text:
    Nelly Fantauzzi de López, querellante y recurrida, v. Pleasant Homes, Inc., y Frank Munarriz, querellados y peticionarios.

      Número: O-81-331

      Resuelto: 15 de junio de 1982

      José P. González García, abogado de los peticionarios; Vidal Rodríguez Amaro, abogado de la querellante recurrida; Héctor Febo Serrano, abogado del Departamento de Asuntos del Con-sumidor.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Consideramos en este recurso si la responsabilidad por vicios de construcción establecida en el Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124, se extiende a las edificaciones prefabricadas.

José M. López, esposo de la recurrida Nellie Fantauzzi de López, adquirió de la recurrente Pleasant Homes, Inc. —representada por el Sr. Frank Munarriz— por la can-tidad de $16,000 un “chalet-terraza” prefabricado. La insta-lación se llevó a cabo por el contratista querellado José Ramón Cabral mediante contrato con López por la cantidad de $3,800. Posteriormente, la recurrida se quejó ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por ale-gados vicios de construcción y solicitó se ordenara a la vendedora y al contratista que corrigieran los defectos. DACO investigó la querella, celebró vista y finalmente emitió una resolución en la que ordenó solidariamente a la vendedora Pleasant Homes, Inc. y/o Sr. Frank Munarriz y al contratista, que corrigieran las imperfecciones de cons-trucción o en su defecto compensaran solidariamente a la querellante con la cantidad de $13,280.56. No conforme con esta resolución y orden, los querellados Pleasant Homes, Inc. y Frank Munarriz acudieron en recurso de revisión ante el Tribunal Superior, el cual denegó la expedición del auto. Decidimos revisar.

El Art. 1483 fija la responsabilidad del contratista y del arquitecto en los siguientes términos:

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que con-cluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.

¿Es el “chalet-terraza” de los esposos López-Fantauzzi un edificio según el Art. 1483? ¿Constituyen “ruina” los des-perfectos aquí implicados? ¿Es el prefabricante un constructor bajo el Art. 1483?

En Federal Insurance Company v. Dresser Industries, 111 D.P.R. 96 (1981), expresamos que el vocablo “edificio” utilizado en el Art. 1483 tiene un significado amplio y que incluye aquellas construcciones accesorias directamente relacionadas con el inmueble e incorporadas al mismo íntima y permanentemente. La obra que nos ocupa en este caso —un “chalet-terraza”— claramente es un edificio según lo hemos definido. Esta construcción es una obra mayor de larga duración que quedó incorporada al inmueble en forma permanente.

En el caso acabado de citar y en Maldonado Pérez v. Las Vegas Dev., 111 D.P.R. 573 (1981), nos expresamos sobre el alcance del término “ruina” bajo el Art. 1483. Señalamos que ésta tiene que ser consecuencia de aquellas imperfec-ciones que se pretendieron evitar en alguna de las cuatro etapas que abarca este concepto. Estas etapas son: ruina total (cuando se compromete la solidez o estabilidad del edi-ficio); ruina parcial (derrumbe de uno de los elementos principales de la obra); amenaza o peligro de ruina (degra-dación parcial que compromete la existencia de la estruc-tura o de parte esencial de la misma); y ruina funcional (defectos que afectan severamente la utilización y disfrute del edificio sin amenazar de ruina elementos vitales del mismo). En cuanto a esta última se han establecido ciertos criterios a utilizarse para determinar si la misma existe, a saber: amenaza a la seguridad pública o a la estabilidad del edificio; que le causen perjuicio considerable al dueño; que tornen la obra en impropia para el uso a que se le destina; o cuando excedan la medida de imperfecciones que cabe esperar en una construcción. Es además un criterio impor-tante que las imperfecciones, por más graves que sean, no constituirán vicios de construcción protegidos por el plazo decenal si afectan elementos del edificio cuya duración se presume sea menor de diez años. Claro, cada situación tiene que resolverse individualmente, pues es necesario el exa-men cuidadoso de la gravedad de los defectos y las circuns-tancias en que ocurren.

Los defectos de la obra en este caso caen dentro del concepto de ruina. Existe una ruina funcional, pues los desperfectos del “chalet-terraza” excedieron la medida de imperfección que cabe esperar en este tipo de estructura. Según surge del récord administrativo, los defectos inclu.yeron, entre otros: las columnas de madera del balcón, agrietadas; estado avanzado de deterioro del techo del balcón; deformación severa de las tablas adheridas a la pared; varias tablas del plafón y el borde de algunos paneles decorativos desprendidos; todas las vigas principales a lo largo y ancho de la terraza, defleccionadas; sistema adecuado para el control de desagüe del techo, inexistente. Es importante, además, hacer notar que la recurrida radicó su querella en DACO apenas haber transcurrido aproxima-damente un año de haber firmado el contrato de compra-venta de los materiales y el de instalación con los quere-llados, respectivamente. Por último, es relevante el hecho de que, habiendo sido la cantidad de $19,800 el total de gastos para la construcción, el costo de la corrección de los defectos se estimó en $13,280.56.

Pasamos ahora a considerar si el prefabricante es un constructor a los efectos del Art. 1483:

La prefabricación se define de la siguiente manera:

La prefabricación es un método industrial de construcción en el que elementos fabricados en grandes series por los métodos de la producción en masa, son montados en las obras mediante aparatos y dispositivos elevadores. La construcción se efectúa en dos etapas: fabricación de los elementos en la fábrica y montaje de las mesuras en la obra. Se llama prefa-bricados a esos elementos, o también piezas prefabricadas, expresando así que se colocan en obra y se combinan y unen en ella cuando ya están moldeados y endurecidos previa-mente. El sistema de producción que utiliza tales elementos prefabricados es designado con la denominación de construc-ción prefabricada, o también construcción por montaje de casas, pues es otra de las características del sistema. Manual de la Construcción Prefabricada, Barcelona, Ed. Blume, 1968, pág. 12.

Aquí el peticionario entregó el “chalet-terraza” debidamente pre-cortado y listo para la construcción, mientras que el otro querellado se limitó a efectuar la instalación.

Ante situación similar nos dice Herrera Catena:

Ya indicábamos que el “prefabricante” debía ser conside-rado como “constructor” en sentido amplio, dado que el pro-tagonismo del constructor “strictu sensu” se reducía a colocar lo “prefabricado”, sin someterlo a ulterior proceso. Por consi-guiente, cuando nos encontramos ante defectos intrínsecos de lo “prefabricado”, habría que responsabilizar al “prefabri-cante”. Máxime, cuando la “prefabricación” goza de ventajas importantes, entre las que figura la especial “facilidad para realizar el control de calidad”; pues “el proceso industrial incita y hace claramente recomendable la tendencia a la comprobación de las calidades previstas”, y “la repetición sis-temática” del mismo “facilita la adopción de controles” diver-sos. En definitiva, se trata de una “pre-construceión”, tras-ladada del tajo a la fábrica, que puede llevarse a cabo en mejores condiciones que “a pie de obra”, y por la que sería injusto exigirle responsabilidades al contratista —ajeno a ella — , de haber cumplido éste perfectamente su misión de colocar y acoplar lo prefabricado. Es difícil verificar preci-siones apriorísticas sobre el particular; aunque podemos indicar lo siguiente: que los protagonismos y responsabili-dades de contratista y prefabricante dependerán de la me-dida en que la construcción haya sido “prefabricada”; que el contratista no quedará exonerado cuando incumpliera nor-mas relacionadas con el control posible de lo “prefabricado”, y que constituye hipótesis distinta la elaboración de materiales compuestos (por el contratista) realizable “a pie de obra”. (Escolios omitidos.) (Énfasis en el original.) Herrera Catena, Responsabilidades en la Construcción, Granada, Gráficas del Sur, 1977, Vol. II, págs. 200-201. Véase, además, J. Herrera Catena, op. cit, Vol. I, págs. 253-259.

En el caso de autos, como hemos visto, la obra experi-mentó tantos defectos intrínsecos en los materiales prefa-bricados como imperfecciones en la construcción. Por tanto, responden ambos, el prefabricante y el instalador.

DACO determinó que el prefabricante y el constructor eran responsables solidariamente por los vicios de la cons-trucción. El tribunal de instancia confirmó ese dictamen.

Hemos resuelto qúe de no existir convenio entre las partes su responsabilidad es mancomunada, a menos que la ruina se origine por culpa conjunta o que la causa del defecto sea indeterminable o que existe concurrencia de culpas, y éstas están tan íntimamente ligadas que no es posible separarlas. Carreras v. González Santos, 111 D.P.R. 819 (1981); Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 D.P.R. 655 (1981). Véase, además, Acevedo Hernández v. Viñas Sorbá, 111 D.P.R. 633 (1981).

Precisamente eso es lo sucedido en el presente caso. La culpa de la ruina es conjunta. Son responsables de ella tanto el prefabricante como el instalador. Su responsabilidad es solidaria.

Los otros tres apuntamientos son inmeritorios. Se refieren éstos a planteamientos procesales sin mayor tras-cendencia: (1) en cuanto a la forma y manera del señala-miento de vista en el tribunal de instancia, (2) que el tribunal declaró sin lugar la moción de reconsideración presen-tada al adoptar los fundamentos de una moción de oposición, la cual fue radicada tardía y (3) que DACO no podía declarar “no ha lugar” a la moción de reconsideración presentada por el peticionario y confirmar su resolución y orden anterior, porque ya la había declarado “con lugar” por resolución del 5 de febrero de 1980.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia que confirme la del tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

       El señor Munarriz falleció el 22 de abril de 1982, según se desprende de una moción en la que se solicita la sustitución de parte, radicada ante este Tribunal bajo la Regla 42 del Reglamento del Tribunal Supremo, y fue sustituido en el presente recurso por su viuda Olga E. Álvarez Domínguez y sus hijas Caridad C. Munarriz Álvarez y Elena de la E. Munarriz López.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Fernando Figueroa Gómez y José Luis Reyes, acusados y apelantes.

      Número: CR-81-89

      Resuelto: 15 de junio de 1982

      José Luis Velazquez Ruiz, abogado de los apelantes; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Josefa A. Román Gar-cía, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A fin de impugnar y desacreditar a un testigo adverso con prueba extrínseca de prejuicio, interés o parcialidad, ¿es necesario que se sienten previamente bases en el con-trainterrogatorio? De ser en la afirmativa, ¿es una norma absoluta? ¿Cuál o cuáles son los métodos forenses apropia-dos?

Estas interrogantes se suscitan en la apelación inter-puesta por Fernando Figueroa Gómez y José Luis Reyes, declarados culpables y sentenciados por el delito de tenta-tiva de escalamiento agravado por el tribunal de derecho. Como único error plantean la negativa del tribunal senten-ciador en “admitir evidencia demostrativa de parcialidad, prejuicio, interés, simpatía y relación patrono-empleado, en el único testigo que dijo identificarlos, fundamentando erróneamente su negativa en que no se le brindó a dicho testigo oportunidad para explicar la prueba presentada, violando así [sus] derechos fundamentales”.

La Exposición Narrativa refleja que la prueba de cargo consistió en el testimonio del policía Rafael Claudio, quien en síntesis declaró que el 14 de junio de 1981, como a las 3:30 a.m., durante su turno, se recibió una llamada en el cuartel por la que se enteraron de que en el interior de la Ferretería Gurabo Comercial había cuatro individuos; que inmediatamente, en.unión al sargento Vélez y al policía Peña, salió para el lugar; que el sargento Vélez y el policía Peña se fueron por la parte de atrás de la ferretería y él por la de enfrente; que al llegar a una verja, observó que había cuatro individuos en el interior, de los cuales pudo identi-ficar a dos; que se encontraban en el segundo piso de la ferretería tirando, por un agujero en la pared, propiedad a una arena a los otros dos que estaban abajo, los que la echa-ban en unos sacos; que al ellos notar su presencia, corrieron hacia la parte de atrás de la ferretería, llevando tres sacos blancos llenos de mercancía, brincaron la verja y se inter-naron en un monte; que los persiguieron y entonces los indi-viduos abandonaron la mercancía, la cual ocuparon; que luego notificaron al dueño de la ferretería, Sr. Primitivo Vélez Santana, quien se personó al lugar e identificó lo ocu-pado como mercancía suya con el sello y precio de la ferre-tería, la cual le fue entregada mediante recibo; que en el interior de la ferretería un cristal de la oficina estaba roto y había una pata de cabra cerca de ésta; todas las gavetas estaban fuera y los papeles en el piso; que en la parte de atrás encontraron cortada la cadena del portón y un hueco en una pared de cemento por donde los vió tirar la mer-cancía; que conoce de vista y pudo ver bien, porque estaba alumbrado, a los que estaban tirando la mercancía desde el segundo piso; uno era trigueño como de 5' 8" de estatura, con el pelo medio grifito, que residía en el “Camino Los Meléndez” y luego se enteró que se llamaba José Luis Reyes; el otro, era blanco trigueño, de aproximadamente 5' 3" de estatura, y entonces tenía un afro pequeño, luego se enteró que respondía al nombre de Fernando Figueroa Gómez; que no pudo ver a los otros porque fueron los primeros en irse corriendo; que ese día localizó y llevó al cuartel a Fernando y notificó al C.I.C., donde el agente Roberto Hernández se hizo cargo de la investigación.

El testigo Primitivo Vélez Santana, dueño de la ferre-tería atestó que el sábado, 13 de junio de 1981, a las 5:00 p.m., cerró el negocio, dejando todo en perfectas condi-ciones; que en la madrugada del domingo, 14 de junio, fue despertado mediante una llamada telefónica de la Policía, la que le informó que la ferretería había sido escalada; se per-sonó al lugar y allí estaba el policía Claudio, el sargento Vélez y el policía Peña, con la mercancía recuperada dentro de tres sacos, la que le fue entregada. Explicó y corroboró la condición de desorden y daños del local; que fue informado por la Policía que habían visto a los individuos, pero que no habían logrado alcanzarlos, y que más tarde la Policía los detuvo para investigación.

Con esta prueba el Ministerio Fiscal sometió su caso. Oportunamente, por la defensa declaró, en primer lugar, Manuel Román. Éste expresó que conocía al testigo de cargo, el policía Rafael Claudio, porque iba a cobrarle "fac-turas de la ferretería de Primitivo Vélez”. (T.E., pág. 3.) En esos momentos el juez de instancia detuvo el trámite y resolvió que no admitía en evidencia el testimonio, porque no se había puesto al agente Claudio “en condiciones pars pasar esa materia. Esto no es para impugnar”. (T.E., pág. 3.) Igual suerte corrió el otro testigo de la defensa, Juan Ramón Reyes Morales, padre del co-acusado José Luis Reyes respecto a su testimonio en torno a la actuación y reacción del policía Claudio en ocasión de ir a buscar unos papeles al cuartel para llevar a fiar a su hijo el 22 de septiembre de 1981. Declaró que allí el representante legal de su hijo los presentó ante el agente Claudio, diciéndole que se encon-traba el papá, la mamá y el hermano del acusado, cuando en realidad era el propio acusado, y que el policía buscó los papeles, le dijo que el caso estaba en Caguas y ellos fueron allá a entregarlo. (T.E., págs. 4-5.) Surge además que al inquirir el Tribunal el propósito de esa prueba, el abogado explicó que si el acusado Reyes le fue presentado al testigo Rafael Claudio “como el hermano del acusado, [y el testigo Claudio] aceptó que e[ra] el hermano del acusado[, ello] e[ra] prueba concluyente [de] que definitivamente no lo reco-noc[ía]”. (T.E., pág. 5.) En esos momentos, el juez, luego de comentar que no recordaba que eso se le hubiese pregun-tado al agente, resolvió no admitir la evidencia bajo el fun-damento de que para “[prueba] de impugnación hay que primero poner a la persona a impugnar, [a] que explique, a menos que obviamente no sea una contradicción, obvia-mente [szc] no sea una manifestación, una prueba en contra-rio, pero esto es explicable y si no pone en condiciones a la persona para explicar primero, no puede traerlo”. (T.E., págs. 5-6.)

II

Para exponer en su correcta perspectiva las cuestiones envueltas, es menester referirnos a ciertas premisas o prin-cipios elementales establecidos en las Reglas de Evidencia de 1979. La primera, que la credibilidad de un testigo puede ser impugnada por cualquier parte —incluso la que lo presentó— “mediante cualquier evidencia pertinente" al respecto, fundada en múltiples aspectos, que con carácter de numerus apertus incluyen:

(1) Comportamiento del testigo mientras declara y la forma en que lo hace.
(2) Naturaleza o carácter del testimonio.
(3) Grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre el cual declara.
(4) Existencia o inexistencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo.
(5) Manifestaciones anteriores del testigo.
(6) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (C) de esta regla, el carácter o conducta del testigo en cuanto a veracidad o men-dacidad. (Énfasis suplido.) Regla 44(B) de Evidencia.

La segunda, que esa credibilidad puede ser examinada mediante el ejercicio del derecho fundamental del contrain-terrogatorio. Y tercera, las Reglas de Evidencia —producto no sólo de la estricta lógica, sino de la experiencia sobre la conducta humana— en nuestro sistema adversativo, aspiran al descubrimiento de la verdad, evitando sorpresas. Están encaminadas hacia la economía procesal. Por ende, toda interpretación judicial debe promover esos propósitos, sin menoscabo de lograr cumplida justicia. Regla 2 de Eviden-cia.

Con este trasfondo conceptual en mente es que formula-mos las interrogantes jurídicas planteadas. Examinémoslas en detalle. A fin de impugnar y desacreditar un testigo adverso mediante prueba extrínseca o independiente de prejuicio, interés o parcialidad, ¿es necesario que previa-mente se sienten las bases durante su contrainterrogatorio?

En Puerto Rico, salvo el caso de Pueblo v. Ruiz, 66 D.P.R. 355 (1946) —bajo los artículos 383 y 520 (32 L.P.R.A. sees. 1664 y 2150), sobre evidencia, del entonces Código de Enjuiciamiento Civil— no nos hemos pronunciado al res-pecto. Allí revocamos unas convicciones y sentencias de homicidio voluntario, portación y posesión ilegal de armas, a base de que no se permitió la impugnación de la decla-ración de los testigos de cargo mediante prueba tendiente a establecer el hecho de que dichos testigos estaban atestando, no lo que vieron, sino lo que ellos convinieron antes del jui-cio que habrían de declarar. Expusimos que “. . . resulta claro y evidente que el propósito de la defensa no era el de impugnar las declaraciones de Peter Girón y Lázaro Serra —supuestos únicos testigos presenciales del suceso— mediante prueba de que en otra ocasión habían hecho decla-raciones contrarias a las que habían prestado en el acto de la vista, y sí el de demostrar que lo declarado por uno y otro testigo en el juicio era el producto de un entendido o combi-nación entre ellos para declarar en la forma en que lo hicieron y no lo que ellos realmente habían presenciado”. (Énfasis suplido.) Ruiz, supra, pág. 359. Citamos, con apro-bación, a People v. Michalow, 128 N.E. 228 (1920), a los efectos de que “La hostilidad de un testigo hacia el acusado puede ser probada mediante cualquier evidencia compe-tente. Puede ser establecida mediante el contrainterrogato-rio del testigo, o 'presentando testigos que puedan declarar en cuanto a hechos de los cuales aparezca tal hostilidad. No es necesario examinar primero al testigo en cuanto a su alegada hostilidad”. (Énfasis suplido.) Ruiz, supra, pág. 360.

Desde la época en que resolvimos Pueblo v. Ruiz, supra, no hubo cambio sustancial en las normas de evidencia, hasta la adopción y promulgación de las reglas del afio 1979. En éstas, la única que guarda cierta tangencia es la Regla 47 regulatoria del trámite sobre manifestaciones anteriores. En su inciso A establece que no es necesario que se muestre o lea a un testigo ninguna parte de un escrito al interrogársele para impugnar su credibilidad mediante lo manifestado en dicho escrito, pero, se sobreentiende que el juez requiera que se le indique al testigo la fecha y el lugar del escrito y la persona a quien fue dirigido. El juez tam-bién podrá autorizar el examen por el abogado de la parte contraria. Su inciso B preceptúa que “[a] menos que los intereses de la justicia requieran lo contrario, no se admitirá evidencia extrínseca sobre una declaración hecha por un testigo que resulta inconsistente con cualquier parte de su testimonio en el juicio o vista, a menos que se le haya dado la oportunidad de explicar o negar dicha declara-ción . . .”. (Énfasis suplido.) Solamente adhiriéndonos a una visión hermenéutica inflexible, literal y aislada —que rechazamos— podríamos poner punto final y restringir la cuestión bajo el principio expressio unius. 3 Weinstein’s Evidence, pág. 607-43 (1981).

Es menester, pues, explorar el problema en otras latitudes. La incógnita de si deben o no sentarse las bases en el contrainterrogatorio antes de producirse prueba indepen-diente demostrativa de hostilidad —interés, prejuicio o par-cialidad— ha sido objeto de innumerables decisiones judi-cíales en el ámbito federal y estatal. No existe consenso unánime. Se utilizan tres criterios: (1) que no es necesario; (2) que se requieren cuando la alegada evidencia de prejui-cio es una manifestación; y (3) se extiende la misma para cubrir casos en que la evidencia de prejuicio toma la forma de conducta. Weinstein’s, op. cit., pág. 607-42; Anno, Necessity and Sufficiency of Foundation for Discrediting Evidence Showing Bias or Prejudice of Adverse Witness, 87 A.L.R.2d 407 (1963); Hale, Bias As Affecting Credibility, 1 Hastings L.J. 1 (1950).

La tendencia mayoritaria prevaleciente es a requerirlo. En su apoyo se aducen importantes fundamentos: (1) razones intrínsecas inspiradas en la justicia. Concederle a un testigo las mismas y razonables oportunidades de negar, admitir o explicar, que las que se conceden a los testigos en ocasión de manifestaciones anteriores verbales o escritas, es de justicia. 3A Wigmore, Evidence, Sec. 953 (Chadbourn Rev. 1970), págs. 800-801; (2) un criterio de analogía conceptual y lógico basado en que tanto las palabras como la conducta están íntimamente interrelacionadas. Si se justi-fica en las primeras, con más razón cuando se trata de la segunda —Hale, op. cit. Como expone McCormick, “mejor requerir las ‘bases’ en ambas instancias o en ninguna”. Evidence, 2da ed., 1972, Sec. 40, pág. 81; (3) una mejor práctica forense. Presentar las bases “economiza tiempo, pues dado que el testigo puede admitir [el prejuicio], se evita así producir la prueba extrínseca”. Weinstein’s, op. cit, pág. 607-43.

Existen, además, otras consideraciones procesales prác-ticas que aconsejan la observancia del trámite. Si se desco-noce que el testigo será impugnado, de ordinario es excu-sado una vez se recibe su testimonio. Ante esa situación pueden ocurrir las siguientes variantes: (a) que el testigo abandone el tribunal y resulte difícil o imposible localizarlo para darle la oportunidad de que se rehabilite en otra vista; (b) que permanezca en el recinto del tribunal escuchando lo que acontece. Se expone entonces el proceso a perder la garantía de veracidad que la espontaneidad brinda, pues cualquier explicación ulterior puede ser producto de una reflexión ponderada, en apariencia justificada, aunque no real ni veraz; y (c) que, a petición de una de las partes, sea puesto bajo las reglas del tribunal. Ello conlleva que se le impongan de nuevo condiciones y limitaciones a su persona, posiblemente de impacto económico negativo, alargando sin necesidad su estadía en el tribunal. De ese modo, podemos anticipar que a mayor número de testigos en una causa y ante el potencial ignorado de si serán o no tachados, se duplicaría la presencia de esos testigos en los tribunales y se recargaría y haría más complejo el trámite judicial.

Una reflexión sobre la norma más congruente y armoniosa con los propósitos a que aspiran nuestras reglas nos lleva a contestar en la afirmativa la primera interrogante. No hemos podido encontrar ni se nos han demostrado argumentos de peso en su contra. La regla de exigir que se establezcan las bases en caso de una parte tener la intención de presentar prueba independiente sobre prejuicio, interés o parcialidad de un testigo, está cimentada sólidamente en fundamentos lógicos, jurídicos y prácticos.

Por otro lado, la imposición de criterios rígidos y absolu-tos es extraña a nuestro ordenamiento procesal y evidencia-rio. Tiende a opacar la figura central del magistrado y a reducirle la función rectora de adjudicar, según su concien-cia individual en cada caso. Los mismos “intereses de la jus-ticia” que guían el discernimiento bajo la Regla 47(B) ci-tada, deben prevalecer en la solución y aplicación de la norma.

Finalmente, no es necesario un ritual especial para sentar las bases. No existe una fórmula especial. El método generalmente aceptado es contrainterrogar al testigo ad-verso en torno al asunto específico en que descansa el alegado prejuicio, llamándole la atención respecto a factores tales como tiempo, sitio, personas y circunstancias envuel-tas, de forma tal que tenga la oportunidad cabal de admitir, negar o explicar el asunto. Como incidente que se produce durante el interrogatorio, se puede optar por preguntas directas sobre su estado de ánimo o interés o por preguntas indirectas más sutiles y sofisticadas que abonen a la falta de credibilidad. Lo importante es que se le dé la oportunidad al testigo hostil de aceptar, negar o explicar el motivo de parcialidad, prejuicio o interés que se va a presentar poste-riormente mediante prueba extrínseca.

Al extender al caso de autos los principios jurídicos esbozados, concluimos que procede revocar las sentencias y ordenar un nuevo juicio. El estado de derecho imperante era la norma promulgada en Pueblo v. Ruiz, supra. Fuera de que la experiencia judicial acumulada en años refleje una tendencia y predilección en la práctica forense puertorriqueña a sentar las bases —aunque no son manifestadas en todos los casos— ello no justifica la negativa del tribunal sentenciador a aceptar el testimonio de Juan A. Reyes Morales sobre la actuación y reacción del policía Claudio en el cuartel cuando, supuestamente, no reconoció al hijo del señor Reyes. Esa prueba no estaba sujeta a que se sentaran las bases previamente. Era evidencia de carácter contradictorio. Su presentación procedía, sin menoscabo de que el Ministerio Fiscal oportunamente la refutara, para demostrar las circunstancias particulares que concurrieron en el cuartel, sentando a declarar al policía Claudio.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque las del Tribunal Superior, Sala de Caguas y se ordenará un nuevo juicio.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué concurren en el resultado sin opinión.

       Este co-acusado José L. Reyes se había “trasladado” a los Estados Unidos después de los hechos (ocurridos el 14 de junio de 1981) y antes de su arresto. No es hasta tres meses después que acontece este incidente al regresar voluntariamente.

       Su texto corresponde a una traducción casi literal de la Regla 613 federal de 1975.

       Como afirma el Procurador General, del “hecho de que el testigo no protes-tara o hiciera comentarios sobre la identidad del acusado-apelante al presen-társele como el hermano al mismo acusado-apelante, no puede inferirse que la identificación hecha por el testigo sea dudosa. La gama de posibilidades de lo que pudo haber pasado es inmensa. Por ejemplo, el testigo de cargo pudo pensar que se trataba de un hermano gemelo del acusado, o simplemente no entendió que fuese el hermano del acusado-apelante, sino el propio acusado-apelante”. Sin embargo, ello sería materia.de prueba adicional. De igual modo, las circunstancias físicas, personales y de vestimenta del apelante Reyes, tres meses después de los hechos delictivos, y otros detalles, tales como el número de personas, si alguna presente, en el momento en que se desarrolló el incidente en el cuartel, abonarían a la determinación final sobre credibilidad.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Luis Antonio Vázquez Negrón, por sí y en representación de su esposa Yolanda Ortiz Cartagena y sus hijos menores Luis Antonio y Juan Luis, éstos de apellidos Vázquez Ortiz, etc., et al., demandantes y recurrentes, v. El Departamento de Salud del E.L.A. de Puerto Rico y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-80-88

      Resuelto: 16 de junio de 1982

      Samuel Gracia Gracia, abogado de los recurrentes; Rafael Pont Márchese, abogado de los recurridos Dr. Francisco Beau-champ, Dr. José L. Morales y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Ángel R. De Corral, abogado del recurrido Dr. Carlos E. Burgos Peña; Darío Padín Mimoso, abogado de la recurrida Administración del Fondo de Compensación al Paciente; y Luis M. Angelet Frau, abogado del recurrido Dr. Alfonso Serrano Vázquez.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El esposo, los hijos menores, los padres y los hermanos de Yolanda Ortiz Cartagena instaron demanda de daños y perjuicios por impericia profesional contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y varios médicos, entre ellos, Alfonso Serrano Vázquez, Francisco Beauchamp y José L. Morales. Se alega en la demanda que con motivo de un procedimiento de diagnóstico bajo anestesia general, la paciente Yolanda Ortiz Cartagena sufrió una hipoxia ence-falopática que le causó daños permanentes en el cerebro y la mantiene en estado cuasivegetal.

El médico Alfonso Serrano Vázquez solicitó que se dic-tara sentencia sumaria que desestimara la demanda en cuanto a él, en vista de que el daño ocurrió mientras se desempeñaba en funciones de su empleo como médico del Estado Libre Asociado. Invocaba la inmunidad que el Art. 41.080 —26 L.P.R.A. see. 4108— brinda a los médicos que trabajan para el gobierno. El tribunal de instancia denegó la moción y el médico Serrano Vázquez recurrió ante nos. Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19 (1979).

En esa ocasión resolvimos que la inmunidad que otorga el Art. 41.080 contra demanda por daños y perjuicios por servicios profesionales negligentemente prestados, cobija únicamente a aquellos médicos que trabajan exclusivamente para el Gobierno de Puerto Rico. Como el recurrente Serrano Vázquez, además de trabajar para el gobierno, tam-bién ejercía privadamente su profesión, no estaba protegido por tal inmunidad. Devolvimos el caso para la continuación de los procedimientos.

Una vez el pleito prosiguió su curso, los médicos Francisco Beauchamp y José L. Morales presentaron una moción de sentencia sumaria en la que solicitaron la desestimación de la demanda en cuanto a ellos, porque al producirse el evento dañoso trabajaban exclusivamente para el Estado. Los demandantes se opusieron por los mismos fundamentos de inconstitucionalidad que han reproducido ante nosotros. El tribunal de instancia rechazó el ataque y desestimó la demanda en cuanto a ellos. Accedimos a revisar.

El Art. 41.080 de la Ley sobre Responsabilidad Profe-sional Médico-Hospitalaria dispone en parte, que “[njingún profesional en el cuidado de salud podrá ser incluido como parte demandada en una demanda de daños por culpa o negligencia que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional en el cuidado de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependen-cias, instrumentalidades y municipios”.

Esta disposición especial alteró significativamente el esquema de responsabilidad del Estado y del empleado público, estatuido en la Ley de Pleitos contra el Estado. Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077 et seq.). A tenor con esta última, el Estado consintió en ser demandado por los daños y perjuicios causados por actua-ciones culposas o negligentes de sus agentes o empleados en el descargo de sus funciones oficiales, pero no prohibió que, en la alternativa, se demandara al agente o funcionario directamente. No obstante, la Ley de Pleitos contra el Estado sí proscribió la acción directa contra el agente o empleado público una vez se dicte sentencia contra el Estado y viceversa. Vda. de Valentín v. ELA, 84 D.P.R. 112, 120 (1961). Como se ve, el reclamante puede optar entre recobrar directamente del empleado o recobrar del Estado, pero no puede recobrar simultáneamente de am-bos. En última instancia, en la Ley de Pleitos contra el Estado estamos ante un caso de inmunidad condicionada del funcionario, agente o empleado público.

El Art. 41.080, por el contrario, reconoce inmunidad plena e incondicional a los profesionales en el cuidado de la salud, que, al ocasionar un daño por su culpa o negligencia, se hallaren en el curso de su empleo con el Estado. En estas circunstancias el Gobierno ha asumido toda la responsabilidad que generen los actos culposos o negligentes de estos empleados, librándolos de este modo de todas las vicisitudes que supone una reclamación civil por daños en su contra y ha dispuesto como remedio exclusivo del perjudicado la acción en daños contra el Estado.

Los demandantes retoman el argumento presentado por el médico demandado en la primera ocasión que estuvo el caso ante nosotros e insisten en que el Art. 41.080 es incons-titucional por cuanto otorga inmunidad únicamente a los médicos que laboran con el Estado y no a los demás. En dicha ocasión dijimos:

... El planteamiento es inmeritorio. No se trata aquí de una clasificación de las llamadas sospechosas que requieren un escrutinio particularmente acucioso para determinar su procedencia. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 276 in fine et seq. (1975); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972). En cambio, resulta evidente que merecen mayor protección aquellos médicos cuyos ingresos se circunscriben al sueldo con que puede compensarlos el tesoro público. L.A. Tribe, American Constitutional Law, Mineóla, N.Y., 1978, sec. 16.4. Se trata, pues, de una clasificación razonable que obedece al principa-lísimo propósito estatal de enfrentarse a los serios problemas que ponen en riesgo la salud pública. Ver Legislative Purpose, Rationality and Equal Protection, 82 Yale L.J., 123 et seq. (1972). Vázquez Negrón v. E. L. A., supra, págs. 25-26.

Los demandantes no han aducido ningún fundamento adicional lo suficientemente persuasivo como para que resolvamos el asunto de forma distinta. Ni la inmunidad condicionada de la Ley de Pleitos contra el Estado ni el Art. 41.080 en cuestión vulneran derecho constitucional alguno de quien reclama resarcimiento del Estado.

Por último, los recurrentes impugnan la constitucio-nalidad de los límites máximos de responsabilidad del Estado ($15,000 y $30,000) que dispone la Ley de Pleitos contra el Estado. Fue resuelto favorablemente a la posición de los recurrentes en Torres v. Castillo, 111 D.P.R. 792 (1981).

Por los fundamentos que anteceden se confirmará la sen-tencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

       Es una condición que describe la falta de oxígeno en los tejidos del cerebro.

       Según advertimos en Vázquez Negrón, supra, pág. 23, en 1978 se enmendó la ley con el propósito de extender la inmunidad a aquellos médicos que, aunque no trabajen exclusivamente para el Estado, hubiesen incurrido en la conducta por la cual se reclama en el curso de sus funciones como empleados del gobierno.

        Quaere si el Estado y el empleado causante del daño pueden acumularse como demandados en el mismo pleito, a tenor con las Reglas de Procedimiento Civil, no obstante lo expresado en el tercer escolio en Vda. de Valentín v. ELA, 84 D.P.R. 112 (1961).

       Este nuevo esquema de responsabilidad gubernamental que excluye todo reclamo contra el funcionario individualmente, es análogo al establecido por el Congreso de Estados Unidos en el Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C.A. sec. 1346(b), mediante el cual el gobierno federal asume toda la responsabilidad por sus empleados y establece como único y exclusivo remedio del perjudicado la demanda en daños contra el gobierno de Estados Uñidos, si concurre el requisito indispensable de que el empleado causante del daño se hallaba en gestiones de su empleo. Véase, Vda. de Gerena v. U.S.D.A., 105 D.P.R. 309 (1976).


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Esaúl Sánchez Carambot, Roberto Ortiz Feliciano, demandantes y recurridos, v. Federico M. Matheu, Director, Colegio Universitario de Humacao, demandado y recurrente.

      Número: R-77-136

      Resuelto: 17 de junio de 1982

      José Andreu García, abogado de la parte recurrente; Fernando Olivero Barreto, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

El 7 de setiembre de 1976, la Hermandad de Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico y el Sindicato de Trabajadores de la misma institución, decretaron un paro huelgario, demandando de la adminis-tración universitaria mayores beneficios económicos. Varios grupos estudiantiles se unieron al movimiento huelgario suscitándose violentas manifestaciones y mítines desorde-nados que en el recinto riopedrense, por ejemplo, redun-daron en actos vandálicos contra la propiedad universitaria, en amenazas contra funcionarios del recinto, y en irrup-ciones violentas en las aulas, desalojándose de las mismas a profesores y estudiantes. Se ocasionó daño considerable a las facilidades sanitarias, se lanzaron agentes químicos que causaban olores desagradables; y se volcó el contenido de los zafacones por los predios de la institución. Se estimaron los daños en $136,898.40. Ante situación tan precaria las auto-ridades universitarias del Recinto de Río Piedras se vieron obligadas a suspender toda actividad académica y parte de la administrativa por el término comprendido entre el martes 14 de setiembre de 1976 y el miércoles 27 de octubre del mismo año.

En el Recinto de Humacao también se sintieron los efec-tos lamentables que suelen producir algunos movimientos huelgarios. Una cadena de metal fue lanzada al aparato transformador de la unidad de energía eléctrica que sirve al recinto. Se provocó el desbordamiento de inodoros en varios edificios, entre otros, en la biblioteca del recinto. Se lanzaron a los conductos de los acondicionadores de aire ampolletas que contenían agentes químicos intensamente malolientes, lo que obligó, en repetidas ocasiones, a desa-lojar varios salones de clase. Ninguno de esos actos surgió en Humacao como consecuencia de demostración estudiantil alguna.

Para enfrentar esa situación que hemos reseñado y tomando también en consideración el estado de cosas en Río Piedras, basado en experiencias anteriores, el señor Director del Colegio Universitario de Humacao decretó el 8 de setiembre de 1976 la suspensión de todas las actividades extracurriculares de dicho Colegio Universitario hasta tanto se normalizara la situación laboral, invocando para sus actuaciones las providencias pertinentes del Regla-mento de Estudiantes. Esa primera orden expiró el 8 de octubre de 1976.

Mas, todavía para el 18 de octubre de 1976 prevalecía el estado huelgario. Considerando el señor Director del Cole-gio de Humacao que las circunstancias que motivaron su decisión de setiembre aún privaban sobre la institución, obtuvo autorización del Consejo de Educación Superior para decretar una nueva suspensión de actividades extra-curriculares hasta el 6 de noviembre de 1976. Al finalizar la huelga de trabajadores el 27 de octubre de 1976 se dejó sin efecto en esa misma fecha el cese de las labores no lectivas.

Estando vigente la segunda moratoria de las actividades no académicas en el Colegio de Humacao, el martes 19 de octubre de 1976, comenzando a las 10:30 a.m. y durante unos 45 minutos, se celebró un mitin en el pasillo interior que da acceso a las distintas dependencias del Colegio, a una distancia de 15 pies de los edificios que albergan los departamentos de Administración y de Letras. La acti-vidad, que reunió gran número de espectadores, se celebró sin la autorización del Director ni del Decano de Asuntos Estudiantiles y en el mismo los estudiantes Roberto Ortiz Feliciano y Esaúl Sánchez Carambot, aquí demandantes y recurridos, se dirigieron a los espectadores usando alta-voces. El ruido producido por la actividad no parece haber alcanzado intensidad suficiente para hacer imposible las tareas en los edificios adyacentes, aunque produjo la parali-zación de sus labores de un grupo de empleados.

Advertido el señor Director del Colegio de la conducta antes resumida de los estudiantes Sánchez y Ortiz, presentó contra éstos querella ante la Junta de Disciplina del Cole-gio, la cual, luego de los procedimientos de rigor, incluso una vista, encomendó que se impusiera a dichos estudiantes las siguientes sanciones: (1) a Roberto Ortiz Feliciano, una suspensión bajo probatoria “por el resto del presente año académico”; y (2) a Esaúl Sánchez Carambot, el retiro de la probatoria de que entonces disfrutaba y una suspensión absoluta “por el resto del presente año académico”.

Considerando las recomendaciones de la Junta de Disci-plina, el 21 de enero de 1977 el señor Matheu se dirigió a los estudiantes Ortiz y Sánchez en sendas cartas. En una le comunicó al estudiante Ortiz la imposición de una probato-ria disciplinaria de seis meses a partir del 24 de enero de 1977, por violación de los incisos C3(a), C3(e), C3(h), C3G) y C3(k) del Art. 3 del Reglamento General de Estudiantes. En la otra carta le comunicó al estudiante Esaúl Sánchez Carambot, que por violación a las mismas disposiciones reglamentarias, se le retiraba la probatoria de que disfru-taba en aquel momento, se le suspendió del Colegio por seis meses a partir del 17 de enero de 1977, prohibiéndosele entrar a los terrenos, dependencias y facilidades bajo el control de la Universidad y se le imponía una probatoria disci-plinaria de un año desde la fecha de su reingreso, auto-rizándole, sin embargo, a solicitar dicho reingreso para el primer semestre del año académico de 1977 a 1978.

Así las cosas, los demandantes iniciaron la presente acción ante la Sala de Humacao del Tribunal Superior de Puerto Rico, solicitando del Tribunal que dictara interdicto contra las autoridades universitarias para impedir que se pusieran en efecto las sanciones disciplinarias decretadas contra ellos; para que se ordenara a los demandados reco-nocer los derechos constitucionales de los demandantes; que se reinstalara a los demandantes como estudiantes regu-lares sin restricción de clase alguna y se eliminara de sus expedientes toda mención referente a las sanciones; que se declararan nulas, ilegales e inconstitucionales las actua-ciones del señor Director del Colegio de Humacao; y, final-mente, que se concediera a los demandantes Sánchez y Ortiz las cantidades respectivas de $10,000 y $5,000 por concepto de daños y perjuicios sufridos.

El Tribunal Superior acogió sustancialmente los plan-teamientos de los demandantes y el 3 de marzo de 1977 dictó sentencia en la que estimó constitucionalmente im-permisible el cese de actividades extracurriculares decre-tado por las autoridades universitarias humacaeñas, dispo-niendo así la violación al inciso C3(k) (peligro claro e inminente) y estimando, además, que los estudiantes tam-poco habían violado el inciso C3(h) (uso de altoparlantes) del Reglamento. En consecuencia ordenó a los demandados a: (1) respetar el derecho del demandante Esaúl Sánchez Carambot de entrada y acceso a los predios universitarios como cualquier otro estudiante; (2) eliminar de los records de los demandantes toda referencia a violaciones reglamen-tarias con excepción del inciso C3(j) del Art. 3; (3) readmitir al estudiante Esaúl Sánchez Carambot a su condición de estudiante regular; y (4) no imponer a los demandantes nin-guna otra sanción por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 1976. En cuanto a la reclamación de daños, el tribunal estimó que la misma no procedía, concediendo, sin embargo, un plazo a los demandantes para argumentar contra esa estimación. Comoquiera que el Tribunal Superior deter-minó que los demandantes sí violaron el inciso C3(j) del Reglamento de Estudiantes, referente a la reglamentación de lugares apropiados para la celebración de mítines y piquetes, procedió entonces a utilizar su criterio en cuanto a qué sanción sería la más adecuada para punir esa sola violación. Así animado, rebajó de seis a dos meses el período de probatoria disciplinaria impuesto al estudiante Roberto Ortiz Feliciano, período que se contaría desde la notificación original, y redujo la suspensión impuesta a Esaúl Sánchez Carambot al tiempo cumplido al momento de dictarse sentencia.

Inconforme el demandado con la sentencia dictada, acudió ante nos solicitando la revisión de la misma, a lo que accedimos. Ambas partes renunciaron al derecho que les concede el Reglamento de este Tribunal de someter alegato en apoyo de sus contenciones y dieron por presentados los mismos a base de sus escritos de solicitud de revisión y de oposición a la misma. Ha quedado así debidamente argu-mentada la controversia y está lista para su solución final. Veamos.

En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979), resolvimos que los derechos fundamentales de expresión y asociación que en nuestra Constitución se consagran, acompañan tanto a maestros como a estudiantes durante su permanencia en los predios escolares. Tratándose de universidades, esta norma constitucional comulga estrechamente con la esencia y razón histórica de esta institución, en la que como afirma Monroe de un modo claro, “la libertad de discusión, tanto política como eclesiástica y teológica encontró su primer hogar”. P. Monroe, Historia de la pedagogía, traducción del inglés por María de Maeztu, Madrid, 1905, T. II, pág. 145.

En el pasado, aunque la mayor parte de las veces las simpatías de los grupos universitarios eran para las clases privilegiadas, muy a menudo se convirtieron en el intérpre-te del pueblo, en oposición al rey o la intriga eclesiástica, H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Great Britain, 1936, Vol. I, pág. 540 et seq. El derecho de la universidad a emitir su opinión en el Gobierno y a ocupar un puesto en los parlamentos de Francia, de Inglaterra y de Escocia, es una prueba de su autoridad política y de que la universidad había llegado a ser un gran “estado”. Cues-tiones de Estado y controversias entre éste y la Iglesia, tales como los divorcios de Enrique VIII de Inglaterra y Felipe de Francia, flieron sometidas al arbitraje de las universi-dades. P. Monroe, loe. cit., ante. En fin, política, eclesiástica y teológicamente, las universidades fueron desde temprano baluarte de libertad. La queja constante de que deseaban mezclarse con todos los asuntos importantes es una prueba de su influencia coercitiva sobre las arbitrariedades del rey y de los prelados. Solamente a ellas se concedía cierta liber-tad para expresar su opinión. La única clase social a la que era respetado su punto de vista opuesto a los de los monar-cas era la de los estudiantes de la Universidad, aun en los casos en que estaban representados por gente “hostil y extraña”. Y sólo ese ambiente de libertad y abstracción sus-tancial de la presión oficial podía producir las figuras que como Rogerio Bacon, Dante, Petrarca, Wicliffe, Huss y Copérnico engendraron el espíritu moderno.

Nuestro derecho histórico es testigo fiel del gran reconocimiento social de que han disfrutado las instituciones universitarias, así como sus profesores y estudiantes: “Et otrosí decimos que los cibdadanos de aquel logar do fuere fecho el estudio deben mucho honrar et guardar los maestros, et los escolares et todas sus cosas . . .”. Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Ed. Atlas, 1972, T. II, Partida Segunda, Título XXXI, Ley II. Nuestro aprecio jurídico por la universidad y sus valores de libertad y estudio es, pues, muy antiguo y se remonta a tiempos anteriores a la concepción del derecho constitucional moderno.

En la América de nuestro tiempo esa tarea destacada que desempeña la universidad como centro de investi-gación, de estudio y de crítica social no ha perdido trascen-dencia.

La universidad latinoamericana se ha visto comprome-tida desde sus comienzos con la reforma social. La univer-sidad luchó por su autonomía, la que se cristalizó con la Revolución universitaria de Córdoba en 1918. Desde que comenzó la reforma se proclamó el deber universitario de asumir el liderato en la sociedad y de servir a sus necesi-dades, definiéndose así la ubicación en las tareas universi-tarias del estudio de lo político-social al margen de las pre-ferencias del Estado. Así pues, en Latinoamérica la auto-nomía universitaria se concibe como el santuario donde conseguir una relativa libertad en el examen de las ideas. R. Mac-Lean y Esteríos, La crisis universitaria en Hispa-noamérica, Instituto de Investigaciones Sociales, Univer-sidad Nacional, México, 1956.

En este sentido, el definitivo reconocimiento que las li-bertades civiles reciben en todo el ordenamiento nacional de sociedades como la nuestra, no puede ser razón hábil para menoscabar las garantías de libertad de expresión y asocia-ción que desde tiempos pretéritos gozan los estudiantes y profesores universitarios. Precisamente, para que las salva-guardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificul-tad se plasmaron en un pasado no muy remoto. Se trata, como advertimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia. Así lo reconoció el legislador puertorriqueño cuando dispuso que, en el cum-plimiento de su misión, la Universidad de Puerto Rico de-bería “[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e inte-reses de toda comunidad democrática”. 18 L.P.R.A. see. 601, inciso b(6).

Con estos principios en mente podemos entender con claridad cómo es afín con la esencia vital de la universidad la norma constitucional que reconocimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, a los efectos de que estudiantes y profesores conservan sus derechos de expresión y asociación pacífica en consonancia con los propósitos de la institución, cuando entran a los centros de enseñanza. C. A. Wright, The Constitution on the Campus, 22 Vand. L. Rev. 1027 et seq. (1969). Más aún, se entiende también que es armónica con la filosofía de libertad, que es germen de la universidad, el principio fundamental que postula que la censura previa de los derechos de expresión y asociación se enfrenta al escrutinio judicial cargando un pesado factor que aboga en contra de su subsistencia. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 289 et seq. (1971). Hemos requerido que las autoridades “muestren los hechos que razonablemente las han llevado a concluir que de permitir la actividad proscrita, se alterarían substancialmente o se causaría una seria intervención con las actividades docentes”. Rodríguez, supra, pág. 257. Hemos exigido que se demuestre que “las restricciones impuestas obedecen a la necesidad real de defender la eficiencia e integridad del servicio público”. Rodríguez, supra, págs. 257-258.

Este criterio, sin embargo, es definitivamente el acogido por el Reglamento General de Estudiantes de la Univer-sidad de Puerto Rico, en su Art. 3, Sec. C(k), que luego de reconocer con precisión los derechos de expresión y asocia-ción de los estudiantes universitarios, acotados como es de rigor en función de la naturaleza docente de la institución, dispone:

.. . En caso de que exista peligro claro e inminente de que el ejercicio de los derechos que aquí se reconoce habrá de inter-ferir sustancial y materialmente con el orden institucional, los Rectores de los Recintos y los Directores de los Cólegios Uni-versitarios o Regionales podrán, por resolución escrita fun-dada, prohibir la celebración de estas actividades en sus respectivos centros educativos.... (Énfasis suplido.)

Nuestra tarea se reduce entonces a determinar si, de acuerdo con los hechos de autos al momento de extenderse, existía en el Colegio de Humacao el peligro claro e inmi-nente de que el ejercicio de los derechos estudiantiles habrían de interferir sustancial y materialmente con el orden institucional, de suerte que se justificara la interven-ción oficial con el libre ejercicio de tales derechos.

Tengamos presente que para sostener su proceder las autoridades universitarias de Humacao invocan principal-mente el hecho de que en el Recinto de Río Piedras las mar-chas y mítines que se llevaron a cabo redundaron en serios actos de violencia. Su fundamento radica en la experiencia sucedida en Río Piedras, pues debe advertirse que los actos vandálicos que se suscitaron en Humacao ni se originaron ni estuvieron relacionados con marchas o concentración estudiantil alguna. A estos efectos, nos es útil reconocer el análisis que se ha hecho, en otras jurisdicciones sobre las circunstancias que deben coincidir para que experiencias previas de violencia se consideren índice correcto de surgi-mientos posteriores y, por tanto, fundamento válido para coartar derechos de expresión.

En la doctrina de derecho constitucional americano, tan similar al nuestro en aspectos que se refieren a derechos fundamentales, R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 427 (1964), se ha considerado seria y profundamente si un trasfondo de violencia es válido para justificar una intervención de las autoridades públicas con los derechos de expresión y asociación del ciudadano. La respuesta ha sido afirmativa, considerándose, como es natural, que experien-cias anteriores de actos violentos pueden poner restricciones a los derechos de ciertas personas u organizaciones de llevar a cabo mítines, marchas y reuniones, todo ello con ánimo de proteger la vida y propiedad de los ciudadanos. Véase Judicial Control of the Riot Curfew, 77 Yale L.J. 1560 et seq. (1968). No obstante, considerando las serias repercusiones que tal censura conlleva, deben coincidir varios requisitos para que esa restricción justificada con actos violentos pre-vios sea válida. En primer lugar, la violencia debe ser lo bastante seria como para causar, bien lesiones perso-nales de envergadura o daño sustancial a la propiedad. Además la violencia debe ocurrir en la misma área en que se pretende llevar a cabo la demostración, porque un cam-bio de ubicación, por lo común, rompe con el patrón de vio-lencia y altera las variables importantes, tales como los objetivos simbólicos, las víctimas potenciales, los incitadores posibles y los escondites usuales. Más aún, la violencia debe ser lo suficientemente continua como para constituir un patrón o trasfondo verdadero y no un mero acto desafortu-nado del pasado. Por último, la violencia debe ser recien-te. Como se dijo en Drivers Union v. Meadowmoor, 312 U.S. 287, 294 (1941), debe haber un “momentum de temor”, una “intimidación continua”, pág. 298. V. Blasi, Prior Restraints on Demonstrations, 68 Mich. L. Rev. 1481, 1520 et seq. (1970). Podemos resumir, que la violencia anterior que da lugar a la restricción válida del ejercicio de libertades de expresión y asociación de grupos, debe ser de sustancial magnitud y continuidad y debe ocurrir aproximadamente en el mismo lugar en que ahora se proscribe, así como en tiempo reciente.

No albergamos duda de que los sucesos acaecidos en el recinto riopedrense se distinguieron por su severa mag-nitud y prolongación. Durante los días 8, 9, 10 y 13 de setiembre de 1976, se llevaron a cabo en dicho recinto mar-chas y mítines que, tal como hemos reseñado, degeneraron en desórdenes y violencia que causaron pérdidas muy cuan-tiosas a la propiedad universitaria, tanto como agresiones e intimidaciones a estudiantes, profesores y administra-dores. Ahora bien, el centro neurálgico de la controversia de autos se centra precisamente en determinar si los requi-sitos de proximidad física y temporal, así como de circuns-tancias similares, se satisfacen en el caso de autos donde los sucesos de Río Piedras son invocados para justificar la prohi-bición de actividades extracurriculares en Humacao. Veamos.

El Recinto Universitario de Río Piedras radica en el Area Metropolitana de San Juan, que es el centro urbano más extenso del país. Es una entidad universitaria muy grande en todo sentido. Ocupa un área de alrededor de 280 cuerdas de terreno. Para el año lectivo 1976-1977, en el cual ocurrieron los hechos que motivan la controversia de autos, contaba con instalaciones físicas cuya superficie ascendía a aproximadamente 2,533,714 pies cuadrados. Contaba en-tonces con 1,420 profesores a cargo de las tareas docentes. Por otra parte, 2,402 personas tenían a su cargo las labores de administración y otros servicios. Conviene señalar, por último, el importante hecho de que en aquel entonces su matrícula ascendía a 24,216 estudiantes. I. Rodríguez Bou, Rector, Informe Anual 1976-77, pág. 5 et seq. y Apéndice V.

El Colegio de Humacao, sin embargo, presentaba para la fecha de la ocurrencia de los hechos de autos un cuadro totalmente distinto. Era un recinto universitario pequeño con características en todo sentido disímiles al recinto riopedrense. Así, por ejemplo, advertimos que el Colegio radica en un predio de 63 cuerdas de las cuales sólo se utili-zan 48. Colegio Universitario de Humacao, Informe para Plan de Desarrollo Integral, Humacao, 1979, pág. 71. Con-taba en los momentos pertinentes con un reducido número de estructuras cuya superficie útil llegaba sólo a 143,458 pies cuadrados. Universidad de Puerto Rico, Adminis-tración Central, Oficina de Planificación y Desarrollo, Inventario de la Planta Física de la U.P.R., Río Piedras, 1977, pág. 19. Finalmente, debemos puntualizar con énfasis que durante el año académico 1976-1977 la institución humacaeña contaba con 159 profesores para atender la enseñanza de sólo 3,233. Informe para describir la gestión realizada por la Administración del Colegio Universitario de Humacao, durante el período comprendido entre febrero de 1976 y junio de 1978, págs. 17 y 14, 30 de junio de 1978.

Considerando los criterios antes reseñados a la luz de este contraste, no podemos concluir que las experiencias de violencia que se registraron en Río Piedras son base sufi-ciente para restringir absolutamente los derechos de expresión y asociación de los estudiantes de Humacao, por representar un peligro claro e inminente de violencia en el recinto humacaeño. Aun olvidando que ninguno de los actos ilegales que ocurrieron en Humacao respondió, como en Río Piedras, a actividad estudiantil alguna y, más aún, igno-rando la considerable distancia que separa a ambas institu-ciones, las circunstancias de uno y otro centro difieren tanto que no alcanzamos a percibir paralelismo alguno entre ambos, que sirva para sostener la proscripción impuesta por el señor Director. El ambiente distinto que circunda al Recinto de Humacao, su población estudiantil tan signi-ficativamente menor, su campus reducido y su limitado número de estructuras nos obligan a concluir que las variables pertinentes se alteran tan destacadamente cuando nos movemos de Río Piedras a Humacao, que la violencia que se advirtió en el recinto metropolitano no libera a la censura previa que se impuso en Humacao, de la pesada presunción de inconstitucionalidad con que este tipo de medidas se pre-senta ante el escrutinio judicial.

Más aún, al momento de decretarse en Humacao el segundo vedamiento el 18 de octubre de 1976, por cuya vio-lación se acusó a los recurridos, había transcurrido más de un mes desde que cesaron los actos de violencia en Río Pie-dras y desde que el recinto riopedrense había sido cerrado. Tampoco se advierte proximidad temporal entre los sucesos violentos advertidos y la prohibición de actividades extra-curriculares en Humacao. Reafirma nuestra conclusión el he-cho relevante de que durante los diez días que transcurrieron luego de vencer la primera prohibición y antes de decre-tarse la segunda —del 8 al 18 de octubre— en el Colegio de Humacao no se registró acto de violencia de ninguna clase como consecuencia de forma alguna de expresión estudian-til.

A la luz de estas consideraciones coincidimos con el ilus-trado tribunal sentenciador en aquella parte de su sentencia que declaró constitucionalmente impermisible la censura impuesta sobre los derechos de expresión y asociación de los estudiantes de Humacao y, en consecuencia, inválidas las sanciones impuestas por su violación.

Ahora bien, conviene aclarar sobre este punto, que nuestra posición dista mucho de ser un llamado a favor de la permisibilidad de actos violentos en las universidades públicas. Como advirtiera el Juez Fortas, la tolerancia de la violencia conlleva la erosión misma de los fundamentos de una sociedad ordenada. A. Fortas, Concerning Dissent and Civil Disobedience, New York, Signet Books, 1968, pág. 93. En este sentido, las autoridades universitarias tienen, como corolario de su obligación de proteger la propiedad universitaria y la persona de los universitarios, plena facultad para adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la paz institucional. Ya en Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503, 513 (1969), el Tribunal Supremo federal había reconocido las actividades estudiantiles no protegidas al declarar: “Pero la conducta del estudiante, en clase o fuera de ella, que por cualquier razón —bien surja ésta de tiempo, lugar o tipo de comportamiento— causa interrupción sustancial o envuelve desorden sustancial o invasión de los derechos de otros, claramente no está inmunizada por las garantías constitucionales de libertad de expresión.” Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que nuestra Constitución requiere que el rigor de las medidas tomadas se ajuste a las circunstancias de cada caso, debiendo evitarse que las medidas de seguridad sean tan drásticas que lesionen innecesariamente los derechos en ella consagrados. Véase, Tinker, ante, pág. 508.

t — I k*H

Cuanto hemos discutido dispone de la sanción que se le impuso a los estudiantes recurridos por violación al inciso C3(k) del Reglamento, sanción que respondía a su desaten-ción a la censura impuesta por el señor Director del Colegio Universitario de Humacao.

Ahora bien, discrepamos del tribunal a quo en su con-elusion, a los efectos de que la invalidación de la rigurosa censura que se impuso en Humacao disponía también de la sanción impuesta a los recurridos por violar el apartado h del mismo inciso C3 que prohíbe la utilización de altopar-lantes sin mediar autorización previa y escrita del Director, a tenor con las normas que éste establezca. El Tribunal Superior expuso que “sería ingenuo pensar que el permiso se hubiese concedido mientras la moratoria estaba en vigor. En vista de ello, no se puede penalizar a los demandantes por no haber tomado los pasos para solicitarlo, acto que a todas luces hubiese sido estéril. Durante la moratoria la prohibición de este inciso se convirtió en absoluto [sic\, y su validez se cae junto con la validez de la moratoria. No puede por tanto sancionarse a los demandantes por haber violado este inciso”. El razonamiento es incorrecto, pues lo proce-dente es señalar que, como veremos, el uso de altoparlantes en el lugar donde fueron utilizados por los recurridos estaba prohibido, no obstante la imposición de la censura.

Sucede, que, a tenor con la autoridad que le confiere el Reglamento de Estudiantes, el señor Director del Colegio de Humacao promulgó el 8 de julio de 1976 las siguientes nor-mas con relación al uso de altavoces:

Se permitirá el uso de altoparlantes, bocinas y cualesquiera otros instrumentos de amplificación de sonido, previa autori-zación escrita del Ayudante del Director a/c Asuntos Estu-diantiles del Colegio Universitario de Humacao, en el área que a continuación se designa:
El terreno que colinda con las canchas de baloncesto, por el este, la acera que conduce a dichas canchas, por el norte, y la carretera que conduce al estacionamiento que se encuentra detrás del edificio de Letras al oeste, excluyendo una franja de terreno de 100 pies bordeando los límites de dicha área interior medidas desde el borde de las diferentes colindan-cias. Este terreno está debidamente identificado.
Se prohíbe el uso de altoparlantes, bocinas y otros instru-mentos de amplificación del sonido en cualquier otra área, fuera de la especificada anteriormente ....

La razonabilidad de la norma establecida por el señor Director del Colegio Universitario de Humacao no ha sido cuestionada y comoquiera que está resuelto que es procedente la regulación razonable del uso de altoparlantes —Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974)— debemos considerarla válida para propósitos de nuestro análisis. En ese sentido, si los estudiantes hubiesen utilizado los altoparlantes en las áreas que, mediando el debido permiso, han sido dispuestas para ello por la reglamentación del señor Director, sería prudente considerar la proposición del tribunal sentenciador a los efectos de que la solicitud de permiso era fútil, considerando los términos absolutos de la censura que se imponía. Mas, lo que sucede en el caso de autos es que los recurridos utilizaron los altavoces en el lugar en que, por su cercanía a los lugares de trabajo- del Colegio, su uso estaba prohibido siempre, mediara o no censura especial y donde el Ayudante del Director a cargo de Asuntos Estudiantiles no podía conceder válidamente el permiso sin contravenir la delegación que le hiciera el Director. La vigencia de la censura no era, pues, impedimento válido para que los estudiantes recurridos fueran considerados incursos en violación a la disposición reglamentaria que prohíbe el uso de altoparlantes sin autorización y, en forma hostil, a las normas establecidas por el señor Director del Colegio porque, sobre toda otra consideración, resalta el hecho escueto de que los recurridos utilizaron altavoces en abierto desafío a las normas adoptadas a los efectos por las autoridades del Colegio, sin controvertir la razonabilidad de dichas normas. En este aspecto, le asiste la razón a la parte recurrente y debe modificarse la sentencia recurrida.

I — I HH I — I

Pasemos entonces a resolver la última cuestión que se plantea en el recurso y que trata sobre la facultad del Director recurrente para prohibir a los estudiantes la entrada al recinto universitario.

El Reglamento General de Estudiantes de la Univer-sidad de Puerto Rico, vigente en la fecha de los hechos, en su Art. 16 B, faculta al Rector o Director de un Colegio Universitario o Regional a acudir al foro judicial en los casos señalados. Así dispone lo siguiente en cuanto a estu-diantes y/o personas ajenas a la institución:

El Rector, el Director de un Colegio Universitario o Regional o de alguna facilidad de la Universidad, cuando tuviere motivos fundados para creer que la continuada pre-sencia de algún estudiante o grupos de estudiantes de la Insti-tución y/o personas ajenas a la Institución impide la cele-bración pacífica de las clases y otras actividades oficiales o constituye un peligro claro e inminente a la seguridad de per-sonas o propiedad dentro del mismo, podrá radicar, a nombre de la Universidad de Puerto Rico, una petición de Interdicto (Injunction) ante cualquier Sala de [sic] Tribunal Superior de Puerto Rico para impedir la entrada de este estudiante o grupo de estudiantes a las facilidades de la Universidad.

Por otro lado, el Art. 11 del mismo Reglamento enumera las sanciones que pueden imponerse a los estudiantes que actúen en contravención de las normas disciplinarias de la Institución, a saber:

Las violaciones a las reglas que anteceden pueden conllevar la adopción de algunas de las medidas siguientes:
1. Amonestación.
2. Probatoria por un tiempo definido durante el cual otra violación de cualquier norma tendrá consecuencia de suspen-sión o separación.
3. Suspensión de la Universidad por un tiempo definido. La violación de los términos de la suspensión conllevará un aumento del período de suspensión o la separación definitiva de la Universidad.
4. Separación definitiva de la Universidad.
5. Los actos que constituyan violaciones a este Reglamento y que ocasionen daños a la propiedad podrán conllevar como sanción el compensar a la Universidad los gastos en que incurra para reparar estos daños.
6. Cualquier otra sanción que se especifique en el Regla-mento de Estudiantes del Recinto, Colegio Universitario o Colegio Regional correspondiente.

La controversia planteada es si puede prohibirse la entrada al recinto a un estudiante que haya violado las normas disciplinarias hasta el extremo de conllevar una suspensión por un tiempo definido o una separación definitiva, sin tener que recurrir las autoridades universitarias a la esfera judicial. Parece implícito en la facultad de suspender, la de prohibir la entrada al recinto, considerando la seriedad de la violación incurrida por el estudiante, que justifique la suspensión. Nótese que la suspensión es el paso reglamentario que le sigue a la probatoria. No podemos suponer que por no estar expresamente contenida en el reglamento la facultad de prohibir, le está vedado a las autoridades universitarias en circunstancias difíciles de disciplina con las que no puedan lidiar de momento, el que quede trunca su facultad reglamentaria de suspensión. De insistir el suspendido en tener acceso al recinto, entonces, las autoridades universitarias podrán invocar el Art. 11 del Reglamento, el cual está disponible además contra personas ajenas a la institución.

Por ello, concluimos que es válida la sanción impuesta a los recurridos por el señor Director del Colegio de Huma-cao, con la cual les prohibía que se adentraran en cualquier dependencia de la Universidad.

No podemos dejar consignado que, según han señalado los estudiosos de la materia, la intervención de los tribunales en casos en que media gran tensión entre estu-diantes universitarios y los administradores de la insti-tución puede ser una fuerza positiva y conducente a la solución pacífica de las disputas. R. R. Rosenthal, Injunctive Relief Against Campus Disorders, 118 U.Pa. L. Rev. 746 et seq. (1970). Lo ideal, sin embargo, sería que las disputas se solucionaran mediante el uso pacífico del diálogo, en el que reine la cordura y la sensatez de las partes, o algún proce-dimiento de arbitraje que hiciera posible tomar acuerdos sin intervención judicial.

> \ — I

Resulta de todo lo anterior, que el señor Director del Colegio Universitario de Humacao actuó correctamente al determinar que los estudiantes recurridos violaron la dispo-sición reglamentaria referente al uso de altoparlantes, en contravención a las normas dispuestas a los efectos, inciso C3(h), así como aquella disposición del Reglamento de Estudiantes que prohíbe la celebración de marchas y mítines cerca de los edificios donde se llevan a cabo tareas lectivas, inciso C3(j).

Ahora bien, al modificar la sentencia recurrida para dejar sin efecto la disposición que hiciera el tribunal sentenciador con respecto al inciso C3(h) y sostener la validez de la determinación del recurrente, nos restaría entonces pasar juicio sobre la evaluación que hiciera la sala de instancia en torno a la adecuacidad del castigo impuesto al modificar las determinaciones que a los efectos hiciera el Director del Colegio de Humacao. En ese sentido, dado que la actuación del tribunal a quo no fue irrazonable y que la prolongada tramitación de este caso debe concluir, resolvemos que procede confirmar las actuaciones del Tribunal Superior a los efectos. Debemos señalar, sin embargo, que los tribunales deben abstenerse de intervenir con la discreción de las autoridades universitarias en torno al rigor de las medidas disciplinarias. En casos como el de autos, donde se determina que las bases que sostienen los castigos son parcialmente inválidas, lo apropiado sería remitir el caso a las autoridades universitarias para que, dentro de un plazo razonable, procedieren a imponer las sanciones que estimaren prudentes, las que, salvo exceso manifiesto, deben ser objeto de gran deferencia ante el tribunal. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra.

A tenor con los fundamentos anteriores se dictará senten-cia que deje sin efecto aquella parte de la sentencia recurrida que declaró inválida la prohibición impuesta al recurrido Esaúl Sánchez Carambot de entrar a los terrenos, dependen-cias y facilidades bajo el control de la Universidad y aquella que ordenó al recurrente, Dr. Federico M. Matheu, a eli-minar del expediente permanente de los recurridos Esaúl Sánchez Carambot y Roberto Ortiz Feliciano la referencia a la violación del inciso CS(h) (referente al uso de altopar-lantes) del Reglamento General de Estudiantes de la Univer-sidad de Puerto Rico. Así modificada, se confirmará.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en la parte I de la opinión. Disiente de las partes II y III y la porción de la IV en que se alteran las conclusiones del tribunal de instancia. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente.

—0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

No puedo unirme a la laxitud que en gran medida ha determinado la ausencia de disciplina en nuestro medio, que va desde el inocuo mitin que a nadie molestó hasta los enormes agravios a la paz y la seguridad que ya son rutina y “riesgo calculado”.

La opinión se enajena de la realidad, y como Rodríguez v. Srio. Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979), que reitera, barre bajo la alfombra el derecho a la educación que nues-tra Constitución de 1952 afirma en su Art. II, Sec. 5, y que suscita la confrontación crítica, entre ese derecho que pro-pende al desarrollo de la personalidad “y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales” y de otra parte el derecho de libre expresión que en el Recinto de Humacao tomó la forma de lanzamiento de una cadena de metal sobre los conductores de energía eléctrica del recinto, el desbordamiento de inodoros en varios edificios, inclusive la biblioteca y el for-zado desalojo de salones de clase insertando agentes quími-cos apestosos en las unidades de aire acondicionado.

El per curiam descansa en premisas erróneas al inter-pretar el Reglamento General de Estudiantes en su parte prohibitiva de actividades extracurriculares cuando exista peligro claro e inminente de que el ejercicio peculiar de la libre expresión y asociación plantee un riesgo para el orden institucional; toma como base para negar relación causal o de “trasfondo” —experiencia previa de violencia— entre los actos vandálicos realizados en Río Piedras y los que tuvieron lugar en Humacao: (a) que el Recinto de Río Pie-dras para entonces tenía más de 24,000 estudiantes y el Cole-gio Regional sólo 3,233. Olvida que las explosiones de vio-lencia, justificadas o no, se han producido históricamente con entera abstracción del número de habitantes en el país o lugar afectado; (b) que la conducta incivil de los recurridos no tenía raíces o motivación en lo ocurrido en Río Piedras, porque cuando se deciden a “manifestarse” ya hacía un mes que la violencia ríopedrense había obligado a cerrar la Uni-versidad; ¿acaso tienen que ser simultáneos los brotes de violencia e indisciplina para que pueda percibirse la moti-vación común, o el llamado trasfondo, y llegar a la con-clusión de que existe “peligro claro e inminente” de que los actos de los infractores ponen en riesgo el orden y la paz institucional?; no ofrece la opinión ningún otro motivo, contra la conocida realidad de que los movimientos del Recinto mayor de Río Piedras tienen siempre repercusión, de mayor o menor intensidad, en los demás recintos; y añade (c) que “la considerable distancia” entre Río Piedras y Humacao produce algo como efecto inmunizante en los humacaeños. Este criterio choca hasta con la facilidad con que residentes de Humacao vienen diariamente a cumplir su horario de trabajo en la zona metropolitana. Puerto Rico, en su limi-tado territorio nacional es un solo campus por el que se han extendido, en recintos dispersos a través de la Isla con entera viabilidad, tanto la Universidad de Puerto'Rico como las privadas.

El criterio de decisión es ambiguo y ambivalente; es débil, en lugar de benigno, con uno de los recurridos que ya anteriormente había violado una probatoria, pero se sobre-coge con los criterios adversos de Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503 (1969) y del Juez Fortas en Concerning Dissent and Civil Desobedience, New York, Signet Books, 1968, pág. 93; postula una juiciosa abstención de los tribunales en los asuntos universitarios, y al momento de decidir desplaza totalmente la competencia académica.

En fin, considero que no se justifica la intromisión de los tribunales en el presente caso para decirle a las autoridades universitarias que han errado en la apreciación de indicios en que pueden descansar para proteger la paz del recinto y la función educativa de un “peligro claro e inminente”. Los derechos constitucionales deben ser rigurosamente res-guardados, pero no prodigados.

El Tribunal, con muchos menos recursos estimativos que la dirección universitaria levantó una muralla entre el mitin relativamente ordenado y la conducta escatológica y violenta que amenazaba con un desarrollo similar al del Recinto de Río Piedras. Este método de penosa disección de la masa de eventos antisociales nubla la capacidad para apreciar en forma integral el potencial destructivo de cada uno de los factores envueltos en la violencia en el campus. Jefferson nunca pensó que la libertad de expresión acogería bajo su palio los eventos acaecidos en el campus de Huma-cao y que movieron a la Dirección a tomar una leve medida preventiva. El ratio decidendi sugiere, en su condenación de la prevención —que llama restricción previa— la inacción de las autoridades académicas hasta que empiecen a escu-charse los disparos y a volar las “molotofs”. El Director del Colegio Universitario de Humacao, universitario inmerso en el estilo de vida del campus, está en mejor posición para advertir y conjurar el daño al recinto. Ubicado en el ojo de la tormenta está en superior plano para percibir los relieves y perfiles de la conducta disolvente de la libertad auténtica. En el cuadro general de hechos de este caso, ni el Reglamento ni la decisión administrativa, lesionan derechos individuales en desproporción con la medida disciplinaria cautelar necesaria para proteger los mayores intereses de la educación que garantiza nuestra Constitución.

Revocaría la sentencia recurrida y desestimaría la demanda.

       También en los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Arecibo fueron pro-clamadas suspensiones por las autoridades universitarias en las actividades no lec-tivas.

       El inciso a prohíbe que los mítines interrumpan las tareas universitarias ordinarias; el e exige que no se impida el acceso y salida a las facilidades de la Uni-versidad; el inciso h requiere autorización previa para el uso de altoparlantes; el j prohíbe mítines a una distancia menor de 250 metros de los salones de clase y de las oficinas; y el k, tal como lo transcribiremos luego, autoriza la prohibición de actividades extracurriculares cuando exista un peligro claro e inminente de que las mismas interfieran sustancial y materialmente con el orden institucional. Ahora bien, ante el Tribunal Superior no se suscitó controversia en cuanto a los incisos C3(a) y C3(e). Los recurridos alegaron en su demanda que el Director del Colegio adoptó en toda su extensión el informe de la Junta de Disciplina, la cual había recomendado la desestimación de las imputaciones a dichos incisos C3(a) y C3(e), párrafos 6 y 7 de la demanda. El demandado aceptó esa alegación, párrafo 2 de la contestación.

       Los estudiantes no solicitaron la revisión de esa sanción, por lo que no está ante nos ese aspecto de la controversia. Véase P. A. Freund et al., Constitutional Law, 4ta ed., Boston, Little, Brown & Co., 1977, págs. 183-184.

       Ya en Pueblo v. Lastra Charriez, 50 D.P.R. 118, 129 (1936), decíamos por voz del entonces Juez Presidente, Señor Del Toro, que “[e]l derecho a la crítica fuerte, alerta, severa, apasionada aún, no puede ser restringido. Corresponde a los ciudadanos de un pueblo libre. Es suyo y nadie puede arrebatárselo. Sobre eso no hay duda alguna”.

       Como señala Castán por “vía de educación y reeducación, de continua pro-moción educativa, se podría acometer la solución del problema de los derechos humanos, en relación —esto es importante y capital— con el total problema del hombre, en su naturaleza de siempre y en su esencia ética, pero sin olvidar, a la vez, las exigencias y aspiraciones sociales de nuestro momento histórico”. (Énfasis nuestro.) J. Castán Tobeñas, Los derechos del hombre, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, pág. 180.

       Los más modernos diseños constitucionales del orbe mantienen este princi-pio. La Constitución española de 1978, por ejemplo, dispone en su Art. 16: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comuni-dades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mante-nimiento del orden público protegido por la ley.” (Énfasis suplido.) Boletín oficial del Estado, Constitución Española, Madrid, 1979, pág. 25.

      No tenemos que resolver si la disposición reglamentaria es siempre válida con abstracción de circunstancias de tiempo y lugar y con hechos distintos a los que consideramos en esta ocasión.

       Así quedó probado ante el Tribunal Superior de San Juan en el caso PE-76-1250(907), obrando en autos copia de la sentencia dictada.

       La población estudiantil del Colegio de Humacao era así una octava parte de aquella que se agrupaba en Río Piedras, la cual era superior por más de 20,000 estudiantes.

       De acuerdo con el censo de la población de 1970, el área metropolitana de San Juan, donde radica el Recinto de Río Piedras, contaba con 851,247 habitantes. Contrasta grandemente con esta impresionante cifra el hecho de que, para la misma fecha, en el municipio de Humacao residían 36,023 personas. Bureau of the Census, 1970 Census of Population, págs. P.R. 53-181 y 184.

      Al hacer la Junta de Disciplina sus recomendaciones en torno al caso el Profesor José Malavé López, representante del Claustro ante dicha Junta, sus-cribió una opinión disidente, la que expresa lo siguiente en relación con la acti-vidad en que participaron los recurridos: “Considero que dicha actividad violaba la orden emitida por el Director el 8 de septiembre de 1976 amparándose en dicho artículo 3C(3)(k). Sin embargo, entiendo que no existía[n] en el Colegio las condi-ciones que se establecen en dicho artículo y que facultan al Director para ponerlo en vigor. Es bueno señalar que el mismo Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Arturo Morales Carrión, manifestó en varias ocasiones, en declaraciones públicas durante el tiempo en que estuvo en vigor la orden del señor Director, que a excepción del Recinto de Río Piedras la situación en el resto del sistema univer-sitario era de completa normalidad.”

       Por ejemplo, no se ha invocado que en el momento en que se hizo uso de los altoparlantes hubiese habido receso oficial en las actividades académicas en el lugar utilizado ni ninguna otra circunstancia que demostrara la irrazonabilidad de la veda absoluta en dicha ocasión.

       Después de esta licencia a los sindicalistas y agitadores obreros para invadir la escuela, los políticos lamentablemente la interpretaron como igual auto-rización para actividad partidista y se usaron estudiantes de Escuela Superior en el propio local docente, para llenar las peticiones de nominación exigidas a candi-datos a puestos electivos en las elecciones generales de noviembre de 1980.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. Manuel Medina Adorno, abogado notario.

      Número: 2315

      Resuelto: 17 de junio de 1982

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías; José A. Cuevas Segarra, abogado del querellado; Manuel Medina Adorno, pro se, en reconsideración.
   PER CURIAM:

El notario Manuel Medina Adorno autorizó el 19 de mayo de 1980 la escritura número trece de su pro-tocolo de ese año, en que don Pancracio Sánchez Pérez apa-rece como otorgante de un testamento abierto. Al inspec-cionar su notaría, se percató el Inspector de Protocolos de que el otorgante no firmó la escritura. Requerido el notario para que explicara dicha omisión, expresó lo siguiente, en carta al Director de Inspección de Notarías de 30 de abril de 1982:

Correctamente se informó de [sic] que la Escritura Número Trece (13) de Testamento Abierto no había sido firmada por el testador. Reunidos est[á]bamos en la casa del testador, tes-tigos y algunos miembros de la familia y en el momento mismo que iba a firmar el testador sonó el teléfono. A su regreso me entregó el bolígrafo y se continuó el otorgamiento de dicho testamento sin percatarnos de que el testador dé referencia no había firmado. Posteriormente no descubrí el error y ello a pesar de que de vez en cuando examino mis escrituras. Es esta la primera vez que cometo tal irregula-ridad.
En mi afán de subsanar mi error tanto como fuera posible visité a la viuda, Doña María Rivera Rivera y ella me informó de [sic\ que su esposo y testador en este caso había muerto el día 9 de mayo del 1981 y que sus bienes fueron distribuidos en armonía con el Testamento Abierto que otorgó ante mí con fecha del 19 de mayo del 1980.

Informado este Tribunal sobre estos particulares, por resolución del 20 de mayo de 1982, requerimos del notario mostrar causa por la cual no deba ser suspendido del ejerci-cio de la notaría. Su contestación a dicho requerimiento es una reafirmación de lo expresado en dicha carta, expre-sando además: “Que el error involuntario aludido anterior-mente no causó daño alguno y que en el futuro, este notario optará por usar un método para rectificar las firmas en tes-tamentos o en cualquier documento público o privado.”

Ante la seriedad de la falta cometida, no podemos hacer menos que disponer la separación de este notario del ejercicio de la notaría. Es obvio, según surge de la explicación dada por el notario, que la unidad de acto en el otorgamiento del testamento fue interrumpida al ausentarse el testador por tres o cuatro minutos para atender una llamada telefónica precisamente en el momento en que debía firmar, como se requiere, luego de darse lectura al instrumento. La falta de diligencia y de la debida atención por parte del notario a su delicada función como depositario de la fe pública permitió que ese incidente causara la omisión de la firma del testador, sin la cual el instrumento es nulo.

No es atenuante que, muerto el señor testador, se cumpliera lo dispuesto en el documento como su última voluntad. Notamos que esta información surge de una declaración jurada prestada por su viuda, declaración que no tuvo escrúpulos el referido notario de autorizar bajo su registro de afidávit. Dice el notario que su “error involuntario” no causó daño alguno. No tenemos constancia de que las personas llamadas a suceder al señor Pancracio Sánchez Pérez ab intestate, quienes pudieran haber sido perjudicadas al darse validez al llamado testamento, hayan sido informadas de la omisión que produce su nulidad. No aparece del expediente ante nos, que dichas personas estén dis-puestas a acatar, con conocimiento de ello, las disposiciones de última voluntad consignadas en el instrumento.

Por último, valga señalar que el historial del notario al que aquí nos referimos revela previos incumplimientos con las disposiciones legales que regulan el ejercicio del nota-riado. Por resolución del 23 de diciembre de 1965, ante una notificación tardía sobre el otorgamiento de una escritura de testamento, le previnimos contra futuras inobservancias de la Ley Notarial. Por resolución del 3 de abril de 1969, le impusimos una multa de $25, también por haber notificado tardíamente dos escrituras de testamentos abiertos. Por resolución del 13 de noviembre de 1980, le apercibimos de su deber de observar rigurosamente las disposiciones de la Regla 12(c) del Reglamento de este Tribunal en relación con la manera de notificar el otorgamiento de escrituras relati-vas a poderes, pues se obstinaba en hacerlo por correo ordi-nario en vez de por correo certificado como lo exige dicha Regla.

La última actuación del referido notario colma la copa de su manifiesta incapacidad para el ejercicio del notariado. El desempeño del notariado es una función delicada. El Estado no puede conferir la fe pública a quien toma sus deberes livianamente. _

En mérito de lo expuesto, se dictará resolución que decrete la separación del Sr. Manuel Medina Adorno del ejercicio del notariado y disponga que el Director de Inspec-ción de Notarías se incaute de sus protocolos y registros de afidávit, cuidándose de que éstos cumplan los requisitos de Ley y queden guardados en debida forma.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no participó en la consideración y decisión de este asunto.