author: Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Rafael Gastón Torres y José L. Vigo Cancel, acusados y peticionarios.

      Número: CC-95-47

      Resuelto: 3 de noviembre de 1995

      José L. Cobián Santiago y Limari Cobián Lugo, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración presentada por los acu-sados peticionarios, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

A lo largo de los años que hemos desempeñado la fun-ción judicial nunca hemos tenido dificultad en determinar, y decretar, la culpabilidad de un imputado de delito siem-pre que la culpabilidad de éste haya quedado demostrada conforme los dictados de nuestra Constitución, esto es, más allá de duda razonable, y siempre que ello haya sido de-mostrado luego de la celebración de un juicio justo e imparcial.

Por otro lado, tampoco hemos objetado la imposición de una pena, por severa que ésta pueda parecer de momento, siempre que la misma guarde una proporción razonable con el acto criminoso cometido por el imputado de delito; esto es, siempre que la misma no sea cruel e inusitada.

Y es que ello no puede ser de ninguna otra forma. Esto es, el que comete un acto prohibido por nuestro ordena-miento jurídico tiene que, y debe, sufrir las consecuencias o penas pautadas, de antemano, por dicho ordenamiento en protección del bienestar general de nuestra ciudadanía; bienestar que, en última instancia, constituye el “norte” de todas nuestras actuaciones judiciales.

Ahora bien, siempre hemos estado prestos a alzar nues-tra voz de protesta ante situaciones en que se pretende separar de la sociedad a personas acusadas de delito cuya culpabilidad no ha sido demostrada según lo establece nuestro ordenamiento jurídico o en situaciones en que, in-dependientemente de la calidad y suficiencia de la prueba con que cuenta el Estado contra esa persona, se ha preten-dido privar de la libertad a alguien utilizando para ello medios o procedimientos que resultan violatorios del de-bido proceso de ley.

El afán o propósito de proteger a la ciudadanía contra la cruel ola criminal que desgraciadamente azota a nuestra Isla no puede servir de excusa para la violación de los prin-cipios, elementales y básicos, que establece nuestra Cons-titución, y demás leyes, en protección, precisamente, de esa ciudadanía. "El fin”, después de todo, “no justifica los medios”. Tampoco puede menospreciarse una “voz de protesta”. Resulta procedente recordar, a esos efectos, las elocuentes palabras, expresadas en 1945, de Martin Nie-moller:

En Alemania, los nazis primero persiguieron a los comunis-tas, pero yo, como no era comunista, no protesté. Más tarde vinieron tras los judíos pero como yo no era judío, no protesté. Luego, comenzaron a perseguir a los miembros de las uniones obreras, mas como yo no estaba unionado, no protesté. Más adelante la persecución se tornó contra los católicos, pero siendo yo protestante, no tuve por qué protestar. Luego vinie-ron por mí. Para entonces ya no había nadie que protestara por ninguno otro. Asegurémosnos de que tal cosa no vuelva a suceder.

En esta dura, pero noble, lucha por proteger a la ciuda-danía de los desmanes de algunos de sus integrantes y, a la misma vez, en protección de los derechos garantizados por nuestra Constitución, todos los funcionarios seleccionados para participar en la misma tienen que, por necesidad, des-cargar sus funciones y obligaciones de manera valiente y responsable. Esto es, el legislador, el fiscal, el juez y, en muchas ocasiones, los ciudadanos que participan como ju-rados en los juicios criminales, no pueden rehuir sus par-ticulares responsabilidades y pretender que el otro realice el trabajo que, conforme nuestro ordenamiento, le corres-ponde a él llevar a cabo.

Por otro lado, tampoco debe ser permitido que un fun-cionario invada el campo de acción que le corresponde al otro. En otras palabras, y en lo pertinente al caso ante nuestra consideración, ni el fiscal puede pretender que el juez haga su trabajo ni este último está facultado para invadir y llevar a cabo las funciones que, por ley, le corres-ponden al primero. Cada cual, repetimos, debe mantenerse dentro de los parámetros que establece la Constitución, y demás leyes, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El presente caso es un ejemplo de una situación que no debe acontecer y que este Tribunal no puede permitir que suceda. No obstante la buena intención tras las actuacio-nes que hoy revisamos y no empece lo odioso del delito cometido, este Tribunal tiene la obligación de revisarlas y corregir la violación del debido procedimiento de ley cometida. La mayoría de los integrantes del Tribunal así no lo ha entendido procedente. Discrepamos; es por eso que disentimos.

En un allanamiento efectuado el 5 de octubre de 1994, por agentes de la Policía de Puerto Rico en una residencia localizada en el Barrio Joyuda del pueblo de Cabo Rojo, se ocupó por éstos una (1) bolsa conteniendo la droga narcó-tica conocida como cocaína (4.24 gramos) y diecinueve (19) bolsas conteniendo picadura de marihuana (7,615.1 gramos).

En relación con la ocupación de las referidas sustancias controladas, el Estado radicó denuncias contra los aquí pe-ticionarios, Rafael Gastón Torres y José L. Vigo Cancel, en los cuales le imputó, a cada de uno de ellos y en relación con la marihuana, una (1) supuesta violación a las dispo-siciones del Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de. Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401, y una (1) supuesta violación, a cada uno de ellos y en relación con la cocaína, de las disposiciones del citado Art. 401 de la referida ley; esto es, posesión de ambas drogas con la intención de dis-tribuir las mismas.

Celebrada la correspondiente vista preliminar, que esta-blece la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el magistrado que presidió la misma procedió a de-terminar causa probable contra ambos imputados, en rela-ción con la marihuana, por violación al mencionado Art. 401, y causa probable, en relación con la cocaína, contra ambos imputados por violación al Art. 404 de la referida Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404. En otras palabras, y en relación con la cocaína, el magistrado redujo el cargo de “posesión con intención de distribuir” al cargo menor de “posesión simple”.

Radicados los correspondientes pliegos acusatorios por el Estado ante la Sala de Mayagüez del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, el día pautado para el juicio las partes le informaron al referido foro judicial que habían llegado a una “alegación pre-acordada”, conforme la cual el Estado estaba en disposición de reducir el cargo por viola-ción al Art. 401, ante, a una infracción al Art. 404, ante, en relación con la marihuana, a cambio de que los imputados hicieran alegación de culpabilidad por violación a las dis-posiciones del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controla-das de Puerto Rico, ante, tanto en relación con el cargo por marihuana como por el de cocaína.

Es importante señalar que, conforme admite el propio juez sentenciador() dicha alegación preacordada fue apro-bada por el Fiscal del Distrito dé Mayagüez. En adición, procede enfatizar el hecho de que igualmente se acepta por dicho magistrado que el referido acuerdo no incluía reco-mendación de sentencia y el hecho de que ni las partes le ofrecieron al tribunal información adicional alguna res-pecto al caso ni dicho foro requirió de las partes informa-ción adicional alguna() Una vez aceptado el acuerdo por el tribunal, y luego del juez examinar personalmente a los imputados y haber aceptado sus respectivas alegaciones de culpabilidad, dicho foro refirió a los imputados para “estu-dio e informe” respecto a la posibilidad de éstos recibir los beneficios de una sentencia suspendida.

Así las cosas, y pendiente los imputados de ser senten-ciados, el tribunal de instancia emitió, motu proprio, con fecha de 24 de febrero de 1994 una sorprendente “Orden”. En la misma, y en adición a lo antes señalado, el magis-trado señaló que, con posterioridad al día en que los impu-tados hicieran alegación de culpabilidad, los “fiscales que atendieron el caso nos informaron ... por primera vez que la sustancia controlada imputada en uno de los cargos (marihuana) tenía un peso que excedía las diez y ocho (18) libras’() {Exhibit VII, pág. 18) y que ese "dato” era desco-nocido por el tribunal al "recibir y aceptar” la alegación preacordada.

En consideración —alegadamente— al hecho de que dicho juez no tenía "autoridad para dejar sin efecto [la] ale-gación de culpabilidad presentada y aceptada” {Exhibit VII, pág. 19), por razón de que, si lo hacía, ello "impediría el nuevo proceso [por razón de] la defensa de doble exposi-ción” (id.), el foro de instancia le ordenó al Estado que le sometiera copia de su expediente y les ordenó a las partes que mostraran causa por la cual dicho foro no debía "con-siderar como circunstancia agravante, los hechos relacio-nados y en particular, la cantidad de sustancia controlada ocupada ...”. Id. Las partes comparecieron por escrito al respecto.

Conforme surge de la “minuta” que recoge los procedi-mientos acaecidos ante el tribunal de instancia el día de la imposición de las sentencias, el juez sentenciador —no obs-tante aceptar que en el informe presentencia, que se había rendido en cuanto a ambos acusados, se recomendaba la concesión de una sentencia suspendida a éstos y del hecho de que dicha recomendación no fue objetada por el Estado en dicha vista— no sólo le negó los beneficios de una pro-batoria a dichos imputados sino que dictaminó que las pe-nas impuestas fueran cumplidas en forma consecutiva en-tre sí. Un análisis del contenido de dicha “minuta” revela que la única razón para esta determinación judicial lo fue la “cantidad de droga ocupada ...”.

Inconforme, los aquí peticionarios acudieron ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de Ma-yagüez, imputándole al tribunal de instancia haber errado al denegarle los beneficios de una sentencia suspendida y al “dictar las sentencias con agravantes”. Dicho tribunal de apelaciones, mediante Resolución de 20 de junio de 1995,() se negó a expedir el auto de certiorari radicado. Su razón de decidir, en síntesis y en lo pertinente, fue a los efectos de que la concesión, o no, de los beneficios de una sentencia suspendida, es una decisión que es discrecional del juez sentenciador. Por otro lado, determinó dicho foro apelativo que “[l]a presencia de circunstancias agravantes puede ser levantada motu proprio por el Tribunal [sentenciador]”. Exhibit I, pág. 5.

No conforme, naturalmente, con la referida determina-ción judicial, acudieron ante este Tribunal —vía certiora-ri— Rafael Gastón Torres y José L. Vigo Cancel en revisión de la misma. En el recurso que, a esos efectos, radicaran le imputaron al mencionado tribunal apelativo haber errado al:

1. ... confirmar la sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Instancia, Sala Superior de Mayagüez, que negó los be-neficios de una sentencia suspendida a los peticionarios aún cuando los informes del oficial probatorio recomendaban una libertad a prueba, el Ministerio Público y la Policía no tenían objeción a la misma.
2. ... confirmar la sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Instancia, Sala Superior, el cual dictó sentencia en uno de los casos con agravantes, contra cadá acusado a pesar de que no había desfilado prueba sobre los mismos. Petición, pág. 6.

Mediante Resolución, de 22 de septiembre de 1995, una Sala Especial de Verano de este Tribunal() denegó, de ma-nera unánime, el recurso radicado. Inconformes, Gastón Torres y Vigo Cancel solicitaron reconsideración. El Pleno del Tribunal entendió igualmente procedente denegar la misma. No estamos de acuerdo. Veamos porqué.

h-H i — i

En fecha relativamente reciente este Tribunal reiteró el principio de que nuestro ordenamiento jurídico “encomien-da al Poder Ejecutivo el deber de implantar las leyes pena-les”; esto es, y dicho de manera más sencilla, son “los fis-cales adscritos al Departamento de Justicia quienes tienen la función de procesar a todos los delincuentes por los crí-menes y delitos de que pueda conocer bajo la autoridad y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332, 338 (1993).() Véanse, en adición: Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 583 (1985); Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 65 (1967).

Como surge de la relación de hechos que hiciéramos en el presente caso —y en relación con la droga narcótica co-nocida como marihuana— el Estado obtuvo una determi-nación de causa probable, en vista preliminar, que le auto-rizó a radicar contra los aquí peticionarios un pliego acusatorio mediante el cual le imputó a éstos una violación a las disposiciones del Art. 401 de la citada Ley de Sustan-cias Controladas de Puerto Rico; esto es, posesión de la marihuana con intención de distribuir la misma. Examina-dos los hechos específicos del caso, dicha determinación pa-rece ser, prima facie, correcta. Ello así ya que se trata, como hemos visto, de diecinueve (19) libras de marihuana; de la cual cantidad, ciertamente, razonablemente se puede inferir la intención de distribuir la misma.

Qué razón tuvo el Estado, representado por el Fiscal del Distrito de Mayagüez, para acceder a reducir en estas cir-cunstancias el cargo del Art. 401, ante, al Art. 404, ante, realmente no lo sabemos. Pueden, naturalmente, haber sido varias; entre ellas, y a manera de ejemplo, la de que el caso podía “perderse” por razón de la existencia de “defectos” en la orden de registro y allanamiento expedida, y diligen-ciada, en el mismo.

Ahora bien, independientemente de cuál haya sido la razón, lo cierto es que el Estado accedió a reducir el cargo; ello no obstante la existencia de las diecinueve (19) libras de marihuana. Ese hecho, de por sí, “elimina” —por decirlo así— la importancia de la “existencia” de dichas diecinueve (19) libras. Esto es, una vez el fiscal redujo el cargo, poco importa desde un punto de vista jurídico que se trate de una (1) libra que de diecinueve (19) libras de marihuana. Ello así ya que el Poder Ejecutivo —quien es el que tiene la obligación y responsabilidad de procesar a los infractores de las leyes— acudió ante el foro judicial y formalmente le “informó” a éste que, únicamente, contaba con prueba para sostener un caso por posesión simple de marihuana.

El tribunal de instancia pudo, en ese momento, haber inquirido un poco más y haberse negado a aceptar esa re-ducción en el delito, esto es, pudo no haber aceptado la alegación de culpabilidad por el delito menor incluido. No lo hizo. Tampoco solicitó información adicional al respecto en ese momento. Esto es, pudiendo haber inquirido sobre ello en esa etapa de los procedimientos, no le importó la cantidad de droga envuelta en el caso. Los acusados, por otro lado, estuvieron en disposición de declararse culpables bajo ese acuerdo; obviamente, no quisieron arriesgarse a entrar a juicio y ser encontrados culpables del delito mayor originalmente imputado.

Las partes no hicieron recomendación alguna al tribunal de instancia ni sobre la sentencia a imponerse ni sobre la concesión, o no, de una sentencia suspendida a los im-putados de delito. Se sobreentiende, sin embargo, que es-tando el Estado, y ellos, en disposición de dar por termi-nado el caso sin la celebración de un proceso —en el que, naturalmente, desfilaría prueba— la concesión o no de dicho beneficio dependía exclusivamente del informe que so-bre ellos rindiera el oficial probatorio. Así es que se enfoca y se entiende esta situación, a diario, en la práctica de la profesión a nivel de instancia. No puede ser de otra manera. No habiendo desfilado prueba, el único “elemento” que tiene el juez para hacer esa determinación lo es el re-ferido informe del oficial probatorio.

Pero, ¿qué sucedió? Los señores fiscales —de manera ex parte, esto es, a espaldas de la defensa— se comunican con el juez sentenciador y le informan de la cantidad de marihuana envuelta en el caso. Así lo admite, ingenuamente, el magistrado en la sorprendente orden que emitiera con pos-terioridad al momento en que los imputados se declararon culpables. ¿Qué “importancia” tiene esta situación?

En primer lugar, dicha acción de parte de los fiscales y del juez sentenciador puede, inclusive, ser violatoria del Código de Ética Profesional y Judicial, los cuales prohíben la comunicación ex parte de los abogados de una parte con el magistrado a cargo del caso. Véanse: Canon XXV del Código de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A; Cánones 5 y 11 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En segundo lugar, la acción del juez sentenciador al emitir la orden, luego de enterarse de dicho hecho, de-muestra sin lugar a dudas que la denegatoria de probato-ria a los peticionarios tuvo como base, únicamente, la can-tidad de droga envuelta en el caso; hecho que dicho magistrado no debió de tomar en consideración en vista de la acción del Estado de reducir el cargo criminal, original-mente imputado, a uno de posesión simple.

Es posible, naturalmente, que el juez sentenciador —por razones de consciencia— entendiera que no podía conceder una probatoria en esas circunstancias, esto es, estando envuelta una cantidad de diecinueve (19) libras de marihuana. Si es que ello es así, entonces su deber , era relevar a los peticionarios de la alegación preacordada —esto es, de su alegación de culpabilidad— y señalar el caso para juicio. La razón o fundamento que brindó el juez para así no actuar —la de doble exposición— es una no necesariamente correcta en derecho. Véanse: Pueblo v. Martínez Torres, 127 D.P.R. 466 (1990); U.S. v. Santiago Soto, 825 F.2d 616 (1er Cir. 1987). De todas formas, y aun asumiendo lo contrario, no tenemos duda sobre el hecho de que, de los acusados haber sido apercibidos de la “forma de pensar” del juez sentenciador, éstos hubieran estado en disposición de solicitar que se les relevase de la alegación preacordada; en cuya situación no podrían, posterior-mente, levantar la defensa de doble exposición.

¿Cuál es, en resumen, la situación hoy ante nuestra con-sideración? No hay duda de que las personas, convictas por una infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Contro-ladas de Puerto Rico, ante, cualifican, prima facie, para recibir los beneficios de una sentencia suspendida. La con-vicción en el presente caso se decretó a base de una alega-ción de culpabilidad; esto es, el juez sentenciador no escu-chó prueba alguna. El informe rendido por el oficial probatorio respecto a los aquí peticionarios, conforme aceptó el propio juez sentenciador, es favorable a ambos. El único fundamento del referido juez sentenciador para de-negar la probatoria, según ello surge de la “minuta” del acto de imposición de sentencia, lo es la cantidad de droga envuelta; hecho del cual obtiene conocimiento dicho juez de manera impropia y hecho que, de todas formas, no debió utilizar en apoyo de su determinación en vista de la acción afirmativa del Estado de reducir el cargo imputado.

Al considerar ese hecho para la imposición de la senten-cia, el juez sentenciador invadió el campo de acción del Ministerio Público, representante del Poder Ejecutivo, ya que mediante su acción lo que realmente está haciendo es cuestionando la sabiduría de la determinación del Fiscal de reducir el delito de posesión con intención de distribuir a uno de posesión simple. Ello le está vedado al magistrado por cuanto, repetimos, la decisión de por cuál delito se pro-cesa a un ciudadano le corresponde, en su origen, al Poder Ejecutivo. Pueblo v. Quiñones, Rivera, ante. En consecuen-cia, la negativa de concesión de probatoria de parte del tribunal —basada, de manera exclusiva, en la cantidad de droga ocupada— constituye un abuso de discreción. Como expresáramos en Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211-217 (1990):

Discreción, naturalmente, significa tener el poder para deci-dir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el mencio-nado concepto “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho ...”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia incu-rre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Como expresáramos en Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200, “[discreción es, pues, una forma de razonabilidad apli-cada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera ...”. (Enfasis suplido.)
El abuso de discreción se puede manifestar de varias maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre otras y en lo pertinente, cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inma-terial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos ma-teriales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez livia-namente sopesa y calibra los mismos.
En relación con lo antes expresado, debe mantenerse pre-sente que —si bien es cierto que es sobre los hombros de los señores jueces de instancia sobre los cuales recae, de manera inicial y principal, la decisión de conceder o no a un convicto de delito los beneficios de una sentencia suspendida y que, de or-dinario, respetaremos la decisión que en el ejercicio de esa dis-creción judicial ellos emitan— la amplia discreción judicial que dichos magistrados poseen en esta clase de situaciones no es una ilimitada y absoluta. En consecuencia, este Tribunal estará siempre presto a entender en todo caso en que, a nuestro juicio, el juez de instancia haya incurrido en un abuso de discreción al denegar, o conceder, a un convicto de delito los beneficios de una sentencia suspendida. Pueblo v. Sánchez González, ante; Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980). El presente caso es un vivo ejemplo de ello.
El juez, so pretexto de ejercer su discreción, no puede olvi-darse de, ni relegar a un segundo plano, los mandatos y dicta-dos de nuestra Constitución y el de las leyes, pertinentes a la cuestión en controversia, que han tenido a bien promulgar los funcionarios de las Ramas Legislativa y Ejecutiva, debida-mente electos por este Pueblo. Los tribunales estamos autori-zados a interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no son claras o concluyentes sobre un punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una, laguna en la misma; o cuando, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación de una ley a una situación en particular, la justicia así lo requiere. Estamos impedidos, sin embargo, de obviar los mandatos claros y específicos de una ley cuando la misma es constitucionalmente válida. Debido a lo anterior es que ni los magistrados de instancia ni este Tribunal están facultados para descartar de un plumazo las disposiciones de la Ley de Senten-cias Suspendidas —en específico, las del parcialmente antes transcrito Artículo 2— al enfrentarse a una situación en que deben decidir si le conceden o no los beneficios de una sentencia suspendida a un convicto de delito.
Los magistrados de instancia deben mantener presente que la determinación de conceder o no a un convicto de delito los beneficios de la Ley de Sentencias Suspendidas es una suma-mente delicada e importante que requiere el ejercicio de un alto grado de sensibilidad judicial. En la misma está en juego, nada más y nada menos que la libertad de un ser humano quien no obstante haber sido convicto de la comisión de un delito, tiene por mandato legislativo —y sujeto al ejercicio de una juiciosa y sana discreción judicial— la oportunidad de regenerar su vida dentro de la libre comunidad y así convertirse en un ciudadano útil para nuestra sociedad. (Enfasis suplido y en el original.)

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El presente caso ciertamente causa un “mal sabor y una gran intranquilidad en nuestra conciencia judicial. Da la impresión el mismo de que los representantes del Es-tado, temerosos de perder el caso, engañaron a los peticio-narios para que se declararan culpables. Dicha impresión está basada en, y cobra fuerza cuando consideramos, la acción del Estado de reducir el cargo imputado, no infor-mar al tribunal de instancia en ese momento sobre la can-tidad de droga envuelta, y, luego, informarle al juez sen-tenciador, de manera ex parte, sobre la misma. Así no se litiga; al tribunal, se acude, siempre, con las manos limpias.

El que triunfa en un tribunal de justicia debe de ser aquel al que le asiste la razón, no el que pretende o resulta ser el más listo o “jaiba”.()

      (1) Véase: “Orden”, de 24 de febrero de 1995, emitida por el juez sentenciador.

      (2) íbid.

      (3) Para ser exactos, aproximadamente, una (1) libra más; esto es, diecinueve (19) libras.

      (4) Panel integrado por el Juez Brau Ramírez, como su Presidente, y los Jueces Colón Birriel y Rodríguez Maldonado.

      (5) Compuesta por el Juez Presidente Señor Andréu García, y los Jueces Asocia-dos Señor Negrón García, Señor Hernández Denton y Señor Corrada Del Río.

      (6) 93 J.T.S. 72.

      (7) No entramos a discutir, por considerarlo innecesario, el punto de si el juez sentenciador tenía facultad para —sin la celebración de una vista— imponer las sentencias “con agravantes”. Véanse: E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. III, See. 33.5, págs. 549-552; Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 636 (1987); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 618 (1985); Pueblo v. Santiago Ácosta, 121 D.P.R. 727, 743 (1988).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Juan E. Capó Cruz, demandante, apelante y recurrente, v. Departamento de la Vivienda, demandado, apelado y recurrido.

      Número: CE-95-161

      Resuelto: 3 de noviembre de 1995

      Juan E. Capó Cruz y Rafael Rivera Rosa, abogados de la parte recurrente; Guillermo Garau Díaz, abogado de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración presentada en este caso, no ha lugar.

La nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.) creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones y consolidó en un solo Tribunal de Instancia las secciones del Superior y Tribunal de Distrito.

Este ordenamiento exige mayor rigurosidad en la prác-tica apelativa ante este Tribunal en lo referente a la doc-trina vigente sobre frivolidad y temeridad, y la consabida imposición de sanciones u honorarios de abogados.

Apercibimos a los abogados que en el futuro, recursos frívolos estarán expuestos a tales sanciones.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: per curiam: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Western Federal Savings Bank, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Primera de Bayamón, recurrido.

      Número: RG-93-253

      Resuelto: 6 de noviembre de 1995

      José L. Landrón Ramery y José M. Biaggi Junguera, aboga-dos de la parte recurrente; Etienne Badillo Anazagasty, Registrador de la Propiedad, recurrido.
   per curiam:

Mediante un recurso gubernativo acude ante nos Western Federal Savings Bank, y solicita la revisión de la calificación final hecha por el Registrador de la Propie-dad, Hon. Etienne Badillo Anazagasty, que denegó la ins-cripción de una escritura porque en su copia certificada no aparecían las firmas de los otorgantes. Por entender que cuando el notario da fe de su existencia no es necesario que en las copias certificadas de las escrituras consten las fir-mas de los otorgantes, revocamos.

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El 29 de abril de 1993, el notario José L. Landrón Ra-mery otorgó una escritura de primera hipoteca a favor del recurrente, Western Federal Savings Bank (en adelante Western). Ese mismo día, Landrón Ramery expidió la pri-mera copia certificada de la escritura, al final de la cual incluyó la certificación siguiente:

—CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel y exacta del contenido de la escritura No. 575 que obra en mi protocolo, la cual contiene 17 folios, comprendiendo 23 páginas y en la que aparecen en todos los folios las iniciales de los comparecientes y el sello y rúbrica del Notario autorizante, y está firmada por los comparecientes y firmada, signada y rubricada por el Notario autorizante.
—ES PRIMERA COPIA certificada de su original, en la que aparecen cancelados los correspondientes sellos de Rentas In-ternas y Sello Notarial, expedida a solicitud de Western Federal Savings Bank.
En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 29 de abril de 1993. DOY FE.
NOTARIO PUBLICO
Apéndice, pág. 26.

Poco después, Western solicitó la inscripción de dicha pri-mera hipoteca en el Registro de la Propiedad, Sección Pri-mera de Bayamón, y con ese propósito presentó la copia certificada de la escritura referida en esta sección.

Oportunamente, el Registrador de la Propiedad, Hon. Etienne Badillo Anazagasty (en adelante el Registrador), notificó la calificación del documento, en la cual dispuso que no podía inscribir la escritura porque “[en] el docu-mento [de epígrafe] no aparecían] las firmas de los otor-gantes [Art. 16 sec. 2034]”. Apéndice, pág. 24. Acto seguido, Western solicitó la recalificación del documento. No obs-tante, el Registrador sostuvo su calificación original por los mismos fundamentos y tomó anotación preventiva por un término de sesenta (60) días a partir de la notificación de dicha calificación.

Inconforme, Western acude ante nos y solicita que revo-quemos la decisión del Registrador de denegar la inscrip-ción de la escritura, porque en su copia certificada no cons-taban las firmas de los otorgantes. Revocamos.

J — l

Nos corresponde reexaminar la amplitud del consabido principio de legalidad del derecho hipotecario registral, particularmente en lo que respecta a la calificación de los documentos notariales.

El principio de legalidad tiene como propósito fo-mentar el que sólo aquellos títulos que reúnan los requisi-tos establecidos por ley o reglamento tengan acceso al Re-gistro de la Propiedad. J.L. Lacruz Berdejo,

Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral, 2da ed., Zaragoza, [s. Ed.], 1957, pág. 394; J.L. Lacruz Berdejo, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, pág. 364. Véanse, además: Preciosas V. Del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802 (1981); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110 (1986).

La calificación es el instrumento mediante el cual se hace efectivo este principio. Lacruz Berdejo, Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral, op. cit, pág. 394. Por este medio, los registradores verifican los títulos presentados para determinar si son inscribibles. Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76 (1992). Los registradores tienen amplios poderes para corroborar dichos títulos, pero éstos no se extienden hasta el punto de poder dilucidar la existencia de derechos dudosos, pues los registradores no son jueces sino funcionarios ejecutivos. Preciosas V. Del Lago v. Registrador, supra, pág. 810.

Tanto el Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2267, como los Arts. 55.1 y 76.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2003-55.1 y 2003-76.1, edición especial (en adelante Reglamento Hipotecario), regulan el ámbito de la calificación registral. El Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, dispone, en esencia, que:

Los Registradores calificarán, bajo sn responsabilidad, la le-galidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se soli-cite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas ex-trínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos.

Por otro lado, el Reglamento Hipotecario expresa, en su Art. 76.1, supra, que:

El Registrador considerará, conforme a lo prescrito en el artí-culo 64 de la Ley [30 L.RR.A. see. 2267] como faltas de legali-dad de los documentos cuya registración solicite, todas las que afecten, tanto las formas de los documentos como la eficacia de las obligaciones o derechos contenidos en los mismos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o puedan cono-cerse por la simple inspección de ellos.

Finalmente, el Art. 55.1 del Reglamento Hipotecario, supra, dispone que “[l]os instrumentos notariales que se presentan para registro no adolecerán de ninguna de las faltas que según la legislación notarial vigente los hagan nulos o anulables”.

La calificación de documentos notariales se circunscribe, por lo tanto, a verificar (1) si éstos cumplen con las formalidades extrínsecas dispuestas por ley; (2) si los otorgantes poseen la capacidad jurídica para realizar el negocio jurídico pertinente; (3) si los actos dispositivos contenidos en la escritura son válidos, y (4) si existen obstáculos que surjan del Registro de la Propiedad y que impidan la inscripción del documento. J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1981, T. I, págs. 688-672.

En cuanto a la calificación de las formas extrínsecas de los documentos notariales, este Tribunal ha dispuesto que “le corresponde al Registrador determinar si el documento presentado cumple con las formalidades que exige nuestra Ley Notarial, como por ejemplo: la capacidad de los otorgantes, la identidad de los otorgantes o fe del conocimiento, rúbrica, firma, y otros”. Ramírez Lebrón v. Registrador, supra, pág. 83.

Algunos tratadistas han ido más allá al delinear los pa-rámetros de la calificación registral, en lo que respecta a las formas extrínsecas de los documentos notariales. Como mínimo, han dispuesto que el Registrador tiene que verifi-car: la competencia del notario; el cumplimiento con los requisitos formales esenciales exigidos por ley para otorgar escrituras y expedir copias; la legitimidad, legalidad y au-tenticidad de la copia certificada de la escritura, y el uso de papel timbrado y el pago de impuestos. Véanse: R.H. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, págs. 267-270; Chico y Ortiz, op. cit., pág. 670.

En el caso de marras, la controversia ante nos se cir-cunscribe a determinar si una copia certificada de una es-critura cumple con los requisitos formales y de autentici-dad exigidos por la Ley Notarial de Puerto Rico y la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, aun cuando no incluya las firmas de sus otorgantes. Como puede obser-varse, nada hay en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad que exija dichas firmas en las copias certificadas de escrituras. Resulta, por lo tanto, necesario determinar si la Ley Notarial de Puerto Rico contiene un requisito a esos efectos.

I — I I — I H-4

El Art. 39 de la Ley Notarial de de Puerto Rico, sobre la emisión de las copias certificadas de instrumentos públicos, dispone lo siguiente:

Una copia certificada es el traslado literal, total o parcial, de un documento otorgado ante notario, que libre éste o el que tenga legalmente a cargo su protocolo, con certificación respecto a la exactitud del contenido y al número de folios que contenga el documento, así como la firma, signo y rúbrica y, en todos los folios, el sello y rúbrica del notario autorizante. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 2061.

El Art. 45 de dicha ley, por su parte, señala que el notario puede “expedir copias certificadas, fotográficas o copias reproducidas por cualquier otro medio electrónico, de escrituras matrices, las cuales una vez certificadas por el notario serán consideradas válidas para todos los efectos legales”. 4 L.P.R.A. see. 2067.

Con respecto a las copias certificadas, el Prof. Pedro Malavet Vega dispone que. “es importante señalar que la copia no corrige las deficiencias de la escritura original, por lo que aun cuando en la copia se certifique que el original está firmado, signado, rubricado y sellado, siendo falsos tales extremos, tanto el original como la copia no tienen validez alguna”. P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 139.

De lo anterior se desprende con claridad que, si bien el notario tiene el deber de dar fe de que la escritura matriz, según consta en su Protocolo, contiene todas las firmas necesarias para su validez, no tiene que proveer una copia de las firmas ni hacer constar en la copia dónde aparecen las firmas en el original. La certificación del notario con respecto a la exactitud del contenido y la existencia de firmas suple ese vacío. El profesor Malavet Vega claramente da ese hecho por sentado al expresar que, aunque el notario certifique que el documento está firmado en el original, si no lo está, no serán válidos el original ni la copia certificada.

Cabe señalar, además, que el nuevo Reglamento Notarial de Puerto Rico recoge, en su Regla 49, la interpreta-ción de la Ley Notarial de Puerto Rico antes expuesta al disponer que las certificaciones de copias certificadas ex-presarán que aparecen en el original las firmas e iniciales de los comparecientes y la firma, la rúbrica, el signo y el sello notarial. Los comentarios a dicha regla señalan que su propósito es aclarar “que el Notario solamente certifi-cará que en el instrumento matriz aparecen las firmas e iniciales de los comparecientes, sin tener que especificar el nombre e iniciales de los comparecientes cuyas firmas apa-recen en éste”. Comentario a la Regla 49 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, 1995, pág. 80.

A la luz de lo anterior, veamos si el Registrador actuó con corrección al rehusarse a inscribir la escritura.

IV

El recurrido dispone en su alegato que el Art. 39 de la Ley Notarial de Puerto Rico, antes citado no exime al no-tario de transcribir la firma de los otorgantes cuando ex-pide una copia certificada de una escritura pública. En-tiende éste que las firmas constituyen parte del contenido de la escritura que, por lo tanto, tiene que ser transcrito para poder inscribirse en el Registro de la Propiedad. A modo de ejemplo, incluye copias de escrituras sometidas ante él por otros notarios, quienes han expresado en dónde, en la escritura original, constan las firmas del siguiente modo:

—(Firmado): Fulano de Tal y Fulana de Tal.
—(Firmado): Banco del Pueblo
—(Firmado, signado, sellado y rubricado): Notario Público.

Como expresamos antes, la certificación que el notario expide, al final de la copia certificada de una escritura tiene precisamente el propósito de dar fe o, en otras palabras, de garantizar la autenticidad del documento, así como el he-cho de que éste cumple con todas las exigencias de conte-nido y de forma requeridas por la Ley Notarial de Puerto Rico.

En estricto derecho, al calificar estos documentos el Re-gistrador tiene únicamente que velar —en lo que a las fir-mas respecta— por que el notario haya dado fe de la exis-tencia de éstas. Si en la escritura consta que el notario ha dado fe de ello, el Registrador no puede negarse a inscribir dicho documento por el hecho de que en éste no consten claramente las firmas de los otorgantes. No es su deber velar por que lo dispuesto por el notario autorizante sea cierto. Si luego resulta que la escritura no contiene las fir-mas requeridas, y por ello se declaran inválidas tanto ésta como su copia certificada, es al notario a quien le corres-ponderá responder por ello.

No obstante, aunque la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y la Ley Notarial de Puerto Rico no exigen que aparezcan las firmas y los nombres de los otorgantes al calce de una copia certificada de una escritura, la buena práctica notarial aconseja que se mencionen al me-nos los nombres de los firmantes, según aparecen en sus firmas en la escritura original, a los fines de evitar dudas y complicaciones futuras. Nada de lo que aquí señalamos debe desalentar que se continúe con dicha buena práctica notarial. Sólo resolvemos que la actuación del Registrador, de denegar de plano la inscripción, fue muy rígida.

Considerando lo expuesto anteriormente, procede revo-car la decisión del Registrador de la Propiedad. Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Re-bollo López no intervino.

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Varios principios registrales y notariales elementales motivan este disentir. Primero, en su óptima dimensión, la Ley Notarial de Puerto Rico —Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 et seq.)— aspira a que al Regis-tro de la Propiedad entren sólo documentos que no adolez-can de defectos de forma o sustancia; esto es, que cumplan “con las formas extrínsecas que rigen la ley, capacidad del otorgante y si el negocio jurídico contenido es válido”. (Ci-tas omitidas.) Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110, 127 (1986). Sólo así se logran los objetivos de legitimación, publicidad y protección de terceros ínsitos en la ley. Los “asientos del Registrador deben ser lo más completos y claros que sea posible”. Acevedo v. Registrador, 115 D.P.R. 461, 462 (1984). Segundo,

[e]n nuestro ordenamiento jurídico, [la escritura] pública es la fuente primaria que nutre el principio de legalidad que go-bierna nuestro sistema inmobiliario registral. Ahí donde ter-mina la función notarial de otorgar la correspondiente escritura pública, comienza la función calificadora del Registrador. La calificación registral es la “facultad por excelencia del Registra-dor que al ejercitarla realiza el propósito” de que al Registro s[o]lamente tienen acceso los títulos que sean “válidos y perfectos”. Preciosas V. Del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802 (1981); Cabrer v. Registrador, 113 D.P.R. 424 (1982); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs.[,] 117 D.P.R. 110 (1986). (Énfasis suplido.) Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76, 81 (1992).

Tercero, la función calificadora, de examinar las formas extrínsecas de las escrituras presentadas para inscripción, obliga al Registrador a “determinar si el documento pre-sentado cumple con las formalidades que exige nuestra Ley Notarial, como por ejemplo: la capacidad de los otor-gantes, la identidad de los otorgantes o fe del conocimiento, rúbrica, firma, y otros”. (Enfasis suplido.) Ramírez Lebrón v. Registrador, supra, pág. 83. Cuarto,

...en su acepción genérica, todo documento está formado, es-tructuralmente, por dos elementos: la materia ■ — -de carácter tangible o corporal— y su contenido, expresión del pensamiento de una persona o personas que se incorpora al primer elemento a través de la grafía escrita. En la teoría de los documentos públicos los instrumentos en que interviene un notario proyec-tan y forman dos planos horizontales y paralelos, a saber, el concerniente a su contenido sustantivo o acto documentado (rae-gotium) y el referente al plano de Instrumentum, esto es, dere-cho notarial o forma, en sus importantes distinciones de los aspectos de “dimensión-acto” y “dimensión-papel” que destaca Núñez Lagos. Los Esquemas Conceptuales del Instrumento Pú-blico, Rev. Der. Not., Núms. I y II (1953). La dimensión-papel no implica la física relativa al tamaño del papel empleado, sino a un resultado de visibilidad protocolaria, “por virtud de la na-rración, la imagen que refleja el negocio jurídico, o lo que es igual, se trata de expresar en el espacio, y mejor dicho en la extensión superficial, del papel, todos los elementos endógenos y exógenos que integran la formación y configuración del acto jurídico”. Neri, Tratado de Derecho Notarial, (1970), Tomo 3, págs. 320-321. (Énfasis en el original.) Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 834 (1979).

Quinto, el consentimiento mediante la firma de los otor-gantes “ ‘es la savia del documento’ P. Avila Alvarez, Estudios de Derecho Notarial, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Nauta, 1962, pág. 257.() “[L]a firma consiste en una ma-nifestación formal y escrita que acredita la prestación del consentimiento .... Explicando el alcance de la firma dice González Palomino que la integridad jurídica implica que el documento ha de estar completo y terminado’. Un docu-mento sólo es documento cuando está terminado: el paso del apunte, borrador o nota, a la categoría de documento se opera mediante la firma. Antes de la firma el documento, en los casos normales, es sólo un papel; después de la firma, ya es un documento”. E. Giménez Amau, Derecho Notarial, EUNSA, (la) pág. 679.

Y sexto, “ ‘[h]ay una interdependencia entre ambos. La voluntad, el consentimiento, se objetivan al firmar', y lo es-crito debe ser reflejo de aquellos para que de la concordan-cia de elementos, surja el acto válido. La relación vincu-lante, la dará la firma', de ahí su extraordinaria importancia en el proceso instrumental’ ”. Giménez Arnau, op. cit., pág. 680.

HH hH

Estos principios nos impiden endosar las dos (2) premi-sas cardinales en que descansa la decisión mayoritaria, a saber: que las firmas no forman parte del contenido de una escritura y que la Ley Notarial de Puerto Rico no las exige en las copias certificadas de las escrituras. El comentario del Prof. Pedro Malavet Vega usado por la mayoría no sos-tiene esas conclusiones. Opinión mayoritaria, pág. 336. El ilustre notario Malavet Vega simplemente proclama el axioma rector de que las deficiencias que existan en el original de una escritura no pueden ser ni quedar subsanadas en la copia mediante la certificación notarial. Precisa-mente, conforme a la Ley Notarial de Puerto Rico la forma más precisa y correcta de que un Registrador descargue responsablemente su obligación de calificar la existencia real de esas firmas, su contenido y posibles incongruencias (apellidos distintos o incompletos) es requiriéndolas como parte de la literalidad total al momento de inscribir la es-critura matriz (original) en el Protocolo.

Varias disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico avalan esta ruta decisoria. Su Art. 13 preceptúa, en lo per-tinente, que “[e]s escritura matriz la original que el notario ha de redactar sobre el contrato o acto sometido a su auto-rización, firmada por los otorgantes, por los testigos instru-mentales, o de conocimiento en su caso, firmada, signada, sellada y rubricada por el mismo notario”. 4 L.P.R.A. sec. 2031. Más adelante, el Art. 16 ordena que “[l]os otorgantes y los testigos firmarán la escritura y además estamparán las letras iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de cada una de las hojas del instrumento, las cua-les rubricará y sellará el notario”. 4 L.P.R.A. see. 2034. Y según el Art. 39, “una copia certificada [de una escritura] es el traslado literal, total ... de[l] documento [original] otorgado ante notario, que libre éste o el que tenga legal-mente a cargo su protocolo, con certificación respecto a la exactitud del contenido y al número de folios que contenga el documento, así como la firma, signo y rúbrica y, en todos los folios, el sello y rúbrica del notario autorizante”. (Enfa-sis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 2061.

Al explicar el concepto y razón de ser de las copias cer-tificadas, Giménez Arnau expone:

El instrumento público original queda incorporado al proto-colo del Notario y por esta razón la eficacia del mismo se opera a través de traslados o reproducciones. Estos traslados designa-dos con el nombre de copias por la Ley y el Reglamento, suelen definirse con Fernández Casado: Reproducción literal de un instrumento público protocolado, autorizada por Notario com-petente con las formalidades de derecho ... y que se caracterizan —de acuerdo con su designación porque en ellas hay una au-tentificación semejante a la del instrumento original o matriz, mediante la imposición del signo, firma y rúbrica del Notario. Giménez Arnau, op. cit., pág. 829.

Entre sus características y requisitos, destaca que la re-producción literal “debe corresponder rigurosamente con el original”. Giménez Arnau, op. cit., pág. 828.

Con su habitual especificidad, en su abarcador tratado notarial, Neri afirma:

En general, llámase “copia” a toda reproducción o traslado de un escrito sacado a la letra. Con relación a la escritura, “copia” es la reproducción de la matriz hecha a mano, mecanografiada o con placa fotográfica, y expedida con las formalidades legales', o bien es ‘el testimonio literal de la escritura matriz, expedido en forma legal”. La escritura original, o matriz, queda en el protocolo, como una garantía permanente de que el acto se ha realizado’; pero, para gobierno de las partes el escribano debe dar copia autorizada de la escritura que hubiere autorizado (Art. 1006), y esta copia tendrá la misma virtud intrínseca de que está revestido el protocolo, y por tanto, hará plena fe erga omnes. Y porque es un trasunto de la escritura otorgada en el protocolo notarial, esa copia “autorizada por notario compe-tente con las formalidades de derecho” es una pieza jurídica con categoría de instrumento público. La copia no es, por tanto, una clase de escritura pública; es la misma escritura pública objeti-vamente considerada. Holgara decirlo, pero estas copias “para ser tales y no constituir meros certificados... deben implicar una transcripción fiel del original o escritura matriz; esto, con la advertencia de que se denomina también ‘original’ al testimo-nio de la escritura pública, como lo entendía nuestro codificador (nota al art. 997)”. (Escolios omitidos y énfasis suplido.) A.I. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Ai-res, Ed. Depalma, 1970, Vol. 3, pág. 1083.

Más adelante nos ilustra sobre la doctrina que sostiene que la

“ ‘... copia de la escritura matriz debe ser reproducción íntegra de ésta para que surta todos los efectos que la ley le atribuye’.... [Se] concibe la idea de extracción palabra por palabra del libro del protocolo, y que tales testimonios, una vez autorizados,^ se reputan auténticos como las mismas escrituras públicas”. (En-fasis suplido.) Neri, op cit., pág. 1084.

Luego de exponer que la escritura certificada no puede ser una reproducción parcial, concluye que la “copia siem-pre está referida a la literalidad de su especie, es decir, a la letra de la matriz que le sirvió para la reproducción. La copia debe expedirse íntegramente, y tal como aparece en el protocolo”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 1085.

I — I H-l j.

Admitir la mayoría, de un lado, que según el Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2267, la calificación se extiende a “las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos conteni-dos en tales documentos” (énfasis suplido), y del otro, no exigir la reproducción de las firmas (mediante una copia fotostática o de igual género de la última página o páginas en cuestión, o la inclusión de los nombres específicos de los comparecientes precedidos del vocablo o la abreviatura de firmado (Fdo.)), es un contrasentido lógico y jurídico que niega que una copia certificada de una escritura —recor-dando a Neri y a Giménez Arnau, respectivamente — , “es la misma escritura pública”; antes sin la firma, “es sólo un papel”.

Unimos como Apéndices a este disenso los Exhibit 1(A) y 1(B) del Registrador de la Propiedad recurrido ilustrativos de las formas correctas de dar cumplimiento fiel al requi-sito del Art. 39 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, de que la copia certificada será un “traslado literal de la escritura”. También unimos como Apéndice III, la página de la escritura que presentó el recurrente Western Federal Savings Bank sin las firmas.

Finalmente, no es fuente ni autoridad invocar el conte-nido y “comentario” de la Regla 49 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, vigente desde el 1ro de agosto de 1995 (4 L.P.R.A. Ap. XXIV). Independientemente de si aplica o no a este recurso —problema de retroactividad que no abordamos— nada en la Ley Notarial de Puerto Rico re-frenda la conclusión de que el notario puede prescindir de transcribir las firmas. A poco reflexionemos, el “comenta-rio” choca contra la misma esencia del acto de certificación notarial. Si la copia certificada es el traslado literal de la escritura (Art. 39 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra), y “[l]a certificación de una copia será efectuada al final o ala continuación del instrumento” (énfasis suplido) —nos dice la Regla 49(A) del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV— ¿cómo concluir que las firmas quedan excluidas?

Con todo respeto, la opinión mayoritaria reduce la cues-tión a sólo una “buena práctica notarial [y] aconseja que se mencionen al menos los nombres de los firmantes, según aparecen sus firmas en la escritura original, a los fines de evitar dudas y complicaciones futuras”. Opinión mayorita-ria, pág. 338. Así olvidan la realidad expuesta y, sobre todo, que a través de la certificación de la copia integral es que surge el reconocimiento de la fe notarial que hace en ese momento el notario, la cual, por imperativo, “[h]a de exten-derse cumpliendo las formalidades del derecho, porque al igual que para la matriz del documento se exigen formali-dades rituarias que den garantía al documento y unifor-men la estructura externa del mismo ...”. Giménez Amau, op. cit, pág. 828.

      (1) Aurelio Fernández Anadón, en su artículo denominado Significado de la firma del instrumento público o la firma suplida, en Centenario de la Ley del Nota-riado, Madrid, Ed. Reus, 1962, Vol. I, Sec. 2da, pág. 497, nos dice:

        “Firma, según el Diccionario de la Academia, es el ‘nombre y apellido o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él se dice’.

      “A continuación, y temerosa la docta Corporación de haber excluido [sic] el caso frecuente de firma sin rúbrica, añade ‘nombre y apellido, o título, de la persona que no usa rúbrica, o no debe usarla, puesto al pie de un documento’.

        “Media firma, según el mismo autorizado testimonio: ‘En los documentos oficia-les, aquélla en que se omite el nombre de pila.’
      “Y, por último, Rúbrica: ‘Rasgo o conjunto de rasgos de figura determinada, que como parte de la firma pone cada cual después de su nombre o título.’ ‘Aveces pónese la rúbrica sola; esto sin que vaya precedida del nombre o título de la persona que rubrica.’ Por si quedase alguna duda, dice Cervantes en el Quijote: ‘Poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma.’
      “O sea, que bajo estas tres formas, firma, media firma y rúbrica, se otorga, o autoriza. (El signo o el sello son aditamentos específicos de determinadas actuacio-nes oficiales o semioficiales.).” (Énfasis suplido y en el original.)


author: per curiam:

text:
    Asociación de Residentes de Park Side, Inc. y otros, demandantes y peticionarios, v. Junta de Planificación y Compañía Telefónica de Puerto Rico, demandadas y recurridas.

      Número: CC-95-35

      Resuelto: 6 de noviembre de 1995

      Mario J. Pabón, José Manuel de Juan, William Vivoni y Manuel Maldonado, abogados de la parte peticionaria; Efrén B. Lugo Pérez e Yvonne Aguilú, abogados de la parte recurrida.
   per curiam:

Un grupo de residentes nos solicita que reco-nozcamos su derecho a intervenir y exigir vistas públicas en el proceso administrativo mediante el cual se autorizó la construcción de un edificio no residencial dentro del área donde viven los peticionarios. Trabada esta controversia, los residentes, aquí peticionarios, también nos solicitaron que ordenáramos la paralización de la referida obra de edi-ficación, por temor a que se produjeran daños irreparables y se tornara académico este asunto.

La cuestión ante nos se reduce a determinar si el per-miso concedido por la Junta de Planificación a la deman-dada recurrida, Compañía Telefónica de Puerto Rico, debió haber sido precedido por unas vistas públicas. Resolvemos que la Junta de Planificación estaba obligada, por sus pro-pias reglas, a celebrar unas vistas públicas antes de conce-der el permiso de variación en uso de la propiedad en cuestión. Por ello, hasta tanto no se celebren vistas públi-cas, en torno al nuevo uso propuesto para dicha propiedad, y se adjudiquen los planteamientos de los peticionarios, ésta no podrá utilizarse para fines distintos a los autoriza-dos para la propiedad en cuestión, conforme a la clasifica-ción que ésta tenía antes de que la Junta de Planificación concediera la variación en el uso sin escuchar a los peticionarios.

HH

Los demandantes peticionarios son las asociaciones de residentes del Condominio San Patricio I y de la urbaniza-ción Park Side, ambos localizados en el barrio Pueblo Viejo de Guaynabo. Esta área es predominantemente residen-cial, pero a su alrededor inmediato se ha desarrollado un gran flujo de actividad comercial. Esta situación ha ocasio-nado problemas entre los residentes que desean frenar el desarrollo comercial y a los comerciantes que desean esta-blecerse allí. Véase, e.g., Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200 (1995).

La Compañía Telefónica de Puerto Rico (en adelante la Telefónica) está situada entre las áreas residenciales donde está el Condominio San Patricio I y la urbanización Park Side y los comercios de la avenida Roosevelt y el Cen-tro Comercial Plaza Caparra. El área, donde está locali-zada la Telefónica, está subdividida en lotes con diferentes clasificaciones de zona. La Telefónica interesa utilizar dos de esos lotes para el desarrollo de un proyecto institucional que consiste en la construcción de un edificio de cuatro pisos que incluirá, entre diversas facilidades recreativas, un gimnasio, una cancha de baloncesto, una cancha de te-nis, un salón de usos múltiples, áreas para barbacoas, una enfermería y varios pisos de estacionamiento, todo ello para el beneficio de los empleados de la Telefónica. Ambos solares están restringidos por la zonificación de sus respec-tivas áreas. Uno de los solares está destinado al uso resi-dencial, zonificado bajo la clasificación R-3, mientras que el otro está limitado a ciertas actividades comerciales, con clasificación C-2. Dichos solares estaban siendo usados por la Telefónica como área de estacionamiento.

Para poder proceder con sus planes de construir sobre los referidos solares un edificio destinado a los propósitos antes mencionados, la Telefónica presentó ante la Junta de Planificación (en adelante la Junta) una consulta de ubica-ción y solicitud de variación el 1ro de julio de 1994, para que se le eximiese del cumplimiento de los requisitos de zonificación aplicables.

En cuanto se percataron por su propia cuenta de los referidos planes de la Telefónica, los residentes del Condo-minio San Patricio I y de la urbanización Park Side solici-taron intervenir en el procedimiento de permisos ante la Junta, y pidieron la celebración de unas vistas públicas. Alegaron, inter alia, que ninguno de los residentes de las urbanizaciones y de los condominios, que serían afectados por la edificación en cuestión, habían sido notificados de los planes de la Telefónica; que el área residencial adyacente al propuesto edificio ya sufría graves problemas de conges-tión de tránsito, y que esos problemas se agravarían con la construcción del edificio, puesto que al dedicarse éste a ac-tividades deportivas y sociales a todas horas del día y todos los días de la semana, aumentaría significativamente el tráfico por la calle residencial que lleva al edificio. El 21 de septiembre de 1994, la Junta denegó ambos requerimien-tos, a la vez que aprobó la consulta para la ubicación del referido proyecto, por considerarlo una “mejora pública”, y accedió a la solicitud de variación en uso de la Telefónica. Posteriormente, la Junta denegó la reconsideración pre-sentada por los peticionarios.

Inmediatamente, los residentes comenzaron el trayecto apelativo que eventualmente los trajo ante nos. Solicitaron revisión en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de la referida decisión de la Junta, alegando que la variación de uso concedida requería una celebración previa de vistas públicas, o que, en la alternativa, consistía de una rezoni-ficación de facto, que también exige vistas públicas. Dicho foro denegó los planteamientos de los peticionarios y con-firmó la determinación de la Junta. Éstos, entonces, recu-rrieron en alzada mediante una petición de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, que también con-firmó la determinación original de la Junta. Finalmente, recurrieron en petición de certiorari ante nos, esgrimiendo los mismos argumentos presentados antes, los que trans-cribimos a continuación:

A. Erraron los tribunales de instancia y la Junta de Planifi-cación al resolver que el Reglamento Núm. 2 de Planificación permite la rezonificación de facto de ciertas propiedades sin la celebración previa de una vista pública, en contravención del artículo 27 de la Ley de Planificación (23 L.P.R.A. sec. 62(z)) y la norma en el derecho administrativo que una agencia no puede exceder en la reglamentación que adopta los poderes que se le han conferido por ley.
B. Erraron los tribunales de instancia y la Junta al no orde-nar la celebración de una vista pública, a tenor con la sección 1.07 del Reglamento Núm. 2 de Planificación y las secciones 1.04, 2.01, 4.06, 4.08, 84.01(2) y 98.04 del Reglamento Núm. 4 de Planificación.
C. Erraron los tribunales de instancia, al permitir a la Junta actuar de forma arbitraria e inconsistente, y no ordenar que se lleve a cabo un estudio de tránsito, en contravención de lo es-tablecido por nuestro Honorable Tribunal Supremo en el caso de South Porto Rico Sugar Co. v. Junta, 82 D.P.R. 847, 865 (1961).
D.Erró la Honorable Junta al aprobar la consulta de ubica-ción y solicitud de variación, sin antes decidir sobre la solicitud de intervención radicada por la Asociación el 12 de septiembre de 1994.

Los demandantes peticionarios presentaron el 1ro de agosto de 1995 una Moción Urgente Solicitando Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción, en la cual nos pidieron que paralizáramos la obra en cuestión mientras se diluci-daba su solicitud de certiorari. Atendida dicha moción, con-cedimos a la parte recurrida un término de diez (10) días para que mostrara causa por la cual no debíamos paralizar la obra de construcción del edificio en controversia. Contes-taron nuestra orden tanto la Junta como la Telefónica. Esta última, en particular, aduce que la edificación en cuestión ya fue subastada y que se han invertido ya cientos de miles de dólares en dicho proyecto, por lo que su para-lización ocasionaría graves pérdidas.

Habiendo comparecido las partes, estamos preparados para resolver.

FH FH

Atendemos el segundo señalamiento de error, que de por sí es suficiente para disponer de este caso en esta etapa de los procedimientos.

La See. 98 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico() establece una válvula de escape dentro del rígido marco de la zonificación en Puerto Rico. Valiéndose de una figura denominada “variación”, se provee para que un titular pueda solicitar cambios a las restricciones que sujetan su propiedad. Sobre la importancia social de las variaciones, véanse: Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759 (1987); Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974).

El reglamento aludido establece dos tipos de variación: una variación en el uso de una propiedad (See. 98.05) y “otras variaciones”, que consisten en solicitudes para alterar los requisitos reglamentarios (Sec. 98.06). Aunque la redacción de ambas secciones es imprecisa, sí queda claro que la primera obliga a la Junta a celebrar unas vistas públicas antes de acceder a una solicitud de variación en uso.() La Junta, sin embargo, no está obligada a celebrar vistas cuando lo que se solicita son “otras variaciones”. Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, Santurce, 1992).

La Telefónica presentó ante la Junta una solicitud de variación sin indicar cuál de ambas era la que solicitaba. La Junta, a su vez, consideró y accedió a la solicitud sin precisar si concedía un permiso de variación en uso o de otro tipo. Ya que no celebró una vista pública y el Regla-mento de Zonificación, supra, le ordena a hacerlo() en ca-sos de variación en uso, debemos asumir que concedió .un permiso de “otra variación”.

Nos toca interpretar dicho apartado y decidir si los planes que tiene la Telefónica para el edificio en cuestión pue-den ejecutarse con un mero permiso de “otra variación” o si requieren un permiso de variación en uso.

El Reglamento de Zonificación, supra, define la “variación” como una “[a]utorización para utilizar una propiedad para un uso prohibido por las restricciones impuestas a una zona o distrito y que sólo se concede para evitar perjuicios a una propiedad que, debido a circunstancias ex-traordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a una confiscación de la propiedad”. Sec. 2.01 del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 25. No distin-gue, sin embargo, entre variaciones en uso y otras variaciones.

El hecho de que las variaciones difieran en torno a la exigencia de la celebración de una vista pública nos debe indicar que nos encontramos ante figuras jurídicas muy distintas. El texto de la sección áplicable a las variaciones en uso, Sec. 98.05, faculta a la Junta a “autorizar variaciones en uso cuando se pueda establecer que ninguno de los usos que están permitidos en el distrito es factible en la propiedad desde el punto de vista físico o económico”. Reglamento de Zonificación, supra, pág. 304. Implica, por consiguiente, que el propietario de un solar desea utilizarlo para fines que no están permitidos en la zona que le corresponde.

La sección que trata las “otras variaciones”, Sec. 98.06, autoriza a la Junta a “autorizar variaciones a los requisitos establecidos en [el] ... Reglamento para los usos que tolera el distrito”. (Enfasis suplido.) Reglamento de Zonificación, supra, pág. 305. En estos casos la variación no va dirigida a alterar el uso, sino a dispensar al propietario del cumplimiento de uno o más de los requisitos que establece el Reglamento de Zonificación, supra, para la zona donde radica el inmueble. “La magnitud de la variación es la necesaria para asegurar la viabilidad del uso permitido.” (Énfasis suplido.) See. 98.06(1) del Reglamento de Zonificación, supra, pág. 305. Una persona que solicita una variación según este apartado, al contrario de aquel que invoca la variación en uso, desea seguir utilizando la propiedad para el uso permitido, pero necesita que se le exima de uno de los requisitos de zonificación para “asegurar la viabilidad del uso permitido”.

En el caso de marras, los usos a los que se destinará el edificio en cuestión, a todas horas del día y todos los días de la semana, ciertamente no son viables en un área zoni-ficada exclusivamente como residencial.

Como antes señaláramos, la Telefónica se propone edi-ficar un estacionamiento multipisos y un centro de activi-dades, entre otras cosas, para sus empleados sobre dos lo-tes zonificados según la clasificación R-3 y C-2. El primero de estos sólo permite casas residenciales, lo que clara-mente excluye los fines propuestos por la Telefónica. See. 13.02 del Reglamento de Zonificación, supra. El segundo permite varios tipos de negocios, con restricciones. See. 22.00 del Reglamento de Zonificación, supra. Para armoni-zar los planes de la Telefónica con la reglamentación vi-gente era necesario alterar el uso del lote R-3 y, tal vez, el del C-2. Su solicitud ante la Junta, al menos respecto al lote R-3, debió haber sido considerada como una variación en uso.

Irrespectivamente de cómo la Telefónica denominó la variación solicitada, la Junta estaba obligada a celebrar unas vistas públicas previo a una decisión en torno a la petición de la Telefónica, si la variación implicaba cambios al uso al cual está destinada la propiedad, tal como sucede en el caso ante nos. Tales vistas públicas son de particular importancia, ya que, como hemos resuelto antes, las variaciones sólo deben concederse en situaciones excepcionales, cuando están claramente justificadas, lo que implica sopesar cómo quedarían afectados los distintos intereses concernidos. A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989); Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., 130 D.P.R. 971 (1992). En el caso ante nos, debido a que las vistas públicas nunca se celebraron, la variación concedida no puede afectar el uso de dicho lote. Por razón de ello, el uso dispuesto en la clasificación R-3 no podrá ser variado hasta tanto la Telefónica presente formalmente una solicitud de variación en uso y la Junta acceda a éste, si ello procede, luego de convocar y celebrar las vistas públicas correspondientes.

Aun en la suposición de que la variación concedida para la edificación haya sido una dispensa del reglamento sin cambios en el uso, la Junta debió haber especificado la na-turaleza y la extensión de la variación concedida, como le obliga la Sec. 98.07 del Reglamento de Zonificación, supra, igual que debió haber tomado en consideración los factores enumerados en la Sec. 98.06 del Reglamento de Zonifica-ción, supra, cosas que no hizo. El expediente demuestra que la Junta no tomó ninguno de estos pasos.

Por ello, la edificación que, actualmente, se lleva a cabo en los predios de la Telefónica viola las disposiciones lega-les aplicables.

III

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia para revocar aquella emitida por el Tribunal de Apelaciones. Aunque en estos momentos no ordenamos la paralización de la obra, resulta menester señalar que, en ausencia de un permiso válido de variación en uso, queda prohibido destinar el edificio en construcción a otros usos que no sean los permitidos por sus correspondientes clasi-ficaciones de zonificación. Se remitirán los autos a la Junta para que, si la Telefónica lo interesa, lleve a cabo los pro-cedimientos correspondientes, entre ellos, la celebración de una vista pública, a tenor con las disposiciones del Regla-mento de Zonificación y de lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, Santurce, 1992. Las otras disposiciones de este reglamento aludidas en el segundo señalamiento de error se refieren a: la aplicación del Reglamento de Zonificación, supra, (Sec. 1.04), definiciones (Sec. 2.01), requisitos para solicitar la rezonifieación (Sec. 4.06), las vistas públicas que han de anteceder a una decisión al respecto (See. 4.08) y las limitaciones al uso de estacionamientos (Sec. 84.01).

      (2) La Sec. 98.04 establece que: “La Junta ... celebrará vistas públicas para la consideración de variaciones en uso solicitadas y podrá considerar varias solicitudes de variación en una sola vista pública.” Reglamento de Zonificación, supra, pág. 304.

      (3) Las agencias administrativas están obligadas a observar estrictamente las reglas que ellas mismas promulguen. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 175 (1987).


text:
      In re Antonio Ríos Acosta.

      Número: AB-91-41

      Resuelto: 9 de noviembre de 1995

      Antonio Ríos Acosta, pro se.

   per curiam:

Mediante opinión per curiam de 6 de octubre de 1995, suspendimos temporalmente del ejercicio de la profesión a Antonio Ríos Acosta por éste haber desaten-dido, sin causa justificada, varias órdenes que habíamos emitido en relación con una queja presentada contra él por el Sr. Luis Rosa Rosario; relativa la misma a la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de unas escritu-ras por él otorgadas como notario público. In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995).

Notificado Antonio Ríos Acosta de la suspensión decre-tada, compareció ante este Tribunal —esta vez, natural-mente, con suma rapidez— mediante Moción en cumpli-miento de orden y auxilio del Tribunal. En la misma, y luego de pedir excusas por su incumplimiento con las órde-nes del Tribunal, nos informa que ha verificado el hecho de que las escrituras en controversia efectivamente fueron inscritas en el Registro de la Propiedad correspondiente y que dicha institución mal informó sobre ello tanto al que-rellante Rosa Rosario como a él mismo, habiendo actuado ambos equivocadamente a base del error cometido por el Registro de la Propiedad. Solicita Ríos Acosta, por último, que lo reinstalemos al ejercicio de la abogacía y notaría.

De entrada —e independientemente del hecho de que la queja, debido a un error del Registro de la Propiedad, fi-nalmente resultara inmeritoria— procede que se señale que la suspensión decretada fue correcta y procedente en derecho. Como se expresó el 6 de octubre de 1995, la misma se debió a la intolerable dejadez, y falta de cumpli-miento, de parte de Ríos Acosta con respecto a las órdenes que emitió este Tribunal. Dicha suspensión pudo haber sido fácilmente evitada por Ríos Acosta de éste haber cum-plido con las referidas órdenes, incumplimiento que no tiene nada que ver con los méritos de la queja contra él radicada.

Consideramos, sin embargo, que, dados los hechos par-ticulares del presente caso, resulta sanción suficiente, para dicho incumplimiento, el término aproximado de un (1) mes de suspensión. En consecuencia, se reinstala a Antonio Ríos Acosta al ejercicio de la abogacía, efectiva la reinsta-lación el 13 de noviembre de 1995. Se apercibe al Ledo. Antonio Ríos Acosta contra futuras inobservancias de las órdenes de este Tribunal.

Se dictará la correspondiente sentencia, la cual deberá ser notificada por la vía ordinaria, por la vía telefónica y personalmente por la Oficina del Alguacil General de este Tribunal.

       En cuanto al ejercicio de la notaría, habiéndose decretado la incautación de su obra notarial y la entrega de la misma al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal, se pospone la reinstalación a dicha práctica notarial hasta tanto se reciba el informe requerido y así lo disponga el Tribunal.