source: Caselaw Access Project

author: PEE CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Jorge J. Vega Torres y otros, demandantes y recurridos, v. María Socorro Lacot y otros, demandados y recurrentes; José Manuel Cuevas y otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Números: RE-87-219
    RE-87-306

      Resueltos: 8 de marzo de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Alberto Oscar Couret Torres y Miriam Álvarez Archilla, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de los recurrentes; William J. Riefkohl, abogado de los recurridos.
   PEE CURIAM:

El Procurador General nos solicita la revi-sión de dos (2) sentencias dictadas por la Sala de San Juan del Tribunal Superior que condenan al Estado Libre Aso-ciado a pagar sumas millonarias en reclamaciones de salarios instadas por maestros del Departamento de Instrucción Pú-blica.

Los dos (2) recursos consolidados() giran en torno a la interpretación de varias leyes relativas a la retribución de los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Al igual que en Aponte v. Srio. Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990), de-bemos determinar el efecto de varios estatutos especiales aprobados entre 1975 y 1977 sobre otras leyes aprobadas con anterioridad que concedían aumentos de sueldo. Los dos (2) casos ante nos son muy parecidos, pero la demanda en el recurso Cuevas v. E.L.A, Caso Núm. RE-87-306, fue presen-tada el 21 de septiembre de 1976, más de ocho (8) años antes de que se instara la acción objeto del recurso Vega Torres v. Lacot, Caso Núm. RE-87-219.()

I

A. El caso Cuevas v. E.L.A., supra, se presentó como una acción de clase, pero el tribunal a quo nunca certificó el liti-gio como tal. En éste, más de quinientos (500) maestros re-clamaron el aumento por años de servicio dispuesto por la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 98 de 26 de junio de 1974 (18 L.P.R.A. see. 309), que establece un sistema de retribución para los maestros de instrucción pública. Solicitaron, además, el aumento de $75 mensuales autorizado por la Ley Núm. 98, supra, para los años fiscales 1975-1976 y 1976-1977.

Alegaron que los aumentos no les fueron concedidos du-rante los referidos años económicos a causa de la aplicación de varios estatutos que los dejaban “sin efecto”. Estas piezas de legislación son las Leyes Núm. 1 de 30 de junio de 1975, Núm. 48 de 19 de mayo de 1976 y Núm. 3 de 30 de junio de 1977, las cuales, estiman, les privan del “derecho de propie-dad ... a recibir compensación por la labor ya realizada al amparo de la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966”. Caso Núm. RE-87-306, Exhibit V, pág. 18.

Señalaron, además, que aún después del año fiscal 1977-1978, el Estado se negó a pagarles los aumentos autorizados por la Ley Núm. 98, supra, “privándolos]... de su propie-dad sin el debido proceso de ley”. Caso Núm. RE-87-306, Exhibit V, pág. 18. Apuntan finalmente que las referidas Leyes Núm. 1 de 30 de junio de 1975, Núm. 48 de 19 de mayo de 1976 y Núm. 3 de 30 de junio de 1977 son inconstitucio-nales porque menoscaban obligaciones contractuales contra-ídas con anterioridad y resultan confiscatorias.

La parte demandada aceptó los hechos aducidos, levantó la defensa de incuria y alegó que la actuación de la Legisla-tura al aprobar las leyes impugnadas tuvo el propósito de derogar los aumentos fijados por la legislación anterior, y que tal actuación constituía un ejercicio válido de su poder, pues los demandantes no tenían un derecho adquirido, sino meramente una “esperanza” que se vio frustrada.

Al no haber controversia de hechos, las partes sometie-ron el caso por los escritos no sin antes haber presentado alegatos en apoyo de sus respectivas posiciones. Finalmente el tribunal de instancia, mediante la aplicación del Art. 1867 del Código Civil, 81 L.P.R.A. see. 5297, resolvió que la de-manda no estaba prescrita, y luego de entrar en los méritos de la misma la declaró con lugar.

El tribunal obvió los planteamientos constitucionales y dispuso que las Leyes Núm. 1, supra, Núm. 48, supra, y Núm. 3, supra, no derogaban las leyes anteriores que conce-dían aumentos, sino que los suspendían durante los años fis-cales 1975-1976, 1976-1977 y 1977-1978, respectivamente. Por consiguiente, concluyó que efectivo el año fiscal 1978-1979 los aumentos recobraron vigencia. El tribunal les reco-noció a los maestros el derecho a tres (3) clases de aumentos distintos que estimó concedía la Ley Núm. 98, supra: los dis-puestos por las escalas de retribución establecidas, los “pasos” por años de servicio y un aumento adicional de $75 mensuales.() Ordenó, además, el pago de las cantidades adeudadas.

De dicha sentencia, el Estado recurre ante nos y nos se-ñala únicamente que erró el tribunal de instancia al determi-nar que los aumentos no quedaron derogados, sino mera-mente suspendidos y que recobraron vigencia para el año fiscal 1978-1979.()

B. En el recurso Vega Torres v. Lacot, Caso Núm. RE-87-219, más de trescientos (300) maestros reclaman en esencia lo mismo que se solicita en Cuevas v. E.L.A., supra, aunque no se alega la inconstitucionalidad de los estatutos. Al igual que en Cuevas v. E.L.A., supra, los demandados fi-nalmente aceptaron los hechos no sin antes levantar la de-fensa de prescripción e incuria.

El caso fue sometido para su resolución a base de los es-critos presentados y el tribunal de instancia declaró con lu-gar la demanda. La sentencia dictada dispuso prácticamente lo mismo que la emitida en Cuevas v. E.L.A., supra.()

De dicha sentencia los demandados recurren ante nos y, además de reproducir el único señalamiento de error en Cuevas v. E.L.A., supra, nos apuntan que:

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que la causa de acción ejercitada por los demandantes-recurridos no estaba prescrita a tenor con el Artículo 1867 del Código Civil, 31 LPRA see. 5297 y en todo caso al no determinar que los demandantes habían incurrido en incuria “laches”. Caso Núm. RE-87-219, Petición de revisión, pág. 3.

H-1

En relación con la defensa de prescripción levantada por los recurrentes en Vega Torres v. Lacot, supra, el error señalado no fue cometido. En Aponte v. Srio. Hacienda, E.L.A., supra, resolvimos que el plazo para ejercitar una acción de reclamación de salarios de un empleado guberna-mental se rige por el inciso tercero del Art. 1867 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5297(3).

Al igual que en aquel caso, los recurrentes en Vega Torres v. Lacot, supra, no demostraron en instancia que se hubiera producido una novación por cambio sustancial en las condiciones de empleo que haría comenzar a correr el término de prescripción de tres (3) años. Agostini v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 219, 229 (1961). Se limitan a argumentar, por primera vez en esta revisión, que cualquier cambio en la remuneración opera como una novación. No tienen razón. No se demostró una alteración sustancial en la naturaleza de las funciones. Un aumento módico en sueldo no constituye el cambio sustancial exigido por nuestra jurisprudencia.

HH HH

Desde hace más de dos (2) décadas, los maestros del sis-tema de instrucción pública tienen derecho a aumentos auto-máticos anuales por cada año de servicio hasta llegar al máximo de la escala. La Ley Núm. 34, supra, en su Art. 4 dispone:

La retribución de cada maestro se aumentará al siguiente tipo intermedio en la escala correspondiente al terminar un (1) año de servicio hasta que alcance el sueldo máximo de la escala. Por “año de servicio” se entenderá cualquier período de nueve (9) meses, dentro de un año escolar en que el maestro haya estado bajo contrato o nombramiento, y la acumula-ción de cualquier período de diez (10) meses de servicios pres-tados en diferentes años escolares; Entendiéndose que para los propósitos de las Sees. 309 a 309j de este título, el año escolar comprende los meses escolares de agosto a julio subsi-guiente. Los aumentos por razón de años de servicio serán efectivos al empezar el año económico y en el caso de maestros que reingresan al servicio, en el mes en que el maestro em-piece a trabajar durante el año económico. 18 L.P.R.A. see. 309c.

En 1974 la Legislatura dispuso tres (3) nuevas escalas de retribución para los maestros de instrucción pública. Me-diante enmienda a los Arts. 1 y 2 de la citada Ley Núm. 34 (18 L.P.R.A. sees. 309 y 309a), se estableció una escala para cada uno de los años fiscales 1974-1975, 1975-1976 y 1976-1977. Véase Sec. 1 de la Ley Núm. 98, supra, 18 L.P.R.A. see. 309. El Art. 3 de la Ley Núm. 34 también fue modificado por la Ley Núm. 98, supra, 18 L.P.R.A. sec. 309b, para autorizar aumentos de $75 mensuales para todos los maestros en ser-vicio al primero de julio de 1974, 1975 y 1976.

Los aumentos dispuestos por la Ley Núm. 98, supra, no entraron en vigor completamente. De las escalas implantadas la única que rigió fue la correspondiente al año fiscal 1974-1975. Por virtud de las Leyes Núm. 1, supra, y Núm. 48, supra, quedaron “sin efecto” los siguientes aumentos para los maestros durante los años fiscales 1975-1976 y 1976-1977:

(a) El aumento fijado por las escalas de retribución men-sual establecidas por la Ley [N]úm. 98 aprobada en 26 de ju-nio de 1974 ... [y]
(b) El aumento por años de servicio que le corresponda... conforme a las disposiciones de la Ley [N]úm. 34 aprobada en 13 de junio de 1966, según subsiguientemente enmendada. Art. 1(a) y (b) de las Leyes Núm. 1 de 30 de junio de 1975 y Núm. 48 de 19 de mayo de 1976.

Con este trasfondo estatutario, el tribunal a quo resolvió que para el 1ro de julio de 1978 los maestros recurridos te-nían derecho a tres (3) tipos diferentes de aumento: el esta-blecido por la escala de retribución de la Ley Núm. 98, supra, correspondiente al año económico 1976-1977; dos (2) “pasos” acumulados por los años de servicio correspon-dientes a los años fiscales 1975-1976 y 1976-1977, según dis-puesto por el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra, y otro “paso” de $75 mensuales.

En Aponte v. Srio. Hacienda, E.L.A., supra, resolvimos que la Ley Núm. 3, supra, tuvo la intención de compensar a los empleados públicos al 1ro de julio de 1977 por los aumentos por años de servicio dejados de percibir en los dos (2) años anteriores. En virtud de la citada ley, todos los maestros recibieron inmediatamente para la fecha antedicha por lo menos dos (2) pasos en las correspondientes escalas de retribúción.() Por estas razones, erró el tribunal a quo al reconocerle a loé maestros un aumento de dos (2) pasos efectivo al comienzo del año fiscal 1978-1979, adicional al ya concedido por la Ley Núm. 3, supra, para el año fiscal 1977-1978.

hH

El aumento dispuesto por la escala de retribución establecida por la Ley Núm. 98, supra, para el año fiscal 1976-1977 tampoco debe ser concedido. Las partes que han comparecido así lo aceptan ante este Foro. Alegato de la parte demandante, págs. 16 y 26; Informe del Procurador General, págs. 31-32; Réplica al alegato de la parte demandante y recurrida, pág. 3.

A diferencia de las disposiciones de ley que conceden au-mentos anuales mediante la concesión de pasos automáticos por años de servicio, las escalas específicamente señaladas para los años fiscales 1975-1976 y 1976-1977 no podían en-trar en vigor úna vez transcurrido el período de suspensión por los propios términos de los Arts. 1 y 3 de la Ley Núm. 98, supra. Esto lo corrobora los debates suscitados en la cámara baja con motivo de la aprobación de la Ley Núm. 48, supra. En éstos el Representante José R. Jarabo consignó:

Se ha dicho, y para esto quiero aclarar el récord, señor Pre-sidente, que esta Medida s[ó]lo pospone los aumentos de sueldo. Esto no es correcto, señor Presidente. Esta Medida congela la vigencia de los aumentos legislados. Y parecería que a primera leída pues eso equivale a una posposición. Y que luego de finalizado el período de congelación entrarían en vi-gencia los aumentos legislados. Esto no es así y no desprende del Proyecto que estamos votando. Sino que hay que buscar el Proyecto donde se legislaron los aumentos para darse cuenta que como se aprobaron esos aumentos con un período de vi-gencia claramente determinado, para estos años, esta conge-lación equivale a que esos aumentos, en virtud de aquella Ley, no entrarán en vigencia. Para que entraran en vigencia aumentos equivalentes o análogos a los ya legislados, habrá que tomar, cuando estemos en una situación económica y fiscal que así lo permita, acción legislativa positiva, adicional a la ya tomada hace unos años. Esa es la realidad de lo que hace esta Medida. Y para aquilatar sus méritos, para aquilatar cu[á]n necesaria es ella pues hay que evaluarla en lo que es y no en lo que no es. Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cá-mara) 103-104 (1976).

Además, debemos considerar que la Asamblea Legisla-tiva posteriormente aprobó nuevas escalas de retribución para los maestros que son considerablemente más bajas que las establecidas por la Ley Núm. 98, supra, para el año fiscal 1976-1977. Véanse: Leyes Núm. 10 de 25 de septiembre de 1979 y Núm. 47 de 23 de mayo de 1980. Si resolviéramos que la escala correspondiente al año 1976-1977 cobró vigencia en 1978, habría que aceptar que la Legislatura le disminuyó en 1979 el salario a los maestros. Esa no fue la intención legisla-tiva.

Por todo lo expuesto, resolvemos que las escalas de retribución para los maestros dispuestas por la Ley Núm. 98, supra, correspondientes a los años económicos 1975-1976 y 1976-1977 quedaron suspendidas indefinidamente por virtud de las Leyes Núm. 1, supra, y Núm. 48, supra. Erró el tribunal de instancia al reconcerle este derecho a los deman-dantes recurridos.

V

Por último, debemos determinar si el Art. 3 de la Ley Núm. 34, según enmendado por la Ley Núm. 98, supra, esta-bleció un aumento independiente de $75 mensuales, además del dispuesto por las escalas. Esta cuestión es vital porque si es un aumento distinto al establecido por las escalas, se tiene que reconocer, ya que ni la Ley Núm. 1, supra, ni la Ley Núm. 48, supra, lo dejaron sin efecto.

El Procurador General nos señala que los estatutos sólo conceden dos (2) clases de aumentos: el paso automático por años de servicio y los correspondientes a las escalas. Argu-menta que el aumento de $75 es el mismo que las escalas disponen para cada año fiscal y que el Art. 3 de la Ley Núm. 98, supra, lo único que hizo fue instrumentar el aumento que se refleja ya en las escalas implantadas. Tiene razón.

La Ley Núm. 98, supra, además dé enmendar el Art. 1 de la Ley Núm. 34, para fijarle tres (3) nuevas escalas dé retribución a los maestros de instrucción pública para los años fiscales 1974-1975, 1975-1976 y 1976-1977, también modificó el Art. 3 de la misma ley para señalar los ajustes a realizarse. Después de estos cambios el Art. 3 leía:

Al primero de julio de 1974,1975 y 1976 la retribución que corresponda a cada maestro de acuerdo con su categoría se-gún la Ley de Certificaciones de Maestros (Ley [N]úm. 94 del 21 de junio de 1955), se ajustará con arreglo a las siguientes disposiciones:
Al primero de julio de 197k, 1975 y 1976, se aumentará en sententa y cinco (75) dólares mensuales la retribución de todos los maestros que están en servicio.
Se le otorgará, además, el aumento por años de servicio que le corresponda. (Énfasis suplido.) 1974 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 357.

Al examinar las distintas escalas de retribución para los maestros, notamos que entre la escala vigente para el año fiscal 1973-1974() y la escala fijada por la Ley Núm. 98, supra, para el año fiscal 1974-1975 hay $75 de diferencia para los mismos tipos. Igualmente, existe una diferencia de $75 entre los mismos tipos de la escala de 1974-1975 y la de 1975-1976, y entre los mismos tipos de la escala de 1975-1976 y la de 1976-1977.

Por otro lado, el historial legislativo de la Ley Núm. 98, supra, revela que la intención del legislador era concederle al magisterio un aumento de $75 en cada uno de los tres (3) años fiscales:

Cabe destacar, además, el hecho cierto [que] mediante este proyecto, estableciendo nuevas escalas de retribución para los años económicos 1974-75, 1975-76 y 1976-77 se asegura al magisterio puertorriqueño un aumento de setenta y cinco dó-lares mensuales totalizando en los tres años la cantidad de doscientos veinticinco (225) dólares. En términos compara-tivos, resulta ser el mayor aumento de sueldos otorgado al magisterio puertorriqueño en la historia de Puerto Rico. (Énfasis suplido.) Informe conjunto a la Cámara de las Comi-siones de Hacienda e Instrucción de 25 de marzo de 1974 so-bre el P. del S, 628, págs. 1 y 2. Informe al Senado de la Comi-sión de Instrucción de 13 de marzo de 1974 sobre el P. del S. 628.

Si adoptamos la posición de los recurridos, tendríamos que aceptar que la Asamblea Legislativa deseaba aumen-tarle a los maestros de instrucción pública $150 en cada uno de los referidos años fiscales para un total de $450 en tres (3) años. Esto no es lo que los citados informes revelan.

Más aún, tras examinar detalladamente la técnica utili-zada por el legislador desde el 1966 para tratar los asuntos retributivos de los maestros, notamos que mientras el Art. 3 de la Ley Núm. 34, supra, estuvo en vigor con un lenguaje que autorizaba aumentos de cantidades fijas mensuales, dicho monto coincide exactamente con la diferencia entre el salario, según la escala vigente antes del aumento y la que entraba en vigor a raíz del aumento de acuerdo con el Art. 1 de la mencionada ley.() De este hecho podemos inferir que tanto el primer artículo como el tercero de la Ley Núm. 34, supra, se refieren al mismo aumento.

En vista de lo expuesto, resolvemos que el Art. 3 de la Ley Núm. 34, según enmendado por la Ley Núm. 98, supra, no concede un aumento distinto al dispuesto en las correspondientes escalas de retribución del Art. 1 de la Ley Núm. 34, supra. Tratándose del mismo aumento, no puede sostenerse la posición de los maestros recurridos, quienes reclaman que este aumento no quedó suspendido por las Leyes Núm. 1 y Núm. 48, supra, por lo que se les tiene que conceder.

Se revocarán las sentencias en los recursos ante nuestra consideración y se declararán sin lugar las demandas inco-adas.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López al disen-tir expresa: “La decisión mayoritaria emitada por el Tribunal en los casos de epígrafe constituye una de las injusticias más grandes que jamás se haya cometido contra empleados públicos tan sacrificados y mal remunerados como lo son los miembros del magisterio puertorriqueño y de la Policía de Puerto Rico.”

      (1) Los recursos de epígrafe fueron originalmente consolidados en este Foro con Aponte Martínez y Esquilín v. Collazo, Caso Núm. RE-97-199, y Cancel Seda v. García Arache, Caso Núm. RE-87-351. No obstante, los hemos reagru-pado para facilitar el análisis y comprensión de las arcanas cuestiones técnicas relativas a la retribución de los empleados públicos.

      (2) Luego de un sinnúmero de incidentes procesales en los que intervinieron varios magistrados, el pleito Cuevas v. E.L.A., Caso Núm. RE-87-306, quedó apa-rentemente sometido para su resolución el 7 de febrero de 1980 cuando se pre-sentó por la parte demandada una réplica al alegato de la parte demandante. Inexplicablemente ni el tribunal de instancia ni ninguna de las partes realizó ulterior gestión relacionada con el caso hasta el 17 de junio de 1986 cuando el Juez Administrador del Centro Judicial de San Juan señaló una conferencia para dis-cutir el estado procesal del caso.

      (3) La sentencia incluía los pronunciamientos siguientes:
      “1. Se reconoce el derecho de los demandantes que prestaban servicio en el Departamento de Instrucción Pública al primero de julio de 1975 y 1976 a recibir [el] pago de $75 mensuales dispuest[o] por el Artículo 3 de la Ley Núm. 98 de 1974.
      “2. Se reconoce el derecho de los demandantes a recibir el aumento por años de servicio correspondiente a los años 1975-76 y 1976-77 efectivo a partir de julio de 1978.
      “3. Se reconoce asimismo el derecho de los demandantes a recibir el au-mento fijado en la escala de retribución correspondiente al año económico 1976-77, efectivo a partir del año económico 1978-79.” Caso Núm. RE-87-306, Exhibit I, págs. 7-8.

      (4) La parte demandante no ha comparecido ante nos.

      (5) No obstante, ordenaba también el pago de los aumentos correspon-dientes al año fiscal 1974-1975. Los demandantes recurridos aceptan ante este Foro que dichos aumentos se concedieron y se pagaron. Alegato de la parte de-mandante, pág. 19 esc. 2.

      (6) La Ley Núm. 3 de 30 de junio de 1977, Leyes de Puerto Rico, pág. 567, disponía para los maestros de instrucción pública la siguiente tabla de pasos a concederse, según el grado de preparación:
      Menos de Normal tres
      Normal dos
      Bachillerato dos
      Maestría dos
      Doctorado dos

      (7) Para este año económico rigió la escala establecida por la Ley Núm. 14 de 12 de junio de 1972.

      (8) Por virtud de la Ley Núm. 140 de 29 de junio de 1969, el Art. 3 de la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966 estuvo vigente desde el 1ro de julio de 1969 hasta el 30 de junio de 1972 con este lenguaje:
      “Al primero de julio de 1969,1970 y 1971, la retribución que corresponda a cada maestro de acuerdo con su categoría según la Ley de Certificaciones de Maestros (Ley [N]úm. 94 del 21 de junio de 1966), se ajustará con arreglo a las siguientes disposiciones:
      “Al primero de julio de 1969, se aumentará en cuarenta y cinco (46) dólares mensuales la retribución de todos los maestros que están en servicio.
      “Al primero de julio de 1970 se aumentará en treinta (30) dólares y al pri-mero de julio de 1971 en treinta y cinco (35) dólares mensuales la retribución de todos los maestros que estén en servicio.
      “Se le otorgará además el aumento por años de servicio que le corresponda.” 1969 Leyes de Puerto Rico 472.
      Entre los mismos tipos o “pasos” de la escala de sueldo que rigió durante el año económico 1968-1969 y la que entró en vigor el 1ro de julio de 1969 hay exactamente $45 de diferencia. Este monto coincide con el ajuste llamado por el Art. 3 de la Ley Núm. 34, según enmendado por la Ley Núm. 140, supra. Del mismo modo, hay $30 de diferencia entre las escalas correspondientes a los años fiscales 1969-1970 y 1970-1971, y $35 entre las correspondientes a los años fis-cales 1970-1971 y 1971-1972. Estos montos coinciden con los ajustes llamados por el Art. 3 para el primero de julio de 1970 y 1971, respectivamente.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

text:
    Orlando Cárdenas Maxán e Ivonne Hernández Díaz, etc., demandantes y recurridos, v. José Rodríguez Rodríguez y el Estado Libre Asociado, demandados y recurrente el último.

      Número: RE-88-223

      Resuelto: 9 de marzo de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Anabelle Rodríguez y María Adaljisa Dávila, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados del recurrente; Freddie A. Sánchez Guardiola, Félix G. Guardiola Márquez y Ángel de Jesús Sepúlveda, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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El domingo 10 de junio de 1984, aproximadamente a las 11:15 A.M., Orlando Cárdenas Maxán transitaba en su ve-hículo Jeep por la carretera Núm. 1 en compañía de su es-posa Ivonne Hernández Díaz y tres (3) sobrinos menores de edad. Cárdenas Maxán discurría por el carril izquierdo en dirección de norte a sur, esto es, de Río Piedras a Caguas. Simultáneamente, por el carril derecho —en la misma direc-ción— conducía José Rodríguez Rodríguez su automóvil Toyota.

Así las cosas, en el Kilómetro 29.3, el vehículo de Rodrí-guez Rodríguez impactó violentamente el de Cárdenas Ma-xán por el área de la puerta del lado derecho. A consecuencia de la colisión, el vehículo de Cárdenas se volcó y dio varias vueltas sobre el pavimento, sufriendo lesiones serias sus ocu-pantes.()

El 8 de enero de 1985 los esposos Cárdenas-Hernández, por sí y en representación de su sociedad de bienes ganan-ciales, instaron ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, demanda contra Rodríguez Rodríguez. Alegaron que “la causa exclusiva, directa y próxima del accidente en cuestión lo fue la falta de cuidado, circunspección, culpa y negligencia del conductor demandado”. Posteriormente, el 5 de abril de 1985 enmendaron la demanda para incluir al Estado Libre Asociado. Adujeron nuevamente, según expuesto, que el ac-cidente se debió única y exclusivamente a la culpa y negli-gencia de Rodríguez Rodríguez, pero alegaron contra el Es-tado —como causa concurrente— que por estar la carretera Núm. 1 agrietada y defectuosa como resultado de la falta de conservación y mantenimiento, éste era responsable de los daños conforme lo dispuesto en el Art. 404 del Código Polí-tico, 3 L.P.R.A. see. 422. Ambos demandados negaron res-ponsabilidad.

El tribunal de instancia (Hon. Julio Berrios Jiménez, Juez), luego de celebrada una conferencia con antelación al juicio e informe, señaló la vista en su fondo para el 9 de junio de 1986. En esa fecha, antes de comenzar, los demandantes Cárdenas-Hernández presentaron un escrito titulado “Mo-ción de relevo”, informativo de haber transigido su reclama-ción contra Rodríguez Rodríguez por la suma de $5,000. El Estado se opuso, solicitó la paralización de los procedi-mientos y autorización para formular demanda de tercero contra Rodríguez Rodríguez. Dicho foro acogió la moción de relevo por transacción como un desistimiento, la declaró con lugar, denegó la paralización y dio inicio a la vista. Al otro día, el Estado reiteró su pedido, esta véz en un escrito deno-minado Moción informativa y solicitud de que se permita traer como tercero demandado al codemandado José Rodrí-guez Rodríguez y una demanda contra tercero. El tribunal de instancia reiteró su negativa.

Con vista a la prueba testifical y documental de las partes, oportunamente declaró con lugar la demanda. Deter-minó que la única causa del accidente fue la existencia de desperfectos —hoyos y grietas— en la carretera Núm. 1, Ki-lómetro 29.3, y que los demandantes Cárdenas-Hernández habían sido negligentes al no usar los cinturones de seguri-dad. Luego de reducir la partida correspondiente al por ciento de negligencia comparada, les concedió la cantidad total de $238,371.75.

Inconforme, el Estado solicitó ante nos revisión. El auto fue expedido el 10 de diciembre de 1986. Previo los trámites de rigor, por los fundamentos procesales expuestos en la opi-nión Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987), anulamos el auto expedido. Devuelto el mandato, luego de una vista en cámara, el tribunal de instancia emitió nueva sentencia que en esencia reproduce fiel y exactamente su dictamen original, salvo que aumentó la cuantía a $268,371.75.

Nuevamente, a solicitud del Estado, acordamos revisar. De los errores señalados,() en buena metodología adjudica-tiva analizaremos el siguiente:

ERR[Ó] el Tribunal Superior al resolver que el Estado Li-bre Asociado le respondía a los demandantes en un 75% y no determinar que el señor José Rodríguez Rodríguez fue el único causante del daño, o en la alternativa, que fue co-causan-te del mismo. (Énfasis suplido.) Solicitud de revisión, pág. 9.

H — i

El Art. 404 del Código Político, supra, constituye el precepto especial para evaluar acciones por daños emer-gentes de desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero en cualquier vía de comunicación perteneciente al Estado. La norma de responsabilidad con-tenida en el mismo es una de las excepciones a la inmunidad que éste, como soberano, posee contra reclamaciones no au-torizadas.() Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 862 (1978). Dicho precepto no constituye una norma de responsa-bilidad absoluta, ya que el propio estatuto dispone —como excepción— que el Estado no será responsable si demuestra que los desperfectos en las vías públicas estatales fueron causados por la violencia de los elementos y no hubo tiempo suficiente para remediarlos. También reiteradamente hemos sostenido que el mismo tiene tangencia y se nutre de los ele-mentos preceptuados en el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 864; Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288 (1962). En vista de ello, en estricta juridicidad, su interpretación no excluye —en circunstancias apropiadas— la posible aplicación de la doctrina de negligencia comparada o, más aún, la imputación total de negligencia al conductor. Esta visión significa que el Art. 404 del Código Político, supra, no convierte al Estado en un garantizador absoluto de la seguridad de las personas que utilizan las carreteras públicas. Rivera v. Pueblo, 76 D.P.R. 404, 407 (1954). No exige que todas las vías de comunicación y aceras estén en perfectas condiciones. Así, el Estado no responde por todo riesgo imaginable o desperfectos, sino de los razonablemente predecibles y anticipables, y claro está, cuando se demuestre causalidad. A fin de cuentas, sería im-posible requerirle que en todo momento las avenidas, carre-teras, caminos y aceras del país estén en condiciones ideales.

Por otro lado, la diferencia crucial entre el Art. 404 del Código Político, supra, y el Art. 1802 del Código Civil, supra, es que no se exige, como elemento de la causa de acción, que se pruebe culpa o negligencia por parte del Estado. No obstante, quien reclama tiene siempre la obligación de probar la relación causal entre los desperfectos en la vía pública y los daños sufridos. Dicho de otro modo, entre el evento culposo y el daño sufrido ha de existir el elemento de nexo causal característico de toda acción de este género. Por lo tanto, la mera invocación del Art. 404 del Código Político, supra, no libera a un demandante de probar que los desper-fectos en las vías públicas fueron la causa eficiente del acci-dente.

I — I hH 1 — I

En materia de relación causal nos regimos por la teoría de la Causalidad adecuada. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127 (1974). Conforme esta teoría, no es “causa” toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce, según la experiencia general. A su amparo, la cuestión se reduce a determinar si la ocurrencia del daño era de esperar en el curso normal de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de ese posible cálculo. J. Santos Briz, Comentarios al Código Civil y compilaciones foráles, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XXiy pág. 267. Siguiendo esta tónica, en caso de concurrencia de causas, hemos resuelto que la cuestión a dilucidar es cuál de las causas fue la eficiente. Es decir, hay que estimar como decisiva la que por sus circunstancias determina el daño. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 697 (1979); Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 113 D.P.R. 56 (1982). En Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., supra, ante una colisión en cadena —en la que el conductor del segundo vehículo demandó únicamente a la conductora del tercero y a quien el tribunal de instancia le impuso responsabilidad absoluta por ésta haberse detenido demasiado cerca detrás del vehículo del demandante— resolvimos que el tercer vehículo no fue la causa eficiente de los daños sufridos por el segundo, y sí lo fue la conducción del sexto vehículo. Más aún, dictaminamos que de existir concurrencia de culpas, la decisiva fue la del sexto vehículo. De igual modo, en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra, al aplicar la doctrina de causa eficiente, expresamos que cuando es evidente la desproporción entre culpas causantes de un daño, la mayor absorbe totalmente la otra y excluye la aplicación de la norma de negligencia comparada.

IV

A la luz de esta exposición doctrinaría, los hechos pecu-liares del caso ante nos impiden imponer responsabilidad al Estado. La determinación fáctica crucial en que el foro de instancia fundó su criterio es que el accidente ocurrió “de-bido al mal estado de la superficie de la carretera núm. 1, kilómetro 29.3, ya que la misma no es una continua y pareja y a consecuencia de las grietas y los hoyos en la misma provocó que el Sr. José Rodríguez Rodríguez perdiera el control de su automóvil y fuera a impactar el auto de los reclamantes por el lado de la puerta del pasajero delantero derecho es-tando húmeda la superficie de la carretera por lo que estaba resbalosa”. Opinión y sentencia de 10 de junio de 1986, pág. 2.

Sin embargo, esa determinación no tiene apoyo en la prueba cardinal descriptiva del accidente. En la vista, Rodrí-guez Rodríguez testificó que conocía la existencia de las grietas y de los hoyos en la carretera Núm. 1, pues viajaba frecuentemente por la misma. T.E., págs. 150-154. También, que la mañana en que ocurrieron los hechos la carretera es-taba un poco húmeda. T.E., pág. 153. Además, declaró que viajaba a una velocidad aproximada de 25 a 30 m.p.h. (T.E., pág. 152), que al acercarse a un hoyo aplicó levemente los frenos, redujo la velocidad, y al hacerlo el carro patinó, se barrió de atrás, inmediatamente metió el guía hacia la iz-quierda para tratar de enderezarlo y patinó nuevamente. También, expresó que al impactar el hoyo las ruedas tembla-ron, el carro se levantó del frente, el guía no cedió, el carro se aceleró automáticamente y corrió hacia el carril izquierdo ocurriendo el impacto. Por último, agregó que todo sucedió en cuestión de segundos. T.E., págs. 187-196.

Con vista a ese testimonio y a la prueba documental representativa del impacto —fotografías del pavimento— curso del vehículo y gravedad del accidente, resulta físicamente irreal concluir que Rodríguez Rodríguez estuviera conduciendo su vehículo a tan sólo 25 m.p.h.,() y que a esa velocidad la existencia de los hoyos fuera la causa eficiente que ocasionara su falta de control. No podemos olvidar que por ese mismo carril y pavimento presumiblemente transitaron momentos antes, innumerables —por no decir cientos— de vehículos sin dificultad alguna. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 545 (1984); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978). El propio Cárdenas Maxán en el interrogatorio al que fuera sometido —luego de exponer que “presentía” que cuando Rodríguez Rodríguez lo impactó venía a exceso de velocidad (T.E., págs. 110-111)— aclaró que al momento del impacto “venía a exceso de velocidad”. T.E., pág. 112. Por otro lado, Héctor Delgado Alicea, testigo del Estado, declaró que un automóvil que transita a 25 m.p.h. y pasa sobre unas grietas como las que había en la carretera Núm. 1, no pierde el control de la forma y manera que lo hizo el de Rodríguez Rodríguez.()

Ante este trasfondo fáctico, no albergamos dudas de que el factor precipitante del daño no fue la existencia de hoyos y grietas en la vía pública. A todas luces, la causa eficiente del accidente fue la negligencia de Rodríguez Rodríguez al ma-nejar su vehículo de motor a una velocidad mayor de la que le permitía ejercer el debido dominio del mismo ante la existen-cia de las condiciones especiales y evidentes de la carretera, que él conocía.

Conducir un vehículo de motor implica ciertos riesgos. Potencialmente están relacionados con las condiciones —permanentes o temporales— de las carreteras. Muchos son palpables a la simple vista del conductor, tales como curvas, poco ancho, falta o inadecuada iluminación, humedad, grietas o fisuras en la zona de rodaje. Además, un riesgo normal inherente es el asociado con el tránsito de otros conductores y vehículos de motor.

La regla básica de “velocidad relativa” consagrada en la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico recoge esta realidad. Configura el principio elemental de que la “velocidad de un vehículo deberá regularse con el debido cuidado, teniendo en cuenta el ancho, tránsito, uso y condiciones de la vía pública. Nadie deberá guiar a una velocidad mayor de la que le permita ejercer el debido dominio del vehículo y reducir la velocidad o parar cuando sea necesario para evitar un accidente. De conformidad con los requisitos expresados anteriormente toda persona deberá conducir a una velocidad segura y adecuada al acercarse y cruzar una intersección o cruce ferroviario, al acercarse a la cima de una pendiente, al viajar por una carretera estrecha o sinuosa, o cuando existan peligros especiales con respecto a peatones u otro tránsito o por razón del tiempo o las condi-ciones de la vía pública”. (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. see. 841(a). Véase Vda. de Vila v. Guerra Mondragón, 107 D.P.R. 418 (1978).

Según estos principios, no podemos coincidir con la conclusión del foro de instancia de que el accidente se debió a la negligencia del Estado por no dar debido mantenimiento a la carretera Núm. 1. No representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia presentada y, por ende, la misma no debe prevalecer. Vélez v. Srio. de Justicia, supra, pág. 546. Lo contrario sería exigirle al Estado el deber imposible e irrazonable de mantener las veinticuatro (24) horas del día todas las vías de comunicación en perfectas condiciones. La cantidad de tráfico vehicular que transita por nuestras calles y avenidas, las condiciones climatológicas tropicales de Puerto Rico y las limitaciones económicas y humanas del Estado impiden ese curso decisorio.

En el caso de autos, aún existiendo concurrencia de culpas, la decisiva fue la de Rodríguez Rodríguez. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., supra, pág. 698; Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra, pág. 57.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opi-nión disidente, a la cual se unen el Juez Asociado Señor Re-bollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

a la cual se unen los Jueces Asociados

Señor Rebollo López y Señora Naveira de Rodón.

Disentimos hoy por entender que el tribunal de instancia realizó una correcta apreciación de la prueba y porque acer-tadamente concluyó que el Estado Libre Asociado era res-ponsable en un 75% de los daños sufridos por los deman-dantes como consecuencia de los desperfectos existentes en el Km. 29.3 de la carretera Núm. 1 en Caguas.

Al así entenderlo no podemos refrendar la posición de la mayoría de esta Curia que, para eximir de responsabilidad al Estado, sustituye la apreciación de los hechos que tuvo ante sí el foro de instancia.

I

Los hechos en este caso, según evaluados y aquilatados por el foro de instancia, consisten en que el 10 de junio de 1984, a eso de las 11:15 de la mañana, el codemandante Orlando Cárdenas Maxán conducía su automóvil Jeep por la carretera Núm. 1 en la jurisdicción del pueblo de Caguas. Transitaba por el carril izquierdo a una velocidad aproxi-mada de 25 a 30 millas por hora en dirección de norte a sur. Lo acompañaba su esposa, la codemandante Ivonne Hernán-dez Díaz y tres (3) sobrinos menores de edad.

Por el carril derecho transitaba, paralelo a él, el code-mandado José Rodríguez Rodríguez conduciendo su automó-vil Toyota aproximadamente a la misma velocidad. Al llegar al Km. 29.3 de la referida vía pública, Rodríguez Rodríguez observó que en el carril que transitaba había una serie de hoyos y grietas. Aplicó levemente los frenos y notó que su carro comenzó a resbalar y a “zigzaguear”. En un esfuerzo por recuperar el control total del mismo, el codemandado giró hacia la izquierda, pero no pudo evitar impactar, por el centro del lado derecho, al Jeep que conducía Cárdenas Ma-xán. Tras el impacto recibido, el Jeep chocó con una muralla de protección que estaba a su izquierda y que dividía la ca-rretera. Como consecuencia, el Jeep se volcó varias veces, expulsando a los pasajeros() a la carretera. Este aparatoso accidente produjo serios daños al vehículo, así como conside-rables daños físicos y emocionales a los codemandantes.

Ante esa aprueba, el tribunal a quo concluyó que la causa próxima del accidente fue el mal estado y los desperfectos de la carretera Núm. 1, al no existir una superficie pareja y continua sino una con hoyos y grietas. Por tal razón le impuso responsabilidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico quien, por la falta de conservación y mantenimiento de la referida carretera, permitió el surgimiento de una situación peligrosa. Finalmente, especificó que los desperfectos, falta de reparación o de protección suficiente de los viajeros de la carretera Núm. 1, Km. 29.3, no fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito y que el Estado tuvo suficiente tiempo para remediarlos.

V — i

Los hechos de este caso se enmarcan en el Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 422. Este precepto de ley nos dice:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será responsable civilmente de los daños y perjuicios que se ocasionen a las personas o propiedades por desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero en cualquier vía de comunicación perteneciente al Estado Libre Asociado y a cargo del Departamento de Transportación-y Obras Públicas, excepto donde se pruebe que los desperfectos de referencia fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediarlos. 3 L.P.R.A. see. 422.

Este artículo impone la obligación al Gobierno de mante-ner en “buen estado” las carreteras estatales del país. Esta obligación es de carácter primario e indelegable. Resto v. P.R. Telephone Co., 97 D.P.R. 313, 319 (1969); Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288, 293 (1962); Díaz v. E.L.A., 118 D.P.R. 395, 416 (1987), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López. En cumplimiento con esa obligación el Estado tiene el rol afirmativo de tomar aquellas medidas necesarias y preventivas a la ocurrencia de daños en las vías públicas. Véase Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 865 (1978).

Aunque hemos señalado que el Art. 404 del Código Polí-tico, supra, no convierte al Estado en un garantizador de la seguridad de las personas, Rivera v. Pueblo, 76 D.P.R. 404 (1954), no es menos cierto que el estatuto le impone respon-sabilidad civil cuando los usuarios de las vías públicas sufran daños como consecuencia de desperfectos, falta de repara-ción o protección suficiente de sus avenidas. Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 862; Morales Muñoz v. Castro, supra, pág. 292.

Para prosperar en una causa de acción al amparo de este artículo, le corresponde al promovente probar que las vías públicas se encuentran en las condiciones antes mencio-nadas, así como el nexo causal entre el daño y éstos. Para que el Estado no incurra en responsabilidad civil, tiene que pro-bar que las condiciones de la vía pública fueron motivadas por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo sufi-ciente para remediarlos. Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 863; Resto v. P.R. Telephone Co., supra, págs. 319-320; Morales Muñoz v. Castro, supra.

Por último, de incurrir el promovente en negligencia, hemos reconocido que bajo esta causa de acción es de aplica-ción la doctrina de negligencia comparada. Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 867.

III

Expuesta la normativa jurídica aplicable al caso de autos y de un examen de la transcripción de evidencia elevada ante nos, concluimos que el tribunal de instancia actuó correcta-mente en su apreciación de la prueba y en la aplicación del derecho a esta situación particular. Veamos.

Los demandantes presentaron amplia prueba testifical y material para sustentar su teoría de que los hoyos y grietas del Km. 29.3 de la carretera Núm. 1 fueron la causa eficiente del daño. El codemandante Cárdenas Maxán testificó que transitaba por la referida vía pública como a las once de la mañana, cuando cerca del Restaurant El Paraíso tuvo que tomar el carril izquierdo ya que el derecho estaba lleno de hoyos. T.E., págs. 54-56 y 68. Que al pasar por el Km. 29.3 notó que había un desnivel entre el carril izquierdo y el dere-cho. T.E., pág. 59. Conduciendo a una velocidad de aproxima-damente 25 millas, se percató de que el codemandado Rodrí-guez Rodríguez se estaba “barriendo” a su lado cuando reci-bió el impacto por el centro del lado derecho de su Jeep. T.E., pág. 87. Indicó que el codemandado Rodríguez Rodríguez le había manifestado que le había chocado porque cogió un hoyo y perdió el control. T.E., pág. 99. Sobre este particular el testigo indicó que los hoyos eran bastante grandes. T.E., págs. 122-124.

La opinión mayoritaria concluyó que el codemandado Ro-dríguez Rodríguez venía a exceso de velocidad y que esa fue la causa eficiente del accidente. Tal conclusión no tiene apoyo en la prueba. A lo sumo lo que refleja la transcripción de evidencia es que en el contrainterrogatorio a que fue some-tido el codemandante Cárdenas Maxán, éste expresó que presentía que el codemandado venía a exceso de velocidad el día de los hechos. Por su gran pertinencia, reproducimos esa línea de interrogatorio:

LCDO. QUIJANO
P. Es decir, que usted a pesar de que iba mirando hacia el frente usted vio que este señor venía a excesó de veloci-dad. ¿Cierto o falso?
R. No.
P. No. Y qué dice ahí, testigo, que yo .. .
R. Bueno, yo me presen ... me presentí eso, porque ...
P. Ajá.
R. ... a la velocidad que se estaba barriendo .. .
P. ¡Ah’, que ...
R. . . . porque cuando un carro se barre no se barre lento, porque él no dio una vuelta, [é]l dio como dos o tres.
P. Entonces, usted no vio que él venía a exceso de velocidad.
R. No.
P. No lo vio. No lo vio. No lo vio. Ahora, usted presume que venía a exceso de velocidad, a base de esa contestación, o le ... le pregunto, ¿eso es lo... eso es lo que usted presume?
R. Bueno, a base de esa contestación ahí está escrito eso, pero ahora mismo . . .
P. Bueno, pero eso lo suscribió usted ba ... bajo juramento, mire a ver.
R. Bueno, sí, sí, este, fui yo.
P. Yo pregunto, que qué fue lo que usted percibió. Si fue que lo vio con sus ojos o percibió que venía a exceso de veloci-dad ese señor.
R. Yo presentí que venía a exceso de velocidad en la forma que se barrió dele... al lado mío. (Énfasis suplido.) T.E., págs. 110-111.

El testimonio del codemandado Rodríguez Rodríguez bá-sicamente corroboró lo apuntado por el testigo Cárdenas Maxán. Éste añadió que iba a una velocidad de 25 a 30 millas (T.E., pág. 152), paralelo al Jeep de Cárdenas Maxán (T.E., págs. 173-174) y que al caer en el hoyo y las grietas su carro se barrió haciendo zigzag. T.E., pág. 171.

En el contrainterrogatorio, el Estado trató de impugnar al testigo sobre el exceso de velocidad, utilizando una contes-tación brindada por éste en un interrogatorio. Esa línea de preguntas reforzó el hecho de que ambos vehículos iban a una velocidad moderada. T.E., págs. 195-196.

Los demandantes presentaron en evidencia fotografías que describían el lugar de los hechos y en las cuales se refle-jaban la magnitud de los hoyos y las grietas. Véase Opinión y sentencia de 10 de junio de 1986, pág. 3.

Finalmente, y para probar que los desperfectos se debie-ron a la falta de conservación y mantenimiento del Estado, se admitió en evidencia un informe de trabajo Diario del Año 1984 de la Brigada de Conservación Núm. 3 de la Ofi-cina Regional de Humacao del Departamento de Transporta-ción y Obras Públicas. Este informe refleja que antes de la fecha de los hechos, a la carretera Núm. 1 se le dio manteni-miento a un sinnúmero de kilómetros, entre los cuales no estaba el 29.8. ()

Por otro lado, el Estado sólo presentó el testimonio del señor Delgado, investigador del Departamento de Transpor-tación y Obras Públicas. Este testigo no fue cualificado como perito. T.E., págs. 393-396 y 415-418. Testificó solamente a los fines de establecer que las grietas de la carretera eran insignificantes. En el contrainterrogatorio admitió que la ca-rretera Núm. 1 había sido trabajada por la División de Or-nato en el 1984. T.E., págs. 427-429. El tribunal no le conce-dió crédito a este testimonio por ser contrario a la prueba documental admitida. A pesar de todo esto, la opinión mayo-ritaria le da crédito pericial a este testimonio para tratar de sostener desde este estrado apelativo su teoría de que el factor precipitante fue la negligencia del codemandado Rodrí-guez Rodríguez.

Finalmente, el Estado no presentó prueba alguna que sostuviera que los desperfectos de la carretera se debieron a la violencia de los elementos o a caso fortuito para de esa forma estar exento de responsabilidad.

Como hemos expuesto, es claro que el demandante esta-bleció por preponderancia de la prueba todos los elementos constitutivos del Art. 404 del Código Político, supra. El Es-tado falló en probar sus defensas. No encontramos a través del examen de la prueba el más mínimo indicio de error, pre-juicio o parcialidad del tribunal a quo tanto al evaluar como al aquilatar la prueba presentada ante él. Su determinación de la suficiencia de la prueba y de la credibilidad de los tes-tigos fue correcta y no hay indicios de abuso de discreción. En tales circunstancias, el tribunal a quo merece toda nues-tra deferencia. La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9, 19 (1982); Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155, 161 (1977); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 946-947 (1975). Contrario a las mejores normas de revisión apelativa, la mayoría hoy sustituye las determinaciones de hecho del tribunal recurrido, convirtiéndose “inadvertida e inconscientemente ... en testigos peritos y oculares” del Estado. Díaz v. E.L.A., supra, pág. 412, opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López.

Independientemente de nuestra opinión personal de la. sabiduría del Art. 404 del Código Político, supra, si el Estado no presentó la prueba requerida para sostener su posición, en estricta metodología jurídica procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Por los fundamentos expuestos, confirmaría la sentencia de instancia.

      (1) La señora Hernández Díaz sufrió fractura de la pelvis y cadera. Uno de sus sobrinos tenía una herida en la cabeza que requirió veinticinco (25) puntos de sutura. Los restantes ocupantes sufrieron diversos golpes y laceraciones.

      (2) El Estado planteó, además:

        “PRIMER ERROR:

      “Erró el Tribunal Superior al no suspender la celebración del juicio en el caso de autos el primer día de la vista y al no permitirle al Estado Libre Asociado instar una demanda a tercero contra el señor José Rodríguez Rodríguez.

        “TERCER ERROR:
      “Erró el Tribunal Superior al resolver que en demandas instadas contra el Estado Libre Asociado bajo las disposiciones del Artículo 404 del Código Político —tal y como ocurrió en el caso de autos— no le son de aplicación los límites de cuantía contenidos en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.

        “CUARTO ERROR:

      “Erró el Tribunal Superior al resolver que la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 no es más que una defensa afirmativa y que en el caso de autos la misma fue renunciada.

        “QUINTO ERROR:
      “Erró el Tribunal Superior al conceder una partida por concepto de lucro cesante a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los demandantes ya que no se estableció, mediante prueba fehaciente a esos efectos, que la capacidad productiva de la señora Hernández Díaz hubiera menguado como resultado directo del accidente sufrido.
      “En la alternativa se señala que de proceder tal partida, erró el Tribunal Superior al hacer el cálculo correspondiente.”

      (3) Estipula: “El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será responsable civilmente de los daños y perjuicios que se ocasionen a las personas o propiedades por desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero en cualquier vía de comunicación perteneciente al Estado Libre Asociado y a cargo del Departamento de Obras Públicas, excepto donde se pruebe que los desper-fectos de referencia fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediarlos.” 3 L.P.R.A. see. 422.

      (4) El tribunal de instancia, en su Determinación de Hechos Núm. 3, expresó que “[e]l Sr. José Rodríguez Rodríguez conducía de 25 a 30 m.p.h. el vehículo de motor marca Toyota, por el carril derecho de la carretera PR 1 y al llegar al kilómetro 29.3, existían hoyos y muchas grietas largas desde una a diez pulgadas de anchura y una a doce pulgadas de profundidad, perdiendo el control y al llegar al hoyo más profundo, su vehículo de motor resbaló súbitamente y se barrió, dando lugar al impacto recibido por los reclamantes quienes transitaban en el carril izquierdo a una velocidad aproximada de 25 a 28 millas por hora”. Opinión y sentencia de 10 de junio de 1986, pág. 3.

      (5) Delgado Alicea —actualmente retirado— trabajó para el Departamento de Obras Públicas, Oficina Regional de Humacao, por un período de quince (16) años, como investigador de posibles demandas y reclamaciones contra el Estado. Como parte de su trabajo, realizó una investigación sobre el accidente en cuestión al poco tiempo de su ocurrencia. El tribunal de instancia descartó su versión sobre la investigación, hallazgos y descripción del lugar del accidente por enten-der que su testimonio confligía con la evidencia material que obraba en el expe-diente. Opinión y sentencia de 10 de junio de 1986, pág. 8.

      (1) Quedó establecido que los codemandantes no hacían uso del cinturón de seguridad. Por tal razón, el tribunal les impuso un 25% de responsabilidad. Opi-nión y sentencia de 10 de junio de 1986, pág. 9.

      (2) Este documento refleja que los siguientes kilómetros recibieron manteni-miento en distintas fechas antes de 10 de junio de 1984:26.9,27.8,28.4,30.2,30.9, 34.8, 34.9.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Corpak, Inc. y Art Printing, Inc., demandantes y recurrentes, v. Ramallo Brothers Printing, Inc., demandados y recurridos.

      Número: RE-87-586

      Resuelto: 9 de marzo de 1990

      Gabriel I. Peñagarícano, abogado de los recurrentes; Rafael Pé-rez-Bachs, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Al dictar sentencia sumaria declarando con lugar una so-licitud que a esos efectos había radicado la parte demandada recurrida, Ramallo Brothers Printing, Inc. (Ramallo) —reía-tiva la misma a una demanda de injunction preliminar, injunction permanente y daños y perjuicios que contra dicha parte demandada había radicado la demandante recurrente Corpak, Inc. y Art Printing, Inc. (Corpak) — () el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, () en adición a desestimar la demanda radicada, condenó a Corpak al pago de las costas y de los honorarios reales de abogado en que Ramallo había incurrido al defenderse de la referida acción. A esos efectos, el tribunal de instancia le ordenó a Ramallo que incluyera, como parte de su memorando de costas, una declaración jurada en que detallara los honorarios de abo-gado efectivamente pagados a su representación legal.

En cumplimiento de dicha orden, Ramallo le informó bajo juramento al foro de instancia que le había pagado a su re-presentante legal —el bufete de abogados McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria— la suma total de $42,909.50 por concepto de honorarios de abogado en rela-ción con el referido pleito. Como evidencia de ello, se acom-pañaron facturas del mencionado bufete de abogados en que se detallaban las horas alegadamente trabajadas en dicho caso por distintos abogados pertenecientes al mismo. El tribunal de instancia, aparentemente considerando excesiva la suma de dinero reclamada por concepto de honorarios de abogado, redujo la misma a la cantidad de $26,000. Dicho foro no explicó la forma y manera, o razonamiento, que uti-lizó para llegar a la mencionada cifra de dinero.

Inconforme, Corpak acudió ante este Tribunal en revi-sión de la actuación judicial antes descrita. Cuestionó, en sín-tesis, no sólo la determinación del foro de instancia sobre la procedencia jurídica de la solicitud de sentencia sumaria sino la imposición —y la cuantía— de honorarios de abogado, por temeridad, en el caso de epígrafe.() Le concedimos término a.Ramallo para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de revisión radicado y dictar sentencia modi-ficatoria de la emitida por el tribunal de instancia “a los únicos efectos de reducir la suma de $26,000.00 concedida a dicha parte, por concepto de honorarios de abogado, a la can-tidad de $5,000.00”.

La parte demandada recurrida ha comparecido en cum-plimiento de nuestra resolución. En su comparecencia, Ra-mallo nos solicita que incorporemos a nuestro ordenamiento la fórmula o método imperante en la jurisdicción federal res-pecto al cómputo de los honorarios de abogado a ser conce-didos en aquellas áreas de la litigación en que estatutaria-mente se provee para la concesión de dichos honorarios en la referida jurisdicción. Resolvemos.

HH

En Alyeska Pipeline Co. v. Wilderness Society, 421 U.S. 240 (1975), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resol-vió que, como regla general y salvo disposición estatutaria en contrario, cada parte en un litigio será responsable de los honórários de abogado en que incurra en la tramitación del mismo. Dicha norma ha sido denominada como el American Rule.()

La decisión emitida en el citado caso de Alyeska Pipeline Co. v. Wilderness Society, tuvo el efecto de causar la aproba-ción por el Congreso de los Estados Unidos de una serie de estatutos proveyendo para el recobro de honorarios de abo-gado por la parte victoriosa en un litigio en la jurisdicción federal. Actualmente existen más de cien estatutos —cono-cidos como Federal Fee-Shifting Statutes— en la jurisdic-ción federal que proveen expresamente para la concesión de honorarios de abogado.() En la amplia mayoría de los Federal Fee-Shifting Statutes se requirió que la partida conce-dida por concepto de honorarios de abogado fuera una “razo-nable”. A manera de ejemplo, véanse: The Civil Rights Attorney’s Fees Awards Act of 1976, 42 U.S.C. sec. 1988; Privacy Act of 197k, 5 U.S.C. sec. 552a(g)(4)(B); Truth in Lending Act, 15 U.S.C. sec. 1640(a)(3); Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C. sec. 1692K(a)(3); Labor-Management Reporting and Disclosure Act, 29 U.S.C. sec. 431(c); Fair Labor Standards Act of1938,29 U.S.C. sec. 216b. Ello, natu-ralmente, tuvo el efecto práctico de “delegar” en la Rama Judicial la implantación de la forma y manera, o el método, en que se computaría la cuantía de honorarios a ser conce-dida a la parte victoriosa en un litigio en el foro federal. Los tribunales federales inmediatamente empezaron a elaborar diferentes métodos con el objetivo de poder determinar qué constituían “honorarios razonables”. Véase 6 Moore’s Federal Practice Sec. 5479[1] (2da ed. 1988).

Así, por ejemplo, tenemos que el Tribunal Federal de Apelaciones para el Tercer Circuito, en Lindy Bros. Bldrs., Inc. of Phila. v. American R. & S. San. Corp., 487 F.2d 161 (3er Cir. 1973), estableció el método concocido como lodestar fee. El mismo, en síntesis, consiste en dos partes o pasos. Primeramente se determina el número de horas que razona-blemente resultaron necesarias para la tramitación del pleito. Determinado dicho núhiero de horas, se multiplica el mismo por la tarifa por hora que el tribunal entiende razo-nable, ello conforme a tarifas en casos similares prevale-cientes en la comunidad legal en particular.

Escasamente tres meses más tarde, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Quinto Circuito optó por desarrollar un método de computar los honorarios de abogado a reco-brarse un tanto más subjetivo que el del lodestar fee. En Johnson v. Georgia Highway Express, Inc., 488 F.2d 714 (5to Cir. 1974), dicho tribunal resolvió que los honorarios de abogado a concederse tenían que ser “computados”, caso a caso, a base de doce factores o criterios que en dicha decisión dicho foro enumeró. ()

El conflicto creado por los distintos circuitos de apela-ciones al crear y aplicar diferentes métodos para computar los honorarios “razonables” de abogado a concederse no tardó mucho tiempo en llegar al Tribunal Supremo federal. Éste adoptó lo que se ha denominado por los comentaristas como el “método híbrido” (hybrid approach), el cual no es otra cosa que una combinación o fusión de los métodos que habían sido adoptados por el Tercer y Quinto Circuito en Jps citados casos de Lindy Bros. Bldrs., Inc. of Phila. v. American R. & S. San. Corp., y Johnson v. Georgia Highway Express, Inc. El mismo igualmente consiste de dos pasos. Al igual que en el método lodestar, el tribunal tiene que deter-minar el número de horas que razonablemente resultaron necesarias en la tramitación del litigio,() y luego multiplicar ese número total de horas por la tarifa por hora prevale-ciente en la comunidad legal.() La variante, o adición, del “método híbrido” consiste, en síntesis, en que esa tarifa por hora (market hourly rate), o el producto de la multiplicación del número de horas por la tarifa podrá aumentarse, o dismi-nuirse, por el juez a base de los factores enumerados en el citado caso de Johnson v. Georgia Highway Express, Inc. Véanse: Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 424 (1982); Blum v. Stenson, 465 U.S. 886 (1984); Riverside v. Rivera, 477 U.S. 561 (1986).

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Este método híbrido de calcular los honorarios de abo-gado a concederse a la parte que resulta victoriosa en un litigio —vigente hoy día en la jurisdicción federal en aquellas áreas de la litigación en que el Congreso estatutariamente así lo ha dispuesto— es precisamente el método que la parte demandada recurrida formalmente nos solicita que adop-temos en nuestra jurisdicción. Antes de entrar en los méritos de dicha solicitud, y con el propósito de ubicar la misma en su justa perspectiva, consideramos apropiado realizar un breve examen de las consecuencias reales que en la práctica de la profesión a nivel federal ha tenido la adopción del “método híbrido” de calcular honorarios de abogado.

Desde el preciso momento en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió adoptar el referido método, dicho Foro percibió el peligro de que la determinación y adjudica-ción de los honorarios bajo el mismo diera origen a una se-gunda batalla legal entre las partes, igual o más complicada que el pleito original. A esos efectos, dicho Tribunal, en el citado caso de Hensley v. Eckerhart, expresó que “una solici-tud de honorarios de abogado no debe resultar en una se-gunda causa mayor de litigación”. (Traducción nuestra.)()

Desafortunadamente para el sistema de justicia federal, al cabo de escasamente siéte años de haberse emitido dicha advertencia, los tribunales federales han podido percatarse del hecho de que la misma no ha sido acatada por los liti-gantes y que los propios tribunales no han podido efectiva-mente controlar la situación. A manera de ejemplo, véanse: Save Our Cumberland Mountains, Inc. v. Hodel, 857 F.2d 1516 (D.C. Cir. 1988); Jean v. Nelson, 863 F.2d 759 (11mo Cir. 1988); Moore v. City of Des Móines, Iowa, 766 F.2d 343 (8vo Cir. 1985); Aubin v. Fudala, 821 F.2d 45 (1er Cir. 1987).

Al respecto, resultan particularmente ilustrativas las pa-labras expresadas por el Octavo Circuito en el antes citado caso de Moore v. City of Des Moines, Iowa —de las cuales se hizo eco el Primer Circuito en Aubin v. Fudala, ante— a los efectos de que:

Our concern centers on the large number of cases on our docket alleging an abuse of the district court’s discretion which are based simply on the amount of an attorne[y’s] fee award. Such appeals often lack substance and hinder the prompt disposition of more meritorious appeals. The dockets of all federal courts are overcrowded. We suggest to the bar and to individual counsel that as officers of the court, lawyers have a responsibility in limiting litigation over attorneys’ fees. Most fee cases can be processed through amicable negotiation and agreement; the' district courts should not become the inevitable haven for adversary proceedings concerning attorneys’ fees.

En la crítica al “método híbrido” de computar honora-rios, los comentaristas no se han quedado atrás. Resulta fac-tible sintetizar las críticas al desarrollo de la doctrina federal sobre esta materia a través del certero comentario a los efec-tos de que “las cortes [federales] han pasado más de una década intentando resolver el problema de cómo determinar qué constituyen ‘honorarios razonables’”. (Traducción nues-tra.) J. Kravcik, Attorneys’ Fees, 57 Geo. Wash. L. Rev. 1122, 1144 (1989). Véanse, en adición: The Supreme Court 1S¡86 Term, 101 Harv. L. Rev. 119, 299 (1987); Nota, A Public Goods Approach to Calculating Reasonable Fees Under Attorney Fee Shifting Statutes, 1989 Duke L.J. 438, 489, 472 (1989); Nota, Determining the Reasonableness of Attorneys’ Fees-The Discoverability of Billing Records, 64 B.U.L. Rev. 241 (1984); J. Coffee, Understanding the Plaintiffs Attorney: The Implicating of Economics Theory for Private Enforcement of Law Through Class and Derivative Actions, 86 Colum. L. Rev. 669, 674-675 (1986).

Para terminar esta breve incursion en los problemas, prácticos y reales, que la adopción y aplicación del llamado “método híbrido” de computar honorarios de abogado ha causado en la esfera federal, consideramos procedente seña-lar —como dato curioso e irónico— el hecho de que en múlti-ples ocasiones la cantidad de dinero concedida por concepto de honorarios de abogado ha sobrepasado sustancialmente la suma de dinero otorgada a la parte por concepto de su reclamación original en el pleito radicado.() Ese dato, por sí solo, no sólo levanta serias dudas sobre la corrección y dese-abilidad de dicho método, sino que plantea una delicada inte-rrogante de naturaleza ética.

1-H WH kH

¿Procede la adopción en nuestra jurisdicción del antes descrito “método híbrido” de computar honorarios de abogado prevaleciente en la jurisdicción federal? Resolvemos que no; veamos por qué.

Aparte de que, como hemos podido notar, la aplicación de dicho método ha causado unos serios trastornos en la administración de la justicia en la esfera federal, constituyendo el mismo en la actualidad un verdadero problema en dicha jurisdicción, tenemos que tanto el lenguaje como el propósito de las disposiciones pertinentes de nuestro ordenamiento jurídico que autorizan la concesión de honorarios de abogado difieren sustancialmente de los estatutos federales —los llamados Federal Fee-Shifting Statutes— en vir-tud de los cuales se ha desarrollado la citada metodología federal. ()

Conforme hemos visto, en la jurisdicción federal procede siempre la concesión de una “suma razonable” por concepto de honorarios de abogado a la parte que resulta victoriosa en un litigio, siempre y cuando el estatuto bajo el cual se litigó la acción así lo autorice. Ello es así por cuanto los llamados Federal Fee-Shifting Statutes tienen como propósito principal recompensar a la parte victoriosa por los gastos en que razonablemente incurrió durante la tramitación del proceso judicial independientemente de la “conducta” asumida por el litigante perdidoso. El Congreso de los Estados Unidos entendió que, de este modo, fomentaba que los ciudadanos acudieran a los tribunales y litigaran sin temor en reclamo, o defensa, de los derechos que les conceden los estatutos federales. Dicha intención congresional se desprende diáfanamente del historial legislativo de varios de los llamados Federal Fee-Shifting Statutes. Véanse, a manera de ejemplo: Civil Rights Attorney’s Fees Award of 1976, S. Rep. No. 1011, 94th Cong., 2d Sess. 6 (1976), reimpreso en 1976 U.S. Code Cong. & Admin. News 5908, 5913; Clear Air Act Amendments of1977, H.R. Rep. No. 294, 95th Cong., 1st Sess. 337 (1977), reimpreso en 1977 U.S. Code Cong. & Admin. News 1077, 1416; Freedom of Information Act, H.R. Rep. No. 876, 93rd. Cong., 2d Sess. (1974), reimpreso en 1974 U.S. Code Cong. & Admin. News 6267, 6272. Así mismo los tribunales reiteradamente lo han interpretado. Pennsylvania v. Dela. Valle Cit. Council, 478 U.S. 546, 565 (1986); Hensley v. Eckerhart, ante, pág. 429; Duncan v. Poythress, 777 F.2d 1508, 1513 (11mo Cir. 1985), cert. dene-gado, 475 U.S. 1129 (1986); Lawrence v. Staats, 586 F. Supp. 1375, 1379 (D.C. D.C. 1984); Rybicki v. State Bd. of Elections of State of Ill., 584 F. Supp. 849, 859 (N.D. Ill. 1984); Culebras Enterprises Corp. v. Rivera Ríos, 660 F. Supp. 540, 546 (D.P.R. 1987), revocado en 846 F.2d 94 (1er Cir. 1988); Metropolitan Wash. Coal. Etc. v. Dist. of Col., 639 F.2d 802, 804 (D.C. Cir. 1981).

En nuestra jurisdicción, por el contrario —y en virtud de las disposiciones específicas a esos efectos de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada — () la concesión o no de honorarios de abogado a la parte que prevaleció en un litigio como regla general depende exclusivamente de la determinación que haga el magistrado que presidió el proceso respecto a si la parte perdidosa, o sw abogado, actuaron o no en “forma temeraria o frívola”. Esto es, en nuestro sistema de justicia no procede la imposición o concesión de honorarios en todos los casos; únicamente, repetimos, en aquellos casos en que el tribunal entiende que la parte perdidosa, o su abogado, actuaron con temeridad o frivolidad. ()

De manera que —a diferencia de la jurisdicción federal en que el objetivo primordial que se persigue en la imposición de honorarios de abogado lo es el de compensar a la parte victoriosa por los gastos necesarios en que, por concepto de honorarios, incurrió al litigar el caso— en nuestra jurisdicción el propósito fundamental de la citada Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, “fuente” estatutaria para la concesión de honorarios de abogado, es el de “penalizar o sancionar” a aquellas partes que por su temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento, obligan a otra parte a asumir y sufrir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un litigio innecesario. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 842 (1983); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989). No hay duda de que al “penalizar” al “temerario o frívolo” mediante la concesión de honorarios de abogado a la parte victoriosa en el pleito, igualmente estamos compensando o indemnizando parcialmente a esta última por los gastos en que incurrió por concepto dé honorarios de abogado. Si bien ello es así, repetimos, el objetivo de compensación no es el propósito fundamental de la citada Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil. Si así lo fuera, procedería la imposición de honorarios, al igual que en el foro federal, en todos lóS casos, y no meramente en aquellas situaciones de temeridad o frivolidad.()

Por otro lado, nada en el lenguaje de la citada Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil permite la inferencia razonable de que la suma de dinero a imponerse a la parte perdidosa que ha actuado con temeridad o frivolidad tiene que necesariamente coincidir con los honorarios efectivamente pagados por la parte victoriosa a su representante legal. Asociación de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 D.P.R. 571 (1988). Todo lo contrario. Hecha la determinación por el tribunal de instancia de que la parte perdidosa actuó con temeridad o frivolidad, lo que la citada Regla AL 1(d) de Procedimiento Civil específicamente le exige al referido foro es que le imponga a dicha parte, como sanción, una suma de dinero por concepto de honorarios que corresponda a esa conducta temeraria o frívola observada por ella; esto es, al grado, o intensidad, de tal conducta.

En consecuencia —y no obstante el hecho de que al cuantificar esos honorarios, los tribunales de instancia pueden tomar en consideración factores tales como la naturaleza del litigio, las cuestiones de derecho envueltas en el mismo, la cuantía en controversia, el tiempo invertido, los esfuerzos y actividad profesional que hayan tenido que desplegarse, y la habilidad y reputación de los abogados envueltos, Serrano Vda. de Cartagena v. Lugo Ramírez, 83 D.P.R. 300, 303 (1961); Pan American v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 413, 420 (1972); Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 764, 771 (1912)— deberá mantenerse presente que el grado o intensidad de la conducta temeraria o frívola es el criterio o factor determinante y crítico que tienen que tomar en consideración dichos tribunales al determinar la cuantía de los honorarios de abogado a imponerse a la parte perdidosa que ha actuado con temeridad o frivolidad, Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989); factor que será, a su vez, el que este Tribunal, de manera principal, tomará en cuenta al decidir si los tribunales de instancia han ejercitado o no en forma correcta la discreción que a esos efectos le concede la citada Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil.()

IV

Ala luz del marco doctrinal antes expuesto, analizamos la actuación del juez de instancia imponiéndole a la parte de-mandante recurrente el pago de la suma de $26,000 por con-cepto de honorarios de abogado.

Reiteradamente hemos resuelto que no procede la imposición de honorarios de abogado, por razón de temeridad, en un caso donde una parte acude al tribunal, o se defiende, en relación con una controversia de hechos que resulta de “primera impresión” en nuestra jurisdicción. Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, 110 D.P.R. 1, 8 (1980). El hecho de que el punto resulte “nuevo”, sin embargo, no constituye “carta blanca” para actuar en forma temeraria o frívola. Ante una situación de hechos innegables, o un estado de derecho claro, el hecho de que se trate de un asunto nunca antes considerado en nuestra jurisdicción no constituye ex-cusa para una conducta o actuación obstinada, contumaz, temeraria o frívola. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, pág. 245.

La determinación del foro de instancia en el presente caso a los efectos de que la parte demandante recurrente incurrió en temeridad al radicar la acción que origina el presente recurso es una, a nuestro juicio, correcta. Si bien es cierto que la situación de hechos en controversia era una que quizás podría catalogarse de “primera impresón”,() no es menos cierto que —a la luz de la “prueba” con que contaba la parte demandante para sostener su caso, según ello quedó demostrado en la dilucidación de la moción de sentencia su-maria— dicha parte demandante debió haber realizado, antes de radicar la acción, que la misma tenía muy pocas probabilidades de prevalecer al amparo de las disposiciones pertinentes de nuestro ordenamiento jurídico. La proceden-cia y corrección jurídica de la sentencia sumaria emitida por el tribunal de instancia es evidencia fehaciente de ello. A nuestro juicio, en resumen, procede en el presente caso la condena en honorarios de abogado, por cuanto el pleito radi-cado era uno que razonablemente “se pudo evitar .. .”. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., ante.

En lo que respecta a la cuantía de los honorarios de abogado concedida, sin embargo, no podemos validar la actuación del tribunal de instancia. En relación a dicho tema, como es sabido, reiteradamente hemos sostenido que la partida de honorarios concedida no se variará en apelación, salvo que la misma resulte excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, ante; Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973); Serrano Vda. de Cartagena v. Lugo Ramírez, ante; Bauzá v. Colón Medina, 38 D.P.R. 413 (1928); Preston v. Vázquez, 31 D.P.R. 889 (1923); San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 D.P.R. 424, 442 (1967).

Acorde con los hechos particulares del presente caso y con los factores reseñados en la parte III de la opinión —grado de la temeridad o frivolidad, naturaleza del litigio, cuestiones de derecho envueltas, cuantía, tiempo invertido, esfuerzo y actividad profesional desplegada, habilidad y reputación de los abogados, cuantía en controversia— indudablemente nos encontramos frente a una partida de honorarios excesiva, por lo que procede su reducción. Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834, 850 (1967); Berrios v. International Gen. Electric, 88 D.P.R. 109, 121 (1963); Ríos Pérez v. A.F.F., 93 D.P.R. 640, 646 (1966). La cuantía fijada ciertamente no corresponde al grado de temeridad desplegado por la parte demandante recurrente y, evidentemente, dicha partida no guarda proporción con la relativa brevedad de los procedimientos judiciales llevados a cabo en el caso, el cual se dilucidó mediante el mecanismo procesal de la sentencia sumaria y no en los méritos. Lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que dicha partida debe ser reducida a la suma de $5,000, la cual entendemos apropiada y razonable imponer como sanción que corresponde a la “temeridad o frivolidad” en que incurrió en el presente caso la parte demandante recurrente.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Alonso Alonso se inhibieron.

      (1) En dicha demanda, en síntesis, se alegó que Ramallo —desde hacía varios años y en forma sistemática— se había dedicado a “sonsacar” los empleados claves de Corpak con el propósito expreso de “apropriarse ilegalmente” de los secretos comerciales e información confidencial de Corpak. Se reclamó la suma de $500,000 por los daños alegadamente sufridos por Corpak.

      (2) Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez Superior.

      (3) En el recurso de revisión radicado, Corpak le imputa al tribunal de ins-tancia haber errado:
      “1. ... al dictar sentencia sumaria desestimando la demanda por hallar que las recurrentes carecían de prueba para sostener sus causas de acción[;]

        “2. ... al aprobar como costas los gastos ordinarios de oficina de abogado e incluir como costas una porción de los honorarios de abogado facturados a la recurrida[, y]
      “3. ... al determinar que los recurrentes habían incurrido en temeridad e imponerles el pago de honorarios de abogado.” Solicitud de revisión de 23 de noviembre de 1987, pág. 4.

        (4) Para un recuento histórico sobre el desarrollo del American Rule véase J. Leubsdorf, Toward a History of the American Rule on Attorney Fee Recovery, 47 Law & Const. Probl. 9 (Winter 1984).

      (5) Para una lista de la legislación aprobada a estos efectos, véase la opinión disidente emitida por el Juez Asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Hon. William J. Brennan, en March u Chesny, 473 U.S. 1, 44-51 (1985).

      (6) Los doce factores esbozados en la opinión de Johnson v. Georgia Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 717 (5to Cir. 1974), son: “(1) The time and labor required; (2) The novelty and difficulty of the questions; (3) The skill requisite to perform the legal service properly; (4) The preclusion of other employment by the attorney due to acceptance of the case; (5) The customary fee; (6) Whether the fee is fixed or contingent; (7) Time limitations imposed by the client or the circumstances; (8) The amount involved and the results obtained; (9) The experience, reputation and ability of the attorneys; (10) The “undesirability” of the case; (11) The nature and length of the professional relationship with the client; (12) Awards in similar cases.”

      (7) La determinación sobre el “número de horas que razonablemente resul-taron necesarias para la tramitación del pleito” requiere un examen minucioso de la factura legal reclamada. El representante legal de la parte victoriosa no puede pretender cobrar del adversario lo que no procedía cobrarle a su cliente. Como certeramente ha expresado un estudioso de la materia:
      “A court is not bound by the claim asserted by the lawyer. Many courts have properly recognized their obligation to scrutinize the hours submitted by the attorney to assure that the time expended was not unnecessarily duplicative, or indeed, not expended at all. As one court noted that ‘[t]he Court may discount the number of hours counsel has submitted in its logs, if the Court determines, based upon the facts, circumstances and legal issues in the case, that the hours expended were unnecessary, unrelated or involved duplication of activity’ ”. S.R. Berger, Court Awarded Attorneys’ Fees: What is “Reasonable"?, 126 U. Pa. L. Rev. 281, 319 (1977).

      (8) En cuanto a la tarifa por hora, debe mantenerse presente que ésta nece-sariamente no tiene que ser la acordada entre la parte y su representante legal. Se requiere una determinación por parte del tribunal sobre cuál es la tarifa pre-valeciente en la comunidad por trabajo similar. Al computar la misma se podrá tomar en consideración el entrenamiento, experiencia y la particular destreza del abogado. Berger, ante, pág. 321.

      (9) “A request for attorneys’ fees should not result in a second mayor litigation.” Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 424, 437 (1982).

      (10) Riverside v. Rivera, 477 U.S. 561 (1986) ($33,350 sentencia y $245,456.25 honorarios); Cunningham v. City of Mckeesport, 753 F.2d 262 (3er Cir. 1985) ($17,000 sentencia y $35,887.50 por concepto de honorarios); Copeland v. Marshall, 641 F.2d 880 (D.C. Cir. 1980) ($33,000 sentencia y $160,000 honorarios); Paschall v. Kansas City Star Co., 695 F.2d 322 (8vo Cir. 1982), en 727 F.2d 692 (8vo Cir. 1984), cert. denegado, 469 U.S. 872 (1984) (“cero” indemnización, $1.2 millones en honorarios).

      (11) Desde Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 696-697 (1979), hemos enfatizado la prudencia y precaución que debe regir la adopción en nues-tro ordenamiento de doctrinas desarrolladas en el derecho común que puedan resultar incompatibles con las particularidades de nuestro sistema de justicia.

      (12) 32 L.P.R.A. Ap. II. La citada disposición legal actualmente establece:
      “(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier -parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su senten-cia al responsable, el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta." (Énfasis suplido.)
      Antes de la enmienda que sufriera en 30 de diciembre de 1986, la citada Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, disponía:

      “(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte haya procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado”. (Énfasis suplido.)

      (13) Procede que se señale que en nuestra jurisdicción, como excepción a la referida regla general, existen estatutos —los cuales regulan materias espe-ciales— que contienen lenguaje similar al de los Federal Fee-Shifting Statutes, en lo relativo a la concesión de honorarios. A esos efectos, entre otros, véanse: Ley de Reclamaciones Laborales, 32 L.P.R.A. sees. 3115 y 3122; Ley Antimonopolís-tica, 10 L.P.R.A. see. 268.

      (14) Desde Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987), reconocimos la dife-rencia entre nuestra Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, ante, y la See. 1988 de la Ley de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1988, sección de donde prácticamente ha dimanado toda la jurisprudencia federal relativa a la fórmula de imponer ho-norarios. A tales efectos señalamos en Bonilla v. Chardón, ante, pág. 617:
      “Nuestro ordenamiento sanciona la temeridad de un litigante perdidoso me-diante el pago de honorarios de abogado.... No obstante, la Sección 1988 opera independientemente de la temeridad en que hayan incurrido las partes. Su propó-sito no es sancionar, sino proveer un remedio completo para fomentar la vindica-ción de derechos civiles ...

      (15) Dicha norma, naturalmente, no aplica en las situaciones —como las men-cionadas en el escolio 13, ante— que están reguladas por leyes especiales. Sobre si en dichos casos el método a utilizarse en el concepto de los honorarios deberá ser, o no, el mismo utilizado en la jurisdicción federal, quaere.

      (16) La alegada conducta del demandado Ramallo en que se basa la acción radicada, conforme las alegaciones de la demanda radicada, consistió en:
      “. . . [I]nducir a personal clave de las empresas demandantes a dejar sus colocaciones con las demandantes e irse a trabajar con la demandada. El propó-sito expreso de la conducta maliciosamente nocible de la demandada es apro-piarse ilegalmente de los secretos comerciales e información confidencial de las demandantes con la finalidad de interferir torticera, maliciosa e injustificada-mente con el negocio de las demandantes, que son las mayores y primordiales competidoras de la demandada.” Exhibit I, pág. 12.


text:
      In re Marta Vélez Echevarría, querellada.

      Número: 5529

      Resuelto: 15 de marzo de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante.
   RESOLUCIÓN

Vista la segunda moción de reconsideración presentada por la querellada Marta Vélez Echevarría, el Tribunal reduce la sanción que se le impuso de suspensión del ejercicio del notariado de dos (2) años a un (1) año.

Notifíquese a la Oficina de la Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal, al Colegio de Abogados y a los demás servicios que publican nuestras decisiones.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Aso-ciado Señor Negrón García disienten. El Juez Asociado Se-ñor Ortiz no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:_

      Resuelto: 16 de marzo de 1990
   RESOLUCIÓN

El Tribunal desea consignar su reconocimiento a la labor realizada por el Ledo. Lino J. Saldaña como Presidente del Comité Directivo de la Conferencia Judicial de Puerto Rico y le expresa su gratitud por el valor de su aportación desinte-resada a la profesión y a la administración de la justicia.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.
    Número:_

      Resuelto: 16 de marzo de 1990
   RESOLUCIÓN

En conformidad con nuestra Orden de 30 de junio de 1987, se designa como Presidente del Comité Directivo de la Conferencia Judicial de Puerto Rico al Ledo. Ernesto L. Chiesa para sustituir al Ledo. Lino J. Saldaña, quien renun-ció.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: PER CURIAM:

text:
    Noé Hernández O’Farril, querellante y recurrido, v. Golden Tower Development Corporation y Rexach Construction Company, Inc., querelladas y peticionarias.

      Número: CE-89-515

      Resuelto: 16 de marzo de 1990

      Thomas Doran Gelabert, de García & González, abogado de Rex-ach Construction Company, Inc., peticionaria; Antonio Gnocchi-Franco, abogado de Golden Tower Development Corporation, peticionaria; Mario A. Rodríguez Torres, abogado del re-currido; Ivette Acosta Hernández, abogada del Departámento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.).
   PER CURIAM:

En el caso de epígrafe el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) originalmente dictó Re-solución y Orden el día 6 de marzo de 1989. Las querelladas peticionarias Golden Tower Development Corp. y Rexach Construction Co., Inc., solicitaron, en tiempo, reconsidera-ción de la misma ante dicho organismo administrativo. El D.A.C.O. ratificó su decisión original mediante Resolución y Orden de fecha lk de abril de 1989. Las aquí peticionarias acudieron ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, en revisión judicial de la determinación adminis-trativa emitida mediante escrito a esos efectos, radicado ante dicho foro el 9 de mayo de 1989.

El tribunal de instancia,() mediante sentencia de fecha 23 de junio de 1989, desestimó el recurso de revisión judicial radicado por el fundamento de que la parte peticionaria ha-bía radicado el mismo fuera del término de quince (15) días provisto por el Art. 17 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,() 3 L.P.R.A. sec. 341p(a).()

Las aquí peticionarias solicitaron la reconsideración de la referida sentencia desestimatoria. No habiendo actuado so-bre dicha moción el tribunal de instancia en el término pro-visto por la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III),() éstas acudieron, vía certiorari, ante este Tribunal en revisión de la citada sentencia. Al así hacerlo, le imputaron al foro de instancia haber errado “al desestimar el recurso de revisi[ó]n interpuesto por las querelladas recu-rrentes apoyándose aisladamente en el t[é]rmino provisto en 3 LPRA 341p(a)”. (Énfasis suplido.) Solicitud de revisión, pág. 3.

Mediante Resolución de fecha 24 de agosto de 1989, una sala especial de verano de este Tribunal le concedió término a la parte querellante() para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto de certiorari radicado y dictar sentencia revocatoria de la emitida por el foro de instancia en vista “de las disposiciones de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, la cual establece un término uni- forme de treinta (30) días para radicar el recurso de revi-sión judicial”. (Énfasis suplido.) Contamos con el beneficio de las comparecencias tanto de D.A.C.O. como la del quere-llante original ante éí, el Sr. Noé Hernández O’Farril. Pro-cede resolver según lo intimado en la orden de mostrar causa emitida.

I

Conforme se expresa en la exposición de motivos, de la citada Ley Núm. 170 de 12 dé agosto de 1988,() conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

Durante las últimas cuatro décadas la política pública del país ha estado inspirada en el desarrollo económico, la justicia social y la eficiencia administrativa. Dicha política pública ha sido instrumentada por una administración pública que ha promovido y facilitado el desarrollo económico y social del país en pocas décadas y a niveles insospechados para un pueblo en desarrollo.
La dinámica de este desarrollo ha requerido la inventiva e imaginación de los administradores públicos en la creación de nuevas estructuras administrativas sin lá debida planificación y uniformidad en el proceso decisional administrativo. Exis-ten en la actualidad alrededor dé ciento veinte (120) departa-mentos, instrumentalidades, administraciones, juntas, ofi-cinas y corporaciones públicas con procedimientos adminis-trativos ad hoc —exclusivos para cada agencia— para regla-mentar el proceso de adoptar reglas, reglamentos, resolucio-nes, órdenes o decisiones.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico carece de uh cuerpo de reglas que pauten y brinden uniformidad a dicho proceso decisional como los que existen al nivel federal, esta-tal y en la totalidad de las jurisdicciones extranjeras. La au-sencia de tal uniformidad produce inestabilidad y confusión a la cuidadanía que vive sujeta a reglamentaciones com-plejas y desconocidas.
La medida sistematiza y crea un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá observar al formular reglas y reglamentos que definan los derechos y deberes legales de una clase particular de personas. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para gobernar las determina-ciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir una orden o resolución que define los derechos y deberes legales de personas específicas.
La legislación establece, además, un procedimiento uni-forme de revisión judicial a la acción tomada por la agencia al adoptar un reglamento o al adjudicar un caso. Dispone, además, para la utilización máxima de procedimientos infor-males antes de agotar la etapa formal decisional.
Esta ley se inspira en el propósito de brindar a la ciudada-nía servicios públicos de alta calidad, eficiencia, esmero, pron-titud, y se aplicará e interpretará liberalmente para alcanzar dichos propósitos con el resguardo de las garantías básicas al debido procedimiento de ley. (Énfasis suplido.) 1988 Leyes de Puerto Rico 825-826.

De una somera lectura de la antes transcrita “ex-posición de motivos” de la citada Ley Núm. 170, resulta meridianamente claro que fue la expresa intención del legislador —al crear o establecer un procedimiento uniforme de revisión judicial, relativo el mismo a la revisión de las decisiones o determinaciones tomadas por las agencias administrativas o departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a las cuales dicha ley aplica— la de que esta ley prevalezca sobre toda disposición legal, relativa a una agencia en particular, que sea contraria a las disposiciones de la misma.( )

Un examen de las disposiciones de las Secs. 1.3(a) y 1.4 de la citada Ley Núm. 170,() revela que el D.A.C.O. es una de las agencias o departamentos del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico a las que cobija o aplica las disposi-ciones de la referida Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por otro lado, tenemos que la See. 4.2 de la citada Ley Núm. 170,() claramente establece que una parte adversamente afectada por una orden o resolución de una agencia cobijada por dicha ley, y que haya agotado todos los remedios pro-vistos por la agencia, “podrá presentar una solicitud de revi-sión ante el Tribunal Superior con competencia dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia”. (Énfasis suplido.)

Forzosa, en consecuencia, es la conclusión de que el recurso de revisión que ante el tribunal de instancia radicaran las aquí peticionarias estaba en tiempo. Ello es así por cuanto no hay duda que el término a aplicar lo es el de treinta (30) días establecido por la antes citada See. 4.2 de la Ley Núm. 170 y no el de quince (15) días dispuesto por el Art. 17 de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor.() Los señores jueces de instancia, y lá profesión en general, deberán mantener presente tanto ésta, como las otras disposiciones de la referida Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la consideración de futuros recursos de revisión judicial.()

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de “certiorari” radicado y se dictará sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, devolviéndose el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

      (1) Hon. Jeannette Ramos Buonomo, Juez Superior.

        (2) Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor.

      (3) La citada disposición legal dispone, en lo pertinente, que:
      “(a) Cualquier parte adversamente afectada por una decisión en reconside-ración del Secretario o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sec. 341e de este título podrá solicitar la revisión judicial de dicha decisión al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de puerto Rico, en la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la residencia del perjudicado, mediante un re-curso emitido por el Tribunal a su discreción. La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referida decisión.” 3 L.P.R.A. sec. 341p(a).

      (4) Resulta pertinente señalar que la Hon. Juez Ramos Buonomo, mediante comparecencia ante este Tribunal de fecha 28 de agosto de 1989, informó que ella no actuó sobre la moción de reconsideración radicada por razón de que la misma fue traída a su atención una vez había transcurrido el término que para ello pro-vee la citada Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (5) La parte querellante la componen el Departamento de Asuntos del Con-sumidor (D.A.C.O.) y el consumidor querellante, Sr. Noé Hernández O’Farril.

      (6) 3 L.P.R.A. sees. 2101-2201.

      (7) Naturalmente, las disposiciones procesales contenidas en leyes generales o especiales qpa regulan los procedimientos ante las agencias que sean compatibles con el espíritu y el contenido de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no quedan derogadas.

      (8) 3 L.P.R.A. secs. 2102(a) y 2103, respectivamente.

      (9) 3 L.P.R.A. see. 2172.

      (10) El recurso, en revisión de la decisión de D.A.C.O., fue radicado por las peticionarias ante el tribunal de instancia a los veinticinco (25) días de haber sido emitida la misma.

      (11) La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue enmendada por la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989.