author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Ernesto López y esposa, por sí y en representación de la menor Z.L.O., demandantes y recurridos, v. Jesús Cruz Ruiz y otros, demandados, Gobierno Municipal de Cataño y otros, codemandados y peticionarios.

      Número: CE-86-744

      Resuelto: 5 de octubre de 1992

      Roberto De Jesús Cintrón, abogado de los codemandados y peticionarios; José Luis Cumbas Torres, abogado de los de-mandantes y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos ante nos la ocasión para precisar y aclarar al-gunos de nuestros pronunciamientos normativos en Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515 (1979), sobre la responsabilidad del que pacta con un contratista independiente.

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El 13 de septiembre de 1979, el Municipio de Cataño (en adelante el Municipio), representado por su alcalde José Álvarez Brunet, contrató los servicios de la firma Bayamón Asphalt Paving, representada por su presidente Jesús Cruz Marrero, para que efectuara un trabajo de limpieza en un solar yermo propiedad de ese municipio.

Mediante dicho contrato el señor Cruz Marrero se obligó a realizar el trabajo de limpieza a cambio del pago de $5,000. Se acordó que se haría primero un pago parcial según factura de trabajo realizado y un pago final al ter-minar la limpieza del solar. El Municipio no exigió un se-guro de responsabilidad pública al contratista; sólo se le exigió la póliza del Fondo del Seguro del Estado.

La firma contratada, a su vez, subcontrató los servicios del codemandado Jesús Cruz Ruiz (padre de Cruz Marre-ro), incluyendo como parte de esos servicios el uso de un camión de Cruz Ruiz.

En horas de la tarde del 18 de octubre de 1979, mientras se realizaba la limpieza del mencionado solar, el codeman-dado José A. González Mercado conducía el camión vacío de regreso del vertedero para dirigirse al solar nuevamente. Al pasar frente al Parque Perucho Cepeda, localizado cerca del solar en cuestión, el camión impactó a la menor demandante Zoraida López Ortega, quien mon-taba en bicicleta y había salido momentos antes de una escuela elemental ubicada al lado del parque.

El 8 de octubre de 1980 los padres de la menor Zoraida López Ortega, Ernesto López y su esposa, Olga Ortega, por sí y en representación de la menor, presentaron la de-manda sobre daños y perjuicios que dio lugar al inicio de este pleito. En la demanda se incluyó como demandados a José A. González Mercado, Jesús Cruz Ruiz y a las compa-ñías aseguradoras “Equis” y “Ye”. En la misma se alegó que José A. González Mercado era el conductor del vehículo que ocasionó los daños a la menor Zoraida López Ortega y que dicho vehículo estaba registrado en el Departamento de Obras Públicas a nombre de Jesús Cruz Ruiz.

El 21 de diciembre de 1981 la parte demandante pre-sentó una demanda enmendada en la cual se añadió como codemandados a Jesús Cruz Marrero y a su esposa. En la misma se alegó que el codemandado Jesús Cruz Marrero fue la persona que alquiló el camión que ocasionó los daños a la menor Zoraida López Ortega y que éste era responsa-ble de los mismos. Se alegó que el conocimiento de este hecho, motivo de la enmienda a la demanda, surgió de una contestación al interrogatorio que diera el codemandado Jesús Cruz Ruiz el 6 de julio de 1981. Ambos codemanda-dos, Jesús Cruz Marrero y su esposa Nereida Erazo, fueron emplazados individualmente. El codemandado Jesús Cruz Marrero en su contestación a la demanda levantó como defensa afirmativa que él arrendó un camión perteneciente al codemandado Jesús Cruz Ruiz, quien actuó como contra-tista independiente, por lo que él no era responsable por los daños que éste hubiese ocasionado.

El 19 de agosto de 1982 la parte demandante solicitó y obtuvo permiso del tribunal de instancia para enmendar nuevamente la demanda, y el 23 de agosto siguiente pre-sentó una segunda demanda enmendada. En la misma se incluyó como codemandados al Municipio de Cataño y a “Fulano” y a “Sutano” como aseguradores y/o como otros demandados desconocidos en el pleito. Se alegó que el Mu-nicipio era el dueño de la obra en la cual estaba trabajando el contratista codemandado Jesús Cruz Marrero y que el Municipio debió exigirle a éste una póliza de responsabili-dad pública debido a que cualquier daño causado por el contratista sería atribuíble al dueño de la obra por ser el promovente de la misma. La parte demandante alegó, ade-más, que fue el 21 de julio de 1982, a través de la contes-tación de los demandados originales a su interrogatorio, cuando se enteró, por primera vez, que el camión causante de los daños se estaba usando en una obra del Municipio.

El 22 de septiembre de 1982 la parte demandante noti-ficó al Municipio sobre la ocurrencia de los hechos que die-ron lugar a este litigio y su intención de tomar acción legal en su contra. El Municipio contestó la segunda demanda enmendada y levantó como defensas afirmativas que la de-manda no aducía hechos constitutivos de una causa de ac-ción contra el Municipio, que la reclamación en su contra estaba prescrita y que no se había dado cumplimiento al requisito de notificación dentro del término dispuesto en ley.

El 14 de mayo de 1985 el tribunal de instancia emitió una sentencia parcial, luego de haberse celebrado una vista limitada al aspecto de negligencia, en la cual deter-minó que la causa del accidente en cuestión se debió a la negligencia del conductor del camión José A. González Mercado, y que dicho camión era propiedad del codeman-dado Jesús Cruz Ruiz. El tribunal también le concedió a las partes treinta (30) días para ponerse de acuerdo en cuanto a los aspectos de daños y responsabilidad que que-daban pendientes. Al día siguiente, el Municipio solicitó que se desestimara la demanda en cuanto al Municipio, alegando que no había relación causal suficiente que conec-tara al Municipio con los daños sufridos por la menor. La moción fue denegada.

Por no llegar las partes a un acuerdo, los demandantes solicitaron una vista para establecer responsabilidad. El Municipio se opuso a dicha vista alegando otra vez que no había relación causal que ligase al Municipio con el accidente. La vista se celebró el 27 de mayo de 1986. En la misma, las partes acordaron someter escritos adicionales en apoyo de sus posiciones sobre responsabilidad, los infor-mes periciales y las declaraciones juradas de los deman-dantes para establecer los daños. Se acordó que, de no ha-ber objeciones, se entendería sometido el caso a base del expediente.

Con fecha de 27 de junio de 1986 la parte demandante presentó su informe al tribunal sobre responsabilidad, prueba pericial y evaluación de angustias mentales y daños. Las partes codemandadas no presentaron objeción al mismo y el caso se entendió sometido a base del expediente.

El 14 de agosto de 1986 el tribunal de instancia emitió otra sentencia en la que determinó que el Municipio era responsable por los daños causados a los demandantes. El tribunal entendió que los demandantes habían descubierto que el Municipio era el dueño de la obra después de haber presentado su demanda inicial, como resultado del corres-pondiente descubrimiento de prueba realizado por la parte demandante en relación con los demandados originales, y que sólo quedaba por resolver la controversia planteada por el Municipio sobre la inexistencia de relación causal. El foro de instancia no adjudicó los derechos y las obligaciones de las otras partes codemandadas en el pleito e impuso responsabilidad solamente al Municipio por los daños y perjuicios causados a los demandantes. El tribunal estimó los daños físicos sufridos por la menor en $150,000, los daños especiales en $31,200, su pérdida de ingresos en $25,000, sus angustias mentales en $50,000, y las angus-tias mentales de su padre y su madre en $25,000 para cada uno. Impuso, además, $5,000 por concepto de honorarios de abogados y $214,728 en intereses computados al doce por ciento (12%) desde la presentación de la demanda cinco punto setenta y cinco (5.75) años atrás. El monto total de la compensación concedida fue de $525,928.

El 11 de septiembre de 1986 el Municipio presentó una moción de reconsideración al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Dicha solicitud de reconsideración fue rechazada de plano por el tribunal el 18 de septiembre de 1986.

El 7 de noviembre de 1986 el abogado del Municipio acudió ante nos mediante petición de certiorari y planteó las cuestiones de derecho siguientes:

I. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción para revisar la “Opinión y Sentencia” recurrida mediante el presente recurso de certiorari por ser ésta una sentencia interlocutoria contra la cual no ha comenzado a correr el término jurisdiccional de 30 días establecido en la Regla 53 de las de Procedimiento Civil para acudir en revisión.
II. Erró el tribunal a quo al emitir como sentencia final una “Opinión y Sentencia” en la que no se adjudican las responsa-bilidades y obligaciones de todas las partes co-demandadas, y en la que tampoco se cumple con el requisito de certificación de finalidad establecido en la Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil para que proceda dictar sentencia final contra una o más, pero menos del total de las partes en un pleito en que figuren partes múltiples.
III. Erró el tribunal a quo al imponer responsablidad al peti-cionario, Municipio de Cataño, por los daños ocasionados por negligencia del conductor de un camión subcontratado por un contratista independiente para realizar la labor contratada por el Municipio. El tribunal erró al imponer responsabilidad al Municipio en ausencia de algún riesgo previsible que hubiese requerido que el Municipio hubiese tomado precauciones especiales.
IV. Erró el tribunal a quo al no determinar que las reclama-ciones de los padres de la menor demandante contra el Muni-cipio de Cataño estaban prescritas y que todas las reclamacio-nes eran improcedentes por no haberse cumplido con el requisito de notificación al Municipio dentro del término dis-puesto por ley.
V. Erró el tribunal a quo al imponer al peticionario, Munici-pio de Cataño, el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado más el pago de intereses al 12 por ciento sobre la cuantía de la compensación concedida, a computarse desde la fecha de la radicación de la demanda hasta la fecha en que se dictó sentencia. Petición de certiorari, pág. 6.

A los fines de evaluar integralmente el recurso presen-tado, y en atención a la circunstancia de que la sentencia dictada no adjudicaba la responsabilidad de todas las par-tes, el 26 de noviembre de 1986 ordenamos al Tribunal Superior que procediera a adjudicar la responsabilidad de las partes restantes en el caso y nos remitiera copia de la sentencia una vez realizara dicha adjudicación.

El Tribunal Superior de Bayamón dictó lo que llamó “Sentencia Enmendada” el 12 de diciembre de 1986. Me-diante la misma el tribunal enmendó la sentencia anterior de 14 de agosto de 1986 a los efectos de imputarle respon-sabilidad solidaria a todos los codemandados.

Vista la petición de certiorari y la sentencia final del presente caso, concedimos término a la parte recurrida para mostrar causa por la cual no se debía expedir el auto y revocar parcialmente la sentencia recurrida únicamente a los efectos de eximir al Municipio de responsabilidad.

En contestación a nuestra orden para mostrar causa la parte demandante solicitó que no se relevara de responsa-bilidad al Municipio y alegó que era fácil prever que podían causarse daños al disponer de desperdicios sólidos me-diante el uso de un camión, máxime cuando para llegar al vertedero municipal el camión tenía que pasar cerca de un parque de pelota y una escuela elemental, áreas donde po-día haber niños jugando. Por ello, según la parte deman-dante, el Municipio debió haber exigido al contratista una póliza de seguro de responsabilidad pública para proteger a terceros contra daños que pudiesen surgir en el trans-curso de la obra.

La posición del Municipio es que no responde por los daños y perjuicios que se reclaman en su contra porque los trabajos de limpieza del solar fueron realizados por Jesús Cruz Marrero, un contratista independiente; el conductor del camión que causó los daños a la menor demandante no era su empleado, sino empleado de dicho contratista, y no están presentes en este caso las circunstancias que permi-tirían imponerle responsabilidad al dueño de la obra por los daños causados por el empleado de un contratista inde-pendiente en la ejecución de la obra contratada.

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Coincidimos con la determinación del tribunal de instancia de que el codemandado Jesús Cruz Marrero era un contratista independiente. Al así hacerlo hemos examinado las circunstancias del caso en conjunto, dándole especial consideración a la cuestión de quién retenía el control de la acción de la cual resultó el daño. De los hechos no controvertidos surge que el Municipio contrató a Jesús Cruz Marrero y a su firma, Bayamón Asphalt Paving, para que realizaran un trabajo de limpieza y que el contratista quedó sometido a la voluntad y al control del Municipio solamente en cuanto al resultado final de la labor contratada. Fue el propio contratista quien por su cuenta subcontrató los servicios del camión y de su conductor, por lo que era él quien tenía el control y la autoridad sobre éstos. No hubo ninguna prueba que indicase que el Municipio ejerció control alguno sobre la manera, los medios y las personas que llevaron a cabo el trabajo.

Sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente, la condición de contratista independiente no releva por sí sola al principal que emplea a dicho contratista de los daños que éste haya causado. En Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, establecimos la doctrina vigente en nuestra jurisdicción sobre la responsabilidad del dueño de una obra por los daños causados a terceros por un con-tratista independiente. La norma de responsabilidad adop-tada fue la siguiente:

Un empleador responde, por daños que debió anticipar al tiempo de contratar, y no puede eludir responsabilidad pasán-dola al contratista. ... La persona que emplea un contratista independiente para hacer trabajo que el empleador debe reco-nocer como propenso a crear durante su desarrollo un riesgo peculiar de daño a tercero a menos que se tomen precauciones especiales, está sujeta a responsabilidad por el daño causado por razón de no haberse cuidado el contratista de tomar tales precauciones, aun cuando el empleador las hubiese ordenado en el contrato o por cualquier otro medio. (Escolio omitido.) Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, págs. 521-522.

Con relación a la clase de riesgos peculiares previsibles por los que responde el empleador en ausencia de precauciones especiales señalamos que:

La responsabilidad del empleador gira en torno a “riesgos espe-ciales, peculiares al trabajo que deba realizarse y que surgen de su naturaleza o del sitio donde deba realizarse, contra los cua-les un hombre razonable reconocería la necesidad de tomar pre-cauciones especiales.... ‘Peculiar’ no quiere decir que sea un riesgo anormal en ese tipo de labor o que ha de ser un riesgo anormalmente grande. Se refiere sólo a un peligró especial y conocible que se da en esa clase de trabajo.” Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, págs. 522-523.

En Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, abandonamos la norma restrictiva de responsabilidad utilizada en casos anteriores tales como Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782 (1952), y Bonet v. Municipio de Barceloneta, 87 D.P.R. 81 (1963). Bajo la antigua norma, el principal sólo respondía por los actos de un contratista independiente en aquellos casos en que el daño causado fuese resultado directo y necesario del trabajo realizado, por tratarse de una actividad que por su propia naturaleza necesariamente tenía que causar o producir peligros o daños.

Bajo la doctrina adoptada en Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, pág. 522:

Las personas que directa o indirectamente contratan a un contratista independiente serán responsables solidariamente del daño que por su negligencia éste causare en la ejecución del trabajo, si dicho daño fuera un riesgo previsible para el contratante.

Esta norma no impone responsabilidad vicaria al empleador por los daños que ocasione el contratista independiente o un empleado de éste. Sólo le impone responsabilidad en aquellos casos en que por su propia culpa o negligencia, por falta de la debida previsión en cuanto a la necesidad de tomar precauciones especiales, se causen daños a terceros. La culpa o negligencia que da lugar a la responsabilidad del empleador emana de la omisión de to-mar las precauciones que se requerirían en vista de los riesgos particulares de una obra.

Para que proceda en derecho imponer responsabilidad al empleador de una obra por la culpa o negligencia de un contratista independiente es condición indispensable que los riesgos o los daños antes mencionados hayan sido previsibles al empleador pues de otra manera los riesgos o daños no se hubieran podido evitar.

Nuestro derecho positivo, claramente, declara que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos, fueran inevitables. Art. 1058 Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3022. Ya desde Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552, 564 (1969), puntualizamos el requisito de previsibilidad en este tipo de caso y dijimos:

Eliminado el concepto restrictivo de que el daño sea conse-cuencia de la ejecución de la obra, basta entonces para imponer responsabilidad al propietario que haya un riesgo reconocible, un daño previsible. No es necesario que el riesgo de causar daño sea grave o inevitable. Es suficiente que de las circunstan-cias específicas que rodean la ejecución de la obra pueda razo-nablemente reconocerse la existencia de un riesgo que requiera tomar precauciones. Las precauciones tampoco tienen que ser de naturaleza extraordinaria.

Aclaramos, además, que:

El elemento de previsibilidad de riesgo de que aquí hablamos es el mismo elemento de previsibilidad que es consustancial a toda la doctrina de responsabilidad civil estatuida en el Art. 1802 del Código Civil.

Anteriormente, en Salvá Matos v. A. Díaz Const. Corp., 95 D.P.R. 902, 906-907 (1968), adoptamos el significado usual y corriente de la palabra “prever”. En dicha ocasión señalamos:

En su sentido usual y corriente “prever” es ver con anticipación, conjeturar lo que ha de suceder. Es precaver, prevenir evitar un daño o peligro. Previsibilidad, según Cabanellas, es elemento característico de la culpa, consistente en la posibilidad de pre-ver los resultados dañosos de la acción no previstos de modo efectivo en el caso de que se trate. Requiere el precaver, adoptar las medidas de seguridad para evitar en lo posible los males reales. En sentido usual y corriente previsión, el acto de prever, es la acción de disponer lo conveniente para atender a contin-gencias o necesidades previsibles, o sea, atender aquello susceptible de ser previsto. (Escolios omitidos.)

Al analizar los hechos del caso de autos, no puede razo-nablemente decirse que los daños ocurridos a la menor de-mandante fueran previsibles por parte del Municipio al momento de contratar la obra. No surge prueba del expe-diente de que la labor objeto del contrato crease riesgos especiales o peculiares capaces de causar daños a terceros. De ordinario la limpieza de un solar yermo no representa ningún peligro o riesgo contra el cual debe tomarse precau-ciones especiales. El hecho de haber utilizado un camión en la limpieza tampoco añade a la labor riesgos o peligros es-peciales o peculiares. Por otro lado, en el caso de autos no existe prueba de que los daños causados a la menor de-mandante se debieran a riesgos o peligros de la obra contra los cuales el Municipio no tomara precauciones adecuadas.

Surge claramente de los hechos del caso que los daños causados a la menor demandante se debieron directamente a la negligencia del conductor del camión, el codemandado José A. González Mercado, al no tomar las debidas precauciones al conducir un vehículo de motor por un área cercana a una escuela elemental y a un parque. El daño causado por el empleado del contratista fue debido a su inobservancia de precauciones de rutina, que toda persona debe usualmente tomar al conducir un vehículo de motor. Este es el tipo de negligencia por la cual no responde el empleador del contratista independiente. Como bien señaláramos en Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, pág. 522, "[e]l empleador del contratista no responde por la negligencia corriente de éste que resulte en daños para tercera persona, ni por su inobservancia de precauciones de rutina que un contratista cuidadoso debe usualmente tomar”. (Enfasis suplido.) I

En ausencia de riesgos o peligros peculiares previsibles al Municipio, no procedía la imposición de responsabilidad por daños hecha por el tribunal de instancia. El tribunal de instancia fundamentó su determinación de responsabili-dad en tres (3) hechos básicos: primero, el hecho de que el Municipio no solicitara al contratista una póliza de respon-sabilidad pública para cubrir daños a terceros; segundo, el hecho de haber permitido indirectamente la subcontrata-ción de la obra al no prohibirla expresamente en el con-trato, y tercero, el hecho de haber supervisado la obra en cuestión.

Ninguno de estos hechos constituyen prueba de negligencia o culpa para imponerle al Municipio responsabilidad civil por los daños ocurridos a la menor demandante. Examinemos cada uno de ellos por separado.

Primeramente, aunque en efecto el Municipio exigía en ocasiones una póliza de responsabilidad pública a los con-tratistas, en este caso no lo hizo precisamente porque no eran previsibles riesgos especiales de daños a terceros. El único posible riesgo que era previsible al contratar la obra era el riesgo de que ocurriesen daños a los empleados del contratista. En vista de dicha posibilidad, el Municipio requirió al contratista una póliza del Fondo del Seguro del Estado para cubrir daños a los empleados.

En segundo lugar, la subcontratación de empleados en los contratos de arrendamiento de obras o de servicios es una práctica ordinaria de los contratistas. El permitir o no la subcontratación de una obra depende generalmente del juicio de los contratistas. Salvo que se haya pactado lo con-trario, no debe impedirse la subcontratación, ya que impo-ner esta , limitación a los contratistas podría resultar one-roso e irrazonable y podría encarecer el trabajo de éstos.

La subcontratación, como regla general, no tiene nada que ver con la determinación de responsabilidad por daños, a menos que fuera previsible que la utilización de los servicios de un contratista independiente fuera a crear riesgos especiales, o a menos que en la obra existieran riesgos peculiares previsibles. En tales casos el Municipio sería responsable por los daños que pudieron haberse previsto resultantes de la subcontratación. Pero, como ya hemos indicado, tal no era el caso aquí donde la subcontratación fue para realizar labores rutinarias.

En tercer lugar, la supervisión ejercida por el Municipio no tiene relación alguna con la responsabilidad que pu-diera surgir por los daños ocurridos. Dicha supervisión es-taba dirigida a asegurarse que la obra contratada se reali-zara conforme a lo pactado. Así, el Municipio cumplía con su deber de velar por el manejo adecuado de los fondos públicos. Y la supervisión en este caso no se extendía a asuntos fuera de su control, tales como la conducción del camión de marras.

Examinados, pues, los hechos en que se fundó la deter-minación del tribunal de instancia, no encontramos bases suficientes para responsabilizar por los daños al Municipio.

IV

Finalmente, cabe señalar que no aplica en este caso la teoría de beneficio económico esbozada en el citado caso Martínez v. Chase Manhattan Bank. Esta teoría de beneficio económico presupone, como bien señala el caso de Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, pág. 522, un “apreciable beneficio para la empresa”. El contexto donde se desarrolló esta teoría es el de la empresa privada que opera para fines dé lucro. Este no es el caso de los munici-pios, ya que éstos nos son “empresas” que existen primor-dialmente para obtener beneficios económicos. Imponer, responsabilidad a los municipios bajo esta norma obstacu-lizaría significativamente la debida ejecución y realización de las funciones de los municipios que, a fin de cuentas, están destinadas a beneficiar la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo de Puerto Rico.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto y se revoca parcialmente la sentencia del tribunal de ins-tancia para desestimar la demanda contra el Municipio de Cataño. Así modificada se confirma.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado con opinión escrita. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Den-ton concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Concurrimos, únicamente, con el resultado a que se llega en la Opinión emitida en el presente caso por una mayoría de los integrantes del Tribunal; ello por dos (2) fundamentos.

En primer lugar, somos del criterio que el Tribunal co-mete un serio y grave error al continuar perpetuando la errónea norma que estableció en Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515 (1979); norma jurisprudencial que ha causado terrible confusión en nuestra jurisdicción y cuya perdurabilidad resulta verdaderamente sorprendente.

Ello nos lleva a nuestro segundo fundamento para me-ramente concurrir con la Opinión mayoritaria emitida. En la misma lo que se hace es reiterar la norma establecida en Martínez v. Chase Manhattan Bank, ante, y “explicar” por qué dicha norma no es aplicable a los hechos del presente caso. Dicho de otra forma, el recurso debió ser resuelto mediante la emisión de una simple “Sentencia” y no me-diante el mecanismo procesal decisorio de la “Opinión”. Para llegar a dicha conclusión, basta con que uno se haga la siguiente pregunta: aparte de resolver que el municipio demandado no es responsable por los daños sufridos por la parte demandante, ¿qué abona, o añade, a nuestro acervo jurisprudencial la ponencia emitida?

       El primer párrafo de la página veintisiete (27) de la sentencia original leía:
      “Analizando integralmente las normas descritas, integradas éstas a las deter-minaciones de hechos antes efectuadas, se hace clara y contundente la imposición de responsabilidad al Municipio de Cataño.” Sentencia y Opinión, pág. 27.
      La enmienda realizada por el Tribunal Superior fue a los efectos de que dicho párrafo leyera de la manera siguiente:
      “Analizando integralmente las normas descritas, integradas éstas a las deter-minaciones de hechos antes efectuadas se impone responsabilidad solidaria a los codemandados Jesús Cruz Ruiz, José A. González Mercado, Jesús Cruz Marrero y la sociedad legal de gananciales compuesta por Jesús Cruz Marrero y Nereida Erazo y Gobierno Municipal de Cataño.”

       El único dato relacionado con el aspecto del control que tuvo ante su consi-deración el tribunal de “instancia surgió de la deposición tomada al Director de Fi-nanzas del Municipio. Este declaró que el Municipio de Cataño (en adelante Muni-cipio) acostumbraba a tener una persona para supervisar los proyectos contratados y velar que el trabajo se hiciera según el Municipio hubiera estipulado. En ausencia de otros hechos adicionales que demuestren que el dueño de la obra tuviera control sobre los medios y la manera que la misma se llevaba a cabo, “[l]a retención por el dueño del derecho de inspeccionar y supervisar es compatible con el status de con-tratista independiente”. Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782, 798 (1952).

       Esta norma es consistente con el principio de que “la obligación de reparar daños en nuestro ordenamiento jurídico generalmente dimana de un hecho propio” y que sólo “[ejxcepcionalmente, se impone responsabilidad por hechos ajenos cuando existe un nexo jurídico previo entre el causante del daño y el que viene obligado a repararlo”. Vélez Colón v. Iglesia Católica, 105 D.P.R. 123, 127 (1976). Véanse, además: Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5141 y 5142.
      Por otro lado, el Tribunal Supremo de España sobre este aspecto ha expresado que:
      “Es necesario que del hecho culposo o negligente sea responsable, por actos directos o mediatos, el actor a quien se imputa. Ss. de 14 de junio de 1956, 3 de junio de 1957 y 5 de abril de 1960.”

       Como bien señala Jaime Santos Briz, “[l]a previsibilidad se considera el antecedente lógico y psicológico de la evitabilidad de un resultado contrario a dere-cho y no querido”. J. Santos Briz, La Repsonsabilidad Civil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1991, T. I, pág. 44. Esta idea ha sido recogida por la jurisprudencia española en la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 9 de abril de 1963, al declarar que tanto si la culpa o negligencia es consciente, como si es inconsciente, el resultado ha tenido que ser previsto o ha de ser previsto; esta previsibilidad del resultado es el presupuesto lógico y psicológico de la evitabilidad del mismo.

       En cuanto a este punto debemos aclarar que lo hemos discutido por haberlo considerado el tribunal de instancia como fundamento para imponerle responsabili-dad al Municipio. De ninguna manera queremos con esta discusión significar que el hecho de no exigir una póliza de responsabilidad pública bajo determinadas circuns-tancias pueda necesariamente constituir negligencia a los fines de imponer respon-sabilidad por causar un daño. Evidentemente, ni la exigencia de una póliza de seguro de responsabilidad pública ni la tenencia de ésta contribuyen a evitar la ocurrencia de un daño, por lo que una póliza de esta naturaleza no constituye una precaución que pueda evitar daños ni riesgos de daños a terceros.

       En Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515, 522 (1979), se dijo lo siguiente:

        “El campo de la responsabilidad civil en la vida contemporánea se ha extendido con el advenimiento de actividades que aun cuando entrañan previsible riesgo de daño son permitidas en atención a su preponderante interés social. Las antiguas fórmulas jurídicas, como la teoría de que no hay responsabilidad sin culpa, sufren la erosión de excepciones orientadas a la necesidad de indemnizar el daño con indepen-dencia de la culpa siempre que aparezca de una actividad arriesgada que se traduce en apreciable beneficio para la empresa.”


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Solicitud Recomendación Negociado Traducciones.

      Número: EM-92-4

      Resuelto: 9 de octubre de 1992
   RESOLUCIÓN

A los fines de lograr la mayor eficiencia en las funciones del Negociado de Traducciones, previa recomendación de su Directora la Srta. Olga A. Lasa Delgado, el Tribunal dispone que, salvo las autorizaciones expresas in forma pauperis, no se proceda a realizar traducción alguna hasta que el solicitante cancele los aranceles correspondientes.

En relación con aquellas traducciones solicitadas por Servicios Legales, Inc., la Sociedad para Asistencia Legal y cualquier otra entidad exenta del pago de aranceles, los documentos a ser traducidos deberán ser copias certifica-das de los originales y serán acompañados con la solicitud al Negociado de Traducciones por conducto de su Directora la señorita Lasa Delgado, ello sin menoscabo de que diseñe dicho negociado cualquier otro mecanismo o trámite que acelere sus funciones.

Regístrese y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re Ángel Mundo Rodríguez.

      Números: MC-87-8
    MC-87-17

      Resueltos: 16 de octubre de 1992

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Alberto Oscar Couret Torres, Procurador General Auxiliar, y Eliadís Orsini Zayas, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ángel Manuel Mundo Rodríguez, pro se.

   per curiam:

El 26 de febrero de 1987 ordenamos al Pro-curador General investigar la conducta del Ledo. Ángel Mundo Rodríguez en relación al caso de Dora Hernández y otros v. Carlos Santiago Auto Sales y otros, Civil Núm. 85-2786, que se ventilaba ante la Sala de Carolina del Tribunal de Distrito. El referido abogado dejó de comparecer a varios señalamientos ante dicha sala. La parte que dicho abogado representaba, alegó que se le hizo imposible con-seguir al abogado para que éste le entregara el expediente del caso. Dicha parte expresó, bajo juramento, que el licen-ciado Mundo Rodríguez se encontraba hospitalizado bajo tratamiento siquiátrico, por lo que no estaba en condicio-nes de proseguir con la representación del caso. El juez que presidía la sala detuvo los procedimientos y nos remitió el caso para que nos expresáramos sobre una posible viola-ción a los Cánones de Ética Profesional.

El Procurador General rindió su informe y nos indicó que el licenciado Mundo padece de una condición mental, por lo que estuvo recluido en la sección de cuidado inten-sivo de siquiatría del Hospital de Veteranos. En su con-testación a la querella, dicho abogado expresó que “no [podía dormir], estaba inquieto, desesperado, [sentía] miedo de ser perseguido y [sentía] otras cosas que le recor-daban a Vietnam”. Exhibit III, pág. 5. En vista de estas circunstancias, designamos al Ledo. Agustín Mangual Her-nández para que actuara en calidad de Comisionado Especial a tenor con lo dispuesto en la Regla 13.1 del Regla-mento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. I-A, y recibiera prueba sobre la condición mental del licenciado Mundo Rodríguez.

El licenciado Mundo fue sometido al examen de un panel de siquiatras integrado por los Drs. José O. Fernández Cuevas, René Alvarez Silva y Eduardo C. Castro Urrutia. Dichos peritos emitieron sus correspondientes informes ante el Comisionado Especial, los que fueron estipulados por ambas partes. Se desprende de las referidas evaluacio-nes que el licenciado Mundo sufre un trastorno depresivo moderado crónico causado por su dependencia en el uso de bebidas embriagantes. Los tres facultativos coinciden en que su condición persitirá mientras el licenciado Mundo continúe haciendo uso de bebidas alcohólicas.

Surge de las evaluaciones siquiátricas a las que fue so-metido que el licenciado Mundo comenzó a ingerir alcohol en forma excesiva desde que participó en el servicio militar durante la guerra de Vietnam. Más tarde su problema se agravó hasta el punto que ha descuidado su responsabili-dad como abogado. Inclusive, admitió haber perdido el con-tacto con la realidad durante su hospitalización.

En el procedimiento iniciado contra él a raíz de una que-rella presentada por su cliente, el Sr. Roberto Ayuso Man-gual, se alegó que el licenciado Mundo Rodríguez desaten-dió sus funciones como representante legal en el caso, con la consecuencia de que a su cliente se le impusieron sanciones. La repetida ausencia del licenciado Mundo a los señalamientos y su incumplimiento con las órdenes del tribunal ocasionaron que dicho foro eliminara las alegaciones y dictara sentencia en contra de su cliente. Durante todo ese tiempo, el licenciado Mundo estuvo hospitalizado, por lo que no se encuentra capacitado para ostentar la repre-sentación legal de su cliente adecuadamente.

Para efectos de este tipo de procedimiento disciplinario, la Regla 13.1(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, define la incapacidad mental de un abogado como “una condición mental o emocional tal que impida al abogado asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes o le impida mantener el patrón de conducta profesional que debe observar todo abogado ...”. Dicha condición será causa de suspensión indefinida. Hemos resuelto que este tipo de suspensión por incapacidad mental constituye una medida especial de protección social y no un desaforo. Dicha medida se tomará cuando la condición física o emocional que sufra el abogado lo incapacite de manera tal que no pueda cumplir fielmente con el deber de guardar la confianza pública depositada en él al ser admitido a la práctica de la profesión. In re Miranda Cruz, 116 D.P.R. 709 (1985); In re Calderón Molinary, 115 D.P.R. 796 (1984); In re Lanauze Ortiz, 114 D.P.R. 682 (1983); In re Suárez Burgos, 108 D.P.R. 1 (1978). Veánse, además: In re Toledo Toledo, 103 D.P.R. 373 (1975); P. Malavet Vega, El Notariado Puertorriqueño, 55 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 53, 62 (1986).

Conforme a la prueba presentada, el Comisionado Especial concluyó que el licenciado Mundo Rodríguez sufre de un trastorno depresivo moderado crónico causado por el abuso del alcohol. A su juicio, dicha condición lo incapacita para asumir adecuadamente la representación legal de sus clientes y mantener el patrón de conducta profesional que debe observar todo abogado. En su informe recomendó la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía. Hemos examinado el expediente y coincidimos con el Comisionado en que el licenciado Mundo Rodríguez no está capacitado para ejercer la profesión en forma adecuada y cabal. Así quedó demostrado por su comportamiento al intervenir en el caso que provoca este procedimiento. Tampoco se nos ha informado, por ninguna de las partes, que dicha incapaci-dad, o situación, haya desaparecido, o cambiado, al presente.

Cabe señalar que la incapacidad mental producida por el abuso del alcohol es motivo de sanciones disciplinarias en varias jurisdicciones, aunque igualmente se reconoce que su propósito es el de proteger el interés público y la integridad de la profesión legal, en lugar de castigar al abogado. Matter of Hirschberg, 565 A.2d 610 (1989); Matter of Lovell, 357 S.E.2d 92 (1987); The Florida Bar v. Larkin, 420 So.2d 1080 (1982); Committee on Professional Ethics, etc. v. Sloan, 262 N.W.2d 262 (1978); In Re Lewelling, 417 P.2d 1019 (Or. 1966); In re Lanahan, 389 P.2d 263 (Az. 1964).

En virtud de lo dispuesto por la citada Regla 13.1 del Reglamento del Tribunal Supremo, se separa al Ledo. Ángel M. Mundo Rodríguez indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría, considerando esta separación como una medida especial de protección social y no como un desaforo. En caso de que cesare su incapacidad, podrá solicitar su reinstalación conforme lo dispone el inciso (h) de la Regla 13.1 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. El Alguacil General procederá a incautarse de la. obra notarial del referido abogado, debiendo entregar la misma a la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Consta en autos una certificación de dicha institución que acredita este hecho.

       Acordamos consolidar el asunto MC-87-17 con el caso MC-87-8.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Héctor Camacho Arroyo, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: RE-89-459

      Resuelto: 19 de octubre de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Anabelle Rodríguez, Procura-dora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece ante nos la Oficina del Procurador General en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que revoquemos una sentencia dictada por el Tribunal Superior. La misma declara con lugar cierta de-manda sobre incumplimiento de contrato incoada por el Sr. Héctor Camacho Arroyo después de que su contrato de em-pleo con el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (Cuerpo de Voluntarios) fuera resuelto antes de su fecha de vencimiento. Por considerar equivocado el dicta-men emitido por el foro de primera instancia, revocamos.

I

El Sr. Héctor Camacho Arroyo suscribió un contrato de empleo con el Cuerpo de Voluntarios el 16 de mayo de 1987. El señor Camacho Arroyo se desempeñaría como Coordinador de Servicios Auxiliares para adiestrar jóvenes de residenciales. El contrato era de duración limitada a un (1) año, desde el 16 de mayo de 1987 hasta el 15 de mayo del año siguiente. Ya el señor Camacho Arroyo había trabajado en el Cuerpo de Voluntarios en virtud de un contrato de seis (6) meses suscrito anteriormente. Devengaba un salario que a la terminación del contrato ascendía a $1,100 mensuales.

El 29 de mayo de 1987 las partes suscribieron una en-mienda al contrato existente entre ellas. Mediante este acuerdo aclaraban los contratantes la Cláusula 11 de dicho contrato “para hacer constar que EL EMPLEADO reco-noce el derecho de EL PATRONO para dar por terminado este contrato antes de su vencimiento, previa notificación con treinta (30) días de antelación a la fecha de terminación”. Apéndice, pág. 11. De esta forma el Estado tendría también la facultad de declarar resuelto el contrato antes de culminar su vigencia.

Seis (6) meses después de la enmienda, el 21 de diciem-bre de 1987, el Cuerpo de Voluntarios —por voz de su Director Ejecutivo— dio por terminado el contrato, lo cual sería efectivo al mes siguiente.

El 28 de agosto el señor Camacho Arroyo instó ante la Sala de Humacao del Tribunal Superior una demanda en la que alegaba que su contrato de empleo había sido cancelado sin justa causa y que por ello las economías de su hogar, que dependían enteramente de su salario, habían sido afectadas drásticamente. Reclamaba $5,500 por salarios dejados de percibir y $6,000 por daños y angustias mentales. En su demanda, además, se acogía al procedimiento especial de carácter sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.).

El Estado Libre Asociado (E.L.A.) contestó la demanda, solicitó su desestimación y/o que se dictara sentencia sumaria. Adujo que el procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2, supra, en la cual se amparaba el señor Camacho Arroyo, no era de aplicación al E.L.A., sus agen-cias e instrumentalidades y/o funcionarios. Alegó, además, que existía un acuerdo entre las partes que permitía que el patrono diera por terminado el contrato antes de su venci-miento, previa notificación con treinta (30) días de antelación. Argumentó finalmente que la ley que Camacho Arroyo invocaba no proveía para daños y que, de todas ma-ñeras, las cuantías reclamadas eran excesivas y desproporcionadas.

El señor Camacho Arroyo replicó las defensas esbozadas por el Estado y solicitó sentencia sumaria parcial a su favor.

Después de celebrada una vista, mediante resolución, el foro sentenciador resolvió que el procedimiento sumario fi-jado en la Ley Núm. 2, supra, era adecuado para el caso de autos y que la cláusula en la cual Camacho Arroyo recono-cía el derecho de su patrono a dar por terminado el con-trato con treinta (30) días de anticipación a la fecha de efectividad de la terminación, era nula por ser contraria al interés público. Ordenó entonces al Estado, a la luz de esta determinación, que demostrara que hubo justa causa para dar por terminado el contrato.

El día de la vista, la representación legal del Estado Libre Asociado solicitó la suspensión de la misma, porque no tenía los testigos que demostrarían que existió justifica-ción para la terminación del contrato. El Tribunal denegó la petición, continuó los procedimientos y declaró con lugar la demanda instada por Camacho Arroyo.

En su sentencia, el foro de instancia concluyó que a esta situación de hechos particular le era aplicable el Art. 1476 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4114, que prohíbe el des-pido de ciertos empleados y trabajadores antes del cumpli-miento del contrato, sin justa causa. Una vez llegada a esa conclusión, el tribunal resolvió que como el Estado no so-metió prueba de que hubo justa causa para la terminación del contrato, “el despido fue uno injustificado”. Finalmente, el tribunal concedió $5,500 en salarios no percibidos, $3,000 por concepto de daños y perjuicios e intereses al tipo legal computados a partir de la fecha de dictada la sentencia.

De esta sentencia recurre ante nos el Estado Libre Asociado. Aduce, en síntesis, que el tribunal de instancia se equivocó al aplicar al caso de autos el Art. 1476 del Có-digo Civil, supra, y al concluir que la Cláusula 11 del con-trato, según enmendada, era nula por violar el interés público.

HH

Según el Art. 1476 del Código Civil, supra:

Los empleados de labranza, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término o para cierta obra no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin justa causa.

De acuerdo con el tribunal de instancia y con la tesis del recurrido Camacho Arroyo, esta disposición es aplicable a la situación de autos y provoca la nulidad de la Cláusula 11 del contrato suscrito entre las partes. No tienen razón. Dis-tinto al criterio del foro sentenciador y al planteamiento de Camacho Arroyo, consideramos que, debido a la naturaleza de las labores dispuestas en dicho artículo, el mismo es inaplicable a Camacho Arroyo. Encontramos fundamento para esta conclusión al interpretar detenidamente el men-cionado Art. 1476.

Al discutir el ámbito de aplicación del Art. 1586 del Código Civil español, equivalente al citado Art. 1476 de nuestro ordenamiento civil, Scaevola ha manifestado:

... como esta sección tan solo se refiere al servicio de criados y trabajadores asalariados, síguese en puridad que para nuestro Código todas las formas de prestación personal en que se diver-sifica el esfuerzo y la actividad humanas en el intercambio social se reducen a estas dos manifestaciones del trabajo: el que pro pretio prestan los criados, sean domésticos o de labranza, y el que efectúan los trabajadores manuales en cualquiera de sus infinitos oficios, y con aplicación a toda clase de industrias y explotaciones. Quedan fuera del recinto, o, por lo menos, legis-lados en dosimetría por el canon general definidor, todas aque-llas otras profesiones que llamamos liberales, tituladas o no ti-tuladas, y aquellas prestaciones de ciencia y asistencia que, sin incidir en el servicio de criados, alcanzan en la vida moderna una copiosa floración-, v. gr.: el profesor, el secretario, la señora de compañía, el empleado particular, el taquígrafo, el contable, el mecanógrafo, el delineante, los dependientes de tiendas y almacenes, etc. (Énfasis suplido.) Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1951, T. XXIV, Vol. 2, pág. 22.

El ámbito de aplicación del artículo, según Scaevola, es sumamente limitado. Están cubiertos por dicha disposición legal los “criados de labranza, menestrales, artesanos y demás asalariados” vinculados a una de las ocupaciones enumeradas antes de la aseveración genérica “demás trabajadores asalariados”. Scaevola parece estar de acuerdo con el principio de interpretación estatutaria de ejusdem generis (del mismo género) o la Regla de Lord Tenderson. “Esta doctrina intenta reconciliar la incompatibilidad entre palabras generales y específicas en vista de otras reglas de hermenéutica legal ...”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1, pág. 341. Cuando palabras generales siguen a palabras específicas en una enumeración descriptiva, se interpretarán las palabras generales para que incluyan solamente objetos similares en su naturaleza a los enumerados por las palabras específicas que los preceden. 2A Sutherland, Statutes and Statutory Construction Sec. 47.17, págs. 188-200.

La solución que propone esta regla para cuando existe en un estatuto un conflicto de esta naturaleza entre palabras específicas y palabras generales se justifica sobre el fundamento de que si la Asamblea Legislativa hubiera querido que la aseveración general se usara en su acepción más amplia, no hubiera mencionado las palabras particulares. Sutherland, supra, pág. 189.

Dicho principio de interpretación estatutaria ha sido utilizado por este Tribunal. Aunque conscientes de que el abuso de la regla “podía constituir una medida peligrosa con la cual medir el alcance estatutario que la legislatura tuvo en mente”, en Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, 922 (1945), hicimos uso de ella y delineamos los requisitos a cumplirse para que aplicara la misma. Establecimos que la doctrina aplica:

"... cuando existen las siguientes condiciones: (1) el estatuto contiene una enumeración por palabras específicas; (2) los miembros de la enumeración constituyen una clase; (3) la enu-meración no cubre toda la clase; (4) un término general sigue la enumeración; y (5) no se manifiesta claramente la intención que se le da al término general un significado más amplio que el exigido por la doctrina.” Véase, además, Sutherland, supra, pág. 200.

Definir lo que constituye una “clase” resulta crucial para la determinación de si el principio de interpretación estatutaria de ejusdem generis es de aplicación. Según los tratadistas, una clase es una creación conceptual que engloba numerosos elementos con similares características, y el propósito de definirla es establecer, mediante particularizaciones ilustrativas seguidas de una palabra genérica, cuán ampliamente quería el legislador que se interpretara el estatuto. Sutherland, supra, pág. 200.

' Una vez expuesta la doctrina de ejusdem generis, sus propósitos y los requisitos para su aplicación, y delineada la definición de lo que es una clase, procede que analicemos si la misma es utilizable para derrotar la teoría del Sr. Héctor Camacho Arroyo.

¡-H

Aduce Camacho Arroyo que el término “demás asalaria-dos” contenido en el Art. 1476 del Código Civil, supra, in-cluye el trabajo por él realizado en el Cuerpo de Voluntarios. Dicha tesis fue acogida por el ilustrado foro sentenciador a pesar de que el término o frase “demás asa-lariados” está precedido por una enumeración no exhaus-tiva de trabajos manuales. No tiene razón.

Claramente este principio del mismo género es aplicable al artículo que invoca Camacho Arroyo para sustentar su posición. El Art. 1476 del Código Civil, supra, contiene una enumeración de palabras específicas, a saber: “los empleados de labranza, menestrales y artesanos” que constituyen una clase de trabajadores; los obreros manuales. Esta lista no incluye a todos los posibles trabajadores manuales, pero contiene al final una frase genérica en virtud de la cual podría incluirse a otras personas que realizan esta clase de labor. Así enumerada, la disposición provee cabida para una infinidad de labores que requieren destrezas manuales. Finalmente, en esta disposición no se manifiesta claramente la intención de que al término general se le dé otro significado.

A la luz de la enumeración hecha por el legislador en dicha disposición, es difícil llegar a la conclusión de que quiso incluir el tipo de trabajo eminentemente gerencial realizado por Camacho Arroyo. Coordinar programas para jóvenes residentes en los sistemas de vivienda pública del país no guarda siquiera una relación remota con el tipo de trabajo que lleva a cabo un artesano o un empleado de labranza.

En conclusión, y para fines del principio de interpretación estatutaria descrito anteriormente, el trabajo hecho por Camacho Arroyo no está previsto por la disposición de nuestro ordenamiento civil que regula el despido de los “empleados de labranza, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término y para cierta obra”, o sea, el citado Art. 1476 del Código Civil.

Encontramos fundamento adicional para sustentar esta conclusión en la Ley Núm. 3 de 24 de febrero de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 21, mediante la cual la Asam-blea Legislativa declaró la nulidad de

... toda estipulación en un contrato de trabajo por tiempo determinado o para llevar a cabo cierta obra, mediante la cual el obrero o empleado autorice al patrono a despedirle en cual-quier momento antes del cumplimiento del contrato, sin causa justificada ....

A pesar de ser la misma inaplicable al caso de autos, su exposición de motivos arroja luz sobre la poca efectividad que el propio legislador ha reconocido que tiene el mencionado Art. 1476 del Código Civil. Manifestó el legislador:

Al ser derogada la Ley Núm. 17 de 5 de abril de 1937, se dejó sin efecto aquella parte de la misma donde se disponía la nuli-dad de toda estipulación mediante la cual el empleado autoriza al patrono a despedirle en cualquier momento, sin justa causa, renunciando a cualquier derecho, beneficio o compensación adi-cional que pudiera corresponderle de acuerdo a las leyes de Puerto Rico por razón de tal cesantía. Esto ha traído como con-secuencia el que se hayan quedado huérfanos de protección aquellos obreros contratados por tiempo determinado, cubiertos por el Artículo 1476 del Código Civil el cual dispone que "... los empleados de labranza ...”. (Escolio omitido.) Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 20.

“[A]nte la posibilidad de que se pudiera argumentar y razonablemente interpretarse, que el derecho de los em-pleados contratados por un tiempo fijo es renunciable a la luz de lo establecido en el Artículo 4 del Código Civil”, el legislador consideró que debía crearse legislación especial que le diera vitalidad y mayor amplitud a lo regulado en el citado Art. 1476. Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 20.

Después de esta clara manifestación legislativa, es per-fectamente plausible una interpretación de que antes de la aprobación de la Ley Núm. 3, supra, el derecho concedido por el Art. 1476 del Código Civil, supra, es renunciable. Sin embargo, debido a la inaplicabilidad del mismo a este caso por tratarse de un empleo gerencial no es necesario que pasemos juicio sobre si Camacho Arroyo renunció a no ser despedido sin justa causa cuando firmó el mencionado contrato.

V

Una vez establecida la inaplicabilidad del Art. 1476 del Código Civil, supra, réstanos acudir al texto de la cláusula del contrato y atender la intención de los contratantes. Precisa que recordemos al emprender esta tarea que en Puerto Rico rige el principio de libertad de contratación y, como parte de este principio, las partes contratantes “pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Véase Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991).

La Cláusula 11 del “Contrato de empleo”, según enmendada, entre el Cuerpo de Voluntarios y el señor Héctor Camacho Arroyo disponía qúe tanto el empleado como el patrono tendrían derecho a dar por terminado el contrato antes de su vencimiento mediando una notificación de treinta (30) días antes de la terminación.

Contrario a la opinión de la ilustrada sala sentencia-dora, no consideramos que esta cláusula contractual sea contraria al interés público.

El mecanismo de contratación de servicios profesionales y consultivos es ampliamente usado por las agencias administrativas y entes gubernamentales del país. Está reglamentado por diversas directrices agencíales que establecen las limitaciones a este tipo de prestación de servicios y que fijan un contenido uniforme mínimo en el contrato a otorgarse.

Constituye una forma útil de satisfacer una necesidad temporera o accidental que surja en la agencia o dependen-cia estatal, o que constituya una tarea especial muy pre-cisa o determinada en cuanto a contenido y duración. Se hace mediante la otorgación de un contrato formal en el que comparecen las partes y en el cual se enumeran clara-mente las obligaciones específicas que se contraen. En oca-siones dichos contratos de servicios profesionales y consul-tivos se otorgan con cargo a asignaciones presupuestarias que están limitadas a un año en específico. Cuando la si-tuación es ésta, el Gobierno limita la duración del contrato a la disponibilidad de dichos fondos e incluye en una cláu-sula resolutoria que la vigencia de dicho contrato está su-bordinada a que se asignen los fondos necesarios bajo la partida de Servicios Profesionales y Consultivos.

La existencia de este tipo de cláusula y de cláusulas análogas entre el Estado y las personas o entidades en las que ambas partes se reservan el derecho a declarar resuelto el contrato mediante el que brindan servicios profesionales, es enteramente justificable. Dichos acuerdos, lejos de ser contrarios al interés público, le brindan al Estado la flexibilidad que le permite terminar sus relaciones contractuales cuando no cuenta con el presupuesto necesario o cuando, por ser temporero o accidental el servicio profesional, el mismo se torne innecesario. Si bien es cierto que el Estado podría tener otras doctrinas contractuales a su disposición para desvincularse lícitamente de la persona con quien contrató servicios profesionales, no existe impedimento legal alguno para pactar la resolución bilateral expresa siempre que medie una notificación adecuada. Distinto al foro de instancia, consideramos que este tipo de cláusula no es nocivo al orden público y que, por el contrario, a la luz del Art. 1207 del Código Civil, supra, lo que en efecto sería detrimental al interés público es negarle al Estado la flexibilidad que le garantiza esta cláusula resolutoria expresa.

Al evaluar la jurisprudencia en la que hemos interpretado el mencionado Art. 1207 del Código Civil, somos conscientes de que darle contenido a la expresión “orden público” no es tarea fácil. En Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149 (1976), delineamos el contenido de la misma:

“Orden público” es el conjunto de valores eminentes que guían la existencia y bienestar de una sociedad. El concepto orden público recoge y ampara un interés social dominante por su trascendencia, por el número de personas que afecta y por la valía de los derechos que tiende a proteger. ... En gran medida el orden público es el acopio de normas de moral y de ética pública que en ocasiones alcanzan su exposición en ley, pero que aún sin esa expresa declaración legislativa, constituyen principios rectores de sabio gobierno nacidos de la civilización y fortalecidos por la cultura, la costumbre, por la manera de ser, en fin por el estilo de una sociedad. Véase, además, Unisys v. Ramallo Brothers, supra.

A la luz de esta amplia definición de lo que constituye “orden público”, la conclusión de que la Cláusula 11 del contrato entre el Cuerpo de Voluntarios y el señor Camacho Arroyo no violenta el orden público, es inescapable.

Además, este Tribunal en Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983), al interpretar el Art. 1208 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3373, validó una cláusula resolutoria unilateral que permitía que una de las partes terminara el contrato “at its pleasure”, y que de antemano establecía que el ejercicio de la misma no constituía un incumplimiento de contrato.

Acudiendo al derecho comparado y a la distinción que existe entre la duración de un contrato y su validez, resolvimos allí que aunque nuestro Código Civil carece de un articulado que regule la resolución unilateral expresa, las partes pueden pactar para incluir en sus contratos una cláusula que le “confier[e] a una sola de ellas la facultad de poner fin a la relación contractual sin exigir para ello otro requisito que la mera voluntad de la parte de así hacerlo”. Flores v. Municipio de Caguas, supra, pág. 529.

Igual razonamiento es de aplicación a este caso, particularmente por el hecho de que ambas partes contratantes estaban facultadas contractualmente para declarar resuelto el contrato. La cláusula era, en consecuencia, perfectamente válida y legal. Al notificarle a Camacho Arroyo, con treinta (30) días de anticipación, que el contrato existente sería resuelto, el Cuerpo de Voluntarios no incurrió en un despido injustificado. La entidad activó la facultad resolutoria que ella y Camacho Arroyo se habían concedido mutuamente en el contrato de empleo.

Por los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Fuster Berlingeri concurrieron sin opinión escrita.

      El Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico es una entidad guberna-mental creada al amparo de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985 (18 L.P.R.A. see. 1411 et seq.), y está adscrita a la Oficina del Gobernador.

       La Cláusula 11 del contrato de empleo establecía originalmente: “Este con-trato de empleo podrá ser resuelto por acuerdo de las partes. Si EL EMPLEADO decidiera resolver el contrato deberá notificar a EL PATRONO con quince (15) días de antelación a la fecha en que se propone rescindir el contrato. EL PATRONO se reserva el derecho y así lo reconoce y acepta EL EMPLEADO, de prorrogar con quince (15) días adicionales a la fecha de efectividad de la resolución del contrato cuando ésta afecte los servicios y actividades de EL PATRONO”. Apéndice, pág. 9.

       Mediante un escrito posterior, el señor Camacho Arroyo añadió a su posición la Ley Núm. 3 de 24 de febrero de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 19. Ésta dispone que es nula toda estipulación en un contrato de trabajo por tiempo determinado mediante el cual el empleado autorice a su patrono a despedirle en cualquier momento.

       Este artículo dispone: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” 31 L.P.R.A. sec. 3373.


text:
      In re Proyecto de Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

      Número: ER-92-4

      Resuelto: 19 de octubre de 1992
   RESOLUCIÓN

Ante este Tribunal se encuentra pendiente de conside-ración el Proyecto de Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes sometido por el Comité designado mediante Resolución de 4 de septiembre de 1992.

A los fines de recibir cualesquiera recomendaciones, su-gerencias y señalamientos, se ordena que copias suficien-tes del mismo se hagan disponibles a través de la Secreta-ría de este Tribunal, de los Centros Judiciales, del Colegio de Abogados y de las escuelas de Derecho.

La Administración de los Tribunales adoptará todas las medidas pertinentes para divulgar inmediatamente estas reglas, incluso la publicación de un aviso en un periódico de circulación general en el país.

Cualquier persona interesada deberá hacer llegar su po-sición por escrito en o antes del 29 de octubre de 1992 a la Secretaría del Tribunal Supremo.

Regístrese y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General