author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    José R. Méndez Purcell et al., demandantes y recurridos, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-78-355

      Resuelto: 26 de junio de 1980

      Luis A. Lugo, abogado de la recurrente; Rolando Emmanuelli Sepulveda, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martin emitió la opinión del Tribunal.

Sebastián Méndez Bonnin, quien contaba entonces 18 años de edad, condujo hasta el patio de su hogar un arrastre (trailer) en el que transportaba un bote de su propiedad. Al momento de los hechos el joven Méndez Bonnin residía en el Reparto Anaida de la ciudad de Ponce. Allí lo colocó en cierto lugar cerca de la colindancia del solar, por donde discurría, a una altura de 18 pies y dos pulgadas, un tendido de cable eléctrico de alto voltaje, propiedad de la demandada Autori-dad de las Fuentes Fluviales. Acto seguido se dispuso a erguir sobre la pequeña embarcación un mástil de aluminio de die-eiséis pies de altura para colocarlo en el correspondiente hueco del bote. Hacía mucho sol y no había llovido.

Con tal propósito, junto al joven Héctor Javier Jiménez y otro amigo que le asistía, subió Méndez Bonnin a la lancha de cuatro pies de alto, levantaron en alto el mástil de dieciséis pies, lo que resultó en una altura total, entre bote y mástil, de 20 pies, procediendo con la operación planeada. Es lógico concluir que para insertar el mástil en el hueco habrían te-nido que levantar el mástil aún a mayor altura. El juzgador concluye que “tomaron precauciones, miraron hacia arriba, y lo levantaron”. Al así actuar, los jóvenes notaron la cercanía de los cables de energía y, conscientes de la peligrosidad que los mismos representaban para su seguridad física, inten-taron alzar el palo. Sin embargo, la suerte les fue adversa y al hacer contacto el mástil con las líneas de energía, prodú-jose una fuerte descarga eléctrica que causó inconsciencia, quemaduras y muy serias lesiones tanto al joven Méndez Bon-nin como a Héctor Javier Jiménez. Sus familiares cercanos padecieron las angustias que este tipo de accidente suele sus-citar e incurrieron en gastos en la atención de las lesiones de aquéllos. Para el resarcimiento de los daños sufridos por unos y otros, los padres de los jóvenes entablaron acción civil ante la Sala de Ponce del Tribunal Superior.

Celebrado el juicio y estimada la demanda, el Tribunal Superior valoró los daños sufridos por los demandantes en $233,699.78, mas entendiendo el juzgador que se trataba de un caso en el que concurrieron actos negligentes tanto de parte de la Autoridad demandada como de los jóvenes lesiona-dos distribuyó la responsabilidad de una y otra parte en 30 y 70 por ciento respectivamente. Insatisfecha la demandada con el grado de responsabilidad que se le ha impuesto, ha acu-dido ante nos y sostiene que se trata de un accidente desgra-ciado en el que no medió negligencia de su parte.

Atendiendo las doctrinas jurídicas rectoras de la contro-versia, dictamos resolución requiriendo de los recurridos que mostraran causa por la cual no debía expedirse el auto de revisión para reducir el grado de negligencia imputable a la demandada. Comparecieron los recurridos oponiéndose a la reducción sugerida, y luego replicó la recurrente insistiendo en que no debe ser responsabilizada por el accidente. Los ar-gumentos de las partes no nos persuaden a variar la actitud previamente intimada. Veamos.

I

La prueba que desfiló en corte demuestra que en el lugar donde ocurrió el accidente el tendido eléctrico no estaba a una altura adecuada. Los especialistas en las ciencias eléctricas recomiendan que en lugares donde hay circulación vehicular —calles públicas, callejones, o entradas a garages residenciales, como sucedía en el caso de autos— la elevación prudente de la cablería de alto voltaje debe ser no menor de veintidós pies. National Electric Safety Code, ed. 1977, págs. 116-117. Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170 (1966). No puede establecerse categóricamente que el accidente que motivó este pleito no hubiera sucedido de haber estado los alambres de energía a la altura requerida, puesto que el bote tenía 4 pies de alto, el mástil 16 pies adicionales, y es de presumir que los menores que levantaban el mástil tendrían que necesariamente alzarlo un poco más para lograr en-trarlo en el hueco. No obstante, sí se puede sostener que las probabilidades de que ocurriera hubiesen sido mucho menores. No dudamos, por tanto, que procede imponer responsabilidad a la demandada por los sucesos que motivaron el caso de autos. C. Rogel Vide, La responsabilidad civil extracontrac-tual, Madrid, Ed. Civitas, 1977, págs. 66-68. Aunque las entidades que trafican con energía eléctrica no son asegura-doras de todo daño que su industria cause —Santos Ocasio v. A.F.F., 103 D.P.R. 564, 566 (1975)— deben ejercitar un alto grado de cuidado atendiendo la peligrosidad del producto con que negocian. Burgos Quiñones v. Autoridad Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 613, 619 (1964); Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603, 609 (1962); Matos v. P.R. Ry., Lt. & P. Co., 58 D.P.R. 160, 164 (1941). Véase Figueroa v. P.R. Ry., Light & P. Co., 66 D.P.R. 488 (1946).

De otra parte, sin embargo, resalta con relieve el elemento culposo y negligente en las actuaciones de los jóvenes perjudicados. Jóvenes de madurez intelectual que cursaban escuela superior y de juicio suficiente para transportar y para manejar un bote, advirtieron la presencia sobre ellos de cables eléctricos. Reconocieron la peligrosidad que ellos re-presentaban, al tomar las precauciones y mirar hacia arriba, según reseña el juzgador. Aun así decidieron erigir un mástil metálico, conscientes de la posibilidad de tocar los cables eléctricos, pero confiando en que no alcanzaría las líneas. Fueron en extremo negligentes. A personas razonables y sen-satas es justo requerirles un grado mucho mayor de diligen-cia en tales circunstancias. J. Santos Briz, La Responsabili-dad civil, 2da. ed., Madrid, Ed. Montecorvo, S.A., 1977, pág. 43.

II

El elemento de negligencia distingue en este caso los actos de la parte demandante así como el proceder de la parte de-mandada. Se impone la determinación de responsabilidad comparada. Corresponde, pues, a los tribunales la difícil tarea de arbitrar una solución para establecer en qué medida la víctima deber ser indemnizada —A. Cammarota, Responsa-bilidad extracontractual, Buenos Aires, Ed. Dapalma, 1947, T. 1, págs. 330-331, 336-337— para lo cual, con sano juicio, la doctrina, atendiendo a la norma alemana, manda analizar todas las circunstancias fácticas; en particular, si ha habido una causa predominante. J. Santos Briz, op. cit., págs. 107-108.

Precisa señalar, además, que en el proceso de fijar los ■correspondientes por cientos de responsabilidad a las partes concernidas por los daños sufridos, los tribunales deben tener presentes las guías comparables con los hechos específicos que tienen ante sí. Esto es, una vez determinada cuál es la correcta sucesión de eventos, los jueces de primera instancia deben hacer referencia a la doctrina jurisprudencial con ánimo de compararlos con casos similares que hayan pautado la distribución equitativa de responsabilidad. De existir esos precedentes, deben utilizarse como base; y deben honrarse siempre y cuando no se demuestre claro error en su contenido normativo o que en el caso en consideración intervienen circunstancias que lo distinguen de la jurisprudencia normativa. Sólo así puede alcanzarse la meta de la jurisprudencia de ofrecer un tratamiento similar a los litigantes que se hallan en circunstancias similares. Véanse: R. B. Cappalli, Tort Damages in Puerto Rico, 46 Rev. Jur. U.P.R. 241, 299 (1977); R. E. Bernier, La cuantía de los daños, en Apuntes legales, Puerto Rico, 1968, págs. 107-110. Véanse también, J. Puig Brutau, La jurisprudencia como fuente del derecho, Barcelona, Bosch, 1951; R. David, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, Madrid, Aguilar, 1969, pág. 100 et seq.

Al menos dos opiniones de este Tribunal son ilustradoras en la resolución del presente caso. Éstas son Vda. de Dávila v. Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 321 (1964), y Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834 (1967).

En Vda. de Dávila, supra, el operador de una máquina industrial murió por electrocución cuando una torre del apa-rato vino en contacto con alambres eléctricos de alto voltaje. 90 D.P.R., pág. 323. Notamos allí que a la compañía suminis-tradora de energía se le había requerido con alguna antela-ción que removiera las líneas eléctricas por cuanto se reali-zaba la construcción de un caserío —90 D.P.R., págs. 324-325— y sostuvimos que la compañía proveedora actuó negli-gentemente al no tomar precauciones para reducir la peligro-sidad en un área de construcción donde es usual la utilización de equipo de considerable elevación. 90 D.P.R., pág. 326. No obstante, resolvimos que la imprudencia del perjudicado al operar la maquinaria, conociendo la presencia del tendido y el consiguiente peligro que el mismo representaba, lo respon-sabilizaba en un ochenta por ciento de los daños sufridos. 90 D.P.R., págs. 328-329.

Y en Rosario Crespo, supra, impusimos alguna responsa-bilidad a la compañía suplidora de energía por no tomar pre-cauciones aumentando la elevación de los cables eléctricos que discurrían por un área de construcción. 94 D.P.R., pág. 849. No obstante haber hallado responsabilidad, al igual que en Vda. de Dávila, la redujimos a un veinte por ciento al adver-tir que los lesionados no tomaron precaución alguna para evitar que ciertos instrumentos de medición de considerable altura que utilizaban, vinieran en contacto con las líneas eléctricas que se hallaban a la vista y cuya presencia adver-tían. 94 D.P.R., págs. 848-849.

Salta a la vista que la doctrina de Vda. de Dávila, supra, es de estricta aplicación a los hechos del caso ante nos, de-biendo privar, por tanto, sobre esta controversia los criterios allí expuestos. En éste, como en los dos casos citados prece-dentemente, la imprudencia de los lesionados y su conducta irreflexiva les responsabilizan preponderantemente, y como-quiera que los hechos probados no ameritan distinguir este caso de los mencionados, resolvemos que la negligencia con-currente de la compañía suplidora de electricidad debe redu-cirse del treinta al veinte por ciento.

Por tales fundamentos, se dictará sentencia modificando la recurrida para ajustar las partidas que debe satisfacer la demandada conforme al por ciento de responsabilidad aquí fijado. Así modificada, será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió opinión disidente. Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué no intervinieron.

—O—

Opinión disidente del Juez Presidente, Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 1980

Me preocupa la creciente intervención de este Tribunal con las funciones tradicionales del Tribunal de Primera Ins-tancia en la fijación de daños. Las reglas sobre el particular son conocidas. El Tribunal Supremo puede evaluar inde-pendientemente el testimonio de peritos. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. .643 (1975). Las determinaciones en pri-mera instancia fundadas en otra prueba, sobre la cuantía de los daños, no deben ser alteradas, sin embargo, excepto cuando la compensación fijada sea manifiestamente errónea o seriamente exagerada. Rodríguez v. American Railroad Co., 43 D.P.R. 493, 504 (1932); Baralt v. Báez, 78 D.P.R. 123, 127 (1955).

El repudio de estas sanas normas, en la teoría o en la práctica, pueden deformar los papeles que desempeñan en nuestro sistema de justicia el Tribunal de Primera Instan-cia y el Tribunal Supremo. Un estudio reciente del Profesor Richard B. Cappalli revela datos alarmantes. De 1936 a 1959 el Tribunal Supremo examinó, a solicitud de parte, los daños concedidos en 79 pleitos. El Tribunal confirmó la cuantía fi-jada en 63 casos, limitándose a reducirla en ocho y a aumen-tarla en igual número. De 1960 a 1977, no obstante, la situa-ción ha cambiado dramáticamente. Se revisaron 56 casos y se confirmaron tan solo dieciséis. El Tribunal redujo los daños en 31 ocasiones y en nueve los aumentó. Cappalli, Tort Damages in Puerto Rico, 46 Rev. Jur. U.P.R. 241, 296-97 (1977).

Las determinaciones del Tribunal Superior en este caso, reforzadas por una inspección ocular, hallan suficiente apoyo en la prueba. El hecho de que este Tribunal ha fijado en dos casos similares la responsabilidad de Fuentes Fluviales en modo análogo al establecido en la opinión mayoritaria, no priva al Tribunal Superior de su poder de fijar un porcen-taje distinto de negligencia a base de variantes en el peso de la prueba desfilada ante él. Disiento respetuosamente de la acción del Tribunal al decretar una reducción en la responsa-bilidad de Fuentes Fluviales de 30% a 20%.

         Héctor contaba entonces con 16 años de edad, al igual que el amigo.

       Véase Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 587 (1972).

       No nos parece que la estimación de los daños que hiciera el tribunal sentenciador fuera claramente errónea o exagerada, por lo cual no debemos intervenir con su criterio. Rodríguez v. American Railroad Co., 43 D.P.R. 493, 504 (1932); Baralt v. Báez, 78 D.P.R. 123, 127 (1955). En este sentido, véase la relación que hace don Manuel Rodríguez Navarro de las sentencias del Tribunal Supremo de España que se refieren a la estimación de la cuan-tía de los daños y la intervención que es propia en segunda instancia. Doctrina Civil del Tribunal Supremo, Madrid, Aguilar, S.A., 1951, T. IV, pág. 6883 et seq. Véase A. Orgaz, El daño resarcible, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1960, pág. 141 et seq.

       Aunque antes del desarrollo de la urbanización donde ocurrieron los hechos los cables estaban a la altura adecuada, al nivelarse los terrenos quedó reducida la altura a 18'2".

       E1 Reglamento de Lotificación vigente al momento de los hechos disponía: “Se proveerán todas las líneas eléctricas, postes, vientos, trans-formadores, interruptores, y demás artefactos necesarios para un sistema completo de distribución eléctrica, y de alumbrado de calles a base de líneas subterráneas, con miras a afrontar la demanda de la lotificación cuando ésta haya sido ocupada totalmente. Tales instalaciones se levantarán en forma que satisfagan o se ajusten a los requisitos del ‘National Electrical Code’ y de la entidad que suministre la luz y energía eléctrica local, y según las apruebe la Junta”. 23 R.&R.P.R. sec. 10-304.

       Conviene señalar que no es exclusiva de nuestra jurisdicción la norma legal que requiere esa rigurosa diligencia en el manejo de los cables eléctricos. Pueblos de Europa y de América, cuyas aspiraciones de justicia mucho se asemejan a las nuestras, han procedido en forma similar no em-pece a que sus ordenamientos jurídicos formen parte de disímiles tradi-ciones. Así, en cuanto a aquellas donde priva la tradición civilista romano germánica, véase F. F. Stone, Louisiana Civil Law Treatise, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1977, Vol. 12, §§ 395-396, págs. 519-521. En cuanto a aquellas jurisdicciones donde opera el sistema de derecho anglo-sajón, consúltese Harper & James, The Law of Torts, Boston, Little Brown and Co., 1956, Vol. 2, § 14.4, pág. 798 et seq.; J. A. Dooley, Modern Tort Law, Chicago, Callaghan and Co., 1977, Vol. 2, § 32.41, pág. 301.

       E1 mayor de ellos, Méndez Bonnin, que entonces contaba diez y ocho años, vivía en el sitio donde llevaban a cabo la operación de la mon-tura del mástil. Luego, sabía que allí estaban los cables eléctricos de alto voltaje.

       Es científicamente inatendible la teoría de los demandantes a los efectos de que el palo nunca tocó los cables y de que la corriente eléctrica de 38,000 voltios saltó un espacio aéreo de dos o tres pies. Desde una pers-pectiva técnica y científica, quedó demostrado en instancia que el aire es excelente aislador y dieléctrico, necesitándose alrededor de 75,000 voltios para que la electricidad salte un espacio de una pulgada a través del aire. C. L. Dawes, A Course in Electrical Engineering, Nueva York, McGraw-Hill, 1952, Vol. 1, pág. 332. Véase Burgos Quiñones v. Autoridad Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 613, 620-621 (1964).


source: Caselaw Access Project

author: per CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Cándido M. Díaz Medina y Otros, demandantes y recurrentes, v. Santiago del Toro y/o Santiago del Toro, Inc. y/o Santiago del Toro h/n/c Del Toro Plumbing y Aseguradora Desconocida, demandados y recurridos.

      Número: R-80-83

      Resuelto: 30 de junio de 1980

      Mario Quintero Nadal, abogado de los recurrentes; EriJc J. Ramírez Nazario, abogado de los recurridos.
   per CURIAM:

El obrero Cándido M. Díaz Soto falleció como consecuencia de un accidente ocurrido el 20 de marzo de 1978 mientras cavaba una zanja para la construcción de un sistema de acueductos y alcantarillados. Era empleado de los demandados-recurridos (“Del Toro”), con quienes había contratado Residencial Kofresí, Inc. (“Kofresí”) la realiza-ción de la referida obra como parte de una urbanización a su cargo.

Kofresí había obtenido una póliza el 28 de febrero de 1978 del Fondo del Seguro del Estado para la “construcción de fa-cilidades de urbanización Sierra Linda”. El costo declarado de la obra fue de noventa y ocho mil dólares.

El 2 de marzo de 1978 Kofresí subcontrató con Del Toro la construcción por éste de los sistemas de agua, alcantari-llado sanitario exterior y alcantarillado pluvial. Kofresí se comprometió a satisfacer a Del Toro la suma de ciento ochenta y cinco mil dólares por esta labor, a la par que se obligó a entregarle las calles y los solares en rasantes finales, listos para la excavación. Las partes acordaron que Del Toro pagaría la póliza correspondiente del Fondo del Seguro del Estado. Del Toro no obtuvo la póliza.

Al acaecer la muerte del obrero, Del Toro notificó al Fondo que el difunto era empleado de Kofresí al momento de su fallecimiento. El Administrador del Fondo reconoció a la viuda dependiente del obrero una compensación mensual.

Otros parientes del obrero demandaron posteriormente a Del Toro por la alegada negligencia del patrono no asegurado. Del Toro interpuso moción de desestimación en la que reclamó la inmunidad correspondiente a Kofresí. El tribunal de ins-tancia desestimó la acción. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse esta resolución.

La parte recurrida argumenta que procede la desestima-ción por los fundamentos enunciados en Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977) y Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782 (1978). El caso de autos envuelve, no obstante, hechos y cuestiones diferentes a las planteadas en estos dos casos. En Lugo Sánchez y Vda. de Costas, a quien el obrero del patrono real demandó fue al patrono principal o estatutario en calidad de tercero y existía un seguro que cubría al trabajador. Aquí se demanda sobre otra base al patrono real no asegurado y no está claro si el seguro del patrono estatutario cobija al obrero.

El Art. 15 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 16) dispone en parte:

En el caso de que ocurriere un accidente a un obrero o em-pleado cuando trabajare para un patrono que en violación de la ley no estuviere asegurado, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado determinará la compensación que proceda ....
Si cualquier patrono de los comprendidos en este Capítulo [] dejare de asegurar el pago de compensaciones por accidentes del trabajo de acuerdo con este Capítulo, cualquier obrero o em-pleado perjudicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal patrono radicando una petición para compensación ante la Comisión Industrial, y, además, pueden ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si este Capítulo no fuera aplicable....

En su moción de desestimación, Del Toro acepta su con-dición de patrono no asegurado. En ausencia de otras conside-raciones, por tanto, existe la dualidad de remedios a que alude el Art. 15 citado. Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, 107 D.P.R. 797 (1978).

A pesar de que Del Toro incumplió su obligación contractual con Kofresí de asegurar a sus propios trabajadores, el patrono real argumenta que le ampara la inmunidad del pa-trono estatutario. La dificultad de este caso estriba en que existe, al menos, grave duda de si Kofresí, el patrono estatu-tario, aseguró al causante de los recurrentes. Aun puede afirmarse que los hechos del caso crean una fuerte inferencia de que la póliza obtenida por Kofresí no cubría los trabajos realizados por los empleados del patrono real, Del Toro. Ob-sérvese la cuantía de la póliza y su fecha. Recuérdese la cláusula del contrato entre Kofresí y Del Toro, en que aquél le impone a éste la obligación de asegurar a sus propios em-pleados. El Art. 20 de la ley, 11 L.P.R.A. sec. 21, provee en parte:

Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí establecido para obtener compensación será el único remedio en contra del pa-trono, aun en aquellos casos en que se haya otorgado el máximo de las compensaciones o beneficios de acuerdo con el mismo. . . .

En este caso no resulta claro que patrono alguno haya asegu-rado al obrero fallecido, por lo que el Art. 20 citado, en au-sencia de mayor información, no podría surtir efecto.

En tales circunstancias no procede la desestimación, sino la continuación del litigio para hacer determinaciones sobre estos hechos en controversia y aplicar el derecho que co-rresponda.

Se expedirá el auto, se revocará la resolución recurrióla y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulte-riores consistentes con esta opinión.

      (1) El Art. 2 de la ley, 11 L.P.R.A. see. 2, provee que “Este [c]apítulo será aplicable a todo patrono que emplee uno (1) o más obreros . . . com-prendidos en el mismo, cualquiera que sea su salario ...”.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Gerson Blatt y Barton S. Udell h/n/c Blatt & Udell, una sociedad profesional, demandantes y recurridos, v. Core Cell Corporation y Milton Fisher, demandados; Panelfab International Corp. y Panelfab Puerto Rico, Inc., interventoras y peticionarias.

      Número: O-79-158

      Resuelto: 30 de junio de 1980

      Hartzell, Ydraoh, Mellado, Santiago & Pérez, abogados de las interventoras y peticionarias; E. L. Belén Trujillo, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

Mediante sentencia obtenida por estipula-ción de las partes, un tribunal del Estado de Florida ordenó a la Core Cell Corporation, corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, a pagar a los abogados Blatt & Udell la suma de $69,000 por servicios legales prestádosle. Subsi-guientemente, los acreedores presentaron demanda en el Tribunal Superior de Puerto Rico para el cobro de dicha senten-cia y obtuvieron embargo preventivo sin la prestación de fianza.

Oportunamente, Panelfab International Corporation y Panelfab P.R., Inc., presentaron solicitud de intervención alegando ser dueños de algunos de los bienes embargados. Los demandantes se opusieron a dicha intervención alegando iden-tidad entre la demandada y las interventoras y el traspaso de activos por Core Cell a las interventoras para defraudarlas en el cobro de la sentencia. Las interventoras levantaron el embargo mediante la prestación de una fianza de $75,000 que el tribunal fijó para satisfacer la sentencia que, en su día, pudiera recaer a favor de los demandantes, si éstos llegasen a establecer la existencia de las alegadas relaciones entre la demandada y las interventoras.

Dos años después, las interventoras solicitaron que se anulara el embargo por haberse trabado el mismo sin la pre-via prestación de fianza. El tribunal denegó dicha solicitud sosteniendo que esa cuestión fue adjudicada en una vista pre-via celebrada ante otro juez. Hemos examinado la minuta de esa vista y la transcripción de los incidentes discutidos en la misma, y nada aparece que sostenga que se discutió la fianza como condición previa al embargo.

Resolvemos que no procede la nulidad del embargo, pero que, bajo las circunstancias del presente caso, el tribunal re-currido debió fijar fianza en suma suficiente para responder de los daños que dicho embargo pudiera ocasionar y, en su consecuencia, procede devolver el caso para la fijación y pres-tación de dicha fianza.

La Regla 56.3 de las de Procedimiento Civil de 1958, vi-gente al trabarse el embargo, en lo pertinente disponía como sigue-

Se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza, si apareciere de documentos públicos o privados firma-dos ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legalmente exigible, o si se gestionara el remedio después de sentencia. En todos los demás casos, el tribunal exigirá la prestación de una fianza suficiente para responder por todos los daños y perjuicios que se causen al de-mandado como consecuencia del aseguramiento. . . .

Por su parte, los Arts. 4 y 5 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, de 1ro. de marzo de 1902 (32 L.P.R.A. sees. 1072 y 1073) también vigente al momento de trabarse el embargo, proveían para la exención de fianza cuando constaba claramente en “documento auténtico” que la obligación era exigible, entendiéndose por documento autén-tico, entre otros, “documentos públicos”. En Boyrié v. Mariño, 58 D.P.R. 285, 288 (1941), reconocimos que una sentencia era un documento auténtico bajo dicha ley.

El Art. 426 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1798, dispone que “El efecto de un auto judicial registrado, de un Estado de la Unión es el mismo en Puerto Rico que en el Estado en que se hubiere dictado, excepto que en Puerto Rico sólo puede exigirse su cumplimiento mediante una acción o un procedimiento especial...”.

La citada norma, que exige una acción o procedimiento especial antes de dar efecto igual a una sentencia de otro Estado, recoge el mandato constitucional que obliga a los Estados a dar entera fe y crédito a las sentencias de otros Estados. Lichtig v. Lichtig, 81 D.P.R. 737, 744, escolio 5 (1960). Ese mandato no impide que pueda exigirse acción previa, como exige el citado Art. 426, para la ejecución de sentencias de otros estados. Riley v. New York Trust Co., 315 U.S. 343, 349 (1942).

Hemos expresado que “. . . cuando la exigibilidad de la obligación consta claramente en documento auténtico, difícil-mente se perjudica al demandado, pues esa evidencia raras veces puede ser controvertida. De ahí que, al constar la exi-gibilidad de la obligación en documento auténtico, al igual que cuando el aseguramiento se solicita después de dictada sentencia a favor del demandante, no se exija la prestación de fianza”. Boyrié v. Mariño, supra.

El propósito de la fianza es garantizar que puedan recobrarse los daños cuando exista la posibilidad de que el embargo pueda resultar ilegal o indebido. Atendido ese fin, es preciso establecer un balance adecuado entre las posibilidades de triunfo del demandante y las posibilidades de que el embargo resulte improcedente y cause daños que no puedan recobrarse. Por ser los demandantes personas no residentes en Puerto Rico, si el embargo resulta improcedente, podría resultar difícil para los demandados o para los interventores recobrar de esos no residentes los daños ocasionados por dicho embargo, a menos que se preste fianza para asegurar su recobro.

Bajo, la vigente Regla 56.3, la fianza responde a cualquier persona que sufra daños. Dicha regla vigente sería la aplicable, si se reclamaren daños por el embargo trabado en el presente caso. Bajo la Regla 56.3 derogada, habíamos intimado que un tercerista podía repetir contra la fianza. Rona Electric Co. v. Garriga, 99 D.P.R. 942, 947 y ss. (1971).

En casos de demandantes no residentes, como en el presente caso, la fianza para responder de daños ocasionados por embargos debe considerarse mandatoria, al igual que lo es la fianza que la Regla 69.5 exige a demandantes no resi-dentes, para responder de costas, gastos y honorarios de abogado. Damos entera fe y crédito a la sentencia del tribunal de Florida, pero, a la vez, por tratarse de demandantes no residentes, damos la protección necesaria a los deman-dados. Igual lo haríamos con una sentencia de cualquier otro estado o país. La mera protección que provee la fianza, en modo alguno pone en tela de juicio los méritos de la sentencia en cuestión.

Ante las anteriores consideraciones, estimamos que se cumplen mejor los fines de la justicia devolviendo el caso al tribunal de instancia para que fije la fianza que corresponda en el presente caso. Ningún fin práctico resultaría de decre-tar la nulidad del embargo en el presente caso, cuya nulidad podría, por el contrario, hacer posible que los bienes embar-gados no puedan ser recuperados para ejecutar la sentencia que, en su día, pueda recaer a favor de la parte aquí deman-dante.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concu-rrente.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

No es tautología recordar que en materia de hermenéutica jurídica el derecho es vivo y dinámico. Por ende, al interpre-tar toda disposición legal no debemos hacerlo con abstracción de su desarrollo, razón o motivos. Es con este exordio en mente que expresamos nuestro parecer separadamente.

V — i

Ciertamente, “se cumplen mejor los fines de la justicia” en este caso, devolviéndolo a instancia para que se exija la prestación de una fianza. Sin embargo, los senderos seguidos en la opinión del Tribunal pueden comunicar la impresión equivocada de que bajo la Regla 56.3 vigente y su antecesora en las de 1958, la imposición de la fianza es una determina-ción discrecional en todos los casos.

A nuestro juicio, invita a dicho error la conclusión a que se llega citándose a Boyrié v. Marino, 58 D.P.R. 285 (1941), a saber, que una sentencia es documento auténtico y, por ende, lo es también la envuelta en el caso de autos. Basado en dicho razonamiento, se aplica a una sentencia dictada en otro estado la excepción de documento auténtico contenida en la Regla 56.3. Al afirmarse a renglón seguido y sin cualificar que el “propósito de la fianza es garantizar que puedan re-cobrarse los daños cuando exista la posibilidad de que el embargo pueda resultar ilegal o indebido”, y que “Atendido ese fin, es preciso establecer un balance adecuado sobre las posi-bilidades de triunfo [de las partes]”, se está insuflando a la determinación de conceder o no el remedio provisional sin fianza —en casos en que se presentan documentos auténti-cos— el elemento de la discreción. Ello queda corroborado en la expresión del Tribunal en el sentido de que la fianza para embargos solicitados por demandantes no residentes debe ser mandatoria. Se implica, por lo tanto, que en casos de docu-mentos auténticos hay discreción para conceder o no la fianza, pero que no existe tal discreción si los demandantes no son residentes.

No negamos facultad judicial para el examen y rechazo fundado de los documentos presentados en apoyo del relevo de la fianza, mas no queda al arbitrio de los tribunales de instancia el exigirla cuando las obligaciones constaren clara y fehacientemente en documentos tales como pagarés autori-zados o sentencias. Afirmar lo contrario desatendería a la evolución y sustancia de la regla y al espíritu que la anima. Tiende, además, a obstaculizar que se viabilice un proceso justo, rápido y económico. Nos explicamos.

r*H I — I

Al examinar los antecedentes históricos de esta regla, ad-vertimos que, con posterioridad al año 1916, en nuestra juris-dicción el ordenamiento procesal siempre ha eximido de pres-tación de fianza a la parte que intenta obtener el asegura-miento de la efectividad de una sentencia en las siguientes circunstancias: (a) “si ... se solicitare después de pronun-ciada sentencia” y (b) si constare “claramente en documento auténtico que la obligación es exigible”. Este lenguaje co-rrespondiente a los Arts. 4 y 5 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencia, de 1ro de marzo de 1902, de inven-tiva local, no ofrecía duda alguna ni daba margen para in-ferir que ello exigiera uso de discernimiento judicial en las situaciones expresadas, 32 L.P.R.A. sees. 1071 y 1072; The Specialty Shop for Automobiles v. Benítez Flores, 29 D.P.R. 265 (1921). Este estado de derecho continuó inalterado y reafirmado subsiguientemente en innumerables casos y situa-ciones.

Al aprobarse las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 el texto original de la 56.3, en lo pertinente rezaba:

Se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza, si apareciere de documentos públicos o privados, fir-mados ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legalmente exigible, o que la parte promo- vente evidentemente ha de prevalecer, o si se gestionare el remedio después de la sentencia. (Énfasis nuestro.)

Esta redacción contemplaba las dos instancias en las cua-les, hasta entonces, se prescindía de la fianza —si la obliga-ción aparecía en documento auténtico o surgía de una senten-cia — , pero añadía una más, de naturaleza y género discre-cional, a saber, que el tribunal estimara “que la parte promo-vente evidentemente ha de prevalecer”. Ello explica el porqué al inicio de la oración se concibiera un lenguaje de tipo per-misible, “se podrá”, que tiende a dar la errónea impresión de que en todo supuesto la fijación de fianza es una decisión de índole discrecional. Aparte de ello, repetimos, la regla no ex-perimentó variantes:

No hay cambios en cuanto a la norma general en cuanto a la fianza. Se conserva la situación del requisito de fianza igual que existe en la actualidad, al efecto de que no se concederá remedio, naturalmente, sin previa fianza. Como excepciones a este requisi-to de prestación de fianza, se conservan las vigentes, es decir, (1) cuando se solicita aseguramiento después de dictada sen-tencia final, y (2) cuando consta en documento auténtico la exigibilidad de la obligación. Pero se añade un caso en que se concede el aseguramiento sin fianza en una situación que no es permisible, en la actualidad, bajo el derecho vigente. Es este caso: la regla dispone que se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza si apareciere de documento público o privado firmado ante una persona autorizada para administrar juramentos que la parte promovente evidentemente ha de prevalecer. Ponsa Feliú, Comentarios sobre las Nuevas Reglas de Procedimiento Civil, Col. de Abogados de P.R., pág. 18 (1958). (Énfasis nuestro.)

Este texto permaneció inalterado en las Reglas de 1958 hasta que en virtud de nuestra Resolución de 24 de enero de 1961, por vía de enmienda, eliminamos la frase “o que la parte promovente evidentemente ha de prevalecer”. El Comité de Procedimiento Civil explicó así el fundamento de tal modi-ficación:

La supresión de la frase “o que la parte promovente evidente-mente ha de prevalecer” conlleva la finalidad de impedir que el juez tenga que prejuzgar los méritos del litigio ante el simple trámite del aseguramiento de sentencia. Conferencia, Judicial de Puerto Rico, Memoria de la Primera Sesión Plenaria, 1958, pág. 37.

En consecuencia, se eliminó de la Regla 56.3 el único su-puesto para el cual era menester el ejercicio de discreción judicial; no obstante, inadvertidamente se mantuvieron las palabras introductorias primitivas “se podrá”.

Con el advenimiento de las nuevas Reglas de Procedi-miento Civil (1979), aprobamos nuevamente tales palabras. Aunque no fuera la más feliz redacción, se justificaba, pues, que a las situaciones clásicas en que automáticamente que-daba liberada la parte actora de tener que prestar fianza, añadiéramos, como otra excepción, las reclamaciones del liti-gante pobre, si concurrían ciertas circunstancias que serían apreciadas discrecionalmente por el tribunal. Es en este con-texto que deben leerse los comentarios que al margen de la Regla actual, como parte de su historial, aparecen. La refe-rencia a ejercer “con celo y buen juicio su discreción judicial” al eximir de fianza, es en torno a esta nueva modalidad m forma pauperis.

Hemos de reconocer que en la jurisprudencia de princi-pios de siglo se inclinaban a ver el uso del verbo “podrá” en contraste con “deberá”, como que denotaba indefectible-mente discreción y no mandato. Sucesión Chavier v. Sucesión Giráldez, 15 D.P.R. 154, 162 (1909); Cabassa v. Bravo, 21 D.P.R. 185, 186 (1914). Sin embargo, con el transcurso de los años, al alejarnos de la mística de las palabras y apreciar el derecho como un fenómeno cambiante, comenzamos a darle mayor peso a la sustancia que a la forma. Asi, “[ají inter-pretar estatutos en ocasiones hemos decidido que los términos como ‘deberá’ pueden leerse como ‘podrá’, haciendo así direc-tivo lo que aparentemente es mandatorio; pero siempre se ha hecho para conformar el lenguaje del estatuto con el propósito legislativo”. Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158, 161 (1967). Y viceversa, “[bjajo conocidas normas de hermenéutica, términos permisibles en un estatuto como ‘podrá’ a veces cabe interpretarlos mandatori amente, pero de ordinario ello es así cuando el fin o propósito principal del estatuto es que se haga aquello que permite”. Espasas Dairy, Inc. v. J.S.M., 94 D.P.R. 816 (1967), reconsiderado en 96 D.P.R. 816 (1969). Con visión de la trayectoria histórica y propósitos de la Regla 56.3, leída integralmente y en conjun-ción con la totalidad de su texto, opinamos, en síntesis, que no es exigible la prestación de una fianza para garantizar posibles daños para obtener remedios provisionales, cuando la obligación en que se funda la causa de acción del reclamante refleja que es legalmente exigible por surgir de: (a) docu-mentos públicos o privados autenticados, y (b) una sentencia dictada en Puerto Rico.

La idea central que palpita en dicha regla es que la dis-pensa de la fianza es con respecto a sentencias dictadas en Puerto Rico y no originadas en otras jurisdicciones.

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Aclarado lo anterior, optamos por seguir otro rumbo para evaluar la eficacia que tiene en Puerto Rico una sentencia de una corte del Estado de Florida dictada a favor de la deman-dante-recurrida, Blatt & Udell, sociedad no residente, a los fines de obtener un embargo preventivo.

El Art. 426 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

El efecto de un auto judicial registrado, de un Estado de la Unión es el mismo en Puerto Rico que en el Estado en que se hubiere dictado, excepto que en Puerto Rico sólo puede exigirse su cumplimiento mediante una acción o un procedimiento especial. ... (Énfasis nuestro.)

En virtud de este precepto, resulta incuestionable que la referida sentencia posee determinados efectos evidenciarios, análogos a un dictamen del foro judicial puertorriqueño. En este sentido, como documento público judicial, por interacción de los Arts. 421, 422 y 423 del citado Código, 32 L.P.R.A. sees. 1793, 1794 y 1795, dicho fallo, en síntesis, goza de una presunción, aunque debatible, de corrección y cosa juzgada. No obstante, no es auto-ejecutable en nuestra jurisdicción, sino que precisa de una sentencia, previa radicación de una causa, como acción independiente, tramitada conforme el pro-cedimiento civil doméstico vigente.

El que tal sentencia no sea auto-ejecutable es la clave. En consecuencia, consideramos justo y jurídicamente correcta exigirle a Blatt & Udell, como paso anterior al embargo, una fianza bajo la Regla 56.3 de las de Procedimiento Civil.

Finalmente, la doctrina prevaleciente es al efecto de que un embargo ejecutado sin fianza es nulo. Únicamente a base de que la decisión de hoy tiene efectos prospectivos, podemos coincidir con el criterio del Tribunal.

       Derogada por la Regla 72 de las de Procedimiento Civil de 1979. Sobre su vigencia anterior, véanse Vda. de Galindo v. Cano, 108 D.P.R. 277 (1979) y Frigorífico M. H. Ortiz v. Quiles, 101 D.P.R. 676, 683 (1973).

      En el presente caso tampoco se exigió a los demandantes esa fianza mandatoria de la Eegla 69.5.

         Polanco v. Goffinet et al., 26 D.P.R. 323, 328 (1918) —se afirma la ley que libera al solicitante de prestación de fianza; Bonilla v. Santiago, 30 D.P.R. 246, 247-248 (1922) —se exime de fianza ante pagaré notari zado; Fabelo, Tutora, etc. v. Quintana Reyes, 47 D.P.R. 71, 73-74 (1934) —reconoce sentencia de Puerto Rico como documento auténtico exento de fianza; Blanco Fresno & Cía., S. en C. v. Royal Ins. Co., 47 D.P.R. 277, 279-280 (1934) —reitera que “la intención de la legislatura quedó así claramente consignada al efecto de que después de sentencia podía obte-nerse un embargo sin fianza” y se indica que una sentencia es un docu-mento auténtico; Pérez v. The National Surety Co., 63 D.P.R. 501, 506 (1938) —resuelve que el documento auténtico contentivo de que la obliga-ción es exigible se refiere al “título o documento que tenga aparejada eje-cución” en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española tales como “. . . escri-turas notariales, documentos privados reconocidos bajo juramento ante un juez competente o una deuda confesada ante él, letras de cambio bajo cir-cunstancias específicas, obligaciones vencidas pagaderas al portador. . . Boyrié v. Mariño, 58 D.P.R. 285, 288 (1941) —se indica que no se exige prestación de fianza si la obligación consta en documento auténtico o se solicita después de dictada la sentencia; Marty v. Ramírez, 73 D.P.R. 165, 170 (1952) —relevo de fianza si obligación está autenticada y es exigible; Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 426 (1974) —“. . . la Regla 56.3 exige fianza al demandante o evidencia documental demostrativa de la legitimidad de su reclamación ....”; y Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509, 519 (1975) —“. . . en caso de recla-maciones no evidenciadas por documentos públicos o privados debidamente autenticados o por sentencia judicial, exige la prestación de una fianza para garantizar posibles daños y perjuicios ...”.

       Proviene de poder, de raíz latina potere, cuya acepción tradicional usada en los textos legales significa “Tener expeditas la facultad o potencia de hacer una cosa”. Diccionario de la Lengua Española, 19na ed., 1970, pág. 1042.


author: per curiam:

text:
    Ferretería Matos, Inc., Ángel L. Matos Pérez y su esposa, Irma Padró, demandantes y peticionarios, v. Puerto Rico Telephone Co. y Jane Doe Corp., etc., demandados y recurridos.

      Número: O-79-494

      Resuelto: 30 de junio de 1980

      Antonio B. Santiago, abogado de los recurrentes; Migdália Torres Díaz, Pedro A. Quiñones Vélez, José R. Ortiz, Ismael Justinia-no y José M. Rodríguez, abogados de la P.R. Telephone Co.
   per curiam:

Las partes aquí peticionarias instaron de-manda contra Puerto Rico Telephone Co. ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en la que reclamaron $25,000 por alegados daños y perjuicios como consecuencia del corte del servicio telefónico al negocio de ferretería y al hogar de los cónyuges demandantes, no obstante haber pagado por dicho servicio. La Sala de Aibonito, a la que fue trasladado el caso, declaró con lugar la defensa afirmativa promovida por la demandada de que el Reglamento Tarifario promulgado por la Autoridad de Teléfonos, aplicable a la demandada, limita su responsabilidad a la cantidad de $5,000, y que conforme al Art. 10 de la Ley Núm. 25, de 6 de mayo de 1974 (27 L.P.R.A. see. 410), el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) tiene jurisdicción exclusiva en el caso. Los de-mandantes recurrieron ante nos.

Expedímos orden de mostrar causa por la cual no deba-mos revocar dicha determinación. La parte recurrida ha com-parecido, pero no nos convence.

La citada Ley Núm. 25, de 6 de mayo de 1974, creó la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, Art. 4 (27 L.P.R.A. see. 404). En su Art. 5 (27 L.P.R.A. see. 405) autorizó a dicha Autoridad a adquirir por compra las acciones comunes de la Puerto Rico Telephone Company. Por su Art. 7 (27 L.P.R.A. see. 407) autorizó a la Autoridad, en su inciso (b), a “adop-tar, enmendar y derogar reglamentos para regir sus asuntos y sus negocios y para prescribir reglas, reglamentos y normas en conexión con el cumplimiento de sus funciones y deberes”; y en su inciso (m), a “determinar, fijar, imponer, cargar, al-terar y cobrar tarifas razonables...”.

El Art. 10 de la citada Ley, 27 L.P.R.A. see. 410, dispone lo siguiente en su último párrafo:

El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá juris-dicción exclusiva y original para adjudicar toda reclamación de daños y perjuicios hasta la suma de cinco mil (5,000) dólares con motivo de negligencia en la prestación del servicio telefónico a los usuarios de la Autoridad o de cualquiera de sus subsidia-rias. El Tribunal Superior . . . podrá revisar estas decisiones mediante el recurso de apelación.

El Reglamento sobre Prestación de Servicio de Facilida-des de Comunicación, adoptado por la Autoridad de Teléfonos el 26 de septiembre de 1974 para regir a partir del 1 de octu-bre de 1974, dispone en su Capítulo II, See. 102:

En todo caso de reclamación de daños y perjuicios relacio-nados con el servicio telefónico, la responsabilidad de la Com-pañía solo estará limitada a la cantidad de CINCO MIL DO-LARES ($5,000).

Alega la parte demandante aquí peticionaria que esta dis-posición reglamentaria es nula por no estar autorizada por la ley habilitadora de la Autoridad. Argumenta la recurrida que dicha autorización está implícita en el poder de fijar tarifas que a la Autoridad le confiere la Ley en su citado Art. 7, inciso (m).

El Art. 10, en cuyo último párrafo, antes transcrito, se centra la controversia ante nos, es claro. Confiere jurisdicción exclusiva a D.A.C.O. para adjudicar reclamaciones como la que aquí nos ocupa, “hasta la suma de cinco mil (5,000) dólares”. No dice allí que la responsabilidad de la Autoridad y de sus subsidiarias (como lo es la recurrida) está limitada a cinco mil dólares, sino que hasta esa cantidad la jurisdicción exclusiva para entender en la reclamación es de D.A.C.O.

Hemos tratado de hallar en el historial legislativo de la Ley Núm. 25, de 6 de mayo de 1974, que se originó como el P. del S. 737, si la intención legislativa en alguna forma manifestada pugna con la letra clara de la citada disposición, pero nada hemos hallado al respecto. Es harto conocido el principio de hermeneútica, consignado en el Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, de que:

Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.

Uniformemente hemos aplicado este principio. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 401 (1973); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966); López v. Muñoz, Gobernador, 81 D.P.R. 337 (1959); Caguas Bus Line v. Sierra, Comisionado, 73 D.P.R. 743 (1952). En Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101, 107 (1964), señalamos que “[l]a semántica a un lado, la ley es la expresión de un propósito o fin deseado y querido”. Más adelante, dijimos, “El texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa”.

En cuanto al límite de cinco mil dólares establecido por el Reglamento para toda reclamación, no hallamos en la Ley citada autorización para ello. De hecho, la clara disposición del Art. 10, a la que nos hemos referido, nos convence de que el legislador no tuvo la intención de imponer y mucho menos autorizar tal límite. De haberlo querido, lo hubiese expresado sin ambages. Se desprende de dicho artículo la intención de conferir a D.A.C.O. jurisdicción exclusiva en reclamaciones que no excedan de cinco mil dólares. Cuando una reclamación excede de esa cantidad, los tribunales de justicia, de jurisdicción general, pueden conocer de ellas.

El tope o límite de $5,000 dispuesto en el Reglamento Tarifario de la Autoridad podría justificarse a base de reducir con ello las tarifas. Pero la facultad para así hacerlo no la confirió el legislador a la Autoridad. Interpretar lo contrario implicaría una delegación de poder legislativo en una agencia administrativa. En tales casos, la intención de hacer tal delegación debe surgir claramente del estatuto. López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958), pág. 661 y casos allí citados.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia para revocar la resolución recurrida y ordenar la continuación de los procedir mientas ante el tribunal de instancia.


author: PER CURIAM:

text:
    Ana García Viera, demandante y recurrente, v. Ciudad Chevrolet, Inc., General Motors Acceptance Co., demandados y recurridos.

      Número: R-78-167

      Resuelto: 30 de junio de 1980

      Cando, Cuevas & Mayo y Juan Carlos Gorbea, abogados de la parte recurrida; Ralph Vallone, Jr., y Richard A. Lee, abo-gados de la parte recurrente.
   PER CURIAM:

Surge el presente recurso de una acción de rescisión de contrato por vicios ocultos, cuyos hechos perti-nentes, probados ante el tribunal de instancia, son los si-guientes.

La demandante, Ana García Viera, compró a Ciudad Chevrolet, Inc., un automóvil Nova, modelo 1976, por precio de $7,200, cuyo vehículo le fue entregado el 27 de setiembre de 1976. En el mes de octubre siguiente, la demandante acu-dió a la casa vendedora reclamando la reparación de varios defectos, ninguno de ellos de índole mecánica, y éstos fueron corregidos. Al mes siguiente, el vehículo dejó de funcionar de-bido a un desperfecto en la bomba de aceite. Notificada la vendedora de lo sucedido, sustituyó dicha bomba por una nueva y devolvió el vehículo a la demandante el 8 de diciem-bre de 1976. El 15 de enero de 1977 acudió nuevamente la demandante donde la vendedora, advirtiéndole esta vez que el vehículo perdía aceite. La vendedora descubrió entonces que dicha pérdida se debía a la impropia instalación de un peque-ño sello que normalmente impide la salida de aceite, al cam-biarse anteriormente la bomba. Consecuentemente, instaló un sello nuevo y devolvió el vehículo el día 4 de febrero de 1977. La demandante visitó posteriormente a la vendedora en dos ocasiones adicionales porque el vehículo seguía perdiendo aceite, aunque en menor cantidad. Dicha pérdida de aceite nunca impidió el uso del vehículo que, por lo demás, siempre siguió funcionando normalmente.

Así las cosas, la demandante requirió entonces de la ven-dedora la rescisión del contrato de compraventa sobre el ve-hículo en cuestión, alegando que no aceptaba más reparacio-nes. El día 23 de marzo, ante la negativa de la vendedora de acceder a lo requerídole, la demandante instó la presente ac-ción al amparo de los Arts. 1373, 1374 y 1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3841, 3842 y 3843.

Luego de incoada la acción, el día 15 de abril de 1977 y mientras la demandante utilizaba su vehículo, éste se calentó y dejó de funcionar. Un mecánico independiente que lo exa-minó encontró que el radiador estaba roto. Reparado éste (sin intervención alguna de la vendedora) la demandante si-guió utilizando el vehículo, notando, sin embargo, que se calentaba y que, además, le vibraba el motor. Por ello, el 13 de junio siguiente, lo llevó donde otro mecánico, quien en-contró que a causa de la rotura anterior del radiador y como resultado de la alta temperatura que había tenido entonces que soportar, la tapa del bloque del motor se había agrietado. Dicha tapa fue remplazada por otra nueva. (Tampoco se le dio intervención a la vendedora.) Posteriormente, cuando ya el auto tenía 4,500 millas corridas, ese mismo mecánico rem-plazó una pequeña junta de corcho debajo de la tapa del motor para corregir un goteo de aceite. (No se le dio inter-vención a la vendedora.) Asimismo, en otra fecha posterior, a instancias de la demandante, quien insistía que el vehículo había perdido fuerza, dicho mecánico examinó el vehículo, pero no encontró desperfecto alguno. Encontró, por el contra-rio, que estaba en buenas condiciones y que su funciona-miento era eficiente. (No se le dio información a la vende-dora.) Finalmente, en el mes de agosto de 1977, y durante un viaje que realizó la demandante a Maricao en su vehículo, las cuatro llantas radiales de éste reventaron, teniendo la deman-dante que reponerlas a un costo de $125.00.

No obstante todo lo anterior, a la fecha de la vista cele-brada ante el tribunal sentenciador —febrero de 1978— el vehículo había recorrido más de 9,000 millas, y, según la de-terminación del juzgador, había sido “utilizado sin limitación por doña Ana García [la demandante] para su uso personal y diligencias de su casa, precisamente al uso a que estaba destinado”.

A la luz de los hechos anteriormente reseñados, la Sala sentenciadora estimó improcedente la acción redhibitoria in-coada, aunque ordenó a la codemandada Ciudad Chevrolet, Inc., satisfacerle a la demandante la suma de $125.00, o sea, el importe de las llantas que hubo de reponer. De dicha sen-tencia acudió ante nos la demandante señalando como único error la determinación del tribunal de instancia en el sentido de que los defectos que mostró el vehículo en cuestión no cons-tituían vicios redhibitorios. Expedimos resolución para que la vendedora mostrara causa por la que no debía expedirse el auto a los fines de proveer la devolución a la compradora del importe pagado por el vehículo objeto del pleito, condicionado ello a la devolución del vehículo a la vendedora. Compareció la compradora, quedando sometido el caso a nuestra conside-ración. Luego de un detenido estudio de los autos y contrario a lo intimado en la resolución anteriormente dictada, hemos decidido que la sentencia recurrida debe ser confirmada. Veamos.

Como bien apreciara la sala de instancia, el paso inicial en acciones como la presente consiste en determinar si los defectos de que adolece el vehículo objeto del contrato que se pretende rescindir, constituyen o no vicios redhibitorios. Hemos adoptado el criterio de que son vicios redhibitorios o cuantiminosos aquellos defectos que exceden de las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un producto determinado, no siendo necesario que dichos defectos imposibiliten el uso de la cosa vendida, siempre que mermen notablemente su valor. Véanse: Código Civil de Puerto Rico, Arts. 1373 a 1375 (31 L.P.R.A. sees. 3841 a 3843); D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., 105 D.P.R. 80, 84 (1976). Hemos adoptado igualmente el criterio generalmente aceptado por la doctrina de que la apreciación de la importancia del defecto, a los fines de resolver la procedencia de la acción redhibitoria, es esencialmente una cuestión de hecho, justificándose, por lo tanto, nuestra intervención con la discreción del juzgador, sólo en aquellos casos que acusen ausencia de prueba adecuada o comisión de error manifiesto en su apreciación. D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., supra, págs. 84 y 85. En el caso de autos, ante las claras determinaciones de hecho del juzgador, no se justifica nuestra intervención.

A la luz de los hechos probados, no resulta irrazonable la determinación del tribunal de instancia de que los defectos que originalmente manifestara el vehículo no constituyen vicios redhibitorios. Tales desperfectos fueron reparados, y la demandante pudo seguir utilizando normalmente su automóvil. Se demostró que los defectos eran de naturaleza menor, que, como sabemos, una vez reparados, se excluye la acción redhibitoria. Berríos v. Courtesy Motors of P.R., Inc., 91 D.P.R. 441, 447 (1964).

En cuanto al problema del radiador y sus consecuencias, es menester señalar que la parte actora en una acción por yicios ocultos viene obligada a probar la existencia de los vicios en que basa su acción, aunque en aquellos casos en que el funcionamiento inadecuado del vehículo es de tal gravedad que haga la cosa impropia para su uso, y así se establezca, el actor queda relevado de demostrar específicamente cuál o cuáles piezas de su vehículo están defectuosas, puesto que resultaría irrazonable exigir tal prueba adicional del actor, quien usualmente no tiene especial conocimiento de mecánica. Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246, 251-254 (1971). Pero ésa no es la situación en el caso de autos. Salta a la vista que no es irrazonable la conclusión del juzgador al efecto de que el desperfecto del radiador y la consiguiente rotura de la tapa del bloque del motor, en cuya reparación no tuvo la oportunidad de intervenir la vendedora, no obedeció a un vicio oculto del vehículo, por cuanto la prueba a esos efectos resultó poco convincente.

Resta entonces manifestarnos sobre la rotura de las llantas radiales originales del vehículo. En una ocasión anterior, específicamente en Fuentes v. Hull Dobbs Co., 88 D.P.R. 562 (1963), este Tribunal decretó la rescisión de la compraventa de un camión, por haber resultado defectuosas sus llantas. Posteriormente, sin embargo, expresamos dudas en cuanto a la sabiduría de esa decisión. Véase D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., supra, pág. 84. Ya antes, en Courtesy Motors of P.R., Inc., supra, al comentar la denegatoria de un recurso de revisión en el que se negaba la rescisión luego de la sustitución del regulador de voltaje y ajustes en el diferencial de un vehículo, establecimos “que cuando se trata de repara-ciones menores, el comprador está obligado a aceptarlas”. Consideramos que debemos reexaminar nuestra posición, puesto que el defecto de las llantas, por ser de fácil corrección mediante su sustitución, no es factor que afecte el buen fun-cionamiento de un vehículo de motor ni que merme aprecia-blemente el valor del mismo. En este caso, la reposición de las llantas costó $125.00, cuando el costo del automóvil excedía los $7,000. Por consiguiente, el caso de Fuentes v. Hull Dobbs Co., supra, queda expresamente revocado en cuanto sea in-consistente con lo aquí resuelto.

Se expedirá auto de revisión y se confirmará la sentencia recurrida que declaró improcedente la acción redhibitoria.

      Debe advertirse que la compradora hizo caso omiso de las ofertas de ayuda de la vendedora, incluyendo la de proveerle transportación sus-tituía mientras durasen las reparaciones por lo que la vendedora ni si-quiera tuvo oportunidad de hacer buena cualquier garantía referente a un defecto en particular.

       Claro está, sin embargo, que aunque un vicio no sea de naturaleza redhibitoria, la vendedora o el fabricante pueden venir obligados a repa-rarlo por mor del contrato de garantía que se haya otorgado entre las pactes y pueden incurrir en responsabilidad si la reparación es inadecuada y causa perjuicios. Art. 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3018. Véase la Ley Núm. 7, de 24 de setiembre de 1979, 17 Servicio Legislativo de Puerto Rico, 1214 et seq. (1979). Véase también González v. Centex Const. Co., etc., 103 D.P.R. 82, 85-86 (1974).

       Nótese que a la fecha de la vista el vehículo había recorrido, en diecisiete meses de uso, más de nueve mil millas en manos de la deman-dante, un ama de casa que lo utilizaba para las gestiones de su casa y uso personal.

       Nada de lo expuesto, como es natural, milita contra el derecho de un adquirente a invocar la acción redhibitoria en casos en que el automóvil adolece de vicio oculto y redhibitorio que tiene como efecto que se produzca la constante rotura de sus neumáticos. Ferrer v. General Motors Corp., supra.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José A. Laboy, acusado y apelante.

      Número: CR-79-43

      Resuelto: 30 de junio de 1980

      Julio Eduardo Torres, Gregorio Lima y Pedro Baigés Chapel, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernard de González, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Contra José Antonio Laboy Delgado se presentaron acu-saciones por el delito de tentativa de asesinato y por infrac-ción del Art. 8 de la Ley de Armas. Hizo alegación de no culpable. Celebrado el juicio ante jurado, el acusado fue decla-rado culpable y condenado a cumplir una pena de 7 a 10 años de presidio por el delito de tentativa de asesinato y una pena de 3 a 5 años de presidio por la infracción del Art. 8 de la Ley de Armas.

No conforme con las sentencias dictadas, apeló. Señala la comisión de seis errores. Los primeros cinco impugnan el pro-cedimiento utilizado para seleccionar el jurado. El sexto im-pugna la negativa a concederle los beneficios de una sentencia suspendida.

El mismo día en que comenzaba el juicio, el apelante pre-sentó una moción alegando que el panel general de jurados no era representativo de la comunidad. Solicitó la suspensión del juicio y la celebración de una vista. De la negativa del tribunal ante esta solicitud nacen los primeros dos apunta-mientos.

Sostiene que cometió error el tribunal de instancia al desestimar de plano la moción de impugnación del panel de jurados, negándose a recibir prueba en apoyo de lo planteado.

El Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución dispone que “[e]n los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito . . .”. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que seleccionar los miembros del jurado de un grupo representativo de la comunidad es una característica esencial del derecho a juicio por jurado consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En Taylor v. Louisiana, 419 U.S. 522, 530 (1975), expresó: “El propósito de un jurado es precaver contra el ejercicio de poder arbitrario —proporcionar el sentido común de la comunidad como protección frente al fiscal apasionado o errado y en preferencia a la reacción profesional o tal vez demasiado condicionada o prejuiciada de un juez. [Citas.] Este vehículo profiláctico no existe si el cuerpo de jurados se compone únicamente de algunos segmentos especiales de la población o si numerosos grupos característicos quedan excluidos del sorteo para escoger a los jurados. Además, la participación de la comunidad en la administración de la justicia criminal no sólo es consistente con nuestra herencia democrática, sino que es decisiva para la confianza pública en la imparcialidad del sistema de justicia criminal. Limitar el servicio de jurado a solamente algunos grupos especiales o excluir segmentos particulares que desempeñan papeles importantes en la comunidad contraviene el concepto constitucional de un juicio por jurado.”

El derecho a juicio por jurado consagrado en nuestra Constitución también exige que los miembros del jurado sean seleccionados de un grupo de personas que represente adecuadamente a la comunidad. De no ser así, se desvirtuaría el derecho a juicio por jurado.

En United States v. Williams, 421 F.2d 529 (1970), ante unas alegaciones de error iguales a las de este caso, se resolvió que al apelante correspondía establecer un caso prima facie de discrimen en la selección de los jurados, que gene-ralizaciones no apoyadas por prueba específica no son sufi-cientes para establecer un caso prima facie, que el hecho de que un panel general de jurados no sea representativo de la comunidad no es suficiente para establecer que el proceso de selección es discriminatorio y que al derecho a impugnar el panel de jurados se puede renunciar y al mismo se renuncia si no se ejercita adecuadamente.

En su moción el apelante se limita a concluir que el panel general de jurados no representa adecuadamente la comuni-dad. No hay indicio alguno de cómo el apelante llegó a tal con-clusión ni se aportan datos y estadísticas que la apoyen.

El apelante solicita que sean citados a declarar los comi-sionados de jurados que actuaron durante el año 1978, el Ad-ministrador de Tribunales y el Director de la Oficina de Planes de la Administración de Tribunales. No expone en forma alguna qué declararían estas personas de ser citadas.

En nuestro sistema de Derecho se presume que los deberes de un cargo han sido cumplidos con regularidad y que la ley ha sido acatada. Regla 16(15) y (32) de las Reglas de Evidencia de 1979. Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1, 16 (1974). No es suficiente una mera alegación de irregularidad, hecha el mismo día señalado para el comienzo del juicio y carente de fundamentos y hechos que la apoyen, para interrumpir el funcionamiento ordinario de los tribunales y motivar la investigación especial que solicita el apelante.

En su tercer apuntamiento sostiene el apelante que erró el tribunal de instancia al declarar sin lugar la recusación motivada del jurado Vicente Robles González, a pesar de que a la fecha en que comenzó el proceso dicho jurado era mayor de setenta años de edad.

La Regla 96 de las de Procedimiento Criminal establece que para ser elegible para actuar como jurado, una persona deberá “tener cumplidos dieciocho años de edad y no pasar de setenta años”. El jurado Vicente Robles González nació el 22 de enero de 1908. A la fecha en que comenzó el proceso, el 27 de noviembre de 1978, este jurado tenía 70 años, 10 meses y 5 días de edad. La posición del apelante es que una persona “pasa de setenta años” cuando tiene cum-plidos 70 años y un día. El tribunal de instancia entendió que una persona “pasa de setenta años” cuando cumple 71 años. La intención del legislador al establecer un límite máximo de edad para servir de jurado fue garantizar indirec-tamente que los jurados tuvieran la capacidad física y mental necesaria para participar adecuadamente en el juicio. Ha-biendo determinado el tribunal de instancia que Vicente Robles González no estaba senil ni decrépito y que por el con-trario lucía completamente alerta, fuerte y en todas sus fa-cultades tanto físicas como mentales y no habiéndose demos-trado perjuicio alguno al apelante, no procede en esas circuns-tancias revocar la sentencia recaída luego de un largo pro-ceso, por esa sola desviación.

En su cuarto apuntamiento sostiene el apelante que cometió error el tribunal de instancia al denegar la recusa-ción general del jurado por el fundamento de que los procedi-mientos para la selección del jurado se desviaron considera-blemente de las prácticas prescritas en las Reglas de Proce-dimiento Criminal al permitir que jurados llamados desde oc-tubre de 1978 continuaran sirviendo en noviembre, habién-dose celebrado un sorteo de jurados para el mes de noviembre, y al declarar sin lugar la solicitud de recusación motivada de los jurados Restituto Pagán López y Ernesto Morales, sin que éstos hubieran llegado por sorteo al panel de jurados llamado a servir durante el mes de noviembre de 1978.

La Regla 103 de las de Procedimiento Criminal dispone, cuando la situación lo requiera, la comparecencia de aquel número de jurados que sea necesario y que se designarán por sorteo. Añade que ninguna persona será obligada a prestar servicio de jurado por un término mayor de un mes consecuti-vamente. La Regla 104 de las de Procedimiento Criminal dis-pone que se agitará una urna que contenga una tarjeta con el nombre de cada jurado y se sacará de dicha urna el número de tarjetas ordenado por el tribunal.

Los preceptos directivos contenidos en las Reglas de Procedimiento Criminal para la selección de la lista de jurados no contemplan que el término de servicio de un jurado se extiende voluntariamente. Los tribunales de instancia deberán favorecer en todo momento el procedimiento establecido en las citadas reglas. Sin embargo, la inobservancia de dicho procedimiento no da lugar a la revocación a no ser que se demuestre que se hizo aviesamente y con el propósito de perjudicar al acusado, o fraudulentamente. Pueblo v. Beltrán, 73 D.P.R. 509, 514 (1952).

No surge del récord la razón por la cual estos dos jurados continuaron sirviendo en el mes de noviembre. De la exposi-ción narrativa de los trámites relacionados con la selección del jurado no aparece que se le pidiera una explicación al respecto. Otro jurado, recusado por motivos diferentes, mani-festó haberse quedado en el panel de jurados al vencer el tér-mino por no haber estado presente para excusarse.

No habiéndose demostrado que la utilización de jurados que habían extendido su término de servicio voluntariamente tuviera el efecto de discriminar contra o excluir a determinada clase de personas y, por tanto, disminuir la posibilidad de obtener un jurado representativo de la comunidad, no podemos concluir que se ha violado el derecho constitucional del apelante a juicio por jurado. United States v. Kennedy, 548 F.2d 608, 614 (1977).

En su quinto apuntamiento, sostiene que cometió error el tribunal de instancia al denegar la solicitud del apelante para que se le supliera y se le permitiera presentar como prueba la lista de los jurados sorteados que aparecían sirviendo en el mes de noviembre de 1978. Surge de la exposición narrativa de la prueba que el magistrado que presidió la vista “no ob-jetó a que la defensa tuviese u obtuviese las listas de jurados, ya que esto es un documento público que estaba a su disposi-ción”. Siendo ésta la situación, nada le impedía formular las impugnaciones que creyera pertinentes. Plantea asimismo el apelante una cuestión relacionada con el jurado Norberto Conde Escobar. Aparte de que sólo apunta que fue un candi-dato potencial, ya que no formó parte del jurado que juzgó al apelante, lo cierto es que nada relacionado con este incidente fue planteado al tribunal de instancia, ni durante el juicio, ni al radicar la moción de nuevo juicio.

Es claro que el apelante no tiene razón en lo que con-cierne a los otros jurados que alega no aparecían incluidos en la lista general.

En su sexto señalamiento de error sostiene el apelante que cometió error el tribunal de instancia al denegar al apelante los beneficios de una sentencia suspendida. El disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio y no un derecho. Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568, 575 (1971). La ley sobre sentencias suspendidas concede discreción al tribunal sentenciador. Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620, 623 (1974). En el caso de autos no existen circunstancias que nos muevan a intervenir con la discreción del tribunal de instancia. No se cometió el error señalado.

En vista de lo anterior, se confirmará la sentencia ape-lada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José Elias Millán Meléndez, acusado y apelante.

      Número: CR-79-87

      Resuelto: 30 de junio de 1980

      Luis A. Amorós, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el apelante se presentaron acusaciones por los de-litos de asesinato en primer grado, robo y violación. El Minis-terio Fiscal presentó prueba con el propósito de establecer que el apelante, actuando conjuntamente con otros individuos, intervino con Ana Celia Luna Quiles en un caminito que cruza un solar yermo en el Residencial Público Vista Hermosa. Le quitó una sortija que llevaba puesta. Mediante la fuerza sostuvo relaciones sexuales con ella y luego le dio dos golpes en la frente con una piedra, causándole la muerte. La hija de la víctima, que la acompañaba, presenció estos hechos.

La defensa presentó prueba con el propósito de establecer que la condición física del apelante, debido a un accidente automovilístico anterior a los hechos imputados, hacía im-posible su participación en la comisión del delito.

Celebrado el juicio ante jurado el apelante fue declarado culpable y condenado a la pena de reclusión perpetua por el delito de asesinato en primer grado y a una pena de 10 a 15 años de presidio por el delito de violación. El jurado lo absol-vió en el caso de robo.

En su primer señalamiento de error sostiene el apelante que erró el tribunal de instancia al permitir que el Dr. Criado testificara sobre la causa de la muerte de la occisa. Alega el apelante que el protocolo de la autopsia preparado por el Dr. Vallejo no era admisible en evidencia y, por tanto, no podía el Dr. Criado basar su testimonio en el contenido del mismo. Argumenta el apelante que tanto el protocolo de la autopsia como el testimonio del Dr. Criado constituyen prueba de referencia inadmisible y que la admisión de dicha prueba sin la comparecencia personal del Dr. Vallejo viola su derecho a “carearse con los testigos de cargo”, garantizado por la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11.

El Dr. Vallejo comenzó a trabajar en el Instituto de Medi-cina Legal en el año 1974. Ocupó la posición de patólogo forense hasta el mes de septiembre del año 1976. Como conse-cuencia directa de su empleo, el Dr. Vallejo hizo la autopsia y preparó el protocolo de autopsia relacionado con la muerte de Ana Celia Luna Quiles. Por disposición de ley dicho proto-colo de autopsia fue incluido en el archivo que mantiene el Instituto de Medicina Legal de todos los casos investigados. Ley para Establecer el Instituto de Medicina Legal de Puerto Rico, Núm. 206, de 15 de mayo de 1943, Sec. 16 (18 L.P.R.A. see. 711).

El protocolo de autopsia fue ofrecido en evidencia por el Ministerio Fiscal y aceptado por el tribunal. El propósito de ofrecer el protocolo de autopsia fue probar la verdad de lo aseverado en dicho protocolo y, por tanto, constituye prueba de referencia. En Negrón v. Corujo, 67 D.P.R. 398, 401 (1947), expresamos: “Es regla elemental de derecho que de-claraciones de referencia (hearsay) no son admisibles en evi-dencia. Pero las excepciones a esta regla son tan innumera-bles que de ordinario se ha dicho que las excepciones consti-tuyen gran parte de la Ley de Evidencia en sí. La admisión de documentos, expedientes o récords públicos forma una de las excepciones. La razón para ello es que como de ordinario tales documentos o expedientes son preparados por personas que no tienen motivo alguno para suprimir o alterar la ver-dad o para fabricar evidencia, son además preparados en el desempeño de un deber público y casi siempre bajo la san-ción de un juramento oficial, los mismos constituyen una bien establecida excepción a la regla que se opone a que se admita prueba de referencia. La evidencia así admitida es prueba prima facie de aquellos hechos que resultan relevantes o per-tinentes a la cuestión en controversia [Citas omitidas.]”.

El apelante argumenta que el protocolo de la autopsia pre-sentado en evidencia no es un documento público porque la ley que ordena que se lleve un archivo en el Instituto de Medi-cina Legal, no establece que se conservará en el Instituto, debidamente protegido y resguardado contra inspección por personas no autorizadas. Ley Núm. 206, de 15 de mayo de 1943 (18L.P.R.A. see. 711).

El término “documento público” tiene varias acepciones. Ver Wigmore, Evidence, i 1630 (Chadbourn rev. 1974). En ocasiones lo hemos utilizado para referirnos a documentos que están a la disposición de todos; que no son confidenciales. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 276, 283 (1960). En otras ocasiones hemos utilizado el término “documentos públicos” para referirnos a los documentos ofi-ciales preparados por funcionarios públicos en el desempeño de un deber público. Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 614-616 (1964).

El Art. 1170 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3271, esta-blece que “ [s] on documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”. El Art. 49 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1783, señalaba que “[l]os documentos pú-blicos se dividen en cuatro clases: 1. Leyes[;] 2. Protocolos judiciales [;] 3. Otros documentos oficiales [;] 4. Archivos públicos de documentos públicos o privados, llevados en Puerto Rico”.

Por estar comprendido el protocolo de autopsia en la clase de documentos públicos denominada “documentos oficiales”, es admisible y constituye evidencia prima facie de los hechos consignados en él. Atiles Moreau, Admor. v. McClurg, 87 D.P.R. 865, 875 (1963); Negrón v. Corujo, supra.

El protocolo de la autopsia se presenta en evidencia para establecer el hecho de la muerte de la persona agredida. El protocolo admitido en evidencia informa que el cuerpo presentaba “boquetes a nivel de la frente y hematomas en la boca, otras heridas en la cara. Faltaban algunos huesos y otros sobresalían así como también la masa encefálica sobresalía”.

La hija de la víctima declaró que, luego de ser ultrajada su madre, el apelante “cogió una piedra y le dio dos veces a mi mamá en la frente”.

Aparte de lo que antes expresamos en relación con la con-fiabilidad de los datos consignados en el protocolo de la autop-sia por ser un documento público, los mismos están corrobo-rados por lo declarado por un testigo presencial.

Ciertamente no se justificaría revocar la sentencia en el presente caso, donde la prueba establece la culpabilidad del acusado, por el hecho de que no estaba disponible para de-clarar el autor de la autopsia, cuando ésta corrobora la prueba directa presentada en juicio. Además, existe la cir-cunstancia de que el Dr. Criado, al declarar sobre los hallaz-gos que se hicieron constar en el protocolo de la autopsia, es-tuvo sujeto a contrainterrogatorio, reduciendo a un mínimo el perjuicio que podía teóricamente ocasionarse al acusado.

No se cometió el primer error señalado.

En su segundo señalamiento de error sostiene el apelante que la presentación de acusaciones por los delitos de asesinato en primer grado, robo y violación contravienen las disposiciones del Art. 63 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3321. El Art. 63 proscribe la imposición de varios castigos por la comisión de un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales. No prohíbe la acusación, procesamiento y convicción en un mismo juicio por varios delitos que surjan del mismo acto u omisión. Hasta que desfile la prueba no puede determinarse si es aplicable lo dispuesto en el mencionado artículo. People v. Miller, 558 P.2d 552-560 (Cal. 1977).

Si bien en González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 143 (1971), concluimos que “el concepto ‘acto u omisión’ a que se refiere el artículo no debe circunscribirse al sentido literal de la expresión, esto es, no necesariamente es el acto que denota una actuación específica sino que puede ser un curso de conducta con un objetivo y propósito determi-nado”, no toda secuencia de actos cercanos en tiempo da mar-gen a la aplicación del precepto estatutario. A ese efecto se expresa en People v. Beamon, 504 P.2d 905, 914 (Cal. 1973):

... El punto de partida en cualquier aplicación del Artículo 654 es determinar el objetivo y la intención del acusado. Si éste perseguía varios objetivos criminales independientes entre sí y no meramente incidentales, podrá ser castigado por delitos in-dependientes cometidos en la persecución de cada objetivo, aunque los delitos dependan de actos comunes o sean parte de un curso de conducta de otra forma indivisible.

Ver además Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 345 (1977); People v. Miller, supra.

Los hechos probados en el caso de autos evidencian varios actos o cursos de conducta. Los actos del apelante son fácil-mente separables y cada uno tenía un objetivo y propósito determinado diferente. La mera cercanía cronológica de los mismos no tiene el efecto de fundirlos en uno solo para efectos del Art. 63 del Código Penal. No puede advertirse, parafra-seando a Pueblo v. Meléndez Cartagena, en la pág. 348, un estrecho ligamen causal entre cada estadio, de suerte que el rango mayor deba absorber las sanciones correspondientes a los otros. El apelante atacó a la víctima para violarla y superó su resistencia mediante el uso de fuerza y violencia. La agre-sión causante de la muerte ocurrió luego de perpetrada la violación. Son dos actos distintos y separados a los cuales no les es aplicable lo dispuesto en el Art. 63.

En Ex Parte Chapman, 273 P.2d 817 (Cal. 1954), pág. 819, la Corte Suprema de California explica la aplicabilidad del Art. 654 a una situación similar a la que consideramos en este caso:

En People v. Logan (1953), 41 Cal.2d 279, página 290, 260 P.2d 20, el récord revelaba que el acusado se le acercó por detrás a la víctima, la agredió con un bate de béisbol y le arrebató la cartera; este tribunal resolvió que como “el agredir a la víctima con el bate de béisbol y el arrebatarle la cartera constituía una sola transacción indivisible”, el “único acto de emplear la fuerza con el bate de béisbol no podía castigarse como agresión con un arma mortífera y además utilizarse por el Pueblo como la fuerza necesaria para constituir el delito de robo.” En el caso de autos, sin embargo, el apelante perpetró el robo mientras portaba un arma mortífera con la cual amenazó a la víctima y obtuvo de ella una suma de dinero a través de tal intimidación; después de entregar el dinero, la víctima comenzó a correr, Larios [el coacusado] la detuvo y el apelante le dio con el arma. El . . . recurrido sostiene correctamente que en las circunstancias des-critas, el detener a la víctima y darle con el arma constituía un delito separado de agresión con la intención de inferir grave daño corporal. Según argumenta el recurrido, para cometer el delito de robo en primer grado es necesario únicamente que el acusado esté armado con un arma mortífera y que se apropie ilegalmente de los bienes de otro sustrayéndolos de su persona en contra de su voluntad “por medio de la violencia o de la intimida-ción” [citas omitidas]; si después que el robo se logra, el per-petrador agrede a la víctima con el arma, éste es culpable de un delito separado de agresión por medio de fuerza capaz de pro-ducir grave daño corporal.

Ver además: People v. Massie, 428 P.2d 869 (Cal. 1967); People v. Williamson, 153 Cal. Rptr. 48-53 (4th Dist. 1st Div. 1979).

No se cometió el segundo error señalado.

En su tercer señalamiento de error sostiene el apelante que el testimonio de la testigo Luz Minerva Guadalupe era inadmisible. A la fecha del juicio los requisitos para ser tes-tigo los establecían los Arts. 400 y 401 de la Ley de Eviden-cia, 32 L.P.R.A. sees. 1732 y 1733.

El Art. 400 establece como regla general que son aptas para ser testigos todas las personas que, hallándose en pose-sión de sus sentidos, puedan percibir y, percibiendo, comuni-car sus percepciones a otras personas. El Art. 401 establece que no podrán ser testigos las personas que no estuvieren en su juicio cabal al presentarse a examen y los menores de 10 años que parecieren incapaces de recibir impresiones exactas de los hechos respecto de los cuales fueren examinados ni re-latarlos con exactitud.

En el caso de autos la testigo era mayor de 10 años y es-taba en su juicio cabal. Argumenta el apelante que la decla-ración de la testigo está llena de absurdos, contradicciones, inconsistencias y contestaciones que afectan su veracidad.

El Ministerio Fiscal llamó a Luz Minerva Guadalupe como su primer testigo. La defensa no formuló objeción alguna y su testimonio fue admitido en evidencia. Después de finalizar el fiscal su primer informe, presentó la defensa su objeción. Como regla general, toda prueba ofrecida en evidencia que no sea objetada oportunamente es admisible. Pueblo v. Oquendo, 83 D.P.R. 234, 241 (1961). Al tribunal de instancia corresponde determinar si una prueba es admisible como cuestión de derecho. Ver Pueblo v. Claudio, 93 D.P.R. 133, 138 (1966). En el caso de autos, actuó correctamente el tribunal de instancia al admitir el testimonio de Luz Minerva Guadalupe.

El planteamiento del apelante representa un ataque a la credibilidad del testimonio de Luz Minerva Guadalupe, cuestión que se sometió correctamente al jurado para su dilu-cidación. Pueblo v. Alvarez, 105 D.P.R. 475, 478 (1976). En ausencia de pasión, prejuicio o error manifiesto no interven-dremos con su apreciación de la prueba. Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 882 (1976).

En su cuarto señalamiento de error sostiene el apelante que la exoneración de su alegado cómplice en el Tribunal Tu-telar de Menores es base suficiente para la aplicación de la doctrina de impedimento colateral y, por consiguiente, su absolución en el caso de autos. No tiene razón.

En Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140, 143 (1977), expusimos lo siguiente relativo a la doctrina de impedimento colateral:

El ordenamiento penal vigente reconoce en nuestra juris-dicción la doctrina de impedimento colateral por sentencia. En síntesis, la misma recoge la norma de que una sentencia resulta concluyente entre las mismas partes si versa y conlleva la reliti-gación en un caso posterior de las cuestiones de hechos esenciales, adjudicadas y determinadas previamente en tal sentencia; Pueblo v. Pagán Pagán, 100 D.P.R. 532 (1972); Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971). Se acepta que ello impide la ventilación de un segundo proceso y es motivo de desestimación, aun cuando se trate de un delito distinto, si dentro de la adjudicación del caso anterior, clara y directamente, se dilucidaron y resolvieron hechos necesariamente decisivos para el segundo. Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 559-560 (1945). (Énfasis suplido.)

Sin entrar a considerar si las decisiones del Tribunal Tutelar de Menores son base suficiente para la aplicación de la doctrina de impedimento colateral, en el caso de autos es suficiente señalar que en el Tribunal Tutelar de Menores no se dilucidaron ni resolvieron, clara y directamente, hechos necesariamente decisivos en el caso de autos. En el referido procedimiento se concluyó únicamente, según surge de los documentos presentados por el apelante, que el menor no estaba vinculado a la comisión de los hechos.

En su quinto señalamiento de error sostiene el apelante que era inadmisible en evidencia el informe de toxico-logia preparado en el Laboratorio del Instituto de Medicina Legal, por no haber declarado el Dr. Vallejo sobre las mues-tras que entregó al laboratorio para la preparación del refe-rido informe. El químico del Instituto de Medicina Legal tes-tificó que recibió de manos del Dr. Vallejo dos muestras mar-cadas 1575-ML-76 y 1575-M1-76, números correspondientes a la autopsia de la occisa Ana Celia Luna Quiles. El Ministe-rio Fiscal no estableció la cadena de prueba mediante el testi-monio de cada persona que intervino con las muestras. No lo hizo, porque el Dr. Vallejo no estaba disponible. Pero el testi-monio del Dr. Vallejo no era indispensable y la cadena de prueba quedó establecida por el confiable sistema de identifica-ción utilizado regularmente en el Instituto de Medicina Legal. Cf. Pueblo v. Villalongo Torres, 102 D.P.R. 574, 580 (1974).

En su sexto señalamiento de error sostiene el apelante que, siendo inconsistentes los veredictos rendidos por el jurado, procede revocar la sentencia dictada por el tribunal de instancia. Fundamenta su argumento en las expresiones hechas por este Tribunal en Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971). No tiene razón el apelante. El jurado en el caso de autos podía concluir que el apelante no era culpable del delito de robo, sin hacer necesariamente una determinación de hecho incompatible con la culpabilidad del apelante por los delitos de violación y asesinato en primer grado. Ver Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 288 (1974); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 884 (1976).

En su séptimo señalamiento de error sostiene el apelante que el tribunal de instancia dio al jurado unas instrucciones deficientes e incompletas respecto a la defensa de coartada.

El apelante no avisó al tribunal de instancia con notificación al fiscal su intención de establecer la defensa de coartada. Regla 74 de las de Procedimiento Criminal. Por tanto, el Ministerio Fiscal podía objetar la presentación de evidencia sobre una posible coartada y el tribunal de instancia no venía obligado a dar instrucciones al jurado sobre la misma.

“La defensa de coartada consiste esencialmente en la alegación del hecho de que el acusado no se encontraba en el lugar del crimen en la fecha y hora que se supone se cometió.” Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133, 138 (1973). La defensa presentó como su único testigo a Delia Iris Meléndez Sierra, madre del apelante. En relación con una posible coartada ésta declaró que vivía en el Caserío Vista Hermosa. Que el día 20 de mayo de 1976 su hijo, el apelante, se acostó a dormir aproximadamente a las ocho de la noche. Ella se acostó a dormir a las doce de la noche y su hijo aún dormía. El día 21 de mayo de 1976 la Policía fue a buscar al apelante como a las seis y media de la mañana. Los hechos ocurrieron cerca de su casa.

El testimonio de la madre del apelante no es incompatible con la presencia del acusado en el lugar del crimen en la fecha y hora que se supone se cometió. A las dos de la mañana del día 21 de mayo de 1976, la testigo estaba dormida y no tiene conocimiento personal sobre las actividades del apelante. En vista de la cercanía entre el lugar de los hechos y la casa de la testigo, se requiere mayor precisión en cuanto a la hora para concluir que se ha presentado prueba sobre una coar-tada.

Aun si consideramos el testimonio de la madre del ape-lante como prueba de coartada no objetada por el Ministerio Fiscal, la misma fue tan débil que el error del tribunal de ins-tancia al no instruir al jurado sobre la defensa de coartada en nada perjudicó al apelante.

En vista de lo anterior, se confirman las sentencias ape-ladas.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en la opinión, excepto en los fundamentos de decisión del segundo señala-miento de error sobre concurso de delitos, que considera con-trarios a Simpson v. United States, 435 U.S. 6 (1978) y Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932), asunto sobre el cual no hay criterio mayoritario de este Tribunal. Véase Pueblo v. Báez Cartagena, 108 D.P.R. 381 (1979).

       El juicio en el presente caso se celebró antes de entrar en vigor las Reglas de Evidencia.

       El Art. 63 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3321, dispone:
      “Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en ningún caso bajo más de una.
      “La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera délas demás.” (Énfasis suplido.)

       § 1732. Requisitos para ser testigo

      “Todas las personas, sin excepción fuera de lo especificado en las dos secciones siguientes, que hallándose en posesión de sus sentidos, pueden percibir y, percibiendo, comunicar sus percepciones a otras personas, son aptas para testigos. Así, pues, ninguna de las partes, ni otras personas, interesadas en el resultado de la acción o procedimiento, serán excluidas; ni las que hubieren sido convictas de delito grave; como tampoco se ex-cluirá a persona alguna por razón de sus opiniones en lo referente a creen-cias religiosas; si bien en cada caso, la credibilidad de los testigos podrá ponerse en duda, conforme lo dispuesto en la see. 1664 de este título.”
      “§ 1733. Personas que no podrán ser testigos

      “No podrán ser testigos las siguientes personas:
      “1. Las que no estuvieren en su juicio cabal al presentarse a examen.
      “2. Los niños menores de diez años que parecieren incapaces de reci-bir impresiones exactas de los hechos respecto de los cuales fueren exami-nados ni relatarlos con exactitud.”


text:
    José A. Rodríguez Rivera y Elizabeth Benítez de Rodríguez, demandantes y recurridos, v. Autoridad de Carreteras, General Accident Fire & Life Insurance Corp., Ltd., demandados y recurrentes.

      Número: R-80-89

      Resuelto: 30 de junio de 1980

      Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago & Pérez y Francisco G. Bruno Rovira, abogados de los recurrentes; la parte recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Al resolver la moción de reconsideración radicada por la parte aquí recurrente, el tribunal de instancia, no obstante consignar que declaraba la moción sin lugar de plano, pasó a formular unos conceptos en apoyo de su resolución. Se nos plantea si ese proceder y dictamen interrumpieron o no el término para solicitar revisión.

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 1979, en relación con el derecho de las partes a solicitar la reconsidera-ción de una resolución, orden o sentencia, dispone:

La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia podrá, dentro del término de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden o desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia. El tribunal dentro de los diez (10) días de haberse presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la rechazare de plano, el término para apelar o solicitar revi-sión se considerará como que nunca fue interrumpido. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para apelar o solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la mo-ción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido re-chazada de plano.

Cuando el término para recurrir de una sentencia fuere in-terrumpido en virtud de esta regla, la interrupción beneficiará a cualquier otra parte que se hallare en el pleito. (Énfasis su-plido.)

El texto vigente corresponde sustancialmente con el anterior, pero contiene unos cambios que producen una concordancia mayor entre el precepto de la regla y la prác-tica que prevalecía en cuanto al curso normal de una moción de reconsideración. A tales efectos, notamos que, al igual que en su versión anterior, la Regla 47 vigente establece que el término para apelar o solicitar revisión se considerará como que nunca fue interrumpido en aquellos casos donde el tribunal la rechaza de plano o deja de tomar alguna acción con relación a la misma dentro de los 10 días (5 en la versión anterior) de haber sido presentada. Sin embargo, expresa-mente dispone la interrupción del término para apelar o so-licitar revisión, siempre que el tribunal tome alguna deter-minación al considerarla.

Procede, pues, definir qué contempla el acto judicial de tomar “alguna determinación al considerar la moción”. Es evidente, por disponerlo así la propia regla, que si el tribunal la rechaza con un mero no ha lugar, sin oír a las partes, se considera que la moción fue rechazada de plano. Ahora bien, si señala una vista para oír a las partes, o se dirige a la parte adversa para que exponga su posición por escrito, o fundamenta su resolución declarando sin lugar la moción, se tendrá por interrumpido el término para apelar o solicitar revisión. Sin que pretendamos agotar la lista, éstas son propiamente -actuaciones o determinaciones demostrativas de que el tribunal ha acogido la moción de reconsideración.

En vista de lo anterior, es evidente que el término para apelar o solicitar revisión quedó interrumpido por la deter-minación del tribunal de instancia. Se dejará sin efecto nues-tra Resolución de 20 de marzo de 1980 que declara no ha lugar por falta de jurisdicción la solicitud de revisión.

       A continuación, el texto de la resolución denegatoria de la moción de reconsideración:
      “Analizada y estudiada la Moción de Reconsideración presentada por la parte demandada el 11 de febrero pasado, el Tribunal la declara no ha lugar de plano. No obstante deseamos hacer unas expresiones sobre ella.
      “Ante lo planteado en dicha Moción hemos estudiado y analizado nue-vamente nuestra Sentencia dictada el 31 de enero de 1980 y alguna juris-prudencia aplicable de nuestro Tribunal Supremo y de otros tribunales. Estamos convencidos de que la valoración de los daños habidos es la que en nuestro criterio judicial es más justa y razonable. En nada visualizamos ni contemplamos que la fijación de daños haya implicado un castigo ni daños punitivos para nadie.
      “Como juzgador nos preocupa la disparidad que pueda haber en valorar daños similares en distintos casos y el efecto que ello tiene en nuestra sociedad, principalmente en la imagen y opinión que pueda proyec-tarse de nuestros tribunales. En primer lugar, debemos estar conscientes de que no debe haber distintos estándares al valorar daños, dependiendo de los litigantes o del tribunal en que se ventile el caso. Recientemente en este aspecto se expresó un distinguido magistrado, Juez Presidente del Tribunal de Distrito Federal, Hon. José Víctor Toledo, q.e.p.d., en el mensaje que envió a la Asamblea Anual de la Judicatura Puertorriqueña el 26 de enero de 1980. En segundo lugar, el valorar daños debe responder a las circuns-tancias relevantes de cada caso en particular teniendo presente el juzgador en su cómputo la inflación ocurrida en los últimos años que ha mermado marcadamente el poder adquisitivo del dinero. De acuerdo al índice de precios que usa la Junta de Planificación los precios al consumidor aumen-taron en un 271% entre 1950 y el 1978. (Jenaro Baquero, Aspectos Económicos en la Compensación por Daños, 40, No. 4 Rev. C. Abo. P.R. 641 (1979).) Esta situación persiste, por lo que al presente ello ha aumentado más.
      “Incumbe a los tribunales mantener una justa perspectiva que resulte en valorar los daños de acuerdo al momento en que se vive, respondiendo así al único propósito que puede animarle, que es hacer justicia a todos por igual.
      “En cuanto al Memorando de Costas y Gastos presentado el 12 de febrero de 1980 se entenderá aprobado de la parte demandada no someter objeción alguna dentro del término dispuesto en la Regla 44.1(b) de las de Procedimiento Civil nuestro.”

       Disponía así dicha regla:
      “La parte agraviada por la sentencia o por una resolución podrá, dentro del término de 15 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, o dentro del término de 5 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, presentar una moción de reconsideración de la sen-tencia o de la resolución. El tribunal, dentro de los 5 días de haberse pre-sentado dicha moción, deberá rechazarla de plano o señalar vista para oír a las partes. Si la rechazare de plano, el término para apelar se conside-rará como que nunca fue interrumpido. Si señalare vista pan-a oír a las pan-tes, el término para apelar empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los 5 días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido recha-zada de plano.” (Énfasis suplido.)