author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Lucret Quiñones, Secundino Osorio López, acusados y apelantes.

      Número: CR-79-45

      Resuelto: 10 de noviembre de 1981

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la División de Apelacio-nes de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada de los ape-lantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procurador General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Examinamos la validez y aplicabilidad en nuestra jurisdicción bajo el Código Penal vigente de la doctrina anglosajona sobre asesinato estatutario (Felony-murder rule).

Loa antecedentes procesales se originan con las acusa-ciones presentadas contra los apelantes Ángel Luis Lucret Quiñones y Secundino Osorio López por los delitos de ase-sinato en primer grado, robo e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. El pliego acusatorio de asesinato les imputó que:

Los referidos acusados, Secundino Osorio López y Angel Luis Lucret Quiñones, allá en o para el día 29 de noviembre de 1978, y en Aguas Buenas, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, y actuando conjuntamente con un menor, con alevosía, malicia premeditada y deliberación, y con el propósito decidido y firme de matar, dieron muerte al ser humano Bernardo Díaz López, en el momento en que intentaban perpetrar un robo, a quien le ocasionaron heridas de bala en distintas partes del cuerpo de carácter grave, que le ocasionaron la muerte. (Énfasis nuestro.)

La prueba desfilada no contradicha y creída por el tribunal sentenciador, en síntesis demostró que los ape-lantes, en unión a otros dos, el 29 de noviembre de 1978, durante horas de la tarde, perpetraron un robo en una ferretería de Comerío. Llegaron los cuatro en un vehículo, dos se bajaron y utilizando como subterfugio el deseo de adquirir pintura y sus accesorios, encañonaron con un revólver al Juez de Distrito Osvaldo Rodríguez &emdash;quien se encontraba allí en calidad de cliente&emdash; lo despojaron de $400 y al dueño del negocio, bajo amenaza armada, le lle-varon $2,000 de la caja registradora. Durante ese inci-dente Osorio disparó el arma que portaba. El apelante Lucret, quien conducía el automóvil permaneció junto a otro individuo en el mismo &emdash;cuyo motor estaba encendido&emdash; y dio instrucciones a sus cómplices de que se dieran prisa.

Mientras se llevaba a cabo este robo, el hijo del dueño de la ferretería, José A. Delgado, al oír la detonación se percató de lo que acontecía, vio a ambos apelantes y optó por perseguirlos en un vehículo del negocio en compañía de Juan Hernández y Francisco Delgado. Se dirigieron hacia Bayamón y luego a Aguas Buenas y localizaron el auto de los asaltantes frente al negocio denominado “Col-mado Díaz” propiedad de Bernardo Díaz. Vieron a Lucret que estaba ante el volante del automóvil, lo encañonaron y amarraron. Oyeron entonces varias detonaciones prove-nientes del interior del colmado. De allí salieron Osorio &emdash;con una escopeta recortada&emdash; y un menor con un revólver manchado en sangre, que le fue arrebatado por el ciudadano Alquín Delgado Rodríguez. Osorio logró escapar, pero luego fue arrestado. En este asalto resultaron asesi-nados Bernardo Díaz y Juan A. Ortiz De Jesús.

Ante tribunal de derecho, fueron declarados culpables de todos los delitos imputados, y sentenciados a cumplir diversas penas de reclusión. No conformes con la convic-ción por el delito de asesinato apelaron señalándonos que:

Erró el Hon. Tribunal de Instancia al declarar a los acu-sados culpables de asesinato en primer grado a base de la norma de “felony murder”, cuando nada en la prueba demostró fehacientemente y más allá de duda, que la muerte ocurrió como consecuencia del robo perpetrado; y mucho menos que hubo participación directa del apelante Angel L. Lucret Quiñones en los actos conducentes al asesinato.

La petición central de los apelantes hemos de dividirla en tres aspectos, a saber: (1) la prueba no demostró más allá de duda razonable que la muerte ocurrió como conse-cuencia del robo perpetrado; (2) el apelante Ángel L. Lucret Quiñones no participó en la comisión del delito de asesinato por estar éste amarrado por los ciudadanos que se congregaron frente al negocio en los momentos del asalto; y (3) debe reevaluarse la vigencia del delito de ase-sinato estatutario (felony-murder rule) del Art. 83 del Código Penal. 33 L.P.R.A. see. 4002.

En cuanto a esta doctrina se nos aduce que su subsis-tencia aleja nuestra jurisdicción de las corrientes moder-nas que tienden a restringirlo jurisprudencialmente, por resultar un anacronismo originado en el siglo XVI, y que “[t]al norma, al relevar al Estado de probar los elementos esenciales del Asesinato en Primer Grado; o en su defecto, transferir una intención de cometer un robo, como en el caso que nos ocupa, para que la misma supla todos los requisitos y elementos de un Asesinato en Primer Grado, resulta inherentemente injusta y es lógicamente insosteni-ble en el Derecho Penal”.

Procederemos a discutir y evaluar los méritos de los tres aspectos señalados, siguiendo nuestro propio orden. Examinemos primero el origen de la regla.

I

Génesis y Trayectoria Histórica:

De estirpe anglosajona, en términos generales la doc-trina propugna que si una persona causa la muerte a otra al perpetrar o intentar perpetrar un delito grave {felony) —sea intencional o no intencional o hasta accidentalmente— de existir en la mente del acusado la intención específica de cometer dicho delito grave, entonces la muerte consti-tuye asesinato en primer grado. La premisa inarticulada en que se erige es que el elemento de malicia para causar la muerte está implícito en el acto de la comisión del delito grave,

Su génesis jurisprudencial se sitúa en Inglaterra y se remonta al siglo XVI. Posteriormente se exportó a todo Estados Unidos, jurisdicciones estatales y la federal, al Canadá y a otros países de tradición anglosajona. En Puerto Rico, según veremos, arribó a principios de este siglo.

Con frecuencia se ha señalado que la primera formu-lación formal de la doctrina se halla en el caso de Lord Dacres, Moore 86; 72 Eng. Rep. 458 (1535). Por su valor histórico merece brevemente mencionarse su trasfondo de hechos: Lord Dacres y unos amigos decidieron entrar en un bosque sin permiso para cazar —lo cual es un acto ilegal— y matar a cualquiera que les ofreciera resistencia. Estando Lord Dacres a un cuarto de milla del lugar, uno de los miembros de su grupo mató a un guardabosques que les hizo frente. Aunque Lord Dacres no estaba pre-sente cuando ello ocurrió, él y sus compañeros fueron condenados por asesinato y ahorcados. Contrario a la interpretación de que ha sido objeto este caso por quienes le atribuyen la fuente de la doctrina, la decisión no se apoyó en que Lord Dacres y sus compañeros fueran culpa-bles de asesinato porque habían emprendido una cacería ilegal en el curso de la cual habían dado muerte a una persona, sino más bien que aquéllos, aunque no presencia-ron físicamente el acto, eran responsables como causantes del delito a base de la teoría de “presencia constructiva”. Y aún más, todos los miembros del grupo compartieron la mens rea del crimen porque habían acordado de antemano matar a cualquiera que les ofreciera resistencia. Por lo tanto, en la medida en que el caso de Lord Dacres envolvía malicia expresa, no fue necesario usar, como de hecho no se utilizó, doctrina alguna que determinara la existencia de malicia en la intención de cometer un acto ilegal.

Otro de los primeros casos citados como fuente, deci-dido después de Lord Dacres es Mansell & Herbert, 2 Dyer 128b; 73 Eng. Rep. 279 (1558). Allí Herbert y un grupo de más de 40 seguidores habían ido a la casa de Sir Richard Mansfield “para incautar bienes a la fuerza pre-tendiendo estar legalmente autorizados para ello”. Uno de los siervos de Herbert le lanzó una piedra a una persona que se encontraba en el portón. En vez de darle a esta persona, la piedra alcanzó y mató a una mujer que salía de la casa de Mansfield. Se decidió que el planteamiento era si los acusados eran culpables de asesinato o de homi-cidio. Como no se tomó en consideración la existencia de desgracia (misadventure), podemos presumir que el acto de lanzar la piedra no fue una acción descuidada, sino que el siervo que la lanzó tenía, al menos, la intención de gol-pear, y no de matar, a alguien de la casa de Mansfield. El tribunal, al resolver el caso, se dividió. La mayoría sos-tuvo que si alguien deliberadamente llevaba a cabo un acto de violencia hacia terceras personas y una persona ajena moría, se trataba de un asesinato independientemente de que hubiese habido una equivocación o un mal uso de la fuerza. La minoría estimó que se trataba de homicidio porque el acto violento no estaba dirigido hacia la persona que murió. Es decir, en Herbert estaba envuelto un acto deliberado de violencia contra la persona, cuyo resultado fue el que alguien ajeno fuera víctima de dicho acto.

Kaye ha sugerido que una versión incorrecta del caso Lord Dacres, repetida por Crompton, dio base al siguiente comentario de Lord Coke:

Si el acto fuere ilegal, se trata de asesinato. Si A, en el intento de robar un ciervo del bosque de B le dispara al ciervo y por una desviación de la flecha mata a un niño que está oculto entre los arbustos, se trata de asesinato porque el acto fue ilegal aunque A no tuvo la intención de herir al niño ni estaba consciente de su presencia.
Pero si B, dueño del bosque, le disparara a sus propios ciervos y sin ninguna mala intención matara al niño al des-viarse su flecha, esto sería un homicidio desgraciado, no un crimen.
Es decir, si alguien le dispara a un ave silvestre que se encuentra en un árbol, y su flecha mata, sin ninguna mala intención de su parte, a cualquier criatura razonable que se encuentre lejos del lugar, se trata de un per infortunium [desgracia], ya que dispararle al ave silvestre no era un acto ilegal. Pero si se le hubiese disparado a un gallo o gallina, o a cualquiera ave doméstica perteneciente a otro, y por mala suerte la flecha matara a un hombre, esto sería asesinato, ya que el acto era ilegal.

El anterior fragmento de Coke, junto a los casos de Lord Dacres y Herbert, se cita frecuentemente como el origen de la doctrina de felony-murder. Ha sido criti-cado como completamente desprovisto de autoridad: “Un comentario histórico revelador sobre la esencial falta de lógica de la regla es aquél hecho por quienes ven su géne-sis como una equivocación de Coke al traducir e inter-pretar un pasaje de Bracton.” El magistrado inglés Stephen consideró la interpretación de Coke “asombrosa” y “monstruosa”. Apunta que el ejemplo usado por Brac-ton no entra en la categoría de asesinato (murder) tal como aquél define el término. Además del pasaje de Bracton, Coke cita tres casos para apoyar su comentario y, sin embargo, “luego de una investigación cuidadosa de las autoridades citadas por Coke”, Stephen concluye que la formulación de la regla hecha por Coke “no está justificada por las autoridades que él cita”. Al comentar sobre la severidad de la doctrina propuesta por Coke, otro de los primeros comentaristas de la doctrina dijo, “Esta distinción no ha sido establecida por ningún estatuto, sino que es el Derecho común de Sir Edward Coke”.

En su obra Pleas of the Crown, Hale se negó a incluir en la doctrina todos los actos ilegales y, en su lugar, dio ejemplos de muertes producidas por actos ilegales, algunas de las cuales eran asesinatos y otras homicidios. Stephen entendió que Hale requería un acto dirigido a causar algún tipo de daño físico o, de lo contrario, la muerte sería considerada homicidio. Y en Rex v. Keate, Comberbach 406; 90 Eng. Rep. 557 (1697), el Juez Presidente Holt dijo que el comentario de Coke era una propuesta muy exage-rada en Derecho y que para que un homicidio no inten-cional constituyera asesinato debía existir el intento de cometer un delito grave (felony) o el propósito de hacerle daño a una persona.

Sobre este extremo el jurista Foster expresó que una muerte no intencional producida por un acto ilegal sería un asesinato si se produjera “en el curso de una intención criminal”. Al comentar estas expresiones, Stephen afirmó que “una doctrina es menos mala que la otra, bási-camente porque es más limitada”. La única autoridad citada por Foster en su comentario es un dictum de C. J. Host, en Rex v. Plummer, Kelyng 109; 84 Eng. Rep. 1103 (1701), el cual a su vez sólo citó a Coke en cuanto al requi-sito de intención criminal. La posición de Foster ha sido reiterada por Hawkins, Blackstone e East.

La jurisprudencia de la Inglaterra en el siglo XIX refleja los esfuerzos que realizaron los tribunales británi-eos para restringir la aplicación de la doctrina. Regina v. Greenwood, 7 Cox, Crim. Cas. 404 (1857); Regina v. Horsey, 3 F & F 287, 176 Eng. Rep. 129 (1862); culminando en Regina v. Serne, 16 Cox, Crim. Cas. 311 (1887). En el pre-sente siglo fue invocada comparativamente poco y abolida en 1957. La Sec. 1 de la Ley de Homicidios de Ingla-terra (1957, 5 & 6 Eliz. 2, cap. 11, sec. 1), dispone que una muerte ocurrida en situación de felony-murder no será asesinato a menos que haya sido llevada a cabo con la malicia y la premeditación requeridas en todos los otros casos de asesinato.

La trayectoria histórica expuesta refleja que el origen de la doctrina es dudoso. En Inglaterra, país donde nace, fue continuamente modificada y restringida, hasta que finalmente fue derogada. Podemos concluir que la misma surgió de una errónea interpretación jurisprudencial. En sus comienzos la validez de la misma no fue cuestionada. Ello respondía al hecho histórico de que para esa época todo delito grave (felony) era castigado con la pena capital. Entonces, “no era particularmente importante si el conde-nado era ahorcado por el delito grave inicial o por la muerte que éste produjo accidentalmente”. Por lo tanto, como señalaran Stephen y Perkins, en ese período la apli-cación directa de la doctrina no provocó ninguna in-justicia.

Otro factor que la favoreció fue que el Common Law no reconoce grados de asesinato. Esta circunstancia expe-rimentó en los Estados Unidos un gran cambio. En 22 de abril de 1794 Pennsylvania se convirtió en el primer estado que dividió el asesinato en grados, estableciendo a su vez diferencias en la pena. La evidencia recopilada por Keedy indica que su adopción surgió como resultado de la creciente preocupación por el rigor excesivo que implicaba la imposición de la pena de muerte a los convic-tos de cierto tipo de asesinato. Al aprobarse esta innova-dora legislación se incorpora a la misma la doctrina de asesinato estatutario, limitándola a los delitos de incendio, violación, robo y escalamiento. El estatuto de Pennsylvania se ha mantenido inalterado con la única excepción de que en el año 1939 se enmendó para incluir el delito de robo de niños.

En el año 1856 California añadió los términos del Código Penal de Pennsylvania a su propio estatuto. Más tarde, en el 1872, adoptó e incorporó el esquema estatuta-rio de Pennsylvania, definiendo el asesinato en general, tal como lo hacían las reglas del Common Law, y dividiéndolo luego en grados. La nueva técnica de dividir en grados los delitos según Pennsylvania y la incorporación de la doctrina del asesinato estatutario a la misma, rápidamente ganó adeptos y se extendió a todas las jurisdicciones en los Estados Unidos.

II

Limitaciones y Perspectiva Moderna de la Doctrina:

Hemos señalado previamente que el origen de la doc-trina es dudoso. Ello ha contribuido a que no haya sido una norma estática y bien definida, caracterizándose su evolución histórica en el Derecho penal por una continua interpretación judicial dirigida a restringir la severidad de su aplicación. Iguales limitaciones se han establecido por mandato legislativo.

Las condiciones elaboradas por los tribunales se basan en que el delito grave (felony) cometido o intentado debe ser: (1) peligroso para la vida humana; (2) una conse-cuencia natural y probable del delito grave (felony); (3) la causa próxima de la muerte; (4) malum in se; (5) un delito bajo el Derecho común (common law crime); (6) interpretado restrictivamente el período durante el cual el delito grave (felony) está en proceso de come-terse; y (7) independiente al asesinato.

La regla al presente no es favorecida por los tribunales y sólo la aplican cuando la ley lo requiere, y en esas instancias lo hacen con renuencia. Siempre que las circuns-tancias lo permiten moderan su aplicación.

Por otro lado se reconoce que las limitaciones origina-das en las legislaturas pueden agruparse en cinco catego-rías, a saber:

(a) la derogación o eliminación total del ordenamiento jurídico. Este curso de acción lo han seguido sólo tres estados: Hawaii, Kentucky y Ohio.

(b) reducción en el grado del asesinato así cometido. Bajo esta técnica el Poder Legislativo tipifica el asesinato cometido al perpetrarse o intentarse perpetrar un delito grave, no como un asesinato en primer grado, y sí como de un grado menor. Los estados de Alaska, Louisiana, New York, Pennsylvania, y Utah consideran el asesinato cometido bajo esta variante como de segundo grado. Minnesota, por su parte, lo califica como asesi-nato en tercer grado, pero a la misma vez crea ciertas excepciones. Wisconsin, por otro, califica el asesinato así cometido como un delito grave de clase B, establecién-dole una pena máxima de 20 años en prisión.

(c) el requisito de exigir mens rea, además de la inten-ción de cometer un delito grave {felony). Se requiere que se pruebe la existencia del mens rea además de la inten-ción de perpetrar un delito grave para que pueda apli-carse. Entre los estados que se encuentran en esta cate-goría están Arkansas, Delaware y New Hampshire.

(d) la enumeración de ciertos delitos graves bajo la regla. En cuanto a esta limitación podemos señalar que es la que mayormente se está utilizando al presente en los diferentes estados de la Unión. Bajo la misma la legisla-tura establece expresamente que al cometerse o intentarse cometer ciertos delitos específicos, si se causa la muerte a alguna persona, el asesinato se considerará de primer grado. Esta limitación tiene dos efectos: primero, reduce a un número restringido los delitos graves en que se aplica la doctrina, y segundo, en caso de que se cometa un asesi-nato al perpetrar o intentar perpetrar un delito de los no comprendidos entre los enumerados —para que se cali-fique como asesinato en primer grado— el Estado viene obligado a probar la intención específica de cometer dicho asesinato. El Código Penal Modelo nos señala que en esta categoría se encuentran treinta y una (31) jurisdicciones en los Estados Unidos.

(e) la disponibilidad de defensas afirmativas. Esta limi-tación, de reciente cufio, consiste en poner a disposición del acusado ciertas defensas afirmativas, esgrimibles cuando no actúa solo al cometer uno de los delitos señalados en el estatuto. Algunos de los estados que la han establecido son New York, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, New Jersey, North Dakota, Oregon, Washington, y Maine.

Cabe mencionar que aun con todas estas cortapisas, los cronistas y comentaristas siguen considerando la doctrina como un vestigio anacrónico. Se aduce que es un sobrevi-viente histórico cuya existencia carece de lógica y de base práctica en el Derecho moderno. El continuo ataque de que es objeto sigue respondiendo al señalamiento de que la misma quebranta el principio rector en Derecho penal de mens rea, esto es, que ninguna persona es responsable penalmente por haber producido cierto resultado delictivo, si al momento de producirlo no existía un estado mental capaz de producir dicho resultado, o sea la intención específica de producirlo. Adviértase, no obstante, que esa intención criminal (mens rea) constituye un estado mental intangible que a menudo se infiere de los actos y circunstancias que lo rodean, que por lo general es elemento esencial del delito.

El Código Penal Modelo, aunque recomienda su aban-dono, establece en la Sec. 201.2(b) que la muerte será ase-sinato en primer grado cuando se haya cometido impru-dentemente en circunstancias que manifiesten una indi-ferencia extrema hacia el valor de la vida humana. Establece, además, que se presume la existencia de la imprudencia e indiferencia si el causante está involucrado o es co-autor en la comisión, en el intento de cometer, o en la huida luego de cometer un robo, una violación por medio de la fuerza, amenaza o coacción, un incendio mali-cioso, un escalamiento, un secuestro o una fuga. Wech-sler nos dice que lo que ha hecho el Código Penal Modelo es crear una presunción controvertible de que ha mediado imprudencia y que se ha manifestado una indiferencia extrema hacia el valor de la vida humana, cuando se causa una muerte bajo las condiciones allí enumeradas. Afirma, además, que los que redactaron dicho Código hubieran querido seguir el ejemplo británico y eliminarla, pero se pensó que ese camino sería de poco valor político.

III

La Doctrina en Puerto Rico:

Examinado el origen y las limitaciones de la doctrina, estudiemos su evolución en el Derecho puertorriqueño.

A. Advenimiento

Para el año 1822, siendo Puerto Rico colonia de España, comenzó en dicho país una corriente para lograr una reorganización de su legislación penal sobre bases más científicas. Ello originó la aprobación el 17 de julio de 1870 de un Código Penal. El 23 de marzo de 1879, me-diante real decreto del gobierno español, se extendió a Cuba y Puerto Rico. Su Art. 414, que tipificaba el delito de asesinato, no admitía la existencia de distintos casos de asesinato, y sólo establecía y regulaba el delito de asesi-nato como tal. E. Cuello Calón, Derecho Penal, 13ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1972, T. II, vol. 2, pág. 495 et seq. Bajo ese Código se puede afirmar que en Puerto Rico no se reconocía la calificación de asesinato en primer y segundo grado. El Pueblo v. Reyes, 12 D.P.R. 61 (1907). Tampoco existía ni se visualizaba la regla del asesinato estatutario. Tal sigue siendo la situación en España. Cuello Calón, op. cit.

Al verificarse el cambio de soberanía en el año 1898, la Orden General Núm. 1 del Gobierno Militar implantado en Puerto Rico, mantuvo vigente dicho Código Penal. Con la creación de la Comisión Codificadora del año 1901, con-forme la Sec. 40 de la Ley Foraker, nuestro Derecho penal experimentó un gran cambio. La Comisión reco-mendó la derogación del vigente Código Penal y la apro-bación de uno aparentemente nuevo. El código así pro-puesto por la Comisión se basó en el de California, que databa del año 1873. Luego de ciertos trámites legislati-vos, el 1 de mayo de 1902 se aprobó esa recomendación empezando a regir el día 1 de julio.

En el Art. 199 del entonces nuevo Código se definió que “[a]sesinato es dar muerte ilegal a un ser humano, con malicia y premeditación”. Por su parte, el Art. 201 leía:

Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, ó tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y pre-meditada, ó cometida al perpetrarse ó intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto, ó mutilación, consti-tuye asesinato de primer grado; siendo de segundo grado todos los demás.

Con ambos artículos, equivalentes a los Arts. 187 y 189 del Código Penal californiano, por primera vez en la histo-ria del Derecho penal puertorriqueño se divide el delito de asesinato en grados —primero y segundo, El Pueblo v. Reyes, supra— y además se introduce una doctrina juris-prudencial extraña en esa época al sistema prevaleciente.

Con el transcurso del tiempo el Código Penal del 1902 fue objeto de un sinnúmero de enmiendas. Se mantuvieron inalterados los artículos sobre asesinato y sus modalidades.

B. Evolución jurisprudencial

Marcando el primer pronunciamiento judicial está El Pueblo v. Acosta, 11 D.P.R. 249, 256 (1906). Se acusó a varios de dar muerte a una persona al perpetrar un esca-lamiento. En la acusación no se alegó que los acusados actuaron premeditadamente y ello fue levantado en ape-lación. Dijimos “[cjuando al tratarse de cometer un esca-lamiento, se ocasiona la muerte á una persona, no es nece-sario, según la sección 201, alegar que el asesinato fue voluntario, deliberado y alevoso como sostiene el abogado del apelante y de igual modo es innecesario el considerar la falta de que la acusación no hable de alevosía”. Ese enfoque es reiterado en El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441, 449 (1911); El Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320, 333 (1912); El Pueblo v. Izquierdo, 25 D.P.R. 382 (1917); El Pueblo v. Matos y Matos, 26 D.P.R. 586 (1918); y Pueblo v. Olivencia, 54 D.P.R. 908 (1939). Más reciente, Pueblo v. Palóu, 80 D.P.R. 364 (1958), ejemplariza la aplicación de la regla.

En Pueblo v. Rodríguez Rivera, 84 D.P.R. 299, 300 (1961), se imputó un asesinato en primer grado por darse muerte a una persona mientras se cometía un escala-miento. El jurado rindió un veredicto de culpabilidad. En apelación se alegó que “erró la Sala al no definir al jurado lo que constituía el delito de escalamiento ya que se acusó de asesinato en la comisión de dicho delito”. Al discutirlo indicamos:

Esta es una situación, como podrá observarse, en que un ingrediente esencial de un delito lo constituye a la vez la comisión o el intento de cometer, otro delito. En ese caso, la muerte es a fortiori asesinato de primer grado, aunque no hubiera prueba separada de deliberación y premeditación. Pueblo v. Palou, supra, pág. 72.
Lo que es un escalamiento, ingrediente esencial en este caso de primer grado de asesinato, constituye un concepto legal al cual se llega estableciéndose determinados hechos. Era necesario e imprescindible, por lo tanto, que la Sala instruyera al jurado sobre lo que constituye en ley este delito, de modo que el jurado, con la prueba ante sí, deter-minara si se cometía un delito de escalamiento al darse muerte, y traer el veredicto estatutario de asesinato en primer grado y de ningún otro grado o delito menor compren-dido. La instrucción aludida se hacía aún más necesaria considerando que el escalamiento es uno de esos delitos que requieren una intención específica como cuestión de hecho, y no le basta la intención general del artículo 12 del Código Penal. Págs. 303-304.

Ordenamos nuevo juicio por no haberse brindado dichas instrucciones.

Estas decisiones ilustran la aplicación de la regla en forma automática. Reconocen el delito de asesinato en primer grado estatutariamente sin considerar para nada la intención del imputado. Básicamente son todos los casos que han surgido en Puerto Rico bajo la norma estatuida en el Código Penal de 1902. Actualmente dicho código no está en vigor. Fue sustituido mediante la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, que en los Arts. 82 y 83 respectivamente, tipifica el delito de asesinato. El Art. 82 define que “[a]se-sinato es dar muerte a un ser humano con malicia preme-ditada”, y el 83 establece que “[t]odo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, vio-lación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, estragos, mutilación o fuga constituye asesinato en primer grado, siendo de segundo grado todos los demás”.

Los comentarios al calce en ocasión de su aprobación afirman que “[s]e mantiene la regla del ‘felony murder’, pero en forma más abarcadora que la del anterior Código, ya que se amplia el número de delitos a que se aplica la regla, añadiéndose sodomía, secuestro, estragos o fuga. Conforme a dicha regla, toda muerte ocasionada al perpe-trarse o intentarse uno de los delitos graves enumerados, constituiría asesinato en primer grado”. Comentarios al Código Penal, 36 Rev. C. Abo. P.R. 43 (1975).

Se advierte, pues, que la Asamblea Legislativa, aun ante todas las críticas generadas en contra de la doctrina no sólo la mantuvo, sino que aumentó el número de deli-tos comprendidos. No podemos decir que la Legislatura no contempló ni evaluó su eliminación. La aprobación del nuevo código fue precedida por la redacción, estudios y consideración de varios proyectos. El preparado por el jurista Dr. Francisco Pagán Rodríguez,' en sus Arts. 107, 108 y 109, tipificaba el delito de asesinato, pero daba de baja la regla. Otro, el del Dr. José Miró Cardona regu-laba el delito de asesinato en su Art. 86 pero igualmente descartaba dicha regla.

Es inevitable concluir que el Poder Legislativo pres-cindió de toda recomendación tendiente a excluir la refe-rida doctrina. Es razonable determinar que el fundamento que movió a ese foro a adoptar tal postura fue el enun-ciado por Holmes: “. . . [s]i la experiencia demuestra, o el legislador entiende que demuestra, que de alguna manera las muertes que, de acuerdo a la evidencia, son acciden-tales ocurren con desproporcionada frecuencia en conexión con otros delitos, o con resistencia ofrecida a oficiales del orden público, o si en base a la política pública se entiende que es necesario llevar a cabo esfuerzos especiales para prevenir esas muertes, el legislador puede siempre consi-derar que actos que, en ciertas circunstancias, son crimi-nales o constituyen resistencia a oficiales del orden público, tienen una tendencia suficientemente peligrosa como para ubicarlos bajo una prohibición especial. Es por esto que la ley puede achacar al autor del peligro no sólo las conse-cuencias que éste puede prever, sino también aquellas que, aunque no pueden predecirse a base de la experiencia ordinaria, puedan ser percibidas por el legislador.” Resumiendo, su mantenimiento responde a una política pública gubernamental.

Es con esta perspectiva en mente que rechazamos la exhortación de los apelantes a que sigamos la corriente del estado de Michigan, donde su Tribunal Supremo la eliminó en People v. Aaron, 299 N.W.2d 304 (1980). Allí la doctrina fue suprimida porque había sido creada por los tribunales. Esa situación no existe ni se da en Puerto Rico. Aquí estamos ante una disposición de ley esta-blecida mediante acción legislativa en función al principio de legalidad. Su derogación, en ausencia de violación constitucional, corresponde al Poder Legislativo y no al Judicial. En este sentido, los apelantes no han señalado fundamento válido a nivel constitucional en contra de la doctrina. Los casos más recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos la han aplicado sin reparo alguno. Whalen v. United States, 445 U.S. 684, 63 L.Ed.2d 715 (1980); Harris v. Oklahoma, 433 U.S. 682 (1977), y Lockett v. Ohio, 438 U.S. 586 (1978). Nuestra misión se limita a interpretarla, tratando de lograr un adecuado balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado.

C. El robo en el asesinato estatutario

Los hechos reseñados previamente demuestran indubi-tadamente que las muertes ocurrieron al efectuarse un robo. El robo constituye una de las figuras más graves contra la propiedad, pues no sólo integra una ofensa a este derecho, sino que además supone un ataque a la tranqui-lidad personal individual. Siempre ha sido castigado con graves penas, indicativo de una constante repulsa contra tales hechos. Al consumarse un robo, el autor lo efectúa violentando ante todo el sentimiento de piedad en dos ver-tientes dinámicas: por su efecto contra el robado y subsi-guientemente el de propiedad. El Art. 173 tipifica el delito de robo: “[t]oda persona que se apropiare ilegal-mente de bienes muebles pertenecientes a otra, ya sus-trayéndolos de su persona, o de la persona en cuya posesión se encuentren, ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de la violencia o de la inti-midación, será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de veinte años.” 33 L.P.R.A. see. 4279.

Notamos, pues, cómo son elementos indispensables la intimidación o violencia hacia alguna persona. El vocablo “violencia”, según utilizado, significa un acometimiento personal, o sea, un empleo de fuerza física. La “intimidación”, por su parte, es la presión moral que por miedo se ejerce sobre el ánimo para conseguir de una persona un objeto determinado. Al concurrir cualquiera de estas dos situaciones —indispensables para que pueda perpetrarse un robo— es de esperarse que la víctima sea expuesta a un grave riesgo o peligro de perder la vida o sufrir grave daño corporal. Por tanto, es razonable concluir que el robo como tal es un delito muy peligroso para la vida humana. 50 A.L.R.3d 397, 412, y 40 A.L.R.3d 1341; People v. Stamp, 2 Cal.App.3d 203, 82 Cal. Rptr. 598 (1969), cert. den. 400 U.S. 819 (1970); Peoples. Brunt, 24 Cal.App.3d 945, 101 Cal. Rptr. 457 (1972); People v. Lilliock, 265 Cal.App.2d 419, 71 Cal. Rptr. 434 (1968); People v. Washington, 62 Cal.2d 777, 44 Cal. Rptr. 442, 402 P.2d 130 (1965).

Siendo el delito de robo uno de tipo grave y extremadamente peligroso para la vida humana, la Legislatura válidamente puede incluirlo bajo la doctrina del asesinato estatutario. El sentido común nos dice que al efectuarse un robo, en que de ordinario los asaltantes utilizan armas de fuego o letales para producir la intimidación, es de esperarse que debido a lo desprevenido de las víctimas y la fluidez situacional éstas puedan resultar lastimadas. Si por el contrario se hace uso de la fuerza física para consumarlo, la situación empeora. No es necesario mucho esfuerzo mental para comprender que al efectuarse un robo —debido al interés natural de la víctima de pro-teger su persona y bienes— el asaltante razonablemente ha previsto o puede prever que la consecuencia natural o probable de su acción puede desembocar en la muerte de alguna persona. Art. 15 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3062.

Así ocurre en el caso de autos. Los apelantes cometieron los asesinatos imputados en forma intencional. Es norma general que toda persona ha de considerarse que contempla y es responsable por todas las consecuencias naturales de sus propios actos. Pueblo v. González Ruiz, 90 D.P.R. 580 (1964).

Para fines ilustrativos en Derecho comparado, some-ramente cabe señalar que las muertes ocurridas al perpe-trarse robos, en España, al igual que en otros lugares han sido de gran preocupación. Allá, donde no se admite la doctrina, se ha establecido el delito de robo acompañado de homicidio. Art. 501(1) del Código Penal español. Se comete cuando con motivo o con ocasión del robo resulta un homicidio.

D. Los asesinatos como consecuencia del robo

Es norma generalmente reconocida que para que un daño o resultado delictivo pueda imputarse a una persona es necesario que el mismo haya ocurrido como consecuencia de su acción u omisión, o sea, que haya una relación de causa y efecto entre el acto y el daño. Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663 (1978); Pueblo v. González Ruiz, supra, págs. 583-585; Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 747, 758 (1964); Pueblo v. Márquez, 49 D.P.R. 890 (1936).

La causalidad, como se ha dicho en Italia, es “una salva-guarda del ciudadano . . . contra toda extensión arbitraria de la norma penal”. Corte Italiana de Casación, sec. 1, 23 de enero de 1966. Silving, por su parte, nos dice que “es un standard [medida] de limitación de responsabilidad, que opera porporcionando un principio de selección entre varias personas cuya intención y conducta se dirigen hacia un resultado dado cuando tal resultado se produce en los hechos, principio que permite elegir a una de esas perso-nas como objeto de la sanción. La razón para seleccionar como tal objeto al imputado que ‘causó’ el resultado es que su conexión con este último es más estrecha que la de los otros, aunque la intención de éstos puede haber sido más intensa que la de aquél y su conducta quizás, externa-mente más directa”. H. Silving, Elementos Constitutivos del Delito, Ed. U.P.R., 1977, págs. 97-98. Véanse además, P. K. Ryu, Causation in Criminal Law, 106 U. Pa. L. Rev. 773, 797-798 (1958); F. Díaz Palos, La causalidad material en el delito, Barcelona, Ed. Bosch, 1953; R. Maurach, Tratado de Derecho Penal, Barcelona, Ed. Ariel. 1962, págs. 220-247.

En el presente caso, la prueba testifical desfilada en el tribunal de instancia demuestra fuera de toda duda razo-nable que las muertes ocurrieron como consecuencia del robo perpetrado. Varios testigos declararon que Secundino y Benigno, después de las detonaciones, salieron corriendo del negocio, portando el primero una escopeta recortada y el segundo un revólver ensangrentado. Además, que al momento del arresto Benigno tenía las manos bañadas en sangre y que al ellos entrar al establecimiento encontraron dos cadáveres y la caja registradora abierta. State v. Glover, 330 Mo. 709, 50 S.W.2d 1049 (1932); State v. Darchuck, 117 Mont. 15, 156 P.2d 173 (1945); State v. Schaeffer, 96 Ohio 215, 117 N.E. 220 (1917) y 87 A.L.R. 400.

E. Responsabilidad del apelante Lucret Quiñones, arres-tado antes de ocurrir las muertes

Resta examinar si el apelante Lucret Quiñones es responsable por los delitos de asesinato, aun cuando al momento en que ocurrieron se encontraba arrestado y amarrado por los ciudadanos que se congregaron frente al negocio asaltado.

El Art. 35 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3172, estima autores de un delito, entre otros, a los que toman parte directa en la comisión del delito y a los que cooperan de cualquier otro modo en la comisión del mismo. Pueblo v. Santos Ortiz, 104 D.P.R. 115 (1975). No hay la menor duda de que la persona que al efectuarse un robo permanece en el auto, con el motor encendido para poder huir inmediatamente cuando los otros lo terminen, es autor de dicho delito. Ahora bien, se ha considerado que bajo ciertas circunstancias un co-autor de un delito de los comprendidos bajo la doctrina de asesinato estatutario, al ser arrestado con anterioridad al momento en que ocurre, no es responsable por dicho asesinato.

Se ha reconocido que para que el arresto de un co-partícipe de un delito pueda levantarse como defensa ante una acusación por asesinato, ocurrido con posterio-ridad a dicho arresto por los otros co-partícipes del delito original, tienen que concurrir ciertas circunstancias: (a) es indispensable que transcurra un intervalo razonable entre el arresto del co-autor del delito principal y el momento en que los otros co-autores cometen el asesinato —People v. Nichols, 230 N.Y. 221, 129 N.E. 883 (1921); People v. Schader, 44 Cal. Rptr. 1930, 401 P.2d 665 (1965); People v. Ford, 52 Cal. Rptr. 228, 416 P.2d 132 (1966); (b) el lapso de tiempo tiene que ser suficiente como para que los otros co-autores del delito original tengan la oportunidad de comprender que el otro co-partícipe ya no les está pres-tando apoyo y protección —no necesariamente tienen que saber que ha sido arrestado; (c) además, el período de tiempo no puede ser uno en donde el asesinato sea un acto inminente y la evitación del mismo sea impracticable —State v. Klein, 97 Conn. 321, 116 A. 596 (1922); People v. Nichols, supra; People v. Chapman, 224 N.Y. 463; 121 N.E. 381 (1918); (d) que después de haber sido arrestado el co-autor del delito principal, éste de ninguna manera incite o estimule a sus otros co-autores en la comisión del asesinato —2 Hale, Pleas of Crown 464 (1847); y (e) que el co-autor del delito principal que fue arrestado, no actúe para proteger a los otros co-autores para que éstos no sean interrumpidos en la comisión del delito principal. N. Morris, The Felon’s Responsibility for the Lethal Acts of Others, 105 U. Pa. L. Rev. 50, 74-78 (1956).

En el presente caso el apelante Lucret Quiñones fue arrestado instantes antes de que se efectuaran los disparos que causaron la muerte a las dos personas. Además, cuando los dos co-autores salieron del establecimiento robado, esperaban que Lucret estuviera en el auto para iniciar la huida. Finalmente, cuando éste fue arrestado, ya los asesinatos eran actos inminentes, casi imposibles de evitarse.

Resolvemos que Lucret no puede escapar de su responsabilidad por el delito de asesinato, por el sólo hecho de haber sido detenido con anterioridad a que se perpetra-ran. Sabía de la existencia de las armas, que sus com-pañeros las portaban y que el robo se llevaría a cabo uti-lizándolas para amenazar e intimidar a las víctimas. Conocía que ellos no vacilarían en utilizarlas conforme el disparo hecho en el primer negocio asaltado.

Se dictará sentencia que confirme las sentencias ape-ladas.

       1 Wharton’s Criminal Law and Procedure, sec. 251, pág. 539 (1957); United States v. Furlong, 5 Wheat. 184, 5 L.Ed. 64 (1820), 40 Am.Jur.2d, see. 72; R. Perkins, Criminal Law, Brooklyn, The Foundation Press, Inc., 1957, págs. 33-36; Application of Felony-Murder Doctrine Where the Felony Relied upon is an Includable Offense Within the Homicide, 40 A.L.R.3d 1341, 50 A.L.R.3d 239, 56 A.L.R.3d 397; Lockett v. Ohio, 438 U.S. 586 (1978).

       Véanse las anotaciones en 1 Wharton’s, op. cit., y el Código Penal Modelo, Draft Núm. 9, págs. 33-38.

      18 U.S.C. secs. 1111, 1472, 113 y 2113. Véase United States v. Herman, 576 F.2d 1139 (1978).

       Canadá al adoptar en su Código el asesinato estatutario (Art. 202) siguió el Informe de la “Criminal Code Bill Comission” del año 1879.

      Crum, Causal Relations and the Felony-Murder Rule, 1952 Wash. U.L.Q. 191; Morris, The Felon’s Responsibility for the Lethal Acts of Others, 105 U. Pa. L. Rev. 50, 58 (1956); Note, Recent Extension of Felony Murder Rule, 31 Ind. L. J. 534 (1956).

       Kaye, The Early History of Murder and Manslaughter, Part II, 83 L.Q. Rev. 569, 578-579, 593 (1967). Véase además, King v. Borthwick, 1 Doug. 207, 212, 99 Eng. Rep. 136, 138-139 (1779).

       Note, Felony Murder as a First Decree Offense: an Anachronism Retained, 66 Yale L.J. 427, 430 (1957); Recent Developments, Criminal Law: Felony-Murder Rule — Felon’s Responsibility for Death of Accomplice, 65 Colum. L. Rev, 1496 (1965).

       Recent Cases, Criminal Law-Homicide, 59 Dickinson L. Rev. 183, 185 (1955); Recent Decisions, Criminal Law — Murder-Felony Murder Rule, 9 Duq. L. Rev. 122, 123 (1970).

       Kaye, op. cit., pág. 578.

      Id, págs. 581, 586, 589.

        Id., pág. 593.

      Coke, Third Institutes, 1797, pág. 56.

      2 Torcía, Wharton’s Criminal Law, 14ta ed., see. 145, 204; Hurst, Criminal Law — The Felony-Murder Doctrine Repudiated, 36 Ky. L.J. 106 (1947); Moesel, A Survey of Felony Murder, 28 Temple L.Q. 453 (1955); 3 Stephen, A History of the Criminal Law of England, Londres, Ed. MacMillan, 1883, pág. 57; Constructive Murder, 65 The Law Times 291 (1878); 7A Hawaii Rev. Stat., sec. 707-701, Commentary, pág. 345.

        Felon’s Responsibility, supra, n. 2, pág. 1496.

       3 Stephen, op. cit., pág. 57.

        íd., pág. 65.

         Id., pág. 58.

       6 Hobbes, English Works, Dialogue of the Common Laws, 86, 87 (1840); Moesel, op. cit., pág. 453.

       1 Hale, Pleas of the Crown 465. Véanse además, Perkins, op. eit., pág. 38; y Moreland, Law of Homicide, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1952, pág. 42.

      3 Stephen, op. eit., pág. 65.

       Véanse además, Wilner, op. cit., pág. 812; y 3 Stephen, op. cit., pág. 69.

       Foster, Crown Law, 2da ed., 1791, pág. 258. También 3 Stephen, op. cit., pág. 75.

        I d.

        I d.

      1 Hawkins, Pleas of the Crown, 8va ed., 1824, pág. 86; 4 Blackstone, Commentaries, Hammond, Ed. 1898, págs. 192, 200-201; 1 East, Pleas of the Crown, 1803, págs. 255-260. Véanse además, Moreland, op. cit., pág. 42; Moesel, op. cit., pág. 453; Perkins, op. cit., pág. 559.

       Prevezer, The English Homicide Act: a New Attempt to Revise the Law of Murder, 57 Colum. L. Rev. 624, 635 (1957).

        Commonwealth v. Redline, 391 Pa. 486, 494, 137 A.2d 472, 476 (1958); Powers v. Commonwealth, 110 Ky. 386, 414, 61 S.W. 735, 741 (1901); 2 Torcia, op. cit., sec. 147, pág. 212; 3 Stephen, op. cit., págs. 75-76; LaFave y Scott, Criminal Law, pág. 546; Perkins, op. cit., pág. 44.

       Perkins, op. cit., pág. 44.

      1 Wharton, op. cit., sec. 263, pág. 558. Compárese: The Homicide Act, 1937, 8 Halsbury, Statutes of England, 3ra ed., 1969, sec. 1 et seq.

      4 Journal of the Senate 242 (Pa. 1794); E. Keedy, History of the Pennsylvania Statute Creating Degrees of Murder, 97 U. Pa. L. Rev. 759 (1949).

      Jd. Sobre la posible influencia que los dogmas eclesiásticos de la época hayan podido tener en el establecimiento de distinciones entre delitos y grados de los mismos a base del elusivo criterio del estado de la mente del autor, véase Turner, The Mental Element in Crimes at Common Law, 6 Cambridge L.J. 31 (1938), según citado en M. Joseff, Homicide — Murder—Intent to Kill as Affecting the Degree of Murder, 24 So. Cal. L. Rev. 288, 289 (1951).

       9 Duq. L. Rev., supra, págs. 123-124.

       Pa. Stat. Ann., Tit. 18, sec. 4701 (1939).

       J. Pike, What is Second Degree Murder in California?, 9 So. Cal. L. Rev. 112, 117 (1936); Joseff, op. cit., pág. 290.

        People v. Pavlic, 227 Mich. 562, 199 N.W. 373 (1924); Commonwealth v. Bowden, 456 Pa. 278, 309 A.2d 714 (1973); Jenkins v. State, 230 A.2d 262 (1967), confirmado en 395 U.S. 213, 89 S.Ct. 1677, 23 L.Ed.2d 253 (1969); State v. Moffitt, 199 Kan. 514, 431 P.2d 879 (1967); People v. Washington, 62 Cal.2d 777, 44 Cal. Rptr. 442, 402 P.2d 130 (1965); People v. Phillips, 64 Cal.2d 574, 51 Cal. Rptr. 225, 414 P.2d 353 (1966); People v. Goldvarg, 346 Ill. 398, 178 N.E. 892 (1931); State v. Thompson, 280 N.C. 202, 185 S.E.2d 666 (1972); People v. Jeffrey Carter, 387 Mich. 397, 197 N.W.2d 57 (1972); Pliemling v. State, 46 Wis. 516, 1 N.W. 278 (1879); People v. Golson, 32 Ill.2d 398, 207 N.E.2d 68 (1965); Wade v. State, 581 P.2d 914 (1978).

        Powers v. Commonwealth, supra.

         People v. Louis Scott, 29 Mich. App. 549, 185 N.W.2d 576 (1971); Wade v. State, supra; State v. Mauldin, 215 Kan. 956, 958, 529 P.2d 124, 126 (1974); State v. Glover, 330 Mo. 709, 50 S.W.2d 1049 (1932); State v. Diebold, 152 Wash. 68, 277 P. 394 (1929); People v. Treichel, 229 Mich. 303, 200 N.W. 950 (1924); Jenkins v. State, supra; State v. Moffitt, supra; Pliemling v. State, supra; State v. Leopold, 110 Conn. 55, 147 A. 118 (1929); Powers v. Commonwealth, supra.

        People v. Pavlic, supra; People v. Samuel Scott, 6 Mich. 287 (1859).

        Commonwealth v. Exler, 243 Pa. 155, 89 A. 968 (1914); State v. Burrell, 120 N.J.L. 277, 199 A. 18 (1938).

        People v. Archie Smith, 55 Mich. App. 184, 222 N.W.2d 172 (1974), confirmado en parte en 396 Mich. 825 (1976); State v. Diebold, supra; People v.
        Hüter, 184 N.Y. 237, 77 N.E. 6 (1906); People v. Walsh, 262 N.Y. 140, 186 N.E. 422 (1933); Huggins v. State, 149 Miss. 280, 115 So. 213 (1928); State v. Taylor, 173 La. 1010, 139 So. 463 (1931); State v. Montgomery, 191 Neb. 470, 215 N.W.2d 881 (1974); People v. Joyner, 32 App. Div.2d 260, 301 N.Y.S.2d 215 (1969), revocado en 26 N.Y.2d 106, 257 N.E.2d 26, 308 N.Y.S.2d 840 (1970); State v. Opher, 38 Del. 93, 188 A. 257 (1936).

        Garrett v. State, 573 S.W.2d 543 (1978); People v. Moran, 246 N.Y. 100, 158 N.E. 35 (1927); State v. Fisher, 120 Kan. 226, 243 P. 291 (1926); State v. Severns, 158 Kan. 453, 148 P.2d 488 (1944); State v. Shock, 68 Mo. 552 (1878); People v. Hüter, supra; People v. Ireland, 70 Cal.2d 522, 450 P.2d 580, 75 Cal. Rptr. 188 (1969); Application of felony-murder doctrine, supra; People v. Wilson, 1 Cal.3d 431, 462 P.2d 22, 82 Cal. Rptr. 494 (1969); People v. Sears, 2 Cal.3d 180, 465 P.2d 847, 84 Cal. Rptr. 711 (1970).

       Perkins, op. cit., pág. 44.

       Hawaii Rev. Stat., sec. 707-701.

       Ky. Rev. Stat., sec. 507.020.

       Ohio Rev. Code Ann., sec. 2903.04 (Page).

       Alaska Stat., sees. 11.41.110,11.41.115.

      La. Rev. Stat. Ann., sec. 14:30.1.

      N.Y. Penal Law, sec. 125.25 (McKinney).

       Pa. Cons. Stat. Ann., tit. 18, sec. 2502 (Purdon).

      Utah Code Ann., sec. 76-5-203 (1).

       Minn. Stat. Ann., secs. 609.185, 609.195.

      62) Wis. Stat. Ann., secs. 940.02 (2), 939.50 (3)(b).

       Ark. Stat. Ann., sec. 41.1502.

      Del. Code, tit. 11, sec. 636.

      65) N.H. Rev. Stat. Ann., secs. 630:1, 630:l-a y 630:l-b.

      Véanse Código Penal Modelo, Draft #9, pág. 33 y 34; Ala. Code, tit. 14, sec. 413 (Miehie 1940); Ariz. Rev. Stats. Ann., sec. 13-452 (West 1956); Ark. Stats., sec. 41-2205 (Bobbs-Merrill 1947); Cal. Pen. Code, sec. 189 (Deering 1949); Colo. Rev. Stats., sec. 40-2-3 (1953); Conn. Gen. Stats., sec. 782.04 (1957); Ida. Code, sec. 18-4003 (Bobbs-Merrill 1948); Ind. Stat. Ann., sec. 10-3401 (Bobbs-Merrill 1956); Iowa Code Ann., sec. 690.2 (1958); Md. Ann. Code, art. 27, sec. 407-410 (Michie 1957); Mich. Comp’ Laws, sec. 750.316 (1948); Mo. Rev. Stats., sec. 559.010 (1949); Mont. Rev. Codes Ann., sec. 94-2503 (Allen Smith 1947); Neb. Rev. Stats., sec. 28-401 (1943); Nev. Rev. Stats., sec. 200.030 (1957); N.H. Rev. Stats. Ann., sec. 585.1 (Lawyer’s Coop. 1955); N.J. Stats. Ann., sec. 113-2 (West 1953); N.D. Rev. Code, sec. 12-2712 (1953); Ore. Stats., sec. 163.010 (1953); Pa. Stats. Ann., sec. 4701 (Purdon 1945); R.I. Gen. Laws, sec. 11-23-1 (Bobbs-Merrill 1956); Tenn. Code Ann., sec. 39-2402 (Bobbs-Merrill 1955); Utah Code Ann., sec. 76-30-3 (Allen Smith 1953); Vt. Stats., sec. 8240 (1947); Va. Code, sec. 18-30 (Michie 1950); Wash. Rev. Code, sec. 9.48.030 (1951); W.Va. Code, sec. 5916 (Michie 1955); Wyo. Comp. Stats. Ann., sec. 9-201 (Bobbs-Merrill 1945); D.C. Code, sec. 22-2401 (1951); 18 U.S.C.A. sec. 1111 (1950).

      See. 125.25 del Código Penal de New York. Véanse además, Comment, 24 Rutgers L. Rev. 591, 612-613, escolio 144 (1970); People v. Aaron, 299 N.W.2d 304, 316 (1980).

       Alaska Stat., supra.

       Ark. Stat. Ann., supra.

       Colo. Rev. Stat., sec. 18-3-102.

      Conn. Gen. Stat., sec. 53a-54c.

      N.J. Rev. Stat. Ann., sec. 2C:11-3(a).

      N.D. Cent. Code, sec. 12.1-16-01.

      Or. Rev. Stat., sec. 163.115.

       Wash. Rev. Code Ann., sec. 9A.32.030.

      Me. Rev. Stat., tit. 17-A, see. 202. Véase además: 40 Am.Jur.2d, sec. 72.

       Moreland, op. cit, pág. 82.

      Gegan, Criminal Homicide in the Revised New York Penal Law, 12 N.Y.L. Forum 565, 586 (1966); Williams, El Elemento Mental en el Delito, 27 Rev. Jur. U.P.R. 169 (1957); 9 Duq. L. Rev., supra, pág. 122.

        Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 710, 716 (1956); Hall, General Principles of Criminal Law, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 147, págs. 279-376.

        Pueblo v. Miranda, supra.

       Código Penal Modelo, op. cit., pág. 33.

       Wechsler, Codification of Criminal Law in the United States: The Model Penal Code, 68 Colum. L. Rev. 1425,1446-1447 (1968).

      31 Stat. 86, Cap. 191, 12 de abril de 1900 (Carta Orgánica de 1900, see. 40).

       El ilustre jurista Luis Muñoz Morales criticó que se calcara y presentara “como si fuera una novedad y un progreso en relación con lo existente”, con-cluyendo que era “muy inferior en su método y principio científico, al derogado español de 1879.” Compendio de Legislación Puertorriqueña y sus precedentes, U.P.R. 1948.120-121.

      Rev. Jur. U. I., Núm. 6, pág. 94 (1971).

      41 Rev. Jur. U.P.R. 748-749 (1972).

       Holmes, The Common Law, págs. 58-59. Código Penal Modelo, op. cit., pág. 38.

      En esta jurisdicción tan solo existen los delitos estatutarios y no los deli-tos reconocidos por el common law (common law crimes). Corretjer v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 754 (1951); Pueblo v. Escambrón Beach Club, 63 D.P.R. 761 (1944); El Pueblo v. Alcaide, 29 D.P.R. 184 (1921); El Pueblo v. Ruiz, 29 D.P.R. 74 (1921); El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 548 (1908).

       El principio de legalidad establece que “[n]o se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido”. Además que “[n]o se podrán crear por ana-logía delitos, penas, ni medidas de seguridad”. 33 L.P.R.A. see. 3031.

       f. Puig Peña, Derecho Penal, 5ta ed., Barcelona, Ed. Deseo, 1960, T. IV, Vol. 2, pág. 186.

      A. Quintana Ripollés, Curso de Derecho Penal, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1963, vol. 2, pág. 206.

       Cuello Calón nos dice que “Para la existencia de este delito deben con-currir dos condiciones: la. que se cometa un robo; y 2a. que con motivo u ocasión del robo resulte homicidio. En el robo, el propósito de robar, es su elemento primordial. Es preciso la apropiación de una cosa mueble ajena y el ánimo de lucro. El valor de lo robado carece aquí de importancia, incluso para la determinación de la pena, pues el delito existe por muy escaso que sea el valor de la cosa robada.
      “El homicidio ha de resultar con motivo u ocasión del robo. Basta que entre aquél exista una relación meramente ocasional. No se requiere que el homicidio se cometa como medio de ejecución del robo, ni que el culpable tenga intención de matar. El delito existe según constante jurisprudencia, aún cuando no con-curra ánimo homicida, incluso si la muerte sobreviniere por mero accidente siempre que se produzca con motivo o con ocasión del robo, siendo indiferente que la muerte sea anterior, coetánea o posterior a éste. Es indiferente que el hecho de muerte constituya un homicidio en sentido estricto (Art. 407) o un ase-sinato (Art. 406)”. Derecho Penal, 13ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1972, pág. 858. La figura delictiva del robo con homicidio, como delito complejo, es extraña a la mayoría de los códigos. Sin embargo un importante número de legislaciones his-panoamericanas lo configuran así. Entre ellas se hallan Chile, Art. 433 (1); Argentina, Art. 165; Honduras, Art. 499 (1); Cuba, Art. 517 (1); Costa Rica, Art. 270 (1); Salvador, Art. 457; y Filipinas, Art. 294.

       No estamos ante un caso en que sea aplicable la defensa de “desisti-miento voluntario” consagrada en el Art. 28 del Código Penal. 33 L.P.R.A. see. 3123. Lucret no abandonó espontánea ni por su propio albedrío la empresa criminal planeada previamente, como tampoco evitó sus resultados, en particular el uso mortal de las armas de fuego por sus compañeros, máxime conociendo la inclinación de éstos usarlas, según hicieron en el primer asalto, el de la ferre-tería. El desistimiento que exonera por acciones ejecutadas subsiguientemente es el nacido de la voluntad de la persona y “no el impuesto por circunstancias inde-pendientes de su libre determinación, aunque hayan influido en ésta”. Comenta-rios al Código Penal, op. cit., pág. 43.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    Carmen M. Ramos, por sí y en representación de su hijo menor David Ríos Ramos, y éste además por sí, demandantes y recurridos, v. Hospital Sub-Regional de Aguadilla y Otros, demandados; Administración del Fondo de Compensación al Paciente, demandada y peticionaria.

      Número: O-80-534

      Resuelto: 12 de noviembre de 1981

      Darío Padín Mimoso, abogado de la peticionaria; Miguel A. Montalvo y Gil A. Morales, abogados de los demandantes recurridos. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las demás partes demandadas no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Un joven estudiante estando en el salón de clase sintió un dolor en una pierna. Sus compañeros lo llevaron al con-sultorio de un médico en el ejercicio privado de la pro-fesión. Le recetó, pero no acertó. Lo llevaron entonces a una policlínica de donde lo refirieron al Hospital Sub-Regional de Aguadilla para que le hicieran unos análisis. Le hicieron un estudio y, encontrando algo dudoso, lo refi-rieron al Centro Médico de Mayagüez. Allí “le sacaron una placa y le manifestaron que no tenía nada”. Lo devolvieron a su casa y le dieron cita. El joven continuó con el dolor y la pierna se le adormecía. Lo llevaron entonces a la Clínica Bella Vista. Le hicieron nuevos análisis, tomaron placas y determinaron que tenía una hernia inguinal estrangulada y que había que hospitalizarlo para prac-ticarle una operación de emergencia. Como no tenía medios económicos lo refirieron al Centro Médico de Mayagüez. En el Centro lo operaron. Falleció y resultó que no tenía hernia alguna. Estas son, en esencia, las ale-gaciones de la demanda.

La madre y un hermano del infortunado joven deman-daron al médico privado que primeramente lo atendió, al Hospital Sub-Regional de Aguadilla, al Centro Médico de Mayagüez, al Estado Libre Asociado y al Hospital Bella Vista. Los otros médicos demandados actuaron como empleados del E.L.A., de las instituciones pertenecientes al E.L.A. y del Hospital Bella Vista. Se incluyó, además, como demandada a la Administración de Compensación del Paciente.

La Administración solicitó que se desestimara la de-manda en cuanto a ella. Fundó su pedido en el hecho de que el Hospital Sub-Regional de Aguadilla y el Centro Médico de Mayagüez “son instituciones para el cuidado de la salud pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o sus agencias e instrumentalidades y de conformidad con la ley de la Administración del Fondo de Compensación al Paciente no están obligados a hacer apor-tación alguna a la Administración, por lo que la Adminis-tración no emite póliza alguna a su favor”. Además, señaló que el Hospital Bella Vista, el Dr. Joaquín Oronoz y el Dr. Juan Díaz Troche, institución y médicos en el ejercicio privado de la profesión que atendieron en algún momento al paciente, tenían, para la fecha de los hechos alegados en la demanda, pólizas de responsabilidad en exceso al mínimo requerido por la Ley Núm. 74 de 1976, según fuere enmendada, y que los otros doctores demandados no aparecen registrados.

En virtud de la Ley de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitaliaria se creó la Administración del Fondo de Compensación al Paciente, cuyo propósito es “proveer una cubierta de responsabilidad profesional mé-dico-hospitalaria hasta la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares para cubrir aquella porción de cada re-clamación de daños por culpa o negligencia (malpractice) que ocurra en Puerto Rico y que exceda los límites de responsabilidad financiera que se requiere en la see. 4108 de este título a los profesionales en el cuidado de [la] salud y a las instituciones para el cuidado de [la] salud [veinti-cinco mil (25,000) dólares por reclamación o hasta un agregado de setenta y cinco mil (75,000) dólares por año].” Art. 41.050, inciso (l)(a), 26 L.P.R.A. sec. 4105(l)(a). Este inciso dispone, además, que la responsabilidad de la Administración no podrá exceder de setenta y cinco mil (75,000) dólares por cada reclamación y ciento cincuenta mil (150,000) dólares agregados, excepto cuando el asegu-rado haya obtenido de y pagado a la Administración una cubierta opcional hasta quinientos mil (500,000) dólares. En este último caso la responsabilidad de la Adminis-tración no podrá exceder del monto de la cubierta opcional dispuesta en la póliza.

El fondo que este organismo administra se nutre de las aportaciones que por ley vienen obligados a hacer los profesionales en y las instituciones para el cuidado de la salud en el modo y proporción que dispone el Art. 41.060 del Código. 26 L.P.R.A. see. 4106. De acuerdo con este ar-tículo “cada profesional en el cuidado de salud e insti-tución para el cuidado de salud que preste activamente servicios en Puerto Rico vendrá obligado a pagar [anual-mente] a la Administración la aportación [que ella esta-blezca para la cubierta dispuesta en el Código]”. El Art. 41.080 (26 L.P.R.A. see. 4108) exime de dicho pago a (1) los profesionales en el cuidado de salud que no ejercen privadamente su profesión y trabajan exclusivamente como empleados de instituciones privadas para el cuidado de salud y están cubiertos por el seguro de éstas; (2) los profesionales en el cuidado de la salud que trabajan exclu-sivamente para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, dependencias y municipios que no ejerzan privadamente su profesión; y (3) las instituciones para el cuidado de la salud que pertenezcan al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, sus agencias, dependencias y muni-cipios.

En cuanto a los médicos que trabajan exclusivamente para instituciones privadas aseguradas, la razón por la que no tienen que probar que están asegurados privada-mente ni acogerse al seguro suplementario que proporcio-na la Administración es fácilmente perceptible. En estos casos la responsabilidad de estos médicos está cubierta por su patrono. En otras palabras, las instituciones para las que trabajan les proporcionan el seguro necesario para cubrir los riesgos que acarrea el ejercicio de su profesión allí.

En cuanto a los médicos que trabajan exclusivamente para el Estado, la razón por la que también están exentos de probar su responsabilidad financiera es similar. En estos casos el Estado les ha otorgado inmunidad completa contra demandas por culpa o negligencia en el desempeño de sus funciones como empleados públicos, Art. 41.080, inciso (1), 26 L.P.R.A. see. 4108, inciso (1), y ha asumido la responsabilidad por éstos. Ni los profesionales en el cui-dado de la salud que trabajan exclusivamente para el Estado ni las instituciones en el cuidado de la salud per-tenecientes al Estado, sus agencias, dependencias y muni-cipios, hacen aportaciones a la Administración. Tampoco el Estado.

El tribunal de instancia entendió que a pesar de esto la Administración responde de los daños y perjuicios ocasionados por los médicos e instituciones hospitalarias del Estado porque de lo contrario el perjudicado quedaría “huérfano de un medio reparador sustitutivo”. Esta interpretación es errónea. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico responde por los daños que ocasionen los actos culposos o negligentes de sus empleados. Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179, 181 (1979). Los provenientes de la impericia profesional médica de sus empleados no son la excepción. Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1968); cf. Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375 (1978).

La creación de la Administración garantiza la disponibilidad de un seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria a aquellos médicos e instituciones para el cuidado de la salud que la ley requiere que estén asegurados y hagan aportaciones el fondo de compensación al paciente. La ley no requiere que el Estado lo esté ni que haga aportación de clase alguna.

La Administración no responde por las reclamaciones contra el Estado como tampoco puede responder por las reclamaciones dirigidas contra los médicos e instituciones que no hacen las aportaciones a que vienen obligados por disposición expresa de la ley. En este sentido véase el Art. 41.070 (26 L.P.R.A. see. 4107), que dispone, en parte, que “en ningún caso la Administración responderá por daños por culpa o negligencia (malpractice) ocasionados en un año fiscal para el cual el profesional en el cuidado de salud o institución para el cuidado de salud no haya cum-plido con las aportaciones exigidas en el Art. 41.060 [sec. 4106 de este título]”.

De manera que respecto al Hospital de Distrito de Mayagüez y al Hospital Sub-Regional de Aguadilla, ambos pertenecientes al Estado, la responsabilidad por el pago de cualquier reclamación corresponde al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico y no a la Administración.

El único supuesto bajo el cual la Administración podría responder no está presente en este caso. Se trata de la disposición que permite a la Administración proveer una cubierta voluntaria para las instituciones pertenecientes al Estado o sus municipios. Art. 41.050, inciso (l)(d)(i), 26 L.P.R.A. see; 4105. No surge, sin embargo, que el Estado se haya acogido a este tipo de cubierta opcional.

La Administración tampoco responde por las reclama-ciones contra los tres médicos que, según la declaración jurada que acompañó la moción, no hicieron la correspon-diente aportación ni presentaron prueba de su responsabi-lidad financiera. Art. 41.070 (26 L.P.R.A. see. 4107).

Sin embargo, se impone la confirmación de la resolución por razones distintas a las aducidas en la resolución de instancia. Aun la revisión de órdenes o resoluciones interlocutorias se da contra éstas y no contra sus fundamentos. Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, 110 D.P.R. 1, 3, n. 1 (1980).

La declaración jurada de la promovente afirma que respecto al Hospital Bella Vista y otros dos médicos la Administración no responde diz que porque ellos “tenían para la fecha de los hechos alegados en la demanda [una] póliza de responsabilidad en exceso [del] mínimo reque-rido por la ley”. El problema con esta aseveración es que no permite concluir que la Administración está exenta de responsabilidad.

La ley exige, como hemos dicho, que tanto médicos como instituciones en el cuidado de la salud se aseguren en por lo menos veinticinco mil dólares por reclamación o hasta un agregado de setenta y cinco mil dólares por año. Art. 41.080 (26 L.P.R.A. see. 4108). La Administración provee una cubierta por el exceso de dicha cantidad hasta la suma de ciento cincuenta mil dólares. Art. 41.050 (26 L.P.R.A. see. 4105). Precisamente porque la Adminis-tración puede ser responsable en parte de la reclamación que exceda de aquellos límites es que el inciso (1) del Art. 41.070 (26 L.P.R.A. see. 4107) dispone que la Adminis-tración será parte indispensable en todo pleito de daños por impericia profesional médica.

Es posible que el médico o institución haya adquirido un seguro con una compañía privada en exceso de los mínimos de veinticinco y setenta y cinco mil. En tal caso el Art. 41.070 (26 L.P.R.A. see. 4107) en su inciso (6) dis-pone que dicha cubierta será responsable por pérdidas hasta la cantidad que exprese la póliza, pero el médico o institución puede obtener una reducción actuarial adecuada a su aportación a la Administración. De ahí que pueda darse el caso de que la póliza obtenida en el sector privado cubra el monto total de la responsabilidad que la ley le impone subsidiariamente a la Administración y en ese caso ésta no vendría obligada a responder. Pero de la declaración jurada que se presentó no surge si el exceso de la póliza cubre la totalidad de la responsabilidad de la Administración y nosotros no podemos inferir ese dato. Es necesario que la declaración jurada exponga en detalle cuál es el monto de la póliza del médico o institución asegurado y, si posible, el nombre de la compañía que expidió la póliza. Esos son detalles que según la ley deben constar en los expedientes de la Administración y son de fácil comprobación. La mera conclusión de que el médico en cuestión tiene seguro en exceso del mínimo dispuesto por ley sin especificar cuál es el exceso y sin que surja, por ende, que la Administración está exenta de responsabi-lidad, es insuficiente para desestimar el pleito en cuanto a ésta.

En mérito de lo anterior se confirmará la resolución recurrida y se devolverá el caso para ulteriores procedi-mientos.

       La hernia inguinal es una hernia de una viscera intestinal, generalmente intestino o epiplón, o ambos, en el conducto inguinal, cubierta por una prolon-gación del peritoneo o saco hemiario. Es estrangulada cuando ocurre una cons-tricción firme del cuello de la hernia intestinal, que ocluye completamente la luz del intestino y produce síntomas de obstrucción y gangrena de la porción her-niada. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 8va ed., Barcelona, Ed. Salvat, 1963, pág. 583.

       Ya en Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19 (1979), expusimos las cir-cunstancias que propiciaron que la Asamblea Legislativa aprobara el Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria. Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976, Art. 41.010 et seq. del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4101 et seq.


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Sr. Díaz Cruz.

text:
    Carmen Vélez Ruiz, et al., demandante y recurrida, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y peticionario.

      Número: O-80-631

      Resuelto: 16 de noviembre de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal, Pro-curador General Auxiliar, abogados del peticionario; Cando & Cando, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios por impe-ricia profesional médica instada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Trabada la controversia y luego de concluido el descubrimiento de prueba, el tribunal designó un panel de arbitraje mediante orden al efecto al amparo de los Arts. 41.100 a 41.130 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sees. 4110 a 4113.

La parte demandante presentó una moción en la que solicitó que se declarara inconstitucional toda disposición relativa al arbitraje compulsorio. El Estado se opuso.

El tribunal de instancia acogió el planteamiento de la parte demandante y declaró inconstitucional aquellas dis-posiciones de los Arts. 41.100 a 41.130 del Código de Segu-ros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sees. 4110 a 4113, que se refieren al arbitraje compulsorio de toda disputa por impericia profesional médica ante un panel. Basó su reso-lución, entre otras cosas, en que el esquema legislativo interviene indebidamente con la función judicial en vio-lación al mandato constitucional que reserva la función judicial sólo a la Rama Judicial.

A petición del Estado accedimos a revisar.

El 30 de mayo de 1976, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la Ley Núm. 74, conocida por Ley de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria, la cual se incorporó a nuestro Código de Seguros como los Arts. 41.010 a 41.160 (26 L.P.R.A. sees. 4101 a 4116). En ésta se creó un detallado esquema de arbitraje de toda re-clamación judicial de daños y perjuicios por impericia profesional médica con un elemento distintivo: el panel de arbitraje. De acuerdo con los Arts. 41.100 a 41.130 (26 L.P.R.A. sees. 4110 a 4113), el procedimiento y diseño estatutario es el siguiente.

Se presenta la demanda bajo juramento ante la sala y sección del tribunal con competencia. Una vez se presenta la contestación a la demanda se procede al descubrimiento de prueba. Concluido el mismo el Juez Administrador designa un panel de arbitraje, el cual, una vez constituido, procederá a celebrar la vista del caso en sus méritos.

El panel le toma juramento a los testigos, recibe la prueba y adjudicada todo asunto de procedimiento y evi-dencia de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil y las Reglas de Evidencia.

Dentro de los sesenta días de concluida la vista el panel emite su decisión por mayoría de votos. La decisión consis-tirá de sus determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, recomendaciones sobre daños y responsabilidad y sus fundamentos. “La decisión del panel de arbitraje será final y sólo podrá ser revocada o modificada por [el] tribunal si luego de revisada la misma encontrare que: (a) las determinaciones de hechos incluidas en la decisión son cla-ramente erróneas; o (b) la decisión no fue emitida con-forme a derecho; o (c) no se llevaron a cabo los procedi-mientos necesarios para la emisión de la decisión.” Art. 41.130, inciso (6), 26 L.P.R.A. see. 4113.

En cuanto a la composición del panel la ley establece que “estará compuesto por tres miembros, un abogado que será su Presidente, un miembro de la profesión médica, que pertenecerá a la clase a la cual pertenezca la persona contra quien se haya [presentado] la acción y un represen-tante del interés público que no será abogado ni profe-sional en el cuidado de [la] salud ni representante de insti-tución para el cuidado de [la] salud”. Art. 41.110 inciso (2), 26 L.P.R.A. see. 4111, inciso (2). El inciso (3) de este ar-tículo señala que los miembros del panel se seleccionarán de un listado preparado y aprobado por el Secretario de Salud.

El importe total de las dietas (que puede ser de hasta cien dólares diarios por panelista), así como los gastos en que incurra el panel serán sufragados por las partes. Sólo en caso de indigencia manifiesta es que puede eximirse a una parte de hacer el pago, situación que obliga a las demás partes en el pleito a asumir el pago que le corres-pondía a la parte insolvente.

En términos generales ésta es la estructura de arbi-traje que establece la Ley de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria.

La llamada crisis de los seguros de responsabilidad profesional médico-hospitalarias que motivó a nuestra Asamblea Legislativa a promulgar la Ley Núm. 74 no parece ser evento local únicamente. Véanse, Gouldin & Gouldin, The Medical Malpractice Insurance Crisis, 3 Ohio North. U. L. Rev. 510 (1975) y Roth, The Medical Mal practice Insurance Crisis: Its Causes, The Effects, and Proposed Solutions, 44 Ins. Counsel J. 469 (1977).

En Estados Unidos los estados han afrontado la situa-ción legislando específicamente para reglamentar las accio-nes de daños por impericia profesional. El panel de arbi-traje parece ser el mecanismo preferido en este tipo de legislación pues para 1979, por lo menos veintiún estados lo habían adoptado, Comment, Constitutional Challenges to Medical Malpractice Review Boards, 46 Tenn. L. Rev. 607, 613, n. 19 (1979), y ya en diez de éstos, según afirma este comentario, el panel de arbitraje ha sido cuestionado judi-cialmente por razones constitucionales, entre éstas, porque usurpa la función judicial reservada a los tribunales. Véanse, también, Note, Medical Malpractice Mediation Panels: A Constitutional Analysis, 46 Fordham L. Rev. 322, 344-46 (1977); Comment, Testing the Constitutionality of Medical Malpractice Legislation: The Wisconsin Medical Malpractice Act of 1975, Wis. L. Rev. 838, 849-852 (1977); Muranaka, Compulsory Medical Malpractice Insurance Statutes: An Approach in Determining Constitutionality, 12 U. San Francisco L. Rev. 599 (1978).

Son los tribunales de justicia los llamados a resolver los casos y controversias que se presentan ante ellos. La propia Constitución dispone que “[e]l Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley”. Art. V, Sec. 1. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y la de determinar su competencia y organización. Art. V, Sec. 2.

A tenor con la facultad que le confirió la Constitución la Asamblea Legislativa promulgó la Ley de la Judicatura de 1952. En ésta se creó un Tribunal General de Justicia compuesto por el Tribunal Supremo y por un Tribunal de Primera Instancia, el cual ejerce su jurisdic-ción cuando las personas interesadas, no pudiéndose poner de acuerdo sobre sus derechos personales y de propiedad, acuden inicialmente al proceso judicial. La Regla 2 de Procedimiento Civil señala que un pleito se inicia con la presentación de la demanda en el tribunal. Es entonces cuando el Poder Judicial se ejerce y manifiesta.

En este punto las partes, luego de seguir el cauce procesal dispuesto por los distintos cuerpos de reglas, someten al juez la controversia, bien sea de hechos, de derecho o de ambas cosas, para que éste la resuelva. En el ejercicio de ese poder el juez participa de ordinario en tres etapas del proceso judicial. Primero, examina la verdad de los hechos; secundo, aplica las normas de derecho que procedan; y, tercero, determina el remedio a concederse a base de las alegaciones y la prueba. Cf. Cedar Rapids, etc. v. Cedar Rapids Commun. Sch., 222 N.W.2d 391 (1974).

A manera de excepción, y no como norma general, la Regla 41 de Procedimiento Civil permite que el Tribunal encomiende a un comisionado algún asunto, si y sólo si “estuvieren envueltas cuestiones sobre cuentas y cómputos difíciles de daños o casos que envuelvan cuestiones sumamente técnicas o de un conocimiento pericial altamente especializado”. Regla 41.2. Aunque la regla está concebida en términos permisibles (“El tribunal... podrá nombrar...”) la discreción conferida, aparte de estar restringida por lo anterior, ha sido celosamente revisada por este Tribunal. E.g., Melendez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 895 (1976); Cestero v. Pérez de Jesús, 104 D.P.R. 891 (1976); Batiz v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 41, 49 (1975); Parkhurst v. Parkhurst, 76 D.P.R. 212 (1954).

En caso de que un asunto sea debidamente encomen-dado a un comisionado, el informe que éste rinde no es final (excepto por estipulación de las partes). “El tribunal, después de oír a las partes, podrá adoptar el informe, o modificarlo, o rechazarlo en todo o en parte, o recibir evi-dencia adicional, o devolverlo con instrucciones.” Regla 41.5, inciso (b).

Existe otra excepción en la jurisdicción federal, similar a la del comisionado, que al igual que ésta ha superado el escrutinio del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se trata de la facultad que le ha dado el Congreso al juez de la corte de Distrito federal para que éste designe a un magistrado para que oiga y determine, en primera instan-cia, cualquier asunto pendiente ante la corte con anterio-ridad al juicio. 28 U.S.C. sec. 636(b)(1). En cuanto a cier-tas mociones “dispositivas” (como por ejemplo, la moción de supresión de evidencia) el juez de distrito puede enco-mendarle al magistrado federal que celebre vistas —in-cluyendo vistas con el propósito de recibir y aquilatar evidencia— y que luego le someta propuestas determinacio-nes de hechos y recomendaciones para la disposición del caso. 28 U.S.C. see. 636. Sin embargo, el magistrado no tiene facultad para hacer una determinación final ni obli-gatoria. Las partes tienen derecho a objetar las determi-naciones del magistrado en cuyo caso el juez de distrito viene obligado a hacer una determinación de novo en cuanto a la porción objetada y, en todo caso, tiene dis-creción para aceptar, rechazar o modificar, en todo o en parte, las determinaciones o recomendaciones hechas por el magistrado. El juez puede incluso recibir evidencia adi-cional, devolver el caso al magistrado o sustraer nueva-mente el asunto remitido a éste.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó que al aprobar la Ley Federal de Magistrados el Congreso estuvo consciente en cuanto a que estaba invistiendo de poder decisional a los magistrados. Por tal razón, el Con-greso hizo claro que la Corte de Distrito tiene plena dis-creción para autorizar al magistrado a celebrar una vista para recibir y aquilatar la evidencia y que el magistrado actúa de forma subsidiaria a y en auxilio de la Corte de Distrito. “Por consiguiente, todo el proceso se lleva a cabo bajo el total control y jurisdicción de la corte de distrito” y . . aunque la ley permite que el juez de distrito le con-fiera a las propuestas determinaciones de hechos y reco-mendaciones del magistrado ‘aquel peso que [sus] méritos mande y que la sana discreción judicial requiera’, Mathews v. Weber [423 U.S. 261, 275 (1976)], tal delegación no viola el Art. Ill [de la Constitución de Estados Unidos que trata sobre el Poder Judicial] en tanto y en cuanto la decisión final sea hecha por la corte de distrito.” United States v. Raddatz, 447 U.S. 667, 681, 683 (1980).

Lo crucial de este esquema no es que sea el magistrado, en vez del juez, quien haga determinaciones de hechos pues ya desde Crowell v. Benson, 285 U.S. 22, 51 (1932), el Tribunal expresó que “no se requiere que, para mantener los atributos esenciales del poder judicial, todas las deter-minaciones de hechos en los tribunales constitucionales tengan que ser hechas por jueces”. Lo crucial es que el juez retenga siempre su discreción para referir o no el asunto a un magistrado, que tenga la facultad de adoptar sus propuestas o recomendaciones así como la de rechazar-las, en todo o en parte, y que sea al fin de cuentas quien tome la decisión final. Su discreción incluye la de escuchar por sí mismo nuevamente el testimonio de testigos en caso de reclamos contradictorios sobre credibilidad y resolver a base de ello, El esquema estatutario de la Ley Federal de Magistrados incluye procedimientos suficientes para alertar a la Corte de Distrito sobre si ejercer su discreción para celebrar una vista y ver el testigo por sí mismo. United States v. Raddatz, supra, págs. 680-681.

Ninguno de estos elementos de discreción e intervención judicial está presente en el esquema de encomienda forzosa al panel de arbitraje que crea la Ley de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria. De acuer-do con la ley bajo consideración, la encomienda del asunto al panel arbitraje es mandatoria. El tribunal no tiene dis-creción para retener y ver algún caso que a su juicio no debiera ir al panel. Sucede siempre que la delegación de la función judicial es porque lo manda la ley y no porque el tribunal estime que es un caso excepcional. Esto, por supuesto, atenta contra la integridad del sistema judicial mismo.

Además, la ley también dispone que las decisiones del panel son finales y obligatorias tanto para las partes como para el tribunal. En el momento crítico del procedimiento judicial, que es el del juicio y adjudicación de la controversia, el panel, distinto a un comisionado o magistrado, deja de ser un asistente del tribunal y en clara usurpación de la función judicial se convierte de facto en el tribunal.

En Wright v. Central Du Page Hospital Association, 347 N.E.2d 736 (1976), el Tribunal Supremo de Illinois declaró inconstitucional la ley que creaba un procedi-miento de arbitraje compulsorio mediante panel a base de que ello constituía un ejercicio indebido de la función judicial por personas extrañas a la judicatura. El panel de Illinois se componía de tres personas: un médico, un abo-gado y un juez. Las decisiones se tomaban por mayoría, lo que implicaba que la resolución de un asunto en particular pudiera tomarse por los otros dos funcionarios sobre la oposición del juez. Al igual que el nuestro, aquel panel también hacía determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

En cuanto al laudo en sí, el esquema estatutario de Illinois permitía que el mismo sirviera de base a la sen-tencia del tribunal si las partes estaban de acuerdo. No obstante, en caso de desacuerdo u objeción por parte de alguna de ellas, el pleito proseguía el procedimiento civil ordinario e iba a juicio en su fondo ante el tribunal. El laudo de arbitraje era inadmisible en evidencia.

Un año después se suscitó en Arizona la misma cues-tión sobre la constitucionalidad del panel de arbitraje de dicho estado por varios fundamentos, entre los cuales se hallaba el relativo al ejercicio indebido de la función judicial. Eastin v. Broomfield, 570 P.2d 744 (1977). Pero dis-tinguiendo el caso de Wright, el Tribunal Supremo expresó que el panel del estado de Arizona, contrario al de Illinois, tenía el propósito de promover las transacciones y su laudo podía ser presentado en evidencia aunque nunca podía servir de base a la sentencia del tribunal. El Tribunal Supremo concluyó que en Arizona el laudo era más bien una opinión consultiva que siempre podía ser rechazada por las partes, pues no era obligatoria para ninguna.

La situación de Puerto Rico es cualitativamente peor que la de Illinois y, por supuesto, distinta a la de Arizona. De hecho para 1977 ya se le atribuía a Puerto Rico la notable distinción de ser la única jurisdicción de Estados Unidos que poseía un procedimiento de arbitraje compul-sorio que era forzosamente vinculante para las partes. White & McKenna, Constitutionality of Recent Malpractice Legislation, 13 Forum 312, 327 (1977). Y sostienen estos autores que si en Estados Unidos se adoptaran disposicio-nes similares a las nuestras, indudablemente acrecentaría el número de ataques constitucionales.

Si bien el procedimiento de arbitraje implantado en la mayoría de los Estados de la Unión es compulsorio, el laudo no lo es. Las partes tienen plena potestad para acep-tarlo o rechazarlo y siempre queda a salvo el derecho a dirimir de novo la controversia ante juez o jurado según sea el caso. Puerto Rico, sin embargo, es la excepción pues, como hemos visto, el estatuto dispone expresamente que “la decisión del panel de arbitraje será final”. El hecho de que la ley le reserva la facultad al juez para modificar el laudo no altera la situación porque, primero, las partes no pueden optar por no quedar vinculadas originalmente y, segundo, las causas de modificación no ofrecen un campo bastante amplio de intervención judicial en cuanto a la fase original de adjudicación de hechos y de derecho. La intervención judicial es muy restringida.

Sin entrar a considerar la validez del proceso de selección y nombramiento de los miembros del panel, éstos, con excepción del abogado, son legos en la aplicación del derecho procesal y probatorio y, aún más, del derecho sustantivo. Sin embargo, la ley les encomienda que apliquen las Reglas de Procedimiento Civil, las de Evidencia y que hagan conclusiones de derecho, recomendaciones de daños y de responsabilidad civil debidamente fundamentadas. No se pueden hacer conclusiones de derecho si no se conoce cuál es la norma de ley aplicable ni el modo en que los tribunales la han interpretado. El hecho de que uno de los miembros sea abogado nada significa pues en el panel las decisiones se adoptan por mayoría. La realidad sigue siendo que la ley le ha encargado a un panel de legos que interprete y aplique la ley en el curso de un procedimiento estrictamente judicial, lo cual perturba el ejercicio del Poder Judicial que la Constitución le ha reservado a los tribunales.

Tampoco puede equipararse la vista ante el panel como un procedimiento cuasijudicial ante un organismo administrativo. El panel de arbitraje no es un organismo administrativo. A pesar de ciertas similaridades el panel no actúa como una junta administrativa ni sus determinaciones tienen el mismo efecto que las determina-ciones administrativas. El panel de arbitraje es, en esen-cia, un nuevo estrato en el proceso judicial. Véase Comment, The Constitutional Considerations of Medical Malpractice Screening Panels, 27 Am. U. L. Rev. 161, 175 (1977). El panel tal y como ha sido implantado en Puerto Rico quebranta el Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Se dictará sentencia confirmando la resolución re-currida.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en opinión separada. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado.

-O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Sr. Díaz Cruz.

No considero que el sistema de panel de arbitraje para entender en acciones de daños por culpa o negligencia (mala práctica) contra profesionales en el cuidado de salud (Art. 41.100 y ss.) Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4110 y ss.) perturbe o disminuya el ejercicio del poder judicial de los tribunales en grado impermisible bajo la Consti-tución. La integración del panel ordenada en 26 L.P.R.A. see. 4111, por un abogado que será su Presidente, un miembro de la profesión médica perteneciente a la misma clase de la persona demandada y un representante del interés público que no será abogado ni profesional en el cuidado de la salud ni representante de institución dedi-cada a esa práctica, designados (que vale decir escogidos) por el Juez Administrador de la sala competente, provee a las partes un foro de excelencia, de igual idoneidad al tribunal de derecho que en el curso del juicio oye testimo-nio pericial o refiere a un comisionado, bajo la Regla 41 de Procedimiento Civil cuestiones técnicas o de naturaleza pericial especializada. A tal punto el panel de arbitraje médico no es más que un comisionado colectivo, tres en vez de uno, con superior capacidad para insuflar justicia a sus determinaciones porque tiene la dirección de un abogado, el conocimiento especializado de un médico y un represen-tante no comprometido del interés público que aporta al panel el valor de equilibrio que es la cualidad moderadora por excelencia del jurado.

En este diseño de panel de arbitraje médico, como en el más modesto de comisionado nada rinde la justicia. Por el contrario se enriquece y mejora con la versatilidad técnica, intelectual y social de sus componentes. Así visto en la fibra básica de su estructura, no me impresiona el rutina-rio y casi automático ataque constitucional que está a la espera de toda legislación reformista y que en este caso invoca precedentes de tribunales que han interpretado estatutos vis & vis Constituciones que no coinciden necesa-riamente con los nuestros.

A pesar de su referencia a un panel, la decisión final es del tribunal que “expedirá la resolución correspondiente”, 26 L.P.R.A. see. 4113(4), después de revisar la decisión del panel, con plena audiencia para la parte inconforme en la que podrá solicitar del tribunal su revocación o modifi-cación basada en que (a) las determinaciones de hecho son claramente erróneas; o (b) la decisión no fue emitida con-forme a derecho; o (c) no se llevaron a cabo los procedi-mientos necesarios para su emisión. En términos prácticos de implementación de justicia, frente al reservado poder revisor y fiscalizador del tribunal de la decisión del panel, no goza ésta de más finalidad que el informe de un comi-sionado. De ahí que reiteramos el criterio de que este panel en esencia es un examinador de pruebas que excede la facultad del comisionado sólo en número, tres en vez de uno, mas inseparablemente supeditado como éste al crite-rio judicial sobre la corrección de su laudo.

Este panel de arbitraje médico ha tenido buena expe-riencia en nuestro país: ha provisto un foro altamente cua-lificado, promovido las transacciones, aliviado los tribu-nales de reclamaciones frívolas y todo ello con la más amplia oportunidad de presentar el caso, pues la ley hasta provee relevo de pago de dietas del panel a quien carezca de recursos económicos para sufragarlas; concede a las partes el derecho a objetar la designación de un miembro del panel, por causa justificada, que el tribunal sustituirá a su discreción, y finalmente establece recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de la resolución del Tribunal Superior. 26 L.P.R.A. see. 4114. ¿Acaso puede haber mejor garantía del debido proceso de ley?

Es difícil entender que dentro de la amplia facultad que a la Asamblea Legislativa confiere el Art. V, Sec. 2 de nuestra Constitución de 1952 para “crear y suprimir tribunales ...” y para determinar “su competencia y organi-zación”, pueda tacharse de inconstitucional este órgano de auxilio a los tribunales, que no es producto de creación ni supresión, sino simple acto de organización en probado beneficio de la adjudicación de este tipo de reclamaciones. Al mismo infundado ataque estaría sujeto el proyecto para la creación de cortes de pueblo o de vecindario para co-nocer de controversias mínimas, y otra vez se presentaría la Constitución como rémora y obstáculo a reformas del sis-tema judicial y a la mejoría del método para dirimir con-troversias. A tan inesperada interpretación conduce el re-clutamiento de los criterios de Iowa, Wisconsin, Tennessee e Illinois.

El panel de arbitraje médico no es más que un comisio-nado plural; su decisión carece de finalidad hasta obtener la aprobación del tribunal, luego de amplia audiencia de impugnación. Es un instrumento de auxilio en la adjudi-cación racional de este tipo de pleitos por nuestros jueces que retienen completo control del resultado final. Hace tiempo es principio inconmovible e incuestionado que el Poder Judicial no sufre detrimento porque personas que no son jueces, en determinados casos hagan las determina-ciones de hecho. Crowell v. Benson, 285 U.S. 22 (1932).

El ejercicio por la Asamblea Legislativa del poder cons-titucional para crear tribunales y reorganizar su compe-tencia en este caso del panel de arbitraje médico, es de menor dimensión al utilizado en la institución de agencias administrativas como D A C O, Junta de Planificación, Oficina de Personal y otras donde se refiere la controver-sia a un órgano especializado antes que al tribunal. Bajo el mismo principio, podría instaurarse el arbitraje compulso-rio en conflictos laborales. En resultado final, la Asamblea Legislativa en el caso que nos ocupa no ha hecho otra cosa que reclamar para este tipo de controversias la innegable utilidad de los organismos administrativos. “Es facultad exclusiva del legislador la de determinar qué tipo de organización se presta mejor para el desempeño de una función pública. Si el legislador prefiere una junta o un departamento o una corporación pública a un negociado, esa preferencia, salvo disposiciones constitucionales que expresamente la prohíban, es definitiva para los tribu-nales.” P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 D.P.R. 982, 1000 (1960). (Énfasis nuestro.)

Desde que nacimos a la profesión estamos viendo Comi-sionados a quienes se les encomienda expresamente oír la prueba y hacer determinaciones de hecho. No parece tan novedoso, sino sabia medida, encomendarlas a un panel de tres comisionados selectos.

Sostengo la constitucionalidad de la Ley y anularía la resolución de instancia.

       No obstante, la facultad del juez de hacer una determinación de novo no implica necesariamente la de celebrar una nueva vista. El juez puede decidir a base del récord ante el magistrado. United States v. Raddatz, supra.

       En su informe de 1977, la Comisión de Responsabilidad Profesional Médica de la American Bar Association expresó:
      “A special note should be made of the new Puerto Rico statute. To the Commission’s knowledge, it is the first law ever passed in an American jurisdiction which provides for mandatory, binding arbitration of malpractice claims. There is a clear constitutional problem in providing for mandatory arbitration. The Pennsylvania Supreme Court, when faced with a compulsory arbitration law, held that ‘a statute, the effect of which is to compel the parties to submit to arbitration, is unconstitutional . . . where the statute closes the courts to litigants and makes the decision of the arbitrators the final determination of the rights of parties. In re Smith, 381 Pa. 223, 112 A.2d 625 (1955).” [Énfasis en el original.] American Bar Association, Report to the House of Delegates Commission on Medical Professional Liability, pág. 38 y escolio 28, reproducido en A.B.A. 1977 Annual Meeting Reports with, Recommendations.