text:
    Sucesión de Luis Roche Bermúdez, etc., demandantes y recurridos, v. Banco de la Vivienda y Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico, demandados y recurrente el primero.

      Número: R-74-143

      Resuelto: 9 de abril de 1975

      Miguel Ramón Aguiló y William Malavé, abogados del recurrente Banco de la Vivienda; Vicente Rodríguez Feliciano, abogado de la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico; Esca-lona Vicenti & Escalona Colón, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En el año 1967 Luis Roche y su esposa tomaron a préstamo del Banco de la Vivienda la cantidad de $6,000 por cuya suma suscribieron pagaré a favor del Banco y constituyeron hipo-teca sobre un solar que tenían en usufructo afectando además la casa que eventualmente construyeron en el mismo. Se con-vino la amortización del préstamo en plazos mensuales de $38.66 parte de cuya suma la destinaría el acreedor al pago de las primas de un seguro de vida e hipoteca que tenía contra-tado con la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico. Al día siguiente de constituida la hipoteca, esta aseguradora expidió el correspondiente certificado de seguro colectivo cu-briendo al deudor Roche y bajo cuyos términos se obligó a pagar a su asegurado Banco de la Vivienda el balance pen-diente del referido préstamo al sobrevenir la muerte del deu-dor. El prestatario Roche falleció en el 1971 y cuando el Banco acreedor reclamó a la aseguradora el balance impagado, ésta negó cubierta y se limitó a devolver la suma de $181.83 que había recibido por concepto de primas desde el 1967.

Fundó la Cooperativa de Seguros su rechazo de responsa-bilidad en la violación por el Banco de la Vivienda de una cláusula de la póliza de seguro colectivo o grupal que dispone: “Para que el balance de su préstamo pueda estar cubierto por esta póliza, el deudor debe estar físicamente capacitado para desempeñar los deberes normales de su oficio o empleo al mo-mento de obtener el préstamo.” Se probó que para el 20 de abril de 1967 cuando tomó el préstamo, Roche se hallaba físi-camente incapacitado, hecho que no ocultó pues en la solicitud informó que pagaría los plazos con su pensión de incapacidad; y que su condición de invalidez era apreciable a simple vista ya que apenas movía brazo y pierna de uno de sus lados.

La negativa de la aseguradora dio lugar a este pleito de los Sucesores de Luis Roche en que aparte de reclamar el seguro también pidieron daños ex contractu alegando que para seguir pagando la hipoteca hubieron de desalojar la casa y darla en arrendamiento con la consecuente dispersión de la familia. El Banco de la Vivienda presentó reconvención exi-giendo de la sucesión de su prestatario el balance de $5,475.93 e intereses, e instó demanda de coparte contra la Cooperativa de Seguros haciéndola responsable de cualquier sentencia que contra el Banco recayera por la reclamación de los deman-dantes. El tribunal de instancia desestimó toda acción contra la Cooperativa de Seguros y condenó al Banco a cancelar el balance de la hipoteca, a devolver a los sucesores de Roche los plazos del préstamo por ellos pagados después de fallecido su causante y a pagar a los demandantes $9,000.00 de daños y $2,000 de honorarios de abogado.

Expedimos auto de revisión y hemos de revocar.

La póliza de seguro colectivo extendida por la Cooperativa de Seguros al Banco de la Vivienda, contiene además de la cláusula excluyente de impedidos como elegibles, las siguien-tes disposiciones:

“Esta póliza será incontestable después de haber estado en vigor por dos años a partir de la fecha de efectividad, excepto por falta de pago de primas.
La Cooperativa de Seguros tendrá el derecho de inspeccionar en el local del asegurado [Banco de la Vivienda] los libros y récords relacionados con los préstamos asegurados bajo esta póliza.”

Desde que se expidió certificado de seguro a Luis Roche en 1967 hasta su deceso en 1971 transcurrieron cuatro años sin que la aseguradora cuestionara e impugnara su validez, acep-tando los pagos de primas que le remitía el Banco de la Vi-vienda. Durante los dos primeros años de vigencia del seguro estaba a su disposición en las oficinas del Banco, para el examen de inspección que expresamente se reservó, la solicitud de Roche en la que se afirmaba con franqueza su condición de incapacidad física que era además fuente de pensión para pagar los plazos.

El punto hasta el cual podía la incapacidad física del prestatario Roche descalificarlo como riesgo aceptable bajo la póliza de seguro de hipoteca era cuestión a determinarse por la aseguradora, no por el Banco, con el auxilio usual de examen del deudor por un médico, obtención de su historial clínico y los demás trámites rutinarios de que se valen las compañías de seguros antes de obligarse sobre la expectativa de vida de su asegurado. Si en dos años la Cooperativa de Seguros no mostró interés en protegerse contra este riesgo, carece de razón fundada su aspiración a eludir la cláusula que transcurridos dos años, hace la póliza indisputable. Simpson v. Phoenix Mutual Life Ins. Co., 247 N.E.2d 655 (1969); Cragun v. Bankers Life Company, 497 P.2d 641 (1972).

El principio de incontestabilidad de una póliza es pilar del sistema de seguros consignado en el Art. 13.050 (26 L.P.R.A. see. 1305) del Código de Seguros. Es vital resguardo del derecho del asegurado y sus beneficiarios en un tipo de contratación en que éste simplemente se adhiere a los términos de la póliza cuidadosamente escogidos por la aseguradora. Cualquier acto o contrato que disminuya este precepto de protección legislada para el asegurado, caerá en el vicio de nulidad sancionado por el Art. 4 del Código Civil. La incontestabilidad es condición impuesta por la Ley al nego-cio de seguros, contra la cual no prevalecerán la ignorancia de hechos de fácil descubrimiento, ni la delegación por la ase-guradora de aquellas funciones de otorgamiento y adminis-tración de la póliza que puedan sacar a la luz en el término legal, la falsedad o engaño que den lugar a la impugnación del seguro.

La cláusula de incontestabilidad en la póliza, dice Couch, va dirigida a requerir del asegurador que investigue un hecho con razonable prontitud si desea negar responsabilidad basándose en la falsedad de la representación o aseveración del asegurado. Impide que el asegurador entretenga al asegurado, por inacción, con una seguridad ilusoria durante el tiempo en que mejor pueden depurarse y comprobarse los hechos, sólo para litigarlos tardíamente, muchas veces después de muerto el asegurado. La cláusula de incontestabilidad tiene como propósito suprimir todas las aseveraciones y condiciones que puedan derrotar el derecho del asegurado una vez transcurrido el término estipulado. Couch, On Insurance, 2d, Yol. 18, sec. 72:2, pág. 42. A su vez Appleman no considera contrario a la política pública que las partes en el contrato de seguro fijen un plazo limitado dentro del cual ha de descubrirse cualquier fraude urdido para obtener el seguro y alegarlo como defensa, y añade que a menos que el fraude sea específicamente excluido de la cláusula, el asegurador no podrá suscitarlo como defensa una vez expirado el término de contestabilidad. Appleman, Insurance Law & Practice, Tomo 1, sec. 311, pág. 538.

En cumplimiento de la Ley, la póliza emitida en el caso de autos por la Cooperativa de Seguros dispuso que se tornaría incontestable a los dos años de estar en vigor. Entre las de-fensas anuladas por la cláusula de incontestabilidad está la invocada tardíamente de que el beneficiario estaba físicamente incapacitado al momento de obtener el préstamo.

La fuerza de esta garantía de incontestabilidad reside en su aplicación uniforme, sin desviaciones o acomodos a cir-cunstancias variables que enervarían la integridad de la pro-tección legislada. El debilitamiento del precepto dará al traste con el sistema. La severa observancia del principio de incon-testabilidad nada tiene de opresivo para la aseguradora, in-formada como está del régimen de Ley bajo el cual hace nego-cios, y habiendo libremente insertado en la póliza la cláusula limitativa de su derecho a descubrir el fraude o la falsa repre-sentación. La renuncia de defensas, expirado el plazo de con-testabilidad fue parte de su consentimiento.

La reclamación por daños contra el Banco, improcedente en esencia, queda adicionalmente desvirtuada por lo aquí re-suelto.

Se dictará sentencia condenando a la aseguradora Coopera-tiva de Seguros de Vida de Puerto Rico a honrar en toda su extensión el seguro otorgado a Luis Roche a través del Banco de la Vivienda, pagando a éste el balance del préstamo hipote-cario, pendiente a la fecha de muerte de Roche, con sus in-tereses; y deberá el Banco de la Vivienda devolver a los here-deros de su prestatario los plazos por ellos pagados con pos-terioridad al deceso de su causante, y además otorgar escri-tura de cancelación total del crédito hipotecario.

La sentencia revisada, con la sola excepción de su pronun-ciamiento ordenando al Banco de la Vivienda la cancelación de la hipoteca y devolución a los Sucesores de Luis Roche de los plazos que hayan pagado desde que murió su causante, ha de ser revocada.

      Art. 13.050 — Código de Seguros.
      “Deberá haber una disposición al efecto de que la póliza será incontestable después de haber estado vigente, en vida del asegurado, por un período no mayor de dos años a partir de la fecha de su expedición, excepto por la falta de pago de primas y, a opción del asegurador, por la violación de cualesquiera de las limitaciones permitidas en la see. 1323 si están con-tenidas en la póliza.”

       Art. 4, Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4)
      “Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez.
      “Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés, o el orden público, o en perjuicio de tercero.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    Félix Torres Marrero y Otros, demandantes y recurridos, v. Hull Dobbs Company of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-71-232

      Resuelto: 14 de abril de 1975

      Orlando J. Antonsanti y Ernesto González Pinero, abogados de la recurrente; Sarah Torres Peralta y Gustavo A. del Toro, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Treinta empleados de Hull Dobbs Company of Puerto Rico, Inc., formularon una querella contra ésta, alegando sustan-cialmente que durante el período comprendido entre los años 1954 a 1964 no disfrutaron de su derecho a vacaciones en la forma establecida por ley, y reclamando sumas adeudadas por tal concepto.

Los querellantes realizaban labores en un taller de hojala-tería, pintura y mecánica que opera la querellada. De acuerdo con las determinaciones de hechos del tribunal de instancia, el trabajo siempre se realizaba en relación con los vehículos nuevos que vendía la querellada y con aquellos que estaban dentro del período de servicio gratuito provisto por la garan-tía, o sea, como parte de la operación de su negocio de automó-viles, con excepción de algunos casos aislados en que por con-cesión especial se reparaban otros automóviles.

Los querellantes basaron su reclamación en las disposi-ciones sobre vacaciones de los decretos números 8 de 1945 y 8 enmendado de 1955 promulgados por la Junta de Salario Mínimo y aplicables a la Industria de Comercio al por Menor, que confieren el derecho a disfrutar vacaciones con sueldo a razón de 11/4 días laborables por cada mes en que el obrero haya trabajado por lo menos 120 horas. La querellada niega que estos decretos cubran a los querellantes, por entender que les es aplicable el Decreto Mandatario número 40 de 1958 y sus versiones enmendadas referentes a la Industria de Repara-ción de Vehículos de Motor, Artefactos Eléctricos y otros ser-vicios, que no les concedía derecho a vacaciones durante el período referente a la presente reclamación.

El tribunal sentenciador determinó que los decretos apli-cables lo son el número 8 de 1945 y el número 8 enmendado de 1955, que son los que regulan el comercio al por menor; y luego de entrar en otras consideraciones que discutiremos más adelante, concluyó que la querellada les adeuda la suma de $52,601.32 por concepto de vacaciones no disfrutadas más las penalidades aplicables durante el período comprendido entre 1954 y 1964.

Básicamente hemos de determinar: (1) cuál de los decre-tos aludidos es el aplicable; y (2) a la luz de los hechos que esti-mó probados el tribunal de instancia, cuáles son los derechos de los querellantes. Examinaremos ambas cuestiones por sepa-rado.

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La legislación original sobre salario mínimo — Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941 — autorizó a los comités de salario míni-mo a estudiar e informar a la Junta de Salario Mínimo y a ésta a fijar, entre otras cosas, las condiciones de trabajo re-queridas para la conservación de la salud, seguridad y bienes-tar de los empleados y trabajadores en distintas ocupaciones, negocios e industrias. La ley estuvo vigente por espacio de quince años, durante los cuales la Junta de Salario Mínimo estableció y aprobó mediante decretos condiciones de trabajo para varias áreas de actividad laboral, tales como fijación de jornadas de trabajo, garantía de compensación mínima, pago por días feriados, vacaciones, suministro de facilidades sani-tarias e higiénicas y licencia por enfermedad. Cervecería Corona, Inc. v. J.S.M., 98 D.P.R. 801 (1970).

El primer decreto mandatorio promulgado para reglamen-tar ciertas condiciones de trabajo en la Industria de Comercio al por Menor lo fue el número 8 de 26 de marzo de 1945, el cual estuvo en vigor hasta el 15 de agosto de 1955, fecha en que fue revisado por vez primera al aprobarse el número 8 enmendado. Tanto uno como otro decreto definían “Comercio al por Menor” como aquel proceso, operación, trabajo o servicio necesario, incidental o relacionado con la venta o traspaso a los consumidores, con o sin ánimo de lucro, de cualquier género de mercancía o artículos que se realice en sitio o esta-blecimiento cualquiera. Es evidente que tal definición necesariamente incluye el negocio de venta de automóviles. Sierra Berdecía v. Pedro A. Pizá, Inc., 86 D.P.R. 447, 449 (1962); Sierra Berdecía v. Hull Dobbs Co., 86 D.P.R. 445 (1962). Y, no fue hasta 1958 que se aprobó un decreto aplicable específi-camente a la industria de “Reparación de Vehículos de Motor”.

Habiéndose demostrado que la labor de los querellantes se relacionaba directamente con la gestión de venta de automó-viles que lleva a cabo la querellada, y en vista de la definición de Comercio al por Menor contenida en los decretos aludidos, el tribunal de instancia concluyó correctamente que los quere-llantes estaban cubiertos por dichos decretos números 8 y 8 enmendado. Así parece haberlo entendido la propia querellada, al conceder a sus trabajadores el derecho a vacaciones a razón de 11/4 días por cada mes de trabajo, tal y como disponen los referidos decretos.

En 26 de junio de 1956 se aprobó una nueva Ley de Salario Mínimo, 29 L.P.R.A. see. 245 et seq. Esta redujo conside-rablemente el campo de intervención de la Junta de Salario Mínimo, limitándola estrictamente a la función de fijar sala-rios mínimos. Se dejó a merced de la libre negociación coleo: tiva todo lo referente a otras condiciones de trabajo, inclu-yendo las relativas a vacaciones. Véanse Diario de Sesiones, 1956, vol. 8, pág. 1065; Cervecería Corona, Inc. v. J.S.M., supra, pág. 807; Marrero Cabrera v. Caribbean Refining Co., 93 D.P.R. 250, 261 (1966); Espasas Dairy, Inc. v. J.S.M., 94 D.P.R. 816 (1967) (opinión disidente del Juez Blanco Lugo, con la cual concurrieron los Jueces Pérez Pimentel, Rigau y Ramírez Bages), pág. 832. Dicha ley, sin embargo, mantuvo vigentes aquellos beneficios y derechos ya reconocidos a los trabajadores mediante los decretos en vigor al proveer que todo lo que no fuera relativo a salario mínimo subsistiría con toda fuerza y vigor. Véanse 29 L.P.R.A. sec. 246k(b); Cervecería Corona, Inc. v. J.S.M., supra, pág. 807; Martín Santos v. C.R.U.V., 89 D.P.R. 175, 184 (1963).

Estando vigente la mencionada Ley de Salario Mínimo de 1956 se aprobó el Decreto número 40 de 2 de marzo de 1958 aplicable a la Industria de Reparación de Vehículos de Motor, Artefactos Eléctricos y otros servicios. Es este Decreto 40 el que la querellada sostiene debe aplicarse al caso de los querellantes. Debemos enfatizar que el Decreto 40 de 1958 y sus versiones enmendadas no aplican a los querellantes, por ex-cluirse de su ámbito los servicios de reparación ofrecidos por aquellos patronos cubiertos por otros decretos de la Junta de Salario Mínimo o por órdenes de salarios federales, cuando se ofrecen en relación con sus propias actividades industriales, comerciales o agrícolas y no para el público en general. Este no contiene disposición alguna sobre vacaciones ni sobre otras condiciones de trabajo. No es éste, por tanto, el decreto aplicable. Son los números 8 y 8 enmendado los que cubren a los querellantes aun desde antes de aprobarse la Ley de Salario Mínimo de 1956, como correctamente determinó el tribunal de instancia, por ser la operación del taller de mecánica una operación necesaria e incidental al negocio de venta de automóviles, y por tanto dentro de la definición de “Comercio al por Me-nor”. Estos últimos decretos continuaron protegiendo a los querellantes por disposición expresa de la Ley de 1956 con res-pecto a otras condiciones de trabajo que no fueran salario mínimo.

El decreto número 8 enmendado fue sustituido por el De-creto Mandatorio 42 en 1958. Ni el 42 ni sus versiones enmen-dadas hasta 1968 contenían disposiciones relativas a vacacio-nes, por lo que continuaron en vigor las contenidas en el nú-mero 8 enmendado.

En 1968 la Legislatura devolvió a la Junta de Salario Mínimo la facultad de reglamentar el derecho a vacaciones, Ley Núm. 116 de 21 de junio de 1968, Art. 2, 29 L.P.R.A. sec. 245i(a), por estimar que la contratación colectiva no había alcanzado logros efectivos con respecto a vacaciones y licen-cia por enfermedad. Véanse, Informe de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Diario de Sesiones, 1968, pág. 1332; Cervecería Corona, Inc. v. J.S.M., supra. Fue entonces que se incorporaron al Decreto 42 unas disposiciones sobre vacaciones, las que aunque casi idénticas a las del 8 enmendado de 1955, no se extienden a la reclamación objeto de este pleito, que corresponde a años anteriores, o sea, de 1954 a 1964.

En vista de lo expuesto precedentemente es nuestra opi-nión que a los querellantes les son de aplicación los Decretos Mandatories números 8 de 1945 y 8 enmendado de 1955 según lo determinó el tribunal de instancia.

HH HH

Habiendo resuelto cuales son los decretos aplicables a los querellantes veamos sus derechos en relación con vacaciones. El Decreto número 8 enmendado los define así: (Véase 29 R.&R.P.R. sec. 245n-138 (b)).

“(b) Vacaciones. Todo empleado tendrá derecho a vacacio-nes, con sueldo completo que se hará efectivo al comenzar a dis-frutarlas, a razón de 114 día laborable [sie] por cada mes en que haya tenido por lo menos 120 horas de labor. Las vacaciones las disfrutará consecutivamente el empleado y se concederán anual-mente en forma que no interrumpan el normal funcionamiento de la empresa, a cuyo fin el patrono establecerá los turnos corres-pondientes. El empleado no podrá exigir el disfrute de vacacio-nes hasta que las hubiere acumulado por un año. Mediante acuer-do por escrito entre patrono y empleado podrán acumularse durante más de un año, pero nunca por más de dos. En caso de que el empleado cese en su trabajo, el patrono le hará efectivo el total hasta entonces acumulado, aunque sea menos de un año. Si excediere del máximo de 2 años aquí autorizado, el patrono de-berá pagarle además 2 veces el sueldo correspondiente por el período en exceso de dichos 2 años. Si el salario no se ha estipu-lado por días o períodos mayores, el sueldo correspondiente a cada día de vacaciones se computará multiplicando por 8 el tipo por hora regular más alto que hubiere percibido el empleado durante el mes a que correspondan las vacaciones. Será ilegal y nulo cualquier contrato mediante el cual el empleado renuncie, por dinero u otra causa, a disfrutar de hecho sus vacaciones .a menos que medie un permiso del Secretario de Trabajo o cual-quier agente autorizado por él para permitir a cualquier em-pleado renunciar por dinero al disfrute de sus vacaciones. El patrono que no conceda a cualquiera de sus empleados las vaca-ciones a que tuviere derecho después de haberlas acumulado por más de 2 años, deberá concederle el total hasta entonces acumu-lado pagándole 2 veces el sueldo correspondiente por el período en exceso de dichos 2 años.” (Énfasis suplido.)

El tribunal de instancia concluyó que la querellada recono-ció el derecho a vacaciones de los querellantes a razón de 11/4 día por mes durante el período cubierto por la reclamación. En muchas ocasiones, sin embargo, los querellantes no dis-frutaron real y efectivamente del período de vacaciones a que tenían derecho y en otras disfrutaron de una parte del mismo. En los casos en que el empleado no disfrutaba de sus vaca-ciones, bien fuere total o parcialmente, el patrono le pagaba las vacaciones no disfrutadas a base del salario regular de-vengado. Durante el período por el que se reclama el patrono no solicitó el permiso del Secretario de Trabajo, conforme lo requería el decreto, para que los empleados trabajaran du-rante su período de vacaciones. En muchas ocasiones los em-pleados acumularon vacaciones en exceso de dos años de trabajo.

Para la determinación de la suma adeudada a los quere-llantes ascendente a $52,601.32, el tribunal de instancia uti-lizó la fórmula que se transcribe a continuación:

“1. Se determinó el período de empleo de cada Querellante y el salario por hora pagado a cada uno de ellos durante sus respectivos períodos de empleo.

2. Luego se determinó el número de días realmente disfru-tados por cada Querellante en concepto de vacaciones así como el número de días por ese mismo concepto pagado por la Querellada a cada Querellante mientras al mismo tiempo los mantenía tra-bajando.

Se determinó igualmente el número de días y su equivalente en horas, así como la suma total en dinero, año por año, a que por ley cada Querellante tenía derecho por concepto de vacaciones.

3. Tomando como base las anteriores determinaciones aritmé-ticas, el Tribunal entonces determinó la diferencia en dinero, estimada a tiempo sencillo y por salario por hora, entre la suma a que realmente tenía derecho cada Querellante por concepto de vacaciones no disfrutadas y la realmente pagada por ese mismo concepto por la Querellada a cada uno de ellos.

Esa diferencia, año por año, era la suma que debió en su ori-gen, en los períodos respectivos, pagarle Hull Dobbs a cada Que-rellante, por no haber cada uno de ellos efectivamente disfrutado sus vacaciones, en adición, por supuesto, a la suma que original-mente se le pagó a cada Querellante mientras continuó traba-jando.

4. Por los primeros dos años en el caso en que cada Quere-llante continuó trabajando sin disfrutar sus vacaciones, cada uno de ellos tenía derecho a penalidad que dispone la Ley 379 de 1948. Comoquiera que ya se le había pagado sencillo, por ese período la Querellada adeuda a cada Querellante una suma igual.

5. Por el remanente de los años de trabajo en exceso de dos años, en que cada Querellante continuó trabajando y se le pagó a base de su salario regular por hora sin disfrutar vacaciones, cada uno de ellos tenía derecho a la penalidad que disponen el Decreto Mandatorio Número Ocho y Ocho enmendado. Como-quiera que en el caso de cada litigante ya se le había pagado sen-cillo, se le adeuda una suma igual por ese concepto al amparo de lo dispuesto en los referidos decretos.

En adición a la suma adeudada conforme a los decretos ya mencionados la querellada adeuda a los querellantes una suma igual por concepto de la penalidad que dispone la Ley 379. Ello es así por razón de habérsele pagado a cada querellante una suma menor por concepto de vacaciones no disfrutadas que la dispuesta en los decretos antes mencionados. Abréu v. Concreto Mixto, Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1971.”

En consonancia con la fórmula expuesta el tribunal de-terminó las sumas individuales adeudadas a cada querellante, según queda demostrado en la tabla que transcribimos y ha-cemos formar parte de esta opinión como Apéndice I.

Es de rigor revisar dichas determinaciones, lo que hace-mos siguiendo el mismo orden que utilizó el tribunal recurrido en el Apéndice I.

La columna número uno de dicho apéndice representa el número de días trabajados por cada querellante durante el período de vacaciones a que tenía derecho. No se nos ha de-mostrado que estas cifras sean incorrectas.

Las cantidades de la segunda columna representan la compensación por los días de asueto no disfrutados, la que está calculada en relación con el salario promedio de cada trabajador, a tiempo sencillo, por trabajo realizado durante los períodos de vacaciones en que no se obtuvo permiso del Secretario de Trabajo. Debe señalarse que al trabajar los querellantes durante el período de vacaciones recibieron paga regular, pagándosele además las vacaciones no disfrutadas a tiempo sencillo. El tribunal concluyó que por faltar la auto-rización del Secretario de Trabajo para trabajar durante los períodos de asueto, el patrono habría de pagar los días de va-caciones trabajados a tiempo doble por lo que aún se les debe-ría una paga adicional a tiempo sencillo por esos días traba-jados. No podemos estar conformes con esa conclusión.

El tribunal de instancia basó su determinación al respecto en la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. see. 271 et seq., presumiblemente descansando en una de dos interpretaciones. Por un lado, pudo haber entendido que el trabajo realizado durante los primeros dos años en que los querellantes no disfrutaron de vacaciones constituía trabajo fuera de la jornada regular por lo que tenían derecho a doble paga conforme a la Ley Núm. 379. Equiparó pues las horas trabajadas durante el período de vacaciones con las horas extras que el Art. 5 de la Ley Núm. 379, 29 L.P.R.A. see. 274, requiere sean pagadas a tipo doble. Pasa por alto el tribunal recurrido que la Ley 379 en su Art. 4, 29 L.P.R.A. see. 273, establece lo que constituye horas extras a los fines del derecho al pago doble, y en la enumeración que allí se hace no se mencionan las horas trabajadas durante el período de vacaciones. Muy fácil hubiera sido incluirlas si tal hubiese sido la intención del legislador.

Pudo además haber entendido el tribunal de instancia que la querellada violó las disposiciones del Decreto Mandatorio número 8 enmendado al no obtener permiso del Secretario del Trabajo para que sus empleados renunciaran por dinero a sus vacaciones, y que por ello le era aplicable la penalidad a que se refiere el Art. 13 de la Ley Núm. 379, 29 L.P.R.A. see. 282, a la luz de nuestra sentencia en Abréu v. Concreto Mixto, R-70-89, de 12 de febrero de 1971. En la referida sentencia, al discutir la responsabilidad civil en casos de salarios tan solo repetimos lo ya consagrado en Salgado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 367 (1965), al efecto de que las fuentes de penalidad civil en los casos de reclamaciones de salarios son el Art. 13 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. see. 282 y la Sec. 30 (a) de la Ley de Salario Míni-mo de 1956, 29 L.P.R.A. sec. 246b. Véase Salgado v. Tribunal Superior, supra, pág. 371. Al referirnos a ambos preceptos de ley, dijimos que la imposición de la compensación adicional o penalidad civil en casos de reclamaciones de salario sólo pro-cede (1) cuando el patrono satisfaga una compensación menor que la fijada para horas regulares y horas extras de trabajo; y (2) cuando se le pague al empleado una compensación menor a la prescrita en la Ley de Salario Mínimo, en un decreto manda-torio, en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo. Las penalidades no se presumen y su imposición se justifica solamente cuando la ley expresamente lo dispone. Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974).

Como puede verse, si bien hemos sostenido que la penalidad procede cuando se paga al empleado una compensación menor a la prescrita en un decreto mandatorio, ello no quiere decir que cualquier violación a las disposiciones de un decreto mandatorio conlleva if so facto la imposición de penalidad. Para que ésta proceda es necesario que la deficiencia dejada de pagar se refiera a horas regulares y horas extras de trabajo, o a compensación por debajo de lo que fija la ley, el decreto, el convenio o el contrato individual de trabajo. Examinemos el decreto aquí aplicable.

Establece éste específicamente que cuando el patrono no conceda vacaciones a un empleado luego de éste haberlas acumulado por dos años, deberá pagarle dos veces el sueldo correspondiente por el período en exceso de dichos dos años. Contrario a lo que sostiene la querellada, el período de vacaciones es acumulativo, aun si se trabajan y a pesar de que se reciba pago por ellas. La intención que permea el Decreto es la de que el trabajador debe disfrutar real y efectivamente de sus vacaciones; y que de no hacerlo, venga el patrono obligado al pago de la penalidad solamente después de transcurridos dos años de acumulación no obstante habérsele compensado por dicho período de vacaciones trabajadas, pero no realmente disfrutadas.

Comoquiera que el decreto no impone obligación alguna al pago doble por las vacaciones trabajadas durante los primeros dos años, aun en los casos en que no se hubiere obtenido la autorización del Secretario de Trabajo para la realización de labores en tiempo que debe destinarse a vaca-ciones, concluimos que el patrono no viene obligado al pago de penalidad alguna por tal concepto durante el transcurso de los primeros dos años. El derecho a doble paga aplica expresa-mente a vacaciones acumuladas en exceso de dos años. Por ello se eliminaron las cantidades que por tal concepto aparecen en las columnas dos y tres del Apéndice I.

Debe sostenerse, sin embargo, la penalidad impuesta por el tribunal recurrido por concepto de las vacaciones acumula-das por más de dos años que aparece desglosada en la columna 4 de la tabla a que nos hemos referido antes.

Igualmente mantenemos las sumas consignadas en la columna 5 que representan la diferencia entre las sumas que debieron ser pagadas en concepto de vacaciones no disfrutadas a tiempo sencillo y las que realmente fueron pagadas.

Procede añadir a las sumas que hemos determinado adeuda la querellada a los querellantes una suma igual en concepto de penalidad según quedó establecido en Salgado v. Tribunal Superior, supra. Aunque el juez de instancia pareció entender que procedía dicha penalidad, no aparece la misma añadida. Debemos suplir esa omisión.

En vista de lo anterior la querellada debe a los quere-llantes las sumas que se señalan en la tabla que hacemos for-mar parte de esta opinión como Apéndice II, ascendentes a $10,888.84 más una suma igual por concepto de penalidad.

Por último, la querellada impugna por excesiva la canti-dad de $15,000.00 concedida en concepto de honorarios de abo-gado. La complejidad del pleito y su larga trayectoria en la que participaron dos abogados exige que los honorarios se re-tribuyan debidamente. Estimamos que Diez Mil Dólares ($10,000.00) constituyen honorarios razonables.

La sentencia dictada por él Tribunal Superior, Sala de San Juan, será modificada según los términos de esta opinión y así modificada se confirmará la misma

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

       Corresponde a la Junta de Salario Mínimo y no a este Tribunal el establecer cuál será la consecuencia de no obtener el permiso del Secretario de Trabajo.

       NOTA DEL COMPILADOR: Con fecha 30 de mayo de 1975, el Tribunal Supremo dictó una Sentencia Enmendada, la cual dice:
      “Se enmienda nunc pro tune nuestra sentencia de 14 de abril de 1975 en el caso de epígrafe a los únicos fines de añadir lo siguiente:
      ‘La parte recurrente vendrá obligada al pago de los intereses legales sobre la totalidad de la sentencia, que incluye la suma conce-dida a la parte para honorarios de abogados, a partir de la fecha de esta sentencia.'
      Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario.
      (Fdo.) Angel G. Hermida

        Secreta/rio”


author: per curiam :

text:
    Girard Industries Corp., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Roberto Schmidt Monge, Juez, demandado.

      Número: O-75-106

      Resuelto: 15 de abril de 1975

      Baker & Woods y Roberto Morales Sánchez, abogados de la peti-cionaria.
   per curiam :

En nueve ocasiones, a lo largo de un período de cinco años, una corporación demandada mediante un recurso u otro ha impedido la toma de deposición de su presidente. La situación sólo puede calificarse como simple anacronismo. Nos pareció que había calado ya el claro mensaje de este Tribunal condenando toda resistencia sutil o abierta al franco descubrimiento de prueba. Es parte de la obligación de jueces y abogados abandonar toda práctica que con el tiempo impuso 'a nuestro sistema de justicia fama de exasperante len-titud. La Reforma no ha de quedarse en los tomos de leyes. Hay el firme propósito de insuflarle la energía necesaria para terminar con hábitos y recursos que dañan el concepto cabal de lo justo.

Contra la negativa del tribunal de instancia a imponer san-ciones a la demandada, expedimos orden para mostrar causa por la que no debamos imponerlas nosotros, comprendiendo- la alternativa de desestimación de alegaciones. El silencio de la demandada despeja el camino para acción correctiva.

Se expedirá el auto de certiorari, se anularán las actua-ciones de la sala de instancia rehusando imponer sanciones y se condenará a la demandada “The Anderson Corporation,> a pagar a la demandante-recurrente Girard Industries Corp., mil dólares ($1,000.00) por concepto de honorarios de abogado, pago que deberá hacer efectivo dentro de cinco días de reci-bido el mandato como condición previa para mantener sus alegaciones en el pleito.

Se remitirá el caso a la sala de origen para continuación de procedimientos consistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señoe Rigau

text:
    Aetna Life and Casualty Co., demandante y recurrida, v. Americana of Puerto Rico, Inc. y Consolidated Mutual Insurance Co., demandadas y recurrentes.

      Número: R-74-216

      Resuelto: 17 de abril de 1975

      Geigel, Silva, Soler Favale & Arroyo y Ernesto F. Rodríguez Suris, abogados de las recurrentes; Rieckehoff, Calderón, Rosa Silva & Vargas y David Rivé Rivera, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señoe Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Tomamos los hechos según fueron estipulados por las partes.

En 7 de septiembre de 1968 el Dr. Jerome Lorber y su esposa se hospedaron en el Hotel Americana, de San Juan. En esa ocasión la Sra. Lorber depositó prendas de su propie-dad, por valor de más de $4,000, en la caja de seguridad del hotel. De allí fueron hurtadas. En 28 de diciembre del mismo año dichos señores volvieron a hospedarse en el Hotel Americana y esta vez la Sra. Lorber depositó prendas suyas por valor de más de $5,000, en la caja del hotel y también le fueron hurtadas.

Los Lorber tenían un seguro que cubría ese riesgo, expe-dido por Aetna Life & Casualty Co. Esta indemnizó a los Lor-ber hasta el límite de $7,348.00 por dichas pérdidas y se sub-rogó en sus derechos para recobrar del hotel y de su asegura-dora, Consolidated Mutual Insurance Company, el importe de lo pagado por ella.

Aetna demandó a la corporación dueña del hotel, Americana de Puerto Rico, Inc., y a Consolidated Mutual en el Tribunal Superior de San Juan. Solicitó sentencia por la suma pagada por ella a los Lorber, más costas y honorarios. Las demandadas alegaron que su responsabilidad máxima es de $500.00 en virtud de la See. 2 de la Ley de Hosteleros, 10 L.P.R.A. see. 712.

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, declaró con lugar la demanda y condenó a Consolidated Mutual a pagarle a Aetna $7,348.00 más costas y honorarios'. Hasta la suma de $500.00 la sentencia es solidaria entre las codemandadas Consolidated Mutual y Americana de P.R., Inc. A solicitud de las codemandadas acordamos revisar.

Para resolver es necesario, desde luego, que examinemos el contrato de seguro y las leyes que gobiernan específicamente la situación aquí presentada, esto es, la Ley de Hosteleros y el Código de Seguros. La See. 2 de la Ley de Hosteleros, 10 L.P.R.A. see. 712, lee como sigue:

“Cuando un hostelero haya provisto una caja de seguridad en la oficina del hotel que administra o cualquier otro lugar con-veniente para guardar objetos de valor (según se definen en la see. 711 de este título) que pertenezcan a los huéspedes, y haya colocado en un sitio conspicuo de la habitación o habitaciones ocupadas .por dichos huéspedes, en las salas públicas, y en la oficina del hotel, un aviso indicando que hay disponible tal sitio para guardar objetos de valor, el hostelero no será responsable por la pérdida de tal propiedad, bien por robo u otra causa, a menos que dicho huésped haya depositado la misma en el sitio y en la forma indicada en dicho aviso. Sin embargo, si el huésped entregara dichos objetos al hostelero, en la forma indicada en dicho aviso, el hostelero estará obligado a atender con debido cuidado la protección de los mismos; y será responsable por cual-quier pérdida o daño ocurrido por su negligencia al no ejercer el debido cuidado en la protección de tales objetos; Disponiéndose, sin embargo, que en tal caso la responsabilidad del hostelero no excederá de la suma de quinientos (500) dólares, a menos que el huésped que le hubiere entregado los objetos haya declarado por escrito una valoración mayor al hostelero.” (Bastardillas nues-tras.)

Como en este caso los huéspedes no declararon por escrito, al momento de depositar sus valores en la caja del hotel, que aquéllos excedían de $500, la responsabilidad máxima del hotel es de $500 en cada hurto, a tenor con la antes transcrita disposición de la Ley de Hosteleros. No hay duda de que el hotel debía pagar dichas sumas, pero es el caso que el hotel tenía ese riesgo cubierto con su aseguradora Consolidated Mutual. ¿Cuánto debe pagar esta última?

Para contestar la pregunta anterior es necesario que vea-mos el contrato de seguros celebrado entre el hotel y Consolidated Mutual. Según dicho contrato Consolidated se obligó a pagar por su asegurado — el hotel — “aquellas sumas que el asegurado viniese obligado en ley a pagar . . . . (Bastar-dillas nuestras.) ¿Cuál es, en este caso, la suma que el asegurado vino obligado en ley a pagar? Como hemos visto, $500 en cada hurto, a tenor con la citada See. 2 de la Ley de Hosteleros. El exceso de esa suma, hasta cubrir el valor real de las prendas hurtadas, el hotel no vino obligado en ley a pagarlo.

El contrato de seguros, en otra cláusula, también limita la responsabilidad del asegurador, al disponer, entre las condi-ciones de la póliza, que el límite de la responsabilidad de la aseguradora es el límite de la responsabilidad de la firma ase-gurada. Volvemos a toparnos aquí con el límite de $500 en cada hurto que establece nuestra Ley de Hosteleros.

Debido a otro contrato de seguros — el celebrado entre los Lorber y Aetna — ésta vino obligada a pagar a los Lorber hasta el límite de $7,348.00.

Si los Lorber hubiesen declarado por escrito al hotel el valor de las prendas al depositarlas en la caja de éste, enton-ces, en virtud del contrato de seguros celebrado entre el hotel y Consolidated, la responsabilidad de Consolidated hubiese su-bido a un máximo de $1,000 en cada hurto. Esto es así porque el referido contrato dispone que si el asegurado — el hotel— asume, en esos casos, una responsabilidad mayor de $500 el seguro la cubre sólo hasta $1,000.

Como hemos visto, este caso no gira sobre la cuestión de si una exención estatutaria de responsabilidad concedida al hotel beneficia o no a su asegurador. Aquí no se trata de eso, ni eso ocurre. Normalmente, esa clase de defensas, denominadas personales o privativas — y que son en realidad privilegios —no están disponibles para los aseguradores. Ese privilegio que la ley, como cuestión de política pública, concede a un hotel o a otra empresa, no lo “hereda” su asegurador ya que la política pública no se propuso establecer un privilegio o una ventaja económica a favor de los aseguradores. García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245, 254 (1965); Cuchi Coll v. Gobierno de la Capital, 93 D.P.R. 734, 737 (1966); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472, 476 (1967); cf. Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 D.P.R. 249 (1973); Torres v. Interstate Fire and Casualty Co., 275 F.Supp. 784, 787 (1967); Alcoa Steamship Co. v. Charles Ferran and Co., 251 F.Supp. 823, 831 (1966); In Re Independent Towing Co., 242 F.Supp. 950, 954 (1965). Esto lo señala correctamente la ilustrada Sala sentenciadora.

La conclusión a que es necesario llegar en este caso se debe (1) a que los Lorber no hicieron la declaración escrita que menciona la See. 2 de la Ley de Hosteleros, de modo que opera la limitación de responsabilidad que dicha ley concede a los hoteles en Puerto Rico y (2) a que el contrato de seguros entre el hotel y Consolidated Mutual a su vez dispone unos límites de cubierta. Por eso Aetna no puede recibir de Consolidated Mutual más de $500 en cada hurto: $1,000.00.

¿Quiere decir lo anterior que en virtud de la limitación de responsabilidad que la ley concede a los hoteles y de los contratos de éstos con sus aseguradores, los huéspedes están desprovistos de toda protección, aun en casos de negligencia de los hoteles? No lo creemos así porque si el huésped decla-ra por escrito el valor de los objetos que deposita en la caja del hotel, entonces tiene pleno vigor la citada See. 2 de la Ley de Hosteleros, la cual, cuando el huésped hace la declara-ción escrita, fija la responsabilidad total en el hotel. Véa-se al efecto la segunda oración de la citada See. 2. En otras palabras, si el hotel no tiene seguro o si tiene uno que no es suficiente (como en el caso de autos) entonces el hotel es res-ponsable, de probarse la negligencia.

En vista de lo anterior, se enmendará la sentencia recu-rrida en el sentido de fijar en $1,000.00 la suma que Consolidated Mutual y el Hotel Americana deben pagar a Aetna ($500.00 en cada uno de los dos casos de hurto aquí concerni-dos ) y de eliminar las partidas de costas y honorarios de abo-gado y así modificada se confirmará.

       “To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally obligated to pay .. . .”

       Asumimos que esto es así en cuanto a Aetna, pues de lo contrario Aetna no hubiese pagado esa suma a los Lorber.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Cervecería India, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Héctor A. Colón Cruz, Juez, demandado; Orange Crush of P.R., Inc., interventors.

      Número: O-75-114

      Resuelto: 17 de abril de 1975

      Wilfredo Pérez Candelaria, Eugenio Alemañy Fernández y Nica-nor Laguillo Rodríguez, abogados de la peticionaria; A. J. Amadeo Murga, abogado de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Dos foros adjudicativos públicos son disputados por las partes en este caso. Los hechos son sencillos: En el foro ad-ministrativo, la peticionaria Cervecería India, Inc., denomi-nada en lo sucesivo Cervecería, fue objeto de una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) promo-vida por la interventora Orange Crush of Puerto Rico, Inc., en lo sucesivo Orange Crush, por alegadamente haberle cobra-do indebida y a sobreprecio un sinnúmero de refrescos (gaseo-sas) de distintos sabores. El 16 de mayo de 1974 el Adminis-trador de D ACO dictó una Resolución declarando probados los hechos esenciales de la querella e imponiendo una multa ad-ministrativa de $100.00 por cada violación para un total de $600.00. No conforme, la peticionaria presentó una solicitud de reconsideración, la cual a las fechas más adelante expuestas no había sido resuelta por dicho organismo administrativo.

Al poco tiempo, en 19 de julio de 1974 y por los mismos hechos, la Orange Crush radicó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, demanda en cobro de dinero contra la Cervecería India reclamando triple daño en virtud del Art. 4 de la Ley Núm. 97 del 19 de julio de 1953 que dispone:

“Cualquier persona que compre un artículo o servicio especial a un precio en exceso del máximo establecido por un reglamento u orden del Administrador, podrá dentro de un año a partir de la fecha 'de la compra del artículo o servicio esencial reclamar del vendedor daños por tres veces el total del sobreprecio más las costas y los honorarios de abogados que el tribunal determine. Cuando el triple del sobreprecio resulte menor de $25 el compra-dor tendrá derecho a $25 por concepto de daños en cada violación más las costas y los honorarios de abogado que el tribunal determine.” (23 L.P.R.A. see. 704.)

La peticionaria Cervecería India solicitó la desestimación aduciendo falta de jurisdicción por los fundamentos de no ser final y firme la resolución del Administrador de DACO y no haberse agotado los remedios administrativos. El tribunal de instancia negó tal remedio y ello motivó la pre-sente solicitud de certiorari.

En 14 de marzo de 1975 emitimos la siguiente Resolu-ción:

“Vista la petición de certiorari presentada por Cervecería India, Inc. y documentos anexos y las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, en cuyo artículo 16 se reconoce el mecanismo de reconsideración de una determinación admi-nistrativa, y apareciendo que la peticionaria utilizó dicho trámite y que están pendientes de resolución sus planteamientos; sur-giendo que la causa de acción de la Orange Crush of Puerto Rico, Inc. está fundada en el referido dictamen administrativo, se expide una orden para que muestre causa por la cual no deba expedirse el auto de certiorari solicitado y oportunamente deses-timarse sin perjuicio su demanda por el fundamento de ser prematura.”

En oposición, Orange Crush ha comparecido aduciendo y argumentando en síntesis lo siguiente: la acción de cobro de dinero está basada en el artículo de ley antes dispuesto y no en el dictamen de DACO; el procedimiento administrativo pendiente trata sobre una querella en la cual ella no es parte y en la cual sólo se dispuso sanción de multa adminis-trativa y ninguna a su favor; y es aplicable a la situación de autos el principio expuesto en Bachman v. Peñagarícano, Admor., 87 D.P.R. 41 (1962) en el sentido de que en deter-minadas circunstancias, la acción judicial en cobro de canon de arrendamiento pagado en exceso no exige determinación previa del administrador.

Sólidos principios jurídicos nos impiden convenir con tales planteamientos. Expondremos brevemente los fundamen-tos de nuestra conclusión, aun cuando invertiremos el orden de los planteamientos de la interventora. Veamos:

Es doctrina reiterada que una acción judicial a la cual es acreedora una parte — con génesis en el incumplimiento de un reglamento u orden de un organismo administrativo como DACO — por regla general y en ausencia de disposición estatutaria expresa que así lo autorice, debe posponerse hasta que el trámite administrativo, incluyendo el de la revisión judicial, finalice. El argumento de que Orange Crush no es parte en el procedimiento y de que no obtuvo remedio a su favor no milita en contra. Si bien la resolución del Admi-nistrador consigna como parte al “Departamento de Asuntos del Consumidor”, lo cierto es que de sus propios términos surge que la parte querellante que inicia la querella, por resultar directamente afectada por las alegadas prácticas de la allí querellada Cervecería India, no es otra que la demandante, aquí interventora Orange Crush. Habiendo identidad entre el trámite administrativo no culminado y el judicial comenzado, resulta obvia la conclusión de que la demanda en cobro de dinero es prematura.

Abona a lo anterior, que nada impide que estando pendiente la reconsideración, el Administrador de DACO en virtud de la facultad dispuesta en el inciso (d) del Art. 13 de la Ley Insular de Suministros — adicionado mediante la Ley Núm. 70 de 31 de mayo de 1972 — disponga el mismo remedio solicitado por la aquí interventora en el Tribunal. Tal autoridad es clara según el lenguaje de ley que consigna :

“Cuando el Administrador luego de celebrada audiencia, a instancias de un consumidor querellante ¡determine que se ha vendido un artículo o producto en contravención a los reglamen-tos de precios establecidos, tendrá facultad para ordenar al querellado a pagar al querellante una cantidad en concepto de daños. La cantidad a ser adjudicada en concepto de los daños será el triple de la diferencia entre el precio fijado por el Admi-nistrador y el precio a que se vendió el artículo o producto al con-sumidor o veinticinco (25) dólares, la cantidad que sea mayor.” (23 L.P.R.A. see. 744 (d) — Énfasis suplido.)

Finalmente, estimamos oportuno señalar que puede coexistir la disposición que autoriza la acción directa de triple daño por sobreprecio reconocida en la Ley Núm. 97 de 19 de julio de 1953, supra, con la disposición de la Ley Núm. 70 mencionada que faculta al Administrador, en casos apropiados, a imponer igual remedio. Esta última no deroga expresamente la primera, reflejando el escaso historial legislativo dis-ponible una intención legislativa manifiesta de que haya una adjudicación inicial y total de la querella y posibles daños en el foro administrativo sin eliminar o derogar la acción directa. A tal efecto, orientador es el Informe de la Comisión que entendió en la Ley Núm. 70:

“Alcance de la Medida

El Artículo 4 de la Ley número 97 de 19 de junio de 1953 establece que cualquier persona que compre un artículo o servicio esencial a un precio en exceso del máximo establecido por orden o reglamento de la Administración de Servicios al Consumidor, puede reclamar del vendedor daños por tres veces el total del sobreprecio. El hecho de que el remedio dispuesto, sea a través de la vía judicial ha sido un favor negativo para que se establez-can estas reclamaciones. El ciudadano estima qüe el costo y el tiempo que conlleva un litigio en los tribunales, no es compensado por la suma que puedan recobrar [sic.]

Por tal razón se cree conveniente crear un procedimiento ad-ministrativo para bregar en estos casos. Esto aumentará no solo el número de personas que se beneficiarán, sino que constituirá un mecanismo adicional para lograr la implementación de los reglamentos de precios que establezca la Administración de Ser-vicios al Consumidor.

La medida además dispone que en caso de una violación a un reglamento de precios la compensación mínima a concederse será de $25. Esto tiene que ser así, porque si el exceso sobre el precio fijado fuese de unos centavos solamente, como sucede en los colmados, sería inoperante una compensación de tres veces esos centavos, ya que no estimularía a nadie establecer una reclama-ción por unos centavos y resultaría costosa una vista adminis-trativa para imponer esa compensación.

Por considerarla una medida vital para la protección del con-sumidor se recomienda la aprobación de la misma.” Diario de Sesiones de 1972, pág. 1057.

Habida cuenta de las variadas alternativas, resolvemos que la acción directa está disponible cuando no se ha acudido por cualesquiera razones al foro administrativo (DACO). Ahora bien, una vez se ha optado por tramitar la querella en la esfera administrativa, la acción judicial directa queda suspendida, supeditada a que dicho- trámite finalice y el Administrador provea sobre el remedio de triple daño.

Concluir lo contrario contribuiría a desarticular los proce-sos adjudicativos propiciando en dos foros distintos la dilucidación de un mismo asunto — validez de un precio y sanciones —derrotando los propósitos de ambas disposiciones.

Se expide el auto de certiorari y se dictará Sentencia deses-timando por falta de jurisdicción en esta etapa la demanda en cobro de dinero.

El Juez Asociado, Señor Martín, no intervino.

       Irrespectivamente de no ser aplicable al caso de autos la decisión de Bachman, supra, por tratarse de una acción de triple daño basada en canon de arrendamiento, su lectura pone de manifiesto la doctrina expuesta y las excepciones al respecto no presentes en el caso ante nos.

       Resultan distinguibles jurídica y factualmente y no aplicables al caso de autos, los razonamientos válidos expuestos en Lomas de Carolina Corp. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 574 (1973) y Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974) los cuales giran sobre querellas en el campo de la construcción.

      En tal eventualidad, quaere si el término de un año del Art. 4 de la Ley Núm. 97 queda afectado y válidamente interrumpido por haberse in-terpuesto la acción en el organismo adjudicador equivalente al foro judicial en el esquema de la pieza legislativa más recientemente aprobada.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Martín

text:
    Rodolfo Murphy Bernabe, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Juez Héctor Colón Cruz, demandado; Junta de Planificación de Puerto Rico, interventora. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, peticionaria y recurrida, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Juez Héctor Colón Cruz, demandado; Federación de Músicos de Puerto Rico (recurrente) , Rodolfo Murphy Bernabe y Junta de Planificación de Puerto Rico, interventores.

      Números: O-72-205
    O-72-214

      Resueltos: 18 de abril de 1975

      Waldo Santiago Irizarry, Carlos Santos Correa y Luis E. López Correa, abogados de la Junta de Apelaciones y Lotifieaeiones; Germán W. Colberg, abogado de Rodolfo Murphy Bernabé; Josephine Hernández Peña, abogada de la Federación de Músicos de Puerto Rico; Benjamín Soto Maldonado, Marcos A. Rodríguez Estrada, Gregui J. Mercado y Rafael Vega Figueroa, abogados de la Junta de Planificación de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El 2 de abril de 1969 la Oficina Regional de San Juan de la Junta de Planificación de Puerto Rico emitió un informe en que autorizó un anteproyecto de la Federación de Músicos de Puerto Rico para la construcción de un edificio de dos plantas y un sótano en un distrito clasificado C-l, contiguo a la urbanización residencial University Gardens de Río Pie-dras. El propuesto edificio tendría como uso principal el alber-gue de las oficinas de la Federación, y proveería en el sótano para cuartos de máquinas, áreas de uso común y salón de des-canso y merienda; cinco salones de ensayo o práctica para músicos en la primera planta, y oficinas en la segunda planta. También haría reserva de un área para estacionamiento de automóviles. El informe fue aprobado por la Oficina Regional eon la objeción del señor Rodolfo Murphy Bernabé y otros resi-dentes de la urbanización, quienes, inconformes, apelaron a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones. La Junta de Apelaciones celebró vistas, oyó testigos, y finalmente emitió resolución confirmatoria del informe, pero modificado para eliminar el permiso de construcción y uso de los salones de ensayo. Concluyó la Junta de Apelaciones que los salones de ensayo o práctica para los músicos no constituyen un uso accesorio al uso principal para oficinas permitido en un distrito C-1. La Federación recurrió al Tribunal Superior, Sala de San Juan, al amparo del Art. 26 de la Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, 23 L.P.R.A. see. 28, para revisar dicha reso-lución. El 20 de marzo de 1972 el Tribunal Superior dictó sentencia en que revocó la resolución de la Junta de Apelacio-nes y confirmó la decisión de la Oficina Regional de la Junta de Planificación.

Murphy y la Junta de Apelaciones acudieron ante nos por separado, mediante sendas solicitudes de certiorari. Consolidamos ambos recursos y así hemos de resolverlos. Se nos plantea si fue correcta la decisión de la Junta de Apelaciones al concluir que los salones de ensayo no constituyen un uso accesorio al uso principal propuesto y si la Junta de Apelaciones puede ser parte, es decir, si tiene capacidad para comparecer ante nosotros a sostener su dictamen. Resolvemos que debe sostenerse el fallo de la Junta de Apelaciones. Por otra parte, siendo la función de la Junta de Apelaciones en este caso una de carácter cuasi judicial, y no estando autorizada por la ley que la crea para ser parte en recursos judiciales en que se revisa una decisión suya, no podemos reconocerle esa capacidad. Examinemos ambas cuestiones separadamente.

I

El “Nuevo Reglamento de Zonificación” promulgado el 13 de julio de 1955 permitía que en distritos C-1 se construyeran edificios como los permitidos en cualquier distrito residencial, autorizándose además que la primera planta pudiera dedicarse a los siguientes usos: establecimientos o tiendas para comercio al detal de artículos de consumo o uso corriente del hogar, establecimientos para servicios personales, oficinas, barberías y salones de belleza, panadería y repostería para ventas al detal, reparación y limpieza de zapatos, sastrerías, lavande-rías, determinadas actividades industriales, estaciones para recolección y distribución de ropas y materiales para limpieza y tintorería, áreas de estacionamiento para vehículos livianos, restaurantes y cafeterías, cinematógrafos, sucursales de casas bancarias, puestos de gasolina y estaciones para ómnibus y carros públicos y taxímetros. El inciso (18) reglamentaba los rótulos permitidos y el (19) permitía usos “accesorios a cualquier fin principal permitido” y concluía diciendo': “No obstante la disposición en cuanto a uso de las plantas sobre la primera, se permitirá el uso de la segunda planta para ofici-nas, barberías, salones de belleza y usos accesorios a la activi-dad principal permitida en la primera planta.”

La relación que dejamos hecha de los usos autorizados o que la Junta de Planificación podía autorizar en virtud del Art. 50.00 claramente sugiere que se pensó permitir tales estableci-mientos y actividades en distritos C-1 para beneficiar a las familias residentes de esos distritos y de distritos residenciales vecinos. El llamado “Nuevo Reglamento de bonificación” que, según hemos indicado, regía cuando se suscitó la cuestión que nos ocupa ante la Oficina Regional de San Juan, fue sustituido por otro que ahora rige, promulgado el 7 de enero de 1970, que recoge el expresado propósito en su Sec. 13.01, 23 R.&R.P.R. sec. 9-201, así: “Este distrito [C-1] se establece para clasificar áreas comerciales para crear nuevas áreas que suplan las necesidades diarias de las personas que residen en el vecindario.”

Parece dudoso que el uso principal — oficinas—a que ha de destinarse el edificio propuesto por la Federación de Músicos supla “las necesidades diarias de las personas que residen en el vecindario,” a menos que tales personas sean miembros de la Federación. El edificio podrá ser útil y necesario para los músicos pero no necesariamente para todos los residentes del vecindario, como lo serían los establecimientos y actividades que relacionaba el Art. 50.00 del reglamento que antes regía. Por supuesto, no está ante nuestra consideración la corrección de la decisión de la Oficina Regional que autoriza la ubicación del edificio en sí para dedicarlo a oficinas como uso principal. Además, la expresión del propósito de la clasificación C-l en la forma en que aparece articulada en la Sec. 13.01 del Regla-mento ahora vigente no aparecía expresamente enunciada en el anterior Reglamento y no habría base para intervenir con la discreción ejercitada tanto por la Oficina Regional como por la Junta de Apelaciones al autorizar la primera y confir-mar la segunda el uso principal propuesto para el edificio.

El Tribunal Superior basó principalmente su decisión en tres consideraciones, a saber: (a) que el Art. 50.00 del Reglamento de 1955, entonces vigente, permitía en un distrito C-l cualquier uso permitido a su vez en un distrito R-l, entre los que se mencionaba edificios para clubes cívicos de fines no pecuniarios, teniendo a su juicio la Federación de Músicos el carácter de un club cívico: (b) que dicho Art. 50.00 permitía de igual manera hoteles de turismo, hospitales de animales, y otras actividades que deben ser más perturbadoras de un vecindario residencial que unas salas de ensayo preparadas acústicamente para que el ruido de los instrumentos no tras-cienda del edificio; y, (c) que las salas de ensayo son usos accesorios al uso principal del edificio como sede de las oficinas de la Federación de Músicos.

La determinación de si la Federación de Músicos de Puerto Rico participa de la naturaleza de una organización cívica o fraternal sin fines pecuniarios carece de importancia en este caso. Ante el Tribunal Superior no se planteó, ni se plantea ante nos, conforme ya hemos indicado, si la Federa-ción podía ser autorizada a ubicar su edificio para oficinas en el distrito C-1 contiguo a la Urbanización University Gardens. Adjudicado que podía ubicarlo allí, embarcarse en consideraciones sobre la base de la autorización resulta en un bizantinismo.

En cuanto a hoteles, hospitales para animales, estudios de radio y televisión y actividades análogas, perdió de vista el tribunal sentenciador que si bien tales usos estaban autoriza-dos en un distrito R-l, fueron expresamente prohibidos para los demás distritos R y para el C-l por el Art. 25.00 del Regla-mento. Perdió de vista además que aun respecto de un distrito R-l la autorización de tales usos estaba sujeta a la aprobación de la Junta de Planificación. En otras palabras, había usos en los distritos R-l que el Reglamento autorizaba, como eran las casas de una familia, ocupaciones domiciliarias como uso se-cundario al residencial, casas de huéspedes, jardines o huertos, etc., y que la Junta de Planificación no podía prohibir si cum-plían otros requisitos reglamentarios aplicables, y había usos, como la ubicación de hoteles, hospitales de animales, estudios de radio y televisión, etc., que dicha Junta podía aprobar en el ejercicio de su discreción. En este último grupo se incluían los edificios para clubes cívicos.

Finalmente, y en cuanto a que las salas de ensayo sean un uso accesorio al propósito principal del edificio, pasó por alto el tribunal recurrido que se trata de la determinación de un hecho — no es una cuestión de Derecho — que competía hacerla al organismo administrativo. El Art. 26 de la Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, 23 L.P.R.A. see. 28, según enmendado, establece el procedimiento de apelación de las decisiones de la Junta de Planificación a la Junta de Apelaciones creada por dicha ley, y establece además el procedimiento de revisión judicial de las decisiones de la Junta de Apelaciones. Dispone el citado artículo en su inciso (f) :

“(f) La revisión ante el Tribunal Superior se limitará exclu-sivamente a cuestiones de Derecho.”

El uso accesorio era definido en el Art. 1.00, inciso (62) del Reglamento de 1955 como: “Cualquier uso que se dé a la pertenencia, que sea secundario a su uso principal, para aquellos propósitos comúnmente incidentales y que se relacionen con dicho uso principal.” El Reglamento promulgado en 1970 define uso accesorio, en su See. 2.43, 23 R.&R.P.R. sec. 9-11 (43) así: “Cualquier uso que se dé a la pertenencia, que sea secundario a su uso principal.”

La Junta de Apelaciones, en el desempeño de una función cuasi judicial, celebró vistas y recibió prueba testifical y documental que evaluó, y a base de su evaluación concluyó que los salones de ensayo no constituyen un uso accesorio, es decir, secundario y comúnmente incidental, al uso principal del edificio como uno para oficinas. No siendo irrazonable dicha determinación el tribunal recurrido no debió sustituirla por su propio enfoque sobre los hechos. Comisión Servicio Público v. Metro Taxicabs, 82 D.P.R. 999 (1961); Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242 (1959); López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958); Mejias, Admor. v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 447 (1953); Ledesma, Admor. v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 396 (1952). Reiteradamente hemos sostenido que las conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos especializados merecen gran consideración y respeto y que su revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. Reyes v. Junta Planificación, 79 D.P.R. 620 (1956); Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966); Monllor & Boscio v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 397 (1963); Seashore Realty, etc. Co. v. Junta, 75 D.P.R. 142 (1953); Rodríguez v. Comisión Industrial, 99 D.P.R. 368 (1970). Las decisiones administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad y corrección. Asoc. D.C.V.P v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875 (1974); P.R. Tel. Co. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 231 (1974). Esa presunción no ha sido rebatida en este caso.

En este caso la Oficina Regional de San Juan decidió en un breve informe que los salones de ensayo propuestos por la Federación constituyen un uso accesorio al propósito principal del edificio. La Junta de Apelaciones, luego de cumplir todos los trámites investigativos de rigor, en una extensa y bien fundamentada resolución, concluyó que como cuestión de hecho no es así. No se nos ha demostrado que actuara caprichosa-mente y sin base en la prueba que tuvo ante sí. Su decisión debe prevalecer.

II

La Junta de Planificación impugna la capacidad de la Junta de Apelaciones para solicitar la revisión de la deci-sión del Tribunal Superior. Suscita con ello el problema que en las jurisdicciones estatales norteamericanas llaman standing, es decir, la facultad en Derecho para comparecer y abogar como parte. Sobre este particular hay diversidad de criterios.

Se ha sostenido en los Estados de Oklahoma, Connecticut, Tejas, Nuevo Méjico y Missouri que, como las juntas y comisiones administrativas tienen la obligación de poner en vigor la política pública del Estado, tienen por tanto interés en que se sostengan sus decisiones. Se señala, además, que debido a su especialización están en mejor posición que las partes para defender el interés público. Por ejemplo, se resolvió en Board of Commissioners v. Woodford School District, 165 Okl. 227, 25 P.2d 1057 (1933), que como el público tiene interés en el establecimiento de distritos escolares, la Junta de Comisionados del Estado, como representante del público, es parte interesada y perjudicada por las decisiones judiciales contrarias a sus dictámenes y tiene derecho a apelar de ellas. Al mismo efecto, véanse Board of Adjustment v. Stovall, 147 Tex. 366, 216 S.W.2d 171 (1949), y Gonzalez v. New Mexico State Board, 63 N.M. 13, 312 P.2d 541 (1957). Se dijo en Dubinsky Brothers v. Industrial Commission, 373 S.W.2d 9 (Mo. 1963) que la Comisión Industrial de Missouri, por su interés en proteger sus propias decisiones, “es parte perjudicada y tiene capacidad” para solicitar la revisión de una decisión judicial adversa. El profesor Jaffe en su obra Judicial Control of Administrative Action, ed. 1965, pág. 537, se inclina a favor de esta posición.

Por otra parte, los más recientes casos parecen favorecer la posición que le niega autoridad a las juntas y comisiones administrativas para convertirse en partes activas defensoras de sus decisiones ante los tribunales cuando actúan en una capacidad cuasi judicial. En Muench v. Public Service Commission, 261 Wis. 492, 53 N.W.2d 514, 523 (1952) se dijo:

“Sostener que la Comisión de Servicio Público debe no sola-mente decidir entre intereses conflictivos en el ejercicio de su función judicial, sino también representar al Estado en protec-ción de los derechos públicos, haría de la Comisión juez y parte a un tiempo. Tal concepto viola nuestro sentido de lo justo y del debido proceso que creemos deben ser siempre observados por las agencias administrativas que actúan en una capacidad cuasi judicial.”

Añade el profesor Davis (3 Davis, Administrative Law Treatise, sec. 22.15) : “La Comisión puede proteger el interés público sin asumir el papel de quien advoca; más aún, la Comi-sión puede encargar a sus asesores para que asuman la fun-ción de abogados si ello fuere deseable.” Señala Davis que en Maryland, Ohio y Pennsylvania una junta de ajustes de zoni-ficación no tiene capacidad para apelar de la decisión de un tribunal de instancia que revoca una orden de la junta. En el mismo sentido se decidió en Hassell v. Zoning Board of Review, 275 A.2d 646 (R.I. 1971); Board of Zoning Appeals v. Guns, 269 A.2d 833 (Md. 1970); Minnesota Water Resources Board v. County of Traverse, 287 Minn. 130,177 N.W.2d 44 (1970); Maryland Board of Pharmacy v. Peco, 234 Md. 200, 198 A.2d 278 (1964), citando Miles v. McKinney, 174 Md. 551, 199 A. 540 (1938).

La cuestión no ha sido resuelta expresamente en nuestra jurisdicción. En Deliz v. Junta de Apelaciones, 71 D.P.R. 138 (1950), se planteó si un Oficial de Permisos de la Junta de Planificación era “una parte directamente interesada” a los fines de poder recurrir al foro judicial de una decisión de la Junta de Apelaciones. Se resolvió que no lo era y que por tanto no tenía “capacidad legal” para establecer el recurso. Se señaló, página 141 que, una vez apelado el caso para ante la Junta, desaparece de la escena el Oficial de Permisos. Se dijo: “En tales circunstancias, somos de opinión que las únicas partes interesadas en el recurso ante el Tribunal son aquellas que se consideran directamente perjudicadas por la decisión de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones, y no siendo el Oficial de Permisos una parte directamente perjudicada por la decisión de la Junta, carece de capacidad legal para estable-cer el recurso.”

Como puede colegirse tanto de nuestra decisión en Deliz como de las decisiones de los Estados que reconocen el llamado standing a las juntas y comisiones cuasi judiciales, lo deter-minante ha sido si el funcionario o la junta o comisión es “parte interesada y perjudicada.”

En la jurisdicción federal de los Estados Unidos la cues-tión de standing ha sido algo confusa. El propio Tribunal Supremo ha dicho que es “una especialidad complicada de la jurisdicción federal.” Véase United States ex reí. Chapman v. F.R.C., 345 U.S. 153, 156 (1953). Señala Davis en su obra antes citada, suplemento de 1970, pág. 703, que en cuatro decisiones que él llama “los cuatro casos claves”, dos de 1968 y dos de 1970, el Tribunal le ha dado una nueva' orienta-ción básica al asunto, enfocada hacia una mayor liberalidad. Antes de esas decisiones se predicó la capacidad legal o standing a base de conceptos tales como “parte interesada,” “parte perjudicada,” “parte con derecho legal,” y otros. Davis, op. cit., supra. Los llamados cuatro casos claves preconizan la doctrina de que todo el que de hecho sufra un daño (injury in fact) tiene standing.

Resumiendo, en ausencia de una expresa autorización estatutaria, se reconoce capacidad como parte a los organismos administrativos: (1) cuando sus decisiones implican la formulación de una política pública y la revisión de su decisión ante un tribunal puede constituir un ataque a esa política pública; y (2) cuando el organismo es afectado, es “parte interesada y perjudicada” por la decisión de un tribunal que revisa sus actuaciones.

Ninguna de esas circunstancias está aquí presente. Aquí la Junta de Apelaciones entendió en y decidió una controversia entre, de una parte, el señor Murphy Bernabé y otros resi-dentes de una urbanización, y de otra parte la Federación de Músicos. La controversia fue decidida en primera instancia por la Oficina Regional de la Junta de Planificación a favor de la Federación. En apelación, la Junta de Apelaciones modificó la decisión apelada, limitando el permiso de construcción del edificio a construirse por la Federación de Músicos para excluir las salas de ensayo. Su decisión fue estrictamente cuasi judicial.

La Junta de Planificación es el organismo creado por ley para llevar a cabo la política pública del Estado, 23 L.P.R.A. sec. 1 et seq. y es por tanto el organismo con capacidad para comparecer como parte a defender sus decisiones. La autori-dad de la Junta de Apelaciones está limitada a revisar actua-ciones o resoluciones de la Junta de Planificación sobre “la expedición o denegación de un permiso de construcción, sani-tario o de uso de terrenos o edificios y sobre casos o planos de lotificaciones simples”, 23 L.P.R.A. see. 28. Al asi actuar, la Junta de Apelaciones desempeña una función cuasi judicial.

La revisión de las decisiones de la Junta de Apelaciones está regida por las siguientes disposiciones de la Ley de Plani-ficación y Presupuesto, en su Art. 26, 23 L.P.R.A. see. 28:

“(d) Cualquier parte afectada por una actuación o resolu-ción de la Junta de Apelaciones, en relación con la cual una peti-ción de reconsideración hubiere sido formulada y denegada, podrá establecer recurso de revisión ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico, dentro del término de treinta (80) días contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración;

(e) Establecido el recurso de revisión, si se expide auto al efecto, será deber de la Junta de Apelaciones elevar al Tribunal los autos del caso, dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición del auto.

(f) La revisión ante el Tribunal Superior se limitará exclu-sivamente a cuestiones de derecho.”

Esas disposiciones no facultan a la Junta de Apelaciones para ser parte en el proceso de revisión de sus decisiones. Hay estados federados en que la ley creadora de la junta le otorga esa facultad. Tal es la situación en Wisconsin. Véanse Kansas Town of Ashwaubenon v. Public Service Commission, 113 N.W.2d 412 (Wis. 1962); Warburton v. Warkentin, 345 P.2d 992 (Kan. 1959). Esa no es la situación en Puerto Rico. Como se sostuvo en Re Getsug, 186 N.W.2d 686 (Minn. 1971), en ausencia de autorización estatutaria, la junta carece de capacidad legal como parte.

La cuestión de capacidad legal de las partes plantea un problema de jurisdicción. El Tribunal Supremo federal dijo en United States v. Storer Broadcasting Co., 351 U.S. 192, 197 (1956): “Aunque el derecho del demandado a apelar no ha sido cuestionado por las partes ni se suscitó ante la Corte de Apelaciones, podemos considerar si tenemos jurisdicción. La jurisdicción depende de si hay capacidad legal para solicitar revisión y sobre la madurez del asunto para estar ante nos.” Es principio inveterado de Derecho que la jurisdicción la da la ley. Y sobre este particular, la ley que creó la Junta de Apelaciones, guarda silencio.

Se anulará el auto expedido en el caso 0-72-21 Jp a instan-cias de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotifi-caciones. En cuanto al caso 0-72-205, en que expedimos el auto a instancias de Murphy Bernabé, se revocará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, quedando en todo su efecto y vigor la resolución de la Junta de Apelaciones.

El Juez Asociado Señor Rigau disiente en parte y concurre en parte en opinión separada en que concurren el Juez Presi-dente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz. El Juez Asociado Señor Martín concurre en opinión separada con el resultado.

—O—

Opinión concurrente en parte y disidente en parte del

Juez Asociado Señor Rigau

con la cual concurren el Juez Presi-dente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 1975.

Se plantea en estos casos si la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones tiene capacidad jurídica [standing) para recurrir a este Tribunal solicitando la revi-sión de una decisión del Tribunal Superior que ha sido adversa a una determinación suya.

La opinión mayoritaria resuelve dos cosas: (1) A instan-cia de parte privada, revoca al Tribunal Superior y restituye la decisión de la Junta y (2) declara que la Junta no tiene capacidad jurídica para los fines antes dichos en el primer párrafo de esta opinión. Concurro con lo primero, expresado muy cuidadosamente en la mayoritaria; y, con todo respeto para otros criterios, disiento de los segundo..

Las agencias, corporaciones y demás organismos públicos son los instrumentos mediante los cuales se lleva a cabo la política pública del país, según declarada por el Legislativo y por el Ejecutivo en las leyes.

En oposición al litigante privado, que generalmente repre-senta su interés personal, económico y egoísta, los organismos públicos generalmente representan el interés general, el bien común. No me parece una buena regla la que permitiría que ante los tribunales lleguen toda clase de. planteamientos priva-dos, desde los más justos y respetables hasta los más egoístas y frívolos y, que por el contrario, le cerrase las puertas de la justicia a los organismos públicos que representan el bien común.

Sé que la jurisprudencia de los Estados Unidos está dividi-da sobre el particular pero hecho tan común y tan intrascen-dente no debe paralizar nuestro pensamiento. Después de todo, el derecho administrativo en aquel país es joven, crudo y fragmentario. Prácticamente ha crecido en una sola direc-ción: cómo controlar judicialmente la administración pública; y, muchas veces, cómo frustrarla. Con raras excepciones, no se ha preocupado por sus fundamentos, por su razón de ser y por su desarrollo legítimo y balanceado. Esto es así porque generalmente abogados y jueces en aquel país han creído erró-

neamente que esas preocupaciones — las fundamentales— deben ser objeto de estudio y meditación por parte de los teó-ricos políticos y de los estudiosos del gobierno pero no por ellos. Han creído así, en gran medida, debido al influjo sobre ellos de la gran corriente conservadora en lo social y en lo económico del derecho común anglosajón. Por eso es nece-sario, al trabajar con las decisiones judiciales de ese derecho, buscar y cuestionar su ratio decidendi y no meramente tomar sus fórmulas verbales. Hay que ir detrás de la decisión y del dictum para ver su pensamiento y su efecto real. En otros derechos administrativos más maduros la situación es dis-tinta. Debemos aspirar a que nuestro derecho administra-tivo, y nuestro derecho en general, se desarrolle conforme a nuestro genio nacional y beneficiándose de las mejores corrientes del pensamiento jurídico.

Dijimos antes que la jurisprudencia norteamericana está dividida sobre el asunto que nos ocupa. Cinco jurisdicciones estatales (Wis., Md., Ohio, Tenn. y R.I.) han opinado lo con-trario de lo que nosotros aquí sostenemos, pero esas son juris-dicciones minoritarias. La mayoría de las jurisdicciones esta-tales está acorde con nuestro modo de ver la cuestión. Hemos comprobado que trece de ellas (Cal., Conn., Del., Ky., Mass., Minn., Mo., N.M., N.Y., N.J., Pa., Okla. y Tejas) concurren con nosotros. Lo dicho se refiere a las jurisdicciones estatales. En cuanto a la federal, Davis encuentra que cada volumen de decisiones federales contiene casos en los cuales las agencias administrativas federales son parte y nadie ha cuestionado la corrección de esa práctica. 3 Administrative Law Treatise (1958), pág. 283.

Precisamente en el campo que nos ocupa — la zonificación y el urbanismo — se ha sostenido casi universalmente que las agencias administrativas representan de manera muy especial el interés general y que tienen capacidad jurídica para comparecer ante los tribunales a defender sus determinaciones. Probablemente el caso señero en esta materia es el de Rommell v. Walsh, 15 A.2d 6 (1940), pues el mismo aparece citado en casi todos los demás y en alguna que otra opinión se refieren a dicho caso como instructivo e iluminador. Véase por ejemplo, Hashbrook v. Division of Tax Appeals, 137 A.2d 585 (1958), cita precisa a la pág. 587. En dicho caso de Rommell el tribunal señaló que las agencias administrativas representan el interés público, el cual deben proteger, y especialmente las que tienen que ver con reglamentos de zonificación y urbanismo, y que por eso dichas agencias se diferencian de los tribunales tradicionales porque mientras ellas representan esos intereses los tribunales normalmente están concernidos con litigación privada. Cita precisa a la pág. 9.

Un caso muy parecido al de autos es el de Zoning Board of Adjustment v. Dragon Run Terrace, 216 A.2d 146 (1965). Allí un organismo, cuyos deberes son muy parecidos a nuestra Junta de Apelaciones sobre Construcciones, apeló de una de-cisión adversa del Tribunal Superior. La otra parte cuestionó su capacidad jurídica para recurrir en alzada. El tribunal sostuvo la capacidad de la Junta y añadió que aunque la misma no tenía existencia corporativa ni un interés personal o directo en el litigio, dicha Junta representaba el interés público en materia de zonificación, que era un guardián del bien común y que definitivamente tenía capacidad jurídica para concurrir a los tribunales. Cita precisa a la pág. 148.

No deseamos hacer más larga esta opinión discutiendo otros casos muy parecidos y que prácticamente dicen lo mismo, pues el principio envuelto aunque fundamental es sencillo. Tal vez por ser fundamental es que es sencillo'. Otros casos también de zonificación en que se sostuvo la capacidad jurídica de Juntas de Ajustes sobre esta materia son Board of Adjustment v. Stovall, 216 S.W.2d 171, 173 (1949); Cunningham v. Leimkueller, 276 S.W.2d 633 (1955).

Otros casos en los cuales se ha sostenido que diversas agen-cias administrativas, las cuales administran leyes de dis-tintas materias, tienen capacidad jurídica para comparecer a los tribunales porque representan el interés público son los siguientes: Moode v. Board of County Commissioners, 45 N.W. 435 (1890); Board of Commissioners v. Woodford Consolidated School Disk No. 36, 25 P.2d 1057 (1933); Workmen’s Compensation Board v. Abbott, 278 S.W. 533 (1925); Boyd & Usher Transport v. Southern Tank Lines, Inc., 320 S.W.2d 120 (1959). Hay otros.pero no creemos necesario citarlos. El Profesor Louis Jaffe, una de las autoridades con-temporáneas en los Estados Unidos en derecho administrativo, escribe que le sorprende que haya tribunales que hayan re-suelto lo contrario. Judicial Control of Administrative Action, Abr. ed. (1965), pág. 537. El comentario más reciente de Davis también es afín a la posición que aquí tomamos. Administrative Law Treatise, 1970 Suplemento, pág. 702 y ss. Véase además nuestra discusión sobre capacidad jurídica en Salas Soler v. Secretario de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974).

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos también ha reconocido el derecho de las agencias administrativas federales a acudir a los tribunales en defensa de sus posiciones. Federal Communication v. Broadcasting Co., 309 U.S. 134 (1940); Labor Board v. Waterman, 309 U.S. 206 (1940); Chapman v. Federal Power Commission, 345 U.S. 158 (1953).

A1 final de la opinión mayoritaria se cita, en su apoyo, el caso de United States v. Storer Broadcasting, 351 U.S. 192 (1956). Pero es el caso que allí no se sostiene nada en conflicto con lo que aquí expresamos. Allí se trataba de un reglamento de la Federal Communications Commission y de su denega-toria a darle franquicias adicionales a Storer Broadcasting, porque esa firma ya tenía cinco estaciones en operación. Se sostuvo que el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para entender en el asunto; se revocó su decisión; y se devolvió el caso para que Storer ventilase sus objeciones al reglamento de la Comisión. En ningún momento se declaró que la Comisión no tenía capacidad jurídica para litigar. Por el contrario, el asunto no se planteó y el Tribunal asumió que la tenía.

La distinción que se hace en la opinión mayoritaria entre otras agencias y la Junta de Apelaciones sobre Construcciones no justifica, a mi juicio, el denegarle capacidad jurídica a esta última para comparecer a los tribunales. Como se sabe, prác-ticamente todas las Juntas, Comisiones y demás agencias ad-ministrativas tienen facultades cuasi legislativas, cuasi judi-ciales y cuasi ejecutivas. Su naturaleza es mixta y sui generis. Creo que es muy tarde en el desarrollo del derecho para tomar posiciones analíticas.

. Considerando este caso en los méritos estamos, mediante la primera parte de la opinión mayoritaria, con la cual con-curro, resolviendo que la posición de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones es la correcta. Dicha posición es la que protege el interés general y los intereses sociales para defender los cuales existen la Ley y la Junta de Planificación. De manera que este caso es un ejemplo concreto de lo que antes hemos dicho en el sentido de que la Junta y los demás organis-mos administrativos representan el interés general, por cuya razón deben tener derecho a comparecer ante los tribunales.

Yo sostendría la capacidad jurídica de la Junta de Apela-ciones sobre Construcciones y Lotificaciones para acudir a este Tribunal a defender el interés público.

—O—

Opinión .concurrente del

Juez Asociado Señor Martín

en cuan-to a la segunda parte de la opinión.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 1975

Estoy conforme con la primera parte de la opinión que confirma la decisión de la Junta de Apelaciones sobre Cons-trucciones y Lotificaciones. En cuanto a la segunda parte, o sea, la cuestión de la capacidad jurídica (standing) de la re-ferida Junta de Apelaciones para comparecer ante nos a defender su decisión concurro con el resultado en el sentido de que no tiene tal capacidad, pero no estoy de acuerdo con todo el razonamiento utilizado en apoyo de tal resultado. Dada la conclusión a que llegó este Tribunal respecto a los méritos de la revisión que confirma la decisión de la Junta de Apelaciones creo innecesario la consideración de la cuestión de la capaci-dad jurídica (standing) de dicha Junta de Apelaciones.

Me reservo pues, hasta que surja el caso apropiado, la ex-presión de mi criterio para sostener que la Junta de Apela-ciones no tiene capacidad jurídica para comparecer ante nos a defender sus decisiones.

        Harding v. Kentucky Util. Co., 890 U.S. 1 (1968); Flast v. Cohen, 892 U.S. 83 (1968); Association of Data Processing Serv. Organizations v. Camp, 397 U.S. 150 (1970), y Barlow v. Collins, 397 U.S. 159 (1970).

      E1 texto inglés dice: “While the question of respondent’s right to appeal has not been raised by either party or by the Court of Appeals, our jurisdiction is now mooted. It may be considered. . . . Jurisdiction depends upon standing to seek review and upon ripeness.”

       Friedrich, El Hombre y el Gobierno, Editorial Tecnos, Madrid (1968), Cap. 26; del mismo autor, Constitutional Government and Democracy, 4ta. ed. (1968), Caps, 2 y 19. Para un excelente tratado puertorriqueño sobre la materia, patrocinado por las Naciones Unidas, véanse Muñoz Amato, Introducción a la Administración Pública, 4ta. ed. (1966), Primera Parte, Teoría General; en Public Administration and Policy, ed. por Woll (1968), los Caps. 1 y 6; Shapiro, The Supreme Court and Administrative Agencies (1968); Landis, The Administrative Process, 7ma. ed. (1966), Caps. 2 y 3; White, Introduction to the Study of Public Administration (1946), un clásico en la materia; Herring, Public Administration and the Public Interest (1936), Caps. 1 y 23; y Haines and Dimock, editores, Essays on the Law and Practice of Government Administration (1935), págs. 3-43.

       Pound, The Spirit of the Common Law (1921); Pound, The Formative Era of American Law (1988); Griswold, Law and Lawyers in the United States (1965); Friedmann, Law in a Changing Society (1959), Caps. 2 y 11.

      8)Cardozo, The Nature of the Judicial Process (1939); Pound, “The Theory of Judicial Decision,” 86 Harv. L. Rev. 641 (1928); Levi, An Introduction to Legal Reasoning, lOma. ed. (1965); Hernández Gil, Antonio, Metodología del Derecho, Madrid (1945); Pound, Law Finding Through Experience and Reason (1960); Smith v. Hodges, 228 N.Y. 176, 184 (1918) (Cardozo).

       Schwartz, French Administrative Law and the Common Law World (1954) ; David, French Law (1972) ; Waline, Droit Administrate, 9na. ed. (1963); Trujillo, Quintana y Bolea, Comentarios a la Ley de lo Contencioso Administrativo (1965); Serra Rojas, Derecho Administrativo (1961).

      Véanse las palabras del jurista español Don Federico de Castro y Bravo citadas por nosotros en Dalmau v. Hernández Saldaña, 103 D.P.R. 487 (1975).

      Jolm Austin (Province of Jurisprudence Determined, 1832) y sus partidarios representan hoy una corriente minoritaria frente a Ihering, Ehrlich, Pound, Julius Stone (The Province and Function of Law, Harv. Univ. Press, 1961) y, naturalmente, los realistas norteamericanos.


text:
    José M. Alonso García y en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-75-45

      Resuelto: 21 de abril de 1975

      Jorge Márquez Gómez y María Perales, abogados del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La víctima en este caso era Juez de Paz. Ocho meses antes de su fallecimiento, mientras preparaba un afidávit se le nubló la vista, experimentando una sensación vertiginosa con pér-dida de balance. Luego perdió coordinación en el andar y casi no podía mantenerse en pie, además de que desarrolló un es-tado de confusión mental y pérdida gradual de la visión. El Fondo del Seguro del Estado determinó que el trabajador no había sufrido un accidente del trabajo por haber muerto como resultado de un tumor en el cerebro. La Comisión Industrial revocó a base de la prueba médica que se presentó ante ella, a pesar de que la misma carece de precisión y certeza.

Concluyó la Comisión que “éste es uno de los casos prote-gidos por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo al estar sometido un obrero a un cúmulo de trabajo de tal naturaleza que no le permitió requerir a tiempo la asistencia médica adecuada que pudo salvarle la vida por su sentido de responsabilidad [sic].”

Examinemos la prueba médica. El propio perito médico del trabajador, Dr. J. A. Ramírez Yicenti, neurólogo del Centro Médico de Mayagüez, comprobó la condición que explicamos al comienzo de esta opinión. Dijo haber sospechado, por los sínto-mas subjetivos y hallazgos objetivos, alguna lesión en la parte posterior del cerebro. Expresó además que por no contar con las pruebas de encefalograma, y en vista de que no podían llegar a un diagnóstico definitivo con los medios que contaban refirieron al trabajador al Centro Médico de Puerto Rico. Durante el acto de la vista pública el Dr. Yicenti se enteró de los hallazgos clínicos encontrados en el Centro Médico de Puerto Rico y expresó que para producir la gama de síntomas que presentaba el reclamante le parecía que tenía que ser más de un tumor. Manifestó además que la pérdida de balance, ataxia, que es uno de los hallazgos físicos y síntomas subje-tivos, podría bien ser debido a un tumor de la fosa posterior. Dijo además que de acuerdo con el expediente del caso en el Centro Médico de Puerto Rico hicieron un ventriculograma y encontraron dilatación ventricular, además de que había la lesión que se sospechaba y de que existía un tumor que estaba comprimiendo y cree que eso fue la causa de la muerte. Añadió que es imposible determinar factores que contribuyeron a un aceleramiento, precipitación o agravación de ese tumor.

Finalizó el Dr. Ramírez Vieenti diciendo que de haberse atendido al paciente un año antes, en cuanto al tumor se re-fiere, se hubiese prolongado su vida. Tomando como base la expresión de dicho médico en el sentido de que una pronta atención al trabajador pudo haber evitado la muerte del tra-bajador, la Comisión Industrial concluyó que el cúmulo de tra-bajo del Juez de Paz era de tal naturaleza “que no le permitió requerir a tiempo la asistencia médica adecuada que pudo sal-varle la vida por su sentido de responsabilidad.” Sin embargo, la prueba sobre el tipo de trabajo que realizaba el Juez de Paz concernido no justifica tal conclusión. Su función no era dis-tinta a la de cualquier funcionario público que efectúa el mis-mo tipo de trabajo.

Es penoso que ni el Dr. Américo Delgado, médico del Fondo del Seguro del Estado, ni el Dr. Rolando Guzmán, ase-sor médico de la Comisión Industrial, quienes comparecieron a la vista en sus capacidades respectivas no pudieran orientar a la Comisión Industrial para que ésta en el ejercicio de su función adjudicativa pudiera hacer unas determinaciones claras y definitivas sobre los hechos que le hubieren servido de apoyo para sus conclusiones de derecho. El Dr. Delgado, del Fondo del Seguro del Estado, declaró que no contaba con su expediente ni protocolo de autopsia, y que para poder elaborar era necesario tener a la mano el expediente del Centro Médico “donde deben tener un expediente voluminoso.” Por otro lado el Dr. Guzmán, asesor médico de la Comisión Industrial, de-claró que tampoco contaba con información sino solamente con la decisión del Fondo del Seguro del Estado “donde se habla de un diagnóstico de tumor cerebral que no se sabe su localiza-ción, aunque hay otros tipos de tumores.”

Como se sabe, este Tribunal en ejercicio de su facultad revisora tiene amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial médica, pudiendo aun adoptar su propio criterio en la apreciación o evaluación de la misma. Valide juli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488 (1965); E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 D.P.R. 573 (1962).

En el pasado han sido varios los casos que han venido ante nos con prueba médica deficiente, tanto de parte del Fondo del Seguro del Estado como de la Comisión Industrial. Dicha prueba se puede caracterizar como vaga, superficial e imprecisa sin que se establezca la relación causal entre el accidente del trabajó y la lesión recibida por el trabajador. Es función ineludible tanto de los abogados del Fondo del Seguro del Estado como de los Comisionados de la Comisión Industrial exigir que la prueba médica desfilada en la vista celebrada al efecto se aparte lo más posible de la especulación y la conjetura, ya que este Tribunal rechazará toda prueba que equivalga a especulación o conjetura basada en hechos subsidiarios que no sostengan adecuadamente las conclusiones a que llegan. No ponemos en duda las cualificaciones de los médicos que declararon sobre los hechos sino el peso que puedan tener las evaluaciones hechas sin un estudio cuidadoso y detenido de todo el expediente médico donde, constan las pruebas, exámenes y tratamiento a que fuera sometido el paciente, especialmente cuando los médicos que prestan el testimonio no son los que han hecho las observaciones directas del paciente, ni el tratamiento ni el examen clínico o diagnóstico. Esta es la situación en el caso de autos. La prueba pericial no sostiene la conclusión de que el trabajador hubiere sufrido una lesión compensable como consecuencia de su trabajo.

En este caso ordenamos a la parte reclamante, a través de su representación legal, Ledo. Julio Enrique Pancorbo, que mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto solici-tado por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado para revocar la resolución de la Comisión Industrial que concede compensación por la muerte del trabajador objeto del re-curso. Dicha parte no compareció. Se expedirá el auto solici-tado y se revocará la resolución de la Comisión Industrial de lt de diciembre de 1971.