author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Valentín Saenz Forteza, Julián Saenz Forteza y Rafael Murillo Salls, acusados y apelantes.

      Número: CR-70-83

      Resuelto: 25 de octubre de 1972

      Yamil Galib Frangie, abogado de los apelantes; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Los tres apelantes fueron convictos por un jurado unánime del delito de hurto de mayor cuantía. Arts. 426 y 428 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 1681 y 1683. En apelación señalan los siguientes seis errores:

1. El fiscal incurrió en conducta impropia que lesionó el derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial.

2. El Tribunal de instancia erró al trasmitir sólo parcial-mente una instrucción especial solicitada por la defensa con respecto a la prueba de buena reputación.

3. Erró el Tribunal de instancia al denegar la solicitud basada en la Regla 135 de Procedimiento Criminal para que se decretase la absolución de los acusados.

4. La sentencia no está sostenida por la prueba y es con-traria a derecho.

5. La sentencia es el resultado de manifiesto error en la apreciación de la prueba.

6. El Tribunal de instancia erró al denegar la solicitud de nuevo juicio.

Los hechos pueden resumirse como sigue. Francisco Muñoz Ortiz, farmacéutico desde el año 1937, tiene una farmacia en la Calle Comercio del pueblo de Juana Díaz. Para la época de los hechos atendían dicha farmacia él, su esposa y un empleado para la limpieza. El empleado salía del trabajo a las seis de la tarde y la señora a las seis y media. El dueño acostumbraba salir a las 7:00 P.M. pues se quedaba a cuadrar la caja.

El 7 de noviembre de 1967 a las siete menos cuarto de la noche ya estaba el dueño solo en la farmacia. Dos de las tres puertas del establecimiento estaban cerradas; una permane-cía abierta. Poco antes el dueño había llamado por teléfono a su hija para que lo fuese a recoger en automóvil. La hija fue y estacionó su vehículo frente al establecimiento, frente a una de las puertas que estaba cerrada y allí permaneció esperando a su padre.

Como a las siete de la noche el farmacéutico había termi-nado y se disponía a salir con una bolsa de dinero en efectivo, la cual contenía $3,500.00 en efectivo y $500.00 en cheques. En esos momentos entró a la farmacia Julián Saenz Forteza, uno de los apelantes, y pidió dos tabletas de un analgésico llamado “Sactirín.” Mientras el farmacéutico atendía a Julián entró Valentín Saenz Forteza seguido de Rafael Murillo Sails, los otros dos apelantes. Estos habían dejado estacionado frente a la farmacia un carro Camaro, amarillo con capota negra, con el motor encendido. Murillo pidió “Tetrex”. En ese momento los tres apelantes estaban parados frente al mostrador. Para poder despachar lo que le pedían el farmacéutico puso la bolsa del dinero encima de un escrito-rio que está como a treinta pulgadas detrás del mostrador. El farmacéutico se dirigió a la parte de atrás del estableci-miento a buscar las cápsulas. Regresó casi enseguida con un frasco de cápsulas de “Tetrex APC” y Murillo le dijo que él no quería esas sino Tetrex sólo. Regresó el farmacéutico a la parte de atrás del negocio en busca de las cápsulas. Estuvo atrás por unos minutos y al salir, para su sorpresa, encontró que los tres individuos habían desaparecido y que también había desaparecido la bolsa con el dinero.

El farmacéutico salió afuera y notó que tampoco estaba allí el automóvil Camaro. Inmediatamente le preguntó a su hija si le había tomado el número de la tablilla a dicho carro. Ella le dijo que no, pero que hacía poco que una amiga suya llamada Nilsa Marrero había pasado por allí y conversó con uno de los tres individuos. La hija del farmacéutico llamó por teléfono a Nilsa Marrero y obtuvo de ella los nombres y las direcciones de los individuos. El farmacéutico y su hija fueron al cuartel de la policía e informaron lo sucedido.

1. Primer error señalado: Manifestaciones del fiscal. Este planteamiento envuelve los siguientes cuatro incidentes:

(a) En el contrainterrogatorio del testigo Bernard Kan-trowitz, quien declaró sobre la buena reputación de Julián, el fiscal le preguntó los nombres de las personas que le informaron sobre ese extremo y luego de que el testigo men-cionó algunos nombres el fiscal le preguntó:

“Ahora, ¿usted, por ejemplo, ha recibido alguna información si alguna, digamos, del Fiscal Limeres, que es vecino de la Urbanización ‘La Rambla'?
No señor.
¿ Ha recibido alguna información sobre la reputación de este señor Saenz del Fiscal Martínez, que vive en La Rambla?” T.E. pág. 130.

El testigo no contestó esta última pregunta por oponerse a ello la defensa. El tribunal señaló que el fiscal podía hacer dicha pregunta en relación con vecinos del coacusado Julián Saenz. Luego el fiscal preguntó al testigo si había recibido información sobre la reputación de Julián de algún vecino inmediato de éste a lo que el testigo contestó que no, porque no sabía donde dichas personas viven.

(b) El segundo incidente se relaciona con el testigo Juan Luis Oliver, quien es amigo de Julián y de Valentín. En el contrainterrogatorio declaró “y° me he dado cuenta que cuando vamos a los sitios, los aceptan en los sitios donde vamos, no los botan de los sitios, y tienen amistad dondequiera en el pueblo.” Luego el fiscal le preguntó: “¿Y van con usted?” El testigo contestó: “Sí señor.” Entonces el fiscal dijo: “De usted no me cabe la menor duda.” La defensa objetó a este comentario del fiscal y el Tribunal sostuvo la objeción. Véase T.E. págs. 138-139.

(c) En cuanto al tercer incidente no tenemos la cita directa de las palabras del fiscal que objeta la defensa, porque fueron dichas en el curso de su informe y los informes no se transcriben. La explicación que surge de los alegatos y de la transcripción es la siguiente. Cuando declaraba Valentín Saenz éste expresó que al viajar de Ponce a San Juan él prefería la ruta por Aibonito porque, entre otras cosas, en esa ruta no hay policías. En el contrainterrogatorio el fiscal con-trainterrogó sobre eso y Valentín dijo “porque muchas veces usted va a 35 millas y sube a 45 y lo cogen por ahí, y lo cogen a uno, y vive uno de su licencia.” Parece que el fiscal en su informe comentó esas declaraciones del coacusado Valentín y en ese momento el abogado defensor lo interrumpió y expresó que “el fiscal no tiene autoridad en ninguna forma para decir que un acusado destila intención de cometer delito.” Surge entonces el siguiente diálogo:

“La Corte: La prueba no revela eso.
Fiscal: Para cometer el delito de tránsito.
La Corte: La prueba no revela elementos suficientes para que el fiscal concluya en la forma en que lo hizo.
Fiscal: No delitos, pero sí de tránsito.
Ledo. Galib: De delitos menos.
La Corte: Hasta ahora no. O sea, el hecho de que él se viniera por Aibonito por la Policía, eso sí.” T.E. págs. 238-239.

(d) Tampoco tenemos en relación con este incidente las palabras exactas que dijo el fiscal, porque alegadamente las dijo en su informe. Sobre el particular sólo consta en el récord una expresión de la defensa en el sentido de que el fiscal en su informe “habló de que era muy fácil conseguir testigos que vinieran a hablar de la buena reputación de una persona y muy difícil conseguir personas que vinieran a hablar de la mala reputación de un acusado.”

Analicemos brevemente esos cuatro incidentes. El primero es neutral. Demostró, por un lado, que el testigo no había reci-bido información adversa al apelante de los fiscales Limeres y Martínez y, por otro lado, que no existía información ad-versa que el fiscal creyese conveniente presentar pues, según nos informa la defensa, esos dos fiscales estaban en sala cuando se hicieron esas manifestaciones.

En cuanto al segundo incidente la expresión del fiscal al testigo “De usted no me cabe la menor duda.” es a todas luces impropia. No era necesaria ni útil y no es buena forma. Sin embargo, esa falta de forma quedó corregida por el Tribunal, el cual inmediatamente declaró con lugar la objeción de la defensa expresando “Con lugar la objeción en cuanto al comentario del fiscal.” En cuanto al valor sicológico del inci-dente, fue más bien negativo para el fiscal y positivo para la defensa.

En cuanto al tercer incidente, cualquier insinuación que hubiese hecho el fiscal en su informe al comentar la declaración de Valentín de que prefería la ruta de Aibonito porque allí no hay policías, quedó suficientemente subsanada por el tribunal cuando éste dijo, “La prueba no revela eso.” Véase el diálogo que surgió sobre este incidente y que hemos transcrito anteriormente. De todas maneras, esa materia fue traída por el propio Valentín y al hacerlo abrió las puertas a las inferencias que podrían deducirse de la misma. Pueblo v. Rivera, 98 D.P.R. 163, 168 (1969). También cualquier insinuación hecha por el fiscal en su informe sobre ese punto o sobre cualquier otro quedó debidamente avalorada por el tribunal, para beneficio del jurado, pues el tribunal en sus instrucciones claramente instruyó al jurado en el sentido de que los informes del fiscal y de la defensa no constituyen prueba sino que son la forma y manera como ellos aprecian e interpretan la prueba desfilada, en ánimo de convencerlos.

El cuarto incidente se refiere, como hemos indicado antes, a un comentario del fiscal sobre la supuesta facilidad con que se consiguen declaraciones sobre la buena reputación de un acusado y la dificultad que existe para conseguir declaraciones sobre mala reputación. No creemos que este comentario añade ni quita. Los miembros del jurado son adultos y saben que por lo general las personas son reacias a declarar bajo jura-mento en forma adversa sobre otras personas cuando no están interesadas personalmente en los casos. Como dijimos al discutir el tercer incidente, el comentario quedó sin valor con la instrucción del tribunal sobre los informes del fiscal y de la defensa que antes mencionamos.

Aunque es preferible, y debe ser la norma, que los fiscales y los defensores presenten su prueba y lleven a cabo sus contrainterrogatorios como mandan las reglas y sin hacer insinuaciones y comentarios que no sean los estrictamente permisibles a la luz de la prueba, no se justifica revocar por faltas de buena forma forense cuando no se han lesionado sustancialmente los derechos de las partes. Los incidentes que hemos relatado, ni tomados aisladamente ni tomados en conjunto, justifican en este caso una revocación. No podemos presumir que incidentes de esa clase le impidan a los jurados rendir un veredicto imparcial. Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522, 531 (1969); Pueblo v. Rivera Romero, 83 D.P.R. 471, 483 (1961).

2. Segundo señalamiento de error: Instrucciones al ju-rado. La defensa solicitó al tribunal que impartiese al jurado las siguientes instrucciones especiales en relación con la prueba de reputación:

“Prueba de la reputación de un acusado puede traerse ante el jurado, únicamente en aquellos casos en que el acusado opta por poner en juicio su reputación, mediante prueba de que goza de buena reputación. Si así lo hace, el Ministerio Público tiene el derecho de presentar entonces prueba de la mala reputación del acusado. En este caso los acusados al presentar prueba de su buena reputación abrieron a discusión la cuestión relativa a su reputación y el Ministerio Público por ende podía haber traído de tenerla y desearlo, prueba de mala reputación.”

El tribunal transmitió la primera oración de ese párrafo y omitió el resto. Luego de leer la mencionada oración el tribunal continuó dando sus instrucciones generales. Pero en dos ocasiones posteriores el tribunal preguntó si había obje-ciones a las instrucciones por él dadas o si las partes inte-resaban alguna otra instrución, expresando en la segunda ocasión “antes de que el jurado se retire?” En ambas ocasio-nes la defensa expresó que no tenía ninguna instrucción que solicitar. T.E. págs. 271 y 275. Fue después que el jurado se retiró que la defensa expresó que se había dado solo parte de la instrucción por ella solicitada.

La Regla 137 de Procedimiento Criminal, luego de disponer que las partes podrán solicitar determinadas instrucciones, preceptúa que “Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquiera porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación o de su solicitud.” (Subrayado nuestro.) Yernos pues, que el planteamiento fue tardío. De todas maneras, para que una negativa a trasmitir instrucciones solicitadas dé lugar a revocación la instrucción debe ser correcta, el punto no debe haber sido cubierto en otras instrucciones y lo omitido debe referirse a un punto vital de manera que esa negativa prive al acusado seriamente de una defensa efectiva. Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419, 431 (1968). La parte omitida de las instrucciones especiales solicitadas en este caso no se refieren a un punto vital del mismo y la omisión en tras-mitirla no privó a los acusados de una defensa efectiva. Ante la prueba de cargo contenida en un testimonio claro y vero-símil correspondía al jurado darle crédito o no. Obviamente, por unanimidad, le dio crédito a dicha prueba de cargo.

3, 4 y 5. Los señalamientos de error tercero, cuarto y quinto se refieren a la suficiencia y evaluación de la prueba. A la luz de la prueba de cargo, hay base en el récord para sostener la convicción. Era función del jurado dirimir el conflicto en la prueba y dar, o negarse a dar, credibilidad a los testigos. No encontramos motivo en el récord para intervenir con la determinación que sobre el particular hizo unánimemente un jurado. Dichos errores no se cometieron.

6. Denegatoria de la solicitud de nuevo juicio. Se celebró una vista en el tribunal de instancia sobre dicha solicitud. Argumentaron la defensa y el fiscal. La defensa en su alegato ante nosotros somete este señalamiento por los argumentos aducidos en la vista en el tribunal de instancia y por los planteamientos precedentemente expuestos en su alegato. La moción de nuevo juicio se fundó en lo dispuesto en la Regla 188 de Procedimiento Criminal incisos (c), (d4), (d5) y (f). Esos planteamientos los hemos considerado y discutido anteriormente en esta opinión. Como se sabe, una orden denegando una moción de nuevo juicio no es apelable por no tratarse de una sentencia final en un caso criminal y solamente es revisable mediante certiorari. Sec. 14(a) de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 11 de 24 julio 1952, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec 37(a), en relación con la Regla 193 de Procedimiento Criminal, Pueblo v. Matos Rodríguez, 91 D.P.R. 635, 641 (1965). Pero como hemos señalado, aun el examen de sus fundamentos no nos persuade de que se cometiese error al denegarla.

No habiéndose cometido los errores señalados, se confir-marán las sentencias apeladas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau Juez Presidente Interino Señor Pérez Pimentel

license: Public Domain

text:
    Roland Botz et al., demandantes y recurrentes, v. Halco Sales, Inc., demandada y recurrida; Curtis Drumheller, California Wine Distributors Corp., interventores.

      Número: R-70-349

      Resuelto: 9 de noviembre de 1972

      Ramirez, Segal & Latimer, abogados de los recurrentes; Ramón Luna Torres, abogado de la recurrida; Elmer Toro Lucchetti, abogado de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios. Halco Sales, Ine., es una corporación doméstica que se dedica a la venta y arrendamiento de andamios y equipo de construcción. Le arrendó a California Wine Distributors Corp. — la arrenda-taria — un andamio, el cual se erigió para un trabajo de pintura. Mientras trabajaban sobre el andamio los deman-dantes, el andamio se desplomó cayendo aquellos al pavimento y sufriendo daños personales de importancia.

Los demandantes demandaron en daños y perjuicios a Halco Sales, Inc. Esta instó demanda contra tercero contra California Wine Distributors Corp. y otros, basándose en disposiciones del contrato de arrendamiento del andamio cele-brado por Halco Sales, Inc., como arrendadora y California Wine Distributors Corp. como arrendataria.

En la demanda original presentada contra la recurrida Halco Sales, Inc., por los demandantes recurrentes éstos alega-ron que:

“. . . alquilaron a la demandada un andamio de 20' de alto. Dicho andamio fue entregado por la demandada a los deman-dantes en forma incompleta y defectuosa lo que causó que el día martes, 21 de enero de 1969 . . . dicho andamio se desplomase y los referidos demandantes cayesen desde una altura de 20'. . . .”

En su demanda enmendada de 2 de noviembre de 1970 los demandantes corrigieron ese error y alegaron que el andamio fue arrendado por Halco (arrendadora) a California Wine Distributors Corp. (arrendataria).

Después de varios trámites procesales que incluyen algu-nas medidas de descubrimiento de prueba vía interrogatorios escritos, Halco, demandada original, presentó una moción solicitando sentencia sumaria a su favor alegando que entre los demandantes y ella no existe una controversia real. Se basaba en los Exhibits A, B, C y D.

El Exhibit A es una declaración jurada de Florentino Danilo Reyes, Contralor de Halco Sales, Inc., en cuya parte pertinente expresa que el andamio fue arrendado por California Wine Distributors Corp. — la arrendataria — a Halco Sales — la dueña — y no por los demandantes (como por error se había alegado por éstos) y que entre Halco Sales, Inc., y los demandantes no había relación alguna. Los Exhibits B y D son dos comprobantes en el sentido de que California Wine Distributors Corp. recibió de Halco Sales, Inc., el equipo en cuestión y que luego lo devolvió. El Exhibit C es una fotocopia del contrato impreso de arrendamiento que se ejecutó en este caso y que todo indica es el contrato que Halco Sales, Inc., utiliza cuando arrienda equipo a sus clientes los arrenda-tarios. La parte pertinente de dicho contrato, a los efectos que nos ocupan, es su cláusula décimotercera.

En síntesis, dicha cláusula décimotercera dispone que la arrendataria erigirá y mantendrá el andamio en forma tal que ofrezca seguridad; que la arrendadora (Halco Sales, Inc.) no será responsable de la erección, operación y manteni-miento del andamio; que la arrendataria asume toda la res-ponsabilidad en caso de reclamaciones que surjan con motivo de la erección, posesión y uso del andamio; y que acuerda relevar a Halco Sales, Inc., de todas esas reclamaciones, si las hubiere. (“. . . agrees to hold Halco harmless from all such claims.”) La arrendataria también reconoce en la mencionada cláusula del contrato que el andamio que le fue entregado por la arrendadora estaba en buenas condiciones, que fue bien erigido y que era adecuado para el uso a que se le destinaba.

La posición de los demandantes es que su acción es una ex delicto, basada en la, alegada culpa o negligencia de la demandada Halco Sales, Inc., al entregar un andamio defec-tuoso, y no una acción ex contractu basada en el contrato de arrendamiento entre Halco Sales, Inc., y California Wine Distributors Corp.

Celebrada una vista sobre la moción de sentencia sumaria, el tribunal de instancia dictó Sentencia Parcial declarando con lugar dicha solicitud y desestimó la demanda en cuanto a Halco Sales, Inc., se refiere, con perjuicio, por entender que no existe una controversia real entre los demandantes y Halco Sales, Inc.

Dicha Sentencia Parcial, en su parte pertinente, lee así:

“El Tribunal en vista de la demanda enmendada de 2 de noviembre de 1970, donde se alega la negligencia de California Wine Distributors Corp. y los Exhibits A, B, C y D que se acom-pañan con la solicitud de Sentencia Sumaria, declara con lugar la misma desestimando la demanda a favor de Halco Sales, Inc., con perjuicio por no existir controversia real sobre ningún hecho material entre los demandantes y Halco Sales, Inc.”

Acordamos revisar. Creemos que no procedía la sentencia sumaria pues está basada en un dato erróneo. En la demanda enmendada de 2 de noviembre de 1970, a la cual se refirió el juez sentenciador, ni en la demanda original o escrito otro alguno de los demandantes aparece que éstos hayan alegado la negligencia de California Wine Distributors Corp. Su alegación siempre ha sido que el andamio fue entregado por la demandada (Halco Sales, Inc.) en forma incompleta y defectuosa, lo que causó que dicho andamio se desplomase y que el referido accidente se debió única y exclusivamente a la negligencia de la parte demandada. Incidió, pues, el tribunal de instancia.

Sin prejuzgar nosotros el asunto de la responsabilidad civil, entendemos por lo anterior que debe revocarse la Senten-cia Parcial dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 24 de noviembre de 1970 y devolverse el caso al tribunal de instancia para que el mismo prosiga en forma no inconsistente con lo aquí resuelto.

Deseamos añadir para mayor claridad en este litigio, y en otros en que venga al caso la relación arrendaticia, que no basta decir que A le arrendó o le alquiló a B determinada cosa. Es necesario decir quién es el arrendador y/o quién es el arrendatario, pues con solamente decir lo primero (que A le arrendó a B) sin especificar lo segundo, lo mismo puede entenderse que A es el arrendador o el arrendatario, o viceversa. Los abogados de los litigantes no deben imponerle al Tribunal la labor de hacer una pesquisa por los autos para hallar hechos pertinentes al caso, los cuales deben surgir de la faz de los mismos.

El Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel, con-curre en el resultado con voto separado.

—O—

Voto Concurrente del

Juez Presidente Interino Señor Pérez Pimentel

San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 1972

Estoy conforme con el resultado pero no por los funda-mentos expuestos en la Opinión de la mayoría.

Considero que si Halco Sales, Inc., presentó con su moción de sentencia sumaria prueba (Contrato de Arrendamiento de los Andamios) sobre el buen estado de dicho equipo a la fecha de su entrega, correspondía a los demandantes contro-vertir ese hecho en la forma que señala nuestra jurispruden-cia. A mi juicio quedó controvertido en virtud del interroga-torio contestado por los demandantes Roland Botz y James Robert Bucher, específicamente la contestación a la pregunta (9). A no mediar estas contestaciones, la sentencia sumaria hubiera procedido.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan E. Venegas Trinidad, acusado y apelante.

      Número: CR-71-135

      Resuelto: 10 de noviembre de 1972

      Enrique Miranda Merced, y Fernando Gierbolini Borelli, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Mientras cumplía una sentencia por hurto mayor en la penitenciaría estatal, el apelante fue acusado por dos infracciones a la Ley de Narcóticos de Puerto Rico (24 L.P.R.A. sec. 974z). Hallado culpable y habiendo aceptado el hecho de la convicción anterior, fue sentenciado por dichas dos violaciones a la Ley de Narcóticos en grado subsiguiente conforme a lo dispuesto por el Art. 56 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 131, que trata de la comisión de un delito después de la convicción de otro.

Señala el apelante como único error que “erró el Honorable Tribunal al sentenciar al acusado-apelante en grado subsi-guiente a pesar de que el artículo 56 del Código Penal no era aplicable a su caso.”

Su argumentación está predicada en que la Ley de Nar-cóticos contiene disposiciones en cuanto a delitos subsiguientes que hace inaplicable el Art. 56 del Código Penal. En otras palabras, que no procede el castigo en grado subsiguiente si el delito anterior no constituía una violación a la Ley de Nar-cóticos. Se refiere específicamente al Art. 40 de la Ley de Narcóticos (24 L.P.R.A. sec. 975d) que reza como sigue:

“§ 975. Grado subsiguiente
“Todo delito cometido por violar las disposiciones de este Capítulo será en grado subsiguiente cuando el acusado haya sido previamente convicto por violar cualesquiera de las disposiciones de este Capítulo o de las leyes que por este Capítulo se derogan, así como de las leyes sobre narcóticos de los Estados Unidos o sus estados y territorios.”

El apelante señala, sin invocar autoridad alguna, que la citada disposición de la Ley de Narcóticos implica que sola-mente se aplica el grado de subsiguiente a un acusado por infracción a dicha ley siempre y cuando que aquél haya sido anteriormente convicto por otra infracción a las Leyes de Narcóticos de Puerto Rico o a las leyes de narcóticos de los Estados Unidos o de sus estados y territorios.

Hemos resuelto que el Art. 56 del Código Penal sobre delitos subsiguientes es aplicable aunque el delito anterior y el subsiguiente no sean iguales o de la misma naturaleza. Torres v. Rivera, 70 D.P.R. 602 (1949); Pueblo v. Ruiz, 60 D.P.R. 153 (1942).

Es evidente que al aprobar la Sec. 975d el legislador quiso crear un tipo de reincidencia especial para el caso de que un acusado fuera condenado en más de una ocasión por infringir las leyes de drogas y narcóticos, bien fueren las de Puerto Rico o las de los Estados Unidos y sus territorios. Para tales casos la Ley de Narcóticos (24 L.P.R.A. see. 974dd) establece penalidades especiales que podrían resultar mayores que las dispuestas en el ya mencionado Art. 56 del Código Penal. En otras palabras, la penalidad de reincidencia de la Ley de Narcóticos se aplica con exclusividad si la misma persona resultare convicta en dos ocasiones por infracciones a las leyes de narcóticos.

Por otro lado, la Sec. 975d de la Ley de Narcóticos no excluye la posibilidad de que una infracción a la Ley de Narcóticos fuese castigada como subsiguiente cuando el acusado ha cometido anteriormente otro delito no cubierto por dicha ley, tal y como ocurrió en el caso de autos en el que el apelante había sido convicto por el delito de hurto mayor. Véase Acosta Linares v. Jefe Penitenciaría, 96 D.P.R. 407, 413 (1968) en donde rechazamos una contención parecida a la presente en relación con el delito de fuga.

Concluimos que no existe conflicto alguno entre lo dis-puesto por el Art. 56 del Código Penal y por la Sec. 975d de la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico. El análisis que precede revela que ambas disposiciones son compatibles.

Se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en este caso el 16 de octubre de 1970.

       El juicio y la sentencia en este caso tuvieron lugar con anterioridad a la fecha de vigencia de la nueva Ley de Sustancias Controladas.

       La Sec. 975d fue derogada por la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 conocida como Ley de Sustancias Controladas (24 L.P.R.A. see. 2101 y siguientes); cláusula derogatoria 24 L.P.R.A. see. 2601.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Ortiz Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-72-27

      Resuelto: 27 de noviembre de 1972

      José Torres Ortiz, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el apelante se radicó acusación de asesinato en primer grado, que luego fue enmendada a una de asesinato en segundo grado, después de desfilar la prueba del caso. Hubo alegación de grado subsiguiente, admitida por el apelante y, por lo tanto, ésta no se hizo saber al jurado. El jurado trajo un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio voluntario, por mayoría de nueve a tres. La evi-dencia de cargo fue la siguiente:

El patólogo forense Dr. Loynaz testificó que el día 5 de octubre de 1967 le practicó la autopsia al cadáver de Martín Avila Ocasio. Halló que el cadáver llevaba varios días de muerto, aunque no podía precisar el día de la muerte. Deter-minó que la causa de la muerte fue un severo golpe en la región torácica que le fracturó varias.costillas en la espalda, le fracturó la clavícula derecha y le ocasionó hemorragias. También halló rasponazos en las rodillas y espinillas, pero no pudo notar golpes en el abdomen, el cuello o la cabeza. No supo decir qué cosa causó el golpe; a preguntas de la defensa, dijo que pudo haber sido una caída desde cierta altura o desde un vehículo en movimiento o por un barranco, aunque en este último caso sería difícil si el declive no era muy grande. (T.E. págs. 16-33.)

Las partes estipularon que ciertos testigos declararían, tomándose en conjunto, que el occiso Martín Avila Ocasio y el acusado Luis Ortiz Rodríguez estuvieron juntos el día Io de octubre de 1967 desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche en distintos cafetines y restaurantes en los pueblos de Bayamón, Naranjito y Comerío. En dichos cafe-tines el acusado y el occiso departían cordialmente, ingiriendo licor y entremeses, pagando cada uno indistintamente lo con-sumido y marchándose en un camión perteneciente a la Truck Fleets, Inc., conducido por el acusado. (T.E. págs. 34-37.)

El testimonio de José Antonio Cruz Hernández (T.E. págs. 38-68) consistió básicamente en declarar que vivía para el Io de octubre de 1967 en el barrio Bayamoncito de Aguas Buenas; que ese día se encontraba entre 10:00 y 11:30 de la noche en un cruce de carreteras de ese barrio cuando vio un camión detenerse a cierta distancia de él. Una persona se bajó del lado izquierdo del camión y aparentemente se puso a buscar algo en la orilla de la carretera. Luego se montó en el camión, dio la vuelta y siguió camino en dirección al testigo, pasándole por el lado a alta velocidad. Después el testigo siguió camino hacia su casa y al pasar por el lugar en que se había detenido el camión, vio en la orilla de la carretera a un hombre sentado en el suelo, con pantalón negro y camisa azul de cuadritos, que gemía con los brazos cruzados sobre el estómago. Siguió su camino el testigo y al llegar a su casa le dijo a su mamá que cerrara bien la puerta pues había un borracho por ahí y podía entrar. A los tres días de ese incidente vio cuando sacaron el cadáver del occiso de un barranco que quedaba cerca del lugar en que había visto antes al hombre que se quejaba. El cadáver, dijo, vestía pantalón negro y camisa azul de cuadritos. En una ocasión dijo que no se había fijado bien en el camión que vio la noche del Io de octubre (T.E. pág. 59), pero al mostrársele una foto del camión que conducía el acusado ese día lo identificó como el mismo camión que vio la noche del Io de octubre de 1967. (T.E. pág. 64.)

Ismael Mendoza Santiago declaró (T.E. págs. 71-113) que para el Io de octubre de 1967 era vecino del barrio Baya-moncito de Aguas Buenas y que esa noche, como a las 11:30, se encontraba en su casa viendo televisión. Oyó el ruido de un camión que subía por la carretera y, como le pareció raro a esa hora, se asomó a la puerta y vio que pasaba un camión cuya marca y año identificó y vio que era “de la Fleet” (T.E. pág. 72). Al poco rato sintió al camión bajar de nuevo y luego volver a subir pasando frente a su casa. A poco el testigo vio al camión bajar de nuevo en “riversa” y pasar por encima de un montón dé piedras como de cuatro pies de altura, deteniéndose más abajo con la parte trasera derecha fuera del pavimento. Después de patinar un poco, el conductor logró sacar el camión hacia adelante. El conductor se apeó, caminó hacia atrás y dio la vuelta por detrás del camión. Entonces notó el testigo que había dos personas paradas bastante cerca una de otra; luego el conductor volvió a montarse en el camión y dar marcha atrás. El testigo se fue entonces a dormir. En el tribunal el testigo identificó al acusado como el conductor del camión e identificó una foto del camión que conducía el acusado el día Io de octubre como el mismo camión que había visto aquella noche. Además, declaró que vio cuando se sacaba el cadáver del occiso de un barranco o declive bien cercano al lugar en que vio al acusado apearse del camión la noche del Io de octubre. Dicho cadáver, según el testigo, vestía una camisa de cuadros y un pantalón oscuro.

Efraín Cintrón Santos (T.E. págs. 115-117) expuso que también reside en las parcelas Bayamoncito de Aguas Buenas; que la noche.del Io de octubre de 1967 estaba en su casa como entre las 10:00 y las 11:30 y se iba a acostar cuando oyó el ruido de un camión; que se asomó al balcón y vio un camión dando vueltas; que era blanco y de “cajón cerrado” el camión. Al otro día cuando se dirigía a su tra-bajo, a bastante distancia de su casa encontró al referido camión en una alcantarilla de la carretera de Aguas Buenas. Le tomó el número de tablilla al camión, el cual coincide con el número que aparece en la foto del camión que guiaba el acusado-apelante.

Natividad Pizarro (T.E. págs. 118-132) dijo ser hojala-tero especialista en cerraduras de automóviles. El 18 de octubre de 1967 inspeccionó la cerradura del camión que conducía el acusado el Io de octubre y determinó que la cerra-dura estaba en buenas condiciones y que por la forma en que estaba construida resultaba extremadamente difícil que se abriera accidentalmente, tanto por la persona que se hallase adentro como por los movimientos del vehículo.

El fiscal presentó además en evidencia cuatro fotos del camión que conducía el acusado, una foto del lugar donde se detuvo el camión cuando fue visto por Ismael Mendoza Santiago y otra foto del lugar donde fue hallado el cadáver.

Terminada la presentación del caso del ministerio público, la defensa pidió la absolución perentoria, la cual fue dene-gada por el tribunal. La defensa sometió el caso sin presentar prueba, pidiendo que se dieran instrucciones al jurado sobre homicidio voluntario y homicidio involuntario. El juez accedió a dar instrucciones sobre asesinato en segundo grado y sobre homicidio voluntario, pero se negó a darlas sobre homicidio involuntario por considerar que no había evidencia alguna sobre este último.

En apelación se señala la comisión de dos errores: (1) la prueba fue insuficiente para sostener una convicción y (2) el tribunal debió transmitir al jurado instrucciones sobre el delito de homicidio involuntario.

¿Fue suficiente la prueba para sostener la convicción por homicidio voluntario? La evidencia en este caso es puramente circunstancial; no hubo testigo alguno que declarara haber visto al acusado inferir el golpe mortal al occiso, si es que tal cosa ocurrió.

Sabido es que en todo proceso criminal es indispensable para una condena que el Estado pruebe el corpus delicti, es decir, el hecho de que se produjo un daño por una mano criminal. 1 Wharton, Criminal Evidence (1955, supl. 1972), see. 17. En cuanto al grado de prueba requerido para establecer el corpus delicti, el Procurador General cita algunos casos al efecto de que sólo se requiere presentar prueba prima facie del mismo, pero examinados más de cerca estos casos demuestran que esa doctrina — excepción a la regla general de que todos los elementos del delito deben probarse más allá de toda duda razonable — es aplicable sólo a los casos en que ha habido alguna confesión o admisión por parte del acusado. Véase 1 Underhill, Criminal Evidence (1956, supl. 1970), see. 35 (’’The corpus delicti must be proved beyond a reasonable doubt.”) y sec. 36 (“It has been held that slighter evidence is needed to establish the corpus delicti when a confession is present.”); cf. Pueblo v. Castro Cruz, 90 D.P.R. 206 (1964); Pueblo v. Miranda Matta, 88 D.P.R. 822 (1963); Pueblo v. Hernández, 75 D.P.R. 907 (1954); Pueblo v. Ortiz, 69 D.P.R. 375 (1948); Pueblo v. Rivera, 67 D.P.R. 297 (1947); Pueblo v. Declet, 65 D.P.R. 23 (1945); Pueblo v. Truyol, 36 D.P.R. 375 (1927); Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586 (1918).

En el pasado hemos reconocido que la evidencia circunstancial es esencialmente igual a la directa y que ambas se evalúan con el mismo criterio: para producir una condena la evidencia debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esa norma sustituye a la antes existente, la cual exigía que, para producir una condena, la prueba debía ser no sólo compatible con la culpabilidad del acusado, sino incompatible con cualquier otra hipótesis razonable de inocencia. Pueblo v. Bonilla, 78 D.P.R. 152 (1955), seguido, entre otros, por Pueblo v. Pagan Medina, 99 D.P.R. 753 (1971) y Pueblo v. Pérez Escobar, 91 D.P.R. 10 (1964). Incluso el corpus delicti puede establecerse mediante evidencia circunstancial. Pueblo v. Castro Cruz, supra; Pueblo v. Rivera, supra; Pueblo v. Declet, supra.

El comentarista Wigmore hace un extensísimo análisis de la evidencia circunstancial a base de una clasificación tripartita de las circunstancias que pueden considerarse para establecer la culpabilidad de un acusado:

(a) circunstancias prospectivas: hechos anteriores al crimen y que apuntan hacia su futura comisión (motivo, plan, prepara-tivos, etc.);

(b) circunstancias concomitantes: hechos simultáneos al crimen que permiten que se lleve a cabo por el acusado (presen-cia en el lugar del crimen, acceso a la víctima, etc.);

(c) circunstancias retrospectivas: hechos posteriores al cri-men que sugieren que el acusado lo cometió (fuga, ocultación de evidencia, etc.).

Por otra parte, hay circunstancias que tienden a probar la inocencia de un acusado, verbigracia, el afecto o amistad entre el acusado y la víctima (prospectiva), la coartada (concomitante) y una conducta normal con posterioridad al crimen (retrospectiva).

Nos preguntamos si algunos de los factores que reconoce la doctrina como relevantes para probar circunstancialmente la culpabilidad de un acusado se dieron en este caso.

Primeramente, tenemos el problema del corpus delicti. La evidencia aducida para probarlo fue el testimonio del pató-logo Dr. Loynaz al efecto de que Martín Avila Ocasio murió como resultado de un severo golpe en la región torácica y los testimonios de José A. Cruz Hernández e Ismael Mendoza Santiago al efecto de que vieron cuando se sacó el cadáver de Avila Ocasio de un barranco en un barrio rural donde era desconocido el occiso. Esta evidencia no establece un caso diáfanamente claro de muerte por mano criminal, como lo sería una muerte a balazos (Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380 (1966)), a cuchilladas (Pueblo v. Madrigal, 93 D.P.R. 862 (1967)), por descuartizamiento (Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969)), por ahorca-miento con una soga (Pueblo v. Arocho Medina, 93 D.P.R. 162 (1966)), o por otras causas tales como envenenamiento, explosivos, etc. Tampoco resulta claro que fuese una muerte natural o accidental como lo sería en caso de una enfermedad infecciosa fatal. De hecho, una de las dudas principales en este caso es qué instrumento o mecanismo causó o se usó para causar el golpe fatal.

Si hubo delito, ¿qué evidencia hay para conectar al acu-sado con la comisión del mismo? La prueba establece sin lugar a dudas que el acusado y la víctima estuvieron juntos el día 1o de octubre de 1967 durante las horas del día y que probablemente estuvieron juntos también en horas de la noche bien cerca del lugar donde luego apareció el cadáver del occiso. Con ello queda establecida la presencia del acusado en el lugar del crimen y su acceso a la víctima, factor éste que no basta por sí solo para determinar la culpabilidad, pero que puede tomarse en consideración junto a otros detalles. Véanse Pueblo v. Madrigal, supra; Pueblo v. Salgado Velázquez, supra; Pueblo v. Arocho Medina, supra. Esta sería una de las circunstancias “concomitantes” de las que habla Wigmore. Véase también Wharton, obra y tomo citados, see. 185.

El Procurador General destaca el hecho de que el acusado abandonó apresuradamente la escena del supuesto crimen de-jando al occiso sentado en la orilla de la carretera y queján-dose de algún malestar con los brazos cruzados sobre el abdomen. También se halló al otro día el camión que guiaba el acusado estacionado en la orilla de una carretera a cierta dis-tancia del lugar de los hechos. Estas actuaciones del acusado podrían interpretarse como un intento de evitar ser descu-bierto, si él cometió el supuesto crimen. El huir o tratar de ocultar la evidencia de un crimen es una circunstancia que puede tomarse en cuenta al determinar la culpabilidad de un acusado. Véanse Pueblo v. Hernández Santiago, supra; Pueblo v. Arocho Medina, supra; Wharton, obra y tomo citados, sees. 206 y 207. Sería ésta, según Wigmore, una de las cir-cunstancias “retrospectivas”.

Pero hay varios detalles dudosos. No resulta claro, por ejemplo, que el occiso estuviese mortalmente herido al ser abandonado por el acusado la noche del Io de octubre de 1967. Se sabe que aún estaba vivo y el testigo que lo vio interpretó su condición como una de embriaguez. La teoría de embria-guez encuentra apoyo en el hecho de que había estado todo el día ingiriendo licor, durante más de doce horas corridas. Además, el occiso parecía quejarse de dolor en el abdomen, lo cual es compatible con la embriaguez, pero que sería extraño si, como señaló el patólogo forense, no tenía lesiones notables en el abdomen y en'cambio sufría de múltiples y severas lesiones en el tórax y en la clavícula. En esa condi-ción agonizante, según la teoría del Pueblo, la víctima habría de moverse por su cuenta hasta ir a parar al fondo de un barranco que queda cerca del lugar donde fue visto queján-dose.

En cuanto al camión abandonado, tampoco parece ser claro que la intención del acusado fuese ocultarlo, porque el lugar donde fue hallado — la orilla de la carretera de Aguas Buenas — no parece ser adecuado para ocultar un camión ni lo suficientemente apartado del lugar de los hechos para que lo interpretemos como un intento de ocultar la presencia del acusado en- aquel lugar.

Frente a las circunstancias ya relatadas, hay que notar que existe otra circunstancia exculpatoria que tiende a favorecer al acusado. El testimonio estipulado de varias personas señala que el día de los hechos el acusado y el occiso estuvieron confraternizando cordialmente; comían, bebían y se transportaban juntos y compartían los gastos de lo consumido. En ningún momento del día o de la noche se vio conflicto o discusión alguna entre ellos. No se adujo por el Pueblo ninguna motivación posible para el crimen. Cierto es que probar la motivación no es indispensable para una condena, pero es igualmente cierto que si el Estado prueba tal motivación ello constituye un factor que junto a otros puede considerarse para probar la culpabilidad. De hecho, constituye un factor importante cuando se produce una condena a base de evidencia circunstancial, el que exista un motivo comprobado para el crimen, tal como el lucro, la venganza o la cólera producida por una riña. Wharton, obra y tomo citados, see. 166.

Las circunstancias de este caso son muy sospechosas. Nos parece lógico que se haya pensado en el apelante como posible culpable y que se le haya encausado; pero los distintos puntos desconocidos que deja la prueba han producido en nosotros una duda razonable sobre su culpabilidad. Quizás a ello se pueda atribuir el que el jurado haya rendido un veredicto (9 a 3) de homicidio voluntario, el cual resulta extraño por no haberse presentado prueba de “súbita pendencia o arrebato de cólera”. Art. 203 del Código Penal, 33 L.P.R.A. 635.

El primer error señalado se cometió. Por ello se revocará la sentencia apelada absolviéndose libremente al apelante.

       Interrogado sobre la posibilidad de que fuesen varios los golpes, el testigo declaró que no estaba seguro, pero que opinaba más probable que se tratara de un solo golpe. (T.E. pág. 29.)

       Para más detalles sobre la evidencia circunstancial y su aplica-ción a distintos delitos, véanse Pueblo v. Picó Vidal, 99 D.P.R. 708 (1971); Pueblo v. Sánchez Delgado, 99 D.P.R. 260 (1970); Pueblo v. Rodríguez Matos, 98 D.P.R. 152 (1969); Pueblo v. Rivera Antuna, 88 D.P.R. 630 (1963); Pueblo v. Juarbe Albarrán, 83 D.P.R. 747 (1961); y Pueblo v. Bonilla Figueroa, 83 D.P.R. 295 (1961). En el caso de hurto, escalamiento, etc., es bien conocida la doctrina de “posesión inexplicada de objetos recientemente hurtados”, la cual reconoce un caso típico de evidencia circunstancial. Pueblo v. Arroyo Cortés, 100 D.P.R. 341 (1971), y casos allí citados.

       1 Wigmore, On Evidence (3rd ed.), secs. 38 a 465.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Mar-tínez Muñoz

text:
    Andrés Báez Cancel et al., demandantes y apelantes, v. Santos Rivera Pérez et al., demandados y apelados.

      Número: O-71-103

      Resuelto: 7 de diciembre de 1972

      Eli Beléndez García y Salvador Acevedo Colón, abogados de los apelantes; Antonio Bauza Torres, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Es función ineludible de este Tribunal el dar vigencia a las garantías constitucionales establecidas en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la protección de los derechos individuales. El presente caso reclama el ejercicio de esa función con respecto a la garantía constitucional contra discrímenes por motivo de ideas políticas. Sec. 1, Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Se trata de un auto de mandamus instado por varios capataces del Municipio de Guaynabo para ordenarle al Al-calde la reinstalación en sus empleos y el pago de los salarios devengados hasta la fecha que fueran restituidos. Fundaron su petición en que la actuación del Alcalde dejándolos ce-santes fue motivado por ideas políticas en violación de las garantías establecidas en la Sec. 1 del Art. II de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado. Se opuso el Alcalde al remedio solicitado aduciendo que los peticionarios, aquí recurrentes, no eran empleados permanentes sino irregulares, que él nunca se había negado a darles empleo y que ellos “sencillamente no se presentaron a trabajar a partir del 12 de enero de 1969.” O sea, que los capataces habían abandonado sus puestos.

Las conclusiones de hecho del tribunal de instancia revelan lo siguiente:

Al tomar posesión del cargo de Alcalde del Municipio de Guaynabo, el recurrido, Honorable Santos Rivera Pérez, no utilizó más los servicios del Director de la Defensa Civil y de alrededor de treinta y tres capataces de las brigadas de mantenimiento y reparación de calles, aceras y caminos mu-nicipales. Tanto los capataces como el Director de la Defensa Civil pertenecían al Partido Popular Democrático y fueron sustituidos por personas afiliadas al Partido Nuevo Progre-sista. El tribunal rechazó la versión del Alcalde de que dichos capataces habían abandonado sus puestos y de que él nunca se había negado a darles empleo, concluyendo, por el con-trario, que:

“3. El Alcalde demandado Hon. Santos Rivera Pérez fue electo por el Partido Nuevo Progresista a esa posición en las elecciones generales celebradas en noviembre de 1968. Tomó posesión de su cargo el 13 de enero de 1969. Una vez en el poder no utilizó más los servicios de los peticionarios a cargo de esas labores de conservación ya mencionadas y les hizo devolver las herramientas en su poder. No se les formularon cargos, ni se decretó formalmente cesantía alguna. Para los trabajos que ellos realizaban se utilizó entonces a personas afiliadas al Partido Nuevo Progresista. Los peticionarios eran militantes del Partido Popular Democrático, algunos de ellos habiéndose significado en la lucha política reciente como líderes de ese partido en los distintos barrios o precintos.”

No empece la anterior conclusión, el tribunal consideró innecesario formular una conclusión específica sobre los motivos políticos del despido por entender equivocadamente que la garantía constitucional contra discrímenes por razón de ideas políticas no les era aplicable a los apelantes.

Hemos examinado detenidamente el récord y es preciso consignar que la prueba desfilada sostiene ampliamente una conclusión al efecto de que los apelantes fueron despedidos por motivo de sus ideas políticas.

Así, Andrés Mojica O’Neill, uno de los capataces despedi-dos, relata su conversación con el Alcalde a raíz de éste tomar posesión. Fue a ver al Alcalde y “le dije ‘yo soy empleado de 20 años aquí, de este Municipio y vine a recibir órdenes suyas a ver lo que me ordene, si continúo el trabajo que tengo empe-zado, o me va a trasladar a otro sitio’ ... y entonces me con-testó, ‘no importa el tiempo que sea, mucho o poco que trabaje en el Municipio, lo que importa es que recuerde que la situa-ción, que la administración cambió,’ y le dije: ‘el mero hecho de haber cambiado la administración me libra del trabajo, no tengo oportunidad?’, me dijo: ‘no, lo que me interesa que recuerde la situación y recuerde que la administración cam-bió’ y le dije: ‘don Santos, recuerde que soy un padre de familia que no tengo otra fuente de ingreso que mi trabajo, que tengo un muchacho de escuela de alto grado y la cesantía me puede perjudicar’ y me diga esa cuestión [sic] ‘recuerde que la administración cambió, que la situación cambió.’ ” (T.E. pág. 13, vista celebrada 16 sept. 1969.)

Mojica fue sustituido por Sergio De Jesús, Presidente del Partido Nuevo en el pueblo. (Id.)

Pedro Bernabé se reportó a trabajar el martes 14 de enero de 1969, el día después de la toma de posesión y le preguntó al Alcalde “si iba a seguir trabajando, que hacían cuatro años que estaba trabajando de capataz del Municipio, y entonces él me dijo, ‘muchacho hay como doscientos o trescientos ya y tú tienes que comprender que la Administración cambió y que eso lo necesitamos para los de la Palma’.” (Id. pág. 23.)

Bemabe fue sustituido por Guillermo Morán, miembro del Partido Nuevo Progresista.

Agapito Fines García habló con el Alcalde el martes 14 de enero de 1969 y éste le dijo “que todos los capataces, por lo menos yo, estaban sustituidos por otro capataz, porque la Palma había ganado y esos puestos había que dársele a la Palma.” (Id. pág. 53.)

Andrés Báez Cancel visitó al Alcalde el día 14 del enero. Declaró: “Le dije que yo le iba a pedir órdenes, si seguía continuando en mis labores en el barrio o me transfería a otro barrio, yo estaba dispuesto a seguir trabajando y él me dijo que no tenía trabajo, que comprendiéramos que el partido Popular había perdido y que los puestos que quedaban era de la Palma.” (Id. pág. 129-130.) Nombraron en sustitución de él a su hermano Germán Báez Cancel, miembro del Partido Nuevo.

El Director de la Defensa Civil, Ebel Aquino Hernández, fue a su oficina a trabajar el día de la toma de posesión del Alcalde, y allí una persona le informó que habían nombrado a otro por él. Luego se encontró con el Alcalde “y entonces hablé con él, le pregunté qué pasaba que en mi oficina había otra persona por mí, y me contestó que como ellos habían ga-nado, ganado las elecciones, habían puesto otra persona.” (T.E. págs. 44-45, vista de 16 de sept, de 1969.)

A pesar de este patente cuadro de discrimen, el tribunal de instancia desestimó la demanda por entender que los capataces eran empleados irregulares sin protección de per-manencia bajo el Sistema de Mérito del Municipio. Determinó que la mencionada garantía constitucional no era de aplica-ción, expresando al respecto:

“Los peticionarios aducen como fundamento adicional en su caso las disposiciones constitucionales, Art. 2 Sec. Ira. de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las disposiciones de la Ley Municipal 1960, supra, Art. 91, 92 y 93 y las disposiciones de la citada Ordenanza Municipal, donde se establece la protección respecto al discrimen por motivo de ideas políticas. (See. 44.) Estas disposiciones no resultan de aplica-ción a este caso, donde aparece que los peticionarios no tenían derecho a permanencia en el empleo o trabajo en el Servicio Municipal. Sostener que estos peticionarios deben ser repuestos en sus trabajos para el Municipio por esta razón, equivaldría a reconocer un derecho de permanencia, que según la Ley no tienen. Dada la situación de derecho aplicable a la relación de estos peticionarios con el Municipio de Guaynabo, este plantea-miento resulta irrelevante e impertinente a sus casos particu-lares.”

No estamos de acuerdo. La Sec. 1 del Art. II de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prescribe en forma clara que “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color,.. . ideas políticas o religiosas.” La proscripción del discrimen es clara y terminante. Su texto no permite distinción alguna. Quiere decir lo que dice. Que el Estado en ninguna de sus múltiples funciones o servicios puede discriminar contra un ciudadano por el mero hecho de ser éste negro, ateo, o por sus ideas políticas. Cualquier otra interpretación enervaría su eficacia. Fortalecerla y no ener-varla es nuestro deber, como los principales custodios de la Constitución.

Limitar su aplicación, como hizo el tribunal de instancia, a aquellos empleados que tienen permanencia bajo el Sistema de Mérito del Municipio es forzar una distinción contraria a su verdadero espíritu y propósito. Tal interpretación dejaría huérfanos de protección, precisamente, a los más desvalidos. Como es sabido, los empleados permanentes tienen la pro-tección de la propia Ley Municipal que taxativamente prescribe que “ningún empleado municipal será nombrado, ascen-dido, degradado, o suspendido ni en ninguna forma se discriminará contra él, por razón de razas o de ideas políticas o religiosas.” Art. 92 Ley Municipal, Núm. 142 de 22 de julio de 1960, 21 L.P.R.A. see. 1552. Tienen también estos em-pleados la protección del Sistema de Mérito del Municipio que requiere justa causa para el despido, formulación de cargos y vista. Ordenanza Núm. 29 serie 1966-1967 del Municipio de Guaynabo. Ninguna de estas disposiciones protectoras cubre a los empleados irregulares. Sería un contrasentido interpre-tar que la Constitución ampara al grupo de empleados que menos lo necesitan — los empleados permanentes — mientras deja desamparados a los que más necesitan de su protección.

El recurrido arguye que el hecho de que los anteriores incumbentes hubiesen pertenecido a un partido y que alguno de los actuales incumbentes fuesen de otro partido no implica de por sí discrimen político. El argumento hace caso omiso de la prueba, la cual reveló que todos los capataces cesantea-dos pertenecían al partido- que había perdido las elecciones y fueron sustituidos por personas afiliadas al partido de la nueva administración.

No se adujo justificación alguna para dejar cesantes a los recurrentes. Se recordará que el tribunal no adoptó la versión del Alcalde al efecto de que los recurrentes habían abandonado sus puestos y de que él nunca se había negado a darles empleo. Estamos de acuerdo que si se hubiera aducido alguna justificación razonable la cesantía no hubiese implicado discrimen alguno. Pero cuando sin justificación razonable alguna se dejan cesantes a un grupo de trabajadores de clara identificación política-partidista e inmediatamente se le sustituye con otro grupo de diferente filiación partidista, como sucedió en el presente caso, se crea una fuerte presunción de discrimen. Más aun cuando estos hechos ocurren justamente al cambio de una administración municipal a otra de distinto partido.

Tampoco puede aceptarse el argumento de que el Alcalde tiene amplia discreción para emplear y despedir a los trabajadores irregulares. El hecho de que estas facultades sean discrecionales no puede justificar, excusar o condonar el discrimen. El ejercicio de discreción no puede servir de mampara al discrimen. De lo contrario, sería fácil evadir artificiosamente la prescripción constitucional.

Es cierto que no es necesario formular cargos a los empleados irregulares para despedirlos del empleo. La Ley Municipal no lo exige, ni tampoco lo requiere la ordenanza estableciendo el Sistema de Mérito, sin que por ello adolezcan de vicio constitucional alguno. La garantía constitucional no impide que el Alcalde deje, cesante a un empleado irregular sin dar razón alguna. Inclusive por mero capricho. Cf. Luce & Co. v. Junta de Relaciones del Trabajo, 71 D.P.R. 360 (1950); J.R.T. v. Bankers Club of P.R., 94 D.P.R. 600 (1967).

El capricho, sin embargo, no debe ser favorecido por la ley. Por eso si no hay un motivo racional que justifique el despido y se sustituye al empleado por otro de diferente afiliación política, que resulta ser la misma del Alcalde, se crea una presunción de discrimen que el Alcalde viene obligado a refutar. Cf. Avery v. Georgia, 345 U.S. 559; Whitus v. Georgia, 385 U.S. 545.

La larga tradición de discrímenes por motivo de ideas políticas en el empleo municipal — véase como ilustración Bezares v. González, Alcalde, 84 D.P.R. 468 (1962) — re-quiere que los tribunales escudriñen la prueba para asegu-rarse que verdaderamente no hay discrimen en la actuación de la autoridad nominadora.

En el presente caso, como ya vimos, la prueba demostró que los recurrentes fueron despedidos por motivo de sus creencias políticas.

El caso del apelante Ebel Aquino Hernández, Director Municipal de Defensa Civil, plantea una cuestión distinta a la de los demás apelantes. Aquino Hernández fue nombrado por el anterior Alcalde en virtud de las disposiciones de la Ley de Defensa Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 183 del 1ro. de mayo de 1951, 25 L.P.R.A. sees. 130 y siguientes. Dicha ley creó la Oficina de Defensa Civil Estadual, adscrita a la Oficina del Gobernador, con el propósito de asegurar la pro-tección del orden, la salud y bienestar general en caso de desastres causados por la naturaleza o por fuerzas enemigas. Se trata de un organismo público diseñado para atender situa-ciones de emergencia y a tales fines se le otorgan poderes adecuados. La ley promueve la eficacia de este organismo mediante la centralización de poderes en la persona del Go-bernador de Puerto Rico. A éste compete la dirección general y el control de la Oficina de Defensa Civil Estadual y la de todos los municipios. A él se le confiere la facultad de asumir, cuando lo estime necesario o conveniente, el control directo de todas o parte de las operaciones y funciones de la defensa civil. Art. 6 de la Ley de Defensa Civil, supra, 25 L.P.R.A. see. 135.

Tal es la importancia del elemento de centralización en la estructura administrativa de la Defensa Civil, que aun cuando el Director Local de Defensa Civil es nombrado por el Alcalde con el consentimiento de la asamblea municipal, éste queda sujeto a la dirección y control del Gobernador. Más todavía, la ley confiere específicamente al Gobernador “la facultad de hacer los cambios de personal que estime necesario, en cual-quier organización local.” Art. 8, 25 L.P.R.A. see. 137.

Los desastres de cualquier índole — sean ya causados por la naturaleza o por fuerzas enemigas — generalmente crean desconcierto y trastornos en la vida de la comunidad. Pro-ducen un estado de emergencia que requiere acción rápida y coordinada. Tal acción se logra con mayor eficacia cuando la línea de autoridad es clara y centralizada. Es por eso que la Ley de Defensa Civil confiere todos los poderes al Gobernador, incluyendo el hacer los cambios de personal que estime necesa-rio en cualquier organización local. El ejercicio de esta facul-tad por los alcaldes de los 76 municipios de Puerto Rico daría margen a conflictos de criterio que entorpecerían la acción rápida y coordinada en casos de graves emergencias dando al traste con los propósitos de la Ley de Defensa Civil.

Como hemos visto, la facultad de hacer los cambios de personal corresponde al Gobernador de Puerto Rico y no a los alcaldes. En el caso de autos el Alcalde de Guaynabo hizo caso omiso de la disposición estatutaria al sustituir al apelante Ebel Aquino Hernández en el cargo de Director Municipal de Defensa Civil. Su actuación es ilegal y no tiene validez.

Se dictará sentencia revocando la dictada por el tribunal de instancia.

Los Jueces Asociados, Señores Martínez Muñoz y Martín, disienten y consignarán en voto separado su disenso.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Mar-tínez Muñoz

con la cual está conforme el Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 1972

Concurro con la mayoría en que los empleados irregulares, no permanentes, del gobierno y de sus agencias y de los municipios están constitucionalmente protegidos en sus em-pleos contra el despido discriminatorio por razón de ideas políticas. La larga tradición de discrímenes. por motivo de ideas políticas en el empleo municipal, como se apunta en la opinión mayoritaria, requiere que los tribunales escudriñen la prueba para asegurarse que verdaderamente no ha habido discrimen en la actuación de la autoridad nominadora.

Con lo que no puedo estar de acuerdo, sin embargo, es con el resultado a que se llega en este caso. Sin el beneficio de haber oído los testigos ni observado su comportamiento, la mayoría se ha convertido hoy en tribunal de instancia y en juzgador de una controversia de hecho que ni los demandantes ni los demandados plantearon adecuadamente, ni el tribunal re-currido resolvió, a saber: los motivos políticos del alegado despido como cuestión de hecho.

Las alegaciones de los reclamantes presentaron la si-guiente teoría: los demandantes (32 en total originalmente) eran empleados permanentes que fueron destituidos por razones políticas. La posición del recurrido siempre fue que los demandantes no eran empleados permanentes, sino irregu-lares, que abandonaron sus puestos y que fueron sustituidos por otros.

El juez sentenciador, en más de una ocasión, durante el juicio le expresó a las partes cuál era, según su criterio, el punto en controversia. El juez sentenciador sustentó el cri-terio, según aparece de las págs. 81-82 de la transcripción (pieza II), que si los empleados eran empleados regulares y si abandonaron el trabajo era necesario que se le formularan cargos a cada uno. El juez se expresó así, luego de haber declarado unos diez reclamantes:

“Señor Juez: (dirigiéndose al abogado de los demandantes)
Yo creo francamente, compañero, yo creo que estamos per-diendo el tiempo, porque aquí esto es una repetición de lo mismo, la misma cosa. Técnicamente lo que tiene el Tribunal que resolver es si estos empleados, bajo estas circunstancias son personal protegido por las disposiciones del Artículo 93 de la Ley Municipal, si un puestos [sic] es regular de la irregularidad del trabajo que desempeña. Utilizaría, con lo que se ha estipulado, el acto de conferencia municipal, quiero decir, conferencia municipal no, sino la conferencia preliminar con exhibits que se han sometido. Han delineado también el hecho esencial del empleo de estos demandantes con el Municipio y la regularidad con la cual trabajan en el Municipio. No estoy seguro en relación con el jornal, porque el jornal no es. . . .
Parte Demandante:
No, sería problema, porque nosotros podemos estipular, ade-más no es n'ecesario.
Señor Juez:
La cuestión es si estos empleados pidieron reposición si se reportaron al trabajo, abandonaron el trabajo. Yo lo considero esencial si un empleado regular, protegido por dicho Artículo 93, entonces la única reparación [sic] válida es mediante formula-ción de cargos, si el empleado abandona su puesto el Alcalde tiene que formularle cargos y se señala una audiencia y se de-termina si abandonó a no, ésa sea la justa causa que señale. De modo que estas circunstancias no releva al Alcalde del o de la formulación de cargos si se trata de empleados cubiertos y protegidos por el Artículo 93 de la Ley Municipal y cubierto por la Ordenanza de Méritos.
Parte Demandada:
Eh....
Señor Juez:
Estos relatos que están haciendo los testigos y luego la repregunta para impugnar lo que digamos en cuanto a si efecti-vamente vieron al Alcalde o no, si han estado presentes, no es nada material en el caso.”

El juez a quo, en su sentencia, concluyó que los empleados reclamantes no eran empleados regulares y sí caían “ [b]ajo la clasificación de personal irregular, excluidos del Servicio por Oposición” y que “ [d] ada la situación de derecho aplicable a la relación de estos peticionarios con el Municipio de Guay-nabo, este planteamiento (despido por razones políticas) re-sulta irrelevante e impertinente a sus casos particulares.”

El juez no formuló conclusión de hecho específica sobre la motivación política alegada. Tampoco “rechazó”, como se afirma en la opinión mayoritaria, la teoría y versión del de-mandado de que los demandantes no se presentaron a traba-jar. De los treinta y dos reclamantes, cuatro desistieron y sólo diez prestaron testimonio. De los diez, tres dejaron de aportar testimonio en el cual apoyar la determinación de hecho, que ahora formula la mayoría del tribunal, de que fueron destituidos por motivaciones políticas.

Soy de opinión que corresponde a la sala sentenciadora, como tribunal de instancia, hacer aquellas determinaciones de hecho que por un concepto equivocado de la verdadera contro-versia (según ahora la vemos nosotros) consideró “irrelevante e impertinente a sus casos particulares.” A esos fines, dejaría sin efecto la sentencia apelada y devolvería el caso a la Sala sentenciadora para que procediese en forma consistente con lo antes expuesto.

       La Ley de Personal del Estado Libre Asociado, Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947, 3 L.P.R.A. see. 676, en su see. 36 tiene una disposición similar para proteger a los empleados del gobierno estatal:
      “(a) Ninguna persona recibirá nombramiento, ni será ascendida o degradada, ni destituida de puesto alguno en el Servicio por Oposición, ni en ninguna forma será favorecida, ni recibirá trato desigual para empleo en el Servicio por Oposición, por razones políticas, religiosas, o de raza.
      “(b) Ninguna persona procurará ni intentará usar respaldo político en relación con ningún nombramiento para un puesto en el Servicio por Oposición.
      “ (c) Ninguna persona utilizará, directa o indirectamente su influen-cia o autoridad oficial para obtener nombramiento a favor de una persona para cualquier puesto en el Servicio por Oposición, ni para obtener a favor de la misma un aumento de sueldo o cualquier otro beneficio, con el propó-sito de influir en la votación o actividad política a favor de alguna persona, o con ningún otro propósito.
      “(d) Ninguna persona electa para un cargo estadual será nombrada en un puesto del Servicio por Oposición durante el transcurso del término por el cual ha sido electa.”

       El Art. 8(b) en lo pertinente lee:
      “(b) El alcalde de cada municipio y el Administrador de la Capital, todos de aquí en adelante denominados ‘el Alcalde,’ con el consentimiento de la asamblea municipal respectiva y del Consejo de Secretarios en el caso del Municipio de la Isla de Culebra, todos de aquí en adelante denominados ‘la asamblea municipal’, está autorizado a nombrar al director local de la defensa civil, quien será directamente responsable de la organización, administración y funcionamiento de la entidad local de defensa civil, sujeto a la dirección y control del Gobernador de Puerto Rico a quien se le con-fiere la facultad de hacer los cambios de personal que estime necesario, en cualquier organización local. La organización municipal de defensa civil ejercerá sus funciones dentro del límite jurisdiccional del municipio, y en adición, ejercerá aquellas funciones fuera del límite municipal que sean necesarias de acuerdo con lo establecido en las sees. 130 a 146 de este título, o cuando así lo requiera el Gobernador.”

       Estos tres son Manuel Crespo Reyes (págs. 83-37); Carmelo Robles (págs. 48-52); y Ambrosio Rosado (págs. 64-73).


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Asociación de “Dealers” de Automóviles et al., demandantes y apelantes, v. Ángel M. Rivera et al., demandos y apelados.

      Número: O-71-205

      Resuelto: 11 de diciembre de 1972

      Francisco Torres Aguiar, Jorge Luis Suárez, Eddie Vázquez Otero y Ángel L. Nieves Atienza, abogados de los apelantes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados de los apela-dos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Los apelantes, la Asociación de “Dealers” de Automóviles de Puerto Rico, Inc., y un número de traficantes en vehículos de motor, instaron demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra Ángel M. Rivera, entonces Secretario de Hacienda de Puerto Rico, contra Héctor Schmidt, Adminis-trador de Servicios al Consumidor y contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitando que se declarara incons-titucional la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1969 (13 L.P.R.A. sec. 4034(f)) y el Reglamento aprobado por el Secretario de Hacienda en 30 de septiembre de 1969 para efectuar los propósitos de la mencionada Ley 80 (13 R.&R.P.R. see. 4034-1 y ss.). Dicha ley tuvo el propósito de enmendar el inciso (f) del Art. 34 de la “Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo”, Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956, según enmendada.

Antes de la enmienda hecha mediante la citada Ley 80 del año 1969, el inciso (f) del. Art. 34 de la Ley de Impuestos leía como sigue:

“El Secretario suministrará libre de costo a toda persona que lo solicite, información sobre el precio en fábrica y el precio contributivo de cualquier vehículo de motor que se introduzca en Puerto Rico.”

El texto posterior de dicho inciso (f), según enmendado por la Ley 80, preservó la obligación del Secretario de Hacienda de suministrar libre de costo a toda persona que lo solicite el precio en fábrica y el precio contributivo de cual-quier vehículo de motor que se introduzca en Puerto Rico. Pero mediante la referida enmienda se le exigió a los trafi-cantes en vehículos de motor adherir en sitio visible de cada vehículo un pliego con determinada información que se espe-cificaba en el texto enmendado de dicho inciso (f), o sea, en la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1969.

En el caso de autos el Tribunal Superior sostuvo la validez de la Ley y del Reglamento impugnados, salvo cierta disposi-ción del Reglamento que no está ante nuestra consideración. La apelante señala que cometió error el tribunal de instancia al sostener la validez de cuatro determinadas disposiciones del Reglamento y argumenta que dichas disposiciones son nulas porque imponen a los traficantes la obligación de in-formar ciertos datos que la ley no exige que se informen. Estos datos son los siguientes: (1) precio de venta fijado a los automóviles nuevos y usados; (2) precio cargado por el vendedor por equipo opcional instalado en Puerto Rico en automóviles nuevos; (3) número de la factura de Rentas Internas correspondientes a cada vehículo nuevo y usado; y (4) costo de adquisición fuera de Puerto Rico de vehículos usados..

En A.P.I.A.U., Inc. v. Srio. de Hacienda, 100 D.P.R. 173 (1971), encontramos que el citado Reglamento, que para efectuar los fines de la Ley 80 se promulgó, fue más allá de lo autorizado por la ley, y allí resolvimos que en ausencia de una autorización específica del estatuto no podía exigirse por Reglamento que el vendedor de automóviles informase, en la forma antes descrita, el precio de venta de vehículos nuevos o usados, ni el precio cargado por equipo opcional instalado en Puerto Rico a automóviles nuevos.

Así las cosas, en 31 de mayo de 1972 el Gobernador firmó dos leyes aquí pertinentes. Una es la Ley Núm. 77 de esa fecha titulada “Ley para proteger a los compradores de vehí-culos de motor; exigiendo a los traficantes y vendedores de vehículos de motor que adhieran a éstos determinada infor-mación; para autorizar al Director de la Administración de Servicios al Consumidor a poner en ejecución la ley; disponer sus deberes y facultades; autorizar la imposición y cobro de multas administrativas; establecer delito y penalidades y derogar toda disposición de ley contraria a la presente.”

La otra ley firmada también en 31 de mayo de 1972 es la Núm. 79, la cual enmendó el antes mencionado inciso (f) del Art. 34 de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo para que dicho inciso volviese a leer exactamente tal como leía antes de la enmienda háchale por la citada Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1969. Por consiguiente, la Ley 80 quedó implícitamente derogada por la mencionada Ley 79 de 1972.

Resulta una realidad legislativa el hecho de que el 31 de mayo de 1972, fecha en que al aprobarse la Ley 79 se derogó implícitamente la Ley 80 de 1969, también se aprobó la citada Ley Núm. 77, la cual tiene por finalidad, según la misma expresa, proteger a los compradores de vehículos de motor. Es casi evidente que mediante dicha Ley Núm. 77 de 31 de mayo de 1972 se quisieron curar las insuficiencias que en el caso de A.P.I.A.U., Inc. supra, encontramos en el Reglamento aprobado para efectuar los propósitos de la Ley 80 de 1969. Además, dicha Ley Núm. 77 constituye un esfuerzo legisla-tivo más completo que la anterior enmienda de 1969 al Art. 34(f) de la Ley de Impuestos, dirigido al problema que se propone conjurar.

La Ley Núm. 77 de 31 de mayo de 1972 contiene una exposición de motivos que da perspectiva a la misma y, entre otras cosas, confiere poderes e impone deberes al Director de la Administración de Servicios al Consumidor, dispone ex-presamente el tipo de información que los vendedores o traficantes en vehículos de motor vienen obligados a adherir en sitio visible a los vehículos, provee para vistas adminis-trativas, para multas administrativas, para revisión judicial y dispone las penalidades para sancionar las violaciones a la misma.

Entre las facultades que la Ley 77 confiere expresamente al Director de la Administración de Servicios al Consumidor está la de adoptar los reglamentos necesarios para el cumpli-miento de dicha ley, sujeto a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968, 28 L.P.R.A. see. 1005. La Ley 77 pone en manos del Director de la Administración de Servicios al Consumidor la administración de esa ley, fun-ción que bajo la extinta Ley 80 de 1969 estaba dividida entre el Secretario de Hacienda y la Administración de Servicios al Consumidor.

En cuanto al caso de autos, al quedar derogada la citada Ley 80 de 1969 que enmendaba la Ley de Impuestos, al trasladarse mediante la Ley 77 de 1972 a la Administración de Servicios al Consumidor la función de proteger a los compradores de vehículos de motor y al conferirse al Director de esa Administración la facultad de adoptar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de la Ley 77, ya no es necesario que discutamos ni decidamos si el antes mencionado Reglamento del Secretario de Hacienda sigue o no la letra de la derogada Ley 80.

Conviene añadir que la vigente Ley 77 de 1972 exige que los vendedores o traficantes en vehículos de motor adhieran en sitio visible y en forma clara prácticamente toda la infor-mación que el anterior Reglamento exigía. La información que el Art. 3 de la Ley 77 exige es la siguiente:

“(1) Nombre de la persona, natural o jurídica, su dirección postal y la dirección del local de negocios donde el vehículo se tiene a la venta así como el nombre y dirección del introductor del mismo y la fecha de su introducción.
(2) Marca, modelo y número de serie del motor, de la caja del vehículo y número de declaración de Rentas Internas donde se declara el vehículo.
(3) Costo en fábrica del vehículo.
(4) Arbitrios sobre el vehículo y sobre equipo instalado en Puerto Rico.
(5) Precio de venta sugerido en Puerto Rico por el vendedor.
(6) Los diferentes costos incluidos en el precio de venta sugerido podrán ser desglosados, siempre que no se incurra en duplicidad.”

Algunos de los términos utilizados en el citado Art. 3 de la Ley están definidos en el Art. 2 de la misma.

Conviene dejar claro lo siguiente. En relación con el deber de los vendedores o traficantes en vehículos de motor de informar el número de la declaración de Rentas Internas donde se declara el vehículo, la apelante argumenta que esa información es de naturaleza confidencial en vista de lo dispuesto en el Art. 80 de la Ley de Impuestos, 13 L.P.R.A. sec. 4080(c). Dicha sección prohíbe a los funcionarios y empleados del Departamento de Hacienda divulgar la información contenida en las declaraciones, libros, récords, u otros documentos examinados por el Secretario de Hacienda o suministrados a él, “excepto de acuerdo con la ley ” La Ley 77, al exigir que esa información se publique le ha quitado a la misma toda naturaleza confidencial, si es que alguna vez la tuvo.

En vista de que el presente es un recurso instado para que se declarase inconstitucional la Ley 80 y su Reglamento y en vista de que dicha Ley fue derogada y que tanto el asunto que cubría — la protección de los compradores de vehículos de motor — como la facultad de adoptar los reglamentos necesarios han sido transferidos al Director de la Administración de Servicios al Consumidor, él objeto del recurso se ha tornado académico y él mismo deberá archivarse por tal razón.

El Juez Asociado, Señor Martín, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Clotilde Hernández López, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Evangelio Salgado, obrero lesionado.

      Número: O-71-239

      Resuelto: 13 de diciembre de 1972

      P. Roldan Figueroa y José F. Vázquez O’Neill, abogados del recurrente; Eduardo Cuchí Coll, abogado de los herederos del obrero occiso.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Es éste un recurso de revisión tramitado a tenor con el Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 12. Debemos revisar una Resolu-ción de la Comisión Industrial mediante la cual se declaró patrono no asegurado al recurrente.

De la síntesis que de las declaraciones de los testigos hizo la propia Comisión Industrial en su Resolución de 4 de marzo de 1971 surge lo siguiente. El recurrente tenía a la fecha de los hechos (año 1965) 67 años de edad. Para aquella fecha ya se había retirado de la agricultura porque por órdenes del médico no podía hacer trabajos físicos fuertes. Hacía cinco años que vivía del Seguro Social. Antes de eso tenía cuatro cuerdas de caña, las cuales destruyó cuando se retiró de la agricultura como negocio. Le quedaron dos cuerdas de café, fruto que recogía él mismo con la ayuda de su familia. Para la fecha de los hechos ya no alquilaba ni contrataba obreros ni peones. Anteriormente, cuando cultivaba las cuatro cuerdas de caña como negocio, tenía la póliza del Fondo del Seguro del Estado. Cuando se retiró de la agricultura y cuando cesó de emplear trabajadores cesó también de comprar dicha póliza.

En cuanto a los hechos específicos del caso, surge que el occiso, Evangelio Salgado, era un vecino y amigo del recurrente de alrededor de 15 años. A veces, cuando los palos de aguacate parían, una vez al año, Evangelio tumbaba aguacates en la propiedad del recurrente y ambos se los repartían de por mitad. Se trataba de una operación familiar y no de una operación comercial. Si el año del accidente los aguacates se hubiesen vendido se estima que le hubiesen tocado $3.00 a cada uno. El recurrente le había dado permiso a Evangelio para ello pero el día de las hechos, un domingo, ignoraba que Evangelio estuviese tumbando aguacates. Ese día Evangelio se cayó de un árbol y murió como consecuencia de los golpes recibidos.

El testigo Pablo Alvarado Colón, testigo de los demandan-tes, declaró que Evangelio “se daba sus cervecitas.” Se deter-minó por el Instituto de Medicina Legal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico que cuando el occiso murió, el nivel de alcohol en su sangre debió ser entre el 20 al 26 centésimas del uno por ciento de alcohol por peso, lo cual lo colocaba “bajo la influencia del alcohol.” Es de notarse que la Ley de Vehículos y Tránsito dispone que si en la sangre de una persona hay quince centésimas del uno por ciento, o más, por peso de alcohol, debe presumirse que la persona “estaba bajo los efectos” del alcohol. 9 L.P.R.A. see. 1041(b)(3).

Es cierto que el Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 12, dispone que las revisiones de las decisiones de la Comisión Industrial solamente podrán concederse sobre cuestiones de derecho o de apreciación de prueba cuando ésta sea de carácter pericial, pero en el caso que nos ocupa la controversia gira sobre si el recurrente és o no un patrono no asegurado y ésta es una determinación de hecho y de derecho, la cual es revisable como una cuestión de derecho. Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 581, 589 (1963); Arraiza Iglesia y. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 14 (1962); Romero v. Comisión Industrial, 73 D.P.R. 805, 812 (1952). En este último caso el Tribunal determinó que aunque la actividad en cuestión producía alguna ganancia económica a la recurrente, dicha actividad no era habitual o regular sino meramente esporádica y revocó la resolución de la Comisión Industrial mediante la cual se había determinado que la recurrente estaba obligada a asegurarse.

En este caso los hechos demuestran que la actividad que llevaba a cabo el occiso cuando ocurrió el accidente era una de naturaleza accidental o casual y no formaba parte de ningún negocio del recurrente. Un accidente sufrido por una persona mientras realiza labor de carácter accidental o casual no comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación del patrono no es uno cubierto por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Art. 2 de la Ley citada, 11 L.P.R.A. see. 2; Arraiza Iglesia v. Comisión Industrial, supra.

En vista de lo anterior, se revocará la Resolución apelada y la anterior del Administrador del Fondo del Seguro del Estado de 15 de octubre de 1965 y se desestimará la petición presentada en este caso.

El Juez Asociado, Señor Ramírez Bages, disintió con opinión con la cual concurrió el Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Ramírez Bages

en el cual concurre el Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel

San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 1972

Disiento. La opinión mayoritaria, a los fines de sostener que el recurrente no era un patrono de acuerdo con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, se ve obligada a descansar en determinados hechos aislados como son (1) el que el recurrente testificó que vivía del Seguro Social; y (2) que se había retirado de la agricultura por lo que cesó de asegurarse con el Pondo del Seguro del Estado. El recurrente dejó de cultivar caña en la finca siendo ésta la razón por la que dejó de asegurarse. Pero aún mantenía la finca como negocio pues recogía el café que producía y mantenía el empleo del fallecido en la tumba anual de los aguacates que los árboles en la finca producían al extremo que días antes del accidente el recurrente había ido a casa del obrero fallecido a pedirle a éste que tumbase dichos aguacates. Además, enfa-tiza indebidamente un testimonio aislado al efecto de que el fallecido “se daba sus cervecitas” conjuntamente con el informe de un toxicólogo sobre el nivel de alcohol en la sangre del cuerpo del obrero fenecido.

Se trata de lo que se denomina en el derecho común un caso “duro”, es decir, un caso en que la parte perdidosa va a sufrir graves consecuencias económicas pues si hubiera prevalecido el criterio de la Comisión, el recurrente se enfren-taría al pago de tal suma que pondría en peligro su finca. Por otra parte, de negársele compensación a la viuda e hijos del fenecido obrero, lo más probable es que éstos quedarían a la merced de la caridad pública.

En armonía con la directriz; legislativa de favorecer al obrero en casos como éste; hemos debido confirmar el dicta-men de la Comisión Industrial. A continuación relacionamos los fundamentos en que basamos esta conclusión.

La Comisión resume la prueba aducida así:

“1. Que en 29 de agosto de 1965, el Sr. Evangelio Salgado estaba tumbando aguacates con el Sr. Pablo Alvarado en la finca del Dr. Clotilde Hernández cuando se cayó del árbol de agua-cates y se lesionó, muriendo horas más tarde en el Hospital.
2. Que el día anterior al accidente don Clotilde había ido a casa del obrero para pedirle qu'e se cogiera los aguacates.
3. Que todos los años el obrero iba a tumbar los aguacates a don Clotilde y se dividían las ganancias por la mitad.
4. Que el obrero anteriormente había trabajado para Don Clotilde recolectando café y tumbando caña.
5. Que el Dr. Clotilde Hernández no tenía póliza con el Fondo del Seguro del Estado que cubriera estos riesgos.”

Además, dictaminó la Comisión que:

“Deseamos señalar que en este caso no surgió prueba de índole alguna que afirmativamente probara que el accidente del obrero se debiera a una posible embriaguez. ... La única prueba que tenemos sobre este particular es el informe médico del Dr. Didney Kaye, del Instituto de Medicina Legal de P.R., some-tido como prueba adicional por el abogado del patrono en 9 de octubre de 1970. En el mismo el Dr. Kaye certifica que la autopcia [sic] practicada al obrero fallecido reveló que la sangre contenía un alto por ciento de alcohol y que en su opinión ese contenido de alcohol en la sañgre que tenía el obrero revela que estaba ‘bajo la influencia del alcohol’. Como dijéramos antes esta opinión no prueba que el accidente fue causado por la embria-guez del obrero.”

En el referido informe sometido por el Director Asociado del Instituto de Medicina Legal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico se dice que una muestra de la sangre del obrero fallecido contenía .04% de alcohol por peso al morir; que, en su opinión, si el accidente ocurrió once horas antes (en efecto Salgado sufrió el accidente a eso de las 12 del mediodía. Murió a las once de la noche del mismo día) el nivel de sangre de alcohol al ocurrir el accidente debió ser de 20% a 26% de alcohol por peso lo que colocaría a uno “bajo la influencia del alcohol.”

La viuda del fallecido testificó que su marido durante esos días no tomó alcohol y la noche antes se acostaron de 7 a 8 de la noche y cuando ella se levantó a las 7 de la mañana ya su marido se había ido. Un hijo de éste testificó que vio a su padre el domingo y que esa mañana no tomó licor.

No hubo prueba de la causa de la caída del fallecido. Según la Comisión, el único testigo del accidente, Sr. Pablo Alvarado, meramente hizo referencia a que Salgado se cayó de un árbol mientras recogía los aguacates.

Arguye el recurrente que:

“. . . no hay prueba alguna en el récord de que la caída se debiera a alguna causa externa y ajena a la voluntad del obrero, como por ejemplo: que se hubiese desgajado una rama del árbol; que hubiese sufrido una enfermedad súbita como un ataque cardiáco; que algún insecto como una avispa, etc. ... lo hubiese picado; que un fuerte ventarrón hubiese movido súbita-mente el árbol, que alguna persona le hubiese lanzado una piedra o en cualquier otra forma le hubiese provocado la caída; que el árbol se hubiese tronchado y caído al piso con el obrero, o a cualquier otro motivo.”

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo excluye de sus beneficios “. . . aquellos obreros y empleados cuya labor sea de carácter accidental o causal y no esté com-prendida dentro del negocio, industria, profesión, u ocupación de su patrono . . . Además, dispone que no son accidentes compensables del trabajo y no darán derecho a compensación al obrero o empleado, los que ocurran “(2) Estando el obrero o empleado embriagado, siempre que la embriaguez fuere la causa del accidente.” También dispone dicha ley que . . por ser de carácter remedial se interpretará liberalmente, y cual-quier duda razonable que en su aplicación surgiere en cuanto a la existencia de relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero ,o empleado y la lesión, incapacidad o muerte . . . deberá resolverse a favor del obrero o empleado, o sus bene-ficiarios.” Por último, la referida ley provee que la revisión de una decisión de la Comisión Industrial . . solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho o apreciación de prueba, cuando ésta sea de carácter pericial.” (11 L.P.R.A. sees. 2, 5 y 12.)

1. — El trabajo de recolectar aguacates que el obrero falle-cido realizaba, anualmente durante la cosecha en la finca del recurrente no era accidental o casual pues lo había llevado a cabo durante varios años a petición o con la concurrencia del recurrente y éste se beneficiaba del mismo no obstante que el ingreso resultante fuese muy exiguo. Aun cuando fuese casual, el trabajo estaba comprendido dentro del negocio u ocupación del recurrente.

2. — Se ha aducido en este caso la defensa de intoxicación del obrero. Por intoxicación se entiende un estado o condición (a) en que el obrero está bajo la influencia de bebidas intoxi-cantes al extremo que no está enteramente en sí, su juicio está limitado, o sus actos o palabras o conducta está afectada visible y notoriamente; (b) en que el obrero no puede conti-nuar su trabajo, es decir, que no puede realizar ninguno de los deberes usuales de su empleo. Fidelity & Casualty Co. of New York v. Hodges, 133 S.E.2d 406 (Ct. of App. Ga. 1963); Ortega v. Ed Horrell & Son, 362 P.2d 744 (Ariz. 1961); Fogarty v. Martin Hotel Company, 101 N.W.2d 601 (Minn. 1960).

Para que la anterior defensa pueda prosperar, el patrono tiene que mostrar, por la preponderancia de la prueba, que la lesión del obrero fue ocasionada únicamente por su intoxica-ción ; cuando otros riesgos del empleo concurren con la intoxi-cación del empleado o contribuyen a ocasionar la caída, no se puede negar la compensación. Tiene que haber una relación causal entre la intoxicación y la lesión resultante. La prueba de los patrones de conducta de individuos bajo la influencia del alcohol debe provenir de peritos médicos y no de toxicólo-gos. Olivera v. Hatco Chemical Co., 150 A.2d 781, 788, 790 (N.J. App. Div. 1959); Douglas Aircraft Co. v. Industrial Accident Com’n., 306 P.2d 425 (Cal. 1957); Allison v. Brown & Horsch Insulation Co., 102 A.2d 493, 497 (N.H. 1954); Kulinka v. Flockhart Foundry Co., 75 A.2d 557, confirmado en Bujalski v. Flockhart Foundry Co., 84 A.2d 468 (N.J. 1951).

Si bien es cierto que hubo prueba pericial de que había determinado contenido de alcohol en la sangre del fenecido, no es menos cierto que, como indica la Comisión, no hubo prueba de que esa condición fuese la causa del accidente. Según la relación de la prueba contenida en la resolución de la Comisión, al único testigo presencial del accidente no se interrogó sobre cómo y en qué forma ocurrió el accidente y sobre la causa del mismo. Por el contrario, dicho testigo testi-ficó que cuando el obrero se cayó del árbol “habían cogido como 150 aguacates”, además de 100 del primer árbol y que “quedaban por coger como 50 aguacates” del segundo árbol; que el obrero se cayó “como a las dos horas de estar cogiendo aguacates.” Este testimonio no es indicativo de que el obrero fallecido estuviese impedido de continuar su trabajo o de realizar los deberes usuales de su empleo. Tampoco hubo prueba de que su juicio estuviere limitado o de que sus actos, palabras o conducta estuviese afectado visible y notoria-mente.

En vista de lo expuesto, hemos debido confirmar la resolu-ción de la Comisión Industrial dictada en este caso en 4 de marzo de 1971.