author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Pedro J. Maldonado del Valle, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, demandado; Luz María Vázquez, interventora.

      Número: O-68-265
    Resuelto: 27 de enero de 1972

      José F. Quetglas Alvarez y Francisco M. Vázquez Santoni, abogados del peticionario; Benicio Sánchez Castaño, Benicio Sánchez Rivera, Gustavo Adolfo Del Toro y Ana R. Rodríguez Olazagasti, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Consideramos en este recurso si en nuestro ordenamiento jurídico una pensión de retiro adquirida durante el matri-monio debe reputarse como un bien ganancial o como un bien privativo. Los hechos pertinentes fueron estipulados por las partes.

Pedro J. Maldonado casó eon Luz María Vázquez el 29 de noviembre de 1946. A la sazón Maldonado llevaba 3 años y 5 meses prestando servicios en el ejército de los Estados Unidos. Veinte años después, en septiembre de 1963, se jubiló con el rango de Comandante y una pensión por retiro de $391.87. El vínculo matrimonial entre ellos se disolvió por sentencia de divorcio el 13 de septiembre de 1966.

Fundándose en Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21 (1966), el tribunal de instancia resolvió que la pensión debía repu-tarse como un bien ganancial por haberse adquirido durante el matrimonio. En consecuencia determinó que la mitad de la pensión le correspondía a la aquí interventora Luz María Vázquez.

Una aclaración es de rigor. Rivera v. Rodríguez, supra, no envuelve la determinación del carácter de una pensión por retiro. Dicho caso se refiere al carácter de unos bonos fede-rales adquiridos con dinero procedente de los pagos periódicos recibidos por el marido con motivo de una incapacidad sobre-venídale durante el matrimonio. Resolvimos en dicho caso que los pagos periódicos provenientes de una pensión por incapacidad constituían activos de la sociedad de gananciales. El fundamento de nuestra decisión fue que los pagos periódi-cos sustituían los ingresos que pudieron haberse percibidos de no haber ocurrido la incapacidad. Esto es, sustituían los salarios, que como tales, se reputan gananciales-. Art. 1301 Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3641.

Igualmente se reputan gananciales los bienes que con ellos se adquieran. Id. Como los bonos fueron adquiridos durante el matrimonio con dinero procedente de los pagos periódicos se reputan como un bien ganancial. No llegamos a considerar el carácter de los pagos periódicos una vez disuelto el matri-monio. Pero es obvio que si sustituyen los ingresos que se hubiesen percibido durante el matrimonio de no haber ocu-rrido la incapacidad, al disolverse la sociedad de gananciales, dichos ingresos, como salarios al fin, pierden el carácter ganancial y vienen sólo a acrecer el patrimonio del que los. percibe. Por eso, al asemejar el tribunal de instancia en el caso de autos los pagos de la pensión por retiro a los pagos periódicos de una pensión por incapacidad, venía obligado por la consecuencia lógica de tal tratamiento, a declarar pri-vativo los pagos de la pensión de retiro, una vez disuelta la sociedad de gananciales. Resolvió lo contrario.

Hecha la anterior aclaración, procederemos a considerar el carácter de la pensión o anualidad de retiro por años de servicios, que es la cuestión aquí envuelta.

La estipulación suscrita por las partes meramente expresa que se trata de una pensión por retiro del Ejército de los Estado Unidos. No especifica el tipo de pensión ni la ley de su creación. A los fines del caso asumimos que se trata de la anualidad por años de servicios regulada por el Capítulo 367 del Título 10 del Código de los Estados Unidos, Sees. 3911 a 3929. La See. 3911 de este título provee para la jubilación de un oficial del Ejército de los Estados Unidos, después de 20 años de servicios, de los cuales, por lo menos 10 años hayan sido servidos como un oficial comisionado. La See. 3991 esta-blece la fórmula de computación para la anualidad a base de la paga básica mensual multiplicada por el dos y medio por ciento de los años de servicios acreditables. También se está-blece un plan de protección para la familia de los soldados retirados. A tenor con dicho plan, el participante puede al retirarse elegir el percibo de una anualidad por retiro menor de la que tiene derecho y proveer con la diferencia, según determinación actuarial, una anualidad de no más de 50% ni menos del 12% de su paga por retiro. Esta anualidad opcional solamente puede ejercitarse a favor de la esposa, mientras ésta viva o no contraiga matrimonio o a favor de los hijos. 10 U.S.C. §§ 1431-1446. Igualmente se conceden beneficios por defunción pagaderos a los beneficiarios designa-dos por el participante. 10 U.S.C. § 1434.

Este sistema de retiro para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es similar al Sistema de Retiro de los Emplea-dos del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, creado por la Ley Núm. 447 de 1951. 3 L.P.R.A. sees. 761-788, salvo que aquél no requiere aportación alguna de los participantes mientras que éste requiere aportaciones tanto del participante como del Estado Libre Asociado. Como vere-mos, este requisito no tiene relevancia con la cuestión aquí en controversia.

El propósito de éstas anualidades por años de servicio es proteger a los participantes que han prestado servicios públicos por varios años, proveyéndoles de una cantidad, más o menos adecuada para su subsistencia. Es un derecho personal que se extingue al fallecer el participante. En la mayoría de los casos la pensión consiste de modestas sumas de dinero que apenas alcanzan para cubrir las necesidades del participante. En efecto, la pensión promedio mensual en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico es de menos de $200. De hecho, el 88% de los jubilados en este momento reciben una pensión de menos de $200 mensuales. El promedio varía en los diferentes sistemas. Así, el promedio de la anualidad por retiro en la Universidad de Puerto Rico es de $201.82, en el Sistema de Retiro de los Maestros es de $112.75 y en el de la Autoridad de las Fuentes Fluviales es de $190.70. Basta tener presente que en Puerto Rico se considera dentro de los límites de pobreza un ingreso familiar de menos de $2,000 al año, para comprender las consecuencias económicas de dividirse entre los cónyuges estas pensiones. Véase la antología “Problemas de Desigual-dad Social en Puerto Rico” del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en la que aparece el estudio “¿Quiénes son los Pobres en Puerto Rico?”, efec-tuado- por los Profesores Celia F. de Cintrón y Harry B. Levine. (Estarcido.)

Generalmente los estatutos que crean estas pensiones esta-blecen como requisitos un mínimo de años de servicio, veinte en el caso de autos, un mínimo de edad para el retiro y una aportación del participante. El monto de la pensión varía a tono con los factores de edad y años de servicio y en relación con el salario percibido. Los años de servicio, así como las aportaciones de los participantes, constituyen la causa de la pensión.

Una aplicación literal del Art. 1301 del Código Civil dis-pondría sin más de la cuestión reconociendo su aparente carácter ganancial. Pero también desvirtuaría la finalidad de la pensión y su naturaleza personalísima. Como hemos visto, se trata de cantidades módicas para la subsistencia de los jubilados durante los años de mayor desvalimiento econó-mico.

La doctrina considera que la naturaleza personalísima de estas anualidades determinan su carácter privativo. Se trata de créditos intuitu personae — esto es en consideración a la persona — que, por su propia naturaleza, están excluidos de la masa común. Véase: La Cruz Berdejo, Derecho de Familia, págs. 203-204 (Librería Bosch 1966). Puig Brutau, IV, Vol. 1, Fundamentos de Derecho Civil, pág. 29, Planiol y Ripert, III, Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, págs. 225, 226, 229, 232, 453 (1938), Colín y Capitant, VI, Curso Elemental de Derecho Civil, pág. 163 (3r. ed.). Tedeschi Guido, El Régimen Patrimonial de la Familia, pág. 92 (Ediciones Jurídicas Europa-América 1954), Fortuny Comaposada, Régimen de Bienes en el Matrimonio, pág. 243 (Colección Nereo), Gómez, José J., Régimen de Bienes en el Matrimonio, págs. 91-92 (Editorial Temis, Bogotá 3r. ed.), Vaz Ferreira, Eduardo, Tratado de la Sociedad Conyugal, págs. 392 y 393 (1959, Montevideo, Uruguay).

Afirma Josserand que hay ciertos bienes que se consideran privativos porque repugnan, por su naturaleza misma, a toda puesta en comunidad. La repugnancia, explica, puede atri-buirse bien a la incesibilidad del crédito o a su carácter personal. Entre estos créditos menciona específicamente las pensiones por retiro. Derecho Civil, Tomo III, Vol. I, pág. 29 (1951).

Planiol y Ripert, aunque rechazan la incesibilidad como criterio determinante, sin embargo, coinciden con Josserand en que las pensiones por retiro tienen carácter privativo por constituir créditos intuitu personae. Op. cit. Nos dicen a la página 232 de la obra citada:

“. . . Si las pensiones de retiro . . . quedan excluidas de la comunidad se debe, exclusivamente, a que son créditos intuitu personae, que sirven para asegurar la subsistencia de aquellas personas a quienes se pagan: sería inadmisible que, en caso de divorcio o de supervivencia del beneficiario de la renta al disol-verse el matrimonio, el titular de la pensión tuviese que dividir los plazos o vencimientos futuros con su ex-cónyuge o los here-deros de éste. ... En otras palabras, si las pensiones por retiros y otras similares tienen el carácter de bienes propios no es debido a su intransmisibilidad, sino a su finalidad, que es estrictamente personal.”

Colín y Capitant exponen también idéntico criterio. A la página 163 de la obra citada expresan:

“Las pensiones de retiro o de invalidez están constituidas intuitu personae para recompensar los servicios prestados por el interesado, o las heridas o enfermedades contraídas durante el desempeño de estos servicios. Dichas pensiones presentan, pués, carácter individual que se oponen a que vengan a crecer el haber de la comunidad. Por consiguiente, los titulares de estas pen-siones, conservan el beneficio propio de las mismas el día en que la comunidad desaparece. ¿No sería absurdo que la mitad de estas pensiones pasara en aquel instante al otro esposo o sus herederos ?”

En España La Cruz Berdejo recoge el mismo fundamento para sostener el carácter privativo de la pensión:

“a) En este último sentido, pués, aunque no están relaciona-das con la personalidad, y además son concedidas como compen-sación a una actividad típicamente ganancial, deben sin embargo calificarse como bienes privativos, por un marcado carácter in-tuitu personae, las pensiones que se reciben por la posesión de de-terminadas condecoraciones, las de jubilación de militares y fun-cionarios civiles, las de retiro obrero y vejez, las concedidas a los antiguos ministros, etc., si fallece el cónyuge del pensionista, éste no tendrá que compartir el importe de la pensión con sus here-deros.” Op. cit. 204.

En fin, no empece el modo de adquisición, el derecho a la anualidad por retiro es uno personalísimo que nunca acrece el haber común. Conviene, sin embargo, notar una dis-tinción entre el derecho en sí y las cantidades abonadas men-sualmente en virtud de ese derecho. Éstas tienen más bien el carácter de frutos civiles, lo que determinan su clasificación como un bien ganancial mientras se perciban durante el ma-trimonio. Art. 1303 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3643. Véase, además, Manresa, IX, Comentarios al Código Civil Es-pañol, págs. 200-203. A contrario sensn, una vez disuelto el vínculo matrimonial, dichas cantidades sólo acrecen el patri-monio del titular del derecho de pensión.

Arguye la interventora que de no resolverse en favor del carácter ganancial de la pensión se obraría en detrimento de los derechos de la mujer. No estamos de acuerdo.

La norma que aquí expresamos no es de aplicación tan sólo a este caso sino que regirá todas las determinaciones en casos futuros donde quien recibe la pensión puede ser tanto un hombre como una mujer. El argumento de la interventora se desvanece si se tiene en cuenta que en los sistemas de re-tiro gubernamentales en Puerto Rico la proporción de mu-jeres es igual que la de los hombres. Actualmente cotizan para el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico aproximadamente 72,000 participantes, de los cuales 37,500 son mujeres. Ello, sin contar en el Sistema de Re-tiro de los Maestros, de un total de 27,141 participantes, 19,891 son mujeres, esto es, casi tres mujeres por cada varón participante. Si algún sector puede sentirse amparado por nuestra interpretación es precisamente el de las miles de mujeres puertorriqueñas que laboran arduamente cotizando para una pensión que, en la gran mayoría de los casos, será la única fuente de ingresos en la vejez; no sería sustento una modesta suma que se divide. Nuestra interpretación reconoce la igualdad social y económica de la mujer en el régimen económico de la sociedad de gananciales.

Queda incólume en el caso de autos el derecho a alimentos de la interventora provisto por el Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 385. En la determinación de este derecho, claro está, se puede tomar en consideración el monto de la pensión del recurrente.

El enfoque de las jurisdicciones de los Estados Unidos en que impera la comunidad de bienes en el matrimonio es dis-tinto al nuestro. Allá, generalmente, depende de cómo o cuándo se adquiere el derecho a la pensión. Véanse: Problems in Glassification of Particular Property Under Community Property Regimes, 25 La. L. Rev. 139; De Funiak I Principles of Community Property 195 y sig.; French v. French 112 P.2d 235 (Cal. 1941); Willianson v. Willianson 21 Cal. Rptr. 164; Packer v. Board of Retirement 217 P.2d 666 (Cal. 1960); Le Clert v. Le Clert 453 P.2d 755 (N.M. 1969); Kirkham v. Kirkham, 335 S.W.2d 393 (Texas 1960). Por otro lado, los estatutos en esas jurisdicciones no son uniformes ni tampoco lo son las normas jurisprudenciales. Puig Brutau, IV, Fundamentos de Derecho Civil 593; Morris v. Morris 429 P.2d 129 (Wash. 1967); Kirkham v. Kirkham, ante; Dillard v. Dillard 341 S.W.2d 668 (Texas 1961); Berg v. Berg 115 S.W.2d 1171 (Texas 1938). Una de las dificultades más frecuentes en estas jurisdicciones se produce cuando al momento de la disolución de la sociedad de gananciales no se ha adquirido el derecho de pensión. La tendencia de algunos tribunales en estos casos es considerar la pensión como un derecho en expectativa no susceptible de división. French v. French, ante; Willianson v. Willianson, ante. Cuando el participante ha cumplido los re-quisitos mínimos para la pensión — edad y años de servicios— entonces, se considera un derecho adquirido sujeto a división. Kirkham v. Kirkham, ante; Mora v. Mora, 429 S.W.2d 660 (Texas 1968).

La situación de las leyes que reglamentan los bienes en el matrimonio en dichas jurisdicciones ha sido descrita como caótica. Friedman, Matrimonial Property Law, 133 (1955 The Carswell Company Ltd., Toronto, Canada).

Todo lo anterior es suficiente para disponer de los casos citados en el alegato de la interventora.

Se dictará sentencia revocando la aquí recurrida y devol-viendo el caso para ulteriores procedimientos consistentes con lo aquí expuesto.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       No se ha liquidado todavía la sociedad de gananciales cuyo activo cuenta, entre otros bienes, una casa ubicada en la Urbanización Garden Hills, otra en la Urbanización San Francisco, y un negocio de reparación de automóviles.

      “Son bienes gananciales:
      (1) Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa de caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.
      (2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos.

        (3) Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges. — Código Civil, 1930, Art. 1301.”

       La Ley Núm. 447 de 1951 provee para el pago de una anualidad por retiro a los empleados del Estado Libre Asociado, 3 L.P.R.A. see. 766, derecho de opción a una anualidad reducida para proteger a la familia del participante, id. See. 768, y, derecho a defunción id. See. 773.

       También estos sistemas de retiro permiten al Estado renovar su personal cuando la eficiencia de éste empiece a deteriorarse, bien por razones de edad o de incapacidad, facilitando la incorporación al servicio público de un personal joven y vigoroso.

       El Art. 24 de la Ley de Retiro prescribe que el derecho a las anualidades por retiro es uno personal del recipiente, declarando nulo todo traspaso o transferencia del mismo. También lo exceptúa de embargo y de todo procedimiento judicial. 3 L.P.R.A. see. 785. ....

       Información suministrada por la Oficina de Personal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

       Información suministrada por la Oficina de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. ■

       Información suministrada por la Junta de Retiro Para Maestros y la Oficina de Personal de la Autoridad de las Fuentes Fluviales.

       En este estudio se hace referencia a otros estudios efectuados por las agencias gubernamentales en los que se adoptan diferentes cifras para delimitar el ingreso mínimo familiar. Por ejemplo, en el estudio comparativo “Ingreso y Gastos de la Familia Puertorriqueña” efectuado por el Departa-mento del Trabajo del Estado Libre Asociado en el 1963 se adopta la canti-dad de $4,056 como el ingreso mínimo familiar para cubrir “necesidádes básicas indispensables.”

       Véase en el escolio número 2 el texto del artículo 1301.

       Informe suministrado por la Oficina de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

       Informe suministrado por la Junta de Retiro Para Maestros.

       El Art. 109 del Código Civil provee:
      “Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discre-cionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    José E. Arrarás, etc., et al., peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Hon. J. C. Santiago Matos, Juez, demandado; Jorge Oscar Landing, etc., y Otros, interventores.

      Número: O-70-25

      Resuelto: 27 de enero de 1972

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Subprocurador General, Dolores Ruiz de Zambrana y Américo Serra, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de los peticionarios; Jorge Luis Landing y José Aulet, abogados de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Los estudiantes del recinto de Mayagüez de la Universi-dad de Puerto Rico, Jorge Oscar Landing, Rubén Arcelay y Francisco Pérez, aquí interventores, radicaron en el Tribunal Superior, Sala de Caguas, un escrito titulado “Solicitud de Entredicho”, en el que alegan que los demandados, aquí peti-cionarios, José E. Arrarás y Rafael Pietri Oms, quienes res-pectivamente ocupan los cargos de Rector del recinto de Mayagüez, el primero, y de Presidente de la Junta de Disci-plina de dicho recinto, el segundo, les han formulado cargos y se proponen tomar sanciones contra ellos por haber organiza-do una actividad consistente en un mitin y piquete no autori-zado, en violación del inciso 7 del Art. X del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

Junto a la solicitud de entredicho se acompañó fotocopia del escrito de formulación de cargos contra el estudiante Jorge Landing donde se expresa que Landing “organizó una activi-dad consistente de un acto en apoyo al estudiante Robert Yoder Hernández, el cual se llevó a cabo de 10:30 a 11:30 de la mañana del mencionado día [13 de noviembre de 1969], en la entrada y en el vestíbulo del Anfiteatro de Estudios Ge-nerales.” Expresa además que durante el acto dos estudiantes se dirigieron a un grupo, impidiendo el libre tránsito al Edi-ficio de Estudios Generales del recinto universitario, sin haber solicitado ni obtenido permiso para el mismo, habiéndose limi-tado Landing a informar, catorce minutos antes de la celebra-ción del acto, que había organizado la actividad en cuestión, todo ello en violación al inciso 7 del Art. X del Reglamento General de Estudiantes.

Los interventores básicamente atacan la validez de la ci-tada disposición reglamentaria por constituir la misma una violación de sus derechos constitucionales de libre expresión, de reunión y de estudio. Su solicitud de entredicho está predi-cada en los graves e irreparables daños que se le causarían de aplicárseles sanciones que acarrearán la interrupción de sus estudios en la mencionada institución. .

Conjuntamente con la llamada solicitud de entredicho los interventores radicaron una solicitud de entredicho provisional para impedir una audiencia señalada por la Junta de Dis-ciplina que habría de celebrarse los días 3 y 4 de febrero de 1970, y para mantener el status quo hasta que se resolvieren las cuestiones constitucionales planteadas.

El tribunal de instancia declaró con lugar la solicitud provisional de entredicho, sin notificación previa a la parte adversa, en la misma fecha en que fue radicada, o sea, el 30 de enero de 1970, y sin que surja del récord que el tribunal tuviera ante sí ningún otro documento, alegación, escrito o constancia que no fueran los que hemos mencionado. En su consecuencia ordenó a los demandados que se abstuvieran de continuar los procedimientos administrativos contra los interventores anunciados para los días 3 y 4 de febrero de 1970, ordenando además que se mantuviera el status quo hasta que se resolvieran las alegaciones de los interventores contenidas en las referidas solicitudes de entredicho y de entredicho provisional. El tribunal señaló la audiencia para la discusión de la solicitud de entredicho para el día 13 de febrero de 1970, o sea, cuatro días después de la expiración del término de diez (10) días de duración de la orden requerido por la Regla 57.2.

Contra la orden de entredicho, los demandados acudieron ante nos en el presente recurso, y en auxilio de nuestra juris-dicción solicitaron y les concedimos una orden que dejó sin efecto la del tribunal de instancia y paralizó los procedimien-tos en dicho tribunal hasta que dispusiéramos otra cosa. Pos-teriormente expedimos el auto para revisar los procedimien-tos del tribunal de instancia.

Los demandados señalan ocho errores cometidos por el tribunal sentenciador. Bastará considerar el primero de ellos que va a la médula del remedio solicitado por los interventores, y el cual es suficiente para resolver los planteamientos ante nos:

“La orden emitida por el tribunal tiene el efecto de paralizar o impedir una actuación autorizada por ley de una corporación pública sin que se haya determinado que dicha actuación sea inconstitucional o inválida.”

Examinemos las disposiciones de ley relativas al recurso de injunction contra actuaciones de funcionarios públicos, o de agencias o corporaciones públicas.

El Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, según enmendado por el Art. 3 de la Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946, 32 L.P.R.A. see. 3524, en lo pertinente, dispone:

“No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho:
3. Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley de la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corpora-ción pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irre-visable, que dicha ley o actuación autorizada por ley es incons-titucional o inválida.
Cualquier injunction preliminar, permanente, o con carácter de entredicho, incluso cualquier orden para hacer efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la efectividad de una sentencia, que se haya expedido en las circunstancias expuestas en este inciso 3 y que esté en vigor a la fecha de vigencia de esta Ley o que en lo sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo.”

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 1946, an-teriormente citada, 32 L.P.R.A. see. 3524, Historial, reconoce la presunción de constitucionalidad de las actuaciones autori-zadas por ley de los administradores públicos. Ésta reza así:

“Artículo 1. — Exposición de Motivos. — Cualquier ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe considerarse constitucional a menos que y hasta tanto se le declare nula por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable. La expedición de órdenes de entredicho y de injunctions por las cortes inferiores, en relación con la observancia de estatutos públicos y demás actuaciones de la administración pública, desorganiza el proceso ordenado de gobierno y crea incertidumbre y confusión en la observancia de la ley por motivo de la diversidad de opiniones entre los distintos jueces en cuanto a la validez o constitucionali-dad de diversos estatutos y actos públicos.”

En Las Monjas Racing Corp. v. Com. Hípica, 67 D.P.R. 45 (1947), al interpretar lo dispuesto en el Art. 678 antes citado dijimos que la primera determinación a hacerse era si la ac-tuación de la agencia pública era una autorizada por ley, y no si la actuación era válida o constitucional. Y ello es así por-que precisamente la validez o constitucionalidad de la actua-ción es lo que debe decretarse con antelación a la expedición del entredicho o injunoion, por sentencia final, firme, inapela-ble e irrevisable. En otras palabras, lo determinante es si la actuación está comprendida dentro de la autoridad conferida por ley al funcionario, bien sea gubernamental o de una cor-poración o agencia pública. Véanse además, Mari v. Vicéns, 67 D.P.R. 473 (1947); Jiménez v. Jiménez, 71 D.P.R. 502 (1950). Cf. Harper v. Jones, 195 F.2d 705 (1952), cert. den. 344 U.S. 821 (1952).

Veamos cuál es la autoridad conferida por ley a la Uni-versidad de Puerto Rico y a los funcionarios demandados en relación con las actuaciones a las que se refiere este recurso y la naturaleza pública de dicha institución ante la ley.

La Universidad de Puerto Rico es una entidad pública corporativa por virtud de la Ley de la Universidad, 18 L.P.R.A. sees. 601-621, y el recinto de Mayagüez es una uni-dad institucional de aquélla. 18 L.P.R.A. sec. 603(a) (2). Sus facultades corporativas están contenidas en la See. 602 (f) que específicamente dispone:

“La Universidad de Puerto Rico tendrá todas las atribuciones, prerrogativas, responsabilidades y funciones propias de una enti-dad corporativa encargada de la educación superior, las cuales ejercerá a través del Consejo. Tendrá autoridad para demandar y ser demandada ....”

El Consejo de Educación Superior a su vez está expresa-mente facultado para aprobar el Reglamento General de Es-tudiantes, luego de éste ser elaborado por los varios organis-mos universitarios en la forma y manera, provistas por ley. Véase, 18 L.P.R.A. sees. 605, 609, ante.

El citado Reglamento General fue aprobado por el Con-sejo el 30 de marzo de 1968. Éste crea una Junta de Disci-plina en cada recinto para entender en los casos que el propio reglamento provee, cuyas juntas están constituidas por miem-bros de la administración, facultad y estudiantado en la forma allí dispuesta. Dispone además los tipos de conducta que están sujetos a sanciones disciplinarias por constituir infracciones a las normas esenciales al orden y la convivencia universi-taria. Art. 10, Reglamento. Y provee las sanciones que pue-den tomarse en relación con las varias violaciones al mismo. Art. 11, Reglamento. También establece el procedimiento para disciplinar a los infractores de sus disposiciones, cuales son la notificación oportuna de cargos, término para alegaciones, derecho a audiencia, derecho a ser acompañado por asesor o consejero, derecho a presentar evidencia y contrainterrogar testigos. Arts. 12, 13, Reglamento.

Los interventores no alegan que el reglamento universi-tario no haya sido aprobado de acuerdo a la Ley de la Univer-sidad, sino que dicho reglamento es inconstitucional. Tampoco alegan que la actuación de los funcionarios aludidos, no se ajusta al reglamento. Se limitan a cuestionar la validez cons-titucional de la See. 7 al prohibir la celebración dentro de la Universidad de actos no autorizados por los funcionarios uni-versitarios correspondientes.

Examinadas las disposiciones de la Ley de la Universidad y del Reglamento General de Estudiantes, citadas precedentemente, es evidente que la formulación de cargos y los trámites subsiguientes de celebración de vista, etc. son actuaciones autorizadas. Los funcionarios envueltos actuaron de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. Siendo su actuación conforme a la ley, la misma está comprendida dentro de las exclusiones del remedio de injunction provistas en el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil. Cualquier injunction preliminar, permanente o con carácter de entredicho, que fuere expedido en tales circunstancias es nulo e inefectivo. 32 L.P.R.A. see. 3524.

El procedimiento de injunction no es el adecuado para la determinación de la constitucionalidad o validez de la actuación de un funcionario de una instrumentalidad, agen-cia o corporación pública si su actuación tiene base en la ley. Para ello es necesario un juicio ordinario. La Ley de Senten-cias Declaratorias provee un remedio adecuado que puede utilizarse para la determinación de la validez o constitucio-nalidad de las disposiciones del Reglamento General de Estudiantes contenidas en la formulación de cargos. 32 L.P.R.A. sees. 2991 et seq.

No habiéndose demostrado que las actuaciones de los funcionarios universitarios aludidos no están autorizadas por ley o que las disposiciones del Reglamento General de Estudiantes hayan sido declaradas inválidas o inconstitucionales por determinación judicial en sentencia final, firme, inapelable e irrevisable, resolvemos que no procede el recurso de injunction para impedir el cumplimiento de la actuación de los demandados en su carácter respectivo de funcionarios de la Universidad de Puerto Rico, estando dichas actuaciones pro-tegidas por la prohibición contenida en la S.ec. 3524 del Título 32 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.

En virtud de lo expuesto se amdará la orden 'provisional de entredicho recurrida y se declarará sin lugar la solicitud de entredicho de los interventores en este recurso.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado, Señor Rigau, no intervinieron.

      (1) La orden fue dictada sin término fijo a pesar de lo dispuesto en la Eegla 57.2 de las de Procedimiento Civil de 1958 que fija un término de diez (10) días de vigencia a las órdenes de entredicho provisional expedidas sin notificación previa a la parte adversa, a menos que sea prorrogada dicha orden dentro del expresado término por causa justa probada que deberá constar en el récord, o con el consentimiento de la parte adversa. 32 L.P.R.A. Ap. II, E. 57.2. Véanse, 7 Moore, Federal Practice, 2d ed., pár. 65.07, Benítez v. Anciani (1st Cir. 1942) 127 F.2d 121, cert. den. 317 U.S. 699 (1943) (si no se expresa término, la orden vence en diez (10) días). Aún más, la orden dictada habiéndose expedido por tiempo indeterminado, o sea hasta la resolución del injunction permanente, equivale a un injunction preliminar el cual no puede ser expedido sin notificación previa a la parte adversa. 32 L.P.E.A. Ap. II, R. 57.1. Véase, 7 Moore, Federal Practice, ante, pár. 65.05 (comparación entre orden de entredicho provisional e injunction preliminar).


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    P.R. Tobacco Marketing Association, demandante y recurrida, v. Porto Rican and American Insurance Company, demandada y recurrente; Banco Popular de Puerto Rico y Banco de Ponce, terceros demandados y recurridos.

      Número: R-68-331

      Resuelto: 9 de febrero de 1972

      Agraít Oliveras & Otero, abogados de la recurrente; Amando Arias Cestero, abogado de la recurrida; Baragaño, Trías, Saldaña & Francis y Clara López Baralt, abogados del Banco Popular de Puerto Rico; Dubón & Dubón y A. Torres Braschi, abogados del Banco de Ponce.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión planteada en este caso exige determinar cuál de las partes debe cargar con la pérdida de $8,435 ocasionada con motivo de las falsificaciones de cheques de la recurrida realizadas por Raúl Ortiz Ramón, un empleado de ésta. El Banco de Ponce pagó y endosó dichos cheques para su cobro y acreditación a favor del Banco Popular habiendo éste cargado las sumas de dichos cheques a la cuenta de la recurrida. Al descubrir el fraude, ésta tuvo que rembolsar el monto de estos cheques a sus deudores refaccionarios a las cuentas de los cuales los había cargado.

Ocurrida la pérdida en cuestión, la recurrida demandó a la recurrente para que le rembolsase dicha pérdida de acuerdo con el contrato de fianza en vigor entre estas partes. La recurrente entonces radicó demanda contra tercero en contra del Banco de Ponce y del Banco Popular alegando que el importe de dichos cheques fue indebido y/o negligentemente hecho efectivo por la sucursal de Cayey del Banco de Ponce el cual cobró los mismos del Banco Popular de Puerto Rico después de haber suscrito endosos en cada uno; que ambos bancos son responsables por la reclamación que le ha hecho la recurrida o por la cantidad que en definitiva la recurrente venga obligada a pagar. En su contestación, en adición a una negación de los hechos, alegó el Banco de Ponce, como defensa afirmativa, que las pérdidas en cuestión fueron el resultado de la propia negligencia de la recurrida al dejar transcurrir más de 7 meses antes de descubrir y notificar las falsificaciones no obstante haber recibido durante ese período estados men-suales del Banco Popular. El Banco Popular, en su contesta-ción, negó los hechos y como defensa adujo la misma alegada por el Banco de Ponce. Además alegó que los cheques en cuestión fueron emitidos sin la intención de la recurrida de entregarlos a las personas a cuyo favor fueron expedidos y así equivalían a cheques pagados al portador sin requerimiento de endosos para su pago. En adición, el Banco Popular radicó una demanda contra coparte contra el Banco de Ponce en que alegó que los cheques fueron presentados en primer término y pagados por el Banco de Ponce y que en caso de declararse con lugar la demanda contra tercero, el Banco de Ponce, conforme a la garantía contraída en su endoso de dichos cheques, deberá relevar al Banco Popular de responsa-bilidad en cuanto a todos y cada uno de dichos cheques,

Los hechos esenciales del caso, según en parte los resume el tribunal de instancia, son los siguientes:

“1. — La demandante, la Tuerto Rico Tobacco Marketing Cooperative Association’, durante las fechas a que se refiere esta acción, tenía cuentas bancarias abiertas en el Banco Popular de P.R. y en el Banco de Ponce. La demandante hacía depósitos de dinero en su cuenta en el Banco Popular, para luego girar contra éstos a través de cheques u órdenes dé pago librados por ella por conducto de agentes autorizados para tales fines. Los cheques correspondientes al área de Cayey eran pagados a través de la sucursal que tenía en dicho pueblo el Banco de Ponce, quien a su vez endosaba los cheques, para su cobro o acreditación, a favor del Banco Popular de P.R.
2. — Para las fechas en que ocurrieron los hechos que dan margen a esta acción, estaba en vigor un contrato entre las partes que obligaba a la demandada a responderle a la deman-dante de pérdidas que ésta pudiera sufrir como consecuencia de actos deshonestos de cualquiera de sus empleados, incluyendo: falsificación, fraude, falsa representación y otros.
3. — Entre noviembre de 1956 y julio de 1958; la demandante libró contra sus referidas cuentas bancarias más de 60 cheques u órdenes de pago, teniendo, fondos suficientes, a favor de miem-bros o socios de la cooperativa (agricultores de Cayey dedicados a la siembra de tabaco). Todos estos libramientos fueron honra-dos por las mencionadas instituciones bancarias.
4. — Los referidos cheques fueron librados por la demandante con las firmas de su Presidente y su Secretario Tesorero .... Todos los firmantes estaban autorizados por la demandante para hacer tales libramientos y sus' firmas estaban debidamente registradas en dichos bancos. •
5. — Raúl Ortiz Ramón, encargado de la oficina de la deman-dante en Cayey, mediante falsas y fraudulentas simulaciones, obtuvo de los citados funcionarios de la demandante que expi-dieran las referidas órdenes de pago, creyendo éstos de buena fe que se trataban de préstamos o anticipos reales solicitados por socios de la demandante; cuando lo cierto era que Ortiz Ramón simulaba solicitudes y preparaba Tistillas’ fraudulentas con el fin de obtener dichos cheques, los cuales cobraba él personalmente y los usaba para su propio beneficio.
6. — Raúl Ortiz Ramón, a sabiendas de que los beneficiarios de los expresados cheques no iban a recibir su importe, ni estaban enterados de su libramiento — aprovechándose de que éstos eran socio o miembros ‘bona fide’ de la sociedad demandante — -urdió la descrita estratagema con el fin deliberado de defraudar a la demandante. En todos los cheques Raúl Ortiz Ramón falsificó las firmas de los beneficiarios y luego endosó las mismas con su firma para lograr que el banco los pagara. Entre la demandante y los referidos bancos se había acordado que se pasara cualquier libramiento que estuviera endosado por dicho Raúl Ortiz Ramón. El importe de dichos cheques, una vez que fueron pagados a Ortiz, se cargó a las respectivas cuentas de la demandante.
7. — El referido Raúl Ortiz Ramón se declaró culpable y ad-mitió todos los hechos imputados en los 45 cargos que componían la acusación por falsificación que le fuera formulada; y en 17 de febrero de 1961 el Tribunal lo sentenció a cumplir una pena de uno a cinco años de presidio, sentencia que le fue suspendida. (Por algunos de los cheques falsificados no se formularon cargos por haber prescrito la acción criminal.) ”

El monto de los cheques del caso fueron cargados por el Banco Popular a la cuenta de la recurrida. Como ésta había cargado la cuenta de cada tomador, como deudor refaccionario suyo, con el monto del cheque correspondiente, al descubrirse el fraude la recurrida tuvo que rembolsar a éstos lo que así les cargó mediante la acreditación correspondiente en sus cuentas con la recurrida.

Ortiz Ramón fue acusado y se declaró culpable de la falsificación de aquellos cheques con respecto a los cuales no había prescrito la acción criminal. Fue sentenciado a la pena de uno a cinco años de presidio la que le fue suspendida. Ortiz Ramón ha depositado en el Tribunal Superior la suma de $1,500 para beneficio de la recurrida.

A base de los anteriores hechos, concluyó el juez de instan-cia que los cheques en cuestión tienen “el concepto de docu-mentos ‘al portador’. Como tales, eran negociables meramente por la entrega.”, de manera que el pretendido endoso de los mismos por Ortiz Ramón era innecesario y superfluo; que la falsificación del endoso no tenía efecto en ley alguno. En tal virtud condenó a la recurrente a satisfacer a la recurrida la suma de $8,435 y $1,000 de honorarios de abogado y declaró sin lugar las demandas de tercero, condenando a la recurrente a pagar $1,000 de honorarios de abogado a cada uno de los bancos más las costas e intereses legales sobre ambas sumas desde la fecha de la radicación de la demanda.

Apunta la recurrente que los cheques en cuestión eran “instrumentos expedidos a la orden” siendo, por lo tanto necesario, además de la entrega, un endoso válido del tomador; que el tribunal al concluir que la falsificación de los endosos no tenía efecto alguno en ley, particularmente en este caso donde cada endoso falsificado iba refrendado por la firma de Ortiz Ramón debidamente autorizado para ese tipo de gestión por la recurrida, se basó en un acuerdo al efecto entre la recu-' rrida y los bancos expuesto en la conclusión de hechos número 6 anterior; que dicho acuerdo oral fue uno de mera identifi-cación de manera que no tenía el efecto de convertir los cheques en libramientos al portador. La recurrente impugna la existencia de dicho acuerdo; sostiene que el endoso del pro-pio Ortiz Ramón no constituía una garantía de la validez del endoso de la persona a favor de quien se expidió cada cheque y cuyo endoso falsificó Ortiz Ramón.

En tal virtud, arguye la recurrente que:

“El banco librado cargó indebidamente los cheques a la cuenta de la demandante. La demandante no ha acreditado, pues, que sufriera una 'pérdida, que es el riesgo cubierto por la fianza. (Énfasis en el original.)
De resultar con derecho a recobrar bajo la fianza, la peti-cionaria tiene a su vez derecho a repetir contra el Banco Popular, que es el banco librado, cualquier suma que en definitiva venga obligada a pagar la peticionaria a la parte demandante en subro-gación de los derechos de ésta. Maryland Casualty Co. vs. Banco Popular, supra; y contra el Banco de Ponce.”

La primera cuestión a determinar es si el Banco de Ponce cambió dichos cheques en armonía con el entendido a que se. llegó entre el gerente de la sucursal de ese banco en Cayey, el Sr. Collazo, y el Sr. López Obén, jefe de la firma de la recu-rrida en Cayey. En segundo lugar, debemos determinar, en caso de que los cheques se hayan cambiado en .violación de dicho entendido, si la recurrida fue negligente en informar prontamente la existencia del fraude al recibir los informes mensuales del estado de su cuenta en el Banco Popular. Por último, debemos resolver si la recurrente puede responsabili-zar a los referidos bancos por la pérdida ocasionada por el fraude en cuestión.

La prueba sobre el entendido entre el Sr. Collazo y el Sr. López Obén surge del testimonio de aquél. A continuación copiamos del récord la parte pertinente del interrogatorio del Sr. Collazo.

“P. Tuvo usted, como gerente, ocasión de hablar con algún director de la Tobacco Marketing ?
R. Sí, señor.
P. En relación con estos cheques de los refaccionados ?
R. Como no, tuve unas cuantas conversaciones.
P. Explíquele a la Corte, en las ocasiones que tuvo hablar sobre eso?
R. Le voy a explicar; realmente cuando los cheques que lleva-ban los refaccionados a cambiar no eran personas conocidas para los ‘tellers’, entonces cuando la persona presentaba el cheque, en la ventanilla, el ‘teller’ no lo conocía y él le pedía al señor si podía haber una persona que le identificara para cambiarle el cheque; la persona pues empezaba a buscar por allí, no encontraban la persona conocida, como eran refaccionados de Cayey, de Cidra, como eso es en el campo, volvían a la oficina y alrededor de las doce regresaban aquí, ya molestos y no querían cambiar los cheques era lo que sucedía ....
Testigo:
R. Bueno, verdad, yo averigüe el ‘teller’ no quería cambiar el cheque a la persona porque no es conocida, un cheque de Cuarenta y Tres con Sesenta Tres o más, no lo cambió, no lo conocía naturalmente no lo cambió como le pedimos; yo le digo muy natural, ustedes nos buscan una persona que identifique esas personas, entonces nosotros se lo cambiamos.
P. Fue a la oficina Local de la Marketing, el Director hablar con él?
R. Alberto López Obén, Jefe de la Oficina allí y yo acordamos, que estaba allí en esa fecha y acordamos así, me dieron a selec-cionar el nombre de este muchacho Raúl Ortiz Ramón -para que identificara las personas que fueran a cambiar los cheques. Testigo:
P. Cómo se instrumentó el acuerdo con los ‘tellers’ ?
R. Se le dio instrucciones, se les informó del acuerdo que tuve en la cooperativa con todos los cheques de la Cooperativa de todos los refaccionados, si la persona no se conocía y que habían otros cheques se podían cambiar porque la persona se conocía, ahora había una serie de cheques no se conocían las personas, entonces trayendo la firma de identificación de Raúl Ortiz Ramón se cambiaban.
P. Cómo en la práctica, cómo funcionaba eso ?
R. Ese acuerdo se llevaba a efecto.
Lodo. Arias Cestero:
P. Cuál era el procedimiento ?
Testigo:
R. El procedimiento?
P. Yo me refiero testigo como se iba a identificar la persona ?
R. Porque todos los cheques iban firmados por Raúl Ortiz Ramón.
P. Si Raúl firmaba los cheques de los refaccionados no tenían problemas ?
R. No, señor.
P. Los refaccionados tenían que comparecer personalmente a la ventanilla a firmar en presencia del ‘teller’, así mismo Raúl Ortiz Ramón?
R. Bueno, eso los ‘tellers’ hubo ocasiones en que la persona venían, ellos se identificaban allí, además con la firma de Raúl Ortiz Ramón se le cambiaban en dinero.
P. Lo normal era en presencia del empleado ?
R. Sí, señor, en presencia del ‘teller’ o venían firmados con la firma de Rául Ortiz Ramón.
P. Toda la verificación de Raúl era identificar la persona?
R. Lo hacían los ‘tellers’.
Hon. Juez:
En ortas palabras, cuando traían la firma de Ortiz Ramón, no requerían ninguna identificación a la persona?
Testigo:
R. Así es.
P. Cuando traían la firma de Ortiz Ramón el acuerdo era que no se requería ninguna identificación?
R. Ese era el acuerdo.
Nada más, Vuestro Honor.” (Énfasis nuestro.)

De la referida prueba resulta que a los efectos de cambiar los cheques expedidos por la recurrida a favor de sus agri-cultores refaccionados, cuando éstos no eran conocidos del banco, éstos tenía que traer los- cheques personalmente al banco acompañados por Ortiz Ramón; y entonces allí, en presencia del pagador del banco, debían endosar los tomadores los cheques y Ortiz Ramón identificar a dichos tomadores imponiendo su firma a continuación de la de los tomadores.

Las instrucciones dadas a los pagadores del Banco de Ponce en Cayey, de que (1) cuando “no se conocían las per-sonas, entonces trayendo la firma de identificación de Raúl Ortiz Ramón se cambiaban”; y (2) “que se le podía cambiar porque ya ellos habían dado las instrucciones . . . siempre que Raúl Ortiz Ramón los firmara los cheques o vinieran firmados por él como beneficiario de los cheques”, no se ajustaban al claro entendimiento de las partes el cual presumía que los tomadores de los cheques vendrían al banco acompañados de Ortiz Ramón y aquéllos endosarían los cheques y Ortiz Ramón identificaría a cada tomador imponiendo su firma a continua-ción de la del tomador, todo en presencia del pagador.

Debido a lo conocido, que era Ortiz Ramón y la confianza que en él se había depositado por la sucursal del Banco de Ponce en Cayey, se desarrolló la costumbre de cambiar cheques de la recurrida suscritos a favor de agricultores refaccionados por aquélla, cuando Ortiz Ramón los presentaba endosados supuestamente por los tomadores pero sin estar acompañado por dichos tomadores. Entonces daba Ortiz Ramón como excusa por la ausencia de los tomadores, y se le aceptaba, que los tomadores habían ido al banco y estaban molestos porque no quisieron cambiarle los cheques y se iban a la oficina de Ortiz Ramón; en otras ocasiones la excusa era que el tomador estaba enfermo. Tal confianza e informalidad en el procesa-miento del cambio de los cheques llegó al extremo que los pagadores del Banco de Ponce, conocedores de la firma de Ortiz Ramón, no se percataron que los endosos de los toma-dores en los cheques aparecían hechos con la misma tinta y con una letra muy parecida a la de Ortiz Ramón.

De lo expuesto concluimos que los funcionarios del Banco de Ponce en Cayey fueron negligentes en cambiarle tales cheques a Ortiz Ramón en abierta violación de los términos y la mejor práctica a seguir bajo el entendido a que sobre éste particular llegaron la recurrida y el Banco de Ponce.

No tenemos duda que esa práctica facilitó e hizo posible que Ortiz Ramón perpetrara el fraude en cuestión.

Por no ser atribuible a la recurrida el conocimiento de Ortiz Ramón de que los endosos de los tomadores en los cheques eran fraudulentos, no se constituyeron dichos cheques en documentos pagaderos al portador de acuerdo con el inciso 3 del Art. 362 del Código de Comercio en vigor (19 L.P.R.A. sec. 10 (3)). Por el contrario, por vía de ilustración, el libramiento por $4,737.54 girado contra el Banco de Ponce por la recurrida, el cual aparecía firmado por Lebrón Obén y Ortiz Ramón, como oficiales de la recurrida autorizados a hacerlo por ella, era un documento pagadero al portador porque el conocimiento de Ortiz Ramón de que él había falsificado la firma de Lebrón Obén en este libramiento era atribuible a la recurrida. E.M.L. Insurance Co. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 645 (1965).

Los cheques firmados por el Presidente y el Secretario Tesorero de la recurrida son libramientos a la orden. Requerían el endoso del tomador y su pago por el banco fue un pago indebido ya que los endosos habían sido falsificados. Maryland Casualty Co. v. Banco Popular, 92 D.P.R. 331, 341-343 (1965).

Las obligaciones de los bancos para con sus depositantes surgen de la relación contractual existente entre ellos. El banco le es responsable a su depositante cuando hace pagos en violación de las instrucciones de éste. Un banco no puede adquirir derecho alguno frente a un depositante cuando ha pagado un cheque en que la firma de éste ha sido falsificada, a menos que el depositante esté impedido de alegar en su defensa la falsedad o falta de autorización. Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100, 115, 118 (1953); Maryland, Casualty Co. v. Banco Popular, supra, pág. 342; Glen L. Martin Co. v. Fidelity Baltimore N.B.V.T. Co., 145 A.2d 267 (Md. 1958); Defiance Lumber Co. v. Bank of California, 41 P.2d 135 (Cal. 1935).

La subrogación transfiere al fiador que paga por otro los derechos y defensas de éste en cuanto al crédito satisfecho y queda sujeto a las defensas que tuviere el que originalmente pagó el crédito mediante la presentación de documentación fraudulenta. Código Civil, Art. 1166 (31 L.P.R.A. see. 3250); Castán, Derecho Civil Español, Vol. III, pág. 284; United States v. Munsey Trust Co., 332 U.S. 234, 242 (1947); Hartford Acc. I. Co., v. First Nat. B. & T. Co. of Tulsa, Okl., 287 F.2d 69 (10th Cir. 1961); Bank of Fort Mill v. Lawyers Title Insurance Corp., 268 F.2d 313, 317 (4th Cir. 1959).

El récord demuestra que Ortiz Ramón no tan sólo falsificó el endoso de tomadores en los cheques sino que simuló las solicitudes y las “listillas” de los préstamos de manera que la recurrida no podía percatarse de, y poner coto al, fraude en cuestión al comprobar sus cheques cancelados y devueltos por el Banco Popular. No hubo prueba de que pudiera haber descubierto dicho fraude aun al finalizar cada cosecha cuando se liquidaban los préstamos correspondientes a dicha cosecha. Por lo tanto, no procede la defensa aducida por el Banco de Ponce de que la recurrida fue negligente en no descubrir y notificar las falsificaciones con prontitud, basada en la norma que adoptamos en Portilla v. Banco Popular, supra, págs. 118-119.

En vista de lo expuesto, debe modificarse la sentencia, declarando con lugar la demanda contra tercero y la demanda contra coparte, responsabilizando a los terceros demandados a rembolsar a la recurrente las cuantías de la sentencia dictada en su contra en este caso y que haya pagado a la recurrida, más sus costas y $1,000 de honorarios de abogado y al Banco de Ponce a rembolsar al Banco Popular toda o cual-quier parte de las anteriores sumas que pague, y además, debe condenarse al Banco de Ponce a pagar al Banco Popular las costas y $1,000 de honorarios' de abogado. Así modificada se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que el Juez Asociado Señor Martínez Muñoz, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Superior Paint Manufacturing Co., Inc., demandante y recurrida, v. United States Fire Insurance Company et al., demandadas y recurrente la primera.

      Número:. R-70-318

      Resuelto: 11 de febrero de 1972

      Agraít Oliveras & Otero, abogados de la recurrente; Seguróla & Montalvo, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante suplió pinturas a un subcontratista de una obra pública. El subcontratista no satisfizo el importe de las pinturas suplidas. La suplidora demandó en cobro del importe adeudado a la compañía fiadora del subcontratista. La obra fue aceptada el 30 de enero de 1964. La demanda se radicó el 24 de noviembre de ese mismo año. La compañía fiadora sostiene que la acción ejercitada había caducado por haber sido radicada transcurridos seis meses de aceptada la obra. El tribunal sentenciador adjudicó la controversia sos-teniendo la posición de la demandante al resolver que el término de seis meses establecido en la Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. sees. 47 et seq., se aplica “solo a la fianza que presta el contratista a favor del dueño de la obra pública, en cuanto al pago de los suplidores de materiales y mano de obra de .dicho proyecto, pero son inaplicables a aquellas fianzas que prestan voluntariamente los subcontra-tistas a favor de los contratistas, en las que garantizan los pagos a los suplidores de materiales de los subcontratos.” (Énfasis en el original.)

Es correcta esa determinación. La ley no exige que el subcontratista de una obra pública preste • fianza alguna a favor del contratista principal. Los obreros y materialistas están garantizados por la linaza que la ley exige al contra-tista. La fianza fue prestada por el subcontratista para garantizar a los obreros y materialistas de su subcontrato. En esta situación las relaciones entre los suplidores de materiales y el subcontratista están reguladas por el contrato de fianza. Socony-Vacuum Oil Co. v. Continental Casualty Co., 219 F.2d 645 (2d Cir. 1955). La fianza prestada establece que la obligación asumida por la fiadora cesará si el principal —que es el subcontratista — verifica prontamente los pagos a todas las personas que pongan su trabajo o suministren materiales en la ejecución de la parte de la obra por él con-tratada. Dispone además que la demanda deberá radicarse dentro de un año desde la fecha en que el subcontratista terminó su trabajo.

La Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito en el caso de Socony-Vacuum Oil Co. v. Continental Casualty Co., supra, tuvo ante su consideración una cuestión igual a la del presente caso. Al resolverla expresó: “La situación en forma alguna es afectada por el hecho de que la parte demandante falló en ejercitar sus derechos bajo la Ley Miller en contra del contratista principal y su aseguradora. La fianza que ahora se trata de ejecutar no era requerida por esa Ley y los derechos a que la misma da base no están restringidos por dicha ley o condicionados a la búsqueda oportuna de remedios bajo dicha Ley. Los derechos bajo las disposiciones de esta fianza deben determinarse al amparo de su lenguaje, interpre-tado a la fecha en que ésta fue otorgada.” Ver además United States v. Algernon Blair, Inc., 329 F.Supp. 1360 (D.C.S.C. 1971).

Ya hemos visto lo que dispone el contrato de fianza, que la obligación cesará cuando se satisfagan las acreencias de los suplidores de materiales y que la acción debe ejercitarse dentro del año a partir de la fecha en que el subcontratista termine su trabajo. No siendo la fianza prestada por el sub-contratista requerida por ley, los derechos que ella concede no están limitados por el término prescriptivo de la Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández no intervino al igual que el Juez Asociado Señor Martínez Muñoz.

       Dispone el Art. 9 de la Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, en su parte pertinente:
      “La causa de acción autorizada . . . contra la fianza y los fiadores del contratista se entenderá prescrita a los seis meses de aceptada finalmente la obra por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. .. .”

      En Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965) resolvimos que aunque la ley usaba la palabra “prescrita”, el término esta-blecido era de caducidad.

       Lee así la fianza en la parte pertinente:
      “NOW, THEREFORE, THE CONDITION OF THIS OBLIGATION is such that if the Principal shall promptly make payment to all claimants as hereinafter defined, for all labor and material used or reasonably required for use in the performance of the Contract, then this obligation shall be void; otherwise it shall remain in full force and effect, subject, however, to the following conditions:
      1. .......
      2. .......
      3. No suit or action shall be commenced hereunder by any claimant.
      a) .
      b) After the expiration of one (1) year following the date on which Principal ceased work on said Contract. . . .”

       Es conveniente apuntar que la disposición del estatuto que esta-blece el término para ejercitar la acción dispone que “[1] a causa de ac-ción autorizada . . . contra la fianza y los fiadores del contratista se enten-derá prescrita a los seis meses de aceptada finalmente la obra por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y al definir el término “contratista” no se incluye “subcontratista”. De hecho hay una definición aparte para el tér-mino “subcontratista”.


text:
    Builders Insurance Company, peticionaria, v. Tribunal Superior de Ponce, Hon. Antonio Matta, Juez, demandado; Carlos Armstrong e Hijos, Sucesores, Inc., interventora.

      Número: O-71-100

      Resuelto: 11 de febrero de 1972

      Paniagua, Diez & Figueroa, abogados de la peticionaria; Antonio P. Zapater Cajigas, abogado de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación demandante, aquí interventora, Carlos Armstrong e Hijos, Suers., Inc., radicó demanda en cobro de fianza (Payment and Material Bond) contra la demandada, aquí peticionaria, Builders Insurance Company ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce.

La demandada-peticionaria compareció al tribunal para levantar un embargo trabádole en aseguramiento de senten-cia, solicitó prórroga para contestar, se opuso a una oposición de la demandante contra la solicitud de prórroga para contes-tar, radicó un interrogatorio y requerimiento de admisión y contestó un interrogatorio de la demandante. Luego, sin haber aún contestado la demanda, la demandada-peticionaria soli-citó el traslado del caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, acompañando un Affidavit de Mérito aduciendo que sus oficinas principales radican en San Juan, Puerto Rico, ale-gando por consiguiente que corresponde ventilar la acción en el.distrito de su residencia corporativa, Oídas las partes el Juez Carlos D. Bonaparte ordenó el traslado solicitado a la Sala de San Juan del Tribunal Superior. No conforme la demandante-interventora solicitó en tiempo la reconsideración de la orden de traslado. .Dicha reconsideración fue declarada sin lugar 7 días después de ser presentada. Transcurridos 18 días de haber sido declarada sin lugar la moción de reconsi-deración y sin que se hubiesen trasladado aún los autos a la Sala de San Juan, la demandante-interventora radicó una demanda enmendada junto a la cual acompañó una moción para dejar sin efecto la .orden de traslado. Así las cosas la demandada-peticionaria radicó una moción de prórroga para contestar la demanda enmendada y otra titulada “Moción de Traslado a Demanda Enmendada”.

Vistas las anteriores mociones, el Juez recurrido Antonio J. Matta, entendiendo que al radicar una demanda enmendada y presentar una .moción de traslado con respecto a la misma la demandada-peticionaria renunciaba a todos los derechos que tenía bajo la moción anterior y entendiendo además que los trámites seguidos por la demandada-peticionaria en los inicios del procedimiento constituían una sumisión al tribunal, declaró sin lugar la moción de traslado. Esta determinación del tribunal, de sostenerse, dejaría sin efecto la orden de traslado del caso dictada originalmente por el Juez Bonaparte.

Nos es forzoso concluir, ante los hechos expuestos, que cometió error el juez recurrido. La cuestión del traslado había sido resuelta y habiendo sido sostenida en reconsideración no se solicitó la revisión de la misma. En vista de ello el tribunal debió haber ordenado la incorporación de la demanda enmendada al expediente objeto de traslado. La prórroga para contestar la demanda enmendada unida a la solicitud de traslado de la misma radicada por la demandada-peticionaria no constituyó renuncia de sus derechos ni sumisión a la Sala de Ponce. Aun más, la solicitud de la demandante-interven-tora para dejar sin efecto el traslado ya ordenado, ante un juez distinto al que ya había resuelto la cuestión, equivalía a una nueva moción de reconsideración radicada fuera de término, por lo que el tribunal había perdido jurisdicción para entender en ella. Véanse, Regla 47 de las de Procedi-miento Civil de Puerto Rico; Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 D.P.R. 859 (1965); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963).

Si bien es cierto que los tribunales retienen la facultad para corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajus-tarlas a la ley, para ello es necesario que se sigan los canales procesales adecuados. Véanse, Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, Art. 7, inciso 8 (32 L.P.R.A. see. 44); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra; Rodríguez v. Sánchez, 48 D.P.R. 236 (1935); Maxwell v. Perkins, 255 P.2d 10; Davis v. Campbell, 319 S.W.2d 758.

Aun considerando la moción de la demandante-interventora como una bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil la misma es improcedente ya que no se aduce ninguna de las razones que allí se enumeran. Ya hemos resuelto que no pro-cede la moción bajo esta regla para corregir errores de derecho del tribunal ni como remedio sustituto para el recurso de revisión provisto por ley. E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 692 (1962); Banco Popular v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 242 (1961).

Aunque, dada la conclusión a que hemos llegado, no es necesario entrar en la determinación de si las diligencias realizadas por la peticionaria ante el tribunal de instancia constituyen una sumisión a su jurisdicción, es conveniente señalar que independientemente de ello faltó la anuencia del juez que junto al convenio de las partes es requisito indispensable de la Regia 3 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. II, R. 3) para celebrar la vista de un caso en una sección o sala sin competencia para entender en el mismo. Véanse, Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106, 122 (1969); Co-operativa de Cafeteros de P.R. v. Colón, 76 D.P.R. 473 (1954). A tales efectos debe recordarse lo que dijimos en el caso de Colón v. Tribunal Superior, ante:

“Radicada una causa o recurso en úna Sala del Tribunal de Primera Instancia que no es la señalada por ley con competencia para, conocer del asunto, como regla general el juez que la preside debe dar traslado de la misma a la sala correspondiente, a menos que existan circunstancias extraordinarias que requieran apartarse de esta norma, y justifiquen que el juez dé su anuencia para seguir con la causa. De lo contrario, tendríamos la unifica-ción de los tribunales para fines dé jurisdicción, pero no tendría-mos la más ordenada organización para fines de funcionamiento. Ello podría redundar en una menos eficiente administración de justicia.”

Por los motivos que anteceden se dejará sin efecto la resolución dictada por el tribunal de instancia en este caso, el U de marzo de 1971 y se ordenará que se traslade el expe-diente del caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para que una vez allí se continúen los procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       Véase Código de Enjuiciamiento Civil, Arts. 78 y 81 (32 L.P.R.A. sees. 404 y 407).

       El consentimiento del juez había sido negado por el Juez Bonaparte al entender originalmente en la cuestión.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Insurance Company of Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Hon. Juan C. Santiago Matos, Juez, demandado; Primitivo Caratini, interventor.

      Número: 0-71-67

      Resuelto: 18 de febrero de 1972

      Jaime A. García Blanco y Octavio San Miguel Griffo, abogados de la peticionaria; Justino Ferrer Muñoz, abogado del inter-ventor.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios por negligen-cia, instada en 6 de junio de 1968, contra el Municipio de Ci-dra, la cual fue declarada con lugar en 24 de junio de 1970, condenando a la parte demandada al pago de $3,000.00 por daños, más $500.00 por honorarios de abogado. A una solici-tud de revisión presentada por la aseguradora del Municipio ante este Tribunal resolvimos no haber lugar en 15 de octubre de 1970.

Cinco días después la parte demandante solicitó del tribunal de instancia que conforme a lo provisto en la Regla 44.4(e), de las de Procedimiento Civil, ordenase a la parte demandada a satisfacerle intereses desde la fecha en que instó la demanda hasta la fecha en que la sentencia fuese satis-fecha.

La aseguradora del Municipio se opuso a dicha solicitud por entender que una vez la sentencia advino final y firme el tribunal no podía incluir en la misma intereses por temeri-dad, pero estuvo conforme con su obligación de satisfacer in-tereses a partir de la fecha en que se dictó la sentencia. El tribunal sentenciador resolvió la cuestión contra la asegura-dora del Municipio y a su solicitud expedimos certiorari para revisar dicha actuación.

La antes citada Regla 44.4(e) dispone como sigue:

“El Tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés legal desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radi-cación de la demanda, en casos de daños y perjuicios, a compu-tarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, las corporaciones públicas, o los municipios de Puerto Rico, disponiéndose que las disposiciones de este inciso solamente serán aplicables a las causas de acción que surgieren con pos-terioridad a la fecha de su aprobación [26 de mayo de 1967].”

La inmunidad que dicha Regla 44.4(e) confiere a los Municipios y que igualmente les confiere la Ley Municipal no está disponible a la peticionaria por las siguientes razones.

La responsabilidad de un asegurador bajo una póliza de seguro cubriendo daños y perjuicios es directa, sustantiva y absoluta para con las personas con derecho a recobrar daños. 26 L.P.R.Á. sees. 2001, 2003; Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868, 874 (1965). En consecuencia, la acción contra el asegurador es directa, distinta y separada de la acción contra el asegurado y el asegurador está impedido de interponer las defensas personales o privativas del asegurado, García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245, 254 (1965). Esta doctrina ha sido aplicada aun cuando el Municipio asegurado ha levantado la defensa oportunamente. La defensa libera al Municipio mas no al asegurador. Cuchi Coll v. Gobierno de la Capital, 93 D.P.R. 734, 737 (1966); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472, 476 (1967); Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968). En este último caso expresamos que “(ejstas condiciones limitativas del derecho de las personas a solicitar reparación deben interpretarse res-trictivamente.”

A tenor con lo anterior, la peticionaria no podía levan-tar la defensa de inmunidad gubernamental en cuanto a in-tereses por temeridad que el propio Municipio, única parte con derecho a oponerla, no levantó.

La segunda razón por la cual la defensa de inmunidad gu-bernamental no está disponible a la peticionaria es que el propio Código de Seguros expresamente le niega esta defensa al requerir que en toda póliza de seguros cubriendo el riesgo de daños y perjuicios del Estado, de los municipios y de otras dependencias, se disponga que “el asegurador no podrá aducir lá defensa de inmunidad gubernamental en ninguna acción in-coada contra el asegurador con arreglo a dicha póliza o en virtud de la misma.” 26 L.P.R.A. see. 2004.

En Pérez v. Maryland Casualty Co., 78 D.P.R. 475, 482 (1955), resolvimos que una cláusula como la requerida por el Código equivale a imponer al asegurador la misma índole de responsabilidad que la que tendría si el asegurado no fuese el Gobierno sino una entidad privada no inmune. Toda persona o entidad litigante está sujeta a la imposición de intereses por temeridad excepto las entidades gubernamentales inmuniza-das por las leyes. Cabe observar que en acciones contra ase-gurados la parte realmente interesada en litigar la responsa-bilidad del demandado generalmente es el asegurador que cu-bre el riesgo y es éste el que decide si litigar o transigir la re-clamación. No sería justo que un asegurador del Gobierno obligara temerariamente a un reclamante a litigar y que luego pudiera invocar la inmunidad gubernamental para es-cudarse de las consecuencias de dicha temeridad.

En relación con los intereses acumulados desde que se dictó la sentencia, la peticionaria admite su obligación e in-forma haberlos satisfecho. Estos intereses proceden como cuestión de ley, 32 L.P.R.A. sec. 1473; P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 621 (1962); Zequeira v. C.R.U.V., 95 D.P.R. 738 (1967), y no son contrarios a las leyes de inmunidad gubernamental, 32 L.P.R.A. see. 3083; 21 L.P.R.A. sec. 1603c.

La peticionaria objeta a los intereses por el período desde que se presentó la demanda hasta que se dictó sentencia, los cuales, conforme a la Regla 44.4 (e), el tribunal “impondrá a la parte que haya procedido con temeridad.”

Al serle impuesta por el tribunal la condena de honorarios de abogado a la peticionaria, dicha imposición constituyó una determinación implícita de temeridad. Sucn. Arroyo v. Mu nicipio, 81 D.P.R. 434, 435 (1959); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962).

Aduce la peticionaria, sin embargo, que no obstante esa determinación implícita de temeridad, el tribunal no podía enmendar su sentencia, que había advenido final y firme, para incluir los intereses que tal determinación conllevaba, por no estar dicha actuación autorizada por ninguna de las reglas procesales y por ser contraria a los casos P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra y Banco Popular v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 242 (1961).

No se cometió el error. Dispone la Regla 49.1 de las de Procedimiento Civil que los errores que aparezcan en las sen-tencias “por inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a mo-ción de cualquier parte.” (Bastardillas nuestras.)

La situación del caso presente es distinta a la del caso Banco Popular v. Tribunal Superior, supra. Allí se dijo que la Regla 60 de las del año 1943, equivalente a la actual Regla 49.1, no era de aplicación a dicho caso pues el error corregido no era un mero error clerical o una inadvertencia u omisión del juez, sino que lo que estaba ante él era un problema de derecho que envolvía.la interpretación de varios incisos del Art. 8 de la Ley de Alquileres Razonables.

También es distinta a la del caso P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra, donde se dijo que “los únicos in-tereses que forman parte integrante de la sentencia y pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la misma, son los que se devengan a partir de la fecha en que ésta se dicta, porque deben ser considerados automáticamente como parte de la sentencia, por mandato de ley.” Allí se trataba de in-tereses de mora, que conforme a la opinión, son de categoría distinta y renunciables si no se apela de la sentencia que los omite. La omisión en el presente caso no envuelve un problema de derecho como el caso Banco Popular, supra, ni intereses de categoría distinta a los que conlleva la sentencia después de dictada.

La imposición de intereses en el presente caso es de naturaleza idéntica a la imposición de honorarios de abogado. Ambos proceden cuando la parte perdidosa ha sido temeraria y persiguen idénticos propósitos: disuadir la litigación y alentar las transacciones, mediante sanciones a la parte temeraria que compensen los perjuicios económicos y las molestias producto de su temeridad sufridas por la otra parte.

En relación con honorarios de abogado la regla es al efecto de que cuando el tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido temeraria la condena de honorarios de abogado es imperativa. Castro v. Payco, Inc., 75 D.P.R. 63, 75 (1953); Ortiz v. Martorell, 80 D.P.R. 544, 552 (1958); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 39 (1962); Maryland Casualty Co. v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 686, 688 (1951); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 70 (1967). Igual es la regla en cuanto a intereses. La propia Regla 44.4(e) no da margen a una regla distinta; dice dicha Regla que el tribunal “impondrá” dichos intereses a la parte que haya procedido con temeridad.

Esta regla, desde luego, no es contraria a lo expresado en: el caso P.R. & Ame. Ins. Co., supra. Lo que ocurre es que dicho caso fue resuelto en el. año 1962 y la Regla 44.4(e) se incorporó en las Reglas de Procedimiento Civil en el año 1967. Tan imperativa es la condena de intereses desde que se presenta la demanda cuando la parte ha sido temeraria, como lo es la condena de intereses desde que se dicta sentencia cuando la parte no ha sido temeraria.

La cuestión aquí envuelta no es una de derecho sustantivo, como lo era en el caso Banco Popular, supra, sino que es una mera omisión o inadvertencia de las cubiertas por la Regla 49.1. En el presente caso la intención del tribunal fue con-ceder intereses por temeridad según lo refleja su resolución ordenando el pago de los mismos; y conforme a la Regla 49.1, la omisión de dichos intereses podía ser corregida en cualquier momento.

Se recordará que en el presente caso una solicitud, de revisión de la peticionaria fue declarada no ha lugar por este Tribunal. Hay diversos criterios sobre si los tribunales apela-dos pueden corregir errores después de haberse considerado el caso en apelación pero en Puerto Rico eso no está sujeto a discusión pues nuestra Regla 49.1 expresamente dispone que durante la tramitación de una apelación, podrán corregirse los errores que dicha Regla menciona antes de elevarse el expediente al tribunal de apelación, y que posteriormente sólo podrán corregirse con permiso de dicho Tribunal.

Si bien es cierto que en el caso de autos la corrección se hizo sin el permiso de este Tribunal, también es cierto que nosotros no expedimos el auto de revisión sino que lo declaramos no ha lugar. En casos de revisión el permiso que menciona la Regla 49.1 para casos de apelación solo aplica cuando este Tribunal resuelve entrar en los méritos del caso y expide el auto. Independientemente de lo anterior el presente recurso nos ha brindado la oportunidad de dar nuestra aprobación a la corrección hecha.

Resolvemos, pues, que el tribunal sentenciador estuvo correcto al fallar que 'procedían los intereses desde que se presentó la demanda. En consecuencia, se anulará el auto expedido y se confirmará la resolución del Tribunal Superior, Sala de Caguas, de U de diciembre de 1970.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       Art. 96-C de la Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 julio 1960, adicionado por la Ley Núm. 119 de 24 junio 1966; 21 L.P.R.A. sec. 1603c.

       Estas defensas tampoco pueden ser levantadas por primera vez en apelación, Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, supra, a la pág. 180.

       Esta inmunidad fue denegada aun a una entidad creada por ley (Seguro de Café del ELA), cuyos poderes y facultades fueron traspasados al Secretario de Agricultura. Pons v. Rivera Santos, 85 D.P.R. 524, 541-542 (1962).


author: PER curiam :

text:
    Pan American World Airways, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Alfonso R. García Martínez, Juez, demandado; Eladio Marrero et als., interventores.

      Número: O-71-166

      Resuelto: 23 de febrero de 1972

      Hartzell, Fernández, Novas & Ydrach, abogados de la peticiona-ria; Eli Beléndez García, José A. Suro, Antonio José Amadeo Y Ernesto Rodríguez Font, abogados de los interventores.
   PER curiam :

Invocando las disposiciones de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. sees. 271 et seq., que regula la jornada de trabajo y las de la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, 29 L.P.R.A. (Supl. 1961) sees. 245 et seq., sobre salarios mínimos, varios empleados suyos incoaron querella contra Pan American World Airways, Inc., recla-mando compensación a razón de tipo doble por 1) las horas trabajadas en exceso de 8 horas dentro de períodos de 24 horas consecutivas; 2) las horas trabajadas en exceso de 48 horas semanales, y 3) las horas trabajadas durante el día semanal de descanso. La reclamación cubre el período com-prendido entre los años 1948 y 1958.

La demandada solicitó se dictara sentencia sumaria deses-timando la querella alegando que es un porteador aéreo que se dedica al comercio interestatal y extranjero y como tal, sus relaciones con los querellantes se rigen exclusivamente por las disposiciones de la Railway Labor Act, 45 U.S.C.A. see. 151 et seq. Acompañó a su solicitud declaraciones juradas y copias de los convenios colectivos existentes entre la querellada y las uniones que representan a los querellantes. Dicha solicitud fue declarada sin lugar y en reconsideración la querellada pre-sentó una declaración jurada de su gerente de ventas al efecto de que a todos y cada uno de los querellantes se les ha pagado de acuerdo con las estipulaciones de los convenios colectivos y específicamente que “el salario por horas en exceso de ocho durante la jornada (diaria) o de cuarenta durante la semana de trabajo en ningún caso ha sido menor de vez y media del salario ordinario.”

Aunque los querellantes se opusieron. a que se dictara sentencia sumaria nunca controvirtieron los hechos alegados por la querellada. La moción de reconsideración fue declarada sin lugar.

Expedimos un auto de certiorari para revisar dichos pro-cedimientos y resolvimos, entre otras cosas, que los querellan-tes sólo tienen derecho a que se le satisfagan las horas extras a razón de tiempo y medio, salvo aquéllas en exceso de 12 diarias o 48 semanales o trabajadas durante el séptimo día en que por disposición de los convenios colectivos se les com-pensaría a tiempo doble. Dijimos que la disposición apropiada del recurso sería revocar la resolución dictada y desestimar la querella en todas sus partes pues de la prueba incontrover-tida presentada por la querellada se desprende que se les compensó debidamente las horas extras. “Sin embargo,” agre-gamos, “de una lectura de tres de los convenios colectivos que se unieron a dicha moción, surge que es posible que, con motivo de los cambios de turnos, los querellantes hayan traba-jado en exceso de 8 horas durante 24 horas consecutivas o durante el día de descanso,. las cuales se le compensaron a tipo sencillo. Como el ‘Disponiéndose’ del artículo 5 provee el pago, cuando menos, a tiempo y medio del tipo regular, es posible que no haya un ausencia total de causa de acción. (13) Ponce Ramos v. Fajardo Sugar Co., supra.”

En su consecuencia anulamos el auto expedido y devolvi-mos el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con nuestra opinión. Pan American v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 139 (1962).

En los procedimientos ulteriores y a instancias de la parte querellante se designó un comisionado especial con la enco-mienda de que examinará los récords de asistencia diaria durante el período a que se refiere la reclamación, a los fines de determinar si los querellantes fueron compensados a tiempo y medio por trabajo realizado en exceso de 8 horas durante el período consecutivo de 24 horas, con motivo del cambio de turnos o en su día de descanso. Más tarde los querellantes solocitaron que se ampliara la encomienda del Comisionado para que incluyera una relación de las horas extras trabajadas en cualesquiera circunstancias y no única-mente por efecto de los cambios de turno. En 17 de octubre de 1968, el tribunal de instancia dictó una resolución accediendo a lo solicitado por los querellantes y dispuso que como los propios récords de la querellada demuestran, fuera de toda duda que ésta dejó de pagar en numerosas ocasiones, horas trabajadas por sus empleados no relacionadas con cambio de turno, era lo más juicioso que se recibiera prueba sobre todas las horas no compensadas “según surge de las alegaciones de la querella radicada en este caso.”

Acordamos revisar esa resolución y resolvimos que el man-dato de este Tribunal constituye la ley del caso entre las partes y que todo lo que podía considerar el tribunal a quo es lo referente a las horas extras trabajadas con motivo de los cambios de tumo. En su consecuencia, anulamos la resolu-ción objeto de revisión y devolvimos el caso para ulteriores procedimientos. Pan American v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 447 (1969).

Una vez devuelto el caso, las partes radicaron en el tribunal de instancia una estipulación acompañada de los anexos “A” y “B”. El anexo “A” contiene los nombres de 108 de los demandantes que trabajaron para la demandada durante el período de 10 años (1948 a 1958) cubiertos por la demanda. Ese anexo contiene, además de los nombres de los 108 recla-mantes, (1) el término cubierto, (2) clasificación del em-pleado, (3) meses por hora, (4) tipo de salario regular por hora, (5) cantidad sencilla a pagar y (6) la cantidad con penalidad a pagar.

Las partes convinieron que toda la información que aparece en el susodicho anexo “A” es correcta y que la com-pensación total adicional a que tendrían derecho a recibir los demandantes cuyos nombres figuran en el anexo “A”, sería computada en la forma siguiente: (1) los mecánicos recibi-rían la compensación adicional, incluyendo la penalidad que se consigna en la columna marcada con el número 6 del anexo “A”, a razón de $1.94 por hora, y (2) los trabajadores de mantenimiento recibirían la compensación adicional, inclu-yendo la penalidad que se consigna bajo la columna 6 del anexo “A”, a razón de $1.40 por hora.

Estipularon también las partes que en cuanto a los deman-dantes cuyos nombres figuran en el anexo “B”, la demandada alega que no tienen derecho a recibir compensación adicional alguna ya que recibieron toda la compensación que les corres-pondía de acuerdo con la ley y los convenios colectivos y que sobre estos hechos las partes no han podido llegar a un acuerdo, siendo, por consiguiente, necesario celebrar una audiencia para determinar dicha controversia.

En la estipulación suplicaron del tribunal que dicte una orden:

A) Aprobando lo convenido y estipulado por las partes con respecto a los demandantes cuyos nombres figuran en el Anexo “A”.

B) Cualquier otro pronunciamiento que proceda, haga u ordene la Corte con respecto a los demandantes que se enu-meran en el Anexo “B”.

En 19 de octubre de 1970 los abogados de los demandantes radicaron una moción solicitando sentencia con respecto a los reclamantes cuyos nombres figuran en el anexo “A”, con intereses sobre la compensación adicional a ser pagada a cada reclamante, a razón del 6 % anual a contar desde la fecha de la radicación de la demanda (1958). Posteriormente solici-taron que se le fijasen honorarios de abogado.

La Secretaria del Trabajo compareció mediante moción dando su conformidad a la aprobación de la estipulación radi-cada por las partes y suplicando se dictase sentencia a favor de los querellantes por las cantidades que aparecen en el anexo “A”.

En 16 de diciembre de 1970 el tribunal de instancia dictó sentencia condenando a la demandada a pagar a los deman-tes que figuran en el anexo “A” las cantidades allí consigna-das más intereses sobre las mismas a razón del 6 por 100 anual desde la fecha de la radicación de sus reclamaciones hasta su pago. Además la condenó a pagar, en concepto de honorarios de abogado, el 30 % de la suma total que cada uno de dichos demandantes habría de recibir en este caso.

Expedimos un auto para revisar esa sentencia.

Al resolver el primer recurso de certiorari en el caso de Pan American v. Tribunal Superior, supra, dijimos que la ley aplicable era la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 y que la-única disposición aplicable de la Ley de Salario Mínimo era la referente a la prescripción de las acciones. Ese dictamen nuestro constituye la ley del caso en cuanto al estatuto a ser aplicado. A la luz de ese dictamen fue que las partes entraron en la estipulación referente a los 108 reclamantes cuyos nombres se consignaron en el tantas veces mencionado anexo “A”.

Entendiéndolo así fue que el tribunal sentenciador, al conceder en su sentencia los intereses sobre las sumas a pagar a partir de la radicación de la demanda y hasta su pago, aplicó el Art. 1061 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3024) y no la Sec. 30 de la Ley de Salario Mínimo.

La Ley Núm. 379 de 1948, que rige este caso, ya que no se trata de una reclamación por compensación inferior a la prescrita en la Ley de Salario Mínimo (sees. 245 a 246m del título 29 de L.P.R.A.) y sí de reclamación por compensación menor a la fijada en los Arts. 2 a 19 de dicha Ley Núm. 379, dispone expresamente las sumas a pagarse en concepto de liquidación de daños y perjuicios y que consiste, según sabe-mos, en una suma igual a la cantidad no pagada, además de las costas, gastos y honorarios de abogado. Art. 13 de la Ley Núm. 379. No se dispuso en esta ley que además de la indemnización ya mencionada, el patrono pagaría intereses sobre las sumas adeudadas a partir de su reclama-ción por la vía judicial, distinto a lo que en el año 1956, con-signó expresamente el legislador en el Art. 30 de la Ley de Salario Mínimo, indicativo ello de que tanto la penalidad impuesta por las leyes de Salario Mínimo anteriores al 1956 como por la Ley Núm. 379, por ser leyes especiales sobre la materia de salarios, son las que establecen la medida de com-pensación adicional como daños y perjuicios y a ellas debemos atenernos y no al precepto general del Art. 1061 del Código Civil que dispone que si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal. La Ley Núm. 379 varió esta medida de indemnización por otra más onerosa, como lo es el pago adicional de una igual a la adeudada. Al así hacerlo, taxativamente determinó cual era la medida de daños y la que, según hemos dicho ya, no incluye los intereses. Véase el caso de Brooklyn Savings Bank v. O’Neil, 324 U.S. 697; interpretativo de la Sec. 16(b) de la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938, en lo que a la penalidad respecta.

Concluimos, por lo tanto, que el tribunal sentenciador inci-dió al condenar a la demandada al pago de los susodichos intereses.

La demandada ataca también, por considerarla excesiva, la cuantía concedida a los demandantes en concepto de hono-rarios de abogado, la que según hemos indicado ya, es equiva-lente a un 30% de las sumas correspondientes a cada uno de dichos demandantes.

Las constancias en autos demuestran que la labor realizada en este caso por los abogados de los demandantes, tomando en consideración la naturaleza del litigio, las cuestiones envueltas, la cuantía en controversia y el tiempo invertido por dichos abogados durante la prolongada duración del caso, la cuantía para honorarios de abogado debe ser fijada en $45,000.00 y en ese sentido debe modificarse la sentencia del tribunal a quo. Véase, Prado v. Quiñones, 78 D.P.R. 322 (1955).

Se revocará el pronunciamiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que condena a la demandada a pagar a los demandantes intereses a razón de 6% anual a partir de la radicación de la demanda y se con-firmará en sus demás extremos y se modificará en el sentido de fijar la cuantía para honorarios de abogado en $4-5,000.00.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández y los Jueces Asociados, Señor Hernández Matos y Rigau, no intervinieron.

       Según alega la demandada en su memorando, los intereses ascien-den a la suma aproximada de $120,000.00 y el monto de los honorarios de abogado sería de unos $82,000.00 aproximadamente.

      La indicada Sec. 30 de la Ley de Salario Mínimo — Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956 — incluye por primera vez los intereses, además de la compensación adicional, cuando el obrero o empleado reclama por la vía judicial.

       En Pan American v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 139, a la pág. 163, dijimos:
      “Pero como se verá inmediatamente, la Ley 379 ni establece un salario mínimo mayor ni una jomada de trabajo menor. Si bien es verdad que esta última establece el pago a tipo doble de las horas trabajadas en exceso de 8 diarias, hemos visto que esta norma no es aplicable a los porteadores aéreos por virtud del ‘Disponiéndose’ del artículo 5. Cfr. Wage Stabilization in the Airline Industry, 20 J. Air Law & Comm. 282 (1963). Laborde v. Eastern Sugar Associates, 81 D.P.R. 478, 483 (1959), citado por los interventores, no envolvía la aplicación estricta de la norma establecida en el ‘Disponién-dose’ del artículo 6, pues como hemos expuesto precedentemente, la indus-tria azucarera estaba cubierta por el Decreto núm. 3, cuya vigencia fue ex-presamente mantenida por la sección 22 de la Ley 379. Caguas Bus Line v. Sierra, 73 D.P.R. 743 (1952).”

       Bajo la actual Ley de Salario Mínimo la medida de daños y per-juicios se ha hecho más onerosa aún pues además de incluir como penalidad la suma igual a la adeudada, ha incluido también el pago de los intereses.