author: PER curiam :

text:
    Ramón Luis Serrano Rodríguez, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Miguel Montes e Insurance Co. of North America, demandados y recurrentes.

      Número: R-75-43

      Resuelto: 13 de mayo de 1975

      Ernesto Rodríguez Font, abogado de los recurrentes; Mario A. Rodríguez, abogado de los recurridos.
   PER curiam :

En 3 de abril de 1975 dictamos una orden dirigida a los demandantes recurridos para que mostraran causa por la cual no debía aplicarse en este caso la reducción dispuesta por la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. see. 2051 et seq.

El tribunal de instancia en este caso condenó a la parte demandada, que incluye al causante del accidente y a su compa-ñía de seguros, a pagar solidariamente por daños físicos y morales sufridos por los demandantes en el accidente de auto-móviles objeto de la demanda las siguientes sumas: (1) al conductor demandante $2,000, (2) a su esposa $400 y (3) a su hija menor $300. Ordenó también el pago de lucro cesante al conductor demandante en la suma de $600, más los daños al automóvil y honorarios de abogados.

El juez de instancia dispuso en la sentencia que “se obser-varán, en lo aplicable, las disposiciones de la Ley que crea la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automó-viles.” Es evidente que el tribunal dejó al arbitrio de la parte demandada el hacer las deducciones que fueren pertinentes conforme lo expresa la referida Ley.

En Rivera v. Batistini, 100 D.P.R. 499 (1972) dejamos establecido que la See. 8, inciso (2) de la Ley referida exime de responsabilidad al causante del daño hasta la cantidad de Mil Dólares ($1,000.00) por concepto de sufrimientos físicos y mentales (9 L.P.R.A. sec. 2058(2)), y que al referirse a la víctima y no al accidente, dicha exención se aplica a cada víctima. Esto es, si hay varias víctimas la exención será de $1,000.00 para cada una.

También hemos dejado aclarado que la aludida exención favorece tanto al causante del accidente como a su compañía aseguradora. Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972).

En cuanto a la compensación por lucro cesante de $600 el tribunal de instancia expresa que no hubo prueba específica sobre la posible incapacidad para trabajar del conductor demandante, sin embargo, los evaluó en $600. Si éste estuvo tres meses sin poder trabajar tendría derecho a recibir de la A.C.A.A. el 50% de su salario sujeto a un máximo de $100 semanales por las primeras 52 semanas. 9 L.P.R.A. see. 2054 (3) según enmendada en 27 de junio de 1972. Le es pues oponible la exención de $2,000 aplicable a daños y pérdidas por causas que no sean sufrimientos físicos y mentales. Comoquiera que el importe de la exención estatutaria excede la suma concedida por lucro cesante, debe descontarse ésta de la sentencia. Coira Luquis v. De Jesús Rosas, 103 D.P.R. 345 (1975).

No es necesario determinar si como cuestión de hecho las víctimas en este caso recibieron de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles los beneficios que ofrece la Ley pues la exención se extiende a aquellos que aunque no se hayan acogido a ni recibido los beneficios del plan, tengan derecho a recibirlos. Morales v. Lizarribar, supra, 9 L.P.R.A. see. 2054(5); véase Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

En vista de la expresión del tribunal de instancia en el sentido de que “se observarán, en lo aplicable, las disposicio-nes de la Ley que crea la [A.C.A.A.]” concluimos que al conceder las compensaciones a las víctimas del accidente no tomó en cuenta las deducciones que por dicha Ley viene obli-gado a tomar en consideración.

Los tribunales de instancia vienen obligados a hacer las determinaciones sobre las exenciones aplicables de acuerdo con la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles y consignar específicamente su aplicación en relación con cada uno de los conceptos de daños adjudicados. Véanse Morales v. Lizarribar, supra; González v. Chavez, 103 D.P.R. 474 (1975). Al no hacerlas hemos de presumir que no se han tomado en consideración, lo cual dificulta nuestra labor en la etapa de revisión.

Se modificará la sentencia recurrida a los fines de aplicar la exención de $1,000 a la compensación por sufrimientos físicos y mentales sufridos por el conductor demandante, su esposa e hija menor, y para aplicar la exención de $2,000 por otros daños a la compensación por lucro cesante del deman-dante-recurrido. En su consecuencia la parte demandada-re-currente solamente vendrá obligadla a pagar al conductor demandante la suma de $1,000 por sufrimientos físicos y mentales y la suma de $1,0Oh por la pérdida sufrida en rela-ción con el automóvil. Así modificada se confirmará.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    George Sands y Otros, demandantes y recurridos, v. Extensión Sagrado Corazón, Inc., et al., demandadas y recurrentes.

      Número: R-71-262
    Resuelto: 13 de mayo de 1975

      Luis M. Román y Luis Negrón García, abogados de las recur rrentes.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

La demandada recurrente, Extensión Sagrado Corazón, Inc., a quien llamaremos de aquí en adelante la Constructora, compró en el año 1964 dos predios adyacentes de terreno de aproximadamente cinco cuerdas cada uno. Mediante escritura pública de 16 de agosto de 1965 dicha corporación estableció sobre ambos predios unas condiciones restrictivas por razón de que se proponía construir en ese terreno una urbanización residencial. Construyó la primera parte del proyecto, el cual llamó Reparto Villa Olga y el cual comprende 17 residencias con sus propios solares individuales. Estas se vendieron a distintos compradores.

Como se sabe, las condiciones restrictivas en urbanizaciones residenciales tienen el propósito de preservar la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto residencial según éste es concebido por sus arquitectos y constructores. Estas condiciones restrictivas — las cuales limitan las facultades de los futuros adquirentes de los solares y de las viviendas en cuanto a hacer obras nuevas y efectuar cambios en las ya hechas — hacen más bella, más apacible, más agradable y más segura el área residencial para las familias que allí vendrán a vivir.

En el caso de autos las condiciones restrictivas son de la naturaleza antes dicha. Así por ejemplo, prohíben fabricar más de una residencia en cada solar; éstas no deben exceder de dos pisos; hay restricciones sobre las cercas a construirse, sobre el ancho mínimo de las casas; no se permitirán estableci-mientos comerciales; se prohíben los letreros y anuncios co-merciales ; se prohíbe echar basura en los solares no edificados, etc.

El plano final para el desarrollo de ambas parcelas fue sometido por la Constructora a la Junta de Planificación. La Junta aprobó la construcción de las 17 casas del Reparto Olga, pero mediante su Resolución de 7 de octubre de 1965 impuso ciertas condiciones para la aprobación de la extensión del Reparto. Las condiciones exigidas por la Junta las hizo nece-sarias la existencia de un talud en el predio donde se proyec-taba construir la extensión del Reparto, cuyo talud excedía la inclinación permitida por las normas de seguridad de la Junta. La Junta requirió que se redujese la inclinación del talud; que se utilizasen medias cañas para recoger las aguas pluviales que bajasen del talud; que se garantizase la conser-vación de dichas medias cañas por espacio de un año; que la descarga de agua de las mismas no afectase los predios in-mediatos; que los compradores de solares contiguos al talud fuesen informados de esas condiciones y que se sembrase grama en el talud.

La Constructora no pudo cumplir con esas condiciones o estimó que cumplir con las mismas no era económico y, al no hacerlo, la Junta no aprobó la lotifieación y construcción de la extensión del Reparto. La Constructora decidió buscar otro uso para el terreno. Aparentemente la Constructora trató con la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV) la construcción de un complejo de 17 edificios con 194 apar-tamentos en el predio en cuestión. El proyecto habría de ser construido por Trigo Construction and Development Corporation, la otra codemandada recurrente, representada ésta por el Sr. Luis C. Trigo, quien es o era para aquella fecha, tam-bién Presidente de la Constructora.

La CRUV habría de comprar el proyecto una vez cons-truido éste, mediante un contrato denominado “Turnkey Project Contract,” mediante el cual una agencia del gobierno federal que atiende estos asuntos aportaría fondos a la CRUV para ésta adquirir el proyecto. El proyecto siguió el siguiente curso. A principios de 1968, la CRUV solicitó de la Junta de Planificación de Puerto Rico autorización para la compra del proyecto, el cual fue denominado “Los Laureles.” La Junta autorizó la compra y el desarrollo preliminar del proyecto. En 12 de diciembre del mismo año la CRUV y la oficina federal firmaron un documento denominado “Letter of Intent to Enter into Contract” el cual indicaba que el proyecto cualifi-caba para recibir financiamiento federal y que se habían re-servado fondos para su compra. En mayo de 1969 la Junta aprobó los planos del proyecto. En 20 de junio de ese año la CRUV y Trigo Construction and Development Corp. firmaron el contrato de compraventa del proyecto, mediante el cual la CRUV le compraba a Trigo Construction dicho proyecto por $2,857,550.

Los demandantes recurridos son propietarios y residentes del Reparto Olga. No conformes con que contiguo a sus resi-dencias se construyesen los mencionados edificios multipisos, los demandantes solicitaron de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones que revisara dicha aprobación otorgada por la Junta de Planificación para la construcción de los edificios. La Junta de Planificación se opuso a que su decisión fuese revisada por la Junta de Apelaciones. Alegó que ésta carecía de jurisdicción por tratarse de un proyecto de obra pública. Así lo entendió también la Junta de Apelaciones y se declaró sin jurisdicción en 20 de enero de 1970.

Dos días después, en 22 de enero de 1970, los demandantes recurridos presentaron una demanda de injunction contra las demandadas recurrentes solicitando se ordenase la paraliza-ción de la construcción del proyecto, el cual había comenzado a construirse. En dicha acción los demandantes se basaron en que el proyecto de edificios multipisos violaba las condiciones restrictivas que para esa propiedad se habían dispuesto en la antes mencionada Escritura Núm. 86 de 16 de agosto de 1965. Año y medio después, en 6 de agosto de 1971, cuando el proyecto ya había sido construido, el Tribunal Superior emitió sentencia declarando con lugar la demanda y ordenó a las demandadas a restituir la situación que existía antes de producirse las violaciones a las condiciones restrictivas. Esto es, ordenó la destrucción de los 17 edificios, con sus 194 apartamentos, los cuales tenemos que asumir que están ocu-pados por el mismo número de familias.

En su Petición de Revisión las codemandadas hicieron nueve señalamientos de error, pero en su alegato abandonaron cuatro y discutieron solamente cinco. En síntesis, su posición es la siguiente: (1) las condiciones restrictivas no tienen validez legal; (2) los demandantes no agotaron los remedios administrativos; (3) dichas condiciones tienen que ceder ante la zonificaeión hecha por la Junta de Planificación; (4) que procede la defensa de incuria; y (5) que la sentencia es onerosa.

Estamos convencidos de que las codemandadas violaron las condiciones restrictivas que una de ellas, la Extensión Sagrado Corazón, Inc., estableció mediante documento público sobre el terreno en cuestión. Tampoco hay duda de que las codemandadas tenían conocimiento de dichas condiciones. Las condiciones restrictivas son absolutamente válidas. Ya antes hemos sostenido la validez en derecho de los contratos que imponen condiciones restrictivas a predios que se urbanizan. Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409 (1913); Lawton v. Rodríguez Rivera, 35 D.P.R. 487 (1926); Baldrich v. Registrador, 77 D.P.R. 739 (1954). En este último caso, a la pág. 745, expresamos que dichas condiciones son derechos reales. Los demandantes acudieron a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones y, como hemos visto, a los dos días de su fallo recurrieron al Tribunal Superior. Los demandantes no venían obligados a agotar más remedios administrativos pues la querella administrativa se basaba en violaciones a los reglamentos de zonificaeión, mientras que la causa ante nos se basa en la violación de las condiciones restrictivas. No se cometieron los errores primero, segundo y cuarto. Tampoco se cometió el tercero por razón de que la Junta de Planifica-ción no hizo formalmente ninguna rezonificación del área ni celebró vistas públicas para oír a los vecinos de la misma. Lo que la Junta hizo fue aprobar unos planos y, como veremos más adelante, esto no anuló las condiciones restrictivas.

En cuanto al quinto señalamiento, si bien es cierto que la orden del tribunal es onerosa, también es cierto que las code-mandadas crearon a sabiendas la situación que la provocó. Por motivo de lucro violaron las condiciones que habían esta-blecido para hacer la urbanización más atractiva, más vendible y más valiosa.

Las condiciones restrictivas que nos ocupan se denominan “equitable servitudes” en el derecho anglosajón. Aunque intrínsecamente no tienen nada de equidad, se les llamó así en aquel derecho debido a que por motivo de la rigidez del antiguo derecho común anglosajón hubo que recurrir judicialmente a la equity para proveerle cauces jurídicos a estos derechos reales. En nuestro derecho no tenemos ese problema. Se trata de derechos reales, lo cual cae cómodamente dentro de nuestro Derecho Civil. En el contrato de compraventa de un solar afectado por condiciones restrictivas éstas son parte del contrato; así vende quien vende y así compra quien compra.

En cuanto a las cuestiones que habíamos dejado pendientes, la primera consiste en si no pueden invocarse las condiciones restrictivas por el hecho de que se trata de obra pública. En el caso de autos la Junta de Planificación aprobó el proyecto para los edificios multipisos. Esa aprobación no derogó las condiciones restrictivas. Como dijimos en Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242 (1959), a las págs. 267-268:

“El hecho de que la Junta de Planificación haya aprobado la construcción de la urbanización a que se alude en la demanda, no tiene el efecto de anular las restricciones privadas que pueden impedir su construcción. Conforme dijimos en Pérez v. Pagan, 79 D.P.R. 195: ‘Nada hay en la Ley de Planificación, 23 L.P.R.A., secs. 1-54, ni en los reglamentos aprobados por la Junta a virtud .de esa Ley, que indique que la mera concesión de un permiso de construcción tenga el efecto y alcance de anular restricciones privadas que resulten inconsistentes con el per-miso concedido. El otorgar un permiso de construcción es un deber ministerial, cuando la solicitud que al efecto se presenta cumple estrictamente con los requisitos de ley o de los regla-mentos al efecto aprobados. La situación que surge es análoga a cuando un reglamento de zonificación permite para un distri-to un uso que está prohibido por restricciones convencionales. Existe copiosa jurisprudencia al efecto de que en tales casos prevalecen las restricciones.’ ” (Citas omitidas.)

Esto es así porque debido a la naturaleza beneficiosa que dichas condiciones tienen para las áreas residenciales, dichas condiciones pactadas en la escritura son parte del valor que compra el adquirente de la residencia y por el cual paga. Al así hacerlo tiene la justificada expectación de que dichas con-diciones van a ser respetadas por todos y, de más está decirlo, especialmente por el vendedor que las impuso.

Al violar dichas condiciones o al destruirlas, ya sea por partes privadas o por el gobierno, se está tomando propiedad sin justa compensación y se están violando los contratos. Como se sabe, excepto que una ley especial expresamente lo permita, las partes privadas no pueden expropiar bienes y derechos. Las partes privadas compran bienes y derechos y si en vez de comprarlos los perjudican, vienen obligados a pagar daños a tenor con el Art. 1802 del Código Civil. El gobierno puede expropiar bienes y derechos, pero al hacerlo viene obligado a pagar justa compensación. Constitución, Art. II, Sec. 9. No es el nuestro un estado policíaco en donde el gobierno toma lo que necesita sin obligación de pagar nada. Desde luego, cuando hay interés público envuelto ello ha de tomarse en cuenta y los tribunales le darán la consideración que amerite. Véase E.L.A. v. Rodríguez, 103 D.P.R. 636 (1975). Véase también Church, The Effect of Private Restrictive Covenants on Exercise of the Public Powers of Zoning and Eminent Domain, en 1963 Wis. L. Rev. 321, 326 y ss. (1963).

En cuanto al quinto señalamiento — el ser onerosa la sen-tencia recurrida — ya nos hemos expresado. El cuarto plantea-miento, el cual le imputa incuria a los demandantes, no tiene mérito. De la propia relación de hechos que antes hicimos así se desprende. Los demandantes recurrieron a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y a los dos días de ésta declararse sin jurisdicción, los demandantes acudieron a los tribunales de justicia.

Normalmente cuando se construye en violación de las leyes y los reglamentos el mejor remedio es ordenar la des-trucción de la construcción clandestina. Además de resolver en justicia el caso particular de que se trate, dicha destrucción sirve de ejemplo a violadores potenciales de las leyes de zoni-ficación y urbanismo. Sin embargo, en el caso de autos, to-mando en consideración la culpa de las codemandadas, los daños causados a los propietarios del Reparto Villa Olga, los intereses encontrados en cualquier solución al caso (194 familias, edificios públicos cuya sustitución por otros costaría 3 ó 4 veces lo que costaron cuando se hicieron) y haciendo in-grediente de la decisión la equidad en su sentido civilista, modificaremos la sentencia recurrida en el sentido de conde-nar solidariamente a las codemandadas a pagar a cada uno de los demandantes $15,000, más $10,000 para honorarios de abogado y las costas. Así modificada se confirmará.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      En adición a las limitaciones que las leyes y reglamentos de zonificación y urbanismo disponen.

      Burby, Real Property (1943), pág. 134; Holdsworth, A History of English Law, 5ta. ed. (1966), Vol. Ill, pág. 158.

      En adición a los casos citados en Pérez v. Pagan, supra, a la pág. 198, in fine, y 199, pueden verse los siguientes: Cimba v. Glasgow, 299 P.2d 774 (1956); Ludgate v. Sommervüle, 256 P. 1043 (1927); Farmer v. Thompson, 289 S.W.2d 351 (1956); Burgess v. Magarian, 243 N.W. 356 (1932); Jenny v. Hynes, 184 N.E. 444 (1933); Sorrentino v. Cunningham, 39 N.E.2d 473 (1942).


text:
    María Lameiro, demandante y recurrida, v. Pedro A. Dávila y su Esposa Herminia Cruz, demandados y terceros demandantes y recurridos; William Flores y Caguas Federal Savings and Loan Association of Puerto Pico, terceros demandados y recurrente la segunda.

      Número: R-72-68

      Resuelto: 13 de mayo de 1975

      Dennys Martínez Irizarry y Rafael Rodríguez Erna, abogados del Caguas Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico; Efraín Ortiz Bras, abogado de los demandados, ter-ceros demandantes y recurridos; L. Morales Contreras y Rosario Morales Señeriz, abogados de la demandante y recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En 26 de enero de 1962 William Plores tomó prestado a María Lameiro la suma de $10,000.00 con intereses a razón de nueve por ciento anual, pagaderos mensualmente. Como evidencia de su deuda Flores otorgó cinco pagarés hipoteca-rios al portador y éstos fueron garantizados mediante cinco hipotecas distintas que gravaron, respectivamente, cinco solares pertenecientes a Flores.

En el pagaré objeto de este pleito se describe el solar gravado como finca urbana Núm. 11 de la Urbanización Villa Flores radicada en Caguas, Puerto Rico, inscrita al Folio 160 del Tomo 408 de Caguas, Finca Núm. 10,610, inscripción primera.

Otro de los pagarés gravaba el solar Núm. 10 de la misma urbanización, Finca Núm. 10,298.

Posteriormente las partes acordaron reducir el interés al ocho por ciento anual. A la fecha en que Flores otorgó los mencionados pagarés también otorgó escritura de cancelación de una hipoteca de $3,000.00 que gravaba el solar Núm. 10. Todas estas escrituras fueron inscritas en el Registro de la Propiedad.

En julio de 1962 Flores entró en conversaciones con el Caguas Federal Savings and Loan Association, de aquí en adelante denominado el Banco, para que dicha institución le prestara $8,400.00 en primera hipoteca sobre el solar Núm. 11 y a la vez liquidar la hipoteca de $2,000.00 envuelta en este caso y otra de $3,000.00 que también gravaba dicho solar a favor de Olimpo Otero.

Flores y el Banco acordaron otorgar la escritura corres-pondiente el 11 de agosto de 1962, en la oficina del notario Don Rafael Rodríguez Erna. Todas las partes concurrieron al acto ese día, pero María Lameiro no llevó el pagaré consigo, por cuyo motivo el Banco no le pagó a ella en esa ocasión. Lameiro y los oficiales del Banco acordaron que ella llevase el pagaré el lunes próximo y ella entonces recibiría el cheque correspondiente.

A pesar de que el Banco en todo momento hizo referencia al solar Núm. 11, María Lameiro, por error o por falta de experiencia en estos asuntos, creyó que podía entregar cual-quiera de los cinco pagarés que ella poseía y en los cuales aparecía Flores como deudor y entregó al Banco el pagaré garantizado con hipoteca sobre el solar Núm. 10. Recuérdese que lo que se había acordado era cancelar la hipoteca sobre el solar Núm. 11.

Lameiro llevó el pagaré y éste fue recibido por Juanita Flores de Franco, del Departamento de Préstamos del Banco, quien en el acto se aseguró de que el pagaré estaba efectiva-mente suscrito por William Flores. No corroboró otros datos porque ella no tenía a mano los documentos que le permitiesen hacerlo. La práctica era corroborar los datos al momento de firmarse las escrituras ante el notario, lo que no se hizo en este caso porque María Lameiro no llevó consigo el pagaré en esa ocasión. El pagaré fue posteriormente cancelado por el Ledo. Juan E. Soto, oficial ejecutivo del Banco, y remitido al notario Rodríguez Erna para que éste otorgase la escritura de cancelación. El notario no se dio cuenta de que se le había entregado el pagaré que no era.

En 15 de agosto de 1962 dicho notario, con vista al pagaré erróneo, otorgó escritura de cancelación de hipoteca de $2,000.00 que afectaba el solar Núm. 10. También otorgó escritura de cancelación de una hipoteca de $3,000.00 que gravaba el solar Núm. 11, pero erróneamente expuso en dicha escritura los datos relacionados con el solar Núm. 10.

En 28 de noviembre de 1962 el Registrador de la Propie-dad anotó la cancelación de la hipoteca de $2,000.00 que afectaba el solar Núm. 10, pero no anotó la segunda escritura de cancelación de la hipoteca de $3,000.00 que gravaba el solar Núm. 10, pues esa hipoteca ya había sido cancelada en 26 de enero de 1962, como antes indicamos. No es posible que el notario haya tenido ante sí un pagaré de $3,000.00 gravando el solar Núm. 10, cuando dicho pagaré había sido tachado y cancelado por otro notario en 26 de enero de 1962. Lo que tuvo ante sí el notario Rodríguez Erna relacionado con el solar Núm. 10 fue el pagaré de $2,000. La segunda escritura de cancelación de la hipoteca de $3,000.00 sobre el solar Núm. 10 fue retirada sin inscribir.

A consecuencia de todo esto, la situación registral a esa fecha era la siguiente: El solar Núm. 10 aparecía libre de la hipoteca de $3,000.00 y libre, por error, de la hipoteca de $2,000.00, porque lo que se había pretendido hacer era liberar al solar Núm. 11 de dicha hipoteca de $2,000. A su vez, el solar Núm. 11 aparecía gravado con una hipoteca de $8,400.00, subordinada a otras hipotecas de $3,000.00 y $2,000.00 cada una que gravaban dicho solar Núm. 11. Sub-siguientemente, en 4 de enero de 1963, Plores vendió el solar Núm. 10 a un tercero, cuyo nombre no surge de los autos. No hay evidencia en autos respecto a si Flores tenía o no conoci-miento de que el solar había sido erróneamente liberado de la hipoteca de $2,000. Tampoco surge si el negocio entre Flores y el tercero estaba sujeto o no a que dicho tercero asumiera la deuda garantizada por la hipoteca.

Posteriormente Pedro A. Dávila entró en negociaciones con Flores para comprarle el solar Núm. 11 y una casa edifi-cada en el mismo. Flores le aseguró a Dávila que el solar nú-mero 11 estaba sujeto solamente al gravamen de $8,400.00, a favor del Caguas Federal Savings; sin embargo, Dávila encontró que en el Registro de la Propiedad subsistían las hipotecas de $2,000.00 y $3,000.00 que gravaban dicho solar. Flores sugirió a Dávila que visitara el Banco para que com-probara que esas dos hipotecas habían sido canceladas. Dávila fue al Banco y, según su testimonio, un oficial del Banco le dijo que lo expresado por Flores era correcto y le mostró dos escrituras de cancelación indicándole que sólo faltaba presen-tarlas al Registro. En 11 de marzo de 1964 Dávila compró el solar 11, confiando en la manifestación del oficial del Banco en el sentido de que las hipotecas estaban canceladas. No lo comprobó en el Registro.

Posteriormente Dávila hizo gestiones con el Banco para que éste registrara las cancelaciones y los oficiales del Banco le informaron que había que hacer una nota aclara-toria, pero que no habían podido localizar a Flores para ello y le dijeron que no se preocupara, que el Banco iba a resolver el problema. En dos ocasiones Dávila escribió al Banco propo-niéndole que él retendría $5,000.00 para pagar las hipotecas de $3,000.00 y $2,000.00 y no recibió contestación a sus cartas.

En 12 de junio de 1965, se otorgó escritura aclaratoria en relación con la hipoteca de $3,000, la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad. La cancelación de esa hipoteca, desde luego, no creaba problema alguno, ya que había per-feeta coincidencia entre el pagaré que se pretendía cancelar y la propiedad gravada.

La rectificación de la cancelación de la hipoteca de $2,000, en cambio, hubiese requerido el acuerdo de todas las partes, incluyendo el tercero que compró el solar Núm. 10, y en su defecto, que las partes que se opusieran fuesen venci-das en juicio. Pero la rectificación del error no podía perjudi-car al tercero que compró el solar Núm. 10 si dicho tercero convino en comprar la propiedad libre del gravamen de $2,000. Arts. 99 y 256 de la Ley Hipotecaria; 30 L.P.R.A. sees. 173 y 433 respectivamente; Berlingeri v. Registrador, 96D.P.R. 706 (1968).

No surge qué pasos, si algunos, se tomaron para rectificar el error cometido en relación con la cancelación de esa hipote-ca. En 6 de abril de 1970, transcurridos más de seis años desde que se suspendió el pago de intereses sobre dicha hipo-teca, María Lameiro inició juicio sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra Dávila y su esposa, quienes habían comprado el solar Núm. 11. Estos contestaron la demanda y reconvencionaron solicitando indemnización por daños.

Dávila y su esposa también presentaron demandas contra terceros, contra Flores y contra el Banco alegando que éstos les serían responsables a ellos si ellos resultasen responsables a la demandante, a causa de falsas representaciones y negli-gencia en no corregir el error. Solicitaron además indemni-zación por los daños que esa actuación les causó.

El Banco contestó la demanda contra tercero e interpuso defensas afirmativas. También presentó reconvención contra la demandante María Lameiro, solicitando la cancelación de la hipoteca, e instó demanda contra coparte contra Flores ale-gando que si se le imponía responsabilidad al Banco, él le sería responsable a esa institución debido a la doctrina de en-riquecimiento injusto.

Flores no contestó la demanda contra tercero, ni la de-manda contra coparte y se anotó la rebeldía. Obra en autos un telegrama que él envió al Tribunal expresando que no podía comparecer al juicio por estar enfermo.

El tribunal de instancia concluyó que en el error partici-paron el Banco y María Lameiro en un 90% y 10% respec-tivamente; que el Banco era responsable en dicha proporción por daños sufridos por María Lameiro y por los esposos Dávila y que tenía derecho a repetir contra Flores, por razón de enriquecimiento injusto, por la suma que tuviese que pagar a María Lameiro; que María Lameiro no podía ejecutar la hipoteca y debía cancelarla y que respondía en un diez por ciento de los daños sufridos por los Dávila. También impuso honorarios de abogado al Banco, a favor de los Dávila por la suma de $200. El tribunal fijó los daños de los esposos Dávila en la suma de $1,000 e impuso intereses por temeridad sobre dicha suma, a partir de la fecha en que ellos compraron la propiedad. Los daños sufridos por María Lameiro los fijó el tribunal en una suma equivalente al principal más intereses vencidos en la hipoteca. Contra Flores el tribunal dictó sen-tencia en rebeldía.

El Banco presentó recurso de revisión ante este Tribunal y María Lameiro y los esposos Dávila se opusieron a su expe-dición. El recurso se desestimó, pero subsiguientemente fue expedido en reconsideración.

Ante nos la posición del Banco es la siguiente: (1) que dicha institución no es responsable en daños a María Lameiro, ni a los esposos Dávila; (2) que Flores es el único responsable a María Lameiro por la deuda de $2,000 y los intereses acu-mulados en dicha obligación, más $300 por costas y honorarios de abogado pactados en la misma; (3) que María Lameiro debe responder por costas y honorarios de abogado al Banco; (4) que Pedro Dávila no es parte interesada en el pleito debido a que a la fecha del juicio la propiedad pertenecía exclusivamente a Herminia Cruz, su ex-esposa, por razón de liquidación de gananciales subsiguiente a su divorcio de Dávila; (5) que la imposición de intereses por temeridad procede sólo a partir de la presentación de la demanda.

Una reclamación por daños conlleva intereses debido a temeridad, sólo a partir de la fecha en que se presenta la demanda. Regla 44.4 (e) de Procedimiento Civil.

No se justifica condenar al Banco en daños. María La-meiro no llevó el pagaré al Banco cuando se realizó la transac-ción ante el notario. Llevó después un pagaré que no era ante un oficial del banco quien no tenía documentos para determi-nar si el pagaré era el correcto o no. Cuando el pagaré fue llevado al notario para su cancelación, éste otorgó la escritura sin constatar la corrección del pagaré y no advirtió que tenía ante sí un pagaré erróneo. Cuando Dávila compró la propie-dad tampoco examinó los documentos que el Banco le mostró para cerciorarse si en efecto cancelaban las hipotecas que afectaban la propiedad que compró.

Se observará que ni María Lameiro, ni el Banco, ni el notario, ni Dávila comprobaron la corrección de los documen-tos y todos descansaron en las actuaciones de los demás. Habiendo las partes actuado en la misma forma, no parece razonable que una de ellas pueda exigir responsabilidad a una de las otras.

Es cierto que posteriormente, cuando el Banco descubrió el error, convino con Dávila en corregirlo. El Banco corrigió el error relacionado con la hipoteca de $3,000, porque dicho error no requería la aprobación de ninguna de las partes envueltas. Pero el error relacionado con la hipoteca de $2,000.00 requería no sólo la aprobación de las partes, sino también la de un tercero que compró el solar Núm. 10. El Banco, según la declaración del propio Dávila, no pudo conseguir a Flores para realizar la corrección.

Además, Dávila no probó daños que ameriten compensación. Como consecuencia del presente pleito se ordenó la cancelación de la hipoteca que afectaba el solar Núm. 11, el que compró Dávila. No hubo daños pecuniarios y se hizo lo que el Banco se había comprometido hacer. Los únicos daños que los esposos Dávila pudieron haber sufrido, si algu-nos, fueron daños morales. Tratándose de una obligación que el Banco había asumido para con los esposos Dávila, es aquí aplicable lo que expresamos en Duchesne Landrón v. Ruiz Arroyo, 102 D.P.R. 699 (1974) y en casos allí citados, al efecto de que para que sean compensables daños morales por incumplimiento de contrato, éstos deben ser apreciables, cosa que aquí no se probó.

En vista de lo anterior, erró la ilustrada Sala sentencia-dora al imponer responsabilidad a la recurrente a favor de los esposos Dávila y de María Lameiro.

Los esposos Dávila compraron la propiedad a sabiendas de que la misma estaba gravada en el Registro con hipotecas por las sumas de $2,000, $3,000 y $8,400. La recurrente can-celó la hipoteca de $3,000, pero no pudo cancelar la hipoteca de $2,000 objeto del presente caso porque no pudo localizar a Flores para ello. Pero esa hipoteca fue correctamente cance-lada por el tribunal de instancia en el presente caso. Por con-siguiente, los esposos Dávila no han sufrido pérdida pecunia-ria alguna causada por la recurrente y, como indicamos antes, no proceden daños morales.

La recurrente, tampoco es responsable ante María La-meiro. Esta nada reclamó a la recurrente en el pleito. Su acción fue una de ejecución de hipoteca contra los dueños de la. propiedad. Lameiro perdió su garantía hipotecaria como consecuencia de su propio error o negligencia al entregar un pagaré erróneo para su cancelación. La recurrente tampoco es deudora del pagaré; el deudor es William Flores.

Fue Flores quien obtuvo el préstamo de María Lameiro, quien se obligó a pagar esa deuda y quien dejó de pagarla. Y. aunque María Lameiro perdió su garantía hipotecaria, no perdió por ello su derecho a que Flores le. pague el préstamo mediante acción ordinaria en cobro de dinero. Como se dijo en Fernández v. Luyando, 46 D.P.R. 687, 689 (1934):

. “Es claro, conforme indican los apelantes, que la hipoteca es accesoria a una obligación principal (artículo 1758 del Código Civil) y que la obligación [del deudor original] continúa inso-luta y exigible hasta que sea pagada. Por supuesto, [los acree-dores hipotecarios] pudieron haber elegido renunciar a su de-recho hipotecario enteramente e iniciar un procedimiento exclu-sivamente contra [el deudor original].”

Y en Torres v. Fernández, 47 D.P.R. 845, 848 (1934), dijimos:

“Como dijimos en Luyando v. Fernández, 46 D.P.R. 689, el acreedor puede prescindir de la garantía hipotecaria y reclamar judicialmente la efectividad de la obligación mediante una acción personal.”

Ahora bien, toda vez que Flores fue debidamente traído al presente pleito mediante demanda contra tercero, tuvo oportunidad de defenderse y no lo hizo, habiéndose dictado sentencia en rebeldía en su contra; y la evidencia aportada por la demandante demostró que él es quien debe responder de la deuda reclamada por ella, procede que se dicte sentencia en su contra a favor de la demandante imponiéndole el pago del principal de $2,000, más los intereses acumulados. Como dijimos en Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168,176 (1965):

“Si por virtud de las alegaciones una contienda se queda trabada entre el demandante y el tercero demandado y durante la vista del caso el demandante presenta prueba contra el ter-cero demandado y éste tiene oportunidad de contrainterrogar los testigos y presentar prueba en contrario, las alegaciones deben considerarse enmendadas a los efectos de establecer una reclamación directa del demandante contra el tercero deman-dado.”

Véase en igual sentido Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 D.P.R. 134 (1974).

De conformidad con lo anterior, se confirmará la parte de la sentencia del Tribunal Superior que ordena la cancelación de la hipoteca de $2,000 constituida sobre la finca Núm. 10,610, inscrita al Folio 160 del Tomo W3 de Caguas; se revocará en las demás partes; y en su lugar se dictará senten-cia condenando a William Flores a satisfacer a María La-meiro la suma de $2,000, más intereses desde el 26 de noviem-bre de 1963, hasta su pago total, a razón del ocho por ciento anual y se le impondrán las costas más la suma de $900.00 por concepto de honorarios de abogado, los cuales deberá satisfacer a la demandante, a los demandados y a la tercera demandada en partes iguales.


author: per curiam:

text:
    Heftler Construction Co. of P.R., Inc., antes, hoy Island Land Corp., peticionarias, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Francisco Collazo Lizardi, Juez, demandado; Carlos Manuel Ramos Rojas, etc., interventores; Heftler International Inc., antes, hoy Island Properties, Inc., peticionarias, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Carmen Consuelo Cerezo, Juez, demandado; Heftler Construction Co. of P.R., Inc., antes, hoy Island Land Corp., peticionarias, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Carmen Consuelo Cerezo, Juez, demandado; Heftler International Inc., antes, hoy Island Properties, Inc., peticionarias, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. José F. Rodríguez Rivera, Juez, demandado; Nelson Oquendo García, interventor; Heftler International, Inc., antes, hoy Island Properties, Inc., peticionarias, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Abner Limardo, Juez, demandado; Vicente Serrano, etc., interventores.

      Números: O-75-104, O-75-144, O-75-145, O-75-151, O-75-155

      Resueltos: 14 de mayo de 1975

      Arturo Aponte Pares y Jorge López Keelan, abogados de la pe-ticionaria en todos los casos; Demetrio Fernández, abogado de los interventores en el Caso 0-75-104; Juan T. Peñagarícano, Jr., abogado de los interventores en los casos 0-75-144, 0-75-145 y 0-75-151 e Ismael Cuevas Velázquez, abogado de los interventores en el caso 0-75-155.
   per curiam:

Hemos consolidado los casos de epígrafe no sólo con propósito de economía judicial en su disposición, sino con el objeto de ejemplarizar la situación que a diario se debate en las distintas salas de los tribunales de primera instancia sobre la eficacia de la Regla 11 de las de Adminis-tración en armonía con la 39.2 de Procedimiento Civil, y las prácticas existentes hasta el presente que han anulado la efectividad del Poder Judicial de cumplir con su misión básica de dirimir prontamente las controversias.

Nos remitimos y reafirmamos en nuestros pronunciamientos vertidos en Fine Art Wall Paper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974), en el cual enfatizamos la labor constitucional e indelegable de los tribunales de primera instancia de velar y garantizar que los procedimientos y asuntos se ventilen sin demora, lo cual constituye la política judicial establecida por este foro con miras a lograr una justicia rápida y eficiente.

A lo allí expuesto, debemos aclarar que este enfoque se traduce en unas obligaciones que recaen sobre abogados y litigantes, que en sus variadas modalidades, se sintetizan del siguiente modo: diligencia y acción en el reclamo del derecho a todo lo largo del trámite judicial. Cubre desde la radicación de la demanda, su rápida contestación, el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba y el cumplimiento de las órdenes del tribunal.

Recientemente dimos contenido a este enfoque en un asunto sobre descubrimiento de prueba y nos manifestamos del si-guiente modo:

“Es parte de la obligación de jueces y abogados abandonar toda práctica que con el tiempo impuso a nuestro sistema de jus-ticia fama de exasperante lentitud. La Reforma no ha de quedarse en los tomos de leyes. Hay el firme propósito de insuflarle la energía necesaria para terminar con hábitos y recursos que dañan el concepto cabal de lo justo.” Girard Industries Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 680 (1975).

En los casos ante nos, las distintas salas envueltas, en una u otra forma se negaron a aplicar la disposición de la Regla 11 no obstante haber los demandantes permanecido por más de un año sin activar y gestionar eficazmente sus respectivas causas de acción. Las excusas para ello, no impedían el señalamiento y dilucidación de los casos con o sin la presencia de la entidad demandada, alegadamente insol-vente. En todos, la validez de las excusas producidas para tal inactividad cae ante la existencia de mecanismos alternos judiciales que pudieron utilizarse para lograr una pronta solución de los mismos. La situación es intolerable, pues siempre hay una excusa que se aduce con mayor o menor vehe-mencia ; ningún caso “. . . tiene derecho a la vida eterna ante los tribunales . . . .” Madera Meléndez v. Negrón, 103 D.P.R. 749 (1975).

Por los fundamentos expuestos, se expiden los autos de certiorari solicitados en estos casos, y así expedidos, se dicta Sentencia dejando sin efecto las resoluciones y órdenes de los tribunales de instancia negándose a archivar los mis-mos por inactividad de las partes.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Pedro Castro Anguita, demandante y recurrido, v. Bibiano Figueroa, Alfonsa Ramos, Osvaldo Cardona, demandados y recurrente el último.

      Número: R-73-137

      Resuelto: 14 de mayo de 1975

      F. Castro Amy, abogado de Osvaldo Cardona.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

¿Constituye una mejora a una finca cedida en arrenda-miento una casa edificada en ella por un agregado del arren-dador y construida con la anuencia del arrendador y del arrendatario durante el término del arrendamiento? De ha-cerla suya por accesión el dueño de la finca, ¿tendría derecho a que el arrendatario pagara por ella? ¿De qué deterioro en la cosa arrendada responde el arrendatario? Tales son, en síntesis, las cuestiones aquí planteadas.

El 17 de abril de 1962, mediante escritura pública, don Pedro Castro Anguita cedió en arrendamiento a don Osvaldo Cardona una finca de aproximadamente ciento once cuerdas situada en un barrio de Juncos. Se pactó un plazo de cuatro años, prorrogable a siete a elección del arrendatario; y un canon anual de $3,000. A la sazón y desde hacía varios años vivía en la finca, en calidad de agregado, el señor Bibiano Figueroa con su esposa. Además de la casa en que vivía el matrimonio, había en la finca varias edificaciones para ran-chones y garaje. El arrendamiento se extendió hasta el 17 de abril de 1969, fecha de su vencimiento final.

En 1967 el agregado destruyó la casa en que vivía y comen-zó la construcción de otra, de cemento, en la misma finca. No la había terminado al concluir el arrendamiento. Tanto el arrendador Castro Anguita como su arrendatario Cardona tenían conocimiento de la construcción iniciada y en progreso que hacía Figueroa y no la objetaron. De hecho la permi-tieron.

Al concluir el contrato Castro Anguita inició un pleito para hacer suya por accesión la casa construida por Figueroa, y para exigir de su ex arrendatario Cardona que le resarciera lo que tuviera que pagar a Figueroa, más una cantidad por el deterioro de las otras edificaciones. A solicitud del arrenda-tario decidimos revisar la sentencia que así lo dispuso, y que le condenó a pagar a Castro Anguita $4,162.00, valor acordado de la casa construida por Figueroa, y $1,450,00 como compen-sación por el deterioro de las otras edificaciones.

I

La sentencia del tribunal recurrido adoptó la contención del arrendador Castro Anguita de que la casa fabricada por el agregado es una mejora, apoyándose en la cláusula quinta del contrato de arrendamiento que dice:

“ ‘Todas las mejoras que le introduzca el arrendatario en la finca arrendada, así como en sus edificios, y las ampliaciones que edifique sobre la finca, quedarán al vencimiento del término de este contrato, a beneficio ,del arrendador gratuitamente;, asi-mismo quedarán a beneficio del arrendador gratuitamente, todos los frutos pendientes de cosecho existentes sobre la finca arren-dada al vencimiento del término de este contrato.’ ”

Estamos de acuerdo en que la casa constituye una mejora a la finca en su sentido estricto, es decir, en cuanto su incorporación al fundo determina un aumento en el valor de éste a los fines de venta o renta. Véase Scaevola, Código Civil, ed. 1952, tomo XXIV, pág. 719, comentando el Art. 1573 del Código Español, equivalente al 1463 del nuestro, 31 L.P.R.A. see. 4070. Cf. Marchand v. Montes, 78 D.P.R. 131 (1955). No tenemos que considerar, sin embargo, el aspecto no poco complicado de si por tratarse de una edificación permanente quedaría el efecto del Art. 1463 atemperado por el 297, que más adelante transcribimos, respecto del derecho de accesión. Véanse sobre el particular Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38 (1954); Toro v. Mojica, 79 D.P.R. 630 (1956); Figueroa v. Rodríguez, 68 D.P.R. 266 (1948). En el caso ante nos no se plantea un derecho- de accesión del arrendador contra su arrendatario porque no fue el arrendatario quien edificó, ni quedó establecido, satisfactoriamente por la prueba que el que edificó lo hiciera por encomienda del arrendatario o para él.

.La prueba establece que tanto. Castro Anguita. como Cardona tenían conocimiento de que Figueroa construía la casa, no se opusieron, y de hecho consintieron en ello. Bajo tales circunstancias Figueroa era un edificante de buena fe; Así lo reconoció implícitamente Castro Anguita al instar la demanda de accesión y lo dio por bueno el tribunal a quo al declararla con lugar. El derecho de accesión está reconocido en el Código sólo frente al edificante de buena fe, que a su vez tiené frente al propietario del suelo el derecho a ser indemni-zado. Así surge del Art. 297 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1164, que dice así en su segundo párrafo:

“El dueño del terreno en que se edificare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, previo el pago al dueño de la obra del costo de los materiales y la mano de obra, o del costo de re-producción de la misma al momento en que el dueño del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la depreciación, lo que resultare mayor, o a obligar al que fabricó a pagar el precio del terreno.”

Así dispone el Art. 298, 31 L.P.R.A. see. 1165:

“El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemniza-ción.”

Castro Anguita no puede beneficiarse del hecho de que su arrendatario Cardona tuviera conocimiento de la construc-ción en progreso del agregado Figueroa. La prueba ante nos no permite concluir, como pretende Castro Anguita, que Figueroa construyó autorizado por Cardona y no por Castro An-guita. Las siguientes circunstancias militan preponderante-mente contra la posición de éste: Figueroa y su esposa ya vi-vían en la finca, como agregados del dueño, cuando se hizo el contrato de arrendamiento; entre el arrendatario y dichos agregados no se estableció relación alguna, a pesar del arren-damiento por aquél de la finca en que vivían, bien, fuere dicha relación obrero-patronal o de simple amistad; el arrendador tuvo conocimiento de la construcción desde que se inició y no se opuso a ella; la construcción se inició en 1967, cuando el contrato de arrendamiento apenas estaba a dos años plazo para expirar. Es difícil concebir que la conducta del arrendatario, bajo esas circunstancias, constituyera un compromiso con el arrendador de pagar al agregado por dicha casa, la cual valía más de $4,000, y dejarla por tanto para beneficio de la finca. Sería pura candidez creer que el arrendatario pretendía re-galarle dicha casa al arrendador.

hH HH

Respecto del deterioro de las otras edificaciones, el tribunal recurrido determinó que el arrendatario Cardona debe responder. Estamos de acuerdo.

Es cierto que las reparaciones necesarias a fin de conservar la cosa arrendada en estado de servir para el uso a que ha sido destinada corresponden al arrendador. Así lo dispone el Art. 1444 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4051, en su segundo inciso, al enumerar las obligaciones del arrendador. Pero esta disposición, así como otras contenidas en el articulado que se refiere a las obligaciones del arren-dador y del arrendatario, son supletorias, es decir, subsisten a falta de pacto en contrario. Véanse Manresa, Código Civil Español, ed. 1950, tomo X, pág. 542; Scaevola, obra ci-tada, págs. 487 y 517. La escritura de arrendamiento de que nos ocupamos en este caso dice, en su hecho cuarto:

“El arrendatario recibe la finca objeto de este contrato, toda cercada de alambre de púas, y se obliga a devolverla en las mismas condiciones; asimismo será obligación del arrendatario conservar los edificios que enclavan en la finca, y que han sido relacionados.”

La frase “conservar los edificios” no puede tener otro significado que el de mantenerlos en buen estado.

Independientemente de la cláusula del contrato que hemos transcrito, las reparaciones necesarias de que habla el Art. 1444 son aquellas que subsanan, como señala Scaevola, obra citada, pág. 518, el desgaste natural de la cosa; los deterioros que el propio arrendador o personas de su dependencia produzcan; las pérdidas que ocasione un caso fortuito. Véanse Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, sexta edición, tomo III, pág. 136; Manresa, obra citada, pág. 542 y siguientes. No se refiere esa frase al deterioro que es causado por la culpa del arrendatario, caso que está previsto en el Art. 1453 del Código, 31 L.P.R.A. see. 4060, que dice:

“El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasio-nado sin culpa suya.”

Este artículo establece la presunción de que si la cosa objeto del contrato se deteriora o se pierde, total o parcialmente, estando en poder del arrendatario, tal deterioro o pérdida se debe a su culpa salvo que demuestre lo contrario. Véase, Manresa, obra citada, págs. 603 a 604; compárese Cabinero v. Cobián Theatres, 81 D.P.R. 960 (1960). Este artículo es corolario del 1445, 31 L.P.R.A. see. 4052, que en su segundo inciso preceptúa, como obligación del arrendatario, la siguiente:

“2. A usar la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado; y en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza 'de la cosa arrendada según la costumbre de la tierra.”

El recurrente pretende que se le releve de la responsa-bilidad que le es imponible bajo los Arts. 1445 y 1453 y bajo la cláusula citada de la escritura de arrendamiento a base de que, según alega, las edificaciones en cuestión estaban ya deterioradas cuando él tomó posesión de la finca, y que él nunca las usó. Pone gran énfasis en su testimonio al efecto de que eran ranchones viejos que no utilizó porque tenía otros ranchones en otra finca suya.

Ciertamente, no se trata aquí de edificaciones nuevas o de reciente construcción. Pero se trata de edificaciones relativamente grandes, construidas de cemento o sobre colum-nas de cemento armado, cuyo valor total para la fecha en que se constituyó el arrendamiento era de $9,500, y que en la fecha en que terminó el contrato estaban en las siguientes condicio-nes, según el testimonio del demandante recurrido:

“R. Los ranchos de arriba estaban desmantelados las paredes que tenía de zinc. Y a una parte de arriba le faltaba el techo. Y todo aquel empuje que le llaman de poner las varillas no exis-tían en todo el rancho.” (Transcripción, pág. 17.)

Más adelante, refiriéndose a una de las estructuras, de-claró el recurrido:

“R. Por falta también del techo, las puertas y ventanas tam-bién faltaban. Y también tenía yo el que se usaba para guardar el abono destruido, sabe, toda la parte de zinc de arriba y las puertas.” (Transcripción, pág. 18.)

La escritura de arrendamiento no hace referencia a las condiciones en que se encontraban las mencionadas edi-ficaciones al tiempo de su otorgamiento. Dice el Art. 1452 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4059:

“A falta de expresión del estado de la finca al tiempo de arren-darla, la ley presume que el arrendatario la recibió en buen estado, salvo prueba en contrario.”

El testimonio del recurrente, única prueba ofrecida para contradecir esta presunción, no fue creído por el tribunal recurrido, por lo que la presunción queda en pie. Por otra parte, es difícil creer que tal estado de deterioro como el que refleja el aludido testimonio sea el resultado natural del transcurso del tiempo.

El argumento del recurrente de que no usó los ranchones milita en su contra. La ley manda que el arrendatario use la cosa como un diligente padre de familia. Como señala Castán, obra citada, pág. 140, la primera obligación del arrendatario bajo el inciso segundo del Art. 1445 es usar de la cosa. Citando de Colin y Capitant dice, pág. 140, que el arrendatario “no debe dejarla sin empleo, baldía si es una tierra, inexplotada si es un establecimiento mer-cantil, pues esta abstención sería dañosa al propietario, y aún tratándose de una casa-habitación, el arrendatario no está dispensado de habitarla si no justifica haber tomado las medidas propias para asegurar la conservación del inmue-ble en buen estado.”

El concepto del “diligente padre de familia” no implica la abstención de usar la cosa arrendada, y no puede ampararse en ese no uso el arrendatario para que se le exima de su responsabilidad. El uso de la cosa por el arrendatario es un derecho suyo, pero puede ser también un deber, si el no uso contribuye a deteriorarla.

“La diligencia es una forma de la actividad, es un modo o manera de obrar que consiste en proceder con atención, con cuidado, con esmero, previniendo los daños, reduciendo a sus más pequeñas consecuencias los que por caso fortuito avienen, conservando los elementos de la producción, reponiendo los efec-tos del desgaste.” Manresa, obra citada, pág. 556.

De haber sido el recurrente, señor Cardona, dueño de la finca de seguro que no hubiese permitido, fuera por no uso, o por mal uso, que las edificaciones se deterioraran al ex-tremo de quedarse sin techos, sin paredes y sin puertas. Esa no es la conducta que es de esperarse del diligente padre de familia. Debe, por tanto, responder por el deterioro.

El tribunal recurrido fue un tanto parco en sus determi-naciones de hechos al estimar el deterioro de que debe responder el arrendatario en este caso. Estimó la depreciación en un treinta por ciento del valor que tenían las estructuras para la fecha en que comenzó el arrendamiento que, según concluyó, era de $9,500. Ese treinta por ciento equivaldría a $2,850. Empero, el tribunal concedió al demandante, por el deterioro atribuíble al arrendatario, la cantidad de $1,450, que es poco más de la mitad. Presumimos que hizo esa determinación sobre la base de que del treinta por ciento de depreciación, la mitad — es decir, un quince por ciento— se debió a la culpa del demandado, atribuyendo el balance al desgaste natural. Tal conclusión nos parece prudente y merece nuestro respeto.

Se dictará sentencia modificando la sentencia del tribunal recurrido a los efectos de eliminar la partida de $4,162.00 hecha a favor del demandante contra el codemandado Car-dona, y así modificada, será confirmada.

       El agregado, señor Figueroa, no se defendió ante el tribunal a quo y el caso en su contra se vio en rebeldía. La determinación del valor de la casa en la cantidad de $4,162.00 se hizo por acuerdo del arrendador y del arrendatario. El recurrido Castro Anguita no ha comparecido ante nos. Ni se opuso a la expedición del auto ni ha presentado alegato en oposición al de la parte recurrente.

      Dicho artículo dispone: “El arrendatario tendrá, respecto de las mejoras útiles y voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufruc-tuario.”


author: PER CURIAM: Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado, Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Pedro Baigés Chapel, acusado y apelante.

      Número: CR-74-75

      Resuelto: 20 de mayo de 1975

      Pedro Baigés Chapel, pro se, Felipe Cirino Colón, Fermín Arraiza Miranda y Juan Mari Bras, abogados del acusado; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Rolando Rodríguez Ossorio, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Precisa aclarar en este litigio varios aspec-tos del procedimiento de desacato.

En un caso distinto al presente, los abogados de la persona allí acusada presentaron una moción de inhibición contra el Juez Eugenio Ramos Ortiz del Tribunal Superior de Puerto Rico. Vista la moción ante otro magistrado, se declaró la misma sin lugar. No se recurrió ante nos, procediéndose en vez a radicar una moción de desistimiento del juicio de novo señalado para ventilarse ante el Hon. Eugenio Ramos Ortiz, fundada en la alegación de que el acusado tenía la convicción moral de que no tendría un juicio justo e imparcial ante dicho magistrado.

Llegado el día del juicio compareció en representación del acusado el licenciado Pedro Baigés Chapel. Aunque el referido letrado no había suscrito personalmente la mo-ción de desistimiento, aclaró que representaba al acusado para tales efectos y cualesquiera otros, y solicitó del tribunal que, dada su radicación, no se procediera a juicio. El Juez Ramos Ortiz interrogó entonces bajo juramento al licenciado Baigés Chapel y éste reiteró su solidaridad con las alegaciones de la moción de desistimiento. El Hon. Juez concluyó entonces que “esa moción es una ofensa gratuita por parte del Lie. Baigés Chapel a este Tribunal” y lo condenó sumariamente a pagar una multa de treinta dólares o a cum-plir treinta días de cárcel. Ordenó entonces al magistrado que se transcribiese lo ocurrido, de modo que el recuento efectuado por el juez de lo aquí expuesto constituyese el fundamento de la orden de desacato. La sentencia emitida es un documento separado, donde no se hace referencia a los hechos constitu-tivos del desacato. Los actos constitutivos del desacato no se hacen constar tampoco de modo específico en la orden dic-tada en corte abierta. Tan sólo se manda a transcribir todo el incidente y se le incorpora a la orden.

En apelación ante nos el abogado perjudicado aduce dos errores: que la sentencia del Tribunal Superior es nula, por no haberse cumplido con los requisitos de la Regla 242 de Procedimiento Criminal, ni con la See. 3 de la Ley de Desacato, Ley de 1 de marzo de 1902, según enmendada, 33 L.P.R.A. see. 519, ni con los requisitos del debido proceso' de ley; y que es igualmente nula la sentencia por no consti-tuir desacato la conducta del apelante. El Ministerio Público considera que debe revocarse la sentencia por haberse incumplido la Regla 242 y la norma sentada en Coll Moya v. Alcaide, 89 D.P.R. 225 (1968), solicitando que se le releve de-discutir el segundo señalamiento de error.

I

La Regla 242 de las de Procedimiento Criminal dispone:

“(a) Procedimiento sumario. El desacato criminal podrá castigarse en forma sumaria siempre que el juez certifique que vio u oyó la conducta constitutiva de desacato, y que se cometió en presencia del tribunal. La orden condenando por desacato expon-drá los hechos y será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal.
(b) Procedimiento ordinario. Salvo lo provisto en el apartado (a) de esta regla, en todo caso de desacato criminal se le dará al acusado previo aviso la oportunidad de ser oído. El aviso ex-pondrá el sitio, hora y fecha de la vista, concederá al acusado un tiempo razonable para preparar su defensa, hará saber al acusado que se le imputa un desacato criminal y expondrá los hechos esen-ciales constitutivos del mismo. El acusado tendrá derecho a su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con las disposiciones de estas reglas. Si el desacato se fundara en actos o conducta irrespetuosa hacia un juez, éste no podrá conocer de la causa excepto con el consentimiento del acusado.”

La See. 3 de la Ley de Desacato supra, provee:

“Siempre que alguna persona fuere multada o encarcelada por desacato a una corte o a la Comisión Industrial deberá firmarse por el juez o comisionado sentenciador una orden o manda-miento para dicha multa o prisión, consignándose en el mismo el acto o actos constitutivos de dicho desacato, así como la fecha y lugar de su comisión y circunstancias de la misma, con espe-cificación de la sentencia del tribunal sin lo cual dicha sentencia quedará enteramente nula y sin efecto.”

No hemos tenido hasta ahora oportunidad de señalar la relación entre las dos disposiciones citadas, asunto que requiere especial atención, dado el hecho de que el Código Penal de 1974 no deroga la Ley de Desacato. A la luz de las múltiples salvaguardas con que la jurisprudencia y la doctrina crecientemente rodean los procedimientos sumarios, así como del historial de ■ los textos en cuestión, resolvemos que la orden a que se refiere la Regla 242 (a) es enteramente armoni-zable con la orden o mandamiento mencionado en la See. 3 de la Ley de Desacato, 33 L.P.R.A. see. 519, por lo que toda orden de desacato sumario debe cumplir con los requisitos de ambas disposiciones legales. No hemos hallado indicio de que la intención al adoptarse la Regla 242(a) fuese derogar pro tanto la See. 3 de la Ley de Desacato.

En lo que concierne a este aspecto del caso presente la cuestión se reduce en consecuencia a determinar si es válida una orden de desacato sumario que se limita a incor-porar por referencia la transcripción de todo lo ocurrido, sin especificar dentro de ese todo el acto o los actos constitu-tivos del desacato y sin cumplir con los otros requisitos que imponen la See. 3 de la Ley y la Regla 242 (a).

En Coll Moya v. Alcaide, 89 D.P.R. 225 (1963), se resolvió que no se requieren dos documentos separados de sentencia y mandamiento, pudiendo fundirse ambos en uno, pero tan sólo si se consignan en el mismo los actos específicos del desacato. Esta norma debe observarse rigurosamente. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 471 (1965).

La jurisprudencia interpretativa de la Regla 42(a) federal, equivalente a la Regla 242 (a) nuestra y ambas menos detalladas que la See. 3 de nuestra Ley de Desacato, esta-blece igual norma. En United States v. Marshall, 451 F.2d 372 (9th Cir. 1971), se incorporó la transcripción de evidencia mediante una referencia en la orden, sin citar las partes específicas de la transcripción contentivas del desacato. Se resolvió que dicho procedimiento violaba las disposiciones de la Regla 42(a). Véase también: Harris v. United States, 382 U.S. 162 (1965); Holt v. Virginia, 381 U.S. 131 (1965); 3 Wright, Federal Practice and Procedure (Criminal), see. 708, págs. 170-171. El caso de autos representa una si-tuación más extrema, pues el único documento firmado por el juez fue la sentencia y en ella no se incorporó por referen-cia la transcripción de los procedimientos.

En vista de los fundamentos expuestos, consideramos in-necesario discutir los señalamientos adicionales en que se apoya el apelante.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, emitió una opi-nión concurrente con la cual concurre el Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué; el Juez Asociado, Señor Negrón García, emitió otra opinión concurrente con la cual concurre el Juez Asociado, Señor Díaz Cruz; y el Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, emitió un voto particular con el cual concurre el Juez Presidente, Señor Trías Monge.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Presidente Señor Trías Monge

con la cual concurre el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1975

Estimamos que por su entrelazamiento con la cuestión dis-cutida en la opinión del Tribunal, así como por su considerable interés público, que apunta a la necesidad de fijar normas en esta zona del derecho, debemos expresarnos también sobre la contención del apelante de que la sentencia emitida incumple con los requisitos de la Regla 242(a) de Procedimiento Criminal, relativa al desacato sumario. La Oficina del Procura-dor General admite en su alegato que se violaron dichos requisitos.

Sólidas consideraciones jurídicas y de orden público la res-paldan. La trayectoria del derecho en este sector ha sido por largos años hacia el constreñimiento del desacato sumario en todo lo posible. Para evitar graves problemas de debido pro-ceso de ley, se le ha limitado a situaciones fuera de lo común, verdaderamente excepcionales, donde se amenace seria e in-minentemente la institución en sí de la justicia y se requiera acción instantánea para asegurar la marcha ordenada y digna de los procedimientos. In Re Little, 404 U.S. 553 (1972); Bridges v. California, 314 U.S. 252 (1941); Harris v. United States, 382 U.S. 162 (1965); 3 Wright y Miller, Federal Practice and Procedure, sec. 707, pág. 165. No debe estimarse que el desacato sumario proviene del derecho natural, del orden preestablecido e inmutable de las cosas. El desacato sumario es una antigua institución indígena del Derecho Común, 4 Blackstone, Commentaries 286 (14a ed. 1803). Se le desconoce generalmente en el Derecho Civil. Davis, H. H., Summary Punishment for Contempt, 39 So. Cal. L. Rev. 463, 467 (1966); Pekelis, A. H., Legal Techniques and Political Ideologies, 41 Mich. L. Rev. 655, 667-668 (1943). En el pro-pio Estados Unidos se ha abogado por la eliminación total del procedimiento sumario por estimarse que puede equivaler a una violación del debido proceso de ley. Davis, supra, passim.

No procedía utilizar en este caso el procedimiento sumario. Se recordará que la Regla 242(a) requiere para ello que el desacato se cometa en presencia del tribunal. 8A Moore, Federal Practice, sec. 42-01 [3], pág. 42-11; Odom, W. A. y Baker, L. A., Direct and Constructive Contempt, 26 Baylor L. Rev. 147 (1974). Si un abogado le envía a un magistrado una carta ofensiva a su dignidad, solicitando su inhibición en un litigio, no puede castigársele sumariamente. Cooke v. United States, 267 U.S. 517 (1925). ¿Se altera el resultado si el juez le ordena al abogado a repetir en corte abierta el contenido de su carta o moción? La contestación es que no. Harris v. United States, 382 U.S. 162 (1965). Holt v. Virginia, 381 U.S. 131 (1965). No es imprescindible en estas situaciones el castigo inmediato para vindicar el interés de la justicia. No existe un peligro claro y presente de obstrucción de los procedimientos judiciales. Nye v. United States, 313 U.S. 33 (1940); Bridges v. California, 314 U.S. 252 (1941); In re Casanova, 65 D.P.R. 226 (1945). De resolverse que la repetición obligada en corte abierta de un escrito puede servir de base para un procedí-miento sumario, se estaría subvirtiendo el propósito de la Regla 242(a). Notes, Summary Disposition Provided for in Rule Jp2 may not be Employed to Punish for Contempt of Grand Jury, 12 Wayne L. Rev. 699, 700 (1966).

—0—

Opinión concurrente del

Juez Asociado, Señor Negrón García,

con la cual concurre el Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1975

Concurro con la opinión del Tribunal que revoca la convic-ción y sentencia por desacato sumario impuéstale al acusado-apelante Pedro Baigés Chapel, abogado que representaba a un ciudadano en una causa criminal. Dicho dictamen expone correctamente la relación de hechos y normas de derecho apli-cables que resultan necesarias para su disposición.

Sin embargo, las expresiones adicionales vertidas por dos distinguidos jueces en opinión concurrente, me impelen — en un momento en que la judicatura puertorriqueña está siendo objeto de ataques y señalamientos, algunos viciosos y destruc-tivos y otros constructivos y apropiados — a cuestionar si resulta propio el que, sin cualificación de clase alguna, se le dé aplicabilidad en Puerto Rico a normas basadas en pensamien-tos o jurisprudencia de distinguidas autoridades, del antaño y del presente, que no tienen ningún tipo de vinculación directa ni conocimiento sobre el proceso judicial del país y los fenómenos que lo nutren.

El que en “los propios Estados Unidos se abogue por la eliminación total del procedimiento sumario”, o se manifieste determinada tendencia o corriente en otros aspectos del dere-cho u órdenes de la vida, no puede ser criterio exclusivo para que nuestras decisiones sigan dicho curso ciegamente. Distinto a la tendencia que se expone sobre el particular, fue motivo de preocupación por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, plasmado en las recientes leyes de reforma judicial, fortalecer la autoridad de los tribunales y continuidad de los procedi-mientos criminales. A tal efecto, y como ejemplos, la Ley Núm. 138 de 23 de julio de 1974 amplía la etapa en que se pueden continuar los procedimientos judiciales en ausencia de un acusado y autoriza a los tribunales, cuando un acusado intenta afectar el desarrollo normal de un juicio, a tomar medidas coercitivas, tramitar un desacato u ordenar su re-moción; la Ley Núm. 145 de igual fecha, diseña un procedi-miento para que un juez pueda ser sustituido y continúe el proceso; y en particular el Art. 235 del nuevo Código Penal, que además de aumentar la penalidad por desacato, confiere a todo magistrado dicho poder y lo hace extensivo a investiga-ciones judiciales.

Ninguna decisión puede hacerse con abstracción de las realidades del Puerto Rico contemporáneo. Nuestros jueces de instancia son soldados de primera línea, que sujetos al fragor de la contienda judicial tratan de impartir justicia en toda clase de causas en que, lógica y naturalmente están pre-sentes y a prueba las ideas, posiciones y tésis, no sólo de natu-raleza jurídica, sino sociológicas, ideológicas, económicas, y otras. Es por ello que la condición de juez exige atributos óptimos de honradez, inteligencia, paciencia, laboriosidad, in-dependencia de pensamiento, amplitud de criterio y sobre todo tolerancia.

Como custodios de la fe y la autoridad judicial les corres-ponde mantener el orden y la dignidad de los tribunales, con-servando siempre un sereno equilibrio, velando por que sus actuaciones sean con mesura y firmeza; particularmente ante ataques directos. De él se espera un dominio adicional sobre las reacciones normales humanas.

No obstante, ello no significa que cuando se trasciende lo normal en el recinto del tribunal, el trámite sumario de desacato está inhibido porque el ataque se exprese únicamente por el medio escrito. El derecho que reconozco a un abogado de. desplegar vehementemente todas las defensas posibles en la causa de su representado no significa inmunidad para el insulto.

Es absurdo pensar que solamente la obstrucción manifes-tada física o verbalmente puede dar margen al trámite suma-rio de desacato. Un escrito insolente presentado a un magis-trado que preside una sesión, irrespectivamente de que sea reproducido verbalmente por su autor durante el proceso por acción voluntaria u obligada, es capaz de afectar y obstruir el desenvolvimiento normal de las labores judiciales. En tal caso, presentes los demás requisitos, la utilización del trámite sumario no sólo sería el apropiado, sino aconsejable como único medio garantizador de la continuidad del proceso y para vindicar efectivamente la dignidad del tribunal, manchada gratuitamente por el contenido del escrito.

Convengo que en este caso la repetición obligada por el apelante Ledo. Baigés Chapel del contenido de la moción de desistimiento ante el tribunal, no era base suficiente para seguirse el trámite de desacato sumario: Pueblo v. Gelpí, 59 D.P.R. 36 (1941). Sin embargo, por las razones previamente expuestas, no puedo coincidir con la conclusión de la Opinión concurrente al efecto de que “. . . [de] resolverse que la repe-tición obligada en corte abierta de un escrito puede servir de base para un procedimiento sumario, se estaría subvirtiendo el propósito de la Regla 242(a).”

Estimo que tal juicio categórico resulta erróneo y res-ponde más bien a un enfoque conceptual con abstracción de la realidad situacional, tácticas y variantes que acontecen y pueden surgir ante nuestros tribunales.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

con el cual concurre el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1975

Lamento tener que terciar en lo que, por virtud del voto particular del hermano Juez Negrón García, se convierte en una polémica académica sobre el uso por los jueces de su poder para castigar sumariamente a un ciudadano por desacato. Dicho voto particular va dirigido a cuestionar la validez para nuestro medio y en nuestro tiempo de las expresiones vertidas por el Juez Presidente en su voto concurrente. Es decir, es un voto disintiendo de una opinión concurrente. Seis jueces de este Tribunal le niegan su apoyo a la ponencia concurrente. Ahí debía ponerse punto final al asunto, pero no ocurre así. Y en ese vigoroso disenso a la ponencia concurrente — conti-nuamos en un ejercicio académico — se habla de los ataques a la judicatura puertorriqueña y se hace una apología de los jueces de instancia como soldados de primera línea, como si el poder de castigar sumariamente por desacato fuera el arma de defensa de los jueces y la ponencia concurrente pretendiera despojarlos de ella.

He dado mi voto de aprobación a la opinión concurrente porque entiendo que no quita ni un ápice a los poderes de los jueces para hacer respetar la dignidad de su ministerio. La dignidad no se hace respetar con el látigo del desacato; se hace respetar con el ejemplo de ecuanimidad que debe haber en cada juez, en que está ínsito el respeto que ellos a su vez le deben a los abogados y a la ciudadanía en general.

La opinión concurrente es una nota de precaución, no para imponer el desuso del desacato sumario, sino para prevenir su abuso. El castigo sumario por desacato raya en la privación del debido proceso de ley, y deforma la imagen de la justicia. Es una excepción al principio de que no se puede ser juez y parte. De ahí que en la opinión concurrente se advierta sobre su trayectoria decadente.

Para terminar este breve comentario, copio a continuación las siguientes palabras, tan de actualidad hoy como cuando se dijeron hace un cuarto de siglo, dichas por el Juez Presidente Señor Del Toro en De Torres v. Corte, 58 D.P.R. 515, 527-528 (1941):

“La mejor práctica a seguir es ignorar las ofensas persona-les que puedan inferirse a los jueces, confiando éstos en que su actuación serena, firme y sin prejuicios, y la resolución últimadel caso basada estrictamente en los méritos del mismo, constituirán una vindicación más efectiva que la condena directa del ofensor.

Es cuando el desacato tiende a obstruir y en' efecto obstruye la debida administración de la ley, cuando se altera el orden o se desobedece el mandato del tribunal, que los jueces deben actuar sin demora. Entonces su actuación se impone como algo nece-sario y ejerce una influencia saludable en el seno de la sociedad que se da cuenta exacta de que las cortes, baluarte de los derechos del ciudadano, no sólo dan a cada uno lo que es suyo, si que tienen poder para realizar su misión venciendo los obstá-culos que puedan presentársele castigando perentoriamente a aquéllos que los crean.

Por el contrario, cuando al desacato se recurre con dema-siada frecuencia por injurias personales a los jueces, aunque técnicamente se tenga razón, al castigar al delincuente, en vez de fortalecerse el prestigio de las cortes en la conciencia social, se debilita, y la extraordinaria facultad de convertirse en juez y parte que el ejercicio del poder implica, produce más bien la impresión del uso de un privilegio que la del cumplimiento de un deber.”


author: per CURIAM:

text:
    Rosa López Gómez, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Hon. Filiberto Santiago Rosario, Juez, demandado; Juan José Sainz Rodríguez, interventor.

      Número: O-74-236

      Resuelto: 20 de mayo de 1976

      Santiago & Pagani, abogados de la peticionaria; Guillermo Bauza y J. Bauza Agrinsoni, abogados del interventor.
   per CURIAM:

El 5 de junio de 1969 se emitió sentencia en este caso disolviendo el vínculo matrimonial existente entre la recurrente y el recurrido durante siete años. No procrearon hijos. Por estipulación de las partes, se le fijó a la recurrente en la sentencia una pensión alimenticia de cien dólares men-suales. El recurrido, profesor universitario, pagó las mensua-lidades correspondientes hasta diciembre de 1969 y alimentos pendente lite desde enero de dicho año.

El 25 de junio de 1971 se enmendó la sentencia nunc pro tune para incorporarle un apercibimiento al recurrido de que se le encontraría incurso en desacato en caso de que no pagase los alimentos ordenados por el tribunal. No está ante nos el récord que provoca esta enmienda, como tampoco la transcrip-ción de evidencia del caso original de divorcio.

El 17 de setiembre de 1973 la recurrente compareció dentro del pleito del divorcio y radicó una moción de desacato, ale-gando que el recurrido no le ha pagado alimentos desde enero de 1970. El 18 de diciembre de 1973 solicitó el recurrido que se le eximiese del pago de la pensión alimenticia. Se celebró una vista el 18 de marzo de 1974, a la cual comparecieron ambas partes. En dicha vista el recurrido alegó también que la fijación de la pensión era nula.

Declaró tan sólo la recurrente, quien explicó, en términos muy generales, que hizo algunas gestiones para el pago de las sumas atrasadas (T.E. págs. 11-12) y que estuvo ausente en su país natal, España, desde febrero de 1972 hasta enero de 1973. La ilustrada sala sentenciadora concluyó que la promo-vente aparentaba ser una mujer joven y saludable, que tenía 35 años y el promovido 43 y que de estas determinaciones in-fería “que se fijó una pensión en papel que nunca se reconoció por las partes”, aunque no hizo pronunciamiento formal alguno respecto a si dejaba sin efecto o alteraba la pensión fijada. Exoneró, no obstante, al recurrido en el incidente de desacato, por estimar que dicho remedio “no es el indicado en un caso que presenta las circunstancias de éste.” De esta reso-lución es que se recurre ante nos.

No podemos convenir en que la pensión fijada fue una pensión en papel nunca reconocida por las partes. Fue una pensión estipulada por los representantes legales de las partes, práctica conforme a derecho. Casiano v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 327, 328 (1973). Fue, además, una pensión honrada por el recurrido por varios meses que luego decidió repudiar de propia iniciativa, sin acudir a los tribunales para su cambio o eliminación. Todo alimentante tiene el deber de distribuir sus ingresos de forma que pueda cumplir con su obligación, Munet v. Ramos, 69 D.P.R. 353 (1948), y en caso de no poder cumplirla tiene el deber afirmativo de recurrir al tribunal para que pueda alterarse la pensión. La reducción, de ser concedida, sólo puede surtir efecto a partir de la fecha que se solicita. Valdés v. Hastrup, 64 D.P.R. 595, 601 (1945); García v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 517, 524 (1949). No puede premiarse al alimentante que se cruza de brazos, deja vencer un número de pagos y confía burlar así las órdenes de los tribunales. Es claro, por tanto, que el recurrido le adeuda a la recurrente los plazos correspondientes a la pensión fijada desde el momento que interrumpió su pago hasta al menos la fecha de su moción de 18 de diciembre de 1973. En cuanto a los argumentos del recurrido relativos a la nulidad de la sentencia, no son procedentes, por supuesto, en esta etapa por constituir un ataque colateral a la sentencia. Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631 (1954).

Queda el problema, sin embargo, del procedimiento ade-cuado para cobrar la pensión adeudada. A la luz del récord fragmentario ante nos y ante el propio tribunal de instancia estimamos que no es aconsejable dentro de las circunstancias específicas de este caso una determinación tanto por parte del tribunal recurrido como por la nuestra sobre si la prueba adu-cida hasta el momento cumple con los requisitos impuestos en Villa v. Corte, 45 D.P.R. 879-900 (1933), para justificar el uso del desacato civil o si debe aeudirse a otro remedio, pre-feriblemente dentro del mismo procedimiento, para obtener el debido cumplimiento de las órdenes del tribunal respecto a la pensión acordada.

Se deja sin efecto en consecuencia la resolución recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que determine él modo más expedito y eficaz de obtener el cumpli-miento de la providencia dictada respecto a los alimentos en la sentencia de divorcio aludido y resuélva a su vez lo que pro-ceda respecto a la moción del recurrido de 18 de diciembre de 1978.


text:
    Salvador Collazo Cartagena, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Hernández Colón, Gobernador de Puerto Rico, Sr. José D. Castro González, Alcalde Municipio de Jayuya, demandados y apelados.

      Número: O-74-477

      Resuelto: 22 de mayo de 1975

      José Ramón Pérez Hernández, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En 15 de diciembre de 1970 el apelante fue nombrado Director Local de la Defensa Civil en Jayuya, Puerto Rico. En 17 de junio de 1971, el Alcalde de dicho municipio, mediante carta, creyendo que tenía facultad para ello, le con-cedió “permanencia” en el cargo. En 12 de marzo de 1973 el Alcalde lo suspendió de empleo y sueldo por treinta días, mediante carta de esa fecha. El día 22 de dicho mes y año el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Rafael Hernández Colón, mediante carta lo destituyó, efectivo el 31 de marzo de 1973.

Ante nos la posición del apelante es la siguiente: (1) que él era un empleado municipal permanente y que a tenor con lo dispuesto en el Art. 93 de la Ley Municipal era necesario formularle cargos y probárselos en una vista pública, lo cual no ocurrió; y (2) que fue despedido por motivaciones políticas en violación de la Constitución de Puerto Rico.

Atenderemos las dos cuestiones arriba mencionadas en el mismo orden en que las hemos expuesto.

La Oficina de Defensa Civil, adscrita a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico, fue creada para atender situaciones de emergencia, tales como huracanes, terremotos, inunda-dones y ataques por un enemigo al país. La ley mediante la cual se creó dicha Oficina de Defensa Civil dispone que el Director de Defensa Civil, sujeto a la dirección y control del Gobernador, será el Jefe Ejecutivo de la Oficina de Defensa Civil y será responsable al Gobernador. 25 L.P.R.A. see. 183 (d). Dispone también dicha ley que el Gobernador “tendrá la dirección general y control de la Oficina de Defensa Civil Estar dual y la de todos los municipios” (Bastardillas nuestras.) 25 L.P.R.A. see. 135. En la sección citada y en la que le sigue se relacionan los amplios poderes conferidos por ley al Gobernador sobre esta materia, los cuales guardan proporción con los desastres posibles o potenciales para atender los cuales se creó la Oficina de Defensa Civil. También dispone la ley que al Gobernador “se le confiere la facultad de hacer los cambios de personal que estime necesarios, en cualquier orga-nización local” (Bastardillas nuestras.) 25 L.P.R.A. see. 137 (b). Al decir la ley “organización local” se refiere a la agencia local de defensa civil. 25 L.P.R.A. see. 137 (a).

Para un mayor entendimiento de la Ley de Defensa Civil, de sus propósitos y del funcionamiento de dicha organización, creemos útil transcribir lo dicho en Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982, 990-992 (1972):

“[L]a Ley de Defensa Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 183 del 1ro. de mayo de 1951, 25 L.P.R.A. sees. 130 y siguientes . . . creó la Oficina de Defensa Civil Estadual, adscrita a la Oficina del Gobernador, con el propósito de asegurar la protección del orden, la salud y bienestar general en caso de 'desastres cau-sados por la naturaleza o por fuerzas enemigas. Se trata de un organismo público diseñado para atender situaciones de emergen-cia y a tales fines se le otorgan poderes adecuados. La ley pro-mueve la eficacia de este organismo mediante la centralización de poderes en la persona del Gobernador de Puerto Rico. A éste compete la dirección general y el control de la Oficina de De-fensa Civil Estadual y la de todos los municipios. A él se le con-fiere la facultad de asumir, cuando lo estime necesario o con-veniente, el control directo de todas o parte de las operaciones y

funciones de la defensa civil. Art. 6 de la Ley de Defensa Civil, supra, 25 L.P.R.A. see. 135.

Tal es la importancia del elemento de centralización en la estructura administrativa de la Defensa Civil, que aun cuando el Director Local de Defensa Civil es nombrado por el Alcalde con el consentimiento de la asamblea municipal, éste queda sujeto a la dirección y control del Gobernador. Más todavía, la ley con-fiere específicamente al Gobernador ‘la facultad de hacer los cambios de personal que estime necesario, en cualquier organización local.’ Art. 8, 25 L.P.R.A. sec. 137.

Los desastres de cualquier índole — sean ya causados por la naturaleza o por fuerzas enemigas — generalmente crean descon-cierto y trastornos en la vida de la comunidad. Producen un estado de emergencia que requiere acción rápida y coordinada. Tal acción se logra con mayor eficacia cuando la línea de autori-dad es clara y centralizada. Es por eso que la Ley de Defensa Civil confiere todos los poderes al Gobernador, incluyendo el hacer los cambios de personal que estime necesario en cualquier organización local. El ejercicio de esta facultad por los alcaldes de los 76 municipios de Puerto Rico daría margen a conflictos de criterio que entorpecerían la acción rápida y coordinada en casos de graves emergencias dando al traste con los propósitos de la Ley de Defensa Civil.

Como hemos visto, la facultad de hacer los cambios de personal corresponde al Gobernador de Puerto Rico y no a los alcaldes.”

En vista de las antes mencionadas disposiciones de la Ley de Defensa Civil de Puerto Rico es claro que los alcaldes no tienen facultad para dar permanencia a funcionarios y empleados de la Defensa Civil, porque la ley concede expresamente al Gobernador la facultad de hacer los cambios de personal que estime conveniente hacer en dicha organización. Además, el personal de la Defensa Civil no está sujeto a las disposiciones de la Ley de Personal, lo cual coloca a dicho personal en el servicio exento. Ley de Defensa Civil, Art. 4, 25 L.P.R.A. sec. 133 (b) in fine.

Las anteriores disposiciones de ley antes citadas son con-sustanciales con la naturaleza de la organización denominada Defensa Civil, naturaleza que ya antes hemos descrito. La Defensa Civil, como el Ejército y la Policía, son cuerpos crea-dos para atender situaciones anormales y de emergencia. En dichas situaciones, el sentido común y la experiencia demues-tran que se necesita el mando unificado, un alto grado de dis-ciplina y la ejecución rápida de las órdenes.

La insistencia del apelante en el Art. 93 de la Ley Municipal hace necesario, o por lo menos conveniente, que señalemos cuestión tan fundamental como la jerarquía o prelación de las fuentes del derecho. Sin entrar en consideraciones filosóficas, por ser innecesario a los fines de resolver este caso, sobre si la fuente primaria del derecho fue la revelación divina, o la razón del hombre como ente pensante, o si el derecho es un subproducto del proceso histórico-social, para los fines prácticos de su aplicación la jerarquía de las fuentes del derecho legislado puertorriqueño son las siguientes: (1) la Constitución de Puerto Rico; (2) las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa; (3) las reglas y reglamentos aprobados y promulgados bajo autoridad de ley por los organismos públicos; y (4) las ordenanzas-municipales. Cuando no-haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la. razón natural de acuerdo con los. principios generales del derecho, y los usps y costumbres aceptados y establecidos, según, dispone -el; Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 7. La-.jurisprudencia interpreta y aplica la ley a los casos concretos, llena las lagunas cuando las hay y, en . lo posible, armoniza las disposiciones de ley que estén o que parezcan estar en conflicto. Márquez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 559, 564 in.fine (1962); United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 196 .(1963); Vdq. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 934, 943 (1967); Roblés Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583, 585 (1968); Pueblo v. Batista Maldonado, 100 D.P.R. 936, 939 in fine (1972); Flores v. Meyers Bros, of P.R., Inc., 101 D.P.R. 689, 692 (1973).

En adición a lo anterior, la Ley de Defensa Civil es una ley especial para regir una determinada organización y sus disposiciones prevalecen sobre aquellas de la Ley Municipal, la cual es una ley de carácter más general. Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759, 764 in fine (1968). Las disposiciones antes citadas sobre control y cam-bio de personal en la Defensa Civil prevalecen, en lo que a esa organización se refiere, sobre el Art. 93 de la Ley Municipal. Además de esta razón metodológica, la razón básica y sustantiva para que esto sea así es la naturaleza de cuerpo de emergencia de la Defensa Civil, cosa que hemos antes mencionado.

En cuanto al segundo planteamiento tampoco tiene razón el apelante. La propia Sala de instancia, Hon. José Rivera Barreras, Juez, concluyó que la suspensión fue decretada “como medida disciplinaria.”

Véanse las siguientes contestaciones dadas por el Alcalde apelado a un interrogatorio héchole por el apelante. Mediante el interrogatorio núm. 11 se le pregunta si después de él (el Alcalde) tomar posesión de su cargo tuvo algún incidente con el apelante. Contestación: “Varios incidentes ocasionados por su forma y manera del señor Collazo Cartagena desempeñar sus funciones.” En el interrogatorio núm. 13 se le pide que admita si el 29 de enero de 1973 se comunicó con el apelante. Contestación: “Se admite. Ausencia del trabajo sin notificar dónde localizarlo en caso de emergencia.” En el interrogatorio núm. 25 se le pregunta que por qué razón suspendió de empleo y sueldo al apelante. Contestación: “Por indisciplina, aban-dono de sus deberes e ineficiencia.”

En el interrogatorio núm. 7 que el apelante hizo al Gobernador de Puerto Rico, le preguntó que por qué razón lo destituyó. Contestación: “Actos de insubordinación e incum-plimiento de los deberes del cargo ocupado.”

Según la tarea judicial es de los jueces, la tarea de admi-nistrar es de los administradores. Unos y otros somos servi-dores públicos y servimos al país, al bien común. Unos y otros tenemos el deber de actuar dentro del marco que la Constitu-ción y las leyes delimitan. Las funciones de ambos deben ejercerse, si bien con rectitud e integridad también, en lo que sea compatible con lo anterior, en forma civil. Civiliter decían los antiguos. La intervención de una rama de gobierno con la otra es la excepción y siempre por los canales que la Consti-tución y las leyes autorizan y por razones de peso y de la más genuina y alta naturaleza pública.

En vista de lo anterior, se confirmará la sentencia apelada.

       Sobre teorías de las fuentes del derecho puede verse: Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I, Vol. 1, 9na. ed. (1955), pág. 274; Del Vecchio, Filosofía del Derecho, 7ma. ed. revisada por Legaz Lacambra, Ed. Bosch (1960) pág. 339 y ss.; Becasens Siches, Vida Humana, Sociedad y Derecho, 2da. ed. (1945), Cap. X; Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Tomo 1, Vol. 1 (1957), pág. 242 y ss.; Espín, Manual de Derecho Civil Español, Vol. 1, 3ra. ed. (1968), págs. 92-123; Gray, The Nature and Sources of the Law, 2da. ed., Parte II; Boden-heimer, Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law, Harv. U. Press (1962), Cap. XV; Pound, Jurisprudence (1959) Tomo III, Cap. 16; Patón, Jurisprudence, 4ta. ed., Oxford U. Press (1972), Cap. VI.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Andrés Torres Saldo y Miguelina Roche, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su Departamento de Instrucción Pública, demandado y recurrente.

      Número: R-73-87

      Resuelto: 27 de mayo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Héctor R. Orlandi Gómez, Ruth Tentori de Lebrón Velazquez y Justo Gorbea Varona, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del Estado Libre Asociado; Wilfredo Colón Pagan, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una demanda de daños contra el Estado Libre Asociado por los padres de un menor de ocho años de edad que al salir de la escuela José Julián Acosta de Ponce sufrió una caída que le causó la muerte. El tribunal de instancia im-puso responsabilidad al Estado Libre Asociado. El Procurador General nos pide la revocación de la sentencia basándose en la insuficiencia de la prueba.

El día de los hechos a que se contrae la demanda faltó el maestro que tenía a su cargo el último período de clases. Siguiendo la norma establecida para estos casos, los niños fueron despachados acompañándolos un maestro hasta el portón, ayudándolos éste a cruzar la calle que está frente a la escuela y dejándolos en la acera que conducía a la próxima calle. El menor Andrés Torres Roche así como otros niños del mismo salón comenzaron a jugar en los terrenos contiguos a la acera de salida de la escuela.

No hay prueba de cómo ocurrió la caída del menor. El joven Hernán Nigaglioni, que ayudó a cargarlo hasta la ofi-cina del principal, declaró que antes de que se encontrara al menor tirado en el suelo él lo había visto en la acera tamba-leándose . . le pregunté que le pasaba y el dijo que no le pasaba nada, le pregunté que si lo llevaba a su casa y me dijo que no, entonces yo me fui. . . .” (T.E. pág. 121.) El principal de la escuela describió el estado del niño “. . . me le acerqué inmediatamente y noté que el niñito pues estaba con los ojos medio viraditos, como cuando a uno le da algún mal; noté que tenía las manos cerradas, tenía en la cara un poco de tierra; le noté que tenía la lengua pinchada entre los dientes y tenía un vidrio enterrado por la lengua que yo se lo saqué y eso quedó grabado en mi mente.” (T.E. págs. 8 y 9.)

La prueba sobre las condiciones del terreno donde se en-contró al menor demostró, y así lo concluyó el tribunal, que el terreno era plano, no había piedras ni escombros, estaba clara la vegetación aunque estaba bordeada por malezas. El testimonio pericial fue en el sentido de que la lesión presen-tada por el niño era indicativa de que éste sufrió un fuerte golpe.

No teniendo prueba directa que estableciera la relación causal entre las condiciones del terreno y la caída del menor el tribunal de instancia suplió la omisión montando la imposi-ción de responsabilidad en meras conjeturas sobre la forma en que el niño sufrió el golpe:

“De estas circunstancias expresamente establecidas, podemos determinar que el niño sufrió el referido golpe de cualquiera de las únicas tres formas posibles que indicaremos a continuación:
a) Que haya sido lanzado al suelo al ser empujado por cual-quiera de los otros niños; forma muy probable dado el hecho de que los niños se pusieron a jugar de esta manera; dicho niño tenía un peso inferior al normal en un niño de su edad y la evi-dencia demuestra que algunos niños eran lanzados al suelo como consecuencia de tal juego.
b) Que haya tropezado y caído; de haber sido esta la forma, lo más probable es que haya sido como consecuencia de haber tropezado con alguno de los objetos abandonados en el terreno o a consecuencia de haber caído en alguno de los hoyos que allí existían. Sin embargo, de haber recibido la referida lesión a causa de un tropezón el niño tenía necesariamente que haber caído de espaldas. Es improbable que una persona caminando o corriendo de frente caiga de espaldas a consecuencia de un tro-pezón.
c) Que alguna otra persona haya agredido al niño por la cabeza con cualquier objeto contundente.
De haber recibido el golpe de cualquiera de las primeras dos formas posibles que hemos expuesto anteriormente, resulta fácil determinar que el mismo no lo recibió en el sitio específico en que fue encontrado ya que en dicho sitio específico el terreno estaba libre de escombros y demás objetos, el mismo era llano y estaba claro de vegetación aunque sí estaba rodeado por bas-tante maleza, y sobre todo, por razón de la posición en que fue encontrado su cuerpo, o sea boca abajo y presentaba contusiones y tierra en la cara, inclusive un pedazo de vidrio incrustado en la lengua, todo ello indicativo que el niño cayó en ese sitio de frente. De haber sufrido tal golpe como consecuencia de una caída, bien sea por que lo empujaron lanzándolo al suelo o por algún tropezón, la misma tiene que haberse producido de espal-das, o sea, que el niño tuvo que haber caído de espaldas, ya que la fractura ocurrió en el hueso occipital, el cual se encuentra en la parte posterior e inferior de la cabeza. Recordemos que uno de los testigos declaró haber visto al niño antes de ser encontrado inconsciente y que cuando lo vio, este estaba tambaleándose como si estuviera mareado. Es sumamente probable que en esta ocasión ya el niño hubiera recibido el golpe y que hubiera cami-nado hacia el sitio donde cayó boca abajo”.

Reconociendo las dificultades prácticas que envuelve el probar un hecho con certeza matemática, la Ley de Evidencia permite el uso de prueba indirecta, esto es, probar el hecho en controversia, probando otros distintos del cual aquél se puede lógicamente inferir. Art. 10 Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1630.

No significa esto, sin embargo, que a guisa de inferencias o presunciones se dé por probado un hecho a base de simples conjeturas, que fue lo que en efecto hizo el tribunal de instancia.

Nótese que el tribunal de instancia partió de tres posibili-dades ninguna de las cuales podía inferirse de la prueba. La posibilidad de que el niño hubiese sido lanzado al suelo al ser empujado por otros niños es completamente contraria a la prueba desfilada. Esta demostró que el niño jugaba solo separado completamente de los otros niños que jugaban entre sí empujándose. Ninguno de los otros niños vio cómo ocurrió la caída. La prueba no controvertida y a la cual el tribunal dio crédito demostró que un poco antes el menor estaba solo tambaleándose.

Igualmente es mera especulación el que el menor hubiese tropezado debido a la condición del terreno pues el propio tribunal de instancia concluyó que el sitio donde encontraron inconsciente al menor estaba libre de escombros y demás obje-tos.

Confrontándose con la inconsistencia de su propio razonamiento el tribunal acude a la posibilidad de que el niño hubiera recibido el golpe en otro sitio y que hubiera caminado hacia el sitio donde cayó. El campo de las posibilidades es siempre amplio y complaciente y por eso la mera posibilidad, a diferencia de la probabilidad, no puede servir de base para probar un hecho.

El proceso adjudicativo requiere mayor certeza para poder imponer responsabilidad por negligencia que la que refleja las conjeturas del tribunal de instancia.

Se dictará sentencia revocando la recurrida.