source: Caselaw Access Project

author: PER curiam :

license: Public Domain

text:
      In re Carmen B. De Jesús Fuentes.

      Número: 4067

      Resuelto: 17 de marzo de 1986

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Carmen B. De Jesús Fuentes, pro se.

   PER curiam :

En atención a una comunicación de la Oficina de Inspección de Notarías, donde se informaba del incumpli-miento de la notario Carmen B. De Jesús Fuentes de su obli-gación de remitir los índices notariales correspondientes a diversas semanas, le concedimos término a la notario para que compareciera ante este Tribunal y mostrara causa por la cual no debía imponérsele sanciones disciplinarias.

I

Mediante la See. 26 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1026, se requiere a los notarios que remitan, “no más tarde del lunes de cada semana a la Oficina del Director de Inspección de Protocolos de Puerto Rico, notificación de no haber otorgado escrituras o afidávits, o los índices de las escrituras matrices y afidávits otorgados por ellos en la precedente semana, expresando los números de orden de éstos en los protocolos, y respecto de cada instrumento, los nombres de los otorgantes, la fecha de otorgamiento y el objeto del acto o contrato, y cuando por este Capítulo se requiera o permita su presencia, el nombre de los testigos. Los inspectores de protocolos velarán por el cumplimiento de las disposiciones de este párrafo”.

En In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303, 305 (1985), le advertimos a la profesión que este Tribunal va a ser riguroso “en la aplicación de sanciones disciplinarias motivadas por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley Notarial”. Hoy nos reafirmamos en dicho pronunciamiento, pues “el reiterado incumplimiento con las exigencias de dicha ley acusa una indiferencia de parte del notario que le coloca en el umbral de la incapacidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio”. In re Colón de Zengotita, supra.

HH h — I

La Lie. Carmen B. De Jesús dejó de enviar, conforme la See. 26 de la Ley Notarial, índices notariales de diversas se-manas de los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio y diciembre de 1984; febrero, agosto, septiembre y octubre de 1985. Fue notificada en dos ocasiones, por la Oficina de Ins-pección de Notarías de no haber recibido los índices de 1984. No contestó dichas comunicaciones ni remitió los índices. No fue hasta que se le requirió por este Tribunal, mediante Reso-lución de 16 de enero de 1986 de que cumpliera con dicha obligación que remitió los índices.

En las circunstancias expuestas, procede que limitemos la sanción disciplinaria a una suspensión del ejercicio del nota-riado por parte de la Lie. Carmen B. De Jesús por un período de seis (6) meses y hasta que por resolución de este Tribunal se le reinstale como notario.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Alonso Alonso no intervino.


author: per curiam :

text:
      In re Benito Gutiérrez Díaz.

      Número: 2853

      Resuelto: 20 de marzo de 1986

      Benito Gutiérrez Díaz, pro se.

   per curiam :

El abogado Benito Gutiérrez Díaz fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 10 de noviembre de 1966 y al ejercicio del notariado el 20 de abril de 1967. El 28 de febrero de 1986 resultó convicto por el Tribunal de Dis-trito federal para el Distrito de Puerto Rico por encubrir y ayudar, con conocimiento e intencionalmente, a hacer o a hacer que se hicieran, a la representante de Medicare en Puerto Rico, Seguro de Servicios de Salud (la Triple SSS), aseveraciones fraudulentas o falsas sobre hechos materiales; todo ello en violación a las Secs. 1001 y 1002 del Código Penal de Estados Unidos () en 18 U.S.C.

Este delito por el cual fue convicto el abogado Gutiérrez Díaz es uno que implica depravación moral y, de acuerdo con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), el poder inherente de este Tribunal y su jurisprudencia interpretativa, una vez presentada una copia certificada de la sentencia procede su separación inmediata del ejercicio de la abogacía. In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985); In re Sánchez Gómez, 115 D.P.R. 74 (1984).

Habiéndose remitido por el Secretario del Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico a este Tribunal copia certificada de la sentencia dictada por dicho Tribunal federal, se decreta la separación inmediata del abogado Gutiérrez Díaz del ejercicio de la abogacía y el notariado en Puerto Rico y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en esta jurisdicción.

Se ordena, además, al Alguacil General de este Tribunal que se incaute del protocolo y registro de afidávit del abogado notario Gutiérrez Díaz y se los entregue al Director de Ins-pección de Notarías para que sean examinados y nos informe el resultado de dicho examen.

Se dictará sentencia de conformidad con lo puesto. antes ex-

      (1)E1 14 de noviembre de 1985 el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico emitió una orden al amparo de la Regla local federal 211.1(A), que suspendía al abogado Gutiérrez Díaz indefinidamente de la profesión legal en dicho foro.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Sociedad de Gananciales c/p Luz M. Hernández y Edgardo López Flores, demandante y recurrente, v. González Padín Co., Inc., etc., demandado y recurrido.

      Número: R-84-525

      Resuelto: 21 de marzo de 1986

      Enrique Reyes Coreano, abogado de los recurrentes; Alex Gon-zález del Bufete Alex González, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La Sra. Luz M. Hernández de López, cliente de las tiendas por departamento conocidas por el nombre comercial de Gon-zález Padín, visitó el día 13 de octubre de 1978 la sucursal ubicada en el Viejo San Juan. El propósito de la visita era cambiar, por un tamaño mayor, un pantalón de su hijo que había comprado anteriormente. La referida dama se enca-minó al departamento de ropa de niños donde abordó directa-mente a una empleada del mismo, enseñándole su compro-bante de compra y explicándole a ésta el propósito de su vi-sita. Dicha empleada procedió a realizar el cambio deseado. No habiendo recibido instrucción ulterior alguna por parte de la empleada, la señora Hernández de López se dirigió al primer piso con el propósito de abandonar el referido esta-blecimiento comercial. Al así hacerlo, se activó una alarma debido a que no se le había removido a la mercancía una “eti-queta plástica de inventario” que forma parte de un sistema electrónico conocido como sensormatic, el cual había sido im-plantado en fecha reciente en las tiendas González Padín con el propósito de evitar el hurto de mercancía.

Al activarse la alarma, empleados del establecimiento co-mercial “intervinieron” con la señora Hernández de López. La prueba respecto a este punto fue conflictiva: la referida dama adujo que fue obligada por personal de la tienda a per-manecer en la misma durante aproximadamente treinta (30) minutos, siendo tratada en forma descortés y abusiva hasta tanto se pudo aclarar la situación. La prueba de la deman-dada, por el contrario, fue a los efectos de que la permanen-cia de la dama en su establecimiento fue voluntaria y a “manera de invitación”. Así lo concluyó el tribunal de instan-cia en sus determinaciones de hecho. Ello no obstante, el re-ferido foro determinó que el “incidente alteró el ánimo de las personas que estaban en la tienda en esos momentos así como el ánimo de la co-demandante y el de los empleados que con ella intervinieron, pero esa alteración no pasó de lo que es normal y natural en casos como el que nos ocupa”. ()

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, expresando, en síntesis, que la prueba antes reseñada no de-mostraba la comisión de acto negligente alguno por parte de los empleados de la firma comercial demandada, declaró sin lugar la demanda de daños y perjuicios radicada. Incón-forme, la parte demandante acudió en revisión ante este Tribunal imputándole al foro de instancia la alegada comisión de tres (3) errores, a saber:

Primer Error: El Honorable Tribunal de Instancia erró al concluir que los empleados de la demandada y recurrida no incurrieron en negligencia al detener y restringir la li-bertad de la dama demandante y recurrente como sospechosa de haberse apropiado ilegalmente de mercancía de la deman-dada y recurrida.
Segundo Error: El Honorable Tribunal de Instancia erró al concluir que la empleada de la demandada y recurrida, Carmen Acevedo no incurrió en negligencia, al cambiar y entregar a la demandante y recurrente un pantalón sin lle-varlo a la cajera para extraerle la etiqueta de inventario conforme al procedimiento de “Sensormatic”.
Tercer Error: El Honorable Tribunal de Instancia erró al no hacer determinación sobre la prueba médica del Dr. Miguel A. García Jiménez, Psiquiatra, el cual declaró que la condición de “Reacción de Ansiedad con Depresión” que pa-dece la dama demandante y recurrente, es consecuencia de la actuación de detención y privación de la libertad de la demandada y recurrida. (Énfasis suprimido.)

Le concedimos término a la parte demandada recurrida para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la emitida por el foro de instancia. Dicha parte ha comparecido. Resolvemos.

I

El caso de autos nos brinda la oportunidad de examinar, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico de origen civilista, el alcance de la facultad del propietario de un establecimiento comercial para proteger su propiedad mediante la utilización de artefactos electrónicos o mecánicos modernos y la respon-sabilidad civil de éste por los “daños” que puedan sufrir sus clientes como consecuencia del uso de dichos artefactos.

El Art. 280 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. lili, define el derecho de propiedad de la siguiente ma-nera:

La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cual-quier otra.
La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. (Énfasis suplido.)

Como vemos, dicho artículo de ley concede al propietario de una “cosa”, en términos generales, tres grandes facultades, a saber: gozar, disponer y accionar para reivindicar la cosa. En relación con estas “facultades” o, lo que es lo mismo, con el “contenido” del derecho de propiedad, Puig Brutau subraya que en “realidad se trata de un breve esquema legal que encierra un contenido mucho más amplio”. (Énfasis suplido.) () A esos mismos efectos, Albaladejo nos informa que “[H]acer una enumeración exhaustiva de facultades es imposible, porque siempre quedará algún aspecto del señorío sobre la cosa, en el que quepa pensar singularmente, y concebirlo como otra nueva facultad”. ( ) (Énfasis suplido.)

Debemos mantener presente, en adición, que este “contenido” del derecho de propiedad puede ser dividido o clasificado en dos aspectos: positivo y negativo. Sobre esto, Puig Brutau señala que:

En sentido positivo [el propietario] puede obtener del ob-jeto de su derecho el aprovechamiento natural, usándolo y obteniendo los frutos o rendimientos correspondientes; igual-mente corresponde al aspecto positivo la facultad de realizar actos jurídicos mediante los que disponga de su derecho, ena-jenándolo o sometiéndolo a gravámenes o limitaciones. En sentido negativo, el propietario tiene el derecho de excluir a los demás para que no interfieran o impidan el uso, disfrute y disposición del objeto de su derecho. (Énfasis suplido.) ()

En cuanto a fincas, esta llamada facultad o derecho de exclusión que posee el propietario está plasmada en las disposiciones del Art. 322 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1231, el cual, en lo pertinente, dispone que todo “propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquiera otro modo”. (Énfasis suplido.()

Castán, a esos efectos y en lo pertinente, expresa que:

Facultades de Exclusión. — Son estas facultades comple-mento y garantía de las de aprovechamiento, en cuanto per-miten al propietario impedir la intromisión o perturbación.
. . . Figuran en este grupo de facultades:
Io. El derecho del propietario de colocar la cosa en condi-ciones de que nadie pueda perturbarle en el goce de la misma, o lo que es igual, el derecho de cerrar o cercar sus fincas, re-conocido . . . por el artículo 388 del Código civil [Artículo 322 de nuestro Código Civil] .... (Énfasis suplido.) ()

J. Roca Juan, en su colaboración a la obra Comentarios al Código civil y compilaciones forales, reitera lo expresado por Castán al señalar que el precepto contenido en el Art. 388 del Código Civil español es reflejo del contenido excluyente de la propiedad. () Manresa, por su parte, nos informa que me-diante el citado Art. 388 del Código Civil español se consigna “un derecho, llamado con acierto de exclusión y de defensa”. (Énfasis suplido.) ()

Este “derecho de exclusión o de defensa” que posee el pro-pietario es aplicable, naturalmente, tanto a fincas rústicas como urbanas. Como correctamente nos señala Laeruz, la “autorización de cerramiento viene pensada por la Ley para las fincas rústicas, porque en cuanto a las urbanas nunca cupo duda de su posibilidad”. (Énfasis suplido.) () A esos mismos efectos, véase M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil Espa-ñol, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. III, pág. 228.

Sobre la manera en que puede verificarse el “cierre o cer-cado”, Seaevola aclara que:

Al valerse nuestro artículo de las expresiones cerrar y cercar, debió sin duda tener en cuenta los diversos sentidos en que los tratadistas y aun las mismas disposiciones legales las consideran. Cerrar, según el Diccionario de la Lengua, significa poner algún impedimento que estorbe la entrada o salida de una cosa; mientras que cercar supone rodear o cir-cunvalar algún sitio con vallado, tapia o muro. . . .
. . . Por esto ha declarado la jurisprudencia administrativa que los terrenos de propiedad particular se consideren cerra-dos o acotados y prohibida la invasión en ellos, no siendo preciso que estén cercados de pared continua, bastando cual-quier señal material y visible que indique el hecho de la pro-piedad y la voluntad del dueño de disfrutarla exclusiva-mente. . . . (Énfasis suplido.) ()

Albaladejo nos informa, por su parte, que el “cierre puede ser material, como con una tapia u otros obstáculos. Pero puede ser también simbólico, como cuando se anuncia por le-treros u otros medios de prohibición de paso” (énfasis supli-do) (); añade que generalmente “para practicar el cierre parece que debe bastar con la determinación que tome y ponga en práctica el dueño”. () (Énfasis suplido.)

Debe mantenerse presente, sin embargo, que el derecho de propiedad, () al igual que todos los otros derechos en un sistema jurídico ordenado, está sujeto por su propia naturaleza a una serie de limitaciones y restricciones necesarias para la realización de objetivos y valores sociales colectivos, así como también que el ordenamiento, en determinadas circunstancias, expresamente impone sobre el propietario ciertos deberes y responsabilidades. Como expresa Puig Brutau:

El derecho de propiedad no puede entenderse como un medio para la actuación ilimitada del individuo. Responde a un fin racional y por ello tiene límites intrínsecos, incluso con independencia de los que resultan de la existencia de derechos expresamente concedidos a otros titulares frente al propietario.
Iiay, pues, limitaciones fundadas en la propia naturaleza de la propiedad, que los Tribunales reconocerán incluso sin disposición positiva concreta, por el solo hecho de la existen-cia del derecho y para que bajo la apariencia de éste no se atente contra el ordenamiento jurídico. Existen también disposiciones estrictamente legales, tanto para la protección de los derechos privados como en interés público o general, y tanto consistentes en una limitación del uso o de la facul-tad de excluir, como en someter al propietario a una trans-misión forzosa. (Énfasis suplido.) ()

No puede perderse de vista, por último, que las “limitaciones” al derecho de propiedad no sólo tienen un “aspecto negativo” —desde el punto de vista de que no puede hacerse con referencia al bien— sino que tienen un “aspecto positivo”, en el sentido de imponer al propietario la obligación de prevenir los daños que en el ejercicio de su derecho de propiedad pueda ocasionar a terceros. Como certeramente señala Scaevola:

. . . Porque, al fin, y en resumen, lo que representa la ma-teria objeto de este capítulo es el cumplimiento de una inexcusable obligación que acompaña al derecho de propiedad, por virtud del cual todo el que sea dueño de una cosa se ve competido, necesariamente, velando por los intereses de los demás, a prevenir los peligros o amenazas que aquélla ofrez-ca. Y el particular amenazado en su hacienda o en su persona puede obligarle, caso de que aquél no lo fuere volunta-riamente, a que ponga por obra todos los medios de precau-ción que las circunstancias señalen en cada caso concreto. (Énfasis suplido.) ()

Al amparo de los principios antes enunciados no debe haber duda de que, previa la observancia de ciertas precauciones o salvaguardas, en nuestra jurisdicción el propietario de un bien —en el “goce y disfrute”, y “en defensa”, de su derecho de propiedad— tiene la “facultad” o el derecho de hacer uso de mecanismos, instrumentos o estructuras, que no sean ni inherentemente peligrosos ni atenten contra la integridad personal de los seres humanos, () con el legítimo pro-pósito de “cerrar” su propiedad y así evitar que personas ines-crupulosas le hurten impunemente su propiedad.

r — I HH

Tratándose en el presente caso de una situación donde el “objeto” del derecho de propiedad es un establecimiento comercial abierto al público, nuestra jurisprudencia ha impuesto al propietario del mismo un deber particular que lo obliga de manera especial con las personas que son inducidas por él a patrocinar el mismo. Como expresáramos en Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473, 474 (1955):

Es un principio universal de derecho que cuando una persona o empresa mantiene abierto un establecimiento al pú-blico, con el objeto de realizar en dicho establecimiento ope-raciones comerciales para su propio beneficio, debe mantener dicho establecimiento en condiciones de seguridad tales, que la persona inducida a penetrar en el mismo, no sufra ningún daño. (Énfasis suplido.) ()

El quebrantamiento o incumplimiento de este deber por parte del propietario, o sus empleados, y la responsabilidad civil que podría originarse a partir de ese hecho nos lleva, naturalmente, al ámbito de las obligaciones extracontractua-les y, en particular, a la discusión y consideración de la res-ponsabilidad del propietario, en una jurisdicción como la nuestra de origen civilista, por los daños que por acción u omisión de él, o sus empleados, puedan sufrir terceras per-sonas dentro de su propiedad. ()

Comentando el Art. 1902 del Código Civil español —Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico— expresa Lacruz que el mismo “establece, con valor de 'principio, que el que por acción u omisión causa daño, a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. (Énfasis suplido.) () Añade que dicha disposición legal se enuncia “en forma de regla general y sin concretarse a determinados tipos de infracción” (énfasis suplido),() lo que presupone una norma genérica que nos prohíbe causar daño a otro mediante conducta ya sea activa, ya pasiva.

Santos Briz, () por su parte, añade que el citado Art. 1902 del Código Civil español:

. . . exige como elementos o requisitos para que proceda la reparación del daño causado: 1) La acción u omisión in-fractora del contrato o productora del acto ilícito extracon-tractual. 2) La antijuricidad de la misma. 3) La culpa del agente. 4) La producción de un daño. 5) La relación de causa a efecto entre la acción u omisión y el daño.

Respecto a cuando una omisión se considera como “antijurídica”, el referido autor sostiene que “pueden ser ... antijurídicas cuando afecta al omitente una especial obligación de evitar el daño”. (Énfasis suplido.) () Añade, por último, al discutir la posibilidad de una omisión o acto negativo como “causa del daño”, que:

La doctrina moderna e incluso nuestra jurisprudencia con-sideran la causalidad en la omisión. El acto omisivo puede merecer, desde el punto de vista jurídico, el concepto de “causa” del daño. Para ello se requiere: a) Que con verosi-militud rayana en seguridad se hubiera evitado el daño de haberse realizado la acción omitida; b) Que para evitar el resultado [dañoso] hubiese [el] deber jurídico de obrar. ()

Nuestra jurisprudencia, en armonía con lo esbozado por la doctrina civilista anteriormente citada, ha señalado que “[Sjegún el citado artículo [Art. 1802 de nuestro Código Civil], que establece uno de los principios más fundamentales de nuestro orden jurídico —el de la responsabilidad aquiliana por hechos propios— todo perjuicio, material o moral, da lugar a reparación si concurren tres requisitos o elementos: primero, se establece la realidad del daño sufrido; segundo, existe un nexo causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y tercero, dicho acto u omisión es culposo o negligente”. (Énfasis suplido.) Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957). Véanse, en adición: Pérez Escolar v. Collado, 90 D.P.R. 806 (1964); Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 703 (1982). En cuanto a la responsabilidad en particular resultante de omisiones, de un análisis de las decisiones emitidas por este Tribunal a través de los años se desprende que los factores a considerarse son: primero, la existencia o inexistencia de un “deber jurídico de actuar” por parte del alegado causante del daño, el incumplimiento del cual deber constituye precisamente la “antijuricidad” de que hablábamos anteriormente, Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 D.P.R. 223 (1982); Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 D.P.R. 871 (1972); Flores Flores v. Pizarro Cordero, 90 D.P.R. 384 (1964); Oliver v. Municipio de Bayamón, 89 D.P.R. 442 (1963), y segundo, si de haberse realizado el acto omitido se hubiere evitado el daño. López Surita v. A.F.F., 93 D.P.R. 601 (1966); Cruz Costales v. E.L.A., 89 D.P.R. 105 (1963), y Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288 (1962) ().

III

La instalación y utilización por la demandada recurrida González Padín —o por cualquier otra empresa comercial— del sistema conocido como sensormatic, o cualquier otro similar, ciertamente no choca contra ninguno de los principios pertinentes y aplicables de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de un mecanismo electrónico que es utilizado con el fin o propósito legítimo de evitar el hurto indiscriminado de la mercancía existente en dichos establecimientos, el cual ni es inherentemente peligroso ni es uno que atente contra la integridad personal de los clientes de los mismos. Resolvemos en su consecuencia que, previa la observancia de ciertos requisitos o salvaguardas, () el dueño de un estableci-miento comercial en Puerto Rico puede lícitamente hacer uso de un sistema de esa naturaleza en “defensa” de su derecho de propiedad. No obstante, debe mantenerse presente que la responsabilidad de que dicho sistema funcione adecuada y apropiadamente corresponde, de manera primaria y como regla general, al establecimiento comercial. Ello, por razón de que “La responsabilidad debe recaer sobre aquella parte en mejor situación para adoptar medidas preventivas y así reducir las probabilidades de daño”. Diesel Tanker v. CORCO, 104 D.P.R. 834, 843 n. 7 (1976).

En el presente caso, como hemos visto, la demandante acudió en solicitud de ayuda a una empleada del establecimiento comercial con el propósito de realizar el cambio deseado. Ésta no desprendió de la mercancía en controversia la “etiqueta plástica de inventario” que hace funcionar la alarma del sistema sensormatic; tampoco advirtió a la demandante de la existencia de dicho artefacto y para que se dirigiera a la dependencia apropiada del establecimiento con el fin de que se le desprendiera la misma. ¿Tenía la referida empleada, en representación del dueño del establecimiento, el “deber jurídico” de así hacerlo? Entendemos que la contestación tiene que ser en la afirmativa. El establecimiento comercial como tal es quien está en “control” de la situación: es “quien” nunca debe “olvidar” que tiene en operación un sis-tema de alarma contra hurto, es “quien conoce” con exactitud cómo funciona el mismo y cómo se evita su activación y es “quien sabe” a qué mercancía está adherida la “etiqueta de inventario” y a cual no. () En adición, es quien “debe man-tener dicho establecimiento en condiciones de seguridad tales, que la persona inducida a penetrar en el mismo, no sufra ningún daño”. Gutiérrez v. Bahr, ante, pág. 474.

La omisión de la empleada —obviamente negligente— es la que sin lugar a dudas causa la detención injustificada de la demandante por parte de los empleados de seguridad del establecimiento. En otras palabras, la omisión fue la causante del “daño sufrido”,() omisión por la cual responde su pa-trono. Véanse: Art. 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5142; Lloréns v. Lozada, 73 D.P.R. 271 (1952). Concurriendo los tres requisitos que exige nuestra jurispru-dencia en esta clase de situaciones, Hernández v. Fournier, ante, la demandante tiene derecho a reparación del perjuicio sufrido por ella como consecuencia de la negligencia de la parte demandada.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto, se dic-tará sentencia revocatoria de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, y se devuelve él caso a dicho foro para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no interviene y el Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión escrita.

      (1) Debe señalarse que la parte demandante —compuesta por la señora Hernández de López, el esposo de ésta, y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos— presentó, en adición, prueba demostrativa de que la señora Hernández de López tuvo que ser sometida a tratamiento psiquiá-trico por espacio de quince (15) meses debido a una “reacción de ansiedad severa con depresión” que se le desarrollara como consecuencia del incidente acaecido. El tribunal de instancia, aparentemente debido al resultado al que llegó en la sentencia que emitiera, no hizo determinaciones de hecho sobre este aspecto de la prueba.

      (2) J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. III, Vol. I, pág. 167.

      (3)M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. III, págs. 159-160.

      (4)Puig Brutau, op. cit., págs. 167-168.

      (5)J. Castán, Derecho civil español, común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1982, T. II, Vol. 1, pág. 170.

      (6) M. Albaladejo, Comentarios- al Código civil y compilaciones forales, España, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, T. V, Val. I, pág. 369.

      (7) J. M. Manresa, Código Civil Español, 8va ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. III, pág. 431.

      (8) J. L. Laeruz, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. Ill, Vol. I, pág. 221.

      (9) Q. M. Seaevola, Código Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1943, T. VII, págs. 183-184.

        (10) Curso de Derecho Civil, op. cih, pág. 228.

      (11) íd., pág'. 228.

      (12) Y, por consiguiente, el derecho del dueño al uso y disfrute de la cosa y sus facultades de exclusión y la defensa de la misma.

      (13) Puig Brutau, op. cit., págs. 261-262. Véase, en adición, Castán, op. cit., pág. 217.

      (14) Scaevola, op. cit., pág. 193.

      (15) Un artefacto, instrumento o estructura que sea peligroso per se obviamente estaría incluido dentro de las “limitaciones intrínsecas” del Derecho de propiedad. Véase Anotación, Fence as Nuisance, 80 A.L.R.3d 962.

      (16) Véanse, en adición: Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961); Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962); Aponte Betancourt v. Meléndez, 87 D.P.R. 652 (1963); Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967); Rivera v. Supermercados Amigo, Inc., 106 D.P.R. 657 (1977).

      (17) En este aspecto, las decisiones emitidas por tribunales de jurisdic-ciones del common law no son de mucha ayuda. A diferencia de las jurisdic-ciones civilistas —donde, como discutiremos más adelante, existe una norma genérica de responsabilidad, la cual sólo requiere prueba de acto u omisión culposa o negligente, daños, y relación causal entre ambos— las jurisdiccio-nes del common law se limitan a reconocer una serie de “delitos civiles con-cretos” con “requisitos específicos”. Véase H. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1980, Cap. 1, págs. 1-5.

      (18) Lacruz, op. dt., 1977, T. II, Vol. I, pág. 188.

      (19)íd., pág. 188.

      (20)En su colaboración a la obra: Comentarios al Código civil y compi-laciones forales, op. dt., 1984, T. XXIV, pág. 101.

      (21) Op. cit., pág. 105.

      (22) Ibíd, pág. 271.

      (23)A pesar de que la mayoría de los casos arriba citados, en cuanto al “requisito de causalidad”, fueron resueltos al amparo de la “teoría de causa próxima” u otras teorías de origen angloamericano, y que en Soc. de Gananciales v. Jeronimo Corp., 103 D.P.R. 127 (1974), y Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982), este Tribunal “adoptó” para Puerto Rico la teoría civilista de “causalidad adecuada”, debe advertirse que los criterios para considerarse una omisión como fuente de responsabilidad no variaron en modo significativo.

      (24) La utilización de dichos sistemas conlleva ciertas y determinadas obligaciones y responsabilidades. El dueño de un establecimiento comercial que resuelva utilizarlos debe:
      1— Notificar, en forma apropiada y razonable, a los clientes que pa-trocinan el establecimiento de que dicho mecanismo está siendo utilizado en el mismo. Debe recordarse que “La persona que tiene el dominio o derecho del dominio del lugar u operación en que existen las anteriores circunstan-cias está en el deber de advertir del peligro existente así como de las pre-cauciones que se deben tomar a aquellas que, por invitación suya, se encuen-tran en dicho lugar. Dicha persona debe ejercer el mayor cuidado y tomar todas las precauciones que conoce o debió conocer para evitar tal peligro”. (Énfasis suplido.) Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714, 723-724 (1971). Véase, en adición, Restatement (Second) of Torts Sec. 84 (1965);
      2— Establecer y mantener un programa de inspección y mantenimiento adecuado en relación con el mismo. Cf. Rivera v. Rivera Rodríguez, 98 D.P.R. 940, 943 (1970) a los efectos de que “El dueño y operador de un ve-hículo de motor tiene el deber de ejercer cuidado ordinario para que el ve-hículo esté en condiciones de razonable seguridad mecánica y adecuada-mente equipado. . . . Entre esos deberes está el de ejercer cuidado razona-ble en la inspección del vehículo para descubrir defectos o averías que im-pidan su operación normal, dentro de un marco de razonable seguridad. De ahí que se le impute el conocimiento de defectos latentes o defectos que una inspección razonable hubiese descubierto”, e
      3— Instruir y entrenar adecuadamente en el uso del sistema a todos sus empleados; esto es, tanto a los que intervienen directamente con los clientes con motivo de las compras que éstos realizan, como los empleados en-cargados de la seguridad del establecimiento. Véase Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 D.P.R. 804 (1982).

      (25) El uso del concepto de “control” para determinar responsabilidad bajo el Art. 1802 del Código Civil no.es nuevo en nuestra jurisdicción. Véanse: Rivera v. San Juan Racing Assoc., Inc., 90 D.P.R. 414 (1964); Pérez Rivera v. Olazagasti Fiol, 90 D.P.R. 779 (1964); Santaella Negrón v. Licari, supra, y Mariani v. Christy, 78 D.P.R. 782 (1952).

      (26) En Casanova v. González Padín Co., 47 D.P.R. 488, 498 (1934) re-solvimos, en síntesis, que la duración del encarcelamiento se refiere mera-mente al alcance de los daños y perjuicios y que “una detención momentá-nea, de ser ilegal, da derecho a una causa de acción absoluta”. En Ayala v. San Juan Racing Corp., supra, pág. 813, citando a Castán, hicimos claro que una lesión a la libertad es un daño en sí mismo y que una “persona, sea o no funcionario del orden público, puede por sí, o por mediación de otro, detener ilegalmente o causar que se detenga ilegalmente a otra persona. En ambos casos dicha persona respondería en daños y perjuicios, si dicha actuación es culposa o negligente”.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Luis Mojica Sandoz, Registrador de la Propiedad, Caguas I, promovente, v. Bayamón Federal Savings and Loan Association of P.R., promovido.

      Número: CE-85-499

      Resuelto: 26 de marzo de 1986

      Luis Mojica Sandoz, Registrador de la Propiedad, promovente; José R. Fournier Torres, abogado del promovido; Benigno Alicea Alicea y Carmen Ana Rodríguez Maldonado de la So-ciedad para Asistencia Legal, comparecen como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 30 de marzo de 1985, el Bayamón Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico presentó para inscripción una Hipoteca sobre Bienes Muebles en el Registro de la Pro-piedad, Sección Primera de Caguas. Los documentos, suscri-tos el 22 de marzo de-1985, se ajustaban fielmente a todos los requisitos y seguían estrictamente el modelo de hipoteca y de declaración jurada que contiene la Ley Hipotecaria de Pro-piedad Mueble, Ley Núm. 19 de 3 de junio de 1927 (30 L.P.R.A. see. 1871 et seq.).

El Registrador notificó que la declaración jurada adolecía de falta de no dar fe en la misma, el notario Lie. José R. Fournier Torres, de haber cancelado el sello de la Sociedad para Asistencia Legal en el Registro de Afidávit, según exi-gido por la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982 (4 L.P.R.A. sees. 896-899). El Bayamón Federal objetó ese requeri-miento. Alegó que ninguna ley obligaba a esa dación de fe y que correspondía al Inspector de Protocolos velar el cumpli-miento de ese deber. El Registrador, al reiterar su negativa, adujo los siguientes defectos adicionales: no dar fe de haber inscrito el afidávit en el Registro ni indicar que se incluyó en el índice semanal, requisitos que, de no cumplirse, anularían el afidávit conforme la See. 8 de la Ley de 12 de marzo de 1908 (4 L.P.R.A. see. 894).

En un nuevo escrito de recalificación el Bayamón Federal reafirmó su postura. Además invocó una presunción legal de cumplimiento notarial según nuestra decisión en Ana María Sugar Co., Inc. v. Carlo et al., 25 D.P.R. 96 (1917).()

El Registrador entonces le notificó una Nota Denegato-ria () y acudió ante este foro en virtud de la facultad confe-rídale por el Art. 77 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad —Núm. 198 de 8 de agosto de 1979— 30 L.P.R.A. sees. 2001 et seq. y 2280. Su posición es que en su función calificadora puede y debe requerir del notario que autoriza un afidávit para inscripción —según la Ley Hipote-caria de Propiedad Mueble— dar fe en el mismo de haber cumplido los requisitos imprescindibles para su validez. Por su parte, el Bayamón Federal reproduce sus argumentos origi-nales.

A solicitud de la Sociedad para Asistencia Legal accedi-mos que interviniera como amicus curiae. Su comparecencia, coincidente con la del Registrador, enfatiza que los servicios del derecho a asistencia de abogado para indigentes están en juego, pues la venta de tales sellos representa un ingreso im-portante para sus gastos operacionales.

Nos aduce que “[a]dherir y cancelar el sello a favor de la Sociedad, inmediatamente, y cada vez que se otorgue una de-claración jurada o afidávit, es lo que le da validez y realidad práctica al objetivo de la Ley Núm. 47. Para ello no se puede depender exclusivamente de la visita que de tiempo en tiempo hace el Inspector de Protocolos a todo notario”.

Este reclamo está apuntalado en la aparente dificultad que representa el fluir rápido y regular de ingresos a la Sociedad si la constancia de haberse cancelado el sello está solamente sujeta a las visitas que, anualmente o cada dos (2) años, rea-lizan los inspectores de la Oficina de Inspección de Protocolos y Notarías. () La preocupación parece tener base. Innumera-bles asuntos de los que semanalmente nos refiere su director reflejan la indeseable práctica, aunque limitada, de algunos notarios no adherir y cancelar el sello seguidamente después del acto. Optan por posponerlo y acumularlos, para hacerlo de una sola vez cuando anticipadamente son notificados de la visita del Inspector. Este modus operandi razonablemente implica que no han adquirido o no tienen suficientes sellos para subsanar esa condición deficiente del Registro. Para cumplir con la ley entonces tienen que adquirir urgentemente un número sustancial de sellos del Secretario de Hacienda. Esta acumulación necesariamente habrá de repercutir y atrasar el fluir regular de los ingresos hacia la Sociedad. La súbita entrada de fondos así acumulados tiende a afectar su estabilidad, y a debilitar los propósitos de la ley.

En resumen, los planteamientos de las partes conllevan que analicemos la naturaleza del afidávit como documento notarial; el deber o deberes del notario respecto a su autenti-cación a la luz de la ley sobre el sello de la Sociedad para Asis-tencia Legal; los efectos jurídicos del incumplimiento de ese deber por el notario; la naturaleza de la función calificadora del Registrador al examinar documentos que tienen acceso registral en virtud de una ley especial; su interacción y el alcance del poder calificador del Registrador bajo la Ley Hi-potecaria de 1979 en tales instancias, y por último, cuál es la mejor práctica notarial al respecto. No podemos menos que considerar todos estos aspectos dada la naturaleza preceptiva de nuestra jurisdicción cuando de recursos gubernativos se trata. Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 490 (1980).

I

A principios de siglo el tratamiento jurisprudencial del afidávit, a nivel conceptual, estuvo notablemente influenciado por el origen anglosajón según plasmado en la legislación de esa época. Delgado v. El Registrador de Caguas, 22 D.P.R. 125 (1915); Hernández v. Rosado et al., 22 D.P.R. 387 (1915); Hermida & Palos v. Gestera, 23 D.P.R. 100 (1915); Santaliz v. Registrador, 71 D.P.R. 84 (1950); cf. Diccionario de Derecho Privado, Barcelona, Ed. Labor, 1954, T. I, pág. 255; C. E. Mascareñas, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Ed. Francisco Seix, 1958, T. II, págs. 449-450; H. C. Black, Black’s Law Dictionary, 4ta ed., St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1951, pág. 80.

Como tantas otras figuras jurídicas angloamericanas advino a nuestro aservo jurídico luego del cambio de soberanía, específicamente a través de las leyes de 12 de marzo de 1903 y de 12 de marzo de 1908 (4 L.P.R.A. see. 881 et seq.); L. Muñoz Morales, Apuntes de Derecho Notarial, X Rev. Jur. U.P.R. 95, 195 (1940). En virtud de esta última ley “[1] lámase afidávit o declaración de autenticidad el acto y el documento, mediante los cuales, un notario u otro de los fun-cionarios designados [por ley] certifica o da fe de la verdad o reconocimiento de una firma, de un juramento, o de otro hecho o contrato que afectare a propiedad mueble o inmueble, no formalizados en escritura pública”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 887. También la ley prescribe la fórmula y len-guaje del afidávit o declaración de autenticidad. En la diná-mica de la operación notarial, para rodear y fortalecer el acto de suficiente garantía circunstancial de veracidad y a la par perpetuarlo, ordena que cada “afidávits o declaraciones de autenticidad llevarán una numeración sucesiva y continua y cada declaración será encabezada por el número que le corres-ponda y que será correlativo al de la inscripción en el regis-tro que más adelante se establece”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 889. En este registro se consignarán “notas concisas fechadas, numeradas, selladas y suscritas por los mismos notarios, haciendo constar el nombre de los otorgan-tes y la naturaleza del acto autenticado”. 4 L.P.R.A. see. 891. Además, se dispone la confección de un índice y su oportuna notificación semanal el lunes siguiente a la Oficina de Inspec-ción de Registros y Notarías. () 4 L.P.R.A. see. 1026. Se preceptúa la nulidad del afidávit o declaración no inscrito en dicho registro o no incluido en el índice. 4 L.P.R.A. see. 894.

Con los años el enfoque y la casuística fue variando, acercándonos más a ciertas características resultantes de la tradición de notariado latino. Así, en el aspecto de dar fe de conocimiento de los comparecientes, impusimos al notario que autoriza un afidávit responsabilidad similar al que redacta una escritura pública. In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978); Rodríguez Vidal v. Benvenutti, 115 D.P.R. 583 (1984). Y en Bldg. Maintenance Serv. v. H.R. Exec. Bldg., 109 D.P.R. 656, 668 (1980), sostuvimos que por su propia naturaleza, los registros de afidávit como los protocolos notariales, son registros públicos. Esa trayectoria nunca opacó el prisma decisorio fundamental: un afidávit ciertamente no es ni puede equipararse a una escritura pública. Delgado v. El Registrador de Caguas, supra; Hernández v. Rosado et al., supra; Pietri v. El Registrador, 22 D.P.R. 729 (1915).

La dación de fe notarial en el afidávit se limita a la comparecencia y suscripción del documento (y en los casos apropiados a haberse hecho el juramento), y no al contenido de lo declarado como en el caso de las escrituras. E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, 2da ed., Pamplona, Ed. Univ. Navarra, 1976, págs. 398-402; Bldg. Maintenance Serv. v. H. R. Exec. Bldg., supra; Rodríguez Vidal v. Benvenutti, supra. En este último caso declaramos que “afidávit” es un concepto genérico dentro del cual existen varias modalidades o especies de declaraciones de autenticidad. Su razón estaba en que bajo el término afidávit de nuestra ley se incluyen varios conceptos del derecho angloamericano. En el derecho anglosajón, afidávit es propiamente la declaración jurada ante funcionario autorizado que autentice la declaración. Black’s Law Dictionary, op. cit.; J. A. Ballentine, Ballentine’s Law Dictionary, 3ra ed., Rochester, Lawyers Pub. Co., 1969. Las demás caen dentro del género de “reconocimientos” (acknowledgment). Ballentine’s, op. cit., pág. 15. Black’s, op. cit, pág. 39.

Por ser de origen anglosajón es arriesgado calificar el afidávit dentro de alguna de las categorías científicamente puras que han moldeado el derecho notarial latino. No obstante, conforme el Art. 1170 del Código Civil, el afidávit “autorizad [o] por un notario . . . , con las solemnidades requeridas por la ley” es un documento público. 31 L.P.R.A. see. 3271. Bajo esta visión, repetimos, este Tribunal “por vía de analogía” —Rodríguez Vidal v. Benvenutti, supra— ha aplicado a los afidávit cierta normativa propia de los instrumentos públicos.

En resumen, el afidávit es una figura exógena a nuestro derecho notarial de raíz española. Es el método o forma de autenticar y dar fe pública de la efectiva comparecencia de una persona y su firma. A esa definición estatutaria, en algunos extremos, le fueron inyectadas jurisprudencialmente ciertas características operacionales de las escrituras públicas. La declaración de autenticidad en el afidávit es limitada. Por ello aunque “no es un mero escrito privado”, Ramos Mimoso v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 551, 554 (1966), pues es un documento auténtico que hace fe pública, Bldg. Maintenance Serv. v. H. R. Exec. Bldg., supra, en materia registral es un documento que como regla general, no tiene acceso directo al Registro, salvo las excepciones provistas por ley.

A esta trayectoria legislativa y doctrinaria es menester añadir el requisito dispuesto en la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982. Mediante la misma “ [s] erá deber de todo notario cancelar, por cada declaración jurada o afidávit que otorgue, un sello que la Sociedad para Asistencia Legal adoptará y expedirá por valor de un dólar ($1.00)”, el cual “[e]l notario adherirá el sello al margen de la nota correspondiente a cada declaración jurada o afidávit incluida en su registro y cancelará el mismo con su sello notarial o con una marca clara y visible”. 4 L.P.R.A. sees. 896-897.

El historial de esta pieza legislativa refleja que su propo-sito claramente fue proveer ingresos adicionales a la Sociedad para Asistencia Legal para superar sus dificultades económi-cas. Informe de las Comisiones de lo Jurídico y de Hacienda de la Cámara de Representantes de abril de 1982. Según su Exposición de Motivos, esta imposición fiscal, se apuntala en el Canon 1 del Código de Ética Profesional que proclama el deber ético de todo abogado de ayudar a establecer y promo-ver servicios legales adecuados para quienes no pueden pa-garlos. La premisa es un reconocimiento del Poder Legislativo a las “dos facetas esenciales” en que se funde, como profe-sional, el abogado-notario —In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984)— cuya “integridad ética ... no puede sufrir frag-mentación en los distintos cargos de actividad”. In re Maldonado Rivera, 103 D.P.R. 523, 525 (1975).

Aclarada la evolución y naturaleza jurídica del afidávit, examinemos los señalamientos del Registrador.

1 — I HH

Tanto éste como la Sociedad para Asistencia Legal asumen que el afidávit sin el sello adherido y cancelado en el correspondiente Registro de Afidávit es nulo.

En ausencia de un claro y terminante mandato estatutario no podemos refrendar esa tesis. El no cancelar el sello no atenta, per se, contra la dación de fe notarial sobre comparecencia y firma de la persona, que es la finalidad en que gravita esa gestión. Nuestra doctrina no ha sido, sua sponte, establecer causas de nulidad o anulabilidad por analogía cuando de documentos notariales se trate. Así, en In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 398 (1977) dijimos que “la razón de nulidad [de la escritura en consideración] no debe extenderse más allá de sus propios términos legislados . . .”. Este pronunciamiento fue en consonancia con la interpretación restrictiva con que reiteradamente hemos tratado las causas de nulidad y anulabilidad en el ámbito civil. Véanse: Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831 (1979); Biaggi v. Sucn. Esbrí, 71 D.P.R. 450 (1950); Cintrón v. Cintrón, 70 D.P.R. 770 (1950); Reyes v. Torres, 65 D.P.R. 821 (1946); Pueblo v. Central Cambalache, 62 D.P.R. 553 (1943); Sosa v. Sosa, 58 D.P.R. 470 (1941); Fernández v. Loíza Sugar Co., 49 D.P.R. 59 (1935); Durán v. Registrador, 40 D.P.R. 832 (1930); Diez de Andino v. El Reg. de San Juan, 25 D.P.R. 477 (1917); Suárez et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 16 D.P.R. 630 (1910). El tratamiento español no difiere del nuestro. Giménez-Arnau, op. cit., pág. 458 et seq. La razón que informa este análisis de tipo limitado es proteger a las partes, en lo posible, de la negligencia o incumplimiento de los deberes del notario. D. Toledo Álamo, Nulidad de la escri-tura pública por razón de forma, X Rev. Jur. U.I. 15, 24 (1975).

Abona a esta interpretación que bajo la Ley Notarial —Núm. 99 de 27 de junio de 1956— se atemperó el rigor de las consecuencias de no cancelar los sellos. Su See. 6 considera nulas y sin efecto legal alguno las escrituras o sus copias sin los correspondientes sellos. 4 L.P.R.A. see. 1006. Por otro lado las Secs. 20 y 35 de esa ley claramente están predicadas sobre el carácter anulable de los documentos en que faltan los sellos. 4 L.P.R.A. sees. 1020, 1035. Actualmente un escrito notarial al que le falten los sellos requeridos en la mencionada See. 6 de la Ley Notarial, es anulable en el caso extremo en que el importe de los mismos no pueda recuperarse de las partes o del notario y sus sustitutos o causahabientes —In re Feliciano, supra— sin perjuicio de la imposición de medidas disciplinarias. In re Platón, 113 D.P.R. 273 (1982).

HH HH HH

¿Qué tratamiento merece un afidavit como el que nos ocupa con entrada al Registro de la Propiedad bajo una ley especial?

En Puerto Rico existe legislación que permite el acceso y registración de hipotecas formalizadas por un instrumento público o documento privado. Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble, 80 L.P.R.A. see. 1871 et seq.; Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial, 10 L.P.R.A. see. 551 et seq.; Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, 10 L.P.R.A. see. 581 et seq. Todas estas leyes presentan el denominador común de que son estatutos de financiamiento. En contraste, en España, por disposición del Art. 3 de la Ley Hipotecaria española, sólo pueden penetrar el Registro documentos y escrituras públicas. Cf. B. C. Sánchez-Cañete, Comentarios a la legislación hipotecaria, 3ra ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1982, Yol. 1, págs. 217, 261-263. El legislador español, aunque ha creado una figura jurídica esencialmente idéntica a las nuestras de financiamiento, le ha impuesto el requisito de constar en escritura pública para tener acceso al Registro. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre la Hipoteca Mobiliaria y la Prenda sin Desplazamiento y Reglamento de 17 de junio de 1955. J. M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Cometa, 1984, T. II, pág. 1047 et seq.

Nuestra Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble es otro trasplante jurídico del derecho angloamericano, E. Vázquez Bote, Un pretendido Derecho real: La llamada hipoteca de bienes muebles en Derecho puertorriqueño, 237 Rev. Gen. Leg. Jur. 679, 680 (1974). En una época fue usual el archivo de dichas hipotecas (chattel mortgage) en un registro especial. L. A. Jones y R. Bowers, The Law of Chattel Mortgages and Conditional Sales, 6ta ed., Indianapolis, Bobbs-Merryll Co. Pubs., 1933, Vol. I, Sec. 236 et seq. Desde entonces, se consi-deraba el afidávit (acknowledgment) algo esencial; Jones y Bowers, op. cit., Sec. 34 et seq.

La ley especial de hipoteca sobre bienes muebles ex-presamente no consigna ni provee al Registrador normas para la calificación de la legalidad de los documentos. Sin embargo, esta deficiencia no es absoluta. Es evidente el mandato impuéstole de verificar que se cumpla con los requisitos, inclusive el modelo suplido por el legislador. En este sentido, la visión jurídica de que la Ley Hipotecaria relativa a propiedad inmueble y la ley especial de hipotecas sobre bienes muebles son distintas —Álvarez v. Registrador, 64 D.P.R. 40, 43 (1944) — no implica una separación total. Después de todo, en los ex-tremos básicos, esta última guarda cierta analogía con la legitimación y publicidad que imparte el Registro de la Propiedad a los documentos públicos. Son leyes in pari materia perfectamente armonizables. Por tal razón, y para salvar la insuficiencia apuntada, a la ley especial de hipoteca sobre bienes muebles, deben aplicarse “las normas que rigen la calificación de las hipotecas inmobiliarias, a saber, la legalidad de los documentos ... y la capacidad de las partes . . .”. R. Negrón de Méndez, Principios básicos para los registros jurídicos de bienes, Aporte de la Delegación de Puerto Rico, T. I, Ponencias y Comunicaciones Presentadas al III Congreso Internacional de Derecho Registral, 1977, pág. 71.

Aunque rige el principio de especialidad —la Ley Hipotecaria de Bienes Muebles— al decir de Roca Sastre, sobre este tipo de documentos presentado, “naturalmente ha de recaer la calificación del Registrador de la propiedad, que ha de ser ejercida de acuerdo a las normas generales”. Más adelante, dicho autor expone que “[t]odos estos documentos, han de revestir las formas prescritas por la legislación respectiva o las que haya establecido el uso o práctica en la materia. El requisito del impuesto sobre actos documentados debe cumplirse en todos estos documentos . ..”. R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, págs. 275-276. En conclusión, en ausencia de disposición legal en contrario, la aplicación de una ley especial en nada menos-caba la función regular calificadora del Registrador.

IV

Analicemos pues esa calificación registral en este recurso bajo la Ley Hipotecaria de 1979 y su Reglamento a la luz del planteamiento del Registrador de que en el ejercicio de esa función puede requerir de los notarios dar fe en los documen-tos que se presentan al Registro de cumplir las formalidades que requiere la ley para la validez de los instrumentos, que no consten en el documento ante él.

La Ley Hipotecaria de 1979 recoge en su Art. 64 los Arts. 18, 100 y 101 de la antigua Ley Hipotecaria para las Provin-cias de Ultramar de 1893 (30 L.P.R.A. see. 2267). En su nueva redacción el Art. 64 no siguió las corrientes modernas que confieren al Registrador amplísimos poderes en su fun-ción calificadora. E. Vázquez Bote, La reforma hipotecaria: Dictamen sobre el P. del S. 792 y P. de la C. 915, relativos a un proyecto de ley hipotecaria y del Registro de la Propiedad, XIII Rev. Jur. U.I. 491, 547-548 (1979); Roca Sastre, op. cit., pág. 258; Chico y Ortiz, op. cit., pág. 651.

Sin embargo, la reforma hipotecaria de 1979, si bien conservadora en algunos extremos, introdujo varias innovaciones importantes. Ponencia del Departamento de Justicia en torno al Proyecto del Senado 792 y al proyecto de la Cámara 915, XIV Rev. Jur. U.I. 419, 435 (1980); Informe del Senado de Puerto Rico sobre el Proyecto del Senado 792, ibid., págs. 349, 378 (1980); Informe de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado 792, ibid., págs. 391, 404-405. En el mencionado Art. 64, en especial, tres guardan tangencia con este recurso: (1) se aclaró qué la calificación registral “comprenderá las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos”. Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2267. A tales efectos, se precisaron los motivos de la calificación al disponer que los “Registradores fundamentarán su calificación de los actos y contratos a registrarse en los documentos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes”; (2) el último pá-rrafo del Art. 64 autorizó al Registrador a requerir “los do-cumentos complementarios necesarios para una adecuada ca-lificación, bien sean éstos notariales, judiciales o administra-tivos,” y (3) íntimamente entrelazado a esta gestión califi-cadora, el Art. 68 de la ley - — contentivo del concepto unitario de falta— estableció en su inciso (4), como causa que impide la registración, “no presentar los documentos complementa-rios necesarios o no acreditarse el cumplimiento de las forma-lidades exigidas por las leyes”. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2271.

En el caso de autos, los términos dilatados en que está con-cebida la Nota Denegatoria no nos permiten detectar con precisión si el Registrador requirió documentos complemen-tarios o si exigió que se le acreditara que el notario cumplió las formalidades exigidas por ley. La impresión es que actuó dualmente. Ante esa incógnita evaluaremos ambos supuestos.

Como norma general, la calificación del Registrador en cuanto a los documentos notariales se circunscribe a examinar si éstos cumplen con las formas extrínsecas que requiere la ley, capacidad de otorgantes y si el negocio jurídico contenido es válido. Roca Sastre, op. cit., págs. 268-270; E. Vázquez Bote, Elementos de Derecho Hipotecario Puertorriqueño, Barcelona, Artes Gráficas Medinaceli, 1973, págs. 308-310. Tal calificación está limitada por ley a los documentos presentados al Registrador y a lo que resulte de éstos. Art. 64 L.H. El Reglamento Hipotecario, en su See. 2003, Art. 76.1 es muy claro:

El registrador considerará, conforme a lo prescrito en el artículo 64 de la Ley [30 L.P.R.A. see. 2267] como faltas de legalidad de los documentos cuya registraeión se solicite, todas las que afecten, tanto a las formas de los documentos como a la eficacia de las obligaciones o derechos contenidos en los mismos, siempre que resulten del texto de dichos do-cumentos o puedan conocerse por la simple inspección de ellos. (Énfasis suplido.)

En el tráfico jurídico registral, es plausible que de los documentos presentados resulte que están incompletos y proceda entonces solicitar escritos complementarios. Vázquez Bote, op. cit., pág. 311; Roca Sastre, op. cit., págs. 257, 275, 619 et seq.; L. Mojica Sandoz, Comentarios de jurisprudencia —Ruiz-Sierra v. Registrador, 36 Rev. C. Abo. P.R. 1075, 1078 (1975). En Puerto Rico bajo la vigencia de la vieja Ley Hipotecaria ya habíamos sancionado esa facultad. P.R. Leaf Tobacco Co. v. El Registrador, 24 D.P.R. 891 (1917). Sin embargo, Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 D.P.R. 578 (1975), la puso en peligro. Interpretamos restrictivamente el Art. 18 de la Ley Hipotecaria de 1893 y sostuvimos que sería ir más allá del referido artículo permitir al Registrador solicitar documentos complementarios, pues éste debía limitarse a lo que surgiera de los documentos presentados.

La reacción no se hizo esperar. Ruiz-Sierra v. Registrador, supra, fue severamente criticado y expresamente revo-cado por la vigente Ley Hipotecaria. Mojica Sandoz, op. cit., pág. 1075 et seq.; Informe del Senado, op. cit., pág. 378; Informe de la Cámara, op. cit., pág. 405. Dicha facultad, según hemos visto, consta expresamente en el Art. 64, in fine.

En Preciosas V. del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802 (1981), enfrentamos por primera vez bajo la nueva Ley Hi-potecaria una petición de documentos complementarios por el Registrador. Versaba sobre una segregación en contravención a la ley realizada en documento privado al que se hacía refe-rencia en la copia de la escritura presentada al Registrador. En tales circunstancias resolvimos que no sólo podía el Regis-trador solicitar el referido documento privado sino que debía hacerlo.

Así pues, del análisis de la ley actual y sus precedentes surge que los Registradores podrán solicitar la producción de documentos complementarios cuando: (1) por ley o por reglamento así se requiera para la inscripción de un documento; (2) del documento presentado al Registrador surja causa para creer que pueda ser inválido (Preciosas V. del Lago v. Registrador, supra) y (3) el propio documento no refleje su entera validez. En el caso de autos no concurren ninguna de estas tres situaciones.

Ahora bien, la posición del Registrador intenta hallar apoyo en el inciso 4 del Art. 68. Dispone que será falta que impida la registración “no acreditarse el cumplimiento de las formalidades exigidas por las leyes”. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2271.

Su lectura nos orienta sobre la distinción básica entre documentos complementarios y acreditación de las formali-dades requeridas por las leyes. Esta última frase, importada del derecho español, se refiere a tos llamados “documentos acreditativos”. Roca Sastre, op. cit, T. II, pág. 619. Aunque se admite la diferencia entre ambos tipos de documentos, son confusos sus contornos particulares. Roca Sastre halla el quid diferenciador en el trámite judicial. Así, “no es documento complementario el que acredite el cumplimiento de un trámite judicial específico o asimilable”. Roca Sastre, ibíd., pág. 620. La diferencia es tan sutil que los autores se limitan a dar ejemplos. Roca Sastre, op. cit., págs. 620-624; A. González Román, Algunos aspectos de la calificación registral y el ar-ticulo 68 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, L Rev. Jur. U.P.R. 221,228 (1981).

Bajo este enfoque, en estricta hermenéutica, rige el principio de que las “leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refi-riendo las unas a las otras . . Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18. Luego, la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982 —que impone la obligación al notario de cancelar el sello a favor de la Sociedad para Asistencia Legal— forma parte esencial e integral de la actividad notarial al certificar un afidávit. Esta gestión, aunque posterior, amplía y comple-menta los deberes contemporáneos de llevar el registro, nu-merarlo y consignar la nota concisa.

Sin embargo, el Registrador sólo está autorizado a exigir constancia de haberse cumplido con aquellas formalidades que por mandato de ley sean procedentes al momento de ser suscrito el afidávit y ser entregado al interesado. Obviamente, el factor tiempo es el criterio determinante para delimitar el alcance de ese requerimiento. Ni la ley especial ni la notarial, como tampoco la jurisprudencia() exigen la dación de fe sobre los extremos requeridos por el Registrador. De haber sido esa la intención legislativa, fácilmente se hubiese dispuesto que el sello fuera adherido y cancelado en el propio afidávit. De esta forma surgiría de su faz, con mayor resplan-dor el cumplimiento de esta formalidad. ()

Resolvemos que el Registrador no podía pedir al Bayamón Federal que acreditara que el notario Fournier Torres in-cluyó el afidávit en su registro, adhirió, canceló el sello y lo anotó en su índice semanal. Todas estas son formalidades que carecían de sincronía. Son deberes que la ley contempla des-pués de suscrito el documento.

V

Nos resta trazar el horizonte final adjudicativo de nuestra decisión. Si bien la controversia se produce con relación a los afidávit que pretenden entrar directamente al Registro por ley especial, ciertamente el interés público y jurídico rebasa ese trasfondo. El objetivo de haber cumplido los requisitos legales necesarios para que un afidávit sea lo más perfecto posible, responde a la visión general legislativa, con eco jurisprudencial, de promover la mayor excelencia en la praxis notarial. In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441 (1982). No se funda en la actuación y planteamientos del notario Four-nier Torres que intervino en el caso de autos, contra quien no hay indicio alguno de violación notarial punible. Ya más allá. Tenemos la responsabilidad de estimular ese logro propi-ciando “la garantía de verdad que ofrece la intervención notarial en la negociación privada para el Registro de la Propie-dad —donde la corrección, exactitud y verdad son corolarios y objetivos imprescindibles para su buen funcionamiento . . Sucn. Santos v. Registrador, supra, pág. 835; Talcott Inter-American Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975). De igual forma, la Ley Hipotecaria “debe interpretarse de modo que facilite y proteja el tráfico comercial”. Royal Bank of Canada v. Registrador, 105 D.P.R. 414, 418 (1976). Idéntica dirección debemos seguir en cuanto a los documentos notaria-les que en virtud de estatutos especiales tienen entrada al Registro.

Al reflexionar sobre el curso decisorio, afloran varios su-puestos fácticos susceptibles de conocimiento judicial. Pri-mero, que los afidávit son documentos que constantemente convergen hacia el Registro de la Propiedad en calidad de es-critos suplementarios o auxiliares que forman parte de miles de instancias basadas en dictámenes judiciales y administra-tivos. Segundo, que ese tráfico no sólo lo generan negocios so-bre hipotecas de bienes muebles, () sino las múltiples formas de negocios que cotidianamente se dan sobre propiedad inmo-biliaria. Tercero, es inquietante la dejadez con que lamenta-blemente algunos notarios incumplen sus deberes, en especial el de adherir y cancelar los correspondientes sellos. Y cuarto, que los inconvenientes que su fiel cumplimiento causen, que-dan plenamente justificados y superados por sus beneficios. Después de todo, la “notaría es faena de tiempo y paciente integración de todos los elementos documentales, que sufren en su calidad con la festinación y la atracción de los atrechos fáciles”. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 139 (1976).

Evaluadas integralmente las distintas disposiciones lega-les sobre el afidávit y su importancia en el tráfico registral de propiedad mueble e inmueble, surge palmariamente que la in-tención legislativa en aquéllas sólo puede alcanzarse al extender a todo afidávit la mayor garantía de veracidad en cuanto a las formalidades subsiguientes referentes a su registro y cancelación del sello de la Sociedad.

De acuerdo con la mecánica contemplada en la ley, la mejor práctica de la notaría es que se dé entrada inmediata en el Registro de Afidávit de todos los datos requeridos, y se ad-hiera y cancele el sello. Por estar interrelacionadas, la opera-ción debe ser contemporánea, esto es, que sea lo más próxima posible al acto de autenticación de la firma. Frente a esta norma general visualizamos que solamente serían admisibles dilaciones justificadas fundadas en poderosas razones excep-cionales, tales como haber el notario autenticado el documento fuera de su oficina, enfermedad subsiguiente u otras situa-ciones o emergencias impredecibles. Aclaramos, sin embargo, que el elemento de contemporaneidad es continuo y crucial.

Por imperativo circunstancial e interacción armoniosa de la disposición legal que exige del notario la confección del índice Notarial y su notificación semanal todos los lunes a la Oficina de Inspección de Protocolos y Notarías, es obvio que inexorablemente ese día sería el término máximo para cumplirse con todos los requisitos mencionados. Así cobra plena vigencia y alcance el índice. Dicho de otro modo, aun en circunstancias justificadas, a más tardar de cada lunes deberá estar debidamente lleno el Registro de Afidávit y can-celados los sellos de la Sociedad para Asistencia Legal.

Esta interpretación es corolario de la naturaleza intrín-seca de la información que debe incluirse en el índice. Aun cuando no es idéntica, la certificación del notario al rendirlos, conceptualmente guarda cierta equivalencia a una dación de fe. Esta solución representa un adecuado balance entre la ex-celencia y mejor práctica notarial y armoniza con todos los propósitos e intereses legislativos, inclusive el propiciar alle-gar fondos de la forma más rápida y regular posible a la So-ciedad para Asistencia Legal.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoca la Nota Denegatoria del Registrador de la Propiedad, Sección Primera de Caguas.

      (1)En dicho caso la parte demandante presentó una demanda jurada. Los demandados solicitaron desestimación y alegaron la nulidad del afidávit, pues éste no declaraba que se hubiera inscrito en el Registro de Afidávit. En esa contienda judicial resolvimos que “existe una presunción legal de que el Notario cumplió con la Ley que le impone el deber de registrarlo [el afidávit]”. Pág. 103.

      (2) En la Nota Denegatoria expuso:
      “Se deniega la inscripción solicitada por los fundamentos siguientes:
      ‘(1) Con arreglo a lo dispuesto en la Sección 8 de la Ley de 1 de ma[rzo] de 1908, que reglamenta la toma de declaraciones juradas y affidavits, y de la Ley Núm. 47 de 1982, las declaraciones no registradas y en las que no se ha cancelado el sello para beneficio del programa de Asistencia Legal, son nulas y carecen de eficacia.
      ‘(2) El notario no refiere que haya cumplido con dichas formalidades.
      ‘(3) Las presunciones no suplen la certeza que la inscripción de docu-mento exige (Esteves v. Registrador, 43 DPR 7).
      ‘ (4) El affidavit, aunque privado, es también, al igual que la escritura, un documento notarial, y no puede entenderse que sea distinta la responsa-bilidad del notario, en uno u otro caso, respecto a revelar el cumplimiento de requisitos que afecta la validez de la forma, no siendo únicamente la responsabilidad del Inspector de Protocolos el examinar que se haya cum-plido, sino que también compete a la facultad calificativa del Registrador. (Rosario v. Registrador, 65 DPR 464; Sánchez v. Registrador, 69 DPR 474.)
      ‘(5) Que la declaración jurada del deudor hipotecario es requisito esen-cial en el caso de los contratos de hipoteca mobiliaria, según la Sección 5 de la Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble.’ ”

      (3) A1 30 de junio de 1985, había aproximadamente 3,654 notarios autorizados. Para inspeccionar la obra notarial de éstos, sólo hay siete ins-pectores. La labor de estos funcionarios es digna de elogio. Factores tales como el alto número de notarios activos, dificultades en coordinar las visitas, distancias que tienen que recorrer, y otros, impiden que las inspecciones puedan realizarse más frecuentemente.
      Los últimos cinco (5) años reflejan el siguiente movimiento de afidá-vit autenticados: 1980 — 1,339,990; 1981 — 1,185,524; 1982 — 1,108,533; 1983— 762,686; 1984 — 1,347,270. La información para el 1985 no estaba disponible a la fecha de esta opinión pues la Oficina de Inspección de Notarías con-tinuaba recibiendo informes anuales de ese año.
      Estas estadísticas incluyen afidávit oficiales, exentos del pago de sellos, otorgados por los abogados de la misma Sociedad para Asistencia Legal, los de la Corporación de Servicios Legales y también los que corresponden a funcionarios de distintas agencias gubernamentales. La actividad es im-presionante.
      En cuanto a la labor de la Oficina del Inspector, la siguiente tabla es orientadora:
      ACTIVIDADES 1982-83 1983-84 1984-85
      Visitas a Notarías 3,279 4,154 3,770
      Escrituras Examinadas 118,539 108,789 113,444
      Informes Finales Rendidos 2,264 2,440 2,298
      Registros de Afidávit 2,166 2,178 1,960

      (4) No podemos coincidir con la tesis restrictiva del Bayamón Federal fundada en el esquema legal vigente de supervisión sobre arancel corres-pondiente a la Oficina del Director de Inspección de Registros y Notarías. De ordinario el mismo remite a su competencia exclusiva velar el fiel cum-plimiento de los deberes dimanantes del ejercicio del notariado. 4 L.P.R.A. sees. 1026, 1088. Pero esa encomienda no cubre aspectos de derecho sustan-tivo. Soto de Bernier v. Rivera Cestero, 106 D.P.R. 85, 39 (1977). La fun-ción del Inspector de Protocolos no se equipara a la facultad de calificación de documentos del Registrador. Rivera Miranda v. Betancourt, 111 D.P.R. 147, 149 (1981). En sus respectivas órbitas, ambas funciones no son incompatibles por el solo hecho de que en ocasiones sus intervenciones y señala-mientos puedan coincidir. Lo contrario conllevaría imponer una camisa de fuerza no contemplada a la importante función calificadora del Registrador —Rosario v. Registrador, 65 D.P.R. 464 (1945), seguido en Sánchez v. Registrador, 69 D.P.R. 474 (1949)— y también al propio Inspector de Protocolos.

      (5)En Rosario v. Registrador, 65 D.P.R. 464 (1945), el Registrador se negó a inscribir copia certificada de una escritura de compraventa por no consignarse en dicha copia la cancelación del sello forense del Colegio de Abogados en la escritura original según requerido por el Art. 2 de la Ley Núm. 170 de 1939 (4 L.P.R.A. sec. 1006). Anteriormente en M. Grau e Hijos v. El Registrador, 23 D.P.R. 380 (1916), habíamos enfrentado una situación similar pero en aquel momento con relación al sello de rentas in-ternas exigido por la Ley Núm. 34 de 1912. En M. Grau e Hijos v. El Registrador, supra, sostuvimos que no venía obligado el notario a dar fe en la copia de la escritura que presenta para inscripción ante el Registro de la Propiedad de haber cancelado el referido sello en el original. Llegamos a esa conclusión porque la Ley 34 no obligaba al notario a hacer tal cosa y además porque consideramos que el sello no era parte de la escritura y por tanto no debía ir en la copia la cual según la Ley Notarial entonces vigente (Ley de 8 de marzo de 1906) era el “traslado literal” de la original. 4 L.P.R.A. see. 1023. Esta última fue la consideración decisiva en M. Grau e Hijos v. El Registrador, supra.
      En Rosario v. Registrador, supra, revocamos sub silentio a M. Grau e Hijos v. El Registrador, supra, en este aspecto, en cuanto decidimos que el sello del Colegio de Abogados ■ — requerido por la Ley Núm. 170 de 15 de mayo de 1939 (4 L.P.R.A. see. 1006)— era parte de la escritura. Allí afir-mamos que “una copia certificada [del original] debe expresar completa y fielmente todo lo que contiene el original, incluyendo la declaración de que tal sello se encuentre adherido, con el fin de que la copia certificada sea inscribible”. Rosario v. Registrador, supra, págs. 465-466.

        Así pues, el fundamento del deber notarial de dar fe en las copias, de haber adherido y cancelado los sellos en el original tiene su raison d’etre en la ley. No se trata de un deber impuesto jurisprudencialmente predicado sobre una política de prevención de nulidad en los documentos notariales. Por ello tanto Rosario v. Registrador, supra, y Sánchez v. Registrador, supra, deben ser leídos como casos que imponen la obligación al notario de dar fe en las copias de todo lo que contenga la original, pues aquéllos deben ser “traslados literales” de éstas por virtud de ley.

      (6)No se nos escapa el argumento de que el legislador no optó por este método, pues el único récord disponible para el Estado comprobar su cum-plimiento es el Registro de Afidávit. Ciertamente, hemos de admitir que dis-tinto a las escrituras matrices, cuyos originales son incorporados, conser-vados y forman parte del Protocolo Notarial, los afidávit no son mantenidos por el notario, sino entregados a los interesados.
      La realidad es que existen varias alternativas para, aparte de exigir afirmativamente la dación de fe en el propio documento, dejar este tipo de constancia, a saber: adherirlo y cancelarlo en el original; en el original y en la copia, e inclusive exigir que la mitad superior del sello sea adherida en el registro y la inferior en el documento original autenticado.

      (7) E1 caso de autos es ilustrativo de este extremo. Entre los docu-mentos presentados aparece un afidávit suscrito ante el notario A. Santiago Villalonga acreditando la capacidad y autoridad de Manuel González Gier-bolini para suscribir y asumir, a nombre de la corporación deudora y como Secretario, la obligación hipotecaria.


author: per curiam:

text:
      In re José A. Añeses.

      Números: MC-85-69
    5102
    A-85-7

      Resueltos: 31 de marzo de 1986

      Govén D. Martinez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante.
   per curiam:

En In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11, 13 (1986), expresamos:

Como es sabido, este Tribunal tiene poder inherente para reglamentar la profesión de abogacía en Puerto Rico. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984). En el pasado hemos resuelto que “la ‘naturaleza pública de que está revestida la profesión de abogado reclama de éste estricta observancia de los requerimientos de los tribunales’ ”, In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 815 (1984), y que procede la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía de un abogado que incu-rre en una “indebida, irrazonable e inexcusable tardanza” al contestar una querella radicada por el Procurador General de Puerto Rico, por cuanto la misma es “indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos” de este Tribunal. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975).

La conducta del aquí querellado no se ha limitado a una “indebida, irrazonable e inexcusable tardanza” al contestar una querella o un requerimiento de este Tribunal. La con-ducta observada por el licenciado Añeses Peña no sólo equi-vale a una actitud de total y absoluto desprecio por las órde-nes que emite este Tribunal, sino que, inclusive, puede ser una constitutiva de delito público. Veamos.

En el Caso Núm. 5102, sobre deficiencia notarial, emiti-mos el día 2 de mayo de 1985 una resolución, la cual, en lo pertinente, lee como sigue:

Mediante memorando del Director de Inspección de No-tarías de fecha 6 de marzo de 1985 se nos informó que el no-tario Ledo. José A. Añeses Peña no rinde índices notariales desde el 11 de marzo de 1984, en violación de lo dispuesto en la Ley Notarial, 26 L.P.R.A. see. 1026.
Por resolución de 20 de marzo de 1985 concedimos a dicho notario un plazo de quince días para rendir dichos índices y mostrar causa por la cual no deba ser suspendido del ejer-cicio del notariado.
Dicha resolución fue notificada al referido notario por con-ducto de su secretaria mediante entrega que le hizo el Al-guacil de este Tribunal Sr. Luis F. Castro en su oficina, apartamiento 201 del Condominio Olimpo Plaza, el 26 de marzo de 1985 a las 2:13 p.m. No obstante, el Ledo. José A. Añeses Peña ha hecho caso omiso de nuestra resolución.
En consecuencia, se decreta la separación del Ledo. José A. Añeses Peña de sus funciones notariales, y se le suspende como abogado hasta que a juicio de este Tribunal haya acre-ditado debidamente haber rendido los índices notariales y haya ofrecido excusas aceptables por su desatención de nues-tra resolución de 20 de marzo de 1985. El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautarse de los proto-colos y obra notarial del mencionado notario. Notifíquese al Colegio de Abogados, al Secretario de Estado y al Secretario de Justicia de Puerto Rico, al Director Administrativo de los Tribunales y al Juez Administrador del Centro Judicial de San Juan.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. (Énfasis nuestro.)

El licenciado Añeses Peña, no obstante rendir los índices notariales requeridos, no compareció ante el Tribunal a ofre-cer una explicación relativa a “su desatención de nuestra re-solución de 20 de marzo de 1985”. En su consecuencia, la sus-pensión temporal del ejercicio de la abogacía —decretada me-diante la antes transcrita resolución de fecha 2 de mayo de 1985— se mantuvo en todo su vigor.

En él Caso Núm. A-85-7 —relativo a queja presentada por dos ciudadanos— mediante resolución de fecha 30 de mayo de 1985 le concedimos un plazo improrrogable de treinta días para que cumpliera con una anterior —de fecha 9 de mayo de 1985— en que se le había solicitado que expusiera “sus puntos de vista” respecto a la referida queja. El licen-ciado Añeses Peña no compareció en forma alguna ante el Tribunal. En su consecuencia mediante resolución de fecha 15 de agosto de 1985 expresamos que su incumplimiento se con-sideraba como “razón adicional agravante de su suspensión de la abogacía decretada por nuestra resolución de 2 de mayo de 1985”.

En él Caso Núm. MC-85-69 —queja radicada por otro ciudadano— el licenciado Añeses Peña igualmente no con-testó una orden sobre mostración de causa que emitiéramos en dicho caso.

Así las cosas, fuimos informados por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 1985, que el licenciado Añeses Peña había postulado ante dicho organismo administrativo, en calidad de abogado de un peticionario, en los Casos Número D-84-977 y SPP-83-339 durante los días 13 y 29 de julio de 1985, respectivamente; en otras palabras, luego de haber sido suspendido del ejercicio de su profesión de abogado por este Tribunal. En vista de ello, mediante resolución de fecha 12 de diciembre de 1985 le concedimos un término de cuarenta (40) días al licenciado Añeses para que mostrara causa por la cual no debía “ser [suspendido] indefinidamente de la abogacía”. No ha comparecido.

Somos del criterio que los hechos antes relatados demues-tran a la saciedad que el Ledo. José A. Añeses Peña es “in-digno de seguir ostentando el título de abogado”. In re Frey- tes Mont, ante, pág. 14. Por las razones antes expresadas, se separa permanentemente del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico al aquí querellado. En adición, se instruye al Secretario General Interino de este Tribunal para que notifi-que copia de la presente al Señor Secretario de Justicia de Puerto Rico para la acción que estime pertinente. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino. La Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón no intervino.