text:
    Epifanio Rodríguez Oyola y otros, demandantes y recurrentes, v. Domingo Machado Díaz y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-91-763

      Resuelto: 3 de junio de 1994

      Ceferino Flores Fernández, abogado de los demandantes y re-currentes; Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Sylvia Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso exploramos la doctrina de cosa juzgada en el campo administrativo —vertiente entre agencias y tribunales— y la diferencia dimanante de una determina-ción en cuanto a que un accidente fue durante el curso del empleo para efectos de compensación y la pretendida res-ponsabilidad vicaria del Estado.

I

El 23 de abril de 1988, alrededor de las 5:00 a.m., Epifa-nio Rodríguez Oyóla conducía su vehículo de motor por la Carretera Núm. 172 de Cidra hacia Caguas; en dirección contraria venía, en su automóvil privado, el policía estatal Domingo Machado Díaz, quien lo impactó. Machado Díaz solicitó compensación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo), que relacionó el accidente con el tra-bajo y le proveyó hospitalización, medicamentos y dieta. Oportunamente, Rodríguez Oyóla, su esposa y la sociedad legal de gananciales demandaron a Machado Díaz en su capacidad personal y oficial, al Estado Libre Asociado (en adelante Estado) y a la Policía.

A petición del Estado y la Policía, la demanda fue des-estimada sumariamente por el Tribunal Superior, Sala de Caguas (Hon. Julio Berrios Jiménez, Juez), por el funda-mentó de que Machado Díaz no estaba en funciones de su empleo. Los demandantes Rodríguez Oyóla et al. acudieron oportunamente en revisión ante este Foro. Mediante Sen-tencia de 16 de marzo de 1990 revocamos y devolvimos el caso al tribunal de origen para una vista en sus méritos.

Subsiguientemente se celebró la vista para determinar si Machado Díaz estaba en funciones oficiales al ocurrir el accidente. Luego de aquilatar la prueba, el tribunal (Hon. Julio Berrios Jiménez, Juez) dictó sentencia en corte abierta declarando con lugar la demanda sólo contra Ma-chado Díaz, pues "venía dormido e impactó a la parte de-mandante en forma negligente; debiéndose dicho accidente única y exclusivamente a la negligencia del conductor, Domingo Machado. En el momento del accidente, éste no es-taba en funciones de su empleo como policía ni hay rela-ción alguna entre el trabajo policiaco y el accidente envuelto en este caso”. Minuta de 19 de agosto de 1991, notificada el 20 de agosto. Anejo I.

Luego de varios incidentes, dicha minuta se notificó y se archivó como sentencia final. A solicitud de los demandan-tes Rodríguez Oyóla et al., acogimos su certiorari como una revisión.

hH HH

El primer error apuntado constituye la médula del recurso; su examen nos obliga a una breve incursión sobre la doctrina de cosa juzgada en el campo administrativo. Como dijimos en Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 733 (1978), su aplicación tiene tres vertientes, a saber, dentro de esta agencia y sus propias decisiones; e interagencialmente, es decir, de mía agencia a otra, y entre las agencias y los tribunales.

Invocando jurisprudencia federal, allí expresamos que “[cjuando una agencia administrativa actúa en una capacidad judicial y resuelve controversias de hechos ante sí, las cuales las partes han podido litigar en forma oportuna y adecuada, los tribunales no han vacilado en aplicar la doctrina de cosa juzgada para imponer descanso en la controversia. ... Desde entonces la jurisprudencia norteamericana se ha desarrollado en términos de aplicar la doctrina de cosa juzgada cuando las razones para ello estén presentes con toda su fuerza, modificarla cuando sean necesarias algunas alteraciones, y rechazarla cuando las razones en contra de su aplicación sean de mayor peso que aquellas a su favor... Dicho de otro modo, la aplicabilidad de la doctrina en el campo administrativo es flexible y depende de la naturaleza de la cuestión que se plantea en el ámbito judicial”. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, págs. 734-735. Aclaramos, sin embargo, que no la aplicaremos inflexiblemente “cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si se plantean consideraciones de interés público”. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 736. Véase, además, Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730 (1992).

En resumen, es clara la vigencia de la doctrina de cosa juzgada en los tribunales en virtud de los procedimientos administrativos. Ahora bien, su aplicabilidad no es automática y absoluta. Judicialmente existe el poder de modificar y hasta de rechazar las determinaciones admi-nistrativas cuando ese curso sea el más justo y conveniente en orden al interés público. Igualmente subsiste la facul-tad de evaluar si las partes han podido litigar oportuna y adecuadamente la controversia presentada en el foro administrativo.

III

Primero, el caso de autos presenta una adjudicación de una agencia administrativa —el Fondo— vinculando el ac-cidente automovilístico con el desempeño del trabajo. A dicha decisión se llegó exclusivamente a base de la declara-ción jurada del codemandado afectado Machado Díaz. No se efectuó un proceso cuasi judicial con vista y comparecen-cia de testigos, sino uno administrativo de tipo no contencioso. La Comisión Industrial, cuerpo cuasi judicial que revisa las decisiones del Administrador, no participó pues nunca esa determinación fue apelada.

Segundo, la naturaleza de lo planteado en el foro admi-nistrativo es distinta a la dilucidada en el recinto judicial; lo razonable es no aplicar la doctrina de cosa juzgada. A nivel administrativo, el propósito era examinar y conceder los beneficios del empleado en virtud del mandato legisla-tivo contenido en el Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1985 (11 L.P.R.A. sec. 1), a los efectos de que es “de carácter remediall,] se interpretará] liberalmente, y cualquier duda razonable que en su aplicación surgiere en cuanto a la exis-tencia de relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero o empleado y la lesión, incapacidad o muerte, o el carácter ocupacional de una enfermedad, deberá resolverse a favor del obrero o empleado, o sus beneficiarios”. (Énfasis suplido.)

Ciertamente, dicha legislación de carácter social refleja claramente un propósito remedial y beneficiario, y a nivel del Administrador, su diseño está carente de todo ele-mentó contencioso y adversativo. Sin embargo, que el esta-tuto se interprete liberalmente y cualquier duda razonable sea a favor del obrero, dista mucho de ser análogo al requi-sito en los pleitos civiles, en el cual el actor de ordinario tiene que establecer su reclamación por preponderancia de la prueba. Al proceso judicial lo animan propósitos muy distintos; el tipo de prueba necesaria es diferente.

Tercero, acoger la tesis de los demandantes Rodríguez Oyóla et al. quebrantaría los más rectos fines de la justicia y atentaría contra el interés público de dar plena protec-ción a los obreros lesionados. Si la decisión administrativa del Fondo constituyera cosa juzgada en un pleito civil ad-versativo posterior, sería necesario variar sustancialmente el enfoque en dicho organismo y se menoscabaría la polí-tica pública pro obrero.

Cuarto, en rigor científico no se dan los requisitos de la doctrina de cosa juzgada exigidos por nuestro ordenamiento jurídico. Para que prospere, entre el caso ya resuelto y el pleito posterior debe haber “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343. Véanse: Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993); Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Lausell Marxuach v. Díaz de Yañez, 103 D.P.R. 533 (1975).

Como apuntamos anteriormente, en el proceso adminis-trativo el Estado, a través del Fondo, actúa en calidad de benefactor y propulsor del bienestar de los obreros lesionados. En el presente pleito el Estado es parte que sostiene que no responde vicariamente por la negligencia del codemandado Machado Díaz. Tampoco hay identidad de causas. Mientras en el Fondo la causa era determinar administrativamente si Machado Díaz estaba en el curso del empleo para efectos de la compensación procedente, en el de autos adjudicar lo mismo tiene un propósito muy dis-tinto, a saber, si el Estado responde vicariamente.

Precisamente, en Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., 111 D.P.R. 657 (1981), un ex miembro de la Uniformada que habia sido declarado total y permanentemente incapacitado por el Fondo y había recibido la compensación correspondiente comenzó a trabajar como cobrador de cuentas para un pa-trono privado asegurado con el Fondo. Como tal, en el curso de su empleo, fue muerto a balazos. El Fondo negó compensación a su viuda e hijos por entender que la previa declaración de incapacidad lo situaba fuera del mercado laboral. La Comisión Industrial confirmó.

Así las cosas, la viuda e hijos demandaron por daños y perjuicios al patrono, quien pidió sin éxito la desestimación basado en la inmunidad que da la cláusula sobre remedio exclusivo. En certiorari, entre otros pronunciamientos, re-solvimos que la determinación del Fondo era cosa juzgada entre éste y los beneficiarios del empleado, mas no en cuanto al patrono demandado. Dijimos que la decisión ad-ministrativa previa no impedía dilucidar, en el ámbito judicial, su corrección en cuanto a la invocada cláusula de exclusividad. Por último, apuntamos que no había identi-dad entre las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron.

IV

Descartada la aplicabilidad de la doctrina de cosa juz-gada, adjudicaremos conjuntamente los restantes señalamientos. En síntesis, los demandantes Rodríguez Oyóla et al. aducen que el Tribunal Superior incidió al apreciar y aquilatar erróneamente la prueba. No tienen razón.

El ilustrado foro sentenciador, luego de evaluar el dicta-men del Fondo, el testimonio de Machado Díaz, la declara-ción del policía Miguel A. Díaz —quien investigó el acci-dente— y de Vicente Méndez Rodríguez, acompañante de Rodríguez Oyóla, determinó que Machado Díaz no estaba en funciones de policía. La prueba presentada reflejó que Machado Díaz salió del trabajo hacia su hogar en su auto-móvil personal y el accidente ocurrió debido a que se quedó dormido. Machado Díaz fue denunciado, se determinó causa probable, e hizo alegación de culpabilidad. El acom-pañante Méndez Rodríguez declaró que Machado Díaz le pidió que lo sacara del vehículo y posteriormente le admi-tió que los había impactado porque se había quedado dormido.

El foro sentenciador tuvo ante sí evidencia suficiente para determinar que Machado Díaz no estaba en funciones del empleo; no vemos razón para resolver en lo contrario. Esa apreciación merece nuestra deferencia; en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785 (1993); Gallardo v. Petiton y V.T.N., Inc., 132 D.P.R. 39 (1992); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155 (1977).

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       En su recurso señalan:
      “A) Compete a este Honorable Tribunal resolver si procede desestimar una de-manda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aún cuando este mismo (El Estado) [mjediante la acción directa de sus agencias (Fondo del Seguro del Estado) acepta que la acción de un c[od]emandado envuelto en un accidente es uno conside-rado por el Estado como accidente del trabajo.
      “B) Compete a este Honorable Tribunal resolver si el Tribunal de Instancia erró en su apreciación de la prueba, al dejar de tomar en consideración toda la evidencia to[t]al aceptada con antelación y sometida en el caso.
      “C) Compete a este Honorable Tribunal resolver si el Tribunal de Instancia erró al dejar de aquilatar la misma mediante la preponderancia de la prueba.” Solicitud de revisión, pág. 9.

       Hemos abordado la doctrina de cosa juzgada en el contexto administrativo en P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1992); Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., 111 D.P.R. 657 (1981).

       En Jones v. Aldrich Co., Inc., 373 S.E.2d 649, 651 (Ga. App. 1988), la Corte de Apelaciones de Georgia expresó que “[c]omo las leyes de compensación a los emplea-dos y las pertinentes a negligencia son tan diferentes, un empleado puede estar dentro del ámbito del empleo para propósitos de compensación a los trabajadores pero no dentro del ámbito del empleo para propósitos de negligencia. Por consi-guiente, Aldrich no está impedido de negar responsabilidad vicaria simplemente por-que a Reifman se le pagaron beneficios de compensación como empleado”. (Traduc-ción nuestra.) Véanse, además: 1 Larson’s Workmen’s Compensation Law Sec. 43.42 (1995); Beard v. Brown, 616 P.2d 726 (Wyo. 1980); Levine v. The Miami Herald, 7 F.C.R. 278 (Indus. Relations Comm’n 1973), cert. denegado, 280 So.2d 682 (1973).
      En Jones v. Aldrich Co., Inc., pág. 651, citando a Beard Brown, supra, se indicó:
      “La compensación a los empleados es una criatura de estatuto y diseñada espe-cialmente para proteger a los trabajadores lesionados en el curso de su empleo. El estatuto está liberalmente construido para proveer cubierta al empleado.
      “Dentro del contexto del estatuto, el patrono tiene un deber especial vis á vis con los empleados que trabajan para él. Bajo la compensación a los obreros, un empleado está cubierto por lesiones que surgen ... de y en el curso del empleo...’ Esto crea un problema de prueba diferente del que se encuentra en el área de negligencia ... Dentro de la esfera de negligencia general, las reglas pertinentes al ámbito del em-pleo son algo diferentes. Esto es así por un número de razones. Un estatuto liberal diseñado para beneficiar a los obreros no está envuelto. No hay relación especial que dé paso a un deber especial como en la compensación a los trabajadores. No hay razón sólida para encontrar responsabilidad sin culpa por razones sociales o económicas.” (Traducción nuestra.)

       Nuestra determinación de que aplicar con rigor la doctrina de cosa juzgada atentaría contra la política pública que dispone igualmente de la contención de Ro-dríguez Oyóla et al., de que el Estado no puede ir contra sus propios actos.
      La doctrina de actos propios requiere “(a) una conducta determinada de un sujeto, (b) que haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto es, apa-rente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada”. Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 555 (1991). Véase Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 878 (1976).
      Estos requisitos no se configuran aquí, pues la decisión del Fondo del Seguro del Estado de vincular las lesiones con el empleo, a los efectos únicamente de adjudicar compensación al amparo de un estatuto remedial, per se no está relacionada con la actuación de la Policía y del Estado de tratar de probar que el policía no estaba en funciones. No cabe hablar de que el Estado no puede ir contra sus propios actos.

       2 Larson, supra, Sec. 79.72(f) (1995), señala que la aplicación de la doctrina de cosa juzgada requiere no solamente identidad de partes, sino de controversias. Indica que un mero pronunciamiento en un caso de compensación, a los efectos de que la lesión no estaba conectada con el trabajo, no puede controlar un pleito de daños en el cual la controversia principal es la negligencia, ya que la negligencia era inmaterial en el procedimiento de la compensación. En este punto, el mencionado autor cita también el caso de Jones v. Aldrich Co., Inc., supra, resaltando que “el hecho de que la empleada había recibido beneficios de compensación como obrera, por sus lesiones, no establecía que ella estaba dentro del ámbito de su empleo para propósitos de respondeat superior”. Finalmente, Larson consigna que “[t]ambién se ha resuelto que la cosa juzgada es inapropiada cuando, aunque la controversia pu-diera ser similar, el grado de prueba requerido es diferente”. (Traducción nuestra.)

       Sólo hemos reconocido como compensables los accidentes del trabajo suscita-dos mientras un obrero va de su casa al trabajo y viceversa, y cuando la transporta-ción es provista por el patrono. López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254, 256 (1974).
      Como regla general, un patrono no es responsable por la conducta de su em-pleado mientras éste viaja desde y hasta el lugar de trabajo en su propio vehículo. Véase Anotación, “Employer’s liability for negligence of employee in driving his own car”, 52 A.L.R.2d 287 (1992); 6 Blashfield Automobile Law and Practice Sec. 253.92, págs. 268-269 (1966).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Ulises Figueroa Molina, peticionario, v. Lydia E. Colón Irizarry, recurrida.

      Números: CE-94-361
    MC-94-13

      Resueltos: 3 de junio de 1994

      Edna Ivonne Beltrán Silvagnoli, abogada del peticionario; Diana Franceshi Román, abogada de la recurrida.
   SENTENCIA

Acude ante nos el Sr. Ulises Figueroa Molina para que revisemos una resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que determinó que su hija —la menor Bibiana Figueroa Colón— permanecería provisionalmente bajo la custodia de su madre —la Sra. Lydia E. Colón Iri-zarry— quien es la excónyuge de aquél.

HH HH

Mediante Sentencia de 25 de junio de 1993 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, decretó roto y disuelto, por la causal de consentimiento mutuo, el vínculo matrimonial existente entre el señor Figueroa Molina y la señora Colón Irizarry. Durante el matrimonio, las partes procrearon dos (2) hijos, específicamente un varón de nombre José Ulises y una niña de nombre Bibiana, quienes actualmente tienen ocho (8) y cinco (5) años, respectivamente. En virtud de las estipulaciones hechas durante el trámite del divorcio, se acordó que el padre tendría al varón bajo su custodia, mientras que la madre ejercería la custodia sobre la hija. No obstante a ello, el señor Figueroa Molina, por mutuo acuerdo, tuvo bajo su custodia a la menor desde agosto de 1993 hasta diciembre de ese mismo año. La niña permane-ció durante estos meses con su padre debido a que la se-ñora Colón Irizarry, al no poseer un automóvil, no podía llevarla al colegio y recogerla una vez concluidas las clases. Finalizado el primer semestre del Año Escolar 1993-1994, la señora Colón Irizarry consiguió un empleo y compró un carro, pasando la menor a su custodia desde ese momento.

El 4 de mayo de 1994 el señor Figueroa Molina presentó una moción mediante la cual solicitó un cambio de custodia y argüyó que en pro del bienestar de la menor debía confe-rírsele la custodia a él. Adujo que la señora Colón Irizarry dejaba a la menor bajo el cuidado de una mujer homosexual quien, a su vez, era la amante de su ex esposa. Además, alegó que la señora Colón Irizarry estaba des-equilibrada y que no le brindaba a su hija una vida familiar, poniendo en peligro de esta manera la vida emocional de ésta.

El 10 de mayo de 1994 la señora Colón Irizarry presentó una réplica a la moción en la que solicitaba un cambio de custodia. En síntesis, alegó que la señora que cuidaba a la menor había sido la niñera de los hijos de la directora de la escuela donde la menor asistía a clases. Sostuvo que esta señora, quien es madre y abuela, no es homosexual. De igual forma negó que estuviese mentalmente incapacitada y afirmó que siempre le ha brindado a su hija una vida familiar. Sostuvo, por el contrario, que el padre era quien maltrataba a los hijos tanto física como mentalmente.

El 11 de mayo de 1994 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, celebró una vista donde las partes ofrecieron su versión de los hechos. En la vista, la señora Colón Irizarry admitió ser homosexual y que en su residencia pernoctaba su amante durante los fines de semana. Contrario a lo sos-tenido por el señor Figueroa Molina, en ese día el tribunal no dictó una resolución para confiarle la custodia de la menor. El tribunal sí expresó su inclinación para conferirle al padre la custodia provisional de la niña, pero se reservó el fallo al entender que era necesaria una recomendación del Programa de Relaciones de Familia del Centro Judicial de Bayamón. En vista de ello, el tribunal ordenó a este programa que sometiera sus recomendaciones en un plazo de veinticuatro (24) horas.

Al día siguiente, el 12 de mayo de 1994, la Trabajadora Social, Estela Rivas Nina, en cumplimiento de la orden dictada, presentó una moción en la cual consignó sus reco-mendaciones provisionales. Según consta en su escrito, la Trabajadora Social consideró que la señora Colón Irizarry debía continuar ejerciendo la custodia sobre la menor Bibiana Figueroa Colón y que, por el momento, era preferible mantener inalteradas las relaciones filiales. También se-ñaló que no debía haber contacto alguno entre los niños y las parejas de sus padres y que éstos debían abstenerse de proferir comentarios negativos del otro en presencia de los menores.

En ese mismo día, en horas de la tarde, luego de ha-berse reunido con los abogados de las partes y con la Tra-bajadora Social Rivas Nina, el tribunal dictó una resolu-ción mediante la cual acogió todas y cada una de las recomendaciones hechas por esta Trabajadora Social. Es-pecíficamente, ordenó que por el momento la menor conti-nuaría bajo la custodia de la señora Colón Irizarry, con la salvedad de que ésta no se reuniese con su amante. Final-mente, el tribunal señaló la vista en su fondo para el 17 de agosto de 1994, pero indicó que de solicitarlo alguna de las partes celebraría una vista antes de esa fecha. El señor Figueroa Molina solicitó dicha vista, por lo que el tribunal citó a las partes para el 23 de mayo de 1994. En ese día el tribunal pospuso la vista para el 17 de agosto de 1994 y ordenó la preparación de un informe social.

Inconforme, el señor Figueroa Molina acudió vía certio-rari ante este Tribunal imputándole al foro de instancia la presunta comisión de dos (2) errores, a saber:

1. Erró el [tjribunal de [i]nstancia en utilizar el Informe Sobre Recomendaciones Provisionales como base para la adjudicación de custodia provisional sin la celebración previa de una vista evidenciaría.
2.. Erró el [tjribunal de [i]nstancia en revocar su [rjesolución emitida el 11 de mayo de 1994, en donde en efecto se otorgó la custodia provisional al peticionario en pro del bienestar de la menor. Petición, pág. 5.

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recu-rrida, resolvemos.

HH HH l=H

El Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 383, dispone:

En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el Tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos.
El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cual-quier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar de los menores conviene la referida recuperación de la custodia y la patria potestad.

Es una doctrina sentada en Puerto Rico que las deter-minaciones sobre custodia deben guiarse única y principal-mente por el bienestar y los mejores intereses del menor. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298 (1985); Perron v. Corretjer, 113 D.P.R. 593 (1982); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495 (1978); Marrero Reyes v. García Ramirez, 105 D.P.R. 90 (1976); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961); Rodríguez v. Gerena, 75 D.P.R. 900 (1954).

Específicamente en Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469, 478-479 (1987), reafirmamos que el derecho a la custodia está necesariamente subordinado al ejercicio por los tribu-nales del poder de parens patriae y que el factor dominante en el ejercicio de tal poder es el bienestar de los hijos. Igualmente, en este último caso reiteramos que el citado Art. 107 del Código Civil no destruye ni restringe este po-der, por lo que los tribunales al adjudicar casos de custodia podrán adoptar las medidas necesarias para lograr y pro-teger el bienestar y los mejores intereses de los menores.

Luego de un análisis sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en este caso, y al tener como único y principal propósito el bienestar de la menor Bibiana Figueroa Colón, concluimos que ésta debe continuar de forma provisional bajo la custodia de la recurrida según lo recomendara la Trabajadora Social Rivas Nina y lo re-solviera el tribunal de instancia.

Sin embargo, el tribunal de instancia deberá celebrar una vista en o antes del 20 de junio de 1994 en la cual recibirá toda la prueba necesaria para adjudicar a quién se le ha de confiar la custodia de la menor. El tribunal deberá dictar todas las órdenes que sean necesarias, incluso para que se hagan los estudios sicológicos y de otra índole que sean necesarios para cumplir con este mandato. Una vez celebrada esta vista, el tribunal tendrá diez (10) días para resolver el particular.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto, se de-vuelve el caso al tribunal de origen y se ordena que conti-núen los procedimientos en conformidad con este dictamen.

Notifíquese por correo y por la vía telefónica.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión escrita. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Fuster Berlingeri no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liadó

Secretario General

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Independientemente de nuestras creencias personales y religiosas sobre un asunto en particular, el juramento que hiciéramos al tomar posesión del cargo de Juez de este Tribunal nos obliga a resolver las controversias que se plan-tean en los recursos que vienen ante nuestra consideración con absoluta objetividad e imparcialidad y, en específico, conforme a las normas jurídicas imperantes en nuestra jurisdicción. Así lo hemos hecho siempre, y así lo hacemos en el presente caso.

Hoy debemos resolver, a la luz del principio rector del bienestar de los menores, si una madre —que admitida-mente es homosexual o lesbiana y que “vive” con su amante los “fines de semana” en la casa en que igualmente reside una niña, hija de la primera, de cinco (5) años de edad— debe tener la custodia de esa niña de tierna edad.

La mayoría de los integrantes del Tribunal, en un in-tento imposible de estar “con Dios y con el diablo”, deter-mina que resulta procedente que dicha niña permanezca provisionalmente con su madre, y la amante de ésta, pero ordena que el foro de instancia celebre una vista, lo antes posible, con el propósito de que haga una determinación final sobre el asunto de la custodia; pudiendo dicho foro de instancia, en palabras de la mayoría, “dictar todas las ór-denes que sean necesarias, incluso para que se hagan los estudios sicológicos y de otra índole que sean necesarios para cumplir con este mandato”. Opinión mayoritaria, pág. 264.

En nuestra opinión, no se necesita ser muy perspicaz ni inteligente, ni tener conocimientos especializados en sico-logía, para poder uno darse cuenta de que una relación homosexual, entre su madre y la amante de ésta, tiene el nocivo potencial de, cuando menos, causar en un corto pe-ríodo de tiempo una gran confusión en la mente de una criatura de cinco (5) años; confusión que, posiblemente, en el futuro tendrá consecuencias mayores.

Nosotros no pretendemos saber más que otros. Sí sabe-mos que haríamos todo lo contrario a lo que hace la mayo-ría; esto es, provisionalmente le quitaríamos la custodia a la madre; ordenaríamos que se hicieran a nivel de instan-cia todos los exámenes sicológicos necesarios y pertinentes; luego de lo cual, dicho foro de instancia resolvería si rati-fica la orden de custodia original o, por el contrario, le concede la misma al padre de dicha niña.

Somos del criterio que, de esta forma, el bienestar de la menor se protege mejor. Ello por razón de que bajo nuestra alternativa se separa, de inmediato, a la niña de la situa-ción que puede causarle un daño irreparable a ésta, en espera de que los expertos se pongan de acuerdo sobre los efectos que esta situación pueda tener sobre la niña y, en consecuencia, la deseabilidad o no de que ésta continúe residiendo junto a su señora madre; opinión pericial que el foro judicial tendrá que tomar en consideración, junto a otros factores, al resolver la controversia sobre custodia.

Por las razones antes expresadas es que disentimos. Nuestro disenso únicamente toma en consideración las preferencias sexuales de la recurrida a los fines exclusivos de decidir qué es lo más conveniente para esta niña de tierna edad; víctima inocente del mundo convulsionado en que vivimos. Aparte de ello, repetimos, las preferencias sexuales de la recurrida no tienen otra importancia.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Director de la Oficina de Ética Gubernamental, demandante y recurrido, v. Lucas Malavé, demandado y peticionario.

      Número: CE-94-232

      Resuelto: 3 de junio de 1994

      Mario A. Rodríguez Torres, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

A la petición de certiorari radicada por la parte deman-dada, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto concurrente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liadó

Secretario General

— O —

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“Hay ocasiones en que, por desventura, surgen unas ac-ciones improcedentes por parte de algunos funcionarios que, al incurrir en claras faltas a las normas de ética, po-nen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado. Es intolerable que existan funcionarios públicos en repre-sentación de la administración del Gobierno que puedan lucrarse del patrimonio del pueblo. Los conflictos de inte-reses, especialmente financieros, en abierta violación a las leyes son también intolerables.” Exposición de Motivos de la Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, Leyes de Puerto Rico 709 (Ley de Ética Gubernamental, 3 L.P.R.A. see. 1823(e)).

H — I

Previa investigación iniciada sua sponte, el 12 de junio de 1991 el Director de la Oficina de Ética Gubernamental formuló una querella contra el Sr. Lucas Malavé que con-sistía en diez (10) cargos por violar el Art. 3.3(e) de la Ley de Ética Gubernamental, 3 L.P.R.A. sec. 1823(e).

En esencia, adujo que la firma social García, Malavé & Lauda realizó nueve (9) contratos de auditoría y contabili-dad con diversas agencias del Gobierno, sin la debida dis-pensa y autorización del Gobernador, aun cuando el señor Malavé era miembro de la Junta de Gobierno de la Autori-dad de Teléfonos de Puerto Rico. También le imputó haber otorgado un contrato de compraventa, mediante el cual ad-quirió de la corporación pública Compañía de Desarrollo Corporativo el Centro Comercial Hnas. Dávila en Bayamón. Los primeros nueve (9) contratos produjeron a la firma social ingresos por cuatrocientos veintidós mil dos-cientos sesenta dólares ($422,260) y el precio de la compra-venta fue de un millón quinientos veinticinco mil dólares ($1,525,000).

Actuó correctamente el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Hiram A. Sánchez Martínez, Juez de Apelacio-nes) al avalar el dictamen de la Oficina de Ética Guberna-mental que investigó y subsiguientemente multó en cua-renta y cinco mil dólares ($45,000) al peticionario señor Malavé.

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Ala fecha de los hechos, el Art. 3.3(e) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, disponía:

Ningún funcionario o empleado público podrá ser parte o te-ner algún interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquiera otra agencia ejecutiva o dependencia gubernamental a menos que el Gobernador, previa recomenda-ción del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, expresamente lo autorice. Sólo podrá llevarse a cabo la contra-tación en el caso previsto en este inciso sin solicitar y obtener la autorización del Gobernador cuando el contrato no sea por un valor mayor de $3,000.00 y no ocurra más de una vez durante cualquier año fiscal.

Su propósito es “evitar que un funcionario o empleado público entre en una relación contractual con cualquier otra agencia ejecutiva en circunstancias en que puedan surgir conflictos de intereses entre los que se encuentran la utilización de influencia indebida en la obtención del contrato”. (Énfasis suplido.) Exposición de Motivos, supra.

Y como dijimos recientemente, “[l]o que es ‘influencia indebida’ es algo que no puede verse, oirse ni sentirse; más bien es conducta sutil e intangible”. Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 D.P.R. 127, 129 (1993).

En el caso de autos, no erró el ilustrado tribunal senten-ciador al determinar que

Sería virtualmente imposible que el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental pudiera cumplir cabalmente con el propósito legislativo y la política pública encamada en dicho estatuto si no le reconociéramos la facultad de investigar motu proprio infracciones a la Ley de Ética Gubernamental a base del conocimiento que pudiera adquirir, aunque no me-diante el mecanismo formal de presentación de querella jurada por otra persona.
No debemos olvidar que es frecuente que la prensa del país saque a relucir información constitutiva de infracción a la Ley de Ética Gubernamental de parte de un empleado o funcionario público apoyándose en “fuentes de entero crédito” o “fuentes confiables” sin que divulguen el nombre propio del informante. En otras ocasiones, los funcionarios públicos encargados de ha-cer cumplir o de fiscalizar el cumplimiento de alguna ley, reci-ben información anónima sobre una infracción particular. Es usual reconocerle a dichos funcionarios la discreción para deci-dir si deben investigar o no la confidencia. Si lo hacen y se convencen de que la misma tiene base en algún hecho o docu-mento concreto es natural que formulen los cargos o querellas de rigor a la persona de que se trate, con oportunidad de que el querellado responda y pueda defenderse de los cargos en un proceso rodeado de todas las garantías constitucionales. Si los funcionarios no pudieran investigar nada más que a base de querellas juradas, muchas de las situaciones que a diario suce-den al margen de la ley, no serían descubiertas ni sus autores responsabilizados. En ausencia de un querellante con rostro y sometido a la caución juratoria de que nos habla el recurrente, es un poder inherente del Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental siempre llevar a cabo las indagatorias preliminares para separar el grano de la paja. Si el fardo trajo paja, y sólo paja, que lo descarte, pero si trajo grano para su molino, pues, que lo muela. Pero definitivamente el legislador no pudo tener la intención (ni la ley el efecto) de obligar al Director Ejecutivo de esta Oficina a meter la cabeza en la arena o, simplemente, a mirar para el otro lado cuando descubre motu proprio los hechos de la maldad. (Escolios omitidos.) Exhibit I, págs. 2-3.

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Tampoco hay duda alguna en cuanto a que la sociedad profesional García, Malavé & Lauda no era una persona jurídica independiente de sus socios. Aim bajo una hipóte-sis contraria —incluso el manto encubridor de una corpo-ración— si sería válidamente permisible ese tipo de desdo-blamiento, quaere. A fin de cuentas, bajo la Ley de Ética Gubernamental lo crucial radica en si en virtud de la con-tratación —inmediata o posteriormente— el funcionario o empleado se beneficia directa o indirectamente.

El peticionario señor Malavé no ha negado que se lucró por los contratos otorgados por la sociedad con agencias del Gobierno. Todo lo contrario, lo acepta. Y eso precisamente es lo vedado por el Art. 3.3(e) de la Ley de Ética Guberna-mental, supra, a saber, que “[njingún funcionario o em-pleado público podrá ser parte o tener algún interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato de cualquier otra agencia ejecutiva ...”.

       Enmendado por la Ley Núm. 3 de 5 de abril de 1991 (3 L.P.R.A. sec. 1823(e)), para eximir de estas autorizaciones los contratos de ciertos servicios que diversas agencias públicas brindan a empleados del Gobierno. El nuevo texto de la ley no favorece al peticionario señor Malavé.

       Para jueces y abogados el principio no es enteramente extraño. Los Cánones XI y XXIII del Código de Etica Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, y el Canon 11 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, prohíben el uso de influencias indebidas producto del poder y prestigio que generan sus funciones.
      Aun así, la experiencia refleja instancias aisladas en que, vía actos sociales y de recreo, atentan lastimosamente contra el principio.
      Sumo cuidado y prudencia ha de tener el juez al aceptar este tipo de invitacio-nes, para evitar ser sorprendido en su buena fe. “Los jueces son parte de la comuni-dad en que viven y por la posición que en ésta ocupan son llamados ocasionalmente a prestar su concurso en actividades de interés general, sean éstas de origen privado o estén auspiciadas por funcionarios públicos. Esa cooperación, sin embargo, tiene que darse dentro del marco de la Constitución, la ley y los Cánones de Ética Judicial y en armonía con la dignidad y las funciones de los tribunales. Tales limitaciones imponen a los jueces la obligación de cerciorarse, por todos los medios dignos asequi-bles, de los propósitos y circunstancias de los actos a los cuales se les invita y de abstenerse de asistir a aquéllos que por su carácter le están vedados o que razona-blemente puedan dar lugar a la impresión de que se están transgrediendo esos límites. Esta es la única manera en que puede la judicatura mantener incólume su absoluta independencia.” In re Participación Jueces, 80 D.P.R. 784, 786-787 (1958).
      No podemos ser ingenuos. Mediante esas actividades se explota la situación y se proyecta, entonces, la impresión real o imaginaria de influencia del bufete, dando margen a la conclusión de Pany de que es “verdad que los estudios de los dirigentes políticos allegados a las esferas del gobierno son los más concurridos y tienen mejo-res asientos; ello es debido más que a la influencia que puedan ejercer sobre los jueces, a la creencia popular de la existencia de tal influencia”. 2 Etica de la Abogacía, 1940, pág. 117.
      Existe, además, otra dimensión en cuanto a los miembros de la Judicatura. Hay “abogados legisladores, abogados altos funcionarios y abogados influyentes en los actos de gobierno y de administración. Entre esos actos están el nombramiento y el ascenso de los jueces y, al contrario, también su preterición. Esos abogados ejercen su profesión más o menos activamente, sobre todo en épocas de crudo predominio partidario. Y si la función pública o legislativa les impide una exclusiva dedicación a la profesión, otros abogados les sustituyen en ésta, o colaboran en sociedad o aparcería. Lo que se mantiene entonces es el poder e influencia del ‘estudio’. Así, pues, con el advenimiento del partido al gobierno, el estudio de Fulano, o el de Zu-tano, ven de pronto aumentar la clientela en manera extraordinaria. Lo que entonces busca el cliente no es un jurista; es un abogado en situación de ‘lograr éxito’ en el tribunal; es el abogado político; el abogado influyente; mejor aún, en la ‘firma’ de este abogado”. (Énfasis suplido.) R. Bielsa, La Abogacía, 3ra ed., Buenos Aires, Ed. Alei-ledo-Perrot, 1960, pág. 377.
      Se nos podrá tachar de idealistas y decir que esta dinámica es inevitable, pues forma parte de la conducta humana imposible de eliminar. Quizás sea así. Más bien nos inclinamos a pensar que es cuestión de intereses y conveniencias personales; rehusamos cercenarlo del orden moral. Si acaso, ello sería fundamento más que suficiente para reglamentarla o prohibirla. “El no reconocerlo así constituye una inmoralidad. Y aquí entramos en el nudo del conflicto. Por razón de su cargo, estos funcionarios pueden ensanchar la esfera del bufete: influencias, posibilidades de fa-vores, un proteccionismo discreto, le otorgan categoría especial, que es siempre reco-nocida y bien pagada. Si contra esto no se dictan disposiciones conminatorias y se deja al libre juego de la vida, allá cada cual con su conciencia... La tolerancia de los demás no puede salvar las impudicias cometidas .... Señalo el hecho; que cada cual recoja las consecuencias.” (Énfasis suplido.) Monge Bernal, Justicia: la novela de un abogado, citado en A. Fernández Serrano, La abogacía en España y en el mundo, Madrid, Librería Internacional de Derecho, 1955, Vol. I, pág. 194.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

text:
    Asociación Miembros de la Policía de Puerto Rico, demandantes y recurridos, v. Ismael Betancourt Lebrón, Superintendente de la Policía de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: RE-93-101

      Resuelto: 3 de junio de 1994

      Reina Colón de Rodríguez, Carlos Lugo Fiol, Procuradores Generales Interinos, Sylvia Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo, demandado y recu-rrente; Neftalí Fuster González, abogado de los demandan-tes y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

La Sec. 3.13(g) de la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2163(g), dispone que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses desde su presentación, salvo circunstancias excepcionales. Resolve-mos que esta sección no aplica a los procedimientos inves-tigativos que efectúe el Superintendente de la Policía de Puerto Rico con el fin de determinar si un policía ha incu-rrido en una falta que pudiera conllevar una sanción de suspensión de empleo y sueldo, destitución, expulsión o degradación.

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El 24 de junio de 1992 la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, Inc. (en adelante Asociación) y los Srs. Juan Martínez Vázquez, Emilio Ramos Bracetti, An-drés Ramos Picart, Hernán Vidal Reyes y Héctor L. Ortiz Rivera incoaron una demanda sobre sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra el Su-perintendente de la Policía, Sr. Ismael Betancourt Lebrón. Según lo alegado en la demanda, el policía Martínez Váz-quez estaba siendo objeto de una investigación disciplina-ria por hechos ocurridos anteriores a 1990. En cuanto a los señores Ramos Bracetti y Ramos Picart, se alegó que estos miembros de la Policía estaban siendo sometidos a un pro-ceso de formulación de cargos por hechos ocurridos el 27 de enero de 1991. En lo que respecta al señor Vidal Reyes, se adujo que a este policía se le impuso una sanción el 13 de abril de 1991 por unos sucesos ocurridos el 9 de septiembre de 1990. Finalmente, de acuerdo con la demanda, el policía Ortiz Rivera fue expulsado del cuerpo de la Policía el 11 de octubre de 1991 a raíz de unos hechos ocurridos en marzo de 1988.

En el recurso de sentencia declaratoria, los demandan-tes señalaron que la investigación que lleva a cabo el Su-perintendente de la Policía para determinar si uno de sus miembros ha incurrido en una falta que amerite la impo-sición de una sanción constituye un procedimiento adjudi-cativo regido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.) Por ello, los demandantes invocaron la aplicación de la Sec. 3.13(g) de la referida legislación que dispone que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo deberá ser resuelto dentro del término de seis (6) meses desde su presentación.

Argüyeron que en virtud de esta sección el Superinten-dente de la Policía está obligado a resolver los casos que imputen la comisión de una falta dentro de dicho término. Es por ello que solicitaron la anulación de todo procedi-miento disciplinario efectuado luego de haber expirado el término de seis (6) meses.

Particularmente, los demandantes solicitaron la anula-ción de los procedimientos investigativos que aún continua-ban contra los policías Martínez Vázquez, Ramos Bracetti y Ramos Picart; señalaron que en cada uno de estos tres (3) casos ya había transcurrido el término de seis (6) meses, el cual, según los demandados, se computa a partir del mo-mento en que ocurrieron los hechos que dieron base a las investigaciones. Igualmente, alegaron que las sanciones impuestas a los policías Ortiz Rivera y Vidal Reyes se to-maron luego de haber expirado el término referido, y es por esta razón que requirieron la anulación de estas sanciones.

El 19 de octubre de 1992 los demandantes, en vista de que los demandados no habían contestado la demanda, so-licitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor. In-cluyeron con dicha moción dos (2) resoluciones emitidas por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apela-ción (C.I.P.A.), que concluyen que el término de seis (6) meses dispuesto en la Sec. 3.13(g), supra, aplica a las in-vestigaciones disciplinarias que efectúa el Superinten-dente de la Policía. Según estas dos (2) resoluciones, el Superintendente de la Policía debe resolver los casos sobre conducta impropia dentro de un término de seis (6) meses, contados a partir de la presentación de las querellas.

En ese mismo día, el 19 de octubre de 1992, el deman-dado presentó una moción de desestimación. En primer lu-gar, señaló que el procedimiento investigativo en el cual se encontraban los casos de los policías Martínez Vázquez, Ramos Bracetti y Ramos Picart, y que se efectúa antes de la formulación de los cargos, no es un procedimiento adju-dicativo, puesto que durante esta etapa no existe una con-troversia entre las partes. Según el demandado, una con-troversia sólo puede surgir luego de haberse formulado los cargos. Concluyó que durante la etapa investigativa que se inicia con la presentación de una querella y que puede cul-minar en la formulación de cargos no aplica el término de seis (6) meses. Como resultado de ello solicitó la desestima-ción de la demanda en cuanto a estos tres (3) policías, quie-nes no habían sido objeto de una formulación de cargos. En segundo lugar, el demandado sostuvo que el tribunal no tenía jurisdicción para resolver la solicitud de sentencia declaratoria en cuanto a los policías Ortiz Rivera y Vidal Reyes, puesto que éstos pretendían —mediante esta ac-ción— atacar colateralmente las sanciones que le fueron impuestas en 1991. El demandado señaló que estos poli-cías, conscientes de su derecho, no recurrieron en apela-ción ante la C.I.P.A. o ante la Junta de Apelación del Sis-tema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.) para cuestionar las sanciones impuestas, por lo que procedía la desestimación de la demanda por éstos no haber agotado los remedios administrativos que tenían disponibles.

Trabada así la controversia, el 21 de enero de 1993 el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Wilfredo Alicea López, Juez) dictó sentencia en la cual desestimó el recurso de sentencia declaratoria por falta de jurisdicción en cuanto a los demandantes Ortiz Rivera y Vidal Reyes. Con-cluyó que estos dos (2) policías no agotaron los remedios administrativos de carácter apelativo que la ley les proveía. En lo que respecta a los demandantes Martínez Vázquez, Ramos Bracetti y Ramos Picart, el foro senten-ciador ordenó al Superintendente de la Policía que conclu-yera, en un término de seis (6) meses, las investigaciones disciplinarias que había iniciado contra estos tres (3) policías. En la decisión emitida, el tribunal determinó que los procesos investigativos que efectúa el Superintendente de la Policía con el fin de determinar si procede la imposi-ción de sanciones contra un miembro de la fuerza, consti-tuyen procedimientos adjudicativos regulados por la Ley Núm. 170, supra. Concluyó que, a tenor con la Sec. 3.13(g) de la referida ley, supra, estas investigaciones debían ser resueltas dentro de un término de seis (6) meses. En su dictamen, el tribunal señaló que en estas investigaciones necesariamente hay que formular unas determinaciones de hecho las cuales han de ser evaluadas a la luz de la ley y de los reglamentos aplicables para luego decidir si pro-cede la imposición de una sanción. Según el tribunal, estas investigaciones no son más que procedimientos adjudicativos.

Inconforme, el Superintendente de la Policía, represen-tado por el Procurador General del Estado Libre Asociado, acudió en revisión ante nos imputándole al foro sentencia-dor la alegada comisión de un solo error, a saber:

El Honorable Tribunal Superior erró al determinar que el término de seis (6) meses dispuesto en la sección 3.13(g) de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. Sec. 2163(g)[,] aplica a las investigaciones adminis-trativas conducidas por la Policía de Puerto Rico relativas a la conducta de los miembros de dicho cuerpo. Solicitud de revisión, pág. 5.

Expedimos el recurso y, con el beneficio de la compare-cencia de las partes, resolvemos.

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En 1974 la Asamblea Legislativa, mediante la Ley Núm. 26 de 22 agosto de 1974, conocida como Ley de la Policía de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 1001 et seq., creó un organismo civil de orden público denominado “Policía de Puerto Rico”. En dicha legislación, la Asamblea Legislativa delegó en la persona del Superintendente de la Policía la facultad para determinar por reglamento la conducta que deben observar los miembros de la Policía. 25 L.P.R.A. see. 1007. Según lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley Núm. 26, supra, 25 L.P.R.A. sec. 1012, el reglamento determinará las faltas graves y leves que conlleven una acción discipli-naria y prescribirá la acción que corresponda con arreglo a lo perceptuado en esta ley.

El Art. 14 de la Ley Núm. 26, supra, 25 L.P.R.A. see. 1014, regula el trámite que debe efectuarse cuando se imputa la comisión de una falta grave. Este artículo dis-pone lo siguiente:

(a) El expediente de investigación de todo cargo grave in-cluirá un informe completo en torno a las imputaciones hechas contra el miembro o miembros de la Fuerza querellados. El trámite de investigación y envío del expediente se hará sin de-mora innecesaria. El Reglamento determinará los oficiales que intervendrán en el expediente de investigación.
(b) El Superintendente, luego de examinar y analizar el ex-pediente y de dar al querellado la oportunidad de ser oído, re-solverá el caso, absolviendo al querellado o imponiendo el cas-tigo que estime razonable, según lo dispone el inciso (d) de esta sección. Si se declara culpable el miembro o miembros de la Fuerza concernidos, el Superintendente entregará copia al que-rellado del documento contentivo de su decisión, lo que se com-probará por medio de la firma de éste e indicando la fecha y hora de la notificación. El procedimiento para estos casos se determinará mediante Reglamento.
(c) Los cargos por faltas graves serán formulados por escrito y firmados por el Superintendente.
(d) El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno de los siguientes: expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión del Cuerpo, sin sueldo, por un período no mayor de cinco (5) meses.
(e) El Superintendente tendrá facultad para suspender tem-poralmente, de empleo y sueldo, a cualquier miembro de la Fuerza mientras se practica cualquier investigación que se or-denare relativa a incompetencia, mala conducta o crimen de que se acuse a dicho miembro de la Fuerza. En tal caso, el Superintendente hará que se formulen los correspondientes cargos, sin demora innecesaria. Investigará y resolverá tales casos a la mayor brevedad posible, imponiendo el castigo que estime razonable dentro de los límites de ésta o disponiendo que vuelva al servicio dicha persona con devolución de los suel-dos devengados o sin ellos, durante el período de la suspensión, si a su juicio los hechos lo justificaren.
(f) Cuando un miembro de la Fuerza estuviere suspendido de empleo y sueldo, por cualquier concepto, estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal. Tampoco disfrutará de los derechos y privilegios que por ley se conceden a miembros de la Policía mientras dure dicha suspensión.
(g) En todo caso donde se impongan sanciones que conlleven la suspensión de empleo y sueldo, el Superintendente, a peti-ción del querellado, podrá conmutar dicha sanción por servicios adicionales al Cuerpo equivalente al monto de tiempo que dure la suspensión.
(h) Todo miembro de la Fuerza contra quien se haya dictado una decisión adversa por el Superintendente, podrá apelar el caso ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apela-ción, creada mediante las sees. 171 a 185 del Título 1, ante la cual tendrá derecho a vista conforme a los términos de dichas secciones. La apelación deberá radicarse dentro de los 15 días de recibir la notificación de castigo. (Énfasis suplido.) 25 L.P.R.A. see. 1014.

En el ejercicio del poder que le delegara la Asamblea Legislativa, el Superintendente de la Policía adoptó en 1981 un nuevo Reglamento de Personal que regula, entre otras cosas, las acciones disciplinarias que imputan la comisión de faltas leves y graves. Específicamente, la See. 14.3(2)(b)(l)(a) del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico de 1981, págs. 96-98, que establece los procedimientos que deben celebrarse en la tramitación de estos casos dispone lo siguiente:

b. Procedimiento sobre Acciones Disciplinarias para Miem-bros de la Policía de Puerto Rico.
(1) En todo caso que surja la posibilidad de aplicación de medidas disciplinarias por violación a cualquier falta cuya san-ción pudiera resultar en la suspensión de empleo y sueldo, des-titución o expulsión o degradación, se adoptará el siguiente pro-cedimiento:
(a) El Superintendente iniciará una investigación admi-nistrativa dentro de los diez (10) días laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos o de la radicación de una querella. Luego de esto hará una determinación de si procede tomar alguna medida disciplinaria. De proceder tal medida dis-ciplinaria, formulará cargos por escrito al miembro de la Fuerza y se le notificará advirtiéndole de su derecho a solicitar una vista administrativa informal ante un oficial examinador dentro del término de quince (15) días laborables contados a partir de la fecha del recibo de la notificación de la formulación de cargos. En la vista el miembro de la Fuerza afectado tendrá derecho a presentar la prueba que estime necesaria y podrá comparecer personalmente o a través de un abogado. El Super-intendente mediante directriz al efecto adoptará el procedi-miento a seguirse para la solicitud de la vista. Se entenderá que los gastos en que incurra para la presentación de su de-fensa serán sufragados por el querellado. La fecha de la vista administrativa, se notificará al querellado con no menos de cinco (5) días de antelación a la celebración de la misma. En la notificación, se le informará la fecha, hora y lugar en que se llevará a efecto la vista. Luego de la vista, o transcurrido el término de quince (15) días sin que el miembro de la Fuerza haya solicitado la misma, el Superintendente tomará la deci-sión que estime conveniente. Si la decisión fuera destituir o expulsar, degradar, suspenderlo de empleo y sueldo, amonesta-ción o reprimenda, se le advertirá al miembro de la Fuerza de su derecho de apelación ante la Comisión de Investigación, Pro-cesamiento y Apelación dentro de un término de quince (15) días o ante la Jinda dentro de un término de treinta (30) días, según sea el caso. (Énfasis suplido.)

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De las siguientes disposiciones legales surge con meri-diana claridad que el proceso de acción disciplinaria contra un policía consiste de seis (6) etapas: la investigativa, la formulación de cargos, la celebración de vista, la decisión del Superintendente de la Policía, la etapa apelativa ante la C.I.P.A. y, luego, la revisión judicial del dictamen emi-tido por la C.I.P.A.

En virtud del citado inciso (a) del Art. 14 de la Ley Núm. 26, supra, el Superintendente de la Policía deberá levantar un expediente investigativo en todo caso en que se impute la comisión de una falta grave. Por su parte, el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico de 1981 dispone que el Superintendente deberá iniciar una investigación dentro de los diez (10) días laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos o de la radicación de la querella. Una vez finalizada la investigación, el Superintendente de la Policía determinará si procede la imposición de alguna medida disciplinaria y, si este es el caso, deberá formularle por escrito los cargos al miembro de la Fuerza. Luego se debe celebrar una vista administrativa y, de ser adversa la decisión del Superintendente, podrá apelar a la C.I.P.A. y luego ir en revisión a los tribunales.

Recientemente, en Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 144 (1993), establecimos que la toma de una decla-ración jurada al policía querellado, como parte de la inves-tigación de la querella que realiza el Superintendente de la Policía, no constituye la vista informal que, a tenor con el caso de Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990), debe celebrar toda agencia antes de despedir a uno de sus empleados de carrera. En Díaz Martínez v. Policía de P.R., supra, señalamos que durante la fase investigativa aún no se han formulado los cargos, por lo que el querellado des-conoce el curso de acción que se propone seguir la Policía.

Es precisamente con la investigación que la Policía de-termina si procede o no la formulación de los cargos. Du-rante el proceso investigativo aún no ha surgido una con-troversia que haya que adjudicar. Ésta surge en el momento en que se formulan los cargos y el policía se en-frenta a los mismos. Ante este hecho, y bajo los fundamen-tos expuestos, es patente que no estamos ante un proceso de adjudicación.

En virtud de esta determinación, resolvemos que es inaplicable a los procedimientos investigativos que se conducen, previo a la formulación de cargos, la Sec. 3.13(g) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, la cual ordena que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro de un período de seis (6) meses, desde su presentación, salvo en circunstancias excepcionales. Erró el tribunal sentenciador al concluir lo contrario.

Claro está, la propia Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974 le impone al Superintendente de ese Cuerpo la obli-gación de actuar con premura. Cf Ortiz Ruiz v. Superin-tendente Policía, 132 D.P.R. 432 (1993). El citado inciso (a) del Art. 14 de la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974 dispone que el trámite de investigación se hará sin demora innecesaria.

El error señalado fue cometido. Se dictará sentencia en conformidad con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López concu-rrió y disintió mediante opinión escrita.

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Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

Aun cuando estamos básicamente de acuerdo con la norma que se establece en la opinión mayoritaria que en el día de hoy emite el Tribunal en el presente caso —esto es, que el término máximo de seis (6) meses, que establece la Sec. 3.13(g) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2163(g), dentro del cual deberá ser resuelto todo procedimiento adjudicativo administrativo, no le debe ser aplicado a los procedimientos investigativos que lleva a cabo el Superintendente de la Policía de Puerto Rico en relación con querellas que se radican contra los miembros de la fuerza policiaca— nos vemos imposibilitados de brin-dar nuestra conformidad a dicha Opinión mayoritaria. Ello debido a las razones que, de manera muy breve, pasa-mos a exponer.

HH

Los esforzados miembros de la Policía de Puerto Rico son seres humanos que, como tales, incurren a diario en conducta que da lugar a que los demás ciudadanos de este País se querellen contra ellos; en ocasiones, con razón, y en otras sencillamente por razón de que los ciudadanos re-sienten la correcta actuación de dichos agentes del orden público. El Superintendente, naturalmente, viene en la obligación de investigar todas y cada una de dichas quere-llas —las cuales son obviamente numerosas— indepen-dientemente de cuán fundamentadas o frívolas sean las mismas.

Exigirle al Superintendente la obligación de tener que investigar, y resolver, las miles de querellas a esos efectos en el término de seis (6) meses, sería algo absurdo e ilógico por cuanto tendría que destacar personal adicional ilimi-tado para realizar dichas investigaciones; personal que se necesita en otras áreas. Esto es, el Superintendente de la Policía no puede estar sujeto a la “camisa de fuerza” que dicho requisito representa.

Ahora bien, conforme surge de la propia opinión mayo-ritaria, el Superintendente de la Policía está facultado, por el Art. 14(e) de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, “para suspender temporalmente, de empleo y sueldo, a cualquier miembro de la Fuerza mientras se practica cual-quier investigación que se ordenare relativa a incompeten-cia, mala conducta o crimen de que se acuse a dicho miem-bro de la Fuerza”. (Énfasis suplido.) 25 L.P.R.A. see. 1014(e).

Esto es, el Superintendente, luego de recibir una queja sobre un miembro de la fuerza policiaca, tiene dos (2) al-ternativas o cursos de acción, a saber: (1) ordenar la inves-tigación correspondiente, permitiendo que el agente conti-núe en su trabajo, o (2) puede suspenderlo de empleo y sueldo, y ordenar la investigación.

En el primero de los casos no hay razón alguna para exigirle al Superintendente término alguno definido para que realice su investigación; ello por razón de que mera-mente está investigando y el agente del orden público con-tinúa trabajando y recibiendo su sueldo. Esto es, no ha habido determinación alguna del Superintendente que afecte adversamente al miembro de la Fuerza.

En el segundo de los casos, la situación es completa-mente distinta. Al ordenar la suspensión de empleo y sueldo, el Superintendente efectivamente ha tomado una determinación que afecta, de manera adversa, al miembro de la Fuerza. Dicha determinación, a nuestra manera de ver las cosas, constituye, cuando menos, una “adjudicación preliminar” por parte del Superintendente, la cual necesa-riamente tiene que estar sujeta a un límite de tiempo, sea éste cual fuese.

Esto es, sería completamente injusto con los miembros de la fuerza policiaca que se le permita al Superintendente suspender de empleo y sueldo a un agente y, en adición, concederle al Superintendente todo el tiempo que éste en-tienda necesario para realizar la investigación correspondiente. Es por ello que disentimos.

       Una de las resoluciones de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (C.I.P.A.) incluidas en el expediente del caso de autos revela que en un procedimiento seguido contra el policía Martínez Vázquez, aquí demandante recu-rrido, este organismo apelativo concluyó que el término de seis (6) meses dispuesto en la Sec. 3.13(g) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2163(g), aplica a los procedimientos investigativos.

       El Art. 7 de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendado, dispone lo siguiente en su parte pertinente:
      “El Superintendente queda facultado para determinar por reglamento la orga-nización y administración de la Policía, de los voluntarios y de los Consejos de Segu-ridad Vecinal, las obligaciones, responsabilidad y conducta de sus miembros, de los voluntarios y de los integrantes de los Consejos de Seguridad Vecinal y cualquier otro asunto necesario para el funcionamiento del Cuerpo.” 25 L.P.R.A. see. 1007.

       El Art. 12 de la Ley Núm. 26, supra, dispone de la manera siguiente:
      “(a) El Reglamento determinará las faltas de los miembros de la Fuerza que conllevaren acción disciplinaria. Dichas faltas estarán clasificadas en graves o leves. El Reglamento prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo preceptuado en este Capítulo.” 25 L.P.R.A. see. 1012.

       En Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 144 (1993), también nos expresamos sobre las suspensiones sumarias de empleados públicos.

       En Ortiz Ruiz v. Superintendente Policía, 132 D.P.R. 432 (1993), resolvimos que el Superintendente de la Policía no está obligado a concluir los procedimientos disciplinarios contra los miembros de la Fuerza dentro del término de ciento veinte (120) días que dispone el Art. 2 de la Ley Orgánica de la C.I.P.A., 1 L.P.R.A. see. 172. El referido término aplica sólo a casos donde ha habido mal uso o abuso de autoridad por parte de otros funcionarios del orden público, agentes de Rentas Internas u otros funcionarios de la Rama Ejecutiva autorizados para realizar arrestos. En estos casos, la autoridad facultada para sancionar deberá exonerar al funcionario público en cuestión o imponerle la medida disciplinaria que corresponda dentro del término de ciento veinte (120) días contados a partir de la formulación de la querella o de la ocurrencia de los hechos que pudieran dar base a tal querella porque, de lo contrario, perderá jurisdicción sobre el caso.


author: PER curiam:

text:
      In re Jorge A. Vera Vélez, querellado.

      Número: CP-92-458

      Resuelto: 6 de junio de 1994

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Luciano Sánchez Martínez, abogado del querellado; Abner Li-mardo, Comisionado Especial.

   PER curiam:

HH

Mediante Resolución de 26 de marzo de 1992 ordena-mos a la Procuradora General que realizara una investiga-ción sobre la actuación del Ledo. Jorge A. Vera Vélez, res-pecto a una escritura otorgada por él, que dio lugar a los hechos objeto de nuestra opinión en el caso Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 D.P.R. 134 (1992). En dicha escri-tura compareció uno de los otorgantes como soltero, cuando en realidad estaba casado.

El 3 de junio de 1992 la Procuradora General nos pre-sentó un informe en el cual recomendaba la presentación de una querella contra el licenciado Vera Vélez por viola-ción a la fe pública notarial y al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Mediante Resolución de 19 de jimio ordenamos a la Procuradora General que procediera con la presentación de los cargos correspondientes.

El 10 de agosto de 1992 la Procuradora General pre-sentó la querella en la cual imputó al licenciado Vera Vélez los cargos siguientes:

PRIMER CARGO
El Ledo. Jorge A. Vera Vélez incurrió en conducta impropia contraria a la fe pública notarial establecida en el Art. 26 de la Ley Notarial Vigente, Ley Núm[.] 75 del 2 de julio de 1987.
SEGUNDO CARGO
El Ledo. Jorge A. Vera Vélez incurrió en violación del Canon 35 del Código de Etica Profesional, el cual entre otras cosas, dispone que el abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documentos, y al presentar causas.

El 25 de septiembre de 1992 designamos al ex Juez Superior Abner Limardo Sánchez como Comisionado Especial para que oyera y recibiera la prueba presentada por las partes en apoyo de sus respectivas posiciones y nos rin-diera un informe de sus determinaciones de hecho respecto a dicha prueba.

Luego de celebrar una vista el 2 de noviembre de 1993, el Comisionado Especial nos presentó su informe. Éste re-fleja, en síntesis, que el 20 de mayo de 1988 el Ledo. Jorge A. Vera Vélez otorgó la Escritura Núm. 112, mediante la cual la Sra. Rosa María Martínez le vendió al Sr. Luis Díaz Ríos una finca ubicada en el Barrio Carrizales de Hatillo; que en dicha escritura compareció el señor Díaz Ríos como soltero a pesar de estar casado con la Sra. Marta V. Díaz Figueroa; que esto se debió a la información ofrecida por el señor Díaz Ríos al querellado, y que el querellado confió en la declaración hecha por el otorgante respecto a su estado civil porque entendió en aquel momento que no tema mo-tivo alguno para cuestionar su veracidad.

El 9 de noviembre de 1993 el Procurador General Inte-rino presentó una moción para hacer constar su conformi-dad con las determinaciones de hecho formuladas por el Comisionado Especial.

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Reiteradamente hemos resuelto que un notario que falta a la veracidad de los hechos incurre en una de las faltas más graves que pueda cometer un notario debido a que la certificación de un hecho falso constituye un acto detrimental a la fe pública. In re Peña Clos, 135 D.P.R. 590 (1994), y casos allí citados. Por lo tanto, hacer constar que un otorgante es soltero cuando la realidad es que está casado viola la fe pública notarial. Id. Es por ello que, de ordinario, se le exige al notario que autoriza el otorgamiento de una escritura que haga unas averiguaciones mínimas, cónsonas con las normas más elementales de la profesión, y que en. aquellas ocasiones en que tenga duda sobre lo expresado por el otorgante respecto a su status civil indague más allá de lo requerido comúnmente. Id.

En el caso ante nos, los esposos Díaz-Ríos alegaron que el licenciado Vera Vélez debió haber sabido que ellos esta-ban casados porque seis (6) meses antes, el 18 de noviem-bre de 1987, habían otorgado la Escritura Núm. 228 ante el querellado y que en dicha ocasión habían comparecido ambos cónyuges como casados. Además, el señor Díaz Ríos negó haberle informado al querellado que fuese soltero. Alegó que, contrario a la versión del querellado, le había informado antes de otorgar la escritura que estaba casado y que su esposa podría comparecer en la tarde a otorgar la escritura. Esta versión de los hechos no le mereció credibi-lidad al Comisionado Especial quien determinó que al momento del otorgamiento de la Escritura Núm. 112 el querellado no se acordaba de haber otorgado la Escritura Núm. 228, debido a que ésta había sido otorgada seis (6) meses antes, y que por haber sido ésta una transacción sencilla, resultaba ser de poca trascendencia entre los 260 documentos públicos autorizados por el querellado durante 1987. El Comisionado Especial determinó, además, que el querellado fue en efecto conducido a error por el señor Díaz, quien no solamente le informó que era soltero, sino que además se reiteró en esta información al momento del querellado hacer la lectura de dicha escritura. También de-terminó que el señor Díaz actuó con entero conocimiento de su esposa, quien posteriormente otorgó otra escritura rati-ficando ésta.

Luego de examinar la prueba, somos del criterio que el licenciado Vera Vélez no actuó conforme a los preceptos del Art. 76 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2126, y del Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, aunque no hubiese actuado a sabiendas de que la in-formación recibida era falsa. El hecho de que el señor Díaz le hubiese mentido al querellado en cuanto a su status civil es un factor a considerar al momento de determinar la san-ción disciplinaria adecuada pero, de ordinario, no exime al notario de llevar a cabo las indagaciones debidas en casos como el que está ahora ante nos, en el cual una parte que va a otorgar una escritura ante un notario comparece como soltero, cuando anteriormente había comparecido ante el mismo notario como casado. Nuestra jurisprudencia clara-mente requiere mayor cuidado de parte de los notarios en casos como el de marras en que, aun cuando el notario haya actuado sin tener conocimiento de que certificaba como verdadero mi hecho falso, lo debió haber sabido. En In re Peña Clos, supra, tuvimos la oportunidad de exami-nar unos hechos similares. En aquella ocasión se investigó la actuación de un notario que consignó en dos (2) escritu-ras en las cuales comparecía una pareja como casada, cuando en realidad ya no lo estaba, y había sido el propio notario querellado quien había sido su abogado durante su proceso de divorcio seis (6) años antes. En el caso ahora ante nos ciertamente existía el mismo deber de indagar, especialmente cuando el querellado había autorizado una escritura en la que comparecían los otorgantes como casa-dos, apenas seis (6) meses antes de autorizar la escritura en la que aparece uno de ellos como soltero. La veracidad de los hechos en el caso de marras era de fácil verificación, pues la escritura previamente otorgada por el querellado, que estaba bajo su propia custodia, tenía la información correcta sobre el status civil del querellante.

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En resumen, el licenciado Vera Vélez cometió la falta imputada por no hacer las investigaciones de rigor. Ello, de ordinario, conlleva la imposición de severas sanciones al notario que así actúe. Ahora bien, en vista de que el que-rellado, durante los 34 años que ha ejercido la abogacía y la notaría en el área de Arecibo ha gozado de buena repu-tación entre la comunidad legal de dicha área, de que no ha quedado demostrado que persona alguna resultara perju-dicada por su actuación ni que se lucrara de manera es-pedal por la misma, y avalado por el hecho de que el Pro-curador General Interino está conforme con las determinaciones formuladas por el Comisionado Especial, procede que limitemos la sanción únicamente a censurar al Ledo. Jorge A. Vera Vélez por su actuación y le aperciba-mos de que en el futuro deberá dar fiel cumplimiento a los deberes impuestos por nuestra ley a los notarios como fun-cionarios de la fe pública y a los postulados que emanan de los cánones de ética profesional que rigen la profesión de abogado.

Se dictará sentencia en conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García disin-tió e impondría una suspensión del ejercicio de la notaría por un término no menor de tres (3) meses. El Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita.

       Surge de la prueba que durante el mes anterior, el 13 de abril de 1988, el licenciado Vera Vélez había otorgado otra escritura de compraventa en la cual el señor Díaz Ríos, como comprador, comparecía como soltero. Dicha escritura no está incluida en la investigación que tenemos ante nos.

       Según surge de su informe, el Comisionado Especial consideró que el testi-monio de los esposos Díaz-Díaz no era confiable por estar afectado por el interés personal de dichos testigos en otra demanda presentada por ellos contra el quere-llado ante el Tribunal Superior, en la cual reclaman daños ocasionados por la tar-danza del querellado en presentar la Escritura Núm. 112 para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

       La comparecencia del señor Díaz como soltero no pequdicó a la señora Figueroa ya que, como ella misma admitió ante el Comisionado Especial, el señor Díaz actuó con su autorización. En nuestra opinión en el caso Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 D.P.R. 134 (1992), resolvimos que dicha escritura no era nula por razón de no haber comparecido el señor Díaz con su esposa, sino anulable sólo a instancia de la señora Díaz Figueroa. Resolvimos, además, en aquella ocasión que nada de lo dispuesto en nuestra opinión impediría a la señora Díaz Figueroa otorgar la corres-pondiente escritura pública a los efectos de ratificar la compra hecha por su esposo, íd. De hecho, para la fecha de la vista ante el Comisionado Especial, la señora Díaz Figueroa ya había ratificado la escritura objeto de esta querella.
      Por otro lado, la demanda de los esposos Díaz-Díaz en contra del querellado es por aquellos daños que puedan haber sufrido de la alegada tardanza del querellado en presentar la escritura para inscripción. Dichas alegaciones no guardan relación alguna con la comparecencia del señor Díaz como soltero, máxime cuando dicha comparecencia ha sido ratificada por su esposa.


author: Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Ramón Rosa Ramírez, demandado y acusado.

      Número: CE-91-733
    Resuelto: 6 de junio de 1994

      Cándida Valdespino Zapata, División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del peticionario; Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

El peticionario, Ramón Rosa Ramírez, recurre ante nos debido a la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla (Hon. Francisco Gandarilla Guerra, Juez), que declaró sin lugar la moción de supresión de evi-dencia presentada por él. Examinada cuidadosamente la Exposición Narrativa de la Prueba presentada durante la vista para la consideración de la referida moción, así como el derecho aplicable, revocamos la resolución recurrida.

HH

El Pueblo de Puerto Rico presentó el 9 de enero de 1991 dos (2) denuncias contra Ramón Rosa Ramírez y Marta Camacho Díaz, respectivamente, por una infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401. En las denuncias se les imputó el delito de posesión con intención de distribuir cocaína y heroína.

Conforme al testimonio del Agente José R. Rosa Otero, el 8 de enero de 1991, es decir, el día anterior a los hechos, se recibió una confidencia sobre una casa abandonada en el Sector Campo Alegre de Aguadilla donde, alegadamente, se estaba almacenando propiedad producto de escalamien-tos y del intercambio por drogas. La casa era propiedad del Sr. Saturnino Cortés, quien a la fecha de los hechos había fallecido. Luego de coordinar con los agentes de la División de Drogas, varios agentes se trasladaron al referido sector y entraron a varias casas sin verjas ni puertas. Alegada-mente se encontraron en esas casas agujas hipodérmicas y bolsas.

Según declaró el agente Rosa Otero, al llegar a la casa del fenecido Sr. Saturnino Cortés, la puerta estaba entreabierta. Los agentes alegadamente entraron y obser-varon una bolsa plástica transparente, que por su expe-riencia parecía cocaína. El peticionario se encontraba acos-tado en un catre, acompañado de Marta Camacho Díaz. La evidencia fue ocupada, le fueron leídas a Ramón y a Marta las advertencias de rigor y fueron arrestados.

El 26 de febrero de 1991 se celebró la vista preliminar y el tribunal determinó que no existía causa probable. A so-licitud del Ministerio Público, se celebró una vista prelimi-nar en alzada y el 19 de abril de 1991 el tribunal determinó que existía causa probable para los delitos imputados. De-bido a éstos, fue presentada la acusación contra el peticionario.

El peticionario presentó una Moción de Supresión de Evidencia para alegar que el allanamiento de la residencia donde éste se encontraba fue irrazonable y llevado a cabo sin una orden judicial.

Celebrada la vista para la consideración de la moción de supresión, el 16 de octubre de 1991 el Tribunal Superior emitió una resolución que la declaró sin lugar. Concluyó el tribunal de instancia que Ramón Rosa Ramírez era un in-vasor en la propiedad —donde ocurrieron los hechos— y que dicha propiedad era una casa abandonada. Por ello interpretó el tribunal que el acusado no tenía una expecta-tiva razonable de intimidad.

Inconforme, Ramón Rosa Ramírez recurrió ante este Tribunal, señalando en su “Petición de certiorari”, pág. 8, que:

Erró el Tribunal de Instancia al no suprimir la evidencia ocu-pada por haberse efectuado un registro y allanamiento irra-zonable sin orden en la casa donde pernoctaba ... con permiso del dueño de la propiedad.

Examinada detenidamente la Exposición Narrativa de la Prueba, el 26 de junio de 1992 emitimos una orden al Estado para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la resolución recurrida. Evaluada la comparecen-cia de la Procuradora General, ésta no nos persuade. Ante ello, resolvemos según lo intimado.

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Recientemente, en Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363, 370 (1992), resumimos la doctrina vigente en nuestra jurisdicción sobre el registro y allanamiento sin orden. Allí explicamos que éste “se presume irrazonable, por lo que compete al Ministerio Público rebatir la presunción de in-validez mediante la presentación de prueba sobre las cir-cunstancias especiales que permiten actuar sin orden”. Véanse: Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979).

Entre las excepciones al registro o allanamiento sin or-den, en nuestra jurisdicción hemos reconocido cuando se lleva a cabo en una estructura abandonada. Véase Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968).

La garantía constitucional contra registros o incautacio-nes irrazonables persigue los tres (3) objetivos siguientes: “proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intrusión ...” E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984). Véanse: Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992), opinión disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton; Pueblo v. Ramos Santos, supra.

En el caso Pueblo v. Ramos Santos, supra, citando a Pueblo v. Lebrón, supra, explicamos que al analizar la so-licitud de supresión de evidencia es necesario determinar lo siguiente:

(1) si el acusado que la solicita tiene capacidad para invocar el privilegio; (2) en ausencia de orden, si le era posible al Estado obtenerla sin comprometer la eficacia del registro o la seguridad de sus agentes, y (3) la razonabilidad del registro. Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 371.

Relacionado con el elemento de la capacidad para solici-tar la supresión, en Catalán González y Co. v. García, 104 D.P.R. 380, 386 (1975), resolvimos que la invasión ilegal de un inmueble ajeno “no crea derecho de privacidad alguna a favor [del] invas[or] ni protege su posesión ilegal”. Véase, además, Amezquita v. Hernández-Colón, 518 F.2d 8 (1er Cir. 1975), cert. denegado, 424 U.S. 916 (1976). Porello, en Pueblo v. Ramos Santos, supra, págs. 371 — 372, explicamos que “[u]na persona que se encuentra ilegalmente en un sitio no tiene legitimación activa para reclamar el derecho contra un registro irrazonable garantizado constitucional-mente, pues no tiene expectativa de intimidad alguna. El peso de probar que estaba legalmente en dicho sitio le co-rresponde al acusado”. (Enfasis suplido.) Véase W.R. La-Fave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 4, Sec. 11.3(b).

Para la evaluación de la solicitud de supresión de evi-dencia, desde Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986), hemos establecido unas guías para considerar el efecto de las presunciones y sobre la presentación y peso de la prueba para sostener las alegaciones. Véanse, entre otros: Pueblo v. Saliva Valentín, 130 D.P.R. 767 (1992); Sucn. Del Coro Lugo v. Srio. de Hacienda, 130 D.P.R. 1 (1992); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429, 436 (1988).

En lo pertinente, conforme al resumen que nos presenta la profesora Resumil de San Filippo, estas reglas señalan lo siguiente:

1. Cuando la alegación se sostenga bajo el fundamento de que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de alla-namiento o registro, se presume irrazonable la intervención.
2. Tratándose de una presunción que favorece al Peticiona-rio compete al Ministerio Público probar mediante preponde-rancia de evidencia la razonabilidad a base de las excepcio-nes doctrinales.
3. De no cumplirse con este requisito, el juzgador vendrá obligado a declarar la irrazonabilidad de la incautación. Práctica Jurídica de Puerto Rico en: O.E. Resumil de San Filippo, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Equity Pub. Co., 1990, T. 1, Cap. 12, Sec. 12.13, pág. 321.

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En el caso de autos, el peticionario señala que estaba en posesión de la casa —con el permiso de los dueños— para pernoctar allí con Marta Camacho Díaz. Por ello alega que tenía una expectativa razonable de intimidad.

El Estado, por su parte, alegó que el peticionario era un ocupante ilegal o invasor en la casa, por lo que era irrele-vante si la propiedad estaba o no abandonada.

IV

De la Exposición Narrativa de la Prueba surge que el peticionario logró demostrar, mediante prueba que no fue rebatida por el Estado, que éste estaba autorizado por los propietarios del inmueble a pernoctar allí a la fecha de los hechos.

Como testigo de El Pueblo declaró la Sra. Olga Nieves Cortés, viuda del Sr. Saturnino Cortés y copropietaria de la casa. De su declaración surge, en lo pertinente, que ésta inicialmente negó que hubiera autorizado al peticionario a pernoctar en su casa de Campo Alegre por temor a que se la confiscaran. Surge también de la declaración de esta tes-tigo que en reiteradas ocasiones reafirmó haber autorizado al peticionario, a través de su hijo Alvin Cortés, a utilizar la casa. Al ser confrontada la señora Nieves con su decla-ración anterior, y nuevamente ser advertida sobre el delito de perjurio, ésta reafirmó que en realidad quien autorizó al peticionario fue su hijo, copropietario de la casa, y que ella, al ser informada por su hijo, consintió. Su consentimiento equivale a que ella autorizó también al peticionario a ocu-par la casa.

A pesar de que el cambio en la declaración de la señora Nieves podría arrojar dudas sobre su credibilidad, inter-pretamos que los motivos que tuvo para ello constituyen una explicación razonable, que requería evaluarse a la luz de la totalidad de su declaración y de las demás circuns-tancias del caso. Erró el tribunal al no ponderar este aspecto.

Con la declaración del Sr. Alvin Cortés se corrobora lo declarado por la señora Nieves, a los efectos de que éste fue quien autorizó al peticionario a utilizar la casa de Campo Alegre. Surge también de su declaración que, aunque no le entregó una llave, le explicó al peticionario el modo de abrir la cerradura con un clavo.

El Estado intentó atacar la credibilidad de este testigo por su vacilación en cuanto a precisar si se encontró con el peticionario el 8 o el 9 de enero de 1991. Entendemos que ello no es suficiente para derrotar la credibilidad de este testigo ni la totalidad de su testimonio. Surge de la Expo-sición Narrativa de la Prueba que este testigo admitió es-tar en duda con respecto a las dos (2) fechas. No hubo prueba por parte del Estado que ubicara al Sr. Alvin Cortés en otro sitio durante el 8 y el 9 de enero de 1991. Tampoco creemos que sea totalmente inverosímil la versión sobre la autorización al peticionario para que éste pernoctara en la casa junto a Marta Camacho Díaz.

Se desprende de la Exposición Narrativa de la Prueba que el peticionario era conocido de la familia Cortés-Nieves desde pequeño. Hacía alrededor de dos (2) años que había donado sangre para la hija de la señora Nieves. No esta-mos ante una situación de una persona extraña a los pro-pietarios de la casa en cuestión, por lo que resulta creíble que, conociendo el hecho de que la casa estaba desocupada, éste le solicitara al Sr. Alvin Cortés permiso para estar en la casa a solas junto a su acompañante.

Al no ser rebatido por el Estado que el peticionario es-taba autorizado por los propietarios a pernoctar en la casa referida, tenemos que concluir que éste tenía una expecta-tiva de privacidad y podía cuestionar la razonabilidad del registro o allanamiento.

De la Exposición Narrativa de la Prueba resulta que el Estado no pudo probar a través de sus testigos que el pe-ticionario era un invasor ni que la casa estaba abando-nada, o que tuviera aspecto o apariencia de estar abandonada. De la totalidad de la prueba que tuvo ante sí el tribunal de instancia, quedó demostrado que en este caso no existe ninguna de las excepciones que, en nuestro ordenamiento, permiten el registro o allanamiento sin orden. Al parecer, durante la vista el Estado intentó, mas no logró, demostrar que la casa estaba abandonada. En su escrito ante nos solamente se alega que el peticionario era un invasor y la excepción de casa abandonada se trata como irrelevante.

En resumen, el peticionario demostró que se encontraba legalmente en la casa referida y que tenía una expectativa de privacidad. El Estado no rebatió esta prueba y tampoco logró probar la razonabilidad del registro o allanamiento. El tribunal erró al no conceder la supresión solicitada.

Como regla general, este Tribunal no interviene con la aquilatación de la prueba que haga el tribunal de instan-cia; sin embargo, “[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función re-visora de este Tribunal”. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978). Véase Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990).

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la resolución recurrida, se declara con lugar la moción de supresión de evidencia presentada por el peticionario y se devuelve el caso al tribunal de instancia para la continua- ción de los procedimientos en conformidad con lo aquí expuesto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ne-grón García disintió con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liadó

Secretario General

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Opinión disidente del Juez

Asociado Señor Negrón García.

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Este caso pertenece al mundo real que lamentable-mente estamos acostumbrados a leer en la prensa diaria, producto de la subcultura prevaleciente en el país y rela-cionada con el triste, pero lucrativo, tráfico ilegal de sus-tancias controladas (drogas).

Distinto al criterio mayoritario, estamos ante un regis-tro y allanamiento sin orden judicial pero válido por ha-berse efectuado en una estructura deshabitada por más de seis (6) años y usada por terceros como almacén de mer-cancía hurtada y hospitalillo del negocio de droga.

Como resultado del registro se ocuparon: ciento setenta y cuatro (174) envolturas de aluminio en forma de pastel que contenían en su interior un polvo marrón {brown) de heroína; tres (3) bolsas plásticas transparentes, pequeñas y autosellables que contenían en su interior un polvo ama-rilloso, pastón de cocaína; una (1) bolsa plástica transpa-rente autosellable que contenía en su interior semillas de supuesta marihuana; una (1) estufa; un (1) aire acondicio-nado; dos (2) bicicletas; un (1) televisor; un (1) video cas-sete, y otras propiedades.

Para fines adjudicativos, el peticionario “Rosa Ramírez acepta que esa evidencia ... le pertenecía o estaba bajo su inmediato control; entre ella, cocaína, heroína y 122.4 gra-mos de semilla de marihuana”. Resolución de 16 de octubre de 1991, pág. 1. Al tribunal de instancia (Hon. Francisco Gandarilla Guerra, Juez) no le mereció crédito la tesis del acusado Ramón Rosa Ramírez de que estaba en posesión inmediata con permiso de sus dueños y, por ende, tenía una expectativa razonable de privacidad.

II

En Puerto Rico prevalece el enfoque analítico de Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), a los efectos de que la garantía constitucional contra los registros y allanamien-tos irrazonables protege fundamentalmente personas, no lugares específicos. Lo crucial es determinar si la persona tiene derecho razonable a abrigar, donde sea y en las cir-cunstancias del caso, la expectativa de que su intimidad sea respetada. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972).

En este aspecto hemos resuelto reiteradamente que esta garantía constitucional no se extiende a estructuras aban-donadas, pues es un derecho personal del poseedor u ocu-pante legal de la propiedad registrada—Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968); Pueblo v. Arroyo Ramírez, 96 D.P.R. 576 (1968)— y no cobija al invasor. Catalán González y Co. v. García, 104 D.P.R. 380, 386 (1975).

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En el caso de autos, contrario a como ha concluido la mayoría en su Sentencia, pág. 6, el Ministerio Fiscal reba-tió satisfactoriamente la prueba de que alegadamente me-dió permiso. Para dilucidar la cuestión, el reputado foro de instancia escuchó, entre otros, a tres (3) testigos, a saber, un (1) agente y dos (2) copropietarios de la casa objeto del registro. La controversia giró en torno a su credibilidad. Obviamente, el tribunal aquilató esos testimonios. No surge que su estimación fuera hija de la irreflexión o del capricho; por el contrario, parece ser producto de un serio y ponderado discernimiento judicial. Veamos.

El agente José R. Rosa Otero atestó sobre la confidencia que motivó, junto a otros agentes de la División de Drogas, a personarse al lugar. El tribunal enfatizó que, según ese testigo, se trata de una casa deshabitada o abandonada hace seis (6) años y ubicada en un sector donde hay varias otras casas contiguas también abandonadas. Esta servía de almacén de propiedad hurtada y en ella se realizaban negocios ilécitos y consumo de drogas. La edificación es-taba sumamente deteriorada, le faltaban varias ventanas y la puerta principal estaba entreabierta. Carecía de los servicios de agua y luz.

Al entrar, el agente Rosa Otero vio una bolsa plástica transparente sobre una mesa, que por su experiencia con-tenía cocaína. Cerca, acostados en un catre, estaban el pe-ticionario Rosa Ramírez y una dama.

La tesis de permiso presentada por la defensa, a través de los testigos Olga Nieves y Alvin Cortés, no mereció nin-gún crédito. El tribunal expuso:

La Sra. Olga Nieves, testigo del pueblo, prestó un testimonio hostil[,] con evasi[vas] y negándose a contestar a preguntas del fiscal.
Confrontada con su declaración jurada prestada en Fiscalía, el día 15 de marzo de 1991, sobre si había dado permiso a Ra-món Rosa (acusado) y a Marta Camacho para que vivieran en la casa intervenida, contestó que nunca. ...
No obstante, durante la Vista de Supresión atestó lo contra-rio en forma confusa, que ella le había dado permiso y luego que había sido su hijo Alvin. Dicho testimonio fue igualmente con-fuso y vacilante en cuanto al tiempo que dicha casa había es-tado desocupada. (Enfasis suplido.) Resolución, supra, pág. 3.

Y, en cuanto al testimonio del otro testigo Alvin Cortés, dicho foro expresó:

Esa versión del encuentro entre el acusado y el testigo Alvin es incompatible con los hechos de este caso. Aquí la acusación sostiene que los hechos, o sea la intervención, ocurrieron el día 9 de enero de 1991, a las 11:00 a.m. En su consecuencia, enton-ces, no pudo Alvin concederle permiso al acusado para quedarse en la casa, cuando ya se había efectuado la intervención en horas de la mañana. (Énfasis suplido.) Resolución, supra, págs. 3-4.

Son evidentes las razones por las cuales el ilustrado tribunal de instancia no creyó la versión de que estos dos (2) testigos le dieron permiso al acusado Rosa Ramírez para pernoctar esa noche en la casa objeto del allanamiento. Ju-rídicamente hablando, esa apreciación significa que, inde-pendientemente de que la casa fuera o no una estructura abandonada, Rosa Ramírez era un intruso e invasor, puesto que la ocupaba ilegalmente; no puede ampararse bajo la sombrilla constitucional contra registros y allana-mientos irrazonables, pues no tenía ninguna expectativa de privacidad.

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No existe razón alguna que justifique intervenir con la apreciación que el tribunal hizo de la prueba. La sentencia revocatoria se aparta de la deferencia que debemos a los foros primarios, relativa a que están en mejor posición para aquilatar la prueba. Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80, 91 (1988); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 471-474 (1988); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981).

No hay el más mínimo asomo de pasión, prejuicio, par-cialidad o error manifiesto. Simplemente estamos ante una “intervención indiscriminada con la adjudicación de credi-bilidad que se realiza a nivel de instancia, [que significa] el caos y la destrucción del sistema judicial existente en nues-tra jurisdicción”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986).