author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Marcial Escobar Galarza, por sí y en representación como padre con patria potestad de los menores David, Melvin y Sonia M., todos de apellidos Escobar Trinidad, demandantes y recurridos, v. Juan R. Banuchi Pons, h/n/c Farmacia Banuchi y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-82-448

      Resuelto: 28 de marzo de 1983

      Amando Arias Guardiola, de Arias Cestero & Arias Guardiola, abogado de los recurrentes; Carlos Roberto Vélez, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

En el presente caso expedimos orden para mostrar causa, limitada exclusivamente a la modificación o elimi-nación de las partidas concedidas por concepto de daños y perjuicios objeto del quinto al octavo señalamiento de error.

Oportunamente compareció la recurrida a exponer sus objeciones a la modificación de las partidas objeto de la pre-sentación de causa. Luego de considerar sus argumentos, disponemos.

1. Debe eliminarse la partida de $10,000 concedida por el tribunal de instancia a los herederos de la occisa por con-cepto de los supuestos daños y perjuicios sufridos por ésta desde que fue objeto del disparo fatal y al instante de su muerte, porque no hay prueba alguna para sustentar la misma.

2. La partida de $95,000 concedida al recurrido Marcial Escobar Galarza por la pérdida de su esposa y el consorcio debe reducirse a la cantidad de $50,000.

3. Tomando en consideración que la occisa era una empleada ocasional a tiempo parcial, consideramos razona-ble como reparación de daños por concepto de lucro cesante una partida de $45,000. A estos efectos, se modifica la par-tida que concedió el tribunal de instancia por este concepto.

Se expide el auto y se dicta sentencia para modificar la recurrida en los términos antes expresados. Así modificada, se confirma.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué, disiente de la parte de la sentencia que reduce a $50,000 la indemnización concedida al señor Escobar Galarza por la pérdida de su esposa y madre de dos niños de corta edad, cuya función tendrá que asumir en ausencia de ella. En esas circunstancias, $95,000 no es una suma exagerada y no debe intervenirse con la discreción ejercitada por el tribunal de instancia al concederla. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

-O-

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Somos del criterio que una de las labores principales —sino la principal— de este honorable Tribunal es la de orientación y/o la de implantación de normas o guías que ayuden a la profesión legal en general y, en particular, respecto a aquellas áreas del derecho en donde, a pesar del esfuerzo realizado en el pasado, todavía existen lagunas que dificultan la labor que realizan día a día nuestros compañe-ros jueces de instancia y nuestros compañeros abogados. Entendemos que tenemos la obligación de así hacerlo, no obstante el hecho de estar conscientes de que dichas normas y guías, por ser precisamente la creación de seres humanos, nunca podrán ser perfectas y por ello, las mismas estarán siempre sujetas a modificación y corrección en el futuro.

La valorización de daños en general y, particularmente, la de sufrimientos y angustias mentales en el amplio campo de los daños y perjuicios, es un vivo ejemplo de esas “lagu-nas” de las cuales hablamos. En cuántas ocasiones se habrán preguntado nuestros compañeros abogados: ¿cuánto vale este caso? Cuántas veces se habrán hecho los señores jueces de instancia la misma pregunta, con el agravante de que sobre sus hombros pesa la no envidiable responsabi-lidad de tener que resolverlo.

Este honorable Tribunal, a través de los años, ha bre-gado mayormente caso a caso con este aspecto problemático del derecho, utilizando a menudo el mecanismo procesal de la sentencia para así hacerlo. En el pasado hemos contes-tado la arriba mencionada pregunta expresando, en sínte-sis, que estamos conscientes del hecho de que la gestión judicial de estimación y valoración de daños es angustiosa y difícil; que la obligación de evaluar los mismos descansa, principalmente, en nuestros jueces de instancia; y que este Tribunal no intervendrá en la discreción de los referidos jueces, a menos que las sumas de dinero concedidas sean o exageradamente altas o ridiculamente bajas.

Si algunos están conscientes y saben que dicha labor es angustiosa y difícil son los jueces de instancia, los cuales se ven en la obligación de realizarla día tras día. Nunca, sin embargo, se les ha provisto de unas normas o guías que sir-van de base para la evaluación de daños. La ausencia de dichas normas o guías posiblemente sea la razón principal para que haya tan distintas y variadas adjudicaciones a esos efectos por parte de nuestros tribunales de instancia e, inclusive, por este mismo Tribunal.

Somos del criterio que este Tribunal no sólo tiene el deber y la obligación de establecer esas normas y guías, sino que tiene, con el fin de intentar orientar al máximo a la pro-fesión, el deber y la obligación de explicarle a los litigantes, hasta donde ello sea humana y jurídicamente posible, el porqué en un caso en específico se han aumentado o se han reducido las sumas de dinero que le fueron concedidas por el tribunal de instancia. Con ello en mente, examinemos el presente caso.

El día 19 de diciembre de 1979, en horas de la noche, la Farmacia Banuchi —localizada la misma en jurisdicción del pueblo de Río Grande, Puerto Rico— como tantos otros negocios en nuestro país, fue asaltada por tres individuos armados, encontrándose en la misma, al momento del asalto, varios clientes y empleados, los cuales fueron obliga-dos a acostarse en el piso de dicha farmacia. Una vez los asaltantes habían desvalijado las cajas registradoras y al disponerse éstos a salir de la referida farmacia, uno de los empleados de la misma —de nombre Alfonso Crespo Romero— se armó de una escopeta calibre 12 propiedad del Sr. Juan Banuchi, dueño de la farmacia, escopeta que había sido dejada por éste en dicho negocio. El ruido que hizo Crespo Romero al cargar la escopeta fue escuchado por los asaltantes —ya en el proceso de abandonar la farmacia— quienes entonces abrieron fuego; dichos disparos fueron contestados por Crespo Romero al mismo tiempo que se lan-zaba al suelo; los asaltantes abandonaron la farmacia; Crespo Romero de inmediato se incorporó, escopeta en mano, y al dar unos pasos hacia el frente vio un movimiento o “celaje” a su derecha, y disparó en dirección al mismo, pensando que se trataba de uno de los asaltantes. Desgra-ciadamente, el “celaje” que vio Crespo Romero resultó ser la Sra. María Esther Trinidad Aponte, cliente que había entrado a la farmacia minutos antes de que se perpetrara el asalto con la intención de hacer unas compras en unión a su esposo y sus tres hijos menores de edad, quienes habían permanecido en el carro de la familia, estacionado el mismo en un área cercana, desde donde no se podía ver la entrada de la farmacia. La infortunada dama —que se había incor-porado del piso— fue alcanzada por el disparo de escopeta que hiciera Crespo Romero a nivel de la región pre-auricu-lar derecha; fue llevada, originalmente, al Centro de Salud de Carolina, siendo referida al Centro Médico de Puerto Rico donde, a la llegada al mismo, fue pronunciada muerta.

El honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, declaró con lugar la demanda de daños y perjui-cios que radicara el esposo e hijos de la occisa contra la Farmacia Banuchi, su dueño Juan Banuchi, el empleado de éste Alfonso Crespo Romero, y la compañía aseguradora de la farmacia. Dicho tribunal condenó a la parte demandada a pagar, en forma solidaria a los demandantes, las siguientes sumas de dinero:

(a) A los menores David, Melvin y Sonia Magali Escobar Trinidad la suma de $16,000.00 a cada uno de ellos por la pérdida de su madre.
(b) A los menores David, Melvin y Sonia Magali Escobar Trinidad, herederos de María Esther Trinidad Aponte, la suma de $10,000.00 por concepto de los daños y perjuicios sufridos por ésta desde que fue objeto del disparo fatal y el instante de su muerte.
(c) A Marcial Escobar Galarza, la suma de $95,000.00 por la pérdida de su esposa y el consorcio de ésta.
(d) A Marcial Escobar Galarza, la suma de $81,954.11 por el lucro cesante producido por la muerte de María Esther Trinidad Aponte.
(e) A Marcial Escobar Galarza, la suma de $1,560.00 por los gastos del funeral de María Esther Trinidad Aponte.

La parte demandada, en el recurso de revisión que radicara ante este Tribunal, imputó al tribunal de instancia la supuesta comisión de nueve (9) errores, a saber:

Primer Error

Cometió grave error de derecho el Tribunal de instancia al imponerle responsabilidad civil a los recurrentes en abierto desacuerdo con el valor y fuerza probatoria de la evidencia presentada.

Segundo Error

Cometió grave error de derecho el Tribunal de instancia al imponerle responsabilidad civil a los demandados en ausencia de prueba para sostener la misma, descartando aquella prue-ba que exime de responsabilidad a los recurrentes.

Tercer Error

Cometió grave error de derecho el Tribunal de instancia al interpretar la prueba desfilada formulando determinaciones de hechos que son físicamente imposibles contraviniendo [szc] el orden racional y que no hallan apoyo en la prueba e impro-visando dichas determinaciones arbitrariamente.

Cuarto Error

Las conclusiones de hecho del Tribunal de instancia no representan el balance más racional, justiciero y jurídico de la prueba practicada.

Quinto Error

Erró el Tribunal de instancia al conceder a los menores David, Melvin y Sonia Magali Escobar Trinidad, herederos de María Esther Trinidad Aponte la suma de $10,000.00 por concepto de los daños y perjuicios sufridos por ésta desde que fue objeto del disparo fatal y el instante de su muerte.

Sexto Error

Erró el Tribunal de instancia al eximir de negligencia con-currente a María Esther Trinidad Aponte y no reducir la indemnización concedida a los recurridos conforme a dere-cho.

Séptimo Error

Erró el Tribunal de instancia al conceder a los recurridos la suma de $81,954.11 por concepto de lucro cesante produ-cido por la muerte de María E. Trinidad Aponte habida' cuenta que ésta era empleada ocasional y a tiempo parcial.

Octavo Error

Erró el Tribunal de instancia al conceder partidas excesi-vas como indemnización a los demandantes.

Noveno Error

Erró el Tribunal de instancia al conceder honorarios de abogado e intereses legales sobre la sentencia desde la radi-cación de la demanda sin haber mediado temeridad de parte de los recurrentes.

Este Tribunal, entendiendo correcta la determinación que sobre negligencia hiciera el tribunal de instancia, requirió de la parte demandante recurrida que mostrara causa por la cual no se debían modificar las sumas de dinero concedidas a los demandantes por el tribunal de instancia “por ser las mismas improcedentes y/o excesivas”. La parte demandante recurrida compareció.

h — I

La parte recurrente, mediante el quinto señalamiento de error, impugna la suma de $10,000 que el tribunal de instancia concediera a los herederos de María Esther Trinidad Aponte “por concepto de los daños y perjuicios sufri-dos por ésta desde que fue objeto del disparo fatal y el instante de su muerte”.

En relación con dicho señalamiento de error, argumenta la parte recurrente que: “Tomando en consideración la enorme magnitud de sus lesiones [las de María Esther Trinidad] resulta inconcebible que la occisa haya sufrido desde el momento en que recibió el disparo hasta el momento de su muerte, por el contrario, la única inferencia razonable a que se puede llegar en base a los más rudimentarios cono-cimientos de la medicina, es que la occisa murió instantá-neamente al recibir las extensas lesiones.” (Énfasis suplido.)

Argumenta, adicionalmente, la parte recurrente a los efectos de que: “No hubo ninguna prueba de que María Esther Trinidad Aponte sufriera desde el momento en que recibió el disparo hasta el momento de su muerte. Nadie declaró sobre este extremo.” (Énfasis suplido.)

En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973), resolvimos, en síntesis, que la causa de acción no ejercitada de una persona que muere como consecuencia del acto u omisión negligente de otra —causa de acción en relación con el sufrimiento físico y moral que precedió al deceso— no constituye un derecho personalísimo que se extingue con la muerte de la persona, sino que es un bien patrimonial que es transmitido a sus herederos y que es reclamable por éstos como parte de su herencia legítima.

En Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 872 (1978), señalamos que en la valoración de los sufrimientos físicos y mentales de un causante en esta clase de situaciones son factores determinantes en la evaluación de la cuantía a con-cederse “la naturaleza y extensión de las lesiones; lapso de tiempo transcurrido entre la ocurrencia del daño y la muerte; estado de lucidez o conciencia de la víctima; disponi-bilidad o no de asistencia y medicamentos adecuados; tipo de tratamiento recibido; presencia o ausencia de familiares; y cualquier otra circunstancia pertinente”. (Énfasis suplido.)

Examinemos los hechos específicos del presente caso. Una lectura del protocolo de autopsia es suficiente para concluir que la occisa sufrió graves y serias lesiones al ser alcanzada por el disparo de escopeta. Se expresa en dicho protocolo, en lo pertinente, que:

Como hallazgo de mayor interés encontramos múltiples perdigonadas en la cara en un área que se extiende en un diámetro de 7 x 6", tres de las cuales fueron pequeñas, pene-trantes localizadas a nivel del puente, otra a 2" por encima de la ceja derecha y la tercera a 1" por encima de la ceja izquierda. Además produjeron dos grandes orificios localiza-dos ambos en la región pre-auricular derecha, uno a 59 Y” del talón y otro a 61" del mismo talón. La exploración en profun-didad reveló que ambos tenían agujeros de salida el primero de los mencionados salió inmediatamente por detrás de la oreja derecha, mientras que el segundo produjo su agujero de salida al" por detrás y por encima del oído derecho, a ese nivel se recuperó parte del corcho. Ambos impactos a su paso produjeron fractura de el hueso temporal y parietal derechos. Fueron recuperados varios pequeños perdigones en piel, tejido subcutáneo y área frontal de las heridas penetrantes. El cadáver muestra un área de tatuaje formada por pequeñas partículas de pólvora que se extienden desde el lado derecho del cuello hasta el brazo en un área que mide 9 x 9" de diáme-tro. (Énfasis suplido.)

Debemos tener presente que, según la jurisprudencia antes citada, lo verdaderamente importante —para que exista la causa de acción de los herederos del causante en esta clase de situaciones— es que la muerte no haya sido instantánea. Somos del criterio que de la prueba desfilada en el presente caso se puede hacer la inferencia razonable de que la muerte de María Esther Trinidad Aponte, a pesar de las graves lesiones recibidas, no fue instantánea. Ello es así por cuanto la prueba demuestra que la occisa fue lle-vada primero al Centro de Salud de Carolina, a donde pre-sumiblemente llegó con vida, por cuanto de ahí fue referida al Centro Médico de Puerto Rico. Nos parece razonable la contención de que el personal de dicho Centro de Salud no la hubiera referido al Centro Médico, de ser la situación dis-tinta.

Hecha la anterior determinación, procede que nos pre-guntemos: ¿qué lapso transcurrió entre la ocurrencia del daño y la muerte de María Esther Trinidad Aponte? Durante ese lapso de tiempo, ¿cuál fue el estado de lucidez o conciencia de la víctima? La sentencia cuya revisión se soli-cita, en sus determinaciones de hecho, nada expresa al respecto. La parte demandante recurrida, en su compare-cencia para mostrar causa —advertida de los argumentos de la parte recurrente— tampoco se expresa sobre el particular.

Ahora bien, estamos convencidos de que: la muerte de María Esther Trinidad Aponte no fue instantánea, por lo que sus herederos tienen una causa de acción por los sufri-mientos físicos y angustias mentales de ella; y de que, aun cuando no lo sabemos en específico, hubo un lapso que podemos catalogar de considerable entre el momento de recibir el disparo y ,el momento de sobrevenirle la muerte —lapso por lo menos mayor que en el caso de Publio Díaz v. E.L.A., supra- por cuanto la occisa fue trasladada de la farmacia localizada en Río Grande al Centro de Salud de Carolina, allí fue examinada y entonces referida al Centro Médico de Puerto Rico, donde arribó muerta.

Sobre lo que realmente no hay prueba específica es sobre el estado de lucidez y conciencia de María Esther durante ese lapso; en otras palabras, ¿tenemos los elementos de jui-cio necesarios para poder valorar dichos sufrimientos físicos y mentales? Sabido es que la obligación de ponernos en con-diciones de así hacerlo correspondía a la parte deman-dante; la oportunidad de hacerlo la tuvo y, por razones que desconocemos, no la aprovechó al máximo. Es por ello que la concesión de la suma de $10,000 por el tribunal de instancia no se puede sostener.

I — i I — i

El tribunal de instancia le concedió a cada uno de los tres hijos menores de edad de María Esther Trinidad Aponte la suma de $16,000 “por la pérdida de su madre”, y la suma de $95,000 a Marcial Escobar Galarza “por la pérdida de su esposa y el consorcio de ésta”. La parte recu-rrente impugna las referidas sumas de dinero, mediante el octavo señalamiento de error, “por excesivas”.

A. La Norma Propuesta

Estamos conscientes de que la vida de un ser querido, desde el punto de vista del afecto y del cariño, tiene un valor inconmensurable que no se presta a valoración objetiva, Travieso v. Del Toro y Travieso, Int., 74 D.P.R. 1009 (1953); y de que cada caso depende de sus propias circunstancias, Meléndez v. Metro Taxicabs, 68 D.P.R. 766 (1948). No empece ello ser así, los tribunales de instancia se ven en la obligación, como parte de sus funciones judiciales diarias, de tener que valorar en dólares y centavos esos sufrimientos y angustias mentales.

Somos del criterio que en el desempeño de dicha difícil labor resultaría de incuestionable ayuda la adopción de una norma mediante la cual se utilizara, como punto de partida, la valorización que en casos “similares” este Tribunal ha considerado como adecuada en el pasado; la razón principal de ello, siendo como es claro que los sufrimientos y angus-tias que experimenta una persona en determinado momen-to, digamos, por la muerte de un ser querido y/o la fractura de una pierna no varían con el transcurso de los años.

Estamos conscientes, sin embargo, del hecho de que si bien es cierto lo anteriormente expresado, dichas pasadas valorizaciones, en justicia, tendrían que ser “actualizadas”', ello debido a que el “valor” del dinero hoy día no es el mismo que hace, digamos, cinco o diez años atrás por razón del alza en el costo de la vida que nuestra sociedad ha venido sufriendo durante los últimos años. Véase: Rojas v. Maldonado, 68 D.P.R. 818 (1948).

Una vez así “ajustadas” las valorizaciones que hemos hecho en el pasado en casos “similares”, entrarían en juego la forma y manera como ocurrieron los hechos y las circuns-tancias especiales presentes en el caso específico que esté considerando el tribunal) circunstancias especiales que, como sabemos, corresponde probar mediante evidencia competente a la parte que las alegue y reclame y sobre las cuales los tribunales de instancia tendrán que hacer las co-rrespondientes determinaciones de hecho. Entendemos que ello le permitiría a dichos tribunales, con cierto grado de uniformidad, fijar aquellas sumas de dinero que consideren razonables y adecuadas y pondría a este Tribunal en condi-dones, si es que se solicita revisión al respecto, de resolver si dichas sumas de dinero son “ridiculamente bajas o exageradamente altas”. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

B. Aplicación de la Norma Propuesta

Un examen sereno y desapasionado de las sumas de dinero concedidas en el pasado por este Tribunal en casos similares, habiendo tomado en consideración los años en que fueron resueltos los mismos; de las determinaciones de hecho que hiciera el tribunal de instancia sobre cómo ocu-rrieron los hechos en el presente caso y sobre las circuns-tancias especiales presentes en el mismo; y de la argu-mentación de la parte recurrida contenida en el escrito que radicara para mostrar causa, nos convence de que la suma de dinero concedida por el tribunal de instancia al esposo de la occisa —$95,000— en efecto es excesiva. Consideramos, por el contrario, razonable y adecuada la suma de $50,000.

En relación con la suma de $16,000 concedida a cada uno de los tres hijos menores de edad de la dama falle-cida, la misma no es exageradamente alta , Urrutia v. A.A.A., supra, por lo que sostenemos el dictamen a este respecto del tribunal de instancia.

III

Como hemos visto, mediante el séptimo señalamiento de error, la parte recurrente impugna la suma de $81,954.11 que por concepto de lucro cesante concediera el tribunal de instancia, principalmente, por el fundamento de que María Esther Trinidad Aponte “era empleada ocasional y a tiempo parcial”.

Dicho concepto ha sido objeto de interpretación y con-sideración en innumerables ocasiones por este Tribunal: Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368 (1964); Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201 (1969); Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 (1971); Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971); Colón v. Municipio de Orocovis, 100 D.P.R. 1009 (1972); Publio Díaz v. E.L.A., supra; Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456 (1981); y Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39 (1982).

Hemos resuelto, en términos generales, que el lucro cesante se trata de un perjuicio sufrido que consiste en una ganancia futura frustrada que con cierta probabilidad era de esperarse, según el curso normal ulterior de las cosas, la realización de cuya ganancia no tiene que ser demostrada con certeza absoluta por la parte perjudicada, Velázquez v. Ponce Asphalt, supra; que los daños a concederse por lucro cesante no pueden ser determinados exclusivamente a base de la “ecuación matemática” o “fórmula” expuesta en los casos normativos de Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, y Rodríguez v. Ponce Cement Corp., supra, por cuanto la razonabilidad de la cuantía total a concederse por lucro cesante no puede depender únicamente de unos cómputos aritméticos que en fin de cuentas descansan sobre unas bases y expectativas que, aunque precisables, están per-meados de cierto grado de especulación; que en su conse-cuencia, dicha ecuación o fórmula es sólo uno de los factores a tomarse en consideración, junto a las demás circunstan-cias del caso, a los fines de determinar la razonabilidad de la cuantía a concederse, Vda. de Delgado (1971), pág. 729, y Publio Díaz v. E.L.A., supra; que la parte que reclama compensación por lucro cesante debe aducir prueba sobre el estado de salud y el promedio del ingreso del causante durante.algunos años antes del suceso que causó la muerte, Colón v. Municipio de Orocovis, y Vda. de Delgado (1971), supra; y que al calcularse el lucro cesante hay que tener presente que existe una diferencia entre la “expectativa de vida” de una persona y la “expectativa de vida útil” de la misma, o sea, el número de años en que una persona en particular va a estar efectivamente generando ingresos, concepto que es flexible y que depende de la edad, sexo, ocupación, estado de salud, hábitos, etc., de la persona fallecida, Suro v. E.L.A., supra.

La “fórmula” o “ecuación matemática” a utilizarse en el cómputo del lucro cesante, según el estado actual de nuestra jurisprudencia, es la siguiente:

A. Debe determinarse, en primer lugar, el ingreso promedio anual del causante o persona accidentada.

El mismo se determina dividiendo la suma total de los ingresos que hubiera percibido el causante durante su “vida útil” —debiéndose haber tomado en consideración, como expresáramos en el escolio 10, los aumentos anuales que hubiera tenido el salario del causante por concepto de “pasos autorizados por ley” y/o el “incremento anual promedio”— por el número de años restantes de vida útil del causante.

B. Al ingreso promedio anual se le resta una tercera parte del mismo por concepto de los “gastos propios” del causante; y

C. Las restantes dos terceras partes se multiplican, en-tonces, por el valor de un dólar por año, pagadero al final de cada año, durante el número de años correspondiente a la expectativa de vida útil tomando, a esos efectos, el valor menor de la tabla actuarial que es a base del seis (6) por ciento.

Teniendo presente que dicha “fórmula” es sólo uno de los factores a tomarse en consideración, junto a las demás cir-cunstancias del caso, a los fines de determinar la razonabi- lidad, de la cuantía a concederse por concepto de lucro cesante, Vda. de Delgado (1971) y Publio Díaz v. E.L.A., supra, examinemos los hechos específicos del caso que nos ocupa.

La alegación principal de la parte recurrente respecto a la concesión por el tribunal de instancia de la partida por lucro cesante es a los efectos de que la misma es totalmente improcedente por razón de que, habiendo sido la occisa meramente una empleada ocasional y a tiempo parcial, cualquier cómputo que se realice a esos efectos es total-mente especulativo.

No tiene razón; su contención a esos efectos es totalmente inmeritoria. Aparte del hecho de que un empleo a tiempo parcial puede servir de base, presentes las demás circuns-tancias requeridas, para la concesión de daños por concepto de lucro cesante, tenemos que en el presente caso el tribunal de instancia, conforme a la prueba desfilada, determinó que María Esther Trinidad Aponte, dama que a la fecha dé su muerte contaba con la edad de 29 años, se desempeñó como operaría de máquinas en una fábrica desde el 1974; que la empresa para la cual ella trabajaba solamente operaba durante ciertos y determinados meses al año por razón de dedicarse a la manufactura de artículos de Navidad; y que por las razones antes expresadas, la occisa trabajaba sólo durante cinco (5) meses —aproximadamente ochocientas y pico de horas— al año.

Como vemos, la occisa era una empleada regular que trabajó a tiempo completo durante un sinnúmero de años y que no trabajaba el año completo, no porque ella no qui-siera, sino porque la empresa para la cual ella trabajaba no lo hacía así. Dichas circunstancias adecuadamente per-miten que se pueda calcular, con un grado satisfactorio de probabilidad, la futura ganancia frustrada de la occisa. Velázquez v. Ponce Asphalt, supra.

Ahora bien, un examen del procedimiento seguido por el tribunal de instancia en el cómputo del lucro cesante revela que, no obstante dicho tribunal haber realizado un esfuerzo notable por cumplir con la jurisprudencia nuestra a esos efectos, el resultado final al cual éste llegó debe ser modifi-cado respecto a la suma de dinero —$81,954.11— que con-cedió a los herederos de la occisa por este concepto.

Ello es así por cuanto el tribunal de instancia, al rea-lizar el cómputo, incidió en dos aspectos: aplicó errónea-mente a los hechos del presente caso la fórmula sobre expectativa de vida útil —“hasta la edad de 70 años”— que utilizáramos en el caso de Suro v. E.L.A., supra. Examinados los hechos del presente caso —tomando en consideración la ocupación, edad, sexo, hábitos, idiosincrasia, etc., de la aquí causante— concurrimos con el criterio de que se ajusta más a la realidad la “fórmula” que hemos aplicado en otros casos, a los efectos de una expectativa de vida útil hasta los 65 años. Vda. de Delgado (1971), supra.

Incidió, igualmente, el tribunal de instancia al computar el “incremento anual promedio”: dicho tribunal multiplicó la “mediana” del ingreso semanal de la industria dentro de la cual se desempeñaba la occisa en Puerto Rico —la indus-tria de la manufactura— por las 52 semanas que tiene un año, operación matemática que es la que usual y normal-mente se realiza en esta clase de casos. El problema en el presente caso estriba en que la empresa para ‘la cual traba-jaba la occisa, según la prueba aportada, no opera durante ese período y sí durante 20 semanas al año; ese es el término por el cual entendemos se debe multiplicar la “mediana” aquí. De otra forma, la causante “recibiría el beneficio” de un aumento salarial computado a base de un año completo de trabajo, hecho que alejaría de la realidad el aumento de salario —por razón del incremento anual promedio— proyectado a través de los restantes años de vida útil de la causante.

Una vez realizados los dos ajustes o las dos modifica-ciones antes señaladas, la suma de dinero por concepto de lucro cesante, a la que razonablemente entendemos que tienen derecho los herederos de la causante, es la de $45,500 aproximadamente.

Por las razones antes expresadas es que concurrimos con la Sentencia emitida por este honorable Tribunal.

       “Corresponde al demandante poner al juzgador en condiciones de deter-minar, sin recurrir a especulaciones, los daños y perjuicios realmente sufridos.” Rodríguez v. Serva, 90 D.P.R. 776, 779 (1964).

       “Pocas veces podrá presentarse al juzgador un caso más claro que éste en cuanto a la procedencia de la indemnización, en que, eso no obstante, no pueda concederla por haber dejado de proporcionarle la parte que la reclamó[,] y que por tanto tenía el deber de hacerlo, los datos necesarios para fijarla.” Boria v. The Maryland Casualty Co., 60 D.P.R. 830, 837 (1942).

      En relación con ello es imposible, naturalmente, el poderlas enumerar todas. Así, por ejemplo, en un caso de una fractura de una pierna pueden ser tomadas en consideración por el tribunal de instancia circunstancias tales como si la persona tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; si tuvo que permanecer en cama, ya fuera en el hospital o en su casa; el término del período de recuperación; si tuvo que ser sometida a terapia; si resultó con alguna incapacidad, etc.

      En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 —resuelto en 1971— valoramos en $20,000, los sufrimientos y angustias mentales de una dama que, además de perder a su esposo, estuvo constantemente al lado de éste durante los tres días que el occiso viviera después de ser víctima de una explosión que le causó graves quemaduras y, por último, la muerte. En Colón v. Municipio de Orocovis, 100 D.P.R. 1009 (1972), se le concedió al esposo de una dama —madre de cuatro hijos, que murió al intentar cruzar un río crecido— la suma de $25,000, la cual fue reducida en un 50% por razón de la negligencia en que incurrió la occisa. En Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978) —caso en que la viuda deman-dante presenció la agresión que culminó en la muerte de su esposo, muerte que puso fin a un matrimonio de diez y seis (16) años — , valoramos los sufrimientos y angustias mentales de la referida viuda en la suma de $25,000.

       En la Determinación de Hecho Núm. 31 expresa el tribunal de instancia, en lo pertinente, que: “Es indescriptible el dolor, el sufrimiento y la angustia que aún a la fecha de la vista del caso experimenta el demandante Marcial Escobar Galarza no solamente por la pérdida de su esposa y madre de sus hijos, sino por la abrupta ruptura de su joven familia. El desbalance emocional y los sufrimientos que experimenta dicho demandante quedaron de manifiesto al ocupar la silla tes-tifical. El Tribunal pudo apreciar cómo Escobar Galarza pudo hacer un recuento de los hechos que presenció durante la noche de autos hasta que llegó el momento en que encontró a su esposa tirada en el piso sobre un charco de sangre.”

       De siete, cinco y dos años y medio de edad.

      En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., supra, pág. 729, resuelto en 1971, concedimos la suma de $10,000 a cada uno de los tres hijos menores codeman-dantes por los daños sufridos “al ser privados de la compañía, cariño y de la direc-ción de su padre, en la formación emocional y espiritual de ellos, en la temprana edad que es cuando más lo necesitaban”; y en Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, resuelto en 1978, concedimos $15,000 a cada menor codemandante, siendo reducida dicha suma de dinero en un 50% por razón de la negligencia en que incurrieron sus padres.

      La parte recurrente entiende que, suponiendo que procediera compen-sación por concepto de lucro cesante en el presente caso, la misma asciende a la suma de $25,558.22.

       O de la persona accidentada y/o incapacitada.

       La misma fue originalmente expuesta en Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368 (1964). Unos años más tarde fue modificada en el caso de Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201 (1969), al resolverse que no era procedente el que se deduzca del ingreso anual del causante las sumas de dinero a “pagarse por éste” por concepto de contribución sobre ingresos.
      Posteriormente, se modificó dicha “fórmula” en los casos de Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971), y Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456 (1981), en tanto en cuanto se permite que en la estimación del ingreso anual del causante pueden tomarse en consideración los aumentos anuales progresivos que tendría el salario del causante por concepto de “pasos autorizados por ley” y/o el “incremento anual promedio”, respectivamente.

       Dichos “ingresos” incluyen, naturalmente, no sólo el salario propiamente, sino cualquier otra entrada o ingreso del causante. Así, por ejemplo, tenemos que en el caso de Suro v. E.L.A., supra, se tomó en consideración ingresos que percibía el causante por razón de pertenecer a la Guardia Nacional de Puerto Rico.

       Dicho “incremento anual promedio” se computa multiplicando la “media-na” del ingreso semanal de las industrias en Puerto Rico —la cual se puede obtener en publicaciones oficiales a esos efectos del Departamento del Trabajo de Puerto Rico— por las cincuenta y dos (52) semanas que tiene el año. Suro v. E.L.A., supra.

       Ante el tribunal de instancia se presentó prueba de que durante el año de 1978 la occisa devengó salarios ascendentes a $1,549.18, y la suma de $2,203.01 durante el año de 1979, último año en que ella trabajó. Dicho tribunal tomó cono-cimiento judicial del salario mínimo federal que cubría la industria en la que la occisa trabajaba para el año 1980 —$3.10 la hora— y para el año de 1981 —$3.35 la hora— con el propósito de computar lo que la occisa “hubiera devengado” durante los citados años, llegando a la conclusión —multiplicando las ochocientas y pico de horas que la occisa trabajaba durante un año por el salario mínimo de $3.35 la hora— que en el 1981 ella hubiera percibido salarios ascendentes a la suma de $2,773.80. A base de esta cifra hizo una proyección de lo que habría ganado la occisa durante los restantes años de vida útil —que estimó hasta los 70 años— de la causante, tomando en consideración un “incremento anual promedio” de $281.32, a la cual cifra arribó multiplicando la “mediana” del ingreso semanal de la industria de la manufactura en Puerto Rico durante los años de 1966 a 1981 —$5.41— por las 52 semanas del año.
      El tribunal de instancia entonces dividió el total de los ingresos proyectados —$332,948.40— por el número de años de vida útil restantes, obteniendo así un ingreso promedio anual de $8,120.70, al cual le restó una tercera parte por con-cepto de “gastos propios” de la occisa. Procedió a “actualizar” las dos terceras partes restantes, arrojando ello la suma final que concedió, $81,954.11, por con-cepto de lucro cesante.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Torres Rigual.

license: Public Domain

text:
    José A. Candelaria Ojeda y Otros, demandantes y recurridos, v. Municipio de Ceiba, demandado y peticionario.

      Número: O-82-627

      Resuelto: 31 de marzo de 1983

      Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado del peticionario; Hiram Martí-nez López, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Hallándose en etapa de ejecución y liquidación de haberes nuestra sentencia en la revisión administrativa (O-80-687) la sala de instancia denegó la solicitud del Munici-pio demandado para que autorizara el descuento de salarios percibidos por los empleados repuestos, durante el período de cesantía, tanto de fuentes de empleo público como pri-vado. Recurrió el patrono y expedimos auto de certiorari. Los demandantes recurridos dejaron el caso sometido por las razones de su escrito de oposición a la expedición del auto, a saber, que las decisiones en Bachier Ortiz v. Pirella, Alcalde de Arroyo, S. de 29 octubre, 1981, y Municipio de Mayagüez v. Rivera, R. de 30 diciembre, 1981, no constituyen fuente de derecho jurisprudencial. El argumento fue desplazado por la opinión de este Tribunal en Estrella v. Mun. de Luquillo, 113 D.P.R. 617 (1982), que autorizó el descuento de haberes y sueldos de empleo público o gubernamental.

La deducción de sueldos y emolumentos percibidos durante la cesantía de fuentes gubernamentales es cuestión nueva, enteramente extraña al pleito, y así reconocida por este Tribunal en análogas circunstancias en Bachier Ortiz v. Pirella, Alcalde de Arroyo, supra; Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982); y Estrella v. Mun. de Luquillo, supra. Se concreta, por tanto, la excepción a la regla de que recibido el mandato, lo resuelto por el tribunal de apelación constituye “la ley del caso”. Esta excepción fue reconocida desde el año 1949 en Martínez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 552, 555 (1949), donde basados en cinco precedentes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dijimos:

Esta Corte ha decidido que resuelto un caso por un tribunal superior y recibido el mandato por el tribunal inferior este último está en el deber de dar cumplimiento a lo ordenado y que lo resuelto por el tribunal superior constituye la ley del caso. (Citas omitidas.) Sin embargo, cuando una cuestión sus-tantiva nueva enteramente extraña al pleito principal no ha sido suscitada, litigada o resuelta por la corte inferior o por este tribunal, la sentencia y mandato obviamente no pueden tener efecto alguno sobre tal cuestión. Sprague v. Ticonic National Bank, 307 U.S. 161, 168; Ex Parte The Union Steamboat Company, 178 U.S. 317, 319; In re Potts, 166 U.S. 263, 266; In the Matters of Howard, 76 U.S. 175, 183; In re Sanford Fork and Tool Co., 160 U.S. 247, 256.

La corte inferior puede considerar cualquier cuestión que quedó abierta en el mandato y su decisión podrá revisarse sólo por nueva apelación. In re Sanford Fork and Tool Co., supra.

El principio ha sido reiterado en nuestra jurisprudencia.
Es reconocida generalmente la norma de que las determi-naciones de un tribunal apelativo constituyen la “ley del caso” en todas aquellas cuestiones consideradas y decididas y generalmente obligan tanto al tribunal de instancia como al que las dictó si el caso vuelve a su consideración. Decimos generalmente, ya que se reconoce que “cuando un tribunal se convence de que la ley del caso establecida es errónea y que podría causar una grave injusticia, debe de tener el poder de aplicar una norma de derecho diferente con el propósito de resolver el caso que tiene ante su consideración en una forma justa.” Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967), seguido en Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 94 (1974).

De ahí que la parte recurrida no haya dependido en su alegato de la norma de “ley del caso”. La deducción de suel-dos originados en fuente ajena al empleo del que fue ilegal-mente removida la parte recurrida, es cuestión substantiva nueva, que no había sido previamente adjudicada, ni en instancia ni en revisión, y por tanto sustraída por completo a la regla de “ley del caso”.

Con estos antecedentes y fundamentos se anula la reso-lución recurrida y se ordena el referido descuento de los haberes y beneficios qup han de liquidarse a estos emplea-dos, si hubieren percibido tales salarios o emolumentos de fuentes gubernamentales durante su cesantía.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz ordenaría el descuento adicional de sueldos y emolumentos originados en la empresa privada, consistente con su posición en Estrella v. Mun. de Luquillo, supra, y Olivieri Morales v. Pierluisi, 113 D.P.R. 790 (1983). El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió. El Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió opinión disidente.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Torres Rigual.

Desde el 25 de marzo de 1982 la sentencia dictada por este Tribunal en este caso es final y firme. La sentencia fue emitida el 5 de noviembre de 1981. En ella dispusimos que el Municipio de Ceiba debía reinstalar a los recurridos en sus respectivos empleos y pagarles los salarios dejados de percibir. Negamos reconsiderar nuestro dictamen en cinco mociones consecutivas del Municipio. Devuelto el mandato, los recurridos solicitaron al tribunal de instancia que, con-forme las claras disposiciones de la Ley Municipal que obliga a los municipios a incluir en sus presupuestos el pago de sentencias, Art. 6.01(b)(2)(C), 21 L.P.R.A. sec. 3151(b)(2)(C), dictara la correspondiente orden de ejecución. El Municipio de Ceiba ofreció a los recurridos el 24 de noviembre de 1981 pagar los salarios dejados de percibir en seis plazos, comen-zando en el presupuesto del año fiscal 1982-83. El tribunal de instancia dictó posteriormente resolución en la que ordenó al Municipio incluir en el presupuesto de 1982-83 una cantidad suficiente para pagar la mitad de la sentencia y la otra mitad en dos pagos iguales, a incluirse en los pre-supuestos de 1983-84 y 1984-85.

En esta etapa de ejecución de sentencia es que por pri-mera vez pide el Municipio de Ceiba que se descuente a los recurridos los ingresos obtenidos de otras fuentes, pero el tribunal de instancia se negó a ello.

No obstante ser final y firme nuestra sentencia, se pre-tende ahora por vía de revisión de esta resolución denegato-ria, dictada en avanzada etapa de ejecución, dejar sin efecto la ley del caso para aplicar la norma establecida un afio más tarde en Estrella v. Mun. de Luquillo, 113 D.P.R. 617 (1982), para descontar el pago de ingresos obtenidos por los recu-rridos de otras fuentes gubernamentales. Con inexplicable premura, este Tribunal en una simple sentencia que por sus términos constituye en efecto una alteración a nuestra Sen-tencia de 5 de noviembre de 1981 y a lo cual, repito, nos negamos a reconsiderar en cinco ocasiones consecutivas, subvierte la ley del caso en menosprecio del principio de la finalidad de la adjudicación.

Peor aún, se pretende sostener tal desacierto con lo resuelto en Martínez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 552 (1949), que es completamente inaplicable al caso de autos, puesto que el descuento de sueldos de empleo público o gubernamental no es una cuestión sustantiva nueva extrafia al caso sino, por el contrario, una cuestión consubstancial con nuestra decisión de 5 de noviembre de 1981. El Municipio pudo y debió haber planteado el descuento a su debido tiempo tal y como se hizo en Estrella v. Mun. de Luquillo, supra. La norma sobre el mandato fue claramente expuesta en Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241, 246-247 (1969):

El mandato es el medio oficial de que nos valemos para comunicar al tribunal de instancia la disposición que hemos hecho de la sentencia objeto de revisión y de ordenarle el cumplimiento con los términos de nuestra actuación. Una vez recibido el mandato el tribunal inferior debe limitarse a dar cumplimiento a lo ordenado, que constituye la ley del caso entre las partes, Martínez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 552, 555 (1949); Lluberas v. Mario Mercado e Hijos, 77 D.P.R. 458, 461 (1954); Estado v. Ocean Park Development Corp., 79 D.P.R. 158, 173 (1956), aun en cuanto a cuestiones jurisdic-cionales que no fueron planteadas ante este Tribunal, Fiddler v. Tribl. Contribuciones, 68 D.P.R. 847, 851 (1948), y en cuanto a cualquier otra que pudo haberse levantado en el recurso de revisión de la sentencia, Graniela v. Yolande, Inc., 65 D.P.R. 705 (1946).

Por tales razones, disiento.

       El Art. 6.01(b)(2)(C) provee:
      “(2) Será mandatorio incluir asignaciones en el presupuesto con crédito sufi-ciente para los siguientes fines y en el orden de prioridad, según aquí se dispone:
      “(C) el pago de las sentencias de los Tribunales de Justicia.”


author: PER CURIAM:

text:
    Luis Acosta, Inc., peticionaria, v. Departamento de Asuntos del Consumidor, querellante-recurrido.

      Número: O-82-466

      Resuelto: 12 de abril de 1983

      Julio M. Rodríguez, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado de la peticionaria; Carmen Monclova Anselmi, abogada de la parte recurrida.
   PER CURIAM:

El Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACO”) impuso una multa a Luis Acosta, Inc. por violar la Sec. 15 de la Ley de Pesas y Medidas, Ley Núm. 145 de 27 de junio de 1968 (23 L.P.R.A. seC. 915). La alegada infracción ocurrió por la distribución de paquetes de arroz de tres libras con un peso inferior al indicado en los mismos. Acosta solicitó la revisión de la decisión administrativa ante el Tribunal Superior, el cual confirmó la decisión de la agencia. Acosta acudió a este foro y alega que la acción de DACO conflige con las disposiciones de la ley federal que exigen que se permitan variaciones en el peso del paquete en aquellos productos de naturaleza higroscópica, es decir, que poseen la característica de absorber o exhalar humedad de acuerdo con las circunstancias del ambiente, con el con-siguiente cambio en su peso. Acordamos revisar.

Acosta importa el arroz “Cinta Azul” y lo vende a distin-tas firmas en los mismos paquetes de tres libras en que llega el arroz de Estados Unidos. DACO visitó varios supermercados para verificar el cumplimiento con la Ley de Pesas y Medidas. En un supermercado que carece de aire acondicionado encontró varios paquetes cuyo peso no coincidía con el indicado en la etiqueta. Las dos muestras de diez paquetes, cada una examinada por el inspector, reve-laron variaciones de 1/16 a % de onza de menos en las dis-tintas bolsas. En una de ellas, dos paquetes tenían y2 onza y 7/16 de onza de más. El error promedio fue menor a cero en ambas ocasiones. DACO impuso la multa por considerar que la variación promedio entre el peso de los paquetes examinados y el peso indicado en la etiqueta de los mismos debe ser cero.

Consideremos la relación entre la legislación federal y la estatal. La primera ley federal a examinar es la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos (la “F.D.C.A.”), 52 Stat. 1040 y ss., 21 U.S.C.A. see. 301 y ss.

La F.D.C.A. se aplica expresamente a Puerto Rico en igualdad de condiciones que a cualquier estado de la Unión Americana. 21 U.S.C.A. sec. 321(a). El arroz es un alimento dentro de los términos de la ley. Ibid., apartado (f). La F.D.C.A. prohíbe la rotulación indebida de alimentos en el comercio interestatal. 21 U.S.C.A. sec. 331(b). Sobre tal rotulación indebida, la ley dispone:

A food shall be deemed to be misbranded—
(e) If in package form unless it bears a label containing (1) the name and place of business of the manufacturer, packer, or distributor; and (2) an accurate statement of the quantity of the contents in terms of weight, measure, or numerical count: Provided, That under clause (2) of this subsection reasonable variations shall be permitted, and exemptions as to small packages shall be established, by regulations prescribed by the Secretary. 21 U.S.C.A. sec. 343(e).

Al amparo de esta ley se ha aprobado un reglamento federal en el que se expresa:

The declaration of net quantity of contents shall express an accurate statement of the quantity of contents of the package. Reasonable variations caused by loss or gain of moisture during the course of good distribution practice or by unavoidable deviations in good manufacturing practice will be recognized. Variations from stated quantity of contents shall not be unreasonably large. 21 C.F.R. sec. 101.105(q), 42 Fed. Reg. 14308 (15 de marzo de 1977), según enmendado en 42 Fed. Reg. 15673 (22 de marzo de 1977).

El arroz, por ser precisamente un alimento bajo la F.D.C.A., está también sujeto a las disposiciones de la Ley Federal sobre Envase y Rotulación (F.P.L.A.), 80 Stat. 1296 y ss., 15 U.S.C.A. sec. 1452 y ss. La F.P.L.A. expresa que sus disposiciones no invalidan o sustituyen las de la F.D.C.A. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha re-suelto que bajo la F.P.L.A. no se pueden imponer sanciones penales o civiles por variaciones razonables permisibles bajo la F.D.C.A. Jones v. Rath Packing Co., 430 U.S. 519, 537-538 (1977).

Las leyes federales no han ocupado el campo. Jones, supra, págs. 525, 540-541. A menos que exista el propósito manifiesto del Congreso de ocupar un campo históricamente sujeto al poder legislativo estatal, no se ha de presumir tal hecho. Rice v. Santa Fe Elevator Corp., 331 U.S. 218, 230 (1947). La situación en el caso de autos sobre esta cuestión es sencilla. La propia F.P.L.A. provee que el Congreso intenta validar únicamente aquellas leyes estatales que sean menos exigentes que el estatuto federal y sus reglamentos. 15 U.S.C.A. sec. 1461.

La absorción o no por el gobierno federal de una zona de acción legislativa estatal es, sin embargo, tan solo una faceta del problema de definir la relación entre los integrantes de una federación o de una asociación. Los estatutos federales que no excluyen toda legislación estatal en un área pueden de todos modos anular los estatutos de otra índole que conflijan con ellos. Art. VI de la Constitución de Estados Unidos. Desde esta segunda perspectiva, el análisis se concentra en precisar si la ley estatal frustra él propósito del Congreso. Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52, 67 (1941); Florida Avocado Growers v. Paul, 373 U.S. 132 (1963).

Jones, supra, se enfrentó a esta última tarea en un con-texto análogo al presente. En California existía un estatuto que penalizaba la venta de productos si el peso promedio de los paquetes o envases era menor al rotulado. Las autori-dades administrativas en California les impusieron san-ciones a ciertas compañías por ofrecer para la venta harina y tocineta, ambos de naturaleza higroscópica. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que no había ocurrido una ocupación del campo, pero que la legislación califor-niana obstaculizaba el cumplimiento de la federal. La Corte expresó que la negativa del Estado a permitir varia-ciones razonables debido a la pérdida de humedad y al exigir en cambio un peso promedio de cero, representaba una carga inaceptable para el comercio interestatal. Los manufactureros que distribuyesen sus productos en aque-llos estados que hubiesen adoptado el patrón federal no ten-drían que preocuparse en esencia por el fenómeno higroscó-pico, conforme a la reglamentación más reciente. Los otros manufactureros tendrían que hacerlo. El fabricante para los mercados nacionales tendría siempre que empacar can-tidades mayores para zonas con índices de humedad muy diferentes.

En Puerto Rico existe una situación curiosa. La Sec. 15 de la Ley de Pesas y Medidas, 23 L.P.R.A. sec. 915, no per-mite de su faz un peso menor que el rotulado. DACO no ha adoptado reglamento alguno sobre el problema que nos ocupa. Según consta de autos, lo que hace la agencia es utilizar, tan solo a modo de guía, un antiguo manual del Departamento de Comercio, National Bureau of Standards, Handbook 67, publicado el 20 de marzo de 1959. La acción de DACO en este caso se funda en ese manual y se asemeja al método californiano.

En Méndez & Co., Inc. v. D.A.C.O., 104 D.P.R. 707 (1976), nos expresamos sobre el fenómeno higroscópico. Rechazamos allí, como aquí también, todo ataque a la inconstitucionalidad de la Sec. 15 de la Ley de Pesas y Medidas. Al igual que en Jones, supra, resuelto con posterioridad a Méndez, añadimos que el Congreso no ha ocupado el campo. Puerto Rico retiene su facultad de legislación sobre pesas y medidas, la cual no es ciertamente menor que la de un estado. Nuestra tarea consiste tan solo en determinar si en la situación presente existe la posibilidad de un conflicto entre la legislación federal y la puertorriqueña, que represente una carga impermisible al comercio interestatal.

El caso de autos contiene cuatro elementos distintos a los hechos que analizamos en Méndez, supra. En Méndez el producto concernido, habichuelas, fue empacado en Puerto Rico para su venta aquí. En el pleito actual, el empacado ocurrió en Estados Unidos. Al igual que en Jones, supra, estaba envuelta más de una jurisdicción. En segundo término, en Méndez no se penalizó, como aquí, sobrepeso alguno. El sobrepeso original, además, es lo que permite compensar el fenómeno higroscópico. En tercer lugar, los márgenes de error presentados en Méndez eran en su mayoría irrazonables. En el caso de autos, aun utilizando la propia tabla de razonabilidad empleada por DACO, la cual permite en paquetes de tres libras errores menores hasta de 6/16 de onza, no se violó tal norma. Ningún paquete reveló una deficiencia de peso mayor de 4/16 de onza. Por último, existe en este caso controversia, aunque de reciente cuño, sobre si el arroz pulido es de naturaleza higroscópica. No consta en autos determinación de hecho sobre el particular.

El caso se devolverá a instancia para precisar las pro-piedades del arroz pulido. De no poseer cualidad higroscó-pica, se permitirá penalizar tan solo errores de menos. De poseerla, se anulará la multa por razón de que la acción de DACO, en situaciones como la presente, choca con la norma sentada en Jones.

Se devolverá el caso a instancia para procedimientos compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió y el Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió en el resul-tado, sin opinión.

       Tal disposición decreta:
      “Será ilegal vender, ofrecer o exponer para la venta cantidad menor que la indicada para cualquier artículo o servicio....”

       Al utilizar el peso promedio como criterio para determinar si se cumple con la ley, no se toma en consideración la pérdida de peso por razón de la naturaleza higroscópica del grano. Nótese que este fenómeno afecta todos los paquetes de la muestra.

       Debe advertirse que nuestra ley solo prohíbe la venta de una cantidad menor que la indicada. DACO carece de autoridad en ley para penalizar la venta o el ofrecimiento para la venta de artículos contentivos de una cantidad mayor que la rotulada. El texto de la Sec. 15 de la Ley de Pesas y Medidas —véase el escolio 1 de esta opinión— es cristalino.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Todas Clases Excepto Vida, Incapacidad y Salud, conocida como Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, demandante y recurrida, v. Commonwealth Insurance Co., Rolando Cruz en su capacidad de Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Skandia Insurance Company, Argonaut Insurance Company y Otros, demandados y recurrentes.

      Números: R-80-330, R-80-332, R-80-333, R-80-334

      Resueltos: 13 de abril de 1983

      Néstor Duran, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogado de la recurrente Argonaut Insurance Company; Carlos Rivera Vicente y Ana Matilde Nin Torregrosa, de Cando, Nadal & Rivera, abogados de la recurrida Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos; Jaime Rieras de Pieras & De La Mata, abogado de Tiendas Barkers, Inc. y Franklin & Alexander Slater Walker of America, Ltd., codemandadas; Agustín Collazo Mejia, de la División Legal del Banco de Ponce, abogado de Investment Holding Corporation, code-mandada; Daniel R. Domínguez, de Lafitte & Domínguez, abo-gado de Francisco Vega Otero, codemandado; Francisco De Jesús Schuck y Maria del Carmen Taboas, de Fiddler, Gon-zález & Rodriguez, abogados de Overseas Realty Corporation, Wometco, Cervecería India y The Chase Manhattan Bank, co-demandados; Ramón Lloverás Otero, abogado de Rexco Industries, Inc. y Universal Construction Corp., codemandadas; Alvaro Calderón, Jr. y David Rivé Rivera, de Calderón, Rosa Silva & Vargas, abogados de Pueblo International, Inc., co-demandada; Francisco J. Cobián, abogado de Ciudad Intera-mericana, Inc., codemandada; Arturo F. Porrata Pila, abo-gado de Clínica Dr. Pila, codemandada; Víctor Caparros, abogado de Commonwealth Insurance Company, codeman-dada; Fernando Pérez Colón, de Hartzell, Ydrach & Mellado, abogado de Skandia Insurance Company, codemandada; Harold Vicente y Enrique Rebollo Pórtela, de Lasa & Vicente, abogados de Midland Insurance Company, codemandada; Héctor Martínez Muñoz, de Brown, Newsom & Córdova, abo-gado de la Puerto Rico Telephone Company, codemandada; Carlos Cebollero, de Brown, Newsom & Córdova, abogado de la San Juan Racing Association, codemandada; Brown, Newsom & Córdova, abogados de Swiss Reinsurance Company y Chi-yoda Fire & Marine Insurance Company, codemandadas; R. Adolfo de Castro, abogado de Prudential Reinsurance Company, Munich American Reinsurance Company y Employers Reinsurance Corporation, codemandadas; Jacobo Ortiz Murias y José A. Sánchez Alvarez, abogados de García Commercial Inc., codemandada; Rafael Benet, abogado de Isla Verde Hotel Corp., codemandada; Alberto Picó, de Brown, Newsom & Córdova, abogado de Underwriters At Lloyd’s, codemandada; Carlos A. López Lay, de López Lay & Vizcarra, abogado de Plaza Las Américas, Inc., codemandada; Jorge L. Martínez, abogado de Hyatt Regency Puerto Rico, Inc., codemandada; Patrick J. Wilson, de O’Neill & Borges, abogado de Schiff Ter-tune, codemandada; Manuel Moreda, de Moreda & Moreda Toledo, abogado de Tierra, Inc., codemandada.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El Art. 4.130 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 413 (Supl. 1982), dispone en lo pertinente que un “asegurado original o tenedor de una póliza, ... no tendrá ningún derecho de acción directo contra el rease-gurador que no esté expresado en el contrato de reaseguro o en un convenio específico entre el reasegurador y tal asegu-rado original o tenedor de póliza”. Un grupo de asegura-dos por la extinta aseguradora Commonwealth Insurance Co. (“Commonwealth”), en efecto obtuvo, por gracia de endosos anejados a los contratos de reaseguro, el derecho a dirigirse contra reaseguradores de Commonwealth “[i]n the event that Commonwealth fails to pay, within the time provided in the above identified policy, any loss thereunder for which Commonwealth is legally liable”. Una sola controver-sia requiere decisión en esta acción sobre sentencia declara-toria instada por la Asociación de Garantía de Seguros Mis-celáneos: Se trata de determinar si ese derecho de acción directa contra el reasegurador que se consagró en los endo-sos de reaseguro, es exigible aun ante la insolvencia de Commonwealth y al margen del proceso de liquidación de ésta. En sentencia parcial de 9 de junio de 1980, el Tribunal Superior determinó la vigencia del endoso para bene-ficio exclusivo de los tenedores de esas pólizas. El Comisio-nado de Seguros de Puerto Rico, como administrador-liqui-dador de Commonwealth, y las tres reaseguradoras concer-nidas recurrieron. Consolidamos sus recursos. Acorda-mos revisar.

En su sentencia parcial de junio dé 1980, el Tribunal Superior concluyó que los endosos anejados a los contratos de reaseguro de Commonwealth con Skandia, Argonaut y Midland en favor del grupo de asegurados, deben regirse por los principios de nuestro Derecho civil, rectores de los contratos en beneficio de terceros. Véanse, Código Civil, Art. 1209 (31 L.P.R.A. sec. 3374); A. L. Arsuaga v. La Hood Cons., Inc., 90 D.P.R. 104, 109-114 (1964); Ramírez Ortiz v. Gautier Benitez, 87 D.P.R. 497, 520 (1963); y National City Bank v. Guarch, 50 D.P.R. 888, 893 (1937). Entendió, por tanto, que los endosos vinculaban a las reaseguradoras directamente con los asegurados originales de Commonwealth. Consideró también que la exigibilidad de esa obli-gación quedaba suspendida hasta tanto Commonwealth fal-tara al pago de las pólizas. Véase, Código Civil, Art. 1073 (31 L.P.R.A. see. 3048). Enfrentado con el hecho de que la falta de pago por parte de Commonwealth respondió en este caso a su insolvencia y subsiguiente proceso de liquidación, el tribunal concluyó que las derramas que las reaseguradoras debían hacer por razón de los contratos de reaseguro objeto de esta acción, quedaron fuera del activo de Commonwealth, Código de Seguros, Arts. 5.010(1)(h) y 5.110(3), 26 L.P.R.A. secs. 501(1)(h) y 511(3), por razón de que los endosos anejados a los contratos de reaseguro crearon el derecho del asegurado de acudir directamente contra el reasegurador. A juicio del tribunal a quo los endosos al con-trato de reaseguro sustrajeron esos derechos de la “entera y exclusiva” pertenencia del asegurador, que establece el Art. 5.010(1) del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 501(1). Toda vez que a juicio del tribunal de instancia los fondos prove-nientes de los contratos de reaseguros endosados no forma-ban parte del activo de Commonwealth sujeto a liquidación, concluyó que los “beneficiarios” de los endosos podrán acudir directamente contra las reaseguradoras. Como resultado, cobraban sus créditos totalmente sin someterse a las resultas de la distribución de los activos de Commonwealth en el proceso de liquidación en desarrollo. Al así determinar erró.

Los reaseguros permiten, como resume Garrigues, que el asegurador pueda explotar en forma nivelada y homogénea su negocio, proveyéndole la manera de transferir a otro asegurador un riesgo excesivo o de naturaleza extraña a su gestión. J. Garrigues, Curso de derecho mercantil, 6ta ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1974, T. II, pág. 277. Ahora bien, “y a pesar de la íntima relación que cada operación concreta de reaseguro mantiene siempre con otra operación de seguro directo, no puede decirse que sea un contrato accesorio de éste. La relación de ambos contratos entre sí no destruye su respectiva autonomía; sin perjuicio de que el seguro directo sea presupuesto necesario para el reaseguro, ambos contratos funcionan de modo autónomo y separado, sin que el asegurado tenga acción alguna contra el reasegurador ni éste contra aquél”. R. Uría, Derecho mercantil, 11ma ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1976, pág. 604. Cf. A/S Ivarans Rederei v. Puerto Rico Ports Authority, 617 F.2d 903, 905 (1st Cir. 1980). Se sostiene que es muy posible que el establecimiento contractual de un vínculo demasiado estrecho entre “reasegurador y asegurado pueda alterar la esencia del verdadero reaseguro, acercando más la relación a, v. gr., una que merezca calificarse de coaseguro o, quizás, de fianza”. 19 Couch on Insurance 2d, Rev. ed., Sec. 80:2. Lo determinante para establecer las consecuencias jurídicas de éste como de todo otro tipo de contrato es, desde luego, la clase de obligaciones que genera y no el título con que las partes hayan tenido a bien denominarle. J. Appleman, Insurance Law and Practice, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1976, Vol. 13A, Sec. 7686.

El derecho de acción directa concedido a los asegurados en este caso, a la luz del Art. 4.130 del Código de Seguros, no alteró la relación entre Commonwealth, sus asegurados y sus reaseguradores al punto que impida que se incluya el producto de los reaseguros dentro del activo sujeto a distribución en la liquidación de la aseguradora. Véase, Cummings Wholesale Elec. Co., Inc. v. Home Owners Ins. Co., 492 F.2d 268, 271-272 (7th Cir. 1974); cert. denegado, 419 U.S. 883 (1974).

En este caso, el texto de los endosos anejados a los con-tratos de Commonwealth con sus reaseguradoras proveyó a estos asegurados la oportunidad de dirigirse ellos mismos al reasegurador para obtener la correspondiente derrama de reaseguro, en caso de que la aseguradora no compensase en el tiempo convenido la pérdida cubierta. Es el endoso lla-mado cut through en la doctrina norteamericana. Éste sim-plemente provee al asegurado un recurso que, de ordinario, está reservado a su asegurador. No aumenta los riesgos al reasegurado ni al reasegurador. Tampoco deja de ser este endoso un mecanismo subsidiario dependiente de la respon-sabilidad del reasegurado. Commonwealth y sus reasegura-doras no se hallaban en circunstancia similar frente a los asegurados ni éstos tenían ante aquéllas derecho de térmi-nos iguales. Aun después de expedirse los endosos de rease-guro Commonwealth era, en circunstancias normales, la aseguradora de los riesgos de sus asegurados. Y todavía los reaseguradores eran, fundamentalmente, aseguradores del riesgo asumido por Commonwealth. El propósito de los Arts. 5.010(1)(d) y 5.110 quedó igualmente satisfe-cho y los reaseguros endosados deben considerarse parte del activo de Commonwealth. Es la solución justa.

En Puerto Rico, el proceso de liquidación de los activos de un asegurador insolvente se rige por las disposiciones de la Ley Uniforme de Liquidación de Aseguradores, incorporada a nuestro Derecho en los Arts. 40.070 a 40.140 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. secs. 4007-4014. Es propósito principal de esta legislación proveer un método justo y equitativo para la distribución de los activos de un asegurador en quiebra. Véanse, Commissioners’ Prefatory Note to the Uniform Insurers Liquidation Act, 13 U.L.A. 429, 431 (1980); Vlasaty v. Avco Rent-A-Car System, Inc., 304 N.Y.S.2d 118, 120 (1969). La Ley Uniforme se preocupó específicamente por corregir el desorden reinante con respecto a preferencias en liquidación. Commissioners’ Prefatory Note, ante, pág. 431. Por eso, la distribución no debe reconocer más prioridades que aquéllas establecidas “de acuerdo con ... el Art. 40.120” del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4012 (Supl. 1982). Cf. Com. de Seguros v. Builders Ins. Co., 108 D.P.R. 625, 629 (1979). Las cortes han sido firmes en advertir la impropiedad de extender las pre-ferencias de distribución sin que medie un expreso reconocimiento legislativo, Cummings Wholesale Elec. Co., Inc., supra, pág. 272; Foremost Life Ins. Co. v. Department of Ins., 409 N.E.2d 1092, 1095 (1980). Es razonable, pues, que en ausencia de acción legislativa clara —cf. Turner Const. Co. v. Seaboard Sur. Co., 447 N.Y.S.2d 930, 935 n. 3 (1982); Foremost Life Ins. Co., ante; J. R. Olson, Reinsurers’ Liability to the Insolvent Reinsured, 41 Notre Dame Law. 13 passim (1965)— no se haya reconocido preferencia en liqui-dación a la acción directa de un asegurado contra el reasegurador sobre el derecho del liquidador que repre-senta a los restantes asegurados. Cummings Wholesale Elec. Co., Inc., ante.

Contrario a lo antes expuesto está First National Bank of Kansas City v. Higgins, 357 S.W.2d 139 (1962), pero el contrato de reaseguro presente en Higgins contenía cláusu-las muy abarcadoras sobre la responsabilidad del reasegurador, véase Cummings Wholesale Elec. Co., Inc., supra, págs. 272-273. Además, People v. Cosmopolitan Insurance Company, 233 N.E.2d 90, 92-93 (1967); Fontenot v. Marquette Casualty Co., 247 So. 2d 572, 578-579 (1971); McFarling v. Mayfield, 510 S.W.2d 108, 110-111 (1974) (Op. concurrente J. Keith).

En el presente recurso, ni nos apuntan las partes ni ha-llamos nosotros que nuestro estatuto reconozca preferencia en liquidación a endosos de reaseguro como los presentes en esta acción. Véase, Código de Seguros, Art. 40.120, ante. Concluimos, por tanto, que deben los “beneficiarios” de dichos endosos someterse al proceso ordinario de liqui-dación de su aseguradora Commonwealth Insurance Co.

Tampoco nos persuade el argumento que ante nos esgrimen varios recurridos, sobre el efecto en liquidación de los endosos. Sostienen que no es económicamente útil, en atención a los intereses en pugna, que los fondos prove-nientes de los reaseguros endosados entren al proceso de liquidación. Argumentan que por ser los “beneficiados” por los endosos, reclamantes de sumas grandes, el fondo de liquidación si bien no contará con una gran fuente, tam-poco deberá enfrentar una gran reclamación. Argumenta asimismo, que en el proceso de liquidación sus reclama-ciones grandes se verán afectadas más significativamente que las reclamaciones presumiblemente chicas de los ase-gurados no favorecidos con endosos.

El argumento es peregrino por demás. El hecho de que las reclamaciones más grandes queden excluidas de la liquidación, de permitirse la subsistencia de los endosos, no contradice el hecho de que la entrada de los fondos de reaseguro acrecentará el activo en liquidación para beneficio proporcional de todos los asegurados. No nos parece que se derive utilidad en permitir que un grupo limitado de asegurados satisfagan completamente sus grandes reclamaciones a costa del menoscabo de las reclamaciones de los asegurados pequeños. Todos pagaron proporcionalmente por el aseguramiento de sus riesgos y, ante la diversidad de su asegurador, parece equitativo y económicamente provechoso que reciban todos compensación proporcional al monto de sus pérdidas.

Considera Garrigues, al respecto, que es principio “injusto” el que, ante la quiebra del asegurador, obliga al asegurado a competir con todos los acreedores del quebrado por los fondos de reaseguro. Garrigues concedería un pri-vilegio al asegurado sobre esos fondos; mas no distingue el autor entre asegurados. No cabe duda que concedería el privilegio a todos los asegurados, independientemente de que las pólizas tengan endosos como los del presente caso o no. Op. cit., pág. 278.

En consideración de lo expuesto, se dictará sentencia en que se revoque la sentencia recurrida, y se devuelve el caso para que se dicte otra de conformidad.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López no intervinieron. El Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz se inhibió.

       Se mencionan en la demanda a los siguientes: Pueblo Supermarkets y/o [sic] Pueblo International, Tiendas Barkers, Inc., Puerto Rico Telephone Company, The Regency Hotel of Puerto Rico y/o [sic] Simon Benus, Center Enterprises, Inc., Wometco Commonwealth Corporation, Overseas Realty Corporation, Hospital San Jorge, Inc., Lucas Tomás Muñiz, Hospital del Maestro, Isla Verde Hotel Corporation, Investment Holding, Caribbean Consolidates Schools, Inc., Roosevelt Towers, Inc., Cervecería India, Inc., Ciudad Interamericana, Inc., Clínica Dr. Pila, Slater Walker of America Ltd., Suiza Dairy Corporation, Association of Owners of Cond. El Centro I y II, Leslie Heigh Fleming, Puerto Rico Highway Authority, El San Juan Hotel Corporation, Francisco Vega Otero, Universal Construction Corporation, Rexco Industries, Inc. Se consignó, además, que desconocía la demandante los nombres de otros demandados.

      Una segunda cuestión presentada ante el tribunal a quo —si son “recla-maciones cubiertas” por la demandante las reclamaciones de autos, 26 L.P.R.A. see. 3802— pierde virtualidad ante nuestra decisión de hoy.

       Son éstas las compañías Midland Insurance Company (“Midland”), Skandia Insurance Company, Ltd. (“Skandia”) y Argonaut Insurance Company (“Argonaut”).

      El Art. 5.010(l)(h) dispone:
      “(1) Al determinar la situación económica de un asegurador sólo se permitirá como activo el que perteneciere entera y exclusivamente al asegurador y consis-tiere de lo siguiente:
      “(h) Los reaseguros serán admitidos como activo o crédito, según se dis-pone en el Art. 5.110 de este Código.” (Énfasis nuestro.)
      Y el Art. 5.110(3):
      “Un asegurador podrá obtener crédito por reservas sobre riesgos cedidos a un reasegurador, hasta la cantidad reasegurada, excepto que:
      "(3) No se concederá crédito como activo ni como deducción del pasivo a ningún asegurador cedente, a menos que el reaseguro sea pagadero por el rease-gurador a base del pasivo del asegurador cedente, con arreglo a los contratos reasegurados, sin disminución por razón de insolvencia del asegurador cedente.”

      En efecto, una de las tres reaseguradoras presentes en esta litigación —Skandia— ni tan siquiera estaba autorizada para otorgar contratos de seguro directo en Puerto Rico.

       Establece el Art. 5.010(l)(d), 26 L.P.R.A. sec. 501(l)(d):
      “(1) Al determinar la situación económica de un asegurador sólo se permitirá como activo el que perteneciere entera y exclusivamente al asegurador y consis-tiere de lo siguiente:
      “(d) La cantidad neta de primas insolutas y aplazadas, y retribuciones de anualidades en el caso de un asegurador de vida.”

       Dispone el Art. 5.110 (26 L.P.R.A. see. 511):
      “Un asegurador podrá obtener crédito por reservas sobre riesgos cedidos a un reasegurador, hasta la cantidad reasegurada, excepto que:
      “(1) No se concederá crédito por reaseguro no autorizado por la see. 412 de este título.
      “(2) Las pérdidas o partes de las mismas pagadas por el asegurador cedente que fueren exigibles a un reasegurador autorizado para concertar seguros en Puerto Rico, podrán admitirse como activo del asegurador cedente.
      “(3) No se concederá crédito como activo ni como deducción del pasivo a ningún asegurador cedente, a menos que el reaseguro sea pagadero por el rease-gurador a base del pasivo del asegurador cedente, con arreglo a los contratos rease-gurados, sin disminución por razón de insolvencia del asegurador cedente.
      “(4) En otros respectos el Comisionado podrá conceder o retener créditos por reaseguro, de acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad aplicables generalmente reconocidas y comúnmente seguidas por las autoridades inspectoras de seguros en Estados Unidos.”

       Según obran en autos, los contratos de reaseguro y los endosos a favor de los asegurados recurridos refuerzan nuestra conclusión.
      Constan en el récord tres tipos de contratos de reaseguro. En uno de ellos se hace constar, claramente, que “[i]n the event of the insolvency of the Company, reinsurance under this Agreement shall be payable by the Reinsurer (on the basis of the liability of the Company under contract or contracts reinsured without diminution because of the insolvency of the Company) to the Company or to its liquidator, receiver or statutory successor”. Este principio general se somete en estos contratos a tres condiciones. La primera hace referencia a la See. 315 de la Ley de Seguros del Estado de Nueva York, 27 Insurance Law, Sec. 315, y no aplica a estos casos. La segunda se refiere al caso en que se provee para otro beneficiario, distinto de la compañía, en caso de la insolvencia de ésta. El texto en inglés reza:
      “Where the Agreement specifically provides another payee of such reinsurance in the event of the insolvency of the Company and ....”
      Tampoco favorece esta cláusula a los asegurados que fueron favorecidos por los endosos pues según transcritos por el tribunal sentenciador en sus conclusiones de hecho, ninguno de los endosos consideran el particular caso de insolvencia y se limitan a referirse, en términos generales, a la falta de pago por el asegurador. La tercera excepción, se refiere a casos en que, con el consentimiento del asegurado, el reasegurador asume las obligaciones de la aseguradora frente a los asegurados y sustituye así las obligaciones de tal aseguradora. El texto lee así en inglés:
      “Where the Reinsurer, with the consent of the direct insured or insured, has assumed such policy obligations of the Company as direct obligations of the Rein-surer to the Payees under such policies and in substitution of the obligations of the Company to such payees.”
      Y ya hemos visto antes que en los endosos a los contratos de reaseguro las rease-guradoras no asumieron las obligaciones de Commonwealth frente a los asegura-dos. Sencillamente se limitó el endoso a conceder acción directa contra el rease-gurador, sólo en caso de que Commonwealth dejare de pagar. La obligación de las reaseguradoras no nacía de la ocurrencia de una pérdida cubierta, como nacía la de Commonwealth. La obligación de las reaseguradoras frente a los asegurados por virtud de los endosos era subsidiaria y requería, además, la falta de pago de Commonwealth.
      El otro tipo de contrato de reaseguro que obra en autos, es más sencillo y se limita a reconocer el derecho del liquidador de recibir los fondos de reaseguros, sin diminución, ante la insolvencia de la aseguradora. Este contrato no contiene excepciones que merezcan discusión.
      Un tercer tipo de contrato nada dispone sobre el tema de insolvencia por lo que sus cláusulas deben, naturalmente, someterse al rigor de los principios del Código de Seguros.
      En suma, no percibimos que exista contradicción sustancial entre la mayoría de los contratos de reaseguro, según endosados, y el interés de distribución equi-tativa que se plasma en el Art. 40.120 del Código de Seguros. Ni entendemos tam-poco que nuestra interpretación le quite a endosos como los de autos toda efecti-vidad y propósito. Puede suceder que por razón de la falta de liquidez momentánea de la condición financiera general de una aseguradora no pueda ésta enjugar una reclamación crecida dentro del término provisto. En esa situación una acción directa similar a la reconocida en los endosos, según permitida por el Art. 4.130 del Código, podría evitar la insolvencia de una aseguradora. Mas si, no obstante lo anterior, el asegurado adviene insolvente, entonces priva el criterio de preferencias consagrado en el Art. 40.120 del Código, y ningún endoso que lo enerve puede subsistir. Véase, Cummings Wholesale Elec. Co., Inc. v. Home Owners Ins. Co., 492 F.2d 268, 273 (1974).