text:
      In re Héctor Alvarado Tizol.

      Número: 4707

      Resuelto: 18 de noviembre de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Ojicina de Inspección de Notarías, en informe; Héctor Alvarado Tizol, pro se.

   PER CURIAM:

El Lie. Héctor Alvarado Tizol fue admitido al ejercicio de la abogacía el 19 de mayo de 1975 y prestó juramento como notario el 19 de junio de 1975. El 8 de abril de 1988 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, nos informó que el notario de epígrafe no había rendido los índices notariales correspon-dientes a las semanas que terminaron el 25 de enero de 1987; 8 de febrero de 1987; 22 de marzo de 1987; 17, 24 y 31 de mayo de 1987, así como los correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1987.

El 21 de abril de 1988 emitimos la resolución siguiente:
Visto el Informe del Director de Inspección de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, de fecha 8 de abril de 1988, se concede al notario Héctor Alvarado Tizol un término de treinta (30) días para que presente los índices notariales co-rrespondientes a los siguientes períodos: semanas que termi-naron en 25 de enero; 8 de febrero; 22 de marzo; 17,24 y 31 de mayo; y los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1987.
En igual término deberá comparecer a este foro a mostrar causa por la cual no deba ser disciplinado.

Luego de que se le notificara dicha resolución a la direc-ción del abogado-notario Alvarado Tizol, éste no compareció. El 16 de junio de 1988 emitimos otra resolución mediante la cual suspendimos al notario Alvarado Tizol del ejercicio in-mediato de la notaría y le ordenamos al alguacil del Tribunal que se incautara de su obra notarial. Le concedimos, además, un término de treinta (30) días para que compare-ciera a mostrar causa por la cual no debíamos suspenderlo permanentemente de la notaría e imponerle sanciones como abogado. Dicha resolución le fue notificada a éste personal-mente por el alguacil de este Tribunal el 21 de junio de 1988. El notario ha comparecido. En su escrito señala que la reso-lución de 16 de junio de 1988 fue la primera notificación que recibió respecto a la deficiencia existente en su obra notarial. Acompañó una declaración jurada de la Srta. Amarylis Dá-vila, secretaria y paralegal de su oficina, quien indicó que el 21 de abril de 1987 recibió una resolución de este Tribunal sobre deficiencia notarial, pero que por descuido y negligen-cia se le extravió. La señorita Dávila señaló que por esa ra-zón nunca le pudo entregar al licenciado Alvarado la resolu-ción emitida por el Tribunal. Sostuvo que en varias ocasiones el licenciado Alvarado le había preguntado si sus índices no-tariales se habían presentado dentro de los términos que exige la Ley Notarial de Puerto Rico, y que ella siempre le respondió en la afirmativa, aun cuando en realidad no los hu-biera presentado. Concluyó indicando que la situación en que se encuentra el licenciado Alvarado responde exclusiva-mente a su descuido y negligencia.

El Director de la Oficina de Inspección de Notarías me-diante comunicación de 20 de julio de 1988 nos ha informado que, si bien es cierto que el notario de epígrafe entregó sus índices notariales el 22 de junio de 1988, el notario Alvarado Tizol incumplió por un término prolongado con las disposi-ciones de la Ley Notarial de Puerto Rico.

Reiteradamente hemos expresado que la notaría es función de cuidado y que debe ser ejercida con suma diligencia y celo profesional. In re Vergne Torres, 121 D.P.R. 500 (1988); In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987).

Los notarios están obligados a cumplir estrictamente con los preceptos de la Ley Notarial de Puerto Rico. In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987). Es por ello que la conducta en que incurre un notario, constitutiva en no rendir los índices notariales conforme lo exige la ley, conlleva la imposición de sanciones disciplinarias. In re Bonilla Martínez, 120 D.P.R. 682 (1988).

La explicación que nos ha ofrecido el licenciado Aivarado Tizol en su escrito de mostrar causa, así como la versión que nos brindara la señorita Dávila en su declaración jurada, no excusan el incumplimiento del notario con el de-ber que lleva implícito su cargo, no sólo de cumplir con la Ley Notarial de Puerto Rico, sino de responder a los dictámenes de este Tribunal.

Hemos indicado que la responsabilidad de un notario es personal, indivisible e indelegable. In re González González, supra; In re Laboy, 113 D.P.R. 476 (1982). La negligencia de una secretaria legal en el desempeño de sus funciones no opera como fuente eximente o dispensatoria de la responsabilidad del notario. Tampoco actúa como barrera para la imposición de sanciones disciplinarias.

El expediente personal del notario Héctor Alvarado Tizol revela que, con anterioridad a este asunto, no tuvimos que intervenir con su práctica notarial. Bajo las circunstancias antes expuestas, se decreta la suspensión del Lie. Héctor Alvarado Tizol del ejercicio de la notaría por un período de siete meses y medio (7%), contado a partir del 16 de junio de 1988, fecha en que lo suspendimos del ejercicio de la nota-ría, y que vence el 1ro de febrero de 1989.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. David Monge Sánchez, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-96

      Resuelto: 18 de noviembre de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carmen Ana Maldonado Rodríguez, abogada del re-currido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

A solicitud del Pueblo de Puerto Rico, acordamos revisar el dictamen del Tribunal Superior, Sala de Carolina, que ar-chivó, bajo la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, las acusaciones formuladas contra David Monge Sánchez por los delitos de violación, sodomía, robo y agresión agravada en su modalidad de delito grave.

Dicho dictamen respondió a su reclamo al derecho a jui-cio rápido, fundado en la dilación procesal resultante de cua-tro (4) suspensiones acaecidas durante el período compren-dido entre el 8 de abril y 15 de octubre de 1986. De estas cuatro (4) suspensiones, el récord revela que la primera de 8 de abril —en que compareció la víctima, testigo principal del Ministerio Fiscal— fue suspendida debido a que la represen-tación legal del acusado tenía señalado otro juicio, y las res-tantes —15 de mayo, 16 de septiembre y la última, el 15 de octubre— fueron motivadas porque dicha testigo no compa-reció. Al dilucidarse la solicitud de archivo, el Ministerio Pú-blico se opuso. Además, adujo que no existía fundamento para desestimar bajo la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, supra, y que, de ser procedente, era en virtud de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

1 — 1

Tiene razón el Ministerio Fiscal. La Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, claramente dispone que cualquier desestimación de una acusación o cargo “sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:... (4) [q]ue el acusado [sin justa causa o su consentimiento] no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia”.

Obviamente, este precepto es el que gobierna concreta-mente cualquier desestimación fundada en una demora al co-mienzo del juicio y, por ende, su alcance dispositivo en cuanto a la finalidad del caso. Los elementos o criterios para detec-tar si ha mediado o no una violación al derecho a juicio rápido bajo la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, ha sido objeto de varias decisiones. Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986); Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710 (1977); Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

En contraste, la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, supra, no es aplicable a la solución correcta del caso de autos. Por su esencia y propósito no estaba procesalmente disponible para ser invocada por el acusado Monge Sánchez. En lo pertinente, dispone:

(b) Por el tribunal; orden. Cuando ello sea conveniente para los fines de la justicia y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, el tribunal podrá decretar el sobre-seimiento de una acusación o denuncia. Las causas de sobre-seimiento deberán exponerse en la orden que al efecto se dic-tare, la cual se unirá al expediente del proceso. 34 L.P.R.A. Ap. II.

Se observa, pues, que la regla está concebida para ser activada por el tribunal a “instancia propia, o a petición del fiscal” apuntalada en la frase genérica de “pro de la justicia”. El texto no define su ámbito conceptual. También guarda silencio en cuanto a si un acusado puede evocarla, aunque es de rigor reconocer que en la fluidez y dinámica procesal una solicitud al efecto es susceptible de ser incorporada en el ánimo y conciencia del juez y, finalmente, proyectarse como una de instancia propia independientemente del interlocutor originario del pedido. E.L. Chiesa, Efecto de la desestimación de la denuncia o acusación: impedimento o no para un nuevo proceso, 54 Rev. Jur. U.RR. 495, 506-507 (1987).

Ahora bien, es menester aclarar que no podemos acceder a la tesis del Estado de que reescribamos la Regla 247(d) de Procedimiento Criminal, supra, y resolvamos que un sobre-seimiento bajo esa norma, incluso el inciso (b) antes trans-crito, es uno que por mandato expreso de la propia regla no impide “un nuevo proceso por los mismos hechos”. Si bien existen posiciones en contrario —Chiesa, supra— ello tiene apoyo en el historial de nuestras reglas, que refleja —aun cuando la cuestión fue discutida— que expresamente nos apartamos del modelo, su concordante, la Regla 48 federal, 18 U.S.C. Véanse: Texto del informe rendido al Tribunal Supremo de Puerto Rico proponiendo las Reglas de Procedi-miento Criminal para el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico — Conferencia Judicial de Puerto Rico, Comité sobre Procedimiento Criminal, noviembre de 1958; Semina-rio sobre las Propuestas Reglas de Procedimiento Criminal, Departamento de Justicia, División de Investigaciones y Asuntos Criminales, 1960, pág. 288; Informe sobre Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico según revisadas por el Secretariado de la Conferencia Judicial, 1985, pág. 436.

H-I HH I — I

En resumen, procede revocar el dictamen de sobreseimiento bajo la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra, del tribunal de instancia. Ese no era ni es el vehículo procesal apropiado, sino la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. Al resolver así nos adherimos a la visión decisoria expuesta en Pueblo v. Montezuma Martínez, supra, pág. 713, en donde en el contexto de la vista preliminar resolvimos que un primer archivo por dilación al derecho constitucional a un juicio rápido no debe ser “definitivo de la causa” y, por ende, la actuación judicial autorizada es bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, “que permite la radicación de nueva acusación en casos de delitos graves”, íd., pág. 712.

Con mayor rigor, en las circunstancias presentes de autos, es que el Procurador General en su informe señala:

Los delitos involucrados en este caso son de la más grave seriedad: violación, sodomía, robo y agresión en modalidad de delito grave. La desestimación estaría predicada en la incom-parecencia del testigo esencial de cargo —la víctima— sin culpa imputable al fiscal. Esto sería suficiente para resolver que la desestimación fuere sin perjuicio para un nuevo pro-ceso. Pero aún el tercer factor está en contra del recurrido. La negativa de la víctima a testificar no puede derrotar liviana-mente el derecho o interés social en traer a juicio a un acusado de delitos de tanta gravedad como los del caso de autos. Más aún, el Tribunal Superior fundamentó la desestimación de las acusaciones en falta de interés de la víctima. “El Tribunal por falta de interés de la perjudicada archiva estos casos bajo la regla 247(b)”. Minuta del 15 de octubre de 1986, página 6 del Apéndice a la petición de [certiorari] Esto es inconcebible. El derecho penal, sobre todo en casos de delitos de suma grave-dad, no puede depender de la falta de interés de la víctima en el caso. De otra manera se desvanece toda distinción significa-tiva entre el derecho civil privado y el derecho penal público. No se trata aquí de delitos transigibles bajo la Regla 246 de Procedimiento Criminal. Ni siquiera el delito menos grave de homicidio involuntario es transigible bajo dicha regla. Pueblo v. Ramírez Valentín, 109 D[.]P[.]R[.] 13 (1979). El procesa-miento criminal por los delitos de violación, robo y sodomía no es cuestión de interés privado de la parte perjudicada, sino interés público de toda la sociedad. Alegato del recurrente, pág. 15.

Como dijéramos en Pueblo v. Montezuma Martínez, supra, pág. 713, “[n]o hay justificación alguna en derecho para concederle este trato especial”. No podemos olvidar que el derecho constitucional a juicio rápido, siempre trascendental, se proyecta en dos (2) vertientes: el acusado y la sociedad. Sin restarle importancia, hemos de evitar caer en un hipnotismo judicial de efectos paralizantes. Después de todo, cabe recordar que ni aun la detención preventiva antes del juicio en exceso de seis (6) meses —ilegal al amparo del Art. II, Sec. 11 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1— es motivo de exoneración ni para que el proceso continúe. Pueblo v. Ortiz, 76 D.P.R. 247 (1954). Como corolario, menos puede justificarse para archivar defi-nitivamente un primer proceso, en virtud de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra, la cual queda en reserva para usarse por el tribunal de posteriormente activarse la causa criminal y repetirse la misma situación.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia mo-dificatoria de la resolución del tribunal de instancia a los fines de estimar el sobreseimiento de las acusaciones bajo la Regla 6Un) de Procedimiento Criminal, supra.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurren con el resultado sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Luego de cinco (5) meses de tardanza en la celebración del juicio debido a la incomparecencia y aparente falta de interés de la perjudicada, el Tribunal Superior, Sala de Carolina, decidió sobreseer la acusación bajo la Regla 247 de Pro-cedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Contrario a la posi-ción asumida por una mayoría del Tribunal, confirmaría la decisión del foro de instancia.

I

El 4 de junio de 1985 se presentaron denuncias en contra del acusado David Monge Sánchez por los delitos de viola-ción, sodomía, robo y agresión agravada. Ese mismo día fue encarcelado por no poder prestar la fianza que le fue im-puesta. Permaneció hasta que se resolvió su solicitud de há-beas corpus siete (7) meses después.

Por enfermedad de la víctima, la vista preliminar fue sus-pendida en cuatro (4) ocasiones. El 30 de octubre de 1985 se determinó causa probable. Después de vanas interrup-ciones, el juicio fue señalado para el 8 de abril de 1986. Para ese día la representación legal del acusado tenía señalado otro juicio y no podía comparecer. Por esta razón el caso fue transferido para el 15 de mayo. En esa ocasión la víctima, testigo principal del Ministerio Público, no compareció. La defensa solicitó suspensión y renunció expresamente a los términos. La vista se transfirió para el 16 de septiembre. En esta tercera ocasión la perjudicada tampoco compareció. El Ministerio Público señaló que se le había informado que se desconocía su paradero. El 7 de octubre se informó al tribunal que la testigo estaba desaparecida y que, aparentemente, no tenía interés en continuar con el caso.

El 15 de octubre, aproximadamente un (1) año después de la determinación de causa probable, el ministerio informó que las gestiones realizadas para localizar a la testigo habían sido infructuosas. La defensa entonces solicitó el archivo de la causa a base de la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, supra. El Ministerio Público se opuso y señaló que no existía fundamento para archivar bajo esta regla. Sostuvo que, en todo caso, se debía desestimar bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El tribunal de-cidió sobreseer la acción bajo la Regla 247(b) de Procedi-miento Criminal, supra, fundándose en la falta de interés de la perjudicada. Es de esta resolución que el Procurador General recurre ante nos.

La Regia 247 de Procedimiento Criminal, supra, señala las tres (B) circunstancias en que un tribunal puede conceder el sobreseimiento de una acusación. Además, señala los efec-tos de esta decisión al disponer que todo sobreseimiento será con perjuicio:

REGLA 247. SOBRESEIMIENTO
(a) Por el Secretario de Justicia o fiscal. El Secretario de Justicia o el fiscal podrán, previa aprobación del tribunal, so-breseer una acusación con respecto a todos o algunos de los acusados, y el proceso contra dichos acusados quedará termi-nado. Excepto según se dispone en el apartado (c) de esta re-gla, dicho sobreseimiento no podrá solicitarse durante el jui-cio, sin el consentimiento de dichos acusados.
(b) Por el tribunal; orden. Cuando ello sea conveniente para los fines de la justicia y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, el tribunal podrá decretar el sobre-seimiento de una acusación o denuncia. Las causas de sobre-seimiento deberán exponerse en la orden que al efecto se dic-tare, la cual se unirá al expediente del proceso.
(c) Exclusión de acusado para prestar testimonio. En un proceso contra dos o más personas el tribunal podrá en cual-quier momento después del comienzo del juicio pero antes que los acusados hubieren comenzado su defensa, ordenar que se excluya del proceso a cualquier acusado, de modo que pueda servir de testigo de El Pueblo de Puerto Rico. Cuando se hu-biere incluido a dos o más personas en la misma acusación y el tribunal fuere de opinión que no existen pruebas suficientes contra uno de los acusados, deberá decretar que se le excluya del proceso, antes de terminarse el período de la prueba, de modo que pueda servir de testigo a su compañero.
(d) Efectos. El sobreseimiento decretado de acuerdo con esta regla impedirá un nuevo proceso por los mismos hechos. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II.

En el caso de autos, el tribunal de instancia decidió so-breseer la acusación en pro de la justicia al amparo de la Reglaj247(b) de Procedimiento Criminal, supra, por lo que el Ministerio Público estaba impedido de presentar una nueva acusación por los mismos hechos. Sin embargo, el Procura-dor General sostiene que el efecto del inciso (d) de la regla se debe aplicar únicamente a la decisión de sobreseer bajo la Regla 247(c) de Procedimiento Criminal, supra. Propone que cada inciso de la regla actual tiene un efecto distinto y que por esto la Regla 247(d) de Procedimiento Criminal, su pra, no es aplicable a todos los apartados. Señala que el efecto con perjuicio de esta Regla 247(d) sólo debe aplicar al inciso (c).

La redacción del inciso (b) de la Regla 247 de Procedi-miento Criminal, supra, proviene del Art. 451 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902.() Sin embargo, el efecto de un sobreseimiento bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal era distinto al efecto actual de la Regla 247 de Procedi-miento Criminal, supra, ya que el Art. 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902 disponía que el sobresei-miento sería con perjuicio sólo en casos de delitos menos graves.() En cambio, el inciso (d) de la regla actual le dio el mismo efecto con perjuicio a todos sus incisos. Regla 247(d) de Procedimiento Criminal, supra.

El Procurador General sostiene ante nos que esto es una “anomalía” que debe ser corregida. Concluye que debe ha-ber discreción para que los tribunales puedan decidir archi-var sin perjuicio bajo la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, supra, como habrían podido hacer bajo el Art. 451 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902. Véase E.L. Chiesa, Efecto de la desestimación de la denuncia o acusa-ción: impedimento o no para un nuevo proceso, 54 Rev. Jur. U.P.R. 495 (1987). Examinado cuidadosamente el historial legislativo de la regla, concluimos que no existe esa “anoma-lía”. Veamos.

El 10 de octubre de 1958 la Comisión de Procedimiento Criminal de la Conferencia Judicial sometió un informe al Tribunal Supremo en el cual propuso la adopción de un nuevo cuerpo de reglas. Texto del informe rendido al Tribunal Supremo de Puerto Rico proponiendo las Reglas de Procedi-miento Criminal para el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico — Conferencia Judicial de Puerto Rico, Comité sobre Procedimiento Criminal, noviembre de 1958. Ya en este proyecto se disponía que todo sobreseimiento, a base de los fundamentos de la actual Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra, sería con perjuicio. Dos (2) años después, el Tribunal Supremo aprobó por primera vez y remitió a la Asamblea Legislativa un cuerpo de Reglas de Procedimiento Criminal para el Tribunal General de Justicia. El texto pro-puesto expresamente disponía que un sobreseimiento al am-paro de cualquiera de las causas de la Regla 247 de Procedi-miento Criminal, supra, sería con perjuicio. Este cuerpo de reglas fue el producto del estudio y las discusiones de todos los miembros del Tribunal. De hecho, no todos estuvieron de acuerdo sobre la redacción apropiada para algunas reglas y así se hizo saber a la Legislatura.

Por otro lado, en un informe preparado con el ñn de hacer recomendaciones a los comités de lo jurídico de la Cámara y del Senado, el Departamento de Justicia se opuso a esta re-dacción de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra. Recomendó que no se alterara el estado de derecho anterior bajo los Arts. 451 y 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902. A esos efectos sugirió “que en relación a este inciso (b) de esta Regla debe dejarse en vigor las disposi-ciones contenidas en el Artículo 452 del Código de Enjuicia-miento Criminal, en el sentido de que solamente impide el procesamiento por un delito menos grave que surge de los hechos, pero no por un delito grave que surge de los mis-mos”. Seminario sobre las Propuestas Reglas de Procedí-miento Criminal, Departamento de Justicia, División de In-vestigaciones y Asuntos Criminales, 1960, pág. 288.

Las reglas propuestas por el Tribunal no pudieron ser discutidas en la Legislatura ese año y, por esto, fueron desa-probadas. Ley Núm. 76 de 13 de junio de 1960. El Tribunal sometió las reglas una vez más en 1961 y 1962, pero en ambas ocasiones la Legislatura no las aprobó. Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1961 y Ley Núm. 86 de 21 de junio de 1962. Finalmente, las reglas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en su sesión de 1963. El informe de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado revela un proceso decisional cuidadoso y exhaustivo por parte de ese cuerpo legislativo “fundad[o] en el estudio hecho de todas y cada una de las Reglas de Procedimiento Criminal sometidas por el Tribunal Supremo y en el convencimiento de que su adopción traerá consigo un marcado mejoramiento en la administración de la Justicia en su aspecto penal”. 17 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 5, pág. 1932 (1963). De lo anterior se desprende que las reglas fueron aprobadas después de un largo e intenso proceso deliberativo tanto por parte de la Comisión de Procedimiento Criminal de la Confe-rencia Judicial y de los miembros de este Tribunal, como por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. El Departamento de Justicia también tuvo la oportunidad de comparecer en todas las etapas deliberativas y sus recomen-daciones fueron consideradas tanto por esta Rama como por el Poder Legislativo.!)

Desde la aprobación de las reglas, la Comisión de Proce-dimiento Criminal de la Conferencia Judicial ha examinado cuidadosamente su desarrollo y ha sugerido enmiendas. Vé-ase, por ejemplo, el Informe preliminar del Comité de Proce-dimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico de 1974. Sin embargo, en ningún momento han recomendado cambios a la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra. Tampoco se ha cuestionado su redacción ni sus efectos. Todo lo contrario. En repetidas ocasiones se ha señalado que la regla es “clara, concisa y directa”. Informe sobre las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico según revisadas por el Secretariado de la Conferencia Judicial, 1985, pág. 436. Véanse, además, el informe de 1978 y sus revisiones de 1981, 1982 y 1983.

Un examen del lenguaje de la Regla 247 de Procedi-miento Criminal, supra, revela que el inciso (d) es claro y preciso. No es ambiguo ni se puede interpretar de distintas maneras. Ante un lenguaje tan claro y un historial legislativo tan extenso, la conclusión es inevitable: todo sobreseimiento al amparo de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra, es con perjuicio. Los tribunales tienen discreción para decir-dir sobreseer, pero no para alterar el efecto de esa decisión.

En el caso de autos, el Ministerio Público argumentó que el tribunal no debía ejercer esa discreción porque se trataba de un problema de tardanza en la celebración del juicio. Alegó que se debía desestimar bajo la Regla 64 de Procedi-miento Criminal, supra, y no archivarse bajo la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra. Esto le habría permitido una nueva presentación del pliego acusatorio. Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En estas cir-cunstancias, antes de disponer finalmente del recurso, pro-cede que analicemos la relación entre la desestimación del pliego acusatorio bajo la Regla 64 y el sobreseimiento de la acusación bajo la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra.

III

Anteriormente nos expresamos sobre la relación entre la desestimación al amparo de la Regla 64(n), y el sobresei-miento provisto por la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra. En Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975), con-cluimos que un sobreseimiento bajo la Regla 247(b) de Pro-cedimiento Criminal, supra, era el vehículo adecuado para vindicar una crasa violación al derecho a juicio rápido. Al considerar los hechos particulares del caso señalamos que, debido a la gran cantidad de suspensiones y a una tardanza de más de un (1) año en la celebración de la vista preliminar, era necesario decretar un sobreseimiento.

Dos (2) años después, en Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710 (1977), concluimos que una tardanza de dieci-nueve (19) días en la celebración de la vista preliminar no justificaba una solución tan drástica. Aunque resolvimos con-ceder una desestimación, advertimos que “otra dilación ex-cesiva e injustificada” podría llevar a la concesión de un ar-chivo definitivo. íd., pág. 713.

En ninguno de estos casos tuvimos la oportunidad de for-mular criterios que los tribunales debían considerar antes de discutir un sobreseimiento bajo la Regla 247 de Procedi-miento Criminal, supra. Sin embargo, de la controversia sur-gida en este caso, es evidente la necesidad de definir los cri-terios que los tribunales deben examinar al resolver cues-tiones análogas en el futuro.

En primer lugar, es preciso examinar la naturaleza de la acusación incluyendo el tipo de actividad delictiva en cues-tión, su seriedad, la frecuencia con que se archivan causas del mismo tipo y el impacto del sobreseimiento sobre la ad-ministración de la justicia y los derechos del acusado. Además, en casos como el presente, donde se reclama una tardanza excesiva como fundamento para el sobreseimiento, deben estudiarse los criterios aplicables a la razonabilidad de las tardanzas y las suspensiones. Véase Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986). Factores tales como la dura-ción de la tardanza, sus razones, el historial de suspensiones previas y la conducta negligente o diligente de las partes re-presentan, de su faz, elementos necesarios para justipreciar la procedencia de un archivo en pro de la justicia. Además, es necesario estudiar el potencial de perjuicio para el acusado de una desestimación. A tales efectos, conviene inquirir si ha habido una encarcelación indebida u opresiva antes del jui-cio, el tipo de daño ocasionado a la defensa por la dilación, el grado de interferencia con la libertad de la persona y el efecto perjudicial de posponer una decisión final sobre su empleo, sus recursos económicos y su reputación. Pueblo v. Rivera Tirado, supra; Moore v. Arizona, 414 U.S. 25 (1973).

Aunque los factores identificados anteriormente constitu-yen elementos necesarios en la determinación final de la con-troversia, estos no son todos los factores que un tribunal puede estudiar para determinar si procede un sobresei-miento. El tribunal puede considerar otros factores que le permitan hacer el balance entre la libertad del individuo y el interés del Estado en encauzar a los responsables de actos delictivos. Tampoco significa que los factores tienen un valor asignado ni que deban concurrir cierto número de ellos para que se justifique el archivo. Tanto la defensa como el Minis-terio Público deben tener derecho a expresarse sobre la co-rrección o conveniencia de decretar un sobreseimiento. En última instancia, cada caso deberá resolverse de acuerdo con sus circunstancias particulares y así deben ser explicados por el Tribunal en su decisión. Ante este trasfondo doctrinal, examinemos las circunstancias que rodearon la decisión de autos para determinar si erró el tribunal de instancia al de-cretar el archivo.

b — i <1

La seriedad del delito en este caso es patente. Ello mo-tivó precisamente varias suspensiones. A pesar de que el Mi-nisterio Público no cumplió con el deber de probar la diligen-cia al tratar de lograr la comparecencia de la testigo, el tribunal concedió tres (3) suspensiones durante un espacio de cuatro (4) meses para permitir que localizara su prueba.

La razón ofrecida para la tardanza fue la ausencia de una testigo esencial del Ministerio Público. Desde Pennington v. Corte, 60 D.P.R. 260 (1942), hemos reconocido que es excusable una tardanza en la celebración de un juicio por la ausen-cia de un testigo esencial. Sin embargo, en Pueblo v. Carrión Roque, 99 D.P.R. 362 (1970), se concluyó que para llegar a esta determinación es necesario que el Ministerio Público demuestre a satisfacción del tribunal que ha sido diligente al tratar de obtener la comparecencia del testigo y que éste podrá comparecer a declarar en una fecha próxima.

En el caso de autos, el fiscal se limitó a señalar que desco-nocía el paradero de la perjudicada y que le habían infor-mado que ésta no tenía interés en el proceso. Evidente-mente, no podía asegurar que la testigo comparecería en al-gún momento en el futuro. La tardanza desde que desapare-ció la perjudicada fue de cinco (5) meses. Esta dilación fue excesiva. No había múltiples acusados ni representación legal pluralista, y el juicio se ventilaría ante tribunal de derecho. Pueblo v. Rivera Tirado, supra. En fin, existían pocas posibilidades de que se lograra su cooperación. En estas cir-cunstancias, la falta de la testigo no es justa causa para otra tardanza en el proceso.

El perjuicio para el acusado se ha manifestado de varias formas. Luego de la determinación de causa probable para el arresto, fue encarcelado por no poder prestar la fianza. Es-tuvo encarcelado seis (6) meses hasta que presentó un há-beas corpus para que se decretara su libertad. El trámite y resolución de éste tomó otro mes. En total, el acusado sufrió siete (7) meses de cárcel en espera del comienzo del juicio. Además, aun cuando el acusado renunció expresamente a los términos el día de la primera suspensión, no desistió de su derecho a ser juzgado posteriormente en un término razona-ble. Pueblo v. Carrión Roque, supra, pág. 364. Los antece-dentes y vicisitudes procesales de este caso revelan que el acusado ha tenido que enfrentarse a la preocupación continua e incertidumbre que representa la tardanza excesiva en la celebración del juicio. Él tiene derecho a no permanecer indefinidamente bajo la ansiedad que representa una posible acción penal en su contra.

Finalmente, el ministerio tuvo amplia oportunidad para oponerse al sobreseimiento y argumentar a su favor. El tribunal escuchó los planteamientos de ambas partes y decidió, de acuerdo con su propio criterio, según requiere la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, supra.

Una vez considerados cuidadosamente los factores ex-puestos, llegamos a la conclusión de que procedía el sobre-seimiento en este caso. El Ministerio Público no ha demos-trado que el tribunal de instancia haya abusado de su discre-ción al conceder el archivo en pro de la justicia. No debemos alterar la decisión del tribunal sentenciador.

Por los fundamentos expuestos, disiento de la decisión adoptada por este Tribunal.

      (1) “Art. 451. —El tribunal, ya por su propio acuerdo ó ya á petición del fiscal y en pro de la justicia, puede decretar el sobreseimiento de una causa ó de una acusación. Las causas de sobreseimiento deben exponerse en el auto que al efecto se dicte, el cual se insertará en el acta del proceso.” Estatutos revisados y códigos de Puerto Rico, San Juan, Boletín Mercantil Press, pág. 789.

      (2) “Aet. 452. —Un auto para el sobreseimiento de una causa, según lo pres-crito en este capítulo, imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un ‘misdemeanor’ (delito menos grave); pero no así cuando el delito es un ‘felony’ (delito muy grave).” Estatutos revisados y códigos de Puerto Rico, op. cit., pág. 789.

      (3) Las recomendaciones de la Conferencia Judicial y del Departamento de Justicia fueron transmitidas al Tribunal Supremo, donde fueron objeto de consi-deración. Sin embargo, no fueron acogidas y el Tribunal decidió aprobar la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, sin cambio alguno y someter en 1961 el mismo texto presentado anteriormente. M.A. Velázquez y A. Ferrer, Breve comentario sobre las nuevas Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 1 Rev. Jur. U.I.A. 35, 36-37 (1964).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Peticionario y Recurrente, v. José Ramón Sánchez Pérez, Acusado y Recurrido.

      Número: CE-88-582

      Resuelto: 18 de noviembre de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados.de El Pueblo; Julio Luis Castro, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Nuestra Constitución, en su Art. II, Sec. 11 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, elevó a categoría fundamental el derecho a juicio por jurado cuyo significado no es otro que el ser juzgado por doce (12) vecinos imparciales —libres de influencias extrañas— residentes del distrito judicial correspondiente al lugar donde alegadamente ocurrieron los hechos imputados. En Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164, 167 (1980), indicamos:

. . . que seleccionar los miembros del jurado de un grupo re-presentativo de la comunidad es una característica esencial del derecho a juicio por jurado consagrado en la Sexta En-mienda de la Constitución de los Estados Unidos. En Taylor v. Lousiana, 419 U.S. 522, 530 (1975), expresó: “El propósito de un jurado es precaver contra el ejercicio de poder arbitrario —proporcionar el sentido común de la comunidad como pro-tección frente al fiscal apasionado o errado y en preferencia a la reacción profesional o tal vez demasiado condicionada o prejuiciada de un juez.... Este vehículo profiláctico no existe si el cuerpo de jurados se compone únicamente de algunos segmentos especiales de la población o si numerosos grupos característicos quedan excluidos del sorteo para escoger a los jurados. Además, la participación de la comunidad en la admi-nistración de la justicia criminal no sólo es consistente con nuestra herencia democrática, sino que es decisiva para la confianza pública en la imparcialidad del sistema de justicia criminal. Limitar el servicio de jurado a solamente algunos grupos especiales o excluir segmentos particulares que de-sempeñan papeles importantes en la comunidad contraviene el concepto constitucional de un juicio por jurado.”
El derecho a juicio por jurado consagrado en nuestra Cons-titución también exige que los miembros del jurado sean se-leccionados de un grupo de personas que represente adecua-damente a la comunidad. De no ser así, se desvirtuaría el derecho ajuicio por jurado. (Énfasis suplido.)

Con este marco conceptual en mente, atendemos el pe-dido del Ministerio Fiscal que cuestiona la negativa del Tribunal Superior, Sala de Humacao (Hon. Aida N. Molinary, Juez), a trasladar a otro distrito judicial las causas que pen-den contra José Ramón Sánchez Pérez por tres (3) cargos de violación técnica. Dicho foro reafirmó así su reserva de pos-poner su dictamen para una etapa más avanzada del proceso.

Los antecedentes procesales que motivan esa solicitud se remontan al 23 de mayo de 1986. En esa fecha se acusó a Sánchez Pérez por tres (3) cargos de violación técnica y uno por actos lascivos e impúdicos. En ese juicio —presidido por el Juez Hon. Fernando Gierbolini— el Jurado rindió vere-dicto de no culpable en cuanto al cargo de actos lascivos e impúdicos. Respecto a los demás delitos no medió acuerdo ni veredicto. En consecuencia, el tribunal disolvió el Jurado en los tres (3) casos de violación técnica para que fuera juzgado ante otro panel. Absolvió al acusado de la infracción al Art. 105 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4067.

Comenzado el nuevo proceso, el Ministerio Público soli-citó y obtuvo la transcripción de los procedimientos de selec-ción de cuatro (4) jurados del juicio anterior. En esa instan-cia, hizo constar su intención de solicitar el traslado al am-paro de la Regla 82 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Posteriormente pidió el traslado para el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Fundamentó su súplica en una serie de incidentes y circunstancias relacionadas con el caso anterior que, según su criterio, se estaban proyectando nueva-mente en el proceso de la desinsaculación del actual Jurado. En su abono produjo declaraciones expositivas de las cir-cunstancias personales del acusado —y su numeroso núcleo familiar— y sus relaciones con múltiples personas en los Mu-nicipios de Yabucoa, Maunabo, Humacao y Las Piedras; el interés demostrado a su favor por varios políticos y ex polí-ticos locales prominentes, evidenciado por la asistencia de éstos en Sala durante el primer juicio; un incidente acaecido en ese proceso anterior con el jurado suplente, Benicio Ramos Vélez, en el baño del Tribunal, con Miguel A. Sánchez —hermano del acusado— consistente del comentario de este último de lo “caliente” del caso (apéndice IV pág. 54) y el intento de influenciar a este jurado por una pareja de adultos extraños, no identificados, quienes se le acercaron a hablar a favor del acusado y de que regara la voz entre los otros miembros del Jurado, mientras Ramos Vélez se encontraba una noche en una iglesia de Luquillo (apéndice VIII); el com-portamiento de la jurado preliminar, Conchita Maldonado Burgos, al inquirir de la policía Ana M. Rivera, que le diera su opinión del caso, y luego al reunirse con una de las her-manas del acusado cuando todavía integraba el panel general de jurado.

Subsiguientemente, el 16 de febrero de 1988 el Ministerio Fiscal amplió sus fundamentos con las declaraciones juradas de tres (3) testigos adicionales. En esa ocasión, con apoyo en las mismas, adujo específicamente que el padre del acusado, el Sr. Rosa Sánchez Vargas, había sido Alcalde de Yabucoa y sucesor directo del anterior alcalde, Teófilo Morales —Re-presentante a la Cámara por ese distrito— y que este último compareció a Sala durante el proceso anterior en repetidas ocasiones acompañando al acusado y a sus familiares; las in-fluencias ejercidas durante el desfile de la prueba por al-gunas damas jurados a los demás, hablando sobre la buena reputación del acusado, y la condición de ex alcalde de su padre. Esas damas del Jurado indicaron que la presencia del político Teófilo Morales y la de Arturo Arroyo —otro ex Al-calde de Yabucoa— acreditaban la buena reputación del acu-sado y ellas dudaban de que fuera culpable.

No se cuestiona que el Ministerio Público demostró que el padre del acusado Sánchez Vargas fue alcalde en Yabucoa, que Teófilo Morales en tres (3) ocasiones también ocupó ese cargo y que, además, fue miembro de la Cámara de Repre-sentantes. Con vista a ciertas transcripciones, demostró cómo uno de los hermanos del acusado se dirigió al jurado suplente Benicio Ramos Vélez en el servicio sanitario del tribunal y, también, que dos (2) personas extrañas le expresa-ron sobre la buena reputación del acusado y que le habían hecho un “chanchullo”. Apéndice VIII, pág. 88.

El 14 de abril, el tribunal declaró sin lugar el traslado a base de que el Ministerio Público no demostró la imposibili-dad de que se pudiera escoger un Jurado justo e imparcial en el segundo juicio, lo cual era más factible por la constitu-ción de un nuevo panel de jurados. El Ministerio Público pidió determinaciones de hecho adicionales y la reconsidera-ción. El 29 de junio el tribunal accedió a algunas determina-ciones adicionales, pero reiteró su negativa.

Así las cosas, el juicio fue fijado para el 27 de septiembre. Una vez la defensa pidió que fuera ventilado por Jurado, se optó por usar el método largo en su selección. A tal efecto el tribunal llamó, juramentó e instruyó preliminarmente doce (12) candidatos. Inicialmente algunos indicaron al tribunal que no conocían a los abogados de las partes, al acusado ni a los testigos. La defensa luego consumió su turno de pre-guntas a esos candidatos. Ese proceso reflejó que los candi-datos a jurado María Pérez Delgado —ex funcionaría del tribunal— y Luis Delgado Delgado admitieron conocer a los abogados de defensa e incluso al Fiscal. Surgieron además los hechos siguientes.

La candidata número dos —Dolores Hernández Cruz— indicó conocer a Lydia Sánchez, hermana del acusado, que a su vez era suegra de una sobrina suya. La conocía desde años atrás, al extremo de que durante las navidades de 1987 —antes de que fuera llamada a servir de jurado— compar-tieron en una actividad social familiar en casa de su sobrina. Expresó que como había sido citada, le gustaría participar.

Durante el examen del candidato número cuatro —Án-gel Castro De León— el Ministerio Público le preguntó y él aceptó —en ausencia del resto de los candidatos— que había guardado silencio cuando la juez le había preguntado especí-ficamente si conocía al acusado. Esa negativa la reiteró des-pués al Fiscal. Sin embargo, posteriormente admitió que lo había saludado y que lo conocía desde hacía un (1) año. Con-testó que aplicaría su manera de pensar por encima de las instrucciones del tribunal. Conocía también al Lie. Julio Castro, uno de los abogados de la defensa.

Con referencia al jurado número cinco —José R. Pérez Sosa— éste manifestó que fue candidato a Alcalde de Yabu-coa. Oportunamente aceptó que conocía al acusado, quien era maestro, un ciudadano conocido y líder de actividades deportivas. Conocía a casi todos sus hermanos. Indicó que había escuchado que el imputado había tenido un encontro-nazo con una menor de edad y lo habían acusado. Aunque inicialmente negó que hubiese sido anunciado como testigo de defensa en el juicio anterior, aceptó tal hecho pero como testigo de reputación. Explicó que accedió a los ruegos del propio acusado, de otros familiares y personas, y que poste-riormente no fue utilizado en aquel proceso. Admitió que temprano en la mañana saludó en la Sala al acusado. Conocía al licenciado Castro de toda la vida, era compañero fraterno y le unían estrechos vínculos de amistad. Indicó que juzgaría al acusado por la prueba y si ésta lo demostraba lo encontra-ría culpable.

Ante este cuadro, sin la presencia del Jurado, el Ministe-rio Fiscal pidió al tribunal que reconsiderara su negativa al traslado. Se fundamentó en que de cinco (5) miembros del Jurado examinados hasta ese momento, tres (S) eran amigos del acusado y/o sus familiares inmediatos, o eran testigos anunciados durante el primer procedimiento. Adujo que todo el nuevo panel de jurado estaba contaminado y el Es-tado no tendría un juicio justo e imparcial en el Distrito Judicial de Humacao. La defensa se opuso. El tribunal se reservó el fallo e indicó que continuaría con la insaculación con miras a intentar lograr su integración. A solicitud del Estado emi-timos orden de mostrar causa y paralizamos temporalmente los procedimientos en instancia.

( — I I — I

La garantía a nn juicio por jurado imparcial compuesto por doce (12) vecinos del distrito es un derecho de origen constitucional que se proyecta sobre el acusado y Ministerio Fiscal. En circunstancias especiales, no impide el traslado a otro distrito. Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727 (1988); Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316, 325 (1980). Sin embargo, cabe notar que desde hace décadas sostuvimos que dicho pedido no puede concederse livianamente y que el peso de la prueba por perjuicio local recae sobre quien lo solicita. Fajardo v. Soto Nussa, 23 D.P.R. 77 (1915). “La presunción es que no hay prejuicios.” Pueblo v. Dumas, 82 D.P.R. 416, 464 (1961). Y, en Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154, 160-161 (1982), citamos con aproba-ción lo siguiente: “‘Las salvaguardas de la imparcialidad del Jurado, como el voir dire e instrucciones protectoras del juez, no son infalibles; es virtualmente imposible aislar los jurados de todo contacto o influencia que teóricamente pueda afectar su voto. Debido proceso significa un jurado capaz y dispuesto a decidir el caso únicamente de acuerdo con la prueba, y un juez en constante alerta para evitar incidentes de prejuicio y determinar el efecto de esos incidentes cuando ocurran.’ ”

En Pueblo v. Santiago Acosta, supra, págs. 735-736, —a tono con la Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II— reconocimos expresamente la “autoridad de los tribunales a ordenar traslados y a identificar los criterios que deben ser considerados. La regla provee que tanto el Estado como el acusado podrán solicitar el traslado de la causa por cualquiera de las siguientes causas: (a) cuando por cualquier razón que no sea uno de los criterios para solicitar la inhibición de un juez, no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial; (b) cuando no puede obtenerse un Jurado porque hay desorden público; (c) cuando esté en peligro la vida del acusado o algún testigo, o (d) cuando no pueda obtenerse un Jurado. Sin embargo, aunque procede el traslado por cualquiera de estos fundamentos, lo determinante al considerarse una moción al amparo de la Regla 81 de Procedimiento Criminal, supra, es el mandato de rango constitucional de un juicio justo e imparcial”.

El trasfondo procesal y circunstancial expuesto refleja que ciertamente el Ministerio Fiscal demostró que el acu-sado Sánchez Pérez es una persona muy conocida en la de-marcación del Distrito Judicial de Humacao. Durante mu-chos años ha sido maestro de escuela e instructor de clases de conducir vehículos de motor. Su familia es muy influyente. Su padre Rosa Sánchez Vargas —como ex Alcalde de Yabu-coa por espacio de ocho (8) años— recibió el endoso electoral de un segmento sustancial de ciudadanos. Razonablemente esos endosos, en la idiosincracia y política puertorriqueña, subsisten más allá de los términos de incumbencia de un cargo y sus ramificaciones pueden afectar instancias como la de autos.

Sin embargo, la fama familiar y personal —incluso la percepción de que el acusado goza de buena reputación— no es suficiente por sí sola para propiciar un traslado. Como resolviéramos en Maldonado v. Corte, 71 D.P.R. 537, 543 (1950):

No podemos convenir con la proposición de que la supuesta buena reputación del acusado y de su padre y la estimación de que gozan en la comunidad constituyen hechos suficientes para poder basar una opinión de que no puede obtenerse en Ponce un juicio justo e imparcial. No podemos creer que la Legislatura tuvo por miras disponer que solamente personas que gocen de mala reputación deben ser juzgadas en el dis-trito en que se alega se cometió el delito. Indirectamente así lo estaríamos resolviendo si aprobásemos el traslado por el único fundamento de que un acusado y su familia gozan de excelentes reputaciones y amistades en el distrito en que ocu-rrieron los hechos.

Por analogía, igual razonamiento se impone respecto a la filiación del acusado Sánchez Pérez con un ex Alcalde de Yabucoa. No basta el conocimiento que el quehacer político genera. Lo contrario significaría que ningún pariente de un político, o este mismo, podría ser juzgado en el foro judicial correspondiente a la demarcación territorial de su municipio o distrito representativo o senatorial. Después de todo, esa notoriedad e identificación política es una circunstancia que necesariamente no implica favores hacia un acusado. Frente a los adversarios también es susceptible de generar prejuicio. Así entendido, no es determinante, aunque sí exige de los tribunales un riguroso escrutinio selectivo para evitar que la afiliación política —cualquiera que sea— incapacite al Jurado de poder juzgar imparcialmente el caso.

De igual modo, por razón del carácter público constitucional de los procesos judiciales —Art. II, Sec. 11 de la Carta de Derechos, supra— no podemos coincidir con el argumento de que la presencia diaria de figuras políticas del pasado o presente en una sala de justicia representa para uno o varios miembros del Jurado un indicador de buena reputación. La cuestión es más bien materia a ser aclarada durante la desinsaculación y, de ser necesario, en las instrucciones finales.

Ante estos factores, lo verdaderamente crucial e importante es que el reclamo de prejuicio sea fundado en algo concreto. Como expresáramos en Maldonado v. Corte, supra, pág. 543: “[a]dmitimos que la influencia y las relaciones de un acusado en determinado distrito pueden ser tan numerosas y tan arraigadas que sería prácticamente imposible para el Pueblo obtener un jurado que le pueda conceder al gobierno un juicio justo e imparcial libre de tal influencia.”

Allí resumimos así la clave para descubrir el enigma: “[l]a notoriedad de un caso no es de por sí suficiente causa de traslado; la única cuestión a determinar es si, no empece la notoriedad del caso, pueden encontrarse jurados que rindan un veredicto justo e imparcial.” (Enfasis suplido.) Maldonado v. Corte, supra, pág. 545.

I — I

Al aplicar estos principios al caso de autos, notamos que el resultado neto de la prueba del Ministerio Fiscal —ex-cluida la fama o notoriedad del acusado y su numerosa fami-lia, personal, profesional y política— es que en el pasado existieron unos intentos aislados de influenciar al Jurado. Además, que por sus relaciones con la comunidad y las de su padre y abogado, la tarea de encontrar jurados libres de ata-duras es una difícil y de gran reto para el tribunal. Cabe señalar que el desacuerdo del Jurado en el caso anterior no puede ser elemento decisivo. Maldonado v. Corte, supra. Ante esta realidad, compartimos la preocupación del Minis-terio Fiscal y entendemos las razones para el traslado solici-tado.

Sin embargo, al igual que el foro de instancia, en esta etapa no estamos convencidos de que sea “prácticamente imposible” seleccionar y lograr constituir del nuevo panel un Jurado capaz de rendir un veredicto justo e imparcial. Sólo se han examinado cinco (5) candidatos. Aunque los incidentes son serios, cuantitativamente no justifican ahora optar por esa medida. Debemos dar esa nueva oportunidad al foro de instancia. Su reserva discrecional de posponer esa decisión hasta agotados los esfuerzos razonables merece nuestro respeto y aprobación. Si no lo logra, deberá trasladarlo. Si lo supera no debe descartar —como medida cautelar tendente a evitar cualquier incidente extrajudicial que pudiera afectar su imparcialidad— su secuestro.

Cabe recordar las sabias admoniciones siguientes:

En Puerto Rico, donde el territorio es reducido y la población compacta, servida por medios de comunicación y difusión de eficacia máxima, sería imposible formar un jurado totalmente ignorante y desconocedor de alguno que otro detalle sobre la vida del acusado cuando éste, como en el caso del apelante, es persona que ha alcanzado connotación de figura pública. La justicia no puede por tanto depender de la ignorancia, sino de la integridad de los jurados y de la firmeza de su compromiso de resolver guiados únicamente por la prueba que se presente en juicio. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Tursi, 105 D.P.R. 717, 720 (1977). Véase, además, Pueblo v. Martín Aymat, 105 D.P.R. 528, 534 (1977).

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que expida el auto y que confirme el dictamen del foro de instan- cia. Continuarán los procedimientos. Este dictamen no pre-juzga su decisión final respecto al traslado en una etapa posterior.

El Juez Asociado Señor Rebollo López, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton concurren con el resultado sin opinión escrita.


text:
    Diego Miranda Vélez y Otros, demandantes y peticionarios, v. Municipio de Barceloneta, demandado y recurrido.

      Número: CE-88-321

      Resuelto: 18 de noviembre de 1988

      José A. Bravo Abreu, abogado de los peticionarios; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Anabelle Rodríguez Rodrí-guez, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Diego Miranda Vélez y su esposa Bienvenida Rodríguez Santiago cuestionan la negativa del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, a acceder al retiro de fondos presentado por su hija, la menor emancipada Abigail Miranda Rodríguez. Erró el ilustrado foro de instancia.

I — I

En virtud de sentencia dictada el 2 de diciembre de 1987, la Universal Insurance Company depositó el 11 de febrero de 1988, en la Secretaría de dicho tribunal, la suma de $30,000 a favor de la menor Abigail. Siete (7) días después, el 18 de febrero, la menor y sus padres Miranda-Rodríguez so-licitaron el retiro de esos fondos.

El tribunal celebró una vista a la cual comparecieron todas las partes, incluso la Procuradora de Relaciones de Fa-milia. Determinó que Abigail, nacida el 12 de febrero de 1969, de diecinueve (19) años de edad, era estudiante univer-sitaria. Por “Contrato de Emancipación” otorgado el 20 de enero de 1988 ante el notario José A. Bravo Abreu, sus padres la emanciparon con su consentimiento. El evento, bajo el Núm. 261, fue archivado el 25 de enero en el Registro De-mográfico.

Abigail solicitó el retiro de los $30,000 para depositarlos en una institución bancaria y hacer retiros periódicos para su educación universitaria. Su tenencia y control evitaría te-ner que acudir al tribunal a demostrar la utilidad y conve-niencia de tales retiros.

La Procuradora de Relaciones de Familia, una vez com-probado que Abigail había sido emancipada por sus padres conforme a derecho, no objetó el pedido. A su juicio, no era necesaria su intervención. Originalmente, el tribunal auto-rizó la solicitud. Sin embargo, después, motu proprio, dejó sin efecto la misma “luego de la más ponderada evaluación y reflexión crítica en torno a los distintos aspectos relacio-nados con los mejores intereses de la menor en cuestión”. Petición de certiorari, pág. 3. Señaló y celebró una vista de continuación el 18 de marzo de 1988, a la cual comparecieron Abigail, sus padres, su abogado y el Ministerio Fiscal. En esta ocasión dicho funcionario no se opuso al retiro de fondos.

Oportunamente, el tribunal dispuso que “ante la ausencia de hechos y propósitos acreditativos de que la menor tiene la capacidad para administrar los fondos solicitados en forma provechosa y productiva”, declaró sin lugar la solicitud. Pe-tición de certiorari, pág. 3. Mediante orden de mostrar causa, revisamos.

HH h — i

Conforme la arquitectura del Art. 232 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 901, existen cuatro (4) clases de emancipación: la concedida por el padre o la madre que ejerza la patria potestad, la matrimonial, la judicial y la proveniente de la mayoría de edad. García et al. v. Garzot, 18 D.P.R. 866 (1912).

En lo concerniente al recurso, el Art. 233 del Código Civil dispone:

El menor puede ser emancipado para regir su persona y administrar sus bienes, o para el solo efecto de la administra-ción de los últimos, por su padre, por su madre o por el padre y la madre conjuntamente o por el de ellos que ejerza sobre el menor la patria potestad, cuando dicho menor hubiese cum-plido la edad de dieciocho años. Esta emancipación tendrá lu-gar por la declaración del padre o de la madre, o de ambos cuando ejerzan conjuntamente la patria potestad, hecha ante notario público en presencia de dos testigos y con el consenti-miento del menor. Deberá anotarse en el registro civil, no pro-duciendo efecto entre tanto contra terceros. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 911.

Por otra parte, el Art. 237 del Código Civil explica que “[l]a emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, y el de su madre, cuando ambos ejerzan la patria potestad conjuntamente o el de ellos que la ejerza por sí solo y, en su caso, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin las asistencias de dichas personas”. 31 L.P.R.A. see. 915.

Los principios legales expuestos reflejan, sin lugar a dudas, que ipso jure un menor emancipado está capacitado para regir su persona y sus bienes como si fuera mayor de edad. El texto está libre de ambigüedades. Sus únicas excepciones nada tienen que ver con la controversia ante nos. Bajo este estado de derecho Abigail, como menor emancipada, podía retirar sin limitación alguna los fondos consignados en el tribunal. No tenía que justificar su utilidad o conveniencia ni someterse al trámite del Art. 614 del Código de Enjuiciamiento Civil, preceptivo de la solicitud de autorización judicial para actos referentes a menores o incapaces, o a sus bienes. 32 L.P.R.A. see. 2721.

J. Puig Brutau, en su obra Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I., Vol. 1, págs. 339-340, nos comenta: ()

Este estado civil de menor emancipado se diferencia clara-mente del estado civil de menor edad, por cuanto éste com-porta —según se ha visto en el apartado anterior— un principio general de incapacidad de obrar, sustituido común-mente por la actuación del representante legal del menor, que le sustituye en su actividad jurídica. En cambio, el menor de edad emancipado aparece investido de una amplia facultad de poder obrar por sí mismo —y en esto se equipara al mayor de edad — , si bien esta capacidad de obrar no es tan extensa como la de los mayores de edad, por cuanto para ciertos actos —aquellos que el legislador de 1889 reputaba más trascenden-tales— exige la ley un complemento de capacidad para la total eficacia de los actos realizados por el menor de edad emanci-pado. (Énfasis suplido.)

Y sobre el efecto jurídico de la emancipación en la esfera patrimonial, señala:

También aquí juega un principio general de equiparación del menor emancipado al mayor de edad, con la natural conse-cuencia de que podrá aquél en la generalidad de los casos ac-tuar por sí solo (o bien a través de un apoderado volunta-riamente designado al efecto). Pero así como en relación a las otras esferas de actividad del menor emancipado el art. 317 C. c. no establece limitación alguna a su capacidad de obrar, en esta esfera patrimonial el precepto exige el consentimiento de determinadas personas para realizar los actos que el legisla-dor de 1889 consideraba más trascendentes y eventualmente más peligrosos para el patrimonio del emancipado, como son los de tomar dinero a préstamo y gravar o vender bienes in-muebles. Puig Brutau, op. cit., pág. 346.

En igual sintonía, Manresa:()

Si la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, según dice el artículo, es induda-ble que el menor emancipado poseerá en su persona todas aquellas facultades inherentes al natural concepto que en-traña la atribución de administrar sus bienes con independen-cia de terceras personas. De modo que podrá arrendar, cobrar rentas, dar recibos y ejecutar todo aquello que signifique actos de administración, sin que, como resultado de tales actos, pueda invocar otros beneficios que las restituciones otorgadas de modo general en el derecho a los mayores de edad. Podrá asimismo, puesto que no está comprendido en las limitaciones de la ley, vender y comprar muebles, créditos o efectos públicos, dar dinero a préstamo, verificar pignora-ciones y donar o permutar bienes de aquella clase. Y aun cuando a algún comentarista le ha parecido extraordinario que el menor emancipado tenga facultades tan amplias de do-minio sobre sus bienes muebles, especialmente en aquellos que, como los valores públicos, pueden representar una respe-table forma de riqueza, es lo cierto que, ante el texto de la ley, no hay términos hábiles de discusión alguna. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1957, T. II, págs. 764-765.

En su documentada comparecencia, el Procurador General se allana a esta interpretación y reconoce que “mediante [ucase] judicial no se le pueden añadir limitaciones a una dis-posición legal”. Escrito para mostrar causa, pág. 5.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se dictará sentencia revocatoria..

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton concurren con el resul-tado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez no intervino.

      (1) El Art. 317 del Código Civil español es el equivalente al Art. 237 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 915.

      (2) Con la reforma de 1981 en el Derecho español, el anterior Art. 317 del Código Civil español es el Art. 237 de nuestro Código Civil, supra. Éste, de igual forma, equipara al menor emancipado al mayor de edad en orden a la capacidad de obrar. Aunque el legislador de 1981 ha ampliado los supuestos en que se exige el complemento de capacidad para que el menor emancipado pueda realizar de-terminados actos, ninguno tiene que ver con la administración de los bienes mue-bles. Véase M. Amorós Guardiola, Comentarios a las reformas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. II, págs. 1.247-1.253.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Apelado, v. Inés Vázquez Cintrón, Acusado y Apelante.

      Número: CR-86-63

      Resuelto: 18 de noviembre de 1988

      Ivette Aponte Nogueras, Felipe Cirino Colón y Jesús R. Morales Cordero, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procu-rador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite aclarar y precisar las circunstancias en que una persona, que tiene una licencia para tener y poseer un arma de fuego debidamente expedida por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, infringe el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 418.

I

Para la fecha de la ocurrencia de los hechos —9 de junio de 1985— el apelante Inés Vázquez Cintrón vivía en una casa de madera de su propiedad en el Barrio Galateo de Toa Alta, Puerto Rico. Dicha casa se encuentra localizada en un área —finca propiedad de terceros— donde se encuentran encla-vadas otras residencias pertenecientes a distintas personas. Las referidas residencias se “comunican” con la Carretera Estatal Núm. 165, jurisdicción de Toa Alta, por un pequeño camino o carretera que no posee ningún tipo de rotulación ni nombre. De hecho, dicho camino es uno sin salida que ter-mina precisamente donde se encuentran enclavadas dichas residencias. Una de estas casas, la cual colinda con la del apelante, pertenecía a un hijo de crianza de éste de nombre Carlos Vázquez. Las relaciones entre el apelante y su hijo de crianza se habían deteriorado por razón de diferencias en cuanto a las “colindancias” de sus respectivas casas.

En horas de la mañana del día 9 de junio de 1985, el Sr. Carlos Vázquez llegó al sitio antes indicado en compañía de un carpintero de nombre Salvador Montañez Nieves —y la esposa de este último— quien le haría un estimado sobre la demolición de su casa vieja de madera y la construcción de una nueva. Los señores Vázquez y Montañez Nieves se diri-gieron al sitio donde estaba enclavada la casa del primero, permaneciendo la esposa de Montañez Nieves en el camino vecinal antes indicado en el interior de su automóvil.

Habiéndose percatado el apelante de la llegada de estas personas, tomó su revólver —para el cual tenía una licencia de tener y poseer, como jefe de familia, debidamente expe-dida por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico— y salió fuera de su hogar. Se dirigió primeramente al camino al que hemos hecho referencia anteriormente donde conversó brevemente con la esposa del señor Montañez Nieves, infor-mándole ésta el propósito de la visita de su esposo al lugar. El apelante luego se dirigió hacia donde se encontraba Váz-quez y el señor Montañez Nieves. El apelante intercambió unas palabras con su hijo de crianza, luego de lo cual le hizo tres (3) disparos con el revólver que portaba sobre su persona, alcanzando a éste uno de dichos disparos por la es-palda, lo que le produjo una hemorragia que le causó la muerte.

Contra el apelante el Ministerio Fiscal radicó pliegos acusatorios por los delitos de homicidio voluntario y de in-fracción al Art. 8 de la citada Ley de Armas de Puerto Rico. El Jurado que intervino en el juicio que le fuera celebrado al apelante ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, lo absolvió del delito de homicidio y rindió un ve-redicto condenatorio en el caso de la Ley de Armas de Puerto Rico. El tribunal de instancia lo sentenció, bajo el régimen de sentencia suspendida, a una pena de tres (3) años de prisión.

Inconforme, apeló ante este Tribunal. Le imputó al foro de instancia la supuesta comisión de seis (6) errores, a saber:

A— ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO ADMI-TIR EL TESTIMONIO DEL SR. JAIME MORALES RODRIGUEZ -VICE-ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TOA ALTA— A LOS EFECTOS DE QUE EL CAMINO ATRA-VESADO POR EL APELANTE EL DIA DE LOS HE-CHOS, POR EL CUAL SE ALEGO QUE TRANSPORTO UN ARMA DE FUEGO, ERA UN CAMINO PRIVADO Y NO UNA VIA PUBLICA.
B— ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO ADMI-TIR LA IDENTIFICACION NUMERO TRES DE LA DE-FENSA OFRECIDA PARA LOS MISMOS FINES QUE EL TESTIMONIO DEL SR. JAIME MORALES RODRIGUEZ. C— ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO OFRE-CER AL JURADO UNA INSTRUCCION SOBRE PORTA-CION INCIDENTAL DE UN ARMA DE FUEGO.
. D— ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL AL DECLA-RAR SIN LUGAR LA MOCION DE ABSOLUCION PE-RENTORIA PRESENTADA POR LA DEFENSA DEL APELANTE.
E— ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL AL DETER-MINAR LA EXISTENCIA DE PRUEBA SUFICIENTE MAS ALLA DE DUDA RAZONABLE PARA ESTABLE-CER QUE EL APELANTE SE ENCONTRABA EN UNA VIA PUBLICA AL UTILIZAR UN REVOLVER.
F— ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL AL OFRECER AL JURADO UNA INSTRUCCION SOBRE POSIBLES VEREDICTOS DISTINTOS EN CADA UNO DE LOS CASOS IMPUTADOS. Alegato, págs. 18-19.

Como podemos apreciar, la inmensa mayoría de los trans-critos señalamientos de error van dirigidos a cuestionar la suficiencia de la prueba presentada por el Estado.() Alega el apelante, en síntesis y en lo pertinente, que dicha prueba es insuficiente en derecho “por el fundamento de que no se estableció que [él] port[ó] el arma de fuego en la vía pública por cuanto el camino por el cual él alegadamente transitó, teniendo consigo el revólver, no cualifica como tal. Alegato, pág. 20.

No le asiste la razón. Dadas las circunstancias particu-lares del presente caso, el hecho de si ese camino es o no una “vía pública” resulta ser inmaterial a los fines de la determi-nación de si el apelante violó o no el citado Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

I — I I — i

Aun cuando es cierto que una lectura de algunas de las decisiones que sobre la materia hemos emitido en el pasado puede dar la impresión de que hemos establecido la norma jurisprudencial a los efectos de que para que se entiendan infringidas las disposiciones del Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, la portación de un arma de fuego sin licencia para ello por el imputado de delito necesariamente tiene que haber ocurrido en la “vía pública”, esto es, que dicho hecho es un elemento esencial del referido delito —Pueblo v. López Ramos, 96 D.P.R. 699, 703 (1968); Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182, 187 (1966); Pueblo v. Rivera, 75 D.P.R. 425, 431 (1953)— dicha impresión resulta ser una errónea.

No hay duda de que una persona infringe el citado Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico cuando porta, sin licencia para ello, un arma de fuego en una de las vías públicas de nuestro país. Tampoco debe haber duda, sin embargo, de que un ciudadano puede efectivamente violar las disposiciones del citado artículo de ley aun cuando no haya portado el arma de fuego en la vía pública.

La cabal comprensión de lo antes expresado requiere que repasemos las disposiciones tanto del citado Art. 8 como las del Art. 15 de la mencionada Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 418 y 425. El referido Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico dispone:

Sec. 4.18. Portación sin licencia de armas cargadas o sus mu-niciones a la vez
Toda persona que porte, conduzca o transporte cualquier pistola, revólver o cualquier otra arma de fuego cargada, o que porte, conduzca o transporte cualquier pistola, revólver, o cualquier otra arma de fuego y al mismo tiempo porte, con-duzca o transporte municiones que puedan usarse para dispa-rar tal pistola, revólver u otra arma de fuego, sin tener una licencia para portar armas expedida según más adelante se dispone, será culpable de delito grave.

Como podemos apreciar, la transcrita disposición legal no establece como requisito, o elemento, del delito que castiga que el arma de fuego sea portada, conducida o transportada en la “vía pública”. De hecho, del lenguaje del Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, no se desprende en lo absoluto el “lugar” donde la persona, que no tiene licencia para portar armas, efectivamente comete el delito de portación prohibido por el mismo, o, si se quiere, expresado de la manera contraria, dicho artículo de ley no establece el “lugar” en que puede legalmente portar un arma de fuego el ciudadano que sólo tiene una licencia expedida por el Superintendente de la Policía para tener y poseer dicha arma.

La contestación de dichas interrogantes radica en las claras disposiciones del citado Art. 15 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Dispone el mismo:

Sec. 425. Licencia para poseer armas de fuego; armas para agricultores
El Superintendente de la Policía de Puerto Rico, al presen-társele solicitud para ello por cualquier jefe de familia, co-merciante o agricultor, y siempre que se cumplan los requi-sitos que más adelante se disponen, podrá expedir a tal solici-tante una licencia para tener y poseer una pistola o revólver y autorizándole, si jefe de familia, a tener y poseer tal arma en su residencia o, si comerciante, a tener y poseer un arma en su sitio de negocios o, si agricultor, un arma en su finca rús-tica. La licencia que por esta sección se dispone no autoriza a portar dichas armas fuera de la residencia, sitio de negocio o finca rústica según sea el caso.
El Superintendente de la Policía de Puerto Rico podrá además conceder una licencia a cualquier persona para tener y poseer una escopeta en una finca rústica de la cual tal persona fuere dueño, poseedor o administrador.
Las disp[os]ieiones de este párrafo no se interpretarán en el sentido de autorizar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico para conceder licencias para tener y poseer en la misma finca rústica más de un arma corta (revólver o pistola) y un arma larga (escopeta). (Énfasis suplido.) 25 L.P.R.A. sec. 425.

Como podemos notar, el Art. 15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, contesta las interrogantes ante nuestra consideración. Del mismo se desprende con meridiana clari-dad que toda persona que como jefe de familia, comerciante o agricultor le haya sido expedida una licencia de tener y poseer un arma de fuego por el Superintendente de la Policía podrá no sólo poseer sino que portar dicha arma de fuego en su residencia y dentro de los linderos, límites y colindancias de la misma, o de su sitio de negocio o de su finca, según sea el caso, y que dicho ciudadano infringirá el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, siempre que porte, conduzca o transporte dicha arma de fuego más allá de los límites de su residencia, negocio o finca, respectivamente, indepen-dientemente del hecho de que dicha portación ocurra o no en una vía pública. ()

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De acuerdo con los hechos del presente caso, el apelante —quien tenía licencia para tener y poseer, como jefe de fami-lia, el arma de fuego en controversia en su residencia— portó, condujo y transportó la misma fuera de las colindan-cias o límites de la misma, portando dicha arma de fuego no sólo por el camino vecinal en controversia sino que en la resi-dencia de su hijo de crianza. Al así hacerlo, infringió el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, independiente-mente del hecho de que dicho camino fuera o no una “vía pública”. Véanse: Pueblo v. Pierantoni, 67 D.P.R. 806, 811 (1947); Pueblo v. Soto, 61 D.P.R. 599, 600 (1943); Pueblo v. Nieves, 61 D.P.R. 206, 208 (1942).()

Por las razones expresadas, se dictará sentencia confir-matoria de la dictada en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bay anión. ()

Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso concurren con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Señalamientos de error (A), (B), (D) y (B).

      (2) A manera de ejemplo podemos señalar la situación en que un ciudadano que tiene licencia para tener y poseer, como jefe de familia, un revólver en su residencia invada, “sin poner un pie en la vía pública”, la residencia del vecino con dicha arma en su poder, o, el caso del agricultor que, igualmente sin pisar la vía pública, invada la finca del vecino.
      En ambos casos, se violan las disposiciones del Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 418, por cuanto se está portando el arma de fuego, sin licencia para ello, fuera de los linderos de la residencia o finca.

      (3) Se alega por el apelante que para que dicho camino pueda ser conside-rado como “vía pública”, el mismo tiene que pertenecer y estar bajo la custodia y control del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del municipio con jurisdic-ción sobre el sector. Se alega que ello no era así. Dado el resultado a que llegamos, se hace innecesario resolver el punto.

      (4) Los señalamientos de error (C) y (F) —esto es, que erró el tribunal de instancia al negarse a transmitir a los señores del Jurado instrucciones sobre “portación incidental” de un arma de fuego y a los efectos de que dicho foro erró al ofrecer al Jurado una instrucción “sobre posibles veredictos distintos en cada uno de los casos imputados” (alegato, págs. 25, 26)— son tan inmeritorios de su propia faz que no ameritan discusión alguna.


author: PER CURIAM:

text:
      In Re Johnny Elías Rivera.

      Número: CE-86-841

      Resuelto: 21 de noviembre de 1988

      Harry Anduze Montano, abogado del peticionario.
   PER CURIAM:

En virtud de la facultad que nos concede la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735),() mediante opinión per curiam y sentencia de fe-cha 30 de diciembre de 1986 procedimos a decretar la sepa-ración inmediata del abogado Johnny Elias Rivera del ejerci-cio de la abogacía y notaría en Puerto Rico. Tomamos dicha acción a base de una querella que ante este Tribunal radicara el Procurador General de Puerto Rico, en la cual se nos in-formó que el referido abogado había sido sentenciado el día 22 de diciembre de 1986 por un delito grave ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de .Puerto Rico, “delito cometido en conexión con la práctica de su profesión, con implicaciones de engaño y de conducta inmoral al apro-piarse, disponer y transferir indebidamente, fondos y pro-piedad que no le pertenecían”. Querella, pág. 1.

Mediante petición de reinstalación radicada por el refe-rido querellado de fecha 19 de octubre de 1988 se nos in-forma que el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston, estado de Massachusetts, Es-tados Unidos de América, revocó la referida convicción me-diante sentencia a esos efectos de fecha 6 de junio de 1988.()

Aun cuando la revocación de la convicción que causa el desaforo no significa ni implica la reinstalación automática a la práctica de la profesión, una lectura de los términos en que está concebida la sentencia revocatoria emitida por el referido tribunal federal de apelaciones nos convence de que procede declarar con lugar de inmediato la solicitud de reinstalación sin trámite ulterior alguno. A esos efectos resulta procedente enfatizar que en la mencionada sentencia revocatoria se expresa, entre otros señalamientos, que la prueba presentada por el Gobierno de Estados Unidos no demostró durante el juicio celebrado ni tan siquiera que el aquí peticionario Elias Rivera se hubiera apropiado de propiedad alguna perteneciente a otras personas y que el peticionario nunca debió haber sido acusado en relación con los hechos que dieron lugar a su convicción.

Se dictará sentencia reinstalando al peticionario Johnny Elias Rivera al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, de-biendo ser reintegrado su nombre al Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión de abogado en esta ju-risdicción. ()

      (1) 4 L.P.R.A. sec. 735:

        “Desaforo o suspensión temporal — Engaño, conducta inmoral, convicción criminal

      “El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por la Corte Suprema de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que impli-que depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser compe-tente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada a la Corte Suprema, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden de la Corte, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Go-bernador de Puerto Rico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión.”

      (2) A la referida petición se acompañó, como anejo de la misma, una copia de la sentencia de referencia.

      (3) Luego de realizados por el peticionario los trámites correspondientes y cumplido por éste los requisitos pertinentes, podrá ser autorizado a ejercer la notaría en Puerto Rico.