author: per curiam:

text:
      In re Antonio Córdova González.

      Número: 2206

      Resuelto: 9 de marzo de 1994

      Antonio Córdova González, pro se.

   per curiam:

Mediante Opinión y Orden de 19 de mayo de 1992, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico suspendió al Ledo. Antonio Córdova González de la prác-tica de la abogacía ante dicho foro. Esta decisión fue con-firmada en apelación por el Tribunal Federal de Apelacio-nes para el Primer Circuito. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó, a revisarla el 29 de noviembre de 1993. En el ejercicio de nuestra facultad disciplinaria, de-bemos determinar las consecuencias derivadas de la refe-rida decisión sobre la práctica de la profesión del abogado en nuestra jurisdicción.

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Surge de la Opinión de 19 de mayo de 1992 del foro federal, In the Matter of Antonio Córdova González, Civil No. 91-1595, págs. 4, 10 y 15, que al licenciado Córdova González se le imputaron los cargos siguientes:

1. Prestar una fianza hipotecaria (dos propiedades) para acu-sados en el caso Cr. No. 88-214(HL), siendo el lie. Córdova González el abogado de éstos. Las propiedades eran privati-vas de la esposa del abogado y estaban sujetas a un procedi-miento bajo el Capítulo XI de la Ley de Quiebras. Violación a las Reglas Modelo 1.8(e) y 8.4 de la American Bar Association y violación a la Regla local 401.1(c)(3) del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico.
2. Obtener un préstamo por $100,000 de un cliente que el li-cenciado Córdova González representaba en un procedi-miento criminal (Cr. No. 87-0029), sin que dicha persona con-tara con asesoramiento legal independiente. Violación a las Reglas Modelo 1.8(a) y 8.4 de la American Bar Association.
3. Presentar escritos en casos criminales (Cr.86-419(PG) y 87-0029(JAF) utilizando lenguaje mordaz e irrespetuoso, el cual es abusivo y degradante hacia la ley, la profesión legal y el tribunal, en violación a las Reglas Modelo 3.5(c) y 8.4 de la American Bar Association. (Traducción nuestra.)

En virtud de una orden dictada por el Tribunal de Dis-trito Federal para el Distrito de Puerto Rico (en adelante Tribunal de Distrito Federal) el 14 de octubre de 1988, las alegaciones correspondientes al primer cargo imputado al licenciado Córdova González fueron referidas al Magis-trado Hon. Justo Arenas. El 13 de abril de 1988 el magis-trado presentó un informe sellado, el cual contenía sólo determinaciones de hecho.

El 31 de agosto de 1990 el foro federal designó un Co-mité de Abogados (en adelante Comité) conforme a la Re-gla 22 local y, posteriormente, a petición del licenciado Córdova González, emitió una orden mediante la cual es-pecificaba los cargos referentes a su conducta profesional.

Luego de varios trámites y prórrogas, el licenciado Cór-dova González compareció y se celebró la vista final del caso el 19 de mayo de 1991. En el informe que rindió el Comité el 12 de septiembre de 1991, se recomendó que el licenciado Córdova González fuese suspendido del ejercicio de la profesión durante un (1) año. Se recomendó, además, como condición para reinstalar al abogado, requerirle qué tomara y aprobara un curso de Responsabilidad Profesio-nal en cualquiera de las tres (3) escuelas de derecho, y que tomara y aprobara la parte de la reválida federal sobre las Reglas Locales del Tribunal de Distrito.

Ante los hallazgos y la recomendación del Comité, el 19 de septiembre de 1991 el Tribunal de Distrito Federal dictó una orden de mostrar causa por la cual el abogado no debía ser objeto de una acción disciplinaria. Luego de la conce-sión de una prórroga, el licenciado Córdova González com-pareció mediante un escrito presentado el 20 de noviembre de 1991.

En síntesis, el Tribunal de Distrito Federal concluyó que el licenciado Córdova González todo el tiempo conocía el hecho de que las propiedades ofrecidas como fianza hipote-caria para sus clientes en el caso criminal (Cr.88-214(HL)) eran parte del procedimiento de quiebra iniciado por él y su esposa. La fianza fue prestada al día siguiente de haber asumido el licenciado Córdova González la representación legal de los acusados. Las propiedades en cuestión, las cua-les pertenecían privativamente a la Sra. Mercedes Rivera Martínez, esposa del licenciado Córdova González, previa-mente habían sido ofrecidas como colateral para los acree-dores asegurados en el pleito de quiebra. La prestación de estas propiedades como fianza, bajo estas condiciones, constituye una violación a la Sec. 549(a) del Código de Quiebras. Por ello, la fianza prestada era nula. Al ocultar esta información, hasta que el asunto fue llevado ante la atención del Magistrado por la Oficina de la Fiscalía Federal, el licenciado Córdova González, a través de su señora esposa, le hizo falsas representaciones al Tribunal de Dis-trito Federal en violación a las Reglas 8.4(c) y 8.4(d) de las Reglas Modelo de la American Bar Association (ABA Model Rules of Professional Conduct) y a la Regla 401.1(c) local. El Tribunal desconocía que la fianza prestada era nula y, siguiendo el curso normal de los procedimientos, los acusa-dos fueron dejados en libertad. El Tribunal concluyó que el licenciado Córdova González incurrió en una conducta per-judicial a la administración de la justicia.

En relación con el segundo cargo, el Tribunal de Distrito Federal determinó que no estaba en controversia que el licenciado Córdova González obtuvo un préstamo por la cantidad de $100,000 de un cliente suyo. Como colateral de dicho préstamo, el licenciado Córdova González ofreció un bien privativo de su esposa, propiedad que era parte del procedimiento de quiebra. Concluyó el foro federal que el licenciado Córdova González abusó de la confianza que el cliente tiene en que no hará contratos ilegales con su abogado. Al otorgarse el referido contrato de préstamo, existía la relación abogado-cliente entre las partes. El cliente se encontraba en prisión y no contó con, ni fue ad-vertido de, su derecho a obtener asesoramiento legal inde-pendiente sobre la validez del pagaré. Por su conducta, el abogado, según determinó el Tribunal de Distrito Federal, quebrantó su obligación fiduciaria hacia su cliente, además de aprovechase injustamente de éste. Por ello, concluyó el Tribunal que el licenciado Córdova González violó las Re-glas 1.8(a) y 8.4(c) de las referidas Reglas Modelo de la A.B.A.

Finalmente, en torno al tercer cargo imputado, el Tribunal de Distrito Federal evaluó las expresiones del licen-ciado Córdova González en sus escritos y consideró que éstos claramente denotan el lenguaje abusivo e irrespe-tuoso utilizado contra los jueces y los abogados de la parte contraria. A su vez, el Tribunal de Distrito Federal ponderó la persistencia o el patrón seguido por el licenciado Cór-dova González en la utilización de ataques personales y lenguaje inapropiado en sus escritos. Concluyó el foro federal que, mediante sus escritos y comparecencias, el licen-ciado Córdova González violó las Reglas 3.5(c) y 8.4(d) de las Reglas Madelo de la A.B.A.

En su decisión de ordenar la sanción de suspensión de la práctica de la abogacía, el tribunal federal ponderó la evi-dencia que sostiene los primeros dos (2) cargos y concluyó que la conducta del licenciado Córdova González refleja un patrón de conducta engañosa tanto hacia el Tribunal como hacia sus clientes. Surge de la opinión del Tribunal de Dis-trito Federal que, además del patrón de conducta antes descrito, el licenciado Córdova González mostró una falta de arrepentimiento; un incumplimiento con las amonesta-ciones recibidas anteriormente, y una propensión a utilizar un lenguaje desmedido y difamatorio contra los jueces y la Oficina de la Fiscalía Federal.

La decisión del Tribunal de Distrito Federal fue confir-mada en apelación por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito (en adelante Tribunal Federal de Apelaciones) mediante opinión Per Curiam de 30 de junio de 1993, In re Antonio L. Córdova González, 966 F.2d 1334, 1993 W.L. 225584.

El Tribunal Federal de Apelaciones concurrió con la in-terpretación y el análisis que hizo el Tribunal de Distrito Federal sobre la conducta del licenciado Córdova González en cada uno de los cargos contra éste. En síntesis, concluyó que no abusó de su discreción el Tribunal de Distrito Federal al aplicar la sanción de suspensión de la práctica de la profesión al licenciado Córdova González. El Tribunal Federal de Apelaciones, al confirmar la decisión, tomó en con-sideración que el licenciado Córdova González es un abo-gado con alrededor de treinta (30) años de experiencia que ha sido objeto de procedimientos disciplinarios anteriores. Conforme a la interpretación de dicho tribunal, cada uno de los cargos de conducta impropia del licen-ciado Córdova González lo exponía por separado a una san-ción severa. Ante todas esas circunstancias concluyó que la sanción disciplinaria era proporcional a la ofensa. En rela-ción con las alegaciones del licenciado Córdova González sobre la violación al debido proceso de ley durante la inves-tigación y resolución de los cargos en su contra, concluyó el foro apelativo que el récord demostró que el abogado fue notificado de los cargos en su contra y tuvo la oportunidad de refutar o responder a éstos en cada, etapa del proceso. En conformidad con la Regla 46(b) de Procedimiento Ape-lativo Federal, 28 U.S.C., y al no lograr el licenciado Cór-dova González rebatir los cargos ni explicar satisfactoria-mente razón alguna para no aplicarse la misma sanción, el Tribunal Federal de Apelaciones le impuso la sanción de suspensión ante dicho foro.

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En Puerto Rico, donde el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad y donde la fe en la justicia se considera factor determinante en la convivencia social, es de primordial importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía.
“La consecusión de estos fines le impone a los miembros de la profesión jurídica, sobre quienes recae principalmente la mi-sión de administrar la justicia y de interpretar y aplicar las leyes, el deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad. Preám-bulo del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX n.

Todo abogado admitido a nuestra jurisdicción tiene una obligación ineludible de desempeñarse dentro del marco ético-moral delineado por los cánones de ética profesional.

Como norma general, el deber de conducirse de un modo decoroso, íntegro y compatible con los postulados de los cánones de ética profesional es de aplicación a todos los abogados admitidos en nuestra jurisdicción, independien-temente del foro ante el cual éste postule. Ello es así por-que la naturaleza misma de la profesión de abogado le im-pide actuar al margen de la conducta esperada de éste una vez es admitido al ejercicio de la profesión en nuestro país. El mero hecho de ejercer la profesión ante el foro federal o un foro administrativo no excluye al abogado admitido en nuestra jurisdicción del ámbito de aplicación del Código de Ética Profesional. En esas circunstancias, al abogado tam-bién le son de aplicación las reglas de conducta profesional vigentes en el foro ante el cual postule.

Reiteradamente hemos sotenido que este Tribunal tiene facultad inherente para reglamentar la admisión y remoción del ejercicio de la abogacía. In re Belén Trujillo, 128 D.P.R. 949 (1991); García O’Neill v. Cruz, 126 D.P.R. 518 (1990); In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984); In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983); In re Roldán González, 113 D.P.R. 238 (1982); In re Ríos, 112 D.P.R. 353 (1982); In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698 (1978). Véanse, además: L.M. Negrón Portillo, Ética Profesional, 1993; M. Serapión Planas, Análisis de la responsabilidad profesional del abogado puertorriqueño en las últimas dos décadas, 50 (Núm.2) Rev. Jur. U.P.R. 285, 286 (1981); J.B. Fuster, La misión del abogado en el mundo contemporáneo y sus implicaciones para las Escuelas de Derecho, el Tribunal Supremo y el Colegio de Abogados, 36 (Núm.4) Rev. Jur. U.P.R. 579, 627-639 (1967).

Cuando a un abogado admitido al ejercicio de la profesión en Puerto Rico se le impone una sanción disciplinaria en otro foro judicial, es imperativo evaluar la conducta en la que incurrió para determinar si amerita la imposición de una sanción disciplinaria en nuestra jurisdicción. Procede, por lo tanto, considerar la situación del licenciado Córdova González.

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Desde el 2 de jimio de 1992 este Tribunal le ordenó al licenciado Córdova González que mostrara causa por la cual no debía ser objeto de una sanción disciplinaria por los hechos que conllevaron la eliminación de su nombre de la lista de abogados que postulan ante el Tribunal de Distrito Federal. En particular, se señaló en nuestra resolución la posibilidad de que la referida conducta haya violado las disposiciones del Preámbulo del Código de Ética Profesio-nal, del criterio general respecto a los deberes del abogado para con la sociedad y de los Cánones 5, 9, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Inicialmente, el licenciado Córdova González compare-ció y, en síntesis, planteó la violación al debido proceso, prejuicio, parcialidad y persecusión política por su partici-pación en las vistas públicas de la investigación del Cerro Maravilla (segunda parte) que llevó a cabo el Senado de Puerto Rico. El abogado solicitó una paralización de los procedimientos y, en el ejercicio de nuestra discreción, pos-pusimos considerar el asunto hasta que se resolviera la apelación pendiente ante el Tribunal Federal de Apelaciones.

Posteriormente, el Procurador General interino, luego de que la decisión del Tribunal de Distrito Federal fue con-firmada por el Tribunal Federal de Apelaciones, solicitó que se extendiera la sanción de suspensión de la práctica del licenciado Córdova González al foro local.

El abogado Córdova González compareció por escrito y presentó ante nuestra consideración una copia de su es-crito de apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones. Nos informó, a su vez, de su petición de certiorari pen-diente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El licenciado Córdova González aduce varias causas por las cuales no debe ser objeto de sanción. En varios de sus escritos ante nos, el abogado alega (en síntesis) ser objeto de persecución política debido a sus declaraciones durante las referidas vistas sobre los sucesos del Cerro Maravilla (segunda parte). El licenciado Córdova González relaciona entre sí a tres (3) jueces federales y a dos (2) ex goberna-dores al cuestionar la motivación del foro federal al llevar los procedimientos en su contra. Alega que por censurar o criticar abiertamente las actuaciones de los jueces y de la Oficina de la Fiscalía Federal se iniciaron los procedimien-tos disciplinarios en su contra.

En torno a la violación de los cánones de ética profesio-nal de nuestra jurisdicción, el licenciado Córdova González alega ante nos que la opinión y orden del Tribunal de Dis-trito Federal estuvo fundada en unas conclusiones no sos-tenidas por la prueba. La prestación de la fianza hipoteca-ria, según éste, no conllevó una apropiación ni hubo perjuicio hacia su cliente. Concentra el licenciado Córdova González su discusión en el hecho de que no hubo un be-neficio económico para su esposa ni para él.

En cuanto al préstamo obtenido de un cliente suyo, donde se ofreció como colateral una propiedad bajo el pro-cedimiento de quiebra, se alega en el escrito que no hubo violación a la relación fiduciaria abogado-cliente. Sostiene el licenciado Córdova González que las conclusiones del foro federal están viciadas y reflejan el prejuicio y parcia-lidad del cual ha sido objeto por motivaciones político-partidistas.

Con respecto a las expresiones contenidas en sus escri-tos y en sus comparecencias ante el Tribunal de Distrito Federal, el licenciado Córdova González aludió a lo si-guiente:

Yo no he atacado a nadie. Solo he dicho sino la Verdad, res-pecto a TODAS las imputaciones, inclusive la conducta no compatible con la Honorabilidad del cargo de los Jueces aludidos. ... He estado siempre opuesto a la “politización” de la judicatura y la fiscalía. Doce años de lucha abierta, pública y de frente, en-gendran la “Razón Escondida” detrás del “Opinión” Orden de expulsión vitalicia. Por supuesto Maravilla es “La Causa” o ra-zón de ser del “Opinion Order”.
... ¡Es un pecado que se paga con el desaforo el criticar las fallas del Sistema! ¡Intocables, i signo interjecció por lo menos así lo creen ellos. En los Estados Unidos es común, entre los abogados en forma de palique soler decir, “Federal Judges only talk with God-to give him advice!”
Específicamente, los Señores Jueces han demostrado perjui-cio y parcialidad contra el recurrente, abusando impropia-mente de sus prerrogativas en el propio y equitativo desempeño de sus funciones, y en deshonra a la. “Institución”. Han obser-vado en.más de una ocasión actitud despectiva, (descortés, re-sulta poco), e irrespetuosa al cargo que ocupan. Sometemos muy respetuosamente que, “La Toga No Da Licencia A Ser Tirano". (Enfasis en el original.) Escrito mostrando causa de 28 de julio de 1992, págs. 4-5.

A través de su comparecencia ante nos, el licenciado Córdova González consistentemente ha caracterizado su conducta como premeditada, con el objetivo de denunciar o corregir situaciones que considera abusivas o en violación a sus derechos. Sostiene el abogado que no siente remordi-miento ni está arrepentido, ya que nunca ha pretendido ser ofensivo o faltarle el respeto al Tribunal.

IV

Un examen cuidadoso de la opinión del Tribunal de Dis-trito Federal y de las comparecencias del licenciado Cór-dova González ante el foro federal y ante nos, revelan que no están en controversia las determinaciones de hecho que describen la conducta en que incurrió el abogado. El licen-ciado Córdova González cuestiona realmente el proceso mediante el cual el Tribunal de Distrito Federal le impone la sanción de suspensión indefinida, la interpretación que dicho foro hace de la conducta del abogado y de las moti-vaciones de los jueces durante todo el proceso.

El licenciado Córdova González tuvo una amplia opor-tunidad de exponer sus planteamientos ante el foro federal y ante esta Curia. En sus escritos ante nuestra considera-ción, los cuales incluyen una copia de los mismos escritos que presentó ante el foro federal, no logró el licenciado Cór-dova González rebatir o explicar satisfactoriamente las violaciones éticas imputadas. Sus comparecencias se carac-terizan por la narración subjetiva, dirigida a imputarle motivaciones político-partidistas a los jueces participantes en el proceso disciplinario en su contra, tanto en el foro federal como en nuestra jurisdicción. A su vez, el abogado niega haber incurrido en violación ética alguna. Sobre sus expresiones escritas, el abogado intenta explicar o justifi-car las mismas, aludiendo a su derecho a la expresión.

Conforme fue determinado por el Tribunal de Distrito Federal y confirmado por el Tribunal Federal de Apelacio-nes, el licenciado Córdova González incurrió en la conducta siguiente:

(1) Bajo su auspicio y con su conocimiento su esposa prestó una fianza hipotecaria, la cual estaba sujeta a la jurisdicción de la Corte de Quiebras. Se obtuvo la libertad de la cliente del abo-gado, Sra. Irma Cruz Vázquez, mediando como garantía una propiedad de la cual la titular no podía disponer, siendo la tran-sacción nula bajo la Sección 549(a) del Código de Quiebras.
(2) Obtuvo un préstamo de su cliente por la suma de cien mil dólares ($100,000) sin informarle a éste que la propiedad ofre-cida como colateral o garantía no era suya, sino que era un bien privativo de su esposa; sin informarle que él y su esposa lleva-ban un procedimiento de quiebra; que la propiedad estaba bajo la jurisdicción de la Corte de Quiebras y no se había aprobado la referida transacción con la propiedad.
(3) Utilizó incesantemente lenguaje mordaz e irrespetuoso contra los jueces y contra los abogados, incluyendo aseveraciones ofensivas y difamatorias.

Los hechos antes señalados reflejan una conducta cons-titutiva de una desviación de los parámetros mínimos de conducta profesional fijados por nuestros cánones de ética profesional. Atenta dicha conducta contra el Preámbulo del Código de Ética Profesional, en la medida en que allí cla-ramente se explica que “[l]a enumeración de deberes espe-cíficos, sin embargo, no deja de hacer mandatorias otras obligaciones no señaladas en este cuerpo de normas y que son inherentes a la resposabilidad social y profesional de los juristas y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión”. Preámbulo del Código de Ética Profesional, supra.

El licenciado Córdova González, mediante su actuación ante el foro federal, ha soslayado “la importancia de evitar aun la apariencia de conducta impropia”. Véanse: In re Pizárro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986); In re Félix, 111 D.P.R. 671 (1981); In re Maldonado Soto, 110 D.P.R. 748 (1981); In re Ayuso Ramírez, 102 D.P.R. 65 (1974).

A todo abogado sujeto a nuestra jurisdicción le está vedado violar los cánones de ética profesional “aun por medios indirectos o mediante el empleo de terceros”. Preámbulo del Código de Ética Profesional, supra. A pesar de que fue la esposa del licenciado Córdova González quien prestó la fianza de un cliente con un bien privativo suyo, lo cierto es que el abogado, a través de terceros, permitió que el tribunal actuara confiando en la validez de la fianza prestada. Debió conocer el hecho de necesitar la autorización de la Corte de Quiebras para la referida transacción que involucraba un inmueble sujeto a su jurisdicción. Esto constituye una violación al Canon 5 del Código de Ética Profesional, supra.

La conducta en la que incurrió el licenciado Córdova González, en las tres (3) situaciones señaladas anterior-mente, tanto en conjunto como por separado, constituyen una violación al criterio general respecto a los deberes del abogado para con la sociedad, para con los tribunales y al Canon 5 del Código de Ética Profesional, supra.

La actuación del abogado en el incidente de la fianza, al igual que mediante sus expresiones en los escritos someti-dos al tribunal, denotan una desviación impermisible del criterio general respecto a los deberes del abogado para con los tribunales y una falta de respeto hacia los procedimien-tos judiciales (4 L.P.R.A. Ap. IX). Véanse: In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986); Pueblo v. Ruiz Negrón, 113 D.P.R. 17 (1982); In re Martínez Rivera, 106 D.P.R. 239 (1977); De Latorre v. Alcalde de Carolina, 104 D.P.R. 523 (1976). Consideramos que en el desempeño de su función como abogado defensor, el licenciado Córdova González in-currió en una práctica que en nada contribuye a defender el buen nombre y prestigio de los tribunales de justicia sino que, por el contrario, socavan la imagen del sistema judicial.

Con respecto al préstamo que obtuvo de su cliente, todas las circunstancias que rodearon dicha transacción nos lle-van a concluir que el licenciado Córdova González violó los Cánones 21, 23 y 24 del Código de Ética Profesional, supra. Todas las circunstancias pertinentes a la transacción no fueron divulgadas a su cliente. Con ello el abogado que-brantó el cimiento de honradez absoluta sobre el cual des-cansa la naturaleza fiduciaria de la relación abogado-cliente. Véanse: In re Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743 (1990); In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra; In re Guzmán, 82 D.P.R. 235 (1961); In re Guzmán, 80 D.P.R. 713 (1958).

El Criterio General respecto a los Deberes del Abogado para con sus clientes claramente dispone que “[l]a relación de abogado y cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza”, por lo que “todo miembro del foro legal le debe a sus clientes un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez”. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Los actos del licenciado Córdova González también denotan una desviación del ideal representado por este criterio general.

Concluimos que el licenciado Córdova González ha demostrado una falta de respeto hacia el tribunal, violentando abiertamente el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, que le exige a los abogados evitar los ataques injustificados contra los jueces. El hecho de que el abogado considere que el proceso judicial esté plagado de prejuicio, parcialidad o fuese discriminatorio, no le concede una li-cencia para utilizar sus escritos y comparecencias como medio de difamar y atacar personalmente a los jueces. Tampoco le concede inmunidad para utilizar un vocabula-rio que denigre la dignidad de los miembros del foro judicial. Con las imputaciones orales y escritas sobre he-chos inmorales o ilegales no respaldados ni acompañadas con prueba que sea admisible, el licenciado Córdova Gon-zález ha atentado no sólo contra los jueces, sino contra la dignidád del tribunal. In re Martínez Texidor, 130 D.P.R. 905 (1992); In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986); Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 124 (1959); In reAndréu Ribas, 81 D.P.R. 90 (1959); De Latorre v. Alcalde de Carolina, supra; In re Vázquez Suárez, 83 D.P.R. 724 (1961); In re Pagán Hernández, 105 D.P.R. 796 (1977); In re Martínez, Jr., 108 D.P.R. 158 (1978); In re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985); In re Vázquez Báez, 110 D.P.R. 628 (1981); Garán Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321 (1975); In re Martínez Rivera, 106 D.P.R. 239 (1977), entre otros.

Esta actuación constituye, además, una violación al cri-terio general respecto al deber del abogado en relación con sus compañeros, su profesión y los Cánones 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Refiérase a In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500 (1992); In re Córdova González, 125 D.P.R. 555 (1990); In re Ríos Lugo, 119 D.P.R. 568 (1987); In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977).

Precisamente, el 1ro de marzo de 1990 el licenciado Cór-dova González fue amonestado por utilizar un lenguaje ofensivo y desconsiderado hacia los abogados de la parte adversa en un caso civil donde él era parte demandante. In re Córdova González, supra. En aquella ocasión considera-mos que "el vocabulario utilizado no aporta[ba] nada al decoro y deferencia que merecen los tribunales y que el mismo resulta ofensivo y de falta de consideración a los abogados de la parte contraria”. Luego de evaluada la conducta del licenciado Córdova González a la luz de todas las circunstancias, en aquella ocasión nos limitamos a so-lamente amonestarlo por su conducta impropia. Ahora bien, se le apercibió que de repetirse dicha conducta, esta-ría sujeto a sanciones más drásticas.

El licenciado Córdova González nuevamente ha utili-zado un lenguaje inapropiado en sus escritos. Para justifi-car su proceder, reitera su derecho a la expresión. En In re Cardona Álvarez, supra, explicamos que “ ‘cuando se habla de respeto al magistrado, no se quiere dar una regla esco-lar de buena educación o urbanidad, sino significar una obligación, que por lo demás es recíproca, de respeto a la justicia y de respeto a la defensa. El abogado puede no expresar estimación al magistrado, pero está obligado a respetarlo’ ”. (Énfasis suprimido.) No podemos tolerar que el abogado convierta sus escritos ante el Tribunal en editorial de ataques personalistas con tónica revanchista y difamatoria..

En resumen, la conducta en la que ha incurrido el licen-ciado Córdova González, que conllevó su separación de la práctica de la profesión en el foro federal constituye, a su vez, una conducta que viola los Cánones del Código de Ética Profesional en nuestra jurisdicción. Ante ello, pro-cede que se separe indefinidamente al Ledo. Antonio Cór-dova González del ejercicio de la profesión de la abogacía y de la notaría en Puerto Rico y se ordene que su nombre sea borrado del Registro de Abogados admitidos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibieron. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       El Comité de Abogados estaba constituido por los Ledos. Rafael Pérez Bachs, Roberto Buso Aboy y Rafael Ortiz Carrión.

       Refiérase a In re Cordova Gonzalez, 726 F.2d 16 (1er Cir. 1984), e In re Córdova González, 125 D.P.R. 555 (1990).

       Inconforme con la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, el licenciado Córdova González acudió vía certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El 29 de noviembre de 1993 dicho recurso fue denegado (In re Córdova González, 93-502: 62 L.W. 3375).

       Esta es la doctrina prevaleciente en la gran mayoría de los estados en Esta-dos Unidos. Véanse, a modo de ejemplo: Matter of Lieberman, 592 A.2d 1060 (Cir. D.C. 1991); Office of Disciplinary Counsel v. Hurley, 787 P.2d 688 (Hawaii 1990); Office of Disciplinary Counsel v. Smith, 780 P.2d 87 (Hawaii 1989); People v. Kochel, 764 P.2d 68 (Colo. 1988); Matter of Criares, 513 N.Y.S.2d 159 (1987); In re Evans, 834 F.2d 90 (4to Cir. 1987); Matter of Sussman, 513 N.Y.S.2d 4 (1987); People v. Montano, 744 P.2d 480 (Colo. 1987); In re Tumini, 468 A.2d 707 (N.J. 1983); Matter of Weaver, 399 N.E.2d 748 (Ind. 1980); Matter of Molliver, 432 N.Y.S.2d 376 (1980); Matter of Kaufman, 406 A.2d 972 (N.J. 1979); In re Isserman, 345 U.S. 286 (1953); Theard v. United States, 228 F.2d 617 (5to Cir. 1956). Véanse, además: 2 Law of Lawyering Secs. 8.5:100-8.5:102, págs. 966-968 (Supp. 1992); D. Benjamin, Reciprocal Discipline: An Approach to Lawyer Discipline, 31 (Núm.3) How. L.J. 299 (1988); C.S. Lawrence, In re Goldberg: Standards for Imposing Concurrent Reciprocal Bar Discipline, 33 (Núm.4) Cath. U. L. Rev. 1165 (1984), entre otros.

       En el esc. 14 de la Opinión del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, In the matter of Antonio Cordova Gonzalez, Civil No. 91-1595, pág. 14, se hace constar lo siguiente:

        “While the Court makes no finding as to whether or not respondent Córdova paid the $100,000 to his client in professional services rendered, whether or not it is still outstanding as claimed by his client, — a matter that should’be dilucidated elsewhere — the promissory note transaction, allegedly paid through services.rendered, suggests an attempt to avoid forfeiture of the $100,000 loan from drugs proceeds.”
      El licenciado Cordova González sostiene que pagó dicho préstamo con servicios profesionales. El cliente insiste en que aún le adeuda dinero. Del testimonio del licenciado Córdova González durante la vista que se celebró en la corte federal, él sostuvo que:
      “Mr. Ortiz: Okay. I understand that but what difference is the-is the taking the money from Johnny when he has been accused and his property has been taken, embargoed by the Federal Government, from paying him the money? You say that he cannot pay the money to you but you can take it from you [sic]?
      “Mr. Córdova: Yeah, yeah.
      “Mr. Ortiz: OK.
      “Mr. Córdova: I can take it from him and use it on my behalf. Okay? If it would have been a crime, you can be sure, sir, that the U.S. Attorney would have already charged me. Okay? I can take loans alleging that that money belonged to Johnny’s dealings with the cockfighting rinks [sic] with the shark loan activity, with the gasoline station activity, etcetera, etcetera. But deep in my heart I knew that everything Johnny had come out of drugs, and under 881, Title 28, if you do know that, okay ... it’s the same thing applies to the banks. Okay? If banks knowing .. that’s where the whole thing of laundering drug money comes under 88[sic]. Okay? If you take money and you repay money to a drug peddler, knowing that the money comes from drugs, you are committing a crime. Okay?” (Enfasis en el original.) In the matter of Antonio Cordova Gonzalez, supra, pág. 13.

        In re Córdova González, supra. •

       R. Bielsa, La Abogacía, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1960, pág. 240, según citado en In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 896, 906 esc. 3 (1986).

       Otras quejas de conducta profesional contra el licenciado Córdova González pendientes ante este Foro se unen a su expediente personal.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Aso-ciado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

license: Public Domain

text:
    Adriana Mercado Vda. de Wilson et als., demandantes y peticionarios, v. Hon. Rafael Hernández Colón et al., demandados y recurridos.

      Número: CE-93-476

      Resuelto: 9 de marzo de 1994

      Doel R. Quiñones Núñez, abogado de los peticionarios; Wanda Ortiz Rivera, abogada de la Junta de Planificación.
   SENTENCIA

Evaluados los planteamientos de las partes, se expide el auto y se confirma la Sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 2 de abril de 1993, ya que los demandan-tes Adriana Mercado Parra Vda. de Wilson et als. fueron debidamente notificados de la intención de la Compañía de Fomento Industrial de adquirir los terrenos en cuestión y éstos no objetaron oportunamente esa propuesta hasta des-pués que la Junta de Planificación aprobó la consulta.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente y concurrente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

- O -

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Presidente Se-ñor Andréu García.

El 20 de agosto de 1992 la Compañía de Fomento Industrial (en adelante Fomento) notificó por carta a la Sucesión de Mario Mercado Riera su intención de adquirir unos te-rrenos de su propiedad ubicados al este de la Laguna de las Salinas, Sector El Tuque, en el Municipio de Ponce. A tal efecto, Fomento indicó que “estamos en el proceso de pre-parar las consultas reglamentarias correspondientes ante la Junta de Planificación y demás agencias con jurisdicción ...” Exhibit VII, pág. 018. Solicitó un permiso para entrar en la finca y realizar unos estudios de campo. Acompaña-ron un mapa. El propósito de esa futura adquisición era cumplir el requisito del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de compensar por varias áreas de terrenos húme-dos afectados por otros proyectos de Fomento en Ponce.

Transcurrió el tiempo y la Sucesión Mario Mercado Riera (en adelante Sucesión) nada hizo. Luego del estudio de campo, el 28 de octubre, Fomento presentó ante la Junta de Planificación (en adelante Junta) la correspon-diente consulta de ubicación y transacción. Al día siguiente la Junta la aprobó y autorizó la adquisición de ciento no-venta (190) cuerdas de terreno, “con el fin de ser preserva-dos como reserva natural...”. Exhibit IX, pág. 021.

Notificada la Sucesión de esta resolución, el 6 de no-viembre, su administradora y apoderada, Sra. Eileen Ma-ría Coffey, le escribió a la Presidenta de la Junta, Sra. Pa-tria G. Custodio, informándole que ningún miembro de la Sucesión había autorizado los estudios de campo. Además, le solicitó que dejara sin efecto dicha resolución hasta que celebrara una vista pública, aduciendo que la Sucesión nunca tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos en oposición y defender sus derechos propietarios. En su carta, la señora Coffey informó su intención de presentar una solicitud de reconsideración antes de que venciera el término, según ella, el 18 de noviembre, y solicitó una co-pia certificada del expediente del caso.

La Junta denegó esos requerimientos mediante Resolu-ción de 20 de noviembre. Le informó a la señora Coffey que para obtener una copia del expediente la Sucesión necesi-taba pagar los derechos correspondientes y, además, que podía solicitar la revisión de la resolución ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. El 31 de diciembre la Sucesión así lo hizo.

El 2 de abril de 1993 dicho foro (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez) dictaminó “que los peticionarios fueron formalmente notificados por la Compañía de Fomento Industrial de su determinación de adquirir las 190 cuerdas de su propiedad, objeto de la Consulta Núm. 92-63-D-224-JGU-T, y que éstos se cruzaron de brazos y no sometieron a la Junta de Planificación sus puntos de vista dentro del término dispuesto en la sección 4.02 del Reglamento de Pla-nificación Núm. 2, y habida cuenta de que en tales circuns-tancias la Junta está facultada para comenzar a evaluar la consulta sin estar obligada a tener que celebrar una vista pública, a la anterior solicitud de revisión, No Ha Lugar”. (Énfasis suplido y en el.original.) Exhibit I.

Oportunamente, la Sucesión presentó una solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Sección Sur, el cual ordenó a la recurrida (Fomento) que mostrara causa por la cual no debía revocar y dejar sin efecto las actuaciones de la Junta. Fomento compareció y expuso que había notificado a la Sucesión que iba a presen-tar la Consulta Núm. 92-63-D-224-JGU-T ante la Junta para adquirir la finca y aquélla no pidió reconsideración. Adujo que no violó el debido proceso de ley, pues la Suce-sión tuvo la oportunidad de expresar su oposición a la con-sulta y no lo hizo. Mediante una réplica, la Sucesión argu-mentó en contrario.

Al expirar las funciones el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, por mandato legislativo, el caso pasó a nues-tra consideración para su adjudicación.

f — I I — I

Nuestra Constitución consagra el derecho de todo ciuda-dano a disfrutar su propiedad y a no serle privada “sin [el] debido proceso de ley Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 275.

Por su raigambre constitucional, este derecho aplica a los procedimientos adjudicativos en las agencias adminis-trativas, el cual en su vertiente procesal “le impone al Es-tado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo”. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993). Véase, además, López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 230-231 (1987). Nuestra casuística ha estable-cido diversos criterios a utilizarse para determinar si se ha lesionado el debido proceso de ley, a saber: (a) notificación; (b) proceso ante un juzgador imparcial; (c) oportunidad de ser oído; (d) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (e) estar asistido de abogado, y (f) que la decisión esté fundamentada en el récord. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974); Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10, 23 (1976); Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315, 320 (1976); J. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorri-queña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1988, Vol. II, Cap. IX, págs. 337-338. Valga recordar lo siguiente:

Como principio fundamental del debido proceso se ha consa-grado el derecho de toda persona a ser oído antes de ser despo-jado de algún interés protegido; esta oportunidad de ser oído debe ser en: [un tiempo y modo significativo] a meaningful time and a meaningful manner. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 889, citando a Mathews v. Eldridge, supra, pág. 333.

Sin embargo, la aplicación del derecho al debido proceso de ley en el campo administrativo no goza de la rigidez que se le reconoce en lá esfera penal. A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 882 (1974). En cuanto a la vista oral previa, hemos resuelto que ésta no se requiere “en la etapa inicial de los procedimientos”. Ubarri Blanes v. Junta Hípica, 96 D.P.R. 803, 807 (1968).

HH I — I f — i

La Sucesión aduce que la Junta violó el debido proceso de ley al denegarle una vista pública durante el proceso de aprobación de la consulta de ubicación y transacción de la finca. Al respecto, notamos que la Sec. 7.00 del Reglamento del Procedimiento para las Decisiones Adjudicativas de la Junta de Planificación de Puerto Rico de 23 de noviembre de 1989 dispone que la Junta “podrá ordenar la celebración de vistas administrativas a iniciativa propia o a petición de partes, o vistas públicas en cualquier caso en que entienda que merecen seguir ese procedimiento cuando así lo esta-blezca la reglamentación o legislación vigente”. (Enfasis suplido.)

A su vez, la Sec. 6.01 del Reglamento sobre mejoras pú-blicas (Reglamento de Planificación Núm. 2), Junta de Pla-nificación de Puerto Rico, 2da ed. rev., Santurce, 1979, pág. 4-1, considera que “[l]a Junta estudiará, tramitará y resol-verá las consultas y proyectos de construcción requeridos para mejoras públicas que sean sometidos bajo las disposi-ciones de este reglamento. Cuando la Junta lo estime ne-cesario se celebrarán vistas públicas con notificación a las partes”. (Énfasis suplido.)

Estas disposiciones reglamentarias ponen de manifiesto que en las expropiaciones forzosas, en las cuales “se solicita la autorización de la Junta para adquirir determinado te-rreno para uso público, no es obligatorio ni indispensable, sino discrecional, celebrar unas vistas públicas en las cua-les los titulares de los bienes puedan expresar su posición.

Como cuestión de realidad, el esquema estatutario y procesal vigente ofrece a los propietarios, posteriormente, más que suficientes oportunidades. La propia Ley de Ex-propiación Forzosa de 12 de marzo de 1903, según enmen-dada, 32 L.RR.A. see. 2907 et seq., y la Regla 58 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, exigen que el Estado inicie un procedimiento judicial para expropiar o adquirir cualquier propiedad para uso público y pague una justa compensación. En ese procedimiento el titular tiene dere-cho a formular sus defensas y objeciones a la expropiación, incluso cuestionar el carácter .público del uso a destinarse y la cuantía declarada como justa compensación. De este modo, en la etapa verdaderamente crucial se provee el de-bido proceso de ley en el tribunal.

Cónsono con este enfoque, en E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., 103 D.P.R. 377, 381 (1975), advertimos que el derecho del Estado a expropiar una propiedad privada con sujeción a las limitaciones constitucionales le provee esa oportunidad y luego pagar una justa compensación, “sin que se derive de su texto la intención de que la misma [justa compensación] sea con anterioridad a la incautación”. Y en E.L.A. v. Registrador, 111 D.P.R. 117, 120 (1981), resolvimos que la notificación y audiencia al dueño y acreedores con gravámenes inscritos “no t[enía] necesariamente que concederse antes de expedir la orden de adquisición y entrega. Bastía] con que sean oídos antes de dictarse la sentencia final”. (Enfasis suplido.)

No tiene, pues, razón la Sucesión. Con suficiente antici-pación fue debidamente notificada de la intención de Fo-mento de adquirir los terrenos. Después de los estudios de rigor, previa consulta y transacción, la Junta la aprobó en cumplimiento de los requerimientos del Cuerpo de Ingenie-ros federal. Esa resolución fue debidamente notificada a la Sucesión. Posteriormente, la administradora y apoderada de la Sucesión, señora Coffey, notificó, entre otras cosas, su deseo de que se dejara sin efecto dicha resolución hasta la celebración de las vistas públicas. La Junta la acogió como una reconsideración y denegó.

En resumen, bajo nuestra arquitectura constitucional no es obligatoria la celebración de una vista pública al eva-luarse la consulta de ubicación y transacción de una expro-piación forzosa. En virtud de la Ley de 12 de marzo de 1903, supra, y de la citada Regla 58 de Procedimiento Civil, la garantía del debido proceso de ley queda amplia-mente satisfecha durante las etapas del procedimiento judicial.

Por los fundamentos expuestos, estimamos jurídica-mente correcta la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

- O -

Opinión disidente y concurrente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

La aprobación y autorización de una consulta de ubica-ción y transacción por parte de la Junta de Planificación (en adelante Junta) —como la aquí radicada por la Com-pañía de Fomento Industrial— requiere que se lleve a cabo, o se celebre, un procedimiento cuasi judicial por parte de la referida Junta, a diferencia de uno cuasi legislativo.

La norma constitucional establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, vigente actualmente, es a los efectos de que, por razones de naturaleza pragmática, no existe un derecho constitucional a ser oído en procedimien-tos cuasi legislativos de reglamentación. Bi Metallic Investment Co. v. State Board of Equalization, 239 U.S. 441 (1915).

Ahora bien, en relación con procedimientos cuasi judi-ciales, se ha reconocido el derecho constitucional a ser oído cuando una persona, o un grupo pequeño de personas, re-sultan excepcionalmente afectados por la determinación administrativa que adjudica unos hechos en disputa. Véanse: Londoner v. Denver, 210 U.S. 373 (1908); United States v. Florida East Coast R. Co., 410 U.S. 224 (1973).

No podemos estar conformes, en consecuencia, con la escueta y errónea norma que propulsan dos (2) de los inte-grantes del Tribunal en la opinión concurrente que emiten, a los efectos de que “bajo nuestra arquitectura constitucio-nal no es obligatoria la celebración de una vista pública al evaluarse la consulta de ubicación y transacción de una expropiación forzosa”. Opinión concurrente, págs. 283-284.

Somos del criterio que a la situación de hechos del pre-sente caso le es aplicable la norma establecida por el Tribunal Supremo federal en Londoner v. Denver, ante, y United States v. Florida East Coast R. Co., ante. Esto es, nos enfrentamos a una situación en que una persona o un grupo de personas resultan afectados, de manera excepcio-nal, por una determinación administrativa de índole cuasi judicial o adjudicativa de unos hechos en disputa; razón por la cual los aquí peticionarios, de haberlo solicitado, hu-bieran tenido derecho a la celebración de una vista.

No obstante lo anteriormente expuesto, concurrimos con el resultado a que se llega en la opinión mayoritaria. Ello por la sencilla razón de que los peticionarios, a pesar de haber sido notificados de la solicitud de la Compañía de Fomento Industrial, se “cruzaron de brazos”, esto es, no pidieron audiencia ni levantaron reparos a la propuesta hasta después de haberse resuelto administrativamente la aprobación de la consulta.

- O -

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

a la cual se unió la Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón.

Por entender que la compañía de Fomento Industrial no cumplió con el requisito de notificación que exige la Junta de Planificación al presentar una consulta de ubicación de mejora pública, disentimos.

A continuación una breve relación de los hechos perti-nentes a los fines de demostrar que la Compañía de Fo-mento Industrial no cumplió con el ordenamiento vigente.

HH

El 20 de agosto de 1992 el Presidente y Gerente General Interino de la Compañía de Fomento Industrial (en ade-lante Fomento) envió una carta dirigida a la Sucesión Mario Mercado Riera (en adelante la Sucesión) con el propó-sito de solicitar una autorización para entrar a una finca de su propiedad, de ciento noventa (190) cuerdas, y reali-zar unos estudios de campo. En la referida carta Fomento indicó lo siguiente:

Estamos en el proceso de preparar ías consultas reglamentarias correspondientes ante la Junta de Planificación y demás agen-cias con jurisdicción, con el propósito eventual de adquirir la propiedad. No obstante, es necesario preparar estudios de campo previamente.
Les estamos notificando de nuestra intención de adquirir los terrenos mencionados.
Solicitamos su autorización para que se permita la entrada a los terrenos a las personas oficialmente designadas por la Com-pañía de Fomento Industrial (CFI) para realizar dichos estudios. (Énfasis suplido.) Exhibit VII, pág. 018.

Mediante Escrito de 28 de octubre de 1992, Fomento presentó la consulta de ubicación requerida por el Regla-mento sobre Mejoras Públicas (Reglamento de Planifica-ción Núm. 2), Junta de Planificación de Puerto Rico, 2da ed. rev., Santurce, 1979 (en adelante Reglamento sobre Mejoras Públicas) y el Reglamento del Procedimiento para las Decisiones Adjudicativas de la Junta de Planificación de Puerto Rico de 23 de noviembre de 1989, dos (2) meses después de la referida Carta de 20 de agosto de 1992. Dicho escrito, no fue notificado a los propietarios del predio. Un día después, la Junta de Planificación (en adelante Junta) aprobó la referida consulta y autorizó la adquisición de ciento noventa (190) cuerdas de terreno propiedad de la Sucesión. Esta resolución de la Junta, enviada el 29 de octubre de 1992, fue la primera y única notificación que los peticionarios recibieron sobre la presentación, revisión, consideración y aprobación de una consulta sobre la adqui-sición y segregación de la finca de su propiedad.

El 6 de noviembre, al día siguiente de recibir la resolu-ción de la Junta, la administradora y apoderada de la Su-cesión, señora Coffey, escribió a la Presidenta de la Junta informándole que “[qjuiero formular y, por la presente, ra-dicar una solicitud de reconsideración en la Secretaría de la Junta de Planificación dentro del término de (20) veinte días contados a partir del archivo en autos de la notifica-ción de esta resolución”. (Énfasis suprimido.) Exhibit XI, pág. 027.

La Junta emitió una resolución el 20 de noviembre de 1992 en la que declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración. La Junta, además, le informó a la señora Coffey que podía solicitar la revisión de la resolución ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

t — i hH

La controversia a resolver en el caso de marras es si la carta enviada a la Sucesión de 20 de agosto de 1992 cons-tituye una notificación al titular del predio, según lo re-quiere el Reglamento sobre Mejoras Públicas.

La Sec. 4.02 de dicho reglamento, págs. 3-3 a 3-4, trata sobre lo pertinente a la presentación de una consulta de ubicación. De acuerdo con dicha sección, una consulta con-lleva lo siguiente:

4.02 Radicación de la Consulta-Toda consulta requerida para cualquier mejora pública será radicada, para su conside-ración por la Junta, incluyendo una memoria explicativa des-cribiendo la naturaleza y alcance del proyecto, costo aproxi-mado y procedencia - de fondos y acompañada del correspondiente croquis o plano preliminar y documentación fe-haciente de que el proponente es titular del predio o está expre-samente autorizado a desarrollar en el mismo, cuando se trate de terrenos de propiedad pública, o evidencia de que el propo-nente notificó al titular del predio cuando se trate de proyectos a ubicarse en terrenos privados. La misma será acompañada, además, de una certificación que indique haber cumplido con la ley Número 9 del 18 de junio de 1970 (Ley sobre Política Pú-blica Ambiental).
Toda persona notificada sobre la radicación de una consulta o proyecto de mejora pública podrá someter a la Junta, con copia al funcionario u organismo auspiciador, sus puntos de vista dentro del término de diez (10) días contados a partir del recibo de la notificación. No obstante', la Junta podrá tramitar la con-sulta o el proyecto de mejora pública correspondiente sin que haya transcurrido el referido término, cuando el interés público envuelto así lo justifique. (Énfasis suplido.)

La mencionada Sec. 4.02 expone claramente que cuando se trate de proyectos a ubicarse en terrenos privados la consulta tiene que estar acompañada por evidencia de que el proponente notificó al titular del predio sobre la presen-tación de dicha consulta. En su segundo párrafo, la See. 4.02 expone que toda persona notificada sobre la presenta-ción de la consulta o proyecto de mejora pública podrá so-meter a la Junta sus puntos de vista dentro del término de diez (10) días contados a partir del recibo de la notificación. Una lectura razonable de este párrafo deja claro el hecho de que la notificación al titular del predio es para infor-marle que una consulta sobre su propiedad fue presentada. Por lo tanto, la referida notificación tiene que concurrir con la presentación porque la notificación tiene que ser “ ‘en un momento significativo y de una manera significativa’ ”. (Traducción nuestra.) Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67, 80 (1972).

Fomento argumenta en su moción mostrando causa a este Tribunal que la Carta de 20 de agosto fue suficiente notificación. Fomento no tiene razón porque dicha carta sólo establecía que estaban en los trámites de presentar una consulta de ubicación. En el momento en que Fomento envió dicha carta, la consulta estaba en etapas preliminares. La notificación sólo cumple su propósito si se hace en el momento adecuado. No tiene sentido notificar sobre una consulta de ubicación dos (2) meses antes de que ésta sea presentada ante la Junta. Es preciso que el titular del predio sea notificado una vez se presenta la consulta, porque es a partir del recibo de la notificación que se activa el término de diez (10) días para que toda persona notifi-cada someta a la Junta sus puntos de vista y reacciones sobre la consulta.

En el caso de autos el término de diez (10) días nunca se activó, ya que el titular del predio no fue notificado. Fo-mento no cumplió con el requisito de notificación que exige la citada Sec. 4.02 y, como resultado, se vio afectado el derecho a un debido proceso de ley de los peticionarios, la Sucesión, que tienen un interés propietario.

H — 1 H-! H — I

La Junta erró al aprobar la consulta de ubicación de mejora pública presentada por Fomento cuando el requi-sito de notificación fue incumplido. El Reglamento del Pro-cedimiento para las Decisiones Adjudicativas de la Junta de Planificación de Puerto Rico de 23 de noviembre de 1989, en su Sec. 4.00, establece que “\u\na consulta de ubi- cación no se considerará radicada hasta que se haya cum-plido con todos los requisitos de radicado”.

Fomento le certificó a la Junta que había notificado a la Sucesión sobre la presentación de la consulta, pero no lo había hecho porque la carta enviada dos (2) meses antes no constituye una notificación como lo requiere el Reglamento. Por lo tanto, la consulta no se puede conside-rar presentada hasta que se le notifique a la Sucesión y ésta se exprese al respecto dentro del término de diez (10) días que dispone el Reglamento sobre Mejoras Públicas. Al no ser notificados sobre la presentación de la consulta ante la Junta, la Sucesión no tuvo derecho a ser oída y, por lo tanto, no se pudo expresar en ese momento sobre si solici-taría una vista administrativa o no, ni sobre otras posibles interrogantes.

En el caso de autos la Junta se apartó, de forma drás-tica y sin justificación, de los procedimientos que rigen la presentación de una consulta de ubicación de mejora pública. No estamos de acuerdo con esta actuación de la Junta. Una agencia administrativa viene obligada a obser-var estrictamente sus propios reglamentos y no puede que-dar a su soberana voluntad reconocer o no los derechos que ella misma le ha extendido por reglamento a sus empleados. García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978).

El resultado de que la agencia no siguiera sus procedi-mientos ordinarios fue violarle a la Sucesión el debido pro-ceso de ley que garantiza la See. 7 del Art. II de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Recientemente nos hemos expresado sobre este particular:

Como principio fundamental del debido proceso se ha consa-grado el derecho de toda persona a ser oído antes de ser despo-jado de algún interés protegido-, esta oportunidad de ser oído debe ser en: a meaningful time and a meaningful manner. ... La privación de la libertad o propiedad sin notificación u oportuni- dad de ser oído se ha considerado siempre ajeno al debido pro-ceso y en ocasiones es fuente de responsabilidad civil. (Énfasis en el original.) Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 889 (1993).

No vemos justificación alguna para que en el caso de marrras no se haya cumplido con los requisitos que exigen los Reglamentos de la Junta para la presentación de una consulta de ubicación de mejora pública. Creemos que al no notificar a los peticionarios en el momento debido se les privó de su derecho de someter a la Junta sus puntos de vista dentro del término de diez (10) días contados a partir del recibo de la notificación.

Por cuanto antecede, disentimos de la sentencia emitida por este Tribunal.

       En su recurso de revisión, como único señalamiento, alegó:
      “Erró la Junta de Planificación en no concederle la vista pública solicitada por los peticionarios el 6 de noviembre de 1992 —cuando los peticionarios no habían sido notificados de los actos previos de la Junta de Planificación, ni de los demás organis-mos gubernamentales; ya que la falta de notificación previa y oportunidad adecuada para los peticionarios a ser oídos constituyen, per se, violaciones al debido proceso de ley que garantiza el ordenamiento jurídico vigente cuando se dispone sobre propie-dad perteneciente a los peticionarios, al emitir la Junta de Planificación sus resolu-ciones y el 20 de noviembre de 1982 declarar ‘No Ha Lugar’ a la solicitud oportuna de vista pública por los peticionarios.” Exhibit XIII, pág. 43.

       La jurisdicción federal sigue igual trayectoria. En Yearsley v. Ross Constr. Co., 309 U.S. 18, 22 (1940), resolvió que las personas cuya propiedad se expropia no tienen-derecho a “notificación, vista ni compensación previa siempre y cuando exista un mecanismo adecuado para obtener la compensación”. (Traducción nuestra.) Véanse: Hurley v. Kincaid, 285 U.S. 95, 104 (1932); Light v. Blackwell, 472 F. Supp. 333, 338 (E.D. Ark. 1979), confirmado en 620 F.2d 307 (8vo Cir. 1980); Fountain v. Metro. Atlanta Rapid Transit Authority, 678 F.2d 1038, 1045 esc. 13 (11mo Cir. 1982); Collier v. City of Springdale, 733 F.2d 1311, 1314 (8vo Cir.), cert. denegado, 469 U.S. 857 (1984); Abbiss v. Delaware Dept. of Transp., 712 F. Supp. 1159, 1165 (D. Del. 1989), y casos allí citados.
      Además, en U.S. v. 131.68 Acres of Land or Less, Etc., 695 F.2d 872, 876 (5to Cir. 1983), resolvió:
      “Los dueños y arrendatarios sostienen que tanto la Constitución como el Con-greso aseguran el ‘derecho’ a una vista antes de que sean desposeídos de sus tierras. No estamos de acuerdo. La quinta enmienda no da ese derecho. ‘La pregunta que genera esta controversia común es si el Gobierno puede ejercer su poder inminente de expropiación de acuerdo con la quinta enmienda al incautarse de la propiedad sin aviso, vista o compensación previa alguna. La contestación es que sí’. Citando a Stringer v. United States, 471 F.2d 381, 383 (5to Cir.), cert. denegado, 412 U.S. 943 (1973).” (Traducción nuestra.) Véase, además, Hudson v. Palmer, 468 U.S. 517 (1984).

       A nuestra manera de ver las cosas, no se puede ni debe minimizar la impor-tancia de la celebración de la vista, en esta clase de situaciones, por la agencia administrativa.
      La cuestión a determinar por la Junta de Planificación —la conveniencia o no de la expropiación— es una que, necesariamente, requiere, y va dirigida a, la pericia y conocimiento técnico de la Junta.
      La parte afectada, en consecuencia, debe tener la oportunidad, en una vista, de presentar sus puntos de vista, y prueba, con el propósito de tratar de convencer a la' Junta de su posición ya que, una vez resuelta la cuestión por dicha agencia adminis-trativa, la norma jurisprudencial —en revisión judicial— es de deferencia hacia la pericia y conocimiento (expertise) de la Junta; situación limitativa de las oportuni-dades de éxito que la parte puede tener en el proceso de revisión judicial.

       Los reglamentos aplicables para la resolución del caso de marras son el Reglamento sobre Mejoras Públicas (Reglamento de Planificación Núm. 2), Junta de Planificación de Puerto Rico, 2da ed. rev., Santurce, 1979 (en adelante Reglamento sobre Mejoras Públicas), y el Reglamento del Procedimiento para las Decisiones Ad-judicativas de la Junta de Planificación de Puerto Rico de 23 de noviembre de 1989.
      El Reglamento del Procedimiento para las Decisiones Adjudicativas de la Junta de Planificación de Puerto Rico indica en su Sec. 1.03 que:
      “Este Reglamento aplicará a todos los procedimientos adjudicativos que se ven-tilen en la Junta de Planificación referente a consultas, órdenes provisionales, órde-nes de hacer y no hacer y de cese y desestimiento [sic] y otras adjudicaciones que formule la Junta.”
      En su See. 2 (Definiciones), inciso (11) dicho reglamento define mejora pública de la manera siguiente:
      “Mejora Pública. — Toda mejora permanente; toda nueva construcción, amplia-ción o reconstrucción (sin incluir reparación) de obra pública autorizada, pagada, supervisada, dirigida, emprendida o controlada por algún organismo gubernamen-tal, incluyendo, entre otras, toda adquisición, venta, permuta, cesión, arrendamiento o cambio en el uso de propiedades por cualquier funcionario u organismo y las lleva-das a cabo mediante contratos de obra con entidades privadas.” (Énfasis suplido.)
      El proyecto en el caso de autos cae dentro de esta definición, ya que la Compañía de Fomento Industrial tenía que adquirir la finca de la Sucesión de Mario Mercado Riera (en adelante Sucesión) para luego cederla al Cuerpo de Ingenieros. El trámite de expropiación es sólo un aspecto dentro de este caso.
      La Sec. 3.03 del Reglamento sobre Mejoras Públicas, pág. 3-1, expone lo perti-nente a la presentación de la mejora pública:
      “3.03-Presentación de la Mejora Pública.-Toda mejora pública deberá presen-tarse por el funcionario u organismo auspiciador, en primera instancia, en forma de consulta y luego en forma de proyecto de construcción, salvo cuando [esté] expresa-mente eximida de una o de ambas presentaciones mediante una resolución de la Junta.” (Énfasis suplido.)
      La Sec. 4.00 del Reglamento del Procedimiento para las Decisiones Adjudicati-vas de la Junta de Planificación de Puerto Rico expone que:
      "... Las acciones de la Junta y otros requisitos sobre consultas relacionadas con mejoras públicas se regirán por las disposiciones del Reglamento sobre Mejoras Pú-blicas (Reglamento de Planificación Núm. 2) vigente, complementadas por las dispo-siciones de cualquier otro reglamento en vigor adoptado o aprobado por la Junta.” (Énfasis suplido.)

       Surge del expediente que la Sucesión Mario Mercado Riera nunca dio su autorización para que los funcionarios de la Compañía de Fomento Industrial entra-ran a sus terrenos.

       En su moción mostrando causa ante esta Curia, la Junta de Planificación plantea que la Sucesión nunca expuso sus puntos de vista ni dentro del término de diez (10)' días que requiere la Sec. 4.02 del Reglamento sobre Mejoras Públicas, así como tampoco dentro del término de veinte (20) días que tenía para presentar la reconsideración de la consulta de 29 de octubre de 1992. Sin embargo, se desprende claramente de los hechos del caso que en la resolución que emitió la Junta, ésta considera la carta de la administradora y apoderada de la Sucesión como una solici-tud de reconsideración, la declara no ha lugar y le indica a la parte que tiene que entablar un recurso de revisión ante el Tribunal Superior.


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.

      Número: EC-94-2

      Resuelto: 10 de marzo de 1994
   CONVOCATORIA-

Por la presente se convoca a todos los magistrados del Tribunal General de Justicia y a los miembros de la Con-ferencia Judicial para la Decimoséptima Sesión Ordinaria de la Conferencia Judicial a celebrarse el 7 de abril de 1994 en el Hotel Condado Plaza, San Juan, Puerto Rico.

Los señores Jueces Administradores, en consulta con sus compañeros magistrados, tomarán las medidas necesa-rias para que el mayor número de jueces pueda asistir a la Conferencia Judicial sin afectar los calendarios de asuntos urgentes que deban ser atendidos durante el período de la Conferencia Judicial. También tomarán las medidas de rigor para que la labor de investigación y determinación de causa probable sea atendida adecuadamente. El sistema de turnos correspondientes a este período deberá ser noti-ficado con suficiente antelación a los señores Fiscales de Distrito y a los Comandantes de Zona de la Policía de Puerto Rico. Cualquier problema en relación con estas asignaciones deberá ser llevado a la atención de la Direc-tora Administrativa de los Tribunales para que ésta adopte las providencias necesarias.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico

      Número: EC-94-3

      Resuelto: 10 de marzo de 1994
   RESOLUCIÓN

Los trabajos de la Decimoséptima Sesión Ordinaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, convocada para el 7 de abril de 1994 en el Hotel Condado Plaza, San Juan, Puerto Rico, se regirán por la agenda siguiente:

Jueves, 7 de abril de 1994

Sesión de la mañana

8:30 Registro de participantes

9:15 Mensaje de Bienvenida Hon. José A. Andréu García Juez Presidente

10:00 Apertura de los trabajos designados Leda. María Mercedes Marrero de Bauermeister, Secretaria de la Confe-rencia Judicial

10:15 Informe del Comité de Reforma Judicial y Administración del Tribunal de Primera Instancia

12:00 Almuerzo

Sesión de la tarde

2:00-5:00 Discusión del Informe del Comité de Reforma Judicial y Administración del Tribunal de Primera Instancia

5:30 Actividad social coauspiciada por el Colegio de Abogados

Las sesiones de trabajo y los procedimientos de la Con-ferencia se regirán por las reglas siguientes:

1. El Juez Presidente llamará al orden y declarará constituida, para comenzar sus trabajos, la Decimoséptima Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico.

2. Para un normal desenvolvimiento de los trabajos de la Conferencia Judicial, deberán ser evitadas las conversa-ciones dentro y fuera del salón, y las salidas y entradas de éste que tienden a distraer la ¿tención de los asuntos discutidos.

3. Conforme a la agenda aprobada y siguiendo el hora-rio prescrito en la agenda, cada ponente hará exposición del tema que le ha sido asignado, dentro del tiempo esta-blecido, incluso sus conclusiones y recomendaciones.

4. La Secretaria de la Conferencia Judicial, como mo-deradora, presentará la agenda de los trabajos durante la Conferencia Judicial. Podrán participar en la discusión de los temas los jueces y los otros miembros de la Conferencia Judicial. Los turnos en la discusión de los temas presenta-dos serán primeramente consumidos en el orden que ha-yan sido solicitados al Secretariado de la Conferencia Judicial en sus oficinas del Tribunal Supremo y concedidos por éste anticipadamente. Su duración será conforme las circunstancias, con el propósito de que el mayor número de participantes pueda expresar su criterio.

5. El Juez Presidente podrá declarar fuera de orden cualquier planteamiento que no forme parte de la agenda o no sea pertinente a los temas de la Conferencia Judicial.

6. Las ideas expuestas por los ponentes y las sugeren-cias que formulen los miembros de la Conferencia Judicial en sus escritos y durante las discusiones plenarias serán objeto de ulterior análisis por el Secretariado de la Confe-rencia Judicial, la Oficina de Administración de los Tribu-nales y el Tribunal Supremo.

8. El Tribunal Supremo designa Secretaria de la Con-ferencia Judicial a la Directora Administrativa de los Tribunales, Leda. María Mercedes Marrero de Bauermeister. El Secretario General y el Alguacil General del Tribunal Supremo, al igual que el personal del Secretariado de la Conferencia Judicial, auxiliarán al Tribunal Supremo, a la Secretaria de la Conferencia Judicial y a los miembros par-ticipantes de la Conferencia Judicial en el curso de las se-siones en todos los procedimientos preparativos y adiciona-les que sean necesarios.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    Juan Carlos Guzmán Adorno y otros, demandantes y recurrentes, v. Otis Elevator, Inc. y otros, demandados, Vermil Elevator System and Service, Inc. y Compañía de Seguros XYZ, terceros demandados y recurridos.

      Número: RE-92-166

      Resuelto: 11 de marzo de 1994

      Erick E. Kolthojf Benners, abogado de los recurrentes; Ramón A. García Suárez, de Vázquez, Suárez & Mena, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

1 — 1

El caso de autos presenta un problema de interpreta-ción en cuanto al efecto de la desestimación de la reclama-ción hecha contra el demandado y tercero demandante por vía de sentencia sumaria parcial, vis-á-vis la posición del tercero demandado frente al demandante original bajo el palio de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Resolvemos que dicha sentencia mantiene abierto el proceso de adjudicación de la reclamación contra el ter-cero demandado no incluido en la parte dispositiva de la sentencia revisada.

I — I HH

Procedemos a exponer los hechos que dieron génesis al pleito.

La Sra. Miriam Adorno Meléndez, empleada de la Ad-ministración del Derecho al Trabajo, sufrió una caída y tor-cedura de tobillo al tomar un ascensor en el Edificio Norte del Centro Gubernamental Minillas. En consecuencia, el Fondo del Seguro del Estado determinó que ésta sufrió una lamisectomía S/P L-5, SI y radiculopatía residual en el RT, SL con un desorden de ansiedad con rasgos depresivos.

Estos hechos generaron la interposición de una de-manda en daños y perjuicios contra Otis Elevator, Inc. (en adelante Otis), fabricante del elevador, y John Doe, compa-ñía aseguradora. En la misma se alegó, como causa de res-ponsabilidad, lo siguiente:

7- Que dicho accidente sucedió única y exclusivamente por la negligencia de la demandada OTIS ELEVATOR, INC., fabri-cante, instaladora y compañía a cargo del mantenimiento de los elevadores del Edificio Norte del Centro Gubernamental Mini-lias, los cuales mantienen en pobre estado de funcionamiento, habiendo ocurrido varios accidentes en dichos elevadores. (En-fasis suplido.) Exhibit 3, pág. 16.

En su contestación, Otis negó la anterior alegación. No obstante, presentó una solicitud de sentencia sumaria apo-yada en una declaración jurada de su Gerente de Finan-zas, en la cual alegaron que no tenía obligación contractual o de índole alguna para dar mantenimiento, limpieza y re-paración al ascensor en el que ocurrió la caída de la demandante. Al mismo tiempo, presentó una demanda contra el tercero Vermil Elevator System and Services, Inc. (en adelante Vermil), en la cual alegó que era ésta la en-cargada de proveerle mantenimiento al referido aparato a la fecha de la caída de la señora Adorno Meléndez. Vermil aceptó este hecho y presentó una reconvención en contra de Otis. Alegó que la caída se debió a un problema de ni-velación entre el ascensor y el piso del edificio como conse-cuencia de un diseño defectuoso atribuible a Otis.

Presentó ésta, entonces, una segunda moción de senten-cia sumaria donde alegó que el supuesto desnivel entre el piso del ascensor y el del edificio constituía un vicio de construcción, por lo que invocó la defensa de caducidad es-tablecida por los Arts. 1483 y 1809 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 4124 y 5148, respectivamente.

El 26 de septiembre de 1991 el tribunal de instancia dictó una Sentencia Parcial. En la misma determinó que “la reclamación de la parte demandante contra la code-mandada Otis Elevator Inc., es una por daños y perjuicios como resultado de ruina por vicios o defectos de la cons-trucción del ascensor envuelto en este caso” al amparo de las disposiciones del Art. 1483 del Código Civil, supra. Exhibit 12, págs. 70-71. Concluyó entonces el tribunal de ins-tancia que a la fecha del accidente había ya transcurrido el término decenal de caducidad dispuesto por dicho artículo, por lo que desestimó la demanda contra Otis.

Como resultado de dicha sentencia parcial, Vermil pre-sentó otra solicitud de sentencia sumaria alegando que al haber sido exonerada la tercera demandante de responsa-bilidad, procedía la desestimación de la demanda de ter-cero instada por ésta en su contra. El tribunal de instancia dictó una resolución e indicó que a Vermil no le cobijaba el mencionado término de caducidad porque la responsabili-dad que se le imputaba estaba basada en el pobre mante-nimiento del ascensor, razón por la cual existía una contro-versia distinta que debía dilucidarse en una vista plenaria.

Vermil solicitó oportunamente la reconsideración y fun-damentó su posición en su interpretación de la sentencia parcial en el sentido de que en la misma se había determi-nado que el accidente ocurrió como resultado de vicios de construcción, por lo que ese hecho no podía ser relitigado por constituir cosa juzgada. Invocó específicamente la doc-trina de impedimento colateral por sentencia. El tribunal de instancia reconsideró su determinación, declaró con lu-gar la moción de sentencia sumaria presentada por Vermil y desestimó la demanda por razón de que “[hjabiendo pro-gresado la defensa del tercer demandante en este caso, y siendo final y firme dicha liberación del tercer demandante según la Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil, y no habiendo la parte demandante enmendado la demanda original para incluir como demandado el tercer demandado dentro del término que tenía para ello, procede entonces dictar sentencia ordenando el cierre y archivo de este caso en su totalidad”. Exhibit 1, pág. 2.

Los demandantes presentaron la correspondiente mo-ción de reconsideración, la cual no fue considerada. Así, recurren ante nos de dicha determinación. Ordenamos a la parte recurrida a mostrar causa por la cual no debíamos revocar la sentencia desestimatoria. Así lo ha hecho dicha parte y ahora resolvemos.

h-H HH

La parte recurrente ha señalado la comisión de los erro-res. siguientes:

PRIMER ERROR
E[rró] el [tjribunal de instancia al declarar con lugar la Mo-ción de Reconsideración de Vermil a base de lo dispuesto por la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil a los efectos de que “el tercer demandado podrá oponer contra el demandante cual-quier defensa que el demandante contra tercero tuviese contra la reclamación del demandante”.
SEGUNDO ERROR
E[rró] el [tjribunal de [i]nstancia al desestimar la demanda por no haber los demandantes enmendado la demanda original para incluir como demandado al tercer demandado. Solicitud de revisión, pág. 6.

IV

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, provee que “[e]l tercero demandado podrá oponer contra el demandante cualesquiera defensas que el demandante contra tercero tuviere contra la reclamación del demandante”. Parecería lógico, pues, que Vermil pueda levantar como defensa la prescripción decenal del Art. 1483 del Código Civil, supra, como contratista. Sin embargo, a ésta no se le está imputando responsabilidad como tal.

Por lo tanto, no procede la defensa de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia para sostener la posición en que se ampara dicha tercera demandada.

A Otis se le imputó responsabilidad como constructor y a Vermil se le imputa responsabilidad por el manteni-miento del elevador. No concurren aquí identidad en la causa y calidad en que se demandó a Otis y la que propone Vermil. Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108 (1968); Clínica Dr. Perea v. Hernández Batalla, 85 D.P.R. 767, 770 (1962). Como alude Cuevas Segarra en su obra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1988, Vol. II, Cap. III, pág. 74, “[l]a determinación de si sobrevive o no una demanda contra tercero ... no es un ejercicio de lógica abstracta, sino un análisis práctico de los hechos”. (Énfasis suplido.)

Está claro que en la Sentencia Parcial de 26 de septiem-bre de 1991 se dejó establecido que “la reclamación de la parte demandante contra la codemandada Otis Elevator, Inc., es una por daños y perjuicios como resultado de ruina por vicios o defectos en la construcción del ascensor en-vuelto en este caso”. (Énfasis suplido.) Exhibit 12, pág. 70. También dejó establecido que Otis fue llamada a responder en calidad de constructor bajo el Art. 1483 del Código Civil, supra. Esa, pues, es la ley del caso y nada ha alegado Ver-mil sobre el particular que justifique alterar ese estado de derecho. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967). Nótese que en dicha sentencia no se pasa juicio respecto a la responsabilidad de Vermil por el man-tenimiento del ascensor. Al ser dicha sentencia una parcial, es evidente que se reservó la cuestión de la posible respon-sabilidad por proveer un mantenimiento indebido para que se dirimiera posteriormente. Bajo tal situación de hechos no aplica la doctrina de cosa juzgada y su modalidad de impedimento colateral por sentencia.

Aunque la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, provee para que un tercer demandado —Vermil— pueda oponer contra el demandante las defensas que el deman-dante contra tercero —Otis— tuviese contra la reclama-ción del demandante original, ello no procede en las cir-cunstancias particulares de este caso por razones obvias. La defensa del Art. 1483 del Código Civil, supra, puede ser invocada por el constructor de la obra (Otis), mientras lo que se le reclama a Vermil es responsabilidad por el man-tenimiento . La interpretación hecha por el foro de instan-cia de la citada Regla 12.1 de Procedimiento Civil fue errónea.

y

El segundo error señalado también fue cometido. Como bien señala el comentarista Cuevas Segarra:

Respecto al tercero demandado el Tribunal Supremo ha re-suelto que no es necesario hacer una enmienda formal para que un demandante pueda recobrar directamente de un tercero traído al pleito por el demandado y a quien el demandante nunca le reclamó. El demandante puede recobrar si la contro-versia en algún momento estuvo trabada entre él y el tercero demandado y éste tuvo oportunidad de defenderse. No existe término para enmendar la demanda. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 73. Véanse: Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168, 176 (1965); Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 D.P.R. 33 (1962); Lameiro v. Dávila, 103 D.P.R. 834, 843 (1975); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 219 (1975); Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 D.P.R. 134, 137 (1974).

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia mediante la cual se expida el auto de revisión solicitado y se revoque la sentencia recurrida. Se ordenará la conti-nuación de los procedimientos ante el tribunal de instancia en consonancia con lo aquí resuelto.

       Se aclaró que no existía razón para posponer el dictar sentencia hasta la resolución final del pleito. Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por ello esta sentencia advino final y firme a los treinta (30) días.

       El texto pertinente de la Sentencia Parcial de 26 de septiembre de 1991 es el siguiente:
      “Conforme a las alegaciones y planteamientos de las partes se ha establecido, sin que se haya controvertido por ninguna de las partes, que la reclamación de la parte demandante contraía codemandada Otis Elevator Inc., es una por daños y perjuicios como resultado de ruina por vicios o defectos en la construcción del ascen-sor envuelto en este caso.
      El Tribunal consider[ó] que [la acción] procede interponerse al amparo del artí- ' culo 1483 [de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III].” (Énfasis en el original.)
        Exhibit 12, págs. 70-71.
      Es menester aclarar que dicho artículo ofrece la defensa de prescripción decenal a los contratistas y arquitectos (constructores) de un edificio con vicios de construcción.