según comple-mentadas por nuestro análisis integral apelativo de la prueba documental.

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Carlos J. Calcador Berrios, mcumbente en el Distrito Núm. 3 de San Juan a la Cámara de Representantes por el P.N.P., durante junio de 1987, participó en el proceso de se-lección interna de dicho partido y resultó nominado para el mismo cargo. Alba Iris Rivera Ramírez, conocida pública-mente como Albita Rivera —hija de Rosa María Ramírez Pantojas— es al presente senadora por dicha agrupación po-lítica.

Para esa época, ella y varios ciudadanos llegaron a la con-clusión de que las labores del representante Calcador Be-rrios no fueron satisfactorias. Por tal motivo, ella estimó oportuno abstenerse de postularse nuevamente para un es-caño senatorial y optó por aspirar a representante por el mencionado Distrito Núm. 3. A tales efectos, a finales de 1987 inició activamente su campaña. Como insignia escogió un “coco” con la frase sobrepuesta de “Estoy con Albita”. Conjuntamente se hicieron banderas, rótulos y pasquines, los cuales distribuyeron por todo el precinto. Toda esta propaganda contenía el símbolo de referencia y, en algunos, su retrato.

Así las cosas, durante ese período se rumoró que el Par-tido Popular Democrático (P.P.D.) podría impugnar su candi-datura por razones de residencia. La senadora Rivera Ramírez se reunió con el Comisionado Electoral del P.N.P. y sus abogados. Transcurrió el tiempo. En vista de que se aproximaba el 15 de marzo de 1988 —fecha límite para la presentación de la declaración de intención de aspirantes a puestos electivos— por recomendación del referido Comisio-nado Electoral desistió a esa nominación. Comenzó entonces un proceso para reclutar otros candidatos que pudieran co-rrer en las primarias contra Calcador Berrios. La búsqueda fue infructuosa.

Ante la ausencia de candidatos, su señora madre Rosa María Ramírez Pantojas se ofreció. Poseía vasta experiencia en el campo político y como afiliada al P.N.P. había partici-pado activamente en ese precinto. Por años su residencia fue y ha sido un comité de campaña.

El 15 de marzo de 1988 presentó ante la Comisión Estatal de Elecciones el formulario informativo requerido por ley. En el formulario informativo usó el nombre de Rosín (Al-bita) Ramírez y manifestó su intención de participar, aunque juró con su nombre oficial. Sin embargo, usó la misma insignia que estaba utilizando en su campaña previa su hija Rivera Ramírez. Ese mismo día, esta última “celebró una conferencia de prensa en la cual, en esencia, señaló que no daría a la oposición la oportunidad de acudir a los tribu-nales; que su señora madre había radicado su candidatura por el escaño representativo número 3 de San Juan, que después que su señora madre fuera electa en las primarias y fuera electa nuevamente el 8 de noviembre de 1988 renun-ciaría al escaño, procediendo el partido a nombrar la suce-sora, asegurando a los periodistas que ella sería la selec-cionada. Informó además que haría toda la campaña a favor de su madre y confirmó que dicha candidatura era lo que se conoce como una ‘candidatura de agua”’. (Énfasis suplido.) Anejo I, pág. 7.

Aunque su madre Rosa M. Ramírez Pantojas no estuvo presente en dicha conferencia, de la prueba razonablemente inferimos que desde su incepción en todo momento estuvo concientemente en connivencia y de acuerdo con su hija Rivera Ramírez para realizar el plan preconcebido de postu-larse y, de resultar electa, renunciar a su favor al escaño. Abona a esta conclusión la apreciación del foro de instancia de que “podríamos hacer tal inferencia, dada la estrecha re-lación familiar que existe entre madre e hija y por el hecho de que tampoco tenemos evidencia de que la codemandada, Rosa María Ramírez Pantojas, negara las manifestaciones de su hija”. Anejo I, pág. 6.

Pocos días después de esta conferencia de prensa, la se-nadora Rivera Ramírez se percató del alcance de sus expre-siones y de que sus propósitos eran indebidos. Posterior-mente estuvo hospitalizada. Durante todo este período y hasta el 11 de mayo —fecha de la celebración de la vista judicial en el caso de autos— reflexionó. Como resultado, “cam-bió de parecer sobre sus intenciones de que su señora madre fuera una ‘candidata de agua’”. Anejo I, pág. 8. Bajo jura-mento testificó “que reconoce que ha perdido la oportunidad de aspirar al cargo de Representante por el Precinto 3 de San Juan y que está trabajando activamente como direc-tora de campaña de su señora madre con el propósito de que ésta ocupe la posición”. (Énfasis suplido.) Anejo I, pág. 6.

Aproximadamente dos (2) semanas antes, previa reunión de líderes del precinto en donde ambas estuvieron presentes, se determinó que no se utilizarían las banderas ni los car-teles antes usados que contenían imágenes y expresiones re-ferentes a Rivera Ramírez. Se comenzó la planificación de una campaña que proyectara la imagen de Rosa María Ramí-rez Pantojas. La campaña no se llevó con todo vigor, pues ellas dedicaron todos sus esfuerzos al proceso de recusa-ciones. La señora Ramírez Pantojas ha declarado pública-mente que si es electa no dejaría el escaño “a su hija”. Anejo X, pág. 115.

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No albergamos dudas de que los hechos reseñados reve-lan que Alba Iris (Albita) Rivera Ramírez y su madre Rosa M. Ramírez Pantojas, consciente, voluntaria, premeditada-mente y en común acuerdo, planificaron toda la estrategia para la nominación de ésta como aspirante al cargo de Re-presentante por el Distrito Núm. 3 de San Juan. De esa forma, por mediación de su madre, competiría para esa no-minación sin estar cualificada, bajo la creencia de que consti-tucionalmente estaba impedida por carecer del requisito de residencia. Estos planes se iniciaron inmediatamente y tu-vieron como efecto a corto y a largo plazo obligar la celebra-ción de primarias a través de una aspirante ficticia.

Surge del documento oficial denominado Formulario in-formativo para aspirantes a puestos electivos (intención de candidatura) que Rosa María Ramírez Pantojas, sin re-servas, usó acomodaticiamente el sobrenombre ficticio de “Albita”, denominación ajena a toda su realidad personal y circunstancial, pública y privada. En la consecución de ese fin, preséntó además ante la Comisión Estatal de Elecciones, como insignia, identificación de papeleta y, como símbolo de campaña, un “coco” con el lema de “Estoy con Albita”. La estrategia política publicitaria era y es evidente: evocar en los electores frente al adversario Calcador Berrios el nom-bre de su hija Albita Rivera como la candidata en propiedad.

Más aún, la campaña publicitaria desplegada incluía un retrato de la candidata real tras bastidores Albita Rivera. Toda esta prueba testifical y documental es demostrativa de que ella de facto era, desde noviembre de 1987 hasta la cele-bración de la vista judicial el 11 de mayo de 1988, la candi-data a las primarias internas del P.N.P. La paradoja de esta situación —de la cual su señora madre Ramírez Pantojas no puede desvincularse— es que ambas iniciaron un curso de acción unitario y confabulatorio que culminó con una candi-datura en contravención de los procesos electorales —cre-ando así confusión en el electorado afiliado al referido parti-do— que sólo detuvieron pocos días antes y en atención a la presentación de la demanda judicial.

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¿Qué efectos jurídicos tiene bajo nuestro ordenamiento jurídieo-electoral este trasfondo fáctico? Concluimos que el 15 de marzo de 1988, fecha en que la aspirante Rosa María Ramírez Pantojas suscribió, juró y presentó en la Comisión Estatal de Elecciones el formulario sobre intención de nomi-narse por su partido a la posición de Representante por el Precinto Núm. 3 de San Juan, carecía en lo absoluto y no tenía verdadera intención de ser una candidata bona fide. Este hecho indisputable, medular en el curso decisorio, la descalifica por violar el texto y espíritu de la Ley Electoral de Puerto Rico, preceptivo de que todo elector aspirante a una nominación “acepta ser postulado como candidato . . 16 L.P.R.A. see. 3164. Nos explicamos.

■ En todo diseño electoral existe una correlación recíproca, a título de pacto de dimensión tripartita, que se proyecta entre el candidato y los electores que suscriben inicialmente su petición de primarias al partido político al cual pertenecen y, finalmente, la ciudadanía participante en las elecciones ge-nerales. El elemento cardinal en esa relación es la con-fianza que intrínsecamente genera la candidatura, de que la aspiración es legítima, personal e intransferible.

En la medida en que Rosa M. Ramírez Pantojas —al mo-mento de jurar y presentar su declaración de candidatura en la fecha límite fijada por la ley— no tenía verdaderamente ninguna intención de serlo, quedó ab initio descualificada. Únicamente la inminencia del pleito y su posterior ventila-ción la movió a variar cualificadamente su postura para de-clarar que, de ser electa, no dejaría el escaño “a su hija”.

La naturaleza especial e interés público de que está re-vestida en todas sus etapas la elección de candidatos, lejos de hacer inaplicable la doctrina general relativa al vicio del con-sentimiento por dolo o fraude —consistente aquí en la ausen-cia de una intención real de aspirar al cargo— reclama- su más estricta aplicación como único mecanismo para no sub-vertir la razón lícita en que se funda. Desde su incepción, la trama urdida para defraudar y confundir a los electores constituye en sí misma —por su propia e inherente condición fraudulenta— un vicio de índole moral que constitucional-mente el Poder Judicial no puede convalidar y dar por bueno. Repetimos, toda candidatura es en sí un pacto de la más alta categoría en el orden jurídico y social del derecho público electoral. Cuando la candidatura no representa un compro-miso y consentimiento real, de buena fe, sino que es producto de una conducta dolosa, ello ofende la moral y espíritu y, desde su génesis, está herido de muerte. En sus entrañas lleva el vicio del engaño. Ante ese cuadro revelador, no po-demos auspiciar una candidatura que nace espuria y procede de un comportamiento maculado en su intrínseco valor social por el germen del fraude. Este cuadro no es susceptible de generar confianza pública, desvirtúa el propósito de su crea-ción y niega al sistema su verdadera esencia como instru-mento de utilidad social.

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Una nota final cautelar. Es indudable que toda esta trama, en el fondo, nace y se proyecta por el amor materno-filial de las protagonistas y sus legítimos deseos de servir a una causa e ideal político. Respetamos los mismos. Sin embargo, es menester reconocer que esos sentimientos fami-liares y convicciones aquí no fueron válidamente encauzados. Ciertamente no constituyen excusas para refrendarlos y menos para que debilitemos la integridad del proceso electoral que es la salvia que da vida al árbol representativo de nuestro sistema democrático.

Por los fundamentos expuestos, disentimos. Expedirí-amos el auto y modificaríamos la sentencia del tribunal de instancia a los fines de declarar que la Sra. Rosa M. Ramírez Pantojas está descualificada de aspirar a la nominación de Representante por el Distrito Núm. 3 de San Juan por el P.N.P.

       Véase N. Botana, Las Leyes Electorales, citado por N.P. Sagúes, Régi-men Electoral y Legitimidad Política, 1983-C Rev. Jur. Arg. La Ley 781 (1983).

       Sagües, supra.

       Sobre el particular, conocida es la norma de que en la etapa apelativa estamos en iguales condiciones que los foros de instancia para apreciar la prueba documental y arribar a nuestras propias conclusiones. Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 D.P.R. 204 (1986).

       Albita Rivera admitió en la conferencia de prensa celebrada el 15 de marzo de 1988 que había escogido el nombre de su madre para que sea “quien me represente ahí”.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Vanessa Vergne Torres, querellada.

      Número: 6630

      Resuelto: 27 de mayo de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante; Vanessa Vergne Torres, por derecho propio.
   PER CURIAM:

El 3 de diciembre de 1987, en atención a una comunicación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, expositiva de las difieultades que confrontaba para localizar y examinar los pro-tocolos y registros de la notario Vanessa Vergne Torres, le concedimos a ésta veinte (20) días para que pusiera a disposi-ción del Director de la Oficina de Inspección de Notarías su obra notarial. Esta resolución le fue notificada por conducto de su esposo.

El 1ro de febrero compareció e informó, en esencia, que debido a situaciones delicadas de salud de su hijo y señora madre, no había podido cumplir con ese requerimiento. Ofre-ció sus excusas y nos solicitó hasta el 8 de febrero de 1988 para la revisión de los aludidos protocolos. Accedimos a extender el término, con carácter final, hasta el 27 de febrero.

No cumplió con dicho mandato. El 24 de marzo orde-namos al Alguacil General la inmediata incautación de su obra notarial, la suspendimos provisionalmente del ejercicio del notariado y le concedimos veinte (20) días para que com-pareciera por escrito a mostrar causa por la cual no debería ser suspendida definitivamente ni disciplinada en la práctica de la abogacía. Luego de varias gestiones infructuosas, final-mente el 31 de marzo el alguacil logró diligenciar parcial-mente nuestro mandamiento y obtuvo la entrega de los pro-tocolos correspondientes a 1986 y 1987. No entregó el Regis-tro de Afidávit.

Como resultado del examen realizado por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, se hallaron en los pro-tocolos innumerables deficiencias referentes a omisiones en la cancelación de sellos de rentas internas de diversos va-lores; faltaba foliar en el protocolo de 1986 (desde el folio 49 en adelante); el protocolo de 1987 estaba sin encuadernar, y todavía el Registro de Afidávit no había sido entregado.

El 25 de abril de 1988 el Director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías nos informó que la notario Vergne Torres había corregido las deficiencias en los protocolos de 1985 y 1986, aunque la foliación correspondiente a este último año estaba incompleta. Respecto al protocolo de 1987, explicó que no estaba encuadernado, faltaba foliarlo en números y se había omitido cancelar en treinta y cuatro (34) escrituras un total de $551 en valor de sellos de rentas internas. Subsi-guientemente, el 19 de mayo nos informó que el día anterior la notario Vergne Torres había concluido la corrección de estas deficiencias y entregado el Registro de Afidávit, el cual fue hallado correcto. Sólo restaba la encuadernación de dicho protocolo.

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Reiteradamente hemos enfatizado que la notaría es función de cuidado y debe ser ejercida con suma diligencia y celo profesional. La observancia de las disposiciones de la ley es esencial. En todas sus etapas, “[rjeafirmamos nuestro compromiso de velar por y lograr la máxima excelencia en la profesión y función notarial. In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987); In re Pedraza González, 118 D.P.R. 87 (1986); In re Aponte Arch[é], 117 D.P.R. 837 (1986); In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985)”. In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987). La omisión en cancelar los correspondientes sellos de rentas internas como conducta repetitiva es de carácter grave. In re Tirado Saltares, supra.

Las circunstancias antes descritas, el carácter repetitivo y el cúmulo de las serias omisiones en que incurrió la notario Vergne Torres, su previo historial e inexcusable tardanza en entregar el Registro de Afidávit, nos obligan a decretar su suspensión del ejercicio de la notaría indefinidamente.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton disienten en cuanto a la imposición de la sanción disciplinaria, la cual limitarían a un (1) año.

       Con anterioridad, el 16 de mayo de 1985, había sido suspendida de la notaría por incumplimientos en rendir los índices semanales y no haber respon-dido a tiempo a nuestros requerimientos. El 3 de octubre de 1985, luego de un informe del Procurador General expositivo de la situación peculiar de salud familiar que presentaba, sustituimos dicha sanción por una amonestación. Sin embargo, en esa ocasión fue apercibida a “cumplir bien y fielmente” las obligaciones dimanantes del ejercicio notarial.