source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario v. Orlando Malavé González, acusado y recurrido.

      Número: CE-86-692

      Resuelto: 17 de febrero de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peticionario; Mariano Acosta Grubb, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

En certiorari el Procurador General cuestiona la supre-sión de la evidencia obtenida mediante el registro de un auto-móvil, luego de que la Policía detiene a su conductor por unas infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 301 et seq. El caso plantea cuestiones funda-mentales sobre aspectos de la garantía constitucional contra registros e incautaciones de evidencia en automóviles. Con-firmamos al Tribunal Superior.

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De la transcripción de la vista sobre supresión de eviden-cia se desprende que el 19 de abril de 1986, mientras patru-llaban en un vehículo no rotulado a las 11:30 P.M. por la Avenida Baldorioty de Castro, los policías Edwin Robles Torres y José R. Marcano observaron que un automóvil cam-biaba de carril sin tomar las precauciones necesarias para evitar la colisión con otros vehículos en violación de la See. 5-304 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 895(a). Según el testimonio del policía Edwin Robles Torres procedieron a ordenarle al conductor que pa-rara el automóvil y entonces ocurrieron los eventos siguien-tes:

Testigo: Cuando lo detenemos mi compañero se va por el lado derecho del vehículo y yo por el lado del conductor. Le dije al conductor que tuviera la bondad de bajarse del automó-vil.
Fiscal: Y ¿Qué más sucedió allí?
Testigo: [É]l baja del vehículo y al bajar sobre el asiento del conductor donde él estaba sentado observo un sobre pequeño transparente con una sustancia blanca, un polvo blanco en su interior y yo lo tomo. [É]l enseguida me dice, eso es “baking soda” y yo sé que la soda no viene así, que viene en un envase que es de este tipo. (El testigo muestra una caja donde viene envasada la bakin[g s]oda para la venta[.)] (T.E., págs. 4-5.)

En ese momento, al sospechar que podría tratarse de una sustancia controlada, el policía Robles arrestó al conductor Malavé González, le leyó las advertencias de rigor y lo regis-tró. No encontraron otra evidencia delictiva. Aunque el acu-sado no ofreció resistencia al arresto, como medida preven-tiva lo llevaron a la patrulla y lo sentaron atrás. Mientras uno de los policías lo custodiaba, el otro registró detenidamente el interior del automóvil. Debajo del asiento del conductor el otro policía encontró otro sobre transparente que también tenía un polvo blanco.

Concluido el registro y la incautación de los dos sobres, los policías trasladaron el automóvil y a su conductor a la División de Drogas para hacer los análisis de la sustancia ocupada. Las pruebas revelaron que el sobre encontrado so-bre el asiento tenía polvo de hornear y el otro contenía “coca-ína”.

Malavé González fue acusado de infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404, por poseer cocaína, conducir con una li-cencia de aprendizaje sin estar acompañado de un conductor debidamente autorizado, 9 L.P.R.A. see. 721, y cambiar de carril sin tomar las precauciones requeridas por la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 895.

El Tribunal Superior declaró con lugar la solicitud de su-presión de evidencia. Mediante trámite de mostrar causa, confirmamos el dictamen del tribunal a quo.

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Al resolver la controversia de este recurso [ejstamos conscientes de que los casos en que se invoca la garantía contra los registros y allanamientos irrazonables plantean pro-blemas centrales de la administración de la justicia en una sociedad democrática. En este género de casos, como en tantos otros, hay colisión de intereses y nuestra tarea es lu-char por hallar los modos de propiciar la armonía entre ellos. De un lado tenemos el interés histórico en proteger al ciuda-dano de los desmanes que provocaron en primer término el establecimiento de la garantía. Del otro, se halla el interés en proteger a la sociedad de los estragos del crimen. Conside-ramos que el método más deseable de lograr el equilibrio necesario no consiste en la formulación de reglas mecánicas, excesivamente abarcadoras. Debemos distinguir entre cate-gorías de situaciones, adentrarnos en la atmósfera total de cada caso para hallar el significado preciso, dentro de unas circunstancias específicas, de un concepto tan elusivo y volá-til como es el de la razonabilidad. Nuestra tarea es conciliar los intereses en pugna y no permitir que uno pulverice al otro. El sistema democrático de vida se funda en la libertad con orden, no en el orden sin libertad o en la libertad que lleve al caos”. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 434-435 (1976).

Conscientes de la experiencia constitucional de Estados Unidos, los miembros de la Convención Constituyente pro-clamaron la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y formularon unas protecciones a la intimidad y a la propiedad de las personas contra ingerencias abusivas del Estado. En-tre estos derechos del individuo frente al Estado se destaca la prohibición “contra registros, incautaciones y allana-mientos irrazonables” del Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299. Esta cláusula protege a la ciudadanía no sólo contra registros ilegales, sino también contra registros irrazonables. Para garantizar el cumpli-miento con este mandato constitucional se interpuso la fi-gura independiente e imparcial del juez entre los agentes del orden público y los ciudadanos. Nota, Scope Limitations for Searches Incident to. Arrest, 78 Yale L.J. 433, 436-437 (1969). Según este ordenamiento, el requisito de que sea un juez el que haga la determinación de causa probable para la orden de allanamiento protege a los ciudadanos ante situa-ciones de registros e incautaciones efectuadas por el Estado. Corresponde al magistrado hacer el delicado balance entre los derechos del ciudadano y las necesidades del Estado de investigar agresivamente los delitos cometidos.

Al interpretar el alcance de la protección este Tribunal ha reconocido expresamente su facultad de ampliar las garan-tías contra registros e incautaciones más allá de los límites de la Cuarta Enmienda, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1. La experiencia constitucional en Estados Unidos con la Cuarta Enmienda llevó a la Convención Constituyente a in-corporar en el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra, una protección análoga, aunque su contenido y alcance son más amplios. Como garantía del individuo contra el po-der investigativo del Estado se incorporó específicamente una cláusula de exclusión de evidencia obtenida mediante un registro irrazonable. Por derivación de las interpretaciones judiciales de la Cuarta Enmienda, en Puerto Rico se aproba-ron unas garantías personales más amplias que las que pro-vee la Constitución federal en este campo, a tenor con los principios rectores de igualdad y dignidad humana del Pre-ámbulo, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

En el pasado hemos afirmado que la Constitución de Puerto Rico goza de una vitalidad independiente de la Cons-titución de Estados Unidos, Pueblo v. Dolce, supra, y que “su interpretación no ha sido, ni tiene necesariamente que ser, históricamente paralela en todo sentido” con la de la Cuarta Enmienda. Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327 (1979). Aunque las interpretaciones del Tribunal Supremo federal establecen el alcance mínimo de la protección constitucional, nos corresponde el deber histórico de ser los máximos guar-dianes de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así como la obligación de descargar independiente-mente esta responsabilidad constitucional. “Por ello po-demos ir más allá de las fronteras limitativas de la jurispru-dencia federal, incluso la del Tribunal Supremo. De igual ma-nera pueden hacerlo los Estados, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, precisamente con respecto a la garantía contra registros y allanamientos irrazonables.” (Citas omitidas.) Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 837 (1986).

Al considerar este trasfondo jurídico, resolvemos la con-troversia de este caso al amparo de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, las referencias en esta opinión a decisiones del Tribunal Supremo federal serán únicamente con fines de precisar los contornos constitucionales mínimos, según deli-mitados por ese Tribunal en su interpretación de la Cuarta Enmienda.

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En E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207-208 (1984), examinamos la cobertura del Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra, y concluimos que “sujeto a contadas excepciones de alcance rigurosamente definido, la garantía contenida en la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico cubre tanto los registros administrativos como los penales. La regla general es, en consecuencia, que todo registro, allanamiento o incautación que se realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa ... a menos que se consienta al registro, directa o indirectamente, o circunstancias de emergencia requieran lo contrario y el peso de los intereses en conflicto exija una solución distinta”. (Citas omitidas.)

Para garantizar la efectividad de esta protección, la regla general es que un registro o incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez, por lo que compete al Ministerio Público rebatirlo mediante la presentación de prueba sobre las circunstancias especiales que requirieron esa intervención. Pueblo v. Lebrón, supra. Véase Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971).

Aunque la trayectoria jurisprudencial en esta área ha oscilado en su aplicación a través de los años, tanto este Tribunal como el Tribunal Supremo federal han expresado su preferencia por la previa intervención de un magistrado con criterio neutral e independiente. Véanse: Johnson v. United States, 333 U.S. 10, 13-14 (1948); W.M. Phillips, Toward a Functional Fourth Amendment Approach to Automobile Search and Seizure Cases, 43 Ohio St. L.J. 861 (1982). En otras palabras, la regla general es que los agentes del orden público deben primero obtener una orden judicial para efectuar un registro. Las excepciones a esta norma —que no es absoluta— son por otra parte limitadas y específicas. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986); Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651, 656-657 (1972). Véanse: Katz v. United States, 389 U.S. 347, 357 (1967); Jones v. United States, 357 U.S. 493, 499 (1958).

En Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1971), aplicamos a los hechos allí presentes la doctrina de las circunstancias especiales que hacen razonable un registro del área al alcance del sospechoso cuando es incidental y contemporáneo a un arresto válido:

1. Es permisible un registro sin orden de allanamiento efectuado en la persona del arrestado y del área que está a su alcance inmediato. Como hemos dicho antes, esto se justifica para ocupar armas que puedan ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a los agentes del orden público o para intentar una fuga, y para ocupar evidencia que de otro modo el arrestado podría destruir.
2. No es permisible un registro sin orden de allanamiento aunque sea contemporáneo con un arresto válido, de aquellos lugares y muebles de una casa que no están al alcance inme-diato de la persona arrestada. ... Esa búsqueda que no tiene por propósito evitar los riesgos antes mencionados (agre-siones con armas, fuga, destrucción de evidencia) no son re-gistros razonablemente hechos con motivo de un arresto y por lo tanto están proscritos por la Sec. 10 del Art. II de la Consti-tución de Puerto Rico y por la Enmienda IV de la Constitu-ción de los Estados Unidos.

También hemos hallado circunstancias que validan y hacen razonable un registro sin orden judicial en la doctrina de la prueba a plena vista. En Pueblo v. Dolce, supra, pág. 436, elaboramos los contornos de la figura y definimos los requisitos para justificar su utilización: (1) El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un registro; (2) el agente que observa la prueba debe haber tenido derecho previo a estar en posición desde la cual podía verse la prueba; (3) debe descubrirse el objeto inadvertidamente, y (4) la naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación.

La protección de la Sec. 10 contra registros irrazonables fue extendida específicamente a vehículos de motor en Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964), y en Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982). Debido a la diferencia conceptual y funcional entre una residencia y un automóvil, y a la cuidadosa reglamentación que rige su uso en las vías públicas, los tribunales han concluido que la expectativa de intimidad es menor cuando se usa un automóvil. Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, pág. 776. Véase W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, Minnesota, West Pub. Co., 1987, Vol. 3, Secs. 7-7.5, págs. 1-145.

Pero “la palabra automóvil no es un talismán en cuya pre-sencia se desvanece y desaparece la Cuarta Enmienda”, Coolidge v. New Hampshire, supra, págs. 461-462, o el Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, supra. Tam-poco significa que al montarnos en un vehículo de motor re-nunciamos a nuestro derecho de intimidad y a no autoincri-minarnos. New York v. Class, 475 U.S. 106 (1986).

El uso del automóvil está altamente reglamentado preci-samente por su importancia en nuestra sociedad y por el in-terés del Estado en codificar unas reglas mínimas que eviten accidentes en las carreteras. En esta época el automóvil constituye no solamente un medio principal de trans-portación de muchas familias, sino también para algunos el instrumento de trabajo. Al delimitar el alcance de la excep-ción a la regla general contra registros sin orden judicial te-nemos que evitar el debilitamiento de las garantías del Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, supra. A igual conclusión llegó el Tribunal Supremo federal recientemente:

El viaje en automóvil es un modo de transportación básico, divertido y a menudo necesario, desde y hacia el hogar, el lu-gar de trabajo y las actividades recreativas. Muchas personas invierten más horas al día viajando en automóviles que cami-nando por las calles. Sin duda, muchos se sienten más seguros y en mayor intimidad aí viajar en automóvil de lo que se sien-ten al exponerse mediante modos de transportes peatonales o de otra índole. Si los individuos estuviesen sujetos a la irres-tricta intrusión gubernamental cada vez que entraran en un automóvil, la seguridad garantizada por la Décimocuarta En-mienda se vería seriamente circunscrita. Según se reconoció en Terry v. Ohio, supra, la gente no es despojada de todas las protecciones de la Décimocuarta Enmienda cuando salen de sus casas a las aceras públicas. Tampoco se les despoja de esos intereses cuando se salen de la acera y entran en sus automó-viles. (Traducción nuestra.) Delaware v. Prouse, 440 U.S. 648, 662-663 (1979).

Ahora bien, no podemos ignorar que dada su movilidad el automóvil en ocasiones es el medio utilizado por los delin-cuentes para sus actividades ilícitas y que con frecuencia es el producto del delito. Ante este cuadro, no es tarea fácil para los tribunales definir los perímetros de la Sec. 10.

La colisión entre el derecho a la intimidad y la protección indebida del delincuente es particularmente dramática du-rante las intervenciones policiacas en la vía pública moti-vadas por una violación a las leyes de tránsito. Véanse: Nota, Warrantless Vehicle Searches and the Fourth Amendment: The Burger Court Attacks the Exclusionary Rule, 68 Cornell L. Rev. 105 (1982); Nota, Lawfulness of Search of Motor Vehicle Following Arrest for Traffic Violations, 10 A.L.R.3d 314; Comentario, New Limits on Police Vehicle Searches in Washington, 60 Wash. L. Rev. 177 (1984); Comentario, Search Incident to Arrest for Minor Traffic Violations, 11 The Am. Crim. L. Rev. 801 (1973). A diario cientos de ciuda-danos cometen infracciones menores de tránsito y la Policía se enfrenta a múltiples situaciones conflictivas con conduc-tores. Tanto los padres en camino a la escuela para llevar a los niños y continuar a sus trabajos, como los delicuentes que huyen del sitio del crimen, utilizan el automóvil como medio principal de transporte.

Conscientes del potencial de uso ilícito de este medio de transportación, desde mediados de la década de los años sesenta autorizamos el registro sin orden de un vehículo dependiendo de “los hechos y circunstancias —la atmósfera total— del caso”. Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345, 359 (1965). En nuestro ordenamiento constitucional la razonabilidad del registro de un automóvil sin orden judicial ha dependido de que haya causa probable para el mismo y de que existan unas circunstancias especiales que provean la justificación necesaria.

La mera infracción de tránsito de por sí no justi-fica un registro sin orden, aunque valida la detención inicial del vehículo. Pueblo v. De Jesús Robles, supra. La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico autoriza a la Policía a detener “cualquier vehículo cuando a su juicio el mismo estu-viere siendo usado en violación de dicho estatuto “o estu-viere su conductor u ocupantes relacionados con cualquier accidente de tránsito”, 9 L.P.R.A. sec. 1152(e), así como cuando hay una “sospecha razonable de que el conductor no tiene licencia o el vehículo no está registrado, o que tanto el vehículo como su ocupante están sujetos a arresto por viola-ción de la ley...”. (Traducción nuestra.) Delaware v. Prouse, supra, pág. 663. Se trata de una detención con propósitos específicos y por un período de tiempo limitado. Sin embargo, reiteramos que, en ausencia de circunstancias espe-ciales, es irrazonable un registro del interior del automóvil sin orden judicial cuando la Policía lo ha detenido por una violación menor de tránsito.

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En el caso de autos la detención inicial del automóvil por los agentes del orden público fue justificada, porque obser-varon al vehículo cruzar indebidamente el carril de la ave-nida en abierta violación a las leyes de tránsito. 9 L.P.R.A. sec. 1152(c). Una vez se detiene el vehículo y el conductor sale del mismo para hablar con uno de los agentes, el otro agente descubre inadvertidamente el primer sobre transpa-rente con el polvo blanco que estaba a plena vista sobre el asiento del automóvil. En ese momento los agentes tenían motivos fundados para creer que se estaba cometiendo un acto ilegal en su presencia y, como consecuencia, arrestar a Malavé González por una violación al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra. Procedía igualmente la incautación de la prueba bajo el precedente de Pueblo v. Dolce, supra.

Luego de arrestar al acusado, los agentes prudentemente lo llevaron al automóvil de la Policía y fue puesto bajo la cus-todia de uno de ellos. En ese momento el automóvil de Ma-lavé González ya no se encontraba bajo su control inmediato ni tenía acceso a él. Tampoco había cómplices en el automóvil ni razón alguna para creer que la vida de los policías o de otras personas estuviera en peligro, o que desapareciera la evidencia del delito de no efectuarse el registro sin orden. Véase, por ejemplo, State v. Daigre, 364 So. 2d 902 (1978). El automóvil estaba inmovilizado y bajo el control de los agentes. Éstos lo trasladaron al estacionamiento de la Divi-sión de Drogas y Narcóticos, por lo tanto no existía peligro de que desapareciera o fuera destruida la prueba del delito. También tuvieron suficiente tiempo para obtener la corres-pondiente orden judicial y registrar el vehículo en el cuar-tel.

En estas circunstancias, el registro del interior del auto-móvil fue irrazonable y la evidencia ocupada fue correcta-mente suprimida por el tribunal de instancia. Precisamente para evitar un registro como el que se efectuó en este caso es que se justifica la intervención previa de la figura del magis-trado imparcial e independiente prevista por los autores de nuestra Constitución.

Por las razones expuestas anteriormente, se expedirá el auto de certiorari y se dictará sentencia que confirma la resolución del Tribunal Superior.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente, a la que se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

Infructuosamente invitamos otra vez al Tribunal a relexionar sobre la aplicación a los hechos del caso de esta sabia admonición:

El Derecho no se produce y realiza en abstracto, desligado de los estímulos que la vida y la diaria experiencia le acarrean. Son las acciones de los hombres, sus cuitas y sus esperanzas, las que ocupan las previsiones del legislador. Asesorar a aqué-llos, prescribirles normas de conducta, definir sus derechos en liza, y utilizar para ello fórmulas que puedan parecerles esoté-ricas o abstractas, resulta tan ilógico como la conducta de aquellos médicos a que se refiere Ossorio, que seguían ha-blando y recetando en latín cuando ya nadie entendía este idioma. F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 254.

Varios postulados básicos animan este disenso. El pri-mero, que “[l]as garantías personales frente al arresto, el registro, la incautación y el allanamiento, tienen su límite en la conducta criminal. Sólo para casos de sospecha fundada o sea cuando medie causa probable —fuera de actuaciones de delito in fraganti determinadas en la ley penal— se concede a la autoridad judicial la facultad de expedir manda-mientos de arresto y registro”. (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2567-2568 (1952). Segundo, “[p]retender que el policía sólo pueda arrestar cuando se ha cometido un delito en vez de cuando tuviera motivos fundados para, creer que se ha cometido, práctica-mente quiere decir que los policías tendrían que ser magis-trados y tendrían que celebrar un juicio para ver si ha come-tido el delito o no y, en caso afirmativo, entonces proceder al arresto. Es patente lo absurdo de esta posición. Es claro que la determinación de si se cometió un delito o no, no corres-ponde hacerla ni al policía ni a la persona que va a ser arres-tada, sino que corresponde hacerla, en su día y mediante el debido proceso de ley, a un tribunal de justicia. La sociedad civilizada sobrevive predicada en la norma de que los indivi-duos no se tomarán la justicia por su mano”. (Énfasis en el original.) Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966). Tercero, que el registro de un automóvil pro-cede bajo una tesis jurídica diferente de aquella que lo justi-fica, incidental a un arresto. Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42, 49 (1970). Existe una diferencia entre el registro de un vehículo de motor y una estructura residencial u oficina. Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734, 738 (1981). Y, cuarto, en la persecución del crimen no podemos imponerle al Estado y a la Policía del país normas no previstas en la Constitución, amén de su cuestionable valor práctico.

Expongamos cabal y fielmente los hechos cuya veracidad no está en controversia conforme el testimonio de los dos agentes de la Policía, Edwin Robles Torres y José R. Mar-cano Fantauzzi. Lo hacemos separadamente, porque una de las fallas de la opinión del Tribunal es lo limitado y escueto de la exposición de los hechos debido, quizás, a que está fun-dada en una porción fragmentada de la de uno sólo de los agentes. Dicha exposición dista de ser una apreciación integral y completa de lo atestiguado por ambos agentes. Como consecuencia, estamos ante una decisión en que metodológi-camente se produce la anomalía de que el derecho determina los hechos y no —como debe ser— a la inversa. Respetuosa-mente, pero vehementemente, rechazamos ese método de adjudicación, máxime si intenta sentar precedente y revoca todo un cuerpo doctrinario.

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El 19 de abril de 1986, aproximadamente a las 11:30 P.M., los agentes Robles Torres y Marcano Fantauzzi, ambos uni-formados, patrullaban en vehículo oficial no rotulado por la Carr. Núm. 26 (Baldorioty de Castro). Al llegar a la intersec-ción Ave. Gobernadores, observaron al automóvil Chevrolet-Nova, tablilla 24T962, que hacía cambios indebidos de un ca-rril a otro. Aparearon su auto-patrulla a dicho vehículo y en el Km. 7.2 ordenaron al conductor que se detuviera. Éste no se detuvo de inmediato, sino que aceleró la marcha. Lo si-guieron, se situaron paralelamente y nuevamente le indica-ron al conductor que se detuviera. En fin, cinco (5) hectó-metros más adelante, en el Km. 7.9, se detuvo. En ese mo-mento los agentes observaron cuando hizo unos movi-mientos como de esconder algo debajo del asiento delantero (“ademán como de esconder algo debajo del asiento”, T.E., pág. 4).

Los agentes estacionaron su automóvil detrás del otro ve-hículo. Se bajaron. Robles Torres se acercó por el lado del conductor —izquierdo— y Marcano Fantauzzi por el otro. Robles Torres ordenó al conductor desmontarse del ve-hículo. Éste resultó ser Orlando Malavé González. En ese instante Robles Torres observó en el asiento donde estaba Malavé González antes sentado un sobre pequeño de plástico transparente que contenía un polvo blanco en su interior. Por su apariencia, contenido y según su entrenamiento y expe-riencia, el agente pensó que podía tratarse de la sustancia controlada conocida como cocaína. Procedió a ocuparlo. Ma-lavé González le indicó que era polvo de hornear (baking soda). El agente Robles Torres, según su experiencia y al reconocer que esa no era la forma como se envasaba para la venta el polvo de hornear, lo arrestó y le leyó las adverten-cias. Malavé González carecía de licencia de conducir. Se le ordenó se sentara en el asiento del auto de los agentes. Mien-tras tanto, el agente Marcano Fantauzzi, motivado por los movimientos suspicaces de Malavé González —“de esconder algo debajo del asiento”— con una linterna inspeccionó el interior delantero del vehículo, área próxima en que mo-mentos antes éste estaba sentado. En el piso —cerca del pedal del acelerador— encontró otro sobre de plástico trans-parente, más pequeño que el anterior, que contenía una sus-tancia de características similares a las observadas en el pri-mero. Procedió a ocuparlo.

Así las cosas, se dirigieron a los cuarteles de la División de Drogas y Narcóticos del Área Policiaca de Carolina. Allí se hizo un análisis de campo de ambos sobres. El primero resultó ser polvo de hornear (baking powder). El segundo, cocaína. Estos resultados fueron confirmados posterior-mente en un análisis químico realizado en el Laboratorio de la Policía.

Previa determinación de causa probable, Malavé Gonzá-lez fue acusado en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, de infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404 (poseer cocaína), conducir sin estar autorizado y cambiar indebidamente de carril, Secs. 3-301 y 5-304 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sees. 791 y 895, respectivamente. Subsiguientemente, el acusado solicitó la supresión de la evi-dencia al argüir que fue arrestado ilegalmente y medió un registro irrazonable. El tribunal accedió. A solicitud del Pro-curador General, mediante trámite de mostrar causa, revi-samos la corrección del dictamen.

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En el contexto fáctico de autos erró el foro de instancia. La intervención de los agentes de la Policía fue justificada, legítima y razonable, acorde con la atmósfera total del caso. Primero, no se cuestionan persuasivamente los hechos que dan margen a la intervención policial inicial basada en la ob-servación de una violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a saber: cruzar indebidamente de un carril a otro, subsiguientemente, hacer caso omiso a que se detu-viera, y no ser conductor válidamente autorizado. Estas cir-cunstancias, de por sí, justificaron el arresto.

En nuestra jurisdicción, al igual que en la mayoría de los estados norteamericanos —en virtud de lo preceptuado en la Sec. 5-1120(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 1152(a)— todo conductor viene obli-gado a detenerse a requerimiento de la Policía si existe una “razonable sospecha de que el conductor no tiene licencia, o el vehículo no está registrado, o que tanto el vehículo como su ocupante están sujetos a arresto por violación de la ley . . .”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Delaware v. Prouse, 440 U.S. 648, 663 (1979).

La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, en su See. 9-104, en lo pertinente, dispone que “[s]i el infractor entre-gare su licencia no se le arrestará”. (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. see. 1494. “Guiar un automóvil sin licencia de conductor constituye un delito público. En consecuencia, el arresto del acusado fué válido. Y la Policía podía registrar incidentalmente al acusado y al automóvil que éste guiaba. La evidencia ocupada como resultado de tal registro legal puede usarse para probar un delito que no está relacionado con el delito por el cual se efectuó el arresto. Pueblo v. Colón, 68 D.P.R. 893 (1948); Pueblo v. Ríos, 71 D.P.R. 969 (1950); Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206 (1954); Pueblo v. Santiago, 78 D.P.R. 659 (1955). Cf. Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 132 (1956). A ese respecto, véanse además: Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925); Brinegar v. United States, 338 U.S. 160 (1949); United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 (1950); Fellman, The Defendant’s Rights (1958) 138-141. Pueblo v. Vargas, 80 D.P.R. 296, 298 (1958); Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 730 (1963).

La opinión del Tribunal reconoce que la detención inicial y arresto de Malavé González estuvieron justificados. De igual modo acepta que la actuación del agente Robles Torres también fue lícita y razonable. Al decir de la mayoría en “ese momento los agentes tenían motivos fundados para creer que s,e estaba cometiendo un acto ilegal en su presencia y, como consecuencia, [para] arrestar a Malavé González por una violación al Art. WA de la Ley de Sustancias Contro-ladas de Puerto Rico, supra. Procedía igualmente la incau-tación de la prueba . (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 48. El razonamiento es correcto, pues lo que posteriormente resultó ser soda, perceptiblemente tenía todas las apariencias externas de ser una sustancia contro-lada, cocaína. Ello es lo determinante.

Sin embargo, ahí termina la lógica del dictamen. Se pasa por alto que, además del registro de su persona, el del auto-móvil fue razonable e incidentalmente válido por su coetá-nea y racional conexión con los hechos ocurridos. Cierta-mente la búsqueda posterior en el interior del vehículo por el agente Marcano Fantauzzi y el hallazgo de la cocaína, basada en que antes de su detención Malavé González hizo unos mo-vimientos “sospechosos de esconder algo debajo del asien-to”, estuvo también autorizada como parte de una investi-gación coetánea en proceso para determinar si había armas u otras sustancias ilegales. La opinión del Tribunal inexpli-cablemente no menciona ni le atribuye importancia a este hecho esencial y no contradicho. Fracciona súbitamente la cadena de hechos y los motivos fundados de los agentes. Cuando el registro es incidental a un arresto los agentes del orden público pueden verificarlo sin necesidad de obtener previamente una orden de allanamiento. Véase United States v. Rabinowitz, supra. Ya en Agnello v. United States, 269 U.S. 20, 36 (1925), el Tribunal Supremo federal había expre-sado que: ‘“No hay duda sobre el derecho, sin orden de alla-namiento, a registrar contemporáneamente a cualquier persona arrestada legalmente mientras comete un delito, así como el lugar en que se encuentra, con el propósito de descu-brir y ocupar objetos relacionados con el delito, como los frutos del mismo, o los instrumentos usados como medios para su comisión, así como armas u otras cosas que puedan utilizarse para escapar a la custodia.’” (Énfasis en el original.) Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622, 626-627 (1964).

Ello nos lleva a examinar si el registro fue razonable. La tarea requiere explorar tres dimensiones inextricablemente unidas: el objeto, el concepto de motivos fundados y el de razonabilidad.

Primero, el objeto, esto es, el registro, se realizó en un automóvil de motor. Al respecto, en Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 776 (1982) —luego de reiterar que el principio constitucional sobre registros y allanamientos no es absoluto y permite excepciones fundadas en intereses apremiantes— reconocimos que esa “misma doctrina admite —debido a la diferencia conceptual y funcional entre una re-sidencia o estructura (uso y ubicación fijos) y la movilidad y reglamentación de un vehículo de motor, al igual que la flui-dez, rapidez y, en ocasiones, situaciones marginales en que ocurren los acontecimientos— la legalidad de un registro del compartimiento de pasajeros de un vehículo de motor —a diferencia del baúl— sin previa orden de allanamiento. El uso por las vías públicas de un automóvil, la facultad en ley de detener para fines de infracción de las leyes de tránsito y características físicas del medio de locomoción, diluyen la razonable expectativa de privacidad con referencia a otros tipos de propiedad. Si el registro es razonable o no depen- derá de los hechos y circunstancias especiales de cada caso, (la atmósfera total’. Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965). Esta excepción a la doctrina exclusionaria fue recono-cida en la esfera federal desde Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925); Cady v. Dombrowski, 413 U.S. 433 (1973), y New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981)”. (Énfasis suplido.) Y en Pueblo v. Turner Goodman, supra, señalamos la “dife-rencia constitucional entre hogares y automóviles”.

Segundo, el concepto de motivos fundados —como sinó-nimo de causa probable, Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 353 (1977)— no es un férreo producto de un examen o experi-mento a posteriori en el laboratorio aséptico judicial. Tam-poco corresponde al mundo de lo académico. No es teórico ni abstracto, sino esencialmente pragmático. Lo que se le exige al policía son motivos fundados, a saber, razones suficientes o eficaces. Ello excluye certeza matemática y menos evidencia de culpabilidad. A tal efecto la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, exige “tener motivos fundados para creer”. Creer significa “[t]ener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o de-mostrada”. Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. 1, pág. 395.

En nuestra jurisprudencia ha cristalizado el enfoque que “un funcionario de[l] orden público puede efectuar un arres-to sin la orden correspondiente, entre otros casos, cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, independiente-mente de que dicho delito se hubiese cometido o no en reali-dad. Regla 11 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 2 Práctica Forense, pág. 20 (1964). La jurisprudencia enmarca el concepto de ‘motivo fundado’ en la posesión de aquella in-formación y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido delito. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70,74 (1965); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966). La conducta del funcionario público se juzga pues en orden al criterio de la persona prudente y razonable, por lo que es necesario con-siderar las circunstancias específicas del arresto para deter-minar su validez”. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326, 331-332 (1980); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75, 81 (1969).

Tercero, el adjetivo razonable viene del latín “rationa-bilis” que significa “arreglado, justo, conforme a razón; 2. ant. racional”. Diccionario de la Lengua Española, op. cit., T. II, pág. 1147. Como tal, es obrar con discernimiento. Versa sobre realidades eminentemente pragmáticas, de ca-rácter relativo y flexible. No es estático. En diferentes épo-cas y momentos conlleva variados significados y grados. Se puede dar sobre situaciones inesperadas, más o menos impe-riosas y urgentes, en qüe la libertad y curso de acción para actuar de diversos modos se reduce notablemente. Lo razo-nable descansa en lo moderado, en la cautela, prudencia, en la acción u omisión. Por ende, la variabilidad en el comporta-miento del ser humano involucrado en todo acto criminoso y los distintos trasfondos del acto (sitio, hora, personas, edades y naturaleza y gravedad) son factores pertinentes para evaluar la razonabilidad de un registro y allanamiento hecho sin orden judicial.

Con esta óptica presente, independientemente de ser un registro válido, incidental a su arresto, notamos que de su faz el sobre que contenía polvo blanco, visible a través de su cubierta plástica y observado por el agente Robles Torres — en unión al movimiento que antes había realizado el conductor Malavé González como de intentar esconder algo— cons-tituyeron suficientes motivos adicionales para el registro válido del piso del automóvil.

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No obstante, al desatender la doctrina jurisprudencial previamente expuesta, y todos los indicadores objetivos y elementos fácticos presentes, se resuelve que era menester la obtención de una orden previa judicial para registrar el piso del automóvil. Como único fundamento, se aduce que Malavé González estaba ya en el automóvil de la Policía. Según dijimos en Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492, 499 (1973), el argumento está “viciado de bizantinismo”. Se funda en una premisa errónea. Advertimos en su fondo una contradicción. Expliquémosla.

La validez del arresto de la persona de Malavé González y la incautación inicial del objeto presuntivamente delictivo, sólo subsistiría si le atribuimos algún valor jurídico al descu-brimiento hecho por el agente Robles Torres del sobre plás-tico transparente dentro del vehículo. Éste, de su faz, apa-rentaba contener sustancia controlada. Si a ello añadimos los movimientos de Malavé González indicativos de haber ocul-tado algo debajo del asiento, ¿cómo sostener entonces la le-galidad de ese arresto e incautación original y negarle igual consecuencia jurídica para registrar inmediatamente el área próxima en que éste instantes antes se encontraba y había intentado ocultar algo? ¿Por qué detener la investigación contemporánea y razonable en progreso? Nuestro sentido común nos dicta que la conducta de los agentes fue prudente y razonable, consustancial con su labor investigativa. No es-tamos ante un registro “remoto en tiempo y lugar al arres-to”, sino contemporáneo y necesario. Pueblo v. Sosa Díaz, supra, págs. 630-631. ¿Podían los agentes arriesgarse a que allí permaneciera intocada la cocaína o quizás un arma? ¿Por qué ponerles a los agentes la venda de la Dama de la Justicia en sus ojos y paralizar la rápida y eficiente ejecución de una investigación en proceso? ¿No debilita esta interpretación esa labor investigativa? Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985). ¿No tienen ninguna fuerza persuasiva las percep-ciones y experiencia de esos agentes en sus ánimos preve-nidos?

Solamente si hacemos caso omiso a la cronología de he-chos probados podemos refrendar la tesis de que era menes-ter una orden judicial previa. Si admitimos los mismos, la exigencia es irrazonable.

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En fin, el remedio judicial impuesto —obligar a la Policía a obtener una orden de registro del automóvil que ya tenía bajo su custodia— es forzado e irreal. En casos análogos de registros contemporáneos y justificados, el requerir a la Poli-cía del país la obtención de una orden judicial, el trasladar el vehículo o la opción de dejarlo inmovilizado en las carre-teras, con o sin vigilancia, constituye una norma irrazonable de pobre valor práctico. No sólo expone al vehículo al poten-cial del vandalismo y hurto por terceros, sino a que desapa-rezca cualquier evidencia que contenga. Pueblo v. De Jesús Cordero, supra, pág. 500. En nuestro medio ambiente crimi-noso, es cuestionable que ello sea una solución real y sabia. El sentido común aconseja lo contrario.

El Tribunal Supremo federal ha rechazado imponerle a la Policía el requisito constitucional “de tener disponible el personal y equipo necesarios para transportar vehículos alla-nados a una localización central hasta tanto se obtenga una orden judicial”. (Traducción nuestra.) Arkansas v. Sanders, 442 U.S. 753, 765 (1979). Ello representaría “un gravamen severo, casi imposible” de acatar. íd., pág. 766, esc. 14.

Aparte de lo oneroso, en su proyección futura, la pauta suscita serias interrogantes. En primer lugar, al presumir que la Policía cuenta para toda intervención de este género con los recursos y facilidades, la medida resulta en un doble contrasentido, pues ¿cómo negar su registro pero justificar esa remoción sin mandamiento judicial? ¿Qué resulta más gravoso e irrazonable, la sola incautación de la sustancia con-trolada o la proveniente de la remoción total del vehículo?

Al trasladarse el automóvil al cuartel u otro lugar bajo el control de la Policía, ¿sería en grúa o mientras conducía uno de los agentes? ¿Evita —o por el contrario invita— a que se susciten alegaciones y controversias tácticas en torno a la posible introducción subrepticia en el vehículo de otro material delictivo imputable también al ciudadano que está au-sente? Para antes de ese traslado, ¿necesitaría la Policía una orden judicial para examinar sus interiores y realizar un in-ventario de su contenido?

Más aún, si nos concentramos en el caso ante nos, la or-den judicial exigida por el Tribunal, ¿estaría predicada en la observación por los agentes de que Malavé González intentó ocultar algo? De ser esto en la afirmativa, subsisten enigmas inquietantes. Según la interpretación restrictiva de la opi-nión del Tribunal, lo anticipable es que hubiese sido negada. Si se presume lo contrario —que hubiese sido expedida por un magistrado de instancia— ¿satisfaría ello la visión aprio-rística de la mayoría del Tribunal?

La expedición de una orden de registro y su juridicidad tienen que sostenerse en los hechos consignados por un agente ante el magistrado. Su expedición per se no garantiza ni convalida su legalidad. Como cualquiera otra, está sujeta al escrutinio judicial. Si es así, ¿no ha incurrido inadvertida-mente el Tribunal en un lamentable error producto de un razonamiento circular? ¿Qué lógica tiene reconocer que la Policía tenía motivos fundados para realizar el arresto de Malavé González e incautarse de la sustancia sobre el asiento del vehículo, luego inmediatamente negársela para el regis-tro incidental del piso próximo de ese asiento, para después aceptarla por el solo hecho de que lo autorizó un magistrado? Repetimos, su expedición no asegura su validez. Después de todo, “[p]ara propósitos constitucionales, no vemos diferen-cia entre, de un lado incautar y retener un vehículo antes de presentarle a un magistrado el asunto sobre causa probable, y del otro, el haberse efectuado inmediatamente un registro sin la orden. Si existe causa probable para el registro, cua-lesquiera de esos cursos de acción son constitucionalmente razonables”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Chambers v. Maroney, supra, pág. 52.

Por último, en las circunstancias de autos, es también al-tamente objetable la exigencia de la orden judicial previa en vista del tiempo sustancial que de ordinario toma a los agentes del orden público personarse, preparar los docu-mentos necesarios y obtenerla en las concurridas Salas de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan o de Carolina. En esta opción, el desgaste de recursos policiacos es evidente e insostenible.

Sostenemos que la opinión del Tribunal revoca sólidos precedentes mediante la aplicación de reglas generales abs-tractas sin considerar todos los hechos probados. El análisis racional “no puede sustituirse con una loa a la Carta de De-rechos. No es cuestión de ser o no ser ‘liberal’, es cuestión de elaborar jurisprudencia de frente a la realidad”. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 45 (1964), opinión disidente del Juez Asociado Señor Rigau.

Por los fundamentos expuestos, revocaríamos la resolu-ción del Tribunal Superior, Sala de Carolina.

       Véase C. Hancock, State Court Activism and Searches Incident to Arrest, 68 Va. L. Rev. 1086, 1092-1093 (1982).
      “The procurement of a warrant, at least in theory, protects two fundamental privacy interests of individuals: the right to be free from arbitrary searches and seizures, and the right to be free from unnecessary intrusion once a search has been lawfully undertaken. Both of these interests are secured through the warrant process by a magistrate’s independent presearch scrutiny of probable cause and particularity. The probable cause inquiry insures against arbitrary intrusions, and the particularity inquiry against unnecessary rummaging in the course of an otherwise justifiable search.”

       De los autos no surge que existan las circunstancias esbozadas en la opi-nión disidente sobre la custodia y el traslado de los vehículos involucrados en este tipo de intervención policiaca. Por esta razón, no es necesario expresarnos sobre ese asunto en este momento.

       Las propiedades inherentes del polvo de hornear son inocuas. Sin embargo, su apariencia externa se asemeja al polvo de cocaína. Curiosamente, la cualidad inofensiva del polvo de hornear desaparece al percatarnos de que es un ingrediente que se usa para preparar el peligroso crack. Editorial on File, Vol. 17, No. 15 (August 1-15, 1986), pág. 918.

       En esa situación el policía puede arrestar a todo conductor no autorizado. No así si está autorizado, a quien sólo puede expedirle una citación a cambio de entregar la licencia.


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ramón A. Martínez Torres, acusado y apelante.

      Número: CR-84-21

      Resuelto: 17 de febrero de 1988

      José Enrique Ayoroa Santaliz, abogado del apelante; Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogado- de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El acusado apelante Ramón A. Martínez Torres fue juz-gado y convicto por infracción al Art. 404 de la Ley de Sus-tancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404, posesión de heroína, y por infracción a la Sec. 5-1120(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 1152(a), desobedecer la señal de detenerse. Fue sentenciado a penas concurrentes de 3 a 5 años y 6 meses, que le fueron suspendidas.

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La prueba de cargo estableció que el 6 de junio de 1979, mientras los agentes de la Policía Julio Pérez Tirado, José A. Campos y Otoniel Figueroa realizaban una ronda preventiva contra el tráfico de drogas en el barrio “La Cuarta” de Ponce, recibieron a través del sistema de radioteléfono de su vehículo un mensaje oficial de parte de su jefe inmediato, el sargento José A. Meléndez Zambrana. Éste informó que en el automóvil marca Volkswagen, color rojo, tablilla 91S669, se había realizado una transacción de drogas en “La Can-tera” de Ponce, y que el vehículo había pasado la entrada del barrio “La Cuarta” hacia la Carr. Núm. 1 y se dirigía a Santa Isabel. Unos diez (10) minutos más tarde vieron pasar al ve-hículo descrito por radioteléfono. El conductor del vehículo no estaba infringiendo la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico ni hacía algo que llamara particularmente la atención de los agentes de la Policía. Los agentes, quienes conducían un vehículo sin identificar y sin sirena, tocaron bocina para detenerlo. De carro a carro, cuando estaban con los vehículos aún en marcha, enseñaron la identificación de uno de los agentes y ordenaron al conductor que se detu-viera. El acusado, en vez de obedecer, aceleró. Al ser perse-guido por la Policía el vehículo se desvió por un callejón y entró en una plantación de caña donde encontró el paso ce-rrado por una bomba de riego. El conductor se bajó del auto-móvil e intentó huir. Tras un breve forcejeo fue capturado y puesto bajo arresto. Al registrarlo encontraron cien (100) decks de heroína en sus bolsillos.

En apelación el acusado planteó que el tribunal de instan-cia erró al no ordenar la supresión de evidencia por ser ésta ocupada en el curso de un arresto y registro ilegal.

El análisis de este error conlleva que pasemos juicio so-bre la legalidad del arresto y del registro efectuados a la luz de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las Reglas de Procedimiento Criminal y la jurispruden-cia.

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El Art. II, Sec. 10 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre de Puerto Rico, Documentos Históricos, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299, establece que “[s]ólo se expedirán mandamientos autorizando regis-tros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en jura-mento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocu-parse”. Esta disposición constitucional tiene tres (3) obje-tivos básicos: “proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios pú-blicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razo-nabilidad a la intrusión . . .”. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 429-431 (1976). Debido a que la protección de la intimidad y dignidad de la persona que ofrece esta cláusula a menudo entra en conflicto con el interés público de combatir la crimi-nalidad, en ocasiones ha de cuestionarse si debería reducirse el derecho individual en pro del interés colectivo. Al enfren-tarnos a este dilema, debemos tener presente y ser cons-cientes de que en el menoscabo de las garantías constitucio-nales, las cuales son para la protección de todos los ciuda-danos, no está la verdadera solución al problema de la crimi-nalidad. Debe tenerse particular cuidado para que a través del proceso adjudicativo de controversias no se ocasione una lamentable erosión de los derechos garantizados por nuestra Constitución. Sobre el particular en Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327-328 (1979), dijimos:

... debemos decir que el temor al crimen y el natural deseo de combatirlo no deben oscurecer el propósito central de la disposición. Libremos el lenguaje original de su glosa abul-tada. La garantía contra los registros y allanamientos irrazo-nables representa la voluntad de negarles a los gobiernos mejor intencionados, en aras de una libertad individual pre-ciada, medios eficaces y aun aparentemente indispensables para lograr objetivos meritorios. Se estructuró precisamente ese derecho para proteger al ciudadano aun de los gobiernos democráticos más escrupulosos. Amsterdam, Perspectives on the Fourth Amendment, 58 Minn. L. Rev. 349, 353 (1974). Por bueno que sea el guardián, siempre existe el problema de quién lo vigila. Quis custodiet custodiem. Cuando se descui-dan los medios, cuando se disminuyen los derechos fundamen-tales a nombre de un ansiado orden, lo que viene a perecer al cabo es la libertad y con ella la democracia que se quiso defender.

Aunque el Art II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra, exige un mandamiento u orden expedido por autoridad judicial para efectuar un registro o un arresto, la norma no es absoluta. Sobre el particular, en el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos se expresó:

Sin embargo, los mismos medios y propiedades que sirven para el desarrollo y el sostén de la persona pueden ser instru-mento de delito o resultado de su comisión. En estos casos detenerse ante esas fronteras de la personalidad equivaldría a la protección indebida dél delito y del delincuente. En esta colisión de lo privado y lo público, la solución se entrega, con todas las garantías, a la autoridad judicial encargada de per-seguir y sancionar las transgresiones de la ley. Las garantías personales frente al arresto, el registro, la incautación y el allanamiento tienen su límite en la conducta criminal. Sólo para casos de sospecha fundada o sea cuando medie causa probable —fuera de situaciones de delito in fraganti determi-nadas por la ley penal— se concede a la autoridad judicial la facultad de expedir mandamientos de arresto y registro. (Én-fasis suplido.

De conformidad con lo anterior, se ha permitido que los agentes del orden público, según ciertas circunstancias, puedan efectuar registros sin orden judicial. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). Hemos reconocido como una de estas circunstancias el registro incidental a un arresto legal, teniendo siempre presente que el hecho de que se ocupe evidencia delictiva no convalida un arresto ilegal. Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651, 655 (1972). Sin embargo, debido a la preferencia constitucional de que los registros se efectúen de conformidad con una orden judicial, cuando se produce una incautación sin haberse cumplido con este requisito se produce una presunción de invalidez en cuanto a dicha actuación. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra, pág. 207; Pueblo v. Lebrón, supra, pág. 329; Pueblo v. González Rivera, supra, pág. 656. El fiscal entonces viene obligado a probar que el registro realizado fue legal y razonable, que necesariamente conlleva, como requisito previo, demostrar la legalidad del arresto. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

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La Regia 6 de Procedimiento Criminal establece el procedimiento para la expedición de una orden de arresto de conformidad con el mandato constitucional. Pueblo v. De la Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977). De otra parte, la Regla 11 enumera, como excepción al mandato constitucional, algunas de las circunstancias según las cuales se puede efectuar un arresto sin la correspondiente ordén judicial. Pueblo v. Rivera Rivera, supra; Pueblo v. Vázquez Méndez, supra; Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982); Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326 (1980); Pueblo v. Lebrón, supra; Pueblo ex rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99 (1978); Pueblo v. González Rivera, supra; Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75 (1969); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966); Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965); Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206, 210-215 (1954); Secretariado de la Conferencia Judicial, Informe sobre Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, Revisión, 1982, pág. 26. De conformidad con esta regla puede efectuarse un arresto sin orden judicial por un funcionario del orden público: (a) cuando se haya cometido un delito en su presencia; (b) cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave, aunque no en su presencia, y (c) cuando tuviese mo-tivos fundados para creer que la persona ha cometido delito grave.

El concepto de motivos fundados se ha definido como aquella información y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido un delito, independientemente de que luego se establezca o no la comisión del delito. Pueblo v. González Rivera, supra, págs. 654, 655; Pueblo v. Cabrera Cepeda, supra. Véanse, además: Pueblo v. Alcalá, supra, págs. 331-332, y Pueblo ex rel. E.P.P., supra. Sobre el concepto de motivos fundados, en Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 353 (1977), expresamos que dicha frase es sinónima de causa probable, término utilizado en el contexto de la expedición de una or-den de arresto.

La exigencia de motivos fundados no impide que los agentes del orden público actúen en forma coordinada y concertada en la persecución de un crimen. En Pueblo v. Luzon, 113 D.P.R. 315, 324 (1984), consignamos que “el conocimiento de cada agente —cuando trabajan cerca y se mantienen informados— es atribuible a los demás”. También dijimos que “‘[s]e puede establecer la existencia de causa para justificar un arresto sin orden, basado en información poli-ciaca colectiva al momento del mismo, siendo innecesario que el oficial que lleva a cabo el arresto lo haga basándose únicamente en su conocimiento personal de las circunstan-cias. Basta con que el agente de la Policía que inició la ca-dena de comunicaciones tenga información de primera mano.’ (Traducción nuestra.)”. (Citas omitidas y énfasis su-plido.) La labor policiaca se vería entorpecida si los agentes estuvieran impedidos de actuar de acuerdo con instruc-ciones, órdenes e información que se transmiten de un agente a otro, no sólo de persona a persona, sino a través de cualquier medio de comunicación, especialmente cuando se trata del sistema oficial de radioteléfono. Lo contrario propi-ciaría la fuga del sospechoso y frustraría la gestión de la Po-licía. United States v. Robinson, 536 F.2d 1298, 1299 (1976). No debe haber duda de que un policía puede actuar según la información provista por otro miembro de la fuerza y puede, simplemente, presumir la confiabilidad y certeza de lo comu-nicado. Sin embargo, cuando se cuestiona la validez de esta actuación en el contexto de una moción de supresión de evi-dencia, es necesario que se presente evidencia para estable-cer los motivos fundados que tuvo el agente que dio la orden o que originó la cadena de información que tuvo como resul-tado que se ordenase el arresto. Pueblo v. Luzon, supra; W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Vol. 2, Sec. 3.5, págs. 2-15; J.A. Varón, Searches, Seizures and Immunities, 2da ed., Indianápolis, Bobbs-Merrill Book Co., 1974, págs. 127-128. Sólo así puede el Ministerio Público establecer que la incautación producto del arresto sin orden judicial fue efectuada conforme a derecho. Pueblo v. Vázquez Méndez, supra.

El hecho que un agente pueda, actuar según una comunicación de otro policía sin tener motivos fundados no significa que el Ministerio Público queda relevado de su deber de presentar evidencia para establecer la legalidad del arresto. Esta posición ha sido asumida por tribunales de diversas jurisdicciones. U.S. Ex Reí. Mungo v. La Vallee, 522 F.2d 211, 214 (2do Cir. 1975); State v. Richards, 518 P.2d 113, 115 (Ariz. 1974); Rowland v. State, 561 S.W.2d 304, 308 (Ark. 1978); People v. Mitchell, 678 P.2d 990, 992-993 (Colo. 1984); State v. Mooney, 398 N.E.2d 695, 700 (Ind. App. 1979); People v. Lypka, 326 N.E.2d 294, 296-297 (N.Y. 1975); State v. Trenidad, 595 P.2d 957, 958 (Wash. App. 1979). Adoptar la posición contraria conllevaría los resultados siguientes: el Ministerio Público tendría que probar motivos fundados cuando quien efectúa el arresto sin orden judicial es el agente que tiene conocimiento de los motivos fundados para llevar a cabo el arresto. Sin embargo, si este mismo agente, en vez de efectuar por sí mismo el arresto solicita a través del radioteléfono la ayuda de otro agente, y es este último el que realiza el arresto, el Ministerio Público quedaría relevado de probar los motivos fundados. Los tribunales, por lo tanto, no tendrían la oportunidad de pasar juicio sobre la suficiencia de los motivos fundados para el arresto sin orden judicial. LaFave, supra, pág. 7. Según estas circunstancias la facultad de determinar la procedencia de un arresto sin or-den judicial quedaría enteramente al arbitrio de los policías, sin posibilidad de una efectiva intervención judicial para evaluar su corrección. Esta posición es constitucionalmente insostenible; está en claro conflicto con el mandato constitucional.

En el caso de autos no hubo prueba sobre los motivos fundados que pudo haber tenido el sargento Meléndez Zambrana para solicitar la ayuda de los agentes Pérez Tirado, Campos y Figueroa. No sabemos según qué informa-ción el sargento Meléndez Zambrana llegó a conocer los he-chos que dieron origen a su orden. Pudo haber sido por información recibida de algún confidente o informante de la Policía, por conocimiento personal, por información recibida de algún otro agente con conocimiento personal de la infor-mación, o por información brindada por algún testigo pre-sencial o participante en la alegada transacción. Cada una de estas posibilidades requeriría un análisis distinto sobre la suficiencia de la información y su credibilidad para propó-sitos de la determinación de motivos fundados, y la legalidad del arresto y subsiguiente registro e incautación del material delictivo. Resolvemos, pues, que la admisibilidad en eviden-cia del material obtenido en un registro incidental a un arresto sin orden judicial, que ha descansado en un mensaje transmitido de un agente de la Policía a otro, en este caso por el sistema oficial de comunicación, dependerá de si el oficial que inició la cadena de eventos que resultó en el mensaje transmitido a los agentes que efectuaron el arresto, poseía motivos fundados para ordenar el mismo. No es necesario que el agente que recibe el mensaje contrainterrogue al que lo envía para determinar si existían o no los motivos fun-dados. Permitir un arresto o registro de acuerdo con una orden de un policía, sin la intervención judicial y sin que luego un tribunal pueda oír prueba y pasar juicio sobre mo-tivos fundados, abriría peligrosamente las puertas a regis-tros ilegales irrazonables y arbitrarios. En el caso de autos el problema consistió precisamente en que no se pre-sentó prueba sobre motivos fundados. El tribunal no tuvo la oportunidad de evaluar la suficiencia de éstos. Aún subsiste la interrogante de si el sargento Meléndez Zambrana, el ofi-cial de la Policía que originó el mensaje, tenía o no motivos fundados para solicitar que se realizara un arresto sin orden judicial. No desfiló prueba sobre este particular por lo que la prueba presentada, los decks de heroína, fueron incorrecta-mente admitidos en evidencia. Por lo tanto, se revoca la sen-tencia y se devuelve el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Ortiz disiente por entender que de la totalidad de las circunstancias presentes se des-prende que los agentes del orden público tenían motivos fun-dados para intervenir con el señor Martínez Torres.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“Cada arresto, registro o allanamiento constituye una frontera en la cual se confrontan críticamente de un lado los derechos del individuo y su dignidad personal y del otro el derecho de la sociedad de protegerse a sí misma y de prote-ger a los más débiles de los delincuentes. Es muy difícil, quizás imposible, redactar reglas que resuelvan este pro-blema de crisis fronteriza de una vez y para siempre. Pero como nos confrontamos con una situación práctica, de he-chos que en forma parecida ocurren con frecuencia, de-bemos procurar establecer lo más claramente posible la norma aunque de antemano reconozcamos que no es per fecta” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147, 152 (1971).

En ese delicado equilibrio, inclinamos la balanza en favor del Estado. La opinión del Tribunal reconoce correctamente que el concepto de motivos fundados para arrestar consig-nado en la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es compatible con la persecución del crimen al actuar los miembros de la Policía coordinada y concertadamente mediante el sistema de radioteléfono. Expone, además, que los policías recipientes de los mensajes radiales pueden pre-sumir que quienes los originan tienen motivos fundados, pero que dicha cuestión dependerá de que el Estado pre-sente oportunamente evidencia para establecer tales mo-tivos, en este caso el testimonio del agente que “inició la cadena de eventos que resultó en el mensaje transmitido”. Sin embargo, concluye que como el Ministerio Fiscal no pre-sentó a dicho testigo, el sargento Meléndez Zambrana, no probó la existencia de motivos fundados y procede suprimir la evidencia. Discrepamos.

La dificultad de este análisis es que choca con la aprecia-ción total e integral de la prueba. Parte de la hipótesis de que sólo si el Sgto. José A. Meléndez Zambrana, hubiera obser-vado la comisión del delito, únicamente así el arresto y regis-tro sería legal. En el trasfondo fáctico de autos dicho enfo-que es limitado. No toma en consideración la facultad inves-tigativa de la Policía y la fluidez situacional en que aquí ella se produce. Expongamos el trasfondo fáctico.

La prueba de cargo —consistente en los testimonios de los agentes de la Policía Julio Pérez Tirado, José A. Campos y el químico José Edison Matías— estableció que el 6 de junio de 1979 los primeros dos agentes, en unión a Otoniel Figueroa, tenían asignada la tarea de realizar una ronda pre-ventiva contra el tráfico de drogas en el área de Ponce y sus barrios. Mientras la realizaban en el barrio “La Cuarta”, a través del sistema de radioteléfono de su vehículo recibieron un mensaje oficial a nombre de su jefe inmediato, el sargento Meléndez Zambrana, quien instruyó de que estuvieran atentos a un automóvil marca Volkswagen, color rojo, tablilla 91S669, que se dirigía hacia Santa Isabel y en el cual se había realizado una transacción ilegal de drogas en el sector “La Cantera”. Después de recibir el mensaje los agentes salieron hacia la Carr. Núm. 1 y decidieron situarse más allá de un puente. Así advertidos, aproximadamente diez (10) minutos después los agentes observaron el vehículo antes descrito. Su conductor no infringía la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y su discurrir era normal. Los agentes se apare-aron al Volkswagen y, al tiempo que el agente Campos mos-traba su tarjeta de identificación, ordenaron al conductor que se detuviera. Éste, en vez de obedecer, aceleró la veloci-dad y emprendió la fuga. Los agentes lo persiguieron. El Volkswagen, al ser perseguido por los agentes de la Policía, giró a la izquierda con dirección al barrio “La Cuarta”, luego dobló en la primera entrada y penetró en un callejón entre una plantación de caña. Sin embargo, encontró el paso ce-rrado por una bomba de riego. Entonces su conductor se bajó del automóvil e intentó infructuosamente huir. Fue de-tenido y, tras un breve forcejeo, puesto bajo arresto. Resultó ser Ramón Antonio Martínez Torres. El agente Pérez Tirado lo registró y encontró cien (100) decks de heroína en sus bol-sillos.

En las circunstancias más favorables hacia el apelante Martínez Torres —evaluada la información como una incom-pleta, producto de una confidencia más bien que de la obser-vación personal por el oficial Meléndez Zambrana— el resul-tado sería gobernado por Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345, 348 (1971). Allí, en lo referente a una confidencia, dijimos que “la confiabilidad de la misma fue fortalecida por las observaciones de los policías respecto a la exactitud de la descripción dada por el informante del automóvil y del lugar en que se encontraba así como de los actos que se cometían. El que la información producida por la confidencia consti-tuya prueba de referencia no destruye su validez para de-terminar motivos fundados para arrestar. Ya hemos adop-tado en esta jurisdicción el principio de que la información recibida de un informante confiable, corroborada por las ob-servaciones de un agente respecto a la exactitud de la des-cripción de un acusado ofrecida por el informante y de la presencia de aquél en un sitio específico es suficiente para establecer motivos fundados para un arresto sin manda-miento. Pueblo v. Flores Valentín, [88 D.P.R. 913 (1963)]; Ker v. California, 374 U.S. 23 (1963); Draper v. United States, 358 U.S. 307 (1959)”. (Énfasis suplido.) Véase, además, Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 774-775 (1982).

La opinión se aparta de esa norma y, en contraste con la figura de un informante confiable, sitúa a un sargento de la Policía en una posición subordinada, en cuanto a su confiabi-lidad, dándole distinto tratamiento. Además, debilita la fa-cultad investigativa de la Policía según expuesta en Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985):.

La Policía de Puerto Rico, en protección de la ciudadanía en general, tiene perfecto derecho a patrullar las vías públicas de nuestro país. Como corolario de ese derecho, tiene la obliga-ción de investigar toda llamada telefónica recibida o informa-ción brindada por dicha ciudadanía referente a posible acti-vidad delictiva. Los dos agentes del orden público envueltos en el presente caso, en cumplimiento de su deber, así actua-ron. Al acercarse al lugar específico indicado no sólo pudieron corroborar la presencia de dos individuos que respondían exactamente a la descripción brindada, sino que pudieron per-catarse del hecho singular adicional de que estos individuos, al notar la presencia del auto patrulla, comenzaron a correr a la misma vez y en la misma dirección. Si bien es cierto que, hasta ese momento, las circunstancias apuntadas no eran suficientes para proceder al arresto de dichas personas al amparo de las disposiciones de la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal, no es menos cierto que dichas circunstancias, por ser altamente peculiares, exigían que los referidos agentes del orden público continuaran la gestión investigativa legítima comenzada, sobre todo cuando consideramos que su actua-ción se limitó a seguir a los individuos en su patrulla por una vía pública en la investigación de la confidencia reci-bida. Cf. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977). (Énfasis suplido y en el original.)

HH HH

Igual enfoque debería prevalecer. Independientemente de que el sargento Meléndez Zambrana no fuera presentado como testigo, es incontrovertible que los agentes Pérez Ti-rado, Campos y Figueroa recibieron información exacta que describía determinado automóvil donde supuestamente se transportaba heroína ilegalmente y el cual se dirigía hacia el área donde ellos prestaban vigilancia. Esa información los alertó. Generó una sospecha razonable que naturalmente ameritaba investigarse. Poco tiempo después vieron acer-carse al vehículo. En ese instante inicial, quedó corroborada parte de la información radiocomunicada. Entonces los agentes se le aparearon al vehículo y, previa identificación, pidieron al conductor que se detuviera. Éste hizo caso omiso, aceleró la marcha y huyó. En ese momento, para efectos de motivos fundados, quedó robustecida la información original. Los agentes lo persiguieron. Tras un recorrido que incluyó un callejón entre desoladas siembras de caña, el conductor se vio frustrado de continuar su huida por encontrarse súbita-mente con el obstáculo de una bomba de agua entre los sem-brados. Optó por abandonar el vehículo y salir corriendo hasta que los agentes lo alcanzaron. En ese momento es re-gistrado y se hallan en su persona cien (100) decks de hero-ína. Ante estos hechos, ¿puede realmente sostenerse que el acusado Martínez Torres no “se dio a la fuga”? No se cues-tiona persuasivamente la licitud del registro en esta etapa. Ante estos hechos, ¿puede afirmarse que los mencionados agentes carecían de suficientes motivos fundados para pro-ceder al arresto? ¿Es que la información radial que desenca-denó la investigación legítima no podían presumirla correc-ta? ¿Significa que la orden del sargento Meléndez Zambrana no era confiable? Todas estas interrogantes requieren res-puestas afirmativas como única solución lógica de que “un agente pued[e] actuar a base de una comunicación de otro policía sin tener motivos fundados”.

En resumen, la información recibida radialmente fue co-rroborada en cuanto a exactitud del vehículo y del lugar. Además, la actuación del apelante Martínez Torres de no de-tenerse, sino huir para luego abandonar el auto, a juicio nuestro generó de manera independiente bastantes motivos fundados o razones para arrestarlo. Lo que al inicio sólo fue una investigación limitada, fue ampliada y completada por su conducta, más que sospechosa. En estas circunstancias, ¿po-demos entonces tachar de irrazonable bajo la Constitución la intervención policiaca. Véase Pueblo v. Rodriguez, 91 D.P.R. 157, 161 (1964). Como expusimos en nuestro disenso en Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 490-491 (1988):

[E]l concepto de motivos fundados —como sinónimo de causa probable, Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 353 (1977)— no es un férreo producto de un examen o experimento a poste-riori en el laboratorio aséptico judicial. Tampoco corresponde al mundo de lo académico. No es teórico ni abstracto, sino esencialmente pragmático. Lo que se le exige al policía son motivos fundados, a saber, razones suficientes o eficaces. Ello excluye certeza matemática y menos evidencia de culpabili-dad. A tal efecto la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, exige “tener motivos fundados para creer”. Creer significa “tener por cierta una cosa que el entendi-miento no alcanza o que no está comprobada o demostrada”. Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. I, pág. 395.
En nuestra jurisprudencia ha cristalizado el enfoque que “un funcionario de[l] orden público puede efectuar un arresto sin la orden correspondiente, entre otros casos, cuando tu-viere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, independientemente de que dicho delito se hubiese cometido o no en realidad, Re-gla 11 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 2 Práctica Forense, pág. 20 (1964). La jurisprudencia enmarca el con-cepto de ‘motivo fundado’ en la posesión de aquella informa-ción y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido delito. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70, 74 (1965); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966). La conducta del funcionario público se juzga pues en orden al criterio de la persona prudente y razonable, por lo que es necesario consi-derar las circunstancias específicas del arresto para determi-nar su validez”. Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326, 331-332 (1980); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75, 81 (1969).
. . . [E]l adjetivo razonable viene del latín “rationabilis” que significa “arreglado, justo, conforme a razón. 2. ant. racio-nal”. Diccionario de la Lengua Española, op. cit, T. II, pág. 1147. Como tal, es obrar con discernimiento. Versa sobre rea-lidades eminentemente pragmáticas, de carácter relativo y flexible. No es estático. En diferentes épocas y momentos con-lleva variados significados y grados. Se puede dar sobre situa-ciones inesperadas, más o menos imperiosas y urgentes, en que la libertad y curso de acción para actuar de diversos modos se reduce notablemente. Lo razonable descansa en lo moderado, en la cautela, prudencia, en la acción u omisión. Por ende, la variabilidad en el comportamiento del ser humano in-volucrado en todo acto criminoso y los distintos trasfondos del acto (sitio, hora, personas, edades y naturaleza y gravedad) son factores pertinentes para evaluar la razonabilidad de un registro y allanamiento hecho sin orden judicial. (Énfasis su-plido y en el original.)

En Puerto Rico, al igual que en muchas jurisdicciones estatales norteamericanas, según la Sec. 1120(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 1152(a), todo conductor viene obligado a detenerse a requerimiento de la Policía si existe una “razonable sospecha de que el conductor no tiene licencia, o el vehículo no está registrado, o que tanto el vehículo como su ocupante están sujetos a arresto por violación de la ley”. (Traducción nuestra y én-fasis suplido.) Delaware v. Prouse, 440 U.S. 648, 663 (1979).

La decisión emitida sacrifica innecesariamente esta im-portante norma. Procede reproducir, en lo pertinente, nues-tro disenso en Pueblo v. Martínez Martí, 115 D.P.R. 832, 853-854:

Para ultimar, opinamos que en este caso, frente a la malicia, taimería e inventiva delictiva en el tráfico de drogas, impone-mos injustificadamente a la Policía serias restricciones a su imaginación y capacidad de acción. Nuestra sentencia, si cons-tituye derecho, es torcido. Es ajeno a las realidades de la so-ciedad en que opera. No cumple las necesidades del Puerto Rico de hoy, Pueblo v. Batista Montañez, 113 D.P.R. 307 (1982). Cabe recordar la siguiente admonición: “El Derecho no se produce y realiza en abstracto, desligado de los estí-mulos que la vida y la diaria experiencia le acarrean. Son las acciones de los hombres, sus cuitas y sus esperanzas, las que ocupan las previsiones del legislador. Asesorar a aquéllos, prescribirles normas de conducta, definir sus derechos en liza, y utilizar para ello fórmulas que puedan parecerles esotéricas o abstractas, resulta tan ilógico como la conducta de aquellos médicos a que se refiere Ossorio, que seguían hablando y rece-tando en latín cuando ya nadie entendía este idioma.” [F.] Soto Nieto [Compromisos de Justicia, Madrid, Ed. Monte-corvo, 1977], pág. 254.

       También señaló, en resumen, la comisión de los errores siguientes:
      (1) que la publicación en “El Vocero” una semana antes del juicio de un artículo en que se tacha al acusado de delator del Juez Vargas Negrón y de ase-sino a sueldo perjudicó la objetividad del veredicto; (2) que hallándose una tes-tigo de defensa en el tribunal, su casa fue allanada por la Policía; (3) que mientras el apelante se encontraba en la Cárcel de Distrito de Ponce en espera de que se dictara sentencia, estando aún bajo la jurisdicción del tribunal, fue trasladado a la sección de custodia máxima de la Penitenciaría Estatal, y (4) que el tribunal erró en la apreciación de la prueba.
      En vista de la conclusión a que llegamos no es necesario que examinemos estos señalamientos de error.

       Las decisiones federales citadas son de naturaleza persuasiva.

       Véase, también, McNabb v. United, States, 318 U.S. 332, 347 (1943).

       4 Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente 2567-2568 (1951).

       34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6.

       34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11.

       Esta disposición tiene su origen en el Art. 116 del Código de Enjuicia-miento Criminal de 1935 (34 L.P.R.A. ant. see. 243) que disponía:
      “ARTICULO 116.— (836 Cal.) —[ Cuándo puede un oficial de orden público hacer un arresto] en cumplimiento de una orden que le haya sido entregada con tal fin, o puede, sin una orden de arresto, detener a una persona:
      “1. Por un delito público cometido, o que se ha intentado cometer en su presencia.
      “2. Cuando la persona arrestada ha cometido ‘felony’ (delito muy grave), aunque no haya sido en su presencia.
      “3. Cuando en realidad se ha cometido ‘felony’ (delito muy grave), y él tiene motivos racionales para creer que la persona arrestada lo ha cometido.
      “4. En virtud de denuncias fundadas en motivos racionales, de la perpetra-ción de un ‘felony’ (delito muy grave) por la persona arrestada.
      “5. Por la noche, cuando haya motivos racionales para creer que la persona arrestada ha cometido un ‘felony’ (delito muy grave).”

       Aparentemente, el inciso (b) de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, se refiere a situaciones en que habiéndose expedido orden de arresto el agente que lo efectúa no la tiene en su poder. Véanse: Regla 20 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Santiago, 78 D.P.R. 659, 667-668 (1955); D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, págs. 45-46; People v. Aguilar, 13 Cal. Rptr. 121 (1961).

       Resulta indispensable que el requisito en ambas circunstancias sea similar, pues de lo contrario no habría incentivo para obtener la orden de arresto y se frustraría la protección constitucional. Véanse: Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471, 478, esc. 6 (1962); Whitely v. Warden, 401 U.S. 560, 566 (1971), y los casos allí citados.

       El Tribunal Supremo de Estados Unidos al resolverse una controversia sobre la existencia de motivos fundados o causa probable al efectuarse un arresto sin orden judicial según una comunicación radial, al amparo de dicha disposición constitucional expresó:
      “We do not, of course, question that the Laramie police were entitled to act on the strength of the radio bulletin. Certainly police officers called upon to aid other officers in executing arrest warrants are entitled to assume that the officers requesting aid offered the magistrate the information requisite to support an independent judicial assessment of probable cause. Where, however, the contrary turns out to be true, an otherwise illegal arrest cannot be insulated from challenge by the decision of the instigating officer to rely on fellow officers to make the arrest.” (Énfasis suplido.) Whiteley v. Warden, supra, pág. 568.
      En United States v. Hensley, 469 U.S. 221, 230-231 (1983), al referirse al caso de Whiteley v. Warden, supra, el Tribunal Supremo federal indicó:
      “This language in Whiteley suggests that, had the sheriff who issued the radio bulletin possessed probable cause for arrest, then the Laramie police could have properly arrested the defendant even though they were unaware of the specific facts that established probable cause. See United States v. Maryland,
        479 F.2d 566, 569 (CA5 1973). Thus Whiteley supports the proposition that, when evidence is uncovered during a search incident to an arrest in reliance merely on a flyer or bulletin, its admissibility turns on whether the officers who issued the flyer possessed probable cause to make the arrest. It does not turn on whether those relying on the flyer were themselves aware of the specific facts which led their colleagues to seek their assistance. In an era when criminal suspects are increasingly mobile and increasingly likely to flee across jurisdictional boundaries, this rule is a matter of common sense: it minimizes the volume of information concerning suspects that must be transmitted to other jurisdictions and enables police in one jurisdiction to act promptly in reliance on information from another jurisdiction.” (Énfasis suplido y en el origirtal.)

       En la opinión disidente se expresa que la posición del apelante es equivo-cada, pues “[pjarte de la hipótesis de que sólo si el Sgto. José A. Meléndez Zam-brana hubiera observado la comisión del delito, únicamente así el arresto y regis-tro sería legal”. (Énfasis suplido.) Opinión disidente, pág. 510. Este argumento es incorrecto. No debe haber duda que los agentes que efectuaron el arresto podían hacerlo confiando en la suficiencia de la comunicación del sargento Meléndez Zambrana. Esto no está en controversia. Aceptado que podían actuar según dicha información el problema se reduce a determinar si el Estado tenía que presentar prueba para establecer los motivos fundados que tuvo el sargento Meléndez Zam-brana para solicitar la ayuda de los agentes. Esto no quiere decir que el arresto sería legal sólo si él observó la comisión del delito. La tenencia de motivos fun-dados por el sargento Meléndez Zambrana pudo estar basada en conocimiento e información.
      Se argumenta además en dicha ponencia que, en todo caso, evaluada la infor-mación como una confidencia era suficiente para el arresto, pues ellos pudieron corroborar la descripción del vehículo. Cita en apoyo lo resuelto en Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971). Tal análisis es incorrecto. Los principios estable-cidos para los casos de confidencia no son trasladables a este tipo de situación. El argumento es un non sequitur. Cuando la información es suministrada por un agente, el policía que la recibe no tiene que corroborarla y puede actuar según ella.
      Finalmente, y en lo que respecta al argumento de que al no detenerse el acusado y huir, esto “generó” de manera independiente bastantes motivos o ra-zones para arrestarlo; cabe señalar que los agentes conducían un vehículo sin identificar, sin sirena, que se le aparearon tocando bocina y de carro a carro le mostraron la identificación de uno de los agentes. Estas circunstancias no eran suficientes como para concluir que el acusado se dio a la fuga.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Juan Pérez Reilly, querellado.

      Número: CE-88-79

      Resuelto: 25 de febrero de 1988

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Miriam Álvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Juan Pérez Reilly fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de enero de 1970 y autorizado a ejercer la notaría el 27 de febrero de 1970.

Mediante querella presentada por el Procurador General, fechada el 11 de febrero de 1988, éste nos solicita su de-saforo a tenor con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 785) y nuestra facultad inherente para regla-mentar la profesión de abogado. Aduce el Procurador General que Pérez Reilly fue declarado convicto en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, de defrau-dar al Gobierno de Estados Unidos. Nos acompaña copia de dicha sentencia.

Considerada la naturaleza de dicha convicción procede su separación inmediata del ejercicio de la abogacía y del nota-riado, y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer en esta jurisdicción. In re Zamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

Copia de la querella y de la presente serán notificadas al querellado Juan Pérez Reilly.

El Alguacil General de este Tribunal se incautará de los protocolos y registros de afidávit, y los entregará al Director de Inspección de Notarías para que sean examinados y opor-tunamente nos informe sobre el resultado de dicha gestión.

Se dictará la sentencia correspondiente.