author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Ponce Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Sección Primera de San Juan, recurrido.

      Número: O-76-460

      Resuelto: 21 de diciembre de 1976

      O’Neill & Borges y Felipe Sanabria Quiñones, abogados de la recurrente; la Registradora compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de agosto de 1976, ante el Notario Felipe Sanabria Quiñones se otorgaron dos escrituras: la Núm. 96 mediante la cual se individualizó el Apartamento 101 del Condominio Vieques radicado en la calle del mismo nombre en el Con-dado, San Juan, que fue vendido a Richard E. Carroll y esposa; y la Núm. 97 en la que estos cónyuges compradores constituyeron hipoteca sobre el apartamento adquirido en garantía de un pagaré por $36,000.00 y responsabilidades subsidiarias a favor de la recurrente Ponce Federal Savings & Loan Association of Puerto Rico.

El mismo día 4 de agosto último los compradores Carroll comparecieron ante el Notario Jorge Busigó Cifre y otor-garon otra hipoteca voluntaria en garantía de un pagaré al portador por $5,897.20. Esta escritura se presentó en el Registro de la Propiedad (San Juan I) el 6 de agosto, dos días después de su otorgamiento. Al tomarla para despacho encontró la Registradora recurrida que la propiedad sobre la cual se constituía esta hipoteca no aparecía inscrita a favor de los esposos hipotecantes, y así lo notificó al presentante. Las dos escrituras Núms. 96 y 97 ante Sanabria Quiñones no fueron presentadas hasta el 19 de agosto, 15 días después de su otorgamiento.

Despejado el obstáculo de registro por la presentación del título de propiedad del deudor Carroll, formalizado en la escritura Núm. 96, la Registradora inscribió ésta, y a tenor del “riguroso orden de presentación” inscribió primero la hipoteca de $5,897.20 y siguiendo a ésta la de $36,000.00 a favor de la recurrente Ponce Federal Savings & Loan Association. Esta ha recurrido pidiendo que se revoque la califi-cación hecha por la Registradora y que se anule el asiento preferente de la hipoteca por $5,897.20.

Toda vez que la Registradora no denegó ni suspendió la inscripción, sino que inscribió, hay que determinar si procede el recurso gubernativo. Sólo puede recurrirse gubernativamente contra las resoluciones de los Registradores cuando éstos deniegan o suspenden alguna inscripción, anotación o cancelación. Si no concurre alguno de estos motivos deberá desestimarse el recurso por falta de jurisdicción, sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a las partes. Jiménez v. Registrador, 62 D.P.R. 547, 548 (1943); Ley sobre Recursos Gubernativos de 1 de marzo de 1902, Sec. 1 (30 L.P.R.A. sec. 1771); Banco de Ponce v. Registrador, 58 D.P.R. 602 (1941); González v. Registrador, 75 D.P.R. 366, 369-370 (1953). No obstante, este Tribunal amplió el cauce del recurso gubernativo, extendiendo el remedio a los casos en que el Registrador “rehúsa dar al documento todo su valor legal.” Alvarez v. Registrador, 29 D.P.R. 769, 771 (1921); Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130, 134 (1944). Para invocar nuestra jurisdicción bajo esta última premisa descansa la recurrente en dos argumentos: (i) Que la hipoteca por $5,897.20 que ingresó primero al Registro y fue inscrita con rango de primera carece de valor y eficacia a la luz de los Arts. 126 y 108 (5o) de la Ley Hipotecaria por cuanto el deu-dor Carroll no tenía derecho para constituirla según el Regis-tro; y (ii) que la inscripción de dicho documento violó el principio de tracto sucesivo enunciado en el Art. 20 de la Ley y 224 del Reglamento (30 L.P.R.A. sees. 45 y 1209, respectivamente).

I

Como correctamente señala la Registradora recurrida, de prevalecer la contención de la recurrente negando capacidad para hipotecar a quien es dueño sin título inscrito en el Registro de la Propiedad, tampoco sería inscribible la hipoteca por $36,000.00 a favor de Ponce Federal Savings & Loan Association, pues los deudores Carroll constituyeron ambas hipotecas el 4 de agosto de 1976 cuando ni siquiera figuraba individualizado en el Registro el Apartamento 101 afecto a dichos gravámenes. Dice el Art. 126 de la Ley Hipo-tecaria que la hipoteca constituida por el que no tenga dere-cho para constituirla según el registro, no convalecerá, aun-que el constituyente adquiera después dicho derecho. Y el Art. 108(5°) dispone que no se podrá hipotecar el derecho real en cosas que, aun cuando se deban poseer en lo futuro, no estén aún inscritas a favor del que tenga el derecho a poseer. Estos artículos han sido derogados en España, por tener el carácter de preceptos substantivos fuera de lugar en la Ley Hipotecaria, que contravienen y limitan efectos del dominio prescritos en el Derecho Civil. La capacidad jurídica para constituir hipoteca se defiere principalmente por el Art. 138 de la Ley: “Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyan.”; el Art. 139: “Sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la libre disposi-ción de sus bienes, o en caso de no tenerla se hallen autoriza-dos para ello con arreglo a las leyes.”; y por el Art. 1756, inciso 2o del Código Civil: es requisito esencial del contrato de hipoteca que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca. (31 L.P.R.A. see. 5001 2o). Pero aun cuando regían en España los citados Arts. 126 y 108 (5o) de la Ley Hipotecaria, los tratadistas repudiaron su interpre-tación literal negándole toda autoridad para restringir la facultad para contratar, y específicamente, hipotecar, reglada por el Derecho Civil. Sobre el particular se expresaron Ga-lindo y Escosura: “Cómo ha de entenderse el art. 126 de la Ley. — Nada tan sencillo, al parecer, como el principio sen-tado en el art. 126; y ha sido, sin embargo, motivo de muchas dudas y objeto de numerosas Resoluciones. Y éstas han re-conocido como causa principal, el que a pesar de ser la cons-titución de hipoteca un acto emanado del dominio, parece que el art. 126 la hace depender de la inscripción. No dice que no convalecerá la hipoteca constituida por el que no tenga dere-cho para constituirla, aunque el constituyente adquiera des-pués dicho derecho; sino la constituida por el que no tenga derecho para constituirla, según el Registro.

“En verdad, si el artículo se entiende literalmente, y se considera aislado, eso dice: pero como existen otros que han de armonizarse con éste, y como además su disposición, no explicada, se opondría a todos los principios de Derecho y aun a los que informan el sistema hipotecario, es indispensable limitar su alcance. La L. H. no es la que resuelve y determina la nulidad de los contratos; ni la falta a sus preceptos, como no sean repetición o confirmación del Derecho civil, puede engendrarla. Limitada a recoger todos los datos necesarios para que el estado de la propiedad sea patente, a la forma en que han de hacerse constar, a los efectos que hacia terceros produce la omisión de estas circunstancias, no sienta reglas respecto a la validez de los contratos que han de inscribirse; y la calificación que de ellos haga el Registrador, se ha de fundar en las leyes civiles que los regulan. Si las circunstan-cias exigidas por la L. H. para inscribir, se cumplen, y la civil tiene por bueno el contrato, se inscribirá; pero si aque-llas circunstancias no se llenan, aunque el contrato sea válido por la Ley civil, no se inscribirá. Sería, pues, una intrusión manifiesta en la Ley civil, si la Hipotecaria hubiese dispuesto, como han entendido algunos, que si constituye la hipoteca el que no tiene inscrito su dominio en el Registro, es ineficaz; con ineficacia tan absoluta, que la inscripción posterior del dominio no la convalidaba.

“Opónese también esta interpretación a lo dispuesto en el art. 20 de la Ley, fundamental en la materia, que dispone se suspenda la inscripción de un derecho constituido o transmi-tido por quien no aparezca dueño del inmueble, si no apare-ciese tampoco ser de otro, o se deniegue si esto apareciese; pero que no declara nula la constitución o transmisión, ni impide que subsanada la falta puramente hipotecaria, e ins-crito el dominio del derecho, se inscriban aquéllas.

“No ha de estimarse, pues, que la inscripción es tan necesaria, que el dueño de una cosa no inscrita no pueda hipotecarla, siendo el contrato nulo e ininscribible por defecto insubsanable; sino que, si bien no podrá registrarse la hipo-teca mientras no lo esté el dominio, inscribiéndose éste, no hay dificultad en inscribir la hipoteca.” Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, Tomo 3, págs. 275-6, Ed. 1903. Concurren: Barrachina, Derecho Hi-potecario, Tomo 3, págs. 53-54; Morell & Terry, Legislación Hipotecaria, Tomo 3, pág. 700 y ss., Segunda Edición.

HH

Sostiene la recurrente que por no constar, a la fecha de presentación de la hipoteca por $5,897.20, previamente inscrito o anotado el título de propiedad de los deudores Carroll, debió la Registradora denegar la inscripción de la hipoteca, según ordena el Art. 20 de la Ley Hipotecaria y no “esperar” a que un tercero presentara el documento que completara el tracto y viabilizara la inscripción. El argumento es teórico en extremo porque de denegar venía la Registradora obligada a tomar anotación preventiva a favor del tenedor del pagaré por 120 días y al presentarse la escritura de compraventa a favor de los Carroll se hubiere disuelto el obstáculo de registro al igual que ocurrió cuando dicho título de dominio fue presentado trece días después de la hipoteca. No puede concluirse que la recurrida demorara ex-profeso la calificación si para el 23 de agosto de 1976 ya había inscrito los tres documentos concernidos presentados los días 6 y 19 del mismo mes y año. Se cumplió con el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”. Según el Art. 17 de la Ley Hipotecaria, inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título traslativo del dominio o de la posesión de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real. Inscrito el dominio a favor de los deudores Carroll, el citado Art. 17 no impedía, la inscripción de la hipoteca que había llegado antes al Registro porque la prohibición se entiende limitada a los títulos que se opongan al presentado, anotado o inscrito, o sean incompatibles con el mismo, y en este caso, por el contrario dichos títulos son armónicos. Riera v. Registrador de San Juan, Sec. 1a, 23 D.P.R. 540, 544-45 (1916); Morell y Terry, Legislación Hipotecaria, Tomo 2, pág. 232, Ed. 1927; Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo 2, págs. 154 y 161, in fine 169, Sexta Edición (1968). El principio de prioridad regis-tral (prior tempore potior iure) impone al Registrador la obligación de despachar los títulos presentados por el rigu-roso orden de su presentación al Registro. Hay en este trá-mite un saludable grado de automatismo dictado por la cronología, supeditado, sin embargo, a la prueba depuradora de la calificación en la que se cumplen los principios de le-galidad y tracto sucesivo.

No es materia a adjudicarse en el recurso gubernativo si los deudores, que dentro del mecanismo de Registro obtuvieron rango de primera para la hipoteca menor a costa del crédito mayor de la financiadora Ponce Federal Savings & Loan Association, se han colocado en la posición prevista en las cláusulas tercera y décimoctava de la Escritura Núm. 97, ante el notario Lie. Sanabria Quiñones, que disponen vencimiento acelerado y ejecución para en caso de que dicha hipoteca no se inscriba con el rango convenido en la escritura de constitución del crédito.

El análisis de las cuestiones suscitadas nos lleva a la conclusión de que la Registradora actuó conforme a Derecho y no le restó valor legal a los documentos de la recurrente. No procede el recurso gubernativo. Desestimado.

      Sec. 17, Ley Núm. 3 de 2 de septiembre de 1955 (30 L.P.R.A. sec. 1764).

      En Jiménez, supra, como en el presente caso, solicitaba el recu-rrente que se anulara una inscripción y se practicara otra nueva, con lo cual pueden ser afectados derechos de partes.

       Concepto tomado del texto inglés de la Ley de Recursos Gubernativos de 1902 que en su Art. 1 dice: “. . . when any registrar of property refuses absolutely or provisionally to record or to give its full legal effect to any document. . . .” Hay alguna analogía entre este fundamento de re-curso y el provisto por el Art. 112 del Reglamento Hipotecario Español “a efectos exclusivamente doctrinales aun cuando se hubieren inscrito los documentos calificados en virtud de subsanación de los defectos alegados en la nota del Registrador.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, pág. 294, Sexta Ed. (1968).

      En la profusa compraventa de viviendas en Puerto Rico es prác-tica corriente, y enteramente legal, como se indica más adelante, cons-tituir hipoteca en garantía del precio aplazado en el mismo acto en que se otorga el título de propiedad, sin esperar por la inscripción del dominio a favor del comprador hipotecante. La teoría de la recurrente impondría la supresión total del presente método de financiamiento de viviendas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Pagán Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-76-115

      Resuelto: 22 de diciembre de 1976

      José Rafael Gelpí, B. Quiñones Elias y Julio Luis Castro, aboga-dos del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Para la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la acusación la perjudicada tenía doce años. El acu-sado, hombre de 58 años, estaba casado en segundas nupcias con una tía de ésta, la que padecía de asma. Con motivo de este padecimiento el acusado en ocasiones requería la coope-ración de la perjudicada para que le cuidara los dos niños del matrimonio. El 11 de agosto de 1974, en la madrugada, la fue a buscar para que se quedara con sus primos mientras él llevaba su esposa al hospital. La madre, con la confianza de ser un hombre mayor, casado con su hermana, le permitía ir. Como “ella era una nena y él era un señor mayor de edad, yo me imaginaba que él me la trataba como hija.” El acu-sado llevó a su esposa al hospital y regresó aún estando de noche. En esa ocasión tuvo relaciones íntimas con la perju-dicada por primera vez. En otras dos ocasiones se repitieron. La niña salió encinta.

Convicto por tribunal de derecho apeló. Apunta como único error que la declaración de la perjudicada no fue co-rroborada.

Dispone la Regla 154 de Procedimiento Criminal de 1963, según quedó enmendada por la Ley Núm. 209 de 23 de julio de 1974, vigente la enmienda desde la misma fecha, en su parte pertinente que “en procesos por delitos de violación o tentativa de cometerlo, la prueba de corroboración será nece-saria solamente cuando de la prueba surja la existencia pre-via al momento de la alegada comisión del delito de relaciones amistosas, o amorosas, o íntimas o de igual naturaleza entre el acusado y la perjudicada.”

La nueva versión de esta Regla comienza a recoger el pensamiento moderno sobre la exigencia de corroborar el testimonio de la perjudicada en casos de violación. Ya en Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30, 37 (1974), en un caso de cómplice, apuntamos que esta exigencia está en pro-ceso evanescente en los sistemas de derecho más progresistas. Como hemos visto la Regla exime del requisito corroborativo en los casos de violación excepto cuando previo al momento de la alegada comisión del delito existan “relaciones amisto-sas o amorosas o íntimas o de igual naturaleza entre el acu-sado y la perjudicada.”

En la Exposición de Motivos del proyecto que dio origen a la nueva versión de la Regla 154 se expresa que “el funda-mento histórico y clásico legal que dio vida a la regla de corroboración en delitos sexuales, obedeció a la necesidad de proteger al acusado de imputaciones infundadas y que pudie-ran ser hijas de la reacción femenina ante el desamor o in-constancia del hombre, y ello no tiene aplicación en casos de inexistencia de relaciones previas.”

Es claro de la lectura de la regla y de la Exposición de Motivos que precedió el proyecto considerado por la Asamblea Legislativa que la intención fue eliminar el requisito de corroboración en casos de violación excepto en aquellos casos en que pudiera establecerse que hubo relaciones amorosas o parecidas, que pudieran dar base para que la mujer le imputara al hombre, ya fuera por despecho, celos o algo por el estilo que la animara a utilizar el proceso judicial como venganza. Obviamente la regla no exige que el acusado sea un completo y total desconocido para la perjudicada.

La prueba, como hemos expuesto, lo que revela es que la perjudicada era una niña de 12 años, sobrina política del acusado, que cuidaba de los hijos de éste cuando él tenía que llevar a su esposa al hospital y que éste se aprovechó de este hecho para saciar sus apetitos carnales.

El tipo de relación que hace necesaria la corroboración es otro. Ciertamente no es la relación familiar, el trato frecuente por circunstancias especiales. Es la relación íntima, amorosa, que pueden dar margen al despecho, ante la inconstancia y el engaño del hombre. Como bien expresa el Procurador General, “el nexo familiar existente entre la perjudicada y el acusado no cae ni puede contarse entre las relaciones amistosas, o amorosas o íntimas £o de igual naturaleza’ a que alude la regla. Los vínculos familiares son la fuente de unas relaciones muy peculiares que entendemos fueron excluidas por el Legislador cuando enumeró las antes mencionadas, porque según se trasluce de la intención legislativa de la enmienda a la Regla 154 de Procedimiento Criminal, el fundamento histórico que dio vida a la Regla de Corroboración en delitos sexuales obedeció a la necesidad de proteger al acusado de imputaciones infundadas que pudieran ser hijas de una reacción femenina como el despecho, ante el desamor o la inconstancia del hombre, y este princi-pío no tiene aplicación en casos en los que se viola la ley abusando de los más sagrados vínculos de familia.”

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto sepa-rado con el cual concurre el Juez Asociado Señor Martín.

Voto separado del

Juez Asociado Señor Negrón García

con el cual concurre el Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 1976

Convencido de que la regla de corroboración cualificada que prevalece en procesos de violación o su tentativa, de su faz infringe la prohibición constitucional de discrimen por razón de sexo, pues a priori arroja dudas sobre la suficiencia y veracidad del testimonio de toda mujer enerván-dolo frente al del hombre, cuya vigencia en nuestro ordena-miento jurídico no sólo representa un trato diferente, ar-caico e injustificado atribuíble a su condición única femenina, sino una afrenta que constantemente lesiona la dignidad hu-mana de dicho ser, uno por este fundamento mi voto a la opinión del Tribunal confirmando el dictamen de la sala Sen-tenciadora de instancia.

La, tradicional norma de abstención judicial que existe en torno a pronunciamientos sobre la validez de cuestiones constitucionales no suscitadas, cede por excepción en el caso de autos frente al mandato, ex proprio vigore, de “reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud del derecho y a la igualdad de oportunidades con el hombre”, y ante la dificultad procesal y escasa posibilidad de que en causas criminales pueda eficazmente levantarse el planteamiento por no ser ella la parte ni ostentar la capacidad necesaria al efecto.

         Según enmendada por la Ley Núm. 209 de 26 de julio de 1974.

       “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de ... sexo...Art. II, Sec. 1. (Énfasis suplido.)

      4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 2561-(Ed. 1961).


text:
      In re: queja del Lcdo. Aníbal Irizarry Alicea contra los Lcdos. Israel Roldán y Waldemar Hernández.

      Número: Q-314

      Resuelto: 22 de diciembre de 1976
   RESOLUCIÓN

Hemos examinado el expediente de queja promovido por el abogado Sr. Aníbal Irizarry Alicea contra los abogados Sres. Israel Roldán y Waldemar Hernández imputando al primero alteración de la firma de su cliente en contestación a interrogatorios y al segundo haber legalizado dicho docu-mentó con fecha antedatada; y vistos asimismo la Resolución del Hon. Roberto Veray Torregrosa, Juez Superior (Agua-dilla) de 14 de abril de 1976 exonerando de falta a dichos abogados luego de abrir una encuesta sobre sus actuaciones; y el Informe sobre investigación de la Administración de Tribunales que llega a la misma conclusión, se ordena el sobresei-miento de este asunto.

Ante la infundada y viciosa querella de conducta profesional promovida por el Lie. Irizarry Alicea quien en su declaración jurada de 18 de abril de 1975 ante el Asesor Legal de la Administración de Tribunales (pág. 5) dijo que hacía algún tiempo estaba “velando” a su compañero Roldán González, este Tribunal consigna su repulsa y severa censura de las actuaciones del abogado Sr. Irizarry Alicea. Es altamente impropio que un abogado haga imputaciones falsas que afecten la reputación y buen nombre de un compañero. La preservación del honor y la dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal y para ello todo abogado debe observar con sus compañeros una actitud respetuosa, sincera, honrada y de cordialidad y cooperación profesional, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal. Canon 27 de Ética Profesional. Archívese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario


author: PER curiam:

text:
      In re: Fernando Cruz Tollinche.

      Número: Q-369

      Resuelto: 29 de diciembre de 1976

      José Davidson Lampón, abogado de Fernando Cruz Tollinche.
   PER curiam:

Por encomienda del Juez Presidente el Director Administrativo de los Tribunales llevó a cabo una in-vestigación de la conducta profesional del notario Fernando Cruz Tollinche. El Director nos ha rendido un informe del cual aparece que dicho notario violó la Ley Notarial al otor-gar varios affidavits sin dar fe de la verdad o reconocimiento de la firma que en ellos aparecía.

Surge de la investigación que el notario Cruz Tollinche llegó a un arreglo con la Línea Aérea Mexicana de Aviación mediante la cual éste proveía a Mexicana de Aviación de unas formas previamente firmadas por él y selladas con su sello notarial. En ocasiones el notario Cruz Tollinche estaba presente para firmar los affidavits pero no así en otras, pro-cediéndose en estas ocasiones a llamar por teléfono a la ofi-cina del notario para tomar el número del affidavit corres-pondiente. Si no se conseguía al notario se procedía a llenar con cualquier número el affidavit contando este procedimiento con la aprobación del notario Cruz Tollinche.

En vista de la conducta impropia que revelan los anterio-res hechos concedimos término al susodicho notario para que compareciera a mostrar causa, si alguna tuviere, por la cual no debía ser disciplinado. Oportunamente compareció y ad-mitió, representado por abogado, que él no demostró verda-dero celo profesional en el desempeño de sus funciones nota-riales.

Constituyendo su conducta una crasa y flagrante viola-ción a la Ley Notarial, se dictará sentencia suspendiendo al notario Fernando Cruz Tollinche del ejercicio del notariado.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no interviene.


author: per curiam : Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Guillermo Troche Mercado, acusado y apelante.

      Número: CR-76-98

      Resuelto: 30 de diciembre de 1976

      Y amil Galib Frangie, abogado del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, Justo Gorbea Varona, Sub-procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

El apelante fue condenado a pagar dos mul-tas de $350 cada una por haber vendido a un agente encu-bierto varias papeletas de “Bolita”, en violación de la See, 4 de la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948 (33 L.P.R.A. see. 1250).

Señala que las sentencias son contrarias a derecho y a la prueba y que la citada Ley Núm. 220 es inconstitucional.

El primer señalamiento consiste en una impugnación de la apreciación de la prueba que hizo el tribunal de instancia. Examinado el caso, no encontramos razones para desechar las conclusiones de hecho de dicho Tribunal. La prueba de cargo, creída como lo fue, justifica a plenitud la confirmación de la sentencia. Pueblo v. De León Claudio, 99 D.P.R. 266, 271 (1970).

Sobre el planteamiento relacionado con la constitu-cionalidad de la Ley Núm. 220, el apelante no nos ha demos-trado ni convencido que la Asamblea Legisaltiva carezca de facultad constitucional para legislar sobre esta materia, no ya en virtud de conceptos de moralidad, sino en considera-ción a otros fines públicos de valía, entre los cuales se destaca la reglamentación de todos los juegos de azar, con miras a proteger que los mismos no caigan en manos inescrupulosas y se anule su utilidad social como fuentes de ingresos guber-namental.

Según expresamos en Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 41-42, citando a Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 585-586 (1961), “.. . el juego ilegal de la bolita causa graves males sociales en Puerto Rico. Por su conducto se escurren grandes sumas de dinero que pertenecen en su casi totalidad a los grupos económicamente débiles; ha facili-tado la creación y consolidación de organizaciones criminales profesionales que de esa actividad saltan a otras socialmente más peligrosas, y que constituyen un elemento erosivo en el cuerpo social y aun para la propia fuerza pública. Cf. Pueblo v. Adorno, 81 D.P.R. 518 (1959)

Recientemente reafirmamos dicho enfoque al estimar que esta legislación fue aprobada:

. . con el fin de poner fin a un mal que permite a personas que viven al margen de la ley explotar inmisericordiosamente al público de escasos recursos económicos y exprimir cuantiosos beneficios monetarios de las familias más necesitadas en nuestra comunidad, abusando de su buena fe y de sus ansias de mejora-miento económico.” Pueblo v. Figueroa Pérez, 96 D.P.R. 6, 9 (1968).

Independientemente de los criterios respetables que pue-dan existir respecto a si la tradicional persecución de la bo-lita representa al Estado mayores perjuicios que ventajas, y de si su prohibición logra a cabalidad los fines que le animan, corresponde al Poder Legislativo, con inventiva y visión, de-terminar el curso de acción a seguirse frente a otras alter-nativas propuestas.

La sentencia será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió en opinión sepa-rada.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 1976

El apelante fue convicto de vender “bolita” y de poseer material que podía usarse en dicho juego, en violación de la See. 4 de la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948 (33 L.P.R.A. see. 1250), conocida como la Ley de la Bolita.

En apelación hace dos señalamientos de error. En el pri-mero impugna la suficiencia de la prueba y en el segundo plantea la inconstitucionalidad del estatuto por no cumplir éste con el requisito constitucional de la igual protección de las leyes. Dicho requisito o protección constitucional está garantizado en Puerto Rico por la See. 7 del Art. II de nues-tra Constitución y por la Enmienda 14 de la Constitución federal.

Como se sabe, en cuanto a la igual protección de las le-yes, la ley puede hacer clasificaciones pero éstas deben obede-cer a criterios racionales y razonables. Las clasificaciones que se hagan deben estar razonablemente relacionadas con el propósito del estatuto; dicho propósito debe estar compren-dido dentro de los límites constitucionales de las facultades legislativas; y las clasificaciones deben estar basadas en dis-tinciones razonables. Miranda v. Sec. de Hacienda, 77 D.P.R. 171 (1954). Estos son principios de larga y sólida vigencia. Existen en el derecho norteamericano desde mucho antes de aprobarse la Enmienda 14. Su expresión clásica aparece en Barbier v. Connolly, 113 U.S. 27, 32 (1885), ya, desde luego, con posterioridad a la aprobación de dicha enmienda en 1868. Repugnan al texto constitucional las clasifica-ciones irrazonables y arbitrarias. Frost v. Corporation Commission, 278 U.S. 515, 522 (1929); Smith v. Cahoon, 283 U.S. 553, 556-567 (1931). El derecho histórico establecido con relación a las garantías que comprende nuestra Carta de Derechos ha quedado incorporado o puede ser incorporado por nosotros a nuestro derecho constitucional, Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 290 (1971), y como hemos indi-cado antes, podemos, cuando sea justo y conveniente, ampliar el ámbito de las garantías constitucionales contenidas en nuestra Carta de Derechos, sin sentirnos limitados por los confines que a garantías equivalentes les fije el derecho cons-titucional de los Estados Unidos. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 427 (1964); Aponte Martínez v. Lugo, supra, pág. 286 in fine.

Que el derecho no es estático pero que a la vez tiene que ofrecer garantía de estabilidad y de seguridad, es una de las paradojas con que se han confrontado jueces y juristas por siglos. El caso de autos es uno en el cual nos topamos con esa disyuntiva.

En el pasado sostuvimos la Ley de la Bolita a base del principio, de rango constitucional, de que el poder de policía del estado autorizaba a éste a prohibir la práctica de dicho juego de azar y en consecuencia lo autorizaba a recluir en la cárcel a los que interviniesen en el mismo y a confiscar la propiedad utilizada en relación con ese juego. La razón de por qué eso debía ser así nunca afloró muy claramente ni en la ley ni en los casos. Independientemente de las racionaliza-ciones más o menos convincentes que en ocasiones se expresa-ron, una premisa no dicha ni admitida explícitamente, en el sentido de que se consideraba inmoral jugar a la bolita parece que sirvió de soporte invisible a las decisiones judiciales que sostuvieron la prohibición estatutaria y las penalidades im-puestas.

No cuestionamos que para los años en que se aprobó esa legislación y en que se decidieron esos casos fuese válido el mencionado ejercicio del poder de policía. En un plano teó-rico podría discutirse si el estado debe legislar la moral pero no creemos necesario hacerlo aquí porque nos vamos a dirigir al problema concreto de la Ley de la Bolita en nuestros días. Ante la situación actual, que más, adelante precisa-mos, surge otro principio, también de rango constitucional, que no puede ignorarse. Nos referimos al de la igual pro-tección de las leyes.

En Puerto Rico hoy día es legal jugar en los casinos de los hoteles de turismo, en la Lotería de Puerto Rico, en la Lotería Municipal, en innumerables loterías o “bin-gos”, autorizados por ley, a los caballos, en las peleas de gallos y en las “picas” de las fiestas patronales cele-bradas anualmente en los 78 municipios de la isla. Todos esos juegos se han ido permitiendo y ello ha causado una gran erosión, sino total destrucción, de la vieja creencia puri-tana de que era inmoral jugar a los juegos de azar, hasta el extremo que lo que antes era la regla general — la prohibición — hoy día es la excepción.

Resulta arbitrario, por no existir criterio racional ni razonable que lo justifique, que se pueda encarcelar hoy día en Puerto Rico a una persona por jugar unos centavos a la bolita y que se pueda confiscar la propiedad utilizada en dicho juego, mientras que se permite que se juegue durante todo el año a los muchos juegos de azar que hemos antes men-cionado. Por ser irrazonable y arbitraria esa distinción entre el juego de la bolita y los otros mencionados juegos de azar permitidos, es inconstitucional la Ley de la Bolita, Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 33 L.P.R.A. see. 1247 y ss., porque viola la garantía de la igual protección de las leyes.

Yo revocaría la sentencia dictada en este caso.

       En Serra v. Salesian Society, 84 D.P.R. 322 (1961), resolvimos que la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego prohibido.

       Véanse, por ejemplo, Holden v. James, 11 Mass. 396 (1814) y Vanzant v. Waddel, 2 Yerger 260 (Tenn. 1829).

       Para expresiones contemporáneas, aunque en otro contexto, véase Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975).

      Castán, Teoría de la Aplicación e Investigación del Derecho, pág. 356 (1947); Pound, Law Finding Through Experience and Reason, pág. 23 (1960); Allen, Law in the Making, 7a. ed. (1964), pág. 346; Pound, Interpretations of Legal History, pág. 1 (1923); Friedmann, Legal Theory, 5ta. ed. (1967), pág. 86; 4ta. ed. (1960), pág. 32; Patón, Jurisprudence, 2da. ed. (1951), pág. 169; Buena Vista Dairy v. J.R.T., 94 D.P.R. 632 (1967).

       Sobre el debate contemporáneo sobre si el estado debe o no legislar la moral, puede verse Hart, Law, Liberty and Morality (1963); Lord Devlin, The Enforcement of Morals (1965); Wolfenden Committee Report (1957); Friedmann, Legal Theory, 5ta. ed. (1967), pág. 45; Maclver, The Modem State, pág. 149 y ss. (ed. 1964).

       15 L.P.R.A. see. 71 y ss.

       15 L.P.R.A. sec. Ill y ss.

      15 L.P.R.A. see. 601 y ss.

       15 L.P.R.A. see. 151 y ss.

       15 L.P.R.A. see. 181 y ss.

      15 L.P.R.A. see. 292 y ss.

      15 L.P.R.A. sec. 80.

      MacIver, The Modern State, pág. 158 (ed. 1964).

       Aunque sobre este asunto me había expresado anteriormente en Sánchez Reyes v. Srio. de Justicia, 104 D.P.R. 582 (1976), me pareció con-veniente ampliar mis puntos de vista sobre el particular.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Lino Roldán Medina, Etc., demandantes y recurridos, v. Kenneth Serra, Etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-76-193

      Resuelto: 30 de diciembre de 1976

      José Roberto Lugo, abogado de la demandada Federal Insurance Co., José A. Rivera Mercado y UVpiano Falcón Matos, aboga-dos de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Al dictar sentencia que declaró con lugar una demanda por daños y perjuicios como consecuencia de un accidente automovilístico, el tribunal condenó al demandado, como causante del accidente, y a su aseguradora, a pagar $54,500 a los demandantes. De esa cantidad, corresponde a la asegu-radora pagar $5,000, límite máximo de cubierta bajo la pó-liza. El tribunal determinó, además, que los demandados fueron temerarios al defenderse contra la acción y condenó a ambos — asegurado y aseguradora — a pagar a los demandan-tes solidariamente, $5,500 por concepto de honorarios de abogado, más intereses legales sobre la totalidad de la suma adjudicada en la sentencia, a computarse desde la fecha en que se interpuso la demanda. La compañía aseguradora ha recurrido ante nos. Impugna la determinación de que fue temeraria, y alega que, de haberlo sido, respondería de in-tereses legales a computarse únicamente sobre $5,000, que es su límite de responsabilidad bajo la póliza, y no sobre la totalidad de la suma adjudicada en la sentencia. No tiene razón.

En horas de la noche del 5 de noviembre de 1971 un auto-móvil, conducido por Kenneth Serra chocó contra otro auto-móvil, en que viajaba como pasajera Mildred Roldán Torres, joven estudiante universitaria. Serra desobedeció la luz roja de un semáforo e irrumpió y chocó contra el otro automóvil en momentos en que éste cruzaba, con luz verde a su favor, por la avenida Ponce de León en Santurce. La violencia del impacto causó que el automóvil en que viajaba Mildred se volcase, sufriendo ella tres fracturas de la pelvis, fractura del fémur izquierdo, y serias lesiones internas, entre ellas, amputación traumática del tubo de falopio izquierdo, todo lo cual requirió prolongado y doloroso tratamiento médico y hospitalización en varias ocasiones, produjo un acorta-miento de una de sus extremidades y serios impedimentos físicos e intensas angustias mentales a dicha joven, quien a causa de ello perdió su año escolar en la Universidad de Puerto Rico.

La investigación del accidente practicada por la Federal Insurance Company, aseguradora del automóvil de Serra, estableció que éste fue responsable del accidente. No obstante, al contestar la demanda que en julio de 1972 presentaron Mildred, sus padres y dos hermanas de ella en reclamación de indemnización por daños, la Federal Insurance y su ase-gurado negaron la alegación de negligencia y se opusieron a la reclamación de los demandantes. La Federal Insurance alegó como defensa afirmativa que el accidente fue causado por el conductor del automóvil en que viajaba Mildred, a quien imputó que se aproximó a la intersección “a mayor velocidad y sin detenerse en la luz roja que hay en la inter-sección donde ocurrió el accidente.”

No hay base alguna en los autos que nos permita revisar la determinación del tribunal de instancia de que los deman-dados fueron temerarios. Por el contrario, nuestro examen de los autos reafirma tal determinación. La investigación hecha por la compañía aseguradora reveló que Serra fue responsable del accidente. La compañía pagó al dueño del otro automóvil los daños causados a dicho vehículo como re-sultado del accidente. Pagó, además, a otra reclamante que también viajaba en el automóvil en que iba Mildred el máxi-mo de su cubierta — $5,000—en una transacción que mereció la aprobación del tribunal sentenciador en marzo de 1974. El 31 de octubre de 1974, más de dos años después de estar litigando contra la demanda que aquí nos ocupa, hizo una oferta de sentencia para consignar a favor de los demandan-tes los $5,000 importe máximo de cubierta bajo la póliza. Dicha oferta se condicionó, como única responsabilidad adi-cional, al pago de las costas devengadas hasta entonces, “sin necesariamente admitir nada a favor ni en contra de nin-guna de las partes en el presente litigio.” Esta oferta fue retirada luego de oponerse a ella los demandantes a menos que se impusiera a dicha demandada el pago de intereses a partir de la presentación de la demanda y honorarios de abogado, por entender que no la relevaba de su temeridad in-currida hasta entonces.

Nuestra jurisprudencia sobre el particular es clara. Una compañía aseguradora se libera de los efectos de la temeridad si, persuadida por su investigación de que el accidente se debió a la negligencia de su asegurado, así lo informa al tribunal en su primera alegación, independientemente del criterio del asegurado. Vda. de Passalacqua v. Cancel, 90 D.P.R. 501, 503 (1964); U.S. Casualty Co., v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 785, 789 (1964). En tal caso, si conforme a su estimación de los daños, la compañía aseguradora estima que su valor excede los límites de su responsa* bilí dad bajo la póliza, es su deber consignar el importe máximo que venga obligada a pagar bajo la póliza. Con ello se demuestra buena fe y se ayuda a una más pronta solución del pleito, y se exime la aseguradora de ser hallada incursa en temeridad. La oferta de sentencia es un medio apropiado para lograr ese propósito, Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R, 797 (1976), pero ésta debe hacerse oportuna-mente, es decir, en la primera oportunidad. La oferta de sen-tencia no borra la temeridad incurrida por un litigante hasta el momento en que es hecha. Es a lo sumo un atenuante a ser considerado al sancionar su temeridad.

Veamos el aspecto de los intereses. Independientemente de si un demandado ha sido temerario, viene éste obligado a pagar los intereses, al tipo legal, que se acumulan sobre la cuantía adjudicada por sentencia, a computarse dichos in-tereses desde la fecha de la sentencia y hasta la fecha en que el importe de la sentencia sea satisfecho. Art. 1649 del Códi-go Civil, 31 L.P.R.A. see. 4591.

Las pólizas de seguros sobre automóviles contienen una cláusula, contenida en la póliza expedida por la Federal Insurance Company que aquí nos ocupa, conocida en los Estados Unidos como standard interests clause, y que llamaremos la cláusula sobre intereses a pagar. Dispone dicha cláusula que la compañía aseguradora, en relación con cualquier pleito instado contra el asegurado, se obliga a pagar:

“. . . todas las costas que se impongan contra el asegurado en tal pleito y todos los intereses que se acumulen luego de que se dicte sentencia hasta que la compañía haya pagado o efec-tuado o depositado en corte aquella parte de la sentencia que no exceda los límites de responsabilidad de la compañía bajo la póliza.”

Esta cláusula ha sido interpretada por algunas jurisdicciones en los Estados Unidos para limitar los intereses a pagar por la compañía aseguradora a aquellos que se acumulen sobre el principal de que responde la compañía bajo la póliza. Snider v. Farm Mutual Auto Ins. Co., 360 F.Supp. 929 (1973); Coveney v. Nationwide Mutual Ins. Co., 295 N.Y.S.2d 814 (N.Y. 1968); Hafer v. Schauer, 239 A.2d 785 (Pa. 1968); Lehner v. County of Erie, 279 N.Y.S.2d 581 (N.Y. 1967); Crook v. State Farm Mutual Auto Ins. Co., 112 S.E.2d 241 (S.C. 1960). Se ha basado dicha inter-pretación en que la cláusula no es ambigua y en que obligar a la aseguradora a pagar intereses sobre la suma total dis-puesta como indemnización por la sentencia equivaldría a imponer a la aseguradora una responsabilidad vicaria.

La mayoría de las jurisdicciones estadounidenses se pro-nuncia, sin embargo, en contra de tal interpretación. Cates v. Moyses, 394 N.W.2d 380 (Mich. 1975); In Re Estate of Tichota, 215 N.W.2d 885 (Neb. 1974); Stamps v. Consolidated Underwriters, 493 P.2d 246 (Kan. 1972); Grain Dealers Mutual Ins. Co. v. Quarrier, 175 So.2d 83 (Fla. 1965); Gass v. Carducci, 203 N.E.2d 289 (Ill. 1964); Ferro v. State Farm Mutual Auto Ins. Co., 169 So.2d 417 (La. 1964); Southern Farm Bureau Casualty Ins. Co. v. Robinson, 365 S.W.2d 454 (Ark. 1963); Powell v. T. A. & C. Taxi, Inc., 188 A.2d 654 (N.H. 1963); Allstate Ins. Co. v. Warren, 125 So.2d 886 (Fla. 1961); Haskell v. Siegmund, 170 N.E.2d 393 (Ill. 1960). Entienden que la cláusula es ambigua y debe por tanto interpretarse contra la compañía, y que, como la aseguradora controla la litigación y, retrasando el pago puede influir en la acumulación de intereses, debe ser res-ponsable por tales retrasos.

Los tratadistas se inclinan a favor de la segunda solu-ción, por considerarla más justa. Véanse 8 Appleman, Insurance Law and Practice, sec. 4899; Mathew Bender, Personal Injury Newsletter, vol. 19, no. 5, 1975, págs. 55-56. Véase, además, 15 Couch, Insurance 2nd, sec. 56:36, págs. 705-706.

A nuestro juicio la cláusula es ambigua y se presta, como lo demuestran los casos citados, a diferentes interpretaciones. Siendo así, y por tratarse de un contrato de adhesión, debe interpretarse de la manera menos favorable a la compañía aseguradora. Ferrer v. Lebrón García, 103 D.P.R. 600 (1975); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91 (1974); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759 (1968); Pérez Escolar v. Collado, 90 D.P.R. 806 (1964); León Ortiz v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 781 (1973). Se fortalece la aplicación de la norma de hermenéutica en este caso si consideramos que la póliza que aquí nos ocupa está redactada en el idioma inglés, no obstante haber sido expedida para regir en Puerto Rico, en que el vernáculo es el español.

Nos parece, además, que la existencia misma de la cláusula evidencia su propósito. Sería inconcebible si no existiera la cláusula, que su ausencia implicase que el asegurado debe pagar los intereses que se acumulen sobre aquella parte de la sentencia de que deba responder la compañía aseguradora. Dicho de otro modo, sin que exista la cláusula, la aseguradora viene siempre obligada a pagar los intereses que se adeuden sobre la parte de la sentencia de que ella responda. El propósito obvio de la cláusula es, por tanto, dar una protección al asegurado que sin la cláusula no existiría, a saber, responsabilizarse la compañía aseguradora del pago de todos los intereses que se acumulen sobre la totalidad de la sentencia, de cuya responsabilidad responde la aseguradora hasta el momento en que pague. Efectuado el pago por la aseguradora son de cuenta del asegurado los intereses que desde entonces se acumulen sobre la parte insoluta de la sentencia que sea de su responsabilidad por exceder el límite de la póliza.

En cuanto a los intereses por temeridad la situación es distinta. Los intereses acumulados después de sentencia sobre la totalidad de la indemnización concedida son de la responsabilidad de la aseguradora hasta el momento en que consigne todo lo que venga obligada a pagar por así haberse convenido en la póliza, según hemos visto. Dicho de otro modo, la obligación de la aseguradora en este sentido surge del contrato de seguros. La obligación de pagar intere-ses por temeridad surge, sin embargo, de la ley. A tal efecto se enmendó la Regla 44.4 de Procedimiento Civil en 1967— Ley Núm. 68 de 26 de mayo de ese año — para adicionarle el siguiente inciso:

“(e) [Interés legal.] El Tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés legal desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y perjuicios, a computarse sobre la cuantía de la sentencia, ex-cepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, las corporaciones públicas, o los municipios de Puerto Rico, disponiéndose que las disposiciones de este inciso solamente serán aplicables a las causas de acción que surgieren con posterioridad a la fecha de su aprobación.”

El tribunal sentenciador puede encontrar temeraria a la aseguradora o al asegurado, o a ambos, e imponer el pago de intereses, conforme al citado inciso, desde la interposición de la demanda. Pero la ley no autoriza que tal imposición sea solidaria y no podemos ir más allá de lo dispuesto en la ley por flagrante que nos parezca la temeridad incurrida.

No pasamos por alto que generalmente es la compañía aseguradora la que controla la litigación del caso suyo y de su asegurado. Pero no puede ser responsabilizada por intereses impuestos a base de temeridad que excedan los computados sobre las sumas que venga obligada a pagar bajo la póliza. Esta misma interpretación la hallamos en las juris-dicciones estatales. Véanse Cates v. Moyses, supra, y Stone v. Fawcett, 234 N.W.2d 577 (Mich. 1975), que resuelven que los intereses devengados durante el período anterior a la sentencia que se impongan a la aseguradora están limitados a aquellos que correspondan a la cuantía de la sentencia que no exceda de los límites de la póliza, pero que los que se deri-ven después de dictada sentencia se impondrán sobre la tota-lidad de ésta hasta que la aseguradora satisfaga su parte de la sentencia. Así debe serlo, pues la póliza de seguros se re-fiere específicamente a los intereses acumulados después de la sentencia.

Veríamos con simpatía que en aquellos casos en que la aseguradora sea responsabilizada por la litigación temera-ria de un pleito en que ella tuviera el control venga obligada a pagar los intereses dispuestos por la Regla 44.4 (e) compu-tados sobre la totalidad de la indemnización que ella y su asegurado deban pagar. El de autos sería un caso que justi-ficaría tal acción. Pero tal norma requiriría acción legisla-tiva. Mientras tanto, la condena en honorarios de abogado y en particular su cuantía pueden servir de sanción acorde al grado de temeridad incurrida, los cuales deben ser satis-fechos por la compañía aseguradora. Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405, 411 (1972); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962).

Se modificará la sentencia del tribunal de instancia a los únicos fines de imponer a la Federal Insurance Company los intereses por temeridad sobre la suma de $5,000 desde la fecha de presentación de la demanda hasta la fecha en que se dictó sentencia, y en adición a ello los intereses al tipo legal dispuestos por el Art. 16 If, 9 del Código Civil, computados so-bre la totalidad de la sentencia y sobre la cuantía de hono-rarios de abogado, desde que ésta se dictó y hasta que dicha compañía aseguradora hubiere pagado o consignado aquella parte que le corresponda satisfacer bajo la póliza.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín concurren en el resultado.

       El texto en inglés dice así:
      “. . . all costs taxed against the insured in any suit and all interest accruing after the entry of judgment until the company has paid or tendered or deposited in court such part of such judgment as does not exceed the limits of the company’s liability thereon.”

      Para lista de casos más extensa, véase 76 A.L.R.2d 994, Later Case Service 76 A.L.R.2d 73-76, págs. 492-493.

      Para lista de casos más extensa, véase 76 A.L.R.2d 994, Later Case Service 76 A.L.R.2d 73-76, págs. 492-493.

       La manifiesta temeridad de la Federal Insurance Company queda evidenciada en las siguientes determinaciones que sobre este aspecto for-muló, luego de una vista sobre el particular, el tribunal de instancia.
      “1. Don Roberto Sueiro, Gerente de Reclamaciones de la codemandada Federal Insurance Company, tuvo conocimiento del accidente a que se contrae la demanda desde varios días después de la ocurrencia del mismo y ordenó, como era de costumbre, la investigación del caso a su subalterno Sr. Frank Rolón.
      “2. El Sr. Frank Rolón completó la investigación y concluida la misma celebró una conferencia con el Sr. Sueiro. En la misma el Sr. Sueiro advino en conocimiento de la seriedad del caso y dió instrucciones especí-ficas para que no se pagara ninguna reclamación en la esperanza y con el propósito de que los perjudicados no formularan reclamación y sus derechos prescribieran, redundando ello en beneficio de la compañía ase-guradora y por ende a su asegurado.
      “3. La compañía aseguradora, para mayo de 1972, determinó cuál era el interés económico del dueño del vehículo Mazda, Sr. Leandro Saliva Guilbot, que había estado envuelto en el accidente con su asegurado Kenneth Serra, aplicó un por ciento de depreciación por el tiempo en que dicho perjudicado había utilizado su vehículo y satisfizo la diferencia entre el interés económico del Sr. Saliva en el vehículo y la depreciación.
      “4. Desde el mes de mayo de 1972 y, en una forma más precisa, en el mes de julio de 1972, el Sr. Sueiro, por las conversaciones sostenidas con su investigador y por el informe que le hiciera este último al Sr. Sueiro, tuvo pleno conocimiento de que su asegurado había sido negligente y así también tuvo conocimiento de que los daños sufridos por la deman-dante eran de naturaleza grave.
      “5. Al radicarse la demanda, la misma fué recibida por el Sr. Sueiro en representación de la demandada Federal Insurance Company y fue re-ferida a los Ledos. Seguróla & Montalvo conjuntamente con varios docu-mentos. El señor Sueiro discutió con sus abogados las alegaciones de la demanda y autorizó las contestaciones que se dieron a la misma. Estas contestaciones nunca fueron enmendadas y dichas contestaciones fueron defendidas a lo largo de todo el proceso de la vista del caso. El Sr. Sueiro, representante de la codemandada Federal Insurance Company, nunca instruyó a sus abogados que depositaran el monto de la póliza y que dicha compañía renunciaría a defenderse. Todo lo que hizo fue ofertas del límite de la póliza, en la mayor parte de las veces exigiendo un relevo total de la responsabilidad de la compañía aseguradora y de su asegurado y una oferta de sentencia a través de la Regla 35.2, a cuya oferta de sentencia el Tribunal ordenó su retiro por oposición formulada por el otro codemandado Dr. Kenneth Serra y por oposición fundamentada de la parte demandante. Luego de dicha oferta de sentencia,, la codemandada Federal Insurance Company se defiende durante todo el juicio, sin usar ningún procedimiento para relevarse de responsabilidad.
      “6. La demandada Federal Insurance Company mantuvo en todo momento el control de la defensa del caso a través de su Gerente de Re-clamaciones quien estuvo presente en el Tribunal en todo momento apor-tando información a su representación legal a la luz del resultado de su investigación para establecer la no existencia de negligencia de su ase-gurado y por ende de ella. Su actitud demuestra que actuó en forma con-tumaz y con crasa temeridad.”


author: per curiam :

text:
    Carmen Sosa Rodríguez, demandante y recurrida, v. Alberto Rivas Sariego, demandado y peticionario.

      Número: O-75-467

      Resuelto: 31 de diciembre de 1976

      Leonardo Llequis, abogado del peticionario; Félix A. Rodríguez Mejias y Carlos Colón Marchand, abogados de la recurrida.
   per curiam :

El 5 de marzo de 1975 la demandante pre-sentó una moción de desacato contra el demandado por haber éste incumplido con la obligación impuéstale por el tribunal de instancia en dos casos civiles consolidados bajo el número RF-60-8411 consistente en el pago de la pensión alimenticia correspondiente a los tres hijos habidos en el matrimonio del demandado y la demandante. La obligación del demandado consistía en pagar $50 mensuales a cada uno de los tres hijos. El demandado contestó la moción alegando (1) que dos de sus hijos estaban emancipados por mayoría de edad y el ter-cero por razón de su ingreso en el servicio militar de los Estados Unidos; por cuya razón no venía obligado a pasarle alimentos; (2) que la demandante estaba impedida de recla-mar las pensiones alimenticias de sus dos hijos mayores de edad y (3) que las reclamaciones que excedieran 5 años esta-ban prescritas.

El tribunal de instancia limitó las reclamaciones a los cinco años precedentes a la fecha de la moción de desacato a la luz de lo dispuesto en el Art. 1866 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5296, retrotrayendo la deuda al 5 de marzo de 1970.

Concluyó el tribunal sentenciador que la hija Carmen había cumplido los 21 años en 28 de septiembre de 1974 por lo que limitó la reclamación de ésta hasta esa fecha. El de-mandado adeudaba en su consecuencia 54 meses a razón de $50 mensuales para un total de $2,700. Concluyó además que la hija Rosario había comenzado a trabajar a fines de sep-tiembre de 1974 desde cuya fecha no residía con la deman-dante, por lo que le reconoció una acreencia del demandado dé $2,700 por 54 meses. Y, finalmente, reconoció que el hijo Alberto, quien entró al Ejército en agosto de 1974, cuando comenzó a tener ingresos propios, y quien advendrá a su ma-yoría de edad en febrero de 1977, tenía derecho a 53 mensua-lidades ascendentes a la suma de $2,650.00.

El demandado alegó que ha estado desempleado por algún tiempo en los últimos años, que a septiembre de 1975 (fecha de la vista) recibía $50 mensuales por desempleo, que se ha casado tres veces y es padre de 9 hijos (incluyendo los tres envueltos en este pleito) y que su actual esposa recibe in-gresos de $550 mensuales. El tribunal concluyó, sin embargo, que no había presentado prueba suficiente para justificar sq incumplimiento. También concluyó que el demandado nunca ha solicitado reajuste o relevo de su obligación en cuanto a la pensión alimenticia objeto de este pleito.

En vista de lo anterior el tribunal recurrido lo declaró incurso en desacato civil y ordenó su arresto y encarcela-miento hasta que éste hubiese pagado la deuda por concepto de las pensiones alimenticias atrasadas, cuya determinación quedó en suspenso a condición de que el demandado cumpliera con lo siguiente:

1. En o antes del día 15 de octubre de 1975 deposite en la Secretaría del Tribunal un abono a su deuda no menor de $2,000.

2. Pague el resto de lo adeudado, o sea, $6,050 a razón de $200 mensuales comenzando el día 1 de diciembre de 1975 hasta el total pago de lo adeudado.

3. Todo pago que haga el demandado deberá hacerlo en giro postal o cheque certificado a favor de la demandante, por con-ducto de la Secretaría de este Tribunal.

Impuso además la suma de $150 por concepto de honora-rios de abogado.

Expedimos orden dirigida a las partes para que mostra-ran causa por la que no debía modificarse o revocarse la Orden recurrida y ordenamos que se elevaran los autos del caso civil RF-60-8411 para ser examinados en conexión con la orden de mostrar causa.

Compareció la recurrida a reafirmar su derecho a la pensión alimenticia para beneficio de sus tres hijos y acepta que la reclamación queda limitada a los cinco años anterio-res a la fecha de la moción de desacato conforme lo determinó el tribunal. El peticionario sometió su recurso sin argumen-tación adicional.

Queda por resolver si la condena por desacato con la con-siguiente orden de arresto y encarcelamiento del demandado debe prevalecer.

Hemos dicho que el Estado, y sus tribunales de justicia en tanto hablan por el Estado, y en su función de parens patriae, tienen un profundo interés público y social de que sus sentencias de alimentos a menores de edad sean cumplidas. Guzmán Vega v. Piñero Piñero, 91 D.P.R. 704 (1965). También hemos reiterado el poder de los tribunales de hacer cumplir sus sentencias, incluyendo los casos de pensiones alimenticias, a través del medio coercitivo de encarcelación. Véanse Pérez v. Espinosa, 75 D.P.R. 777, 781 (1954); Ramírez v. Ramírez, 53 D.P.R. 189, 193 (1938). El remedio de desacato lo aplican los tribunales en el ejercicio de su poder incidental para hacer cumplir sus órdenes y proporcionar al alimentista, sobre todo en caso de menores, a través de dicho medio coercitivo, la oportunidad de lograr el cumplimiento de la sentencia que le concede alimentos. Véase Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901, 905. Dicho reme-dio por ser de naturaleza reparadora y no punitiva debe utilizarse con prudencia, por la privación de libertad que conlleva, y limitado a aquellos casos en que hubiere una deso-bediencia voluntaria y obstinada a una orden o sentencia concediendo alimentos y en que la continuada encarcelación del desacatador pueda surtir los efectos de dar al alimentista la reparación necesaria.

Un examen de los autos revela una conducta de morosidad de parte del demandado quien consistentemente ha incumplido, las menos de las veces en parte y casi siempre en su totalidad, con su obligación de satisfacer los alimentos que sus hijos han necesitado desde la fecha del divorcio en 1960. La demandante ha sobrellevado la carga con el fruto de su trabajo y en los últimos años con la ayuda de su nuevo esposo. En circunstancias normales no hubiéramos intervenido con la discreción del tribunal al condenar por desacato a un demandado que bien se lo merece por su actitud persistente de indiferencia, de injusticia y de insensibilidad hacia unas criaturas indefensas y desvalidas que resultan ser sus propios hijos, que de no haber sido por el amparo, calor y dedicación de la madre hubieran pasado hambre y miseria. Pero, tratándose de que las dos hijas Carmen y Rosario ya han alcanzado su mayoridad y ambas derivan ingresos de su trabajo, y que su hijo Alberto está en las fuerzas armadas y recibe también ingresos, no está presente la situación de que las alimentistas requieran alimentos inmediatos que justifique que el tribunal ejerza su poder de desacato. Por ello procede dejar sin éfecto la condena por desacato contra el demandado, pero queda, subsistente la obligación del pago de las sumas adeudadas determinadas por el tribunal de instancia, y el aumento de la cuantía de honorarios de $150 a $1,000 por la temeridad del demandado a lo largo del proce-dimiento. Lo que aquí resolvemos no prejuzga el derecho que le pueda asistir a las dos hijas mayores de edad para recla-mar alimentos de su padre si las circunstancias lo amerita-ren; ni el derecho que pueda tener el hijo aun menor de edad hasta llegar a su mayoridad y aun luego de alcanzarla si las circunstancias lo justificaren. Ni la emancipación ni la mayo-ría de edad de los hijos relevan al padre de su obligación de alimentarles si aquellos lo necesitaren. Véanse Art. 150 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. See. 569; Manresa, Código Civil Español, Tomo 1, págs. 791-792, ed. 1956.

Se expedirá el auto a los únicos fines de modificar la Orden dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 1ro. de octubre de 1975, en el caso civil RF-60-81i.ll, Carmen Sosa Rodriguez v. Alberto Rivas Sariego, para dejar sin efecto la condena por desacato contra él demandado y para aumentar los honorarios de abogado concedidos a la parte demandante a la suma de $1,000. Así modificada se confirmará.

      Para una discusión de la diferencia entre el desacato civil y el desacato criminal, véase Pérez v. Espinosa, supra.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Lydia E. Centeno Alicea, demandante y apelante, v. Elena Ortiz, demandada y apelada.

      Número: O-76-266

      Resuelto: 4 de enero de 1977

      Jaime Luciano Jiménez, abogado del apelante; José Elias Zayas, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Este es uno de esos casos de custodia de niños en los cuales el juez — especialmente el de apelación, que no vio ni oyó a los testigos declarar — quisiera tener facultades extraor-dinarias de clarividencia para saber cuál es la mejor solu-ción posible. Pero resolver debemos, y lo hacemos con los ele-mentos de juicio que Dios y el expediente del caso ponen a nuestra disposición.

En casos de esta naturaleza el derecho positivo es claro y el jurisprudencial conocido. Los hechos como casi siem-pre, son determinantes. El 5 de junio de 1965 nació el niño Andrés González Centeno (“Andy”) producto de relaciónales extramaritales de Andrés González Ortiz y Lydia Centeno. A esa fecha Lydia era soltera y tenía 18 años de edad. El padre del niño llevó a Lydia y a Andy a vivir con él a casa de su madre de él, la demandada Elena Ortiz. Cuando Andy tenía 7 meses Lydia regresó a su hogar materno con su hijo. Cuando éste tenía aproximadamente un año, como Lydia tra-bajaba, la abuela materna cuidó del niño. Posteriormente (no surge la fecha de los autos) Lydia casó con José Antonio Moya. El matrimonio y Andy se fueron a vivir a Nueva York, donde el matrimonio tuvo dos hijos más, un niño y una niña.

En 1971, cuando Andy tenía alrededor de 6 años, el ma-trimonio regresó a Puerto Rico. A mediados de ese año Lydia entregó a Andy a su padre. Lydia declaró que lo entregó tem-poralmente en lo que se terminaba una construcción que se llevaba a cabo en su casa, porque Andy era alérgico y el polvo del cemento le daba asma. Por su parte, la abuela pa-terna declaró que Lydia le había llevado el niño porque era muy voluntarioso y no podía con él.

Desde dicho año de 1971 hasta el 1975 Andy vivió con su padre y con su abuela paterna. En junio de este último año el padre de Andy murió en un accidente automovilístico. Desde la muerte de Andrés, el padre de Andy, Lydia trató de recuperar la custodia de su hijo pero sin éxito porque la abuela paterna ha rehusado entregárselo. En vista de ello, Lydia inició esta acción para recobrar la custodia de su hijo.

Se han hecho varias evaluaciones sicológicas de Andy, su madre y su abuela. Los peritos de la demandante, como generalmente ocurre cuando son peritos de parte, favorecen lá posición de la demandante, y los de la demandada favore-cen la posición de ésta. Los peritos de la demandante con-cluyen que el hijo debe regresar al lado de su madre, que debe criarse en un hogar normal donde hay padre y madre y que debe criarse junto a sus otros dos hermanitos.

Los peritos de la demandada concluyen que como Andy ha estado durante los últimos cinco años con su abuela y como ahora tiene aproximadamente 11 años de edad, sería per-judicial para el niño arrancarlo del hogar de la abuela y traspasarlo a otro que resultaría para él extraño. Estos últi-mos peritos declaran que Andy rechaza a su madre y prefiere quedarse con la abuela.

En general, los peritos de ambas partes coinciden en que Andy es un niño normal, de normal inteligencia y salud, aunque en los días del juicio demostraba la natural ansiedad que esa circunstancia generalmente produce. También la evi-dencia es incontrovertida en el sentido de que ambas familias, la formada por Lydia, su esposo y sus hijos, y la formada por la abuela y dos tías solteras de Andy, cuentan con facili-dades modestas pero adecuadas para mantener y educar a Andy. Ambas familias parecen pertenecer a la clase media baja, económicamente hablando. La madre de Andy es una persona de unos 30 años y su esposo es también persona joven. El matrimonio y sus dos hijos residen en Puerto Nuevo. La abuela tiene 50 y pico años de edad y reside con dos hijas adultas en un apartamento en Bahía, en la Parada 15, en Santurce.

La parte demandada insinuó que la demandante ha de-mostrado ahora interés en recobrar la custodia del niño porque debido a la muerte accidental del padre de éste es-peran ciertos beneficios económicos. No hay prueba de tal cosa.

La ilustrada Sala sentenciadora concluyó que se trata de un niño de unos 11 años de edad que ha pasado los últimos cinco al cuidado de su abuela paterna y que resultaría trau-mático y perjudicial para él separarlo drásticamente de ese hogar que considera el suyo. Falló a favor de la demandada e hizo ciertas determinaciones sobre los días en que la de-mandante podrá ver a Andy. No vamos a revocar ese fallo pero creemos pertinente hacer unas expresiones.

Esta decisión no es eterna. Como en estos casos el valor que gobierna la decisión es el bienestar del menor, si las circunstancias cambian y si ello se justifica, la decisión puede reexaminarse oportunamente a petición de parte. No vamos a hacerlo livianamente pero tampoco vamos a negarnos a priori a hacerlo. Desde luego, la prueba se practicaría en el Tribunal de Primera Instancia y a éste corresponderá fallar en primer lugar.

Como hemos indicado, en estos casos de patria potestad y de custodia de menores es el bienestar de dichos menores el objetivo a lograrse. Mas, ¿quién ha de decidir cuál es o dónde está el bienestar del menor? Hay que tomar con cuidado las preferencias demostradas por los niños pues éstas no siempre conducen a su mayor bienestar presente o futuro. Para dar un solo ejemplo de muchos posibles, con frecuencia un niño de 7 años, o de 12, o hasta de 14 preferirá quedarse en casa o en la calle jugando en vez de ir a la escuela. Esa preferencia no constituiría un paso hacia su bienestar. Normalmente son los padres los que están en mejor posición para guiar a sus hijos. Los padres normalmente quieren a sus hijos pero también sienten la responsabilidad de su educación y de su futuro. Los abuelos, por lo general, son más dados al mimo y a autogratificarse con la compañía del nieto.

Como es la madre en primer lugar la que tiene el derecho primario de tener consigo a sus hijos, la decisión de este caso es una de excepción y no la regla. Instamos a las partes a poner de su parte altruismo y nobleza y a poner el interés del menor por sobre el amor propio y el placer de ellas. Deben avenirse a lograr y mantener entre sí unas relaciones civiles y, si posible, cordiales para la mejor salud mental del niño. Es importante para dicha salud que el niño quiera y respete a sus abuelos pero también a sus padres, en este caso, a su madre. A cada parte le toca fomentar ese cariño y respeto del niño para con la otra parte.

En cuanto a los días y horas en que la madre puede tener consigo al niño, esto debe entenderse lo más liberalmente po-sible. No debe escatimarse el tiempo en que el niño esté con su madre si así lo desea. Estas situaciones no se curan con pleitos ni con órdenes de los tribunales. Se curan con cariño verdadero para con el niño, el cual es el cariño desinteresado; con respeto y tolerancia de una parte para con la otra; con el buen ejemplo; y creando un ambiente familiar de paz y de amor. El recuerdo de un ambiente así es lo mejor que abuela y madre le pueden dejar a su nieto e hijo. Andando el tiempo el hijo crecerá y es importante que cuando mire hacia atrás con mente de adulto pueda sentir cariño y respeto por ambas mujeres y que no sienta el rencor que le producirá el darse cuenta que se le privó irrazonablemente, siendo niño, de la compañía de sus hermanitos y de su madre. Confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado.

       Arts. 152 al 166 del Código Civil; 31 L.P.R.A. sees. 591 a 634.

         Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90, (1976); Feliciano v. Guzmán, 102 D.P.R. 246 (1974); Irizarry v. Irizarry, 98 D.P.R. 671 (1970); N.N.N. v. N.N.N., 95 D.P.R. 289 (1967); Hernáiz v. González, 93 D.P.R. 829 (1966).

       Teniendo la madre la patria potestad del niño es ella la administradora de esos bienes. Art. 154 del Código Civil; 31 L.P.R.A. sec. 611.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Martín Aymat, acusado y apelante.

      Número: CR-76-44

      Resuelto: 5 de enero de 1977

      Y amil Galib Frangle y José M. Muñoz Silva, abogados del ape-lante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Un jurado trajo veredicto de asesinato en primer grado contra el apelante, y otro de no culpable en el caso por porta-ción de un revólver cargado (Art. 8, Ley de Armas). La prueba, que descansa en el testimonio directo de un solo tes-tigo, estableció que existía estrecha amistad entre el acusado y la víctima Walter de Jesús, un próspero contable, ambos practicantes de un culto espiritista que propició el dominio de la mente y la voluntad de Walter por el amigo que se-erigió en su guía espiritual. Declaró el único testigo presencial que el 10 de julio de 1970, como a las cuatro de la tarde, el acu-sado lo invitó a acompañarle donde se hallaba De Jesús en la zona del faro de Cabo Rojo. Hubieron de abandonar el auto-móvil y subir una escarpada montaña hasta dar con De Jesús en un punto apartado, agreste y solitario de la costa. Se que-jaba de fuerte dolor de cabeza y tenía las manos sobre el cráneo. Al rato el acusado Aymat extrajo del bolsillo un fras-quito con un líquido blancuzco cuyo contenido le dio a tomar, lo que hizo el atormentado, quien quince minutos después aumentó su desesperación, se ponía rígido, se ñangotaba y se asía de los matojos que por allí crecían. El testigo intentó ayudarlo pero el acusado apuntándole con un revólver le pro-hibió que lo tocara o le hablara, por lo que el primero optó por abandonar el lugar, bajó hasta el automóvil y allí esperó al acusado cuyo automóvil conducía. En el antes descrito paraje aislado apareció tres días después, el cadáver descompuesto de Walter de Jesús.

El juez absolvió al acusado en el caso por posesión ilegal de un revólver (Art. 6, Ley de Armas). De la sentencia que le condenó a prisión perpetua por asesinato recurre el acu-sado y señala .en su alegato cinco errores, los dos primeros planteando falta de base en la prueba para el veredicto dé culpabilidad y errónea apreciación de la evidencia por el jurado; la nulidad del juicio, consecuencia de la indebida y excesiva participación en los procedimientos de algunos miem-bros del jurado; la limitación de su derecho al descubrimiento de pruebas y la negativa del tribunal a oír prueba sobre conducta impropia de dos jurados observada durante el juicio.

No se cometieron los dos primeros errores porque un jurado imparcial y objetivo pudo haber resuelto el conflicto entre la teoría del Pueblo y la coartada del acusado y su decisión basada en estricta credibilidad hubiese sido respetada en apelación. Pero el jurado no actuó con la objetividad y ecuanimidad que demanda su alto ministerio. La transcripción de la evidencia oral que consta de más de mil páginas recoge no menos de veinticinco intervenciones de miembros del jurado en el largo proceso, sometiendo a casi todos los testigos a acucioso interrogatorio, abriendo y explorando áreas de información con total menosprecio de la relevancia o admisibilidad de la evidencia, valiéndose para interrogar de listas de preguntas preparadas de antemano, interrumpiendo y argumentando con testigos y con el propio tribunal, solicitando y obteniendo la producción de evidencia documental que ni el fiscal ni la defensa habían estimado necesaria y pidiendo y logrando el retorno a la silla de los testigos del principal testigo de cargo y único presencial de los hechos, cuando ya había sido excusado y no se hallaba bajo las reglas del tribunal, y ya oída y admitida prueba originada por otros testimonios. La entrada y participación del jurado en el campo de contienda entre fiscal y abogado tomó carta de na-turaleza en el juicio al punto de que en determinado mo-mento, llegado el turno de contrainterrogatorio por el fiscal de un testigo de defensa, el juez que presidía expresó que debía antes permitirse al jurado interrogar pues posible-mente haría innecesario el contrainterrogatorio por el minis-terio público. En tal grado estuvo este jurado inmerso en la controversia entre partes que en por lo menos dos ocasio-nes en que el fiscal no consideró necesario utilizar su turno de preguntas, saltaron a la valla los juzgadores con las suyas (T.E. V pág. 812 y T.E. VI págs. 925-26).

El desarrollo del proceso criminal presenta una firme se-paración de las funciones investigativa y juzgadora, que al-canzó un elocuente reconocimiento en In Re Murchison, 349 U.S. 133, 139 (1955), donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, rechazó la figura del juez que primero in-vestiga como “gran jurado de uno” (one-man grand, jury) y luego se sienta a juzgar su propio investigado, calificándola como espectáculo en que el juzgador presenta prueba que finalmente ha de sopesar para decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. En este caso el jurado, especialmente por dos de sus miembros, se involucró tan intensa y extensa-mente en la contienda judicial con interrogatorios y hasta iniciativas para producción de evidencia, que sepultó la inte-gridad esencial del proceso. Por su dinámica actuación inquisitorial el jurado entró en impropio contacto con la prueba al punto de vulnerar el debido proceso. Se llegó a la situación extrema en que, distinguiendo a Murchison, supra, dijo este Tribunal: “En resumen, nunca ha sido ni es la norma cons-titucional que cualquier contacto previo con la prueba, no im-porta su alcance y efectos, incapacite a un juzgador para dirimir posteriormente los méritos de una controversia. En cada situación en que se alegue ese defecto constitucional hay que considerar la índole del procedimiento, el grado de rela-ción del juez con la prueba y los probables efectos de esa re-lación sobre su desinterés e imparcialidad y calibrar esos factores a la luz de la entereza moral y la disciplina profe-sional que necesariamente debe tener cualquier juez que me-rezca ese nombre.” In re Marin Báez, 81 D.P.R. 274, 287 (1959). Para corregir estos excesos también reservamos facultad revisora en Pueblo v. Quiles, 83 D.P.R. 63, 71 (1961).

La función del jurado consiste en escuchar la prueba que presenten el fiscal y la defensa y pasar juicio sobre la misma con una conciencia limpia y siguiendo las instrucciones relativas al Derecho aplicable que recibe del juez. Por ser jueces de los hechos cuyo veredicto tiene igual respetabilidad que el fallo de un tribunal de derecho, los jurados como cualquier otro juez, no deben ensombrecer su objetividad entrando al campo de lucha entre acusador y defensor que es el juicio criminal. En raras ocasiones estará en orden una pregunta de un jurado durante el examen de testigos, pero el juez que preside el juicio guardador de los 'principios constitucionales de debido proceso e imparcialidad que gobiernan los procedimientos (Constitución, Art. II, Secs. 7 y 11) debe motu proprio evitar el desenfreno de la participación forense por los jurados. Cuando se permita una pregunta del jurado al testigo para aclarar particulares de su testimonio, el juez debe estar atento al desarrollo de ese interrogatorio y cortar su vuelo a tiempo si resulta que nada hay que aclarar, o si el intento de aclaración se torna en encuesta inquisitorial. Aún más, el propio juez, si estimare la pregunta en orden, puede asumir la iniciativa de la aclara-ción que interesa el jurado toda vez que no siendo él quien juzga, tiene mayor latitud que el jurado para ejercer esta función sin lastimar la integridad del juicio, con la mesura que su alto oficio reclama, cuidándose de sustituir, en vez de complementar, la labor del fiscal o del defensor. Pueblo v. Pabón, 102 D.P.R. 436, 440 (1974). En los procesos por delito grave, ordena la Constitución en su Art. II, Sec. 11, el acu-sado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial.

El interrogador que no está restringido por la disciplina jurídica del profesional del Derecho ni moderado por la educada abstención del magistrado, caerá en el vicio de perseguir una contestación que coincida con su guardada opinión sobre el objeto de su pregunta y aun sin quererlo tomará una posición de antagonismo o simpatía hacia el testigo o el acusado que ofende la imparcialidad de su encomienda como juez de hechos.

El rol de jurados como examinadores de testigos es cuestión vital que afecta la legalidad intrínseca del proceso criminal y que requiere una supervisión por el tribunal que no puede ser abdicada o transferida a la elección del fiscal y la defensa entre allanarse u objetar este tipo de intervención. Es cerrar los ojos ante las realidades del proceso en que un hombre pasa juicio sobre otro, pretender que el defensor de un reo de asesinato en primer grado asuma en pleno juicio el papel de fiscalizador y supresor de las iniciativas forenses de algún miembro del jurado. Si tiene la rara suerte de no desencadenar la animosidad de los interrogantes, lo menos que le aguarda en la sala de deliberaciones es la callada con-vicción de que algo le oculta el acusado al jurado. Hemos restringido la excesiva participación del juez en los interroga-torios. Pueblo v. Aletriz, 85 D.P.R. 646, 652, 663 (1962); Pueblo v. Martínez Acevedo, 88 D.P.R. 199, 201 (1963); Pueblo v. Nieves Alvelo, 89 D.P.R. 47, 49 (1963). Con mayor razón, habida cuenta de su menor facultad de abstención, deben desalentarse los interrogatorios por el jurado.

El jurado puede moldear la calidad de la justicia criminal que se imparte en el país. Su libertad para pasar juicio es tan dilatada que en determinados casos de veredictos atados a un concepto moral prevaleciente en la comunidad, se reco-noce su capacidad para llegar a una solución justa superando impedimentos técnico-legales. Un cuerpo con tan altas atribuciones debe preservar escrupulosamente su objetividad, manteniéndose en el plano de juzgador no comprometido ni identificado con lado alguno de la controversia judicial.

La anómala intervención de los jurados en el juicio desnaturalizó el proceso judicial en perjuicio de la imparcialidad a que tenía derecho el acusado. Tratándose de un juicio por asesinato, en que un solo testigo sostiene tanto dicha acusación como la coetánea por portación de un revólver cargado (Infr. Art. 8, Ley de Armas), resultando del veredicto absolutorio en ésta que el jurado desechó la parte de su testimonio referente a portación de arma, mas no así la imputación de asesinato; y que el juez tampoco creyó dicha declaración por-que absolvió al apelante en el caso de posesión ilegal de un arma de fuego (Art. 6, Ley de Armas), la convicción que descansa estrictamente en la estimación de la prueba por el jurado, específicamente en la adjudicación de credibilidad entre teorías irreconciliables, representadas por la versión de un solo testigo presencial, el dictamen del patólogo y la coar-tada del acusado, tiene una base tan precaria que no puede sobrevivir la cuestionada desviación del debido proceso de ley. “Todo procedimiento que ofrezca una posible tentación al hombre promedio como juez ... de negarse a sostener la balanza fiel, clara y cierta entre el Estado y el acusado le niega a éste el debido proceso de ley.” Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510, 532, ratificado en In Re Murchison, 349 U.S. 133, 136 (1955).

Afectada en su raíz la integridad del proceso, el veredicto producido está viciado. Habrá un nuevo juicio. Revocada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

       El patólogo forense certificó envenenamiento con estricnina como causa de muerte. Su dictamen calificó el caso como suicidio, y no homicidio. La defensa presentó una nota sin fecha, escrita y firmada por De Jesús, que alega fue el postrer escrito del occiso, dirigida bajo sobre al acusado, y que dice: “Hermano: — Lo prefiero así. Tu lo comprendes, no me juzgues.” La viuda de De Jesús identificó la letra de su esposo en dicha breve nota.

      Las veinticinco irrupciones del jurado en el juicio ocupan 67 pági-nas de récord y aparecen recogidas por la transcripción en las siguientes páginas:
      T.E. II págs. 145-146 184r-185
      T.E. III págs. 224-225 250-251 290-291 326-327 355-357 391-392
      T.E. IV págs. 429-432 432-434 596-601
      T.E. V págs. 649-652 652-666 682-685 714-717 765-768 812
      T.E. VI págs. 859-870 893 895-899 918-921 925-926 945-946
      T.E. VII págs. 1030-1035 1047-1053
      Los dos jurados más esforzados en esta línea de conducta eran cono-cidos de la viuda del occiso Walter De Jesús (T.E. VIII págs. 91-92, sesión de 14 de abril de 1972).

      Así lo narra el récord taquigráfico a la pág. 765 del Tomo V: “Jurado: (Sr. Frontera)
      “Yo puedo mediar, yo tengo que hacerle unas preguntas, cuando yo lo vaya a interrogar yo le voy a decir que_
      “Hon. Juez:
      “¿Usted quiere hacerle unas preguntas? Las puede hacer ahora y así el fiscal a lo mejor no tiene que hacerlas.”
      En otras ocasiones el propio tribunal alentaba estos ejercicios del jurado.

        “Hon. Juez:
      “¿Alguna otra pregunta de los miembros del jurado?” (T.E. III pág. 251).
      “Hon. Juez:
      “¿Hay alguna pregunta?
      “Jurado (Sr. Frontera)
      “Si vamos a recesar ...
      “Hon. Juez:
      “Si se puede terminar con la testigo
      “Jurado: (Sr. Frontera.)
      “P — Testigo, la pregunta mía es; cuando usted fue a Boquerón por indicación del señor Walter de Jesús ¿se encontró con el señor Aymat esperándola? [sic]” (T.E. IV págs. 596-7).

        Pueblo v. Santiago, 56 D.P.R. 109, 114 (1940).

      La propensión de algunos jurados a envolverse en el debate fo-rense es explicable como parte del fenómeno de popularidad de la profe-sión jurídica que se manifiesta en la densa afluencia de solicitantes para ingreso a las escuelas de Derecho; y la predilección del público por pelí-culas y cintas televisadas sobre investigación criminal y casos de corte que naturalmente destacan la nota dramática sobre el rigor procesal que protege la integridad del juicio. Pero ese entusiasmo laico no tiene lugar en las salas de justicia.

       Las partes, por imperativos de la condición humana, y ante el temor de hostilizar al que tiene poder de absolver o condenar generalmente se abstienen de protestar la usurpación de sus funciones y de objetar pre-guntas o evidencia claramente inadmisibles. Wigmore, Evidence (1970), Tomo III, sec. 784a, págs. 199-200; Wharton, Criminal Evidence, Tomo 2, see. 406, págs. 279, 280, Ed. 13a. Ningún abogado defensor sueña con ganarle un punto de derecho a un jurado.

      La voluntad del Estado como tal impuesta a una comunidad re-nuente; la voluntad de la mayoría impuesta a una minoría vigorosa y re-suelta; la voluntad de una minoría militante impuesta a una mayoría serena, encuentran hoy en el jurado el mismo obstáculo que antes con-frontaron reyes y ministros. Pound, Jurisprudence, Tomo III, pág. 365.