author: Juez Presidente, Señor Trías Monge, Juez Asociado Señor Rigau. Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gladys Báez Cartagena, acusada y apelante.

      Número: CR-77-136

      Resuelto: 8 de febrero de 1979

      Benigno Alicea Alicea, Pedro J. Rodríguez Santiago, Heyda Vigil McLin, abogados de la apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Se confirma la sentencia dictada por estar igualmente dividido el Tribunal. El Juez Presidente, Señor Trías Monge, suscribió un voto particular, al que se unen los Jueces Asocia-dos Señores Dávila e Irizarry Yunqué, y en cuyo resultado concurre el Juez Asociado Señor Martín. El Juez Asociado Señor Rigau, emitió un voto particular. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz, suscribió un voto particular, al que se une el Juez Asociado Señor Negrón García. El Juez Asociado Señor Torres Rigual, votó a favor de la confirmación de la sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

—O—

Voto particular del

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

al que se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Iri-zarry Yunque y en cuyo resultado concurre el Juez Aso-ciado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 1979

En Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977), nos tocó interpretar la disposición del Art. 63 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 3321, referente a la imposi-ción de penas múltiples por un mismo acto u omisión. En González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136 (1971), y en Pueblo v. Braun, 105 D.P.R. 890 (1977), abordamos el tema de los procesos múltiples en circunstancias análogas. El caso actual envuelve cuestiones relativas a este segundo problema.

El 19 de abril de 1977, alegadamente motivada por celos, la apelante Gladys Báez Cartagena agredió a Daisy Melén-dez con una navaja de seguridad “Gem” y la hirió en la cara.

Por estos hechos se denunció a la apelante en la sala de Salinas del Tribunal de Distrito el 25 de abril de 1977 por infracción al Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. see. 414. El 18 de marzo de 1977 se radicó asimismo acusación contra ella, basada en el mismo incidente, ante la sala de Guayama del Tribunal Superior, por el delito de mutilación.

El 31 de mayo de 1977 la apelante le solicitó a la referida sala del Tribunal Superior, en moción recibida el 3 de junio, el traslado a tal foro del delito menos grave presentado ante el Tribunal de Distrito para su vista conjunta con el caso de mutilación. El 8 de junio de 1977 el Tribunal Superior ordenó el traslado, pero un día antes ya había ido a juicio el caso ante el Tribunal de Distrito y se había hallado culpable a la apelante tras la vista de rigor. El Tribunal de Distrito le impuso una pena de seis meses de cárcel en probatoria.

El 21 de julio de 1977 la apelante requirió que se deses-timase la acusación por el delito de mutilación. Invocó la cláusula que prohíbe la doble exposición, Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico y las disposiciones del Art. 63 del Código Penal de 1974. El Tribunal Superior declaró sin lugar esta moción, halló culpable a la apelante del delito de mutilación, le impuso condena de uno a tres años de reclusión, sin costas, y le concedió el beneficio de una sentencia en pro-batoria. La apelación reitera en este foro los argumentos ex-puestos en su moción de desestimación ante el tribunal de instancia.

El Art. 63 del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. see. 3321, dispone:

“Salvo lo dispuesto en la sección siguiente [que permite que un acto penable como delito sea también penable como desacato], un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes dis-posiciones penales, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en ningún caso bajo más de una.
La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omi-sión, bajo cualquiera de las demás.”

Adviértase que el Art. 63 abarca dos series de cuestiones muy distintas. Los problemas referentes a los castigos múltiples difieren, contrario a lo que se estimaba hace muchos años, de los relativos a los procesos múltiples. Las soluciones requeridas pueden ser muy diversas. Kirchheimer, The Act, the Offense and Double Jeopardy, 58 Yale L.J. 513 (1949); Note, The Protection from Multiple Trials, 11 Stan. L. Rev. 735, 738-740 (1959); Comment, Twice in Jeopardy, 75 Yale L.J. 262, 267 (1965); Caraway, Pervasive Multiple Offense Problems—a Policy Analysis, 1971 Utah L. Rev. 105, 111. El concepto del “mismo acto u omisión”, tan crítico en la teoría del concurso de delitos, se da en ambas disposiciones, pero este aparente elemento común debe necesariamente in-terpretarse en el contexto de los distintos objetivos que ellas cumplen. La protección contra los castigos múltiples intenta prevenir la imposición de castigos excesivos por un solo acto o curso de conducta criminal. La protección contra los proce-sos múltiples pretende evitar la persecución y hostigamiento de una persona a través de la celebración de más de un pro-ceso penal. González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 140 (1971). Distintos factores rigen la definición del mismo acto en las dos cláusulas. Véase: Note, The Protection from Multiple Trials, 11 Stan. L. Rev. 735, 756-757 (1959).

Concentrémonos exclusivamente por tanto en el problema de los procedimientos múltiples. Dentro de esta cuestión debe distinguirse a su vez entre la garantía contra la exposición anterior, Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico y Enmienda Quinta a la Constitución de Estados Unidos, y la protección que ofrece el segundo párrafo del Art. 63 del Código Penal. González v. Tribunal Superior, supra, 140-141. Nos limitaremos a analizar este caso bajo lo dispuesto en el segundo párrafo del referido Art. 63.

¿Cuál es el criterio para precisar lo que significa la frase “el mismo acto u omisión” en la disposición legal que nos ocupa? El criterio utilizado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos es el de la misma prueba. Si la misma prueba basta para condenar por dos o más delitos, existe un solo acto y un solo delito, mas si un delito exige algún elemento de prueba distinto a la requerida para la comisión de otro, se trata de actos y delitos múltiples. Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932); Brown v. Ohio, 432 U.S. 161, 53 L.Ed. 187 (1977).

Otros tribunales utilizan el criterio del mismo suceso o curso de conducta, que puede comprender varios actos ligados entre sí por un solo propósito. Se distinguen entre ellos los de California, Michigan, Nueva Jersey, Oregon y Pennsylvania. Véanse: Kellett v. Superior Court of Sacramento County, 409 P.2d 206 (Cal. 1966); People v. White, 212 N.W.2d 222 (Mich. 1973); State v. Gregory, 333 A.2d 257 (N.J. 1975); State v. Brown, 497 P.2d 1191 (Or. 1972); Commonwealth v. Campana, 304 A.2d 432 (Pa. 1973), anulado y devuelto, 414 U.S. 808 (1973), ratificado, 314 A.2d 854 (Pa. 1974). El Juez Brennan suscribió este criterio en su opinión concurrente en Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436, 448-460 (1970). En Inglaterra, por decisión de la Cámara de los Lores, se abandonó la vieja norma de la misma prueba, que se remonta al caso de R. v. Vandercomb and Abbott, 2 Leach 708, 168 Eng. Rep. 455 (1796), y se adoptó como nueva regla del derecho común inglés el criterio del mismo curso de con-ducta. Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] 2 All E.R. 401. Multitud de comentaristas respaldan este nuevo desarrollo. Note, Double Jeopardy: Multiple Prosecutions Arising from the Same Transaction, 15 Am. Crim. L. Rev. 259, 288 (1978); Brown, The Double Jeopardy Clause: Refining the Constitutional Proscription Against Successive Criminal Prosecutions, 19 U.C.L.A. L. Rev. 804, 805 (1972); Note, Criminal Law: the Same Offense in Oklahoma—Now You See It, Now You Don’t, 28 Okla. L. Rev. 131, 141-144 (1975).

El Art. 63 de nuestro Código Penal es traducción del Art. 654 del Código Penal de California. Cal. Penal Code, sec. 654 (West 1970). Al igual que en California rige en Puerto Rico el criterio del mismo suceso o curso de acción y no el de la misma prueba, tanto en casos de delitos como de procesos múltiples. No es pertinente Blockburger en esta jurisdicción ni para el caso de procesos múltiples ni para el de castigos múltiples. Véanse: Kellett, supra; Neal v. State, 357 P.2d 839 (Cal. 1960); González v. Tribunal Superior, supra; Pueblo v. Braun, supra; Pueblo v. Meléndez Cartagena, supra.

Discutida ya la situación respecto a castigos múltiples en Meléndez Cartagena, quedan por examinar las consecuencias en los casos de procesos múltiples de la adopción de la norma del mismo suceso. La cuestión central es su impacto sobre el problema de la acumulación de cargos para fines de su venti-lación en un solo juicio.

En California, interpretando lenguaje idéntico al nues-tro, el Juez Traynor concluyó en Kellett v. Superior Court of Sacramento County, supra:

“Si han de evitarse el hostigamiento innecesario y el derroche de fondos públicos, algunos actos que son divisibles para fines del castigo a imponerse deben considerarse tan relacionados entre sí que su enjuiciamiento sucesivo no pueda permitirse. Cuando existe un curso de acción que envuelve varios actos físicos, la intención o propósito del actor y el número de víctimas envuel-tas, que representan factores críticos para determinar el castigo permisible, pueden carecer de importancia cuando se intentan procesos consecutivos. Cuando ocurre, como en este caso, que el Ministerio Público está o debe estar consciente de que existe más de un delito en que el mismo acto o curso de acción desem-peña un papel significante, la totalidad de esos delitos debe ser ventilada en un solo procedimiento, a menos que por justa causa se prohíba su acumulación o se permitan juicios por separado. La omisión de acumular tales delitos impedirá el procesamiento ulterior por cualquier delito omitido, siempre que el proceso ini-cial culmine en la absolución o condena del acusado.” (Traduc-ción nuestra.)

La norma de Kellett sobre la acumulación obligatoria de delitos ayuda a aliviar la congestión de los calendarios ju-diciales, economiza tiempo y dinero a las partes y, ante todo, reduce la posibilidad de hostigamiento de los acusados. Note, Double Jeopardy: Multiple Prosecutions Arising from the Same Transaction, supra; Brown, The Double Jeopardy Clause: Refining the Constitutional Proscription Against Successive Criminal Prosecutions, supra. Es particularmente flexible, según veremos más tarde. Permite ampliamente acusar, pero no acosar. Según se señaló en Connelly v. Direc tor of Public Prosecutions, supra, la regla sobre la acumula-ción compulsoria de delitos realza la imagen de la justicia y fortalece la fe en ella. Según expresó Lord Devlin en dicho caso, “Para este propósito es absolutamente necesario que las cuestiones de hecho que sean sustancialmente similares se diluciden, hasta donde sea viable, por el mismo tribunal y al mismo tiempo. La razón humana no es infalible. . . . Ningún sistema de justicia puede garantizar que toda determinación es correcta, pero puede y debe esforzarse al máximo para ase-gurar que no se produzcan fallos contradictorios sobre el mismo asunto.” Loe. cit. (Traducción nuestra.)

La norma de la acumulación compulsoria de delitos ha merecido el endoso de connotadas instituciones y grupos. La suscriben el Instituto Americano del Derecho, Model Penal Code, 1962 Official Draft, Sec. 1.07(2); la Asociación Americana de Abogados, Standards Relating to the Administration of Criminal Justice — Joinder and Severance, 1978 Approved Draft, Sec. 13-2.3; y la Comisión Nacional para la Reforma de las Leyes Penales Federales, Final Report: A Proposed New Federal Criminal Code, Secs. 703, 705(b) (1971). Diversos estados han estatuido la norma, como se estimó en Kellett que lo hizo California al adoptar el Art. 654 de su Código Penal. Véanse, por ejemplo, Ill. Rev. Stat. ch. 38, Sees. 3-3, 3-4 (b) (1) (1972); N.Y. Crim. Proc. Law (McKinney 1971), Secs. 40.40, 200.20; Minn. Stat. Ann., Sec. 609.035 (West 1964).

En varios estados la regla de la acumulación compulsoria de delitos tiene rango constitucional, derivándola los tribu-nales de la garantía contra la exposición anterior. People v. White, 212 N.W.2d 222 (Mich. 1973); State v. Brown, 497 P.2d 1191 (Or. 1972). Véase la opinión concurrente del Juez Brennan en Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436, 454 (1970). No es necesario en este caso, sin embargo, que nos pronunciemos colegiadamente sobre el particular, ya que la situación estatutaria en Puerto Rico es clara. El Art. 63 de nuestro Código Penal, al igual que el Art. 654 del de California, exige, salvo en las limitadas circunstancias que mencionare-mos dentro de breve, que cuando el Ministerio Público esté o deba estar consciente de que existe o puede imputarse más de un delito en que el mismo acto o curso de acción desempeña un papel significante, todos esos delitos deben ventilarse en un solo procedimiento. En González v. Tribunal Superior, supra, ya advertimos que no deben desmenuzarse los hechos para tratar de establecer delitos separados. Reiteramos esta doctrina en Pueblo v. Braun, supra. Véase: H. Silving, Constituent Elements of Crime, Springfield, Ill., C. C. Thomas, 1967, pág. 175.

No es pertinente en el caso de Puerto Rico, como tampoco lo es en California, que diversos tribunales tengan compe-tencia sobre los delitos a acumularse. Contrario a la situación en algunas otras jurisdicciones, rige aquí el principio de uni-ficación de las cortes y contamos, además, con un Ministerio Público integrado. Véase: Kellett v. Superior Court of Sacramento County, supra.

Existen situaciones en que la norma de acumulación no debe aplicarse. Si fiscalía, sin pecar de negligencia, tan solo descubre la existencia de otros delitos nacidos de un mismo acto luego de celebrarse o estando celebrándose el juicio por el primer delito, no podría en justicia requerírsele la acumu-lación de los delitos que ignoraba. Véase: Note, Double Jeopardy: Múltiple Prosecution Arising from the Same, Transaction, supra. Cuando un acusado o El Pueblo han de per-judicarse por unirse varios delitos o acusados para fines de la celebración de un juicio conjunto el tribunal podrá también, a moción de parte, ordenar el juicio por separado de delitos o de acusados o conceder cualquier otro remedio que en jus-ticia proceda. Regla 90 de Procedimiento Criminal. Véase; Comment, Twice in Jeopardy, 75 Yale L.J. 262, 298, 295 (1965).

Cuando la regla de acumulación compulsoria requiere la acumulación en un proceso de delitos graves y menos graves es razonable que se entienda que sólo aplicarán los términos sobre el derecho a juicio rápido diseñados para los delitos graves en caso de un juicio conjunto. Bein, Implementation of Kellett’s Command: Joinder of Misdemeanors and Felonies in Superior Court, 7 San Diego L. Rev. 1, 7 (1970). No debe requerirse la acumulación compulsoria cuando se trata de faltas administrativas, como infracciones menores a la Ley de Tránsito que no conllevan pena de reclusión. Tales faltas administrativas no han sido consideradas propiamente delitos. Véanse la Sec. 16-101 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 1871; People v. Battle, 123 Cal. Rptr. 686 (App. 1975).

Acumulados los delitos, ¿qué efecto tendría su alegación de culpabilidad en cuanto a uno de ellos? ¿Se habría concluido un “proceso” y quedaría impedido el Estado de juzgar al acusado por las otras infracciones? La contestación sensata es que no. La regla de acumulación es garantía contra el hos-tigamiento de los acusados pero no licencia para la táctica meramente habilidosa y astuta. People v. Tideman, 370 P.2d 1007 (Cal. 1962); State v. Hammang, 534 P.2d 501, 505 (Or. 1975); Commonwealth v. Tarver, 357 A.2d 539 (Pa. 1976).

Lo anterior nos lleva al problema de la renunciabilidad o no del derecho a la acumulación compulsoria. En circuns-tancias determinadas puede entenderse que un acusado ha renunciado a la protección que le provee el Art. 63 de nuestro Código Penal. People v. Hartfield, 90 Cal. Rptr. 274 (App. 1970). El acusado puede solicitar juicio por separado bajo la Regla 90, sujeto a la discreción de la corte, lo que de concederse naturalmente entraña la renuncia de su derecho a la acumulación compulsoria. En caso que el acusado intente diversas estratagemas para que se dicte sentencia en el caso menos grave con el fin de argumentar luego que ello impide un segundo juicio por el delito grave, tal tipo de conducta no está usualmente amparado por el Art. 63. People v. Hartfield, supra. Véase, Kellett, supra, 210.

Este último tema está a su vez ligado con la controversia sobre si le corresponde al acusado o al Ministerio Público solicitar la consolidación de los pleitos imputados separadamente. La Asociación Americana de Abogados, op. eit, “standards” 13-2.3 (b), y el estado de Nueva York, N.Y. Crim. Proc. Law (McKinney 1971), Sec. 40.40(2) y (3) le imponen la responsabilidad al acusado. El Código Penal Modelo, Sec. 1.07 (2) y Pennsylvania, 18 Pa. Cons. Stat. Ann., Sec. 110(1) (ii) (Purdon 1973) y otras jurisdicciones la colocan sobre el Ministerio Público, como regla general. Con-sideramos preferible la segunda, sujeto a los salvaguardas indicados previamente.

Consideremos ahora la aplicación de los principios expues-tos al caso de autos. Los delitos imputados aquí separa-damente constituyen a todas luces un solo acto o curso de acción. La modalidad del Art. 4 de la Ley de Armas que se probó en este caso fue el uso de una hoja de afeitar en la comisión de un delito público. Aun bajo la interpretación más restrictiva posible del Art. 63 se trata de un mismo acto. No es posible imputar la modalidad de infracción al Art. 4 de la Ley de Armas envuelta aquí sin probar el delito mayor. La portación de una navaja de afeitar no es per se punible. Cf. Pueblo v. Cruz Collazo, 95 D.P.R. 651, 654-655 (1968). De todos modos, bajo la regla de acumulación com-pulsoria deben acumularse y ventilarse en un solo procedi-miento, como hemos expresado, todos los delitos en que el mismo curso de acción desempeña un papel significante.

La apelante tenía en consecuencia derecho a obtener la acumulación de las acciones pendientes contra ella por el mismo suceso. La naturaleza del delito era tal en este singular caso que por necesidad tenía que entender tanto el tribunal como fiscalía que había dos delitos envueltos. La convicción de la acusada en el primer proceso bajo estas circunstancias im-pide su enjuiciamiento en el segundo. Pueblo v. Cruz Collazo, supra, 657-658.

Por las razones expuestas revocaría la sentencia dictada.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 1979

Primero una aclaración al lector: El Tribunal, compuesto como lo está ahora por ocho Jueces, en este caso se dividió 4 a 4. El resultado es que no hay — pues no puede haberla— una Opinión del Tribunal como tal, sino que hay expresiones individuales de varios de sus jueces. El resultado práctico de esta situación, cuando el Tribunal se divide en esa forma, es que la Sentencia dictada por el tribunal de instancia queda en pie, queda en vigor.

En esta ocasión hubiesen revocado la Sentencia apelada el Juez Presidente y los Jueces Asociados Señores Dávila, Irizarry Yunqué y Martín. La habrían confirmado los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz, Negrón García, Torres Rigual y el autor de este voto.

Ahora pasemos a los méritos del asunto.

Un Derecho que sostuviese que un criminal puede cometer un delito grave (asesinato, mutilación, etc.) impunemente porque ha pagado el fácil precio en nuestra jurisdicción de una convicción de un delito menos grave, no es un Derecho recto. Algo no estaría bien en esa situación. Dicha proposi-ción ofende el sentido de justicia natural de los hombres y, creo, constituye una interpretación no justificada del Art. 63 del Código Penal.

El propósito de dicho artículo es evitar que a un acusado se le castigue más de una vez por un solo acto punible. González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 140 (1971). En el caso de autos hubo dos actos punibles: la violación de la Ley de Armas y la mutilación en la cara de la perjudicada perpetrada con una navaja.

Con una situación muy parecida a la del caso que nos ocupa nos dimos hace apenas unos días en Pueblo v. Cruz Díaz, Cr-78-46, Sentencia de 9 de enero de 1979. Allí el acusado fue convicto también de una violación menos grave de la Ley de Armas y del delito grave de mutilación. Hizo, en esencia, igual planteamiento que el que se hace en el caso de autos e invocó el citado Art. 63 del Código Penal. Allí el Tribunal distinguió entre el acto de la portación ilegal del arma blanca y el acto de mutilación en sí. Citó al efecto el Tribunal el caso rector de González v. Tribunal, supra.

Con frecuencia se arguye que el propósito del Art. 63 del Código Penal es proteger al ciudadano contra el hostiga-miento y persecusión irrazonable del gobierno, economía y consolidación de causas para reducir la duplicación y gastos operacionales que a las partes y al sistema conlleva la repe-tición de casos, y darle reposo final a las contiendas judi-ciales.

La verdad es que ante la realidad operante en el Puerto Rico de hoy, un país de 100 millas de largo por 36 de ancho, en el cual hasta diciembre de 1978, se habían cometido en ese año 426 asesinatos y homicidios; 624 violaciones por la fuerza; 5,339 robos; 7,471 agresiones agravadas; 26,222 escalamientos; 24,183 apropiaciones ilegales y 9,071 hurtos de automóvil y en el cual en el año 1977 (no tenemos los resúmenes del año 1978 todavía) se cometió un delito grave cada 6 minutos; un delito de violencia cada 31 minutos; un delito contra la propiedad cada 8 minutos; un asesinato u homicidio cada 19 horas; una violación por la fuerza cada 11 horas; un escalamiento cada 17 minutos; y un hurto de auto cada 57 minutos, difícilmente puede hablarse de “hostiga-miento” de parte del gobierno contra los acusados. Todo parece indicar lo contrario, que son los criminales, los con-victos y los potenciales, los que mantienen en continuo hosti-gamiento a nuestra población. Se le ataca, se le roba, se le mutila y se le asesina, no solamente en las vías públicas sino que dentro de sus hogares y a plena luz del día.

Concurriendo en Pueblo v. Felicier Villalongo, 105 D.P.R. 600, 605 (1977), expresé lo siguiente: “Estamos ahora en este Tribunal haciendo nueva jurisprudencia interpretativa del nuevo Código Penal. De la clase de jurisprudencia que formulemos dependerá de si el nuevo Código ha de servir para lograr el propósito para el cual fue redactado: disuadir lo más posible la comisión de crímenes en Puerto Rico y darle así a este pueblo una razonable tranquilidad, a lo cual tiene perfecto derecho.”

Una serie de interpretaciones como la que propone revocar la sentencia apelada puede hacer del vigente Código Penal otro código inefectivo, como una larga serie de interpreta-ciones similares lo hizo del Código Penal anterior. Si nos olvi-damos de que el nuevo Código Penal, a un costo de cientos de miles, o tal vez de millones de dólares, de innumerables horas de discusión oral y de innumerables toneladas de papel impreso en anteproyectos y más anteproyectos, y proyectos, y finalmente el Código, tiene un propósito, podemos, como antes dije, convertirlo en una pieza literaria inefectiva. En-tonces, no dudo, habrá quienes culparían al nuevo texto y propondrían — probablemente con éxito — que se hiciese otro Código Penal.

No creo que la cura está en legislar continuamente, sino en una justa, ponderada y firme interpretación que sin la-dearse injustificadamente hacia un lado u otro, sostenga al bien común que la Constitución y el Código pretenden defender y la tranquilidad y la libertad individual que también defienden la Constitución y el Código. Creo que el Tribunal debe continuar dándole vigencia a la norma establecida sobre el particular en González v. Tribunal Superior, supra, y en Pueblo v. Cruz Díaz, supra. Yo hubiese confirmado la sentencia recurrida.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 1979

La apelante cortó la cara de otra mujer con una navaja “Gem” y fue denunciada por infracción del Art. 4 de la Ley de Armas ante el Tribunal de Distrito y acusada por mutila-ción ante el Superior. Sentenciada a seis meses de cárcel (sus-pendida la sentencia en régimen probatorio), en el juicio por el delito mayor de mutilación suscitó la defensa de doble ex-posición fundada en el Art. II, Sec. 11 Constitución de Puerto Rico y el Art. 63 del Código Penal de 1974, desestimada por el juez sentenciador que le impuso sentencia de 1 a 3 años de reclusión, también suspendida, ante nos insiste en el plantea-miento.

La interpretación del Derecho Penal por este Tribunal, y en el presente caso del Art. 63 del Código ratificado en fecha tan reciente como 1974 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe guardar una lealtad primaria al texto del estatuto según redactado por la Asamblea Legislativa, y a la seguridad colectiva que es razón de existir de dicho cuerpo legal, y con dicha profunda consciencia social debemos aten-der nuestra encomienda de exponer la Ley.

No existe impedimento para acumulación en un solo pliego acusatorio de delitos cometidos por un mismo acusado en breve secuencia de tiempo. No había que remontarse a California 0) para la idea, pues desde el año 1963 rige nuestra Regla 37 de Procedimiento Criminal que en su inciso ins-truye : “En la misma acusación o denuncia se podrán imputar dos o más delitos, en cargos por separado para cada uno de ellos, si los delitos imputados fueren de igual o similar natu-raleza, o hubieren surgido del mismo acto o transacción, o de dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí o que constituyeren partes de un plan común. Las alegaciones de un cargo podrán incorporarse en los demás cargos por refe-rencia.” Como cuestión de realidad a tenor de esta disposición se acumulan los cargos contra uno o más acusados y se sirve así a la eficiencia en el procesamiento. Nótese, sin embargo, que el lenguaje de la Regla no es imperativo y está muy lejos de sancionar la no-acumulación con carta de inmunidad o exoneración total para el acusado. La acumulación de cargos en una sola acusación, cuando propenda a los mejores inte-reses de la justicia, es práctica loable a disposición del Minis-terio Público en la citada Regla 37. Si California prefiere im-ponerla con la alternativa de premio de exoneración al in-fractor pluralista, no es cuestión de unirnos al coro con voces de “hostigamiento” de criminales y economizarnos unos pesos en alguno que otro caso. La sociedad no espera semejante atrofia de su sistema de justicia, ni tampoco fue ese el propó-sito legislado en el Art. 63 del Código Penal, que simplemente está dirigido a evitar la anomalía o rareza de que se pre-tenda castigar el mismo acto u omisión bajo disposiciones penales diferentes. Ese es el recto sentido del Código Penal aprobado por nuestra Asamblea Legislativa con la aportación de ilustres penalistas, y al mismo hemos de atenernos.

Para concluir si ha habido doble exposición no hay mejor norma que comparar los elementos integrantes de uno y otro delito y determinar si cada precepto exige prueba de un hecho que no requiere el otro. Mas si hemos de prescindir de nuestro propio análisis de la cuestión justiciable atraídos por el de otros foros, no hay por qué preferir a California sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y aún la propia Cámara de Los Lores de Inglaterra cuya decisión en Connelly v. D.P.P. (1964), 2 All E.R. 401, 402, se ha citado errónea-mente, pues su ratio decidendi ratifica la regla de iguales elementos de prueba como impedimento de ulterior proceso con el siguiente lenguaje:

“Held: the conviction of the appellant on the second indictment, charging robbery with aggravation, would not be set aside for the following reasons— ... a plea of autrefois acquit was inapplicable because the essential ingredients of the offenses (viz., robbery and murder) were not the same, nor would the evidence necessary to sustain a charge of robbery suffice to prove a charge of which the appellant might have been found guilty on the first indictment, viz., murder or manslaughter.”

La más reciente expresión de la regla por el Supremo Federal está contenida en opinión escrita por el Juez Brennan en Simpson v. United States, 55 L.Ed.2d 70, 75 (1978), que citamos:

“En Blockburger v. United States, 284 U.S. 299, 76 L.Ed. 306, 52 S.Ct. 180 (1932), este Tribunal divulgó la norma (test) para determinar ‘si dos delitos pueden diferenciarse lo bastante para permitir la imposición de castigo acumulativo.’ Brown v. Ohio, 432 U.S. 161, 166; 53 L.Ed.2d 187; 97 S.Ct. 2221 (1977). Sostuvimos que ‘ [1] a regla aplicable es que cuando el mismo acto o conducta (transaction) constituye una violación de dos precep-tos estatutarios distintos, el criterio (test) a usarse para deter-minar si hay dos delitos o uno solo, es si cada precepto requiere prueba de un hecho que no requiere el otro.’ Blockburger v. United States, supra; Brown v. Ohio, supra, a la pág. 166, 53 L. Ed. 2d 187, 97 S.Ct. 2221; Ianelli v. United States, 420 U.S. 770, 43 L.Ed. 2d 616, 95 S.Ct. 1284 (1975); Gore v. United States, 357 U.S. 386, 2 L. Ed. 2d 1405, 78 S.Ct. 1280 (1958). La prueba Bloclcburger tiene su relevancia primaria en el contexto de la doble exposición, donde es una guía para determinar cuándo dos delitos definidos separadamente constituyen el ‘mismo crimen’ a los efectos de la doble exposición. Brown v. Ohio, supra. ”

Conocida esta regla tantas veces reiterada por el Supremo Federal, no cabe duda de que al incorporar el texto del anterior Art. 44 (33 L.P.R.A. sec. 90), al vigente Art. 63 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3321), el legislador no se proponía arrumbar tan prestigiosos precedentes juris-prudenciales en favor del inexistente “hostigamiento” de acu-sados y de proteger el presupuesto de la Rama Judicial vía reducción del número de cargos contra el autor de múltiples crímenes.

González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 146 (1971), sigue las normas inglesa y norteamericana que hemos glosado que para determinar si dos delitos son sufi-cientemente distinguibles para permitir la imposición de penas acumulativas descansa en una determinación sobre si cada precepto penal requiere prueba de un hecho que no se exige por la otra disposición. La prueba (test) pone énfasis en los elementos de los dos delitos. “Si cada uno requiere prueba de un hecho que no es integrante del otro, se cumple con la norma a pesar de que haya substancial solapo (overlap) en la evidencia ofrecida para probar los crímenes.” Iannelli v. United States, 420 U.S. 770, 785 (1975), confirmada en Brown v. Ohio, 432 U.S. 161, 166 (1977).

Volvamos a los hechos y al ratio- decidendi de González, supra, resumidos a la pág. 146 de la opinión:

“. . . Un individuo se presenta a la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito para servir de fiador a dos personas. Manifiesta que es Juan Reyes Torres y procede a firmar y jurar la fianza. Como se expresa en la denuncia por falsa representación: ‘simu-lando ser y haciéndose pasar por el Sr. Juan Reyes Torres y bajo tal carácter usurpado, solicitó, obtuvo y prestó una fianza’ y en la de perjurio: ‘Compareció ante la Hon. Juez . . . certificó, firmó y juró como cierto ser la persona de Juan Reyes y ser dueño de un bien inmueble . . . conociendo tanto la falsedad de que no poseía dicho bien inmueble y que no era el verdadero Juan Reyes Torres con el propósito de que dicho funcionario autorizara una fianza.’
. . . Como se observará de la lectura de los hechos esenciales alegados en la denuncia por falsa representación y en la acusa-ción por perjurio, se le imputa un solo- e indivisible hecho- esen-cial: simulando ser Juan Reyes Torres ‘solicitó’, ‘firmó’, ‘juró’, ‘obtuvo’ y ‘prestó’ una fianza. Todos estos vocablos que aparecen en los pliegos acusatorios describen un solo curso de conducta con el propósito único de obtener ilegalmente la libertad de dos personas. Es una sola transacción.” (Bastardillas nuestras.)

¿Está de tal modo englobada la conducta criminosa de la apelante en “un solo e indivisible hecho esencial”? Ella fue acusada y convicta por infracción del Art. 4 Ley de Armas (25 L.P.R.A. see. 414) que define y sanciona como ofensa criminal la portación o transportación de hojas de navajas de afeitar de seguridad cuando se usen en la comisión de un delito público o su tentativa; y por mutilación que a tenor del Art. 96 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 4033) consiste en desfigurar el rostro de otra persona o alterar permanente-mente la apariencia del mismo. Precisamente el delito de mutilación exige una prueba de especial grado que establezca el carácter “permanente” de la desfiguración de por sí elemento de máxima diferenciación del delito de portar y usar navajita de seguridad. El solo hecho de sacar o blandir la navaja es delito; se necesita mucho más que eso para mu-tilar. No se trata, por tanto, del “solo e indivisible hecho esen-cial” de González, supra, sino que cada delito “requiere prueba que no requiere el otro.” Simpson; y Connelly, supra.

Insistimos en que no debe leerse en el Art. 63 del Código Penal lo que no dice. La diafanidad de su texto no tolera adulteraciones: “. . . un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en nin-gún caso bajo más de una.” Este lenguaje no autoriza la in-flación del “acto u omisión” alterando su naturaleza hacia una pluralidad de actos agrupados en lo que se nombra “curso de conducta”.

La regla de “acumulación compulsoria”, aparte de estar excluida por la Regla 37 de las de Procedimiento Criminal, por la resistencia del Art. 63 del Código Penal y nuestra de-cisión en González v. Tribunal Superior, supra, y por la pre-caria juridicidad de California y sus comentaristas frente a la norma mantenida por el Supremo Federal, repercute como premio para el infractor cuyo “curso de conducta” lo lleva a realizar no uno, sino múltiples actos criminosos, y como un burladero más en el laberinto de nuestro enjuiciamiento criminal.

El Art. 63 del Código Penal ha sido víctima de distorsión retórica. Su preceptiva, aplicable a la situación excepcional o anomalía, de que el mismo acto u omisión se castigue por más de una disposición del Código, ha sido alterada produciendo la figura absurda del “acto” compuesto de varios actos. La letra sencilla del citado artículo se refiere a pluralidad de penas para un solo acto; no trata de pluralidad de actos.

Estimo casi innecesario añadir que la propia Ley de Armas niega efecto de impedimento a la convicción por usar la navajita de seguridad, cuando expresamente ordena en su Art. 43 (25 L.P.R.A. see. 453) que citamos:

“See. 453. Proceso como impedimento para otra acción
El proceso y castigo de cualquier persona por cualquiera de los delitos definidos y castigados por este Capítulo no impedirá el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera de las demás disposiciones de este Capítulo, del Código Penal, Título 33, o de cualquiera otra ley.”

La sentencia apelada se ajusta a Derecho y debe ser, con-firmada.

      Para expresiones individuales sobre este asunto, véase la opinión concurrente del Juez Irizarry Yunqué en Pueblo v. Braun, supra.

      E1 Art. 4 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 414, dispone:
      “Toda persona que posea, porte o conduzca cualquier arma de las comunmente conocidas como blackjacks, cachiporras o manoplas; toda persona que porte o conduzca cualquier arma de las conocidas como cuchillo, puñal, daga, espada, honda, bastón de estoque, arpón, faca, estilete, punzón o cualquier instrumento similar, y excepto cuando se portaren o condujeren en ocasión de su uso como instrumentos propios de un arte, deporte, pro-fesión, ocupación u oficio, e incluyendo además las hojas de navajas de afeitar de seguridad y garrotes cuando estos se sacaren, mostraren o usaren en la comisión de un delito público o en la tentativa de cometerlo; y toda persona que usare contra otra cualquiera de las armas nombradas anterior-mente en esta sección será culpable de delito menos grave, y si ha sido convicta previamente de cualquier infracción a este Capítulo, o de cual-quiera de los delitos especificados en la see. 427 de este título, será culpable de delito grave.”

       Datos suministrados por la División de Análisis de la Criminalidad de la Policía de Puerto Rico.

      Otro voto particular monta un altar para Kellett v. Superior Court of Sacramento County, Calif., 409 P.2d 206, 210 (1966), donde se llama “hostigamiento” al enjuiciamiento de criminales y se predica austeridad en las acusaciones como medida para evitar “el derroche de fondos públicos”.

       Esta opinión es de particular validez de precedente pues el problema se aborda con plena consciencia de la garantía constitucional contra doble exposición, que evade el voto particular del Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Brennan cita de North Carolina v. Pearce, 395 U.S. 711, 717 (1969), que la Cláusula de Doble Exposición “protege contra múltiple castigo por el mismo delito”; y de Jeffers v. United States, 432 U.S. 137, 150-151 (1977), que la Cláusula prohíbe los procesos múltiples por la misma ofensa. Simpson, ibid., escolio 5.

        Pueblo v. Ríos Rivera, 88 D.P.R. 165 (1963).

      La situación factual de acto único y no el manojo o ramillete de actos del llamado “curso de conducta” fue tipificada en Brown v. Ohio, supra, donde se pretendió castigar dos veces un solo e indivisible hecho. Al acusado que hurtó un automóvil se le denunció por hurto mayor (felony) y por joy riding (algo similar a nuestro hurto de uso, pero misdemeanor en Ohio) que consiste en tomar y operar un automóvil sin consentimiento del dueño. La inseparabilidad de ofensas era evidente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Rigau. Juez Asociado Señor Iri-zarry Yunqué,

license: Public Domain

text:
    Ganadería Esperanza, Inc., demandante y recurrente, v. Rosario Mattei Vda. de Castañer y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-78-263

      Resuelto: 9 de febrero de 1979

      M. Martínez Umpierre, D. Emanuelli Hernández, abogados de la recurrente; Vivas & Martínez-Texidor, abogados de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Por escritura pública otorgada ante el notario Joaquín Lago Padín, los recurridos, Rosario Mattei Vda. de Castañer, María Irma, Jaime Luis y Alberto Castañer (en adelante “los dueños”) cedieron en arrendamiento a la corporación recurrente, Ganadería Esperanza, Inc. (en adelante “la arrendataria”), varias fincas de su propiedad. El arrenda-miento se extendería por un plazo de cinco años con derecho la arrendataria de prorrogarlo por cinco años más. Se pactó también que la corporación arrendataria no podría sub-arrendar ni ceder el contrato sin la autorización expresa y escrita de los arrendadores, con la salvedad de que dicha autorización no sería negada por los dueños irrazonable-mente.

Antes de vencer el término original de cinco años — en 7 de diciembre de 1974 — la corporación arrendataria le comunicó por escrito a los dueños su intención de ejercer el derecho a la prórroga pactada y solicitándoles a la vez el permiso para subarrendar. Aceptaron los dueños el derecho de la arrenda-taria a extender el arrendamiento, pero le negaron, sin embargo, autorización al subarriendo. En una primera carta de 17 de enero de 1975 los dueños indicaron como fundamento de su negativa el que el subarrendamiento les era perjudicial a su interés de vender la finca. Luego, en una segunda carta de 15 de febrero de 1975 expresaron que el subarrendamiento les era perjudicial debido a un aumento sustancial en las con-tribuciones de la propiedad que eran de su cargo. Señalaban que las contribuciones para el año fiscal 73-74 eran $1,064.30, y las de 74-75 fueron aumentadas a $2,512.32. El canon anual de arrendamiento permanecía, sin embargo, en $5,250.00. Los dueños no tenían conocimiento de que antes de la arrendataria solicitar el permiso para subarrendar ya había llegado a un acuerdo final sobre el arrendamiento de las fincas a un subarrendatario. Desconocían, además, que antes de contestar su petición la arrendataria ya había recibido del subarrendatario un cheque fechado en 31 de diciembre de 1974 por la suma de $7,500 que comprendía cánones de sub-arrendamiento por adelantado correspondientes a los seis meses que restaban del término original de cinco años pactado en el contrato de arrendamiento. Los cánones bajo el sub-arrendamiento propuesto resultaban ser a razón de $15,000 anuales mientras que los del contrato original eran a razón de $5,250 anuales para el período de los seis meses en cues-tión.

Cuando los dueños vinieron en conocimiento de la formali-zación del subarriendo, ya habían negado el permiso para subarrendar, por lo que procedieron a notificar a la arrenda-taria que el contrato quedaba resuelto por incumplimiento con sus condiciones y concediéndole hasta el 30 de junio de 1975, fecha en que expiraba el término original de cinco años, para efectuar la entrega de las fincas.

No satisfecha la arrendataria con la decisión de los due-ños de terminar el arrendamiento, acudió al Tribunal Superior, Sala de Arecibo, mediante moción de sentencia decla-ratoria solicitando se decretara su derecho a subarrendar, por considerar irrazonable la negativa de los dueños. Los dueños contestaron la demanda aceptando prácticamente todas las alegaciones de hechos. Como defensas especiales plantearon los dueños la violación por la arrendataria de la cláusula que prohíbe el subarrendamiento e invocan la que les permite declarar el contrato vencido por cualquier incum-plimiento de sus términos, cláusulas o condiciones del mismo. En reconvención separada los dueños alegan, entre otras co-sas, que la arrendataria nunca les informó detalle alguno sobre el subarrendamiento, ni siquiera el nombre del sub-arrendador; que aun antes de solicitar el permiso para sub-arrendar — en 7 de diciembre de 1974 — ya se había efectuado el contrato de subarrendamiento con el Dr. Antonio Estarella sin previa autorización; y que, en la alternativa, el contrato de subarrendamiento se había efectuado antes de que los dueños hubieran contestado la solicitud de autorización para ello.

I

El tribunal sentenciador acogió la posición de los dueños al resolver que el incumplimiento del contrato de arrenda-miento por la arrendataria permitía a los dueños a dar el mismo por resuelto. Al acudir la arrendataria ante nos en revisión, una sala integrada por tres jueces de este Tribunal se negó a revisar la extensa y bien fundamentada sentencia del tribunal de instancia. Por los fundamentos expresados a continuación sostenemos la decisión de la sala de este Tribunal de 3 de agosto pasado, que tuvo el efecto de confirmar la sentencia del tribunal recurrido que decreta la resolución del contrato.

El Código Civil en su Art. 1440, 31 L.P.R.A. sec. 4035, señala que “ [c] uando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohíba expresamente, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato para con el arrendador.” Las partes en el contrato de autos optaron por acogerse a la prohibición expresa. Así, la cláusula décimotercera del contrato dispone:

"La corporación ARRENDATARIA no podrá subarrendar ni ceder este contrato parcial o totalmente sin la autorización expresa y por escrito de los DUEÑOS, cuya autorización no será negada irrazonablemente, y seguirá siendo responsable del pago de cánones y demás obligaciones de este contrato.”

A pesar de la prohibición expresa la arrendataria se ade-lantó a subarrendar sin el consentimiento de los dueños in-cumpliendo así una condición importante del contrato. Sobre el incumplimiento desfiló prueba abundante ante el tribunal sentenciador. El propio subarrendatario Dr. Antonio Esta-rella Román fue testigo de los dueños. El Dr. Julio A. Santos, Presidente de la corporación arrendataria, y el Sr. Ramón García Villamil prestaron testimonio por la corporación arrendataria. De las declaraciones de ambos testigos surge que la arrendataria había otorgado un contrato de subarren-damiento con el Dr. Estarella a fines de noviembre o principios de diciembre del año 1974; pero ciertamente antes de la fecha en que la arrendataria requiriera inicialmente de los dueños el permiso para el subarriendo. Tal actuación queda corrobo-rada al demostrarse que al 31 de diciembre de 1974 el suba-rrendador ya había pagado el 50% de los cánones del suba-rrendamiento, o sea la suma de $7,500 que constituían el pago anticipado del período de seis meses que comenzaba el 31 de diciembre de 1974 y terminaba el 30 de junio de 1975, cuyo cheque fue cobrado el 15 de enero de 1975, cuando ni siquiera la arrendataria había recibido contestación de los dueños sobre su solicitud para subarrendar.

Las consecuencias de ese incumplimiento estaban ya pre-vistas por los dueños y la arrendataria en el contrato de subarrendamiento: en la cláusula decimotercera habían acor-dado que el contrato se consideraría vencido, a opción de los dueños, en caso de que la corporación arrendataria dejase de cumplir las cláusulas o condiciones del mismo. La disposición contractual está reforzada por el precepto del Código Civil que reconoce que “ [L] a facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliese con lo que le incumbe.” 31 L.P.R.A. see. 3052. En su consecuencia el arrendatario que, en violación de lo pactado, procede a subarrendar sin per-miso del dueño, falta al cumplimiento de una condición fundamental del pacto y permite al dueño resolver el contrato de arrendamiento. Campos v. Tribl. Superior, 75 D.P.R. 370, 375 (1953). Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 10, Vol. II, pág. 97, ed. 1969. Al resolver el tribunal de instancia conforme al principio expuesto precedentemente, no cometió error.

II

Independientemente de que la resolución del contrato de arrendamiento encuentra apoyo en la ley, los dueños deben prevalecer bajo la doctrina expuesta en nuestra reciente decisión en E. J. Sportswear, Inc. v. Sucn. Martell, 103 D.P.R. 410 (1975).

Señala la arrendataria en su alegato que invirtió en las fincas arrendadas una cantidad superior a $70,000 en concepto de mejoras. Esta alegación de haber sido probada podría ser un factor para determinar la razonabilidad o irra-zonabilidad de la denegatoria del dueño para subarrendar. Es preciso pues, examinar lo que aconteció ante el Tribunal Superior en relación con el planteamiento de las mejoras que pudo haber efectuado la arrendataria en las fincas arren-dadas.

Es conveniente señalar que el contrato de arrendamiento contiene una cláusula-la número Seis-con respecto a las mejoras que lee así :

“Todas las mejoras efectuadas por la ARRENDATARIA en las fincas dentro del período original del contrato, como en su prórroga, quedarán a beneficio de los DUEÑOS al terminar el contrato o su prórroga, sin que los DUEÑOS vengan obligados a indemnizar por las mismas ni a la ARRENDATARIA ni a ningún tercero.”

Demás está decir que habiéndose resuelto el contrato de arrendamiento, según hemos expuesto en la primera parte de esta opinión, las mejoras quedan a beneficio de los dueños, por operación de los propios términos del contrato, por lo que pierde validez el concepto de enriquecimiento sin causa.

Veamos cómo y cuándo surge la mención tardía de la arrendataria en relación con la inversión que alega haber hecho, en las fincas arrendadas. Es significativo que desde el comienzo de la acción con la presentación de la demanda sobre sentencia declaratoria, la arrendataria no hace alegación al-guna sobre mejoras a las fincas arrendadas. Su tesis se con-trae a sostener que los dueños, en su primera comunicación, se negaron a conceder autorización para subarrendar por estimar que les era perjudicial a su interés de vender las fincas; y que en una segunda carta, diecinueve días más tarde, los dueños añadieron como fundamento adicional a su perjuicio de consentir al subarrendamiento, que éste no les era económicamente conveniente. La demanda está pues pre-dicada sobre la irrazonabilidad de los dueños a acceder al subarrendamiento. Para sostener su posición la arrendataria se basa exclusivamente en el argumento de que “la alegación actual en el sentido de que el negocio no resultaba ser, alega-damente tan económicamente bueno para la parte deman-dada, tampoco es fundamento para querer rescindir el mismo, o para una negativa razonable al subarrendamiento.” En otras palabras, la arrendataria no pretendía sostener que ella tenía razones que en el balance fueren de mayor peso para exigir el permiso de subarrendar que las razones que aducían los dueños para no consentir.

Debe resaltarse que a la fecha en que la arrendataria considera el subarrendamiento el canon de arrendamiento anual fijado por el contrato era de $5,250.00 y las contribu-ciones territoriales ya habían subido de $1,064.30 a $2,512.32. Según el contrato los dueños pagaban las contribuciones. De suerte que el canon real por las 298 cuerdas de terreno se reducía a la suma de $2,736.78, lo que evidentemente resul-taba en perjuicio para los dueños. Resulta aún más patente lo oneroso que la relación se tornaba para los dueños, el hecho de que la arrendataria habría de recibir del subarrendatario anualidades brutas de $15,000, que se reducían, luego de de-ducir las contribuciones y el canon perteneciente a los dueños, a la suma neta de $9,750.00. Esto es, de permitirse el suba-rrendamiento se daría la situación, a todas luces carente de equidad, de que los dueños recibirían $2,736.78 netos por concepto de cánones anuales (sin considerar futuros aumen-tos en contribuciones), mientras que la arrendataria recibiría $9,750.00.

Los hechos relatados permiten distinguir la situación en el caso de autos de la que existía en el caso de E. J. Sportswear, Inc. v. Sum. Martell, supra, en el que reconocimos la existencia de la teoría relativista de interpretación vis a vis la absolutista, que subordina el derecho del arrendador a razones justificables que de no ser aceptables para la arrendataria dan lugar a la intervención de los tribunales para que sean éstos los que determinen su razonabilidad.

Aunque el contrato proveía un aumento en el canon que regiría durante el segundo término de cinco años surge que la diferencia en el canon no afectaría sustancialmente la posi-ción onerosa de los arrendadores.

El caso de Sportswear resuelve una situación de equidad en que el arrendatario primitivo, por razones económicas se vio forzado a abandonar el local arrendado, sin que la arren-dadora estuviese dispuesta a liberarle de sus obligaciones bajo el contrato. La actitud irrazonable de la arrendadora al ne-garle la autorización para subarrendar se evidenciaba en su insistencia de negociar un nuevo término, un canon más alto y otras condiciones del contrato, lo que resultaba en “una violación del contrato entre las partes y una deformación de la figura del subarriendo bajo nuestro ordenamiento jurí-dico.” Entendimos en aquel caso que la conducta de la arren-dadora rebasaba los límites de la razonabilidad “aun desde puntos de vista ya trascendidos sobre los derechos que asisten a los arrendadores en circunstancias análogas.” Allí la arren-dataria sometió un subarrendatario, se encontró con la resis-tencia ya señalada de la arrendadora; luego sometió otro suba-rrendatario, con el mismo resultado infructuoso y finalmente otro con el que la arrendadora logró concertar un contrato por un nuevo término, y un canon más alto. Considerando que la arrendadora había sido arbitraria al negar el suba-rrendamiento la obligamos a devolver a la arrendataria los cánones satisfechos durante el tiempo que duró su actitud intransigente.

El caso de autos se distingue en sus hechos de Sportswear. En éste, no solamente existen razones que justifican negar el subarrendamiento, sino que los dueños relevan a la arrendataria primitiva de sus obligaciones bajo el contrato. La arrendataria, por su parte no adujo hechos en su demanda que contravinieren los argumentos justificantes que ofrecieron los dueños para negar el subarrendamiento ni que demostraren la irrazonabilidad o temeridad de los dueños al negarlo. Se limitó a alegar que los dueños le negaron irrazonablemente la autorización del subarriendo. Ello, sin más, no es suficiente para que, invocando la teoría relativista que expusimos en Sportsioear, proceda el tribunal a autorizar el subarriendo.

Como bien señala Manresa, consideraciones de equidad son las que, en sustancia, fundamentan la posición relativista. Manresa, J. Comentarios al Código Civil Español, Tomo X, Vol. II, pág. 94, ed. 1969. No se trata pues de atender exclusivamente a las pretensiones del arrendatario. Para poder alcanzar una solución justiciera y equitativa forzoso es sopesar los perjuicios que sufrirán ambas partes de obligarles a continuar la relación arrendaticia.

Es indudable que una inversión cuantiosa hecha por la arrendataria en mejoras a la propiedad arrendada con el consentimiento del dueño o inducido por el dueño a creer que no habría inconveniente de su parte a autorizar un suba-rrendamiento, es un factor importante a considerar para la determinación de la razonabilidad o irrazonabilidad del dueño en su negativa al subarriendo. En el caso de autos no hay-prueba de ello. De haberla habido los tribunales deben sope-sarla con las razones que pudiere tener el dueño para ne-garse al subarrendamiento, pues es función de los tribunales considerar los intereses de todas las partes según lo requiera la justicia sustancial.

Reiteramos que la arrendataria no alegó en la demanda que la negativa al subarriendo le acarreara perjuicio alguno sino que descansó en la irrazonabilidad de las razones adu-cidas por los dueños. No se invocaba perjuicio alguno por me-joras realizadas. No tenía pues elementos de juicio el tribunal para sopesar los perjuicios de una y otra parte, sino solamente los aducidos por los dueños. Es sabido que aunque la arrendataria no hubiere alegado los perjuicios que mili-taban a su favor podía ofrecer prueba sobre ellos, confor-mando así las alegaciones a la prueba. Regla 13.2 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II. Pero al no ofrecer prueba sobre esos extremos el caso quedaba huérfano de evi-dencia que pudiere tender a demostrar los perjuicios sufridos por la arrendataria que pudieren ser contrapesados a los de los dueños en la determinación de la razonabilidad de las razones aducidas por ambas partes conforme lo exige la teo-ría relativista de interpretación.

Más aún, al replicar la arrendataria a una reconvención presentada por los dueños solicitando la resolución del con-trato de arrendamiento, aquélla trató de justificar el canon más alto que había cobrado al subarrendatario y con gran imprecisión y vaguedad alegó que ello era para “recobrar en parte la inversión que la parte demandante hizo en la finca arrendada.” Esa expresión no quedó relacionada con la irra-zonabilidad de los dueños ni se presentó prueba para susten-tarla.

La sentencia del tribunal de instancia de 9 de marzo de 1978 que decretó la resolución del contrato de arrendamiento no mencionó inversión alguna de la arrendataria por concepto de mejoras en la finca. La arrendataria no solicitó recon-sideración de dicha sentencia. Sin embargo, los dueños, am-parados en la Regla 49.1 de las de Procedimiento Civil, soli-citaron corrección de la sentencia a los únicos efectos de dis-poner sobre la fecha en que debía iniciarse el pago de intere-ses. El tribunal dictó sentencia nunc pro tune aclarando lo solicitado por los dueños. De esta sentencia solicitó reconsi-deración la arrendataria para que se aclarara además una diferencia con respecto a las sumas que fueron pagadas a ambas partes. Se señaló una vista para ello y en su conse-cuencia se enmendó nuevamente la sentencia en 23 de mayo de 1978 reduciendo la suma que habría de pagar la arrenda-taria a los dueños. Según se desprende de una moción de la arrendataria de 31 de mayo titulada “Moción Solicitando Conclusiones de Hechos Adicionales” fue en esa vista de 23 de mayo que un testigo de nombre García Villamil declaró “sobre los préstamos que había tomado la parte demandante y las mejoras que se había [sic] hecho en la finca por valor de $71,400.00.” Solicitaba por tanto la arrendataria al tribunal de instancia que concluyera “como cuestión de hecho y de derecho que durante el contrato original de arrendamiento la parte demandante invirtió la suma de $71,400.00 en me-joras a la finca de la parte demandada.” Todo esto, en el con-texto de sus alegaciones respecto a la diferencia en dinero que el tribunal ordenó a la arrendataria pagar a los dueños, equi-valente a la diferencia existente entre los cánones recibidos por la arrendataria del subarrendatario y los cánones paga-dos por el arrendatario a los dueños conforme al contrato, ascendente esa discrepancia a la suma de $29,194.88 en la sentencia original, que al aclararse se redujo a $26,559.88 más intereses.

Al recurrir ante nos la arrendataria en solicitud de revi-sión de sentencia, no ataca la razonabilidad o irrazonabilidad de la negativa al subarrendamiento a base de mejoras que hubiese efectuado en las fincas. Su argumento sobre las me-joras que según alega efectuó, es utilizado para impugnar la condena que le ordenaba satisfacer a los dueños la diferen-cia entre los cánones que cobró al subarrendatario y los que venía obligado a pagar bajo el contrato. En otras palabras, sostiene que no viene obligada a pagar diferencia alguna a los dueños por razón de que el canon más alto cobrado al suba-rrendatario se justificaba por ciertas inversiones en las fincas.

Pero la arrendataria no nos puso en condiciones de eva-luar esa prueba al presentar su recurso de revisión. La Regla 18 del Reglamento de este Tribunal requiere que la parte que interese acompañar una copia total o parcial de la transcrip-ción de evidencia, debe, en moción separada, comprobar la necesidad de ello, con vista a las determinaciones de hechos del tribunal de instancia, mediante referencia a las cues-iones planteadas en la solicitud de revisión y al contenido de los testimonios específicos que intenta utilizar.

Tampoco lo pide ahora la arrendataria al solicitar re-consideración de nuestra negativa a expedir el auto de revi-sión. Su moción de reconsideración descansa sobre la deter-minación del tribunal de instancia que le obliga a pagar a los dueños la suma de $26,559.88 que recibió del subarrenda-tario en exceso de los cánones de arrendamiento fijados en el contrato original. Entiende la arrendataria que el pago de esa diferencia beneficia a los dueños y perjudica a la arren-dataria por constituir un enriquecimiento sin causa de los primeros»

Los hechos particulares de este caso nos convencen de que las actuaciones de la arrendataria al subarrendar sin siquiera esperar a la autorización de los dueños constituyen una violación sustancial a los términos del contrato que justi-fican la resolución decretada por el tribunal de instancia. Es sabido que ni el Derecho ni los tribunales de justicia existen para facilitar o permitir a los contratantes evadir el cumpli-miento de sus obligaciones. Matricardi v. Peñagarícano, Admor., 94 D.P.R. 1, 4 (1967). Y, si no fuera suficiente el ra-zonamiento expuesto precedentemente para sostener la sen-tencia que resuelve el contrato dictada por el tribunal de ins-tancia, estamos convencidos de que las razones aducidas por los dueños para negar la autorización para subarrendar, según se expresan anteriormente, constituyen la justificación razonable que requiere el contrato entre los dueños y la arren-dataria.

Por las razones expuestas, al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, se expedirá el auto y se confir-mará la sentencia del tribunal de instancia que resolvió el contrato de arrendamiento entre las partes, y ordenó el rem-bolso a los dueños de la diferencia entre los cánones recibidos por la arrendataria del subarrendatario y lo pagado por la arrendataria a los dueños, así como las sumas que están con-signadas en el tribunal pertenecientes a los dueños, además de confirmar los demás pronunciamientos de dicho tribunal. Y, considerando que la revisión se da contra la sentencia y no contra los fundamentos de la opinión emitida en apoyo de la misma, se confirmará por el fundamento adicional de que las razones aducidas por los dueños para negar el subarrenda-miento son válidas y razonables. Semanaz v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 411, 413 (1954).

El Juez Asociado Señor Rigau se une a la opinión del Tribunal y emite opinión concurrente separada. El Juez Aso-ciado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente a la que se unen el Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado Señor Dávila. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 1979

Los recurridos cedieron en arrendamiento mediante escritura pública varias fincas al recurrente arrendata-rio [sic\. Se pactó un plazo de cinco años con derecho a pró-rroga por cinco años adicionales, a elección de los arrenda-tarios [sic], y también se pactó que los arrendatarios no po-drían subarrendar ni ceder el contrato total o parcialmente sin la autorización escrita de los dueños de las fincas, cuya autorización no sería negada irrazonablemente.

Próximo a vencer el primer plazo de cinco años los arren-datarios comunicaron a los arrendadores su deseo de pro-rrogar el arrendamiento pero también solicitaron permiso para subarrendar las fincas.

Los arrendadores aceptaron la prórroga, a lo cual tenían derecho los arrendatarios, pero hicieron constar por escrito que no consentían al subarrendamiento “ya que la prórroga en sí del contrato por cinco años nos es perjudicial a nuestro interés de vender las fincas.”

Reconocieron que los arrendatarios, a tenor con el con-trato, tenían derecho a la prórroga solicitada.

No creo que actuaron irrazonablemente los arrendadores. Observaron escrupulosamente el contrato pactado, aceptando la prórroga aunque ésta les era perjudicial. Como se sabe, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Art. 1044, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2994. Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89 (1937). Ni el Derecho ni los Tribunales de Justicia existen para facilitar o permitir a los contratantes evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Matricardi v. Peñagarícano, Admor., 94 D.P.R. 1 (1967).

Los dueños arrendadores interesaban vender. La opción obligada de la prórroga ya les era perjudicial pero tienen que aceptarlo por haberlo así pactado. Pero no venían obligados a aceptar una condición onerosa más — el subarriendo de sus fincas por el arrendatario — pues a ello no venían obligados por el contrato, sino que por el contrario se habían reservado la facultad de denegarlo. En vista de que el subarriendo les era perjudicial fue razonable su decisión de no aceptarlo.

Si los términos del contrato eran buenos para los arren-datarios para imponer la prórroga forzosa también deben ser buenos para el arrendador negarse al subarriendo perjudi-cial, según lo pactado. No pueden los arrendatarios escoger unas cláusulas del contrato y rechazar o hacer caso omiso de otras. Creo que los arrendadores actuaron razonablemente. Si los contratos escritos pueden luego ser desechados por con-sideraciones subjetivas casi imperceptibles ¿para qué sirven? Si esa fuera la ley y no la que establece el Código Civil ¿qué quedaría del derecho de propiedad? Peor aún, ¿cómo podría continuar con razonable certeza y seguridad la actividad co-mercial y agrícola?

Por entender que los arrendadores actuaron dentro de ley, dentro de los términos del contrato y de buena fe, entiendo que la sentencia recurrida debe ser confirmada. Pacta sunt servanda.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Iri-zarry Yunqué,

a la que se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 1979

En E. J. Sportswear, Inc. v. Sucn. Martell, 103 D.P.R. 410 (1975), adoptamos la teoría o principio relativista res-pecto al derecho del arrendatario a subarrendar la propiedad arrendada. Este principio niega al arrendador la potestad de rehusar arbitrariamente el consentimiento para el subarren-damiento, potestad que subordina a razones justiciables a juicio de los tribunales. Igual que en dicho caso, en el que ahora consideramos se trata de un contrato de arrendamiento en que, independientemente de la aplicabilidad del principio relativista como derecho supletorio, las partes expresamente lo adoptaron al convenir que, aunque la arrendataria no po-dría subarrendar sin el consentimiento expreso de los arren-dadores, éstos no podrían negar dicho consentimiento irra-zonablemente. En este caso la arrendataria solicitó de los arrendadores su consentimiento para subarrendar y suba-rrendó sin haber recibido el consentimiento solicitado, que le fue denegado. ¿Impedía ello que judicialmente se examinara y decidiera si la denegatoria fue irrazonable? ¿Lo fue en este caso? ¿Tenían derecho los arrendadores a la resolución del contrato? Tales son las interrogantes que se nos plantean. Para contestarlas, precisa examinar los hechos con deteni-miento.

Doña Rosario Mattei viuda de Castañer y sus hijos Jaime Luis, Alberto y María Irma Castañer son dueños de dos fincas radicadas en el barrio Esperanza de Arecibo, con cabi-das que suman 297.98 cuerdas. Doña María Irma Castañer y su esposo don Francisco Antonio Delgado son a su vez dueños de una finca de 42.36 cuerdas que también radica en el mencionado barrio Esperanza. Mediante escritura pública otorgada en agosto de 1970 estos señores cedieron las tres fincas en arrendamiento a Ganadería Esperanza, Inc., para ser dedicadas como un solo fundo al negocio de ganadería. Se pactaron, entre otras condiciones: un plazo de cinco años a partir del primero de julio de 1970, prorrogable por cinco años adicionales a opción de la arrendataria, previa notifica-ción escrita de tal intención por lo menos sesenta días antes de vencer el plazo original; un canon de arrendamiento por las tres fincas de $4,000.00 al año por los primeros dos años, $5,250 por año por los siguientes tres años, y este mismo canon anual en caso de acogerse la arrendataria a la pró-rroga, actualizado cada año al poder adquisitivo que el dólar tuviese; los arrendadores pagarían las contribuciones terri-toriales; y, las mejoras que efectuare la arrendataria que-darían a beneficio de los arrendadores sin obligación de in-demnizar por ello. La cláusula número diez dispuso :

“La corporación ARRENDATARIA no podrá subarrendar ni ceder este contrato parcial o totalmente sin la autorización ex-presa y por escrito de los DUEÑOS, cuya autorización no será negada irrazonablemente, y seguirá siendo responsable del pago de cánones y demás obligaciones de este contrato.”

Por la cláusula trece se dispuso que el contrato “se con-siderará vencido, a opción de los DUEÑOS, en caso de que la Corporación ARRENDATARIA dejare de cumplir cual-quiera de los términos, cláusulas o condiciones del mismo.”

El 7 de diciembre de 1974 el presidente de la corporación arrendataria remitió por correo la siguiente carta a don Jaime Luis Castañer, representante de los arrendadores, a su dirección en Yauco, conforme se dispuso en la cláusula nú-mero catorce de la escritura:

“Estimado Jaime Luis:
Confirmo nuestra conversación telefónica de hace unos días en relación al contrato de arrendamiento que Ganadería Esperanza, Inc. tiene con esa Sucesión.
Interesamos de Uds. autorización para subarrendar esta finca por el término de la vigencia de nuestro contrato y su prórroga. Nosotros seguiremos siendo responsable [sic] del pago de cá-nones y demás obligaciones de este contrato.
Aprovecho para informarles que a partir de julio 1, 1975, es nuestro deseo prorrogar el contrato vigente por cinco años adicionales.
En espera de su contestación, quedo,
Atentamente
Dr. Julio A. Santos
Presidente”

Se desprende de esta carta que el propósito de la arrenda-taria de hacer uso de su derecho a prorrogar el contrato y de subarrendar las fincas no le eran desconocidos a los arrenda-dores. De hecho, ya había un subarrendatario potencial, Dr. Antonio Estarella Román, bajo condiciones aparentemente ventajosas para la arrendataria. Transcurrió todo el mes de diciembre sin que los arrendadores contestaran a la arrenda-taria. Ya para fines del mes se habían materializado los acuerdos de subarrendamiento a base de un canon de $15,000.00 al año, pues con fecha de 31 de diciembre el Dr. Estarella había expedido cheque a favor de la arrendataria por $7,500.00 en pago de los primeros seis meses. La arrenda-taria esperó al 15 de enero de 1975 para cobrar el cheque.

Así las cosas, con fecha de 17 de enero de 1975 — cuarenta y un días después de serles enviada la transcrita carta — los arrendadores contestaron. Reconocieron el derecho de la arrendataria a la prórroga de cinco años adicionales, pero negaron el consentimiento para subarrendar, dando la si-guiente razón: “Sobre este particular, sentimos informarles que no estamos inclinados a permitir el sub-arriendo [sic] de las fincas ya que la prórroga en sí del contrato por cinco años más nos es perjudicial a nuestro interés de vender dichas fincas.”

A esta comunicación contestó la arrendataria cuestio-nando la razonabilidad del fundamento dado por los arren-dadores. “A la verdad,” expresaron, “que no comprendemos la razón de la negativa de ustedes.” Señalaron que, teniendo derecho a la prórroga de cinco años, no hallaban diferencia alguna para los arrendadores “el que sea Ganadería Esperanza, Inc., el que continúe esos cinco años, o que sea otra persona quien atendería la finca igual o mejor que nosotros y cuya solvencia económica es buena, además del hecho de que siempre nosotros seguiríamos respondiendo del pago del canon y demás obligaciones.” Terminó su carta la arrendataria solicitando de los arrendadores que reconsideraran “su acti-tud que no encaja en el sentido que siempre se le ha dado a la frase ‘cuya autorización no será negada irrazonablemente’.”

En contestación a esta comunicación, los arrendadores escribieron a la arrendataria dando como razón adicional para negarse a consentir al subarrendamiento, el “alza considerable que se produjo este año en las contribuciones sobre la propiedad.” Señalaron que “en el año 1973-74 el importe total de las contribuciones de las tres fincas fue de $1,064.30” y que para el año 1974-75 “el importe ascendió a $2,515.32,” un aumento de $1,451.02. Insistieron que a base de ello “la prórroga del contrato por cinco años adicionales no es razo-nable para nosotros,” pero reconocieron el derecho de la arrendataria a dicha prórroga. Expresaron finalmente: “Ahora, el permitir un subarriendo a terceras personas no es obligatorio y podemos, como de hecho lo hacemos, negarnos a aceptarlo por las razones antes expuestas.”

A esta carta siguió otra de los arrendadores en que ex-presaron haberse enterado de que la arrendataria había suba-rrendado, dieron “por vencido” el contrato, y requirieron la entrega de las fincas al vencer el contrato original, que sería el 30 de junio de 1975. En otras palabras, la resolución no sería inmediata. El contrato seguiría en efecto hasta su ven-cimiento. Lo que quedaba afectado era el derecho a prórroga de la arrendataria.

La arrendataria recurrió al Tribunal Superior, Sala de Arecibo, mediante demanda de sentencia declaratoria que acompañó de copias de la escritura de arrendamiento y las cartas cursadas entre las partes, que hemos reseñado. Invocó la cláusula diez del contrato antes transcrita y solicitó que se declarase irrazonable la negativa a subarrendar. Los arrendadores se opusieron a la demanda y mediante recon-vención solicitaron la “rescisión” del contrato de arrenda-miento y reclamaron $10,000 en concepto de daños y per-juicios. Luego de numerosos incidentes, el Tribunal Superior dictó sentencia el 9 de marzo de 1978 en que declaró sin lugar la demanda sobre sentencia declaratoria, declaró con lugar la reconvención y ordenó a la arrendataria devolver las fincas y pagar a los arrendadores $24,309.88 — diferencia entre los cánones pagados por Ganadería y lo que ésta recibió del suba-rrendatario desde el primero de enero de 1975 — más intereses al seis por ciento anual desde esa fecha, costas, y $1,000.00 de honorarios de abogado. La arrendataria ha recurrido.

La sentencia del tribunal de instancia, aunque extensa en la exposición de las alegaciones de las partes y trámites del caso y extensa también en sus conclusiones de Derecho dadas las numerosas citas que hace, recoge sus determina-ciones de hechos en poco más de tres páginas, limitándose al aspecto del subarrendamiento sin consentimiento. No hizo de-terminación alguna el tribunal, de hecho ni de Derecho, sobre la razonabilidad de la negativa.

Ciertamente, bajo la cláusula diez del contrato la arren-dataria no podía subarrendar sin la autorización expresa de los arrendadores, y la número trece daba derecho a éstos a considerarlo “vencido” si la arrendataria incumplía sus tér-minos. Empero, el contrato debe ser interpretado como un todo y no a base de cláusulas o condiciones aisladas. La con-dición impuesta a los arrendadores de no negar irrazonable-mente el consentimiento para subarrendar es parte impor-tante del contrato, y su interpretación no podía dejarse al arbitrio exclusivo de los arrendadores.

El Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3052, dispone:

“See. 3052. Derecho de resolver obligaciones recíprocas
La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la reso-lución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros ad-quirentes, con arreglo a las sees. 3496 y 3499 de este título, y las disposiciones de la Ley Hipotecaria, Título 30.”

Su tercer párrafo es significativo pues implica la nece-sidad de que la resolución sea decretada por un tribunal, cuando menos si hay, como aquí, una controversia justiciable. Guaroa Velázquez — Las Obligaciones Según el Derecho Puer-torriqueño, ed. Equity 1964, págs. 78 y 79 — señala que se requieren dos condiciones para que una parte pueda obtener la resolución del contrato mediante la aplicación de este ar-tículo, a saber, (1) La inejecución de la obligación por la otra parte, y (2) el pronunciamiento de un tribunal. Véase, al mismo efecto, Scaevola, Código Civil, Tomo XIX. Esto es par-ticularmente así cuando se trata, como aquí, de un contrato de arrendamiento, en vista del Art. 1446, 31 L.P.R.A. see. 4053, que dispone:

“See. 4053. Rescisión del contrato: indemnización
Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obliga-ciones expresadas en las secciones anteriores, podrán pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.”

Para resumir este primer punto, la cláusula trece del con-trato de arrendamiento no podía dar potestad exclusiva a los arrendadores para resolver el contrato en vista de la con-dición impuesta a éstos de no negar irrazonablemente el con-sentimiento para subarrendar. Esa condición hizo surgir la controversia entre las partes. Fue el motivo de que la arren-dataria solicitara sentencia sumaria a su favor. El tribunal a quo debió pasar sobre ello. Resolver lo contrario equivaldría a dar una interpretación sumamente restrictiva al Art. 1077 del Código Civil y dar a la cláusula trece del contrato el valor de lex commissoria, aplicable únicamente a los contratos de compraventa: En justicia no se puede legitimar el abuso del derecho de resolución de los contratos.

La segunda interrogante planteada al principio de esta opinión obliga a examinar la razonabilidad de la negativa de los arrendadores a consentir el subarrendamiento. Las únicas razones dadas por ellos fueron (1) que “la prórroga en sí del contrato por cinco años más nos es perjudicial a nuestro interés de vender las fincas” (contestación a la soli-citud del consentimiento), y (2) que debido al “alza considerable que se produjo este año en las contribuciones sobre la propiedad” hacía que “la prórroga del contrato por cinco años adicionales no es razonable para nosotros” (contestación a carta de la arrendataria en que solicitó la reconsideración de la denegatoria). Como puede verse, las dos razones son aplicables únicamente a la conveniencia para los arrenda-dores de consentir a la prórroga del contrato, y a eso ellos mismos reconocieron que no podían negarse.

Hay una tercera razón no invocada expresamente pero la-tente en la actitud de los arrendadores, y a la que se da gran importancia en la decisión de este Tribunal. Se señala que, habiéndose pactado un canon que en la fecha de la contro-versia era de $5,250.00 anuales, Ganadería Esperanza obten-dría con el subarrendamiento un canon de $15,000.00 anua-les, casi el triple del que venía obligada a pagar a los arren-dadores.

Esto no es exactamente correcto. Al hacer uso de su dere-cho a prorrogar el contrato por cinco años la arrendataria venía obligada a pagar a los arrendadores, por cada año de prórroga, una cantidad superior a $5,250.00, pues conforme al contrato había que actualizar dicha suma al valor adquisi-tivo del dólar, a cuyo fin se pactó (cláusula cuarta) que “[para] determinar el poder adquisitivo del dólar se utili-zarán las cifras oficiales publicadas por el Departamento del Trabajo Federal.” Obra en autos una tabla de dicho Departa-mento que refleja, tomando el año 1967 como base compara-tiva que para julio de 1975, primer mes de la prórroga a que tenía derecho Ganadería Esperanza, el dólar había depre-ciado a 61.6 centavos. En julio de 1970, cuando se inició la relación arrendaticia, el dólar tenía un valor, según dicha tabla, de 85.7 centavos. Ello significa que cinco años después valía 24.1 centavos menos que al iniciarse la relación. Cierta-mente, conforme a la cláusula transcrita, que obliga a actúa-lizar el canon pactado a base del valor adquisitivo del dólar por cada año de la prórroga, Ganadería Esperanza vendría obligada a pagar más de $5,250.00 por año. Debe tenerse en cuenta que el valor del dólar ha continuado en descenso en los últimos años a un ritmo mucho más acelerado que el que hubo en el lustro que duró el término inicial del contrato de arrendamiento.

Hay otras circunstancias que obligan a cuestionar la ra-zonabilidad de la negativa de los arrendadores. Alega la recu-rrente que en los cuatro años y medio iniciales del contrato invirtió $71,400 en mejoras a las fincas, prueba que aportó ante el tribunal de instancia y que éste se negó a considerar. Sin embargo, el tribunal a quo dio particular énfasis al hecho de que se pactara un canon de subarrendamiento de $15,000 anuales. No puede pasarse por alto, pues resulta chocante, que unas fincas que totalizan 339 cuerdas fueran cedidas en arrendamiento por un canon inicial equivalente a $2,935.70 por año ($4,000.00, canon pactado por los primeros dos años, menos $1,064.30, contribuciones territoriales por año), es decir $244.64 por mes, y que alguien esté dispuesto a pagar un canon, cinco años después, de $15,000 por año. Ello su-giere, o que los arrendadores hicieron un pésimo negocio al arrendar, o que la condición de las fincas no ameritaba un canon mayor del pactado en 1970, y que se han hecho en ellas mejoras que cinco años después ameritan un canon de $15,000.00. Si esto es así, no sería justo aplicar sin más la disposición en virtud de la cual los arrendadores pretenden la resolución del contrato. Se beneficiarían los arrendadores de la inversión de $71,400.00 alegada por la arrendataria— que es tres veces mayor que los cánones pagados por ella durante los cinco años — aparte de recibir las fincas en condi-ciones de ser arrendadas por $15,000.00 al año, más $24,309.88 e intereses sobre dicha cantidad, y $1,000 de hono-rarios de abogado que la sentencia recurrida condena a Gana-dería Esperanza a pagar. Y todo porque Ganadería suba-rrendara sin autorización, negándose el tribunal a cuestionar la razonabilidad de la negativa.

Es cierto que se pactó — y que en ausencia de pacto apli-caría el Art. 1463 del Código Civil — que las mejoras útiles en la propiedad arrendada quedan a beneficio de los arren-dadores al finalizar el contrato. Esto no puede, sin embargo, aplicarse rigurosamente y con abstracción de todas las demás cuestiones planteadas en este caso. Los tribunales no estamos para aplicar la ley en abstracto. Somos tribunales de justicia, y hacer justicia debe ser el fin.

A mi juicio, en ánimo de hacer cumplida justicia a las partes en este caso, el tribunal de instancia debería pasar sobre la razonabilidad de la negativa de los arrendadores a consentir al subarrendamiento, considerando toda la prueba, incluyendo la aportada por la arrendataria respecto a su inversión de $71,400.00, y cualquier otra que las partes pu-dieran aportar sobre este particular. A tales efectos, re-vocaría la sentencia del tribunal recurrido y dispondría que éste reabra el caso y adjudique con vista de toda la prueba, si es razonable negar la autorización para subarrendar. Confirmar la sentencia como lo hace ahora este Tribunal, puede consagrar una grave injusticia que no tiene otro apoyo que el tecnicismo de que el subarrendamiento por Ganadería Esperanza, sin esperar a tener el consentimiento de los dueños de las fincas, es suficiente para justificar que los arrenda-dores resolvieran el contrato, e impide examinar la razona-bilidad de su negativa. No puedo estar de acuerdo con esa forma de impartir justicia. La justicia no puede ser prisio-nera de los tecnicismos.

      Como cuestión de hecho las partes ya habían adoptado la teoría relativista en el contrato de arrendamiento al expresar que el consentimiento del arrendador para subarrendar no se negaría irrazonablemente. La teoría relativista surge al interpretar la cláusula usual que prohíbe el subarrenda-miento sin el consentimiento o agrado del arrendador. La doctrina civilista española y francesa al imponer la relatividad ha exigido que no puede negarse el consentimiento o agrado caprichosamente.

       El 3 de agosto de 1978 este Tribunal, por resolución de una de sus Salas, se negó a expedir el auto de revisión solicitado por Ganadería Esperanza, Inc. Oportunamente la recurrente solicitó reconsideración. Ambas partes han presentado ante nos alegatos en apoyo de sus respectivas posi-ciones, estando nosotros en posición de resolver sin más trámites, conforme lo autoriza la Regla 50 de nuestro Reglamento.

       Si bien en Federal Land Bank v. Echeandía, 48 D.P.R. 320 (1935), sostuvo este Tribunal que un contrato en. que hay obligaciones recíprocas no tiene necesariamente que acudirse a un tribunal para su resolución, dicha decisión ha sido objeto de severa crítica. Véase Guaroa Velázquez, op. cit., supra, pág. 79. Cabe señalar, además, que en dicho caso se trataba de un contrato de compraventa en que “fue convenido expresamente entre las partes contratantes que si el comprador dejare de pagar alguno de los plazos estipulados el vendedor tendría derecho a rescindir el contrato, com-prometiéndose el comprador a entregarle la finca que se le vendió” (pág. 323 de la opinión), hecho este que enfatizó este Tribunal como fundamento importante. Otro hecho particularmente decisivo es que no había controversia entre las partes en cuanto al derecho del vendedor a resolver el contrato. El caso se inició mediante demanda de desahucio instada por el vendedor contra el comprador al no haber satisfecho éste el precio pactado. El com-prador demandado no compareció al tribunal de instancia y al negarse dicho tribunal a dictar sentencia en rebeldía, recurrió el vendedor en alzada ante este Tribunal. El comprador demandado tampoco compareció aquí para oponerse al recurso. La resolución del contrato operó de pleno derecho y bajo las circunstancias se hacía innecesario que la decretase un tribunal.

      Las obligaciones a que se refieren “las secciones anteriores” que dice dicho artículo son las reconocidas al arrendador y al arrendatario en los Arts. 1444 y 1445 del Código, 81 L.P.R.A. sees. 4051 y 4052, respectivamente.

       Sobre el particular dice Guaroa Veláquez, op. cit., pág. 76-77:
      “El derecho de pedir la resolución del contrato por causa de inejecución no existía en Derecho romano. De donde resultaba que el vendedor que hubiera concedido un término a su comprador no podía reclamarle la restitu-ción de su cosa, hallándose así expuesto a su insolvencia. Para evitar esta contingencia, se introdujo la práctica de insertar en los contratos de venta una cláusula, llamada lex commissoria, que daba al vendedor el derecho, en caso de que el comprador no pagase el precio en el término convenido, de resolver el contrato. Gracias a esta cláusula, el vendedor podía hacerse restituir su cosa sin necesidad de recurrir a la justicia para que pronunciara la resolución porque ésta tenía lugar de pleno derecho a diferencia de lo que sucede hoy. De este modo, la práctica colmó la laguna de la ley, pero sólo en materia de venta y en interés del vendedor.”

       Estas cantidades sin incluir los intereses acumulados, ascienden a $96,709.88. Un cómputo de los cánones que Ganadería debió pagar durante los cinco años de vigencia del contrato arroja un total de $23,750.00.

      31 L.P.R.A. see. 4070, que dispone: “El arrendatario tendrá, respecto de las mejoras útiles y voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario.”
      El Art. 416, 31 L.P.R.A. see. 1527, dispone, respecto al usufructuario, que “podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviese por conveniente, con tal que no altere su forma o substancia, pero no tendrá por ello derecho a indemnización.”