text:
    IBEC Housing International, Inc., demandante y recurrente, v. Banco Comercial de Mayagüez, Bracero & Bravo Const. Corp., Inc., demandados y recurridos.

      Número: R-85-21

      Resuelto: 19 de mayo de 1986

      Edilberto Berrios Dávila, abogado de la parte recurrente; Carlos Martínez Vélez de Montanez & Alicea, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

I

IBEC Housing International, Inc. (IBEC), contratista general encargada de la construcción de 1,126 unidades de vivienda en Mayagüez, subcontrató en noviembre de 1974 a Bracero & Bravo- (B & B) la fase estructural en hormigón y bloques así como el replanteo, relleno y compactación del área, por el precio de $3,017,000 a pagarse contra certificaciones mensuales que sometería B & B según progresara la obra. El capital de operación lo obtuvo B & B de una línea de crédito que le facilitó el recurrido Banco Comercial de Mayagüez (Banco) por $100,000 ampliada luego a $150,000. Para ase-gurar su pago, el 29 de noviembre de 1974 B & B cedió al Banco todos los derechos y acciones que a aquélla correspon-dían en el subcontrato con IBEC.

El 3 de diciembre de 1974 IBEC otorgó un reconocimiento (acknoioledgment) de la cesión de créditos en la que sin apro-barla () limita su obligación “a asegurarse de que cualquiera y todos los cheques pagaderos a Bracero & Bravo Construction Corp. bajo los términos del contrato ... se expidan con-juntamente a nombre de Bracero & Bravo y el Banco Comer-cial de Mayagüez”. Asimismo, con posterioridad al reconoci-miento por IBEC de la referida cesión de derechos a favor del Banco, y también, para aténder a la escasez de recursos de B & B, la recurrente IBEC le hizo anticipos de dinero y le suplió materiales de construcción fuera de los pactados en el subcontrato, que acordaron imputar al pago de las correspon-dientes certificaciones por trabajos realizados. Para recobrar dichos fondos y costo de materiales, IBEC dedujo su importe de las certificaciones núms. 13, 14, y 16-22, así compensó sus créditos posteriores a. la cesión con las deudas originales.

El 9 de noviembre de 1976 IBEC notificó a B & B la ter-minación del subcontrato por incumplimiento de ésta, le pro-hibió toda intervención en el proyecto y se hizo* cargo de con-cluir la fase estructural de la obra. Al día siguiente IBEC presentó demanda de sentencia declaratoria contra B & B y el Banco en la que pide que se declare su derecho a concluir la obra sin interferencia del Banco; a suspender todo pago a B & B hasta la liquidación del proyecto, y a utilizar en la termina-ción de la obra cualesquiera fondos no pagados a B & B (que incluyen el importe de certificaciones por trabajo realizado previamente cedido al Banco) y el balance de los fondos no certificados por B & B. Contestó el Banco impugnando el derecho de IBEC a recobrar mediante compensación contra B & B los anticipos de dinero y el costo de materiales en per-juicio de la cesión de derechos hecha por la subcontratista y formuló reconvención en que reclama el importe íntegro* de las certificaciones cedidas sin deducciones hasta cubrir su acreen-cia por una suma estimada en exceso de $250,000.

En su día ambas partes solicitaron sentencia sumaria y el 17 de junio de 1983 la sala de instancia dictó sentencia parcial en la que desestima la solicitud de IBEC, declara con lugar la reconvención del Banco y en su consecuencia ordena a IBEC pagar al Banco la cantidad que en vista oral a ese fin se determine como* asegurada por las certificaciones de pago* núms. 13, 14, y 16-22. En extensa y bien fundamentada opinión se basó el juez sentenciador en el Art. 1152 del Código Civil que permite al deudor (IBEC en este caso) dentro de la cesión de derechos, oponer la compensación de las deudas anteriores a ella, pero no las posteriores. Contra dicha sentencia recurrió IBEC a este Tribunal (R-83-302) y denegamos la revisión.

Devuelto el caso a instancia para liquidación de lo recla-mado, las cuantías pertinentes fueron objeto de estipulación por las partes. La recurrente IBEC cuestionó la finalidad de la sentencia, aun después de denegado el recurso de revisión, porque siendo una sentencia parcial que adjudica más de una reclamación, no se cumplió con el requisito de concluir que no existe razón para posponerla hasta la solución total del pleito. Regla 43.5 de Procedimiento Civil. El tribunal desestimó el planteamiento, pero oyó y resolvió, dejando a un lado los im-pedimentos de cosa juzgada, una nueva defensa promovida por IBEC en su réplica consistente en que ella nada adeuda al Banco Comercial porque éste no aplicó los pagos de certifica-ciones recibidos específicamente a la línea de crédito y sí a otras deudas de B & B. () Desestimada esta defensa y apro-badas las estipulaciones sobre cuentas, el tribunal dictó sen-tencia por la que condenó a IBEC a pagar al Banco Comercial de Mayagüez la cantidad de $310,573 con costas e intereses legales y $1,500 de honorarios de abogado.

Recurrió por segunda vez IBEC en revisión ante este Tribunal. El 7 de febrero de 1985 expedimos el auto. En un plan de relitigación total del caso, señala como errores: 1) habér-sele negado derecho a compensar las deudas de B & B; 2) no permitirle usar los fondos deducidos de las certificaciones para terminar la obra; 3) interpretación equivocada del contrato; 4) considerar la sentencia parcial cosa juzgada o preceptiva de ley del caso, () y 5) la imposición de intereses legales y honorarios de abogado.

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Este caso nos ofrece una oportunidad de examinar la figura de la cesión de crédito en nuestro ordenamiento jurídico. Diez-Picazo la describe como “un negocio jurídico celebrado por el acreedor cedente con otra persona, cesionario, por virtud del cual aquél transmite a éste la titularidad del derecho de ‘crédito cedido’ L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 789. Puig Peña por su parte, señala que es “aquella operación en virtud de la cual un tercero, sustituyendo al acreedor se convierte en el titular activo de una obligación que, no obstante permanece la misma”. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T. III, págs. 242-243. Véanse también: J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil — Derecho de Obligaciones, San Juan, 1981, T. IV, Vol. 1, pág. 229, y E. Vázquez Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, San Juan, Eds. Jurídicas, 1973, T. III, Vol. 1, pág. 319.

Nuestro Código Civil limita la reglamentación sobre esta figura a señalar los efectos que tiene, principalmente con el deudor. “La cesión convencional se verifica por negocio jurídico entre el acreedor primitivo, conocido como cedente, y el nuevo, conocido como cesionario, mediante el cual aquél trans-mite el crédito a éste sin que la relación jurídica sufra en su contenido.” Vélez Torres, op. cit., pág. 229. El cesionario se instala en la misma posición y relación obligatoria con respecto al deudor a partir de la transmisión del crédito. Es una transmisión del crédito que hace el acreedor o cedente al cesionario por un acto ínter vivos que cumple una función económica de mucha importancia y utilidad en la economía moderna. La figura viabiliza la circulación de los créditos en el comercio y es de particular utilidad en el sistema bancario moderno. Díez-Picazo, op. cit., pág. 789.

Para que la enajenación del crédito a través de una cesión tenga validez, tiene que existir un crédito transmisible fundado en un título válido y eficaz. Es indispensable que sea un crédito existente que tenga su origen en una obligación que sea válida y eficaz. Diez-Picazo, op. cit., pág. 791. Para que la cesión sea eficaz frente a terceros, es preciso que su fecha conste por modo auténtico según lo dispone el Código. “La notificación es el instrumento técnico que sirve para vincular al deudor con el cesionario.” Vázquez-Bote, op. cit, pág. 325.

En otras palabras, el derecho protege al deudor que ignora la cesión y evita que se agrave su condición. Por eso el Art. 1417 libera al deudor “que antes de tener conocimiento de la cesión”, satisface al acreedor original, 31 L.P.R.A. sec. 3942. Caguas Company Inc. v. López, 59 D.P.R. 264 (1941); Mario Mercado e Hijos v. Olivieri, 60 D.P.R. 877 (1942); U.S. Casualty Co. v. P.R. & A. Ins. Co., 98 D.P.R. 489 (1970).

Una vez que el deudor ha sido notificado de la cesión sólo puede extinguir su deuda pagando al cesionario. El cambio de acreedor no empeora la situación del deudor y no lo priva de las reclamaciones que tenía frente al cedente a menos que haya consentido. Nuestro Código Civil regula el derecho de compensación del deudor'frente al acreedor cuando ocurre una cesión de derechos en el Art. 1152 (31 L.P.R.A. see. 3224), que dispone:

El deudor que hubiere consentido en la cesión de derechos hecha por un acreedor a favor de un tercero no podrá opo-ner al cesionario la compensación que le correspondería contra el cedente.
Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la con-sintió, puede oponer la compensación de las deudas anterio-res a ella, pero no la de las posteriores.
Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que hubiese'tenido conocimiento de la cesión.

Sólo cuando el deudor consiente a la cesión es que pierde el derecho de oponer al cesionario la compensación que le corresponde frente al cedente. Del segundo párrafo del Art. 1152 se desprende que si lo que hubo fue una mera notificación y el deudor no consintió, “puede oponer la compensación de las deudas anteriores ... pero no la de las posteriores” a la cesión. Finalmente, si nunca fue notificado el deudor podrá oponer todas las compensaciones hasta la fecha en que tenga conocimiento de la cesión:

Es sabido que el acreedor no necesita el consentimiento de su deudor para ceder el crédito, aunque interese al primero hacer la correspondiente notificación al segundo para evitar que el deudor quede libre de la obligación pagando de buena fe al acreedor anterior (art. 1.527 C.c.). Ello no es ningún obstáculo para que puedan darse las tres hipótesis que con-sidera el artículo 1.198: la de su primer párrafo, consistente en haber consentido el deudor la cesión del crédito; la del se-gundo párrafo, .en el sentido de no haberla consentido, y la del tercero o de no haberla conocido. Parece que sólo el se-gundo caso es rigurosamente consecuente con el efecto auto-mático de la compensación, pues queda admitida la compen-sación de los créditos anteriores a la cesión, pero no la de los posteriores, y, por supuesto, sólo los créditos anteriores pue-den haberse compensado, pues sólo antes de la cesión el acreedor cedente es todavía “acreedor principal del otro”, como dice el número 1. del art. 1.196. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. I, Vol. 2, pág. 455.

Examinado nuestro ordenamiento jurídico sobre la ce-sión de créditos y de derecho, procede la adjudicación final de este caso.

I — í hH 1 — 1

Al ser notificada de la cesión por B & B al Banco de su interés económico en el subcontrato, IBEC, deudora por trabajo realizado, quedó obligada con el Banco cesionario. Con-vino, además, en expedir conjuntamente a favor de B «fe B y su cesionario los cheques de certificaciones y hasta innecesa-riamente solicitó y obtuvo el consentimiento del Banco cuando acordó liberar al subcontratista parte del 10% retenido. Ad-mitido el destino de fondos para pagar al Banco, va contra sus propios' actos la recurrente IBEC al sostener que por no haber consentido expresamente la cesión de derechos la misma no le afecta.

Del párrafo segundo del Art. 1152 queda ordenado que la eficacia de la cesión de derecho no depende del consentimiento del deudor. Basta con que la cesión le sea notificada —e IBEC hizo un reconocimiento (acknowledgment) escrito de la notificación— para que se active la prohibición de oponer al cesionario la compensación de deudas posteriores a ella, como lo es la que intentó cobrar la recurrente IBEC mediante descuento de las certificaciones aprobadas y no pagadas.

La cesión de crédito tiene un propósito esencial de garantía. Las reglas del Art. 1152 (31 L.P.R.A. see. 3224) tienden a evitar que el cesionario o nuevo acreedor pierda fraudulentamente la seguridad de pago de su acreencia. La pretendida compensación opuesta por IBEC al Banco de los créditos por dinero anticipado y materiales, mediante deducciones de las certificaciones de trabajo realizado, tiene el efecto de disolver () la garantía que por la cesión había obtenido el Banco para su crédito'. En el convenio posterior a la cesión de derechos entre IBEC y la subcontratista B & B para suplir anticipos de dinero y materiales, ningún derecho adquirió IBEC sobre el importe de las certificaciones por labor realizada, pues ya esos dineros no le pertenecían a B & B; los había cedido al Banco' para amortizar sus deudas.

Confrontamos, por tanto, un acto de vulneración de garantía, con pleno conocimiento de los actores IBEC y B & B del derecho adquirido por el Banco en el importe de dichas certificaciones. “ [T] iene mala fe el que, conociendo un determinado acto jurídico, obra como si lo ignorase; . . . siempre que el conocimiento del hecho de la cesión se dé en el deudor, se está fuera del supuesto legal, y, por lo tanto, no quedará libre el expresado deudor. De donde se deduce que, no habiéndose extinguido la obligación legalmente, es ineludible el pago.” J. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. 1, pág. 559.

El incumplimiento del subcontrato por B & B y la necesi-dad de IBEC de hacerse cargo de la terminación de la obra no le confiere derecho a utilizar para ese fin fondos correspon-dientes a certificaciones por trabajo realizado, ganados por B & B antes de su cesantía, pues la sustitución del subcontra-tista no deroga la cesión de derechos al Banco.

Finalmente, la contumaz y prolongada resistencia de la recurrente IBEC al cumplimiento de obligaciones libremente contraídas justifican a plenitud la imposición de intereses le-gales y honorarios de abogado.

Por las razones descritas en esta opinión, se confirmará la sentencia del tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En dicho documento IBEC hizo constar que hacía expresa reserva de todos sus derechos bajo el subcontrato.

      (2)La defensa se formula por IBEC con ocho (8) años de tardanza en abierta contradicción de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil que ordena su inclusión en la alegación respondiente. La recurrente abandonó el plantea-miento en revisión.

      (3) El cuarto señalamiento de error resultará académico por la con-sideración ahora en revisión de los tres anteriores que no merecieron la expedición del auto en el primer recurso ante este Tribunal.

      (4) Hecha la deducción convenida a espaldas del Banco cesionario, las certificaciones fueron prácticamente canceladas; por ejemplo, la núm. 16 por $172,437.56 fue reducida a $19.47; la núm. 17 por $143,500 quedó en $8.47, y la núm. 20 por $322,494.57 se redujo a $9.05. De esta forma IBEC obtuvo para sí unos dineros que por la cesión pertenecían al Banco.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Ortiz

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Ángel Pérez Casillas y Otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-85-566

      Resuelto: 22 de mayo de 1986

      William Fred Santiago, Fiscal Especial Independiente, abogado de El Pueblo; William Marini Román, abogado del recurrido Nelson González Pérez.
   El Juez Asociado Señoe Ortiz

emitió la opinión, del Tribunal.

Nuevamente nos toca resolver controversias judiciales re-lacionadas con los sucesos del Cerro Maravilla. Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578 (1985); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). En esta ocasión debemos resolver si a las personas que se les imputa haber declarado como ciertos hechos esenciales conociendo su falsedad, al declarar bajo jura-mento ante una comisión del Senado de Puerto Rico, pueden ser procesadas por haber infringido el Art. 225 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4421, que define y establece las penas del delito de perjurio. ()

El Fiscal Especial Independiente, bajo los poderes que le confiere la Ley Núm. 1 de 18 de enero de 1985, sometió va-rias denuncias por violación al Art. 225 del Código Penal, en el Tribunal de Distrito, Sala de Utuado, contra los imputados Ángel L. Pérez Casillas, Jaime L. Quiles Hernández, Nelson González Pérez, Luis Reverón Martínez, Rafael Moreno Morales, Rafael Torres Marrero, Juan Bruno González, William Colón Berrios, José Ríos Polanco, Nazario Mateo Espada y Carlos Santiago Borrero. El Tribunal de Distrito desestimó los cargos de perjurio, por no imputar éstos delito. Actuó a tenor con lo dispuesto en la Regla 64(a) de Procedimiento Criminal. De su resolución escrita se desprenden los siguien-tes fundamentos en apoyo de su dictamen. Invocando- el prin-cipio de especialidad, según consignado en el Art. 5 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3005; () Pueblo v. Mena Peraza, 113 D.P.R. 275 (1982); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977), resolvió que la ley especial contenida en los Arts. 33 y 34 del Código Político, 2 L.P.R.A. sees. 153 y 154, es la apli-cable en los casos donde un testigo incurre en perjurio ante un organismo legislativo. El Art. 34 del Código Político establece que cuando un testigo en una declaración incurre en perjurio ante un organismo legislativo, se castigará con arreglo a las penalidades que fija el Art. 33 del Código Político. Allí se dis-pone que la persona incurrirá en un delito menos grave que aparejará una pena de no más de $1,000 ni menos de $100 o cárcel por no más de doce meses ni menos de un mes, o ambas penas. En estos casos el Presidente de la Cámara o el Senado certifica una relación de hechos, la cual será entregada al Secretario de Justicia, quien tendrá el deber de formular las acusaciones correspondientes ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Habiendo resuelto que en los presentes casos la ley aplica-ble es el Código Político, pasó a analizar las denuncias a tenor con el principio de legalidad consagrado en el Art. 8 del Código Penal, 38 L.P.R.A. see. 3031. () Resolvió que como el Art. 34 del Código Político no define el delito de perjurio en una declaración ante un organismo legislativo, el Estado está privado de instar acción penal por hechos ocurridos en tales circunstancias. Resolución Tribl. Dist. de 29 de agosto de 1985. Apéndices, pág. 88.

Por vía de dictum añadió que el Art. 225 del Código Penal tipifica el perjurio cometido ante un “organismo”, pero no define lo que esto constituye. Interpretó dicho término como ex-cluyente de los “organismos legislativos”.

Los anteriores razonamientos del magistrado se basaron en su concepción del principio de interpretación restrictiva de los estatutos penales. Adujo que cualquier duda debe re-solverse a favor de los acusados. Citó a Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972) ; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964); El Pueblo v. Benítez et al., 19 D.P.R. 246 (1913).

Expedido el auto de certiorari por el Tribunal Superior, Sala de Utuado, acordamos revisar directamente por vía del auto de certificación. Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil. Resolvemos que los imputados pueden ser procesados por el de-lito de perjurio, según tipificado en el Art. 225 del Código Penal de 1974.

H

El perjurio en Puerto Rico

Al aprobarse el Código Penal de 1902 se adoptó el delito de perjurio. El Art. 117 establecía como delito la conducta de una “persona que, habiendo jurado testificar, declarar, deponer ó certificar la verdad ante cualquier tribunal, funcionario ó persona competente, en cualquiera de los casos en que la ley permitiere tomar tal juramento, declarare ser cierto cual-quier hecho esencial, conociendo su falsedad”. (Énfasis su-plido.) Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1902, pág. 548.()

La Ley Núm. 41 de 9 de marzo de 1911 (33 L.P.R.A. see. 430 et seq.), creó un castigo sumario adicional al que por el delito de perjurio estaba previsto en el Código Penal de 1902. S. P. Amadeo, El poder de los tribunales para castigar por desacato, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1961, págs. 100-102. Este delito, conocido como desacato por perjurio en corte abierta, ha seguido vigente, aun después de aprobarse el Código Penal de 1974. Dispone el estatuto lo siguiente:

Si durante la vista de cualquier caso ante el Tribunal de Distrito o el Tribunal Superior de Puerto Rico, compareciere un testigo y prestare juramento o afirmación de decir verdad ante dicha Corte, en cualesquiera casos en. que se prestare dicho juramento o afirmación, y después de prestado, inten-cionalmente y contrario al mismo, declarare como cierta cual-quier cosa substancial que el testigo sabe ,que es falsa o que no es verdad, será culpable de perjurio; y si dicho juramento o afirmación se prestare en corte abierta y se violare en la forma expresada en la presente, entonces dicho testigo será culpable de desacato a la Corte y castigado según se dispone más adelante en esta Ley. Si el juez que preside en dicho caso quedare convencido, en cualquier caso pendiente ante su Corte, de que un testigo, después de haber prestado jura-mento o afirmación, según se dispone por la ley, de decir la verdad en cualquier asunto pendiente ante la Corte, es culpable de perjurio según se define en la presente, será entonces deber de dicho juez, ante quien se celebrare el juicio, orde-nar, y por la presente se le faculta para que ordene, a moción propia, el arresto y detención del ofensor; y dictará una orden que se notificará a dicho ofensor para que comparezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba ser castigado por desacato a la Corte. El acusado, dentro del plazo que la Corte fijare, presentará su defensa contra dicha citación, la Corte oirá las declaraciones de la acusación y de la defensa, y después de practicadas las pruebas, pronunciará sentencia en el caso. Si de las declaraciones prestadas, que se tomarán por escrito, la Corte queda convencida de que la persona citada como se ha dicho ha sido culpable de perjurio, será entonces el deber de la Corte castigar a dicha persona como por desacato a ella, y la pena por dicho desacato será la de multa que no exceda de cien dólares, o encarcelamiento en la cárcel del distrito por un término que no exceda de tres meses, o ambas penas a discreción del juez ante quien se cele-bre el juicio del caso. Cualquier persona condenada en el Tribunal de Distrito tendrá el derecho de apelar para ante el Tribunal Superior, como en cualquier otra causa criminal; y en caso que el desacato se cometiere originalmente en el Tribunal Superior, la persona condenada en dicho Tribunal Superior tendrá el derecho de apelar al Tribunal Supremo. 33 L.P.R.A. see. 430.

La naturaleza sumaria y la intención de no suplantar el delito definido en el Código Penal, quedó plasmado en las Sees. 2 y 3 de dicha ley. 33 L.P.R.A. sees. 431-432. () Véanse al respecto análisis del Profesor Amadeo, op. cit., págs. 100-102; Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255 (1924); El Pueblo v. Fourquet, 17 D.P.R. 1077 (1911). A pesar del carácter su-mario de este delito, hay que probar la culpabilidad del acu-sado más allá de duda razonable y hay que darle una oportu-nidad al testigo de informarse de los cargos y de presentar sus defensas. Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974); Pueblo v. Marrero Méndez, 95 D.P.R. 605 (1967); Pueblo v. Marchany, 61 D.P.R. 699 (1943).

En conclusión, cuando el perjurio se comete en corte abierta, el testigo perjuro puede ser procesado bajo la Ley de 1911 (33 L.P.R.A. sees. 430, 431) o bajo el Art. 117 del Código Penal de 1902. Nunca hemos resuelto que la ley especial de 1911 suplantó las disposiciones del Código Penal. () Ese es el estado de derecho en cuanto al perjurio cometido ante los tribunales de justicia.

En lo que concierne a la Rama Legislativa los Arts. 33 y 34 del Código Político de 1902 proveían lo siguiente:

Art. 33. — Si algún testigo descuidare de cumplir dicha citación, ó se negare á comparecer ó á declarar, el Consejo Ejecutivo ó Cámara de Delegados podrá, mediante resolu-ción que se hará constar en actas, dictar contra él manda-miento de prisión por desacato.
Art. SU. — Todo testigo que descuidare de comparecer en acatamiento de la citación ó se negare á hacerlo podrá ser arrestado por el macero y conducido ante el Consejo Ejecu-tivo ó Cámara de Delegados. Para proceder á dicho arresto bastará una copia de la resolución del Consejo ó de la Cá-mara, firmada por el presidente y refrendada por el Secre-tario respectivo.

La Ley Núm. 100 de 23 de junio de 1955, enmendó dichos artículos y adicionó el 34-A (2 L.P.R.A. sees. 153, 154 y 154a). El legislador estableció un procedimiento para castigar a aquel que comete perjurio en una declaración ante un orga-nismo legislativo. 2 L.P.R.A. see. 154, párr. 2. Al igual que cuando se sigue el procedimiento sumario de la Ley de 1911 (33 L.P.R.A. see. 430), si se seguía el procedimiento estable-cido en el Art. 34 del Código Político, supra, las penalidades equivalían a las de un delito menos grave, Art. 33 del Código Político, supra.

Posteriormente se inició el proceso de reforma del Código Penal, que culminó con la aprobación de un nuevo cuerpo legal en 1974. El Proyecto del Código Penal de 1967 trataba el de-lito de perjurio en la siguiente forma:

Art. 283. Perjurio [ — Juramento]
Toda persona que habiendo jurado testificar, declarar, de-poner o certificar la verdad ante cualquier tribunal, funcio-nario o persona competente, en cualesquiera de los casos en que la ley permitiera tomar tal juramento, declarare ser cier-to cualquier hecho esencial, conociendo su falsedad o decía-rare categóricamente sobre un hecho esencial cuya certeza no le conste, será reprimido con pena de reclusión hasta cua-tro años.
También incurrirá en perjurio toda persona que bajo las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, prestare dos o más testimonios, declaraciones, deposiciones o certifi-caciones irreconciliables entre sí. En tal caso será innecesa-rio establecer la certeza o falsedad de los hechos envueltos.
Art. 28U- [ — ~\Forma y definición de juramento
La palabra juramento empleada en el artículo anterior comprende una afirmación, así como toda otra forma de con-firmar la verdad de lo que se declara.
No se exigirá forma especial alguna de juramento o afir-mación. Se usará la forma que el testigo tuviere por más obligatoria o solemne.
Art. 285. [ — ~\Defensas no admisibles
No se admitirá como defensa en ninguna causa por per-jurio:
(a) La circunstancia de haberse prestado o tomado el ju-ramento en forma irregular.
(b) El hecho de que el acusado carecía de aptitud para dar el testimonio o hacer la deposición o certificación.
(c) El hecho de que el acusado ignoraba la importancia de la declaración falsa hecha por él; o que ésta en realidad no afectara la causa de la cual se diere. F. Pagán Rodríguez, Proyecto del Código Penal para Puerto Rico, New Hampshire, Ed. Equity, 1967, págs. 97-98.

Nótese que en este proyecto, a cargo del Dr. Francisco Pagán Rodríguez, se mantuvo sustancialmente la definición de perjurio del Art. 117 del Código Penal de 1902 antes citado.

Es en el proyecto del Código Penal de 1974 que se incluyó el término “organismo” dentro de la definición del delito. Como hemos visto, desde 1955 el legislador había incluido la palabra o término “organismo legislativo” al referirse al perjurio ante la Asamblea Legislativa, en el párr. 2 del Art. 34 del Código Político.

El Director Ejecutivo del Consejo para la Reforma de Justicia, Hon. Antonio Negrón García, al comparecer ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, en vista pública el 12 de junio de 1974, depuso lo siguiente:

... El precepto recoge en forma sustancial la definición que de dicho delito nos brinda el artículo 117 del Código Penal vigente.
Sin embargo, deseo destacar las siguientes características, no sólo se hace extensivo él delito de perjurio a, toda persona que ha jurado afirmar la verdad ante los Tribunales sino que se hace extensivo la situación a cualquier organismo; enten-diéndose por organismo todo tipo de institución que a la luz del desarrollo del Derecho administrativo moderno, pues tiene funciones legislativas, cuasi-legislativas o cuasi-adju-dicativas. (Énfasis suplido.)

Si tomamos en consideración que el deponente y los legisladores ya conocían que en el párr. 2 del Art. 34 se incluían a las comisiones legislativas dentro del concepto de “organismo legislativo”, forzoso es concluir que en la definición y explicación del término “organismo” estaban incluidas las Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes. Sería absurdo extender solamente el término a los organismos clásicos, reconocidos en el Derecho Administrativo y excluir aquellos que tienen la función legislativa por excelencia, a saber, el Senado, la Cámara de Representantes y las Asambleas Municipales.

Consistentemente hemos reconocido los amplísimos pode-res que tienen la Legislatura y sus Comisiones. Hernández Agosto v. Ortiz Montes, 115 D.P.R. 564 (1984); Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra; Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra. Pecaríamos de inconsistentes y le rendiríamos un flaco servicio al principio de separación de poderes, si acogié-ramos la interpretación altamente restrictiva del Tribunal de Distrito, Sala de Utuado y de los imputados. En vez de reco-nocer las facultades legislativas, estaríamos coartando y limi-tando seriamente sus funciones si le concedemos un trato dis-tinto a los testigos que declaran bajo juramento ante un orga-nismo legislativo y aquellos que declaran en un proceso judicial o en una vista ante una agencia administrativa. No hay razón válida o lógica para tal clasificación. Por el contrario, sería ilógico llegar al resultado propuesto: Además, estaría-mos descartando-, por fíat judicial, la clara intención legisla-tiva al aprobar el Art. 225 del Código Penal de 1974. La in-terpretación que adoptamos cumple con los principios de lega-lidad estatuidos en el Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031.

Resolvemos que constituye perjurio, punible bajo el Art. 225 del Código Penal vigente, declarar ante una comisión legislativa sobre la certeza de un hecho esencial, conociendo su falsedad.

HH

Principio de especialidad

Al archivar los cargos, el magistrado asignado al Tribunal de Distrito, Sala de Utu ado, se apoyó en el Art. 5 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3005, el cual dice :

Las disposiciones de este Subtítulo se aplicarán también a los hechos previstos por las leyes penales especiales.
Si la misma materia fuera prevista por una ley o disposi-ción especial y por una ley o disposición de carácter general, se aplicará la ley especial en cuanto no se establezca lo con-trario'.
Hasta tanto se proceda a enmendar las leyes penales espe-ciales de conformidad con el sistema de sentencia determi-nada, los delitos graves estatuidos en éstas aparejarán pena de reclusión por un término fijo igual a tres quintas partes de la pena máxima establecida para estos delitos. De mediar circunstancias agravantes, esta pena podrá ser aumentada hasta el máximo de la pena establecida; de mediar circuns-tancias atenuantes, podrá ser reducida hasta dos quintas partes de la pena máxima establecida para el delito.

Sostuvo el tribunal que el Código Político es la ley especial aplicable en los casos de perjurio ante un organismo legisla-tivo y que como el Código Penal no ha derogado los Arts. 33 y 34 del Código Político, es bajo esas disposiciones que única-mente debieron haberse formulado los cargos en este caso. Erró.

En principio, corresponde al Poder Ejecutivo el deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico-, Art. IV, Sec. 4. “De ordinario la comparecencia y representación del Estado recae sobre el Secretario de Justicia. Éste directamente, o a través de sus fiscales, tiene la misión y representación del Estado en todos los casos criminales.” Pueblo v. González Malavé, supra, pág. 584.

Por excepción a esta norma general, el Art. 34 del Código Político, 2 L.P.R.A. see. 154, establece un procedimiento para comenzar un proceso criminal contra cualquier testigo que vo-luntariamente rehúse declarar, comparecer, producir algún documento solicitado, o que cometa perjurio al declarar ante la Asamblea Legislativa, cualquiera de las Cámaras, o cual-quier comisión, subcomisión o comité, con relación a cualquier asunto bajo su investigación.

Estas disposiciones tienen el propósito de proteger el poder inherente de la Rama Legislativa de llevar a cabo investigaciones que puedan servir de base para legislación futura, facultad inseparable de la de legislar, Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, pág. 587, y para ejercitar sus funciones de “fiscalizar el gobierno, debatir asuntos de interés general e informar al país sobre la marcha de la cosa pública”, Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra, pág. 375, facultades que no están subordinadas a la de legislar. Ibid. En McGrain v. Daughtery, 273 U.S. 135 (1927), se resolvió por la Corte Suprema de Estados Unidos, que aun en ausencia de legislación aplicable, el cuerpo legislativo tenía poder inhe-rente para citar y compeler la comparecencia de un testigo mediante el poder de desacato cuando su testimonio es perti-nente a una investigación legislativa válida. Este poder es necesario para que el cuerpo legislativo pueda desempeñar sus funciones investigativas adecuadamente, pues para poder ob-tener la información necesaria tiene que tener el poder de citar testigos, compeler su comparecencia y declaración, y el de poder concederle inmunidad y utilizar el proceso coercitivo de desa-cato para obligar a los testigos recalcitrantes, de éstos negarse a declarar al reclamar su derecho a no incriminarse. Este poder legislativo está reconocido estatutariamente en el Có-digo Político, Arts. 31-35 (2 L.P.R.A. sees. 151-155).

El propósito de estas disposiciones es crear un procedimiento mediante el cual los cuerpos legislativos puedan comenzar un procedimiento por desacato contra un testigo recalcitrante, sin que sea necesario depender de que la Rama Ejecutiva decida instar o no el proceso. Una vez se sigue el proceso establecido, se impone la obligación, no discrecional, al Secretario de Justicia para que éste acuda al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para formular acusación criminal por incumplimiento de la orden o para invocar el poder de desacato civil del tribunal para hacer cumplir sus órdenes. () Sees. 154 y 154 (a), supra.

Estos estatutos cumplen con el objetivo constitucional de promover el adecuado balance y equilibrio entre las tres ramas de gobierno mediante el sistema de peso y contrapeso, para evitar la indebida acumulación de poderes en una sola rama. () El nombramiento de un fiscal independiente, que no dependa del Poder Ejecutivo, para que éste realice la investi-gación y comience los procesos criminales contra aquellos fun-cionarios que puedan haber violado la ley responde a esa visión.

Las disposiciones del Código Político cumplen con este propósito de independencia de criterio en el poder legislativo de investigar sin que sea necesaria la discreción ejecutiva para compeler a un testigo a declarar. De nada sirve el poder de obtener información si no se acompaña con la exigencia de que se declare la verdad. Es con este propósito que el Art. 34 del Código Político provee también un procedimiento para que los cuerpos legislativos puedan requerir al Secretario de Justicia que presente acusaciones por perjurio contra testigos que han declarado ante los cuerpos legislativos. Esta disposición sólo provee un proceso diferente mediante el cual los cuerpos legislativos pueden comenzar una acusación por perjurio sin que esto dependa de la discreción ejecutiva.

La ley impone un deber ministerial al Secretario de presentar las acusaciones una vez se cumple con el proceso dispuesto y su cumplimiento puede exigirse por auto de mandamus. La existencia de este procedimiento especial dirigido a atacar un mal específico en nada afecta el poder constitucional de la Rama Ejecutiva de velar por el cumplimiento de la ley. El hecho de que la Legislatura se niegue a procesar a un testigo que ha cometido perjurio al declarar ante uno de sus cuerpos no priva al Poder Ejecutivo de su deber y autoridad de procesar a todo aquel que comete un delito público. Resolvemos que el delito de perjurio, Art. 225 del Código Penal, es la ley sustantiva que aplica tanto a los procesos comenzados por los cuerpos legislativos a tenor con lo dispuesto en el Có-digo Político, como cuando la acusación es presentada por la Rama Ejecutiva. En nuestro sistema criminal de justicia, el Poder Ejecutivo tiene una amplia discreción para acusar, y ésta no puede depender de si otra rama de gobierno quiere presentar o no acusación por la comisión de un delito público.

El Fiscal Especial Independiente, por lo tanto, puede iniciar procedimientos criminales bajo el Art. 225 del Código Penal sin que sea necesario cumplir con lo dispuesto por el Código Político, lo que es sólo aplicable cuando es la Rama Legislativa la que comienza los procedimientos de desacato o perjurio.

El procedimiento estatuido en el Código Político tuvo el propósito de fortalecer el Poder Legislativo ante un posible caso de inacción por parte del Poder Ejecutivo, pero no el de tornar impotente el Poder Ejecutivo ante la posible inacción del Poder Legislativo. Esta interpretación fortalece la separa-ción de poderes y crea un balance adecuado entre los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En este caso en particular, la Legis-latura, mediante el P. del S. 13 aprobado y firmado por el Go-bernador, convirtiéndose en Ley Núm. 1 el 18 de enero de 1985, se le confirió expresamente al Fiscal Especial Independiente autoridad para iniciar y conducir todos los procedimientos co-rrespondientes para procesar aquellos funcionarios públicos envueltos en conducta impropia o ilegal con relación a la in-vestigación de los sucesos del Cerro Maravilla. Se le confirió jurisdicción exclusiva al Fiscal Especial Independiente para investigar e iniciar contra estos funcionarios acciones penales, civiles, administrativas y de conducta profesional.

No es correcta la alegación de que el principio de especialidad requiere que se siga siempre el procedimiento establecido en el Código Político, pues éste sólo aplica cuando es la Rama Legislativa la que inicia las acciones criminales por perjurio. Para que sea de aplicación el principio de especialidad se requiere que existan dos leyes que regulen en aparente conflicto la misma materia. “El conflicto se resuelve en tales casos, en ausencia de determinación legislativa ex-presa de otra indole, mediante el principio de la especialidad el cual establece que en circunstancias de esta naturaleza la disposición especial es la aplicable.” (Énfasis suplido.) Pueblo v. López Pérez, supra, pág. 586. El principio de especiali-dad es una norma para interpretar la intención legislativa.

En este caso, como hemos indicado anteriormente, la ley que creó el cargo de Fiscal Especial Independiente ex-presamente le autorizó para iniciar y conducir todas las acciones criminales contra funcionarios públicos con relación a la investigación y los sucesos del Cerro Maravilla. Aun en ausencia de esta intención legislativa expresa, no sería de aplicación el principio de especialidad que ocurre cuando “dos leyes o dos disposiciones legales se hallan en relación de general y especial, cuando los requisitos del tipo general están todos contenidos en el especial, en el que figuran además otras condiciones calificativas a virtud de las cuales la ley especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación”. L. Jiménez de Asúa, La ley y el delito: principios de Derecho penal, 12da ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1981, pág. 146. Como hemos visto, el Art. 34 del Código Político no es una ley penal especial sustantiva que tipifique un delito diferente al de perjurio estatuido en el Art. 225 del Código Penal. El Art. 34 del Código Político sólo provee un mecanismo independiente mediante el cual la Rama Legislativa puede iniciar acciones criminales por el delito de perjurio. Es por esto que el Art. 34 del Código Político no define el delito de perjurio, pues está definido en el Código Penal, Art. 225.

En resumen, no se da aquí la coexistencia de un delito general y uno especial aplicables a una misma acción punible, donde el delito especial contiene elementos adicionales no incluidos en el general, que requiera la aplicación de la ley especial. Cf. Pueblo v. Mena Peraza, supra; Pueblo v. López Pérez, supra. Aquí el delito de perjurio estatuido en el Art. 225 del Código Penal es el único aplicable. Éste derogó el de-lito menos grave que existía en el Art. 33 del Código Político. Sin embargo, repetimos, no afectó el procedimiento previsto en el Art. 34, supra.

HH I — 1 H-í

El planteamiento de que el Fiscal Especial Independiente carece de facultad para radicar los casos de perjurio es clara-mente inmeritorio. Se parte de la premisa errónea, ya recha-zada, de que sólo procedían cargos bajo los Arts. 33 y 34 del Código Político.

Finalmente, ninguno de los imputados nos ha puesto en condiciones de emitir juicio sobre el planteamiento de que el Art. 35 del Código Político, 2 L.P.R.A. see. 155, es inconstitucional por no conceder inmunidad absoluta. No surge de los autos que se hubiera solicitado, como condición previa a declarar, la concesión de tal inmunidad o una derivativa.

No se ha derrotado la presunción de validez del estatuto ni demostrado que se haya infringido la disposición constitucional sobre la protección contra la autoincriminación, Batalla v. Tribunal de Distrito, 74 D.P.R. 289 (1953). La protección no se extiende al testimonio perjuro. United States v. Apfelbaum, 445 U.S. 115, 63 L. Ed.2d 250 (1980). Conclusión.

Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia que revoque la resolución del Tribunal de Distrito, Sala de Utua-do, de 29 de agosto de 1985, y se devolverán los casos a dicho foro para que se continúe con los procedimientos.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

      (1) E1 Art. 225 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4421) dis-pone que:
      “Toda persona que habiendo jurado testificar, declarar, deponer o certi-ficar la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente, en cualesquiera de los casos o procedimientos en que la ley per-mitiera tomar tal juramento, declare ser cierto cualquier hecho esencial, conociendo su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial cuya certeza no le conste, será sancionada con pena de reclusión por un tér-mino fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo' de cuatro (4) años.
      “También incurrirá en perjurio toda persona que bajo las circunstan-cias establecidas en el párrafo anterior, prestare dos o más testimonios, de-claraciones, deposiciones o certificaciones irreconciliables entre sí. En este caso será innecesario establecer la certeza o falsedad de los hechos envuel-tos.
      “Cuando una persona declarare incurriendo en perjurio y dicha decla-ración tuviere como consecuencia la convicción y reclusión del acusado, esta-blecido este hecho, se considerará como delito agravado de perjurio a los fines de la imposición de la pena, la cual será de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.”

      (2)“Si la misma materia fuera prevista por una ley o disposición especial y por una ley o disposición de carácter general, se aplicará la ley especial en cuanto no se establezca lo contrario.”

      (3) “No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.”

      (4)E1 profesor Miró Cardona nos refiere a los orígenes del delito:
      “h) En el Derecho Romano, los dos puntos más importantes con res-pecto al delito de referencia son las XII Tablas y la ‘Ley Cornelia de Falsis’. La primera castigaba al ‘testigo falso’ con la muerte, haciéndole arrojar desde la roca Tarpeya. (‘Si quis falsum testimonio dixesit, sexo Tarpeio praeceps deijiciture’). La Ley Cornelia de Falsis castigaba a quien recibía dinero para abstenerse de deponer o para hacerlo falsamente. Realizado el Perjurio en causa por Homicidio, la pena era la de muerte; y, en otros casos, la de ‘confiscación de bienes’ y la ‘deportación’, si el culpable era hombre li-bre. Para el esclavo la pena inevitable era la de muerte.
      “i) A partir de entonces, en todas partes y en todas las legislaciones, se impuso al testigo la obligación de prestar su declaración bajo juramento, como un deber religioso de cumplimiento inexcusable, cuyo quebranto im-primía carácter sacrilego al testimonio. Ello daba lugar a dos circunstancias distintas y contradictorias: (a) rigor excesivo en las penalidades, porque la violación del juramento implicaba ‘ofensa a Dios, testigo de su fidelidad en lo que aseguraba y en lo que prometía; pero juez y vengador de su infideli-dad, si cometiere perjurio’; y, (b) la impunidad del testigo al falsear la verdad, cuando su declaración se realizaba sin la previa prestación del juramento.
      “j) Al evolucionar el Procedimiento y el sistema de las pruebas tasa-das se llega a la conclusión de que ‘falsear la verdad’ ofende a la Justicia humana, no a la divina. Se sanciona el hecho, pero se configura el delito de ‘Falso Testimonio’, en el que carece de valor jurídico el juramento del testigo.
      “k) Uno y otro delito tienen un origen común: la necesidad de garan-tía de veracidad. En el ‘Perjurio’ se sanciona el hecho porque implica que-brantar el juramento prestado. En el ‘Falso testimonio’ se sanciona el hecho por desfigurar la verdad.

        “I) La razón es obvia. La prestación del testimonio en el proceso penal moderno tiene el carácter de prestación obligada y necesaria, vinculada a la función soberana de la Jurisdicción perteneciente al Estado, que no puede tener en cuenta las convicciones religiosas del testigo. En su virtud, el Es-tado tiene el derecho de exigir del deponente la información cierta de los hechos que se esclarecen en Juicio por conocerlos o por haber asistido a la producción de los mismos. Para el Estado representa un derecho exigible; para el testigo, una obligación indeclinable.” (Escolios omitidos y énfasis suprimido.) J. Miró Cardona, Borrador y notas explicativas al proyecto del Código Penal, San Juan, 1972, págs. 366-368.

      (5) “La facultad que por la presente se da al juez de cualquier corte para castigar como desacato cualquier perjurio cometido en corte abierta, no ha de entenderse en el sentido de quitar a las cortes el poder y la facul-tad de castigar por perjurio según lo dispuesto en otros estatutos y leyes de Puerto Rico, siendo el propósito de esta Ley el tratar de manera sumaria los casos de perjurio que se cometieren en corte abierta, siempre que la falsedad del testimonio sea manifiesta para el juez de la corte.” 33 L.P.R.A. see. 431.

      (6) Quaere, sí puede ser procesado bajo ambas disposiciones. S. P. Ama-deo, El poder de los tribunales para castigar por desacato, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1961, pág. 100, esc. 15.

      (7) Aunque el Art. 34 del Código Político, 2 L.P.R.A. see. 154, impone el deber al cuerpo legislativo de certificar al Secretario de Justicia un relato de los hechos en caso de incumplimiento o perjurio por un testigo citado, debe entenderse que en cuanto al Poder Legislativo es discrecional el pre-sentar la certificación al Secretario de Justicia. Véase Wilson v. United States, 369 F.2d 198 (D.C. 1966).

      (8) Véase Banco Popular, Liquidador v. Corte, 63 D.P.R. 66, 71-72 (1944).


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. Benjamín Rivera Ortiz, notario.
    Número: 4130

      Resuelto: 27 de mayo de 1986

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías; Benjamín Rivera Ortiz, pro se.

   PER CURIAM:

El 23 de febrero de 1984 impusimos al nota-rio Benjamín Rivera Ortiz una multa de $50 por haber in-cumplido con su deber de rendir los índices notariales durante gran parte del año 1983. Se le apercibió de que cualquier fu-tura inobservancia de las disposiciones de la Ley Notarial darán lugar a sanciones más severas.

El 27 de diciembre de 1985 el Director de Inspección de Notarías informó que el notario arriba indicado había dejado de rendir índices notariales desde el 21 de julio de 1985 hasta esa fecha. Le concedimos un término a dicho notario para someter dichos índices al Director de Inspección de Notarías y mostrar causa por la cual no debamos imponerle sanciones severas.

El 28 de enero de 1986 el Director de Inspección de Nota-rías nos informó que el notario le sometió los índices notaria-les que tenía atrasados. El Director acompañó copia de los ín-dices positivos, de donde surge que desde el 21 de julio de 1985 hasta el 9 de enero de 1986 se suscribieron ante dicho notario cinco declaraciones juradas. (Afidávit 3301 al 3304.) ()

En su escrito la única justificación o excusa que ofrece es que no cuenta con las facilidades de una mecanógrafa para preparar semanalmente estos informes. Señala que sólo auto-rizó siete afidávit desde julio de 1985. () Sugiere que este Tribunal solicite a la Legislatura que se enmiende la Ley Notarial para que los notarios vengan obligados a rendir índices sola-mente cuando hay actividad notarial. Nada de lo anterior lo exime de responsabilidad por su desatención a las claras dispo-siciones legales. In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Segarra Irizarry, 116 D.P.R. 685 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985).

A tenor con las circunstancias presentes, se dictará sen-tencia para suspender del ejercicio del notariado al Ledo. Ben-jamín Rivera Ortiz, por un período de un año, a partir del día siguiente en que el licenciado Rivera Ortiz sea notificado de la presente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) Aparecen dos declaraciones con el mismo número 3302. La primera suscrita por Carmen Ramírez el 31 de julio de 1985 y la segunda por Rosa Julia Soler el 3 de septiembre de 1985. Este error denota una violación a la See. 3 de la Ley del 12 de marzo- de 1908 (4 L.P.R.A. see. 889).

      (2) Él dejó de rendir los índices semanales desde el 21 de julio de 1985. Aparentemente de ahí la discrepancia entre cinco y siete declaraciones juradas.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Carlos Tomás Feliciano Suárez, Ana Suárez Janer, Sandra Feliciano Suárez, Ex parte, peticionarios.

      Número: RE-85-537

      Resuelto: 3 de junio de 1986

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de los recurrentes.

      (1)En los siguientes países se reconocen dos tipos de adopciones, la plena, con integración total y la menos plena o limitada, que no provee para la integración total: Francia, Código Civil, Arts. 343-370; España, Código Civil, Arts. 172-180; Italia, Código Civil, Arts. 291-314; Argentina, Ley de Adopción, Arts. 14-29. En Inglaterra y en la Unión Soviética hay un sólo tipo de adopción en la que se integra el adoptado a la familia del adoptante. Véanse: 24 Halsburry’s Laws of England 290-291, párr. 629-630 (4ta ed. 1979); The Soviet Legal System: Selected Contemporary Legislation and

        Documents (W. E. Butler, Trad.), Nueva York, Oceana Pubs., 1978, pág. 459, Arts. 24-25. En Estados Unidos, cada jurisdicción estatal reconoce efectos diversos a la adopción, aunque en la actualidad hay una tendencia hacia una mayor integración. H. H. Clark, The Law of Domestic Relations in the United States, St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1968, págs. 658-659. heredero. Esta obligación no surtirá efecto alguno cuando el adoptado muera antes que el adoptante. El adoptado conserva los derechos que le corresponden en su familia natural á excepción de los relativos á la patria potestad.” Art. 177, Código Civil español vigente en la Península, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotado por A. García Moreno, 7ma ed., Madrid, Centro Edit, de Góngora, 1898, pág. 114.

   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos presenta en este caso una cuestión novel en esta ju-risdicción: si son transmisibles a los herederos de un coadop-tante los derechos otorgados por el Art. 138 del Código Civil que permite que se le reconozcan al hijo adoptado antes de 1947 todos los derechos sucesorios de los herederos naturales.

I

La recurrente Sandra Feliciano Suárez fue adoptada por la copeticionaria Ana Suárez Janer y el ya fallecido Tomás Feliciano Resto el 19 de septiembre de 1946. La adopción fue aprobada por el Tribunal de Distrito, mediante resolución dic-tada al efecto el 5 de diciembre de 1946.

El coadoptante Tomás Feliciano Resto falleció el 26 de noviembre de 1968. En el caso 69-1859, ventilado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, fueron decla-rados herederos de éste, Sandra Feliciano Suárez, Carlos To-más Feliciano Suárez y Ana Suárez Janer. Todos acuden ante nos en calidad de peticionarios.

Los promoventes desean que Sandra Feliciano Suárez sea considerada como hija adoptada con todos los derechos que se reconocen desde 1947. A tales efectos presentaron una solici-tud conforme lo dispuesto en el Art. 138 del Código Civil: “Las adopciones celebradas bajo la legislación anterior se regirán por dicha legislación y surtirán todos sus efectos según la misma, sin limitación de ningún género; disponiéndose, que las partes que intervinieron originalmente en una adopción verificada con anterioridad a la vigencia de esta Ley, podrán recurrir al Tribunal Superior mediante petición a los efectos de que la adopción ya celebrada se rija por las disposiciones de esta Ley. El Tribunal podrá aprobar la petición para que ésta surta efecto y tenga validez.” 31 L.P.R.A. see. 539.

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, entendió que la ausencia del fallecido coadoptante Feliciano Resto le privaba de autoridad para conceder el remedio solici-tado, ya que éste era un interventor original en una adopción verificada con anterioridad a la aprobación del Art. 138 del Código Civil. Desestimó la acción motu proprio el 26 de agosto de 1985. Los peticionarios acuden ante nos mediante solicitud de revisión.

Luego de evaluar el escrito de revisión, entendemos que se debe prescindir de posteriores procedimientos y resolver la controversia conforme la Regla 50 de nuestro Reglamento.

rH HH

En nuestro ordenamiento la adopción es un acto jurídico solemne mediante el cual se sustituye totalmente el parentesco familiar biológico o natural de una persona por otro en un procedimiento judicial rigurosamente reglamentado, tanto por el Código Civil, Arts. 130-138 (31 L.P.R.A. sees. 531-539), como por el Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 2691-2698. Manresa define la adopción como un acto “en virtud del cual la voluntad de los particulares, con el permiso de la ley y la autorización judicial, crea entre dos personas, una y otra naturalmente extrañas, relaciones análogas a las de la filiación legítima”. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1957, T. II, pág. 112.

Casi todos los pueblos han conocido esta institución, con-virtiéndola en recurso ofrecido por las leyes y sancionado por la religión para aquel que no tenía heredero natural, con el propósito de perpetuar su descendencia y garantizar la con-tinuidad de su familia. En esos casos “constituía una forma, la única posible, del derecho de testar”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1966, T. V, Vol. 2, pág. 211.

Sus orígenes históricos son antiquísimos. Fue regulada por los babilonios en el Código de Hammurabi, por los hebreos y los griegos. Sin embargo-, fue en el Derecho romano que al-canzó una ordenación sistemática con dos formas distintas: “la adoptío” y “la adrogatio”. Manresa, op. cit., págs. 106-107. Su propósito inicial era evitar la extinción de la familia, y utilizarla para fines económicos, sociales y políticos. Fue modificada en la época de Justiniano de una “institución ba-sada en la continuidad de los consorcios familiares y cuyos beneficios recaían principalmente sobre el adoptante ... [a] una institución ordenada en favor casi exclusivo del adopta-do”. Castán, op. cit., pág. 213. Véanse: E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. 1, pág. 75; J. L. Lacruz Berdejo, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1966; H. H. Clark, The Lato of Domestic Relations in the United States, St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1968, págs. 602-603; L. A. Huard, The Law of Adoption: Ancient and Modern, 9 Vand. L. Rev. 743, 747 (1956); J. F. Brosnan, The Law of Adoption, 22 Colum. L. Rev. 332 (1922).

Las leyes modernas tienden en general a facilitar la adop-ción y a otorgarle más amplios efectos con el propósito de in-tegrar al hijo adoptivo en la nueva familia. En la mayoría de los países, entre ellos Puerto Rico, se reconoce una integra-ción plena y total del hijo adoptivo con la familia del adop-tante. ( ) Sin embargo, los modos de efectuar la adopción va-rían. En algunos países se hace mediante un contrato* entre las partes que requiere autorización judicial, mientras que en otros se realiza mediante un acto gubernamental a través de una agencia administrativa o de los tribunales. Véase IV International Encyclopedia of Comparative Law Cap. 6, Secs. 177-186 (1976).

Puerto Rico tiene una de las legislaciones más avanzadas y liberales de todos los países de Occidente. Aunque tiene los mismos objetivos que el Código Uniforme de Adopción (Uniform Adoption Act) su redacción es distinta. Ex parte J. A. A., 104 D.P.R. 551 (1976); Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325 (1975). En junio de 1953 adoptamos la legislación vigente, Leyes Núm. 85 y Núm. 86 de 1953 (32 L.P.R.A. sees. 2691-2698 y 31 L.P.R.A. sees. 531-539, respectivamente). Su espíritu es claramente autóctono y protector del bienestar del hijo adoptivo:

Este anteproyecto va encaminado hacia la protección del niño, cuidando de que no se le separe indebidamente de sus padres, cuando pueda permanecer con ellos si les da la debida orientación y ayuda; proteger al niño, evitando que sea adop-tado por personas incapacitadas para asumir la responsabili-dad que conlleva criar y educar a un hijo; protegerlo, ade-más, evitando toda intervención de los padres biológicos que tienda a obstaculizar la adaptación del niño en el hogar adop-tivo. Proteger, asimismo, a los padres biológicos, orientán-dolos adecuadamente para evitar que tomen determinaciones apresuradas respecto a sus hijos, quizás bajo el peso de pro-blemas o situaciones que podría ayudárseles a resolver, y en esta forma hacerles posible conservar sus hijos. Proteger también a los padres adoptivos, ofreciéndoles información sobre los factores que determinan la capacidad del niño para desarrollarse física y mentalmente, y garantizándoles ade-más que ningún pariente del niño adoptado intervendrá con ellos, en lo que se refiera al niño. 2 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), T. 2, pág. 1291 (1953).

En el debate, varios legisladores expresaron claramente que la importancia del proyecto era darle a niños sin padres la oportunidad de criarse en un hogar donde los pudiesen atender debidamente. Igualmente se quiso facilitar a los padres sin hijos la oportunidad de tenerlos y asegurar la con-tinuidad de su familia. Al discutirse el proyecto el entonces representante señor Polanco Abreu explicó el alcance de la legislación:

El propósito de la adopción, tal como lo entiende la Comi-sión, es proveer, es dar padres a niños que no los tienen, o cuyos padres no los quieren, o no los pueden atender debida-mente. En estos casos, los padres adoptivos pasan a ser los sustitutos de los padres biológicos.
La Comisión entiende también, que la adopción no es un acto de caridad hacia los hijos menos afortunados. La Comi-sión entiende que la adopción es una institución de carácter esencialmente social que debe mejorarse en nuestros estatu-tos. Diario de Sesiones (Ordinaria), op. cit, pág. 1292.

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Al aprobarse en Puerto Rico el Código Civil de 1902 se derogó expresamente el Art. 177 del Código Civil español que regía y disponía que el hijo adoptivo no adquiriría derecho alguno a heredar de su adoptante, en ausencia de un pacto en contrario en la escritura de adopción. () Sosa v. Sosa, 66 D.P.R. 606, 609 (1946). Esa disposición fue sustituida por los siguientes artículos, Arts. 202 y 203, respectivamente, del Código Civil de 1902. ()

Art. 132. — La adopción no perjudicará en ningún caso los (derechos que correspondan a los herederos forzosos, y que subsistirán como si la adopción no se hubiese verificado.
Art. IS 3. — El adoptado tendrá en la familia del adoptante los derechos y deberes y la consideración de un hijo legítimo, con la excepción establecida en el artículo anterior.

Dicha legislación constituyó el primer intento de liberalizar la institución de la adopción en nuestro país para que el hijo adoptivo heredara de los adoptantes, Sosa v. Sosa, supra, pág. 610:

La derogación del artículo 177, y la sustitución de dispo-siciones que dan al adoptado los derechos en la familia de un hijo legítimo, sin perjuicio de los derechos de los herederos forzosos, constituyen una expresión clara de la intención legislativa de abandonar el principio expresado en el código español, tan reñido con el concepto histórico de la adopción, de que el adoptado ningún derecho a la herencia adquiere (en ausencia de contrato), y abrazar el principio tan típico de la adopción, de que el adoptado adquiere derechos en la heren-cia.

A pesar de la intención legislativa de mejorar los derechos de los hijos adoptados, hubo muchas dificultades en la inter-prefación. de estos artículos. () Como resultado surgieron, mu-chas preguntas sobre el alcance de su protección. ()

Por eso en el caso de Sosa v. Sosa, supra, el Juez Asociado Señor Todd, en su opinión disidente, solicitó a la Asamblea Legislativa que enmendara los artículos pertinentes. Ibid., pág. 622. Mediante la Ley Núm. 353 de 13 de mayo de 1947, Leyes de Puerto Rico de 1947, pág. 681, como consecuencia directa de dicha opinión, se derogó el Art. 132 y se enmendó el Art. 133 para que leyera “[e]l adoptado tendrá en la familia del adoptante los derechos y deberes y la consideración de un hijo legítimo”, eliminándose la reserva del texto hasta entonces vigente en el sentido de no perjudicar los derechos de los herederos forzosos. Con dicha ley se equipararon los derechos hereditarios del hijo adoptivo con los de un hijo biológico.

Esa legislación quedó en vigor hasta la aprobación de la Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953. Con ésta se logró integrar plenamente, para todos los efectos legales, al adoptado con la familia del adoptante. Se dispuso, además, que al formalizarse una adopción se terminan todos los derechos, deberes y obligaciones del adoptado con su familia natural o con su anterior familia adoptiva, y los de éstos con el adoptado. () Arts. 132-133 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 533-534; Rivera Coll v. Tribunal Superior, supra.

Ambas legislaciones, la de 1947 y la de 1953, terminaron con la incertidumbre sobre los derechos hereditarios de los adoptados después de 1947. En cuanto a los adoptados antes de dicha fecha, aplicaría la legislación anterior a menos que los adoptantes acudieran al tribunal y solicitaran que se les aplique la nueva ley. Art. 138 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 539; González Tejera, op. eit., págs. 78-79. () Es en ese contexto que surge la controversia del presente caso: si en ausencia, por muerte, de uno de los coadoptantes originales sus herederos pueden solicitar conjuntamente con el otro coadoptante que una adopción bajo la anterior legislación se rija bajo la actual ley en cuanto a sus efectos; o expresado en otra forma: si el derecho que concede el Art. 138 es transmisible a los herederos de un adoptante.

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La sucesión, ya sea testada o intestada, es una de las formas o medios de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos y obligaciones del causante. Art. 549 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1931. Por tal razón, dentro de la cuidadosa organización del Código Civil, su regulación ha sido incluida en el Libro III que trata de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Mediante ésta se transmiten a los here-deros los derechos y obligaciones del difunto. Arts. 599-610 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2081-2092; Cabassa v. Registrador, 116 D.P.R. 861 (1986). Esto responde a que nuestro Derecho Sucesorio, que tiene como base el Derecho Romano, se funda en el criterio de que “la posición jurídica que ocupaba el causante se mantendrá en lo posible inaltera-ble, a base de colocar en su lugar al heredero”. J. Puig Bru-tau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. V, Yol. 1, pág. 11. Por tal razón “aparece jus-tificado afirmar que, más que de un fenómeno de adquisición, se trata de una de sustitución de titular”, id., pág. 22, o de continuación de su personalidad. Sucesión Dávila v. El Registrador de la Propiedad, 15 D.P.R. 669, 673 (1909). Pero no en todos los derechos se da la sustitución o continuación. Hay ciertos derechos de la personalidad y de la relación familiar que son intransmisibles al igual que algunos derechos patri-moniales de duración vitalicia y otros de carácter público. () Castán, op. cit., 1978, T. VI, Vol. 1, pág. 33; Manresa, op. cit, 1972, T. V, pág. 419. Constituye la regla general la transmi-sibilidad de “todos los elementos integrantes del patrimonio de una persona fallecida”. González Tejera, op. cit, pág. 247. Puig Brutau, op. cit, págs. 242-248.

De conformidad con dichos principios, nuestra jurisprudencia ha reconocido en múltiples ocasiones la transmisibilidad de distintas relaciones jurídicas, rechazando así la máxima actio personalis moritur cum persona, por ser incompatible con el principio de que el heredero es el continuador de la persona jurídica del finado. Hemos expresado, además, que aunque existen ciertos derechos personalísimos que se extin-guen con la muerte, existen otros que, aunque tienen su ori-gen en la relación familiar, se transmiten a los herederos para su posible ejercicio. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598, 603 (1973); Robles Menéndez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 665, 672-673 (1962); Silva v. Doe, 75 D.P.R. 209, 215-218 (1953); Arroyo v. Fernández, 68 D.P.R. 514, 517 (1948); Sosa v. Sucn. Morales, 58 D.P.R. 360, 363-364 (1941).

Entre los derechos que pueden ejercer los herederos a la muerte del causante se encuentra el de “reconocer de cualquier modo a sus hijos [del difunto], expresa o tácitamente”. Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 749 (1963). Mediante dicho reconocimiento, no sólo se adquiere el vínculo familiar con el causante, sino también plenos derechos hereditarios. Pudiendo los herederos ejercer el derecho de reconocimiento con todas sus consecuencias, no vemos cómo se les puede negar el derecho del Art. 138 para lograr que a una persona que fue adoptada por su causante, y por consiguiente forma parte de su grupo familiar, se le concedan plenos derechos hereditarios bajo la actual legislación de adopción. () Negar ese derecho a los herederos sería contrario a la intención legislativa de lograr una igualdad en los derechos hereditarios de los hijos adoptivos, mediante el mecanismo del Art. 138 y del principio de hermenéutica de que los estatutos de adopción deben interpretarse liberalmente a favor del hijo adoptivo.

Por otro lado, el derecho reclamado es de contenido puramente económico, pues la persona adoptada ya adquirió el vínculo familiar y lo único que adquiriría serían plenos de-rechos hereditarios. Por lo tanto, por no haberse limitado la transmisión hereditaria de ese derecho y no estar dentro de las excepciones a la norma general de transmisibilidad de los derechos del causante, debe reconocerse el derecho de los here-deros a llevar la acción provista por el Art. 138 del Código Civil y así terminar con una incomprensible distinción en cuanto a los derechos hereditarios de las personas adoptadas antes de 1947.

Por los fundamentos expuestos, debe revocarse la senten-cia recurrida.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

      (2)Dicho artículo disponía lo siguiente:
      “El adoptante no adquiere derecho alguno á heredar al adoptado. El adoptado tampoco lo adquiere á heredar, fuera de testamento, al adoptante, á menos que en la escritura de adopción se haya éste obligado á instituirle

      (3) Estos artículos no tenían precedente en el Código Civil español, ya que fueron tomados del Art. 214 del Código Civil de Luisiana de 1870. Valladares de Sabater v. Rivera Lazú, 89 D.P.R. 254, 258-259 (1963); L. Muñoz Morales, Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, 10 Rev. Jur. U.P.R. 411, 415 (1941).

      (4) Véanse: Ex parte Ortiz y Lluberas, 42 D.P.R. 350 (1931); Bardeguez v. Bardeguez, 48 D.P.R. 713 (1935); Sosa v. Sosa, 64 D.P.R. 769 (1945); Lugo, Ex parte; Ortiz, Etc., Opositoras, 64 D.P.R. 868 (1945); Sosa v. Sosa, 66 D.P.R. 606 (1946); Ginés v. Ayala Rodríguez, 84 D.P.R. 245 (1961); Valladares de Sabater v. Rivera Lazú, 89 D.P.R. 254 (1963).

      (5) “. . . ¿ Cuáles son los derechos de los herederos forzosos que la adop-ción no podía perjudicar? ¿La participación de los legitimarios en la legí-tima estricta, en la legítima larga, en la totalidad del caudal? ¿Hacía dife-rencia el hecho de que el causante falleciera con testamento o sin él? ¿Qué sucedía cuando el hijo adoptado concurría con descendientes legítimos, con ascendientes, con el cónyuge supérstite, con hijos naturales reconocidos, con éstos e hijos legítimos y legitimados? ¿Qué sucedía cuando el adoptante otorgaba testamento dejando sus bienes a un heredero voluntario, ignorando al hijo adoptivo?” E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, pág. 78.

      (6) En 1947 no se derogó el Art. 137 del Código Civil mediante el cual el adoptado conservaba los derechos que le correspondían en su familia natural, a excepción de los relativos a la patria potestad, produciendo la ano-malía de que un hijo adoptivo podía heredar tanto de la familia natural como de la adoptiva. Dicha situación fue corregida en 1953 mediante el Art. 133.

      (7)En la opinión disidente del Juez Belaval, en Gines v. Ayala Rodríguez, supra, éste expresó que la Ley Núm. 353 de 13 de mayo de 1947 era de carácter interpretativo de la ley anterior, que tenía efectos retroactivos, y era una ley mediante la cual se aclaraban los derechos hereditarios de los hijos adoptivos equiparándolos a los legítimos, que hubiesen sido adoptados antes de 1947 o después. En apoyo de dicha posición véase González Tejera, op. cit., págs. 86-88. Dicho argumento no ha sido levantado ante nos.

      (8)Entre otros: deberes y derechos de la patria potestad, 31 L.P.R.A. see. 631(1); alimentos entre parientes, 31 L.P.R.A. sees. 668 y 569(1); la acción del donante para revocar una donación por causa de ingratitud si no la ejercitó mientras pudo, 31 L.P.R.A. see. 2050; usufructo, 31 L.P.R.A. see. 1571(1); uso y habitación, 31 L.P.R.A. sees. 1596 y 1604; mandato, 31 L.P.R.A. see. 4481; los derechos del comodatario cuando el préstamo se haya hecho en contemplación de su persona, 31 L.P.R.A. see. 4522.

      (9) Habiendo sida los peticionarios recurrentes declarados herederos, nada impedía que ellos se distribuyeran la herencia de la forma que tuvieron por conveniente. Art. 1011 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2877.


author: per CURIAM:

text:
      In re Vicente Hita Giordani, querellado.

      Número: CE-86-337

      Resuelto: 4 de junio de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Rosa Negrón de Qui-ñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per CURIAM:

El abogado Vicente Hita Giordani fue admi-tido a la práctica de la profesión legal el 20 de abril de 1979 y al ejercicio del notariado el 2 de mayo de 1979. El 31 de mayo de 1984 cesó voluntariamente en el ejercicio del notariado. El 20 de abril de 1984 fue convicto por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Este de Nueva York, por violación a la Sec. 844(a) de 21 U.S.C.()

Este delito', por el que fue convicto el abogado Hita Gior-dani, implica depravación moral. De acuerdo con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), el poder inherente de este Tribunal y su jurisprudencia, una vez pre-sentada una copia certificada de la sentencia procede su sepa-ración inmediata del ejercicio de la abogacía. In re Gutiérrez Díaz, 117 D.P.R. 92 (1986), y casos allí citados.

Habiéndose remitido por el Procurador General a este Tribunal copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Este de Nueva York, se decreta la separación inmediata del ejercicio de la abogacía de Vicente Hita Giordani, y se ordena que su nombre sea borrado del registro de abogados autorizados para ejercer la profesión en esta jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no participó.

        (1)“Sec. §44. Penalty for sim/ple possession; conditional discharge and expunging of records for first offense

      “(a) It shall be unlawful for any person knowingly or intentionally to possess a controlled substance unless such substance was obtained directly, or pursuant to a valid prescription or order, from a practitioner, while acting in the course of his professional practice, or except as otherwise authorized by this subchapter or subchapter II of this chapter. Any person who violates this subsection shall be sentenced to a term of imprisonment of not more than one year, a fine of not more than $5,000, or both, except that if he commits such offense after a prior conviction or convictions under this subsection have become final, he shall be sentenced to a term of imprisonment of not more than 2 years, a fine of not more than $10,000 [,] or both.”


author: per curiam :

text:
      In re Víctor Oquendo Carrasquillo.

      Número: CE-86-287

      Resuelto: 6 de junio de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; el que-rellado- no compareció.
   per curiam :

Con fecha 5 de mayo de 1986 el Procurador General de Puerto Rico radicó ante este Tribunal una querella contra el abogado Víctor Oquendo Carrasquillo en la cual le imputa la alegada comisión del siguiente cargo:

El Lie. Víctor Oquendo Carrasquillo actuó en violación a los cánones de ética profesional en su relación abogado cliente con la Sra. Santa Rodríguez Santiago al no informarle apro-piadamente sobre los incidentes en que la representaba y brindarle una representación legal insuficiente al punto que por su negligencia el caso fue archivado en perjuicio de su cliente; quien siempre oportuna y adecuadamente le suminis-tró al abogado toda la información necesaria y estuvo dispo-nible para cumplir con los requerimientos del Tribunal. Dicha conducta relatada acusa violación a los Cánones 18, 19 y 26. El abogado querellado tampoco contestó nuestros re-querimientos en relación con este asunto, lo que demuestra .una inapropiada actitud de desatender requerimientos inhe-rentes a sus funciones como abogado. In re Federico Freytes Mont 86 JTS 17. (Escolio omitido.)

Expedido- el correspondiente mandamiento, funcionarios de la Oficina del Alguacil General de este Tribunal se presen-taron en la dirección del abogado, que consta en este Tribunal, con el propósito de diligenciar el mismo; no pudiendo llevarse ello a cabo por razón de que éste, según la información reci-bida, se había trasladado a Estados Unidos hace algún tiempo. Localizada la dirección donde reside la señora madre del que-rellado ésta se negó a brindar dirección alguna de su hijo en los Estados Unidos a los señores alguaciles.

Mediante memorando de fecha 19 de mayo de 1986, el Al-guacil General de este Tribunal, Sr. Luis R. Amaral, nos in-forma que ese mismo día recibió una llamada telefónica del querellado procedente de Estados Unidos inquiriendo sobre la visita de los alguaciles a la residencia de su señora madre. Luego de ser informado sobre el propósito de la misma, el querellado le informó al Sr. Amaral “que no tenía dirección fija” en Estados Unidos y que tan pronto tuviera una, la in-formaría.

En In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986), al separar indefinidamente de la profesión de abogado al allí querellado, expresamos:

Como es sabido, este Tribunal tiene poder inherente para reglamentar la profesión de abogacía en Puerto Rico. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984). En el pasado hemos resuelto que la “naturaleza pública de que está revestida la profesión de abogado reclama de éste estricta observancia de los requerimientos de los tribunales”, In re Pagan Ayala, 115 D.P.R. 814, 815 (1984), y que procede la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía de un abogado que in-curre en una “indebida, irrazonable e inexcusable tardanza” al contestar una querella radicada por el Procurador General de Puerto Rico, por cuanto la misma es “indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos” de este Tribunal. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975).
En el presente caso, el querellado Federico Freytes Mont no sólo no ha contestado en el término reglamentario la que-rella que radicara el Procurador General, sino que ha aban-donado la jurisdicción sin dejar dirección futura con el afó-rente propósito de impedir que los procedimientos disciplina-rios comenzados no puedan llegar a su fin. Ello no sólo es una conducta reñida con los Cánones de Ética en general, sino que constituye un intento de menoscabar la facultad de este Tribunal para velar por que la clase togada cumpla fiel-mente con los compromisos contraídos con nuestra sociedad; conducta que no estamos dispuestos a tolerar y que es, causa suficiente para que le consideremos indigno de seguir osten-tando el título de abogado. (Énfasis suplido y escolios omiti-dos.)

Igual solución se impone en el presente caso. Por los moti-vos antes expresados, se separa indefinidamente del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico al querellado Víctor Oquendo Carrasquíllo. Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.