author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Juan Andrés Damiani Montalbán et als., demandantes y recurrentes, v. Centro Comercial Plaza Carolina et als., demandados y recurridos.

      Número: RE-86-415

      Resuelto: 19 de febrero de 1993

      Francisco Agrait Oliveras, abogado de los demandantes y re-currentes; David Rivé Rivera, abogado de los demandados y recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.RR. 294 (1990), exami-namos cómo, a manera de excepción, una institución edu-cativa podía ser responsable por los daños sufridos por una estudiante dentro de las facilidades de dicha institución debido a la conducta criminal intencional de un tercero. Hoy nos toca resolver, también a manera de excepción, si un centro comercial regional (shopping center) podría ser responsable por los daños intencionales causados a las per-sonas que frecuentan dicho centro por la conducta criminal intencional de un tercero. Esto entraña determinar si la actividad llevada a cabo por el centro comercial regional (shopping center), por su naturaleza esencial, crea un de-ber de ofrecer un grado de protección y seguridad indepen-diente del que puedan ofrecer las agencias de seguridad pública.

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Los hechos

El viernes 2 de diciembre de 1983 la codemandante Z.D.V./) de dieciséis (16) años de edad, acudió en compa-ñía de una amiga al Centro Comercial Plaza Carolina (en adelante Plaza Carolina) alrededor de las siete (7:00) de la noche, con el propósito de hacer unas compras. Dicho cen-tro comercial tenía una campaña publicitaria exhortando a las personas a acudir a visitar sus tiendas. Como a las 8:30 de la noche, luego de hacer las compras, decidieron marcharse. Se dirigieron a buscar transportación al frente de la tienda J.C. Penney, lugar donde se cogen las guaguas y carros públicos ubicado dentro del área de estaciona-miento de Plaza Carolina. Estando en la acera frente a la susodicha tienda, se les acercó un joven, quien abrazó a Z.D.V. Poniéndole un puñal en el cuello, le ordenó a ella y a su amiga que caminaran. Ellas así lo hicieron cruzando el estacionamiento del centro comercial y dos avenidas hasta llegar a un pastizal debajo de un puente. Esta caminata duró aproximadamente media hora. Durante todo este tiempo el individuo mantuvo a Z.D.V. amenazada con el puñal y a su amiga agarrada. Al llegar al pastizal, el sujeto cometió actos lascivos e impúdicos con ambas niñas rete-niéndolas en ese lugar por varias horas. Luego se dio a la fuga.

Por estos hechos, los padres de Z.D.V., por sí y en repre-sentación de la menor, instaron una acción por daños y perjuicios contra la aquí demandada, imputándole respon-sabilidad alegando que los hechos se debieron a su falta de proveer vigilancia y seguridad adecuada para proteger a sus invitados comerciales.

Luego de finalizar el periodo de descubrimiento de prueba, la parte demandada presentó una moción de sen-tencia sumaria alegando que no podían ser responsables por un acto criminal llevado a cabo por un tercero. Acom-pañó dicha moción con copias de dos (2) sentencias emiti-das por el Tribunal Superior, una de la Sala de San Juan y la otra de la Sala de Bayamón.() En éstas, el tribunal des-estimó sendas acciones por daños y perjuicios contra Burger King al ser los demandantes heridos en un asalto per-petrado a dicho establecimiento. No se incluyó otro documento en apoyo de la moción.

Los demandantes presentaron oposición a la moción de sentencia sumaria, alegando que la parte demandada les era responsable, ya que el acto criminal intencional llevado a cabo en el área del centro comercial, por el tercero, era un acto previsible debido al conocimiento que tenía dicha de-mandada de la alta incidencia criminal en el área de Plaza Carolina. Continuaron alegando que tanto era esto así, que este hecho había llevado a los dueños del centro comercial a crear la corporación codemandada, Plaza Carolina Security Corporation, para ofrecer vigilancia y seguridad a las personas que acudían al centro comercial. Alegaron, ade-más, que los demandados fueron negligentes al ofrecer este servicio. Acompañaron la oposición con dos (2) tablas esta-dísticas para los años 1982, 1983 y parte de 1984, que ofrece la Policía de Puerto Rico sobre Delitos Tipo I() en el Sector 932 de Carolina. En este sector se encuentra Plaza Carolina. También apoyaron su oposición con una copia de varias noticias de diferentes periódicos locales en las que se informa de un robo y de un secuestro, ambos delitos cometidos en el estacionamiento del centro comercial aludido. Entre éstas, se incluyó un artículo sobre la inci-dencia criminal en la Isla.

El tribunal de instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria de la parte demandada y desestimó la demanda. Determinó, entre otras cosas, que los dueños de negocios no pueden evitar este tipo de asalto, aunque éstos fueran previsibles, particularmente cuando los mismos ocurren en un área pública en los alrededores de los establecimientos. También expresó que no se le puede exigir a los dueños de negocios que controlen la violencia y el crimen que el pro-pio Estado no puede controlar, y que el acto ocurrido no está enmarcado dentro del principio de previsibilidad.

La parte demandante presentó una moción de reconsi-deración y de sentencia sumaria. Acompañó con dicha mo-ción los interrogatorios que sometió a la parte demandada, las contestaciones a los mismos y el contrato suscrito por Plaza Carolina Security Corporation y The Wackenhut Corporation.!) El tribunal la denegó.

Oportunamente, la parte demandante presentó un re-curso de revisión alegando los errores siguientes:

... Erró el Honorable Tribunal de Carolina al declarar con lugar una Moción de Sentencia Sumaria radicada por la parte demandada basada en que la prueba ofrecida por la parte demandante no estableció una causa de acción contra los demandados, cuando en efecto la prueba en que basó su Solicitud de Sentencia Sumaria la parte demandada justifica plenamente que se dicte Sentencia contra la parte demandada.
... Erró el Honorable Tribunal Superior de Carolina al no dictar Sentencia contra la parte demandada a base de la prueba que ofreció la parte demandada como los hechos incontrovertidos de este caso, cuando dicha prueba establece claramente que la parte demandada fue negligente y que su negligencia contribuyó a la ocurrencia de los daños sufridos por la parte demandante.

Antes de considerar la corrección de la sentencia, es indispensable exponer la trayectoria jurisprudencial relativa a la responsabilidad que podría tener un establecimiento por los actos delictivos cometidos por terceros en sus pre-dios, no sin antes exponer un trasfondo sobre los centros comerciales.

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Los centros comerciales en Puerto Rico

El Departamento de Comercio define centro comercial como una “[sjerie de unidades comerciales independientes, físicamente separadas en un mismo edificio, pero integradas con el propósito de brindar una oferta complementaria de bienes y servicios”.() Estos centros se clasifican a base de su tamaño o área de construcción. Hay cuatro (4) tipos de centros: vecinales de 2,000 a 34,999 pies cuadrados; comunales de 35,000 a 99,999 pies cuadrados; subregionales de 100,000 a 249,000 pies cuadrados, y regionales que tie-nen un área mayor de 250,000 pies cuadrados.()

Cabe señalar que el edificio que alberga las unidades comerciales y de servicio es administrado independiente-mente de éstas. A tenor con las estadísticas recopiladas por el Departamento de Comercio de 1974 a 1979,() las ventas totales generadas por los centros comerciales en Puerto Rico ascendieron a aproximadamente dos mil ciento no-venta y seis millones de dólares ($2,196,000,000). De este total, el ochenta y seis punto noventa y dos por ciento (86.92%) fue generado en el Area Metropolitana.

Los grandes centros comerciales, los regionales y subre-gionales, ofrecen todo tipo de servicios complementarios, tales como bancos, restaurantes, sitios de comida ligera, centros de juegos de diversión y cines, entre otros. En estos modernos centros de mercadeo, bajo techo y equipados con aire acondicionado y amplio estacionamiento, en ocasiones, debido a las facilidades de acceso y comodidades que les brindan a las personas en la comunidad, también se ofre-cen servicios gubernamentales, tales como correo, facilida-des para el pago de facturas de agua, luz y teléfono, la obtención de documentación oficial, como pasaportes, etc. Con el propósito de atraer al mayor número de personas posible, estos centros comerciales periódicamente ofrecen espectáculos y atracciones no sólo comerciales, sino tam-bién artísticas, educativas, deportivas y cívicas. La combi-nación de todos estos factores ha hecho que en ocasiones los centros comerciales hayan venido a sustituir las plazas públicas y otros centros de reunión en las comunidades.

No cabe la menor duda que, con relación a los centros comerciales regionales, por la variedad de actividades que allí se llevan a cabo y el cúmulo de servicios que se ofrecen, o sea, por su naturaleza esencial, éstos están obligados a ofrecer al público que los frecuenta, cuando las circunstan-cias así lo ameritan, un grado de protección y seguridad, adecuado y razonable, independiente del que puedan ofre-cer las agencias de seguridad pública. Como más adelante expondremos, el grado de protección dependerá de las cir-cunstancias particulares de cada caso.

El centro comercial Plaza Carolina, donde ocurrieron los hechos que dieron lugar a la reclamación que hoy nos ocupa, tiene aproximadamente un millón (1,000,000) de pies cuadrados y es, por lo tanto, un centro comercial regional.()

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La jurisprudencia en Puerto Rico sobre la responsabilidad civil por actos delictivos de un tercero

En Cruz Costales v. E.L.A., 89 D.P.R. 105 (1963), sostu-vimos la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por un estudiante de quince (15) años que fue agredido con un machete por una persona ajena a la escuela mientras el maestro se encontraba fuera del salón. En este caso expre-samos lo siguiente:

En el caso de autos ... hay que conceder que la causa inter-ventora fue imprevisible y extraordinaria. Esa circunstancia dentro de otro cuadro de hechos seguramente hubiese rele-vado de culpa al demandado pero creemos que la causa legal del daño fue la ausencia, que nunca fue explicada, del maestro del salón de clases porque si el maestro hubiese estado presente es muy probable que hubiese podido evitar el acto torticero .... Concluimos que ... la ausencia del maestro fue la causa legal del daño porque la acción del tercero interventor (en este caso el intruso) no fue súbita e imposible de prever ... sino que hubo algún tiempo disponible en que el maestro pudo haber evitado la lesión si hubiese estado presente. Como se sabe hay circunstancias en que la causa interventora releva de responsabilidad al demandado y hay también circunstancias en que no lo releva. Cruz Costales v. E.L.A., supra, págs. 113-114.

En Rabón Escabí v. Axtmayer, 90 D.P.R. 20 (1964), decidimos que el daño ocasionado a un huésped de un hotel por unos asaltantes era razonablemente previsible, razón por la cual era responsable el dueño del hotel al éste ser negligente por no proveer protección a sus huéspedes. Expresamos “que la regla de anticipar el riesgo no se limita a que el riesgo preciso o las consecuencias debieron ser previstas, que lo esencial es que se tenga el deber de prever en forma general consecuencias de determinada clase y que la res-ponsabilidad no depende de si en el ejercicio de razonable diligencia el demandado previo o debió prever el daño es-pecífico reclamado; que no es necesario que el demandado haya anticipado el daño específico imputádole o que haya anticipado que dicho daño iba a ocurrir en la forma precisa en que ocurrió”. Id., pág. 25.

En Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 D.P.R. 852 (1980), decidimos que el dueño de un edificio no era responsable por el asesinato de un mensajero cometido en las escaleras de dicho edificio por un asaltante. Al eximirlo de responsabilidad expresamos que “[e]l incremento de la violencia, el reto del criminal a la paz y sosiego del pueblo y la creciente probabilidad de que una persona sea víctima de un atentado contra su vida, su libertad o su propiedad, es una enfermedad del medio ambiente en que las personas nacen, se educan, trabajan o simplemente existen. Es con-dición o circunstancia de la atmósfera general en que se desarrolla la gestión vital de cada miembro de la sociedad; y es, primordialmente, problema de seguridad pública y responsabilidad del Estado, la única entidad con los recursos y la fuerza necesarios para mantener la paz y la ma-jestad de la Ley. Si tal es el ámbito en que se vive y se contrata, y tal la indefensión del pueblo contra ese tercero violento, los contratantes no pueden ser responsables de la irrupción del crimen en el campo de sus negocios, a menos que éstos sean de los que, por su naturaleza esencial, ven-gan obligados a ofrecer un grado de protección y seguridad independiente del que puedan proveer las agencias de se-guridad pública. Así, el hotel, que básicamente duplica el hogar, el hospital y la escuela, sin agotar la lista, vienen obligados a mantener unas medidas razonables de seguri-dad en protección de sus huéspedes, pacientes y estudian-tes, que no tienen que suplir otros contratantes y empre-sarios, cuya actividad no absorbe necesariamente, en el ámbito de ejecución del contrato, la protección de partes y terceros contra ataques criminales.” (Escolio omitido.) Id., págs. 855-856.

Al determinar que no había nexo causal entre la tar-danza de la demandada en reponer la bombilla que alum-braba la escalera y el asesinato del mensajero, expresamos que “[d]icha omisión no constitu[ía] conducta afirmativa que aument[ara] considerablemente el riesgo de daño al demandante por el acto criminal de un tercero, en cuyo caso podría imponerse responsabilidad al demandado”. (Enfasis suplido.) Estremera v. Inmobiliaria Rae., Inc., supra, pág. 857. En otras palabras, la norma de responsabilidad dependerá de la concurrencia de una omisión que constituya conducta afirmativa que aumente el riesgo de daño y que sea razonablemente previsible la ocurrencia del daño, por lo que se crea un deber de prevenirlo. Al explicar en la opinión que de acuerdo con el tratadista Prosser,() como regla general no es anticipable un acto criminal, se señala en una nota al calce que “[s]e dan, no obstante, otras situaciones en las que recae sobre el demandado una responsabilidad especial por la protección del demandante, o en las que una tentación u oportunidad especial de conducta criminal propiciadas por el demandado, le imponen la obligación de tomar precauciones contra ellas. La res-ponsabilidad por protección puede surgir de un contrato mediante el cual el demandado se ha obligado a proveerla; o puede fundarse en alguna relación entre las partes, como porteador y pasajero, hotelero y huésped, invitante y visi-tante en negocios, escuela y discípulo, patrono y empleado, arrendador y arrendatario, y sin duda, otros más. En todas estas situaciones, sin embargo, habrá responsabilidad sólo si el demandado es negligente en no tomar precauciones contra el posible criminal; esto es, si el riesgo previsible es de dimensión irrazonable comparado con el peso de tomarlas”. (Énfasis suplido.) Id., pág. 858 esc. 6.()

EnElba A.B.M. v. U.P.R., supra, determinamos que la Universidad de Puerto Rico incumplió su deber de pro-veer adecuada protección y seguridad a sus estudiantes al ser atacada y violada la demandante en los terrenos de la Universidad de Puerto Rico, campus de Río Piedras. Aplicamos el principio de que para que exista responsabilidad civil bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, es necesario que ocurra una acción u omisión, un daño y la correspondiente relación causal entre el daño y la conducta culposa o negligente. En el caso de la ocurrencia de omisiones, habrá causa de acción cuando exista un deber de actuar. Habrá responsabilidad si se quebranta este deber. Véase, además, Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682 (1990).

Los factores de la previsibilidad y el riesgo envuelto en el caso específico son elementos esenciales de la responsa-bilidad por culpa o negligencia. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra. "El deber de cuidado incluye tanto la obligación de anticipar como la de evitar la ocurrencia de daños cuya probabilidad es razonablemente previsible. Tero la regla de anticipar el riesgo no se limita a que el riesgo preciso o las consecuencias exactas arrostradas debieron ser previstas. Lo esencial es que se tenga el deber de prever en forma general consecuencias de determinada clase.’ ” Id., pág. 309.

Al aplicar el principio de la causalidad adecuada, expresamos “que la difícil determinación de cuándo existe un nexo causal entre el daño producido por un acto delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de tomar precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede ‘resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre convicción, ponderando todas las circunstancias’. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 195”. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, págs. 310-311.

En Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990), se alegó negligencia por parte del Hospital de Siquiatría al éste permitir que se escapara un paciente y cometiera dos (2) asesinatos. Allí revocamos una sentencia sumaria a favor de la parte demandada al encontrar, entre otras cosas, que la cuestión del nexo causal no estaba clara. Citando a Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, expresamos que “[l]a dificultad estriba en poder precisar ‘cuándo se da la relación de causalidad y cuáles son sus límites; cuándo deba estimarse que el hecho productor del daño es causa jurídica que según su naturaleza general aparezca como adecuada para engendrar ese daño’... especialmente cuando se trata de un daño que es el resultado de un acto delictivo de un tercero”. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 310.

IV

Jurisprudencia en Estados Unidos sobre la responsabili-dad por los' actos delictivos de un tercero en un centro co-mercial

La situación que nos ocupa no ha sido objeto de discu-sión en España, probablemente debido a que el concepto del centro comercial es de raíz norteamericana. Es por esta razón que acudimos, a manera persuasiva, a la jurispru-dencia norteamericana, pero sin perder de vista “que el derecho de daños en Puerto Rico se rige, tanto en su forma como en su contenido, por el sistema del derecho civil ...”. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 695 (1979).

Sin entrar en las sutilezas que distinguen la solución de los casos que plantean la cuestión que nos ocupa, podemos generalizar ciertos puntos básicos que tienen en común.

Como anteriormente mencionamos, el tratadista Pros-ser admite que aunque como regla general no existe un deber de proteger a otros de actos criminales de terceros, existen situaciones en que responde un demandado por los actos delictivos de un tercero contra el demandante. Ob-serva que el asunto sigue siendo de negligencia y riesgo previsible. W.P. Keeton, Prosser and Keeton on Torts, 5ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, págs. 201-203. Incluso un gran número de casos han aplicado la See. 344 del Restatement of the Law (Second) of Torts, la cual expresa:

A possessor of land who holds it open to the public for entry for his business purposes is subject to liability to members of the public while they are upon the land for such a purpose, for physical harm caused by the accidental, negligent, or intentionally harmful acts of third persons or animals, and by the failure of the possessor to exercise reasonable care to
(a) discover that such acts are being done or are likely to be done, or
(b) give a warning adequate to enable the visitors to avoid the harm, or otherwise to protect them against it.
... Since the possessor is not an insurer of the visitor’s safety, he is ordinarily under no duty to exercise any care until he knows or has reason to know that the acts of the third person are occurring, or are about to occur. He may, however, know or have reason to know, from past experience, that there is a likelihood of conduct on the part of third persons in general which is likely to endanger the safety of the visitor, even though he has no reason to expect it on the part of any particular individual. If the place or character of his business, or his past experience, is such that he should reasonably anticipate careless or criminal conduct on the part of the third persons, either generally or at some particular time, he may be under a duty to take precautions against it, and to provide a reasonably sufficient number of servants to afford a reasonable protection. 2 Restatement of the Law (Second) of Torts Sec. 344 (1965).

En cuanto a la situación particular de los centros comer-ciales regionales se puede deducir que si éstos tienen cono-cimiento de que han ocurrido numerosos actos delictivos en el área bajo su dominio y control, o de que existen circuns-tancias que hagan que una persona prudente y razonable pueda anticipar la ocurrencia de tales actos, puede crearse el deber de proveer seguridad y precauciones razonables adecuadas para prevenir estos actos. La omisión de cum-plir con este deber podría crear responsabilidad por los da-ños que ocurran como consecuencia de dicha omisión. En otras palabras, la responsabilidad que genera esta omisión dependerá de la existencia de un deber de proveer ade-cuada seguridad. A su vez, ese deber depende de si por la naturaleza esencial de la actividad llevada a cabo en el centro comercial, éste viene obligado a ofrecer un grado de protección y seguridad independiente del que ofrecen las agencias de seguridad pública y de si el acto delictivo puede ser razonablemente anticipado. Este deber de ofre-cer protección y seguridad adecuada surgirá cuando el de-mandado tenga, o deba tener, conocimiento de la ocurren-cia de actos delictivos en el área del centro comercial o de circunstancias que hagan anticipable la ocurrencia de tales actos.

La clave para poder imponer responsabilidad por la omisión de proveer protección y seguridad adecuada, en cuanto a centros comerciales del tipo regional, es definir previsibilidad: ¿qué actos deben ser previsibles antes de que el deber de prever actos delictivos se estime que ha sido quebrantado? Se puede prever la ocurrencia de un acto delictivo virtual mente en cualquier lugar y momento. Si la previsibilidad per se creara un deber de ofrecer pro-tección policíaca para otros, cada tienda o almacén tendría que ser vigilado por el dueño. La cuestión no es simple-mente si un acto delictivo es previsible, mas si existe un deber de tomar medidas de protección. En última instan-cia, si existe o no este deber es una cuestión de equidad y justicia que requiere un balance de la relación entre las partes, la naturaleza de riesgo y el interés público en la solución propuesta. Goldberg v. Housing Authority, 186 A.2d 291 (1962). Requeriría extraordinaria visión prever que una persona en particular va a ser víctima de un acto delictivo en un momento y lugar determinado. Dentro de los extremos encontramos varios grados de previsibilidad, de entre los cuales los tribunales deberán seleccionar cuando tengan que delimitar la norma de cuidado razonable. La ocurrencia de actos delictivos previos no produce una responsabilidad automática por delitos subsi-guientes; más bien, el deber de prevenir actos delictivos obliga a tomar medidas razonables de precaución para evi-tar que ocurran delitos similares. Si aún con la fuerza po-licíaca del Estado la ola criminal nos arropa, no podemos ser irrazonables y pretender que manos privadas asuman la protección de los ciudadanos. Hay que establecer úrí balance sin llegar a lo absurdo.

En muchos casos se ha presentado evidencia de activi-dad criminal previa en el centro comercial o sus alrededo-res para demostrar que existía aviso previo de la probable ocurrencia de los actos criminales en cuestión. Los infor-mes de la policía, al igual que los récord del personal de seguridad, han sido un buen recurso para demostrar la ocurrencia de estos actos delicti vos. ()

En Morgan v. Bucks Assoc., 428 F. Supp. 546 (D. Pa. 1977), se responsabilizó al dueño de un centro comercial por los daños ocasionados al demandante por un tercero, como consecuencia de un asalto en el estacionamiento de dicho centro comercial. Al demostrar la ocurrencia de un gran número de hurtos de autos en el estacionamiento, el demandante evidenció la probabilidad y previsibilidad del asalto en cuestión. El tribunal consideró que estos actos criminales eran suficientes para determinar que el deman-dado conocía o debía conocer la probabilidad de futuros actos. Véanse, también: O’Brien v. Colonial Village, Inc., 255 N.E.2d 205 (1970); Cornpropst v. Sloan, 528 S.W.2d 188 (1975); Foster v. Winston-Salem Joint Venture, 281 S.E.2d 36 (1981); Gillot v. Washington Metro. Area Transit Authority, 507 F. Supp. 454 (D.C. 1981); Miles v. Flor-Line Associates, 442 So. 2d 584 (1983); Taylor v. Hocker, 428 N.E.2d 662 (1981); Bradenton Mall Associates v. Hill, 508 So. 2d 538 (1987); Galloway v. Bankers Trust Co., 420 N.W.2d 437 (1988); Willie v. American Cas. Co., 547 So. 2d 1075 (1989), entre otros. El hilo común entre la gran mayoría de estos casos es el factor "previsibilidad”. Para una discusión más detallada sobre el tema, véanse: R.L. Cherry, Jr., Liability of Business Property Owners for Injury to Customers in Parking Lots by Criminal Attacks from Third Parties, 13 Real Est. L.J. 141 (1984); T.J. Duff, The Tort Liability of Mall Owners for the Criminal Conduct of Third-Parties, 36 Drake L. Rev. 755 (1986-1987); M.J. Ye-lnosky, Business Inviter’s Duty to Protect Invitees from Criminal Acts, 134 U. Pa. L. Rev. 883 (1986); L.D. Kulwicki, A Landowner’s Duty to Guard Against Criminal Attack: Foreseeability and the Prior Similar Incidents Rule, 48 Ohio St. L.J. 247 (1987); F.E. Van Orsdel, Evidence of Prior General Criminal Activity at Mall Raised a Genuine Issue of Material Fact as to Whether Sexual Attack on Patron Was Reasonably Foreseeable, 39 Drake L. Rev. 225 (1989 — 1990).

De las doctrinas aplicables a situaciones similares a las del caso de autos, tanto en Puerto Rico como en la mayor parte de los estados, se puede colegir que para poder responsabilizar a un centro comercial regional por los actos delictivos de un tercero cometidos contra un cliente en sus predios, debe haber un quebrantamiento del deber de pro-veer adecuada y razonable vigilancia. Este deber se basa en la naturaleza de la actividad llevada a cabo en un centro comercial regional y en la previsibilidad de actos delictivos que depende, a su vez, del conocimiento de actos delictivos previos en el centro comercial o de circunstancias que hagan que una persona prudente y razonable pueda anticipar la ocurrencia de tales actos. El quebrantamiento de este deber dependerá de si las medidas tomadas fueron o no adecuadas. La adecuacidad de las medidas adoptadas a su vez dependerá, entre otras cosas, de: (1) la naturaleza del centro comercial y las actividades que allí se llevan a cabo; (2) la naturaleza de la actividad criminal que se esté registrando en el área del centro, y (3) si las medidas de seguridad que se adopten son razonables y van dirigidas a minimizar la posibilidad de que los patrocinadores del centro sufran daños causados por la actividad criminal intencional de terceros.

Ahora bien, el hecho de que ocurra un acto delictivo por parte de un tercero que cause daños no significa que automáticamente el centro comercial sea responsable. Tampoco el hecho de que ocurra un daño de esta natura-leza quiere decir que las medidas de seguridad adoptadas por el centro son inadecuadas. El centro comercial no puede garantizar una seguridad absoluta. La responsabili-dad no es automática ni absoluta; dependerá de los hechos y de la totalidad de las circunstancias de cada caso en particular.

V

La sentencia sumaria y la determinación de negligencia

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.RiA. Ap. III, establece que una sentencia sumaria procede si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiese, demostrasen que no hay controversia real sustancial en cuanto a hecho material alguno y que como cuestión de derecho procede dictar sentencia sumaria a favor de cualesquiera de las partes. “La sentencia sumaria es un remedio extraordinario que sólo debe ser concedido cuando el promovente ha establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de las alegaciones que no hayan sido refutadas por la evidencia presentada con la moción.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).

Sólo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes y determine que no es necesaria una vista evidenciaria. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. “[L]a parte que solicite que se dicte sentencia sumaria en un litigio está en la obligación de demostrar, fuera de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho pertinente que a la luz del derecho sustantivo aplicable determinaría una sentencia a su favor como cuestión de ley.” Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83, 86 (1987). De los documentos que acompañan la moción, si ésta es presentada por el demandado, deben surgir hechos específicos que establezcan la ausencia de responsabilidad del promovente. “Para que un demandado pueda promover exitosamente una sentencia sumaria tiene que establecer una teoría de hechos que definitivamente le dé la razón.” P.E. Ortiz Alvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 (Núm. 2) Forum 3, 6 (1987). Los casos en que se plantea si hay o no negligencia de ordinario no deben resolverse por la vía sumaria, a menos que el récord demuestre con meridiana claridad que no hay controversia germina sobre el hecho de la negligencia. Lasanta Piñero v. Retto, Inc., 100 D.P.R. 694, 698 (1972); Vda. de Viera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 503 (1966).

VI

Aplicación del Derecho a los hechos

Con este trasfondo, pasemos a analizar la corrección de la sentencia sumaria dictada por el foro de instancia.

Los hechos que el tribunal consideró que no estaban en controversia surgen de una deposición que se le tomó a la menor codemandante en un caso, sobre los mismos hechos, presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico. Estos hechos pueden resumirse de la siguiente manera: el 2 de diciembre de 1983, Z.D.V., de 16 años de edad, fue con una amiga a Plaza Carolina. Luego de hacer sus compras, como a las 8:30 de la noche, se dirigieron frente a J.C. Penney, donde dentro del esta-cionamiento se cogen las guaguas y carros públicos. Allí, en la acera frente a la tienda, se acercó un mozalbete, quien abrazó a Z.D.V. poniéndole un puñal en el cuello. Así, las obligó a caminar desde esa acera, a cruzar dos avenidas fuera del centro comercial y a dirigirse a un pastizal. Esta caminata duró como media hora. Al llegar al pastizal, el asaltante cometió actos impúdicos con ambas niñas, dán-dose a la fuga posteriormente.

Con su moción de sentencia sumaria la parte deman-dada simplemente acompañó dos (2) sentencias de casos previamente resueltos por el Tribunal Superior entre otras partes.() La parte demandante, a su vez, presentó oposición acompañándola con estadísticas generales de la Policía del Area de Carolina y recortes de periódicos sobre crímenes en el área. Con una moción de reconsideración a la sentencia sumaria, la parte demandante presentó el contrato entre la codemandada Plaza Carolina Security Corporation y Wackenhut Corporation. Hemos examinado con detenimiento toda la prueba documental que tuvo ante sí el tribunal y concluimos que éste no contó con la prueba necesaria para poder determinar que el derecho le favore-cía a la parte demandada. Los documentos que tuvo ante sí el foro de instancia no eran suficientes para resolver que no existía responsabilidad alguna de parte de la demandada. En fin, el demandado no presentó prueba do-cumental suficiente para avalar su teoría de ausencia de responsabilidad. Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, supra, págs. 283-284.()

Cabe señalar que, independientemente del hecho de que Plaza Carolina ofrecía algún tipo de seguridad a sus clien-tes, esto per se no la exime de responsabilidad. El tribunal tenía que evaluar si esta seguridad era adecuada y razonable.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia revo-cando la emitida por el Tribunal Superior, Sala de Carolina, y devolviendo el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Her-nández Denton no intervino.

— O —

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

La opinión mayoritaria expone, con carácter limitante, que un centro comercial regional (shopping center) es susceptible dé ser responsabilizado por los daños causados a sus patrocinadores y visitantes debido a actos delictivos de un tercero y que, por ende, no procedía la sentencia suma-ria a favor de los demandados Centro Comercial Plaza Carolina et ais.

Disentimos, no obstante, de la norma de responsabili-dad que restringe el deber de proveer medidas de seguri-dad y protección adicionales a las del Estado, únicamente a los centros comerciales regionales, a base del criterio del tamaño. Nos explicamos.

hH

En Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 D.P.R. 852, 856 (1980), si bien reiteramos la regla general de que los comerciantes no son responsables de “la irrupción del crimen ... en sus negocios”, reconocimos “otras situaciones en las que recae sobre el demandado una responsabilidad especial por la protección del demandante, o en las que una tentación u oportunidad especial de conducta criminal propiciadas por el demandado, le imponen la obligación de tomar precauciones contra ellas. La responsabilidad por protección puede surgir de un contrato mediante el cual el demandado se ha obligado a proveerla; o puede fundarse en alguna relación entre las partes, como porteador y pasajero, hotelero y huésped, invitante y visitante en negocios, escuela y discípulo, patrono y empleado, arrendador y arrendatario .... En todas estas situaciones, sin embargo, habrá responsabilidad sólo si el demandado es negligente en no tomar precauciones contra el posible criminal; esto es, si el riesgo previsible es de dimensión irrazonable comparado con el peso de tomarlas”. (Enfasis suplido.) Id., pág. 858 esc. 6.

Sabido es que la persona o empresa que mantiene un establecimiento abierto al público para llevar a cabo ope-raciones comerciales para su propio beneficio tiene el de-ber, dentro de lo razonable, de mantenerlo en condiciones de seguridad para quienes lo patrocinan. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.RR. 94, 104 (1986). A su amparo hemos impuesto responsabilidad en situaciones que implican condiciones peligrosas existentes dentro de los es-tablecimientos, conocidas por los propietarios o cuyo cono-cimiento les era imputable. Cotto v. C. M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 (1985), y casos allí citados.

HH I — I

Si en Puerto Rico hemos de configurar una obligación de proveer medidas de seguridad y protección razonables —independientes de las del Estado— en las áreas de esta-cionamiento, () ha de ser como una extensión lógica y natural del deber aludido de todo operador de un estableci-miento comercial el mantenerlo en condiciones de seguridad, y no a base del criterio de “naturaleza esencial”, el cual, al decir mayoritario, responde sólo al tamaño de los centros comerciales regionales “por la variedad de activi-dades que allí se llevan a cabo y el cúmulo de servicios que se ofrecen, o sea, por su naturaleza esencial ...”. (Enfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 791.

Finalmente, reiteramos que los operadores de estableci-mientos o centros comerciales no son garantes absolutos de la seguridad de sus clientes. Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956). Las medidas de cuidado que han de ser desplegadas deben ser sólo razonables, lo cual implica que la obligación ha de concebirse en términos de exigencias mínimas a tono con las realidades y experiencias comerciales específicas. L.D. Kulwicki, A Landowner’s Duty to Guard Against Criminal Attack: Foreeability and the Prior Similar Incidents Rule, 48 Ohio St. L.J. 246, 270 (1987).

      (1) Para proteger la privacidad de las víctimas, estamos utilizando iniciales para identificarlas.

      (2) Estas decisiones se acompañaron aparentemente con carácter persuasivo.

      (3) Los Delitos Tipo I incluyen: asesinato, homicidio, violación, robo, agresión agravada, escalamiento, apropiación ilegal y hurto de auto.

      (4) Estas dos (2) corporaciones ofrecían el servicio de seguridad a Plaza Carolina.

      (5) Los centros comerciales en Puerto Rico, Estudio de la Secretaría Auxiliar de Economía y Planificación del Departamento de Comercio, Parte II, pág. 3.

      (6) De la definición de centro comercial se excluyen las plazas de mercado, los distintos centros comerciales tradicionales y las tiendas por departamento. Compen-dio de estadísticas sobre centros comerciales en Puerto Rico del Departamento de Comercio, junio 1979.

      (7) No hemos podido localizar estadísticas más recientes.

      (8) Los centros comerciales en Puerto Rico, op. cit, pág. 13.

      (9) W.J. Prosser, The Law of Torts, 4ta ed., Minnesota, West Publishing Co., 1971, págs. 173-174.

      (10) En P. Ricancars, Inc. v. Plaza Las Américas, 121 D.P.R. 238 (1988), un caso en que denegamos una solicitud de revisión de una sentencia declarando sin lugar una demanda sobre daños y perjuicios, por insuficiencia de prueba de negligencia y causalidad por un robo de un auto en el estacionamiento de Plaza Las Américas, el Juez Asociado Señor Rebollo López expresó, en una opinión concurrente, lo siguiente:
      “A diario leemos noticias e informes a los efectos de que en el estacionamiento de Plaza Las Américas, y otros estacionamientos similares, se cometen un considerable número de delitos contra la propiedad y la persona.
      “De ello ser así —no tenemos razón alguna para dudar de las estadísticas de la Policía de Puerto Rico a esos efectos— surge la interrogante de si esas medidas de seguridad que tienen en vigor dichos centros comerciales son o no suficientes y ra-zonables para proteger la vida y propiedad de sus clientes. Después de todo debe recordarse que los mismos gastan en dichos centros grandes cantidades de dinero, lo que a su vez le produce a los operadores, y dueños de establecimientos de dichos centros comerciales, cuantiosas ganancias.
      “No creemos resulte irrazonable, en su consecuencia, que se le exija a los dueños de los referidos centros comerciales que tomen las medidas necesarias para garanti-zar al máximo la vida y propiedad de los clientes que patrocinan los mismos. En otras palabras, no basta con demostrar que se tienen medidas de seguridad; las mismas deben ser suficientes y razonables a la luz de la incidencia criminal existente en dichos centros. Debe mantenerse presente que la ‘culpa o negligencia es la falta del debido cuidado, que a la vez consiste esencialmente en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias’. Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962).” (Énfasis en el original suprimido y escolio omitido.) P. Ricancars, Inc. v. Plaza Las Américas, supra, pág. 243.

      (11) Véanse: Atamian v. Supermarkets General Corp., 369 A.2d 38 (N.J. 1976); Williams v. Carolina Power & Light Co., 250 S.E.2d 255 (1979); Reichenbach v. Days Inn of America, Inc., 401 So. 2d 1366 (1981); Foster v. Winston-Salem Joint Venture, 281 S.E.2d 36 (1981); Brown v. J.C. Penney Co., 688 P.2d 811 (Or. 1984); Martinko v. H-N-W Associates, 393 N.W.2d 320 (1986).

      (12) Cabe señalar que ninguno de estos casos se refería a la responsabilidad de un centro comercial regional por los actos delictivos cometidos por un tercero.

      (13) Un elemento esencial de este tipo de acción es la existencia o ausencia de conocimiento del demandado de la ocurrencia de los actos delictivos previos en el área del centro comercial, o el conocimiento de la existencia de circunstancias que hicieran previsibles estos actos. La parte demandante alegó en su demanda este conocimiento. En la contestación de la demanda, los demandados lo negaron. En un interrogatorio los demandantes solicitaron de la parte demandada que indicaran todos los actos de agresión y actos delictivos que habían ocurrido en Plaza Carolina desde 1979 hasta ese momento, o sea hasta junio de 1984. La parte demandada contestó que esta información era irrelevante, que el término era excesivamente amplio y que la pregunta imponía una tarea onerosa y costosa. Ante la objeción por la demandante a esta contestación, el tribunal determinó que la pregunta era material y relevante y ordenó a las partes reunirse para llegar a un acuerdo razonable. De los documentos que obran en autos no se desprende que las partes se reunieran para dilucidar lo ordenado por el tribunal. Tampoco surge que esta información le fuese suministrada a la parte demandante ni que esta parte hiciera otras gestiones para obtenerla.

      (1) El estacionamiento, sus aceras y áreas aledañas presentan un riesgo especial por las oportunidades que ofrecen para el crimen, ya que los clientes usualmente llevan consigo dinero o mercancía recién adquirida. M.J. Yelnoski, Business Inviters’ Duty to Protect Invitees from Criminal Acts, 134 U Pa. L. Rev. 883, 886 (1986).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García

license: Public Domain

text:
    General Electric Credit & Leasing Corporation of Puerto Rico, demandante y recurrida, v. Southern Transport & Oil Distributing Corporation, Mario O. García Quintero, Anunciata Incera de García, Esteban Nazario y Julita Castillo de Nazario, demandados y recurrentes.

      Números: RE-88-404
    RE-88-402

      Resueltos: 22 de febrero de 1993

      Luis Roberto Santos, de Santos y Báez, y José M. Biaggi Jun-quera, abogados de los demandados y recurrentes; Sheila I. Morales Fournier y Carlos M. Rivera Vicente, de Cando, Nadal y Rivera, abogados de la demandante y recurrida.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El 22 de abril de 1981, la General Electric Credit & Leasing Corporation of Puerto Rico (General Electric) otorgó un préstamo a la Southern Transport & Oil Distributing Corp. (Southern Transport) por la cantidad de ochenta mil ciento treinta y seis dólares con cincuenta centavos ($80,136.50), más los intereses correspondientes en conformidad con los términos y las condiciones del pagaré suscrito a favor de General Electric en esa misma fecha. Dicho préstamo fue obtenido por la Southern Transport con el propósito de cubrir el pago del balance del precio de compraventa de seis (6) camiones de arrastre adeudado al señor Esteban Nazario (Nazario). Para asegurar el pago de dicho préstamo, la Southern Transport constituyó hipoteca a favor de General Electric sobre nueve (9) camiones de su propiedad. Simultáneamente, Nazario y su esposa, la Sra. Julita Castillo de Nazario, y el Sr. Mario García Quintero (García) junto con su esposa, la Sra. Anunciata Incera de García, firmaron sendos documentos de fianza (Guaranty) en los que garantizaban personalmente el pago de la deuda a General Electric.!) Ambos documentos disponían del modo siguiente:

... [T]o acquire a Chattel Mortgage dated April 22, 1981 with Southern Transport Oil Distributing Corp. and for other good and valuable consideration, the undersigned guarantee to you the regular and prompt payment and performance of any sum or sums of money and all obligations of the Mortgagor in accordance with, under and pursuant to the Chattel Mortgage.
Notice of acceptance of this Guaranty and of any default by Mortgagor is hereby waived. Presentment, protest, and demand, and dishonor are hereby waived. The extension of the time of payment, or the renewal, or the extension of the time of performance, or any other indulgence granted to Mortgagor and or any primary or secondary obligors and all settlements, com promises, compositions, accounts stated and agreed balances made in good faith between any primary and secondary obligors and of the Mortgagor shall be binding upon the undersigned. This Guaranty is a continuing one and shall remain in full force and in effect until the aforesaid obligations of Mortgagor under the Chattel Mortgage have been completely satisfied and discharged by payment or performance or both. This Guaranty shall not be impaired in any way by the dissolution, discontinuance of business, liquidation, merger or sale of the Mortgagor. Undersigned waive exercise of possessors, foreclosure or other remedies by you against Mortgagor.
This Guaranty shall bind the undersigned’s administrators, representatives, executors and assigns, and the benefits thereof shall extend to and include yours successors and assigns.
In Witness Theheof, This Guaranty is executed the day and year above written. (Énfasis suplido.) Petición de revisión, Apéndice, pág. 45.

Aunque García otorgó el pagaré hipotecario en su carác-ter de Presidente de Southern Transport, la fianza fue otor-gada en su carácter personal.

Como consecuencia de la falta de pago del principal, el cual se había reducido a la cantidad de $61,787.28, más los intereses devengados, la General Electric instó una acción en cobro de dinero ante la Sala de Mayagüez del Tribunal Superior de Puerto Rico. Para asegurar la efectividad de la sentencia que finalmente pudiera recaer a su favor, la General Electric procedió a embargar cuatro (4) de los camio-nes hipotecados.

La Southern Transport se acogió a la protección del Tribunal de Quiebras bajo el Capítulo 7 del Código de Quiebra federal. La General Electric y el síndico nombrado por el Tribunal de Quiebras acordaron la cesión a la primera de los cuatro (4) camiones embargados. La correspondiente estipulación aprobada por el tribunal de instancia, en sus párrafos quinto y sexto, disponía lo siquiente:

5. Que la parte demandante y la Southern Transport & Oil Distributing Corporation han llegado a un acuerdo mediante el cual la codemandada Southern Transport & Oil Distributing Corporation traspasa el título legal de los camiones arriba men-donados a favor de la parte demandante para que ésta pueda proceder a la venta de los mismos y reducir así la cantidad que se obtenga en la venta del monto total de la deuda que aquí se reclama. A cambio del traspaso del título legal de esta propie-dad mueble la parte aquí compareciente renuncia con perjuicio la reclamación que ha instado en el presente caso en contra de Southern Transport & Oil Distributing Corporation.
6. La parte demandante, sin embargo, no renuncia al derecho que tiene a continuar esta acción para lograr el pago total de la deuda en contra de los demás co-demandados solidarios: Mario O. García Quintero, Anunciata Incero [sic] de García, Esteban Nazario y Julita Nazario, todos garantizadores personales de la deuda por la cual aquí se reclama. La parte demandante expre-samente se reserva el derecho de continuar su causa de acción en contra de los demás co-demandados antes mencionados hasta lograr el pago total de la deuda reclamada más los gastos e intereses que dispone la ley y que surgen de los documentos de garantía y pagaré emitidos por los demandados. En otras palabras, y para dejar expresamente clara la intención de la parte demandante en este acuerdo, la parte demandante habrá de continuar su acción de cobro de dinero en contra de los de-más codemandados y no debe entenderse bajo ninguna circuns-tancia que los acuerdos llegados en esta estipulación en sentido alguno implican renuncia de derecho alguno de la parte deman-dante contra los demás co-deudores. Petición de revisión, Apén-dice, págs. 19-20.

Los codemandados, esposos Nazario-Castillo y esposos García-Incera, no fueron partes en esta estipulación ni en las negociaciones conducentes a la misma. Tanto la estipu-lación como la orden dictada por el tribunal en la que se aprobó la misma fueron notificadas a todas las partes, in-cluyendo a dichos esposos codemandados, por conducto de sus respectivos abogados.

La General Electric vendió ios cuatro (4) camiones ob-jeto de la estipulación, a Guaraguao Truck Sales, Inc., por el precio total de $22,000. La General Electric procedió a abonar dicha suma a la deuda reclamada en su demanda y continuó su causa de acción en contra de los esposos Naza-rio-Castillo y García-Incera para recobrar el balance de tal deuda.

Habiendo fallado el tribunal en contra de dichos code-mandados, nos han solicitado éstos, por separado, la revi-sión de la sentencia dictada. Hemos consolidado ambos re-cursos a los fines de la consideración de los mismos.

A solicitud de los codemandados, revisamos.

HH

En síntesis, aducen los demandados recurrentes que, como resultado de la transacción efectuada entre acreedor —General Electric— y deudor original —Southern Transport— se extinguió la obligación accesoria suscrita por ellos mediante el contrato de garantía. Alegan, además, que está presente en este caso la figura de la dación en pago o datio in solutum, por lo que tuvo lugar la novación extintiva de la obligación principal.

Como punto de partida, es imprescindible explicar la naturaleza de la obligación contractual que vincula a los demandados recurrentes con los hechos en controversia. Se trata del contrato de fianza al cual hicimos referencia anteriormente. Los contratos de garantía o afirmación de derechos son aquellos que “tienen por fin asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones principales o afirmar y esclarecer derechos que hayan sido controvertidos”. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 11ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1981, T. 4, págs. 742-743. Entre ellos se encuentra el contrato de fianza. Nuestro Código Civil la define, en su Art. 1721, del modo siguiente: “Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” 31 L.P.R.A. see. 4871. La citada definición comprende claramente las características distintivas de este contrato. Al comentar sobre el Art. 1.822 del Código español —del que proviene el nuestro— Castán las enumera y explica de la forma siguiente:

1. La accesoriedad de la obligación, ya que, como los demás contratos de garantía, el de fianza no puede concebirse sino con-dicionado por la existencia de una obligación principal (senten-cia de 25 de febrero de 1958). De aquí que sea necesario: pri-mero, que la obligación principal exista, y segundo, que sea válida.
2. La subsidiariedad, 'por virtud de la cual el fiador sólo se obliga para el caso en que el deudor principal no cumpla su obligación. Es consecuencia de esta nota de la fianza el benefi-cio de excusión del fiador.... (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Castán Tobeñas, op. cit., pág. 747.

La vida de la fianza, por lo tanto, depende y está condicionada totalmente a que exista una obligación principal. Inválida o desaparecida dicha obligación principal, la obligación del fiador no puede subsistir. Consecuencia de tal carácter accesorio es que la fianza no puede tener objeto distinto ni más extenso que el de la obligación principal. El fiador puede obligarse a menos, pero no a más, que el obligado principalmente, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Art. 1725 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4875; Comentarios del Código Civil, Madrid, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 1991.

Debemos puntualizar, sin embargo, que las característi-cas mencionadas corresponden a la figura de la fianza simple, ya que en el caso de la fianza solidaria, ésta se regirá por las disposiciones del Código Civil concernientes a las obligaciones de ese tipo. Véase Art. 1721 (31 L.P.R.A. see. 4871).()

Es necesario, especialmente en las circunstancias del presente caso, referirnos a los efectos que tiene sobre el contrato de fianza la figura de la transacción. Sobre este particular, el Art. 1734 de nuestro Código Civil establece:

La transacción hecha por el fiador con el acreedor no surte efecto para con el deudor principal.
La hecha por éste tampoco surte efecto para el fiador, contra su voluntad. (Enfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 4896.

La transacción es un contrato mediante el cual las partes, por medio de concesiones recíprocas, ponen término a un litigio ya comenzado o por comenzar. Los elementos esenciales de este contrato son: (a) una relación jurídica litigiosa, controvertida; (b) la intención de los contratantes de componer el litigio (eliminar la controversia), y (c) las recíprocas concesiones de las partes (aliquid datum, aliquid retentum). F.J. Peláez, La Transacción: Su Eficacia Procesal, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, pág. 11. Existen distintas teorías sobre la naturaleza del contrato de transacción. Un gran sector de la doctrina apoya la naturaleza declarativa del contrato, por razón de que opinan que la transacción reconoce o declara que, de los derechos en controversia, tales pertenecen a una parte y tales a otra. Otro sector doctrinal apoya la naturaleza traslativa de dicho contrato, ya que sostienen que transmite a cada parte los derechos que se le adjudican. M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil Español, 3ra ed., Barcelona, 1984, T. II, pág. 524; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. II. Los tratadistas suelen, además, clasificar la transacción como pura o compleja. La transacción pura será aquella que no atribuye derechos nuevos, sino que solamente produce el reconocimiento de derechos que ya pertenecían a las partes. La compleja, por otro lado, será aquella en que, además de los recíprocos reconocimientos de derechos, hay atribución de nuevos derechos. Ejemplo de esto es si una de las partes renuncia a su derecho en la cosa en contro-versia, cediéndola a la otra, mediando una compensación pecuniaria. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, Vol. III. Véase, además, García v. The Commonwealth Ins. Co., supra, pág. 389. En la medida en que por la transacción surja una obligación distinta a la preexistente o se extinga la misma, se extinguirá el derecho accesorio de fianza. So-bre el mencionado efecto, expresan Diez-Picazo y Gullón:

Por regla general puede decirse que de la misma forma que una sentencia no afecta por principio a terceros que no han litigado, tampoco la transacción les es oponible ni puede perjudicar sus derechos. Los terceros pueden legítimamente considerar que mediante ella las partes han creado entre sí una nueva relación jurídica. Diez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 522.

De lo anteriormente expuesto surge necesariamente la conclusión de que, siendo la transacción entre acreedor y deudor de carácter compleja —creadora de nuevos derechos u obligaciones— resulta imposible que subsista la obligación accesoria de la fianza sin el consentimiento del fiador. Lo dicho es un resultado lógico, por cuanto, si desaparece la obligación que vincula al acreedor con el deudor, surge a la vida una obligación nueva a la que no estaba vinculado el fiador. Sólo podrá hacerse parte dicho fiador de la nueva relación obligatoria si presta su consentimiento expresamente. Tal es el carácter del consentimiento, pues la obligación que nace a la vida no tiene nada que ver con la fianza. Esta última se extinguió en el momento en que dejó de existir la obligación que la generaba. Se constituirá una nueva obligación bilateral o recíproca en virtud del consentimiento y voluntad de las partes.

Por otra parte, las concesiones efectuadas como parte del contrato de transacción —en su modalidad compleja— pueden ser diversas y, dentro de ellas, cabe ubicar la figura de la dación en pago. Se define la datio in solutum como el acto por el cual el deudor realiza, a título de pago, una prestación distinta a la que adeudaba al acreedor, con-sintiendo este último en recibirla en sustitución a la debida. L. Pascual Estevill, El Pago, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 282. Son requisitos de la dación en pago: (1) una obligación preexistente que se quiere extinguir; (2) un acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor en el sen-tido de considerar extinguida la antigua obligación a cam-bio de la nueva prestación, y (3) una prestación realizada con intención de efectuar un pago total y definitivo. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. I, Vol. 2. Sobre la relación de esta figura con el contrato accesorio de fianza, nuestro Código Civil, en su Art. 1748, dispone:

Si el acreedor acepta voluntariamente un inmueble u otros cualesquiera efectos en pago de la deuda, aunque después los pierda por evicción, queda libre el fiador. (Enfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 4953.

Una vez efectuada la dación en pago, inexistente ya la obligación del deudor hacia el acreedor, la obligación accesoria queda extinguida. “La ejecución de la nueva prestación convenida implica la extinción de la obligación preexistente .... Por extinguirse totalmente la obligación primitiva, desaparecen igualmente sus derechos accesorios. El Código, como ya hemos visto, dispone expresamente que se extingue la fianza aunque después el acreedor pierda por evicción la cosa recibida (art. 1.849).” Puig Brutau, op. cit., pág. 357. Recientemente, este Tribunal expresó el efecto de la dación en pago sobre la obligación accesoria de la hipoteca. Sostuvimos lo siguiente:

A pesar de los serios debates que ha suscitado esta figura, existe un virtual consenso de que su principal efecto consiste en la extinción de la obligación originaria y que, en consecuencia, también desaparecen totalmente sus derechos accesorios y garantías. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 346 (1990).

I — I HH

Es innegable que nos enfrentamos, en este caso, al contrato de fianza simple. Nos sorprende la alegación de los demandantes recurridos y la conclusión del Tribunal de Instancia en el sentido de que la fianza suscrita entre Southern Transport y los codemandados recurrentes es de carácter solidaria. No existe en autos documento alguno en el que conste una expresión clara en ese sentido. Para que exista la solidaridad entre deudor y fiador es compulsorio que así se pacte expresamente. De lo contrario, es imposible que dicha solidaridad pueda ser presumida. Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3101.

Tratándose de la figura de la fianza simple, son aplica-bles las disposiciones del Código Civil reguladoras de dicho contrato. De especial importancia en el caso de autos son las características principales de accesoriedad y subsidiariedad.

Con el fin de determinar si la obligación de Southern Transport hacia General Electric efectivamente se extin-guió, debemos examinar los acuerdos tomados por dichas partes. Mencionamos anteriormente el hecho de que General Electric y el síndico nombrado por el Tribunal de Quie-bras acordaron una transacción que fue aprobada por el Tribunal de Instancia. Reproduzcamos, en lo pertinente, la Cláusula Núm. 5 —citada anteriormente— de la estipula-ción, en la que se recogió dicha transacción con el fin de determinar si se extinguió o no la obligación:

A cambio del traspaso del título legal de esta propiedad mueble la parte aquí compareciente renuncia con perjuicio la reclama-ción que ha instado en el presente caso en contra de Southern Transport & Oil Distributing Corporation. (Enfasis suplido.) Petición de revisión, supra, págs. 19-20.

El lenguaje de dicha cláusula no deja lugar a dudas res-pecto a la intención del acreedor de liberar al deudor de la obligación que existía entre ellos. Mediante la transacción efectuada —consistente en la entrega de los camiones so-bre los que pesaba un embargo preventivo— el acreedor liberó al deudor de la obligación existente. La nueva pres-tación dio lugar a que el acreedor desistiera de su reclama-ción en contra del deudor original. En esta situación, de ordinario, la fianza pierde toda su eficacia jurídica pues deja de existir la obligación principal en garantía de la cual se constituyó la fianza accesoria, a menos que el fiador haya manifestado su conformidad a la transacción. Así se desprende del citado Art. 1734 de nuestro Código Civil, el cual, según hemos visto, dispone que la transacción hecha por el deudor principal con el acreedor “no surte efecto para el fiador, contra su voluntad”. (Enfasis suplido.)

Precisamente eso fue lo que ocurrió en el presente caso. Los codemandados, al inducir a la parte demandante a otorgar el préstamo garantizado por la fianza, expresamente se obligaron a cumplir con “todas las transacciones (,settlements), componendas (compromises), arreglos (compositions) ... hechas de buena fe entre cualquier acreedor primario o secundario (any primary and secondary obligors) y el deudor hipotecante”. Al manifestar expresamente que tales transacciones, componendas y arreglos serían obligatorias para los garantizadores (shall be binding upon the undersigned), éstos prestaron su conformidad a la transacción habida en este caso autorizando de antemano a la acreedora demandante y al deudor fiado por ellos a entrar en transacciones, componendas y arreglos, obligándose a cumplir con los mismos sin más condiciones que la de la buena fe.

Es un principio fundamental de nuestro ordenamiento civil el de la autonomía en la contratación. Las partes con-tratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condi-ciones que estimen convenientes al llevar a cabo sus nego-cios, siempre que los mismos no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372; Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 87 D.P.R. 775 (1963); Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149 (1976); Tastee Freez v. Negdo. Seg. Empleo, 108 D.P.R. 495 (1979). Los acuerdos tomados por la demandante y los codemandados en el contrato de fianza suscrito por ellos obligan absolutamente a ambas partes, toda vez que dichos pactos no contravienen en forma alguna a las leyes, a la moral ni al orden público.

Según surge de la Cláusula Núm. 6 de la estipulación transaccional entre la demandante y el síndico de Southern Transport, la primera se reservó el derecho de continuar su causa de acción en contra de los codemanda-dos recurrentes por el balance de la deuda una vez dedu-cida de la misma el producto neto de la venta de los camiones. La obligación de los codemandados de satisfacer el referido balance subsiste a pesar de la transacción entre acreedor y deudor original, por razón de que dicha transac-ción se efectuó con el consentimiento de los recurrentes.

Por los motivos expuestos anteriormente, se confirmará la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

      (1) Surge de los autos que todos estos garantizadores eran accionistas de Southern Transport.

      (2) No entraremos en la discusión de la obligación del fiador solidario en casos como el presente. Somos conscientes de que este Tribunal se expresó sobre el tema en el caso García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380 (1987), en el que se resolvió que la fianza judicial —de tipo solidaria— es una obligación accesoria que desaparece una vez lo hace la obligación principal. Tampoco entraremos a evaluar la corrección o no de dicho resultado. Nos expresaremos exclusivamente sobre la obli-gación del fiador en casos de fianza simple y sobre otros aspectos sobre los cuales debemos emitir nuestro juicio.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Honorable Héctor Luis Acevedo, en su capacidad como Alcalde de San Juan, demandante y recurrido, v. Asamblea Municipal del Municipio de San Juan et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-92-188

      Resuelto: 26 de febrero de 1993

      Héctor Urgell Cuebas, abogado de los recurrentes; María B. Maldonado Malfregeot, de Lasa, Escalera & Reichard, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos la interrogante de si la enmienda sufrida por la Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), mediante la Ley Núm. 143 de 18 de julio de 1986, es o no aplicable a los municipios —y los alcal-des— de Puerto Rico; esto es, si dichas instrumentalidades municipales y sus funcionarios deben radicar, al acudir en revisión ante este Tribunal de una sentencia final dictada por el Tribunal Superior, el correspondiente recurso de re-visión en el término de treinta (30) días, o, por el contrario, tienen para ello el término de sesenta (60) días.

I — i

La Asamblea Municipal de San Juan aprobó, el día 26 de junio de 1991, la Ordenanza Municipal Núm. 52 me-diante la cual se disponía para el presupuesto del Munici-pio de San Juan. El 3 de julio de 1991, el Alcalde de la Ciudad Capital, Hon. Héctor Luis Acevedo, notificó a la Asamblea Municipal sus objeciones a la citada Ordenanza Núm. 52, según ello dispone el Art. 6.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico de 1980 (21 L.P.R.A. ant. see. 3152). El Primer Ejecutivo Municipal objetó, en espe-cífico, las secciones tercera, sexta, novena, décima y undé-cima de la mencionada Ordenanza Núm. 52. El día 10 de julio de 1991, la Asamblea Municipal de San Juan, con el voto afirmativo de más de dos terceras partes de sus miem-bros, desestimó las objeciones del Alcalde y ratificó la refe-rida Ordenanza.

Inconforme con la determinación de la Asamblea Municipal, el Alcalde Acevedo radicó un recurso, sobre injunction permanente y sentencia declaratoria, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. En el mismo cuestionó la validez de las secciones de la Ordenanza Núm. 52 que él había objetado. Mediante sentencia de fecha 20 de febrero de 1992, notificada la misma el día 3 de marzo de 1992, el tribunal de instancia determinó la invalidez de las secciones sexta y novena de la referida Ordenanza Núm. 52, decretando la validez de las restantes.

No conforme con la sentencia emitida, la Asamblea Municipal de San Juan radicó, el día 4 de mayo de 1992, el correspondiente recurso de revisión ante este Tribunal. Esto es, el recurso fue radicado a los sesenta (60) días de haberse notificado, y archivado en autos, la sentencia emi-tida por el tribunal de instancia.

Le concedimos un término simultáneo de quince (15) días a las partes para que expusieran su posición respecto a si la enmienda sufrida por la referida Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil es o no aplicable a los municipios. Am-bas partes han comparecido ante el Tribunal en cumpli-miento de la orden a esos efectos emitida. El demandante recurrido, Héctor Luis Acevedo, sostiene que dicha en-mienda no es aplicable, razón por la cual sostiene que pro-cede que se deniegue el recurso radicado por falta de jurisdicción. La recurrente Asamblea Municipal, natural-mente, sostiene la posición contraria. Resolvemos.

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Antes de la vigencia de la citada Ley Núm. 143, la Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil, ante, disponía que:

(b) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la secretaría del Tribunal Supremo dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior. La secretaría del Tribunal Supremo remitirá copia de dicha so-licitud a la secretaría de la sala del Tribunal Superior que dictó la sentencia objeto del recurso. (Enfasis suplido.)

Luego de aprobada la mencionada Ley Núm. 143, la re-ferida Regla 53.1(b) establece que:

(b) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la secretaría del Tribunal Supremo dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior. En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública y los municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el recurso de revisión se formalizará, por cualquier parte, presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal Supremo dentro de los sesenta (60) días siguientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la senten-cia dictada por el Tribunal Superior. La secretaría del Tribunal Supremo remitirá copia de dicha solicitud a la secretaría de la Sala del Tribunal Superior que dictó la sentencia objeto del recurso. (Enfasis suplido.)

beneficia, o aplica, la enmienda efectuada a los muni-cipios de Puerto Rico? La interrogante, somos los primeros en aceptar, no es de sencilla solución. Ello, principalmente, en vista del lenguaje, un tanto ambiguo, utilizado por el legislador al realizar la enmienda; en específico, la utiliza-ción de la frase “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública Regla 53.1(b) de Proce-dimiento Civil, ante.

Conforme disponía la hoy derogada Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico de 1980, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, el municipio era

... una entidad política y jurídica ... que incluye los habitan-tes residentes dentro de sus límites territoriales, con plenas facultades legislativas y administrativas en todo asunto que fuere de naturaleza municipal, con sucesión perpetua, existen-cia y personalidad legal separada e independiente del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico .... (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. ant. see. 2051.()

Por su parte, la vigente Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1990, Ley Núm. 81 de 20 de agosto de 1991, establece que el munici-pio

... es la entidad jurídica del gobierno local, subordinada a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus leyes, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de asuntos, problemas y nece-sidades colectivas de los habitantes del mismo.
Cada municipio tiene capacidad legal independiente y sepa-rada del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con sucesión perpetua y capacidad legislativa, administrativa y final en todo asunto de naturaleza municipal. (Enfasis suplido.)!)

Debe señalarse, en adición, que ambas leyes le conceden a los municipios de Puerto Rico capacidad para “[d]emandar y ser demandado, denunciar, querellarse y de-fenderse en cualquier tribunal de justicia y organismo administrativo”. 21 L.P.R.A. sec. 4051(b).()

Interpretando las anteriores disposiciones legales, este Tribunal ha expresado, en síntesis y en lo pertinente, que los municipios son entidades jurídicas y políticas creadas por la Asamblea Legislativa al amparo del poder que le concede la Sec. 1 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1; Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990);() esto es, un “ente mediante el cual el Estado puede atender de manera más efectiva ‘el bienestar social y económico de un conglomerado vecinal específico, de acuerdo con sus necesidades y urgencias en particular’ ”, Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692 (1988); y que desde “un punto de vista histórico ... han existido como entidades autónomas del Estado con el propósito de posibilitar la efectiva realización de sus fines político-administrativos”. (Enfasis suplido.) Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193, 198 (1983).

Constituyendo un municipio una entidad político-jurídica autónoma del Estado; con capacidad legal independiente y separada del Gobierno de Puerto Rico, con sucesión perpetua y capacidad legislativa y administrativa y final en todo asunto de naturaleza municipal; y con capacidad para demandar y ser demandado, querellarse y defenderse en cualquier tribunal de justicia, parece claro que la contestación a la interrogante ante nuestra consideración debe ser en la negativa. Esto es, que la enmienda sufrida por la citada Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil no es de aplicación, ni beneficia, a los municipios y a sus funcionarios. Ello, llana y sencillamente, por cuanto dicha enmienda sólo aplica al “Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades” (Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil, ante), y los municipios no cualifican como tal. En abono a dicha conclusión, procede señalar el hecho de que las Reglas de Procedimiento Civil, al regular la forma y manera del emplazamiento, establecen una diferencia entre los municipios, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los funcionarios y las instrumentalidades de éste.() Por otro lado —y aun cuando las Opiniones que emite el Secretario de Justicia de Puerto Rico no son obligatorias para los tribunales de Puerto Rico, Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1, 20 (1987)— resulta igualmente procedente señalar que el re-ferido Secretario reiteradamente ha opinado que cuando el legislador ha querido incluir a los municipios en los térmi-nos de una ley, la práctica general ha sido de que lo ha hecho en forma expresa. A esos efectos, véanse: Ops. See. Just. Núms. 1962-5, 1979-10, 1979-12, y 1989-1.

El historial legislativo de la ley que enmendó la citada Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil confirma la determi-nación a la que llegamos, esto es, que la terminología en que fue concebida, y quedara plasmada, la enmienda que sufriera la referida disposición reglamentaria no aplica a los municipios. En la exposición de motivos de la citada Ley Núm. 143 se expresó:

Bajo nuestro ordenamiento jurídico el Estado Libre Asociado, sus funcionarios o instrumentalidades son representados, en la mayor parte de los casos, por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia. En aquellos casos en que el Es-tado Libre Asociado, sus funcionarios o instrumentalidades presentan un recurso de apelación, revisión, certiorari o certi-ficación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico generalmente son representandos por la Oficina del Procurador General. En todos estos casos es necesaria una coordinación efectiva de las Divisiones de Litigios Generales; Asuntos Contributivos; Divi-sión de Asuntos del Contralor y de Casos de Tierra del Depar-tamento de Justicia con la Oficina del Procurador General. Esta coordinación conlleva un trámite interno necesario que en la práctica reduce considerablemente el plazo de tiempo de que dispone la Oficina del Procurador General para formalizar el recurso de revisión. La mayoría de los casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o instrumenta-lidades que no fueren una corporación pública interesan pre-sentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de sen-tencias adversas dictadas por el Tribunal Superior, se refieren a la Oficina del Procurador General cuando está próximo a ven-cer el término de treinta (30) días que dispone la actual Regla 53.1(b) de las de Procedimiento Civil de 1979. El problema surge porque las gestiones de trámite y coordinación que se llevan a cabo antes de referir el caso al Procurador General consumen, con gran frecuencia, más de la mitad del término jurisdiccional para formalizar el recurso de revisión.
En consecuencia la Oficina del Procurador General dispone de un plazo que resulta extremadamente breve dentro del cual deberá estudiar los expedientes de los casos referidos, realizar las investigaciones pertinentes, reunirse con los abogados que han tramitado los casos ante el tribunal de instancia, consultar el conocimiento experto de los funcionarios de las instrumenta-lidades que han referido los casos, decidir si se va a revisar la sentencia, presentar las recomendaciones y preparar o redactar el escrito de revisión para su presentación ante el Tribunal Supremo.
En consecuencia, se considera conveniente, necesario y de gran interés público, que se enmiende la Regla 53.1(b) de las de Procedimiento Civil de 1979, para ampliar a sesenta (60) días el término dentro del cual deberá formalizarse el recurso de revi-sión en aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o instrumentalidades que no fuera una corporación pública sean parte. Con la aprobación de esta en-mienda se logra asegurar que el Estado Libre Asociado, sus funcionarios o instrumentalidades cuenten con un plazo ade-cuado para proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico, sin menoscabo de los intereses de las otras partes en el pleito, a quienes también les beneficia la ampliación del término. (Enfa-sis suplido.) 1986 Leyes de Puerto Rico 464, 465-466.

Como podemos notar, la enmienda que le hiciera el le-gislador a la mencionada disposición reglamentaria tuvo el transparente propósito de garantizar que aquellos procedi-mientos judiciales apelativos en que se ve envuelto el Gobierno de Puerto Rico y/o alguna de sus instrumentalida-des —los cuales, de ordinario, son tramitados por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico— no se vie-ran afectados o perjudicados por falta de tiempo de dicho funcionario para atender adecuadamente los mismos. Apa-rentemente debido a ello es que específicamente se excep-tuaron de la aplicación de dicha enmienda a las corporacio-nes públicas ya que sus asuntos litigiosos son atendidos por sus propios abogados y no por la Oficina del Procurador General() Los municipios se encuentran en una situación similar, ello debido a que los asuntos legales o litigiosos de éstos no son tramitados, de ordinario, por el Departamento de Justicia ni por la Oficina del Procurador General, sino que los mismos son atendidos por abogados de la práctica privada de la propia selección de los municipios.

Por las razones antes expresadas, procede decretar la desestimación del recurso radicado por la recurrente Asam-blea Municipal de San Juan por el fundamento de falta de jurisdicción. Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, al interpretar esta hoy derogada sección de Ley —la cual es similar a la sección de ley hoy vigen-te— determinó que dado su carácter de persona jurídica con existencia legal inde-pendiente y personalidad propia, los municipios de Puerto Rico podían ser conside-rados como “ciudadanos” a los fines de la aplicación de la norma sobre “diversidad de ciudadanía”. Específicamente expresó dicho foro judicial, al así resolver, que:
      “ ‘The law that creates a municipality in Puerto Rico provides that it has a legal existence and personality separate and independent from the Government of the Commonwealth of Puerto Rico. 21 L.P.R.A. sec. 2051. Among the general powers that a municipality shall have is the power to sue and be sued, charge and be charged, file complaints and defend itself in the courts of justice and in the administrative bodies. 21 L.P.R.A. sec. 2054. A municipality that is independent in character and functions from the state may be considered a citizen for purposes of diversity jurisdiction. Reeves v. City of Jackson 532 F.2d 491 (5th Cir. 1976)’. Véase American Conveyor Corp. v. Municipality of Guanica, 614 F. Supp. 922, 925 (D.P.R. 1985).”

      (2) 21 L.P.R.A. see. 4003.

      (3) En relación con la derogada Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, véase 21 L.P.R.A. ant. see. 2054.

      (4) La referida disposición constitucional dispone, en lo pertinente, que la Asamblea Legislativa tendrá facultad para “crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función ...”. Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 362.

      (5) Establece la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III:
      “El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. El deman-dante proporcionará a la persona que haga el diligenciamiento las copias necesarias. Dicha persona, al entregar la copia del emplazamiento, hará constar al dorso de aquélla sobre su firma, la fecha y el lugar de dicha entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la misma. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente'.

      “(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia del emplaza-miento y de la demanda al Secretario de Justicia, o a una persona designada por éste.
      “(g) A un funcionario o a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corporación pública, entregando copia del emplaza-miento y de la demanda a dicho funcionario o al jefe ejecutivo de dicha instrumentalidad. Además será requisito indispensable que en todos los pleitos que se insten contra un funcionario o una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corporación pública, el demandante entregue copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justicia o a la persona que éste designe. Si la instrumentalidad fuere una corporación pública, entregando las copias a tenor con lo dispuesto en la Regla 4.4(e).
      “(h) A una corporación municipal o instrumentalidad de la misma con poder para demandar y ser demandada, entregando una copia del emplazamiento y de la demanda a su jefe ejecutivo o a una persona designada por éste.” (Énfasis suplido.)

      (6) Debe quedar claro, sin embargo, que cuando una de las partes litigantes en un pleito sea el Estado Libre Asociado y/o alguna de las intrumentalidades de éste, el término para acudir ante este Tribunal Supremo, en revisión de una sentencia final dictada por una de las Salas del Tribunal Superior de Puerto Rico, será de sesenta (60) días, independientemente del hecho de que dicha instrumentalidad del E.L.A. esté o no representada por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico. Véase El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).