author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri,

text:
    Roberto Miranda Rivera y Sonia Palacios Gerena, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-92-563

      Resuelto: 1ro de marzo de 1993

      Hiram Betances Fradera, abogado de los recurrentes; Raúl Santiago Meléndez, de Pérez Muñiz y Santiago Meléndez, abogado de la Hermandad de Empleados Exentos No Do-centes de la Universidad de Puerto Rico, en solicitud de intervención como amicus curiae; Ada Font, abogada de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, en solicitud como amicus curiae.

   RESOLUCION

A la anterior solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto concurrente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió un voto disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. El Juez Presidente Señor Andréu García se inhibió.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

El Hon. Roberto Miranda Rivera ocupa, desde el 20 de julio de 1989, el cargo de Juez del Tribunal Superior, el cual vence en 2001. Disfruta de una licencia sin sueldo de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Derecho (en adelante U.P.R.). Su esposa, la Leda. Sonia Palacios Ge-rena, ostenta una plaza de Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior, cuyo nombramiento expira en 1998.

A pesar de ser un miembro activo de la Judicatura y estar en licencia ordinaria sin sueldo de la U.P.R., el Juez Miranda Rivera continuó —y continúa— acogido al plan médico de dicha institución, pagándolo directamente por no tener derecho a la aportación al plan médico que hace la U.P.R. según la limitación recogida en la Certificación Núm. 201, 1980-1981, Consejo de Educación Superior. Es un dato no contradicho que el plan médico financiado por la U.P.R. brinda mayores y mejores beneficios que los planes contratados por el Secretario de Hacienda para los em-pleados y funcionarios de la Rama Judicial, el Departa-mento de Justicia y otros.

El Juez Miranda Rivera y su esposa, la Fiscal Palacios Gerena, alegan tener derecho a la aportación del Estado al plan médico por ser empleados públicos.

Aun cuando el Estado Libre Asociado acepta que cada uno es acreedor a esa aportación patronal para el plan mé-dico ascendente a cuarenta dólares ($40), se la niega por haber ellos seleccionado el plan médico de la U.P.R., y no uno entre aquellos de “libre selección” a los cuales están limitados los demás empleados públicos, incluso los jueces, contratados por el Secretario de Hacienda.

Oportunamente, los esposos Miranda-Palacios acudie-ron al Tribunal Superior, Sala de San Juan, en petición de sentencia declaratoria. Luego de ciertos trámites, dicho foro (Hon. Antonio L. Corretjer Piquer, Juez) desestimó su-mariamente la demanda. En su sentencia determinó que el plan de la U.P.R. era subastado y seleccionado directa-mente por esa entidad, sin la participación del Secretario de Hacienda, y que los empleados públicos podían optar por el plan médico de su preferencia sólo de aquellos selec-cionados previamente por dicho Secretario. Concluyó que avalar la posición de los demandantes Miranda-Palacios significaría crear un privilegio. A juicio suyo, “estaríamos abriendo las puertas para que los funcionarios escogieran los beneficios que favorecieran a unos y otros sin pasar por el tamiz de la ley”. Exhibit I, pág. 7.

No conformes, los esposos Miranda-Palacios acudieron en revisión, señalando como error de derecho haber el tribunal de instancia “interpretado] un estatuto reparador en forma restrictiva, desatendiendo así la voluntad ex-presa del legislador y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo”. Recurso de revisión, pág. 4.

HH HH

En su señalamiento discuten que el proveedor de servi-cios médicos universitarios designado por ellos está tam-bién autorizado por el Secretario de Hacienda para ofrecer tales servicios a los demás empleados y funcionarios públicos. Como restrictiva, objetan la interpretación de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963 (3 L.RR.A. secs. 729a-729m) negándole dicho beneficio sólo por razón de que el plan de la U.RR. no fue concertado a través del Secretario de Hacienda.

Brevemente, exponen la similitud de funciones que es-tatutariamente tiene asignado el Secretario de Hacienda, respecto a los planes médicos para los empleados públicos, y el Comisionado de Seguro, en cuanto a los planes que corresponden a los empleados de la U.RR. Aluden a la identidad de propósitos en la participación de estos funcio-narios para garantizar la existencia de un plan médico-hospitalario con proveedores solventes. Enfatizan que el Comisionado de Seguros es un funcionario que le responde al Secretario de Hacienda. Sostienen que la Ley Núm. 95, supra, por su naturaleza reparadora, debe ser interpretada liberalmente. Se quejan de que la sentencia ha convertido el requisito de participación del Secretario de Hacienda en un impedimento para otorgarles la aportación patronal concedida por la misma ley.

Finalmente, arguyen que el resultado del presente caso es contrario a la doctrina de enriquecimiento injusto.

HH HH h — I

La situación peculiar del Juez Miranda Rivera se distingue() por su condición de ser un miembro activo de la Judicatura, con un nombramiento y compromiso de servirle doce (12) años.() No está en controversia que tanto él como su esposa son acreedores a la aportación patronal para el plan médico del Estado Libre Asociado.

Independientemente del fundamento del tribunal de instancia en cuanto a su interpretación y aplicación de la Ley Núm. 95, supra, a los hechos de este caso, existe otro de mayor jerarquía que avala su dictamen. A ñn de cuentas, toda revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249 (1992); Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 127 (1988). Nos explicamos.

Sabido es que el cargo de juez es uno a tiempo completo que no permite retribución o compensación alguna de otra entidad gubernamental. La U.P.R. es un organismo estatal, aunque para fines de sueldos, beneficios marginales, planes de salud, retiro y otros funciona separadamente y bajo sus propias normas. Ello explica por qué el profesor Miranda Rivera tuvo que acogerse a una licencia sin sueldo para poder ocupar el cargo de Juez Superior.

Un miembro de la Judicatura no puede mantener el papel de juez-profesor retribuido directa o indirectamente,()

No tenemos duda de que acoger la alegación del Juez Miranda Rivera representaría que un juez en funciones obtendría beneficios marginales que sólo corresponden y son susceptibles de generar la condición de empleado ac-tivo de la Universidad de Puerto Rico, situación que es incompatible con el status de juez. El beneficio aquí impli-cado consiste en mejores servicios médicos que no están disponibles para los otros miembros de la Judicatura. Se trata de una forma de retribución indirecta de otro organismo estatal. “Bajo la estructura constitucional vigente, plantearían serias interrogantes de legalidad e incompatibilidad el que se pretendiera que un juez ocupara un cargo creado por ley fuera de la Rama Judicial y nombrado por los otros dos poderes.” Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664, 667-668 esc. 3 (1981).

En estas circunstancias, no puede invocarse exitosa-mente la doctrina de enriquecimiento injusto según esbo-zada en Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817 (1988).

Procede denegar el auto.

— O —

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri,

al cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

La sentencia del tribunal de instancia en este caso ilus-tra, para mí, la sorprendente persistencia en el quehacer jurídico de un modo de interpretar y decidir que ha sido desde hace tiempo objeto de las críticas más severas. Me refiero al positivismo formalista extremo que reduce el razonamiento jurídico a una mera invocación de reglas y artículos, sin tomar propiamente en cuenta el sentido del Derecho ni los altos fines de bienestar social y de justicia que lo animan. R.M. Unger, Law In Modern Society, Nueva York, Ed. The Free Press, 1976, págs. 194 y 209.

Aquí se le niega a un juez un beneficio que las leyes del país conceden a todos los empleados públicos. Este trato desigual ocurre a pesar de que el foro de instancia en su sentencia, al igual que el propio Estado demandado, reco-nocen que el demandante, como empleado de la Rama Judicial, tiene derecho a una aportación patronal para su plan médico-hospitalario. Todos están contestes, además, que la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos, que establece la aludida aportación patronal, también consagra, como lo dice el propio estatuto, una “absoluta libertad de selección” (3 L.P.R.A. sec. 729g) para que el empleado público pueda escoger el plan médico-hospitalario que mejor le convenga. Tampoco hay disputa en cuanto a que el plan escogido por el demandante lo provee la Cruz Azul, que también es uno de los proveedores principales de los planes disponibles a los demás jueces y empleados públicos. Todo lo anterior, no obstante, se le niega al de-mandante la aportación patronal en cuestión porque el plan específicamente escogido por el demandante no es de “aquellos planes contratados por el Secretario de Hacienda” (Exhibit I, pág. 4), sino que es un plan contratado por la Universidad de Puerto Rico (en adelante U.P.R.), luego de haber recibido la debida autorización del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, funcionario adscrito a la oficina del Secretario de Hacienda.

El resultado neto del dictamen de instancia es que el medular derecho a la aportación patronal y el fundamental principio de libre selección quedan totalmente subordina-dos a una interpretación literalista de la formalidad mera-mente instrumental de que el Secretario de Hacienda apruebe específicamente el plan en cuestión. Un elemento establecido por el legislador, sólo para asegurarle al propio empleado que el plan médico seleccionado por él es confia-ble, se eleva rígidamente por el tribunal de instancia a requisito tan indispensable que termina derrotando el fin legislativo. Se da la trágica ironía que un medio escogido para proteger al empleado se convierte, por fiat judicial, en un impedimento absoluto del beneficio que se le concede.

Este insólito resultado no es de modo alguno inevitable. Ello se hace patente con sólo indagar un poco en las razo-nes por qué se estableció en la ley la intervención del Se-cretario de Hacienda. Resulta que, originalmente, cuando se creó por primera vez el plan gubernamental para servi-cios médicos-hospitalarios para empleados públicos en 1946, la Cruz Azul era la única organización de fines no pecuniarios en Puerto Rico que ofrecía un plan similar al que se deseaba adoptar para los empleados gubernamentales. Por ello, la ley de 1946 disponía taxati-vamente que debía contratarse con la Cruz Azul. Años más tarde, para 1962, ya existían en Puerto Rico varias otras entidades y organizaciones que tenían planes de servicio de salud similares a los ofrecidos por la Cruz Azul. En con-secuencia, se enmendó la legislación aludida para permitir que se pudiera contratar con varios aseguradores que ofre-ciesen planes de salud, en lugar de limitarse a un solo ase-gurador como había sido antes. Sin embargo, aunque se deseaba ampliar las opciones del empleado en términos de los planes disponibles, también se quería asegurar que los planes en cuestión fuesen económicamente solventes y tu-viesen la capacidad real de proveer los servicios que se contratasen. Para ese fin se estableció la intervención del Secretario de Hacienda.

Como puede observarse, la función del Secretario —aunque de innegable importancia— es de carácter instrumental y no constituye la esencia del programa en cuestión. Lo que es más significativo aún, en este caso no hay posibilidad alguna de que no exista la viabilidad eco-nómica del plan de salud escogido por el empleado que quiso asegurar el legislador, no sólo porque se trata de un plan aprobado tanto por la propia U.P.R. como por el Co-misionado de Seguros, sino porque el asegurador en cues-tión —la Cruz Azul— ha sido históricamente el proveedor principal de estos servicios, y porque cuenta además, en la actualidad, con el visto bueno del Secretario de Hacienda como uno de los proveedores aceptados por éste.

A la luz de estos hechos, es menester concluir que en este caso se cumplía sustancialmente con la previsión del legislador en cuanto a asegurar la solidez del plan seleccionado. Por ello es irrazonable e injusto negarle al demandante el beneficio que dispone la ley. El tribunal de instancia antepone un tecnicismo literalista sobre el dere-cho medular en cuestión. En efecto, se conculca la parte primordial del mandato legislativo.

La decisión del tribunal de instancia da al traste con reiteradas expresiones previas nuestras, como son, por ejemplo, nuestro pronunciamiento en Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85, 94 (1961), cuando señalamos que

... consideramos que dentro del proceso de hermenéutica tene-mos la obligación de armonizar hasta donde sea posible todas las disposiciones de ley envueltas con miras a lograr un resul-tado sensato, lógico y razonable .... Para ello, los tribunales se apartan frecuentemente de una interpretación estricta o literal que conduzca a un resultado indeseable (énfasis suplido);

nuestro pronunciamiento en Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108, 122-123 (1957), cuando advertimos de la nece-sidad de apartarse de los rigores y la inflexibilidad del au-tomatismo y del ritualismo legal para no faltar al

... deber de impartir justicia y de hallar en cada litigio la verdad. ... Pero un pleito no es un juego que deba desarrollarse dentro de un marco bien ajustado por tecnicismos. Debemos repetirlo ad nauseam, aunque sólo consista en recordar lo ad-mitido por todo el mundo, porque ningún sistema de derecho puede vivir si, a base de formalismos ... se ahogan las posibili-dades de hacer justicia sustancial (citas omitidas y escolio omi-tido),

o el pronunciamiento del Juez Negrón Fernández en Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163, 175 (1953):

...El sentido de injusticia que inquieta a veces la conciencia en su busca de la verdad, y que como fuente espontánea de la formación del derecho contribuye con su corriente a la integra-ción activa del acervo jurídico, marca una diferencia fundamental en la actitud práctica de los tribunales al convertirse en criterio adecuado para llegar a un verdadero sentido de justicia en las controversias judiciales .... Las leyes se hacen por los hombres y se interpretan para los hombres. Por eso, en su in-terpretación, debe ser factor preeminente la realidad humana de la vida, no la abstracción dogmática de reglas .... En esta época de justicia social debemos marchar hacia la humaniza-ción de la justicia y el derecho, dejando atrás en su decadencia rigorista el sentido dogmático del derecho y la justicia.

En este caso, el tribunal de instancia, en auxilio de su jurisdicción, pudo haberle requerido al Secretario de Hacienda que expresase si tenía algún reparo respecto a los méritos del plan de la U.P.R. Así hubiese satisfecho su pre-ocupación con el referido aspecto de la ley. De no haberlo, como probablemente no lo habría —por las razones seña-ladas antes— entonces el tribunal podía ordenar que se le diera al juez demandante lo que en derecho le pertenece, sin traba alguna. En lugar de seguir este curso, se prefirió denegar el derecho a la aportación, lo que no satisface mi sentido de justicia.

I-H

Podría pensarse que si al demandante se le permite re-cibir la aportación patronal que es derecho de todos los empleados públicos para usarla en el plan de la U.P.R. en lugar del plan de la Rama Judicial, se le estaría permi-tiendo obtener una opción que no está disponible para otros miembros de la Judicatura. Tal en efecto sería la situación. Pero un examen objetivo y equitativo del asunto no podría terminar ahí. Habría que preguntarse también si es que hay algo ilegal o injusto en que el demandante tenga tal otra opción. No hay, claro está, nada ilegal o injusto en ello. La opción en cuestión surge de una circunstancia particular del juez, quien está disfrutando de una licencia sin sueldo de su cargo en la U.P.R.

Esta circunstancia ocurre con alguna frecuencia res-pecto a miembros del claustro universitario. Por su natu-raleza como centro docente, la universidad es una reserva extraordinaria de recursos humanos en todos los campos del conocimiento y del saber profesional. Es, si se quiere, un "banco de talento” permanente al cual acude regular-mente tanto el Gobierno como la empresa privada en busca de personas que necesitan para algunos de sus puestos principales. Ayer como hoy, mediante el mecanismo de la licencia sin sueldo, miembros del claustro universitario se han desempeñado como Gobernador de Puerto Rico, Comi-sionado Residente, Secretarios de gabinete, jefes de agen-cias, legisladores, rectores y presidentes de otras universi-dades, y jueces tanto del Tribunal Supremo como de foros de primera instancia. En casi todos estos casos, se le concede al funcionario público la licencia sin sueldo por algu-nos años para dejar abierta la puerta a que éste regrese a la universidad en algún futuro previsible, si su vocación académica persiste.

Esta consuetudinaria práctica de la U.P.R. ocurre tam-. bién en otras universidades del país y es elemento común de los buenos centros docentes de Estados Unidos y de otros países del mundo. Forma parte permanente del en-tramado universitario en el mundo moderno.

En la U.P.R. y en otros lugares, como parte del meca-nismo de licencia sin sueldo, se le permite al claustral se-guir unido a cosas tales como el plan de servicios de salud de la institución, si paga tanto la aportación personal como la patronal. Por lo tanto, no tratamos aquí con un privile-gio injustificado ni mucho menos con una “retribución” ilegal. Se trata sencillamente de una opción que la univer-sidad lícitamente le da de ordinario a todos los que, sin estar en servicio activo, continúan vinculados a ella como miembros del claustro.

Denegar la aportación gubernamental en cuestión al juez demandante sólo porque sigue vinculado a la U.P.R: no sólo es injusto con el juez, sino que, además, es una acción que atenta contra la autonomía universitaria y contra la integridad de una consuetudinaria práctica que le ha servido bien al país y que aquí, como en otros lugares, ha sido parte importante del quehacer universitario. La prác-tica en cuestión, extendida a claustrales que forman parte también de la Judicatura, no le quita nada a los demás jueces ni los afecta adversamente. Al contrario, en una so-ciedad como la nuestra, donde ser juez con frecuencia im-plica serios sacrificios económicos y de otra índole, honrar la opción universitaria es un modo de alentar y promover el servicio en la Judicatura. No hay razón alguna, pues, por la cual al claustral que viene a ser parte de la Judica-tura se le menoscabe una vinculación con la universidad que ordinariamente mantienen todos los otros claustrales que sirven en las otras ramas del Gobierno. No hay nada en la Judicatura como tal que justifique ese trato desigual.

      (1) En este sentido se diferencia de cualesquiera otros empleados que no son jueces, en licencia ordinaria sin sueldo de la Universidad de Puerto Rico, y que reciben la aportación patronal al plan de la Universidad de las respectivas entidades donde se encuentran o encontraban prestando sus servicios.

      (2) “El término del cargo y los requisitos de idoneidad y de experiencia perma-necen como antes, excepto que se aclara que estos últimos requisitos serán determi-nados por el poder nominador, según se provee en la Constitución; ningún juez así nombrado se tendrá como no cualificado para ser tal juez por un mero ataque a sus supuestas cualificaciones. La disposición expresa de la Ley Orgánica de la Judica-tura de Puerto Rico de 1950 al efecto de que ‘El tiempo dedicado por un abogado al ejercicio de la abogacía, al desempeño de cátedras de derecho, a la judicatura y a cargos públicos relacionados con la profesión legal, se considerará como experiencia profesional’ indudablemente por ser obvia al poder nominador, queda omitida por superflua. Los jueces no podrán ejercer la profesión de abogado. Esto y la escala ascendente de sueldo dan énfasis al hecho de que el ser juez en Puerto Rico consti-tuirá de ahora en adelante, una carrera y no una diversión temporera.” Informe del comité que redactó el proyecto de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952.

      (3) No entramos, por no ser necesario, a explorar e interpretar la situación de autos bajo los Cánones VIII y X de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, u otras dis-posiciones legales.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Jesús M. Rivera Arvelo y Carlos M. Ortiz Velázquez.

      Número: CP-88-617

      Resuelto: 4 de marzo de 1993

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Anabelle Rodrí-guez, Procuradora General, Eliadís Orsini Zayas, Procura-dora General Auxiliar, y Laura Ydrach Vivoni, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Enrique Rivera Santana, Comisionado Especial; Andrés García Arache, Arturo Negrón García y S.L. Lagardes Garcés, abogados de los querellados.
   per curiam:

El 9 de diciembre de 1987 el Tribunal Superior, Sala de Carolina, dictó sentencia sumaria parcial a favor de los demandantes en la acción sobre nulidad de sentencia, nulidad de acto jurídico, ejecución de hipoteca y daños y perjuicios, caso Civil Núm. 86-259(E), Suc. Pablo Grillo et al. v. Pedro L. Santoni Román, et al. Inconformes, varios de los demandados presentaron ante nos un recurso de revisión en el cual solicitaron la revocación de dicha sentencia. Mediante Resolución de 16.de junio de 1988, declaramos no ha lugar el recurso y referimos el expe-diente del caso al Procurador General para que investigara la conducta profesional del Ledo. Jesús M. Rivera Arvelo y del notario público Carlos M. Ortiz Velázquez en relación con los hechos que dieron lugar a la acción. Presentado el informe del Procurador General, el 5 de octubre de 1988 ordenamos la presentación de las querellas correspondientes.

I

De acuerdo con nuestra orden, el día 27 de octubre de 1988 el Procurador General presentó los cargos siguientes:

CARGO I
El Lie. Jesús M. Rivera Arvelo actuó en forma ilegal y en contra de los cánones de ética profesional cuando aceptó la pro-piedad que garantizaba el pagaré hipotecario otorgado el 15 de diciembre de 1975 por Pedro L. Santoni y Benigna Colón de Santoni y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por am-bos, por valor de $40,000 vencederos a su presentación al 8 1/2 por ciento de interés anual, autenticado ante el notario Manuel Medina Aymat con el número de affidavit 1798.
El Lie. Jesús M. Rivera Arvelo en consecuencia violó lo dis-puesto en la Sección 3773 de 31 LPRA, See. 742 con relación a cosa litigiosa porque la transferencia de la propiedad a su persona y/o la Sociedad de Gananciales compuesta por él y su es-posa fue una realizada en forma fraudulenta y en contra del interés público por la forma y manera ilegal, en que se realizó la transferencia y posterior cancelación de un pagaré falsificado en sustitución del original; no cayendo la misma en ninguna de las excepciones que establecen dichas disposiciones legales. Por dicha actuación el abogado notario Rivera Arvelo también violó el Canon 23 y 35 de Etica Profesional.
CARGO II
El Lie. Jesús M. Rivera Arvelo actuó en contra de los cánones de Etica Profesional, por el tipo de gestión profesional que rea-lizó en los procedimientos del caso 86-259, radicado en el Tribunal Superior, Sala de Carolina y su posterior solicitud de revisión ante este Honorable Tribunal Supremo.
El conocimiento real y verdadero que tenía el Lie. Jesús M. Rivera Arvelo de la transacción realizada en torno al pagaré objeto de cobro judicial en dos ocasiones, el alcance de su par-ticipación activa en dichos procedimientos judiciales y en la transferencia, aceptación y cancelación fraudulentas del bien objeto de los litigios en que él representaba a la parte deudora —aún reconociendo el derecho del abogado querellado a defen-derse de las alegaciones presentadas en su contra— lo sitúan claramente en una situación contraria a los cánones 17,26 y 35 de los de Etica Profesional porque él sabía que el pagaré original estuvo siempre en poder de la parte reclamante y manejó con artificios los hechos para ofrecer una falsa relación de he-chos y de derecho sobre los asuntos relacionados con los casos ventilados ante el Tribunal de Instancia en el caso 86-259 y luego en su presentación del recurso de revisión ante este Honorable Tribunal.
CARGO III
El abogado-notario Carlos M. Ortiz Velázquez, ante quien se otorgó la escritura número 25 otorgada el 5-de octubre de 1982, violó la Fe Pública Notarial y el canon 35 de los de Etica Profesional.
El abogado notario Carlos M. Ortiz Velázquez no actuó con la debida prudencia y acuciosidad necesaria en el ejercicio de la función pública que permea todo el ejercicio del notariado, pues otorgó un documento y canceló otro pagaré que simula el original, y dio fe de las gestiones propias en este tipo de otorga-miento, cuando en realidad el pagaré cancelado era falso, y por tanto, todos los señalamientos y procedimientos relacionados con dicho acto son falsos y fraudulentos.
Su gestión en la autorización del otorgamiento de la escritura 25 mencionada, así como la cancelación del pagaré objeto de los pleitos judiciales, facilitó el que el Lie. Jesús Rivera Arvelo rea-lizara los actos ilegales, antiéticos y culposos que afectaron ade-más a terceras personas. Querella, págs. 1-3.

Tanto el licenciado Rivera Arvelo como el notario Ortiz Velázquez contestaron la querella. Con respecto al cargo Núm. I, el licenciado Rivera Arvelo sostiene que si bien la Escritura Núm. 25 se otorgó antes de que se notificara la sentencia, el derecho de propiedad cedido no era un bien litigioso, porque al momento de otorgarse la escritura ya el tribunal había dictado, aunque no notificado, la sentencia. Niega, además, que conociera la falsedad del pagaré hipo-tecario cancelado mediante la Escritura Núm. 25 y que éste fuera cancelado con intención fraudulenta.

Con respecto al cargo Núm. II, el licenciado Rivera Ar-velo aduce en su defensa que el pagaré hipotecario cance-lado mediante la Escritura Núm. 25 era válido y que no se le puede imputar conocimiento de que tal pagaré no fue entregado al cedente, Sr. Pedro L. Santoni Román, antes del otorgamiento de dicha escritura.() Por lo tanto, sos-tiene que no incurrió en conducta impropia en su gestión profesional en el caso Civil Núm. 86-259(E) ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

Por su parte, con respecto al cargo Núm. III, el notario Ortiz Velázquez aduce en su defensa que en ningún mo-mento el licenciado Rivera Arvelo le había informado sobre el origen de los pagarés a ser cancelados ni sobre pleitos en los cuales pudieran estar involucrados dichos pagarés.

II

Contestada la querella, nombramos a un Comisionado Especial para que presidiera una vista probatoria y rin-diera un informe con las determinaciones de hecho que en-tendiera procedentes. A continuación exponemos los he-chos relevantes según éstos surgen de la relación del caso y de las determinaciones de hechos del Comisionado Especial y de los autos del Caso Civil Núm. 77-416 ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, y del Caso Civil Núm. 86-259(E) ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina, de los cuales tomamos conocimiento judicial conforme a la Re-gla 11 de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV.

A. El 15 de diciembre de 1975 el Sr. Pedro L. Santoni Román y la Sra. Beningna Colón de Santoni suscribieron ante el notario público Manuel Medina Aymat un pagaré hipotecario —Affidávit Núm. 1798— por la suma principal de cuarenta mil dólares ($40,000) e intereses al ocho y me-dio por ciento (8 1/2%) anual, pagadero al portador y ven-cedero a su presentación. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el señor Santoni Román y la señora Co-lón de Santoni constituyeron una hipoteca de primer rango sobre una finca rústica perteneciente a la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. Esta hipoteca consta en la Escritura Núm. 73 suscrita el mismo 15 de diciembre de 1975 ante el notario Medina Aymat. El texto del pagaré se transcribió totalmente en dicha escritura.()

Allá para fines de 1975 o principios de 1976, el señor Santoni Román negoció el pagaré al Sr. Dominico Acevedo, quien a su vez lo negoció al Sr. Pablo Grillo Ramírez a través del hijo de este último, el Sr. Rafael A. Grillo León. El señor Grillo Ramírez compró el pagaré con dinero per-teneciente a la sociedad legal de gananciales compuesta por él y su esposa, la Sra. Consuelo León Torres. Luego de la compraventa, el pagaré quedó en posesión del Sr. Rafael A. Grillo León.

El señor Grillo Ramírez falleció en 1976. Los únicos he-rederos fueron su esposa, la señora León Torres, y sus cua-tro (4) hijos, Rafael A., Pedro L., Héctor L. y Víctor M. Al momento de la muerte, nadie había presentado el pagaré para el pago. Este permaneció en posesión del Sr. Rafael A. Grillo León, quien entonces realizó varios intentos infruc-tuosos de obtener el cumplimiento de la obligación. En una ocasión particular el señor Grillo León fue citado a compa-recer a la oficina del Ledo. Jesús M. Rivera Arvelo, quien era el abogado del señor Santoni Román, para allí recibir el pago. El señor Grillo León compareció con el pagaré, cono-ció al licenciado Rivera Arvelo, pero no recibió el pago para el cual fue citado.

Por lo tanto, el 20 de abril de 1977 los hijos del señor Grillo Ramírez presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, una acción de ejecución de hipoteca y cobro de dinero contra los señores Acevedo y Santoni Román, y la sociedad legal de gananciales constituida por cualquiera de ellos y demandados desconocidos (Caso Civil Núm. 77-416). Aunque nombraron como parte demandante a la Su-cesión Pablo Grillo Ramírez, no incluyeron como inte-grante de la sucesión a la viuda del señor Grillo Ramírez, la señora León Torres.

En representación de los codemandados señor Santoni Román y la señora Colón de Santoni compareció el licen-ciado Rivera Arvelo, quien el 12 de diciembre de 1977 sus-cribió la contestación a la demanda y la reconvención de los codemandados. En el párrafo cuarto de la reconvención el licenciado Rivera Arvelo solicitó que el Tribunal Superior ordenara “la devolución del pagaré que permanece en po-sesión de la parte demandante-reconvencionada [sic], ade-más de cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda ...”. (Enfasis suplido.) Recurso de reconsideración, Apéndice, pág. 73.

Luego de estos trámites iniciales, el caso permaneció inactivo, hasta que el 28 de junio de 1979 el Tribunal Superior ordenó su archivo al amparo de la Regla 11 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Es-tado Libre Asociado, 4 L.P.R.A. Ap. II-A. Ante una moción de relevo de sentencia oportunamente presentada, el Hon. Julio N. Berrios Jiménez ordenó la reapertura del caso. Con excepción de una comparecencia escrita del codeman-dado señor Acevedo, el caso volvió a recaer en inactividad. Por lo tanto, el 24 de junio de 1982 el Tribunal Superior expidió una orden para que las partes mostraran causa por la cual no se debería archivar el caso bajo la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ante las justi-ficaciones insuficientes de las partes, el 21 de julio de 1982 el Hon. Juez Berrios Jiménez dictó sentencia en la que ordenó el archivo con perjuicio del caso.

Al conocer este hecho, el Ledo. Jorge Figueroa Ortiz, abogado de los demandantes, le pidió al licenciado Rivera Arvelo que le acompañara para solicitar conjuntamente la reapertura del caso. El licenciado Rivera Arvelo accedió. Acto seguido, ambos pasaron ante el Hon. Juez Berrios Jiménez. Este último, luego de escuchar los planteamien-tos para la reapertura, reafirmó su decisión de archivar el caso con perjuicio. La Secretaría del Tribunal Superior no notificó la sentencia hasta el 18 de octubre de 1982.

A principios de octubre de ese mismo año y antes de notificada la sentencia, el señor Santoni Román y el licen-ciado Rivera Arvelo llegaron a un acuerdo sobre un pago parcial de honorarios adeudados.() Según este acuerdo, el señor Santoni Román, la señora Colón de Santoni y la so-ciedad legal de gananciales compuesta por ambos cederían como dación en pago su derecho de propiedad sobre la finca rústica gravada con la primera hipoteca que garantizaba la obligación evidenciada por el pagaré hipotecario objeto del pleito.

El licenciado Rivera Arvelo entonces acudió ante el no-tario público Carlos M. Ortiz Velázquez para que este úl-timo autorizara la cesión. Ambos se conocían, ya que te-nían sus oficinas en el mismo edificio. Luego de que el licenciado Rivera Arvelo explicara la transacción y presen-tara los originales de dos (2) pagarés hipotecarios a ser cancelados, así como las respectivas escrituras de hipoteca, el notario Ortiz Velázquez le pidió que sometiera un pro-yecto de escritura para su revisión. En ningún momento el licenciado Rivera Arvelo hizo mención alguna del pleito ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas. El notario Ortiz Velázquez revisó y aceptó el proyecto que le presentó el licenciado Rivera Arvelo.

El 5 de octubre de 1982 comparecieron a la oficina del notario Ortiz Velázquez el licenciado Rivera Arvelo y su esposa, la Leda. Isabel Delgado, y el señor Santoni Román y su esposa, la señora Colón de Santoni. Todos leyeron y suscribieron la Escritura de Cesión de Derecho Real Me-diante Pago de Deuda y Cancelación que consta como Es-critura Núm. 25 en el Protocolo de 1982 del notario Ortiz Velázquez. Otorgada la escritura, el licenciado Rivera Ar-velo procedió a preparar la certificación que luego firmó el notario Ortiz Velázquez. Este último no cobró honorarios por sus servicios.

Concluido el otorgamiento, el licenciado Rivera Arvelo tomó los documentos para tramitar su inscripción. La es-critura se presentó ante el Registro de la Propiedad al día siguiente, 6 de octubre de 1982, esto es, doce (12) días antes de que el Tribunal Superior, Sala de Caguas, notificara la sentencia de archivo por inactividad a favor del señor Santoni Román y su esposa.

Acto seguido, el 8 de octubre de 1982, el licenciado Rivera Arvelo acudió nuevamente ante el notario Ortiz Veláz-quez y le presentó una instancia para su autorización. Me-diante la instancia se proponía solicitar la cancelación de un aviso de lis pendens anotado al margen de la inscripción de la finca rústica sobre la cual recaía el derecho de propie-dad objeto de la cesión. Dicho aviso correspondía al Caso Civil Núm. 77-416 ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas. A pesar de que autorizó la instancia ese mismo día tal y como se la presentó el licenciado Rivera Arvelo, el notario Ortiz Velázquez no se percató de que la finca sujeta al aviso era la misma sobre la cual recaía el derecho de propiedad cedido al licenciado Rivera Arvelo mediante la Escritura Núm. 25.

La instancia se presentó ante el Registro de la Propie-dad el mismo día, esto es, diez (10) días antes de que el Tribunal Superior, Sala de Caguas, notificara la sentencia de archivo por inactividad en el Caso Civil Núm. 77-416. El Registrador de la Propiedad inscribió la Escritura Núm. 25 y canceló el aviso de lis pendens el 21 de octubre de 1982.

B. Mediante la Escritura Núm. 25 se cancelaron dos (2) pagarés hipotecarios. En la cláusula primera de la escri-tura se transcribió el texto de ambos pagarés y se indicó que los originales se unían al Protocolo. Según esta cláu-sula, uno de los pagarés era un pagaré —Affidavit Núm. 1798— por la suma principal de cuarenta mil dólares ($40,000) e intereses al ocho y medio por ciento (8 1/2%) anual, pagadero al portador y vencedero a la presentación, suscrito el 15 de diciembre de 1975 ante el notario público Manuel J. Medina Aymat por el Sr. Pedro L. Santoni y la Sra. Benigna Colón de Santoni. De la transcripción se des-prende, además, que la obligación estaba garantizada por la hipoteca constituida en la Escritura Núm. 73, suscrita por el señor Santoni Román y la señora Colón de Santoni ante el notario Medina Aymat el mismo día 15 de diciem-bre de 1975.

El texto del pagaré, unido al Protocolo como el original, sin embargo, no correspondía exactamente al texto trans-crito en la cláusula primera. El supuesto original especifi-caba una tasa de interés de nueve por ciento (9%) anual, mientras que la transcripción especificaba una de ocho y medio por ciento (8 1/2%). El resto del texto del supuesto original correspondía a la transcripción. Ni el notario Ortiz Velázquez al autorizar la Escritura Núm. 25 ni el Registra-dor de la Propiedad al inscribir la misma y cancelar la hipoteca sobre la finca, se percataron de la discrepancia.

El texto transcrito en la cláusula primera correspondía al pagaré hipotecario en posesión del Sr. Rafael A. Grillo León y objeto del pleito ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas. El pagaré cancelado llevaba el mismo número de affidávit, especificaba la misma suma de principal, indi-caba estar garantizado por la misma hipoteca y parecía haber sido firmado por el notario Medina Aymat, el señor Santoni Román y la señora Colón de Santoni. Por lo tanto, en virtud de la inscripción de la Escritura Núm. 25 se can-celó la hipoteca que garantizaba el cumplimiento de la obli-gación evidenciada por el pagaré hipotecario en posesión del Sr. Rafael A. Grillo León.

C. El 30 de enero de 1986 la Sucesión Pablo Grillo Ra-mírez, la señora León Torres inclusive, inició ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina, una acción sobre nulidad de acto jurídico, ejecución de hipoteca y daños y perjuicios contra el señor Santoni Román, la señora Colón de Santoni y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, y contra el licenciado Rivera Arvelo, la Leda. Isabel Delgado y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. La parte demandante alegó que el pagaré cancelado en la Escritura Núm. 25 era una simulación del pagaré hipote-cario en su posesión y solicitó, entre otras cosas, que se declarara nula la cancelación efectuada en virtud de dicha escritura y su respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad.

En su contestación de 26 de febrero de 1986, el licen-ciado Rivera Arvelo compareció por derecho propio y negó todas las alegaciones de la demanda, dos (2) de ellas por falta de información y creencia. Bajo este último funda-mento, negó: (1) que la sociedad legal de gananciales com-puesta por el señor Santoni Román y la señora Colón de Santoni era titular del “inmueble hipotecado para la fecha de otorgamiento del pagaré hipotecario” que alegadamente estaba en posesión de la Sucesión Pablo Grillo Ramírez, y (2) que en tal pagaré “se convino expresamente que éste vencería a su presentación”.

Junto a su contestación, el licenciado Rivera Arvelo pre-sentó una reconvención en la que reclamó daños y perjui-cios por las expresiones alegadamente difamatorias de la demanda. Por otro lado, ese mismo día presentó una de-manda contra tercero contra el abogado de la parte deman-dante, el Ledo. Rafael A. Díaz Díaz, en la que reclamó da-ños y perjuicios por la manera “frívola y difamatoria” en la que éste alegadammente había presentado la demanda en representación de la Sucesión Pablo Grillo Ramírez.

Acto seguido, el 21 de abril de 1986 la parte deman-dante solicitó permiso para enmendar la demanda para así incluir como acción la impugnación de la validez de la sen-tencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en el Caso Civil Núm. 77-416. Cinco (5) días más tarde, el licen-ciado Rivera Arvelo solicitó que se enmendaran retroacti-vamente todas sus alegaciones para aclarar que compare-cía en representación de todos los demandados, excepto de la señora Colón por desconocer su paradero. Para esta fe-cha, el matrimonio entre el señor Santoni Román y la se-ñora Colón había sido disuelto mediante divorcio.

Después de varios incidentes entre los cuales cabe des-tacar la expedición de dos (2) sentencias parciales en las cuales se desestimaron tanto la reconvención como la de-manda contra tercero, allá para el mes de mayo de 1987 los demandados, con excepción de la señora Colón, presenta-ron una moción en la que solicitaron que se dictara senten-cia sumaria a su favor bajo la doctrina de cosa juzgada. La parte demandante se opuso oportunamente y, a su vez, presentó su propia moción de sentencia sumaria debida-mente acompañada con documentos y declaraciones juradas. Los demandados no comparecieron a oponerse a esta moción.

Entre los exhibit que acompañaron su moción, la parte demandante incluyó una copia del pagaré en su posesión y una copia del pagaré cancelado mediante la Escritura Núm. 25. Acompañó, además, una declaración jurada del notario Medina Aymat de 29 de abril de 1986 en la cual este último manifestó:

8. Que el pagaré cancelado mediante la escritura #25, otor-gado en San Juan, Puerto Rico, el 5 de octubre de 1982, ante el notario, Carlos M. Ortiz Velázquez, no es el pagaré que se describe en la escritura #73 sobre hipoteca otorgada el 15 de diciembre de 1975, ante mi persona.
10. De igual forma, el pagaré cancelado mediante la escritura #25 otorgado [sic] el 5 de octubre de 1982, ante el Notario, Carlos M. Ortiz Velázquez, no conlleva mi firma, sino que la que allí aparece es una simulación de ésta. Declaración Jurada de 29 de abril de 1986, pág. 2.

El notario Medina falleció en algún momento después de suscribir dicha declaración y antes de comenzados los procedimientos ante el Comisionado Especial.

Mediante Sentencia Parcial de 9 de diciembre de 1978, el Tribunal Superior, Sala de Carolina, denegó la moción de los demandados y declaró con lugar la moción de la parte demandante. Como cuestión de hecho, el tribunal de-terminó que el pagaré hipotecario cancelado mediante la Escritura Núm. 25 no era el pagaré original que se había otorgado como Affidávit Núm. 1798 ante el notario Medina Aymat el 15 de diciembre de 1975. A manera de remedio decretó, por lo tanto, la nulidad de la Sentencia de 21 de julio de 1982 en el Caso Civil Núm. 77-416 ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, y la nulidad de la Escritura Núm. 25 y su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

Dentro de los diez (10) días de la notificación de dicha sentencia, los demandados, con excepción de la señora Co-lón, solicitaron unas enmiendas a las determinaciones de hechos. A pesar de que el tribunal denegó dicha solicitud el 29 de febrero de 1988, la Secretaría del Tribunal Superior, Sala de Carolina, no notificó la resolución hasta el 25 de abril de 1988.

Inconformes, el 24 de mayo de 1988 los demandados, con excepción de la señora Colón, presentaron ante nos una solicitud de revisión en la cual solicitaron la revoca-ción de la sentencia sumaria parcial dictada el 9 de diciem-bre de 1987. Mediante Resolución de 16 de junio de 1988, denegamos la solicitud y referimos el expediente del caso a la Oficina del Procurador General.

Con respecto a la señora Colón, el 7 de abril de 1988 el tribunal dictó una sentencia en rebeldía en su contra en la cual le concedió a la parte demandante los mismos reme-dios que le había concedido en la sentencia sumaria parcial de 9 de diciembre de 1987. La señora Colón no solicitó re-visión de esta sentencia.

D. En torno a la autenticidad del pagaré hipotecario —Affidavit Núm. 1798— cancelado mediante la Escritura Núm. 25, el Comisionado Especial determinó que la firma del notario Medina Aymat era una firma simulada. En particular, concluyó que “[ajunque se tomó como base para la simulación una firma auténtica del Notario [Medina Aymat], fue hecha por alguien que conocía la firma, que estaba familiarizado con el Notario y que tenía acceso a su oficina”. Relación del caso y determinaciones de hechos del Comisionado Especial, pág. 16. Determinó, además, que las firmas del señor Santoni Román y su esposa eran genuinas. Para llegar a estas determinaciones el Comisio-nado Especial tuvo el beneficio de los testimonios de los examinadores forenses de documentos que presentaron tanto el Procurador General como el licenciado Rivera Arvelo. Ambos examinadores rindieron informes contradic-torios sobre la autenticidad de la firma del notario Medina Aymat.

En cuanto a las diferencias entre el pagaré cancelado mediante la Escritura Núm. 25 y el pagaré en posesión del Sr. Rafael A. Grillo León, el Comisionado Especial señaló: (1) que el pagaré cancelado especifica una tasa de interés anual de nueve por ciento (9%), mientras que el otro pa-garé especifica una de ocho y medio por ciento (8 1/2%), y (2) que en el pagaré cancelado la firma de la entonces se-ñora Colón de Santoni aparece debajo de su nombre escrito a máquina, mientras que en el otro aparece por encima.

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Tanto el Procurador General como el notario Ortiz Ve-lázquez manifestaron estar conformes con la relación del caso y las determinaciones de hechos del Comisionado Especial. El licenciado Rivera Arvelo, por su parte, objetó la determinación con respecto a la simulación de la firma del notario Medina Aymat en el pagaré hipotecario —Afíi-dávit Núm. 1798— cancelado mediante la Escritura Núm. 25. Sostiene, en síntesis, que el Comisionado Especial erró al aceptar la opinión del examinador forense de documen-tos que presentó el Procurador General. Solicita, por lo tanto, que se adopte la opinión de su perito y se acepte como genuina la firma del notario Medina Aymat en dicho pagaré. Es la contención del licenciado Rivera Arvelo que de así proceder se corroboraría su versión de los hechos.

De acuerdo con esta versión, el 15 de diciembre de 1975 el señor Santoni Román y la entonces señora Colón de San-toni suscribieron ante el notario Medina Aymat un pagaré hipotecario —Affidávit Núm. 1798— que especificaba una tasa de interés anual de nueve por ciento (9%). Al día si-guiente y luego de que el notario Medina Aymat les comu-nicara que la tasa de interés era ilegal, procedieron a sus-cribir otro pagaré idéntico pero que especificaba una tasa de interés de ocho y medio por ciento (8 1/2%). Sostiene el licenciado Rivera Arvelo que por error el primer pagaré nunca se destruyó y que permaneció entre los documentos que luego el señor Santoni Román alegadamente le entregó al notario Ortiz Velázquez para que este último preparara la Escritura Núm. 25. Al recibir el pagaré con la tasa de interés de nueve por ciento (9%), el notario Ortiz Velázquez procedió a cancelarlo y ni el licenciado Rivera Arvelo ni el señor Santoni Román se percataron de que ese pagaré no debió haber sido cancelado en dicha escritura.

El Comisionado Especial no dio crédito a esta versión. En particular, determinó que fue el licenciado Rivera Ar-velo quien entregó el pagaré al notario Ortiz Velázquez y quien se encargó de la redacción del proyecto de escritura. Por lo tanto, el Comisionado Especial concluyó que el licen-ciado Rivera Arvelo sabía que el pagaré que se estaba can-celando mediante la Escritura Núm. 25 no era el pagaré en posesión del Sr. Rafael A. Grillo León y que la hipoteca que se estaba cancelando mediante dicha escritura era la que garantizaba este último pagaré.

En ausencia de prejuicio, parcialidad o error manifiesto del Comisionado Especial al apreciar la prueba, no alteraremos las determinaciones de hechos que, como en este caso, están sostenidas por la prueba testifical y documental. Regla 41.5(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991). El notario Ortiz Velázquez testificó claramente que fue el licenciado Rivera Arvelo quien le entregó el pagaré y quien se ocupó de la redacción del proyecto de escritura. Prueba adicional de esto último es el hecho de que la Escritura Núm. 25 fue la única escritura de cancelación de pagarés en el Protocolo del notario Ortiz Velázquez de 1982 en la cual se transcribió el texto de los pagarés cancelados.

En cuanto a la prueba pericial, a pesar de que estamos en la misma posición que el Comisionado Especial para evaluar dicha prueba, concurrimos con el criterio del Comi-sionado Especial de que tal evaluación no es necesaria para resolver el caso ante nos. El hecho determinante en este caso es que al momento de suscribir la Escritura Núm. 25 el licenciado Rivera Arvelo sabía que mediante dicha escritura se estaba cancelando la hipoteca que garantizaba la obligación evidenciada por el pagaré que él sabía que estaba en posesión del Sr. Rafael A. Grillo León.

IV

Atendemos, en primer lugar, el cargo Núm. I contra el licenciado Rivera Arvelo. Este cargo, a su vez, contiene dos (2) imputaciones. Por un lado, el cargo le imputa al licen-ciado Rivera Arvelo una violación al Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por adquirir un derecho de propiedad en la finca involucrada en el litigio que le fue encomendado por el señor Santoni Román. Por otro lado, le imputa una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por faltar a la ve-racidad de los hechos en la preparación y el otorgamiento de la escritura mediante la cual adquirió del señor Santoni Román dicho derecho de propiedad. Procedemos a atender cada una de estas imputaciones.

El Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, en la parte pertinente, dispone que “[e]l abogado no debe adquirir interés o participación alguna en el asunto en litigio que le haya sido encomendado”. Es una de las modalidades de esta prohibición que un abogado no debe adquirir interés o participación alguna en bienes o derechos que estén en litigio o que puedan ser objeto de litigio entre la parte que el abogado representa y la parte contraria. Véanse: In re Castro Mesa et al., 131 D.P.R. 1037 (1992); In re Cepeda Parrilla, 108 D.P.R. 353 (1979). Por lo tanto, si los bienes o derechos están en litigio, el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, prohíbe que un abogado que represente a una de las partes en tal litigio adquiera, directa o indirectamente, algún interés o participación en dichos bienes o derechos. Esta prohibición persigue prevenir aquellos conflictos de intereses que pudieran interferir con el ejercicio de un juicio profesional independiente por parte del abogado a quien el cliente le encomendó su representación.

En el presente caso, el licenciado Rivera Arvelo adquirió un interés propietario en la finca objeto de la acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca después de que el Tribunal Superior, Sala de Caguas, dictara la sentencia, pero antes de que la Secretaría de dicho tribunal notificara la misma. Es claro, por lo tanto, que al momento de la adquisición, el litigio no había terminado aún. Por un lado, la sentencia no había surtido efecto alguno ya que no se había archivado en autos copia de la notificación de la misma. Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 D.P.R. 472 (1991). Por otro lado, en ausencia de dicho archivo, los tér-minos para solicitar la reconsideración y para presentar un recurso de revisión no habían comenzado a contar. Regla 46 de Procedimiento Civil, supra. Basta con considerar el supuesto de que se hubiese declarado con lugar cualquiera de esos dos (2) recursos postsentencia para desacreditar la posición del licenciado Rivera Arvelo de que la finca perdió su carácter litigioso cuando el Tribunal Superior, Sala de Caguas, dictó la sentencia a favor de sus clientes. Es for-zosa la conclusión, por ende, de que el licenciado Rivera Arvelo adquirió su interés propietario en la finca mientras ésta aún era objeto de un litigio en el cual él representaba a las partes demandadas. Este acto constituyó una clara y patente violación al Canon 23 del Código de Etica Profesio-nal, supra.

V

En cuanto a la segunda imputación contenida en el cargo Núm. I, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, en las partes pertinentes, dispone que “[l]a conducta de cualquier miembro de la profesión legal ... en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada” y que “[e]l abogado debe ajustarse a la sinceridad de los he-chos ... al redactar afidávit u otros documentos ...”. Bajo este canon hemos sancionado disciplinariamente a aque-llos abogados que, abusando de la confianza de los compa-ñeros de la profesión, han propiciado que estos últimos otorguen documentos que no se ajustan a la sinceridad de los hechos. In re Laboy, 113 D.P.R. 476 (1982).

En este caso el licenciado Rivera Arvelo acudió ante su compañero, que tenía con oficinas en el mismo edificio, el notario Ortiz Velázquez, para que éste otorgara la escri-tura mediante la cual el señor Santoni Román y su esposa cederían al licenciado Rivera Arvelo y a su esposa el dere-cho de propiedad sobre la finca litigiosa y se cancelarían dos (2) pagarés y las hipotecas correspondientes. El notario Ortiz Velázquez accedió a la solicitud y le pidió al licen-ciado Rivera Arvelo que preparara un proyecto de escritura.

A pesar de que el licenciado Rivera Arvelo conocía que la finca y una de las hipotecas a ser canceladas eran objeto del Caso Civil Núm. 77-416 entonces pendiente ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, y que el pagaré garanti-zado por tal hipoteca estaba en posesión de uno de los de-mandantes en dicho caso, el licenciado Rivera Arvelo entregó un proyecto en el cual no se hizo mención alguna de estos hechos pero en el cual se proponía cancelar dicho pagaré y su correspondiente hipoteca. Para lograr este fin transcribió fielmente en la cláusula primera del proyecto el texto del pagaré en posesión del señor Rafael A. Grillo León y acompañó el proyecto con un pagaré cuyo texto era virtualmente idéntico al texto transcrito, con excepción de la tasa de interés especificada. El pagaré acompañado no era el pagaré en posesión del señor Grillo León.

El notario Ortiz Velázquez aceptó el proyecto presen-tado, por lo que éste eventualmente se convirtió en la Es-critura Núm. 25, sobre Cesión de Derecho Real Mediante Pago de Deuda y Cancelación, que se otorgó el 5 de octubre de 1982. En ningún momento durante el intercambio ini-cial entre él y el notario Ortiz Velázquez ni durante el otor-gamiento de la escritura el licenciado Rivera Arvelo le in-formó sobre el caso civil entonces pendiente ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, o sobre el hecho de que el pagaré original se encontraba en posesión del señor Gri-llo León. Por consiguiente, al otorgarse e inscribirse la Es-critura Núm. 25 se canceló la hipoteca que garantizaba el cumplimiento de la obligación evidenciada por el pagaré en posesión del señor Grillo León, pero no se canceló dicho pagaré sino otro casi idéntico. Para fines del Registro de la Propiedad, sin embargo, el pagaré cancelado fue el pagaré en posesión del señor Grillo León.

Si bien el notario Ortiz Velázquez no tuvo conocimiento actual del efecto de la inscripción de la Escritura Núm. 25 sobre la garantía hipotecaria del pagaré en posesión del señor Grillo León, el licenciado Rivera Arvelo sí tuvo cono-cimiento de dicho efecto. Tan es así que tres (3) días des-pués de otorgada la escritura, el licenciado Rivera Arvelo acudió nuevamente ante el notario Ortiz Velázquez para que este último autorizara la instancia para cancelar el aviso de lis pendens referente al Caso Civil Núm. 77-416, entonces pendiente ante el Tribunal Superior, Sala de Ca-guas, al cual estaba sujeta la finca. Es forzosa, por ende, la conclusión de que el licenciado Rivera Arvelo propició que el notario Ortiz Velázquez otorgara una escritura que no se ajustaba a la sinceridad de los hechos según éstos le cons-taban al licenciado Rivera Arvelo de propio y personal conocimiento. Esta actuación por parte del licenciado Rivera Arvelo constituyó una gravísima violación al deber de sinceridad y honradez que el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, reconoce como el deber de todo abogado para con sus compañeros de la profesión.

VI

Atendemos ahora el cargo Núm. II contra el licenciado Rivera Arvelo. Este cargo le imputa violaciones a los Cáno-nes 17, 26 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por su gestión profesional en representación de los demandados en el Caso Civil 86-259 ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina, y en la presentación ante nos de una solicitud de revisión de la sentencia parcial dictada en dicho caso el 9 de diciembre de 1987.

El Canon 17 del Código de Ética Profesional, supra, en la parte pertinente, dispone que la comparecencia de un abogado “ante un tribunal debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial” y que “[l]a firma de un abogado en una alegación en un caso equivale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada”. Por su parte, el Canon 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, declara que es altamente impropio entablar pleitos viciosos e instigar falsas defensas. Por último, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, suprá, le impone a todo abogado un deber de honradez y sinceridad para con los tribunales y con los demás compañeros de la profesión.

Luego de evaluar los autos del Caso Civil Núm. 86-259(E) ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina, y del recurso de revisión presentado ante nos, concluimos que la gestión profesional del licenciado Rivera Arvelo fue de tal naturaleza que no puede evadir sanción disciplinaria. En particular, señalamos que a pesar de que los hechos alega-dos le constaban de propio y personal conocimiento, el li-cenciado Rivera Arvelo negó todas las alegaciones de la demanda. Más tarde, en su contestación a la demanda en-mendada, aceptó algunas de las alegaciones que había ne-gado anteriormente. Presentó, además, una reconvención y una demanda contra tercero totalmente frívolas y carentes de méritos que fueron propiamente declaradas sin lugar por el Tribunal Superior. Por último, su gestión ante dicho tribunal se caracterizó por el repetido incumplimiento de órdenes y por la falta de notificación a la parte contraria de varios de los escritos allí presentados. Debido a esta con-ducta, la parte contraria se vio obligada a acudir en repe-tidas ocasiones ante el tribunal para exigir que el licen-ciado Rivera Arvelo cumpliera con las órdenes y notificara oportunamente los escritos.

Aun reconociendo el derecho del licenciado Rivera Ar-velo a defenderse de las alegaciones en su contra, era tam-bién su obligación ejercer ese derecho de una manera cón-sona con los ideales y las normas exigidas en los cánones de ética profesional. Por así no hacerlo, encontramos que la gestión profesional del licenciado Rivera Arvelo estuvo re-ñida con los Cánones 17, 25 y 35 del Código de Etica Pro-fesional, supra.

I — I £

Pasamos, por último, al cargo Núm. III contra el notario Ortiz Velázquez, el cual le imputa una violación a la fe pública notarial y al Canon 35 del Código de Etica Profe-sional, supra, por no haber actuado con la debida pruden-cia y cautela al otorgar la Escritura Núm. 25 y allí faltar a la veracidad de los hechos mediante la cancelación de un pagaré que no era el original.

Repetidamente hemos señalado que la notaría es una función de cuidado que debe ser ejercida con suma diligencia y celo profesional. In re Vergne Torres, 121 D.P.R. 500 (1988); In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990); In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991). En el ejercicio de esta función el notario viene obligado a cumplir estric-tamente con la ley notarial, los Cánones de Ética Profesio-nal y el contrato entre las partes. La inobservancia de esta obligación expone al notario a la acción disciplinaria correspondiente. In re Rodríguez Báez, 129 D.P.R. 819 (1992); In re Bringas Rechani, 128 D.P.R. 132 (1991).

Como custodio de la fe pública, cuando un notario autoriza un documento presuntamente da fe y “asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima”. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986). Faltar a la veracidad de los hechos es, por lo tanto, una de las faltas más graves que como custodio de dicha fe puede cometer un notario. In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978); In re Cruz Tollinche, 105 D.P.R. 500 (1976). No sólo quebranta la fe pública notarial, sino también socava la integridad de la profesión al incumplir con el deber de honradez y sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

Para incurrir en esta falta no es necesario que el notario haya faltado a la verdad intencionalmente. In re Chaar Cacho, 123 D.P.R. 655 (1989). Puede ser resultado de una labor carente del celo y la cautela que exige la función pública del notario o de excesiva confianza en las manifestaciones de un compañero de la profesión. In re Chaar Cacho, supra; In re Laboy, supra; In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976).

En el presente caso el notario Ortiz Velázquez no faltó a la verdad intencionalmente. No hay indicio alguno de que haya actuado de mala fe o con la intención de engañar. Su falta fue más bien el fruto del descuido y de su confianza en el licenciado Rivera Arvelo. A pesar de que le pidió al licen-ciado Rivera Arvelo que preparara un proyecto de escri-tura, el notario Ortiz Velázquez tuvo amplia oportunidad de revisar el proyecto, los pagarés y las escrituras que los garantizaban. Aún así, no se percató de que la tasa de in-terés especificada en el supuesto original a ser cancelado no correspondía a la tasa especificada tanto en el proyecto como en la escritura de hipoteca. Un examen cuidadoso de estos tres (3) documentos hubiese alertado al notario Ortiz Velázquez de la discrepancia.

Por otro lado, el notario Ortiz Velázquez descansó en la manifestación que le hiciera el licenciado Rivera Arvelo de que él había verificado el Registro de la Propiedad y que no había problema alguno con la transacción. No obstante, pudo haber descubierto la existencia del Caso Civil Núm. 77-416, entonces pendiente ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, cuando unos días después del otorgamiento de la Escritura Núm. 25 le autorizó al licenciado Rivera Ar-velo la instancia para solicitar la cancelación del aviso de lis pendens correspondiente a dicho caso. El aviso se refe-ría precisamente a la finca sobre la cual recaía el derecho de propiedad cedido al licenciado Rivera Arvelo unos días antes.

El ejercicio de un grado más alto de prudencia durante la autorización de la instancia o durante el otorgamiento de la Escritura Núm. 25 hubiese alertado al notario Ortiz Velázquez de las graves irregularidades que conllevaba la transacción. Su descuido y la confianza en su compañero, sin embargo, lo llevaron a faltar a la veracidad de los hechos y evitaron que descubriera dicha falta después de haberla cometido. Considerando el efecto de esta actuación sobre el esquema de autenticidad documental y sobre los derechos e intereses de la Sucesión Pablo Grillo Ramírez, este Foro no puede permitir que quede impune. La responsabilidad del notario es personal, indivisible e indelegable. In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1982); In re Laboy, supra.

VIII

Al determinar la sanción disciplinaria que ha de imponerse a un abogado que ha incurrido en conducta impropia, acostumbramos considerar, entre otras cosas, el previo historial del abogado, si se trata de una primera falta o de una conducta aislada y si el abogado goza de buena reputación en la comunidad. In re Bermúdez Rivera, 123 D.P.R. 615 (1989); In re Calderón Marrero, 122 D.P.R. 557 (1988).

En el caso del Ledo. Jesús M. Rivera Arvelo, ésta no es la primera vez que una querella sobre su conducta profe-sional llega ante nos. En dos (2) ocasiones anteriores le apercibimos que en el futuro debería cumplir cabalmente con el Código de Etica Profesional. Según demuestra este caso, el licenciado Rivera Arvelo hizo caso omiso a nuestros avisos. Dada la gravedad de su conducta de obtener un interés propietario en un bien litigioso antes de terminado el litigio, de inducir a un compañero notario a faltar a la veracidad de los hechos y de hacer una gestión profesional reñida con la ética, decretamos la suspensión indefinida del Ledo. Jesús M. Rivera Arvelo del ejercicio de la aboga-cía y la notaría.

En el caso del notario Carlos M. Ortiz Velázquez, el Co-misionado Especial indicó que las partes habían estipulado que durante los años que ha ejercido la profesión como abo-gado y notario, sus actuaciones han estado dentro de las normas que exige la profesión legal y que en el ejercicio de la profesión ha exhibido una conducta enmarcada dentro de las normas de honestidad. Nos consta, sin embargo, que en dos (2) ocasiones anteriores la oficina del Director de Inspección de Notarías nos refirió informes sobre deficien-cias en la obra notarial del notario Ortiz Velázquez. El 15 de junio de 1988, a raíz del último de estos informes y de la querella presentadá en este caso, ordenamos su suspen-sión provisional del ejercicio de la notaría hasta tanto se dilucidara definitivamente dicha querella. El notario Ortiz Velázquez, por lo tanto, lleva suspendido del ejercicio de la notaría un período aproximado de cinco (5) años. Conside-ramos que dicha suspensión es sanción disciplinaria sufi-ciente por las faltas aquí encontradas.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En su memorando en respuesta al informe del Comisionado Especial, el licenciado Rivera Arvelo cambió su posición y ahora sostiene que el pagaré era “in-válido” y que fue cancelado por “error e inadvertencia” del notario Ortiz Velázquez.

      (2) Para este tiempo existía una relación personal de amistad entre el señor Santoni Román y el notario Medina Aymat, ya que desde 1972 éste último había otorgado todos los documentos relacionados con los negocios del señor Santoni Román.

      (3) El licenciado Rivera Arvelo había representado al señor Santoni Román en varias acciones de cobro de dinero en su contra y en una acción criminal que tuvo más de un mes de duración. Para octubre de 1982 el señor Santoni Román le adeu-daba al licenciado Rivera Arvelo aproximadamente sesenta mil dólares ($60,000) en honorarios.


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Juan Agosto Serrano, lesionado y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: CI-89-439

      Resuelto: 8 de marzo de 1993

      Aleida Marxuach, abogada del recurrente; Enrique Irizarry Ortiz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la. opinión del Tribunal.

Tenemos ante nos una controversia que no habíamos resuelto antes. Nos toca decidir si la Comisión Industrial (Comisión) tiene autoridad para ordenarle al Fondo del Se-guro del Estado (Fondo) que evalúe una reclamación, aun cuando la misma no satisface los requisitos mínimos que el propio Fondo ha establecido mediante reglamento para de-terminar cúales reclamaciones son susceptibles de consideración.

I

El 22 de agosto de 1980 Juan Agosto Serrano sufrió una caída al bajar de la máquina que estaba operando a una altura de seis (6) pies mientras trabajaba para Rexco Industries, Inc. El Fondo le diagnosticó una radiculopatía lumbar y le reconoció al obrero lesionado un quince por ciento (15%) de incapacidad de sus funciones fisiológicas como resultado de dicho accidente. La incapacidad antes señalada fue aumentada a veinte por ciento (20%) por la Comisión el 11 de marzo de 1983. El caso se devolvió al Fondo para que éste le practicara al lesionado otro examen diagnóstico, conocido como CT SCAN. Luego de ello, el Ad-ministrador del Fondo (Administrador) emitió una decisión en la que aumentó la incapacidad del obrero a un treinta por ciento (30%) de sus funciones fisiológicas. El 13 de no-viembre de 1984 la Comisión volvió a aumentar dicha in-capacidad, esta vez a un treinta y cinco por ciento (35%).

Posteriormente, el obrero alegó ante el Administrador una condición emocional relacionada con el accidente de 22 de agosto de 1980. El 27 de junio de 1986, el Administrador emitió una decisión en la que reconoció que la condición emocional guardaba relación con el accidente del trabajo. Por esta razón, le reconoció al lesionado una incapacidad de quince por ciento (15%) de las funciones fisiológicas ge-nerales por condición emocional, para un total de cin-cuenta por ciento (50%) de incapacidad de las funciones fisiológicas.

La parte obrera no estuvo conforme con la decisión del Administrador y apeló el mismo 27 de junio de 1986. La Comisión celebró una vista y el obrero fue referido a un especialista, el Dr. Abelardo Martínez, quien examinó al obrero lesionado y redactó un informe en el que expresó que no recomendaba mayor tratamiento psiquiátrico a tra-vés del asegurador. La Comisión acogió la recomendación del doctor Martínez y resolvió mediante Resolución de 24 de julio de 1987 confirmar la decisión del Administrador. La representación legal del obrero solicitó entonces una vista pública en apelación. Esta vista se celebró el 8 de abril de 1988. Surge del informe del oficial examinador que al inicio de los procedimientos el abogado del obrero soli-citó que el caso fuera referido al Comité de Factores Socio-Económicos (Comité). La representante legal del Fondo ob-jetó dicha solicitud, invocando un reglamento de ese organismo que establece un porcentaje mínimo de sesenta por ciento (60%) de incapacidad como condición para que dicho comité pueda asumir jurisdicción para evaluar deter-minados casos. El oficial examinador no dispuso nada so-bre el particular en ese momento y procedió a oir la prueba. El doctor Martínez reiteró en su declaración el diagnóstico psiquiátrico negativo expresado en su informe escrito. En cuanto al aspecto de incapacidad, señaló que no sabía qué grado de incapacidad podía tener el obrero ya que no orientó su evaluación hacia tal asunto. La doctora Mirabal, perito médico del Fondo, declaró que el peticiona-rio había sido reevaluado el 3 de febrero de 1986, y que le dieron cinco (5) citas adicionales, al cabo de las cuales fue dado de alta con el mismo diagnóstico. Luego de este testi-monio el caso quedó sometido por las partes.

El 13 de julio de 1988 la Comisión emitió una resolución en la que devolvía el caso al Fondo para que el Comité lo evaluase. El Fondo solicitó reconsideración y le fue denegada.

Inconforme, el Fondo acude ante nos. Cuestiona la vali-dez de la resolución de la Comisión en la que se devolvía el caso a la jurisdicción del Fondo para evaluación por su Co-mité, aduciendo que el caso no cumple con una de las nor-mas que determinan cuándo el Comité puede entender en algún asunto, fijada precisamente en el reglamento del Fondo que crea dicho comité.

HH I — !

Como es sabido, el Comité es la estructura administrativa creada por el propio Fondo al amparo de decisiones nuestras para ayudar a realizar la fundamentalísima función de determinar si un obrero lesionado tiene la habilidad necesaria para realizar un empleo remunerativo. AI interpretar la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo reiteradamente hemos señalado que la determinación de si un obrero tiene o no incapacidad total no descansa únicamente en el análisis puramente médico del impedimento físico del trabajador, sino que requiere, además, la evaluación de otros factores socioeconómicos tales como su edad, sexo, profesión, escolaridad, las oportunidades de empleo en el área donde reside el obrero y otros. El Comité aludido es el mecanismo desarrollado por el Fondo para evaluar tales factores y así implementar la doctrina que hemos establecido en Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964); Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 549 (1965), y Herrera Ramos v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 316 (1979). Se trata de un cuerpo permanente que asesora al Administrador en la evaluación del potencial de trabajo remunerativo de un lesionado.

El Comité fue creado el 1ro de junio de 1987 mediante un reglamento dictado y debidamente promulgado por el Administrador. En el preámbulo del reglamento aludido se reconoce expresamente que el mismo “tiene como objetivo, establecer las bases que permitan la uniformidad en la tramitación, estudio y determinación de los casos en que se alega incapacidad total permanente por factores socioeconómicos” (énfasis suplido), todo ello “de conformidad con [las opiniones]” en los casos Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, supra, Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, supra, y Herrera Ramos v. Comisión Industrial, supra. Reglamento sobre Factores Socio-Económicos Núm. 3470, Fondo del Seguro del Estado, 1ro de junio de 1987, Memorial Explicativo. Igualmente, en la primera sección de dicho reglamento, que identifica su base legal, se reconoce expresamente también que el mismo se promulga “á tenor con ... la doctrina establecida por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico ...”. Y la See. 5.6 del Reglamento, supra, dispone que todas las decisiones del Comité serán firmadas a nombre y en representación del Administrador.

Las disposiciones del Reglamento sobre Factores Socio-Económicos antes mencionadas, sobre todo vistas a la luz de su historial y de las razones que dieron lugar a que se adoptara, reflejan claramente la naturaleza instrumental del Comité y del reglamento que lo crea. No tenemos ante nos una reglamentación típicamente de natura leza legislativa, como son aquellas que una agencia administrativa formula al amparo de una delegación expresa de la Asamblea Legislativa, para darle contenido substantivo detallado a alguna norma estatutaria general o de algún otro modo complementar normativamente el esquema legislativo. Sabido es que tales reglamentaciones de naturaleza legislativa tienen fuerza de ley, y si son constitucionalmente válidas, vinculan inexorablemente.() Pero en ocasiones, como es el caso del reglamento ante nos, las agencias administrativas aprueban directrices {guidelines) u otras reglamentaciones menos formales {interpretative rules) que se. adoptan para darle uniformidad a sus propios procesos, para pautar la discreción administrativa o para otros fines internos y que, aunque son de aplicación general y vinculan administrativamente, pueden ser modifica-das judicialmente.() La distinción entre unas y otras es un dato bien establecido de derecho administrativo, como bien lo señala el profesor Davis en su autoritativo y muy cono-cido Administrative Law Treatise. () El reglamento en cuestión es de este segundo tipo, particularmente porque se hizo específicamente para darle uniformidad a determi-naciones administrativas que implementan decisiones judiciales. ()

I — I I — I

El planteamiento que nos hace el Fondo exige que re-examinemos brevemente la naturaleza y el alcance de las funciones de la Comisión Industrial con el propósito de de-terminar si ésta actuó correctamente al devolver el caso de autos al Fondo para evaluación por el Comité, aunque dicho caso no cumpliese con una de las disposiciones regla-mentarias que regulan la injerencia de dicho comité.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo() se aprobó con el propósito de poner en vigor la política pública de prestación de servicios médicos y compensación a obreros y empleados por lesiones, incapacidad o muerte relacionada con el trabajo. Esta ley creó dos (2) organismos para implementar el mandato de ley: El Fondo y la Comisión. En síntesis, el Fondo es el foro primario donde se dilucida si un obrero es elegible o no a los beneficios que establece la ley. Se encarga de la investigación de las reclamaciones por accidentes del trabajo, de la rehabilitación a través de servicios médicos y del pago de compensación por incapacidad parcial o total. 11 L.P.R.A. see. 8.()

La Comisión, por otro lado, es un organismo de carácter fundamentalmente adjudicativo y revisor. Rivera v. F.S.E., 112 D.P.R. 670 (1982); Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 51 (1974); Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 466 (1943). Conforme al texto de la ley, la Comisión tiene funciones de naturaleza cuasi judicial y cuasi tutelar para la investigación y la resolución de todos los casos de accidentes en que el Administrador y el obrero o empleado lesionado no lleguen a un acuerdo respecto a la compensación. 11 L.P.R.A. see. 8, según enmendada por el Art. 2 de la Ley Núm. 83 de 24 de octubre de 1992. Por otro lado, recientemente en Baerga Rodríguez v. F.S.E., 132 D.P.R. 524 (1993), señalamos que como regla general la Comisión Industrial actúa como tribunal apelativo del Fondo a nivel administrativo.

A tenor con esta facultad cuasi judicial, hemos reconocido en Rivera Rivera v. Comisión Industrial, supra, pág. 56, y en Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 460 (1937), que la Comisión es la encargada de dirimir en primera instancia las contiendas entre el Administrador y los obreros o sus beneficiarios, y que es el árbitro final de los derechos provenientes de accidentes del trabajo a nivel administrativo.

La revisión de la determinación de si un obrero o em-pleado es eligible o no a los beneficios de una incapacidad total dentro del contexto del Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo() es claramente un asunto que le compete a la Comisión como árbitro final de los derechos de los obreros a nivel administrativo. El hecho de que la elegibilidad a los beneficios de incapacidad total por el Fondo dependa inicialmente de la evaluación y reco-mendación que haga el Comité del Fondo no afecta ni la autoridad administrativa final de la Comisión ni sus facul-tades cuasi judiciales. Como ya hemos señalado, dicho Co-mité es un cuerpo auxiliar que ejerce una importante fun-ción de asesoramiento, pero sus labores forman parte de todo un entramado administrativo en el cual la palabra final la tiene la Comisión. La existencia y reglamentación del Comité, pues, no pueden ser obstáculos que limiten la autoridad de la Comisión, sobre todo cuando se trata de un reglamento que no es de naturaleza legislativa.

IV

La realidad jurídica que hemos reseñado en los párrafos anteriores sobre la incuestionable autoridad de la Comisión para revisar las decisiones pertinentes del Fondo es fundamento suficiente para sostener la resolución de la Comisión que se ha impugnado ante nos. Pero hay otro fundamento importante que también debemos destacar. La objeción del Fondo a que el Comité evalúe el caso en cuestión se fundamenta en que el Reglamento sobre Factores Socio-Económicos establece como criterio de elegibilidad para la evaluación el requisito de que el obrero lesionado tenga un sesenta por ciento (60%) de incapacidad en las funciones fisiológicas.() Hemos examinado cuidadosamente nuestras decisiones en Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, supra, Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, supra, y Herrera Ramos v. Comisión Industrial, supra, que establecen la doctrina que el Comité implementa, y no encontramos base en ellos para limitar el que se determine la incapacidad total por factores socioeconómicos sólo a obreros o empleados que posean un sesenta por ciento (60%) de incapacidad en las funciones fisiológicas. Los precedentes antes señalados fijan los parámetros a to-mar en cuenta para determinar si procede una incapacidad total por factores socioeconómicos y no establecen un mí-nimo de impedimento físico que sea necesario para ser ele-gible a los beneficios de incapacidad total permanente. El aludido criterio de sesenta por ciento (60%) de incapacidad fijado por el Fondo no debe ser utilizado como norma inflexible que excluya en casos meritorios la evaluación de alguna reclamación. La propia Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no lo exige. Tampoco lo exigen nues-tros pronunciamientos previos sobre el particular. Por el contrario, aplicar dicho criterio inflexiblemente conlleva derrotar la doctriné que hemos establecido sobre el particular en aquellos casos que son meritorios, pero en los cua-les la incapacidad física determinada es menor del sesenta por ciento (60%). Aunque reconocemos que a mayor impe-dimento físico mayor es la probabilidad de ser elegible a una incapacidad total por factores socioeconómicos, no po-demos descartar de antemano la posibilidad de que un im-pedimento físico menor, unido a factores socioeconómicos de particular consecuencia, pueda dar lugar a una deter-minación de incapacidad total de acuerdo con la ley, sobre todo en vista de las peculiaridades que pueden existir en cada caso respecto al temperamento y a la resistencia fí-sica y al contorno social de las personas afectadas. Eviden-temente, ese fue el mismo juicio que hizo la Comisión al ordenar que el caso ante nos ahora volviese para evalua-ción al Comité. Un examen de los autos muestra informa-ción que justifica la decisión de la Comisión de que el caso fuese evaluado por el Comité. El obrero lesionado sufría un impedimento físico permanente que imposibilita que se desempeñe como operador de equipo pesado; posee una es-colaridad baja de sólo quinto grado y actualmente tiene setenta (70) años de edad. Además, surge de los expedien-tes del Fondo que no existe médicamente tratamiento al-guno para reestablecer al obrero lesionado a una condición física normal. En vista de estas circunstancias, no puede negarse que su caso ameritaba una evaluación para decidir si procedía una determinación legal de incapacidad total, determinación que le compete inicialmente al Comité.

Cuando la Comisión ordenó la devolución del caso al Comité, pues, estaba descargando su responsabilidad razonablemente. Para ello tenía y tiene la clara autoridad que le concede la ley. Una disposición de un reglamento interno del Fondo respecto al Comité no puede constituir una barrera que le impida a la Comisión desempeñar su función esencial. La superior jerarquía administrativa de la Comisión no puede quedar restringida por una norma interna de un organismo que está legalmente sujeto a su facultad revisora, sobre todo cuando esa norma interna, aplicada inflexiblemente en determinados casos meritorios, derrotaría incluso la esencial política pública que interpretando la ley hemos señalado en nuestros anteriores pronunciamientos.

Para llegar a esta conclusión también hemos tenido en cuenta que la ley que dilucidamos aquí, por ser de carácter remedial y tener un propósito eminentemente social y reparador, debe interpretarse liberalmente a favor del trabajador. 11 L.P.R.A. sec. 2; Camacho Rodríguez v. F.S.E., 121 D.P.R. 877 (1988); Villanueva Pérez v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 790 (1980); Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 733 (1974). Hay que tener presente que la compensación que se paga al obrero o a sus beneficiarios no es una limosna. Es un derecho que la ley reconoce al trabajador cuando sufre lesiones, se inutiliza o pierde la vida por accidentes del trabajo. Camacho Rodríguez v. F.S.E., supra.

La interpretación que hacemos hoy no deja sin efecto el reglamento del Comité. No es necesario declararlo nulo. Reiteradamente hemos reconocido que las decisiones y los criterios de los organismos administrativos especializados merecen gran consideración y respeto de nuestra parte, en vista de la vasta experiencia y conocimiento (expertise:) de dichos organismos. Por ello no debemos intervenir en sus quehaceres más allá de lo que sea realmente necesario. M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975); Rodríguez v. Comisión Industrial, 99 D.P.R. 368 (1970); Monllor & Boscio v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 397 (1963). Respecto al reglamento ante nos, a su amparo el Fondo puede seguir evaluando motu propio los casos de obreros lesionados que sufran un sesenta por ciento (60%) o más de incapacidad. Nuestra interpretación sólo flexibiliza la rigurosidad del estándar adoptado en el reglamento del Fondo para dar lugar a que el Comité pueda evaluar aquellos casos que la Comisión le remita luego que el obrero establezca prima facie un caso que amerita ser evaluado por dicho Comité.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la re-solución de la Comisión Industrial de 11 de abril de 1989.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Concurrimos con la sentencia del Tribunal por entender que la disposición reglamentaria del Fondo del Seguro del Estado que limita la elegibilidad de los beneficiarios de in-capacidad total permanente es ultra vires.

La opinión mayoritaria reconoce expresamente que ni la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo ni nuestra decisión en Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964), en Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 549 (1965) y en Herrera Ramos v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 316 (1979), establecen los requisitos de elegibilidad contenidos en la See. 3.2 del Reglamento sobre Factores Socio-Económicos Núm. 3470, Fondo del Seguro del Estado, de 1ro de junio de 1987.

Este reglamento fue promulgado al amparo de la Ley sobre Reglamentos de 1958 y de los poderes conferidos al Administrador del Fondo para aprobar “reglas razonables y apropiadas ... [que] tendrán fuerza de ley”. 11 L.P.R.A. see. 8. Según los propios términos de la Ley sobre Regla-mentos de 1958, las reglas que tenían que ser presentadas en el Departamento de Estado eran las de aplicación general a toda la ciudadanía, y eran de naturaleza legislativa y no de carácter interno o interpretativo.

Una lectura del Reglamento sobre Factores Socio-Eco-nómicos revela claramente que no se refiere “al orden o administración interna de una agencia”, o se dirige “a una persona específica o a un grupo de personas”. Por ende, es un reglamento de carácter legislativo, y precisamente por eso fue promulgado al amparo de la Ley sobre Reglamen-tos de 1958.

Su validez depende esencialmente de que cumpla con el mandato legislativo. A.P.I.A. U., Inc. v. S. de Hacienda, 100 D.P.R. 173, 177 (1971); Las Monjas Racing Corp. v. Com. Hípica, 67 D.P.R. 45, 55 (1947). En ausencia de una disposición estatutaria que autorice expresamente al Administrador a imponer un requisito de sesenta por ciento (60%) o más en las funciones fisiológicas de incapacidad parcial permanente para ser acreedores a la consideración del Co-mité, la See. 3.2 es ilegal.

En estas circunstancias, la Comisión Industrial actuó correctamente al revocar la resolución recurrida y procede que confirmemos este dictamen sin tener que recurrir a distinciones reglamentarias que no son aplicables al caso de autos.

      (1) Art. 6 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 8. Veáse, también, 2 Davis, Administrative Law Treatise Secs. 7.8-7.11 (2da ed. 1979).

      (2) Davis, supra.

      (3) Las Secs. 2.1-2.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sees. 2121-2141, establecen el procedimiento a seguir para la adopción de reglamentos legislativos. En particular, las Secs. 2.1, 2.2 y 2.3 requieren que la agencia avise al público de la intención de adoptar un reglamento y le provea oportunidad para someter comentarios por escrito. Esto contrasta significativamente con el caso de las reglamentaciones menos formales (interpretative rules) y las directrices (guidelines) en cuyo caso nohay que cumplir con los requisitos anteriormente señalados, ya que la ley no lo requiere.

      (4) El hecho de haber sido promulgado conforme a la Ley Sobre Reglamentos de 1958, derogada en 1988, no es determinativo de si tiene un carácter u otro. Dicha ley se aprobó meramente para darle la publicidad más amplia posible a los reglamentos gubernamentales y nada impedía que un reglamento como el de marras se promul-gase con arreglo a la misma. La cuestión sobre cuál es el carácter de un reglamento surge en la doctrina para determinar el alcance de la revisión judicial y se rige por criterios fijados por dicha doctrina.

      (5) Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. see. 8), según enmendada por la Ley Núm. 83 de 29 de octubre de 1992.

      (6) Estando pendiente ante nuestra consideración la solución de este caso, se enmendó la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. A tenor con la Ley Núm. 83 de 29 de octubre de 1992 (11 L.P.R.A. see. 8), la estructura del Fondo fue modificada creándose la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y un Consejo Médico Industrial.
      La Ley Núm. 83, supra, no produjo cambios significativos en la estructura y las funciones de la Comisión Industrial que alteren el resultado a que llegamos. Es importante señalar que la nueva ley en su Art. 5B dispone, en lo pertinente:

        “Todo procedimiento, acción o reclamación pendiente ante el Fondo del Seguro del Estado, la Comisión Industrial o ante cualquier agencia o tribunal que, a la fecha de vigencia de esta Ley, esté tramitándose bajo las disposiciones de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, o bajo cualquier otra Ley vigente, se conti-nuará tramitando hasta que recaiga una determinación final de acuerdo con dichas leyes.

        “Todos los reglamentos, procedimientos, órdenes administrativas y otras deter-minaciones adoptadas por el Fondo del Seguro del Estado continuarán en todo su vigor hasta que sean enmendados o derogados por la Junta de Directores de la Corporación.” (Énfasis suplido.) 11 L.P.R.A. sec. 1 n.
      La discusión de este caso se hace conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 45, supra, vigente al momento de la tramitación del caso, no sólo porque la propia Ley Núm. 83, supra, así lo dispone, sino también porque dicha ley aprobada el 29 de octubre de 1992 entrará en vigor a los ciento ochenta (180) días de su aprobación.

      (7) 11 L.P.R.A. see. 3.

      (8) Reglamento sobre Factores Socio-Económicos Núm. 3470, Fondo del Seguro del Estado, 1ro de junio de 1987.


text:
      In re Alan J. Bobet Ruiz.

      Número: MC-90-4

      Resuelto: 9 de marzo de 1993

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Alan J. Bobet Ruiz, pro se.

   per curiam:

El licenciado Bobet Ruiz fue acusado y final-mente convicto mediante alegación preacordada de culpa-bilidad del delito de infracción al Art. 258 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4493.() La acusación criminal le imputó lo siguiente:

... [A]llá en o para el 28 de enero de 1987 en Mayag[ü]ez, Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayag[ü]ez, ilegal, voluntaria y criminalmente demoró y/o estorbó en las funciones de su cargo p[ú]blico al Registrador de la Propiedad de Mayag[ü]ez. [A]l causar que se circulara y pasara como genuina y verdadera ante dicho registrador la inscripción registral Escritura Nú-mero 26 de Donación de Intervivos, a sabiendas de que dicha inscripción registral era falsa[,] y hecho [que] defraudó al Sr. Víctor Oscar Arroyo. Anejo I, pág. 1.

Habiendo la Procuradora General sometido el corres-pondiente informe en el cual recomendó la separación del querellado de la práctica de la profesión legal, y mediando orden de esta Curia para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado, el querellado ha comparecido. Este no niega las imputaciones de haber falsificado la referida escritura y manifiesta entender que tal conducta consti-tuyó una grave ofensa a su profesión como abogado y nota-rio público.

Aceptado el hecho fraudulento por parte del querellado, y constituyendo su conducta una que implica depravación moral, procede que se separe indefinidamente al Sr. Alan J. Bobet Ruiz del ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico. Véanse: In re Rúa Cabrer, 132 D.P.R. 432 (1992); In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987); In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); In re Ríos Ruiz, 129 D.P.R. 666 (1991); Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735).

Se decreta la separación indefinida del licenciado Bobet del ejercicio de la abogacía y se ordena que se borre su nombre del Registro de Abogados del Tribunal Supremo.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) “Toda persona que voluntariamente resistiere u obstruyere, demorare o es-torbare a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir algunas de las obligaciones de su cargo, será sancionada con pena de reclu-sión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal.”