author: El Juez Asociado Señor Corrada Del Río

text:
    Carlos Pérez Villanueva y Luis G. Pellot Ferrer, demandantes y peticionarios, v. Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, demandada y recurrida.

      Número: CE-94-508

      Resuelto: 13 de diciembre de 1995

      Oscar Ramos Olivares, abogado de la parte peticionaria; Carmen Delia Díaz Torres, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Corrada Del Río

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite resolver la controversia de si las agencias, instrumentalidades o autoridades nomi-nadoras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se encuentran reguladas por la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico() tienen el deber de notificar a los ciudadanos que hayan sido certificados como elegibles —según lo dispone el inciso (9)(a) de la See. 4.3 de la refe-rida ley,() según enmendada— que la plaza por ellos soli-citada no les fue adjudicada. Ello como parte del proceso de reclutamiento y selección final de empleados públicos.

Luego de un análisis detenido de los estatutos pertinen-tes, y al amparo de las exigencias del debido proceso de ley, resolvemos en la afirmativa. Además, atendido el hecho de que de la situación fáctica del caso de autos no puede esti-marse que los peticionarios hubiesen incurrido en incuria al presentar su escrito de apelación ante la Junta de Ape-laciones del Sistema de Administración de Personal (en adelante J.A.S.A.P.), revocamos la sentencia recurrida. Los hechos del caso se exponen a continuación.

Los Srs. Carlos Pérez Villanueva y Luis G. Pellot Ferrer solicitaron empleo en el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (en adelante Cuerpo de Voluntarios) con el propósito de ocupar una plaza vacante de Coordinador de Exploración Vocacional en el Centro Job Corps de Ramey en Aguadilla. Mediante una comunicación escrita, ambos aspirantes fueron citados por dicho cuerpo para la entre-vista de empleo que se celebraría el 31 de agosto de 1992. En dicha comunicación se les exigió, como requisito previo a la entrevista, el obtener la autorización de Res Care Corp., patrono para el cual se encontraban laborando. Por entender que dicho requisito era irrazonable y discrimina-torio, tanto el señor Pérez como el señor Pellot se negaron a asistir a la entrevista y manifestaron a la entidad con-cernida sus razones para ello.

Posteriormente, los solicitantes, con la ayuda de repre-sentación legal, lograron que se les concediera una se-gunda entrevista ya eliminada la condición de autorización previa del patrono. Luego de ser entrevistados el 3 de sep-tiembre de 1992, advinieron en conocimiento, extraoficial-mente, de que la plaza por ellos solicitada había sido adju-dicada al Sr. José Reinat el 1ro de septiembre de 1992. Según surge del recurso ante nos, el Cuerpo de Voluntarios no les notificó tal decisión ni les informó de su derecho de apelación ante J.A.S.A.P.

Tres (3) meses más tarde, el 18 de diciembre de 1992, los señores Pérez y Pellot presentaron una petición de injunction contra el Cuerpo de Voluntarios ante el Tribunal Superior para solicitar que se ordenase a dicho cuerpo efec-tuar un nuevo procedimiento de selección entre los candi-datos entrevistados para ocupar la referida plaza. Alega-ron, en síntesis, que el Cuerpo de Voluntarios, al reclutar a un empleado para la plaza vacante de Coordinador de Ex-ploración Vocacional previo a la celebración de las entrevis-tas de ambos demandantes para la obtención del mismo puesto, había incurrido en violación a sus derechos consti-tucionales y al principio de mérito consagrado en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.

Dicha petición de injunction fue desestimada el 26 de mayo de 1993 por el foro de instancia en vista de que no se había agotado los remedios administrativos provistos en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, y no existía evidencia de factor alguno que justificase la prete-rición de tales remedios.() No obstante, el referido foro emitió una orden a los efectos de que el Cuerpo de Volun-tarios presentara a los demandantes una copia certificada del nombramiento en controversia, ya que en ningún mo-mento se les había notificado la decisión tomada.

Inconformes, el 25 de junio de 1993 los demandantes presentaron un escrito de apelación ante J.A.S.A.P. reite-rándose en que la determinación del Cuerpo de Voluntarios constituía una violación a sus derechos constitucionales, así como a la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. Sin embargo, J.A.S.A.P. resolvió decretar la desestimación y el archivo de la apelación al amparo de la doctrina de incuria. Concluyó dicha junta que la apelación había sido presentada fuera del término jurisdiccional dis-puesto por la Sec. 7.15 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1395, y que, aunque ciertamente no se les había notificado a los apelantes la determinación del Cuerpo de Voluntarios, éstos no habían sido diligentes al presentar la correspondiente apelación. ()

Inconformes, los apelantes presentaron un escrito de re-visión ante el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, extinta Unidad Especial de Jueces de Apelaciones (Hon. Ángel González Román, Juez), alegando que J.A.S.A.P. había errado al desestimar la apelación presentada amparándose en la doctrina de incuria. Dicho foro dictó una sentencia el 31 de mayo de 1994 en la que confirmó la determinación de J.A.S.A.P. y sostuvo que, independientemente de la aplica-ción de la doctrina de incuria al caso de autos, aún proce-día sostener la decisión de la agencia recurrida en vista de que, según surgía del expediente administrativo, el señor Reinat había sido entrevistado con dos (2) días de anterio-ridad a los demandantes y su nombramiento se había he-cho efectivo al 1ro de septiembre de 1992, con el correspon-diente informe de cambio firmado por el director el 3 de septiembre de 1992.

Finalmente, concluyó el tribunal apelativo que “[s]opesados los intereses de los recurrentes versus los in-tereses de la persona nombrada y el orden institucional de mantener la continuidad en la prestación de los servicios, la efectividad de su sistema de reclutamiento, retención y administración de presupuesto” (Apéndice I, pág. 7), proce-día resolver que los recurrentes no habían sido diligentes en la reclamación de sus derechos.

De esta sentencia acudieron ante nos los peticionarios, Pérez Villanueva y Pellot, mediante una petición de certio-rari, alegando que “[e]rró la Unidad Especial de Jueces de Apelaciones, al confirmar la actuación de la JASAP deses-timando la apelación radicada por los peticionarios basán-dose en la doctrina de incuria”. () Solicitud, pág. 4.

Luego de evaluar el recurso presentado, así como sus correspondientes documentos anejos, concedimos un tér-mino a la parte demandada recurrida para que mostrase causa, si la hubiere, por la cual no debíamos revocar la sentencia dictada y devolver el caso a J.A.S.A.P. Habiendo transcurrido dicho término y estando en posición de resolver el recurso de epígrafe, resolvemos según lo intimado.()

HH H-1

Antes de analizar si erró el foro a quo al sostener que los aquí peticionarios no habían sido diligentes en el reclamo de sus derechos, y en consecuencia al confirmar la desesti-mación decretada, entendemos procedente determinar si los peticionarios tenían que haber sido notificados de la determinación tomada por el Cuerpo de Voluntarios. Ello en vista de los planteamientos formulados por J.A.S.A.P. a los efectos de que las autoridades nominadoras no tienen el deber de notificar a todos los solicitantes cuando la plaza de empleo vacante finalmente haya sido adjudicada; razón por la cual, a su entender, el término para apelar de tal decisión comenzaría a decursar desde que se haga efectiva ésta. No le asiste la razón a J.A.S.A.P. Veamos.

La Legislatura, mediante la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, estableció la J.A.S.A.P. como el foro apelativo ante el cual se les otorga a los ciudadanos la opción de impugnar las determinaciones de una agencia o autoridad nominadora cuando éstas infrinjan su derecho a ingresar al servicio público en cumplimiento con el principio de mérito.

A esos efectos, la Sec. 7.14 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 1394, en lo pertinente, dispone lo siguiente:

Con sujeción a las excepciones que se establecerán más ade-lante en este Capítulo, se podrá apelar de las acciones o deci-siones de la Oficina Central, de los Administradores Individua-les, y de las autoridades nominadoras, en los casos y por las personas que se especifican a continuación:
(2) Por un ciudadano, cuando alegue que una acción o deci-sión que le afecta viola su derecho a entrar en el Sistema de Administración de Personal en cumplimiento con el principio de mérito.

Por su parte, la Sec. 7.15, supra, establece el procedimiento de apelación al disponer que la parte afectada “deberá presentar escrito de apelación a la Junta dentro de treinta (30) días a partir de la notificación de la acción o decisión objeto de la apelación”. (Enfasis suplido.)

Ciertamente, la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico no contiene una disposición expresa en cuanto al deber afirmativo de notificar las decisiones o ac-dones tomadas por la agenda o autoridad nominadora, o del derecho a apelarlas en los casos de reclutamiento y selección final de empleados en el servicio público a tenor con el principio de mérito. No obstante, es de notar que dicho deber de notificación se puede colegir claramente de la citada Sec. 7.15. Ello, en vista de que resulta lógico con-cluir que si tal precepto legal establece que el término para presentar una apelación ante J.A.S.A.P. comenzará a transcurir a partir de la notificación de las acciones o deci-siones tomadas por la autoridad nominadora, en conse-cuencia, establece indirectamente el deber de notificar las acciones o decisiones que, a tenor con la ley, puedan ser objeto de apelación ante J.A.S.A.P.

La contención de J.A.S.A.P. sobre este extremo es a los efectos de que el referido estatuto, al disponer que el tér-mino comenzará a transcurir a partir de la “notificación de la acción o decisión” (3 L.P.R.A. see. 1395), se refiere a que deberán ser notificadas las acciones tomadas por la autori-dad nominadora, mas no así las decisiones. Sustenta tal alegación en que la conjunción utilizada entre ambas pala-bras es la “o”, conjunción cuya naturaleza resulta ser disyuntiva y no copulativa. Tal argumento no nos persuade.

Somos del criterio que la intención del legislador, al uti-lizar la conjunción “o” en el referido estatuto, fue la de abarcar en su mandato tanto a la notificación de acciones como a la notificación de decisiones. Varias razones militan en favor de tal criterio.

Debe advertirse que a través de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, la Legislatura dispuso por igual el derecho a apelar, así como el término para ello, en relación con todo reclamo que suija al amparo de las dis-posiciones de dicha ley, independientemente de que la de-terminación impugnada resulte ser una “acción” o una “decisión”. Entonces, ¿por qué crear una distinción entre la notificación de acciones y la de decisiones cuando, a fin de cuentas, una “decisión” como la de autos resulta ser de mayor transcendencia e importancia para un solicitante, ya que dispone finalmente de su solicitud de empleo? Re-sultaría inconsistente que el legislador hubiese tenido la intención de crear tal distinción.

Más aún, la única consecuencia que tendría la interpretación que pretende J.A.S.A.P. sería la de enervar el derecho que tiene una parte a cuestionar las “decisiones” que violen su derecho a ingresar en el Sistema de Administración de Personal en cumplimiento con el principio de mérito. Derecho que, al ser provisto por ley en el estatuto orgánico de J.A.S.A.P., forma parte del debido proceso de ley. Véanse: Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983 (1995); Arroyo Moret v. F.S.E., 113 D.P.R. 379 (1982); Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228 (1974).

Coincidimos con los peticionarios en que resulta razona-ble el apercibir a las personas sobre los derechos que les asisten sin que tenga ello que quedar supeditado al arbi-trio de la autoridad nominadora. En ese sentido, se logra un equilibrio justo entre los derechos de las partes involu-cradas en el proceso y se garantiza las exigencias del de-bido proceso de ley.

A la luz de lo antes expuesto, resulta ineludible concluir que lo que gramaticalmente quiso decir la Legislatura a través del referido precepto fue que el término para presentar una apelación ante J.A.S.A.P. comenzaría a transcurir a partir de la notificación de las acciones o de la notificación de las decisiones, según fuese el caso. Nótese, además, que hemos resuelto que la conjunción “o” podrá ser intercambiada con la conjunción “y”, o viceversa, cuando ello sea necesario para llevar a cabo el propósito evidente del legislador. Pueblo v. Colón Rosa, 96 D.P.R. 601 (1968); De Castro v. Junta de Comisionados, 57 D.P.R. 153 (1940); Monllor & Boscio, Sucrs, v. Sancho Bonet, Tes., 49 D.P.R. 576 (1936). Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cue-vas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987 Vol. I, pág. 353.

En consecuencia, resolvemos que como parte del proceso de reclutamiento y selección de empleados, todas aquellas agencias, instrumentalidades o autoridades nominadoras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se encuentran reguladas por la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, tienen el deber de notificar a los ciudadanos que hayan sido certificados como elegibles, según lo dispone el inciso (9)(a) de la See. 4.3 de la referida ley, supra, que la plaza por ellos solicitada no les fue adjudicada. Deberán también notificar a dichos ciudadanos su derecho a interponer una apelación ante J.A.S.A.P., así como el término para llevar a cabo dicho trámite. Ello, a los fines de que éstos tengan la oportunidad de determinar si ejercen o no su derecho a apelar ante J.A.S.A.P.()

h-i I — l I — i

Aclarado el hecho de que los aquí peticionarios tenían que haber sido notificados de la decisión tomada en torno a sus solicitudes de empleo, atendemos el reclamo presen-tado por éstos en el recurso ante nos. En síntesis, éstos plantean que la doctrina de incuria no es aplicable al caso de autos, pues entienden que demostraron “la multiplici-dad de gestiones, tanto judiciales como extrajudiciales, lle-vados a cabo ... previo a la radicación de la Apelación ante ese cuerpo [J.A.S.A.P.]; gestiones que claramente denotan diligencia e interés ...” Solicitud, pág. 8.

En García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978), establecimos la norma de que cuando a la parte afectada no se le notifica su derecho a apelar ante J.A.S.A.P. de la determinación tomada ni del término para efectuar dicho trámite, no aplica el término jurisdiccional de treinta (30) días. En tales casos, el término dentro del cual deberá interponerse la correspondiente apelación quedará sujeto a la doctrina de incuria. Véase, además, Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 240 (1992).

La doctrina de incuria la hemos definido “como dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjuntó con el transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la parte adversa, opera como un impedimento en una corte de equidad”. Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610, 618 (1990).

Como es sabido, en dicha doctrina no basta el mero transcurso del tiempo para impedir el ejercicio de la causa de acción, sino que deben evaluarse otras circunstancias antes de decretar la desestimación del recurso instado. Srio. D.A.C.O. v. J. Condominos C. Martí, 121 D.P.R. 807 (1988); J.R.T. v. A.E.E., 113 D.P.R. 564 (1982); Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 904 (1960). Circunstancias tales como “la justificación, si alguna, de la demora incurrida, el perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados o públicos involucrados”. Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, supra, pág. 247. Además, cada caso deberá ser examinado a la luz de sus hechos y circuns-tandas particulares. García v. Adm. del Derecho al Trabajo, supra.

En el caso de epígrafe nos encontramos ante una situa-ción en la que el Cuerpo de Voluntarios ni tan siquiera informó a los peticionarios la decisión tomada en torno a sus solicitudes de empleo y, mucho menos, de su derecho a apelarla ante J.A.S.A.P., o el término para así hacerlo. Ala luz de la normativa antes expuesta, ello tuvo la consecuen-cia de hacer inaplicable el término jurisdiccional de treinta (30) días, rigiendo la doctrina de incuria.

Ahora bien, el foro recurrido llegó a la conclusión de que los peticionarios habían incurrido en incuria amparándose en las expresiones vertidas por este Tribunal en el caso García v. Adm. del Derecho al Trabajo, supra, a los efectos de que el requisito reglamentario de notificación puede tor-narse irrelevante si el empleado, de alguna forma, tuvo conocimiento de su deber a apelar con margen suficiente para ejercitarlo oportunamente. No obstante, aunque cier-tamente los aquí peticionarios admiten haber obtenido co-nocimiento extraoficial del nombramiento del señor Reinat con anterioridad a la presentación de la petición de injunction ante el Tribunal Superior, y no fue hasta seis (6) meses más tarde que recurrieron ante J.A.S.A.P., pesa sobre nuestro ánimo el hecho de que en dicho período los peticio-narios no se cruzaron de brazos. Obran circunstancias en el recurso ante nos capaces de justificar la demora incurrida.

En primer lugar, a partir del momento en que los peti-cionarios advinieron extraoficialmente en conocimiento de que la plaza había sido adjudicada, comenzaron a realizar gestiones tanto judiciales como extrajudiciales dirigidas a que se les notificara oficialmente la decisión tomada, así como su fecha. A esos efectos enviaron una carta dirigida al Jefe de Personal del Cuerpo de Voluntarios y otra dirigida a la Asesora Legal de dicho cuerpo, solicitando tal notificación. ()

Segundo, en vista de que tales gestiones resultaron in-fructuosas, procedieron con la presentación de una acción judicial. No fue hasta ese momento, una vez el Tribunal Superior ordena al Cuerpo de Voluntarios que notifique su decisión a los peticionarios, que éstos advinieron en cono-cimiento oficial de ésta, así como de su derecho a apelar ante J.A.S.A.P. Nótese, además, que la sentencia desesti-matoria del Tribunal Superior fue notificada el 28 de mayo de 1993 y los peticionarios presentaron su escrito de ape-lación ante J.A.S.A.P. el 25 de junio de 1993, es decir, tan sólo veintiocho (28) días después.

Por último, el Cuerpo de Voluntarios no ha comparecido a cuestionar las gestiones realizadas por los peticionarios ni a demostrar que le cause un grave peijuicio el hecho de que les permitamos ventilar su caso en los méritos. Por su parte, la comparecencia de J.A.S.A.P. tampoco nos ha con-vencido de ello.

Ante estos hechos particulares, concluimos que no podía estimarse que los peticionarios hubiesen incurrido en incuria, por lo que no procedía la desestimación decretada. Si bien es cierto que el orden institucional de mantener la continuidad en la prestación de los servicios en las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico resulta ser de vital importancia, ello de por sí no podía justificar el que se privara a los aquí peticionarios de su derecho a que su reclamación fuese ventilada en los méritos ante J.A.S.A.P. Máxime si tomamos en consideración que a través del historial legislativo de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, se desprende que uno de los propósitos principales de dicha legislación es el de proteger adecuadamente el principio de mérito, garantizando y protegiendo al máximo los derechos de los empleados públicos.

Por todos los fundamentos antes expuestos, se expide el auto solicitado y se dictará sentencia para revocar la sen-tencia recurrida y para devolver el caso a J.A.S.A.P. de ma- ñera que continúen los procedimientos de forma compatible con lo expuesto en esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

      (1) Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.

      (2) 3 L.P.R.A. sec. 1333(9)(a).

      (3) Copia de la notificación de dicha sentencia fue archivada en autos el 28 de mayo de 1993.

      (4) Solicitada oportunamente la reconsideración del referido dictamen, la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (en adelante J.A.S.A.P.) procedió a denegarla de plano.

      (5) Los peticionarios no incluyeron, como parte del apéndice de su recurso, el volante de notificación de la sentencia recurrida. Sin embargo, dicha sentencia fue dictada el 31 de mayo de 1994 y la petición de certiorari fue presentada ante nos el 15 de julio de 1994, por lo que resulta forzoso concluir que ésta fue presentada dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días que disponía la ley vigente a ese momento, Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993 (4 L.P.R.A. secs. 37-1). Ello, en vista de que el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (en adelante Cuerpo de Voluntarios) resulta ser una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      (6) Adviértase que el Cuerpo de Voluntarios compareció ante nos alegando que no había recibido copia de la petición de certiorari presentada por los demandantes, por lo que solicitó un término adicional para cumplir con nuestra orden de mostrar causa a partir del recibo de dichos documentos. No obstante, la parte demandante recurrente presentó una moción de réplica a dicha comparecencia señalando que el 15 de julio de 1994 había presentado personalmente el referido recurso ante el Cuerpo de Voluntarios por conducto de uno de sus funcionarios. A esos efectos pre-sentó como evidencia de tal presentación la copia de una hoja de recibo. El Cuerpo de Voluntarios no ha comparecido a oponerse a tales alegaciones ni a responder a nues-tra orden de mostrar causa.
      De otra parte, J.A.S.A.P. compareció ante nos y, aunque alegó no ser parte en este caso, para servir “los mejores intereses de la justicia y del orden público” (Mo-ción informativa y en cumplimiento de orden, pág. 2) expuso varias causas por las cuales, a su entender, no debíamos revocar la sentencia dictada.

      (7) Advertimos que el tribunal de instancia sostuvo que el Art. 7, Sec. 7.3(4), del Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito Núm. 2186, Oficina Central de Administración de Personal, 30 de noviembre de 1976, establece el requi-sito de notificación en cuanto sostiene que “[s]e notificará por escrito, por cubierta cerrada, a la persona cuya solicitud sea rechazada, informándole la causa del re-chazo y su derecho de apelación ante la Junta”. Sin embargo, aduce J.A.S.A.P. que dicho estatuto no resulta de aplicación al caso de autos, ya que éste se refiere a las solicitudes de examen que son recibidas, en primera instancia, como resultado de las convocatorias de reclutamiento que llevan a cabo las agencias.
      Entendemos que podría asistirle la razón a J.A.S.A.P. en cuanto a dicho plan-teamiento, en vista de que la referida See. 7.3, en sus incisos (1) y (2), hace alusión a la revisión de solicitudes de examen recibidas como resultado de los “avisos públi-cos”, y dispone causas, tales como la presentación tardía y la falta de requisitos mínimos en éstas, por las cuales podrían ser rechazadas. Es dentro de ese contexto que efectivamente el reglamento dispone el deber de notificación. Nótese, además, que la See. 7.6 del Reglamento, supra, regula independientemente la certificación y selección de empleados. No obstante, a la luz de nuestra conclusión anterior, carece de finalidad práctica discutir el ámbito de aplicación del referido estatuto.

      (8) Copia de dichas cartas obran en el recurso ante nos.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Héctor Serrano Mangual.

      Número: 9185

      Resuelto: 15 de diciembre de 1995

      Nydia Martínez de Lajara, Directora Interina de la Oficina de Inspección de Notarías; Héctor Serrano Mangual, pro se.

   per curiam:

Luego de incumplir reiteradamente con nuestras órdenes para que corrigiese las deficiencias seña-ladas por el Director de la Oficina de Inspección de Nota-rías y de habérsele apercibido que de no cumplir sería san-cionado, el 25 de marzo de 1994, mediante opinión per curiam, suspendimos indefinidamente al entonces aboga-do-notario Héctor Serrano Mangual, del ejercicio de la pro-fesión de abogado hasta que acreditase “su disposición de cumplir rigurosamente con nuestras órdenes”. (Énfasis suprimido.) In re Serrano Mangual, 135 D.P.R. 571 (1994).

El 12 de julio de 1995, luego de una serie de gestiones y de trámites procesales encaminados a corregir las deficien-cias señaladas por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, el señor Serrano Mangual sometió una moción informativa indicando que ya había corregido esas deficiencias. Además, solicitó que lo reinstalásemos. El 19 de julio, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos informó que las deficiencias de los Protocolos de 1990 a 1993 habían sido corregidas y que los Protocolos estaban aprobados.

Así las cosas, el 11 de agosto de 1995 concedimos un término al Colegio de Abogados de Puerto Rico para que se expresase sobre la solicitud del señor Serrano Mangual. El Colegio de Abogados de Puerto Rico ha comparecido y nos informa que contra el señor Serrano Mangual se han pre-sentado dos (2) quejas, una por parte del Sr. Juan J. Reyes Ramos y otra por la Sra. Sonia Stella Díaz.

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, se reinstala al señor Serrano Mangual al ejercicio de la pro-fesión de abogado. Además, se le ordena al Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ledo. Harry Anduze Montano, que investigue las quejas presentadas contra el señor Serrano Mangual y nos presente su informe y reco-mendación, y se le apercibe al licenciado Serrano Mangual que de no cooperar con la investigación del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico podrá ser disciplinado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió porque entiende que el Sr. Héctor Serrano Mangual no debe ser reinstalado al ejercicio de la profesión hasta tanto el Cole-gio de Abogados de Puerto Rico informe sobre los méritos, si alguno, de las dos (2) quejas presentadas contra él y que actualmente se tramitan ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico; ello en vista del hecho de que si éstas en efecto son meritorias con toda probabilidad habría que suspen-derlo de nuevo.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Aso-ciado Señor Rebollo López,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Juan Francisco Contreras, demandado y recurrido.

      Número: CE-94-464

      Resuelto: 15 de diciembre de 1995

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Grisel Hernández Es-teces, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Héctor Santiago Rivera, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Acude ante nos el Procurador General mediante una pe-tición de certiorari y solicita que revoquemos la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, la cual permite que Juan Francisco Contreras Rosario, ciudadano de la República Dominicana convicto en Puerto Rico de los delitos de Práctica Ilegal de la Medicina y Agresión Agravada, cumpla con su sentencia suspendida y resida en su país de origen tres (3) semanas de cada mes. Nos corresponde resolver si una persona convicta de delito en Puerto Rico puede cumplir la sentencia suspendida en un país extranjero. Por entender que ello representa una renuncia del tribunal a ejercer de manera efectiva su cus-todia legal sobre el probando, revocamos la resolución recurrida.

I — I

Juan Francisco Contreras Rosario, ciudadano de la Re-pública Dominicana, fue acusado de cuatro (4) cargos por la práctica ilegal de la medicina y uno (1) por mutilación. Art. 9 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931 (20 L.RR.A. see. 39); Art. 96 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4033. El Ministerio Público logró demos-trar que, a pesar de no estar autorizado para ejercer la Medicina en Puerto Rico, Contreras Rosario tenía una ofi-ciña en el edificio El Monte Mall en San Juan, en la cual examinaba a los pacientes y les recomendaba que se reali-zaran operaciones de cirugía plástica en su clínica radi-cada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. El tratamiento post operatorio era realizado en Puerto Rico.

Además, el Ministerio Público probó que Contreras Rosario intervino quirúrgicamente en su oficina de Puerto Rico a una paciente a quien había realizado una operación de reducción del tamaño de sus senos en la República Dominicana. Contreras Rosario cortó el complejo aureola-pezón del seno infectado sin haber obtenido el consenti-miento de la paciente. Ésta desarrolló una infección como consecuencia de la cirugía.

El Tribunal de Primera Instancia declaró culpable al acusado de cuatro (4) cargos de práctica ilegal de la medi-cina y un cargo de agresión agravada en su modalidad grave. La técnica de servicios sociopenales que evaluó a Contreras Rosario recomendó que se le extendiera el bene-ficio de una sentencia suspendida. Sugirió al tribunal que la sentencia se cumpliese en Puerto Rico para poder efec-tuar una adecuada supervisión del convicto, dada la ausen-cia de un convenio de supervisión con la República Dominicana. Además, la oficial probatorio expresó su pre-ocupación al efecto de que “no se le permita [a Contreras Rosario] continuar practicando la Cirugía Plástica en Santo Domingo, ya que entendemos ello representa un riesgo tanto para personas de nuestro país como de otros lugares”. Informe de Libertad a Prueba, pág. 23.

Durante la vista del pronunciamiento de la sentencia, la representación legal de Contreras Rosario reconoció la au-sencia de un convenio entre la República Dominicana y Puerto Rico en relación con el programa de supervisión de personas acogidas al beneficio de una sentencia suspendida. Solicitó la concesión de una sentencia suspen-dida con permiso para realizar viajes a la República Domi-nicana algunos días a la semana para poder practicar la Medicina en dicho país. El Ministerio Público se opuso a dicha solicitud.

El tribunal de instancia procedió a dictar la sentencia. Impuso al convicto cinco (5) años de presidio en cada caso, concurrentes entre sí, y le confirió el beneficio de una sen-tencia suspendida, sujeto a que cumpliera con las siguien-tes condiciones:

1-Deberá seguir residiendo e.n Puerto Rico.
2-Deberá someterse un plan al Oficial Probatorio en térmi-nos de viajar a Santo Domingo, determinados momentos y días y ese plan deberá ser posteriormente aprobado por este Juez.
3-No podrá ejercer directa ni indirectamente, ni realizar nin-gún tipo de gestión profesional en Puerto Rico, que [sic] se pueda entender que está ejerciendo la profesión de medicina en Puerto Rico.
4-Deberá coordinarse por la Oficina del Oficial Probatorio cualquier necesidad de una investigación en Santo Domingo, al costo del propio probando, y deberá éste brindar toda la coope-ración necesaria para que esa gestión pueda realizarse en Santo Domingo.
5-Deberá haber un control del pasaporte.
6-Tiene que mantenerse al día en su pensión alimenticia. Apéndice, Exhibit VTII, págs. 109-110.

Se celebró una vista posterior al pronunciamiento de la sentencia para establecer el plan de viaje entre la Repú-blica Dominicana y Puerto Rico, pues el probando y la ofi-cial probatorio no habían podido llegar a un acuerdo. El tribunal estableció que Contreras Rosario pasaría la pri-mera semana de cada mes en Puerto Rico y se debía repor-tar a la oficial probatorio a cargo de su supervisión. Las restantes tres (3) semanas del mes podría permanecer en la República Dominicana. Su decisión estuvo fundamen-tada en la necesidad de que Contreras Rosario pudiese ejercer la Medicina en la República Dominicana, para así cumplir con la obligación de pagar la pensión alimentaria de sus hijos, residentes en Puerto Rico.

El Procurador General acude ante nos mediante una petición certiorari y solicita la revocación de dicha resolución. Señala que erró el tribunal de instancia al per-mitir que el convicto se ausente del país tres (3) semanas al mes durante el cumplimiento de la sentencia. En sínte-sis, aduce el peticionario que la sentencia suspendida con-cedida a Contreras Rosario anula para fines prácticos la habilidad del Estado para supervisar continuamente al probando y asegurar que se cumplan los términos de la sentencia.

Por entender que el Tribunal de Primera Instancia co-metió un abuso de discreción al permitirle al convicto per-manecer en la República Dominicana tres (3) semanas al mes, revocamos.

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La Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, conocida como la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. sees. 1026-1029, según enmendada, confiere a los tribunales la facultad de suspender los efectos de las sentencias que ha-yan dictado. Pueblo v. Texidor Seda, 128 D.P.R. 578 (1991). Los tribunales tienen gran discreción y flexibilidad en la concesión de una sentencia suspendida. Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 245 (1994); Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972). No obstante, este Tribunal intervendrá en aquellos casos cuando el tribunal de instancia haya incurrido en un abuso de discreción al denegar o conceder a un convicto los beneficios de una sentencia suspendida. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990).

En conformidad con la Ley de Sentencia Suspendida, la persona a quien se otorgue dicho beneficio quedará bajo la custodia legal del tribunal hasta la expiración del período fijado en su sentencia. 34 L.P.R.A. see. 1027. La referida ley dispone, además, que el tribunal sentenciador tiene la facultad para prescribir las condiciones para la suspensión de la sentencia, y cuando esté convencido de la mala con-ducta del probando, podrá ordenar su arresto. 34 L.P.R.A. see. 1031. Asimismo, el tribunal sentenciador podrá revo-car la suspensión de la sentencia en cualquier momento cuando, a su juicio, la libertad de la persona convicta sea incompatible con la debida seguridad de la comunidad o con la rehabilitación de la persona delincuente. 34 L.P.R.A. see. 1029.

La ley dispone que el tribunal deberá imponer como condiciones mandatorias para la suspensión de la sentencia que se haga constar por escrito el compromiso del probando de no incurrir en conducta delictiva y de no asociarse con personas reconocidas por su participación en actividades ilegales. 34 L.P.R.A. sec. 1027a. Además, el probando deberá someterse a un programa regular para la detección de sustancias controladas. Id.

No obstante lo anterior, el organismo gubernamental encargado de supervisar a las personas, a quienes se les haya concedido el beneficio de una sentencia suspendida, es la Administración de Corrección. 34 L.P.R.A. see. 1028. Como parte del plan de supervisión, todo probando deberá someterse a un régimen disciplinario de vida y a un plan de tratamiento cuya duración y condiciones quedarán a discreción de dicha Administración. íd. Los objetivos principales de la supervisión deben ser la rehabilitación de la persona y la protección de la comunidad. Id. Estos dos (2) propósitos coexisten.

La Ley de Sentencia Suspendida no considera la posibilidad de que un probando resida en un país extranjero. No obstante, nos parece claro que el propósito de la ley sólo puede cumplirse de permanecer el probando bajo la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico. Nos explicamos.

En Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 D.P.R. 161 (1993), expresamos que a los fines del procedimiento de revocación de la libertad bajo palabra, la Junta de Libertad bajo Palabra no tiene plena autoridad sobre una persona que esté en libertad bajo palabra y que se encuentre en otra jurisdicción. Señalamos que la intención de la Asam-blea Legislativa fue establecer un procedimiento de revo-cación de la libertad bajo palabra para liberados que estu-viesen en Puerto Rico bajo la custodia de las autoridades del país:

Los procedimientos de revocación de la libertad bajo palabra establecidos por ley son de tal naturaleza que pueden cum-plirse de manera propia, sólo cuando el liberado se encuentre detenido en la jurisdicción territorial de Puerto Rico y bajo la custodia de sus autoridades gubernamentales. Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, supra, págs. 168-169.

Las similaridades existentes entre el régimen de libertad bajo palabra y el régimen de sentencia suspendida son muchas. Tanto la libertad bajo palabra como la sentencia suspendida permiten al convicto cumplir con su sentencia o parte de ella en libertad. Ambos regímenes le obligan a aceptar una serie de condiciones bajo la supervisión continua de un oficial probatorio y ambos sistemas de libertad están sujetos a ser revocados en caso de que el convicto viole las condiciones impuestas o cometa un nuevo delito. Véanse: Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 1501 et seq.); Ley Núm. 259, supra. Por lo tanto, lo señalado en Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, supra, en cuanto a la libertad bajo palabra, resulta igualmente aplicable al régimen de sentencia suspendida. Veamos.

El propósito primordial de la supervisión del convicto a quien se le haya concedido el beneficio de una sentencia suspendida es asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia. N.P. Cohen y J.J. Gobert, The Law of Probation and Parole, Colorado, Ed. Shepard’s McGraw-Hill, 1983, pág. 372. Es deber del oficial probatorio velar por que el probando cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal como parte de la concesión de la suspensión de la sentencia.

Las visitas periódicas al oficial probatorio y el sometimiento a pruebas de detección de sustancias controladas son ejemplos de las condiciones impuestas a los probandos con regularidad. Esto supone una fácil accesibilidad del oficial probatorio al probando. La distancia entre un oficial probatorio y un probando que se encuentre en un país extranjero hace imposible que se pueda asegurar el cumplimiento con estas condiciones. Tomando en consideración lo anterior, entendemos que el contacto continuo entre el probando y el oficial probatorio es esencial para lograr una supervisión adecuada. El contacto continuo asegura que el tribunal sentenciador pueda velar por que se cumplan los objetivos de la rehabilitación del convicto y la protección de la comunidad. Concluimos que la residencia en un país extranjero es incompatible con la supervisión necesaria bajo el régimen de sentencia suspendida.

Más importante aún, permitir que un probando resida en un país extranjero, además de impedir que el Estado cumpla adecuadamente con su obligación de supervisión, dificulta el ejercicio de la autoridad del tribunal en caso de que el probando viole las condiciones de su sentencia y sea necesaria su revocación. Según hemos señalado antes, la Ley de Sentencia Suspendida dispone que el tribunal sen-tenciador puede revocar el beneficio de la suspensión de la sentencia en cualquier momento cuando, a su juicio, la li-bertad del convicto sea incompatible con la debida seguri-dad de la comunidad o con el propósito rehabilitador del delincuente. 34 L.P.R.A. see. 1029.

La facultad del tribunal sentenciador para revocar una sentencia suspendida se basa en que el Estado es fiduciario de intereses públicos que superan a los del convicto. Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586 (1991). El tribunal tiene que estar en la posición de hacer valer dicha facultad. Ello se dificulta cuando un probando se en-cuentra en un país extranjero, pues la única manera en que se puede intentar recuperar su custodia es mediante el procedimiento de extradición. ()

Al igual que en el caso de las jurisdicciones estatales de Estados Unidos, Puerto Rico carece de soberanía para pactar tratados de extradición con otras naciones. Dicha autoridad le corresponde al Gobierno federal. 18 U.S.C. sees. 3181 y 3183. Sólo los tratados crean la obligación de extraditar a una persona fugitiva. L. Henkin, R. Crawford Pugh, O. Schacter y H. Smit, International Law (Cases and Materials) 885-890 (1987). No obstante, aun cuando exista un tratado de extradición entre Estados Uni-dos y el país en que se encuentra el fugitivo, la extradición sólo será posible si el tratado la autoriza en el caso en particular. Id.

El caso de marras presenta una situación particular-mente grave, ya que el tratado suscrito entre Estados Uni-dos y la República Dominicana no autoriza la extradición de Contreras Rosario. Tratado de Extradición entre Esta-dos Unidos y la República Dominicana, 19 de junio de 1909, 36 Stat. 2468. Dicho tratado incluye una lista taxa-tiva de delitos por cuya acusación o convicción se puede solicitar la extradición de la persona acusada o convicta. Art. 2 (36 Stat. 2568). Los delitos de práctica ilegal de la medicina y la agresión agravada no se encuentran entre los delitos mencionados en el tratado. Además, el tratado establece que ninguna de las partes está obligada a devol-ver a sus propios ciudadanos. Art. 8 (36 Stat. 2571-2572). En consecuencia, la extradición no procedería en el caso de autos. No existe, por lo tanto, ningún medio que asegure que el tribunal pueda mantener su custodia sobre el pro-bando en la República Dominicana.

Debemos señalar, además, que Estados Unidos ha sus-crito tratados especiales para permitir la transferencia de prisioneros y probandos a un país extranjero. No existe, sin embargo, un tratado entre Estados Unidos y la República Dominicana sobre este particular.

Por último, durante nuestra investigación no encontra-mos jurisprudencia de las jurisdicciones estatales norte-americanas que tratara situaciones similares a la del caso de marras. En la jurisdicción federal, sin embargo, se ha sostenido la necesidad de que probandos extranjeros resi-dan en Estados Unidos durante el cumplimiento de sus sentencias debido a la imposibilidad de que se pueda efec-tuar una adecuada supervisión en un país extranjero y a las dificultades que acarrea para que el tribunal pueda ejercer su autoridad de exigir el cumplimiento de la sentencia. U.S. v. Porat, 17 F.3d 660 (3er Cir. 1994); U.S. v. Pugliese, 960 F.2d 913 (10mo Cir. 1992).

HH H — i HH

En el caso de epígrafe, la técnico de servicios socio-penales de la Administración de Corrección, encargada de la evaluación de Contreras Rosario, recomendó específica-mente que éste cumpliese con su sentencia suspendida en Puerto Rico debido a la imposibilidad de supervisarlo de forma adecuada en la República Dominicana. El tribunal de instancia, sin embargo, estimó que una semana al mes que pasara el convicto en Puerto Rico sería suficiente para poder supervisarlo. Discrepamos.

El plan de supervisión aprobado facilita que el probando continúe la práctica de la cirugía plástica que tenía esta-blecida entre Puerto Rico y la República Dominicana. La decisión del Tribunal de Primera Instancia favoreció des-medidamente el interés del convicto de poder ejercer la Medicina en su país de origen. No protegió con efectividad el interés legítimo del Estado de proteger a la comunidad. Aún más, el efecto práctico del plan de supervisión es la pérdida de todo control sobre el probando, pues nuestros tribunales carecen de jurisdicción sobre el territorio dominicano.

A manera de ejemplo, si el probando incumpliera con el pago de la pensión alimentaria de sus hijos, que es una de las condiciones de su sentencia suspendida, y el tribunal revocara su sentencia, éste podría optar por permanecer en la República Dominicana. Nada podría hacer el tribunal sentenciador para recuperar su custodia.

En conclusión, aunque reconocemos la discreción del tribunal de instancia para conceder el beneficio de una sen-tencia suspendida, resolvemos que permitir que el pro-bando resida en un país extranjero, la República Dominicana en este caso, impide realizar una efectiva su-pervisión de éste y dificulta que el tribunal pueda ejercer su autoridad de exigir el cumplimiento de la sentencia. Ello se traduce en una renuncia del tribunal a ejercer la custodia legal del probando, obligación que le impone la Ley de Sentencia Suspendida.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la reso-lución dictada por el Tribunal Superior.; Sala de San Juan. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para que apruebe un nuevo plan de supervisión para el convicto en conformidad con lo aquí resuelto.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente y disidente, a la cual se unió el Juez Pre-sidente Señor Andréu García. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri disintió sin opinión escrita.

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López,

a la cual se une el Juez Pre-sidente Señor Andréu García.

La mayoría de los integrantes del Tribunal sostiene, en la opinión que emite en el presente caso, que el “propósito” de la Ley de Sentencia Suspendida únicamente puede cumplirse cuando un “probando” permanece “bajo la juris-dicción de los tribunales de Puerto Rico”. Ello, conforme la mayoría, en vista del hecho de que “el contacto continuo entre el probando y el oficial probatorio es esencial para lograr una supervisión adecuada”. (Enfasis suplido.) Opi-nión mayoritaria, págs. 610 y 612.

Aun cuando estamos contestes en que resulta improce-dente, y hasta absurdo, que una persona, convicta de de-lito, a quien le sea concedido, por nuestros tribunales, el privilegio de una sentencia suspendida pueda “cumplir” dicha sentencia en probatoria, de manera permanente, en un país extranjero, en relación con el cual ni tan siquiera existe un tratado que permita la extradición de éste, disen-timos en el presente caso, de manera general, por razón de que entendemos que la mayoría está confundiendo el pro-pósito principal o primordial de la referida Ley de Senten-cia Suspendida con la adecuada ejecución o implantación de la misma, y disentimos, en específico, por razón de que entendemos que, al decidir como lo hace la mayoría en el presente caso, se está precisamente impidiendo que se lo-gre dicho propósito principal.

HH

El propósito primordial de la Ley de Sentencia Suspen-dida —esto es, el objetivo principal que persigue la mis-ma— lo es la rehabilitación en la libre comunidad de una persona que ha sido convicta de determinado delito. No hay duda de que el objetivo de que esa persona se rehabi-lite se logra, entre otros, por medio de una adecuada y efec-tiva supervisión, de parte de un oficial probatorio, de la conducta que ese convicto observa en la comunidad.

La experiencia demuestra que esa supervisión, de parte del oficial probatorio, ni es, ni puede, ser continua; esto es, no hay un solo probando hoy día en Puerto Rico que pueda ser “continuamente” supervisado por el oficial probatorio. Ello por distintas razones; la principal de las cuales, des-afortunadamente, lo es una de tipo económico o presupuestario. Esto es, dado el gran número de probandos y el reducido número de oficiales probatorios, la supervi-sión de los primeros se reduce a un mínimo. Por otro lado, debe mantenerse presente que resulta ser innecesario que ese oficial probatorio tenga contacto diario, o semanal, con el probando; ello independientemente del hecho de que dicha supervisión se pudiera llevar a cabo desde un punto de vista económico.

De manera pues, que el propósito primordial de la Ley de Sentencia Suspendida —cual es, repetimos, la rehabili-tación del convicto— no depende únicamente de que éste pueda continuamente ser supervisado por el oficial probatorio. Hay otros factores, igualmente importantes. Meramente a manera de ejemplo, uno de los factores de mayor envergadura en esta clase de situaciones lo es el que el probando tenga un empleo; ello en vista no sólo de que es un hecho indiscutible que el ocio causa, de ordinario, que el probando incurra en conducta antisocial, sino que la falta de recursos para mantener a su familia causa que el pro-bando trate de conseguir los mismos de manera ilegal.

r — I M

En el presente caso se trata de un profesional, de un doctor en medicina autorizado únicamente a practicar la misma en su país de origen, Santo Domingo. En Puerto Rico no puede hacerlo. Obligar a esta persona a permane-cer, todo el tiempo, en Puerto Rico donde, repetimos, no puede ejercer su profesión es condenarlo a la ruina econó-mica, lo cual ciertamente no es conducente a su rehab-ilitación.

Somos del criterio que el juez de instancia, con gran juicio y sentido común, trató de hacer un “balance” dadas las circunstancias específicas del caso, entre el interés del Estado de evitar que el probando vuelva a delinquir y el derecho de éste a ganarse la vida, para él y su familia, ejerciendo su profesión de médico; todo ello con el propósito de lograr la “rehabilitación” de éste. Bajo el plan diseñado, ni el tribunal de instancia ni el oficial probatorio, pierde contacto con el probando. Al contrario, éste será “supervi-sado” una vez al mes por el oficial probatorio, lo cual es más que suficiente. Por otro lado, no puede perderse de vista que —no obstante el hecho de que la conducta en que el recurrido incurriera es una ciertamente criminosa y re-probable— no nos enfrentamos a un individuo que repre-senta un peligro para la sociedad.

Es cierto que el probando podría decidir, en uno de sus viajes, permanecer en Santo Domingo y, dado el hecho de que resultaría imposible extraditarlo, así evadir la juris-dicción de nuestros tribunales. Dicho argumento pierde fuerza y eficacia, sin embargo, cuando consideramos el he-cho de que el probando puede fácilmente abandonar a Puerto Rico e irse a Santo Domingo, aun sin estar oficial-mente autorizado para así hacerlo. Ello en vista de que es un hecho harto conocido que la ausencia de un pasaporte no es óbice para que cientos de personas así lo hagan todos los días.

NH HH HH

En resumen, y aun cuando estamos de acuerdo con la premisa general de que no procede que un probando cum-pla su sentencia en probatoria mientras vive, todo el tiempo, en un país extranjero, disentimos por razón de que en el presente caso concederle permiso al probando para residir parcialmente en Santo Domingo resulta ser no sólo procedente sino que aconsejable.

      (1) Recuérdese que es un principio reconocido de derecho internacional que un Estado sólo puede ejercer su jurisdicción sobre las personas y los bienes que se encuentren en su territorio. Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 D.P.R. 161 (1993), citando a: Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877); Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346, 348 (1975).


text:
    Elí Galarza Rivera, demandante y peticionario, v. Marianita Mercardo Pagán, demandada y recurrida.

      Número: CE-93-611

      Resuelto: 19 de diciembre de 1995

      Manuel A. Coss Martínez, abogado de la parte peticionaria; Neddie Feliciano Jiménez, abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos toca resolver el alcance de la limitación al embargo de ingresos que establece la see. 1673 de la ley federal que protege a los consumidores, el Consumer Credit Protection Act (en adelante C.C.P.A.), 15 U.S.C., y el Art. 24(6) de la Ley Especial de Sustento de Menores (en ade-lante Ley Especial), Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. see. 523(6). Además, debemos determinar cómo se ha de aplicar el Art. 24 de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. see. 523, en los casos en que exista más de una orden de retención sobre un alimentante y que la suma de éstas exceda los límites dispuestos por la men-cionada see. 1673.

1 — i

El Sr. Eli Galarza Rivera y la Sra. Mañanita Mercado Pagán son los padres de la niña Verónica Galarza Mercado, quien nació el 2 de octubre de 1987.

El señor Galarza Rivera presentó una demanda para solicitar la regulación de las relaciones paterno-filiales con su hija, la patria potestad compartida y la asignación de una pensión alimentaria justa y razonable. La señora Mercado Pagán contestó la demanda y reconvino. El tribunal concedió una pensión alimentaria provisional de cuatro-cientos dólares ($400).

Luego de celebrar la vista en su fondo, el foro de instan-cia determinó que el demandante, señor Galarza Rivera, era ingeniero y que recibía un ingreso bruto de cuatro mil trescientos ochenta y dos dólares ($4,382) mensuales. De esta suma, se le deducían ochocientos setenta y dos dólares ($872) mensuales por concepto de contribuciones sobre in-gresos, retiro, seguro social y seguro médico de dos (2) hijos de un matrimonio disuelto por divorcio. Además, tenía que pagar una pensión alimentaria a estos dos (2) hijos. En cuanto a la demandada Mercado Pagán, determinó que era contadora pública autorizada, pero que al momento se en-contraba desempleada. Sus ingresos se habían reducido a la cantidad de cuatrocientos ochenta dólares ($480), prove-nientes del cobro de seguro por desempleo.

Conforme con lo anterior, el 8 de octubre de 1991 dictó una sentencia que le imponía al señor Galarza Rivera una pensión alimentaria a favor de la menor Verónica Galarza Mercado de quinientos cuarenta dólares ($540) mensuales, desde el 5 de noviembre de 1990 hasta el 12 de abril de 1991, y de seiscientos cincuenta y nueve dólares ($659) mensuales a partir de 13 de abril de 1991. Dichas sumas se computaron según lo establecen las Guías para Determi-nar y Modificar Pensiones Alimentarias preparadas por el Departamento de Servicios Sociales. Con respecto a las re-laciones paterno-filiales, el tribunal estableció que éstas se llevarían a cabo los sábados y domingos. No se pronunció en cuanto a la patria potestad compartida.

El 15 de octubre de 1992, luego de que la señora Mercado Pagán presentara una moción de desacato por incum-plimiento de pago de la pensión alimentaria, el señor Ga-larza Rivera, mediante una declaración jurada, solicitó voluntariamente que se le retuviera de su salario mensual la cantidad de cuatrocientos dólares ($400) por concepto de pensión alimentaria. Así las cosas, el 15 de septiembre de 1993, el tribunal ordenó que se le retuviese al señor Ga-larza Rivera de su salario la suma de cuatrocientos dólares ($400) para el pago de la pensión alimentaria más doscien-tos cincuenta dólares ($250) para abonar a la deuda en que incurrió por atrasos al pago de ésta.

Luego de una serie de trámites procesales, el señor Ga-larza Rivera acudió ante nos y señaló, en síntesis, que

[e]rró el Tribunal Superior al no considerar las pensiones alimenta[rias] anteriores impuestas por sentencia como deduc-ciones mandatorias por ley, de acuerdo a la definición de in-greso neto, que establece la Ley Especial de Sustento de Meno-res (L.E.S.M.), Ley Número 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. See. 501 et seq.[;] ... al asignar una pensión alimentaria, que al sumarse a las pensiones alimenta[rias] anteriores, impuestas mediante sentencia, exce-den el [50%]() del salario neto del empleado, cuya única fuente de ingreso es su salario como empleado de la empresa privada[;] ... al no imputar salario a la madre del alimentista cuando ésta es [una] Contador[a] Públic[a] Autorizad[a], estaba trabajando cuando empezó el pleito, tiene negocio propio y rea-lizaba trabajos por igualas [; y] ... al no resolver la sentencia en todas sus partes y pretender que la misma tenga los atributos de una sentencia final y firme.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

HH HH

El señor Galarza Rivera nos plantea que las pensiones establecidas anteriormente por un tribunal son deduccio-nes mandatorias para propósitos del cómputo de la pensión alimentaria que ha de fijarse. Según el recurrente, esta interpretación es cónsona tanto con el propósito de la ley federal para la implantación de pensiones alimentarias para menores —Child Enforcement Support Act, 42 U.S.C. sec. 667— como con las diversas interpretaciones que los estados le han impartido a las guías que han adoptado para determinar las pensiones.() No le asiste la razón. Veamos.

El Art. 2(9) de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. see. 501(9), define lo que se considerará como ingreso neto para propósitos de la fijación de una pensión alimentaria.

“Ingreso Neto” —[significa] aquellos ingresos disponibles al alimentante, luego de las deducciones por concepto de contribu-ciones sobre ingresos, seguro social y otras requeridas manda-toriamente por ley. Se tomarán en consideración, además, a los efectos de la determinación de ingreso neto, las deducciones por concepto de planes de retiro, asociaciones y uniones y federa-ciones voluntarias, así como los descuentos o pagos por con-cepto de primas de pólizas de seguros de vida contra accidentes o de servicios de salud, cuando el alimentista sea beneficiario de éstos. ... 8 L.P.R.A. see. 501(9).

En las Guías para Determinar y Modificar Pensiones Alimenticias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 4070 de 8 de diciembre de 1989, Departamento de Servicios Sociales (en adelante Guías Mandatorias), se adoptó la definición de “ingreso neto” contenida en la Ley Especial. Éstas, ade-más, específicamente disponen que “[s]e entiende por de-ducciones mandatorias aquellas deducciones del salario bruto de una persona que por ley se requieren en el desem-peño de su trabajo”. (Énfasis suplido.) See. 2 de las Guías Mandatorias, pág. 4.

Ni en la Ley Especial ni en las Guías Mandatorias se establece que las pensiones alimentarias anteriores impuestas por sentencia se considerarán deducciones mandatorias por ley para determinar el ingreso neto.

En apoyo a su argumento sobre la mandatoriedad de la deducción de las pensiones previamente impuestas, el pe-ticionario señala que el Congreso de Estados Unidos le re-quirió a los estados y a Puerto Rico implantar unas guías de aplicación uniforme para la determinación de pensiones alimentarias. Alegó que ha examinado los estatutos de va-rios estados y ha encontrado que éstos deducen, del ingreso bruto para determinar el ingreso neto, las pensiones asig-nadas por órdenes judiciales. De esto concluye que en Puerto Rico tiene que hacerse lo mismo. No le asiste la razón.

La ley federal Child Support Enforcement Amendments of 1984 tan sólo ordenó a cada estado participante preparar unas guías, cuantificables y objetivas, de aplicación uniforme para la determinación y modificación de la cantidad que ha de satisfacerse en carácter de pensión alimentaria. Quedó a la discreción de cada jurisdicción estatal desarrollar el enfoque económico que se debe utilizar y el modelo para establecer la fórmula para la fijación de la cuantía que ha de satisfacerse como pensión alimentaria. P.F. Silva Ruiz, Alimentos para menores de edad en Puerto Rico: las guías mandatorias basadas en criterios numéricos para la determinación y modificación de pensiones alimentarias, 52 Rev. C. Abo. P.R. 109, 126-128 (1991).

El historial de las Guías Mandatorias nuestras re-fleja que el Proyecto de Modelo de Guías Mandatorias de 1987 establecía en específico que al ingreso bruto de un alimentante se le descontarían las pensiones alimentarias previamente establecidas judicialmente sobre las que el alimentante proveyera evidencia. Durante el proceso de aprobación, este Proyecto Modelo sufrió una diversidad de cambios. La disposición sobre la deducción de pensiones previas fue muy criticada. Se señaló que ésta tenía el efecto de colocar a unos hijos en posición más ventajosa que a otros. Los alimentistas que llegaran primero al foro judicial o administrativo podrían obtener una pensión mayor que aquellos que acudieran más tarde. Teóricamente podría existir la posibilidad de que al final de la línea al-gún menor quedara prácticamente desprovisto de alimentos. La abogada y Prof. Sarah Torres Peralta, reco-nocida estudiosa del derecho de familia, citando al exami-nador de alimentos Eddie Ríos Ramírez, expresó que estos hijos últimos podrían ser clasificados como niños “hipotecados”. E.A. Ríos Benitez, La retención de ingresos bajo la Ley de Sustento de Menores: una reseña y varios comentarios, 102 Rev. D.P. 255, 284 (1988); S. Torres Pe-ralta, La nueva Ley de Sustento de Menores y el derecho a pensión alimenticia, 49 (Núms. 3 — 4) Rev. C. Abo. P.R. 17, 214-215 (1988). Las guías que finalmente quedaron apro-badas, las Guías Mandatorias de 1989, vigentes actual-mente, no incluyeron como deducción las pensiones ali-mentarias previamente fijadas. En síntesis, las partidas que, de acuerdo con las Guías Mandatorias de 1989, pue-den descontarse del ingreso bruto para determinar el in-greso neto son las siguientes:

1. Contribuciones sobre ingresos.

2. Seguro Social.

3. Deducciones por concepto de planes de retiro, asociacio-nes, uniones y federaciones voluntarias.

4. Descuentos o pagos por concepto de primas o pólizas de seguros de vida, contra accidentes, o de servicios de salud, siempre y cuando el alimentista sea el beneficiario de éstos.

5. Deducciones mandatorias por ley.

El Tribunal de Primera Instancia actuó con corrección al no tomar en consideración las pensiones alimentarias previas para computar el ingreso neto del peticionario Ga-larza Rivera.

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Pasemos ahora a discutir el señalamiento de error me-diante el cual se alega que la pensión impuesta no es vá-lida porque excede el límite impuesto por la see. 1673 del C.C.P.A., supra, y el Art. 24(6) de la Ley Especial, supra.

El señor Galarza Rivera alega que la pensión impuesta por el tribunal de instancia no es válida debido a que ex-cede el 50% de su salario neto, y que ésto constituye una violación a la see. 1673 del C.C.P.A., supra.

En su parte pertinente, la citada sección del C.C.P.A. dispone:

(2) The maximum part of the aggregate disposable earnings of an individual for any workweek which is subject to garnishment to enforce any order for the support of any person shall not exceed—
(A) where such individual is supporting his spouse or dependent child (other than a spouse or child with respect to whose support order is issued), 50 per centum of such individual’s disposable earnings for that week; and
(B) where such individual is not supporting such a spouse or dependent child described in clause (A), 60 per centum of such individual’s disposable earnings for that week;'
... except that, with respect to the disposable earnings of any individual for any workweek, the 50 per centum specified in clause (A) shall be deemed to be 55 per centum and the 60 per centum specified in clause (B) shall be deemed to be 65 per centum, if and to the extent that such earnings are subject to garnishment to enforce a support order with respect to a period which is prior to the twelve-week period which ends with the beginning of such workweek. 15 U.S.C. sec. 1673(b)(2).

Según el peticionario, la limitación dispuesta por esta sección constituye un límite a lo que un tribunal puede conceder por concepto de pensiones alimentarias. No le asiste la razón.

La see. 1673 no es otra cosa que un mecanismo de protección al consumidor que limita un procedimiento de cobro. El propósito de esta sección, al establecer un límite porcentual a la cantidad de dinero que puede ser retenido del ingreso de una persona, es proveerle un alivio al consumidor para que éste pueda cumplir con sus compromisos económicos sin tener la necesidad de declararse en quiebra personal. Pub. L. No. 90-321, U. S. Code Cong. & Adm. News, Legislative History, págs. 1962-1966. Este propósito nada tiene que ver con la obligación de proveer alimentos. La citada see. 1673 únicamente establece un límite a la cantidad embargable del ingreso del alimentante sin que constituya dicho por ciento una limitación al total que un tribunal puede imponer por concepto de pensión alimentaria.

Al aprobar el C.C.P.A., el Congreso estableció expresa-mente que los tribunales no estaban autorizados a emitir órdenes de retención de ingresos que sobrepasen los lími-tes dispuestos en la see. 1673, supra. Evans v. Evans, 429 F. Supp. 580, 582 (W.D. Okla. 1976). Sobre este particular, en Hodgson v. Cleveland Municipal Court, 326 F. Supp. 419, 431 (N.D. Ohio 1971), la Corte Federal de Distrito para Ohio expresó lo siguiente:

Applying the usage of the phrase “may not,” supplied by Title V —General Provisions, Sec. 503(3), Congress expressly provides that State court orders and process issued in violation of garnishment restrictions of section 1673(a) are “both unauthorized and forbidden”. It is determined and declared that interlocked section 1673(a) and section 1673(c) federally forbid the meiking, execution, or enforcement of any State court “order or process” that violates the restrictions on garnishment contained in section 1673(c) or any regulation of the Secretary promulgated as 29 C.F.R. Sec. 870.10. Likewise, the effect of any State garnishment law that underlies such offending State court “order or process” is federally preempted.() Véanse, tam-bién: Midlantic Nat. Bank North v. Reif, 732 F. Supp. 354 (D. N.Y. 1990); Donovan v. Hamilton County Municipal Court, 580 F. Supp. 554 (D. Ohio 1984).

Conforme con lo dispuesto en la sec. 1673(b) del C.C.P.A., supra, mediante la Ley Especial se estableció, en específico, que una orden de retención de ingresos sólo podría ordenar la retención de ingresos hasta los límites impuestos por la legislación federal. () Como mecanismo adicional de protección al consumidor, se impuso la responsabilidad al patrono o pagador de depositar en el tribunal el total de las cantidades reclamadas hasta los límites impuestos por la sec. 1673(b) en caso de que la cantidad ordenada resultase en exceso de lo permitido por dicha sección. Se eximió al patrono de responsabilidad por retener inadvertidamente unas cantidades en exceso de los límites dispuestos, siempre y cuando hubiese “descansado de buena fe en los límites señalados bajo dicha sección por el tribunal en su orden”. 8 L.P.R.A. see. 523(8).

De esta manera, nuestra legislación cumple con los requisitos federales impuestos en el C.C.P.A. La Ley Especial, además, provee otros mecanismos para el cobro de atrasos de pensiones alimentarias que pueden utilizarse en caso de que la cantidad límite retenida no alcance a satisfacer las deudas por concepto de atrasos de la pensión ordenada. Entre estos mecanismos de cobro están: el embargo de bienes, Art. 25 (8 L.P.R.A. see. 524); la retención de reintegros de contribuciones, Art. 26 (8 L.P.R.A. sec. 525); la retención de reintegros de contribuciones federa-les, Art. 27 (8 L.P.R.A. sec. 526), y la prestación de fianza, Art. 28 (8 L.P.R.A. sec. 527). Para el cobro de las pensiones atrasadas también se pueden utilizar los mecanismos que proveen las Reglas de Procedimiento Civil para la ejecu-ción de sentencias. 32 L.P.R.A. Ap. III.

Ahora bien, debido a las circunstancias particulares de este caso, en el cual existe más de una orden de retención, nos vemos precisados a establecer la interpretación co-rrecta del Art. 24 de la Ley Especial, supra. ()

Con el propósito de agilizar el cobro de las pensiones alimentarias, el Art. 24 de la Ley Especial, supra, dis-pone que al fijarse o modificarse una pensión, el tribunal o el Administrador de la Administración de Sustento de Menores (en adelante el Administrador), según fuese el caso, emitirá una orden de retención de ingresos. Dicho artículo establece el procedimiento que se debe utilizar, incluyendo la forma en que se podrá objetar la orden de retención de ingresos. El inciso (l)(a) vigente al momento de resolverse el presente caso disponía que el tribunal, “al momento de fijar o revisar una pensión alimentaria, emitirá una orden requiriendo al patrono del alimentante ... que retenga o descuente en el origen, de los ingresos del alimentante, independientemente de si existen o no atrasos en el pago de pensión alimentaria, las cantidades señaladas en la or-den para satisfacer el pago de pensión, y de cualquier deuda por razón de pensiones vencidas y no pagadas”. () 8 L.P.R.A. ant. sec. 523(l)(a).

Pasemos ahora a analizar dicha disposición. En primer lugar, debemos distinguir entre la cantidad que debe ser retenida para el pago de la pensión corriente y la cantidad adicional ordenada que ha de ser retenida para el pago de atrasos por concepto de pensión.

Aunque la suma de ambas cantidades constituyen el total que será retenido,() la cantidad que debe ser retenida por concepto de la pensión corriente goza de prelación sobre la suma retenida por concepto de atrasos. Así lo dispone el Art. 24(7), 8 L.P.R.A. see. 523(7), al expresar que cuando exista más de una notificación para la retención de ingresos sobre un mismo alimentante “el tribunal [o el Administrador], dentro de los límites mencionados, prorrateará las cantidades retenidas entre los alimentistas, pagando preferentemente las pensiones que correspondan a menores y las pensiones corrientes por sobre las pensiones atrasadas, hasta los límites impuestos por la [see. 1673(b)] del C.C.P.A., no obstante lo dispuesto en la [see.] 1130 del Título 32”. (Énfasis suplido.) De esta manera, y cumpliendo tanto con el mandato estatutario local como con el federal sobre protección al consumidor, el patrono deberá calcular si la cantidad total de las órdenes de reten-ción, esto es, la suma de la cantidad por concepto de pen-siones corrientes más la cantidad por concepto de atrasos, sobrepasa el límite semanal establecido por las legislacio-nes federal y estatal. Si lo sobrepasa, el patrono deberá depositar en el tribunal o en la Administración de Sustento de Menores, según fuese el caso, sólo hasta los límites em-bargables, según la sec. 1673(b) del C.C.P.A., supra. Art. 24(7) de la Ley Especial, supra. Si con las pensiones co-rrientes se sobrepasa los límites o si éstos sólo son suficien-tes para cubrir dichas pensiones, los atrasos se podrán co-brar utilizando los otros mecanismos de cobro de deuda provistos en la Ley Especial o los disponibles para la eje-cución de una sentencia u orden en las reglas procesales.

Pasamos ahora a considerar el ámbito de discreción que tiene el tribunal o el Administrador para determinar el contenido de una orden de retención.

Entre los objetivos de política pública de la Ley Especial está promover que uno o ambos padres, o personas legalmente obligadas, asuman el cumplimiento de sus obligaciones morales y legales de alimentar a los menores, y contribuyan así a remediar la situación de pobreza en que se encuentran las familias sostenidas por un solo padre. Para lograr estos propósitos, la Ley Especial, entre otras cosas, provee unos procedimientos rápidos y económicos para garantizarle a los menores el pronto pago de los alimentos. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, Leyes de Puerto Rico, págs. 750-751. Los mecanismos provistos en la Ley Especial para el cobro, tanto de pensiones alimentarias corrientes como atrasadas, son parte integral del esquema establecido para lograr estos objetivos. Estos mecanismos tienen como propósito facilitar, agilizar y garantizar el derecho de los menores a que cobren la pensión establecida. Eje central de los mecanismos de cobro es la orden automática de retención de ingresos que provee el Art. 24(l)(a) de la Ley Especial, supra. Dentro del procedimiento para objetar dicha orden no se puede modificar la pensión fijada. Art. 19 de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. see. 518.

En el caso de cantidades por concepto de atrasos de pensiones alimentarias, la retención de ingresos ordenada constituye un plan de pago para satisfacer una deuda alimentaria vencida. De otra parte, la cantidad retenida por concepto de pensión corriente va dirigida a que se le provean al menor los alimentos presentes, evitando así que se conviertan en atrasos.

En el caso de autos, a la menor Verónica Galarza Mercado se le fijó una pensión de seiscientos cincuenta y nueve dólares ($659) mensuales. El señor Galarza Rivera, sin embargo, le solicitó al tribunal que se le retuvieran sólo cua-trocientos dólares ($400) mensuales para su pago. El tribunal accedió y procedió a emitir una orden de retención por la segunda cantidad, más doscientos ($250) cada dos (2) semanas por los atrasos. Al así hacerlo, actuó incorrectamente. La orden de retención tenía que ser emi-tida por la totalidad de la pensión alimentaria concedida, seiscientos cincuenta y nueve dólares ($659) mensuales, más una cantidad razonable para los atrasos. Procede, pues, que se modifique la orden de retención emitida contra el señor Galarza Rivera para que le sean retenidos seis-cientos cincuenta y nueve dólares ($659) por concepto de pensión corriente.

Correctamente modificada la orden de retención que nos ocupa, pasemos ahora a determinar si en efecto la reten-ción de ingresos impuesta al señor Galarza Rivera sobre-pasa el límite federal.

Según dispone la sec. 1673(b) del C.C.P.A., supra, y el Art. 24(7) de la Ley Especial, supra, un patrono no podrá retener más del 50% del salario neto de un empleado, en casos en que el alimentante tenga dependientes previos o que recaiga sobre el empleado alimentante más de una orden de retención para el pago de alimentos de menores o del cónyuge. Este por ciento aumenta a un 55% cuando existen también atrasos de pensiones alimentarias que corresponden a un período anterior a las doce (12) se-manas que precedieron el período de pago. En la situación que nos ocupa, el señor Galarza Rivera ya tenía una orden de retención previa para dos (2) hijos dependientes, por lo que no se le podrá retener más de 55% de su salario neto hasta que satisfaga los atrasos. Una vez satisfechos los atrasos, no se le podrá retener más del 50% de su ingresó neto. Veamos, pues, la manera correcta de realizar el cómputo.

En el caso ante nuestra consideración, hay que comen-zar por uniformar las cifras disponibles para poder deter-minar si la orden de retención de ingresos sobrepasa los límites establecidos por la sec. 1673(b) del C.C.P.A., supra. El sueldo del señor Galarza Rivera está computado men-sualmente; la primera orden de retención es cada dos (2) semanas y la segunda es mensual para la pensión corriente. El pago de los atrasos es quincenal. De otra parte, la sec. 1673(b) del C.C.P.A., supra, establece un lí-mite semanal. La fórmula que debe utilizarse para conver-tir el salario mensual en semanal es la siguiente: sueldo x 12 (que representa el número de meses) dividido entre 52 (que representa el número de semanas que contiene el año). Utilizando esta fórmula para computar el salario se-manal del señor Galarza Rivera, éste resultó ser de ocho-cientos diez dólares ($810) semanales.() El 55% de esta cantidad es cuatrocientos cuarenta y cinco dólares ($445). Esto quiere decir que, a base del ingreso neto en esos mo-mentos del señor Galarza Rivera, a éste no se le podía re-tener de su ingreso más de cuatrocientos cuarenta y cinco dólares ($445) semanales.

La primera orden dispuso que se le retuvieran ochocien-tos treinta y cuatro dólares con noventa y dos centavos ($834.92) cada dos (2) semanas, cantidad que, multiplicada por doce (12) y dividida entre veintiséis (26), equivale a trescientos ochenta y cinco dólares con treinta y cuatro centavos ($385.34) semanales. La segunda orden equivoca-damente ordenó la retención de cuatrocientos dólares ($400) mensuales. Esta cantidad la hemos modificado para que incluya el total de la pensión alimentaria impuesta para beneficio de la menor Verónica Galarza Mercado de seiscientos cincuenta y nueve dólares ($659). La cantidad semanal equivalente a esta suma es ciento cincuenta y dos dólares con siete centavos ($152.07). Esta segunda orden también incluyó la retención por concepto de atrasos de doscientos cincuenta dólares ($250) quincenales. Para de-terminar el equivalente semanal de dicha cantidad, multi-plicamos ésta por doce (12) y la dividimos entre veinticua-tro (24) (que representa el número de pagos quincenales al año) para obtener la cantidad semanal. El resultado es ciento veinticinco dólares ($125) semanales.

Finalmente, se tienen que sumar todas las cifras sema-nales de las órdenes de retención: $385.34 + $152.07 + $125.38. El total de dicho cómputo es $662.41. Esta suma representa aproximadamente el 81.7% del salario semanal del señor Galarza Rivera, cifra que sobrepasa el límite federal de 55% aplicable a este caso.

Esto significa que el patrono del señor Galarza Rivera deberá retener y depositar en el tribunal, hasta la suma que representa el 55% del salario embargable del peticio-nario, o sea cuatrocientos cuarenta y cinco dólares ($445) semanales. () Art. 24(7) de la Ley Especial, supra. El tribunal, a su vez, deberá prorratear la cantidad depositada de cuatrocientos cuarenta y cinco dólares ($445) semanales entre el total de hijos alimentistas del señor Galarza Rivera. Id. Para cobrar la parte de las pensiones alimenta-rias no cubiertas por las órdenes de retención, se podrán utilizar los otros mecanismos de cobro provistos por la Ley Especial y los procedimientos que establecen las Reglas de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias.

IV

En Puerto Rico es un axioma plenamente reconocido que los casos de menores están revestidos del más alto intéres público. Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3 (1993); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985); Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985). En éstos, el interés no puede ser otro que el bienestar del menor. En Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 72, citando al tratadista Beltrán de Heredia, expresamos en cuanto a la pensión alimentaria, que ésta “ ‘tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad’ ”.() (Enfasis en el original.) Al crearse la Administración de Asuntos de Menores en el Informe al Senado de la Comisión de Reformas Gubernamentales de 15 de julio de 1994, pág. 20, se ex-presó que no se puede perder de vista que los servicios a los niños hay “que ofrecerlos en función de las características de la familia y de la comunidad de la que forman parte”. Con estos principios en mente, pasemos ahora a considerar los aspectos procesales que plantean las normas de derecho antes expuestas.

Debido a que por disposición estatutaria el patrono del señor Galarza Rivera sólo podrá retener hasta el 55% del ingreso semanal de éste, o sea, la cantidad de cuatrocien-tos cuarenta y cinco dólares ($445), la cual deberá deposi-tar en el tribunal para ser prorrateada entre todos los ali-mentistas, los dos (2) hijos del señor Galarza Rivera, alimentistas anteriores, van a sufrir una rebaja en la can-tidad de la pensión alimentaria que efectivamente reciben a través de la utilización de este mecanismo de cobro. De otra parte, la menor Galarza Mercado no recibirá la totali-dad de su pensión ni parte de los atrasos. Todos estos ali-mentistas se van a privar de la. garantía que representa recibir, mediante el mecanismo de retención de ingresos, la totalidad de la pensión asignada por el tribunal. Esto hace a todos los alimentistas, los dos (2) hijos anteriores del ali-mentante y la menor Galarza Mercado, partes indispensables en el procedimiento de prorrateo. No cabe duda que sus intereses y derechos van a verse afectados por este procedimiento. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989); Alicea Alvarez v. Valle Bello, Inc., 111 D.P.R. 847 (1982); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959 (1952).

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, tiene como propósito proteger a las personas ausentes de los efectos que pudiera tener la resolución del incidente de que se trate y evitar, mediante la concesión de un remedio efectivo y completo, la multiplicidad de pleitos.

A la luz de estas circunstancias, antes de proceder al prorrateo, el tribunal debe ordenar que se notifique del procedimiento a los alimentistas anteriores y a la menor Galarza Mercado para que todos tengan la oportunidad de comparecer y defender sus derechos, si así lo desean. Al hacer el prorrateo, el tribunal o el Administrador, según fuese el caso, deberá tomar en consideración que, en lo que se refiere a alimentos de menores, el concepto básico que ha de utilizarse tiene que ser el de la necesidad de los menores, según hemos aplicado e interpretado el Art. 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 565.()

Ahora bien, por la naturaleza apremiante de los procedimientos para los alimentos de menores, éstos tienen que ser rápidos y económicos. Esto, sin embargo, no significa que se pueda privar a un menor de la oportunidad de expresarse sobre una determinación que va a afectar la cantidad de alimentos que ha estado recibiendo o que tiene derecho a recibir, y con los que cuenta para sufragar sus necesidades básicas. Una determinación que disminuya la cantidad de dinero que un menor recibe o habrá de recibir mediante el mecanismo de retención de ingresos puede, de facto, constituir una rebaja de la pensión alimentaria que efectivamente reciba el menor. Esto es una adjudicación de importantes derechos que no puede tomarse sin brindarle la oportunidad a los menores afectados de expresarse.

Con el propósito de llenar la laguna procesal que existe en cuanto a los procedimientos relacionados con el prorrateo de ingresos retenidos en casos de alimentos de menores, y mientras no se aprueben las normas procesales pertinentes, el prorrateo que lleve a cabo el tribunal o el Administrador, según fuese el caso, como mínimo requiere una previa notificación a todos los alimentistas que puedan quedar afectados y una oportunidad para que éstos puedan expresarse. La notificación debe hacerse a no más tardar de los cinco (5) días después de haberse depositado el ingreso retenido por el patrono en el tribunal o en la Administración de Sustento de Menores, según fuese el caso. Se le concederá a todos los alimentistas un término que no deberá exceder de diez (10) días a partir de la notificación, salvo que el tribunal o esta Administración determinen que por las circunstancias particulares del caso se requiere más tiempo para que las partes comparezcan y se expresen sobre el prorrateo. Una vez completado este procedimiento el tribunal o el Administrador, dentro del término de cinco (5) días de haber sometido el asunto, hará el prorrateo y notificará a los alimentistas. Para poder realizar el prorrateo con la diligencia que su naturaleza requiere, en todo caso donde se vayan a conceder alimentos, el alimentante, si está sujeto al pago de pensiones alimentarias previas, deberá informar el nombre de los alimentistas anteriores, la dirección y el teléfono de éstos y el nombre, número del caso y sala del tribunal donde se impuso la pensión, y las cuantías fijadas para cada alimentista.

Con esta información, una vez fijada la pensión para el alimentista solicitante, el tribunal puede determinar en ese momento si ésta, unida a las pensiones previas, sobrepasa los límites permitidos para la retención de ingresos. Si los límites se sobrepasan, se ordenará al patrono depositar en el tribunal el límite permitido de 50% o 55%, según fuese el caso, y se procederá a hacer la notificación correspondiente a los alimentistas del procedimiento de prorrateo.

V

En el cuarto error planteado, señala el peticionario que el tribunal de instancia no resolvió sobre la patria potestad compartida, aun cuando ésta fue solicitada en la demanda original y en la moción de reconsideración.

La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres con relación a la persona y los bienes de sus hijos no emancipados. Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987). La patria potestad es inherente a los padres y un derecho fundamental de ambos. El Código Civil establece la regla general de que la patria potestad corresponde a ambos padres en el supuesto de que estén casados y, en cuanto al hijo extramatrimonial, a aquel que lo hubiese reconocido. Torres, Ex parte, supra, pág. 473.

El Art. 152 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 591, dispone que la patria potestad corresponderá a uno sólo de los padres cuando

(1) el otro haya muerto, se encuentre ausente o esté im-pedido legalmente y

(2) sólo uno haya reconocido o adoptado al menor.

Hemos examinado el recurso, y los autos de este caso, y no encontramos que el señor Galarza Rivera haya sido pri-vado de la patria potestad de su hija. De la demanda pre-sentada por el peticionario surge únicamente que éste ce-dió la custodia de la niña, pero no surge que haya renunciado o haya sido privado de la patria potestad sobre la menor. Sin embargo, de los autos surge que el tribunal de instancia no se expresó sobre el asunto. Este aspecto debe presentarse de nuevo ante el Tribunal de Primera Instancia. A nivel apelativo carecemos de los elementos ne-cesarios para adjudicarlo;

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia mediante la cual se modifica la orden de retención de ingresos emitida a favor de la menor Verónica Galarza Mercado, para que ésta incluya el monto total de la pensión alimentaria impuesta de seiscientos cincuenta y nueve dó-lares ($659) y se devuelve el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) El recurrente señor Galarza Rivera, equivocadamente, hace mención al lí-mite de 60% que establece la sec. 1673(b)(2)(B) del Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C., en vez del límite de 50% que establece la sec. 1673(b)(2)(A) de dicha ley, 15 U.S.C., que es la apbcable, ya que el recurrente tenía dependientes previos.

      (2) En 1984, el Congreso de Estados Unidos aprobó varias enmiendas al Título IV-D de la Ley de Seguridad Social Federal de 1935. Esta pieza legislativa se conoce como el Child Support Enforcement Ammendments of1984, Pub. L. No. 98-378, 1984 U.S. Code Cong. & Adm. News, pág. 2397. Las enmiendas proveyeron incentivos a los estados para que éstos reforzasen y adoptasen métodos más efectivos para la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias. Como con-dición para que los estados pudieran participar de los fondos federales asignados, éstos deberían adoptar unas guías para establecer las pensiones alimentarias. 42 U.S.C. see. 667.
      El 30 de diciembre de 1986 se aprobó en Puerto Rico la Ley Especial de Sustento de Menores (en adelante Ley Especial) con el propósito de que pudiéramos participar de los fondos federales asignados para estos efectos. Para hacer viable dicha ley, el Departamento de Servicios Sociales aprobó, el 8 de diciembre de 1989, las Guías para Determinar y Modificar Pensiones Alimenticias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 4070.

      (3) La subsección (b) de la see. 1673 (15 U.S.C. sec. 1673(b)) es la que establece, a manera de excepción, unos límites más altos para el embargo de ingresos en casos de pensiones alimentarias de menores y cónyuges.

      (4) El Art. 24(6) de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. see. 523(6), dispone lo siguiente:
      “En ningún caso la cantidad a ser retenida del sueldo o salario del deudor alimentante para el pago de la pensión corriente de cada mes, para el pago de los atrasos, si los hubiere, y para sufragar el costo de la retención que realice el patrono o pagador, conforme se dispone en el inciso (9)(c) de esta sección, podrá exceder los límites dispuestos por la Sección 303(b) del Consumer Credit Protection Act, no obs-tante lo dispuesto en el [Art. 249 del Código de Enjuiciamiento Civil].”
      Cabe señalar que, a pesar de que en este artículo se hace mención la Sección 303(b) del C.C.P.A., realmente debió haber hecho referencia al Artículo 303(b) de dicha ley. En esta opinión nos referimos a Art. 303(b) como la sec. 1673(b), que es la forma en que aparece en el United States Code (U.S.C.).

      (5) La Ley Especial fue enmendada por la Ley Núm. 5 de 17 de agosto de 1994, conocida como Ley Orgónica de la Administración para el Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sees. 501-513, 518-521a y 523-530, para añadir otras medidas o remedios adicionales para ayudar al cobro de las pensiones alimentarias atrasadas. Arts. 30(a) y 33 de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. secs. 528a y 529.

      (6) El inciso (l)(a) del Art. 24 de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. sec. 523(a), sufrió una enmienda en 1992, a los efectos de establecer que el tribunal de instancia deberá emitir automáticamente una orden de retención al momento de fijar o modificar una pensión alimentaria. Ley Núm. 72 de 22 de septiembre de 1992 (8 L.P.R.A. sees. 510(2), 523(1), (2) y (4) y 525(l)-(3)). Posteriormente, dicho inciso fue enmendado de nuevo para establecer que la orden de retención de ingresos sería emitida inmediatamente. Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994, supra.

      La Ley Núm. 86 de 1994 también enmendó el inciso (7) del Art. 24 de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. see. 523(7), para añadir que el prorrateo del ingreso retenido también podía hacerlo el Administrador de la Administración de Sustento de Menores.

      (7) El inciso (6) del Art. 24 de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. see. 523, hace referen-cia al total de la orden de retención, esto es, la suma de la cantidad retenida por concepto de pensión corriente y la cantidad por concepto de atrasos.

      (8) El salario neto del señor Galarza Rivera es de tres mil quinientos diez dóla-res ($3,510) mensuales.

      () A esta cantidad el patrono le puede deducir los costos de la retención que realice. Art. 24(6) y (9) de la Ley Especial, 8 L.P.R.A. see. 523(6) y (9).

      (10) P. Beltrán de Heredia, La obligación legal de alimentos entre parientes, Salamanca, Ed. Anaya, 1958, T. III, Núm. 3, pág. 33.

      (11) Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983).