text:
    El Pueblo de Puerto rico, demandante y recurrido, v. Leonardo Rivera Rivera, acusado y recurrido; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Carmen Rodríguez Toro, Brenda Pino Rodríguez y Héctor Rafael Pino Rodríguez, acusados y peticionarios.

      Números: CE-88-313
    CE-88-314

      Resueltos: 8 de diciembre de 1988

      Zinia Acevedo Sánchez, abogada de los peticionarios; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

En estos casos consolidados debemos resolver si incidió el tribunal de instancia al negarse a desestimar unas acusa-ciones, por delitos graves, que presentó el Ministerio Público sin haberse celebrado vistas preliminares y que se funda-mentaban exclusivamente en las determinaciones de causa probable hechas por un Juez de Paz. Los recursos plantean importantes cuestiones sobre las funciones, las facultades y los efectos de las actuaciones de los dos (2) Jueces de Paz que todavíá son parte de nuestro sistema judicial, especialmente desde que entró en vigor el nuevo sistema de determinación de causa probable para acusar establecido por las enmiendas a las Reglas 6, 22 y 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, de la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987.

Los hechos son sencillos. El 27 de enero de 1988 el Sr. Leonardo Rivera Rivera fue llevado ante el Hon. Ramón Luis Pola, Juez de Paz, para la determinación de causa probable por el delito de robo. El imputado compareció, perso-nalmente, asistido de abogado. Luego de escuchar bajo jura-mento los testimonios de los testigos, el magistrado deter-minó causa probable por el delito imputado y citó al acusado para el acto de lectura de acusación. Éste presentó una mo-ción de desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, en la cual alegó que tenía dere-cho a que se celebrara una vista preliminar debido a que el Juez de Paz no estaba facultado para determinar causa probable. En una extensa resolución, el Honorable Alvarado Gi-norio del Tribunal Superior, Sala de Ponce, denegó la moción.

En el otro caso, el mismo Juez de Paz determinó causa probable contra los tres (3) imputados por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2101 et seq., y el Art. 234 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4430. A dicha vista comparecieron en persona y asistidos de abogado. Igual que en el caso anterior y por los mismos fundamentos, presentaron moción de desestimación, la que fue denegada por el Juez Superior designado, Hon. Luis F. Pieraldi Cappa.

El 13 de junio de 1988 emitimos la resolución siguiente:

Por plantear una controversia de derecho común, se consoli-dan los recursos de epígrafe.
Vistos los planteamientos de los peticionarios, el Procura-dor General tendrá hasta el 22 de junio de 1988 para mostrar causas por las cuales no debamos expedir los autos solicitados, revocar las resoluciones del tribunal de instancia y resolver que los acusados-peticionarios tienen derecho, bajo la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal vigente, a que se cele-bren vistas preliminares antes de que se formulen las acusa-ciones correspondientes.

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La Regla 3 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que los Jueces de Paz son magistrados con autoridad para dictar órdenes de arresto contra una persona a quien se le imputa delito. La See. 22 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. see. 202, establece que:

Los [Jjueees de [P]az ejercerán todas las funciones y po-deres de la autoridad judicial ejercidos por los [Jjueces de [P]az al tiempo en que esta ley empiece a regir, incluyendo la función y facultad de fijar y aprobar fianzas y de expedir ór-denes de arresto y de registro y allanamiento, en casos apro-piados, según dispuesto por ley, excepción hecha de que ellos no pueden resolver casos de la competencia del Tribunal de Distrito o del Superior.

Al crearse los cargos de Jueces Municipales, se dispuso en el Art. 7 de la Ley Núm. 7 de 8 de agosto de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 217) que:()

Los actuales Jueces de Paz, cuyos nombramientos hubiesen expirado al momento de la vigencia de esta ley, cesarán en la fecha en que asuma el desempeño de sus funciones un Juez Municipal designado por el Gobernador a esos efectos. Los actuales Jueces de Paz, cuyos nombramientos al momento de la vigencia de esta ley subsistieren seguirán en sus cargos hasta la expiración del término por el cual fueron nombrados salvo que fueren antes destituidos o separados de sus cargos conforme a las disposiciones de ley aplicables. Al expirar sus términos respectivos, incluyendo también el caso en que hu-biese expirado el término antes de la vigencia de esta ley, cada uno de los Jueces de Paz cesará en la fecha en que asuma el desempeño de sus funciones un Juez Municipal designado por el Gobernador a esos efectos.

En la Exposición de Motivos de dicha ley se hace constar que:

El Informe de la Comisión para el Estudio de los Tribunales del Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico señala:
“En todas las distintas etapas históricas de reforma judicial habidas en Puerto Rico, la de mayor controversia, predominio y debate ha sido la concerniente a la institución de Jueces de Paz. Aun cuando existen personas que bonafide la sostienen y defienden, se puede concluir con poco margen de error, que el consenso casi unánime de la profesión legal es el sentido de que la institución tal y como ha funcionado en el pasado y fun-ciona en el presente constituye una rémora del antaño que difícilmente tiene cabida y razón de ser en la estructura judicial del país. Este sentir ha tenido su eco y expresión, en fun-cionarios públicos de la[s] Rama[s] Ejecutiva, Legislativa y Judicial, en el público en general y en la Prensa del país.”
La presente legislación contempla la eliminación y sustitu-ción gradual de los [Jjueces de [Pjaz por [Jjueces [Mjunici-pales, que en adición al requisito de abogados admitidos al ejercicio de la profesión legal por el Tribunal Supremo, esta-rán facultados a ejercer otras funciones incluyendo la adjudi-cación provisional de ciertas controversias.
Las sustanciales implicaciones presupuestarias de la susti-' tución inmediata obligan a optar por la sustitución gradual, a medida que los términos de los actuales [Jjueces de [Pjaz va-yan venciendo. Aun cuando no es inmediata, la sustitución se logrará en o antes de los próximos 4 años, lo que representará una mejoría notable al sistema de administración de justicia. 1974 Leyes de Puerto Rico 653-654 (Parte 2).

A pesar de que durante 1978 venció el término del último Juez de Paz, Pueblo v. Foster, 110 D.P.R. 8, 30 (1980), voto explicativo, en estos momentos todavía hay dos (2) Jueces de Paz en funciones, por no haber sido sustituidos conforme a derecho.

Entre las funciones de los Jueces de Paz estaba la de ex-pedir órdenes de arresto y de registro y allanamiento. Pueblo v. Pérez Suárez, 116 D.P.R. 807, 810 (1986); In re Feliciano, 106 D.P.R. 806 (1978).

Lo anterior nos lleva a determinar si estos magistrados tienen facultad para, intervenir en úna determinación de causa probable para creer que se ha cometido un delito bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. Dicha regla actualmente establece el procedimiento siguiente:

REGLA 6. ORDEN DE ARRESTO A BASE DE UNA DENUNCIA
(a) Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o cre-encia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afectada, el magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable.
El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente ante él una denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieren conoci-miento personal del hecho delictivo. En tales casos, el magis-trado, además de la expedición de la orden de arresto o cita-ción, deberá levantar un acta concisa y breve en la que ex-ponga los hechos del delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y sitio donde se cometieron, el delito impu-tado y el nombre y dirección del testigo o testigos examinados por él bajo juramento para determinar causa probable. En estos casos el magistrado autorizará la radicación de la co-rrespondiente denuncia si se tratare de un delito menos grave o la correspondiente acusación si se tratare de un delito grave o menos grave de la jurisdicción exclusiva del Tribunal Superior.
En esta determinación de causa probable el imputado ten-drá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor.
Cualquier magistrado podrá expedir una orden de arresto contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito, aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedir la orden de arresto y de cumplir con los trámites preliminares que se establecen en estas re-glas, el magistrado ordenará que se transfiera el caso a la sala correspondiente para la continuación del proceso criminal.
(b) Forma y requisitos de la orden de arresto. La orden de arresto se expedirá por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico bajo la firma y el título oficial del magistrado que la expidiere, dirigida para su ejecución y diligenciamiento a uno, varios o a cualquier funcionario del orden público. Orde-nará el arresto de la persona o personas a quienes se les impu-tare el delito y que una vez arrestadas se les conduzca sin dilación innecesaria ante un magistrado, según se dispone en la Regla 22(a). La orden deberá, además, describir el delito imputado y deberá especificar el nombre de la persona o per-sonas a ser arrestadas y, si los nombres son desconocidos, de-signará a dichas personas mediante la descripción más ade-cuada posible que las identifique con razonable certeza. La orden deberá expresar también la fecha y el sitio de su expedi-ción y el monto de la fianza fijada por el magistrado que la expidió.
(c) Si de la denuncia jurada o de la declaración o declara-ciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo ju-ramento del denunciante o sus testigos, si algunos, el magis-trado determinare la inexistencia de causa probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna. En tal caso o cuando la determinación de causa probable fuere por un de-lito inferior o distinto a aquel que el fiscal entendiere proce-dente, éste podrá someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. El magistrado, una vez tenga ante sí dicha solicitud, podrá prontamente expedir u ordenar al secretario del tribunal que expida citación tanto al impu-tado como a los testigos de cargo anunciados, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6.

Como en estos casos los imputados comparecieron perso-nalmente en virtud, de eitaciones() y estuvieron represen-tados por abogado, tenemos que analizar las Reglas 7(a) y 22 de Procedimiento Criminal vigentes, que leen así:

REGLA 7. CITACIÓN POR UN MAGISTRADO O FUN-CIONARIO DEL ORDEN PÚBLICO
(a) Citación. Se podrá expedir una citación en lugar de una orden de arresto si el magistrado ante quien se presentare la denuncia o que haya examinado a algún testigo que tenga co-nocimiento personal de los hechos, tuviere motivos fundados para creer que la persona va a comparecer al ser citada, o si la persona fuere una corporación. Se podrá expedir más de una citación basada en un solo delito imputado. En aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiere arrestar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un de-lito menos grave (misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un ma-gistrado, en vez de arrestarla. La citación informará a la persona que si no compareciere se expedirá una orden de arresto en su contra.
Cualquier magistrado podrá expedir una citación contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competen-cia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedirse la correspondiente citación y de cum-plirse con los trámites preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará que el caso se transfiera a la sala correspondiente para la continuación del proceso criminal. 34 L.P.R.A. Ap. II.
REGLA 22. PROCEDIMIENTO ANTE EL MAGIS-TRADO
(a) Comparecencia ante el magistrado. Un funcionario del orden público que hiciere un arresto autorizado por una orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano. Cual-quier persona que hiciere un arresto sin orden de arresto de-berá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano, y si la persona que hi-ciere el arresto sin orden de arresto fuere una persona particular, podrá entregar a la persona arrestada a cualquier fun-cionario del orden público, quien a su vez deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante un magis-trado, según se dispone en esta regla. Cuando se arrestare a una persona sin que se hubiere expedido orden de arresto y se le llevare ante un magistrado, se seguirá el procedimiento que disponen las Reglas 6 y 7, según corresponda.
(b) Deberes del magistrado; advertencias. El magistrado informará a la persona arrestada o que hubiere comparecido mediante citación, del contenido de la denuncia o acusación presentada contra ella, de su derecho a comunicarse con su familiar más cercano o con un abogado y a obtener sus servi-cios, y de su derecho a que se le celebre una vista preliminar si el delito que se le imputa es grave, cuando el magistrado que hizo la determinación inicial de causa probable no hubiere examinado a ningún testigo con conocimiento personal de los hechos o cuando el imputado no hubiere estado presente en la determinación de causa probable para el arresto. Le infor-mará, además, a la persona que no viene obligada a hacer de-claración alguna y que cualquier declaración que hiciere po-drá usarse en su contra. El magistrado impondrá condiciones o admitirá fianza, con o sin condiciones, según se dispone en estas reglas y de no obligarse a cumplir con las condiciones, o no prestar la fianza, ordenará su encarcelación. Si al momento de comparecer la persona arestada ya se hubiere radicado la acusación o denuncia contra ella, el magistrado entregará co-pia de la misma o instruirá al fiscal que la entregue al acusado personalmente.
(c) Constancias en la orden de arresto o citación; remi-sión. En la orden de arresto o citación el magistrado hará constar la comparecencia de la persona y las advertencias que se le hicieron, y en los casos de delito grave (felony), de ser ello así, la circunstancia de que dicha persona no puede obte-ner los servicios de un abogado para asistirle en el juicio o en la vista preliminar en los casos en que corresponda celebrar la misma. En tal caso, el magistrado le nombrará un abogado y su nombre se incluirá en la citación para la vista preliminar, el juicio o el acto de lectura de la acusación, según fuere el caso.
El magistrado remitirá la denuncia, el acta en aquellos casos en que se hubiere levantado la misma y la orden de arresto o citación a la sección y sala correspondientes del Tribunal de Primera Instancia para que se dé cumplimiento a los trámites posteriores que ordenan estas reglas. 34 L.P.R.A. Ap. II.

Examinadas las Reglas 3, 6, 7 y 22 de Procedimiento Criminal, supra, en conjunto, forzoso es concluir que el Juez de Paz, al cumplir con su facultad de determinar causa probable para el arresto, necesariamente tiene la obligación y el poder para tomar otras de las providencias pertinentes pro-vistas en dichas reglas. Ello es así ya que, para poder encontrar causa probable para el arresto, necesariamente tiene que determinar que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito. Una es parte consustancial de la otra.

Por las razones expuestas, resolvemos que el Juez de Paz tiene facultad para determinar causa probable bajo el proce-dimiento establecido en la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra.

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No obstante lo anterior, ello no resuelve la cuestión principal planteada, a saber, si cuando la determinación de causa probable es hecha por un Juez de Paz los imputados tienen derecho a que se celebre la vista preliminar provista en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra.

El procedimiento de vista preliminar ha sido objeto de amplio análisis. En la reciente opinión de Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793, 801-802 (1986), señalamos que:

Distinto al derecho invocado en Pueblo v. Laureano, supra, el derecho a vista preliminar es de rango estatutario y no constitucional. No fue incluido en la Carta de Derechos. Véase Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A igual conclusión ha llegado el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América. Lem Woon v. Oregon, 229 U.S. 586 (1913); Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1974); Baker v. McCollan, 443 U.S. 137 (1979).
Antes de entrar en vigor en el 1964 la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal, en Puerto Rico no existía la vista preliminar. Pueblo v. Sánchez Vega, 97 D.P.R. 133 (1969). Mediante la misma se dispuso: “Se celebrará una vista preliminar en todo caso en que se imputare a una persona un delito grave (felony).” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23. El mandato estatutario es taxativo. Se excluyó expresamente a personas imputadas de delitos menos graves del derecho a la vista preliminar. Consi-deraciones de distinta índole, entre ellas de naturaleza prag-mática, estuvieron presentes al momento de su promulgación. En Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970), interpre-tamos el alcance de esta regla. Resolvimos que no existe dere-cho a vista preliminar en casos en que se imputa un delito menos grave, aun cuando se haya concedido el derecho ajuicio por jurado.
En el de autos, como antes indicamos, los delitos imputados son de naturaleza menos grave. Siendo así, no procedía la ce-lebración de una vista preliminar como condición previa a la presentación de las acusaciones ante el Tribunal Superior. Ac-tuó correctamente el foro de instancia. (Escolios omitidos.)

En Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 664-667 (1985), expusimos:

La determinación de causa probable goza, como todo dicta-men judicial, de presunción legal de corrección. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459 (1975); Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 798-799 (1973). Final-mente hemos resuelto que aunque el magistrado haya deter-minado la existencia de causa probable para acusar, el fiscal no está obligado a presentar la acusación correspondiente de así creerlo adecuado. Regla 24 de Procedimiento Criminal; Pueblo v. Quiñones Natal, 94 D.P.R. 582, 584 (1967).
En resumen, nuestra jurisprudencia ha establecido que: (1) el objeto central de la vista preliminar no es hacer una adjudi-cación en los méritos en cuanto a la culpabilidad o inocencia del acusado; (2) aunque se trata de una función propiamente judicial, no es “un mini juicio”; (3) el fiscal no tiene que pre-sentar toda la prueba que posea; (4) la vista está encaminada a proteger a la persona imputada a través de un filtro o cedazo judicial por el cual el Estado tiene que pasar prueba, y demos-trar si está justificado o no a intervenir con la libertad de un ciudadano y someterlo a los rigores y contingencias de un jui-cio plenario, y (5) una vez se demuestra y se justifica esta in-tervención, la vista ha cumplido su propósito de ley. Desde su concepción original la única modificación que experimentó fue la adoptada mediante Resolución de este foro el 24 de enero de 1967, que en virtud de la See. 6, Art. V de la Constitución —ante la inacción de la Asamblea Legislativa— dispuso que al ser requerido, el fiscal pondría a disposición del imputado las declaraciones juradas que tuviera en su poder de los testigos sentados a declarar en dicha vista.
Algunos estudios abogan po[r q]ue a la misma se hagan ex-tensivos los mecanismos de descubrimiento de prueba. En au-sencia de un planteamiento constitucional persuasivo de de-bido proceso de ley, hemos resuelto que “en cuanto a los me-dios de descubrimiento de prueba sitúan al Pueblo en desven-taja frente al acusado [o viceversa] y si conviene a una mejor administración de justicia penal que se equiparen es cuestión a ser determinada por las leyes y no mediante decisión judicial”. Pueblo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 104 (1970).
Al presente los estudiosos identifican dos modelos o tipos generales para enmarcar la razón de ser de la vista prelimi-nar: visión retrospectiva (backward-looking) y prospectiva (forward-looking).
Como este término sugiere, la preocupación primaria de la vista retrospectiva es con respecto a la legalidad del arresto y la validez de la detención. La pesquisa en la vista se manifiesta en la investigación hacia el pasado, al momento del arresto.
Está diseñada para detectar detenciones ilegales de todas clases. Su interés se centra en una revisión de la legalidad de la detención. Se enfatiza el aspecto de la naturaleza prelimi-nar no determinante ni final del procedimiento. El procedi-miento no es un juicio sino un mecanismo inicial para cotejar la validez del arresto. El foro de la investigación se concentra mayormente en los hechos que dieron lugar al arresto, en con-traste con la posible inocencia o culpabilidad del acusado desde el punto de vista jurídico.
El modelo de visión prospectiva se orienta hacia el futuro: el juicio. El interés gira en cuanto a la probabilidad de culpa-bilidad o inocencia del acusado. Se destaca una preocupación por evitar o prevenir ulteriores procedimientos innecesarios. Por el papel central y más activo que juega el magistrado, se enfatiza su carácter más judicial, en contraste con el primer modelo señalado. Puede apreciar la credibilidad de testigos y debe estar dispuesto a desestimar los cargos de estimar insu-ficiente la prueba presentada por el Estado. Este último as-pecto es fundamental en el modelo prospectivo.
En Puerto Rico, según hemos visto, nuestra doctrina juris-prudencial reconoce que la vista preliminar tiene caracterís-ticas de ambos modelos (ecléctica). Se aproxima tímidamente hacia la visión prospectiva. Bajo esta premisa, nuestra función adjudicativa no es irrestricta. Repetimos, excepto ante plan-teamientos constitucionales meritorios al amparo del debido proceso de ley, la reformulación, ampliación y orientación de la vista preliminar es cuestión que cae en el ámbito del poder de reglamentación (rule making power) de este foro conjunta-mente con la Asamblea Legislativa. See. 6, Art. V de la Consti-tución. (Escolios omitidos y énfasis en el original.)

En Pueblo v. Foster, supra, págs. 30-31, en el voto expli-cativo del Juez Asociado Señor Negrón García, luego de un extenso análisis de los propósitos y efectos de la vista preli-minar, se propuso y se señaló que:

Para salvar actitudes de profundas raíces y superar pro-blemas complejos, posiblemente debamos adoptar una radical, pero sencilla solución: su eliminación. El momento ha lle-gado. Durante el año 1978 venció el término del último Juez de Paz. Nada impide, si no se ha hecho, que se complete su susti-tución total por jueces municipales que son abogados, lo cual es de esperarse que razonablemente redunde en unas aprecia-ciones y determinaciones más certeras en cuanto a la existen-cia o no de causa probable para el arresto.
Bajo esta alternativa de la etapa de determinación de causa probable por un juez, el fiscal inmediatamente presentaría acusación en la Secretaría del Tribunal Superior correspon-diente y el caso sería señalado para el acto de la lectura de la acusación, en cuya ocasión el acusado y su abogado —de re-gistrarse alegación de no culpabilidad— tendrían derecho a recibir las declaraciones juradas de los testigos del Pueblo consignados al dorso del pliego acusatorio. Para salvaguardar el derecho a aquellos acusados deseosos de un juicio rápido —por estimar que la prueba de cargo es insuficiente, la evi-dencia fue ilegalmente obtenida, la confesión es involuntaria u otras defensas análogas— se crearía un mecanismo para ven-tilar prontamente, a solicitud de éstos y con carácter prefe-rencia!, la vista en sus méritos. Los casos menos graves dima-nantes de la misma transacción que los graves irían paralelos; ni uno ni otro impedirían su procesamiento.

Ya hemos visto que, en virtud de la Ley Núm. 29, supra, se hizo una cirugía radical al procedimiento. Se limitó el derecho estatutario a una vista preliminar en aquellos casos en los que se imputare a una persona un delito grave y el magistrado que hizo la determinación inicial de causa probable no hubiere examinado a ningún testigo con conocimiento personal de los hechos cuando el imputado no hubiere estado presente en la determinación de causa probable, o habiendo estado presente no estuviere acompañado de abogado. Reglas 22 y 23 de Procedimiento Criminal vigentes, supra.( )

Aquí están presentes las circunstancias para prescindir de la vista preliminar. Pero subsiste el problema de que la determinación fue hecha por un Juez de Paz, figura que ha sido catalogada como una rémora de antaño y que no tiene la preparación legal suficiente para que le otorguemos un res-paldo incondicional a sus determinaciones.

Dentro de nuestro amplio poder de reglamentación (rule making power), que tenemos junto con la Asamblea Legislativa, Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 667, y en aras de darle garantías procesales adecuadas a los imputados, resolvemos que cuando la determinación de causa probable es hecha por un Juez de Paz se debe celebrar una vista preliminar para determinar causa probable para acusar. Esta norma no presenta conflicto alguno con el sistema vigente establecido por la Legislatura. Por el contrario, se adapta a las características eclécticas de la figura, especialmente a su visión prospectiva. Al así resolver, estamos impartiendo una interpretación restrictiva a favor de los acusados. No cumpliríamos adecuadamente nuestra función reglamentaria si acogiéramos los también respetables argumentos en contrario utilizados por los ilustrados jueces de instancia. Dentro del balance de conveniencias, adoptamos la norma menos onerosa para el sistema.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) En el historial correspondiente a la institución del juzgado de paz, bajo 4 L.P.R.A. see. 202 n. se señala que:

        “Ley anterior.

      “Como se ha indicado en las notas bajo la see. 181 de este título, la corte de paz anteriormente tenía poder para entender en cierta clase de causas crimi-nales. Esta facultad ha sido conferida ahora al Tribunal de Distrito bajo dicha see. 181 y bajo ésta. Además, excepto en San Juan, Ponce y Mayagüez, los [J]ueees de [P]az a virtud de la Ley de [m]arzo 10, 1904, p. 93, actuaban como jueces de instrucción durante la ausencia del [J]uez [Municipal.
      “El art. 1 de la Ley de [a]bril 13, 1916, Núm. 41, p. 97, disponía: ‘En San Juan, Ponce, Mayagüez y Arecibo, los [J]ueces de [P]az tendrán jurisdicción con-currente con las cortes municipales para actuar como jueces de instrucción y para expedir mandamientos de allanamiento; en todos los demás juzgados de paz el [J]uez de [P]az, además de las facultades que actualmente prescribe la ley o que en lo sucesivo prescribiere, tendrá facultad para actuar como juez de instruc-ción y para expedir mandamientos de allanamiento durante la ausencia del muni-cipio del [J]uez [M]unicipal, o cuando por cualquier otro motivo el [J]uez [M]unicipal estuviere imposibilitado para actuar’.
      “Los arts. 8 y 11 de la Ley de [m]ayo 15, 1950, Núm. 432, p. 1127, prescri-bían:
      ‘“Artículo 8. Juez de Instrucción. El [J]uez de [P]az podrá señalar y aceptar fianzas bajo las leyes de Puerto Rico, y podrá actuar como juez de instrucción en todo caso de delito grave.’
      ‘“Artículo 11. Facultades. Los [JJueces de [P]az tendrán las mismas facul-tades, deberes y funciones de los [JJueces de [PJaz nombrados bajo la legislación anterior a la vigencia de esta Ley.’

        “Informe del Comité.

      “ ‘Las facultades y poderes de los Jueces de Paz serán los mismos como hasta el presente, con la única excepción del poder para resolver casos. Esto compete ahora a la Corte Superior y a la de Distrito. La Constitución, [AJrt. II, [SJec. 10, dispone que las órdenes de arresto y de registro y allanamiento sólo serán expe-didas por “autoridad judicial”. En este sentido, entonces los Jueces de Paz pue-den todavía expedir órdenes de registro y allanamiento y órdenes de arresto, ya que no se considera que el [PJoder [JJudieial conlleva nada más el poder de resolver casos.’ Informe del Comité que redactó el proyecto de la Ley de la Judicatura de 1952.”

      (2) Así se hace constar en los formularios correspondientes.

      (3) Debemos presumir que al limitar el alcance y la disponibilidad de la vista preliminar la Legislatura conocía las expresiones de Pueblo v. Foster, 110 D.P.R. 8 (1980), y las del Informe del Comité sobre Normas y Objetivos para Acelerar los Trámites de Casos en el Tribunal de Primera Instancia de 1985, pág. 171 y ss. Allí se recomendaba mantenerla con ciertas sugerencias que no son aplicables a esta controversia. En este informe se hace referencia a los múltiples estudios e informes hechos con anterioridad. Informe del Comité, supra, Vol. I, pág. 177.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    Ángel Arce Oliveras, Virgenmina Arce Caraballo, etc., demandantes y apelados, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandados y apelantes.

      Número: CE-87-2

      Resuelto: 8 de diciembre de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Dora T. Peñagarícano, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Raúl Dávila Rivera, de Bauza & Dávila, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El 2 de junio de 1984 los apelados presentaron demanda contra el Estado Libre Asociado y otros. Reclamaron com-pensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la impericia médica de los empleados del Hospital de Dis-trito de Ponce. Las actuaciones torticeras por las cuales se solicitaba reparación se llevaron a cabo en el mes de junio de 1982.()

El 26 de noviembre de 1986, el Tribunal Superior, Sala de Ponce, dictó una sentencia en que condenaba al Estado Libre Asociado a pagarle a los demandantes las sumas siguientes:

a. Angel L. Arce Oliveras (padre) $ 25,000.00
b. Virgenmina Arce Caraballo (madre) $100,000.00
c. Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Angel L. Arce y Virgenmina Arce $ 10,000.00
d. Al menor Luis Ernesto Arce Arce
1. Por el daño cerebral sufrido y las incapaci-dades físicas y mentales a consecuencia del mismo $200,000.00
2. Por sus sufrimientos físicos y angustias mentales presentes, pasadas y futuras $100,000.00
3. Por la merma permanente en su capacidad y potencial para generar ingresos $ 50,000.00
Sentencia del Tribunal Superior, Sala de Ponce, pág. 34.

El tribunal resolvió que los límites de responsabilidad fi-jados por la Ley Núm. 80 de 25 de septiembre de 1983 (32 L.P.R.A. see. 3077),() eran inconstitucionales por ser contra- • rios a la doctrina establecida en Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981).

Admitimos el recurso de apelación presentado por el Es-tado Libre Asociado por estar presente una cuestión consti-tucional sustancial.

Los demandantes apelados plantean, por primera vez en este recurso, que la Ley Núm. 30, ante, no es aplicable en este caso por ser la misma de carácter prospectivo. Invocan nuestra decisión en Rodríguez Ríos v. E.L.A., 116 D.P.R. 102 (1985). Les asiste la razón. Siendo ello así, es innecesario pasar juicio sobre la constitucionalidad de la Ley Núm. 30, ante.

En Rodríguez Ríos v. E.L.A., ante, resolvimos que del historial legislativo de la Ley Núm. 30, ante, surge que la intención fue que la misma sólo aplicara prospectivamente. La referida ley no es aplicable al caso de autos, porque al aprobarse ya había surgido la causa de acción de los deman-dantes apelados. A ese momento tampoco regían los límites anteriores de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, ya que en 1981, en Torres v. Castillo Alicea, ante, resolvimos que el límite compulsorio para las indemnizaciones que establecía dicha ley era inconstitucional.

El hecho de que la demanda en este caso se presentara estando vigente la Ley Núm. 30, ante, no altera el resultado. La intención legislativa de que la medida fuese prospectiva es clara. Véase el historial legislativo citado en Rodríguez Ríos v. E.L.A., ante.()

En vista de que el tribunal de instancia no estaba obli-gado a observar los límites económicos fijados en la ley, de-berá, aunque por fundamentos distintos, confirmarse la sentencia. ()

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) El tribunal denegó las mociones de desestimación por prescripción y falta de notificación dentro de los noventa (90) días. El Estado acató dicho dictamen.

      (2) “Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico por las siguientes causas:
      “(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma de setenta y cinco mil (75,000) dólares causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia. Cuando por tal acción u omisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares. Si de las conclusiones del tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas excede de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, el tribunal procederá a distribuir dicha suma entre los demandantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno. Cuando se radique una acción contra el Estado por daños y perjui-cios a la persona o a la propiedad, el tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general, que se notifique a todas las per-sonas que pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder a distribuir la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares entre los demandantes, según se provee en las sees. 3077 et seq. de este título.” 32 L.P.R.A. sec. 3077.

      (3) Véase, además, F.J. Bonilla Ortiz, Los límites económicos en las demandas contra el Estado, LIV (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 760, 766-767 (1986).
      “La Ley Núm. 30 (1983) fue interpretada recientemente por nuestro Tribunal Supremo en Rodríguez Ríos v. E.L.A., 116 D.P.R. 102 (1985). En este caso el E.L.A. fue negligente por unos hechos ocurridos entre 1975 y 1977, antes de
        Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981). En 1978 se presentó la acción en el tribunal de instancia, que dictó sentencia en 1984, después de aprobada la Ley Núm. 30 (1983), y condenó al E.L.A. a indemnizar a la demandante en $423,900.77. La controversia fue si aplicaba la Ley Núm. 30 de 1983 a los pleitos pendientes a la fecha de su aprobación. El Tribunal citó extensamente el debate del P. de la C. 1033, que luego se convirtió en la Ley Núm. 30, y concluyó:
      ‘“A la luz de este historial es claro que la Ley 30 ... tiene tan s[ó]lo aplica-ción prospectiva.’
      “El mismo día el Tribunal resolvió por Sentencia, Pares Estrella v. E.L.A., Sentencia de 31 de enero de 1985, Núm. 0-84-643. En este caso, antes de resol-verse Torres v. Castillo Alicea, ante, el tribunal de instancia dictó sentencia contra el E.L.A. por $31,292.94. La sentencia advino final y firme en mayo de 1981. El demandante retiró los $15,000.00 consignados por el E.L.A. A los pocos días se resuelve Torres v. Castillo Alicea, ante. En 1982 la Asamblea Legislativa aprobó una resolución conjunta que autorizaba el pago del balance de la sentencia, actua-ción contraria a lo resuelto por Torres v. Castillo Alicea, ante, pero el Goberna-dor vetó esa resolución. En febrero de 1984, el demandante presentó una moción al tribunal de instancia que solicitaba la ejecución del balance no pagado de la sentencia. La sala de instancia resolvió que Torres v. Castillo Alicea, ante, no aplicaba retroactivamente, y tampoco tomó en consideración la Ley Núm. 30 de 1983. El Tribunal Supremo, luego de explicar lo resuelto el mismo día en Rodrí-guez Ríos v. E.L.A., ante, dijo:
      ‘“Tampoco rigen en este caso los límites anteriores de la Ley 104 ya que, no habiéndose dispuesto lo contrario en Torres v. Castillo [.Alicea], se entiende que lo allí resuelto tiene aplicación retroactiva.’”

      (4) El Estado no cuestiona la razonabilidad de las cuantías concedidas. Esti-mamos que guardan una debida proporción con los extensos daños sufridos.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
      In re CARLOS F. SANTOS VÍAS.

      Número: AB-87-27

      Resuelto: 13 de diciembre de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orsini Zayas, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Mario A. Ro-dríguez Torres, abogado de Carlos F. Santos Vías.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria en este asunto tiene como fundamento el siguiente trasfondo de he-chos.()

La señora Cordero Rodríguez contrató al licenciado Santos Vías para que la representara en la demanda de divorcio presentada en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, por su entonces esposo Ángel M. Molina (Civil Núm. 81-3305). Previos incidentes relativos a una pensión provisional, honorarios pendente lite y una enmienda en que se in-vocó la causal de separación, finalmente se dictó sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. Subsiguientemente, el tribunal reinstaló y concedió a la señora Cordero Rodríguez una pensión alimenticia.

Al tiempo, Ángel M. Molina presentó en el mismo foro una demanda sobre división de gananciales (Civil Núm. 83-2738 (502)). La señora Cordero Rodríguez acudió nueva-mente al licenciado Santos Vías para que la representara. Le informó que en el inventario relacionado en la demanda, Án-gel M. Molina había omitido ciertos bienes gananciales. Éste aceptó la encomienda y le comunicó que sus honorarios “se-rían a base del 15% de los bienes que le correspondieran en liquidación o $6,000.00 la cantidad que fuera menor y que para no gravar su casa, los honorarios se pagarían de los demás bienes o créditos que se reclamaban en la Reconven-ción y que negaba el demandante”. Exhibit IV pág. 17. Al decir del licenciado Santos Vías, no le requirió anticipada-mente depósito para gastos, pues “era cliente de la oficina” y a ella “nunca le preocupó la cantidad de honorarios a pagar siempre que se le garantizara que a ella le correspondería la casa donde resid[í]a y el carro que utilizaba”. (Énfasis suplido.) íd. Medió, pues, un acuerdo verbal sobre los hono-rarios. El licenciado Santos Vías contestó la demanda, pre-sentó una reconvención y, oportunamente, realizó varias ges-tiones profesionales conducentes a identificar y a valorar los bienes adicionales.

Posteriormente, ella suscribió un contrato escrito sobre honorarios que tenía ciertos renglones rutinarios en blanco. Esta situación motivó después un malentendido e incidente entre ambos, que con el tiempo culminó en que el licenciado Santos Vías pidiera al foro judicial que se le relevara de con-tinuar representándola. Lo hizo mediante moción suscrita el 21 de mayo de 1984. En la misma, adujo la existencia de se-rias discrepancias y hostilidades entre ambos. En el acápite tercero consignó: “Que el abogado que suscribe no ha co-brado un s[ó]lo centavo en concepto de honorarios de abo-gado a la demandada por las gestiones realizadas en [e]ste caso y no tiene intención de cobrar los mismos.” (Énfasis suplido.) Exhibit VIII, pág. 28. El tribunal accedió el 28 de mayo.

Poco tiempo después, la señora Cordero Rodríguez, como demandada en ese pleito de liquidación de bienes ganan-ciales, gestionó directa y personalmente con los abogados del demandante Ángel M. Molina una estipulación transaccional que puso fin al caso. En virtud de la misma, logró que se le adjudicara, por la Escritura Núm. 10 de 5 de octubre de 1984 ante el notario Ángel L. Tapia Flores, su casa en la Calle José E. Pedreira HN-65, Levittown, un Datsun 1976 y rete-ner la posesión de otros bienes. Concluimos que este acuerdo, en lo esencial, fue producto del fruto de las investi-gaciones y diligencias profesionales realizadas por el licen-ciado Santos Vías antes de su renuncia, incluso la reconven-ción.

El 11 de octubre de 1985, después de varias gestiones extrajudiciales infructuosas tendentes a cobrar $650 de gastos desembolsados, el licenciado Santos Vías, por propio derecho, demandó a la señora Cordero Rodríguez en el Tribunal de Distrito, Sala de Toa Alta (CD-85-1570). Fundó esta causa de acción precisamente en los servicios profesionales prestados en relación con el pleito de liquidación de los bienes gananciales (Civil Núm. 83-2738) antes aludidos y el contrato verbal de 15% o $6,000 (cantidad que fuera menor). En el párrafo cuarto de su demanda expuso que “[s]e acordó que el pago de [h]onorarios hasta donde fuera posible no se haría gravando la propiedad ganancial donde residía la [se-ñora Cordero Rodríguez] y s[í] de las demás propiedades ga-nanciales que se reclamaban...”. Exhibit VI, pág. 21. Pidió, además, $650 en gastos incurridos en las gestiones relacio-nadas, consistentes de dos (2) visitas al Bo. Mameyes de Utuado a investigar y a fotografiar unas propiedades y va-rias visitas a dos (2) bancos, al Registro de la Propiedad y al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

La señora Cordero Rodríguez fue emplazada el 15 de oc-tubre de 1985. No contestó por escrito y le fue anotada la rebeldía. El 12 de diciembre de 1985 se celebró la vista.' Ella compareció sola y no contrainterrogó. El licenciado Santos Vías declaró y sometió dos (2) cartas de requerimiento de cobro, una (1) certificación del Registro de la Propiedad y varias fotografías. El 16 de diciembre de 1985, el Tribunal de Distrito dictó sentencia en rebeldía por la suma de $6,650, costas y gastos. Una vez notificada, final y firme, el licen-ciado Santos Vías solicitó y obtuvo su ejecución contra la propiedad en la Calle José E. Pedreira HN-65, Levittown, residencia de la señora Cordero Rodríguez. Oportunamente, fue subastada por esa cantidad al Ledo. Mark C. Jiménez en representación de Olympic Mortgage Bankers Corp. Me-diante cheque, el licenciado Santos Vías cobró in toto la sen-tencia el 24 de octubre de 1986. La señora Cordero Rodrí-guez fue obligada por un alguacil a desalojar la residencia.

Contra esta actuación, la señora Cordero Rodríguez se quejó ante el Procurador General y, finalmente, ante este Tribunal. El sustrato de su súplica es que se le “devuelva [su] hogar”. Exhibit I, pág. 6.

HH

Con vista a estos hechos, por considerar meritoria la queja, ordenamos al Secretario del tribunal que procediera a remitir copia del informe del Procurador General al licen-ciado Santos Vías. Le concedimos término para que compa-reciera por escrito a mostrar causa por la cual no debería formulársele querella disciplinaria. En nuestra resolución le aclaramos que ese trámite era sin menoscabo de que devol-viera a la señora Cordero Rodríguez “el valor representativo del crédito de la propiedad subastada, en consideración a su compromiso judicial de renunciar a cobrar honorarios de abogado según expresado en su moción del 21 de mayo de 1984 antes aludida, apuntalado en el acuerdo de siempre ex-cluir dicha propiedad de cualquier contingencia o riesgo de cobro de tales honorarios”. (Énfasis suplido.) Resolución de 30 de junio de 1988, págs. 5-6.

En su comparecencia, por conducto del letrado Mario A. Rodríguez Torres, el licenciado Santos Vías alude a sus quince (15) años como profesional de derecho sin quejas o querellas en su contra. Expone su dedicación a actividades cívicas y deportivas ejemplares en Bayamón. No cuestiona los hechos esenciales antes relacionados. Nos dice que su proceder respondió a que “toda la conducta de la querellante [señora Cordero Rodríguez] no tenía otro propósito que lo-grar su renuncia y economizarse el justo pago por su tra-bajo”. Comparencia de 9 de septiembre de 1988, pág. 4. Se aduce que es frente “a esta percepción de injusticia que el Lie. Santos Vías, quizás comete el error de juicio de iniciar los trámites de reclamar, primero extrajudicial y luego judi-cialmente el pago de los servicios prestados”. (Énfasis su-plido y en el original.) íd. Argumenta que su actuación no fue para “molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndola víctima de opresión o daños... [ni] motivada por un af[á]n de lucro, ni con el propósito de molestar a la querellante. Hoy reconoce el Ledo. Santos Vías que en una situación similar no reaccionaría de la misma manera”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 5. Finalmente, concluye:

Recapitulando entendemos que si algo hubo incorrecto en la conducta del Ledo. Carlos Santos Vías fue producto de un error de juicio y de ello da fe la conducta profesional y personal del Ledo. Santos Vías, en su vida diaria.
Entendemos que no hubo conducta [é]tica de tal magnitud que justifique el que se formule querella disciplinaria contra el Ledo. Santos Vías sobre todo, cuando el trámite presente ha representado angustia y penar personal y familiar de sufi-ciente envergadura como para servir de lección.
No queremos concluir nuestra comparecencia sin notificarle a este Honorable Tribunal que el Ledo. Carlos Santos Vías tiene disponible los seis mil dólares ($6,000.00) reclamados como honorarios para ser devueltos a la querellante — Doña Eufracia Cordero Rodríguez. Habremos de iniciar la comuni-cación correspondiente con el Honorable Procurador General a los fines de que nos asista en la devolución de dicho dinero a la querellante. (Énfasis suplido.) Comparecencia de 9 de sep-tiembre de 1988, págs. 5-6.

hH 1 — 1 ( — 1

Ante los hechos expuestos, nuestra adjudicación está forzosamente limitada por el marco, un tanto estrecho, de nuestra jurisdicción disciplinaria. Por ende, no podemos acoger el ruego de la señora Cordero Rodríguez de que le devolvamos su hogar. () No obstante, ello no es impedimento para aproximarnos a ese pedido —en virtud de nuestra indeclinable función rectora de hacer justicia— y así proveer un remedio equivalente que restaure, en lo posible, los bienes lesionados por razón de conducta antiética.

Bajo este prisma, al evaluar la acción del licenciado Santos Vías se destaca su carácter clásico y dual como abogado de una parte que, sin perder su condición de funcionario del tribunal, se transforma en abogado parte contra aquélla. Este binónimo ocasional se proyecta sobre el marco del Código de Ética Profesional en las dimensiones deontológicas siguientes:

1. Canon 17. Prohíbe llevar un pleito civil cuando se estu-viere convencido de que se pretende por medio del pleito mo-lestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndola víctima de opresión o de daño. A su amparo, la comparecencia del licenciado Santos Vías —en este caso abogado y parte— su-braya el elemento de que su firma en las alegaciones de la demanda significa que, en su opinión, el caso es “uno digno de sanción judicial”, y está bien fundado.

2. Canon 23. “La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

8. Canon 2U- En la fijación de honorarios no debe esti-marse los consejos y servicios en más ni en menos de lo que realmente valen.

4. Canon 25. Ordena expresamente que las “controver-sias con los clientes con respecto a la compensación deben evitarse por el abogado en todo lo que sea compatible con el respeto a sí mismo y con el derecho que tenga a recibir una compensación razonable por los servicios prestados. Sola-mente deben establecerse demandas contra los clientes para evitar injusticias, imposiciones o fraudes”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IX.

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Bajo esta axiología ética, el licenciado Santos Vías incurrió en un serio error de juicio deontológico. Su percepción de que la señora Cordero Rodríguez había aprovechado injustamente el fruto legítimo de sus labores y sus diligen-cias profesionales —aun cuando fuera correcta— no justifi-caba su proceder. Todo tiende a indicar que actuó festinada-mente en dos (2) ocasiones: una al renunciar a los honorarios a que era acreedor hasta ese momento, en ocasión de pedir el relevo de su encomienda, y otra, cuando presentó la acción en cobro de tales honorarios y prosiguió la misma. Máxime, que llevó esa acción hasta sus últimas consecuencias: embargo y venta en pública subasta de la propiedad que especí-ficamente se había acordado sería siempre excluida de cual-quier contingencia o riesgo de cobro de honorarios de abo-gado.

Lo expuesto, de ordinario, sería suficiente para ordenar una querella formal y, en su oportunidad, posteriormente de-cretar su suspensión del ejercicio de abogado. Sin embargo, la comparecencia del licenciado Santos Vías nos convence de que, salvo este incidente, estamos ante un profesional ínte-gro y honrado que incurrió en un lamentable error de juicio de perfiles éticos. Por esa razón descartamos al presente ese curso de acción.

Ahora bien, sus errores y sus omisiones profesionales han ocasionado un daño. Interpretamos su disposición de de-volver inmediatamente la suma de $6,000 como un ofreci-miento tendente a corregir ese error mediante una compen-sación económica. In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986). Así visualizada, cuantitativamente la oferta no es suficiente. Para lograr plenamente ese propósito, se impone otra ave-nida decisoria. Después de todo, el resultado neto de su ac-ción fue que la señora Cordero Rodríguez perdió en pública subasta el inmueble que constituía su hogar y fue obligada a desalojarlo. Reiteradamente ha reclamado su devolución. Aunque como pedido específico estamos impedidos de conce-derlo, concluimos que esa lesión patrimonial, en la dimensión ética, sí es remediable mediante la devolución de la cantidad que representaba el valor líquido (equity) de esa propiedad, más los intereses devengados desde esa fecha. Ese es el pre-ció justo que en este lamentable incidente le corresponde pa-gar al licenciado Santos Vías.

A tal efecto, le concedemos el término de noventa (90) días. Para su implantación, a su costo, se determinará el valor líquido (equity) de dicha propiedad a la fecha en que fue subastada. Ese valor será la suma que deberá devolver el licenciado Santos Vías. Este trámite se realizará con la inter-vención directa del Procurador General o de su represen-tante. Una vez informado el Tribunal de su cumplimiento, procederemos a darle reposo final a este asunto.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Formulados en los documentos y. correspondencias entre las partes unidos al informe del Procurador General, un examen de los autos originales de las causas judiciales y la comparecencia del abogado Santos Vías.

      (2) No nos compete en esta instancia • — y nos abstendremos— de examinar si la sentencia dictada en rebeldía es susceptible de ser atacada bajo el fundamento de fraude que provee el inciso (3) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La misma establece dos (2) tipos de fraude: “interpartes” y al tribunal. Si es “fraude entre partes la moción de relevo debe ser presentada den-tro del término de seis meses. En los casos de fraude al tribunal puede éste dejar sin efecto la sentencia sin limitación de tiempo alguno”. (Énfasis suplido.) Muni-cipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 939 (1971). En dicho caso dijimos que fraude al tribunal cubre ‘“sólo aquellos tipos de fraude cuyo efecto o cuya intención es mancillar al tribunal como tal, o que es fraude perpetrado por oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria judicial no pueda ejercer como de costumbre su impareial labor de juzgar los casos que se le presentan para adjudicación’”. (Énfasis suplido.) Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra, pág. 939. Bajo esta categoría cae “la preparación, el uso y la presen-tación en la vista del caso de prueba falsa obtenida por la parte adversa por medio del soborno y la instigación al perjurio ...”. Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358, 360 (1961).


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Ileana Santín González, demandante y peticionaria, v. Enrique Grau Pelegrí, demandado y recurrido.

      Número: CE-88-659

      Resuelto: 13 de diciembre de 1988

      Alfredo Castro Mesa, abogado de la peticionaria; el recurrido no compareció.
   SENTENCIA

La peticionaria Ileana Santín González acude ante este Tribunal en revisión de una resolución, emitida en reconside-ración, por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ba-yamón, () mediante la cual se dejó sin efecto una orden que traslada a la Sala de San Juan del Tribunal Superior una demanda de alimentos que ella había presentado contra su esposo Enrique Grau Pelegrí en la Sala de Bayamón.()

Surge de la solicitud de certiorari presentada y de sus anejos, que al momento de presentarse la demanda de ali-mentos por la peticionaria, ésta residía con sus dos (2) hijos menores de edad en Guaynabo, Puerto Rico; esto es, en ju-risdicción de la Sala de Bayamón del Tribunal Superior. Igualmente surge del recurso presentado que, debido princi-palmente a la inexplicable tardanza Con que el tribunal de instancia ha manejado la referida demanda, la peticionaria se vio obligada a desalojar la casa en donde residía y a mu-darse a la jurisdicción de la Sala de San Juan del Tribunal Superior, hecho que acreditó debidamente —mediante decla-ración jurada— ante el tribunal de instancia.

Conforme a las disposiciones de la Regla 3.4 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, los pleitos de reclamación de salarios y alimentos deberán tramitarse en la sección o sala correspondiente a la residencia del demandante. A pe-sar de que para propósitos de determinar la competencia de un tribunal, de ordinario se toma en consideración la resi-dencia al momento de iniciarse el pleito, Rodríguez Cintrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 31, 34 (1975), bajo los he-chos específicos de este caso, y a manera de excepción, pro-cedía el traslado de la reclamación de alimentos pendiente ante la Sala de Bayamón a la de San Juan. Después de todo, en casos de alimentos de menores “[el] interés público no puede ser otro que el de proveer para la litigación de estas acciones el foro más conveniente al bienestar de los menores desde el punto de vista de la rapidez y la economía en el trámite”. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 10 (1983).

Al estar estos casos revestidos de un alto interés público, la Sala de San Juan deberá tramitar, con carácter preferente, la reclamación de alimentos en controversia. Véanse: Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió opinión concurrente. El Juez Asociado señor Ortiz no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

—O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Concurrimos plenamente con la sentencia que emite el Tribunal en el presente caso. Situaciones como las que pre-senta el recurso ante nuestra consideración no deberían de ocurrir en nuestra jurisdicción. La misma demuestra, de parte del juez de instancia, () una incomprensible insensibili-dad y un total incumplimiento con lo preceptuado por la ley sobre la materia y la jurisprudencia interpretativa de la misma; conducta que amerita nuestra más enérgica censura. Ante dicha situación, consideramos nuestra obligación ex-presarnos por separado.

) — I

Veamos los hechos. El 5 de mayo de 1988 la demandante peticionaria Ileana Santín González radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, una demanda contra su esposo Enrique Grau Pelegrí en la que reclamaba alimentos para ella y sus dos hijos menores —de seis y siete años de edad— habidos en el matrimonio de ambos. Expuso en la misma que el referido demandado había abandonado su hogar, careciendo ella y sus hijos “de toda clase de recursos para sufragar los gastos de alimentación, vestuario y aloja-miento” y que éste no estaba contribuyendo en ese momento con suma alguna de dinero para esos propósitos. La referida demanda de alimentos fue radicada ante la Sala de Bayamón del Tribunal Superior por razón de que la demandante y sus hijos, para la fecha de la radicación de la misma, tenían fijada su residencia en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, el cual forma parte del distrito judicial de Bayamón.

El tribunal de instancia —en abierta violación de las dis-posiciones de los Arts. 618 y 623 del Código de Enjuicia-miento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 2971 y 2824 — () señaló la vista para el día 19 de julio de 1988. La representación legal contratada por el demandado Grau Pelegrí —un bufete com-puesto por un sinnúmero de abogados— solicitó suspensión de la vista señalada para el 19 de julio por razón de que el abogado a quien le había sido asignado el caso en dicho bu-fete estaría de vacaciones para esa fecha, solicitud que aco-gió el foro de instancia, transfiriendo la vista para el día de agosto de 1988.

Mediante escrito titulado “Urgente moción sobre vista de alimentos” de fecha 19 de julio de 1988, la aquí peticionaria Santín González —luego de exponer que su situación era de tal naturaleza precaria que no había podido pagar la renta del hogar en que convivía con sus hijos desde el mes de mayo de 1988, como tampoco había podido cubrir los gastos de ali-mentos, luz y agua— solicitó del foro de instancia que ade-lantara el señalamiento de la vista. Nada obtuvo.

Con fecha de 29 de julio de 1988, la representación legal del demandado recurrido sometió una solicitud de renuncia de representación legal. No obstante la oposición de la peti-cionaria, la cual catalogó dicha solicitud como una táctica dilatoria por parte del demandado recurrido, el tribunal de instancia accedió a la misma mediante orden notificada con fecha de 4 de agosto de 1988 en la cual le concedió el tér-mino de treinta (30) días al demandado para anunciar su nueva representación legal. Ello tuvo el efecto, natural-mente, de automáticamente suspender el señalamiento de 24 de agosto de 1988, quedando el caso sin señalamiento de clase alguna.

Así las cosas, con fecha de 7 de septiembre de 1988 el demandado recurrido Grau Pelegrí, mediante nueva repre-sentación legal, radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, una demanda de divorcio contra la aquí peticionaria por la causal de trato cruel, solicitando me-diante moción a esos efectos que dicho caso fuera consoli-dado con el de alimentos previamente radicado por la peticionaria Santín González. No obstante la oposición de dicha peticionaria, el tribunal de instancia —Hon. Ronaldo Ro-dríguez Osorio, Juez— accedió a la consolidación solicitada, decretando que la oposición radicada por la peticionaria era “académica”.

La peticionaria, mediante moción de fecha 30 de septiem-bre de 1988, solicitó del foro de instancia que ordenara el traslado de los casos (alimentos y divorcio) a la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico. Fundó su solici-tud a esos efectos en una declaración jurada en la cual ex-puso, en síntesis y en lo pertinente, que ya no residía en el pueblo de Guaynabo por razón de que se había visto obligada a entregar la casa en que vivía con sus hijos al no poder pa-gar los cánones de arrendamiento de la misma y que había fijado el domicilio de ella y sus hijos en jurisdicción de la ciudad de San Juan, Puerto Rico,() con una familia que le había “dado albergue”.

Dicha solicitud fue declarada con lugar mediante orden de fecha 3 de octubre de 1988 emitida por el tribunal de ins-tancia. Solicitada la reconsideración de dicha orden de tras-lado por el recurrido Grau Pelegrí —basada la reconsidera-ción en que la peticionaria alegadamente estaba forum shopping— el tribunal de instancia dejó sin efecto la orden de traslado que había emitido.

En revisión de la referida resolución, vía certiorari, es que acude ante este Tribunal la peticionaria Santín González.

H-I

Resultan incontables las ocasiones en que este Tribunal ha señalado que los casos de alimentos, en específico los rela-tivos a menores de edad, están revestidos del más alto in-terés público. Véanse, entre otros: Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988).

Por otro lado, en varias ocasiones hemos expresado gran preocupación e inquietud por la lentitud con que se tramitan estos asuntos a nivel del tribunal de primera instancia. A esos efectos, en Quiñones v. Jiménez Conde, ante, pág. 6 — caso que se trataba de la acumulación innecesaria e impa-gada de una pensión alimenticia de menores decretada en la sentencia de divorcio dictada y que catalogamos como un ejemplo más de la manera inaceptable en que se llevan a efecto los procedimientos relativos a pensiones alimenticias para beneficio de los hijos menores de edad procreados du-rante el matrimonio en un considerable número de casos ante los tribunales de instancia— manifestamos:

Estamos conscientes de lo recargados de trabajo que se en-cuentran los señores jueces de instancia que presiden las salas de relaciones de familia. Ello no obstante —y mientras la situación presupuestaria de la rama judicial, y del país en general, no permita un aumento razonable en el personal asig-nado para atender dichas salas— los incumbentes deben estar prestos a realizar esfuerzos extraordinarios con el propósito de lograr un alivio en la situación imperante; la misma, y el futuro de esos menores de edad, asi lo exige y requiere. Aquel que esté dispuesto a enfrentarse a la situación con dedicación y sacrificio definitivamente habrá demostrado que está capa-citado para desempeñar tan delicada labor.
La solución del problema, como expresáramos en Martínez v. Rivera Hernández, ante, requiere que se actúe con “creati-vidad e imaginación... ”. Los tribunales de instancia deberán implantar a la brevedad posible aquellos procedimientos o sis-temas que hagan viable el darle “seguimiento automático” a los casos; esto es, mecanismos que impidan situaciones como la ocurrida en el presente caso: una suma de dinero adeudada de tal magnitud que difícilmente podrá ser recobrada en su totalidad, con el consabido perjuicio a los menores envueltos. Ello requiere que los jueces de instancia realicen aquellos ajustes necesarios en sus calendarios y horario de trabajo que les permitan disponer en una forma más rápida y efi-ciente de los procedimientos y asuntos relativos a las pen-siones alimenticias deforma tal que cuando actúen sobre los mismos no se encuentren frente a una situación insoluble. Ex Parte Valencia, ante. La situación es tan grave que se requiere que se le dé a la misma la mayor prioridad. (Énfasis suplido.)

III

Nos resulta verdaderamente difícil aceptar la actitud insensible y displicente observada por el juez de instancia en el presente caso. Todos aquellos que han practicado la profe-sión de abogado, especialmente aquellos que han desempe-ñado el honroso cargo de juez a nivel de instancia, saben que no hay congestión posible en el calendario de un juez del tribunal de primera instancia que justifique la conducta judicial aquí en controversia. Actuaciones como las aquí ocu-rridas son las que, desafortunadamente para el sistema, empañan la imagen de la justicia que se imparte en nuestra Isla y las que afectan el buen nombre y la reputación del resto de los integrantes de la Rama Judicial puertorriqueña que diariamente laboran con interés y orgullo por el bienes-tar de la ciudadanía en general.

El juez de instancia en el presente caso tenía que saber que el antes citado Art. 618 del Código de Enjuiciamiento Civil, ante, dispone, en lo pertinente, que toda “reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará en la forma pres-crita para el juicio de desahucio”, y que, a su vez, el Art. 623 de dicho código, ante, establece en lo pertinente que, presen-tada una demanda de desahucio, el tribunal citará al deman-dado “para comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a aquél en que se presente la reclamación”. Por otro lado, dicho magistrado igualmente debía de conocer nuestras decisiones a los efectos de que estos casos están revestidos de un alto interés público y, en consecuencia, nuestras directrices de que los mismos deben ser tramitados con prioridad sobre otros asuntos ante su consideración.

Por último, es de todos conocido que la Regla 3.4 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que los pleitos de alimentos deberán presentarse en la Sala correspon-diente a la residencia de la parte demandante. En relación con la mencionada disposición reglamentaria, en Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 10 (1983), expresamos, en lo pertinente, que:

La razón de la disposición de la Regla 3.4, que hemos citado, cuya procedencia la hallamos en el Art. 81 del Código de En-juiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 407, según enmendado por la Ley Núm. 16 de 21 de abril de 1954, fue expresada en Millán Rivera v. Solís Lazú, 85 D.P.R. 478, 482 (1962). Allí señalamos que la enmienda del 1954 al mencionado Art. 81 restauró el anterior concepto de la sede territorial para el caso especial de alimentos de menores por estar ello revestido de “un alto interés público”.
Ese interés público no puede ser otro que el de proveer para la litigación de estas acciones el foro más conveniente al bienestar de los menores desde el punto de vista de la rapidez y la economía en el trámite. El lugar de la residencia de los menores es, como regla general, el más conveniente desde estos puntos de vista.

Habiéndose tenido que mudar de domicilio la parte de-mandante luego de radicada la demanda de alimentos, hecho que fue debidamente acreditado mediante declaración ju-rada, el tribunal debió haber mantenido en vigor la orden que dispuso el traslado del caso al foro de San Juan por cuanto en la actualidad “el foro más conveniente al bienestar de los menores desde el punto de vista de la rapidez y la economía en el trámite” precisamente lo es dicho foro. Guadalupe Viera v. Morell, ante, pág. 10.

Sea cual fuere la razón para la dilación en el trámite acae-cida en el presente caso, resulta ser totalmente inaceptable que al día de hoy todavía esté pendiente de resolución ante nuestros tribunales de instancia una reclamación de ali-mentos que fuera radicada el día 5 de mayo de 1988 por una madre y unos hijos que tienen necesidad imperiosa de los mismos. Esa ciertamente no es la justicia que se merecen nuestros conciudadanos.

La ciudadanía puertorriqueña tiene derecho a que los funcionarios judiciales ante quienes comparecen, en busca de que se le haga justicia y se le provean remedios para las situaciones que en un momento determinado le aquejan, sean funcionarios honrados, honestos y laboriosos que estén siempre prestos a resolver dichos asuntos en forma rápida, imparcial y conforme a derecho. Así actúa la inmensa mayo-ría de los integrantes de la Rama Judicial puertorriqueña. Aquellos que no estén en disposición de asi actuar, no tie-nen cabida alguna en nuestro sistema judicial.

      (1) Hon. Juez Ronaldo Rodríguez Osorio.

      (2) Consolidada dicha demanda de alimentos con una demanda de divorcio posteriormente presentada por el esposo dé la peticionaria, el recurrido Enrique Grau Pelegrí.

      (1) Hon. Ronaldo Rodríguez Osorio, Juez.

      (2) El citado Art. 618 dispone, en lo pertinente, que toda “reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará' en la forma prescrita para el juicio de de-sahucio”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 2971.
      Por su parte, el Art. 623 de dicho código establece:
      “Se promoverá el juicio por medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en el Código de Enjuiciamiento Civil y presen-tada aquélla, se mandará convocar al actor y al demandado para comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a aquél en que se presente la reclamación." (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 2824.

      (3) En la Calle 2 NE, No. 1231, Puerto Nuevo, Puerto Rico.