text:
    José Cestero Jiménez, peticionario, v. Hon. Ramón Pérez de Jesús, Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Relaciones de Familia, demandado.

      Número: JO-76-12

      Resuelto: 28 de mayo de 1976

      Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogados del peticionario; Ramírez, Segal & Latimer y Raúl E. Casanova Balado, abo-gados de Sara M. Yordán Fonollera.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Decretado un divorcio en la Sala de Relaciones de Familia del Tribunal Superior, han continuado procedimientos diri-gidos a la liquidación y división del haber de la sociedad de gananciales que se aproxima al millón y medio de dólares. El tribunal tiene además pendientes mociones de aparente prio-ridad sobre pensión y alimentos de la ex-esposa. Como premisa inicial, parécenos que un pleito para distribución del caudal ganancial entre ex-cónyuges se aleja, por su naturaleza patrimonial, de la competencia usualmente asignada a un juez de relaciones de familia que demanda el continuado ejercicio de una facultad refinada entre las exigencias del Derecho y las realidades humanas de pasiones, emociones y sentimientos, labor que impone una adicional carga anímica a la de por sí complicada función de todo juzgador. En una Sala de Rela-ciones de Familia son más atendibles las humanas dificultades de niños, padres y esposos que la disputa de estas partes para repartirse ganado, acciones y cuentas bancarias. Al consi-derar la vieja objeción de costo para los litigantes cuando el pleito se refiere a un Comisionado no ha de arrostrarse el costo social que algunos litigios descargan sobre el sistema de administración de justicia.

Con sólo anunciar el juez que designará un comisionado especial con encomienda de oír y adjudicar en su informe las reclamaciones respecto a partición de bienes, el antes marido recurre en certiorari para que el propio juez, y no un master o contador sea quien asuma la función adjudicativa en toda la línea.

La Regla 41.2 de Procedimiento Civil declara que la encomienda de un asunto a un comisionado en el Tribunal de Primera Instancia será la excepción y no la regla [y que] “no se encomendará el caso a un comisionado en ningún pleito, salvo cuando estuvieren envueltas cuestiones sobre cuentas, si no se demostrare la existencia de circunstancias excepcionales que lo requieran.” Parkhurst v. Parkhurst, 76 D.P.R. 212, 223 y ss. (1954). La regla tiende a preservar la integridad del sistema al que la Constitución extendió el ejercicio del Poder Judicial y que diseñó como unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Constitución del Estado Libre Asociado, Art. V, Secs. 1 y 2. La delegación de facultades de juzgador implícita en la designación de un comisionado ha de justificarse a plenitud como solución única a situación extrema. Sin embargo, dentro del compromiso con nuestra sociedad de insuflar dinamismo y ritmo acelerado a la tramitación de pleitos, haciendo justicia rápida sin incurrir en el vicio de la festinación, debe evitarse que litigantes con capacidad económica para sufragar el costo de un comisionado o contador partidor reclamen para sus desavenencias una parte desproporcionada del tiempo que un juez debe dedicar a los numerosos asuntos de otras personas en busca de justicia en su sala. El riguroso lenguaje de la Regla 41.2, que sigue a la 53(b) de Enjuiciamiento Civil de 1943 aprobada hace 33 años, no está al margen de la conciencia contemporánea del incremento en la litigación civil conten-ciosa, del alto costo social originado por algunos pleitos en términos del tiempo que toman a servidores públicos del sistema judicial y la creciente tendencia a utilizar instru-mentos disponibles como árbitros, contadores, peritos y comi-sionados especiales para hacer viable el funcionamiento del sistema. Hay que recordar que estos agentes principalmente encargados de dirimir intrincadas cuestiones de hecho o aclarar un extremo específico del caso, van en auxilio del tribunal, sin desplazarlo. Compete al juez hacer una exi-gente evaluación de todos los factores en que se cuentan su alto deber ministerial, la especialidad técnica del litigio, los intereses de las partes, el tiempo que reclaman para su controversia y el estado del calendario de su sala, antes de llegar al remedio excepcional de llamar un comisionado.

De la resolución que estamos revisando y demás constancias en el expediente aparece que las partes están usando el descubrimiento de prueba, que los activos de la sociedad conyugal son divisibles sin gran dificultad y hasta la posibilidad de que las partes concurran en una liquidación y división voluntarias, por lo que en este momento procesal no estimamos presentes las circunstancias de excepción que requieran el desdoblamiento de la función judicial. Si más adelante se concretase la necesidad clara de un comisionado queda abierta esa opción en beneficio del sistema judicial y del propio interés de las partes en una decisión rápida por lo que al revisar la resolución recurrida corregimos su prematuridad, sin perjuicio de que se reproduzca si llegare el momento de necesidad excepcional que justifique tal acción. Una decisión sobre las mociones pendientes relativas a pensión y alimentos de la recurrida, de tener carácter urgente, no ha de ser diferida en espera de la liquidación final de la ex-tinta sociedad.

A tenor de la Regla 50 de nuestro Reglamento, se expide el auto y se anula la resolución dictada el 23 de marzo de 1976 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, a cuya ins-tancia se devuelve el caso para procedimientos compatibles con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqüé

license: Public Domain

text:
    Roberto Meléndez Piñero y Otros, demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of P. R., Inc., codemandada y peticionaria; José Manuel Fajar y Otros, demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of P. R., Inc., codemandada y peticionaria; José Lino Soto y Otros, demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of P. R., Inc., codemandada y peticionaria.

      Número: O-75-579

      Resuelto: 28 de mayo de 1976

      O’Neill & Borges y Jorge Souss, abogados de la peticionaria; Juan T. Peñagarícano, Jr., abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqüé

emitió la opinión del Tribunal.

Están pendientes ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, tres demandas consolidadas en que alrededor de 500 personas reclaman contra Levitt & Sons of P.R., Inc., aquí peticionaria, por alegados vicios de construcción de casas adquiridas por ellos y construidas por la peticionaria. Cada demanda expone en causas de acción separadas lo que cada demandante reclama por el costo de reparación de su casa y en todas las causas de acción cada demandante reclama $5,000 por daños punitivos, $10,000 por daños morales, $100 por transportación de sus muebles y $40 mensuales por su al-macenaje mientras duren las reparaciones, $500 para pago de renta de otra vivienda por ese tiempo, y $4,000 por deprecia-ción. Las tres demandas- fueron presentadas el 3 de enero de 1973 y el 8 y 20 de octubre de 1974, respectivamente, habién-dose enmendado desde entonces en por lo menos diez ocasiones para adicionar a otras personas como reclamantes.

El 14 de julio de 1975 la demandada formuló interrogato-rios a cada demandante, contenidos en 15 pliegos con un total de 18 preguntas con sus correspondientes subdivisiones. El 15 de julio los demandantes objetaron los interrogatorios mediante la alegación general de que son “opresivos e innece-sarios”, sin particularizar respecto de cada uno, y adujeron además que el tribunal había nombrado un comisionado especial y próximamente nombraría un ingeniero perito que exami-nara las casas. La peticionaria replicó oportunamente a dicha objeción insistiendo en que debían contestarse los interrogato-rios. Como transcurrieran varios meses sin que el tribunal a quo proveyera sobre la cuestión, la peticionaria solicitó me-diante sendos escritos que se ordenara su contestación. Final-mente, el tribunal, sin celebración de vista y sin exponer razo-nes,, dictó resolución el 6 de noviembre de 1975 en que declaró “no ha lugar” a los interrogatorios, negándose a reconside-rarla por resolución de 21 de noviembre de 1975 concebida en iguales términos.

La peticionaria ha recurrido ante nos en solicitud de certiorari. El 22 de enero de 1976 emitimos la siguiente reso-lución :

“Se concede a los demandantes recurridos un término de 20 días para que expongan las razones que a su juicio hubiere por las que no debamos expedir auto de certiorari para revisar y proveer lo que procediere respecto de la resolución del Tribunal recurrido de 6 de noviembre de 1975 que denegó moción de la parte aquí recurrente para que se ordenara a los demandantes contestar interrogatorios que le fueran formulados.”

En Girard Industries Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 680 (1975), reiteramos nuestra condena de “toda resistencia sutil o abierta al franco descubrimiento de prueba.” Y bastará una ojeada a las anotaciones de nuestra jurisprudencia que siguen- a la Regla 30 de Procedimiento Civil que regula la materia de interrogatorios, en 32 L.P.R.A. Ap. II, para advertir nuestro interés en facilitar el uso de interrogatorios como parte de “un sistema liberal de descubrimiento de pruebas antes del juicio [que] facilita la tramitación de los pleitos y evita los inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio.” Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959).

La Regla 23.2, que trata sobre deposiciones y a que remite la Regla 30 para determinar los asuntos a que pueden refe-rirse los interrogatorios a las partes, establece como únicas limitaciones, las cuestiones privilegiadas y las no pertinentes a la controversia objeto del pleito. Ni siquiera es objetable un interrogatorio, bajo dicha Regla, porque el testimonio sea inadmisible en el juicio, si hay probabilidad razonable de que produzca el descubrimiento de prueba admisible.

La Regla 30 de Procedimiento Civil no establece límite en cuanto al número de preguntas en un interrogatorio ni en cuanto al número de interrogatorios que puedan ser requeridos por una parte. Comentando la Regla 33 federal, originaria de la 30 nuestra, se dice en 8 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, Sec. 2168: “No hay limitación sobre el número de preguntas que puedan incluirse en un interrogatorio o el número de interrogatorios que pueden ser formula-dos. Al adoptarse inicialmente la Regla 33 en 1938 se dispuso que una parte no podría, sin permiso del tribunal, servir más de un pliego (set) de interrogatorios a ser contestado por una misma parte. Hubo además casos que bajo la regla original resolvieron que el número de interrogatorios debía ser rela-tivamente pequeño y limitado a los hechos importantes de la controversia, aunque otros casos reconocieran que no debía haber una limitación numérica y que lo determinante debía ser si los interrogatorios eran razonables desde el punto de vista del caso en particular.” (Traducción nuestra, parénte-sis suplidos.) La cuestión quedó resuelta por la enmienda del 1948 que eliminó la limitación de un solo pliego de interroga-torios. Nuestra Regla 30 adoptó esta norma al señalar: “No se limitará el número de interrogatorios o de grupos de inte-rrogatorios que pueden ser notificados, excepto según lo requiera la justicia para proteger a una parte de molestias, gastos innecesarios o situaciones embarazosas u opresivas.”

Podríamos sintetizar diciendo que la única limitación al número de interrogatorios y al número de preguntas en cada interrogatorio es su razonabilidad, que ha de depender en todo caso de la naturaleza y complejidad de las cuestiones envuel-tas. Naturalmente, en la determinación sobre razonabilidad hemos de reconocer una amplia discreción al tribunal de ins-tancia. Concreto Mixto, Inc. v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 567, 572 (1964); Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 562, cf. Autoridad de Fuentes Fluviales v. Corte, 66 D.P.R. 844 (1947).

En resumen, las únicas limitaciones a los interrogatorios a las partes bajo la Regla 30 de Procedimiento Civil son, en cuanto a su asunto, que no sea privilegiado y que sea pertinente a la cuestión envuelta en el pleito y, en cuanto a su número y extensión, que no ocasionen molestias, gastos innecesarios o situaciones embarazosas u opresivas a la parte a quien van dirigidos, es decir, que no sean irrazonables.

Las objeciones a los interrogatorios deben enmarcarse dentro de estas normas. Por otra parte, las objeciones deben ser precisas y específicas. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 570. A este efecto se dice lo siguiente en 4A Moore, Federal Practice, Sec. 33.27, al comentar la Regla 33 de Procedimiento Civil Federal, de donde proviene nuestra Regla 30, con abundantes citas de jurisprudencia: “. . . Las objeciones deben ser lo suficientemente claras y específicas para que la corte pueda entender a base de qué se reclama que los interrogatorios son objetables. Objeciones generales, como la objeción de que los interrogatorios requerirán hacer labor de búsqueda y compilar datos, o que son irrazonablemente gravosos, opresivos, o enfadosos, o que procuran información que está tan fácilmente disponible a quien interroga como a la parte interrogada, o que causarían molestias, gastos y opre-sión a la parte objetante sin que sirvan algún propósito perti-nente a la acción, o que son duplicativos de información ya obtenida mediante deposiciones, o que son irrelevantes e im-pertinentes, o que solicitan opiniones y conclusiones, son insu-ficientes.” (Traducción nuestra.) Se señala más adelante: “La carga de la persuasión descansa en la parte objetante para demostrar que los interrogatorios no deben ser contesta-dos — que la información que solicitan es privilegiada, no es relevante, o que en alguna forma no es asunto propio de un interrogatorio.”

El hecho de que sean muchas las partes a quienes se dirijan los interrogatorios es una circunstancia a ser tomada en cuenta por el tribunal al determinar sobre su razonabilidad. Pero ese solo hecho no debe militar contra el principio de liberalidad en permitir el uso de interrogatorios como medio de descubrimiento de prueba. El interrogatorio bajo la Regla 30 es de hecho el método más barato de descubrimiento de prueba y su uso no debe ser desalentado.

La ventaja que significa para muchas personas que tienen reclamaciones comunes contra otra unirse como demandantes —ventaja que es cónsona con el principio de economía proce-sal — no debe convertirse en una desventaja para el que es demandado si ha de limitarse por ese solo hecho su derecho a formular interrogatorios a quienes le demandan.

El hecho de que se hubiera nombrado un comisionado especial y que se proyectara nombrar un ingeniero perito del tribunal que examinara las casas no podría operar como remedio sustitutivo de los medios de descubrimiento de prueba y en particular del derecho a hacer uso de interrogatorios bajo la Regla 30 de Procedimiento Civil.

La función del comisionado especial es limitada. La Regla 41.2 de Procedimiento Civil es clara y terminante cuando dice, en su segundo párrafo: “La encomienda de un asunto a un comisionado en el Tribunal de Primera Instancia será la excepción y no la regla. No se encomendará el caso a un comi-sionado en ningún pleito, salvo cuando estuvieren envueltas cuestiones sobre cuentas, si no se demostrare la existencia de circunstancias excepcionales que lo requieran.” Véanse Co-mentarios a la Regla 53(b) federal, de donde proviene nues-tra Regla 41.2, en 9 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, Secs. 2603-2605 y 5A Moore, Federal Practice, See. 53.05. La interpretación que en el ámbito federal se ha dado a esta disposición es sumamente restrictiva. La Buy v. Howes Leather Co., 77 S.Ct. 309, 352 U.S. 249, 1 L.Ed.2d 290 (1957); Kaufman, Masters in The Federal Courts: Rule 53, 58 Col. L. Rev. 452 (1958); Masters and Magistrates in the Federal Courts, comentario en 88 Harv. L. Rev. 779 (1974-75).

Este lenguaje limitativo de la Regla 41.2 es de aplicación a casos en que el tribunal dispone el nombramiento de un comisionado especial sin obtener previamente el consentimiento de las partes o por sobre sus objeciones. Nada en la ley impide que por estipulación de las partes se someta a un comisionado especial la determinación de cuestiones de hechos y aun de cuestiones de derecho que por su naturaleza puedan ser resueltas por un árbitro. En uno u otro caso, sin embargo, la encomienda hecha al comisionado especial debe ser clara, y sus poderes deben quedar inequívocamente expresados en la orden o resolución que lo designa.

La Regla 41.8 establece aquellas facultades que pueden ser delegadas al comisionado. Resolver sobre objeciones a interrogatorios y supervisar procedimientos sobre descubrimiento de prueba están implícitas en dicha regla. Véanse Trans World Airlines, Inc. v. Hughes, 332 F.2d 602, 611 (2d Cir. 1964), certiorari denegado 85 S.Ct. 934, 380 U.S. 248; Weinstein, Standing Masters to Supervise Discovery in the Southern District, 23 F.R.D. 36 (1959); MacAllister v. Guterma, 263 F.2d 65, 70 (2d Cir. 1958). Cf. Fisher v. Harris, 61 F.R.D. 447, 449 (D.C. N.Y. 1973). No obstante, tal delegación debe aparecer claramente especificada. Más aún, el comisionado no podrá excederse en el uso de las facultades que le hayan sido conferidas aun si contare para ello con el consentimiento de las partes. El comisionado debe tener presente que él está para ayudar al tribunal; él no es el tribunal. El rinde un informe; el juez es quien decide y dicta sentencia. Véase 5A Moore, Federal Practice, Sec. 53.06..

No surge del caso ante nos que se emitiera por el tribunal de instancia una resolución escrita sobre el nombramiento del comisionado contentiva de las facultades que le fueron confe-ridas. Su designación aparece de una minuta en que consta que a tal efecto hubo una estipulación de las partes. No consta que se autorizara al comisionado a entender en la supervisión de los medios de descubrimiento de prueba a ser utilizados por las partes, y específicamente que se le facultara para entender y decidir sobre objeciones a interrogatorios. Surge de los autos que el comisionado designado por el tribunal renunció al cargo. Bajo tales circunstancias no debió el tribunal limi-tarse a declarar sin lugar, sin más explicaciones, las reitera-das mociones para que proveyera sobre los interrogatorios formulados y sobre sus objeciones.

Se expedirá el auto solicitado, se dejará sin efecto la reso-lución del tribunal de instancia de 6 de noviembre de 1975 y se dispondrá que por dicho tribunal, previa audiencia a las par-tes, se provea respecto de la procedencia de los interrogatorios y de las objeciones formuladas a ellos, sin perjuicio de que pueda encomendarse tal facultad al comisionado a ser desig-nado en sustitución del renunciante si asi lo estipularen las partes o lo considerare justificado el tribunal de instancia a base de las circunstancias especiales de este caso.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       Otros aspectos de estos casos fueron objeto de opinión de este Tribunal recientemente en Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797 (1976), a que nos remitimos.

      La Regla 23.2 dice:
      “A menos que el tribunal ordene otra cosa de conformidad con lo dis-puesto en las Reglas 27.2 6 27.4, se podrá interrogar al deponente con rela-ción a cualquier asunto, no 'privilegiado, que fuere pertinente a la cuestión envuelta en el pleito pendiente, ya sea relacionado con la reclamación o defensa de la parte que le interrogue, o con la reclamación o defensa de cualquier otra parte incluso la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y lugar de radicación de cualesquiera libros, documentos u otros objetos tangibles y la identidad y paradero de personas que tengan conoci-miento de hechos pertinentes. No constituirá fundamento de objeción el que el testimonio sea inadmisible en el juicio siempre que haya una probabilidad razonable de que el testimonio interesado producirá el descubrimiento de evidencia admisible.”

      Una limitación adicional que debe tenerse presente es la dispuesta por la Regla 34.6 de Procedimiento Civil, según enmendada por la Ley Núm. 143 de 23 de julio de 1974, que fija en 60 días el término para iniciar y utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba.'

      La Regla 41.8 dispone:
      “La orden encomendando un asunto a un comisionado podrá especificar o limitar sus poderes y requerirle para que informe sobre determinadas cuestiones litigiosas solamente, o que haga determinados actos, o que solamente reciba prueba y transmita el récord de la misma, y podrá tam-bién fijar la fecha y lugar para empezar y terminar las vistas y para presentar su informe. Con sujeción a las especificaciones y limitaciones establecidas en la orden, el comisionado tendrá y ejercitará el poder de regular los procedimientos en toda vista celebrada ante él, y de realizar cualquier acto y tomar cualquier medida que fuere necesaria o adecuada para el cumplimiento eficiente de sus deberes bajo la orden. Podrá exigir que se produzca ante él cualquier prueba sobre todos los asuntos comprendi-dos en la encomienda, incluyendo la producción de todos los libros, papeles, comprobantes, documentos y escritos pertinentes. Podrá decidir sobre la admisibilidad de prueba, a menos que se disponga otra cosa en la orden de encomienda; tendrá la facultad de juramentar testigos y examinarlos y citar las partes en el pleito y examinarlas bajo juramento. Cuando una parte así lo requiera, el comisionado hará un récord de la prueba ofrecida y excluida del mismo modo y sujeto a las mismas limitaciones dispuestas en las Reglas de Evidencia.”


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Edwin Plaza Quiñones, querellante y recurrente, v. Municipio de Adjuntas, representado por su Alcalde, Hon. Ismael Ríos, querellado y recurrido; Edwin Plaza Quiñones, demandante y recurrente, v. Municipio de Adjuntas, representado por su Alcalde, Hon. Ismael Ríos Torres; Asamblea Municipal de Adjuntas, representada por su Presidente, Hon. José A. Rullán, demandados y recurridos.

      Número: R-75-245

      Resuelto: 28 de mayo de 1976

      Frank Rodríguez García, abogado del recurrente; Serafín Rosado Santiago, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

El tribunal de instancia concedió al demandante-recu-rrente la suma de $1,000 por concepto de los daños y perjui-cios sufridos por éste como consecuencia de su despido como empleado del Municipio de Adjuntas sin haberse observado las disposiciones de ley al efecto y, aunque repuesto en su posición varias semanas más tarde, consideró que había sido objeto de discrimen al habérsele sometido a efectuar ciertas tareas no compatibles con las funciones de su cargo que le ocasionaron bochorno ante sus amistades. El demandante acudió ante nos para que se aumentara la cuantía de daños concedídale.

Expedimos orden dirigida al Municipio recurrido para que mostrara causa por la que no debíamos expedir el auto solicitado y aumentar la compensación a la suma de Tres Mil Dólares (3,000). El recurrido compareció ante nos pero no nos ha convencido su oposición a la expedición del auto.

Se expide el auto solicitado y se modifica la sentencia dictada por la Sala de Utuado del Tribunal Superior en 3 de junio de 1975, en el caso civil 73-1244, Edwin Plaza Qui-ñones y. Municipio de Adjuntas, y se modifica la misma para aumentar la compensación al demandante-recurrente a la suma de Tres Mil Dólares ($3,000) por los daños sufridos y así modificada se confirma.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secre-taria Interina. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en opinión separada con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino-.

(Fdo.) Carmen Lesbia Colón

Secretaria Interina

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 1976

El recurrente empleado municipal clasificado como ofici-nista de obras públicas, presentó demanda reclamando daños y perjuicios contra el municipio de Adjuntas, fundada en ale-gado discrimen político invocando la Constitución de Puerto Rico y específicamente la Ley Núm. 382 de 11 de mayo de 1950 (29 L.P.R.A. see. 136). Alega este empleado de obras públicas municipales de uno de nuestros municipios de menos recursos que se ha discriminado contra él, presuntivamente imponiéndole “condiciones de trabajo más onerosas” porque un supervisor del garage municipal le ordenó pintar una oficina de rojo y blanco lo que hizo por dos días hasta que el Alcalde se enteró, y molesto revocó la orden y en vez ordenó cubriera el rojo con gris, en cuyo proceso fue mortificado por bromas y rechiflas de algunos espectadores; que le ordenaron que ayudara a otro empleado a traer unos drones en un camión de la Hacienda Salicetti al garage municipal para utilizarlos como zafacones y después hubo de sacarle las tapas con marrón y cortafrío; que le ordenaron limpiar una cisterna que suple agua al comedor escolar de una escuela; que solici-taron de él que reparara un inodoro de la Alcaldía de cuya labor se le excusó porque el actor dijo no saber de plomería, por lo que se le encargó barrer y limpiar el garage municipal que dejó “como un espejo”; que hubo de ayudar a un mecá-nico a reparar una pala mecánica (bulldozer); y siendo conductor autorizado otro día lo enviaron en jeep al Centro Médico de San Juan llevando para análisis la cabeza de un caballo que había mordido una vecina, viaje que hizo bajo protesta, siendo su objeción “que no estaba acostumbrado a manejar vehículos de motor a San Juan” (Exposición de la Prueba, pág. 6) y que en una ocasión se le ordenó manejar una camioneta de recoger basura y hubo de ayudar al peón a levantar los drones al vaciarlos en el vehículo y donde no había drones, ayudarlo en el recogido con pala.

La contención del demandante es que se sintió humillado, deprimido y expuesto a la vergüenza pública por no ser dichas encomiendas propias de su dignidad de oficinista, aun cuando evidentemente todas dichas gestiones y labores se hallan den-tro del ámbito de un departamento de obras públicas municipal, al cual servía. El 15 de agosto de 1973, luego de pagár-sele dos quincenas para que buscara otro trabajo y una más por vacaciones, el demandante quedó despedido de su trabajo del que fue privado 43 días, porque en 27 de septiembre de 1973 el Alcalde lo repuso con paga retroactiva a su despido.

El juez sentenciador, concluyendo que “algunas de estas tareas las había realizado [el demandante] anterior-mente bajo la anterior Administración Municipal y ocupando la referida plaza de secretario” condenó al municipio a indem-nizarle en la cantidad de $1,000 más $400 de honorarios de abogado. Recurre el demandante señalando como único error que “la lesión a la dignidad del peticionario” no queda com-pensada con $1,000.00.

Disiento del criterio de la mayoría que aumenta la indem-nización a $3,000.00. La decisión del juez de instancia es correcta en su evaluación de todas las circunstancias que rodean el caso y se ajusta en el ejercicio de la discreción que le confiere el estatuto a uno de los límites fijados en el mismo al disponer que el patrono que discrimine “incurrirá en res-ponsabilidad civil por suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o ex empleado; o por una suma no menor de cincuenta (50) ni mayor de mil (1,000) dólares, a discreción del tribunal, si no se pudieren determinar daños pecuniarios o el doble de éstos fuere inferior a la suma de cincuenta (50) dólares.” (Ley Núm. 382, citada.)

La prueba revela que el énfasis del demandante recae más que en el aspecto de discrimen, en lo que él considera un agravio a su dignidad de empleado público por no ser propios de un oficinista o un secretario de obras públicas realizar las urgentes labores a él encomendadas. Esta es una actitud recién adquirida en el recurrente quien había realizado trabajos similares anteriormente sin desdoro ni protesta. Acusa ade-más una falsa sensiblería que no armoniza con las exigencias del servicio público bajo un régimen de austeridad. La prueba no estableció que hubiera otro personal disponible para reali-zar los trabajos asignados al recurrente y que se le escogiera precisamente a él, en vez de utilizar otro empleado de “menor dignidad”. El emocionado alegato del recurrente ignora que ni Jesús ni el Papa han perdido dignidad por lavarle los pies a sus discípulos.

Gran parte de la dignidad de un empleado público radica en servir sin regateos al pueblo que necesita esos servicios. El no hacerlo es lo que resulta indigno. ¿Qué clase de administra-ción pública tendremos cuando cada empleado pueda levantar una excepción de dignidad a las órdenes de trabajo aplicando su propio concepto equivocado de tan alto atributo de la persona?

En otra época la secretaria de la Colecturía de Rentas Internas y en ocasiones hasta el propio Colector, barrían la oficina a la vista del público, y no hubo tiempo en que fuera mayor el respeto y la estimación de esta sociedad para sus servidores. La dignidad del ser humano es un valor respeta-ble, inviolable según nuestra constitución, que está muy por encima de remilgos y falsa vanidad en detrimento del servicio público.

El municipio de Adjuntas no debe responder por el grotesco sentido de humor y el pobre estilo de algunos de sus vecinos que se burlaron del demandante. En la misma cantidad de $2,000 adicionales que parece aliviar las penas del deman-dante se reducen los recursos de este municipio pequeño para atender la salud, la seguridad y el bienestar de miles de sus residentes que han necesitado de que alguien en la Alcaldía pinte, asegure agua limpia para el comedor escolar, recoja la basura y facilite la determinación de rabia en el caballo que mordió una vecina.

Por años el azaroso y difícil desarrollo económico del país ha inducido la adición de un número considerable de emplea-dos a la nómina gubernamental, más que para nutrir el servi-cio público, para resolver el problema de desocupación del designado. Una sociedad que así atiende al bienestar personal de los favorecidos para servirle tiene derecho a esperar dedi-cación y lealtad, en vez de voracidad litigiosa; consciencia de que los escasos recursos fiscales, insuficientes para atender las múltiples urgencias de la administración pública, no deben desviarse para enriquecer el patrimonio particular de un in-dividuo. El afán litigioso no es virtud ennoblecedora. En el servidor público es excepcional negación de todo principio de lealtad al bien común.

No es este el caso del empleado contra el cual se monta un plan de deliberado discrimen para humillarlo. El Municipio hubiese abdicado su compromiso primario de haber dejado sin atender, por falta de personal disponible en el momento, las necesidades públicas para las cuales reclutó los servicios del recurrente, en forma accidental e interina, máxime cuando las encomiendas que se le hicieron no eran para él ni nuevas ni extrañas pues de buen grado las había ejecutado en ocasiones anteriores. El interés propietario que en su em-pleo pueda tener una persona no es franquicia para negar su concurso a labores accidentales o de emergencia en circuns-tancias que surgen tanto en el servicio público como en la empresa privada, permaneciendo impasible en reposada dig-nidad mientras la sociedad padece su estulticia.

Confirmaría, sin modificar, la sentencia recurrida que responde a un juicioso balance de todos los hechos de este caso producto de una discreción ejercitada dentro del marco econó-mico de la legislación especial que autoriza la acción. Este Tribunal no debe intervenir con la discreción del juzgador cuando no ha habido abuso de esa facultad.

       Sección 136. Intervención con afiliación política — Responsabilidad civil.
      “Todo patrono que despida, suspenda, rehúse restituir en su trabajo, reduzca el salario, rebaje en categoría, aumente las horas de labor o imponga o intente imponer condiciones de trabajo más onerosas a un empleado o ex empleado suyo, o discrimine en cualquier forma o amenace cometer contra él cualquiera de tales actos porque esté afiliado a determi-nado partido político incurrirá en responsabilidad civil por suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o ex empleado; o por una suma no menor de cincuenta (50) ni mayor de mil (1,000) dólares, a discreción del tribunal, si no se pudieren determinar daños pecuniarios o el doble de éstos fuere inferior a la suma de cincuenta (50) dólares; ....”

       Conclusión que no impugna el recurrente, que limita su recurso a pedir mayor compensación.

      Mil dólares es también límite en acciones civiles basadas en dis-crimen por razón de edad, raza, color, religión, sexo, origen o condición social. Ley Núm. 50 de 30 de mayo de 1972 (29 L.P.R.A. see. 146).


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Vega Cruz, acusado y apelante.

      Número: CR-76-14

      Resuelto: 23 de julio de 1976

      Jaime Rivera Torres, abogado del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora Generad, Roberto Armstrong, Jr., Pro-curador General Interino y Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados .de El Pueblo.
   per curiam:

En sustitución de la transcripción de evi-dencia el apelante presentó, de acuerdo con Resolución de este Tribunal, una relación narrativa de la evidencia debida-mente certificada.

Según se relata en el documento antes mencionado, el apelante estaba jugando dominó en un negocio sito en un Barrio de Sábana Grande. Al llegar al negocio el agente encubierto Alfredo Ortiz, uno de ios cuatro que jugaban se levantó. El agente ocupó el sitio del jugador que abandonó el juego. “Luego de haber jugado varias partidas de dominó sin haber ganado, el agente le dijo a Guillo [el acusado] que según estaba ‘salao’ con los números estaba con el dominó.” El acusado le preguntó a quién le estaba jugando el agente, éste le contestó que a Cheíto pero que Ja suerte no estaba de su parte. Relata que “jugó dos números”. Se expresa en la relación narrativa: “[El acusado] le indicó que si quería probar con él un número, el agente dijo: ‘mira a ver si tiene 3 hojas del 458 y 3 hojas del 459.’ ” El agente pagó $6.00 y el acusado guardó la libreta en el automóvil.

No se presentó en evidencia prueba documental a pesar de que el agente hizo referencia a “hojas”, y se relata que el acusado guardó una libreta en el auto.

Al acusado le falta una pequeña parte del dedo. índice de la mano izquierda. Sin. embargo, el agente no hizo constar este hecho en el informe que rindió sobre esta transacción. En la relación narrativa se expresa además que “la descrip-ción ofrecida por el agente de los otros dos jugadores en la mesa fue vaga e imprecisa.” Se hace referencia también a que el agente “jugó 4 partidas de dominó de a 100 tantos pero no supo decir cuantos tantos tiene un juego de dominó, ni cómo se daban los pases en los juegos que jugaron.”

Una y otra vez hemos expresado que el agente encubierto es una institución necesaria para perseguir el crimen, pero también hemos dicho que dada la forma en que trabajan y la evidencia que aportan, debe tenerse cuidado en que los datos que proporcionan lleven a la mente del juzgador la convicción de que están diciendo la verdad. Es la manera de conservar la confianza en esta institución tan necesaria. ¿Como es posible pensar que un agente que interviene con un vendedor de bolita, no haga referencia al hecho de que le faltaba la parte de un dedo cuando había estado jugando dominó con él? Ciertamente debió haber hecho una descripción bastante adecuada de los otros dos compañeros. Si a esto le añadimos que no presentó evidencia material alguna, a pesar de que en su testimonio el agente mencionó “hojas” de números y una libreta, es razonable concluir que no se probó el delito más allá de una duda razonable. Como expresamos en Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966):

“No cumpliríamos con nuestro deber si estando plenamente convencidos de que la prueba en determinado caso no establece la culpabilidad más allá de duda razonable, permitiéramos que prevaleciera una sentencia condenatoria. Cuando ello ocurre no se trata de una intervención con la función del juez o del jurado en la apreciación de la prueba, sino de un error de derecho.”

Se revocará y se absolverá al acusado.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau no intervinieron.

       El Procurador General en escolio que aparece a la pág. 2 de su informe expresa:
      “No podemos evitar destacar la similitud tan extraordinaria existente entre el resumen de la prueba contenido en el alegato del apelante y la exposición narrativa de la prueba a pesar de haberse ésta preparado con posterioridad a la radicación del referido alegato.”
      De los autos surge que la exposición narrativa de la prueba fue noti-ficada al fiscal y que la misma fue debidamente aprobada por el juez que presidió la vista del proceso conforme el procedimiento establecido en la Regla 208 de las de Procedimiento Criminal.
      Con relación a este apuntamiento y con referencia a los trámites con-ducentes a la preparación de una Exposición Narrativa de Prueba conforme dicha Regla en armonía con la Regla 15 (d) de nuestro Reglamento, con-sideramos apropiado destacar la responsabilidad indeclinable del Ministerio Fiscal de velar porque dicha exposición refleje fielmente la sustancia de las declaraciones de los testigos y todas las incidencias ocurridas en el juicio. Existiendo discrepancia sobre su contenido entre la defensa y el fiscal, corresponde al juez que intervino en el caso resolver la misma utili-zando para ello sus notas, la lectura por el taquígrafo de la parte perti-nente o acudiendo a la máquina grabadora donde ésta exista.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramiro Forti Velázquez, acusado y apelante.

      Número: CR-76-54

      Resuelto: 23 de julio de 1976

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo,-abogados del ape-lante; Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante fue acusado de conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. El agente que intervino con el apelante declaró que despedía un fuerte olor a licor, que “ [t]enía los ojos rojizos; le ordené que caminara lo cual hacía dando tumbos, al caminar no se sostenía firme en sus pies y tenía que sostenerse del vehículo de su propiedad.”

El apelante al declarar en su defensa afirma que fue detenido por conducir a mayor velocidad de la autorizada, pero que luego de un incidente con el policía que lo detuvo otro agente que llegó aconsejó al primer policía que lo denun-ciara por guiar en estado de embriaguez; que él le pidió al policía que le tomara la muestra de sangre, pero que el agente no le hizo caso. Cuando el fiscal le preguntó por qué no le pidió al magistrado ante quien fue llevado que solicitaba que se le hiciera el análisis de sangre contestó: “No me atreví, temí que me echaran quince días de cárcel sin fianza por argumentar en el tono de-voz que yo argumento, algo así.”

La prueba antes relatada, creída como fue por el juez de instancia, justifica la convicción del acusado-.

El apuntamiento de que procedía celebrarle juicio ante un jurado es por demás frívolo.

El apelante plantea que “la sentencia dictada ... es nula e ineficaz porque la determinación de causa probable para acusar, es enteramente función de un juez, y por lo tanto el Fiscal estaba impedido de intervenir en este asunto . . . .”

La acusación expresa que “está basada en causa probable determinada por un magistrado conforme a la ley y en testi-monios de testigos examinados bajo juramento ante dicho magistrado y ante mí Fiscal, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al Tribunal.”

Al plantearse la cuestión al tribunal de instancia éste re-solvió correctamente al expresar:

“El Tribunal entiende que aunque el Fiscal haya examinado los testigos eso en forma alguna le quita, le resta eficacia jurídica a la determinación de causa probable que hizo el magistrado a tono con la ley.”

El propio abogado del apelante en el- presente caso planteó la misma cuestión en la jurisdicción federal y el Juez Aldrich expresó al resolverla en el caso de Nazario Nieves v. Delgado, 514 F.2d 413 (1st Cir. 1975):

“Only with difficulty do we perceive through the constant reiteration of petitioner’s conclusory statement that the Puerto Rico prosecuting attorney is ‘an arm of the committing magistrate’ and ‘a one man grand jury’, the basic facts from which that conclusion is sought to be drawn....

This argument is so homogenized that we must try to divide it into specifics. First, petitioner may mean to suggest that the prosecutor was an arm of the committing magistrate in obtaining and presenting evidence, so that the magistrate was infected and hence not a neutral in determining probable cause. This is as illogical as it would be to say that the United States Attorney is an arm of the District Judge.

Accordingly it must follow that petitioner is claiming that he was constitutionally entitled to two neutral determinations of probable cause — an unheard of proposition. It is true that the statute requires that the prosecutor find probable cause. This is but an articulated admonition of what must exist in every case: a prosecutor should never prosecute, nor an officer seek a warrant, unless he first satisfies himself that he has grounds for so doing. The fact that the legislature sees fit to call the prosecutor’s duty to him in writing gives no special, and particularly no constitutional, rights to a prospective defendant. It follows from this that the prosecutor’s examination could not be held a critical stage within Coleman v. Alabama, ante, even before the precise scope of Coleman was recently defined in Gerstein v. Pugh, n. 1, ante, and quite apart from the fact that Coleman is not retroactive anyway.”

Se confirmará.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau, no intervienen.


author: per curiam: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Juan Rolón Rivera y Otros, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, codemandado y recurrido; Universidad de Puerto Rico, tercera demandada.

      Número: R-76-125

      Resuelto: 23 de julio de 1976

      Gilberto González Barreto, abogado de los recurrentes; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Américo Serra, Pro-curador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procura-dor General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   per curiam:

Las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños causados por culpa o negligencia de dicho Estado, deberán ser presentadas al Secretario de Justicia mediante notificación escrita en la que se hagan constar ciertos particulares requeridos por ley. 32 L.P.R.A. sec. 3077a(a). Dicha notificación “se entregará al Secretario de Justicia remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal; o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.” Id. sec. 3077a (b). Y, debe presentarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Id. sec. 3077a (c). La notificación escrita, en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos precedentemente, es requisito jurisdiccional para iniciar acción judicial contra el Estado por daños causados por su culpa o negligencia, a menos que haya mediado justa causa en el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente. Id. sec. 3077a (e).

Surge del expediente de este caso que la notificación fue enviada al Secretario de Justicia por correo certificado den-tro del término de 90 días después de ocurridos los hechos ale-gadamente culposos, y fue recibida por dicho funcionario a los 91 días a partir de los hechos.

El tribunal de instancia desestimó la demanda en cuanto al Estado considerando que la notificación fue tardía.

Expedimos orden dirigida a las partes para que mostraran causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado por la parte demandante-recurrente para dejar sin efecto la resolu-ción dictada por el tribunal de instancia que desestimó la demanda por incumplimiento con el requisito de notificación al Secretario de Justicia.

Hemos dicho reiteradamente que la notificación escrita, en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en la Sec. 3077a es requisito de estricto cumplimiento, a menos que haya mediado justa causa para ello. 32 L.P.R.A. sec. 3077a (e); Torres Figueroa v. E.L.A., 104 D.P.R. 673 (1976); E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 160 (1975).

La cuestión a resolver es si el envío por correo certificado dentro del término legal de noventa (90) días constituye una entrega válida.al Secretario de Justicia conforme lo estatuye la ley. El propio inciso (c) de la Sec. 3077a dis-pone que la entrega al Secretario se hará “remitiéndola por correo certificado o por diligenciamiento personal o en cual-quier otra forma fehaciente reconocida en derecho.” Los demandantes escogieron el medio de remisión por correo certi-ficado, lo que hicieron dentro del término legal de noventa días. La notificación hecha en esa forma es eficaz y cumple con la ley.

En vista de lo expuesto precedentemente se expedirá el auto solicitado y se dejará sin efecto la resolución dictada por la Sala de Bayamón de 3 de marzo de 1976 en el caso civil CS-73-lf587, Juan Rolón Rivera, etc. v. Corporación Centro Médico de Puerto Rico y otros v. Universidad, que desestimó la demanda en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en opinión separada con la cual concurre el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurre el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 1976

La opinión de mayoría incurre en el pecado de sobreponer lo accesorio a lo principal. Destaca con subrayado que la noti-ficación previa en demandas contra el Estado “se entregará al Secretario de Justicia remitiéndola por correo certificado, o por diligencia personal”, etc. y relega a segundo plano la esencial disposición de ley donde se fija el plazo, el Art. 2A (c) adicionado por Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. sec. 3077a (c)), que con gran claridad ordena:

“ (c) La referida notificación escrita se presentará al Secre-tario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama.” (Bastardillas nuestras.)

Nó hay que ahondar en raciocinio para reconocer que presentar al Secretario de Justicia no es presentar en una ventanilla de correos para certificar. Se autoriza el uso del correo certificado en la misma forma en que podría utilizarlo un recurrente en revisión para presentar en Secretaría de este Tribunal, asumiendo el riesgo de que expire el término por demora o extravío en el sistema postal. El hecho de que la Ley conceda una opción para notificar al Secretario personalmente, por correo certificado o por cualquier otra forma fehaciente no enerva, ni reduce ni en modo alguno modifica la exigencia de que la notificación se cumpla presentándola al Secretario en término de 90 días. No hay manera de leer esta Ley para concluir que el legislador en vez de 90 días quiso decir 90 días más los que se tome el correo. Ni 90 días más lo que tome el diligenciante con los papeles en llegar a Secretaría de Justi-cia, cuando se opte por la notificación personal.

Fue correcta la decisión de instancia desestimando la de-manda por defecto de notificación.

Estimo debe resolverse el recurso de revisión con no ha lugar.

      La actual eficiencia del sistema postal alcanzó una cumbre en estos días cuando un sobre remitido por correo certificado y dirigido: Alcaldía Municipal, Ciudad de New York, New York, N.Y., le fue devuelto al re-mitente, un abogado de Long Island, con un sellito que decía: “Addressee unknown.” (New York Times, Junio 8/76.)


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Pérez Santaliz, acusado y apelante.

      Número: CR-76-59

      Resuelto: 23 de julio de 1976

      Benjamín Ortiz y Pedro Otero Fernández, abogados del apelante; Miriam Naveira dé Rodón, Procuradora General, y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar,. abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Rafael Pérez Santaliz, Alcalde del Municipio de Quebra-dillas, fue acusado de ataque para cometer asesinato al ha-cerle un disparo a Bartolo Rivera Santos infiriéndole una herida de carácter grave. Un jurado lo declaró culpable de ataque para cometer homicidio, delito menos grave, condenán-dolo el tribunal de instancia a cumplir tres meses de cárcel bajo el régimen de libertad a prueba y a pagar $500.00 de multa.

En apelación Pérez Santaliz impugna el fallo condenatorio señalando como fundamento de revocación, entre otros, que las reseñas de los periódicos sobre la prueba que se presentó en el proceso le privaron de su derecho a un juicio justo e imparcial.

Consideremos en primer término los principios generales que entran en juego para determinar cuándo la publicidad sobre un proceso judicial perjudica el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial. Luego examinaremos las rese-ñas periodísticas a que se refiere el apelante para ver si pro-piamente se plantea en el caso un conflicto entre su derecho a un juicio justo e imparcial y la libertad de prensa.

Como sabemos, el juicio va dirigido a la búsqueda de la verdad. Nuestro ordenamiento procesal prescribe como garantía del derecho a un juicio justo e imparcial que la culpabilidad del acusado ha de fundarse en la prueba desfilada y en los argumentos aducidos anté el tribunal. El acusado tiene derecho a confrontarse con la prueba en su contra y a que se le pruebe la acusación mediante prueba admisible conforme las normas de relevancia, confiabilidad y certeza que la ex-periencia secular ha consagrado en el proceso adversativo y no por influencias extrañas al proceso. (Art. II, Sec. 11 Carta de Derechos, Constitución del Estado Libre Asociado.)

En la gran mayoría de los casos no surge conflicto alguno entre este derecho del acusado y el derecho de la prensa —ambos de igual jerarquía constitucional — a publicar lo que ocurre en los tribunales. La publicidad del proceso es útil y deseable porque le brinda al pueblo la oportunidad de ente-rarse de lo que ocurre en los tribunales y de formar una opinión responsable, que es esencial para corregir cualquier abuso, corrupción o deficiencias en los procedimientos investi-gativos utilizados por la policía o los fiscales o en la imposición de las penas por el tribunal. La prensa cumple pues una fun-ción eminentemente social al divulgar información sobre pro-cesos judiciales. Frankfurter expuso esta función con meri-diana claridad:

“Una de las exigencias de una sociedad democrática es que el público sepa lo que ocurre en los tribunales mediante informa-ción de la prensa de lo que allí ocurre a fin de que el público pueda juzgar si nuestro sistema de derecho penal es justo y correcto. Por otro lado, nuestra sociedad ha separado la corte y el jurado para determinar la culpabilidad o la inocencia a base de evidencia presentada en corte, hasta donde sea humanamente posible.” Maryland v. Baltimore Radio Show, 338 U.S. 912, 920 (1950).

Es por eso, que la publicación de noticias sobre el proceso judicial no constituye de por sí una violación al derecho del acusado a un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897 (1969). Si así fuera, no sería posible en la sociedad actual con sus múltiples y diversos medios de comunicación llevar a juicio a acusados de gran notoriedad o casos que por la naturaleza de los hechos imputados están revestidos de interés público, a menos que se interfiriera con el derecho de la prensa a publicar noticias de interés general. La mera publicidad pues no es suficiente para la anulación del veredicto. El acusado tiene que probar la posibilidad de perjuicio, lo cual depende fundamentalmente de la naturaleza de la información periodística y del grado de exposición del jurado a la misma.

La posibilidad de perjuicio surge cuando la prensa divulga hechos que no han pasado por el tamiz del juicio y que, por tanto, el acusado no ha tenido la oportunidad de confrontarlos en el proceso adversativo. En tales casos la información pe-riodística lleva el germen que puede pervertir el proceso adjudicativo. Véanse Pueblo v. Fournier, 77 D.P.R. 222 (1954); United States v. Marshall, 360 U.S. 310 (1958); United States Ex Rel. Doggett v. Yeager, 472 F.2d 229 (3d Cir. 1973) y United States v. Thomas, 463 F.2d 1061 (7th Cir. 1972).

En Pueblo v. Fournier, supra, se revocó el veredicto, entre otras razones, por publicidad excesiva de una confesión inadmisible; en United States v. Marshall, supra, la divulgación de prueba no inadmisible al efecto de que el acusado había sido convicto en dos ocasiones por delito grave y que había admitido que practicaba ilegalmente la medicina, dio motivo a la revocación; en United States Ex Rel. Doggett v. Yeager, supra, la divulgación de una alegación de culpabilidad que fue retirada junto a la información de que el acusado había inten-tado fugarse, se consideró suficiente para revocar el veredicto-.

Nótese que en todos estos casos la información periodística se refería a hechos que directamente inducían la determina-ción de culpabilidad: confesión, fuga, comisión de actos simi-lares a los imputados en la acusación.

La posibilidad de perjuicio también puede surgir cuando la publicidad es parcializada, inflamatoria, derogatoria o tan intensa que pueda razonablemente inferirse una atmósfera de pasión contra el acusado. Así, se ha anulado el veredicto por publicidad masiva en Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966), en que tanto el juez como el fiscal utilizaron el proceso para fines políticos personales. El juicio comenzó dos semanas antes de una reñida elección en que ambos -eran candidatos a puestos judiciales. Los medios de comunicación ocupaban casi todo el salón de sesiones acorralando al acusado. El continuo ir y venir de los reporteros y camarógrafos entorpeció y creó confusión en el proceso. Hasta se acomodó una radioemisora al lado del salón de deliberaciones. La publicidad llegó a cubrir materias incriminatorias que nunca fueron ofrecidas como prueba. A pesar del perjuicio al acusado el tribunal no tomó providencias efectivas para controlar el juicio y el efecto de la publicidad masiva. En Estes v. Texas, 381 U.S. 532 (1964), se montó un aparato publicitario inva-diendo las cámaras de televisión y las radioemisoras la sala del tribunal. Se anuló el veredicto por considerarse que la publici-dad masiva del proceso violaba el derecho a un juicio justo. En Rideau v. Louisiana, 373 U.S. 723 (1962), se pasó por la tele-visión una película de una entrevista del acusado con el algua-cil en la que el acusado aparecía admitiendo el robo de un ban-co, un secuestro y un asesinato. La película se exhibió en va-rias ocasiones y fue vista por más de dos terceras partes de la población. Se anuló el veredicto. En Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717 (1960), se revocó el veredicto por la publicidad intensa que recibió un comunicado de prensa emitido por el fiscal y la policía en que se informaba que el acusado había confesado la comisión de seis asesinatos. En United States v. Concepción Cueto, 515 F.2d 160 (1st Cir. 1970), se revocó el veredicto por información derogatoria del acusado. El último día del juicio un periódico publicó información que describía al acusa-do como uno de los más importantes y más peligrosos trafi-cantes de drogas en Puerto Rico, Miami y el Caribe; se le identificó en la información como un “peje gordo” que se había escapado en dos ocasiones al momento del arresto, en-trándose a tiros con la policía en la segunda ocasión. En United States v. Kum Seng Seo, 300 F.2d 623 (3d Cir. 1972), se revocó el veredicto por información periodística que reve-laba que la acusada estaba en la cárcel con fianza de $100,000.00 y que se había ocupado droga en su habitación, sin ser ello cierto. La información periodística fue mostrada por uno de los jurados a los demás miembros del panel antes de la votación para veredicto.

Estos casos ilustran situaciones excepcionales de publici-dad masiva e inflamatoria o divulgación de hechos de natura-leza derogatoria que pueden pervertir el proceso de adjudica-ción en menoscabo del derecho del acusado a un juicio justo e imparcial.

Por otro lado, se ha resuelto que no constituye perjuicio la información periodística que reseña la prueba desfilada aun cuando pueda haber alguna incorrección. En Commonwealth v. Snopek, 190 A.2d 101 (Penn. 1963), el tribunal rechazó la posibilidad de que el jurado pudiera ser confundido con respecto a la naturaleza del delito imputado por información periodística que usara las palabras “rapto” y “secuestro” en vista de que se instruyó al jurado de que el cargo que se tenía que considerar era el de violación. En State v. Booton, 329 A.2d 376 (N.H. 1974), se publicó incorrectamente informa-ción de que el juez mantuvo la acusación de asesinato sobre la objeción del acusado de que no se había probado malicia cuando el hecho correcto fue de que el juez mantuvo la acusa-ción sin perjuicio de considerar la objeción más tarde en el juicio. La inexactitud se consideró sin importancia. En United States v. Persico, 425 F.2d 1375 (2d Cir. 1950), se publicó información de que el acusado estaba conectado con Cosa Nostra, que se conocía por el mote de “El Reptil”, que se había graduado en la pandilla de Profaci y que el fiscal pre-sentaría como testigo de cargo a un pandillero de nombre Valachi, conocida figura de la Mafia que se había convertido en informador del Gobierno y que declararía sobre admisiones que le hizo el acusado mientras ambos estaban en prisión. El tribunal confirmó el veredicto de culpabilidad considerando que la información periodística no se refería a la culpabilidad del acusado sino más bien constituía información de trasfondo, la mayor parte de la cual fue traída al juicio como prueba admisible.

A la luz de lo anterior, examinemos ahora las reseñas periodísticas que el apelante considera perjudiciales. Durante el curso del juicio que comenzó el 28 de abril de 1975 y con-tinuó durante los días 1, 2, 5 y 6 de mayo, los periódicos publicaron la siguiente información sobre la prueba desfilada:

1) Reseña del 29 de abril de 1975 del periódico El Vocero con el título “EMPIEZA JUICIO ALCALDE QUEBRA-DILLAS” en la cual se resume con exactitud el procedimiento de insaculación del jurado que se había llevado a efecto en la sesión del día anterior y se informa sobre las personas que integraron el panel.

2) Reseña del 30 de abril de El Vocero con el título “JUICIO OTERO FERNANDEZ ACUSADO AGREDIR MUJER” informando que comenzó a ventilarse en el Tribunal de Distrito de San Lorenzo un caso contra el Ledo. Pedro Otero Fernández por acometimiento y agresión grave. En la información se hace referencia al hecho de que dicho letrado es el mismo que representa al Alcalde de Quebradillas, Rafael Pérez Santaliz, sobre quien pesa una acusación de ataque para cometer asesinato'.

3) Reseña del 1ro. de mayo de El Vocero con el título “Testigo Dice: VI AL ALCALDE HACER EL DISPARO EN COLISEO.” La reseña resume fielmente la declaración del testigo de cargo Pedro Mulero García. La reproducimos a continuación porque ésta es una de las reseñas que el apelante considera que le privó de su derecho a un juicio justo e im-parcial :

“Afirmando categóricamente que vio al alcalde de Quebra-dillas, Rafael Pérez Santaliz hacerle un disparo a Bartolo Rivera Santos el 25 de agosto del año pasado en el Coliseo Roberto Cle-mente, Pedro Mulero García declaró ayer, que una vez el alcalde vio caer al empleado del coliseo, el arma se le cayó de las manos y él (Mulero) la agarró y la entregó a un policía de apellido Rivera.
La demoledora ¡declaración surgió durante el primer día del juicio que por ataque para cometer asesinato se sigue contra el funcionario público. El caso se inició a las once de la mañana, presidiendo el juez Superior José M. Aponte Jiménez, en la sala 8 del Tribunal Superior de San Juan, recinto de Hato Rey. El fiscal Waldemar Cima de Villa hizo la exposición inicial mani-festando que se proponía probar, más allá de toda duda razona-ble, la culpabilidad del acusado. Dijo que probaría que el acusado actuó de forma deliberada, mal intencionada y que trató de matar al empleado del Coliseo.
Atacan al Arbitro
El primer testigo presentado por fiscalía fue Pedro Mulero García, quien en el interrogatorio directo a que fuera sometido por el fiscal Pedro Colton dijo que faltando 22 segundos de un tiempo extra, después de una decisión desfavorable al equipo de Quebradillas, un fanático, identificado en Corte abierta por Mu-lero como Rafael Cruz Muñiz, chófer y guardaespaldas del al-calde de Pérez Santaliz, [sic] atacó al árbitro Junior Baldrich y al baloncelista de los Santos del San Juan, Sammy Betancourt.
Quieren Expusarlo
Agregó el testigo que después de la agresión, los empleados del Coliseo Roberto García y Víctor Manuel López, agarraron a Cruz Muñiz por los brazos con la intención de expulsarlo del es-tadio. Al frente de ellos, abriendo paso entre las pocas personas que habían en el pasillo, iba Bartolo Rivera Santos. Añadió el testigo Mulero que cuando esto ocurría, se presentó el alcalde de Quebradillas y gritó que soltaran a Cruz Muñiz, a la vez que se sacaba un revólver calibre 38 de dentro de la camisa que llevaba por dentro del pantalón.
Recalcó el testigo que sin mediar más palabras, Pérez San-taliz apretó el gatillo disparando una sola vez. El plomo alcanzó a Rivera Santos en la parte derecha de su cuerpo, cerca de la clavícula derecha. El balazo lo hizo desplomar de bruces. Más adelante, Mulero dijo que él estaba como a 6 pies del alcalde y que éste a su vez se encontraba como de 10 a 15 pies de Rivera Santos. También declaró que cerca de Pérez Santaliz había un niño de aproximadamente 10 a 12 años pero no sabía si era hijo del acusado.
No Cruzan Palabras
Afirmó Mulero en repetidas ocasiones que sólo vio al alcalde Pérez Santaliz hacerle un disparo a Rivera Santos y que fue de frente, sin que mediaran personas entre el alcalde y el propio perjudicado.
En la sesión de la tarde, el testigo fue sometido al contrain-terrogatorio del abogado defensor, Lie. Pedro Otero Fernández, quien en varias ocasiones confundió al testigo, pidiendo contes-taciones categóricas y precisas con relación a distancias y puntos cardinales. En más de una ocasión, hubo amagos de discusión entre defensa y fiscales por la forma de interrogar del Lie. Otero. De no intervenir el Juez Aponte Jiménez, la discusión hubiese tomado otro matiz.
Declara Policía
Momentos más tarde, los fiscales pusieron a declarar al poli-cía José Ramón Rivera, quien declaró que, en varias ocasiones, antes de terminar el partido había entrado al estadio para ver cómo iban las cosas. Fue luego de producirse la agresión contra el árbitro que fue a la cancha y sacó a dos personas del coliseo y que cuando regresaba al interior, oyó una detonación y que al dirigirse al lugar del ruido pudo ver a Pérez Santaliz con el arma en las manos todavía. Agregó que Mulero García recogió el arma después que se le cayó al alcalde y se la entregó a él.
El proceso habrá de continuar hoy a las nueve y media en la sala 8 de Hato Rey.”

4) Reseña del 1ro. de mayo de 1975 del periódico San Juan Star con el título “WITNESS SAYS QUEBRADILLAS MAYOR SHOT USHER” y en la que también se resume con exactitud el testimonio del testigo Pedro Mulero García.

5) Reseña del 2 de mayo de 1975 de El Vocero con el tí-tulo “Empleado Coliseo Declara: ALCALDE ME HIZO EL DISPARO”, resumiendo con exactitud el testimonio del per-judicado aunque cualificando la acción de los fiscales. Trans-cribimos a continuación parte de la reseña para mayor clari-dad de la exposición:

“En un movimiento sorpresivo e inesperado, el Ministerio Público hizo suya y presentó en evidencia, una declaración ju-rada prestada por el perjudicado Bartolo Rivera Santos y que fuera sometida por el abogado defensor Pedro Otero Fernández. La declaración jurada de Rivera Santos fue traída por Otero en la esperanza de impugnar la declaración del testigo de los fiscales, por alegadas contradicciones del propio Rivera Santos, pero, resultó en un arma ele doble filo para la defensa cuando la declaración jurada sostenía la posición invariable mantenida por Bartolo a los efectos de que siempre se le ha conocido por un solo nombre: Bartolo Rivera Santos.
Acción Ágil
La defensa había mantenido desde el principio de su con--trainterrogatorio la posibilidad de que Bartolo fuera conocido por el nombre de Bartolo Rivera Rivera. Para culminar la acción ágil y sagaz de los fiscales, el juez José M. Aponte Jiménez, quien preside en el caso contra el alcalde de Quebradillas, Rafael Pérez Santaliz, admitió en evidencia la declaración ofrecida por el fiscal Pedro Colton, aunque fue traída a sala por el Lie. Otero Fernández.
Observadores presentes del raro incidente legal, señalaron a este redactor que la acción ‘bien pudiera ser el jaque mate en el caso contra el alcalde quebradillano.’ Sostuvieron su creencia, los que así opinaron, entre ellos un ex fiscal y un ex juez, que pudieron ‘notar’ como la defensa que venía hilvanando Otero Fernández se desmoronaba.
La sesión de ayer comenzó con el testimonio del detective Francisco Aponte que fue la persona que realizó la investigación y sometió el caso en contra del alcalde, además de presentar el arma de fuego y cuatro balas para las pruebas de labora-torio. . . .’’

6) Reseña del 3 de mayo de 1975 de El Vocero con el tí-tulo “Juicio contra Alcalde: TESTIGO DEFENSA SE CON-TRADICE”. Se resume el testimonio del testigo Edwin Durán González, informando con exactitud las contradicciones en que incurrió dicho testigo.

7) Reseña del 4 de mayo de 1975 del periódico El Mundo con el título “TESTIGOS DEFENSA PEREZ SANTALIZ INCURREN SERIAS CONTRADICCIONES” resumiendo también con fidelidad los testimonios y contradicciones en que incurrieron los testigos de defensa Juan López Vélez y Edwin Durán González.

8) Reseña del 6 de mayo de 1975 de El Mundo con el título “Otro Testigo Afirma Pérez Intercedió Apaciguar Pú-blico: JUEZ ALEGA VIO ALCALDE QUEBRADILLAS SACAR REVOLVER PERO NO DISPARARLO” también resume con exactitud los testimonios y contradicciones en que incurrieron otros tres testigos de defensa.

9) Reseña del 6 de mayo de El Vocero con el título “En Juicio Alcalde Quebradillas: DESMIENTEN A TESTIGOS DE DEFENSA” también resume con exactitud el testimonio de tres testigos de la defensa. El apelante se queja de la forma en que se describieron los testimonios en dicha reseña. La reproducimos a continuación en la parte objetada:

“Desmintiendo totalmente el testimonio de todos los testigos presentados hasta ayer por la defensa en el caso que se sigue contra el alcalde de Quebradillas, Rafael Pérez Santaliz, el pro-fesor del Colegio Regional de la UPR, recinto de Arecibo, Rafael Morales Morales declaró ayer que cuando un grupo de aproxima-damente 15 personas acosaban al alcalde y lo arrinconaron contra una pared del Coliseo, su chófer y guardaespaldas, Rafael Cruz Muñiz estaba a su lado derecho, mientras el hijo del alcalde se encontraba a la izquierda.
Dicha declaración desvirtuó los testimonios previos de los testigos presentados por el propio Lie. Pedro Otero Fernández, en cuanto a que todos ellos, incluyendo un ministro evangélico, un juez de distrito y un gerente de banco, habían afirmado que Cruz Muñiz, había sido sacado a la fuerza por guardias de segu-ridad del estadio y que más tarde fue que el alcalde fue acosado por la multitud.”

Como puede verse, la información publicada se refiere a la prueba que desfiló en el juicio reseñándola con fidelidad. Nada hay en ella que no hubiese sido oído o visto por el jurado que condenó al apelante. Los hechos divulgados por los periódicos pasaron por el tamiz del proceso adversativo y si en alguna forma la información periodística pudiera considerarse adversa fue porque la prueba que desfiló ante el jurado fue adversa, demostrando más allá de duda razonable la culpabilidad del apelante.

No es este el caso de publicidad masiva o inflamatoria de la cual pueda inferirse prejuicio. Tampoco se trata de la pu-blicación de material peyorativo sobre el acusado, o, de hechos criminosos, o, de hechos que no fueron objeto de prueba en el juicio. Como ya vimos, se trata de meros comentarios sobre la prueba desfilada en dos de las nueve reseñas publicadas. Co-comentarios que resultan inocuos en comparación con la causti-cidad de los informes finales al jurado en que tanto el fiscal como la defensa analizan el alcance y fortaleza de su prueba frente a la debilidad de la prueba contraria en lenguaje abul-tado y efectista.

El debido proceso de ley no requiere una asepsia absoluta en el juicio. Tal criterio no es factible en una sociedad abierta como es la nuestra. El enfoque tiene que ser pragmático a fin de facilitar la armonía de ambos valores — el de una prensa libre y el de un juicio justo — fundamentales en nuestro orde-namiento constitucional. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974).

El derecho crece y se consolida desechando ficciones y afincándose en la realidad. Es imposible mantener a los miembros del jurado libres de contaminación. Es decir, sin noción alguna sobre el caso. Lo importante en el proceso es que el veredicto responda a la prueba desfilada. “Es suficiente”— dijo el Juez Clark en Irvin v. Dowd, supra, a la pág. 723— “si el jurado puede echar a un lado su impresión u opinión y rendir un veredicto basado en la prueba desfilada.”

El tribunal de instancia cuenta con diversos remedios para atender la armonización de ambos valores: a) la posposición del caso cuando la publicidad es de tal índole que pueda razonablemente inferirse una corriente de prejuicio contra el acusado, b) la investigación del jurado tanto al momento de ser seleccionado como en las diferentes etapas del juicio, según lo requieran las circunstancias, c) las instrucciones específicas al jurado tanto durante el proceso como al final del mismo dependiendo de la necesidad, d) el secuestro del jurado cuando a juicio del tribunal se justifique. Todas éstas son medidas útiles cuya aplicación en casos particulares queda a la dis-creción del juez que preside el juicio. Marshall v. United States, supra. El tribunal de instancia ejerció adecuadamente su discreción al instruir adecuadamente al jurado en las si-guientes palabras:

“Tampoco pueden ustedes considerar y menos dejarse influir por las informaciones, comentarios u opiniones a favor o en contra del acusado, sobre la prueba presentada durante el pro-ceso y que haya sido difundida por los distintos medios noticio-sos del país, tales como, la prensa, la radio y la televisión. Los señores del jurado deberán borrar de sus mentes cualquier infor-mación obtenida por ustedes, a través de dichos medios, y les instruyo enfáticamente, les exhorto para que rechacen todo tipo de información, opinión o comentario, que no haya sido o que no sea el producto de la evaluación que ustedes hagan de la prueba, tal y como ha sido presentada por las partes, escuchada por ustedes en corte abierta y admitida por el Tribunal durante el proceso.” (2da. p. T.E. pág. 171.)

Concluimos que las reseñas publicadas por la prensa du-rante el juicio del apelante no perjudicaron su derecho a un juicio justo e imparcial.

El apelante también señala como error el que el tribunal de instancia no llevara a cabo una investigación del jurado para determinar qué efecto había tenido en éste las reseñas periodísticas. La conclusión a que hemos llegado anteriormente sería suficiente para disponer de este apuntamiento. Tratándose, como hemos visto, de comentarios inocuos vertidos en reseñas periodísticas que resumen fielmente lo que el jurado oyó y vio en el juicio, no era necesaria la averiguación propuesta tímidamente por el apelante.

Surge de la vista sobre la moción de nuevo juicio que el propio apelante tenía dudas de si la indagación era o no acon-sejable. El juez de instancia resume la situación como sigue:

“Honorable Juez:
Es como el compañero ha mencionado, lo que ocurre, lo que ocurrió en Cámara, que no está en récord, y yo quiero dejar sentado para récord lo siguiente: en dos ocasiones el compañero me indicó sobre algunos artículos que habían aparecido en la prensa, siempre fui de opinión que el compañero debía al menos para el récord ofrecer en evidencia los artículos en cuestión, sin embargo, si mal no recuerdo, si la memoria no me es infiel, la posición del compañero era que podría ser más perjudicial para el acusado el llevar a conocimiento de los jurados los artículos publicados, que permanecer en silencio. A pesar de ello, expresé, o siempre le indiqué al compañero, y le repito, si mi memoria no me es infiel, que independientemente llevado o no el compa-ñero para el registro debía al menos, indicar los artículos a que tenía objeción. De todas formas no hicimos, no ... o no tomamos en consideración el anuncio del compañero como formal, precisa-mente, tomando en consideración lo que el compañero nos había informado, que entendía, que era más perjudicial para la De-fensa o para el acusado el llevar a conocimiento del jurado sobre estos artículos que permanecer en silencio. Me parece que eso fue, a grandes rasgos, lo que ocurrió. Creo que en dos ocasiones el compañero me llamó la atención antes del juicio, digo, antes del día 6 de mayo, perdón. Obviamente yo no le puedo resolver una cuestión a base de lo que el compañero pueda haber pensado. El compañero dirige el proceso de su acusado, y es lo que hace, hacer las solicitudes al Tribunal a favor de su representado, cuando digo su acusado, digo su representado. De manera que si el compañero adopta una actitud de que no se debe llevar a la mente del jurado sobre el particular, pues, sencillamente, el Tribunal tiene sus manos atadas y no puede obligar al compañero a que el compañero haga lo que entiende el Tribunal o lo que en-tiende el Tribunal que no debe hacer; quiero que el récord esté claro con respecto a esta cuestión, y que el Tribunal no tomó acción precisamente tomando en consideración las manifestacio-nes del compañero y el criterio del compañero sobre el particular.” 3ra. pieza T.E. págs. 104-107.

Las expresiones del juez fueron confirmadas por el propio apelante:

“Lie. Otero Fernández:
Con la Venia del Tribunal, me llama la atención algo que Su Señoría ha dicho para récord, la primera, que por primera vez para el registro, repito, por primera vez para el registro, 6 de mayo, la Defensa llamó la atención al Tribunal y en la segunda, el día 6 de mayo formalmente, la Defensa llamó la atención para el Tribunal. Yo quiero que el Tribunal deje claro que cuando se estuvieron escribiendo estos artículos, en Cámara, llamamos la atención de la aparición de los mismos en prensa, discutimos la situación con el Tribunal y resultaba que era más gravoso que el Tribunal fuera a hacer una indagación persona por persona en ese momento, de si habían escuchado o habían o no leído las manifestaciones hechas en la prensa, que efectivamente, de hacer lo que Su Señoría finalmente hizo, tratarlo de corregir al final del procedimiento, cuando con una instrucción general se trató de llenar esta laguna que existía(8ra. pieza T.E. págs. 102-103. Énfasis suplido.)

No se cometió el error señalado, como tampoco incidió el tribunal de instancia al no permitirle al apelante renunciar al jurado y someter el caso por tribunal de derecho cuando ya había desfilado toda la prueba. Una vez comenzado el proceso el tribunal tiene amplia discreción para aceptar la renuncia al jurado. Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510 (Dávila, 1967). Nada aduce el peticionario que nos mueva a alterar el ejercicio de esta discreción por el tribunal de instancia.

No podemos pasar por alto que el apelante obtuvo innecesa-riamente toda la transcripción de la prueba a pesar de que afirmativamente expresa en su alegato que los errores señala-dos no tienen relación alguna con la prueba. Ello ha causado la demora indebida del trámite de apelación. La transcripción inútil de prueba ejemplificada por este caso, es la mayor causa de congestión y demora en el perfeccionamiento del proceso apelativo. Véase Rodríguez v. Commonwealth Insurance Co., 104 D.P.R. 879 (1976).

La actuación del abogado del apelante al recargar indebidamente el trámite judicial con una transcripción total de la prueba que era evidentemente fútil revela una actitud desconsiderada hacia los procedimientos judiciales que merece nuestra más enérgica reprobación.

Se dictará sentencia confirmando la apelada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       La información continua, con un resumen fiel de la declaración de los testigos de cargo en el juicio.

      EI apelante no discute en su alegato los efectos de la publicidad anterior al juicio, lo cual nos releva de considerar la cuestión.


text:
    Pedro Concepción Pacheco, demandante y recurrido, v. Juan N. Torruellas y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-75-386

      Resuelto: 23 de julio de 1976

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; E. L. Belén Trujillo, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Pedro Concepción Pacheco, aquí recurrido, fue privado fraudulentamente de un billete de la lotería que resultó pre-miado en la cantidad de $4,000.00. Antes del sorteo presentó una declaración jurada al Negociado de la Lotería, confórmelo dispuesto en el Art. 10 de la Ley de la Lotería de Puerto Rico, Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, 15 L.P.R.A. see. 120. No obstante, el Negociado de la Lotería pagó el premio posterior-mente a Juan N. Torradlas, quien había presentado al cobro la fracción premiada.

El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda ins-tada por Concepción Pacheco contra el Secretario de Hacienda ordenándole a éste pagar el billete premiado. Pacheco desistió de su reclamación contra Torruellas.

El Procurador General nos pide la revocación de la sen-tencia señalando como error la conclusión del tribunal de ins-tancia de que la radicación de la declaración jurada tiene el efecto de paralizar el pago del premio.

El Art. 10 de la Ley de la Lotería dispone:

“Salvo lo dispuesto en las secs. Ill a 127 de este título, los billetes sobrantes de cada sorteo serán jugados por cuenta del Gobierno de Puerto Rico y los premios que a dichos billetes so-brantes tocaren, así como los de los billetes extraviados o rotos, o no cobrados o hurtados que no hubieren sido reclamados según lo dispuesto en la presente sección quedarán para beneficio de, y serán ingresados en los fondos generales del Gobierno de Puerto Rico.
Cualquier persona a quien se le extravíen, destruyan en cual-quier forma o le sean hurtados billetes o fracciones de billetes de la lotería, que desee establecer en su día una reclamación para en caso de que dichos billetes resulten premiados, deberá radicar ante el Director del Negociado de la Lotería o enviar por correo certificado una declaración jurada no menos de veinticuatro (24) horas antes de la fecha en que había de celebrarse el sorteo a que corresponden los billetes o fracciones. Se hará constar en dicha declaración jurada el hecho de la pérdida, destrucción o hurto de los billetes o fracciones y las circunstancias envueltas en la misma.
En este caso, los fondos correspondientes a los premios de billetes o fracciones de billetes en controversia permanecerán en el ‘Fondo de la Lotería’ hasta tanto se adjudique el derecho al cobro de los mismos.
Si transcurrido el término de seis (6) meses que concede la see. 122 de este título para el cobro de billetes premiados apare-cieren pendientes de pago el billete o las fracciones de billete a que se refiere la declaración jurada antes mencionada, el Director del Negociado de la Lotería deberá proceder a hacer el pago del premio que corresponda a la persona que suscribe la declaración jurada.”

El Procurador General sostiene que el mecanismo adminis-trativo establecido en el transcrito Art. 10 sólo tiene el propó-sito de autorizar el pago directamente al reclamante cuando ha transcurrido el término de 6 meses y no se haya presentado al cobro el billete. Arguye que si el billete se ha presentado al cobro dentro del término de seis meses el Negociado de la Lotería tiene que pagar el premio al tenedor del billete en ausencia de una orden judicial. Su interpretación limita el alcance del Art. 10 únicamente al pago del billete extraviado, destruido o hurtado cuando no hay controversia.

No estamos de acuerdo.

Del texto del Art. 10 se desprende claramente que de re-sultar premiado un billete sobre el cual se ha hecho al Ne-gociado de la Lotería una reclamación por lo menos veinti-cuatro horas antes del sorteo por haberse el mismo perdido, destruido o hurtado, los fondos correspondientes al premio permanecerán en el “Fondo de la Lotería” hasta tanto se ad-judique el derecho al cobro de los mismos. En consecuencia, el Negociado de la Lotería no puede proceder al pago del billete premiado hasta tanto un tribunal disponga sobre la contro-versia con respecto al mismo.

El propósito evidente es hacer menos oneroso el cobro de billetes pérdidos, destruidos o hurtados, facilitando el pago del billete premiado al reclamante cuando no haya controver-sia sobre el mismo, si éste ha notificado al Negociado de la Lotería del hecho de la pérdida, destrucción o el hurto me-diante una declaración jurada. Si hay controversia entre el reclamante, entonces, hay que acudir, como en todos los casos de conflicto de derechos, al recurso judicial, y, mientras no se resuelva judicialmente la controversia no puede el Negociado de la Lotería proceder al pago. De otra manera, estaría efec-tuando un pago sobre un billete en controversia que finalmente podría resultar indebido. Si esa es la norma deseable para el Negociado de la Lotería, debe el Secretario de Hacienda pro-pulsar legislación al efecto en la Asamblea Legislativa.

Se dictará sentencia confirmando la recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau no intervienen. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado.


author: per curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Abel Rodríguez Irizarry c/p Casey, acusado y apelante.

      Número: M-76-48

      Resuelto: 13 de agosto de 1976

      Edwin H. Flores Tirado, abogado del apelante; los abogados de El Pueblo no comparecieron.
   per curiam :

Por resolución de 4 de mayo de 1976 requeri-mos del apelante que en un plazo de 60 días preparase y some-tiera para aprobación del tribunal de instancia una exposi-ción narrativa de la prueba desfilada durante el juicio a que fue sometido, en sustitución de la transcripción que fuera autorizada desde noviembre de 1973 y que aún no ha sido preparada. La resolución fue notificada a la Sociedad para Asistencia Legal, que tuvo a su cargo la representación del apelante, y referida por dicha Sociedad al Ledo. Edwin H. Flores Tirado, abogado que representó al apelante en el acto del juicio.

Oportunamente el Ledo. Flores Tirado ha presentado ante nos un escrito que titula “Moción informativa” en que hace constar: que el juicio se celebró en octubre de 1973 y debido al tiempo transcurrido no conserva recuerdo de sus detalles como para preparar una adecuada exposición de la prueba.; que trató de conseguir en la oficina de la Sociedad para Asis-tencia Legal, de la cual ya no es miembro, las notas tomadas por él durante el juicio pero no se conservan; que se comunicó con el juez que presidió el proceso para obtener el beneficio de sus notas y éste le informó que no las tiene; que ha tratado de comunicarse con la estenotipista que tomó las incidencias del juicio pero no la ha podido localizar, toda vez que ya no tra-baja en Mayagüez, donde se celebró el juicio, y no ha podido informarse de su paradero; y, que sé comunicó con el fiscal que sostuvo la acusación y éste le manifestó que no conserva notas del proceso, ni estará en su oficina hasta pasados 30 días de vacaciones que ahora disfruta.

Termina su escrito el Ledo. Flores Tirado proponiendo en la alternativa las siguientes solucionés: (1) que se le conceda un plazo adicional para seguir gestionando la localización de la estenotipista y comunicarse con ella y preparar la exposi-ción narrativa; (2) que se ordene a la estenotipista transcri-bir sus notas; (3) que se ordene la celebración de un nuevo juicio; o, (4) que se reduzca la sentencia impuesta al apelante, que fue de 5 a 15 años de reclusión, la cual cumple desde que fue sentenciado.

Nos parece más aceptable la primera solución sugerida por el Ledo. Flores Tirado. Se dictará resolución para ordenar al Director de la Oficina de Administración de los Tribunales que informe prontamente al Ledo. Flores Tirado la dirección de la estenotipista Purificación Velázquez, que tomó las inci-dencias del juicio; se concederá un término de treinta días a dicho abogado a partir de la fecha en que obtenga dicha infor-mación para que prepare la exposición narrativa con la ayuda de la estenotipista, quien deberá prestar toda su cooperación para dicho fin. Una vez preparada la exposición narrativa, deberá notificarse con copia de ella al fiscal y al abogado que intervino como juez, y someterse al Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, para el trámite de su aprobación y su envío a este Tribunal.

La responsabilidad de un abogado para con su cliente y para con el sistema judicial — de que es parte esencial —respecto de perfeccionar un recurso ante nos mediante la preparación de una exposición de la prueba en sustitución de la transcripción de las notas taquigráficas, no cesa porque el abogado haya cesado en su obligación de continuar representando al cliente. El conocimiento que el abogado hubiere adquirido de los pormenores de la causa que una vez representó, y las notas tomadas por él sobre la prueba desfilada en el acto del juicio, deben estar siempre disponibles para el que fue su cliente y para beneficio del sistema judicial. Nada menos puede exigirse del cumplimiento cabal y ético de las responsabilidades de un abogado. Cf. Díaz v. Gaud, 104 D.P.R. 602 (1976).

Complace a este Tribunal cuando se satisfacen plenamente esas exigencias del quehacer profesional de un abogado, y es con mucha satisfacción que señalamos como ejemplo de ello la actividad desplegada por el abogado Edwin H. Flores Tirado en relación con el recurso de epígrafe.