author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Elba María Martínez, demandante, recurrente y recurrida, v. Pablo McDougal, demandado, recurrido y recurrente.

      Números: RE-85-349 RE-85-355

      Resueltos: 4 de mayo de 1993

      Sabino Coito Cruz, abogado del recurrente; José A. Cuevas Segarra, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite resolver si el padre, que de manera intencional e injustificada se niega a reconocer a un hijo habido fuera de matrimonio, le responde a este hijo al amparo de las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141, por los daños y perjuicios que el hijo pueda haber sufrido con motivo de la negativa injustificada de reconocerlo; controversia que no resolvimos, o que dejamos inconclusa, en García v. Acevedo, 123 D.P.R. 624 (1989). Resolvemos en la negativa; veamos por qué.

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Los hechos que dan lugar a los recursos consolidados del epígrafe son sorprendentemente sencillos.

La demandante Elba María Martínez, mujer de treinta y seis (36) años de edad, radicó demanda ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, contra Pablo McDougal, su alegado padre, en la cual solicitó ser decla-rada hija de éste. En adición, y como segunda causa de acción, reclamó los daños y perjuicios alegadamente sufri-dos por ella como consecuencia de la negativa injustificada de reconocerla.

Originalmente, el demandado McDougal negó que fuera el padre de la demandante. Con posterioridad a llevarse a cabo unos exámenes sobre histocompatibilidad, McDougal aceptó la paternidad, quedando pendiente la causa de ac-ción relativa a los daños y perjuicios reclamados. Cele-brado el correspondiente juicio, el tribunal de instancia de-claró con lugar la demanda radicada, condenando al demandado al pago de una suma de quince mil dólares ($15,000) por concepto de los sufrimientos y angustias mentales sufridos por la demandante, dimanantes de la negativa injustificada de reconocimiento, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la radicación de la demanda()

Aun cuando así específicamente no se hace constar, el dictamen del tribunal de instancia se fundó, en primer tér-mino, en la reconocida y reiterada doctrina a los efectos de que para que exista responsabilidad bajo las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, ante, la parte actora debe demostrar que el demandado incurrió en una acción u omi-sión negligente o culposa, la ocurrencia de un daño y la correspondiente relación causal entre el daño sufrido por dicha parte actora y la conducta negligente o culposa del demandado. Se concluyó y se resolvió, en segundo lugar, por el tribunal de instancia que todo padre tiene el “deber jurídico” de reconocer a los hijos que procrea y que la “omi-sión” —intencional, culposa o dolosa— en que incurre al así no hacerlo da lugar a una causa de acción en daños bajo el citado Art. 1802 del Código Civil.

Inconformes, ambas partes acudieron en revisión ante este Tribunal.() Expedimos, y consolidamos, ambos recursos.

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La procedencia jurídica en nuestra jurisdiccion.de la ac-ción en daños del hijo contra el padre ha sido objeto de detenida consideración por parte de este Tribunal en, por lo menos, cuatro (4) ocasiones anteriores; todas ellas, sin embargo, en relación con demandas radicadas contra el padre por hijos procreados durante el matrimonio de sus progenitores.

La primera de ellas —ocasión en que, por decirlo así, establecimos la "regla general” a seguir en esta clase de situaciones— lo fue la decisión que emitiéramos en Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 613 (1950); caso en que el hijo demandó al padre por los daños que sufriera mientras transitaba en un vehículo de motor perteneciente a, y que manejaba, su padre. Expresando que la unidad de la familia, la institución de la patria potestad y las relaciones paterno filiales “están de por sí investidas de un alto interés público y social, tanto para beneficio del hijo como para beneficio del estado”, nos negamos a reconocer la existencia de una causa de acción en estas situaciones al amparo de las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, ante, por razón de que el así hacerlo “sería abrir una brecha peligrosa en la unidad de la familia, constituida bajo el régimen de la patria potestad ejercida por el padre, o por la madre en los casos señalados por el [Ajrtículo 152 [del Código Civil] ...”. (Énfasis suplido.) Guerra v. Ortiz, ante, págs. 623 y 619.

Ello no obstante, en Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430 (1955), le reconocimos el derecho, bajo las disposiciones del citado Art. 1802, a una hija menor, no emancipada, a instar acción contra su padre por los daños ocasionádoles por éste al matar a la madre, mediante un acto de carácter delic-tivo, estando la madre y el padre divorciados y la hija bajo el cuidado y custodia de la madre, hija que no tenía rela-ción alguna con el padre. Expresamos en dicha decisión que, al establecer la antes expuesta doctrina en Guerra v. Ortiz, ante, no había sido nuestra intención enunciarla como una norma absoluta, esto es, “para concederle inmu-nidad a los padres contra acciones de los hijos basadas en culpa y negligencia, por la sola circunstancia del nexo natural que los une, sin estar justificada la inmunidad por consideraciones de orden público”. (Énfasis suplido.) Four-nier v. Fournier, ante, pág. 432. Aclaramos que en Guerra v. Ortiz, ante, pág. 432, el curso de acción seguido estaba plenamente justificado “porque habiendo unidad familiar que proteger y relaciones paternofiliales que conservar, permitir que la acción tuviera éxito, hubiera sido contrario a y en detrimento y menoscabo de la política pública” que favorece la unidad de la familia. Concluimos expresando que:

Es evidente que en Guerra v. Ortiz, supra, había algo que conservar, mediante la aplicación de dicha doctrina, algo cuya destrucción debía evitarse, no solamente en bien del hijo, s[mo] que en provecho del orden social. A cambio de ello, el exigir al allí demandante que renunciara a reclamar del padre una in-demnización, tenía plena justificación. ¿Pero que hay aquí que pueda salvarse en aras de la política pública, y que pueda ofre-cérsele a los hijos en sustitución de su reclamación contra el padre? ... La doctrina que no permite que los hijos demanden a sus padres en cobro de indemnización, por culpa o negligencia, puede en ocasiones, dar lugar a consecuencias rigurosas y du-ras, y su alcance no debe ser ampliado más allá de los límites, sancionados por las razones que le dan justificación y respaldo. (Énfasis suplido.) Fournier v. Fournier, ante, pág. 433.

La “segunda excepción” a la norma expuesta en Guerra v. Ortiz, ante, fue establecida en Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 D.P.R. 60 (1975), caso en que una hija demandó a la compañía de seguros del padre por los daños que sufriera en un accidente mientras la esposa del asegurado, y madre de la hija demandante, conducía el automóvil del padre. En una decisión, a nuestra manera de ver las cosas un tanto carente de sensibilidad y que denota un exagerado sentido materialista de la vida, este Tribunal resolvió que la utilización de la acción directa contra la compañía de seguros que establece el Código de Seguros hace desaparecer “ipso facto, el más leve motivo de preocu-pación por la integridad y la paz familiar que inspiraron nuestro dictamen en Guerra v. Ortiz, ante”, Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., ante, pág. 63, ya que “[c]uando los daños están cubiertos contractualmente por un asegu-rado que a todas luces no está comprendido en el ámbito afectivo de la familia, la acción no genera la animosidad ni las relaciones tirantes entre padre e hijo que caracterizan la confrontación adversativa, ni se empobrecerá el capital de la familia”. (Énfasis suplido.) íd. Dicho de otra manera, y en forma cruda, este Tribunal resolvió en el citado caso de Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co. que si la acción radicada no le afecta el patrimonio al padre, la acción re-sulta procedente en derecho.

Finalmente, en García v. Acevedo, ante —caso en que anulamos una sentencia que, a pesar que declaraba que el demandado era padre de la demandante a los fines de con-cederle alimentos a esta última, no reconocía todos los de-más derechos filiatorios que como hija ésta tenía bajo nues-tra Constitución— no nos expresamos, por no estar adecuadamente planteado, sobre la procedencia jurídica de la acción en daños que la hija había instado contra el padre por razón de la alegada negativa injustificada de éste de reconocerla como tal. Devolvimos el caso a instancia para que dicho foro, en su momento, resolviera si el demandado era responsable en daños “y si la preservación de la unidad familiar y la posible confusión entre los bienes de la hija [demandante] y de su padre impiden la indemnización solicitada”. García v. Acevedo, ante, pág. 637.

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Es un hecho históricamente incuestionable que toda la legislación liberalizadora aprobada durante la década de los años cuarenta (40) relativa a las relaciones paterno fi-liales; la clara intención de los integrantes de la Comisión de la Convención Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos de "eliminar el estigma jurídico en contra de los hijos habidos fuera del matrimonio” y de co-locar "a todos los hijos respecto de sus padres y respecto del orden jurídico en igualdad de derechos”; la disposición de nuestra Carta de Derechos a los efectos de que todos “los hombres son iguales ante la Ley” (Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 257), y que no se “podrá establecer discrimen alguno por motivo de ... [entre otros]... nacimiento” (id.); la disposición de la Ley Núm. 17 de 20 de agosto de 1952 (31 L.P.R.A. see. 441) de que todos “los hijos tienen respecto a sus padres y a los bienes relic-tos por éstos, los mismos derechos que corresponde a los hijos legítimos”, y la normativa decisión que este Tribunal emitiera en Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963), y su pro-genie, no sólo tuvo el propósito de equiparar desde un punto de vista estrictamente económico-jurídico a los hijos no matrimoniales con los matrimoniales, sino que necesa-riamente tuvo que tener el propósito, o fin primordial, de fomentar la unión en el plano afectivo y familiar. Real-mente nos resulta imposible concebir esta situación de otra manera porque, si así no fuera, meramente seríamos una amalgama, o reguerete, de personas y no un pueblo inte-grado por personas pensantes y sensibles.

Nuestra función y norte, por ende, como tribunal de justicia, que tiene la obligación de fomentar e implementar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de protección y fortalecimiento de la institución de la familia,() debe siempre ser la de promover la unidad entre ese hijo habido fuera de matrimonio y su padre. Rechazamos en consecuencia, la adopción de cualquier norma juris- prudencial que tenga el efecto de promover la separación, la discordia y el odio entre ese padre y ese hijo; efecto nocivo que indudablemente tendría el establecimiento de la causa de acción en daños que reconoció el tribunal de instancia.

Dicha norma sería una en abierta contravención de la sabia doctrina establecida, hace más de cuarenta (40) años, en el citado caso Guerra v. Ortiz, ante. No resulta convincente el argumento de que en Guerra v. Ortiz, ante, había una relación paterno filial que proteger y que en el caso de autos no existe al presente relación alguna entre el padre y la hija. Si es que ello. es así, nuestro deber es fomen-tar dicha relación paterno filial; nunca puede ser nuestra función la de acrecentar la separación y discordia entre ellos. La norma que hoy rechazamos le proveería a ese hijo meramente un beneficio económico que es parcial y temporal. La misma posiblemente le impida al hijo la ob-tención de un beneficio mucho mayor y mejor: una relación paterno filial, afectiva y permanente, con su padre.()

Por otro lado, debe señalarse que las decisiones que., a manera de excepción de la doctrina establecida en Guerra v. Ortiz, ante, emitiera este Tribunal en los casos Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., ante, y Fournier v. Fournier, ante, no son aplicables al caso de autos. En cuanto al pri-mero, basta con decir que en casos como el presente la compensación económica al hijo provendría del propio pe-culio del padre y no de una compañía de seguros, hecho que consideró controlante el Tribunal en el caso Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., ante. En cuanto al caso Fournier v. Fournier, ante, somos del criterio que la situación de hechos presente en dicho caso es una sui generis que es distinguible de la del presente caso. Allí no se trataba me-ramente de una situación en que no existía relación pater-no-filial entre la hija y el padre. Había algo más: el acto delictivo del padre de quitarle la vida a la madre de la menor demandante; situación de la cual difícilmente podía nacer y florecer una relación paterno-filial en el futuro. A diferencia del caso Fournier v. Fournier, ante, e indepen-dientemente del hecho de que al presente las relaciones no sean cordiales, en el caso de autos no existe una situación anormal que pueda tener el efecto de impedir un acerca-miento entre el padre y la hija en el futuro.

IV

No podemos avalar la posición contraria; hacerlo sería abrir una peligrosa brecha que permitiría que cualquier hijo, sea matrimonial o no, pudiera demandar en daños y perjuicios a su padre por razón del incumplimiento de éste con cualesquiera de los deberes que le impone el ordena-miento a todo padre. A manera de ejemplo, y sin tener que hacer mucho esfuerzo, se nos ocurre pensar en el padre que —de manera intencional y culposa— incumple con la obli-gación que tiene de alimentar a su hijo; situación que, de-safortunadamente, es común y corriente en nuestro País. Si implantáramos la norma contraria, esos hijos podrían radicar —en adición a la correspondiente demanda por ali-mentos— una acción en daños y perjuicios contra sus padres; situación que, a todas luces, no parece ser una muy deseable desde muchos puntos de vista.

Sobre el derecho de los hijos a radicar dicha acción contra el padre que ha incurrido de manera intencional en la omisión del deber de alimentarlos, a la luz de la norma que hoy rechazamos implantar, no podría haber la menor duda. Recordemos que dicha norma no podría ser limitada por el Tribunal a la situación de hechos que presenta el caso hoy ante nuestra consideración, esto es, al caso exclusivo de hijos habidos fuera de matrimonio que no fueron reconocidos por sus padres en forma dolosa e intencional. Si así se limitara, la norma sería ilegal por cuanto establecería una clasificación impermisible que dis-crimina por razón de nacimiento, que resulta violatoria de nuestra Constitución. En este contexto, debe recordarse lo expresado por este Tribunal en Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218, 253-254 (1990), a los efectos de que:

... si bien es cierto que el análisis constitucional sobre la igual protección de las leyes tradicionalmente se ha aplicado en el contexto de clasificaciones legislativas, el mismo es igualmente aplicable a clasificaciones establecidas o legitimidas jurisprudencialmente. El examen referente a estas “clasificacio-nes judiciales” resulta procedente por razón de que los derechos constitucionales se reclaman contra el Estado, y la Rama Judicial es uno de los componentes de éste. Véase L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 1482-1483. (Énfasis suplido.)

V

En síntesis, resolvemos que en nuestra jurisdicción no procede la acción en daños y perjuicios de un hijo, habido fuera del matrimonio, contra su padre por los daños y per-juicios que el hijo pueda haber sufrido con motivo de la negativa injustificada de reconocerlo como tal, ya que la misma atenta contra la clara política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de protección y fortaleci-miento de la familia y de los lazos familiares; situación que está revestida de un claro y alto interés público.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Fuster Berlingeri.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Hernán-dez Denton y Fuster Berlingeri.

t — I

... [E]n el fondo de los grandes dolores humanos hay una cuestión de conducta, conducta del que los sufre y con-ducta de quienes acaso los producen ....” A. Posada, Estudio sobre el Derecho y la cuestión social, en la versión española de la obra de A. Menger, El derecho civil y los pobres, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1898, pág. 6. Por eso, parafraseando unos pensamientos escritos hace varios años, “[desafortunadamente, el principio constitu-cional que proclama la igualdad y repudia el discrimen por nacimiento, [no] ha prevalecido. Despojada por su padre de esa condición durante toda una vida —a la ausencia del cariño y todos los beneficios y dispensa que espiritual y materialmente, de ordinario acompaña una amorosa, ver-dadera y normal relación paterno-filial— hemos [optado'] erigir unos obstáculos forenses y con ello agravado su situa-ción de desposeída”. (Énfasis suplido.) Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 D.P.R. 422, 432 (1988), opi-nión concurrente y disidente.

La mayoría reconoce que el demandado Pablo McDougal ha incurrido en una omisión culposa, pues se negó inten-cional e injustificadamente a reconocer a su hija Elba Ma-ría Martínez, habida fuera de matrimonio. No se cuestiona que ella haya sufrido daños como consecuencia de más de tres (3) décadas de abandono, durante las cuales se le privó del cariño y demás derechos espirituales y materiales a los que era acreedora. Naturalmente, tampoco se niega la existencia de relación causal entre la conducta culposa de su progenitor y los daños sufridos valorados en quince mil dólares ($15,000). Sin embargo, la sacrifican al concederle inmunidad al demandado McDougal con el objetivo de fo-mentar la posibilidad de una unión en el plano afectivo y familiar entre ambos. Opinión mayoritaria, pág. 234. Con carácter absoluto, rechazan “la adopción de cualquier norma jurisprudencial que tenga el efecto de promover la separación, la discordia y el odio entre ese padre y ese hijo ...”. (Énfasis suprimido.) íd., pág. 233. Como razón principal aducen que, si se concede al hijo esta causa de acción, su ejercicio podría impedir el desarrollo normal de la rela-ción paterno-filial.

Ninguna de estas razones justifican el discrimen filiato-rio que hoy perpetúa la mayoría. El Tribunal no debería auspiciar una relación rota y en ruinas debido a la con-ducta intencional de un padre —que en esta etapa de la vida no puede generar confianza— para negar derechos. El inventario final mayoritario es desvirtuar los valores in-trínsecos, esencia y utilidad social del reconocimiento filia-torio voluntario presto y diligente de todo progenitor, que es la verdadera política pública encarnada en la Constitución y las leyes. Elaboremos.

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Es irrazonable sujetar la conciencia y el amor paterno-filial —que en esencia es libre— a la condición de que el hijo no reconocido reclame justicia cabal en los tribunales. “No podemos sustituir la devaluación de una conciencia paterna y suplir ese amor, que es por esencia libre y no coacciona y no puede ser objeto de coacción; no ordena y no puede ser compelido por medio de un mandato.” L. Legaz y Lacambra, El Derecho y el Amor, Barcelona, Ed. Bosch, 1976, pág. 105, citado en Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, supra. Esta posición se torna patente al exami-nar los hechos del caso.

Durante treinta y seis (36) años la demandante Martí-nez no presentó ninguna acción legal contra su padre biológico. Éste, aún después de conocer que era su hija, se negó a reconocerla y demostró no tener interés alguno en iniciar ningún tipo de relación. De hecho, incluso en su contestación a la demanda de filiación y de daños y perjui-cios e interrogatorios, negó siquiera haber sostenido rela-ciones íntimas con la madre de la demandante. Tuvo, pues, tiempo más que suficiente y amplia oportunidad de esta-blecer relaciones paterno-filiales con su hija. No lo hizo. ¿Cómo puede la mayoría ignorar esta realidad? ¿Cómo jus-tificar su dictamen en evitar una “separación y la discor-dia” (opinión mayoritaria, pág. 235) que ya existen? Los años transcurridos y la demanda judicial presentada por Elba María, ¿pueden tener otro significado?

Aún sustrayéndonos de los hechos específicos del caso, no podemos perder de vista que el elemento que da génesis, esencial en esta causa de acción, es la negativa deliberada e intencional de un padre a reconocer a quien sabe es su hijo. ¿Debemos negar un remedio redentor y justiciero en aras de la remota especulación de que el progenitor expe-rimente un drástico cambio de actitud? Creíamos ya con-testada esta interrogante, pues ante un reclamo similar dijimos que “[e]sas contingencias, más o menos remotas, no pueden servir de fundamento para derrotar la acción, cuando no hay base para invocar el principio que sirvió de fundamento a nuestra decisión en Guerra v. Ortiz, supra”. Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430, 434 (1955).

HH h — I

La acción en daños del hijo contra su padre no es asunto nuevo en esta jurisdicción. En el primer caso que vislum-bramos su posibilidad, no la avalamos en aras de mantener una relación paterno-filial existente, y en atención a que la conducta lesiva del padre, aunque negligente, no había sido intencional. Allí sentenciamos: “La negligencia de un padre en un caso de esta naturaleza no presume ni conlleva ninguna actuación voluntaria o perversa en contra de su hijo.” Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 613, 618 (1950). Posterior-mente, en Fournier v. Fournier, supra, aclaramos que su prohibición no respondía a una inmunidad inherente de los padres frente a sus hijos, sino a consideraciones de política pública inspirada en preservar las relaciones paterno-filiales vigentes.() En consecuencia, reconocimos la causa de acción donde no había relación que proteger, “puesto que la unidad de la familia, y las relaciones paterno-filiales han desaparecido, y como cuestión de realidad, no exist[en] desde mucho antes de morir la madre Fournier v. Fournier, supra, pág. 433. ¿Cómo la mayoría puede decir en este caso que existe una relación paterno-filial que prote-ger? ¿Cómo aseverar que “no existe una situación anormal que pueda tener el efecto de impedir un acercamiento en-tre el padre y la hija en el futuro”? (Énfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 236.

La opinión mayoritaria se ancla en una premisa errónea. Eufemísticamente tachan las relaciones paterno-filiales de “no cordiales” e insisten en que “no existe una situación anormal”. Opinión mayoritaria, pág. 236. ¿Qué mayor anormalidad que negar el status filiatorio a una hija durante varias décadas? Es obvio que la demanda incoada por Elba María es prueba irrefutable de que no existe la pretendida unidad familiar. ¿Por qué la mayoría insiste en imponerla? ¿Bajo qué lógica le dan efectos disociantes a la acción en daños y no a la acción filiatoria? Toda ecuación judicial debe responder a una ecuación humana: si un padre “quiere” a su hija nacida fuera de matrimonio, la reco-nocerá; si no, ¿qué relación hay que proteger?

Es un non sequitur la conclusión mayoritaria de que refrendar esta causa de acción en daños exige extenderla a los hijos habidos dentro del matrimonio. Se aduce que cual-quier limitación sería un discrimen inconstitucional por ra-zón de nacimiento. Opinión mayoritaria, págs. 236-237. Nada más lejos de la verdad. El hijo reconocido exlex —por razón del matrimonio— no está en la misma situación y carece del elemento primario e indispensable que nutre esta causa de acción. El razonamiento lógico y correcto es a la inversa; si se priva de ejercerla a quien no es reconocido, ¿no se le estará discriminando por razón de nacimiento? El buen propósito mayoritario, aunar los lazos paterno-ñlia-les, no se logra inmolando derechos. Se promueve estimu-lando que el reconocimiento voluntario sea lo más próximo al nacimiento; esto es, sabiendo el padre que así evitará que surja la acción en daños y perjuicios.

Menoscaba la mayoría los valores legales involucrados. La acción en daños y perjuicios no es por incumplimiento de “cualesquiera de los deberes que le impone el ordena-miento a todo padre”. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 236. Es difícil concebir un incumplimiento más grave y situación más anómala y detrimental a las relaciones paterno-filiales que la deliberada y obstinada negativa de un padre a reconocer y concederle a su hijo sus derechos más básicos: nombre y alimentos.

... Después de todo, la “vida se da sin contar para nada con el ser que ha de vivir. El que proviene de una unión ilegítima nace tan limpio de culpa por su parte como el que procede de una unión legítima. Sin embargo, se encuentra abandonado desde su nacimiento, no tiene familia, no siente, a veces, ni el cariño de sus padres ... ¿Debe la ley dejar a ese hijo en el desamparo, castigando en él las faltas ajenas? La conciencia responde que no, y estima justo que esos hijos gocen, en principio de los mis-mos derechos que los hijos legítimos, y ya qué la ley no puede concederles cuantos lazos de afección y cuantos privilegios les arrebataron sus padres al darles la vida, debe, al menos, reco-nocerles un derecho sobre los bienes de esos padres, lo mismo durante la vida de éstos que después de su muerte”. J.M. Man-resa, Comentarios al Código Civil Español, 8va ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. II, págs. 6-7. Y como nos re-cuerda el mismo autor —citando a Laurent— el “que da la vida a un hijo, ¿no tiene hacia él deberes que cumplir? Nadie se atreverá a negarlo. Pues bien: lo que es un deber para el padre, es un derecho para el hijo. ... A él le basta no reconocer a sus hijos, con lo cual se castiga a los inocentes, mientras que los verdaderos culpables gozan tranquilamente de su fortuna y ni siquiera sufren alteración alguna en su consideración personal. He aquí la verdadera inmoralidad que es necesario combatir”. Manresa, op. cit., pág. 7. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, supra, pág. 433.

"El desposeído, el pobre, como no representa un interés poderoso, una potencia viva que en la tradición haya con-sagrado un egoísmo, se hallará siempre en la lucha por el derecho en condiciones desfavorables, porque le falta el po-der que el interés jurídicamente protegido supone.” (Enfa-sis en el original.) Posada, op. cit., pág. 19. Ulpiano afir-maba que la jurisprudencia era la creencia de lo justo e injusto. El escudo protector que hoy erige la mayoría —so pretexto de una política pública pro fortalecimiento familiar— es una gran injusticia que subordina valores de mayor jerarquía, a saber, la dignidad de los seres humanos y la igualdad en materia de derecho filiatorio.

      (1) El foro de instancia, en adición, condenó al demandado al pago de la can-tidad de dos mil dólares ($2,000) por concepto de honorarios de abogado, más las costas del proceso.

      (2) La demandante Elba María Martínez le imputó al foro de instancia haber errado “al conceder compensación por los daños continuos que sufrió la demandante por solamente el año anterior a la radicación de la demanda”. (Énfasis suplido.) Solicitud de revisión, pág. 2.
      Por su parte, el demandado McDougal le imputó al referido foro haber errado:
      “[a.] ... al declarar con lugar la reclamación de daños y perjuicios de la recu-rrida basada en la supuesta culpa y negligencia del recurrente por éste no haberla reconocido como su hija legítima.
      “[b.] ... al declarar sin lugar la defensa de prescripción, y en su consecuencia condenando al recurrente al pago de una compensación por los supuestos daños y perjuicios irrogados durante el año anterior (1981-82) a la radicación de la demanda.
      “[c.] ... al declarar no ha lugar la defensa de incuria.
      “[d.] ... cuando condenó al recurrente a pagar honorarios de abogados.” Oposi-ción a solicitud de revisión, págs. 2-3.

      (3) Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85 de 12 de septiembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, págs. 475-485.

      (4) Una acción como la que reclama la demandante no tan sólo puede tronchar la posibilidad de una futura relación entre el hijo que demanda y su padre, sino que, además, puede afectar la relación con sus hermanos de padre.

      (1) "Al darle allí acogida a esa doctrina, lo hicimos acertadamente, porque habiendo unidad familiar que proteger y relaciones paternofiliales que conservar, permitir que la acción tuviera éxito, hubiera sido contrario a y en detrimento y menoscabo de la política pública a la que hemos aludido. No fué ciertamente nuestra intención el enunciarla como norma absoluta, para concederle inmunidad a los padres contra acciones de los hijos basadas en culpa o negligencia, por la sola circuns-tancia del nexo natural que les une, sin estar justificada la inmunidad por conside-raciones de orden público. El principio que proh[í]be tales acciones no es, se ha dicho, ‘producto de una inhabilidad inherente del hijo para demandar al padre, estando más bien basada en el interés que tiene la sociedad en preservar la armonía en las relaciones domésticas’.” (Énfasis suplido.) Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430, 432 (1955).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Mariano López, Judith López y otros, demandantes y recurridos, v. Autoridad de Carreteras de Puerto Rico y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-92-438

      Resuelto: 5 de mayo de 1993

      Gilberto E. Padua Trabal, abogado del municipio recurrente; Teresita Mercado, de Mercado & Soto, abogada de los de-mandantes y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión para aclarar y precisar nuestros pronunciamientos en Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985), sobre cuándo y cómo se entiende cumplido el requisito de notificación de reclamación contra un municipio, establecido por la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4703). Algunos foros a quo han interpretado este asunto de modos diversos, dando lugar a conflictos entre salas del Tribunal de Primera Instancia, que debemos conjurar.

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El 21 de agosto de 1991 la demandante, Judith López, transitaba como turista por la intersección de las Avenidas Ashford y Condado, y mientras cruzaba dichas avenidas se cayó, sufriendo daños físicos. El 21 de noviembre de ese año presentó una demanda por daños y perjuicios en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico contra la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, emplazando a dichas agencias el 16 de diciembre de 1991. Posteriormente, du-rante el descubrimiento de prueba, la Autoridad de Carre-teras, a través de su contestación a un interrogatorio fe-chado 26 de febrero de 1992, levantó como defensa que el lugar donde ocurrió el accidente estaba bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan y que dicho Municipio no había sido incluido como parte en la demanda. La demandante, al conocer de esta defensa, procedió entonces a notificar su reclamación al Municipio el 13 de marzo de 1992. El 12 de abril de 1992 la acción ante el tribunal federal fue desesti-mada, a solicitud de la parte demandante, por falta de jurisdicción. Mientras tanto, el 26 de marzo de 1992 se presentó la demanda de autos ante el Tribunal Superior contra las mismas partes, pero incluyendo esta vez al Mu-nicipio de San Juan.

Una vez emplazado, el Municipio presentó una moción de desestimación fundamentada en que no se le había no-tificado del accidente y de la intención de demandar du-rante el término de noventa (90) días que establece el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4703. Alegó el Municipio que habían transcurrido doscientos diez (210) días desde la fecha del accidente, y que no habién-dose demostrado justa causa que eximiera a los demandan-tes de cumplir con el requisito de la notificación previa, debía desestimarse la acción contra el Municipio.

La parte demandante se opuso a la desestimación, ale-gando que como el Estado y dos (2) instrumentalidades del Estado Libre Asociado —la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas— ha-bían sido demandadas y emplazadas en el tribunal federal, se había cumplido con el requisito de notificación en cues-tión, conforme a la tendencia liberalizadora del Tribunal Supremo sobre el particular anunciada en Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra. También alegó que no fue hasta que la Autoridad de Carreteras contestó el interrogatorio antes mencionado cuando conoció de la posible existencia del Municipio como otra parte en el pleito, y que entonces procedió a notificar expeditamente.

El 24 de junio de 1992 el Tribunal Superior, Sala de San Juan, denegó la moción de desestimación del Municipio con un escueto “no ha lugar”. Inconforme, el Municipio acudió en certiorari ante nos planteando las cuestiones de derecho siguientes:

1. ¿Constituye la presentación de una demanda contra una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico su-ficiente notificación de la ocurrencia de un accidente e intención de demandar a un Municipio, conforme dispone la Ley de Mu-nicipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991?
2. ¿Constituye la expedición de emplazamientos por un Tribunal muestra de la existencia de “justa causa” que exime a un reclamante del requisito de notificación dispuesta por el refe-rido estatuto?
3. ¿Corresponde a un Municipio el deber de establecer per-juicio, por razón de destrucción de prueba o dislocación de tes-tigos, para que prospere su reclamo de cumplimiento estricto con el requisito de notificación que estatuye la Ley de Munici-pios Autónomos del ELA de 1991? Petición de certiorari, págs. 3-4.

El 4 de septiembre de 1992 expedimos el recurso solicitado. Conforme a los fundamentos que se exponen a continuación, revocamos.

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El requisito de notificación escrita al alcalde o jefe ejecutivo municipal de cualquier reclamación por daños contra un municipio dentro del término de noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama, se estableció por primera vez en la Ley Municipal de 1960, se reprodujo en la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico de 1980 y sigue en vigor en la vigente Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81, supra.

En Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963), interpretamos por primera vez el aludido requisito de notificación. Como parte del extenso análisis e investigación que realizamos sobre el particular, en Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 494, reconocimos e identificamos que requisitos de notificación a los municipios como los de nuestra legislación responden a importantes propósitos públicos:

... 1 — proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación; 2 — des-alentar las reclamaciones infundadas; 3 — propiciar un pronto arreglo de las mismas; 4 — permitir la inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; 5 — descubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de los he-chos y entrevistarlas mientras su recuerdo es más confiable; 6 — advertir a las autoridades municipales de la existencia de la reclamación para que se provea la reserva necesaria en el pre-supuesto anual; y, 7 — mitigar el impórte de los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado.

En Mangual v. Tribunal Superior, supra, págs. 498-499, además, resolvimos que “en Puerto Rico el cum-plimiento del requisito de notificación es una condición pre-via de cumplimiento estricto para poder demandar al municipio”. (Énfasis suplido.) Adoptamos aquí, pues, la in-terpretación que a disposiciones análogas le habían dado la mayoría de los tribunales estatales de Estados Unidos, en términos de que dicha notificación “ ‘es una parte esencial de la causa de acción, y, a menos que se cumpla con la misma, no existe el derecho a demandar’ ”. Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 495. Véanse, además: 3 Yokley, Municipal Corporations Sec. 448 (1958), y a 2 Antieu, Municipal Corporation Law Sec. 11.17 (1961). Llega-mos a esta conclusión no sólo a base del estudio del histo-rial legislativo de la disposición vigente entonces, según surgía del Diario de Sesiones, sino además porque la misma había sido tomada de la Ley Municipal de Nueva York, donde prevalecía dicha interpretación. Nótese tam-bién que la referida Ley Municipal de 1960, al igual que las posteriores, incluía un inciso en la disposición que esta-blecía el requisito de notificación, el cual ordenaba que:

No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos dispuestos en esta ley.( ) (Énfasis suplido.)

Con posterioridad a Mangual v. Tribunal Superior, supra, aplicamos rigurosamente el requisito de notificación en cuestión, confirmando la desestimación de una acción por daños contra el Municipio de Ponce porque el deman-dante no hizo la notificación. Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P .R. 472 (1967). Y en E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 160, 163 (1975), reiteramos con apro-bación la norma expresada en Mangual v. Tribunal Superior, supra, señalando que “ ‘[l]a notificación es una parte esencial de la causa de acción y, a menos que se cumpla con la misma, no existe el derecho a demandar’ ”.

La disposición sobre notificación previa al municipio fue también objeto de interpretación por parte nuestra en García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965), opinión en la que resolvimos que dicha disposición no era aplicable a una compañía aseguradora de un municipio; en Rosario Quiñones v. Municipio de Ponce, 92 D.P.R. 586 (1965), caso en el que resolvimos que no era aplicable a acciones contra un municipio por la violación de un contrato (acción ex contractu); en Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175 (1968), opinión en la que resolvimos que no era aplicable en casos en los que un demandado reconvenciona contra un municipio demandante, y en Díaz v. Municipio de Cayey, 99 D.P.R. 196 (1970), caso en el que resolvimos que no era aplicable a acciones contra un municipio en las que se reclama justa compensación por el uso de una propiedad privada al amparo de la See. 9 del Art. II de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.

Así las cosas, resolvimos entonces el caso Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, en el que decidimos que si un reclamante presenta su demanda contra el Municipio y diligencia el emplazamiento correspondiente dentro del aludido término de noventa (90) días desde que tuvo conocimiento de los daños reclamados, se cumple con el requisito de notificación previa de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 y no es necesario formalizar una reclamación por separado. Decidimos así porque, evidentemente, la presentación de una demanda junto con el debido emplazamiento son de por sí una clara notificación de la reclamación del demandante. Tienen indudablemente el efecto de poner sobre aviso al municipio de . que existe una reclamación en contra suya, haciendo innecesario presentar aparte otra notificación con el mismo contenido. Insistir en que aún en tales circunstancias, cuando la demanda y el emplazamiento se han presentado dentro del término de noventa (90) días, debe cumplirse con el requisito de notificación por separado, dijimos entonces que esto sería incurrir en un rigorismo desmedido. Negar el derecho a reclamar en tales circunstancias arrojaría un resultado absurdo porque sería darle vitalidad a un requisito cuyo propósito ya ha sido cumplido. En Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, expresamente reiteramos nuestro rechazo de tal “interpretación literalista de la ley”, y en ese contexto aludimos a casos como Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, supra, como ejemplo de “nuestra trayectoria liberalizadora” sobre el particular.

En efecto, nuestras decisiones en Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra; en Insurance Co. of P.R. v. Ruiz. supra; en Díaz v. Municipio de Cayey, supra; en Rosario Quiñones v. Municipio de Ponce, supra, y en García v. Northern Assurance Co., supra, siguen todas una misma trayectoria. Todas tienen en común que hemos eximido a la parte reclamante del requisito de notificar al municipio por separado dentro del término de noventa (90) días. Pero es menester entender clara y precisamente por qué no aplica-mos dicho requisito en esas cinco (5) decisiones^ No lo hici-mos porque consideráramos que el mismo carecía de vigen-cia o porque creyésemos que tal requisito era irrazonable, o tan restrictivo de los derechos de los reclamantes que debía-mos dispensarlos del claro mandato legislativo. Lo hicimos, sencillamente, porque en las circunstancias de cada uno de esos casos el esquema legislativo carecía de virtualidad; porque en ellos no se podían cumplir los propósitos y obje-tivos del requisito; porque jurídicamente no tenía razón de ser aplicar el requisito a tales circunstancias ya que no fue para ellas que se estableció dicho requisito. La dirección de nuestra “trayectoria liberalizadora” no ha sido la de dejar sin efecto un requisito que el legislador puertorriqueño cla-ramente ha insistido en que debe cumplirse, sino la de aplicarlo a los casos en los que propiamente debe aplicarse, sin rigorismos desmedidos.

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El caso concreto ante nos es muy distinto a los cinco (5) ya mencionados. En el de marras no hay circunstancias que justifiquen eximir de la aplicación del requisito de la notificación municipal previa. El esquema legislativo tiene plena virtualidad aquí. La situación en cuestión es precisamente la que el legislador tuvo en mente cuando ordenó el requisito de la notificación previa dentro de noventa (90) días. Se trata: (1) de una reclamación de daños por responsabilidad extracontractual; (2) fundada en la supuesta culpa o negligencia del municipio; (3) incoada por iniciativa del reclamante; (4) directamente contra el municipio, y (5) en la cual el municipio no tiene forma de conocer los detalles esenciales del daño por el cual se reclama si no media alguna notificación adecuada por el reclamante. Presente estos elementos, el reclamante viene obligado a notificar al municipio dentro de noventa (90) días, contados desde que tuvo conocimiento de los daños que dan lugar a la reclamación, y si no se hace esa notificación, no procede acción judicial de clase alguna contra el municipio por dichos daños.

Nótese que en este caso la demanda inicial del reclamante fue solamente contra la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Contrario a lo que sucedió en Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, la acción judicial no incluyó al municipio. No hubo, pues, notificación alguna a éste: ni la notificación formal separada que establece la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni la notificación judicial por vía de demanda y emplazamiento al municipio, que en Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, concluimos era una alternativa suficiente para cumplir con el mandato legislativo. Recientemente resolvimos que los municipios, como entidades autónomas del Estado, tienen personalidad y capacidad jurídica independiente y separada de la del Gobierno de Puerto Rico, por lo que no les aplica el término de sesenta (60) días para acudir en revisión ante nos que cobija al Estado Libre Asociado y a sus instrumentalidades al amparo de la Regla 53.1(b) de las reglas vigentes de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véase Alcalde de San Juan v. Asamblea Municipal, 132 D.P.R. 820 (1993). A la luz del análisis que hicimos en dicha opinión, y con arreglo a las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 1991, que expresamente establecen la capacidad legal propia de los municipios, independiente y separada del Gobierno del Estado Libre Asociado/) no es de modo alguno aceptable, como pretenden los recurridos, que con demandar y emplazar a dos (2) instrumentalidades del Estado Libre Asociado se considere jurídicamente notificado el municipio concernido. Ello no es ni remotamente lo que resolvimos en Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, ni puede soste-nerse bajo ningún análisis jurídico válido, no importa cuán liberalizadora sea la trayectoria de nuestros pronuncia-mientos anteriores ni cuán arraigada nuestra postura de no extender el requisito de notificación sin sentido crítico. Díaz v. Municipio de Cayey, supra. Aplica aquí, por analogía, lo que señalamos en E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, pág. 164: “Es claro hasta la saciedad que el legislador dispuso que el funcionario a ser notificado de reclamacio-nes” contra un municipio es el alcalde de ese municipio, y “es tan inútil” notificar de un pleito contra un municipio a la Autoridad de Carreteras como sería en un pleito contra el E.L.A. notificar a algún otro Secretario que no sea el Secretario de Justicia.

Nótese, además, que aún si en el caso ante nos se hu-biese incluido al municipio en la acción judicial inicial, tampoco se habría cumplido con lo resuelto en Passalacqua v. Municipio de San Juan, supra. Allí establecimos que para que la notificación judicial fuese un sustituto ade-cuado de la notificación formal separada que exige la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, la demanda y el emplazamiento de-bían efectuarse ambos dentro del término de noventa (90) días. En la situación de marras la demanda se presentó inicialmente noventa y un (91) días después de ocurrido el daño y el emplazamiento se diligenció ciento diecisiete (117) días después del accidente, así que no se cumplió de modo alguno con el término de noventa (90) días. La ale-gación de que la presentación de la acción judicial en el tribunal federal cumplió con el requisito de notificación conforme a lo resuelto en Passalacqua v. Municipio de San Juan, supra, es doblemente inmeritoria.

IV

Para concluir, debemos examinar la contención de la parte recurrida de que notificó expeditamente al Municipio de San Juan una vez conoció que éste podía ser parte en el pleito también, cuando la Autoridad de Carreteras levantó el asunto como defensa durante los procedimientos de des-cubrimiento de prueba. Dicha notificación se hizo doscien-tos diez (210) días después de haber ocurrido el accidente en cuestión.

Las distintas leyes municipales que consistentemente han establecido el requisito de notificación previa han fi-jado taxativamente que dicha notificación debe realizarse “dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados”. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 4703(a). Los recurridos invocan a Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987), para alegar que el término aludido corre no sólo desde que se conoce del daño, sino desde que se conoce quién es el autor del daño.

No tienen razón los recurridos. Aparte del hecho de que estamos ante un mandato legislativo claro y tajante, contenido en una ley especial que aplica específicamente a determinadas acciones contra los municipios, y aparte del hecho de que nuestro pronunciamiento en Riley v. Rodríguez de Pacheco, supra, y antes en Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984), se dió en el contexto particularísimo de acciones de daños por impericia médica, la alegación de los recurridos es inmeritoria porque no alude a una situación en la que no podía conocerse quién es responsable del daño poco después de éste haber ocurrido. En la doctrina civilista, cuando se examina lo relativo a la prescripción de las acciones civiles torticeras, la tendencia más liberal, por consideraciones de justicia, es la de requerir que fuese conocible la identidad del autor del daño para que pueda correr el término prescriptivo. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 293; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. I, Vol. 2, págs. 516-517. La correspondiente postergáción del término prescriptivo supone que el reclamante no sabía ni podía saber quién fue el autor. Pero si no hay un elemento fáctico o material que impida conocer quién es el responsable, si el desconocimiento se debe a la falta de investigación o dili-gencia del reclamante, entonces no procede este requisito sobre la identidad del autor que en la doctrina liberal se ha sobreimpuesto a la normativa sobre la prescripción. Colón Prieto v. Géigel, supra, págs. 244-246; Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249 (1992).

En este caso los recurridos no alegan que estaban impedidos de conocer si el Municipio era responsable. Todo lo que alegan en realidad es que no se dieron cuenta de la posible responsabilidad del Municipio hasta que los demandados iniciales lo levantaron como defensa. El desconocimiento cabal de la ley o la falta de la simple diligencia de investigar bajo qué jurisdicción estaba el lugar donde ocurrió el accidente no son el tipo de situación que contemplamos en Riley v. Rodríguez de Pacheco, supra, o en Colón Prieto v. Géigel, supra. No podemos hacer caso omiso del claro mandato legislativo sobre el término dentro del cual debe realizarse la notificación sólo para acomodar el descuido o desidia del recurrido. El dato claro es que los reclamantes aquí desde el principio pudieron haber averiguado sin mucho esfuerzo sobre la posible responsabilidad del Municipio de San Juan y pudieron fácilmente haber hecho la notificación requerida a tiempo, pero no lo hicieron. Perdieron, pues, su derecho a reclamar.

Por las razones expuestas, se revoca la resolución de ins-tancia y se dictará sentencia que desestime la acción in-coada por los recurridos contra el recurrente.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernán-dez Denton concurrieron sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López concurrió con una opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El resultado al que se llega en la opinión que emite una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso —desestimación de la acción radicada por la parte deman-dante contra el Municipio de San Juan por no haber dicha parte cumplido con el requisito exigido por el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 4703)— es uno que, no hay duda, es correcto.

Ello así ya que si el legislador tuvo en mente alguna situación de hechos en particular al aprobar el referido es-tatuto —que exige que se le dé notificación a los municipios de la ocurrencia de un accidente dentro del término de no-venta (90) días, contado el mismo, de ordinario, desde el momento en que la parte demandante sufre el alegado ac-cidente— lo fue precisamente la situación de hechos a que se refiere la demanda que dio origen al presente recurso.

En otras palabras, el recurso ante nuestra considera-ción plantea la “clásica” situación de hechos contra la cual el legislador precisamente quiso “proteger” a los municipios. Esto es, el caso en que una persona, alegada-mente, sufre un accidente en una vía pública, o facilidad, bajo el control y supervisión de un municipio, la ocurrencia del cual, de ordinario, el municipio desconoce y en relación con el cual, de no informársele el mismo en un tiempo re-lativamente corto, eZ municipio no podría: “investigar [en tiempo] los hechos que dan origen a la reclamación”; “pro-piciar un pronto arreglo de” la reclamación; inspeccionar el “lugar del accidente antes de que ocurran cambios” y/o arreglar el desperfecto con el propósito de evitar la ocu-rrencia de otros accidentes; “descubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevis-tarlas mientras su recuerdo es más confiable”; “mitigar el importe de los daños sufridos”; etc. Véase Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 (1963).

¿Por qué entonces nuestra concurrencia ? ¿Por qué no es-tamos conformes con la opinión emitida por el Tribunal? Dos (2) son las razones principales que tenemos para ello. Examinémoslas.

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En primer lugar, y dicho de la manera más llana y sen-cilla posible, el caso no amerita publicarse ni certificarse como “Opinión del Tribunal”; esto es, debió utilizarse el vehículo decisorio de la “Sentencia”. La “justificación o ex-plicación” que se brinda al respecto en la opinión mayori-taria no es convincente. Realmente resulta difícil visualizar que exista “conflicto” entre los tribunales de instancia res-pecto a la interpretación de la decisión que este Tribunal emitiera en Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); decisión que, en nuestra opinión, es una extre-madamente sencilla de entender y de aplicar.

El pasado 28 de junio de 1991 —en la opinión concurrente y disidente que emitiéramos en Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 D.P.R. 219, 245-246 (1991)— expresamos, en lo pertinente, que:
“Para que una ponencia en un caso normal y corriente, elaborada y suscrita por uno de los integrantes del Tribunal, pueda ser certificada como “Opinión del Tribunal” se requiere que la misma obtenga el voto de conformidad de por lo menos cuatro de los integrantes de este Foro judicial, en la situación en que todos sus miembros intervienen en el caso, o de por lo menos la “mitad más uno” de los Jueces que participan en el caso, en la alternativa de que algunos de sus integrantes se hayan inhibido o abstenido de intervenir en el mismo.
El voto de conformidad —a diferencia de cuando mera-mente se “concurre con el resultado”— que le brinda un Juez a la ponencia suscrita por uno de sus compañeros magistrados significa que ese Juez está conforme no sólo con el resultado a que se llega en la ponencia emitida sino que suscribe todos y cada uno de los fundamentos que se aducen en apoyo de ese resultado. Cuando meramente se “concurre con el resultado”, no se endosan necesariamente todos los fundamentos aducidos en la ponencia en apoyo del resultado a que se llega.
Dicha función es una que no puede ser descargada “ligera” o caprichosamente por los integrantes de un tribunal colegiado como el nuestro. Como es de todos conocido, una “Opinión del Tribunal” resulta obligatoria, como precedente, para nuestros tribunales de instancia. Ello, en palabras sencillas, significa que dicha Opinión constituirá derecho vinculante en relación con las decisiones que emitan los referidos tribunales de ins-tancia en el futuro en toda situación de hechos similar a la envuelta en el caso objeto de la “Opinión del Tribunal”. Ahí radica, naturalmente, la importancia de que los fundamentos legales que se aducen en una Opinión en apoyo del resultado propuesto sean jurídicamente correctos.
No hay duda, en resumen, que la determinación que a dia-rio tienen que hacer los integrantes de este Tribunal respecto a si endosan o no con su voto de conformidad las numerosas po-nencias que se circulan en el seno del Tribunal, y si éstas ame-ritan o no ser publicadas como “Opinión del Tribunal”, es una importante y fundamental para nuestro sistema de derecho. Es por ello que dicha determinación sólo debe ser el producto de un análisis jurídico objetivo y desapasionado; totalmente libre el mismo de consideraciones de amistad, enojo, o prejuicio personal.” ...
Hoy añadimos el hecho obvio de que no toda decisión emitida por este Tribunal amerita ser publicada como “Opinión del Tribunal”; ello aun cuando el resultado y los fundamentos en que se basa la misma sean correctos en derecho. Los integrantes de este Tribunal no deben perder de vista que las “Opiniones” tie-nen el propósito, entre otros, de establecer nuevas normas de derecho, aclarar y depejar situaciones jurídicas complejas y confusas, y suplir “lagunas” en nuestro ordenamiento. Cuando el caso ante nuestra consideración lo que plantea son cuestio-nes reiteradamente resueltas por el Tribunal, el vehículo deci-sorio a utilizarse debe ser el de la “sentencia”, la cual no esta-blece norma alguna ni constituye precedente obligatorio.
El uso indebido del mecanismo procesal de la “Opinión” puede hacerle un grave daño a la imagen y reputación de este Tribunal. Los integrantes de este Foro no podemos darnos el lujo de envolvernos en una fatua y estéril competencia númerica de quién es el Juez que más “opiniones” publica. Debemos man-tener siempre presente que la calidad de la justicia que un juez dispensa no se mide exclusivamente a base de estadísticas.
La Opinión mayoritaria emitida en el presente caso es un vivo ejemplo de uno de los graves males que han venido aque-jando al Tribunal durante los últimos seis (6) años: la publica-ción, como “Opinión”, de ponencias que deben ser certificadas como “sentencias”, las cuales, curiosamente, han venido consis-tentemente recibiendo el voto de conformidad de una mayoría del Tribunal por razones totalmente ajenas a las que propia-mente deben regir dichas determinaciones.
En la actualidad se encuentran pendientes de resolución final ante este Tribunal cientos de recursos, algunos de los cuales plantean cuestiones de fundamental importancia para nuestra ciudadanía y la clase togada en general. Es por ello que no alcanzamos a entender el por qué el Tribunal se envuelve en la preparación, redacción, y publicación de una ponencia como “Opinión del Tribunal” en relación con los hechos que plantea el presente recurso, el cual realmente debió de haber sido resuelto mediante una simple [sentencia] al efecto.
Aparte de constituir una estadística más —desde el punto de vista de “un caso más” que se resuelve mediante “Opinión y Sentencia”— la ponencia emitida en el presente caso no añade nada nuevo o significativo a nuestro acervo jurisprudencial. Dicho con el mayor respeto, la Opinión mayoritaria emitida en el presente caso no pasa de ser una pérdida de tiempo valioso. Nos vemos obligados a ocupar parte de ese tiempo para explicar, y demostrar, lo antes expresado con el propósito de que esta si-tuación no se repita en el futuro. (Enfasis suplido y en el original.)

Somos los primeros en aceptar que, habiendo ya el Juez suscribiente escrito en dos (2) ocasiones distintas sobre el antes mencionado tema, procede cuestionar la justificación para hacerlo nuevamente. En otras palabras, ¿por qué nuestra insistencia en el asunto y la emisión de una opinión concurrente en el presente caso ? La contestación resulta ser sorprendentemente sencilla.

La opinión mayoritaria emitida, a nuestro entender, re-sulta dañina y peligrosa para nuestro ordenamiento por cuanto la misma brinda la errónea impresión de que este Tribunal está dando “marcha atrás” respecto a la posición que asumiera en los casos: Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991);() Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811 (1983); Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64 (1978); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977); decisiones que aun cuando envuelven situaciones de hechos un tanto distintas —se trata de demandas contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico— son aplica-bles, por analogía, a la situación en que se demanda a un municipio.

Dicho de otra manera, la opinión mayoritaria emitida, al omitir toda referencia a las decisiones arriba menciona-das, puede tener el efecto nocivo de confundir a los tribu-nales de instancia en particular y a la profesión en general; situación que se complica, repetimos, al publicarse innece-sariamente la ponencia como “opinión” en lugar de una simple “Sentencia” y en vista del lenguaje tajante en que está redactada la misma.

No debe perderse de vista el hecho de que las disposi-ciones del citado Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autó-nomos del Estado Libre Asociado de 1991, no son únicas en nuestro ordenamiento. Esto es, el legislador —en este res-pecto y aspecto— no sólo protegió a los municipios sino que igualmente protegió al Estado. Como es sabido, las dispo-siciones del Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Deman-das contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077(a), son prácti-camente iguales a las del referido Art. 15.003.

En relación con el mencionado Art. 2A, hemos expresado —en Loperena Irizarry v. E.L.A., ante, págs. 359-360— que nuestra “jurisprudencia ha sido constante en sostener que la notificación previa al Estado en recla-maciones por daños y perjuicios originados en negligencia ..., si bien es requisito de cumplimiento estricto, no alcanza calidad de condición precedente juridiccional. ... Esta cali-ficación libera al tribunal de un automatismo dictado por el calendario y salva su fundamental facultad para conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten las circunstancias”. (Enfasis suplido.)

Un año más tarde, en Rivera de Vincenti v. E.L.A., ante, pág. 69, dictaminamos que el “rigorismo desmedido en la exigencia de la notificación previa, que evade el elemento atemperante de justa causa’ provisto en el estatuto, no debe ser rémora en la evolución del pensamiento jurídico que tanto en la legislación como en la jurisprudencia está en marcha contra las inequidades residuales del otrora culto a la inmunidad del soberano, impulsado por el con-temporáneo concepto que iguala al Estado y al ciudadano ante el tribunal”. (Enfasis suplido.)

En Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., ante, pág. 815, nos en-frentamos a una situación en que el Estado alegaba no haber sido notificado, conforme exige el mencionado Art. 2A, por un demandante que reclamaba daños y perjuicios, por “mala práctica de la medicina”, alegadamente sufridos mientras estuvo recluido en una institución hospitalaria del Estado. Al nuevamente evitar caer en la aplicación au-tomática del citado estatuto expresamos —manifestaciones que reiteramos en Romero Arroyo v. E.L.A., ante, en el año 1992— que “en casos como en el presente —donde el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la identidad de los testi-gos y donde el Estado, por tanto, puede fácilmente investi-gar y corroborar los hechos alegados en la demanda que se radique— no es de aplicación inexorable la citada See. 3077a por cuanto el objetivo que se persigue mediante la aplicación de la referida disposición legal no tiene razón de ser”. (Énfasis suplido.)

Enfatizamos, y repetimos, que esta “filosofía jurispru-dencial” de flexibilidad en la aplicación del referido Art. 2A de la referida Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, aun cuando establecida en casos de demanda radi-cados contra el Estado, es de aplicación —por analogía— en casos de demandas radicadas contra los municipios, y la misma debe ser mantenida bien presente por nuestros jue-ces de instancia al enfrentarse a cualquiera de las dos (2) antes mencionadas situaciones.

Debido a ello, y con el propósito de enfatizar ese hecho, es que hemos considerado procedente expresarnos por se-parado en el presente caso.

      (1) Véase el inciso (e) del Art. 96 de la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 del 21 de julio de 1960. Véase, también, el inciso (e) del Art. 11.03 de la Ley Orgánica de los Municipios de 1980 (2Í L.P.R.A. sec. 3403(c)), y el inciso (b) de la ley vigente, 21 L.P.R.A. sec. 4703(b).
      Nótese, también, que tanto la ley de 1980 como la de 1991 titulan esta notifica-ción como “requisito jurisdiccional”.

      (2) Véase 21 L.P.R.A. secs. 4003 y 4051.

      (1) 92 J.T.S. 9.

      (2) 91 J.T.S. 5.