author: PER curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Sánchez Torres, acusado y apelante.

      Número: CR-73-137

      Resuelto: 17 de septiembre de 1974

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del apelante.
   PER curiam :

Mediante el recurso ante nuestra considera-ción se apela de una sentencia de reclusión perpetua por el delito de asesinato en primer grado, de otra de dos a cinco años de presidio por portar un arma de fuego y de otra de un año de cárcel por posesión ilegal del arma, cargos basados en. hechos ocurridos simultáneamente, parte de un mismo suceso. El Procurador General nos pide que desestimemos el recurso por falta de jurisdicción. Las sentencias fueron dictadas el 10 de marzo de 1971. El escrito de apelación se presentó el 21 de noviembre de 1973, luego de que el tribunal sentenciador cele-brara una vista y proveyera accediendo a una moción del acusado solicitando la “reinstalación” de la apelación. La moción se había presentado el 27 de agosto de 1973.

Parece haber influido en la decisión del tribunal de instancia el hecho de que luego de la alocución y antes de pronunciarse sentencia el acusado expresó: “Yo lo que quiero que por lo menos se haga una apelación.” A esto el juez contestó: “Usted tiene derecho a apelar y esto será una gestión que hará su abogado en representación suya.” Este incidente, no pudo tener el alcance de sustituir el requisito de la Regla 194 de Procedimiento Criminal de que la apelación se formalice “presentando un escrito de apelación en la secretaría de la sala del tribunal que dictó la sentencia, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada.”

Este no es el caso que contempla la Regla 166 de Procedi-miento Criminal de un acusado que comparece a oír la senten-cia sin estar representado por abogado. Dice dicha Regla: “. . . Si el acusado no estuviere representado por abogado el tribunal le informará de su derecho a apelar y, a solicitud del acusado, el secretario preparará y presentará un escrito de apelación cumpliendo con los requisitos que exigen estas reglas.”

No puede cobijarse tampoco este caso bajo el palio de la Regla 12.2 de las de Administración del Tribunal de Primera Instancia. El apelante estaba representado por abogado de su propia selección y el Juez sentenciador hizo lo correcto al señalarle que la apelación sería una gestión “que hará su ahogado en representación suya.” Con ello, de ser el deseo del acusado apelar, quedó responsabilizado su abogado para hacer los trámites necesarios para ello. No podemos estirar la inter-pretación de esta Regla para eximir al abogado de su respon-sabilidad ni para dispensar lo requerido por la Regla 194 de Procedimiento Criminal.

No se puede reinstalar lo que no ha sido previamente instalado. El tribunal sentenciador carecía de autoridad para decretar la llamada “reinstalación” de una apelación que nunca se formalizó. Por esa misma razón carecemos nosotros de jurisdicción para considerarla.

Lo dicho bastaría para disponer de este recurso. No obs-tante, conviene señalar que hemos considerado los plantea-mientos que se hacen en el alegato del apelante y concluimos que son inmeritorios. Yeámoslos sucintamente.

Las causas por asesinato y portación de un arma de fuego se ventilaron ante un jurado. El juez entendió en la acusación por posesión ilegal del arma por tratarse de un delito menos grave. El fallo condenatorio del jurado fue unánime en cuanto a la portación del arma. El veredicto de culpabilidad por asesinato se produjo por mayoría de once a uno. Alega el apelante que por no ser unánime, es nulo. Hemos resuelto lo contrario en repetidas ocasiones. Véanse: Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974); Pueblo v. Concepción Díaz, 101 D.P.R. 279 (1973); Pueblo v. París Medina, 101 D.P.R. 253 (1973); Pueblo v. Batista Maldonado, 100 D.P.R. 936, 937 (1972); Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768, 778 y 779 (1971); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 900 (1969) y Fournier v. González, 80 D.P.R. 262, 264 (1958).

Argumenta el apelante que erró el juez sentenciador al no instruir al jurado que podía absolverle aunque fuera culpable de acuerdo con la prueba; al instruirle que no tenía derecho a prescindir de la prueba admitida ni a desechar arbitrariamente la declaración de un testigo; y, al instruir al jurado sobre lo que constituye duda razonable. El apelante no hizo objeción a las instrucciones ni solicitó instrucciones especiales o adicionales durante la celebración del juicio. Por el contrario, su abogado expresó al terminar el juez de impartir sus instrucciones que no tenía objeción alguna que formular y comentó, “Ha sido todo perfecto.” La Regla 137 de Procedimiento Criminal, al referirse a las instrucciones al jurado, dice: “. . . Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquiera porción de las instrucciones u omisión en las mis-mas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare ins-trucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud. . . Véanse además Pueblo v. Báez Cintrón, supra; Pueblo v. Torres Rolón, 99 D.P.R. 970 (1971); Pueblo v. De León Claudio, 99 D.P.R. 266 (1970); Pueblo v. Álvarez de Jesús, 99 D.P.R. 124 (1970); Pueblo v. García, 98 D.P.R. 855 (1970); Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969). Además, hemos examinado las instrucciones imparti-das y se ajustan a derecho.

Carece igualmente de méritos el planteamiento de que son nulos los veredictos porque las instrucciones dadas al jurado “no han sido aprobadas por la Legislatura de Puerto Rico de acuerdo con el Art. V, Sec. 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

Las Reglas de Procedimiento Criminal fueron adoptadas por este Tribunal y oportunamente remitidas a la Asamblea Legislativa para su consideración. El procedimiento se ajustó al Art. V, Sec. 6 de la Constitución, que dice:

“El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menos-caben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desapro-bación por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.”

La Asamblea Legislativa no solamente no desaprobó las Reglas, como lo había hecho en 1960, 1961 y 1962, sino que también las enmendó en la misma sesión en que quedaron aprobadas. Véase la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963.

La Regla 137 es explícita sobre la forma de instruir al jurado. No puede pretenderse que las instrucciones en tengan que ser aprobadas. Los tribunales tienen la facultad inherente de proveer procedimientos y complementar los ya establecidos y llenar vacíos procesales, siempre que no contravengan lo dispuesto por estatuto. Véase González v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585 (1953).

Se dictará sentencia desestimando el recurso.

El Juez Asociado Señor Dávila, concurre con el resultado. Entiende el Juez Asociado Señor Dávila que lo expresado por el apelante luego de la alocución y antes de pronunciarse sen-tencia equivale a haber apelado conforme a la Regla 12.2 de Administración del Tribunal de Primera Instancia. No obs-tante, opina que debe confirmarse la sentencia por considerar inmeritorios los errores alegados por el apelante.

         “Regla 12.2. Asistencia de abogado en el Tribunal Superior para el perfeccionamiento de la apelación.
      (a) Cuando un acusado fuere representado durante el juicio ante el Tribunal Superior por un abogado de la Sociedad para Asistencia Legal y, convicto que fuere, apelare de la sentencia para ante el Tribunal Supremo, será deber del abogado que firme el escrito de apelación o del abogado que para ello designe la Sociedad para Asistencia Legal asistir a dicho apelante en el trámite apelativo hasta perfeccionar el recurso, a menos que para la tramitación del recurso de apelación el apelante obtuviere los servicios de un abogado de su propia selección y se consigne este hecho en el récord.
      Si el escrito de apelación fuere firmado por el acusado por su propio derecho y no por el abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, será deber del Secretario del tribunal sentenciador informar prontamente ese hecho al juez, y éste asegurará la representación legal del apelante durante la tramitación del recurso de apelación, ya sea nombrándole un abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, si el apelante fuere insolvente, o inclu-yendo en el récord el nombre del abogado seleccionado por el apelante y comprobando que dicho abogado asistirá al apelante en el recurso de apela-ción.
      (b) Si el acusado fuere representado en el juicio por un abogado de su selección y, convicto que fuere, apelare de la sentencia por medio de su abogado, será deber de éste asistirle en el trámite apelativo hasta perfec-cionar el recurso. En caso de que medie una renuncia de representación apro-bada por el tribunal sentenciador, el juez tomará las medidas pertinentes para asegurarle representación legal al apelante a los fines del perfecciona-miento del recurso, ya sea nombrándole un abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, si el apelante fuere insolvente, o incluyendo en el récord el nombre del abogado seleccionado por el apelante y comprobando que dicho abogado asistirá al apelante en el recurso de apelación.
      Si habiendo sido representado en el juicio por un abogado de su selec-ción, el acusado sentenciado apelare por derecho propio, será deber del secretario dar prontamente cuenta de ese hecho al juez y éste asegurará la representación legal del apelante durante la tramitación del recurso de apelación, ya sea nombrándole un abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, si el apelante fuere insolvente, o incluyendo en el récord el nombre del abogado seleccionado por el apelante y comprobando que dicho abogado asistirá al apelante en el recurso de apelación.”

       Para el historial sobre aprobación de las Reglas de Procedi-miento Criminal véase la anotación al calce de la Regla 1, 34 L.P.R.A. Ap. II.

       La Regla 1S7 dispone:
      “Terminados los informes, el tribunal deberá instruir al jurado ha-ciendo un resumen de la evidencia y exponiendo todas las cuestiones de derecho necesarias para la información del jurado. Por estipulación de las partes, hecha inmediatamente antes de empezar las instrucciones y apro-bada por el tribunal, se podrá omitir hacer el resumen de la evidencia. Todas las instrucciones serán verbales a menos que las partes consintieren otra cosa. Cualquiera de las partes podrá presentar al tribunal una petición escrita de que se den determinadas instrucciones, al terminar el desfile de la prueba, o anteriormente si el tribunal razonablemente así lo ordena. Deberá servirse copia de dicha petición a la parte contraria. El tribunal podrá aceptar o rechazar cualquiera o todas dichas peticiones, anotando debidamente su decisión en cada una, e informará a las partes de su decisión antes de que éstas informen al jurado. Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquiera porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare instruc-ciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo, claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud. Se le proveerá oportunidad para formular éstas fuera de la presencia del jurado. El tribunal procederá entonces a. resolver la cuestión, haciendo constar su resolución en el expediente o trasmitiendo cualquier instrucción adicional que estimare pertinente. Al terminar las instrucciones el tribunal nombrará al presidente del jurado y ordenará que el jurado se retire a deliberar. En' sus deliberaciones y veredicto el jurado vendrá obligado a aceptar y aplicar la ley según la exponga el tribunal en sus instrucciones.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Felipe Hernández García, acusado y apelante.

      Número: CR-73-30

      Resuelto: 17 de septiembre de 1974

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vilá, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La existencia y dimensión del deber del fiscal de descubrir prueba favorable al acusado ha sido objeto de frecuente examen por diversos tribunales y comentaristas. El problema se plantea de lleno en el caso presente.

Al acusado se le formuló acusación por tres infracciones a la Ley de Drogas de 1959, 24 L.P.R.A. sec. 974z, consisten-tes en la posesión, transportación y venta de marihuana. La prueba de cargo consistió del testimonio del señor Luis Grau-lau, agente para entonces de la División de Drogas y Narcó-ticos de la Policía, y del químico que identificó la droga. Grau-lau testificó, en resumen, que presenció la venta por el acusado a un tercero de un cigarrillo de marihuana. El agente les avisó entonces a unos compañeros de ronda que le aguardaban en otra calle, procediendo entre todos a arrestar al apelante, a quien le ocuparon treinta y dos cigarrillos de marihuana. El jurado rindió veredicto de culpabilidad y se le condenó a cumplir sentencias concurrentes de seis a nueve años de pre-sidio.

La vista del caso ocurrió el 10 de mayo de 1972. Catorce días más tarde, antes de pronunciarse sentencia, la defensa radicó una moción de nuevo juicio en que alegó básicamente que, sin conocer los hechos aducidos, para el día del juicio se realizaba una investigación sobre conducta impropia y des-honesta de Graulau, Pablo N. Padilla, Ulises Martínez y un cuarto agente desconocido por la defensa; que como resultado de dicha investigación se radicaron cargos por hurto mayor contra Padilla y por recibo de bienes robados contra los demás agentes, incluyendo a Graulau; que a Graulau se le exigió su renuncia de la División de Drogas y Narcóticos y que no se le procesó por acceder a declarar sobre los hechos investigados como testigo de cargo.

Como parte de su moción la defensa solicitó copia de las declaraciones juradas alegadamente prestadas por Graulau en la mencionada investigación. En la vista de la moción la defensa desistió de su solicitud de que se le entregasen las referidas declaraciones. El tribunal denegó finalmente la mo-ción y procedió días más tarde a dictar sentencia.

Procede luego el acusado a solicitar fianza en apelación en la que alega, para sustanciar el recurso, fuera de repetir ale-gaciones de su moción de nuevo juicio, que innumerables acu-saciones por infracción a la Ley de Drogas se archivaron por el ministerio público por razón del resultado de la investiga-ción contra Graulau y sus compañeros. Se acompañó prueba al efecto y, en la vista de la moción, la defensa insertó en autos una declaración de Graulau, jurada tres días antes del juicio en la causa del epígrafe, en que el testigo afirmaba que, a instancias de Padilla, allanaron una morada, se apoderaron para su propio uso de una suma de dinero perteneciente a un vendedor de drogas y luego acordaron cometer perjurio si surgía alguna querella sobre el allanamiento.

En Mooney v. Holohan, 294 U.S. 103, reh. den. 294 U.S. 732 (1935) y en Pyle v. Kansas, 317 U.S. 213 (1942) se condenó el uso consciente de testimonio perjuro por el fiscal. Desde estos casos, sin embargo, el análisis de este género de problemas ha experimentado extraordinaria evolución. En Napue v. Illinois, 360 U.S. 264 (1964), se sienta la norma de que la obtención de un veredicto maculado por testimonio de dicha naturaleza viola el debido proceso de ley.

Más tarde, en Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) se expande aún más la regla, resolviéndose que la supresión de evidencia solicitada por la defensa y relevante a la inocen-cia o castigo del acusado viola el debido proceso de ley. En Giglio v. United States, 405 U.S. 150 (1972), ya se expre-sa con toda claridad que no es la intención del fiscal lo que cuenta para determinar si se ha ofendido el debido proceso de ley, sino la posibilidad de daño al acusado. Giglio es de especial interés para el estudio del caso presente pues la evidencia descubierta por el acusado fue que, con el desconocimiento del fiscal que desfiló la prueba de cargo, se le había ofrecido in-munidad por otro miembro del ministerio público a un cóm-plice del acusado que declaró contra éste.

En Giles v. Maryland, 386 U.S. 66 (1967), en opinión concurrente, el Juez Fortas expresó su opinión, no adoptada hasta ahora por una mayoría del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de que existe un deber afirmativo del fiscal de descubrir toda evidencia que no sea “meramente repeti-tiva ... o sin importancia para la defensa” en la prepara-ción del caso. El criterio más generalizado hasta hoy en la jurisprudencia es que la evidencia suprimida debe ser rele-vante a la inocencia del acusado o a la sanción que se le im-ponga. Comments, Materiality and Defense Requests: Aids in Defining the Prosecutor’s Duty of Disclosure, 59 Iowa L. Rev. 432 (1973).

Varios tribunales se han inclinado recientemente, no obs-tante, hacia el criterio de la necesidad de un descubrimiento total. United States v. Hibler, 463 F.2d 455 (9th Cir. 1972); Shuler v. Wainwright, 341 F.Supp. 1061, 1072 (M.D. Fla. 1972). En Vermont, el Canadá e Inglaterra priva la regla de total acceso al sumario fiscal y diversos comentaristas favo-recen al menos una expansión sustancial del ámbito de descu-brimiento usualmente permitido. Bass, V.: Brady v. Maryland and the Prosecutor’s Duty to Disclosure, 40 U. Chi. L. Rev. 112 (1972); Traynor, Ground Lost and Found in Criminal Discovery, 39 N.Y.U. L. Rev. 228 (1964).

Debe señalarse también que la necesidad de que la defensa solicite la evidencia en cuestión no se estima ya siempre, como en tiempos de Brady, un requisito cuya omisión libera indefectiblemente al fiscal de poner a la disposición del acusado prueba relevante a su defensa. Davis v. Heyd, 479 F.2d 446 (5th Cir. 1973).

Los principios señalados hallan amplio apoyo en estudios prestigiosos sobre el tema. ABA Project on Minimum Standards for Criminal Justice, Standards Relating to Discovery and Procedure before Trial (Approved Draft, 1970), sec. 2.1d; ABA Project on the Standards for Criminal Justice, Standards Relating to the Prosecution Function and Defense Function (Approved Draft, 1971), sec. 3.11. En la norma 4.9, National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Report on Courts, Washington, 1973, pág. 89, se expresa que . . . “El fiscal debe . . . descubrir cualquier evidencia o información que pueda considerarse razonablemente como valiosa a la defensa, aunque tal descubrimiento no sea de otro modo requerido.” Las razones que han impulsado la adopción de estas pautas constituyen precisamente la base de la decisión de este Tribunal en Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974).

No es necesario en este caso, no obstante, adentrarnos en la división de criterios evidente en Giles y otros fallos y es-critos sobre el alcance preciso del debido proceso de ley en este campo. Tampoco es imprescindible encarar muchas de las difi-cultades que suscita la definición de lo que constituye la prueba “relevante” a descubrirse, United States v. Keogh, 391 F.2d 138 (2d Cir. 1968), ni aun pronunciarnos sobre la nece-sidad o el rol de un requerimiento por la defensa. La causa presente es resolvible bajo principios claramente sentados, sin tener que pasar juicio sobre las posiciones más avanzadas o extremas sobre las fronteras del debido proceso de ley res-pecto al descubrimiento de prueba por el fiscal.

Vimos aquí que se alegó por la defensa que se le concedió inmunidad al único testigo de cargo que presenció los hechos; que se le exigió su renuncia de la División de Drogas y Narcóticos; que para la fecha del juicio dicho testigo estrella estaba bajo investigación de la Policía; que el testigo nó albergaba grandes escrúpulos respecto al delito de perjurio, según se desprende del acuerdo que celebró con sus cómplices en la investigación del caso en su contra; y que el ministerio público solicitó el archivo de un número de causas en que el agente en cuestión era testigo de cargo. La defensa solicitó ex-plícitamente la concesión de un nuevo juicio. Ante alegaciones de tal seriedad, fiscalía no sólo adoptó una posición pasiva— repudiada por la jurisprudencia, Ingram v. Peyton, 367 F.2d 933 (4th Cir. 1966); Levin v. Katzenbach, 363 F.2d 287 (D.C. Cir. 1966) — sino que resistió activamente el descubri-miento de la prueba. Su negativa a revelar en tales circuns-tancias evidencia que era claramente relevante para determi-nar la inocencia del acusado, así como la sentencia a imponér-sele, violó el debido proceso de ley.

En vista de la anterior conclusión, huelga que nos pronun-ciemos sobre la importancia o validez de la renuncia inicial por la defensa a las declaraciones prestadas por Graulau en el curso de la investigación que se realizaba sobre su conducta. Se habrá advertido que dichas declaraciones vinieron de todos modos a formar parte del récord más tarde y que, además, la renuncia no afectaba las alegaciones restantes de la moción para la celebración de un nuevo juicio.

Por los motivos consignados y dentro de las circunstancias del presente caso, se ordenará la celebración de nuevo juicio en que se ponga a disposición de la defensa información rele-vante a la inocencia del acusado o al castigo que en su dia pueda imponérsele.

El Juez Asociado Señor Carlos J. Irizarry Yunqué, está conforme con la opinión emitida, pero en adición adop-taría como regla en esta jurisdicción la posición expresada por el Juez Fortas en Giles v. Maryland, 386 U.S. 66 (1967). El Juez Presidente, Señor José Trías Monge, concurre con este criterio del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

       Véase: Mesarosh v. United States, 352 U.S. 1 (1956).

       Compárese con Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1-14 (1970), escolio 3, en que no se clasifica un problema superficialmente análogo como una cuestión de debido proceso de ley. Los hechos del caso son, sin embargo, distinguibles de los que nos ocupan.


author: per curiam:

text:
    Universidad de Puerto Rico, demandante y apelada, v. Florencio Merced Rosa, demandado y apelante.

      Número: O-73-339

      Resuelto: 20 de septiembre de 1974

      Ludmília Rivera Burgos y Fermín Arraiza Miranda, abogados del peticionario; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados de la Universidad de Puerto Rico.
   per curiam:

El apelante hizo caso omiso de la orden de injunction que le prohibía entrar a los predios del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Convicto por desobediencia, se le sentenció por desacato criminal a la pena de 30 días de cárcel.

Tras cumplir varios días de la condena, radicó petición de hábeas corpus alegando la nulidad de la sentencia. En la vista del recurso se consideró el mismo como una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y atendida la impug-nación del peticionario procedió el tribunal de instancia a dictar nueva sentencia condenándolo esta vez por desacato civil bajo el Art. 687 del Código de Enjuiciamiento Civil al pago de una multa de $100 ó en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar sin que la pena subsidiaria exceda de 90 días de prisión.

Examinados los autos del caso notamos que el escrito de apelación radicado el 3 de mayo de 1973 ante el tribunal de instancia no fue notificado a persona o parte alguna, ni el mismo aduce fundamento constitucional ni de otra índole en apoyo del recurso, surgiendo esta llamada apelación como un incidente dentro del pleito principal de injunction.

Considerada la apelación como una solicitud de certiorari, recurso apropiado para revisar las sentencias dictadas bajo la R.P.C. 192.1 y considerado el alegato del apelante como los fundamentos de su petición (Viera v. Comisión Hípica, 81 D.P.R. 707 (1960)), no ha lugar a la expedición del auto por las razones que pasamos a exponer.

En su recurso ante este Tribunal plantea el peticionario la falta de autoridad del juez sentenciador para enmendar la sentencia original de cárcel por ser ésta nula; y falta de jurisdicción en la Sala de instancia para sentenciarlo nuevamente toda vez que habiendo comenzado la extinción de la pena se hallaba el convicto fuera de la custodia judicial. Convenimos con el apelante en cuanto a la nulidad de la sentencia original, pues habiéndose dictado bajo las normas que regulan el desacato criminal, en la orden o mandamiento para su ejecución no se cumplieron las exigencias de la See. 519 del Título 33 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas en cuanto a consignar en el mismo el acto o actos constitutivos de dicho desacato, así como la fecha y lugar de su comisión y circunstancias de la misma con especificación de los términos de la sentencia. Coll Moya v. Alcaide Cárcel Municipal, 89 D.P.R. 225, 233 (1963). Debemos señalar, no obstante, que la disposición citada se aplica tan sólo a los casos de desacato criminal como originalmente se clasificó el que nos ocupa. El desacato civil por desobediencia a un auto de injunction se castiga bajo el Art. 687 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sec. 3533).

Ahora bien, la nulidad de la primera sentencia no es impedimento para resentenciar al encausado bajo la disposición de ley correcta, como así se deriva de la propia Regla 192.1(b) de Procedimiento Criminal que concede al tribunal, entre otras alternativas, la de dictar una nueva sentencia. González de Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 31 (1964). “Una sentencia nula podrá impugnarse mediante moción bajo 28 U.S.C.A. sec. 2255 [de ámbito equivalente a nuestra R.P.C. 192.1], y la corte podrá dejar sin efecto una sentencia válida cuando se haya tomado en cuenta un elemento impropio al dictarla. Si se anula la sentencia el convicto usualmente no es puesto en libertad sino resentenciado.” Wright, Federal Practice & Procedure, Tomo 2, pág. 605, sec. 594.

Sostiene el apelante, basada en la decisión de Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617 (1953), que el tribunal al resenteneiarlo en el caso de desacato actuó sin jurisdicción por hallarse extinguiendo la pena fuera de custodia judicial. El argumento pasa por alto que una vez cuestionada la validez de la sentencia por el recurrente mediante hábeas corpus y acogidas sus razones para anular la misma cesó el estado de custodia anterior y viene el tribunal obligado a dictar una nueva sentencia correcta. Bajo esta situación de hechos el tribunal tiene jurisdicción no sólo para resentenciar sino para aumentar la pena. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834-840 (1963). La doctrina de Santiago v. Jones, citado, está limitada a aquellas sentencias libres de vicio o error que afecte su validez.

No ha lugar a la solicitud del recurrente.

       El concepto de “custodia” como condición habilitadora para utilizar la R.P.C. 192.1 es análogo al de hábeas corpus. Wright, Federal Practice & Procedure, Tomo 2, pág. 617, sec. 596.


text:
    Moisés Santiago Vassallo, etc., demandantes-recurrentes; v. Sears, Roebuck de Puerto Rico, Inc., demandada-recurrida.

      Número: R-74-160

      Resuelto: 24 de septiembre de 1974

      Ismael Cardona, abogado de los recurrentes; Carlos A. Pesquera, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca comenzar a analizar aquí una difundida y pode-rosa institución de nuestra vida económica, la tarjeta de cré-dito. La misma tiene muchas modalidades y son múltiples y complejos los problemas jurídicos que puede suscitar. Esta opinión tan solo roza necesariamente unas pocas facetas de materia tan vasta.

En octubre de 1971 los recurrentes, los esposos Santiago, poseedores de una tarjeta de crédito de la recurrida (Sears), acudieron a un establecimiento de ésta y compraron varios artículos. Al intentar pagar con su tarjeta se les informó que debían ir al departamento de crédito. Allí se les indicó, en presencia de varias personas, que su cuenta tenía atrasos. La empleada a cargo, al dirigirse a ellos, hacía gestos y con-cluyó diciéndoles que no podían llevarse la mercancía.

Señaló también el tribunal de instancia en sus determi-naciones de hechos que como consecuencia de la espera y la actitud de la empleada, la señora Santiago comenzó a llorar, le dieron vómitos y tuvo otros trastornos. Durante la semana siguiente comenzó a mejorar.

Según la evidencia documental (Exhibit 1 de ambas partes), los recurrentes habían tenido tiempo antes retrasos en su cuenta. Como luego le escribió el gerente de Sears a los señores Santiago, sin embargo, en marzo de 1972, “Al momento de usted hacer la compra que fue en octubre 9,1971 la cuenta estaba al corriente y normalmente esto es una aprobación ruti-naria.” Explicando el error cometido, señalaba el señor ge-rente que “estoy seguro que esto ocurrió debido a la falta de comunicación entre la persona que le atendió y la sección de aprobación.” Terminaba diciéndoles a los recurrentes el fun-cionario de Sears que “Debido a su buen récord como cliente en el pasado, deseo invitarlo a usar su cuenta y estoy seguro que haremos todo lo posible para servirle mejor.”

El tribunal de instancia resolvió que “Si bien la parte demandante ha probado algún daño no encontramos que la con-ducta de la demandada encaje dentro de los conceptos de culpa o negligencia.” A base de tal determinación se declaró sin lugar la demanda.

Las tarjetas de crédito pueden ser de índole multilateral, como las que expiden compañías que se dedican incidental o primordialmente a dicha actividad y les ofrecen a sus suseritores la extensión de crédito en diversos establecimien-tos pertenecientes a terceros con quienes han contratado a tales efectos. Las expedidas por entidades bancarias constitu-yen una versión de éstas que puede presentar problemas espe-ciales. Reiter, Ronald A., Bank credit cards and enterprise liability, 21 U.C.L.A. L. Rev. 278 (1973). También existen las bilaterales, como la envuelta en el caso presente, en que una compañía le extiende crédito bajo determinadas circunstancias en su propio establecimiento o establecimientos al tenedor. Al amparo de ambas modalidades ha experimentado considerable auge otra institución, la compañía investigadora de crédito, la que plantea también una serie de cuestiones de gran interés. Véase: Sharp, John M., Credit Reporting and Privacy — The Law in Canada and the U.S.A., Toronto, 1970. De los autos no surge, sin embargo, que este último tipo de organización de-sempeñe rol alguno en este litigio.

El crecimiento extraordinario en las últimas décadas de las ventas a crédito a consumidores que no son comerciantes se cuenta entre los desarrollos económicos de mayor importancia en este siglo. En 1930, dicho crédito alcanzaba en Estados Unidos la suma de $5,800,000,000. En 1969, esta cantidad montaba a $112,000,000,000. Note, Protecting the Subjects of Credit Reports, 80 Yale L.J. 1035, n. 1 (1971). En Puerto Rico, aunque no existen datos completos, la magnitud del fenómeno es comparable. Los préstamos individuales efectua-dos tan solo a través de tarjetas de crédito bancarias aumen-taron más de cincuenta veces de 1968 a 1972. Aunque no surge de los autos, consta de documentos fehacientes, ofrecidos al Congreso de Estados Unidos por el propio presidente de la Junta de Directores de Sears, el papel que juega en dicha compañía la tarjeta de crédito. En 1972, las ventas totales a crédito de Sears montaron a seis mil doscientos setenta y tres millones de dólares, lo que representó el 52.3% de todas las ventas realizadas.

El aumento, como es natural, ha provocado el interés tanto del Congreso de los Estados Unidos como de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y ha habido esfuerzos de reglamen-tación especial. Véanse: Public Law 90-321, May 29,1968, 82 Stat. 146, 15 U.S.C.A. sec. 1601 et seq.; 12 C.F.R. 226.1 et seq.; y la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmen-dada, 10 L.P.R.A. sec. 731 etseq.

La tarjeta de crédito se ha convertido de hecho en un nuevo tipo de moneda, moneda de circulación restringida pero que también requiere sólidas reservas de otro género. Como la responsabilidad de crear y mantener estas reservas recae en este caso en los usuarios o consumidores y no en el Estado, el perfil que presenta la nueva institución tiene rasgos fami-liares. Estamos simplemente ante una nueva técnica para in-vertir y facilitar un antiguo uso: las compras a crédito.

A pesar del auge de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, la jurisprudencia respecto a situaciones como la pre-sente no es abundante y existe diversidad de criterios sobre cómo resolver el problema. Algunos tribunales le niegan al consumidor, por estimarlo nocivo a la buena marcha de los negocios, la posibilidad de fundar una causa de acción en casos como el que nos ocupa o análogos al mismo. Jordan v. J. C. Penney Co., 152 S.E.2d 786 (Ga. 1966), City Stores Co. v. Henderson, 156 S.E.2d 818 (Ga. 1967); Jennings v. American Express Co., 338 F.2d 22 (5th Cir. 1964). Otros adoptan una posición distinta. Southeast Bancard Association v. Woodruff, 184 S.E.2d 191 (Ga. 1971); Hill v. American Express Co., 184 S.E.2d 115 (S.C. 1971); Ratner v. Chemical Bank New York Trust Co., 329 F.Supp. 270 (D.C.N.Y. 1971).

Existe confusion también en la jurisprudencia estado-unidense sobre la identificación de la figura jurídica bajo examen y especialmente sobre la naturaleza de la acción a que puedan dar pie unos hechos como los presentes. En Hill, supra, se resolvió que la acción es de índole contractual y que no cabe aplicar por tanto, el término de prescripción extintiva referente a las acciones de daños y perjuicios. City Stores, supra, consideró que el contrato celebrado, si alguno, es de orden unilateral y carente de causa. Afirmó el tribunal en dicho caso que una tarjeta de crédito no monta a más que a una oferta para que pueda comprarse a préstamo. Otros de los casos citados hablan tan sólo en términos de difamación u otros actos torticeros. Es de advertir, sin embargo, que la jurisprudencia norteamericana está en la actualidad comen-zando a mostrar mayor inclinación a proteger el derecho de los consumidores. Es así como se acaba de eliminar en al-gunos tribunales el privilegio condicional que tradicional-mente se les venía reconociendo a los negociados de investi-gación de crédito. Hood v. Dun & Bradstreet, 486 F.2d 25 (5th Cir. 1973), cert. den., 42 U.S. L.W. 3523 (18 de marzo de 1974); Wicker, W.B., Conditional Privilege for Credit Reporting Agencies Rejected, 45 Miss. L.J. 529 (1974); cf. Note, Consumer Protection: Regulations and Liability of the Credit Reporting Industry, 47 Notre Dame Law. 1291, 1297 (1972).

El asunto, no obstante, pertenece claramente al ámbito del derecho civil y es bajo sus normas que debe resolverse. La tarjeta de crédito no ha sido objeto de análisis especial frecuente por los comentaristas, pero se ha escrito suficien-temente sobre instituciones comparables para derivar las pautas necesarias.

La tarjeta de crédito, tanto en su forma multilateral como en la bilateral, es a todas luces una versión de la fi-gura contractual más amplia generalmente conocida en el dere-cho civil y el mercantil como el crédito documentado. Pérez Fontana, Sagunto F.: El Crédito Documentado Irrevocable, Montevideo, 1966; Stouffet, Jean: Le Crédit Documentaire, Paris, 1956; Garrigues. J.: Contratos Bancarios, Madrid, 1958, págs. 584 et seq. Dentro de esta figura caben la antigua carta de crédito y otras más.

La propia carta de crédito, institución conocida desde hace siglos, Kozolchyk, Boris: Commercial Letters of Credit in the Americas, New York, 1966, cap. 1, y que tiene ciertas tangencias con la tarjeta de crédito multilateral, ha resis-tido los múltiples esfuerzos de subclasificación que se han efectuado, habiéndose intentado asemejarla al mandato, a la fianza, a la estipulación para otro y a otros tipos de con-trato. Pérez Fontana, op. cit., págs. 8, 28 et seq. El caso de la tarjeta de crédito bilateral es un tanto más sencillo, pues se reconoce desde hace tiempo en nuestro derecho el contrato de apertura de crédito o contrato de crédito mediante el cual una parte se obliga a extenderle crédito a otra a cambio de determinadas prestaciones. Véase, para su versión bancaria: Garrigues, op. cit., 205 et seq. Forzar institu-ciones nuevas o aun simples usos nuevos de instituciones cono-cidas en encasillados antiguos es tarea, no obstante, que nunca está exenta de peligros. No todo se encuentra ni se debe encontrar con la minuciosidad deseada en el código, el cual deriva a veces su vitalidad y capacidad para adaptarse a realidades cambiantes más por razón de sus grandes silencios y de sus postulados generales que de sus preceptos detallados.

Lo cierto es que nos hallamos ante un contrato atípico, sui generis — nuestra propia Asamblea Legislativa utiliza un nuevo nombre para la entidad: “plan de cuentas rotativas”. El mismo naturalmente evoca el antiguo contrato de crédito y aun la simple y vieja práctica de abrirles crédito en una tienda a parroquianos de confianza, pero también posee atri-butos particulares. El contrato es obviamente de carácter bilateral. Garrigues, op. cit., 207. El contrato no es ca-rente de causa. Hay prestaciones mutuas. La tarjeta de crédito no es un acto de gracia que el comerciante realiza unilateralmente en beneficio del consumidor. Las cifras ci-tadas revelan la importancia de la institución en el comercio de hoy.

De lo anterior se deduce que erró el tribunal de instan-cia, inducido sin duda por la fraseología de la demanda, al enfocar el caso estrictamente en términos de la existencia o no de los elementos de la culpa aquiliana. La tarjeta de crédito bilateral constituye un contrato en el derecho de Puerto Rico y se ha designado así expresamente por nuestra Asam-blea Legislativa. Loe. cit. La violación de lo acordado da lugar, por supuesto, a una acción ex contractu o, bajo las circunstan-cias apropiadas, a una acción por daños y perjuicios bajo el Art. 1803 de nuestro Código Civil.

Aun examinando el caso desde el punto de vista de una acción de daños y perjuicios, no obstante, la prueba revela que se cometió un error, debido presuntamente a la negligencia de un empleado de Sears — presunción que no fue refutada — y a que la parte demandante sufrió en consecuencia "algún daño”, según la determinación del tribunal de instancia. Procedía en tal sentido dictar sentencia a favor de los tenedores de la tarjeta por el monto del daño sufrido. No es imprescindible en estos casos probar difamación. Compárese: Sharp, John M.: Credit Reporting and Privacy — The Law in Canada and the U.S.A., Toronto, 1970, pág. 71.

La prueba demostró igualmente que cabía la acción contractual. Sears, por equivocación, violó la obligación de venderle mercancía a crédito al tenedor de una tarjeta suya, expedida para tales propósitos. El comerciante tiene perfecto derecho a investigar si una cuenta está al día pero es responsable bajo nuestro derecho civil por los errores que se incurran, aun cuando se cometan de entera buena fe, que lleven a la violación del contrato de crédito. Compárese Ratner v. Chemical Bank of New York Co., 329 F.Supp. 270 (D.C.N.Y. 1971). También es responsable por aquellos actos de sus empleados que en contextos como el presente sean le-sivos a la dignidad de otros seres humanos, interés protegido por la Sec. 1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aunque el problema no se plantea aquí, valga señalar, por la importancia del mismo, que de introducirse en los contratos de crédito cláusulas para salvar la responsabilidad del comerciante en situaciones como la de autos, existen dudas en extremo graves sobre su validez. Garrigues, J.: Contratos Bancarios, Madrid, 1958, pág. 619;

El examen del desarrollo de las nuevas modalidades del crédito en Estados Unidos revela una tendencia inicial de los tribunales a proteger usualmente al comerciante frente al consumidor. Se consideraba aparentemente indispensable para el desenvolvimiento de las nuevas instituciones y el bienestar económico del país. Dicha tendencia ya ha comenzado a atem-perarse, como hemos visto, con el dramático crecimiento de las que fueron una vez frágiles criaturas y hasta se ha legislado para comenzar a extenderles mayor protección a los consumi-dores. Los procedimientos para la preparación y manteni-miento de las cuentas se han refinado también a tal extremo que las posibilidades de error se han reducido dramáticamente. En el caso de la propia Sears, refiriéndonos a las operaciones totales de la empresa matriz, se produjeron quejas — quejas concernientes a cuestiones de toda índole y no sola las relativas a problemas de crédito — únicamente en el .018% de todas las cuentas de la compañía en 1972, lo que constituyó un descenso de la experiencia en 1968, en que el porcentaje fue .023%. En Puerto Rico, los datos disponibles reflejan incuestionable-mente que la tarjeta de crédito ha rebasado también su etapa preliminar de desarrollo.

Esto no significa que la balanza debe inclinarse desme-didamente en caso alguno ni que en todo litigio debe prevale-cer siempre, no importa las circunstancias concernidas, deter-minada parte. Cada causa deberá examinarse a la luz de sus hechos particulares con la mesura que impone el tratamiento de una institución en proceso de rápido cambio. La aquilatación de los daños deberá hacerse teniendo en consideración la diferencia entre los perjuicios sufridos, física o emocional-mente, y las simples molestias o contrariedades que hasta cierto grado nos imponen las condiciones variables de nuestro sistema de vida.

Por los fundamentos expuestos se revocará, la sentencia del tribunal de instancia y se ordena el pago por la deman-dada a los recurrentes de la cantidad de mil dólares, más las costas.

El Juez Asociado Señor Ángel M. Martín, disiente. El Juez Asociado Señor Martín hubiera confirmado la sentencia del tribunal de instancia por entender que la prueba presen-tada por los demandantes no demuestra que éstos sufrieron daños que justifiquen compensación alguna.

       Informe Económico al Gobernador 1972 — Junta de Planificación, pág. 136.

        Inaccurate and Unfair Billing Practices, Hearing before the Subcommittee on Consumer Credit of the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, U.S. Senate, 93rd Cong., 1st Sess., on S. 1630 and S. 914, Government Printing Office, Washington, 1973, pág. 103 (citado aquí como “U.S. Senate Report”).

       Véanse los Arts. 550 y ss. de nuestro Código de Comercio de 1932, 10 L.P.R.A. sec. 1851 et seq.

       Art. 101 de la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 731(19).

       U.S. Senate Report, 344.


author: per CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Edwin Meléndez Grillasca, Juez, demandado; Gerardo Kuilan Batista, interventor.

      Número: O-74-41

      Resuelto: 24 de septiembre de 1974

      Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Subprocurador General, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Mario A. Rodriguez, abogado del interventor.
   per CURIAM:

En los casos M-72-1165, M-73-109 del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, seguidos contra Gerardo Kui-lan Batista, se declaró con lugar una moción de supresión de evidencia. El Pueblo de Puerto Rico recurrió para revisar dicha actuación. Dictamos orden para mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado y luego de expedido revocarse la resolución recurrida.

En la declaración jurada que dio base a la orden de allana-miento se expuso lo siguiente:

“Que durante los días 12 y 19 de sept, de 1972, en horas de la tarde, mientras me encontraba en el referido barrio en asuntos relacionados con mi servicio, pude llegar cerca de la casa de Gerardo Kuilan, que debido a que tiene una verja con portón de entrada, yo me hice pasar por vendedor para poder llegar a la misma. Que las dos veces que entré siempre esperaba que fuera alguien a entrar, de las que yo sospechaba fueran boliteros. Que como yo andaba con ropa extravagante no sos-pechaban de mí. Que yo podía ver cuando Gerardo Kuilan venía al balcón a recibir a las personas, que al saludar ellos a Gerardo Kuilan sacaban un paquetito envuelto en papel y se lo entregaban a Gerardo Kuilan, que éste lo abría en presencia de la persona que se lo entregaba y cotejaba los papeles que habían en el paquete con el dinero que contenía el mismo, que luego que hacía eso, le entregaba dinero a la persona y ésta se marchaba. Que yo disimuladamente miraba los papeles que chequeaba Gerardo Kuilan y se veri (digo) veían que eran listas de bolita porque todos los números que contenían eran de 3 cifras seguidos de guión y cantidades a la derecha, típicos del juego ilegal de la bolita y/o boli-pool. Que como estas transacciones las observé por dos veces y siempre las mismas personas no tengo la menor duda de que Gerardo Kuilan se dedica a bregar con material relacionado con el juego ilegal de la bolita y/o boli-pool, en violación a lo dispuesto en la Ley 220 del 15 de mayo de 1948, según enmendada.”

En la vista de la moción de supresión de evidencia declaró el agente encubierto. En su resolución el juez de instancia hace constar que “ [n] o hay diferencias sustanciales entre la decla-ración escrita prestada por el policía Gilberto Rodríguez al Fiscal y su declaración en la vista.”

Al declarar con lugar la moción el tribunal expresó:

“Nuestro ordenamiento jurídico protege la intimidad familiar, concepto que lleva consigo la inviolabilidad de la residencia y todos sus alrededores privados que formen la propiedad, aun de aquellos ciudadanos que viven al margen de la ley. Las sal-vaguardas constitucionales se aplican a todos por igual, sin distinciones entre hombres buenos y malos. Y el fin no justifica los medios.

Los principios imperantes de las garantías constitucionales son los que gobiernan la conducta de los funcionarios en cuyas manos se ha depositado el poder de hacer cumplir las leyes.

Lo que está a la vista (‘plain view’), que se observa desde un sitio en el cual se tiene derecho a estar, puede ser objeto de un registro o allanamiento (Harris v. United States, 390 U.S. 234; United States v. Grimes, 429 F.2d 706; Pueblo v. Bogard, etc. Res. 6 de abril de 1972), o base para la expedición de una orden de registro o allanamiento.

Considerando la ilegalidad de la entrada a la propiedad, todo lo observado por el transgresor es producto de tal ilegali-dad, y por ende, no puede dar base para la expedición de una orden de allanamiento válida.

Por todo lo cual, se declara con lugar la supresión de la evidencia en poder del Ministerio Público, relacionada con la declaración y orden de allanamiento a que hemos hecho refe-rencia.”

Reiteradamente se ha sostenido que los agentes encubiertos son imprescindibles para perseguir el juego ilegal de la bolita y el tráfico de drogas. En Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967) expresamos: “Reafirmamos ahora que existe la necesidad de actividad encubierta para la persecución de ciertos delitos, como la bolita, el tráfico de drogas y . las bancas clandestinas. En la esfera federal, tan recientemente como el 12 de diciembre de 1966, se enunció igual criterio en Lewis v. United States, 385 U.S. 323, pero como acertadamente allí se apunta ‘las circunstancias particulares de cada caso gobiernan la admisión de evidencia obtenida mediante el ardid o el engaño’.”

En el presente caso un agente encubierto, haciéndose pasar por vendedor de huevos, esperó a que entrara al patio de la residencia de Gerardo Kuilan una de las personas que iban a entregar la colecta de la bolita, para entrar con ella y pudo observar cuando ésta le hace entrega de las listas y del dinero correspondiente. Esto lo hace en dos días diferentes. A pesar de que se ha cometido un delito en su presencia no arresta a Kuilan y al vendedor, sino que acude a donde un magistrado con una declaración jurada exponiendo los hechos que ha ob-servado y obtiene una orden de allanamiento. Se ejecuta la orden y se ocupan listas de bolita, $25,145 en efectivo y un revólver y 20 balas.

De lo expuesto por el agente en su declaración jurada surge que Kuilan había convertido su residencia en el sitio donde los vendedores le entregaban las colectas del juego de bolita. El agente encubierto tuvo libre acceso al patio de la residencia de Kuilan, y los hechos que observó los podía utilizar para obtener una orden de allanamiento. No es otra cosa que una fase adicional de la función del agente encubierto. Kuilan tuvo la protección que le garantiza la Constitución en la See. 10 de la Carta de Derechos: “Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particular-mente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.” Cf. Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972); Lewis v. United States, 385 U.S. 206 (1966).

Se expedirá el auto solicitado y se revocará la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón con fecha 7 de noviembre de 1973.

El Juez Asociado Señor Rigau, no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Ramón Rosario Villafañe, acusado y apelante.

      Número: CR-74-44

      Resuelto: 25 de septiembre de 1974

      César Vélez González, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Candila R. Orlandi, Procu-radora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   per curiam:

El 5 de junio de 1967 se acusó al apelante de Asesinato en Primer Grado por alegadamente dar muerte a Rafael de Jesús Meléndez el 6 de mayo de dicho año al propi-narle un golpe con una tranca. Visto el juicio el 6 de setiembre de 1967, tras renuncia al jurado luego de comenzar el proceso, el juez halló culpable al acusado del delito de homicidio volun-tario y le sentenció, el 28 de febrero de 1968, a cumplir una pena de dos a ocho años de presidio. Se le concedió poco des-pués, con el allanamiento del fiscal, fianza en apelación al acu-sado. La transcripción de evidencia no se radicó hasta el 20 de noviembre de 1973 y el caso no quedó sometido a este Tribunal hasta el 27 de agosto de 1974.

Hemos puntualizado las fechas que anteceden para deplo-rar, una vez más, la extraordinaria tardanza que sufren algunas causas criminales en el proceso de su solución, en detrimento a veces de los derechos del acusado y otras en per-juicio de los intereses de la sociedad. Es de esperarse que esta sensible falla de nuestro sistema judicial pueda irse corri-giendo con la celeridad necesaria.

El apelante señala tres errores: el hecho de no haber acep-tado el Tribunal Superior su alegación de defensa propia; el habérsele condenado por el delito de homicidio voluntario; y el no habérsele absuelto por la alegada existencia de duda razonable. Los errores imputados montan en efecto a un ataque contra la apreciación de la prueba efectuada por el juzgador. Debemos, por lo tanto, examinar si la evidencia en autos es suficiente para sostener la sentencia más allá de toda duda razonable.

A nuestro juicio, la sentencia dictada halla amplia base en la prueba. El primer testigo de cargo fue el doctor quien le hizo la autopsia al cadáver de la víctima, Rafael de Jesús Meléndez. Señaló el doctor que al abrir el cráneo encontró una fractura del hueso temporal derecho debajo de la membrana que cubre el cerebro; que había una hematoma subdural; y que ésta causó una compresión del cerebro como consecuencia de la cual se produjo un fallo del tallo cerebral y la muerte. (T.E. pág. 8.) A juicio del declarante, la fractura se produjo con un objeto contundente, tal como una piedra, un cuartón, una tranca, un martillo o un tubo. (T.E. pág. 9.)

Declaró más tarde el señor Miguel Antonio Camacho, quien fue testigo ocular de los hechos. Testificó el señor Camacho que para la fecha de los hechos estaba en uno de dos negocios que posee el padre del apelante y que vio cuando el padre del acusado se enfrascó en una lucha con Ramón de Jesús, her-mano de la víctima. Añadió que entonces uno de los hermanos del apelante comenzó a darle a Ramón de Jesús con una tranca y que Rafael de Jesús, la víctima, comenzó a ir hacia donde estaba su hermano. Cuando Rafael de Jesús puso los pies en la puerta para acercarse al sitio donde estaba su hermano Ramón, fue que recibió, continuó declarando el testigo Camacho, un golpe propinado por el acusado, por detrás de la oreja derecha, con una tranca de cuatro pies por tres pulgadas de ancho. (T.E. págs. 19-25.) El testigo recalcó que la víctima “No hizo nada, al salir le dieron el trancazo.” (T.E. pág. 27.) Rafael de Jesús Meléndez murió el mismo día, luego de haber sido trasladado al hospital. (T.E. pág. 26.)

Otro testigo de cargo, el señor Ismael Pagán Figueroa, testificó a los mismos efectos sobre el forcejeo entre el padre del apelante y Ramón de Jesús; sobre el hecho que Rafael de Jesús se encaminó hacia el sitio de la lucha y que al comenzar a trasladarse de un negocio al otro el acusado lo golpeó con una tranca. (T.E. págs. 56-61.) También indicó el señor Ismael Pagán Figueroa que no oyó ninguna discusión de la víctima con nadie, ni con el padre del apelante ni con el ape-lante o ninguno de sus hermanos. (T.E. pág. 61.) También testificó al efecto de que Rafael de Jesús, la víctima, no tenía nada en sus manos (T.E. págs. 61-62) y que el apelante le propinó el golpe mortal a Rafael de Jesús por detrás.

Los dos testigos oculares cuyo testimonio hemos reseñado se reafirmaron en los diversos aspectos vitales de sus declaracio-nes en el contrainterrogatorio realizado por la defensa.

La teoría del acusado fue que acudió a ayudar a su padre al verlo forcejeando en el piso con Ramón de Jesús y que actuó en defensa de sú padre, recibiendo Rafael de Jesús, en vez de Ramón, el golpe mortal. No hay nada en la prueba presentada por la defensa ni en la totalidad de los autos, sin embargo, que justifique nuestra intervención en este caso con el criterio del juzgador. Pueblo v. Ortega Otero, 97 D.P.R. 477, 481 (1969).

Nos reafirmamos en que la violencia puede utilizarse en la defensa de un semejante, pero únicamente cuando la persona en peligro hubiese podido usarla legalmente en su propia defensa. Como hemos señalado repetidas veces, sin embargo, no puede invocarse la teoría de defensa propia excepto cuando se tienen motivos fundados para creer que se está en inminente peligro de perder la vida o de recibir grave daño corporal. Pueblo v. De Jesús Santana, 100 D.P.R. 791, 797 (1972). Tampoco puede infligirse más daño que el estrictamente necesario para la defensa de la vida propia o del semejante a quien se acude a ayudar. Pueblo v. Ríos Rivera, 88 D.P.R. 165 (1973).

El caso de autos es completamente distinguible de la doctrina reseñada en Pueblo v. De Jesús Santana, supra. Las circunstancias indicadas no revelan que el apelante tuvo moti-vos razonables para agredir mortalmente a Rafael de Jesús Meléndez, quien iba desarmado y quien no había tenido dis-puta alguna ni con el acusado ni con su padre. El grado del daño infligido en este caso fue también, a la luz de la prueba, innecesario.

Resolvemos, en conclusión, que el tribunal de instancia tuvo amplia base para hallar culpable de homicidio voluntario al apelante, existiendo en la prueba los fundamentos indispensables para probar los diferentes elementos del delito. Véase el Art. 203 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 635.

Se confirmará en consecuencia la sentencia apelada.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcos Torres Resto, acusado y apelante.

      Número: CR-74-5

      Resuelto: 25 de septiembre de 1974

      Dora Nevárez de Pagan, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El apelante fue sentenciado por tribunal de derecho a cumplir concurrentemente dos penas de 5 a 8 años de presidio por infracciones a la Ley de Narcóticos de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 974z. Se le imputó en un cargo posesión y dominio, y en otro, ocultación y transportación de la droga narcótica conocida por heroína. Plantea como único error la admisión en evidencia de ciertos objetos incriminatorios ocu-pados a raíz del arresto del apelante en la letrina de una casa desocupada.

El agente que arrestó declaró que el día de los hechos estaba en el Cuartel cuando se le aproximó un individuo para quere-llarse que en determinado lugar había tres individuos en cir-cunstancias sospechosas. Acompañado de otros agentes, fueron al lugar indicado donde encontraron una residencia destarta-lada en aparente estado de abandono rodeada de una cerca de madera con un portón sin candado en la entrada. Entraron a la propiedad y caminaron hacia la parte posterior donde había una pequeña estructura que servía de letrina. Pudieron ver a través de la puerta entreabierta de la letrina a tres individuos, quienes cuando abrieron la puerta para conversar con ellos, se sorprendieron arrojando al suelo los objetos en controversia e intentando huir. Fueron detenidos y se recuperaron del suelo varios sobres con polvo blanco y otra parafernalia rela-cionada con el uso ilegal de la droga. Se sometió la evidencia a análisis químico cuyos resultados dieron positivo. El tribunal sentenciador, luego de oír a las partes, determinó que la casa en cuestión no era una casa abandonada pues pertenecía a la madre de crianza del apelante. Denegó la supresión fundán-dose en el hecho de que el apelante y sus compañeros no vivían en la parcela y por consiguiente no tenían standing para invo-car la protección constitucional contra registros irrazonables. Concurrimos con la conclusión pero por distintos fundamentos.

Es cierto que la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables se extiende al solar y predio que junto a la casa constituye la unidad de vivienda, así como a las edificaciones accesorias a ésta. Sin embargo, bajo las circunstancias de este caso, no se justifica concluir que hubo un allanamiento ilegal. El registro de la letrina tuvo lugar después del arresto, siendo dicho registro incidental a un arresto legal y válido conforme a las disposiciones de la Regla 11 de Procedimiento Criminal de 1963. Hemos sostenido que el registro incidental a un arresto legal se puede extender a la persona arrestada y a los lugares (premises) y cosas bajo su control. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971). No hay allanamiento ilegal por el hecho de que el agente de la policía haya penetrado los linderos de la propiedad en funciones investigativas para conversar con los ocupantes de la residencia. En el transcurso de esta actividad legítima, si el agente observa dentro de la residencia a través del umbral, la comisión de un delito, el arresto y el registro incidental es válido siempre que concurra por lo menos uno de los propósitos enumerados en Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971).

En Pueblo v. Álvarez Solares, 95 D.P.R. 789 (1968), ex-presamos a la pág. 795: “En las circunstancias de este caso, no estamos en condiciones de resolver que hubo un allanamiento irrazonable de la residencia del apelante por el solo hecho de pasar el fiscal por el portón sin candado para tocar en la puerta de entrada o por un costado. En las residencias urba-ñas, ésa es la manera usual de procurar a una persona o de llamar a su puerta...

Por otro lado no siendo final y firme la sentencia para la fecha en que entró en vigor el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, el apelante tiene derecho a acogerse a los beneficios de dicha ley, que impone penalidades más benignas que la ley bajo la cual fue convicto. Véase Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974).

Debe confirmarse el fallo condenatorio y devolverse el caso a la sala sentenciadora para que proceda a resentenciar al apelante conforme a lo dispuesto por el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404.

El Juez Asociado Señor Martín, concurre en el resultado.

       Estos son: ocupar armas que puedan ser usadas por la persona arrestada, evitar una fuga o evitar la destrucción de evidencia.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Díaz Díaz, acusado y apelante.

      Número: CR-72-11

      Resuelto: 25 de septiembre de 1974

      P. Roldan Figueroa y Frances Berrios Agosto, abogados del ape-lante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Rurico E. Rivera Rivera, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue sentenciado a cumplir de un año a un año y seis meses de presidio al habérsele encontrado culpable, por un jurado, del delito de robo.

La prueba presentada por El Pueblo consistió en el testi-monio del perjudicado y de ciertas prendas pertenecientes al perjudicado que fueron entregadas voluntariamente por el acusado a un policía que se personó en su casa al día siguiente de los hechos. La prueba de la defensa consistió en el testimo-nio del acusado-apelante y el de un testigo de reputación. El perjudicado declaró que el apelante y otra persona co-acu-sada por el mismo delito se le acercaron al llegar al portón de su casa en horas de la madrugada, le invitaron a tomar una cerveza a un bar cercano que resultó estar cerrado, le pre-guntaron si tenía dinero, contestándole él que aún no había cobrado, y de momento le agarraron doblándole un brazo hacia; atrás, y le quitaron una sortija de oro, una cadena de oro con medalla que llevaba colgada al cuello, un aro de matri-monio de oro, un reloj y cuatro billetes de lotería. Dijo que el apelante le quitó el reloj y los billetes de lotería y que el co-acusado le quitó las otras prendas. Manifestó también que fue amenazado de que le iban a “asegurar bien seguro” si decía algo de lo sucedido a la policía. Manifestó que fue con un policía al otro día donde el apelante y que éste le entregó las prendas al policía.

El apelante dio otra versión sobre los hechos. Declaró que el perjudicado le había citado junto al co-acusado para ir al río a hacer “fresquerías”. Que él hizo “fresquerías” con el perjudicado y que, no teniendo éste dinero, le dio unas prendas, para que las retuviera hasta el próximo día cuando habría de recobrarlas mediante la entrega de diez dólares. Dijo que lo mismo ocurrió con el co-acusado. Admitió que guardó las pren-•das en su casa y que al otro día, al aparecer el perjudicado acompañado de un policía, entregó las prendas al policía.

Al presentar las prendas en evidencia, el fiscal manifestó al tribunal que el policía que recibió las prendas sería prueba acumulativa y lo ponía a la disposición de la defensa. La de-fensa quiso entrevistar al policía pero éste no se encontraba en el tribunal por lo que solicitó que se entendiera que de haberse presentado la prueba sería adversa al Pueblo. El tribunal ofreció dar las instrucciones pertinentes al jurado. El apelante alega la comisión de los seis errores que se discuten a continuación:

“Primer Error: Erró el Honorable Tribunal al dar instruc-ciones al Jurado en el sentido de que cuando se comete un delito de robo usando violencia éste debe conllevar algún uso de fuerza como algún golpe, algún apretón, algún pinchazo, doblarle un brazo, un cantazo, y que eso es lo que hace el robo, máxime cuando la única prueba de violencia en el caso era que el acusado le había doblado un brazo al perjudicado.”

Arguye el apelante que el doblar un brazo no es la “vio-lencia” que contempla el delito de robo, como elemento esencial del mismo, en ausencia de intimidación. Véase: 33 L.P.R.A. secs. 851-852.

Este planteamiento es a todas luces frívolo. ¿Pretende el apelante que se cause una herida grave para poder entenderse que hay “violencia”? En el texto en inglés del Art. 238 del Código Penal (33 L.P.R.A. sec. 851), que prevalece sobre el texto en español, Pueblo v. Echevarría Lazú, 95 D.P.R. 556 (1967); Pueblo v. Zayas, 72 D.P.R. 18 (1951); Pueblo v. Pelliccia, 53 D.P.R. 591 (1938); Pueblo v. Belardo, 50 D.P.R. 512 (1936); Pueblo v. Bermúdez, 75 D.P.R. 760, 766 (1954); Pueblo v. Colón Rosa, 96 D.P.R. 601, 606 (1968), se utiliza la palabra “force” que significa “fuerza”. Nadie puede válida e inteligentemente argumentar que el “doblar un brazo” no constituye un “uso de fuerza”. Ya en Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964), a la pág. 180, afirmamos que un empujón o “empellón” es suficiente “violencia” para el delito de robo. Cualquier uso de fuerza o agresión que tenga o pueda tener el efecto de lograr que una persona se desprenda de los bienes de su pertenencia o de los que tiene en su posesión es suficiente para constituir la “violencia” requerida por el Art. 238.

“Segundo Error: Erró el Tribunal al declarar culpable y convicto al acusado a base de un veredicto contrario a la prueba ya que de acuerdo con la evidencia presentada por el Fiscal no probó su caso más allá de duda razonable.”

En este señalamiento de error se nos pide intervenir con la apreciación que de la prueba hicieron los juzgadores de hechos. El jurado, conforme a su facultad, ponderó y analizó la prueba presentada por ambas partes y dirimió las contradicciones entre los testigos de cargo y descargo, concediéndole credibilidad a los testigos de cargo y convenciéndose más allá de duda razonable de la culpabilidad del apelante. El examen que hemos hecho de los testimonios prestados en este caso nos convence de que no debemos intervenir con la apreciación justiciera de los hechos hecha por el jurado. No se nos ha demostrado la existencia de error claro y manifiesto, prejuicio, insuficiencia de prueba o parcialidad.

“Tercer error: Erró el Tribunal al no dar las correspon-dientes instrucciones a los señores del Jurado al decretar los recesos conforme lo que disponen las Reglas 132 y 138 del Pro-cedimiento Criminal de Puerto Rico.”

La Regla 132 de Procedimiento Criminal requiere que cada vez que el tribunal “suspenda” la sesión, debe advertir a los jurados: (1) que no deben conversar entre sí, ni con otras per-sonas sobre ningún particular relacionado con el proceso, y (2) que no deben formar ni expresar juicio alguno sobre el proceso, hasta que la causa les sea sometida definitivamente a su deliberación.

El propósito de estas advertencias o instrucciones al jurado es asegurarle al acusado un juicio justo e imparcial ante jurados que no tengan sus mentes prevenidas. Véase: Pueblo v. Miranda Matta, 88 D.P.R. 822, 825 (1963).

Los incidentes procesales que motivan este señalamiento de error son los siguientes:

(1) El juez de instancia decretó un “receso” a las doce del mediodía hasta la 1:30 de la tarde. Antes del “receso” advirtió al jurado: “no comenten el caso entre sí, ni harán comentarios sobre el mismo”. (T.E. pág. 49.) El abogado del acusado, quien también lo representa en apelación, no objetó ni impugnó por insuficientes las advertencias al jurado en ese momento ni en ningún momento del juicio.

(2) A las cuatro de la tarde, el juez de instancia “sus-pende” la sesión hasta el otro día a las nueve de la mañana. En esta ocasión las instrucciones del juez de instancia fueron las siguientes: “. . . que no empiecen ustedes a comentar el caso, ni a discutir el caso, ni permitan que persona alguna se les acerque a hablarles del particular.” Tampoco hubo objeción del abogado del apelante en esta ocasión.

Puede decirse que en ambas ocasiones la admonición no fue enteramente de acuerdo con la Regla 132. Los jueces de instancia deben cumplir con la Regla 132 cada vez que se decrete un receso, o que se suspenda la sesión hasta otro día. Tales advertencias deben cubrir completa y claramente las dos exigencias que impone la Regla 132.

Sin embargo, la omisión de dichas advertencias o su emisión en forma incompleta no es causa de revocación, a menos que el acusado hubiere advertido oportunamente al tribunal del incumplimiento con la regla y el tribunal lo hubiere desoído, o se demostrare que tal incumplimiento causó perjuicio al acusado. People v. Moore, supra; People v. Fairchild, supra; People v. Jones, 62 Cal. Rptr. 304 (1967); People v. Gastelum, 46 Cal. Rptr. 743 (1965); People v. Witt, 170 Cal. 104 (1915); People v. McKeehan, 105 Pac. 273, 11 Cal. App. 443 (1909); People v. Coyne, 116 Cal. 295 (1897); People v. Colmere, supra. Véanse: Pueblo v. González Olivero, 100 D.P.R. 737 (1972); Pueblo v. Goitía, 41 D.P.R. 941 (1931); People v. Williams, 275 P.2d 513 (1954). El apelante no objetó las advertencias incompletas del juez de instancia ni nos ha demostrado que resultaron perjudiciales a su causa. No procede, por tanto, la revocación.

“Cuarto error: Erró el Tribunal al negarse el Honorable Juez a excluir de la Sala al perjudicado en el caso cuando la defensa hizo tal solicitud porque se proponía hacer un plantea-miento que éste no debía ser frente al perjudicado.”

Previo al comienzo de la insaculación del jurado, la representación legal del apelante pidió que se excluyera al perjudicado para hacer un planteamiento porque entendía que la presencia del perjudicado afectaría adversamente al apelante. El tribunal denegó esa solicitud.

No vemos abuso de discreción en la negativa del tribunal. El apelante no expuso razones por las cuales habría de perju-dicarse por la presencia del perjudicado al hacer un plantea-miento de derecho antes del comienzo del juicio.

Lo inmeritorio de este apuntamiento de error resulta más evidente cuando pretende fundamentar en apelación la razona-bilidad de su petición al expresar que el “planteamiento” se refería a su “interés en presentar prueba sobre la condición de homosexual del perjudicado”. La “justificación” para ello no fue explicada al tribunal de instancia. No se cometió el error aludido.

“Quinto error: Erró el Tribunal al declarar sin lugar la Moción de Reconsideración radicada por el acusado a pesar de que había fundamento de peso a su favor.”

No tenemos conocimiento de la moción de reconsideración a que se refiere el apelante pues ni la discute en su alegato ni consta en autos. Si el apelante se refiere a las varias solicitu-des que hizo su abogado al tribunal de instancia en el sentido de que excluyera al perjudicado del salón de sesiones mientras discutía algún planteamiento, lo dejamos resuelto en su contra al discutir el cuarto señalamiento de error.

“Sexto error: Erró el Tribunal al negarse a dar instruc-ciones al jurado en el sentido de que no tomaran en cuenta lo manifestado por el Fiscal de que la declaración del policía Bezares era prueba acumulativa, y además de que la prueba que se suprime voluntariamente se presume que de ofrecerse resultaría adversa.”

En los inicios del juicio el juez de instancia quedó aper-cibido de que uno de los testigos de cargo, cuyo nombre y direc-ción constaban al dorso del pliego acusatorio, no estaba pre-sente. Se trataba del policía Gilberto Bezares. El juez inquirió del ministerio público si utilizaría tal testigo y el fiscal mani-festó: “Podemos empezar a la mejor discreción suya.” (T.E. pág. 8.) La representación legal del apelante no objetó ni hizo observación alguna al respecto.

. Una vez termina el desfile de la prueba de cargo, el fiscal manifestó, en presencia del jurado: “Señor Magistrado, con permiso suyo y con mucho respeto. El otro testigo que obra al dorso de la acusación es el policía Bezares, Placa 3884, sería prueba acumulativa. Lo ponemos a disposición de la defensa. Sometemos la evidencia, antes así admitida en evidencia, y ése es el caso del Pueblo de Puerto Rico.” (T.E. pág. 66.) (Énfasis suplido.) A renglón seguido, la defensa solicitó del tribunal que se le permitiera entrevistar al policía Bezares y entonces se suscita el siguiente incidente:

“Hon. Fiscal: Compañero, el Policía Bezares no está pre-sente. Toda vez que el policía no está presente, Señor Juez, eso indica que no podría someter ninguna otra como prueba. Ése es el caso.
Hon. Juez: La defensa.
Lie. Roldán: Señor Juez, si me permite el Tribunal. La cuestión de haber anunciado al testigo como prueba acumulativa y no haberlo presentado que se entienda que de haberlo pre-sentado le resultaría adverso.
Hon. Juez: Ya sobre ese particular el Tribunal va a dar las instrucciones pertinentes.” (T.E. págs. 67-68.)

En el curso del examen directo del testigo de cargo, o sea, el supuesto perjudicado, surgió que al siguiente día de los alegados hechos punibles “un policía”, acompañado del perjudicado, había recibido de manos del acusado “las prendas” que alegadamente le había sustraído al testigo. (T.E. pág. 23.)

El acusado admitió en la silla testifical que al siguiente día de los hechos imputádosle había entregado al policía Beza-res las prendas aludidas. (T.E. pág. 83.)

En las instrucciones al jurado, el tribunal de instancia no hizo alusión alguna al policía Bezares ni al hecho de no haber aquél declarado. En consecuencia, el letrado del apelante soli-citó instrucciones adicionales para que se advirtiera al jurado que el testigo policía Bezares, al no ser presentado por el fiscal, debía presumirse como evidencia adversa al caso del Pueblo de Puerto Rico. El juez de instancia negó tales instruc-ciones.

La norma en estos casos la expusimos claramente en Pueblo v. Flores Berty, 92 D.P.R. 577 (1965), a las págs. 580-81: “Es bien conocida la regla de que el Fiscal no viene obligado a presentar en el juicio a todos los testigos que tengan conocimiento de los hechos, o a todos aquellos cuyos nombres han sido incluidos al dorso de la acusación [citas omitidas]. En muchas ocasiones los fiscales renuncian presentar testigos cuyos testimonios es evidencia de corroboración o acumulativa y cuando tales testigos renunciados están presentes en corte y pueden ser utilizados por la defensa, no surge presunción al-guna adversa al caso del Pueblo. Cuando el testigo renunciado no comparece a Corte, y dicho testigo tiene conocimiento esencial de los hechos, su ausencia inexplicada da margen a que surja la presunción en contra del Pueblo y especialmente con mayor razón y fuerza si el Fiscal ha presentado prueba de inferior categoría para establecer su caso.” (Énfasis suplido.) En igual sentido puede verse: II Wigmore, On Evidence (3d Ed.), sec. 287, págs. 168-169.

En el presente caso el ministerio público presentó al per-judicado, quien fue testigo presencial de los hechos. El testi-monio del policía Bezares ciertamente no hubiera tratado sobre hechos esenciales del caso. Su intervención se limitó a recibir las prendas de manos del acusado-apelante. Tanto el perjudicado como el acusado-apelante declararon que las pren-das estaban en poder del acusado-apelante y que las mismas fueron entregadas al policía. La intervención del policía cierta-mente no tiene relación con el hecho delictivo. Sería absurdo presumir que el testimonio del policía sobre la posesión de las prendas por el acusado sería adverso a la prueba del Pueblo, especialmente mediando la propia admisión del acusado-ape-lante sobre dicha posesión. Ésta era más bien prueba acumula-tiva de la declaración al respecto del mismo acusado-apelante. ¿Podría concebirse que el acusado-apelante pretendiera que el policía declarara sobre manifestaciones héchasle por el pri-mero con respecto a su inocencia, las que evidentemente serían prueba de referencia? No se da la presunción en tal caso. El juez de instancia actuó conforme a derecho al negar las instrucciones solicitadas.

Se confirmará la sentencia apelada.

       juicio del acusado se celebró por separado.

       No disentimos la Regla 138 porque, aunque mencionada en el apun-tamiento de error, no se discute ni parece haber controversia sobre ella.
      La Regla 138 expresa: “Durante el transcurso del juicio, y antes de someterse la causa al jurado, el tribunal podrá permitir que los jurados se separen, o disponer que queden bajo la custodia del alguacil, quien pres-tará juramento de mantenerlos juntos hasta la próxima sesión del tribunal, y de no consentir que nadie, incluso él mismo, les hable o se comunique con ellos, acerca de ningún particular relacionado con el juicio, y de regre-sar con ellos al tribunal en la próxima sesión.”

       En California, de donde procede nuestra Regla 132 (véase Historial Regla 132), se ha interpretado la regla equivalente, que es la Sec. 1122 del Código Penal de California, en forma limitativa requiriéndose allí dichas advertencias sólo cuando se suspende el juicio hasta otro día pero no para recesar durante el mismo día. People v. Moore, 93 Cal. Rptr. 447 (1971); People v. Fairchild, 62 Cal. Rptr. 535, 540 (1967); People v. Colmere, 23 Cal. 632, 634 (1863). Lo que allí ocurre es que la disposición procesal alu-dida usa el concepto adjournment, el cual se ha interpretado allí que no se refiere a recesos decretados durante el mismo día.

       En Pueblo v. Goitía, 41 D.P.R. 941 (1931), el tribunal dio al ju-rado instrucciones cuidadosas en el primer receso. En recesos posteriores se limitó a decir “Se hace al jurado la advertencia de ley.” Allí dijimos que tal advertencia general era suficiente en recesos posteriores luego de haber dado instrucciones detalladas en el primero. Debe entenderse revo-cado ese pronunciamiento.

       No se trata en este caso de la práctica que desaprobamos en Pueblo v. Orona Merced, 89 D.P.R. 336, 344-45 (1963), cuando el fiscal manifiesta que su evidencia renunciada “corrobora” los testigos de cargo que declara-ron.
      Tampoco utilizó el fiscal el término “corroborar” en relación con su prueba no ofrecida, cumpliendo con Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182, 191 (1966), en el cual afirmamos que debía omitir usar tal palabra al referirse a la prueba que renunciaba por considerarla acumulativa.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Carrasquillo Carrasquillo, acusado y apelante.

      Número: CR-74-6

      Resuelto: 25 de septiembre de 1974

      A. J. Amadeo Murga, abogado del acusado; Peter Ortiz, Pro-curador General Auxiliar, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

“Me hicieron un rancho.” Esta aseveración se oye en no pocas ocasiones como la única explicación del acusado para ser encausado por un delito que alega no haber cometido. Las más de las veces su dicho tropieza, para empezar, con la in-credulidad de su propio abogado, luego con la mal disimulada sonrisa burlona del fiscal y, finalmente, con el escepticismo del juez. En el caso ahora ante nos, a eso equivale el plantea-miento del apelante. El juez de instancia no le creyó. Nosotros creemos que debió tener una duda razonable y debió absolverle.

El apelante señala la comisión de dos errores. Por el pri-mero ataca la suficiencia de la prueba para establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. Por el segundo im-pugna la corrección de las advertencias héchasle al renunciar a ser juzgado por un jurado. Se cometió el primero y no es necesario, por tanto, considerar el segundo. Veamos los hechos.

El apelante, un joven de 28 años de edad, de oficio albañil, fue acusado de disparar un revólver contra otra persona con intención de causarle grave daño corporal. A base de esas alegaciones se le imputaron los delitos de acometimiento grave e infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 418, respectivamente. Para sostenerlas, el fiscal presentó dos testigos nombrados Daniel García Adorno y José Luis Castro del Valle.

García Adorno sostuvo que el sábado, 29 de mayo de 1971, a eso de las 12:30 pasado el mediodía, viajaba en un carro público de su residencia en un barrio de Carolina hacia la casa de su suegro en Canóvanas. Frente a una fábrica vio el carro de su suegro que cruzó hacia el Barrio Cedro de Canóva-nas y decidió quedarse allí a esperar que su suegro regresara. Ordenó detener el carro en que viajaba y se desmontó.

Estaba parado frente a la fábica cuando llegó Carrasquillo, el apelante, manejando un automóvil y se paró a la derecha. He aquí su testimonio a preguntas del fiscal:

“P. Bajaba en qué?
R. En el carro de él, un carro público.
P. Solo o acompañado?
R. Solo. Entonces, se me echó a reir y yo le pregunté qué le pasaba. Entonces, en vez de seguir en dirección a Canóvanas, jaló el carro para encima de mí y trató de agolpearme. Al ver que yo me le había escapado, yo seguí corriendo. Entonces al el carro quedar así, como metido para la fábrica, pues entonces yo seguí andando, mirándolo a él. En eso, abrió la gaveta y sacó un revólver.
P. Cómo era?
R. Negro, de cañón corto.
P. Y qué hizo él con ese revólver, si hizo algo?
R. Al disparar, al mismo tiempo de disparar, yo me tiré al piso.
P. Y qué hizo entonces Carlos Carrasquillo ?
R. Este a lo mejor, me deja por muerto.
P. Diga lo que pasó, lo que usted viera.
R. Al él dispararme, siguió derecho para Canóvanas.
P. Usted dice que ese revólver, ¿cómo era, nuevamente?
R. Era negro de cañón corto.
P. Y por dónde fue que le disparó a usted, por qué parte del carro?
R. De la parte del guía, pero con este brazo.
P. Brazo derecho?
R. Sí.”

Declaró más adelante:

“R. Después de él dispararme, que yo me tiré al piso, él se fue y apareció Castro y me levantó del piso. Me preguntó si a mí me habían hecho los disparos. Yo le dije que sí. Me preguntó si estaba herido. Yo le dije que no. Me dio una tarjetita por si acaso yo tenía interés en denunciarlo. Lo con-seguí por el número de tablilla del carro y después yo me fui y notifiqué a la Policía.”

El examen directo del fiscal terminó cuando el testigo de-claró que el apelante le disparó porque él, García Adorno, fue testigo en su contra en un caso de asesinato seguido contra el apelante y otras personas, que había terminado el día antes— 28 de mayo de 1971 — con la absolución del apelante. Declaró:

“R. El me dijo a mí que si él salía bien del caso, donde-quiera que me encontrara me iba a matar.”

El otro testigo, Castro del Valle, corroboró prácticamente en todos sus extremos, sin faltar apenas un detalle, la declara-ción de García Adorno. Dijo que conducía su automóvil de Canóvanas hacia Campo Rico cuando vio “un carro color colorado de cuatro puertas, que de la izquierda tiró a la derecha, de la izquierda donde él estaba parqueado tiró a la derecha,” vio un señor parado que luego identificó como Daniel Adorno, y “trató de impactarlo [sic]”. “Entonces, cuando enderezó el vehículo hacia la derecha, se detuvo y le hizo un disparo con la mano derecha al señor Adorno.” Vio “un revólver corto, negro.” Detuvo su carro y fue a auxiliar a García Adorno dándole una tarjeta con el número de la tablilla de su carro y su teléfono para que “si en algo le podía servir, que me llamara.” A renglón seguido y sin que se le preguntara expresó: “Entonces el Sr. Carlos iba solo en el carro, no iba nadie.” También adelantó, sin ser preguntado, que en la fábrica no había nadie. Dijo que no conocía a García Adorno. Respecto del apelante dijo que “lo había visto” y comentó: “Yo soy Carrasquillo también de apellido. A lo mejor es familia mía.”

Hasta aquí, podría decirse que no hay razón para justificar nuestro introito. Veamos, sin embargo, cómo se producen las coincidencias que abundan en las que los testimonios reseñados ya han dejado entrever, y cómo en justicia tiene que señalarse la existencia de una duda, razonable y fundada, sobre la culpabilidad del apelante. Es el producto de una bien planificada repregunta, hecha seguramente, por su estilo, sin estridencias, incisiva sin caer en el vicio de la expedición de pesca, que no es timbre del arte de repreguntar.

Revelan los contrainterrogatorios de García Adorno y de Castro del Valle lo siguiente: Aunque García Adorno declaró el día del juicio de este caso — 21 de diciembre de 1971 — que conocía al apelante hacía “siete u ocho meses”, lo cierto es que había sido testigo en su contra en el caso de asesinato ven-tilado en mayo de ese año — precisamente ocho meses atrás— por hechos que debieron haber ocurrido muchos meses y quizás más de un año antes. También había habido otra imputación de García Adorno por hechos similares a éstos ante nos y por los cuales se absolvió al aquí apelante. El alegado occiso en el caso de la acusación de asesinato de que el apelante fue absuelto no le era desconocido a García Adorno. De hecho, la viuda del occiso era su parienta, sobrina de su padrastro. Los hermanos del occiso lo llevaron al tribunal para la vista del caso de autos, y permanecían allí pendientes de su resultado. ¿Por qué? Parece que el propio fiscal acusador tuvo dudas de la veracidad de este testigo porque, si el apelante lo amenazó con matarlo y al otro día le hizo un disparo con un arma de fuego, ¿por qué lo acusó de un mero acometimiento (delito menos grave) y o de ataque para cometer asesinato?

Castro del Vade, quien dijo no conocer a García Adorno, estuvo presente durante la vista del caso por asesinato, en que García Adorno fue testigo. Por coincidencia, Castro del Valle también estaba emparentado con el interfecto en dicho caso. Era su primo segundo. Por coincidencia, no empece resi-dir en Río Piedras, tuvo que ir a Canóvanas el sábado 29 de mayo de 1971. Coincidencia aún mayor es que se encontrara a las 12:30 pasado el mediodía, precisamente en el lugar y para presenciar el incidente que motivó las acusaciones que en este caso nos ocupan.

Es dudoso que yendo en un carro en movimiento, presumi-mos que provisto del correspondiente cristal parabrisas, viera, mientras los carros se acercaran de 200 a 50 pies, a través de su parabrisas y del parabrisas del carro que dice él que con-ducía el apelante, que éste tenía un revólver negro, de cañón corto, en su mano derecha. Si vio que el apelante disparó contra García Adorno y ayudó a éste a levantarse del piso, ¿por qué preguntarle a García Adorno si a él le habían hecho los disparos? ¿Y por qué darle una tarjeta con el número de licencia de su carro y su teléfono en vez de llevarlo al cuartel de policía más cercano? ¿Por qué aprontar testimonio que no le era preguntado?

Los únicos testigos desinteresados en este caso los produjo la defensa. Eran dos guardias de seguridad de la fábrica a que se refirieron García Adorno y Castro del Valle. Ambos pres-taban servicio de vigilancia en una caseta a 10 yardas (30 pies) de la carretera en que según la prueba de cargo ocurrie-ron los hechos imputados al apelante. Desde allí tenían plena visibilidad de aquel lugar. El primero rindió su servicio a las 12:10 en que fue relevado por el segundo, que continuó hasta las ocho de la noche. Ninguno vio el alegado incidente. Ninguno oyó el alegado disparo.

El apelante no debe ser un violador de la ley si considera-mos que luego del fallo condenatorio fue merecedor de los beneficios de una sentencia suspendida. Si fuera inconce-bible la formación del “rancho”, igualmente inconcebible sería que una persona de las condiciones del apelante se armara de un revólver al día siguiente de haber sido absuelto y que en una vía pública, a las 12:30 del día, frente a un automóvil que transitaba en dirección contraria a la suya y a 50 pies de él le entrara a tiros a otro porque hubiera sido testigo en su contra.

Hemos dicho en repetidas ocasiones que los juzgadores de hechos nos merecen respeto y confiabilidad en la apreciación imparcial de la prueba. Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974); Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973); Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183, 203 (1964). Con ello no podemos significar que los juzgadores de hechos no se equivoquen. De ahí en que en muchos casos no hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio cuando un análisis de la prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador nos deja serias dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971); Pueblo v. Torres Rolón, 99 D.P.R. 970 (1971); Pueblo v. Rodríguez González, 99 D.P.R. 904 (1971); Pueblo v. Bonilla Medina, 99 D.P.R. 128 (1970); Pueblo v. Cruz, 58 D.P.R. 33 (1941); Pueblo v. Viana, 41 D.P.R. 413 (1930).

Hasta tanto se disponga de un método infalible para averi-guar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de con-ciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a tenerla tranquila.

Cuando de aquilatar la prueba se trata es difícil a veces trazar una línea demarcadora entre cuestiones de hechos y cuestiones de derecho. Las pruebas son hechos pero su análisis pone en movimiento, además de la experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para así llegar a una solución justa de la controversia. Ese proceso analítico tiene que estar enmarcado en casos penales en el principio fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de duda razonable. Esa prueba, además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación. Véase el estatuto sobre Derecho probatorio, 32 L.P.R.A. sec. 1633. La determinación de si se ha probado la culpabilidad más allá de duda razonable es pues revisable como cuestión de Derecho. Así lo reconocimos en Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966) donde dijimos:

“No cumpliríamos con nuestro deber si estando plenamente convencidos de que la prueba en determinado caso no establece la culpabilidad más allá de duda razonable, permitiéramos que prevaleciera una sentencia condenatoria. Cuando ello ocurre no se trata de una intervención con la función del juez o del jurado en la apreciación de la prueba, sino de un error de derecho. En el presente caso no se trata de dirimir un conflicto en la prueba, pues sólo desfiló la de cargo, sino simplemente si el contenido de la presentada hace surgir una duda razonable sobre la responsabilidad del acusado.”

Se revocarán las sentencias apeladas y se absolverá al acu-sado apelante.

       La Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, que insti-tuyó el sistema de libertad a prueba, mediante la suspensión de la sentencia dispone que deben concurrir al tiempo de imponer sentencia los siguientes requisitos en la persona sentenciada: “(1) que dicha persona, con anteriori-dad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dictada, no hubiere sido convicta,- sentenciada y recluida en prisión por delito grave alguno coñ anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada; y a la cual no se hubiere suspendido los efectos de una sentencia anterior por de-lito grave; (2) que las circunstancias en que se cometió el delito no eviden-cian que existe en el autor del mismo un problema de conducta o de carác-ter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiera la reclusión de dicha persona en alguna de las ins-tituciones penales de Puerto Rico; (3) que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por un Oficial Probatorio después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antece-dentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que nin-gún aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como me-dida de protección adecuada a la comunidad.” 34 L.P.R.A. sec. 1027.