author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

text:
    Viajes Gallardo, querellada y recurrida, v. Homero Clavell, Emma Berdecía y la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, querellantes y recurrentes.

      Número: CE-89-154

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Dolores Sanjurjo López, abogada de los querellantes y recu-rrentes; Tadeo Negrón Medero, abogado de la querellada recurrida; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

El 3 de abril de 1985 Homero Clavell y Emma Berdecía presentaron una querella ante la Comisión de Servicio Pú-blico de Puerto Rico (en adelante Comisión). Según las de-terminaciones de hecho de la Comisión, los querellantes, en unión a tres familiares, compraron a Viajes Gallardo una excursión para viajar a Orlando, Florida. La excursión incluía alojamiento en un apartamento completamente equipado, incluyendo: Cable T.V., acondicionador de aire, cocina equipada, ropa de cama y toallas. Al llegar al hos-pedaje el 17 de julio de 1984 por la noche, los querellantes encontraron varias deficiencias en el lugar. Entre ellas el acondicionador de aire no funcionaba; el lavamanos del baño estaba tapado; tres de las hornillas de la estufa no funcionaban; no había teléfono y había una ventana que no podía ser cerrada si no era con un pedazo de madera. Este detalle de la ventana no se le advirtió a los querellantes.

En la noche del 17 de julio, mientras los querellantes dormían, personas extrañas penetraron en el apartamento y hurtaron la cartera y las pertenencias personales de la señora Berdecía, causándoles consternación a los quere-llantes por el riesgo que implicó para sus vidas. Estos in-formaron lo sucedido a los administradores del motel y so-licitaron de ellos usar su teléfono para hacer algunas llamadas, para fines tales como cancelar tarjetas de cré-dito, cancelar cheques de viajero y otros. Los administra-dores del motel no se lo permitieron, por lo que los quere-llantes tuvieron que mudarse a otro lugar.

En la querella, Clavell y Berdecía alegaron que todos los contratiempos aludidos menoscabaron y encarecieron su disfrute del viaje y de las vacaciones, por lo cual solicitaron la devolución de los gastos en que incurrieron y el pago de otros daños sufridos por motivo de la negligencia de la querellada.

La agencia de viajes contestó la querella y alegó como defensa principal la falta de jurisdicción de la Comisión para ver el caso. La Comisión citó para una vista el 13 de noviembre de 1985, la cual se celebró sin el querellado que no compareció a pesar de ser debidamente citado. El 17 de junio de 1986 la Comisión declaró con lugar la querella ordenando a la agencia de viajes a pagar $2,000 a los que-rellantes en concepto de daños. Impuso, además, una multa a la querellada por operar sin permiso válido y des-estimó el planteamiento de la querellada sobre falta de jurisdicción.

El 8 de agosto de 1986 la parte querellada presentó una solicitud de relevo de la resolución dictada el 17 de junio de 1986. Alegó que no se le concedió oportunidad de defen-derse, pues había solicitado la suspensión de la vista y levantó nuevamente la cuestión jurisdiccional.

La Comisión acogió en parte la solicitud de la parte que-rellada y citó a vista el 28 de julio de 1987 a los únicos efectos de discutir la defensa de falta de jurisdicción. Cele-brada la vista, la Comisión se reafirmó en su dictamen original y emitió la resolución correspondiente el 14 de diciembre de 1987, que fue notificada el 8 de enero de 1988.

Inconforme con la decisión administrativa, la parte que-rellada acudió en revisión ante el Tribunal Superior. Luego de los trámites correspondientes, el tribunal dictó senten-cia resolviendo que la Comisión no podía asumir jurisdic-ción sobre la controversia relativa a la excursión por no estar claramente autorizada en la ley para ello. Dejó sin efecto la parte de la resolución que ordenó el pago de $2,000 a los querellantes. El tribunal de instancia expre-samente dictaminó que su sentencia no afectaba en forma alguna las partes de la resolución de la Comisión relativas al hecho de que la agencia estaba haciendo negocios sin permiso de la Comisión para ello. El tribunal confirmó, de esta forma, la multa impuesta por operar sin autorización ya que la licencia estaba vencida. La parte querellante tra-mitó una reconsideración el 24 de octubre de 1988 y el tribunal, el 7 de febrero de 1989, se reafirmó en su senten-cia original. De esta última sentencia se recurre a este Tribunal.

I

Tenemos que determinar inicialmente si la Comisión te-nía jurisdicción para resolver disputas referentes a los ser-vicios prestados por una agencia de viajes consistentes en gestionar alojamiento para sus clientes durante un viaje fuera de Puerto Rico.

El Art. 14 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1101, señala los poderes generales que posee la Comisión. Uno de ellos es la facultad de reglamentar y fiscalizar las agencias de pasajes, definidas entonces como toda persona dedicada a la venta u ofrecimiento en venta de pasajes en Puerto Rico para el transporte aéreo, terrestre o acuático de personas para lugares dentro y fuera de Puerto Rico. En 1990 se enmendó el inciso (w) del Art. 2 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1002(w), para añadir a la definición original de “agencia de pasajes” a toda persona que realizara reservaciones de alojamiento, entretenimiento o transportación terrestre o confección y venta de viajes in-tegrales dentro o fuera de Puerto Rico.

Esta enmienda se aprobó después de terminado el pro-ceso de marras ante la agencia administrativa. Por ello es menester determinar si la Comisión tenía jurisdicción para resolver disputas sobre servicios de alojamiento al mo-mento en que consideró la querella. Es decir, debemos resolver si la enmienda fue meramente para aclarar los po-deres de la Comisión o si, en cambio, fue constitutiva del poder en cuestión.

La ley que creó la Comisión le confirió a esta agencia la facultad de aprobar reglas necesarias y propias para el ejercicio de sus facultades y deberes. Art. 36 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1123. Al amparo de estos poderes la Comisión aprobó el Reglamento General para las Empresas de Agencias de Pasajes de Puerto Rico, con el propósito de “establecer reglas y nor-mas a todas las personas que se dediquen a la venta, ofre-cimiento en venta y/o reserva de boletos de viajes u otras funciones similares para el transporte de personas por vía aérea, terrestre y/o acuática para lugares dentro y fuera de Puerto Rico”. El reglamento respondía, en parte, a la ne-cesidad de fiscalización causada por el desarrollo econó-mico y los avances tecnológicos en Puerto Rico que expan-dieron el número de servicios que las agencias de viajes podían prestar ordinariamente. La venta de pasajes había dejado de ser el único negocio típico de estas agencias y era necesario reglamentar estos nuevos servicios que se esta-ban prestando cotidianamente al público. El Art. 7 del Re-glamento General para las Empresas de Agencias de Pasa-jes de Puerto Rico, Comisión de Servicio Público, 5 de febrero de 1974, págs. 3-4, especificaba algunas de estas actividades:

Las Agencias de Pasajes estarán autorizadas a desempeñar las siguientes funciones y actividades:
a. El ofrecimiento en venta, la venta y/o la reserva de boletos de viaje para el transporte de pasajeros por la vía aérea, terres-tre o acuática a lugares en y fuera de Puerto Rico, actuando por sí o como agentes de otras agencias de viajes, ya sea separada-mente o en combinación con los servicios que se enumeran en los incisos b, c, d, e y f de este Artículo. Entendiéndose, que al actuar como agentes de otras agencias de viajes en las funciones arriba mencionadas responderán como principales y/u origina-dores del servicio y estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley de Servicio Público de Puerto Rico.
b. La prestación de servicios adicionales, tales como la me-diación en reservaciones de diferentes tipos, como por ejemplo, alojamiento, transportación y entretenimiento, o arreglos rela-cionados con el propósito del viaje. (Enfasis suplido.)

Al enumerar a través del reglamento los servicios que podían realizar las agencias de pasajes, la Comisión cumplió con el mandato legislativo de delimitar específicamente las actividades concretas que quedarían sujetas a reglamentación a tenor con el amplio poder conferido a la Comisión. Una vez el legislador concedió autoridad a la Comisión para reglamentar una empresa que presta un servicio de gran interés a la comunidad, le delegó no sólo poder para reglamentar las funciones tradicionales que esa empresa realiza, sino también para fiscalizar aquellas otras que surgen de la actividad principal. Como bien ha señalado este Tribunal:

... [N]o es indispensable que la ley fije normas detalladas y minuciosas. Dadas las condiciones sociales y económicas mo-dernas, (1) la Legislatura no puede considerar los detalles de los programas de gobierno: su función esencial es la de estable-cer pautas generales y si tratase de intervenir en los detalles no podría desempeñarla a cabalidad; (2) con frecuencia es preciso desarrollar programas que exigen la supervisión constante, el conocimiento técnico y la experiencia especializada de organis-mos administrativos; y (3) siempre resulta esencial para la rea-lización efectiva de esos programas conceder un amplio margen de discreción a dichos organismos. Por eso, la delegación de poderes puede hacerse constitucionalmente a base de normas amplias y generales. López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 661 (1958).

Igualmente señalamos en Rivera, v. Lugo, Alcaide, 53 D.P.R. 684, 698, (1938) que:

La Ley de Servicio Público en su totalidad revela una política legislativa definida de supervisión, reglamentación y control so-bre las compañías de servicio público y sobre los porteadores públicos. Reglamenta estas compañías y porteadores hasta cierto punto, establece determinadas normas, criterios y reglas que servirán de guía a la Comisión de Servicio Público y por y mediante sus propias órdenes, reglas y reglamentos confiere además a la Comisión la facultad de reglamentar, supervisar y controlar tales compañías y porteadores.

A la luz de estas normas, en Derecho es claro que el reglamento aprobado por la Comisión estaba dentro de los amplios poderes que el legislador le confirió para regla-mentar los servicios de las agencias de viajes.

No estamos aquí ante una situación en que una em-presa realiza una actividad que claramente no estaba su-jeta a reglamentación y fiscalización por la Comisión, como ocurrió en el caso de P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., 111 D.P.R. 686 (1981), y que el tribunal de instancia erróneamente consideró aplicable. P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., supra, que no revocamos de modo alguno, es claramente distingible del caso de autos. En P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., supra, la Comisión fijó tarifas para servicios de remolque. Sin embargo, suce-día que las empresas dedicadas al servicio de remolque no estaban incluidas bajo el acápite de compañía de servicio público ni bajo la definición de porteador público. Aunque la Comisión tenía poder para fijar tarifas, era claro que las compañías de remolque no estaban sujetas a su jurisdicción.

Fue en ese contexto que este Tribunal señaló que la Comisión y los tribunales no pueden añadir tipos de empresas a los que la Asamblea Legislativa define como de servicio público ni asumir jurisdicción sobre actividades que no estén autorizadas por ley. Dicho señalamiento no se extiende a casos como el de marras, que es enteramente distinto al de P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., supra, en el que la Comisión tiene autoridad clara para reglamentar la empresa en cuestión. En el caso que nos ocupa, la actividad que ha de ser regulada (servicio de reserva de alojamiento) no sólo está íntimamente relacionada con la actividad principal de la agencia de viajes, sino que incide sobre dicha actividad. Las agencias de pasajes, con el pretexto de ofrecer un “viaje integral” (package tour), pueden disfrazar un alza en la tarifa de los boletos de viaje y sacrificar la calidad del lugar de alojamiento para obtener una ganancia. Esto, definitivamente, incide sobre la actividad de venta de boletos, ya que puede tener un impacto negativo en el consumidor en cuanto al precio del pasaje y en cuanto a la calidad de servicio en el alojamiento. Limitar la jurisdicción de la Comisión a regular sólo la venta pasajes, dado el amplio desarrollo que ha ocurrido en los negocios y sérvicios de esas agencias, que incluyen otras actividades de tanta o más importancia que la venta en sí del pasaje, es dejar a la Comisión prácticamente inoperante en lo que a reglamentación de dichas agencias se refiere.

Debemos reiterar aquí que la creación de la Comisión fue el resultado de la imperiosa necesidad social de reglamentar y fiscalizar de cerca las operaciones dé las compañías de servicio público. La decisión del poder legis-lativo fue en el sentido de que estos negocios podían incu-rrir en excesos muy perjudiciales al interés público, por lo que se hacía necesario institucionalizar algún medio para proteger a la comunidad en general.

El poder legislativo, claro está, no podía entender directamente en todos los aspectos del problema que había identificado. La creciente complejidad de la vida moderna y la multiplicación de los eventos y servicios que se fiscalizan hacían necesaria la delegación de poderes por la Asamblea Legislativa a un organismo especializado que pudiese encararlo en todos sus frentes. Esta delegación de autoridad bajo criterios amplios no se cuestiona hoy día. Si la reglamentación promulgada por la agencia para implantar la encomienda que se le ha hecho cae dentro de los amplios poderes delegados, y no es arbitraria o caprichosa, tiene el visto bueno judicial. Véanse: Rivera v. Lugo, supra; Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974); M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987).

Nuestra conclusión de que la Comisión tenía autoridad legítima para reglamentar los servicios de alojamiento prestados por las agencias de viajes no depende únicamente de los bien conocidos y fundamentales principios y normas de derecho administrativo que hemos citado. Se apoya, además, en el historial de las enmiendas a la Ley de Servicio Público de Puerto Rico legisladas en 1990. Al aprobar la Ley Núm. 50 de 22 de agosto de 1990, ampliando los poderes de la Comisión, el legislador tuvo dos propósitos distintos aunque íntimamente relacionados entre sí. Como tantas veces ocurre en estas situaciones, el legislador quiso adicionar nuevas facultades a la Comisión, a la vez que aclaraba otras facultades que la Comi-sión ya tenía pero que requerían una definición más ex-presa a tenor con las nuevas situaciones creadas por el desarrollo económico y los avances tecnológicos. Uno de los asuntos que el legislador quiso aclarar fue precisamente el relacionado con las facultades existentes de la Comisión respecto a los servicios de alojamiento prestados por las agencias de viajes. En el Informe Conjunto de las Comisio-nes de lo Jurídico y de Asuntos del Consumidor del Senado sobre la Ley Núm. 50, supra, se expresa y diáfanamente se señaló lo siguiente:

Se introduce la enmienda al inciso (w) del Art. 2 de la ley para clarificar que la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público sobre agencias de pasajes incluye otros servicios ínti-mamente relacionados con la actividad de venta de pasajes, especialmente viajes integrales o excursiones. Estos servicios in-cluyen alojamiento, transportación terrestre, comidas, entrete-nimiento y visitas a lugares de interés. (Enfasis suplido.)

De esta forma el legislador eliminaba cualquier incerti-dumbre que pudiese haber respecto a si la Comisión podía fiscalizar los servicios de las agencias respecto a alojamiento. La enmienda a la Ley de Servicio Público de Puerto Rico ratificaba así lo que la Comisión venía ha-ciendo en el ejercicio del poder reglamentario que se le ha-bía delegado.

Por todo lo anterior, es evidente que la Comisión tenía autoridad para reglamentar los servicios de alojamiento prestados por agencias de viajes, al momento que se trajo a su consideración la querella ante nos.

HH HH

Establecido que la Comisión tenía autoridad para resolver disputas sobre la actividad de alojamiento, veamos si la querellada incurrió en una violación que amerite la con-cesión de daños a tenor con el Art. 20 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. see. 1107.

El Art. 20 (a) de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1107(a), dispone:

Cuando la Comisión, luego de celebrada audiencia determi-nare que cualquiera tarifa cobrada, acto realizado u omitido, o práctica puesta en vigor ha infringido cualquier orden, fuere injusta o irrazonable, estableciere diferencias o preferencias in-justificadas o indebidas o que la tarifa cobrada excede la radi-cada, publicada y vigente a la fecha en que se prestó el servicio, podrá ordenar a la compañía de servicio público o porteador por contrato que pague al perjudicado, dentro del tiempo razo-nable que se especifique, el importe de los daños y perjuicios sufridos como resultado de la tarifa, acto, omisión o práctica injusta, irrazonable o ilegal. La orden que a ese efecto se expida contendrá conclusiones de hechos y la cuantía que ha de pagarse. (Enfasis suplido.)

Este Tribunal, interpretando el alcance y contenido del Art. 20, supra, señaló en el caso de Vera v. Pavesi, 116 D.P.R. 55, 58 (1985):

Somos del criterio que dicho precepto legal faculta a la Comi-sión de Servicio Público a conceder indemnización monetaria a un usuario de una compañía de servicio público, o porteador por contrato, únicamente en aquellos casos en que éste se ve afec-tado o sufre daños: 1 — al ser “víctima” de una tarifa, práctica puesta en vigor, acto u omisión que (a) infrinja cualquier orden de la Comisión, o (b) resulta injusta o irrazonable, o (c) esta-blece diferencias o preferencias injustificadas o indebidas, y 2 — cuando le es cobrada una tarifa que excede la radicada, pu-blicada y vigente a la fecha en que se prestó el servicio. (Enfasis suprimido y escolio omitido.)

En el caso ante nuestra consideración, los querellantes alegan que la querellada fue negligente al no cumplir con lo ofrecido en la excursión que les vendió y al no velar, además, por la seguridad debida a sus vidas y sus bienes. La querellada por su parte alega que los daños sufridos por los querellantes se debieron sencillamente al hecho impre-visible del hurto de la cartera durante horas de la noche. Procede determinar si la reclamación implicada es “pura-mente de derecho civil” o si implica una violación a las obligaciones que emanan de la relación usuario-compañía de servicio.

A tenor con lo señalado en Vera v. Pavesi, supra, una reclamación pura de derecho civil es aquella en la que no se requiere ninguna clase de conocimiento especializado para resolver la reclamación en controversia. Aunque exista una relación usuario-compañía de servicios, ésta queda opacada por los derechos y la posible responsabilidad de terceros. En cambio, cuando la reclamación tiene una relación directa y sustancial con el servicio público que presta la empresa, se requiere aplicar el conocimiento especializado de la agencia para resolver la reclamación. Véase Rovira Palés v. P.R. Telephone Co., 96 D.P.R. 47, 52-53 (1968).

En este caso existe una reclamación que tiene una rela-ción directa y sustancial con el servicio público que presta la empresa. La Comisión, aplicando su conocimiento espe-cializado sobre estos asuntos, determinó que la agencia querellada no proveyó alojamiento que fuese adecuado. Ello surge claramente de las determinaciones de hecho de la Comisión en el sentido de que en el motel que se le consiguió a los querellantes, el acondicionador de aire no funcionaba, el lavamanos del baño estaba tapado, la estufa era prácticamente inservible y el lugar ofrecía poca seguridad.

Si bien es cierto que los hechos incluyen un hurto, que por sí sólo es un acto cuya dilucidación no requiere la apli-cación del conocimiento especializado de la Comisión, no se puede afirmar que el hurto fue la única razón o móvil de los querellantes para solicitar compensación por los daños sufridos. El hurto no fue un incidente que opacara la relación usuario-compañía de servicio público, como ocu-rrió en el caso de Vera v. Pavesi, supra. Más bien, fue otro evento más dentro de la cadena de incidentes generados por la omisión de la agencia de viajes de seleccionar un lugar de hospedaje adecuado, máxime cuando los servicios que serían prestados a los querellados se ofrecerían fuera de su país de origen.

Determinar si la omisión en que incurrió la agencia constituye una práctica ilegal e injusta a tenor con el Art. 20 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, supra, es una función típica de la Comisión. A este organismo, primordialmente, le corresponde determinar si una omisión de una agencia de viajes resulta en perjuicio de las actividades de venta de pasajes y reserva de alojamiento. Estas actividades caen bajo el ámbito de reglamentación de la Comisión según establecimos al comienzo de esta opinión. La Comisión tiene un alto interés en atender estos casos. La práctica de no proveer alojamiento adecuado va en detrimento de los usuarios de estos servicios. Los ex-pone a gastos innecesarios y pérdida de vacaciones. Aunque la agencia de viajes no puede garantizar en todos los casos la seguridad de los usuarios, por estar en mejor posición que ellos por su experiencia en este campo, al ofrecer viajes integrales a sus clientes debe hacer todo lo posible por procurarles alojamiento que tenga un mínimo de seguridad y calidad, al menos en situaciones como la presente donde la agencia ha anunciado y vendido un viaje integral (package tour) que era el objeto del contrato entre las partes. En este caso la Comisión, basándose en su conocimiento especializado de estos asuntos, determinó que la agencia no cumplió con ese deber. Este Tribunal ha reiterado que una determinación de un organismo administra-tivo merece deferencia al ser revisada por los tribunales apelativos. Estos deben ser cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. Véase Méndez & Co., Inc. v. D.A.C.O., 104 D.P.R. 707 (1976). Aquí la Comisión no abusó de su discreción. Condenó a los querellados a indemnizar a los querellantes con la suma de $2,000 luego de determinar que hubo una violación al Art. 20, supra, tal y como dicha ley ordena.

No encontramos irrazonable la suma de $2,000 adjudi-cada a los querellantes. La Comisión determinó en su re-solución que esta suma iba dirigida a resarcir los daños materiales, los contratiempos, las angustias y los sufri-mientos mentales ocasionados por la omisión de la querellada. Entre los daños materiales encontramos los ob-jetos perdidos por la querellante Emma Berdecía ascen-dentes a $880. También el menoscabo y encarecimiento de las vacaciones que, producto del traslado a otro hotel, obligó a los querellantes a incurrir en gastos y trámites no contemplados. Por último, y suficiente por sí sólo para otorgar la cantidad aludida, están las angustias y los su-frimientos mentales que le ocasionó a los querellantes el haber estado expuestos a perder sus vidas. Hemos recono-cido que las angustias mentales son daños que pueden ser compensados. Véanse: Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967). Por lo tanto, no hay duda que estamos ante un daño resar-cible por ser uno que afecta la condición anímica de la persona.

Por las razones antes expuestas, se revoca la sentencia del Tribunal Superior y se confirma la resolución y orden de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió con opinión escrita, a la cual se unió la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

— O —

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón.

Por entender que cuando ocurrieron los problemas que origina la controversia de autos, la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico (en adelante Comisión) no tenía jurisdicción para adjudicar la querella por las servicios de alojamiento suministrados por las agencias de pasajes, disentimos de la opinión del Tribunal.

M

AI evaluar este recurso recordamos que en P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., 111 D.P.R. 686, 691-692 (1981), concluimos que “[n]i la Comisión ni los tribunales pueden añadir tipos de empresa a las que define la Asam-blea Legislativa como de servicio público .... La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico no puede asumir juris-dicción sobre clase alguna de actividad que no esté clara-mente autorizada por ley para ello”. También, al igual que el Tribunal Superior, partimos de la premisa de que “en este caso la única queja de los viajeros querellantes es con relación a la calidad del sitio escogido por la empresa que-rellada para dar el servicio de alojamiento, y no hay queja de clase alguna relacionada con el viaje en sí”. Apéndice, pág. 156.

Por su naturaleza, a la Comisión le aplican las normas elementales vigentes en derecho administrativo. En particular, su jurisdicción está determinada por la Asamblea Legislativa quien le delegó los poderes para reglamentar un área de la economía. Al promulgar un reglamento, la Comisión puede complementarlo, pero no puede “sustituir el criterio legislativo o judicial plasmado en el estado de derecho vigente”. Aulet v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 1, 24 (1991). Véase, además, A.P.I.A.U., Inc. v. Srio. de. Hacienda, 100 D.P.R. 173 (1971).

En 1985, al amparo del Art. 14 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1101, la Comisión estaba autorizada a adjudicar reclamaciones contra las agencias de pasajes únicamente en cuanto a “la venta u ofrecimiento en venta de pasajes en Puerto Rico para el transporte aéreo, terrestre o acuático de personas para lu-gares dentro o fuera de Puerto Rico ...”. (Enfasis suplido.) 27 L.P.R.A. sec. 1002(w). En vista de nuestros pronuncia-mientos en P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., supra, el Tribunal Superior interpretó correctamente el po-der adjudicativo de la Comisión y no encontró en la ley “nada que pueda tan siquiera sugerir que el servicio de gestionar alojamiento para un viajero es una actividad cu-bierta por la ley”. Apéndice, pág. 156.

Mientras el recurso estaba pendiente ante esta Curia, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley de Servicio Público de Puerto Rico en 1990. Conscientes de los poderes limita-dos concedidos a la Comisión para reglamentar las agen-cias de pasajes, la Asamblea Legislativa en 1990 amplió la jurisdicción de la agencia mediante la Ley Núm. 50 de 22 de agosto de 1990. La exposición claramente revela que la intención legislativa era otorgar nuevos poderes a la Comi-sión sobre actividades que no estaban bajo su jurisdicción.

El desarrollo económico imperante en el país ha hecho posi-ble que las empresas que ofrecen servicios y bienes al pueblo se hayan expandido en áreas que no estaban contempladas en épocas pasadas. Es nuestro propósito ampliar la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público para que se enfrente a las con-diciones cambiantes de la sociedad y haga un mejor uso de la experiencia adquirida en años anteriores en beneficio del inte-rés público.
Para lograr el anterior objetivo es necesario enmendar la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, a los fines de proveerle jurisdicción a la Comisión de Servicio Público para fiscalizar nuevos servicios y nuevas empresas que prestan ser-vicios públicos.
Nos proponemos ampliar la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público para que fiscalice las empresas que realizan servicios que están íntimamente unidos a la venta de pasajes, a las empresas que prestan servicio, venta, reparación y ajuste de metros de taxis, así como de vehículos públicos; a las empre-sas dedicadas a prestar servicio de venta, distribución, recons-trucción y reparación de cilindros para el gas licuado de petró-leo; y establecer penalidades por alterar metros de vehículos de servicio público y la violación del requisito de licencia para su venta o reparación. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 50 de 22 de agosto de 1990, Leyes de Puerto Rico, pág. 1.

Con estos propósitos el estatuto, específicamente, am-plió los nuevos servicios ofrecidos por las agencias de pa-sajes e incluyó las “reservaciones de alojamiento, entrete-nimiento o transportación terrestre o confección y venta de viajes integrales (excursiones) dentro o fuera de Puerto Rico”. (Enfasis suplido.)

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos del Consumidor el Presidente de la Comisión de Servicio Pú-blico de Puerto Rico expresamente reconoció que en 1990, en lo referente a las agencias de pasajes, “la única activi-dad específica que esta[ba] sujeta a nuestra jurisdicción [era] l[a] relacionad[a] con la venta de pasajes”. Memorial del Ledo. Enrique Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico a la Hon. Elsie Calderón de Hernández, Presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor, P. del S. 749 de 23 de abril de 1990, pág. 3. Ante la realidad de que estas empresas llevan a cabo otras funciones que generaban infinidad de quere-llas ante la Comisión, el licenciado Rodríguez Rodríguez recomendó que se ampliara la jurisdicción de la agencia para expresamente incluir estas nuevas actividades de las agencias de pasajes y permitirle a la entidad, mediante un procedimiento adjudicativo, dilucidar las reclamaciones presentadas en su contra.

La Asamblea Legislativa acogió esta propuesta y en-mendó la ley para autorizar a la Comisión a reglamentar estos nuevos servicios y adjudicar reclamaciones a la luz de la prueba sometida por las partes. Al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Comisión tiene que adjudicar formalmente cualquier reclamación salvaguardando los derechos de las partes afectadas. 3 L.P.R.A. sees. 2151— 2169.

Aunque con posterioridad a la presentación del caso ante este Tribunal, la acción legislativa, amplió los poderes delegados a la Comisión y aumentó la protección de los consumidores para incluir otros servicios ofrecidos por las agencias de pasajes, no podemos endosar la tesis mayori-taria de que las enmiendas de 1990 fueron para aclarar las facultades que la Comisión ya tenía. De la exposición de motivos de la Ley Núm. 50, supra, y de las declaraciones del propio Presidente de la Comisión claramente se des-prende que, como dichas actividades no estaban bajo la jurisdicción de la Comisión, estas enmiendas tenían el pro-pósito de aumentar sus poderes y no de aclararlos.

No obstante esta aceptación de la Asamblea Legislativa, de que antes de 1990 la Comisión no tenía jurisdicción para adjudicar querellas contra agencias de pasajes relati-vas a las reservaciones de alojamiento, hoy una mayoría de este Tribunal resuelve lo contrario y corrige la omisión que tenía anteriormente la Ley de Servicio Público de Puerto Rico. No podemos refrendar este acto de legislación judicial. Tampoco podemos suscribir la revocación sub si-lentio de P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., supra.

I

No obstante lo anterior, si presumiéramos que la Comi-sión tenía jurisdicción, procede en derecho devolver el caso al Tribunal Superior para que oportunamente evalúe el re-curso de revisión presentado por la empresa. Como dicho foro únicamente adjudicó el planteamiento jurisdiccional, debe evaluar los otros errores señalados.

En particular, el Tribunal Superior deberá examinar si la Comisión violó el debido proceso de ley al adjudicar los daños reclamados, revocar la licencia de la agencia de pa-sajes e imponer una multa de $100, sin ofrecerle una opor-tunidad de ser oída.

Además, dicho foro debe revisar las determinaciones de hechos de la Comisión para verificar si están sostenidas por evidencia sustancial y evaluar si se justifica una in-demnización de $2,000 por los problemas que surgieron en la excursión a Orlando, Florida, cuyo precio total fue de $399.00, por un viaje de diez días, incluyendo alojamiento para cinco personas y el alquiler de un automóvil.

Por las razones anteriormente expuestas, disentimos.

       Entre las pertenencias la señora Berdecía perdió: (a) $400; (b) prendas valo-radas en $150; (c) lentes de contacto valorados en $250; (d) cosméticos valorados en $70, y (e) $10 en monedas.

       Surge de las determinaciones de hecho de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico que la querellada devolvió a los querellantes la suma de $240. Esto, en concepto de las noches que no se quedaron en el motel original.

       Existen serias dudas sobre si realmente se presentó la moción de suspensión. Consta entre los documentos del caso una certificación del Secretario de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico que señala que dicha moción de suspensión, de 9 de noviembre de 1985, no aparece registrada, a pesar de que hizo una búsqueda minuciosa. Señaló que no había ningún documento presentado durante esos días, ya que éstos fueron sábado, domingo y lunes feriado. La búsqueda en los días posterio-res, 12 y 13 de noviembre de 1985, resultó infructuosa.

       Art. 2 (w) de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. see. 1002 (w).

       íd.

       Art. 3 del Reglamento General para las Empresas de Agencias de Pasajes de Puerto Rico, Comisión de Servicio Público, 5 de febrero de 1974, pág. 1.

       El Presidente de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico le indicó a la Legislatura en un memorando que la actividad de reserva de alojamiento es una de las que mayormente genera querellas y quejas. Véase Memorial sobre el P. del S. 749 de 23 abril de 1990, pág. 3.

       15 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 2, pág. 540 (1962).

       Véase Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico y de Asuntos del Consumidor sobre el P. del S. 749 de 24 de mayo de 1990, pág. 4.

       El remedio solicitado a través de la querella fue la devolución total de los gastos incurridos y los daños sufridos con motivo de la negligencia de los querellados.

       Ejemplo de ello es el tiempo empleado para evitar el uso sin autorización de tarjetas de crédito y cheques de viajero.

       De los autos se desprende que la empresa inicialmente objetó la jurisdicción de la Comisión para adjudicar la querella. También solicitó una posposición de la vista señalada aduciendo un conflicto en el calendario de su representación legal. La Comisión no tomó acción sobre estas peticiones y celebró la vista en la fecha señalada. Como la empresa no estuvo representada en esa vista, no pudo rebatir la prueba desfilada por el querellante. Tampoco pudo contrainterrogar a los testigos ni presentar su defensa.

       El Tribunal Superior deberá examinar cuidadosamente si la prueba sometida es suficiente para sostener la determinación de daños.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Nellie González, demandante y recurrida, v. José Enrique Suárez Milán, demandado y peticionario.

      Número: CE-92-120

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Roberto Cardona Ubiñas, abogado del peticionario; Pedro García Mejías, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso requiere que resolvamos por primera vez cúal es el alcance de los términos del Art. 109 del Có-digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 385, que limitan la pensión alimenticia del ex cónyuge a una cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos del alimentante.

El 19 de diciembre de 1990, el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, decretó el divorcio de las partes, imponién-dole al peticionario una pensión alimenticia a favor de su ex cónyuge de $800 mensuales. El 14 de enero de 1991 el peticionario solicitó que se rebajase la pensión aludida por no guardar proporción con sus ingresos. En la declaración jurada que acompañaba su solicitud de rebaja, el peticio-nario indicó que aunque su ingreso bruto mensual era de $3,599.79, su ingreso neto era sólo de $2,527.16, y que te-nía gastos fijos de $1,836.18, sobrándole sólo $690.98 para atender la pensión de su ex cónyuge. El 18 de julio de 1991 el tribunal de instancia denegó la solicitud de rebaja, por lo que el peticionario oportunamente presentó una moción de reconsideración alegando que la pensión fijada excedía el límite máximo establecido por el Art. 109 del Código Civil, supra. El tribunal de instancia denegó la reconsideración y el peticionario acudió a nos mediante un recurso de certio-rari impugnando la pensión aludida por ser contraria a lo dispuesto en el referido Art. 109. Concedimos treinta (30) días a la parte recurrida para mostrar causa por la cual no debía reducirse su pensión alimenticia conforme a lo dis-puesto por el citado artículo. Habiendo contestado el recu-rrido nuestro requerimiento, por las razones expuestas a continuación confirmamos la sentencia dé instancia.

HH ¡-H

Debemos comenzar reiterando que el Art. 109, supra, llegó a nuestro Código Civil procedente del Art. 160 del Código Civil del estado de Louisiana. 31 L.P.R.A. sec. 385n; Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981); Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228 (1990). No conocemos precisa-mente los motivos legislativos que impulsaron su adopción original en Puerto Rico, pero es claro que su adopción res-pondió, en general, al mandato del Congreso en 1900 de que las instituciones jurídicas de Puerto Rico estuviesen en más estrecha armonía con el sistema legal americano. Hasta el 1ro de marzo de 1902 rigió en el país el Art. 73 del Código Civil de España, que le reconocía a la mujer dere-cho a alimentos en casos de divorcio, sin imponer cuotas o límites fijos a los mismos. Las disposiciones del referido Art. 73 del Código Civil español fueron suplantadas luego del cambio de soberanía, al entrar en vigor en la isla el Proyecto de Código Civil preparado por la Comisión de Re-visión creada bajo el Acta Foraker para ajustar las leyes de Puerto Rico a las exigencias del nuevo régimen.

Como señala Vázquez Bote, parafraseando a Muñoz Morales, la llamada revisión de 1902 tuvo como resultado que el Código Civil de Puerto Rico sufriera la influencia del criterio norteamericano irrazonablemente. Se llevaron a cabo modificaciones que, “aunque venidas del Código [CJivil de Lousiana, no parangonaban con el Código [C]ivil de Puerto Rico, rompiendo su unidad sistemática, siendo, de otro lado, innecesarias. Igualmente, se introdujeron, sin necesidad alguna, preceptos ajenos a la peculiar forma de ser puertorriqueña ...”. E. Vázquez Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, San Juan, Eds. Jurídicas, 1972, T. I, Vol. 1, pág. 135.

Una de las disposiciones que se injertó a nuestro Código Civil como parte de la aludida “revisión” de 1902 fue pre-cisamente el citado Art. 109 que nos ocupa. En Louisiana, el artículo del cual éste fue tomado disponía que la pensión alimenticia del marido a la esposa no excedería de una tercera parte del ingreso del marido. LSA-C.C. Art. 160 (West’s 1993). Inicialmente en Puerto Rico se adoptó el ar-tículo con igual límite de cuantía que en Louisiana. Sin embargo, en 1948 se enmendó el artículo y se redujo el límite máximo a una cuarta parte del ingreso del marido, sin que conste explicación o justificación alguna para tal reducción, ni quien la exigió.

En Louisiana, al interpretarse el alcance del artículo en cuestión, ha prevalecido la interpretación de que el ingreso del alimentante aludido incluye todas sus entradas, rentas y sueldos sin imputársele deducciones por razón de gastos que éste tenga. Es decir, para determinar cuál es la pen-sión máxima que puede pagársele al ex cónyuge se calcula una tercera parte del ingreso bruto del alimentante. En Louisiana se ha tenido muy en mente que si se fuera a determinar dicha pensión dé acuerdo con el ingreso neto del alimentante existiría el riesgo de que éste incurra iñ-necesariamente en gastos excesivos para así reducir la cuantía de la pensión. Véanse: Sampognaro v. Sampognaro, 41 So. 2d 456 (1949); Roberts v. Roberts, 145 So.2d 669 (1962); Drapekin v. Drapekin, 185 So.2d 90 (1966); Ballard v. Ballard, 367 So.2d 1220 (1979); Sonfield v. Deluca, 385 So.2d 232 (1980).

HH . H — I h — I

El Art. 109 de nuestro Código Civil, supra, establece una limitación al máximo que puede fijarse por concepto de alimentos, que debemos interpretar de manera flexible. Ya en Milán Rodríguez v. Muñoz, supra, tuvimos que extender sustancialmente el ámbito de protección de este artículo para incluir al ex cónyuge varón en el beneficio de pensión alimenticia, salvando así el craso carácter discriminatorio que tenía de su faz el citado Art. 109. Ahora debemos reconocer que la limitación de la pensión a una cuarta parte de los ingresos del alimentante no es enteramente cónsona con las características esenciales que tiene la institución de alimentos entre parientes en nuestro ordenamiento jurídico. Los alimentos en nuestro Derecho se rigen esencialmente por el principio de proporcionalidad. Se conceden, generalmente, no de acuerdo con cuotas fijas, sino proporcionados al caudal o a las medios del alimentante y a las necesidades del alimentista. Véanse: Falcón v. Cruz, 67 D.P.R. 530 (1947); Montañez v. Rodríguez, 69 D.P.R. 867 (1949); García v. Acevedo, 78 D.P.R. 611 (1955); Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217 (1982); Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).. La cuota fija contradice el principio de proporcionalidad en aquellos casos donde, disfrutando el alimentante de recursos más que suficientes, no tiene que atender las necesida-des legítimas del alimentista empobrecido si estas exceden la cuota fija.

En segundo lugar, como señalamos en Suria v. Fernández Negrón, 101 D.P.R. 316 (1973), la institución de alimentos en nuestro ordenamiento jurídico tiene un carácter dinámico, ya que “se reclaman o se dispensan al ritmo de las circunstancias cambiantes de alimentante y alimentista”. Este carácter dinámico puede ser socavado por la cuota fija en aquellos casos donde las circunstancias del alimentista cambian y se deterioran notablemente pero éste no puede pedir más alimentos del ex cónyuge aun cuando tenga los medios si las nuevas necesidades exceden la cuota fija.

Finalmente, hemos señalado reiteradamente que el asunto de alimentos entre parientes está investido del mayor interés público. Como bien señala Manresa, la obligación de dar alimentos surge del derecho fundamental de todo ser humano a existir y a desarrollar plenamente su personalidad. Por eso es un “ ‘deber altamente social, que no depende de la voluntad del que le tiene, sino que se impone ... como una de las condiciones necesarias de la vida progresiva de la humanidad’ ”. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1956, T. I, págs. 782-783. Para poder atender cabalmente este interés apremiante del Estado es menester evitar, en lo posible, la cortapisa que impone una mecánica literal, como es la de la cuota fija.

Por estas razones, al interpretar el Art. 109 de nuestro Código Civil, supra, debe hacerse con flexibilidad, sin ceñirse a conceptos rígidos que impidan o dificulten lograr equitativamente los propósitos importantes que conforman la institución de alimentos en nuestro ordenamiento jurídico.

IV

En el caso ante nos, la pensión fijada excedía la cuarta parte del ingreso neto mensual alegado por el peticionario, pero era menor que la cuarta parte del ingreso bruto mensual declarado por éste. Con arreglo a los señalamientos anteriores, resolvemos que la pensión fijada por el tribunal de instancia no excedió los límites fijados por el Art. 109 del Código Civil de Puerto Rico, supra, ya que es menor que la cuarta parte del ingreso bruto del alimentante.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado mediante opinión escrita. El Juez Asociado Se-ñor Hernández Denton concurrió sin opinión escrita.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Como hemos ya expresado en varias ocasiones, el uso indebido del vehículo procesal decisorio de la “opinión” puede hacerle un grave daño a la imagen y reputación del Tribunal. Nunca debemos perder de vista que las “opinio-nes” que emite el Tribunal tienen el propósito, y efecto, de establecer en nuestra jurisdicción nuevas normas de dere-cho, así como aclarar y despejar situaciones jurídicas com-plejas o confusas, y suplir “lagunas” en nuestro ordenamiento.

Cuando la “opinión” que se emite por el Tribunal en un caso en particular tiene la consecuencia de confundir no sólo a la judicatura sino que a los integrantes de la clase togada en general, no hay duda que el Tribunal no ha cum-plido con su principal obligación: la de pautar el derecho en nuestra jurisdicción en una forma clara y diáfana. La “Opi-nión” hoy emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso lamentablemente no cumple con ese objetivo.

M

Realmente desconocemos los motivos, o razones, que movieron a la mayoría a certificar la decisión emitida como una Opinión del Tribunal. No creemos que la norma juris-prudencial que la Opinión emitida intenta establecer —a los efectos de que el Art. 109 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 385, debe ser interpretado en forma “flexible”— ameritara la emisión de una “opinión del Tribunal”. Por otro lado, somos del criterio que nadie podrá descifrar, con certeza, que ha querido realmente decir el Tribunal con el término “flexible”.

Pensando en voz alta, en ayuda de la profesión, se nos ocurre pensar que el Tribunal se refiere a que las disposi-ciones del citado Art. 109 no son mandatorias y, por él con-trario, meramente directivas, o, que los jueces de instancia podrán ejercer su “discreción” al respecto.

En resumen, el ansia desmedida por publicar “opinio-nes” ha llevado, nuevamente, al Tribunal a certificar una ponencia como “Opinión” que no cualifica como tal. Es por ello que meramente concurrimos en el resultado

       El Art. 109 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 385, literalmente dispone que la pensión alimenticia no podrá exceder “de la cuarta parte de los ingre-sos, rentas o sueldos percibidos”. Si a ello aplicamos lo dispuesto en el Art. 15 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 15, a los efectos de que “[1] as palabras de una ley-deben ser generalmente entendidas en su más corriente y usual significación, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces”, debemos concluir que no se refiere al ingreso neto del alimentante, sino a todos los ingresos que éste percibe sin hacerle deducción alguna. La acepción general de los vocablos usados en el Art. 109, supra, sobre todo de la manera general en que se usan en dicho artículo, no es igual a la del concepto de “ingreso neto” que es técnico o especializado.

       Somos del criterio que, en virtud a los hechos específicos del caso de epígrafe, es correcta la resolución que emitiera el tribunal de instancia en el presente caso. El peticionario realmente no ha demostrado que dicha resolución sea errónea; la misma merece nuestra deferencia.


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    El Municipio de Cayey, representado por el Estado Libre Asociado, demandante y recurrente, v. Angel Soto Santiago, Benita López Soto y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandados y recurridos.

      Número: RE-89-400

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Sylvia Cando Bi-gas, Procuradora General Auxiliar, abogados del Munici-pio recurrente; José Luis Ramos Hernández, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

HH

Mediante una intervención especial realizada en el Mu-nicipio de Cayey (en adelante Municipio), la Oficina del Contralor de Puerto Rico (en adelante Oficina del Contra-lor) determinó que durante el período de 10 de abril de 1975 a 30 de marzo de 1976, el codemandado Angel Soto Santiago se apropió ilegalmente de fondos públicos por la cantidad de $16,131.93 mientras se desempeñaba como Recaudador Auxiliar del Municipio de Cayey.

Con arreglo a dicha intervención, el Pueblo de Puerto Rico presentó cargos criminales contra el demandado recu-rrido por delito contra fondos públicos (Art. 216 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4391), y el Tribunal de Distrito, Sala de Cayey, determinó causa probable para el arresto el 13 de noviembre de 1987. Luego, el 13 de enero de 1988, el magistrado suspendió la vista preliminar para determinar causa probable para acusar al deman-dado de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 240 de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El demandado recu-rrido fue objeto de evaluaciones por un psiquiatra del Estado en las que se determinó que efectivamente el de-mandado se encontraba mentalmente incapacitado e improcesable. Posteriormente, el demandado recurrido fue declarado improcesable por razón de incapacidad mental, por lo que el proceso criminal llevado en su contra fue sus-pendido sin el tribunal poder dictar sentencia.

El 22 de junio de 1988, diez (10) años y siete (7) meses después de la fecha de publicación del informe del Contra-lor, el Municipio, representado por el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, presentó una acción civil para reco-brar los fondos públicos ilegalmente sustraídos.

En la demanda se alegó que tanto el Gobierno Municipal de Cayey como el Gobierno del Estado Libre Asociado, a través del Departamento de Justicia de Puerto Rico, ha-bían realizado múltiples gestiones extrajudiciales para que la parte demandada recurrida restituyese el dinero alega-damente apropiado por dicha parte, pero que tales gestio-nes resultaron infructuosas. Por tal razón, el aquí recu-rrente solicitó al tribunal que ordenara a la parte demandada a restituir al Estado la suma de $14,418.18 que ésta adeudaba, más los intereses legales correspon-dientes y las costas del proceso.

Al contestar la demanda, los demandados recurridos ne-garon los hechos esenciales de ésta y esgrimieron la de-fensa de prescripción de la acción. Posteriormente, me-diante moción de sentencia sumaria, solicitaron al tribunal que declarase la demanda sin lugar alegando que la acción incoada era una acción en daños y perjuicios por actos ile-gales e ilícitos del demandado recurrido Ángel Santiago, mediante culpa o negligencia, por lo que era de aplicación el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Aduje-ron que como el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298, dispone en lo pertinente que prescriben por el trans-curso de un (1) año “las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la see. 5141 [Art. 1802] de este título desde que lo supo el agraviado”, la presente ac-ción estaba prescrita.

A esta solicitud para que se dictase sentencia sumaria se opuso el demandante recurrente alegando que la acción incoada no era una acción para reclamar daños y perjuicios a favor del Municipio, sino una acción en cobro de dinero con el fin de que se ordenase al recurrido devolver la suma de dinero que éste se apropió y que pertenecía al erario municipal. El demandante recurrente alegó que siendo dicha acción análoga a la acción de cobro de dinero, también por analogía le aplicaba el término de prescripción de quince (15) años señalado en el Código Civil para las accio-nes sin término especial señalado. Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294. Finalmente, alegó que el tér-mino prescriptivo de quince (15) años para presentar la acción de epígrafe comenzaba el 27 de octubre de 1978, fecha cuando se hizo público el informe de la Oficina del Contralor.

El foro de instancia acogió la tesis de los recurridos, concluyendo que la acción instada era una de daños y per-juicios cuyo término prescriptivo de un (1) año ya había transcurrido, encontrándose por lo tanto prescrita. Deses-timada la demanda bajo este fundamento, el Estado Libre Asociado comparece ante nos argumentando como único señalamiento de error que:

El Honorable Tribunal de instancia erró al concluir que la presente acción civil estaba prescrita por constituir una acción en daños y perjuicios bajo el Artículo 1802, supra, y no una acción civil personal para recobrar unos fondos públicos ilícita-mente apropiados por el demandado-recurrido que es impres-criptible o en la alternativa, que prescribe a los 15 años. In-forme del Procurador General, pág. 6.

Expedimos el auto de revisión solicitado y estando en condiciones de resolver el mismo, revocamos.

I — H I — I

La acción particular que nos ocupa fue presentada por el Secretario de Justicia conforme a la Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973, que le confiere autoridad para tramitar acciones civiles o criminales que surjan como resultado de alguna intervención del Contralor. El propósito de esta ley es ayudar a hacer valer las determinaciones del Contralor y así salvaguardar la honestidad administrativa y la legalidad en el manejo de fondos públicos. La Ley Núm. 17, supra, sin embargo, no fija términos a las acciones que prevé, y ya hemos resuelto que las acciones que se tramiten a tenor con la misma “tendrán las limitaciones (términos prescriptivos, etc.) de la acción escogida para encausar a los funcionarios municipales quienes ... hayan incurrido en violaciones a la ley en el manejo ... de fondos públicos”. E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Pub. Mun., 126 D.P.R. 320, 331 (1990).

Por lo tanto, tenemos ante nos la cuestión de si la presente acción para recobrar los fondos públicos ilegalmente sustraídos surge del Art. 1802 del Código Civil, supra, como alega el recurrido y como resolvió el tribunal de instancia, o si en cambio se trata de una acción análoga a la acción personal en cobro de dinero, como alega el Estado. De esta determinación depende la cuestión de prescripción que, como reiteradamente hemos dicho, “es materia sustantiva y no procedimental, regida por los principios que informan el Derecho Civil. Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 407 (1974)”. (Escolio omitido.) Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 742-743 (1981). .

La cuestión ante nos, aunque sencilla en su formulación conceptual, está revestida de una seria dificultad ya que nuestro ordenamiento jurídico no establece directamente ninguna causa de acción civil particular para la restitución de fondos públicos obtenidos ilícitamente. Para poder decidir cuál término de prescripción aplica debemos identificar antes de dónde surge la causa de acción especifica de restitución, pero resulta que no hay tal causa de acción expresamente legislada. Ello nos obliga a explorar judicialmente las fuentes posibles para atender esta laguna legislativa, conforme al mandato del Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 7.

I — H hH I — I

Podemos afirmar con certeza que la acción en este caso no surge bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, y, por lo tanto, no aplica el término prescriptivo de un (1) año.

El tribunal de instancia falló al determinar que la causa de acción incoada por el Municipio para recobrar los fondos públicos apropiados ilegalmente por el demandado era una en daños y perjuicios bajo el Art. 1802, supra. Al así resolver se fundamentó erróneamente en el caso de Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711 (1987), donde se distin-gue la culpa extracontractual a que se refiere el Art. 1802, supra, de la que nace por la voluntad de las partes. Las alegaciones de la demanda presentada en este caso de-muestran claramente que lo único que solicita el Municipio es que la parte demandada devuelva al Estado una suma de dinero que el codemandado Soto Santiago venía obli-gado a depositar en el Municipio, de conformidad con las funciones inherentes a su cargo, y que alegadamente no depositó. La demanda presentada por el Estado Libre Aso-ciado no contiene alegación alguna respecto a la indemni-zación de daños o a la reparación de perjuicios. En los he-chos de este caso pudo haberse considerado como daño el costo administrativo interno causado por la actuación ile-gal del codemandado, el costo de las investigaciones y au-ditorías relativas a la contabilidad del Municipio, así como “[el] perjuicio patrimonial [que causa] el dar a los caudales del Estado un destino diferente del que tenía asignado, que obliga a proveer con otros medios económicos no previstos a las necesidades que aquellos caudales habían de cubrir o dejar desatendidos los servicios públicos para los que ha-bían sido presupuestados”. Véase J.M. Rodríguez Devesa, Derecho Penal español: Parte Especial, 9na ed., Madrid, Artes Gráficas Carasa, 1983, pág. 1127. Pero ninguna de estas alegaciones se hicieron. Sólo se pretende recobrar unos fondos que alegadamente el codemandado se apropió ilegalmente. No se ha incoado, pues, ni se está ejercitando una acción de daños.

Nuestra conclusión de que la acción en este caso no surge propiamente bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, descansa además en una fundamental consideración sobre la naturaleza de la responsabilidad que es exigible bajo ese artículo. Como bien señala Puig Brutau, la respon-sabilidad extracontractual o aquiliana, que es de la que trata nuestro Art. 1802, supra, “deriva del daño producido a otra persona, sin que exista una previa relación jurídica convenida entre el autor del daño y el perjudicado”. (Enfasis suplido.) J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 3, pág 77. Santos Briz, citando al Tribunal Supremo de España, explica lo mismo señalando que “[la] culpa extracontractual o aqui-liana ... representa un daño causado con independencia de cualquier relación jurídica precedente entre las partes ...”. (Enfasis suplido.) M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Ed. Edersa, T. XXIV, págs. 134-135 (1984). Pantaleón, citando siete (7) otros distin-guidos comentaristas, indica igualmente que el supuesto de hecho de las normas de responsabilidad extracontrac-tual no incluye “el incumplimiento dañoso de una obliga-ción o de un deber accesorio, integrante de una relación jurídica preexistente entre las partes F. Pantaleón, Comentario Del Código Civil, T. II. pág. 1977 (1991). Nuestra propia jurisprudencia ha reiterado esta fundamental con-sideración al apuntar en varias ocasiones que el radio de acción del Art. 1802, supra, “está limitado a la culpa o ne-gligencia no relacionada con una obligación anterior ...”. (Énfasis suplido.) Arroyo v. Caldas, 68 D.P.R. 689, 692 (1948). Véanse, también: Lugo Falcón v. E.M. Amy & Sons, Inc., 87 D.P.R. 556 (1963), y Mejias v. López, 51 D.P.R. 21 (1937).

En el caso ante nos, los hechos que se le imputan al demandado no son independientes de la relación jurídica preexistente entre el demandado y el demandante. El re-currido Angel Soto Santiago estaba empleado como recau-dador del Municipio. Como parte de esa relación de em-pleo, tenía el deber de entregarle al Municipio los fondos recaudados en el desempeño de sus funciones. Es precisa-mente el incumplimiento alegado de ese deber lo que da lugar a la acción presentada por el Municipio. La restitu-ción que interesa el demandante dimana de la previa rela-ción jurídica con el demandado. El deber de éste de devol-ver los fondos que se le reclaman está íntimamente vinculado con la relación jurídica precedente entre el de-mandado y el demandante, particularmente con la obliga-ción anterior que aquél tenía de entregarle sus recaudos al demandante. La acción de cobro de dinero que ha incoado el Municipio, pues, no puede considerarse como una acción bajo el Art. 1802, supra, porque carece del elemento fundamental definitivo de esa causa de acción.

En apoyo de esta conclusión, queremos hacer referencia también a una notable sentencia del Tribunal Supremo de España en un caso donde el Estado presentó una acción de restitución contra ciertos demandados que se habían apro-piado de bienes del Estado. Los demandados alegaron que la acción estaba prescrita por considerar que se trataba de daños y perjuicios, pero el Tribunal Supremo español, el 10 marzo de 1958, rechazó que fuera de aplicación “la pres-cripción de la acción por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902 [Art. 1802 nuestro]”, y declaró que la acción de restitución in-coada por el Estado “tiene sustantividad propia frente a la indemnización de daños y perjuicios, de la que la indepen-dizan múltiples notas diferenciales que la doctrina cientí-fica ha señalado ...”. (Enfasis suprimido.) S. de 10 de marzo de 1958, Núm. 1068, XXV (Vol. II) Repertorio de Jurispru-dencia 686. El Tribunal Supremo español señaló que en ese caso ocupaba “primer plano de fuente jurídica el principio de que a nadie es lícito enriquecerse a costa de otro” resol-viendo así a favor del Estado. (Enfasis suprimido.) Id., págs. 686-687.

En resumen, pues, no puede haber dudas que conforme a la doctrina civilista, a los pronunciamientos del Tribunal Supremo de España que tienen gran valor persuasivo en nuestra jurisdicción cuando interpretamos el Código Civil, y de acuerdo con nuestra propia jurisprudencia no puede considerarse que la acción de cobro de dinero incoada por el demandante en este caso es una acción de daños y per-juicios que surge del Art. 1802, supra.

> HH

Se podría pensar que la situación de hechos que nos concierne se rige fundamentalmente por lo establecido en el Art. 393 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1479. El primer párrafo de ese artículo dispone lo siguiente:

La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado, de ella ilegalmente, podrá reivin-dicarla de quien la posea. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 1479.

De este artículo nace la acción reivindicatoría para re-cuperar bienes muebles apropiados ilegalmente. Sin embargo, dicha acción real no procede en el caso de autos.

El dinero es un bien fungible y genérico. Estas características implican que el dinero no puede ser usado sin consumirse y que tampoco puede ser específicamente identificado. El dinero, al no poder ser identificado, no puede ser objeto de una acción real de recuperación de la cosa misma, la recuperación se refiere siempre al valor y adquiere naturaleza personal. J.A. Alvarez Caperochipi, El Enriquecimiento sin causa, Madrid, Villena, Artes Gráficas, 1979, pág. 121, nos señala el fenómeno que ocurre en los casos de bienes fungibles:

... cualquier tenencia de una cosa ajena fungible produce su efectiva apropiación; la razón de ello es que de ninguna forma puede identificarse la cosa requisito previo de todas las accio-nes de naturaleza real. Así pues, para recuperar cosa fungible retenidas por un tercero, sólo puede accionarse a través de una acción personal, la condictio, que persigue el provecho produ-cido de el patrimonio ajeno y no la cosa en sí misma. (Enfasis en el original y énfasis suprimido.)

Dada la naturaleza de las cosas fungibles, éstas no pue-den ser usadas sin consumirse. Cuando dicho consumo es de cosa ajena sin título surge la obligación de restituir un bien de la misma especie o el provecho percibido de dicho consumo. En estas circunstancias no procede la acción rei-vindicatoria de carácter real que aparece en el Art. 393, supra.

V

Los demandantes recurrentes alegan que la acción para recobrar los fondos ilegalmente apropiados por el demandado es análoga a la acción de cobro de dinero. Claramente tienen razón en cuanto a que en este caso procede la aplicación analógica de normas. Ya hemos dicho que en el derecho civil, como en muchos otros sistemas jurídicos, se reconoce el problema del silencio de la ley y que los casos no previstos por ley se regularán por la norma aplicable a los casos análogos. Véanse: Almodovar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990); Olmo v. Young & Rubicam of RR., Inc., supra; hozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702 (1981).

Una situación análoga a la de los hechos en cuestión es la que surge del contrato de mandato cuando un agenté o mandatario recibe fondos para un propósito determinado, pero los usa para fines propios. Apunta Manresa que “[e]l mandatario que recibe una cantidad para el mandante, y en lugar de enviarla la retiene en su poder, y la emplea en la satisfacción de necesidades propias, sin estar para ello debidamente autorizado, realiza un verdadero abuso de confianza J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, Madrid, Ed. Reus, 1931, T. XI, pág. 454. El agente que así se ha enriquecido no tiene derecho a retener en su poder, contra la voluntad del mandante, los dineros obtenidos. Y ya hemos resuelto que las acciones para reclamar la devolución de tales fondos dados en cus-todia se rigen por el Art. 1864 del Código Civil y prescriben a los quince (15) años. McCormick v. González Martínez, 49 D.P.R. 473 (1936); Fernández v. Laloma, 56 D.P.R. 367 (1940). Aplica aquí perfectamente lo que se dijo en McCormick v. González, supra, pág. 488: “en el presente caso no ... se reclama compensación alguna por daños y perjuicios. La parte apelante se limita a demandar que se le entre-guen los beneficios derivados del uso indebido de su propio dinero. La acción ejercitada debe regularse por el artículo 1864 del Código Civil, según el cual prescriben a los quince años las acciones ...”.

Más generalmente, en su fondo, tratamos aquí con una situación que permite invocar el principio de derecho de que nadie debe enriquecerse injustamente a costa de otro. Hoy día, el enriquecimiento injusto ... [es un] prin-cipio general de Derecho, [que] forma parte de la tradición jurídica de todos [los] ordenamientos de raíz romana ... expresamente recogido en Las Partidas, [que] se repite unánimemente por todas las jurisprudencias contemporáneas.” (Escolios omitidos.) Alvarez Capero-chipi, op. cit., pág. 14. En la doctrina española contempo-ránea el enriquecimiento injusto es una regla de derecho basada en la equidad que permea todo el ordenamiento jurídico. Véanse: A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1943, pág. 946; A. De Rovira Mola, El Enriquecimiento Injusto, en Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Ed. Francisco Seix, 1956, T. VII, págs. 570-590; Albaladejo, op. cit., 1959, pág. 757; Puig Brutau, op. cit., págs. 43-74; A. Hernández-Gil, Derecho de Obligaciones, Madrid, Ed. Bosch, 1960, Vol. 1, pág. 262 y ss; L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1972, Vol. 1, págs. 73-81. Y, como hemos visto, se ha extendido también su aplicación a la esfera del derecho público, más allá de las relaciones entre particulares. La Sentencia de 10 de marzo de 1958 mencionada antes no es la única vez que el Tribunal Supremo de España ha acudido al enriquecimiento in-justo en favor del Estado. También lo ha hecho en senten-cias que resuelven recursos contenciosos-administrativos relativos a devolución de ingresos indebidos. Albaladejo, op. cit., 1984, págs. 33-34.

Nuestro Código Civil, al igual que el Código Civil español del cual proviene, no contiene disposición específica ni directa sobre el enriquecimiento injusto. Sin embargo, en Puerto Rico la doctrina de enriquecimiento injusto se encuentra subsumida en la figura de los cuasicontratos y en otras disposiciones de nuestro Código Civil. El profesor Velázquez, al comentar sobre esta materia, señala:

Uno de los principios fundamentales que informan el Código Civil es, en efecto, que nadie debe enriquecerse injustamente en perjuicio de otro.
Tal principio no se halla consagrado expresamente en el Có-digo Civil. Pero hace numerosas aplicaciones del mismo. Véanse, en efecto, los artículos 296, 297, 300, 301 (31 L.P.R.A. sees. 1163, 1164, 1167, 1168), relativos a la accesión; 381, 382, 383 y 384 (31 L.P.R.A. secs. 1467 a 1470), relativos a la pose-sión; 1117 (31 L.P.R.A. sec. 3167), relativo al pago; 1304 (31 L.P.R.A. see. 3644), relativo a los bienes gananciales; 1407 (31 L.P.R.A: see. 3912), relativo al retracto; 1679 (31 L.P.R.A. see. 4681), relativo al depósito; 1766 (31 L.P.R.A. see. 5025), relativo a la prenda; etc. Y, sobre todo, véanse los artículos 1795 a 1801 (31 L.P.R.A. sees. 5221 a 5127), relativos al cobro de lo indebido. Ante la multiplicidad de estos textos especiales es forzoso ad-mitir que el Código Civil encierra un conjunto de disposiciones que demuestran que el legislador ha reconocido de un modo general la existencia del principio referido. Además, conforme dice Planiol, dicho principio se impone como una regla necesa-ria de equidad, siendo “una de esas raras reglas de derecho natural que dominan todas las leyes, aún cuando el legislador no se haya tomado especialmente el cuidado de formularlas”. (Enfasis suprimido y escolio omitido.) G. Velázquez, Las obliga-ciones según el Derecho puertorriqueño, Santurce, Equity de P.R., 1964, pág. 133.

Aunque tradicionalmente la doctrina de enriquecimiento injusto se discutía en el contexto de los contratos y cuasicontratos, ya se le considera como un principio general que opera en todo el ámbito del Derecho. Nuestra jurisprudencia ha reconocido la existencia de otras situaciones de las cuales puede derivarse una obligación exigible por virtud de este principio. Véanse: Moring-lane & Lledó v. Skerret, 44 D.P.R. 874 (1933); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987); Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697 (1983); Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965); Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121 (1944); Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817 (1988); A.E.E. y A.A.A. v. P.N.P, 128 D.P.R. 294 (1991).

Según Puig Brutau, “[d]e enriquecimiento injusto se ha-bla propiamente cuando la ley no ha previsto una situación en la que se produce un desplazamiento patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el ordena-miento vigente”. Puig Brutau, op. cit., pág. 44. El problema central que atiende esta doctrina es que se haya verificado una atribución “sin causa”. Esta atribución es al mismo tiempo la fuente de dos (2) fenómenos paralelos: el enri-quecimiento de un patrimonio y el correspondiente empo-brecimiento de otro. “Para restablecer el equilibrio ... entre los dos patrimonios hace falta una acción o pretensión res-titutoria que verifique otro desplazamiento de valor en sentido inverso.” R. Núñez Lagos, El enriquecimiento sin causa en el Derecho español, Madrid, Ed. Reus, 1934, pág. 6. El enriquecimiento sin causa es el fundamento de una acción de restitución. La prohibición de enriquecimiento sin causa a costa de otro implica que el que sin causa legí-tima se enriquece a costa de otro, está obligado a la restitución. Núñez Lagos, op. cit., págs. 5-6, nos señala:

... el centro de gravedad de la teoría del enriquecimiento sin causa se encuentra en el hecho de que, de conformidad con el ordenamiento jurídico formal, se verifican desplazamientos pa-trimoniales, que, por carecer de causa, engendran un derecho a la restitución.

En Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, indicamos los requisitos para la aplicación de la doctrina de enriquecimiento, a saber: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre ese enriquecimiento y el empobrecimiento, y (4) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

Si luego que se vea el caso en su fondo se determina judicialmente que están presentes estos cuatro (4) requisi-tos, entonces procedería la acción por enriquecimiento injusto.

Queremos enfatizar que no encontramos en nuestro ordenamiento jurídico ningún precepto legal que sirva de base para impedir en el caso de marras la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto. Al contrario, a la luz de nuestro ordenamiento la reclamación del Municipio, de ser ciertos los hechos alegados, no sólo es legítima, sino que está revestida de gran interés público y fundamentada en la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Art. VI, Sec. 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 369, provee:

Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.

Por otro lado, nuestro Código Penal en el Art. 216 (33 L.P.R.A. sec. 4391), titulado “Delitos contra fondos públicos”, prohíbe en su inciso a el que un funcionario o empleado público o toda persona encargada de recibir, guardar, traspasar o desembolsar fondos públicos sin autoridad legal se los apropie en todo o en parte, para beneficio particúlar o el de otra persona. Se trata de un delito que conlleva una pena de cárcel severa y que tiene la característica de ser imprescriptible. Véase Art. 78 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3412.

Con el fin de promover y preservar la integridad de los funcionarios del Gobierno del Estado Libre Asociado nuestra legislatura también ha creado leyes especiales tales como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, en cuya exposición de motivos se dijo que:

Hay ocasiones en que, por desventura, surgen unas acciones improcedentes por parte de algunos funcionarios que, al incu-rrir en claras faltas a las normas de ética, ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado. Es intolerable que existan funcionarios públicos en representación de la adminis-tración del Gobierno que puedan lucrarse del patrimonio del pueblo. Los conflictos de intereses, especialmente financieros, en abierta violación a las leyes son también intolerables. Expo-sición de Motivos de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, Leyes de Puerto Rico, pág. 709.

Este Tribunal también ha censurado las actuaciones in-debidas de funcionarios públicos que se lucran de los fon-dos del Estado. En opinión concurrente en A.E.E. y A.A.A. v. P.N.P., supra, págs. 294-295, el Hon. Juez Negrón Gar-cía expresó lo siguiente:

La corrupción y el desembolso indebido o ilegal de fondos públicos —en sus formas múltiples, a veces burdas y otras so-fisticadas— son actos incompatibles con el sistema de gobierno democrático consagrado en nuestra Constitución y apuntalado en el respeto a la dignidad humana y los dineros del pueblo como único soberano. No importa las modalidades que adopten ni la jerarquía del funcionario involucrado, las mismas son intolerables. En última instancia, quien verdaderamente se perjudica, no sólo en lo económico sino en lo moral, es la ciuda-danía en general independientemente de su afiliación política. Es, pues, obligación de los tribunales reivindicar esos valores fundamentales. (Enfasis suprimido.)

< I — l

Resumiendo lo que hemos señalado anteriormente, la acción estrictamente para recobrar fondos públicos obtenidos ilícitamente no surge bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. Tampoco procede la acción real de reivindicación que provee el Art. 393 del Código Civil, supra. Se trata más bien de una acción de naturaleza personal, como la que tiene el principal que reclama la devolución de los fondos que un agente ha retenido sin autorización; y, más genéricamente, como la que procede para vindicar un enriquecimiento sin causa.

Recientemente, en E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Pub. Mun., supra, tuvimos la ocasión de considerar una acción instada por el Estado para recobrar un alegado desembolso ilegal de fondos públicos. Aunque finalmente la acción no prevaleció porque determinamos que el desembolso en cuestión no era ilegal, sí resolvimos que para fines de prescripción la acción aludida era una personal de cobro de dinero. Evidentemente, dicha acción es muy parecida, análoga, a la que ahora tenemos ante nos. Siendo la acción que nos ocupa una acción personal sin término de prescrip-ción señalado en el Código Civil u otra ley especial, y siendo análoga a la acción en cobro de dinero, debe apli-carse el término prescriptivo de quince (15) años que dis-pone el Art. 1864 del Código Civil, supra, para las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción.

Al deducir este plazo de prescripción hemos considerado los intereses en conflicto de las partes involucradas en la controversia. Por un lado, se encuentra el interés del Es-tado en recobrar los fondos públicos que alegadamente le fueran ilegalmente sustraídos; y del otro lado, se encuen-tra el interés de los demandados de que no prospere una reclamación por actos ilícitos ocurridos hace alrededor de catorce (14) años.

El justo balance de estos intereses en el caso de autos nos lleva a concluir que debe prevalecer el derecho del Es-tado para reclamar su acción ante el derecho de los deman-dados a no estar sujetos indefinidamente a posibles recla-maciones en su contra. Como anteriormente señalamos, la apropiación ilegal de fondos públicos constituye un delito bajo nuestro Código Penal vigente. Dada la naturaleza im-prescriptible de la acción penal derivada de dicho delito, si el demandado supera su actual condición mental, el Estado puede en cualquier momento en la vida de éste promover un proceso penal en su contra.

Aunque sobre este fundamento posiblemente pudiéra-mos declarar imprescriptible la acción del Estado para re-cobrar fondos ilegalmente apropiados, estimamos que el período de quince (15) años dispuesto en el Art. 1864, supra, le brinda un término razonable al Estado dentro del cual pueda vindicar su obligación de recuperar los fondos públicos. El término de quince (15) años es lo suficiente-mente amplio para que el Estado realice todas aquellas gestiones necesarias para incoar un pleito civil de esta na-turaleza, a saber, investigaciones de la Oficina del Contra-lor, investigaciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico, auditorías internas y otras.

Por otro lado, aunque en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., supra, habíamos hecho referencia a la tendencia moderna de acortar los términos de prescripción de las ac-ciones, entendemos que existen razones de orden público que exigen que el término de prescripción para instar una acción para recobrar fondos públicos ilegalmente apropia-dos deba ser mayor de un (1) año, de suerte que se le per-mita al Estado recobrar real y efectivamente dichos fondos que pertenecen al erario. Resolver lo contrario tendría el efecto de frustrar la política pública encarnada en la propia Constitución de Puerto Rico y tendría el efecto de coartar o debilitar el mecanismo que constitucionalmente y por mandato de ley se estableció con el propósito de controlar el uso ilegal de fondos públicos. Coincidimos con el argu-mento de la parte recurrente a los efectos de que debe con-siderarse como punto de partida para ejercitar la presente acción la fecha en que concluyó la intervención por parte de la Oficina del Contralor y se hizo público su informe, es decir el 27 de octubre de 1978. Presentada la demanda el 22 de junio de 1988, antes de expirar el término prescrip-tivo de quince (15) años, declaramos que la acción personal no estaba prescrita.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia del Tribunal Superior y se devuelve el caso para que continúen los procedimientos conforme a esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López disintió mediante opinión escrita.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

No obstante lo difícil que se hace entenderlo —y acep-tarlo, desde un punto de vista jurídico— un análisis dete-nido de la opinión mayoritaria emitida demuestra que la decisión del Tribunal de revocar la sentencia sumaria dic-tada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Gua-yama, descansa en el sorprendente y tortuoso razonamiento de que como nuestro ordenamiento jurídico, alegadamente, no contiene un precepto legal específico que le permita al Estado recobrar fondos públicos ilegalmente apropiados por un empleado público deshonesto, con relación a ello se debe recurrir a la acción “genérica” provista por la doctrina del enriquecimiento injusto, acción sui generis a la cual —conforme resuelve el Tribunal— procede aplicarle el tér-mino prescriptivo de quince (15) años que establece el Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5294.

Dicho razonamiento resulta ser, por lo erróneo, alta-mente sorprendente. Es verdaderamente inexplicable que este Tribunal, con el aparente propósito de subsanar una actuación a todas luces negligente de la Rama Ejecutiva, le dé la espalda a, y/o varíe, doctrinas firmemente estableci-das en nuestra jurisdicción. No le corresponde a este Tribunal “sacarle las castañas del fuego” al Estado. Nuestra función se limita a velar porque se haga cumplida justicia, independientemente de quiénes son los litigantes en el pleito ante nuestra consideración.

HH

Los hechos, pertinentes y materiales, del caso son sor-prendentemente sencillos. El 27 de octubre de 1978, la Ofi-cina del Contralor de Puerto Rico hizo público un informe relativo a una intervención que había llevado a cabo en el Municipio de Cayey. Del mismo surgía que el codemandado Ángel Soto Santiago, quien era empleado del referido mu-nicipio, se había apropiado ilegalmente de fondos públicos pertenecientes al Municipio de Cayey durante el período de 10 de abril de 1975 a 30 de marzo de 1976.

El Ministerio Público radicó denuncia ante el foro judicial contra Soto Santiago por una supuesta infracción al Art. 216 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4391. El proceso, en sus méritos, nunca pudo ser celebradp; ello debido a que Soto Santiago fue decla-rado “mentalmente incapacitado” para ser sometido a juicio.

El 22 de junio de 1988 el Secretario de Justicia de Puerto Rico —en representación del Municipio de Cayey y actuando al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973— radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, una demanda “sobre: cobro de dinero” contra Ángel Soto Santiago, su esposa Benita López Soto, y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. En lo pertinente, se alegó en dicha demanda que “el demandado Ángel Soto Santiago se apropió ilegal-mente de fondos públicos por un monto de $14,418.18 mientras se desempeñaba como recaudador” del Municipio de Cayey. Esto es, la base u origen de la acción sobre cobro de dinero radicada lo es, precisamente, el acto delictivo ale-gadamente cometido por el codemandado Soto Santiago.

Luego de contestada la demanda, la parte demandada radicó una solicitud de sentencia sumaria. En la misma alegó, en síntesis y en lo pertinente, que la acción radicada estaba prescrita por razón de que a la misma le era de aplicación el término prescriptivo de un (1) año que esta-blece el Art. 1869 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5298. No obstante la oposición de la parte demandante, el tribunal de instancia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria radicada. Acudió, en revisión, el Municipio de Cayey ante este Tribunal imputándole error al referido foro al así resolver.

En el día de hoy, como expresáramos al comienzo, el Tribunal revoca la referida sentencia. Disentimos; veamos por qué.

h — I h-H

El obstáculo jurídico infranqueable con que se confronta la opinión mayoritaria radica en el hecho de que la doc-trina sobre enriquecimiento injusto es una en equidad que únicamente puede ser invocada “ ‘cuando la ley no ha pre-visto una situación en la que se produce un desplaza-miento patrimonial que no encuentra una explicación ra-zonable en el ordenamiento vigente’ Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 822 (1988). En otras palabras, la acción civil que hoy por fiat judicial, errónea e innecesaria-mente, crea o fabrica la Mayoría —una, en las propias pa-labras del Tribunal, “mas bien de ... naturaleza personal... y, más genéricamente, como la que procede para vindicar un enriquecimiento sin causa” —(énfasis suprimido) opi-nión mayoritaria, pág. 322— no procede por cuanto para que la misma tenga eficacia resulta necesario que el Es-tado “ ‘no tenga ninguna otra acción para obtener resarci-miento’ ”. El Toro Electric Corp. v. Zayas, 106 D.P.R. 98, 102 (1977).

Procede, en consecuencia, que nos cuestionemos si nues-tro ordenamiento jurídico contiene, o le provee al Estado, un precepto, o vehículo, estatutario que le permita reco-brar fondos públicos ilegalmente apropiados por un em-pleado público deshonesto. La contestación en la afirma-: tiva “resalta a la vista y hiere la retina”. In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982). Nos explicamos.

HH HH HH

Establece el Art. 1802 del vigente Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, que:

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de respon-sabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. (En-fasis suplido.)

Reiteradamente hemos expresado que “[e]l concepto de culpa del Art. 1802 del Código Civil —ed. 1930— es infini-tamente abarcador, tan amplio y abarcador como suele ser la conducta humana”. (Énfasis suplido.) Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 310 (1970). Según expresa-mos en el citado caso de Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, pág. 313, “[e]l concepto de la culpa incluye todo tipo de trans-gresión humana tanto en el orden legal como en el orden moral, y ... lleva en sí el presupuesto de la ilicitud y la antijuridicidad —lo contrario a Derecho”. Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, ante. “Es ilícita aquella conducta que esté en contra del mínimo sobreentendido del orden de la vida.” Ramos v. Cario, 85 D.P.R. 353, 359 (1962).

Por otro lado, es norma firmemente establecida por este Tribunal que el concepto de culpa al cual se alude en el Art. 1802 del Código Civil, ante, incluye actos delictivos según definidos en el vigente Código Penal. En específico, y en relación con las “obligaciones civiles nacidas de los delitos o faltas” de que habla el Art. 1045 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2995, hemos resuelto que a dichas obligacio-nes civiles nacidas de delitos le aplican las disposiciones del citado Art. 1802. A esos efectos, véanse: Guzmán v. Vidal, 19 D.P.R. 841 (1913); Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942); H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extra-contractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, Cap. 1, pág. 57.

La opinión mayoritaria descansa en la premisa errónea de que al existir una relación jurídica previa (patrono-empleado) no es de aplicación el Art. 1802, ante. Al así actuar se apoya en el principio general de que la responsa-bilidad extracontractual entra en juego cuando la persona que causa el daño ilícito no está vinculada por un contrato. Ciertamente esta situación ocurre solamente cuando nos enfrentamos a la llamada responsabilidad aquiliana pura.

No obstante, en esta jurisdicción, al igual que en Es-paña, existen otras modalidades en que sí procede la ac-ción ex delicto. A esos efectos, este Tribunal ha resuelto en varias ocasiones que aunque exista una relación contractual o una relación jurídica previa, la acción en daños y perjuicios procede cuando la misma surge del incumpli-miento de unas obligaciones y unos deberes impuestos por la ley que son necesarios a la convivencia social. Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 D.P.R. 410 (1990); Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984); Mejias v. López, 51 D.P.R. 21 (1937), entre otros. Brau del Toro, op. cit, págs. 42-47. En adición, somos del criterio que el hecho de que exista un contrato o una relación jurídica previa no excluye automáticamente la responsabilidad extracontractual. Véase Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992).

En el caso particular ante nuestra consideración, como certeramente señala la parte demandada recurrida, el in-cumplimiento por parte de Soto Santiago de su deber de entregarle al Municipio de Cayey los fondos por él recau-dados constituye el quebrantamiento de un deber impuesto por la ley y no de una obligación contractual. Véase Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., ante. Los hechos por los cuales se le reclama a éste, en la llamada acción sobre co-bro de dinero, constituyen delito; tipificados los mismos como tal por los Arts. 166 (apropiación ilegal agravada) y 216 (apropiación de fondos públicos) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4272 y 4391. A esos efectos, conviene recor-dar que este Tribunal específicamente ha resuelto que la apropiación “es meramente una de las formas de culpa des-critas en el artículo 1802 de nuestro Código Civil...”. Sucn. Sorbá v. Viñas, 49 D.P.R. 32, 37 (1935).

IV

¿Constituye el dinero efectivamente sustraído por el co-demandado Soto Santiago un “daño” reparable bajo el ci-tado Art. 1802 del Código Civil?

De entrada aceptamos que, de ordinario, la sustracción de fondos públicos puede ocasionar, en adición al daño con-sistente en el dinero sustraído, otros daños adicionales al erario, daños a los que hace referencia la Opinión mayori-taria emitida. El Estado, como hemos visto, no hace re-clamación alguna respecto a estos otros daños en la de-manda que radicara en el presente caso; por el contrario, únicamente reclama la suma de dinero ilegalmente apro-piada por el codemandado Soto Santiago. Dicha actuación ha tenido el efecto lamentable de confundir a la mayoría de los integrantes del Tribunal; erróneamente resuelven que el hecho dé que el Estado no haya reclamado dichos daños adicionales convierte la demanda radicada en una “acción restitutoria”, ajena al Art. 1802 del Código Civil, ante.

El “daño” es el mal, perjuicio, deterioro, menoscabo, aflicción, perturbaciones y lesiones que pueden ser infligi-das por una persona a otra, como también el conjunto de perturbaciones y lesiones diversas producidas al patrimonio. Brau del Toro, op. cit., pág. 427. En García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193, 207 (1988), establecimos que un “ ‘[d]año' es todo aquel menoscabo material o-moral que sufre una persona, ya en sus bienes vita-les naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, cau-sado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder otra”. (Énfasis suplido.)

Entre las clasificaciones de daños recobrables bajo el ci-tado Art. 1802 están los daños patrimoniales. El daño patrimonial puede manifestarse como la pérdida o disminu-ción de valores ya existentes; esto es, como un empobrecimiento del patrimonio. Brau del Toro, op. cit., pág. 428. Esto se conoce también como daño emergente o positivo. El daño patrimonial también es definido como el menoscabo patrimonial sufrido por la víctima y comprende tanto el desembolso efectivo como la ganancia frustada o que haya dejado de obtener. A. Yagüez, La responsabilidad civil, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1988, Vol. 26, pág. 223. Puig Brutau (citando a De Cupis) define “daño emergente” como aquél efectuado cuando el objeto del daño es un interés actual, o sea, el interés rela-tivo a un bien que ya corresponde a una persona en el instante en que el daño se ha ocasionado. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. 3, pág. 182.

El daño causado bajo las disposiciones del Art. 1802, ante, puede ser reparado en dos formas: la reparación natural o reintegración en forma específica y la reparación mediante indemnización pecunaria. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985). La indemnización pecunia-ria “crea una situación patrimonial que equivale a la des-truida por el daño causado”. Puig Brutau, op. cit., pág. 191. La medida del daño resarcible tiene un carácter objetivo cuando corresponde al valor del bien dañado. Puig Brutau, ante. “El ‘resarcimiento o indemnización pecuniaria con-siste en atribuir al perjudicado la cantidad de dinero sufi-ciente para compensar su interés perjudicado. Es como una subrogación real en la que el dinero ocupará el lugar de los daños y perjuicios sufridos’ ”. (Énfasis suprimido.) Rodríguez Cancel v. A.E.E., ante, págs. 455-456. Por otro lado, la reintegración en forma específica significa devolver o re-poner las cosas o bienes dañados al estado que tenían antes del daño sufrido. Puig Brutau, ante.

Conforme lo anteriormente expuesto, entendemos que la acción del Estado instada con el propósito de recobrar unos fondos que ilegalmente se apropió el demandado es una en reclamación de daños patrimoniales, los cuales son recobrables bajo el citado Art. 1802. El hecho de que el Estado solamente haya reclamado esta partida de daños en específico, renunciando a las otras, no tiene el efecto de excluir una causa de acción bajo el Art. 1802, ante. La par-tida reclamada en la demanda es un daño derivado direc-tamente de la alegada apropiación ilegal. Ese daño consiste en una disminución patrimonial ocasionada por un acto ilícito del demandado.

En vista de lo expresado, resulta obvio que no procede una acción de enriquecimiento injusto en el caso de autos. No se cumple con el requisito de inexistencia de un precepto legal que esté disponible al demandante para resarcir su lesión patrimonial. El demandante tenía a su disposición una causa de acción bajo el Art. 1802, ante. La conducta imputada al codemandado Soto Santiago establece una apropiación ilegal de fondos públicos que, de ser probada, constituye un acto culposo que causa un daño patrimonial al Estado, recobrable bajo las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, ante.

V

Siendo ello así, el Estado demandante tenía el término de un año, que establece el Art. 1868 del Código Civil, ante, para radicar la acción en cobro del dinero ilegalmente apropiado por el codemandado Soto Santiago. No lo hizo; dejó transcurrir en exceso de diez (10) años, desde que la Oficina del Contralor de Puerto Rico hizo público su in-forme, para radicar la misma. La acción radicada está prescrita. El Estado, al igual que cualquier otro ciuda-dano, debe responder —y ser penalizado— por los actos ne-gligentes en que incurre.

       Informe de Intervención M-79-3 de 27 de octubre de 1978. Exhibit VIII, págs. 25-41.

       Se notará una diferencia entre la cifra señalada en el informe del Contralor y la cifra que finalmente se alegó en la demanda. Esta diferencia surge porque el Departamento de Justicia de Puerto Rico llevó a cabo una evaluación independiente del caso y reclamó en la demanda solamente la cantidad que podía probar a la luz de la prueba documental y testifical.que obraba en su expediente.

       El Código Penal dispone la restitución como pena accesoria en casos de apro-piación ilegal agravada (Art. 166 (33 L.P.R.A. see. 4272)), pero ello no es de aplicación aquí en vista de que el demandado no sólo no ha sido convicto de delito alguno por razón de los hechos de este caso, sino que además ni siquiera fue acusado de dicho delito. El demandado fue acusado por el delito contra fondos públicos (Art. 216 (a), 33 L.P.R.A. sec. 4391a), el cual conlleva pena de reclusión hasta un máximo de diez (10) años, pero no dispone la restitución como pena.

       De los autos consta que no existía un contrato formal entre el demandado y el Municipio de Cayey (en adelante Municipio). Sólo había un formulario que acre-ditaba que el Municipio le había extendido un nombramiento al demandado para el puesto de Recaudador Auxiliar. Quizás por esta razón la parte demandante no pre-sentó expresamente una acción por incumplimiento de contrato. No tenía a su favor una cláusula contractual que expresamente fijara el deber de restituir los fondos recaudados cuando éstos se habían retenido para uso propio. Claro está, ello no significa que no se pudiera inferir la existencia de tal deber contractual, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375. De haberse hecho tal alegación, sin embargo, hubiese sido necesario realizar una exploración de fuen-tes jurídicas similar a la que hacemos en esta opinión.

       Hemos establecido que la verdadera naturaleza de la acción que se ejercita es determinada por las alegaciones contenidas en la demanda y no por el título consig-nado en ésta. Véase Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612 (1948).

       Reiteramos que por estar ante nos una situación en la cual no existe dispo-sición legislativa expresa que directamente resuelva la cuestión, es nuestro deber resolver la controversia planteada a la luz del precepto contenido en el segundo párrafo del Art. 7 del Código Civil que dispone “[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho 31 L.P.R.A. see. 7.

       Procede que se enfatice y aclare que el Secretario de Justicia de Puerto Rico radicó —en adición a, y conjuntamente con, la demanda— una moción en la cual solicitaba del tribunal de instancia que se le nombrara un “tutor y/o defensor judicial” al codemandado Soto Santiago.

       En Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 D.P.R. 410, 418 (1990), ex-presamos que las “acciones en daños y perjuicios proceden cuando ha habido una violación de un derecho que se concede o la omisión de un deber impuesto por ley. El Art. 1802 del Código Civil, supra, le impone la obligación a quien causa un daño, mediando culpa o negligencia, de repararlo”.

       Como se expresa en la opinión mayoritaria, pág. 312, entre dichos daños sé encuentra “ ‘[el] perjuicio patrimonial [que causa] el dar a los caudales del Estado un destino diferente del que tenía asignado, que obliga a proveer con otros medios eco-nómicos no previstos a las necesidades que aquellos caudales habían de cubrir o dejar desatendidos los servicios públicos para los que habían sido presupuestados’ ”.

       Se ha establecido que la verdadera naturaleza de la acción que se ejercita se determina no por el título que se consigna en la demanda y sí por las alegaciones contenidas en ella. Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612 (1948).

       Sobre este aspecto, Vélez Torres nos dice:
      “La prescripción anual que el articulo 1868 dispone para las acciones orien-tadas a exigir responsabilidad por actos culposos y negligentes según dispone el artículo 1802 se refiere a todas las acciones delictuales, es decir, no sólo a aque-llas que nacen como consecuencia de actos negligentes o culposos, sino también a las resultantes de actos que son considerados delitos por el Código penal y otras leyes especiales.” J. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Art. Printing, 1981, T. IV, Vol. 1, págs. 61-62.