text:
    M.J.C.A., menor de edad, aquí representado por su custodio y abuela materna, Francisca V. de A., y ésta por sí, demandantes y recurridos, v. Julio E. y su esposa Carmen E. M., cada uno de ellos por sí y ambos en representación del menor J.L.E.M., también conocido como J.L.E.A., demandados y recurrentes.

      Número: RE-86-28

      Resuelto: 12 de diciembre de 1989

      Carmen Rita Vélez Borrás, abogada de los recurrentes; Sarah Torres Peralta, abogada de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

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¿Pueden los abuelos paternos adoptar a su nieto, huér-fano de padre y de madre, aun cuando fueron nombrados tutores testamentarios, no rindieron las cuentas de la tutela y la abuela materna no fue oída en el procedimiento donde tanto ella como el hermano materno del menor se oponen a la adopción? Esta es la cuestión planteada ante nos.

A los fines de ubicar en adecuada perspectiva dicha cuestión, examinemos los perfiles históricos de la adopción, su naturaleza y los propósitos en nuestra legislación, y sus requisitos sustantivos y procesales. Al hacerlo, reconocemos que existe un claro interés público en asuntos tan, delicados como lo son los requisitos sustantivos y procesales de la adopción. Éstos requieren que entremos a examinar algunos aspectos medulares del caso de autos.() Además, el drama conflictivo que figura en autos nos obliga a pronunciarnos con firmeza en contra de la bifurcación injustificada de pleitos encaminados a determinar la custodia o el status de un menor huérfano. Las motivaciones y los intereses de cada parte en litigio no siempre concuerdan con los mejores intereses emocionales, físicos, económicos y psicológicos del menor. Éstos deben ser siempre la principal motivación y el derrotero en la solución de este tipo de controversia.

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El desarrollo histórico de la adopción

Los perfiles históricos de la adopción datan de tiempos remotos.() Sus propósitos no siempre han sido los que hoy conocemos. Ex parte Warren, 92 D.P.R. 299, 302 (1965).

En el Derecho romano la adopción se utilizó como forma de ingresar a una familia para la continuidad de la estirpe y con fines económicos, sociales y políticos. Por ello, cuando se carecía de descendencia natural se adoptaba a un “extraño” con tales propósitos. Se creaba, artificialmente, una patria potestad que permitía el ingreso de ese “extraño” al grupo familiar con una posición jurídica equivalente a la de un hijo o descendiente natural. Ex parte Ortiz y Lluveras, 42 D.P.R. 350, 355 (1931); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, págs. 219-220; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. IV, pág. 376.

En el Derecho justiniano aparece la distinción entre la adopción plena y la menos plena. La adopción plena se daba cuando el adoptante era ascendiente consanguíneo del adop-tado. Sus efectos eran todos los inherentes a la patria potes-tad. En la menos plena, el adoptado se conservaba dentro de su grupo familiar biológico y adquiría prácticamente sólo el derecho a suceder abintestato al adoptante.() El Derecho medieval conservó esa distinción. Véanse: Fuero Real y Las Partidas (4, 16, 1); Diez-Picazo y Gullón, op. cit.

En la época de la codificación, la figura de la adopción perdió importancia. La recogió el Código Civil francés, se-gún el modelo justiniano de la adopción menos plena. Siguie-ron el mismo modelo el Código Civil italiano de 1885, el suizo y el español. El Código Civil alemán, sin embargo, se apartó de ese modelo y estableció la equiparación del adoptado con el hijo natural. En Inglaterra se reglamentó la adopción en 1926 al aprobarse el Adoption Act. Ésta siguió el concepto de la adopción plena. Lo mismo ocurrió en la Unión Soviética. Véase Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402, 407 esc. 1 (1986). En Estados Unidos la adopción la regula cada estado mediante leyes especiales. Éstas varían de acuerdo con el trasfondo civilista o anglosajón existente en cada jurisdic-ción. Ex parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 555 (1976).

El Código Civil español, por su parte, siguió los modelos latinos. Aunque recogió la institución de la adopción, la re-guló con unos perfiles muy imprecisos.() La base 5ta de la “Ley de Bases de 1888” dispuso que el Código Civil la regu-lase y fijara las condiciones, e.g. edad, consentimiento, etc., y las prohibiciones que considerasen suficientes para evitar las consecuencias adversas del abuso de ese derecho sobre la institución de la familia. Además, sustituyó la intervención administrativa por la judicial en el trámite de la adopción. Añadió la inscripción del adoptado como hijo del adoptante en el Registro Demográfico y admitió que el trámite fuera impugnable por el adoptado menor o incapaz. Los artículos del .Código Civil español que regulaban la adopción —Arts. 173 a 180— lo hacían sin una orientación clara y sin recono-eerie efectos importantes, salvo los de la patria potestad, so-bre el adoptado. Puig Brutau, op. cit., pág. 220.

Con la extensión del Código Civil español en 1889() llega la institución de la adopción a Puerto Rico. De ahí que en Ex parte Warren, supra, pág. 302, expresamos: “Prosapia ro-mana tiene la institución de la adopción en Puerto Rico.”

En esos primeros años de vigencia del Código Civil espa-ñol en Puerto Rico, la naturaleza de la adopción era contractual, revestida de formas solemnes. Sus efectos eran los de proveer al adoptado los derechos de alimentos, apellido del adoptante y derechos sucesorios cuando así se pactaba. El adoptado no salía de su familia natural y de ordinario conser-vaba todos sus derechos en ella. Quedaba bajo la patria po-testad y protección del adoptante. Véase Reseña histórica de la adopción en Puerto Rico y justificaciones para los nuevos cambios que se proponen a la legislación vigente sobre esta materia, Mimeografía de la División de Bienestar Público del Departamento de Salud de Puerto Rico de 23 de marzo de 1953, pág. 2.

Sin embargo, “[a]l adoptarse el Código Civil de 1902, una de las pocas materias en que no se siguió estrictamente el Código Civil [e]spañol fue la de adopción, especialmente en cuanto se refiere a los derechos hereditarios de los hijos adoptivos”. Valladares de Sabater v. Rivera Lazú, 89 D.P.R. 254, 258 (1963). Para regular ese aspecto de la adopción y liberalizar la institución, se aprobaron los Arts. 132 y 133 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 533 y 534, copiados del Art. 214 del Código Civil de Louisiana. Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 328 (1975).

En 1953 nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 85 de 15 de junio para enmendar los Arts. 612 y 613 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2691 y 2692. Éstos regulaban el procedimiento de la adop-ción. Añadió, además, los Arts. 613A a 613F, 32 L.P.R.A. sees. 2693 a 2698. Esta ley “forma parte de una reforma que responde a un nuevo enfoque sobre la adopción y que se ca-racteriza principalmente por el abandono del concepto clá-sico de que se trata de un contrato privado y por la fijación de una intervención activa del estado a través de agencias apropiadas para salvaguardar el interés de la familia y es-pecialmente del adoptado”. (Énfasis suplido.) Ex parte Warren, supra, pág. 305. Se intentó transformar así el carácter de la adopción al de una institución esencialmente social. 2 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. II, pág. 1291 (1953).

De ahí que, en Rivera Coll v. Tribunal Superior, supra, pág. 327, expresamos que “[a] partir del 15 de junio de 1953, con la aprobación de las leyes Núm. 85 y Núm. 86 de ese año, 32 L.P.R.A. sees. 2691 [y 2692 a] 2698 y 31 L.P.R.A. secs. 531-539, respectivamente, tanto el procedimiento para la adopción como la figura jurídica de la adopción son el pro-ducto de nuestra autoctonía”.()

El historial legislativo de dichas leyes señala: “El propósito de la adopción ... es proveer, es dar padres a niños que no los tienen, o cuyos padres no los quieren, o no los pueden atender debidamente.” (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 1292. Véase Ex parte J.A.A., supra, pág. 557.

La Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953 (31 L.P.R.A. sec. 531 et seq.) regula el aspecto sustantivo de la adopción. En general establece los requisitos para ser adoptante,() para que se verifique el consentimiento del adoptado() y los efectos jurídicos de la adopción entre el adoptante y el adoptado() así como entre el adoptado y su familia biológica() Mantuvo, como 'prohibición expresa, que los tutores no podían ser adoptantes “respecto de sus pupilos mientras no hayan rendido la cuenta final de la tutela y ésta haya sido aprobada por el tribunal". (Énfasis suplido.) Art. 136 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 537. Véanse: Art. 172(2) del Código Civil español; M. Fernández Martín Granizo, La Adopción, 24 An. Der. Civ. 683, 718-719 (1971); G. García Cantero, El nuevo régimen de la adopción, 24 An. Der. Civ. 789, 820-821 (1971). Esta medida garantiza contra posibles fraudes derivados de la tutela —E. Menéndez, Lecciones de Derecho de Familia, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1976, pág. 315— excluye un posible medio de eludir las obligaciones y responsabilidades dimanantes de ésta —Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 382; J.L. Lacruz Verdejo y F.A. Sancho Rebullida, Elementos de Derecho Civil: Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. IV pág. 668— y evita posibles perjuicios al adoptado ocasionados por una mala administración de sus bienes, R. De Marino, La capacidad adopcional, 24 An. Der. Civ. 863-880 (1971). La tutela a que se refiere este artículo puede ser tanto la legítima como la dativa o la testamentaria. Art. 167 et seq. del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 661 et seq.

Los requisitos sustantivos para ser adoptante son jurisdiccionales. Su incumplimiento priva de jurisdicción al tribunal. Ex parte Warren, supra. Otros requisitos sus-tantivos son: el del consentimiento del adoptado en los casos que proceda, el de sus padres o tutor cuando sea necesario() y el del padre que lo haya reconocido —Art. 135 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 536— y el que los cónyuges adoptarán conjuntamente salvo lo dispuesto en el Art. 131 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 532.()

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Aspectos procesales de la adopción

La Ley Núm. 85 de 15 de junio de 1953 (32 L.P.R.A. secs. 2691 y 2692-2698) regula el aspecto procesal de la adopción. Una vez cumplidos estrictamente los requisitos sustantivos, la ley regula específica y detalladamente el pro-cedimiento para obtener la autorización judicial para una adopción. Feliciano Suárez, Ex parte, supra, pág. 406.

El fin primordial que anima todo el procedimiento y que sirve de norte al tribunal para autorizar o no la adopción es el bienestar y la conveniencia del adoptado. Proyecto de la Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953, Diario de Sesiones, supra, pág. 1291 et seq.; Art. 613 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra; Ex parte J.A.A., supra, pág. 559; Rivera Coll v. Tribunal Superior, supra; Valladares de Sabater v. Rivera Lazú, supra; Ex parte Warren, supra. La intervención del Estado es intensa para asegurar al adoptado el mejor o los mejores padres. E. González Tejera, Bienestar del menor: señalamientos en torno a la patria potestad, custodia y adopción, 54 Rev. Jur. U.P.R. 409, 465 (1985). Se persigue el propósito de que al adoptado se le provea, con carácter permanente, un hogar donde se le brinde cariño, cuidado, protección y seguridad económica, social y emocional, así como lo esencial para un crecimiento y desarrollo saludable en un medio ambiente donde disfrute sin distinciones de los mismos derechos y asuma las mismas obligaciones que los hijos biológicos.

Procesalmente la adopción es: (1) un acto solemne, Feliciano Suárez, Ex parte, supra; M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. IV, pág. 270; (2) de carácter privado, Ley Núm. 452 de 14 de mayo de 1952, Leyes de Puerto Rico, pág. 923; 32 L.P.R.A. sec. 2696, y (3) por lo general, no contenciosa.

El procedimiento se inicia mediante la presentación de una solicitud jurada que contenga “todas las alegaciones que puedan servir de base para determinar la conveniencia de la adopción”' ante el Tribunal Superior competente.() Art. 612 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Una vez presentada la petición, si el adoptado es un menor o incapacitado el tribunal debe ordenar que, por conducto de la “Dependencia de Bienestar Público” (entiéndase el Departa-mentó de Servicios Sociales)() se realice un estudio social donde se incluya las circunstancias de la petición, el historial social de los solicitantes, del menor o incapacitado y de sus padres biológicos, los planes del solicitante para con el fu-turo adoptado y cualesquiera otros hechos pertinentes a las relaciones entre el menor o incapacitado y sus futuros padres adoptivos. 32 L.P.R.A. sec. 2692.

El estudio social se vierte en un informe con las recomen-daciones de la agencia sobre si conviene o no a los mejores intereses del menor o incapacitado permanecer bajo la cus-todia provisional de los peticionarios, bajo la supervisión temporal o permanente de la agencia, o si procede que se efectúe la adopción.

Este informe colocará al tribunal en condición y le ser-virá de guía, entre otros elementos, para decidir con quién quedan salvaguardados los intereses del menor. No debe en-tenderse que tal informe es “una limitación a la autoridad del tribunal en el ejercicio de su poder de parens patria para decidir sobre la adopción”. 32 L.P.R.A. sec. 2692.

Rendido el informe, el tribunal citará a las partes a una vista. Son partes en este procedimiento: el o los adoptados; el o los adoptantes; el fiscal de distrito correspondiente o el Procurador de Relaciones de Familia; los padres del adoptado, cuando su presencia sea indispensable() y en su defecto, el tutor o defensor judicial del menor designado; los consejeros y representantes del Departamento de Servi-cios Sociales, y los testigos.

La ley dispone que, en circunstancias extraordinarias, el tribunal pueda nombrar un tutor especial o defensor judicial quien consentirá o no a la adopción de un menor o incapacitado en su nombre. Una de estas circunstancias surge cuando el adoptado, como en el caso de autos, es huérfano de padre y de madre. 32 L.P.R.A. sec. 2693(1). En este caso, como veremos, no se nombró ese tutor especial.

Uno de los requisitos sustantivos de la adopción es el consentimiento. Durante la vista privada, tanto el adoptante como el adoptado (en caso de ser mayor de edad) —31 L.P.R.A. sec. 536— los padres o el tutor (en caso de ser menor o incapacitado) —31 L.P.R.A. sec. 536— y los abuelos (en caso de ser menor y que se desconozca el paradero de sus padres o éstos estén incapacitados mentalmente) —32 L.P.R.A. sec. 2693(5) — () darán el consentimiento para verificar la adopción. En el caso del menor huérfano, el tutor especial, salvo que el menor tenga diez (10) años o más y no exista justa causa para dispensar su consentimiento, es el llamado a consentir a la adopción. 32 L.P.R.A. sec. 2693(1) y 31 L.P.R.A. sec. 536. De manera que, si bien la ley le da discreción al tribunal para que en tales circunstancias nombre un tutor especial, es altamente aconsejable tal nombramiento para asegurar que prevalezca el beneficio y conveniencia del menor. La solemnidad y rigurosidad del procedimiento así lo requieren. Nuestra ley guarda silencio sobre si en los casos de huérfanos menores de edad los abuelos deben ser oídos.

En 1970, en España se produjo una reforma en materia de adopción al aprobarse la Ley Núm. 7 de 4 de julio de ese año. Esta ley dispone, en lo pertinente, que “cuando se trate de huérfanos, serán también oídos los abuelos de línea del padre o madre premuertos”. (Énfasis suplido.) Art. 173 del Código Civil español.

Adviértase que se trata de “ser oídos”, no de consentir, como tal, a la adopción. Para la glosa moderna española, el ser oídos: “no podemos considerarle como un auténtico ‘con-sentimiento’ y sí únicamente como una simple manifestación u opinión acerca de la adopción, sin otra trascendencia que la de contribuir a formar la opinión del Juez sobre dicho acto”, Fernández Martín Granizo, supra, pág. 722; “[e]xisten las personas que han de ser simplemente oídas por el juez para que éste pueda resolver con pleno conocimiento de todas las circunstancias concurrentes, pero sin que deba ser un obs-táculo para su libre decisión la circunstancia de que ‘compa-rezcan manifestando su criterio desfavorable a la adopción’”, Puig Brutau, op. cit., pág. 231, y “[e]l parecer de estas personas servirá al Juez para formar su convicción, pero no le vinculará en ningún sentido”, García Cantero, supra, pág. 842.

Pasemos a revisar los procedimientos habidos en el tribunal de instancia.

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Los hechos

Fruto de la relación consensual extramarital entre María A. A. y Julio E. M., nació el niño J.L.E.A. el 20 de noviembre de 1979.() Antes del nacimiento del niño, su padre murió. En 26 de agosto de 1981 su madre también falleció. Antes de su muerte, María otorgó testamento abierto ante notario en 12 de marzo de 1981. Expresó en el mismo, inter alia:

“Que es su deseo hacer constar que en caso de su ausencia física, es decir, que a su deceso su hijo [J.L.E.A.] quede bajo la tutela, cargo, custodia, cuido y patria potestad de los abuelos paternos de su hijo_” (Énfasis suplido.) Apéndice I, pág. 2.

Con posterioridad a la muerte de la madre, los abuelos paternos (recurrentes) presentaron una solicitud para adop-tar a J.L.E.A. el 1ro de julio de 1982, la cual notificaron a la Procuradora de Relaciones de Familia y al Departamento de Servicios Sociales.

Pendiente la petición y ante el mismo tribunal, la abuela materna del menor, Francisca J. A., presentó el 31 de agosto de 1982 una demanda en la que solicitaba la custodia de dicho menor. El tribunal, ante el cual se encontraban sometidos ambos asuntos, ignoraba que las acciones se refiriesen al mismo menor.

En la acción sobre custodia, el tribunal de instancia otorgó a la abuela materna, provisionalmente, el derecho de tener de visita a J.L.E.A. durante algunos fines de semana. Ordenó, además, que el Departamento de Servicios Sociales rindiera un informe que lo pusiera en condiciones de resolver sobre la custodia del menor. Paralelamente a la acción de custodia, el tribunal de instancia refirió la petición de adop-ción de los abuelos paternos al Departamento de Servicios Sociales para que éste rindiera el correspondiente informe. Entre enero y marzo de 1983, la trabajadora social encar-gada del informe para adopción se entrevistó con la abuela materna. Ésta le expresó “su oposición hacia el plan de adopción de parte de los peticionarios” (sic). (Énfasis su-plido.) Informe de 30 de marzo de 1983.

El 10 de marzo de 1983, luego de analizar el informe del Departamento de Servicios Sociales sobre la adopción, con-siderar sus recomendaciones y celebrar una vista donde in-tervinieron los recurrentes y la Procuradora de Relaciones de Familia (quien dio su aprobación para la adopción), el tribunal de instancia dictó una resolución para conceder la adopción solicitada por los recurrentes. Declaró a los abuelos paternos padres adoptivos del menor, ordenó el cam-bio de apellidos del adoptado al de aquéllos y concedió los demás efectos que la ley atribuye a una resolución de adop-ción.

Decretada la adopción el 1ro de junio de 1983, la abuela materna presentó en dicho pleito tres (3) escritos: (1) moción de reconsideración; (2) solicitud de intervención, y (3) solici-tud de consolidación de ese caso con la acción de custodia instada por ella. En su moción de intervención solicitó la re-consideración de la sentencia, de suerte que se le permitiera intervenir para oponerse a la adopción. Según ella, le asistía tal derecho. En su moción de reconsideración mostró su sor-presa ante la celebración de la vista de adopción ya que, se-gún ella, los recurrentes le ocultaron al tribunal el hecho de que existía una controversia en relación con la custodia del menor. Los recurrentes presentaron su oposición oportuna-mente.

El 20 de julio de 1984, luego de que las partes sustenta-ran sus respectivas posiciones por escrito, el tribunal de ins-tancia denegó la solicitud de intervención de la abuela ma-terna. En síntesis, concluyó que ni la abuela materna ni el hermano del adoptado tenían capacidad jurídica para inter-venir en el procedimiento de adopción. En vista de que fue-ron cumplidos los trámites del procedimiento, notificados los funcionarios pertinentes y rendido el correspondiente in-forme de la agencia concernida, concluyó el tribunal que la sentencia de adopción era válida.

El tribunal, además de denegar la solicitud de nulidad del procedimiento, dictó el 29 de agosto de 1984 una resolución en el pleito de custodia donde decretaba su archivo por aca-démico.

Transcurridos cinco (5) meses de dictada la sentencia de adopción, la abuela materna presentó ante el tribunal de ins-tancia una nueva solicitud de intervención y petición de nuli-dad de la misma. Adujo esta vez, esencialmente, los mismos fundamentos considerados por ese foro. El 10 de enero de 1985 el tribunal denegó esta segunda solicitud de interven-ción en base a que, una vez notificada de la sentencia, la abuela materna pudo y debió recurrir en alzada ante este Tribunal y no lo hizo.

Inconforme, el 5 de marzo de 1985 la abuela materna instó recurso de certiorari ante nos (0-85-130). Solicitó la re-visión de la resolución que le negó su intervención postsen-tencia en el pleito de adopción. En ese recurso levantó, esen-cialmente, los mismos fundamentos considerados por el tribunal de instancia en las dos (2) mociones de intervención. El 28 de marzo de 1985 denegamos la solicitud de certiorari.

Agotada la vía de revisión ante nos, el 8 de abril de 1985 la abuela materna presentó un pleito independiente de nuli-dad de la sentencia y del procedimiento de adopción. En el nuevo pleito, se reprodujeron todos los planteamientos ob-jeto de los trámites anteriores en el tribunal de instancia y ante nos, y se incluyó como parte al hermano del menor adoptado. Los recurrentes contestaron la demanda y levan-taron, como defensas afirmativas, la falta de -capacidad jurí-dica de los demandantes para iniciar el pleito y la de cosa juzgada. Presentaron, además, una solicitud para que se dic-tara sentencia sumaria en su favor. Apoyaron tal solicitud en la defensa de cosa juzgada a la luz de los documentos judi-ciales y de los trámites anteriores en los que se decretó la adopción y se le negó la intervención a la abuela materna.

Los recurridos presentaron una moción en oposición sin acompañar documento alguno ni contra declaración jurada en oposición a que se dictara sentencia sumaria. Tampoco solicitaron vista para discutir la moción. Así las cosas, el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria contra los promo-ventes (aquí recurrentes) de la moción y anuló la sentencia de adopción. El dictamen del foro de instancia se.funda-mentó en que en el procedimiento de adopción se privó a la abuela materna de su “derecho a ser notificada y oída” en violación al debido proceso de ley, y en que los abuelos pa-ternos incurrieron en “conducta que penetra más allá del aura de lo que constituye un fraude al Tribunal” —(énfasis suplido) Apéndice I, pág. 6— al guardar silencio u ocultar la acción por la custodia del menor que estaba sub judice ante la misma sala y en la que se había concedido a la abuela materna los “derechos de visitación”.

Es de esa sentencia que recurren los abuelos paternos ante nos. Decidimos revisar. Estamos en posición de resolver y así lo hacemos.

V

La sentencia sumaria

En el caso de autos los recurrentes solicitaron sentencia sumaria en su favor. Apoyaron su solicitud en la defensa de cosa juzgada y fundaron la misma en las resoluciones y sen-tencias previas acreditativas, según ellos, de que las cues-tiones presentadas en el pleito de nulidad del procedimiento de adopción ya habían sido adjudicadas en contra de los re-curridos. Los recurridos, por su parte, apoyaron su oposi-ción en que se les había violado el debido proceso de ley al. negárseles su derecho a intervenir en el procedimiento de adopción. También argumentaron que no se nombró un tutor que representara a los menores en el proceso, en violación a los requisitos procesales de la adopción.

No cabe duda que un tribunal puede dictar sentencia sumaria en favor de la parte no promovente si de los autos y los documentos presentados en apoyo y oposición de dicha moción surge que no existe controversia en cuanto a los hechos esenciales y que, como cuestión de derecho, pro-cede que se dicte la misma en favor de dicha parte. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; 10A Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2720 (Supp. 1988); C. Clark, The Summary Judgment, 36 Minn. L. Rev. 567, 570-571 (1952). La sentencia sumaria es un remedio extraordinario que sólo debe concederse cuando el derecho del oponente surge con claridad y cuando el promovente ha tenido una oportunidad adecuada de demostrar que el oponente no tiene derecho a que se dicte sentencia en su favor como cuestión de derecho. Wright, Miller and Kane, supra, pág. 34; Fountain v. Filson, 336 U.S. 681 (1949). Reiteradamente hemos establecido que la misma sólo procede cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes, Corp. of Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 397 (1963), y no exista una verdadera controversia de hechos entre las partes. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 525 (1983).

Un tribunal puede, mediante sentencia sumaria, determinar la nulidad de un decreto de adopción que fue dictado en violación a los requisitos de carácter jurisdiccional del procedimiento de adopción. En tal caso se trata de un decreto emitido sin jurisdicción sobre la materia y, por lo tanto, puede ser atacado colateralmente en un pleito independiente.

En el caso de autos procedía dictar sentencia sumaria que declarara la nulidad del decreto de adopción por haberse dictado éste sin jurisdicción y en violación a los requisitos procesales y sustantivos antes reseñados. Veamos.

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Violación a los requisitos procesales y sustantivos de la adopción

• (a) Ninguno de los requisitos o de las prohibiciones sustantivas de nuestro ordenamiento jurídico sobre adopción impide que un ascendiente adopte a un descendiente. () Al respecto, Díez-Picazo analiza el asunto y concluye: “La adopción de un descendiente por el ascendiente fue admitida en el Derecho romano, pero quedó excluida en el Derecho posterior por la exigencia de que el adoptante no tuviera descendencia. La desaparición de este precepto no impide hoy formalmente este tipo de adopción (p. ej., del nieto por el abuelo) . . . .” Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 382.

Sin embargo, la ley establece una prohibición ex-presa al tutor en cuanto a la adopción del pupilo hasta tanto aquél no rinda cuentas y el tribunal las apruebe. En este caso la madre del menor estableció, mediante testamento, que los abuelos paternos tendrían “la tutela, cargo, custodia, cuido y patria potestad” del menor y los eximió del requisito de prestación de fianza. Tal disposición instituyó una tutela testamentaria sobre el menor. Art. 174 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 681.

De hecho, los abuelos paternos recurridos tenían la cus-todia física del menor desde 1981, cinco (5) meses antes de ocurrir la muerte de su madre. Luego de esa fecha, el menor ha seguido bajo la custodia de los recurrentes, quienes le han brindado alimentación, educación y han administrado el che-que de $327 que el menor recibe en concepto de beneficiario del Seguro Social federal. Esas actuaciones demuestran la aceptación de los recurrentes del cargo de tutores testamen-tarios del menor.

De los autos no se desprende que, previo o durante el procedimiento de adopción, los recurrentes rindieran cuentas sobre la tutela del menor o que el tribunal de instancia las aprobare. El incumplimiento con ese requisito descualificó a los recurrentes como posibles adoptantes y privó al tribunal de instancia de jurisdicción, hasta tanto no se verificasen las correspondientes operaciones sobre la tutela. Arts. 218 a 226 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 801 et seq.

(b) Además, este caso presenta particularidades especiales que hacían forzoso, más que altamente aconsejable, el que se le nombrara un tutor especial al menor. Se trata de un menor huérfano cuya madre expresa como última voluntad que éste quedase bajo la patria potestad y custodia de sus abuelos paternos. Éstos, a su vez, solicitan su adopción, mientras que su abuela materna solicita la custodia. Ante tales posiciones contenciosas, era necesario el nombramiento de un tutor especial imparcial que velara por los mejores intereses del menor.

(c) Por otra parte, en el caso de autos la abuela materna no fue citada y, por lo tanto, no fue oída en el procedimiento de adopción. En casos donde unos abuelos de un me-nor huérfano de padre y de madre tramitan su adopción, los otros abuelos deben ser oídos para contribuir a formar la decisión del juez sobre dónde reside la conveniencia y bienestar del menor, y si la adopción es la alternativa más beneficiosa para éste. Ello implica que ambos abuelos deben ser citados, brindándoles así la oportunidad de expresarse sobre la adopción. Aun cuando comparezcan para manifestar su oposición, queda a discreción del tribunal la determinación de si concede la adopción del menor o no. Como regla general, su incomparecencia, una vez debidamente citados, no im-pedirá que continúe el procedimiento. En aquellos casos en que los abuelos paternos o maternos sean nombrados tutores especiales del menor (a tenor con lo dispuesto en 32 L.P.R.A. sec. 2693), éstos, por ser tutores, vienen llamados a dar su consentimiento.

VII

Las alternativas que pueden ser consideradas en casos de esta naturaleza

En el caso de autos los abuelos paternos del menor huér-fano quieren convertirse en padres de éste mediante la adop-ción. Ello desvincularía al menor de su familia biológica por la línea materna, lo cual no tiene que ser así necesariamente. Examinemos varias alternativas que debe considerar el tribunal.

(a) Como norma general, “la adopción desarraiga al adoptado de todo vínculo de parentesco y de todo derecho respecto de su familia biológica. Borra la anterior filiación. Para todos los efectos, el adoptado se considera como si hubiese nacido hijo del adoptante”. Rivera Coll v. Tribunal Superior, supra, pág. 332.

Sin embargo, a dicha norma general le señalamos una excepción en Ex parte J.A.A., supra, pág. 558, al reconocer que “[c]uando el adoptante sea una sola persona, y ésta no sea cónyuge del padre o madre del niño ... el tribunal, en vista de las circunstancias específicas de cada caso, deberá decidir si la ruptura del parentesco biológico del adoptado opera respecto de ambas líneas, la paterna y la materna, o respecto de una sola. Nada hay en la ley que impida que el adoptado, al adquirir un padre adoptivo siga vinculado en su parentesco natural con su madre biológica, y viceversa”.

El fundamento para tal excepción es igualmente válido para sostener que en el caso de autos, al tratarse de un menor huérfano de padre y de madre, con un hermano biológico por la línea materna y cuyos ascendientes de primer grado por ambas líneas han demostrado un gran interés en su bienestar, el tribunal de instancia considere la alternativa de conceder la adopción a los abuelos paternos sin desvincularlo totalmente de su relación con su parentesco biológico por la línea materna.

(b) Además, nada impide que los tribunales, en casos análogos a éste, no concedan la adopción y opten por conceder la patria potestad a los abuelos paternos y derechos de visita a la abuela materna; la patria potestad y custodia a la abuela materna y derechos de visita a los abuelos paternos; la patria potestad a los abuelos paternos con la custodia compartida entre abuelos de ambos vínculos; la patria potestad a la abuela materna y custodia compartida entre abuelos de ambos vínculos, así como otro tipo de relaciones con las condiciones que estimen adecuadas y pertinentes.

Las alternativas anteriores deberá analizarlas el tribunal a base de los hechos ante sí y de la actualización del estudio social —mandatorio en estos casos— para optar por la alter-nativa que beneficie y sea conveniente para el menor.

El informe social es importante, pues de éste contener la información requerida por ley, resulta de valiosa ayuda al juzgador. Deberá sopesar, además, la prueba que aporten los peticionarios de la adopción, así como el testimonio de la abuela materna. Esto pondrá al tribunal en condiciones de determinar dónde residen los mejores intereses del menor y cuál debe ser el remedio más adecuado: la adopción o las alternativas antes discutidas.

En resumen, por haber sido dictado sin jurisdicción el decreto de adopción, al violarse los requisitos procesales y sustantivos del procedimiento procedía la sentencia sumaria en favor de los recurridos. En consecuencia, se dictará sen-tencia que decrete la nulidad de la adopción y devuelva el caso al foro de instancia para que, luego de notificar a las partes, celebre una vista en su fondo con intervención de la abuela materna para determinar si procede conceder o dene-gar la adopción, y dictaminar sobre la patria potestad y cus-todia del menor de acuerdo con su mejor bienestar y conve-niencia.

En dicha vista se le nombrará un defensor judicial al me-nor objeto de las peticiones de adopción y de custodia, y se le dará oportunidad a los abuelos paternos para que rindan las cuentas actualizadas de la tutela.

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sen-tencia sumaria para que se dictamine la nulidad del de-creto de adopción y, así modificada, se confirma. Se de-vuelve el caso al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos de conformidad con lo expuesto en la opinión que antecede y dictamine lo que en derecho pro-ceda. Se dictará la correspondiente sentencia de conformi-dad con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1) La adopción ha venido a llenar las aspiraciones de muchas parejas que no pueden procrear hijos. El incremento en el número de adopciones completadas y solicitudes presentadas a las agencias públicas y privadas dedicadas a la coloca-ción de niños en nuestra vida es patente. Durante el año fiscal 1984-1985 sola-mente se recibieron en el Departamento de Servicios Sociales 1,239 solicitudes de adopción. De esas, 596 fueron aprobadas. Durante 1984 se completaron 374 adop-ciones, la mayoría de niños de 3 años o menos. Durante el año fiscal 1986-1987 se recibieron 674 solicitudes, de las cuales 512 fueron aprobadas y se completaron 364 adopciones. Para el año fiscal 1987-1988 se recibieron 678 solicitudes de las que se aprobaron 518. Se completaron 294 adopciones. Informes de Adopción, SP 412, División de Estadísticas del Departamento de Servicios Sociales. En Es-tados Unidos, en 1986, se efectuaron un total de 114,107 adopciones. Adoption Fact Book, National Committee for Adoption, 1986, pág. 60.
      La adopción, al alterar el régimen familiar ordinario, resulta de gran interés para el Estado y para la sociedad en general.

      (2) Antecesores de la adopción son el Levirado, el matrimonio Nigoya hindú y el Alumnato persa. J. Jara Miranda, La Legitimación Adoptiva, Chile, Ed. Jurídica, 1968, pág. 16. Fue recogida y regulada sustantivamente por los babilo-nios en el Código de Hammurabi, F. Peinado, Código de Hammurabi, 1982, págs. 112-11 y 233-237, y sistematizada procesalmente en el Derecho de los griegos. Jara Miranda, op. cit., págs. 18-21. El Viejo Testamento, en el Pentateuco (espe-cialmente en Deuteronomio), incluye las primeras leyes en pro de los “huérfanos y abandonados”. W.H. Slingerland, Child-Placing in Families, Filadelfia, The Russell Sage Foundation, 1918, pág. 26.

      (3) Aún conservan esa distinción y disparidad de efectos los códigos de Francia, Italia y Argentina.

      (4) Según García Goyena, su inclusión en el Proyecto de Código de 1851 se debió a que un vocal andaluz de la Comisión afirmó que en su región se daban algunos casos. García Goyena, Concordancia, motivos y comentarios del Código Civil español, Madrid, Sociedad Tipográfica, 1852, T. I, pág. 148.

      (5) Con el cambio de soberanía permanecerían vigentes todas las leyes pro-vinciales y municipales que no fueran incompatibles con el nuevo gobierno. El Código Civil quedó vigente. Orden Militar Núm. 1 de 18 de octubre de 1898.

      (6) El Código de Enjuiciamiento Civil fue derogado por las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, excepto por sus Arts. 534 a 584, 586 a 616 y 620 a 637, entre otros, 32 L.P.R.A. secs. 2241 a 2471, 2491 a 2723 y 2821 a 2838, que conti-nuaron en vigor conociéndose como la Ley de Procedimientos Legales Especiales. Véase la Regla 72 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Los artículos relacionados con el procedimiento de la adopción quedaron en vigor como parte de la Ley de Procedimientos Legales Especiales.

      (7) Véanse Art. 130 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 531; Ex parte Warren, 92 D.P.R. 299 (1965).

      (8) Art. 135 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 536.

      (9) Arts. 132 y 134 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 533 y 535.

      (10) Art. 133 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 534; Ex parte J.A.A., 104 D.P.R. 551 (1976); Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402 (1986).

      (11) Nuestro Código Civil de 1902 retuvo aquella parte del Código Civil espa-ñol referente al consentimiento de los adoptados mayores de edad y la referente al consentimiento de los incapacitados que debía otorgar el tutor. Añadió una variante en los casos de los menores de edad, donde el consentimiento debía otor-garlo el padre o tutor, pero si el menor contaba con 16 años si varón, o 14 si mujer, éste debía consentir. En 1948 se redujo esa edad a 10 años y en 1952 se dispuso que el tribunal podía dispensar ese requisito por justa causa.

      (12) Hasta 1948, si uno solo de los cónyuges adoptaba debía obtener la autori-zación previa del otro. Mediañte la Ley Núm. 100 de 6 de mayo de 1948, Leyes de Puerto Rico, pág. 229, se estableció que los cónyuges debían adoptar conjunta-mente. De ahí que si uno de los cónyuges no cumple con los requisitos para ser adoptante, el otro no puede adoptar. Ley Núm. 452 de 14 de mayo de 1952, Leyes de Puerto Rico, pág. 92.

      (13) El Tribunal Superior competente es aquel que radica en el distrito de residencia del peticionario. 8 L.P.R.A. sec. 10(3).

      (14) Mediante la Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, los poderes y facul-tades de la División de Bienestar Público del Departamento de Salud fueron transferidos al Departamento de Servicios Sociales. 3 L.P.R.A. sec. 211d(a).

      (15) La ley establece que no es indispensable la presencia de los padres o del tutor del adoptado en los casos en que los padres hayan renunciado previamente a la patria potestad del menor y transferido su custodia al Departamento de Servi-cios Sociales. 32 L.P.R.A. sec. 2691. En estos casos se ha consentido a la adopción previo a la vista. Debe notificarse del procedimiento, además, al padre o a la madre que haya abandonado a su hijo y cuyo paradero se ignore. En tal caso se le notifica copia de la solicitud, por correo certificado, a su última dirección conocida y por medio de avisos en un periódico de circulación general. 32 L.P.R.A. sec. 2693.

      (16) Nuestra ley no dispone que sean los abuelos quienes consientan a la adopción en casos de un huérfano. La excepción que aparece en 32 L.P.R.A. sec. 2693(5) es inaplicable a estos hechos.

      (17) Anteriormente, María A. A. había procreado al recurrente, M.J.C.A., en su relación matrimonial con Manuel C. F. Ese matrimonio quedó disuelto por sentencia de divorcio dictada en 1975. Posteriormente, M.J.C.A. quedó bajo la custodia de la abuela materna aquí recurrente mediante decreto judicial de 13 de octubre de 1982.

      (18) Originalmente, la Sec. 211 del Código Civil de 1902, proveniente del Có-digo Civil español, establecía que sólo podía adoptar el que no tuviese hijos legí-timos o legitimados, de suerte que sólo podía adoptar el que no tenía descendientes. En 1940 fue enmendado para establecer que podían adoptar aque-llos que tuviesen descendientes mayores de edad, previa la autorización de éstos en la escritura pública de adopción. Ley Núm. 46 de 19 de abril de 1940. En 1948 esta disposición fue enmendada para disponer que podían adoptar aquellos que no tuviesen más de un hijo menor de edad y que obtuviesen el consentimiento de los hijos mayores de edad. Ley Núm. 100, supra. En 1953 se eliminaron esas barreras. Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953 (31 L.P.R.A. sec. 536).


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author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Elena Díaz García, demandante y recurrente, v. Francisco Aponte Aponte y su esposa Cruz Noelia Rivera, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-88-101

      Resuelto: 15 de diciembre de 1989

      Manuel Z. González Hernández, abogado de la recurrente; Raúl Aponte Sánchez, abogado de Francisco Aponte Aponte, recu-rrido; Ángel Lacomba Morales, abogado de Cruz Noelia Rivera, recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

El 18 de enero de 1982 Gonzalo Díaz Aponte ingreso en la Clínica Oriente de Humacao con un diagnóstico de cáncer terminal en el páncreas. El 9 de febrero, en el mismo hospital, otorgó ante el notario Ángel Figueroa Peña una escritura de compraventa, en la que se elevó a escritura pública un con-trato verbal de venta, a su sobrino Francisco Aponte Aponte y a su esposa Cruz Noelia Rivera Valentín, en 1975, de una finca de 44.85 cuerdas. La escritura consignó, como precio pactado, $90,000, de los cuales admitió haber recibido $70,000 eon anterioridad a la fecha del otorgamiento. A esos fines, los compradores presentaron al notario siete (7) re-cibos de pago —debidamente firmados por Díaz Aponte— cada uno por la suma de $10,000 con fechas correspondientes a 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,1980,1981. A su vez, otorga-ron pagaré al portador por el remanente de $20,000. Dos (2) días más tarde, Díaz Aponte otorgó otra escritura, esta vez ante la notario Aida Luz Moringlane Ruiz, mediante la cual vendía dos (2) fincas a Miguel Maldonado García y a su es-posa Margarita Pintor Báez. Esta venta se llevó a cabo por la suma de $37,000, de los cuales Díaz Aponte recibió $1.3,000 con anterioridad a la firma de la escritura. Sobre el rema-nente de $24,000 los compradores constituyeron pagaré hi-potecario al portador. Pocos dias después, el 21 de febrero, Díaz Aponte falleció ab intestato.

Así las cosas, el 28 de junio de 1982, Elena Díaz García presentó en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, de-manda contra Aponte Aponte, su esposa Rivera Valentín, su sociedad de gananciales y John Doe, como tenedor no identi-ficado del supuesto pagaré de $20,000. Dicha promovente era hija de Díaz Aponte por decreto judicial. Su padre nunca la reconoció voluntariamente. Ella logró establecer su filiación mediante sentencia final y firme en el caso Civil Núm. 74-1224 ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao, de cuyos autos tomamos conocimiento judicial. Díaz Aponte fue representado en dicho pleito por su otro sobrino, el Ledo. Luis Aponte Aponte.

Ambos eran los posibles herederos de no haber prevale-cido en el caso de filiación pues, aparte de ella, no existía ningún otro heredero forzoso.

Solicitó la nulidad de la compraventa efectuada entre su padre y los esposos Aponte-Rivera. Alegó que la misma fue fraudulenta y realizada con el único propósito de privarle de sus derechos hereditarios. Adujo que la escritura autorizada por el licenciado Figueroa Peña fue simulada y antedatada. También, qué durante lá hospitalización de su padre, Aponte Aponte retiró del Oriental Federal Savings Bank, el 4,11,12 y 16 de febrero, las cantidades siguientes: $500; $8,000; $6,800; $3,500; $5,000, y $4,945.

Los demandados esposos Aponte-Rivera negaron tales alegaciones. Formularon reconvención fundada en que Díaz García estaba detentando la propiedad objeto de la contro-versia sin pagar canon alguno.

La vista del caso se celebró en sus méritos. La prueba de la demandante Díaz García consistió esencialmente de los testimonios del licenciado Figueroa Peña, de la licenciada Moringlane Ruiz y del perito calígrafo Saúl Rivera Alicea. El notario Figueroa Peña declaró que Díaz Aponte le visitó en septiembre de 1981 para expresarle su interés de elevar a escritura pública un negocio efectuado con Aponte Aponte años atrás y, a tales efectos, comenzó a preparar la escritura en enero de 1982.() En cuanto a los siete (7) recibos de pago, atestó que le fueron entregados por Aponte Aponte en la ma-ñana del 9 de febrero y que los mostró a Díaz Aponte, quien aceptó que todos estaban firmados por él. T.E., pág. 16. De-claró, además, que Díaz Aponte le comunicó que existía una deuda por $20,000 y que no constituyó una hipoteca porque éste le informó que no era necesario.

Posteriormente, la licenciada Moringlane Ruiz, entre otros extremos, declaró que el 11 de febrero —luego de ter-minar el acto de otorgamiento de la escritura— Aponte Aponte la llamó aparte y le pidió que le redactara una escri-tura de compraventa mediante la cual él le compraba a Díaz Aponte la finca de cuarenta y cinco (45) cuerdas. Ella se negó a hacerlo. Al día siguiente volvió a insistir y hasta le ofreció una suma de dinero sustancial. Al ella reiterar su negativa, Aponte Aponte le informó que buscaría un amigo que la au-torizara. T.E., págs. 48-52.()

Por su parte, el perito Rivera Alicea declaró que luego de un análisis pudo determinar que la firma de Díaz Aponte que aparecía en cada uno de los siete (7) recibos era genuina, pero que la misma estaba fuera de tiempo en relación con las fechas de los documentos. Es decir, que las firmas, aun-que genuinas, no correspondían a la fecha consignada en el recibo. T.E., pág. 126. Para llevar a cabo su análisis, utilizó el método comparativo de diversos documentos fotocopiados que contenían la firma de Díaz Aponte en distintos años, tales como sus planillas de contribución sobre ingresos, tar-jetas de cuentas bancarias y una declaración jurada.

Ante esa prueba, los demandados Aponte-Rivera solicita-ron la desestimación del caso. Argumentaron que, según los hechos hasta ese momento probados, la demandante Díaz García no tenía derecho a remedio alguno. El foro de instan-cia (Hon. Carlos De Jesús Rivera Marrero, Juez), antes de resolver, le brindó a la demandante Díaz García la oportuni-dad de presentar prueba en cuanto a las alegaciones de la reclamación sobre los retiros de dinero de las cuentas banca-rias. Al ella indicar que había desfilado toda su prueba, el tribunal desestimó todas sus reclamaciones, excepto la del pagaré de $20,000. T.E., pág. 379. Los demandados desistie-ron de su reconvención. En consecuencia, el tribunal con-denó a los demandados al pago de $20,000, más intereses al diez por ciento (10%) desde el 9 de febrero de 1982 hasta la fecha en que se efectúe el saldo total de dicha obligación. Determinó que la demandante Díaz García fue temeraria en la tramitación del pleito —excepto la reclamación por los $20,000— por lo que la condenó al pago de las costas, gastos y $1,500 en honorarios de abogado a cada uno de los code-mandados.

Con vista a una moción de reconsideración y solicitud so-bre determinaciones de hecho adicionales, dicho foro corri-gió algunos errores que se le señalaron y reiteró su dicta-men.

Inconforme, a solicitud de Díaz García, revisamos.

HH h — 4

La justa solución del recurso obliga a una breve incursión en las doctrinas del contrato simulado y de causa ilícita. Em-prendámosla.

La simulación ha sido definida como “el acto o negocio jurídico que por acuerdo de las partes se celebra exteriorizando una declaración recepticiá no verdadera para engañar a terceros, sea que ésta carezca de todo contenido, o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado”. S. Cifuentes, Negocio Jurídico: Estructura, Vicios, Nulidades, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1986, pág. 502. Véanse, además: L. Muñoz Sabaté, La Prueba de la Simulación, 2da ed., Colombia, Ed. Temis, 1980, pág. 116; L. Cariota Ferrara, El Negocio Jurídico (M. Albaladejo, traductor), Madrid, Ed. Aguilar, 1956, págs. 440-441; F. Ferrara, La simulación de los negocios jurídicos (R. Atard y J.A. De la Puente, traductores), 3ra ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1953, pág. 44; R. Diez Duarte, La simulación de contrato en el Código Civil chileno, 2da ed., Chile, Ed. Fallos Del Mes, 1982, págs. 60-64; E. Paillas, La Simulación: Doctrina y Jurisprudencia, 2da ed., Chile, Ed. Jurídica de Chile, 1981, pág. 9; F. De Castro y Bravo, El Negocio Jurídico, Madrid, Ed. Inst. Nac. Est. Jur., 1967, pág. 338.

Históricamente el concepto “simulación” fue considerado como una vertiente de la teoría general del fraude. Ello se debió, principalmente, al hecho de que en la mayoría de las veces el negocio simulatorio servía de medio para per-petrar un fraude. Sin embargo, al presente la doctrina ha delimitado perfectamente así sus contornos:

Fraude y simulación constituyen dos conceptos diferentes. Incluso cuando la simulación es empleada para fines ilícitos, como perjudicar a los acreedores, ocultar la violación de in-fracciones legales, etcétera, no cabe hablar de fraude. El ne-gocio simulado y el negocio fraudulento, como veremos a con-tinuación, han de ser diferenciados, pues si con el negocio si-mulado se persigue defraudar los derechos de un tercero o violar la ley, nos encontraremos ante una simulación ilícita pero no ante un negocio fraudulento. M. Cárcaba Fernández, La simulación en los negocios jurídicos, Barcelona, Librería Bosch, 1986, pág. 58.

En igual sentido, Cariota Ferrara nos dice:

... la simulación solamente es simulación y no se deja califi-car, y el fraude puede ser sólo el fin concreto que induce a simu-lar y que se encuentra fuera de la simulación. Por lo demás, el negocio simulado, en cuanto no es querido en su contenido ni en su resultado, no puede realizar el fraude, sino sólo servir de instrumento con el que crear aquella situación aparente que, engañando a los terceros, lo hace prácticamente posible. (Esco-lios omitidos.) Cariota Ferrara, op. cit, pág. 443.

Observamos, pues, que el fraude realmente adquiere categoría autónoma cuando consiste en un negocio real, no ficticio, dirigido a perjudicar a terceros. Por el contrario, en el supuesto de una compraventa simulada cuya intención es perjudicar a los acreedores o herederos de uno de los contratantes —haciéndoles creer que el activo de su deudor es menor del que realmente es o tratando de beneficiar a un heredero en perjuicio de los demás— él negocio simulado es falso.

Nuestro ordenamiento jurídico distingue entre la simulación relativa y absoluta. La distinción es importante por las consecuencias jurídicas que acarrea. Veamos. La si-mulación relativa tiene lugar cuando bajo la falsa apariencia se encubre un negocio realmente querido que los contra-tantes desean sustraer de la curiosidad e indiscreción de ter-ceros. El caso típico de este tipo de simulación —cuya vali-dez examinamos en La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9 (1982)— es la compraventa con una donación subyacente. En este tipo de casos, hemos provisto para que, cumplidos unos requisitos, el contrato simulado quede elimi-nado y cobre vigencia el verdadero y disimulado.

Por su parte, la simulación absoluta se produce cuando el acto jurídico nada tiene de real y meramente crea la apariencia de un negocio. En ésta, el contrato —por carecer de causa— es nulo, inexistente y no produce efectos jurídicos. Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275 (1985); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962).

HH HH HH

Nuestro Código Civil presume que todo contrato tiene causa y que ésta es lícita. No obstante, esta presunción puede ser destruida. Al respecto, hemos resuelto que se entenderá que no medió precio ni su equivalente cuando en la escritura pública el notario no da fe de su entrega, o si confesando los contratantes haberse éste verificado con anterioridad, no se justificare el hecho. Ledesma Marrero v. Ledesma Marrero, 84 D.P.R. 167 (1961). Y es que en el otorgamiento de una escritura de compraventa el pago del precio no debe dejar lugar a dudas. No es “suficiente la confesión de haberlo recibido, o que en la escritura conste su ex-istencia, pues en ocasiones se finge ante el Notario una entrega que no es más que una farsa de los simulantes para engañarle”. Careaba Fernández, op. cit., pág. 138. Esta exigencia responde a la necesidad de que el precio ineludiblemente exista, de lo contrario la venta sería simulada. J.M. Manresa, Co-mentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. 1, pág. 77 y ss.; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, lima ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1981, T. IV pág. 87 y ss.; L. Diez-Picazo y A. Gu-itón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. II, pág. 323 y ss.; J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. IV pág- 57 y ss.

Por otro lado, cabe señalar que la celebración de un negocio jurídico puede levantar serias sospechas —sin perjuicio de otros indicios concurrentes— por el tiempo o momento de su celebración. “En los supuestos de liberalidades encubiertas —retornando al análisis del indicio ‘tempus’— tiene gran significación la proximidad de las mismas con la muerte del donante.” J. Mosset Iturraspe, Negocios Simulados, Fraudulentos y Fiduciarios, Argentina, Ed. Ediar, 1974, T. I, pág. 291. Véase, además, Muñoz Sabaté, op. cit., pág. 348.

IV

Por sus características peculiares y de ordinario surgir de un trasfondo de hechos ocultos —psíquicos y generalmente ilícitos— la simulación ha sido tradicionalmente considerada como materia difficilioris probationes.

En pocas materias como en la simulación adquiere tan primordial importancia el estudio de la prueba, ya que, como re-sultado de la imagen de veracidad creada con el negocio apa-rente y de la diligencia con que actúan las partes simulantes, ocultando el acuerdo simulatorio y procurándose coartadas que afiancen la credibilidad de aquélla, para restablecer la justicia es preciso proporcionar a los terceros ajenos a la si-mulación un amplio abanico de medios probatorios, admi-tiéndose con un valor inusual la prueba de presunciones, en base a la cual, como veremos en breve, se puede llegar a evi- denciar la ficción de un negocio, incluso aunque conste en documento público. (Énfasis suplido.) Cárcaba Fernández, op. cit., pág. 119.

Por tal razón, se reconoce que para probar la existencia de un acto simulado cobran valor excepcional los medios probatorios indirectos, a saber, los testigos y las pre-sunciones. A través de éstos, el juzgador puede llegar a de-terminar, con certeza razonable, la ocurrencia de la simula-ción. Diez Duarte, op. cit., págs. 187-188; Cifuentes, op. cit., págs. 533-534. A tal efecto, hemos resuelto que cuando la alegada simulación afecta la causa del contrato, el deman-dante debe probar que no medió precio ni su equivalente, o que bajo la causa falsa subyace otra verdadera y licita que hace válido el negocio. “Conviene precisar a tales efectos el alcance de lá simulación cuando se expresa una causa falsa en los contratos. Primero, la simulación por sí misma no hace ilícito o nulo el negocio. Segundo, no obstante, se cierne so-bre el negocio una mácula de sospecha. Tercero, una vez des-cubierta la simulación pierde vigencia la presunción de que la misma es lícita, y ya no recae sobre el deudor la carga de probar su existencia. Cuarto, se ha creado una presunción de simulación absoluta contra el negocio disimulado que compete al gestor rebatir mediante la existencia de una causa verdadera y lícita.” Reyes v. Jusino, supra, pág. 284.

V

Bajo el crisol de este marco doctrinario, procede revocar. Concluimos que la prueba de la demandante Díaz García destruyó la presunción de existencia de causa en el negocio jurídico entre su causante Díaz Aponte y los esposos Aponte-Rivera. Estableció prima facie un caso de simulación en el otorgamiento de la escritura de 9 de febrero de 1982.

Así surge del testimonio de la licenciada Moringlane Ruiz, el perito Rivera Alicea y prueba documental. En cuanto a la primera, valga recordar que en este tipo de casos son testigos idóneos “aquellas personas a quienes el simula-dor solicitó primitivamente su complicidad en la simulación y que por razones de moralidad, miedo, económicas o lo que fuere, se la negaron”. Mosset Iturraspe, op. cit., pág. 266. Igualmente, se imponía un análisis más detenido de las cir-cunstancias relacionadas al tiempo o momento del otorga-miento de la escritura. Como expusimos, este factor es consi-derado vital por la doctrina, como uno de los principales indi-cadores demostrativos de un cuadro de simulación negocial.

En el caso que nos ocupa, la escritura en controversia se otorgó en el hospital, bajo circunstancias sospechosas, sólo doce (12) días antes de la predecible e inevitable muerte de Díaz Aponte. Frente a ello, habían transcurrido siete (7) años desde que supuestamente se había realizado la compraventa. Curiosamente, la demanda de filiación fue presentada por Díaz García para mayo de 1974, un (1) año antes de que se realizara “verbalmente” la compraventa. El decreto filiato-rio favorable a la demandante fue dictado el 15 de agosto de 1977. Estos detalles hacen que se cierna sobre el negocio una fuerte mácula de sospecha. El juzgador de instancia debió abstenerse de desestimar la demanda.

Este caso ilustra la necesidad de escrutar cuidadosamente la evidencia pericial. Como Foro apelativo no estamos obligados “a seguir indefectiblemente la opinión, juicio, conclusión o determinación de un perito o facultativo . . Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 628 (1970). Estamos en libertad para adoptar nuestro criterio. Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488, 495 (1965); Pereira v. E.L.A., 91 D.P.R. 750, 753 (1965); Estado Libre v. Bravo, 79 D.P.R. 779, 786 (1956); Pueblo v. Sánchez, 79 D.P.R. 116, 121 (1956). Reiteramos esa norma y la que propugna que estamos en igual situación que los foros de instancia para evaluar prueba documental. Ramírez, Segal & Láti- mer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981).

Sobre el particular, el examen de cada uno de los siete (7) recibos de pago sugiere que: (1) todos proceden de una misma libreta; (2) fueron escritos con la misma maquinilla, y (3) con toda probabilidad el mismo día. La similitud de las marcas de desteñido en la superficie y en sus bordes, al igual que las letras de la maquinilla utilizada para escribirlos, es palpable a simple vista.

Estas circunstancias tienden a sostener el testimonio del perito de la demandante Díaz García de que las firmas en los recibos están “fuera de tiempo”. Es decir, que aun cuando la firma es genuina, ésta no corresponde a la de Díaz Aponte para los años en éstos consignados. Evidentemente todos los recibos fueron signados por Díaz Aponte en 1982. Por lo tanto, dichos recibos —carentes de valor— no podían ser uti-lizados para justificar, ante el notario Figueroa Peña, el he-cho de haberse verificado la entrega del precio con anterio-ridad a la fecha del otorgamiento. Como expusiéramos pre-viamente, en tales circunstancias se entenderá que no me-dió precio ni su equivalente y la presunción de causa en el negocio jurídico queda destruida.

En resumen, la prueba de la demandante recurrente Díaz García fue más que suficiente para destruir la presunción de existencia de causa en el negocio jurídico y establecer un caso prima facie de simulación. Las circunstancias en que fue otorgada la escritura y los indicadores objetivos aludidos tienden a reflejar la simulación del negocio con el propósito de privarla de sus derechos hereditarios. Corresponde ahora a los demandados Aponte-Rivera presentar su prueba y demostrar la existencia de causa, incluso una donación subyacente conforme y con sujeción a nuestra doctrina vigente.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia revocatoria y se devolverá el caso al Tribunal Superior, Sala de Humacao, para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

      (1) Copias de los índices notariales del licenciado Figueroa Peña —corres-pondientes a las semanas del 7 al 13 y del 14 al 20 de febrero— fueron presen-tadas y admitidas en evidencia para demostrar la posibilidad de que la escritura hubiese sido antedatada.
      Ello es así, ya que entre el 4 y el 18 de febrero el notario Figueroa Peña no autorizó escritura alguna —salvo la que se impugna— y desde el 9 hasta el 16 de febrero tampoco autorizó ningún afidávit.
      La fiel solución del recurso no exige pronunciamiento al respecto.

      (2) El testimonio de la licenciada Moringlane Ruiz fue objetado en múltiples ocasiones por el fundamento de ser inadmisible como prueba de referencia. En particular, cuando atestó que Díaz Aponte le había indicado el 11 de febrero que la finca de cuarenta y cinco (45) cuerdas no estaba incluida en la compraventa que iba a efectuarse.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Luz María Martínez, demandante y recurrida, v. Wilfredo Colón Franco y Nivia Concepción, demandados y recurrentes, y Juana Franco, interventora y recurrente.

      Número: RE-86-6

      Resuelto: 19 de diciembre de 1989

      Marisa Brugueras, abogada de los recurrentes; Carlos L. Gonzá-lez Alonso, abogado de la recurrida; Rafael Rivera Rosa, abo-gado de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La divergencia entre lo aparente y lo real en el campo contractual provoca la presente controversia. Veamos los he-chos.

El 25 de marzo de 1980 el Sr. Wilfredo Colón Franco y su esposa, la Sra. Nivea Concepción, comparecieron, en calidad de compradores de un inmueble sito en el Municipio de Ca-guas, ante el notario Libertario Pérez Rodríguez. En dicha fecha otorgaron, conjuntamente con la Sra. Luz María Mar-tínez, quien compareció como vendedora, una escritura de compraventa y constitución de hipoteca sobre el inmueble antes mencionado que aparecía inscrito en el Registro de la Propiedad de la manera siguiente:

Parcela de terreno radicada en el barrio Bairoa del término municipal de Caguas, Puerto Rico, compuesta de aproximada-mente veinticinco centésimas de cuerda, equivalentes a MIL CATORCE METROS Y CON NOVENTA Y TRES CENTÍ-METROS CUADRADOS (1,014,93 me) en lindes, por el Norte, con terrenos del Municipio de Caguas y el camino veci-nal del Barrio Bairoa, por el Sur, con la parcela que se segregó anteriormente; por el Este, con la Carretera Estatal número Uno; y por el Oeste, con terrenos de Don Leoncio Velázquez.
Sobre esta parcela enclava un rancho de madera y zinc y dos casas de madera pequeñas y esta parcela está cercada con una verja de “cyclone fence”, según las constancias del Regis-tro. Sin embargo las tres estructuras mencionadas fueron destruidas hace algún tiempo y en la actualidad la parcela se encuentra libre de edificaciones. Apéndice del alegato de la recurrida, pág. 34.

Se hizo constar en dicha escritura que el precio de venta sería $126,000, precio aplazado a ser garantizado con la ex-pedición de siete (7) pagarés al portador de $18,000 cada uno, garantizados a su vez con hipoteca sobre la propiedad. Hasta ahí el negocio jurídico aparente.

En realidad hacía algún tiempo que la señora Martínez estaba en conversaciones con la Sra. Juana Franco (Doña Juanita), madre del señor Colón Franco, para la compra de la antes mencionada propiedad. La cabida real del inmueble era de 3,669.3896 metros cuadrados, alrededor de dos ter-ceras (%) partes más de lo que constaba inscrito en el Regis-tro de la Propiedad. En marzo de 1980 la demandante recu-rrida y Doña Juanita acordaron realizar la transacción por la suma de $226,000. Según el acuerdo, comparecerían como compradores los esposos Wilfredo Colón Franco y Nivea Concepción, y la escritura de compraventa no reflejaría la cantidad de $100,000 que Doña Juanita le entregaría a la compradodra al firmarse la escritura.() En resumen, se llevó a cabo el negocio jurídico, en el cual $100,000 pasaban a manos de la vendedora sin que constara en la escritura de compraventa en la que la compradora no comparecería como otorgante.

Habida cuenta que la mayor parte del predio no constaba inscrito, se estipularon las cláusulas novena y décima de la escritura de compraventa, que señalaban:

NOVENO: Según manifiesta la VENDEDORA esta finca tiene una cabida de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO TRES MIL OCHOCIENTOS NO-VENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (3,669.3896). Se compromete la VENDEDORA a realizar los trámites necesa-rios para hacer inscribible el exceso de cabida que se men-ciona anteriormente. El COMPRADOR tendrá el derecho de realizar una mensura de la finca y el precio de Compraventa aquí pactado será ajustado a razón de SESENTA Y UN DÓ-LARES CON CINCUENTA CENTAVOS ($61.50) por metro cuadrado.
DÉCIMO: Igual ajuste al mencionado en el párrafo anterior se realiza si la cabida de la finca objeto de esta escritura según expresada en el párrafo Noveno anterior, quedará redu-cida por razón del resultado de cualquier reclamación de cual-quiera de los colindantes de la finca por controversias en la localización de dichas colindancias. (Énfasis suplido.) Apén-dice del alegato de la recurrida, pág. 38.

La escritura se presentó para su inscripción en el Regis-tro de la Propiedad el 16 de septiembre de 1980. Mientras tanto, un colindante de la propiedad había invadido parte del terreno levantando allí una edificación de madera sobre piso de cemento.() La vendedora contrató los servicios del Ledo. Libertario Pérez para obtener el desalojo de la propiedad. El 24 de octubre de 1980, a cinco (5) meses de haberse suscrito la escritura de compraventa y constitución de hipoteca, se presentó el Caso Civil Núm. CS-80-1041, sobre injunction posesorio, ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas. Este procedimiento se extendió durante dos (2) años y cuatro (4) meses, hasta que recayó sentencia mediante la cual se orde-naba al poseedor ilegal a desalojar la propiedad. La solicitud de revisión fue denegada por este Tribunal (Caso RE-82-152).

Mientras pendía ese pleito, la compradora Doña Juanita Franco retuvo el pago de los intereses correspondientes a dicho período de tiempo. Terminado el pleito, la vendedora nunca realizó los trámites pactados para hacer inscribible el exceso de cabida, a pesar de los requerimientos que a esos efectos le hiciera la compradora. Durante el trámite procesal se adujeron varias razones para justificar esta acción de la vendedora, pero en el juicio ésta atestó:

P. Testigo, y en adición a recibir esos cien mil dólares en efectivo, que usted declara que no se hizo constar en la escri-tura, ¿había que hacer . . . usted tenía que hacer algo m[á]s? ¿O ya había terminado su parte de esa compraventa, de esa escritura?
R. Entre las partes hubo unas ... unos compromisos que se le hicieron en la escritura. Por ejemplo, uno de ellos era que la cabida del solar era m[á]s de la que decía la escritura. Y había que hacer una rectificación.
P. O sea, que en adición al precio que figuraba en la escri-tura, ¿usted también, tenía un compromiso de inscribir una cabida adicional?
R. Correcto.
P. ¿Usted inscribió esa cabida adicional?
R. No. No la inscribí.
P. ¿Y por qué usted no hizo eso y cumplió con lo que pactó de inscribirlo?
R. Porque . . . cuando se hizo el negocio, tanto la otra parte como yo nos enteramos que había una persona que invadió el terreno y entró allí. Yo, para hacer una rectificación, pues tiene que estar claro. Entonces, cuando esa persona all[í], la persona quitó la cerca y se entró a la propiedad. Entonces, tuvimos que ir por las vías legales para sacar esa persona de all[í]. Eso fue un caso que se ventiló en esta misma Corte y duró dos años preciso[s].
P. ¿Y usted fue al juicio?
R. Sí, señor. Porque yo tenía interés de que en el caso se limpiara el problema que había para continuar con el otro. Y yo lo hice, sí señor.
P. Y para inscribir la cabida, ¿después que se terminó el pleito ese?
R. Bueno, después que terminó el pleito, que cogió dos años, ellos no cumplieron con el pago. Entonces, yo no podía hacer la rectificación porque usted sabe que para eso se necesita dinero. Y ellos no me pagaron nunca un centavo de intereses. Y por esa razón ... o sea, que ellos no cumplieron nunca con-migo tampoco. O sea, por esa razón . . . empecé el procedi-miento pero lo tuve que dejar. Entonces, me fui a Santo Domingo. Transcripción de la vista, págs. 17-19.

El 3 de junio de 1983 la vendedora presentó una demanda sobre ejecución de hipoteca contra Wilfredo Colón Franco y esposa. No incluyó en la misma a Doña Juanita Franco, a pesar de que conocía que era la parte realmente interesada, ni a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los ori-ginalmente demandados.() En la demanda se reclamó la suma de $126,000, intereses sobre dicha suma a razón de diez por ciento (10%) desde el 25 de marzo hasta su completo pago y el diez por ciento (10%) adicional del principal para costas, gastos y honorarios de abogado.

El 24 de agosto de 1983 se contestó la demanda y se plan-tearon como defensas afirmativas la nulidad del contrato por razón de simulación; la falta de partes indispensables, a saber, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los de-mandados y Doña Juanita Franco; el incumplimiento por parte de la demandante con las condiciones del contrato, y el impedimento por actos propios por venir al tribunal con “las manos sucias” (-unclean hands).

El 14 de marzo de 1985 la interventora recurrente pre-sentó demanda, dentro del mismo pleito de ejecución de hi-poteca, en la que solicitó la devolución de los $100,000 pa-gados a la parte demandante, más daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Alegó que la falta de cumpli-miento de las prestaciones a las que se comprometió la ven-dedora provocó que no pudiese obtener un préstamo garanti-zado por hipoteca para saldar la deuda.

Durante el proceso surgió que los pagarés cuya ejecución se pretendía, habían sido dados en prenda mediante docu-mento público al Sr. Alberto Rodríguez. Dicha persona tam-poco fue parte en el pleito, sólo los entregó a la demandante para presentarlos en la vista y a quien esta debía devolverlos posteriormente.

Finalizado el desfile de prueba en corte abierta, el tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y ordenó a la demandante a someter un proyecto de sentencia. La senten-cia declaró con lugar la demanda, sin lugar la demanda de la interventora y ordenó la venta en pública subasta de la pro-piedad para ejecutar la hipoteca.

El tribunal concluyó que los demandados esposos Colón-Concepción suscribieron la escritura de compraventa en re-presentación y para beneficio de la interventora Doña Juanita Franco; que la admisión de la interventora de que ella era la dueña de la propiedad en controversia tuvo el efecto de una contradeclaración mediante la cual se descubrió la ver-dadera causa del contrato simulado; que la simulación contractual entre las partes no hizo nulo el negocio, subsistiendo sus efectos legales entre las partes, y que ni los codeman-dados ni la interventora cumplieron con sus obligaciones contractuales referentes a los siete (7) pagarés.

A instancia de los demandados y de la interventora expe-dimos auto para revisar dicha sentencia.

HH

Nos encontramos nuevamente ante un problema de simulación relativa contractual, esto es, la existencia de un negocio jurídico aparente tras del cual se esconde el negocio real y verdaderamente querido por las partes. Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 18 (1962); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, Vol. I, T. II, págs. 486-487; F. De Castro y Bravo, El Negocio Jurídico, Madrid, Ed. Inst. Nac. Est. Jur., 1967, See. 403, pág. 334. Luis Diez-Picazo la define de la forma siguiente:

La simulación relativa es un disfraz: en ella se realiza apa-rentemente un negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Los contratantes concluyen un nego-cio verdadero, que ocultan bajo una forma diversa, de tal modo que su verdadera naturaleza permanece secreta. (Én-fasis en el original.) L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. II, pág. 79.

Esta teoría de simulación contractual ha sido enmarcada dentro del concepto de causa de los contratos. Así, en la simulación relativa contractual existe una causa falsa en la medida en que la causa figurada no coincide con la real. Diez-Picazo, op. cit., pág. 80. De ahí que el negocio fingido o disimulado, para que sea válido, precisa dé la existencia de una causa válida. Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra; De Castro y Bravo, op. cit., pág. 335.

Expresa el Art. 1228 del Código Civil, 31 L.P.R.A.' see. 3433, que “[l]a expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”. En Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275, 284 (1985), señalamos, en torno al alcance de un contrato simulado, que:

Nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo la tradición espa-ñola, ha optado por la vertiente de tolerar limitadamente los contratos simulados que disimulan una causa verdadera y lí-cita. Probada la simulación, el contrato simulado queda elimi-nado, para dar vigencia y efecto al verdadero y disimulado. Puig Brutau, op. cit., págs. 490-491. Conviene precisar a tales efectos el alcance de la simulación cuando se expresa una causa falsa en los contratos. Primero, la simulación por sí misma no hace ilícito o nulo el negocio. Segundo, no obstante» se cierne sobre el negocio una mácula de sospecha. Tercero, una vez descubierta la simulación pierde vigencia la presun-ción de que la misma es lícita, y ya no recae sobre el deudor la carga de probar su existencia. Cuarto, se ha creado una pre-sunción de simulación absoluta contra el negocio disimulado que compete al gestor rebatir mediante la existencia de una causa verdadera y lícita. De Castro y Bravo, op. cit., pág. 352.

Los tratadistas han reconocido la existencia de varias formas de simulación: simulación en la naturaleza del contrato, en el contenido del contrato o en los sujetos del contrato. La simulación en la naturaleza del contrato se da cuando se simula un contrato pero realmente se está celebrando otro distinto, e.g., se simula una compraventa pero realmente se está llevando a cabo una donación. En la simulación en el contenido del contrato se simula la fecha, el precio, el objeto o cualquier otro elemento del contrato. Por último, en la simulación en los sujetos del contrato se inter-pone una tercera persona entre el vendedor y el comprador. Es esta persona quien comparece como parte en el contrato, permaneciendo la verdadera parte oculta. F. Ferrara, La simulación de los negocios jurídicos, 3ra ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1953, págs. 238-251; De Castro y Bravo, op. cit., págs. 340-345.

En el caso de autos quedó al descubierto que el contrato de compraventa realizado entre la demandante recurrida Luz M. Martínez y los demandados recurrentes esposos Co-lón-Concepción contenía varias formas de simulación. Si bien ño hubo simulación en la naturaleza del contrato, pues real-mente se llevó a cabo una compraventa, sí hubo simulación en el contenido y en los sujetos del contrato. Se hizo constar como precio de venta $126,000, cuando el verdadero precio que debía pagarse era $226,000, y comparecieron como com-pradores en la escritura de compraventa los esposos Colón-Concepción, siendo la verdadera compradora Doña Juanita Franco. Veamos cuál es el efecto de dichas simulaciones.

En cuanto a la simulación en el precio de la venta, dicha simulación no hace ilícito o nulo el contrato celebrado. En Reyes v. Jusino, supra, pág. 287, expresamos, citando a Ferrara, que:

“En éste, como en otros casos, en que se disfraza la natura-leza del contrato para defraudar a la Administración en sus derechos fiscales, existe ciertamente una simulación contra legem; pero no por ello debe creerse que el contrato haya de ser nulo. Tuvimos ya ocasión de decir que, al quitar su disfraz al negocio, debe aplicarse a éste la sanción cualquiera que sea, que hubiera debido aplicársele si se hubiera celebrado mani-fiestamente. Es sabido que no tod[a]s las leyes prohibitivas tienen el mismo alcance, pues mientras unas se inspiran en un interés muy general, otras protegen un interés limitado, y otras finalmente, óbedecen a meras finalidades de disciplina, financieras o dé policía; y así, según la importancia de la prohi-bición, las sanciones serán unas u otras. La transgresión de las leyes de orden público produce la nulidad total del acto; la de las leyes de la segunda clase, una mera anulabilidad, y la de las últimas, una pena para el autor. En el tercer grupo figuran precisamente las leyes financieras, que establecen el pago de un impuesto a favor del Estado, según la naturaleza del acto, y al eludir sus normas se comete una contravención castigada con una simple multa” (Énfasis en el original.)

Resolvimos en dicho caso que las infracciones al erario, como la cometida en este caso al simular el precio de venta, no debían quedar impunes. Señalamos que para evitar las mismas, el remedio adecuado era remitir el asunto al Secretario de Hacienda para la acción que estimase pertinente. Reafirmamos dicha norma. Aunque la simulación del precio de venta no acarree la nulidad del contrato, en los casos en que se dé esta situación deben remitirse los autos al Secretario de Hacienda. Reyes v. Jusino, supra, y casos allí citados.

En cuanto a la simulación en los sujetos del contrato, la misma resulta ser un poco más compleja que las demás formas de simulación. Federico De Castro y Bravo señala dos (2) formas distintas en que se puede dar esta simulación: mediante la interposición de persona ficticia o mediante la puesta a nombre de otro. De Castro y Bravo, op. cit., págs. 342-344. Bajo la primera figura la persona interpuesta aparece para crear una mera apariencia y ocultar al verdadero adquirente o vendedor. Bajo la segunda figura no existe intermediario, sino que se hace figurar como parte a la persona a la que se quiere beneficiar con el negocio, perma-neciendo oculta la persona que verdaderamente realiza el mismo:

En esta última figura se suprime el intermediario, y se oculta el negocio de transmisión, haciendo que aparezca el be-neficiario como titular originario o inmediato. Por ejemplo, D abona el precio de la finca que se compra a T y hace que figure como comprador su hijo H. Siendo lo mismo que D actúe como apoderado de H o que el mismo H pague el precio con el dinero que D le haya entregado. El Reglamento hipotecario tiene especialmente en cuenta la posibilidad de que se inscriba inexactamente (bajo el régimen de gananciales) un derecho a nombre de uno de los cónyuges (art. 95).
El carácter sincopado de la figura, no la diferencia suficien-temente de la interposición de persona, para salvarle de las sanciones que se imponen a este tipo de simulación. Se trata de un procedimiento de ocultación, cuyo descubrimiento per-mitirá valorar la validez y eficacia de lo disimulado. Desvelado lo que se hizo, en el ejemplo puesto, podrá resultar su validez (se trata de partición de bienes entre los herederos por acto inter vivos, artículo 1.056) su nulidad, si incurre en alguna prohibición (arts. 628, 755, 1.459) o tiene causa ilícita (p. ej., defraudar a los legitimarios, art. 1.275) y también su impugna-bilidad (p. ej., para defraudar a los acreedores, artículo 1.291).
Pero puede no quedar claro cuál sea el significado del nego-cio ocultado: ¿ha donado D el dinero que se pagó como precio o ha donado la finca? Lo que importa mucho, para saber lo que ha de volver al patrimonio de D al declararse la simulación; lo que interesará también, en su caso, a los acreedores y legiti-marios de D. Para contestar la pregunta no habrá que acudir a la voluntad presunta de las partes. No sólo el dinero es de D sino también la ganancia o pérdida que suponga la compra; ya que no se dio simplemente el dinero, sino que se da para tal compra. Con ello, se facilita la acción de los interesados, al declararse la simulación y si se trata, como en el ejemplo utili-zado, de un bien inmueble, la donación misma sería nula por falta de forma (art. 683). (Énfasis en el original.) De Castro y Bravo, op. cit., pág. 344.

Es ésta precisamente la situación del caso de autos. El propósito de la interventora recurrente fue adquirir el in-mueble en controversia para beneficio de su hijo.() Por tal razón, hizo comparecer a su hijo y nuera como compradores en la escritura de compraventa aun cuando fue ella quien acordó los términos de la compraventa y quien abonó la suma pagada por adelantado.

El propósito y efecto de la actuación de Doña Juanita fue donar el inmueble a su hijo. No obstante, siendo el propósito de esta simulación donar un bien inmueble, para determinar la validez de la misma hemos de acudir a lo dispuesto en el Art. 575 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2010:

Para que sea válida la donación de cosa inmueble ha de ha-cerse en escritura pública, expresándose en ella individual-mente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario.
La aceptación podrá hacerse en la misma escritura de dona-ción o en otra separada; pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante.
Hecha en escritura separada, deberá notificarse la acepta-ción en forma auténtica al donante, y se anotará esta diligen-cia en ambas escrituras.

En Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra, resolvimos que todo lo que se requiere para que una donación disimulada cumpla con las formalidades del Art. 575 del Código Civil, supra, es que el contrato que la encubre se otorgue mediante escritura pública; que se describan indivi-dualmente los bienes donados; que se expresen las cargas que asume el donatario, si alguna, y que se haga constar su aceptación en la misma escritura o en otra separada, pu-diendo deducirse la misma de la firma del documento simu-lado. La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9, 26 (1982).

En el caso de autos el contrato de compraventa se elevó a escritura pública, en la cual se describió individualmente el bien donado, y de la firma del señor Colón Franco en dicha escritura se deduce su aceptación. A tenor con lo resuelto en Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra, es menester concluir que la donación realizada mediante el contrato simulado cumple con los requisitos de forma del Art. 575 del Código Civil, supra, por lo que la misma es totalmente válida. Esto, a su vez, nos lleva a concluir que aun cuando se expresó una causa falsa en el contrato simulado, existía una causa verdadera y lícita en el contrato disimulado. Descubierta la simulación, queda eliminado el contrato simulado y cobra vigencia y efecto el disimulado. En el caso de autos el contrato disimulado consistió en la venta por parte de la demandante recurrida a la interventora recurrente del inmueble en controversia, incluso el exceso de cabida no inscrito, por la suma de $226,000 y la simultánea donación del inmueble a favor del demandado recurrente, señor Colón Franco. Es éste el contrato que prevalece y que rige la relación entre las partes. Veamos si se incumplieron los términos del mismo.

El Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3741, dispone que “[p]or el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente”. En cuanto a las obligaciones del vendedor y del comprador bajo un contrato de compraventa, disponen los Arts. 1350,1363,1389 y 1391 (31 L.P.R.A. sees. 3801, 3831, 3871 y 3873, respectivamente) que:

Art. 1350- El vendedor está obligado a la entrega y sanea-miento de la cosa objeto de la venta.
Art. 1363- En virtud del saneamiento a que se refiere la see. 3801 de este título, el vendedor responderá al comprador:
(1) De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.
(2) De los vicios o defectos ocultos que tuviere.
Art. 1389- El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato.
Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.
Art. 1391- Si el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoría o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que afiance la devo-lución del precio en su caso, o se haya estipulado que no obs-tante cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el pago.

La demandante se obligó a entregar el inmueble y a ins-cribir el exceso de cabida. La interventora, a su vez, se obligó a pagar el precio acordado de $226,000, de los cuales $100,000 se pagarían por adelantado y sin que constaran en la escritura pública y los restantes $126,000 se pagarían en siete (7) pagarés de $18,000 cada uno con vencimiento en tres

(3)años e intereses al diez por ciento (10%) anual pagaderos cada seis (6) meses. Se llevó a cabo la compraventa y la inter-ventora pagó los $100,000 al momento de firmarse la escri-tura de compraventa. No obstante, al intentar tomar pose-sión del inmueble se percataron de que el mismo había sido invadido por uno de los colindantes, quien había levantado allí una edificación. Dado lo dispuesto en los Arts. 1350 y 1363 del Código Civil antes citado, la vendedora venía obli-gada al saneamiento de la cosa objeto del contrato y a asegu-rar a la compradora la posesión legal y pacífica de dicho ob-jeto. Con tal propósito y en cumplimiento de ese deber de saneamiento, la vendedora instó acción de interdicto poseso-rio para obtener el desalojo de la propiedad. Dicha acción duró aproximadamente dos (2) años, tiempo durante el cual la compradora, amparada en lo dispuesto en el Art. 1391 del Código Civil, supra, podía suspender el pago del precio. Así lo hizo. No representó dicha suspensión incumplimiento al-guno con los términos del contrato.

Luego de obtenerse el desalojo de la propiedad, la vendedora venía obligada a cumplir los restantes términos del contrato, esto es, inscribir el exceso de cabida, máxime cuando dicho exceso representaba más de dos terceras (%) partes del inmueble en cuestión. No obstante, la vendedora se negó a realizar dicha inscripción aduciendo como defensa para su incumplimiento la falta de pago de los intereses por parte de la compradora. Al actuar de dicha forma incumplió los términos del contrato. Como ya mencionáramos, la compradora no venía obligada a hacer pago alguno hasta tanto cesara la perturbación que impedía el disfrute del inmueble adquirido; tampoco tenía que cumplir con su obligación de pagar intereses cada seis (6) meses, según pactado, ya que la vendedora no cumplió debidamente sus prestaciones. Actuó correctamente la compradora al negarse a pagar los intereses. Siendo el contrato de compraventa un contrato bilateral, creador de obligaciones recíprocas, cada parte debía cumplir simultáneamente su prestación. Si bien la vendedora había hecho entrega del inmueble, se negó a cumplir o intentar cumplir la obligación de inscribir el exceso de cabida. No podía entonces reclamarle a la compradora el cumplimiento de su obligación de pagar intereses. Al reclamar el pago de intereses sin haber cumplido cabalmente con su obligación, le era oponible la defensa de exceptio non rite adimpleti contractus o excepción de cumplimiento defectuoso, modali-dad de la excepción general de contrato no cumplido o excep-tio non adimpleti contractus. Diez-Picazo, op. cit., págs. 226-227.

La excepción de contrato no cumplido, norma fundamentada en la simultaneidad y reciprocidad de las obligaciones, establece que ninguna parte puede exigir el cumplimiento de una obligación contraria sin antes cumplir o intentar cumplir su propia obligación.() La modalidad de ex-ceptio non rite adimpleti contractus, por su parte, es oponible al demandante que ejecuta su prestación aunque en forma parcial o defectuosa. Bajo ésta se autoriza al demandado a detraer de su prestación el importe de lo no realizado o a reducirla en atención a lo llevado a cabo defectuosamente. Diez-Picazo, op. cit., pág. 227.

La interventora ejerció correctamente sus derechos al suspender el pago y levantar como defensa el incumpli-miento por parte de la demandante de su obligación de ins-cribir el exceso de cabida. Erró el tribunal de instancia al determinar que dicha actuación constituyó un incumpli-miento de los términos del contrato.

Atendido lo anterior, pasamos a determinar si es válida la hipoteca constituida entre las partes y si, a tenor con los tér-minos del contrato de compraventa, la misma era ejecutable.

La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria) requiere, para que quede válidamente constituida una hipoteca voluntaria, que la misma se haya acordado en escritura pública y que ésta se haya inscrito en el Registro de la Propiedad. Art. 188 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2607.

A su vez, el Art. 1756 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5001, establece como requisitos esenciales del contrato de hipoteca: (1) que la misma se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal; (2) que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca, y (3) que las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerlas, se hallen legalmente autorizadas al efecto.

En el caso de autos se cumplieron todos los requisitos para la validez del contrato de hipoteca: la propiedad hipote-cada pertenecía al señor Colón Franco por razón de la dona-ción disimulada llevada a cabo al realizarse el contrato de compraventa, donación que según establecimos previamente cumple con los requisitos del Art. 575 del Código Civil, supra; el propietario tiene la libre disposición de sus bienes; la hipoteca se acordó en escritura pública en la cual se describe el inmueble hipotecado, se tasa la propiedad en $126,000 para que sirva de tipo a la primera subasta y se describen los pagarés que garantizan dicha hipoteca (allí se incluye la can-tidad principal, el término de vencimiento e intereses pac-tados), y dicha escritura se inscribió en el Registro de la Pro-piedad el 16 de septiembre de 1980.

Determinada la validez de la hipoteca, veamos si erró el tribunal al ordenar la ejecución de la misma.

La cláusula octava, inciso (c), de la escritura de compraventa otorgada por las partes disponía que si el deudor hipotecario llegaba a ser insolvente o se presentaba un procedimiento de quiebra por él o en su contra, o éste faltaba al cumplimiento de todas o cualesquiera de sus obligaciones, incluso el pago de intereses bajo el pagaré garantizado en la forma y manera en que aparecen fijadas en dicho pa-garé, la deuda podría ser declarada vencida y pagadera a opción del portador del pagaré y éste podría proceder inme-diatamente a la reclamación de la hipoteca. A su vez, la Ley Hipotecaria autoriza la ejecución de la hipoteca, ya sea me-diante el procedimiento ejecutivo sumario o por la vía ordi-naria, cuando el crédito hipotecario o sus intereses han ven-cido, en todo o en parte, o cuando el pago del capital o los intereses deba hacerse en plazos diferentes y vencido alguno de dichos plazos el deudor no haya cumplido su obligación de pago. Arts. 201 y 228 de la Ley Hipotecaria, 80 L.P.R.A. sees. 2701 y 2728, respectivamente.

Si bien en el caso de autos el deudor hipotecario no hizo los pagos correspondientes a los intereses según pactados, esto no constituyó incumplimiento de sus obligaciones bajo los términos del contrato ya que, según señaláramos previa-mente, la retención del pago de intereses por parte de la in-terventora estaba justificada en derecho dado el incumpli-miento por parte de la vendedora de sus obligaciones bajo el contrato de compraventa. No procedía la ejecución de la hi-poteca ni bajo la cláusula de aceleración del contrato ni bajo las disposiciones de la Ley Hipotecaria. Erró el tribunal de instancia al declarar con lugar la demanda de la demandante Luz M. Martínez y ordenar la ejecución de la hipoteca a favor de ésta.

El tribunal de instancia también incidió al ordenar la ejecución de la hipoteca a favor de la demandante cuando quedó probado en juicio que los pagarés hipotecarios al portador habían sido dados en prenda y el acreedor prendario no fue adicionado como parte en el pleito. A esos efectos, señalamos en Reyes v. Jusino, supra, págs. 280-281 esc. 2, lo siguiente:

Durante el proceso sobrevino a discusión la capacidad de Reyes para cobrar el pagaré hipotecario al portador de $30,000. Se suscitó, en vista de que su posesión la tenía, en calidad de prenda, su hermano Wilfredo Reyes, como garantía de pago a un préstamo de $15,000 que le hiciera. Durante la vista Wilfredo Reyes atestó no tener objeción al reclamo de su hermano contra Jusino Díaz. Después éste falleció.
Estimamos correcta la determinación del tribunal de ins-tancia al requerir a Rubén Reyes que acreditara la tenencia del pagaré, lo cual no hizo. La mera comparecencia de su her-mano Wilfredo Reyes y su aparente autorización a que proce-diera al cobro del mismo, cuando éste nunca fue parte en el pleito y retuvo dicho pagaré, es insuficiente para convalidar tal práctica. La protección del deudor contra ejecuciones pos-teriores por el tenedor del documento exige mayor cautela y menos informalidad. El requisito de tenencia, indispensable para el ejercicio y acción de cobro por la vía de apremio, no puede ser soslayado. Arts. 404, 426 y 427 del Código de Co-mercio de 1932, 19 L.P.R.A. secs. 91, 134, y 135. Véanse: B. Santiago Romero, Tratado de Instrumentos Negociables, 2da ed. rev., Río Piedras, Ed. Universitaria, 1981, págs. 95 y ss., 252 y ss.; Caguas Co., Inc. v. Mombille, 58 D.P.R. 300 (1941); The National City Bank v. Sucn. Echevarría, 50 D.P.R. 865 (1937).
La palabra castellana “prenda” se deriva del verbo latino prehendere, [y] significa prender, asir, agarrar una cosa. Ramos Mimoso v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 551, 555 (1966). Mediante dicho contrato —de constitución formal— se transmite materialmente la cosa pignorada al acreedor, pri-vándose el deudor de la posesión de la misma. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 583-584. Es cierto que en virtud del Art. 1768 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5027, “[mien-tras no llegue el caso de ser expropiado de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo dueño de ella”. (Énfasis su-plido.) Pero ello no significa que un pagaré hipotecario al por-tador dado en prenda no tenga unos efectos jurídicos. Art. 383 de la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 61. Como dijimos en Vendrell v. Torres Aguiló, 85 D.P.R. 873, 876-877 (1962), “técnicamente de acuerdo con las disposi-ciones del Art. 1768, el dueño del pagaré lo era el que lo expi-dió, pero su mera entrega para garantizar una deuda lo había puesto en circulación, y había surgido a la vida del derecho un documento negociable con valor. Si no fuera así no tendría valor alguno para el que lo recibía en garantía y serían inútiles las disposiciones de ley que autorizan la expedición de pagarés al portador .... El contrato de dación en prenda de un pagaré hipotecario constituye un negocio jurídico, por la naturaleza del cual el acreedor prendario adquiere un interés especial en el pagaré”. Cf. Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773, 780 (1981). Debe, pues, el recurrente Reyes pará hacer efectivo su crédito adicionar como parte del pleito a los miembros de la sucesión del acreedor prendario, voluntaria o involuntariamente, promover algún acuerdo que le permita re-adquirir el pagaré o saldar la deuda que grava el pagaré.

Dicha sitúación es casi idéntica a la que nos ocupa. Dados en prenda los pagarés hipotecarios al portador, el acreedor prendario, como verdadero tenedor de los pagarés, era parte indispensable en el pleito para poder hacer efectivo el cré-dito. Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Por los fundamentos antes expuestos, se revocará la sen-tencia del tribunal de instancia y se desestimará la de-manda en ejecución de hipoteca sin perjuicio de que la de-mandante señora Martínez, luego de cumplir su prestación de inscribir él exceso de cabida, pueda instar otra acción, de ser necesario, mediante la cual se exija el pago de lo adeu-dado.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) La Sra. Juana Franco hizo entrega a la señora Martínez de $82,000 en efectivo y suscribió un pagaré personal sin garantía hipotecaria por la cantidad de $18,000.

      (2) Las partes en sns escritos señalan dos (2) momentos diferentes en que alegan que se enteraron de la invasión. La interventora recurrente alega que se enteró cuando “intenta tomar posesión del inmueble adquirido”. Solicitud de re-visión, pág. 3. Y la recurrida alega que advino en conocimiento de la invasión antes de la transacción. Alegato de la recurrida, pág. 3. El tribunal de instancia no hizo determinación de hecho al respecto. Sin embargo, la propia demandante recurrida atestó que: “R. Porque... cuando se hizo el negocio, tanto la otra parte como yo nos enteramos que había una persona que invadió el terreno y entró allí.” (Énfasis suplido.) Transcripción de la vista, pág. 18.

      (3) Posteriormente se enmendó la demanda para incluir a la Sociedad Legal de Gananciales. También solicitó intervención la recurrente, Sra. Juana Franco, mediante Moción de 23 de agosto de 1983.

      (4) De la Transcripción de la vista, pág. 51, surge dicha intención:
      “P. Cuando a usted le... perdón, retiro la pregunta. ¿Usted le puede expli-car al Tribunal por qué dicha transacción aparece a nombre de Wilfredo Colón y esposa y no aparece usted en dicha compra-venta, que fue la persona que ... entregó el dinero y ... ?
      “R. ¿Por qué? No le oigo.
      “P. ¿Que cu[á]l es la razón que en la escritura de comp'ra-venta no aparece el nombre suyo y sí el nombre de su hijo, a favor de su hijo, el señor Wilfredo Colón Franco y su esposa, Nivia Concepción?
      “R. Porque como ya ese terreno había sido de nosotros, había una cuestión de sentimiento. Y yo quise comprar el terreno para regalárselo a Wilfredo.”

      (5) Esta norma o doctrina se infiere de lo dispuesto en el Art. 1053 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3017, el cual dispone, en su parte pertinente, que “ninguno de los delegados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obliga-ción, empieza la mora para el otro”. Véase Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733 (1987).