source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García.

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text:
    Pedro Juan Soto et al., demandantes y recurrentes, v. Caribe Shipping Co., Inc., demandada y recurrida.

      Número: RE-87-433

      Resuelto: 26 de abril de 1991

      Marcos Rodríguez Frese, abogado de los recurrentes; Efraín Guzmán Mollet, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

Los esposos Soto-Lugo contrataron los servicios de la em-presa Fernando Roqué, Transportes Internacionales, S.A. (Fernando Roqué) para transportar desde Zaragoza, España, a San Juan un baúl que contenía efectos personales. Entre estos efectos personales se encontraban los apuntes, planes, notas y borradores de tres (3) libros que serían escritos por el Sr. Pedro Juan Soto, quien es escritor. Además, en dicho baúl se encontraban sus apuntes conducentes a la obtención del grado de Doctor en literatura francesa y comparada, los cuales eran el producto de dos (2) años de investigaciones académicas.

El 12 de junio de 1976 la empresa Fernando Roqué embarcó el baúl antes indicado en Barcelona, España, en el buque holandés Amersfoort, de la línea de porteadores marítimos Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (K.N.S.M.). El consig-natario de dicha carga era el codemandante Pedro Juan Soto, con dirección en el Condominio Q, Quintana, 6013-A, Hato Rey, Puerto Rico, 00917.

El baúl arribó al puerto de San Juan el 26 de julio de 1976. La compañía estibadora del buque, que realizó el desembarco de la mercancía, fue la demandada recurrida Caribe Shipping Co., Inc.

La reglamentación vigente disponía que transcurridos los cinco (5) días desde el descargo de la mercancía sin que el consignatario la reclamara, ésta sería transportada y almacenada en un almacén público “a riesgo y expensas del consignatario”. Véanse: Customs Regulations, 19 U.S.C. sec. 1490(a); Orden General Núm. MI12957; 19 C.F.R. see. 127 et seq. De permanecer en dicho almacén por un (1) año sin que el consignatario la reclamara, sería vendida en' pública subasta. 19 U.S.C. see. 1491(a).

La mercancía fue desembarcada en el puerto y transcurrieron los cinco (5) días dispuestos por la legislación sin que el consig-natario la reclamara. Por ello, el Servicio Federal de Aduanas envió el baúl a un almacén de adeudos localizado en Miramar. 19 U.S.C. see. 1490.

El 19 de agosto de 1976, unos veinticuatro (24) días luego de que el baúl arribó a puerto, se desató un incendio en un negocio localizado en las inmediaciones de los almacenes de la aduana federal en Miramar. El incendio se extendió a otros negocios y finalmente alcanzó los almacenes. El siniestro destruyó las estruc-turas de dichos almacenes así como la mercancía allí almacenada, incluso el baúl del señor Soto y su contenido.

Para fines de julio de 1976 el señor Soto había recibido una carta de Fernando Roqué (con fecha de 19 de julio de 1976) en la que le notifica que el baúl con sus efectos personales le había sido despachado de España con destino a Puerto Rico. Le incluyó el original y copias del conocimiento de embarque (bill of lading). Dicho documento especificaba el barco donde se embarcó el baúl (Amersfoot); el puerto de destino (San Juan, ER.) y el consigna-tario (Pedro Juan Soto). Exhibit 11 del demandante.

La demandada, Caribe Shipping Co., Inc. era el agente del barco encargado de desembarcar, estibar, despachar y entregar la carga. Ésta tuvo conocimiento del arribo del Amersfoot al puerto de San Juan el 26 de julio de 1976 e hizo los arreglos para atracar el barco y para su descarga. Como agente del barco, generalmente avisaba a los consignatarios la llegada de la mercancía enviando por correo ordinario copia del conocimiento de embarque con un sello de “Aviso de Llegada”.

Durante el juicio de autos, el encargado de enviar los avisos expresó que enviaba miles de avisos de llegada, pero que no tenía la obligación de hacerlo. En este caso en particular indicó que había notificado a Soto de la llegada del baúl enviándole una copia del conocimiento de embarque en la cual se le había estampado el sello de “Aviso de Llegada” de carga en donde se indicaba que ésta llegaría el 27 de julio de 1976 y que, de no ser levantada a tiempo, sería enviada a un almacén público aproximadamente el 3 de agosto de 1976. Señaló que la notificación se hizo por correo ordinario tres (3) días antes del arribo del barco.

Sin embargo, el foro de instancia determinó que, como cuestión de hecho, el señor Soto nunca recibió el documento de notificación antes descrito.

El señor Soto advino en conocimiento de que la demandada era el agente a cargo de descargar el buque al escribir a Fernando Roqué el 4 de noviembre de 1976, preocupado por la tardanza en el recibo del baúl. Cuando el señor Soto se comunicó con la demandada fue que por primera vez se enteró del fuego y de la pérdida del baúl.

Los demandantes, al conocer lo ocurrido, realizaron las recla-maciones extrajudiciales correspondientes, tanto a Caribe Shipping Co., Inc. como a Fernando Roqué. Las mismas resulta-ron infructuosas.

•Ante tal situación interpusieron demanda en daños y perjui-cios contra Caribe Shipping Co., Inc. el 20 de abril de 1977. En la misma alegaron que la demandada fue negligente al no notificar-les la llegada del buque que transportaba el baúl al puerto de San Juan.

El 28 de marzo de 1985, luego de celebrada la vista sobre negligencia, el tribunal de instancia emitió una resolución en la cual determinó que Caribe Shipping Co., Inc. había incurrido en negligencia y era responsable por los daños ocasionados por la pérdida del baúl. En consecuencia, dejó pendiente el señalamiento para la vista de daños.

El 12 de noviembre de 1985 el foro de instancia celebró una vista donde las partes presentaron el informe de conferencia con antelación al juicio. En esa vista la demandada presentó una moción de sentencia sumaria donde alegaba falta de jurisdicción del tribunal al haber emitido su resolución en que determinó negligencia porque el campo del derecho marítimo está ocupado por la ley federal Carriage of Goods by Sea Act (C.O.G.S.A.), 46 U.S.C. sec. 1300 et seq. En la alternativa, alegó que no se había establecido una causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, 81 L.P.R.A. see. 5141.

Los demandantes presentaron su oposición a dicha mocióñ la cual fue replicada por la demandada. El 14 de julio de 1987 el foro de instancia, sua sponte, decidió reconsiderar la Resolución de 28 de marzo de 1985 y emitir sentencia, desestimando así la de-manda.

De esa sentencia recurren los demandantes ante nos mediante recurso de revisión. Expedido el auto, los recurrentes sometieron el caso a base de su recurso inicial y la recurrida ha comparecido mediante su alegato.

Los recurrentes aducen dos (2) señalamientos de error. En el primero imputan al foro de instancia el haber cometido error al resolver que la recurrida no era responsable por la pérdida de su baúl. El segundo señalamiento de error se refiere a no haber ordenado a la recurrida el pago de honorarios de las deposiciones tomadas a los peritos de los recurrentes. Discutiremos los señalamientos de error en ese mismo orden.

1 — I 1 — 1

Resolvemos, en primer lugar, si el foro de instancia tenía jurisdicción sobre la materia o si, por el contrario, la controversia es una que debe ser dilucidada en el foro federal. Al hacerlo, discutiremos las leyes federalés de derecho marítimo y su aplica-ción a la controversia de autos. Veamos.

Luego de promulgada la Ley Jones surgió la oportunidad de expresión sobre el derecho marítimo operante en Puerto Rico. El primero de estos casos fue Lastra v. New York & Porto Rico S.S. Co., 2 F.2d 812 (1er Cir. 1924), donde el Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito de Puerto Rico estableció que la disposición sobre almirantazgo de la Constitución de Estados Unidos no aplicaba a Puerto Rico a menos que el Congreso, por legislación específica, la hiciera aplicable. A esos efectos expresó:

We think that if Congress had intended, by the Organic Act, to extend the admiralty provisions of the Federal Constitution to Puerto Rico, language, apt and explicitly expressive of that purpose, would have been used; and that the language of Sec. 41, granting in general terms the same jurisdiction to the District Court of the United States in Porto Rico as have the District Courts of the United States does not import an extension of the substantive rights and obligations of our admiralty law to Porto Rico. Lastra v. New York & Porto Rico S.S. Co., supra, pág. 814.

Tal norma fue reiterada en Alcoa Steamship Company v. Pérez Rodríguez, 376 F.2d 35 (1er Cir.), cert. denegado, 389 U.S. 905 (1967), y en Salas Mojica v. Puerto Rico Lighterage Co., Inc., 492 F.2d 904 (1er Cir. 1974).

En general, los casos federales antes citados trataban sobre la aplicación de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., en casos marítimos. En estos casos el tribunal federal sostuvo la aplicación de esta ley local aun cuando existía una ley de compensación federal.

En Rhode Island Ins. Co. v. Pope & Talbot Lines, 78 D.P.R. 454, 459 (1955), las partes habían contratado servicios para transporte de mercancía por mar mediante un conocimiento de embarque. El mismo establecía que la Ley sobre Transporte Marítimo de Mercancía —Carriage of Goods by Sea Act (C.O.G.S.A.)— 46 U.S.C. sec. 1300 et seq., era la ley a aplicarse en el contrato. Allí resolvimos que los derechos y obligaciones de las partes se regían por C.O.G.S.A. y analizamos la prueba de acuerdo con dicha ley.

En Archilla v. Smyth Worldwide Movers, 106 D.P.R. 538 (1977), se transportó mercancía por mar de Fuerto Rico a Colombia. En ese caso expresamos que tanto C.O.G.S.A. como la Ley Harter, 46 U.S.C. sees. 190-196, son fuentes de derecho de aplicación en Fuerto Rico.

For otra parte, en León v. Transconex, Inc., 119 D.P.R. 102, 108 (1987), resolvimos que los tribunales de Puerto Rico tenían jurisdicción concurrente con los tribunales federales en materia de almirantazgo bajo la cláusula saving to suitors de un contrato de embarque marítimo (bill of lading).

Allí expresamos que:

La cláusula saving to suitors, dirigida a conferir jurisdicción a los tribunales estatales y a los federales . . . aplica de igual forma en Puerto Rico. León v. Transconex, Inc., supra, pág. 109.

Tratándose en el caso de autos de una acción relacionada con el contrato de transporte marítimo y de la reclamación de daños por la pérdida de mercancía así transportada, resulta meridianamente claro que el foro de instancia tenía jurisdicción concurrente para entender en la controversia que aquí nos ocupa. Véase, además, H. Longley, Common Carriage of Cargo, Nueva York, Ed. Mathew Bender, 1967, Sec. 22.01.

Determinada la jurisdicción concurrente del foro de instancia sobre la controversia, debemos determinar la legislación federal o local aplicable a la misma. Véase León v. Transconex, Inc., supra, pág. 115 esc. 11. En particular, cobran relevancia dos (2) leyes federales íntimamente relacionadas entre sí pero con efectos distintos. Estas son la Ley Harter, supra, y la Ley sobre Transporte Marítimo de Mercancía (C.O.G.S.A.), supra, ambas extensivas a Puerto Rico en virtud del Art. 8 de la Ley de Relaciones federales con Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, See. 8. Véase Archilla v. Smyth Worldwide Movers, supra.

Examinemos brevemente el transfondo y el alcance de ambas leyes. En 1893 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Harter, tratando de lograr un balance de intereses entre los porteadores marítimos, los comerciantes y los dueños de mercancías que utilizaban los barcos para transportar las mismas. Se intentó con la ley prohibir la práctica de los porteadores marítimos de incluir en conocimientos u otros documentos de embarque cláusulas encaminadas a relevarlos de toda responsabilidad, aun de la .derivada de su culpa o negligencia al cargar, custodiar o entregar la mercancía. Sin embargo, se le reconocía al porteador que cuando mediara un error de navegación luego de desplegar la debida diligencia, o cuando el daño ocurriese al tratar de salvar vida o propiedad en el mar, quedaba liberado de responsabilidad. Véanse: Gilmore and Black, The Law of Admiralty, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1975, pág. 119 et seq.; D. Villarreal, Carrier’s Responsibility to Cargo and Cargo’s to Carrier, 45 Tul. L. Rev. 770, 773 (1971).

Para lograr este acomodo de intereses se incluyeron en dicha ley varias disposiciones encaminadas a uniformar los con-tratos de embarque. Encyclopaedia Britannica, Inc. v. SS Hong Kong Producer, 422 F.2d 7 (2do Cir. 1969).

Dicha ley se hizo aplicable tanto al comercio marítimo doméstico como al internacional. Véase M. Bayard Crutcher, The Ocean Bill of Lading — A Study in Fossilization, 45 Tul. L. Rev. 697, 711 (1971). La cubierta de la Ley Harter es amplia y regula los derechos y obligaciones de las partes desde que se embarcan los bienes hasta su desembarco, almacenaje y entrega. La Ley Harter cubre, pues, aquellos eventos posteriores al descargo de la mercancía. Archilla v. Smyth Worldwide Movers, supra, págs. 543-544; 46 U.S.C. sec. 190; The Monte Iciar, 167 F.2d 334 (3er Cir. 1948); Levatino Co. v. M.S. Helvig Torm, 1968 A.M.C. 2263 (S.D. N.Y. 1968); W. Tetley, Marine Cargo Claims, 3ra ed., Montreal, Les Editions Yvon Blais, Inc., 1988, págs. 771-772. Así, en Allied Chemical v. Companhia de Navegacao, 775 F.2d 476, 482 (2do Cir. 1985), el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito expresó sobre dicha ley:

Although the enactment of COGSA sharply curtailed the applicability of the Harter Act ... to ocean bills of lading and matters of ocean carriers’ liability, absent a valid agreement to the contrary, the Harter Act still governs prior to loading and after discharge of cargo until proper delivery is made. (Énfasis suplido.)

En Caterpillar Overseas, S.A. v. S.S. Expeditor, 318 F.2d 720, 723 (2do Cir. 1963), también se resolvió, en relación con la Ley Harter, que:

COGSA’s coverage, however, extends only to the period, in foreign commerce, “from the time when the goods are loaded to the time when they are discharged from the ship.” . . . Harter remained applicable, therefore, to the period between the discharge of cargo from the vessel and its proper delivery. (Énfasis suplido.)

En 1936 el Congreso aprobó la Ley sobre Transporte Marítimo de Mercancía (C.O.G.S.A.) siguiendo las normas adoptadas en la Convención de Bruselas.de 1924.

C.O.G.S.A., por sus propios términos, sólo aplica al comercio marítimo con el extranjero (foreign trade). Sin embargo, la propia ley permite que las partes acuerden taxativamente en el conoci-miento de embarque acogerse a dicha ley aunque se trate de comercio marítimo local. Rhode Island Ins. v. Pope & Talbot Lines, supra; Archilla v. Smyth Worldwide Movers, supra; Ins. Co. of North Am. v. Puerto Rico Marine Mgmt., 599 F. Supp. 199 (D. P.R. 1984); Home Ins. Co. v. Puerto Rico Maritime Shipping Auth., 524 F. Supp. 541 (D. P.R. 1981); Com. Petrochemicals, Inc. v. S/S Puerto Rico, 455 F. Supp. 310 (D. Md. 1978).

Las disposiciones de C.O.G.S.A., contrario a la Ley Harter, tienen una cubierta limitada en cuanto al periodo del transporte marítimo. For sus términos se limita a regular los derechos y obligaciones entre el consignatario y el porteador o su agente durante el tracto de flotaje, 46 U.S.C. see. 1301, esto es, desde que se embarcan los bienes en el navio hasta su descargo en el puerto. Véanse: Archilla v. Smyth Worldwide Movers, supra, pág. 542; Rhode Island Ins. Co. v. Pope & Talbot Lines, supra, pág. 464; Longley, op. cit., Secs. 1.06 y 11.01; W. Poor, American Law of Charter Parties and Ocean Bills of Lading, 5ta ed., Nueva York, Ed. Mathew Bender, 1968, Sec. 61; Gilmore and Black, op. cit., pág. 147.

b — I <1

Además de la Ley Harter y de C.O.G.S.A., los deberes del agente embarcador también surgen del contrato de transporte y de las funciones inherentes a su cargo que lo hacen responsable de estibar, despachar y entregar la carga diligentemente.

Sin embargo, el porteador o su agente no pueden, mediante el contrato de embarque, liberarse de responsabilidad por daños derivables de su propia culpa al cargar, custodiar o entregar la mercancía. Respecto a las sees. 190-196 (46 U.S.C.) de la Ley Harter, que versan sobre el período luego de desembarcada la mercancía, se ha expresado lo siguiente:

. . . [I]t was clearly the intention of Section 1 of the Harter Act to declare invalid those clauses which undertake to relieve carrier of its obligation to exercise due diligence to make “proper delivery” of cargo. (Enfasis suplido.) Levatino Company v. American President Lines, LTD, 233 F. Supp. 697, 701 (1964).

No obstante, se ha reconocido que el porteador y consignatario pueden convenir, en el conocimiento de embarque, extender las defensas y limitaciones de responsabilidad consigna-das en C.O.G.S.A. a los estibadores o agentes. Grace Line, Inc. v. Todd Shipyards Corporation, 500 F.2d 361 (9no Cir. 1974). Este tipo de cláusula, que limita contractualmente la responsabilidad bajo C.O.G.S.A., es comúnmente conocida como la Himalaya clause. La validez de dicha cláusula ha sido sostenida por los tribunales. Al respecto expresa Tetley, op. cit., que:

Today the Himalaya clause benefitting the stevedore and the terminal operator is valid in the United States in virtue of Herd v. Krawill....

Sin embargo, tal cláusula no puede establecer una inmunidad absoluta de responsabilidad, sino meramente limi-tada. Sobre el particular, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito, al discutir la diferencia entre la limitación de responsabilidad y la exención de la misma, ha expresado con relación a este tipo de cláusula que:

It is the holding of this court that a contract, no matter how clear and express, which purports wholly to immunize a non-carrier from liability for its negligence, is repugnant to traditional law and sound policy.. . . “This distinction between a limitation on liability and an exemption from liability is crucial. A limitation, unlike an exemption, does not induce negligence.” (Énfasis en el original.) Grace Line, Inc. v. Todd Shipyards Corporation, supra, pág. 373.

El porteador o su agente no pueden inmunizarse contractualmente por la responsabilidad dimanante de sus actos negligentes.

y

En el caso de autos, aunque se trata de transporte de mercancía desde un país extranjero, C.O.G.S.A. no es applicable debido a que la pérdida ocurrió después que la mercancía fue descargada y llevada a un almacén. Además, un examen cuida-doso del conocimiento de embarque refleja que- las partes no incorporaron las disposiciones de C.O.G.S.A. para que ésta rigiera los derechos y las obligaciones de las partes durante el período posterior a la descarga. 46 U.S.C. see. 1307; Archilla v. Smyth Worldwide Movers, supra.)

I — I >

Tampoco es de aplicación la ley local, en particular el Art. 1802 del Código Civil, supra, al caso de autos. Este no es un caso apropiado donde los tribunales locales puedan poner en vigor legislación estatal que no contravenga los principios del derecho marítimo federal. León v. Transconex Inc., supra. Aquí se trata de una reclamación por daños sufridos por el alegado incumplimiento de una obligación contractual del contrato de embarque marítimo, cuya génesis es del deber impuesto al estibador por la autoridad conferida por legislación del derecho marítimo federal, en este caso particular, la Ley Harter.

Ya hemos visto que la Ley Harter dispone que la responsabilidad del porteador por la mercancía no termina cuando la mercancía es descargada; la misma se extiende hasta que ocurra una entrega apropiada (proper delivery). ()

Debemos resolver si se efectuó la entrega apropiada (proper delivery) en el caso ante nos para poder determinar la responsa-bilidad de las partes a la luz de dicha .ley federal.

En Kinderman & Sons v. Nippon Yusen Kaisha Lines, 322 F. Supp. 939, 941 (E.D. P.1971), el Tribunal de Distrito Federal de Pennsylvania se enfrentó a la controversia de si se había o no efectuado el proper delivery requerido por la ley. Sobre el particular expresó lo siguiente:

The carrier may discharge the goods onto a fit and customary wharf provided due and reasonable notice is given to the consignee and he is given a fair opportunity to remove the goods or place them under proper care and custody. (Énfasis suplido.)

En Kinderman & Sons v. Nippon Yusen Kaisha Lines, supra, el tribunal resolvió, como cuestión de hecho, que se le había notificado al consignatario que la mercancía había llegado y estaba a su disposición el 8 de junio de 1965. El 15 de junio del mismo año ocurrió un fuego donde se perdió la mercancía. El tribunal entendió que se efectuó la entrega según la Ley Harter, ya que el consignatario fue debidamente notificado y tuvo la oportunidad de mover la mercancía del almacén. Señaló el tribunal:

As defendant made a proper delivery of the cargo to the plaintiff, the risk of loss passed to plaintiff for any loss not occasioned by negligence on the part of the defendant. The burden of proof of such negligence is on plaintiff, as once there has been a proper delivery of cargo, the Harter Act no longer applies to the relationship of the parties. Kinderman & Sons v. Nippon Yusen Kaisha Lines, supra, pág. 942.

En Orient Overseas Line v. Globemaster Balti, Inc., 365 A.2d 325, 335 (Md. App. 1977), el Tribunal Especial de Apelaciones de Maryland distinguió dos (2) situaciones dentro del concepto de proper delivery:

“Proper delivery” within the provisions of this act [Harter Act] means either actual or constructive delivery. Actual delivery consists in completely transferring the possession and control of goods from the vessel to the consignee or his agent. Constructive delivery occurs where the goods are discharged from the ship upon a fit wharf and the consignee receives due and reasonable notice that the goods have been discharged and has a reasonable opportunity to remove the goods to put them under proper care and custody. (Énfasis suplido.)

En el caso de autos el tribunal de instancia, como cuestión de hecho, determinó que el señor Soto no recibió notificación sobre la llegada de su mercancía. El demandado presentó el testimonio del encargado de enviar los avisos de llegada de mercancía, Sr. Fernando Santiago Seijo, a los efectos de que éste envió la notificación entre las miles que enviaba por correo ordinario. Sostuvo, además, que no había ninguna obligación en efectuar la notificación. Se presentó también una alegada copia de la notificación enviada a Soto. El tribunal de instancia, sin embargo, nunca creyó () que la alegada copia de notificación fue enviada al señor Soto. Así se desprende de su Resolución de 28 de marzo de 1985, donde señaló:

Era deber de la Caribe Shipping notificar al consignatario de cuándo y dónde se recibiría la mercancía para que éste se personara y pudiera recoger la misma. La prueba testifical aportada sobre el envío de la notificación no logró establecer, a nuestro juicio, que dicho envío se hubiese efectuado diligentemente, y que hubiese un interés de que el consignatario recibiese el mismo. Tampoco se demostró que se hubiera realizado acorde con lo aquí expresado, en el sentido de que el aviso debió enviarse una vez el barco estuviera preparado para descargar. Por el contrario, se alegó que no había ninguna obligación de la demandada en efectuar la notificación, sin embargo, señalan que son los encargados de enviar los avisos y que de hecho han enviado miles. (Enfasis suplido.) Exhibit 10, pág. 33.

El tribunal, al reconsiderar su Resolución de 28 de marzo de 1985, mediante su Sentencia de 14 de julio de 1987 ratificó la determinación de hechos de la primera a los efectos de que, como cuestión de hecho, el señor Soto nunca recibió notificación alguna de Caribe Shipping Co., Inc. A esos efectos expresó en el párrafo 10 de las determinaciones de hechos de su sentencia lo siguiente:

10. El señor Pedro Juan Soto, como cuestión de hecho nunca recibió el documento de notificación indicado en el apartado anterior. (Énfasis suplido.)

Al cambiar su razón de decidir en dicha sentencia, a los efectos de que el fuego fue fortuito y que Caribe Shipping Co., Inc. al enviar el baúl al almacén no fue la causa próxima del daño causado, el tribunal no consideró las doctrinas legales sobre entrega real o constructiva.()

Además, la prueba que tuvo ante sí el foro de instancia rebatió la presunción establecida por la Regla 16(24) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. a los efectos de que una carta dirigida y cursada por correo debidamente fue recibida en su oportunidad. Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526 (1989).

For consiguiente, concluimos que en este caso no hubo entrega real ni constructiva de la mercancía. El señor Soto no tuvo la posesión o control físico de sus bienes ni tampoco recibió la notificación debida de que su mercancía había llegado de forma que tuviera una oportunidad razonable de recogerla. Véanse: Watkins, Shippers and Carriers, 5ta ed., Atlanta, The Harrison Co., 1962, Vol. 1, Sec. 2-25; 2B Benedict on Admiralty Sec. 33 (1991); Poor, op. cit., Sec. 61; General Refrigerator Corp. v. Acme Fast Freight, 60 N.Y.S. 2d 370 (1975).

Hasta tanto no se efectúa la entrega apropiada “proper delivery”, la Ley Harter hace responsable al porteador por los daños y perjuicios contractuales ocasionados con la pérdida de la mercancía. Véase J.B. Doak, Liabilities of Stevedores, Terminal Operators, and Other Handlers in Relation to Cargo, 45 Tul. L. Rev. 752 (1971).

Por lo anterior resolvemos que Caribe Shipping Co., Inc. es responsable por los daños y perjuicios ocasionados al señor Soto a consecuencia de la pérdida de su mercancía. ()

VII

El segundo error fue cometido. El tribunal de instancia debió imponer a la recurrida el pago de los honorarios de los peritos del recurrente que aquélla llamó a deponer. Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 L.PR.A. Ap. III.

Al efectuarse la toma de deposición, los peritos del recurrente anunciaron que su tarifa sería quinientos dólares ($500). La recurrida expresó que dejaría a la discreción del tribunal la fijación de los honorarios por la comparecencia de los peritos. El tribunal de instancia nada dispuso sobre el asunto.

La recurrida se opuso a la cuantía reclamada por los peritos por considerarla excesiva. En su alegato, en oposición al escrito de revisión, se allanó a que de los. ochocientos treinta dólares ($830) reclamados en concepto de honorarios de perito el tribunal aprobara cuatrocientos quince dólares ($415), a lo sumo. Su posición es que el recurrente sólo tiene derecho a quinientos dólares ($500) en su reclamación a tenor con las disposiciones de C.O.G.S.A., 46 U.S.C. see. 1304, y de conceder ochocientos treinta dólares ($830) por concepto de honorarios de perito se estaría concediendo más, en tal concepto, que a lo que tiene derecho por la reclamación.

Trátase aquí de peritos intermedios, acreedores a honorarios adicionales. San Lorenzo Tra. Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704, 718 (1983). El perito, Prof. Emilio Díaz Valcárcel, es autor de novelas y colecciones de cuentos y profesor de literatura de la Universidad Metropolitana de Cupey. El perito, Sr. Francisco Manuel Vázquez López, es editor, presidente de la Editorial .Cultural, Inc. y gerente de Editorial Cultural y su subsidiaria Editorial Antillana, Inc.

El profesor Valcárcel informó a la demandada que el valor de su comparecencia era de quinientos dólares ($500), mínimo que cobraba'por una conferencia, por su preparación al efecto y por el examen de la transcripción del caso. El editor Vázquez facturó trescientos treinta dólares ($330) por el tiempo invertido en conseguir los documentos que le requirió la parte demandada en su convocatoria, por la comparecencia misma y por el examen de la transcripción del caso (5 horas y 1/2, a razón de sesenta dólares ($60) la hora).

Habiendo sido advertida la recurrida del monto de los hono-rarios y teniendo derecho el perito intermedio al pago de hono-rarios adicionales de quien, lo llama a deponer, concluimos que no resulta excesiva la cantidad reclamada por este concepto. Se ordena a la recurrida el pago de dichos honorarios. La indemni-zación en tal concepto es independiente a la causa de acción del reclamante en este caso. Aquí no se trata del cobro de honorarios de peritos en concepto de costas. Cf. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797, 810-811 (1976); Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16, 20-22 (1983).

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para revocar la del foro de instancia y se devuelve el caso para que se adjudiquen los daños según lo resuelto en este recurso y se ordene a la recurrida el pago de honorarios de los peritos a quienes se les tomó deposición.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

En un tribunal colegiado es natural que a menudo exista pluralidad de opiniones, resultado inevitable de las divergencias de criterios individuales de sus integrantes. De más está decir que la validez intrínseca y persuasiva del dictamen institucional —o disenso— dependerá, no sólo de la solidez de los fundamentos y del estudio doctrinario, sino de la apreciación y exposición fáctica correcta.

Con esta perspectiva en mente, precisemos los hechos ante nos.

1 — I

A mediados de 1976 el Sr. Pedro Juan Soto contrató en Barcelona, España, al agente naviero Fernando Roqué, Transpor-tes Internacionales S.A. (Fernando Roqué), para el transporte de un baúl con efectos personales desde Zaragoza hasta el puerto de San Juan. Se hizo constar a sí mismo consignatario, con dirección en Condominio Q, Quintana, 6013-A, Hato Rey, Puerto Rico, 00917.

El 12 de julio de 1976 Fernando Roqué embarcó el baúl en el navio AMERSFOORT, de la línea holandesa Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, (K.N.S.M.). En carta fechada 19 de julio así se lo notificó al señor Soto y le remitió el original y copia del conocimiento de embarque (bill of lading). Estos documentos fueron marcados Exhibit XI de los demandan-tes. El señor Soto los recibió a fines de ese mes.

Alrededor del 23 de julio, Caribe Shipping Co., Inc. (Caribe Shipping), agente naviero local de la firma K.N.S.M., le envió al señor Soto una copia del conocimiento de embarque sellada con un “Aviso de LLegada”. En sello estampado se le indicaba que la carga llegaría a Puerto Rico el 27 de julio, y se le advertía que de no ser levantada para el 3 de agosto de 1976 sería enviada a un almacén de adeudos público. Según testificó la persona encargada de hacer estas notificaciones, ello se hizo por correo ordinario, tal como era la costumbre con todos los avisos de llegada. Fotocopia de este documento, con esa notificación, fue presentado como evidencia en instancia e identificado como “Exhibit A” de ambas partes. Minuta de SO de. enero 1979 (A.O. 39).

Esta notificación, según declaró el propio señor Soto, no la recibió. Así lo determinó el foro de instancia.

El 26 de julio de 1976 la embarcación AMERSFOORT arribó a San Juan, donde Caribe Shipping realizó la operación de desembarque. Toda vez que transcurrieron cinco (5) días desde su llegada sin que el baúl fuese reclamado, el Servicio Federal de Aduanas lo envió a un almacén de adeudos localizado en el área de Miramar. Ello se hizo a tono con la legislación y reglamentación federal de aduanas. 19 U.S.C. sec. 1490(a) et seq.; 19 C.F.R. see. 127 et seq. En consecuencia, Caribe Shipping perdió, por opera-ción de ley, la posesión jurídica y el control físico del baúl.

Posteriormente, el 19 de agosto de 1976, un incendio se propagó hacia dicho almacén y destruyó el baúl y su contenido. El señor Soto se enteró el 4 de noviembre cuando, preocupado por el tiempo que' había transcurrido, escribió a la firma Fernando Roqué inquiriendo sobre el estado del embarque. Después re-clamó a Caribe Shipping y a Fernando Roqué. Al resultar infructuosas esas gestiones, el 20 de abril de 1977 el señor Soto y su esposa, la Sra. Carmen Lugo Filippi, interpusieron ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la presente acción contra Caribe Shipping.

Inicialmente dicho tribunal (Hon. Juan A. Arill Miranda, Juez) impuso responsabilidad pero después, por vía de reconsideración, desestimó la demanda. Inconformes, recurrieron.

No podemos suscribir la opinión mayoritaria que, aunque describe ciertas normas de derecho pertinentes, impone errónea-mente responsabilidad a Caribe Shipping. Se fundamentan en que el “tribunal de instancia, sin embargo, nunca creyó que la alegada copia de notificación fue enviada al señor Soto”. (Énfasis suplido y escolio omitido.) Opinión mayoritaria, pág. 401. ESTE ASERTO MAYORITARIO, TAN CRUCIAL, ES INCORRECTO.

Primero, según expuesto, ambas partes sometieron como evidencia el Exhibit A, esto es, la fotocopia del conocimiento de embarque con el sello del aviso de llegada del baúl que se le remitió al señor Soto por correo ordinario. Su envío fue objeto de testimonio no contradicho del señor Fernando Santiago Seijo, empleado de Caribe Shipping encargado de esa gestión. ¿Cómo negarle valor real y total a esa prueba? ¿Por qué limitarla y excluir la notificación que de su faz surge?

Aparentemente la mayoría se niega a reconocer que este documento —aunque según la minuta es una “fotocopia del conocimiento de embarque enviado por Fernando Roqué al Sr. Pedro Juan Soto”— fue estipulado por ambas partes (Exhibit A) y que se distingue de cualquier otro precisamente por el sello de notificación al señor Soto estampado por Caribe Shipping. Es un grave error pensar que se trata simplemente del conocimiento de embarque remitido directamente por Fernando Roqué al señor Soto. Repetimos, la mayoría no ha tomado en cuenta esa diferen-cia importante entre el Exhibit A de ambas partes y el Exhibit XI del demandante. Este último sí representa el original y copia de ese conocimiento de embarque; claro está, sin el sello con la notificación al señor Soto.

La renuencia mayoritaria a adjudicarle el verdadero valor a ese documento radica en esa confusión. Quizás ello explica la premisa inarticulada mayoritaria, a saber, que Caribe Shipping tenía que usar un documento distinto para cursar la notificación y no podía utilizar una copia del conocimiento de embarque con el sello estampado anunciándole al señor Soto la fecha de llegada del vapor. Desconocemos disposición legal alguna que imponga este requisito, ajeno a una práctica que ha sido efectiva en miles de casos en esta importante industria.

Y segundo, frágilmente la mayoría descansa en una Resolu-ción de 28 de mayo de 1985 para sostener que el tribunal de instancia no creyó que Caribe Shipping notificó al señor Soto. Al hacerlo pasa por alto que ese dictamen fue reconsiderado poste-riormente por dicho foro en su Sentencia de 14 de julio de 1987, en que declaró sin lugar la demanda. En esta última ocasión, al respecto sólo reafirmó:

9. La demandada alega que notificó a la demandante la llegada del baúl, enviándole por correo ordinario tres días antes del arribo del buque, una copia del conocimiento de embarque en la cual se había estampado un sello denominado “Aviso de llegada de carga” que indicaba que la carga llegaría el 27 de julio de 1976 y que, de no ser levantada a tiempo, “esta carga será enviada a un almacén público aproximadamente Aug. 3, 1976.” Este procedimiento era el que acosUimbraba utilizar la parte demandada para avisar a los consignatarios la llegada de la mercancía destinada a ellos.
10. El señor Pedro Juan Soto, como cuestión de hecho nunca recibw el documento de notificación indicado en el apartado anterior. (Enfasis suplido.) Exhibit 1, págs. 4-5.

FUERA DE ESTAS EXPRESIONES, EN LA SENTEN-CIA NO HAY NINGUNA OTRA DETERMINACIÓN FÁC-TICA QUE SOSTENGA LA CONCLUSIÓN MAYORITARIA. De la lectura del transcrito párrafo 9 se desprende que, como cuestión de realidad, el tribunal de instancia reconoció el proce-dimiento de notificación que seguía siempre Caribe Shipping. Distinto a la conclusión mayoritaria, no adjudicó —ni siquiera mencionó— extremo alguno referente a la credibilidad de la prueba de notificación. Ese silencio contrasta elocuentemente con las trece (13) determinaciones de hecho anteriores que taxativa y “detalladamente] reafirmó” en su sentencia.

Y es que, al reiterar algunas determinaciones de hecho y rechazar otras, el tribunal de instancia actuó en virtud de la facultad que le fue conferida por las reglas procesales. Incluso podía variarlas. Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834, 846 (1967). Tan es así que dijo: “La determinación de si la demandada [Caribe Shipping] notificó o no del arribo del baúl es una que para efectos de las conclusiones de derecho no abona elemento sustancial alguno.” Exhibit 1, pág. 7.

Esta fraseología —“si la demandada notificó o no del arribo del baúl”— dista mucho y choca frontalmente con la postura mayoritaria. El enfoque del tribunal de instancia es perfecta-mente comprensible. No podía negarse a reconocer lo que clara-mente surgía del sello estampado en el Exhibit A de ambas partes: copia del aviso de llegada del baúl que se le remitió al señor Soto por correo ordinario.

El error en la tesis mayoritaria radica en entremezclar y tratar —como si fueran actos iguales— la notificación enviada por Caribe Shipping y la circunstancia de que no fue recibida por el señor Soto.

Evidentemente la determinación mayoritaria de que el tribunal de instancia “nunca creyó que la alegada copia de notificación fue enviada al señor Soto” —(escolio omitido) opinión mayoritaria, pág. 401— es UNA ESPECULACIÓN QUE RESULTA INCOMPATIBLE CON LA SENTENCIA. ADEMÁS, ES CONTRARIA A LA PRUEBA DOCUMENTAL ESTIPULADA Y A LA TES-TIFICAL NO CONTRADICHA PRESENTADA. En este as-pecto, es un contrasentido que en la pág. 401 esc. 8 la mayoría invoque la regla de no “pasar juicio sobre la credibilidad que determinado testigo le mereció al foro de instancia” para hacer lo opuesto, a saber, atribuirle al juez unas adjudicaciones de credibilidad que no hizo.

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3 O* 3 o ^ Q fcuO ^ .a 0Q a O Oh <D rO O 8 S § G3 Oí a> <tj la ¡y <tj a R •S m <D ¡Z¡ g,o t-1 ¡> W S3 - O a CD O ¡Z¡ o £ CD bjQ ENVIÓ LA CARTA. Únicamente se destruyó la presunción consagrada en la Regla 16(24) de Evidencia, 32 L.ER.A. Ap. IV de que la notificación fue debida y oportunamente recibida, mas subsistió el hecho de que fue remitida al señor Soto. Véase Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471, 477-478 (1980).

La opinión mayoritaria olvida que esta “presunción está basada en el hecho de que la oficina de correos es una agencia pública encargada por ley con el deber de trasmitir y entregar el correo, en unión a que como regla general, la correspondencia es oportunamente entregada. . .”. (Traducción nuestra.) 1 Jones on Evidence Cap. 3, Sec. 3:41, pág. 203 (1972).

Si la maquinaria postal gubernamental se tarda o falla en entregarla, ¿qué mayor diligencia puede requerírsele al agente naviero que por disposición de ley sólo tiene bajo su posesión y control una carga por el corto período de cinco (5) días? ¿Es que no basta la notificación por correo ordinario? ¿No es suficiente prueba fotocopia del documento sellado (estipulado por ambas partes) y el testimonio incontrovertido del funcionario Santiago Seijo? ¿No estará la mayoría requiriendo, sub silentio, una notificación más formal! De ser así, ¿deberá ser por correo certificado? ¿Hacerse personalmente?

Ante estas alternativas, ¿el tiempo de cinco (5) días será suficiente? De igual forma, ¿debemos imponerle al agente el deber de visitar el almacén de adeudos para averiguar qué carga ha sido realmente reclamada por los consignatarios?

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La doctrina prevaleciente reconoce que la responsabilidad del transportista y, por ende, de su agente naviero finaliza cuando se lleva a cabo una entrega apropiada de la carga, sea real o constructiva. La determinación judicial de que ha mediado una entrega constructiva implica examinar los usos y costumbres del puerto de llegada, las gestiones realizadas por el agente naviero para lograr una entrega real, la diligencia mostrada por el consignatario y, finalmente, la legislación y reglamentación apli-cables.

En el caso ante nos no podía requerírsele a Caribe Shipping el envío de notificaciones posteriores. EL BAÚL NO ESTABA BAJO SU CUSTODIA O CONTROL, SINO EN UN ALMA-CÉN ASIGNADO POR EL SERVICIO FEDERAL DE ADUA-NAS. MÁS AÚN, CARIBE SHIPPING DESCONOCÍA EL STATUS DE SU ENTREGA.

V

Por último, como fundamento adicional, cabe señalar que no fue hasta pasados más de tres (3) meses de su llegada al puerto de San Juan que el señor Soto comenzó a indagar sobre el baúl. Según la prueba desfilada, ésta no era la primera vez que hacía envíos desde España. Desde fines de julio, el señor Soto había sido avisado de que el baúl estaba en camino. Conocía, además, el nombre del vapor y su destino. En estas circunstancias, sus gestiones fueron tardías e injustificadas.

EN RESUMEN, LA EVIDENCIA DEMUESTRA QUE CARIBE SHIPPING CUMPLIÓ CON EL DEBER DE NOTI-FICACIÓN Y, ADEMÁS, QUE REALIZÓ UNA ENTREGA CONSTRUCTIVA DEL BAÚL. CON ELLO, SE DESLIGÓ TOTALMENTE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE LE UNÍA AL SEÑOR SOTO. LA FALTA DE DILIGENCIA DEL SEÑOR SOTO CONTRASTA DESPROPORCIO-NADAMENTE CON LA RESPONSABILIDAD DE CARÁC-TER ABSOLUTA IMPUESTA POR ESTE TRIBUNAL A CA-RIBE SHIPPING.

Confirmaríamos la sentencia.

      (1) En el contrato de embarque de autos lo único que se limitó fue la responsabilidad 'del porteador o su agente a 1,250 florines el paquete. Tai-limitación se vislumbra válida siempre y cuando, al momento de efectuarse el contrato, la conversión de esa cantidad pactada no sea menor de los $500 dólares por paquete que como limitación impone la Ley sobre Transporte Marítimo de Mercancía —Carriage of Goods by Sea. Act (C.O.G.S.A.)— 46 U.S.C. see. 1304(15). Si dicha cantidad de florines resultara menor de $500 dólares, la limitación sería nula por contravenir la ley.

      (2) La Ley Harter no define el concepto proper delivery. El mismo ha sido interpretado caso a caso por los tribunales.

      (3) No le corresponde a este Foro pasar juicio sobre la credibilidad que determinado testigo le mereció al foro de instancia y determinar si en este caso se hizo o no el envío de la notificación, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. A.E.E. v. Las Americas Trust Co., 123 D.P.R. 834 (1989); Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637 (1989).

      (4) Discrepamos del análisis que hace el compañero Juez Asociado Señor Negrón García, sobre tal sentencia en su opinión disidente.
      También discrepamos de su posición en cuanto sostiene que el señor Soto estipuló en el Exhibit A y en el Exhibit XI la notificación supuestamente hecha por Caribe Shipping Co., Inc.

      El Exhibit A estipulado por las partes fue fotocopia del conocimiento de embarque (bill of lading) enviado por Fernando Roqué, Transportes Internacionales, S.A., el porteador. La supuesta notificación enviada por Caribe Shipping Co., Inc. nunca fue estipulada. Así surge con meridiana claridad de la Minuta de 30 de enero de 1979 (Autos Originales, pág. 39), la cual literalmente lee como sigue:

        "Exhibit A - de ambas partes (Fotocopia de conocimiento de embarque, enviada por Fernando Roqu[é] al Sr. Pedro Juan Soto.”
      Además, de la referida minuta surge que se estipuló como Exhibit XI lo siguiente:

        “Carta con fecha 19 de julio de 1976, acompañando conocimientos de embarques.”
      Dicha carta, fechada el 19 de julio de 1976, es de Fernando Roqué al Sr. Pedro Juan Soto donde le comunicaba que el baúl y los efectos personales fueron despachados de aduana de España y reexpedidos a su destino final en Puerto Rico, e incluía supuestamente dos (2) originales y dos (2) copias del conocimiento de embarque según fue expedido en el puerto de embarque. En los autos sólo se incluyó una copia marcada como original con un sello y otra copia marcada con un sello como non-negotiable copy. Ninguna de dichas copias es una notificación de Caribe Shipping Co., Inc. de que se había recibido la mercancía en Puerto Rico.
      No podemos interpretar que se estipuló la notificación de Caribe Shipping Co., Inc. cuando durante todo el pleito, que comenzó el 20 de abril de 1977 —hace U años— las partes y el propio tribunal a quo siempre han considerado el asunto de la notificación como uno de los más importantes en controversia, litigándolo y argumentándolo extensamente, incluso ante este Foro. Ello implicaría imputarles un esfuerzo en futilidad al tribunal de instancia y a las partes.

      (5) No es una norma onerosa y sí una de justicia para los consignatarios de mercancía marítima recibida en Puerto Rico que los porteadores o sus agentes notifiquen adecuada-mente por escrito a los primeros del recibo en puerto de dicha mercancía.


author: per curiam:

text:
      In re Antonio Ríos Acosta.

      Número: 5218

      Resuelto: 3 de mayo de 1991

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Antonio Ríos Acosta, pro se.

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per curiam:

El pasado 27 de agosto de 1990 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, comunicó al Juez Presidente Señor Pons Núñez la situación de deterioro sustancial de los Protocolos del notario Antonio Ríos Acosta, según informe rendido por el Inspector Gerónimo Lluberas Kells. ()

Trasladado el asunto a la consideración del pleno del Tribunal, concedimos al notario Ríos Acosta un término para que mostrara causa por la cual no debiéramos disciplinarlo ni, tampoco, exigirle la restructuración, a costo suyo, de aquellos protocolos deteriora-dos o perdidos por su falta de diligencia.

Oportunamente, éste nos informó de las gestiones realizadas para corregir y restaurar el protocolo, ello bajo la supervisión del licenciado Martínez Suris. Ese trámite continúa.

Respecto al ámbito disciplinario, aduce que sus protocolos siempre permanecieron en su “oficina particular dentro y sobre [su] creden[ci]a” (Moción informativa, pág. 2); que fue a raíz de la visita pautada por el inspector Lluberas Kells que se percató de lo sucedido y lo notificó a la Policía; que “nunca [sw] oficina personal estuvo cerrada bajo llave por motivo de la CONFIANZA, AMIS-TAD Y COMPAÑERISMO que siempre ha permeado en es[e] lugar”, (énfasis suplido) id.; que fue un empleado de su oficina quien aparentemente “logró acceso a [su] despacho y paulatina-mente fue apropiándose de los sellos de rentas internas que obraban en las escrituras de [su] Protocolo” (id.); que al tener conocimiento de ello, esa persona cesó de trabajar en sus oficinas, y que voluntariamente ha estado reconstruyendo la obra notarial afectada. Finalmente, en su escrito reconoce que no cerraba “su despacho bajo llave mientras [se] encontraba realizando labores fuera de [su] oficina” (id.); que lo acontecido no ha causado daños a terceras personas, y que es la primera vez que esto le ocurre en sus quince (15) años ejerciendo la notaría.

HH 1 — I

El Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, proclama el principio de que los Protocolos son del Estado y que el notario es simplemente su custodio:

Los Protocolos pertenecen al Estado. Los notarios los conserva-rán con arreglo a lo dispuesto en esta ley, siendo responsables de su integridad. Si se deteriorasen o perdiesen por falta de diligencia, los repondrán a sus expensas, pudiendo el Tribunal Supremo imponer también a su discreción las sanciones establecidas en la see. 2102 de este título. Si hubiere motivo para sospechar la comisión de un delito se informará de ello a la autoridad competente para que se tome la acción que corresponda. 4 L.RR.A. see. 2072.

El estatuto recoge un principio universal: () todo notario es fiel depositario del protocolo y tiene la obligación de. guardarlo celosamente bajo su responsabilidad. A. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Eds. Depalma, 1971, T. 4, pág. 90; E Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, págs. 307-308. Por ende, si se deterioran por su falta de diligencia, deberá reponerlos o reconstruirlos a sus expensas. E Malaret Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 127; E. Giménez Arnau, Derecho Notarial, Madrid, Ed. Reus, 1954, pág. 28. Esa labor “es sin perjuicio de las medidas disciplinarias”. Malaret Vega, op. cit.

Neri, en su reputada obra, nos dice:

Esta condición, según la cual el notario es archivero de su propio protocolo, parece inobjetable, puesto que si en su función de dador de fe pública el notario ha de ser pundonoroso, nada más lógico admitir que también ha de serlo en su carácter de guardador. La confianza depositada en el notario por los particulares, cuando requieren su intervención ministerial indispensable para producir efectos jurídicos, no ha de ser menos que la que deposita el propio estado al investirlo de fe pública. Es muy lógico suponer, entonces, que la ley le confíe al propio funcionario la conservación e integridad de las escrituras públicas que él autoriza. Por lo demás, persuadido el notario de la gran responsabilidad que importa esa custodia, es dar por sentado que habrá de emplear los medios para su adecuada conservación. Finalmente, a la par de esta obligación de índole material, cabe aceptar que cumplirá, de modo muy relevante, la de orden moral, por lo mismo que “el primer deber del notario consigo mismo es el sentimiento del decoro profesional, de la propia dignidad y de la importancia de su ministerio”. (Escolios omitidos.) Neri, op. cit, págs. 90-95.

I — I 1 — 1 1 — 1

Aquí el notario Ríos Acosta evidentemente no actuó con la rigurosidad requerida para la adecuada custodia y conservación de su obra notarial. La confianza depositada en el personal de su oficina no lo exime de dicha responsabilidad.

En atención a su buen historial previo como notario, su conducta amerita, como sanción disciplinaria, su separación temporal de la notaría por tres (3) meses.

Se dictará la correspondiente sentencia.

      (1) Fbndamentado en la versión del notario Ríos Acosta, a los efectos de que a principios de agosto de 1990 encontró “que varias escrituras de [su] protocolo había [sic] sido sacadas de [su] despacho y las habían dejado en la biblioteca, dentro de una caja en la que se guardan las copias certificadas de las escrituras que vienen del Registro de la Propiedad y no han sido reclamadas por los clientes. Al notar que a los mismos le[s] fueron arrancados los sellos procedi[ó] a realizar investigación correspondiente y se procedió a inspeccionar los libros de protocolo bajo [su] poder.
      “Luego de comenzar a buscar todos los libros desde 1976 encontr[ó] que a los Protocolos correspondientes a los años 1981, 1985, 1986 y 1987 le[s] fueron causado[s] daños consistentes en que le fueron arrancados los sellos en varias escrituras y [les] fueron hurtados y/o destru[i]das cuatro escrituras correspondientes al año 1987.” Carta de 23 de agosto de 1990, pág. 1.
      El mismo notario desglosó así los daños:
      “Protocolo 1984 Tomo 1:
      “Le fueron arrancadas la última página a las escrituras número 3, 5, 30, 40, 48 y 54.
      “Protocolo 1984 Tomo II:
      “Le fueron arrancados los sellos de Rentas Internas a las escrituras número 94.
      “Protocolo 1985 Tomo 1:
      “Le fueron arraneada[s] la última página a las escrituras número 21,23 y 49 mientras que a la certificación de la escritura número 22 le fue arrancado el sellos [sic] de rentas internas.
      “Protocolo 1985 Tomo IV:
      “Le fue arrancada la última página a la escritura número 162.
      “Protocolo 1986 Tomo 1:
      “Le fueron arrancadafs] la última página a las escrituras número 42 y 49 mientras que a la escritura número 29 y 38 le[s] fueron arrancados los sellos de rentas internas.
      “Protocolo 1986 Tomo II:
      “Le fueron arrancados los sellos de rentas internas a las escrituras números 54, 56, 57, 62, 98 y 109.
      “Protocolo 1986 Tomo III:
      “Le fueron arrancados los sellos de rentas internas a las escrituras número 131 y 133.
      “Protocolo 1987[:]
      “Fueron hurtadas las escrituras número 23 sobre Compraventa Reconociendo y Asumiendo Hipoteca otorgada por GRISEL ROBLES HERNANDEZ, JUSTINO QUIÑONES MOREIRA, CARMEN MILAGROS ROSADO GONZALEZ, Escritura número 48 sobre Cancelación de Hipoteca otorgada por TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANADELIA GONZALEZ ROSARIO, Escritura número 95 sobre Com-praventa otorgada por ANGEL LUIS OLMEDA MEDINA, JOSE CRUZ MORALES, LUZ MARIA FUENTES RAMOS.
      “Escritura Número 101 sobre Compraventa otorgada por MANUEL HERRERA MELENDEZ, PEDRO HERRERA MELENDEZ, RAUL PEREZ BENABE.
      “Le[s] fueron arrancadas las páginas finales a las escr[i]turas números 21, 54, 73, 80, 96 y 97 a dichas escrituras le fueron tomadas las firmas a los otorgantes nuevamente en la escritura al rehacer la página final.
      “Le[s] fueron arrancados los sellos de rentas internas y mutiladas la última página a las siguientes escrituras: 4,10,31,44,60,71,74,75,88,92,131 y 149.” Carta de 23 de agosto de 1990, págs. 1-3.
      Además, el notario Ríos Acosta dio cuenta de ello a la Policía. El 21 de agosto de 1990 presentó formalmente la Querella Núm. 90-4-027-2789.

      (2) La derogada Ley Notarial de Puerto Rico de 1957 también lo incorporaba en sus Sees. 34 y 37 (4 L.P.R.A. sees. 1034 y 1037). Véanse: Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 D.P.R. 50, 62 (1978); In re Baigés Chapel, 104 D.P.R. 638, 640 (1976).


text:
      In re Armando Porrata-Doria Harding.

      Número: 7008

      Resuelto: 3 de mayo de 1991

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Armando Porrata-Doria Harding, pro se.

   1 — I

per curiam:

El 29 de octubre de 1990 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris (Director), nos informó que el notario Armando Porrata-Doria Harding dejó de rendir por varios meses sus índices o lo hizo tardíamente, sin excusas, luego de serle requerido. ()

El 16 de noviembre le concedimos término para subsanar las deficiencias subsistentes y, además, para comparecer a mostrar causa por la cual no debíamos disciplinarlo.

Oportunamente, el notario Porrata-Doria Harding remitió los informes atrasados y nos ofreció sus excusas. En síntesis, nos expone que los índices, aunque preparados y firmados a tiempo, no fueron remitidos al Director debido a la “inexperiencia” de la persona encargada de sus archivos. Aduce, además, que se suscitaron serios problemas matrimoniales que culminaron con su divorcio y afectaron su práctica profesional. Fosteriormente, mediante escrito complementario, nos notificó de un fuego acae-cido en su oficina el 25 de enero de 1991.

HH 1 — 1

En todas sus fases, la' práctica de la notaría es una gestión de mucho esmero y cuidado, sobre todo, es de carácter intransferible y personal. Como dijimos en In re Meléndez Mulero, 124 D.P.R. 815, 817-818 (1989), es sorprendente “que a pesar de nuestros múltiples pronunciamientos sobre la obligación de los notarios de rendir los índices notariales todavía persista esta actitud de dejadez y negligencia por parte de algunos letrados con un requisito relativamente sencillo que no requiere conocimientos especializados o la preparación de un escrito complejo. Aunque su rigurosa observancia exige una organización administrativa mínima en cada oficina de abogados, esta ‘obligación . . . forma parte integral e importante del esquema legislativo conducente a rodear el acto de fe pública con la más completa garantía de veracidad’ —In re Rigau, Jr., 118 D.P.R. 89, 92 (1986)— y de confiabilidad. In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988); In re Bonilla Martínez, 120 D.P.R. 682 (1988)”. (Énfasis suplido.)

Ciertamente las razones expuestas por el notario Forrata-Doria Harding no le eximen de que sea sancionado. Si optó por mantener abiertas sus oficinas y ejercer la notaría, debió cumplir con tan simple obligación, incluso supervisar y corroborar la remisión de los índices. No se trata de una inobservancia aislada. For el contrario, observamos un patrón repetitivo que, con leves interrupciones, se extendió y cubrió un total de veintitrés (23) meses.

Ante estas circunstancias, tomando en cuenta las situaciones peculiares que se desarrollan, procede que se le suspenda del ejercicio de la notaría por un (1) año. El Alguacil del Tribunal se incautará inmediatamente de su obra notarial para el trámite de rigor correspondiente por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará la correspondiente sentencia.

      (1) En lo pertinente, su comunicación disponía:
      “A la fecha del 16 de mayo de 1989 el notario había fallado en someter los siguientes índices:
      “De Junio y desde agosto hasta diciembre de 1988 y Enero, febrero,'marzo y abril de 1989.
      “No fu[e] hasta el día 17 de mayo de 1989 que dicho notario sometió [e]stos [íjndices atrasados, y supli[ó] la justificación simple de que dichos índices habían sido archivados en el expediente de las copias sin haberse radicado.
      “Surgió otro incumplimiento; el no haber sometido a tiempo los índices de:
      “Mayo y junio de 1989.
      “Los recibimos tardíamente el 9 de junio de 1989. [(*)] La excusa que ofreció por la tardanza fue que estaban sin servicios secretariales y de vacaciones.
      “Siguen las infracciones de ley; los siguientes índices tampoco fueron sometidos a tiempo:
      “Agosto, septiembre y octubre de 1989 repitiendo en su justificación que estaba sin servicios secretariales.
      “En 16 de febrero de 1990 tuvimos que notificar nuevamente al notario de que no había rendido los índices de:
      “Noviembre y diciembre de 1989.
      “Estos índices fueron sometidos el 5 de marzo de 1990 y el notario no ofreció justificación alguna.
      “Aún esperamos po[r q]ue el notario nos someta los siguientes índices: Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1990.

      ) “Debe decir 9 de agosto de 1989.” Carta del Director de la Oficina de Inspección de Notarías de 29 de octubre de 1990.


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:_

      Resuelto: 10 de mayo de 1991
   ORDEN

Por la presente se transfiere la próxima sesión plenaria de la Conferencia Judicial para celebrarse los días 14 y 15 de noviembre de 1991.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Alonso Alonso no intervinieron.

(Fdo.) Francisco Agrait Liado Secretario General


author:
      (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Ovidio Dávila Dávila, recurrente, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrido.

      Número: RE-89-421

      Resuelto: 15 de mayo de 1991

      Graciany Miranda Marchand, abogado del recurrente; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Eunice Amaro Garay, abogados del recurrido.
   SENTENCIA

Evaluados los planteamientos de las partes y en consideración a que toda revisión se da contra el dictamen y no sus fundamentos, se dicta sentencia y se confirma la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de fecha 11 de abril de 1989.

Esta sentencia no prejuzga cualquier intento posterior del Sr. Ovidio Dávila Dávila para obtener —conforme los trámites de ley— la autorización para portar armas.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secreta-rio General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Andréu García. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Andréu García.

I — I

Por muchos años Ovidio Dávila Dávila se ha desempeñado como arqueólogo del Departamento de Recursos Naturales. De-bido a los peligros inherentes a su trabajo, desde 1981 hasta 1987 tramitó por su cuenta y obtuvo directamente del Tribunal Superior una licencia para portar un arma de fuego.

El 27 de diciembre de 1988 ex parte solicitó nuevamente esa autorización del Tribunal Superior, Sala de San Juan.() Dicho foro señaló la vista para el 27 de enero de 1989. Subsiguientemente, para avalar su pedido, el 12 de enero de 1989 Dávila Dávila le comunicó al Secretario de Recursos Naturales, Hon. José E. Laborde, lo siguiente:

Recientemente inicié los procedimientos para renovar, a través del Tribunal Superior, mi licencia para portar armas. A estos efectos, don Justo A. Méndez, anterior Secretario del Departa-mento de Recursos Naturales, me extendió una certificación de labores (Anejo III). No obstante, mi abogado me ha informado que, a tenor con las disposiciones de la Ley 15 del 15 de abril de 1988, que introduce unas, enmiendas a la Ley de Armas de 1951, todo empleado público que por la naturaleza de su trabajo amerite la concesión de una licencia para portar armas, deberá tramitar la misma a través del Jefe de la dependencia gubernamental para la cual labore.
Por las razones antes expuestas, solicito, muy respetuosamente, su autorización para que el Departamento de Recursos Naturales tramite, a través del funcionario enlace con la Superintendencia de la Policía de Puerto Rico, una licencia para portar, durante el ejercicio de mis funciones como arqueólogo de este Departamento, el arma de fuego .... (Énfasis suplido.) Apéndice, pág.’28.

El 25 de enero el Secretario de Recursos Naturales señor Laborde se negó a autorizar el trámite administrativo ante la Policía. Se expresó así:

Recibí su comunicación del 12 de enero de 1989, donde solicita nuestra autorización para tramitar con la Policía de Puerto Rico [sic] se le conceda una licencia de portar armas durante sus gestiones oficiales como arqueólogo de nuestro Departamento. Entiendo la justificación que usted me ofrece para respaldar su petición, la cual en mi carácter personal comparto.
Sin embargo, es política de nuestro Departamento no endosar este tipo de solicitud. Nuestra agencia tiene muchos empleados en condiciones de trabajo similares a la suya, los cuales podrían reclamar igual privilegio, obligándonos a autorizarlos. La concesión de estas autorizaciones podría interpretarse por algunos como una forma de ampliar la tenencia y portación de armas en nuestra isla.
Lamento no poder complacerle en esta ocasión. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 30.

No obstante esa negativa, Dávila Dávila compareció a la vista previamente señalada por el tribunal. La justificación para insistir en la licencia quedó configurada a la luz de la estipulación de hechos siguiente:

El peticionario es mayor de edad, casado y vecino de Río Piedras, Puerto Rico. Es empleado del Departamento de Recursos Humanos [sic] del Estado Libre Asociado y se desempeña como Arqueólogo. Su horario de trabajo es uno irregular, lo que conlleva la realiza-ción de tareas en áreas rurales en toda la Isla de Puerto Rico y pernoctar regularmente en lugares distantes y despoblados, tales como cuevas y montañas. Como parte de sus funciones realiza trabajos de investigación arqueológica y tiene bajo su custodia equipo y materiales valiosos; acostumbra llevar consigo dinero en efectivo para adquirir piezas arqueológicas, para el pago de ayudantes y para compensar por información relacionada con sus investigaciones. Que estos hechos son de conocimiento público y teme ser asaltado, despojado del equipo que lleva consigo y recibir grave daño corporal. Tiene conocimiento sobre el uso y manejo de armas de fuego y posee Licencia Núm. 170750 para tener y poseer arma de fuego^ otorgada por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 4.

El Ministerio Fiscal se opuso. Adujo que el tribunal carecía de facultad para conceder dicha autorización, la cual —según el Art. 20(b)(5) de la Ley Núm. 15 de 15 de abril de 1988 (25 L.ER.A. see. 430(b)5) y el Art. IX(D) del Reglamento de la Policía Núm. 3637— recaía en el Superintendente de la Policía.

Oportunamente, el tribunal acogió esa posición y denegó la portación. En su dictamen, indirectamente rubricó la política del Secretario del Departamento de Recursos Naturales de no endo-sar solicitudes de licencia para portar armas a sus empleados. Se reiteró en reconsideración, e incidentalmente consignó que co-rrespondía al Superintendente de la Policía determinar si un empleado público era acreedor al privilegio de portar un arma.

A solicitud de Dávila Dávila revisamos()

I — I h-H

Desde su origen, la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951 (25 L.P.R.A. see. 411 et seq.), delimitó claramente las personas que podían poseer y portar un arma de fuego. Además, reconoció dos (2) trámites para la concesión de una licencia de portación, a saber, uno administrativo y el otro judicial. Su Art. 20(a) estableció quiénes, de jure, podían poseerla y portarla, y en su inciso (b)(2) se facultó al Superintendente de la Policía, discrecional y administrativamente, a concederlas a varios “funcionarios públicos”. 25 L.P.R.A. sec. 430(a) y (b)(2). La otra forma —judicial— quedó establecida en el Art. 21 de la Ley Núm. 17, supra, 25 L.P.R.A. sec. 431. Su texto —que no ha variado— en parte dispone:

En adición a las licencias a que se refiere la sección precedente, podrá concederse licencia [para] portar, transportar y conducir una pistola o revólver por el Tribunal Superior de Puerto Rico en su sala correspondiente al domicilio del solicitante previa audiencia del fiscal, si se probare, a juicio del tribunal, peligro de muerte o de grave daño personal para el peticionario y las circunstancias del caso demostradas mediante declaraciones juradas del solicitante y de testigos, justificaren la necesidad de la licencia. 25 L.ER.A. see. 431.

Al amparo de esta legislación, Dávila Dávila no cualificaba bajo el concepto de “funcionario público”. Por ende en el pasado, para obtener la licencia, tuvo que acudir al tribunal y demostrar, con declaraciones juradas, estar expuesto a un peligro de muerte real o a un grave daño personal. Para ese trámite, Dávila Dávila acompañó una certificación de las labores que realizaba y los riesgos que conllevaba. En consecuencia, la licencia le fue conce-dida exclusivamente a base de la evaluación del tribunal de esas circunstancias particulares.

La Ley Núm. 15, supra, amplió la autoridad del Superinten-dente de la Policía para incluir los “empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que la solicitud sea autorizada y justificada por el jefe de la dependencia para la cual trabaja”. (Énfasis suplido.) 25 L.PR.A. sec. 430(b)(5). Evi-dentemente, el propósito legislativo fue expandir la facultad del Superintendente de la Policía y así avalar la práctica “tradicional [existente de expedir] licencia para portar armas a algunos empleados públicos bajo el entendido que podían catalogarse como funcionarios públicos”. 1988 Leyes de Puerto Rico 75. La Exposición de Motivos recogió así esa visión:

. . . [J]urídicamente el término funcionario público se ha interpre-tado restrictivamente como aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están investidos de parte de la soberanía del Estado.
Esta interpretación restrictiva excluye a los empleados públicos a quienes por razón de las funciones de su cargo se le han expedido licencias para portar armas de fuego, a quienes se les tendrá que cancelar dichas licencias y además no se extenderían más licencias a empleados públicos que estén en condición similar. En estos grupos se encuentran empleados de las ramas ejecutivas y judicial de alta responsabilidad así como ayudantes legislativos.
La flexibilidad de la ley para incluir a los empleados públicos ... es conveniente al interés público. A esos propósitos se dirige esta pieza legislativa. (Enfasis suplido.) 1988 Leyes de Puerto Rico 74-75.

Del historial () y texto de la Ley Núm. 15, supra, apreciamos también que el legislador guardó silencio en lo referente al trámite ulterior para revisar judicialmente la negativa a autorizar la licencia por el jefe de la dependencia, o posteriormente por el Superintendente de la Policía.

No podemos interpretar esa afonía como significativa de que la discreción del jefe de la agencia o del Superintendente de la Policía es absoluta. La revisión judicial estaría disponible para examinar si medió o no un abuso de discreción impermisible. Ese derecho forma parte del acceso constitucional a los tribunales, incluso en situaciones en que las leyes guardan silencio al respecto. López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 8 (1957); Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377, 381-382 (1952). Véase, además, Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 609 (1987).

Con esta perspectiva en mente, examinemos los planteamien-tos de las partes.

1 — < HH h-H

El recurrente Dávila Dávila argumenta que era y es acreedor a que el tribunal de instancia evaluara directamente su solicitud al amparo del transcrito Art. 21 de la Ley Núm. 17, supra.

No tiene razón. Este precepto es inaplicable. Adviértase que su petición se fundó en las circunstancias resultantes de su empleo gubernamental. En otras palabras, los riesgos que justificarían la expedición de la licencia emanan de la naturaleza de sus funciones oficiales, no personales. Esa es precisamente la situación típica que la Ley Núm. 15, supra, visualiza. Y, según hemos visto, aquí el Secretario de Recursos Naturales se negó a endosar su solicitud conforme a esa ley.

Al arribar a esta conclusión, no pasamos por alto que la evidencia estipulada por el-Ministerio Público de su faz acredita que Dávña Dávila, en el descargo de sus funciones oficiales, está expuesto a unos riesgos peculiares que de ordinario justificarían la expedición de la licencia para portar armas. En este aspecto la razonabilidad de la actuación y decisión del Secretario de Recur-sos Naturales está en entredicho y sería determinante a los fines de canalizar su pedido.

Ahora bien, el trámite procesal escogido por Dávila Dávila no fue correcto. Una vez conocida la negativa del Secretario —sin la cual, lógicamente, el Superintendente de la Policía no podía otorgar la licencia— debió revisar judicialmente la misma.

Distinto a la revisión autorizada por el Art. 19 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.RR.A. see. 429 —cuando el Supe-rintendente de la Policía deniega una solicitud — () la revisión de la determinación del Secretario de Recursos Naturales no es mediante juicio de novo. La razón es sencilla: la revisión judicial de decisiones u órdenes administrativas no toman la forma de un juicio de novo a menos que exista una disposición que así lo autorice. Ledesma Admor. v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 396 (1952); Rivera v. Benítez, Rector, supra. Por ende, era requisito jurisdiccional que Dávila Dávila agotara los remedios administra-tivos antes de acudir al foro judicial.

No lo hizo. En estas circunstancias, aun bajo un enfoque de liberalidad inspirado en economía procesal, no podemos ahora convertir su solicitud ex parte en una revisión judicial de juicio de novo contra la negativa administrativa del Secretario de Recursos Naturales. Este funcionario era y es parte indispensable. No figuró así en la solicitud de portación. Nos resulta, pues, imposible realizar semejante metamorfosis procesal. El debido proceso de ley, en su expresión mínima, así lo exigía.()

Por los fundamentos expuestos, estamos conformes con la sentencia confirmatoria. ()

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El presente recurso brinda a este Tribunal la oportunidad de expresarse no sólo respecto al significado jurídico correcto de algunos de los cambios o enmiendas que introdujo laLeyNúm. 15 de 15 de abril de 1988 (25 L.P.R.A. see. 430 et seq.) en relación con la obtención, por razón de las funciones que desempeñan, de una licencia para portar legalmente un arma de fuego por los ciuda-danos que laboran como empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino que sobre las consecuencias jurídicas de las referidas enmiendas; legislación que específicamente enmendó el Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico( ) 25 L.P.R.A. see. 430.

i — I

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, y con anterioridad a la vigencia de la citada Ley Núm. 15 de 1988, el apartado (2) del inciso (b) del referido Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico disponía-.

(b) Podrán tener, poseer, portar, transportar y conducir un revólver o pistola legalmente:
■2. Los miembros de la Asamblea Legislativa y cualquier funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando a juicio del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, por razones de las funciones del cargo de aquél, deba expedírsele una licencia para portar un arma y dicha licencia le sea expedida por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico. (Énfasis suplido.) 25 L.ER.A. sec. 430(b)(2).

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 15 de 1988, la cual, repetimos, enmendó la antes transcrita disposición legal, la Asamblea Legislativa expresó que:

La Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, en su Artículo 20, el apartado 2 del Inciso (b) dispone que entre las personas que pueden portar armas legalmente se encuentran: “[l]os miembros de la Asamblea Legislativa y cualquier funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando a juicio del Supe-rintendente de la Policía de Puerto Rico, por razones de las funciones [del cargo] de aquél, deba expedírsele una licencia para portar un arma y dicha [licencia] le sea expedida por el Superin-tendente de la Policía de Puerto Rico.”
El Superintendente de la Policía observando una práctica que era tradicional venía expidiendo licencia para portar armas a algunos empleados públicos bajo el entendido que podían catalo-garse como funcionarios públicos. Sin embargo, jurídicamente el término funcionario público se ha interpretado restrictivamente como aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están investidos de parte de la soberanía del Estado.
Esta interpretación restrictiva excluye a los empleados públicos a quienes por razón de las funciones de su cargo se le han expedido licencias para portar armas de fuego, a quienes se les tendrá que cancelar dichas licencias y además no se extenderían más licen-cias a empleados públicos que estén en condición similar. En estos grupos se encuentran empleados de las ramas ejecutiva y judicial de alta responsabilidad así como ayudantes legislativos.
La flexibilidad de la ley para incluir a los empleados públicos, y a su vez incluir a los ex gobernadores, ex jueces [etc.]... a la vez que no menoscaba la discreción del Superintendente de la Policía es conveniente al interés público. A esos propósitos se dirige esta pieza legislativa. (Enfasis suplido.) 1988 Leyes de Puerto Rico 74-75.

A esos, fines, la Asamblea Legislativa aprobó, y el Señor Gobernador endosó con su firma, la antes mencionada Ley Núm. 15 de 15 de abril de 1988. Conforme la enmienda efectuada, el referido inciso (b) del Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico actualmente dispone, en lo pertinente al caso ante nuestra consideración, que:

(b) El Superintendente de la Policía deberá, por razón del cargo y las funciones que desempeñan, autorizar a las siguientes perso-nas a poseer, portar, transportar y conducir revólver o pistola legalmente:
2. Los miembros de la Asamblea Legislativa y cualquier funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
5. Los empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que la solicitud sea autorizada y justificada por el jefe de la dependencia para la cual trabaja. (Énfasis suplido.) 25 L.ER.A. sec. 430(b)(2) y (5).

Una simple lectura de lo antes transcrito es todo lo que se necesita para poder uno percatarse de que la Ley Núm. 15, ante, en lo pertinente al caso ante nuestra consideración, enmendó sustancialmente el referido inciso (b) del Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Con el propósito de evitar confusión de clase alguna, dicha legislación claramente estableció dos catego-rías: la de funcionario público y la de empleado público. A las mismas, sin embargo, no les brindó igual tratamiento.

Respecto a la categoría de funcionario público no hay duda de que, no obstante un cambio en la terminología utilizada, la situación no varió mucho. Bajo la derogada versión del Art. 20, éstos podían portar un arma de fuego “cuando a juicio del Superintendente de la Policía... [y] por razones de las funciones del cargo” que ocupaban, así lo ameritaran. 25 L.P.R.A. see. 430(b)(2). Al amparo de las disposiciones del vigente Art. 20, el Superintendente de la Policía “deberá” autorizar a dichos funcio-narios a portar un arma, cuando así éstos lo soliciten; ello por razón del cargo y las funciones que dichos funcionarios desempe-ñan. Lo más que se podría decir es que respecto a la concesión de licencias de portar armas a funcionarios públicos —al igual que en el caso de los legisladores— la discreción del Superintendente de la Policía para denegar la referida licencia se ha visto reducida un tanto.

El cambio sustancial, o dramático, introducido por la Ley Núm. 15, ante, se da respecto a la segunda categoría establecida, la de empleado público; ello, sin embargo, no sólo en cuanto a la creación en sí de una categoría separada sino que en relación a los requisitos establecidos .para la obtención por parte del empleado público de la licencia de portar armas. Conforme dispone el vigente Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, el Superintendente de la Policía deberá autorizar la portación de un arma por parte de un empleado público “siempre que la solicitud sea autorizada y justificada por el jefe de la dependencia para la cual trabaja”. 25 L.P.R.A. sec. 430(b)(5). Como podemos notar, en esta situación la expedición de la licencia no depende —contrario al caso del funcionario público— exclusivamente de la decisión que respecto a la misma tenga a bien emitir el Superintendente de la Policía. Se exige, como requisito previo, el endoso del jefe de la agencia para la cual trabaja el empleado público. La exigencia de dicho endoso no puede tener otro significado que no sea el de que la solicitud de portación de armas por parte del empleado público tiene que necesariamente tener relación, o estar fundada, en las funciones o labores que desempeña dicho empleado en la agencia.

Procede que se enfatice el hecho de que el Superintendente siempre conserva discreción para rechazar la solicitud de portación del empleado público, aun cuando la misma cuente con el endoso del jefe de la agencia para la cual aquél trabaja. No hay duda que pueden existir distintas, y variadas, razones por las cuales el Superintendente puede, independientemente del endoso del jefe de la agencia, así actuar. Ello no obstante, al así hacerlo deberá exponer las razones en que basa su denegatoria.

Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de la ocurrencia de la situación de que el jefe de la agencia para la cual labora el empleado público deniegue el endoso que le solicita éste por el fundamento de que entiende que las funciones que el mismo desempeña no ameritan que porte un arma de fuego. ¿Qué alternativas, qué curso de acción, tiene el empleado público que no está conforme con la decisión denegatoria emitida'? Obvia-mente sería fútil acudir ante el Superintendente de la Policía por cuanto éste, en ausencia del endoso que requiere el citado Art. 20, está impedido por ley de autorizar a dicho empleado a portar un arma de fuego. Tenemos, en adición, que el legislador al aprobar la citada Ley Núm. 15, enmendatoria del referido Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, en la forma antes expuesta, no previo dicha situación; razón por la cual no estableció ninguna clase de remedio o “procedimiento de revisión” para la misma.

Dicha omisión legislativa, naturalmente, no puede tener como consecuencia el “desamparo” del empleado público. Como es sabido, “[cjuando se trata de un estatuto que guarda silencio sobre la revisión judicial posterior, no debe interpretarse dicho silencio en el sentido que niega ‘el poder de las cortes. . . a conceder un remedio en el ejercicio déla jurisdicción original que . . .se le ha conferido”. ()

De manera, pues, que la negativa de un jefe de agencia de endosar, conforme lo requiere el vigente Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante el Superintendente de la Policía la solicitud de portar armas de un empleado público no es final y firme y, por el contrario, puede ser objeto de “revisión” ante los tribunales de justicia de nuestro País. Ahora bien, procede que nos preguntemos: iqué clase de “procedimiento de revisión” debe estar al alcance de ese empleado público en este asunto en particular? Conforme nuestra jurisprudencia, el mismo debe de ser uno de revisión administrativa, esto es, el procedimiento a utilizarse no debe consistir de un juicio de novo. Ello, por razón de que el procedimiento de juicio de novo se utiliza “para revisar la actuación de una agencia administrativa solamente cuando el estatuto expresamente así lo provee”. (Enfasis suplido.) Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377, 382 (1952).

Establecido el hecho de que el empleado público puede acudir al foro judicial en revisión de la denegatoria de endoso del jefe de la agencia para la cual trabaja respecto a su solicitud de portar armas, basada la misma en las labores o funciones que éste desempeña en la dependencia gubernamental, inmediatamente nos enfrentamos a la desagradable posibilidad de que dicha situación desemboque en multiplicidad de recursos y trámites judiciales y en el transcurso de un prolongado período de tiempo sin que la controversia principal envuelta en la situación sea objeto de una decisión final y definitiva. Recuérdese que el endoso de la solicitud de portar armas por parte del jefe de agencia no obliga al Superintendente de la Policía a expedir la licencia.

Como expresáramos anteriormente, el Superintendente puede denegar dicha solicitud por fundamentos totalmente dife-rentes y distintos a las razones por las cuales el jefe de la agencia endosó la solicitud. De no tomarse providencia alguna de índole cautelar en el procedimiento de revisión que, contra la denegatoria de endoso del jefe de agencia, radique el empleado público ante el foro judicial, podría darse el caso que, luego que el tribunal decida que la determinación del jefe de la agencia debe ser revocada, el Superintendente administrativamente deniegue la solicitud de portar armas por otras razones, lo que a su vez acarrearía la radicación de otro procedimiento de revisión judicial por parte del empleado público.

Estas consideraciones de índole práctica nos inclinan a sostener que en el procedimiento de revisión administrativo que hoy el Tribunal autoriza al empleado público a radicar ante nuestros tribunales de instancia en revisión de la negativa de endoso del jefe de agencia de su solicitud para portar armas, dicho tribunal debe mantener jurisdicción en el asunto —si es que entiende que procede la revocación de la negativa del jefe de agencia— hasta tanto el Superintendente de la Policía conceda, o deniegue, la solicitud de licencia de portar arma del empleado público. De ser denegada la misma por el Superintendente, el foro judicial estará en condiciones de resolver la controversia rápida-mente sin la necesidad de la radicación de otro recurso judicial por parte de dicho empleado. Este procedimiento logra dos objetivos: conserva el propósito legislativo, como expondremos a continuación, de centralizar en la persona del Superintendente de la Policía la decisión original de conceder, o no, licencias de portar armas a los empleados públicos, y le garantiza a éstos la solución rápida y menos onerosa de su reclamo.

Dicha “sugerencia” no debe alarmar a jurista alguno. La omisión al respecto por parte de la Asamblea Legislativa nos obliga a “reconocer y autorizar” un procedimiento de revisión para ese empleado público afectado por la decisión del jefe de la agencia para la cual trabaja. No hay razón alguna para no establecerlo, de una vez, de forma tal que se protejan adecuada-mente todos los “intereses y derechos” envueltos en la controver-sia. Nuestra misión de que se imparta justicia, en la forma más correcta, rápida y menos onerosa posible, así lo exige.

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El peticionario Dávila Dávila argumenta que —no obstante el procedimiento establecido por el antes citado Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, mediante el cual un empleado público puede obtener administrativamente una licencia para portar armas del Superintendente de la Policía— él tiene derecho a recurrir directamente al foro judicial, bajo las disposiciones del Art. 21 de la referida Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 431, para la obtención de una licencia de portar armas.

Dicha disposición legal fue igualmente enmendada en fecha reciente. () El primer párrafo de la misma, sin embargo, perma-neció inalterado. Dispone el citado Art. 21, en lo pertinente, que:

En adición a las licencias a que se refiere la sección precedente, podrá concederse licencia para portar, transportar y conducir una pistola o revólver por el Tribunal Superior de Puerto Rico en su sala correspondiente al domicilio del solicitante previa audiencia del fiscal, si se probare, a juicio del tribunal, peligro de muerte o de grave daño personal para el peticionario y las circunstancias del caso demostradas mediante declaraciones juradas del solicitante y de testigos, justificaren la necesidad de la licencia. (Enfasis supli-do.) 25 L.P.R.A. see. 431.

No hay duda que, de la estipulación que suscribieron a nivel de instancia el peticionario Dávila Dávila y el Ministerio. Fiscal, D) surgen hechos de los cuales se puede concluir que el referido peticionario, como consecuencia de las funciones que desempeña regularmente como arqueólogo del Departamento de Recursos Naturales, continuamente está expuesto a sufrir, por lo menos, “grave daño personal”, razón por la cual se puede razo-nablemente inferir que le cobijan las disposiciones del referido Art. 21 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante. Esto es, su argumentación a los efectos antes mencionados, no es una carente de méritos.

Ello no obstante, nos inclinamos a coincidir con la posición asumida en la sentencia mayoritaria emitida a los efectos de que un empleado público que se encuentra en la situación del peticio-nario Dávila Dávila, de ordinario, viene en la obligación de utilizar el procedimiento administrativo que provee el vigente Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, en la obtención de una licencia de portar armas; esto es, solicitar —previo el endoso del jefe de agencia— la expedición de una licencia de portar armas del Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

No debe olvidarse que, conforme surge de un análisis integral de las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, en nuestra jurisdicción la norma general en materia de posesión o portación de armas de fuego es una de restricción o control. A esos efectos, véase Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684, 689 (1982). Ello siempre ha sido así.

No tenemos duda, en consecuencia, que la aprobación de la Ley Núm. 15, ante, mediante la cual se enmendó el citado Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto , Rico a los efectos de concederle autorización expresa al Superintendente de la Policía para expedir licencias de portar armas a los empleados públicos responde a, y está acorde con, la norma general antes expuesta de restricción o control en materia de posesión o portación de armas de fuego.

En otras palabras, somos del criterio que la obvia intención de la .Asamblea Legislativa al aprobar la citada Ley Núm.. 15 fue la de controlar aún más, y centralizar en una persona, la expedición de licencias a empleados públicos que, por razón de las funciones o labores que realizan con motivo de su empleo, ameritan portar sobre sus personas un arma de fuego. La intención a esos efectos de la Asamblea Legislativa resulta aún más evidente cuando notamos que, inclusive, condicionó la facul-tad que a esos efectos le concedió al Superintendente; esto es, al exigir el endoso previo del jefe de agencia para que el Superin-tendente pueda expedir la licencia de portar arma al empleado público.

Debe quedar meridianamente claro, sin embargo, que el hecho de que sostengamos que la intención de la Asamblea Legislativa, al enmendar el Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, fue a los efectos de que el empleado público que entienda que, por razón de las funciones y labores que realiza, amerita que se le conceda una licencia de portar armas viene, de ordinario y en primera instancia, en la obligación de utilizar el procedimiento administrativo que establece el citado Art. 20, no significa que los tribunales de instancia estén jurídicamente impedidos de atender el reclamo urgente de ese empleado público —como el de cualquier otro ciudadano— al amparo de las disposiciones del citado Art. 21 de la referida Ley cuando, a juicio del tribunal, ello sea procedente en derecho. Existen innumerables circunstancias y situaciones, las cuales resulta innecesario enumerar en este momento, en que la vida dé ese empleado público, como la de cualquier otro ciudadano, puede súbitamente advenir en peligro de muerte o de recibir grave daño corporal; las cuales circunstancias pueden, o no, estar relacio-nadas con el empleo que desempeña la persona. La decisión de atender ese reclamo urgente del empleado público, como la de cualquier otro ciudadano, debe quedar a la sana discreción de nuestros tribunales de instancia.

I — 1 I — i I — I

Consideraciones de índole práctica impiden que suscribamos la sentencia mayoritaria emitida por el Tribunal, la cual confirma la sentencia emitida en el caso a nivel de instancia.

No hay duda que al momento en que el peticionario Dávila Dávila radicó ante el foro de instancia su petición ex parte sobre licencia de portar armas, ya estaban vigentes las disposiciones de la citada Ley Núm. 15 de 1988. En consecuencia, estando su solicitud de licencia de portar armas inextricablemente atada a las labores y funciones que como empleado público él realizaba en el Departamento de Recursos Naturales del Gobierno de Puerto Rico, y no existiendo circunstancias urgentes que ameritaran la intención inmediata del foro judicial, el peticionario venía en la obligación de tramitar su solicitud a través del procedimiento que establece el citado Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según el mismo fuere enmendado. No lo hizo.

Ello no obstante, son hechos igualmente incontrovertidos () que: (1) las razones que el peticionario aduce en apoyo de su solicitud —referentes las mismas a las labores que él realiza como arqueólogo del mencionado Departamento de Recursos Natura-les, según éstas surgen de la estipulación suscrita por las partes— son meritorias y válidas, y (2) que la negativa de endoso que ya el Secretario del referido Departamento emitió no puede ser sostenida judicialmente en vista del fundamento que dicho Secretario adujo en apoyo de la misma.

En primer lugar, somos del criterio que nadie puede seria-mente cuestionar el hecho de que la vida de una persona puede correr peligro cuando ésta se ve obligada, por razón de su empleo, a “pernoctar regularmente en lugares distantes y despoblados, tales como cuevas y montañas” (Apéndice pág. 4) localizadas en áreas rurales de Puerto Rico, sobre todo cuando dicha persona tiene bajo su custodia en esas ocasiones dinero, equipo y mate-riales valiosos. Por otro lado, el fundamento que adujo el Secre-tario del Departamento de Recursos Naturales en apoyo de su negativa de endoso —esto es, que a pesar de que en su carácter personal compartía la justificación de la solicitud, denegaba la misma debido a que era “política de [su] Departamento no endosar este tipo de solicitud” (Apéndice, pág. 30)— resulta ser evidentemente arbitrario e insostenible en derecho. Sabido es que discreción “significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios, cursos de acción”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). La misma, sin embargo, nunca puede ser entendida como facultad para resolver siempre de la misma manera sin tomar en consideración las circunstancias del caso en particular. Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964). De hecho, el jefe de agencia que se niegue tajantemente a considerar en sus méritos las referidas solicitu-des viola la intención, propósito y objetivo de la Ley Núm. 15 de 1988.

Nos encontramos ante una situación en que no sólo son meritorias las razones que aduce el empleado público como justificación de su solicitud de licencia para portar armas, sino que la negativa de endoso a dicha solicitud emitida por el jefe de la agencia para la cual él trabaja es una arbitraria que no puede jurídicamente ser sostenida. For otro lado, aun cuando errónea-mente, ya ese empleado público radicó ante el foro judicial un procedimiento que actualmente está todavía pendiente.

En vista de lo expuesto en la Farte I de la presente ponencia, y con el propósito de que la meritoria solicitud del peticionario Dávila Dávila sea resuelta en la forma más rápida y menos onerosa posible, revocaríamos la sentencia desestimatoria emitida en el presente caso por el Tribunal Superior de Fuerto Rico, Sala de San Juan, y devolveríamos el caso al referido foro con instrucciones de que, manteniendo jurisdicción en el asunto, remita la solicitud al Superintendente de la Policía de Puerto Rico para que éste, al amparo de lo dispuesto en el citado Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, resuelva prontamente si debe conceder o no la licencia de portar armas solicitada por el peticionario como empleado público. Consideraciones de índole práctica, y de justicia, nos impiden que le ordenemos al peticio-nario Dávila Dávila que comience, nuevamente desde un prin-cipio, el procedimiento administrativo que establece el antes mencionado Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

En resumen, somos del criterio que, debido a que estamos resolviendo que los empleados públicos vienen en la obligación de utilizar, con el propósito de obtener una licencia de portar armas, el procedimiento administrativo prescrito por el vigente Art. 20 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, lo más justo y razonable es que diseñemos un procedimiento de revisión judicial inte-grado y eficiente en relación con el mismo.

Por las razones antes expresadas, revocaríamos la sentencia recurrida.

      (1) Acompañó una certificación negativa de antecedentes penales, copia de su Licencia para Tener y Poseer un Arma de FUego, una certificación del Ing. Justo A. Méndez, anterior Secretario de Recursos Naturales, fechada 13 de octubre de 1988 —expositiva de las funciones que Dávila Dávila realizaba — y una copia certificada de la última resolución que le concedió el 14 de mayo de 1986 la licencia de portación de armas.

      (2) En su solicitud cuestionó la determinación del tribunal de instancia de que carecía de facultad para conceder la portación de arma solicitada; que sólo el Superintendente tenía esa facultad en cuanto a funcionarios y empleados públicos, y que debió agotar los remedios administrativos.

      (3) Informes de 28 de abril y 11 de mayo de 1987 rendidos por la Comisión de Gobierno en torno al E de la C. 1045; Informe de 9 de marzo de 1989 de las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico.

      (4) Véase Muñoz, Torres v. Superintendente Policía, 125 D.ER. 603 (1990).

      (5) Obsérvese que, de haberse culminado el trámite y haber mediado una negativa del Superintendente de la Eolicía, éste sería parte en el proceso.

      (6) Lo expuesto hace innecesario considerar los otros planteamientos de Dávila Dávila. Aclaramos que esta posición no prejuzga cualquier intento posterior para obtener la autorización para portar armas.

      (1) Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951.

      (2) Expresiones del Señor Juez Belaval en opinión disidente emitida en Sacarello v. Junta de Retiro, 75 D.P.R. 267, 294 (1953), citadas posteriormente con aprobación en Hernández Montero v. Cuevas, Director, 88 D.P.R. 785, 801 (1963).

      (3) Ley Núm. 89 de 13 de julio de 1988.

      () La estipulación suscrita por las partes a nivel de instancia fue a los efectos de que:
      “El peticionario es mayor de edad, casado y vecino de Río Piedras, Puerto Rico. Es empleado del Departamento de Recursos Humanos [sic] del Estado Libre Asociado y se desempeña como Arqueólogo. Su horario de trabajo es uno irregular, lo que conlleva la realización de tareas en áreas rurales en toda la Isla de Puerto Rico y pernoctar regularmente en lugares distantes y despoblados, tales como cuevas y montañas. Como parte de sus funciones realiza trabajos de investigación arqueológica y tiene bajo su custodia equipo y materiales valiosos; acostumbra llevar consigo dinero en efectivo para adquirir piezas arqueológicas, para el pago de ayudantes y para compensar por informa-ción relacionada con sus investigaciones. Que estos hechos son de conocimiento público y teme ser asaltado, despojado del equipo que lleva consigo y recibir grave daño corporal. Tiene conocimiento sobre el uso y manejo de armas de fuego y posee Licencia Núm. 170750 para tener y poseer arma de fuego otorgada por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico.” (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 4.

      (5) La opinión mayoritaria emitida, inclusive, así lo reconoce.