text:
    Rafael Rodríguez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Francisco Espinosa, Juez, demandado; Lindinger Shipping Co., Ltd., interventora.

      Número: O-72-314

      Resuelto: 29 de mayo de 1974

      Fiddler, González & Rodriguez, Salvador E. Casellas y Eduardo Negrón Rodríguez, abogados del peticionario; Bird & Bird, abogados de la interventora.
   PER curiam :

Expedimos certiorari para revisar una reso-lución del Tribunal Superior que declaró sin lugar una moción de relevo de una sentencia dictada en rebeldía que condenó al recurrente a satisfacer a la interventora la suma de $8,360.39 más intereses. La sentencia fue dictada por el Secretario del Tribunal el 17 de septiembre de 1971. En la demanda se inclu-yeron como partes demandadas al Sr. Angelo Petito, quien nunca fue emplazado, a Rodríguez & Petito, Inc., y al recu-rrente Sr. Rodríguez. Sólo a este último se le anotó la rebeldía.

En sus dos mociones de relevo de sentencia, radicada una el 22 de mayo de 1972 y la otra el 24 de agosto de 1972, el recurrente informa que no compareció a defenderse por su-gestión de su abogado, quien estaba tramitando una petición de quiebra voluntaria ante la Corte Federal de Distrito en San Juan. El abogado del recurrente falleció sin lograr la paralización de los procedimientos.

El tribunal de instancia desestimó las mociones de relevo de sentencia por haber transcurrido el período jurisdiccional de 6 meses provisto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. En este recurso, el recurrente señala que no aplica dicho término por las siguientes razones:

1) las alegaciones de la demanda som falsas, y esto cons-tituye fraude al tribunal;

2) bajo el Art. 7, inciso 8 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 44, los tribunales tienen poder inhe-rente para corregir pronunciamientos injustos sin limita-ción de término;

3) la sentencia es nula de su faz por no tener el Secre-tario facultad en ley para dictar la sentencia que dictó.

(1) El planteamiento de fraude al tribunal se basa en que el demandante indujo a error al tribunal por unas alega-ciones falsas contenidas en la demanda. A la luz de lo expresado en Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932 (1971), es evidente que unas alegaciones falsas per se no constituyen fundamento para concluir que hubo fraude al tribunal.

(2) El Art. 7, inciso 8 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Toda Corte tiene poder:

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. Para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y la justicia.”

Esta disposición del Código de Enjuiciamiento Civil del 1904 y 1933 ha sido interpretada en repetidas ocasiones por este tribunal. En Capó v. Fernández, 16 D.P.R. 350 (1910), resol-vimos que había que interpretarla en armonía con el Art. 140 del propio Código, sobre relevo de sentencia por inadver-tencia, antecesor de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 1958. Posteriormente, en Martínez v. Delgado, 18 D.P.R. 390 (1911) y Marvin & Jones, Inc. v. Torres et al., 19 D.P.R. 48 (1913), se estableció que el poder para enmendar sus pro-nunciamientos se puede ejercer solo dentro del término en que fueron dictados, a no ser que se trate de los llamados erro-res oficinescos. Ver también Domínguez v. Fabián, 35 D.P.R. 314 (1926) y Rodríguez v. Sánchez, 48 D.P.R. 236 (1935). En Builders Ins. Co. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 401 (1972) expresamos la doctrina moderna:

“Si bien es cierto que los tribunales retienen la facultad para corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley, para ello es necesario que se sigan los canales procesales adecuados. Véanse, Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, Art. 7, inciso 8 (32 L.P.R.A. sec. 44); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra; Rodríguez v. Sánchez, 48 D.P.R. 236 (1935); Maxwell v. Perkins, 255 P.2d 10; Davis v. Campbell, 319 S.W.2d 758.”

Lo antedicho es suficiente para concluir que la facultad de los tribunales para enmendar sus pronunciamientos bajo el Art. 7, inciso 8 del Código de Enjuiciamiento Civil está limitado en su aspecto procesal por lo dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

(3) El tercer argumento del recurrente presenta una cuestión sustantiva. No hay duda de que en la obtención de la sentencia en rebeldía se observaron todos los requisitos procesales contenidos en la Regla 45 de las de Procedimiento Civil. Sin embargo, alega el recurrente que la sentencia es nula ab initio por no haberse dictado contra todos los demandados de acuerdo a la súplica de la demanda; y que por ser ésta una obligación mancomunada, no procede condenar al recurrente por el monto íntegro de la deuda. En su apoyo cita la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil. El caso de Manrique v. Diez, 22 D.P.R. 180 (1915), presenta una situación similar a la de autos. En dicho caso el tribunal dictó sentencia contra dos arrendatarios. Transcurrido el término apelativo, uno de ellos recurrió en auto de certiorari. Dijimos a la pág. 181: “Sostiene éste que la obligación era mancomunada y no solidaria y que la sentencia debió haberse dictado contra cado uno de los arrendatarios por la mitad de la suma de conformidad con los artículos 1104 y 1105 del Código Civil. En primer lugar, suponiendo que el principio consignado en estos artículos es de aplicación al arrendamiento, ésta es una cuestión sustantiva y no de procedimiento. En segundo lugar de los autos aparece que esta cuestión no fue promovida en la corte municipal por el peticionario ni se ha hecho ningún esfuerzo con el fin de que fuere modificada dicha sentencia. . . . .” Al anotársele la rebeldía al recurrente, éste renunció a presentar prueba contra las alegaciones de la demanda, y a levantar sus defensas afirmativas, Rivera v. Goytía, 70 D.P.R. 30 (1949), allanándose a que se dictara sentencia de acuerdo a la solicitud de sentencia sumaria. Ver Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, cinte, escolio 2.

El demandante cumplió con todos los requisitos procesales de las Reglas 45.1 y 45.2 (a) de las de Procedimiento Civil. No se puede ahora impugnar dicha sentencia levantando cuestiones substantivas que procedía levantar antes de la sentencia como defensas afirmativas, o después de la sentencia en un recurso de revisión. Hemos sostenido que una moción de relevo de sentencia no procede como remedio substituto para el recurso ordinario de revisión Véase Builders Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra.

Por los fundamentos expuestos se confirmará la resolución del Tribunal Superior que declaró sin lugar la moción de relevo de sentencia.

El Juez Asociado Señor Rigau, concurre en el resultado.

       Para las fechas en que se decidieron estos casos, los términos de las cortes eran cinco cada año, de dos meses cada uno. Por consiguiente, para enmendar sentencias por errores no oficinescos, había que hacerlo dentro del término de dos meses de haberse dictado o a lo menos, que se radicara la moción solicitando la enmienda dentro de dichos dos meses. Ver Marvin & Jones Inc. v. Torres et al., 19 D.P.R. 48 (1913).

       Dicha Regla dispone: “Toda sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya soli-citado tal remedio en sus alegaciones; sin embargo, una sentencia en re-beldía no será de naturaleza distinta ni excederá en cuantía a lo que se haya pedido en la solicitud de sentencia.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

license: Public Domain

text:
    Alberto Castro Lund y Carmen Amparo Tormos de Castro Lund, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.

      Número: O-73-414

      Resuelto: 29 de mayo de 1974

      Sarah Torres Peralta, abogada de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

emitió la opinión del Tribunal.

La Ponce Builders Corporation tenía inscrita como resto, una finca al folio 83 vuelto del tomo SOS de Ponce, Puerto Rico, número 17,847, inscripción cuarta; con cabida de 34.9491 cuerdas. Este resto fue lotificado en 189 solares y un área de parques, según un Plano de Urbanización de la Extensión La Rambla del barrio Machuelo Abajo de Ponce, Puerto Rico.

Al practicarse en el Registro de la Propiedad la inscrip-ción de lotificación de dichos solares, el señor Registrador de la Propiedad relacionó en la inscripción extensa, que se hizo sobre uno de los 189 solares, y que resultó ser el Núm. 18,792 inscrito por su inscripción primera al folio 187 del tomo 658 de Ponce, ciertas “limitaciones de dominio y restricciones de edificación y uso” que la Ponce Builders Corporation impuso sobre los 189 solares segregados, a saber:

“(1) Todos los solares serán dedicados exclusivamente para la construcción de residencias de no más de dos pisos, además del sótano.
(2) Con excepción de los comprendidos en el área comercial (los números 300 al 306, ambos inclusive), en los cuales podrán construirse casas o edificaciones exclusivamente comerciales o industriales, o de carácter mixto, sin limitación del número de pisos.
(3) En los solares marcados con los números del 475 al 482, podrán construirse casas o edificios residenciales múltiples, siem-pre y cuando no excedan la altura de tres pisos, además del sótano; pero ninguno de ellos podrá ser habilitado para hospi-tales, clínicas, dispensarios médicos, centros de cirugía, despa-chos farmacéuticos, casas de salud o empresas funerarias.
(4) No se construirá ninguna estructura de cualquier índole, que tenga un valor inferior a siete mil dólares ($7,000.00), sin solar, o un área de menos de setecientos (700) pies cuadrados.
(5) Estas edificaciones, si se trata de solares interiores, no podrán hacerse a menos de catorce (14) pies de distancia del borde interior de las aceras, a menos de diez (10) pies de las líneas laterales de las colindancias con los otros solares vecinos y a menos de seis (6) pies seis (6) pulgadas de distancia de la otra línea lateral colindante con el solar vecino del lado opuesto y a no menos de quince (15) pies de distancia de la colindancia posterior o fondo del solar.
(6) En los solares que forman esquina de manzanas, no podrá construirse a menos de catorce (14) pies de distancia del borde interior de las aceras respectivas de ambas calles, a menos de seis (6) pies seis pulgadas de la línea lateral del solar vecino ni a menos de quince (15) pies de la colindancia posterior del solar.
(7) Se prohíbe la construcción de estructuras de madera, hierro o zinc galvanizado y planchas de aluminio.
(8) Fuera de lo establecido anteriormente, no podrá cons-truirse más de una .casa en cada solar; y si fuera de dos plantas no podrá consistir de más de una vivienda en cada planta, para ser ocupada por una sola familia.”

De los 189 solares segregados de la finca objeto de dicha lotificaeión, los recurrentes esposos Alberto Castro Lund y Carmen Amparo Tormos de Castro Lund, adquirieron por compra dos de ellos; ambos situados en la Extensión La Rambla fiel Barrio Machuelo Abajo, de Ponce, Puerto Rico, que se mencionan a continuación:

“(1) Solar con cabida superficial de 972.38 metros cuadra-dos, inscrito con el número 18,904 al folio 11 del tomo 663 de Ponce.”
“(2) Solar con cabida superficial de 1104.38 metros cuadra-dos, inscrito con el número 18,904 al folio 17 del tomo 668 de Ponce.”

En la inscripción primera de cada uno de dichos dos sola-res, se expresa que:

“Sobre los solares segregados se imponen las limitaciones y restricciones relacionadas en la inscripción extensa citada.”

Dicha nota se refiere a las “limitaciones de dominio y res-tricciones de edificación y uso”, que la Ponce Builders Corporation impuso sobre todos los 189 solares, que fueron consig-nadas detalladamente en la inscripción extensa que se prac-ticó al inscribir la finca número 18,792 a que nos hemos referido anteriormente.

Por instancia jurada de los referidos esposos Castro Lund-Tormos, de fecha 25 de abril de 1973, dirigida al Registrador de la Propiedad, sección o demarcación de Ponce, éstos solici-taron que se procediera a la cancelación de dicha anotación o mención: “Por constituir la referencia antes expresada una anotación inoficiosa o a lo sumo una mención inoficiosa tam-bién por improcedente, y de todas maneras caducada, por haberse tomado en ambos casos el 31 de octubre de 1956. . . .”

El Registrador referido se negó a practicar operación al-guna en relación con dicha instancia, poniendo al pie de la misma una nota que copiada literalmente lee así:

“Devuelta esta instancia sin practicarse operación alguna en este Registro por no ser lo solicitado menciones de derechos reales, sino limitaciones y condiciones restrictivas sobre 189 so-lares en la Urbanización La Rambla relacionadas en la inscrip-ción extensa que resulta ser la inscripción primera de la finca número 18,792 al folio 187 del tomo 658 de Ponce, cuya inscrip-ción se practicó a virtud de la escritura número 8 de 81 de marzo de 1956 ante el notario Erasto Arjona Siaca, que motivó tam-bién las inscripciones primeras de los 189 solares segregados para beneficio mutuo. Ponce, a 5 de noviembre de 1973. (Fdo.) José V. Llauger Bosch — Registrador.”

Esta nota fue notificada a la Leda. Celsa Santiago, pre-sentante del documento, en la misma fecha de la referida nota; y por no haber sido recogido el documento por ésta den-tro del segundo día de dicha notificación, y de conformidad con la Sec. 1772 de 30 L.P.R.A., el Registrador envió dicho documento a este Tribunal, con fecha 8 de noviembre de 1973.

Los esposos interesados radicaron también, con fecha 20 de noviembre de 1973, un Recurso Gubernativo contra dicha nota del señor Registrador de la Propiedad, alegando que: “... a los fines de proteger la jurisdicción de este Hon. Tribunal. . . ” insta el recurso, por tener dudas . . de si en el caso de devolución de instancia sin practicarse operación alguna procede o no el recurso gubernativo automático que corresponde en los casos de denegatoria de inscripción.” Ex-presa la recurrente que en el caso de entenderse en la afirma-tiva, entonces, que se considere el mismo como el alegato de los esposos interesados; y caso de entenderse en la negativa, se le considere como el Recurso Gubernativo que permite la ley dentro del término de 20 días desde la notificación de la nota del Registrador.

Sobre el procedimiento seguido en este caso por el Sr. Re-gistrador de la Propiedad, la Sec. 1771 del Título 30 de L.P.R. A. dispone lo siguiente:

“Cuando el registrador deniegue o suspenda alguna inscrip-ción, anotación o cancelación, expondrá al pie del documento, clara y concisamente, los motivos legales de su negativa y de ella notificará al interesado, quien firmará la notificación.

Y en 30 L.P.R.A. sec. 1772, se establece que:

“Si éste, dentro del segundo día no recogiere el documento, el registrador lo enviará por el correo más próximo al Tribunal Supremo, quien dentro de diez días decidirá si aprueba o revoca la negativa del registrador, y al día siguiente se lo devolverá por correo al registrador para que cumpla la resolución dictada, acompañado de un copia de dicha resolución.”

También en la Ley Hipotecaria existe otra disposición en relación a las faltas referentes a la legalidad de las escrituras o a la capacidad de los otorgantes (30 L.P.R.A. sec. 44) que copiada literalmente lee así:

“Cuando el registrador notare alguna falta referente a la legalidad de las escrituras que se presenten o a la capacidad de los otorgantes, lo comunicará por escrito al presentante o al interesado en la operación registral o al notario que hubiere autorizado el documento, para que lo recojan y subsanen la falta en el término que dure los efectos del asiento de presentación o, cuando menos, dentro de los cinco días después de hecha la notificación. De no subsanarse la falta en el término indicado, el registrador denegará la inscripción si se tratare de defecto in-subsanable o hará constar el defecto si fuere subsanable. Si el defecto insubsanable consistiese únicamente en la falta de acom-pañar algún documento complementario indispensable para la inscripción, anotación o cancelación, el registrador requerirá a las mismas personas y dentro del mismo término indicado, para que acompañen tales documentos complementarios, y, si éstas no lo hicieren, el registrador podrá denegar la inscripción, anotación o cancelación de acuerdo con el procedimiento establecido por ley o suspenderla por medio de nota fundada que extenderá al mar-gen del asiento de presentación, la cual durará sesenta días, y de ella podrá recurrirse para ante el Tribunal Supremo utilizando el remedio establecido en la Ley sobre Recursos contra las Reso-luciones de los Registradores de la Propiedad, sees. 1771 et seq. de este título; Disponiéndose, que la notificación al presentante del documento o al interesado en la operación registral o al nota-rio se hará constar al margen del asiento de presentación; y, disponiéndose, finalmente, que cuando se recurra para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la suspensión de alguna inscripción, anotación o cancelación, la nota marginal que se extienda continuará produciendo todos sus efectos hasta 30 días después que se tome razón, en el registro de la propiedad correspondiente, de la resolución que recaiga en el recurso inter-puesto. Tan pronto el registrador sea notificado de que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico solicitando la revisión de sus actuaciones, dicho registrador deberá hacer constar en el libro correspondiente e inmediata-mente después de la nota marginal de suspensión antes referida, que se ha interpuesto el correspondiente recurso gubernativo, identificándolo por nombre y número, así como que los efectos legales de la mencionada nota marginal de suspensión subsisti-rán hasta 30 días después de que se tome razón en el registro de la resolución que recaiga en el recurso interpuesto. Ley Hipotecaria, 1893, art. 19; Julio 7, 1923, Núm. 20, p. 213; Junio 23, 1958, Núm. 73, p. 176, ef. Junio 23, 1958.”

En el caso Sucesión Franceschi v. Registrador, 39 D.P.R. 736 (1929) (Texidor), se trataba de una segunda hipoteca sobre cinco fincas a favor del portador o portadores de cinco vales o pagarés suscritos por el dueño de esas fincas, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponce. Posterior-mente se inició ante la Corte de Distrito de Ponce un pleito por la Sucesión Franceschi contra el dueño de esas fincas, sobre cobro de pagarés; y la demandante embargó bienes, entre ellos los cinco vales hipotecarios referidos. El Regis-trador practicó la anotación de dicho embargo; y en cuanto a la hipoteca para garantizar los vales al portador también embargados, aclaró que la anotación se tomaba “sin perjuicio de tercero”. Contra esa nota la demandante estableció recurso gubernativo y el Registrador impugnó el mismo alegando que no era “. . . un caso propio de recurso gubernativo, porque no se refiere a la calificación, denegación o declaración de defecto subsanable. . . .” Este Tribunal dispuso de esta alegación previa sobre el procedimiento seguido, diciendo a la pág. 743:

“El recurrido suscita la cuestión de improcedencia del re-curso, por no tratarse de una nota denegatoria o de defecto subsanable. No podemos estar de acuerdo con la extremadamente técnica interpretación que de la ley hace el registrador. Si la nota envuelve una práctica denegación de inscripción, cabe el recurso contra ella. La ley ha querido crear un remedio, no una exclu-sión.” (Bastardillas nuestras.)

En Blanco v. Registrador, 71 D.P.R. 570, 573 (1950) (Negrón Fernández) se expresó:

“Si bien la nota recurrida lee en su comienzo ‘Devuelto el presente documento sin practicar operación alguna . . dicha nota constituye realmente una denegatoria de la inscripción solicitada, ya que expresa las razones que para ello tuvo el Registrador. Este ha hecho, en efecto, una calificación del docu-mento, actuación ésta que es revisable mediante recurso guber-nativo.” (Véanse además: Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 71 D.P.R. 847 (1950) (Marrero); Autoridad de Tierras v. Registrador, 65 D.P.R. 513, 520-23 (1945) (De Jesús); Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130-34 (1944) (De Jesús); y Guánica Centrale v. El Registrador, 23 D.P.R. 734, 735 (1916) (Aldrey).)

No se trata aquí de un caso en que esté envuelta “alguna falta referente a la legalidad de las escrituras” o a la “capa-cidad de los otorgantes”; situación cubierta por la Sec. 44 del Título 30 de L.P.R.A., supra.

El Registrador devolvió la instancia sin practicar operación alguna, y como resolvimos en Blanco v. Registrador, supra, dicha actuación constituyó realmente una denegatoria de la inscripción solicitada, ya que expresó las razones que tuvo para así actuar; y este hecho constituye, en efecto, una calificación del documento; y envuelve una práctica denegación de inscripción; siendo su actuación revisable mediante recurso gubernativo. (Sucn. Franceschi v. Registrador, supra.) El caso, por tanto, cae bajo lo dispuesto en las Sees. 1771 y 1772 del Título 30 L.P.R.A., supra. Bajo esta dos secciones se presentan dos situaciones. La primera es cuando el Registrador deniega o suspende una inscripción, anotación o cancelación (en este caso se trata de una cancelación) en cuyo caso el Registrador expone al pie del documento los motivos legales de su negativa y notifica a la parte interesada; y si ésta recoge el documento, puede traer directamente el recurso gubernativo para ante este Tribunal. La segunda situación surge cuando, notificada la parte interesada, no recoge el documento dentro del segundo día de ser notificada, en cuyo caso, el Registrador lo enviará por correo al Tribunal Supremo, para que éste resuelva si aprueba o revoca la nota.

En el caso ante nos, como hemos visto, la parte interesada y/o la presentante Leda. Santiago fue notificada por el Regis-trador en la misma fecha de la nota y optó por no recoger el documento dentro del segundo día de su notificación.

Ante esta situación, el Registrador, cumpliendo con su deber bajo lo dispuesto en la Sec. 1772, supra, lo envió por correo a este Tribunal Supremo.

Consideramos pues, que siendo legal la actuación del Registrador; la parte interesada y/o presentante no tenía necesidad de radicar directamente un recurso gubernativo, como lo hizo en este caso, por la duda que alega tener “. .. de si en el caso de devolución de instancia sin practicarse operación alguna procede o no el recurso gubernativo automático que corresponde en los casos de denegatoria de inscripción”; y, “. . . a los fines de proteger la jurisdicción de este Hon. Tribunal....”

Entremos ahora a resolver la cuestión de fondo envuelta en este recurso.

El Registrador consignó como fundamento para su nota, que devolvía la instancia sin practicar operación alguna en el Registro . . por no ser lo solicitado menciones de derechos reales, sino limitaciones y condiciones restrictivas sobre 189 solares. . . .” (Énfasis nuestro) “relacionadas en la inscrip-ción extensa que resulta ser la inscripción primera de la finca número 18,792 al folio 187 del tomo 658 de Ponce, cuya inscripción se practicó a virtud de la escritura número 3 de 31 de marzo de 1956 ante el notario Erasto Arjona Siaca que motivó también las inscripciones primeras de los 189 solares segregados para beneficio mutuo.”

La posición que asumen los recurrentes esposos Castro Lund-Tormos, según surge de la instancia presentada en el Registro y de su alegato, es que la nota que aparece en la inscripción primera de cada una de las dos fincas de su pro-piedad de que “Sobre los solares segregados se imponen las limitaciones y restricciones relacionadas en la inscripción extensa citada” no se refiere a cargas existentes por su pro-cedencia, sino a una mención de cargas a que está afecta la finca número 18,792, inscrita en folio y tomo distintos, o sea, al folio 187 del tomo 658 del mismo Registro; que dicha refe-rencia constituye una anotación inoficiosa o a lo sumo una mención inoficiosa también, por improcedente, y de todas maneras caducada, por haberse en ambos casos tomado desde hace más de diez años, o sea, el 31 de octubre de 1956; que se trata de una mención de condiciones personales y aunque lo fuera de derechos reales, ya ha caducado por haberse tomado hacía más de diez años (en el año 1956).

Es cierto que no se refiere a cargas existentes, por su procedencia, ya que las limitaciones y condiciones restrictivas no constaban sobre el resto de la finca, de 34.9491 cuerdas, Núm. 17,847. Pero este resto fue lotificado, dividiéndose en los 189 solares y un área de parques, que se inscribieron en el Re-gistro como solares independientes; y, conforme a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley Hipotecaria, 1893, (30 L.P.R.A. see. 383) en armonía con el Art. 9 del mismo cuerpo legal (30 L.P.R.A. sec. 34) tratándose de un título que comprendía varios inmuebles radicados en el mismo término municipal, se verificó la inscripción con todas las circunstancias prescritas en la See. 34, supra, que es la inscripción extensa, hacién-dose referencia a dicha inscripción extensa en las inscrip-ciones concisas de los otros solares. Como muy bien sostiene el Sr. Registrador en su alegato, las condiciones o limitaciones restrictivas se consignan una sola vez, en la inscripción ex-tensa, porque de tener que consignarse en todas y cada una de las fincas, “ .. conllevaría una labor clerical [sic] enorme; y mediante la tal única inscripción extensa, la inscripción se realiza una sola vez y se hace referencia a la misma tantas veces como fuera necesaria en las inscripciones concisas. En el caso que nos ocupa, se hubiesen tenido que realizar 189 ins-cripciones extensas en lugar de la que se hizo en la finca número 18,792.”

En su instancia al Registrador los esposos recurrentes no expresan la autoridad legal en que se basan para pedir la referida cancelación; pero de los respectivos alegatos de ambas partes surge que los recurrentes se apoyan en las dis-posiciones del inciso (a) del Art. 388-A de la Ley Hipote-caria, incorporada a dicha Ley en el año 1923, relacionada con la cancelación de asientos (30 L.P.R.A. sec. 703), la cual, en su parte pertinente a este caso, lee así:

“708. Cancelación de Asientos.

Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el respectivo registro:

(a) Cualesquiera menciones de derechos reales que cons-ten en los libros antiguos o modernos del registro, si hubiesen transcurridos más de diez (10) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha en que empiece a regir esta Ley, no hubiese solicitado la inscripción del derecho mencionado, o no hubiese promovido acción judicial en reclama-ción de su derecho anotando la demanda en el registro.”

Las “menciones” son consagradas por el Art. 29 de la Ley Hipotecaria, que lee así:

“El dominio o cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones o anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el registro por medio de una inscripción separada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjui-cio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en casos determinados deba pedir la inscripción.” (Ley Hipotecaria, 1898, art. 29; 30 L.P.R.A. sec. 54.)

En Miranda v. Registrador, 45 D.P.R. 396 (1933) (Aldrey), se dijo:

“La mención es una mera noticia que hace el registrador de la existencia de un derecho no inscrito. Es el aviso de un derecho pero no la creación de un derecho que ya existe, aunque no esté inscrito, por lo que no está comprendido entre los títulos que pueden ser inscritos según el artículo 2 de la Ley Hipotecaria.”

Este artículo se refiere específicamente a menciones del dominio o de cualquier otro derecho real, los cuales perjudican a tercero, sin perjuicio de la obligación de inscribir especial-mente el derecho mencionado. Este limita los efectos de la mención a que perjudica a tercero, de manera que no pueda alegarse ignorancia. (Miranda, supra.)

El problema legal envuelto en este caso, a nuestro juicio, es sencillo. Si prevalece la teoría de los recurrentes de: “Que se trata de una mención de condiciones personales y aunque lo fuera de derechos reales, ya ha caducado por haberse tomado [sic] más de diez años, o sea, en el año 1956”; debe ordenarse la cancelación. Por el contrario, si prevalece la contención del Sr. Registrador de “. . . no ser lo solicitado menciones de derechos reales, sino limitaciones y condiciones restrictivas sobre 189 solares en la Urbanización La Rambla, relacionados en la inscripción extensa que resulta ser la ins-cripción primera de la finca número 18,792, cuya inscripción se practicó a virtud de la escritura número 3 de 31 de marzo de 1956, ante el notario Erasto Arjona Siaca, que motivó también las inscripciones primeras de los 189 solares segre-gados para beneficio mutuo”; entonces, la nota del Registra-dor debe ser confirmada.

En el caso de Baldrich v. Registrador, 77 D.P.R. 739 (1954) (Snyder), los dueños de la urbanización demandada Reparto Báldrich impusieron ciertas restricciones sobre los solares que componían dicha urbanización. Las restricciones aparecían al margen de la inscripción de los solares que com-ponían la urbanización cuando ésta consistía únicamente de la propiedad descrita como finca número 1279. Las restricciones incluían disposiciones relacionadas con la ubicación de los solares, la altura, tipo y valor de las residencias que allí se construirían, parecidas a las impuestas en el presente caso. La primera restricción consistía en que cada uno y todos los solares que componían la finca llamada ‘Reparto Báldrich se dedicarían exclusivamente para la construction de residen-cias, con excepción de cuatro (4) solares que formaban la manzana A, reservada para área comercial de la misma; prohibiéndose que en esa área comercial se construyeran edi-ficios para hospitales, clínicas, policlínicas, dispensarios y empresas funerarias o cualquier otro negocio de igual o similar naturaleza; y los solares números 201 y 202 de la manzana K fueron reservados para la construcción de un “Club House.”

Los dueños de los referidos dos solares 201 y 202 radicaron ante el Registrador de la Propiedad de Río Piedras un docu-mento en el cual solicitaron que cancelara, mediante nota al margen de la inscripción de la finca número 1279, la mención que aparecía en dicha inscripción de que las parcelas números 201 y 202 habían sido reservadas para la construcción en ellos de una “Casa Club”. Fundamentaron su petición en que dicha mención no implicaba derecho real de clase alguna, de los taxa-tivamente enumerados en el Art. 2 de la Ley Hipotecaria, a saber: dominio, usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipo-teca, censo y servidumbre; que la referida reserva a lo sumo implica una simple prerrogativa de carácter personal; que los derechos que no sean de la clase de los reales, aunque aparezcan mencionados en los Registros, no surten efectos hipotecarios y deben considerarse como no inscritos conforme a la doctrina hipotecaria y los casos de Rullán v. Registrador, 67 D.P.R. 702 (1947) (Marrero) y López v. Registrador, 67 D.P.R. 962 (1947) (Snyder); y que en los planos de dicho Registro, aprobados por la Junta de Planificación, inscritos en el Registro, no aparecía que dichos solares 201 y 202 hubieran sido dedicados, reservados o designados para cons-truir en ellos un Club House o edificio de clase determinada.

El Registrador denegó la solicitud: (1) porque dicha can-celación podría perjudicar derechos de otras personas que adquirieron y poseían solares en la urbanización con el cono-cimiento de que en dichos solares 201 y 202 se construiría un Club House; y (2) porque para los efectos del Registro, por lo menos debería obtenerse la aprobación de la Junta de Planificación para esa cancelación.

Este Tribunal sostuvo la nota denegatoria del Registra-dor, por el primer fundamento consignado en ella, y que mencionamos arriba. Sostuvimos que la inscripción en el Registro de un derecho puramente personal puede cancelarse a solicitud del dueño del inmueble que resulte afectado (López v. Registrador, supra Rullán v. Registrador, supra; Art. 28 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria; y tratadistas allí citados); pero que no podíamos con-currir con los recurrentes en que la reserva de los solares 201 y 202 para un Club House no es un derecho real a favor de los demás solares que componen el Reparto Baldrich; que esas restricciones sobre los solares que se crearon para componer la urbanización Reparto Baldrich tenían el loable objetivo de proveer un plan de áreas residenciales, comerciales y recrea-tivas en la urbanización y que tales restricciones, en cuanto a lo que surgía del récord, eran permisibles como cuestión de derecho y su inscripción procedía en el Registro como derechos reales a favor de los predios dominantes y en contra de los sir-vientes. Sugerimos que si la disposición de que los solares números 201 y 202 deberían usarse para un Club House fuera a ser modificada, debería hacerse mediante un método que no fuera una petición ex parte, de los dueños de dichos solares solicitando su cancelación; aunque expresamos que la cues-tión de si los recurrentes podían obtener la cancelación de la restricción en cuanto al uso de los dos solares mediante el consentimiento de los demás dueños de los otros solares, o por algún procedimiento plenario, no estaba ante nos y no lo comentábamos.

Expresamos en dicho caso de Baldrich, supra:

“Pero el factor determinante para nuestros fines es que al margen de la inscripción de una escritura agrupando cierto número de solares para formar una urbanización denominada Reparto Baldrich se inscribió una serie de restricciones sobre todos los solares para su beneficio mutuo. Estas restricciones incluían la ‘reserva’ de ciertos solares para usos comerciales que no estuviesen taxativamente prohibidos, y la ‘reserva’ de los solares números 201 y 202 para un club house. Los solares restantes estaban restringidos a uso residencial. Desde el punto de vista de los dueños de estos últimos — que pudieran desear facilidades comerciales y recreativas en la urbanización — las restricciones sobre los solares de la manzana A y sobre los solares núms. 201 y 202 para fines comerciales y un club house, respectivamente, serían beneficiosas para sus solares residencia-les. De ahí que, desde su punto de vista, las restricciones de uso tanto en cuanto a los solares comerciales como en cuanto a los solares núms. 201 y 202 son derechos reales — siendo sus solares los predios dominantes y los solares comerciales y para el club house, respectivamente, los sirvientes, que están debidamente inscritos en el registro de la propiedad.”

Y continuamos diciendo:

“Salvo un derecho hipotecario, la inscripción es sólo declara-tiva y no es fuente de derechos. I Roca Sastre, supra, págs. 150-1, 153; III-l Enneccerus, Kipp y Wolff, Tratado de Derecho Civil, 210; Sentencia del Tribunal Supremo de España de 21 de febrero de 1947. Pero no podemos convenir con los recurrentes que este principio nos obliga a revocar la nota del Registrador en este caso. Por el contrario, como hemos visto, la certificación del Registrador en relación con la inscripción al margen de la finca núm. 1279 dice que las restricciones sobre los solares que com-ponen el Reparto Baldrich ‘. . . resultan de las escrituras sobre imposición de condiciones restrictivas y actas aclarato-rias. . .’ otorgadas y presentadas para inscripción. No es éste por lo tanto un caso en que el Registrador sostiene que el Regis-tro es la fuente del derecho real aquí envuelto. Más bien los dueños de la parcela — que se convirtió en el Reparto Baldrich y de la cual se segregaron los diferentes solares del mismo — crea-ron mediante escritura restricciones, que fueron luego inscritas, en cuanto al uso de los solares núms. 201 y 202 como el predio sirviente para beneficio de los solares restantes en el Reparto Baldrich como el predio dominante.” (Bastardillas nuestras.)

Igual situación surge en el caso de autos. De la propia nota del Registrador aparece que éste considera que no se trata de menciones de derechos reales, sino de limitaciones y condi-ciones restrictivas sobre los 189 solares en la urbanización La Rambla relacionados en la inscripción extensa “. . . que re-sulta ser la inscripción primera de la finca núm. 18,792 al folio 187 del tomo 658 de Ponce, cuya inscripción se practicó a virtud de la escritura número 3 de 31 de marzo de 1956, ante el notario Erasto Arjona Siaca, que motivó también las inscripciones primeras de los 189 solares segregados para beneficio mutuo.” (Bastardillas nuestras.) También en la certificación del Registro que consta en autos, aparece que en dicha inscripción primera de dicha finca Núm. 18,792 se hizo constar igual circunstancia de que fue por la escritura Núm. 3 ante el notario Arjona Siaca, supra, aclarada en cuanto a los solares descritos con los números 343 y 459 por la escritura Núm. 108 otorgada en Ponce el 10 de octubre de 1956 ante el notario Pedro E. Muñiz Ramos, que la Ponce Builders Corporation segregó los 189 solares e impuso las limitaciones y condiciones restrictivas envueltas en este re-curso, que se inscribieron e hicieron constar sobre el solar segregado Núm. 18,792, que motivó la inscripción extensa mencionada antes, y sobre los dos solares objeto del recurso. Igual que el caso de Baldrich, supra, no es el presente pues, un caso en que el Registro es la fuente del derecho real aquí envuelto. Fue la dueña de la finca que se convirtió en la urbanización La Rambla y de la cual se segregaron los 189 solares, quien creó mediante escrituras, las restricciones que luego fueron inscritas sobre todos dichos solares, incluyendo los dos que adquieron los recurrentes.

Finalmente, en Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242 (1959) (Saldaña), resolvimos:

“Bastará añadir, para terminar con este análisis de nuestra jurisprudencia, que por analogía con la servidumbre predial del derecho civil usamos los términos de ‘predios sirvientes’ y ‘pre-dios dominantes’ en Baldrich v. Registrador, 77 D.P.R. 739 (1954), al decidir que las servidumbres en equidad crean dere-chos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad. Por eso la cancelación de su mención o inscripción no se puede operar en el registro en virtud de una petición ex parte, sin que den su expreso consentimiento las personas a ser perjudicadas por dicha cancelación. De ahí no cabe inferir que las restricciones de urbanización crean verdaderas servidumbres prediales. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sec. 2) y en el art. 27 del Reglamento Hipotecario (30 L.P.R.A. sec. 858), son inscribibles todos los derechos reales inmobiliarios, sin que éstos estén limitados a los que define el Código Civil. Es decir, en nuestro derecho positivo prevalece la teoría del numerus apertus, que admite la posibilidad de crear derechos reales fuera de' los previstos y organizados por el Código Civil. Se deja a la jurisprudencia y a la doctrina la cuestión de precisar el carácter real de los distintos derechos subjetivos, según las conveniencias económicas de los contra-tantes. Como la servidumbre en equidad tiene de ordinario el carácter y los efectos de un derecho real, a los fines del Registro no hay inconveniente en considerarla como una variante o moda-lidad de las servidumbres explícitamente reguladas por el Código Civil. Por esa razón es que tiene acceso al Registro el derecho de servidumbre en equidad, a pesar de que dicha figura jurídica ha sido acuñada por nuestra jurisprudencia. Precisamente en el caso de Baldrich se trataba de un gravamen que el dueño de los terrenos a ser urbanizados había impuesto por sí solo sobre un fundo propio. La inscribilidad no podía justificarse a base de que se había constituido una servidumbre predial ortodoxa. Cf. 15 Rev. Jur. de la U.P.R. 195, 200-201 (1955).” (Bastardillas nuestras.)

Teniendo la inscripción que se practicó en este caso las restricciones y limitaciones que se impusieron sobre los 189 solares de la urbanización La Rambla el carácter y los efectos de un derecho real, procede confirmar la nota recurrida.

       Véase nota aclaratoria al final de la Certificación del Registrador de la Propiedad unida a los autos.

       Todos los 189 solares son segregaciones de la finca original de 34.9491 cuerdas, lotificada, núm. 17,847, arriba mencionada.

       Consta de los autos que también la Leda. Santiago, el 8 de noviem-bre de 1978, le informó al Registrador haber recibido la notificación el 7 de noviembre de 1978; y que no iba a recoger el documento.

       No hacemos referencia a los fundamentos del recurso en su fondo y a la decisión final de este Tribunal sobre los mismos, porque no tiene pertinencia para la cuestión a que nos estamos refiriendo.

       Véase escolio 3 a la pág. 299 de esta opinión.

       En el presente caso se practicó esta inscripción extensa sobre la finca núm. 18,792, folio 187 del tomo 658 de Ponce, en cuya inscripción primera, es donde constan consignadas las limitaciones y restricciones copiadas a la pág. 296 de esta opinión.

       Este inciso (a) fue enmendado por la Ley Núm. 12 de 25 de junio de 1924; y toda esta sección fue enmendada por la Ley Núm. 19 de 9 de julio de 1936. (Véase: Historial y Enmiendas, bajo 30 L.P.R.A. see. 703, a la pág. 449.)

      Véase escolio (7).

       Véase pág. 4, último párrafo, alegato recurrentes.

       Véase escolio (1) en dicho caso de Baldrich, supra.

       Las restricciones aparecían al margen de la inscripción de los solares qne componían la urbanización cuando ésta consistía únicamente de la propiedad descrita como la finca núm. 1279; y la certificación del Registro indicaba que dicha inscripción marginal terminaba de la siguiente manera: “Así resulta de la escritura sobre imposición de condiciones restric-tivas y actas aclaratorias núms. 15, 18 y 29 de fechas 20 de febrero, 4 de marzo y 16 de abril de este año, otorgadas en Río Piedras, ante el notario Emilio Rodríguez. . .

        Baldrich v. Registrador, supra, págs. 744-746.

       Véase al final de la pág. 745 y comienzo de la pág. 746, del caso de Baldrich, supra.

       Los recurrentes hacen mención a un pleito pendiente relacionado con la cuestión aquí planteada. Conforme con lo resuelto en Caballero v. Registrador, 42 D.P.R. 635 (1931), lo dispuesto en 30 L.P.R.A. sec. 1779 y el caso de Baldrich, supra, no vamos a hacer referencia al mismo, por no estar la cuestión ante nos. No obstante, véase el caso de Colón v. San Patricio Corporation, supra.


author: per curiam: ('Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario

text:
      In re: Cayetano Coll Pujols, querellado.

      Número: O-73-9

      Resuelto: 30 de mayo de 1974

      Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, J. F. Rodriguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo Negrón Cruz, Américo Serra y Héctor R. Orlandi Gómez, Procuras-dores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Cayetano Coll Pujols, por derecho propio; Blanco Lugo, Martínez Muñoz, Moran & Lavastida, José M. Biaggi Junquera, Ramón Cando y Rafael Hernández Matos, abogados del que-rellado.
   per curiam:

Contra el Lie. Cayetano Coll Pujols, admi-tido a la práctica de la abogacía por este Tribunal en el 1933, formuló el Procurador General los cargos que a continuación se relacionan:

“PRIMER CARGO
“En o alrededor de marzo de 1968 el querellado Cayetano Coll Pujols convino en asumir la representación legal del Sr. Cecilio Méndez Pérez en una acción de daños y perjuicios que se comprometió a radicar a nombre de éste como deman-dante contra Luis R. Spanoz Serrano (Cecilio Méndez Pérez demandante v. Luis R. Spanoz Serrano, demandado, Civil Núm. 68-2240, del Tribunal Superior, Sala de San Juan). El querellado se limitó a redactar la demanda y delegó en su her-mano el Lie. Víctor A. Coll para que éste la firmara y la radi-cara, todo ello sin tener autorización de ni haberle comunicado a su cliente de tal determinación, constituyendo tal actuación una conducta impropia, contraria al principio de conducta pro-fesional contemplada en la Regla 9 de Procedimiento Civil.
SEGUNDO CARGO
En el mismo asunto del Primer Cargo y para la siguiente fecha el querellado, Cayetano Coll Pujols, se comprometió a llevar un caso civil y llegó a demandar judicialmente estando bajo el convencimiento, como abogado, de que no existía una causa de acción a favor de su cliente.
TERCER CARGO
Para la misma fecha el querellado, Cayetano Coll Pujols, observó una conducta impropia y negligente al no hacer las diligencias pertinentes y adecuadas para mantener a su cliente, Sr. Cecilio Méndez Pérez, enterado de los pormenores del caso judicial que éste le había encomendado, conforme se relaciona en el cargo primero.
CUARTO CARGO
El querellado, Cayetano Coll Pujols, observó una conducta impropia y en evidente perjuicio de los intereses de su cliente al abandonar expresamente una encomienda legal que le hizo éste, dejándolo en completo estado de indefensión, al no repre-sentarlo según lo convenido. A sabiendas de que la demanda había sido desestimada el 10 de febrero de 1969 y habiéndosele radicado en su contra una reconvención compulsoria el 18 de mayo de 1968 la cual le fue notificada, no contestó esta última, ni protegió en forma alguna los intereses de su cliente, habiendo quedado ésta vigente al desestimarse la demanda. Lo anterior provocó que éste sufriera los efectos de una sentencia en su contra y consiguientemente el embargo en el Registro de la Propiedad de su casa de vivienda y su inminente venta en pública subasta.”

El querellado contestó oportunamente los cargos en la siguiente forma:

“2. Primer Cargo — Admite que en o antes del día 18 de abril de 1968 fue instruido por el señor Cecilio Méndez Pérez para iniciar una acción en reclamación de daños contra Luis R. Spanoz Serrano con motivo de un accidente ocurrido el día 9 de marzo anterior, encomienda que llevó a cabo mediante la radica-ción del pleito civil núm. 68-2240 de la Sala de San Juan del Tribunal Superior; que, debido a que el querellado no tenía despacho profesional establecido la demanda fue suscrita por su hermano el Lie. Víctor A. Coll, pero niega que para ello no estu-viera autorizado por el demandante y que esta conducta sea contraria a las disposiciones de la Regla 9 de las de Procedi-miento Civil.
3. Segundo Cargo — Admite que al presentar la demanda a que se ha hecho referencia abrigaba dudas sobre las posibilida-des de éxito de la reclamación entablada, de lo que advirtió al señor Méndez Pérez, y que prosiguió en tal curso de acción a requerimiento de éste, para anticiparse a cualquier acción que pudiera iniciar el señor Spanoz Serrano.
4. Tercer Cargo — Niega los hechos alegados en el tercer cargo y afirmativamente expone que trató infructuosamente de comunicarse con su representado a través de la señora Ofelia Torres, Alcaldesa de Orocovis, quien le había referido el asunto y acompañado al demandante en ocasión del inicio de la gestión profesional.
5. Cuarto Cargo — El querellado admite que no dispensó al demandante una adecuada y diligente representación profesional en el pleito mencionado, pero expone que ello se debió a la imposibilidad de comunicarse con éste y a la circunstancia apuntada de no tener establecida una oficina; niega que no se contestara la reconvención compulsoria presentada por la parte demandada y alega afirmativamente que la contestación fue for-mulada en 21 de mayo de 1968; acepta que con motivo de la falta de contestación a unos interrogatorios sometidos por la parte demandada el Tribunal Superior desestimó la demanda y proce-dió luego a celebrar vista sobre la reconvención y a dictar sen-tencia contra el demandante, la cual fue dejada sin efecto por sentencia dictada por este Honorable Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 1973 en el recurso 0-72-101.
6. Niega que la conducta observada por el querellado fuera inmoral o impropia, y admite que fue negligente al no observar la ’ debida diligencia en la representación de los intereses del señor Cecilio Méndez Pérez, reproduciendo en cuanto fuere menester, como circunstancias atenuantes aunque no exculpa-torias, las expuestas precedentemente o que puedan surgir de ia declaración jurada prestada ante el Procurador General el día 16 de noviembre de 1972.”

Se estipuló por el querellado y el Procurador General someter la cuestión a nuestra consideración sin vista, y a base de las declaraciones juradas prestadas ante el Procura-dor General y del expediente de la causa civil número 68-2240 de Cecilio Méndez Pérez v. Luis R. Spanoz Serrano, obrante en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Accedimos a así dar por sometido el asunto. Las partes han presentado infor-mes escritos que hemos considerado. A base de todo ello con-cluimos que deben desestimarse los cargos primero y tercero. El querellado incurrió en las faltas a que se refieren los cargos segundo y cuarto.

El primer cargo imputa como falta que el querellado delegara en otro abogado, su hermano Víctor A. Coll, para que firmara y presentara en corte la demanda, sin tener auto-rización para ello de su cliente. No es buena práctica que un abogado firme alegaciones que otro ha preparado. Las expli-caciones dadas por el querellado, sin embargo, excusan la irregularidad cometida. El querellado no tenía oficina propia y utilizaba la de su hermano, y por ello en ocasiones le pedía a su hermano que firmara cuando él no estaba. Además de su propia declaración, así surge también del testimonio pres-tado ante el Procurador General por el querellante Cecilio Méndez Pérez. No puede por tanto sostenerse que no autori-zara que así se hiciera. Lo que Méndez Pérez no autorizó fue que el caso fuera encomendado por el querellado a su hermano para que éste asumiera su representación. Así lo entendieron el querellado, su hermano y el cliente y no hubo desviación de este entendido.

El tercer cargo, referente a la falta de comunicación entre el querellado y su cliente está explicado satisfactoriamente en la declaración del querellado y en la de la testigo Ofelia Torres de Meléndez. El Sr. Méndez Pérez fue donde el que-rellado por indicaciones de la Sra. Torres de Meléndez. La decisión de incoar la demanda se tomó en la corte, luego de que Méndez Pérez fuera absuelto del delito que se le impu-taba. Méndez Pérez sabía donde localizar al querellado y no lo intentó hasta que le embargaron su propiedad. Por el con-trario, el querellado desconocía la dirección de Méndez Pérez y a pesar de ello trató de comunicarse con él por mediación de la Sra. Torres de Meléndez. Aunque sus escasas diligen-cias no tuvieron el resultado deseado, estamos convencidos de que trató de comunicarse con él.

Los cargos segundo y cuarto son secuela uno del otro y acusan la violación de elementales principios de moralidad profesional. Pretendiendo atenuar el efecto de haber presen-tado una demanda improcedente nos dice el querellado, al contestar el segundo cargo, que “abrigaba dudas sobre las posibilidades de éxito de la reclamación entablada.” Más que abrigar dudas, el querellado sabía que su cliente no tenía razón. Así lo admitió sin rodeos en la declaración que prestó durante la investigación de la querella, cuando dijo, a la pág. 5: . porque la demanda no me interesaba, porque en aquel entonces, y ahora, mi cliente no tenía razón; porque él fue responsable y por una cosa de esas inexplicables, el tribunal no creyó la prueba y absolvió a mi cliente.”

La razón dada por el querellado para haber presentado una demanda improcedente fue la de desalentar la presenta-ción de una demanda contra su cliente por la persona que conducía el automóvil que chocó con el de su cliente. En pala-bras del querellado, “el que da alante da dos veces.” No alcan-zamos a comprender el buen juicio de tal estrategia que por demás acusa poca o ninguna consideración hacia nuestro sistema de impartir justicia.

El Lie. Cayetano Coll Pujols incurrió con tal conducta en desobediencia al canon 17 del Código de Ética Profesional que rige la conducta de los abogados en Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 17.

No conforme con haber preparado la demanda y lograr su radicación, consciente el querellado de que el demandado reconvino y reclamó una fuerte suma de dinero contra su cliente, se limitó a contestar la reconvención y a escribirle a la Sra. Torres de Melendez para tratar de locali-zar a su cliente. No avisó al tribunal de que no se había podido comunicar con su cliente. Hizo caso omiso de todos los demás escritos de la parte contraria y de las órdenes del tribunal, las cuales le fueron enviadas por su hermano el Lie. Víctor A. Coll. Permitió por su inacción que se desesti-mara la demanda que había incoado, que se anotara la rebel-día de su cliente en cuanto a la reconvención, que se dictara y registrara una sentencia en su contra, que la sentencia se hiciera firme y ejecutable por el transcurso del término legal, y que finalmente se ejecutara mediante el embargo y consi-guiente subasta de la casa de su cliente.

Cada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión. Sus actuaciones reflejan ante la comunidad las bases del concepto que ésta se forme, no solamente del abo-gado en particular que actúa, sino también de la clase profe-sional toda que debe representar con limpieza, lealtad, y el más escrupuloso sentido de responsabilidad. El querellado ha sido abogado por cuatro décadas. Es precisamente hacia la veteranía de los años que miran los que se inician en el noble apostolado de la abogacía. Miran hacia los más viejos en la práctica para leer en sus experiencias lo que no dicen los libros de texto. Por eso, cada abogado debe tomar consciencia de que su quehacer profesional es también un magisterio. Quien desatiende su responsabilidad profesional traiciona la confianza de aquellos a quienes sirve y destruye la fe que el público debe tener en la grandeza y la nobleza de nuestra profesión.

A base de las anteriores consideraciones se decretará la separación del Lie. Cayetano Coll Pujols del ejercicio de la abogacía por el término de un año.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Cadilla Ginorio, no intervinieron.

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 1974

Vistas las circunstancias que se relacionan en la moción de reconsideración radicada el 17 de junio de 1974, se deja sin efecto la sentencia de 30 de mayo de 1974 y se decreta en vez la separación del Ledo. Cayetano Coll Pujols del ejer-cicio de la abogacía por el término de tres meses.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no intervinieron.

('Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario

         “Todo abogado debe negarse a representar a un cliente en un caso civil cuando estuviere convencido de que se pretende por medio del pleito molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño. Su comparecencia ante un tribunal debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial. La firma de un abogado en una alegación en un caso equivale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada.
      “Un abogado deberá solicitar permiso del tribunal para renunciar la representación profesional de su cliente en un caso en litigio cuando se convenza durante el curso del pleito que el mismo es injustificado y que se pretende por medio del proceso molestar o perjudicar a la parte con-traria, haciéndole víctima de opresión o daño.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felipe Medina Jiménez, acusado y apelante.

      Número: CR-73-99

      Resuelto: 30 de mayo de 1974

      Armando Chaar Padín, abogado del apelante; Peter Ortiz, Pro-curador General Interino y Federico Rodríguez Gelpí, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado del delito de violación por hechos ocurridos el 15 de marzo de 1972. La perjudicada era una joven aeromoza de una línea aérea. El día de los hechos regresaba de su trabajo a su apartamiento en Isla Verde a eso de las 4:45 de la mañana. Oculto en el zaguán del edificio había un hombre que la asaltó para robarle en el momento en que ella se disponía a subir las escaleras. La agarró por el cuello y le dijo que le diera su dinero. Ella protestó de que tenía poco dinero y su asaltante procedió entonces a condu-cirla a la fuerza y bajo amenaza de matarla hasta un parque de estacionamiento contiguo al edificio y allí la violó.

El juicio se celebró el 8 de febrero de 1973 ante tribunal de derecho luego de que el apelante renunciara válidamente a ser juzgado por jurado. Se le encontró culpable del delito imputádole y el día 16 de febrero de 1973 fue. sentenciado a cumplir de veinte (20) a veinticinco (25) años de presidio con trabajos forzosos.

Apeló para ante nos y en su alegato hace el siguiente señalamiento de errores:

“Primer Error: Cometió error el Tribunal sentenciador al admitir una identificación poco confiable del acusado, viciada de nulidad y en abierta violación de la doctrina del caso de El Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249.
Segundo Error: Cometió error el Tribunal sentenciador al dictar un fallo condenatorio sin que el testimonio de la mujer agraviada fuera corroborado con prueba que conecte al acusado con la comisión del delito imputádole, siendo por tanto insufi-ciente la prueba de cargo para sostener dicho fallo.
Tercer Error: Cometió error el Tribunal sentenciador al im-ponerle al acusado una pena excesiva de 20 a 25 años de pre-sidio.”

Consideraremos los alegados errores en el orden de su señalamiento.

La víctima declaró que estuvo en presencia del acusado unos quince (15) minutos, que el hombre que la violó era alto, tenía el pelo corto, oscuro, tenía la piel oscura, hablaba español y muy mal inglés (T.E. pág. 21), que el acusado la tenía agarrada por el cuello de frente a ella (T.E. pág. 22). También declaró que cuando lo describió a la policía dijo que tenía una camisa a rayas y pantalones oscuros, y que cuando estaban en el área de estacionamiento en el piso él le puso los pantalones de ella sobre los ojos como por cinco minutos (T.E. págs. 23-24).

En el cuartel de la policía le mostraron cinco o seis libros de fotografías que la perjudicada calculó en por lo menos mil. Luego de examinarlas señaló una en que aparecía una persona que se le parecía mucho a su atacante pero que no era él. Esa persona resultó ser un hermano del apelante. (T.E. pág. 20.) Unos días después los detectives fueron a su casa y le mostraron 6 fotografías. No pudo identificar a su asaltante en ellas. Días después la llamaron para que fuera al cuartel a identificar un sospechoso. Declaró a preguntas de la de-fensa que el sospechoso no era tan parecido “como algunas de las fotografías que yo vi,” pero que estaba segura de que era su asaltante. Como un mes después de los hechos volvió al cuartel para una rueda de confrontación (T.E. pág. 18). Allí según su declaración, había cinco o seis hombres en un cuarto donde ella podía verlos pero no ellos a ella. Todos eran físicamente parecidos en cuanto al color del pelo y vestían en forma parecida. Entre ellos, ella identificó positivamente al apelante como el hombre que la violó.

Advertimos en Pueblo v. Gómez Incera, supra, contra el peligro que representa para la justicia permitir que la identificación que se haga de un sospechoso responda a la sugestividad policíaca. Indicamos, a la pág. 252, que admitir una identificación producto de la sugestividad puede conducir a una negación del debido procedimiento de ley e impedir un juicio justo e imparcial. Señalamos más adelante en la pág. 253 que “esta fase del proceso investigativo debe rodearse con las salvedades necesarias que eviten que se malogre la justicia.” No obstante, hicimos claro que “la determinación de si se ha violado [el debido procedimiento de ley], depende de la totalidad de las circunstancias que rodearon el procedi-miento de identificación.” (Pág. 257.)

En el presente caso, el hecho de que se presentara al sospechoso solo en la primera confrontación descrita por la perjudicada, si bien fue contrario a las normas sentadas en Gómez lucera, no fue perjudicial al apelante al extremo de viciar de nulidad todo el procedimiento. Los acontecimientos que rodearon esa exposición del sospechoso (show up), antes y después, demuestran que la víctima nunca tuvo dudas sobre quien fue su atacante y que cuando señaló positivamente al apelante como el hombre que la violó no lo hizo bajo sugestión de la policía. Durante la mayor parte del tiempo que duró el incidente de su violación, desde que se topó y habló con su atacante en el zaguán del edificio hasta que éste consumó el ultraje, ella lo tuvo de frente, cara a cara, y pudo captar su fisonomía en forma clara e inequívoca. Así se desprende de que pudiera señalar a un hermano del apelante de entre más de mil fotografías y asegurar que, aunque se le parecía, no era su asaltante. Esa circunstancié, unida a la seguridad expresada por ella cuando lo vió en el cuartel de policía y su positiva identificación en rueda de confronta-ción más tarde disipan cualquier duda sobre la confiabilidad de su testimonio.

Bajo una situación de hechos similar se sostuvo una sentencia condenatoria por el delito de violación en Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 (1972). Allí la víctima fue atacada una noche en su casa y llevada por su asaltante, a punta de cuchillo, hasta un bosque cercano donde éste la violó. En varias ocasiones en el curso de los próximos siete meses le mostraron a la víctima, en su casa y en la estación de policía, mediante exposición y mediante ruedas de confrontación, numerosos sospechosos y fotografías de sospechosos. En una de dichas ocasiones ella señaló una fotografía como de un hombre parecido a su asaltante, pero en ninguna de dichas ocasiones pudo identificar a su asaltante. Finalmente la lla-maron al cuartel para que identificara a un sospechoso dete-nido bajo otro cargo. No pudieron presentárselo en rueda de confrontación porque no consiguieron otras personas que se le parecieran. El método utilizado fue la exposición o show up. Al igual que en el caso del apelante que aquí nos ocupa, en Biggers la víctima señaló al sospechoso como el hombre que la violó y expresó no tener dudas sobre su identificación.

El Tribunal Supremo federal, luego de analizar las situa-ciones factuales y lo resuelto en Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967); Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968); Foster v. California, 394 U.S. 440 (1969), y Coleman v. Alabama, 399 U.S. 1 (1970), concluye que la identi-ficación de Biggers por la víctima, aunque no fue hecha en rueda de confrontación, era admisible y no vulneró el debido procedimiento de ley. Al confirmar la sentencia condenatoria dijo, a la pág. 199:

“. . . Según indican nuestros casos, los factores a ser consi-derados al evaluar la posibilidad de una errada identificación incluyen la oportunidad que tuvo el testigo de ver a la persona que cometió el delito en el momento de cometerlo, el grado de atención del testigo, la exactitud de las descripciones del autor del delito dadas previamente por el testigo, el grado de certeza demostrado por el testigo durante la confrontación, y el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la confrontación. . .

Aplicando esos factores a nuestro caso concluimos que la identificación del apelante por la víctima, aunque en un punto tuviera visos de sugestividad, no era inadmisible. Correspondía al juzgador de los hechos la misión de evaluar esa prueba desde el punto de vista de la credibilidad que la testigo pudiera merecerle. Como se dijo en Stovall, supra, y se reitera en Biggers, a la pág. 198, “la admisión de prueba de un show up, sin más, no viola el debido procedimiento.”

En argumentación del segundo error el apelante nos cita a Pueblo v. Arroyo Agosto, 93 D.P.R. 445, 451 (1966), donde dijimos:

“En este caso la prueba de corroboración presentada por el Fiscal, que consistió en el testimonio ya reseñado del detective Félix B. Donato es insuficiente para corroborar la declaración de la mujer agraviada. Tal testimonio, por sí mismo y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agraviada, que es la única otra prueba de cargo, no establece la relación del acusado con la comisión del delito imputádole. El detective de-claró que llegó al sitio de los hechos y la señora Dolores Rivera Marcano le manifestó que por poco ‘me violan y me matan’. No le dijo quien fue el autor del ataque y aunque describió a una persona, nada hay en el récord que demuestre que esa descrip-ción corresponde al acusado apelante. A lo sumo su testimonio tendió a probar la comisión del delito o las circunstancias del mismo, pero esto no es prueba suficiente de corroboración bajo la Regla 154.”

La víctima relató lo ocurrídole a su compañera de apartamiento en la primera oportunidad que tuvo para ello. Pueblo v. Echevarría Rivera, 96 D.P.R. 159, 160 (1968); Pueblo v. Oquendo, 83 D.P.R. 234, 241 (1961); Pueblo v. Márquez, 64 D.P.R. 371, 380-381 (1945). En ese momento, en palabras de su compañera (T.E. pág. 38) : “Estaba muy descontrolada emocionalmente, estaba temblando y llorando.” La testigo de corroboración expresó (T.E. pág. 40):

“Estaba histérica; una vez yo la calmé y ella se bajó, digo, se bañó, empezamos a hablar con ella sobre eso; que había llegado de su viaje e iba a subir arriba y notó que la luz del pasillo no estaba prendida; yo había llegado una hora antes y la luz del pasillo había estado prendida, ella viró hacia la esquina para subir por las escaleras y un hombre la agarró por el cuello y la empujó contra la pared, al lado del teléfono y le dijo si gritaba la mataría, yo le pregunté cómo era esa persona y ella me dijo que era más alta que yo, delgado, no muy grueso, tenía pelo corto y era muy oscuro de tez; él quería dinero y ella no tenía ninguno así que le quitó el reloj, entonces le llevó afuera por el frente del edificio y hacia atrás y le atacó sexual-mente detrás del edificio y le dijo si gritaba la mataría.”

Esa misma descripción la dio la víctima a la policía. No se hizo constar para el récord una descripción del apelante. Nos parece obvio que de no corresponder a la dada por la víctima y por la testigo de corroboración, ello hubiese sido un argumento natural en la diligente defensa que tuvo el apelante ante el tribunal a quo. En ausencia de una indicación en contrario debemos presumir que la descripción del apelante no se aparta sustancialmente de la dada por la víctima a su amiga al hacerle la manifestación espontánea que hemos transcrito.

La expresión en Pueblo v. Arroyo Agosto, supra a la pág. 451, de que “nada hay en el récord que demuestre que esa descripción corresponde al acusado apelante” no pasa de ser obiter dicta y no deberá interpretarse como que nece-sariamente deba aparecer del récord, afirmativamente, que la descripción del acusado concuerda con la dada por la víctima. En ausencia de indicación en contrario, aplicaremos la pre-sunción aquí expresada.

En cuanto a que la pena impuesta fuera excesiva, cabe señalar que el Art. 258 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 964, no señala un máximo para el delito de violación. No obstante, estimamos que se cumplen mejor los fines de la justi-cia modificándola a una pena de 15 a 25 años de presidio con trabajos forzosos y, así modificada, confirmarla.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Cadilla Ginorio y Díaz Cruz, disienten en cuanto a la modificación de la pena.