text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Alberto Zayas Fernández, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-148

      Resuelto: 18 de diciembre de 1987

      Josefa Román García, Procuradora General Auxiliar, abogada del peticionario; Alberto Colón Bermúdez, abogado del recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La Policía de Puerto Rico, luego de válidamente arrestar a un ciudadano y de someter a éste a un “cacheo” o registro superficial, ¿puede someterlo a un registro minucioso de su persona luego de tenerlo bajo su control esposado? Reiteramos la doctrina a los efectos de que la validez de este registro dependerá de las circunstancias particulares presentes en cada caso; esto es, si el mismo es uno razonable o no. En el de autos, contestamos en la afirmativa.

M

Agentes de la Policía de Puerto Rico, mediante orden de allanamiento expedida por el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de Ponce, allanaron y registraron la residencia del aquí recurrido Alberto Zayas Fernández el día 29 de enero de 1986. En dicho allanamiento se ocuparon una cantidad in-determinada de la droga conocida como cocaína, tres armas de fuego —dos revólveres y una pistola— en relación con las cuales el recurrido no tenía la correspondiente licencia de posesión que requiere la Ley de Armas de Puerto Rico, y una alegada granada de mano.

En relación con la droga mencionada y las tres armas de fuego, el Estado radicó denuncias por infracción a la Ley de Sustancias Controladas y por infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico. En ese momento no se radicó cargo alguno respecto a la granada ocupada por razón de la misma haber sido referida para los correspondientes análisis de laborato-rio con el propósito de determinar si en efecto era una gra-nada.

Cuatro meses más tarde, esto es, el 28 de mayo de 1986, la Policía sometió ante la consideración de un magistrado el caso por la posesión de la granada de mano, determinando dicho magistrado causa probable contra el recurrido Zayas Fernández por una violación a la Ley de Explosivos. Disfru-tando en esos momentos Zayas Fernández de libertad bajo' fianza, los agentes de la uniformada se dirigieron a la resi-dencia de éste el día 29 de mayo de 1986 con el propósito de diligenciar la nueva orden de arresto expedida.

Al efectuar el arresto, los agentes alegadamente ocupa-ron en la persona del recurrido un frasco conteniendo la droga conocida por cocaína. Se sometió una nueva denuncia contra el recurrido por infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Luego de radicado el corres-pondiente pliego acusatorio ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, el recurrido presentó una mo-ción en la cual solicitó la supresión de la evidencia ocupada; esto es, la droga cocaína. Se alegó en la misma que, contrario a lo alegado por los agentes del orden público, la cocaína había sido ocupada ilegalmente en la residencia del recu-rrido.

En la vista que a esos efectos señalara el tribunal de ins-tancia, los agentes de la Policía de Puerto Rico declararon, en síntesis y en lo pertinente que: se habían dirigido a la residencia de Zayas Fernández con el propósito de diligen-ciar la orden de arresto; que al no encontrarlo, regresaron hacia sus oficinas; que en el camino se cruzaron con el recu-rrido; que lo siguieron y al llegar frente a la residencia de éste le informaron que estaba bajo arresto; que Zayas Fer-nández se tornó violento, intentando agredir a los agentes tanto con sus puños como con sus piernas-, que se vieron obligados a forcejear con éste; que uno de ellos —el agente Richard Echevarría— lo registró preliminarmente en busca de armas, no encontrándole ninguna; que luego de que el recurrido fue esposado, el agente Echevarría procedió a re-gistrarlo formal y detalladamente, encontrando el frasco con cocaína en un bolsillo de la camisa de Zayas Fernández. Por su parte, el recurrido declaró, en síntesis y en lo perti-nente, que al regresar a su casa ese día, se encontró con los agentes de la Policía, a quienes conocía; que el agente Alvarado le informó que tenía una orden de arresto en su contra; que se le “tiraron” encima, esposándolo y lo condujeron den-tro de su casa; que él no tenía el frasco de cocaína encima; que asume que lo encontraron dentro de la casa.

El tribunal de instancia, mediante resolución por escrito a. esos efectos y luego de haber “[ejxaminado con deteni-miento la prueba”, declaró sin lugar la supresión solicitada. La defensa solicitó la reconsideración de dicho dictamen. Adujo que aun asumiendo, a los fines de la argumentación, que la versión de los agentes fuese cierta, procedía la supre-sión por cuanto habiendo sido objeto el recurrido “de un primer registro después de su arresto donde se comprobó, como en efecto fue, de que [sic] no portaba sobre su persona ninguna arma de fuego que pudiera ser usada para agredir a los agentes o realizar una fuga”, el “segundo” registro reali-zado, luego de esposado el recurrido, resultaba “irrazona-ble” ya que “no habí[a] circunstancias apremiantes que lo justificaran”. Exhibit VI, págs. 9 y 14.

El foro de instancia emitió resolución mediante la cual reconsideró su resolución denegatoria anterior; ordenó la su-presión de la evidencia objetada. Inconforme, el Procura-dor General de Puerto Rico acudió ante este Tribunal imputándole error al así actuar. Le concedimos término al recurrido para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari radicado y dictar sentencia re-vocatoria de la resolución recurrida. Ha comparecido. Resol-vemos.

HH

La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incauta-ciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello única-mente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a regis-trarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inad-misible en los tribunales. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299.

En términos generales y en lo relativo a la admisibilidad en evidencia de material delictivo ocupado al efectuarse un arresto válido —como consecuencia del registro minucioso de la persona del arrestado, de sus pertenencias, o del área a su alcance inmediato— en nuestra jurisdicción rige la norma de que dicho registro tiene que ser uno razonable. En otras palabras, no basta con que el arresto que precede al registro haya sido uno válido. Nuestra jurisprudencia ha rechazado expresamente la regla a los efectos de que un arresto legal convalida ipso facto un registro minucioso de la persona arrestada y del área inmediata a su alcance. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

En la determinación de si el registro realizado, como consecuencia del arresto legal efectuado, es o no uno razona-ble debemos “distinguir entre categorías de situaciones, adentrarnos en la atmósfera total de cada caso para hallar el significado preciso, dentro de unas circunstancias especí-ficas, de un concepto tan elusivo y volátil como es el de la razonabilidad. Nuestra tarea es. conciliar los intereses en pugna y no permitir que uno pulverice al otro. El sistema democrático de vida se funda en la libertad con orden, no en el orden sin libertad o en la libertad que lleve al caos”. (En-fasis suplido.) Pueblo v. Dolce, ante, pág. 435.

Como es sabido, nuestra jurisprudencia ha reconocido unas circunstancias especiales en que resulta procedente o razonable el registro minucioso, sin orden de allanamiento, de la persona del arrestado, sus pertenencias, y del área que está a su alcance inmediato; a saber, cuando el registro se realiza con el propósito de “ocupar armas que puedan ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a los agentes del orden público o para intentar una fuga, y para ocupar evidencia que de otro modo el arrestado podría destruir”: Pueblo v. Dolce, ante, pág. 434; Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982); Pueblo v. Costoso Caballero, ante, págs. 152-153.

La correcta solución del presente caso requiere que de-terminemos si a la luz de las circunstancias específicas del caso, esto es, la “atmósfera total” del mismo, resultaba co-rrecto en derecho someter al recurrido —en adición al clara-mente procedente “cacheo” o registro superficial— a un registro minucioso y detallado de su persona.

r-H HH I — I

La representación legal del recurrido argumenta que habiendo resultado negativo el “cacheo” superficial a que fue sometido éste, el “segundo” registro realizado resulta “irrazonable”, ya que “no habí[a] circunstancias apremiantes que lo justificaran”. Como vemos, el recurrido admite —sin expresarlo— el hecho de que la Policía de Puerto Rico, al válidamente arrestar a un cuidadano, tiene derecho a someter a la persona arrestada a un “cacheo” o registro superficial antes de conducirlo del lugar en que éste es arrestado a la presencia de un magistrado. Sobre ello, no debe haber duda. Pueblo v. Costoso Caballero, ante, pág. 150. Dicho curso de acción resulta necesario no sólo en protección de la vida y seguridad del funcionario que efectúa el arresto, sino de todas aquellas personas presentes en el tribunal a donde se conduce el arrestado.

Somos del criterio que en el presente caso nos encon-tramos ante una de las excepciones a la norma general antes expuesta a los efectos de que el hecho de que se efectúe un arresto válido no autoriza ipso facto a los agentes del orden público a llevar a cabo un registro minucioso y detallado de la persona del arrestado. Pueblo v. Rivera Rivera, ante; Pueblo v. Dolce, ante. No creemos que pueda existir seria discre-pancia de criterio en cuanto a ello. En el presente caso no se' trataba de un arresto común y corriente. Los agentes del orden público tenían conocimiento de que, alegadamente, ya en una ocasión anterior se habían encontrado en posesión de esta persona unas armas de fuego y un artefacto tan peli-groso y poco común como una granada de mano. A ello debe añadírsele que esta persona, al ser informada de su inmi-nente arresto, se tornó violenta y resistió el mismo. De dichos hechos podía lógica y razonablemente inferirse que dicho ciudadano —contrario a otros— podía estar en pose-sión de un arma de fuego o de cualquier otra sustancia o artefacto peligroso; por ende, constituía un peligro para la seguridad de los agentes del orden público. Por otro lado, bajo las circunstancias en que se efectuó el “cacheo” superficial del arrestado —mientras éste se encuentra forcejeando con los agentes— nadie podía estar seguro de que el mismo había sido efectivo. Es por ello que aun después de ser el recurrido “controlado” y esposado, la vida y seguridad de los agentes podía correr peligro. Ello es así por cuanto el mero hecho de que una persona esté esposada no constituye impe-dimento absoluto para que ésta, de tener algún arma o arte-facto peligroso en su persona, pueda atentar contra la vida de los agentes del orden público.

Ante todas estas circunstancias, resolvemos que procedía someter al recurrido —por ser ello “razonable”— a un registro minucioso y detallado de su persona por cuanto la circunstancia apremiante o de excepción —registro con el propósito de evitar que los agentes puedan ser agredidos— todavía se encontraba presente y latente. No podemos en consciencia exigirle a los miembros de la Policía de Puerto Rico, ante una' situación de esta naturaleza, que arriesguen su vida innecesariamente.

Por las razones expresadas, se expide el auto y se dictará sentencia revocatoria de la resolución mediante la cual el tribunal de instancia declaró con lugar la moción de supre-sión de evidencia radicada en el presente caso, devolvién-dose el mismo a dicho foro para la continuación de proce-dimientos compatibles con lo aquí resuelto.

       Dicho foro no adujo fundamento jurídico alguno en apoyo de esta nueva determinación.

       Debe estar claro, sin embargo, que el “cacheo” que está rutinariamente autorizado a realizar la Policía de Puerto Rico al válidamente arrestar a un ciuda-dano es precisamente uno superficial con el único propósito de localizar armas de fuego o de otra índole que puedan poner en riesgo la seguridad de los agentes. Salvo otras circunstancias apremiantes y justificativas, de ordinario no están autorizados a un registro más allá de lo aquí indicado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    Ebenezer García Cabán, Carmen Milagros Alsina, etc., demandantes y recurridos, v. Universidad de Puerto Rico, Colegio Regional de Cayey, etc., demandados y recurrentes.

      Números: RE-86-121
    RE-86-217

      Resueltos: 22 de diciembre de 1987

      Juan A. Moldes Rodríguez, Rubén T. Nigaglioni y Eric R. Ronda Del Toro, de Ledesma, Palou & Miranda, abogados de los re-currentes; Rafael González Vélez y Carlos J. Morales Bauzá, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Revocamos la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que declaró con lugar una demanda de injunction permanente y daños y perjuicios, y ordenó la “reinstalación” del demandante Ebenezer García Cabán a una plaza de Ca-tedrático Auxiliar por contrato, con carácter probatorio, en el Colegio Universitario de Cayey. Ante nos la Universidad de Puerto Rico plantea que las doctrinas de jurisdicción pri-maria y agotamiento de remedios administrativos impedían al demandante acudir al foro judicial en primera instancia. Resolvemos que las circunstancias de este caso no demues-tran que hubiese necesidad de utilizar el recurso extraordi-nario de injunction y así eludir el ordenado cauce adminis-trativo.

i — I

La Universidad de Puerto Rico, como toda institución de enseñanza superior, periódicamente evalúa a su personal do-cente a los fines de comprobar su ejecutoria e idoneidad para continuar ocupando una plaza docente, para considerar posi-bles ascensos en rango académico y la concesión de perma-nencia.

Las normas, criterios y procedimientos para efectuar tal evaluación son aquellas que establecen el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (Reglamento General) y el Presidente de la Universidad. Por disposición regla-mentaria la evaluación directa la llevan a cabo los comités de ascenso y permanencia a tenor con las normas de cada facul-tad.

El proceso de evaluación del personal docente que no tiene permanencia en el Colegio Universitario de Cayey dis-pone: (1) una visita al salón de clases por parte del Comité de Personal del Departamento de Humanidades (Comité de Personal), compuesto por tres profesores electos por los miembros de dicho departamento; (2) una visita al salón de clases a cargo del Director del Departamento, y (3) una evaluación por los estudiantes a tenor con un formulario pre-parado para tal propósito.

Durante la visita al salón de clases que efectúa el Comité de Personal, sus miembros preparan una evaluación. Luego, el Comité de Personal se reúne y complementa una hoja de evaluación conjunta donde se resume la puntuación que cada evaluador le dio al profesor y la puntuación del comité en pleno. La evaluación del Comité de Personal, la del Director del Departamento y la de los estudiantes pasa entonces a la consideración del Comité de Personal Institucional (Comité Institucional), compuesto por representantes de todos los departamentos académicos del Colegio Universitario de Ca-yey. Aunque la evaluación directa del personal docente la efectúan los Comités de Personal y la Facultad, la decisión de terminar un nombramiento probatorio corresponde en este caso al Rector.

Como norma general, para propósitos de una recomenda-ción al rector sobre la retención o no retención de un profe-sor sin permanencia, el Comité Institucional considera decisiva una puntuación de 220 en la evaluación de un profe-sor. Si la evaluación de dos de los tres organismos asciende a 220 puntos o más, en principio se recomienda la retención del empleado. Si dos de los tres cuerpos evaluadores le otorgan al profesor una puntuación inferior a los 220 puntos, general-mente no se recomienda la retención del empleado.

Durante el año 1983-1984 García Cabán se desempeñó como Catedrático Auxiliar de Humanidades en el Colegio Universitario de Cayey, mediante contrato probatorio. Fue evaluado el primer semestre del año académico por el Co-mité de Personal y el Director del Departamento de Huma-nidades, y por sus estudiantes. El resultado de tales evalu-aciones fue el siguiente: el director consideró la labor do-cente del profesor como “regular” (206 puntos), el Comité de Personal la consideró “deficiente” (122 puntos), y los estu-diantes la consideraron “buena” (323 puntos). A tenor con estos resultados se. recomendó no otorgarle un nuevo con-trato docente al recurrido.

No satisfecho con las evaluaciones de que fue objeto, Gar-cía Cabán apeló ante el Comité de Personal Institucional. Allí se elevaron las evaluaciones de su labor docente. El caso se asignó para evaluación ulterior al Dr. René Hernández Toledo, el propio presidente del Comité Institucional, quien al completar el examen del caso no encontró méritos en los planteamientos del apelante. Así lo informó al Comité Insti-tucional. Luego de considerar dicho comité en pleno el caso del profesor García, procedió a votar unánimemente con una abstención, una recomendación de que no se le retuviera como miembro del personal docente de la institución.

Esta recomendación pasó entonces a la consideración del Rector del Colegio Universitario de Cayey. El Rector ordenó otra evaluación del caso que tampoco resultó favorable al re-currido. Terminado dicho proceso, el Rector José Luis Mon-serrate decidió no otorgarle un nuevo contrato probatorio al profesor.

El 18 de enero de 1984 García Cabán apeló ante el Presi-dente de la Universidad la decisión del Rector. El 23 de ene-ro de 1984 el oficial examinador designado por el Presidente de la Universidad le concedió al recurrido quince (15) días para someter su memorando de autoridades en apoyo de la apelación. En esa misma fecha el profesor desistió de la ape-lación incoada, pero el 14 de febrero la inició nuevamente.

El 7 de marzo de 1984 el Presidente de la Universidad devolvió el caso al Colegio Universitario de Cayey, con ins-trucciones de que se le concediera a García Cabán una vista. Se designó un nuevo oficial examinador. Éste citó a las partes a una reunión preliminar para el 18 de junio y se señaló la vista para el 27 de agosto de 1984. Después de suspenderse la vista en dos ocasiones a solicitud del profesor, éste instó el 1ro de octubre de 1984 la demanda de injunction que origina este recurso.

La causa de acción se basó en la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3524, también conocida por Ley de Derechos Civiles. En síntesis, se alegó discrimen por razones de “interés económico y mo-tivos políticos e ideológicos”. Se demandó a la Universidad y a varios funcionarios en su carácter personal.

Luego de una vista sobre injunction preliminar el tribunal de instancia determinó que García Cabán no tenía que agotar remedios administrativos, habida cuenta de que dicho recurso constituía una gestión inútil e inefectiva. Concluyó que en las evaluaciones que se le hicieron no se siguieron todos los criterios establecidos y que el Comité de Personal actuó movido por personalismos y prejuicios filosóficos e ide-ológicos. Por lo tanto, declaró con lugar la solicitud de injunction preliminar y ordenó a las autoridades universi-tarias reinstalar al recurrido en su posición hasta que fuera sometido nuevamente a evaluación, en la que no debían par-ticipar los anteriores evaluadores. Posteriormente, el 3 de enero de 1984 el tribunal a quo se ratificó en la orden al dic-tar un injunction permanente en los mismos términos dispo-sitivos.

De esta sentencia y orden recurrieron tanto la Universi-dad como el profesor. El último se queja de que el tribunal de instancia no lo reinstalara en su posición con carácter per-manente. La Universidad nos pide que revoquemos la sen-tencia objeto de este recurso por constituir una intervención judicial en violación de los principios de libertad académica y en preterición de las doctrinas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos. Argumenta igual-mente que García Cabán, por ser empleado público con ca-rácter probatorio, no tiene derecho propietario en la reten-ción de su empleo y, por lo tanto, puede ser separado de su puesto a discreción de la autoridad nominadora.

En atención a la ratio de la opinión que hoy emitimos, no es necesario, en buena técnica adjudicativa, pronunciarnos en torno a esta última cuestión. Sin embargo, un examen de las normas estatutarias y reglamentarias pertinentes demuestra que la intención del legislador fue claramente delegar a la Universidad de Puerto Rico amplios poderes en materia de derechos y deberes de sus empleados. .18 L.P.R.A. sec. 602(b)(5) y (e)(12). En este caso la Universidad, en cumplimiento con el mandato de la Asamblea Legislativa, estableció un Reglamento General que delimita el alcance de sus poderes en las áreas de selección, evaluación, retención y ascenso de su personal docente. En presencia de adecuadas salvaguardas legales y reglamentarias que reducen la posibilidad de arbitrariedad y facilitan nuestra revisión judicial, Torres Arzola v. Policía de Puerto Rico, 117 D.P.R. 204 (1986), no es necesario pronunciamiento ulterior sobre el planteamiento de debido proceso de ley. Reiteramos, como normativa de derecho administrativo, que una vez una agencia ha promulgado unos reglamentos para facilitar su proceso decisional y limitar el alcance de su discreción, viene obligada a observarlos estrictamente y no queda a su soberana voluntad reconocer o no los derechos que ella misma le ha extendido a sus empleados. Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 D.P.R. 747, 757 (1982); García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978); Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22, 29 (1967). Véase Brandywine AFF. NCCEA/ DSEA v. Brandywine Bd. ofEd., 555 F. Supp. 852, 863-864 (1983).

La Universidad concede y se allana a la premisa de que su discreción —independientemente de la naturaleza del derecho implicado— tiene que ejercitarse conforme a criterios constitucionales. Si la decisión de no renovar el contrato a García Cabán fue motivada por criterios inconstitucionales, ésta no se puede sostener. En otras palabras, el profe-sor tiene derecho a que no se le niegue la permanencia en la Universidad por razón de discrimen, prohibido por la Consti-tución o leyes aplicables. Art. II, Sec. 1 de la Carta de Dere-chos, Documentos Históricos, L.P.R.A. Tomo 1; Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972).

El profesor, por su parte, en forma alguna rebate el he-cho de que a tenor con el Art. 14, Sec. 14.10 del Reglamento General, se autorizó al presidente de la Universidad a prepa-rar y someter al Consejo de Educación Superior para su aprobación, una serie de reglamentos entre los que se en-cuentra el “Reglamento de Procedimientos Apelativos para el Sistema Universitario”. Dicho reglamento se aprobó el 14 de mayo de 1982 y es extensivo a toda apelación administra-tiva que se interponga en el sistema universitario, incluso las apelaciones a los rectores, el Presidente de la Universidad, la Junta Universitaria y el Consejo de Educación Superior.

La See. 6 del Reglamento General provee el procedimiento de apelación e indica la forma de iniciarlo; los escritos que podrán ser requeridos (6.5); para determinación preliminar y disposición sumaria del recurso (6.6); para el nombramiento de oficiales examinadores (6.7); para la celebración de vistas administrativas (6.10, 6.11); para la presentación de evidencia (6.15); para someter memorandos (6.16); para la preservación del récord de las vistas (6.17); reconsideraciones (6.19); remedios temporeros (6.20), y otras disposiciones de carácter procesal. Los remedios que se proveen son enérgicos y eficaces. Se dispone que la autoridad apelativa puede revocar, confirmar o modificar la decisión o resolución apelada, así como anular, confirmar o modificar cual-quier diligencia posterior. A estos efectos dicho organismo emitirá una resolución con determinaciones de hecho y de derecho y, además, la siguiente información: funcionario u organismo ante quien se podrá apelar o solicitar revisión; términos para solicitarla, y término para solicitar una recon-sideración. En fin, el Reglamento General es vasto en las ma-terias que abarca.

En estas circunstancias, la controversia primordial en este caso es si los hechos justifican que prescindamos de las normas generales de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos. En otras palabras, para evaluar la procedencia de la revisión judicial en esta etapa hay que pri-mero examinar si la reclamación del profesor García Cabán reviste tal urgencia o intensidad que amerite eludir el cauce administrativo.

La respuesta de nuestra jurisprudencia al problema de distribución de funciones entre los organismos administrativos y los tribunales es compleja. La decisión de requerir o no el agotamiento de los remedios no depende de criterios rígidos, sino de si a la luz de las circunstancias del caso y pericia particular de la agencia, se entiende que la intervención judicial sería prematura. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 722-723 (1982). En éste expresamos a la pág. 722:

Tanto la doctrina de agotamiento como la de jurisdicción primaria cumplen el objetivo de mantener un adecuado balance y distribución de poder y tareas entre las agencias admi-nistrativas y el poder judicial. Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978). La doctrina de jurisdicción primaria pretende deter-minar si corresponde a una agencia o a un tribunal la inter-vención inicial en una controversia. En cambio, la de agota-miento se dirige a dilucidar cuándo es el momento apropiado para que los tribunales intervengan en una controversia pre-viamente sometida a una intervención administrativa. Por tanto, el examinar su posible aplicación surge cuando, ha-biendo comenzado un procedimiento o actuación en una agen-cia, se solicita la intervención judicial para revisar deter-minaciones u obtener un remedio judicial, antes de que se haya culminado todo el trámite o procedimiento administra-tivo establecido. Quiñones v. A.C.A.A., 102 D.P.R. 746 (1974), y E.L.A. v. 12,974.74 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964). (Énfasis en el original.)

La reivindicación de los derechos constitucionales corresponde y puede reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia, sin que el foro administrativo tenga jurisdicción original sobre ello. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 852 (1978). Sin embargo, en Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 681 (1978), sostuvimos que “al evaluar el recurso a los tribunales de justicia contra los actos de organismos o funcionarios administrativos en los casos en que el estatuto provee una apelación dentro de la vía administrativa, debe distinguirse entre cuestiones de interpretación estatutaria en que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia (expertise) administrativa”.

En nuestra jurisdicción, las reclamaciones por le-siones a los derechos civiles bajo la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974, supra, han sido en todo momento evaluadas a la luz de si la acción implica o no un agravio de patente inten-sidad al derecho del individuo. Siempre hemos tendido a con-servar el carácter excepcional del procedimiento y a limi-tarlo a la comprobación de situaciones urgentes. El recurso de injunction para impedir que se prive a una persona de algún derecho o privilegio protegido por la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o las leyes de Estados Unidos de América, no ha desplazado ni sus-tituido el procedimiento de apelación y revisión de decisiones en la esfera administrativa. First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 437-438 (1983); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205 (1982); Pierson Muller I v. Feijoó, supra, págs. 850-851; Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977).

El asunto se plantea aquí con especial intensidad. La intervención de los tribunales con las decisiones de las universidades y otros centros docentes en materia de retención y ascenso de su personal docente, suscita problemas clásicos y delicados de libertad académica y autonomía universitaria. The Academy in the Courts: A Symposium on Academic Freedom, 16 U.C. Davis L. Rev. 831 et seq. (1983).

Tradicionalmente se ha reconocido que corresponde a las universidades establecer los criterios de competencia académica de su personal docente. La cuestión generalmente es objeto de extensa reglamentación interna y evaluación por parte de un profesorado con conocimientos especializados y de vasta experiencia. La Universidad del Estado necesita cumplir con su misión educativa, libre de presiones ajenas. Sin embargo, ese cometido se debe ejercer con prudencia y en forma tal que no se menoscaben los derechos fundamentales de su personal.

Examinados los deberes, atribuciones, prerrogativas y funciones asignadas a la Universidad y el modo en que se gestan e imparten sus servicios, no existe quizás instrumentalidad o corporación pública más necesitada de reafirmación en su autonomía que esta institución. Declaración de Propósitos, Art. 1 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. see. 601). Específicamente en materia de selección y ascenso de su personal docente, la deferencia de los tribunales es condición indispensable de su propia existencia. Ahora bien, aunque el Consejo de Educación Superior es un organismo sui géneris y con vastos poderes para reglamentar la educación universitaria del país, ello no im-plica que los tribunales debamos asumir actitudes indife-rentes o impasibles al revisar judicialmente sus decisiones. Tampoco que tengamos una competencia residual en mate-rias sometidas previamente al poder reglamentario o adjudi-cativo del primer centro docente. De la misma manera, en estos casos el recurso de injunction será el remedio preciso para proteger los derechos e inmunidades de estirpe consti-tucional o estatutaria.

Hoy refrendamos nuestras expresiones previas. “Preci-samente, para que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Ca-llar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pasado no muy re-moto. . . . Así lo reconoció el legislador puertorriqueño cuando dispuso que, en el cumplimiento de su misión, la Uni-versidad de Puerto Rico debería ‘[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ide-ales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vincu-lada a los valores e intereses de toda la comunidad demo-crática’. 18 L.P.R.A. sec. 601, inciso (b)(6).” (Escolio omitido.) Sánchez Cárambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 161 (1982).

Resolvemos, sin embargo, que en ausencia de violaciones a derechos constitucionales, en las áreas de selección y ascenso del personal docente, los tribunales únicamente debemos intervenir en la revisión de actuaciones de organismos educativos cuando son arbitrarias o carecen de base racional. Esta función debe realizarse con cautela, particularmente cuando, mediante reglamento, la institución académica ha establecido un proceso decisional con amplias garantías de que el afectado tendrá oportunidad de ser oído. Como antes expresáramos, los jueces no contamos con la in-formación ni el peritaje necesario en esta área. Las deci-siones en materia como la presente usualmente requieren el ejercicio del juicio personal, la deliberación académica y el conocimiento profundo tanto del candidato como de la insti-tución universitaria. Board of Curators, Univ. of Mo. v. Horowitz, 435 U.S. 78, 87, 91 (1978); Lovelace v. Southeastern Massachusetts University, 793 F.2d 419 (1er Cir. 1986); Kumar v. Bd. of Trustees, University of Mass., 774 F.2d 1, 10-11 (1985); Kelleher v. Flawn, 761 F.2d 1079,1084 (1985); Siu v. Johnson, 748 F.2d 238 (1984); Clark v. Whiting, 607 F.2d 634 (1979); Huang v. College of the Holy Cross, 436 F. Supp. 639, 653 (1977); Cussler v. University of Maryland, 430 F. Supp. 602, 605-606 (1977); Hetrick v. Martin, 480 F.2d 705 (1973). Véase, también, Regents of the University of Michigan v. Ewing, 474 U.S. 214 (1985). Por estas razones, la elec-ción del foro judicial por profesores cuya contención propia-mente debe dilucidarse por la vía administrativa ante las es-tructuras universitarias, es práctica que exige un “irrecusa-ble grado de autenticidad y claridad en el planteamiento constitucional al amparo de la Ley de Derechos Civiles ...”. Pierson Muller I v. Feijoó, supra, pág. 853.

Con estos criterios en mente debemos determinar si el balance de intereses en este caso justifica que se agoten los remedios administrativos ante los organismos universitarios a cargo de tomar una decisión final sobre los planteamientos del profesor García, o si la reclamación formulada a la luz de la prueba ofrecida aduce hechos terminantes y precisos jus-tificativos de la opción por el remedio constitucional y prete-rición del cauce administrativo.

Una lectura a fondo de la transcripción de la evidencia que obra en autos, así como de la sentencia del Tribunal Superior demuestran, a lo sumo, que el profesor García Cabán posee una filosofía educativa diferente a la de sus eva-luadores. Las discrepancias entre los miembros de una co-munidad académica en torno a la mejor forma en que debe enseñarse una materia son parte integral de las divergencias que normalmente ocurren en las universidades. Hetrick v. Martin, supra, págs. 705, 708-709. Hubo prueba de que al-gunos evaluadores tenían preconcepciones acerca de la capa-cidad docente del profesor García Cabán ya que conocían sus ejecutorias anteriores en el Colegio Universitario de Cayey. Sin embargo, los conflictos filosóficos entre evaluadores y evaluados no justifican nuestra intervención en ausencia de una demostración concreta de hechos sobre los que pueda descansar una inferencia de que la decisión de no renovar el contrato al profesor estuvo motivada por consideraciones in-constitucionales o en privación de sus derechos civiles. La prueba presentada por el profesor García Cabán no cumple ni remotamente con los criterios esbozados. En estas cir-cunstancias, no se justifica la intervención prematura de los tribunales.

El profesor puede obtener un remedio dentro de las pro-pias estructuras apelativas universitarias —el Presidente, y el Consejo de Educación Superior— o en el procedimiento de revisión judicial de las decisiones administrativas. “Después de todo, la norma de preferir el agotamiento de la acción administrativa es una conveniencia compatible con la justi-cia, que no margina el escrutinio final por los tribunales.” Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, pág. 727.

A la vez de que hay ausencia de un planteamiento claro de discrimen, tampoco hay prueba que respalde la determina-ción del foro primario en el sentido de que proseguir con el trámite administrativo en el presente caso constituye una gestión inútil o inefectiva.

No cabe duda de que la rapidez de la justicia administrativa es condición de su eficacia. Del récord del caso se desprende, sin embargo, que el trámite administrativo no se demoró por razones atribuibles a la Universidad y que en gran medida las dilaciones ocurridas se debieron al propio recurrente. Por ejemplo, en una ocasión desistió de la apelación incoada y en otra solicitó la transferencia de la vista señalada.

En resumen, en este caso corresponde que las estruc-turas universitarias superiores revisen el proceso de evalua-ción seguido con el profesor García Gabán y determinen si se cumplió con las normas reglamentarias vigentes y con los criterios de competencia de ese centro docente.

Aunque el Reglamento General dispone que una apelación no tiene efecto suspensivo, “[ejxcepto que la autoridad revisora determine lo contrario”, el órgano apelativo correspondiente deberá considerar —en el fino balance de conveniencias y perjuicios— la posibilidad de concederle al recurrente un remedio provisional en el procedimiento administrativo. De esta manera podrá permanecer en su empleo hasta que las autoridades pertinentes rindan una decisión final en el asunto.

Por las razones anteriormente expuestas, se revoca la sentencia del Tribunal Superior y se devuelve el caso a la Universidad de Puerto Rico para la continuación, de así solicitarlo el recurrente, del trámite apelativo interno.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“... [L]as formas de la justicia son tan sólo la corteza o la envoltura del derecho. Rota esa corteza, hallamos solamente hombres, cosas y profundos anhelos de vida. La justicia no es sólo un continente; por su interior corre la vida humana, en-trañable y dramática, como que en ella se va decidiendo a cada instante el destino mismo del hombre.

“Para saber lo que vale la justicia es necesario entonces saber lo que vale el juez, en su íntima dimensión humana, en el sistema en que vive; si el hombre es libre en el mundo que lo rodea, la justicia está salvada; si no lo es, la justicia está irreparablemente perdida.” E.J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1978, Vol. I, pág. 156. Bajo esta óptica, la más completa defe-rencia judicial hacia las autoridades universitarias no justi-fica que reclamos como el de autos sean ahogados en aras de un apego desmedido al cauce administrativo.

Por correcta y justa debe confirmarse la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que declaró con lugar la demanda de injunction y daños y perjuicios promovida por Ebenezer García Cabán y su esposa Milagros Alsina, contra la Universidad de Puerto Rico, el Colegio Regional de Cayey y los profesores José Luis Monserrate Vila, Luis Guillermo Rodríguez, René A. Hernández, Castora Lozano, Pío López Martínez, Miguel Reckman y José González. Dicho dictamen decretó inválido el despido de García Cabán del Colegio Uni-versitario de Cayey y determinó que la evaluación de su tra-bajo docente —utilizada para justificar dicha acción— estuvo viciada por prejuicios y animosidades ideológicas y perso-nales, así como por conflictos económicos. Como consecuen-cia el tribunal ordenó su reinstalación a la plaza de Catedrático Auxiliar que ocupaba, con carácter probatorio, más el pago de los emolumentos no satisfechos. Ordenó una nueva evaluación y prohibió que en ésta participaran los pro-fesores codemandados. Finalmente, determinó que los es-posos García-Alsina sufrieron daños y angustias mentales valorados en $20,000.

A poco examinemos los hechos no contradichos estable-cidos ante el ilustrado foro de instancia, veremos que los mismos reflejan un reclamo constitucional sustancial y meri-torio cuyo desagravio inmediato podría sólo ser remediado judicialmente. Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979); Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977); Pierson Mueller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978).

La premisa cardinal en que descansa toda la opinión de este Tribunal no es correcta. No se trata de una simple dis-crepancia de enfoques filosóficos educativos entre el peticio-nario García Cabán y sus evaluadores. Por el contrario, la sentencia del foro de instancia está apuntalada en que la de-cisión de no renovar su contrato fue motivada.por prejuicios ideológicos, políticos y personales, así como por intereses económicos y profesionales en conflicto, configurativos de un discrimen en su contra y en la inobservancia sustancial de importantes requisitos procesales establecidos reglamenta-riamente para lograr una evaluación objetiva y justa de su labor docente.

Con esmerada escrupulosidad examinemos el trasfondo fáctico según depurados por el estrado de origen.

HH HH

Ebenezer García Cabán es profesor de carrera de vasta experiencia en labores pedagógicas. Comenzó el magisterio en el sistema de Instrucción Pública en 1968-1970. Durante los años académicos 1970-1972 fue profesor de Humani-dades en el Colegio Universitario de Cayey (C.U.C.), Uni-versidad de Puerto Rico (U.P.R.). Allí conoció y tuvo serias diferencias personales —por motivos ideológicos y polí-ticos— con los profesores Miguel Reckman y Castora Lo-zano Berrueso, quienes en unión al Prof. José González Barza formaban parte del Comité de Personal. Lo considera-ban “incapacitado para enseñar y no simpatizaban con su método de enseñanza”.

Luego de obtener su doctorado Summa Cum Laude en Salamanca, España, durante 1973-1979 ejerció la cátedra en el Colegio Universitario del Turabo. Tuvo diferencias con la administración. A final de esos seis (6) años le fue denegada la permanencia y no le fue renovado el contrato. El entonces Presidente de la U.P.R. sostuvo esa negativa. No prosperó una reclamación judicial que cuestionaba ambas decisiones.

Posteriormente, para los años 1979-1985 fue profesor de filosofía en el Colegio Regional de Guayama de la Universi-dad Interamericana.

Durante este mismo período, se desempeñó excelente-mente como profesor de Humanidades en el Colegio Regional de Carolina de la U.P.R. Publicó varios artículos de filo-sofía en revistas académicas y algunas columnas de carácter político. Presentó y fue aceptada una propuesta al National Endowment for the Humanities, en calidad de proyecto de investigación. La propuesta trataba sobre el sistema peda-gógico utilizado en los colegios tecnológicos para la ense-fianza de las Humanidades. Proponía el establecimiento de métodos alternos y sugería que se estudiara la capacidad, motivación y actitudes de los profesores. Esta sugerencia produjo una gran hostilidad entre el Director-Decano del Colegio, el Director del Departamento de Humanidades y los miembros del Comité de Personal de Evaluación. Éstos en-tendían que a García Cabán no le correspondía cuestionar los métodos de enseñanza. Para el año 1982-1983, el Comité de Personal de Evaluación, el Director, la Decana de Asuntos Académicos y el Director-Decano del Colegio Regional no recomendaron la renovación del contrato. Repetimos, estas recomendaciones negativas no se debieron a su labor acadé-mica. Sobre este extremo las evaluaciones fueron buenas. La recomendación negativa fue producto de las pobres rela-ciones de García Cabán con el personal docente y adminis-trativo de la institución. Según el tribunal a quo, “había un malestar general en el Colegio con la presencia del deman-dante porque éste era una persona controversial”. Aun así, el Rector de los Colegios Regionales optó por renovarlo en dicho colegio.

Subsiguientemente, García Cabán se valió de su afiliación e influencias políticas dentro del Partido Nuevo Progresista y logró que la Oficina del Presidente de la U.P.R. asignara los fondos para la creación de una nueva plaza en el Colegio Universitario de Cayey. Dicha plaza, año académico 1983-1984, le fue conferida en septiembre de 1983, después de ha-ber comenzado dicho año académico y que no se le renovara el contrato en el Colegio Regional de Carolina.

Contrario a la práctica establecida, el Comité del Depar-tamento de Humanidades de Cayey no fue consultado al ex-tenderse este nombramiento. Según antes expuesto, dicho comité opinaba que García Cabán no estaba capacitado para enseñar y discrepaban de su método de enseñanza.

Durante el primer semestre del año académico 1983-1984 la labor del profesor García Cabán consistió en % partes de tarea administrativa y Va parte a la labor docente. Su supervisor inmediato estaba conforme y satisfecho con su labor administrativa.

Las guías del Colegio Regional de Cayey para evaluar la labor de los profesores eran las Sees. 49.3 y 70.1.4 del Re-glamento General de la U.P.R., y unas internas denominadas Normas para la Evaluación de la Visita al Salón de Clases, y como parte de éstas, unas Instrucciones al formulario titu-lado Habilidad del Profesor en la Docencia.

García Cabán fue evaluado para determinar si se le reno-vaba su contrato. Excepto en las visitas a clases, en todos los demás renglones de evaluación obtuvo resultados excelentes.

Conforme el tribunal de instancia, durante el proceso evaluativo se incurrieron en defectos procesales sustanciales y serias inobservancias reglamentarias. A tal efecto, de todos los factores enumerados en la See. 49.3, sólo se tomó en consideración la calidad de la enseñanza. Bajo éstos, el aná-lisis estuvo prejuiciado por las opiniones que de antemano poseían los evaluadores. Tampoco se tomó en considera-ción, conforme la Sec. 70.1 del Reglamento General de la U.P.R., el tiempo desempeñado en tareas administrativas. Más aún, las normas para la evaluación de la visita al salón de clases fueron circunvaladas en los extremos siguientes: (a) los miembros del Comité Departamental no discutieron con el profesor García Cabán los ítem contenidos en el for-mulario Habilidad del Profesor en la Docencia; (b) el in-forme del Comité Departamental no incluyó: (1) obser-vaciones sobre la adecuación del plan propuesto para la clase y la realización de la misma; (2) juicio sobre la calidad de las evaluaciones suministradas y del material auxiliar usado en el curso: texto, notas, asignaciones, etc., y señalamiento de los puntos débiles y fuertes del profesor evaluado, y sus va-riaciones respecto a evaluaciones anteriores.

Además, se prescindió de un informe narrativo del De-partamento que resumía los informes anteriores, el cual de-bió ser elaborado por el Director en unión a los miembros del Comité Departamental. Tampoco se incluyó un resumen de las evaluaciones de los estudiantes, entre ellas las hojas de evaluación. Al respecto, la evaluación consistió en una visita al salón de clases de aproximadamente 50 minutos. Durante ese tiempo, la profesora Castora Lozano a nombre del Co-mité Departamental entregó a los estudiantes del profesor García Cabán un formulario para que ellos evaluaran la clase. La evaluación se extendió por 15 minutos.

El Dr. José González Barja, Director del Departamento de Humanidades, emitió un informe expositivo de la evalua-ción de García Cabán y concluyó que no había sido bien acep-tado por los profesores del Departamento. A su juicio no sería “sabio” retenerlo. Sin embargo, en el final de la evalua-ción del Comité Departamental, evaluó su labor docente como regular.

El Informe Narrativo del Comité Departamental, inte-grado por los profesores Castora Lozano, Miguel Reckman y Pío López Martínez, evaluó deficiente la clase. Las evalua-ciones de los estudiantes fueron clasificadas por el Comité Departamental como buenas.

Al igual que otros, antes de su evaluación, el Director del Departamento de Humanidades también tenía una imagen negativa del profesor García Cabán. Éste es partidario del pensamiento pragmático, corriente rechazada enérgica-mente por los profesores González Barja, Pío López y Miguel Reckman.

El foro de instancia determinó que la revisión del Comité Institucional de la Facultad fue “superficial e inadecuada”. No se emitieron los criterios de evaluación utilizados, como tampoco si se había cumplido con las normas promulgadas. Esta falla se extendió a través de todo el proceso consultivo y apelativo del sistema universitario.

El Informe de Evaluación del Comité Departamental de Personal. . . suscrito por los Profesores José González Barja, Pío López, Miguel Reckman y Castora Lozano Berrueso re-fleja la siguiente puntuación:
Puntuación Labor Docente
Director del Depto. 206 Regular
Comité Departamental 122 Deficiente
Eval. Estudiantes 323 Buena
Sentencia del Tribunal Superior de 3 de enero de 1986, pág. 14.

García Cabán comunicó su desacuerdo e indignación con tales evaluaciones. El 14 de diciembre de 1983 fue notificado por el Director del Departamento que no se le renovaría su nombramiento. Apeló al Presidente de la U.P.R. y el caso fue devuelto al Rector. Le solicitó a éste remedio interlocutorio. Le fue denegado. Acudió al tribunal.

) — I HH H-i

La revision judicial de actuaciones de organismos educa-tivos, aunque limitada, procede ante violaciones directas de derechos constitucionales o cuando son patentemente arbi-trarias o carecen de base racional. Ello presupone cautela y prudencia desde el estrado. Después de todo, los jueces no contamos con la información ni el peritaje para revisar deci-siones sobre evaluaciones de personal docente. Sin embargo, la discreción institucional universitaria sobre asuntos aca-démicos y administrativos no excluye totalmente el escruti-nio judicial. Véanse: Vicéns v. U.P.R., 117 D.P.R. 771 (1986); Jorge v. Universidad Interamericana, 109 D.P.R. 505, 512 (1980). Así, sin asumir el papel de una superjunta de perma-nencia o sustituir criterios de destreza administrativa, los tribunales pueden explorar si la concesión o denegación de un contrato a un profesor al concluir su período probatorio, está sostenida por una base racional y apoyada en evidencia sustancial o si ha mediado arbitrariedad, discrimen o viola-ción a derechos constitucionales. Green v. Board of Regents of Texas Tech. University, 355 F. Supp. 249 (1979); Lieberman v. Gant, 474 F. Supp. 848 (1979); Powell v. Syracuse University, 580 F.2d 1150 (1978).

La tarea exige un esforzado celo judicial en casos de pro-fesores sin tenencia. De ordinario éstos están sujetos a ma-yores presiones. Como correctamente consignó la ilustrada sala sentenciadora:

A pesar de que las decisiones sobre tenencia o evaluación de profesores suscitan problemas delicados y difíciles en cual-quier sistema educativo, esto no es óbice para que no se esta-blezcan linderos a la discreción administrativa. Sobre este particular, los tribunales son muy cuidadosos en distinguir en-tre aquellas cuestiones que están revestidas de un gran in-terés judicial, poniendo particular interés en el cumplimiento del debido proceso de ley, de aquellas zonas reservadas al pe-ritaje y discreción administrativa.
El profesor joven puede tener ideas innovadoras y cierta agresividad que pueden ser frustradas por una administra-ción hostil, si no tiene alguna protección. Aunque las ideas del maestro joven sean erróneas y su agresividad objetable, su interés debe recibir alguna protección contra acciones arbi-trarias o caprichosas de aquellos que vienen obligados a eva-luarlos.
Para evitar la arbitrariedad y el capricho deben existir buenas normas en las cuales basar las decisiones sobre reten-ción y permanencia. Mientras más laxo sea el procedimiento y más funestas las consecuencias sobre el profesor mayor será el escrutinio judicial.
Por último, si la decisión se basa en razones que rebasan la docencia, las autoridades educativas pueden situarse fuera de la zona de peritaje y su decisión no merecer la deferencia judicial. Sentencia del Tribunal Superior de 3 de enero de 1986, págs. 23-24.

Al confrontar estos principios doctrinarios al caso de autos, el análisis objetivo de la prueba demuestra que la eva-luación del profesor García Cabán trascendió los límites per-misibles en las dimensiones pedagógicas y docentes. Sin lugar a dudas estuvo inmersa en un mar de profundos prejui-cios y personalismos. La intensidad de la lesión a sus dere-chos supera el trámite administrativo. Que estuviera en un período probatorio no es impedimento para extenderle las garantías constitucionales y estatutarias. Todo lo contrario. Patentiza la necesidad de intervención judicial. Precisa-mente, era éste el último año crucial para después obtener permanencia. Ante el antagonismo de los miembros del Co-mité, García Cabán nunca tuvo la menor oportunidad de ser evaluado objetivamente. Se violó lastimosamente el espíritu de la reglamentación universitaria vigente. Curiosamente, sólo los estudiantes, ajenos a las pasiones y recelos de al-gunos miembros de la facultad, lo evaluaron con ecuanimi-dad.

En buena juridicidad, si nos atenemos a este cuadro fác-tico, difícilmente puede sostenerse un decreto de abstención judicial basado en las normas de agotamiento de remedios administrativos o de jurisdicción primaria. En el mundo aca-démico e intelectual universitario, García Cabán no tuvo la más mínima oportunidad de ser evaluado imparcialmente. Ello resulta no sólo injusto, sino paradójico. “El intelectual ha de ser un enamorado de la verdad. Sin actitudes pila-tescas, ha de buscar la verdad, tratar de encontrarla y de que triunfe: descubrir lo que las cosas son tras la costra que las cubre por los prejuicios humanos, es la tarea básica del filó-sofo en su relación con la verdad (ORTEGA). Y es la del ju-rista empeñado en interpretar y aplicar debidamente la norma jurídica.” V.M. Garrido de Palma, Derecho Civil y Metodología Jurídica, 259 Rev. Gen. Leg. y Jur. 455, 472 (1985). Disentimos. Confirmaríamos al foro de origen.

       Sec. 49.1, Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (Regla-mento General), 1ro de abril de 1981.

       Dichas normas deben ser congruentes con el Reglamento General. Art. 49, Sec. 49.2.

       Dicho procedimiento complementa las normas de evaluación del personal docente y tiene rango reglamentario en atención a lo dispuesto en la Sec. 14.11 del Reglamento General.

       Sec. 50.7, Reglamento General. Al parecer, con posterioridad a la adop-ción del Reglamento General, el Colegio Universitario de Cayey se convirtió en una unidad autónoma de la Universidad de Puerto Rico.

       Corresponde al Consejo de Educación Superior, por mandato legal, resolver las apelaciones que se interponen contra las decisiones del Presidente y de la Junta Universitaria. 18 L.P.R.A. sec. 602(e)(6).

       El testimonio íntegro del demandante durante la vista de injunction pre-liminar se transcribió y dicha transcripción obra en autos.

       El recurrente es partidario del pensamiento “pragmático”, corriente que es rechazada por varios de sus colegas.

       “Sección 50.8.3 — Derecho a solicitar revisión
      “Una vez notificada de la terminación de su nombramiento probatorio sin concesión de permanencia, la persona afectada podrá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación, solicitar por los canales correspon-dientes la revisión de su caso. Excepto que la autoridad revisora determine lo contrario, la acción dando por terminado el nombramiento continuará en efecto mientras se tramita la revisión.” Reglamento General, supra, Sec. 50.8.3.
      Véase, también, la .Sec. 6.20 del Reglamento sobre Procedimientos Apela-tivos Administrativos.

       La See. 49.3 dispone:
      “En las evaluaciones de la ejecutoria de los miembros del personal docente para los distintos fines, se tomarán en cuenta los factores siguientes:
      “Sección 49.3.1 — Calidad de la enseñanza, la investigación o la divulgación.
      “Sección 49.3.2 — Dedicación a las labores y al servicio universitario.
      “Sección 49.3.3 — Cumplimiento de los deberes docentes.
      “Sección 49.3.4 — Mejoramiento profesional.
      “Sección 49.3.5 — Cooperación en los trabajos de la facultad, incluyendo co-mités y programas de estudios.
      “Sección 49.3.6 — Trabajos de investigación y creación realizados.
      “Sección 49.3.7 — Conferencias sobre materias propias de su campo.
      “Sección 49.3.8 — Publicaciones, exposiciones, conciertos y otras activi-dades análogas.
      “Sección 49.3.9 — Reconocimientos recibidos.
      “Sección 49.3.10 — Opiniones fundamentadas y sustanciadas de sus com-pañeros y otras personas relacionadas con su trabajo.
      “Sección 49.3.11 — Actitud profesional: disposición del profesor para parti-cipar en actividades profesionales; su equidad, tacto, sensatez, discreción y obje-tividad en el manejo de las situaciones en que participa; cooperación espontánea con la unidad a que sirva y con la instrucción en general.”

       El tribunal concluyó:
      “Sobre este extremo el Dr. Miguel Reckman declaró en la vista del [injunction] preliminar que antes de hacer la evaluación del demandante ya tenia una mente hecha de que no era apto para enseñar, que con la evaluación o sin ella lo hubiera rechazado; que fue a la clase a ver si él había cambiado; que le parece que una sola visita a clases es demasiado poco; que recomienda dos visitas. En la vista del [injunction] permanente declaró que el reglamento de evaluación tenía que mejorarse incorporando dos visitas y otros aspectos tales como reunirse con el profesor, visitar su casa para ver si tiene biblioteca, maquinilla, etc.
      “Por otro lado, el Dr. José González Barja declaró que previo a la evaluación del demandante tenía un juicio sobre su persona y sobre la docencia que no le favorecían; que había un juicio negativo de los profesores sobre la personalidad y competencia del demandante.
      “La Dra. Castora Lozano declaró en la vista del [injunction] permanente que el demandante era una persona anodina y un profesor malo. En la deposi-ción que se le tomara manifestó que era una persona alterada y le causaba de-sagrado.” (Énfasis suplido.) Sentencia del Tribunal Superior de 3 de enero de 1986, págs. 10-11.


text:
    Enrique Henríquez Soto, demandante y peticionario, v. Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: CE-85-667

      Resuelto: 22 de diciembre de 1987

      Jaime Rivera Torres, abogado del peticionario; Donato Rivera De Jesús, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente recurso cuestiona la práctica de que los abo-gados del Consejo de Educación Superior (C.E.S.) actúen como oficiales examinadores en los procedimientos ante dicho organismo. Esta circunstancia impide, según el recu-rrente, —profesor al que fue negada la permanencia en trámite apelativo ante el C.E.S.— una adjudicación verdade-ramente imparcial. El tribunal de instancia se negó a expedir el auto de revisión. Confirmamos su dictamen.

Los hechos pertinentes a la controversia que hoy revi-samos se pueden resumir de la forma siguiente:

El profesor Enrique Henríquez Soto, licenciado en far-macia, comenzó a prestar servicios a la Universidad de Puerto Rico, Colegio Regional de Ponce, con nombramiento temporero y rango docente de instructor auxiliar durante el año académico 1972-1973. Al momento de ser nombrado existía una dificultad en el reclutamiento de profesores de química que cumplieran con todos los requisitos de prepara-ción académica. Por tal razón, se reclutó al profesor Henrí-quez para que enseñara esta materia, a pesar de que sólo poseía el grado de bachiller en ciencias farmacéuticas.

Su primer nombramiento probatorio le fue otorgado el 1 de septiembre de 1973 y poco tiempo después obtuvo un cambio de rango: de instructor auxiliar a instructor. Recibió a partir de entonces nombramientos probatorios sucesivos hasta completar un período de cinco años de servicio. A través de todos estos años la Administración de Colegios Re-gionales (Administración) le advirtió al peticionario, en más de una ocasión, que no cualificaba para la permanencia por no cumplir con el requisito de la maestría.

El 31 de mayo de 1978 se le comunicó al peticionario que en una reunión extraordinaria, y luego de un amplio análisis del expediente sometido, la Junta Administrativa de la Ad-ministración de Colegios Regionales (Junta Administrativa) había determinado no aprobar un cambio en su tipo de con-trato a permanente. A pesar de ello, el 9 de junio de 1978 el profesor Henríquez manifestó por carta al profesor Carlos Reoyo, Rector de la Administración, su intención de conti-nuar prestando sus servicios con un contrato probatorio y con rango de instructor. El 20 de junio de ese mismo año el Rector Reoyo contestó esta comunicación reiterando la posi-ción de la Administración. Se le informó que no se le expedi-ría contrato de tipo alguno para enseñar en el año académico 1978-1979.

De la decisión el profesor Henríquez instó apelación ante la Junta Universitaria de la Universidad. Ésta encomendó el caso a un oficial examinador ante quien se celebró una vista evidenciaría. El examinador suscribió un informe favorable a la parte peticionaria, es decir, recomendando la permanen-cia.

La Junta Universitaria recibió el informe, pero al surgir varios planteamientos de derecho, y dada la circunstancia de que el oficial examinador no era abogado, dicha Junta Uni-versitaria refirió el informe a un segundo “oficial” en ánimo de que se consideraran en toda su extensión los aspectos ju-rídicos del caso. Éste rindió un informe a base del récord, en el cual se negó a considerar los planteamientos de derecho del Rector porque no se habían sometido ante el primer ofi-cial examinador y, por lo tanto, endosó sus recomendaciones. A base de estos informes, la Junta Universitaria revocó la determinación de la Junta Administrativa y ordenó la per-manencia del profesor Henríquez.

De esta decisión apeló la Administración al C.E.S. Al re-cibir el caso, el C.E.S. lo encomendó a otro oficial examina-dor, el Lie. Agustín Fortufio, quien había asesorado al C.E.S. en un incidente relacionado con el perfeccionamiento de la apelación de la Administración.

La controversia que motivó la consulta giró en torno a si el término creado para apelar al C.E.S. era de carácter juris-diccional. En modo alguno dicho asesor opinó, investigó, ad-judicó, sugirió un curso a seguir, o recomendó determinada política institucional sobre la permanencia de los profesores sin maestría.

Celebrada una segunda vista evidenciaría ante el licen-ciado Fortuño y rendido un informe en el cual se analizaron extensamente las disposiciones legales aplicables, el C.E.S. revocó la determinación efectuada por la Junta Universitaria y, por lo tanto, denegó la concesión de la permanencia al peti-cionario.

En el trámite de revisión ante el Tribunal Superior el profesor Henríquez —aparte de su contención central de que es acreedor a la permanencia— cuestionó que el abogado que representaba al C.E.S. en el tribunal perteneciera al mismo bufete del oficial examinador que actuó en la vista administrativa ante el propio C.E.S.

El juez de instancia acogió el planteamiento y concedió al C.E.S. 20 días para que notificara una nueva representación legal. Superado el incidente, y luego de notificada una nueva representación, el 7 de junio de 1985 el Tribunal Superior declaró sin lugar la solicitud de revisión. En reconsideración dicho tribunal declaró nuevamente sin lugar el recurso del peticionario. Se basó en que surgía claramente del expe-diente que el peticionario fue advertido expresamente de que no se le concedería la permanencia si no cumplía con el re-quisito de grado académico que la Universidad le había exi-gido, condición con la que el peticionario nunca cumplió.

H h — I

Ante nos, los señalamientos de error son básicamente de dos naturalezas. Por un lado, el profesor Henríquez cues-tiona la imparcialidad del oficial examinador que presidió la vista administrativa ante el C.E.S. Aunque no elabora el ar-gumento, al parecer se refiere a la práctica de que el C.E.S. delegue en sus propios abogados la función de presidir las vistas administrativas en los recursos apelativos ante dicho organismo. El resto de los errores señalados giran en torno a la controversia sobre la retención de profesores sin maestría en la Universidad, cuestión de discreción y política institu-cional que, aunque no impide, limita notablemente nuestra intervención.

En el pasado, ante diversas situaciones, hemos ex-presado el principio de que el debido proceso de ley ofrece protección contra la arbitrariedad administrativa, pero en modo alguno es “molde rígido que prive de flexibilidad” a los organismos administrativos. Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 340 (1975); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987). En otras ocasiones, hemos mani-festado que el debido proceso no tiene en el campo del dere-cho administrativo la rigidez que se le reconoce en la esfera penal. Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 62, 63 (1944); A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 882 (1974). Sin embargo, siempre hemos reconocido, dentro de este marco general, que el debido proceso requiere “un proceso justo y equitativo que respete la dignidad de los indi-viduos afectados”. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

De todos los valores que informan la garantía del debido proceso, el valor de la percepción de la justicia es el que con mayor claridad dicta el uso de un adjudicador imparcial con criterios independientes. Véase Schweiker v. McClure, 456 U.S. 188, 195 (1982). Redish-Marshall, Adjudicatory Independence and The Values of Procedural Due Process, 95 Yale L.J. 455 (1986). La necesidad de imparcialidad adjudicativa en la infraestructura del debido proceso impide al adjudicador decidir un caso si tiene interés o prejuicio real identificable o cuando las circunstancias son tales que el riesgo de parcialidad es demasiado grande. Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35, 47 (1975).

Se ha señalado, sin embargo, que el término “indepen-dencia” es vago y relativo. “El requisito de un adjudicador independiente al describirse en lo abstracto, parece bastante incontrovertible. Las verdaderas dificultades surgen al de-terminar qué grado de independencia satisface el requisito de debido proceso.” Redish-Marshall, op. cit., pág. 491.

Obviamente, la mezcla de conducta adversativa y adjudicativa presenta un delicado problema constitucional. En procedimientos formales, la separación de funciones sirve para aislar al juzgador de las comunicaciones fuera del récord del personal de la agencia que interviene personalmente en los procedimientos, en menoscabo de su habilidad para impartir un asesoramiento objetivo. Este “aislamiento” también sirve para reforzar la confianza de las partes en la imparcialidad de aquel que decide y en la justicia global de los procedimientos.

Por otra parte, la separación de funciones tiene su precio, ya que en ocasiones impide que el órgano adjudicador de la agencia pueda obtener asesoramiento del personal mejor cualificado si se estima que dicho asesor ha estado involucrado como adversario en los procedimientos. También tiene el potencial de causar serias demoras, la costosa duplicación del personal, confusión acerca de cuáles comunicaciones son permisibles e interferir con otras funciones colaterales de la agencia. B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1982, pág. 504.

En atención a estas dificultades y realidades del proceso administrativo, la jurisprudencia federal y estatal, al inter-pretar garantías similares, ha adoptado un enfoque clara-mente pragmático.

Llegado este punto, conviene aclarar ciertos extremos para precisar las bases exactas del caso ante nuestra consi-deración.

h — i ► — I

En primer lugar, partimos de la premisa de que una vez la Universidad decidió brindar al peticionario la gama completa de garantías procesales en el trámite institucional de negación de permanencia, también le reconoció la oportunidad de ser oído por un adjudicador imparcial. En presencia de adecuadas salvaguardas reglamentarias que reducen las posibilidades de arbitrariedad y facilitan nuestra revisión judicial, no es necesario pronunciamiento ulterior sobre si estamos ante factores que determinan un interés propietario en el empleo del profesor Henríquez. Véase Texidor v. Superintendente de la Policía, 109 D.P.R. 156, 159 (1979). Del récord se desprende que en este caso hubo amplia notifica-eión, declaración de causa y vista a solicitud del maestro. No se le negó la permanencia al profesor Henríquez por una ra-zón que pueda hacerle daño a su carácter o reputación en la comunidad, o le prive de futuras oportunidades de empleo. No estamos ante un problema de ejercicio de libertad de pa-labra ni tampoco el profesor ha demostrado que tenga algo más que una expectativa unilateral a la permanencia en su empleo.

En estas circunstancias, sin embargo, al exponer los va-lores que nutren el concepto de justicia adjudicativa, po-demos válidamente referirnos a los precedentes y desarro-llos correspondientes en el área del debido proceso de ley, por constituir un marco de análisis adecuado.

En segundo lugar, ni la Ley Universitaria ni las normas constitucionales aplicables exigen que la decisión de separar al profesor Henríquez de su empleo sea tomada o revisada por un organismo con autoridad cuasi judicial de mayor jerarquía independiente de la Universidad. Hortonville Dist. v. Hortonville Ed. Assn., 426 U.S 482, 496-497 (1976); Ferrario v. Board of Educ. of Escanaba, 395 N.W.2d 195, 206 (Mich. 1986). Nótese, además, que el C.E.S. en el presente caso no estaba reevaluando su decisión inicial. Por el contrario, su función fue la de revisar de novo las determinaciones de la Junta Universitaria. Nos explicamos.

El sistema universitario está compuesto por el C.E.S., la Administración Central, la Junta Universitaria, unidades institucionales autónomas y no autónomas creadas por la ley o por disposición del C.E.S., y aquellas otras unidades y de-pendencias que cree el C.E.S. Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (Reglamento General), de 1ro de abril de 1981, Sec. 12.1. La “unidad institucional autónoma” es aquella unidad administrativa y académica dentro del sis-tema constituida por colegios, facultades, escuelas, servicios y otras dependencias que operan con autonomía administra-tiva y académica. Reglamento General, supra, Sec. 100.43. La Administración es una unidad institucional autónoma constituida por varias unidades institucionales no autó-nomas, entre las que se encuentra el Colegio Regional de Ponce. En cada recinto o unidad institucional autónoma hay una Junta Administrativa que opera básicamente como cuerpo consultivo del Rector. 18 L.P.R.A. see. 607; Regla-mento General, supra, Sec. 24.6. El Rector de la Administra-ción tiene los mismos deberes y obligaciones de los rectores de los recintos. Reglamento General, supra, Sec. 19.11. En-tre estos poderes están el de nombrar y contratar al personal docente. íd., Sec. 19.3.5. Por lo tanto, en la Administración la “autoridad nominadora” es el Rector. Sin embargo, en mate-ria de concesión de permanencias la determinación está a cargo de la Junta Administrativa, a propuesta del Rector y con la aprobación del Presidente de la Universidad. 18 L.P.R.A. sec. 607(c)(4); Reglamento General, supra, Sec. 50.5.51.

A tenor con el esquema descrito, la decisión de no conce-der la permanencia al profesor Henríquez Soto estuvo a cargo de la Junta Administrativa. Esta actuación, de natura-leza ejecutiva, sólo requirió una notificación de la acción to-mada.

La decisión fue apelada ante la Junta Universitaria, ór-gano destinado a colaborar con el Presidente de la Universi-dad en su gestión de dirigir el sistema universitario y ade-más, en lo que ahora nos atañe, a cargo de resolver las ape-laciones que se interponen contra las decisiones de las Juntas Administrativas y Senados Académicos de cada re-cinto. 18 L.P.R.A. sec. 605(d)(5); Reglamento General, supra, Sec. 15.1 et seq. Es en este momento apelativo que por vez primera se celebra una vista ante un examinador que permite la presentación de evidencia documental y oral y rinde un informe a la Junta Universitaria que contiene sus conclusiones de hecho y de derecho. La intervención posterior de un consultor que examinó y endosó el récord levan-tado en la vista no puede catalogarse como la de un “oficial examinador”. Su función fue exclusivamente la de asesorar a la Junta Universitaria ante las dudas que ésta abrigaba en torno a las recomendaciones originales.

Por último, el Rector de la Administración decidió acudir al C.E.S. o Junta de Gobierno de la Universidad. Dicho C.E.S., además de la función incidental de entender en las apelaciones instadas contra las decisiones del Presidente de la Universidad y de la Junta Universitaria, 18 L.P.R.A. sec. 602(e)(6), constituye el organismo en el cual el Pueblo de Puerto Rico ha delegado la autoridad para dirigir, orientar, reglamentar y gobernar el sistema universitario.

En su alegato el profesor Henríquez aduce que habiéndose celebrado vista anteriormente, la revisión del C.E.S. debía limitarse a examinar el récord y determinar si en el mismo había evidencia suficiente para sostener la actuación apelada. No tiene razón. Aun si aceptamos que esta fuera la práctica usual al momento de los hechos, ello no significa que el C.E.S., actuando como cuerpo cuasi judicial, estuviese institucionalmente impedido de determinar si era o no necesario celebrar vistas administrativas adicionales. Esta materia está tratada expresamente en la actualidad en la Sec. 6.11 del Reglamento sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de la Universidad, donde se dispone que “[l]a Autoridad apelativa determinará si es necesario celebrar vistas administrativas como parte del procedimiento para resolver las apelaciones incoadas ante ella. La celebración de una vista anterior y su grabación por medios mecánicos serán factores a tomar en consideración, pero no constituirán factores determinantes en la decisión de celebrar vistas administrativas a un nivel superior. Criterios adi-cionales a tomar en consideración serán: (1) si el récord está incompleto o (2) si sirve a los mejores intereses de la justicia ampliar el récord del caso”.

En las circunstancias presentes, el peticionario no ha po-dido demostrar perjuicio ante la celebración de una vista adi-cional en la cual pudo defenderse a plenitud. No haber prevalecido no constituye perjuicio. Por supuesto, ya desde Rivera v. Benitez, Rector, 73 D.P.R. 377, 390 (1952), resol-vimos que la revisión judicial de las decisiones del antiguo Consejo Superior de Enseñanza sí estaban limitadas a un examen del récord administrativo.

En tercer lugar, el organismo apelativo con autoridad para adjudicar las controversias sobre la concesión o denegatoria de la permanencia del peticionario es el C.E.S. Las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de un oficial examinador del C.E.S. no obligan a dicho organismo; por el contrario, el C.E.S. tiene facultad estatutaria para dictaminar sobre las cuestiones en controversia a base de su propia consideración del récord. Hernández Garcías. J.R.T., 94 D.P.R. 22 (1967); Hawkins v. Bd. of Pub. Ed., etc., 468 F. Supp. 201 (Del. 1979). En otras palabras, el adjudicador en el contexto de la vista apelativa, y en el significado constitucional, es el C.E.S. El oficial examinador carece de autoridad para tomar una decisión final en torno al destino del profesor Henríquez en la Universidad. Hopkins v. Mayor & Council of City of Wilmington, 600 F. Supp. 542, 551 (Del. 1984). Ello no quiere decir que las conclusiones del oficial examinador no merezcan nuestra consideración en revisión. Recuérdese que en estricto derecho dichas conclusiones forman parte del récord. Además, cuando el informe del oficial examinador que preside la vista es contrario e incompatible con el del organismo administrativo, particularmente en cuestiones que dependen del contacto inmediato con la prueba, nuestra función revisora es susceptible de tor-narse más rigurosa. Véase J.R.T. v. Escuela Coop. E.M. de Hostos, 107 D.P.R. 151, 157 (1978).

En cuarto lugar, no existe un impedimento constitucional para que el C.E.S. delegue la responsabilidad de celebrar una vista, analizar la evidencia y hacer recomendaciones. Rivera v. Benitez, Rector, supra, pág. 383 n. 3; Hopkins v. Mayor & Council of City of Wilmington, supra, pág. 552; Board of Curators, Univ. of Mo. v. Horowitz, 435 U.S. 78, 85 (1978); Nevels v. Hanlon, 656 F.2d 372, 374 (8vo Cir. 1981). El adjudicador administrativo puede tomar una decisión final a base de las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho de un oficial delegado, unidas a las objeciones por escrito y argumentos orales del apelante. Hopkins v. City of Wilmington, 615 F. Supp. 1455, 1459 (Del. 1985). Por supuesto, aunque el C.E.S. puede delegar válidamente en sus subordinados o empleados la responsabilidad de celebrar vistas, analizar la evidencia y hacer recomendaciones, dicha delegación no lo releva de su responsabilidad de examinar la información vertida en la vista. Si la información aportada por las partes como base para la decisión nunca llegase a los ojos y oídos del adjudicador, el derecho a la vista no tendría sentido. Esto no significa que el adjudicador deba escuchar a las partes personalmente; tal requisito en el campo administrativo es impracticable. Repetimos, un administrador o junta puede retener la autoridad para tomar decisiones y válidamente delegar en subordinados la responsabilidad de celebrar vistas y hacer recomendaciones. Todo lo que se requiere es un fallo informado por parte de aquel que tiene la responsabilidad de tomar la decisión u orden final. A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, supra; P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 417 (1980); Morgan v. United States, 298 U.S. 468, 481 (1936); Megill v. Board of Regents of the State of Florida, 541 F.2d 1073 (5to Cir. 1976); KFC National Management Corp. v. N.L.R.B., 497 F.2d 298 (2do Cir. 1974); Hawkins v. Bd. of Pub. Ed., etc., supra, pág. 210.

Por último, una mera alegación de parcialidad o prejuicio no es suficiente para sostener una reclamación de violación del debido proceso. La demanda debe contener alguna alegación táctica específica que indique parcialidad o prejuicio y no descansar meramente en conclusiones. Véanse: United States v. Scaccia, 514 F. Supp. 1353,1355 (N.Y. 1981); N.Y. State Inspection v. N.Y. State Pub. Emp. Rel., 629 F. Supp. 33 (N.Y. 1984); Salisbury v. Housing Authority of City of Newport, 615 F. Supp. 1433, 1439-1441 (Ky. 1985); Levitt v. University of Texas at El Paso, 759 F.2d 1224 (5to Cir. 1985).

Después de todo, los procedimientos y las decisiones ante un organismo administrativo tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. M.& B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987); Murphy Bernabé v. Tribunal, 103 D.P.R. 692, 699 (1975); South P.R. Sugar Co. v. Junta Azucarera, 83 D.P.R. 406, 409 (1961); Monitor & Boscio v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 397, 405 (1963).

Para poder rebatir la presunción de que los administradores que fungen como adjudicadores carecen de parcialidad, las alegaciones deben revelar un verdadero prejuicio o un interés pecuniario o institucional que los descalifique. Schweiker v. McClure, 456 U.S. 188, 195 (1982); Wolkenstein v. Reville, 694 F.2d 35, 41 (2do Cir. 1982); United States v. Morgan, 313 U.S. 409, 421 (1941).

Una vez fijados los hechos y determinada la sustancia ju-rídica del caso, sólo nos resta determinar las consecuencias.

Está claro que no estamos ante una combinación de con-ducta adversativa, investigativa y adjudicativa. Los inte-reses antagónicos quedaron configurados en este caso entre la Administración y el profesor peticionario. El organismo adjudicativo por mandato legal y reglamentario fue el C.E.S. El examinador sólo tuvo una encomienda limitadá: celebrar la vista, analizar la prueba y hacer unas recomendaciones. La participación previa pero definida de éste en un asunto periférico a la cuestión básica en controversia, es decir, la permanencia del peticionario, en modo alguno lo descalifica para presidir la vista. No existe nada en el expediente que indique que el abogado que presidió la vista jugara un papel en el proceso decisional. No existe ni tan siquiera una alega-ción fáctica específica que indique parcialidad o prejuicio descalificador ni en el oficial examinador ni, lo que es más importante y decisivo, en los adjudicadores del caso, los miembros del C.E.S.

El peticionario no cuestiona la exactitud de las determi-naciones de hecho del examinador, entre otras, el incumpli-miento con el requisito de la maestría.

El peligro en este género de casos está más bien en el potencial de ventaja indebida que puede tener una parte de-bido a su familiaridad con el adjudicador. Tampoco hay prueba que indique que el C.E.S. escuchó argumentos de la Administración fuera del récord.

El juez de instancia, con atinado criterio, exigió al C.E.S. cambio de representación legal una vez presentado el re-curso de revisión judicial. En resumen, el peticionario no ha podido trascender la presunción de regularidad en este caso.

HH C

Las cortes no son los organismos apropiados para administrar el sistema educativo ni para resolver los conflictos que surgen día a día en la operación de la Universidad del Estado, a menos que se infrinjan directamente valores constitucionales fundamentales o cuando las actuaciones de estos organismos sean claramente arbitrarias.

En otras palabras, nuestra intervención debe estar limitada a evitar actuaciones arbitrarias o caprichosas o en violación a los reglamentos de la entidad, o para garantizar la protección y el respeto de los derechos consagrados en las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos.

En este caso no hay base en el récord que demuestre dis-crimen o irracionalidad en las determinaciones tomadas por el C.E.S. o por las otras estructuras administrativas y do-centes de la Universidad. Véase Harrah Independent School Dish v. Martin, 440 U.S. 194 (1979). Un examen de las dispo-siciones reglamentarias aplicables demuestra que era y si-gue siendo la regla general que los profesores cumplan con el requisito de maestría en la disciplina que enseñan. No se trata de un requisito arbitrario o irracional. El peticionario estuvo advertido en todo momento de que le era indispensable obtener el grado de maestría para efectos de la perma-nencia.

La situación del peticionario fue muy diferente a la de otros casos donde la Administración concedió permanencia a profesores que no tenían aún el grado de maestría. Ninguno de dichos casos estaba relacionado con el área de química, materia que el peticionario enseñaba, o la de farmacia, en la cual tiene su preparación. Por el contrario, el foro primario tuvo prueba de que dichas especialidades se relacionaban con las computadoras, gerencia industrial, electrónica, dieté-tica y otras, donde a juicio de las autoridades universitarias la dificultad de reclutar y retener personal cualificado era a largo plazo.

Por último, el peticionario tuvo toda Ja gama completa de protecciones procesales concebibles: derecho a una adjudica-ción imparcial, derecho a presentar evidencia, a contrainte-rrogar y confrontar testigos, derecho a un expediente com-pleto y derecho a revisión judicial.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se dictará sentencia mediante la cual confirme la del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no inter-vino. El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

HH

“Los hombres conocen muy bien lo que es la injusticia. Saben que las rayas que separan lo justo de lo injusto no pueden confundirse, y que su diferencia es más sensible que la que hay entre el día y la noche; saben que la injusticia es lo que más separa al hombre del hombre, y lo que más separa al hombre de Dios; saben que es como esos venenos poderosos que matan aunque se administren en dosis homeopáticas.” M. Iglesias Corral, El Enigma del Derecho, Libro Homenaje a Ramón Ma Roca Sastre, Madrid, Gráficas Cóndor, 1976, Vol. I, págs. 63, 76.

Una evaluación cuidadosa y objetiva de la prueba docu-mental —incluso la transcripción de la vista administrativa del caso— nos impide coincidir con el criterio del Tribunal. Es injusto.

La prueba abrumadoramente revela que contra el profe-sor Enrique Henríquez Soto se discriminó al negársele la permanencia a la cual era acreedor. Su experiencia, dedica-ción y restantes cualificaciones académicas no se discuten. No hay justificación alguna para sostener ese trato diferen-cial.

Contrario a otros casos en que la Administración de Cole-gios Regionales concedió permanencia a profesores que no tenían grado de maestría, al profesor Henríquez Soto se le ha tratado y evaluado con una vara distinta. La única razón válida aducida por las autoridades universitarias es que no existía —al año académico 1978-1979— dificultad en el re-clutamiento de profesores de química. No es así. Sobre este extremo la Universidad sólo produjo una certificación de la Oficina de Personal del Colegio Regional de Ponce, exposi-tiva de que había archivadas tres (3) solicitudes de “empleo para el área de Química” de mayo de 1975 y febrero y agosto de 1976, cuyos solicitantes tenían maestría. Nos pregun-tamos, ¿qué valor pueden tener estas solicitudes tan dis-tantes, si después de mayo de 1975, se le extendieron al profesor Henríquez Soto cuatro (4) contratos por los años académicos posteriores, incluso el cancelado unilateralmente el 1ro de agosto de 1978?

Arguyendo que en situaciones como la presente la fun-ción del Consejo de Educación Superior sea de carácter cuasi judicial, es cuestionable que el proceso administrativo no haya estado viciado desde su origen. Merece nuestra aprobación la siguiente visión ético-adjudicativa del Tribunal Superior:

Surge de los documentos presentados que el abogado que representa al Consejo en este recurso pertenece al mismo bu-fete que suplió el Oficial Examinador que actuó en la vista administrativa ante el propio Consejo. Más aún, nos informa el abogado de la agencia que ello “es normal”. Puede que sea normal, pero ciertamente no es apropiado. El Oficial Exami-nador se supone que sea una figura totalmente imparcial, sin interés de clase alguna en el resultado del pleito. Si el bufete que suple dicho Oficial Examinador como cuestión “normal” luego ha de suplir también el abogado que va a defender al Consejo cuando dicha decisión sea recurrida, la situación sé torna en totalmente inaceptable. En primer lugar, ello crea cuando menos potencialmente un conflicto de intereses para el abogado cuando éste actúa como Oficial Examinador, y le crea la tentación de rendir un informe que sea más fácil de defender si en su día fuese objeto de un recurso de revisión. El que en la práctica el abogado que haya actuado como examinador haya podido resistir totalmente dicha tentación es irrelevante. El sistema no debe permitir tan siquiera una situación en que esa tentación existe. En segundo lugar, queda en marcada desventaja el abogado que presenta el recurso de revisión judicial, al tener que litigar contra el compañero de bufete no s[ó]lo del Oficial Examinador que actuó en este caso, sino de los Oficiales Examinadores que podrían actuar en casos fu-turos. En definitiva, la situación es intolerable. Se concede al Consejo de Educación Superior plazo de 20 días para que noti-fique a este Tribunal una nueva representación legal, la cual no deberá haber tenido contacto de. clase algun[a] con la fun-ción de suministrar oficiales examinadores al Consejo. Exhibit 6, pág. 1.

       Surge de los autos que en años subsiguientes desapareció la dificultad en el reclutamiento o ausencia de candidatos idóneos en el área de química, de forma tal que al aproximarse la terminación del período probatorio del peticionario, la Administración de Colegios Regionales (Administración) tenía tres solicitudes de candidatos con maestría para el puesto de instructor de química.

       El 24 de noviembre de 1975 el profesor Henríquez solicitó licencia extra-ordinaria sin sueldo con ayuda económica para continuar estudios de maestría en química en el Recinto Universitario de Mayagüez. Le fue concedida el-3 de mayo de 1976, pero aproximadamente dos meses después el peticionario solicitó la can-celación y no prosiguió sus estudios.
      La solicitud de cancelación de licencia fue considerada y aprobada por la Junta Administrativa de la Administración de Colegios Regionales (Junta Admi-nistrativa), no sin antes informar al profesor Henríquez que no se estaban consi-derando ni se considerarían propuestas de permanencia que no cumplieran con el requisito de la maestría. Se le exhortó a que continuara mejorándose profesional-mente y obtuviese su grado de maestría. No lo hizo.

       Sin embargo, luego de la advertencia en el sentido de que su contrato no sería renovado para el próximo año escolar, el 1 de julio de 1978 se le extendió por equivocación al profesor peticionario un sexto nombramiento con carácter proba-torio que fue cancelado un mes después al percatarse la Junta Administrativa del error. Esta equivocación fue rápidamente corregida por la Universidad y, por lo tanto, no tiene el alcance alegado por el peticionario.

       Por lo general, se dividen las situaciones que amenazan la independencia del adjudicador en tres categorías principales. Primero, el adjudicador podría tener un interés económico en el resultado del caso. En segundo lugar, podría tener algún prejuicio personal contra una parte y, finalmente, dicho adjudicador podría estar predispuesto hacia cierta posición que una parte mantiene en el caso. Redish-Marshall, Adjudicatory Independence, 95 Yale L.J. 455, 457 (1986).

      6) La “separación de funciones” es un principio del derecho administrativo cuyo propósito es proteger la independencia y objetividad de la función adminis-trativa. Se pretende evitar la combinación de funciones en el procesamiento, in-vestigación y defensa de causas. Este principio está reconocido en 5 U.S.C. see. 554(d) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disposición que pro-híbe a los fiscales o investigadores de una agencia del Gobierno de Estados Unidos participar en la decisión del caso en que han trabajado, ya sea como adju-dicadores o como abogados fuera de récord. Aunque la Sec. 554(d) es aplicable sólo a ciertas adjudicaciones formales, las agencias federales observan estos principios en virtualmente todos los procedimientos donde el expediente se le-vanta mediante procedimientos formales de vista. Consúltense: B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1982, pág. 504; K.C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, K.C. Davis Pub. Co., 1980, Vol. 3, Sec. 18.1, pág. 340 et seq.; Breyer-Stewart, Administrative Law and Regulatory Policy, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1985, pág. 680 et seq.-, Shulman, Separation of Functions in Formal Licensing Adjudications, 56 No-tre Dame L. Rev. 351 (1981); J.E. Maloney, Disqualification of Administrative Law Judges in California, 16 U.S.F. L. Rev. 229 (1982); M. Asimow, When the Curtain Falls: Separation of Functions in the Federal Administrative Agencies, 81 Colum. L. Rev. 759 (1981).

        Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 D.P.R. 204 (1986); García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987).

       Para los problemas que generan los conflictos de apreciación de la prueba dentro de una misma agencia véase, en general, Davis, op. cit, Sec. 17:16, pág. 327 et seq.