text:
    Roberto Meléndez Piñero y otros, demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente; Commercial Insurance Company, tercera demandada y recurrida.

      Números: RE-88-32
    RE-88-53

      Resueltos: 13 de diciembre de 1991

      Neftalí Cruz Pérez, abogado de la recurrente; Juan T. Peña-garícano, Jr., abogado de los recurridos; Carlos Martínez Téxidor, abogado de Comercial Insurance Company of Newark, tercera demandada y recurrida; Vicente Santori Coll, abogado de American Motorist Insurance Company, tercera demandada.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc. (en adelante Levitt & Sons) subcontrató los servicios de Insular Construction Corp. para la construcción de la base estructural en hormi-gón de unidades residenciales a ser edificadas en la urba-nización Levittown, sita la misma en el pueblo de Toa Baja, Puerto Rico. Como es común en el desarrollo de proyectos de construcción, mediante el contrato suscrito por ambas partes para la ejecución del trabajo, la subcontratista Insular Construction Corp. acordó gestionar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad en protección de la constructora principal y dueña del proyecto, Levitt & Sons. En cumplimiento del contrato, Insular Construction Corp. obtuvo un Seguro Comprensivo de Responsabilidad General (S.C.R.G.) de la Commercial Insurance Company of Newark (en adelante Commercial Insurance). La póliza de seguros a esos efectos expedida por Commercial contenía un “acuerdo general de cubierta”, sujeta la misma a una serie de exclusiones.

Insular Construction Corp., conforme lo acordado, edi-ficó la estructura base de hormigón reforzado que forma las paredes, losa de pisos y columnas de las residencias. La construcción llevada a cabo por Insular Construction Corp. se extendió por un período aproximado de cinco (5) años; esto es, de noviembre de 1969 al mes de junio de 1974. Otros subcontratistas de Levitt & Sons completaron las viviendas al instalar la plomería, electricidad, ventanas y puertas, empañetar las paredes y techos, fijar las cubiertas de los pisos y pintar las estructuras.

Cientos de residentes de Levittown instaron reclamacio-nes en daños contra Levitt & Sons, alegando la existencia de vicios y defectos de construcción en sus residencias. Levitt & Sons trajo al pleito, como tercera demandada, a Commercial Insurance. En la demanda contra tercero que a esos efectos radicara sostuvo: primero, que en las recla-maciones individuales radicadas en su contra, los residen-tes demandantes alegaban vicios y defectos de construc-ción en aquellas partes edificadas por Insular Construction Corp., y, segundo, que la póliza emitida por Commercial Insurance en favor de Insular Construction Corp. cubría las reclamaciones de los demandantes en la eventualidad de que éstos prevalecieran en el pleito. La compañía ase-guradora negó cubierta y solicitó la desestimación sumaria de la demanda a base de las exclusiones de responsabili-dad contenida en las cláusulas (1) y (m) de la póliza. Levitt & Sons se opuso. Ambas partes, mediante la presentación de escritos complementarios, argumentaron en tomo a los riesgos y la extensión de la cubierta de la póliza emitida. El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, acogió los plantea-mientos de la aseguradora en sentencia que a esos efectos dictara el 22 de diciembre de 1987. En su consecuencia, “declar[ó] con lugar la sentencia sumaria solicitada por Commercial Insurance Company y desestim[ó] las deman-das contra tercero radicadas por Levitt & Sons contra ella”. Exhibit B, pág. 4.

Inconforme, Levitt & Sons acudió en revisión ante este Tribunal. En el recurso que a esos efectos radicara, le im-puta al foro de instancia haber errado:

A. ... al desestimar totalmente la demanda contra tercero contra Commercial Insurance Company.
B. ... al determinar, mediante la desestimación total de la acción contra la tercera demandada, que esta no responde por los daños causados a la estructura total o producto final por el trabajo realizado por su aseguradla].
C. ... al no considerar la contención de la recurrente en el sentido de que la parte [recurrida] estaba impedida por sus propios actos de negar cubierta. Solicitud de revisión, pág. 2.

Expedimos el auto de revisión radicado.() Estando en condiciones de resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.

El Seguro Comprensivo de Responsabilidad General (S.C.R.G.) es una “póliza modelo” sobre responsabilidad civil desarrollada bajo el auspicio de varios organismos tarifadores de la industria norteamericana del seguro. Estas organizaciones, responsables de la promulgación de la póliza, agrupan como miembros y suscriptores a las com-pañías de seguros más importantes dentro de los Estados Unidos. Nota, Liability Coverage for “Damages Because of Property Damage” Under the Comprehensive General Liability Policy, 68 (Núm. 4) Minn. L. Rev. 795, 798 (1984); Fish, An Overview of the 1973 Comprehensive General Liability Insurance Policy and Products Liability Coverage, 34 J. Mo. B. 257 (1978); G.H. Tinker, Comprehensive General Liability Insurance — Perspective and Overview, 25 (Núm. 3) Fed’n Ins. Couns. Q. 217, 218-219 (1975). La creación del S.C.R.G. en el 1940, junto a otros patrones fijos de pó-lizas, surgió en respuesta al deseo de uniformar la manera en que la industria aseguradora le proveía protección al consumidor contra distintos tipos de riesgos. La práctica anterior había generado mucha confusión. Cada asegura-dor redactaba y configuraba individualmente en las pólizas sus propias disposiciones y términos. La falta de uniformi-dad confundía al público consumidor. 7A Appleman, Insurance Law and Practice Sec. 4491 (1979).

Como resultado de la “estandarización”, los términos y patrones adoptados por la industria se han convertido en cláusulas uniformes y modelos fijos, contenidos virtualmente en todas las pólizas que desde entonces se emiten. Nota, ante, pág. 798. Los beneficios obtenidos son diversos. En primer lugar, el asegurador y el asegurado, pueden determinar con mayor facilidad los riesgos cubiertos. J. Long y Gregg, Property & Liability Insurance Handbook, 58-59 (1965). En adición, y quizás más importante, las decisiones judiciales que interpretan las disposiciones uniformes de la póliza adquieren más significado y relevancia.

El modelo de la póliza que instrumenta el S.C.R.G. ha sido revisado periódicamente en un esfuerzo continuo por clarificar el riesgo que el asegurador asume bajo la misma. La industria aseguradora también ha querido atemperar la póliza a las interpretaciones de los tribunales. La “póliza modelo” fue revisada originalmente en el año 1943, luego en el 1955, 1966, 1973 y, reciente-mente, en el año 1985. La cobertura del seguro, no empece, ha generado un cúmulo enorme de litigación, pues el S.C.R.G. es el seguro de responsabilidad más utilizado en el desarrollo de empresas comerciales. Debido a las revisio-nes en los términos y el lenguaje de la póliza, y debido a que una póliza en particular puede desviarse de los patro-nes adoptados comúnmente, los casos que interpretan la cubierta del referido seguro no son autoridad persuasiva si no envuelven el mismo lenguaje o el mismo modelo de la póliza que se examina. A esos efectos, véanse: Tinker, ante, pág. 219; Hartford Acc. & Indem. v. Pacific Mut. Life Ins., 861 F.2d 250, 252 (10mo Cir 1988); Federated Mut. Ins. Co. v. Concrete Units, 363 N.W.2d 751, 756 (1985).

No hay duda del hecho de que las pólizas de seguro que son vendidas en Puerto Rico son, de ordinario, las “pólizas modelos” de los distintos tipos de seguro que venden en los Estados Unidos las compañías aseguradoras. Ello hace que la jurisprudencia federal y estatal interpretativa de las mismas tengan una obvia utilidad y un gran valor persuasivo en nuestra jurisdicción.() No se debe olvidar, sin embargo, que nuestro ordenamiento codifica sustantivamente tanto el Contrato de Seguro, Arts. 11.010 y ss. del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. secs. 1101-1137, como los principios básicos que rigen su interpretación, 26 L.P.R.A. sec. 1125 y Arts. 1233-1241 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3471-3479.

II

En relación con las pólizas que se emiten en el área específica del campo de seguro aquí en controversia, existen dos estructuras básicas de cubierta. Una, tradicio-nal, llamada “riesgo estipulado”, y otra, que se aplica cada vez más y recibe el nombre de “a todo riesgo”. El convenio sobre “riesgo estipulado”, tal y como su nombre indica, ofrece una relación de los riesgos que cubre. Los que no se enumeran, por supuesto, no quedan cubiertos. El otro tipo, “a todo riesgo”, declara la intención de cubrir todos los ries-gos objeto del seguro, excepto los específicamente excluidos. Greene, Risk & Insurance, 4ta ed., Ohio, South-Western Publishing, 1977, págs. 191-192. El S.C.R.G. es un ejemplo típico del seguro formulado sobre la base de “todo riesgo”.

En este tipo de póliza el asegurador, en primer lugar, establece la cobertura de la póliza o seguro expedido mediante una cláusula, notoriamente amplia, denominada “acuerdo general de cubierta” (coverage or insurance agreement). El modelo moderno del S.C.R.G. contiene un “acuerdo general de cubierta” mediante el cual la compañía de seguros que la emite se compromete a pagar: “toda suma de dinero que el asegurado esté legalmente obligado a pagar por daños físicos o daños a la propiedad, a los que este seguro aplique, ocasionados por una ocurrencia ...”. (Traducción nuestra y énfasis suprimido.) 2 Long, The Law of Liability Insurance Sec. 11A.100[X], pág. 11A-33 (1992). A renglón seguido, sin embargo, el asegurador limita el ámbito de su obligación, es decir, el ámbito de la cubierta, al proveer que “este seguro no aplica” a alrededor de diecisiete (17) “exclusiones” de responsabilidad que inmediatamente pasa a mencionar en orden alfabético. De modo que los riesgos que no se excluyen formalmente en la póliza, a través de las cláusulas de exclusión, son los riesgos que, paradójicamente, quedan incluidos como parte de la garantía del seguro. El valor o la extensión de la cobertura del S.C.R.G. se mide realmente, entonces, a base de cuáles riesgos permanecen garantizados después de determinarse cuáles son las exclusiones. 3A Frumer y Friedman, Pro ducts Liability Sec. 50.01B (1979); Long, ante, Secs. 11.01 y 11.09[1]. En su aplicación, cada exclusión reduce o cir-cunscribe los límites verdaderos de la garantía amplia que concede el “acuerdo general de cubierta” de la póliza. Tinker, ante.

III

En general, los contratos de seguros de responsabilidad civil tienen como fin primordial “garantiza[r] al asegurado contra la responsabilidad civil en que pueda incurrir ante terceros por actos de los que sea [legalmente] responsable”. J. Castelo Matrán, Diccionario Mapfre de Seguros, Madrid, Editorial Mapfre, 1988, pág. 264. El asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en el contrato, a cubrir la obligación de indemnizar a un tercero por los daños y perjuicios causados por el asegurado. Como puede suponerse, sin embargo, en la práctica no existe un seguro que cobije toda la responsabilidad en que puede incurrir una persona. Lo que existe son seguros de responsabilidad civil que cubren determinadas actividades del asegurado, capaces de producir daños. Entre los más conocidos figuran, por ejemplo, el seguro de responsabilidad de automóviles (que versa sobre los daños que el uso de un vehículo de motor pueda causar a terceros) y los seguros de responsabilidad profesional concernientes a los perjuicios ocasionados a otros en el desempeño de una profesión: medicina, abogacía, arquitectura, etc.()

Dentro de este esquema de división por actividades, el S.C.R.G. constituye una de las formas principales de seguro de responsabilidad comercial. Mediante dicha póliza se pretende darle cubierta a las distintas fases o aspectos de la realización de una actividad comercial por parte del asegurado.

El contrato modelo permite al asegurado protegerse de las reclamaciones en daños procedentes del uso de locales; de los procesos de fabricación, contratación u otras actividades del negocio; de la responsabilidad contingente, y de la responsabilidad por productos y operaciones terminadas. Greene, ante, págs. 317-323. Cada una de estas cubiertas podría obtenerse mediante pólizas separadas. Sin embargo, para un comerciante la utilidad del S.C.R.G. estriba en que la estructura de su cubierta logra combinar todas o algunas de ellas en un sólo contrato de seguro. De ahí, que la póliza sea conocida como un Seguro Comprensivo de Responsabilidad General.

En resumen, la póliza S.C.R.G. consiste en un formulario programado cuya redacción hace posible integrar varias clases de cobertura comercial. La póliza se emite a base de "todo riesgo”; esto es, la compañía de seguro que expide la misma viene en la obligación de responder por el asegurado si los hechos por los cuales se le reclama a éste no están excluidos específicamente en las exclusiones enumeradas en el contrato.

IV

De las coberturas garantizadas en la póliza modelo nos interesa, en particular, la de responsabilidad por productos. La cubierta de responsabilidad civil por productos del S.C.R.G. asegura contra la posibilidad de que defectos en los bienes, productos o trabajos del asegurado ocasionen daños a la persona o propiedad de terceros. Es decir, el riesgo asegurado es la responsabilidad civil frente a terceros causada por defectos o fallas en el producto, labor o servicio del empresario asegurado.

Ahora bien, al estipular las condiciones de la cubierta de responsabilidad por productos del S.C.R.G., la industria aseguradora estableció en la póliza una limita-ción, o exclusión, de cobertura basada en la noción de “ries-go de empresa” (business risk). El concepto “riesgo de em-presa” vislumbra la posibilidad de que el fabricante de un producto ejecute de manera no competente su labor de ma-nufactura, y se vea obligado, por lo tanto, a reemplazar o reparar el trabajo que ha realizado en forma defectuosa. En general, la cubierta sobre responsabilidad civil de pro-ductos del S.C.R.G. no garantiza este tipo de riesgo. P.A. Meyer, Baybutt Construction Corp. v. Commercial Union Insurance Co: A Question of Ambiguity in Comprehensive General Liability Insurance Policies, 36 (Núm. 1) Maine L. Rev. 179, 182 (1984); Tinker, ante, pág. 224; Indiana Ins. Co. v. DeZutti, 408 N.E.2d 1275 (1980). De modo que cuando la obra o el producto del asegurado es defectuosa, el asegurador no responde por los daños que, precisamente, haya sufrido en sí misma la labor o bien del asegurado. En adición, no responderá, inter alia, por los gastos que se incurran para subsanar el producto o rectificar sus defec-tos, ni tampoco por el costo de sustituir o retirar los bienes defectuosos por otros que operen correctamente.

En síntesis, todos los gastos relacionados con el reemplazo del producto u obra realizada por el fabricante o contratista, al igual que todos aquellos efectuados para remediar sus defectos, quedan excluidos de la cubierta del seguro. El empresario asegurado, como proveedor de bienes y servicios, puede estar legalmente obligado, al amparo del derecho de contratos, a garantizar el buen funcionamiento o la calidad de su trabajo o producto. Incluso podría estar obligado a su reemplazo total. La cubierta de la póliza S.C.R.G., sin embargo, no está diseñada para proteger contra esta responsabilidad. El S.C.R.G. no tiene como función asegurar la competencia técnica y/o calidad del producto de una empresa comercial. Tampoco asume el papel de una fianza de cumplimiento (performan ce bond), ni actúa como una garantía de servicios. Allen v. Lawton and Moore Builders, Inc., 535 So. 2d 779 (1988). R.C. Henderson, Insurance Protection for Products Liability and Completed Operations— What Every Lawyer Should Know, 50 (Núm. 3) Neb. L. Rev. 415 (1971); Long, ante, Sec. 11.09[l]. La industria del seguro ha entendido que la empresa debe asumir una parte de los riesgos que crea, y el asegurador no debe cargar sistemáticamente con la impericia del fabricante. F. Chaumet, Seguro de Respon-sabilidad Civil de Productos, Madrid, Ed. Mapfre, 1979, pág. 7.

V

La póliza S.C.R.G. emitida por Commercial Insurance a favor de la Insular Construction Corp. que interpretamos en el presente caso dispone, como “acuerdo general de cu-bierta”, que:

La compañía aseguradora pagará en beneficio de o por el ase-gurado toda suma de dinero que el asegurado esté legalmente obligado a pagar por:
... A. daños físicos o ... B. daños a la propiedad
a los que este seguro aplique, ocasionados por una ocurrencia ....(Traducción nuestra y énfasis suprimido.) ()

El lenguaje de esta cláusula corresponde fielmente al lenguaje adoptado por la industria del seguro luego de la revisión de la “póliza modelo” en el año 1973. En el mismo se bosqueja la póliza, a grandes rasgos, como un seguro de responsabilidad. En este contexto, y de acuerdo a los términos específicos de la transcrita cláusula, Commercial Insurance se obligó a responder por los daños corporales (bodily injuries]) y/o por los daños a la propie-dad de terceros (property damage[s]) que pudiese ocasionar Insular Construction Corp. al ejecutar su tarea de cons-trucción en el proyecto residencial de Levittown.

Bajo el acápite de exclusión de riesgos, la póliza limitó la cobertura en daños esbozada por “el acuerdo general de cubierta” mediante la enumeración, entre otras, de las siguientes cláusulas de exclusión de responsabilidad:

Este seguro no cubre:
(l) Los daños que sufran los bienes o productos del asegurado, y que se originen de tales bienes o productos o de alguna de sus partes;
(m) los daños que padezca la obra realizada por el asegurado, como consecuencia del trabajo que éste ha ejecutado, o de los materiales, partes o equipo que ha suministrado para su elaboración. (Traducción nuestra. )()

Respecto al significado de estas cláusulas no puede ha-ber duda. Su lenguaje —que no es ambiguo, ni mucho me-nos obscuro— claramente informa: la póliza no cubre “los daños que sufran los bienes o productos del asegurado” ni “los daños que padezca la obra realizada por el asegurado [contratista] como consecuencia [de su] trabajo ...”. Alegato de la parte demandada recurrente, págs. 3-4. Véase Biebel Bros., Inc. v. United States Fidelity & G. Co., 522 F.2d 1207 (8vo Cir. 1975).

En efecto, al introducir en el contrato estas cláusulas, Commercial Insurance excluyó formalmente de la cubierta de la póliza la noción del “riesgo de empresa” discutida anteriormente. En consonancia con el principio de que el S.C.R.G. no garantiza la calidad o buen funcionamiento de productos, la cláusula (1) conocida comúnmente como la “Exclusión de daños al producto” (.Injury to Products Exclusion), tiene el propósito de evitar que el asegurador tenga que responder por la reparación o reemplazo de los bienes o productos elaborados de forma incorrecta o defectuosa por el fabricante asegurado. Por su parte, el inciso (m), denominado “Exclusión de daños al trabajo u obra realizada” (Injury to Work Performed), usualmente se considera en conjunto con la exclusión de “daños al producto”, pues ambos siguen básicamente el mismo propósito. Como variante adicional, no obstante, la exclusión de “daños al trabajo u obra realizada” comprende la posibilidad de que los defectos en la obra ejecutada se deban, no sólo a la elaboración incorrecta, sino también al uso de materiales o partes defectuosas. Véase Frumer y Friedman, ante, Sec. 50.01B[1] y [2]; Long, ante, Sec. 11.09[2].

VI

A la luz de las consideraciones y principios antes ex-puestos, es que tenemos que determinar si jurídicamente procedía desestimar la demanda de tercero radicada por Levitt & Sons en contra de la compañía aseguradora Commercial Insurance. Contestamos la pregunta en la negativa.

Para determinar la existencia de cubierta la distinción esencial es entre los defectos o vicios que sufra el producto o la obra realizada por el contratista asegurado, y, los daños que pueda experimentar, como consecuencia de esos vicios, cualquier otro bien o propiedad. Mientras que el primer tipo de daño queda fuera de la cobertura de la póliza, el segundo no. Como vimos, en Levittown la asegu-rada Insular Construction Corp. edificó la base estructural de hormigón reforzado que forma las paredes, losa de pisos y columnas de cientos de residencias. Esta área o compo-nente de las viviendas es, sin duda, la “obra o producto” de la empresa Insular Construction Corp. Al amparo de las cláusulas (1) y (m) de la póliza S.C.R.G. que adquirió, dicha subcontratista no obtuvo cubierta por los daños propios de su producto u obra, ya se manifestaren como resultado de algún defecto inherente en los mismos, ya como resultado de la manufactura impropia y/o utilización inadecuada de materiales por parte de la compañía. En consecuencia, los vicios y defectos de construcción de las residencias que realmente reflejen daños en las “armaduras” de hormigón reforzado fabricadas por la asegurada, no encuentran cu-bierta en la póliza.

Distinto, sin embargo, es el caso de los daños que puedan haber sufrido otros componentes de las residencias como secuela o consecuencia de los vicios en las armaduras. La plomería, el empañetado de las paredes, las cubiertas de piso, los gabinetes, puertas y ventanas de las residencias, inter alia, no son “productos” ni obra de Insular Construction Corp. Son el producto de otros subcontratistas de la constructora y dueña Levitt & Sons. Cualquier daño en ellas, atribuible a la obra de construcción realizada por Insular Construction Corp., sí está cubierto por el S.C.R.G. emitido por Commercial Insurance.

Erró, en su consecuencia, el tribunal de instancia al des-estimar en su totalidad la demanda de tercero que contra la Commercial Insurance radicara la demandada recu-rrente Levitt & Sons. La mencionada compañía asegura-dora debe permanecer en el pleito ante la posibilidad de que pueda tener que responder, de ello probarse adecuada-mente, por los daños que los alegados vicios de construe-ción en las armaduras de hormigón —que construyó su asegurada Insular Construction Corp.— puedan haber causado en otras partes o componentes de las viviendas construidas.

VII

Procede que se señale, y se discuta, la curiosa e intere-sante contención de la recurrente Levitt & Sons a los efec-tos de que en virtud de la terminología de otra de las cláu-sulas de exclusión que contiene la póliza expedida por Commercial Insurance, ésta debe responder aún por los vicios de la propia obra realizada por su asegurada Insular Construction Corp. Su argumentación gira en torno a la cláusula de exclusión (a) que contiene la póliza en contro-versia en el presente caso. La misma establece que:

Este seguro no cubre:
(a) la responsabilidad asumida por el asegurado mediante al-gún contrato o acuerdo; esta exclusión, sin embargo, no aplica a la garantía sobre la calidad y buena condición del producto del asegurado ni la garantía de que el trabajo realizado por, o a nombre de éste, será rendido de una forma apropiada y en forma competente. (Traducción nuestra y énfasis suprimido.X)

El propósito de esta cláusula, conocida como la “Exclusión de la responsabilidad asumida por contrato” {Contractual Assumed Liability Exclusion), es limitar la cobertura del S.C.R.G. al campo de la responsabilidad civil extracontractual. 12 Couch on Insurance 2d Sec. 44A:36 (1981); Haugan v. Home Indemnity Company, 197 N.W.2d 18 (1972); Vega v. Pepsi-Cola Bot. Co., 118 D.P.R. 661, 667 (1987). Levitt & Sons, no obstante, cita con énfasis la ex-cepción a la exclusión que lee “esta exclusión, sin embargo, no afecta la garantía sobre la calidad y buena condición del producto del asegurado ni la garantía de que el trabajo realizado por [el asegurado] ... será rendido de una forma apropiada y en forma competente”. (Traducción nuestra y énfasis suprimido.) Long, ante. Luego, la contrapone a las “exclusiones de daños al producto” y “daños al trabajo” con-tenida en las cláusulas (1) y (m) de la póliza, esto es, al acuerdo de que el seguro no indemniza los daños que pa-dezcan “los bienes o productos del asegurado”, ni los daños que padezca la obra realizada por éste. Al así hacerlo, plan-tea la controversia de si el lenguaje de la exclusión (a) es tan ambiguo, vis-á-vis las exclusiones (1) y (m), como para crear cubierta respecto a las obligaciones de garantía rela-cionadas con la posible manufactura defectuosa o impropia de la obra de construcción realizada por Insular Construction Corp. El planteamiento no es totalmente inmeritorio. En los Estados Unidos, una minoría de cinco (5) jurisdic-ciones estatales —Arizona, New Hampshire, North Dakota, Missouri y Colorado— han determinado que la pó-liza modelo S.C.R.G. es una ambigua y han dictaminado que, si la responsabilidad se basa en las garantías descri-tas, no aplican las exclusiones (1) y (m).() El efecto neto es que el asegurador no sólo responde por los daños ocasiona-dos a la propiedad de terceros, sino también por los daños, defectos o vicios de la obra misma manufacturada por el asegurado.

En contraste, la mayoría de los tribunales han determinado que la excepción contenida en la exclusión (a) no invalida las exclusiones de “daños al producto” y “daños a la obra realizada” del S.C.R.G. Esta posición, asumida por la Corte de Apelaciones Federal para el Octavo Circuito (aplicando la ley de Missouri), y por los tribunales de los estados de California, New Jersey, Alaska, Tennessee, Florida, Indiana, Montana, New York, Virginia, West Virginia, Michigan, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Washington y Maine, nos parece la más correcta. ()

Levitt & Sons, en su empeño de que adoptemos la posición minoritaria, nos recuerda el criterio hermenéutico contra preferentem (interpretación en “contra del preferente” o redactor del contrato) que surge del Art. 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3478, a saber:

La interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la obscuridad.

Desde Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963), hemos sostenido que “[l]a regla general antes mencionada preceptiva de que la obscuridad en la redacción de los contratos no deberá favorecer a la parte que la hubiese ocasionado, opera ... más rigurosamente en el caso de los contratos de seguro por ser ... contratos de adhesión”. Ba- rreras v. Santana, ante, pág. 232. La razón es sencilla. Los términos de un contrato de seguro no son producto de la negociación mutua entre las partes. Usualmente, tales tér-minos están prefijados en un impreso preparado por las compañías aseguradoras y el asegurado se adhiere a los mismos si desea, pero no tiene la facultad de variarlos. Por ello, en los casos donde existe ambigüedad, las estipulacio-nes de las pólizas de seguro se interpretan vigorosamente en contra del asegurador, y liberalmente a favor del asegurado. Casanova v. P.R.Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1978); Ferrer v. Lebrón García, 103 D.P.R. 600 (1975); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91 (1974); Pérez Escolar v. Collado, 90 D.P.R. 806 (1964); Barreras v. Santana, ante. El asegurador, quien adopta o redacta las póli-zas de seguro conforme a sus propios intereses sin la inter-vención directa del asegurado, tiene la obligación de hacer clara su intención; en otras palabras viene obligado a esta-blecer en la póliza, de manera diáfana, los riesgos por los que viene obligado a responder. Ratificamos en el día de hoy la referida norma. Ello no obstante, nos negamos a adoptar la posición minoritaria antes mencionada; somos del criterio que la misma es incorrecta.

A nuestra manera de ver las cosas, la minoría de los tribunales que han encontrado cubierta para los “riesgos de empresa” a través de la excepción dispuesta en la exclusión (a) —o que, en la alternativa, han dictaminado ambigüedad entre las exclusiones (a), (1) y (m)— razonan bajo la premisa equivocada de que las “exclusiones de responsabilidad” pueden otorgar cobertura. Véase, e.g., Applegren v. Milbank Mut. Ins. Co., 268 N.W.2d 114 (1978). Esta idea choca con el principio fundamental de que las “exclusiones de riesgos” reducen la cubierta de la póliza en lugar de expandirla o concederla. Weedo v. Stone-E-Brick, Inc., 405 A.2d 788, 795 (1979). Hay que recordar que cada ex-clusión se lee en función del “acuerdo general de cubierta” e independientemente de las restantes. Su lectura, por consiguiente, se hace seriatim y no de forma acumulativa. Si una exclusión aplica, no existe cubierta, a pesar de las inferencias o cualificaciones que puedan estar presentes en las demás. En fin, resulta incorrecto decir que una exclu-sión es inconsistente con otra, porque de acuerdo a la es-tructura de cubierta del S.C.R.G., éstas realmente no guar-dan relación entre sí. Tinker, ante, pág. 223; Weedo, ante, pág. 795; Biebel Bros., Inc. v. United States Fidelity & G. Co., ante, pág. 1212.

En este sentido la exclusión de responsabilidad (a) no garantiza cobertura. Por el contrario, la cláusula limita y reduce el “acuerdo general de cubierta” de la póliza. La excepción a la exclusión, tan sólo remueve las garantías de calidad, buen funcionamiento y manufactura apropiada, de la exclusión relativa a la “responsabilidad asumida por contrato”. Al aplicarse en función del “acuerdo general de cubierta” y junto a las exclusiones (1) y (m) del contrato, la excepción sencillamente provee que la póliza cubre los da-ños a la persona o propiedad de terceros ocasionados por algún defecto, vicio de calidad o por la manufactura in-apropiada del producto u obra del asegurado. Haugan v. Home Indemnity Company, ante, pág. 22.

Es posible que todo este análisis sea muy técnico y refinado para “una persona normal de inteligencia promedio que fuese a comprar la póliza”. Barreras v. Santana, ante, pág. 235. Somos del criterio, sin embargo, que Levitt & Sons no lee, ni interpreta, los términos de cubierta de un contrato S.C.R.G. como una persona particular promedio, sino, cuando menos, como un empresario promedio muy especializado y con vasta experiencia en la industria de la construcción. Hoy día, difícilmente una compañía de construcción familiarizada con el negocio de desarrollo de proyectos urbanos pueda pensar que al adquirir un seguro de responsabilidad realmente obtiene un seguro de propiedad, una fianza de cumplimiento o una garantía de bienes y servicios.

VIII

Mediante el segundo señalamiento de error, Levitt & Sons le imputa al foro de instancia haber errado al resolver que Commercial Insurance no responde, bajo la póliza que expidiera, “por los daños causados a la estructura total o producto final por el trabajo realizado por su asegurada”. (Énfasis suplido.) Solicitud de revisión, pág. 7. A esos efec-tos nos señala que las armaduras de hormigón que cons-truyó Insular Construction Corp. en Levittown —las pare-des, el techo, el piso, las columnas de las viviendas— “no se puede[n] igualar ... con una residencia” completa. Señala que es imposible vivir en ellas, pues son “solamente uno de muchos integrantes que componen la totalidad de la estructura. [Su] costo estimado ... con relación al costo total de [cada residencia] ... es apena[s] un 35%”. íd. En resumen, Levitt & Sons señala que el producto de Insular Construction Corp. es realmente parte de otro “producto final” independiente de cada uno de sus componentes, la unidad de vivienda. Por lo tanto, argumenta, que cualquier defecto o vicio de construcción en la obra de la asegurada Insular Construction Corp. que haya afectado la vivienda como un “producto final” separado, está cubierto por la pó-liza S.C.R.G. emitida por Commercial Insurance. Así, su-giere como daño garantizado la disminución en valor de las residencias. No podemos estar de acuerdo. Veamos por qué.

El antes mencionado señalamiento hace necesario que bosquejemos la evolución que ha tenido en la industria del seguro el término “daños a la propiedad” que contiene la póliza S.C.R.G. en controversia en el presente caso como consecuencia de las decisiones judiciales emitidas a través de los años.

A pesar de los esfuerzos que la industria del seguro ha realizado por excluir de la cubierta del S.C.R.G. los “ries-gos empresariales” de garantía —esto es, la indemnización o reemplazo del producto u obra defectuosa que no oca-siona otros daños— los tribunales, en un comienzo, exten-dieron la cubierta del seguro en los casos donde el producto o trabajo defectuoso del asegurado se integraba a otros bie-nes o labores para formar una unidad o “producto final”. Esto a base de la definición de “daños a la propiedad” del contrato. En el primer caso normativo en esta área, Hauenstein v. Saint Paul-Mercury Indem. Co., 65 N.W.2d 122 (1954), el Tribunal Supremo de Minnesota concluyó que la póliza de responsabilidad de un distribuidor de la mezcla de cal y arena utilizada para obras de albañilería, garantizaba cubierta ante una reclamación de la garantía del producto. La mezcla se cuarteó luego de emplearse para la construcción de un hospital. El citado tribunal con-cluyó que el reclamo de la parte involucrada satisfizo el requisito de “daños o destrucción de propiedad” debido a que la presencia de la mezcla defectuosa redujo el valor del edificio. Hauenstein v. Saint Paul-Mercury Indem. Co., ante, fue inmediatamente citado por otros tribunales con aprobación. Véase, e.g., Geddes & Smith, Inc. v. Saint Paul-Mercury Indem. Co., 334 P.2d 881 (Cal. 1959); Dakota Block Co. v. Western Casualty & Surety Co., 132 N.W.2d 826 (1965).

Posteriormente la revisión de la póliza modelo en 1966 añadió como requisito la existencia de “daño o destrucción de propiedad tangible”, posiblemente bajo la apreciación de que las disminuciones en valor ocasionadas a una estruc-tura, por la incorporación de un producto defectuoso, eran realmente pérdidas intangibles. Bowers, General Liability Insurance Coverage for Defective Materials and Workmanship, en B.C. Hart, Construction Litigation 181 (1979). La adición de la palabra “tangible”, sin embargo, no tuvo efec-tos en las decisiones judiciales. El Tribunal Supremo de Nevada, a manera de ejemplo, determinó que, bajo la pó-liza modelo de 1966, los gastos incurridos para cimentar una estructura debilitada por el uso del concreto defec-tuoso de la asegurada constituían “daño a la propiedad”. El Tribunal citó a Hauenstein v. Saint Paul-Mercury Indem. Co., ante, y su progenie pero no se pronunció en cuanto al efecto de los cambios en la definición de “daños a la propiedad”.

La revisión de la póliza modelo en 1973 intentó otra vez revertir la tendencia jurisprudencial, que comenzó Hauenstein v. Saint Paul-Mercury Indem. Co., ante, al incorporar a la definición de la póliza otro elemento: “daños físicos o destrucción de propiedad tangible.” Este último cambio ha logrado en algunas jurisdicciones estatales el resultado previsto. En Wyoming Sawmills v. Transportation Ins. Co., 578 P.2d 1253 (Or. 1978), el Tribunal Supremo de Oregon distinguió la línea de casos fundamentada en Hauenstein v. Saint Paul-Mercury Idem. Co., ante, según fue decidida antes de que la definición de daños a la propiedad exigiese “daños físicos ... [a] propiedad tangible”. El referido tribunal expresó: “la inclusión de la palabra [físicos] invalida toda posibilidad de que la póliza esté diseñada para incluir daños consecuenciales o intangibles’, tales como depreciación en valor, dentro del término ‘daños a la propiedad’.” (Traducción nuestra.) Wyoming Sawmills v. Transportation Ins. Co., ante, pág. 1256. Véase, en adición, St. Paul Fire & Marine Ins. Co. v. Coss, 145 Cal. Rptr. 836 (1978). Si la definición de “daños a la propiedad” bajo la póliza modelo de 1966 —“daño o destrucción de propiedad tangible”— permite sostener la “cobertura de reducción en valor”, quaere( )

La definición de 1973, sin embargo, impone un resultado distinto. La póliza modelo de 1973 define el término “daños a la propiedad” como “daños físicos o destrucción de propie-dad tangible” (the physical injury to or destruction of tangible property); definición contenida en la póliza modelo de 1973 a base de la cual las partes argumentaron y sometie-ron —y el tribunal de instancia resolvió— la solicitud de sentencia sumaria radicada por Commercial Insurance. De entrada hay que reconocer que, debido a que la póliza no define por separado el término “daño físico”, sería posible concluir que las disminuciones en valor de las residencias están cubiertas si las considerásemos “daños físicos”. Aun-que algunos casos se han referido a las disminuciones en valor de una forma tan laxa, esta caracterización nos pa-rece impropia. Eg. McCollum v. Insurance Co. of North America, 644 P.2d 283, 285 (Ariz. 1982); Aetna Insurance Company v. State Motors Inc., 244 A.2d 64, 66-67 (1968).

Somos del criterio que el significado común, ordinario y popular de la frase “daño físico”, contempla una lesión material, sustantiva y objetivamente perceptible. Morales Garay v. Roldan Coss, 110 D.P.R. 701 (1981). La disminución en valor de la propiedad tangible es realmente una lesión o daño de naturaleza incorpórea e intangible, y no un peijuicio en la sustancia material de la propiedad. Más aún, interpretar que la frase “daño físico” comprende una disminución en valor haría inexistente e inoperante la palabra física de la definición de “daños a la propiedad”. Wyoming Sawmills v. Transportation Ins. Co., ante, pág. 1256.

IX

Mediante el último señalamiento de error Levitt & Sons hace un esfuerzo final por lograr que extendamos la cu-bierta de la póliza en controversia para incluir los daños o defectos de construcción en la obra realizada por Insular Construction Corp. A esos efectos, sostiene que el foro de instancia erró al desestimar su señalamiento de que la parte recurrida “estaba impedida por sus propios actos de negar cubierta”. Solicitud de revisión, págs. 12-13. Exami-nemos dicho planteamiento.

Luego de que Insular Construction Corp. gestionara el S.C.R.G. que hoy interpretamos, la compañía de seguros Commercial Insurance envió a Levitt & Sons el siguiente certificado de seguro:

Certificado de Seguro de Responsabilidad Pública a favor de Levitt & Sons
La póliza, sujeta a sus términos, cubre la responsabilidad que la asegurada asuma mediante contrato con la Compañía para la cual se emite este certificado; específicamente: La contratista acuerda indemnizar y liberar de responsabilidad a la Compañía por todas las pérdidas, daños o gastos incurridos o reclamados debido a cualquier acto u omisión de la contratista, sus agentes o empleados. (Traducción nuestra.)()

El certificado parece hacer referencia al “acuerdo de li-beración de responsabilidad” {hold harmless agreement) que la asegurada Insular Construction Corp. suscribió a favor de Levitt & Sons en el contrato pactado para la edi-ficación de los armazones del hormigón. La cláusula 13 de dicho contrato expresa:

13. Responsabilidad del Contratista por Daños La Contratista asume y libera al Dueño de la responsabilidad incurrida a causa de sus operaciones, o debido a sus actos u omisiones, o a la de sus empleados, agentes o asociados, ... incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier responsabilidad, pérdida incurrida por razón de lesiones, muerte o daños a per-sonas o propiedad. (Traducción nuestra.)()

Fundado en ello, Levitt & Sons alega que Commercial Insurance conocía el "acuerdo de liberación de responsabi-lidad”, y que a través de los términos del certificado de seguro le hizo creer que la póliza emitida cubriría las cir-cunstancias previstas en el mismo, entiéndase la compen-sación por los posibles vicios en las armaduras. Alega que “[descansando en dicha representación, Levitt no tuvo ne-cesidad de exigirle a su contratista Insular, que gestionara el seguro correspondiente para respaldar [in toto] la cláu-sula de [liberación] contenida en el referido contrato [de construcción] ...”. Alegato de la parte demandada, pág. 16. Por ello, sostiene la recurrente que Commercial Insurance no puede ir en contra de sus propios actos y negarse a indemnizar estos daños invocando ahora las cláusulas de exclusión (1) y (m) de la póliza.

Las “dificultades” con esta posición son dos. Primero, en esta jurisdicción los certificados de seguro no son parte del contrato de seguro y, por lo general, un certificado tampoco puede variar los términos de una póliza. El Art. 11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 1125, establece que los contratos de seguro se interpretan “a base ... de sus términos y condiciones ... según se hayan ampliado, extendido o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta”. De hecho, a tenor con el Art. 11.180 del mismo cuerpo de leyes, 26 L.P.R.A. sec. 1118, la póliza deberá contener todo el contrato y “[n]ingún convenio que esté en conflicto con el contrato de seguro o que lo en-miende o amplíe será válido a menos que fuere por escrito y se hiciere formar parte de la póliza”.

En este caso, el certificado de seguro no se adhirió ni se hizo formar parte de la póliza. Su expedición tenía el único propósito de notificar a Levitt & Sons que —en cumpli-miento del contrato suscrito, para la construcción de las estructuras de hormigón en Levittown— Insular Construction Corp. había adquirido un seguro de responsabilidad para su protección. En segundo lugar, el propio lenguaje del certificado de seguros expresamente declara que el mismo no varía las condiciones de la póliza: “La póliza, sujeta a sus términos ...” (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Exhibit G, pág. A.

En adición, no podemos perder de perspectiva que para que sea de aplicación la doctrina de los actos propios en nuestra jurisdicción, es necesario: (a) una conducta determinada de un sujeto, (b) que haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada. Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 878 (1976). Esa no es la situación en el presente caso.

A tono con lo anteriormente expuesto, y en vista de la situación de hechos específica ante nuestra consideración, resulta difícil concebir que Levitt & Sons haya descansado en el escueto lenguaje del certificado de seguros citado previamente para confiar, de buena fe, en que la póliza suscrita entre Insular Construction Corp. y Commercial Insurance cubría todas las condiciones y expectativas que hoy alega. Del propio lenguaje del certificado de seguro —que Levitt & Sons cita en apoyo de su conten-ción— se desprende que la póliza expedida estaba sujeta a sus propios términos y condiciones, por lo que realmente no podemos aceptar que la notificación en controversia haya influido en la conducta de Levitt & Sons hasta el punto de hacerle creer, razonablemente, que los daños en la obra realizada por Insular Construction Corp., excluidos expresamente por las cláusulas (1) y (m) de la póliza, esta-ban plenamente cubiertos por el seguro. Pretender ignorar todos los términos y condiciones contenidos en el contrato de seguros en pos de una cubierta prácticamente sin res-tricciones en virtud del lenguaje del certificado de seguros, resulta no sólo difícil sino imposible de reconocer.

X

Se revoca la sentencia recurrida. Por los fundamentos expresados en la parte VI de la presente Opinión, resolve-mos que no procede la desestimación sumaria de la de-manda de tercero radicada en contra de la aseguradora Commercial Insurance Company of Newark, devolviéndose el caso al tribunal de instancia para la continuación de procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibieron.

      (1) Posteriormente —al ser informados por el Secretario del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, que los autos del presente caso “constan de cua-renta y nueve (49) legajos ... lo[s] que ocupan por su volumen seis (6) gavetas de un [alrchivo de [m]etal [de] tamaño legal” (Misiva de 15 de marzo de 1988, pág. 1)— le concedimos término a los recurrentes y recurridos para que nos informaran qué parte de los mismos era necesaria, a la luz de los errores imputados, para resolver adecuadamente el recurso. En vista de la posición expuesta por las partes, ordena-mos que los autos fueran elevados en su totalidad. El examen minucioso y respon-sable de los mismos ha tomado un largo período de tiempo.

      (2) Al día de hoy, las revisiones del 1966 y 1973 continúan dominando la casuís-tica relativa a la cubierta del seguro. Nota, Liability Coverage for “Damages Because of Property Damage” Under the Comprehensive General Liability Policy, 68 (Núm. 4) Minn. L. Rev. 795, 798 (1984).

      (3) Greene, Risk & Insurance, 4ta ed., Ohio, South-Western Publishing, 1977, pág. 312, en el texto, clasifica los contratos de seguro de responsabilidad civil en cuatro (4) áreas: (1) responsabilidad comercial; (2) responsabilidad profesional; (3) responsabilidad personal, y (4) responsabilidad o seguro de automóviles.

      (4) “The company will pay on behalf of the insured all sums which the insured shall become legally obligated to pay as damages because of:
      "... A. bodily injury

        "... B. property damage

      to which this [insurance] applies, caused by ocurrence ...” 2 Long, The Law of Liability Insurance Sec. 11A.100[1], pág. 11A-33 (1992).

      (5) “TMs insurance does not apply:
      (l) [t]o property damage to the named insured’s products arising out of such products or any [part] of such products;
      (m) to property damage to work performed by or on ‘behalf of the named insured arising out of the work o[r] any portion thereof, o[r] out of materials, parts or equipment furnished in connection therewith’.” Alegato de la parte demandada recu-rrente, págs. 3-4.

      (6) This [insurance] does not apply
      “(a) to liability assumed by the insured under any contract or agreement... but this exclusion does not apply to a warranty of fitness or quality of the named insured’s products or a warranty that work performed by or on behalf of the named insured will be done in a workmanlike manner.” (Énfasis en el original.) Long, ante, pág. 11A-33.

      (7) Federal Insurance Company v. P.A.T. Homes, Inc., 113 Ariz. 135, 139, 547 P.2d 1050 (Ariz. 1976); Commercial Union Assur. Companies v. Gollan, 118 N.H. 744, 748, 394 A.2d 839 (1978); Aid Ins. Services, Inc. v. Geiger, 294 N.W.2d 411, 414 (1980); McRaven v. F-Stop Photo Labs, Inc., 660 S.W.2d 459, 462 (1983); Worsham Const. Co. v. Reliance Ins. Co., 687 P.2d 988 (Colo. 1984).

      (8) Haugan v. Home Indem. Ins. Co., 86 S.D. 406, 413, 197 N.W.2d 18 (1972); Biebel Bros., Inc. v. United States Fidelity & G. Co., 522 F.2d 1207, 1212 (8vo Cir. 1975); St. Paul Fire & Marine Ins. Co. v. Coss, 80 Cal. App. 3d 888, 896, 145 Cal. Rptr. 836 (1978); Weedo v. Stone-E-Brick, Inc., 81 N.J. 233, 247, 405 A.2d 788 (1979); U.S. Fire Ins. Co. v. Colver, 600 P.2d 1, 3-4 (Alaska 1979); Vernon Williams & Son v. Continental Ins. Co., 591 S.W.2d 760, 763-765 (1979); LaMarche v. Shelby Mut. Ins. Co., 390 So. 2d 325, 326-327 (1980); Indiana Ins. Co. v. DeZutti, 408 N.E.2d 1275, 1278-1279 (1980); Stillwater Condominium v. Am. Home Assur., 508 F. Supp. 1075, 1079 (D. Mont. 1981), confirmada 688 F.2d 848 (9no Cir. 1982), cert. denegado, 460 U.S. 1038 (1983); Zandri Const. Co., Inc. v. Stanley H. CalKins, Inc., 81 A.D.2d 106, 109 (N.Y. App. Div.), confirmada 54 N.Y.2d 999, 430 N.E.2d 922, 446 N.Y.S2d 45 (1981); Nationwide Mut. Ins. Co. v. Wenger, 222 Va. 263, 267, 278 S.E.2d 874 (1981); Helfeldt v. Robinson, 290 S.E.2d 896, 901 (1981); Fresard v. Michigan Millers Mut. Ins. Co., 327 N.W.2d 286 (1982); Sturla, Inc. v. Fireman’s Fund Ins. Co., 684 P.2d 960, 964 (Hawaii 1984); Qualls v. Country Mut. Ins. Co., 123 Ill.App.3d 831, 834, 462 N.E.2d 1288 (1984); Bond Bros., Inc. v. Robinson, 471 N.E.2d 1332 (1984); Harrison Plumbing & Heating v. N.H. Ins., 37 Wash. App. 621, 681 P.2d 875 (Wash. 1984); Peerless Ins. Co. v. Brennon, 564 A.2d 383 (1989).

      (9) Existe la “posibilidad jurídica” de que la palabra daño, sin más modificacio-nes, pueda interpretarse de forma tal que incluya tanto daño físico como daño no-físico. Igualmente cabe el argumento de que la reducción en valor de propiedad tangible constituye un daño o lesión a cualquier propiedad, y, en consecuencia, cum-ple con el requisito de “daño o destrucción de propiedad tangible” exigido por la definición de “daños a la propiedad” de 1966.

      (10) “Public Liability Certificate of Insurance for Levitt & Sons

      “Policy, subject to its terms, covers liability assumed by assured in contract with the Company to whom this certificate is issued; specifically: ‘The Contractor agrees to indemnify and save the Company harmless from all loss, damage, liability or expenses incurred or claimed by reason of any act or omission of the Contractor, his agents, servants and employees.’ ” Exhibit G, pág. A.

      (11) “13. Contractor’s Liability for Damages

      “The Contractor assumes and shall hold the Owner harmless from any liability, loss, or expense incurred because of his operations hereunder, or any act or omission by him, his employees, agents or associates in connection with or during such operations, including, but without limitation to, any liability, loss, or expense incurred by reason of injury death or damages to or of persons of property.” Exhibit G, pág. A.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Manuel Cardona Zayas y Guillermo Martínez González, querellantes y recurridos, v. Departamento de Recreación y Deportes et als., querellados y peticionarios; Mariana Ortiz Santana, querellante y recurrida, v. Departamento de Instrucción Pública et al., querellados y peticionarios; Noelia Cruz Ortiz, demandante y recurrida, v. Departamento de Instrucción Pública, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrentes.

      Números: CE-89-44
    CE-89-45
    RE-89-611

      Resueltos: 13 de diciembre de 1991

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Nilda P. Fuentes Ortiz y Sylvia Cando Bigas, Procuradoras Generales Auxi-liares, abogados del Departamento de Recreación y Depor-tes, peticionario; Frank Rodríguez García, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Estos casos nos permiten determinar si la Ley Núm. 382 de 11 de mayo de 1950 (29 L.P.R.A. secs. 136-139) confiere una causa de acción en daños por discrimen polí-tico a los empleados de las agencias gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante E.L.A.). En los tres (3) casos, el tribunal de instancia concluyó que las agencias del E.L.A. constituían un “patrono” y, por ende, sus empleados tenían derecho a solicitar el remedio específico dispuesto por esta legislación. Al interpretar el estatuto a la luz de las disposiciones análogas de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. secs. 146-151) y al emplear la norma de hermenéutica legal aplicable a leyes in pari materia, revocamos las decisiones recurridas.

HH

El 13 de julio de 1987 los Sres. Manuel Cardona Zayas y Guillermo Martínez González presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, unas querellas contra el Depar-tamento de Recreación y Deportes y el E.L.A. al amparo de la Ley Núm. 382, supra, reclamando daños por haber sido cesanteados de sus nombramientos a término fijo por razo-nes políticas. Para tramitar sus querellas invocaron la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sec. 3120), según lo provisto en el Art. 3 de la Ley Núm. 382, supra, 29 L.P.R.A. sec. 138.

Los querellantes alegaron que eran miembros del Par-tido Nuevo Progresista y que, efectivo el 30 de junio de 1986, fueron cesanteados del Departamento de Recreación y Deportes. La única razón ofrecida para justificar la deci-sión fue que sus nombramientos eran por término fijo. También señalaron que habían sido sustituidos en sus puestos por miembros reconocidos del Partido Popular Democrático. Cada uno reclamó la cantidad de treinta y un mil quinientos cuarenta dólares ($31,540) por las angus-tias, los sufrimientos y los sueldos dejados de devengar. Simultáneamente, solicitaron la reposición en el empleo y la doble compensación provista en la Ley Núm. 382, supra.

La parte querellada contestó la demanda el 20 de octu-bre de 1987, negó las alegaciones de discrimen político y solicitó la desestimación de la querella porque el recurso legal de la Ley Núm. 2, supra, no era el correcto y no se habían agotado los remedios administrativos. Luego de al-gunos trámites procesales, el E.L.A. presentó una moción en la que solicitó la desestimación y/o sentencia sumaria.

El tribunal a quo la denegó por entender que la parte pro-movente había perdido interés en ella.

Oportunamente, el E.L.A. solicitó la reconsideración de esta resolución. Como el tribunal de instancia se negó a reconsiderar su dictamen, el E.L.A. recurrió ante nos y sos-tiene que las agencias gubernamentales no pueden ser con-sideradas como un patrono bajo las disposiciones de la Ley Núm. 382, supra, y estar sujetas a la imposición de doble compensación por los daños sufridos por el empleado.

El mismo día en que se presentó la petición de certiorari en el caso Cardona Zayas v. Departamento de Recreación y Deportes, el E.L.A. recurrió ante nos en el caso Ortiz Santana v. Departamento de Instrucción Pública cuestionando la conclusión del Tribunál Superior, Sala de Ponce, de que “en cuanto a la Ley Núm. 382 el E.L.A. debe ser considerado como un patrono”. Caso Núm. CE-89-45, Exhibit III, pág. 7.

La controversia en ese recurso también se originó en una querella al amparo de la Ley Núm. 382, supra, contra el Departamento de Instrucción Pública, la Secretaria de la Agencia y el Director Regional, por un alegado discrimen político en el empleo. La querellante adujo que fue cesan-teada de su puesto de Bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Adjuntas por no pertenecer al Partido Popular Democrático. Sostuvo que por esta razón, la actuación de los querellados violó su derecho de asociación garantizado por las Constituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de Estados Unidos de América. Reclamó los haberes dejados de percibir con motivo de su despido, la suma de veinticinco mil dólares ($25,000) por los daños sufridos más la doble compensación que dispone la Ley Núm. 382, supra. También solicitó la reposición en su antiguo empleo.

El Estado contestó la querella y, simultáneamente, pre-sentó una moción de desestimación basada en la inaplica-bilidad de la ley a la controversia de autos. También sos-tuvo que la querellante no agotó los remedios provistos por la Ley de Pérsonal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.

El tribunal de instancia declaró sin lugar la moción por entender que "el E.L.A. debe ser considerado como un pa-trono y sus empleados tienen el derecho a reclamar el re-medio específico que concede dicha ley”. Caso Núm. CE-89-45, Exhibit III, pág. 7. El Estado recurrió ante esta Curia señalando que el E.L.A. y sus agencias están excluidos del alcance de la Ley Núm. 382, supra.

Como ambos recursos requieren que por primera vez interpretemos si la Ley Núm. 382, supra, establece una causa de acción por discrimen político contra las agencias del E.L.A., expedimos los mandamientos de certiorari co-rrespondientes y los consolidamos.

Varios meses después, el E.L.A. solicitó que revisáramos la sentencia dictada por el Tribunal Superior en el caso Cruz Ortiz v. Departamento de Instrucción Pública, que de-claró con lugar una querella incoada bajo la Ley Núm. 382, supra.

En su querella la señora Cruz Ortiz alegó que era maes-tra de estudios sociales de la Región Educativa de Ponce y que solicitó al Departamento de Instrucción Pública que la considerara para ocupar la vacante del puesto de Coordi-nadora de Evaluación que surgió en el Distrito Escolar de Juana Díaz. Adujo que, a pesar de que tenía todos los re-quisitos y las recomendaciones necesarios para la posición, el Departamento dejó sin efecto el proceso de entrevistas y, posteriormente, nombró a otra persona para ocupar dicha posición.

Sostuvo que esa otra candidata fue nombrada por su afiliación política con el Partido Popular Democrático y no por sus cualificaciones. En su querella alegó que la razón por la cual no fue nombrada se debía a que ella era adepta del Partido Nuevo Progresista. Adujo que esta actuación constituye discrimen político y viola su derecho a la libre asociación garantizado por la Constitución del E.L.A. y por la de Estados Unidos.

A tenor con lo anterior, la querellante solicitó al foro de instancia que ordenara al Departamento de Instrucción Pública que la nombrara en la posición de Coordinadora de Evaluación del Distrito Escolar de Juana Díaz y le pagara la suma de quince mil dólares ($15,000) por los daños in-fligidos más la doble compensación provista por la Ley Núm. 382, supra.

Luego de una serie de trámites procesales, el foro de instancia concluyó que el Estado había contestado fuera de los términos provistos en el procedimiento establecido por la Ley Núm. 2, supra, y ordenó a los querellados que nom-braran a la querellante Coordinadora de Evaluación del Distrito Escolar de Juana Díaz. También condenó al Es-tado a satisfacer a la recurrida la suma de mil dólares ($1,000), más el pago de la doble compensación que provee la Ley Núm. 382, supra, y las costas del litigio.

Oportunamente, el Estado solicitó reconsideración y adujo que la Ley Núm. 382, supra, y la Ley Núm. 2, supra, eran inaplicables porque el Departamento de Instrucción no era un “patrono” para efectos de estas leyes. Mediante una extensa resolución, el foro de instancia denegó la re-consideración por entender “que en cuanto a la Ley Núm. 382, supra, el Estado debe ser considerado como un pa-trono y sus empleados tienen derecho de reclamar el reme-dio específico que concede dicha ley, ya que la misma no excluye al Estado expresa ni tácitamente”. Caso Núm. RE-89-611, Exhibit V, pág. 23. El E.L.A., entonces, presentó una solicitud de revisión y en vista de que el recurso pre-sentaba una controversia de derecho que estaba ante nues-tra consideración, expedimos el recurso.

Luego de explicar los hechos pertinentes a la controver-sia medular en los tres (3) recursos consolidados, procede examinar el derecho aplicable.

I — I

La Ley Núm. 382, supra, estableció una acción civil en daños y perjuicios por motivo de discrimen político en el empleo por parte de un patrono y le confirió a los tribunales la facultad de ordenar la reposición en el empleo y el cese y desistimiento del acto proscrito. El Art. 1 de la Ley Núm. 382, supra, también dispone que el patrono que incurra en esta práctica responderá civilmente por una “suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o ex empleado” (29 L.P.R.A. see. 136) y, en el caso de que no se puedan determinar los daños pecuniarios, éstos se fijarán en una suma no menor de cincuenta (50) ni mayor de mil dólares ($1,000). íd.()

Dos (2) años después de la promulgación del estatuto, se aprobó la Constitución del E.L.A. que contiene una prohibición expresa en su Carta de Derechos contra el discrimen “por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, [e] ideas políticas o religiosas”. Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 257. Con el propósito de extender el alcance de estos postulados a los talleres de trabajo en todo el país, el 30 de junio de 1959 se aprobó la Ley Núm. 100, supra. Dicho estatuto, según ha sido posteriormente enmendado, pro-híbe el discrimen en el empleo y provee un mecanismo ad-ministrativo y un procedimiento legal para darle vigencia a la Sec. 1 del Art. II de la Constitución del E.L.A., supra, dentro del contexto obrero-patronal. “Su propósito fue do-tar a la clase obrera con los instrumentos necesarios para protegerlos del discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social e ideas polí-ticas o religiosas.” (Escolio omitido.) García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193, 198 (1988).

La Ley Núm. 100, supra, según enmendada, es una legislación abarcadora en materia de discrímenes en el empleo. Al igual que la Ley Núm. 382, supra, la Ley Núm. 100, supra, según enmendada, prohíbe el discrimen en el empleo por ideas políticas o por afiliación a un partido político y cubre todas las actuaciones anteriormente reglamentadas. Como protección adicional, el Art. 1 de la Ley Núm. 100, supra, 29 L.P.R.A. sec. 146, proscribe también los discrímenes en el empleo por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o racional, condición social e ideas religiosas. Un examen de su historial legislativo revela que la intención de sus autores fue establecer un extenso ordenamiento que protegiera efectivamente a los trabajadores contra discrímenes mediante la creación de una causa de acción civil y otra de carácter penal contra todo patrono que incurra en conducta discriminatoria. Véase García Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., supra; Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985). Su alcance se ex-tiende, no sólo a los patronos, sino también a las uniones obreras y protege tanto a los obreros como a los solicitantes de empleo.

Con el propósito de ampliar la protección de las mujeres trabajadoras, la Asamblea Legislativa posteriormente enmendó la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942 (29 L.P.R.A. sees. 467-474), encaminada a proteger a las trabajadoras embarazadas. También aprobó la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. sec. 1321 et seq.) que prohíbe el discrimen por sexo, y la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155 et seq.) que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo. En todas se establece un mecanismo de indemnización a las personas agraviadas. Como toda esta legislación tiene el mismo pro-pósito —la prohibición del discrimen en el empleo— sus disposiciones deben leerse en forma armoniosa y así evita-mos pronunciamientos contradictorios o distinciones que den lugar a resultados irrazonables o que carezcan de base racional. García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., supra.

En el caso particular de la Ley Núm. 382, supra, y de la Ley Núm. 100, supra, como ambas prohíben el discrimen en el empleo por ideas políticas, los estatutos están in pari materia y, por lo tanto, sus disposiciones deben ser interpretadas conjuntamente y no de forma aislada. Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 18; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 73, pág. 481.

Al amparo de la norma de hermenéutica consagrada en el Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, supra, que requiere una interpretación armónica de las leyes in pari materia, se presume que cuando la Asamblea Legislativa aprueba un estatuto, ha tomado en consideración la legislación adoptada anteriormente sobre el mismo asunto. 2A Sutherland, Statutes and Statutory Construction Sec. 51.02, pág. 453 (4ta ed. 1984). Como las derogaciones tácitas no son favorecidas si el nuevo estatuto no enmienda o deroga expresamente el anterior, se presume que las nuevas disposiciones están en armonía con la legislación previamente aprobada sobre el mismo asunto. También se presume que ambas leyes reflejan la política pública propulsada por la Asamblea Legislativa y que sus disposiciones deben ser interpretadas refiriéndose las unas a las otras como un todo.

Aunque exista un conflicto aparente entre estatutos sobre la misma materia, de ser posible, deben ser interpretados armoniosamente. Sutherland, supra, pág. 453. Igualmente, cuando existe un coüflicto irreconciliable entre una nueva disposición y estatutos previos referentes a la misma materia, la nueva disposición será la que controle ya que constituye la última expresión de la Legislatura. íd. págs. 453-454. Por lo tanto, esa última disposición es la que debe prevalecer. Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865, 874 (1983).

Al aplicar estas normas de hermenéutica legal en estos casos, obsérvese que tanto la Ley Núm. 382, supra, como la Ley Núm. 100, supra, definen lo que constituye un patrono a los fines de ese ordenamiento. En ambos casos el término patrono “incluye a toda persona natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o empleados, y al jefe, funcionario, gerente, oficiál, gestor, administrador, superintendente, capataz, mayordomo, agente o representantes de dicha persona natural o jurídica”. Art. 4 de la Ley Núm. 382, supra, 29 L.P.R.A. sec. 139. Sin embargo, la Ley Núm. 100, supra, expresamente incluye en la definición “aquellas agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que operen como negocios o empresas privadas”. 29 L.P.R.A. sec. 151(2).

A los fines de lograr una interpretación armoniosa de ambos estatutos y de evitar un conflicto en cuanto a quién constituye un patrono bajo estas dos (2) leyes, la definición de patrono incluida en la Ley Núm. 100, supra, debe prevalecer sobre la anterior. De esta manera reconocemos que cuando la Legislatura quiso extender la protec-ción de esta legislación al empleo público, solamente in-cluyó a los empleados de las agencias o instrumentalidades que operaren como negocios o empresas privadas.

Recientemente, en Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 508 (1990), interpretamos el alcance del término “patrono” y concluimos que “[e]l historial legislativo de la Ley Núm. 100, ante, revela que su objetivo principal es proteger a los empleados de la empresa privada contra todo tipo de discrimen aun cuando, por excepción, se extiende la protección a los empleados de las agencias o instrumentalidades del Gobierno que operan como negocios o empresas privadas”. (Énfasis en el original.) También afirmamos que de los debates que precedieron la aprobación de la ley surge que la frase “agencias o instrumentalidades del Gobierno que operan como negocios o empresas privadas” (id.) se refiere únicamente a las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado y no a los municipios:

No hay indicio alguno en el historial legislativo de esta ley de que la intención de los legisladores al aprobarla fuera hacerla aplicable a los municipios; más bien parece ser todo lo contrario ya que una enmienda propuesta a la definición de “patrono” del citado Art. 6 de la Ley Núm. 100, ante, a los fines de extender la protección de la ley a todos los empleados del Gobierno, fue derrotada. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra, pág. 509.

De este análisis se desprende que la Asamblea Legislativa expresamente excluyó de la mencionada ley a to-dos los empleados públicos de las agencias o instrumentalidades públicas que no operaren como negocios o empresas privadas. Estos empleados, con excepción de lo dispuesto en la Sec. 10.6 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1338, están cubiertos por el sistema de personal. Por otro lado, según lo reconoce el Procurador General en sus alegatos, estos empleados también gozan de la protección constitucional contra despidos por motivaciones políticas, Ramos v. Srio de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989), y pueden vindicar sus derechos consti-tucionales a través de un injunction incoado al amparo del Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. sec. 3524).

Si partimos de la premisa de que el legislador, al formular un nuevo ordenamiento para proteger a los obreros de despidos discriminatorios, tomó en consideración la legislación anterior —Sutherland, supra— en correcta hermenéutica tenemos que presumir que en la Ley Núm. 100, supra, se incluyó la segunda parte precisamente para proteger a un sector que anteriormente no estaba cubierto ni estaba protegido por la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. Sin embargo, ninguna de estas leyes incluye a las otras agencias del Gobierno dentro del término “patrono”. El historial legislativo de la Ley Núm. 100, supra, y de otras leyes análogas así lo confirma. Véase Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra.

En vista de esta conclusión, tampoco podía el empleado utilizar el procedimiento especial de la Ley Núm. 100, supra, según enmendada. De hecho, la See. 2 de la Ley Núm. 2, supra, expresamente dispone que “la palabra ‘empleado’, que se usa en su acepción más amplia, comprenderá, entre otros, a toda clase de artesano, empleado o dependiente de comercio o industria”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 3119. Por sus propios términos excluye a los empleados del Gobierno del E.L.A. e incluye solamente a los que trabajan en el comercio o en la industria.

IV

En los casos de autos, las querellantes Cruz Ortiz y Ortiz Santana eran empleadas del Departamento de Instrucción Pública. Por su parte, Cardona Zayas y Martínez González trabajaban en el Departamento de Recreación y Deportes. Estas agencias constituyen departamentos eje-cutivos de gobierno de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (véanse: 3 L.P.R.A. sec. 141 etseq., y 3 L.P.R.A. sec. 442 et seq.) y están excluidos del alcance de la Ley Núm. 382, supra.

En estas circunstancias, procede que revoquemos las decisiones recurridas y ordenemos la desestimación de la causa de acción fundada en la Ley Núm. 382, supra. De-bido a que en todos estos casos los empleados recurridos presentaron sus querellas luego de haber expirado el plazo apelativo provisto por la Ley de Personal del Servicio Pú-blico de Puerto Rico, no podemos remitir el asunto a la Junta de Apelación del Sistema de Administración de Personal para que se consideren como unas apelaciones de las decisiones de las agencias. Por otro lado, al proveer la Re-gla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que “[t]oda sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones”, procede la devo-lución de los casos al foro de instancia para que se determine, mediante el trámite ordinario, la procedencia o no de las otras reclamaciones de los querellantes bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. sec. 1983, y la Constitución del E.L.A.

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se expi-den los autos y se revocan las sentencias y resoluciones re-curridas en cada caso.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto particular y de conformidad. El Juez Asociado Señor Ne-grón García emitió una opinión disidente.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

El “meollo de la función judicial y las graves responsa-bilidades que ésta entraña no radican en la sencilla opera-ción de sacar una conclusión de dos premisas, para comple-tar un supuesto silogismo. Sentadas la premisa mayor y la premisa menor, la operación de extraer la consecuencia puede realizarla correctamente un niño de diez (10) años, o incluso la sirvienta analfabeta. En todo caso, tiene uno que darse cuenta de que la auténtica miga de la función judicial y la pesada carga de la misma no consistirían jamás en deducir la conclusión de dos premisas, sino en la tarea, muchas veces dificilísima, de sentar las dos premisas correctas”. L. Recaséns Siches, Introducción al Estudio del Derecho, 3ra ed., México, Ed. Porrúa, 1974, pág. 199.

La aplicación de los principios de hermenéutica legal esbozados en la opinión mayoritaria nos lleva a un resul-tado distinto. Partimos de la premisa de que, si bien los estatutos in pari materia deben ser “interpretados conjun-tamente”, ello no significa que sus disposiciones tendrán el mismo alcance. Ese enfoque responde a no alterar la polí-tica pública que consagran mediante una interpretación aislada. De la misma forma, la interpretación conjunta de los estatutos in pari materia define su extensión y cobertura. Después de todo, si se presume que el legislador conoce leyes anteriores, en ausencia de una expresa o im-plícita intención derogatoria, la legislación posterior ha de considerarse complementaria. En esa circunstancia, con-cluir que dos o más estatutos tienen la misma extensión es un absurdo hermenéutico y un ejercicio impermisible del Poder Judicial que deroga la expresión legítima y válida de la Asamblea Legislativa. Elaboremos.

HH

En 1950 se aprobó la Ley Núm. 382 de 11 de mayo, 29 L.P.R.A. see. 136 et seq., para imponer responsabilidad civil por discrimen en el empleo por razón de ideas políticas. Su Art. 1 (29 L.P.R.A. sec. 136) dispuso que la responsabilidad sería por una suma igual al doble del importe de los daños. De no poder determinarse la cuantía de los daños pecunia-rios o si su cuantía resulta menor de cincuenta dólares ($50), el tribunal quedaba facultado para imponer una compensación hasta mil dólares ($1,000). A su discreción, podía ordenar la reposición del empleado, y al patrono ce-sar y desistir de la práctica discriminatoria. También esta-bleció una presunción controvertible de intención discrimi-natoria si el despido ocurre tres (3) meses antes o seis (6) meses después de cualquier elección política.

Aunque no contamos con el beneficio de su historial le-gislativo, de su texto se desprende que se aplica a “toda persona natural o jurídica que emplee obreros, trabajado-res o empleados, y al jefe, funcionario, gerente, oficial, gestor, administrador, superintendente, capataz, mayordomo, agente o representantes de dicha persona natural o jurídica”. (Énfasis suplido.) Art. 4 de la Ley Núm. 382, supra, 29 L.P.R.A. sec. 139. De esta definición surge la am-plia cobertura del texto y, sobre todo, que no excluye al Gobierno.

Subsiguientemente, en el 1959 se aprobó la Ley Núm. 100 de 30 de junio, 29 L.P.R.A. see. 146 et seq., que impuso responsabilidad civil y penal a todo patrono que discrimi-nara por razón de edad, raza, color, religión o condición social. En su versión original no cubría discrimen por ra-zón de ideas políticas ni sexo. Ambas modalidades fueron incluidas por la Ley Núm. 58 de 22 de junio de 1975 y la Ley Núm. 50 de 30 de mayo de 1972, respectivamente.

De su texto observamos que el esquema de responsabi-lidad civil de la Ley Núm. 100, supra, es prácticamente idéntico al de la Ley Núm. 382, supra;() a diferencia de esta última, se considera patrono “toda persona natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o empleados, y al jefe, funcionario, gerente, oficial, gestor, administrador, su-perintendente, capataz, mayordomo, agente o represen-tante de dicha persona natural o jurídica. Incluirá aquellas agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que operen como negocios o empresas privadas.” Art. 6 de la Ley Núm. 100, supra, 29 L.P.R.A. sec. 151(2).

Como señala la opinión mayoritaria, esta definición ex-cluye al Gobierno y sólo pretende cobijar a las empresas privadas y corporaciones públicas que operen como nego-cios privados. El historial legislativo de la Ley Núm. 100, supra, así lo confirma. 12 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), T. 2, págs. 681-688 (1959), sustitutivo del P. del S. 331. Véase, también, Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990). Sin embargo, en el historial de la Ley Núm. 58, supra —cuyo propósito original era extender la protección a programas de adiestra-miento o aprendizaje— no se discutieron las razones para incluir, entre los discrímenes prohibidos el de ideas políticas.

HH HH

Las Leyes Núms. 382 y 100, supra, pertenecen a un cuerpo de estatutos dirigidos a garantizar protecciones en el trabajo. Complementan esta gama de garantías la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 467-474 (ley para la protección de madres obreras); la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. sec. 1321), que prohíbe el discrimen por razón de sexo; la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155), que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, y la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945 (29 L.P.R.A. sec. 61), Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

La definición de “patrono” en la Ley Núm. 382, supra, es posterior a la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico de 8 de mayo de 1945 (29 L.P.R.A. sec. 61), que excluyó expresamente de su ámbito al Gobierno, excepto sus ins-trumentalidades corporativas. Art. 2 (29 L.P.R.A. see. 63(2)). De esta definición surge, claramente, la preocupa-ción e interés que tuvo el legislador de que la aplicabilidad de la ley se extendiera sólo a aquellas entidades guberna-mentales que operan como negocios privados. NO LO HIZO ASÍ EN LA LEY NÚM. 382, supra.

Cinco (5) años más tarde, la Asamblea Legislativa aprobó una ley diseñada para proteger a los obreros contra discrímenes fundados en ideas políticas. Contrario a la Ley Núm. 130, supra, no se excluyó al Gobierno: ¿podemos se-riamente considerar dicha omisión como un simple “olvi-do”? NO LO CREEMOS; DESPUÉS DE TODO, ¿QUIÉ-NES ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LAS PERSECUCIONES O REVANCHISMOS POR RAZÓN DE CAMBIOS POLÍTICOS, LOS EMPLEADOS PÚBLICOS O LOS DE EMPRESAS PRIVADAS? LA HISTORIA CON-TEMPORÁNEA NOS BRINDA CLARAMENTE LA RESPUESTA.

El hecho de que se excluyeran a los empleados públicos en la Ley Núm. 130 de 1945, supra —no así en la Ley Núm. 382 de 1950, supra— y se volvieran a excluir en la Ley Núm. 100 de 1959, supra, corrobora la intención de la Asamblea Legislativa de incluir al Gobierno en la defini-ción de “patrono”. Después de todo, estamos frente a una definición suficientemente amplia. Y es que omitir una dis-posición de un estatuto similar que aborda un mismo tema, tiende a confirmar que existía una intención distinta. Véase 2A Sutherland, Statutes and Statutory Construction Sec. 51.02, pág. 454 (4ta ed. 1984), citado con aprobación en la opinión mayoritaria.

HH I — < I — t

La interpretación mayoritaria acarrea un indeseable resultado. Ilógicamente permite que subsistan dos (2) es-tatutos que versan y atienden un mismo asunto, esto es, que protegen contra el discrimen político únicamente a los empleados de las empresas privadas y sus equivalentes públicas. No cabe otra conclusión. Si se excluye al Go-bierno de la definición de patrono, la Ley Núm. 382, supra, sólo cobijará entonces a los empleados de las empresas pri-vadas, quienes ya tienen la protección de la Ley Núm. 100, supra. Éstos, a su conveniencia, podrán escoger el estatuto que mejor satisfaga sus intereses. Dudamos seriamente que ésta haya sido la intención legislativa.

En resumen, según señaláramos, la Ley Núm. 382, supra, y la Ley Núm. 100, supra, tienen básicamente el mismo diseño remedial. Sólo varían en cuanto a la presun-ción que establece la Ley Núm. 382, supra, y en su defini-ción de patrono que incluye al Gobierno. Ya, mediante Sen-tencia publicada en Plaza v. Municipio de Adjuntas, 104 D.P.R. 905 (1976), partimos de la premisa de que la Ley Núm. 382, supra, aplica al Gobierno.

La mayoría sugiere que las salvaguardas de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq., cubren las acciones de los empleados aquí recurridos. De esta forma intiman que tal protección ex-cluye la que brinda la Ley Núm. 382, supra. Opinión ma-yoritaria, pág. 570. Nada más lejos de la verdad. Sostener esa apreciación debilita, por no decir que revoca sub silen-tio, nuestra doctrina expuesta en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); First Fed. Sav. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983); Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 112 D.P.R. 272 (1979), expositiva de que los trámites administrativos pueden obviarse cuando la causa de acción es una violación a los derechos civiles y constitucionales.

LA OPINIÓN MAYORITARIA OLVIDA QUE ESTA-MOS ANTE UN ESTATUTO DE CARÁCTER ESPECIAL, LIMITADO A DISCRIMEN POR IDEAS POLÍTICAS EN EL EMPLEO Y CON EL BENEFICIO DE UNA PRESUNCIÓN Aunque los empleados recurridos pueden vindicar sus derechos constitucionales por medio de un injunction, según el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3524, la verdad es que, huérfanos de esa presunción de discrimen y de la doble penalidad por daños pecuniarios, quedan en un estado de indefensión sustancial.

LA INTERPRETACIÓN DE HOY SÓLO PUEDE EN-TENDERSE COMO UN ESFUERZO DE RELEVAR AL GOBIERNO DE LA CARGA QUE REPRESENTA ESA IMPORTANTE PRESUNCIÓN DE DISCRIMEN POLÍ-TICO DURANTE LOS PERÍODOS PRE Y POST ELECCIONARIOS.

Confirmaríamos los dictámenes recurridos.

Voto particular y de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

No obstante la lógica y contundencia del argumento es-bozado en la Opinión disidente del compañero Juez Aso-ciado Señor Negrón García —a los efectos de que los em-pleados públicos, de ordinario, son los más expuestos al discrimen por razón de revanchismo político— suscribi-mos, y endosamos con nuestro voto, la Opinión mayoritaria del Tribunal, suscrita la misma por el compañero Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton, la cual sostiene, en sínte-sis, que la Ley Núm. 382 de 11 de mayo de 1950 (29 L.P.R.A. see. 136 et seq.) no cobija a los empleados de las agencias gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La razón para ello es sencilla. Al enfrentarnos a situa-ciones como las que plantean los casos hoy ante nuestra consideración —esto es, situaciones en las cuales tenemos que interpretar cláusulas, aparentemente contradictorias o inconsistentes, de leyes que versan sobre la misma ma-teria— nos vemos en la obligación de partir de la premisa que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al aprobar una ley en particular tuvo presente, y consideró, otras leyes vigentes que tienen relación con la misma.

En otras palabras, si es que deseamos que las distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, que tratan sobre una misma materia guarden alguna lógica y coherencia entre sí, nos vemos obligados a interpretar de una manera razonable y armoniosa la, en ocasiones, inconsistente y contradictoria actuación legislativa. En la situación hoy ante nuestra consideración, la forma de interpretación más lógica de hacerlo lo es resolviendo que cuando el legislador quiso que los empleados públicos, o algunos de ellos, estu-viesen cobijados por la legislación en controversia así ex-presamente lo hizo constar. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990).

      (1) “See. 136. Interferencia con afiliación política — Responsabilidad civil

      “Todo patrono que despida, suspenda, rehúse restituir en su trabajo, reduzca el salario, rebaje en categoría, aumente las horas de labor o imponga o intente imponer condiciones de trabajo más onerosas a un empleado o ex empleado suyo, o discrimine en cualquier forma o amenace cometer contra él cualquiera de tales actos porque esté afiliado a determinado partido político incurrirá en responsabilidad civil por suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o ex empleado; o por una suma no menor de cincuenta (50) ni mayor de mil (1,000) dóla-res, a discreción del tribunal, si no se pudieren determinar daños pecuniarios o el doble de éstos fuere inferior a la suma de cincuenta (50) dólares; o por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o ex empleado y una suma adicional que no excederá de mil (1,000) dólares, a discreción del tribunal.
      “El tribunal podrá ordenar además al patrono que reponga en su empleo al trabajador y que cese y desista del acto de que se trate.”

      (1) Sólo difiere en la cuantía mínima que en la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sec. 146 et sea.) es de cien dólares ($100).